Source: http://www.alternativadigital.net/?m=201206
Timestamp: 2013-05-22 11:04:51+00:00

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Alternativa, La verdadera Panamá » 2012 » June
27th Jun2012	100 Preguntas sobre la Constituyente (I Parte)
27th Jun2012	Esclarecimiento del Pueblo
Esclarecimientodel pueblo Kevin Harrington-Shelton
“Elmejor gobierno es aquel que nos enseña a auto-gobernarnos.”
—Johann Wolfgang von Goethe JosefGoebbels, santo-patrón de la Secretaría de Comunicación del Presidente RicardoMartinelli, encabezó en la Alemania nazi el “Reichsministerium fürVolksaufklärung und Propaganda” (“ministerio para elesclarecimiento del pueblo”). En 1933, al presentar a Hitler en su debut como Canciller, el Dr. Goebbels recabó su filosofía así: “No se puede tener un buen gobierno, sinbuena propaganda; pero tampoco se puede tener una buena propaganda, sin un buengobierno. No obstante, ¡Ud. jamás debe mentir! ¡Nunca debemos mentir! Son los judíos,que deben pagar por sus mentiras a nuestro pueblo.” Nuestrapropia historia no recoge si se hayan cruzado consejos similares en el Palacio de lasGarzas, pero las verdades a medias, inexactitudes, encubrimientos, y falsedades quede allí originan, las pagamos todos — a razón de $52 mil diarios. Se promueve el mismo estilo embustero de la campaña de laAlianza para el Cambio — sólo que ahora se paga con fondos públicos. Difícilmentepodría interpretarse una sola de sus campañas como para esclarecer a la población, sobre cualquier tema.Por lo contrario, su denominador común pareciera ser el desviar la atención, de los aspectos que constituyen el talón de Aquiles de la decisión oficial. Noviene a la mente ún solo asunto sobre el cual al pueblo se le haya esclarecido clara yfrancamente todos los intríngulis de ún problema, de suerte que pueda entenderlo y asi conservarsu credibilidad en la democracia. A tres años de esto, ya no hay confianza de quela nave del Estado está en buenas manos, porque esta propaganda distademasiado de la Verdad que el pueblo sí intuye. La gente ya no come cuento —- y todolo entiende en términos de una corrupción al granel. Los actos de gobierno carecen de la previsibilidad quehace posible el progreso — ¡nadie siquiera sospecha cuál será elsiguiente arrebato oficial!
Ejemplo.Un día después de estremecernos con el hueco de $400 millones en el Presupuesto,se anuncia que el próximo presidente de la Asamblea será casualmente el mismo diputadoque logró aprobar dicho Presupuesto mendaz. Así será sumamente difícil esperarque el contribuyente acepte los sacrificios que implica un masivo recortepresupuestal y/o un aumento en los impuestos.
Quienes comemos 3 veces al día estamos en la obligaciónde velar por quienes no comen, y la mejor forma de hacerlo es promoviendo unestado de derecho que funcione como debe — y que sea predecible…
25th Jun2012	¿QUÉ ES UNA CONSTITUYENTE?
1) ASAMBLEA CONSTITUYENTE
Una Asamblea Constituyente es un organismo compuesto por ciudadanos elegidos por la misma ciudadanía para dar forma a la organización política de la nación y sancionar (crear) su Constitución. Una asamblea constituyente emana del llamado Poder Constituyente, surgido del principio democrático de soberanía popular y de la idea de limitación del poder gobernante. Se trata del poder absoluto y total ejercido por todo el pueblo en el momento de crear, reformar o estructurar el estado como convenga a sus aspiraciones e intereses discutiendo, procurándose o reformando una Constitución.
Es el procedimiento más democrático para crear o reformar una Constitución, ya que en ella participan y se pueden expresar, en forma mucho más amplia y con mayor diversidad, todos los sectores y tendencias que integran la sociedad nacional, para lograr un consenso que sirva de mínimo común denominador de los intereses de la nación entera.Una asamblea constituyente permite consolidar la estabilidad de un paísmediante un pacto nacional amplio y diverso, con objetivos claros y precisos. Contribuye, además, a superar la decepción de la ciudadanía ante autoridadesque no la interpretan y elites político-económicas que sólo velan por sus propiosintereses. Su costo económico no puede compararse con su beneficio político,social e institucional.Tampoco puede ser considerada un “cheque en blanco” o “un paso hacia lodesconocido”, como afirman quienes se oponen a ella –cúpulas partidarias,políticos continuistas- porque cada ciudadano, además de informarse y participardirectamente en el proceso, deja establecido formalmente cuál es su voluntad.Así ha ocurrido en América, Europa y Africa, donde este mecanismo hacontribuido a fortalecer la participación ciudadana en la toma y ejecución de lasdecisiones nacionales.
