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Timestamp: 2016-10-22 00:51:56+00:00

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Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (Vigente hasta el 27 de Enero de 2008).
Vigencia desde 20 de Julio de 1986. Esta revisi�n vigente desde 20 de Julio de 2006 hasta 27 de Enero de 2008
Vigente desde 29/Noviembre/1997 hasta 8/Octubre/2000
Vigente desde 8/Octubre/2000 hasta 10/Mayo/2001
Vigente desde 10/Mayo/2001 hasta 1/Enero/2002
Vigente desde 1/Enero/2004 hasta 30/Abril/2006
Vigente desde 30/Abril/2006 hasta 20/Julio/2006
Vigente desde 20/Julio/2006 hasta 27/Enero/2008
Art�culo 1. Bis
�Evaluaci�n ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art�culo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitats naturales y de la fauna y flora silvestres
.� Proyectos contemplados en el apartado 1 del art�culo 1
.� Proyectos contemplados en el apartado 2 del art�culo 1
.� Criterios de selecci�n previstos en el apartado 3 del art�culo 1
R.D. Leg. 1302/1986, 28 junio, derogado por la letra a) de la disposici�n derogatoria �nica del R.D. Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluaci�n de Impacto Ambiental de proyectos (�B.O.E.� 26 enero), el 27 de enero de 2008.
Las evaluaciones de impacto ambiental constituyen una t�cnica generalizada en todos los pa�ses industrializados, recomendada de forma especial por los organismos internacionales, y singularmente por el PNEUMA, OCDE y CEE, que reiteradamente, a trav�s de los programas de acci�n, las han reconocido como el instrumento m�s adecuado para la preservaci�n de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente, hasta el extremo de dotarla, en el �ltimo de los citados, de una regulaci�n espec�fica, como es la directiva 85/377/CEE de 27 de junio de 1985.
Esta t�cnica singular, que introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, se ha venido manifestando como la forma m�s eficaz para evitar los atentados a la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse, al poder elegir, entre las diferentes alternativas posibles, aquella que mejor salvaguarde los intereses generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.
Las evaluaciones de impacto ambiental, que han tenido ese reconocimiento general en muchos de los pa�ses de nuestra �rea, han estado reguladas en Espa�a de modo fragmentario, con una valoraci�n marginal dentro de las normas sectoriales de diferente rango. As�, el Reglamento de actividades clasificadas de 30 de noviembre de 1961, en su art�culo 20, regulaba sus repercusiones para la sanidad ambiental y propon�a sistemas de correcci�n. La Orden del Ministerio de Industria de 18 de octubre de 1976, para proyectos de nuevas industrias potencialmente contaminadoras de la atm�sfera y ampliaci�n de las existentes, inclu�a un estudio de los mismos al objeto de enjuiciar las medidas correctoras previstas y evaluar el impacto ambiental, conectadas a los planes de restauraci�n de los espacios naturales afectados por las actividades extractivas a cielo abierto. Finalmente, la Ley de Aguas de 2 de agosto de 1985 impone con car�cter preceptivo que en la tramitaci�n de las concesiones y autorizaciones que afecten al dominio p�blico hidr�ulico y a la vez impliquen riesgos para el medio ambiente, sea necesaria la presentaci�n de una evaluaci�n de sus efectos.
El presente Real Decreto legislativo de impacto ambiental completa y normaliza este importante procedimiento administrativo partiendo de la directiva comunitaria anteriormente citada, sin otros tr�mites que los estrictamente exigidos por la econom�a procesal y los necesarios para la protecci�n de los intereses generales.
La participaci�n p�blica ha sido recogida a trav�s de la consulta institucional y la informaci�n p�blica de las evaluaciones de impacto. En cuanto a la relaci�n de actividades sometidas a evaluaci�n, respetando los m�nimos consagrados en el anexo I de la directiva comunitaria, se han seleccionado algunas otras actividades que deben ser objeto de aqu�lla, de entre las comprendidas en el anexo II de la misma disposici�n, que contiene las que cada Estado miembro puede incorporar, seg�n su criterio, a este procedimiento.
Las garant�as en orden a la confidencialidad de los datos que se refieran a procesos productivos, con el fin de proteger la propiedad industrial, es otro de los varios aspectos de la presente regulaci�n, acorde no s�lo con la mencionada directiva comunitaria, sino en relaci�n con todo el derecho derivado de la CEE.
Por �ltimo, se prev�n las necesarias medidas a adoptar en los casos de ejecuci�n de proyectos en los que se hubiera omitido el tr�mite de evaluaci�n de impacto o se hubieran incumplido las condiciones impuestas.
En su virtud, en uso de la potestad delegada en el Gobierno por la Ley 47/1985, de 27 de diciembre, de Bases de Delegaci�n al Gobierno para la aplicaci�n del Derecho de las Comunidades Europeas, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Obras P�blicas y Urbanismo y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 28 de junio de 1986, dispongo:
1. La evaluaci�n del impacto ambiental identificar�, describir� y evaluar� de forma apropiada, en funci�n de cada caso particular y de conformidad con este real decreto legislativo, los efectos directos e indirectos de un proyecto sobre los siguientes factores:
2. Los proyectos, p�blicos y privados consistentes en la realizaci�n de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo I deber�n someterse a una evaluaci�n de impacto ambiental en la forma prevista en este real decreto legislativo.
3. Los proyectos p�blicos o privados consistentes en la realizaci�n de las obras, instalaciones o de cualquier otra actividad comprendida en el anexo II, as� como cualquier proyecto no incluido en el anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecol�gica Europea Natura 2000, s�lo deber�n someterse a una evaluaci�n de impacto ambiental en la forma prevista en este real decreto legislativo cuando as� lo decida el �rgano ambiental en cada caso. La decisi�n, que debe ser motivada y p�blica, se ajustar� a los criterios establecidos en el anexo III.
Lo establecido en el p�rrafo anterior no ser� de aplicaci�n a aquellos proyectos para los que la normativa de las Comunidades Aut�nomas, en el �mbito de sus competencias, bien exija evaluaci�n de impacto ambiental, en todo caso, bien haya fijado umbrales, de acuerdo con los criterios del anexo III, para determinar cu�ndo dichos proyectos deben someterse a evaluaci�n de impacto ambiental.
