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Timestamp: 2019-06-16 17:59:05+00:00

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LEY 21526 (Sancionada el 14/II/1977 - Publicada en B.O. el 21/II/1977)
Modificada por leyes 24144, 24485 y 24627 y decreto 146/94
TÍTULO I - Régimen general
ARTÍCULO 1.- Quedan comprendidas en esta ley y en sus normas reglamentarias las personas o entidades privadas o públicas -oficiales o mixtas- de la Nación, de las provincias o municipalidades que realicen intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros.
ARTÍCULO 2.- Quedan expresamente comprendidas en las disposiciones de esta ley las siguientes clases de entidades:
ARTÍCULO 3.- Las disposiciones de la presente ley podrán aplicarse a personas y entidades públicas y privadas no comprendidas expresamente en ella, cuando a juicio del Banco Central de la República Argentina lo aconsejen el volumen de sus operaciones y razones de política monetaria y crediticia.
CAPÍTULO II - Autoridad de aplicación
ARTÍCULO 4.- El Banco Central de la República Argentina tendrá a su cargo la aplicación de la presente ley, con todas las facultades que ella y su carta orgánica le acuerdan. Dictará las normas reglamentarias que fueren menester para su cumplimiento y ejercerá la fiscalización de las entidades en ella comprendidas.
ARTÍCULO 5.- La intervención de cualquier otra autoridad queda limitada a los aspectos que no tengan relación con las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 6.- Las autoridades de control en razón de la forma societaria, sean nacionales o provinciales, limitarán sus funciones a los aspectos vinculados con la constitución de la sociedad y a la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes.
CAPÍTULO III - Autorización y condiciones para funcionar
ARTÍCULO 7.- Las entidades comprendidas en esta ley no podrán iniciar sus actividades sin previa autorización del Banco Central de la República Argentina. La fusión o la transmisión de sus fondos de comercio requerirá también su autorización previa.
ARTÍCULO 8.- Al considerarse la autorización para funcionar se evaluará la conveniencia de la iniciativa, las características del proyecto, las condiciones generales y particulares del mercado y los antecedentes y responsabilidad de los solicitantes y su experiencia en la actividad financiera.
ARTÍCULO 9.- Las entidades financieras de la Nación, de las provincias y de las municipalidades, se constituirán en la forma que establezcan sus cartas orgánicas. El resto de las entidades deberá hacerlo en forma de sociedad anónima, excepto:
a) Los afectados por las inhabilidades e incompatibilidades establecidas por el artículo 264 de la ley 19.550;
e) Los inhabilitados por aplicación del inciso 5 del artículo 41 de esta ley, mientras dure el tiempo de su sanción, y
Sin perjuicio de las inhabilidades enunciadas precedentemente, tampoco podrán ser síndicos de las entidades financieras quienes se encuentren alcanzados por las incompatibilidades determinadas por el artículo 286, incisos 2 y 3 de la ley 19.550.
ARTÍCULO 11.- Derogado por el artículo 1 del decreto 146/94 (B.O. 21-II-1994).
ARTÍCULO 12.- Derogado por el artículo 1 del decreto 146/94 (B.O. 21-II-1994).
ARTÍCULO 13.- Primer párrafo derogado por decreto 146/94 (B.O. 21-II-1994).
Las sucursales de entidades extranjeras establecidas y las nuevas que se autorizaren, deberán radicar efectiva y permanentemente en el país los capitales que correspondan según el artículo 32 y quedarán sujetas a las leyes y tribunales argentinos. Los acreedores en el país gozarán de privilegios sobre los bienes que esas entidades posean dentro del territorio nacional.
ARTÍCULO 14.- Derogado por el artículo 1 del decreto 146/94 (B.O. 21-II-1994).
ARTÍCULO 15.- Los directorios de las entidades constituidas en forma de sociedad anónima en el país, sus integrantes, los miembros de los consejos de vigilancia y los síndicos, deberán informar sin demora sobre cualquier negociación de acciones u otras circunstancias capaz de producir un cambio en la calificación de las entidades o alterar la estructura de los respectivos grupos de accionistas. Igual obligación regirá para los enajenantes y adquirentes de acciones y para los consejos de administración de las sociedades cooperativas y sus integrantes.
El Banco Central considerará la oportunidad y conveniencia de esas modificaciones encontrándose facultado para denegar su aprobación, así como para revocar las autorizaciones concedidas cuando se hubieren producido cambios fundamentales en las condiciones básicas que se hayan tenido en cuenta para acordarlas.
ARTÍCULO 16.- El Banco Central de la República Argentina autorizará la apertura de filiales, pudiendo denegar las solicitudes en todos los casos, fundado en razones de oportunidad y conveniencia.
ARTÍCULO 17.- Para la apertura de filiales o cualquier tipo de representación en el exterior, deberá requerirse autorización previa del Banco Central de la República Argentina, el que evaluará la iniciativa dentro de las normas que dicte al respecto y determinará el régimen informativo relativo a las operaciones y marcha de las mismas.
ARTÍCULO 18.- Derogado por el artículo 10 de la ley 24.144 (B.O. 22-X-1992).
CAPÍTULO IV - Publicidad
