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Denuncia falsa, elementos del tipo para que se de
Enviado por Ramón de Román Díez el Mar, 07/25/2017 - 19:34.
Delito de denuncia falsa del artículo 456.1 del Código Penal. Es necesario para que concurran los elementos del tipo que, además de la falsedad de los hechos que se imputan, quien lo hace tenga la conciencia de que los hechos no corresponden con la realidad
La versión de la acusada niega que presentara la querella sabiendo que eran falsas las afirmaciones que en ella se contenían. Sostiene que denunció los hechos en el convencimiento de que la segunda de las letras de cambio había de ser falsa y que fue precisamente la prueba pericial grafológica la que desveló su error y la que le lleva a pensar que el día que solicitó el préstamo, hubo de ser confundida y llevada a firmar algún otro documento de los que ella recordaba.
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, de 29 de junio de 2017; Recurso Nº: 1497/2016. Ponente: Excmo. Sr. D. Pablo Llarena Conde.
FCO SEGUNDO.- (…) Reiterada jurisprudencia de esta Sala ha realizado una interpretación antiformalista del recurso, atendiendo a la voluntad impugnativa del recurrente y a la necesidad de satisfacer su derecho a la revisión de cualquier sentencia condenatoria por un Tribunal superior, lo se muestra más marcado en los procesos penales condenatorios que se hayan desarrollado en instancia única, cuyas resoluciones sólo son susceptibles de un recurso extraordinario como el que aquí se suscita. Por ello, si bien el escrito de impugnación casacional no articula una argumentación separada de las cuestiones que trata, con correcta invocación de los respectivos preceptos legales en los que apoya su pretensión revisora, la aspiración casacional debe sobreponerse al defectuoso planteamiento del recurso, más aún cuando se invocan derechos constitucionales reconocidos, y cuando el contenido del alegato permite apreciar con claridad que la discrepancia del recurrente hace referencia a dos cuestiones: 1) En cuanto a la denuncia de no constar la resolución del recurso interpuesto contra la decisión de sobreseer el procedimiento incoado contra el prestamista, lo que expresa la recurrente es que se ha incumplido la exigencia del artículo 456.2 del Código Penal, cuando indica que "no podrá procederse contra el denunciante o acusador falso sino tras sentencia firme o auto también firme de sobreseimiento o archivo del Juez o Tribunal que haya conocido de la infracción" y 2) En cuanto al material probatorio, se alega que no contiene suficiente capacidad incriminatoria como para tener por enervado el derecho a la presunción de inocencia, tan frecuentemente invocado en sede casacional, al tiempo que se expresa la defectuosa motivación de la resolución, que exige el siempre cercano derecho a la tutela judicial efectiva.
Respecto de la firmeza de la resolución sobreseyente, esta Sala ya se ha manifestado en el sentido de expresar que el requisito se configura como una condición objetiva de perseguibilidad (SSTS 242/2009, de 12 de marzo y 254/2011, de 29 de marzo), que acoge la exigencia de que la mentira de la imputación se haya proclamado por un Juez, gozando la conclusión judicial de la solidez que aporta estar revestida de los efectos de la cosa juzgada formal, además de provenir de un procedimiento contradictorio. Y aunque consta que la hoy acusada recurrió en reforma el auto por el que se sobreseyó el procedimiento incoado con ocasión de su querella, y pese a que no obra testimonio de que el recurso fuera resuelto o en qué sentido lo fue, la acreditación indiciaria de la firmeza del sobreseimiento la extrae el Tribunal de instancia de que la alegación de la acusada sea claramente evasiva, pues habiendo sido ella quien recurrió el auto de sobreseimiento, no sólo no puso de manifiesto la eventual falta de resolución -o la supuesta estimación del recurso- durante la tramitación de la causa, sino que demoró su objeción hasta tres años después la incoación del procedimiento que ahora ventilamos, habiendo introducido la objeción en el trámite de cuestiones previas y sin aportar tampoco una justificación (a su disposición durante estos años) de que su recurso estuviera pendiente de decisión o de que el sobreseimiento hubiera sido revocado.
