Source: https://odont.info/versin-pblica-del-acuerdo-piftext270217119.html?page=96
Timestamp: 2020-07-03 13:52:12+00:00

Document:
Página 96/1247
1 ... 92 93 94 95 96 97 98 99 ... 1247
ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Lo anterior resulta infundado pues contrariamente a las manifestaciones realizadas, el DG-DTR perteneciente a la UPR, es una autoridad integrante del Instituto para el correcto ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, asimismo la DG-DTR es el área competente para atender, resolver y realizar todas las diligencias necesarias para la debida tramitación de los asuntos a su cargo, tal y como se demostrará a continuación.
El artículo 28, párrafo décimo quinto de la Constitución, establece que el Instituto es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de la Constitución.
Por su parte, el párrafo décimo sexto del señalado artículo 28 de la Constitución, establece que el Instituto es también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejerce en forma exclusiva las facultades que prevé dicho artículo y las que las leyes establecen para la CFCE, y regula de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia.
Al respecto, es importante resaltar que a través del Decreto, el Constituyente adoptó el modelo de Estado Regulador a través del cual los órganos constitucionales, por su autonomía y especialización técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos.
Lo anterior, encuentra sustento en la siguiente tesis de jurisprudencia:
“ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes clásicos”128.
En ese sentido, el Instituto como órgano autónomo constitucional posee facultades reguladoras, que constituyen una instancia de producción normativa diferente de la facultad legislativa, de creación de reglamentos a cargo del Ejecutivo y al de cláusulas habilitantes que puede establecer el Congreso de la Unión, toda vez que como ha sido reconocido por el Poder Judicial de la Federación, es posible constitucionalmente que el Instituto como órgano autónomo emita regulación de carácter general, siempre y cuando sea exclusivamente para cumplir su función reguladora en los sectores de su competencia129.
Por su parte, las fracciones III y IV del párrafo vigésimo del mismo artículo 28 de la Constitución, establecen la función reguladora del Instituto consistente en emitir normatividad interna y externa. La primera de ellas radica en que éste emita su propio estatuto orgánico, y la segunda, en que podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general, para el cumplimiento de su función reguladora en el sector de su competencia.
En consistencia con lo anterior, la LFTR establece en su artículo 17, fracción II, que corresponde originariamente al Pleno “Emitir el estatuto orgánico del Instituto por mayoría calificada de cinco votos, en el que se regulará, al menos, la organización y distribución de facultades de sus unidades”.
De esta forma, el 4 de septiembre de 2014, se publicó en el DOF el Estatuto Orgánico, a través del cual se establecieron las unidades administrativas dotadas de competencia que le permiten al Instituto ejercer sus facultades constitucionales y legales así como ejecutar los procedimientos a su cargo130.
Del artículo 4 de dicho Estatuto Orgánico131, se advierte la organización y estructura con que contará el Instituto para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competan. Para mayor referencia, se cita dicho precepto:
“Artículo 4. Para el ejercicio de sus funciones y el despacho de los asuntos que le competen, el Instituto contará con la siguiente estructura:

References: ARTÍCULO 28
 artículo 28
 artículo 28
 ARTÍCULO 28
 artículo 28
 artículo 89
 artículo 28
 artículo 17
 artículo 4