Source: https://tc.vlex.es/vid/1-24-2-c-15034348
Timestamp: 2020-02-26 12:00:30+00:00

Document:
STC 40/1986, 1 de Abril de 1986 - Jurisprudencia - VLEX 15034348
STC 40/1986, 1 de Abril de 1986
Fecha de Resolución: 1 de Abril de 1986
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 441/1985
1. Se reitera la doctrina según la cual el contenido del derecho reconocido en el art. 24.2 C.E. no faculta para exigir la admisión judicial de cualesquiera pruebas que puedan las partes proponer, sino para la recepción y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo el juicio sobre la pertinencia de las pruebas al juzgador ordinario, el cual, como es obvio, habrá de llevarlo a cabo de acuerdo con el carácter fundamental que a este derecho otorga la Constitución y explicitarlo por exigencia, no sólo de las leyes procesales, sino también de la Norma constitucional. 2. Este Tribunal no puede estimar una petición de amparo en aquellos casos en los que una violación de derecho, aun cierta, fue ulteriormente reparada en las vías jurisdiccionales ordinarias, a las que corresponde, como es notorio, la defensa y protección inicial de los derechos fundamentales, garantizados también, pero sólo subsidiariamente, en este cauce constitucional.
Sentencia citada en: 837 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el recurso de amparo 441/1985, interpuesto por el Procurador don Federico O. S., asistido por el Letrado don Tomás C., en nombre de don Herbert K. G., contra el Auto de 11 de julio de 1984, dictado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz , que denegó la práctica de determinadas diligencias de prueba propuestas por el demandante de amparo.
Junto con el demandante, han sido partes el Ministerio Fiscal y don Florentino G. D., como comparecido en el proceso a quo, representado por la Procuradora doña Matilde M. P.. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco R. L., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Don Herbert K. G., de nacionalidad alemana, representado por Procurador y asistido de Letrado, interpuso recurso de amparo mediante escrito que tuvo su entrada el 16 de mayo de 1985, contra Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 11 de julio de 1984, denegatorio de diligencias de prueba documental en rollo 350/1983, correspondiente a la causa 20/1983 del Juzgado de Instrucción de Granadilla, resolución esta que fue confirmada en súplica por Auto de la misma Sala de 19 de julio de 1984, así como por la propia Sala en Sentencia de 31 de julio de 1984 y por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en Sentencia de 9 de abril de 1985, declarando no haber lugar a recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de ley.
a) El Juzgado de Instrucción de Granadilla de Abona (Tenerife), instruyó sumario contra el solicitante de amparo como presunto autor de un delito de homicidio en la persona de Francisco , por hechos ocurridos sobre las tres horas del día 3 de junio de 1983 en la puerta de un bar. Elevadas las actuaciones a la Audiencia Provincial, la representación del procesado señor G., propuso en escrito de conclusiones provisionales de fecha 16 de mayo de 1984, entre los medios de prueba para la defensa del mismo, los relacionados como prueba documental bajo el núm. 4. La Sala dictó Auto de 11 de julio de 1984 por el que, tras considerarse que las pruebas articuladas por las partes eran «pertinentes y admisibles con arreglo a la ley», las mismas fueron declaradas «pertinentes», añadiéndose, no obstante, lo siguiente: «No se admite la documental 4 propuesta por la defensa».
b) Mediante escrito de fecha 17 de julio de 1984, interpuso la representación del solicitante de amparo, recurso de súplica contra el Auto anterior y, por otrosí, formuló protesta por la denegación de la prueba, a los efectos de un eventual recurso de casación. La Sala, por nuevo Auto de 19 de julio de 1984, acordó no haber lugar a admitir el recurso de súplica y tener por formulada la protesta. Finalmente, por Sentencia de 31 de julio de 1984, se condenó al ahora solicitante de amparo como autor responsable de un delito de homicidio, sin la concurrencia de circunstancias, a la pena de doce años y un día de reclusión menor y al pago de las costas procesales, así como a abonar a los herederos de Francisco 4.000.000 de pesetas como indemnización por perjuicios.
