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Timestamp: 2016-09-26 18:56:39+00:00

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BIODERECHO : "Consultorio Internacional de Bioética & Biojurídica"
Con éste Post despues de largos años de estudio en : Bioética , Biojurídica , Bioderecho , Derecho Médico & Salud Pública en los cuales hemos dictado Cursos & Talleres , programas de Televisión y de haber escrito Libros intimamente ligados a estas fascinantes materias hemos decido retomar nuestras habituales publicaciones con el objeto de interactuar con la Comunidad Cientifica Nacional e Internacional, Médicos, Pacientes y público en general para iniciar una FASE DE CONSULTORIA para la emisión de DICTAMENES que resuelvan sus dudas en: 1.- Bioética General 2.- Bioderecho 3.- Bioderecho aplicado 4.- Bioética, Salud y práctica médica y 5.- Bioética Clínica (toma de decisiones) para que antes de actuar puedan distinguir los DILEMAS ÉTICOS y sus consecuencias Jurídicas ofreciendo alternativas adecuadas y correctas para no empeorar la situación tal y como ella ha sido planteada, dichos Dictamenes se otorgaran de manera AUTENTICADA ante NOTARIO PÚBLICO y previa su APOSTILLA DE LA HAYA podrá presentarse por ante AUTORIDADES INTERNACIONALES en torno al asunto debatido funcionando en la practica como una PRUEBA DE EXPERTOS (aplicación de la Bioética en el terreno legal y biojurídico).Así mismo organizaremos Foros, Charlas y Cursos en materia de Bioética y Biojurídica haciendo hincapié en el estudio del derecho, los principios legales y la normativa especializada cuyo énfasis esté en el campo de la bioética. Bienvenidos pués a este nuevo espacio que busca cultivar y promover el BIODERECHO en nuestra actividad profesional.
Derecho Constitucional: “Interpretación de la Constitución en torno al Principio de la Supremacía Constitucional, el Derecho a la Defensa, el Debido Proceso, Amparo a los Derechos y Garantías Constitucionales ”
"CAPILLA SIXTINA-VATICANO"
La Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela
del año 1.999 estableció en su artículo 2 las bases del Estado Social de
Derecho y de Justicia en nuestro querido País cuando de manera expresa dice lo
siguiente : “… Venezuela se constituye en un Estado democrático y
social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad
social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y
el pluralismo político..." es por ello que urge que nuestros Tribunales y autoridades en
general deben hacer cumplir las garantías establecidas y el respeto de los
Derechos Fundamentales de los Venezolanos, ésta es la causa por la que es
necesario utilizar la interpretación del texto constitucional como una
herramienta idónea para hacer imperar nuestra norma suprema de acuerdo al
Principio establecido y consagrado en el artículo 7 de la Constitución Nacional
de la República Bolivariana de Venezuela el cual establece de manera expresa lo
siguiente: “…La Constitución es la Norma Suprema y el fundamento del
ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a
esta Constitución…” esto quiere decir sin más ni menos que la Constitución
Nacional de la República Bolivariana de Venezuela no permite que las normas pre
constitucionales la contradigan so pena de Nulidad absoluta razón por la cual
el ordenamiento Jurídico Pre constitucional debe adaptarse y armonizarse a ella
, es obvio que esto ocurre con todo tipo de normas tanto anteriores como
posteriores a la Constitución Nacional pero lo cierto es que la mayor cantera de problemas surgen de la aplicación de normas que son anteriores a la Constitución del año de 1.999 , se hace necesario en este punto traer
a colación el contenido del artículo 25 de la Constitución Nacional de la
República Bolivariana de Venezuela que establece expresamente que: “… Todo acto
dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los Derechos
garantizados por esta Constitución y la ley es Nulo y los funcionarios públicos
y las funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en
responsabilidad penal, civil y administrativa según los casos, sin que les
sirvan de excusas órdenes superiores…” aquí vemos que es una conducta prohibida
por el propio texto constitucional aquella que es contraria a la Constitución
por argumento en contrario la única conducta posible según el artículo 25 antes
señalado es SECUNDUM CONSTITUTIONEN, sólo esa conducta y ninguna otra , es
decir no puede aceptarse aquella que va más allá PRAETER CONSTITUTIONEN ni
mucho menos como ya lo he dicho CONTRA CONSTITUTIONEN, se hace necesario
señalar que el proceso como herramienta para la administración de Justicia
entendida esta última como: IUSTITIA EST CONSTANS ET PERPETUA VOLUNTAS SUM
CUIQUE TRIBUERE ( Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada
quien lo que se merece ) está Constitucionalizado según lo establecido en el artículo
49 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela donde
se establece EL DERECHO A LA DEFENSA y EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO que
establece de forma expresa lo siguiente: “…El Debido Proceso se aplicará a
todas las actuaciones Judiciales y administrativas en todo estado y grado de la
investigación y del proceso…” “ordinal 1: La Defensa y la asistencia jurídica
son derechos inviolables en todo estado y grado del proceso…” de la misma
manera los artículos 26 y 27 del mismo texto legal imponen la Obligación a los
