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Timestamp: 2018-10-17 05:45:47+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2010-00433/48210 DE MARZO 30 DE 2017
SENTENCIA 2010-00433 DE 30 DE MARZO DE 2017
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR NO SEGUIR EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO PARA LOS EVENTOS EN QUE UN DOCENTE PRESENTA SOLICITUD DE TRASLADO POR AMENAZA O DESPLAZAMIENTO FORZOSO. ESTE PROCEDIMIENTO IMPLICA QUE A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS TRES (3) DÍAS SIGUIENTES HÁBILES, DESPUÉS DE PRESENTADA LA SOLICITUD, LA AUTORIDAD NOMINADORA DEBERÁ DAR UNA SOLUCIÓN CLARA AL DOCENTE QUE REALIZÓ LA SOLICITUD, ORDENANDO SU REUBICACIÓN TRANSITORIA O SU TRASLADO DEFINITIVO. ASÍ, EN EL CASO CONCRETO, SE ACREDITÓ QUE LA ENTIDAD ACCIONADA NO CUMPLIÓ CON LAS ESTIPULACIONES MENCIONADAS, Y SI BIEN SOLICITÓ APOYO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL Y A LA POLICÍA NACIONAL PARA QUE LE PRESTARAN SEGURIDAD A LA DOCENTE, NO HIZO NADA PARA REUBICAR A LA DOCENTE AMENAZADA COMO ELLA LO DEMANDÓ, Y ADEMÁS, LE SOLICITÓ A LA FISCALÍA, SUS RECOMENDACIONES PARA EVALUAR UN POSIBLE TRASLADO, REQUISITO NO PREVISTO EN LA NORMATIVIDAD CITADA. EN ESE ORDEN, LA AUTORIDAD NOMINADORA NO CUMPLIÓ CON SU DEBER FUNCIONAL LO QUE PERMITE ENMARCAR SU OMISIÓN EN UNA EVIDENTE FALLA DEL SERVICIO. ASÍ, DE LAS PRUEBAS APORTADAS AL PROCESO, SE TIENE QUE A LA SEÑORA LE FUE RECONOCIDO POSTERIORMENTE EL ESTATUS DE DOCENTE AMENAZADA MUCHO TIEMPO DESPUÉS DE HABER SIDO SOLICITADO Y LE FUE AUTORIZADO SU TRASLADO, HECHO QUE PRUEBA, CONTRARIO A LO AFIRMADO LA ACCIONADA, QUE SÍ EXISTÍAN VACANTES EN OTRAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. EN OTRAS PALABRAS, LA ENTIDAD DEMANDADA SOLO DIO CREDIBILIDAD A LAS AMENAZAS EN CONTRA DE LA DOCENTE CUANDO ESTAS SE CONCRETARON, SITUACIÓN COMPLETAMENTE OPUESTA A LOS PROPÓSITOS CONTEMPLADOS EN LA NORMATIVIDAD. DE ESTE MODO, SI LA ENTIDAD DEMANDADA HUBIESE SEGUIDO EL PROCEDIMIENTO PRECEPTUADO POR EL ARTÍCULO 3 DEL DECRETO 3222 DEL 2003, SE ESTARÍA FRENTE A UN ESCENARIO Y A UNOS HECHOS COMPLETAMENTE DIFERENTES RESPECTO DE LOS QUE MOTIVAN EL PRESENTE PROCESO, PUES SE HABRÍA PODIDO EVITAR EL ATENTADO A LA VIDA DE LA SEÑORA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DEL DOCENTE, AMENAZA A DOCENTE, DOCENTE MUNICIPAL
Sentencia 2010-00433/48210 de marzo 30 de 2017
Proceso número: 68001233100020100043301 (48210)
Actora: Yoly Milena Carrillo Rios
Demandados: Municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación
Acción: Reparación directa (grado jurisdiccional de consulta)
Bogotá, D. C., treinta de marzo de dos mil diecisiete.
