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Timestamp: 2016-12-06 20:05:37+00:00

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Resolución de 23-10-2006, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación del Con­venio suscrito entre la Agencia Estatal de Administración Tribu­taria y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la recaudación en via ejecutiva de los ingresos de derecho público de esta Comunidad.
núm. 227 de 1 de noviembre de 2006
Vigencia desde 1 de noviembre de 2006. Esta revisión vigente desde 1 de noviembre de 2006.
Primera. Objeto y régimen juridico.
ANEXO I. ESPECIFICACIONES DEL ENVÍO DE DEUDAS PARA INCORPORACIÓN A LA VÍA DE APREMIO.
ANEXO II. FICHERO DE INFORMACIÓN DE RESULTADOS DEL PROCESO DE VALIDACIÓN DE ENVÍOS DE DEUDAS PARA SU INCORPORACIÓN A LA VÍA DE APREMIO.
ANEXO III. DISEÑO INFORMÁTICO DE LA INFORMACIÓN DE DETALLE DE LA GESTIÓN REALIZADA POR LA A.E.A.T. DE LAS DEUDAS EXTERNAS INCORPORADAS A LA GESTIÓN EN VÍA DE APREMIO (con coste del servicio).
ANEXO IV. FICHERO MENSUAL DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS.
Con fecha 15 de septiembre de 2006 se ha suscrito el Convenio de Presta­ción de Servicios arriba indicado.
En cumplimiento de lo establecido en el articulo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, esta Secretaria General ha resuelto:
Toledo, 23 de octubre de 2006
SOLEDAD OBEO PUEBLA
Convenio entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de Derecho Público de esta Comunidad.
En Madrid a 15 de septiembre de 2006
De una parte, D. Carlos Ocaña y Pérez de Tudela, Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en representación de la misma en virtud de lo dispuesto en el artículo 103.3.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, y de otra parte Dª Maria Luisa Araújo Chamorro, Consejera de Economia y Hacienda, en representación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
2. Que el articulo 5.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que el Estado y las Comunidades Autónomas podrán suscribir acuerdos de colaboración para la aplicación de los tributos.
3. Que el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, crea la Agencia Estatal de Administración Tributaria (en adelante Agencia Tributaria) que es la organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Estado, de la aplicación efectiva del sistema tributario estatal y aduanero, y de aquellos recursos de otras Administraciones y Entes Públicos nacionales o de las Comunidades Europeas cuya gestión se le encomiende por Ley o por Convenio.
4. Que, a su vez, el articulo 7 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, prevé que la recaudación de la Hacienda pública de las Comunidades Autónomas y de sus Organismos Autónomos podrá llevarse a cabo por Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando así se acuerde mediante la suscripción de un convenio para la recaudación.
5. Que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y la Agencia Estatal de Administración Tributaria convienen que la recaudación en vía ejecutiva de los ingresos de derecho público gestionados por dicha Comunidad se realice a través de los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de acuerdo con las bases que se fijan más adelante.
La Agencia Estatal de Administración Tributaria asume la gestión recaudatoria ejecutiva de aquellos recursos de derecho público de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en adelante Comunidad Autónoma), asi como de los recursos de derecho público de otras Administraciones cuya gestión recaudatoria hubiese asumido la Comunidad en virtud de Ley o del correspondiente Convenio, cuando así se lo encomiende la Comunidad Autónoma.
Por la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre.
Por la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre.
Por el Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, asi como por las demás disposiciones dictadas o que pudieran dictarse en su desarrollo.
En general por la normativa vigente que resulte aplicable en materia de gestión recaudatoria.
Resolver los recursos e incidencias relacionadas con las liquidaciones de las deudas a recaudar.
Expedir las providencias de apremio y resolver los recursos de reposición interpuestos contra las mismas, así como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del acto impugnado, informando de ello a la Agencia Tributaria con indicación, en su caso, de la garantía aportada.
Acordar la declaración de créditos incobrables, de conformidad con el articulo 173 de la Ley General Tributaria a propuesta de la Agencia Tributaria.
