Source: http://docplayer.es/2407560-S-e-n-t-e-n-c-i-a-no-12-15.html
Timestamp: 2017-05-24 07:04:54+00:00

Document:
S E N T E N C I A Nº 12/15 - PDF
S E N T E N C I A Nº 12/15
Download "S E N T E N C I A Nº 12/15"
Jaime Blanco Godoy
1 Notificado: 23/01/2015 Ref. Letrado: 2011/215 JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 1 MURCIA SENTENCIA: 00012/ AVENIDA CIUDAD DE LA JUSTICIA, S/N, PLANTA SEGUNDA--CP MURCIA Teléfono: /52/53 Fax: N04390 N.I.G.: PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2012 Procedimiento origen: / Sobre OTRAS MATERIAS DEMANDANTE D/ña. Procurador/a Sr/a. OLGA NAVAS CARRILLO Abogado/a Sr/a. DEMANDADO D/ña. W.R. BERKLEY INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA Procurador/a Sr/a. MARIA JOSE VINADER MORENO Abogado/a Sr/a. S E N T E N C I A Nº 12/15 JUEZ QUE LA DICTA: MAGISTRADO-JUEZ LÓPEZ-ALANÍS SIDRACH DE CARDONA. Lugar: MURCIA. Fecha: diecinueve de Enero de dos mil quince. Demandante:. Abogado/a:. Procurador/a: OLGA NAVAS CARRILLO. Demandado: W.R. BERKLEY INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA. Abogado/a: Procurador/a: MARIA JOSE VINADER MORENO. Procedimiento: PROCEDIMIENTO ORDINARIO /2012. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- Por presentada demanda por la Procuradora Sra. OLGA NAVAS CARRILLO, en nombre y representación de D. CARLOS, contra W.R. BERKLEY INSURANCE EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA fue admitida la misma a trámite procediéndose al emplazamiento de la parte demanda, personándose la misma dentro del plazo conferido, contestando a la demanda, señalándose posteriormente día y hora para la celebración de Audiencia Previa, celebrándose posteriormente el correspondiente juicio.2 SEGUNDO.- Por la parte actora se manifiesta que se afirma y ratifica en la demanda y solicita el recibimiento a prueba, proponiéndose la que estimó pertinente. La parte demandada manifiesta que se opone y solicita el recibimiento a prueba proponiendo la que estimó oportuna, practicándose las que se estimaron pertinentes, todas ellas con el resultado que obra en autos, quedando los autos para el dictado de la presente resolución. FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El actor reclama la indemnización de los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de su esposa que atribuye a un error de diagnóstico de los facultativos que la atendieron en el Hospital General Universitario Morales Meseguer. Sostiene el actor que su esposa fue atendida en dicho centro sanitario al que acudió por encontrarse mal siendo diagnosticada de ángor hemodinámico con anemia severa, cuando en realidad estaba sufriendo los efectos de un tromboembolismo pulmonar bilateral por lo que falleció a la salida del hospital, tras ser atendida de nuevo en el servicio de urgencias. Alega el demandante que existió negligencia médica por error de diagnóstico con la pérdida de las oportunidades de las que su esposa disponía para superar los efectos del tromboembolismo. La aseguradora niega que el error de diagnóstico constituya en este caso mala práctica médica, sosteniendo que la atención prestada a la paciente fue conforme con el diagnóstico basado en la sintomatología que presentaba y que, de hecho, coincidía con parte de las dolencias de la esposa del actor. Asimismo se opuso al cálculo del importe de la indemnización solicitada, por entender que debía resultar proporcional a la esperanza de vida tras el tromboembolismo, esto es, al porcentaje de pérdida real de oportunidad de supervivencia. SEGUNDO.- En el presente caso procede valorar si, ante el ejercicio de una acción directa del asegurado frente a la aseguradora con base en el art. 76 LCS, el siniestro, que coincide con el fallecimiento de la esposa del actor tras el tratamiento médico en un hospital público, es objeto de cobertura por constituir un hecho de los que dan lugar a la responsabilidad patrimonial de la Administración en el ámbito sanitario. Con carácter general es necesario tener en cuenta (por todas, STS de 15 de enero de 2008 ) que " la responsabilidad de las Administraciones públicas en nuestro ordenamiento jurídico tiene su base no solo en el principio genérico de la tutela efectiva que en el ejercicio de los derechos e intereses legítimos reconoce el art. 24 de la Constitución, sino también, de modo específico, en el art de la propia Constitución al disponer que los particulares en los términos establecidos por la Ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo los casos de fuerza mayor, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos; en el artículo 139, apartados 1 y 2 de la Ley3 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los artículos 121 y 122 de la Ley de Expropiación Forzosa, que determinan el derecho de los particulares a ser indemnizados por el Estado de toda lesión que sufran siempre que sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, y el daño sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado, habiéndose precisado en reiteradísima jurisprudencia que para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración son precisos los siguientes requisitos: a) La efectiva realidad del daño o perjuicio, evaluable económicamente e individualizado en relación a una persona o grupo de personas. b) Que el daño o lesión patrimonial sufrida por el reclamante sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal -es indiferente la calificación- de los servicios públicos en una relación directa e inmediata y exclusiva de causa a efecto, sin intervención de elementos extraños que pudieran influir, alterando, el nexo causal. c) Ausencia de fuerza mayor. d) Que el reclamante no tenga el deber jurídico de soportar el daño cabalmente causado por su propia conducta. Tampoco cabe olvidar que en relación con dicha responsabilidad patrimonial es doctrina jurisprudencial consolidada la que entiende que la misma es objetiva o de resultado, de manera que lo relevante no es el proceder antijurídico de la Administración, sino la antijuridicidad del resultado o lesión aunque, como hemos declarado igualmente en reiteradísimas ocasiones es imprescindible que exista nexo causal entre el funcionamiento normal o anormal del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido". Ello no obstante, la STS de 17 de abril de 2007 señala que " Sobre la existencia de nexo causal con el funcionamiento del servicio, la jurisprudencia viene modulando el carácter objetivo de la responsabilidad patrimonial, rechazando que la mera titularidad del servicio determine la responsabilidad de la Administración respecto de cualquier consecuencia lesiva relacionada con el mismo que se pueda producir, así señala la sentencia de 14 de octubre de 2003 que: "Como tiene declarado esta Sala y Sección, en sentencias de 30 de septiembre del corriente, de 13 de septiembre de 2002 y en los reiterados pronunciamientos