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Timestamp: 2018-07-18 10:55:22+00:00

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POR AMOR AL ARTE. Crítica a la Resolución de la DGRN de 11 de enero de 2017 – BOLETIN JURIDICO MENSUAL
POR AMOR AL ARTE. Crítica a la Resolución de la DGRN de 11 de enero de 2017
Crítica a la Resolución de la DGRN de 11 de enero de 2017
La DGRN viene insistiendo últimamente, especialmente tras la entrada en vigor del Reglamento europeo de Sucesiones, en que tanto notarios como registradores debemos “ir avanzando en el conocimiento de los derechos de los demás Estados, especialmente si forman parte de la Unión Europea, en aras a facilitar la aplicación del Derecho extranjero en el ámbito extrajudicial, acudiendo no solo a los medios previstos en el artículo 36 del Reglamento Hipotecario, y excepcionalmente a los artículos de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional, sino a los medios que proporciona el entorno E-Justicia” (resolución de 15 de febrero de 2016, entre muchas otras). Esto es, que empecemos a asumir responsabilidad por el conocimiento del Derecho extranjero, dando fe del contenido y vigencia del Derecho aplicable (así como del sentido, alcance e interpretación actual atribuido por la jurisprudencia correspondiente), aun cuando no sea el que fue objeto de nuestro temario de oposición.
En todo caso, no se trata de una obligación de notarios y registradores sino de una mera facultad, que puede ejercitarse, precisa la DG, aunque aquél no sea invocado por las partes. Ahora bien, cuando el notario emprenda la tarea de acreditar el Derecho extranjero aplicable, como permite el art. 36 del RH, el registrador no podrá apoyarse en una mera hipótesis, sino que, si estima que del informe emitido por el notario no se deduce la conclusión pretendida en cuanto al sentido, alcance e interpretación de las normas extranjeras, deberá calificar expresando y motivando las concretas razones de su rechazo, sin que sea suficiente una referencia genérica de falta de prueba del Derecho extranjero (véanse las resoluciones de 20 de julio de 2015, sobre un erbschein alemán, la de 26 de julio de 2016, sobre una sucesión eslovaca, y la de 5 de enero de 2017, sobre un poder otorgado por una sociedad luxemburguesa).
Ahora bien, cuando parecía allanado el camino para lograr una mayor celeridad y eficacia en la resolución extrajudicial de expedientes con algún componente internacional, mediante la asunción de responsabilidad en cuanto a la aplicación del Derecho extranjero en un país donde residen cinco millones de extranjeros y que visitan más de cien al año (en 2016, compraron el 12.93% de las viviendas en España), irrumpe en este ámbito un inexplicable obstáculo, como es la resolución de la DGRN publicada en el BOE el día 11 de enero de 2017.
Un notario español formaliza la herencia de una causante belga, resultando los derechos sucesorios del acta de declaración de herederos otorgada por un notario belga. A continuación, el notario español traduce el acta notarial belga (cuyo original se incorpora, apostillado, a la matriz) del francés al español, en la parte pertinente, aseverando bajo su responsabilidad que en lo omitido no hay nada que modifique, condicione o restrinja lo transcrito. El registrador, entre otros defectos, alega su desconocimiento del idioma francés, señalando que el acta notarial belga adolece de “una limitación en su contenido”, al no ser objeto de traducción jurada sino de una mera traducción parcial por un notario español.
La DGRN, en base a la “integridad del título sucesorio”, respalda la necesidad de una traducción jurada completa, impidiendo por tanto que, en lo sucesivo, los notarios dispuestos a cumplir con las directrices del órgano administrativo, en cuanto a la profundización de conocimientos en Derecho extranjero, puedan también, si conocen el idioma en cuestión, agilizar los trámites notariales y registrales mediante traducciones innecesarias que sólo prologan e incrementen los costes de las operaciones. Pueden traducir, eso sí, el documento extranjero en su totalidad si conocen el idioma en el que está redactado, pero igual que lo haría “Google translate”, sin incorporar ningún juicio de valor mediante una traducción en extracto, limitada a la parte pertinente.