En la demanda de amparo se afirmó que la advertencia que hizo el Tribunal Supremo a la Audiencia para el futuro, estimulando su celo en posibles denegaciones sucesivas de prueba, también hubo de considerarse en el presente supuesto, pues, en caso contrario, se infringiría el art. 24.1 de la C.E., y que la negativa a la admisión de la prueba produjo indefensión. Se alegó quiebra por parte del Tribunal Supremo de doctrina anterior, citada en la demanda, sobre la no obligación de las partes de expresar en la proposición de prueba su finalidad y sobre la exigencia de ser fundado el Auto en que se dicte resolución rechazando o denegando la práctica de diligencias de prueba; se explicó la finalidad de la prueba propuesta y denegada y se invocó, en fin, como violado, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 de la C.E.). Se solicitó, por ello, que se declarase la nulidad del Auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de 11 de julio de 1984 y, en consecuencia, la nulidad del posterior Auto de 19 de julio de 1984 y de la Sentencia del 31 de julio de 1984 de la misma Sala, así como la de la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 9 de abril de 1985, reconociéndose expresamente el derecho del recurrente a que por la Audiencia Provincial de Santa Cruz , se acuerde la práctica de la prueba propuesta bajo la rúbrica «4 documental», en el escrito de conclusiones provisionales de 16 de mayo de 1984. Por otrosí se pidió, con invocación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 de la C.E.), y por hallarse el solicitante de amparo en prisión desde el 3 de junio de 1983, la suspensión de la ejecución de «la Sentencia cuya anulación se pretende».
2. Por providencia de 12 de junio de 1985, la Sección Cuarta acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 de la LOTC, requerir de la Audiencia Provincial de Santa Cruz la remisión de las actuaciones del procedimiento antecedente. Por providencia de igual fecha, la Sección dispuso la formación de pieza separada de suspensión, en la que, tras las alegaciones del recurrente y del Ministerio Fiscal se dictó Auto de 17 de julio por el que se resolvió no acceder a la petición de suspensión deducida por el actor.
3. Mediante nueva providencia de 25 de septiembre, la Sección Tercera acordó dirigir comunicación a la indicada Audiencia Provincial para que, de conformidad con el mismo art. 51 de la Ley orgánica de este Tribunal, se procediera a emplazar a don Florentino G. D., que fuera parte en el procedimiento anterior, a fin de que pudiera, en el plazo de diez días, comparecer ante este Tribunal.
4. Por providencia de 13 de noviembre de 1985, la Sección Tercera acordó tener por personado y parte en el procedimiento a don Florentino G. D. -representado por la Procuradora doña Matilde M. P.-, y acusar recibo a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de las actuaciones remitidas. Se dispuso, asimismo, dar vista de éstas a la parte recurrente, al Ministerio Fiscal y a la parte comparecida para que, por plazo común de veinte días, presentasen las pertinentes alegaciones.
5. Mediante escrito de 25 de noviembre, presentó sus alegaciones la representación actora, dando por reproducido, íntegramente, lo expuesto en su demanda anterior. Se expuso así la finalidad buscada a través de las pruebas, en su día propuestas y rechazadas, y se reiteró como, al desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el hoy demandante, el Tribunal Supremo contravino su doctrina anterior en orden a cómo la denegación de pruebas habría de realizarse mediante Auto fundado. Se concluyó suplicando la declaración de nulidad del Auto impugnado y de las Sentencias de 31 de julio de 1984 y de 9 de abril de 1985 -por ser ambas resoluciones confirmatorias de la causante de la lesión aducida-, y la declaración del derecho del actor a que se acuerde, por la Audiencia Provincial de Santa Cruz , la práctica de la prueba rechazada mediante la resolución impugnada.
