Source: http://manuelrachadell.blogspot.com/2013/06/informe-sobre-la-vigencia-de-las-normas.html
Timestamp: 2014-03-10 12:06:17+00:00

Document:
Manuel Rachadell: INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE HOMOLOGACIÓN Y SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS CLÁUSULAS 5ª Y 6ª DEL PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA ÚNICA PARA REGULAR LAS RELACIONES LABORALES DEL PERSONAL UNIVERSITARIO
Actualidad jurídica de Venezuela
contenido en el documento que se acompaña está organizado en tres partes, así:
Una primera parte, en la que se analiza el marco jurídico de las Universidades y del
personal a su servicio, para evidenciar que las Normas de Homologación están vigentes y que deben aplicarse para
determinar el sueldo y los beneficios adicionales de los profesores, los cuales
también tienen derecho a los beneficios que derivan del Acta Convenio y de la
Convención Colectiva que se apruebe. Con respecto a esta última se observa que
se ha iniciado su discusión sin darle la debida representación a la FAPUV, en
nombre de los profesores, y a los empleadores (las Universidades), lo cual
vicia el procedimiento, pero puede corregirse.
Una segunda parte, sobre las Cláusulas contenidas en el proyecto de Convención Colectiva que
no se refieren al régimen laboral y que violan la Constitución: la 5ª, por la
que se establece un sistema electoral para las Universidades, y la 6ª, en la
que se determina que el socialismo es la ideología oficial y única para las Universidades.
una tercera parte, se incluyen recomendaciones para traer paz y
justicia a la familia universitaria, en beneficio del país: que se reponga el
procedimiento de discusión de la Convención Colectiva Única para comenzarlo de
nuevo, con la participación de la representación de los profesores (FAPUV) y de
los empleadores (las Universidades); que del proyecto de Convención Colectiva
se supriman las Clausulas 5ª y 6ª; que en la Convención Colectiva se prevea
expresamente que el sueldo y los beneficios adicionales de los profesores se
determinan conforme a las Normas de Homologación y que se estudie la
posibilidad de extender la aplicación de estas normas al personal administrativo,
al personal profesional en funciones administrativas, técnicas y de servicio y
a los obreros al servicio de las Universidades.
de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV).-
Me dirijo a usted, muy atentamente, en mi condición de
miembro de la Asociación que usted preside, para formularle un conjunto de consideraciones
sobre la situación laboral de los profesores universitarios y sobre amenazas a
la autonomía universitaria que se derivan del documento que he recibido con el
nombre de “I CONVENCIÓN COLECTIVA
ÚNICA Suscrita en el Marco de una Reunión Normativa Laboral para los
Trabajadores Universitarios 2012 – 2014. FENASINPRES, FETRAUVE, FENASTRAUV,
FENASOESV, SINDICATOS DE FETRAESUV, FENASIPRUV Y SINDICATOS NO FEDERADOS –
MPPEU”. Este documento, consignado
el 21 de enero de 2013 por un grupo de centrales sindicales ante la Inspectoría
Nacional y Otros Asuntos Colectivos del Trabajo del Sector Público, debe
servir, presuntamente, para determinar las condiciones de trabajo de todos los
profesores universitarios, así como de los empleados y de los obreros de esas
A estos efectos me referiré, en una primera parte, al
régimen laboral de los profesores universitarios; en una segunda parte, a la
inclusión de cláusulas inconstitucionales e ilegales en el proyecto de
Convención Colectiva mencionada, para luego concluir con unas proposiciones
relativas a los temas que se examinarán.
LABORALES APLICABLES A LOS PROFESORES UNIVERSITARIOS
En esta primera parte aludiremos al régimen jurídico
de derecho público aplicable a los profesores universitarios, para luego
considerar la situación de las Normas de Homologación, el Acta Convenio y el
proyecto de Convención Colectiva en la determinación del sueldo y de los
beneficios adicionales de esta categoría de funcionarios públicos.
En Venezuela es muy frecuente
encontrar que determinadas categorías de funcionarios públicos se rigen por
leyes especiales: así, los militares, los miembros del Cuerpo Diplomático y del
Cuerpo Consular, los profesores universitarios, los profesores incluidos en el
régimen de la carrera docente, por ejemplo, se rigen por la Ley Orgánica de la
Fuerza Armada Nacional, la Ley del Servicio Exterior, la Ley Orgánica del
Servicio Consular, la Ley de Universidades y la Ley Orgánica de Educación, respectivamente.
En los organismos públicos a que nos referimos, el personal administrativo, en
general, está sometido al ámbito de la Ley del Estatuto de la Función Pública,
y el personal obrero tienen su regulación en el Decreto Ley que contiene la Ley
Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (en adelante LOTTT),
en la que se contempla, siguiendo el criterio que se sigue desde la primera Ley
del Trabajo, la existencia de contratos colectivos, los cuales están destinados
a mejorar las condiciones laborales previstas en la ley. Las normas de la LOTTT
rigen también de modo principal para los empleados de las organizaciones
públicas creadas bajo formas jurídicas de derecho privado (sociedades anónimas,
fundaciones y otras) y para los empleados contratados en los organismos
La LOTTT, sin embargo, es
aplicable supletoriamente a los funcionarios públicos, con la excepción de los
miembros de los cuerpos armados, y en el encabezamiento de su artículo 6 se
dispone que “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas
nacionales, estadales y municipales se regirán por las normas sobre la función
pública en todo lo relativo a su ingreso, ascenso, traslado, suspensión,
retiro, sistemas de remuneración, estabilidad, jubilaciones, pensiones, régimen
jurisdiccional; y por los beneficios acordados en esta Ley en todo lo no
previsto en aquellos ordenamiento”. De
esta norma se desprende que, con relación a los funcionarios públicos, se
aplica preferentemente la legislación especial sobre la función pública y,
subsidiariamente, las normas de la LOTTT.
Universidades en general, y salvo que para alguna Universidad Experimental se
determinara algo diferente, existe un régimen jurídico para los miembros del
personal docente y de investigación que es el contenido en la Ley de
Universidades; un régimen para los empleados administrativos que, a falta de
una regulación expresa por parte de los Consejos Universitarios, es el
consagrado en la Ley del Estatuto de la Función Pública y en las convenciones
colectivas, y un régimen para los obreros y personal contratado, definido en la
LOTTT y en los convenios colectivos. Debemos señalar que, a partir de la Ley
Orgánica del Trabajo de 1990, se incrementó la aplicación de normas laborales
en diversos ámbitos de la función pública, sin llegar nunca éstas a tener
fuerza derogatoria con respecto a las leyes que rigen las diversas categorías
de funcionarios públicos, tal como expresamente se dispone en el artículo 6 de la
La fijación de la remuneración
del personal docente y de investigaciones de las Universidades, de acuerdo a la
legislación vigente, corresponde a cada Universidad. A estos fines, conforme a
la Ley de Universidades, los Consejos Universitarios determinan el sueldo de
los profesores al aprobar el presupuesto de la Institución, y también es
competencia de esos órganos: “Dictar,
conforme a las pautas señaladas por el Consejo Nacional de Universidades, el
régimen de seguros, escalafón, jubilaciones, pensiones, despidos, así como todo
lo relacionado con la asistencia y previsión social de los miembros del
personal universitario” (artículo 26, numeral 18).
