Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2015/as201532318.html
Timestamp: 2019-03-23 09:18:37+00:00

Document:
as201532318
Auto Supremo Nº 318/2015.
Expediente: SC-CA.SAII-CHUQ.123/2015.
VISTOS: El recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 29 a 34, interpuesto por Patricia Vera Ayllón, contra el Auto de Vista Nº 097/2015 de 13 de marzo de 2015, cursante de fs. 19 a 20, pronunciado por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso contencioso tributario seguido por la recurrente, contra el Servicio de Impuestos Nacionales regional Chuquisaca, el auto de fs. 35 que concedió el recurso, los antecedentes del proceso y;
CONSIDERANDO I: Que, interpuesta la demanda contencioso tributaria, la Juez de Partido Primero de Trabajo y Seguridad Social, Administrativo, Coactivo Fiscal y Tributario de Chuquisaca, emitió Auto Definitivo Nº 4 de 26 de febrero de 2015, cursante a fs. 8, rechazando la demanda de fs. 6 a 7, por haber sido presentada en forma extemporánea, fuera del plazo previsto por ley.
Notificadas las partes con la resolución señalada, la recurrente, interpuso recurso de apelación de fs. 11 a 12, que fue resuelto por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante Auto de Vista Nº 097/2015 de 13 de marzo de 2015 (fs. 19 a 20), complementado por Auto de Vista Nº 114/2015 de 19 de marzo de 2015, de fs. 24 a 25, confirmando el Auto Definitivo Nº 4 de 26 de febrero de 2015 de fs. 8, con costas en ambas instancias.
El auto de vista referido, motivó el recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 29 a 34, interpuesto por la demandante, expresando en síntesis, los siguientes argumentos:
Alega que el tribunal de alzada, no se pronunció sobre las pretensiones contenidas en los puntos segundo, tercero y cuarto del el recurso de apelación, que fue interpuesto en tiempo oportuno y ante autoridad competente, omisión que se adecúa a lo establecido en el inc. 4) del art. 254 del Código de Procedimiento Civil (CPC).
Alega el quebrantamiento y violación del art. 113 de la Constitución Política del Estado (CPE), toda vez que dicho precepto constitucional dispone que la vulneración a derechos, debe ser reparada de forma oportuna, sin embargo con el rechazo a la demanda, supuestamente por haber sido interpuesta extemporáneamente, sin ningún fundamento de orden legal, tanto por el a quo como por el tribunal de alzada, implica que la reparación está siendo dilatada injustificadamente.
Señala que por mandato del art. 115.I de la CPE, siendo que sus derechos fueron conculcados con la emisión de la Resolución Sancionatoria Nº 18-000049-15, considera que debe ser protegida de manera oportuna y efectiva por el órgano jurisdiccional, empero señala que no fue así, pues los de instancia rechazaron su demanda contencioso tributaria, indebida e ilegalmente.
Haciendo referencia la arts. 115.II de la CPE, señala que en todo proceso judicial debe primar el debido proceso, respetarse el derecho a la defensa y debe buscarse una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, lo que a criterio suyo, no está ocurriendo en el caso presente, violándose el debido proceso, la legalidad, la seguridad jurídica e igualdad efectiva de las partes en proceso, pues sin ningún asidero legal se rechazó la presente demanda y se confirmó esa decisión, supuestamente por extemporánea, no siendo esto evidente, por lo que considera que la resolución que dispone ello, es ilegal, que vulnera su derecho a la defensa pues no se está dando posibilidad de que lo dispuesto por Impuestos Nacionales, pueda ser contrastado y compulsado conforme a derecho y de esa forma que la Resolución Sancionatoria Nº 18-000049-15, sea anulada y así se reparen sus derechos conculcados como son el derecho al trabajo, a dedicarse a una actividad lícita y a generar recursos económicos.
