Source: http://blog.elzaburu.es/2014/02/
Timestamp: 2017-04-24 03:26:55+00:00

Document:
ELZABURU, Propiedad Industrial e Intelectual.: febrero 2014
2/28/2014 08:40:00 a. m.
Interpol y Europol: efectividad contra la falsificación
Sede de Interpol
de Massimiliano Mariani (via Wikipedia)
“Operación Opson III” ha vuelto a convertir a INTERPOL y EUROPOL en el
azote de las redes de crimen organizado dedicadas a la falsificación a nivel
internacional. En el marco de esta operación, de la que EUROPOL se hacía eco el
pasado 13 de febrero,
se han incautado miles de toneladas de comestibles y cientos de miles de litros
de bebida con marcas falsificadas potencialmente dañinos para el consumidor.
Las intervenciones se han llevado a cabo en 33 países repartidos por Europa,
América y Asia, contando con la participación de unidades de policía
nacionales, empresas y entidades privadas y Administraciones de Aduanas. Esta
operación constituye la continuación de una serie de intervenciones iniciadas
en 2011 por INTERPOL y EUROPOL bajo el sobrenombre de “Opson” (“comida”, en
griego clásico) orientadas a la lucha contra el tráfico de alimentos
falsificados a nivel internacional, gracias a la cual más de trescientos
delincuentes han sido detenidos y se han interceptado enormes cantidades de
alimentos valoradas en cientos de millones de dólares. Esta serie de mazazos a
las redes de crimen organizado internacional resulta un buen ejemplo de la
extraordinaria operatividad, capacidad de respuesta y de organización de
INTERPOL y EUROPOL en lo que a la lucha contra la piratería se refiere, así
como de la encomiable labor de coordinación con las unidades de policía
nacionales de los distintos Estados.
que INTERPOL realiza dentro del campo de la propiedad industrial resulta
particularmente destacable. Esta organización lanzó, en el año 2012, un programa contra el tráfico ilegal de productos y la falsificación con objeto de mejorar la cooperación
internacional de los cuerpos de seguridad de los distintos Estados miembros en
relación a este tipo de ilícitos.
INTERPOL califica los delitos contra la propiedad industrial como altamente
perjudiciales para el conjunto de la sociedad mundial, destacando el creciente
papel protagonista que las mafias internacionales desempeñan, como se advierte
en este Blog en un post anterior.
cifras sobre el aumento del tráfico de productos falsificados alrededor del
mundo resultan demoledoras, hay que resaltar el incremento de la efectividad de
las operaciones e intervenciones realizadas en su contra por estos cuerpos de
policía comunitarios e internacionales. INTERPOL desarrolló en 2012 la “Operación Maya” en varios países de centro y sur de América, donde se realizaron más de 1.000
intervenciones policiales y 200 arrestos, así como la “Operación Black Poseidon” realizada en países de Europa del Este donde se realizaron más de 1.700
intervenciones, incautando bienes por valor de 122 millones de euros. Por su
parte, EUROPOL es la responsable de la “Operación Leatherface” en la que se desmanteló en diversas provincias de la geografía española una red transnacional de delincuentes
relacionados con la Camorra napolitana dedicada al comercio de productos
falsificados, así como de la “Operación Pangea” en la que gracias a la colaboración de INTERPOL y EUROPOL (entre otras
entidades públicas y privadas) se desmanteló una red de venta online de
productos farmacéuticos falsificados, fueron detenidas 58 personas y se
incautaron 9’8 millones de unidades de productos falsificados que hubieran
alcanzado en el mercado un valor de 41 millones de dólares.
edición de la “Operación Opson” ejemplifica la modélica relación de
colaboración y coordinación entre INTERPOL y EUROPOL, continuándose en la
actualidad las investigaciones y actuaciones policiales. Gracias a ella los
consumidores y titulares de marcas se encuentran más a salvo y los criminales
internacionales más intranquilos. De Eyehook
ELZABURU está
persiguiendo en España, dentro de la “Operación Opson III”, una organización criminal dedicada a la fabricación
y distribución de champagne francés falsificado cuyo origen se ha localizado en
Italia, participando en la investigación EUROPOL. Autores: Juan José Caselles, Francisco Marín
2/26/2014 09:06:00 a. m.