a) La cuestión a determinar en el presente recurso es la de si la denegación no justificada de pruebas realizada en el Auto de 11 de junio de 1984 por la Audiencia Provincial de Santa Cruz , constituyó una simple infracción procesal, sin trascendencia constitucional, o si, de contrario, aquella denegación vulneró el derecho reconocido en el art. 24.2 de la Constitución. Al respecto, ha de señalarse que el art. 659 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal requiere que la resolución por la que se deniega la práctica de pruebas propuestas por las partes, habrá de ser motivada, puesto que dicho precepto exige que tal decisión adopte la forma de Auto, debiendo ser siempre motivada ese tipo de resolución (art. 141 de la misma L.E.Cr.). Conviene también tener presente la doctrina del Tribunal Constitucional acerca del derecho hoy invocado por el recurrente, doctrina de la que cabe destacar que el juicio sobre la pertinencia de las pruebas corresponde en exclusiva al órgano judicial, si bien este juicio ha de ser fundamentado y razonado sin incurrir en incongruencia. El derecho fundamental lo es para, así, utilizar los medios de prueba pertinentes, sin que el mismo pueda alegarse para exigir que se admitan todas las pruebas que puedan las partes solicitar en el proceso.
7. En escrito de 10 de diciembre, formuló alegaciones la representación, del comparecido, don Florentino G. D., pudiendo éstas sintetizarse así:
b) En segundo lugar, ha de apreciarse la falta de invocación por el recurrente del derecho constitucional vulnerado [art. 44.1 c) de la LOTC], en el caso actual, en efecto, la denegación de pruebas se produjo en el Auto de 11 de julio de 1984, formulando contra la misma la representación del señor G. «protesta» y recurso de súplica, pero sin expresar en el escrito, en que tal hizo, nada que aludiera a posible vulneración de derechos constitucionales, omitiendo la invocación formal del derecho lesionado. En el acta del juicio aparece sólo -en relación con la prueba documental pedida-, la mención de que «se dio por leída y reproducida la prueba documental propuesta», reflejándose que la misma fue «leída y aprobada sin reclamación ni protesta». La primera vez en que el hoy demandante invocó la violación de su derecho, fue al formular el escrito de preparación del recurso de casación, una vez dictada, por lo tanto, Sentencia condenatoria.
c) Sobre lo dicho, el recurso de amparo sería, en todo caso, improcedente respecto de la motivación del mismo, que se basa en la denegación de las pruebas cuya práctica solicitó la representación del señor G.. Esto ha de decidirse, en primer lugar, respecto del rechazo de la prueba documental (apartado «a» del escrito de interposición), ya que, al margen de lo dicho sobre la misma por el Tribunal Supremo, lo cierto es que tal prueba -solicitada también por el Ministerio Fiscal y no denegada por la Audiencia-, fue realmente practicada en el acto del juicio con la conformidad de las partes. Por lo demás, respecto de la denegación de que fue objeto esta propuesta de prueba, no puede decirse que se hayan agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) de la LOTC], pues, examinando el escrito del recurso de súplica y protesta de la defensa del señor G., se aprecia cómo las manifestaciones que se hicieron fueron sólo referidas a la prueba documental del apartado «e» y no a las pruebas de los apartados «a», «b», «c» y «d», respecto de las que no se recurrió en súplica ni se hizo protesta alguna. La misma falta de agotamiento de los recursos utilizables puede también apreciarse teniendo en cuenta cómo en su recurso de casación la defensa de quien hoy demanda arguyó sólo, como quebrantamiento de forma, la repetida carencia de fundamentación, sin hacer mención alguna a las razones por las que, en contra de lo dicho por la Audiencia, las pruebas debían reputarse «pertinentes». Ha de constatarse, pues, que, para haberse agotado debidamente los recursos utilizables, había de haberse planteado en casación el tema de la pertinencia de las pruebas en razón a su contenido y finalidad.
