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Timestamp: 2020-01-18 12:19:23+00:00

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Acciones de tutela de Juan Carlos Moreno, Santa Fe Corporación Deportiva y otros contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
Procedencia: Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá -Sala Laboral-.
La Sala Primera (1a.) de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Alfredo Beltrán Sierra, Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz, decide sobre los fallos proferidos por el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dentro de los procesos de tutela instaurados por medio de apoderado por Juan Carlos Moreno Vargas, Santa Fe Corporación Deportiva y otros, contra la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
1. A esta Corporación fueron remitidos dos (2) expedientes que contienen escritos de tutela presentados por sujetos diversos, pero contra un mismo acto: la decisión de la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá de aplicar la cláusula de caducidad a un contrato suscrito entre el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, la mencionada Alcaldía y Santa Fe Corporación Deportiva.
2. Los mencionados expedientes fueron radicados en esta Corporación bajo los números T-171-895 y T-176.175, y seleccionados para revisión, según consta en los autos del veintiséis (26) de agosto y diez (10) de septiembre del año en curso, por distintas Salas de Selección. Expedientes que, por sorteo, fueron repartidos al magistrado sustanciador de este proceso, para la elaboración del correspondiente proyecto de fallo.
3. Al estar dirigida la acción de tutela contra los mismos entes y al existir identidad en el acto que se considera lesivo de los derechos fundamentales de los diversos peticionarios, esta Sala de Revisión, por auto del diez y siete (17) de septiembre de 1998, ordenó la acumulación del expediente T-176.175, al expediente T-171-895, para que fuesen decididos en un solo fallo.
1. En octubre de 1993, la Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C., y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, por una parte, y Santa Fe Corporación Deportiva, por otra, suscribieron un contrato para la administración de una porción de terreno (6 hectáreas) de propiedad del Distrito Capital, que hace parte de uno de mayor extensión denominado Parque Simón Bolivar, ubicado en la carrera 30 con calle 64. El término del contrato fue pactado a quince (15) años y sin costo alguno para la Corporación.
2. El mencionado contrato tenía por objeto la construcción, en el mencionado terreno, de una sede deportiva para Santa Fe Corporación Deportiva y escenarios para la práctica del fútbol. Como obligaciones especiales, la Corporación se comprometió, entre otras, a crear una escuela especializada de fútbol, a fin de permitir que los niños del sector o áreas vecinas, sin distingo alguno, pudiesen pertenecer a ella y practicar el mencionado deporte, así como hacer las obras para el mejoramiento, mantenimiento, cerramiento y reparaciones del terreno (cláusula cuarta del contrato, literales a) y d) del contrato), así como facilitar los sábados, domingos y festivos, el cincuenta (50%) por ciento de las canchas de fútbol que se construyeran, para el desarrollo ordinario de los campeonatos o torneos de la Liga de Fútbol de Bogotá.
3. Santa Fe Corporación Deportiva, una vez recibido el mencionado terreno -octubre 19 de 1993-, comenzó las obras de adecuación para la construcción de los escenarios deportivos. Así mismo, creó la escuela de fútbol que, para el mes de marzo de 1998, contaba con doscientos treinta (230) alumnos, aproximadamente.
