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Timestamp: 2018-05-27 17:46:32+00:00

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Asamblea General Distr general 13 de enero de 2014 Español Original: inglés Consejo de Derechos Humanos
Prestación de asistencia técnica a Libia en la esfera de los derechos humanos
En este informe, que se presenta de conformidad con la resolución 22/19 del Consejo de Derechos Humanos, se exponen los retos y las necesidades de Libia en la esfera de los derechos humanos y las actividades de asistencia técnica y fomento de la capacidad llevadas a cabo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos por conducto de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia para atender a esas necesidades, en colaboración con el Gobierno de Libia, la sociedad civil, los organismos especializados, los fondos y los programas de las Naciones Unidas y las organizaciones internacionales, regionales y subregionales.
En el informe se destaca la importancia de apoyar los esfuerzos desplegados por el Gobierno de Libia para fomentar la capacidad de las instituciones que se ocupan de los derechos humanos, la justicia de transición y el estado de derecho. Se formulan recomendaciones al Gobierno para que se establezca un ordenamiento jurídico sólido, se fortalezcan los órganos nacionales de derechos humanos, se vele por una administración de la justicia eficaz, se pongan en marcha procesos integrales de justicia de transición y se atiendan las necesidades de los grupos sociales.
I. Introducción 1 3
II. Antecedentes 2–9 3
III. Prioridades en materia de derechos humanos y asistencia técnica 10–65 5
A. Principales grupos destinatarios 10–20 5
B. Administración de justicia 21–40 8
C. Justicia de transición 41–59 12
D. Órganos nacionales de derechos humanos 60–62 15
E. La reforma jurídica 63–65 16
IV. Recomendaciones 66–67 17
1. Este informe se presenta de conformidad con la resolución 22/19 del Consejo de Derechos Humanos, aprobada el 21 de marzo de 2013, en la que el Consejo solicita a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) "que prepare un informe por escrito, para presentarlo al Consejo de Derechos Humanos en su 25º período de sesiones, en el que se reflejen los derechos humanos en relación con las necesidades de apoyo técnico y fortalecimiento de la capacidad de Libia, con miras a reforzar la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y estudiar formas de cooperación para superar las dificultades en los ámbitos de la seguridad, el respeto del estado de derecho, la justicia de transición y los derechos humanos".
2. Libia está atravesando un difícil período de transición, tras cuatro decenios de violaciones a gran escala de los derechos humanos y el intenso conflicto armado de 2011, que derrocó el régimen del Coronel Muammar Al-Qadhafi, sumados al colapso de las estructuras de seguridad y las instituciones estatales. La seguridad ha seguido siendo un motivo de enorme preocupación, dado el contexto de gran violencia política y delictiva. Las brigadas armadas que surgieron durante el conflicto no han dejado de crecer desde el final de los enfrentamientos en 2011 y ostentan un poder político y militar importante. Teóricamente, la mayoría de las brigadas dependen del Gobierno pero, en la práctica, operan con autonomía. Pese a los esfuerzos del Gobierno por lograr la estabilidad y establecer el estado de derecho, los disturbios continúan, con asesinatos selectivos de funcionarios del Estado, sobre todo en Benghazi, y episodios de violencia en Trípoli y otros lugares del país, lo que refleja la lucha por el poder entre las brigadas y las graves dificultades del Gobierno para reafirmar su control y autoridad sobre todo el país.
3. El 25 de febrero de 2011, el Consejo de Derechos Humanos aprobó la resolución S 15/1, en la que decidió enviar, con urgencia, una comisión de investigación internacional independiente a Libia encargada de investigar todas las presuntas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión Internacional de Investigación presentó al Consejo su primer informe el 1 de junio de 20111 y su informe final el 8 de marzo de 20122. En su resolución 22/19, el Consejo de Derechos Humanos tomó nota del informe final y alentó al Gobierno de Libia a que aplicara cabalmente las recomendaciones que figuraban en él.
