Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=REPORT&Reference=A6-2007-0073&language=ES
Timestamp: 2016-05-25 15:07:11+00:00

Document:
Procedimiento : 2005/0127(COD)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
23 de marzo de 2007PE 378.855v01-00 A6-0073/2007
Según las últimas estadísticas aduaneras de 2005 relativas al decomiso de mercancías falsificadas en las fronteras de la Unión Europea, en 2005 el decomiso de falsos medicamentos aumentó en un 100 % respecto a 2004. Enmienda 3
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. Enmienda 6
1 DO L 167 de 22.6.2001, p. 10. Enmienda 7
El ámbito de aplicación material de la presente Directiva tiene que formularse de manera más precisa para ajustarse al objetivo de una legislación mejor, más transparente y más comprensible. Como consecuencia de la complejidad de la mayoría de los proyectos de investigación, los inventores, en el marco de sus actividades, corren permanentemente el riesgo de infringir los derechos derivados de las patentes. La incriminación de las infracciones de los derechos de patente podría disuadir a los inventores y a los académicos de realizar invenciones.
En especial, la presente Directiva no se aplicará a ninguna infracción de un derecho de propiedad intelectual relacionado con: − las patentes, los modelos de utilidad y los certificados de protección complementaria,
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) «derechos de propiedad intelectual» uno o varios de los siguientes derechos:
Las sanciones penales no se aplicarán a los casos de importación paralela de artículos originales que hayan sido comercializados en un país no perteneciente a la Unión Europea con el acuerdo del titular del derecho. Justificación
La importación paralela de artículos originales que hayan sido comercializados con el acuerdo del titular de los derechos en un país no perteneciente a la UE no constituye piratería. Enmienda 16
b) la clausura total o parcial, definitiva o temporal, del establecimiento que haya servido para cometer la infracción de que se trate; Justificación
Todos los establecimientos utilizados para cometer una infracción deberían estar sujetos a la misma gama de sanciones. Enmienda 19
A título de sanción complementaria, se puede condenar al falsificador al pago de los gastos de conservación de la mercancía necesaria para la investigación, a la vista de que dichos gastos pueden ser onerosos si los productos conservados, aunque sean pequeñas cantidades, son voluminosos y la investigación es compleja. Enmienda 20
La enmienda presentada se justifica por el hecho de que muchas legislaciones nacionales ya han adoptado medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual bastante rigurosas sin por ello exigir que el delito se cometa en el ámbito de una organización delictiva. Exigir este requisito como presupuesto para imponer una sanción más grave podría afectar a la correcta aplicación de las normas nacionales de protección. Enmienda 21
Artículo 5, apartado 2, letra a) a) de un máximo de al menos 100 000 euros para los casos distintos de los casos más graves;
2 bis. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las infracciones cometidas de forma reiterada por personas físicas o jurídicas en un Estado miembro distinto de aquel en el que se cometan las infracciones contempladas en el artículo 3 se tengan en cuenta para determinar el nivel de las sanciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente artículo. Justificación
Para garantizar que las sanciones sean eficaces y disuasorias es necesario que, al fijar el nivel de la pena a la que se condena al autor de la infracción, los tribunales nacionales tengan en cuenta las violaciones de la propiedad intelectual cometidas en otros Estados miembros. Enmienda 23
Los Estados miembros velarán por que, mediante medidas penales, civiles y procesales, se pueda prohibir y sancionar toda utilización abusiva de amenazas de sanciones penales. Los Estados miembros prohibirán los abusos procesales, especialmente cuando las medidas penales se utilizan para cumplir los requisitos del Derecho civil. Justificación
Las posibilidades de que el titular de derechos disuada a posibles infractores (léase competidores) aumentan considerablemente si tiene la posibilidad de amenazarles con sanciones penales. El Derecho internacional y el Derecho europeo exigen que se impidan los abusos en el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual. Estos abusos distorsionan la competencia y contravienen los artículos 28 y siguientes y 81 y siguientes del Tratado CE. Enmienda 25