4. Por resolución No. 1557, del veinticuatro (24) de diciembre de 1997, la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá, D.C. decretó la caducidad del contrato suscrito con Santa Fe Corporación Deportiva, por considerar que la mencionada Corporación había incumplido grave y flagrantemente las obligaciones pactadas en él, perjudicando al Distrito y a la comunidad en general. En la mencionada resolución se lee:
“ ...a la fecha, después de múltiples inspecciones físicas a los terrenos entregados en virtud del contrato, incluída la del 22 de diciembre de 1997, se ha podido comprobar que SANTA FE CORPORACIÓN DEPORTIVA no ha cumplido con ninguna de las obligaciones especificas del mismo, y concretamente las siguientes: 1. No ha asumido ni a partir de la fecha de entrega del inmueble, ni en fechas posterior, la construcción y administración en debida forma de los escenarios deportivos, y mucho menos para tal efecto, ha dispuesto lo necesario para la conservación, mantenimiento, reparaciones, cerramiento, y, en general, todo lo indispensable para que el inmueble se mantenga en buen estado. 2. No ha llevado a cabo por su cuenta, proyectos de inversión para el mejoramiento de la infraestructura del escenario. 3. No ha creado una escuela de fútbol especializada, de conformidad con lo establecido en el contrato. 4. Dado lo anterior, también ha incumplido con las restantes obligaciones pactadas, como lo son las de facilitar los sábados, domingos y festivos, y como mínimo el cincuenta (50%) por ciento de las canchas de fútbol ... para el desarrollo ordinario de los campeonatos o torneos de la Liga de Fútbol de Bogotá.”
5. Esta resolución fue recurrida por el representante legal de Santa Fe Corporación Deportiva. Entre otras razones, porque no se configuró el incumplimiento grave que se exige para la aplicación de la cláusula de caducidad ni se agotó un debido proceso que le permitiera a la Corporación debatir la procedencia de ésta. Igualmente, por la existencia de una falsa motivación.
6. Por resolución 323 del 29 de abril de 1998, se confirmó la resolución No. 1557, del veinticuatro (24) de diciembre de 1997, quedando en firme la declaración de caducidad del contrato suscrito en marras.
7. Contratos similares al que suscribió Santa Fe Corporación Deportiva y el Distrito, fueron celebrados con la Federación Colombiana de Fútbol y el Club Los Millonarios, a quienes le fueron entregados en administración, terrenos aledaños a los que se recibió Santa Fe Corporación Deportiva. Estos contratos, por mutuo acuerdo, fueron terminados.
B. Los escritos de tutela.
Lo primero que ha de resaltar esta Sala de Revisión, es que las acciones de tutela que serán objeto de análisis, fueron presentadas por la misma época y por abogados que pertenecen a la misma oficina, denominada “Asesores en Derecho Público”. Veamos:
1. La acción de tutela radicada con el número T-176.175, en nombre y representación de Santa Fe Corporación Deportiva, se presentó el 19 de mayo de 1998, en la oficina de reparto de los jueces laborales del circuito. Razón por la que correspondió conocer de ella al Juez Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá.
2. La acción de tutela radicada con el número T-171-895, presentada en nombre y representación de algunos de los menores que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe Corporación Deportiva, se presentó el 21 de mayo de 1998, en la oficina de reparto de los jueces civiles del circuito. Correspondió conocer de ella al Juez Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de Bogotá.
3. Por cuanto la decisión que profirió el Juez Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de Bogotá, no fue objeto de impugnación, a diferencia de lo que aconteció con la decisión emanada del Juez Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá, fue remitida para su eventual revisión a esta Corporación. Días más tarde, se recibió el segundo expediente, con la instancia surtida ante el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral.
4. Expediente T-176.175. Acción de Tutela de Santa Fe Corporación Deportiva contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
5. Expediente T-171.895. Acción de Tutela de los representantes legales de ocho (8) menores de edad que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe Corporación Deportiva en contra de la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación Distrital y el Deporte.
La declaración de caducidad del contrato en mención “priva del escenario deportivo y de la escuela de formación de fútbol a la que asisten (los menores) regularmente con miras a recibir instrucción deportiva, a practicar su deporte favorito y hacer buen uso de su tiempo no escolar”. Se afirma que es evidente el perjuicio que sufrirán los menores al ser privados del escenario para la práctica de su deporte, por no contar con otros recursos físicos ni económicos para obtener la enseñanza que allí reciben.
