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Timestamp: 2019-04-20 02:54:23+00:00

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REGLAMENTO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
Amalia García Medina, Gobernadora del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 82, fracciones I, II, VI y XXI de la Constitución Política del Estado; y con fundamento en los artículos primero, 2º, 6º, 7º, 10, 12, 13, 35 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; y en los artículos primero, 5º, fracción IV, inciso b), y 3º y 4º transitorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, y
Que la Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado expidió la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas a los veintinueve días del mes de junio del año dos mil cuatro, misma que fue publicada en el Periódico Oficial el día catorce de julio de 2004.
Que el ordenamiento citado tiene por objeto garantizar el acceso de las personas a la información pública en posesión de los poderes, entidades públicas y todas aquellas consideradas como de interés público en el Estado de Zacatecas.
Que el artículo 3º transitorio de la Ley de referencia ordena a los sujetos obligados señalados en el considerando anterior establecer, en el ámbito de sus respectivas competencias, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para proporcionar a los particulares el acceso a la información pública conforme a las bases y los principios previstos en dicho ordenamiento, mediante la expedición de reglamentos o acuerdos de carácter general, los cuales deben ser expedidos a más tardar un año después de la fecha de publicación de la propia Ley.
Que el artículo 4º transitorio de la citada Ley establece que las personas podrán ejercer los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales un año después de la entrada en vigor de dicho ordenamiento, una vez que los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los demás sujetos obligados, hayan expedido los reglamentos o acuerdos de carácter general que establezcan los órganos, criterios y procedimientos institucionales a que se refiere el artículo 3º transitorio.
Que la transparencia y la rendición de cuentas constituyen una condición indispensable para el ejercicio democrático del Gobierno y el desempeño eficiente de la función pública.
Que es un compromiso fundamental del Poder Ejecutivo a mi cargo, en el ámbito de su competencia, garantizar el derecho de acceso a la información pública y el derecho a la protección de los datos personales de los particulares.
Que para cumplir con las obligaciones señaladas y los compromisos asumidos, y con el objeto de proveer lo necesario para su exacta observancia y oportuno cumplimiento en todas y cada una de las dependencias y entidades que forman parte de la Administración Pública del Estado, así como para asegurar y facilitar el ejercicio de los derechos de las personas establecidos en la citada Ley, he tenido a bien expedir el siguiente
Artículo primero. Este Ordenamiento es de interés público y tiene por objeto establecer los órganos, criterios y procedimientos institucionales para garantizar la exacta aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. Sus disposiciones son obligatorias para todos los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
Art. 2º El derecho de acceso a la información pública en posesión de las dependencias y entidades es universal, lo que significa que cualquier persona, inclusive las personas jurídicas colectivas creadas conforme a la ley, deben tener garantizado su ejercicio, sin necesidad de acreditar derechos subjetivos o interés jurídico.
Las personas con una nacionalidad distinta a la mexicana pueden ejercer de igual forma este derecho, con la única restricción de acceso a la información en materia política, la cual, para los efectos de este Reglamento, se refiere exclusivamente a la información directamente relacionada con los procesos electorales y los partidos políticos
Será responsabilidad exclusiva de las personas que obtengan información pública el uso que hagan de ella o el procesamiento de la misma para cualquier fin.
Art. 3º El derecho a la protección de los datos personales en posesión de las dependencias y entidades tiene como fin proteger la vida privada y la intimidad de las personas. Por esta razón, la presentación de solicitudes de acceso a dichos datos o de corrección de los mismos, es un derecho exclusivo de sus titulares.
En caso de ausencia definitiva o fallecimiento de éstos, el derecho de acceso o corrección de sus datos personales corresponde exclusivamente a sus familiares, quienes lo podrán ejercer conforme a las disposiciones y procedimientos establecidos en este Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Art. 4º En la interpretación de la Ley, los titulares de las dependencias y entidades, así como los servidores públicos responsables de las Unidades de Enlace, favorecerán el principio de publicidad de la información.
Art. 5º La información pública, reservada y confidencial regulada por la Ley se refiere exclusivamente a los documentos o expedientes contenidos en los archivos de las dependencias y entidades. En efecto, la obligación de garantizar el acceso a la misma cuando se trata de información pública, y la obligación de garantizar su debida conservación y custodia cuando se trata de información clasificada como reservada o confidencial, no comprenden en ningún caso información que no se encuentre registrada en un documento o expediente producido o en posesión de la dependencia o entidad.
En razón de lo anterior, ninguna dependencia o entidad está obligada a generar o procesar información cuando los particulares presenten una solicitud de acceso a información o datos personales que no obren previamente en un documento o expediente.
Los procedimientos de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales en el ámbito del Poder Ejecutivo, tienen la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en la Ley de la materia. La naturaleza y el desahogo de dichos procedimientos son distintos a los que corresponden, en los términos de la normatividad aplicable, a los trámites ordinarios que los particulares realizan ante las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.
