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Timestamp: 2018-06-19 19:43:45+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 114-1, de 05/09/2014
cve: BOCG-10-A-114-1
Núm. 114-1
121/000114 Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal para transponer la Directiva 2010/64/UE, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales y la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
Encomendar Dictamen, conforme al artículo 109 del Reglamento, a la Comisión de Justicia. Asimismo, publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, estableciendo plazo de enmiendas, por un período de quince días hábiles, que finaliza el día 23 de septiembre de 2014.
PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL PARA TRANSPONER LA DIRECTIVA 2010/64/UE, DE 20 DE OCTUBRE DE 2010, RELATIVA AL DERECHO A INTERPRETACIÓN Y A TRADUCCIÓN EN LOS PROCESOS PENALES Y LA DIRECTIVA 2012/13/UE, DE 22 DE MAYO DE 2012, RELATIVA AL DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS PROCESOS PENALES
En cuanto al contenido y estructura de la ley, consta de tres artículos, una disposición adicional, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
En el artículo primero, que se encuentra dividido en nueve apartados, se efectúa la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para proceder a la transposición de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
El derecho a traducción e interpretación para aquellas personas que no hablan o no entienden la lengua del procedimiento se consagra en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, según la interpretación efectuada por la Jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal facilitarán la aplicación de este derecho, garantizando el derecho del imputado o acusado a la interpretación y traducción en los procesos penales, así como el derecho a un juicio equitativo.
El derecho a interpretación o traducción requiere además que se le facilite la traducción de los documentos esenciales, o al menos los pasajes pertinentes de dichos documentos. Tal y como se indica en la Directiva 2010/64/UE, determinados documentos, como son las resoluciones por las que se priva a una persona de su libertad, los escritos de acusación o las sentencias, se consideran siempre documentos esenciales, por lo que se han recogido expresamente en el nuevo artículo 123.1.d) que se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
También se garantiza el derecho a recurrir la decisión por la que se deniegue el derecho a la interpretación o a la traducción, mediante la documentación por escrito de la decisión judicial, así como la posibilidad de hacer constar en acta la protesta durante el juicio oral, lo que permitirá la interposición de los recursos correspondientes.
Los intérpretes o traductores judiciales serán designados entre aquellos incluidos en los listados elaborados por la Administración, facilitándose en casos de urgencia que otra persona conocedora del idioma, que se estime capacitada para esta tarea, pueda ser habilitada como intérprete o traductor eventual. Todo este sistema se refuerza mediante la habilitación al Juez o al Ministerio Fiscal, para realizar las comprobaciones necesarias en aquellos casos en los que aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen las garantías suficientes.
Por esta razón, se modifica el actual artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula el derecho de defensa, señalándose de forma clara y precisa que toda persona a la que se impute un acto punible tendrá derecho a ser informada de los hechos que se le imputan, así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y en los hechos imputados; derecho a examinar las actuaciones con la debida antelación para salvaguardar el derecho de defensa; derecho a designar libremente Abogado; derecho a solicitar asistencia jurídica gratuita, procedimiento para hacerlo y condiciones para obtenerla; derecho a la traducción e interpretación gratuitas; derecho a guardar silencio y a no prestar declaración si no desea hacerlo y del derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.
El derecho a la información de los detenidos o presos se regula en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este precepto ya recoge la mayor parte de derechos a los que hace referencia la Directiva 2012/13/UE, de 22 de mayo, relativa al derecho de información en los procesos penales. Ahora bien, resultaba necesario completar el catálogo de derechos para adaptarlo a los postulados de la normativa europea, haciendo mención expresa, entre otros, al derecho de acceso a los elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad; derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, así como a la información del plazo máximo legal de duración de la detención hasta la puesta a disposición de la Autoridad Judicial y del procedimiento por medio del cual puede impugnar la legalidad de su detención.