La administración distrital desconociendo que los menores requieren de protección especial, optó por “sacrificar la oportunidad de que venían gozando estos niños, con la mira puesta en otros intereses, que pasan por la entrega en concesión del lote de terreno a una empresa particular para que desarrolle allí una construcción y unas actividades que no se relacionan, de ninguna manera, con la promoción de igualdad real de los niños bogotanos”. La administración no ha ofrecido ningún plan alternativo que permita a estos menores seguir practicando y asistiendo a una escuela de fútbol, en las condiciones que otorgaba Santa Fe Corporación Deportiva.
C. Sentencias de primera instancia.
1. Tal como fue señalado en el acápite de antecedentes, mediante sentencia del ocho (8) de junio de 1998, el Juzgado Treinta y Seis (36) Civil del Circuito de Bogotá, denegó el amparo solicitado por el apoderado de los representantes legales de los ocho (8) menores que asisten como alumnos a la escuela de fútbol creada por Santa Fe de Corporación Deportiva (expediente T-171.895).
1.4. No se evidencia vulneración del derecho a la igualdad, pues los terrenos serán destinados al esparcimiento público. En desarrollo del Plan Maestro, áreas similares que tenían otras entidades fueron también recuperadas. Es decir, no hay un trato discriminatorio contra los menores.
2. En fallo del tres (3) de junio de 1998 (expediente T-176.125), el Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá, denegó la protección solicitada por la apoderada del Santa Fe Corporación Deportiva. Las razones que esgrimió este despacho judicial fueron las siguientes:
2.4. Los futbolistas y los empleados de Santa Fe Corporación Deportiva son los únicos legitimados para interponer acción de tutela, si consideran que la decisión de la administración distrital ha vulnerado su derecho fundamental al trabajo. La entidad no puede agenciar los derechos de éstos.
2.5. No existe vulneración del derecho a la enseñanza. Precisamente, la declaración de caducidad fue motivada, entre otras, por el incumplimiento en la obligación de crear una escuela “especializada” de fútbol. Sin embargo, la declaración de caducidad no afecta la prestación de este servicio.
Por medio de sentencia del diez y seis (16) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, confirmó el fallo del Juzgado Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá (folios 686 a 692).
Dentro de este contexto, esta Sala de Revisión entrará a decidir.
3.2. Pese a que se ha identificado la declaración de caducidad de los contratos como una sanción para el contratista, en razón a sus efectos - inhabilidad para contratar con el Estado por el término de cinco años desde la ejecutoria del acto que la declaró, así como la exigibilidad de las multas y garantías que se hubiesen pactado, perdiendo el contratista el derecho al reconocimiento de alguna indemnización por la terminación del contrato- no por ello se puede deducir que su aplicación esté condicionada al agotamiento de un procedimiento previo que requiera de un debate entre la administración y el contratista, sobre la necesidad, viabilidad y fundamentos de su aplicación, como se explicará.
“La institución de la caducidad, constituye el instrumento idóneo para que la administración, sin la intervención del juez, declare la extinción del vínculo contractual, cuando a su juicio, el contratista, incurso en alguna de las situaciones o conductas descritas, no esté en condiciones de cumplir con los fines públicos que se persiguen con la realización del objeto del contrato. Al declarar la caducidad, la administración queda libre de la atadura del vínculo contractual y en libertad para escoger a otro contratista, cuyas calidades le garanticen a la administración el cumplimiento de los mencionados fines.
“Por otra parte, la cláusula de caducidad es una de las llamadas cláusulas exorbitantes del derecho común por la doctrina y la jurisprudencia y pone de manifiesto el reconocimiento de poderes excepcionales a la administración que le permiten extinguir el vínculo contractual para asegurar la primacía de los intereses públicos o sociales que están vinculados a la realización del objeto del contrato.” (negrilla fuera de texto) (Corte Constitucional. Sentencia C-136 de 1993. Magistrado ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell).