de este Tribunal Supremo, que la anterior cita como la Sentencia, de 5 de junio de 1998, la prestación por la Administración de un determinado servicio público y la titularidad por parte de aquella de la infraestructura material para su prestación no implica que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas, convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos, con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados que pueda producirse con independencia del actuar administrativo, porque de lo contrario, como pretende el recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro Ordenamiento Jurídico. Y, en la sentencia de 13 de noviembre de 1997, también afirmamos que "Aun cuando la responsabilidad de la Administración ha sido calificada por la Jurisprudencia de esta Sala, como un supuesto de responsabilidad objetiva, no lo es menos que ello no convierte a la Administración en un responsable de todos los resultados lesivos que puedan4 producirse por el simple uso de instalaciones públicas, sino que, como antes señalamos, es necesario que esos daños sean consecuencia directa e inmediata del funcionamiento normal o anormal de aquélla ". Más específicamente, cuando se trata de reclamaciones derivadas de la actuación medica o sanitaria, la jurisprudencia viene declarando ( SSTS Sala 3ª, de 25 de abril, 3 y 13 de julio, 30 de octubre de 2007, 9 de diciembre de 2008, ó 29 de junio de 2010 ) " que no resulta suficiente la existencia de una lesión (que llevaría la responsabilidad objetiva mas allá de los limites de lo razonable), sino que es preciso acudir al criterio de la Lex Artis como modo de determinar cuál es la actuación médica correcta, independientemente del resultado producido en la salud o en la vida del enfermo, ya que no le es posible ni a la ciencia ni a la Administración garantizar, en todo caso, la sanidad o la salud del paciente. Es igualmente constante jurisprudencia ( Ss , , y , entre otras muchas) que la actividad médica y la obligación del profesional es de medios y no de resultados, de prestación de la debida asistencia medica y no de garantizar en todo caso la curación del enfermo, de manera que los facultativos no están obligados a prestar servicios que aseguren la salud de los enfermos, sino a procurar por todos los medios su restablecimiento, por no ser la salud humana algo de que se pueda disponer y otorgar, no se trata de un deber que se asume de obtener un resultado exacto, sino más bien de una obligación de medios, que se aportan de la forma más ilimitada posible. La adopción de los medios al alcance del servicio, en cuanto supone la acomodación de la prestación sanitaria al estado del saber en cada momento y su aplicación al caso concreto atendiendo a las circunstancias del mismo, trasladan el deber de soportar el riesgo al afectado y determinan que el resultado dañoso que pueda producirse no sea antijurídico. Así, la sentencia de 14 de octubre de 2002, por referencia a la de 22 de diciembre de 2001, señala que "en el instituto de la responsabilidad patrimonial de la Administración el elemento de la culpabilidad del agente desaparece frente al elemento meramente objetivo del nexo causal entre la actuación del servicio público y el resultado lesivo o dañoso producido, si bien, cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir, de modo que, aun aceptando que las secuelas padecidas tuvieran su causa en la intervención quirúrgica, si ésta se realizó correctamente y de acuerdo con el estado del saber, siendo también correctamente resuelta la incidencia postoperatoria, se está ante una lesión que no constituye un daño antijurídico conforme a la propia definición legal de éste, hoy recogida en el citado artículo de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, redactado por Ley 4/1999, de 13 de enero, que no vino sino a consagrar legislativamente la doctrina jurisprudencial tradicional, cuyo alcance ha quedado aquilatado en este precepto ". Son los denominados riesgos del progreso como causa de justificación5 del daño, el cual ya la jurisprudencia anterior venía considerando como no antijurídico cuando se había hecho un correcto empleo de la lex artis, entendiendo por tal el estado de los conocimientos científicos o técnicos en el nivel más avanzado de las investigaciones, que comprende todos los datos presentes en el circuito informativo de la comunidad científica o técnica en su conjunto, teniendo en cuenta las posibilidades concretas de circulación de la información. La STS de 25 de febrero de 2009 reproduce dicha doctrina señalando que " Frente al principio de responsabilidad objetiva interpretado radicalmente y que convertiría a la Administración sanitaria en aseguradora del resultado positivo y, en definitiva, obligada a curar todos las dolencias, ha de recordarse, como hace esta Sala en sentencias de 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año, el criterio que sostiene este Tribunal de que la responsabilidad de la Administración sanitaria constituye la lógica consecuencia que caracteriza al servicio público sanitario como prestador de medios, mas en ningún caso garantizador de resultados, en el sentido de que es exigible a la Administración sanitaria la aportación de todos los medios que la ciencia en el momento actual pone razonablemente a disposición de la medicina para la prestación de un servicio adecuado a los estándares habituales; pero de ello en modo alguno puede deducirse la existencia de una responsabilidad de toda actuación médica, siempre que ésta se haya acomodado a la lex artis, y de la que resultaría la obligación de la Administración de obtener un resultado curativo, ya que la responsabilidad de la Administración en el servicio sanitario no se deriva tanto del resultado como de la prestación de los medios razonablemente exigibles. Y si ello conduce a que solamente cabe considerar antijurídica en la existencia sanitaria la lesión en que se haya producido una auténtica infracción de lex artis, ha de considerarse asimismo que la disposición de medios, que, por su propia naturaleza, resulta limitada, no es exigible con un carácter ilimitado a la Administración que, lógicamente y por la propia naturaleza de las cosas, tiene un presupuesto determinado y, en definitiva, solamente podrá exigirse responsabilidad cuando se hubiere acreditado, bien que ha incumplido la ley, no manteniendo en el centro sanitario un servicio exigido por ésta, o bien cuando se acredite por parte de la actora que existe una arbitraria disposición de los elementos con que cuenta el servicio sanitario en la prestación del servicio. Porque aceptar otra cosa supondría que cada centro hospitalario habría de estar dotado de todos los servicios asistenciales que pudieran exigirse al mejor abastecido de los mismos en toda la red hospitalaria, lo que resulta contrario a la razón y, en definitiva, a