Tribunales de Amparar y Garantizar el respeto de los DERECHOS Y GARANTIAS
CONSTITUCIONALES así nos lo indica el articulo 27 cuando de
manera expresa nos señala: “…Toda persona tiene derecho a ser amparada por los
tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales,
aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta
Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El
procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve,
gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá
potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la
situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo
tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la
libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido
o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera
inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser
afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la
restricción de garantías constitucionales…” no es menos importante señalar el
contenido del artículo 26 de la Constitución Nacional de la República
Bolivariana de Venezuela que en forma expresa nos señala lo siguiente: “…Artículo
26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de
justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o
difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la
decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita,
accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,
responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o
reposiciones inútiles…” El proceso debe ser garantista de estos Principios pués
la ausencia de uno de ellos afectará de NULIDAD TODO PROCESO DE ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA QUE SE LLEVE A CABO EN NUESTRO PAÍS ya que según mí criterio estos
requisitos deben darse de manera acumulativa, es decir, deben cumplirse todos al
mismo tiempo, al unísono si faltare alguno de ellos NO PODRIA ESE OPERADOR DE
JUSTICIA ADMINISTRARLA DE MANERA IDONEA Y ESTARIA VICIADA DE NULIDAD ABSOLUTA,EN CONSECUENCIA
NO PODRÍA SURTIR EFECTO LEGAL ALGUNO, en el mismo orden de ideas se hace
imprescindible citar el artículo 334 de nuestro Texto fundamental el cuál reza
de manera expresa lo siguiente: “…Artículo 334. Todos los jueces o juezas de la
República, en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta
Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de
esta Constitución. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una
ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales,
correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo
conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de
las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en
ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley,
cuando colidan con aquella…” este articulo es de suma importancia pués se
impone a los Jueces asegurar la integridad de la Constitución lo que quiere
decir que los Jueces en su labor de administración de justicia no pueden
deformar el contenido de la misma, lo contrario estará viciado de NULIDAD
ABSOLUTA, de la misma manera se impone una forma de razonamiento para el caso
de colisión de disposiciones legales con la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela y que se debe aplicar SIEMPRE DE MANERA PREFERENTE LO
ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN POR ENCIMA DE CUALQUIER DISPOSICIÓN LEGAL de
allí que los Jueces en la actualidad cuando se trate el tema de colisión de
leyes con el contenido de la Constitución tendrán que hacer el llamado TEST DE
LA CONSTITUCIONALIDAD para verificar el nivel de incompatibilidad de una norma
con la Constitución, verificada ésta IMPERARA LA CONSTITUCIÓN y dependiendo de
si se trata de un CONTROL DIFUSO o un CONTROL CONCENTRADO se desaplicara o
resultara expulsada del sistema Jurídico Venezolano dicha disposición declarada
como Inconstitucional, es obvio que el Control Concentrado corresponde por
mandato de la propia Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de
Justicia, este razonamiento deriva del contenido de los artículos 335 y 336 del
mismo texto legal que nos expresan de manera categórica lo siguiente: “…Artículo
335. El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de
las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de
la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las
alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las
otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República…”
“..Artículo 336. Son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia:1.-Declarar la nulidad total o parcial de las leyes
nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, que colidan
con esta Constitución. 2.-Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones
y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos
deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e
inmediata de esta Constitución y que colidan con ella. 3.-Declarar la nulidad
total o parcial de los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo
Nacional, que colidan con esta Constitución. 4.-Declarar la nulidad total o
parcial de los actos en ejecución directa e inmediata de esta Constitución,
dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del Poder Público,
cuando colidan con ésta. 5.-Verificar, a solicitud del Presidente o Presidenta
de la República o de la Asamblea Nacional, la conformidad con esta Constitución
de los tratados internacionales suscritos por la República antes de su ratificación.