4. La persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo I de este Real Decreto Legislativo, acompa�ar� la solicitud de un documento comprensivo del proyecto con al menos el siguiente contenido:
b) Las principales alternativas que se consideran y an�lisis de los potenciales impactos de cada una de ellas.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, la solicitud y la documentaci�n a que se refiere este apartado se presentar�n ante el �rgano con competencia sustantiva.
5. La persona f�sica o jur�dica, p�blica o privada que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II de este Real Decreto Legislativo, acompa�ar� la solicitud de un documento ambiental del proyecto con al menos el siguiente contenido:
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, la solicitud y la documentaci�n a que se refiere este apartado se presentar� ante el �rgano con competencia sustantiva.
6. En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, el �rgano sustantivo, una vez mostrada su conformidad con los documentos recogidos en los apartados anteriores, los enviar� al �rgano ambiental al objeto de iniciar el tr�mite de evaluaci�n de impacto ambiental.
7. Para los proyectos recogidos en el anexo II que no se sometan al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental, el �rgano ambiental dictar� resoluci�n en el plazo correspondiente tras consultar a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realizaci�n del proyecto.
En el �mbito de la Administraci�n General del Estado, dicha resoluci�n ser� dictada por el �rgano ambiental en el plazo de tres meses.
Cuando de la informaci�n recibida en la fase de consultas se determine que los citados proyectos se deban someter al procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental, se dar� traslado al promotor de las contestaciones recibidas a las consultas efectuadas, para que contin�e con la tramitaci�n.
Art�culo 1 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Art�culo 1. Bis
A los efectos de lo previsto en esta Ley se entender� por:
P�blico: cualquier persona f�sica o jur�dica, as� como sus asociaciones, organizaciones y grupos constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicaci�n.
Todos aquellos en quienes concurran cualquiera de las circunstancias previstas en el art�culo 31 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Cualesquiera personas jur�dicas sin �nimo de lucro que cumplan los siguientes requisitos:
Que tenga entre los fines acreditados en sus estatutos la protecci�n del medio ambiente en general o la de alguno de sus elementos en particular, y que tales fines puedan resultar afectados por el procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental.
Que lleve dos a�os legalmente constituida y venga ejerciendo de modo activo las actividades necesarias para alcanzar los fines previstos en sus estatutos.
Que seg�n sus estatutos desarrolle su actividad en un �mbito territorial que resulte afectado por el proyecto que deba someterse a evaluaci�n de impacto ambiental.
Art�culo 1 bis introducido por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Art�culo 2
1. Los proyectos que, seg�n el art�culo 1 del presente Real Decreto Legislativo, hayan de someterse a evaluaci�n de impacto ambiental deber�n incluir un estudio de impacto ambiental que contendr�, al menos, los siguientes datos:
a) Descripci�n general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relaci�n con la utilizaci�n del suelo y de otros recursos naturales. Estimaci�n de los tipos y cantidades de residuos vertidos y emisiones de materia o energ�a resultantes.
b) Una exposici�n de las principales alternativas estudiadas y una justificaci�n de las principales razones de la soluci�n adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluaci�n de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la poblaci�n, la flora, la fauna, el suelo, el aire, el agua, los factores clim�ticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio hist�rico art�stico y el arqueol�gico. Asimismo, se atender� a la interacci�n entre todos estos factores.
f) Resumen del estudio y conclusiones en t�rminos f�cilmente comprensibles. Informe, en su caso, de las dificultades informativas o t�cnicas encontradas en la elaboraci�n del mismo.
2. La administraci�n pondr� a disposici�n del titular del proyecto los informes y cualquier otra documentaci�n que obre en su poder cuando resulte de utilidad para la realizaci�n del estudio de impacto ambiental.
3. La amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental se determinar� por el �rgano ambiental tras consultar a las administraciones afectadas. La consulta se podr� ampliar a otras personas f�sicas o jur�dicas, p�blicas o privadas, vinculadas a la protecci�n del medio ambiente.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, el plazo para trasladar al �rgano promotor la amplitud y nivel de detalle del estudio de impacto ambiental ser� de tres meses, comput�ndose desde la recepci�n de la solicitud y documentaci�n a que se refiere el art�culo 1.4.
4. Si el promotor no hubiera sometido el estudio de impacto ambiental al tr�mite de informaci�n p�blica, en el plazo fijado por la Comunidad Aut�noma, se proceder� a archivar el expediente, siendo necesario, en su caso, iniciar nuevamente el tr�mite de evaluaci�n de impacto ambiental.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, dicho plazo ser� de dos a�os y se computar� desde que el promotor reciba las contestaciones formuladas a las consultas efectuadas.
Art�culo 2 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Art�culo 3
1. Las Administraciones P�blicas promover�n y asegurar�n la participaci�n de las personas interesadas en la tramitaci�n de los procedimientos de autorizaci�n de proyectos que deban someterse a evaluaci�n de impacto ambiental y adoptar�n las medidas previstas en este Real Decreto legislativo para garantizar que tal participaci�n sea real y efectiva.
A tal efecto, el �rgano sustantivo someter� el estudio de impacto ambiental al que se refiere el art�culo 2 dentro del procedimiento aplicable para la autorizaci�n o realizaci�n del proyecto al que corresponda, y conjuntamente con �ste, al tr�mite de informaci�n p�blica y dem�s informes que en el mismo se establezcan. Dicho tr�mite se evacuar� en aquellas fases del procedimiento en las que est�n a�n abiertas todas las opciones relativas a la determinaci�n del contenido, la extensi�n y la definici�n del proyecto sujeto a autorizaci�n y sometido a evaluaci�n de impacto y tendr� una duraci�n no inferior a 30 d�as.
2. Durante la evacuaci�n del tr�mite de informaci�n p�blica, el �rgano sustantivo informar� al p�blico de los aspectos relevantes relacionados con el procedimiento de autorizaci�n del proyecto y, en concreto de los siguientes aspectos:
La solicitud de autorizaci�n del proyecto.
El hecho de que el proyecto est� sujeto a un procedimiento de evaluaci�n de impacto ambiental, as� como de que, en su caso, puede resultar de aplicaci�n lo previsto en el art�culo 6 en materia de consultas transfronterizas.
