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Timestamp: 2019-10-20 04:00:08+00:00

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Resolucion de 14 de mayo de 2018, de la Direccion General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba la convocatoria de ayuda de accion social por discapacidad del personal funcionario al servicio de la Administracion de Justicia en Andalucia, para sufragar gastos realizados en 2016. | Iberley
Resolución de 14 de mayo de 2018, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se aprueba la convocatoria de ayuda de acción social por discapacidad del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía, para sufragar gastos realizados en 2016. - Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 25-05-2018
Por ello, en virtud de las competencias atribuidas por el art. 7.1.d) del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior y según lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, previa negociación con las Organizaciones Sindicales integrantes de la Mesa Sectorial de Negociación, la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal
Aprobar la convocatoria de ayuda de acción social por discapacidad correspondiente al año 2017, para sufragar gastos realizados en 2016 del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía, conforme a las siguientes Bases:
TERCERA. PLAZO Y ÓRGANO AL QUE DIRIGIR LAS SOLICITUDES.
El importe destinado en la presente convocatoria es de 195.000 euros para la ayuda por discapacidad, con la finalidad de sufragar gastos realizados por las personas solicitantes durante el año 2016.
a) El personal funcionario, titular o interino, deberá encontrarse destinado en órganos judiciales, fiscales o Institutos de Medicina Legal ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en situación administrativa de servicio activo durante un periodo mínimo de 6 meses desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. Además el funcionario o funcionaria titular también podrá encontrarse en situación administrativa de excedencia para cuidado de hijos.
En caso de jubilación, el funcionario o funcionaria podrá beneficiarse de las distintas ayudas siempre que hubiera estado en activo al menos un día del año 2016.
b) Lo previsto en el apartado a) no será de aplicación para el supuesto descrito en la Base Segunda apartado 2, en el que sólo será necesario que se cumpla el requisito de que la persona causante hubiese estado al menos un día del año 2016 en situación administrativa de servicio activo o de excedencia para cuidado de hijos, en caso de personal funcionario titular, y en situación administrativa de servicio activo en caso de personal funcionario interino.
c) Además del cumplimiento de los requisitos generales previstos en las letras anteriores, se exigirá el cumplimiento de los requisitos específicos de la modalidad establecidos en la base Decimoquinta de esta Resolución.
Cuarta. Medios de presentación, cumplimentación de la solicitud, autorización de suministro de datos de renta y autorización de suministro de datos de discapacidad.
a) En el Registro Telemático Unico de la Junta de Andalucía, al que se accederá desde la web del empleado público https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/, apartado «Tramitación Electrónica», disponiendo de dos posibilidades:
- Las personas solicitantes que dispongan de certificado digital reconocido por la Junta de Andalucía o el que incorpora el DNI electrónico, pueden acceder, pulsando sobre «Acceso con certificado digital».
- Las personas solicitantes que no dispongan de certificado digital, podrán acceder a la cumplimentación de la solicitud desde el apartado «Acceso privado», siempre que se encuentren en la red corporativa de la Junta de Andalucía, mediante código de usuario y clave privada de acceso al mismo.
Una vez realizada la identificación, deberán seleccionar «Ayudas de Acción Social Justicia» y dentro de esta, elegir la ayuda por discapacidad. Ello permitirá el acceso al Anexo de la solicitud que aparecerá cumplimentado con los datos descriptivos de la convocatoria y los datos personales de identificación del usuario, validados al acceder a la aplicación.
Una vez cumplimentada la solicitud, se procederá a la grabación del documento como borrador con la opción «Guardar como borrador». En su caso, el sistema indicará los errores u omisiones en que se haya incurrido para que el usuario o usuaria proceda a su subsanación. Esta opción supone el almacenamiento temporal parcial del documento a fin de que por el usuario o usuaria se pueda completar su confección en posteriores sesiones, a través de la opción «Editar». Este almacenamiento temporal de la información tendrá solo carácter instrumental, pudiendo imprimirse cruzado por una banda que indique su carácter, y carecerá de trascendencia jurídica alguna en el procedimiento.
Finalizada la cumplimentación de la solicitud, quien acceda con certificado digital, podrá solicitar la opción «Firmar y Presentar»; quien acceda con Código de Usuario y Clave Privada de Acceso, tendrá la opción «Firmar y Presentar» o «Presentar». Ambas opciones son válidas para la presentación de la solicitud.
Desde el momento en que la solicitud queda «Firmada y Presentada» o «Presentada», no podrá ser modificada en ningún caso.