3.4. Segundo, porque su aplicación no puede confundirse con la facultad sancionatoria que se le reconoce a la administración en otros campos como el disciplinario, tributario, e.t.c, en desarrollo de su potestad punitiva, que exige, por su misma naturaleza, la observancia de un debido proceso a efectos de imponer las sanciones correspondientes, tal como ha reconocido esta Corporación en un sin número de providencias (T-145 de 1993, Magistrado Ponente, doctor Eduardo Cifuentes Muñoz; C-214 de 1994, Magistrado Ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell; C-597 de 1996 y C-690 de 1996; Magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero, entre otras).
Es claro que en estos casos, el contratista debe poder participar en estas visitas, acceder a los informes que, sobre el cumplimiento del contrato, puedan estar efectuado terceros (v.gr. interventores) o la misma administración, gozando de la oportunidad para rebatirlos. Igualmente, está participando cuando rinde o responde requerimientos sobre el cumplimiento de sus obligaciones, e.t.c, y si bien no existe un procedimiento específico previo para la declaración de caducidad, estos pasos previos se constituyen en el mecanismo que le permite al contratista conocer de la inconformidad que sobre su conducta contractual puede tener el ente estatal correspondiente. Por tanto, sí existe, en estos casos, una intervención activa del contratista y, son estas “actuaciones previas”, las que han de considerarse como el procedimiento que la administración debe agotar para declarar la caducidad, permitiéndose, entonces, la audiencia del contratista, garantizando así, su derecho a conocer y participar en la decisión de la administración.
3.7. En el caso en estudio, el Alcalde Mayor de Bogotá, a efectos de dar aplicación a esta cláusula, manifestó en la resolución 1557 de 1997, entre otras razones, que después de haber practicado visitas al lote de terreno donde desarrollaba sus actividades Santa Fe Corporación Deportiva, se constató el incumplimiento de algunas de las obligaciones que ésta había contraído, calificando el incumplimiento como grave.
En los antecedentes de esta resolución se encuentran, entre otros, un cuestionario enviado por el director del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, al Presidente de Santa Fe Corporación Deportiva, el diez (10) de abril de 1995, a fin de establecer la forma como se había dado cumplimiento al contrato suscrito en 1993 (folios 532 y 533 expediente T-176.175); un oficio suscrito por el Subdirector Técnico del mencionado instituto, en el que informa a las directivas de la Corporación que, en visita realizada el 4 de junio de 1996, se encontró que algunas de las obligaciones especiales que se contrajeron en el contrato de 1993 no se habían cumplido, o su realización no había sido la más adecuada. En relación con la escuela de fútbol se lee “No fue posible obtener información acerca de la escuela de fútbol especializada que se comprometió a crear la Corporación”, razón por la que se solicitó enterar a la administración, en el término de cinco (5) días, sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a tales obligaciones ( folios 534 a 536 del expediente T-176.175). Finalmente, en oficio del diez y seis (16) de diciembre de 1997, se informa a los representantes de la Corporación que, en visitas realizadas el 20 de octubre y el 5 de diciembre de 1997, “se ha constatado que las obras a desarrollar según proyecto presentado en el oficio del 15 de abril de 1997, se encuentran paralizadas... lo cual ha permitido que los semovientes invadan las áreas asignadas...” (folios 541 y s.s.)..
3.10. Dentro de este contexto, no puede aceptarse que, en el caso en revisión, se hubiese desconocido el artículo 29 de la Constitución, según el cual el “debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas”, pues la administración distrital no estaba obligada a agotar un procedimiento previo que le hubiese garantizado a Santa Fe Corporación Deportiva, la posibilidad de discutir y oponerse a las motivaciones de ésta para dar aplicación a la cláusula de caducidad, pues, para ello, tuvo, como se demostró, la oportunidad de hacerlo en los requerimientos y visitas realizadas por la administración distrital y, posterior a su declaración, mediante el uso de las acciones correspondientes ante el contencioso administrativo, erigidas, precisamente, para resolver la controversia que se busca solucionar mediante esta acción de tutela. Ante el la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Santa Fe Corporación Deportiva, en ejercicio del derecho de defensa, podrá debatir los motivos que adujo la administración distrital para declarar la caducidad a la que se ha hecho referencia.
