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Timestamp: 2017-06-29 14:30:07+00:00

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Desde Diez & Romeo Abogados venimos
analizando toda la regulación audiovisual relevante.
El próximo 23 de febrero de 2014,
entrará en vigor el segundo reglamento que desarrolla la comunicación comercial
televisiva. Se trata del Real Decreto 21/2014, de 17 de enero, por el que se
modifica el Reglamento de desarrollo de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General
de la Comunicación Audiovisual, en lo relativo a la comunicación comercial
televisiva, aprobado por el Real Decreto 1624/2011, de 14 de noviembre. Se
publicó el pasado 22 de enero de 2014, se publicó en el BOE
En la constante función de aclarar y
desarrollar, con la máxima amplitud la regulación de la publicidad televisiva,
esta nueva norma pretende otorgar una mayor seguridad jurídica a las televisiones
que operan en un escenario marcado por la incertidumbre.
Por eso, el Real Decreto 21/2014, de 17
de enero, se convierte en un nuevo ajuste de nuestra normativa al ordenamiento
jurídico europeo audiovisual. Y en Diez & Romeo Abogados, nos hemos se ceñido
a tres materias bien determinadas:
1.- La regulación de las telepromociones
con el objetivo de diferenciarlas claramente de los mensajes publicitarios.
2.- La ordenación de los emplazamientos
de producto (publicidad por emplazamiento), conocida también como emplazamiento
publicitario, posicionamiento de producto o produce placement.
3.- Los anuncios de autopromoción o
avances de películas o series europeas que
hayan financiado anticipadamente las televisiones.
1.- Liberalización del sector audiovisual radiofónico. Se produce una modulación en el régimen de los servicios de comunicación radiofónica de carácter comercial y comunitario, dado que pasaron de ser servicios públicos esenciales a servicios de interés general prestados en régimen de libre concurrencia.
2.-Se reducen las licitaciones a las licencias radiofónicas que usen el espectro El Decreto trajo consigo la limitación de la exigencia de concursos públicos para obtener las habilitaciones, puesto que tan sólo aquellas actividades audiovisuales que requieran la utilización de las ondas hertzianas serán objeto de licitación. Todas las demás tan sólo precisarán una comunicación previa.
3.- Modificación formal de la vigencia de las licencias: 15 años La nueva vigencia temporal de las licencias audiovisuales de radio y TDT cántabras cambió sustancialmente, ya que a tenor del nuevo Decreto tienen una duración de 15 años, en lugar de los 10 anteriores.
4.- No aplicación de Legislación de Contratos Públicos. Al igual que en el resto de CCAA que han adaptado su régimen audiovisual, Cantabria no aplicará la legislación de contratos del Sector Público a los concursos de licencias de Radio FM y TDT que se convoquen. Desde ahora las normas de aplicación serán los Decretos Audiovisuales, la Ley General de Comunicación Audiovisual y la Ley del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria serán los hitos a tener en cuenta para la interpretación del desarrollo de las nuevas licencias.
5.- Más capacidad de transmitir licencias Lo que supone más facilidad para que los titulares de licencias en Cantabria las puedan vender o alquilar una vez transcurridos 2 años. En este sentido la autorización ya no es discrecional sino reglada. Es decir, si cumples con los requisitos, la administración no se puede negar.
La Conferencia Episcopal Española tiene prisa por que el Gobierno aplique por fin la sentencia del Tribunal Supremo que exige el apagón de nueve canales de los principales grupos audiovisuales privados españoles. El reparto de licencias no se realizó, durante el Gobierno de Zapatero, mediante un concurso público; por lo que es ahora cuando debería hacerse así. Los obispos saben que 13tv tendrá adjudicada una licencia desde la que poder emitir; lo que ahorraría a la cadena religiosa una gran suma de dinero cada año, que desde su lanzamiento debe abonar a Unidad Editorial (El Mundo, Marca) en concepto de alquiler.Así las cosas, según aseguran fuentes próximas a la Conferencia Episcopal a El Confidencial, la institución religiosa "no entiende el retraso en cumplir con el mandato del Alto Tribunal", que debe llevar "de forma inmediata" al apagón y a la convocatoria de un concurso para la concesión de nuevas licencias.
