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Constitución de Honduras de 1873 - Wikisource
En el nombre de Dios y en ejercicio de la soberanía nacional la Asamblea Constituyente del pueblo hondureño, instalada con el objeto de emitir la Carta Fundamental de la República, decreta y sanciona la siguiente
1 CAPITULO I - DE LA REPÚBLICA Y SU SOBERANÍA
3 CAPÍTULO III - DEL GOBIERNO Y DE LA RELIGIÓN
4 CAPÍTULO V - DE LA CIUDADANÍA
5 CAPÍTULO VI - DE LAS ELECCIONES
6 CAPÍTULO VII - DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO
7 CAPÍTULO VIII - DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER LEGISLATIVO
8 CAPÍTULO IX -DEL PODER EJECUTIVO
9 CAPÍTULO X -ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO
10 CAPÍTULO XI - DE LOS MINISTROS DEL DESPACHO
11 CAPÍTULO XII -DEL PODER JUDICIAL
12 CAPÍTULO XIII - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE
13 CAPÍTULO XIV - DE LA FORMACIÓN, SANCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY
14 CAPÍTULO XV - DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA
15 CAPÍTULO XVI - DEL GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEL REGIMEN MUNICIPAL
16 CAPÍTULO XVII - DEL TESORO PÚBLICO
17 CAPÍTULO XIII - DE LA FUERZA PÚBLICA
18 CAPÍTULO XIX - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS
19 CAPÍTULO XX - GARANTÍAS INDIVIDUALES
20 CAPÍTULO XXI - DISPOSICIONES GENERALES
21 CAPÍTULO XXII - DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN
CAPITULO I - DE LA REPÚBLICA Y SU SOBERANÍA[editar]
El pueblo hondureño se constituye en República, soberana, libre e independiente; y por lo mismo, le pertenece el derecho exclusivo de gobernarse y establecer sus leyes.
La soberanía reside en la universalidad de los ciudadanos hondureños. La ejercerán directamente en el acto de sufragar conforme a las leyes; y en todo lo demás, por medio de los Poderes que establece la presente Carta. Es inalienable e imprescriptible.
Ningún individuo, ninguna fracción del pueblo, puede atribuirse su ejercicio.
Todo Poder político emana del pueblo. Los funcionarios públicos son sus delegados y agentes; y no tienen otras facultades que las que expresamente les da la ley. Por ella ordenan, juzgan y gobiernan: por ella se les debe obediencia y respeto; y conforme a ella deben dar cuenta de sus operaciones.
La República comprende todo el territorio, que durante la dominación española, se conoció con el nombre de provincia, circunscrito en los límites siguientes: por el este, sudeste y sur con la República de Nicaragua; por el este, nordeste y norte con el Océano Atlántico; por el oeste por Guatemala; por el sur, sudeste y oeste con El Salvador; y por el sur con la ensenada de conchagua en el Pacífico y las islas adyacentes a sus costas en ambos mares.
La división del territorio de la República se hará por una ley general con los datos necesarios mientras esto se verifica, permanecerán los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa, Olancho, Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria, Choluteca, La Mosquitia e Islas de la Bahía, como están actualmente, quedando el de La Paz asumido en el de Comayagua.
CAPÍTULO III - DEL GOBIERNO Y DE LA RELIGIÓN[editar]
El gobierno de la República es popular representativo, y se ejercerá por tres Poderes distintos: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
La Religión de la República es la cristiana católica, apostólica, romana, con exclusión del ejercicio público de cualquiera otra. El Gobierno la protege; pero ni éste, ni autoridad alguna tendrán intervención en el ejercicio privado de otras que se establezcan en el país si éstas no tienden a deprimir la dominante y alterar el orden público. El Congreso ordinario podrá permitir el ejercicio público de otros cultos, cuando la conveniencia social lo demande. CAPÍTULO IV DE LOS HONDUREÑOS, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES
Son Hondureños:
1. Todas las personas nacidas en el territorio de la República.
2. Los hijos de padres y madres hondureños nacidos en país extranjero, con comisión del gobierno o ausentes temporalmente.
3. Los Centro Americanos que hayan ganado vecindario de un año, en cualquier pueblo de la República o que manifiesten ante el respectivo municipio de su designio de ser consideradas como tales.
Los extranjeros se naturalizan:
1. Por obtener del Cuerpo Legislativo carta de naturaleza.
2. Por adquirir bienes raíces en el país, con valor de mil pesos, y vecindario de un año.
3. Por contraer matrimonio con hondureña o vecindario de un año.
4. Por abrir en el país un establecimiento de comercio al por menor y vecindario de un año.
Son derechos de los hondureños:
1. La libertad individual, que no tiene más límites que la libertad de otro individuo, es decir, la facultad de hacer u omitir todo aquello de ejecución u omisión no resulte daño a otro individuo ni a la comunidad.
Los hondureños y los extranjeros naturalizados, son obligados:
1. A ser fieles a la constitución, a obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas.
En ningún caso, ni bajo ningún concepto, los extranjeros podrán considerarse de mejor condición de los naturales hondureños y desnaturalizados; y no teniendo como extranjeros, derecho a tomar parte en las cuestiones políticas del país, su intervención en ellas, contrariando el orden público, los hace indignos de la hospitalidad que la nación les brinda, y podrán ser expelidos por el gobierno del territorio de la República, previa comprobación de la intervención aludida.