Previo a resolver el presente asunto, se hará un análisis de los presupuestos procesales (i), se formulará el problema jurídico (ii), se analizarán los hechos probados (iii), a fin de establecer si hay lugar a imputar responsabilidad al municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación (iv).
De conformidad con el artículo 82 del C.C.A., modificado por la Ley 1107 de 2006, para que la jurisdicción administrativa conozca de un asunto debe verificarse que una de las partes del litigio o controversia sea de naturaleza pública. En este caso, el municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación, entidad demandada, es una entidad estatal.
Esta corporación es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta, de conformidad con lo prescrito en el artículo 184 del CCA a cuyo tenor se lee:
ARTÍCULO 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas (…).
Dado que el salario mínimo para el año de la sentencia consultada, 2013, era de $ 589.500 pesos y esta condenó a la accionada por concepto de perjuicios materiales al pago de $334.770.255,18 pesos, suma equivalente a 567,8 salarios mínimos, la Sala, conforme a lo dispuesto por la norma citada, es competente para avocar conocimiento del asunto.
La demanda se presentó dentro de los dos años siguientes al hecho que generó el daño alegado. Así, las lesiones sufridas por la señora Carrillo Ríos fueron producto de un atentado en su contra que sobrevino el día 13 de junio de 2008 y la demanda fue interpuesta el 11 de junio de 2010. En consecuencia, la acción fue presentada dentro de la oportunidad legal de conformidad con lo preceptuado por el artículo 136 del C.C.A.
La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, toda vez que la señora Carrillo Ríos fue quién sufrió el atentado generador del daño y los otros demandantes aportaron prueba del parentesco con ella. La demandada está legitimada por pasiva puesto que es a ella a quien se le imputa, por su omisión, el daño causado.
5. Problema jurídico:
¿Es imputable al municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación el daño alegado por la parte actora, a saber las lesiones derivadas del atentado del que fue víctima la señora Carrillo Ríos el día 13 de junio de 2008?
a. Hechosprobados
1. La señora Yoli Milena Carrillo Ríos fue vinculada como docente por el municipio de Bucaramanga. Así lo demuestran los siguientes documentos:
— Acta de posesión de docente en provisionalidad de Yoly Milena Carrillo Rios de fecha de 9 de junio de 2005 (fl. 45 cuaderno primera instancia).
— Resolución 0622 del 24 de abril del 2007, “por medio de la cual se hacen unos nombramientos en propiedad de los docentes que superaron el periodo de prueba en la Planta Global de cargos del Municipio de Bucaramanga” (fls. 48 a 51 cuaderno primera instancia).
— Acta de posesión de docente en propiedad Nº 0214 del 14 de mayo de 2007, por medio de la cual la señora Yoly Milena Carrillo Rios asume el cargo (fl. 52 cuaderno primera instancia).
2. La señora Carrillo Rios manifestó ser víctima de amenazas al municipio de Bucaramanga. De esta situación estaba enterada la accionada como otras autoridades a quienes la señora Carrillo Rios dirigió comunicaciones. Esto, conforme a las siguientes pruebas:
— Copia de oficio SEB-CA emitido el 30 de julio de 2007 por la Secretaría de Educación en donde consta que esta entidad solicitó apoyo a la Secretaría de Gobierno, para garantizar la seguridad de la señora Carrillo Rios (fl. 380 cuaderno primera instancia).
— Copia de la denuncia interpuesta por la señora Carrillo Rios, el día 31 de enero de 2008, ante la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bucaramanga, en donde la denunciante señala sentirse psicológicamente afectada por las amenazas de que ha sido objeto desde el suceso del 9 de julio de 2007, cuando salió al parque con sus estudiantes (fls. 55 y 56 cuaderno primera instancia).
— Copia del Formato Único de Noticia Criminal de la Fiscalía General de la Nación, con fecha del día 1º de febrero de 2008 (fl. 57 cuaderno primera instancia).