1. Antes de entrar en el examen de la queja constitucional suscitada por el recurrente en su demanda, hay que responder a dos cuestiones, cuya consideración preliminar es necesaria, para identificar con precisión el objeto del recurso y para solventar, también, las excepciones de inadmisibilidad opuestas al mismo por quien ha comparecido con la condición de demandado. Por lo que a la primera de ellas se refiere, ha de establecerse ahora con claridad que el acto impugnado no es sino el Auto de 11 de julio de 1984, mediante el cual la Audiencia Provincial de Santa Cruz , denegó determinadas diligencias de prueba propuesta por el entonces acusado, identificación ésta del acto recurrido que es la que se corresponde con la establecida por el actor en su demanda. Aquella resolución fue, en efecto, la que, de modo directo, y estando ahora a lo que en la demanda se dice, desconoció el derecho del hoy recurrente a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa (art. 24.2 de la Constitución), de tal modo que el resto de las resoluciones judiciales recaídas -Auto de la misma Audiencia de 19 de julio de 1984 y Sentencias de este órgano y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 31 de julio de 1984 y de 9 de abril de 1985-, no tuvieron, por lo que a la lesión denunciada se refiere, sino un alcance estrictamente confirmatorio, no pudiéndose imputar a las mismas -ni el demandante lo hace-, la directa lesión de su derecho. Sí inserta el actor en su demanda, sin embargo, una referencia en orden a cómo la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo, al fundamentar la desestimación de su recurso de casación por quebrantamiento de forma, se apartó, en la citada Sentencia de 9 de abril de 1985, de la propia doctrina establecida en casos anteriores respecto de la no obligatoriedad para las partes de indicar la finalidad concreta de las pruebas que propusieren y en lo relativo, también, a la exigencia de motivación en los Autos denegatorios de diligencia de prueba. Lo así alegado, sin embargo, no puede, en este momento, acogerse como nueva razón de pedir en el proceso constitucional, no sólo -y esto es lo decisivo- porque el recurrente no liga a tal supuesto apartamiento de los precedentes la lesión de derecho fundamental alguno, sino también porque el reproche así formulado frente a la sentencia dictada en casación no se articula del único modo en el que, acaso, hubiera sido constitucionalmente relevante en este cauce, esto es, señalando la identidad jurídica entre los supuestos resueltos en el pasado por la Sala Segunda del Tribunal Supremo y el fallado de modo diverso en el recurso de casación precedente.
De otra parte -esta es la segunda cuestión antes aludida-, la representación procesal del señor G. D., ha expuesto en sus alegaciones lo que considera causas de inadmisibilidad del recurso -causas que, de apreciarse, sería ahora de desestimación-, en razón a que el recurrente no satisfizo debidamente la carga impuesta en el art. 44.1 c) de nuestra Ley Orgánica, invocando formalmente el derecho supuestamente vulnerado tan pronto como, conocida la violación, hubiere lugar para ello, y porque tampoco, en segundo lugar, se cumplió debidamente con el preceptivo agotamiento de los recursos utilizables dentro de la vía judicial [art. 44.1 a) de la misma Ley Orgánica]. Estos alegatos han de ser rechazados. En cuanto al primero de ellos porque, si bien es cierto que en su escrito de 17 de julio de 1984, interponiendo súplica frente al rechazo de las pruebas propuestas, la representación del acusado no invocó explícitamente el precepto constitucional declarativo de su derecho, no lo es menos que si dejó constancia expresa de que, inadmitiendo aquella prueba y haciéndolo sin fundamento, se afectaba su derecho a presentar en su descargo cuantos medios de prueba pertinentes considerase oportuno, alegato éste que, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal sobre el alcance de la exigencia impuesta en el art. 44.1 c) de su Ley Orgánica, ha de considerarse bastante para integrar la invocación a la que dicho precepto se refiere. Tampoco, de otra parte, puede razonablemente decirse que quien hoy demanda no agotó, frente a la lesión de su derecho que denuncia, los recursos utilizables sólo por el hecho de que, al formular su recurso de súplica, su argumentación se ciñera a alguna de las pruebas propuestas y no a todas ellas y por la circunstancia -también observada por el demandado-, de que, al formalizar su recurso de casación, alegase, sobre todo, la falta de motivación en el rechazo de aquéllas y no su pertinencia. Sin perjuicio de que aquel recurso de súplica no fue, según constató la misma Audiencia Provincial, remedio entonces útil, es hora de señalar que aquella restricción en la formulación de la queja nada tiene que ver con la búsqueda -efectivamente cumplida- de una reparación frente a la lesión supuestamente sufrida y que, de otra parte, lo alegado en el recurso de casación por el recurrente de amparo fue, sin duda, plenamente coherente con el ámbito del derecho que dice violado y para el que busca ahora la protección de este Tribunal.