4. El 16 de septiembre de 2011, por la resolución 2009 (2011) del Consejo de Seguridad, se estableció la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNSMIL). El 14 de marzo de 2013, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2095 (2013), en la que decidió que el mandato de la UNSMIL, de plena conformidad con los principios de la implicación nacional, consistiría en apoyar los esfuerzos de Libia en diversas esferas, como "promover el estado de derecho y vigilar y proteger los derechos humanos, de conformidad con las obligaciones jurídicas internacionales de Libia, en particular los de las mujeres y las personas que forman parte de grupos vulnerables, como los niños, las minorías y los migrantes, incluso ayudando al Gobierno de Libia a asegurar que los detenidos reciban un trato humano y se respeten las garantías procesales, y reformar y establecer sistemas judiciales y penitenciarios transparentes y que rindan cuentas, apoyando la elaboración y aplicación de una estrategia integral de justicia de transición, y prestando asistencia con miras a lograr la reconciliación nacional, así como apoyo para asegurar que se siga identificando, separando y reintegrando a los niños afectados por el conflicto armado". En cumplimiento del mandato relativo a los derechos humanos de la UNSMIL, se estableció desde el primer momento la División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho. El Director de la División representa a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Libia.
5. En febrero de 2013 se celebró en París una reunión ministerial internacional sobre el apoyo a Libia en los ámbitos de la seguridad, la justicia y el estado de derecho. Esa reunión estuvo precedida por otra reunión de funcionarios de alto nivel, que tuvo lugar en Londres en diciembre de 2012. Durante la reunión celebrada en París, el Gobierno de Libia expuso sus prioridades con respecto al fomento y la reforma de la seguridad, el estado de derecho y la justicia. Los participantes emitieron un comunicado y aprobaron el Plan de Fomento de la Seguridad Nacional y el Plan de Fomento de la Justicia y el Estado de Derecho, que deberá aplicar el Gobierno de Libia con ayuda de la comunidad internacional. En la reunión se expresó reconocimiento por la función de coordinación y el apoyo técnico de la UNSMIL.
6. Se prevé que a principios de 2014 el país elija a los 60 miembros que integrarán la Asamblea de Redacción de la Constitución. El nuevo texto, elaborado por la Asamblea, se aprobará mediante un referéndum, al que seguirá la celebración de las elecciones generales en ese mismo año.
7. A pesar de los avances logrados, como el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos —el Consejo Nacional Libio para las Libertades Civiles y los Derechos Humanos— y del Comité de Derechos Humanos dentro del Congreso Nacional General, el sistema de justicia penal aún no está plenamente operativo y el sector de la seguridad necesita una reforma importante.
8. Libia es parte en los tratados internacionales de derechos humanos fundamentales, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. También ha ratificado el primer Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Libia es parte asimismo en la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, pero aún no ha ratificado, entre otros instrumentos, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Facultativo. En 2013, Libia ratificó la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, aunque todavía no ha depositado el instrumento de ratificación.
9. En 2015, Libia se someterá a su segundo examen por el Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal. Durante el régimen de Al-Qadhafi se negó el acceso al país a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. Ya en la transición, se previeron las visitas del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación para mayo de 2013, pero tuvieron que posponerse por motivos de seguridad. La División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho de la UNSMIL ha proporcionado asesoramiento técnico a la sección de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la colaboración con los órganos de tratados de derechos humanos, el examen periódico universal y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como sobre la presentación de informes a todos ellos. El Gobierno ha invitado a la Alta Comisionada a que realice una visita oficial a Libia.
III. Prioridades en materia de derechos humanos y asistencia técnica
A. Principales grupos destinatarios
10. En Libia, las mujeres están teniendo dificultades para lograr una participación equitativa en los procesos públicos, constitucionales y de justicia de transición. Seis de los 60 escaños de la Asamblea de Redacción de la Constitución, cuyos miembros serán elegidos en 2014, se han asignado a mujeres, y estas podrán presentarse también a las elecciones que se celebrarán para ocupar el resto de los escaños. La capacidad de las instituciones nacionales y de la sociedad civil para contribuir a la protección de los derechos de la mujer es limitada.
11. En mayo de 2013, el Ministro de Justicia presentó al Congreso Nacional General un proyecto de ley sobre la atención a las mujeres víctimas de violaciones y de la violencia, ya que la legislación actual no garantiza una protección adecuada en ese sentido. El texto prevé medidas de reparación, como indemnizaciones, atención de salud, apoyo psicosocial y refugio. También establece la prestación de asistencia letrada para que las víctimas puedan llevar a los tribunales a los autores de los delitos. La ley también se aplicaría a los varones víctimas.
