Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4986
Timestamp: 2020-07-13 04:22:11+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 211/2003
SENTENCIA 211/2003, de 1 de diciembre
ECLI:ES:TC:2003:211
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de Coria del Río (Sevilla), que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 1 de octubre de 2001, el hoy actor manifestó su intención de interponer recurso de amparo contra la providencia de 7 de marzo de 2001 y el Auto de 14 de mayo de 2001, recaídos en el recurso contencioso- administrativo núm. 328/95, seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla. De conformidad con lo previsto en el art. 2 del Acuerdo de este Tribunal de 18 de junio de 1996, a dicho escrito se acompañaba copia de las resoluciones a impugnar y de la solicitud de reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita dirigida a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Madrid.
2. Por diligencia de ordenación de 11 de octubre de 2001, se acordó requerir al recurrente para que, en el plazo de diez días, acreditara fehacientemente la fecha de notificación del Auto de 14 de mayo de 2001 y aportara dos copias de todos los escritos y documentos, con apercibimiento de archivo de las actuaciones. Respecto a la solicitud de nombramiento de Abogado y Procurador de Madrid, de los del turno de oficio, se decidió que, una vez fuera cumplimentado el requerimiento, se acordaría lo procedente.
3. Dirigida comunicación a los Ilustres Colegios de Abogados y de Procuradores de Madrid a fin de que, conforme a lo dispuesto en la Ley 1/1996 y el Acuerdo del Pleno de este Tribunal de 18 de junio de 1996, sobre asistencia jurídica gratuita, se designara, si procedía, Abogado y Procurador del turno de oficio que defendiera y representara, respectivamente, al recurrente en amparo, las citadas corporaciones comunicaron la designación provisional de la Letrada doña María del Pilar Beganzones Amenedo y de la Procuradora doña María Sonia Posac Ribera.
4. Mediante diligencia de ordenación de 5 de diciembre de 2001 se comunicó la designación al recurrente en amparo y a las designadas, otorgándose a éstas un plazo de veinte días para que formalizaran la demanda de amparo, con sujeción a lo dispuesto en el art. 49 LOTC, con indicación de que, de estimarse insostenible el recurso o apreciarse la falta de documentación, la Letrada debería atenerse a lo dispuesto en los arts. 32 y 33 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, poniéndolo en conocimiento de este Tribunal.
5. Los hechos que fundamentan la demanda de amparo son, en síntesis, los siguientes:
a) El demandante de amparo, en su calidad de funcionario, interpuso por sí mismo recurso contencioso-administrativo contra el Decreto de la Alcaldía de Coria del Río de 5 de enero de 1995, que le denegó el disfrute de las horas sindicales del mes de enero durante los días 6 y 7 de dicho mes, a la vez que le requería para que formulase una nueva petición, al objeto de disponer de sus 15 horas sindicales en otros días. Dicho recurso, seguido bajo el núm. 328/95, fue desestimado por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 24 de julio de 2000 (notificada al recurrente el 27 de febrero de 2001), contra la que no cabía recurso alguno. Solicitada aclaración por parte del representante de la Administración demandada acerca del pronunciamiento relativo a las costas contenido en el fundamento de Derecho sexto, la Sala dictó Auto con fecha 1 de marzo de 2001 acordando rectificar el error material contenido en el fallo, en el sentido de hacer constar, en consonancia con el mencionado fundamento de Derecho, "con imposición de las costas a la parte recurrente".
b) El 5 de marzo de 2001 el Sr. Sánchez Navajas presentó escrito en el que manifestaba la posibilidad de que la mencionada Sentencia incurriera en causa de nulidad de actuaciones del art. 240.3 LOPJ y su intención de promover el incidente, a cuyo fin interesaba el derecho de asistencia jurídica gratuita, para poder comparecer asistido de Letrado, solicitando la paralización del plazo para promover el incidente. La Sala dictó providencia el día 7 siguiente, en la que declaró: "no ha lugar al incidente de nulidad de actuaciones planteado". Esta resolución fue notificada al actor el 30 de marzo de 2001.
