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Timestamp: 2018-03-18 09:39:39+00:00

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4. La libertad de cátedra es un derecho fundamental en un estado democrático, social y de derecho
La actuación que el accionante acusa de discriminatoria ocurrió en un salón de clase y la llevó a cabo un profesor universitario. En tal medida, el análisis que haga el juez constitucional de lo ocurrido debe ser cuidadoso y respetuoso de la autonomía, libertad e independencia de las personas que atienden a la clase, las que la imparten, así como las instituciones en que tengan lugar. La libertad, autonomía e independencia de los docentes y las instituciones educativas son uno de los valores más preciados en una democracia respetuosa de la libertad y de la dignidad humana. Esto es especialmente cierto cuando se habla de clases universitarias, que suelen desarrollarse entre personas adultas, libres, autónomas e igualmente dignas. De tal suerte que cualquier intervención judicial o administrativa en un aula de clase, en especial la de una institución de educación superior, debe ser cuidadosa y respetuosa de las libertades y autonomías protegidas constitucionalmente como derechos, presentes en los escenarios educativos.
4.1. La libertad de cátedra, un derecho complejo
El derecho a la libertad de cátedra, al igual que la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de fundar partidos políticos o la libertad de empresa, es un derecho complejo que no sólo sirve al individuo que la ejerce. Las libertades de información y de prensa sirven también a los espectadores. Las personas que son receptoras de la información se benefician de hacer parte de una sociedad democrática en la que los comunicadores se expresan con plena libertad. La libertad de fundar partidos políticos es funcional también para las personas que, en calidad de electores, deciden ejercer sus derechos políticos y votar por dicha colectividad. La libertad de empresa cumple la función de materializar a los consumidores el acceso a bienes y servicios de calidad, indispensables para asegurar un mínimo vital en dignidad. De manera similar, la libertad de cátedra es un derecho complejo que en una democracia no sólo sirve a su titular, la persona docente. La libertad de cátedra es un derecho que en democracia sirve al conocimiento. Una sociedad democrática tiene la certeza de que los estudiantes, en especial, y el público en general, tendrán un acceso al conocimiento más adecuado, correcto, amplio y útil, entre otras características, si el mismo es transmitido en condiciones de libertad.
En otras palabras, el derecho a la libertad de cátedra es un derecho que ejerce una persona dedicada a la docencia, pero es también necesario para asegurar el derecho a la educación de toda persona, niños y niñas, así como adultos; asegurar que accedan al mejor, más completo y más adecuado conocimiento posible. El desarrollo armónico e integral de todo menor, por ejemplo, depende de la posibilidad de que los docentes puedan llevar adelante sus clases en libertad. Un profesor tiene la libertad de enseñar a sus estudiantes cómo leer. Puede elegir las metodologías y las estrategias que a bien tenga para lograr tales fines. No obstante, no le es dado dejar de lado totalmente el propósito de enseñar a leer a sus estudiantes. Un profesor no puede invocar su libertad de cátedra para defender una metodología de estudio que considera que no es útil para que los estudiantes alcancen los objetivos que él mismo definió para su clase. Tal actitud sería completamente irrazonable constitucionalmente, en especial, por ejemplo, si de tal clase depende la capacidad de alfabetización de un grupo de niñas y niños en situación de marginalidad, con limitado acceso al sistema educativo.
4.2. Los límites a la libertad de cátedra se justifican en la necesaria o adecuada protección de otros derechos constitucionales fundamentales
La interrelación e interdependencia de los derechos fundamentales implica que éstos no son absolutos. Sus límites se justifican, como ocurre con la libertad de cátedra, en la necesaria o adecuada protección de otros derechos constitucionales fundamentales. Un derecho complejo y del cual depende el goce efectivo de otras garantías constitucionales como la libertad de cátedra, supone en su ejercicio un sinnúmero de tensiones.
