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Proyecto de Ley 131 de 2005 Cámara de Representantes – Agenda XXI
Proyecto de Ley 131 de 2005 Cámara de Representantes
7 septiembre, 2015 8 septiembre, 2015 Agenda XXI 0 Comentarios Legislación
Por la cual se establecen normas que regulan la protección de la salud mental y se dictan otras disposiciones
La prestación de los servicios de promoción, prevención, atención, tratamiento y rehabilitación en salud mental, a través del Sistema General de Seguridad Social en Salud se realizará con sujeción a los principios de EFICIENCIA, EFICACIA, UNIVERSALIDAD, SOLIDARIDAD, INTEGRALIDAD, UNIDAD Y PARTICIPACION contemplados en la Ley 100 de 1993 y, el TRABAJO en RED.
La salud mental es sin duda un asunto de interés público que ha cobrado cada vez más importancia en el contexto internacional. Desde hace ya más de dos décadas se viene constatando con mayor claridad el profundo impacto que tienen los trastornos mentales en el devenir de las sociedades alrededor del mundo. De ahí que con mayor vehemencia los organismos multilaterales insistan en la necesidad de dar forma a respuestas políticas de carácter integral, que permiten reducir la carga que representan estos trastornos y mejorar las capacidades del Estado y la sociedad para hacerles frente.
En este sentido, el mensaje en el que ha insistido la Organización Mundial de la Salud es suficientemente claro: “La salud mental, demasiado tiempo descuidada, es nefasta para el bienestar general de las personas, las sociedades y los países y exige nuevos planteamientos en todos los frentes”.
La evidencia apunta a hacer de este mensaje un imperativo. Así, esta sugiere que una de cada cuatro personas, el 25% de la población, sufre en algún momento de la vida de un trastorno mental, al tiempo que según estimativos de la OMS, los problemas de salud mental constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad mundial. Adicionalmente, las proyecciones de este mismo organismo sugieren que “la proporción de la carga mundial de morbilidad correspondiente a trastornos mentales y cerebrales aumentaría hasta en un 15% entre 1990 y 2020”.
Para centrarnos en cifras, podemos decir que a nivel mundial ocurren 1 millón de suicidios anuales y se estima que 20 millones presentan intentos de quitarse la vida, en solo los países en desarrollo se considera que existen más de 24,5 millones de personas con esquizofrenia, la depresión es una de las enfermedades más frecuentes y la carga global de la enfermedad corresponde al 15,1% para hombres y 16,1 para mujeres.
La enfermedad mental es responsable en nuestro país de 3,98% de la carga de la enfermedad (años de vida sana perdidos), que aproximadamente un quinto de nuestra población presenta trastornos depresivos y que el suicidio es la cuarta causa de muerte en hombres de 15 a 44 años, esto sin contar la influencia de los trastornos mentales en las agresiones, accidentes y en las patologías médicas generales, hecho que es bien conocido (por ejemplo el estrés en las enfermedades cardiovasculares).
El incremento en la morbilidad asociada a trastornos mentales, sin duda, tiene un efecto significativo sobre las posibilidades de desarrollo en los países menos desarrollados, que no cuentan con los mecanismos idóneos para hacerle frente. Tal situación resulta aún más dramática en un país como el nuestro, que experimenta al mismo tiempo un conflicto interno de vieja data, y el rigor de las condiciones adversas en los problemas estructurales de pobreza, exclusión, falta de oportunidades, que resultan del proceso de transición económica por el que atravesamos.
Es claro que además del sufrimiento de los enfermos mentales, habremos de tomar en consideración la reducción en la productividad de quienes los padecen, sus familiares y aquellos encargados de su cuidado. A lo que habremos de añadir el incremento drástico en los gastos de salud que experimentan las familias cuyos miembros sufren este tipo de trastornos y el efecto probado que estos tienen sobre la evolución de las afecciones crónicas asociadas. Situaciones estas de por sí muy graves, que cobran en el país dimensiones cada vez más alarmantes, dados los altos índices de pobreza, y el hecho de que son los pobres quienes más dificultades suelen afrontar, en virtud de las condiciones de desigualdad en el acceso a la atención médica.
