Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/5136
Timestamp: 2020-08-12 18:54:50+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 131/2004
SENTENCIA 131/2004, de 19 de julio
ECLI:ES:TC:2004:131
En el recurso de amparo núm. 5304-2002, promovido por la entidad 3M España, S.A., representada por el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira y asistida del Letrado don Gabriel Castro Salillas, contra el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2 de julio de 2002, por el que se denegaba la nulidad de las actuaciones solicitada por la demandante de amparo en el procedimiento penal seguido ante el Juzgado de Instrucción núm.1 de Martorell, así como contra el Auto del mismo Tribunal de 24 de enero de 2002 -aclarado por otro del 18 de febrero siguiente-, que estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de archivo de las diligencias previas núm. 352/99, adoptada por el referido Juzgado de Instrucción. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte don Rafael Lorite Martínez, representado por el Procurador de los Tribunales don José Antonio Pérez Martínez y asistido del Letrado don Juan Ramón Hidalgo Moya. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 19 de septiembre de 2002, el Procurador de los Tribunales don Ramón Rodríguez Nogueira, en nombre y representación de la entidad 3M España, S.A., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales a las que se ha hecho referencia en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) Con motivo de la denuncia presentada por un trabajador aquejado de una enfermedad profesional por motivo, supuestamente, de la inhalación de un spray adhesivo fabricado por la entidad demandante de amparo, se abrieron ante el Juzgado de Instrucción núm.1 de Martorell las correspondientes diligencias previas, siendo los hechos calificados como falta por Auto del instructor de 7 de noviembre de 2000 en el que no se contenía motivación alguna fundamentadora de tal calificación.
b) Contra dicha resolución presentó el denunciante recurso de apelación por entender que la falta de motivación de dicho Auto era lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, pidiendo en ese momento que los hechos fueran calificados conforme a los arts. 152.1 y 3 CP (delito de lesiones imprudentes). Sin entrar en el fondo de la cuestión, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona decidió estimar parcialmente el recurso y, en consecuencia, acordó, por Auto de 3 de mayo de 2001, "decretar la nulidad del referido auto a fin de que se redacte nuevamente conforme a derecho", esto es, en forma motivada. Entretanto, el Juzgado núm. 1 de Martorell había cambiado de titular, de manera que dicho mandato fue ejecutado por otro Juez distinto al que había dictado la resolución anulada. Ese nuevo Juez dictó, con fecha de 27 de septiembre de 2001, un Auto en el que, en forma motivada, decretaba el sobreseimiento libre de las actuaciones y el archivo de la causa.
c) Contra esta decisión de archivo presentó el denunciante un recurso de reforma que fue desestimado por Auto del Juez de Instrucción de 13 de noviembre de 2001. Recurrido en apelación, el recurso fue parcialmente estimado por Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero de 2002 en el que se decretaba la nulidad del Auto de archivo de las diligencias de fecha 27 de septiembre de 2001 y se decía textualmente que la nulidad del Auto de 7 de noviembre de 2000, que había sido acordada por Auto de la Sala de 3 de mayo de 2001: "no afectaba en absoluto a la declaración de falta del hecho sino a su falta de fundamentación. Precisamente la falta de argumentación impedía saber que dicha opción era o no ajustada a derecho ... Por consiguiente el Juez de instancia debió limitarse a cumplir con lo ordenado razonando debidamente en relación con qué motivos se entendía que los hechos podían calificarse como una falta. El hecho de que se haya producido un cambio de titular en dicho Juzgado explica que el nuevo titular con libertad de criterio y razonando suficientemente su opción dicte una nueva resolución cambiando de criterio y entendiendo que tales hechos carecen de relevancia penal pero por esa misma razón no puede exigirse a dicho Instructor que razone en contra de su propio convencimiento por lo que corresponderá dictar el nuevo auto debidamente razonado a quien originariamente lo dictó ... En consecuencia, procede declarar la nulidad de dicho auto a fin de que, por quien lo dictó, se redacte uno nuevo asimismo declaratorio de falta correctamente razonado tal como se acordó por la Sala".