4.2.1. La jurisprudencia ha indicado, por ejemplo, que un profesor no puede alterar completamente la estructura horaria de una asignatura, dentro de un determinado programa, de acuerdo con sus estudiantes.120 La Sala ha indicado desde 1992 que “[…] en todo establecimiento debe existir una autoridad y que, en cuanto ésta se ejerza dentro de los límites impuestos por la Constitución, la ley y sus reglamentos, la necesidad de acatar sus dictados por quienes de ella dependen es previa al desarrollo mismo de la actividad propiamente académica que le atañe. Así, la institución […] no podía permitir que, a sus espaldas, un acuerdo entre alumnos y profesores desvertebrara el programa general de clases, so pretexto de la libertad de cátedra.”121 La Sala resaltó en aquella oportunidad que el derecho de libertad de cátedra no se ocupa de manera nuclear y prioritaria, de proteger el derecho del docente a determinar algunos aspectos formales menores de ciertas sesiones de clase. Para la Sala el derecho a la libertad de cátedra afectan a cuestiones de contenido y forma definitivas para la transmisión del conocimiento. El carácter instrumental de esta libertad fue resaltada en los siguientes términos,
Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa garantía, de la cual hace parte además del elemento instrumental o procedimental (evaluación, metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material, relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos. Ello implica la facultad que tienen tanto el docente como el alumno para referirse a los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos de ideología o de doctrina.”
4.2.2. La libertad de cátedra no es un derecho que pretenda minar la organización institucional o la coordinación entre los profesores, los docentes y el cuerpo administrativo. Tales condiciones mínimas razonables de interacción pueden ser límites razonables a tal libertad, así como el deber de calidad en la fundamentación de los contenidos y actividades presentadas a los estudiantes. Dijo la Corte al respecto,
“[…] la libertad de cátedra, que tampoco es absoluta, requiere al mismo tiempo responsabilidad en cuanto a los conceptos que se transmiten y se debaten, por lo cual exige del docente constante fundamentación de sus afirmaciones y la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y académico en el cual se halla el estudiante.”122
4.3. La libertad de cátedra y su relación con la libertad de expresión
La libertad de cátedra y la libertad de expresión son derechos fundamentales diferentes y distinguibles entre sí. Por ejemplo, mientras que la libertad de cátedra supone relaciones entre personas en condiciones de jerarquía y autoridad, la libertad de expresión no supone relaciones interpersonales necesariamente. Sin embargo, pese a su diferencia, se trata de dos libertades que, por su puesto, sí son comparables en algunos aspectos. De alguna forma, podría considerarse incluso que la libertad de cátedra es una forma específica de libertad de expresión.
4.3.1. En tal medida, es importante resaltar que para la jurisprudencia constitucional que la libertad de expresión es un derecho que ha de ser comprendido de la forma más amplia posible. En principio, toda restricción a la libertad de expresión debe presumirse inconstitucional y ser sometida a un estricto control de constitucionalidad. En la sentencia T-391 de 2007 la Corte Constitucional se refirió ampliamente sobre la cuestión.123
“La importancia trascendental de la libertad de expresión dentro del orden constitucional colombiano tiene cuatro consecuencias principales: (a) una presunción de cobertura de toda expresión por el ámbito de protección de esta libertad fundamental, (b) una sospecha de inconstitucionalidad respecto de cualquier limitación o regulación estatal de su ejercicio, (c) una presunción de primacía de la libertad de expresión respecto de los demás derechos fundamentales con los que pueda entrar en conflicto, y (d) una presunción de violación del artículo 20 Superior por todo acto que constituya censura. Ello, sin perjuicio de la protección de los derechos de los niños, que están sujetos a un nivel reforzado de amparo constitucional y deben, a la luz del interés superior de los menores, armonizarse con el ejercicio de la libertad de expresión.