Liquidar los intereses de demora por los débitos recaudados en vía de apremio, excepto en los casos establecidos en los artículos 53.1 y 53.2 Y 72.4.b), c) y d), ambos del Reglamento General de Recaudación, en los que corresponderá a la Agencia Tributaria practicar dicha liquidación.
Las actuaciones del procedimiento de apremio no citadas en el punto 1 anterior.
Resolver las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento en periodo ejecutivo con los mismos criterios temporales y cuantitativos que se vengan aplicando por la Agencia Tributaria para las deudas del Estado, sin perjuicio de que la Comunidad Autónoma pueda recabar para si esta función cuando lo considere oportuno.
Resolver las tercerias que puedan promoverse en el procedimiento de apremio.
Conocer y resolver los recursos de reposición interpuestos contra actos de gestión recaudatoria dictados por la Agencia Tributaria en vía ejecutiva, así como tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del acto impugnado.
Tramitar y resolver las solicitudes de suspensión del procedimiento de apremio en las reclamaciones económico­administrativas interpuestas contra actos de los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria en los supuestos previstos en los articulos 43 y 44 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
Dar traslado al Tribunal Económico Administrativo competente de las solicitudes de suspensión de los actos de contenido económico dictados por los órganos de recaudación de la Agencia Tributaria a los que se refiere el articulo 46 del Reglamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
La defensa de los derechos de cobro relativos a los recursos objeto del presente Convenio que se hallen sujetos a proceso concursal. A estos efectos, la representación y defensa en juicio corresponderá a quienes tienen atribuida dicha competencia respecto de la Agencia Tributaria, sin perjuicio de lo señalado en los párrafos siguientes.La Agencia Tributaria dará conocimiento de los recursos que hayan sido certificados en el proceso concursal a la Comunidad Autónoma, la cual podrá asumir su defensa si lo considera oportuno.Sin perjuicio de la colaboración especifica que pueda establecerse, la Agencia Tributaria dará traslado a la Comunidad Autónoma de cualquier acuerdo o convenio concursal que se proponga, que pueda afectar a los recursos objeto del presente Convenio, trasladando la postura a adoptar y entendiéndose la conformidad de la Comunidad Autónoma si en los diez días siguientes no manifestara otra cosa.
La adopción de medidas cautelares en los términos previstos en el artículo 81 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
La ejecución de garantías conforme a lo establecido en el articulo 168 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Proponer, en su caso, a la Comunidad Autónoma, una vez realizadas las correspondientes actuaciones, que dicte el acto administrativo de derivación de responsabilidad solidaria o subsidiaria, cuando la Agencia Tributaria, en el curso del procedimiento de recaudación de una deuda tributaria de la Comunidad Autónoma tenga conocimiento de alguno de los supuestos de derivación de responsabilidad. No obstante lo anterior, corresponderá a la Agencia Tributaria la gestión recaudatoria frente a los sucesores en los supuestos previstos en los articulos 39 y 40 de la Ley 58/2003, General Tributaria, así como la declaración de responsabilidad solidaria a que se refieren los artículos 42.1.b) y c) y 42.2 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Vencidos los plazos de ingreso en período voluntario, sin haberse satisfecho las deudas, el órgano competente de la Comunidad Autónoma expedirá la correspondiente providencia de apremio, conforme establece el articulo 167.1 de la Ley 58/2003, General Tributaria, que contendrá como mínimo los datos que se especifican en el articulo 70.2 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.
Al objeto de cumplir lo dispuesto en los articulos 167.1 y 212 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la Comunidad Autónoma especificará en cada envío lo siguiente:
No podrán remitirse deudas de importe pendiente de recaudar inferior a 6 euros. Este limite se adecuará a lo establecido para las deudas de la Hacienda pública estatal por el Ministerio de Economía y Hacienda en virtud de la previsión contenida en el articulo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Cuando se hubieran constituido ante la Comunidad Autónoma garantias de pago de las deudas que se envien para su gestión, deberán cumplimentarse tantos registros del tipo 2, especificado en el Anexo I al presente Convenio, como garantías existan para cada deuda.