"Hyperlinks come to life"
El TJ parece con esta sentencia poner fin a la eterna disputa en torno a la calificación jurídica de los enlaces en Internet y su conceptuación como actos de comunicación pública. En España, la cuestión ha suscitado una verdadera controversia, hasta el punto de que el 2 de septiembre de 2012 se dictaron resoluciones contradictorias sobre la misma materia por parte de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual y del Juzgado de Instrucción nº 4 de Bilbao. Lo curioso de este asunto es que el TJ termina por declarar que no hay comunicación al público, pero ello se debe a las circunstancias concretas que dieron lugar al litigio, sin que pueda extraerse del fallo de la sentencia la regla general de que los enlaces no constituyen comunicación pública, sino más bien todo lo contrario. En el concreto supuesto, la demandada gestionaba una página de Internet en la que facilitaba listas de enlaces sobre los que se podía pulsar y que conducían a artículos periodísticos publicados previamente por los demandantes en la página web del periódico Göteborgs-Posten, de Estocolmo. Lo relevante para el Tribunal a la hora de determinar que no hay comunicación pública es el hecho de que, durante el tiempo que estuvieron activos los enlaces, los contenidos periodísticos se encontraban también disponibles sin restricción de ningún tipo en la página web del referido periódico. En este sentido, el TJ considera que, si bien el concepto de comunicación al público ha de ser interpretado de manera amplia (como ya lo hiciera, entre otras, en las sentencias de 4 de octubre de 2011 “Football Association Premier League” y de 7 de marzo de 2013 “ITVBroadcasting”), para que tenga lugar tal acto de comunicación éste ha de estar dirigido a un público nuevo. La cuestión principal estriba, pues, en determinar qué se entiende por “publico nuevo”. Tal y como se desprende de la resolución, se trata de aquel que “no fue tomado en consideración por los titulares de los derechos de autor cuando autorizaron la comunicación inicial”. Si, como en el litigio principal, el contenido es puesto a disposición del público en Internet sin ningún tipo de restricción por parte del titular, es preciso entender que el público de esa comunicación inicial son todos los potenciales usuarios de Internet. De ahí que en el presente caso el Tribunal considerara que la comunicación pública no había tenido como destinatario un público nuevo. En todo caso, la sentencia comentada permite extraer la conclusión de que cuando los enlaces a contenidos protegidos permiten su acceso a un público que “no fue tenido en cuenta” por el titular, se tratará de un acto no consentido de comunicación pública en el sentido del artículo 3.1 de la Directiva 2001/29/CE. Así sucederá, por ejemplo, cuando la obra o prestación que se enlaza ya no se encuentre a disposición del público en la página en la que fue comunicada inicialmente o cuando sólo lo esté para un público limitado. Autor: Patricia Mariscal
2/19/2014 09:22:00 a. m.
No eres tú, soy yo (IV)
En esta cuarta y última entrega de la
serie “No eres tú, soy yo” analizamos los aspectos relacionados con la vía
constitucional, la vía administrativa, los mecanismos extrajudiciales y unas
breves conclusiones.
Para aquellos interesados en las entregas anteriores, pueden acudir a la 1ª entrega, 2ª entrega y 3ª entrega.
C) Vía
Son numerosas las decisiones que niegan la identificación de los usuarios
previa al ejercicio de una acción civil, por no estar legalmente previsto, en
atención a los derechos fundamentales a la intimidad y al secreto de las
Así, nos encontramos ante un conflicto entre el derecho al honor,
igualmente reconocido por la Constitución de 1978, y los ya citados,
produciéndose situaciones de potencial indefensión y, por tanto, contrarias al
derecho de tutela judicial efectiva.
En el caso de no poder obtener tutela alguna, dadas las circunstancias
apuntadas, el acceso al amparo constitucional podría considerarse.
En este punto hay que considerar los tiempos y los costes que operan en
esta vía. Si el Tribunal Constitucional, tras admitir y estudiar el caso,
dictase una sentencia que acogiese nuestra postura, ha de tenerse en cuenta que
–posteriormente- habría que iniciar un procedimiento tendente a identificar a
los usuarios por la vía civil, etc.
D) Vía
Aunque la vía administrativa a veces puede
parecer de una importancia menor que la jurisdiccional, lo cierto es que en
determinados casos se plantea como la principal vía de defensa frente a un
ataque del tipo que venimos tratando.