c) Contra dicha providencia interpuso el demandante de amparo recurso de súplica, en el que hizo referencia a su situación de inferioridad respecto a la Administración demandada, por carecer de asistencia letrada, y manifestó que se había producido un error, ya que no había planteado el incidente de nulidad de actuaciones, sino que había solicitado la suspensión del plazo para promoverlo, en tanto que, a la vez, había interesado el beneficio de justicia gratuita para que le fuera asignado un Letrado que le asistiera y representara en el planteamiento del incidente.
d) El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 14 de mayo de 2001, en el que se argumentaba escuetamente: "No existe razón alguna que permita modificar esa decisión que ahora confirmamos". La resolución fue notificada al actor el 20 de septiembre de 2001. Frente a esta resolución y aquélla de la que trae causa se interpone el presente recurso de amparo.
e) Asimismo, el recurrente presentó solicitud de asistencia jurídica gratuita el 20 de marzo de 2001 ante el Colegio de Abogados de Sevilla. La solicitud fue desestimada por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla en su reunión de 20 de abril de 2001, por haber quedado acreditado que los recursos e ingresos económicos del solicitante superaban los establecidos en el art. 3 de la Ley 1/1996 y no apreciarse circunstancias excepcionales de las previstas en el art. 5 de la citada Ley. Dicha resolución fue remitida al órgano judicial mediante oficio de 22 de mayo de 2001, que tuvo entrada en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla el 28 de mayo siguiente. Frente a la denegación de su solicitud interpuso el demandante de amparo el correspondiente recurso, que fue desestimado por Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de 7 de noviembre de 2001. Finalmente, contra esta resolución presentó recurso de amparo, registrado con el núm. 390-2002, que fue inadmitido por providencia de la Sección Cuarta de este Tribunal de 27 de enero de 2003.
6. Con cita de la jurisprudencia de este Tribunal, en la demanda de amparo se afirma, en primer lugar, que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del actor. Denuncia el recurrente la vulneración del art. 24.1 CE, por entender que se le ha restringido el acceso a la justicia, ya que no ha obtenido una decisión fundada en Derecho a la petición que formuló en su día a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en Sevilla, y porque la resolución dictada por ésta, además de no revestir la forma de Auto, carecía de la suficiente motivación. Además, considera que la Sala resolvió una cuestión no planteada por el demandante de amparo y dejó sin contestar la que había sido objeto de su petición, incurriendo en incongruencia.
7. Mediante providencia de 16 de septiembre de 2002, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para formular las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
8. La representación del demandante de amparo presentó escrito de alegaciones el 10 de octubre de 2002, reiterando los argumentos contenidos en la demanda y sosteniendo la admisibilidad del recurso de amparo.
9. Por su parte, el Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 17 de octubre de 2002, interesó la inadmisión del recurso, por reputar que los motivos de amparo invocados carecen manifiestamente de contenido constitucional. Tras exponer los antecedentes del caso, el Fiscal afirma que las resoluciones judiciales no vulneraron los derechos del demandante de amparo, puesto que éste no puso de manifiesto en ningún momento las razones por las cuales iba a promover el incidente de nulidad de actuaciones; esto es, no determinó los presupuestos que le habilitaran para formalizarlo, omisión que, a su juicio, es determinante de la carencia manifiesta de fundamento de la demanda de amparo. Estima que, si la Sala no dispuso de tal presupuesto previo, no pudo deducir del escrito inicial y del recurso de súplica la procedencia de la apertura del incidente de nulidad de actuaciones, tomando lógicamente la decisión de inadmitirlo. Concluye que no puede alegar indefensión quien en el momento procesal oportuno no hace llegar al Tribunal las razones por las que considera que se halla en dicha indefensión ni hace referencia a ningún presupuesto de admisibilidad cuando lo que pretende promover es un incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, cuya especial configuración exige un mayor rigorismo en la apreciación de dichos presupuestos de admisibilidad.
10. Por resolución de 18 de diciembre de 2002 la Sala Segunda, de conformidad con lo dispuesto en el art. 11.2 LOTC, acordó conocer del recurso de amparo y, a tenor del art. 51 LOTC, librar atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiera certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso núm. 328/95, con emplazamiento previo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo, para que, en el término de diez días, pudieran comparecer en el presente proceso constitucional.