3. Es del todo claro que, conforme a lo dicho en el fundamento anterior, el Auto de 11 de julio de 1984 por el que la Audiencia Provincial de Santa Cruz inadmitió la prueba documental núm. 4 propuesta por quien fuera entonces acusado no respetó el derecho de éste a exigir que la declaración de impertinencia de la prueba se razone en términos que hagan posible su control, pues aquella resolución inadmitió, sin fundamentación de tipo alguno, la prueba documental propuesta por la defensa, de tal modo que el actual demandante se vio entonces privado, sin conocer las razones para ello, de unas posibilidades probatorias que consideró -y considera- relevantes y pertinentes para su defensa. Este tan irregular modo de proceder del Tribunal de instancia -justamente censurado por el Tribunal Supremo en los considerandos 2.°, 3.° y 4.° de su Sentencia de 9 de abril de 1985-, constituyó, pues, entonces lesión del derecho fundamental del hoy demandante, pero de tal constatación no ha de seguirse sin más consideraciones que aquella lesión haya violado sin remedio ese derecho, de tal modo que este remedio sólo pueda alcanzarse mediante la anulación de todo lo actuado tras la decisión violatoria. No puede desconocerse, en efecto, que el señor G. reaccionó frente a la Sentencia condenatoria interponiendo recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo de lo previsto en los arts. 659 y 859.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es cierto que este recurso fue rechazado por el Tribunal Supremo, pero también lo es -y en este punto no puede dejar de tenerse en cuenta lo alegado por el Ministerio Fiscal-, que en aquella ocasión, conociendo del motivo de casación que ahora importa, la Sala Segunda entró a analizar la posible pertinencia de la prueba en su día rechazada, llegando a la conclusión, sobradamente fundada, de que tal pertinencia no existe, con la consecuencia, por lo mismo, de que, a juicio del Tribunal Supremo, la inadmisión de la prueba, aun dictada de modo irregular, no lesionó en el fondo el derecho del señor G. a utilizar las pruebas pertinentes para su defensa. Esta advertencia ha de ser ahora trascendente para la resolución del recurso, toda vez que este Tribunal no puede estimar una petición de amparo en aquellos casos en los que una violación de derecho, aun cierta, fue ulteriormente reparada en las vías jurisdiccionales ordinarias a las que corresponde, como es notorio, la defensa y protección inicial de los derechos fundamentales, garantizados también, pero sólo subsidiariamente, en este cauce constitucional.
Las consideraciones anteriores nos impiden, en este caso, estimar la queja del señor G. y atender a su petición anulatoria de las resoluciones dictadas en el procedimiento que antecede. El contenido de su derecho fundamental fue, como queda dicho, desconocido por el Auto de 11 de julio de 1984 de la Audiencia Provincial de Santa Cruz , pero el objeto mismo al servicio del cual aquel contenido existe -esto es, la recepción judicial de las pruebas pertinentes-, no quedó menoscabado, como lo constató, con el razonamiento constitucionalmente exigido, quien pudo hacerlo, esto es, la Sala Segunda del Tribunal Supremo juzgando en casación. Ni este Tribunal puede ahora, conforme a su doctrina antes citada, controvertir la calificación de impertinencia de las pruebas así expresada por el Tribunal Supremo, ni le es tampoco posible, sobre esta base, dictar una Sentencia estimatoria que no habría de servir para reparar lesión sustantiva y actual alguna en el derecho del demandante, pues la que existió fue ya corregida.
STS 383/1989, 25 de Septiembre de 1989
SAP Cantabria 151/2005, 28 de Abril de 2005

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e contrario
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