la limitación de medios disponibles propia de cualquier actividad humana; otra cosa sería si no existiese un centro de referencia dentro de un área que permita la asistencia en un tiempo razonable ". La STS de 24 de mayo de 2011 recuerda, con cita de las Sentencias de 25 de febrero de 2009, 20 de junio de 2007 y 11 de julio del mismo año, que " En otros términos, que la Constitución determine que "Los particulares, en los términos establecidos por la Ley, tendrán derechos a ser indemnizados6 por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos", lo que es reiterado en la Ley 30/1992, RJAPyPAC, con la indicación que "En todo caso, el daño alegado habrá de ser efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas", no significa que la responsabilidad de las Administraciones Públicas por objetiva esté basada en la simple producción del daño, pues además este debe ser antijurídico, en el sentido que no deba tener obligación de soportar por haber podido ser evitado con la aplicación de las técnicas sanitarias conocidas por el estado de la ciencia y razonablemente disponibles en dicho momento. Y si ello conduce a que solamente cabe considerar antijurídica en la existencia sanitaria la lesión en que se haya producido una auténtica infracción de lex artis, ha de considerarse asimismo que... ante la idoneidad y corrección de las técnicas médicas recibidas, el presente daño no es calificable de lesión antijurídica, sino como lamentable realización de un riesgo conocido e inherente a la propia dolencia previa que la demandante tiene obligación de soportar ". Estamos pues ante un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida; criterio que es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la infracción del repetido criterio; prescindir del mismo conllevaría una excesiva objetivización de la responsabilidad que podría declararse con la única exigencia de existir una lesión efectiva, sin necesidad de demostración de la infracción del criterio de normalidad, debiendo no obstante recordarse la denominada doctrina del daño desproporcionado como conformadora de responsabilidad patrimonial ( SSTS de 20 de junio de 2006, ó 6 de febrero y 10 de julio de 2007 ) referida a los casos en que el acto médico produce un resultado anormal e inusualmente grave y desproporcionado en relación con los riesgos que comporta la intervención y los padecimientos que se trata de atender. En este sentido las SSTS, Sala 1ª, de 23 de octubre de 2008 y 8 de julio de 2009, señalan que el daño desproporcionado, o resultado "clamoroso", es "aquél no previsto ni explicable en la esfera de su actuación profesional y obliga al médico a acreditar las circunstancias en que se produjo por el principio de facilidad y proximidad probatoria. Se le exige una explicación coherente acerca del porqué de la importante disonancia existente entre el riesgo inicial que implica la actividad médica y la consecuencia producida, de modo que la ausencia u omisión de explicación puede determinar la imputación, creando o haciendo surgir una deducción de negligencia. La existencia de un daño desproporcionado incide en la atribución causal y en el reproche de culpabilidad, alterando los cánones generales sobre responsabilidad civil médica en relación con el "onus probandi" de la relación de causalidad y la presunción de culpa", si bien la STS 2 de enero de 2012 matiza en los casos7 " donde el resultado se presenta como una opción posible no es posible aplicar la doctrina del daño desproporcionado, ya que el resultado insatisfactorio se relaciona con la intervención y tratamiento aplicado ". Y la STS de 16 de enero de 2012 señala que " Ya, en el ámbito sanitario, se evidencia constituye una obligación de medios. Y, así a los servicios públicos de salud no se les puede exigir más que una actuación correcta y a tiempo conforme a las técnicas vigentes en función del conocimiento de la práctica sanitaria. Como expresa la Sentencia de esta Sala y Sección de 25 de mayo de 2010, rec. casación 3021/2008, han de ponerse "los medios precisos para la mejor atención ". En lo que respecta a la llamada doctrina de la pérdida de oportunidad, la misma ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en las Sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005, así como en las de 4 y 12 de julio de 2007, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. Sobre esta cuestión la STS de 12 de julio de 2007, tras declarar que " hubo un error de diagnóstico al no valorarse adecuadamente que el paciente sufría un infarto, error que se produjo por una evidente mala praxis médica, al no tener en cuenta padecimientos de aquel, que hubieran debido ser necesariamente considerados por su gravedad, en función de los síntomas con los que aquel acude a la consulta médica ", añade que " Al no diagnosticarse en forma, por esa mala praxis médica, la crisis que sufría el marido de la recurrente, remitiéndole a su domicilio sin un tratamiento adecuado, con independencia de cuáles hubiesen sido los resultados finales de ese tratamiento, se le generó la pérdida de la oportunidad de recibir una terapia acorde a su verdadera dolencia y por tanto se ocasionó un daño indemnizable, que no es el fallecimiento que finalmente se produjo y respecto al cual es imposible médicamente saber como dice el informe de la médico forense, si hubiese podido evitarse, sino esa pérdida de la oportunidad de recibir el tratamiento médico adecuado ", entendiendo la STS de 12 de marzo de 2007 que, en estos casos, es a la Administración a la que incumbe probar que, en su caso y con independencia del tratamiento seguido, se hubiese producido el daño finalmente ocasionado por ser de todo punto inevitable. La SSTS de 16 de enero de 2012 y 16 de febrero de 2011 recuerdan, con cita de la STS de 23 de setiembre de 2010 que la " privación de expectativas, denominada por nuestra8 jurisprudencia de "pérdida de oportunidad" - sentencias de siete de septiembre de dos mil cinco, veintiséis de junio de dos mil ocho y veinticinco de junio de dos mil diez - se concreta en que basta con cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza para que proceda la indemnización por la totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias ", insistiendo, con cita de la STS de 7 de julio de 2008, en que " acreditado que un tratamiento no se ha manejado de forma idónea o, que lo ha sido con retraso, no puede exigirse al perjudicado la prueba de que, de actuarse correctamente, no se habría llegado al desenlace que motiva su reclamación. Con tal forma de razonar se desconocen las especialidades de la responsabilidad pública médica y se traslada al afectado la carga de un hecho de demostración imposible... Probada la irregularidad, corresponde a la Administración justificar que, en realidad, actuó como le era exigible. Así lo demanda el principio de la «facilidad de la prueba», aplicado por esta Sala en el ámbito de la responsabilidad de los servicios sanitarios de las administraciones públicas". Así pues ( STS de 3 de diciembre de 2012 ), en la fijación de la indemnización a conceder, en su caso, la doctrina de la pérdida de oportunidad parte de que sea posible afirmar que la actuación médica privó de determinadas expectativas de curación o de supervivencia, que deben ser indemnizadas, pero reduciendo el montante de la indemnización en razón de la probabilidad de que el daño se hubiera producido, igualmente, de haberse actuado diligentemente. La STS de 27 de Noviembre del 2012, con cita de la de 19 de junio de 2012, reitera dicha doctrina sobre que la información acerca de las posibilidades reales de curación constituye un elemento sustancial en la doctrina denominada "pérdida de oportunidad" por lo que, en su caso, la suma indemnizatoria debe atemperarse a su existencia o no. TERCERO.