11. Mediante escrito presentado el 14 de febrero de 2003, la Letrada del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla, doña Mercedes Díez Pérez, se personó en representación del Ayuntamiento de Coria del Río. En dicho escrito manifestó que impugnaba el otorgamiento de asistencia jurídica gratuita al actor, al tiempo que denunció la falta de agotamiento de la vía previa, toda vez que, cuando se presenta el escrito promoviendo el recurso de amparo, está pendiente de resolución ante la Sala de Sevilla la cuestión atinente a los hechos producidos en la vista celebrada ante dicha Sala para sustanciar el incidente de denegación de asistencia jurídica gratuita.
12. Por diligencia de ordenación de 20 de febrero de 2003 se tuvo por personada y parte en el procedimiento a la Letrada del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla, en nombre del Ayuntamiento de Coria del Río, acordándose entender con ella las sucesivas actuaciones. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, dentro del expresado término, pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
13. En escrito presentado el 20 de marzo de 2003, la Letrada del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla, en la representación acreditada del Ayuntamiento de Coria del Río, interesó la desestimación del presente recurso. Afirma que el demandante de amparo sí planteó un incidente de nulidad actuaciones y que en absoluto lo fundamentó, por lo que la providencia de 7 de marzo de 2001, inadmitiendo el incidente de nulidad, contesta en línea absolutamente congruente con la interposición. Manifiesta que el incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240 LOPJ tiene un carácter extraordinario y excepcional, pudiendo promoverse únicamente por defectos de forma que hubieran ocasionado indefensión o por incongruencia en el fallo. Por tal razón, la pretensión de nulidad ha de ser examinada en todo caso con absoluta cautela y con criterio altamente restringido, siendo preciso para declararla que se haya prescindido total y absolutamente de las normas esenciales de procedimiento establecidas por la Ley, o que se hayan omitido los principios de audiencia, asistencia y defensa, originándose efectiva indefensión. Sin embargo ninguna de tales circunstancias se dio en la tramitación del procedimiento, como puede apreciarse con el examen de los autos. En efecto, el recurrente no fundamentó el escrito promoviendo el incidente de nulidad de actuaciones en ninguno de los dos supuestos excepcionales previstos por el art. 240 LOPJ, tratando tan sólo de prolongar indebidamente la vía judicial mediante la interposición de un incidente manifiestamente improcedente, que se utiliza, de manera notoria, a modo de revisión de la Sentencia, o como recurso de casación o apelación ante la misma instancia. Y ante tan evidente hecho, la Sala resuelve con una motivación sucinta, pero suficiente, en la providencia de 7 de marzo de 2001.
En suma, ninguno de los dos escritos del actor pretendiendo la nulidad de actuaciones se fundaba ni en la incongruencia del fallo -que por otra parte era imposible apreciar, porque la parte dispositiva de la misma expresaba la desestimación total de sus pretensiones- ni, aún menos, en los defectos de forma de un procedimiento que cursó con todas las cautelas y garantías posibles para el justiciable. Simplemente, el actor, que ha comparecido de manera constante ante esa jurisdicción con una pericia digna de mejor causa, y a la cual dedicaba todo su tiempo, en lugar de emplearlo en el desempeño de su función como policía local -hecho que la propia Sala puso en evidencia en más de una de las copiosísimas Sentencias obtenidas- , sigue adelante intentando modificar una Sentencia firme. Si el recurrente no obtuvo el resultado pretendido no fue por falta de asistencia letrada, porque, amparándose en su condición de funcionario utilizó siempre sin ningún coste económico los órganos judiciales; fue simplemente porque no le asiste la razón, porque encadenó durante larguísimos períodos oportunas bajas, permisos sindicales y vacaciones de forma que alcanzó un récord de inasistencia a su trabajo, utilizándolo en cambio en constantes visitas al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, para concluir al final del proceso alegando falta de tutela judicial efectiva, lo que supone un sarcasmo.
14. Por su parte, la representación del demandante de amparo, en escrito registrado el 21 de marzo de 2003, se ratifica en su escrito de demanda y manifiesta su disconformidad con la impugnación del otorgamiento de asistencia jurídica gratuita a favor del recurrente, señalando que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita realiza designaciones independientes para cada asunto. Además, con relación a la denegación de asistencia jurídica gratuita a que se refiere la Administración demandada, señala que, si bien es cierto que se dictó Auto desestimando su recurso, no lo es menos que el asunto se encuentra pendiente ante este Tribunal de una resolución que determine si la decisión de no concesión de justicia gratuita fue o no ajustada a Derecho. En cualquier caso, afirma que se le ha concedido siempre la justicia gratuita y que, aunque en alguna ocasión se le haya denegado inicialmente, la posterior impugnación ha dado como resultado su concesión; siempre sobre la base del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos. Por ello, entiende que la actuación de la Letrada del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla está intentando dilatar el estudio del fondo del asunto. Finalmente, afirma que los recursos utilizables en la vía judicial fueron debidamente agotados, remitiéndose a lo consignado en el escrito de demanda.