— Derecho de petición presentado por la señora Carrillo Ríos ante la Secretaría de Educación de Bucaramanga, con fecha de enero de 2008 y con sello de radicado en esa entidad del 07 de febrero de 2008, en el cual aquella solicita ser trasladada en vista de que en el lugar en donde desempeña sus funciones, su integridad física se encuentra amenazada (fls. 58 a 60 cuaderno primera instancia).
— Copia de la respuesta al derecho de petición interpuesto por la señora Carrillo Rios, en donde la Alcaldía de Bucaramanga le comunicó que su solicitud para que se “garantice la prestación de su servicio como educadora en una Institución diferente a la que labora actualmente y sea reubicada en razón a hechos fundamentados” había sido remitida al secretario de educación y a la jefe de la oficina asesora de control interno (fl. 54 cuaderno primera instancia).
— Respuesta al citado derecho de petición por parte del Secretario de Educación municipal donde le informó que, a través de sendas comunicaciones, puso en conocimiento su situación a la Policía Nacional, Secretaría de Gobierno municipal y Fiscalía General de la Nación para que se tomaran las medidas y se garantice su seguridad. Además le indicó que dado que la institución educativa donde labora necesita su servicio, se solicitó a las citadas autoridades recomendaban la reubicación de su sitio de trabajo.
— Comunicaciones emitidas por la Secretaría de Educación de Bucaramanga con ocasión del derecho de petición presentado por la señora Carrillo Rios y dirigidas al secretario de gobierno municipal, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación. A las dos primaras autoridades se les remitió copia del derecho de petición y de la denuncia presentada por la señora Carrillo Rios a la Fiscalía con el fin de que le prestasen el servicio de protección a la referida docente. Se lee en las dos comunicaciones el siguiente texto:
Comedidamente me permito remitir copia de derecho de petición presentado por la docente Yuly Milena Carrillo Rios ante esta entidad, así como copia de la denuncia presentada por la docente ante la fiscalía por supuesta amenaza.
Lo anterior con el fin de que se tomen los medios necesarios de seguridad que garantice la protección del servicio de la docente quien labora actualmente en la Institución Educativa María Cano de esta ciudad.
Y en la comunicación emitida a la Fiscalía General de la Nación se solicitó informar sobre las recomendaciones respecto a la veracidad de lo indicado por la señora Carrillo Ríos (fl. 63 cuaderno primera instancia).
— Oficio del 23 de abril de 2008 del comandante del CAI la Esperanza en el que solicitó al secretario de educación “estudie la posibilidad de ubicar a la Educadora en otro plantel educativo…”
— Informe Nº 078 del 2 de abril de 2008, emitido por el DAS Seccional Santander con destino al secretario de gobierno del municipio, en donde manifestó que es probable que los hechos denunciados por la señora Carrillo Rios sean ciertos (fl. 338 cuaderno primera instancia). Fundado en este informe, el secretario de gobierno le solicitó al secretario de educación, en oficio del 09 de abril de 2008, estudiar el traslado de la señora Carrillo Rios a otra institución educativa.
— Copia de la solicitud de acción preventiva de derechos humanos, presentada por la señora Carrillo Ríos el día 6 de mayo de 2008, ante la Procuraduría Regional de Santander, en donde la peticionaria solicita traslado por razones de seguridad (fls. 65 a 68 cuaderno primera instancia).
— Copia de la respuesta a una solicitud de traslado interpuesta por la señora Carrillo Ríos, emitida por el secretario de educación municipal el día 20 de mayo de 2008, en donde se señaló que habida de cuenta de que la institución requiere los servicios de la docente y que no existen vacantes, no es posible trasladarla (fl. 69 cuaderno primera instancia).