Para realizar una asamblea constituyente NO es necesario que ésta se encuentreseñalada en la Constitución vigente. Al ser la expresión más acabada delejercicio del Poder Constituyente Originario y del poder soberano de losciudadanos, es a éstos a quienes corresponde decidir el momento más apropiado para elegir una, democráticamente, mediante sufragio universal, secreto, directo,representativo y participativo.La convocatoria oficial a una Asamblea Nacional Constituyente originariacorresponde usualmente al que detenta efectivamente el poder, en este caso, la jefatura civil del gobierno, tiene el deber de hacer efectiva la voluntad popular.
Cuando la Constitución vigente no considera reformas por medio de unaasamblea constituyente (el caso chileno), ésta puede ser generada por una leyespecial aprobada por el Congreso, la que debe establecer su rangoconstitucional y su convocatoria inmediata, para su ratificación medianteplebiscito.Sólo se requiere, por lo tanto, la voluntad política de asumir, de cara a la gente yen un plazo razonable, la tarea de elaborar una Constitución auténticamentedemocrática y ciudadana, que todo el pueblo haga suya y convierta en escudo desus derechos.3) ELECCIÓN Y CONFORMACIÓNForman parte de una asamblea constituyente ciudadanos con derecho a elegir yser elegidos, y que resulten electos de manera libre, democrática yrepresentativa de las listas de candidatos que presenten los partidos políticos y las más diversas organizaciones de la sociedad: gremiales, cívicas, comunales,religiosas, culturales, económicas, profesionales, empresariales, obreras,campesinas, indígenas, sindicales, estudiantiles, intelectuales, étnicas,ecológicas, científicas y otras que representen intereses sectoriales y nacionales.Los candidatos deben estar inscritos en el registro electoral y pueden postular por iniciativa propia, patrocinados por partidos políticos legalmente constituidoso por organizaciones sociales.
Están inhabilitadas de hacerlo determinadas autoridades y funcionarios públicos en ejercicio como el Presidente (a), ministrosde Estado, senadores, diputados, directores de empresa estatales, gobernadores,alcaldes, concejales, ministros de Corte y otros magistrados, fiscal nacional,contralor, procurador general, militares y funcionarios electorales, entre otros.Con el objeto de incorporar democráticamente a todos los sectores se suelerecomendar un sistema mixto de elección de delegados, basado en los modelosuninominal distrital, de representación proporcional de las minorías por listasregionales o nacionales y de elección por colectivos.
Los miembros de una asamblea constituyente no son representantes, sinodelegados, porque personifican al pueblo soberano en reunión.
Se entiende por SOBERANÍA el derecho y la voluntad que posee un pueblo para adoptar decisiones destinadas a determinarse y manifestarse con independencia de poderes externos.
4) FACULTADES:
Una asamblea constituyente tiene amplias facultades; esencialmente, redactar y aprobar una nueva Constitución Política del Estado, aunque sometiéndola a la ratificación del constituyente primario, es decir, el pueblo, por intermedio de un referéndum o plebiscito. Puede también, según la situación y mientras aprueba la configuración definitivade la forma política que plasmará en la nueva Carta Magna, disolver los poderes constituidos (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), someterlos a su ratificación, asumirlos directamente o reorganizarlos.
5) FUNCIONAMIENTO Una vez elegida e instalada, el período de funciones de una asamblea constituyente se extiende generalmente de seis meses a un año, según la urgencia de su labor, aunque está facultada para modificarlo. Tiene, además, plena libertad para establecer sus reglamentos internos y puede dotar a sus integrantes de prerrogativas parlamentarias. Su agenda de trabajo también es determinada unilateralmente por ella, pudiendo ratificar o no la que haya propuesto en la convocatoria. Debe, sin embargo, estar siempre abierta al debate, pues se trata -nada menos- de consagrar constitucionalmente la democracia participativa y el referéndum popular.