Art. 6º Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública son responsables de la información que produzcan, reciban, administren, procesen, archiven o conserven en el ejercicio de sus funciones. La pérdida, destrucción, alteración, ocultamiento o deterioro de los documentos o expedientes que registren dicha información, serán motivo de responsabilidades y sanciones, conforme a lo previsto en los artículos 59 y 60 de la Ley y en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.
Art. 7º La Contraloría Interna del Gobierno del Estado, sin perjuicio de las atribuciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, será la responsable de promover y vigilar la exacta observancia de la Ley y de este Reglamento en el ámbito del Poder Ejecutivo, así como propiciar la debida coordinación entre las dependencias y entidades de la administración pública para garantizar su eficaz aplicación.
Art. 8º En forma adicional a las definiciones contenidas en el artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, para los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
Archivo: conjunto orgánico de documentos que son producidos o recibidos por una dependencia o entidad en el ejercicio de sus atribuciones, sin importar el medio o soporte en el cual se encuentre contenida la información.
Catálogo de bienes culturales: la relación de los bienes culturales del Gobierno del Estado de Zacatecas.
Clasificación: acto por el cual se determina que la información producida o en posesión de una dependencia o entidad es reservada o confidencial, en los términos previstos en la Ley y en este Reglamento, y conforme a los lineamientos que, para tal efecto, emita la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Comisión: la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.
Desclasificación: acto por el cual se determina que la información clasificada adquiere el carácter de información pública, si dejan de concurrir las circunstancias que motivaron su clasificación, a juicio del titular de la dependencia o entidad, o en virtud de resolución emitida por la Comisión.
Estados financieros: estado de resultados o Estado de ingresos y egresos consolidados del Poder Ejecutivo.
Estructura orgánica: se refiere a los servidores públicos desde el nivel de jefe de departamento en línea ascendente.
Expediente: unidad documental integrada por uno o varios documentos que, contenidos en un archivo, se encuentran ordenados y relacionados por un mismo asunto, trámite, proceso o actividad inherentes a las atribuciones de una dependencia o entidad.
Inventario: la relación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Zacatecas, donde se señale su adscripción y ubicación.
Ley: la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas.
Reglamento: el presente Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas.
Servidores públicos habilitados: los servidores públicos designados por el titular de la dependencia o entidad para atender, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales que sean presentadas en oficinas o unidades administrativas distintas a la Unidad de Enlace.
Art. 9º Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo deberán poner a disposición del público la información a que se refiere el artículo 9º de la Ley, conforme a las siguientes bases:
I. La información que deben difundir de oficio las dependencias y entidades estará a disposición del público en el sitio de internet del Gobierno del Estado o en las Unidades de Enlace;
II. Todas las dependencias y entidades deberán hacer llegar a la Contraloría Interna la información que debe ser difundida de oficio, así como las actualizaciones o modificaciones de que sea objeto, de tal manera que esta dependencia la incorpore al sitio de internet del Gobierno del Estado de acuerdo a los lineamientos que ésta emita para tal efecto;
III. La responsabilidad respecto a la autenticidad, veracidad y consistencia de la información a la que se refieren las dos fracciones anteriores recaerá exclusivamente en los servidores públicos de las dependencias y entidades que la produzcan o la administren. La Contraloría Interna únicamente será responsable de la recepción, incorporación y difusión de la misma en el sitio de internet del Gobierno del Estado;
IV. En cada dependencia y entidad, los titulares de las unidades administrativas responsables de la generación o administración de la información de oficio que sufra actualizaciones o modificaciones, deberán informar de las mismas a la Unidad de Enlace correspondiente;
V. Las Unidades de Enlace que cuenten con las condiciones necesarias para habilitar un espacio físico y poner a disposición de los particulares el equipo que les permita acceder desde allí al sitio de internet del Gobierno del Estado y conocer por este medio la información prevista en el artículo 9º de la Ley, deberán hacerlo. El responsable de la Unidad de Enlace deberá procurar en todo momento que los particulares que lo requieran cuenten con la orientación y el apoyo necesarios para acceder a la información de oficio contenida en el sitio de internet o, si así lo requieren, en medio impreso, en cuyo caso deberán realizar previamente el pago de derechos correspondiente;
VI. De la información prevista en el artículo 9º, que por ley deba publicarse en el Periódico Oficial, además de difundirse en los términos previstos en las fracciones I y V de este artículo, deberá publicarse en el órgano oficial mencionado, en cada ocasión que sufra modificaciones o actualizaciones en los términos de la Ley y de este Reglamento;
VII. Toda la información que se difunda de oficio a través del sitio de internet del Gobierno del Estado, deberá presentarse en forma clara y precisa, a efecto de garantizar el acceso sencillo y expedito de los particulares a la misma;
VIII. En los casos en que la Ley no establezca expresamente el ámbito temporal de la información que se debe difundir de oficio, se entenderá que se hace referencia a la información prevista en la fracción I del artículo 9º de la propia Ley que se encuentre vigente, sin importar su antigüedad o la fecha en que haya sido producida. En el caso de la información prevista en la fracción XVIII de la Ley, relativa a la ejecución del presupuesto, será la Secretaría de Finanzas la que integre y mantenga a disposición del público cada uno de los reportes trimestrales durante todo el ejercicio fiscal, de tal manera que su consulta permita conocer su evolución;
IX. Las dependencias y entidades deberán actualizar la información prevista en el artículo 9º de la Ley cada tres meses, salvo que la propia Ley, este Reglamento u otras disposiciones legales aplicables establezcan un plazo distinto, o bien la información ya presentada continúe vigente. Tratándose de la información a que se refiere la fracción XVI del artículo 9º de la Ley, ésta se actualizará dentro de los 45 días siguientes al término de cada trimestre, a excepción de la información del cuarto trimestre que se actualizará en el mismo plazo establecido para la presentación de la cuenta pública del ejercicio;
X. La información a que se refieren las fracciones I, II, III, XV y XXI del artículo 9º de la Ley deberá ser actualizada en un plazo no mayor a diez días hábiles a partir del momento en que haya sufrido modificaciones;
XI. Cuando se actualice o modifique la información prevista en el artículo 9º de la Ley, se deberá indicar en forma visible y precisa la fecha de la actualización o modificación más reciente. En los casos en que alguna o algunas de las fracciones del artículo 9º de la Ley no sea aplicable a una dependencia o entidad, deberá incluirse la leyenda «No Aplica», de tal manera que estos supuestos no se confundan con una omisión.