Manifiesta que por la disposición novena de la Ley Nº 2492 Código Tributario Boliviano, quedó abrogada la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1002, desde finales de 2003, por lo que a partir de esa fecha, está vigente la Ley Nº 2492, razón por la cual, no tendría que aplicarse la abrogada Ley Nº 1340. Por otro lado, señala que con la emisión de la Sentencia Constitucional Nº 0009/2004 de 28 de enero de 2004, se declaran inconstitucionales todos los preceptos legales de la Ley Nº 2492 que no permitían o no estipulaban nada con relación al derecho de impugnación en la vía jurisdiccional de las resoluciones dictadas por Impuestos Nacionales, y es a partir de esa resolución constitucional que se abrió la competencia de la justicia ordinaria para conocer las demandas contencioso tributarias, pero la misma no dispone que artículos estarían aún vigentes de la abrogada Ley Nº 1340, consiguientemente, si bien se tiene certeza que se cuenta con 15 días para poder impugnar una Resolución Sancionatoria emitida por Impuestos Nacionales por medio del proceso contencioso tributario, no existe una norma legal en la materia, que de forma imperativa y expresa disponga que, en el presente caso, el plazo de 15 días que debía computarse de manera corrida, por el contrario, la norma procesal supletoria para casi todos los tipos de procesos judiciales, es el Código de Procedimiento Civil, ahora Código Procesal Civil en su art. 90.I; en base a lo que considera que no cabe duda alguna que la demanda contenciosa tributaria presente, fue incoada en plazo hábil, oportuno y legal, por lo que disponer lo contario, significaría violar y quebrantar todas las disposiciones legales citadas y vulnerar el derecho a la defensa.
Señala que por lo expuesto en el punto anterior, no puede aplicarse imperativamente los arts. 174 de la abrogada Ley Nº 1340 y 4.2) de la Ley Nº 2492, porque la primera fue derogada y todo lo establecido en la Ley Nº 2492, es para proceso y recursos en la vía administrativa, que no puede aplicarse en el presente caso, además porque lo dispuesto en el art. 4.2 de la Ley Nº 2492, es aplicable a los procedimientos y procesos que están establecidos en la Ley Nº 2492, y siendo que la impugnación en la vía jurisdiccional no está contemplada en dicha norma legal, tampoco es aplicable dicho precepto.
Alega que, en el hipotético caso estarían aplicándose nuevamente los arts. 174 y 214 hasta el art. 302 de la abrogada Ley Nº 1340, ninguno de estos preceptos contiene la manera como tendrían que computarse los plazos procesales en los procesos contencioso tributario, remitiendo más bien a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Civil, a falta de disposición expresa, y al no existir esta, necesariamente deben aplicarse las normas del nuevo Código Procesal Civil, preceptos legales que fueron quebrantados y erróneamente interpretados.
Alega que de acuerdo a lo establecido por Presidencia del Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, en materia laboral, seguridad social, administrativa, coactiva fiscal y tributaria, en el cómputo de los plazos procesales en todo tipo de recursos, sólo son tomados en cuenta los días hábiles, en el marco de la Ley Nº 439 Código Procesal Civil, con lo que se demuestra que, tanto la juez a quo como el tribunal de alzada no resolvieron el auto impugnado conforme a derecho, lesionando derechos y garantías constitucionales, que deben ser reparados.
Por todo lo expuesto y añadiendo que la resolución de la presente causa, se constituye en una flagrante violación de los derechos a la protección y a ser oído con las debidas garantías, establecidos por la Declaración Universal de Derechos humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos, que forman parte del ordenamiento jurídico del país, a cuyo cumplimiento está obligada toda autoridad judicial, solicita al Tribunal de Casación, anule el auto de auto de vista recurrido y disponga que el tribunal de apelación, con apego a los hechos y derechos demostrados, prenuncie un nuevo auto de vista; o alternativamente case la resolución impugnada, disponiendo que se admita la presente demanda y se prosiga con los trámites correspondientes.
Respecto al recurso de casación en la forma se tiene:
La recurrente refiere que el tribunal de alzada no se pronunció respecto a los puntos segundo, tercero y cuarto expuestos en el recurso de apelación, causales que a criterio suyo, merecen la nulidad del auto de vista impugnado; en ese sentido, corresponde verificar si lo alegado es evidente o no.
Revisado el recurso de apelación de fs. 11 a 12, el punto segundo acusado en casación de que no haber sido analizado por el tribunal de alzada, señalando que la CPE en su art. 113, le faculta a recurrir a la jurisdicción ordinaria, para que la vulneración de sus derechos sean reparados de forma oportuna, y que según su entender, la juez de la causa no cumplió el mencionado precepto.