Así pues, no hay duda de que estos de factores convierten a la salud mental en un tema prioritario de salud pública, al tiempo que obligan al país a comprometerse en un esfuerzo decidido e integral para establecer disposiciones normativas claras en materia de prevención, educación y rehabilitación. Medidas estas que han de permitir reducir las tasas de morbilidad asociadas a los trastornos mentales, además de buscar un impacto positivo en otras áreas en las que el país enfrenta retos importantes. Así, por ejemplo, ha sido demostrado que la reducción en el consumo ilegal de drogas y el tratamiento asistencial a los adolescentes que las usan, puede atenuar el riesgo de contraer VIH/Sida, así como reducir los índices de criminalidad en este grupo etario.
Actuar decididamente supone no sólo hacerlo en sintonía con un esfuerzo que se adelanta a escala global, sino, además, reconocer que en torno a este problema ya se han realizado avances importantes en el país, que son punto de partida a partir de esta iniciativa legislativa.
Así, es claro que Colombia cuenta con una Política Nacional de Salud Mental desde 1998 (Resolución 02358 de 1998 del Ministerio de Salud). Sin embargo, carecemos de una legislación particular en materia de salud mental, que brinde la oportunidad para superar algunos de los problemas estructurales que afronta el país. Problemas asociados a las dificultades y limitaciones de la atención primaria en salud mental, la desigualdad en el acceso a los servicios de mayor complejidad, los efectos generalizados de una exclusión social derivados de la estigmatización de los pacientes mentales y la ausencia de fuentes de información que permitan evaluar el desarrollo de las iniciativas y coordinar los diferentes esfuerzos.
La importancia de la legislación se deriva además de la necesidad de avanzar en la sustitución de proyectos aislados o desarticulados en materia de salud mental, por planteamientos programáticos más vinculantes e integrados en todos los niveles.
El proyecto de ley presentado a los honorables Congresistas recoge y hace suyos los postulados de diversas declaraciones y pronunciamientos internacionales de los que el país es signatario. Expresiones estas de las más importantes conclusiones y tendencias actuales en materia de salud mental en el mundo.
Así, su articulado insiste en la importancia de la Declaración de Alma Atta, en el sentido de concebir la atención primaria en Salud como la clave para avanzar en el cumplimiento constitucional de asegurar la salud de los colombianos y la s colombianas. Al mismo tiempo, apunta al desarrollo de mecanismos que permitan su puesta en práctica, propendiendo a asegurar la disponibilidad de medicamentos a la población, la prestación de atención a la comunidad, la educación frente a la salud mental, el involucramiento de comunidades, familias y consumidores; el desarrollo del recurso humano y el apoyo a la investigación como componente fundamental del sistema.
El proyecto encuentra, así mismo, en la Carta de Ottawa, importantes elementos que permiten precisar su sentido y alcances. De esta forma, sus proponentes reconocen e insisten en la necesidad de entender la salud mental de manera integral y verla “no como objetivo, sino como fuente de riqueza cotidiana”. Esta Carta insiste sobre la importancia de comprender que “la promoción efectiva de la salud radica en la participación efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de prioridades, la toma de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de planificación”.Propósitos que sólo podrán lograrse si se asegura la corresponsabilidad de los individuos, las comunidades, los profesionales de la salud, las instituciones y los servicios sanitarios, y se garantizan tanto el empoderamiento de las comunidades como el acceso total, constante y permanente de estas a la información y la instrucción sanitaria.
Cabe destacar la Declaración de Caracas, documento con el que se insiste, entre otras cosas, en la necesidad de avanzar en el desarrollo y empoderamiento de los servicios comunitarios, al tiempo que se reevalúa el papel de los hospitales psiquiátricos en la prestación de servicios. La declaración, además, señala la necesidad de velar por el desarrollo del recurso humano en salud, el establecimiento de mecanismos de vigilancia y monitoreo del funcionamiento del sistema y la atención especializada de población especialmente vulnerable.
En materia de salud mental, el proyecto recoge estos principios, el propender a la constitución de mecanismos que permitan el abordaje integral de los trastornos mentales, promoviendo el desarrollo de intervenciones en Red y la actuación coordinada de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, en un marco descentralizado, participativo y pluralista.
