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Timestamp: 2018-11-18 08:33:47+00:00

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﻿ Sentencia 2001-01792 de mayo 31 de 2012
SENTENCIA 2001-01792 DE 31 DE MAYO DE 2012
CONTENIDO:RÉGIMEN APLICABLE AL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO. EL SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, ES UNA FUENTE DE PERSONAL CALIFICADO E IDÓNEO PARA INCREMENTAR LA COBERTURA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD, NO UN FORMA ESPECIAL O FLEXIBLE DE VINCULACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN ESE SENTIDO QUIENES DESEMPEÑEN UN CARGO BAJO ESTA DENOMINACIÓN CUENTAN CON LOS MISMOS DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES DEL PERSONAL VINCULADO A LA ENTIDAD, TIENEN DERECHO A QUE SE LE RECONOZCA Y PAGUE EL MISMO SALARIO QUE PERCIBE UN EMPLEADO PÚBLICO NOMBRADO DE MANERA ORDINARIA EN LA MISMA ENTIDAD, DE NO SER ASÍ, SE ESTARÍA DANDO UN TRATO DESIGUAL Y DISCRIMINATORIA QUE EN CONTRA DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y LA LEY.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVICIO DE SALUD, SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO, DERECHOS DEL EMPLEADO PÚBLICO
Sentencia 2001-01792 de mayo 31 de 2012
Ref.: Expediente 130012331000200101792 01
Nº Interno 2329-2011
Actor: Claudia Cecilia Julio Agámez
El problema jurídico por resolver se contrae en determinar si la demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestaciones reclamadas por haber ejercido el cargo de médico en servicio social obligatorio.
El jefe desarrollo de personal del DADIS, a folio 69 certificó que la actora ingresó a la entidad el 14 de diciembre de 1995 y laboró hasta el 15 de enero de 1997, con una asignación mensual de $ 716.142; que se le canceló prima de servicios en el año 1996 por valor de $ 179.035 y por prima de navidad en el mismo año, la suma de $ 716.142.
A folio 65, obra copia auténtica del Decreto 1240 de 11 de diciembre de 1995, por medio del cual el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias nombró a la demandante como médico, servicio social obligatorio, en el Centro de Salud de San Vicente de Paul, con una asignación mensual de $ 606.900.
Los comprobantes de pago de nómina de julio y diciembre de 1996, obran a folio 68; como salario básico se establece la suma de $ 716.142,00.
A folio 70, obra el derecho de petición dirigido al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, presentado por los médicos y odontólogos del servicio social obligatorio el 2 de diciembre de 1999.
Copia de la cartilla servicio social obligatorio expedido por el Ministerio de Salud, que obra a folios 75 a 101.
El 30 de abril, la secretaría de asuntos jurídicos de la Alcaldía Mayor de Cartagena envió oficio a la directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud, DADIS, en el que se señala que de conformidad con la Resolución 795 de 1995, la vinculación de los profesionales deberá contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y que en ningún caso la remuneración podrá ser inferior a los cargos de planta de las instituciones donde prestan sus servicios (fl. 102). A folio 105, obra respuesta a dicho oficio.
A folio 146 se encuentra el reporte de novedades de la autoliquidación al ISS, de los años 1995, 1996 y 1997.
Copia parcial del Decreto 0366 de 7 de mayo de 1997 en el cual se fija el plan de cargos y asignaciones civiles en el DADIS del 1º de enero de 1997 al 31 de diciembre de 1997, obra a folio 104.
Copia de la Resolución 0795 de 1995 expedida por el Ministerio de Salud en el cual “se establecen los criterios técnico administrativos para la prestación del servicio social obligatorio” obra a folio 299.
El director del DADIS, a folio 342, envía oficio a la jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena donde le indica que de acuerdo con el Decreto 1894 de 3 de agosto de 1994 “por el cual se establece parcialmente el proceso gradual de nivelación de salarios de los empleados públicos de salud a nivel territorial”, en su artículo 1(1), solo contempló a los médicos generales. Que posteriormente, se firmó un acuerdo (fl. 344) entre la Alcaldía, el DADIS y representantes de Asmedas donde se aprobó un incremento gradual de los médicos generales que no aplica para los médicos del SSO por no estar incluidos en el decreto citado. Por lo tanto, la asignación establecida para el año 1996 al médico general 8 horas fue de $ 1.246.720 y para el médico general SSO fue de $ 716.142; en el año 1997, para el médico general 8 horas fue de $ 1.554.650 y para el médico general SSO fue de $ 895.178.