“A juicio de esta Corte, la caducidad no se aplica en forma automática, pues la administración debe verificar la existencia de la respectiva causal y dar oportunidad al contratista de ejercer su derecho de defensa, oyéndolo en descargos y permitiéndole aducir las pruebas que justifiquen su conducta.” (Corte Constitucional. Sentencia C-136 de 1993. Magistrado ponente, doctor Antonio Barrera Carbonell).
“Artículo 2o.
“1. Hacer, tolerar u omitir alguna cosa invocando o cediendo injustificadamente a amenazas por parte de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
“2. Recibir, suministrar, administrar, invertir, financiar, transferir, guardar, transportar, almacenar o conservar dineros o bienes provenientes de o con destino a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros.
“3. Colaborar o prestar ayuda a la delincuencia organizada o a grupos guerrilleros.
“4. Construir, ceder, arrendar, poner a disposición, facilitar o transferir a cualquier título, bienes para ser destinados a la ocultación de personas o al depósito o almacenamiento de pertenencias de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
“5. Paralizar, suspender o disminuir notoriamente el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por atender instrucciones de la delincuencia organizada, de los grupos guerrilleros o de sus miembros.
“Parágrafo. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo constituye hecho del contratista la conducta de sus agentes o dependientes, de la cual haya tenido conocimiento el contratista.
“Artículo 3o. También podrá declararse la caducidad cuando el contratista o la persona que ejerza su representación legal incumpla el deber de denunciar hechos punibles, cuya comisión haya conocido con ocasión del contrato, que sean cometidos por integrantes de la delincuencia organizada o de grupos guerrilleros.
3.11.3. Consideró entonces la Corte que si bien estas conductas podían tenerse como causales de caducidad, pese a que ellas no se hubiesen pactado en el contrato, o no estuviesen contempladas en la ley vigente al momento de su suscripción, era necesario condicionar su aplicación a brindar la “... oportunidad al contratista de ejercer su derecho de defensa, oyéndolo en descargos y permitiéndole aducir las pruebas que justifiquen su conducta” a efectos de no desconocer la presunción de inocencia consagrada en el artículo 29 de la Constitución, que podría verse afectada si la administración declaraba automáticamente la caducidad, sin comprobar la ocurrencia de la conducta y oír al contratista, en razón a la gravedad de los hechos erigidos como nuevas causales de caducidad de los contratos en que el Estado fuese parte.
3.12. Las anteriores consideraciones son igualmente pertinentes para desvirtuar el argumento del apoderado de los menores, según el cual éstos han debido ser citados antes de efectuarse la declaración de caducidad del contrato. No existe norma alguna que obligue a la administración escuchar a los terceros que pueden resultar lesionados con esta declaración, pues ello implicaría el agotamiento de trámites que, en últimas, enervarían el objeto mismo de la declaración de esta cláusula, cual es la primacía del interés general, representado en la pronta y debida ejecución del contrato correspondiente. Piénsese en lo dispendioso que resultaría citar y escuchar a todos los que pudiesen tener interés en que se declare o no la caducidad del contrato, por ejemplo los operarios o trabajadores contratados para desarrollar el objeto contractual, los proveedores del contratista, etc.
En el caso en revisión, es inaceptable que se utilice a unos menores como excusa para enervar los efectos propios de un contrato. Afirmar, como lo hace el apoderado de éstos, que sus derechos han sido desconocidos porque la administración distrital, en aplicación de la Convención de los derechos del niño, no los citó y escuchó antes de aplicar la cláusula de caducidad tantas veces comentada, es, en opinión de esta Sala, un abuso no sólo de los derechos de éstos sino del mecanismo de la tutela, que no pueden pasar inadvertido para los administradores de justicia, en especial, para el juez constitucional.
