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Timestamp: 2020-01-26 05:59:18+00:00

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Lectura 1 M1- Unidad 1-Derecho Concursal Argentino | Bancarrota | Administración judicial
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Unidad 1 Lectura 1 - Derecho Concursal Argentino. Nociones introductorias
Materia: Concursos y Quiebras Profesor: Eduardo Néstor Chiavassa
Tema: 1.1- Evolución histórica. Régimen jurídico vigente.
El derecho concursal es el conjunto normas jurídicas que tienen por objetivo el tratamiento integral de las situaciones de insolvencia, brindando soluciones preventivas consensuadas entre deudor y acreedores, o liquidativas de la totalidad del patrimonio del cesante.
En el derecho romano sólo aparecen algunos rudimentos de la materia concursal. En Roma, la característica principal era la severidad del régimen jurídico, donde las sanciones se dirigían hacia la persona del deudor para forzarlo en su ánimo a cumplir, incluso lo podían vender -lo que lo convertía en esclavo- o compensar sobre su cuerpo. A partir de las XII Tablas (S. V a C) comienza un largo proceso de flexibilización de estas medidas en contra del deudor.
Así, la bonorum venditio permitió efectivizar medidas en contra de los bienes del deudor, vendiendo la universalidad de los mismos; la bonorum distractio que era una especie de ejecución universal pero vendiéndose los bienes uno por uno. De esta época se menciona también el pactum ut minus solvatur dirigido a herederos de un acervo excedido en deudas, mediante el cual se podía convenir con los acreedores alguna reducción, institución que luego se extendió a otros deudores. También aparecen las moratorias destinadas a retardar el cumplimiento del deudor.
Pero el procedimiento falencial con los tintes que actualmente lo conocemos tiene su origen en el derecho estatutario de las ciudades italianas de la Alta Edad Media. En esta etapa surge el falimento con los contornos que, a grandes rasgos, aún hoy conserva, a saber: intervención de órgano jurisdiccional, oficiosidad del procedimiento, la verificación de créditos, etc.
Se conoce también en esta etapa el concordato preventivo, instituto que cayó en desuso y recién reaparecería en la ley Belga de 1887. A pesar del progreso, el fallido seguía siendo considerado un delincuente, y sufría incapacidades y sanciones varias. Se acuño la frase Decoctor, ergo fraudator Incluso en Francia se los castigaba con la muerte.
Concursos y Quiebras - Eduardo Néstor Chiavassa
La palabra bancarrota y juntamente su odiosidad traen su origen de la antigua y famosa feria de Medina del Campo, villa situada en el corazón de Castilla, y en otros tiempos una de las principales plazas de comercio de Europa. Los gerioveses, que eran los que allí ejercían él giro de letras y el cambio de monedas, se colocaban en la plaza principal con sus mesas y mostradores y un banquillo de madera para sentarse; y cuando alguno de ellos faltaba maliciosamente a la buena fe, los cónsules o magistrados de la feria le imponían, entre otras penas, la de hacer quebrar solemnemente ante el gentío inmenso el citado banquillo, declarándole al mismo indigno de alternar con los hombres de bien y excluyéndole para siempre de la feria de Medina. Este rompimiento de la banca o banquillo dio lugar a la formación de la palabra banca-rota (Enciclopedia Omeba).
El derecho comercial surgido en las ciudades italianas se propagó al resto de los países europeos, en especial a Francia a través de las Ordenanzas de 1673. Este cuerpo normativo comercial fue incompleto en materia de quiebra –único instituto regulado-, aspecto que tuvo su corrección con el Código de Comercio de 1807 –con más de 150 artículos dedicados a la quiebra-y su reformulación en 1838 mejorando y simplificando el trámite procesal.
En nuestro país, rigieron las Ordenanzas de Bilbao sancionada en 1737 las que tienen influencia de la Ordenanza francesa. Si bien algunas provincias adoptaron el Código de Comercio de España de 1829, la sanción del Código de Comercio para Buenos Aires en 1859 v su extensión a toda la Nación en 1862 marcó un hito fundamental en nuestro derecho. Se regulaba la quiebra con posibilidad de un concordato resolutorio, aunque por sus deficiencias prácticas se apuro su reforma en el año 1889. Luego, en 1902 la ley 4.156 modifica en su totalidad el régimen, además de incorporar el concurso preventivo. Su corte privatístico y los abusos cometidos por los acreedores determinaron la reforma en 1933 por la ley 11.719, donde se produjo una profunda modificación con neta orientación publicística, ley que permaneció vigente por casi cuarenta años cuando en 1972 entró en vigor la ley 19.551, reformada en 1983 por la ley 22.917 -que agregó un nuevo procedimiento concursal: el acuerdo preconcursal-. Esta ley de notable factura, sirvió de base para la reforma de 1995, sancionándose una nueva ley de concursos y quiebras Nº 24.522. La ley 25.589 y 26.086 introdujeron modificaciones en unos pocos artículos pero la importancia y trascendencia de los mismos han hecho variar considerablemente los efectos de ciertos institutos concursales. Finalmente, la ley 26.684 publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina el 30.06.2011 ha venido a modificar una serie de articulos propugnando acentuar la defensa de los derechos de los trabajadores en los procesos concursales, sintetizando la misma una serie de proyectos que estaban para ser tratados por los legisladores nacionales.
Tema: 1.2-Ejecución individual y colectiva. Diferencias.
La obligación implica un vínculo de carácter patrimonial que une a un deudor con un acreedor. El supuesto de normalidad de las relaciones implica que la se cumplirá espontáneamente.
El incumplimiento de la misma genera la posibilidad de que el acreedor ejecute coactivamente parte o todo el patrimonio de su deudor para satisfacer su acreencia y los daños sufridos. Así, el patrimonio del deudor se convierte en la prenda común de los acreedores. Pero el problema surge ante la insuficiencia del patrimonio para atender la totalidad de las ejecuciones.