De la trascendencia de la libertad de expresión en el orden jurídico colombiano también se derivan ciertos requisitos especiales que han de cumplir las autoridades que pretenden establecer limitaciones o regulaciones sobre su ejercicio, a saber: tres cargas constitucionales que se deben satisfacer en forma estricta –la carga definitoria, la carga argumentativa y la carga probatoria-, respecto del cumplimiento de cada una de las siguientes condiciones constitucionales de la limitación o regulación a adoptar: (1) estar prevista de manera precisa y taxativa por la ley, (2) perseguir el logro de ciertas finalidades imperiosas definidas de manera concreta y específica en atención a las circunstancias del caso, (3) ser necesaria para el logro de dichas finalidades, (4) ser posterior y no previa a la expresión, (5) no constituir censura en ninguna de sus formas, lo cual incluye el requisito de guardar neutralidad frente al contenido de la expresión que se limita, y (6) no incidir de manera excesiva en el ejercicio de este derecho fundamental, es decir, ser proporcionada. El cumplimiento celoso de estos requisitos, que está sujeto a un escrutinio estricto por parte del juez constitucional, es condición indispensable de la legitimidad constitucional de cualquier limitación a la libertad de expresión, la cual, en su ausencia, habrá de tenerse como una violación del artículo 20 Superior.”124
4.3.2. Sin embargo, tal noción amplia y generosa de la libertad de expresión no riñe necesariamente ni es incompatible con la protección, por ejemplo, a la igualdad y a no ser discriminado. La Corte advirtió que existen ciertos casos en los cuales la ‘derrotabilidad del discurso’, esto es, demostrar su inconstitucionalidad, no es tan difícil. Por el contrario, son casos en que se presume la discriminación. En otras palabras, la obligación de protección de otros derechos fundamentales implica que, en ciertas ocasiones, la presunción de inconstitucionalidad se invierte y queda en cabeza de quien lo expresó en ejercicio de su libertad. Dijo al respecto la Corte,
“Existen ciertos modos de expresión respecto de los cuales la presunción de cobertura por la libertad constitucional ha sido derrotada, en virtud de un consenso internacional plasmado en tratados internacionales vinculantes para Colombia – a saber, la propaganda de la guerra, la apología del odio, la violencia y el delito, la pornografía infantil, y la instigación pública y directa al genocidio. Todas las demás formas de expresión humana que no han sido objeto de tal consenso internacional quedan amparadas, en principio, por las cuatro presunciones derivadas del artículo 20 de la Constitución. En consecuencia, la libertad de expresión protege tanto los mensajes socialmente convencionales, como los que son inocuos o merecedores de indiferencia, y también los que son diversos, inusuales o alternativos – lo cual incluye expresiones chocantes, impactantes, que perturban, se consideran indecentes, inapropiadas, escandalosas, inconvenientes, incómodas, excéntricas, vergonzosas o contrarias a las creencias y posturas mayoritarias.”125
4.3.3. En el mismo sentido se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en el ámbito internacional. Ha dicho al respecto,
“En opinión del Comité, la prohibición de la difusión de todas las ideas basadas en la superioridad o el odio racial es compatible con el derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho está reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y aparece evocado en el inciso viii) del apartado d) del artículo 5 de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. En el propio artículo se hace observar su pertinencia respecto del artículo 4. El ejercicio por los ciudadanos de este derecho lleva consigo especiales deberes y responsabilidades, especificados en el párrafo 2 del artículo 29 de la Declaración Universal, entre los que reviste especial importancia la obligación de no difundir ideas racistas. El Comité desea, además, señalar a la atención de los Estados Partes el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual estará prohibida por la ley toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia.”126
4.4. La libertad de cátedra y la autonomía universitaria
La autonomía universitaria es un derecho constitucional que está estrechamente vinculado con la libertad de cátedra, con su propio ámbito de aplicación. Puede estar en tensión con la libertad que reclama un docente para organizar su clase. Pero puede también ocurrir lo contrario. Puede ser que un docente encuentre en la autonomía universitaria un respaldo al ejercicio de su libertad de cátedra.