CAPÍTULO V - DE LA CIUDADANÍA[editar]
Son ciudadanos todos los hondureños mayores de veinte años que tengan oficio y propiedad que les asegure un modo de vivir honesta y decentemente.
También son ciudadanos los mayores de diez y ocho años, que, con las cualidades expresadas, tengan grado literario o sean casados.
Ninguno de los contenidos en este artículo tendrán voto pasivo, sino con arreglo a las leyes.
Sólo los ciudadanos en ejercicio pueden obtener empleos en la República, pero pierden la cualidad de ciudadanos:
1. Los sentenciados por delitos que merezcan pena más que correccional, hasta obtener rehabilitación.
Se suspenden los derechos de ciudadanos:
2. Por ser deudor fraudulento declarado, o deudor a las rentas públicas, requerido judicialmente de pago.
3. Por conducta conocidamente viciada o vagancia calificada.
4. Por enajenación mental legalmente declarada; y
CAPÍTULO VI - DE LAS ELECCIONES[editar]
Se dividirá el territorio de la República en distritos electorales que constarán de diez mil almas; y elegirán un diputado propietario y un suplente. Pero entre tanto se reúnen los datos estadísticos para formar aquella división, sufragarán por tres diputados propietarios y dos suplentes los departamentos de Comayagua, Tegucigalpa y Olancho; por dos propietarios y un suplente por cada uno de los de Yoro, Santa Bárbara, Copán, Gracias, La Victoria, Choluteca, y por un propietario y un suplente por cada uno de los de La Mosquitia y las Islas de la Bahía. ARTÍCULO 17
Las elecciones serán directas y la ley reglamentara la manera de hacerlas, dividiendo los departamentos y distritos en cantones, disponiendo se formen registros de cada cantón, teniendo voto los inscritos únicamente.
CAPÍTULO VII - DE LA ORGANIZACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO[editar]
El Poder Legislativo de la República se ejercerá por un Congreso de diputados electos en los términos que se ha dicho. Se reunirá cada dos años sin necesidad de convocatoria, del primero al quince de marzo. Sus sesiones durarán cuarenta días, pudiendo cerrarlas antes, de acuerdo con el Ejecutivo. También las tendrá extraordinarias cuando sea convocado por el Ejecutivo, en cuyo caso sólo se ocupará de las causas que motivan su reunión.
Un número menor de representantes tiene facultad para tomar inmediatamente las medidas convenientes para hacer concurrir a los demás hasta conseguir su plenitud; pudiendo llamar los suplentes en caso de muerte o imposibilidad de concurrir los propietarios.
El Congreso puede instalarse y deliberar con las dos terceras partes de los miembros electos.
Para que haya resolución basta la mayoría absoluta de votos.
El Congreso se reunirá en la capital de la República, pero él, ya instalado, podrá decretar su traslación a otro punto, por causas graves que el mismo calificará.
Las credenciales de los representantes durarán cuatro años, pudiendo ser reelectos una vez, pero a los dos años del primer período se renovará la mitad de los miembros del Congreso designados por sorteo, que hará el mismo al cerrar sus sesiones.
Para ser diputado se requiere: ser mayor de treinta años, natural o vecino del departamento en que se hace la elección, padres de familia, ciudadano en ejercicio de sus derechos, de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos, o Licenciado en cualquiera de las facultades mayores. La Mosquitia e Islas de la Bahía podrán sufragar en los ciudadanos vecinos de cualquier departamento de la República que reúnan las demás cualidades expresadas; y en caso de recaer en un sólo individuo, hará sus veces el respectivo suplente.
2. Admitir las renuncias que hagan por causas legítimamente comprobadas.
4. Decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes.
5. Crear jurisdicciones y establecer en ellas tribunales y jueces para que a nombre de Honduras conozcan, juzguen y sentencien en toda clase de asuntos civiles y criminales, que ocurran en la República.
6. Señalar las atribuciones de los diferentes funcionarios públicos.
7. Decretar reglamentos para el régimen interior de los demás poderes y corporaciones.
8. Decretar tasas e impuestos en proporción a la riqueza pública.
9. Acordar empréstitos forzosos en circunstancias extraordinarias consultando; el haber de cada uno de sus habitantes.
10. Crear el ejército y milicias de la República.
11. Determinar la fuerza permanente.
12. Declarar la guerra y hacer la paz, con presencia de los datos que le comunique el Ejecutivo, y ratificar los tratados y negociaciones que el mismo haya ajustado si mereciesen su aprobación.
13. Procurar el desarrollo de la instrucción pública, decretando estatutos y métodos adecuados.
14. Crear y suprimir empleos, y asignar, aumentar o disminuir sueldos.
15. Conceder premios honoríficos y gratificaciones compatibles con el sistema de gobierno establecido, por servicios relevantes a la patria o por inventos en las ciencias o artes.
16. Arreglar los pesos y medidas. Promover las vías de comunicación, decretar las armas y pabellón de la República y determinar la ley, peso y tipo de moneda.
17. Conceder indultos y amnistías.
18. Nombrar los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia, y conferir los grados de brigadier arriba inclusive.