Identificaci�n del �rgano competente para resolver el procedimiento, de aquellos de los que pueda obtenerse informaci�n pertinente y de aquellos a los que puedan presentarse observaciones, alegaciones y consultas, as� como del plazo disponible para su presentaci�n.
Indicaci�n de la disponibilidad de la informaci�n recogida con arreglo al art�culo 2 de esta Ley y de la fecha y lugar o lugares en los que se pondr� a disposici�n del p�blico tal informaci�n.
Identificaci�n de las modalidades de participaci�n.
3. Simult�neamente, el �rgano sustantivo consultar� a las Administraciones p�blicas afectadas que hubiesen sido previamente consultadas en relaci�n con la definici�n de la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto ambiental y les proporcionar� la siguiente informaci�n, la cual, adem�s, ser� puesta a disposici�n de las personas interesadas:
Toda informaci�n recogida en virtud del art�culo 2 de este Real Decreto Legislativo.
Toda la documentaci�n relevante recibida por el �rgano sustantivo con anterioridad a la evacuaci�n del tr�mite de informaci�n p�blica.
El �rgano sustantivo informar� a las personas interesadas y a las Administraciones p�blicas afectadas del derecho a participar en el correspondiente procedimiento y del momento en que pueden ejercitar tal derecho. La notificaci�n indicar� la autoridad competente a la que se deben remitir las observaciones y alegaciones en que se concrete tal participaci�n y el plazo en el que deber�n ser remitidas. Dicho plazo no ser� inferior a 30 d�as.
4. Asimismo, el �rgano sustantivo pondr� a disposici�n de las personas interesadas y de las administraciones p�blicas afectadas aquella otra informaci�n distinta de la prevista en el apartado 3 que s�lo pueda obtenerse una vez expirado el tr�mite de informaci�n p�blica y que resulte relevante a los efectos de la decisi�n sobre la ejecuci�n del proyecto.
5. Los resultados de las consultas y de la informaci�n p�blica deber�n tomarse en consideraci�n por el promotor en su proyecto, as� como por el �rgano sustantivo en la autorizaci�n del mismo.
Art�culo 3 redactado por el apartado dos de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Art�culo 4
1. Con car�cter previo a la resoluci�n administrativa que se adopte para la realizaci�n o, en su caso, autorizaci�n de la obra, instalaci�n o actividad de que se trate, el �rgano sustantivo remitir� el expediente al �rgano ambiental, acompa�ado, en su caso, de las observaciones que estime oportunas, al objeto de que se formule una declaraci�n de impacto, en la que se determinen las condiciones que deban establecerse en orden a la adecuada protecci�n del medio ambiente y los recursos naturales. Los plazos para remitir el expediente al �rgano ambiental y para formular la declaraci�n de impacto ambiental ser�n fijados por la Comunidad Aut�noma.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, dichos plazos ser�n de seis y tres meses respectivamente.
2. En el supuesto de discrepancia entre ambos �rganos, resolver�, seg�n la Administraci�n que haya tramitado el expediente, el Consejo de Ministros o el �rgano de Gobierno de la Comunidad Aut�noma correspondiente o, en su caso, el que dicha Comunidad haya determinado.
3. La Declaraci�n de Impacto se har� p�blica en todo caso.
4. La declaraci�n de impacto ambiental del proyecto o actividad caducar� si no se hubiera comenzado su ejecuci�n en el plazo fijado por la Comunidad Aut�noma. En tales casos, el promotor deber� iniciar nuevamente el tr�mite de evaluaci�n ambiental del proyecto.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, dicho plazo ser� de cinco a�os.
5. No obstante, el �rgano ambiental podr� resolver, a solicitud del promotor, que dicha declaraci�n sigue vigente al no haberse producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la evaluaci�n de impacto ambiental. El plazo m�ximo de emisi�n del informe sobre la revisi�n de la declaraci�n de impacto ambiental ser� el que fije la Comunidad Aut�noma. Transcurrido dicho plazo sin que se haya emitido el citado informe, podr� entenderse vigente la declaraci�n de impacto ambiental formulada en su d�a.
En los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado, el plazo m�ximo de remisi�n del informe sobre la revisi�n de la declaraci�n de impacto ambiental ser� de sesenta d�as.
6. A los efectos previstos en este art�culo, el promotor de cualquier proyecto o actividad sometido a evaluaci�n de impacto ambiental deber� comunicar al �rgano ambiental, con la suficiente antelaci�n, la fecha de comienzo de la ejecuci�n del mismo.
Art�culo 4 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Art�culo 4 bis
1. Cuando se adopte, la decisi�n sobre la aprobaci�n del proyecto ser� hecha p�blica por el �rgano sustantivo que la haya adoptado, el cual pondr� a disposici�n del p�blico la siguiente informaci�n:
2. La informaci�n a que se refiere el apartado anterior ser� enviada a los Estados miembros que hayan sido consultados seg�n el art�culo 6.
Art�culo 4 bis introducido por el apartado uno de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Art�culo 5
1. A efectos de lo establecido en este Real Decreto legislativo y, en su caso, en la legislaci�n de las Comunidades Aut�nomas, el Ministerio de Medio Ambiente ser� �rgano ambiental en relaci�n con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado.
2. Cuando se trate de proyectos distintos a los se�alados en el apartado 1, ser� �rgano ambiental el que determine cada Comunidad Aut�noma en su respectivo �mbito territorial.
3. Cuando corresponda a la Administraci�n General del Estado formular la declaraci�n de impacto ambiental, ser� consultado preceptivamente el �rgano ambiental de la Comunidad Aut�noma en donde se ubique territorialmente el proyecto.
Art�culo 5 redactado por el n�mero uno del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 Art�culo 6
1. Cuando se considere que la ejecuci�n de un proyecto pueda tener efectos significativos sobre el medio ambiente de otro Estado miembro de la Uni�n Europea, o cuando un Estado miembro que pueda verse significativamente afectado lo solicite, el �rgano ambiental que deba formular la declaraci�n de impacto ambiental, a trav�s del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, comunicar� a dicho Estado la posibilidad de abrir un periodo de consultas bilaterales para estudiar tales efectos, as� como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos. Con tal finalidad, se facilitar� al Estado miembro en cuesti�n una descripci�n del proyecto, junto con toda la informaci�n relevante sobre sus posibles efectos transfronterizos y dem�s informaci�n derivada de la tramitaci�n del procedimiento con anterioridad a la autorizaci�n del proyecto.