El fundamento esencial de la democracia radica en reconocerles a los ciudadanos y personas que habitan en Colombia, un conjunto de garantías que dignifiquen el contenido de la vida y amparen y fortalezcan la formulación de las nuevas libertades que la Carta instaura. El propósito de la Constitución Nacional es que exista un nuevo ámbito de libertad que otorgue a los ciudadanos un catálogo de derechos tanto civiles y políticos, como los sociales, económicos y culturales y los llamados de tercera generación.
En ese orden de ideas, el presente proyecto de ley tiene como objetivo primordial atender el mandato constitucional, contenido en los 1°, 2°, 11, 44, 47, 48, 49, 64, 79, 95 numeral 8, 365, 366 de la Constitución Política, en materia de salud mental, armonizando y organizando diferentes elementos en la ley, para desarrollar una política de protección de la salud mental, en acciones de promoción, prevención y atención, los procedimientos pertinentes, las definiciones de los conceptos aplicados, en concordancia con la Carta Política y la voluntad del constituyente de 1991, de conseguir una mejor calidad de vida de todas y cada una de las personas del territorio nacional.
El artículo 49 de la Constitución consagra que: “La atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud […]. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Asimismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados en la ley […]. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad […]. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria […]. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”.
El artículo referido garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud, al paso que los servicios correspondientes, con independencia del carácter público o privado de quien los preste, deben conformarse a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
La salud constitucionalmente protegida no es únicamente la física sino que comprende todos aquellos componentes propios del bienestar psicológico, mental y psicosomático de la persona, lo cual se desprende, necesariamente de la norma: “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad”. Como en reiteradas ocasiones lo ha manifestado la Corte Constitucional.
La Sentencia T-248/98, de otra parte, señala la protección de la salud mental en conexión con el derecho fundamental a una vida y a la integridad personal. Ha insistido la Corte, que si bien el derecho a la salud en sí mismo no es en principio fundamental, adquiere tal carácter por conexidad con los derechos a la vida y a la integridad personal.
La vida humana, en los términos de la garantía constitucional, consagrada en los artículos 1°, 2° y 11, no consiste solamente en la supervivencia biológica sino que, tratándose justamente de la que corresponde al ser humano, requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de dignidad. Señala la Corte que: “La persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y psíquico. Su vida, para corresponder verdaderamente a la dignidad humana, exige la confluencia de todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo”. En el que en los casos de afectación de la salud mental y psicológica de una persona no solamente están comprometidos los derechos fundamentales que a la persona afectada corresponden, sino los de sus allegados más próximos, los de la familia como unidad y núcleo esencial de la sociedad que merece especial protección, y los de la colectividad.
Por otra parte, el artículo 12 de la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y, al hacerlo, no solamente cubre la composición física de la persona, sino la plenitud de los componentes que inciden en la salud mental y en el equilibrio psicológico. Ambos por igual deben conservarse y, por ello, los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal, por acción o por omisión, vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad.
De conformidad con el artículo 152 de la Constitución Nacional, se hace necesario regular la salud mental, los derechos y deberes fundamentales de las personas, y los procedimientos y recursos para su protección, según la facultad conferida para la iniciativa legislativa consagrada en el artículo 150 de la Carta Política; en concordancia con el artículo 366, el cual preceptúa que: “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable […]. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación”, fin que persigue este proyecto de ley, en materia de salud mental en Colombia.
Un cambio necesario en el funcionamiento del sistema de salud en lo referente a salud mental en Colombia
El comportamiento del ser humano determina situaciones sociales y la salud que contenga este comportamiento determinará ta mbién nuestra situación social.
La salud humana es un balance de múltiples factores como por ejemplo el genético biológico, el desarrollo social, los hábitos y comportamientos, la estructura y funcionamiento familiar, la condición laboral y los servicios de salud entre otros; no obstante, algunos de estos componentes nombrados no hacen parte directa del campo cubierto por el sector salud y depende de otras instancias su mejoramiento.
Esta abstracción se hace más amplia si del tema que se va a discutir es sobre salud mental ya que las problemáticas son más complejas y sus indicadores son poco fáciles de definir.
En Colombia, el texto de la Política Nacional de Salud Mental da cuenta de tal complejidad al definir la Salud mental como “la capacidad de las personas y de los grupos para interactuar entre sí y con el medio ambiente; es un modo de promover el bienestar subjetivo, el desarrollo y el uso óptimo de las potencialidades psicológicas, ya sean cognitivas, afectivas o relacionales, así mismo el logro de metas individuales y colectivas, en concordancia con la justicia y el bien común”.
