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﻿ SENTENCIA 17961 DE AGOSTO 23 DE 2004
SENTENCIA 17961 DE 23 DE AGOSTO DE 2004
CONTENIDO:BIEN OMITIDO EN UNA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL ANTE NOTARIO. PARTICIÓN ADICIONAL EN EL PROCESO DE SUCESIÓN DEL CÓNYUGE QUE FALLEZCA POSTERIORMENTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, PROCESO DE SUCESIÓN, CONCURRENCIA DEL PROCESO DE SUCESIÓN, BIEN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL, BIEN EXCLUIDO DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:394 DE OCTUBRE DE 2004, PG.1491
Sentencia 17961 de agosto 23 de 2004
BIEN OMITIDO EN UNA LIQUIDACIÓN DE SOCIEDAD CONYUGAL ANTE NOTARIO
PARTICIÓN ADICIONAL EN EL PROCESO DE SUCESIÓN DEL CÓNYUGE QUE FALLEZCA POSTERIORMENTE
Ref.: Expediente 17961
Bogotá D.C., veintitrés de agosto de dos mil cuatro.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 23 de junio de 1999, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bucaramanga, en el proceso ordinario de Leticia Rodríguez de Barrera contra María Helena Barrera Rodríguez, Mercedes Barrera de Vásquez, Esperanza Barrera de Hernández, Gustavo Barrera Rodríguez y Víctor Manuel Stella Ayala.
1. Solicitó la demandante que se declare judicialmente que es falsa la tradición constituida con la inscripción de la sentencia aprobatoria de la partición en la sucesión de Gustavo Barrera Amaya, por la cual se adjudicó en cuotas partes un bien inmueble situado en el área urbana de Bucaramanga a los nombrados demandados, menos el último; igualmente que es falsa la tradición subsecuente que tales demandados le hicieron a título de venta al señor Víctor Manuel Stella Ayala.
Y como consecuencia de lo anterior, que se declare que la demandante es la propietaria única del inmueble, carácter en el que debe aparecer inscrita en el folio de matrícula inmobiliaria, previa la cancelación de las inscripciones irregulares; que se ordene al demandado Stella Ayala restituirlo junto con los frutos, y a los herederos devolver los arrendamientos recibidos en la sucesión de Gustavo Barrera Ayala, debidamente indexados y con intereses; y finalmente que se condene a todos los demandados a pagar perjuicios morales.
2. La causa para pedir puede compendiarse de la siguiente manera:
a) Leticia Rodríguez de Barrera, la demandante, adquirió el inmueble disputado por compra que le hizo a Bárbara Flórez por medio de la escritura pública 1938 de 9 de junio de 1978 otorgada en la notaría segunda de Bucaramanga.
b) Ella contrajo matrimonio canónico con Gustavo Barrera Amaya el 19 de noviembre de 1950, el cual fue inscrito notarialmente el 31 de marzo de 1989; al mismo tiempo se anotó la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo que consta en la escritura pública Nº 1065 de esa fecha, en cuyo inventario los cónyuges no incluyeron el inmueble objeto ahora de litigio porque era y es un bien propio de la demandante.
c) Gustavo Barrera Amaya falleció el 18 de junio de 1989 y en el mes de julio siguiente sus hijos Mercedes, Gustavo y Esperanza obtuvieron la apertura del correspondiente proceso de sucesión y también de liquidación de la sociedad conyugal, sin mencionar siquiera que esta ya había sido liquidada.
d) Ante el fracaso de un acuerdo entre cónyuge y herederos, los hijos del causante demandaron en proceso ordinario a Leticia Rodríguez de Barrera a fin de obtener la nulidad, o subsidiariamente la simulación o la lesión enorme de la liquidación de la sociedad conyugal celebrada por mutuo acuerdo, pero continuaron simultáneamente con el proceso de sucesión induciendo en error al juzgado de familia.
e) En el sucesorio, una vez fue presentado el inventario no se dio en traslado y luego se decretó la partición que fue aprobada por sentencia de 18 de marzo de 1991, donde se involucró a Leticia Rodríguez de Barrera como adjudicataria a pesar de no haber estado presente en el proceso, ni citada, emplazada, ni reconocida como cónyuge supérstite; de esa manera se le adjudicó a ella el 50% y a los herederos el otro 50% del inmueble de que trata el presente proceso. Dicha sentencia aprobatoria no hace tránsito a cosa juzgada, no aprueba la supuesta liquidación adicional de la sociedad conyugal, ni atañe con esta, pues en el trabajo de partición se aludió a bienes relictos de la sucesión o del causante únicamente.
f) Por medio de la escritura pública Nº 1466 de 24 de mayo de 1991, otorgada en la notaría quinta de Bucaramanga, Esperanza Barrera de Hernández, Mercedes Barrera de Vásquez y Gustavo Barrera Rodríguez, vendieron a Víctor Manuel Stella Ayala, “los derechos que les corresponden sobre las cuotas partes” del inmueble objeto de litigio; dicho adquirente, quien después demandó a Leticia Rodríguez de Barrera en proceso divisorio, conocía de la existencia del proceso ordinario mencionado atrás, por cuanto la respectiva demanda estaba inscrita cuando se hicieron las citadas adjudicación y venta, extendiéndose por lo tanto a él los efectos de la sentencia ordinaria; por lo mismo no pudo adquirir ningún derecho pues compró cosa ajena.
g) El título del que derivaron los demandados el derecho de propiedad sobre las cuotas vendidas es espurio y las tradiciones falsas porque los herederos conocían su actuar fraudulento en el proceso sucesorio, pues a la vez adelantaban un proceso ordinario en el que buscaban la declaratoria de ser el inmueble social y no propio de la cónyuge sobreviviente como alegaba esta; sin importar el resultado adverso de ese proceso ordinario concluyeron la sucesión haciendo las adjudicaciones comentadas.
h) Negadas en ambas instancias las pretensiones del ordinario se desvaneció para los herederos y para el nuevo adquirente la otra pretensión relativa a que el inmueble pertenecía a la sociedad conyugal, quedando entonces radicada definitivamente la propiedad del mismo en cabeza de la demandante, lo que impedía involucrarlo en una partición adicional de gananciales.
i) En fin, además de las restituciones correspondientes, los demandados deben responder por los perjuicios morales derivados del sufrimiento que ha padecido la demandante por causa del comportamiento de sus hijos y de la presión sicológica ejercida sobre ella por el referido comprador.
3. En su oportunidad, los demandados se opusieron a las pretensiones, Gustavo Barrera Rodríguez por conducto de curador y los restantes mediante sus respectivos apoderados; Víctor Stella Ayala propuso la excepción de cosa juzgada; Mercedes Barrera de Vásquez y Esperanza Barrera de Hernández, la de buena fe exenta de vicio.
