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Timestamp: 2019-12-10 09:01:22+00:00

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Derecho-Chile – SENTENCIA SOBRE INDEMNIZACIÓN POR DAÑO MORAL POR INFIDELIDAD COMETIDA EN MATRIMONIO.
Por |17.06.2016|Sentencias|0 comentarios |
El adulterio es calificado como infracción grave al deber de fidelidad entre los cónyuges y no como delito o cuasidelito civil. Respecto a las sanciones por esta infracción, el derecho de familia contempla sus propias sanciones, no siendo aplicable normas generales sobre responsabilidad civil. Por lo que resulta improcedente pretender que se conceda indemnización por daño moral derivado en adulterio.
Si bien el hecho de que el adulterio tenga una sanción especial establecida en atención a naturaleza de institución de matrimonio, no permite ésto considerarlo como fuente de responsabilidad extracontractual como lo pretende la parte demandante.
Como es costumbre se han eliminado o abreviado los nombres de las partes ya que éstos no se tienen por relevantes para el análisis de las sentencias Rol Nº 7.738-2007 (Corte de Apelaciones) y Nº 263-2010 (Corte Suprema).
Atendido lo expuesto, y lo que disponen los artículos 37, 171, 172, 181, 223, 240, 358, 497 del Código Civil vigentes a la fecha en que habrían ocurrido los hechos que sirvieron de fundamento a la presente demanda, y artículo 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
Santiago, trece de junio de dos mil doce.
Ante el Primer Juzgado Civil de Santiago, en autos rol Nº 3.095-1999, don RAPC deduce demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra de doña BAO y don FRM, a fin que se declare que se condena a los demandados a indemnizarle los perjuicios patrimoniales y morales que ha sufrido, en forma solidaria, que ascienden como mínimo a las sumas de $40.000.000 y $50.000.000, respectivamente, más reajustes e intereses legales, con costas.
La demandada doña BAO contestó la demanda a fojas 67 reiterando su escrito de fojas 30, y por su parte el demandado don FRM lo hizo a fojas 59, solicitando el rechazo del libelo, con costas.
El tribunal de primera instancia, mediante fallo de veintiséis de marzo de dos mil siete, que se lee a fojas 173 y siguientes, rechazó la demanda, sin costas.
El tribunal de segunda instancia, conociendo de la apelación deducida por la parte demandante, por resolución de diez de noviembre de dos mil nueve, escrita a fojas 250 y siguientes, confirmó el fallo de primer grado.
En contra de esta última decisión la parte demandante recurre de casación en el fondo a fin que esta Corte la anule y dicte una de reemplazo que acoja la demanda de indemnización de perjuicios, con costas.
Primero: Que la parte demandante fundamenta su recurso sosteniendo que los jueces, al confirmar la sentencia de primer grado, incurrieron en errores de derecho por la infracción de los artículos 1437, 2284, 2314 y 2329 del Código Civil en relación con los artículos 102, 131, 132 y 52 del mismo cuerpo legal y 3 y 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes. Expresa que la sentencia impugnada incurre en los errores de derecho que indica, porque sostiene, por una parte, que el juicio debe resolverse en conformidad a las disposiciones vigentes a la fecha en que ocurrieron los hechos en que se basa la demanda, tal como se decide en lo resolutivo donde enuncia los artículos 37, 171, 172, 181, 223, 240, 358 y 497 del Código Civil; y por otra, que el adulterio no da origen a responsabilidad civil extracontractual. Argumenta que todas las normas citadas en lo resolutivo del fallo se encuentran expresamente derogadas y sus textos han sido reemplazados por nuevas disposiciones, por las Leyes Nos. 18.802, 19.947 ó 19.585. Asevera que es un error de derecho pretender que en materia matrimonial opere la ultra actividad de la ley, que infringe el artículo 3 inciso segundo de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes que señala: “En consecuencia, las reglas de subordinación y dependencia entre cónyuges serán obligatorias desde que ella empiece a regir”, y también vulnera el artículo 22 del referido texto legal, que se refiere únicamente a los contratos de orden patrimonial y no tiene aplicación respecto de la institución del matrimonio, ya que no obstante que el artículo 102 del Código Civil usa el vocablo “contrato” para definirlo, no tiene el sentido y alcance para calificarlo como un acto jurídico bilateral generador de obligaciones de tipo patrimonial. Afirma, en consecuencia, que es palmaria la vulneración de los artículos 52 y 102 del Código Civil, 3 y 22 de la Ley sobre el Efecto Retroactivo de las Leyes y 131 y 132 del primer cuerpo legal citado, al quedar sin aplicación.
Señala por otra parte, los artículos 1437 y 2284 del Código Civil precisan las fuentes de las obligaciones, y no cabe duda que el adulterio constituye una grave infracción del deber legal de fidelidad y da origen a las sanciones que la ley prevé, entre otras, la indemnización de perjuicios, pues constituye un delito civil. Añade el recurrente, el adulterio es un acto necesariamente doloso que causa daño, como se habría probado en este caso concreto; y no hay norma alguna que lo exceptúe de la regla general de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil, que se quebrantaron al dejarlos sin aplicación.