La presentación de la solicitud ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía generará automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por la persona interesada, en el que se dará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el no rechazo de la misma por el citado Registro.
En el caso de que se detecten anomalías de tipo técnico en la presentación telemática de la solicitud, dicha circunstancia se pondrá en conocimiento de la persona solicitante por la propia aplicación mediante los correspondientes mensajes de error, para que proceda a su subsanación.
Independientemente del modo de presentación de la solicitud elegido - «Firmar y Presentar» o «Presentar»- , la solicitud quedará presentada cuando en el apartado correspondiente aparezca un «OK».
Las personas solicitantes podrán, una vez presentada su solicitud por vía telemática ante el Registro Telemático Único de la Junta de Andalucía o ante las oficinas de asistencia en materia de registros, realizar las actuaciones o trámites previstos en las presentes bases, por la misma u otra vía distinta.
b) En las oficinas de asistencia en materia de registros de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Si la remisión se realiza a través de Oficina de Correos, la solicitud deberá presentarse en sobre abierto para que dicho organismo pueda estampar el sello con la fecha de presentación, de acuerdo con el artículo 31 del Real Decreto 1829/1999 de, 3 diciembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales.
La documentación, en caso de presentación telemática, se adjuntará escaneada en formato «.pdf», mediante la opción «Adjuntar». Cualquier otro formato no será válido, ya que no se garantiza su correcta visualización y lectura. Cada documento que se adjunte será firmado con el certificado digital o Usuario y Clave de Acceso.
Las personas solicitantes mediante la cumplimentación de los apartados 6.1 y 6.2 de la solicitud, manifiestan de forma expresa su autorización para que la Consejería de Justicia e Interior pueda obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y demás organismos y Administraciones Públicas datos relativos a renta y a la discapacidad.
3. Autorización de suministro de datos de renta. En el supuesto de que, como miembros de la unidad familiar, se haya relacionado a personas mayores de 18 años a 31 de diciembre de 2016, la persona solicitante deberá presentar junto con su solicitud el Anexo Autorización Suministro de Datos de Renta, debidamente cumplimentado, consistente en una autorización de las citadas personas para la obtención de datos tributarios.
En aquellos supuestos en que las personas solicitantes opten por no autorizar el suministro de datos de renta, deberán presentar, en su lugar, un certificado tributario de renta correspondiente al año 2016.
En caso de fallecimiento del causante, el solicitante deberá presentar documentación expedida por la AEAT donde consten las rentas obtenidas, por el sujeto causante, en el año 2016.
4. Autorización de suministro de datos de discapacidad. En el supuesto de que el beneficiario de la ayuda sea un miembro de la unidad familiar mayor de 18 años a 31 de diciembre de 2016, la persona solicitante deberá presentar junto con su solicitud el Anexo Autorización Suministro de Datos de Discapacidad, debidamente cumplimentado, consistente en una autorización de la citada persona para la obtención de datos sobre discapacidad.
En aquellos casos en los que la persona carezca de capacidad para actuar deberá ser su representante legal quien conceda la autorización para suministro de datos, mediante su firma en los referidos Anexos, aportando documento acreditativo de dicha representación.
En aquellos supuestos en que la persona causante sea menor de 18 años deberá ser su representante legal quien conceda la autorización para consulta de datos de discapacidad, mediante su firma en el referido Anexo.
La firma de las autorizaciones señaladas en los puntos 3 y 4, por los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años deberá presentarse firmada manualmente por dichas personas pudiendo elegir una de estas dos opciones:
- Escaneado en formato «.pdf» para su aportación telemática junto con la solicitud.
- Directamente en las oficinas de asistencia en materia de registros oficinas de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
d) En los mismos supuestos previstos en la anterior letra c), y para el caso de que la persona solicitante no tenga atribuida la guarda y custodia de los hijos o hijas, deberá justificar el abono de la pensión alimenticia durante 2016 mediante una de las siguientes formas:
2. Aportando certificado expedido por la entidad pagadora donde se refleje la retención realizada en nómina por éste concepto.
1. Cuando el hijo o la hija conviva con la persona solicitante, deberá justificar dicha convivencia en el año 2016, mediante una de las siguientes opciones:
? ? A. Convenio regulador.
? ? B. Certificado histórico de empadronamiento colectivo.
2. Cuando el hijo o hija no conviva con la persona solicitante, deberá aportar justificantes de los abonos de la pensión alimenticia durante el año 2016 en la forma establecida en la letra anterior.