Antes de su aceptación, el fichero informático será sometido a validación por los servicios correspondientes del
Cuando las solicitudes de aplazamien­to se presenten ante la Comunidad Autónoma, éstas serán remitidas a las Dependencias de Recaudación o Uni­dades de Recaudación señaladas en el párrafo anterior, en un plazo máximo de diez dias desde la presentación de la solicitud.
A los efectos de dar cumplimiento a lo díspuesto en el artículo 172.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, la Comunidad Autónoma comunicará a la Dependencia de Recaudación de la Agencia Tributaria que esté gestionando la deuda, si el acto de liquidación de la misma es firme.
El órgano de recaudación de la Agencia Tributaria ofrecerá a la Comunidad Autónoma la adjudicación, indicando si existen cargas o gravámenes preferentes al derecho de ésta, el importe de los mismos y el valor en que han de ser adjudicados los bienes.
La Comunidad Autónoma deberá comunicar la resolución adoptada al órgano de recaudación como máximo en el plazo de un mes. Se entenderá no aceptada la adjudicación una vez transcurrido dicho plazo sin contestación expresa.
12. Colaboración e información adicio­nal de la Comunidad Autónoma
1. El coste global a abonar mensual­mente por la Comunidad Autónoma a la Agencia Tributaria se determinará por suma algebraica de los importes resultantes de la cuantificación de los factores siguientes:
Coste por inicio de la gestión
Coste por gestión realizada
Tipo de cancelaciónFecha de cancelación
Antes de la notificación de la providencia de apremioEn el plazo del artículo 62.5 Ley 58/2003Posterior al plazo del artículo 62.5 Ley 58/2003
1. Ingreso totalSin coste3%6%
2. Ingreso parcial6%6%6%
3. Data por motivos distintos al ingresoSin coste3%3%
Actuaciones sin coste del servicio
Las cancelaciones derivadas de lo dispuesto por el Ministerio de Economia y Hacienda en virtud de la previsión contenida en el artículo 16 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.
Las cancelaciones por regularización del recargo de apremio al 5% o al 10% en aplicación de lo dispuesto en el articulo 28 de la Ley 58/2003, General Tributaria.
Minoraciones del coste del servicio
Las devoluciones de ingresos indebidos practicadas conforme a lo previsto en la Base Cuarta.7 del presente Convenio
El reembolso del coste de las garantias practicado conforme a lo previsto en la Base Cuarta.8 del presente Convenio, en los supuestos en los que el acto cuya suspensión o aplazamiento motivó la aportación de la garantia haya sido dictado por la Comunidad Autónoma.
El coste de servicio previsto en la Base Quinta del presente Convenio.
Las costas devengadas que hayan sido de imposible imputación a los deudores.
Mensualmente el detalle de movimientos de deudas según prevé la Base Sexta. 1, según las especificaciones establecidas en el Anexo III.
El presente Convenio tendrá vigencia desde el día 1 de octubre de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2007. Al término de dicho período se entenderá tácitamente prorrogado por plazos anuales sucesivos, salvo denuncia expresa con seis meses de antelación a la fecha de su vencimiento, como mínimo. Este plazo no será preceptivo en el caso de que se produjeran modificaciones normativas que no se ajustarán a las bases del Convenio.
Las condiciones establecidas en las bases anteriores serán de aplicación desde la fecha de entrada en vigor de este Convenio a las deudas cuya gestión recaudatoria ejecutiva se encomendó a la Agencia Tributaria en virtud del Convenio suscrito con la Comunidad Autónoma el 6 de mayo de 1999, así como a las actuaciones que de dicha gestión puedan derivarse.
El Presidente de la A.E.A.T.
María Luisa Araújo Chamarra

References: artículo 103
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 81
 Real Decreto 
 artículo 172
 resolución 
 artículo 62
 artículo 62
 artículo 16