a la legislación especial contenida en la Ley de Universidades, el límite para
el otorgamiento de remuneraciones y beneficios adicionales a los profesores no
es otro que la disponibilidad presupuestaria, cuyo monto principal es otorgado
a cada Universidad por el Consejo Nacional de Universidades (en adelante CNU),
como una suma global, para que cada Institución, con el agregado de sus
ingresos propios, lo distribuya según sus necesidades y sus prioridades, de
acuerdo al procedimiento previsto en la ley. Esta potestad de las Universidades
acarreaba que se determinaran sueldos y beneficios adicionales diferentes a los
profesores en las distintas Universidades, lo cual fue considerado
inconveniente para el funcionamiento del sistema universitario. Por ello, mediante
un proceso de consultas y de negociación entre las diferentes Universidades y
el ministro del ramo (en ese momento el Ministro de Educación), al cabo de
varios meses se llegó a un acuerdo en el seno del CNU, el cual fue formalizado
como acto unilateral y sancionado por el Cuerpo con el nombre de “Normas Sobre Homologación de Sueldos y
Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de Investigación
de las Universidades Nacionales”, las cuales fueron publicadas en la Gaceta
Oficial de la República de Venezuela Nº 32.539, del 17 de agosto de 1982, y que
aún se encuentran vigentes, con diversas modificaciones al texto original,
derivadas de las tablas de sueldos y beneficios adicionales que se discutieron y
aprobaron en diversas oportunidades.
B. VALIDEZ Y
acto normativo al que nos referimos, conocido coloquialmente como Normas de
Homologación (en adelante NH), contiene dos aspectos diferentes: de un lado, la
disposición de que los sueldos y beneficios adicionales del personal docente y
de investigación serán iguales, para cada categoría, en todas las Universidades,
lo que significa una limitación a las potestades de los Consejos Universitarios,
realizada por un órgano en el cual las Universidades tienen participación
determinante, el CNU; del otro, que el CNU asumió el compromiso de revisar cada
dos años las tablas de sueldos y los beneficios adicionales de los profesores (artículo
13, NH), tomando como base el índice promedio nacional del costo de vida, según
los datos del Banco Central de Venezuela, para lo cual se debe consultar la
opinión de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela
(FAPUV). Es importante señalar que las NH constituyen lo que los españoles
llaman “normas consensuadas”, lo que significa que, antes de ser
promulgadas formalmente como acto unilateral del Poder Público, esas normas fueron
objeto de un acuerdo previo con los sujetos a los cuales estaban destinadas,
como ocurrió también con la Ley de Universidades de 1958, cuyo proyecto fue
elaborado por la representación de las Universidades.
situaciones que surgieron a partir de 1982, con relación a la aplicación de
esas Normas, han sido bien estudiadas por la profesora Gladys Lucena de Marval,
destacada docente y dirigente gremial de la Universidad del Zulia, quien ha
cumplido una importante labor como miembro de APUZ y de FAPUV. Su trabajo sobre
“NORMAS DE HOMOLOGACIÓN, Síntesis Histórica de su Discusión y Aplicación”,
publicado por la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia, es de
obligatoria consulta en este tema y contiene informaciones que citaremos en
esta parte del presente documento.
que se comienzan a aplicar realmente las NH, a mediados de la década de los 80,
el Ejecutivo Nacional adopta la política de
regatear los montos de los aumentos de remuneraciones que se hacían exigibles
por el incremento del costo de la vida. En la negociación de 1987, la
representación de los profesores condonó un 50% del retroactivo hasta 1986.
Para la siguiente discusión, en 1988, fue necesario que la FAPUV convocara a un
paro de Universidades que duró 4 meses. Los ajustes salariales acordados en
1990 fueron del 82,1% cuando correspondía un incremento del 145,3%. Para el
período 1992—1993, se otorgó un incremento del 44%, en lugar del 75% que
determinaba el aumento del costo de vida. Una situación similar ocurrió en la
discusión sobre la remuneración del período 1995, donde los profesores
aceptaron un incremento inferior al que correspondía, para poner fin a un paro
de 37 días. En 1996 se convino en un aumento del 55%, en lugar del 65% a que
tenían derecho los profesores. Para el período 1998-1999, se acordó un aumento
menor al índice inflacionario y se pagó con Vebonos la diferencia pendiente,
los cuales se emitieron en 2003. Para los años 2000-2001, por una inflación
acumulada del 56% se aceptó un aumento del 46%. El acuerdo para el período
2002-2003 fue del 20% y la inflación del 28%. A partir de 2004, el gobierno
inicia la política de no conceder aumentos sino unilateralmente, en violación
de la autonomía universitaria y de las NH, y estos ajustes han estado siempre por
debajo del índice inflacionario. Incluso, para el período 2006-2007, el aumento
(37%) fue de casi la mitad del porcentaje que correspondía. Para el lapso
2009-2010 no hubo revisión de remuneraciones y en el 2011 el gobierno otorgó un
aumento del 40%, sin carácter retroactivo, cuando el incremento ha debido ser
del 125%.
anterior se agrega que desde 2002 el gobierno desconoció el contenido de la Ley
de Universidades en cuanto al régimen presupuestario que corresponde a estas
Instituciones: el Ministerio del ramo, por órgano de la Oficina de
Planificación del Sector Universitario (OPSU), comenzó a asignar directamente
los presupuestos a las Universidades, sin intervención del CNU, a discriminar
las partidas presupuestarias para cada una de ellas, sin intervención de los
Consejos Universitarios, a imponer unilateralmente las tablas de sueldos y, a
partir de 2004, se dejó de incluir en el presupuesto universitario los recursos
destinados al ajuste salarial, los cuales se mantienen en una partida
centralizada CNU-OPSU, por lo cual ese concepto se paga por una nómina
paralela. Todas estas decisiones unilaterales del gobierno han lesionado severamente
la autonomía universitaria, y ello ha ocurrido, paradójicamente, a partir del
momento en que la Constitución, por primera vez en nuestra historia, garantizó
ese principio autonómico.
situación actual es la de que si en este momento el gobierno accediera a
reconocer las deudas pendientes por ajuste salarial desde el 2004, descontando
los aumentos que ha concedido unilateralmente, a tenor de las NH tendría que otorgar
un incremento de remuneraciones del orden del 200%. Pero además, como ese
aumento tendría que distribuirse en los bienios correspondientes, ello tendría
influencia en las prestaciones sociales ya canceladas y en las que faltan por
cancelarse, ante lo cual el gobierno considera que se llega a un monto que considera
impagable por su magnitud. Pero el gobierno, en lugar de entablar el diálogo
con la FAPUV para buscar fórmulas transaccionales que permitan resolver la situación,
como siempre se había hecho, se ha dedicado a hacer difundir argumentos que no
son sino pretextos para descalificar a las NH y para justificar el incumplimiento de
las NH, tales como los siguientes:
a) En febrero de 2007 “El
Ministro (Acuña) acotó que no consideraba prioritaria la discusión de las
Normas, porque según él, algunos indicadores determinaban que las universidades
no tienen una producción y eficiencia adecuadas” (V. Gladys Lucena de
Marval, op.cit. p. 18). Esos indicadores nunca fueron dados a conocer, como
tampoco los que corresponden a la Administración Nacional, incluyendo a PDVSA,
para hacer las comparaciones del caso.