ARTÍCULO 19.- Las denominaciones que se utilizan en esta ley para caracterizar las entidades y sus operaciones, sólo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas.
TÍTULO II - Operaciones
ARTÍCULO 20.- Las operaciones que podrán realizar las entidades enunciadas en el artículo 2 serán las previstas en este título y otras que el Banco Central de la República Argentina considere compatibles con su actividad.
CAPÍTULO II - Bancos comerciales
ARTÍCULO 21.- Los bancos comerciales podrán realizar todas las operaciones activas, pasivas y de servicios que no les sean prohibidas por la presente ley o por las normas que con sentido objetivo dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades.
CAPÍTULO III - Bancos de inversión
ARTÍCULO 22.- Los bancos de inversión podrán:
h) Obtener créditos del exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjeras;
CAPÍTULO IV - Bancos hipotecarios
ARTÍCULO 23.- Los bancos hipotecarios podrán:
CAPÍTULO V - Compañías financieras
ARTÍCULO 24.- Las compañías financieras podrán:
e) Otorgar avales, fianzas u otras garantías, aceptar y colocar letras y pagarés de terceros;
h) Gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agentes pagaderos de dividendos, amortizaciones e intereses;
CAPÍTULO VI - Sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda u otros inmuebles
ARTÍCULO 25.- Las sociedades de ahorro y préstamos para la vivienda u otros inmuebles podrán:
CAPÍTULO VII - Cajas de crédito
CAPÍTULO VIII - Relaciones operativas entre entidades
ARTÍCULO 27.- Las entidades comprendidas en esta ley podrán acordar préstamos y comprar y descontar documentos a otras entidades, siempre que estas operaciones se encuadren dentro de las que están autorizadas a efectuar por sí mismas.
CAPÍTULO IX - Operaciones prohibidas y limitadas
ARTÍCULO 28.- Las entidades comprendidas en esta ley no podrán:
a) Explotar por cuenta propia empresas comerciales, industriales, agropecuarias o de otra clase, salvo con expresa autorización del Banco Central, quien la deberá otorgar con carácter general y estableciendo en la misma límites y condiciones que garanticen la no afectación de la solvencia y patrimonio de la entidad. Cuando ello ocurriere, la superintendencia deberá adoptar los recaudos necesarios para un particular control de estas actividades;
ARTÍCULO 29.- Las entidades podrán ser titulares de acciones de otras entidades financieras, cualquiera sea su clase, siempre que medie autorización del Banco Central de la República Argentina, y de acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida en que sean necesarias para obtener su prestación.
TÍTULO III - Liquidez y solvencia
CAPÍTULO I - Regulaciones
ARTÍCULO 30.- Las entidades comprendidas en esta ley se ajustarán a las normas que se dicten en especial sobre:
ARTÍCULO 31.- Las entidades deberán mantener las reservas de efectivo que se establezcan con relación a depósitos, en moneda nacional o extranjera, y a otras obligaciones y pasivos financieros.
CAPÍTULO II - Responsabilidad patrimonial
ARTÍCULO 32.- Las entidades mantendrán los capitales mínimos que se establezcan.
ARTÍCULO 33.- Las entidades deberán destinar anualmente al fondo de reserva legal la proporción de sus utilidades que establezca el Banco Central de la República Argentina, la que no será inferior al 10% ni superior al 20%. No podrán distribuir ni remesar utilidades antes de la aprobación de los resultados del ejercicio y de la publicación del balance general y cuenta de ganancias y pérdidas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36.
CAPÍTULO III - Regularización y saneamiento
ARTÍCULO 34.- La entidad que no cumpla con las disposiciones de este título o con las respectivas normas dictadas por el Banco Central de la República Argentina, deberá dar las explicaciones pertinentes, dentro de los plazos que éste establezca.
La entidad deberá presentar un plan de regularización y saneamiento, en los plazos y condiciones que establezcan el Banco Central de la República Argentina y que en ningún caso podrá exceder de los treinta (30) días, cuando:
ARTÍCULO 35.- Por las deficiencias en la constitución de reservas de efectivo en que incurran, las entidades abonarán al Banco Central de la República Argentina un cargo de hasta cinco veces la tasa máxima de redescuento. Asimismo, el Banco Central de la República Argentina podrá establecer otros cargos por el incumplimiento de las demás normas establecidas en este Título.
CAPÍTULO IV - Reestructuración de la entidad en resguardo del crédito y los depósitos bancarios
ARTÍCULO 35 bis.- [Según decreto 1043/95] Cuando a juicio exclusivo del Banco Central de la República Argentina, adoptado por la mayoría absoluta de su Directorio, una entidad financiera se encontrara en cualquiera de las situaciones previstas por el artículo 44, aquél podrá autorizar su reestructuración en defensa de los depositantes, con carácter previo a considerar la revocación de la autorización para funcionar. A tal fin, podrá adoptar cualquiera de las siguientes determinaciones, o una combinación de ellas:
I.- Reducción, aumento y enajenación del capital social
a) Disponer que la entidad registre contablemente pérdidas contra el previsionamiento parcial o total de activos cuyo estado de cobrabilidad, realización o liquidez así lo requiera, a solo juicio del Banco Central, y la reducción de su capital y/o afectación de reservas contra ellas.