— Copia del oficio 3261 del 12 de mayo de 2008, en donde el secretario de la Procuraduría de la Regional Santander le comunicó a la señora Carrillo Ríos que su petición de traslado había sido remitida al Procurador Provincial de Bucaramanga (fl. 80 cuaderno primera instancia).
— Copia del oficio Nº 530, emitido el 20 de mayo de 2008, en donde la Procuraduría General de la Nación comunicó a la señora Carrillo Ríos que su solicitud de traslado había sido remitida al Comité de Docentes Amenazados (fl. 79 cuaderno primera instancia).
3. El 13 de junio de 2008, la señora Carrillo Ríos fue víctima de un atentado con arma de fuego, en las instalaciones de la institución educativa donde trabajaba, y que le causó serias lesiones.
— Historia clínica de urgencias de la señora Carrillo Ríos, impresa el día 13 de junio de 2008, en donde se da cuenta de las lesiones que esta sufrió con ocasión al accidente del que fue víctima (fls. 83-84 y 86 a 88 cuaderno primera instancia).
— Informe de imagenología emitido el 13 de junio de 2008, en donde consta que la señora Carrillo Ríos sufrió un desprendimiento de fragmentos a nivel de la diáfisis media del cúbito (fl. 85 cuaderno primera instancia).
— Informe de la IPS Fundación Médico Preventiva, emitido el 16 de junio de 2008, en donde se describen las heridas que sufrió la señora Carrillo Ríos (fl. 89 cuaderno primera instancia).
— Copia del Informe Técnico de Medicina Legal, emitido el 24 de junio de 2008, en donde se señalan las lesiones que sufrió la señora Carrillo Ríos como consecuencia del atentado del que había sido víctima días atrás (fls. 90 y 91 cuaderno primera instancia).
4. Después del atentado del que fue víctima, le fue reconocido a la señora Carrillo Ríos el estatus de docente amenazada.
— Acta Nº 006 de 2008 del Comité de Amenazados del municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación, emitida el 25 de junio de 2008, en donde se analizó el caso de la docente Carrillo Ríos (fls. 139 a 144 cuaderno primera instancia).
— Acta Nº 007 de 2008, del Comité de Amenazados del municipio de Bucaramanga- Secretaría de Educación, emitida el 25 de junio de 2008, en donde se reconoce el “Estatus de docente amenazada”, a la señora Carrillo Ríos (fl. 138 cuaderno primera instancia).
— Acta Nº 08 de 2008, emitida por el Comité de Docentes Amenazados del municipio de Bucaramanga, Secretaría de Educación, en donde se comenta la situación de la docente Carrillo Ríos (fls. 310 a 312 cuaderno primera instancia).
— Acta Nº 10 de 2008, emitida por el Comité de Docentes Amenazados del municipio de Bucaramanga, Secretaría de Educación, en donde se reitera que la señora Carrillo Ríos tiene el “estatus de docente amenazada” (fl. 307 a 308 cuaderno primera instancia).
— Resolución 0836 del 4 de julio de 2009, emitida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en donde se avala el traslado de la señora Carrillo Ríos a otra institución educativa (fls. 135 a 137 cuaderno primera instancia).
5. Como consecuencia del atentado sufrido, la señora Carrillo Ríos tuvo una pérdida del 56,25% de su capacidad laboral lo que conllevó al reconocimiento de su pensión de invalidez.
— Calificación de la pérdida de capacidad laboral, emitida el 8 de abril de 2009 por la IPS Fundación Médico Preventiva, en donde se certifica la pérdida de capacidad laboral de la señora Carrillo Ríos, con un porcentaje de 32.05 % (fls. 182 a 186 cuaderno primera instancia).
— Resolución 1513 del 8 de septiembre del 2009, emitida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en donde comunica a la señora Carrillo Ríos que ha sido retirada del servicio, para que continúe con los trámites de reconocimiento de la pensión de invalidez (fls. 192 a 194 cuaderno primera instancia).