b) Que las NH no tienen vigencia
porque han sido derogadas. El gobierno no ha expuesto este criterio oficialmente,
pero algunos de sus personeros lo han señalado reiteradamente. Cabe preguntarse
cuándo esas Normas derogadas, dónde, cómo, por quién, y sabemos que no hay
respuesta a estas interrogantes. No fueron derogada por la LOTTT, porque esta
ley no tiene como propósito dejar sin efecto leyes especiales sobre la función
pública, antes por el contrario, en su artículo 6 las deja a salvo y les da un
rango preeminente con relación a las disposiciones de la LOTTT. Tampoco fueron
derogadas por decisión del Poder Judicial, porque en la sentencia de la Corte
Segunda de lo Contencioso Administrativo del 15/12/2009, referida a un recurso
por abstención o negativa interpuesto por la representación de la FAPUV, a
pesar de que se trata de disminuir la importancia vinculante de las NH, lo que
se hace es reafirmar su validez y vigencia. En efecto, en la sentencia aludida
se expresa, al artículo 13 de las NH, en el que se prevé la revisión periódica
de las remuneraciones, que “la clausula bajo
estudio va en procura de lograr un equilibrio social entre los gastos propios
de la Administración y el derecho de los Profesores y Empleados Públicos a
recibir un salario justo, y sólo dentro de dicho equilibrio sería viable el
ajuste al cual hace referencia la cláusula bajo estudio”.
c) Sentado que las NH están vigentes, en la
sentencia que examinamos se aduce que “la
revisión de las tablas de sueldos de los profesores es una potestad
discrecional de la Administración” y que “encuentra esta Corte que de no ser discrecionales normas como la objeto
de la presente interpretación, las consecuencias de su aplicación atentarían
contra la estabilidad económica de la Nación”. En realidad, lo que atenta
contra la estabilidad económica de la Nación no son las NH sino las políticas
económicas irracionales que en lugar de promover la funcionalidad del aparato
productivo del país se han afincado en ponerle obstáculos, comenzando por las confiscaciones
y ocupaciones de empresas y otras propiedades y siguiendo por la conformación
de un sistema jurídico inestable y cambiante que desestimula las inversiones y
la irregularidad en el otorgamiento de las divisas necesarias para la
producción, a lo que se ha agregado un gasto público desenfrenado, sin control
alguno, lo que promueve el derroche, la donación injustificada de recursos de
la Nación, la utilización del ingreso nacional con fines partidistas y la
corrupción administrativa, todo ello en medio de un clima de violencia y de
lucha de clases en la sociedad. Por el contrario, la existencia de
disposiciones como las NH pueden contribuir a que los administradores públicos
instrumenten políticas que salvaguarden la estabilidad económica de la Nación.
d) Se da como argumento en la sentencia para tratar de
justificar el incumplimiento de la obligación de revisar el monto de las
remuneraciones de los profesores, a pesar de la vigencia de esa obligación, que
no se pueden permitir “excepciones o
privilegios que excluyan a unos lo que se le concede a otros, en paridad de
Es cierto, sería conveniente extender la revisión de remuneraciones a todos los
funcionarios que ingresan al servicio público por concurso de oposición, que deben
ser personas con índices académicos elevados y estar provistos, además del
título de pregrado, de título universitario de cuarto nivel, que deben
someterse a un proceso de formación y capacitación y a la presentación de
investigaciones serias para ingresar en el escalafón y para lograr sus ascensos
y que están obligados a mantenerse actualizados en sus conocimientos. Con esta
misma óptica, la Corte Segunda debería examinar que existen cargos públicos a
los que se ingresa discrecionalmente, como es el caso de los Magistrados del
Tribunal Supremo de Justicia, y que reciben mensualmente por bono de alimentación
sumas superiores al sueldo total de un profesor titular a dedicación exclusiva,
y asimismo que el gobierno ha anunciado la adquisición de 20.000 automóviles
para distribuirlos entre los miembros de la Fuerza Armada Nacional, cuyos
sueldos fácilmente triplican al de los profesores universitarios. Si se
examinara el tema de los privilegios que se otorgan a los funcionarios públicos
se vería que los profesores universitarios están en último lugar, a pesar de
que su contribución al país es de primer nivel.
De igual manera expresa la Corte mencionada que “los sueldos de los Profesores y auxiliares docentes,
en el período reclamado han sufrido variaciones acordes a las necesidades de la
Nación, con lo cual carece de fundamento el principio final de su pretensión,
como lo es obtener un sueldo mayor”. En realidad,
los profesores universitarios no persiguen obtener un sueldo mayor sino
mantener, en alguna medida, el poder adquisitivo del salario. Decimos que en
alguna medida porque la determinación del costo de la vida, que se hace
atendiendo al índice de precios al consumidor, se basa en los precios oficiales
de determinados productos, los cuales muchas veces no son lo que realmente se
les asigna en el mercado. Pero además, las NH no prevén una indexación
automática de los sueldos de acuerdo al índice de la inflación, sino que el
aumento del costo de la vida es un elemento que debe ser tomado en cuenta en la
negociación que debe entablarse cada dos años entre el gobierno y la
representación gremial, tal como lo hemos visto anteriormente. Por otra parte,
los pagos por ajustes, que han llegado a tener un retraso de hasta 60 meses, se
hacen sin la corrección monetaria, de modo que, cuando el profesor recibe el
ingreso, su poder adquisitivo es mucho menor al que tenía cuando la deuda fue
contraída. Para no hablar de los pagos hechos con Vebonos, que pusieron al
profesor en la disyuntiva de esperar a su vencimiento para cobrarlos en una
moneda devaluada o a rematarlos con descuento.
En realidad, a lo que
aspiran los profesores es únicamente a que se apliquen reglas de justicia
laboral para una categoría de funcionarios públicos que realizan funciones
esenciales para el país y que reciben remuneraciones muy por debajo de las que
corresponden a otras categorías de trabajadores. Para evidenciar esta
afirmación basta considerar que para el año 1982, cuando se dictaron las NH, el
sueldo y los beneficios adicionales de un profesor instructor a tiempo completo
eran equivalente a 18 salarios mínimos, mientras que al presente ambos
conceptos se han igualado: el sueldo del profesor mencionado es de Bs. 2.677,
mientras que el salario mínimo, con el aumento otorgado en mayo pasado, llegó a
Bs. 2.456.