15. El Ministerio Fiscal, en escrito de alegaciones registrado el 24 de marzo de 2003, interesa que se dicte Sentencia otorgando el amparo solicitado por vulneración del derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva del recurrente. Sobre la base de los antecedentes del caso y de las alegaciones del demandante, el Fiscal razona su cambio de postura en relación con su anterior escrito, en atención a que serían dos las cuestiones a analizar en el presente recurso: por una parte, la vulneración del derecho de defensa del actor por no haberle sido designado un Letrado conforme al beneficio de justicia gratuita solicitado, para hacer efectiva su asistencia técnica en el incidente de nulidad de actuaciones que deseaba formalizar. Por otra, la eventual carencia de motivación del Auto que denegó la admisión a trámite del incidente de nulidad de actuaciones, cuando el recurrente no había tenido aún oportunidad de exponer los argumentos para sostener la nulidad de la Sentencia.
16. Por providencia de 27 de noviembre de 2003 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 1 de diciembre del mismo año.
1. El demandante de amparo impugna la providencia de 7 de marzo de 2001 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, por la que se inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones, y el Auto de la misma Sala de 14 de mayo de 2001, que desestimó el recurso de súplica interpuesto contra la primera resolución. Alega que dichas resoluciones han vulnerado, en primer lugar, su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), porque le han restringido el acceso a la justicia, ya que no obtuvo una decisión fundada en Derecho a la petición que formuló en su día al órgano judicial, que resolvió de forma incongruente con lo pedido, y porque la resolución dictada, además de no revestir la forma de Auto, carecía de la suficiente motivación. La segunda queja del recurrente se refiere a la violación del art. 24.2 CE, en su vertiente del derecho de asistencia o defensa formal que, a su juicio, hace referencia a que el justiciable ha de ser asistido por Letrado, para evitar quebrantos en su posición frente a la contraparte, posibilidad que le fue negada por el órgano judicial.
2. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es preciso examinar los dos óbices procesales que ha opuesto a la admisión del recurso la Letrada de la Diputación de Sevilla. Por una parte, aduce la falta de agotamiento de la vía judicial previa, porque cuando se presentó el escrito iniciador del recurso de amparo se hallaba pendiente de resolución ante la Sala de Sevilla el incidente relativo a la denegación de justicia gratuita, por lo que habría sido incumplido el art. 44.1 a) LOTC. Por otra, manifiesta su extrañeza ante la admisión a trámite del presente recurso, toda vez que el mismo -según su criterio- habría sido interpuesto prematuramente, ya que la providencia de firmeza de la última resolución recurrida no se dictó hasta el 24 de octubre de 2001 siendo así que el proceso ante este Tribunal se inició el día 1 del mismo mes y año, de manera que la admisión infringiría lo previsto en el art. 43.3 LOTC.
3. Despejados los anteriores obstáculos procesales, es preciso analizar ahora las circunstancias del caso para determinar si la respuesta dada por el órgano judicial a las peticiones del actor vulneró o no los derechos invocados en su queja. A tal efecto, y al hilo de las alegaciones formuladas por la Letrada de la Diputación de Sevilla, hay que precisar que lo que se discute en el presente recurso de amparo no es si se han vulnerado o no los derechos del actor a la tutela judicial efectiva y de defensa en el conjunto de las actuaciones del recurso contencioso- administrativo núm. 328/95, sino si, concretamente, la providencia de 7 de marzo de 2001 y el Auto de 14 de mayo del mismo año lesionaron o no tales derechos. Por tanto, no procede considerar aquí ni la actuación judicial a todo lo largo de dicho proceso ni si la intervención procesal del recurrente en el mismo ha sido o no correcta o merecedora de reproche, de igual manera que hemos excluido anteriormente el aspecto referido al expediente en el que se denegó la asistencia jurídica gratuita solicitada por el demandante de amparo.