4. Agotado el trámite de primera instancia, el juzgado dictó sentencia en la que desestimó las pretensiones de la demanda; apeló sin éxito la demandante, pues el tribunal confirmó el fallo impugnado.
En lo de fondo, se pueden resumir así:
1. Con apoyo en los artículos 180 del Código Civil, 12 de la Ley 57 de 1887 y 50 de la Ley 153 de 1887, se recuerda que por el hecho del matrimonio se conforma entre los contrayentes la sociedad conyugal. En este caso aparece acreditado que Gustavo Barrera y la demandada conformaron por razón del matrimonio canónico celebrado el día 19 de noviembre de 1950, el cual vino a ser registrado el 31 de marzo de 1989; que estando vigente la sociedad conyugal, la demandante adquirió el bien inmueble objeto de este litigio, dado que lo compró en el año de 1978, fecha en que entró a formar parte del haber social, según lo dispone el artículo 1781, numeral 5º, del Código Civil, puesto que en la escritura pública no se observa ninguna de las exclusiones previstas en los artículos 1782, 1783 y 1792 ibídem; que, en consecuencia, se presume legalmente que el mencionado bien pertenece a la sociedad conyugal, como lo señala el artículo 1795 siguiente.
2. Como fue un inmueble adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal a título oneroso, por ese solo hecho entró a conformar el haber social; la demandante no invocó ningún hecho que lo sustrajera de tal calificación; era a ella a quien le correspondía demostrar lo contrario y particularmente que era propio, como adujo, lo que no hizo.
3. En esas condiciones, el derecho de los demandados sobre ese inmueble no es aparente, pues a la muerte de uno de los cónyuges pertenecía a la sociedad conyugal, y “como bien social que no había sido objeto de liquidación y de adjudicación para efecto de la distribución de gananciales entre los cónyuges Barrera–Rodríguez, aquel debía reintegrar la masa sucesoral que habría de liquidarse en el proceso de sucesión del señor Gustavo Barrera”; proceso que no solo era el adecuado para llevar a cabo la partición adicional, sino también el más expedito.
Adecuado porque la masa sucesoral se conforma con todos los bienes de propiedad del causante de los cuales no hubiere dispuesto, trátese de derechos reales, personales, inmateriales y universales; en este caso, el inmueble cuanto que hacía parte del haber social y no había sido objeto de adjudicación y liquidación efectuada de mutuo acuerdo elevado a escritura pública, en 1989, “entró a formar parte del acervo sucesoral y como tal, susceptible de ser adjudicado dentro del respectivo proceso sucesorio”; y expedito porque de ese modo se lograba el objetivo directo, cualquiera otra vía “habría exigido invariablemente un proceso sucesorio. No existía entonces razón para optar por un trámite adicional si de todos modos existía otro más ágil y que satisfacía a cabalidad las pretensiones tanto del cónyuge supérstite como de los herederos”.
4. La cónyuge sobreviviente sí fue citada al proceso de sucesión del otro cónyuge cuando fue emplazada conforme al artículo 589 del Código Civil; “se enteró además con la práctica de la diligencia de secuestro y si no compareció al sucesorio esa omisión no puede viciar de nulidad un trámite efectuado conforme a derecho”.
Igualmente, en esos términos, la demandante tuvo la oportunidad de oponerse a la inclusión del bien como social en la diligencia de inventarios; aun dentro del presente proceso no allegó la prueba de que sea propio, pues la afirmación de que lo recibió por herencia carece de respaldo; inclusive se levanta como indicio en contra de la demandante, o sea que se trata de un bien social, el reconocimiento de un documento de transacción en el que ella aceptaba la repartición de los bienes que incluía el inmueble disputado. Sin embargo, no le fueron conculcados sus derechos comoquiera que se le adjudicó finalmente la parte que corresponde a sus gananciales.
5. No es de recibo la aseveración de la demandante relativa a que su derecho exclusivo de propiedad se tornó indiscutible por las resultas del proceso ordinario, porque la petición sobre el carácter social del inmueble en cuestión se formuló de manera condicional, o sea “para el caso en que prosperara alguna de las pretensiones de nulidad, simulación o lesión enorme y sobre ese entendido el juez resolvió que ella quedaba cobijada por el fracaso de tales pretensiones”.
6. Era entonces necesario acreditar en el presente proceso que el inmueble le pertenecía exclusivamente a la cónyuge supérstite para que se pudiera concluir que la adjudicación efectuada dentro del proceso de sucesión “se hallaba viciada por no provenir del propietario”, punto en el cual no cumplió la carga probatoria.
7. En conclusión, “la solicitud de la actora para que se declare la falsedad de las tradiciones —o más bien su invalidez pues la falsa tradición es un concepto registral—, (...) no es procedente, pues el inmueble que formaba parte de la sociedad conyugal al momento de la defunción de Gustavo Barrera entró a constituir el acervo sucesoral, que fue debidamente liquidado y adjudicado por el Juzgado Primero de Familia de Bucaramanga”; así, los herederos adquirieron el bien por el modo de la sucesión y el demandado Stella Ayala por la tradición derivada de una compraventa debidamente registrada.
Con respaldo en la causal primera de casación, la parte recurrente formula tres cargos contra la sentencia impugnada, los dos primeros por la vía indirecta y el último por la directa, los cuales se despacharán de manera conjunta dada su íntima relación.
1. Con fundamento en la causal primera de casación y por causa de distintos errores de hecho, se acusa la sentencia del tribunal de haber quebrantado indirectamente, por aplicación indebida, los artículos 1º, 25, 26, 27, 180, 669, 673, 756, 1008, 1011, 1040, 1045, 1239, 1240, 1241, 1242, 1374, 1781 numeral 5º, 1782, 1783, 1788, 1792, 1795, 1821, 1832, 1849, 1857, 1866, 1868, 2469 y 2475 del Código Civil; Ley 57 de 1887, artículos 12 y 19; Ley 153 de 1887, artículos 8º, 37 y 50; Ley 45 de 1936, artículos 23 y 30; Decreto 1250 de 1970, artículos 2º y 3º; Ley 29 de 1982, artículos 4º y 9º, y artículos 589, 600 y 611-7 del Código de Procedimiento Civil; y por falta de aplicación de los artículos 197, 752, 1382, 1387, 1388, 1398, 1399, 1820, 1871 del Código Civil; Decreto 960 de 1970, artículo 12; Decreto 1260 de 1970, artículos 1º, 2º, 5º, 6º, 72, 105, 106 y 107; Decreto 1250 de 1970, artículos 7º, 39, 40, 41, 42, 43 y 44; Ley 1ª de 1976, artículo 25 numeral 5º.