Art. 10. En relación con las fracciones I, II, III y IV del artículo 9º de la Ley, las dependencias y entidades se sujetarán a lo siguiente:
I. A través del sitio de internet del Gobierno del Estado, pondrán a disposición del público la totalidad de los ordenamientos o disposiciones normativas vigentes que le den sustento legal al ejercicio de sus funciones;
II. La estructura orgánica de la dependencia o entidad de que se trate, además de estar actualizada, deberá ser congruente con lo que establezca su reglamento interior, su decreto de creación o la ley orgánica que corresponda;
III. La información sobre los servicios que, en su caso, preste la dependencia o entidad, deberá explicar en forma clara y precisa los requisitos, formatos y procedimientos necesarios para acceder a ellos, de tal manera que se facilite a los particulares el ejercicio o disfrute de los mismos;
IV. El directorio de servidores públicos de la dependencia o entidad deberá incluir nombre completo, cargo, número telefónico, domicilio de la oficina donde desempeñe sus funciones y, en caso de contar con ellos, número de fax y dirección de correo electrónico;
V. Respecto al salario mensual de los servidores públicos de las dependencias y entidades, será responsabilidad de la Oficialía Mayor la difusión del tabulador correspondiente.
Art. 11. Respecto a la fracción V del artículo 9º, las dependencias y entidades se sujetarán a lo siguiente:
I. Deberán publicar el objeto y el nombre del plan, programa o proyecto en virtud del cual se entregan recursos públicos; los montos correspondientes; los criterios para determinar el público objetivo; y el nombre de la unidad administrativa responsable de su ejecución o administración;
II. Deberán publicar el número de los destinatarios o beneficiarios de cada plan, programa y proyecto, con el nombre completo. Estas listas deberán actualizarse dentro de los primeros tres meses de cada ejercicio fiscal;
III. Cuando los destinatarios o beneficiarios formen parte de programas sociales dirigidos a personas afectadas por enfermedades de transmisión sexual, adicciones, o cualquier forma de violencia en particular violencia sexual o violencia intrafamiliar, en el padrón de beneficiarios se omitirá su nombre, de tal manera que el derecho a la privacidad y a la intimidad sea debidamente protegido. En estos casos, y con el objeto de garantizar la transparencia en la utilización de los recursos públicos y la protección de los datos personales, en el padrón de beneficiarios correspondiente, el nombre de la persona será sustituido por una clave alfanumérica que, por una parte permita verificar la existencia real del destinatario de los recursos públicos para efectos de control y verificación, y por otra, impida la imposibilidad de que el público relacione dicha clave con el nombre de la persona.
Art. 12. En relación con la fracción VII del artículo 9º de la Ley, las dependencias y entidades deberán indicar, cuando esté prevista, los mecanismos, las formas y los plazos para la participación ciudadana, así como los efectos de la misma en la toma de decisiones, siempre con el fin de estimular y facilitar ese ejercicio cívico.
Art. 13. Respecto a las fracciones VIII y IX del artículo 9º de la Ley, además de publicar en forma oportuna y en los términos de la normatividad aplicable las convocatorias a concursos o licitaciones, las dependencias y entidades se sujetarán a lo dispuesto por los artículos 10, 11 y 12 de dicho ordenamiento.
Art. 14. El padrón de proveedores que, conforme a la fracción X del artículo 9º de la Ley, debe difundirse de oficio, se refiere al que de acuerdo a la fracción XXII del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas se establece como una atribución de la Contraloría Interna, y contendrá por lo menos, el nombre completo de la persona física o la razón social de la persona moral y su giro u objeto social. La integración y publicación del padrón es responsabilidad de la Contraloría Interna, la cual deberá actualizarlo cada tres meses.