Si bien en ambos procesos se trata una actuación coactiva de la ley, se debe tener en cuenta que entre ambas ejecuciones no existe una diferencia de grados. Por el contrario, existen diferencias notorias, entre otras, las siguientes:
Privilegios de la legislación común. Prior in tempore potior in iure
Privilegios de la legislación concursal. No hay preferencia temporal. Acreedores quirografarios concurren a prorrata. Pars conditio creditorum
deudor y
acreedor, rige el principio dispositivo
deudor-acreedor. Principio inquisitivo
para hacer valer derechos.
concursales:
1) La quiebra cuya finalidad es la liquidación patrimonial y desarticulación de la empresa en manos del fallido. Esto es, hay ejecución coactiva de la totalidad de bienes del deudor. También se utilizan las expresiones bancarrota o falencia.
2) Concurso preventivo: este instituto se trata de evitar la liquidación patrimonial. Los primeros autores que estudiaron este tema sostenían que era una declaración condicional de quiebra. También se lo denomina concordato preventivo. Implica una renegociación de las condiciones originarias de contratación entre deudor y acreedor. El ofrecimiento se hace a la generalidad de acreedores que deben concurrir obligatoriamente al proceso para hacer valer sus derechos, y si es aprobado aquel acuerdo en forma mayoritaria se impone incluso a quienes no adhirieron a la propuesta. Por ello, se requiere una serie concatenada de actos que desemboque en un período de negociaciones que culminarán con el acuerdo y su posterior homologación judicial. En caso de fracaso del acuerdo, se debe declara la quiebra -como principio general-.
3) Finalmente, frente a estos clásicos institutos se perfiló un tercer procedimiento que tuvo su incorporación legislativa en 1983 y que adquirió un protagonismo inusitado con la sanción de la ley 25.589. Estamos
haciendo referencia a los “acuerdos preconcursales” o “acuerdo preventivo extrajudicial”, donde el deudor tiene la más amplia facultad para negociar
con sus acreedores, y luego de obtenidos los mismos el deudor solicitará la homologación judicial.
Tema: 1.4- Principios rectores de la legislación concursal
Ya hemos visto que las finalidades de los procedimientos concursales buscan una salida concordataria o liquidatoria. Desde su nacimiento y hasta hace relativamente pocos años, en ambos casos se buscaba prioritariamente
la satisfacción de los acreedores. Sin embargo, tal eje de prioridades ha cambiado, y prima la idea de salvar la empresa incluso a costa de cierto sacrificio de los acreedores. Solo en caso de inviabilidad de la empresa, se llega a la liquidación forzosa. Los principios son ideas directrices o pautas generales de valoración que sirven u orientan las soluciones legislativas, además de tener una función de interpretación e integración del ordenamiento concursal. Finalmente, se puede decir que actúan como
“vallas de contención” evitando que las soluciones de otras ramas jurídicas
prevalezcan sobre las propias.
1.4.1-Conservación de la empresa:
Es recién en el Siglo XX cuando se comenzó a valorar a la empresa como centro de atención del derecho comercial. Los inconvenientes que traía como consecuencia de la desaparición de la empresa no sólo alcanzaba a los particulares sino también a toda la comunidad, por lo que pronto se dimensionó este principio y se adaptaron soluciones en tal sentido. Nuestra legislación es tributaria del mismo y muchas de sus soluciones están inspiradas en el mismo, por ej: el art. 204 de la LCQ establece un orden preferente de realización de los bienes del fallido. La enajenación de la empresa como unidad es la primera alternativa legal a la deberá acudir el juez concursal.
1.4.2-Protección del crédito:
Es otro de los principios fundamentales del derecho concursal, a tal punto que la ley 19.551 lo mencionaba en primer lugar. Y sin dudas es así, pues sin el mismo desaparecería la posibilidad de que el empresario como tal obtenga los fondos necesarios como financiar por lo menos parte de su estrategia comercial. Lo contrario haría desaparecer el crédito y por consiguiente dejaría de existir el sistema de económico vigente. Por ello se debe asegurar una rápida liquidación del crédito y reembolso al acreedor.
Hace referencia a que la totalidad de los bienes que componen el patrimonio del deudor que comprendidos en el proceso concursal. Por supuesto, que la misma ley contempla la exclusión de algunos de esos bienes sujetos a desapoderamiento (por ej: art. 108 LCQ).
Respecto de cada sujeto de derecho, persona física o jurídica solo puede tramitarse una causa concursal. Cada persona tendrá un expediente concursal y no podrán acumularse liquidaciones de varios sujetos. También tendremos juez único y fuero de atracción de otras causas individuales.
También llamado de “inquisitoriedad”. Su paradigma son los juicios criminales que impulsados, delimitados y finalizados de manera oficiosa. En nuestro caso, se ha dicho que es predominantemente inquisitivo, por las facultades que posee el juez de impulsar el tramite hacia su conclusión, a diferencia de los procesos dispositivos donde el impulso se encuentra a cargo de las partes.
Todos los acreedores de título o causa anterior a la presentación del procedimiento concursal deben promover sus verificaciones de créditos para hacer valer el mismo en el proceso. Caso contrario, quedarán excluidos del pasivo concursal.
También llamado pars conditio creditorum. Según este rasgo, todos los acreedores deberán ser tratados en igualitaria. Opera desde un doble punto de vista: los acreedores no pueden aventajar a otros acreedores, y a su vez es una directiva al deudor porque no puede conceder ventajas a unos acreedores en perjuicio de otros. Sin embargo, a poco que comenzamos a andar el estudio del derecho concursal, veremos que se dan situaciones especiales: acreedores privilegiados, la posibilidad de categorizar a los acreedores en el concurso, etc. En definitiva, vemos que se ha redimensionado este rasgo, y en sintonía con el pensamiento de la C.S.J.N se puede decir que se una igualdad entre iguales o relativa: no se puede admitir que acreedores de una categoría determinada reciban más que otros. Se debe recordar que el articulo 180 del Código Penal que castiga tanto al acreedor como al deudor incurso en este tipo de conductas.
El art. 273 de la LCQ diseña una nómina de reglas procedimentales generales aplicables a todo el proceso concursal y a sus incidentes, las cuales rigen en plenitud, salvo disposición especial en contrario de la misma ley concursal. Esa enumeración de ningún modo agota el repertorio de principios y reglas procesales existentes las que se hayan diseminadas a lo largo de todo el articulado de la ley. El ordenamiento positivo concursal contiene disposiciones de fondo y de forma, estableciendo reglas procesales para los concursos que, frecuentemente, son diferentes a los que rigen iguales temas en las leyes procesales locales, como términos mínimos, régimen de apelabilidad, notificación tácita como regla, régimen de caducidad, etc. Las características apuntadas del ordenamiento concursal tienden a que
este sea, en principio “autosuficiente”.