Delimitado el ámbito de nuestro enjuiciamiento, los datos relevantes para la resolución del presente amparo son los siguientes. En las actuaciones consta que el actor, actuando por sí mismo, en su condición de funcionario, interpuso recurso contencioso-administrativo contra Acuerdo del Ayuntamiento de Coria del Río, relativo al disfrute de horas sindicales. Dicho recurso fue desestimado por Sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 24 de julio de 2000 (notificada al recurrente el 27 de febrero de 2001), contra la que no cabía recurso alguno. En escrito presentado el 5 de marzo de 2001 el Sr. Sánchez Navajas manifestó su intención de plantear incidente de nulidad de actuaciones frente a la referida Sentencia, a cuyo fin interesaba el derecho de asistencia jurídica gratuita y comparecer ante la Sala con la asistencia de Letrado, solicitando a tal efecto la paralización del plazo para promover el incidente. La Sala dictó providencia el día 7 siguiente, declarando no haber lugar al incidente de nulidad de actuaciones planteado, sin pronunciarse sobre la solicitud del interesado de paralización del plazo para promover el incidente ni dar respuesta alguna en cuanto al curso que debería darse a la petición relativa a la asistencia jurídica gratuita, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 de enero. Contra esta providencia interpuso el demandante de amparo recurso de súplica, manifestando que en su escrito del día 5 de marzo él no había planteado el incidente de nulidad de actuaciones, sino que había solicitado la suspensión del plazo para promoverlo, dado que, a la vez, había interesado el beneficio de justicia gratuita para que le fuera asignado un Letrado que le asistiera y representara en el planteamiento del incidente. El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 14 de mayo de 2001, al entender la Sala que: "No existe razón alguna que permita modificar esa decisión que ahora confirmamos".
4. Pues bien, partiendo de los anteriores datos fácticos, y siguiendo un orden lógico en el examen de las quejas (en atención a los criterios expuestos en nuestra doctrina, que otorgan prioridad a aquéllas de las que pudiera derivarse la retroacción de actuaciones: SSTC 19/2000, de 31 de enero, FJ 2; y 70/2002, de 3 de abril, FJ 2, entre otras), que coincide con el empleado por el actor en el planteamiento de las mismas, debemos comenzar por el análisis de la referida al derecho a la tutela judicial efectiva, que el demandante sintetiza en el hecho de haber recibido sendas resoluciones judiciales en relación con su petición, que no se pueden considerar fundadas en Derecho, tanto por no responder a lo solicitado y resolver una cuestión que no había sido planteada, de modo que incurrían en incongruencia, como por reputarlas inmotivadas.
Por otra parte, desde la STC 20/1982, hemos declarado reiteradamente que el vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva denegación del derecho a la tutela judicial siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en que discurrió la controversia procesal (por todas, STC 124/2000, de 16 de mayo, FJ 3). Asimismo, hemos distinguido entre la llamada incongruencia omisiva o ex silentio, que se produce cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración por las partes, y la denominada incongruencia extra petitum, que se da cuando el pronunciamiento judicial recae sobre un tema no incluido en las pretensiones deducidas en el proceso, de tal modo que se impide a las partes la posibilidad de efectuar las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses relacionados con lo decidido, provocando su indefensión al defraudar el principio de contradicción (SSTC 213/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; y 135/2002, de 3 de junio, FJ 3). En ocasiones ambas clases de incongruencia pueden presentarse unidas, concurriendo la llamada "incongruencia por error", denominación adoptada en la STC 28/1987, de 13 de febrero, y seguida por las SSTC 369/1993, de 13 de diciembre y 111/1997, de 3 de junio, que define un supuesto en el que el órgano judicial no resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (además de las citadas, SSTC 136/1998, de 29 de junio, FJ 2; y 92/2003, de 19 de mayo, FJ 3).
5. De acuerdo con la doctrina expuesta, podemos adelantar la conclusión de que el demandante de amparo ha visto lesionado su derecho a la tutela judicial efectiva como consecuencia de las resoluciones judiciales impugnadas, lesión que se ha materializado desde las dos perspectivas apuntadas por el actor.