4.4.1. Han sido varias las ocasiones en las que en el pasado la jurisprudencia de tutela se ha ocupado de trazar los límites a los derechos que entran en tensión con la autonomía universitaria en el contexto de casos concretos y específicos. De hecho, ya en 1999 la jurisprudencia constitucional había podido acuñar una serie de sub reglas constitucionales, construidas poco a poco, caso a caso. En un caso en el cual se valoró la autonomía universitaria para establecer tratos distintos entre estudiantes, a propósito de la inscripción de matrículas extraordinarias, la Corte retomó la jurisprudencia que hasta el momento se había construido a lo largo de varias decisiones estudiadas por distintas Salas de Revisión, en diferentes momentos.127 En tal ocasión se refirió a ese derecho así,
“Naturaleza, contenido y límites de la autonomía universitaria
El artículo 69 de la Constitución de 1991 reconoce en forma expresa la autonomía de los centros de educación superior, como una garantía institucional que busca preservar la libertad académica y el pluralismo ideológico, en los cuales se fundamenta nuestro Estado Social de Derecho (C.P. art. 1º). Por consiguiente, esta facultad o atributo colectivo de la institución es independiente pero inescindible de derechos subjetivos, que en ocasiones la complementan y en otras la limitan. Así pues, la autonomía universitaria se relaciona íntimamente con las libertades de cátedra, enseñanza, aprendizaje e investigación (C.P. art. 27), con los derechos a la educación (C.P. art. 67), al libre desarrollo de la personalidad (C.P. 16) y a escoger libremente profesión u oficio (C.P. art. 26); lo cual explica porque en algunas circunstancias puede ser vista como una garantía y en otras como un ‘derecho limitado y complejo’.128
En este contexto, puede definirse la autonomía universitaria como la capacidad de autoregulación filosófica y de autodeterminación administrativa de la persona jurídica que presta el servicio público de educación superior. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha señalado que ‘la autonomía universitaria es un principio pedagógico universal que permite que cada institución tenga su propia ley estatutaria, y que se rija conforme a ella, de manera que proclame su singularidad en el entorno’.129 Por consiguiente, podemos deducir dos grandes vertientes que definen el contenido de la autonomía de las instituciones educativas superiores. De un lado, la dirección ideológica del centro educativo, lo cual determina su particularidad y su especial condición filosófica en la sociedad pluralista y participativa. Para ello la universidad cuenta con la potestad de señalar los planes de estudio y los métodos y sistemas de investigación. Y, de otro lado, la potestad para dotarse de su propia organización interna, lo cual se concreta en las normas de funcionamiento y de gestión administrativa, en el sistema de elaboración y aprobación de su presupuesto, la administración de sus bienes, la selección y formación de sus docentes.
De lo expuesto, se colige claramente que el contenido de la autonomía universitaria se concreta especialmente en la capacidad libre para definir sus estatutos o reglamentos, los cuales deben ser respetados por toda la comunidad educativa, lo que incluye a los alumnos y a las directivas de la institución.”130
4.4.2. En aquella oportunidad, se retomaron las reglas jurisprudenciales en los siguientes términos,
“A manera de sumario se resumirán las subreglas principales que la Corte Constitucional ha esbozado en el tema de la autonomía universitaria, a saber:
a) La discrecionalidad universitaria, propia de su autonomía, no es absoluta, como quiera que se encuentra limitada por el orden público, el interés general y el bien común.131
b) La autonomía universitaria también se limita por la inspección y vigilancia de la educación que ejerce el Estado.132
c) El ejercicio de la autonomía universitaria y el respeto por el pluralismo ideológico, demuestran que los centros superiores tienen libertad para determinar sus normas internas, a través de los estatutos, las cuales no podrán ser contrarias a la ley ni a la Constitución.133
d) Los estatutos se acogen voluntariamente por quienes desean estudiar en el centro educativo superior, pero una vez aceptados son obligatorios para toda la comunidad educativa. El reglamento concreta la libertad académica, administrativa y económica de las instituciones de educación superior.134
e) El Legislador está constitucionalmente autorizado para limitar la autonomía universitaria, siempre y cuando no invada ni anule su núcleo.135
f) La autonomía universitaria es un derecho limitado y complejo. Limitado porque es una garantía para el funcionamiento adecuado de la institución. Es complejo, como quiera que involucra otros derechos de las personas.136
g) Los criterios para selección de los estudiantes pertenecen a la órbita de la autonomía universitaria, siempre y cuando aquellos sean razonables, proporcionales y no vulneren derechos fundamentales y en especial el derecho a la igualdad. Por ende, la admisión debe corresponder a criterios objetivos de mérito académico individual.137
h) Los criterios para determinar las calificaciones mínimas deben regularse por reglamento, esto es corresponden a la autonomía universitaria.138
i) Las sanciones académicas hacen parte de la autonomía universitaria. Sin embargo, son de naturaleza reglada, como quiera que las conductas que originan la sanción deben estar previamente determinadas en el reglamento. Así mismo, la imposición de sanciones está sometida a la aplicación del debido proceso y del derecho de defensa.139” 140
Vistas algunas de las características centrales de la libertad de cátedra y sus relaciones con otros derechos como la libertad de expresión o la autonomía universitaria, dados los hechos del caso concreto bajo análisis, pasa a resaltar la complejidad de los problemas jurídicos que suele suscitar el ejercicio de la libertad de cátedra.