El Banco Central fijará el plazo en caso del inciso a) y de este inciso teniendo en cuenta los plazos mínimos legales para el otorgamiento de los actos societarios del representante legal, del órgano de administración, y del órgano asambleario necesarios para su implementación.
c) Revocar la aprobación para que todos o algunos accionistas de una entidad financiera continúen como tales, otorgando un plazo para la transferencia de dichas acciones, que no podrá ser inferior a diez (10) días.
II.- Exclusión de activos y pasivos y transferencia a otras entidades financieras
a) Disponer la exclusión de activos a su elección, valuados de conformidad a las normas contables aplicables a los balances de las entidades financieras, por un importe equivalente al de los distintos rubros del pasivo mencionados en el inciso b).
b) Excluir del pasivo los depósitos definidos en los incisos d) y e) del artículo 49, así como, en su caso, los créditos del Banco Central de la República Argentina definidos en el artículo 53, respetando el orden de prelación entre estos acreedores.
c) Autorizar y encomendar la transferencia de los activos y pasivos excluidos conforme a los incisos a) y b), manteniendo en cada caso la equivalencia entre los mismos.
III.- Intervención judicial
La intervención judicial de una entidad sujeta al procedimiento establecido en el apartado II producirá la radicación ante el juez que la disponga de todos los juicios de contenido patrimonial que afectaren a los activos excluidos o se refieran a los pasivos excluidos. [Según ley 24.627].
En los casos previstos en este artículo se aplicará lo dispuesto por el artículo 49, párrafo segundo in fine de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, respecto de éste, los fideicomisos referidos en el artículo 18, inciso b) de la Carta Orgánica, y los terceros que hubieran realizado los actos en cuestión, salvo la existencia de dolo. La falta de legitimación alcanza a los acreedores, socios, administradores y la propia entidad.
V.- Transferencia de activos y pasivos excluidos
a) Las transferencias de activos y pasivos de entidades financieras autorizadas, encomendadas o dispuestas por el Banco Central de la República Argentina de conformidad a lo previsto en el apartado II se rigen exclusivamente por lo dispuesto en esta ley, siendo inaplicable a estos casos la ley 11.867.
b) No podrán iniciarse o proseguirse actos de ejecución forzada sobre los activos excluidos cuya transferencia hubiere autorizado, encomendado o dispuesto el Banco Central de la República Argentina en el marco de este artículo, salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario o prendario o derivado de una relación laboral. Tampoco podrán trabarse medidas cautelares sobre los activos excluidos. El juez actuante a los fines de la intervención prevista en el apartado III, ordenará el inmediato levantamiento de los embargos y/o inhibiciones generales trabados, los que no podrán impedir la realización o transferencia de los activos excluidos, debiendo recaer las medidas cautelares derivadas de créditos laborales sobre el producido de su realización.
c) Los actos autorizados, encomendados o dispuestos por el Banco Central de la República Argentina en el marco de este artículo que importan la transferencia de activos y pasivos no están sujetos a autorización judicial alguna ni pueden ser reputados ineficaces respecto de los acreedores de la entidad financiera que fuera la propietaria de los activos excluidos, aun cuando su insolvencia fuere anterior a la exclusión.
d) Los acreedores de la entidad financiera enajenante de los activos excluidos no tendrán acción o derecho alguno contra los adquirentes de dichos activos, salvo que tuvieren privilegios especiales que recaigan sobre bienes determinados. [Incorporado por ley 24.627].
TÍTULO IV - Régimen informativo, contable y de control
CAPÍTULO I - Informaciones, contabilidad y balances
ARTÍCULO 36.- La contabilidad de las entidades y la confección y presentación de sus balances, cuentas de ganancias y pérdidas, demás documentación referida a su estado económico financiero e informaciones que solicite el Banco Central de la República Argentina, se ajustarán a las normas que el mismo dicte al respecto.
CAPÍTULO II - Control
ARTÍCULO 37.- Las entidades financieras deberán dar acceso a su contabilidad, libros, correspondencia, documentos y papeles, a los funcionarios que el Banco Central de la República Argentina designe para su fiscalización u obtención de informaciones. La misma obligación tendrán los usuarios de créditos, en el caso de existir una verificación o sumario en trámite.
ARTÍCULO 38.- Cuando personas no autorizadas realicen operaciones de intermediación habitual entre la oferta y la demanda de recursos financieros o actúen en el mercado del crédito, el Banco Central de la República Argentina podrá requerirles información sobre la actividad que desarrollen y la exhibición de sus libros y documentos; si se negaren a proporcionarla o a exhibirlos, aquél podrá solicitar orden de allanamiento y el auxilio de la fuerza pública.
TÍTULO V - Secreto
ARTÍCULO 39.- Las entidades comprendidas en esta ley no podrán revelar las operaciones pasivas que realicen.