En el punto tercero, la recurrente invoca el art. 115.I de la CPE, para acusar que sus derechos en el caso presente, fueron vulnerados con lo dispuesto en la Resolución Sancionatoria Nº 18-000049-15, señalando que debe ser protegida de manera oportuna por el órgano jurisdiccional, lo que a su criterio no ocurrió producto del rechazo de la demanda contencioso tributaria.
Finalmente en el punto cuarto, hace referencia nuevamente al art. 115 de la CPE, pero esta vez respecto al parágrafo II, haciendo una exposición de su contenido y refiriendo que según dicha norma constitucional, debe primar el debido proceso, respetarse el derecho a la defensa y buscarse una justicia pronta oportuna y sin dilaciones, pero que sin embargo se vulneró dicho precepto constitucional, al haber rechazado la demanda contenciosa tributaria, sin ningún fundamento legal, sin ser evidente, vulnerándose su derecho a la defensa, pues no tendría la posibilidad de contrastar lo resuelto por Impuestos Nacionales, quebrantándose además el derecho constitucional a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones.
Ahora bien, de la lectura de lo señalado precedentemente, claramente se advierte que los puntos primero y segundo, resultan ser solamente un preámbulo, una introducción a lo que expondría la recurrente en los puntos siguientes, porque solamente se limita a referir de manera genérica, que al haber sufrido la vulneración de sus derechos, se encuentra facultada para acudir a la jurisdicción ordinaria, para lograr que dicha vulneración sea subsanada, señalando que por mandato constitucional, toda persona debe ser protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos; sin embargo, en ningún momento expresa lo agravios que hubiera sufrido con la determinación del juez inferior, siendo que el art. 219 del CPC, respecto a la procedencia del recurso de apelación, establece que este procederá en favor de todo litigante que habría sufrido algún agravio en la resolución inferior, sin embargo la recurrente, no hace referencia a ningún agravio, simplemente expresa los derechos de los que goza al amparo de la constitución Política del Estado; en ese entendido, mal puede el tribunal de alzada pronunciarse sobre simples enunciados o preámbulos que no tocan el fondo del asunto.
En el punto cuarto, la recurrente hace mención a la vulneración de sus derechos constitucionales, ocasionada por el rechazo de la demanda contenciosa tributaria por haber sido interpuesta de manera extemporánea; sin embargo, tampoco hace expresa de manera cabal, los agravios sufridos, dejando establecido que los motivos se expondrían en los puntos sucesivos; de lo que se infiere también que, el punto cuarto resulta ser también parte del preámbulo del recurso, para luego ingresar al planteamiento de la problemática central, que concretamente consiste en el rechazo de la demanda contenciosa administrativa por hacer sido formulada fuera del plazo legal establecido.
Ahora bien, si el rechazo de la demanda por extemporánea resulta ser la controversia central, no es pues evidente lo afirmado por la recurrente, en sentido que el tribunal de alzada no se pronunció sobre el punto cuarto del recurso de apelación, pues básicamente el auto de vista íntegro explica los motivos del rechazo de la demanda contenciosa tributaria, justificando legalmente, la decisión asumida por la juez a quo y ratificándola después.
A mayor abundamiento corresponde señalar para conocimiento de la recurrente que, la nulidad por la nulidad misma, no tiene más efecto que la innecesaria obstrucción en la pronta solución de las controversias, por eso el Código de Procedimiento Civil limita las nulidades, sólo para aquellos casos expresamente previstos y cuando afectan el orden público, pero siempre como una decisión de última ratio. En ese contexto, si bien es cierto que los arts. 252 y 254.7) del CPC, permiten el recurso de casación por haberse violado las formas esenciales del proceso, esta permisión debe ser concordada con el parágrafo I del art. 251 del mismo cuerpo de leyes, que dispone: "Ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no estuviere expresamente determinada por la ley", principio que se sustenta en el hecho que en materia de nulidad, esta será aplicable únicamente a los casos en que sea estrictamente indispensable y así lo determine la ley, observando además los principios procesales que atañen a la nulidad, como el principio de trascendencia, en virtud del cual no hay nulidad de forma, si la alteración procesal no tiene trascendencia sobre las garantías esenciales de defensa en juicio. Es decir, que se impone la nulidad para enmendar los perjuicios efectivos que pudieran surgir de la desviación del proceso y que suponga restricción de las garantías a que tienen derecho los litigantes, de modo que la nulidad resulte útil en el proceso y tenga la bondad de restablecer derechos procesales que pudieron haberse lesionado. Responde a la máxima "no hay nulidad sin perjuicio", no puede hacerse valer la nulidad cuando la parte, mediante la infracción, no haya sufrido un agravio.
