Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2008-14806.htm
Timestamp: 2018-10-16 20:22:47+00:00

Document:
B.O.E. Nº 220 de 11/09/2008
Real Decreto 1318/2008, de 24 de julio, por el que se modifica el Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
El presente real decreto tiene por objeto la adecuaciÃ³n del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, al nuevo marco contable aplicable a las entidades aseguradoras en virtud del Real Decreto 1317/2008, de 24 de julio, por el que se aprueba el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, y a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptaciÃ³n de la legislaciÃ³n mercantil en materia contable para su armonizaciÃ³n internacional con base en la normativa de la UniÃ³n Europea. Asimismo, se incorporan al texto reglamentario ciertos ajustes tÃ©cnicos necesarios para su adecuaciÃ³n a la problemÃ¡tica de nuevos productos de seguros. La presente norma cuenta con un artÃ­culo Ãºnico, que modifica los preceptos del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, y dos disposiciones finales, que reconocen el carÃ¡cter bÃ¡sico de la norma y su entrada en vigor. En concreto, el artÃ­culo Ãºnico, en primer lugar, amplÃ­a el contenido del artÃ­culo 37 habilitando al Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda para el desarrollo del rÃ©gimen de la provisiÃ³n de seguros de vida, en el caso de los seguros referenciados distintos de aquÃ©llos en los que el tomador asume Ã­ntegramente el riesgo de inversiÃ³n. En segundo lugar, modifica el artÃ­culo 59 relativo al patrimonio propio no comprometido con la finalidad de adaptar este artÃ­culo a la nueva regulaciÃ³n contable, tanto en lo que se refiere a la nueva terminologÃ­a utilizada en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras, como en lo relativo al nuevo tratamiento contable de determinadas partidas. En tercer lugar, adapta la redacciÃ³n del artÃ­culo 82 que recoge las causas de disoluciÃ³n de entidades aseguradoras, al contenido establecido en el artÃ­culo 36.1.c) del CÃ³-digo de Comercio, en la redacciÃ³n dada por la Ley 16/2007, de 4 de julio. Finalmente, aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional dÃ©cima al texto reglamentario con el objeto de adaptar su terminologÃ­a a la del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. La disposiciÃ³n final primera precisa el carÃ¡cter bÃ¡sico de esta norma y la disposiciÃ³n final segunda concreta su entrada en vigor. En su virtud, a propuesta del Ministro de EconomÃ­a y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 24 de julio de 2008,
ArtÃ­culo Ãºnico. ModificaciÃ³n del Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre.
El Reglamento de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998, de 20 de noviembre, queda modificado como sigue:
Uno. El artÃ­culo 37 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 37. ProvisiÃ³n de seguros de vida cuando el tomador asume el riesgo de la inversiÃ³n y asimilados.
1. La provisiÃ³n de los seguros de vida en los que contractualmente se haya estipulado que el riesgo de inversiÃ³n serÃ¡ soportado Ã­ntegramente por el tomador se determinarÃ¡ en funciÃ³n de los activos especÃ­ficamente afectos o de los Ã­ndices o activos que se hayan fijado como referencia para determinar el valor econÃ³mico de sus derechos. No serÃ¡n aplicables al cÃ¡lculo de esta provisiÃ³n las disposiciones establecidas en el artÃ­culo 33 de este Reglamento.
2. Se efectuarÃ¡n las dotaciones a la provisiÃ³n de seguros de vida que procedan para reflejar los riesgos derivados de estas operaciones que no sean efectivamente asumidos por el tomador. En particular, podrÃ¡n considerarse coberturas estÃ¡ticas o dinÃ¡micas bajo escenarios prudentes de variaciÃ³n de las hipÃ³tesis involucradas, en los tÃ©rminos que establezca el Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.Â»
Dos. El artÃ­culo 59 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 59. Patrimonio propio no comprometido.
1. El patrimonio propio no comprometido, a los efectos del margen de solvencia individual, a que se refiere el artÃ­culo 17.2 de la ley, comprende las partidas que a continuaciÃ³n se relacionan, deducidos los elementos inmateriales que se seÃ±alan en el apartado 2 de este artÃ­culo: Uno. Con carÃ¡cter general, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas: a) El capital social desembolsado excluida la parte de Ã©ste contemplada en el pÃ¡rrafo e) siguiente, o el fondo mutual. En el caso de que la entidad aseguradora financie a sus socios directamente o a travÃ©s de participaciones en el capital de sociedades o de personas fÃ­sicas que ejerzan control directo o indirecto sobre aquÃ©lla, el importe computable por este pÃ¡rrafo a) se corresponderÃ¡ con la posiciÃ³n neta inversora de dichos socios.