f) Asienta la Corte Segunda que “la
consulta a la Federación de Asociaciones de Profesores de Venezuela (FAPUV) no
es obligatoria, sino potestativa de la Administración, quien puede determinar
la conveniencia o no de la participación de este gremio en el eventual ajuste
de la Tabla de Sueldos, como lo puede hacer con cualquier otra organización,
caso contrario, la norma se haría discriminatoria y contraria a los principios
de una democracia participativa”. Este argumento, que dice simplemente
que la Administración puede dejar de cumplir sus obligaciones cuando lo tenga a
bien, no excluye la consulta a la FAPUV sino que sugiere que debe ampliarse la
consulta sobre el sueldo de los profesores universitarios a otros sectores de
la población. Sobre esto los profesores no ponen obstáculo, pero esta
circunstancia no justifica que el procedimiento para la aplicación de las NH no
Por último, debemos dejar sentado que ni el
gobierno ni el Poder Judicial han tomado en consideración que de las NH se
deriva un beneficio laboral que es irrevocable por el patrono e irrenunciable
por los profesores universitarios, y que no puede ser menoscabado en forma
alguna, pues así lo establece el ordenamiento constitucional cuando se dispone
en el artículo 89 de la Ley Fundamental lo siguiente:
1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad
y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones
2. Los derechos laborales son
irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o
menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al
término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca
expuesto se desprende que la negativa del gobierno a aplicar las NH, que son
válidas y están vigentes, configura una clara violación del ordenamiento
constitucional y, además, infringe de modo flagrante expresas normas internacionales
aplicables a nuestro país, encaminadas a promover y proteger la negociación
colectiva voluntaria y la celebración de convenciones colectivas de trabajo,
como las contenidas en los Convenios números 87, 98 y 117 de
último, resulta incomprensible que determinados grupos universitarios –muy minoritarios,
por cierto- nieguen validez y vigencia a las NH, cuando el propósito común debería
ser reclamar la inmediata aplicación del artículo 13 de esas normas y luchar
porque una norma similar sea incluida en beneficio de los empleados
administrativos, los profesionales universitarios en funciones administrativas,
técnicas y de servicio y los obreros de la Universidad.
C. APLICACIÓN A LOS PROFESORES DE LA CONVENCIÓN
COLECTIVA EN PROYECTO
Desde hace muchas décadas los profesores han logrado
que sus derechos laborales sean reconocidos en un Acta Convenio para establecer
las “Condiciones Generales de Trabajo que a título de Contrato
regulan las relaciones entre la Universidad Central de Venezuela y los miembros
del personal Docente y de Investigación a su servicio”. Se denomina
Acta Convenio porque en una época había quienes sostenían el criterio de que no
era admisible la contratación colectiva con relación a los funcionarios
públicos. En áreas como la salud y la educación se instauró la práctica de
realizar entre los trabajadores (en este caso los profesores) y los empleadores
(las autoridades universitarias) negociaciones para determinar las condiciones
de trabajo correspondientes, y el resultado a que se llegaba era promulgado
unilateralmente por el ente público, de modo que este es un ejemplo de “norma consensuada”. No obstante, en la
evolución del Derecho Laboral se ha llegado a consagrar la posibilidad de que
los funcionarios públicos puedan celebrar contratos colectivos y, en el primer
aparte del artículo 6 de la LOTTT, se declara que “Los funcionarios públicos y
funcionarias públicas que desempeñen cargos de carrera, tendrán derecho a la
negociación colectiva, a la solución pacífica de los conflictos y a ejercer el
derecho a la huelga, de conformidad con lo previsto en esta Ley, en cuanto sea
compatible con la naturaleza de los servicios que prestan y con las exigencias
de la Administración Pública”. En tal virtud, no ha habido obstáculo
para que en el Acta Convenio de la UCV se haga mención a que las condiciones se
regulan en este documento “a título de
muchos años las NH han coexistido pacíficamente con las disposiciones del Acta
Convenio, las primeras regulan el monto del sueldo y de los beneficios
adicionales y la segunda las demás condiciones que la Universidad, en ejercicio
de su autonomía, reconoce a los miembros del personal docente y de
investigación. Por cierto que algunos de los beneficios otorgados a los
profesores en el Acta Convenio no han sido honrados por la Universidad por
falta de recursos, como son los contenidos en la Cláusula 68 “Bono de Reconocimiento” y 69 “Bono de Rendimiento”.
existencia simultánea de conjuntos normativos laborales no es excepcional: para
los empleados administrativos de la Universidad, además de la Ley del Estatuto
de la Función Pública, rige el Acuerdo Resolución entre la UCV y la Asociación
de Empleados Administrativos (AEA) de 1994 y, a partir de 2008, la Convención
Colectiva del Personal Administrativo de las Universidades Nacionales, simultáneamente
con la anterior. Para los profesionales universitarios en funciones
administrativas, técnicas y de servicios existe, para regular sus relaciones de
trabajo, la I Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre la Universidad
Central de Venezuela y el Sindicato Nacional Asociación de Profesionales
Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas (APUFAT) 2002. Y para el
personal obrero rige la Convención Colectiva del Personal Obrero al Servicio de
las Universidades Nacionales, de 2008, simultáneamente con los diferentes
contratos colectivos suscritos entre la Universidad y los obreros a su
servicio, según la dependencia a que pertenezcan: Transporte, Comedor,
todos los casos en que una categoría de trabajadores se rija, en sus
condiciones laborales, por más de un conjunto normativo, se aplica la
disposición que resulte más beneficiosa para el destinatario.
A lo anterior se suma el proyecto de
una Convención Colectiva, a ser definida en el marco de una Reunión Normativa
Laboral, que se pretende aplicar al personal docente y de investigación, a los
empleados administrativos y al personal obrero de todas las Universidades del
país. Esta figura tiene como antecedente el Decreto Ley 440, “Sobre Contratos Colectivos por Rama de
Industria”, promulgado en 1958, normativa que, con algunos cambios, fue incorporada
a la Ley Orgánica del Trabajo de 1990, y se mantiene en el LOTTT, cuyo artículo
452 dispone: “La convención
colectiva de trabajo por rama de actividad puede ser acordada en una Reunión
Normativa Laboral, especialmente convocada o reconocida como tal, entre una o
varias organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras y uno o varios
patronos, una o varias patronas o sindicatos de patronos y patronas, con el
en una misma rama de actividad”.
esta oportunidad la novedad consiste en que antes habían, con relación a los
servidores de la Universidad, tres Convenciones Colectivas distintas: una para
los trabajadores administrativas, otra para los profesionales en funciones
administrativa, técnicas y de servicio y otra para los obreros, ninguna de las
cuales se aplicaba a los profesores. En el proyecto de Convención Colectiva a
ser discutida se prevé la suscripción de un solo documento, aplicable a todos
los trabajadores universitarios, el cual aparece distribuido en Capítulos, unos
con disposiciones comunes aplicables a todos los trabajadores, otros específicos
para cada categoría: empleados, obreros y personal docente y de investigación,
otros comunes para empleados y obreros y otros específicos para el personal
pregunta que surge es la siguiente: las disposiciones de esta Convención a ser
discutida, referidas a los profesores, ¿serán aplicables simultáneamente con
los NH y con el Acta Convenio vigente? La respuesta es afirmativa. De ser
aprobada la Convención colectiva, los profesores se regirían en sus relaciones
laborales por tres conjuntos normativos, adicionales a la Ley de Universidades:
las NH, el Acta Convenio y la Convención Colectiva, y en las situaciones concretas
se aplicaría la norma más favorable al destinatario.
