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Timestamp: 2018-05-27 08:08:54+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/183/2006, 13-06-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/183/2006 de 13 de Junio de 2007
Núm. Resolución: 00/183/2006
El Tribunal Económico-Administrativo Regional puede anular un acuerdo de declaración de responsabilidad por sucesión en la actividad empresarial e indicar la posibilidad de que, una vez se haya completado el expediente administrativo, se dicte un nuevo acto sustitutorio del anulado, ya que la anulación de un acto por defectos formales no impide a la Administración volver a dictar un nuevo acto por el mismo concepto una vez que se hayan subsanado los defectos que dieron lugar a la anulación siempre que no haya transcurrido el plazo de prescripción. No resulta procedente que el Tribunal Económico-Administrativo Central entre en el examen y resolución de las cuestiones relativas a la existencia o no de sucesión, a la posible prescripción de las deudas y de la acción para derivar la responsabilidad y a la procedencia o no de derivar las deudas correspondientes, que podrán ser planteadas de nuevo en caso de que se dictara un nuevo acuerdo de derivación de responsabilidad.
En la Villa de Madrid, a 13 de junio de 2007, en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, promovido por X, S.A. y en su nombre y representación por D. ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de 5 de septiembre de 2005, reclamación ..., en asunto relativo a responsabilidad por sucesión en la titularidad empresarial; cuantía: 1.245.229,64 €.
PRIMERO.-En fecha 14 de febrero de 2001, la entidad X, S.A. interpuso reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... impugnando la resolución del Jefe de la Dependencia de Recaudación de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria de fecha 16 de noviembre de 2000 que declaró a la entidad citada responsable subsidiaria, por sucesión en la explotación de la actividad económica, de 39 deudas tributarias de la entidad Y, S.A. correspondientes a los conceptos de IRPF Retenciones e IVA Grandes Empresas de los ejercicios 1991-1994 por un importe total de 207.188.779 pesetas (1.245.229,64 €).
Dentro del plazo concedido para formular alegaciones, la entidad interesada presentó un escrito solicitando se ampliase el expediente con todo lo relativo a lo realizado con el deudor principal y al origen de la deuda, extremos que según dijo, no figuraban en el expediente. Dicha solicitud fue denegada por acuerdo del Abogado del Estado-Secretario del Tribunal presentando la citada entidad escrito de alegaciones en el que mostró su disconformidad con la denegación de la ampliación del expediente, alegando por lo demás la inexistencia de sucesión, la prescripción de las deudas, la prescripción de la acción para derivar la responsabilidad, la inexistencia de un acto previo de liquidación necesario al tratarse de autoliquidaciones, la inexistencia de declaración de fallido del deudor principal al haberse pronunciado únicamente una declaración de fallido parcial y ser esa declaración improcedente. Por todo ello, la entidad reclamante solicitó el recibimiento a prueba documental sobre las distintas cuentas anuales llevadas al Registro por la entidad Y, S.A. donde puede apreciarse la existencia de bienes. Días después, y sin que el Tribunal Regional se hubiera pronunciado sobre la prueba propuesta, la citada entidad presentó ante dicho Tribunal certificación del Registro Mercantil de ... sobre las cuentas anuales de Y, S.A. de los ejercicios 1998 y 1999.
SEGUNDO.- En fecha 5 de septiembre de 2005, el Tribunal Regional mencionado procedió a resolver la reclamación planteada dictando acuerdo en el que examinó las diversas alegaciones formuladas por la entidad reclamante, la mayoría de las cuales desestimó, razonando sin embargo en el último de los fundamentos de derecho, que en el expediente no constan los documentos tendentes a acreditar la inexistencia de bienes embargables del deudor ya que no figuran las providencias de apremio ni las diligencias de embargo que son documentos imprescindibles para determinar que la declaración de fallido se adoptó correctamente, máxime porque como justifica el reclamante mediante la aportación de las cuentas anuales de los años 1998 y 1999, la entidad deudora aparece con un activo de más de cien millones de pesetas, por lo que al no estar completo el expediente de recaudación procede "anular el acuerdo impugnado al incurrir en uno de los supuestos del artículo 63 de la Ley 30/1992, sin perjuicio de que por el órgano competente, con todos los antecedentes recuperables y tras seguir el procedimiento reglamentariamente establecido, se dicte, en su caso, nuevo acto administrativo sustitutorio del que se declara nulo". En consecuencia el citado Tribunal finalizó por dictar acuerdo en el que estimó en parte la reclamación anulando el acuerdo impugnado en los términos fijados en los fundamentos de derecho precedentes.