1) Perentoriedad de los plazos: el inciso 1º del art. 273 dispone que todos los términos son perentorios y se consideran de cinco días, salvo la existencia de un plazo distinto. La perentoriedad de los plazos implica que su mero vencimiento imposibilita fatalmente la futura producción del acto del que se trate. Dicho de otro modo, el acto no cumplido en término no puede ser cumplido después. Sin embargo, existen algunas excepciones, como por ejemplo al síndico, para que subsane las omisiones incurridas. Otra excepción: se relaciona con el período de exclusividad en el concurso preventivo, donde se otorgan plazos adicionales con el fin de auspiciar la concreción de la solución preventiva, vehiculizando con ello el principio rector de la conservación de la empresa, aún a costa del incumplimiento de los plazos legales fijados en el art. 43 LCQ -aunque hay casos jurisprudenciales que han resuelto lo contrario-. También se hace referencia al plazo de gracia del artículo 124 del Código Procesal; en general se ha resuelto su admisión.
2) Cómputo de los plazos. Días hábiles judiciales: se computan exclusivamente los días hábiles judiciales, tal como lo establece el inc. 2º del art. 273, salvo excepción legal expresa en contrario en la misma ley de quiebra, como por ej: a) en el art. 190 LCQ en las quiebras con eventual continuidad de explotación, se requiere del síndico un informe detallado debe ser presentado al juez en el término de 20 días corridos contados a partir de la aceptación del cargo; b) en el art. 144, que regula los efectos de la quiebra sobre los contratos con prestaciones recíprocas pendientes y prescribe que dentro de los 20 días corridos de la publicación de edicto; c) en el art. 196 la quiebra no produce la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de pleno derecho por el término de 60 días corridos; d) en el art. 197 cuando dispone que una vez resuelta la continuación de la empresa, el síndico debe decidir, dentro de los 10 días corridos a partir de la resolución respectiva, e) en el art. 25 se le encomienda al concursado y, en su caso, a los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de la sociedad concursada, que comuniquen al juez del concurso, su viaje al exterior, el que no podrá extenderse por un plazo superior a 40 días corridos, 3) Inapelabilidad: (inc. 3º del art. 273). Se aplica indistintamente al concurso preventivo y a la quiebra. Y su inclusión apunta a impedir que la celeridad y agilidad de los trámites concursales. Excepciones legales: las hipótesis en las que la ley ha previsto expresamente las excepciones a este principio rector, permitiendo la apelación, son las siguientes: decisión que rechaza la petición de concurso preventivo (art. 13 LCQ), admisión y denegatoria del pronto pago laboral (art. 16), separación de la administración en el concurso (por el deudor con efecto devolutivo y si se deniega puede apelar el síndico) (art. 17 LCQ) (ver además los siguientes articulo que la admiten expresamente: art. 24, 51,58, 59, 61, 63, 65, 94 y sgtes, 96, 103, 117, 118, 144, 191, 206, 214, 232, 255, 272, 281, 285). Excepciones judiciales: cuando no constituya una traba para el normal desarrollo del iter concursal; que la decisión que se pretende revisar, decida definitivamente sobre aspectos graves en la esfera patrimonial de los protagonistas e irremisibles además por otra vía; cuando la inapelabilidad consagrada constituye una severa restricción al derecho del reclamante, violatoria al derecho constitucional de defensa en su sentido amplio. Más concretamente, la jurisprudencia ha contemplado excepciones, que se apartan de la regla genérica, consagrando la apelación en los siguientes supuestos: la resolución de categorización; la decisión concerniente al cumplimiento o no de la propuesta efectuada por un tercero en los términos del art.48, la resolución que intimó a satisfacer una cuota concursal bajo apercibimiento de quiebra, la denegación del pedido de prórroga del período de exclusividad; la que dispuso la desafectación de un inmueble del régimen de bien de familia; etc. Finalmente cabe consignar que, en caso de ser admitida la apelación, se concede en relación y con efecto suspensivo, de acuerdo a la previsión legal contenida en el inc. 4º del art. 273. 4) Sistema de notificaciones: la citación a las partes se hace por cédula y las restantes notificaciones son automáticas, esto es, por nota o de acuerdo a lo
que disponga el Código Procesal de la provincia (inc. 5º). Sin embargo, es aceptado por la jurisprudencia que el juez concursal, en su carácter de director del proceso, y en uso de las facultades instructorias que le acuerda la ley ostenta atribuciones suficientes para establecer expresamente, y para un caso determinado, la notificación personal o por cédula. Además existen supuestos en los cuales el sistema automático de notificaciones resulta claramente insuficiente y perjudicial. Respecto de la notificación de la resolución que se dicta en el marco incidental de la revisión divide a la jurisprudencia actual, siendo aceptado por la CSJN, el TSJ de Córdoba, la SCJ Bs. As y una parte importante de la doctrina la notificación por cédula. En cambio, la SCJ de Mendoza se ha expedido por la procedencia de la notificación ficta de la sentencia que resuelve el incidente de revisión. 5) Domicilio procesal: el inciso 6º establece que el domicilio constituido subsiste hasta que se constituya otro o por resolución firme quede concluido el concurso. La norma agrega que cuando el domicilio se constituye en edificio inexistente o que desapareciere después, o en caso de incumplimiento por el fallido o administradores de la sociedad concursada de la obligación impuesta por el art. 88 inc. 7 se tendrá por constituido su domicilio en los estrados del tribunal, sin necesidad de declaración o intimación previa, lo cual significa que las notificaciones serán en todos los casos automáticas o por nota. Idéntica previsión –y sobreabundante por cierto- contempla la hipótesis de concurso preventivo (art. 12). 6) Gastos del concurso. Diferimiento de pago: el inciso 8º del artículo 273, dispone que en el concurso, las transcripciones y anotaciones registrales y de otro carácter que resulten imprescindibles para la protección de la integridad del patrimonio del deudor deben ser hechas sin necesidad del pago previo de tasas, aranceles y otros gastos (por ej, publicación de edictos, arancel del Registro de la Propiedad, del Registro del Automotor, etc.), sin perjuicio de que los ingresos omitidos deban ser considerados como gastos de justicia en los términos del artículo 240 de la LCQ. No es correcto hablar de “gratuidad del trámite”, desde que no se libera del deber cancelatorio, sino la postergación de su pago. 7) Carga de la prueba. Normas comunes: el inciso 9º dispone que la carga de la prueba en cuestiones contradictorias se rige por las normas comunes. Sin dudas el mayor campo de aplicación de esta regla se ubica en la etapa de verificación de créditos. 8) Actuación del Ministerio Público: el art. 276 contempla la actuación del Ministerio Público en el concurso, estableciendo que es parte en la alzada en los supuestos de impugnación del acuerdo preventivo (art. 51). Agregando la norma que también en los trámites ante la alzada deberá dársele vista en las quiebras cuando se hubiere concedido recurso en que sea parte el síndico. Sin embargo y pese la aparente estrictez de la legitimación concedida por la ley, la jurisprudencia se ha encargado de extender el ámbito de intervención del Ministerio Público, como por ejemplo, en las hipótesis en las que pueda ser planteada la inconstitucionalidad de una norma o en los casos en que esté comprometido el orden público o los intereses del Estado, y debe intervenir