Unidad Editorial posee, a través del múltiplex Veo TV, cuatro frecuencias, ocupadas ahora mismo por AXN España, Discovery Max, teletienda -antes Marca TV- y 13tv. De llevarse a cabo un nuevo reparto de licencias, la cadena hermana de Cope dejaría de pagar el alquiler de la frecuencia y se ahorraría ese dinero. En 2011 pagó 6.000.000 de euros por este concepto; y en 2012, 2.200.000, según consta en las últimas cuentas publicadas por la empresa. Este ahorro ayudaría a mejorar la situación económica de 13tv, que es muy negativa: en 2011 perdió 15.110.000 euros; y en 2012, 9.920.000.De no ser por las aportaciones de la Conferencia Episcopal, su principal accionista, la cadena ya habría quebrado y desaparecido. Los máximos responsables de la cadena han traslado al Gobierno de Rajoy su mensaje: ellos tienen en antena 13tv, cuando otros grupos poseen licencias sin ser capaces de emitir. Recuedan, además, que grandes conglomerados que recibieron el múltiplex han fracasado en sus proyectos audiovisuales (La 10, Veo...) y han quedado como meros comercializadores de canales.
En lo que se refiere a la telepromoción, el artículo 14 de la Ley Audiovisual determina que ésta se excluirá del cómputo (de los 12 minutos por hora máximos de publicidad) cuando tenga una duración claramente superior a la de un mensaje publicitario. El reglamento hasta ahora en vigor fijaba esa duración claramente superior en más de 45 segundos, pero el nuevo Decreto 21/2014, de 17 de enero, se eleva a 2 minutos. Antes: se excluyen del cómputo de 12minutos/hora máximos de publicidad, si tenían una duración claramente superior de más de 45 segundos
1.- El realizado a cambio de una remuneración dineraria. 2.- El efectuado sin remunerar:•A cambio del suministro gratuito de ayudas materiales a la producción o premios.•Con la finalidad de ser incluidos en un programa.•Siempre que el importe de los bienes y servicios incluidos en el programa supere en un 10% a la tarifa estándar establecida para un mensaje publicitario en la franja horaria de emisión del programa donde se incluyen.
•Art. 13 LGCA: Autopromociones: no podían exceder los 5 minutos por hora de reloj.•Art. 14 LGCA, Mensajes publicitarios: se encontraban limitados a 12 minutos por hora de reloj Las condiciones para beneficiarse de esta reforma en los avances de películas son:
•Manifestar el apoyo a la cultura europea a través de la producción audiovisual de obras en cuya financiación hayan participado.•Dichos espacios deberán separarse gráfica y acústicamente de los bloques publicitarios y en ellos deberán aparecer necesariamente las palabras “cultura europea”
El Gobierno de Navarra cumplirá la sentencia que anula las licencias de radio FM El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que el Ejecutivo "acata y va a hacer cumplir" la sentencia del Tribunal Supremo que anula la adjudicación de las licencias de radio a Net-21 y Radio Universidad y ha afirmado que dará cumplimiento a esta resolución judicial como se lo indiquen sus servicios jurídicos. Sánchez de Muniáin ha indicado, en respuesta a una pregunta de Aralar-NaBai en el pleno, que "en primer lugar se tiene que producir la notificación de la sentencia, cuestión que no se ha producido, y posteriormente el Gobierno tiene que llevar a cabo el análisis jurídico para su cumplimiento". El portavoz del Ejecutivo ha dicho a Aralar-NaBai que "ya conocemos cómo quiere que se resuelva este concurso, lo conocemos desde antes de producirse el concurso, pero la decisión del Gobierno es ejecutar las sentencias punto por punto, tal y como señalan las resoluciones judiciales, y la forma de ejecutarla es la que le dictaminen los servicios jurídicos de este Gobierno". "El Gobierno se guía por el criterio de sus asesores jurídicos, que para eso están y asesoran, con éxito en el 99 por ciento de los casos", ha subrayado. El portavoz de Aralar-NaBai, Patxi Zabaleta, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no cumplió con la sentencia de 2006 y por eso estamos aquí, porque el procedimiento no se interpuso por el incumplimiento de un concurso, sino por el incumplimiento de una sentencia". Publicado por
Finalmente, Televisión de Ferrol obtuvo permiso oficial, propiciando el cese de emisiones de Localia Ferrol en febrero del 2010 a raíz del llamado apagón analógico. Fue tras su alegación, que recibió el visto bueno de la Justicia con sentencia del 22 de octubre de 2009, que ahora queda sin efecto. El recurso de Televisión Ferrol servía de protesta ante el concurso público de concesión de licencias de TDT fallado el 6 de julio de 2006, que ahora el Tribunal Supremo declara «conforme a derecho».