A modo de ejemplo vamos a citar un caso en
el que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en relación con un
perfil falso creado para hacer contactos de carácter sexual en la red social
Badoo, con datos personales de una mujer sin que mediase su consentimiento,
según requiere el artículo 6 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Tras recibir llamadas obscenas de numerosos hombres, la afectada acudió a
la AEPD, quien investigó los hechos y pidió la IP desde donde se habían
introducido los datos al proveedor de servicios de Internet. El responsable de
la IP era la actual pareja de un ex novio de la denunciante, circunstancia que
la AEPD consideró comprobada y que dio lugar a una sanción por 2.000 euros, por
vulneración del citado artículo 6 LOPD.
El 6 de enero de 2014, el Parlamento Israelí, que recibe el nombre de
Knéset, aprobó una ley sobre el acoso sexual en la que se establece una
prohibición de subir a Internet fotos o vídeos con contenidos sexuales
explícitos sin consentimiento de los sujetos que aparecen en los mismos.
Además, este fenómeno, denominado “revenge porn”, ha llevado al estado de
California a promulgar la ley conocida como SB 255, que busca facilitar la
persecución por vía penal a quien suba sin consentimiento imágenes a Internet. E) Mecanismos
extrajudiciales frente a usurpaciones
El artículo 13 y siguientes de la Ley
Comercio Electrónico, establecen la responsabilidad de los prestadores de
Las distintas plataformas sociales han establecido sistemas internos para
facilitar la denuncia y eliminación de este tipo de perfiles.
La suplantación de identidad es una
infracción de las Reglas de
Twitter. Las cuentas de Twitter que finjan ser de otra persona
o entidad con el fin de confundir o engañar podrán ser suspendidas
permanentemente según su Política de suplantación de identidad. Esto no impide
que los usuarios de Twitter puedan crear cuentas de parodia o tributo.
Facebook y Twitter han implementado una nueva medida de seguridad destinada
a evitar que terceros puedan suplantar a personas conocidas. Algunas
celebridades como B. Obama, Madonna, Shakira, entre otras, ya
han abrazado esta nueva medida.
ii. Oficina de Seguridad del Internauta (OSI)
La OSI es un servicio de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones
y para la Sociedad de la Información puesto en marcha por el Instituto Nacional de las Tecnologías de
la Comunicación (INTECO), con el fin de crear una
cultura de seguridad, prevenir, concienciar y formar proporcionando información
clara y concisa acerca de la tecnología y el estado de la seguridad en
Nos enfrentamos a un fenómeno que va in crescendo, de la mano de una
tecnología cada vez más expansiva y de mayor calidad. Aunque en el pasado la percepción general de
la ciudadanía era que la suplantación y usurpación constituían un fenómeno
puntual y aislado, en la actualidad su presencia mediática y la preocupación
que generan desbordan fronteras.
Nuestra legislación, anclada en el siglo XIX
en relación con el asunto que nos ocupa, debería tomar contacto con la realidad
y actualizarse, fijando un marco dinámico y consciente de la eventual
convergencia y fusión de la vida
en un plano físico con la vida en línea. Sirva esto, por tanto, como
llamamiento para que:
- se implementen los mecanismos jurídicos
necesarios para la identificación de las direcciones IP de suplantadores,
usurpadores y, en general, vulneradores del artículo 18 CE, en vía civil;
- se revise o, en su caso, se elimine la
críptica referencia a “usurpación del estado civil” así como la interpretación
jurisprudencial que limita conceptualmente este tipo a un ámbito analógico con
carácter duradero, ignorando que los efectos en línea pueden ser igualmente
prolongados en el tiempo y estar a la vista de un público mucho mayor,
multiplicando así sus efectos;
- se desarrollen campañas de concienciación
y formación de los usuarios de Internet sobre cautelas a adoptar para evitar
suplantaciones y usurpaciones de personalidad, a modo de ejemplo, no facilitar
información personal o comprometida, gestión de contraseñas, etc;
- revisar el papel de los prestadores de
servicios y de su responsabilidad en este tipo de asuntos, sin perjuicio de la
adecuación de las medidas adoptadas voluntariamente por estos.
Llegados a este punto, solo cabe recordar que toda precaución es poca, ya
que todo el mundo puede ser una víctima de suplantación o usurpación de la
personalidad. Recomendamos, por tanto, una gestión inteligente y precavida de
los datos e informaciones que se facilitan a través de la red de redes.
Autores: Alba Mª López y Cristina Espín
2/17/2014 09:07:00 a. m.
