Source: https://derechovenezolano.wordpress.com/2017/02/10/jurisprudencia-sala-constitucional-junio-2006/
Timestamp: 2017-06-22 20:43:51+00:00

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JURISPRUDENCIA SALA CONSTITUCIONAL JUNIO 2006 | DerechoVenezolano.Com
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¿¿Respecto al edicto de emplazamiento a los interesados en oponerse a una medida cautelar de inaplicación debe señalarse que si la parte recurrente ha logrado que el Tribunal desaplique, de manera excepcional, una norma que se presume válida, es necesario al menos que se den ciertas garantías a quienes pudieran tener algo que aportar con ánimo de restablecer la aplicación del dispositivo legal afectado. Para ello se ordena la notificación de los órganos estatales que tengan relación con el asunto (en este caso, Asamblea Nacional, Procuraduría General de la República y Fiscal General de la República), así como la notificación por edicto en prensa de cualquier otra persona, pues, siendo una medida de alcance general es obvio que su control debe estar también en poder de la colectividad.
Por ello, estima la Sala que no puede tolerarse que sea el recurrente, con su inactividad, el que tenga en sus manos la posibilidad de que los interesados acudan ante la Sala a exponer su criterio sobre el mantenimiento de la medida cautelar, sino que debe procurarse que la carga procesal que se le ha impuesto se satisfaga y, en consecuencia, se alcance el fin perseguido con la orden de publicación. Por algo incluso se trata de una publicación que debe efectuarse en un diario de los de mayor circulación nacional. Es evidente la intención de ampliar al máximo el número de personas que tengan acceso a la información sobre el plazo para oponerse a la medida cautelar.
En ese sentido, la consignación en autos de un ejemplar del edicto publicado en prensa es la vía para tener constancia de que la carga procesal fue efectivamente satisfecha, a semejanza de lo dispuesto el párrafo 12 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia,
En fin, resulta una obligación del recurrente publicar el Edicto de emplazamiento y, además, consignarlo en autos como única forma de determinar su satisfacción. Así como el Alguacil del Tribunal consigna en autos las boletas de notificación para dejar constancia de su práctica, lo mismo debe exigirse del recurrente. En caso de que el accionante no retire, publique y consigne en autos el edicto correspondiente en los términos y plazos que esta Sala estableció para librar, retirar, publicar y consignar el cartel de emplazamiento, la Sala levantará la medida ya que no puede mantenerse una suspensión de efectos de una norma si los destinatarios no han podido controlarla debidamente. El levantamiento de la medida cautelar no representa entonces una sanción para el accionante inactivo, sino la consecuencia jurídica al incumplimiento de una carga procesal. Es, en otras palabras, la materialización de una garantía básica del proceso (la del control de las decisiones). Sin ese debido control, la situación respecto de la norma impugnada debe ser la ordinaria: es decir, el mantenimiento de sus efectos hasta tanto exista sentencia definitiva¿¿.
Sentencia: N° 1281 de fecha 25 de junio 2006
Asunto: Procedencia del hábeas data.
¿¿la acción de habeas data no procede contra cualquier tipo de información almacenada en la variedad de archivos y registros con los que cuentan nuestro país; de la lectura del citado artículo 28, se deduce que el derecho a conocer, y el llamado habeas data en general, no funciona en relación a expedientes personales de orden laboral que reposan en un archivo, a datos sueltos que alguien tenga sobre otro, anotaciones en diarios o papeles domésticos o comerciales, sino que funciona con sistemas -no solo informáticos- de cualquier clase de ordenación de información y datos sobre las personas o sus bienes, con fines de utilizarlos en beneficio propio o de otros, y que real o potencialmente pueden serlo en forma perjudicial contra aquellos a que se refiere la recopilación, se trata, por lo tanto, de bancos de datos, no referidos a alguien en particular, con independencia de que estén destinados a producir informaciones al público.
El referido párrafo quinto del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece -entre otras causales- que la falta de consignación del documento indispensable o fundamental acarrea la declaratoria de inadmisibilidad de las acciones, solicitudes o recursos interpuestos; no obstante, en el caso específico del habeas data intentado contra información compilada por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, esta Sala a través de sus fallos ha considerado como documento indispensable aquel ¿(¿) que demuestre fehacientemente que existen los supuestos registros que lleva el señalado organismo policial, motivo por el cual, la situación jurídica en que ésta funda su acción, tendiente a que se corrija la información ¿corrección a la que tiene derecho conforme al artículo 28 de la Constitución- [sin dicha documental] no goza presunción alguna de objetividad, que le permita al juez entrar a conocer de la solicitud interpuesta.¿ (Vid. Fallo Nº 2617, del 12 de agosto de 2005. Caso: Mónica Yubirí Rodríguez).