Vista así, la salud es un fenómeno complejo, determinado por la interacción de variables de tipo social, ambiental e individual. Es un estado de equilibrio dinámico, que no excluye la enfermedad, pero para lograrlo hay que ir más allá de la mera atención de la enfermedad. Los resultados de ese continuum salud-enfermedad como proceso social varían de acuerdo con tres factores interrelacionados: La magnitud y la duración de las alteraciones y de sus secuelas; los recursos personales con los que cuentan los afectados y la estructura de las oportunidades socioeconómicas, ecológicas y de seguridad del entorno inmediato de los afectados.
Así, aun y cuando la estadística es altamente imprecisa1, en el campo de la salud mental conocemos los casos donde en una sola familia hay un hijo en crisis psicótica, una madre deprimida por una historia de violencia conyugal y de privaciones de todo orden, hijos con problemas de aprendizaje, de comportamiento o de abuso de sustancias, con un padre desempleado que usa el alcohol como antidepresivo.
Pese a que la política es holística en su comprensión de la salud mental, resulta dicotómica a la hora de traducir tales postulados en intervenciones concretas. Así, las acciones están diseñadas exclusivamente desde el modelo médico, lo cual conllev a el riesgo de patologización y de psiquiatrización de los problemas humanos complejos, cuyo abordaje, como ya se ha dicho, requiere trascender a la intervención individual con prácticas institucionales que incluyan el contexto familiar, laboral y comunitario.
Por tal razón, suele ser una tendencia general, cuando se habla de salud mental, el realizar el abordaje a partir de la enfermedad, describiendo grandes cifras de patologías y situaciones dramáticas en las que la enfermedad mental fue “responsable” de un número de muertes o discapacidades. Sin embargo, se deja de lado el concepto de protección de la salud mental y la promoción de la misma; se observa por ejemplo que dentro de la agenda misma de legisladores y ejecutivos es más fácil presentar un proyecto en el cual se presenten unas cifras de patologías que van a ser “atacadas”, que presentar un proyecto que apunta al mejoramiento global de la salud mental.
Esa incongruencia entre una visión abarcadora y una práctica fundamentalmente médica en la atención reduce el impacto de las acciones y favorece el desperdicio de recursos económicos y profesionales, en primer lugar porque aunque se habla de salud mental, las acciones se orientan hacia la enfermedad, aislándola de los demás factores del entorno.
Con ello se desconoce que la promoción de la salud y el tratamiento de los pacientes pasa necesariamente por la activación de procesos en las redes familiares, laborales y escolares. Las acciones terminan, tan sólo, pretendiendo ofrecer una prevención específica de los llamados trastornos mentales en vez de pensar en una prevención general centrada en el desarrollo humano.
Esto explicaría, por ejemplo, porque no enfatizamos lo suficiente en promoción y prevención. Lo que se observa en el hecho de que las resoluciones que se implementaron para la promoción y la prevención (resolución 412/2000) fueron posteriormente corregidas por otras (resolución 3384/2000) que les disminuyeron peso y les retiraron el compromiso a los aseguradores de la salud (EPS y ARS) en nuestro medio, dejando así el destino de la promoción y prevención casi exclusivamente dependiente de los avatares del mercado, lo cual conllevó al detrimento posterior de estas, que apenas y son realizadas aisladamente por algunas EPS, universidades y colegios. Condiciones como estas no resultan pertinentes conociendo finalmente que la prevención y la promoción de alta calidad y eficiencia garantizan el bienestar de un pueblo y a la larga resultan una inversión social más productiva para un Estado.
A pesar de que las patologías psiquiátricas representan un frecuente motivo de consulta y de que socialmente son de gran impacto, el cubrimiento en la atención para las personas qu e presentan estos problemas es confuso y el Sistema General de Seguridad Social en Salud no lo reglamenta de una manera bien definida, a diferencia de otros ámbitos de la salud.