Hasta aquí todo bien, pero surgen
diferentes cuestiones que introducen incongruencias en el procedimiento:
primer lugar, a la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de
Venezuela (FAPUV), federación gremial que desde hace 42 años agrupa a las
Asociaciones de Profesores de las diversas Universidades -algunas de muy larga
trayectoria en la defensa de los docentes, como la de la UCV (APUCV) que existe
desde 1958- y que en su conjunto cuenta con más de 40.000 profesores
agremiados, no se le ha permitido participar en la formulación del proyecto de
Convención Colectiva, ni ha sido llamada en la convocatoria que hace el
Ministerio PP del Trabajo y la Seguridad Social el 15 de mayo del corriente
año, para participar en la discusión del proyecto de Convención Colectiva en
representación de los profesores Universitarios, ni en ningún momento el
Ministro PP para la Educación Universitaria ha aceptado reunirse con los
directivos de esta Federación para tratar el tema de la precaria situación
económica tanto de los profesores universitarios como de las Instituciones a
las que sirven. Para la mayoría determinante de los profesores universitarios,
que están agremiados en la FAPUV, resulta inaceptable que se discutan sus
condiciones de trabajo con la sola presencia de grupos sindicales que pretenden
representar al profesorado universitario y que generalmente sólo tienen una
existencia en el papel y son carentes de toda trayectoria de lucha gremial.
Como pretexto para excluir la presencia de la FAPUV se ha aducido que esta
organización no constituye un sindicato sino una asociación civil, sin tener en
cuenta que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia
de mayo de 2000, dejó sentado el siguiente criterio:
Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, aun cuando fue
constituida bajo la forma jurídica de una asociación civil sin fines de lucro,
conforme al derecho civil, su objetivo ha sido orientado por el respeto de sus
integrantes en el ámbito universitario, como dependientes directos de esa Casa
de Estudios, bajo una misma condición: PROFESOR
y que de acuerdo a su Acta Constitutiva y sus estatutos cumple un papel
fundamental de interés común a sus asociados, como lo es la lucha por la
dignidad, el bienestar, la protección social, la estabilidad y el escalafón de
todo el profesorado universitario, es decir, la obtención de beneficios
específicos en el ámbito laboral.
En segundo lugar, el Ministerio PP
para la Educación Universitaria ha asumido, desde la anterior Convención
Colectiva y sin ningún fundamento enel ordenamiento jurídico, la condición de
patrono de los trabajadores, lo cual es inaceptable e ilógico, porque el empleador
en la Universidad es ella misma, representada por las máximas instancias de la
Institución. Sostener lo contrario es desconocer que las Universidades Nacionales
tienen personalidad jurídica propia y que están amparadas por la garantía
institucional de la autonomía universitaria, consagrada esta en el artículo 109
de la Constitución y desarrollada en la Ley de Universidades. ¿O es que acaso
la consagración de la autonomía universitaria en el texto de la Constitución,
en lugar de fortalecer la autonomía que garantiza la Ley de Universidades desde
1958, lo que hace es debilitarla?
Por lo tanto, se pretende discutir el
proyecto de Convención Colectiva en una reunión del Ministro con unas centrales
sindicales (reales o ficticias) afectas al oficialismo, en la que se aspira a aprobar
declaraciones político-electorales a favor del régimen gobernante, en violación
del ordenamiento constitucional, como lo examinaremos a continuación.
II. LA INCLUSIÓN DE CLAUSULAS ILEGALES E INCONSTITUCIONALES
EN EL PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA
del proyecto de Convención Colectiva a que nos referimos se incluyen cláusulas
que reflejan las aspiraciones de las organizaciones que lo elaboraron. Sobre
esas cláusulas no tenemos ninguna observación y más bien podemos decir que
constituyen una buena base para la discusión que debe entablarse entre los
representantes patronales y los representantes de los trabajadores al servicio
de las Universidades, para determinar las condiciones laborales, dejando a
salvo lo antes dicho de la preeminencia de las normas que tienen su fundamento
en la Ley de Universidades con respecto al régimen de remuneraciones de los
profesores y sobre la representación de los profesores y de las autoridades
universitarias en esas discusiones.
situación con respecto a algunas declaraciones insertadas en las Cláusulas
números 5 y 6 del proyecto, que son claramente violatorias del ordenamiento
constitucional de la República, a las cuales nos referiremos seguidamente.
A. CLÁUSULA Nº 5, EN CUANTO A LA DETERMINACIÓN DEL
SISTEMA ELECTORAL UNIVERSITARIO
En la Cláusula Nº
5 del proyecto a que nos referimos se incluye la siguiente declaración:
5 – DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y PROTAGÓNICA UNIVERSITARIA El empleador acuerda
implementar los mecanismos que permitan el derecho al voto a los
trabajadores universitarios en igualdad de condiciones, para la elección de las
distintas autoridades universitarias. Asimismo, el empleador se obliga a
reconocer y garantizar la representación de los trabajadores universitarios en
los organismos de cogobierno y dirección de las instituciones de educación
universitaria. Esto en cumplimiento de los principios constitucionales de
participación como derecho fundamental que debe sustentar el Estado Venezolano
y en lo establecido por la Ley Orgánica de Educación. Además, cualquier
trabajador universitario con formación profesional que cumpla con el perfil
podrá optar a integrar los organismos de dirección de las instituciones de
educación universitaria a excepción de las dependencias estrictamente
académicas, que por su naturaleza deban ser ocupadas por un docente.
ÚNICO: Los representantes de cada sector de los trabajadores universitarios
en los organismos de cogobierno universitario tendrán voz y voto en la toma de
decisiones y en igualdad de condiciones que los demás miembros y serán elegidos
por votación directa y secreta (Subrayado añadido).
aspectos subrayados se refieren a materias organizativas atinentes a las
Universidades, cuya regulación está reservada a la Ley, tales como los
a) Se establece una
forma de elegir a las autoridades, que en la actualidad está regulada en la Ley
de Universidades, la cual sería derogada por la Convención Colectiva, de ser
b) Se modifica la
estructura de los organismos de dirección de las Universidades, regulada en la
Ley de Universidades, al incorporarse nuevos miembros en el Consejo
Universitario, los Consejos de Facultad y los Consejos de Escuela. Y no es
cierto que la Ley Orgánica de Educación (LOE) consagre ese derecho.
c) En la actualidad,
los trabajadores profesionales que tienen el perfil requerido pueden ocupar los
cargos de Dirección que no sean estrictamente académicos. Los cargos de
Dirección: Rector, Vicerrectores, Secretario, Decano, Director de Escuela o de
Instituto, Coordinadores Académicos, son cargos de dirección que sólo pueden
ser desempeñados por personal académico, por lo que no se entiende a qué se
refiere esta previsión.