d) La representación de la entidad demandante de amparo solicitó aclaración de esta última resolución por entender que no había quedado claro quién debía dictar el nuevo Auto motivado, si el actual titular del Juzgado o el anterior, y si en el mismo debía mantenerse la calificación de los hechos como falta o podía adoptarse cualquiera de los pronunciamientos previstos en el art. 789.5 LECrim; al propio tiempo se pedía la subsanación de un error material consistente en no haberse hecho constar que la demandante había evacuado en tiempo y forma el trámite de impugnación del recurso de apelación presentado de contrario. Por Auto de 18 de febrero de 2002, la Sala procedió a subsanar dicho error material y a aclarar su anterior Auto de 24 de enero de 2002 -por más que entendía que no había concepto oscuro alguno que aclarar- en el siguiente sentido: el nuevo Auto debía motivar correctamente la calificación de los hechos como falta y ser dictado por el Instructor que había dictado el Auto inicial de 7 de noviembre de 2000.
e) Una vez conocido el contenido de este Auto de aclaración, la representación de la demandante de amparo instó incidente de nulidad de actuaciones contra los Autos de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero y 18 de febrero de 2002 (este segundo, de aclaración del primero) por considerar que dichas resoluciones le habían ocasionado indefensión al prescindir total y absolutamente de normas esenciales del procedimiento establecidas por la ley, dado que en definitiva venían a imponer a quien en ese momento había pasado a ser titular del Juzgado de Instrucción núm. 10 de Sabadell la obligación de motivar un Auto cuyo dictado correspondía al titular del Juzgado de Instrucción núm.1 de Martorell. Singular mandato que la demandante consideraba anómalo y carente de toda base legal, preguntándose qué sucedería si quien antes era titular del Juzgado competente para conocer el caso de autos en lugar de trasladarse a otro puesto hubiera abandonado la carrera judicial; y que, en cualquier caso, entendía causante de indefensión constitucionalmente prohibida a la par que lesivo de su derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley. Alegaba también, como motivo de nulidad de las actuaciones, la existencia de contradicciones internas entre los Autos dictados por la Sala con fechas de 3 de mayo de 2001 y 24 de enero de 2002, ya que, a su juicio, en la primera de dichas resoluciones se decretó la nulidad total, y no sólo parcial, del Auto del Instructor de 7 de noviembre de 2000. En consecuencia se pedía la nulidad de los Autos de la Sala impugnados a fin de que se estuviera a lo acordado en los Autos del Instructor de fechas 27 de septiembre y 13 de noviembre de 2001, en los que se decretaba el archivo de las actuaciones.
f) Por Auto de fecha 2 de julio de 2002, notificado a la representación de la demandante de amparo el día 30 de ese mismo mes y año, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona concluyó que no había lugar a la nulidad de las actuaciones instada por la entidad 3M España, S.A., dado que, ni había incongruencia alguna entre los Autos cuya nulidad se solicitaba, ni el mandato que en ellos se contenía podía considerarse lesivo del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley o productor de indefensión constitucionalmente prohibida, ya que bastaría con conceder una "prórroga de jurisdicción" al Juez al que se pedía que motivara correctamente la calificación que en su día había efectuado de los hechos como falta.
3. Se aduce en la demanda que las resoluciones recurridas han vulnerado los derechos de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al Juez ordinario predeterminado por la Ley.