El personal de las entidades deberá guardar absoluta reserva de las informaciones que llegan a su conocimiento.
ARTÍCULO 40.- Las informaciones que el Banco Central de la República Argentina reciba o recoja en ejercicio de sus funciones, vinculadas a operaciones pasivas, tendrán carácter estrictamente confidencial.
TÍTULO VI - Sanciones y recursos
ARTÍCULO 41.- Quedarán sujetas a sanción por el Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades.
Las sanciones serán aplicadas por el presidente del Banco Cent
ARTÍCULO 41.- Quedaran sujetas a sanción por el Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente ley, sus normas reglamentarias y resoluciones que dicte el Banco Central de la República Argentina en ejercicio de sus facultades.
Las sanciones serán aplicadas por la autoridad competente, a las personas o entidades o a ambas a la vez, que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente, previo sumario que se instruirá con audiencia de los imputados, con sujeción a las normas de procedimiento que establezca la indicada institución y podrán consistir, en forma aislada o acumulativa, en: 1) llamado de atención; 2) apercibimiento; 3) multas; 4) inhabilitación temporaria o permanente para el uso de la cuenta corriente bancaria; 5) inhabilitación temporaria o permanente para desempeñarse como promotores, fundadores, directores, administradores, miembros de los consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores, gerentes, auditores, socios o accionistas de las entidades comprendidas en la presente ley; 6) revocación de la autorización para funcionar.
El Banco Central de la República Argentina reglamentará la aplicación de las multas, teniendo en cuenta para su fijación, los siguientes factores: - Magnitud de la infracción.
ARTÍCULO 42.- Las sanciones establecidas en los incisos 1) y 2) del artículo anterior sólo serán recurribles por revocatoria.
Aquellas sanciones a las que se refieren los incisos 3), 4), 5), y 6) del artículo anterior, serán apelables, al solo efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de apelaciones en lo contencioso administrativo Federal de la Capital Federal.
En el caso del inciso 6), hasta tanto se resuelva el recurso, dicha Cámara dispondrá la intervención judicial de la entidad sustituyendo a los representantes legales en sus derechos y facultades.
Los recursos deberán interponerse y fundarse ante el Banco Central de la República Argentina, dentro de los quince (15) días hábiles a contar de la fecha de notificación de la resolución. Si el recurso fuera de apelación, las actuaciones deberán elevarse a la cámara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
Para el cobro de las multas aplicadas en virtud del inciso 3) del artículo anterior, el Banco Central de la República Argentina seguirá el procedimiento de ejecución fiscal previsto en el código procesal civil y comercial de la Nación. Constituirá titulo suficiente la copia simple de la resolución que aplicó la multa, suscripta por dos firmas autorizadas del Banco Central de la República Argentina, sin que puedan oponerse otras excepciones que las de prescripción, espera y pago documentados.
La prescripción de la acción que nace de las infracciones a que se refiere este artículo, se operará a los seis (6) años de la Comisión del hecho que la configure. Ese plazo de interrumpe por la Comisión de otra infracción y por los actos o diligencias de procedimiento inherentes a la substanciación del sumario, una vez abierto por resolución del Presidente del Banco Central de la República Argentina. La prescripción de la multa se operará a los tres (3) años, contados a partir de la fecha de la notificación de dicha sanción firme.
Los profesionales de las auditorias externas designadas por las entidades financieras para cumplir las funciones que la ley, las normas reglamentarias y las resoluciones del Banco Central de la República Argentina dispongan, quedarán sujetas a las previsiones y sanciones establecidas en el artículo 41, por las infracciones al régimen. (Agregado por ley 24267) Las sociedades calificadoras de riesgo, sus integrantes profesionales intervinientes y cualquier otra persona física o jurídica que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de una profesión o título habilitante, produjera informes u opiniones técnicas de cualquier especie, en infracción o contrarios a las normas de su arte, oficio o profesión, quedarán también sujetos por las consecuencias de sus actos a las previsiones y sanciones del art. 41. (Agregado por ley 24267)
CAPÍTULO I - Revocación de la autorización para funcionar, disolución y liquidación de las entidades financieras.
ARTÍCULO 43.- Cualquiera sea la causa de la disolución de una entidad comprendida en la presente ley, las autoridades legales o estatutarias deberán comunicarlo al Banco Central de la República Argentina, en un plazo no mayor a los dos (2) días hábiles de tomado conocimiento de la misma. Igual procedimiento deberá observarse en el caso de decisión de cambio del objeto social.