2. Si el Estado miembro manifestara su voluntad de abrir dicho periodo de consultas, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, previa consulta al �rgano ambiental que deba formular la declaraci�n de impacto ambiental, negociar� con las autoridades competentes de dicho Estado el calendario razonable de reuniones y tr�mites a que deber�n ajustarse las consultas y las medidas que deban ser adoptadas para garantizar que las autoridades ambientales y las personas interesadas de dicho Estado, en la medida en la que pueda resultar significativamente afectado, tengan ocasi�n de manifestar su opini�n sobre el proyecto con anterioridad a su autorizaci�n.
3. La delegaci�n del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n responsable de la negociaci�n incluir�, al menos, un representante de la administraci�n p�blica competente para la autorizaci�n del proyecto, as� como del �rgano ambiental correspondiente, y en cualquier caso una representaci�n de la administraci�n auton�mica en cuyo territorio vaya a ejecutarse dicho proyecto.
4. El procedimiento de consulta transfronteriza se iniciar� mediante comunicaci�n del �rgano de la administraci�n p�blica competente para la autorizaci�n del proyecto dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n, acompa�ada de la documentaci�n a la que se refiere el apartado 1. Igualmente se acompa�ar� una memoria sucinta elaborada por el promotor en la que se expondr� de manera motivada los fundamentos de hecho y de derecho que justifican la necesidad de poner en conocimiento de otro Estado miembro el proyecto de que se trate. En la comunicaci�n se identificar� a los representantes de las administraciones p�blicas que, en su caso, hayan de integrarse en la delegaci�n del citado Ministerio.
5. Si la apertura del periodo de consultas transfronterizas hubiera sido promovida por la autoridad del Estado miembro susceptible de ser afectado por la ejecuci�n del proyecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n lo pondr� en conocimiento de la administraci�n p�blica competente para la autorizaci�n del proyecto y le solicitar� la remisi�n de la documentaci�n a que se refiere el apartado anterior, a fin de iniciar el procedimiento de consulta transfronteriza.
6. Los plazos previstos en la normativa reguladora del procedimiento de autorizaci�n del proyecto quedar�n suspendidos hasta que concluya el procedimiento de consultas transfronterizas.
7. Cuando un Estado miembro de la Uni�n Europea comunique que en su territorio est� prevista la ejecuci�n de un proyecto que puede tener efectos significativos sobre el medio ambiente en el Estado espa�ol, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperaci�n lo pondr� en conocimiento del Ministerio de Medio Ambiente, el cual, con la participaci�n de los �rganos ambientales de las comunidades aut�nomas afectadas, actuar� como �rgano ambiental en las consultas bilaterales que se hagan para estudiar tales efectos, as� como las medidas que, en su caso, puedan acordarse para suprimirlos o reducirlos.
El �rgano ambiental garantizar� que las Administraciones p�blicas afectadas y las personas interesadas son consultadas de acuerdo con lo establecido en el art�culo 3. A estos efectos, definir� los t�rminos en los que se evacuar� el tr�mite de consultas en colaboraci�n con los �rganos competentes de las comunidades aut�nomas afectadas por la ejecuci�n del proyecto promovido por otro Estado miembro de la Uni�n Europea.
Art�culo 6 redactado por el apartado tres de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Art�culo 7
1. Corresponde a los �rganos sustantivos por raz�n de la materia o a los �rganos que, en su caso, designen las Comunidades Aut�nomas respecto a los proyectos que no sean de competencia estatal, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaraci�n de impacto ambiental. Sin perjuicio de ello, el �rgano ambiental podr� recabar informaci�n de aqu�llos al respecto, as� como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del condicionado.
El �rgano sustantivo comunicar� al �rgano ambiental el comienzo y final de las obras as� como el comienzo de la fase de explotaci�n.
2. Las potestades sancionadoras corresponder�n al �rgano sustantivo en los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la Administraci�n General del Estado.
Art�culo 7 redactado por el apartado uno de la disposici�n final primera de Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Art�culo 8
1. De acuerdo con las disposiciones sobre propiedad industrial y con la pr�ctica jur�dica en materia de secreto industrial y comercial, el �rgano competente, al realizar la evaluaci�n de impacto ambiental, deber� respetar la confidencialidad de las informaciones aportadas por el titular del proyecto que tengan dicho car�cter, teniendo en cuenta, en todo caso, la protecci�n del inter�s p�blico.
2. Cuando la evaluaci�n de impacto ambiental afecte a otro Estado miembro de las Comunidades Europeas, la transmisi�n de informaci�n al mismo estar� sometida a las restricciones que para garantizar dicha confidencialidad se consideren convenientes.
1. Sin perjuicio de las infracciones que, en su caso, puedan establecer las Comunidades Aut�nomas, las infracciones en materia de evaluaci�n de impacto ambiental en el caso de proyectos privados se clasifican en muy graves, graves y leves.
a) El inicio de la ejecuci�n de un proyecto que debe someterse a evaluaci�n de impacto ambiental, de acuerdo con el anexo I, incumpliendo dicho requisito.
b) El inicio de la ejecuci�n de un proyecto contemplado en el anexo II, que deba someterse a evaluaci�n de impacto ambiental, de acuerdo con el art�culo 1.
a) La ocultaci�n de datos, su falseamiento o manipulaci�n maliciosa en el procedimiento de evaluaci�n.
b) El incumplimiento de las condiciones ambientales en que debe realizarse el proyecto de acuerdo con la declaraci�n de impacto ambiental, as� como las correspondientes medidas protectoras y correctoras.
c) El incumplimiento de las �rdenes de suspensi�n de la ejecuci�n del proyecto.
d) El incumplimiento de la obligaci�n de recabar el parecer del �rgano medioambiental, que se impone en el apartado 2 del art�culo 1, a los promotores de proyectos del anexo II.
e) El incumplimiento por parte de los promotores de los proyectos del anexo II de la obligaci�n de suministrar la documentaci�n se�alada en el apartado 3 del art�culo 2.