Establecido lo anterior, la Sala abordará el estudio de las pretensiones de la demanda en el siguiente orden: I. De la existencia del acto administrativo ficto negativo; II. Del régimen aplicable al servicio social obligatorio; y, III. De la solución al caso concreto.
I. De la existencia del acto administrativo ficto negativo
Según el material probatorio obrante dentro del expediente, el 2 de diciembre de 1999 (fl. 70) la demandante le solicitó al Alcalde Mayor de Cartagena, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales objeto de la presente acción, así como el incremento salarial del 20% de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1894 de 1994 (trabajador de área rural).
De conformidad con lo establecido en el artículo 6 del Código Contencioso Administrativo, la administración contaba con el término de 15 días para dar respuesta a la petición formulada, sin embargo, no lo hizo.
Según lo normado en el artículo 40 ibídem, transcurrido el término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de una petición, sin haberse obtenido respuesta, se entenderá que es negativa.
Por lo anterior, habiendo transcurrido más de tres (3) meses sin que la administración hubiera dado respuesta a la petición, se configuró la existencia del acto administrativo ficto negativo en relación con dicha petición, y así se declarará en esta providencia.
El acto ficto, según lo consagrado en el inciso 2º del artículo 135 ibídem, agota la vía gubernativa, razón por la cual podía ser demandado directamente por la interesada y en cualquier tiempo(2).
II. Del Régimen aplicable al servicio social obligatorio
La Ley 50 de 1981 “Por la cual se crea el servicio social obligatorio en todo el territorio nacional”, dispuso que las personas con formación tecnológica o universitaria debían prestar un servicio social obligatorio dentro del territorio nacional, por el término hasta de un (1) año. Este servicio de conformidad con el artículo 2º ibídem, se presta con posterioridad a la obtención del título y es requisito previo para obtener la refrendación del mismo, para vincularse a cualquier organismo del Estado y para ejercer la profesión.
En cuanto al régimen prestacional de quienes se encuentren prestando el servicio social obligatorio, estableció el artículo 6º ibídem:
“Las tasas remunerativas y el régimen prestacional al cual serán sometidos quienes presten el servicio social obligatorio serán los propios de la institución a la cual se vincule el personal para cumplimiento de dicho servicio y se aplicarán bajo la supervisión y control del Consejo Nacional Coordinador del Servicio Social Obligatorio”.
Posteriormente, el Decreto 2396 de 1981 “por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el servicio social obligatorio del área de la salud” dispuso que los egresados del programa universitario de medicina, entre otros, debían cumplir el citado servicio:
“ART. 6º—Las personas que deban cumplir con el servicio social obligatorio quedarán sujetas a las disposiciones que en materia de personal rijan a las entidades a las cuales se vinculen”.
El Ministerio de Trabajo, por su parte, en la Resolución 795 de 1995 “por la cual se establecen los criterios técnico administrativos para la prestación del servicio social obligatorio” dispuso:
“ART. 1º—Establecer los siguientes criterios para que las direcciones seccionales, distritales y locales de salud, certificadas, aprueben y renueven las plazas para el ejercicio del servicio social obligatorio.
7. La vinculación de los profesionales deberá contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y en ningún caso la remuneración será inferior a los cargos en planta de las instituciones en la cual presten sus servicios.
8. El profesional que presta el Servicio Social Obligatorio gozará de las mismas garantías del personal de planta, en cuanto a honorarios, compensatorios, etc.
ART. 10.—Las direcciones de salud, así como las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas deberán hacer la equivalencia salarial de los cargos del servicio social obligatorio a los de la planta de personal de la respectiva entidad, para las mismas profesiones.
ART. 12.—Los profesionales que cumplan con el servicio social obligatorio estarán sujetos a las disposiciones vigentes que en materia de administración de personal, salarios y prestaciones sociales rijan en las entidades donde presten dicho servicio” (las negrillas son de la Sala).
De la anterior normativa se evidencia que el servicio social obligatorio es una fuente de personal calificado e idóneo para incrementar la cobertura de la prestación del servicio de salud, no una forma especial o flexible de vinculación a la administración pública. En este sentido, tal como lo establecieron claramente las normas transcritas, quienes desempeñen un cargo bajo esta denominación cuentan con los mismos derechos salariales y prestaciones del personal vinculado a la entidad.