Respecto al análisis del contenido probatorio que se suscita, la jurisprudencia de esta Sala (que por reiterada, hace innecesaria su cita) expresa que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, puede ser enervado desde una prueba que venga referida a todos los elementos exigidos en la norma penal de aplicación, siempre que el material probatorio haya sido constitucionalmente obtenido, legalmente practicado y racionalmente valorado, lo que implica un nexo analítico lógico y razonable, entre la prueba de cargo existente y el hecho que de ella se extrae. En tal coyuntura, la sentencia de instancia identifica el material probatorio del que se concluye que la acusada presentó una querella sabiendo de su falsedad, que no es otro que el reconocimiento de la propia acusada de haber presentado la querella en la que negaba haber firmado la letra que sirvió de base a la demanda cambiaria (y consecuentemente atribuía un fraude a su tenedor), unido a una prueba pericial grafológica que refleja que la firma de los documentos sí correspondía a la acusada.
Debe destacarse sin embargo, que el tipo penal en el que se asienta la condena de la recurrente, exige un elemento subjetivo que consiste en el conocimiento de la falsedad de la imputación. No basta con la falsedad de los hechos que se imputan, sino que es preciso que quien hace la imputación tenga la conciencia de que los hechos no se corresponden con la realidad (STS 1193/2010, de 24 de febrero), exigencia que ha de ser abarcada por la prueba ofrecida por la acusación. Y el Tribunal extrae la concurrencia del elemento intelectual del tipo, de los mismos elementos probatorios a los que hemos hecho referencia, esto es, de que la acusada negara en la querella la firma que sí había estampado. Y aunque es cierto que, en abstracto, la elocuencia de la prueba pudiera de ser definitiva, no puede eludirse que la acusada expresó un descargo igual de compatible con los datos objetivos en los que descansa la inferencia de su culpabilidad, de suerte que -sin más material probatorio para ponderar- tan factible es la tesis acusatoria, como la contraria.
La recurrente sostuvo que la perentoria necesidad de capital que tenía el matrimonio (concretamente precisaban 10.000 euros), les llevó a pedir un préstamo a Luis Pablo, quien se ofrecía para realizar esas operaciones mediante anuncios en la prensa. Afirma que se reunieron con él y que Luis Pablo les presentó un documento en el que ellos, como prestatarios, daban su casa en garantía de la devolución del préstamo. Expresa que eso les llevó a rechazar de inmediato la oferta, pero complementa su relato recordando que entonces el prestamista sacó otros documentos para llevar a término la operación. Narra que los documentos fueron una letra de cambio por importe de 18.000 euros (su desconocimiento técnico le lleva a reprochar que fuera el prestamista quien se la quedó) y un documento de reconocimiento de deuda, todos ellos de la fecha de la realización de contrato, esto es, del 26 de noviembre de 2008. Tras admitir que firmaron esos documentos, expresa que recibieron entonces 6.500 euros y que los 3.500 euros restantes le fueron entregados unos días después, mediante transferencia bancaria. Relata la acusada que, junto a su esposo, habían pedido un préstamo hipotecario a una entidad bancaria y que, tan pronto como les fue abonado (unos quince días después), abonaron a Luis Pablo el importe de los 18.000 euros que habían convenido. Y describe finalmente que, unos dos años después, se presentó el juicio cambiario sobre la base de una letra de cambio de 12.000 euros de nominal, por lo que, a la vista de que estaba pagado el préstamo que Luis Pablo les había concedido y que nunca había asumido una letra por ese importe, puso los hechos en conocimiento de su abogado, que fue quien actuó en la forma que es objeto de enjuiciamiento. Sostiene la acusada que desconoce por qué el letrado decidió presentar una querella, pero asegura que ella estaba convencida de la falsedad de la letra de cambio de 12.000 euros, pues había rescatado la única letra que había firmado. En todo caso, concluye que ha sido la primera sorprendida de que esta segunda letra también estuviera firmada por ella y especula que la única explicación razonable es que la equivocaran en el momento de la firma, llevándole a firmar más documentos de los que ella era consciente, dado que, según afirma, sólo firmó documentos ese día y nunca ha suscrito ningún otro préstamo con Luis Pablo, menos sin ir acompañada de su esposo.
La versión de la acusada niega que presentara la querella sabiendo que eran falsas las afirmaciones que en ella se contenían. Sostiene que denunció los hechos en el convencimiento de que la segunda de las letras de cambio había de ser falsa y que fue precisamente la prueba pericial grafológica la que desveló su error y la que le lleva a pensar - pues no encuentra otra explicación para ello- que el día que solicitó el préstamo a Luis Pablo, hubo de ser confundida y llevada a firmar algún otro documento de los que ella recordaba.