Por último, indica, es erróneo afirmar que la voluntad -dolo- debe dirigirse a causar daño al otro cónyuge, puesto que se expresa en violar una obligación legal que impone el matrimonio que custodia valores superiores como evitar la confusión de paternidad.
a) con fecha 8 de noviembre de 1980, el actor contrajo matrimonio con la demandada doña BAO;
b) de esta unión matrimonial nacieron sus hijos B, R, ML, R y M, todos de apellidos PA;
c) con fecha 9 de abril de 1998, nació C, inscrita con los apellidos de sus padres, esto es, PA;
d) el actor tuvo serias dudas en cuanto a la paternidad de la menor C;
e) en noviembre de 1998, el demandante y la demandada iniciaron el proceso de separación definitiva;
f) el actor y la demandada presentaron ante el Cuarto Juzgado de Menores de Santiago un avenimiento en materia de alimentos, rol Nº 158-1999;
g) el 9 de febrero de 1999 la demandada dejó la casa común;
h) la abogada de la demandada, doña SV, comunicó al actor que no era el padre de la menor C y que el padre biológico era don FRM;
i) los demandados mantenían una relación sentimental.
Tercero: Que sobre la base de los hechos asentados según lo reseñado en el motivo que precede, los jueces del grado estimaron por una parte, en cuanto a la naturaleza jurídica del adulterio civil, que éste constituía una infracción al deber de fidelidad establecido en el artículo 131 del Código Civil, vigente a la fecha en que habrían ocurrido los hechos; y por otra, respecto de las consecuencias que dicha conducta desleal aparejaba, citaron los artículos 171, 172, 181, 223, 240, 358 y 497 del Código Civil, y 21 Nº 1 de la Ley de Matrimonio Civil de 1884, vigente a la época en que acaecieron los hechos que motivan esta causa. En ese sentido, concluyeron, teniendo presente el cúmulo de disposiciones que sancionaban y sancionan el adulterio, que éste, desde siempre, ha sido calificado por el legislador como infracción grave al deber de fidelidad de los cónyuges y no como delito o cuasidelito civil, es decir, el derecho de familia por su especialidad, contempla sus propias sanciones, no siendo aplicable en consecuencia, las normas generales sobre responsabilidad civil y por consiguiente, no corresponde solicitar ni conceder la reparación del daño moral. Asimismo consideraron que el hecho que el adulterio siempre haya tenido una sanción especial, establecida por el legislador en atención a la naturaleza de la institución del matrimonio, no permite considerarlo fuente de responsabilidad extracontractual como lo pretende el demandante, pues la normas que regulan tales materias se refieren a la reparación de daños derivados de obligaciones de carácter patrimonial.
Por tales razones, decidieron rechazar la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, sin costas.
Cuarto: Que, como se aprecia de los términos en que se ha estructurado el recurso, éste aparece construido al margen y, en cierta forma, en contra de los hechos establecidos en la causa, los que evidentemente se intenta modificar.
En efecto, del tenor del recurso que en síntesis se ha reseñado en el motivo primero de esta resolución, se desprende que los errores de derecho denunciados se sustentan en que se habría rechazado la demanda no obstante estar acreditado que el hecho ilícito causó daños al demandante. Sin embargo, esa circunstancia fáctica no se encuentra asentada en el proceso sino que, por el contrario, en la sentencia en análisis, se determinó que el adulterio no es fuente de responsabilidad extracontractual. Por este motivo y demás razones expresadas en los fundamentos décimo cuarto, décimo séptimo a vigésimo primero del mismo fallo fue que se rechazó la demanda y se desestimaron las alegaciones formuladas por el impugnante.
Quinto: Que esta Corte ha señalado con anterioridad que los hechos asentados por los jueces del fondo son inamovibles, a menos que el recurrente haya denunciado de modo eficiente infracción a las normas reguladoras de la prueba pertinentes, lo que no puede estimarse que haya ocurrido en la especie, toda vez que no se han invocado con la modalidad prevista tales disposiciones, por lo que resulta imposible decidir en sentido contrario.
En efecto, el objeto del recurso de casación en el fondo se circunscribe a la revisión y análisis de la legalidad de la sentencia, es decir, a la correcta aplicación del derecho, sobre la base de los hechos tal y como soberanamente han dado por probados los jueces del grado, en uso de las facultades que son de su exclusiva competencia.
Sexto: Que en este sentido cabe precisar que, como lo ha sostenido reiteradamente esta Corte Suprema, se entienden vulneradas las normas reguladoras de la prueba cuando los sentenciadores invierten el onus probandi, rechazan pruebas que la ley admite, aceptan medios que la ley rechaza, desconocen el valor probatorio de las producidas en la causa no obstante asignarles la ley uno de carácter obligatorio, y/o alteran el orden de precedencia que la propia ley les otorga. Como se advierte, las recién indicadas son normas básicas de juzgamiento que contienen deberes, limitaciones o prohibiciones a que deben sujetarse los juzgadores y por ende, estos últimos son soberanos para apreciar las probanzas entre tanto se mantienen en el marco fijado por las normas reguladoras ya indicadas. Por la misma razón, no son susceptibles de ser revisadas por la vía de casación las decisiones basadas en disposiciones que otorgan libertad a los jueces del fondo para valorar los elementos probatorios aportados.
Séptimo: Que resultando entonces inamovibles los hechos asentados por los jueces del grado, carece de sustento la denuncia de contravención a los restantes artículos que invoca el recurrente.
Octavo: Que en virtud de lo precedentemente razonado y concluido, el recurso de casación en el fondo examinado no puede prosperar y deberá ser desestimado.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 764, 765, 767, 772 y 783 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, sin costas, el recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandante a fojas 259, contra la sentencia de diez de noviembre del año dos mil nueve, que se lee a fojas 250 y siguientes.
Nº 263-2010.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Patricio Valdés A., señoras Gabriela Pérez P., Rosa Egnem S., señor Juan Fuentes B., y la Abogada Integrante señora Virginia Halpern M.
Estimado Luis, Gracias por participar en Derecho-Chile. Respondiendo brevemente a tu consulta, te...

References: artículo 186
 resolución 
 artículo 3
 artículo 22
 artículo 102
 artículo 131