- Como se dijo, la parte actora defiende que en el tratamiento del tromboembolismo que sufrió la fallecida se faltó a la lex artis por incurrir el equipo médico en un error de diagnóstico, básicamente por omitir un diagnóstico diferencial escrupuloso que hubiera evitado descartar el fenómeno de tromboembolismo mediante el uso de medios técnicos de diagnosis a disposición del equipo médico. En síntesis, se trata de enjuiciar si, atendida la sintomatología que presentaba la esposa del actor esa mañana en el servicio de urgencias del Hospital Morales Meseguer, el equipo médico debía haber sospechado la posible presencia de un fenómeno de tromboembolismo y haber procedido en consecuencia o por el contrario, no existían signos que evidenciaran tal9 posibilidad, y todo ello conforme a los conocimientos técnicos y científicos normales en la práctica médica actual. Y no es la primera vez que un asunto como el presente es enjuiciado, bien ante las Salas de lo Contencioso por responsabilidad patrimonial de la Administración Pública, bien ante las Audiencias Provinciales en acción directa contra la aseguradora pero con aplicación, en lo que procede, de las normas reguladoras de tal responsabilidad, conforme al art. 10 LOPJ, en supuestos de fallecimiento por tromboembolismo, diagnosticados tardíamente o no diagnosticados debidamente como en este caso. Para un supuesto similar al aquí enjuiciado, fallecimiento tras error de diagnóstico de tromboembolismo, la STSJ de Castilla y León, de 10 de diciembre de 2013, tiene declarado: En lo que respecta a la llamada doctrina de la pérdida de oportunidad, dicha doctrina ha sido acogida en la jurisprudencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo en las Sentencias de 13 de julio y 7 de septiembre de 2005 así como en las de 4 y 12 de julio de 2007, configurándose como una figura alternativa a la quiebra de la lex artis que permite una respuesta indemnizatoria en los casos en que tal quiebra no se ha producido y, no obstante, concurre un daño antijurídico consecuencia del funcionamiento del servicio. Sin embargo, en estos casos, el daño no es el material correspondiente al hecho acaecido, en este caso el fallecimiento, sino la incertidumbre en torno a la secuencia que hubieran tomado los hechos de haberse seguido en el funcionamiento del servicio otros parámetros de actuación, en suma, la posibilidad de que las circunstancias concurrentes hubieran acaecido de otra manera. En la pérdida de oportunidad hay, así pues, una cierta pérdida de una alternativa de tratamiento, pérdida que se asemeja en cierto modo al daño moral y que es el concepto indemnizable. La STS de 16 de febrero de 2011 recuerda, con cita de la STS de 23 de setiembre de 2010, que la " privación de expectativas, denominada por nuestra jurisprudencia de "pérdida de oportunidad" - sentencias de siete de septiembre de dos mil cinco, veintiséis de junio de dos mil ocho y veinticinco de junio de dos mil diez - se concreta en que basta con cierta probabilidad de que la actuación médica pudiera evitar el daño, aunque no quepa afirmarlo con certeza para que proceda la indemnización por la totalidad del daño sufrido, pero sí para reconocerla en una cifra que estimativamente tenga en cuenta la pérdida de posibilidades de curación que el paciente sufrió como consecuencia de ese diagnóstico tardío de su enfermedad, pues, aunque la incertidumbre en los resultados es consustancial a la práctica de la medicina (circunstancia que explica la inexistencia de un derecho a la curación) los ciudadanos deben contar frente a sus servicios públicos de la salud con la garantía de que, al menos, van a ser tratados con diligencia aplicando los medios y los instrumentos que la ciencia médica posee a disposición de las administraciones sanitarias", insistiendo, con cita de la STS de 7 de julio de 2008, en que "acreditado que un tratamiento no se ha manejado de forma idónea o, que lo ha sido con retraso, no puede exigirse al perjudicado la prueba10 de que, de actuarse correctamente, no se habría llegado al desenlace que motiva su reclamación ". La STSJ de Asturias de 22 de julio de 2013, estimó la reclamación por perdida de oportunidad debido a error de diagnóstico y ausencia por ello de tratamiento adecuado al tromboembolismo pulmonar que padecía la paciente debido a la deficiente inmovilización y falta de control del miembro inferior izquierdo lesionado en un accidente de circulación sin que los servicios sanitarios se percataran de esta circunstancia y de su evolución en las sucesivas asistencias de urgencias a las que acudió la paciente en el tiempo trascurrido entre las fechas de las lesiones y del fallecimiento. Respecto a la valoración económica de la perdida de las expectativas de supervivencia de la paciente de haberle instaurado el tratamiento adecuado dos días antes del fallecimiento, no procede la reducción indemnizatoria que postulan las contrarias por aplicación mecánica de porcentajes, toda vez que posibilidades de fallecimiento eran bajas o se hubiera reducido considerablemente si se hubiera instaurado a tiempo el tratamiento con heparina o fibrinólitico para evitar o destruir el trombo. Si a este hecho se añadía las circunstancias personales y familiares de la víctima que se reseñan en el informe del órgano consultivo sobre su edad y lo inesperado de su fallecimiento hasta provocar una reacción acentuada de duelo en sus hijos, procedía considerar más objetivo y equitativo el quantum indemnizatorio solicitado por estos. En alguna ocasión, el error de diagnóstico en estos casos de tromboembolismo, ha merecido incluso calificación penal. Así, el AAP de Madrid, secc 3, de 29 de abril de 2010, declaró: En este sentido, la doctrina de la Sala 2ª del Tribunal Supremo ha ido elaborando una sólida doctrina entorno a la imprudencia médica y así, en lo que atañe a los errores de diagnóstico o científicos a no ser que sean muy burdos y graves, establece que no entrañan responsabilidad criminal ( STS 5 de julio 1989, 12 de marzo 1990, 4 septiembre 1991, 21 de abril1992, 13 noviembre 1992 etc.), salvo que en el tratamiento al paciente se incida en conductas descuidadas de las que resulte un proceder irreflexivo la falta de adopción de cautelas de generalizado uso o la ausencia de pruebas, investigaciones o verificaciones precisas como imprescindibles para seguir el curso en el estado del paciente aunque entonces el reproche de culpabilidad viene dado en estos casos no tanto por el error si la hubiere, sino por la dejación el abandono la negligencia o el de cuidado en la atención de aquél ( STS de 14 de febrero 1991 ), siendo, además necesario para que la conducta merezca reproche penal, la producción de un resultado. Pues bien, en el presente caso a la vista del informe del médico forense, en el que se recoge como conclusiones: "1.