En el asunto sub júdice la demandante fue vinculada al Departamento Administrativo de Salud del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias para ejercer las funciones de médico, servicio social obligatorio, en el Centro de Salud de San Vicente de Paul.
Su vinculación, efectuada a través de acto administrativo de nombramiento y posterior posesión, permiten concluir que, de acuerdo con la normatividad anteriormente mencionada, la señora Claudia Cecilia Julio Agámez es beneficiaria, en principio, de todos los derechos salariales y prestacionales a los que tenían derecho los empleados públicos de planta de la entidad.
III. De la solución al caso concreto
Sea lo primero indicar que dentro del plenario no obra copia que demuestre que a la actora se le cancelaron las prestaciones reclamadas; sin embargo, a folio 69, se encuentra el certificado expedido por el jefe desarrollo de personal del DADIS, donde constan los extremos laborales, la asignación mensual recibida y la liquidación que se le realizó en el año 1996 de las primas de servicios y navidad. Además, se afirma que no se le concedieron vacaciones.
Por lo anterior, y atendiendo a las súplicas de la demanda relacionadas simplemente con el pago de las diferencias salariales y prestacionales, la Sala se limitará a ordenar dicho pago atendiendo no sólo las pruebas allegadas, sino la normatividad que las regula.
Teniendo en cuenta lo expuesto hasta aquí y, particularmente, las disposiciones que regulan la materia, específicamente las contenidas en la Resolución 795 de 1995 “por la cual se establecen los criterios técnico administrativos para la prestación del servicio social obligatorio” es claro que las entidades al vincular profesionales para prestar el servicio social obligatorio, deben contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y en ningún caso la remuneración de éstos puede ser inferior a la de los cargos de planta. Adicionalmente, según lo previsto en dicha resolución, i) el profesional que presta el servicio social obligatorio gozará de las mismas garantías del personal de planta, en cuanto a honorarios, compensatorios, etc. y, ii) las direcciones de salud, así como las instituciones prestadoras de servicios de salud públicas o privadas, deberán hacer la equivalencia salarial de los cargos del servicio social obligatorio a los de la planta de personal de la respectiva entidad, para las mismas profesiones.
En ese sentido, encuentra la Sala que le asiste la razón al a quo al considerar que el personal vinculado a una entidad pública bajo esta modalidad, tiene derecho a que se le reconozca y pague el mismo salario y demás prestaciones sociales que percibe un empleado público nombrado de manera ordinaria en la misma entidad; de no ser así, se estaría dando un trato desigual y discriminatorio que va en contra de la Constitución Política y la ley.
Sin embargo, no comparte la Sala lo señalado por el tribunal en cuanto a la falta de copias auténticas que demuestren las aseveraciones hechas por la demandante, pues revisado el expediente, se observa que algunos de los documentos anexos que sirven de pruebas a las pretensiones de la demanda hechas por la actora, están debidamente autenticadas; por lo tanto, se revocará la sentencia del tribunal, para en su lugar determinar la viabilidad de acceder al reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas.
Adicionalmente, la Sala advierte que en relación con las copias simples que obran en el plenario, el artículo 25 del Decreto 2651 de 1991(3) señaló que “los documentos presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial, tuvieren o no como destino servir de prueba se reputarán auténticos sin necesidad de presentación personal ni autenticación, salvo los poderes otorgados a los representantes judiciales. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros.”
Si bien la anterior disposición no fue adoptada como legislación permanente, el artículo 11 de la Ley 446 de 1998 estableció que “en todos los procesos, los documentos privados presentados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se reputarán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en relación con los documentos emanados de terceros”.
El mismo enunciado de la disposición transcrita fue introducido por el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, modificado recientemente por la Ley 1395 de 2010 (art. 117). Así las cosas, resulta claro que la presunción de autenticidad opera indistintamente tanto para los documentos que sean aportados por las partes en original, como aquellos que se alleguen al proceso en copia simple.
Se debe precisar, además, que el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil no puede ser interpretado aisladamente como lo hizo el a quo pues, esta norma cobra verdadero sentido cuando se le examina conjuntamente con el artículo 252 ibídem, el cual, como ya se vio, establece la presunción de autenticidad de los documentos que aporten las partes al proceso, sea en original o en copias.
Dilucidado lo anterior, se procede a determinar si la actora tiene derecho al pago de las acreencias señaladas así:
a. De la diferencia salarial.