Es deseable un consenso mínimo y previo que encauce el debate hacia lasdemandas del estado, su relación con la sociedad civil y los derechos y garantíasciudadanas que se desea incorporar a la nueva Carta.6) GARANTÍAS A LA CIUDADANÍAEl pueblo es el único que puede y debe elegir libre y directamente a las personas encargadas de trabajar en una asamblea constituyente. Nadie puede ni debesustituirle en esa tarea, para la cual debe gozar de plena libertad de postulacióny elección a través de mecanismos verdaderamente participativos,representativos y democráticos.La mejor garantía para una mayor y mejor representación de todos los sectoressociales en una Asamblea Nacional Constituyente
está determinada por la participación de toda la ciudadanía en el logro de la misma, en el carácter democrático de las discusiones, debates y otras actividades participativas entodas las fases del proceso:
Convocatoria, elaboración de listas, postulaciones, propaganda, acceso a los medios de comunicación, divulgación de planteamientos, elección y otras. Para participar, a través de sus delegados, en el proceso constituyente y contribuir al texto de la nueva Constitución,
el pueblo debe estar suficientemente informado acerca del porqué y para qué de una asamblea constituyente.
De este modo, la Asamblea elegida debe crear mecanismos fluidos y eficaces para garantizar la participación popular y la canalización de sus puntos de vista en forma permanente.
El sistema electoral debe garantizar una igualdad fundamental de oportunidades y condiciones para los candidatos a delegados en la competencia por el voto popular. Los partidos políticos, organizaciones y grupos que presenten candidatos deben señalar, con claridad y sencillez, los puntos prioritarios de su plataforma política relacionados con la agenda de la Asamblea y su correspondiente argumentación. Los medios de comunicación social deben estar abiertos y sin exclusiones al debate constitucional y reproducirlo ampliamente.7) ¿QUÉ TEMAS DEBERÍA TRATAR?• Respetar los derechos humanos.• Mantener la independencia y la integridad territorial de la nación y fortalecer su unidad.• Proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social. • Fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre.• Asegurar la libertad y la estabilidad de las instituciones.• Lograr la participación equitativa de todos en el disfrute de la riqueza, según los principios de la justicia social y la equidad.• Mantener la igualdad social y jurídica sin discriminaciones derivadas de raza, sexo, credo o condición social.• Conservar y acrecentar el patrimonio moral e histórico de la nación, forjado por el pueblo en sus luchas por la libertad y la justicia y por el pensamiento y la acción de los grandes servidores de la patria.• Cooperar con las demás naciones y, de modo especial, con las repúblicas hermanas del continente, en los fines de la comunidad internacional sobre la base del recíproco respeto de las soberanías, la autodeterminación de los pueblos, la garantía universal de los derechos individuales y sociales de la persona humana, y el repudio de la guerra, de la conquista y del predominio económico como instrumento de la política internacional.• Sustentar el orden democrático como el único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la Tierra. Adaptado por J.F.S. Y Baltazar Godoy Sáez de: QUISBERT, ERMO, Poder Constituyente y Asamblea Constituyente, La Paz,Bolivia: ADEQ, 2007.SAMUEL S. RUIZ T., La Constituyente, Venezuela. MIGUEL ANTONIO BERNAL, ¿Qué es una Asamblea Constituyente?, Panamá.
ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS, Unidad para la Promoción de la Democracia; Observación electoral en la República de Venezuela, Elección de representantes a la Asamblea Nacional Constituyente del 25 de julio de 1999.Ilustración: Asamblea Constituyente de Ecuador.www.ciudadaniainformada.comwww.chilenosconstituyente.blogspot.com, 2008.www.redeschile.blogspot.com2011.
25th Jun2012	Los semáforos privatizados
Los semáforos privatizados Kevin Harrington-Shelton
“Nada habrá que antes no haya habido: nada se hará que antes no se haya hecho.
¡Nada hay nuevo hay bajo el sol!” – Ecclesiastes 1:9
La agricultura-tributaria no es nueva. A lo largo de la historia mandatarios faltos de dinero han recurrido lo que hoy las finanzas modernas tildan de “externalización” del cobro de impuestos, que constituía la única fuente de pago de sus préstamos. Con la ventaja –para el mandatario– que la cosecha de impuestos la efectuaban sus acreedores y los escondía del pueblo que sufría su desembolso. Estos intermediarios solían abusar del contribuyente, al extorsionarle más de la cuenta — como adelanto a la “ganancia-razonable” prevista formalmente en sus concesiones. En la Roma imperial, Augusto César reformó este mecanismo, por resultar demasiado oneroso al Estado esta corrupción rampante. En Francia, los fermiers-généraux eran tan detestados que, ún día después de concesionarlos Louis XVI, estalló la Revolución Francesa — y muchos perdieron sus cabezas en la guillotina.