3.13. Por lo expuesto hasta este punto, se puede concluir, entonces, que el juez constitucional, en este caso, carece de competencia para examinar si las motivaciones que expuso la administración distrital para declarar la caducidad de contrato suscrito con Santa Fe Corporación Deportiva son ciertas; si el incumplimiento que se adujo es de aquellos que puede calificarse de grave como lo exigía el contrato mismo; si el Alcalde Mayor incurrió en desvió de poder, etc., pues todos estos aspectos sólo pueden ser analizados por el juez contencioso administrativo, en uso de la acción correspondiente. Mal haría el juez de tutela en invadir la órbita de competencia de este funcionario, so pretexto de proteger un derecho fundamental que, en este caso, no se vislumbra como lesionado.
“ Los recursos de reposición y de apelación siempre deberán resolverse de plano, a no ser que al interponerse éste último (se refiere al recurso de apelación) se haya solicitado la práctica de pruebas, o que el funcionario que ha de decidir el recurso considere decretarlas de oficio.”
Argumentan las apoderadas de Santa Fe Corporación Deportiva que la declaración de caducidad equivale “a la desaparición o muerte civil del equipo, pues además de perder las mejoras que ha hecho en el campo en cumplimiento del contrato, se ve sometida a ilegales sanciones económicas y sobretodo, a la sanción de inhabilidad para contratar con entidades estatales...”.
La jurisprudencia de esta Corporación ha definido el perjuicio irremediable como aquel que es inminente y que requiere de medidas urgentes para salvaguardar el “orden jurídico que concede a determinados bienes bajo su protección, de manera que la amenaza a uno de ellos es motivo de actuación oportuna y diligente por parte de las autoridades públicas.
“El objetivo que persigue esta figura es la protección del bien debido en justicia, el cual exige lógicamente unos mecanismos transitorios, urgentes e impostergables, que conllevan, en algunos casos, no una situación definitiva, sino unas medidas precautelativas." (sentencia T-225 de 1993. Magistrado Ponente, doctor Vladimiro Naranjo Mesa.)
En el caso sometido a revisión no se evidencia la configuración de un perjuicio de esta naturaleza, pues las consecuencias que se derivan de la declaración de caducidad, responden a la naturaleza misma de esta figura. No se puede afirmar que son “sanciones ilegales”, pues las consecuencias que de su aplicación se derivan, han sido fijadas por el propio legislador, como efectos de su declaración. Aceptar el argumento esbozado, implicaría admitir que todos los contratistas a los que se les hace efectiva esta cláusula estarían enfrentados a un perjuicio de esta naturaleza. La acción ante el contencioso administrativo es la vía que tiene a su alcance la Corporación, a efectos de solicitar la indemnización de los perjuicios por los yerros en que pudo incurrir la administración distrital al declarar la caducidad del contrato, en caso de poder comprobar que la administración distrital actúo arbitrariamente. En consecuencia, si a ello hay lugar, Santa Fe Corporación Deportiva obtendrá la reparación de los perjuicios correspondientes.
4. Un hecho que no puede pasar inadvertido - La declaración de nulidad del contrato suscrito entre Santa Fe Corporación Deportiva y la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, que fue objeto de la declaración de caducidad.
5.3. Pese al esfuerzo que se hace en el escrito de tutela por demostrar la vulneración de derechos fundamentales de los menores, esta Sala no comparte la argumentación propuesta, y por el contrario, llama la atención por la forma como se ha utilizado la presencia de éstos, para lograr, se repite, un único objeto: la suspensión de los efectos de un acto de la administración distrital, tal como lo pretendía las apoderadas de la Santa Fe Corporación Deportiva.