2. Según el recurrente, el sentenciador se equivocó al valorar la escritura pública Nº 1065 de 31 de marzo de 1989 por la que los cónyuges disolvieron y liquidaron la sociedad conyugal de mutuo acuerdo, pues debió darle el alcance que determina el artículo 264 del Código de Procedimiento Civil, o sea con efecto vinculante no solo para los otorgantes, sino para sus causahabientes; el tribunal, por el contrario, restringió su contenido real, o lo malinterpretó, cuanto que con ella los cónyuges disolvieron en vida y liquidaron la sociedad conyugal; así que cuando murió Gustavo Barrera ya no era viable admitir la vía del proceso de sucesión para hacerlo nuevamente, puesto que el inciso segundo del artículo 586 del Código de Procedimiento Civil solo permite liquidar la sociedad conyugal dentro del mismo proceso de sucesión cuando la causa de disolución es la muerte de uno de los cónyuges.
Por ende, amplió y cambió el contenido y alcance de la demanda de sucesión y liquidación de la sociedad conyugal, del auto admisorio, del auto que declara disuelta la sociedad conyugal, del edicto emplazatorio, del auto que admite presentar inventarios, de la diligencia de inventarios, del auto que los aprueba, de la autorización para que se presentara la partición a solicitud de tres interesados, de la partición misma y de su sentencia aprobatoria, del reconocimiento de María Helena Barrera como heredera, y de la posterior escritura pública 2149 de julio 11 de 1991 mediante la cual se protocolizó el referido proceso de sucesión; lo mismo ocurrió con la demanda que dio curso a este proceso, y el registro civil de matrimonio de los esposos Barrera-Rodríguez donde aparece inscrita la escritura pública de disolución y liquidación de la sociedad conyugal.
3. En síntesis, los errores en la apreciación de las pruebas que se le imputan al tribunal son los siguientes:
a) Sin haberse declarado la ineficacia del acto notarial de disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo, ignoró y restringió su real contenido en los términos atrás indicados.
b) No vio que en el registro civil de matrimonio aparece inscrita la disolución y liquidación de la sociedad conyugal, que en el edicto emplazatorio dentro de la sucesión solo se emplazó a quienes tuvieran interés en la sucesión y no en la liquidación de dicha sociedad; en esos términos, tampoco advirtió que los distintos actos procesales realizados en el proceso de sucesión que culminaron con la sentencia aprobatoria de la partición no fueron regularmente dispuestos, ni realmente constituyeron oportunidades desperdiciadas por la demandante Leticia Rodríguez, como tampoco vio que cuando se adjudicaron los bienes de la herencia ya estaba inscrita la demanda ordinaria de los mismos adjudicatarios destinada a dejar sin efecto la disolución y liquidación efectuada de mutuo acuerdo.
c) La demanda del presente proceso fue erróneamente interpretada, pues se estimó que la pretensión principal y única consistía en la declaración judicial de propiedad exclusiva de la demandante sobre el inmueble objeto de litigio, no obstante que existen dos peticiones que la anteceden sobre la declaratoria de falsa tradición que el sentenciador entendió como consecuenciales; si la hubiera interpretado en forma correcta, habría entendido que la pretensión principal era la de declarar la falsa tradición, cuya denominación proviene del artículo 7º del Decreto 1250 de 1970, y es el producto de no ser el tradente el verdadero dueño.
Si los cónyuges Barrera-Rodríguez hicieron la disolución y liquidación incorporando a la escritura pública los inventarios de bienes y su liquidación, todo ajustado a las prescripciones legales, tanto que sobrevivió a la demanda ordinaria dispuesta contra ese negocio jurídico, no era la liquidación dentro del proceso de sucesión la indicada para rehacer inventarios y la partición de gananciales; se imponía acudir a un proceso declarativo, porque había que citar realmente a la cónyuge sobreviviente, enterarla de las pretensiones y darle oportunidad de defensa; si al proceso de sucesión debía acudirse para adjudicar la herencia de Gustavo Barrera , no era ese mismo sendero el adecuado para la reintegración de gananciales y su partición adicional.
d) Aun si para entender la pretensión de falsa tradición se aceptara, en gracia de discusión, que el bien inmueble en disputa pertenecía al haber social, debía liquidarse esa comunidad de gananciales como paso previo al proceso de sucesión, “porque entonces Gustavo Barrera no era el dueño”, todo lo cual hace que las transferencias efectuadas con posterioridad tengan que inscribirse en la columna correspondiente a la de falsa tradición; independientemente del derecho de propiedad que invoca la demandante, lo cierto es que al momento de la adjudicación de la herencia el bien no pertenecía al causante.
e) Aduce finalmente el recurrente que no existen otras pruebas que sirvan de soporte a la decisión impugnada y que no vio el tribunal la mala fe en la adjudicación que obtuvieron los demandados Barrera Rodríguez, ni la culpa en que incurrió Víctor Manuel Stella.
1. Se acusa la sentencia, también por la vía indirecta, de haber quebrantado las mismas normas sustanciales que se mencionan en el cargo primero, pero en este caso por error de derecho en la apreciación de los medios probatorios que luego se especifican, y que según el censor llevaron al tribunal a quebrantar, de medio, los artículos 174, 176, 177 y 187, 251, 252, 254, 256, 262 numeral 3º, 264 y 265 del Código de Procedimiento Civil.
2. En la fundamentación del cargo se comienza por señalar que el sentenciador incurrió en error de derecho al apreciar la escritura pública 1938 de junio 9 de 1978 que contiene la compraventa de Bárbara Flórez a Leticia Rodríguez; el trabajo de partición en la sucesión de Gustavo Barrera, la sentencia aprobatoria, la diligencia de secuestro y la consiguiente escritura pública de protocolización del referido proceso de sucesión; el documento de transacción suscrito entre Leticia Rodríguez y los herederos de Gustavo Barrera; las sentencias de primera y de segunda instancia del proceso ordinario seguido por los herederos de Gustavo Barrera contra la ahora demandante; la escritura contentiva de la venta de los herederos a Víctor M. Stella; el folio de matrícula inmobiliaria 300-10754; la demanda que dio vida a este proceso; y el registro civil de matrimonio de los esposos Barrera-Rodríguez.