— Dictamen emitido por el Dr. Hugo Cadena, gerente de ABC Salud, quien señala que la señora Carrillo Ríos no puede seguir trabajando en la institución educativa debido a su enfermedad (fl. 194 cuaderno primera instancia).
— Valoración médica sobre la capacidad laboral de la señora Carrillo Ríos, emitido por la Fiduprevisora S.A, el 1 de septiembre de 2009, en donde se señala que su pérdida de capacidad laboral asciende a 56.25 % (fls. 187 a 191 cuaderno primera instancia).
— Resolución 285 del 1º de junio de 2010, emitida por la Secretaría de Educación de Bucaramanga, en donde se señala el monto de la pensión de invalidez que debe ser reconocido a la señora Carrillo Ríos (fls. 218 y 219 cuaderno primera instancia).
— Copia del Formato Único de Prestaciones Sociales del Magisterio, emitido el 3 de junio de 2010, en donde constan las asignaciones salariales de la señora Carrillo Ríos (fl. 248 cuaderno primera instancia).
b. Valoraciónprobatoria
Para la Sala resulta claro, conforme al material probatorio obrante en el proceso, que: i) la señora Yoli Carrillo Ríos sufrió un daño antijurídico al ser víctima del atentado en su contra y que le provocó lesiones que la llevaron a pensionarse por invalidez pues sufrió una pérdida de capacidad laboral del 56.25%; ii) cuando acaeció el hecho dañoso, ella laboraba como docente del municipio de Bucaramanga en la institución educativa de la que solicitó el traslado y iii) el daño es imputable a la omisión de la entidad demanda al no tomar las medidas necesarias y oportunas dada la condición de docente amenazada que ostentaba la actora. Si la entidad hubiese sido respetuosa de los deberes a su cargo, el daño hubiera podido evitarse.
De las pruebas obrantes en el plenario, se tiene que la actora desplegó una continua y diligente actividad ante el municipio de Bucaramanga y otras autoridades para poner en conocimiento la situación de amenaza en la que se encontraba y para solicitar su traslado a otro centro educativo. Así, la afirmación de la accionada en la contestación de la demanda, relativa a la culpa exclusiva dela víctima por haber expuesto de manera tardía los hechos de amenaza, se encuentra completamente desvirtuada conforme a lo advertido en el acápite de hechos probados.
En repetidas ocasiones, a través de diferentes peticiones, la actora manifestó a la Alcaldía Municipal y a la Secretaria de Educación Municipal de Bucaramanga (entre otras autoridades), su deseo de ser trasladada a otra institución educativa, habida cuenta de la riesgosa situación en la que se encontraba su vida. Así se observa, por ejemplo, en la petición radicada en la Secretaría de Educación el día 07 de febrero de 2008:
Primera: Que el ente territorial Alcaldía de Bucaramanga, garantice la prestación de mi servicio como educadora en una Institución diferente a la que laboro hoy en razón a los hechos fundamentados en los primeros párrafos.
Segunda: Que por seguridad y preservación de mi integridad física y derecho fundamental a la vida pido ser reubicada en otra institución diferente al sector norte de Bucaramanga (fl. 60 cuaderno primera instancia).
Sin embargo, sus peticiones no fueron atendidas como era debido. Esto por cuanto la demandada omitió dar cumplimiento a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico respecto del trámite especial urgente que debe dispensarse al personal docente amenazado, en especial lo normado en el artículo 53 del Decreto 1278 de junio 19 de 2002 –Estatuto de Profesionalización Docente–, y en el artículo tercero del Decreto 3222 de 2003, por el cual se reglamenta el artículo 22 de la Ley 715 de 2001, en relación con traslados de docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales.