4. Es infracci�n leve el incumplimiento de cualquiera de las previsiones contenidas en el presente Real Decreto legislativo, cuando no est� tipificada como muy grave o grave, de acuerdo con los apartados anteriores o las normas aprobadas conforme al mismo.
5. Una vez iniciado el procedimiento sancionador, el �rgano competente para resolver podr�, en cualquier momento y mediante acuerdo motivado, disponer la suspensi�n de la ejecuci�n del proyecto y adoptar otras medidas de car�cter provisional que aseguren la eficacia de la resoluci�n final que pudiera recaer.
Art�culo 8 bis introducido por el n�mero uno del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 Art�culo 8 ter
1. Las infracciones tipificadas en el art�culo anterior dar�n lugar a la imposici�n de las siguientes sanciones:
a) En el caso de infracci�n muy grave: multa desde 240.404,85 hasta 2.404.048,42 euros (desde 40.000.001 hasta 400.000.000 de pesetas)
Vigencia: 1 enero 2002 2. Las sanciones se impondr�n atendiendo a las circunstancias del responsable, grado de culpa, reiteraci�n, participaci�n y beneficio obtenido y grado del da�o causado al medio ambiente o del peligro en que se haya expuesto la salud de las personas.
3. Lo establecido en el presente art�culo se entiende sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Aut�nomas en la materia.
Art�culo 8 ter introducido por el n�mero uno del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 Art�culo 9
1. Si un proyecto de los sometidos obligatoriamente a evaluaci�n de impacto ambiental comenzara a ejecutarse sin el cumplimiento de este requisito, se suspender� su ejecuci�n a requerimiento del �rgano administrativo de medio ambiente competente, sin perjuicio de la responsabilidad a que hubiese lugar.
2. Asimismo, el �rgano sustantivo competente, acordar� la suspensi�n en los siguientes supuestos:
a) cuando se hubiere acreditado la ocultaci�n de datos o su falseamiento o la manipulaci�n maliciosa en el procedimiento de evaluaci�n, siempre que hubiere influido de forma determinante en el resultado de dicha evaluaci�n.
b) cuando se hubieren incumplido o transgredido de manera significativa las condiciones ambientales impuestas para la ejecuci�n del proyecto.
3. El requerimiento del �rgano administrativo de medio ambiente, a que se refiere el apartado 1 de este art�culo, puede ser acordado de oficio o a instancia de parte, una vez justificado el supuesto a que hace referencia dicho apartado.
4. En el caso de suspensi�n de actividades se tendr� en cuenta lo previsto en la legislaci�n laboral.
Art�culo 9 redactado por el apartado dos del art�culo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004 Art�culo 10
1. Cuando la ejecuci�n de los proyectos a que se refiere el art�culo anterior produjera una alteraci�n de la realidad f�sica, su titular deber� proceder a la restituci�n de la misma en la forma que disponga la Administraci�n. A tal efecto, �sta podr� imponer multas coercitivas sucesivas de hasta 300,51 euros (50.000 pesetas) cada una, sin perjuicio de la posible ejecuci�n subsidiaria por la propia Administraci�n, a cargo de aqu�l.
Conversi�n a euros de las cuant�as establecidas en el presente art�culo conforme lo previsto en la Resoluci�n del Ministerio de Medio Ambiente de 21 de noviembre de 2001.Vigencia: 1 enero 2002 2. En cualquier caso el titular del proyecto deber� indemnizar los da�os y perjuicios ocasionados. La valoraci�n de los mismos se har� por la Administraci�n, previa tasaci�n contradictoria cuando el titular del proyecto no prestara su conformidad a aqu�lla.
El presente Real Decreto Legislativo no ser� de aplicaci�n a los proyectos relacionados con los objetivos de la Defensa Nacional cuando tal aplicaci�n pudiera tener repercusiones negativas sobre tales necesidades. Tampoco ser� de aplicaci�n a los proyectos aprobados espec�ficamente por una Ley del Estado.
Disposici�n adicional primera redactada por el apartado cuatro de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Disposici�n adicional segunda
El Consejo de Ministros, en el �mbito de la Administraci�n General del Estado y el �rgano que determine la legislaci�n de cada Comunidad Aut�noma en sus respectivos �mbitos de competencias, podr�n, en supuestos excepcionales y mediante acuerdo motivado, excluir a un proyecto determinado del tr�mite de evaluaci�n de impacto.
En tales casos, se examinar� la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluaci�n. El acuerdo de exclusi�n y los motivos que lo justifican se publicar�n en el BOE o en el diario oficial correspondiente y se pondr� a disposici�n de las personas interesadas la siguiente informaci�n:
La decisi�n de exclusi�n y los motivos que la justifican.
La informaci�n relativa al examen sobre las formas alternativas de evaluaci�n del proyecto excluido.
Disposici�n adicional segunda redactada por el apartado cinco de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Disposici�n adicional tercera
Trat�ndose de proyectos, p�blicos y privados, que corresponda autorizar o aprobar a la Administraci�n General del Estado y no sujetos a evaluaci�n de impacto ambiental conforme a lo previsto en el presente Real Decreto legislativo, que, sin embargo, deban someterse a la misma por indicarlo la legislaci�n de la Comunidad Aut�noma en donde deban ejecutarse, la citada evaluaci�n se llevar� a cabo de conformidad con el procedimiento abreviado que a tal efecto se establezca reglamentariamente por el Estado.
Disposici�n Adicional Tercera introducida por el n�mero dos del art�culo �nico del R.D.-Ley 9/2000, 6 octubre, de modificaci�n del R.D. legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci�n de Impacto Ambiental (�B.O.E.� 7 octubre).Vigencia: 8 octubre 2000 Apartado 2 del art�culo �nico del RDL 9/2000 de 6 de octubre, que modifica el presente Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, e introduce la presente disposici�n adicional tercera, declarado inconstitucional por Sentencia TC (Pleno) de 13 enero 2012.
Evaluaci�n ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art�culo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitats naturales y de la fauna y flora silvestres 1. La evaluaci�n a la que se refiere el apartado 3 del art�culo 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservaci�n de los h�bitats naturales y de la fauna y flora silvestres, relativa a planes y proyectos autorizados por la Administraci�n General del Estado y sometidos, a su vez, a evaluaci�n de impacto ambiental, se entender� incluida en el procedimiento previsto por el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluaci�n de Impacto Ambiental.