3. En resumen, los errores de derecho en que incurrió el sentenciador, en cuya explicación se repiten algunos otros que el censor denunció en el cargo anterior, son los siguientes:
a) No apreció que por seguir produciendo efectos jurídicos la liquidación de la sociedad conyugal pactada en vida por los cónyuges Barrera-Rodríguez, la venta que hizo Bárbara Flórez en favor de la demandante conserva pleno valor, por lo que a la última debe considerársele como propietaria del mismo.
b) Aunque en su materialidad misma se apreció el registro civil de matrimonio de Gustavo y Leticia, no se observó la nota marginal sobre la liquidación conyugal; por consiguiente, se le otorgó valor al trabajo de partición y a la sentencia aprobatoria deducidos en el proceso de sucesión de Gustavo Barrera, pues se consideró que con dichos documentos los herederos adquirieron la propiedad sobre las cuotas partes respectivas del bien en litigio.
c) Considera el tribunal existente y válido el documento privado de transacción suscrito entre la demandante y los cuatro herederos de Gustavo Barrera, sin observar que tal acto debió constar en escritura pública por versar sobre un bien inmueble.
d) Cuando el tribunal dijo en la sentencia que en el proceso ordinario seguido por los demandados de ahora contra Leticia Rodríguez destinado a obtener la nulidad, simulación o lesión enorme de la liquidación de la sociedad conyugal por acto entre vivos, no se resolvió sobre la propiedad del inmueble, omitió considerar que se partía de ese hecho jurídico “para a través de la sentencia desconocer ese derecho y declararlo en cabeza de los comuneros de la sociedad conyugal disuelta”, por lo que era dable concluir que con la sentencia desestimatoria de las pretensiones no se varió la titularidad del derecho real de propiedad “en cabeza de quien así figura en el folio de matrícula inmobiliaria”; por consiguiente, la venta que con posterioridad llevaron a cabo los hijos de Gustavo Barrera fue “venta de cosa ajena”.
e) Para replantear la conformación de la masa social que los esposos Barrera-Rodríguez liquidaron por acto entre vivos, era indispensable iniciar proceso declarativo, “porque había que citar realmente a la cónyuge sobreviviente, enterarla de las pretensiones y darle la oportunidad de contradecir, de defenderse, de invocar sus derechos, reales o aparentes”, motivo por el cual al hacerlo por medio del proceso de sucesión, “se violaron respecto de ella, principios fundamentales del derecho constitucional como el del debido proceso, el de defensa”.
f) La secuencia referida evidencia que las negociaciones efectuadas sobre el inmueble con posterioridad a la compra realizada por la demandante, dieron pie a falsas tradiciones porque comportan la compraventa de cosa ajena, motivo por el cual los demandados están obligados a pagar los frutos y perjuicios como poseedores de mala fe.
g) No puede el tribunal decir que Leticia Rodríguez debió haber ejercido su derecho en la diligencia de secuestro practicada dentro del proceso de sucesión; el acta respectiva no prueba nada distinto de que se realizó el secuestro, y no solo allí podía el poseedor con o sin título ejercer sus derechos, pues existen otras oportunidades, entre ellas, el proceso declarativo ordinario que corresponde a la situación fáctica que ofrece este proceso.
1. También con fundamento en la causal primera de casación, pero ahora por la vía directa, se denuncia la interpretación errónea de los artículos 25, 26, 27, 180, 669, 752, 756, 1008, 1011, 1242, 1374, 1382, 1388, 1398, 1781, 1782, 1783, 1788, 1792, 1795, 1820, 1821, 1832, 1849, 1857, 1866, 1868, 1871, 2469, 2475 del Código Civil; artículos 589, 600 y 611-7 del Código de Procedimiento Civil; Ley 57 de 1887, artículos 12 y 19; Ley 153 de 1887, artículos 8º y 50; Ley 45 de 1936, artículos 23 y 30; Ley 1ª de 1976, artículo 25; Decreto 960 de 1970, artículo 12; Decreto 1260 de 1970, artículos 1º, 2º, 5º, 6º y 72; Decreto 1250 de 1970, artículos 2º, 5º, 6º y 7º.
2. Aduce la censura que el tribunal interpretó erróneamente los preceptos jurídicos que determinan su competencia y reglan las hipótesis de hecho sometidas a su consideración. Cuando los modos de adquirir el dominio no son originarios, “necesario se hace mirar hacia atrás para determinar la eficacia del mismo y estimar si a través suyo ha operado la transferencia de la propiedad”, la sucesión por causa de muerte y la tradición son dos modos derivados, por lo que si el causante y vendedor no son los verdaderos dueños de la cosa adjudicada y vendida, los causahabientes respectivos tampoco llegan a serlo; y en tratándose de inmuebles cuya situación se refleja en la inscripción, le corresponde al registrador hacer las correcciones pertinentes.
3. Nadie discute que todos los bienes adquiridos por los cónyuges a título oneroso, estando vigente la sociedad conyugal, forman parte del haber social, pero cuando ellos en vida han resuelto de mutuo acuerdo disolver y liquidar la sociedad conyugal esta llega a su fin y no puede restablecerse con base en el fallecimiento posterior de uno de los cónyuges, así hayan quedado bienes sin inventariar y sin distribuir como gananciales; la sociedad conyugal solo puede liquidarse simultáneamente por el trámite de la sucesión cuando la causa de la disolución es la muerte de uno de los cónyuges; de lo contrario, se hace necesario obtener una declaración judicial en tal sentido, con respeto del debido proceso y del derecho de defensa de quien ostenta el carácter de propietario, la cual debe obtenerse previa tramitación de un proceso declarativo.
4. En esas condiciones, o sea sin haberse desvirtuado en legal forma el título de dominio previo que obra en favor exclusivo de la cónyuge sobreviviente, quiere decir que la sentencia aprobatoria de la partición en el proceso de sucesión, que no hizo tránsito a cosa juzgada material, no legitima a los posteriores adquirentes que compran el bien finalmente como cosa ajena; de allí que acreditada en este caso la falsa tradición resulta necesario ordenar al registrador la corrección del respectivo folio de matrícula inmobiliaria. “Hasta tanto a ella (la demandante) no se le venza en juicio conforme a procedimiento legal, se le debe seguir considerando su dueña, independiente de haber adquirido el bien durante su matrimonio, por cuanto a hoy su sociedad conyugal ya está disuelta y liquidada”; obra en su favor título y modo hasta ahora incontrovertibles.
1. La sociedad conyugal que surge por el hecho del matrimonio, bien puede disolverse “por mutuo acuerdo de los cónyuges capaces, elevado a escritura pública, en cuyo cuerpo se incorporará el inventario de bienes y deudas sociales, y su liquidación”, según reza el artículo 1820 del Código Civil, modificado a su vez por el artículo 25 de la Ley 1ª de 1976. Se comprenden allí conjuntamente dos actos jurídicos perfectamente diferenciados: 1) la disolución de la sociedad de bienes entre los cónyuges, en términos semejantes a lo que sucedería respecto de otras especies de sociedad por aplicación o en reconocimiento de la autonomía de la voluntad de los interesados; y 2) la liquidación de la misma que concluye con la partición de mutuo acuerdo, según la relación de bienes y deudas sociales correspondientes.