4. Por providencia de 22 de mayo de 2003, la Sección Cuarta acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que en dicho término formulasen cuantas alegaciones estimasen pertinentes en relación con la posible carencia de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
5. El trámite fue evacuado por la representación del recurrente mediante escrito, de fecha 12 de junio de 2003, en el que sustancialmente reiteraba las alegaciones ya formuladas en la demanda de amparo, insistiendo en particular en que la nulidad del Auto por el que inicialmente fueron calificados los hechos denunciados como falta fue declarada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona en forma total y no meramente parcial, de manera que su posterior mandato en el sentido de mantener dicha calificación inicial, si bien motivándola suficientemente, resultaba contradictorio con la decisión anteriormente adoptada en el sentido de anularla; con el añadido de que tal mandato, no sólo no era congruente con las pretensiones de las partes, sino que suponía una modificación arbitraria y no razonada del objeto del proceso al no responder a lo que se planteaba en el recurso que le dio origen y venir a rectificar una anterior resolución ya firme dotándola de un nuevo y sorprendente contenido, sin posibilidad alguna de la contradicción necesaria en términos de defensa.
6. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 12 de junio de 2003, en el que concluía interesando la inadmisión de la presente demanda de amparo por motivo de su carencia de contenido constitucional.
7. Por providencia de 11 de septiembre de 2003, la Sala Segunda acordó la admisión a trámite de la presente demanda de amparo así como, de conformidad con lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a los órganos judiciales de instancia y de apelación al efecto de que, en un plazo no superior a diez días, remitiesen testimonio del conjunto de las actuaciones, interesando al propio tiempo al Juzgado de Instrucción núm.1 de Martorell para que, asimismo en un plazo de diez días, emplazase a quienes, con excepción de la solicitante de amparo, fueron parte en el procedimiento precedente, a fin de que pudieran comparecer en el presente proceso constitucional si ese era su deseo.
8. Por otra providencia de esa misma fecha, la Sala acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al demandante de amparo para que, dentro de dicho término, alegaran cuanto estimasen procedente en relación con la petición de suspensión de la ejecución de las resoluciones recurridas que había sido interesada.
9. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 10 de octubre de 2003, el Procurador de los Tribunales don José Antonio Pérez Martínez, en nombre y representación de don Rafael Lorite Martínez, compareció ante este Tribunal solicitando ser tenido por personado y parte en el presente recurso de amparo. Por diligencia de ordenación de fecha 26 de febrero de 2004, el Secretario de Justicia de la Sala Segunda acordó tener por personado y parte al mencionado Procurador, en nombre de su representado, así como dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por un plazo común de veinte días a fin de que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, presentasen en dicho término cuantas alegaciones estimasen pertinentes.
10. El Ministerio Fiscal concluía su escrito de alegaciones de fecha de 16 de marzo de 2004 interesando la concesión del amparo solicitado por haber sido vulnerado el derecho de la entidad demandante de amparo al Juez ordinario predeterminado por la Ley .
11. Por escrito de fecha 30 de marzo de 2004, el Procurador de los Tribunales don José Antonio Pérez Martínez, en nombre y representación de don Rafael Lorite Martínez denunciante en el procedimiento antecedente, formuló sus alegaciones en sentido desfavorable a la concesión del amparo por considerar que no cabía reprochar a las resoluciones recurridas ninguna de las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas en la demanda.
12. El trámite de alegaciones fue evacuado por la representación de la entidad demandante de amparo mediante escrito registrado en este Tribunal con fecha de 31 de marzo de 2004, en el que sustancialmente reproducía las anteriormente formuladas en la demanda y en su anterior escrito de fecha 12 de junio de 2003. Se aprovechaba, sin embargo, este momento procesal para rebatir las consideraciones expuestas por el Ministerio Fiscal en su anterior escrito de alegaciones de fecha 10 de junio de 2003 acerca de la inexistencia de un vicio de incongruencia en las resoluciones recurridas, insistiéndose en que la primeramente dictada por la Audiencia no expresaba un mandato de que obligatoriamente hubiera de mantenerse la calificación de los hechos como falta a la que había llegado el Instructor que inicialmente había conocido del asunto. La incongruencia denunciada se habría producido más tarde, al modificar sorpresivamente la Sala el objeto del debate mediante la introducción del criterio de que dicha calificación había de mantenerse, debiendo únicamente ser motivada en forma suficiente, y de que, en consecuencia, no resultaba admisible la decisión de archivo de las actuaciones adoptada por el nuevo Instructor en forma debidamente motivada. Pues, desde su punto de vista, con la primera resolución de la Audiencia no se habría acordado una nulidad meramente parcial del Auto inicial sino una nulidad total que posteriormente sería contradicha por las siguientes resoluciones adoptadas por la Sala. Pretender lo contrario conduciría a la ilógica e irrazonable conclusión de que una resolución anulada por carecer de motivación fuera, ello no obstante, mantenida a ultranza como válida pese a no venir sustentada en razonamiento alguno.