Derechos de la personalidad,
El titular de una marca renombrada tendrá que tolerar el uso de signos semejantes cuando haya una justa causa: uso anterior y buena fe El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
acaba de dictar una sentencia con fecha de 6 de febrero de 2014 (caso C-65/12)
respondiendo a una cuestión prejudicial relativa al uso sin justa causa de una
marca renombrada.
titular en Benelux de una marca mixta (a partir de ahora, marca renombrada)
solicitada el día 11 de julio de 1983 para bebidas no alcohólicas en clase 32
que se reproduce de la manera siguiente: Por otra
parte, De Vries es titular en Benelux de la marca denominativa THE BULLDOG en clase 32 y de
las siguientes dos marcas mixtas (a partir de ahora marca/s semejante/s):
Las marcas THE
BULLDOG son posteriores a la marca RED BULL. Sin embargo, antes de que Red Bull solicitase su marca, De
Vries ya usaba THE BULLDOG como nombre comercial para una actividad de
servicios de restauración, de hostelería y de despacho de bebidas (servicios
“horeca”). Posteriormente, se empezaron a usar las marcas THE BULLDOG
para bebidas energéticas. En el marco del procedimiento judicial
ante el Tribunal Supremo de Holanda en el que Red Bull solicitaba el cese de la
producción y comercialización de dichas bebidas energéticas con el signo THE
BULLDOG, el Tribunal manifestó ciertas dudas en relación a la
interpretación del concepto de justa causa establecido en el art. 5.2 de la
Directiva 89/104 de Marcas, por lo que decidió plantear una cuestión
prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, se preguntó si podría
calificarse de justa causa el uso por un tercero de un signo semejante (THE
BULLDOG) a una marca renombrada (RED BULL KRATING-DAENG) para un producto
idéntico (bebidas energéticas) cuando se ha probado que el signo semejante se
había utilizado con anterioridad a la solicitud de la marca renombrada. El Tribunal indica que, a efectos de
determinar si este uso anterior podría calificarse de justa causa y podría
permitir justificar que se obtenga una ventaja del renombre , hay que tener en
cuenta dos elementos: 1) Implantación
del signo usado anteriormente y apreciación de la reputación de que goza este signo entre el público interesado y 2)
La intención del titular del signo
semejante. Para ello, deberá tenerse en cuenta el grado de similitud entre los
productos y servicios para los que la marca semejante se ha utilizado, cuándo
se empezó a utilizar THE BULLDOG para el producto idéntico al de la
marca renombrada y en qué momento la marca renombrada adquirió dicho renombre. En el presente asunto se entendió que
el hecho de que De Vries utilizase las marcas THE BULLDOG para bebidas
energéticas no suponía una ventaja del
renombre de la marca de Red Bull sino que se trataba de una ampliación de la gama de los productos y
servicios que antes comercializaba.
En conclusión, el Tribunal establece
que efectivamente podrá obligarse al titular de una marca renombrada, en virtud de una justa causa en el sentido del art. 5.2 de la Directiva 89/104, a tolerar el uso por un tercero de un
signo semejante para un producto
idéntico al registrado por la marca renombrada, siempre que el signo del
tercero se hubiese utilizado con
anterioridad a solicitud de la marca renombrada y siempre que este signo
semejante se hubiese utilizado de buena
fe. Para apreciar tales circunstancias, el órgano jurisdiccional nacional
deberá tener en cuenta la implantación y reputación del signo semejante a la
marca renombrada; grado de similitud entre los productos distinguidos por la
marca renombrada y aquellos para los que se amplía la gama de productos del
signo semejante y la relevancia económica y comercial del uso realizado por el
signo semejante.
2/13/2014 09:59:00 a. m.
Marcas notorias,
¿Puede un residente en la UE comprar en una página de venta on-line china un producto falsificado, incluso si es para uso privado?
Por FrankWilliams Vía wikipedia
Poder comprarlo, obviamente, sí. Pero quizá no llegue nunca
a recibirlo: a la entrada del reloj falsificado en la UE se le aplicará el
Reglamento relativo a la intervención por parte de las autoridades aduaneras de
mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual y, por
tanto, será retenido y, en su caso, destruido.