Por consiguiente, la alteración de los términos de la pretensión del recurrente resulta indiscutible, en la medida en que el órgano judicial inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones que el actor nunca planteó de forma efectiva, pero omitió todo pronunciamiento -en un sentido o en otro- sobre lo realmente pretendido por el escrito del Sr. Sánchez Navajas: la suspensión del plazo para promover el referido incidente en tanto se sustanciaba la solicitud de asistencia jurídica gratuita que se contenía en el mismo escrito; por lo demás, respecto de ésta - sobre la que, ciertamente, no correspondía decidir al Tribunal-, nada se dice en la providencia en cuanto al curso que se le debería de dar a los efectos de la Ley de asistencia jurídica gratuita.
Por otro lado, las resoluciones impugnadas se han de considerar carentes de toda motivación, ya que la Sala no exteriorizó ningún razonamiento para justificar su decisión de inadmitir un incidente de nulidad de actuaciones que no le había sido planteado. Recordemos que el Auto de 14 de mayo de 2001 rechazó el recurso de súplica interpuesto por el actor contra la providencia de 7 de marzo de 2001 en los siguientes términos: "No existe razón alguna que permita modificar esa decisión que ahora confirmamos"; pronunciamiento que, aun conectado con el de la referida providencia ("no ha lugar al incidente de nulidad de actuaciones planteado"), no permite conocer la ratio de la decisión adoptada. En suma, y sin desconocer el régimen particular de las providencias (art. 248.1 LOPJ), se puede decir que, con las expresiones transcritas, las resoluciones judiciales impugnadas se encuentran privadas de la motivación necesaria desde el punto de vista constitucional para la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva del justiciable.
6. En la segunda de sus quejas, el demandante de amparo aduce la vulneración del derecho de defensa por no habérsele permitido plantear el incidente de nulidad de actuaciones asistido de Letrado, a cuyo efecto había solicitado ante la Sala el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Esta posibilidad fue, en principio, frustrada por la Sala al limitarse a inadmitir de plano el incidente de nulidad, en lugar de dar a dicha petición el curso correspondiente, remitiéndola al Colegio de Abogados territorialmente competente, de acuerdo con lo previsto en el art. 12, párrafo primero, de la Ley de asistencia jurídica gratuita. Por consiguiente, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber resuelto lo no planteado y no haber dado contestación a la petición que se le formuló habría determinado también, por extensión, la violación del derecho de defensa y asistencia letrada.
7. La constatación de que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del actor debería determinar, junto con la estimación del amparo, la anulación de las resoluciones impugnadas y la retroacción de las actuaciones para que por la Sala se dictara nueva resolución que resultara respetuosa con el derecho fundamental vulnerado, y que, en consonancia con el derecho de defensa del recurrente, se diera a su solicitud de asistencia jurídica gratuita el curso legalmente previsto. Ahora bien, como anunciábamos en el fundamento jurídico 2, no podemos soslayar los hechos acaecidos con posterioridad en relación a esta última petición, que han de tener necesariamente incidencia sobre el alcance del amparo que se otorgue. En efecto, consta en las actuaciones que el interesado solicitó el expresado beneficio a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita de Sevilla con fecha 20 de marzo de 2001, siéndole denegada su solicitud por Acuerdo de 20 de abril siguiente, que fue confirmado en Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, de fecha 7 de noviembre de 2001. Nada se puede discutir aquí sobre dicha decisión, que no es objeto del presente recurso de amparo, como ya quedó dicho, y que, a mayor abundamiento, ya fue objeto de otra demanda de amparo, inadmitida por providencia de 27 de enero de 2003.
Pues bien, la denegación del beneficio solicitado altera notablemente el alcance actual de la petición originariamente formulada por el actor, porque la solicitud de asistencia jurídica gratuita para promover el incidente de nulidad de actuaciones ya ha sido resuelta y, al no existir en trámite un expediente de reconocimiento del derecho a la expresada asistencia, desaparece el presupuesto que permitía interesar y, en su caso, acordar, la suspensión del curso del proceso, de forma que no precluyera el plazo para la promoción del incidente de nulidad de actuaciones. Así pues, la única virtualidad práctica que pueden tener el otorgamiento del amparo y la correlativa retroacción de actuaciones, es la de que el órgano judicial conceda plazo al recurrente para que formalice, si lo tiene por conveniente, el incidente de nulidad de actuaciones. Por otra parte, como al recurrente le fue denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita por no concurrir los requisitos previstos en la Ley 1/1996, la eficacia del derecho reconocido en el art. 24.2 CE se ha de traducir, en el presente supuesto, en el otorgamiento al actor por parte del órgano judicial de la posibilidad de formalizar el incidente de nulidad de actuaciones, bien personalmente, bien asistido de Letrado de su libre elección; sin que, con ello, pretenda prejuzgar nada este Tribunal en cuanto a la admisión a trámite del referido incidente -si es que llegara a materializarse-, cuestión que corresponderá decidir en exclusiva a la Sala de lo Contencioso-Administrativo en el ejercicio de su potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), previa comprobación del cumplimiento de los requisitos legalmente previstos.