6.-Revisar, en todo caso, aun de oficio, la constitucionalidad de los decretos
que declaren estados de excepción dictados por el Presidente o Presidenta de la
República. 7.-Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder
legislativo municipal, estadal o nacional cuando haya dejado de dictar las
normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta
Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y,
de ser necesario, los lineamientos de su corrección. 8.-Resolver las colisiones
que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe
prevalecer. 9.-Dirimir las controversias constitucionales que se susciten entre
cualesquiera de los órganos del Poder Público. 10.-Revisar las sentencias
definitivamente firmes de amparo constitucional y de control de
constitucionalidad de leyes o normas jurídicas dictadas por los Tribunales de
la República, en los términos establecidos por la ley orgánica respectiva. 11.-Las
demás que establezcan esta Constitución y la ley…” Culminamos aquí con esta
primera lección de Derecho Constitucional, espero pués haya sido de su agrado.
Derecho Procesal Laboral : "Apelación basada en nulidad del Fallo por causa de desorden procesal Grave"
AÑOS 203° y 154°
SENTENCIA INTERLOCUTORIA PARTE ACTORA: Ciudadano SIMON JOSE HIDALGO CARMONA venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° V. 3.589.859.
DE LA PARTE ACTORA Abogados GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ y EMILIA DE LEON ALONSO DE ANDREA en ejerció, de este domicilio, inscrito en el INPRE-Abogado número 37.063 y
35.336.
PARTE DEMANDADA: C.A. CERVECERIA REGIONAL, inscrita en el Registro de Comercio que llevo la Secretaria del Antiguo Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y de Comercio del Estado Zulia el catorce
(14) de mayo de 1929, bajo el Nº320.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ALVARO RABELL ORTEGA, ZORAIDA GUEVARA MARCANO, JUAN JOSE AVILA MENDOZA, LUBMILA YOBERXI GIMENEZ, FRANCISCO RODRIGUEZ, RAFAEL ORTEGA BRANDT, ANA VALENTINA PEREIRA, LUIS ENRIQUE QUEREMEL, ZORAIDA GUEVARA, ROMINA CANDIAGO BLANCO, TIBISAY SOLLET, ERIK VAAMONDE, JUAN HERMOSO, DARIO ROMERO ELGADO , LUIS A. TROCONIS SOSA Y LUIS GARCIA D`LIMA, inscrito en el INPRE- Abogados bajo el número 26.324, 28683, 98.479, 205.818, 11.513, 64.518, 21.180, 28.022, 28.673, 124.654, 112.332, 124.668, 66.140, 7.780, 51.623, 18.182 y 54.758. .-
MOTIVO: DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA
EXPEDIENTE No. 14-2153
Han subido a esta alzada las presentes actuaciones, en virtud de la apelación interpuesta por la actora, ciudadano SIMON JOSE HIDALGO CARMONA, asistido por el abogado GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ inscrito en el INPRE- abogado bajo el Nº 37.063 contra la decisión de fecha 14 de mayo de 2014, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda Con Sede en Los Teques, donde declaró el desistimiento del procedimiento y terminado
el proceso, como consecuencia de la incomparecencia de la parte demandante a la Audiencia Preliminar y una vez oída la apelación en ambos efectos, se remitió el expediente, a este Tribunal Superior.