Frente a esta versión, el Tribunal de instancia concluye que el elemento intencional se muestra de manera indubitada, si bien, nada dice sobre porqué se rechaza la tesis de la manipulación o porqué resulta acreditado que fueron dos los préstamos que se le otorgaron, de suerte que la acusada tuviera que saber que era radicalmente falso lo afirmado en la querella. No se expresa cual es el material probatorio que confirma la concurrencia del elemento intencional concurrente que sostiene la acusación, y el abandono de cualquier juicio analítico sobre el descargo se vadea en la sentencia desde la banal expresión (FJ 2, in fine) de que "En todo caso, acreditada la realidad de las firmas que corresponden sin duda a la acusada y presentada la querella sobre la base de que correspondían a un tercero, sin que la perito haya mostrado duda alguna en cuanto a la autoría de la firma, no imitada; se estiman cumplidos los elementos objetivos y subjetivos del tipo por el que se acusa , sin perjuicio de aquellas cuestiones referidas a las relaciones habidas entre las partes que pudieran subyacer tras la cambial (si hubo uno o dos préstamos, las cantidades prestadas y en su caso objeto de devolución o las características de los préstamos) y que debieron ser objeto de discusión ante la jurisdicción civil, pero sin que la presentación de la querella que trajo consigo la paralización del procedimiento cambiario pueda encontrar su justificación en la controversia sobre el negocio jurídico subyacente o la cuantía del mismo".
La ausencia de argumentos se muestra más trascendente si se observa que existen otros elementos probatorios que pueden enfrentarse a una tesis acusatoria que descansa en la versión del doble préstamo sustentada por Luis Pablo. Frente a la versión de descargo, Luis Pablo manifestó en las Diligencias Previas incoadas contra él, que el 28 de noviembre de 2008 prestó al matrimonio la cantidad de 18.000 euros, reconociendo que le fue devuelto antes del vencimiento de la letra en agosto del año 2009. A diferencia de la acusada, sostuvo que después de ese primer préstamo la acusada le telefoneó llorando y pidiéndole un nuevo préstamo por importe de otros 11.000 euros. Afirma que el préstamo se lo pidió sólo ella, pues la acusada refería que su esposo estaba entonces de viaje, y añade que ante la perentoriedad que expresaba, hubo de transferirle inmediatamente la cantidad de 3.500 euros (la transferencia está documentada bancariamente como acaecida el 29 de diciembre de 2008), añadiendo que el resto del importe se lo entregó en metálico ese mismo día cuando se encontraron, siendo entonces cuando la acusada le firmó los documentos con los que inició el proceso cambiario. Expresó que si esta segunda tanda de documentos vienen datados en la fecha del primer préstamo (pese a ser posteriores), es debido a que el nuevo documento de reconocimiento de deuda (que no refleja nominal alguno) lo elaboró copiando el que había confeccionado con ocasión del primer préstamo, haciendo una reproducción tan exacta, que también copió erróneamente la fecha del primer documento, lo que le forzó a reiterar esa misma fecha en la letra de cambio que libró por esta nueva operación. Tras sus manifestaciones, se le exhibió un recibo en el que reconocía haber cobrado de la acusada la cantidad de 3.500 euros, manifestando que él había firmado el recibo en la fecha que se expresa en el documento, que no es otra que la de 28 de noviembre de 2008. Una versión que se mantuvo en el acto del plenario, sin que llegara a aclarar la razón por la que el recibo de devolución de los 3500 euros, es de la misma fecha en la que se le estaba pidiendo el primer préstamo y muy anterior a el día en que transfirió esa misma cantidad por el supuesto segundo préstamo.
De este modo, si bien no hay elementos que muestren que no existiera el doble préstamo que rechazaba la acusada en su querella (lo que mostraría su falsa denuncia), tampoco la acusación presenta elementos probatorios que muestren una sólida cohesión lógica entre el hecho base y el acontecimiento que de ello se deduce. Que la acusada firmara la letra de cambio que sostuvo no haber firmado, puede ser expresión de existir la obligación de pago derivada de un segundo préstamo que la acusada pretendía eludir, pero no desdibuja por sí mismo la posibilidad de que existiera la manipulación que expresa la acusada. No es que las cosas ocurrieran como ella dice, sino que la simple posibilidad de que pudiera haber sido así, muestra la insuficiencia probatoria que denuncia el motivo.

References: artículo 456
 resolución 
 artículo 456
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in fine