4.5. Derechos fundamentales complejos, tensiones constitucionales complejas
La Sala de Revisión es consciente que en muchos casos, como el presente proceso, las tensiones entre la libertad de cátedra y otras libertades o derechos constitucionales fundamentales en el contexto de las instituciones educativas, pueden dar lugar a complejos dilemas de variada índole, que plantean retos a la justicia constitucional.
4.5.1. Por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho constitucional de toda persona a no ser obligado a revelar sus creencias. En tal medida, ha impedido que en virtud de la libertad de cátedra o de la autonomía universitaria, se obligara a un estudiante a revelar sus creencias en el contexto de una clase de religión Universitaria. Se reconoció el derecho a imponer la carga académica equivalente que se considerara adecuada, sin que ello implicara desconocer el derecho constitucional de toda persona a no ser obligado a revelar sus creencias.141 En aquella oportunidad la Corte resaltó que “[en] Colombia el derecho a no creer y a no revelar las convicciones más íntimas y profundas es tan sagrado como el derecho a creer, a profesar las creencias y a divulgar las convicciones.”142 Para la jurisprudencia, una universidad no puede mediante sus clases “(i) conducir a que una persona, contra su voluntad, cambie sus convicciones religiosas; (ii) calificar las creencias religiosas de los estudiantes; ni (iii) presio­nar a los estudiantes a revelar “sus convicciones o creencias” (art. 18, C.P.)”.143
4.5.2. En el ámbito de la educación, por ejemplo, se ha considerado que es un acto discriminatorio, exigir que se demuestre que una niña es ‘normal’ como condición de que pueda seguir estudiando en el colegio en el que se encontraba matriculada;144 o impedir que una niña continúe sus estudios, por pintarse los ojos en tiempo escolar.145 También se ha considerado un acto discriminatorio, e incluso, un trato cruel y degradante, obligar a una joven usar un uniforme escolar diferente al de las demás estudiantes, en razón a que decidió convivir en unión libre.146
4.5.3. En el caso bajo revisión no es la libertad de conciencia o de religión la que está presente en el caso y entra en tensión con las libertas de cátedra y autonomía universitaria. Es el derecho a no ser discriminado, en especial por razones de raza, es el que entra en tensión con el ejercicio de la libertad del docente para impartir su clase. Concretamente, su libertad para elegir y decidir qué ejemplos son los mejores para explicar una cuestión, así como la manera para presentarlos ante las personas que asisten a la clase. Posteriormente, la Sala se referirá a la interacción de esta libertad con el derecho a la igualdad, concretamente, el derecho a no ser discriminado.