CONTENIDO DEL PROCESO DEL THEMA DECIDENDUM
Se refiere la presente causa a la solicitud del demandante, ciudadano SIMON JOSE HIDALGO CARMONA, para reclamar Indemnización por Accidente y Enfermedad Laboral, en la relación laboral que alega mantuvo con la entidad de trabajo C.A. CERVECERIA REGIONAL.
DEL LÍMITE DE LA CONTROVERSIA
A los fines de dejar establecido el marco procesal donde ha quedado encuadrada la presente causa, debemos dejar precisadas previamente las siguientes consideraciones: Por cuanto el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de esta Circunscripción Judicial y sede, declaró la consecuencia jurídica establecida en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, señalando el desistimiento y terminación del procedimiento, pasa esta alzada a verificar según el contenido del antes mencionado artículo; si existen fundadas o justificadas razones, como lo son el caso fortuito o la fuerza mayor o cualquier otro hecho del que hacer humano que no sea posible su previsión dentro de una actuación con el mayor sentido común,
que puedan justificar su incomparecencia a la Audiencia Preliminar en el Tribunal y de acuerdo a ello ejercer su función nomofiláctica y procede a dictar su fallo.
DE LA AUDIENCIA DE APELACIÓN
TRANSCRIPCION DE LAS EXPOSICIONES
En la fecha y hora establecida para que se efectuara la Audiencia de Apelación, dentro del lapso previsto en la Ley; se anunció el acto con las formalidades de ley observándose la comparecencia de la parte demandante junto con su abogada asistente, y una vez impuestos sobre los
particulares de Ley y de la Audiencia, se dio la palabra al apoderado judicial, abogado GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ asistente de la parte
demandante apelante, quien expuso: Impúgnanos la sentencia de la Juez de instancia donde da por terminada la causa, basado en que la Juez de instancia violento los Principios de Orden Procesal de ineludible aplicación colocando en estado de indefensión a la parte demandante, violentando en Primer lugar el Principio Constitucional de los Actos ya que una vez que se certifico para que tuviera lugar la Audiencia Preliminar la suspendió en vista del pedimento propuesto por la parte demandada del llamado a tercero, la cual fue decidida el mismo día por la Juez de instancia, igualmente la parte demandada solicito en otro pedimento que se le otorgara un lapso de 10 días para su comparecencia como termino de la distancia por encontrarse domiciliada en Maracaibo, sin embargo este pedimento que lo hicieron por escrito separado el Juez no lo decidió el mismo día, debiendo haberlo resuelto los dos el mismo día, lo cual no fue así generando un desorden procesal, ya que la Juez de instancia en el mismo día en que fue propuesta declaro la inadmisibilidad del llamamiento a terceros suspendiendo la Audiencia Preliminar, no celebrando la audiencia preliminar , incurriendo en desorden procesal ya que suspendido por autos expreso la Audiencia Preliminar pero no decía la oportunidad que iba fijar la Audiencia Preliminar y en relación al segundo pedimento decidió fuera de cualquier
lapso, lo decidió dos (02) días después, incurriendo según doctrina de la sala constitucional con ponencia del Dr. Cabrea en Desorden Procesal Grave, igualmente ocurre en materia de amparo constitucional idéntica situación para la audiencia de amparo constitucional seda el lapso de 48 horas para fijar la audiencia de amparo constitucional, en segundo lugar violento el Principio de Vico de Preclusión no pudiendo abrir una nueva etapa procesal sin que se termine la anterior, la Secretaria del Tribunal nos informo que la audiencia no iba hacer para el día en que estaba fijada por la certificación, sin embargo de un estudio que hicimos del llamamiento a tercero y del lapso que se fijo para la celebración de la Audiencia Preliminar, encontrándonos que todos los Tribunales del país fijan la celebración de la audiencia preliminar en el lapso de los 10 días, es por lo que la Juez debía fijar que día iba fijar la audiencia preliminar, no haciéndolo ocasionando una discriminación en el proceso, es por tal motivo que solicitamos de conformidad con los artículos 7, 95, 257, 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho a la defensa y la economía procesal se ordene que se fije la Audiencia Preliminar y declare la nulidad de la Audiencia Preliminar en conformidad con los principios que rigen el proceso en materia laboral por el desorden procesal que ocasiono la Juez de Instancia. Es todo.