En cuanto tales actos tienen un objeto distinto, pues el uno se contrae a ponerle fin a la sociedad conyugal y el otro a liquidarla para deducir los derechos de cada cónyuge, no siempre deben obrar indefectiblemente unidos como, apenas de modo aparente, lo da a entender la redacción de la norma citada; en verdad pueden celebrarse u ocurrir simultánea o separadamente; incluso, por motivos diversos, siendo natural que después de obrar la disolución proceda su liquidación, es posible que esta se haga en forma parcial y mediante actos sucesivos, como ocurre justamente cuando no obstante habiendo sido finiquitada una liquidación mediante el acto de partición y adjudicación, después aparecen o se denuncian otros bienes sociales que debiendo ser objeto de esa partición entre los cónyuges sin embargo no lo fueron, para lo cual la ley establece los procedimientos respectivos.
De allí que haya dicho la Corte: “las circunstancias de que el mismo precepto autorice que en la misma escritura pública pueda incorporarse el inventario de bienes y deudas sociales y su liquidación, no significa (...) que se trate de una segunda parte del objeto del acuerdo disolutorio, porque, de un lado, no se trata de un asunto relativo a la disolución sino a la partición, y, del otro, porque se trata de un fenómeno partitivo que supone ineludiblemente la perfección previa en otro acto, recogido en otro documento o en el mismo, del llamado negocio disolutorio, que, por ser necesariamente su presupuesto, no puede contenerlo. La disolución es la causa para que la partición pueda llevarse a efecto”. (Sent. Cas. Civil, mar. 4/96, Exp. 4751).
Quiere decir lo anterior que disuelta la sociedad conyugal por cualquiera de los modos que la ley establece, incluido, claro está, el mutuo acuerdo entre los cónyuges capaces elevado a escritura pública, aquella se extingue para permitirle a los cónyuges establecer hacia el futuro el régimen de separación de bienes y al mismo tiempo surge la eventual masa universal de gananciales conformada por los bienes, deudas sociales y los elementos que la integran, la cual queda sometida a la liquidación, una o varias, como instrumento legalmente apto para definir los derechos que sobre ella tiene cada cónyuge.
2. De acuerdo con esas premisas, y en lo pertinente para la definición del presente recurso, bien puede decirse que cuando los cónyuges deciden disolver la sociedad conyugal por mutuo acuerdo elevado a escritura pública e incluyen en esta el inventario de bienes y deudas sociales para distribuirlos entre ellos como corresponde, han concretado en un solo instrumento el acto de disolución de la sociedad conyugal y el acto de la partición de la masa de gananciales que, como universalidad, surge del primero; igualmente resulta admisible que por escritura pública se disuelva dicha sociedad y después en otra se haga la partición correspondiente.
3. Pero bien puede suceder que obre el acuerdo de los cónyuges y se materialicen tales actos solemnes simultáneamente o por separado, más sin comprender la liquidación de la sociedad conyugal efectuada de mutuo acuerdo todos los bienes que integran la masa social, por lo que importa indagar qué sucede con los que no fueron incluidos en los inventarios iniciales y sobre los cuales nada se dispuso, respuesta que reclama este proceso, dadas las circunstancias fácticas que ofrece la demanda con que se instauró.
Sobre esa hipótesis es preciso observar lo siguiente:
a) Si se trata de un bien perteneciente al haber de la sociedad conyugal, no por haber quedado él por fuera de los inventarios y, por consiguiente, de la partición, deja de integrar la universalidad que se constituye con la masa de gananciales que se forma cuando se disuelve esa sociedad por cualquier causa; la universalidad deja de ser tal cuando se partan y adjudiquen todos los bienes que la integran, lo cual quiere decir que si uno de ellos resulta preterido en tales actos sin ninguna justificación, por fuerza queda pendiente la partición respecto de él por los procedimientos que la ley establece para el efecto. Fluye lo anterior porque todas las especies “que existieron en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de disolverse la sociedad, se presumirán pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario”, según lo dispone el artículo 1795 del Código Civil.
b) Si en el entretanto ha fallecido uno de los cónyuges, pueden entonces los herederos del respectivo causante, de mutuo acuerdo con el cónyuge supérstite, elevado a escritura pública, efectuar la liquidación adicional ante notario, comoquiera que, de acuerdo con lo explicado atrás, es posible que los actos de disolución y liquidación obren separadamente y más en este caso donde se presentarían así por fuerza de la aparición de un bien no considerado por los cónyuges en el inventario inicial; dichos herederos están habilitados para consentir con el otro cónyuge en una liquidación adicional porque de conformidad con el artículo 1836, “gozan de los mismos derechos y están sujetos a las mismas acciones que el cónyuge que representan”.
c) Y a falta de acuerdo sobre el particular o porque así lo prefieren los interesados, deben concurrir a liquidar la sociedad conyugal en la parte de los gananciales que no se haya efectuado, para lo cual bien se puede aprovechar el espacio del respectivo proceso de sucesión abierto con ocasión de la muerte de uno de los cónyuges, en donde inclusive es posible denunciar como relicto lo que le corresponda al difunto en los gananciales que no fueron considerados en la liquidación efectuada por mutuo acuerdo de los cónyuges, sin que haya existido un motivo válido para excluirlo.
Tal posibilidad no se reduce a la hipótesis en que la sociedad se disuelve “por la muerte de uno de los cónyuges”, según las voces del artículo 586, inciso final, del Código de Procedimiento Civil, pues nada impide que el proceso de sucesión —de la estirpe de los procesos de liquidación (CPC, tít. XXIX, cap. IV, arts. 586 y ss.)— se erija también como el escenario propicio para provocar la liquidación adicional de una sociedad conyugal que en vida de los cónyuges apenas fue parcial o no alcanzó de alguna manera su punto final, previo, claro está, el cumplimiento de los trámites pertinentes.
Ciertamente que esa opción se da porque, de un lado, también tiene origen en la muerte de uno de los cónyuges y sirve entonces para definir los derechos del difunto en la sociedad conyugal que a su vez le han de corresponder a los herederos del mismo, así no haya sido el óbito la causa de la disolución de la sociedad conyugal; y de otro lado, porque legalmente toda liquidación de herencia o sociedad conyugal que no quiera o pueda hacerse ante notario, o cuyo trámite ante este se frustra, desemboca necesariamente en los procesos de liquidación, los que se remiten, en lo esencial, a las normas del proceso de sucesión y particularmente a las que regulan la partición.