Hoy, el monarca de turno en Panamá ha innovado sobre ese mecanismo histórico. Ya no son impuestos los que privatiza, mediante una mocha patentemente excesiva, sino las multas por infringir la ley de tránsito — un derivado financiero que a Wall Street no se le ocurrió: ¡ni los corredores, nos resultarán tan costosos!
Claramente hay que mejorar el tránsito, pero en vez de instalarle cámaras-multadoras a los semáforos, ¿por qué no primero sincronizarlos secuencialmente? Cualquiera que curse por la avenida Samuel Lewis (con un semáforo en cada bocacalle) observa que el problema allí —y en muchas otras vías– es que nadie supervisa su buena marcha. Quizá porque en una solución tan sencilla no hay posibilidad de mocha… Otro aspecto del escándalo de ésta semana, es que aparentemente nadie se había dado cuenta de lo que estaba en ciernes. Si a éstas noticias –así como la de la semana pasada, que la venta de acciones estatales en los servicios públicos ya estaba escondida dentro del Presupuesto Nacional– se les diera la misma cobertura de saturación que se le otorga, con fondos públicos, al Metrobus del sector privado, nadie se hubiera sorprendido.
Pero ello privaría al presidente Ricardo Martinelli de hacer gala de su viveza.
Quienes comemos 3 veces al día estamos en la obligación de velar por quienes no comen, y la mejor forma de hacerlo es promoviendo un estado de derecho que funcione como debe — con transparencia, y sin sorpresas.
El autor ejerce como traductor oficial e intérprete simultáneo. Se permite su reproducción en cualquier idioma en todo medio de todo país (salvo el Reino Unido), a condición de que previamente se solicite autorización escrita del autor solo para cualquier modificación de éste texto original descriptoriummeum@gmail.com .
25th Jun2012	LETANIAS IV
LETANIAS IV
San Julián:Vuelvo y te pregunto: ¿qué más venderán?
Santos Mirones: No queremos que vendan las acciones
San Hilario: Apurate que nos quedamos sin erario.
Santo Filemón: Dales pasiflorina para que paren la confrontación San Raimundo: Lo de radares-boletas es muy nauseabundo.
Santa Inés: El negocio de las multas ¿es entre tres?
Santa Librada: En lo de las multas, Francolini y Chanis tienen su tajada Santo Román: Dónde está la visa de Salo Shaman?
San Antero: Mira por dónde va lo del Bebedero!
Santos del Santoral: Ojo al Herodes del Tribunal Electoral
Santa Antonieta: ¿En qué anda “Raqueta” Sarasqueta?
San Filemón: Libranos del asfalto hediondo a corrupción!
San Olivares: ¿Cómo contar los milllones de Suarez?
Santa Trinidad: Libranos de la Burillo y su ‘oportunidad’
Santa Juliana: Después de la Alcaldía adónde va Roxana? Santa Rosa de Lima: LLevate de aquí a Frank de Lima!
Santa Pascuala: Viene Lavitola para la Quinta Sala
Santa Sara: Pelale el ojo a “ambulancia” Vergara
Santa Miramar: Dile al Opus que proteja a Molinar
San Marcelino: Consiguele un diploma a Ferrufino
Santo Sabrino: Mandanos noticias del sobrino
Santa Heliodora: Dónde escondistes a Winnie Spadafora?
San Olegario: Los martinelitos son un atraco al erario
Santo Piamonte: ¿Quién es el padrino de la Villamonte?
San Ramón: Dile a Jimmy que devuelvan Juan Hombrón
San Ruperto: LLevate a Blower con su entuerto
Santa Francisca Cabrini: Cuídanos de la tuneladora de Biancini
Santa Pura: Dile a Ho que bote la basura!
Santa Marcela: Vaya dupleta la de Doens y Varela!
San Bernardino: Gracias por hundir a Arturo Vallarino
Santo Padre Pio XII, Eugenio Pacelli:… Te insistimos : Libranos YA de Martinelli
Category : Letanias
25th Jun2012	Por que derrocaron a Lugo?
1- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/presentan-12-argumentos-para–destituir-a–lovera-411495.html 2- Documento del Banco Mundial. Paraguay. Impuesto Inmobiliario: Herramienta clave para la descentralización fiscal y el mejor uso de la tierra. Volumen I: Informe principal. 2007. 3- Censo Agropecuario Nacional 2008. 4- http://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/productores-se-ratifican-en-juicio-politico-416196.html
20th Jun2012	Hacia una concertación nacional
HACIA UNA CONCERTACIÓN NACIONAL MAURO ZÚÑIGA ARAÚZNo tengo que decirlo yo: el panameño de a pie, de a bus y de auto vive la peor crisis económica, política, social y moral de la historia. La misma se centra en un hombre mórbido, con desmedidas ambiciones que rompen cualquier marco racional; seguido por unos cuantos totumeros que nunca habían visto el agua. El objetivo de Martinelli Berrocal es de hacerse de los bienes y servicios del país. El dinero es su norte. Le importa un bledo la naturaleza de su procedencia. Hablémosle de un audito de su fortuna y tiene que recurrir a esos alucinógenos que lo llevan a ver las salas de la OIT repletas de obreros frenéticos cuando se dirige a ellos en sus incendiaros discursos o a conversar con el capo de Berlusconi en su asiento de rey de los diamantes de sangre. El dinero. Es Presidente por el dinero. Se va a mantener en el poder por el dinero. Sus compromisos internacionales son tan fuertes que no puede irse. Creo que lo más grave es que ni siquiera se ha dado cuenta. Pobre hombre. Cuando el dinero lleva a los hombres a esas redes, y las redes se aprovechan de las perturbaciones de esos hombres, llega un momento en que la sociedad en conjunto debe intervenir Category : Publicaciones
19th Jun2012	Ayer, preámbulo de mañana
19th Jun2012	Demanda de inconstitucionalidad contra la Sala Quinta
LICDO. JUAN DE DIOS HERNANDEZ SANJUR
Abogado/Lawyer. 223-9725 Cel. 6614-1445
ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD PARTE ACTORA
POR LA CUAL SE SOLICITA SE DECLARE LICDO. JUAN DE DIOS
INCONSTITUCIONAL LOS ARTICULOS 8, HERNANDEZ SAJUR.
(Numeral 1, 2, 3 y 4); 15 Y 17 DE LA LEY 32 DE
23 DE JULIO DE 1999. (Por la cual se crea la Sala
Quinta de Instituciones de Garantía se modi-
fican artículos del Código Judicial y se dictan
Otras disposiciones).
HONORABLE MAGISTRADO PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO E. S. D
Quien suscribe,LICD O. JUAN DE DIOS HERNANDEZ SANJUR, varón, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. 9-149-715, abogado en ejercicio, con domicilio legal en el Edificio Kerima, No.2 de la Calle 58, Obarrio, Corregimiento de Bella Vista, Distrito de Panamá, lugar donde recibo notificaciones judiciales, actuando en mí propio nombre y representación en calidad de abogado, por este medio y con mi acostumbrado respeto, por vuestro conducto acudo a la Honorable Corte Suprema de Justicia a fin de que previo a los tramites legales se declare inconstitucional los Artículos 8, 15 y 17 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “ Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, se modifican artículos del Código Judicial y se dictan otras disposiciones”, por ser violarios al artículo 206 de la Constitución Política de la Republica de Panamá; en razón de la facultad que me confiere el Articulo 2559 y subsiguientes del Código Judicial Texto Único, para interponer la presente acción con el fin de que dichas normas sean declaradas inconstitucional.
I-. HECHOS DE LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD.
PRIMERO: Que mediante Gaceta Oficial No. 23848 el Órgano Ejecutivo, promulgó la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, se modifican artículos del Código Judicial y se dictan otras disposiciones”,
SEGUNDO: Que dicha Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 fue derogada por la ley 49 de 24 de octubre de 1999, por aprobación del legislador, bajo una promesa presidencial del gobierno electo en el año 1999 en la República de Panamá, que pregonaba que dicha ley seria derogada por impopular, inadecuada e inoportuna y que por que no tenia otro fin, que el de ampliar los poderes políticos del presidente de turno nombrando tres nuevos magistrados para hacer un pleno de la Corte Suprema de Justicia con un numero de doce magistrados.
TERCERO: Que la precitada ley 49 de 24 de octubre de 1999, fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia Mediante Resolución del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 25 de enero de 2011, la cual según el criterio de los señores magistrados suplentes en su gran mayoría, revive la ley No. 32 de 8 de febrero de 1999, otorgándole retroactividad intrínseca, con dicha sentencia.