2. A la vista de las conclusiones de la evaluaci�n de impacto sobre las zonas de la Red Natura 2000, y supeditado a lo dispuesto en el apartado 4 del art�culo 6 del citado real decreto, el Ministerio de Medio Ambiente fijar� las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Natura 2000. Para su definici�n, se consultar� preceptivamente al �rgano competente de la comunidad aut�noma en la que se localice el proyecto, cuyo parecer podr� ser incorporado a la Declaraci�n de Impacto ambiental que emita el �rgano ambiental estatal. El plazo para la evacuaci�n de dicho informe ser� de 30 d�as. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiera emitido el informe, el �rgano ambiental estatal podr� proseguir las actuaciones.
3. La remisi�n, en su caso, de la informaci�n a la Comisi�n Europea sobre las medidas compensatorias que se hayan adoptado se llevar� a cabo por el Ministerio de Medio Ambiente en los t�rminos previstos en el art�culo 10 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n.
Disposici�n adicional cuarta introducida por el apartado tres del art�culo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004 DISPOSICIONES FINALES
El presente Real Decreto legislativo ser� de aplicaci�n a las obras, instalaciones o actividades sometidas al mismo que se inicien a partir de los dos a�os de su entrada en vigor.
Este Real Decreto Legislativo, excepto lo previsto en su art�culo 9, tiene el car�cter de legislaci�n b�sica sobre protecci�n del medio ambiente, de acuerdo con lo establecido en el art�culo 149.1.23.� de la Constituci�n.
Disposici�n final tercera redactada por el apartado cuatro del art�culo 127 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2004 ANEXO I Proyectos contemplados en el apartado 1 del art�culo 1
Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganader�a
8.� Explotaciones que se hallen ubicadas en terreno de dominio p�blico hidr�ulico o en zona de polic�a de un cauce cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicaci�n de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
3.� Aqu�llas cuyos minados se encuentren a menos de 1 kil�metro (medido en plano) de distancia de n�cleos urbanos, que puedan inducir riesgos por subsidencia.En todos los casos se incluyen todas las instalaciones y estructuras necesarias para el tratamiento del mineral, acopios temporales o residuales de est�riles de mina o del aprovechamiento mineral�rgico (escombreras, presas y balsas de agua o de est�riles, plantas de machaqueo o mineral�rgicas, etc.).
1.� Dragados fluviales cuando se realicen en tramos de cauces o zonas h�medas protegidas designadas en aplicaci�n de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE, o en humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar y cuando el volumen extra�do sea superior a 20.000 metros c�bicos/a�o.
Grupo 3. Industria energ�tica
1.� Centrales t�rmicas y otras instalaciones de combusti�n con potencia t�rmica de, al menos, 300 MW.
e) Instalaciones industriales para la producci�n de electricidad, vapor y agua caliente con potencia t�rmica superior a 300 MW.
f) Tuber�as para el transporte de gas y petr�leo con un di�metro de m�s de 800 mil�metros y una longitud superior a 40 kil�metros.
g) Construcci�n de l�neas a�reas para el transporte de energ�a el�ctrica con un voltaje igual o superior a 220 kV y una longitud superior a 15 kil�metros.
h) Instalaciones para el almacenamiento de productos petrol�feros mayores de 100.000 toneladas.
i) Instalaciones para la utilizaci�n de la fuerza del viento para la producci�n de energ�a (parques e�licos) que tengan 50 o m�s aerogeneradores, o que se encuentren a menos de 2 kil�metros de otro parque e�lico.
Grupo 4. Industria sider�rgica y del mineral. Producci�n y elaboraci�n de metales
a) Plantas sider�rgicas integrales. Instalaciones para la producci�n de metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metal�rgicos, qu�micos o elecrol�ticos.
Grupo 5. Industria qu�mica, petroqu�mica, textil y papelera
b) Tuber�as para el transporte de productos qu�micos con un di�metro de m�s de 800 mil�metros y una longitud superior a 40 kil�metros.
f) Obras costeras destinadas a combatir la erosi�n y obras mar�timas que puedan alterar la costa, por ejemplo, por la construcci�n de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucci�n de tales obras, cuando estas estructuras alcancen una profundidad de, al menos, 12 metros con respecto a la bajamar m�xima viva equinoccial.
Grupo 7. Proyectos de ingenier�a hidr�ulica y de gesti�n del agua
c) Proyectos para el trasvase de recursos h�dricos entre cuencas fluviales, excluidos los trasvases de agua potable por tuber�a, en cualquiera de los siguientes casos:
3.� En todos los dem�s casos, cuando alguna de las obras que constituye el trasvase figure entre las comprendidas en este anexo I.
Grupo 8. Proyectos de tratamiento y gesti�n de residuos
a) Instalaciones de incineraci�n de residuos peligrosos [definidos en el art�culo 3.c) de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos], as� como las de eliminaci�n de dichos residuos mediante dep�sito en vertedero, dep�sito de seguridad o tratamiento qu�mico (como se define en el ep�grafe D9 del anexo IIA de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, de 15 de julio, relativa a los residuos).
a) Transformaciones de uso del suelo que impliquen eliminaci�n de la cubierta vegetal arbustiva, cuando dichas transformaciones afecten a superficies superiores a 100 hect�reas.
b) Los siguientes proyectos correspondientes a actividades listadas en el anexo I que, no alcanzando los valores de los umbrales establecidos en el mismo, se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicaci�n de la Directiva 79/409/CEE, del Consejo, de 2 de abril, relativa a la conservaci�n de la aves silvestres, y de la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservaci�n de los h�bitats naturales y de la fauna y flora silvestres, o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
5.� Dragados marinos para la obtenci�n de arena.
N�mero 5.� de la letra b) del grupo 9 del anexo I redactado por el apartado dos de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 6.� Explotaciones y frentes de una misma autorizaci�n o concesi�n a cielo abierto de yacimientos minerales y dem�s recursos geol�gicos de las secciones A, B, C y D, cuyo aprovechamiento est� regulado por la Ley de Minas y normativa complementaria, cuando la superficie de terreno afectado por la explotaci�n supere las 2,5 hect�reas o la explotaci�n se halle ubicada en terreno de dominio p�blico hidr�ulico, o en la zona de polic�a de un cauce.