2. Deberá justificar la convivencia en el año 2016 con los hijos a los que se refiere la presente letra, mediante una de las siguientes opciones:
? ? A. Convenio regulador del cónyuge o pareja de hecho
2. No obstante lo anterior, no será necesaria presentación de la documentación que se enumera en las letras a), b) y c) del apartado anterior, cuando la persona solicitante haya sido adjudicataria en alguna convocatoria a partir de la del año 2007, ni de la documentación enumerada en las letras e)1.A, f)1 y 2.A y g) cuando haya sido adjudicataria a partir de la de 2011 de las ayudas para el personal funcionario al que se refiere el apartado 1 de la Base Segunda, por parte de la Junta de Andalucía, o cuando, sin haberlo sido, su solicitud no hubiera resultado excluida a lo largo del procedimiento por causa relativa a la documentación exceptuada de presentación en el presente apartado, al constar la misma en aquellos expedientes, salvo en los siguientes supuestos:
2. Los listados a los que se hace alusión quedarán expuestos en el «Portal Adriano» http://portaladriano.justicia.junta-andalucia.es/portal/adriano/personaladmon/accionsocial/ y un enlace en la Web del Empleado Público Andaluz https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/ así como en los tablones de anuncios de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las provincias, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de las Audiencias Provinciales y Decanatos.
Las personas solicitantes podrán consultar el estado de tramitación de su solicitud a través de la Web del Empleado Público Andaluz, pulsando sobre «Trámites Laborales», «Acción Social», «Consulta por DNI». Dicha consulta podrá realizarse una vez se hayan publicado en BOJA las resoluciones que aprueban los distintos listados.
a) «Listado de Personas Admitidas». Incluirá a las personas solicitantes admitidas al procedimiento.
b) «Listado Provisional de Personas Excluidas», que comprenderá a aquellas personas solicitantes que deben subsanar su solicitud o aportar documentación, con indicación de que si no lo hicieren, se les tendrá por desistidas de su solicitud en aplicación del art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La presentación de las alegaciones de forma telemática, se ajustará a lo indicado en la Base cuarta apartado 1.a) y apartado 2, párrafo segundo.
2.1. Renta baremable: es el cociente de dividir la renta anual (suma de las cantidades indicadas en las casillas de la base imponible general y de la base imponible del ahorro) en el año 2016 de los miembros de la unidad familiar mayores de 18 años a 31 de diciembre de 2016, entre el número de miembros que la componen. En caso de no estar obligado a declarar, la renta anual se establecerá a partir de los ingresos brutos obtenidos en dicho año. Respecto de los hijos alegados, no computará a estos efectos los ingresos que, individualmente obtenidos por cada uno de ellos, no superen la cuantía de 3.060 euros.
a) Por vínculo de matrimonio o unión de hecho inscrita en el Registro de Parejas de hecho. En cumplimiento de lo previsto en los artículos 4, 14 y 21 de la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, en lo relativo a los derechos regulados en la presente resolución, se entenderán equiparados la pareja estable al matrimonio y el conviviente al cónyuge.
e) Por ser ascendiente de la persona solicitante por consaguinidad en primer grado.
En caso de que la persona solicitante tuviera hijos o hijas a los que debiera abonarle pensión alimenticia, podrá incluirlos dentro de su unidad familiar aún cuando no convivan en su domicilio.
4. Con objeto de evitar la discriminación que podrían sufrir los participantes en la convocatoria, respecto de aquellos funcionarios o funcionarias cuyas retribuciones no alcanzasen los umbrales mínimos de la categoría profesional a la que pertenecen, como consecuencia de no haber prestado sus servicios a lo largo de todo el año 2016, se aplicará a éstos últimos como rendimiento íntegro del trabajo personal el consignado a continuación para cada categoría:
a) «Listado Provisional de Personas Adjudicatarias»: incluirá a las personas provisionalmente adjudicatarias, reflejando el orden de preferencia que ocupan y el importe a conceder. La inclusión de una persona en este listado no implicará que la misma vaya a resultar en todo caso beneficiaria de la ayuda.
b) «Listado Provisional de Personas no Adjudicatarias»: incluirá a las personas respecto de las que no se han podido obtener datos de renta de la Agencia Tributaria. A efectos de subsanaciones, sólo se admitirá documentación expedida por la AEAT donde consten las rentas obtenidas en el año 2016.