ARTÍCULO 44.- El Banco Central de la República Argentina podrá resolver la revocación de la autorización para funcionar de las entidades financieras: a) A pedido de las autoridades legales o estatutarias de la entidad; b) En los casos de disolución previstos en el código de Comercio o en las leyes que rijan sus existencia como persona jurídica; c) Por afectación de la solvencia y/o liquidez de la entidad que a juicio del Banco Central de la República Argentina no pudiere resolverse por medio de un plan de regularización y saneamiento; d) En los demás casos previstos en la presente ley.
Al resolver la revocación de la autorización para funcionar o durante el periodo de suspensión transitoria de una entidad financiera, el Banco Central de la República Argentina podrá ordenar que se efectivice el pago a los acreedores laborales previstos en el inc. b) del art. 53, y a los depositantes del privilegio especial previsto en el inc. d) del art. 49 o del privilegio general previsto en el inc e) del mismo artículo, respetando el orden de prelación respectivo y distribuyendo los fondos de que disponga la entidad a prorrata, entre los acreedores de igual rango, cuando fueren insuficientes.
(Párrafo agregado por ley 24627)
ARTÍCULO 45.- El Banco Central de la República Argentina deberá notificar de inmediato y de manera fehaciente la resolución adoptada a las autoridades legales o estatutarias de la ex entidad y al juzgado comercial competente, en su caso.
En los casos previstos en los incs. a) y b) del art. 44 de la presente ley, si las autoridades legales o estatutarias de la entidad lo solicitaren al juez de la causa, y este considerare que existen garantías suficientes podrá, previa conformidad del Banco Central de la República Argentina, el que deberá expedirse en el plazo de cinco (5) días autorizarlas o disponer a que ellas mismas administren el proceso de cese de la actividad reglada o de liquidación de la entidad. En cualquier estado del proceso de autoliquidación de la entidad o de la persona jurídica, el juez podrá disponer la continuidad de las mismas por la vía judicial si se dieran los presupuestos de la legislación societaria o concursal para adoptar tal determinación.
Cuando se verifique la causal prevista en el inc. c) del art. 44 de la presente ley, aunque concurra con cualquier otra, o cuando se trate del supuesto previsto en el inc. d) del mismo artículo, sólo procederá la liquidación judicial de la ex entidad, salvo que correspondiere su quiebra y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 35 bis de la presente ley.
Los honorarios de los peritos o auxiliares que el juez interviniente designare a los fines de la presente ley, deberán fijarse en función de la tarea efectivamente realizada por aquellos, con absoluta independencia de la cuantía de los activos, pasivos o patrimonio de la entidad.
(Modificado por ley 24627)
ARTÍCULO 46 - A partir de la notificación de la resolución que dispone la revocación de la autorización para funcionar y hasta tanto el juez competente resuelva el modo del cese de la actividad reglada o de la liquidación de la ex entidad, serán nulos cualquier tipo de compromisos que aumenten los pasivos de la misma y cesará su exigibilidad y el devengamiento de sus intereses.
La autoliquidación, la liquidación judicial y/o la quiebra de las entidades financieras quedarán sometida a lo prescripto por las leyes 19550 y 24522 en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en la presente ley.
ARTÍCULO 47- La resolución que disponga la revocación de la autorización para funcionar será apelable, al solo efecto devolutivo, por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso deberá interponerse y fundarse ante el Banco Central de la República Argentina dentro de los quince (15) días hábiles siguientes.
CAPÍTULO II - Liquidación Judicial.
ARTÍCULO 48.- El liquidador judicial deberá ser designado por el juez competente, conforme a lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para los síndicos. En el supuesto de que se declarare la quiebra de la entidad, el liquidador designado continuará desempeñándose como síndico.
ARTÍCULO 49.- La liquidación judicial se realizará de acuerdo a las siguientes disposiciones y con aplicación de las normas sobre liquidación de sociedades, en lo que no queda expresamente contemplado a continuación: a) Desde la resolución de revocación de la autorización para funcionar, ningún acreedor por causa o título anterior a la revocación podrá iniciar o proseguir actos de ejecución forzada sobre los bienes de la ex entidad salvo que tuvieren por objeto el cobro de un crédito hipotecario, prendario o derivado de una relación laboral.
Los embargos y/o inhibiciones generales trabados, no podrán impedir la realización de los bienes de la ex entidad y deberán recaer sobre el producido de su realización por hasta los montos originalmente constituidos; b) La resolución que disponga la liquidación judicial tendrá la misma publicidad que la establecida por la Ley de Concursos para la declaración de quiebra, aplicándose de igual modo, en forma analógica, la publicidad y procedimiento para la insinuación y verificación de los créditos que componen el pasivo. Los pagos a los acreedores deberán efectuarse con la previa conformidad del juez interviniente, en concordancia con el inciso g), y ampliándose igualmente en forma analógica lo dispuesto por la Ley de Concursos y Quiebras para la liquidación de los bienes y proyecto de distribución y pago a los acreedores.