La primera norma citada, a saber, el artículo 53 del Decreto 1278 del 2002 señala las modalidades de traslado de los docentes, pero además en su parágrafo establece con total claridad que “el traslado por razones de seguridad debe prevalecer sobre cualquier otra modalidad de provisión de los empleos de carrera docente”; imperativo que fue ignorado por la Alcaldía Municipal y la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
De otro lado, la segunda norma enunciada –el artículo 3º del Decreto 3222 del 2003– establece un trámite preferente para aquellos casos en los que se encuentre en peligro la vida e integridad personal de los docentes. A continuación, en atención a su relevancia para la decisión, se transcribe el artículo en comento:
Artículo 3º. Traslados por razones de seguridad. Cuando surja una amenaza o un desplazamiento forzoso, debido a una situación de orden público que atente contra su vida o integridad personal, el docente o directivo docente podrá presentar solicitud de traslado. A la solicitud, adjuntará los soportes o pruebas con la indicación de las circunstancias en que fundamenta la petición, copia de la comunicación enviada a la Procuraduría Regional y de la denuncia presentada ante la Fiscalía o, en su defecto ante la autoridad judicial competente.
LaautoridadnominadoradelaentidadterritorialcertificadadeterminarálareubicacióntransitoriaoeltrasladodefinitivoconbaseenelinformedelComitéEspecialdeDocentesAmenazadosoDesplazadosquecrearácadaentidadterritorialconelfindeconceptuarsobrelasituaciónqueafectaaldocente,directivodocenteamenazadoodesplazado,amástardardentrodelostres(3)díashábilessiguientesalapresentacióndelasolicitud. Este comité estará conformado por el secretario de educación o quien haga sus veces, quien lo presidirá, el procurador regional o su delegado, el jefe de la oficina de personal o quien haga sus veces y un representante del sindicato que agrupe el mayor número de docentes de la entidad territorial. En las entidades territoriales que no cuenten con organizaciones sindicales, participará un representante de los docentes seleccionado para este efecto en una reunión general de los docentes. En ningún caso este comité decidirá sobre el sitio de reubicación del solicitante o hará gestiones relacionadas con su traslado.
Al final del período convenido, las dos entidades evaluarán las circunstancia en que se generó el convenio y su desarrollo para decidir sobre el posible traslado definitivo a la entidad receptora, prórroga del convenio hasta por un año más, el regreso a la entidad nominadora o su traslado a otra entidad territorial” (Subrayado fuera de texto).
Así pues, es claro que la norma trascrita describe un procedimiento imperativo en los casos en los que un docente presente una solicitud de traslado por amenaza o desplazamiento forzoso. Este procedimiento implica que a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes hábiles, después de presentada la solicitud, la autoridad nominadora deberá dar una solución clara al docente que realizó la solicitud, ordenando su reubicación transitoria o su traslado definitivo.
La Sala observa que la entidad accionada no cumplió con las estipulaciones arriba citadas pues, si bien solicitó apoyo a la Secretaría de Gobierno Municipal y a la Policía Nacional para que le prestaran seguridad a la docente, no hizo nada para reubicar a la docente amenazada como ella lo demandó. Inexplicablemente le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, como si es asunto no fuera del resorte del nominador, sus recomendaciones para evaluar un posible traslado, requisito no previsto en la normatividad citada. Se lee en dicha comunicación:
Respetuosamente, me dirijo a usted con el fin de solicitar información relacionada con la denuncia presentada por la docente Yoly Milena Carrillo Rios con CC. 37. 510. 407 de Bucaramanga con número único de noticia Nº 680016000160200800796, en cuanto a reconocer las recomendaciones impartidas por ustedes respecto al caso en mención a la veracidad de la amenazada, y así amerita traslado a otra institución.
En ese orden, la autoridad nominadora no cumplió con su deber funcional lo que permite enmarcar su omisión en una evidente falla del servicio.
Resulta indudable que si la entidad demandada hubiese seguido fielmente el procedimiento preceptuado por el artículo 3º del Decreto 3222 del 2003, se estaría frente a un escenario y a unos hechos completamente diferentes respecto de los que motivan el presente proceso, pues se habría podido evitar el atentado a la vida de la señora Carrillo Ríos.