12. En colaboración con la Sección de Empoderamiento de la Mujer de la UNSMIL, la División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho ha asesorado al Congreso Nacional General y al Ministerio de Justicia sobre el proyecto de ley antes mencionado y sobre la promoción y protección de los derechos de la mujer en otros proyectos de ley. La División también ha puesto en marcha iniciativas de sensibilización para apoyar los esfuerzos encaminados a garantizar, entre otras cosas, el derecho de la mujer a un igual acceso a la justicia, en las que han participado activamente diversos agentes de la sociedad civil y otras partes interesadas.
2. Las comunidades amazigh, tabu y tuareg
13. En el esfuerzo por asegurar la inclusión y la atención a todos los sectores de la sociedad libia, los derechos de las comunidades amazigh, tabu y tuareg han ocupado un lugar destacado en el debate político y las iniciativas de reforma desde el conflicto. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, las tres comunidades representan menos del 4% de la población, aunque las cifras proporcionadas por esas comunidades son mayores. Muchos miembros de esas comunidades también se consideran pueblos indígenas. En julio de 2013, el Congreso Nacional General aprobó la Ley Nº 18 en respuesta a las preocupaciones planteadas por esas comunidades. La Ley Nº 18 reconoce los idiomas de las tres comunidades como "componentes lingüísticos y culturales de la sociedad libia" y pide al Estado que apoye, promueva y proteja su patrimonio cultural y lingüístico. Además, en julio de 2013, el Congreso aprobó la Ley electoral para crear la Asamblea de Redacción de la Constitución integrada por 60 miembros, que establece la igualdad de representación de las tres regiones históricas de Libia, a saber, Tripolitania, Fezán y Cirenaica. Se reservaron dos escaños para los representantes de cada una de las tres comunidades (los amazigh, los tabu y los tuareg). Sin embargo, en el momento en que se elaboró el presente informe, grupos de esas comunidades se habían opuesto a la Ley por considerar que no ofrecía suficientes garantías de protección de sus derechos.
14. El personal de la División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho se ha reunido regularmente con los representantes del Consejo Supremo Amazigh, la Congregación Nacional Tabu y el Consejo Supremo Tuareg, así como con organizaciones no gubernamentales (ONG), defensores de los derechos humanos y representantes del Congreso Nacional General. La División también ha abogado por el establecimiento de una Asamblea de Redacción de la Constitución inclusiva, que refleje una participación equitativa de todas las comunidades, y ha proporcionado asesoramiento y formación sobre el derecho internacional de los derechos humanos para velar por que se aplique a todas las comunidades, sin discriminación.
15. En el conflicto de 2011, cientos de niños estuvieron expuestos directa o indirectamente a la violencia, y algunos de ellos participaron de manera directa en él. Hasta ahora, se han hecho pocos esfuerzos por atender a las grandes necesidades psicosociales. Aunque la UNSMIL no ha recibido informes fidedignos de la participación reciente de niños en las brigadas armadas, ha documentado otras violaciones graves cometidas contra niños, en particular el asesinato de niños durante los enfrentamientos políticos y otros actos de violencia, así como violaciones relacionadas con la detención de niños nacionales o migrantes junto con adultos sin las debidas garantías procesales.
16. La División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho trabaja en estrecha colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en la vigilancia de las violaciones de los derechos del niño. La División contribuye al informe anual del Secretario General titulado Los niños y los conflictos armados3 y a los informes de violaciones presentados al Consejo de Seguridad mediante la nota horizontal mundial coordinada por el Representante Especial del Secretario General para la cuestión de los niños y los conflictos armados4. La División ha brindado asesoramiento sobre la formulación de artículos constitucionales tipo relativos a la protección del niño para presentarlos a la Asamblea de Redacción de la Constitución. La División y el UNICEF también han colaborado estrechamente en iniciativas para seguir fomentando la capacidad de las ONG libias que trabajan en temas de protección del niño y han apoyado las iniciativas del Gobierno relacionadas con su protección. Además, la UNSMIL, en cooperación con el UNICEF y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), estableció un grupo de trabajo conjunto de las Naciones Unidas y el Gobierno para mejorar la coordinación al abordar, entre otras, la cuestión de la protección de los niños, en especial de los afectados por el conflicto.