«La Xunta de Galicia, al adjudicar provisionalmente a Radio Coruña S.L. una concesión en la demarcación de Ferrol, no incurrió en vicio alguno», resalta. En el fallo judicial, fechado el pasado día 7, se señala que «no procede hacer especial imposición de costas ni de las devengadas en el recurso de casación, ni de las devengadas en la instancia, debiendo satisfacer cada parte las por ella ocasionadas». Junto a Localia, Editorial La Capital y La Opinión A Coruña obtuvieron otros dos permisos, que no llegaron a hacer efectivos. El Tribunal destaca que la sentencia recurrida apreció un vicio de invalidez inexistente en el reparto de licencias. Radio Coruña S. L., marca de la Cadena SER en la capital herculina, emite en Ferrolterra la señal de Cadena Dial Rías Altas en el 98.5 de FM. Igualmente, recibió el pasado verano licencia de la Xunta para abrir una nueva emisora en el 93.0 de FM, por el momento no operativa.
Las televisiones apelarán al Constitucional para frenar el cierre de 9 canales Las televisiones privadas se preparan para presentar la última batalla judicial para evitar el cierre de los nueve canales de la TDT, cuyo reparto fue anulado por el Tribunal Supremo en noviembre de 2012. Las cadenas van a presentar un recurso de amparo ante el Constitucional para tratar de frenar la ejecución de la sentencia que el Gobierno anunció hace casi un año y que, pese al auto de apremio emitido por el Alto Tribunal en diciembre, todavía no tiene una fecha prevista y se puede demorar entre cuatro meses y un año.
Las compañías han optado por el recurso de amparo puesto que no pueden apelar a la protección de los derechos fundamentales porque no se cumplen las condiciones para agarrarse ni al derecho a la información ni al derecho a una comunicación libre. Más allá de la guerra en los tribunales, los socios de Uteca (Vocento, Unidad Editorial, Atresmedia y Mediaset) mantienen abierta la puerta de la negociación con el Gobierno que preside Mariano Rajoy para tratar de llegar a un acuerdo. "Las televisiones están luchando por sus intereses ante la justicia, lo cual no quita para que se llegue a una solución pactada con el Gobierno que evite la eliminación de las licencias o un nuevo reparto", aseveraron fuentes cercanas a las cadenas privadas. De momento no ha habido ninguna reunión oficial entre los directivos de las televisiones y los miembros del Gobierno pero fuentes cercanas al conflicto aseguran que ha habido llamadas telefónicas. Pese a la buena voluntad del sector, no parece que vaya a haber una solución fácil. El Ejecutivo quiere liberar parte del espectro que usan las cadenas para vendérselo a las compañías de telecomunicaciones, que lo necesitan para desarrollar y explotar el 4G. En este sentido, las telecos pagan al Gobierno por el espectro que operan mientras las teles lo utilizan de forma gratuita. Así, de no llegar a un acuerdo, como el que ya alcanzaron hace más de un año, Uteca ha asegurado que demandará al Ejecutivo, que podría indemnizar con una suma millonaria a los grupos, porque es el único responsable de que se hiciera mal el reparto al saltarse su propia ley.
La incertidumbre en torno al futuro de las licencias está repercutiendo de lleno al sector audiovisual. Los grupos más afectados son Vocento y Unidad Editorial ,puesto que la sentencia ha puesto en la cuerda floja la mitad de las señales que explotan (cada uno tiene cuatro). Esta situación ha dejado en el aire el futuro de MTV, que alquila su señal a Vocento. La cadena ha dejado de invertir en producción propia en España. Así, en principio no se ha renovado el reality de Alaska y Mario y ya canceló la segunda temporada de Gandia Shore. A su vez, la falta de decisión por parte del Gobierno ha congelado la venta del 25 por ciento que Intereconomía tiene de Net TV (el 75 por ciento restante está en manos de Vocento) al Real Madrid. La operación, que Julio Ariza, presidente de Intereconomía, espera como agua de mayo para tratar de salvar su canal, también está pendiente del visto bueno de los bancos acreedores.