Esto es lo que resuelve la sentencia del Tribunal de
Justicia (Sala Segunda) en el asunto C-98/13 que acaba de publicarse el 6 de
Los hechos se remontan a enero de 2010 en que un ciudadano
danés (Sr. Blomqvist) compra un
reloj Rolex en una página web china de venta online y efectúa el pago en la
misma web. El paquete es remitido desde
Hong Kong a la dirección del Sr. Blomqvist en Dinamarca, siendo retenido por
la aduana de ese país en aplicación del Reglamento (CE) nº 1383/2003, que
estaba en vigor en dicho momento, por vulnerar los derechos de propiedad
industrial e intelectual del titular de la marca Rolex. El importador danés se
opuso a la destrucción del reloj alegando haberlo comprado lícitamente para su
El TJ entiende que,
aunque la venta de productos se haya producido a través de una página web
situada en un país fuera de la UE, no se puede privar al titular de los
derechos de propiedad intelectual e industrial de la protección que garantiza
el Reglamento aduanero, esto es, impedir la entrada de la mercancía en el
espacio europeo. No es necesario comprobar previamente si la mercancía ha sido
objeto de una oferta o publicidad dirigida al público consumidor europeo,
puesto que la venta consta acreditada.
Esta sentencia supone, por tanto, un
serio aviso a los compradores de productos en Internet: los productos falsos
comprados en webs fuera de la UE podrán ser retenidos y destruidos a su llegada
a la UE, con independencia del uso que se les quiera dar.
Autores: Transi Ruiz, Juan José Caselles
2/12/2014 09:19:00 a. m.
abogado general, Pedro Cruz Villalón, ha presentado sus conclusiones respecto a
las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Estonia
al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la interpretación del artículo 13.1
del Reglamento (CE) nº 1383/2003 relativo a la intervención aduanera de mercancías
sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual. Concretamente, los puntos a resolver son los referentes a la
consideración o no de “autoridad competente para determinar si se ha vulnerado
un derecho de propiedad intelectual” a las autoridades aduaneras y el papel de éstas para iniciar o no el
procedimiento para determinar dicha vulneración.
Aunque la interpretación del artículo 13.1 del Reglamento nº
1383/2003 nacerá y posiblemente morirá pronto, pues desde el 1 de
enero de 2014 ha sido derogado por el Reglamento (UE) nº 608/2013 que contiene
la nueva regulación de intervención de mercancía falsificada, la misma podría
concretar algo más el papel de las propias autoridades aduaneras nacionales.
Los hechos se remontan al año 2010 con la retención en la
Aduana de Estonia de 63.700 botellas que presuntamente infringen un modelo
industrial que está registrado a favor de la compañía Acerra y que fueron
importadas por la compañía Sintax.
solicitó hasta en dos ocasiones a la Aduana el levante de la mercancía, que le
fue denegada e interpuso contra Acerra una demanda ante el Tribunal Ordinario
de 1ª Instancia para impugnar la validez del modelo industrial. Dicho tribunal
confirmó el registro posteriormente y, por tanto, el modelo está en vigor.
en vista de la denegación del levante por parte de la Aduana, interpuso una
demanda ante un Tribunal Contencioso-Administrativo. Dicho tribunal dio la
razón a Sintax, pero la Aduana siguió con su postura de no conceder el levante
y recurrió a un Tribunal superior.
recurso de la aduana fue desestimado también y motivó que ésta interpusiera un recurso
de casación ante el Tribunal Supremo de Estonia (remitente de las
cuestiones prejudiciales) en base a que la aduana dispone de capacidad para decidir
sobre la vulneración de derechos de propiedad intelectual.
El Tribunal Supremo en su primera cuestión prejudicial
plantea si puede tramitarse también ante la administración aduanera
el procedimiento destinado a determinar si se ha vulnerado un derecho de
propiedad intelectual, mencionado en el artículo 13.1 del Reglamento nº
1383/2003, o bien la autoridad competente para pronunciarse sobre el fondo,
mencionada en el capítulo III del Reglamento, debe ser distinta de las
La conclusión del abogado general es que el artículo
13.1 del Reglamento no excluye que los Estados miembros faculten a
las autoridades aduaneras para tramitar el procedimiento previsto en la
referida disposición, siempre que dicha facultad esté expresamente prevista en
la normativa nacional, las autoridades aduaneras actúen de modo que queden
garantizadas su independencia e imparcialidad, se observe el derecho a ser oído
y exista la posibilidad de ejercitar control judicial.