También debe ponerse de relieve que diversas autoridades también solicitaron a la Secretaría de Educación estudiar la posibilidad de trasladar a la señora Carrillo Ríos de la institución educativa.
Así, en oficio del 23 de abril de 2008 el comandante del CAI la Esperanza le solicitó al secretario de educación “estudie la posibilidad de ubicar a la Educadora en otro plantel educativo…”.
En el informe 078 del 2 de abril de 2008 el DAS seccional Santander, dirigido al secretario de gobierno “se sugiere a ese despacho estudie la posibilidad de trasladar a otro plantel educativo a la señora docente Yuli Milena Carrillo y de igual forma solicitar a la Policía Nacional ejercer mayor vigilancia y control en dicho barrio de este municipio” (fl. 338 cuaderno primera instancia).
Teniendo en cuenta la sugerencia formulada por el DAS, en comunicación del 09 de abril de 2008 el secretario de gobierno del municipio solicitó al secretario de educación “estudiar la posibilidad de trasladar a la docente Yuli Milena Carrillo a otro plantel educativo por los problemas que allí se presentan”. En el contexto de negativa de la entidad demandada a trasladarla, ella presentó la solicitud de Acción Preventiva de Derechos Humanos –acompañada de la reiterativa solicitud de traslado–; solo hasta el 20 de mayo del mismo año la señora Carrillo Ríos recibió una respuesta por parte de la Procuraduría municipal –a saber, el oficio Nº 530– en donde se le informó que su solicitud de traslado había sido remitida al Comité de Docentes Amenazados.
A pesar de las citadas solicitudes, el secretario de educación municipal, en respuesta a su derecho de petición del 7 de febrero, le comunicó a la señora Carrillo Ríos, en oficio del 20 de mayo de 2008, que no podría otorgarse el traslado porque no existían vacantes. Así se lee:
En cuanto al traslado teniendo en cuenta, que en la institución educativa donde usted labora existe la necesidad de su servicio, y que no contamos con vacante disponible en otra institución, se estudiará la viabilidad en otra oportunidad (fl. 332 cuaderno primera instancia).
En auto calendado el mismo día, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga trasladó comunicación hecha por la señora Carrillo Ríos donde solicitaba su traslado y el estudio de su caso al Comité de Docentes Amenazados y solicitó “que se informara “la fecha de la celebración del comité donde se analizará la situación de la referida docente…”.
Tuvo el Ministerio Público que enviar la citada comunicación para que la demandada convocara la reunión del Comité de Docentes Amenazados la cual fijó, según oficio enviado al procurador regional el 3 de junio de 2008, para el 25 de junio de 2008.
Después de aquella comunicación del 20 de mayo, el siguiente hecho jurídicamente relevante fue el lamentable atentado que sufrió la docente Carrillo Ríos, el cual se produjo el 13 de junio del año 2008.
Como se observa en las pruebas aportadas al proceso, a la señora Carrillo Ríos le fue reconocido posteriormente el estatus de docente amenazada el 25 de junio de 2008 y le fue autorizado su traslado, hecho que prueba, contrario a lo afirmado la accionada al responder las peticiones de la señora Carrillo Ríos, que sí existían vacantes en otras instituciones educativas. En otras palabras, la entidad demandada solo dio credibilidad a las amenazas en contra de la señora Carrillo Ríos cuando estas se concretaron, situación completamente opuesta a los propósitos contemplados en la normatividad reseñada.
En este orden de ideas, para la Sala es claro que el sentido condenatorio de la providencia consultada debe ser confirmado pues las lesiones sufridas por la señora Carrillo Ríos son imputables a la entidad demandada por haber omitido las medidas que el ordenamiento jurídico imponía para la protección de los docentes amenazados.