19. Declarar que ha lugar a formación de causa contra los individuos de los Supremos Poderes, Ministros del despacho y Agentes diplomáticos de la República.
20. Admitir las renuncias que hagan por causas graves de sus mismos oficios, los mismos empleados, y la dimisión de los grados de brigadier arriba inclusive; y
21. Fijar, y decretar bienalmente los gastos de la administración en todos los ramos de la hacienda pública, arreglando su manejo e inversión: tomar cuenta de ella al Poder Ejecutivo, y calificar y reconocer la deuda nacional e interior, designando fondos para su amortización.
1. La de elecciones.
2. La de hacienda.
3. La de justicia.
4. La de gobernadores políticos y municipales.
El Congreso, para casos de guerra exterior o interior, podrá conferir al Ejecutivo las facultades extraordinarias que su prudencia juzgue indispensable para la pacificación, procurando armonizarlas con los principios del Derecho Público e Internacional. Pero de ninguna manera autorizarlo para atacar la independencia y ejercicio de los demás poderes, para detenciones indefinidas, ni para proscribir ni confiscar.
El Poder Legislativo puede delegar en el Ejecutivo las facultades siguientes:
1. Legislar sobre los ramos de policía, hacienda, guerra y marina.
2. Aprobar o decretar estatutos y ordenanzas de las corporaciones o establecimientos que deben tenerlas, y los proyectos sobre creación de fondos que le presentasen.
3. Arreglar el sistema de pesos y medidas.
4. Promover las vías de comunicación ordinarias, decretar los códigos civil, criminal, de procedimientos, de comercio y minería. De estas facultades sólo podrá hacer uso en receso del Poder Legislativo y con el voto ilustrativo de una comisión de personas competentes que el Congreso el mismo Ejecutivo elegirá.
El Poder Legislativo no podrá conceder al Ejecutivo más facultades extraordinarias, ni ampliar las que quedan detalladas.
El Congreso se ocupará de preferencia de los asuntos que comprenda la memoria del Ejecutivo.
Cuando el Congreso hubiere de tratar de los intereses de la iglesia, o de cosas que se relacionan con ellos, podrá convocar al Prelado Diocesano para que por si, o por medio de un delegado, concurra a la sesión, si la tuviese a bien, con voto ilustrativo.
CAPÍTULO IX -DEL PODER EJECUTIVO[editar]
El Poder Ejecutivo se ejercerá por un ciudadano que llevará el título de “Presidente de la República”, nombrado directamente por el pueblo hondureño; pero cuando no resulte electo por mayoría absoluta de votos, el Congreso elegirá entre los tres ciudadanos que hayan obtenido mayor número de sufragios.
Cuando el Presidente tuviese a bien depositar su autoridad por alguna causa, lo hará en uno de los tres diputados que designará el Congreso para este objeto; y en caso de muerte, remoción, renuncia a impedimento de aquel funcionario, los Ministros del despacho asumirán al Ejecutivo, debiendo proceder inmediatamente a designar en sorteo público el diputado que entre los designados debe ejercer el gobierno. Para este caso serán convocados los funcionarios públicos de mayor categoría que se hallaren en lugar donde se practique. En falta de los Ministros del despacho recaerá el poder en el diputado que entre los designados se hallare a menor distancia de aquellos; y estado a igual, recaerá en el primer designado, sucediendo los demás por el orden de su nombramiento.
Para ser Presidente se requiere: ser padre de familia, mayor de treinta años, del estado seglar, natural de Centro América, con vecindario de cinco años en Honduras de notoria honradez e instrucción y ser dueño de un capital en bienes raíces que no baje de cinco mil pesos, libre de todo gravamen y ubicado en el territorio de la República.
Antes de proceder el Congreso a declarar o hacer esta elección, se informará y calificará en sesión secreta si los candidatos reúnen las condiciones del artículo anterior; y desechando los que no las tengan, procederá en sesión pública a declarar o verificar la elección, la cual se hará por cédulas que se recogerán en una urna.
El período presidencial será de cuatro años sin poderse prorrogar un día más por ninguna causa ni protesto. Comenzará el día primero de abril del año, de la renovación. ARTÍCULO 35
El Presidente de la República no podrá ser reelecto para el período inmediato siguiente, en ningún caso, ni por ningún protesto, y si prevaliéndose de aclamaciones o actas populares o de cualquier otro medio, se conservase en el poder, se tendrá por el mismo hecho como usurpador; y tanto el ejército, como las autoridades de cualquier género, y jerarquía que sea, y los pueblos, no obedecerán más que al designado por la ley, so pena de incurrir en el delito de traición contra la patria.
El Presidente de la República es Comandante en Jefe del ejercito y armada.
CAPÍTULO X -ATRIBUCIONES DEL PODER EJECUTIVO[editar]
Corresponde al Poder Ejecutivo:
2. Conservar la paz y tranquilidad interior conforme a las leyes.
3. Publicarlas y hacerlas ejecutar y usar del veto del modo establecido.
4. Proponer al Congreso por medio del Ministerio los proyectos de ley que crea conveniente, con las restricciones del Artículo 47.
5. Presentar al Congreso por el mismo órgano, a los cinco días de abiertas las sesiones ordinarias un informe circunstanciado de todos los ramos de la administración pública, con los proyectos que juzgue oportunos para su conservación o mejora, y una cuenta exacta del bienio vencido, con el presupuesto de gastos del venidero y medios para llenarlo.