Para decidir la apelación planteada por la demandante, esta superioridad
previamente pasa a hacer las siguientes observaciones: En primer lugar,
la apelación puede basarse en los posibles motivos que puedan ser alegados para justificar la incomparecencia a una Audiencia Preliminar, como el hecho calificado como caso fortuito o fuerza mayor los cuales se
han definido como el suceso ocurrido que no ha podido evitarse, o que, previsto, no ha podido evitarse.
Los eventos considerados como casos fortuitos, lo mismo que la fuerza mayor, pueden ser producidos por la naturaleza o por el hecho del hombre. Para algunos autores no existe diferencia ni teórica ni práctica
entre el hecho fortuito y la fuerza mayor. Jurídicamente, la distinción
entre una y otra tiene escasa importancia, ya que la ocurrencia de un hecho catalogado como tal pueden ser justificativas del incumplimiento de una obligación, si así lo permitiere la Ley.
En este sentido, la Sala de Casación Social, en innumerables decisiones,
entre ellas la N° 1532 de fecha 10 de noviembre de 2005, con ponencia del Magistrado Juan Rafael Perdomo, se ha pronunciado sobre las condiciones necesarias para la procedencia del caso fortuito o fuerza mayor como causas no imputables a las partes en caso de incomparecencia a
la celebración de la audiencia preliminar, decisión ratificada el 28 de
julio de 2006 N° 1202, en los siguientes términos:
“Para ello, tanto los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución, como los Juzgados Superiores del Trabajo deben tomar en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos por la Sala, a los fines de pronunciarse sobre las consecuencias y el efecto liberatorio de una causa extraña eximente de la responsabilidad para comparecer a la audiencia, o a un acto de prolongación de la audiencia preliminar, cuya valoración y apreciación será de la libre soberanía del Juez, pero siempre ajustando y fundamentando su decisión en los pautas delineadas por la Sala, las cuales se resumen a continuación: 1) La causa, hecho o circunstancia no imputable a la parte que limite o impida la comparecencia a la audiencia o a la prolongación, debe ser probada por la parte que la invoca; 2) La imposibilidad de cumplir tal obligación debe ser sobrevenida, es decir, debe materializarse con posterioridad al
conocimiento inicial que se tenía sobre la comparecencia previamente convenida entre las partes, o a la inicialmente fijada por el Tribunal; 3) La causa no imputable debe ser imprevisible e inevitable, es decir, no puede en modo alguno subsanarse por el obligado a comparecer; y, 4) La causa del incumplimiento no puede devenir de una conducta consciente y
voluntaria del obligado, pues la causa que se invoque debe provenir de factores externos y ajenos a las partes.
De no demostrarse las causas extrañas alegadas, el Juez debe aplicar las
consecuencias jurídicas establecidas en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, según sea el caso. Si la incomparecencia ocurre en la audiencia
preliminar, el desistimiento del procedimiento, al actor, y la admisión
de los hechos, al demandado, en conformidad con los artículos 130 y 131
de la Ley Adjetiva del Trabajo. Si por el contrario la incomparecencia se materializa en la audiencia de juicio, se aplica al actor el desistimiento de la acción, y al demandado, la confesión de los hechos, en aplicación del artículo 151 eiusdem.” (fin de la cita)
Nuestra Ley procesal, igualmente permite que pueda ser apelada la sentencia, en caso de observarse alguna violación del orden público sustantivo o procesal, garantizando el ejercicio del principio de la doble instancia.