4. En conclusión, es admisible que cuando en el acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad conyugal no se incluyen bienes pertenecientes al haber social o que se presumen que lo son, a falta de la liquidación adicional ante notario provocada por los mismos cónyuges o por sus herederos, están habilitados estos para instaurarla dentro del proceso de sucesión del cónyuge que fallezca posteriormente; por consiguiente, no se dan los errores netamente jurídicos ni los de apreciación probatoria que en orden a hacer ver lo contrario denuncia el recurrente en cada uno de los cargos propuestos.
5. En el punto cabe añadir que el tribunal consideró que el proceso de sucesión de Gustavo Barrera era el adecuado en este caso porque la masa sucesoral se conforma con todos los bienes de propiedad del causante de los cuales no hubiere dispuesto, trátese de derechos reales, personales, inmateriales y “universales”; agregó que el inmueble cuanto que hacía parte del haber social y no había sido objeto de adjudicación y liquidación efectuada de mutuo acuerdo elevado a escritura pública, en 1989, “entró a formar parte del acervo sucesoral y como tal, susceptible de ser adjudicado dentro del respectivo proceso sucesorio”; y era el expedito porque de ese modo se lograba el objetivo directo, cualquier otra vía “habría exigido invariablemente un proceso sucesorio”; todo para concluir que “no existía entonces razón para optar por un trámite adicional si de todos modos existía otro más ágil y que satisfacía a cabalidad las pretensiones tanto del cónyuge supérstite como de los herederos”.
Contra esos argumentos el censor no dirige adecuadamente el combate en casación, pues se limitó a decir que basta la preexistencia de la disolución y liquidación por acto entre vivos legalmente dispuesta, para impedir que se abran nuevas posibilidades, no solo sin ofrecer ninguna explicación que le dé fundamento a su afirmación, sino sin parar mientes en que tanto en el proceso de sucesión y consecuentemente en los demás de liquidación que se remiten a sus normas, como en la liquidación de la herencia o la sociedad conyugal ante notario, se halla previsto el trámite de la partición adicional, entre otros casos, para cuando surgen nuevos bienes que perteneciendo a la masa hereditaria o social no hayan sido objeto de participación (CPC, art. 620; D. 902/88, art. 3º, num. 8º, modificado por el D. 1729/89, art. 4º).
No puede pasar por alto la Corte y antes bien lo resalta para reafirmar el despacho negativo de los cargos en los cuales se denuncian errores de apreciación probatoria, la falta de demostración de los mismos, puesto que el recurrente no trae ninguna confrontación entre lo que reza la escritura pública que contiene la disolución y liquidación de la sociedad conyugal celebrada de mutuo acuerdo y lo que de ello dedujo el sentenciador, destinada a hacer ver que el inmueble por cuya declaración de falsa tradición se propende es propio de la demandante y que por esa circunstancia no fue considerado en ella, o que no puede ser objeto de partición adicional, o que de acuerdo con los términos de tal instrumento se impedía la posibilidad de denunciar otros bienes no incluidos allí o en fin que según el pacto de los cónyuges quedaba cerrada toda discusión sobre el particular, puntos sobre los cuales tampoco, valga decirlo, se edificó la causa petendi. Ni menos se hizo ningún empeño para desvirtuar la presunción de pertenecer dicho bien al haber social en las circunstancias en que fue adquirido por la demandante, estando vigente la sociedad conyugal; ni habiendo denunciado errores de derecho, tampoco explicó en qué consiste la infracción de las normas de disciplina probatoria o en relación con esa escritura como prueba, los que apenas enlista en el encabezado del cargo propuesto.
En ese sentido, el recurrente insistió sobre todo en oponer a la afirmación del tribunal basada en la ley, relativa a que en las circunstancias de tiempo y modo en que fue adquirido el inmueble aquí disputado se presume que pertenece al haber social, su propia estimación respecto de la cual no ofrece ninguna sustentación, consistente en que celebrada la disolución y liquidación de la sociedad conyugal por mutuo acuerdo obra la presunción contraria y, por consiguiente, sigue en cabeza y es propio de la demandante, no más que por haber quedado excluida de dicho pacto.
6. Ahora bien, descartada la premisa fundamental del recurrente consistente en que el proceso de sucesión no era la vía adecuada para definir la liquidación adicional de la sociedad conyugal, y que ni siquiera había lugar a ella, restan por examinar otras acusaciones que no pasan después del análisis precedente o que exigen una respuesta puntual como suficiente para desecharlas. Así:
a) Definida como válida la vía del proceso de sucesión del otro cónyuge, en los términos explicados, fluye intrascendente hacer un examen sobre el trámite dado a ese proceso a espaldas de la demandante, pues para el tribunal fue clave, entre otros motivos, que el presente proceso ordinario, además de no ser el escenario apropiado para enjuiciar el trámite sucesoral, argumento que ciertamente no combate el censor, que la demandante pudo acudir a él para defender sus derechos por virtud del emplazamiento a los interesados que se hizo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 589 y, más allá, concretamente por haber estado presente en la diligencia de secuestro que dentro de él se practicó sobre el inmueble objeto de este litigio.
En punto de tales asertos poco o nada dijo el censor, pero particularmente sobre el último que evidencia la real posibilidad de defensa que pudo desplegar oportunamente la demandante, la cual efectivamente no aprovechó, únicamente opone la equivocada tesis de que el acta de la diligencia que da cuenta de su presencia e inconformidad solo demuestra la práctica del secuestro, sin explicar su afirmación y sin indicar, como correspondía hacerlo, cuál y en qué consiste la infracción de la norma medio correspondiente. Empero, es preciso destacar que de tal acta, cuyo contenido define el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil, y debe verse en consonancia con el artículo 264 ibídem, así como el documento privado de transacción aceptado por la demandante que nunca se perfeccionó, el juzgador extrajo, por encima o aparte de su validez o eficacia la conducta desplegada en ellos por la demandante, por la que decae su posición respecto de que el proceso de sucesión de su cónyuge transitó a sus espaldas y de que siempre tuvo el bien como propio, respectivamente, conducta aquella contra cuya deducción no desplegó ninguna actividad el recurrente.
b) Para demostrar su afirmación de que el bien era propio, como se lo exigió el sentenciador, quien echó de menos la prueba, el único argumento dado por el censor estriba en la circunstancia consistente en que los herederos del cónyuge fallecido interpusieron demanda de nulidad, lesión enorme y simulación del acto voluntario de disolución y liquidación de la sociedad conyugal, en la que además se incluyó la pretensión destinada a que se declarase que el inmueble era social, proceso que al fracasar dejó definida la propiedad en cabeza de la demandante; empero, como lo verificó el tribunal, sin que contra esa conclusión refulja contraevidencia ninguna, es lo cierto que la petición del proceso ordinario que versa sobre el carácter social del bien inmueble se formuló de manera condicional, o sea para el caso en que llegara a prosperar alguna de las pretensiones de nulidad, simulación o lesión enorme, las cuales justamente por haber sido desestimadas impidieron al juez de ese proceso hacer un pronunciamiento expreso sobre el carácter de social o propio que le corresponde a dicho bien, lo que descarta la cosa juzgada sobre el particular que entrevé la demandante, con la cual queda sin piso la acusación en comentario y en firme la presunción legal de que lo es de la primera especie.