Y si dentro del término expresado, los Ministros no cumplen esta obligación, quedarán por el mismo hecho destituidos de sus empleos. El presupuesto no excederá al producto de las rentas ordinarias.
6. Publicar anualmente un estado de ingresos y egresos de las rentas públicas.
7. Dar al Congreso los informes que le pida, pudiendo retener los documentos de los asuntos que demanden reserva, a menos que sea para exigirle la responsabilidad. Durante la guerra, no es obligado a exhibir los planes de campaña.
8. Hacer efectiva la concurrencia de los representantes en la época en que debe aparecer el Congreso; y convocar a éste para sesiones extraordinarias, cuando lo estime conveniente, llamando, mientras se reúnan las juntas preparatorias, a los suplentes de los propietarios que hallan fallecido.
9. Proponer amnistías al Congreso cuando el bien público lo exija y conocerlas por si en el receso de aquel.
10. Levantar toda las demás fuerzas necesaria sobre la decretada por la ley, para retener invasiones o contener rebeliones; pudiendo en este único caso, si los recursos ordinarios no bastasen, proveerse de los que necesite por un empréstito general, de cuya inversión dará cuenta al Congreso en su próxima reunión.
11. Expedir reglamentos y órdenes para la ejecución de las leyes.
12. Nombrar y remover los Ministros del despacho, y a los demás empleados de su libre nombramiento, admitir sus renuncias y conceder retiro a los jefes y oficiales del ejército y marina, con arreglo a las leyes.
13. Nombrar los jueces de primera instancia del fuero común a propuesta en terna de la Corte de Justicia y admitir sus renuncias. No podrá en ningún caso devolver la terna presentada.
14. Nombrar así mismo los demás empleados cuya provisión no este reservada a otra autoridad.
15. Cuidar que los Magistrados y jueces asistan puntualmente a sus despachos, para que los asuntos no sufran retraso pudiendo componerlos en caso necesario y a excitación de la Corte respectiva.
16. Habilitar puertos y establecer aduanas marítimas y terrestres y dar reglas para nacionalizar y matricular buques.
17. Hacer la guerra y celebrar un tratado de paz y concordatos en armonía con la presente Constitución y cualesquiera otras negociaciones, sometiéndolo a todo a la ratificación del Cuerpo Legislativo.
18. Dirigir y disponer de la fuerza armada y mandar el ejército en persona, si lo tuviese a bien, encargando en este caso el Ejecutivo a quien corresponde.
19. Conmutar las penas cuando el Tribunal superior que pronuncia la sentencia que causa ejecutoria contra el reo, recomienda la conmuta, expresándolo así en la propia sentencia y por alguno de los motivos que la ley señale.
20. Vigilar sobre la exactitud de la moneda, computar el valor de la extranjera cuya circulación se permita.
21. Nombrar Ministros Diplomáticos, Agentes Consulares cerca de los gobiernos, y admitir los nombrados por estos, pudiendo retirarles el exequátur conforme al derecho de gentes.
22. Rehabilitar durante el receso del Congreso, al que haya perdido los derechos de ciudadano.
23. Ejercer el derecho de patronato conforme a los concordatos con la Santa Sede.
24. Poner el pase si lo tuviese a bien, a los títulos en que se confiera dignidad eclesiástica, y a los nombramientos de Vicarios, Curas, Coadjutores, sin cuyo requisito los agraciados no pueden entrar en posesión: concederlo igualmente a las letras pontificas y disposiciones conciliares, retenerlas. De esta formalidad sólo quedan exceptuadas las que sean sobre dispensas para órdenes o matrimonios, y las expedidas por las penitenciarias.
25. Todos los objetos de policía y de orden: los establecimientos públicos de beneficencia, de ciencias, letras y artes: las cárceles y presidios, están bajo su dirección y suprema inspección, conforme a sus leyes y estatutos, lo mismo que la formación de censos y estadísticos; y
CAPÍTULO XI - DE LOS MINISTROS DEL DESPACHO[editar]
El Poder Ejecutivo determinará el número de Ministros y respectivos departamentos, no pudiendo aquellos ser menos de dos.
Para ser Ministro se requiere: ser natural de Centroamérica con vecindario de dos años, tener treinta años de edad, notorias luces y buena conducta y poseer un capital libre que no baje de mil pesos.
Las providencias del Poder Ejecutivo deben expedirse por el Ministerio respectivo: de otro modo no serán obedecidas.
Los Ministros serán responsables, solidariamente con el Presidente de las providencias que firmen contra la Constitución y las leyes.
CAPÍTULO XII -DEL PODER JUDICIAL[editar]
El Poder Judicial lo ejerce una Corte dividida en dos secciones y los demás tribunales que se establezcan.
Las Cortes residirán, una en esta ciudad y la otra en Tegucigalpa. La ley demarcará su respectiva comprensión jurisdiccional.
Cada Corte se compondrá por lo menos de tres Magistrados propietarios y dos suplentes; pero en las causas contra los eclesiásticos, el tribunal organizará en armonía con los concordatos.