c) El liquidador judicial determinará la totalidad de obligaciones exigibles provenientes de depósitos de sumas de dinero, estableciendo la procedencia del pago y genuinidad de los instrumentos; d) Sobre la totalidad de los fondos en conjunto, sin distinción por clase de depósitos, que la entidad liquidada tuviese depositados en concepto de encaje por efectivo mínimo, otros fondos existentes a la fecha de disponerse la revocación de sus autorización para funcionar o los fondos resultantes de la transferencia de los activos excluidos conforme al art. 35 bis, los depositantes tendrán un privilegio especial, exclusivo y excluyente, con excepción de los acreedores laborales previstos en el inc. b) del art. 53 para la satisfacción de su crédito conforme a la siguiente prelación: - Hasta la suma de cinco mil pesos ($5000) por persona, o su equivalente en moneda extranjera, gozando de este privilegio especial una sola persona por depósito.
- Sobre el saldo de dichos fondos, el remanente de los depósito a prorrata.
(Modificado por la ley 24627) e) Los depositantes tendrán privilegio general y absoluto para el cobro de sus acreencias por sobre todos los demás créditos, con excepción de los créditos con privilegio especial de prenda e hipoteca y los acreedores laborales del inc. b) del art. 53.
(Modificado por la ley 24627) f) El liquidador judicial realizará informes mensuales sobre el estado de la liquidación, los que permanecerán a disposición de los interesados en el juzgado interviniente en la liquidación; g) Concluidas las operaciones de liquidación judicial, el liquidador presentará al juez interviniente el balance final con una memoria explicativa de sus resultados y con un proyecto de distribución de fondos, previa deducción de los importes necesarios para cancelar las deudas que no hubieren podido ser satisfechas.
Los socios y acreedores reconocidos sólo podrán formular impugnaciones al balance final de la liquidación y al proyecto de distribución de fondos dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al de la última publicación y ellas serán resueltas por el juez en el expediente de la liquidación, donde los impugnantes tendrán derecho a intervenir en calidad de parte. La sentencia que se dicte tendrá efecto aún con respecto a quienes no hubieran formulado impugnaciones. Transcurrido el plazo de treinta (30) días hábiles sin que se hubieran producido impugnaciones, o resueltas éstas judicialmente, tanto el balance como el proyecto de distribución se tendrán por aprobados con las modificaciones que puedan resultar de la sentencia y se procederá a la distribución; h) Las sumas de dinero no reclamadas por sus titulares serán depositadas en el juzgado interviniente por el plazo de un (1) año, a contar de la publicación de la declaración judicial de finalización de la liquidación. Dichos fondos podrán ser invertidos a propuesta del liquidador judicial.
El derecho de los acreedores a percibir los importes que les correspondiere en la distribución prescribirá en el plazo indicado. La prescripción operará de pleno derecho, destinándose los importes no cobrados al Instituto Nacional de Previsión Social para Jubilados y Pensionados; i) Distribuidos los fondos o, en su caso, efectuada la entrega indicada precedentemente, el juez, mediante resolución que será publicada por un (1) día en dos (2) diarios del lugar en que la entidad haya tenido su sede social, uno de los cuales será el de anuncios legales, declarará finalizada la liquidación.
Los acreedores de la ex entidad silo podrán accionar contra ella en tanto no haya sido pronunciada la declaración de finalización de la liquidación y únicamente hasta la concurrencia de los bienes no realizados, fondos no distribuidos o importes no depositados, sin perjuicio de las acciones que les correspondiere contra los socios en forma individual; j) Los libros y documentación de la entidad liquidada serán depositadas en el lugar que el juez designa, por el plazo de diez (10) años, a contar de la fecha de publicación de declaración judicial de finalización de la liquidación, a cuyo vencimiento serán destruidos.
k) Todos los juicios de contenido patrimonial iniciados o a iniciarse en contra de la ex entidad o que afectaren sus activos tramitarán ante el juez que entienda en la liquidación judicial, sin perjuicio de los establecido en el primer párrafo del art. 56 de la presente ley.
(Agregado por la ley 24627)
CAPÍTULO III - Quiebras.
ARTÍCULO 50.- Las entidades financieras no podrán solicitar la formación de concurso preventivo ni su propia quiebra, ni ser declaradas en quiebra a pedido de terceros, hasta la revocación de su autorización para funcionar, salvo lo dispuesto en el art. 52 de la presente ley.
Si la resolución del Banco Central de la República Argentina que dispone la revocación de la autorización para funcionar, comprendiere la decisión de peticionar la quiebra de la ex entidad, dicho pedido deberá formalizarse perentoriamente ante el juez competente quien deberá pronunciarse al respecto.
Estando la entidad en proceso de liquidación judicial, el liquidador deberá solicitar de inmediato la declaración de quiebra si advirtiera la cesación de pagos por si mismo, o en virtud de los pedidos de quiebra, formulados por terceros. El juez deberá disponerla si advirtiera la existencia de los presupuestos falenciales.