El Tribunal Supremo ha refrendado la sentencia que el
Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) dictó en 2009 y que anuló la
adjudicación en 2006 de emisoras de FM en Pamplona a Net-21 y Radio
Universidad de Navarra, poniendo de manifiesto la ilegalidad de las
sucesivas concesiones de los Gobiernos de UPN a las citadas emisoras en
detrimento de Euskalerria Irratia. El alto tribunal ordena, como ya hizo
también el TSJN en 2005, a que se retrotraigan las actuaciones para que sea la
mesa de contratación del concurso, que se remonta a 1998, la que razone todos
los criterios de valoración.
Si en ese año fue el proceder irregular de la Comunidad Foral de Navarra, el motivo de que se
invalidaran las concesiones por haber valorado de forma autónoma varios
aspectos de las ofertas que concurrían al concurso al margen del resto de la
mesa de contratación, en 2006 la cuestión capital giraba en torno al informe
encargado a una empresa externa a la mesa de contratación, que resultó
determinante para adjudicar de nuevo las licencias a Net-21 y Radio
Universidad, y excluir a Euskalerria Irratia. La "asunción literal y acrítica"
de dicho estudio por parte del órgano que debía proponer las emisoras
concesionarias anula, según el Supremo, dichas adjudicaciones por haber
incumplido el mandado judicial que el TSJN dio a la mesa para que fuera ella la
que valorara y puntuara todos los criterios de los pliegos.
La sentencia dada a conocer el pasado 9 de enero recuerda que a través
de una orden foral, de 15 de julio de 1998, se adjudicaron
en Pamplona dos emisoras de radiodifusión sonora, las cuales fueron anuladas
por una sentencia de 22 de noviembre 2005 del TSJN, que estimó parcialmente el
recurso contencioso-administrativo interpuesto por Iruñeko Komunikabideak,
sociedad gestora de la emisora Euskalerria Irratia.
Aquella sentencia del TSJN ordenó "la retroacción del expediente
administrativo para que por la mesa de contratación se formule la oportuna
propuesta, valorando de manera completa y detallada, dando la oportuna y
concreta puntuación a todos los criterios establecidos en el pliego de
cláusulas administrativas particulares", a fin de formular "la oportuna
propuesta de manera motivada".
El fallo del Supremo también indica que la mesa de
contratación solicitó el 27 de enero de 2006 la contratación de un estudio de
valoración de ofertas y así lo hizo la Administración navarra, que adjudicó la
realización de ese estudio a la empresa Doxa Consulting. De acuerdo con el
contenido de ese informe, la mesa acordó en su reunión de 6 marzo de 2006 la
puntuación de las ofertas, determinando que las dos ofertas que obtenían la más
alta puntuación eran la de la Universidad de Navarra y la Medios de
Comunicación SL, según rememora el fallo del Supremo.
De ese modo, una nueva orden foral de nuevo adjudicó
provisionalmente las dos concesiones de radiodifusión a Medios de Comunicación
21 SL y a la Universidad de Navarra. Frente a ella, planteó recurso de alzada
Iruñeko Komunikabideak, el cual fue desestimado por el acuerdo de 12 de febrero
de 2007 del Gobierno de Navarra. Los gestores de Euskalerria Irratia
volvieron a promover un recurso contencioso-administrativo dirigido contra ese acuerdo
del Ejecutivo foral, que fue estimado por el TSJN el 30 de diciembre de 2009.
NULIDAD "OBLIGADA" El Tribunal Supremo ha concluido ahora que la nulidad
de la adjudicación, que fue impugnada por el Gobierno de Navarra y la
Universidad de Navarra, "resulta
obligada cuando se confronta el informe emitido por la empresa consultora Doxa
Consulting con el acta de la reunión de la mesa de contratación, de 6 de marzo
de 2006, que determinó las dos ofertas a las que debía otorgarse la más alta
puntuación y luego fueron incluidas en la propuesta de adjudicación".