4. Los desplazados internos
17. De resultas del conflicto en 2011, casi 60.000 personas de diversos grupos, como los tawergha, los mashashiya y los gualish, los jaramla de Dirj, los s'ian de Zigzaw, los tabu de al-Kufra y los tuareg de Ghadames, siguen estando desplazadas dentro del país5. Los habitantes de la ciudad de Tawergha son el grupo más numeroso, integrado por unas 30.000 personas6. En agosto de 2011 fueron obligados a desplazarse de su ciudad por las brigadas armadas de Misrata, a raíz de las denuncias de graves violaciones de los derechos humanos cometidas en Misrata por las fuerzas de Tawergha afines a Al-Qadhafi. Los miembros de las brigadas armadas de Misrata han protagonizado asaltos a los campamentos de desplazados internos de Tawergha, que se han saldado con muertes ilegales y detenciones arbitrarias. El consejo local de Tawergha decidió no seguir adelante con el regreso unilateral a la ciudad, inicialmente previsto para junio de 2013, tras el compromiso del Gobierno de elaborar un plan para su regreso y mejorar, entretanto, las condiciones de vida de los desplazados. Todavía no se ha establecido una estrategia global para garantizar el regreso a sus hogares de las comunidades de Tawergha y las demás comunidades de desplazados.
18. La UNSMIL ha prestado apoyo a la Oficina del Primer Ministro con miras a fortalecer su capacidad en cuestiones relacionadas con los desplazados internos, incluido el socorro humanitario a los grupos vulnerables. La División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho ha abogado por el establecimiento de una estrategia global que garantice el retorno de los desplazados en condiciones dignas y seguras, que abarcaría medidas de justicia de transición para abordar, entre otras cosas, la necesidad de determinar los hechos ocurridos en Misrata y Tawergha como medida imprescindible para resolver el conflicto entre las dos comunidades. La División también ha brindado asesoramiento en relación con la propuesta de celebrar una conferencia nacional sobre los desplazamientos internos en Libia organizada por el Gobierno, que aún no ha tenido lugar. La División seguirá proporcionando asistencia al Gobierno para hacer frente a la situación, de conformidad con los Principios rectores de los desplazamientos internos.
5. Los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo
19. La situación de los migrantes sigue siendo un motivo de preocupación importante. Según el Ministerio del Interior, en noviembre de 2013 había 4.775 personas retenidas en virtud de la Ley Nº 19 de 2010 en centros de detención de toda Libia, como Ajdabiya, Brak al-Shati', al-Hamra (Gheryan), al-Khoms, Sabratha y Surman. La Ley Nº 19 de 2010 establece que "[t]odo extranjero que sea inmigrante ilegal será castigado con una pena de prisión con trabajos forzados o una multa no superior a 1.000 dinares [libios]. En todos los casos, los extranjeros condenados por alguno de los delitos previstos en esta ley serán deportados [...] una vez hayan cumplido la condena". Las condiciones en los centros de detención son extremadamente deficientes, con hacinamiento crónico, presuntos malos tratos y trabajos forzados, y falta de medidas sanitarias y de higiene básicas. Además, las autoridades libias no han establecido un mecanismo de cribado preliminar para garantizar la protección de las personas vulnerables, como los niños, y apenas se han hecho esfuerzos por mejorar la situación. Las autoridades libias han señalado que se necesitan más recursos, así como una mayor cooperación internacional y regional.
20. La UNSMIL trabaja en estrecha colaboración con el ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y otros organismos internacionales en la defensa de los derechos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo y participa en las visitas de supervisión conjuntas a los centros de detención. La UNSMIL también ha colaborado estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para formar a los funcionarios de la policía, entre otras cosas, respecto de la protección de los derechos de los migrantes víctimas de tráfico ilícito y la importancia de no confundir las cuestiones de migración con la lucha contra la trata de personas y las redes delictivas transnacionales. La División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho seguirá vigilando la situación y ofreciendo asesoramiento a las autoridades para abordar las cuestiones relacionadas con la promoción y protección de los derechos de los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo.