El pedido y la declaración tramitarán previa citación al deudor por el plazo de cinco (5) días.
El requisito establecido por el art. 80, segundo párrafo, de la ley 24522 no regirá al respecto a los pedidos de quiebra que formule el Banco Central de la República Argentina.
(Modificado por la ley 24627)
ARTÍCULO 51.- Una vez que el juez interviniente declare la quiebra, ésta quedará sometida a las prescripciones de esta ley y de la Ley de Concursos y Quiebras, salvo en lo concerniente a las siguientes disposiciones: a) No serán reputados ineficaces ni susceptibles de revocación, de conformidad con las normas de la Ley de Concursos y Quiebras, los actos realizados o autorizados por el Banco Central por los supuestos previstos en la ley vigente hasta la sanción de la ley 24144, ni los actos realizados o autorizados a realizar a entidades o terceros, de acuerdo a las disposiciones del articulo 35 bis de la presente ley y el articulo 35 bis de la presente ley y el articulo 17 incisos b), c) y e) de la Carta Orgánica del Banco Central, ni los créditos del Banco Central con el privilegio absoluto del artículo 53 ni sus garantías; b) En ningún caso serán aplicables las normas sobre continuación de la explotación de la empresa, c) Lo dispuesto por los incisos d) y e) del articulo 49 será igualmente aplicable en caso de quiebra.
d) La verificación de créditos del Banco Central de la República Argentina se formalizará sin necesidad de cumplir con el recaudo de acompañar los títulos justificativos de los mismos, a los que se refiere el art. 32 de la ley 24522, bastando a tales efectos la certificación de los saldos contables emitidos por el Banco Central de la República Argentina. Esta disposición será de aplicación al caso previsto en el art. 49 inc. b).
ARTÍCULO 52 - Habiéndose dispuesto las exclusiones previstas en apart. II del art. 35 bis de la presente ley ningún acreedor, con excepción del Banco Central de la República Argentina, podrá solicitar la quiebra de la ex entidad sino cuando hubieren transcurrido sesenta (60) días corridos contados a partir de la revocación de la autorización para funcionar. Transcurrido dicho plazo la quiebra podrá ser declarada a pedido de cualquier acreedor pero en ningún caso afectará los actos de transferencia de los activos y pasivos excluidos realizados o autorizados de acuerdo a las disposiciones del mencionado artículo, aún cuando estos estuvieren en trámite de instrumentación y perfeccionamiento.
ARTÍCULO 53- Los fondos asignados por el Banco Central de la República Argentina y los pagos efectuados en virtud de convenios de créditos recíprocos o por cualquier otro concepto y sus intereses, le serán satisfechos a éste con privilegio absoluto por sobre todos los demás créditos, con las siguientes excepciones en el orden de prelación que sigue: a) Los créditos con privilegio especial por causa de hipoteca, prenda, y los créditos otorgados conforme a lo previsto por el articulo 17, incisos b) y c) de la Carta Orgánica del Banco Central, en la extensión de sus respectivos ordenamientos; b) Los créditos privilegiados emergentes de las relaciones laborales, comprendidos en el articulo 268 de la ley 20744 y sus modificatorias. Gozarán del mismo privilegio los intereses que se devenguen por las acreencias precedentemente expuestas, hasta su cancelación total; c) Los créditos de los depositantes, de acuerdo a lo previsto en el articulo 49, incisos d) y e) de la presente ley.
CAPÍTULO IV - Disposiciones Comunes.
ARTÍCULO 54.- A los efectos del articulo 793 del Código de Comercio, las certificaciones de los saldos deudores en cuenta corriente serán suscriptas por los funcionarios que actúen en la administración del proceso de autoliquidación, el liquidador judicial o el sindico de la quiebra de las ex entidades de que se trate.
ARTÍCULO 55.- El Banco Central de la República Argentina, tendrá capacidad legal para promover las acciones civiles y penales que correspondan contra las personas responsables de actos previstos en el Código Penal. En las acciones penales, podrán asumir al calidad de parte querellante.
ARTÍCULO 56 - El juez que previno en el trámite de intervención judicial conocerá también en el trámite de los procesos de autoliquidación, liquidación judicial o quiebra, sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre competencia material que contengan los respectivos Códigos Procesales.
Toda cuestión relacionada con la competencia del juzgado se resolverá por vía incidental, continuándose el trámite principal ante el de su radicación, hasta que exista una sentencia firme que decrete la incompetencia, en cuyo caso se ordenará el paso del expediente al que corresponda, siendo válidas todas las actuaciones que se hubieren cumplido hasta entonces.
TÍTULO VIII - Disposiciones varias y transitorias.
CAPÍTULO I - Disposiciones varias.
ARTÍCULO 57.- Las entidades comprendidas en la presente ley prestarán los servicios especiales vinculados con la seguridad social que el Banco Central de la República Argentina les requiera por indicación del Poder Ejecutivo Nacional. Estos servicios serán remunerados, salvo las excepciones que justificadamente se establezcan.