En el caso de entidades aseguradoras autorizadas para la gestiÃ³n de fondos de pensiones, la cantidad computable en el margen de solvencia por este pÃ¡rrafo a) se minorarÃ¡ en el importe del capital social desembolsado afecto a tal actividad previsto en la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones. b) La reserva de revalorizaciÃ³n, prima de emisiÃ³n y otras reservas patrimoniales libres que no correspondan a los compromisos suscritos ni hayan sido clasificadas como reservas de estabilizaciÃ³n. TendrÃ¡n tal consideraciÃ³n, salvo que su importe haya sido comprometido para atender cualquier compromiso especÃ­fico, la reserva de revalorizaciÃ³n de inmuebles derivada de la primera aplicaciÃ³n del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras adaptado al marco normativo de las Normas Internacionales de InformaciÃ³n Financiera adoptadas por los Reglamentos de la UniÃ³n Europea y la reserva por fondo de comercio. SerÃ¡ aplicable respecto de estas partidas lo indicado en el segundo inciso del pÃ¡rrafo a) precedente. En todo caso se excluirÃ¡n de este apartado, en la medida en que su importe no se haya deducido ya en otras rÃºbricas, los siguientes conceptos:
1.Â° Las reservas que se constituyan en cumplimiento de lo dispuesto en los artÃ­culos 79.3 y 80.1, texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre.
2.Â° El importe de las acciones propias o de la sociedad dominante adquiridas o aceptadas en prenda u otra forma de garantÃ­a, directamente por la entidad o indirectamente a travÃ©s de persona o sociedad interpuesta, asÃ­ como el importe de las financiaciones a terceros cuyo objeto sea la adquisiciÃ³n de acciones propias, en la medida en que no se hubiesen constituido las reservas a que se refiere el pÃ¡rrafo 1.Â° anterior. 3.Â° Las reservas que se correspondan con los recursos propios mÃ­nimos exigidos por la normativa reguladora de planes y fondos de pensiones.
c) El remanente y la parte del saldo acreedor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias que se destine a incrementar los fondos propios de la entidad. A estos efectos, se deducirÃ¡ el saldo deudor de la partida "Reserva de estabilizaciÃ³n a cuenta" prevista en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras.
1.Âº Que los estatutos de la entidad prevean que su devoluciÃ³n no ocasione un descenso del patrimonio propio no comprometido por debajo de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia y que, en caso de liquidaciÃ³n de la entidad, sÃ³lo se harÃ¡n efectivos despuÃ©s de liquidar todas las demÃ¡s deudas de la empresa.
2.Â° Que su devoluciÃ³n se notifique a la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones con un mes de antelaciÃ³n a su pago, pudiendo prohibirlo mediante resoluciÃ³n motivada en el plazo de un mes desde que la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones tuviera conocimiento de la notificaciÃ³n de la empresa. 3.Â° Que las disposiciones de los estatutos, asÃ­ como sus modificaciones, referentes a esta partida sean aprobadas por la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
e) La parte del capital social correspondiente a las acciones sin voto reguladas en la secciÃ³n 5.a del capÃ­tulo IV del texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y las financiaciones subordinadas, hasta un lÃ­mite mÃ¡ximo del 50 por ciento, bien del patrimonio propio no comprometido, incluidas dichas partidas, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia si Ã©sta fuera menor.
Las financiaciones subordinadas habrÃ¡n de cumplir las siguientes condiciones, que se harÃ¡n constar en los contratos y folletos de emisiÃ³n:
1.Â° ExistirÃ¡ acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelaciÃ³n de crÃ©ditos, los acreedores por este concepto se sitÃºen detrÃ¡s de todos los acreedores comunes.