7.� Tuber�as para el transporte de productos qu�micos y para el transporte de gas y petr�leo con un di�metro de m�s de 800 mil�metros y una longitud superior a 10 kil�metros.
8.� L�neas a�reas para el transporte de energ�a el�ctrica con una longitud superior a 3 kil�metros.
9.� Parques e�licos que tengan m�s de 10 aerogeneradores.
c) Los proyectos que se citan a continuaci�n, cuando se desarrollen en zonas especialmente sensibles, designadas en aplicaci�n de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE o en humedales incluidos en la lista del Convenio de Ramsar:
1.� Instalaciones para la producci�n de energ�a hidroel�ctrica.
2.� Construcci�n de aer�dromos.
4.� Pistas de esqu�, remontes y telef�ricos y construcciones asociadas.
6.� Vertederos de residuos no peligrosos no incluidos en el grupo 8 de este anexo I, as� como de residuos inertes que ocupen m�s de 1 hect�rea de superficie medida en verdadera magnitud.
d) Todos los proyectos incluidos en el anexo II cuando sea exigida la evaluaci�n de impacto ambiental por la normativa auton�mica.
Letra d) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado tres de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 e)
Cualquier modificaci�n o extensi�n de un proyecto consignado en el presente anexo, cuando dicha modificaci�n o extensi�n cumple, por s� sola, los posibles umbrales establecidos en el presente anexo.
Letra e) del grupo 9 del anexo I introducida por el apartado seis de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio f�sico no impedir� la aplicaci�n de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumular�n las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
Anexo I redactado conforme establece el n�mero tres del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 ANEXO II Proyectos contemplados en el apartado 2 del art�culo 1
a) Proyectos de concentraci�n parcelaria (excepto los incluidos en el anexo I).
c) Proyectos de gesti�n de recursos h�dricos para la agricultura, con inclusi�n de proyectos de riego o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie mayor de 10 hect�reas (proyectos no incluidos en el anexo I), o bien proyectos de consolidaci�n y mejora de regad�os de m�s de 100 hect�reas.
d) Proyectos para destinar �reas seminaturales a la explotaci�n agr�cola intensiva no incluidos en el anexo I.
e) Instalaciones para la acuicultura intensiva que tenga una capacidad de producci�n superior a 500 toneladas al a�o.
b) Instalaciones industriales para el envasado y enlatado de productos animales y vegetales. Instalaciones cuya materia prima sea animal, exceptuada la leche, con una capacidad de producci�n superior a 75 toneladas por d�a de productos acabados, e instalaciones cuya materia prima sea vegetal con una capacidad de producci�n superior a 300 toneladas por d�a de productos acabados (valores medios trimestrales).
c) Instalaciones industriales para fabricaci�n de productos l�cteos, siempre que la instalaci�n reciba una cantidad de leche superior a 200 toneladas por d�a (valor medio anual).
d) Instalaciones industriales para la fabricaci�n de cerveza y malta, siempre que en la instalaci�n se den de forma simult�nea las circunstancias siguientes:
e) Instalaciones industriales para la elaboraci�n de confituras y alm�bares, siempre que en la instalaci�n se den de forma simult�nea las circunstancias siguientes:
f) Instalaciones para el sacrificio y/o despiece de animales con una capacidad de producci�n de canales superior a 50 toneladas por d�a.
g) Instalaciones industriales para la fabricaci�n de f�culas, siempre que se den de forma simult�nea las circunstancias siguientes:
h) Instalaciones industriales para la fabricaci�n de harina de pescado y aceite de pescado, siempre que en la instalaci�n se den de forma simult�nea las circunstancias siguientes:
4.� Perforaciones petrol�feras.
Apartado 4.� de la letra a) del grupo 3 del Anexo II redactado por el apartado siete de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 b) Instalaciones industriales en el exterior para la extracci�n de carb�n, petr�leo, gas natural, minerales y pizarras bituminosas.
d) Dragados marinos para la obtenci�n de arena (proyectos no incluidos en el anexo I).
e) Explotaciones (no incluidas en el anexo I) que se hallen ubicadas en terreno de dominio p�blico hidr�ulico para extracciones superiores a 20.000 metros c�bicos/a�o o en zona de polic�a de cauces y su superficie sea mayor de 5 hect�reas.
f) Dragados fluviales (no incluidos en el anexo I) cuando el volumen de producto extra�do sea superior a 100.000 metros c�bicos.
Grupo 4. Industria energ�tica
a) Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente; transporte de energ�a el�ctrica mediante l�neas a�reas (proyectos no incluidos en el anexo I), que tengan una longitud superior a 3 kil�metros.
b) Fabricaci�n industrial de briquetas de hulla y de lignito.
c) Instalaciones para la producci�n de energ�a hidroel�ctrica (cuando, seg�n lo establecido en el anexo I, no lo exija cualquiera de las obras que constituyen la instalaci�n).
d) Instalaciones de oleoductos y gasoductos (proyectos no incluidos en el anexo I), excepto en suelo urbano, que tengan una longitud superior a 10 kil�metros.
f) Almacenamiento subterr�neo de gases combustibles. Instalaciones con capacidad superior a 100 metros c�bicos.
h) Parques e�licos no incluidos en el anexo I.
i) Instalaciones industriales para la producci�n de electricidad, vapor y agua caliente con potencia t�rmica superior a 100 MW.
Grupo 5. Industria sider�rgica y del mineral. Producci�n y elaboraci�n de metales
e) Instalaciones para la construcci�n y reparaci�n de aeronaves.
f) Instalaciones para la fabricaci�n de material ferroviario.
g) Instalaciones para la fabricaci�n y montaje de veh�culos de motor y fabricaci�n de motores para veh�culos.
Grupo 6. Industria qu�mica, petroqu�mica, textil y papelera
d) Fabricaci�n y tratamiento de productos a base de elast�meros.
b) Proyectos de urbanizaciones, incluida la construcci�n de centros comerciales y aparcamientos.
Letra b) del grupo 7 del anexo II redactada por el apartado cuatro de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 c) Construcci�n de l�neas de ferrocarril, de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales (proyectos no incluidos en el anexo I).
e) Obras de alimentaci�n artificial de playas cuyo volumen de aportaci�n de arena supere los 500.000 metros c�bicos o bien que requieran la construcci�n de diques o espigones (proyectos no incluidos en el anexo I).
f) Tranv�as, metros a�reos y subterr�neos, l�neas suspendidas o l�neas similares de un determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros.