CUARTO: Que el artículo 206 de la Constitución Política de la Republica de Panamá, establece las atribuciones constitucionales y legales que tiene el pleno de la Corte Suprema de Justicia, con audiencia del Procurador General de la Nación, o el Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquiera persona, tal es el caso de la presente demanda. Además el articulo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, establece el debido proceso en todo caso judicial, llámese recurso de apelación y su respectiva competencia para conocer de ello, partiendo de lo que nos dicta la Constitución (Art.32) hasta llegar a la ley de procedimiento judicial. (Lo subrayado es nuestro), QUINTO: Que el articulo 8 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía”; adiciona la Sección 7ª al Capítulo I del Título III, Libro Primero, del Código Judicial, sobre Organización Judicial, que comprende el artículo 101-A el cual señala que a la Sala Quinta corresponde conocer de lo siguiente:
1. De la acción de Habeas Corpus, sean éstos reparados, preventivos o correctivos, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias;
2. De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que procedan de autoridades, funcionarios o corporaciones que tengan jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias;
3. De la acción de Habeas Corpus y de Amparo de Garantías Constitucionales contra los Magistrados de Tribunales Superiores y Fiscales de Distrito Judicial;
4. De las apelaciones contra los recursos de Habeas Corpus y Amparo de Garantías Constitucionales, procedentes de los Tribunales Superiores;
5. De las peticiones hechas por el Procurador General de la Nación, para la filmación, así como para la grabación de conversaciones y comunicaciones telefónicas cuando se trate de la investigación de delitos graves. (Lo subrayado es nuestro).
SEXTO: Que en materia de competencia, dicha ley 32 demandada, en sus artículos 15 y 17 sustraen de la competencia del pleno de la Corte Suprema de Justicia la facultad del conocimiento en materia de Amparo de Garantías Constitucionales y en materia de Habeas Corpus, todo acto o resoluciones dictadas por autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la republica, o en dos o más provincias, para delegarlos dentro de las facultades concedidas a la Sala Quinta de Garantías Constitucionales, la cual seria compuesta por solo tres magistrados.
II-. PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL:
Que se declare inconstitucional el artículo 8 numerales 1,2,3 y4 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía” y adiciona la Sección 7ª al Capítulo I del Título III, Libro Primero, del Código Judicial, sobre Organización Judicial, que comprende el artículo 101-A. De igual forma solicitamos que se declare inconstitucional los artículos 15 y 17 de la precitada ley.
III-. PRUEBAS: 1- Copia de la Gaceta Oficial No. 23848 que contiene la Ley 32 de 23 de julio de 1999.
2. Copia de la Gaceta Oficial No. 23914 que contiene la ley 49 de 24 de octubre de 1999.
IV-. DERECHO: Artículos 23, 32, 54 y 206 de la Constitución Política de la Republica de Panamá; Artículo 2559 del Código Judicial Texto Único.
V-. TRANSCRIPCION DE LAS NORMAS ACUSADAS
DE INCONSTITUCIONAL. (Artículos 8, 15 y 17)
De la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía”.
Artículo 8. Se adiciona la Sección 7ª al Capítulo I del Título III, Libro Primero, del Código Judicial, sobre Organización Judicial, que comprende los artículos 101-A, 101-B y 101-C.
Sala Quinta de Instituciones de Garantía
Artículo 101-A. A la Sala Quinta corresponde conocer de lo siguiente:
1. De la acción de Habeas Corpus, sean éstos reparativos, preventivos o correctivos, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias;
5. De las peticiones hechas por el Procurador General de la Nación, para la filmación, así como para la grabación de conversaciones y comunicaciones telefónicas cuando se trate de la investigación de delitos graves.
ARTICULO 15: Se modifica el numeral 1 del artículo 2602 del Código Judicial, así:
Artículo 2602 (hoy 2611). Son competentes para conocer de la demanda de Habeas Corpus:
1. La Sala Quinta de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias.
ARTICULO 17 (hoy 2616). Se modifica el numeral 1 del artículo 2607 del Código Judicial así:
Artículo 2607. Son competentes para conocer de la Demanda de Amparo a que se refiere el Artículo 50 de la Constitución Política:
VI-. DISPOSICION CONSTITUCIONAL INFRINGIDA Articulo 206 de la Constitución Política de la Republica de Panamá.