13. Por providencia de 15 de julio de 2004, se señaló para votación y deliberación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo tiene por objeto una serie de decisiones de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona por las que, sucintamente expresado, se decretó en primer lugar la nulidad de un Auto del Juzgado de Instrucción núm.1 de Martorell calificando unos determinados hechos como falta por insuficiente motivación de dicha resolución y, posteriormente, se anuló otro Auto de ese mismo Juzgado (que entretanto había cambiado de titular) en el que se decretaba motivadamente el archivo de las actuaciones, ordenándose por la Sala que fuera la anterior titular del mencionado Juzgado de Instrucción (destinada a la sazón en un Juzgado de distinta localidad) quien se encargara de dictar un Auto motivado calificando los hechos en cuestión como falta.
2. Antes de entrar a conocer del fondo del asunto, procede señalar que, como ha quedado expuesto en los antecedentes, con anterioridad a la interposición de la demanda de amparo la entidad demandante presentó sucesivamente, en relación con el Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona de 24 de enero de 2002, una petición de aclaración y un incidente de nulidad de actuaciones. Habremos pues de examinar, con carácter previo, si con ello se ha producido, como sugiere el Ministerio Fiscal en su escrito de alegaciones, un alargamiento artificial del plazo legalmente establecido para recurrir en amparo que determinaría en este momento procesal la inadmisión de la demanda por extemporaneidad.
3. La aplicación de la anterior doctrina al caso de autos conduce a concluir que no concurre en el presente caso el óbice procesal señalado.
4. Despejados los óbices procesales, procede ya que nos adentremos en el análisis de los motivos de amparo aducidos por la recurrente que, recordemos, se refieren a la pretendida vulneración de sus derechos al Juez ordinario predeterminado por la Ley (art. 24.2 CE) y a la tutela judicial efectiva reconocida en el art. 24.1 CE, este último por habérsele ocasionado indefensión, al alterar los términos del debate, y por la incongruencia en que habrían incurrido las resoluciones impugnadas.
5. En relación con el segundo de los motivos de amparo invocados en la demanda, considera el Ministerio Fiscal que las resoluciones recurridas no han vulnerado el derecho de la actora a la tutela judicial efectiva sin indefensión toda vez que a su juicio no son, como se pretende, incongruentes entre sí sino que todas ellas habrían tenido por objeto devolver al Instructor la resolución por la que consideraba que los hechos en cuestión eran constitutivos de falta a fin de que procediera a motivarla convenientemente. A la vista del contenido del primero de los Autos dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona con fecha de 3 de mayo de 2001, cabe compartir esta opinión únicamente en lo relativo al reproche de incongruencia; sin embargo, no se puede aceptar la conclusión a la que llega el Fiscal, negando que se haya producido, en el caso de autos, vulneración alguna del derecho a la tutela judicial efectiva.
6. Las anteriores consideraciones nos conducen de forma natural a la conclusión de que las resoluciones recurridas han vulnerado los derechos de la entidad demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al Juez ordinario predeterminado por la Ley, respectivamente reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 24 CE, y a decretar, en consecuencia, la nulidad de dichas resoluciones, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de resolución por la Audiencia Provincial del recurso de apelación interpuesto por el denunciante contra la decisión de archivo de las actuaciones adoptada por el titular del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Martorell en su Auto de fecha 27 de septiembre de 2001.