El contenido de dicha acta, prosigue la sentencia del alto tribunal, "pone de manifiesto que la mesa sigue a
la letra, sin adicionar ninguna razón o valoración propia, el informe de Doxa,
pues lo único que se hace por la mesa es alterar el orden de exposición de las
partes de ese informe, pero sin modificar ni mínimamente su contenido".
Esa "asunción
literal y acrítica" del informe de Doxa por la mesa representa "un incumplimiento del principal
mandato de la sentencia de 2005 sobre la retroacción que dispuso, pues esta fue
acordada para que fuese la propia mesa la que, para formular su propuesta,
valorara, dando la oportuna y concreta puntuación, todos los criterios
establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares". "Si bien es cierto que le permite
recabar informes técnicos, esa autorización lo es con carácter de mero auxilio
técnico para facilitar su labor, pero no para abdicar de la responsabilidad que
le corresponde de expresar su propio juicio valorativo y las concretas razones
del mismo", concluye el Tribunal Supremo.
Emisoras Comunitarias: Ley 26.522 y Ley 7/2010 los mismos problemas Los
requisitos legales o las eventuales dificultades económicas no suelen ocupar un
lugar prioritario en las preocupaciones de quienes toman la decisión de construir
un medio de comunicación popular con la voluntad de dar a conocer su proyecto
político, concibiéndolo como lugar de participación de la comunidad. La mirada
se centra en otros aspectos. El problema de la "ilegalidad" de una
radio o televisora popular no es percibido hasta que surgen obstáculos para
presentar proyectos a los órganos estatales, aparecen los problemas técnicos o
las interferencias de emisoras comerciales. ¿A dónde ir a reclamar en ese
momento? ¿A la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Afsca)? Pero, ¿cómo hacer valer los derechos, si estas emisoras no cuentan con
un "DNI o partida de nacimiento", si no hay documentos que
certifiquen la legalidad de la existencia de estos medios? Cientos de emisoras
se encuentran en la actualidad en esta situación.
A pesar de que la falta de reconocimiento
legal no ha sido un obstáculo para que estos medios sigan funcionando en todo
el país, un grupo de emisoras comunitarias, alternativas y populares presentó a
la Afsca un proyecto de resolución, que debe ser considerado en breve y que
permitiría otorgar de "manera provisoria" una autorización precaria
que "avale el funcionamiento de las emisoras comunitarias", lo cual
implicaría un reconocimiento estatal de las mismas.
La propuesta consta de seis artículos y allí
se establece que las emisoras que se hayan inscripto en el censo llevado
adelante por la Afsca, por resoluciones 1 y 3 de 2009, obtendrán esa
"autorización precaria" por intermedio "de un mero pedido por parte
de la emisora comunitaria acompañado de una copia de la constancia que acredite
la pertinente inscripción en el censo". En el caso de las emisoras
comunitarias no inscriptas en aquel censo, el proyecto señala que podrán
formular un "pedido de autorización precaria acompañando las constancias
que acrediten su existencia, siendo dichas constancias aquellas que fueran
solicitadas en oportunidad de la inscripción al censo".
El proyecto aclara que la autorización para
los medios de este sector "es de carácter provisorio y excepcional, en
virtud de las particulares circunstancias y condiciones de las emisoras
comunitarias" y deja en claro que no es equiparable a la autorización
prevista por la ley en el artículo 22º, que determina que quienes decidan
"instalar y explotar un servicio de comunicación audiovisual, deberán
obtener la correspondiente autorización por parte de la autoridad de
aplicación". La autorización precaria no afectaría "el Plan Técnico
que la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual realice con posterioridad".
Por su condición de "ilegalidad", en
la actualidad, muchas de las emisoras comunitarias, alternativas y populares,
no pueden acceder a las líneas de financiamiento que provienen de distintas
instancias estatales. Por este motivo el proyecto de resolución incluye en su
artículo 5º la posibilidad para que la "autorización precaria" sirva
como un reconocimiento que avale la existencia de estos medios audiovisuales y
les permita participar de las "distintas instancias institucionales como,
entre otros, fondos de fomento, concursos y diferendos en casos de sufrir
interferencias o decomisos de equipos".