En el caso de autos, la recurrente solicita la nulidad del Auto de Vista Nº 097/2015 de 13 de marzo y Auto Complementario Nº 114/2015 de 19 de marzo, con el argumento que no se hubiera pronunciado sobre los puntos segundo, tercero y cuarto, siendo que los mismos eran tan solo un prefacio antes de ingresar a exponer el reclamo de fondo, cuál era el rechazo por parte de la juez a quo, de la demanda contenciosa tributaria por extemporánea. De ahí que, aun dando respuesta a lo expuesto en los puntos señalados como omitidos, la decisión asumida por el tribunal de alzada, de confirmar el Auto Definitivo Nº 4 de 26 de febrero de 2015, hubiera sido la misma, toda vez que lo expresado en los puntos segundo, tercero y cuarto del recurso de apelación, no influyen en el fondo del asunto, pues como se señaló reiteradamente, la problemática central versa únicamente en determinar si la demanda contenciosa tributaria fue interpuesta dentro del plazo legal establecido para el efecto, o no, y este aspecto sí fue dilucidado por el tribunal de alzada; razón por la cual, el recurso de casación en la forma planteado por la demandante, deviene en infundado.
En cuanto al recurso de casación en el fondo se concluye:
La recurrente expone el recurso de casación en siete motivos, en los que inicialmente hace referencia a la vulneración de preceptos constitucionales contenidos en los arts. 113 y 115.I y II, alegando que se le está coartando el derecho a ser protegido en sus derechos de forma pronta y oportuna, pues aduce que tanto la juez a quo como el tribunal ad quem, rechazaron de forma indebida la demanda contenciosa tributaria, con el fundamento de haber sido interpuesta fuera de término, siendo que en cuestión de cómputo de plazos, no debe aplicarse el art. 174 de la abrogada Ley Nº 1340 y art. 4.2) de la Ley Nº 2492, en el primer caso, porque esa norma se encuentra abrogada y la segunda porque todo lo establecido y determinado en ella, es aplicable a procesos y recursos en la vía administrativa, establecidos en esa norma, y no puede aplicarse en un proceso judicial, entonces, como no existe disposición expresa para el cómputo de plazos para procesos contenciosos tributarios tramitados en la justicia ordinaria, deben aplicarse las disposiciones del Nuevo Código procesal Civil, Ley Nº 439, que dispone respecto al cómputo de plazos procesales, la consideración de los días hábiles únicamente, en los plazos que no excedan de 15 días, disposición en base a la que, su demanda habría sido interpuesta dentro de plazo.
En este contexto, revisados los antecedentes procesales, se advierte que la recurrente, interpuso demanda contenciosa tributaria cursante a fs. 6 a 7, contra la Gerencia Distrital el Servicio de Impuestos Nacionales Regional Chuquisaca, impugnando la Resolución Determinativa Nº 18-000049-15 de 26 de diciembre de 2014, pidiendo se anule y deje sin efecto la aludida resolución. Al respecto, la juez de primera instancia, mediante Auto Definitivo Nº 4 de 26 de febrero de 2015, rechazó la presentación de la demanda por haber sido presentada en forma extemporánea.
Al respecto, revisados los actuados procesales, se evidencia la recurrente fue notificada con la Resolución Sancionatoria Nº 18-000049-15 de 26 de diciembre de 2014, emitida por la Gerencia Distrital Chuquisaca del Servicio de Impuestos Nacionales, en fecha 30 de enero de 2015 a horas 17:30, conforme consta a fs. 1 de obrados y la demanda fue presentada en fecha 23 de febrero a horas 8:49, como se evidencia en la literal de fs. 8.