Especial mención merece el derecho de acceso al expediente. Cuando se trata de imputados, se ha considerado conveniente su incorporación en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en su artículo 302 se han recogido las excepciones a este derecho. Como se ha anticipado, en los casos del detenido o privado de libertad, el derecho de acceso se ha recogido en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y su alcance se limita, por exigencia de la normativa europea, a aquellos elementos de las actuaciones que sean esenciales para impugnar la legalidad de la detención o privación de libertad. Se trata de proporcionar, con anterioridad a la interposición del recurso, únicamente, aquella información que sea fundamental para que sea posible valorar la legalidad de la detención o privación de libertad.
Con las modificaciones normativas operadas, se asegurará un nivel uniforme de protección de los derechos procesales en los diversos países de la Unión Europea y, con ello, se reforzará la confianza entre los Estados Miembros de la Unión Europea, que resulta imprescindible para potenciar los instrumentos de reconocimiento mutuo que, de forma creciente, se están convirtiendo en una herramienta esencial de cooperación.
Tal y como se detalla en la disposición final primera, tienen carácter orgánico los artículos 118, 123, 126, 505 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto afectan a una parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos ante los Tribunales sin que pueda producirse indefensión; derecho a ser informado sobre la acusación; derecho a un proceso público con todas las garantías y derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en relación con lo dispuesto en el artículo 81 de la Norma Fundamental.
La Ley incorpora una disposición adicional que se refiere a la creación de un Registro de traductores e intérpretes judiciales, como mecanismo necesario para garantizar la adecuada realización de esta tarea, que es fundamental para el desarrollo de los procesos, por parte de estos profesionales; se trata de una actuación derivada también del contenido de la Directiva 2010/64/UE, sobre el derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales; las normas de funcionamiento de este Registro de traductores e intérpretes judiciales, que se creará mediante Ley, serán establecidas reglamentariamente.
Artículo 1. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la transposición de la Directiva 2010/64/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010, relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal, queda modificada en los siguientes términos:
Uno. Se modifica la rúbrica del Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactada del siguiente modo:
"Del derecho a la defensa, a la asistencia jurídica gratuita y a la traducción e interpretación en los juicios criminales"
Dos. Se introduce en el Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo Capítulo I con la siguiente rúbrica:
"Del derecho a la defensa y a la asistencia jurídica gratuita", en el que quedan incluidos los vigentes artículos 118 a 122 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Tres. Se introduce en el Título V del Libro I de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un nuevo Capítulo II con la siguiente rúbrica:
"Del derecho a la traducción e interpretación"
a) Derecho a ser asistidos por un intérprete que hable una lengua que comprenda durante todas las actuaciones en que sea necesaria su presencia, incluyendo el interrogatorio policial o por el Ministerio Fiscal y todas las vistas judiciales.
d) Derecho a la traducción escrita de los documentos que resulten esenciales para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa. Deberán ser traducidas, en todo caso, las resoluciones que acuerden la prisión del imputado, el escrito de acusación y la sentencia.
2. En el caso de que no pueda disponerse del servicio de interpretación simultánea, la interpretación de las actuaciones del juicio oral a que se refiere la letra c) del apartado anterior se realizará mediante una interpretación consecutiva de un modo que se garantice suficientemente la defensa del imputado o acusado.
3. En el caso de la letra d) del apartado 1, podrá prescindirse de la traducción de los pasajes de los documentos esenciales que no resulten necesarios para que el imputado o acusado conozca los hechos que se le imputan.
4. La traducción se deberá llevar a cabo en un plazo razonable y desde que se acuerde por parte del Tribunal, Juez o del Ministerio Fiscal quedarán en suspenso los plazos procesales que sean de aplicación.
5. La asistencia del intérprete se podrá prestar por medio de videoconferencia o cualquier medio de telecomunicación, salvo que el Tribunal, Juez o el Fiscal, de oficio o a instancia del interesado o de su defensa, acuerde la presencia física del intérprete para salvaguardar los derechos del imputado o acusado.
6. Las interpretaciones orales, con excepción de las previstas en la letra b) del apartado 1, podrán ser documentadas mediante la grabación audiovisual de la manifestación original y de la interpretación. En los casos de traducción oral del contenido de un documento, se unirá al acta copia del documento traducido y la grabación audiovisual de la traducción. Si no se dispusiera de equipos de grabación, o no se estimare conveniente ni necesario, la traducción o interpretación y, en su caso, la declaración original, se documentarán por escrito."