De aprobarse esta resolución permitiría a las
emisoras esperar el plan técnico, que debe hacer la Afsca para llamar a
concurso y distribuir frecuencias, con un precario apoyo legal, y de esta forma
avanzar en proyectos para formación interna, sostenimiento de las emisoras,
mejoramiento técnico y edilicio, y contar con una estructura legal para crecer
y proyectarse en el corto y mediano plazo. Sería también una forma de concretar
lo que plantea la ley 26.522 (art. 4) en el sentido de consolidar a los "actores
privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas
por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro".
De esta forma se fortalecería, además,
"la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio como en
la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación",
como lo señala la misma norma, ya que en la actualidad, sin un reconocimiento
estatal, los "actores privados que tienen una finalidad social"
siguen siendo uno de los sectores más desamparados, a pesar de que fueron
quienes más lucharon por una nueva ley.
Fuente: www.entornointeligente.com * Integrante del medio comunitario Radionauta
FM 106.3; miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA).
1.- ¿Pueden los operadores de red negarse a prestar el servicio de transporte de señal?Los operadores pueden exigir la licencia como condición indispensable prestar el transporte y difusión de la señal. Incluso pueden suspender el servicio ya contratado alegando la falta de licencia. 2.- ¿Es cierto que se van a interferir los diales?Si, el Ministerio podrá interferir las frecuencias que no hayan sido autorizadas para su uso. Y sólo autorizan el uso si se gana la preceptiva licencia audiovisual en los concursos públicos correspondientes.
El procedimiento para de interferir frecuencias está dividido en 4 fases: 1.- Se averigua la ocupación de la frecuencia (ya lo saben con las inspecciones) 2.- Audiencia por 10 días:• A quien ocupa la frecuencia• Al titular del centro emisor• Al titular de la finca o inmueble desde donde se emite 3.- Después, se avisa de que en 8 días cesen las emisiones 4.- Sino cesan las emisiones, el Ministerio inicia las interferencias (Radios y TV)
6.- ¿Cuáles son los caracteres del precinto?El precinto puede ser de:• Todos los locales, instalaciones, equipos• Libros o documentos y demás bienes de la empresa
¿Tiempo? El que sea necesario para la inspección.
7.- ¿Quién está obligado a permitir el acceso a las instalaciones?Hay obligación de permitir acceso a las instalaciones para:• Los operadores que exploten directamente la red (transporte y difusión de la señal)• Los que presten servicio de transporte y difusión aunque no sean operadores.• Las personas que permitan y den soporte al transporte y difusión de la señal• Los titulares de las fincas o inmuebles en donde se ubique el centro emisor ( equipos o instalaciones)• Los administradores y el personal de las empresas involucradas.
8.- ¿Cuáles son los requisitos el acceso a las instalaciones?El acceso a las instalaciones se puede hacer por medio de:• Consentimiento voluntario• Autorización judicial: Deben de resolver en el plazo de 3 días, sin audiencia previa al interesado.
9.- ¿A qué tipo de sanciones nos enfrentamos? Sanciones muy graves:• 20 millones €• Inhabilitación para ser operador de red• Inhabilitación para ser instalador
Si ocupas frecuencias sin licencia, sanciones accesorias:• Precintado• Incautación de los equipos• Clausura de instalaciones
10.- ¿Puede haber algún tipo de sanción más? Sí, también serán sancionados los representantes legales (administradores,…) de las empresas que cometan las sanciones anteriores.
• Sanción muy grave: 60.000 €• Sanción grave: 30.000 €• Sanción leve: 5.000 €
11.- ¿Es posible dictar el cese urgente de emisiones? Sí, se puede acordar el cese urgente de emisiones, sin audiencia previa, antes de que abran expediente sancionador.
12.- ¿Cuáles son los requisitos del cese urgente? Que las emisiones sin concesión:• Perjudiquen gravemente a servicios de Seguridad Pública, Protección Civil, y Emergencias.• Pongan en peligro la vida humana.• Interfieran gravemente a otros servicios o redes de comunicaciones
La orden de cese irá dirigida a:• Funcionario• Cualquiera sujeto que pueda ejecutar el cese.
Además:• Con ayuda de la Policía• Plazo del cese sorpresivo: 1 mes

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 22
 resolución 

artículo 5
 resolución 
in fine