En base a tales antecedentes, se advierte que la demanda fue presentada fuera del término previsto en el art. 227 de la Ley Nº 1340, de 28 de mayo de 1992, que al respecto señala: “La demanda contencioso-tributaria deberá ser presentada dentro de los quince días siguientes al de la notificación con la resolución administrativa…”, en tanto que el art. 4. 2 del Código Tributario Ley Nº 2492 de 2 de agosto de 2003, instituye que los plazos relativos a las normas tributarias son perentorios y se computaran en la siguiente forma: 2. “Los plazos en días que determina este Código, cuando la norma aplicable no disponga expresamente lo contario, se entenderán siempre referidos a días hábiles administrativos en tanto no excedan de diez (10) días y siendo más extensos se computaran por días corridos”; en este entendido, realizado el cómputo de acuerdo a la normativa citada precedentemente, el plazo para presentar la demanda tomando en cuenta los 15 días previstos, vencía el 16 de febrero de 2015, mientras que la aludida demanda fue presentada recién el 23 de febrero de 2015, es decir, con siete días de retraso, extremo que demuestra la extemporaneidad en su presentación, acto procesal que fue debidamente analizado y fundamentado primero por la juez a quo, y fue confirmado por el tribunal de apelación en su fallo impugnado; de donde se deduce que lo afirmado en el Auto Definitivo Nº 4 de 26 de febrero de 2015, en sentido de que la contribuyente habría interpuesto la demanda fuera de plazo previsto por ley, es una conclusión correcta que responde a la verdad procesal que reflejan los datos del proceso, siendo esta la razón por la que el tribunal ad quem, confirmó dicha resolución de manera correcta; cumpliendo con el deber de los jueces y tribunales de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad, así lo determina el art. 3.1) del CPC; porque, al haber rechazado la demanda por su presentación extemporánea, dio cumplimiento a las normas procesales de orden público y cumplimiento obligatorio conforme instituye el art. 90 del CPC, cuya inobservancia al contrario importaría la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo.
A mayor abundamiento, respecto a los alegatos de la recurrente en sentido que los de instancia habrían aplicado erróneamente el art. 174 de la Ley Nº 1340 y el art. 4.2) de la Ley Nº 2492, la primera por estar derogada, siendo además que la SC 0009/2004, no establece expresamente qué artículos quedaban vigentes, y la segunda porque todo lo determinado en ella, solo es aplicable a los procesos y recursos planteados en la vía administrativa, y que por lo tanto debieron aplicar la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, por expresa disposición de la última parte del art. 214 de la Ley Nº 1340, corresponde mencionar que la Sentencia Nº 0076/2004 de 16 de julio de 2004, señaló que la ratio decidendi de la SC Nº 0009/2004 invocada por la recurrente, apunta al restablecimiento del proceso contencioso tributario como medio de impugnación judicial de los actos de la administración tributaria, sin excluir la impugnación en sede administrativa, lo que se patentizó con la declaratoria de inconstitucionalidad, a través de la SC 0018/2004 de 2 de marzo, de la Disposición Final Primera del CTB Ley Nº 2492. En tal virtud, la abrogatoria dispuesta por la Disposición Final Novena del señalado CTB, en lo que respecta al procedimiento contencioso tributario previsto en el Título VI del CTB (antiguo Código Tributario, Ley Nº 1340) es contraria a la seguridad jurídica, el debido proceso en su elemento del derecho al juez natural, independiente e imparcial, los valores supremos de justicia e igualdad y el derecho a la tutela judicial efectiva conforme estableció la SC 0054/2006, de 27 de junio.