dictaminando fundadamente respecto de la procedencia o no de los recursos de los cuales se le corre vista. 9) Perención de instancia: la regulación contenida en el art. 277 impide la conclusión del proceso concursal abierto -concurso preventivo o quiebra- por perención de la instancia. Estableciendo luego que, en todas las demás actuaciones, y en cualquier instancia, la perención se opera a los tres meses. Queda claro que en materia falencial, corresponde excluir el período de feria judicial del mes de enero del cómputo del plazo de caducidad de instancia. Ello, de conformidad con la interpretación sistemática y armónica de los artículos 273, inciso 2º, 277 y 278 de la ley 24.522 y de las normas rituales provinciales que así lo dispongan. Una de las hipótesis que plantea cierto conflicto interpretativo refiere a los procedimientos de carácter previo a la apertura del trámite, aunque en la jurisprudencia prevalece ampliamente la tesis que admite la caducidad prefalencial por aplicación del art. 277 LCQ. Cabe destacar que -fuera del trámite principal del concurso o la quiebra- la caducidad de instancia que dispone el artículo 277 de la ley 24.522 alcanza a todas las demás actuaciones (acciones o incidentes) promovidos por el síndico, el fallido, acreedores -incluso el laboral- o terceros, desde que todos ellos se encuentran en la misma situación en este aspecto. Desde otro costado resulta procedente que el juez decrete de oficio la perención de la instancia, desde que cuenta con atribuciones suficientes para ello (art. 274). Con relación a este aspecto, resulta de utilidad destacar la doctrina del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en la materia, según la cual, si bien en los supuestos del art. 277 de la ley de quiebras el órgano judicial puede declarar por propia iniciativa ("ex officio") la caducidad de la instancia luego de transcurrido el plazo legal, no lo podrá hacer una vez que se impulsare el procedimiento y la actividad fuere consentida (purga de la perención) 10) Leyes procesales locales: La pretendida autosuficiencia de la ley concursal tropieza naturalmente –y a diario- con situaciones a resolver que no encuentran una regulación expresa en el plexo falencial. Con ese fin, el art. 278 prevé la aplicación subsidiaria de las normas procesales de la ley del lugar del juicio que sean compatibles con la rapidez y economía del trámite concursal. La ley concursal contiene normas procesales que prevalecen sobre el régimen procesal local, pues la sanción de una ley de bancarrotas ha sido expresamente diferida por la Constitución al Congreso Nacional (art. 75, inc. 12, CN). El proceso concursal transita por los carriles rituales que traza su propia legislación, por eso, de acuerdo a este esquema, prevalecen -en primer orden- las reglas procesales previstas en la ley 24.522; en defecto de norma expresa debe acudirse a la aplicación analógica de otra norma procesal concursal, si existiera; y, en último término, si la cuestión no puede solucionarse dentro del ordenamiento concursal, ha de acudirse a las leyes procesales locales, en la medida de su compatibilidad, con la rapidez y economía del trámite concursal. Así tenemos las siguientes reglas:
11) Legajo de copias: el art. 279 legisla sobre el legajo de copias destinado a la consulta de las constancias del expediente, que se forma con copia de todas las actuaciones fundamentales del juicio y las previstas especialmente por la ley concursal. Dicho legajo debe estar permanentemente a disposición de los interesados en secretaría y constituye falta grave del secretario la omisión de mantenerlo actualizado. Todas las copias glosadas en él deben llevar la firma de las personas que intervinieron. Cuando se trate de actuaciones judiciales, consisten en testimonios extendidos por el secretario. Las citas, remisiones y constancias que deban hacerse de piezas del juicio, deben corresponder siempre a las del original.
Tal como venimos diciendo, la ley concursal ha estructurado los procesos concursales principales. Pero se ha tenido en cuenta que existen distintas cuestiones que no pueden tramitarse en el expediente principal. De ahí que los art. 280 a 287 han estructurado un procedimiento tipo a través del cual se encauzan toda cuestión que tenga relación con el concurso y que, a su vez, no tenga un trámite especial. Fundamentalmente, se canalizan por esta vía las verificaciones tardías y los incidentes de revisión. Se encarrilan pretensiones sustanciales. Por eso, no debe confundirse a este procedimiento con aquellos que tienen la nomenclatura en los Códigos de Procedimientos pues en ellos se canalizan contingencias procesales del proceso principal. El trámite esta previsto en el art.281: con la demanda se debe ofrecer toda la prueba. Si comparamos este procedimiento con el juicio ordinario de los CPC vemos que el ofrecimiento de prueba se produce en una etapa posterior. Aquí, ambos van unidos: demanda y ofrecimiento de prueba. El rechazo liminar de la demanda incidental que prevé el art.281 2º párr. LCQ es una facultad que en la práctica no se utiliza con frecuencia en razón de la posible afectación del derecho de acceso a la justicia y el derecho de defensa del incidentista. Admitido el incidente, se corre traslado por 10 días, el que se notifica por cédula, y quien conteste debe también ofrecer toda la prueba y agregar la documental. El término máximo de prueba será de 20 días, pudiendo ser menor de acuerdo a la prueba ofrecida. Las partes son las encargadas de urgir el diligenciamiento de las mismas. A su vez, el art.283 fija una directiva respecto a la prueba pericial: solo un perito puede actuar salvo que la cuestión sea compleja, en cuyo caso se pueden designar tres. El art.284 limita el número de testigos a cinco por parte, salvo complejidad de la causa, en donde se admite un número mayor. Se admite el recurso de apelación sólo respecto de la resolución que pone fin al incidente. Respecto de las otras cuestiones que se plantearan en el
expediente, pueden ser subsanadas por el Tribunal de alzada. Ya hemos visto (punto 1.5.6, punto 4) la controversia respecto del sistema de notificación de la resolución que pone fin a la incidencia.