Por desgracia, este criterio se traducirá en la total eliminación de facto de esta práctica en las notarías, pues salvo que el registrador conozca también el idioma extranjero, podrá impedir la inscripción del documento simplemente alegando su desconocimiento. Nuevamente, como con los preceptos legales extranjeros que resulten aplicables, debería tratarse de una facultad y en ningún caso de una obligación, pero si uno de los dos operadores jurídicos está dispuesto a asumir la responsabilidad por el contenido, el otro no debería poder hacer baldío el esfuerzo sin realizar a su vez otro equivalente. No se debe perder de vista que ambos estamos al servicio exclusivo del ciudadano, como dobles garantes de la seguridad jurídica, y que tenemos que resultar útiles para no devenir prescindibles. Como reconoce la resolución de la DG de 26 julio 2016, se trata de una necesidad “para el fomento de las inversiones extranjeras”.
Por supuesto, siempre quedará la posibilidad de que el notario autorizante traduzca íntegramente el testamento del causante extranjero, incluyendo su profesión de fe luterana, la distribución de joyas entre las sobrinas, o la voluntad de ser incinerado, pues no podrá prescindir de ellas, bajo su responsabilidad, al formalizar la transmisión en España de su apartamento de vacaciones. No caben “testimonios en relación”, lo que equivale a decir, en la práctica, que no caben traducciones que no sean juradas, pues es evidente que el redactor de esta resolución no ha visto todavía un certificado sucesorio europeo (que es título sucesorio tras la redacción dada por la Ley 29/2015 al artículo 14 de la LH), ya que por su extensión y formato comprendería el absurdo de incorporar a una escritura de herencia también la traducción completa del original (que está redactado en la lengua del país de expedición y en formato tipo “test”, con casilleros que comprenden todas las opciones posibles), en los casos en los que puede fácilmente evitarse.
Esta resolución también pone de manifiesto la incoherencia de la doctrina de la DG, pues es más que evidente que el lenguaje no puede superar en importancia al Derecho aplicable, ni tiene por qué merecer menos confianza en este campo el notario (o registrador) que voluntariamente asuma el ejercicio de esta facultad (que no, insistimos, obligación). También se elimina un importante estímulo en el marco de la competencia que genera la libre elección del notario, y que sin duda marca unas reglas de juego distintas a las de la competencia territorial.
En definitiva, se trata de una cuestión de asunción de responsabilidad, y al igual que permite el art. 36 del RH que se haga un informe de vigencia de la ley aplicable, debería respaldarse también a quien se responsabilice de traducir el documento, sin enrocarnos en formalismos innecesarios que merman el tráfico sin fortalecer la seguridad jurídica. Piénsese que nos encontramos en un contexto en el que la propia DG demanda un esfuerzo de internacionalización por nuestra parte, como pone de manifiesto, por ejemplo, su insistencia en “erradicar las disposiciones testamentarias limitadas a los bienes que el causante tuviera en España” (Resolución de 26 de julio de 2016, entre otras), intentado trasladar al título sucesorio el principio de unidad de la sucesión.
No es coherente, pues, que el notario no pueda incorporar un juicio de valor, en definitiva, un juicio fundado en Derecho, en las traducciones, pero sí que pueda manifestar, bajo su responsabilidad, la inexistencia de un registro equivalente al de últimas voluntades español (véase la Resolución de 1 de julio de 2015 y posteriores), u ordenar la sucesión de un testador con arreglo a la ley extranjera que resulte de aplicación. Así las cosas, quien por el momento quiera mejorar su prestación servicios mediante el aprendizaje de idiomas, tendrá que hacerlo, simplemente, por amor al arte.
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Importante resolución en materia de propiedad horizontal y apartamentos turísticos en el ámbito catalán (Comentario a la resolución de la DGDEJ de 14 de febrero de 2016)
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References: Resolución 
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 artículo 36
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 artículo 14
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