Respecto a la segunda cuestión prejudicial, el
Tribunal Supremo de Estonia se cuestiona si la autoridad aduanera debe tener
la posibilidad de entablar el correspondiente procedimiento previsto en el
artículo 13.1 del Reglamento.
La conclusión del Abogado General es que el
Reglamento no excluye que los Estados miembros establezcan la posibilidad de
que las propias autoridades aduaneras entablen formalmente el procedimiento
mencionado en dicha disposición, ya que aunque el Reglamento hace un esfuerzo
para no obstaculizar la libertad de comercio, al mismo tiempo, previene la
comercialización de mercancías que vulneran los derechos de propiedad
intelectual. Por ello, sigue diciendo el abogado general que la
abstención del titular del derecho de iniciar el procedimiento dentro de plazo
únicamente puede sustituirse por la incoación por parte de las autoridades
aduaneras de un procedimiento que evite el levante de las mercancías en
aquellos casos en los que las autoridades aduaneras adopten una decisión formal
de entablar el procedimiento.
los Estados miembros otorgan, en sus respectivos derechos nacionales, las
competencias necesarias a las autoridades aduaneras para que puedan determinar si se ha vulnerado o no
un derecho de propiedad intelectual, se les estará otorgando un poder que hasta
ahora, al menos en el derecho español, correspondía en exclusiva a los
tribunales. Este poder conllevará, sin
duda, también una gran responsabilidad
(si me permiten parafrasear al tío de Spiderman) para poder garantizar la
independencia e imparcialidad de sus actuaciones.
José Emilio Pacheco y el copyleft Se nos mueren los poetas y se nos muere el derecho de autor. Lo primero, en el caso del mexicano y Premio Cervantes José Emilio Pacheco, es una triste realidad. Lo segundo, ya se comprende, no es más que una licencia poética ante los derroteros que van tomando algunas reformas legislativas en propiedad intelectual.
Fotografía de Gustavo BenítezVía Wikimedia
Como un testimonial homenaje hacia el poeta que acaba de fallecer propongo el rescate de unos versos que entroncan -es un decir- con algunos de los movimientos más proclives a la negación del derecho de autor en Internet, aquellos que postulan la navegación libre y sin cortapisas de obras a través de la red. Estas corrientes, no todas reprobables, se asimilan en cierta medida a una vocación romántica al anonimato de la que se hacen eco algunos poetas. Manuel Machado recordaba que hasta que el pueblo las canta "las coplas, coplas no son", para añadir inmediatamente: "Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor". Pues bien mucho tiempo después, José Emilio Pacheco retoma la misma idea con estos sentidos versos:
"Y yo quisiera como el maestro español
Usted que ha leído y no me conoce.
que más da que sean míos/de otro/de nadie.
Usted, su autor, que los inventa al leerlos."
Nadie pensaría, claro está, que el poeta nos está regalando su obra, pero revelan una generosidad de espíritu de la que bien podemos dejar constancia con ocasión de su muerte.
2/06/2014 11:37:00 a. m.
No eres tú, soy yo (III)
En esta tercera entrega
de la serie “No eres tú, soy yo” analizamos los aspectos relacionados con el
orden jurisdiccional civil en la suplantación, con un comentario de las
Para aquellos interesados en las entregas anteriores, pueden acudir a la 1ª entrega y 2ª entrega.
B) Orden jurisdiccional
Registrar un perfil ficticio sin emplear datos o la fotografía de otra
persona no tiene repercusión desde el punto de vista jurídico. Cosa distinta
sucede cuando el perfil creado incorpora la fotografía o datos de un tercero,
lo que supondría una vulneración de lo dispuesto en el artículo 18 de la
Constitución (desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo sobre
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a
la propia imagen).
En cuanto a mecanismos de tutela, el artículo 9 de la citada Ley 1/1982, en
su apartado segundo, dispone lo siguiente:
tutela judicial comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias
para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las
El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con
la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la
reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor,
el restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de
réplica por el procedimiento legalmente previsto, la publicación total o
parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado con al menos la
misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida.
indemnización de los daños y perjuicios causados.
apropiación por el perjudicado del lucro obtenido con la intromisión ilegítima
medidas se entenderán sin perjuicio de la tutela cautelar necesaria para
asegurar su efectividad.