Ahora bien, revisados los montos de las condenas por concepto de perjuicios materiales, la Sala observa que ellas se ajustan a derecho en cuanto no exceden lo solicitado en las pretensiones, tienen en cuenta la edad de la señora Carrillo Ríos al momento de sufrir el daño –31 años–, lo que devengaba como docente, el porcentaje de pérdida de su capacidad laboral y se hicieron aplicando las siguientes fórmulas aplicadas en la jurisprudencia del Consejo de Estado para calcular el lucro cesante consolidado y futuro(2):
Para calcular el lucro cesante consolidado el a quo empleó la siguiente fórmula (fl. 425 cuaderno principal):
S = Ra(1+i)n-1
S = Suma buscada
i = Interés legal
n = número de meses transcurridos entre la fecha del hecho dañino y la fecha de la sentencia y para determinar el lucro cesante futuro, la siguiente (fl. 426 cuaderno principal).
S = Indemnización futura
Con el único fin de que el dinero reconocido no pierda su poder adquisitivo, el valor de la condena por concepto de daños materiales que fue determinado en la sentencia consultada en $ 334.770.255,18 (fl. 427 cuaderno principal) será actualizado como sigue:
Suma reconocida en la sentencia consultada por concepto de perjuicios materiales (fl. 427 cuaderno principal):
Por Lucro cesante consolidado:$ 83.851.509,6
Por lucro cesante futuro: $ 250.918.745, 59
Total:$ 334.770.255.19
El anterior valor, que representa el valor histórico (vh), será actualizado conforme a la siguiente fórmula:
Va = Vh x (IPCfinal-febrerode2017)
(IPC inicial – febrero de 2013)
Va = $334.770.255,19 x (136,12)
Va = $334.770.266,19 x (1,20845)
Va = $404.553.128
Frente al daño moral, las condenas impuestas se ajustan a los parámetros reconocidos por el Consejo de Estado para los casos de lesiones que impliquen pérdida de capacidad laboral superior al 50% (sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014, Exp. 31172).
Conforme a lo expuesto, la sentencia consultada será modificada en el sentido de actualizar las condenas por concepto de perjuicios materiales.
No hay lugar a la imposición de costas, ya que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
Modifícase la sentencia consultada, proferida el 26 de febrero de 2013, la cual quedará así:
1. DECLÁRASE responsable administrativa y patrimonialmente al municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación por la totalidad de los perjuicios causados a los demandantes como consecuencia del atentado contra la integridad personal de Yoly Milena Carrillo Ríos y las lesiones inmediatas y permanentes sufridas por la misma, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE al municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación a pagar las siguientes sumas de dinero a los demandantes, por concepto de perjuicios morales:
Demandante Suma a pagar
Yoly Milena Carrillo Ríos (víctima) 80 SMLMV
Natalia Milena Angarita Carrillo (hija) 40 SMLMV
Inés Ríos de Carrillo (madre) 40 SMLMV
Sergio Augusto Carrillo Ríos (hermano) 20 SMLMV
Omar Leonardo Carrillo Ríos (hermano) 20 SMLMV
3. CONDÉNASE al municipio de Bucaramanga - Secretaría de Educación a pagar a la señora Yoly Milena Carrillo Ríos la suma de cuatrocientos cuatro millones quinientos cincuenta y tres mil ciento veintiocho pesos ($404.553.128) por concepto de perjuicios materiales.
5. DÉSE cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del CCA; para el efecto, una vez ejecutoriada, entréguese copia de esta decisión a las partes y al Ministerio Público.
A la parte actora por conducto de su apoderado, con la constancia de ser la primera copia de acuerdo con lo previsto en el artículo 115 del C. de P.C.
6. EJECUTORIADA la presente providencia, ARCHÍVESE el expediente, previas constancias de rigor.
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2016, Exp. 24769.

References: ARTÍCULO 3
 artículo 82
 artículo 184

ARTÍCULO 184
 artículo 136
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 22
 artículo 53
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 3
 artículo 55
 artículo 115