1. El traductor o intérprete judicial será designado de entre aquellos que hallen incluidos en los listados elaborados por la Administración competente. Excepcionalmente, en aquellos supuestos que requieran la presencia urgente de un traductor o de un intérprete, y no sea posible la intervención de un traductor o de un intérprete judicial inscrito en las listas elaboradas por la Administración, en
su caso, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo anterior, se podrá habilitar como intérprete o traductor judicial eventual a otra persona conocedora del idioma empleado que se estime capacitado para el desempeño de dicha tarea.
2. Cuando el Tribunal, el Juez o el Ministerio Fiscal, de oficio o a instancia de parte, aprecie que la traducción o interpretación no ofrecen garantías suficientes de exactitud, podrá ordenar la realización de las comprobaciones necesarias y, en su caso, ordenar la designación de un nuevo traductor o intérprete."
1. Cuando se pongan de manifiesto circunstancias de las que pueda derivarse la necesidad de la asistencia de un traductor o intérprete, el Juez o Tribunal, de oficio o a instancia del Abogado del imputado o acusado, comprobará si éste conoce y comprende suficientemente la lengua oficial en la que se desarrolle la actuación y, en su caso, ordenará que se nombre un traductor o intérprete conforme a lo dispuesto en el artículo anterior y determinará qué documentos deben ser traducidos.
2. La decisión del Juez o Tribunal por la que se deniegue el derecho a la traducción o interpretación de algún documento o pasaje del mismo que la defensa considere esencial, o por la que se rechacen las quejas de la defensa con relación a la falta de calidad de la traducción o interpretación, será documentada por escrito.
Si la decisión hubiera sido adoptada durante el juicio oral, la defensa del imputado o acusado podrá hacer constar en el acta su protesta."
La renuncia a los derechos a que se refiere el artículo 123 deberá ser expresa y libre, y solamente será válida si se produce después de que el imputado o acusado haya recibido un asesoramiento jurídico suficiente que le permita tener conocimiento de las consecuencias de su renuncia. En todo caso, los derechos a los que se refieren los apartados a) y c) del artículo 123 no podrán ser renunciados."
Las disposiciones contenidas en los artículos precedentes son igualmente aplicables a las personas con discapacidad sensorial."
"3. Los traductores e intérpretes de las conversaciones y comunicaciones entre el imputado, procesado o acusado y las personas a que se refiere el apartado anterior, con relación a los hechos a que estuviera referida su traducción o interpretación."
Artículo 2. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la transposición de la Directiva 2012/13/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo, relativa al derecho a la información en los procesos penales.
1. Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia,
haya sido objeto de detención o de cualquier otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá, sin demora injustificada, de los siguientes derechos:
a) Derecho a ser informado de los hechos que se le imputan así como de cualquier cambio relevante en el objeto de la investigación y de los hechos imputados. Esta información será facilitada con el grado de detalle suficiente para permitir un ejercicio efectivo del derecho a la defensa.
c) Derecho a designar libremente abogado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 527.
e) Derecho a la traducción e interpretación gratuitas de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 127.
2. Para actuar en el proceso, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Abogado, designándoseles de oficio o cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.
Si no hubiesen designado Procurador o Abogado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombre de oficio, si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su actuación.
3. La admisión de denuncia o querella y cualquier actuación procesal de la que resulte la imputación de un delito contra persona o personas determinadas, será puesta inmediatamente en conocimiento de los presuntamente responsables."
"Artículo 302.
El secreto de sumario deberá alzarse necesariamente con al menos diez días de antelación a la conclusión del sumario.
Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el párrafo segundo del apartado tres del artículo 505."
Tres. Se modifica el apartado tercero del artículo 505 que queda redactado como sigue:
"3. En dicha audiencia, si el Ministerio Fiscal o alguna parte acusadora solicitare que se decrete la prisión provisional del imputado o su libertad provisional con fianza, podrán quienes
concurrieren realizar alegaciones y proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las 72 horas antes indicadas en el apartado anterior.