Art. 15. En relación con la fracción XI del artículo 9º de la Ley, será la Contraloría Interna, en los términos de sus atribuciones, la responsable de publicar las auditorias realizadas, conforme a las siguientes bases:
I. Difundirá las auditorías preliminares hechas al ejercicio presupuestal, siempre y cuando éstas hayan concluido y se cuente con la versión final del dictamen correspondiente. Para la aplicación de esta disposición, debe entenderse por auditoría preliminar aquella que se realice sobre el ejercicio del presupuesto respecto a un periodo específico del mismo, en forma previa a la auditoría del ejercicio completo, o aquellas que se realicen durante el año fiscal en curso. Salvo en los casos en que se emita acuerdo que establezca el carácter reservado de la información en virtud de la naturaleza o trascendencia de la información obtenida que pueda dar base a acciones ilegales;
II. En ningún caso se difundirá información relativa a auditorías en proceso o que no hayan concluido, con el fin de no desvirtuar los objetivos de la revisión;
III. La información que se difunda respecto a las auditorías preliminares y a cualquier otro tipo de auditoría sobre el ejercicio presupuestario, deberá indicar el objetivo de la auditoría y los resultados de la misma.
Art. 16. Cuando exista una controversia entre poderes públicos en la cual sea parte el Poder Ejecutivo del Estado, éste deberá difundir la información sobre la misma, independientemente de que la difunda el otro o los otros poderes u órganos de autoridad involucrados. Además de los documentos inherentes a la controversia, se difundirá una síntesis que exponga en forma clara y sencilla las causas o los motivos de la misma.
Art. 17. Respecto a la fracción XV del artículo 9º de la Ley, las dependencias y entidades deberán difundir los datos señalados en dicha fracción de los servidores públicos responsables de las unidades de enlace, así como los de los servidores públicos habilitados para atender y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información pública en otras oficinas de la dependencia o entidad, si los hubiera.
Art. 18. En relación con la fracción XVI y XVIII del artículo 9º de la Ley, se observará lo siguiente:
I. La información referente a la situación económica, estados financieros y deuda pública directa, conforme lo señala la fracción IV del artículo 2º de la Ley de Deuda Pública del Estado y Municipio de Zacatecas, deberá ser integrada y consolidada por la Secretaría de Finanzas para su difusión en el sitio de internet del Gobierno del Estado. Todas las dependencias y entidades proporcionarán a la Secretaría de Finanzas la información que ésta les requiera con ese fin;
II. La responsabilidad de integrar, consolidar y difundir los inventarios de bienes muebles e inmuebles corresponde a la Oficialía Mayor;
III. El catálogo de bienes culturales será difundido en el apartado correspondiente a los inventarios señalados en la fracción anterior. Su integración y actualización es responsabilidad del Instituto Zacatecano de Cultura;
IV. Las dependencias y entidades deberán hacer del conocimiento de la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, respectivamente, cualquier modificación o actualización referente a la información señalada en fracción II de este artículo, dentro de los treinta días hábiles posteriores al momento en el que se hayan registrado dichas modificaciones o actualizaciones;
V. La información prevista en la fracción XVIII del artículo 9º de la Ley, deberá ser integrada y consolidada por la Secretaría de Finanzas;
VI. Es responsabilidad de la Secretaría de Finanzas difundir la información del Poder Ejecutivo respecto al presupuesto asignado y ejercido por dependencia y entidad, así como la información relativa a fondo revolvente y viáticos.
Art. 19. El Informe Anual del Poder Ejecutivo, previsto en la fracción XX del artículo 9º de la Ley, se difundirá en el sitio de internet del Gobierno del Estado y se mantendrá a disposición del público hasta que sea sustituido por informe inmediato posterior, a más tardar diez días hábiles después de su presentación ante la Legislatura del Estado. En los términos de la fracción XXIII del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional tiene la función de elaborar dicho informe.
Art. 20. En relación con la fracción XXI del artículo 9º de la Ley, se deberán difundir los convenios que se encuentren vigentes celebrados por el Poder Ejecutivo del Estado o por sus dependencias y entidades. La difusión se podrá realizar mediante un resumen de los convenios, que deberá contener: denominación del convenio, síntesis de su contenido, participantes y compromisos de las partes; o mediante la publicación de los convenios íntegros. La única excepción respecto a esta obligación, se refiere a los convenios relacionados con las materias de seguridad pública o seguridad nacional o cualquier otro que se considere reservado por la materia y se dicte el acuerdo respectivo. En estos casos, únicamente se informará de la existencia de los convenios, mediante la publicación de un índice de convenios reservados que garantice la reserva del objeto y los contenidos del convenio de que se trate.
Art. 21. Las reuniones o sesiones públicas que celebren el Poder Ejecutivo o sus dependencias y entidades, serán aquellas que sean convocadas con ese carácter. La agenda de las mismas deberá difundirse a más tardar diez días hábiles después de la reunión o sesión pública correspondiente salvo que la naturaleza de la reunión ponga en riesgo la seguridad del Estado. Para tales efectos, con base en la fracción XXII del artículo 9º de la Ley, se entiende por agenda una relación que contenga el nombre de la reunión pública y el lugar y fecha en que se celebrará.
