Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2014/as201421661L.html
Timestamp: 2019-03-21 07:47:23+00:00

Document:
as201421661
Auto Supremo: Nº 661
Expediente: CH-5-2010-S
1.- El recurso de casación1 en el fondo y en la forma, interpuestos por Pablo Alaca Chamoso y Catalina Jesús Serrudo de Alaca, de fojas 651 a 654 vuelta, contra el Auto de Vista N° SCII 341 de 13 de noviembre de 2009, pronunciado por la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior de Chuquisaca, en el proceso ordinario doble sobre nulidad de escritura privada reconocida de compraventa, y otros, seguido por Julian Alaca Jesús y Otros, en contra de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, los antecedentes, y;
2.1. Antecedentes del Proceso.- Que, mediante sentencia de fojas 578 a 581, se declaró improbada la demanda principal de fojas 25 a 30 y probada la demanda reconvencional de fojas 149 a fojas 154 de prescripción adquisitiva y acción negatoria, sin costas; y dispuso la subinscripción en Derechos Reales, previa verificación de metros cuadrados total, la obligación de YPFB de amurallar o enmallar todo el perímetro del inmueble por seguridad, y mandó a ejecución de sentencia la averiguación de daños y perjuicios.
Que, en grado de apelación, la Sala Civil Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito de Chuquisaca, por Auto de Vista N° SClI-341 de 13 de noviembre de 2009, de fojas 640 a 644 vuelta, confirmó totalmente la sentencia apelada, con costas en ambas instancias para los recurrentes Pablo Alaca y Catalina Jesús de Alaca; asimismo anuló parcialmente el Auto N° 770/2009 de 1° de septiembre del 2009, cursante a fojas 611 en la parte que concede el recurso de apelación planteado extemporáneamente por los demandantes Julián, Paulina y Gregoria Getrudes Alaca Jesús, respecto de quienes declaró ejecutoriada la sentencia ..
Contra el referido Auto de Vista, por memorial cursante de fojas 651 a 654 vuelta, Pablo Alaca Chamoso y Catalina Jesus Serrudo de Alaca, interpusieron recurso de casación en el fondo y en la forma, en los términos ahí consignados.
Que, por disposición del artículo 106 del Código Procesal Civil, vigente por mandato de la disposición Transitoria Segunda, numeral 4 Ídem, en cualquier estado del proceso puede declararse de oficio la nulidad de obrados, cuando la ley lo califique expresamente.
El Tribunal Supremo de Justicia, en el Auto Supremo N° 405 de 1 de noviembre de 2012, y en el Auto Supremo N° 534 de 14 de diciembre de 2012, ha dejado sentado que hay contrato administrativo cuando una de las partes contratantes es un órgano de la administración pública, el objeto y fin del contrato está orientado a la satisfacción de alguna necesidad o bien común o es de interés general de la comunidad, lo que determina una regulación especial. De esta manera habrá contratos administrativos en el ámbito de los cuatro órganos que conforman el poder estatal: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Al respecto el artículo 47 de la Ley N° 1178 en su parte final señala que "son contratos administrativos aquellos que se refieren a contratación de obras, provisión de materiales, bienes y servicios y otros de similar naturaleza ...".
En ese sentido el artículo 32 del D.S, 29190 establecía que "los contratos que suscriben las entidades públicas para la provisión de bienes, obras, servicios generales y servicios de consultoría, son de naturaleza administrativa".
La abrogada Constitución Política del Estado, bajo el principio de unidad jurisdiccional, que reconocía la Carta Fundamental, establecía en su artículo 116-III que la facultad de juzgar en la vía ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa y la de hacer ejecutar 10 juzgado correspondía a la Corte Suprema y a los tribunales respectivos.
En ese sentido el artículo 117 -1) de la abrogada Constitución Política del Estado reconocía a la Corte Suprema como máximo Tribunal de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa­ administrativa de la República y, en ese marco, a través del artículo 118-7 se establecía como atribución de la Corte Suprema de Justicia la de resolver las causas contenciosas que resulten de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo y las demandas contencioso-administrativas a las que dieren lugar las resoluciones del mismo; en ese mismo sentido el artículo 55-10) de la abrogada Ley de Organización Judicial (Ley N° 1455), establecía como atribución de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia la de: "Conocer las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder ejecutivo y de las demandas contencioso­ administrativas a que dieren lugar las resoluciones del mismo; con arreglo a la Constitución Política del Estado.
Dentro de ese contexto corresponde señalar que en materia contenciosa y contenciosa-administrativa, el Código de Procedimiento Civil en su Título VII, Capítulo V y VI, desarrolla las normas que regulan el trámite y sustanciación de los procesos "contenciosos y resultante de los contratos, negociaciones y concesiones del Poder Ejecutivo" y del "proceso contencioso administrativo a que dieren lugar las resoluciones del Poder Ejecutivo", respectivamente.