En el año 1934, fue Mauricio Yadarola quien introdujo en la República Argentina la noción del estado de cesación de pagos, la cual fue expuesta generosamente por Raymundo Fernández. Durante la vigencia de la ley falimentaria del año 1933, la exigencia del presupuesto objetivo concursal determinante de la apertura del juicio concordatario aparecía controvertida, pues el art. 11 establecía que la solicitud debía presentarse "antes" de la cesación de pagos o "hasta tres días
después", en armonía con el art. 10 inc. 5°, que exigía indicar la fecha de la
cesación de pagos "si ésta se hubiera producido”.
Tanto la ley 19.551 como la actual ley falimentaria establecieron, de manera indubitable, como uno de los presupuestos esenciales para la apertura de los procesos concursales (32), la existencia del estado de cesación de pagos, encontrándose perfectamente determinados los supuestos donde su presencia es relevada por expreso mandato legal Es aceptado pacíficamente que crisis e insolvencia revelan dos etapas endémicas claramente determinadas por las que puede atravesar una unidad productiva en el despliegue ordinario de su giro comercial, pese a que no son expresiones equivalentes. La "insolvencia", como patología empresaria está emparentada con el término "cesación de pagos" y para la doctrina nacional, ambas denominaciones tienen idéntica significación. La cesación de pagos ha sido definida como el estado patrimonial generalizado y permanente que refleja la imposibilidad de un sujeto de pagar, de manera regular, obligaciones exigibles, cualquiera sea la naturaleza de las mismas y las causas que lo generan. Económica y jurídicamente es el estado de un patrimonio que se revela impotente para hacer frente a los compromisos que sobre él pesan. Se trata esencialmente de un estado Es la situación de endeudamiento y de exigibilidad inmediata que no puede ser afrontada normalmente con el producido de la actividad económica, ya sea por falta de generación de flujos de fondos necesarios para cubrir sus
costos y pagar sus deudas o por la pérdida del crédito comercial necesario para continuar operando. No es un mero desequilibrio aritmético o déficit de activos. Sus características esenciales son:
De allí que su apreciación judicial debe efectuarse con la máxima prudencia y objetividad, ponderando todos los elementos aportados en orden a la justificación adecuada de la real existencia del estado de cesación de pagos. A ese fin, el juzgador acude a los hechos "reveladores" que inevitablemente tienen que ser graves y concordantes, debiendo ser analizados en su conjunto, y tales hechos deben traducir una serie de circunstancias susceptibles de aprehensión con la necesaria objetividad como para transferir su constancia a actuaciones judiciales. La generalidad es uno de los rasgos tipificantes del presupuesto objetivo concursal, el cual hace referencia a la impotencia del patrimonio del deudor en su conjunto para hacer frente a las obligaciones asumidas. El otro rasgo tipificante del estado de cesación de pagos es la permanencia, por oposición a transitoriedad. Sin embargo, esta cualidad no se la debe identificar con perpetuidad ni con situaciones de dificultades económicas financieras temporales Finalmente, debe ser entendido que el estado de cesación de pagos en el concurso preventivo es prima facie subsanable, pues cuando el deudor solicita la formación del concordato de acreedores confía en que la reestructuración empresaria cumplirá el objetivo propuesto: superar la insolvencia. Raymundo Fernández 1 desarrolló las tres teorías sobre la cesación de pagos, hoy casi superadas en el análisis doctrinario y jurisprudencial, ante la adopción de la teoría amplia de la cesación de pagos: a) la teoría materialista, que identifica cesación de pagos con incumplimiento; b) teoría intermedia: sostiene que no hay cesación de pagos sin incumplimientos, o sea, solamente se toman en cuenta incumplimientos, y c) Teoría amplia:
considera a la cesación de pagos con un estado del patrimonio, cuya revelación se produce por distintos hechos exteriores valorados por el juez concursal. El estado de cesación de pagos es el presupuesto objetivo de los procesos concursales. Sin embargo, se discute en doctrina la necesidad de la instrumentación de mecanismos no solo preventivos de la liquidación sino de la insolvencia misma, anticipándola a estadios anteriores, tales como crisis o dificultades económicas. Esta inquietud tuvo su recepción legislativa a través de la incorporación del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (A.P.E.), de modo que su presupuesto de apertura son las dificultades económicas o financieras de carácter general.
1937 que Raymundo FERNANDEZ, en su obra"Fundamentos de
(pág.773
concursalistas.
Pero además del A.P.E., existen otros supuestos de procesos concursales en los que los sujetos no se encuentran en estado de cesación de pagos, a saber:
i) Concurso de agrupamiento (art.66).
ii) Quiebra declarada con apoyo en sentencia concursal extranjera
(art.4 1º Párr. LCQ). iii) Extensión de quiebra (art.160 y SS. LCQ).
Precedente El Dorado (ED, 18-611): Uno de los antecedente más controvertido sobre el tema se dio cuando se resolvió la apertura del concurso preventivo a pesar de la expresa confesión del presentante de no encontrarse en cesación de pagos. Se trató del caso El Dorado Colonización y Explotación de Bosques Ltda. S.A. en el que el deudor, a fin de evitar la continuación del trámite de un pedido de quiebra derivado del incumplimiento de una obligación impuesta en un juicio ejecutivo, solicitó la convocatoria de acreedores, reconociendo que no se encontraba en cesación de pagos ni presentaba dificultad alguna para cumplir con sus obligaciones. La Cámara Nacional Comercial, sala A, revocó el auto homologatorio del acuerdo con fundamento en la injuria que supondría al orden público la adopción de un temperamento distinto, decretándose la quiebra de la deudora, por la conducta antijurídica y reprochable de su actuación. El maestro Maffía criticó la resolución del tribunal, aseverando que el caso fue una comedia de equivocaciones, donde el juez no debió abrir el concurso, y la Cámara debió revocar la sentencia de apertura del concordato preventivo, y no la sentencia de homologación.