1º Declarar que han sido vulnerados los derechos de la actora a la tutela judicial efectiva sin indefensión y al Juez ordinario predeterminado por la Ley, respectivamente reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 24 CE.
2º Restablecerla en sus derechos y, a tal fin, anular los Autos dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona con fechas de 24 de enero, 18 de febrero y 2 de julio de 2002, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de resolución del recurso de apelación interpuesto por la parte denunciante frente al Auto de archivo de las actuaciones dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 1 de Martorell con fecha de 27 de septiembre de 2001, para que se pronuncie sobre esta decisión en forma respetuosa con los derechos fundamentales vulnerados.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 5304-2002
Promovido por 3M España, S.A., frente a los Autos de la Audiencia Provincial de Barcelona que anularon el archivo de la causa por enfermedad profesional que había decretado un Juzgado de Instrucción de Martorell.
El Auto de la Audiencia Provincial vulneró el derecho de la recurrente al Juez ordinario predeterminado por la Ley al modificar sustancialmente las normas sobre atribución de competencia legalmente establecidas [FJ 4].
La Audiencia, sin entrar a conocer del fondo del asunto, anuló la resolución dictada por un órgano judicial inferior, lo que conduce a la nulidad total del fallo dictado por el Juez a quo [FJ 4].
La Audiencia insistió en acudir a la Juez que anteriormente había dictado el Auto calificando los hechos como falta, sin pararse a considerar que, una vez anulado ese Auto inicial por falta de motivación, resultaba perfectamente válido, tanto que el nuevo titular del Juzgado dictase un nuevo Auto motivado calificando asimismo los hechos como falta, cuanto que variara motivadamente dicha calificación para adoptar una distinta, en este caso la de archivo de las actuaciones [FJ 4].
La pretensión de nulidad únicamente parcial del Auto inicialmente dictado por el anterior Instructor no era razonable, por cuanto cabía pensar en la posibilidad de que, aun no habiendo variado de titular el Juzgado en el ínterin, el mismo Juez que previamente había calificado los hechos como falta, sin motivación alguna, cambiara de criterio al no encontrar motivación plausible para tal calificación [FJ 5].
La Juez que dictó la primera resolución anulada no estaba vinculada por su previo pronunciamiento; siendo ello así, tanto menos podía estarlo el Juez que le sustituyó como titular del Juzgado. En consecuencia, no puede considerarse razonable la anulación decretada por la Audiencia del Auto de archivo de las actuaciones dictado motivadamente [FJ 5].
La decisión de la Sala de mantener a ultranza la calificación de los hechos como falta, con anulación del Auto dictado en el ejercicio de su competencia por el nuevo titular del Juzgado de Instrucción, careció de toda razonabilidad y condujo a la existencia de una resolución predeterminada, ligada a la suerte de su autor originario, en detrimento del carácter objetivo que deriva de la exigencia de su fundamentación en Derecho [FJ 5].
Un recurso de amparo sólo puede ser tenido por extemporáneo cuando la parte haya hecho uso de un recurso judicial improcedente, siempre que esta improcedencia sea manifiesta y notoria, de forma tal que resulte palmario el ánimo de dilatar artificiosamente el plazo legalmente fijado para la interposición de la demanda [FJ 2].
Artículo 24.2 (derecho al juez ordinario predeterminado por la ley), ff. 4, 6
Derecho al juez predeterminado por la leyDerecho al juez predeterminado por la ley, Vulnerado, f. 4
Motivación insuficiente de resoluciones judicialesMotivación insuficiente de resoluciones judiciales, f. 4
Nulidad parcial de resoluciones judicialesNulidad parcial de resoluciones judiciales, f. 5
Sustitución de jueces y magistradosSustitución de jueces y magistrados, f. 5
Modificación de la calificación jurídica de los hechosModificación de la calificación jurídica de los hechos, ff. 4, 5
Normas atributivas de competencia jurisdiccionalNormas atributivas de competencia jurisdiccional, f. 4
Resoluciones judicialesResoluciones judiciales, f. 5

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 24