Sin embargo, en atención al principio de libertad de prueba, lo anterior no constituye perjuicio alguno para que el accionante pueda presentar sustitutivamente cualquier otro documento que sirva como medio probatorio de la existencia indiscutible de los registros policiales; tales como, las copias certificadas del expediente del caso principal donde conste la existencia de los registros policiales o alguna acta expedida por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que igualmente refleje la permanencia de los datos falsos o erróneos¿¿.
Sentencia: N° 1307 de fecha 27 de junio 2006.
Asunto: Artículo 11 de la reforma parcial de las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial.
¿¿Es el control de la actividad del Poder Público, lo que permite mantener la coherencia de una actuación en particular con el resto del ordenamiento jurídico, es decir, con los valores superiores del Estado y por ello, dentro de sus principales actividades se encuentra el control jurídico, el cual en el ordenamiento venezolano, se encuentra atribuido de acuerdo a los criterios competenciales dispuestos en la ley, a los órganos de la denominada jurisdicción (competencia) contencioso administrativa y a esta Sala, tal como se desprende de los artículos 259 y 335 eiusdem.
Por las consideraciones anteriores, observa este Máximo Tribunal que la inapelabilidad de las evaluaciones a que se refiere el artículo 11 de las Normas de Evaluación y Concursos de Oposición para el Ingreso y Permanencia en el Poder Judicial, sólo comprende la improcedencia del principio de segunda instancia en sede administrativa, ya que la Comisión Judicial agota la vía administrativa, subsistiendo en el destinatario del acto, la posibilidad de ejercer potestativamente el correspondiente recurso de reconsideración o de acudir directamente a la vía jurisdiccional, para la tutela de su situación jurídica, en los términos y condiciones legalmente establecidos.
Por tanto, la norma impugnada no establece una exclusión a la posibilidad de control del acto dictado por la Comisión Judicial, a causa de la evaluación practicada y en consecuencia, no presenta una violación de los derechos a la defensa y al debido proceso y así se decide.
Respecto a la denunciada violación de la reserva legal, esgrimida sobre la base de la presunta usurpación de funciones por parte de la Comisión Judicial en las atribuciones de la Asamblea Nacional, para legislar en materia de procedimiento, concretamente a la exclusión del principio de doble instancia en sede administrativa se observa:
Conforme a la intención normativa establecida en el artículo 267 del Texto Fundamental, este Tribunal Supremo de Justicia, funge de máximo órgano de gobierno, dirección y administración del Poder Judicial y tiene atribuida para tales funciones, autonomía organizativa para la creación de los órganos nacionales y regionales que deben ejercer dichas competencias.
Con ello, el Constituyente plasmó para ciertos casos, entre los cuales se encuentra el de los órganos administrativos del Poder Judicial, la superación de la tesis de la reserva absoluta de ley sobre la potestad organizatoria, para reconocerle a un órgano distinto a la Asamblea Nacional, la competencia de crear una determinada estructura organizativa que puede o no tener carácter preceptivo y en consecuencia, producir efectos jurídicos frente a terceros.
Así, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela admite la distribución de la potestad organizativa, cuyo ejercicio para el caso concreto, supone adicionalmente a la facultad de creación de órganos y unidades funcionales de carácter administrativo del sistema judicial, la capacidad de atribuirle determinadas competencias, ya que la estructura del Poder Público tiene carácter axiológico y en consecuencia, no es una simple armazón, sino que requiere una implementación constitutiva legal-procesal donde por una parte se le atribuya capacidad de actuación y por otra, se establezca un andamiaje jurídico que posibilite el ejercicio de las competencias.
Por tanto, siendo que la norma impugnada se enmarca en una regulación procedimental interna corporis, que ha sido dictada en el ejercicio de la autonomía organizativa de la cual goza este Alto Tribunal y con ella, la Comisión Judicial como órgano delegado del Pleno, debe esta Sala desestimar el argumento de usurpación de funciones y por tanto, el de violación de la reserva legal, toda vez que la fijación del procedimiento de evaluación del personal del Poder Judicial, se encuentra dentro del ámbito organizativo del Máximo Órgano Administrativo del sistema judicial¿¿.
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References: artículo 21
 artículo 28
 artículo 19
 artículo 28
 Artículo 11
 artículo 11
 artículo 267