4.5.4. Los actos discriminatorios en el ámbito educativo puede alcanzar dimensiones de impacto considerable sobre los derechos fundamentales, hasta el extremo de poder llegar a constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
4.5.4.1. El Comité de Derechos Humanos ha destacado en varias ocasiones que la protección frente a tratos crueles, inhumanos y degradantes, no es sólo una protección frente a la tortura y en general, para las personas privadas de la libertad. Expresamente, se han reconocido ámbitos de protección como la salud o la educación. En 1982 dijo el Comité,
“Según se desprende de los términos [del artículo 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos], el alcance de la protección exigida es mucho más amplio que la simple protección contra la tortura, tal como se la entiende normalmente. […] Además, el artículo claramente protege no sólo a las personas presas o detenidas, sino también a los alumnos de los establecimientos de enseñanza y a los pacientes de las instituciones médicas. Por último, es también obligación de las autoridades públicas garantizar la protección de la ley contra esa clase de tratos, aun cuando sean infligidos por personas que actúan fuera de los límites de su función pública o que no ejercen función pública alguna. […]”147
4.5.4.2. En tal sentido, la jurisprudencia constitucional ha tutelado el derecho a no ser sometido a tratos, crueles e inhumanos en el ámbito del acceso a los servicios de salud, además de los ámbitos tradicionales de protección.148 Para la Corte Constitucional, someter a una persona a fuertes e intensos dolores, en razón a que no se le garantiza el acceso a un servicio de salud que requiere y debe ser concedido de acuerdo con el criterio médico autorizado, es un acto similar a la tortura, en cuanto implica someter a una persona a un trato cruel, inhumano y degradante.149
Desde su inicio ha condenado el uso de castigos que puedan afectar la autoestima y el derecho fundamental de todo niño y toda niña a tener un desarrollo armónico e integral. Por ejemplo, se considera lesivo de la dignidad humana, castigar a un estudiante que decidió responder preguntas que no se le había hecho, poniéndole un esparadrapo en la boca.150 De forma similar, ha considerado violatorio de los derechos fundamentales de un menor y, en especial de su dignidad, el castigarlo poniéndole un cartel que en clase frente a sus compañeros que diga que ‘soy un tonto’.151
También ha considerado que se violan los derechos al buen nombre y a la honra de una persona, cuando se le discrimina por parte de un docente en un centro educativo, con base en la condición étnica, y las dificultades económicas o de aprendizaje que esta pueda enfrentar.152 En el caso concreto, el docente se había referido peyorativamente de las capacidades y la condición de un estudiante indígena, debido a los aprietos económicos que afrontaba su familia, en situación de desplazamiento (lo cual se reflejaba en la calidad del uniforme con el que asistía a clase, por ejemplo), así como en las dificultades para aprender el idioma ‘inglés’.153
Los anteriores casos de discriminación en clase, que suponen violaciones a la dignidad humana, implican también una puesta en escena. Es decir, son casos en los cuales una persona que hace las veces de docente, somete a otra persona, en calidad de estudiante, a enfrentar un escenario de discriminación en clase, frente al resto de sus compañeros. Por supuesto, si se trata de niños o niñas, el impacto sobre sus derechos es significativamente mayor que si ocurre con una persona adulta. Pero en cualquier caso, se trata de atentados en contra de la dignidad humana, que afecta el derecho a la educación de forma considerable.
En resumen, la libertad de cátedra es un derecho complejo, que no sólo protege la libertad de expresión y del ejercicio de su profesión y oficio a la persona que se desempeña como docente, sino que cumple importantes funciones en una sociedad abierta, democrática y respetuosa de la dignidad humana. Como todo derecho fundamental de un estado social de derecho, la libertad de cátedra no es absoluto, y encuentra límite en el ejercicio y protección del goce efectivo de otros derechos fundamentales. De forma frecuente, puede generar tensiones con algunos derechos usualmente emparentados (como la autonomía universitaria), pero en ocasiones puede suponer tensiones con otros derechos con los que no necesariamente esté siempre emparentado (como las libertades de conciencia y de religión o el derecho a no ser discriminado). Los actos discriminatorios, claro límite a la libertad de cátedra, pueden ser de una gravedad tal, que constituyan violaciones directas al derecho a no recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes. El juez constitucional siempre, por tanto, ha de tener en cuenta la complejidad que suelen suponer los conflictos jurídicos en torno al ejercicio de la libertad de cátedra, debido a su necesaria y constante interacción con otros derechos fundamentales. Debe identificar cuáles son las garantías constitucionales que están directamente relacionadas en el caso concreto, y tenerlas en cuenta para justificar allí los límites necesarios y específicos que se podrían imponer al ejercicio de la libertad de cátedra.
A continuación la Sala se pronunciará acerca de la relación que existe entre la educación, la libertad de cátedra y el derecho a no ser discriminado, en particular, por razones de raza, dados los supuestos fácticos del caso que se analiza en esta sentencia.

References: artículo 20
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 19
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 29
 artículo 20
 artículo 69
 artículo 7