Para ser Magistrado se requiere: ser Abogado de la República, de crédito y honradez, mayor de veinticinco años y padre de familia; o no Letrado de treinta años arriba con más que medianos conocimientos en jurisprudencia, dueño de un capital libre que no baje de mil pesos y tener las demás cualidades requeridas para los Letrados. Serán inamovibles, durante su buena conducta; pero si hicieren dimisión se les admitirá a los dos años de haber tomado posesión.
Cuando todos o algunos de los Magistrados estuviesen legalmente impedidos para conocer de un asunto, nombrarán colegas que desempeñen sus funciones, quienes reunirán las cualidades que se exigen para Magistrados.
La ley reglamentará el modo de hacer estos nombramientos.
CAPÍTULO XIII - DE LAS ATRIBUCIONES DE LA CORTE[editar]
Corresponde a cada sección:
2. Conocer en segunda instancia de las causas civiles y criminales, en los casos y formas que la ley determina; y en última, de las súplicas y demás recursos legales.
3. Dirimir las competencias de los Tribunales y Jueces de su jurisdicción, de cualquier fuero que sean.
5. Suspender durante el receso del Congreso, a los Magistrados por faltas graves en el ejercicio de sus funciones.
6. Conocer de las causas de responsabilidad de los jueces de primera instancia de su respectiva jurisdicción, pudiendo suspenderlos destruirlos con conocimiento de causa conforme a la ley.
7. Conocer de los recursos de fuerza y de los demás que le atribuya la ley.
8. Hacer el recibimiento de Abogados, suspenderlos por causas graves, y aun retirarles sus títulos por conducta notoriamente viciada, venalidad, cohecho, y fraude con conocimiento de causas.
9. Visitar, por medio de un Magistrado los pueblos de su jurisdicción, para corregir los abusos que se noten en la administración de justicia. Las facultades del Magistrado, la duración de la visita y demás circunstancias conducentes al objeto serán determinadas por la ley.
10. Vigilar sobre la conducta de los jueces inferiores, cuidando que administren pronta y cumplida justicia.
CAPÍTULO XIV - DE LA FORMACIÓN, SANCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA LEY[editar]
La iniciativa de la ley es exclusivamente reservada a los diputados, al Presidente por medio de los Ministros y a la Corte de Justicia; más el Ejecutivo no podrá hacerla sobre impuestos ni contribuciones de ninguna clase.
Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado por el Congreso, se pasará al Ejecutivo, el que no teniendo objeciones que hacerle, le dará su sanción y lo hará publicar como ley.
Cuando el Ejecutivo encuentre inconvenientes para sancionar los proyectos de ley que se le pasan, podrá devolverlos dentro de diez días al Congreso, puntualizando las razones en que funda su opinión para la negativa; y si dentro del término expresado no los objetase se tendrán por sancionados y los hará publicar como ley.
En caso de devolución, el Congreso podrá reconsiderar y ratificar el proyecto, con los dos tercios, pasando al Ejecutivo, quien lo tendrá como ley que ejecutará y publicara.
Cuando un proyecto de ley fuese desechado y no ratificado no podrá proponerse en las mismas sesiones sino hasta en las de la Legislatura siguiente.
En la devolución que haga el Ejecutivo de los proyectos de ley, las votaciones del Congreso, para ratificarlos, serán nominales y deberán constar en las actas del día.
Todo proyecto de ley aprobado por el Congreso, se extenderá por duplicado, se publicará en él, y firmados dos ejemplares por su Presidente y Secretarios se pasará al Ejecutivo con esta fórmula: “Al Poder Ejecutivo”: si éste no lo aprobase, lo devolverá al Congreso con esta fórmula: “Vuelva al Soberano Congreso”.
Recibido por el Ejecutivo un proyecto de ley, si no le encontrase objeciones que hace firmará los dos ejemplares, devolviendo uno al Congreso, y reservándose otra en su archivo, lo publicara como ley en el término de diez días. ARTÍCULO 53
La publicación de la ley se hará en esta fórmula: “El Presidente de la República de Honduras a sus habitantes sabed: que el Soberano Congreso ha decretado o acordado la siguiente: (aquí el texto: y firmas) por tanto: Ejecútese”.
CAPÍTULO XV - DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA[editar]
La ley establecerá jueces de primera instancia para que conozcan en lo civil y criminal, demarcara la jurisdicción de cada uno y la compensación proporcionada a su trabajo.
Para ser juez de primera instancia se requiere: ser Abogado de la República, de crédito y honradez, mayor de veinticinco años y padre de familia; o no Letrado, de treinta años arriba con más que medianos conocimientos en jurisprudencia, dueño de un capital libre que no baje de mil pesos, tener las demás cualidades requeridas para los letrados.
Los jueces de primera instancia fallaran sin consulta, a no ser que la pida alguna de las partes. su duración será de dos años, pudiendo ser reelectos sin interrupción; pero en este caso será voluntaria la aceptación del destino.
CAPÍTULO XVI - DEL GOBIERNO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DEL REGIMEN MUNICIPAL[editar]
En cada departamento habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Ejecutivo. Serán de reconocida honradez e instrucción, dueños de un capital libre y conocido que no baje de mil pesos; o Licenciado en cualquiera de las facultades mayores, vecinos del departamento respectivo, o naturales de la República y mayores de treinta años.