- Que la causa de la muerte de María fue un tromboembolismo pulmonar masivo; 2.- Que los antecedentes y los datos de exploración de signos y síntomas del cuadro respiratorio origen de la solicitud de atención médica de urgencia, orientaban hacia un diagnóstico de sospecha con probabilidad clínica elevada de tromboembolismo pulmonar; 3.- Que desde el punto de vista médico se produjo un error en el diagnóstico efectuado -crisis de ansiedad- por lo que no se Mostrar más
EDJ 2014/108868 Audiencia Provincial de León, sec. 1ª, S 16-6-2014, nº 104/2014, rec. 92/2014 Pte: Ser López, Ana del Resumen Contrato de seguro de vida y de incapacidad. Reclamación de cantidad. Intereses. Más detalles DICTAMEN 49 / 2009 ANTECEDENTES
DICTAMEN 49 / 2009 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de daños y perjuicios por deficiente asistencia sanitaria concertada Más detalles DICTAMEN Nº 75 / 2013
Consejo Consultivo de Aragón DICTAMEN Nº 75 / 2013 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada daños por caída atribuida al deficiente Más detalles LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA
LA PRUEBA PERICIAL MÉDICA 6 de junio, jueves, de 2013 16:00 horas Aula Profesor Enrique Jaso Hospital Materno - Infantil 1 Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos Más detalles JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID C/ GARCIA GUTIERREZ, 1. PLANTA 3ª c+ Tfno: 917096522/4 Fax: 917096525
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION Nº 003 MADRID C/ GARCIA GUTIERREZ, 1. PLANTA 3ª c+ Tfno: 917096522/4 Fax: 917096525 NIG: 28079 27 2 2015 0003187 GUB11 PIEZA DE RESP.CIVIL 0000125 /2015 0002 - doc. 8 MANUEL Más detalles Las partes propusieron prueba, admitiéndose a la parte actora:
En Valencia, a 12 de junio de 2013. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- A través de su representación procesal, presentó demanda de juicio verbal contra Clínica Dual SL y Ricardo. Interesaba se dictase sentencia Más detalles DICTAMEN 139 / 2007 ANTECEDENTES
DICTAMEN 139 / 2007 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria dispensada en el Hospital Universitario Miguel Más detalles Antecedentes. Consideraciones
RECOMENDACIÓN 21/2006, DE 19 DE JULIO, AL AYUNTAMIENTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN, PARA QUE ESTIME LA RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL PRESENTADA POR LOS DAÑOS OCASIONADOS POR UN PIVOTE DE ACCESO Más detalles DICTAMEN Nº 18 / 2014
Consejo Consultivo de Aragón DICTAMEN Nº 18 / 2014 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración local derivada de daños en vivienda por filtraciones Más detalles DICTAMEN 278/2015. (Sección 1ª) FUNDAMENTOS
DICTAMEN 278/2015 (Sección 1ª) La Laguna, a 22 de julio de 2015. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del Más detalles en materia de Seguros
en materia de Seguros Javier López García de la Serrana Abogado Doctor en Derecho Director de HispaColex LA OBJETIVIDAD DE LA COBERTURA DEL SEGURO OBLIGATORIO DE VIAJEROS. Sentencia del Tribunal Supremo Más detalles DICTAMEN Nº 249 / 2013
DICTAMEN Nº 249 / 2013 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada por el Servicio de Dermatología Más detalles DICTAMEN 75 / 2008 ANTECEDENTES
DICTAMEN 75 / 2008 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Universitario Miguel Más detalles STSJ CASTILLA-LA MANCHA (Sala de lo Civil y Penal) 11 febrero 2015 (JUR 2015, 58919)
INDEMNIZACIÓN POR LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DEL SESCAM A LOS PADRES, PAREJA SENTIMENTAL Y FUTURA HIJA DE LA VÍCTIMA FALLECIDA POR EL DAÑO MORAL REFERIDO A LA PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD CONSECUENCIA DEL DELITO Más detalles Antecedentes. Este expediente administrativo concluyó con la desestimación de la pretensión al entender el ayuntamiento que, conforme al informe de la
Pertsona orok du bizitzeko, libre izateko eta segurtasunerako eskubidea (Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsalaren 3. artikulua) Toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal Más detalles DICTAMEN Nº 28. Página 1 de 6. # Nº. 28/1997, de 29 de abril.
DICTAMEN Nº 28 Página 1 de 6 # Nº. 28/1997, de 29 de abril. Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración formulada por S.E.G., como consecuencia de gastos por recurso Más detalles DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2009-2012
TRIBUNAL SUPREMO SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO GABINETE TÉCNICO DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2009-2012 Coordinador: D. Juan Pedro Más detalles DICTAMEN Nº. 69/2004, de 16 de junio. *
DICTAMEN Nº. 69/2004, de 16 de junio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tramitado a instancia de D. X, a causa de los daños sufridos tras la Más detalles DICTAMEN 128 / 2008 ANTECEDENTES
DICTAMEN 128 / 2008 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria, con resultado de fallecimiento, prestada Más detalles DICTAMEN Nº. 148/2007, de 26 de julio. *
DICTAMEN 148 DICTAMEN Nº. 148/2007, de 26 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. Z, en nombre y representación de Más detalles DICTAMEN 198 /2006 ANTECEDENTES
DICTAMEN 198 /2006 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de accidente de tráfico ocasionado por especie cinegética (cierva) ANTECEDENTES Más detalles DICTAMEN N.º 177 /2011, de 20 de julio. *
DICTAMEN N.º 177 /2011, de 20 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial tramitado a instancia de D. Z por los daños sufridos como consecuencia de la defensa jurídica Más detalles ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL.
ACTUALIDAD EN DERECHO PROCESAL. LAS SENTENCIAS CON RESERVA DE LIQUIDACIÓN. LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL DERIVADA DEL ART.219 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Rafael Antuña Egocheaga Abogado. JUNIO 2015. Más detalles Interpuesto recurso de casación, el Tribunal Supremo declara no haber lugar al mismo.