2.Â° Ãnicamente se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n los fondos efectivamente desembolsados. 3.Â° Cuando se trate de prÃ©stamos a plazo fijo, el plazo inicial serÃ¡ de cinco aÃ±os, como mÃ­nimo. SÃ­ no hubiera sido fijada la fecha de su vencimiento, deberÃ¡ haberse estipulado para su retirada total o parcial un preaviso de, al menos, cinco aÃ±os. Tanto en uno como en otro caso, desde el momento en que su plazo remanente sea de cinco aÃ±os, y durante dichos cinco aÃ±os, reducirÃ¡n su cÃ³mputo como patrimonio propio a razÃ³n de un 20 por ciento anual, hasta que su plazo remanente sea inferior a un aÃ±o, momento en el que dejarÃ¡n de computarse como tales. 4.Â° No podrÃ¡n contener clÃ¡usulas de rescate, reembolso o amortizaciÃ³n anticipada, sin perjuicio de que el deudor pueda proceder al reembolso anticipado si con ello no se ve afectada la solvencia de la entidad, previa autorizaciÃ³n de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones. Las acciones sin voto se computarÃ¡n por su capital desembolsado. Las financiaciones subordinadas de duraciÃ³n determinada no podrÃ¡n computarse por un importe superior al 25 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
f) Las financiaciones de duraciÃ³n indeterminada, distintas de las mencionadas en el pÃ¡rrafo e) precedente, cuando cumplan los requisitos siguientes: 1.Â° No serÃ¡n reembolsables a iniciativa del acreedor o sin el acuerdo previo de la DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones.
2.Âº El contrato de emisiÃ³n deberÃ¡ dar a la entidad de seguros la posibilidad de diferir el pago de los intereses. 3.Â° ExistirÃ¡ acuerdo vinculante por cuya virtud, a efectos de la prelaciÃ³n de crÃ©ditos, los acreedores por este concepto se sitÃºen detrÃ¡s de todos los acreedores comunes. 4.Â° En el contrato de emisiÃ³n se estipularÃ¡ que la deuda y los intereses pendientes de pago podrÃ¡n aplicarse a absorber las pÃ©rdidas de la entidad, sin necesidad de proceder a su disoluciÃ³n. 5.Â° Ãnicamente se tomarÃ¡n en consideraciÃ³n los fondos efectivamente desembolsados.
Las financiaciones de duraciÃ³n indeterminada recogidas en este pÃ¡rrafo, mÃ¡s las financiaciones subordinadas del pÃ¡rrafo e) precedente, estarÃ¡n sometidas a los efectos de este artÃ­culo, a un lÃ­mite conjunto del 50 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor. g) Asimismo, se incluirÃ¡n, con signo positivo o negativo, los "Ajustes por cambios de valor" que forman parte del patrimonio neto. Dos. PodrÃ¡n computarse como patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas: a) La mitad de la parte de capital social suscrito pendiente de desembolso, hasta un lÃ­mite mÃ¡ximo del 50 por ciento bien del patrimonio propio no comprometido, bien de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor.
b) En los ramos de seguro distintos al de vida, el 50 por ciento de la derrama pasiva, cuando sea exigible a los mutualistas, en los tÃ©rminos del ar-tÃ­culo 9.2.e) de la ley, con el lÃ­mite del 50 por ciento de las primas netas de anulaciones del seguro directo. Este sumando no podrÃ¡ exceder de la mitad del patrimonio propio no comprometido, computando las partidas del apartado uno y de los pÃ¡rra-fos a) y c) de este apartado dos, y deducidos los elementos indicados en el apartado 2 de este ar-tÃ­culo, o de la mitad de la cuantÃ­a mÃ­nima del margen de solvencia, si Ã©sta fuera menor. c) Las plusvalÃ­as no reconocidas por la entidad en cuentas resultantes de la infravaloraciÃ³n de elementos del activo previa deducciÃ³n de todos los gastos que pudieran incidir en el importe final de las mismas, siempre que no se hubiesen realizado ajustes correctores de asimetrÃ­as contables.
En aquellos casos en los que se hubiesen practicado ajustes correctores de asimetrÃ­as contables: i. No se computarÃ¡n las plusvalÃ­as netas acumuladas, hayan sido o no reconocidas por la entidad en cuentas, que procedan de activos en los siguientes casos: Operaciones de seguro vida que utilicen las tÃ©cnicas de inmunizaciÃ³nÂ financiera previstas en la normativa de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n.
Operaciones de seguro que reconozcan participaciÃ³n en beneficios siempre que exista una clara identificaciÃ³n de los activos a ella vinculados, Â en el importe correspondiente a los tomadores. Operaciones de seguro en las que el tomador asuma el riesgo de la inversiÃ³n o asimilados.
