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BOE.es - Documento BOE-A-1988-29176
Documento BOE-A-1988-29176
«BOE» núm. 307, de 23 de diciembre de 1988, páginas 35996 a 35998 (3 págs.)
BOE-A-1988-29176
La responsabilidad disciplinaria de los Registradores de la Propiedad se halla contenida en el Título XII del Reglamento Hipotecario, aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947, que se extiende, incluso, a algunos aspectos de su responsabilidad penal y civil. La fecha de redacción de los preceptos correspondientes (artículos 563 a 584 inclusive) constituye ya un indicio claro de la necesidad de poner al día ese régimen disciplinario, para adecuar sus normas, sobre todo, a los principios constitucionales y, en general, a los criterios actuales del Derecho administrativo en esta materia.
La nueva regulación prescinde de la posible responsabilidad penal y civil de los Registradores, cuya ordenación corresponde a normas de rango legal, y ha tenido muy en cuenta la aplicación de los principios superiores contenidos en la Constitución, como los de seguridad jurídica, jerarquía normativa, presunción de inocencia y supresión de los Tribunales de Honor. Sobre estas bases se han tipificado rigurosamente las faltas y las sanciones, se han determinado con claridad los órganos competentes y se ha regulado con especial detalle y minuciosidad el procedimiento sancionador. Por la similitud de contenido y por su actualidad, se han tenido en cuenta en la elaboración de esta disposición, el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 33/1986, de 10 de enero, y la regulación de la responsabilidad de Jueces y Magistrados que contiene la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 16 de diciembre de 1988.
El Título XII del Reglamento Hipotecario, aprobado por el Decreto de 14 de febrero de 1947, y que bajo la rúbrica «De la responsabilidad disciplinaria de los Registradores» comprende los artículos 563 a 584 inclusive de aquél, quedará en lo sucesivo redactado del modo siguiente.
Art. 563. Los Registradores de la Propiedad estarán sujetos a responsabilidad disciplinaria, conforme a lo establecido en la Ley Hipotecaria, en este Reglamento, y supletoriamente, en el régimen general de la función pública.
Art. 564. Las faltas cometidas por los Registradores en el ejercicio de su cargo podrán ser muy graves, graves y leves.
Art. 565. Son faltas muy graves:
Art. 566. Son faltas graves:
Art. 567. Son faltas leves, siempre que no constituyan faltas graves o muy graves:
Art. 568. Por razón de las faltas tipificadas en este Reglamento podrán imponerse las siguientes sanciones:
Art. 569. Las faltas leves sólo podrán sancionarse con apercibimiento y multa; las graves, con suspensión del derecho de licencia, del derecho de traslado voluntario y con suspensión del ejercicio de funciones hasta un año, y las muy graves con postergación, traslación forzosa, suspensión en el ejercicio de funciones hasta cinco años y separación.
Art. 570. Son órganos competentes para la imposición de las sanciones disciplinarias:
1. El Ministro de Justicia, para la imposición de las sanciones de postergación en la carrera, suspensión de funciones superior a un año, traslación forzosa y separación.
2. La Dirección General de los Registros y del Notariado, para la imposición del resto de las sanciones enumeradas en el artículo 568.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 289 de la Ley Hipotecaria, la separación y traslación forzosa de un Registrador irán precedidas del dictamen del Consejo de Estado.
Corresponderá la Resolución al Consejo de Ministros cuando, en los supuestos del apartado anterior, el Ministro de Justicia disienta del parecer del Consejo de Estado.
Art. 571. No se podrán imponer sanciones por faltas graves o muy graves sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento regulado en este Reglamento.
Para la imposición de sanciones por fallas leves, no será preceptiva la preveia instrucción del expediente referido, salvo el trámite de audiencia al inculpado, que deberá evacuarse en todo caso.
Art. 572. El procedimiento se iniciará siempre por acuerdo de la Dirección General de los Registro y del Notariado, bien por propia iniciativa, bien como consecuencia de orden superior.