Cabecera: CONTRATO DE SEGURO: Reclamaciones de impugnación de acta de peritación realizada a los efectos de lo prevenido en el artículo 38 de la Ley de Contrato de Seguro y de declaración de cantidad a Más detalles Negligencias médicas. Servicios profesionales
Negligencias médicas Servicios profesionales Negligencias médicas En el momento actual, la práctica de la Medicina es una actividad humana sometida a requisitos administrativos, asistencia multidisciplinar, Más detalles ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ODONTÓLOGO DERIVADA DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL
ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL ODONTÓLOGO DERIVADA DE SU ACTIVIDAD PROFESIONAL Por VÍCTOR MORENO VELASCO Abogado La configuración especial de la diligencia que debe guardar el médico Más detalles De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
Expediente Núm. 100/2014 Dictamen Núm. 125/2014 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente García Gutiérrez, José María Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández Noval, Fernando Ramón Secretario Más detalles IMPAGO DE UNA PRIMA SUCESIVA EN UN SEGURO DE HOGAR: COBERTURA
IMPAGO DE UNA PRIMA SUCESIVA EN UN SEGURO DE HOGAR: COBERTURA Y PAGO DE LA PRIMA DESPUÉS DEL VENCIMIENTO 1 1. Introducción Pilar Domi nguez Marti nez Profesora contratada Doctora de Derecho civil Centro Más detalles En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil ocho
En la ciudad de Barcelona, a diecisiete de junio de dos mil ocho TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCION QUINTA Recurso ordinario (Ley 1998) 460/2005 y acumulados Más detalles IMPUGNACIÓN SE HACE EN EL MOTIVO IGNORA LAS CONCLUSIONES DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS Y VALORADAS EN LA SENTENCIA SOBRE
EN RELACIÓN CON LA NORMATIVA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS, Y EN CONTRA DE LA DOCTRINA DE ESTA SALA, COMO EFECTO DE UNA EQUIVOCADA CALIFICACIÓN Y APLICACIÓN JURÍDICA QUE A ÉSTE DEBE DARSE AL SER LA CULPA Más detalles DICTAMEN Nº. 7/2005, de 2 de febrero. *
DICTAMEN 7 DICTAMEN Nº. 7/2005, de 2 de febrero. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública tramitado a instancia de D. X, por los daños asociados a Más detalles DICTAMEN. En Pamplona, a 14 de noviembre de 2005,
Expediente: 52/2005 Objeto: Reclamación de responsabilidad patrimonial por asistencia sanitaria Dictamen: 50/2005, de 14 de noviembre DICTAMEN En Pamplona, a 14 de noviembre de 2005, el Consejo de Navarra, Más detalles ÍNDICE ANTECEDENTES DE HECHO... 2 FUNDAMENTOS DE DERECHO... 2 FALLO... 4
EDJ 2002/32650 AP Córdoba, sec. 2ª, S 24-6-2002, nº 174/2002, rec. 159/2002 Pte: Berdugo y Gómez de la Torre, Juan Ramón Resumen La sentencia de primera instancia condenó a la aseguradora demandada a pagar Más detalles www.aseguradorasytribunales.com
JUICIO ORDINARIO 427/2008 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE BETANZOS SENTENCIA En Betanzos, a ocho de abril de dos mil nueve. Doña, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia Más detalles en materia de Seguros
en materia de Seguros Javier López García de la Serrana Abogado Doctor en Derecho Director de HispaColex COMPATIBILIDAD DE INDEMNIZACIONES DEL SEGURO OBLIGATORIO DE LA LRCSCVM (SOA) Y DEL SEGURO OBLIGATORIO Más detalles DICTAMEN Nº. 117/2010, de 7 de julio. *
DICTAMEN 117 DICTAMEN Nº. 117/2010, de 7 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, a consecuencia de los daños y perjuicios Más detalles DICTAMEN Nº. 155/2007, de 12 de septiembre. *
DICTAMEN 155 DICTAMEN Nº. 155/2007, de 12 de septiembre. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de Dª. X, por los daños y perjuicios Más detalles SENTENCIA NUMERO 07-0527 PA.shs /
JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Nº 1 DE ZARAGOZA PROCEDIMIENTO ABREVIADO Nº 527/2007 SENTENCIA NUMERO 07-0527 PA.shs / En Zaragoza a 22 de enero de 2009, habiendo visto los presentes autos el Más detalles ANTECEDENTES DE HECHO
Dictamen nº: 237/12 Consulta: Consejera de Presidencia y Justicia Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: 18.04.12 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, Más detalles LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION
LA ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACION Javier López y García de la Serrana Abogado Secretario General de la Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil Más detalles ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL
COMENTARIO DE JURISPRUDENCIA ASPECTOS DE LAS INDEMNIZACIONES POR ERROR JUDICIAL Y POR CONDUCTAS ERRÓNEAS DEL MINISTERIO PÚBLICO, CON EL NUEVO SISTEMA PROCESAL PENAL Natalio Vodanovic Schnake* 1 INTRODUCCIÓN Más detalles DICTAMEN 542/2012. (Sección 2ª) FUNDAMENTOS
DICTAMEN 542/2012 (Sección 2ª) La Laguna, a 26 de noviembre de 2012. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad Más detalles RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL. Que se entiende por responsabilidad patrimonial de la Administración
RECLAMACIONES POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Que se entiende por responsabilidad patrimonial de la Administración Cuando una persona física o jurídica causa un daño a otro ya sea intencionadamente, por Más detalles DICTAMEN Nº 70 / 2012
Consejo Consultivo de Aragón DICTAMEN Nº 70 / 2012 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en Más detalles DICTAMEN Nº 61/2010 ANTECEDENTES
DICTAMEN Nº 61/2010 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la administración derivada de accidente como consecuencia de impacto con un jabalí en la carretera Más detalles Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente.
ASUNTO: PERSONAL Cálculo de indemnizaciones por despido improcedente. STS 866/2009 Roj: STS 866/2009 Id Cendoj: 28079140012009100093 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Social Sede: Madrid Sección: 1 Más detalles Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000015 /2013
Id. Cendoj: 47186370022014100141 Órgano: Audiencia Provincial Sede: Valladolid Sección: 2 Nº de Resolución: 121/2014 Fecha de Resolución: 10/04/2014 Nº de Recurso: 284/2014 Jurisdicción: Penal Ponente: Más detalles La vía penal, la más 'barata' y dañina
Facilita obtener la historia clínica La vía penal, la más 'barata' y dañina La ley de tasas no grava la querella criminal, haciéndola más atractiva. Las condenas son escasas, pero la imputación penal alarma Más detalles En la Villa de Madrid, a seis de Junio de dos mil catorce.
Roj: STS 2131/2014 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 718/2012 Nº de Resolución: 315/2014 Fecha de Resolución: 06/06/2014 Procedimiento: Casación Ponente: Más detalles DICTAMEN Nº. 39/2006, de 15 de marzo. *
DICTAMEN 39 DICTAMEN Nº. 39/2006, de 15 de marzo. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria a instancia de D. X, como consecuencia del accidente Más detalles en materia de Seguros
en materia de Seguros SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA EXPLOTACIÓN Y PATRONAL. EXCLUSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL. APLICACIÓN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE CLAUSULAS DELIMITADORAS Más detalles DICTAMEN 320/2015. (Sección 2ª) FUNDAMENTOS
DICTAMEN 320/2015 (Sección 2ª) La Laguna, a 23 de septiembre de 2015. Dictamen solicitado por el Excmo. Sr. Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias en relación con la Propuesta de Orden resolutoria Más detalles ANTECEDENTES DE HECHO
Dictamen nº: 42/10 Consulta: Consejero de Presidencia, Justicia e Interior Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: 17.02.10 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad Más detalles Sección 5ª, Sentencia 870/2015 de 22 Jul. 2015, Rec. 724/2015
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Contenciosoadministrativo, Sección 5ª, Sentencia 870/2015 de 22 Jul. 2015, Rec. 724/2015 Ponente: Ornosa Fernández, María Rosario. LA LEY 112969/2015 Más detalles Letrado MARGARITA MARTIN FILGUEIRA P/06/11/00620 Procedimiento Notificación 06/05/2013 Resolución 29/04/2013 Procesal
Cliente Letrado MARGARITA MARTIN FILGUEIRA P/06/11/00620 Procedimiento Notificación 06/05/2013 Resolución 29/04/2013 Procesal JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 38. BARCELONA. Procedimiento: ORDINARIO Nº; SENTENCIA Más detalles Enero 2015 REQUISITOS DEL REQUERIMIENTO DE PAGO EXTRAJUDICIAL CON EFECTOS NO ENERVATORIOS EN LA ACCIÓN DE DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO
JUZG. DE 1ª INSTANCIA 5 DE MALAGA c/ Fiscal Luis Portero s/n 4ª PLANTA. CIUDAD JUSTICIA Tlf: 951939025, Fax: 951939125 Número de Identificación General: 2906742C20120012338 Procedimiento: Familia. Divorcio Más detalles Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª), de 29 de junio de 2009. Recurso 1656/2004. Ponente: Don José Antonio Seijas Quintana.
