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RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó contra la negativa del registrador de la propiedad número 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó contra la negativa del registrador de la propiedad número 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó contra la negativa del registrador de la propiedad número 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas Estado	:
27/09/2005	Fecha Publicación	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Valencia don Francisco Sapena Davó contra la negativa del registrador de la propiedad número 1 de Gandía a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas.
En el recurso interpuesto por el Notario de Valencia don Francisco Sapena Davó contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número uno de Gandía, don Enrique Colomer Sancho, a inscribir una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas.
El día 20 de mayo de 2002 don Francisco Sapena Davó, Notario de Valencia, autorizó una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas, en cuyo otorgamiento la entidad, B.B.V.A., S.A., estaba representada por don M.C.M.G. y doña D.P.P.
En dicha escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas se expresa por el Notario, respecto de la citada representación, que don M.C.M.G. y doña D.P.P., intervienen, como apoderados, en nombre y representación de la entidad B.B.V.A., S.A. y que deriva la representación que ostentan «... de poder bastante, que aseguran vigente, otorgado a su favor por don José Maldonado Ramos, Consejero Secretario General de la Mercantil B.B.V.A., S. A., ante el Notario de Bilbao, don José Ignacio Uranga Otaegui, el día 28 de Enero de 2000, bajo el número 339 de su protocolo, copias autorizadas parciales del cual, que causaron la inscripción 1.037 en la hoja de la sociedad, me exhiben y de las mismas resultan, a mi juicio, facultades suficientes para esta carta de pago y cancelaciones de hipoteca.».
La citada escritura fue presentada el 18 de junio de 2002 en el Registro de la Propiedad número uno de Gandía, causó el asiento 379 del Diario 110, y fue objeto de la siguiente calificación:
«Registro de la Propiedad de Gandía Uno.
En relación al documento de fecha 20 de mayo de 2002 del Notario de Valencia don/doña Francisco Sapena Davo, número de protocolo/expedien te 2002/01086, presentado por A.P.F.F. el día 18 de junio de 2002 a las 11.10 horas, con el número entrada 11751/02, asiento 379 del Diario 110, pongo en su conocimiento que, he acordado con fecha 2 de los corrientes su calificación negativa ya que para su inscripción/anotación, es necesario: Que se haga la relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas que en unión de la reseña identificativa del documento mediante el que se acredite la representación y de la valoración notarial de la suficiencia, requiere la Resolución de fecha de 12 de abril de 2002 por la que se resuelve la consulta vinculante formulada por el CGN, como particulares bastantes para que el Registrador califique la capacidad del otorgante con relación al acto que se pretende inscribir(Fundamentos de derecho 5 párrafo sexto y 8, párrafo segundo).
Gandía a 3 de julio de 2002.El Registrador. (Firma ilegible)».
Según reconoce el Notario autorizante de la escritura, la citada calificación negativa se le notificó el día 3 de julio de 2002; y aquél interpuso recurso gubernativo contra la misma mediante escrito con fecha de 31 de julio de 2002.
En dicho recurso enviado por vía postal el día 1 de agosto, que entró en el Registro número uno de Gandía el 2 de agosto de 2002, alegó lo siguiente: 1° Que el artículo 98 de la Ley de Medidas Fiscales, Adminis trativas y del Orden Social, Ley 21/2001 de 27 de diciembre es por sí sólo suficientemente claro y atribuye al Notario el juicio sobre la capacidad jurídica de los representantes o apoderados que intervienen en los instrumentos públicos, como desde siempre le ha sido atribuida el juicio sobre la capacidad natural de los comparecientes. (En este sentido la Resolución de 12 de abril de 2002); 2.° La correcta interpretación de la Resolución de 12 de abril de 2002 a la consulta vinculante sobre esta materia formulada por el Consejo General del Notariado, tras la doctrina establecida por la Dirección General de los Registros y del Notariado en las recientes resoluciones de 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002. Las referidas resoluciones que son vinculantes para todos los Registros mientras no se anulen por los Tribunales y cuyos argumentos en su totalidad se tienen aquí por reproducidoshan dado solución a la cuestión práctica de cómo debe de constar en el instrumento público la «relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas» admitiendo que esto puede realizarlo el Notario, tal y como se ha hecho en la escritura calificada, identificando las facultades por remisión a la naturaleza del negocio instrumentado sin necesidad de transcribirlas o relacionarlas.
El Registrador de la Propiedad emitió su informe con fecha de 8 de agosto de 2002 que causó entrada en este Centro Directivo el 13 de agosto y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito con fecha de 1 de octubre de 2002. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada. En cambio, no constan datos necesarios para examinar la regularidad de la actuación del Registrador y del expediente, como fecha y forma de la notificación de la calificación (que únicamente figura en el escrito de recurso, por reconocerlo así el recurrente).