Art. 22. En forma adicional a la información prevista expresamente en el artículo 9º de la Ley, y conforme a lo previsto en la fracción XXIII de dicho artículo, las dependencias y entidades deberán difundir toda la información pública que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información y del derecho de protección, acceso y corrección de datos personales, así como aquella información que facilite a los particulares la realización de trámites o gestiones, o el disfrute de servicios y apoyos a los que tengan derecho, con el fin de contribuir a lograr un desempeño cada vez más transparente y eficiente de la función pública, en concordancia con el ejercicio democrático de gobierno.
De la organización y clasificación de la información
Art. 23. La información producida o en posesión de las dependencias y entidades en ejercicio de sus atribuciones, constituye un bien público. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de garantizar su debida organización y clasificación, en los términos de la Ley y otros ordenamientos aplicables, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, así como en materia de custodia y conservación de la información reservada o confidencial.
Art. 24. La debida organización de los archivos de las dependencias y entidades y la catalogación de los expedientes y documentos contenidos en ellos, son condiciones indispensables para garantizar los derechos de acceso a la información pública y de protección, acceso y corrección de datos personales, así como para asegurar el ejercicio eficiente y transparente de la función pública.
En virtud de lo anterior, los titulares de las dependencias y entidades, en el marco de la normatividad aplicable en materia archivística, tendrán la responsabilidad de promover las políticas y las prácticas necesarias para que, sobre la base de la debida organización y conservación de los archivos, tanto los particulares como los servidores públicos tengan la posibilidad real de conocer, acceder y aprovechar la información y el conocimiento institucionales acumulados en dichos archivos. Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de estos fines, el sector finanzas y administración emitirá las normas y los lineamientos administrativos necesarios.
Art. 25. En los términos previstos por la Ley, y de conformidad con los criterios que establezca la Comisión, cuando proceda la clasificación de la información en las dependencias y entidades, ésta se llevará a cabo en el momento en que:
I. Se produzca, obtenga o transforme la información; o
II. Se reciba una solicitud de acceso a la información y, con el fin de atender dicha solicitud, se valore si encuadra en alguno de los supuestos de información reservada o confidencial, en el caso de que ésta no haya sido clasificada previamente.
Art. 26. Conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley, la información reservada debe ser expresamente clasificada con ese carácter mediante acuerdo del titular de la dependencia o entidad. Para tales efectos, los titulares de las unidades administrativas que produzcan, obtengan o transformen información en el ejercicio de sus funciones deberán, cuando consideren que dicha información puede encuadrar en alguno de los supuestos de reserva previstos en la Ley, someter a la consideración del titular de la dependencia o entidad el proyecto de acuerdo para tal efecto.
Art. 27. Para fundar la clasificación de la información como reservada, deberán señalarse en forma precisa las disposiciones jurídicas que prevén expresamente el supuesto de clasificación, lo que supone indicar el ordenamiento y el artículo en los cuales se basa el acto de clasificación y, en su caso, la fracción, inciso o párrafo específicos. Asimismo, deberán observarse los criterios para la clasificación, desclasificación y custodia de la información que establezca la Comisión.
Para motivar la clasificación se deberán exponer las razones y circunstancias específicas por las cuales se considera que el caso concreto de la información solicitada por un particular encuadra en el supuesto de reserva previsto en la norma en la cual se funda el acto de clasificación. La motivación deberá incluir una valoración de las razones por las cuales se considera que la divulgación de la información solicitada afectaría alguno de los derechos o intereses tutelados por la Ley al prever los supuestos de reserva.
Art. 28. Conforme a la disposición anterior, la clasificación de la información como reservada deberá sujetarse a lo siguiente:
I. Cuando la clasificación de la información ocurre en el momento en que ésta se produce, obtiene o transforma, sin que medie una solicitud de acceso a la misma, el acuerdo del titular de la dependencia o entidad en virtud del cual se clasifica la información como reservada únicamente deberá fundar el acto clasificatorio;
II. Cuando la clasificación ocurre a raíz de la recepción de una solicitud de acceso a información que no haya sido previamente clasificada, el acuerdo del titular de la dependencia o entidad deberá, además de fundar el acto clasificatorio, motivar el mismo.
Art. 29. La clasificación de la información como confidencial deberá realizarse mediante acuerdo del titular de la dependencia o la entidad en todos los casos en que los documentos o expedientes contengan datos personales, en los términos de lo previsto en la fracción III del artículo 5º de la Ley.
Art. 30. Los documentos que contengan información que haya sido clasificada como reservada o confidencial, deberán contener una leyenda que indique claramente ese carácter, en los términos que, para ello, establezca la Comisión.