“La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
1. La guarda de la integridad de la Constitución para lo cual la Corte en pleno conocerá y decidirá, con audiencia del procurador General de la Nación, o del Procurador de la Administración, sobre la inconstitucionalidad de la leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.
Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de la partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión, al conocimiento del pleno de la corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir.
Las partes solo podrán formular tales advertencias una sola vez por instancia.
VII-. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN:
a)- Del artículo 206 de la Constitución Política de la Republica de Panamá.
EL Artículo 8 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía”. Que adiciona la Sección 7ª al Capítulo I del Título III, Libro Primero, del Código Judicial, sobre Organización Judicial, que comprende los artículos 101-A numeral 1, viola de manera directa por comisión el artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá en concordancia al articulo 32 de la Constitución política de la Republica de Panamá, que instituye el debido proceso.
En desarrollo a lo ordenado en esta disposición constitucional, la precitada norma legal demandada de inconstitucional, colisiona y sobrepasa el mandato constitucional contenido en el artículo 206 que atribuye al pleno de la Corte Suprema de Justicia la guarda e integridad de la propia constitución dentro de sus atribuciones constitucionales y legales, ejerciendo el control objetivo de la constitucionalidad sobre las resoluciones y cualquier acto proveniente de autoridad o funcionario con mando y jurisdicción en todo el territorio nacional 0 en dos o mas provincias.
Sustraer las funciones constitucionales del pleno de la corte que recoge el articulo 206 incluyendo los derechos agraviados de carácter subjetivo, que claramente por control constitucional son de completa jurisdicción del pleno de la corte, para llevarlas mediante ley, como es el caso del articulo 8 de la ley 32 de 1999; para facultar a una sala que solo la componen tres magistrados, conocida como Sala Quinta de Garantías Constitucionales, contradice y desgarra la letra y espíritu, expresado por el constituyente al momento de normar los parámetros marcos de la carta magna. La norma demandada va expresamente en dirección opuesta al articulo 206 constitucional, por que se le están concediendo funciones a la Sala Quinta que el constituyente no le dio en su momento, por lo que le corresponde al pleno de la Corte Suprema de Justicia, dichas facultades jurisdiccionales y de competencia por la calidad de funcionario que emite el acto o resolución y por tratarse de un acto violatorio de la constitución emitido por un alto funcionario de Estado o una Autoridad Competente con pleno mando y jurisdicción en el territorio amplio de dos o mas provincias o todo el territorio de la Republica; y de allí de manera simple deviene a nuestro entender la inconstitucionalidad de la norma demandada, por lo que consideramos que si se requiere cambiar esas facultades al pleno, el propio poder constituyente lo debe hacer, ya sea mediante una nueva constitución o una reforma constitucional.
Sobre dicho articulo 8 el numeral 3 de la ley 32 demandada; hay que señalar que es inconstitucional cuando faculta a la SALA QUINTA para conocer de la acción de Habeas Corpus y de Amparo de Garantías Constitucionales contra los Magistrados de Tribunales Superiores y de Distrito Judicial, ya que el propio articulo 32 de la constitución nos indica que nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los tramites legales; y de acuerdo al articulo 206 de la propia constitución, la autoridad competente para conocer de resoluciones o actos de funcionarios con mando y jurisdicción en dos o mas provincias, es el pleno de la Corte Suprema de Justicia, atendiendo a la guarda e integridad de la Constitución, por que los Magistrados de Tribunales Superiores y Fiscales de Distrito Judicial son funcionarios con mando y jurisdicción en dos o más provincias de acuerdo al articulo 118 del Código Judicial.
Sobre el numeral 4 de la ley 32 demanda, ocurre algo similar en cuanto a la inconstitucionalidad de dicha norma, cuando se le da competencia a la SALA QUINTA, para conocer de las Apelaciones contra los recursos de Habeas Corpus y Amparo de Garantías Constitucionales, procedente de los Tribunales Superiores (que son funcionarios con mando y jurisdicción en dos o más provincias); esto nos indica que si seguimos la regla del debido proceso consagrada en el articulo 32 constitucional, nos tendríamos que remitir al articulo 206 constitucional el cual faculta al pleno de la Corte Suprema de Justicia, para conocer y decidir con audiencia del procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración, sobre inconstitucionalidades sobre resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona, por lo que restarle competencia al Pleno de la Corte, para dárselo a una de sus salas, es violatorio de nuestra constitución.