La Junta de Gobierno del Colegio de Registradores está obligada a poner en conocimiento inmediato de la Dirección General todos los hechos constitutivos de infracciones disciplinarías de que tuviere conocimiento.
La Dirección General podrá acordar previamente la realización de una información reservada.
Art. 573. En el acuerdo de incoación del procedimiento se nombrará instructor, y cuando la complejidad o trascendencia de los hechos a investigar lo exijan, también Secretario.
Uno y otro nombramientos habrán de recaer en Letrados del Estado adscritos a la Dirección General de los Registros, o en Registradores de la Propiedad.
Si el nombramiento de Instructor recayere en Registrador de la Propiedad, éste habrá de ser de mayor antigüedad que el sometido a expediente.
La incoación del expediente, con el nombramiento del Instructor y Secretario, se notificará al Registrador afectado así como a los designados para ostentar dichos cargos.
Art. 574. La Dirección General podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar el correcto funcionamiento del Registro correspondiente.
La suspensión provisional de funciones sólo podrá acordarse cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave y lo reclame la conveniencia del servicio. Su duración no podrá exceder de seis meses, salvo caso de paralización del expediente por causa imputable al expedientado.
La Dirección General podrá disponer la suspensión provisional de los Registradores sometidos a procesamiento cuando lo impongan las necesidades del servicio. La suspensión podrá prolongarse durante todo el procesamiento.
La suspensión provisional dará lugar al nombramiento de Registrador interino, percibiendo el suspenso el 50 por 100 de los honorarios registrales.
Art. 575. Serán de aplicación al Instructor y al Secretario las normas relativas a la abstención y recusación establecidas en la legislación general administrativa.
La abstención y la recusación se plantearán ante la Dirección General, que, previos los informes y comprobaciones oportunas, resolverá en el término de tres días.
Art. 576. El Instructor ordenará la práctica de cuantas diligencias sean adecuadas para la determinación y comprobación de los hechos y, en particular, de cuantas pruebas puedan conducir a su esclarecimiento y a la determinación de las responsabilidades susceptibles de sanción.
En todo caso y como primeras actuaciones, solicitará la ratificación del denunciante, en el supuesto de no haberla efectuado ante el órgano que ordenó la incoación del expediente, recibirá declaración, verbal o escrita al inculpado, y realizará cuantas diligencias se deduzcan de la comunicación o denuncia que motiva el expediente y de lo que el interesado hubiere alegado en su declaración.
Será preceptivo en todo expediente el informe de la Junta de Gobierno del Colegio Nacional de Registradores.
Art. 577. A la vista de las actuaciones practicadas y en el plazo no superior a un mes, que podrá ser ampliada por el propio Instructor en Resolución motivada cuando las circunstancias así lo exijan, contado a partir de la incoación del procedimiento, dicho Instructor formulará el correspondiente pliego de cargos, comprendiendo en el mismo los hechos imputados con expresión, en su caso, de la falta presuntamente cometida y de las sanciones que pueden ser de aplicación.
El pliego de cargos deberá redactarse de un modo claro y preciso en párrafos separados y numerados por cada uno de los hechos constitutivos de faltas e imputados al Registrador y en el mismo se deberá proponer, a la vista del resultado de las actuaciones practicadas, el mantenimiento o levantamiento de las medidas provisionales que, en su caso, se hubieran adoptado.
Art. 578. Contestado el pliego, o transcurrido el plazo concedido para efectuarlo, el Instructor podrá acordar la práctica de las pruebas solicitadas que juzgue oportunas así como la de todas aquellas que considere pertinentes, para cuya práctica se dispondrá del plazo de un mes.
Para la práctica de las pruebas propuestas así como para las de oficio que se acuerden, cuando se estime oportuno, se notificará al Registrador expedientado el lugar, fecha y hora en que deberán realizarse, debiendo incorporarse al expediente la constanciaa de la recepción de la notificación.