1º Declarar que se han vulnerado los derechos del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la defensa y asistencia de Letrado (art. 24.2 CE).
2º Restablecerlo en los citados derechos y, a tal fin, anular la providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, de 7 de marzo de 2001, que inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones que el actor pretendía promover, y el Auto del mismo órgano judicial de 14 de mayo de 2001, que declaró no haber lugar al recurso de súplica interpuesto contra aquélla, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior a dictarse la primera de ellas, para que por el citado órgano judicial se otorgue al demandante de amparo la posibilidad de promover el incidente de nulidad de actuaciones asistido de Letrado de su libre elección, en los términos indicados en el último párrafo del fundamento jurídico 7 de la presente Sentencia.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 5133-2001
Promovido por don Juan Sánchez Navajas respecto de las resoluciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que denegó su petición de nulidad de actuaciones en un litigio sobre disfrute de horas sindicales
Resulta fácilmente discernible la concurrencia de la incongruencia por error en el presente asunto litigioso ya que el órgano judicial inadmitió un incidente de nulidad de actuaciones que el actor nunca planteó de forma efectiva, pero omitió todo pronunciamiento sobre lo realmente pretendido, la suspensión del plazo para promover el referido incidente en tanto se sustanciaba la solicitud de asistencia jurídica gratuita que se contenía en el mismo escrito [FJ 5].
Las resoluciones impugnadas se han de considerar carentes de toda motivación, ya que la Sala no exteriorizó ningún razonamiento para justificar su decisión de inadmitir un incidente de nulidad de actuaciones que no le había sido planteado [ FJ 5].
El art. 24 CE impone a los órganos judiciales no sólo la obligación de ofrecer una respuesta motivada a las pretensiones deducidas, sino que, además, ésta ha tener contenido jurídico y no resultar arbitraria (SSTC 22/1994, 10/2000) [FJ 4].
La llamada «incongruencia por error» define un supuesto en el que el órgano judicial no resuelve sobre la pretensión formulada en la demanda o sobre el motivo del recurso, sino que erróneamente razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta (STC 28/1987, 92/2003) [FJ 4].
La vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva al haber resuelto lo no planteado y no haber dado contestación a la petición que se le formuló habría determinado también, por extensión, la violación del derecho de defensa y asistencia letrada [FJ 6].
El hecho de que la intervención de Letrado no sea preceptiva en un proceso determinado, no priva al justiciable del derecho a la defensa y asistencia letrada que le reconoce el art. 24.2 CE, pues el carácter no preceptivo o necesario de la intervención del Abogado en ciertos procedimientos, no obliga a las partes a actuar personalmente, sino que les faculta para elegir entre la autodefensa o la defensa técnica [FJ 6].
Como al recurrente le fue denegado el derecho a la asistencia jurídica gratuita por no concurrir los requisitos previstos en la Ley 1/1996, la eficacia del derecho reconocido en el art. 24.2 CE se ha de traducir, en el presente supuesto, en el otorgamiento al actor por parte del órgano judicial de la posibilidad de formalizar el incidente de nulidad de actuaciones, bien personalmente, bien asistido de Letrado de su libre elección [FJ 7].
Artículo 24.2 (derecho a la defensa), ff. 1, 6, 7
Artículo 248.1, f. 5
Artículo 12, párrafo 1, f. 6
Derecho a la asistencia letradaDerecho a la asistencia letrada, ff. 6, 7
Incongruencia por errorIncongruencia por error, f. 4
Denegación de abogado de oficioDenegación de abogado de oficio, f. 7

References: resolución 
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Artículo 24

Artículo 248

Artículo 12