1. Ahora bien, la parte demandante justificó su incomparecencia, por un desorden procesal el cual se ocasiono al momento en que se suspendió el lapso de diez (10) días para que tuviera el inicio de la audiencia preliminar, por cuanto la parte accionada interpuso dos escrito en el primero solicitaba el llamado a tercero y el segundo solicitaba se le otorgara el termino de distancia de diez (10) días por cuanto su domicilio procesal se encuentra en Maracaibo, pronunciándose el Juez de Instancia con relación al primer pedimento el mismo día declarándolo inadmisible y con relación al segundo pedimento dos (02) días después del pedimento declarándolo innecesaria la notificación por encontrarse una sucursal en Los Teques, no aclarando el Juez de Instancia en que momento se daría inicio a la audiencia preliminar causando un estado de
indefensión a las partes en el proceso. Para decidir el punto referido a la incomparecencia, se observa el motivo de apelación fue por un error de la Juez Cuarto de de Sustanciación Mediación y Ejecución suspendió el lapso de de diez (10) días para la celebración de la audiencia preliminar, sin ninguna fundamentación legal, siendo un error que incurrió, ya que el lapso se encontraba en curso por cuanto se produjo la constancia del Secretario. Debe dejar previsto esta alzada que la solicitud de la intervención de tercero, debe se decidida en forma inmediata, siendo el caso de producirse la negativa del llamado, puede ser oída la apelación a un solo efecto , pero en ningún caso dicha negativa puede ser motivo para la suspensión de la Audiencia Preliminar, tan solo cuando se admite el llamamiento a tercero se notifica a quien es llamado y se dará nuevamente el lapso de diez (10) días para celebrar la Audiencia Preliminar contra la actuación errónea del Aquo se creo una confusión procesal es por tal motivo que la alzada considera reponer la causa al estado que se fije nuevamente la Audiencia Preliminar, sin necesidad de notificación por estar las partes a derecho. ASI SE ESTABLECE. DISPOSITIVO
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda con sede en Los Teques, administrando justicia en
nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano SIMON JOSE HIDALGO CARMONA, asistido por el abogado GILBERTO ANTONIO ANDREA GONZALEZ inscrito en el INPRE- abogado bajo el Nº 37.063 contra la decisión de fecha catorce (14) de mayo de 2014, por el Juzgado
Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda Con Sede en Los Teques. SEGUNDO: Se revoca el auto D de fecha catorce (14) de mayo de 2014 dictado por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda Con Sede en Los Teques, fije el inicio de la Audiencia Preliminar. TERCERO: Se ordena la Juzgado Cuarto de Primera Instancia de de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda Con Sede en Los Teques, fije la fecha y hora para el inicio de la Audiencia Preliminar. CUARTO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE
Se ordena la publicación del presente fallo en la página WEB de la Región del Estado Bolivariano de Miranda del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con lo previsto en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena la consignación de copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de este Juzgado Superior.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Miranda en los Teques, al día cinco (05) del mes de junio del año 2014. Años: 202° y 153°.-
EDINET VIDES ZAPATA
Nota: En la misma fecha siendo las 03:00m, se publicó y se registró la anterior sentencia previo el cumplimiento de Ley. LA SECRETARIA.
AHG/EV/ICT
EXP N° 14-2153
Derecho Médico: Breves comentarios del Dr Gilberto Antonio Andrea González en torno a la Sentencia de la Corte de Apelaciones en el Caso P.I.P."
BIODERECHO : "Consultorio Internacional de Bioétic...

References: artículo 2
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 25
 artículo
49
 artículo 26
 artículo 334
 artículo 130
 artículo 151
 artículo 248