El Abogado del imputado tendrá, en todo caso, acceso a los elementos de las actuaciones que resulten esenciales para impugnar la privación de libertad del imputado."
Cuatro. Se modifican los apartados 2 y 3 del artículo 520, y se introduce un nuevo apartado 2 bis y apartado 5, todo ello conforme a la siguiente redacción:
"2. Toda persona detenida o presa será informada por escrito, en un lenguaje sencillo y accesible, en una lengua que comprenda, y de forma inmediata, de los hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad, así como de los derechos que le asisten y especialmente de los siguientes:
f) Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero que no comprenda o no hable el castellano o la lengua oficial de la actuación de que se trate, o tenga limitaciones auditivas o de expresión oral.
Cuando no se disponga de una declaración de derechos en una lengua que comprenda el detenido, se le informará de sus derechos por medio de un intérprete tan pronto resulte posible. En este caso, deberá entregársele posteriormente y sin demora indebida, la declaración escrita de derechos en una lengua que comprenda.
3. Si se tratare de un menor de edad o persona con la capacidad judicialmente complementada, la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el detenido o preso notificará las circunstancias del apartado 2 e) a quienes ejerzan la patria potestad, la tutela o la guarda de hecho del mismo y, si no fueran halladas, se dará cuenta inmediatamente al Ministerio Fiscal. Si el detenido menor o con capacidad judicialmente complementada fuera extranjero, el hecho de la detención se notificará de oficio al Cónsul de su país.
5. No obstante, el detenido o preso podrá renunciar a la preceptiva asistencia de Abogado si su detención lo fuere por hechos susceptibles de ser tipificados, exclusivamente como delitos contra la seguridad del tráfico, siempre que se le haya facilitado información clara y suficiente en un
lenguaje sencillo y comprensible sobre el contenido de dicho derecho y las consecuencias de la renuncia. El detenido podrá revocar su renuncia en cualquier momento."
"Artículo 775.
1. En la primera comparecencia el Juez informará al imputado, en la forma más comprensible, de los hechos que se le imputan. Previamente, el Secretario judicial le informará de sus derechos, en particular, de los enumerados en el apartado 1 del artículo 118, y le requerirá para que designe un domicilio en España en el que se harán las notificaciones, o una persona que las reciba en su nombre, con la advertencia de que la citación realizada en dicho domicilio o a la persona designada permitirá la celebración del juicio en su ausencia en los supuestos previstos en el artículo 786.
Esta información podrá ser facilitada mediante una exposición sucinta que resulte suficiente para permitir el ejercicio del derecho a la defensa comunicada por escrito al Abogado defensor del imputado."
Artículo 3. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Único. Se modifica el apartado 5 del artículo 231, que queda redactado como sigue:
"5. La habilitación como intérprete en las actuaciones orales se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley procesal aplicable."
Disposición final primera. Indicación de artículos con carácter orgánico y título competencial.
2. Tienen carácter orgánico los artículos 118, 123, 126, 505 y 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en tanto afectan a una parte del núcleo esencial de los derechos a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de derechos e intereses legítimos ante los Tribunales sin que pueda producirse indefensión, a ser informado sobre la imputación y acusación, al derecho a un proceso público con todas las garantías y al derecho de defensa, recogidos en el artículo 24 de la Constitución Española, en virtud
del artículo 81 de la misma. Asimismo, tiene carácter orgánico el apartado 5 del artículo 231 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
3. El resto de artículos se dictan al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal reconocida por el artículo 149.1.6.ª de la Constitución Española.
Disposición final segunda. Medios.
1. La presente ley entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
2. Las modificaciones introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante el artículo 1 de la presente ley entrarán en vigor al mes de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".

References: artículo 109
 artículo 6
 artículo 123
 artículo 118
 artículo 520
 artículo 118
 artículo 302
 artículo 520
 artículo 24
 artículo 81

Artículo 1
 artículo 123
 artículo 123

Artículo 2
 artículo 527
 artículo 505
 artículo 505
 artículo 520
 artículo 118
 artículo 786

Artículo 3
 artículo 231
 artículo 24
 artículo 81
 artículo 231
 artículo 149
 artículo 1