Consecuentemente, conforme han concluido las SSCC 0025/2006, 0028/2006, 0040/2006, 0054/2006, al haber fenecido el término que la SC 0076/2004 de 16 de julio de 2004, estableció para que el Poder Legislativo subsane el vacío detectado, la Disposición Final Novena del CTB, única y exclusivamente en lo referido a la abrogatoria del procedimiento contencioso tributario establecido en el Título VI (arts. 214 a 302) del CTB (Ley 1340), ha dejado de formar parte del ordenamiento jurídico, conforme exhortó y advirtió el Tribunal Constitucional, de modo que, de acuerdo a lo dispuesto en la SC 0018/2004, el art. 157.b) de la LOJ, así como el proceso contencioso tributario establecido en el anterior Código Tributario se encuentran plenamente vigentes, porque estas normas atribuyen competencia a los juzgados en materia administrativa, coactiva fiscal y tributaria para conocer y decidir en primera instancia, los procesos contencioso tributarios originados en los actos de determinación de tributos y en general, de las relaciones jurídicas emergentes de la aplicación de leyes tributarias, de manera que la impugnación de los actos administrativos tributarios ante la autoridad jurisdiccional por vía del proceso contencioso tributario, se encuentra plenamente vigente, incluyendo el plazo para la interposición de la demanda contenciosa tributaria prevista en los arts. 174 y 227 de la Ley Nº 1340, concordante con lo dispuesto en el art. 4.2) de la Ley 2492, no siendo desde ningún punto de vista aceptable el criterio de la recurrente al señalar que, respecto al cómputo de plazos, lo dispuesto por la Ley Nº 439 del Código Procesal Civil, toda vez que esta norma se aplica de manera supletoria en los casos en que la norma especial no contenga disposiciones respecto a un determinado asunto, lo que no ocurre en el caso de autos, pues tanto la Ley Nº 1340 como la Ley Nº 2492, contemplan los plazos procesales aplicables en materia tributaria, por cuanto no hay razón de aplicar las disposiciones de la norma adjetiva civil.
Finalmente, respecto a la invocación de preceptos constitucionales, concretamente a los establecidos en los arts. 113 y 115.I y II de la CPE, corresponde mencionar que, si bien, el art. 113 de la Carta Magna establece: “I. La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna…” y el 115 dispone: “I. Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. II. El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones.”; sin embargo, en el caso presente, la vulneración a la que hace referencia el primer artículo transcrito, que se traduce en la supuesta vulneración de que habría sido víctima la recurrente con la resolución Sancionatoria emitida por el Servicio de Impuestos Nacionales, no fue evidenciada, por cuanto, ni siquiera se ingresó al fondo del asunto para determinar si viola o no los derechos de la demandante. Asimismo, tampoco tiene razón de ser, la invocación del art, 115.I y II de la Carta Magna, toda vez que la recurrente, en ejercicio de su derecho a la defensa, en el marco del debido proceso, hizo uso de los mecanismos que la ley contempla para el logro de sus intereses, y del mismo modo, está recibiendo respuesta por parte del Órgano Jurisdiccional, a cada una de los recursos interpuestos, de manera oportuna, dentro de los plazos que la ley dispone; cosa distinta es que, pese gozar de todos los medios legales para el logro de sus pretensiones, la recurrente no hubiera hecho uso de ellos en el tiempo oportuno, entonces, no puede reclamar la protección de sus derechos, si es ella misma, la que no activó los mismos en su debido momento.
Con los razonamientos expresados, quedan desvirtuados de manera absoluta los argumentos expuestos por la recurrente, concluyéndose que la decisión del tribunal de alzada de confirmar el Auto Definitivo de 26 de febrero de 2015 (fs. 8), es correcta al disponer el rechazo de la demanda contenciosa tributaria por extemporánea, advirtiéndose contrariamente, que el auto de vista impugnado se ajusta a las disposiciones legales que rigen la materia; consiguientemente, al no estar demostrada la existencia de las infracciones denunciadas por la recurrente en el recurso de casación en la forma y en el fondo, corresponde resolver el recurso conforme previenen los arts. 271.2) y 273 del CPC, aplicables al caso de autos por la norma remisiva contenida en los arts. 214 y 297.II de la Ley Nº 1340 de 28 de mayo de 1992 y 74.2 de la Ley Nº 2492 Código Tributario de 2 de agosto de 2003.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida en el art. 184.I de la CPE y el art. 42.I.1 de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial, en ejercicio de la potestad de juzgar que emana del pueblo boliviano, declara INFUNDADO el recurso de casación de fs. 29 a 34 interpuesto por Patricia Vera Ayllón. Con costas.

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