c) En fin, ninguna influencia tiene la anotación de la disolución y liquidación de mutuo acuerdo en el registro civil de matrimonio, puesto que tales actos no atañen con el inmueble de que aquí se trata; como igualmente resulta inocuo despejar el sentido de las pretensiones sobre falsa tradición, la que no se daría como consecuencia de lo explicado precedentemente, esto es, validado el mecanismo de sucesión del otro cónyuge para liquidar la parte de la masa de gananciales que no fue objeto de reparto entre los cónyuges, queda claro que no emergen los problemas de falsa tradición que señala la parte impugnante.
Es suficiente en lo último retomar el concepto básico consistente en que una vez disuelta la sociedad conyugal por la muerte de uno de los cónyuges, surgió entre la cónyuge sobreviviente y los herederos del causante una comunidad universal indivisa que se integraba, entre otros bienes, con el que es ahora objeto de litigio, frente al cual cada uno de ellos tiene derechos o cuotas que eran susceptibles de ser transferidos, para concluir que una vez efectuada la partición las transferencias hechas por los demandados surten plenos efectos jurídicos, máxime si en ellas no se incluyó la cuota parte de la demandante a quien se le respetaron los gananciales.
7. Son más que suficientes las anteriores consideraciones para deducir que ninguno de los cargos está llamado a prosperar.
En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia adiada el 23 de junio de 1999, que profirió la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga para poner fin al proceso arriba referido.
Se condena en costas del recurso de casación a la parte demandante, las cuales serán tasadas en su oportunidad.
Magistrados: Pedro Octavio Munar Cadena—Manuel Isidro Ardila Velásquez, con salvedad de voto—Jaime Alberto Arrubla Paucar—Carlos Ignacio Jaramillo Jaramillo—Silvio Fernando Trejos Bueno—César Julio Valencia Copete—Edgardo Villamil Portilla.
Leticia y Gustavo, casados canónicamente desde 1950, disolvieron y liquidaron por escritura pública la sociedad conyugal en el año 1989. Negocio jurídico ese en el que de consuno excluyeron el inmueble disputado, que había sido adquirido por ella en el año 1978. A la muerte de él, sus hijos abrieron la sucesión, pero callaron aquella circunstancia y obtuvieron una nueva liquidación de la sociedad conyugal, haciéndose adjudicar dicho inmueble.
Desavenidos así madre e hijos, estos la convocaron a juicio ordinario a fin de derribar la disolución que por mutuo acuerdo habían logrado los cónyuges, proponiendo que se declarara nula, o simulada, o, en fin, que padeció lesión enorme; controversia toda que tuvo por resorte hacer ver que el inmueble, siendo social, no podía sufrir tal exclusión. Todo esto lo hacían los herederos simultáneamente con el proceso sucesorio. La sentencia les fue adversa, pero en el entretanto vendieron el bien; sin embargo, al comprador lo vincula el efecto de aquella sentencia, pues conocía del proceso por virtud de la inscripción de la demanda. Dicho comprador entabló divisorio contra Leticia.
Así que hubo ella de proponer ahora este proceso ordinario para que se declarara falsa la inscripción inmobiliaria de la partición, sobre la base de que esta carece de valor. El tribunal, no obstante, denegó su pretensión, sobre la base de considerar, fundamentalmente, que si el bien es social y no propio había de restituirse a la masa de la sociedad, y que el proceso de sucesión bien servía a esa causa, pues este camino “no solo era el más adecuado para llevar a cabo la partición adicional, sino también el más expedito”.
Y explica: adecuado porque la masa sucesoral se debe conformar con todos los bienes, y expedito por cuanto “de ese modo se lograba el objetivo directo”, toda vez que cualquier otra vía “habría exigido invariablemente un proceso sucesorio. No existía entonces razón para optar por un trámite adicional si de todos modos existía otro más ágil y que satisfacía a cabalidad las pretensiones tanto del cónyuge supérstite como de los herederos”.
Dijo más el tribunal: la cónyuge sí fue citada, porque en la sucesión hay emplazamiento.
Por ese sendero, dijo, Leticia se enteró del proceso; y además tuvo que haberse enterado por la diligencia de secuestro; en consecuencia pudo haber resistido los inventarios.
Que era necesario entonces que demostrara en este juicio que el bien es propio.
En su fallo, consideró la Corte:
Los bienes que quedan por fuera de la disolución, no dejan por ello de pertenecer a la universalidad. Esta deja de ser tal cuando se parten y adjudican “todos” los bienes. Si no, queda pendiente una partición adicional que hay que hacerla.
Y entonces pueden los herederos hacerlo de común acuerdo con el cónyuge sobreviviente; si no, bien se puede “aprovechar” de la sucesión, “escenario propicio para provocar la liquidación adicional de una sociedad conyugal que en vida de los cónyuges fue parcial o no alcanzó de alguna manera su punto final”; opción que se da porque también tiene origen en la muerte de uno de ellos.
Dice que el casacionista no combatió “adecuadamente” el argumento del tribunal según el cual todos los bienes sociales hacen parte de la universalidad. Y qué quería que hiciera si eso no lo está discutiendo; su apoyo está, no en eso, sino en que ya estaba fulminada la disolución por un acto válido, con fuerza para las partes vinculantes, no destruido, no declarado inoponible a los herederos. Eso es inventar la Corte.
Razones del salvamento.
Son muchas las cosas, y de la más variada índole, acontecidas alrededor de este pleito, que reclamaban de la Corte la definición de aspectos trascendentales.
La primera de ellas: si doña Leticia siempre estuvo abroquelada en que la no inclusión del inmueble disputado en la liquidación obedeció a un acuerdo con su cónyuge, revestía importancia sin par el definir qué tanto alcance tiene la autonomía de la voluntad en tal acto liquidatorio. La Corte piensa que mientras no se incluyan todos los bienes, hay lugar a nuevas liquidaciones; pero así no más, con criterio de autoridad. Sin decirlo, ¿quiso decir que las normas del haber de la sociedad conyugal son de orden público, contra las cuales nada puede el querer de los particulares? Buena e ilustrativa hubiese sido la controversia sobre el particular.