Art. 579. Cumplimentadas las diligencias referidas se dará vista del expediente al inculpado con carácter inmediato para que en el plazo de diez días alegue lo que estime pertinente a su defensa y aporte cuantos documentos considere de interés, facilitándola, cuando lo pida, copia completa del expediente.
Art. 580. El Instructor formulará dentro de los diez días siguientes la propuesta de Resolución en la que se fijarán las hechos, motivando, en su caso, la denegación de las pruebas propuestas por el inculpado, y hará la valoración jurídica de los mismos para determinar la falta que se estime cometida y la responsabilidad del funcionario, así como la sanción a imponer, en el supuesto que así proceda.
La propuesta de Resolución se notificará por el Instructor al interesado para que, en el plazo de diez días, pueda alegar ante el mismo cuanto considere conveniente en su defensa.
El órgano competente para dictar la Resolución no queda vinculado por la propuesta del Instructor.
Art. 581. Oído el inculpado o transcurrido el plazo sin alegación alguna, se remitirá con carácter inmediato el expediente completo a la Dirección General, que procederá a dictar la Resolución que corresponda, elevar el expediente, con su propuesta, al Ministro de Justicia o, en su caso, ordenar al Instructor la práctica de las diligencias que considere necesarias.
Art. 582. La Resolución final, que decidirá todas las cuestiones planteadas en el expediente, deberá adoptarse en el plazo de treinta días, contados desde que se hubieren unido a aquél los documentos y actuaciones precisas para fundar la decisión.
Si la Resolución estimare la inexistencia de falta o la de responsabilidad para el inculpado hará la declaraciones pertinentes en orden a las medidas provisionales.
La Resolución deberá ser notificada al inculpado, con expresión de los recursos que quepan contra la misma, el órgano ante al que han de presentarse y plazos para interponerlos.
Si el procedimiento se inició corno consecuencia de denuncia, la Resolución deberá ser notificada al firmante de la misma.
Art. 583. Las sanciones se ejecutarán según los términos de la Resolución en que se impongan, y en el plazo máximo de dos meses, salvo que, por causas justificadas se establezca otro distinto.
La sanción de traslación forzosa se llevará a efecto comunicando al Registrador su cese inmediato en el Registro que se hallare sirviendo. El Registrador podrá concursar por una sola vez, en los tres años siguiente al comienzo de la ejecución de la sanción, siendo considerado en dicho concurso postergado en no menos de 125 puestos del escalafón.
La sanción de suspensión de funciones se ejecutará notificando su cese al Registrador sancionado y designando al mismo tiempo al Registrador que haya de desempeñar el Registro durante el tiempo de la suspensión, con arreglo al régimen de interinidades.
El Registrador separado causará baja en el escalafón y perderá todos los derechos, excepto los mutualistas y los de jubilación o pensión, en los casos en que legalmente deba conservarlos.
Art. 584. Las sanciones disciplinarias que se impongan a los Registradores se anotarán en su expediente personal, con indicación de las faltas que las motivaron.
Transcurridos uno, tres o cinco años desde el cumplimiento de la sanción, según se trate de faltas leves o graves o muy graves no sancionadas con la separación, quedarán canceladas dichas anotaciones, salvo que en el indicado tiempo el interesado hubiere dado lugar a nuevo procedimiento que termine con la imposición de la sanción.
La cancelación borrará al antecedente a todos los efectos.
Los expedientes disciplinarios que se encuentren en tramitación en el momento de la entrada en vigor de este Real Decreto se regirán por la normativa anterior, salvo que sean más favorables para el inculpado las disposiciones del nuevo régimen.
Fecha de publicación: 23/12/1988
Entrada en vigor: 12 de enero de 1989.
MODIFICA el título XII del Reglamento aprobado por Decreto de 14 de febrero de 1947 (Ref. BOE-A-1947-3843).

References: Real Decreto 
 artículo 568
 artículo 289
 Resolución 
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