TERCERO.- Contra el mencionado acuerdo, interpuso la entidad interesada recurso de alzada para ante este Tribunal Central en el que expuso que a pesar de que el Tribunal Regional de ... denegó su solicitud de ampliación de expediente, al resolver la reclamación se dio cuenta de que el expediente estaba incompleto y procedió a anular el acuerdo de derivación de responsabilidad aunque indicando la posibilidad de que se complete el expediente y se dicte un nuevo acto sustitutorio, lo cual contradice los mas elementales principios de la lógica y del ordenamiento jurídico administrativo y significa una vuelta a empezar que tiene que sufrir el administrado que lleva cinco años soportando el gasto de unas altas garantías.
Por lo demás la entidad reclamante se ratificó en lo expuesto en primera instancia acerca de la improcedencia de la derivación de responsabilidad por no darse los supuestos de sucesión en la actividad empresarial y en la existencia de prescripción de las deudas y de la acción para derivar la responsabilidad, así como la improcedencia de derivar las deudas correspondientes al concepto de IRPF, Retenciones de trabajo personal, finalizando por solicitar de este Tribunal declare no haber lugar a exigir cantidad alguna a la entidad por sucesión de empresa, anulando el acuerdo de derivación de responsabilidad y las liquidaciones originarias.
PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada, los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo, exigibles para la admisión a trámite del mismo, en el que, en último término se cuestiona la adecuación o no a derecho del acuerdo del TEAR de ... antes referido, que estimó en parte la reclamación promovida por la entidad interesada contra un acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria por sucesión en la actividad empresarial del artículo 72 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963.
SEGUNDO.- Según se deduce del contenido del presente recurso de alzada, que en síntesis ha sido anteriormente referido, la entidad recurrente ha impugnado por una parte el pronunciamiento efectuado por el Tribunal Regional de ... al indicar la posibilidad de que, una vez se haya completado el expediente administrativo se dicte un nuevo acto sustitutorio del acuerdo de derivación de responsabilidad anulado, formulando por otra parte la pretensión de que por parte de este Tribunal Central se proceda a declarar la inexistencia de sucesión en la actividad empresarial, la prescripción de las deudas reclamadas y de la acción para derivar la responsabilidad, y la improcedencia de derivar las deudas correspondientes al concepto de IRPF, Retenciones de trabajo personal.
En cuanto a la alegada improcedencia de que en el acuerdo del TEAR se haya indicado la posibilidad de que, una vez se haya completado el expediente administrativo, se dicte un nuevo acto sustitutorio del anulado, debe tenerse en cuenta que el hecho de la anulación de un acto por defectos formales no impide a la Administración volver a dictar un nuevo acto por el mismo concepto una vez que se hayan subsanado los defectos que dieron lugar a la anulación, siempre claro está, que no haya transcurrido el plazo de prescripción correspondiente, razón por la que no procede calificar de incorrecto el pronunciamiento efectuado en el acuerdo del Tribunal Regional al que acaba de hacerse referencia, debiendo desestimarse lo alegado al respecto por la entidad recurrente.
Por otra parte, y por lo que respecta al resto de las pretensiones deducidas en el recurso, antes referidas, debe indicarse que al haber sido anulado por el Tribunal Regional el acuerdo de declaración de responsabilidad por sucesión de la entidad X, S.A. en las deudas tributarias de la entidad Y, S.A. no resulta procedente que este Tribunal Central entre en el examen y resolución de las cuestiones relativas a la existencia o no de sucesión en la actividad empresarial, a la posible prescripción de las deudas y de la acción para derivar la responsabilidad y a la procedencia o no de derivar las deudas correspondientes al concepto de IRPF, Retenciones de trabajo personal, cuestiones éstas que podrán ser planteadas de nuevo en el hipotético caso de que por parte de los órganos de gestión competentes llegara a emitirse un nuevo acuerdo de derivación de responsabilidad cuyo contenido no merezca la conformidad de la parte interesada, por todo lo cual debe también procederse a desestimar lo alegado al respecto por la entidad recurrente lo cual conduce a confirmar el acuerdo del Tribunal Regional impugnado con la consiguiente desestimación del presente recurso de alzada.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Desestimarlo.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 63
 artículo 72
 resolución