d) Se consagra la
obligación de los empleadores de
distintas autoridades universitarias. Nos referiremos particularmente a
En primer lugar, los empleadores, que se supone son
las autoridades universitarias (aunque se les excluye de la discusión de la
Convención Colectiva), no tienen competencia para determinar el sistema
electoral que debe regir para las Universidades. Esa función está reservada a
la ley, la cual en la actualidad es la Ley de Universidades, promulgada en 1958
y reformada parcialmente en 1970, y en la cual se define que el derecho al
cogobierno corresponde a los miembros de la comunidad universitaria, integrada
ésta por los profesores, los estudiantes y los egresados. En el proceso
constituyente de 1999 se presentó una proposición de ampliar la comunidad
universitaria a los empleados y obreros, pero la propuesta fue derrotada por
amplia mayoría de los constituyentes. En 2007 se planteó reformar la
Constitución y se incluyó una propuesta de ampliar la comunidad universitaria
en igual sentido, pero la misma fue negada en el referendo constitucional del 2
En segundo lugar, 10 Rectores Universitarios agrupados
en la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU), solicitaron el
10 de octubre de 2009 la nulidad de la LOE en su conjunto y, subsidiariamente,
de un grupo de sus artículos, entre ellos el numeral 3 del artículo 34 de dicha
ley, en el cual se establece que el acto electoral para la escogencia de
autoridades universitarios es un derecho político, el cual se ejercerá en
igualdad de condiciones por los integrantes de la comunidad universitaria: “profesores, estudiantes, empleados, obreros
y egresados”. El fundamento de esta demanda de nulidad reside, en este
aspecto, en que se viola la integración de la comunidad universitaria definida
en el artículo 109 de la Constitución y se contradice el criterio vinculante de
la Sala Constitucional de que el derecho a elegir, en las Universidades, no es
un derecho político sino un derecho académico. La Sala Constitucional, hasta el
día de hoy, no ha dado respuesta a esta demanda.
En tercer lugar, la Asamblea Nacional, en retardo con relación
a lo previsto en la LOE, sancionó el 23 de diciembre de 2010 un proyecto de Ley
de Educación Universitaria (LEU) en el cual se establecía un sistema electoral
que consagraba una igualdad matemática en la elección de las autoridades, la
cual correspondía a los profesores, estudiantes, egresados, empleados y
obreros. El 4 de enero del año siguiente, el Presidente de la República
devolvió el proyecto a la Asamblea Nacional por considerarlo “inconsulto
e inaplicable”. La Asamblea Nacional levantó la sanción al proyecto
aprobado y no ha anunciado la elaboración de uno nuevo para iniciar su discusión.
la Sala Electoral del TSJ, en su sentencia Nº 104, del 10 de agosto de 2011, dispuso que la Universidad
Central de Venezuela, al igual que otras Universidades que eligen sus
autoridades, debía dictar, en un plazo muy corto, un Reglamento para modificar
lo dispuesto en la Ley de Universidades sobre el sistema electoral
universitario y, hasta tanto, suspender los procesos electorales pendientes de
realización. La representación de la UCV interpuso ante la Sala Constitucional
recurso de revisión contra esa sentencia, el cual no ha sido resuelto.
En quinto lugar, el 16 de mayo de 2012 la Sala Electoral dictó la sentencia Nº 83, en
la cual declaró
el desacato de los integrantes del Consejo Universitario de la UCV, con unas
pocas excepciones, a la sentencia mencionada en el punto anterior y le impuso a
cada uno de ellos una multa de 200 unidades tributarias, lo que para el momento
equivalía a Bs. 18.000 por persona.
En sexto lugar, la Sala Constitucional del TSJ, de oficio, es decir, sin que nadie se lo
hubiera pedido, dictó la sentencia Nº 647, del 21 de mayo de 2012, en la que suspendió los
efectos de la sentencia de la Sala electoral que declaraba el desacato por el
Consejo Universitario de la UCV, se avocó al conocimiento de la materia
electoral y expresó que la Sala Electoral, con su sentencia, había violado
principios jurídicos fundamentales contenidos en la Constitución de la
En séptimo lugar, el 31 de mayo de 2012,
la Sala Constitucional dictó un auto en el que se ordenó la
celebración de una audiencia pública a la que debían comparecer los miembros
del Consejo Universitario de la UCV, los recurrentes contra la convocatoria a
elecciones que había hecho la Universidad y los miembros de la Sala Electoral,
estos últimos con el carácter de imputados, como trámite previo para dictar
sentencia sobre el régimen de las elecciones universitarias. Al día de hoy no
se ha fijado la fecha para la realización de esta audiencia pública.
la Sala Electoral ha flexibilizado su criterio de que “tampoco podrán establecerse diferencias
numéricas del voto profesoral respecto al voto del resto de los integrantes que
conforman la comunidad universitaria, incluyendo el voto estudiantil” (caso UCV). En efecto, el Consejo
Universitario de la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) dictó
un reglamento de elecciones en el cual consagró el principio de
proporcionalidad del voto así: 40% para los profesores, 30% para los
estudiantes, 20% para los empleados y obreros y 10% para los egresados. Miembros de la comunidad universitaria de
la UNET pidieron la nulidad de ese Reglamento y solicitaron la suspensión de
sus efectos. La Sala Electoral negó la suspensión de efectos con el argumento
de que no se había configurado el requisito de la presunción de buen derecho (fumus boni iuris) dado que si bien en
otros juicios se había discutido sobre los integrantes con derecho a voto nunca antes
esa Sala se había pronunciado sobre “el valor específico que el voto de cada elector tendrá en relación con todo
el universo electoral dependiendo del sector universitario del cual provenga”, lo cual no es cierto.
Por último, la Sala Constitucional se ha venido avocando al conocimiento de otras causas que se estaban ventilado en la Sala
Electoral sobre el sistema electoral universitario, y así ha ocurrido con los
casos de la UDO, de la UNEXPO, de la UPEL, de la ULA y de la UCLA, con la idea
de dictar una sola sentencia que resuelva definitivamente las controversias
jurídicas que se han planteado en esta materia en las diferentes Universidades
que eligen sus autoridades, lo cual no ha ocurrido.
consideraciones expuestas podemos extraer las siguientes conclusiones:
PRIMERA: El sistema electoral que debe
aplicarse en las Universidades que eligen sus autoridades no forma parte del
régimen laboral del personal universitario y, por tanto, no puede ser incluido
entre las cláusulas de una Convención Colectiva. Se trata de una materia
organizativa que, por estar regulada en la actualidad en una ley nacional (la
Ley de Universidades), no puede ser modificada por actos administrativos ni por
contratos colectivos, pues las leyes no se derogan sino por otras leyes. La
misma LOE establece que sus disposiciones, y en particular las referidas a la
educación Universitaria y a los mecanismos de participación, serán
desarrolladas en leyes especiales (artículos
32, 34,1, 34.4, 35, 36 y Disposición Transitoria SEGUNDA).