1. Detenciones relacionadas con el conflicto de 2011
21. La situación de los detenidos en relación con el conflicto sigue siendo un motivo de preocupación importante que urge resolver. Según el Ministerio de Justicia, al final de diciembre de 2013, menos de 7.000 de esos detenidos permanecían retenidos en todo el país, en su mayoría por las brigadas armadas, sin un proceso judicial adecuado. Desde 2012, el Gobierno ha tratado de someter a las brigadas armadas implicadas en las detenciones a la autoridad oficial del Estado, asignándolas a los ministerios correspondientes, aunque en muchos casos las brigadas armadas han mantenido el verdadero control de los centros de detención.
22. El 1 de octubre de 2013, el ACNUDH y la UNSMIL publicaron un informe conjunto en el que se describía el trato que recibían los detenidos en Libia7. El informe explica cómo la detención prolongada y los interrogatorios practicados por las brigadas armadas, sin experiencia ni formación en la manera de tratar a los detenidos, así como la falta de una supervisión judicial o una rendición de cuentas efectivas, han creado un ambiente propicio para las torturas y otros malos tratos. En cambio, cuando los centros de detención se han puesto en manos de agentes capacitados de la Policía Judicial (el servicio de prisiones de Libia), se han observado mejoras notables en la situación y el trato de los detenidos. Según el informe, la tortura es un problema generalizado y es más frecuente inmediatamente después de la detención y durante los primeros días del interrogatorio, con miras a obtener confesiones y otra información. Los detenidos suelen permanecer recluidos sin recibir asistencia letrada y, si tienen algún contacto con sus familiares, es solo de manera ocasional. En el informe se mencionan 27 casos de muerte durante la detención registrados desde 2011 (11 de ellos en 2013) respecto de los cuales hay información de peso que da a entender que se debieron a torturas. En el informe también se hace referencia a las medidas adoptadas por las autoridades libias para acabar con las detenciones arbitrarias y la tortura, como la aprobación de una ley en abril de 2013 en que se tipifican como delito la tortura, las desapariciones forzadas y la discriminación y se establecen penas de van de cinco años de cárcel a cadena perpetua, en función del daño causado.
23. La División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho ha prestado especial atención a la situación de las mujeres detenidas, y en noviembre de 2013 tenía conocimiento de unas 80 mujeres recluidas en cinco prisiones o centros de detención. La mayoría habían sido detenidas sin las debidas garantías procesales en relación con el conflicto. Las reclusas han denunciado una serie de problemas relacionados con la falta de mujeres guardias, el acceso de guardias varones a sus celdas y la falta de atención de salud especializada. Varias mujeres detenidas declararon haber sufrido acoso sexual durante la detención en su celda o durante los interrogatorios.
24. El proceso de cribado preliminar y la investigación de los detenidos relacionados con el conflicto han supuesto un gran reto para la fiscalía. A pesar de los progresos realizados en ese sentido en Misrata y Zawiya, miles de detenidos siguen a la espera de juicio. La Ley de la justicia de transición recientemente promulgada establece un plazo de 90 días a partir de su promulgación para llevar a cabo el proceso de cribado preliminar, por el que se acusa formalmente o se pone en libertad a los detenidos. Sin embargo, dada la falta de control estatal de la mayoría de los centros de detención, los problemas de seguridad y la escasa capacidad, el sistema judicial tendrá dificultades para cumplir el plazo previsto.
25. En agosto de 2013 se inauguró en Misrata un nuevo centro penitenciario del Estado, la Institución Correccional y de Rehabilitación de al-Jawwiyah. Las condiciones en esa prisión son considerablemente mejores que las de muchos otros centros de detención de Libia. La apertura de esa prisión supone un importante avance hacia el traslado de los reclusos a una prisión bajo el control pleno de las autoridades.
26. En 2013, el personal de la División de Derechos Humanos, Justicia de Transición y Estado de Derecho visitó más de 30 centros de detención, principalmente en el oeste de Libia, donde se encuentra la mayor concentración de detenidos. Esa labor de supervisión permitió a la División poner en conocimiento de las autoridades libias los asuntos pertinentes y los casos específicos que requerían atención. La División también formuló una serie de recomendaciones, que condujeron a intervenciones del Ministerio de Justicia y a una mejora de la situación de los derechos humanos en algunos centros de detención. Por ejemplo, la situación en la Institución Correccional y de Rehabilitación de Majer, en Zlitan, mejoró mucho a raíz de una intervención de ese tipo llevada a cabo en julio de 2013.

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