En el caso de la información reservada se deberá señalar, además, el plazo de reserva que, en los términos de la Ley, puede ser hasta de doce años. Los titulares de las dependencias y entidades podrán solicitar a la Comisión la ampliación del plazo de reserva, para lo cual deberán justificar la subsistencia de las causas que dieron origen a la clasificación de la información. Dicha solicitud se presentará en la forma y los plazos que establezca la Comisión.
La información confidencial tendrá ese carácter en forma permanente.
Art. 31. Los titulares de las unidades administrativas cuyos archivos contengan información reservada o confidencial, tendrán la responsabilidad de garantizar la debida custodia y conservación de la misma, así como adoptar las medidas de control y seguridad necesarias para que dicha información no sea sustraída por personas distintas a los servidores públicos que la requieran para el ejercicio de sus funciones.
Art. 32. En los casos en que se reciba una solicitud de acceso a información que haya sido previamente clasificada, el titular de la Unidad de Enlace o, en su caso, el titular de la unidad administrativa responsable de la administración y custodia de la información correspondiente, deberá verificar si subsisten las causas que dieron lugar a la clasificación de la misma y, sobre esa base, someter a la consideración del titular de la dependencia o entidad si debe mantenerse la reserva de la información o, en su caso, desclasificarse.
Si el titular de la dependencia o entidad considera que la información solicitada debe mantenerse con el carácter de información reservada, en los términos del acuerdo en virtud del cual haya sido previamente clasificada, así lo hará saber a la Unidad de Enlace y a la unidad administrativa que posea la información. En caso de que considere que ya no subsisten las causas que dieron origen a la clasificación, emitirá el acuerdo para la desclasificación de la misma.
Art. 33. En los términos del artículo 22 de la Ley, los acuerdos para la clasificación de la información deberán indicar si los documentos clasificados contienen partes con información pública, en cuyo caso el acuerdo correspondiente estará acompañado de una versión pública del documento parcialmente reservado o confidencial. En estos casos, deberá garantizarse el acceso a las partes del documento de libre acceso público y, del mismo modo, la reserva o confidencialidad de las partes clasificadas.
Art. 34. Cada Unidad de Enlace contará con un titular, quien tendrá bajo su responsabilidad la debida atención, recepción y tramitación de las solicitudes de acceso a la información pública que, en los términos del artículo 27 de la Ley, presenten los particulares. Este servidor público será designado por el titular de la dependencia o entidad y podrá auxiliarse para el desempeño de sus funciones por el personal que le sea asignado con ese fin y por los servidores públicos habilitados para atender, recibir y tramitar solicitudes de acceso a la información pública en otras oficinas de la propia dependencia o entidad.
Art. 35. La Contraloría llevará un registro general de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales que se presenten en las Unidades de Enlace de las dependencias y entidades. Con ese fin, todas las Unidades de Enlace deberán entregar a la Contraloría una copia de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales que sean presentadas por los particulares, a más tardar el día hábil siguiente a la fecha de recepción de las mismas.
Art. 36. Una vez recibida una solicitud de acceso a información pública, la Unidad de Enlace procederá de la siguiente forma:
I. Verificará el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 27 de la Ley. En el caso de solicitudes presentadas por personas jurídicas colectivas, requerirá copia certificada del acta constitutiva de la misma y del poder que acredite la personalidad del representante, así como la identificación de éste;
II. Abrirá un expediente con el escrito de la solicitud, previsto en el artículo 27 de la Ley, y asentará en un registro los datos correspondientes a la misma, asignando a cada expediente una clave alfanumérica formada por las iniciales de la dependencia o entidad, la fecha de recepción de la solicitud y un número de folio consecutivo;
III. Requerirá al solicitante que indique el medio en el cual desea que le sea entregada la información, ya sea impreso o magnético. En caso de que requiera que le sea enviada, indicará el domicilio para ello;
IV. Remitirá a la Contraloría una copia de la solicitud, a más tardar el día hábil siguiente al de la fecha de recepción de la solicitud;
V. Turnará de inmediato a la unidad administrativa en la que obre la información solicitada un formato en el que se consigne únicamente la parte de la solicitud relativa al requerimiento específico de información. La Contraloría elaborará y pondrá a disposición de las dependencias y entidades dicho formato;
VI. Conservará y custodiará con las medidas necesarias de control y seguridad el expediente referente a la solicitud, a efecto de que únicamente en la Unidad de Enlace y la Contraloría se conozcan la identidad y los datos personales del solicitante;
VII. Una vez que reciba de la unidad administrativa correspondiente la información requerida por el particular, la Unidad de Enlace elaborará un proyecto de respuesta, el cual deberá remitir a la Contraloría Interna a más tardar quince días hábiles después de la fecha de recepción de la solicitud, a fin de que ésta verifique el cumplimiento en tiempo y forma de la Ley, este Reglamento y demás disposiciones aplicables. La Contraloría tendrá un plazo de tres días hábiles para atender la consulta de la Unidad de Enlace;