En cuanto al demandado articulo 15 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía´´. La precitada norma que desarrolla la figura del Habeas Corpus en Panamá, colisiona con el mandato expreso constitucional que atribuye el articulo 206 al Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la guarda e integridad de la propia constitución en la que también están inmersas la garantías fundamentales y que muy claramente desarrollaba el Código Judicial en su articulo 2611(otrora 2602), antes de ser reformado, al mantener el orden constitucional, en el sentido de que fuera el pleno de la corte el competente para conocer del habeas corpus por actos proveniente de una autoridad o funcionario con mando y jurisdicción en toda la República o dos o mas provincias.
Esta claro que dicho articulo demandado es inconstitucional porque es el propio articulo 206 de la Constitución el que le da clara competencia otorgada por el constituyente al pleno de la corte, que por mandato expreso no deja dudas en cuanto a que tribunal tiene la competencia para conocer de la demanda de Habeas Corpus, por lo que esta demás decir entre otros tribunales y jueces, El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias. Este articulo 15 de la ley 32 demandada de manera parcial, viola el artículo 206 constitucional porque desvía la competencia que el constituyente decidió conceder al Pleno de la Corte Suprema de Justicia como tribunal colegiado de amplia deliberación de nueve magistrados, hacia una sala quinta compuesta por tres magistrados, creada con tal defecto por el legislador ordinario, en donde solo dos magistrados pueden decidir sobre el bien más preciado del ser humano después de la vida, que es la libertad de movimiento o locomoción.
Sobre el articulo 17 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía´´, dicha norma colisiona con el mandato constitucional contenida en el articulo 206 que por disposición expresa le atribuye al pleno de la Corte Suprema de Justicia la facultad y competencia par conocer de los amparos de garantías constitucionales como lo preceptuaba el Código Judicial en su articulo 2616 (otrora 2607), atendiendo el orden constitucional contenido en el articulo 206, como ley de leyes del Estado Panameño.
La función encomendada a la Sala Quinta por razón de ley ordinaria, no tiene facultad y el peso suficiente para sobrepasar el mandato constitucional en cuanto al orden jerárquico de las norma que regulan la vida social de un Estado; ello queda expuest0 muy claramente en el articulo 206 constitucional, lo que no deja razón a dudar en cuanto a la competencia del pleno de la corte para conocer y decidir de la demanda de amparo a que se refiere el articulo 54 de la Constitución Política de la República.
Cuando la norma es clara, no admite interpretación, en ese sentido a manifestado el constituyente en el articulo 206 constitucional que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conocer de los amparos por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o mas provincias. Este articulo 17 de la ley 32 demandada, viola el artículo 206 constitucional porque desvía la competencia que el Constituyente otorgó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como tribunal supremo colegiado de amplia deliberación de manera autónoma e independiente sobre los derechos ciudadanos violados por resoluciones y actos de autoridad o funcionario público con mando y jurisdicción en toda la república que requieran la intervención de la máxima corporación de Justicia en pleno.
Con mi acostumbrado respeto, consideramos que de declararse constitucional las normas demandadas como contraria a derecho, estaría el pleno o al menos la mayoría simple, negando su propio derecho que le concedió el constituyente al elaborar la Constitución Política de la República de Panamá, que en el fondo busca tutelar el régimen de derecho en nuestro país, entre ellos las garantías fundamentales de cada persona panameña o extrajera que se encuentre en territorio panameño alejando lo jurídico de lo político. VIII-. SOLICITUD:
Solicito por todo lo expuesto que se declare inconstitucional los artículos 8 (numerales 1,2,3,4), 15 y 17 de la Ley No. 32 de 23 de julio de 1999 “Por la cual se crea la Sala Quinta de Instituciones de Garantía, se modifican artículos del Código Judicial y se dictan otras disposiciones”
Panamá, 18 de febrero de 2012
LICDO. JUAN DE DIOS HERNANDEZ SANJUR.
PRESENTADA ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
RECIBIO. OMAR SIMITI GORDON.
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DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD SALA QUINTA. 18-6-12.doc
19th Jun2012	Melenchón: la revolución ciudadana

References: artículo 206
 Resolución 
 artículo 206
 artículo 101
 artículo 8
 artículo 101
 Artículo 2559

Artículo 8

Artículo 101
 artículo 2602

Artículo 2602
 artículo 2607

Artículo 2607
 Artículo 50
 artículo 206
 Artículo 8
 artículo 206
 artículo 206
 resolución 
 artículo 206
 artículo 206