SEGUNDA: La ley que debe dictar la Asamblea
Nacional sobre las Universidades debe enmarcarse en el ordenamiento
constitucional. En este aspecto existe una controversia sobre la posibilidad de
que participen en la elección de autoridades universitarias personas que no son
miembros de la comunidad universitaria, tal como esta aparece definida en el
artículo 109 de la Constitución, y en desconocimiento de la voluntad popular
expresada en el referendo constitucional de diciembre de 2007. La materia está
sometida al conocimiento de la Sala Constitucional, la cual no ha emitido su
TERCERA: Se discute si la participación en las
elecciones universitarias es un derecho político o un derecho académico. Es este
aspecto existe el criterio vinculante de la Sala Constitucional, expuesto en su
sentencia Nº 898 del 13 de mayo de 2002, en la cual determina que el derecho al
sufragio en las elecciones universitarias es un derecho político y que la ley
puede establecer diferencias sobre el derecho al voto entre los miembros de la
comunidad universitaria. Por lo tanto, una convención colectiva que
estableciera un criterio diferente al de la Sala Constitucional desconocería el
carácter vinculante de las decisiones de esta Sala.
CUARTA: Un tema como el del sistema electoral
de las Universidades que eligen sus autoridades, que ha generado opiniones
contradictorias entre la Asamblea Nacional y el Presidente de la República y
entre la Sala Electoral y la Sala Constitucional del TSJ, que ha generado más
de 15 juicios en los tribunales con respecto a los cuales se han emitido casi
50 sentencias, y que no ha sido resuelto por las instancias a las que conforme
a la ley corresponde el pronunciamiento definitivo, no puede ser regulado alegremente
en la cláusula de una Reunión Normativa Laboral, figura esta que, por lo demás,
ha sido creada con un propósito diferente.
QUINTA: Como consecuencia
de lo expuesto, la Cláusula 5ª del proyecto de Convención Colectiva debe ser
suprimida íntegramente del proyecto y no debe ser objeto de discusión para
determinar las condiciones laborales del personal universitario.
B. LA CLAÚSULA 6ª DEL
PROYECTO DE CONVENCIÓN COLECTIVA, EN CUANTO PREVÉ EL SOCIALISMO COMO IDEOLOGÍA
OFICIAL DE LAS UNIVERSIDADES
proyecto de esta Cláusula se propone lo siguiente:
6 – DESARROLLO DE VALORES HUMANOS SOCIALISTAS El empleador y las federaciones
convienen en aunar esfuerzos para promover y sensibilizar a los trabajadores
universitarios en la toma de conciencia y desarrollo de los valores humanos
que constituyen el poder moral en estas instituciones de educación
universitaria. El empleador y las federaciones se comprometen a poner en
práctica actividades de divulgación de los valores humanos universales e
institucionales, de los principios de la justicia social, ética, superación,
austeridad, probidad y excelencia, valores morales y ética socialista,
en pro de la consolidación y desarrollo del proceso educativo en las
instituciones de educación universitaria oficiales y en su praxis de trabajo
diario, de acuerdo a lo enmarcado en el Plan de Desarrollo Económico y
Social de la Nación 2013-2019.
ÚNICO: El empleador fortalecerá y concederá los recursos económicos necesarios
para que los trabajadores universitarios intervengan en eventos e intercambios
convenios con instituciones de educación en valores humanos para planificar y
ejecutar estrategias que contribuyan a la formación del ser humano nuevo
y del trabajador universitario que requieren las instituciones de educación
universitaria (subrayado
su conjunto, en esta Cláusula se establece que para la instauración de los
valores humanos y la ética socialista es necesario crear un hombre nuevo y para
ello el empleador (es decir, el MINPPEU) y las federaciones convienen en aunar
esfuerzos para promover esos valores en las instituciones educativas, de acuerdo
a lo previsto en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019. Muchas observaciones pueden hacerse a la concepción que subyace en
esta proposición. No es el caso entrar a discutir sobre la posibilidad y
conveniencia de crear un “hombre nuevo”.
Diversos regímenes políticos, de distinto signo pero siempre autoritarios (como
los dirigidos por Stalin, Hitler, Mussolini, Mao, Polt Pot) lo intentaron, pero
terminaron en genocidios que eliminaron una parte importante de la población. Más
cerca de nosotros tenemos la experiencia cubana, liderizada por el Che Guevara
y Fidel Castro, y cabría preguntarse si al cabo de 55 años de revolución en ese
país se ha logrado formar un hombre nuevo, imbuido de valores socialistas.
Incluso el humorista Zapata expresa que el hombre nuevo ya existe: Adán, pero
no dice si se refiere a una persona contemporánea. Antes que caer en este tipo
de elucubración –no podemos discutir si una utopía es o no posible- nos parece
interesante examinar el propósito que se plantea en esta cláusula a la luz del
ordenamiento constitucional venezolano.
debemos decir que el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación
2013-2019 no existe. El finado Presidente Chávez manifestó su disposición de
presentar para el mes de febrero de este año el proyecto de dicho Plan, pero no
llegó a hacerlo. En su lugar, la propaganda oficial llama Segundo Plan de la
Nación Simón Bolívar 2013-2019 a un documento que el Comando de Campaña
Carabobo presentó ante el CNE el 21 de junio de 2012, al inscribir la
candidatura Presidencial de Hugo Chávez Frías para las elecciones que se
realizarían el 7 de octubre de ese año., con el fin de cumplir un requisito
establecido en la legislación electoral. Ahora bien, este programa del
candidato no es un documento público, ni un acto estatal, ni en ninguna manera
tiene carácter vinculante para los ciudadanos, quienes no fueron consultados
para su elaboración ni su aprobación. Es un documento electoral de un candidato
–hoy fallecido- en el que éste manifiesta su propósito de “Convocar y promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de
la sociedad, basada en los valores liberadores del socialismo” (II.2.4). Un
documento de esta naturaleza no puede servir de orientación para ninguna clase
de entes públicos, y menos para las Universidades, y si se insiste en darle
carácter vinculante se estaría violentando el orden constitucional de la
efecto, el artículo 2 de la Constitución establece que el Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia que se ha constituido en Venezuela propugna
como valores fundamentales del ordenamiento jurídico y de su actuación, entre
otros, “el pluralismo político”. Esta disposición, incluida en el
Título I de la Constitución, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, y que niega la
posibilidad de instaurar una ideología única del Estado, está investida de una
especial jerarquía, hasta el punto de que no puede ser modificada por una
reforma constitucional, sino por una Asamblea Nacional Constituyente, a tenor
de lo dispuesto en el artículo 342 de nuestra Ley Fundamental. No obstante
ello, el Presidente de la República pretendió en el año 2007 realizar una
reforma de la Constitución para, entre otros aspectos, establecer el socialismo
como ideología del Estado, pero esa propuesta fue derrotada en el referendo
constitucional realizado el 2 de diciembre de ese año. En el proyecto rechazado
por el pueblo se incluían menciones adicionales a la política oficial del
socialismo en las reformas del artículo 70 y de los artículos 112, 113, 158,
168, 300 y 318. De modo que si el proyecto de reforma constitucional hubiera
sido aprobado, la pretensión del los gremios oficialistas, concretada en el
proyecto de Convención Colectiva, tendría una base constitucional, pero así no
con relación al tema educativo que nos ocupa, el artículo 102 constitucional
consagra que “La educación es un servicio público y está fundamentada en el respeto
a todas las corrientes del pensamiento”, con lo cual se reitera, en el
ámbito educativo, lo dispuesto en el artículo 2 sobre el pluralismo político y
el rechazo a la ideología única. Pero además, la Constitución que nos rige ha dejado
claramente establecido que en el sistema educativo venezolano no se admite “la injerencia partidista o de otra
naturaleza no académica” (art. 104), y que “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del
Estado y no de parcialidad alguna” (art. 145).