ii. Se computarÃ¡n las plusvalÃ­as netas acumuladas, hayan sido o no reconocidas por la entidad en cuentas, que procedan de activos asignados a operaciones de seguro distintas de las previstas en el apartado i anterior y que referencien su valor de rescate al valor de los activos a ellas asignados. El cÃ³mputo de plusvalÃ­as resultantes de la infravaloraciÃ³n de elementos del activo calificados como no aptos para la inversiÃ³n de las provisiones tÃ©cnicas requerirÃ¡ una solicitud expresa a la DirecciÃ³n General de seguros y Fondos de Pensiones. d) Las comisiones descontadas que tÃ©cnicamente resulten pendientes de amortizaciÃ³n con el lÃ­mite por pÃ³liza del 3,5 por ciento de la diferencia entre el capital asegurado y la provisiÃ³n matemÃ¡tica, y de ellas se deducirÃ¡, en su caso, el importe de las comisiones descontadas activadas. 2. A efectos de lo regulado en este artÃ­culo, se considerarÃ¡n como elementos inmateriales a deducir en el cÃ¡lculo del margen de solvencia los elementos que carezcan de valor de realizaciÃ³n o que, por su falta de permanencia, pueda fundadamente presumirse que no se ajustan a los fines de la ley y de este reglamento.
En todo caso, se deducirÃ¡n en el cÃ³mputo del patrimonio propio no comprometido las siguientes partidas:
a) El saldo deudor de la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias.
b) Los resultados negativos de ejercicios anteriores. c) Las minusvalÃ­as no reconocidas por la entidad en cuentas resultantes de la sobrevaloraciÃ³n de los elementos de activo y de la infravaloraciÃ³n de elementos de pasivo, siempre que no se hubiesen realizado ajustes correctores de asimetrÃ­as contables.
En aquellos casos en los que se hubiesen practicado ajustes correctores de asimetrÃ­as contables: i. Se deducirÃ¡n las minusvalÃ­as netas acumuladas, hayan sido o no reconocidas por la entidad en cuentas, derivadas de activos en los siguientes casos: Activos de renta variable asignados a operaciones de seguro vida que utilicen las tÃ©cnicas de inmunizaciÃ³nÂ financiera previstas en el artÃ­culo 33.2.b) de este reglamento.
Activos que sirvan de referencia para determinar el valor de rescate, vinculados a operaciones distintas de las previstas en el artÃ­culo 33.2 de este reglamento. Activos asignados a operaciones de seguro que reconozcan participaciÃ³n en beneficios siempre que exista una clara identificaciÃ³n de los activos a ella vinculados, Â en el importe correspondiente a los tomadores.
ii. No se deducirÃ¡n las minusvalÃ­as netas acumuladas, hayan sido o no reconocidas por la entidad en cuentas, que procedan de activos asignados a operaciones de seguro distintas de las previstas en el apartado i anterior, en los siguientes casos: Operaciones de seguro vida que utilicen las tÃ©cnicas de inmunizaciÃ³nÂ financiera previstas en la normativa de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n.
Operaciones de seguro en las que el tomador asuma el riesgo de la inversiÃ³n o asimilados.
d) Las participaciones iguales o superiores al 20 por ciento del capital o derechos de voto de la participada que la entidad aseguradora tenga en otras entidades aseguradoras o reaseguradoras, en entidades de crÃ©dito, en empresas de servicios de inversiÃ³n o en entidades cuya actividad principal consista en tener participaciones en entidades aseguradoras.
e) Las financiaciones subordinadas u otros valores computables en el patrimonio propio no comprometido emitidos por las entidades mencionadas en el pÃ¡rrafo precedente y adquiridos por la entidad aseguradora.
3. Las deducciones recogidas en el apartado 2 anterior se efectuarÃ¡n por su valor en los libros de la entidad tenedora.
Como alternativa a la deducciÃ³n de los elementos previstos en los pÃ¡rrafos d) y e) del apartado 2, que la entidad aseguradora posea en entidades de crÃ©dito, empresas de servicios de inversiÃ³n y cualquier entidad del sector financiero, las aseguradoras podrÃ¡n aplicar los mÃ©todos del anexo del Real Decreto 1332/2005, de 11 de noviembre, de desarrollo de la Ley 5/2005, de 22 de abril, de supervisiÃ³n de los conglomerados financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero. El mÃ©todo 1 (consolidaciÃ³n contable) sÃ³lo se aplicarÃ¡ cuando las entidades incluidas en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la consolidaciÃ³n cuenten con un nivel de gestiÃ³n integrada y de control interno conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 110. El mÃ©todo que se elija deberÃ¡ aplicarse posteriormente de forma coherente. En todo caso, las entidades integrantes de grupos aseguradores y de conglomerados financieros sujetos a supervisiÃ³n adicional, podrÃ¡n no deducir los elementos previstos en los pÃ¡rrafos d) y e) del apartado 2 que posean en entidades de crÃ©dito, empresas de inversiÃ³n, empresas de seguros o de reaseguros o sociedades de cartera de entidades de seguros incluidas en el Ã¡mbito de la supervisiÃ³n adicional. 4. En el caso de entidades aseguradoras autorizadas a realizar operaciones de seguro directo distinto del seguro de vida y operaciones de seguro de vida, los lÃ­mites reseÃ±ados en este artÃ­culo se aplicarÃ¡n separadamente para cada actividad. 5. La DirecciÃ³n General de Seguros y Fondos de Pensiones podrÃ¡ ajustar la valoraciÃ³n de los elementos a que se refiere el apartado 1 cuando estos dejen de tener, total o parcialmente, la condiciÃ³n de patrimonio propio no comprometido. 6. Por el Ministro de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡n adaptarse las partidas que, conforme a este artÃ­culo deben considerarse en el cÃ¡lculo del patrimonio propio no comprometido, a las modificaciones que por normativa comunitaria se introduzcan respecto de la relaciÃ³n de tales elementos y respecto de las condiciones o requisitos para su cÃ³mputo.Â»
Tres. El artÃ­culo 82 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 82. Causa de disoluciÃ³n.