Autos Juicio Verbal nº 162/15 Santander, a 6 de mayo de 2015 Vistos por mí, IÑIGO LANDÍN DÍAZ DE CORCUERA, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 10 de Santander, los autos de Juicio Verbal Más detalles DICTAMEN Nº 104 / 2013
Consejo Consultivo de Aragón DICTAMEN Nº 104 / 2013 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de los daños materiales sufridos como Más detalles JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8 PALMA DE MALLORCA Notificado 7/11/2013
JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 8 PALMA DE MALLORCA Notificado 7/11/2013 SENTENCIA: 00153/2013 JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 8 PALMA DE MALLORCA Juicio Ordinario 9/2013-A SENTENCIA En Palma de Mallorca a seis Más detalles DICTAMEN 61 / 2008 ANTECEDENTES
DICTAMEN 61 / 2008 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración, derivada de la rotura de un cable telefónico como consecuencia de las obras de Más detalles JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 ALBACETE SENTENCIA Nº 227 SENTENCIA: 00227/2011 - NOTIFICACIÓN: 28/7/11. En ALBACETE, a veinticinco de Julio de 2011.
JDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 ALBACETE SENTENCIA: 00227/2011 - N11600 C/ TINTE, 3 4ª PLANTA N.I.G: 02003 45 3 2010 0000515 Procedimiento: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000246 /2010 / Sobre: ADMINISTRACION LOCAL Más detalles Alfredo Alcañiz Rodríguez Secretario Judicial. 1.- Reformas en la tramitación de un procedimiento ordinario
INCIDENCIA DE LA LEY 13/2009 DE 3 de noviembre de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial en el Proceso Contencioso Administrativo 1.- Reformas en la tramitación Más detalles ÁNGELES PÉREZ VEGA Doctora en Derecho-Abogada
REFLEXIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS FACTORES DE CORREC- CIÓN DE LAS INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL DEL PERJUDICADO EN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN, DESPUÉS DE UNA DÉ- CADA DE VIGENCIA. ÁNGELES Más detalles Centro de Documentación Judicial
Id Cendoj: 28079130072009100094 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso Sede: Madrid Sección: 7 Nº de Recurso: 4836/2005 Nº de Resolución: Procedimiento: RECURSO CASACIÓN Ponente: JUAN JOSE GONZALEZ Más detalles La resolución impugnada fundamenta su pronunciamiento desestimatorio con base a las siguientes consideraciones:
IRPF: DECLARACIÓN CONJUNTA, CAMBIO DE OPCIÓN No cabe cuestionar que el sistema de tributación conjunta comprenda la totalidad de las rentas de la unidad familiar, en que la opción es un acto voluntario Más detalles "1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada.
Dictamen nº: 13/15 Consulta: Consejero de Sanidad Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: 21.01.15 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, aprobado Más detalles De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
Expediente Núm. 213/2008 Dictamen Núm. 314/2009 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández Noval, Fernando Ramón Más detalles Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos (Sala de lo Social, Sección 1ª). Sentencia núm. 247/2008 de 29 mayo Jurisdicción: Social Recurso de Suplicación núm. 200/2008 Ponente: Ilmo. Sr. Más detalles ANTECEDENTES DE HECHO
Dictamen nº: 671/11 Consulta: Consejero de Transportes e Infraestructuras Asunto: Responsabilidad Patrimonial Aprobación: 30.11.11 DICTAMEN de la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de la Comunidad Más detalles BORRADOR este texto no sirve como consejo, ni información; tampoco es didáctico. abogado-a.com
BORRADOR este texto no sirve como consejo, ni información; tampoco es didáctico. abogado-a.com AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº DE SEVILLA ; Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación Más detalles RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSOS CONTRACTUALES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
CONTRACTUALES Recurso 301/2014 Resolución 177/2015 RESOLUCIÓN DEL. Sevilla, 12 de mayo de 2015 VISTO el recurso especial en materia de contratación interpuesto por la entidad INNOVA DATA CENTER, S.L. (INNOVA) Más detalles TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL
TEMAS DERECHO PROCESAL PENAL Mónica-Galdana Pérez Morales Profesora Titular de Derecho Procesal Universidad de Murcia. 1 Lección 20. El recurso de casación; consideraciones generales.- Resoluciones impugnables.- Más detalles SENTENCIA número 349/15
S.LLOPIS PROCURADOR D/Dña. JUAN ANDRES BARTOLOME HERNANDEZ Su Ref: ; Mi ref; 338 Aviso: Notificación LexNet. No se remitirá impresa en papel. NOTIFICADO: 26/0/5 ROLLO núm. 575/5 - K - SENTENCIA número Más detalles DICTAMEN Nº. 140/2008, de 9 de julio. *
DICTAMEN Nº. 140/2008, de 9 de julio. * Expediente relativo a reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública a instancia de D. X, en representación de las entidades W, SL, Z, SL, Más detalles ANTECEDENTES DE HECHO
Roj: STS 2982/2015 - ECLI:ES:TS:2015:2982 Id Cendoj: 28079110012015100374 Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Civil Sede: Madrid Sección: 1 Nº de Recurso: 1478/2013 Nº de Resolución: 357/2015 Procedimiento: Más detalles Caso- Juicio verbal nº 2.Hora:16:30-18:00 h Aula 2. Fecha 4 de Mayo de 2011. SECRETARIA JUDICIAL.-Laura Casañas Villalba
Caso- Juicio verbal nº 2.Hora:16:30-18:00 h Aula 2. Fecha 4 de Mayo de 2011. PROFESOR/A Sra. AMELIA MATEO GRUPO 5.- JUEZ- Eva Mª Campos Ruiz SECRETARIA JUDICIAL.-Laura Casañas Villalba ESCUELAS DE PRÁCTICAS Más detalles SENTENCIA: 01271/2008 RECURRIDO: TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRTIVO REGIONAL DE ASTURIAS
Id. Cendoj: 33044330012008101018 Órgano: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso Sede: Oviedo Sección: 1 Nº de Resolución: 1271/2008 Fecha de Resolución: 27/10/2008 Nº de Recurso: 1734/2006 Más detalles DICTAMEN 16/2012. (Sección 1ª)
DICTAMEN 16/2012 (Sección 1ª) La Laguna, a 9 de enero de 2012. Dictamen solicitado por la Excma. Sra. Consejera de Sanidad en relación con la Propuesta de Orden resolutoria del procedimiento de responsabilidad Más detalles Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 01-02-07, Recurso 1732/2000, Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías.