1.6.2-Hechos reveladores
Rouillon 2 sostiene que ese estado de cesación de pagos para funcionar como presupuesto objetivo del proceso concursal debe manifestarse a través de signos visibles. El método de los hechos de quiebra tiene origen anglosajón, y tiene la ventaja de su simplicidad. La enumeración de los mismos es simplemente ejemplificativa. Se clasifican en:
a) hechos de manifestación directa: reconocimiento expreso o implícito, judicial o extrajudicial, etc.
b) Hechos de manifestación indirecta: cuando se evita revelarse
abiertamente como insolvente, ya sean medios dilatorios (como constitución de hipotecas, prendas) o ruinosos (venta a precio irrisorio) y fraudulentos (malversación de fondos). En la práctica, la confesión judicial que realiza el deudor al presentarse en
concurso preventivo solicitando la declaración de la propia quiebra, se los considera como los más poderosos hechos que demuestran la existencia de cesación de pagos. Y en la quiebra se recurre como hecho revelador a
2 ROUILLON, Adolfo A.N. – Régimen de Concursos y Quiebras. Ley 24.522 - Buenos Aires - Astrea, pág.49
limitarse a probar la falta de pago de una obligación a su vencimiento (luego se amplia este punto en el punto 6.1.4.). Se debe saber que en doctrina Maffia ha sido crítico a esta idea de hechos reveladores del estado de insolvencia (ver: ED del 03/06/04). En este sentido, también es importante la tesis del tratadista Heredia 3 , quien advierte que el tradicional carácter confesorio que se le ha asignado a la demanda de concurso preventivo (circunstancia que exime al deudor de probar su cesación de pagos), crea el serio riesgo que el deudor cuya situación económica real no justificaría la apertura de un proceso preventivo, solicite el trámite con la única intención de trasladar sus pérdidas a los acreedores, transfiriéndoles el riesgo empresarial y obligándolos a llegar a un acuerdo que en situación "in bonis" no aceptarían. Con ello se brindaría una útil herramienta a los deudores inescrupulosos para eludir su plena responsabilidad comercial. Ante esta realidad, sugiere el autor, un sistema legal que, dejando de lado el carácter confesorio de la demanda de apertura del deudor, establezca también para esta hipótesis una etapa de previa comprobación del estado de cesación de pagos. Esta preferencia es reiterada en varias oportunidades cuando aborda la temática concerniente al cumplimiento de los requisitos del art. 11 y cuando analiza el presupuesto objetivo de acceso a los concursos.
ARTÍCULO 78.- Prueba de cesación de pagos. El estado de cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cumplir regularmente sus
obligaciones, cualquiera sea el carácter de ellas y las causas que lo
generan….
1) Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, efectuado por el deudor. 2) Mora en el cumplimiento de una obligación. 3) Ocultación o ausencia del deudor o de los administradores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con facultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones. 4) Clausura de la sede de la administración o del establecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. 5) Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en pago. 6) Revocación judicial de actos realizados en fraude de los acreedores. 7) Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado para obtener recursos.
3 HEREDIA, Pablo D. Tratado Exegético de Derecho Concursal, Editorial Abaco, Tomo I, pág. 207 y ss, Bs.As., 2000/2002.
1.6.3-Sujetos
El art.2 LCQ nos esta dando el puntapié para analizar los sujetos concursables:
a) El principio general respecto de personas de existencia física, sin distinción entre comerciantes o no comerciantes.
b) Una excepción al principio de personalidad jurídica que rige respecto de los concursables es el art.2 2º párr. 1) que establece la posibilidad de que el patrimonio del fallecido mientras se mantenga separado de los sucesores puede concursarse. A su vez, el art.8 estipula la posibilidad de que cualquiera de los herederos solicite la formación del concurso, pero tal pedido debe ser ratificado por la totalidad de los herederos en el plazo de 30 días bajo apercibimiento de tenerlos por desistido.
c) El art.8 establece la posibilidad que los incapaces e inhabilitados soliciten la formación de concurso, pedido que deberá ser ratificado por el juez de la tutela, curatela o el juez competente.
d) Deudores domiciliados en el extranjero respecto de los bienes existentes en el país at.2 2º párr. 2). Esta es una norma de jurisdicción de Derecho Internacional Privado.
e) El concurso puede solicitarse por apoderado, que ha de ser abogado matriculado, y el poder debe tener facultad especial para solicitar el concurso (Art.9 LCQ)
f) Las personas jurídicas pueden concursarse, entre otras:
i. De carácter privado: asociaciones, fundaciones y las sociedades civiles y comerciales. Dentro de estas últimas, si bien no son un tipo societario específico, la ley permite la presentación de las sociedades de hecho o irregulares. También las simples asociaciones del art.46 C.C. ii. Las asociaciones mutuales reguladas por la ley 20.321 estaban excluidas de la posibilidad de concursamiento y la ley 24.522 receptó tal imposibilidad. Sin embargo, la ley 25.374 modificó el art.37 ley 20.321 permitiendo el acceso al proceso concursal. La falta de adecuación del texto del art.2 de la ley 24.522 no impide entender la inclusión de las mismas como sujeto concursables. iii. De carácter público: sociedades del Estado Nacional, Provincial o Municipal, cualquiera sea que fuere el porcentaje de su participación, por ej: sociedades del Estado, sociedades de economía mixta, S.A. con participación estatal mayoritaria, etc.
g) El pedido de concursamiento debe ser solicitado por el representante legal (por ej: en la S.A.: presidente del directorio) de la persona jurídica, previa resolución del órgano de administración (directorio). En caso de que no exista resolución del órgano de administración el juez debe rechazar in limine el pedido de formación de concurso. Pero a su vez, el órgano de gobierno (Asamblea) debe ratificar la presentación concursal dentro de los 30 días subsiguientes. Si no se ratifica se producen los efectos del
desistimiento del art.31 in fine LCQ que luego desarrollaremos (art.6 LCQ). Respecto de las exclusiones, tenemos:
1) Compañías de seguros: el art.51 ley 20.091 establece un sistema especial de liquidación forzosa de las mismas. No pueden
concursarse ni ser declaradas en quiebra bajo el sistema de la ley
24.522.