Las Comandancias departamentales, sólo en tiempo de guerra podrán ser servidas por los Gobernadores, a juicio del Ejecutivo; más los Comandantes no podrán asumir las Gobernaciones Políticas.
Los Gobernadores políticos duraran dos años en sus funciones, pudiendo ser reelectos sin interrupción, si ellos admitiesen. La ley demarcará sus funciones y manera de ejercerlas.
El gobierno interior de los pueblos es a cargo de las municipalidades, electas popularmente en el tiempo y número de individuos que la ley señale.
Habrá jueces de paz que conocerán de los asuntos de menor cuantía, delitos y faltas livianas. La ley determinará su nombramiento, cualidades y atribuciones.
Formarán el tesoro público todos los bienes muebles, raíces y créditos activos de la República: todos los impuestos, contribuciones, tallas y tasas que paguen los hondureños o en adelante pagaren por sus personas, industrias o bienes: todos los derechos que satisface el comercio con arreglo a las leyes.
Habrá un Tesoro general de la República, y en los departamentos Intendentes, pudiendo suprimirse este empleo en el capital y anexarse a la Tesorería General a juicio del Ejecutivo.
La jurisdicción de hacienda será privada de sus empleados y demás jueces especiales que se establezcan. La ley demarcará su extensión y el modo de ejercerla.
CAPÍTULO XIII - DE LA FUERZA PÚBLICA[editar]
La fuerza pública se compone de la milicia nacional y del ejercito de tierra y mar. Es instituida para defender al estado contra los enemigos exteriores, y para el mantenimiento del orden y ejecución de las leyes.
La organización de la milicia nacional del ejército, se regulará por la ley.
La fuerza pública es esencialmente obediente. Ningún cuerpo armado puede deliberar. Empleada para mantener el orden en el interior, no obrara sino por el requerimiento de las autoridades constituidas, según las reglas determinadas por la ley.
Se establece el fuero de guerra para los jefes de Coronel efectivo arriba inclusive; y para todos los militares en actual servicio, o que pertenezcan a cuerpo organizado. en los delitos de policía y en los otros casos que la ley determine, quedan sujetos al fuero común.
La Comandancia general, que es a cargo del presidente de la República se desempeñará por conducto del Ministro de la guerra, pudiendo en tiempos anormales ejercerse directamente.
CAPÍTULO XIX - DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS[editar]
Todo funcionario o empleado, al tomar posesión de su destino, prestará juramentado de ser fiel a la República, de cumplir y hacer cumplir las leyes y atenerse a su texto, cualesquiera que sean las ordenes o resoluciones que las contraríen; y por sus infracciones serán responsables con sus personas y sus bienes; durante ocho años desde la comisión del delito, respecto a la acción criminal; más por la civil quedan sujetos al tiempo de la inscripción ordinaria.
No podrán juzgarse a los individuos de los Supremos Poderes, Secretario del despacho y Agentes diplomáticos de la República, por delitos oficiales, sin que proceda declaratoria de haber lugar a formarles causa; más por los delitos comunes, quedan sin restricción alguna, sujetos a los tribunales a cuyo fuero pertenezcan.
El Presidente de la República podrá ser juzgado por traición, venalidad, y usurpación del Poder; por atentar contra las garantías impedir las elecciones o violentarlas; por impedir la reunión del Poder Legislativo; y por los demás delitos oficiales que cometa. Pero no podrá acusársele, ni ser sometido a juicio, sino hasta después de terminado su período.
Tampoco podrá ser aprobada su conducta oficial, mientras este en ejercicio del poder.
La instrucción de la causa contra los individuos de los Altos Poderes, Ministros del despacho y agentes diplomáticos de la República, se verificará en el Congreso por tres de sus miembros, electos por la suerte y el pronunciamiento se hará colectivamente, debiendo concurrir los dos tercios de los presentes para que haya sentencia. Esta se contraerá a deponer del destino al acusado y declararle incapaz de obtener otros honoríficos, lucrativos o de confianza, por cierto tiempo; más si la causa diere mérito para un juicio criminal escrito quedara sujeto el culpado a los resultados de un procedimiento ordinario, ante los tribunales comunes.
Desde que se declare en el Congreso que se ha por admitido la acusación y el acusado queda desde este acto suspenso del ejercicio de sus funciones; y por ningún motivo podrá permanecer más en su puesto, sin hacerse responsable del crimen de usurpación, y ningún individuo deberá obedecerle.
Los decretos, autos y sentencias pronunciadas por el Congreso, deben ser cumplidas y ejecutadas sin necesidad de confirmación ni sanción alguna.
Las opiniones de los diputados en lo relativo a su destino, no pueden ser interpretadas criminalmente en ningún tiempo ni con motivo alguno; ni ellos pueden ser demandados o ejecutados por deudas, desde el llamamiento a sesiones, hasta quince días después de concluidas.
Para declarar por mayoría de votos cuando ha lugar a formación de causa contra el Tesorero general, Contadores Mayores Administradores de Aduana, Intendentes, Comandantes expedicionarios, departamentales, de puertos y fronteras y Gobernadores políticos por delitos oficiales, se organizará un tribunal compuesto del Presidente de la respectiva sección Judicial y dos diputados electos por la suerte, entre los tres que componen la representación de los departamentos de Comayagua y Tegucigalpa. El tribunal de justicia respectivo hará el sorteo en corte plena. Hecha la declaratoria, con informe del acusado, este quedara suspenso y será juzgado por los tribunales a cuyo fuero pertenezca.