Así, por ejemplo, dentro de las actividades de obligatorio cumplimiento formuladas para los Planes de Atención Básica en salud mental se incluye el desarrollo de actividades de información, educación y comunicación a grupos de riesgo, para fomentar factores protectores como la formación y construcción de valores, resolución de conflictos, equidad de género, pautas adecuadas de crianza y fortalecimiento de vínculos afectivos, manejo de la afectividad y la sexualidad y comunicación efectiva a nivel personal, familiar y social, entre otros, y reducir factores de riesgo para la salud mental tales como consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y violencia intrafamiliar, manejo de estrés, tolerancia a la frustración, etc., pero estas acciones aparecen desconectadas de la salud sexual y reproductiva y de los hábitos de vida saludable, con lo cual se triplicarán los costos con acciones que se ofrecen con mucha frecuencia a las mismas poblaciones, sin que tampoco haya indicadores claros de resultados.
Esa misma superposición ocurre con muchas acciones de prevención y promoción que realizan instituciones del sector salud como las EPS y las IPS, de educación, de justicia, el ICBF, y muchas ONG que ejecutan diversos proyectos contratados por el Estado.
De otra parte, si lo que presenta la persona o su familia es un problema que no requiere hospitalización, no existe la reglamentación adecuada que garantice una atención oportuna, técnica y con calidad dentro de los planes de beneficios, los problemas de violencia intrafamiliar por ejemplo, se abordan de manera fragmentada dependiendo del ente territorial en que se encuentren los usuarios, del aseguramiento y de la formación académica de quienes multiintervienen a estas poblaciones.
Es decir, que aunque se le nombra al paciente con el término de cliente, no se lo trata como tal al momento de solucionar sus necesidades ya que no tiene posibilidad de escoger entre un abanico de oportunidades reales el plan que más conviene a sus necesidades, condiciones sociales y creencias.
En el campo de la salud mental especialmente existen grandes vacíos jurídicos, las normas sobre el tema son escasas además de pobremente definidas al momento de recibir el plan de beneficios, se observa que este es un sistema de aseguramiento en el cual el cliente “cuando firma la póliza no conoce las condiciones de beneficios de la misma” lo cual desde el solo punto de vista contractual no tiene sentido por parte del usuario y es solo cuestión de suerte si recibe la solución adecuada a sus necesidades. En m uchas ocasiones, incluso, la atención efectiva para una persona, familia o comunidad depende de la interpretación que haga un funcionario de la norma ambigua, sin tener en cuenta las necesidades reales del paciente sino dependiendo simplemente de las leyes del mercado.
Existen, además, dificultades a nivel del aseguramiento, de la reglamentación, y el control de la pertinencia, calidad e impacto de los planes y programas. A nivel de los planes de beneficios hay una gran disparidad entre el contributivo y el subsidiado, al tiempo que el vinculado depende de la responsabilidad con que cada Ente territorial asuma estas responsabilidades. Pese a varias formulaciones normativas, además, no existe claridad en cuanto los derechos a ser atendidos y el tiempo de intervención y existen, en algunos casos, múltiples intervenciones que oscilan entre una atención primaria en salud mental de baja calidad y una tendencia al hospitalismo en el otro extremo, sin que haya integración intersectorial. Finalmente, cabe señalar que así mismo no existen opciones para la población que no requiere hospitalización, pero que sí necesita un soporte profesional ambulatorio en red que facilite la solución de problemas de salud mental y conflictos.
Un punto más que complica la situación es la falta de acuerdos en los mismos profesionales de salud mental sobre cuales deberían ser los mejores planes de beneficios y que tipo de atenciones deberían recibir los “pacientes”; para algunos profesionales la respuesta está circunscrita a la escuela en la cual fueron académicamente formados, para otros el impacto sobre la comunidad es lo único importante mientras que otros se acogen a los avances empírico analíticos occidentales, los cuales cada vez son más frecuentes en revistas indexadas internacionales, pero que están cada vez más lejos de las posibilidades económicas de nuestro sistema y más lejos de la vida práctica de nuestros usuarios.
Con miras a darle un vuelco a la manera como encaramos la salud mental en el país, cobran sentido propuestas encaminadas a atender de manera integral los problemas transitorios y reactivos de salud mental, que afectan en cada momento a cerca del 30% de la población y a los que estamos expuestos todos en algún momento de la vida.