2) Las A.F.J.P. no podían concursarse. Con el cambio del sistema previsional, esta exclusión se convierte en una anécdota. 3) Entidades financieras: estas no puede acceder al concurso preventivo. Prevén un sistema especial de liquidación. El pedido de quiebra lo puede hacer el liquidador forzoso cuando advierte que la entidad se encuentra en estado de cesación de pagos, o pueden hacerlo los terceros después de los 60 días de la revocación de la autorización para funcionar por parte del B.C.R.A. Sin perjuicio de lo anterior, existen en nuestro país al menos dos concursos preventivos de ex entidades financieras, en la que se admitió tal pedido con fundamento principal en el cambio fundamental del objeto de la sociedad a raíz de la revocación de la autorización para funcionar.
No cabe duda alguna que a partir del retiro de la autorización para funcionar, ya no nos encontramos frente a una entidad financiera, que no está en condiciones –claramente- de conducirse en el mundo negocial desarrollando su objeto, de modo tal que lo que continúa para un ente en tales condiciones consiste en procurar el cobro de aquellas acreencias pendientes y el buen cuidado del activo que se posee con el ánimo de atender del mejor modo y cuantía posible a sus acreedores, o sea, a aquellos acreedores de los que no se ha hecho cargo el BCRA al tiempo de
dar nacimiento a “Nuevo Banco de Suquía S.A. , actuando lo normado en
el inciso a) del apartado II del art. 35 bis de la Ley de Entidades
Financieras nº 21.526 y con motivo del art.44 (retiro de la autorización para funcionar),
(Juzg. de 1º Inst. y 13º Nom. C. y C. in re: Banco Suquía Concurso preventivo, Sentencia 660 del 23.10.02
4) Respecto de la banca de hecho o mesas de dinero, si bien se encuentra dividida la doctrina y la jurisprudencia, en general se admite el criterio seguido por Martorell en el sentido que no puede concursarse preventivamente ni convertir la quiebra.
Las Unión Transitorias de Empresas, Agrupaciones de Colaboración
Empresarias y los Consorcios de Cooperación no puede solicitar el concurso o la quiebra, pues no son sujetos de derecho, y en su caso el contrato de creación de los mismos prevé la manera de saldar las deudas. Sociedades accidentales o en participación
7) Consorcio de propiedad horizontal: la jurisprudencia capitalina ha negado sistemáticamente la apertura del concurso preventivo de estos consorcios 8) Sociedad conyugal tampoco puede concursarse como tal.
Tema: 1.7-Juez concursal
El magistrado concursal cumple un rol clave en el desenvolvimiento del proceso y en ocasiones, su actuación ha permitido vehiculizar soluciones razonables a crisis empresarias delicadas, aunque naturalmente, esto último no pertenece a la órbita de su desempeño funcional.
El art. 274 establece las atribuciones del juez del concurso. “El juez
tiene la dirección del proceso, pudiendo dictar todas las medidas de impulso de la causa y de investigación que resulten necesarias. A tales fines puede disponer, entre otras cosas:
1) La comparecencia del concursado en los casos de los artículos 17 y 102 y de las demás personas que puedan contribuir a los fines señalados. Puede ordenar el auxilio de la fuerza pública en caso de ausencia injustificada; 2) La presentación de documentos que el concursado o terceros tengan en su poder, los que deben devolverse cuando no se vinculan a hechos controvertidos respecto de los cuales sean parte litigante”. La norma en comentario atribuye al juez la dirección del proceso y precisamente, en función de tal prerrogativa, está provisto de poderes oficiosos. Ello se justifica en el carácter inquisitivo y publicístico que
caracteriza al proceso concursal. Y la naturaleza inquisitiva u oficiosa del trámite permanece vigente hoy aún cuando la ley 24.522 pretendió otorgarle un rol protagónico a los acreedores, principalmente en el concurso preventivo. Las facultades del juez concursal se hallan contempladas en numerosas normas que exteriorizan su poder en el proceso.
1.7.1-Competencia
La competencia efectiviza uno de los principios fundamentales del derecho constitucional cual es el de juez natural. A través de este instituto se determina que tribunal debe intervenir. Se distingue entre:
1) Competencia material
El art.3 de la LCQ establece que “Corresponde intervenir en los concursos al
juez con competencia ordinaria
En primer lugar, alcanza a todas las
personas domiciliadas en el territorio nacional, con la excepción del art.2
inc.2° que ya veremos.
Al expresar “ordinarios” la ley 24.522 define una cuestión de raigambre
constitucional. El art.75 inc.12 CN expresa que el Congreso puede dictar especialmente una ley de bancarrotas, o sea, fuera de los llamados Códigos de fondo. Y el art.126 CN establece que las Provincias no pueden dictar leyes especiales sobre bancarrota. Dos son razones que abonan la naturaleza federal de esta ley: 1) interpretación literal del texto
constitucional, y 2) su antecedente, la C de EEUU así lo dispone (fundamento: asegurar el libre comercio y evitar la dispersión de leyes). La postura contraria afirma que: a) nada hay de federal en la ley de quiebra,
es decir, no se afecta al régimen federal, y b) se ha dicho que las disposiciones de EEUU no sirven de guía pues se afirma fue el fruto de un error). Esta postura fue seguida por nuestra práctica legislativa, avalada por la opinión de la CSJN.
Respecto de lo atinente a este tema hay que efectuar algunas aclaraciones, tal como lo hizo la CJSN:
(1) Tiene modalidades propias, atento la naturaleza del proceso, y tiende a asegurar su regular funcionamiento. (2) No son simples normas de distribución de causa sino que atienden a la naturaleza del procedimiento (universalidad activa y pasiva), por las consecuencias que trae su apertura: afectación del patrimonio al control judicial, la sujeción forzada de los acreedores a un procedimiento especial de carácter sumario y de plazos limitados, intervención de terceros auxiliares.