Pese a lo anterior, lo cierto es que en la práctica, en el
ámbito civil, las posibilidades son menos halagüeñas. Efectivamente, el principal obstáculo que se nos presenta reside en la
dificultad para acceder a la persona detrás de los usuarios.
Tras haber analizado de forma intensiva el marco normativo y la
jurisprudencia en torno a esta cuestión, nos hallamos con que los mecanismos
articulados para la obtención de los datos que identifican a los cibernautas
(dirección de correo electrónico, IP, titular de la línea) sólo operan en casos
de relevancia penal. Es decir, en el ámbito civil no prosperan las medidas
interesadas para obtener los datos reales de los usuarios. Pues bien, aún cuando pudiésemos obtener el correo electrónico y la IP de
los usuarios, sería necesario un último paso: dirigirse a los prestadores de
servicio de acceso a Internet (Telefónica, Jazztel, etc) para identificar a
quién de entre sus clientes corresponden tales datos. Desafortunadamente, en
virtud de la Ley 25/2007, esta información sólo la facilitarán en caso de
delitos especialmente graves.
Queda así, como demuestra la jurisprudencia en este punto, vedado el
retirar este último velo en la jurisdicción civil.
En este punto, cabe detenerse a estudiar la práctica de
diligencias preliminares, reguladas en el artículo 256 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil 1/2000. Aún cuando el artículo 9 de la Ley 1/1982 se refiere a
“todos los medios”, los supuestos en que procede la adopción de diligencias
preliminares tasados y es abundante la jurisprudencia que señala que a través
de esta vía no procede solicitar la identificación de los demandados.
Si bien por vía penal o administrativa sí existen los medios para interesar
y obtener dicha identificación, por la vía civil éste siempre ha sido un punto
pendiente, que ha puesto en jaque en no pocas ocasiones la posibilidad de que
un determinado individuo pueda defender su derecho al honor, a la intimidad y a
la propia imagen. El legislador, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, prevé ciertas modificaciones para la agilización y eficacia de los
mecanismos para la protección de los derechos de propiedad intelectual frente a
las vulneraciones de derechos en el entorno on line. Entre los mecanismos que
comprende está introducir un nuevo subapartado 10ª en el apartado 1 del
artículo 256 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, para facilitar a los
titulares de derechos la iniciación de procedimientos judiciales contra infractores en vía civil.
Resulta paradójico que tratándose de un derecho constitucional fundamental
en jaque, que tiene que ver con bienes tan sensibles, el legislador no
establezca un mecanismo semejante para aquellas personas que ven su derecho al
honor vulnerado. Es por esto que, encontrándonos en fase de reforma, el legislador podría
plantearse extender esta medida a los derechos tutelados por la Ley 1/1982, en
aras a sentar una vía a futuro de tutela de derechos especialmente vulnerables
en esta era tecnológica.
Esta no es una cuestión baladí, ya que nos encontramos
ante un conflicto entre los derechos a la tutela judicial efectiva, el derecho al
honor, el derecho a la libertad de expresión y el secreto de las
Son numerosas las decisiones que, enfrentada la Sala con el argumento de
que se impide la tutela judicial
efectiva y se causa indefensión al no permitirse identificar al ofensor,
declaran que ha de prevalecer el secreto de las comunicaciones, y que los
medios previstos para la identificación última de los comentaristas sólo
proceden en asuntos de carácter penal de especial gravedad. Parece, por tanto, que
nos encontramos ante un supuesto que cae de lleno en una laguna jurídica.
En todo caso, aunque la Ley 1/1982 prevé la posibilidad de buscar tutela
tanto en la vía civil como penal, debería realizarse una reserva expresa de las
acciones civiles, para evitar que el recurso a la vía penal cierre el acceso a
la civil en un momento ulterior (especialmente si no prospera la primera), como
en la situación reflejada en la sentencia 466/2005 de 2 noviembre de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Esperamos que os haya gustado esta entrega. No os perdáis la próxima y
última entrega de “No eres tú, soy yo” accesible aquí.
2/03/2014 10:48:00 a. m.
La difusión de obras en las habitaciones de un est...
Interpol y Europol: efectividad contra la falsific...
Los enlaces en Internet. ¿Son o no comunicación pú...
El titular de una marca renombrada tendrá que tole...
¿Puede un residente en la UE comprar en una página...
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad: c...
José Emilio Pacheco y el copyleft

References: artículo 3
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 18
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo
13

artículo 13
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 256
 artículo 9

artículo 256