Se trataría entonces de aquellos que se incluyen dentro de la Política Nacional de Salud mental como problemas de prevención secundaria como son: las urgencias psiquiátricas; los trastornos emocionales que se detectan en la consulta externa de medicina general como la depresión, los trastornos del desarrollo infantil y los conflictos familiares; los problemas emocionales de grupos específicos como los jóvenes por ejemplo o los problemas asociados a situaciones particulares como son las secuelas de la violencia intrafamiliar, de condiciones laborales especiales y de transiciones vitales que mal manejadas por la familia, la escuela, la empresa o la comunidad hacen m ás vulnerables a las personas que las viven.
A esto se suman problemas serios en la calidad de las intervenciones, particularmente en materia de promoción y prevención. Problemas que afectan, por supuesto, al funcionamiento de todo el Sistema de Seguridad Social en Salud, tal y como lo establece un reciente estudio de la Defensoría del Pueblo (“Evaluación de los Servicios de Salud que brindan las Empresas Promotoras de Salud”; 2003), pero que cobran especial dramatismo de cara a los retos que el país enfrenta en materia de salud mental.
Para la Defensoría, cuyo estudio se basó en la realización de 3.586 encuestas en diferentes ciudades del país, “no se ha comenzado a dar cumplimiento cabal a los soportes teóricos del modelo económico y social con el que se impulsó el actual sistema”.
Es necesario resaltar que de las diferentes variables analizadas (acceso a la información, libre escogencia, oportunidad y satisfacción), las que arrojaron puntajes más bajos fueron la libre escogencia y el acceso a la información. Esta última, relacionada con las facultades de solicitar, recibir y difundir información e ideas relacionadas con los servicios; y de sus factores correspondientes tales como los de promoción y prevención, divulgación de derechos y deberes, y el conocimiento de las redes de prestadores de servicios.
En cuanto a la prestación de servicios en salud mental, el panorama resulta aún más confuso. Así, una de sus mayores limitantes ha sido la escasez de mecanismos de evaluación a la gestión y calidad de los servicios que prestan las entidades del sistema, EPS, ARS, IPS y entidades territoriales.
Así, estudios como los realizados por el doctor José Posada y la doctora Adalgiza Reyes, nos señalan reiteradamente la necesidad de transformar la evaluación tradicional de la calidad de los programas y planes de beneficios, con miras a sustentarla en un sistema de gerencia enfocado al proceso continuo de mejoramiento dinámico. Sobre la Calidad, escribe el doctor Posada: “Los programas de certificación de la calidad cuentan con listados, formatos y manuales de procedimientos. Las instituciones estatales y académicas que supervisan a sus iguales auditan el trabajo que se está haciendo en las instituciones de salud y sancionan a sus proveedores de servicios si ellos no siguen las normas. Los pacientes juegan un papel menor y además falta información confiable sobre la cual comparar la calidad de los planes, los proveedores o los servicios de salud mental (1997).
Propone entonces el doctor Posada la necesidad de buscar herramientas que permitan dotar al sistema con programas de gerencia de la calidad en salud mental, diseñando sistemas de evaluación sustentados en indicadores de estructura, de proceso y del impacto de los programas en la vida de los clientes y aquel que tienen sobre la red social que recibe los servicios.
Ahora bien, el proyecto contempla la articulación de la oferta institucional existente en torno a redes para la prestación de servicio en salud mental que habrán de activarse en función de la complejidad de los problemas. La Red opera así, en primer lugar, como principio de comprensión de los dilemas, los problemas y las situaciones sociales, promoviendo interpretaciones holísticas, que reconocen la pluricausalidad de los fenómenos y la necesidad de abordajes complejos. En tanto principio de comprensión, la Red promueve acciones integrales al reconocer la responsabilidad compartida de todos los actores del sistema.
La Red también opera como representación operativa del entramado interinstitucional encargado del diseño, la implementación y la evaluación de los servicios en salud mental. Finalmente, es también un recurso social en tanto son las redes sociales y familiares los escenarios privilegiados para la promoción de la salud mental.
Carlos Julio González Villa,
Representante a la Cámara por el departamento del Huila
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Proyecto de Ley 161 de 2009 Cámara de Representantes
Proyecto de Ley 193 de 2009 Senado

References: artículo 49
 artículo 12
 artículo 152
 artículo 150
 artículo 366
 resolución