La segunda: asunto ese de tanta trascendencia, ¿es posible debatirlo en el trámite de la sucesión? La Corte prefirió olvidar la defensa de doña Leticia y reducirlo con simpleza a una mera partición adicional, y arrancó a decir con aparente coherencia que no solo se podía allí, sino que era el escenario propicio, el cual debía “aprovecharse” para ello. Desconoció de ese modo la verdadera dimensión de la controversia que había de por medio. Y a la larga prohijó una serie de anomalías acaecidas en el sucesorio hasta el punto que no le mereció atención la alegación de que a ese trámite sucesorio no fue convocada aquella, como de hecho no fue convocada según se demostrará más adelante.
En efecto, cuando los hijos abrieron el juicio de sucesión, callaron la disolución y liquidación a la que habían llegado voluntariamente sus padres; antes bien, dijeron que a la muerte de su progenitor la sociedad conyugal estaba ilíquida. Hicieron creer así que la disolución de la sociedad la generó la muerte de aquel, manera única como podían pretender que, atendidas las voces del artículo 586 del Código de Procedimiento Civil, fuese liquidada dentro del mismo proceso de sucesión. Fuera de duda está, pues, que ellos no pretendieron una simple partición adicional, como hasta con inocencia se asegura. No es, empero, lo peor. Porque aun cuando con criterio benigno se dijese lo contrario, vale decir, que se trató de adicionar una partición, es de sindéresis pensar que ello no es posible sino citando a quienes participaron en la partición que está por añadirse, en este caso a la cónyuge supérstite que, por coincidencia, es la propia madre de quienes con semejante oquedad promovieron el sucesorio. Así lo manda no solo la razón sino el artículo 620 ejusdem. No lo hicieron, y, más escandaloso aún, ni siquiera tuvieron la intención de hacerlo, por supuesto que no asumieron la molestia de indicar dónde podía notificarse. Está claro, sencillamente se trataba de ignorarla. Si esto es así, ¿cómo llegaron todos los juzgadores que aquí han intervenido a decir que tal señora sí fue vinculada al proceso? Dos argumentos se arguyeron, pero tan especiosos el uno como el otro, que ni sumados adquieren relieve, así como la suma de ceros jamás arroja como resultado la unidad. No pudo serlo a través del emplazamiento que es común en esta clase de juicios, toda vez que ella, si saldado tenía lo de la sociedad conyugal, en principio no estaría interesada en intervenir en la mortuoria, y no tenía por qué adivinar que, con todo, aquella circunstancia fue callada por los interesados; además, no es común emplazar a las mamás (casi siempre están ahí) y, en último resultado, calcina sobremanera que a la mamá se emplace como persona indeterminada, y tanto más si por otro lado la estaban convocando, ahí sí, a resistir un proceso ordinario. Ni, en fin, cabe en este caso —y aquí lo otro— decir que estuvo vinculada porque debió haber sabido.
Pero aún no acaba todo. De los inventarios no se dio traslado porque se consideró anodino. Respecto de la partición, dijo aprobarse de conformidad con el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil, norma esta que en lo pertinente reza: “El juez dictará de plano sentencia aprobatoria si los herederos y el cónyuge sobreviviente lo solicitan” (se resalta de propósito). ¿Que el cónyuge sobreviviente lo solicitó, si ni siquiera está en el juicio? De donde resulta que ahora el fantasma ya no solo es de la ópera; junto a él ha llegado el del proceso, pues no se ve pero se siente. Al fin, si tantos ojos han pasado revista al expediente y no han visto tamaño atropello del derecho de defensa, necesariamente es porque algo de encantamiento hay allí. Incluso el juez del divisorio admitió que Leticia no fue en verdad citada al sucesorio, pero que como su derecho “social” se había respetado, no pasaba nada.
En buenas cuentas, en la sucesión se decretó y realizó una partición “adicional” a espaldas de la cónyuge. Por supuesto que, como mandan los principios básicos del derecho, esa partición no es entonces vinculante para ella. Justamente lo que clamó que se declarara en este juicio ordinario, pues aunque no aparezca una frase sacramental al respecto, va ínsito en el petitum cuando se alega que no pudo nadie obtener la propiedad del bien teniendo por fuente dicha partición. La casación, pues, estaba llamada a tener buen suceso, sin que quepa aducir tecnicismos tan inexistentes como ásperos; la Sala ha dicho que el censor no combatió “adecuadamente” el argumento según el cual todos los bienes sociales tienen necesariamente que partirse; pero no cae en la cuenta de que gran parte de la acusación, y particularmente en el tercer cargo, exhorta a la Corte para que diga, independientemente de si el bien es propio o no, si es válido el acuerdo de dejarlo por fuera de la partición. Del recurrente son estas palabras: “Pero cuando ellos [los cónyuges] han resuelto de mutuo acuerdo disolver y liquidar la sociedad conyugal esta llega a su fin y no puede restablecerse con base en el fallecimiento posterior de uno de los cónyuges, así hayan quedado bienes sin inventariar y sin distribuir como gananciales”; no parece jurídico, así, exigirle al recurrente que haga cosas ilógicas.
En compendio: en el pleito circuló la idea de qué hacer cuando los cónyuges acuerdan dejar un bien por fuera de la partición convencional, y a ello no se le dio respuesta; la cónyuge fue citada a un proceso ordinario para derruir la partición convenida, y no fue vencida; mientras sus hijos discutían allí el asunto, paralelamente decían en la sucesión que la sociedad estaba ilíquida, y pese a ello no convocaron a su progenitora; no puede caber la consideración extravagante de que ha de entendérsela emplazada en el sucesorio; y si todavía se dijera lo contrario, no se corrió traslado del inventario, y la partición fue aprobada con arreglo a una inexistente petición de Leticia. No sé cómo pudo afirmar el tribunal que, en esas condiciones, el sucesorio fue el camino más expedito, y que la Corte, siguiéndolo, agregue que esa senda procesal se podría “aprovechar”, la cual, por lo visto, fue bien aprovechada. El reflejo de todo esto no puede ser sino la perplejidad. El tribunal, por otra parte, procura tranquilizarse diciendo que de todos modos a ella se reconoció su cuota “social” y que aun sin su consentimiento, resultó adjudicataria del 50%; a Leticia no le faltaba sino eso, que saliera a deber las gracias por tan magnánima conducta.
Manuel Isidro Ardila Velásquez.

References: artículo 1781
 artículo 1795
 artículo 589
 artículo 12
 artículo 25
 artículo 264
 artículo 586
 artículo 7
 artículo 25
 artículo 12
 artículo 1820
 artículo 25
 artículo 1795
 artículo 1836
 artículo 586
 artículo 589
 artículo 109
 artículo 264
 artículo 586
 artículo 620
 artículo 611