VIII. En caso de que la solicitud sea procedente, la Unidad de Enlace le notificará al solicitante que la información se encuentra a su disposición en la propia Unidad de Enlace y el monto del pago de derechos que el particular debe realizar por concepto de costos de reproducción o, en caso de que así haya sido solicitada, de certificación de la misma. En forma adicional, si el solicitante requirió que la información le fuera enviada, deberá realizar el pago de derechos por concepto de gastos de envío. En todos los casos, contra la entrega de la información solicitada, se requerirá al particular la firma del recibo correspondiente. Para ello, la Contraloría elaborará y pondrá a disposición de las dependencias y entidades un formato de recepción de información;
IX. Si, en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley, la solicitud es ambigua y no contiene los datos necesarios, la Unidad de Enlace lo notificará al solicitante para que éste aclare o complete su requerimiento de información;
X. Si, conforme a lo previsto en la Ley y en este Reglamento, y una vez atendida la consulta prevista en la fracción VII de este artículo por parte de la Contraloría, la solicitud de acceso no es procedente por tratarse de información clasificada, la Unidad de Enlace notificará al particular que la solicitud ha sido rechazada y pondrá a su disposición la respuesta debidamente fundada y motivada, así como el acuerdo correspondiente de clasificación de la información emitido por el titular de la dependencia o entidad. En caso de que se trate de información inexistente, la notificación al particular deberá indicarlo;
XI. Si, conforme a lo previsto en el artículo 27 de la Ley, la dependencia o entidad ante la cual se haya presentado la solicitud no es competente para entregar la información o ésta no obra en sus archivos por tratarse de información inherente a las atribuciones de otra dependencia o entidad, en un plazo no mayor a cinco días hábiles se le deberá brindar notificar esta situación al solicitante y brindarle la orientación necesaria para el acceso a la información pública requerida.
La normatividad fiscal del Estado deberá establecer las tarifas para el pago de los derechos previstos en este artículo. Las Unidades de Enlace deberán informar a los solicitantes sobre la forma de realizar el pago señalado.
Art. 37. Los solicitantes deberán señalar la forma en la cual desean recibir las notificaciones establecidas en el artículo anterior, entre las siguientes:
I. Por correo certificado o mensajería con acuse de recibo, en cuyo caso deberán realizar el pago de derechos correspondiente, en los términos que para tal efecto se establezcan en la normatividad fiscal, y presentar el comprobante correspondiente al momento de presentar su solicitud ante la Unidad de Enlace;
II. Por correo electrónico, en cuyo caso deberán llenar el formato que, para tal efecto, elaborará la Contraloría, donde expresamente manifestarán la aceptación de esta forma de notificación. Para ello, deberán indicar la dirección de correo electrónico a la cual desean que les sea enviada la notificación.
En caso de que no opten por cualquiera de las formas de notificación señaladas, la notificación se realizará por estrados, en la Unidad de Enlace o en la oficina donde haya sido presentada la solicitud, en cuyo caso el solicitante será responsable de verificar, conforme a los plazos previstos en el artículo anterior para cada supuesto, la notificación correspondiente.
Art. 38. La Contraloría dará seguimiento al procedimiento de recepción y atención de solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales, con el fin de mantener informado en forma permanente al titular del Poder Ejecutivo sobre el cumplimiento de la Ley y este Reglamento.
Del procedimiento para el acceso y
la corrección de datos personales
Art. 39. Las dependencias y entidades tienen la obligación de conservar y custodiar los datos personales de los particulares que obren en documentos y expedientes en su poder, así como utilizarlos exclusivamente para el ejercicio de sus funciones. Bajo ninguna circunstancia dichos datos podrán ser divulgados o proporcionados a terceros, salvo cuando el titular de dichos datos haya sido declarado formalmente desaparecido o ausente, en los términos de la legislación civil, o cuando haya fallecido, en cuyo caso los familiares podrán acceder a los mismos, conforme a lo previsto en este Reglamento.
Art. 40. Los documentos y expedientes que contengan datos personales tendrán el carácter de información confidencial en forma permanente.
La información contenida en los expedientes judiciales, incluidos los que, en ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, integren autoridades distintas al Poder Judicial, tendrán el carácter de información confidencial, independientemente del estado que guarde el juicio o proceso respectivo. Dicha información únicamente podrá ser consultada por las partes que acrediten interés legítimo, en los términos de la legislación aplicable.
En el ejercicio de sus funciones de persecución de la delincuencia, la Procuraduría General de Justicia podrá hacer público y difundir el nombre y, en su caso, la fotografía de los delincuentes que, habiendo sido sentenciados por resolución judicial de la autoridad competente, se encuentren prófugos; o bien de aquellas personas que, acusadas por la comisión de un delito grave o violento, tengan el carácter de presuntos delincuentes. En este último supuesto se deberá indicar en forma clara e inequívoca que se trata de un presunto delincuente.
Art. 41. La utilización de la información que contenga datos personales con fines estadísticos, de planeación o de investigación se hará de tal manera que, en ningún caso, sea posible para el público conocer la identidad de la persona titular de los mismos o relacionar los datos con dicha persona.