5.4. Es claro que la Constitución y, específicamente la jurisprudencia de esta Corporación (sentencias T-466 de 1992, T-252 de 1993 y C-625 de 1996, entre otras), han reconocido en la recreación y en la práctica del deporte vehículos de desarrollo y formación del ser humano, razón por la que su incentivo, principalmente en los menores de edad, se considera como una obligación primordial a cargo no sólo del Estado, sino de la Sociedad y la propia familia, dado que permite al individuo una exteriorización de su ser y la manifestación misma de su personalidad (sentencias T-466 de 1992).
Sin embargo, el juez de tutela, en este caso, no puede desconocer, so pretexto de privilegiar y salvaguardar los derechos de los menores que asisten a la escuela de fútbol que dirige Santa Fe Corporación Deportiva, la atribución que tenía la administración distrital de terminar el contrato suscrito con ésta, pues no es clara la vulneración de ningún derecho de estos menores, pues, como fue puesto de presente en otro acápite de esta sentencia, la restitución de los terrenos donde funcionaba la escuela en mención, no priva a quienes asistían periódicamente a ella, de continuar con el aprendizaje y práctica de este deporte. Primero, porque los predios del Parque Simón Bolivar no son los únicos aptos para su práctica y segundo, porque Santa Fe Corporación Deportiva no es la única escuela que puede otorgar esta capacitación.
5.5. Los dos asertos anteriores se pueden comprobar con la certificación suscrita el once (11) de junio de 1998, por la Directora del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte, según la cual “...para apoyar el proceso de formación deportiva en el distrito capital a través de las escuelas de fútbol,... el Instituto actualmente ha extendido su reconocimiento a 163 escuelas del distrito que lo han solicitado y han cumplido con los requisitos exigidos para tal fin, lo cual les permite gozar de privilegios dada su organización y propósitos que persiguen. Para el desarrollo de estos programas, estas escuelas disfrutan de espacios que el Instituto les otorga en los siguientes lugares:
“Escuelas particulares
“Escenario Canchas Localidad
El Tunal 2 canchas Tunjuelito
Nuevo Muzú 1 cancha Tunjuelito
Atahualpa 1 cancha Fontibón
El Jazmín 1 cancha Puente Aranda
Parque Salitre 1 cancha Barrios Unidos
Parque Nacional 1 cancha Santa Fe
Servitá 1 cancha Usaquén
Coldeportes salitre 2 canchas Engativá
La Gaitana 1 cancha Suba
San Cristobal 1 cancha San Cristobal
San José de Maryland 1 cancha Bosa” (folios 156 y 157 del expediente T-171.895).
Igualmente, en esta certificación se dice que existen escuelas con liga de fútbol “ a través de los cuales el Instituto apoya su programa de formación con la organización de 15 escuelas con aproximadamente 450 niños y otorgando apoyo económico y de escenarios en las siguientes localidades:
Tabora 1 cancha Engativá
Campincito 1 cancha Teusaquillo
Techo 1 cancha Kennedy
Alquería 1 cancha Puente Aranda
La Florida 2 canchas Engativá
San Cristobal 1 cancha San Cristobal.
“Estas escuelas disfrutan de los escenarios de domingo a domingo en horarios preferenciales y dependiendo del tiempo con que cuentan los alumnos (folio 157 del expediente T-171.895).
Lo anterior significa que el escenario deportivo que funcionaba en el Parque Simón Bolivar, no es el único con que cuenta el Distrito Capital para la práctica de este deporte ni Santa Fe Corporación Deportiva, la única institución para otorgar el aprendizaje de éste.
Así mismo, nada le impide a Santa Fe Corporación Deportiva reubicar su escuela en otra zona. Por tanto, ningún derecho fundamental de los menores ha sido desconocido. Argumentos como el costo de ingreso y la cercanía a las escuelas, no puede ser tenido en cuenta, pues, como lo señaló el juez de primera instancia (T-171.895), existen escuelas de fútbol en los alrededores al sitio de residencia de los menores y zonas adecuadas para su práctica, muchas de ellas que pertenecen al Distrito, cuyo objetivo es, precisamente, el estímulo y fomento de este deporte, a las que pueden asistir los menores por costos similares o inferiores a los que tienen que sufragar con Santa Fe Corporación Deportiva y a una distancia menor a la que tenían que recorrer hasta el Parque Simón Bolivar. Basta precisar que los menores en nombre de quienes se interpuso esta acción, habitan en barrios como Venecia y Muzú, nada cercanos al sitio donde funcionaba la escuela.