Los empleados que sirven su destino en la demarcación jurisdiccional de la Sección Suprema de Tegucigalpa, sufrirán allí el juicio de responsabilidad.
La acusación se presentará ante el tribunal de la sección respectiva, quien inmediatamente procederá en sorteo antes establecido.
CAPÍTULO XX - GARANTÍAS INDIVIDUALES[editar]
La República reconoce el derecho de “Habeas Hábeas”. La ley determinará la manera de ponerlo en práctica.
El presunto delincuente puede ser detenido por cualquiera autoridad que tenga facultad de arrestar; y el in fraganti por cualquiera persona, para el efecto de presentarlo al juez.
La detención para inquirir no pasara de seis días: durante este término deberá la autoridad practicar la justificación del caso, y según su mérito, librar por escrito la orden de prisión, o poner en libertad al detenido. ARTÍCULO 82
No podrá librarse aquella sin que preceda justificación de haberse cometido un delito que merezca pena más que correccional y sin que resulte, al menos por semiplena prueba, quien sea el delincuente. Sin embargo, es permitida la prisión o arresto, por pena, o apremio, en los casos y por el término que la ley disponga.
Ninguno podrá ser preso ni detenido, sino en los lugares públicos designados al efecto. Los ciudadanos y las mujeres pueden serlo en otros conforme a su voluntad determinándolo la ley.
El arresto, prisión o reclusión, por pena correccional no podrá pasar de treinta días, ni veinticinco pesos de multa.
Cuando alguno no estuviese incomunicado por orden del juez, trascrita en el registro del Alcaide, no podrá este impedir su comunicación con las personas. Después de la confesión no puede prohibirse aquella y el juicio es público.
Aun con auto de prisión, decretado ninguno puede ser llevado a la cárcel ni detenido en ella, si presentase fianza cuando al respectivo delito sea aplicable pena pecuniaria.
Ningún ciudadano o habitante podrá ser obligado a declarar en materia criminal, contra sí mismo, ni contra sus parientes, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, según la computación civil.
Las penas deben ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad del delito; y ninguna corporal pasara de diez años. El apremio o tortura, que no sea necesario para mantener en seguridad a las personas, es atroz y no debe consentirse.
Siendo la inviolabilidad de la vida humana una de las garantías individuales, la pena de muerte queda abolida en materia política; y solamente se establece por los delitos de asesinato, homicidio premeditado y seguro, asalto o incendio, si se requiere muerte, y por el parricidio en los casos que determine la ley. Los militares en servicio quedan sujetos a las penas de las ordenanzas del ejército.
Ningún habitante puede ser molestado, inquietado ni perseguido por sus opiniones, de cualquier naturaleza que sean, con tal que por algún acto directo y positivo no perturbe el orden o infrinja la ley.
Las acciones privadas que no ofendan directamente el orden público, ni produzcan daños de tercero están fuera de la competencia de la ley.
La casa de todo habitante es un asilo que sólo puede allanar la autoridad
en los casos siguientes y en los demás que determine la ley.
3. Cuando por reclamo del interior de ella, o por desorden escandaloso se exija su allanamiento.
También puede ser allanada aquella en que se halle refugiado, un delincuente, o se oculten objetos hurtados, prohibidos o estancados, procediendo al menos semiplena prueba de los hechos. ARTÍCULO 93
Solamente los tribunales establecidos con anterioridad por la ley, juzgarán y conocerán en las causas civiles y criminales de los hondureños: Si lo hiciere el Cuerpo Legislativo, fuera de los casos que se dejan señalados, o el Poder Ejecutivo, tomándose facultades que no le competen o declarando delincuente o castigando a un individuo que debe ser juzgado por sus jueces naturales, se declara que tales Poderes atacan la presente carta, que por su infracción, responderán con sus personas y bienes.
Todo habitante, libre de responsabilidad, puede emigrar a donde le parezca y volver cuando le convenga; pero en caso de guerra, aun los extranjeros lo verificarán con pasaporte, mediante el decreto gubernativo al efecto.
La propiedad de cualquier, no podrá ser ocupada sino por causas de intereses públicos, legalmente comprobada y previamente indemnizado su valor y justa tasación.
La correspondencia epistolar es inviolable.
La sustraída de las estafetas o de otro lugar, no hace fe contra ninguno.
Todo habitante puede libremente expresar su pensamiento por la prensa, sin previa censura, haciéndose solamente responsable por el abuso que haga de este derecho: pero no se podrán publicar escritos injuriosos contra determinadas personas, sin que se suscriban por el autor y se publiquen por su nombre. La ley determinará la manera de calificar las injurias de esta especie.
Las leyes, ordenes, providencias, o sentencias retroactivas, proscriptivas, confiscatorias, condenatorias, sin juicio y que hacen trascendental la infamia son injustas, opresivas y nulas. las autoridades, que cometan semejantes violaciones, responderán con sus personas y bienes a la reparación del daño inferido.
Ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, ni ningún tribunal o autoridad, podrá restringir, alterar o violar ninguna de las garantías consignadas en esta Carta; y cualquier poder que la infrinja será responsable individualmente al perjuicio inferido, en los mismos términos del artículo anterior.