Así mismo, el presente listado comprenderá aquellos solicitantes cuya renta baremable supere la cantidad de 22.264,15 euros, así como aquellos que reuniendo los requisitos necesarios para la obtención de la ayuda puedan verse afectados por el agotamiento del crédito presupuestario.
2. Igualmente se aprobará el «Listado Definitivo de Personas Excluidas» por no haber subsanado su solicitud, no haber aportado documentación o no ser esta correcta. La resolución que aprueba dicho listado indicará que contra la misma se podrá interponer recurso potestativo de reposición o, en su caso, contencioso administrativo ante dicho orden jurisdiccional.
a) «Listado Definitivo de Personas Adjudicatarias», que incluirá a las personas beneficiarias con los importes concedidos.
b) «Listado de Personas no Adjudicatarias», que contendrá las personas que no obtienen ayuda, bien por falta de crédito presupuestario para atender su solicitud, bien por concurrir en ellas las causas previstas en el apartado 1.b) de la base novena.
1. El plazo máximo de resolución de la modalidad de ayuda contemplada en las presentes bases será, en virtud de lo establecido en el Anexo 1 de la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos, es de 9 meses a partir de la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes. En el caso de no resolverse en el mencionado plazo, se entenderán desestimadas salvo resolución expresa estimatoria posterior, de acuerdo con el artículo 2.2 del citado texto legal, por el que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciudadanos.
2. Contra la Resolución de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal de concesión de las ayudas, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada directamente ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en el plazo de dos meses, ambos a contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en BOJA, todo ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
1. Esta modalidad de ayuda consistirá en una prestación económica de hasta 1.250 euros, por discapacidad física, psíquica o sensorial que afecte al personal al que se refiere el apartado 1 de la Base Segunda, así como a su cónyuge o pareja de hecho, hijos, personas tuteladas en virtud de resolución judicial o ascendientes por consanguinidad hasta el primer grado, en función del grado de discapacidad según la siguiente escala:
- Discapacidad superior al 65%: 1.250 euros
La prestación se asignará en función del parentesco y el grado de discapacidad. Se atenderá, en primer lugar, a la relación de parentesco de acuerdo con el siguiente orden de prelación :
- Grupo 1. Las solicitudes en las que la persona causante sea hijo o hija del funcionario o funcionaria solicitante, así como persona sometida a tutela declarada por resolución judicial firme.
Dentro de cada grupo de este citado orden de prelación, la distribución del crédito se efectuará teniendo en cuenta el grado de discapacidad, de manera que se asigne en primer lugar a quienes presenten una mayor discapacidad y, en el supuesto de existencia de remanentes, a aquellas personas cuyo grado de discapacidad sea menor. En caso de empate el orden de preferencia se establecerá en función de la renta baremable, teniendo mejor derecho el funcionario o funcionaria con menor cociente. Caso de coincidir en parentesco, grado y cociente de renta, se acudirá al criterio de la antigüedad reconocida en la Administración Pública.
7. Además de los requisitos generales exigidos en la presente convocatoria, para solicitar esta modalidad de ayuda, la discapacidad física o psíquica alegada deberá ser igual o superior al treinta y tres por ciento (33%) y estar acreditada a 31 de diciembre de 2016.
8. Los hijos mayores de 26 años a 31 de diciembre de 2016 y ascendientes para los que se solicite ayuda no pueden tener ingresos en el año 2016 superiores al doble del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), supuesto que se verificará mediante la obtención de sus datos tributarios.
No obstante y de conformidad con el Real Decreto 1414/2006 de 1 de diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se considerarán afectados por una discapacidad en grado igual al 33% aquellas personas que tengan reconocida por la Seguridad Social una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez. En estos casos, el citado grado de discapacidad podrá acreditarse por Resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Sin embargo, en el caso de que el certificado de discapacidad hubiera sido expedido por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia calificación de grado de las limitaciones en la actividad y discapacidad, no será necesaria su aportación para la tramitación oportuna, siempre que la persona haya resultado adjudicataria de la ayuda por Discapacidad a partir de la convocatoria 2011, o cuando, sin haberlo sido, su solicitud no hubiera quedado excluida a lo largo del procedimiento por causa relativa a dicha documentación, salvo que se haya producido un cambio, por agravación o mejoría en el grado de la discapacidad ya acreditada anteriormente.
Sevilla, 14 de mayo de 2018.- El Director General, Juan Rueda Gómez.

References: Resolución 
 artículo 16
 artículo 82
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 16
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 124
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 Resolución