Se advierte que la entidad demandada incumplió lo ordenado en la Ley 50 de 1981, sus modificaciones y decretos reglamentarios, al haber destinado para los médicos de servicio social obligatorio una asignación mensual inferior a la devengada por los médicos generales que laboraban 8 horas diarias, siendo este cargo equivalente en funciones y horarios a los médicos de planta que prestaban sus servicios al Centro Médico San Vicente de Paul.
De conformidad con las pruebas allegadas al expediente, el ordenamiento jurídico aplicable al caso concreto, y a las directrices jurisprudenciales trazadas sobre el tema, es pertinente afirmar que se debe liquidar y pagar la diferencia salarial, esto es, el excedente del sueldo devengado por la actora frente al recibido por un médico de planta, por el período comprendido entre el 2 de diciembre de 1996 y el 15 de enero de 1997(4), de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 0795 de 1995, emanada del Ministerio de Salud que dispone: “la vinculación de los profesionales deberá contar con la disponibilidad presupuestal respectiva y en ningún caso su remuneración será inferior a los cargos de planta de la institución en la cual presta sus servicios” y el Decreto 0366 de 7 de mayo de 1997 que fija el plan de cargos y asignaciones civiles del Departamento Administrativo de Salud, expedido por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias D.T.Y.C.
Lo anterior, atendiendo no solo a los actos citados, sino a las disposiciones legales a que se ha hecho referencia en las consideraciones precedentes.
Para efectos de pagar las sumas adeudadas, se debe tener en cuenta el oficio remitido por el director del DADIS al jefe de la oficina jurídica de la Alcaldía Mayor de Cartagena, obrante a folio 342, donde indica los salarios reconocidos en los años 1996 y 1997, esto es, que la asignación establecida para el año 1996 al médico general 8 horas fue de $ 1.246.720 y para el médico general SSO fue de $ 716.142; en el año 1997, para el médico general 8 horas fue de $ 1.554.650 y para el médico general SSO fue de $ 895.178.
b. De los recargos nocturnos y horas extras.
Dispone el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, que incumbe a las partes demostrar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
En el presente asunto la accionante anexa en copias la relación de turnos laborados desde diciembre de 1995 a febrero de 1997; sin embargo, de la lectura de los mismos, no se evidencia quién los profirió o suscribió, razón por la cual no está probado el horario en el que desempeñó su cargo de médico general, las horas extras laboradas ni la procedencia de los recargos nocturnos, incumpliendo de esta forma su carga procesal de conformidad con lo dispuesto en la normatividad jurídica.
Por lo anterior, por este concepto no se efectuará condena alguna.
c. De las primas de servicios, vacaciones y navidad.
La prima de servicios está regulada en el artículo 58 del Decreto 1042 de 1978, en los siguientes términos:
“Los funcionarios a quienes se aplica el presente decreto tendrán derecho a una prima de servicio anual equivalente a quince días de remuneración que se pagará en los primeros quince días del mes de julio de cada año.
Esta prima no regirá para los funcionarios que con anterioridad tengan asignada esta contraprestación cualquiera que sea su nombre”.
Por su parte, la prima de vacaciones está consagrada en los artículos 24 y 25 del Decreto 1045 de 1978, así:
ART. 25.—De la cuantía de la prima de vacaciones. La prima de vacaciones será equivalente a quince días de salario por cada año de servicio.
Finalmente, la prima de navidad fue establecida por el Decreto 1045 de 1978, señalando:
“ART. 32.—De la prima de navidad. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho al reconocimiento y pago de una prima de Navidad. Respecto de quienes por disposición legal o convencional no tengan establecida otra cosa, esta prima será equivalente a un mes del salario que corresponda al cargo desempeñado a treinta de noviembre de cada año.
La prima se pagará en la primera quincena del mes de diciembre, cuando el empleado público o trabajador oficial no hubiere servido durante todo el año civil, tendrá derecho a la mencionada prima de Navidad en proporción al tiempo laborado, a razón de una doceava parte por cada mes completo de servicios, que se liquidará y pagará con base en el último salario devengado, o en el último promedio mensual, si fuere variable”.
Bajo los supuestos normativos anteriores, procede el reconocimiento y pago de los valores diferenciales en relación con las primas de servicios, vacaciones y navidad a que haya lugar, proporcionalmente por el periodo laborado.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la accionante agotó la vía gubernativa frente a estas pretensiones el 2 de diciembre de 1999, los valores que se hayan causado con anterioridad del 2 diciembre de 1996 hacia atrás, se encuentran prescritos; aclarando que conforme a lo probado en el proceso, a la actora se le reconoció prima de navidad y de servicios en el año 1996.