Grupo 8. Proyectos de ingenier�a hidr�ulica y de gesti�n del agua
b) Proyectos para el trasvase de recursos h�dricos entre cuencas fluviales cuando el volumen de agua trasvasada sea superior a 5.000.000 de metros c�bicos. Se except�an los trasvases de agua potable por tuber�a o la reutilizaci�n directa de aguas depuradas (proyectos no incluidos en el anexo I).
c) Construcci�n de v�as navegables, puertos de navegaci�n interior, obras de encauzamiento y proyectos de defensa de cauces y m�rgenes cuando la longitud total del tramo afectado sea superior a 2 kil�metros y no se encuentran entre los supuestos contemplados en el anexo I. Se except�an aquellas actuaciones que se ejecuten para evitar el riesgo en zona urbana.
e) Instalaciones de desalaci�n o desalobraci�n de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 3.000 metros c�bicos/d�a.
f) Instalaciones de conducci�n de agua a larga distancia cuando la longitud sea mayor de 40 kil�metros y la capacidad m�xima de conducci�n sea superior a 5 metros c�bicos/segundo (proyectos no incluidos en el anexo I).
g) Presas y otras instalaciones destinadas a retener el agua o almacenarla, siempre que se d� alguno de los siguientes supuestos:
1.� Grandes presas seg�n se definen en el Reglamento t�cnico de seguridad de presas y embalses, cuando no se encuentren incluidas en el anexo I.
b) Instalaciones de eliminaci�n de residuos no incluidas en el anexo I.
c) Dep�sitos de lodos.
d) Instalaciones de almacenamiento de chatarra, incluidos veh�culos desechados e instalaciones de desguace.
f) Instalaciones para la recuperaci�n o destrucci�n de sustancias explosivas.
g) Pistas de esqu�, remontes y telef�ricos y construcciones asociadas (proyectos no incluidos en el anexo I).
h) Campamentos permanentes para tiendas de campa�a o caravanas.
i) Parques tem�ticos (proyectos no incluidos en el anexo I).
j) Recuperaci�n de tierras al mar.
Cualquier cambio o ampliaci�n de los proyectos que figuran en los anexos I y II, ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecuci�n (modificaci�n o extensi�n no recogidas en el anexo I) que puedan tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, es decir, cuando se produzca alguna de las incidencias siguientes:
Incremento significativo de las emisiones a la atm�sfera.
Incremento significativo de los vertidos a cauces p�blicos o al litoral.
Incremento significativo de la generaci�n de residuos.
Incremento significativo en la utilizaci�n de recursos naturales.
Afecci�n a �reas de especial protecci�n designadas en aplicaci�n de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE o a humedales incluidos en la lista del Convenio Ramsar.
Letra k) del grupo 9 del Anexo II redactada por el apartado ocho de la disposici�n final primera de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la informaci�n, de participaci�n p�blica y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE) (�B.O.E.� 19 julio).Vigencia: 20 julio 2006 l) Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos m�todos o productos y que no se utilicen por m�s de dos a�os.
m) Urbanizaciones de vacaciones y complejos hoteleros fuera de �reas urbanas y construcciones asociadas.
Letra m) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 n) Los proyectos que no estando recogidos en el anexo I ni II cuando as� lo requiera la normativa auton�mica y a solicitud del �rgano ambiental de la comunidad aut�noma en la que est� ubicado el proyecto, acreditando para ello que puedan tener efectos significativos en el medio ambiente. La exigencia de evaluaci�n de impacto ambiental por la normativa auton�mica podr� servir de acreditaci�n a efectos de este apartado.
Letra n) del grupo 9 del anexo II introducida por el apartado cinco de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 Nota: el fraccionamiento de proyectos de igual naturaleza y realizados en el mismo espacio f�sico no impedir� la aplicaci�n de los umbrales establecidos en este anexo, a cuyos efectos se acumular�n las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
Anexo II introducido en su actual redacci�n conforme establece el n�mero tres del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 ANEXO III Criterios de selecci�n previstos en el apartado 3 del art�culo 1
R�brica del anexo III redactada por el apartado seis de la disposici�n final primera de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluaci�n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (�B.O.E.� 29 abril).Vigencia: 30 abril 2006 1. Caracter�sticas de los proyectos Las caracter�sticas de los proyectos deber�n considerarse, en particular, desde el punto de vista de:
a) El tama�o del proyecto.
b) La acumulaci�n con otros proyectos.
e) Contaminaci�n y otros inconvenientes.
f) El riesgo de accidentes, considerando en particular las sustancias y las tecnolog�as utilizadas.
2. Ubicaci�n de los proyectos La sensibilidad medioambiental de las �reas geogr�ficas que puedan verse afectadas por los proyectos deber� considerarse teniendo en cuenta, en particular:
b) La relativa abundancia, calidad y capacidad regenerativa de los recursos naturales del �rea.
c) La capacidad de carga del medio natural, con especial atenci�n a las �reas siguientes:
1.� Humedales.
2.� Zonas costeras.
3.� �reas de monta�a y de bosque.
4.� Reservas naturales y parques.
5.� �reas clasificadas o protegidas por la legislaci�n del Estado o de las Comunidades Aut�nomas; �reas de especial protecci�n designadas en aplicaci�n de las Directivas 79/409/CEE y 92/43/CEE.
6.� �reas en las que se han rebasado ya los objetivos de calidad medioambiental establecidos en la legislaci�n comunitaria.
7.� �reas de gran densidad demogr�fica.
8.� Paisajes con significaci�n hist�rica, cultural y/o arqueol�gica.
3. Caracter�sticas del potencial impacto Los potenciales efectos significativos de los proyectos deben considerarse en relaci�n con los criterios establecidos en los anteriores apartados 1 y 2, y teniendo presente en particular:
Anexo III introducido en su actual redacci�n conforme establece el n�mero tres del art�culo �nico de la Ley 6/2001, 8 mayo, de modificaci�n del Real Decreto legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci�n de impacto ambiental (�B.O.E.� 9 mayo).Vigencia: 10 mayo 2001 ');

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