Esta orientación del Constituyente ha sido reiterada en la LOE, en
disposiciones que están vigentes porque no requieren de una ley especial que
las desarrolle. Así, se expresa en esta ley que “La
educación regulada por esta Ley….está abierta a todas las corrientes del pensamiento” (art. 14), y
más específicamente con relación al tema universitario que “En el cumplimiento de sus funciones, la
educación universitaria está abierta a todas las corrientes del pensamiento y
desarrolla valores académicos y sociales que se reflejan en sus contribuciones
a la sociedad” (art. 33). Por otra parte, en el artículo 11 de la LOE se
declara que “Se prohíbe en todas las
instituciones y centros educativos oficiales y privados, la difusión de ideas y
doctrinas contrarias a la soberanía nacional y a los principios y valores
consagrados en la Constitución de la República”, como es el del pluralismo
consagración de una ideología política que sirva de orientación a los
empleadores y a los trabajadores universitarios, como se propone en la Cláusula
que examinamos, abre las puertas para acciones de discriminación, para la
elaboración de “listas negras” y para el dogmatismo, la intolerancia, la
adulancia y el oportunismo, que son tan frecuentes en Estados autoritarios. La
Ley fundamental que nos rige rechaza expresamente esas conductas cuando
establece en su artículo 89, al regular el trabajo como hecho social, que “Se prohíbe todo tipo de discriminación por razones de política, edad,
raza, sexo o credo o por cualquier otra condición”. Y este propósito se reitera en
la LOE con relación al ámbito educativo cuando se pauta lo siguiente:
Artículo 15. La educación, conforme a los principios y valores de
la Constitución de la República y de la presente Ley, tiene como fines:
5. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas y
la formación transversalizada por valores éticos de tolerancia, justicia,
cambio, es función propia de la Universidad abrir sus aulas al estudio y
discusión de todas las ideologías y a todos los proyectos de reforma económica,
social y política, con un enfoque científico y en un ambiente crítico, de
tolerancia y de respeto. Pero esa no siempre esa es la orientación que ha
privado en algunos sectores del régimen que, inspirados en las tesis del
ideólogo comunista italiano Antonio Gramsci, han buscado controlar todos los
medios de comunicación y difusión y todos los establecimientos educativos para
imponer a la sociedad, mediante el cambio de patrones culturales, una ideología
única (hegemonía cultural). Ese propósito se mostró claramente en la versión
para la primera discusión del proyecto de Ley de Educación Universitaria, en la
cual se establecía lo siguiente:
6. Un proceso de
construcción de hegemonía cultural para la superación de la sociedad
razones expuestas, la Cláusula 6ª del proyecto de Convención
Colectiva debe ser suprimida íntegramente del proyecto y no debe ser objeto de
discusión para determinar las condiciones laborales del personal universitario.
el próximo inicio de las discusiones del proyecto de I CONVENCIÓN COLECTIVA
ÚNICA a ser suscrita en el Marco de una
Reunión Normativa Laboral para los Trabajadores Universitarios 2012 – 2014, existe
la posibilidad de traer paz y justicia a la familia universitaria, y por
supuesto al país, pero para ello es necesario que se produzca la reposición del
proceso de discusión del proyecto de Convención Colectiva al estado en que se
subsanen las infracciones con respecto a los actores que participan en la
discusión y con la finalidad de que el texto a discutir se adecúe al
ordenamiento constitucional venezolano. En concreto proponemos:
PRIMERO: Que se revoque la convocatoria para la
discusión del proyecto de Convención Colectiva que realizó la Ministra PP del
Trabajo y la Seguridad Social el 15 de mayo del corriente año.
SEGUNDO: Que a la mayor brevedad dicha Ministra haga
una nueva Convocatoria, en la cual se incorpore al proceso de discusión del
proyecto a la FAPUV, como representante de los profesores universitarios, por
una parte, y por la otra, que convoque a los empleadores, es decir, las autoridades
universitarias, para lo cual se debe solicitar a la Asociación Venezolana de
Rectores Universitarios (AVERU) y a la Asociación Bolivariana de Rectores
(ARBOL) que designen sus delegados a estos fines.
TERCERO: Que del texto
del proyecto de Convención Colectiva redactado se suprimen las Cláusulas 5ª y
CUARTO: Que en el
proyecto de Convención Colectiva, en la parte correspondiente al régimen
laboral de los profesores, se introduzca una cláusula según la cual la
determinación de las remuneraciones de los profesores se hará conforme a las Normas Sobre Homologación de Sueldos y
de las Universidades Nacionales (NH), y que, de inmediato y en paralelo, se
de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de dichas Normas.
QUINTO: Que de
inmediato y en paralelo se designe una comisión representativa de las partes
involucradas para estudiar la posibilidad de establecer Normas de Homologación
similares para los empleados administrativos, los profesionales en funciones
administrativas y técnicas y los obreros de las Universidades, y que al
respecto se adopten las decisiones pertinentes.
6/10/2013 10:49:00 a. m.
Andrés González20 de junio de 2013, 2:26Saludos, doctor. En estos tiempos de incertidumbre en cuanto a la situación universitaria quisiera hacerle una pregunta -de estudiante a profesor- a modo de seguir desarrollando críticas constructivas a la I Convención Colectiva Única consignada en enero de este año, y reafirmar la lucha de estudiantes y profesores para proteger la autonomía de nuestra universidad. ¿Considera usted que la cláusula 157 del documento antes mencionado, titulado "compromiso revolucionario por la unión de los trabajos universitarios" es de carácter inconstitucional e ilegal? Este mismo indica que: Las federaciones y los sindicatos no federados se comprometen a convocar [...] al Gran Congreso de los Trabajadores Universitarios, cuyos objetivos sean constituir la Federación Única Socialista que agrupe orgánicamente a los trabajadores universitarios, así como desarrollar y aprobar los lineamientos que permitan la fusión de los sindicatos de base en Sindicatos Unitarios de Trabajadores Universitarios Socialistas, los cuales serán parte integrante de la Federación Única Socialista.Perdone si no comprendo bien la cláusula, pero ¿ésta no atentaría en un futuro cercano, de ser aprobado este convenio, contra la diversidad sindical y gremial en las universidades autónomas? Todo esto se lo pregunto con el fin de elaborar una compilación de todas las cláusulas conflictivas del mencionado Convenio, usando extractos de este y muchos otros documentos, para difundirlo entre los estudiantes y conocer con más profundidad de qué va esta lucha que hoy lidera parte del sector universitario.Gracias de antemano por cualquier información que me pueda suministrar. Saludos. ResponderEliminarAñadir comentarioCargar más...
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INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LAS NORMAS DE HOMOLOG...

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 artículo 109

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 artículo 2
 artículo 342
 artículo 70
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