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo,
30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª,
2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas de los apoderados e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es una carta de pago y cancelación de hipotecas.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación en el que, en esencia, alega que el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, atribuye al Notario el juicio sobre la capacidad jurídica de los representantes o apoderados que intervienen en los instrumentos públicos, como desde siempre le ha sido atribuida el juicio sobre la capacidad natural de los comparecientes, y así resulta de la Resolución de 12 de abril de 2002, tal como fue interpretada por las Resoluciones, vinculantes, de 23 y 26 de abril y 3 y 21 de mayo de 2002.
Como puede apreciarse, la tempestividad de la motivación se engarza de modo natural con la prohibición de la indefensión, pues si no se ofrece al ciudadano en tiempo oportuno la integridad de los razonamientos del órgano administrativo en nuestro caso funcionario calificador, difícilmente podrá aquél recurrir de modo adecuado una decisión administrativa en el caso de la calificación, un acto de Administración fundado en Derecho Privado.
En efecto, no se trata sólo de que la calificación sea un acto de Administración en el sentido ya expuesto, al ser el Registrador un funcionario público que presta una función pública, sino que es el mismo Legislador el que, tras la modificación operada en la Ley Hipotecaria, ha entendido que a dicho funcionario se le debe exigir el mismo deber y extensión en la motivación que a cualquier otro órgano administrativo. El hecho de que la Ley Hipotecaria no utilice la expresión empleada en el artículo 54 de la Ley 30/1992 «Serán motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho», no obsta a que sea de aplicación dicho deber de motivación y con idéntica extensión, pues no otra es la interpretación adecuada que ha de darse a la expresión «... y la motivación jurídica de las mismas [causas impeditivas, suspensivas o denegatorias de la inscripción], ordenada en hechos y fundamentos de derecho» que utiliza el artículo 19 bis de la Ley Hipotecaria.
Pues bien, el Tribunal Supremo entiende que la motivación y su suficiencia es exigible a toda Administración dado que es el único medio a través del cual el administrado interesado en la inscripciónpuede conocer si el órgano administrativo Registro de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles sirve con objetividad a los intereses generales y con pleno sometimiento a la Ley según exige el artículo 103.1 de la Constitución (cfr. Sentencias del Tribunal Supremo de 27 de febrero y 23 de abril de 1990 y 13 de junio 1997).
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas que se otorga.
En conclusión, esta Dirección General, visto el expediente del recurso, entiende que procede resolver el fondo de la cuestión, estimando el recurso interpuesto por las razones que luego se expondrán, sin perjuicio de lo cual es necesario precisar que, como en otras Resoluciones que son de público conocimiento, no se va a tener en consideración el contenido del referido informe del Registrador, en cuanto en él se encuentra verdaderamente la motivación de la calificación negativa. En caso contrario, esta misma Dirección General estaría admitiendo que un funcionario de ella dependiente calificara intempestivamente un título sometido a calificación.
3. La cuestión objeto de este recurso ha sido abordada en innumerables ocasiones por este Centro Directivo (cfr. las Resoluciones citadas en los Vistos). Así, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, 21, 22 y 23 de febrero de 2005 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
4. Llegados a este punto debe analizarse si el recurso interpuesto debe ser o no estimado.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente los documentos de los que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de poderes conferidos, mediante escritura pública autorizada por el Notario que se iden tifica, añadiendo la fecha de los poderes, el número de protocolo y los datos de inscripción en el Registro Mercantil; así mismo, se expresa que los apoderados aseveran la vigencia de la representación que ejercitan (aseveración esta última que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de las reseñas.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa, en relación con las copias autorizadas que de la escritura de poder se exhiben, que de las mismas resultan, a su juicio, «... facultades suficientes para esta carta de pago y cancelaciones de hipoteca...».
Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de carta de pago y cancelación de hipotecas.
Carecen, por tanto, de virtualidad alguna los obstáculos manifestados por el Registrador, ya que atendidos los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario no tiene por qué transcribir o reseñar en modo alguno el contenido del documento del que nacen las facultades representativas; en idéntico sentido, no podría el Registrador exigir que se le acompañe documento alguno, pues con tal actuación estaría infringiendo los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 17 bis de la Ley del Notariado, al tener que ejercer su función calificadora por lo que resulte del título y de los asientos del Registro, sin acudir a medios extrínsecos de calificación; por último, el juicio de suficiencia del Notario está suficientemente motivado, ya que resulta congruente con el contenido del negocio jurídico documentado en el título, siendo este aspecto capital el que debería haber calificado el Registrador, esto es, si es congruente el juicio de suficiencia emitido por el Notario con el contenido del título, examinado el negocio jurídico concluido.
Madrid, 27 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad n.º 1 de Gandía (Valencia).

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 artículo 98
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