(3) Es de orden público, a diferencia de las leyes procesales, pues no esta permitida la prórroga convencional de la competencia. (4) Las excepciones están contempladas en la misma ley concursal, y son supuesto de interpretación restrictiva, vg.: art.67 y 161 donde establecen reglas particulares (5) Debe ser tomada aún cuando estuviera avanzado el proceso.
3) Análisis particular de los casos (art.2 y 3 LCQ)
a) Personas de existencia visibles
Interviene el juez del lugar de la sede de la administración de sus negocios:
hay presunción de que aquí se encuentra la mayoría de los acreedores, asegurando la concurrencia e igualdad de trato. Se refiere a aquellos sujetos comerciantes. Sede de la administración es el lugar donde el deudor tiene sus oficinas y dirige la empresa y centraliza la contabilidad. Normalmente, si es comerciante matriculado, se puede estar a lo que resulte de la inscripción. Por supuesto que esta presunción puede dejarse sin efecto si se prueba otro domicilio como sede de la administración. A falta de aquel, rige el lugar del domicilio del deudor: es una solución en subsidio de la anterior; y es el domicilio real. En caso de varias administraciones, entiende el juez de la sede de la
administración del establecimiento principal. En subsidio, el juez que ha prevenido: es el que primero abrió el concurso, no ante el primero que se hubiere solicitado.
El art.3 inc.3° LCQ establece que las personas de existencia ideal de carácter privado regularmente constituidas, y las sociedades en que el Estado Nacional, Provincial o Municipal sea parte -con las exclusiones previstas en el Artículo 2 - entiende el juez del lugar del domicilio. Para las corporaciones, establecimientos y asociaciones: es el determinado en los estatutos o en la autorización otorgada por el Estado. En su defecto, donde se halle la administración de la persona.
Sociedades comerciales: es el inscripto, subsiste en tanto previa modificación se proceda a su registración. Domicilio inscripto es el de la ciudad o jurisdicción del registro público. Si por cualquier omisión éste no existiera (omisión no es causal de nulidad
del contrato de sociedad) puede tenerse por domicilio el lugar de la dirección o administración. Pero la regla del art.3 inc.3° no puede aplicarse si se comprueba el carácter ficticio del domicilio social. Así, se ha resuelto jurisprudencialmente que:
a) domicilio constituido al sólo efecto de dificultar la acción de los
acreedores o para eludir la competencia de determinados tribunales
b) cuando la sociedad realizaba la totalidad de sus actividades y tenía la
casi totalidad de su activo en otra jurisdicción, y el domicilio inscripto era
c) Es competente el juez donde la sociedad esta tramitando la
inscripción del nuevo domicilio y tiene allí la empresa, se encuentran la mayoría de los acreedores y los juicios en su contra; y no el domicilio que tiene inscripto en otra jurisdicción según constancias registrales. Ahora bien, todos estos supuestos son excepciones al principio general del art.3 inc.3° LCQ, y por lo tanto si no esta probado que el domicilio era ficticio, NO podemos apartarnos de aquel principio. Respecto de las sociedades no constituidas regularmente, se debe estar: 1) el domicilio social, 2) para las irregulares, el de su administración, y en
defecto de lo anterior, 3) lugar del establecimiento o actividad principal. Para los deudores con domicilio en el exterior se establece un orden de prioridad (art.3 inc.5°): 1) lugar de la administración, o 2) o el lugar del establecimiento. Este inciso 5° regula la competencia del juez argentino ante la insolvencia transfronteriza, interna en materia concursal.
En cambio, el art.2 inc.2° establece que “
Los deudores domiciliados en
el extranjero respecto de bienes existentes en el país”. Esta norma establece el criterio atributivo de jurisdicción internacional.
1.7.2-Atribuciones y deberes
A lo largo de todo el articulado de la LCQ, vemos las distintas atribuciones que tienen los jueces concursales. En el concurso preventivo, entre otras, goza de las siguientes atribuciones:
a) resuelve la apertura del concurso preventivo o su rechazo (art. 13)
b) despacha de oficio –y también a pedido de interesado- el pronto
pago laboral (art. 16)
c) decide la autorización al deudor concursado para realizar ciertos
actos que exceden la administración ordinaria (art. 16)
d) juzga sobre la viabilidad de intervenir a la sociedad concursada; (art.
e) en la ejecución de créditos con garantía real, tiene atribuciones para
ordenar la suspensión provisional de la subasta y de las medidas precautorias que impidan el uso por el deudor de la cosa gravada (art. 24)
f) autoriza el viaje al exterior cuando la ausencia del deudor y/o
administradores supere el plazo de 40 días (art. 25)
g) declara el pasivo concursal (admitiendo o desestimando los créditos
insinuando), sin que lo vincule el informe individual del síndico (art. 36);
h) decide sobre la categorización de los acreedores (art. 42)
i) decide sobre la procedencia de la homologación del acuerdo
preventivo y sus impugnaciones (arts. 51 y 52);
j) fija la forma en que se aplicarán los efectos del acuerdo homologado
ya ocurridos respecto de los acreedores tardíos (art. 56) En la quiebra, los poderes oficiosos del juez se incrementan notablemente en directa relación con el debilitamiento de las facultades de administración y disposición del deudor respecto de sus bienes, y también respecto de su actuación en el proceso (vgr. arts. 88; 102; 103; 117; 118; 144; 146; 162; 166; 176; 177; 183; 184; 186; 189; 190; 191; 192; 200; 204; 205; 206; 207; 208; 212; 213; 214; 216; 221; 222; 226; 228; 230; 231; 233; 263; 281; 282; 283). Pero también la ley le ha fijado deberes. La ley 24.522 consagra en el último párrafo del art. 273 el deber de los jueces y síndicos de respetar rigurosamente los plazos establecidos en la ley. La prolongación injustificada del trámite, puede ser considerada mal desempeño del cargo. La previsión legal apuntada encuentra conexión con el art. 217 que establece que el proceso liquidativo se debe cerrar en el plazo de 4 meses. La imposibilidad de cumplir dicho (piénsese por ej: que los
distintos oficios que se envían a reparticiones públicas suelen tener una demora superior a dicho plazo, como el Registro de la Propiedad) ha hecho que se interpretara dicho plazo como simplemente ordenatorio y no perentorio.
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References: artículo 124
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 artículo 240
 artículo 277
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