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Timestamp: 2020-01-19 14:06:52+00:00

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En el Caso Castillo Petruzzi y otros, la Corte advierte que la jurisdicción militar ha sido establecida por diversas legislaciones con el fin de mantener el orden y la disciplina dentro de las fuerzas armadas. Esta jurisdicción funcional reserva su aplicación a los militares que hayan incurrido en delito o falta en el ejercicio de sus funciones y bajo ciertas circunstancias. El traslado de competencias de la justicia común a la justicia militar y el procesamiento de civiles por el delito de traición a la patria en este fuero, supone excluir al juez natural para el conocimiento de estas causas. La jurisdicción militar no es la naturalmente aplicable a civiles que carecen de funciones militares y que por ello no pueden incurrir en conductas contrarias a deberes funcionales de este carácter. Cuando la justicia militar asume competencia sobre un asunto que debe conocer la justicia ordinaria, se ve afectado el derecho al juez natural y el debido proceso, íntimamente ligado al derecho de acceso a la justicia. nota 1
Constituye un principio básico relativo a la independencia judicial que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales de justicia ordinarios con arreglo a procedimientos legalmente establecidos. El Estado no debe crear tribunales que no apliquen normas procesales debidamente establecidas para sustituir la jurisdicción que corresponda normalmente a los tribunales ordinarios. El juez de una causa debe ser competente, independiente e imparcial de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención.
En el mismo caso la Corte considera que el Código de Justicia Militar del Perú limitaba el juzgamiento militar de civiles por los delitos de traición a la patria a situaciones de guerra externa. Esta norma, modificada en 1992 por un decreto-ley, extendió la posibilidad de juzgamiento de civiles por tribunales militares, en todo tiempo, en los casos de traición a la patria. En este caso, se estableció la competencia investigadora de la DINCOTE y un proceso sumarísimo "en el teatro de operaciones", de acuerdo a lo estipulado por el Código de Justicia Militar.
En el caso en estudio, las propias fuerzas armadas inmersas en el combate contra los grupos insurgentes, son las encargadas del juzgamiento de las personas vinculadas a dichos grupos. Este extremo mina considerablemente la imparcialidad que debe tener el juzgador. Por otra parte, el nombramiento de los miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar, máximo órgano dentro de la justicia castrense, es realizado por el Ministro del sector pertinente. Los miembros del Consejo Supremo Militar son quienes determinan los futuros ascensos, incentivos profesionales y asignación de funciones de sus inferiores. Esta constatación pone en duda la independencia de los jueces militares. Este Tribunal ha señalado que las garantías a que tiene derecho toda persona sometida a proceso, además de ser indispensables deben ser judiciales, lo cual implica la intervención de un órgano judicial independiente e imparcial, apto para determinar la legalidad de las actuaciones que se cumplan dentro del estado de excepción. En relación con el presente caso, la Corte entiende que los tribunales militares que han juzgado a las supuestas víctimas por los delitos de traición a la patria no satisfacen los requerimientos inherentes a las garantías de independencia e imparcialidad establecidas por el artículo 8.1 de la Convención, como elementos esenciales del debido proceso. Además, la circunstancia de que los jueces intervinientes en procesos por delitos de traición a la patria sean "sin rostro", determina la imposibilidad para el procesado de conocer la identidad del juzgador y, por ende, valorar su competencia. Esta situación se agrava por el hecho de que la ley prohibe la recusación de dichos jueces. Por lo expuesto, la Corte declara que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención. nota 2
En el Caso Cesti Hurtado, la víctima es un militar retirado, considerado por la ley peruana como un ciudadano particular; y el contrato de servicios realizado entre la compañía del señor Cesti Hurtado y el ejercito peruano no constituye, en el marco jurídico peruano, vinculación que justifique el tratamiento de la víctima como militar. Por estas razones, someter al señor Cesti Hurtado a un proceso ante jueces militares constituiría una interpretación extensiva del fuero militar y violaría en su perjuicio su derecho a ser sometido a un juez y a un fuero competente y su derecho a ser juzgado por un juez imparcial. La Corte observa que Cesti Hurtado tenía, al tiempo en que se abrió y desarrolló el proceso, el carácter de militar en retiro, y por ello no podía ser juzgado por los tribunales militares. En consecuencia, el juicio al cual fue sometido el señor Cesti Hurtado constituye una violación al derecho a ser oído por un tribunal competente, de acuerdo con el artículo 8.1 de la Convención. Por no ser probadas las alegaciones referentes a las violaciones a la presunción de inocencia (artículo 8.2 de la Convención), la Corte debe desestimarlas. nota 3
En el Caso Palamara Iribarne, las autoridades que ejercieron la jurisdicción penal en el juzgamiento del señor Palamara Iribarne, entendieron que éste, como empleado civil a contrata, debía ser considerado militar a los efectos de la jurisdicción penal militar, pese a que los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares tipificados en el Código de Justicia Militar estipulan que el sujeto activo debe ser un ?militar?. Al respecto, la Corte estimó que el señor Palamara Iribarne, al ser militar en retiro, no revestía la calidad de ?militar? necesaria para ser sujeto activo por la comisión, inter alia, de conductas que atentaban contra los ?deberes y el honor militar? o suponían ?insubordinación?, como lo son los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes militares, establecidos en el Código de Justicia Militar, así como delitos que atentan contra el ?orden y la seguridad públicos?, como lo es el desacato, y por ello no se le podían aplicar las referidas normas penales militares. La jurisdicción tan extensa que tienen los tribunales militares en Chile que les otorga facultades de fallar causas correspondientes a los tribunales civiles no es acorde con el artículo 8.1 de la Convención Americana. Por las anteriores consideraciones, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 8.1 de la Convención, en perjuicio del señor Palamara Iribarne e incumplió la obligación general de respetar y garantizar los derechos y libertades dispuesta en el artículo 1.1 de la Convención. Asimismo, al contemplar en su ordenamiento interno normas contrarias al derecho a ser juzgado por un juez competente protegido en el artículo 8.1 de la Convención, aún vigentes, Chile ha incumplido la obligación general de adoptar disposiciones de derecho interno que emana del artículo 2 de la Convención. nota 4
Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 52 . Caso Loayza Tamayo Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 33 . Caso Lori Berenson MejÃ­a Vs. PerÃº. Sentencia Serie C. No. 119 .
ViolaciÃ³n del derecho a las garantÃ­as judiciales y a la presunciÃ³n de inocencia: ordenes de prisiÃ³n preventiva arbitrarias, recursos ineficaces, duraciÃ³n desproporcionada de la privaciÃ³n de la libertad y allanamiento del Estado

References: artículo 8
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