CAPÍTULO XXI - DISPOSICIONES GENERALES[editar]
Sólo por los medios constitucionales se asciende al Poder Supremo. Si alguno lo usurpase por medio de la fuerza o de la sedición popular, es reo del crimen de usurpación. Todo lo que obrare será nulo y las cosas volverán al estado que tenían antes, luego que se establezca el orden constitucional.
Llegado el tiempo en que deben practicarse las elecciones populares de Presidente de la República, mientras ellas duren, este funcionario depositará el mando en uno de los designados por el Congreso, quedando reducida la fuerza nacional a las guarniciones ordinarias.
La ley, bien sea que proteja, o bien que castigue será igual para todos, y recompensará a cada uno en proporción a sus méritos. No podrá ser relajada o dispensada en favor de ningún individuo, corporación o pueblo, salvo el caso de indultos o amnistías.
Todo ciudadano puede ser admitido a los cargos públicos, civiles, políticos y militares sin más diferencia que sus talentos y virtudes, llenando las condiciones establecidas. ARTÍCULO 104
Es nula toda resolución, decreto, orden, acuerdo o sentencia de los poderes constitucionales, en que interviene coacción ocasionada por la fuerza pública o por el pueblo en tumulto.
Ningún juez puede serlo en dos diversas instancias, evocar causas pendientes para conocer de ella, ni abrir juicios fenecidos.
Ningún militar en actual servicio podrá ser electo presidente ni diputado. Tampoco podrán ser representantes al Congreso los Ministros del despacho; recayendo la elección en otro empleado de libre nombramiento del Ejecutivo, vacará en su destino; y mientras sea representante, no podrá obtener ningún empleo de gobierno.
La policía de seguridad sólo podrá ser confiada a las autoridades civiles, en la forma que la ley establezca.
La República no reconoce dentro de su territorio ningún individuo con derecho a sustraerse a la acción de las leyes y del juicio de los tribunales que ellas establezcan; y las causas no podrán correr más que tres instancias.
Todos los hondureños pueden reunirse pacíficamente y en buen orden para tratar de cuestiones de interés público, o dirigir peticiones a las autoridades constituidas; más los autores de estas reuniones responderán personalmente de cualquier desorden que se cometa.
El período de los representantes al Congreso comenzará el 1 de marzo; y el Presidente de la República desde el 1 de abril, como queda establecido, sin que para ello obste que por algún inconveniente legítimo no pueda funcionar todo el tiempo ordinario.
No es necesaria la confirmación o sanción del Poder Ejecutivo en los actos o resoluciones legislativas siguientes: en las que tengan por objeto las elecciones que el Congreso haya de hacer y las renuncias que debe oír; en los acuerdos para trasladar su residencia de un punto a otro; en los presupuestos generales de gastos que vote; y en los reglamentos que emita para su régimen interior.
El régimen judicial y gobierno interior o local de las Islas de la Bahía en el Atlántico, y las del Golfo de Fonseca en el Pacífico, pueden ser distintos de los adoptados en esta Constitución para los demás pueblos
de la República. Lo mismo se establece respecto de las tribus aun no civilizadas de la costa norte.
CAPÍTULO XXII - DE LAS REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN[editar]
La reforma parcial o absoluta de esta Constitución sólo podrá acordarse por los dos tercios de votos de los representantes al Congreso. Esta resolución se publicará por la prensa y volverá a tomarse en consideración en la próxima Legislatura ordinaria.
La presente Constitución no obsta para que concurra Honduras a la formación de su gobierno nacional con las otras secciones de Centro América, o a la de un pacto federativo si aquel no pudiese tener efecto. La adaptación de un nuevo régimen o pacto que se celebre, será ratificado con dos tercios de votos de los diputados al Congreso; y por este hecho, se tendrá como reformada esta Carta, sin embargo de lo establecido en el artículo anterior.
Queda derogada la Constitución política de 28 de septiembre de 1865, y vigentes provisionalmente las leyes que rigen actualmente en la República, en lo que no se oponga a la presente Carta.
Dada en Comayagua, a veintitrés días del mes de diciembre del año del Señor de mil ochocientos setenta y tres, LII de la Independencia.
FAUSTINO DÁVILA, Diputado Suplente por Tegucigalpa.
MÁXIMO GÁLVEZ, Secretario, Diputado por el Departamento de Tegucigalpa.
Por tanto: promúlguese, imprimase y cúmplase.
CELEO ARIAS.
El Ministro de Guerra y Relaciones Exteriores, JEREMÍAS CISNEROS
El Ministro Accidental de Gobernación y Hacienda, MARIANO RUBÍ
Los diputados que compusieron la comisión para formar el proyecto de esta Constitución fueron los siguientes:
Licenciado Don Máximo Gálvez, Licenciado Don Martín Uclés, Licenciado Don Teodoro Funes, Licenciado Don Santiago Cerna, Presbítero Don Miguel Bustillos y Don Tiburcio Hernández.
http://www.mp.hn/Biblioteca/constituciones/1873.htm
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References: ARTÍCULO 17
 resolución 
 ARTÍCULO 35
 Artículo 47
 ARTÍCULO 53
 ARTÍCULO 82
 ARTÍCULO 93
 ARTÍCULO 104
 resolución