Art. 42. Para el acceso a los datos personales, sus titulares deberán acreditar su personalidad en forma fehaciente, mediante documentación o identificación oficiales que no dejen lugar a dudas sobre su derecho a acceder a ellos. Por lo demás, y en todo lo que sea conducente, el procedimiento de acceso a datos personales y las notificaciones correspondientes, se realizarán en los términos de lo previsto en los artículos 36 y 37 de este Reglamento, referentes al procedimiento de acceso a información pública y a las formas de notificación.
Art. 43. Cualquier persona cuyos datos personales estén siendo procesados u obren en una dependencia o entidad, podrá solicitar información al respecto y, en su caso, solicitar la corrección de errores o imprecisiones en dichos datos. Para ello, deberá presentar a la Unidad de Enlace correspondiente una solicitud de acceso a datos personales o de corrección de los mismos, mediante el formato que, para tal efecto, elaborará y pondrá a disposición de las dependencias y entidades la Contraloría. La Unidad de Enlace requerirá al titular de los datos la información o la documentación necesarias para acreditar la existencia de dichos errores o imprecisiones. En caso de que éstos se demuestren, se procederá de inmediato a su corrección, en un plazo no mayor a veinte días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud y la información o documentación señaladas.
Art. 44. A los datos personales de una persona formalmente declarada ausente o desparecida, en los términos de la legislación civil, o de una persona que haya fallecido, tendrán acceso sus familiares, conforme a lo siguiente:
I. En primer término, el cónyuge supérstite o, en su caso, los parientes en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado;
II. En segundo término, y sólo en caso de que se acredite que no existe ninguno de los parientes señalados en la fracción anterior, los parientes en línea transversal hasta el cuarto grado, en orden de prelación;
III. Cuando la dependencia o entidad reciba una solicitud de acceso a datos personales de una persona declarada desaparecida o ausente o de una persona fallecida, y dicha solicitud haya sido presentada por una persona distinta a las mencionadas en las dos fracciones anteriores, la Unidad de Enlace correspondiente deberá solicitar y obtener autorización por escrito de los familiares ya señalados, la cual tendrá que estar protocolizada por notario público del Estado de Zacatecas, para permitir el acceso a la misma. Si no hubiere ningún familiar, el titular de la dependencia o entidad resolverá la conducente.
En estos casos, el solicitante deberá acompañar la solicitud de acceso a datos personales de la declaración judicial de desaparición o ausencia, o el acta de defunción del titular de los datos.
De la relación con la Comisión
Art. 45. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo brindarán a la Comisión todas las facilidades necesarias para el ejercicio de las atribuciones que la Ley le confiere.
Art. 46. Con el fin de garantizar una relación eficiente de apoyo y colaboración con la Comisión, el Poder Ejecutivo, a través de la Contraloría, establecerá las políticas y los mecanismos necesarios para la debida coordinación de las dependencias y entidades en la aplicación de la Ley y este Reglamento en el ámbito de la Administración Pública.
Art. 47. La Contraloría brindará a las dependencias y entidades la asesoría y la orientación que éstas requieran para la exacta y oportuna observancia y aplicación de la Ley y este Reglamento. Asimismo, en el marco de las relaciones que se establezcan con la Comisión y conforme a lo previsto en el artículo 14 de la Ley, promoverá el desarrollo de programas permanentes de capacitación y actualización con el fin de inculcar en los servidores públicos de las dependencias y entidades los valores de la cultura de la publicidad de la información gubernamental, la transparencia y la rendición de cuentas, mediante cursos, seminarios, talleres y cualquier otra forma de enseñanza y formación que contribuya a dicho fin.
Art. 48. Además del registro y seguimiento de las solicitudes de acceso a la información pública y de acceso o corrección de datos personales que presenten los particulares a las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, la Contraloría conocerá y dará seguimiento a las recomendaciones y resoluciones emitidas por la Comisión y, en su caso, iniciará los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos que hayan incurrido en alguna falta u omisión relacionada con la Ley y este Reglamento, y aplicará, cuando proceda, las sanciones correspondientes, en los términos de la normatividad vigente.
Art. 2º Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo deberán tomar las medidas necesarias para el debido funcionamiento de sus respectivas Unidades de Enlace, así como de las oficinas donde haya servidores públicos habilitados, a más tardar el 14 de julio de 2005.
Art. 3º Para los efectos de la fracción III del artículo 9º de este Reglamento, la Contraloría Interna emitirá los lineamientos previstos en dicha disposición en un término no mayor a sesenta días hábiles contados a partir de la publicación del presente Ordenamiento.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 85 de la Constitución Política del Estado y para su debida publicación y observancia, expido el presente Reglamento en el Despacho del Poder Ejecutivo en la ciudad de Zacatecas, a los doce días del mes de julio de dos mil cinco.
La Contralora Interna de Gobierno
56 13-jul-05 14-jul-05

References: artículo 82
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 5
 resolución 
 artículo 9
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 artículo 33
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 artículo 2
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 artículo 27
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 artículo 19
 artículo 5
 artículo 22
 artículo 27
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 artículo 14
 artículo 9
 artículo 85