Así entonces, la condena comprenderá las diferencias salariales y prestacionales solicitadas por la actora, que se hayan causado entre el 2 de diciembre de 1996 y el 15 de enero de 1997, fecha en que se certificó por el jefe de desarrollo de personal del DADIS (fl. 69) la desvinculación laboral de la demandante, teniendo como base el salario al que tenía derecho legalmente.
d. De las vacaciones.
Al respecto, dispone el artículo 8º del Decreto 1045 de 1978:
“ART. 8º—De las vacaciones. Los empleados públicos y trabajadores oficiales tienen derecho a quince (15) días hábiles de vacaciones por cada año de servicios, salvo lo que se disponga en normas o estipulaciones especiales. En los organismos cuya jornada semanal se desarrolle entre lunes y viernes, el sábado no se computará como día hábil para efecto de vacaciones”.
Bajo este supuesto también es viable acceder al reconocimiento de vacaciones en los términos indicados por la normatividad vigente aplicable, como quiera que en la misma certificación obrante a folio 69, y suscrita por el jefe de desarrollo de personal del DADIS se hace constancia que a la actora no se le concedió vacaciones por el tiempo laborado; por lo tanto y en cumplimiento del Decreto anteriormente señalado, la actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia a que haya lugar, y por el periodo previamente señalado.
e. De las cesantías.
El auxilio de cesantía se rige por lo dispuesto en la Ley 6ª de 1945 que, en su artículo 17 estableció esta prestación social en razón de un mes de sueldo por cada año de servicios.
La Ley 65 de 1946, en su artículo 1º, ordenó que: “Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del poder público, hállense o no escalafonados en la carrera administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa de retiro”.
“La cesantía no es una prestación periódica a pesar de que su liquidación se haga anualmente; es prestación unitaria y cuando como en este caso se obtiene en forma definitiva por retiro del servicio, el acto que la reconoce pone fin a la situación si queda en firme. La cesantía debe pagarse al empleado al momento de su desvinculación laboral y excepcionalmente antes de esta, cuando se den las causales específicas de pago parcial. El acto de liquidación por tanto es demandable ante lo contencioso administrativo, observando las normas que en materia de caducidad de la acción señalan un término de 4 meses contados a partir del día de la publicación, notificación o ejecución del acto, según el caso (CCA, art. 136, inc. 2º)”.
Así las cosas, como la demandante tiene derecho a dicha prestación, debe la entidad reconocer la diferencia entre lo pagado y lo que realmente debió recibir, pues, si bien es cierto en el proceso no obra copia de lo cancelado a la actora, también lo es que al reconocerle la diferencia salarial a que por ley tenía derecho y comoquiera que la cesantía es una prestación cuyo monto se deriva de la asignación mensual devengada como salario, hay lugar a reconocer dicha diferencia y así lo ordenará la Sala.
f. De los reembolsos de los valores descontados por seguridad social y fondo pensional.
Solicita la demandante el reembolso de los valores descontados por seguridad social y fondo pensional “porque el DADIS no hizo proporcional ni oportunamente el aporte patronal correspondiente”.
Al respecto señala la Sala que si bien es cierto los aportes para pensión y salud realizados por la entidad fueron cancelados en fechas posteriores a las señaladas en la norma, conforme se lee en la certificación anexa al proceso (fl. 146), también lo es que dichos aportes sí se realizaron cumpliendo la entidad con su obligación sin que en ningún caso estos puedan devolverse.
No es de recibo lo sostenido en la demanda relacionado con la afirmación de que “en ningún momento se estuvo realmente protegido en los distintos riesgos y planes de salud […]” comoquiera que es una apreciación a priori de la actora que se constituye en un alea frente a la seguridad social de la misma, por cuanto no hay prueba alguna que demuestre la falta de atención en salud y seguridad por el incumplimiento o no pago oportuno de dichos aportes al ISS como se afirma.
Por lo tanto no se accede a esta pretensión.
Finalmente, se negará la condena en costas contra la demandada, por cuanto, si bien el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, dispone que en todos los procesos, con excepción de las acciones públicas, el juez puede condenar en costas a la parte vencida, es preciso analizar la conducta desplegada dentro del proceso. En el presente caso al no observar en las actuaciones de la demandada ni de su apoderado comportamientos que hubieran obstruido el desarrollo normal del proceso, no es viable dicha condena.