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 01-02-07, Recurso 1732/2000, Ponente: Excma. Sra. Encarnación Roca Trías. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a uno de Febrero de dos mil siete. Visto por la Sala Más detalles PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS
PROCESO SOBRE TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PÚBLICAS 1. INTRODUCCIÓN - Los derechos fundamentales gozan de máxima protección judicial (art. 53.2 CE) ante los tribunales ordinarios, Más detalles Son nulos los acuerdos de las partes que se opongan a lo dispuesto en este artículo.
CAPÍTULO IV De los procesos matrimoniales y de menores Artículo 769. Competencia. 1. Salvo que expresamente se disponga otra cosa, será tribunal competente para conocer de los procedimientos a que se refiere Más detalles Aprobación para que el Ayuntamiento asuma los gastos de Abogado y Procurador originados en su defensa
ASUNTO: IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS Aprobación para que el Ayuntamiento asuma los gastos de Abogado y Procurador originados en su defensa 331/2010 de 12 febrero 010 de 12 febrero Tribunal Superior de Justicia Más detalles Antecedentes. Consideraciones
RECOMENDACIÓN 14/2002, DE 15 DE ABRIL, AL AYUNTAMIENTO DE LAZKAO, PARA QUE REVOQUE EL DECRETO DE 31 DE MAYO DE 2000 Y RESUELVA DE NUEVO, RECONOCIENDO LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL QUE DERIVE DE LOS DAÑOS Más detalles Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2010. Recurso 619/2007. Ponente: Encarnación Roca Trias. SENTENCIA
Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 25 de noviembre de 2010. Recurso 619/2007. Ponente: Encarnación Roca Trias. SENTENCIA En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil diez. Visto Más detalles Pablo Chico de la Cámara Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario Universidad Rey Juan Carlos
STC 166/2006, de 5 de junio: Compatibilidad del derecho a la tutela judicial efectiva con la imputación penal de un delito a través del expediente administrativo de las ganancias no justificadas de patrimonio Más detalles RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION
RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACION Emilio Lizarraga Bonelli. Letrado Asesor del Colegio de Médicos de Madrid. Secretario Comisión Deontológica San Sebastián Junio 2011 Responsabilidad Patrimonial. Más detalles SEGUROS: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁFICO
SEGUROS: PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR ACCIDENTE DE TRÁFICO SEGÚN EL ARTÍCULO 20.8 DE LA LCS, EL RECARGO DE LOS INTERESES POR MORA DEL ASEGURADOR TIENE LUGAR CUANDO NO SE PRODUCE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN Más detalles CUARTO.- El juicio oral se celebró el día 20 de abril de 2011 con la presencia de las partes.
En Pamplona/Iruña a 2 de junio de 2011, por el/la Ilmo./a. Sr/a. María Alemán Ezcaray, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pampllona/Iruña quien ha visto los presentes autos de Procedimiento Más detalles Procedimiento O PROCURADOR D./Dña. IRENE GUTIERREZ CARRILLO Demandado/s: AYUNTAMIENTO DE MADRID
Juzgado de lo Contencioso- Administrativo nº 28 de Madrid C/ Gran Vía, 52, Planta 5-28013 45029730 NIG: 28.079.00.3-2014/0008030 Procedimiento O PROCURADOR D./Dña. IRENE GUTIERREZ CARRILLO Demandado/s: Más detalles Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid
INFORME DE SOBRE LAS TRANSCRIPCIONES DE MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA Madrid, a 9 de Mayo de 2008 1 Un grupo de médicos colegiados de Atención Primaria, exponen una serie de circunstancias que se están Más detalles DICTAMEN Nº 20 / 2010
DICTAMEN Nº 20 / 2010 Materia sometida a dictamen: Reclamación en materia de responsabilidad patrimonial de la Administración derivada de la asistencia sanitaria prestada en el Hospital Clínico Universitario Más detalles De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
Expediente Núm. 235/2006 Dictamen Núm. 210/2006 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente Bastida Freijedo, Francisco Del Valle Caldevilla, Luisa Fernanda Rodríguez-Vigil Rubio, Juan Luis Fernández Más detalles De los antecedentes que obran en el expediente resulta:
Expediente Núm. 15/2014 Dictamen Núm. 24/2014 V O C A L E S : Fernández Pérez, Bernardo, Presidente García Gutiérrez, José María Zapico del Fueyo, Rosa María Fernández Noval, Fernando Ramón Secretario Más detalles Texto. En la ciudad de Barcelona, a veinticuatro de julio de dos mil seis TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA
Página 1 de 5 Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 4ª, Sentencia de 24 Jul. 2006, rec. 101/2005 Ponente: Barrachina Juan, Eduardo. Nº de sentencia: Más detalles Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de noviembre de 2010
RESUMEN: Sentencia T.S. (Sala 4) de 23 de noviembre de 2010 Recargo de prestaciones: Se declara la existencia de falta de medidas de seguridad, ante el hecho indubitado de la situación de acoso moral y Más detalles CLÁUSULA INFORMATIVA:
EL ARTÍCULO 11 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 8/2004, DE 29 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO EN LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR, TRAS Más detalles ANTECEDENTES DE HECHOS
Roj: SJCA 1472/2014 - ECLI:ES:JCA:2014:1472 Id Cendoj: 31201450012014100004 Órgano: Juzgado de lo Contencioso Administrativo Sede: Pamplona/Iruña Sección: 1 Nº de Recurso: 218/2013 Nº de Resolución: 226/2014 Más detalles 2017 © DocPlayer.es Política de privacidad | Condiciones del servicio | Feedback

References: artículo 139
 artículo 38
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 Artículo 769
 ARTÍCULO 20
 ARTÍCULO 11
 REAL DECRETO