ARTÍCULO 58.- Las sociedades de crédito para consumo podrán transformarse en cajas de crédito o compañías financieras, cumpliendo los requisitos que correspondan a las mismas y en la forma que establezcan las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina al respecto.
A ese efecto, tendrán un plazo de un año para hacerlo, a contar de la fecha en que se publiquen las normas correspondientes, plazo que podrá ser prorrogado por un idéntico periodo adicional en casos debidamente justificados. Vencido el plazo mencionado, se operará de pleno derecho la caducidad de la autorización para funcionar.
ARTÍCULO 59.- Durante el lapso indicado en el artículo anterior, dichas sociedades quedaran comprendidas en las disposiciones de esta ley y sus normas reglamentarias, siéndoles de aplicación las disposiciones del artículo 21 de la ley de entidades financieras (T. O en 1974) que mantiene vigencia a este solo fin por el referido término, alcanzando a sus depósitos las disposiciones del articulo 56.
ARTÍCULO 60.- Las cajas de crédito deberán adecuar su operatoria a lo dispuesto en la presente ley. A este efecto tendrán un plazo de un año, a contar de la fecha en que se publiquen las normas correspondientes, el que podrá ser prorrogado por un idéntico periodo adicional en casos debidamente justificados, y de acuerdo con la evolución del sistema.
ARTÍCULO 61- Durante el lapso señalado en el artículo anterior y al solo efecto de sus operaciones, les serán de aplicación a las cajas de crédito las disposiciones de los artículos 22 y 24, apartado b, de la ley de entidades financieras (T. O. 1974), las que mantendrán vigencia a este solo fin por el referido término. En todos los demás aspectos quedaran comprendidas en las disposiciones de la presente ley y sus normas reglamentarias.
ARTÍCULO 62.- Las cajas de crédito podrán transformarse en bancos comerciales manteniendo su forma jurídica cooperativa, cumpliendo los requisitos que correspondan a la citada clase de entidad y en la forma que establezcan las normas que dicte el Banco Central de la República Argentina al respecto.
En los casos previstos en el articulo 44, inciso c), las cajas de crédito y Bancos Comerciales que revistan la forma jurídica de cooperativa o de Asociación Civil, podrán transformarse en Sociedades Anónimas o constituir una Sociedad Anónima para transferirle el fondo de comercio a los efectos del ejercicio de la actividad financiera, con la aprobación del Banco Central de la República Argentina.
Cualquiera sea el tipo societario, en ninguno de los supuestos previstos por el articulo 35 bis, los socios o accionistas podrán ejercer el derecho de receso, resultando inaplicables las disposiciones de los artículos 78, 245 y ccs. de la ley de sociedades comerciales.
ARTÍCULO 63.- Dentro del año de promulgación de la presente ley, deberá concretarse la incorporación efectiva de las sociedades de Ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.
A partir de esa incorporación quedaran alcanzadas por el régimen de garantía de los depósitos que se establece por el articulo 56.
La ley N° 17594 continuará rigiendo el desenvolvimiento de las sociedades de Ahorro y préstamo para la vivienda mientras no sean incorporadas al régimen de la presente ley.
ARTÍCULO 64.- Las remisiones contenidas en las leyes 18024 y 19130 u otras disposiciones legales respecto de las sanciones previstas en la ley 18061, mantendrán vigencia o se entenderán en lo sucesivo referidas a la presente ley según corresponda.
ARTÍCULO 65.- Derógase la ley 18061 y complementarias y toda otra disposición que se oponga a la presente ley.
ARTÍCULO 66.- La presente ley comenzará a regir desde la fecha de aplicación de la ley No 21495 sobre descentralización de los depósitos en las entidades financieras.

References: ARTÍCULO 1

ARTÍCULO 2

ARTÍCULO 3

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9
 artículo 264
 artículo 41
 artículo 286

ARTÍCULO 11
 artículo 1

ARTÍCULO 12
 artículo 1

ARTÍCULO 13
 artículo 32

ARTÍCULO 14
 artículo 1

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18
 artículo 10

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20
 artículo 2

ARTÍCULO 21

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ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33
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ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 35
 artículo 44
 artículo 49
 artículo 53
 artículo 49
in fine
 artículo 18

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 40

ARTÍCULO 41

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ARTÍCULO 42
 resolución 
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 artículo 41

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45
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ARTÍCULO 46
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ARTÍCULO 47
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ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49
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ARTÍCULO 50
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ARTÍCULO 51
 artículo 53

ARTÍCULO 52

ARTÍCULO 53

ARTÍCULO 54

ARTÍCULO 55

ARTÍCULO 56

ARTÍCULO 57

ARTÍCULO 58

ARTÍCULO 59
 artículo 21

ARTÍCULO 60

ARTÍCULO 61

ARTÍCULO 62

ARTÍCULO 63
 artículo 2

ARTÍCULO 64

ARTÍCULO 65

ARTÍCULO 66