Por las razones expresadas se accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda.
REVÓCASE la sentencia de 5 de agosto de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró no probada la excepción propuesta y negó las súplicas de la demanda incoada por la señora Claudia Cecilia Julio Agámez contra el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
DECLÁRASE la existencia del acto ficto negativo por falta de respuesta del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias al Oficio presentado el 2 de diciembre de 1999 por la señora Claudia Cecilia Julio Agámez.
DECLÁRASEla nulidad del acto ficto negativo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
DECLÁRASEprobada de oficio la excepción de prescripción trienal de las sumas adeudadas con antelación al 2 de diciembre de 1996 por haberse presentado la petición el 2 de diciembre de 1999.
CONDÉNASE al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, a reconocerle y pagarle a la señora Claudia Cecilia Julio Agámez las diferencias salariales teniendo en cuenta lo devengado por un médico de planta, 8 horas; y las diferencias prestacionales relacionadas con las primas de servicios, de vacaciones y de navidad; vacaciones y cesantías por el período comprendido entre el 2 de diciembre de 1996 hasta el 15 de enero de 1997, fecha del retiro del servicio, atendiendo al fenómeno de la prescripción, acorde con lo señalado en la parte motiva de la presente providencia.
Las sumas reconocidas deberán indexarse conforme a la siguiente fórmula:
La presente providencia debe cumplirse conforme a los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.
(1) “ART. 1º—Las direcciones seccionales distritales o locales de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud del subsector oficial del sector salud o quien tenga la competencia para ello en la entidad territorial correspondiente, quedan facultadas para iniciar el proceso gradual de nivelación salarial de los empleados públicos en los siguientes cargos que presentan una alta dispersión salarial en el territorio nacional:
a) Coordinador técnico o subdirector de hospital o empresa social del Estado del segundo o tercer nivel de atención;
b) Médico general;
c) Enfermero;
d) Auxiliar de enfermería;
e) Promotor de saneamiento;
f) Promotor de salud”.
(2) De conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo: “La acción sobre los actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo”. Esta norma también es aplicable frente al acto administrativo ficto negativo derivado de la primera petición, en los términos del artículo 135, inciso 2º ibídem. Al respecto sostuvo esta corporación, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia de 13 de mayo de 2004, C.P. doctor Nicolás Pájaro Peñaranda, Radicado Interno 2969-02, actor: Tilcia Mariela Granados Cañón: “Así las cosas, es claro que como la entidad omitió dar respuesta al derecho de petición formulado por la demandante, se configuró válidamente el silencio administrativo por haber “transcurrido un plazo de tres meses contados a partir de la presentación de una petición, sin que se haya notificado decisión que la resuelva...” (CCA, art. 40), y que en consecuencia la respuesta se entiende como negativa. Como puede observarse, el artículo 44 de la citada Ley 446 dispuso que la acción sobre actos presuntos que resuelvan un recurso podrá interponerse en cualquier tiempo, es decir, los regulados por el artículo 60 del Código Contencioso Administrativo, y aunque no mencionó expresamente la situación de los actos fictos producto del silencio de la administración respecto de la petición inicial, debe entenderse que el espíritu del legislador fue sustraer del término de caducidad todos los actos originados por el silencio de la administración, pues si el silencio de la administración frente a los recursos no está sometido a término de caducidad alguno, tampoco puede estarlo el silencio frente a la petición; si bien la ley no dijo nada al respecto, no encuentra la Sala ninguna razón jurídica ni lógica para considerar que los actos regulados por el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo quedaron por fuera de esta previsión. En este orden de ideas, como el acto producto del silencio de la administración, como el que se demanda en el sub lite, no está sometido a término de caducidad alguno, se impone revocar la decisión del a quo que se declaró inhibido por esta causa y examinar el fondo de la litis”.
(3) Por el cual se expiden normas transitorias para descongestionar los despachos judiciales.
(4) Aplicando la prescripción trienal a que haya lugar, la cual se señalará en esta sentencia.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 6
 artículo 40
 artículo 135
 artículo 2
 artículo 6
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 25
 artículo 11
 artículo 252
 artículo 254
 artículo 252
 Resolución 
 artículo 177
 artículo 267
 artículo 58
 artículo 8
 artículo 17
 artículo 1
 artículo 171
 artículo 55
 artículo 136
 artículo 135
 artículo 44
 artículo 60
 artículo 40