1. Son causas de disoluciÃ³n de las entidades aseguradoras: 1.Âª La revocaciÃ³n de la autorizaciÃ³n administrativa que afecte a todos los ramos en que opera la entidad. No obstante, la revocaciÃ³n no serÃ¡ causa de disoluciÃ³n cuando la propia entidad renuncie a la autorizaciÃ³n administrativa y venga Ãºnicamente motivada esta renuncia por la modificaciÃ³n de su objeto social para desarrollar una actividad distinta a las enumeradas en el artÃ­culo 3 de este Reglamento.
2.Âª La cesiÃ³n general de la cartera de contratos de seguro cuando afecte a la totalidad de los ramos en que opera la entidad. Sin embargo, la cesiÃ³n de cartera no serÃ¡ causa de disoluciÃ³n cuando en la escritura pÃºblica de cesiÃ³n la cedente manifieste la modificaciÃ³n de su objeto social para desarrollar una actividad distinta a las enumeradas en el artÃ­culo 3 de este Reglamento. 3.Âª Haber quedado reducido el nÃºmero de socios, en las mutuas y cooperativas de seguros y en las mutualidades de previsiÃ³n social, a una cifra inferior al mÃ­nimo legalmente exigible. 4.Âª No realizar las derramas pasivas conforme exigen los artÃ­culos 9 y 10 de la Ley y concordantes de este Reglamento. 5.Âª Las causas de disoluciÃ³n enumeradas en el artÃ­culo 260 del texto refundido de la Ley de Sociedades AnÃ³nimas. TratÃ¡ndose de mutuas de seguros y de mutualidades de previsiÃ³n social, las referencias que en este precepto se hacen a la Junta general y al capital social habrÃ¡n de entenderse hechas a la Asamblea general y al fondo mutual, respectivamente. No obstante, a las cooperativas de seguros serÃ¡n de aplicaciÃ³n las causas de disoluciÃ³n recogidas en su legislaciÃ³n especÃ­fica.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderÃ¡ por: a) Patrimonio neto, el patrimonio neto definido en el artÃ­culo 36.1.c) del CÃ³digo de Comercio mÃ¡s la financiaciÃ³n subordinada a la que se refiere el artÃ­culo 59 del presente reglamento. b) Capital social, el capital social suscrito.Â»
Cuatro. Se incluye una disposiciÃ³n adicional dÃ©cima con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. AdaptaciÃ³n a la terminologÃ­a del Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras.
A los efectos de esta norma y de sus disposiciones de desarrollo, las referencias hechas al valor de mercado de los activos y pasivos se entenderÃ¡n realizadas al valor razonable de los mismos, definido en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras. Asimismo las referencias hechas al precio de adquisiciÃ³n de los activos se entenderÃ¡n realizadas al valor inicial por el que se reconocieron contablemente dichos activos, de acuerdo con lo establecido en el Plan de contabilidad de las entidades aseguradoras.Â»
Conforme a lo establecido en la disposiciÃ³n final primera del texto refundido de la Ley de ordenaciÃ³n y supervisiÃ³n de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, las disposiciones contenidas en este real decreto tienen la consideraciÃ³n de bases de la ordenaciÃ³n de los seguros dictadas al amparo del artÃ­culo 149.1.11.Âª de la ConstituciÃ³n.
El presente real decreto entrarÃ¡ en vigor el 31 de diciembre de 2008.

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