5.6. Igualmente, es necesario precisar que, el caso en revisión, difiere ampliamente del que originó la sentencia T-466 de 1992, en donde se concedió la tutela como medio para proteger el derecho la recreación. En el mencionado caso, se comprobó que la zona verde que algunos vecinos pretendían que no se utilizara como cancha de fútbol, era la única que existía en el municipio y, por ende, único espacio con el que contaban sus habitantes para llevar a cabo sus prácticas deportivas y recreacionales, pues no había en el municipio teatros ni sitios destinados a esparcimiento público. Aspectos fácticos que, en el presente caso, no concurren.
5.7. Surge un interrogante, ¿si el lote de terreno que ocupaba Santa Fe Corporación Deportiva, según acuerdo número 6 de 1990, hace parte de un parque público cuyo uso es la recreación masiva, no se estaría desconociendo el derecho de otros menores a que esos terrenos se empleen para lograr también su recreación y no sólo la de aquellos que acuden a una escuela determinada a practicar un deporte específico?
Basta recordar que el objetivo mismo del contrato de administración que suscribió Santa Fe Corporación Deportiva, era “2)... promover el deporte en el Distrito Capital y (el) de elevar el nivel competitivo de sus clubes profesionales, (razón por las que la Alcaldía) ha decido facilitarles a cada uno ( Santa Fe Corporación Deportiva y Club Los Millonarios) un lote de terreno en el cual puedan construir su sede deportiva y escenario de práctica”. Es decir, una colaboración del Distrito para quienes lo representaban a nivel nacional, en el campeonato correspondiente. La obligación que adquirieron estos clubes deportivos, como contrapartida, mantener en buen estado los terrenos y preparar a los niños interesados en la práctica de este deporte.
Es claro que esta Corporación no puede privilegiar el uso de los mencionados terrenos para el desarrollo de una u otra actividad, pues, la decisión corresponde a las autoridades correspondientes, encargadas entre otras, de velar por el espacio público y su adecuada utilización. Más aún, cuando como en este caso, existen otros escenarios deportivos para la práctica del fútbol a los que pueden acudir los menores en nombre de quienes se interpuso esta acción. Sin embargo, no sobra recordar que el uso de esta clase zonas debe, por su misma naturaleza, beneficiar a la mayor parte de la población y no sólo a unos pocos, pues el derecho a la recreación no es de goce exclusivo de los menores de edad (artículo 56 de la Constitución), ni autoriza el privilegio de una sola actividad deportiva o cultural.
Es pertinente recordar, en este punto, que se ha venido insistiendo, incluso a través de acciones de tutela, en la necesidad e importancia de destinar un espacio especial para la programación de eventos culturales que beneficien a la población en general, que no implique el uso de escenarios erigidos para otras actividades (v.gr. estadios de fútbol), o que afecten, por su vecindad, la tranquilidad de la comunidad que circunda estos escenarios.
Por tanto, si se considera que el uso de un terreno destinado al uso público no es apropiado, debe acudirse a instancias distintas a la acción de tutela, para lograr que las autoridades correspondientes den a éstos la utilización apropiada, en beneficio de la comunidad en general y no de unos pocos.
Primero: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Laboral, del diez y seis (16) de julio de 1998, en la acción de tutela instaurada por Santa Fe Corporación Deportiva contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.
Segundo: CONFÍRMASE la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y seis (36) Civil del Circuito del ocho (8) de junio de 1998, en la acción de tutela instaurada por Juan Carlos Moreno Vargas y otros contra la Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá y el Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte.

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 artículo 29