Establecido lo anterior podemos concluir que el marco legal anterior a la Constitución Política del Estado Plurinacional y a la Ley N° 025 Ley del Órgano Judicial (que reconocen a la jurisdicción contenciosa-administrativa como jurisdicción especializada a ser desarrollada por Ley especial), atribuía a la Corte Suprema de Justicia la competencia para conocer y resolver de los procesos contenciosos derivados de los contratos del Órgano Ejecutivo -contratos administrativos-, competencia que por determinación del artículo 10-1de la Ley N° 212 "Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional" ha sido prorrogada a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia; en efecto la citada norma señala: "La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano ejecutivo, y de las demandas contenciosas-administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada"
Consiguientemente los tribunales de la jurisdicción ordinaria civil, no tienen competencia para resolver sobre litigios originados en la celebración, ejecución, desarrollo y liquidación de los contratos administrativos, aspecto que corresponde a la jurisdicción contenciosa-administrativa, reconocida por la actual Constitución Política del Estado como una Jurisdicción especializada, en la última parte del artículo 179-1 que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) de la Ley del Órgano Judicial; ésta última norma en su disposición transitoria décima determina que la regulación de la jurisdicción especializada será desarrollada por Ley. La contención emergente de los contratos administrativos corresponde en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena, como un proceso contencioso. Escenario procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una Jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del artículo 179 parágrafo I que dispone: (... existirán jurisdicciones especializadas reguladas por la ley) y, en ese mismo sentido por el artículo 4-3) y en su disposición transitoria décima de la Ley del Órgano Judicial, posición legal que no es contraria al Derecho comparado, lo privado regido por la jurisdicción civil y lo administrativo por la jurisdicción Contenciosa - Administrativa.
Se deja establecido, que nuestra arquitectura constitucional y legal, anterior y actual, no confirió a la jurisdicción ordinaria civil la competencia para la tramitación de la contención derivada de contratos administrativos, por la naturaleza misma de estos, su sustanciación en juzgados de materia civil, como es el caso, le otorgó un marco erróneo de legalidad sin que se considere de dónde nace su competencia, 10 cual no puede ser consentido por el actual Tribunal Supremo de Justicia, en virtud de la sumisión constitucional y legal en que se encuentra, sin que signifique restricción al acceso a la justicia, que no es el caso, es más bien la predominancia del debido proceso para los justiciables, que no debe apartarse del juez natural, pues él es la garantía de otorgar la seguridad jurídica regida bajo un principio de legalidad.
Ahora bien, en el caso en examen, en la demanda se han acumulado originariamente varias pretensiones, entre ellas la de nulidad de escritura privada reconocida de compraventa N° 35/81 de 17 de marzo de 1981, otorgada por ante el Dr. Andrés Cosulich Iturricha, Notario de Gobierno, Hacienda y Minas del Departamento de Chuquisaca, de la parcela de terreno denominada Cinchi Punta, parte desintegrada del ex fundo Ckora Ckora, ubicada en el cantón San Lázaro, provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca, venta efectuada por Pablo Alaca Chamoso y Catalina Jesús de Alaca a favor de Yacimientos Petrolíferos Bolivianos. El referido contrato, cuya nulidad se pretende, evidentemente constituye un contrato administrativo; pues interviene como comprador una entidad estatal como es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, proyecto Ampliación Gasoducto Monteagudo-Sucre, representada por José Kreidler Guillaux, el Jefe del proyecto y Mario Lora Urcullo, Jefe Administrativo los personeros de Y.P.F.B.,y con intervención del Fiscal del Distrito y el Contralor Departamental; además los terrenos objeto del contrato tenían por finalidad la instalación de la Estación de comprensión y futuras ampliaciones, es decir forma parte de las propiedades afectadas a dicho proyecto de utilidad pública; y porque dicha transferencia ha tenido lugar en el marco del procedimiento voluntario que preveía el Decreto Ley General de Hidrocarburos, de 28 de marzo de 1972. Por ello, esta pretensión y en realidad todas las que emergen de la señalada relación contractual Administrativa, no es de competencia de los jueces ordinarios en materia civil; de lo cual resulta que los jueces de instancia, han conocido y resuelto un asunto que no era de su competencia, y que correspondía a la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia de la Nación y ahora al Tribunal Supremo de Justicia. La actuación de los jueces en un asunto que no es de su competencia, implica la violación a la garantía constitucional del juez natural, en su elemento de competencia, por cuyo motivo no queda más remedio que anular obrados. Dado que en la demanda se ha deducido pretensiones reivindicatoria y mejor derecho propietario para las cuales podría tener competencia los jueces ordinarios, correspondía que el Juez a quo observe la demanda, pues la acumulación originaria de pretensiones es posible cuando todas las pretensiones son de competencia del mismo Juez, conforme dispone el artículo 328 del Código de Procedimiento Civil.
4.1. - La Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por la disposición transitoria octava, artículos 41 y 42 - I - 1) de la Ley N° 025 del Órgano Judicial de 24 de junio del 2010, así como del parágrafo II del artículo 8 de la Ley 212 de Transición del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta fojas 30 vuelta inclusive, disponiendo que el Juez a quo observe la demanda de acuerdo a los fundamentos de la presente resolución.

References: artículo 106
 artículo 47
 artículo 32
 artículo 116
 artículo 117
 artículo 118
 artículo 55
 artículo 10
 artículo 179
 artículo 4
 artículo 179
 artículo 4
 artículo 328
 artículo 8