Los Estados miembros velarán por que los derechos de los acusados estén debidamente protegidos y garantizados. Enmienda 26
En el artículo 8 de la Carta se declara que «toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan» y que «estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación». El objetivo de la Directiva es proteger los derechos y libertades de las personas de los riesgos que pueda encerrar el tratamiento de datos de carácter personal, estableciendo directrices que permitan determinar cuándo es legítimo dicho tratamiento. Enmienda 29
Derecho a recibir información por parte de las autoridades nacionales competentes para hacer cumplir la ley Los Estados miembros velarán por que, en caso de las autoridades competentes para hacer cumplir la ley incauten bienes u obtengan otras pruebas de infracción, pongan estas pruebas a disposición para su uso en el marco de los juicios civiles pendientes o previstos contra los supuestos infractores entablados por el titular de los derechos en una jurisdicción en la Unión Europea y, en caso de que sea posible, que dichas autoridades informen al titular de los derechos en cuestión o a su representante sobre dicha incautación o sobre las pruebas. Los Estados miembros podrán disponer que toda comunicación de pruebas al titular de los derechos sea objeto de un acceso razonable, de medidas de seguridad y de otras disposiciones que permitan garantizar la integridad de las pruebas y que se evite cualquier problema en relación con los procedimientos penales que pudieran entablarse.
Debería impulsarse a nivel de la UE la cooperación entres los sectores público y privado. Las autoridades públicas, incluidas las autoridades nacionales competentes para hacer cumplir la ley, deberían tener la posibilidad de compartir información y pruebas con el sector privado para garantizar que las acciones legales, tanto en el plano civil como en el penal, puedan adoptarse de modo eficaz y proporcional sobre la base de pruebas materiales sólidas contra falsificadores y piratas. Esta disposición respeta plenamente la legislación en materia de protección de datos y, en particular, la Directiva 95/46/CE relativa a la protección de datos. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
4. En opinión de la Comisión, las competencias deben distribuirse entre el primer y el tercer pilares como sigue: las disposiciones de Derecho penal necesarias para la aplicación efectiva de la legislación comunitaria se engloban en el primer pilar, mientras que las disposiciones de Derecho penal horizontal (cooperación policial y judicial, medidas sobre la armonización del Derecho penal en materia de libertad, seguridad y justicia) pertenecen al tercer pilar. 5. Así, la Comisión se comprometió a introducir los cambios necesarios en las propuestas legislativas pendientes. III. La propuesta de 26 de abril de 2006
1. Tras el examen de esta cuestión, y en particular, de la sentencia pertinente del Tribunal de Justicia, la Comisión decidió que debía modificar la propuesta de Directiva y retirar la propuesta de Decisión Marco de 12 de julio de 2005(8). 2. En consecuencia, el 26 de abril de 2006 presentó una nueva propuesta de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual, que incorpora, actualiza y aglutina las disposiciones de las dos iniciativas anteriores.
1. Considerar el primer pilar como fundamento de las propuestas relativas a asuntos penales es perfectamente coherente con la interpretación amplia realizada por la Comisión de las implicaciones de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de septiembre de 2005. Por consiguiente, si se acepta tal interpretación amplia, el enfoque de la Comisión es intachable. Sin embargo, sigue habiendo ciertos aspectos problemáticos que no parecen haberse resuelto con éxito en la propuesta modificada de la Comisión.
Véase el artículo 250, apartado (2) del TCE: «En tanto que el Consejo no se haya pronunciado, la Comisión podrá modificar su propuesta mientras duren los procedimientos que conduzcan a la adopción de un acto comunitario.» Consideramos que esta facultad para modificar propuestas comprende la competencia para retirarlas; véase el dictamen de la Comisión de Asuntos Jurídicos de 22 de marzo de 2006 sobre el resultado del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el legislador (2005/2214(INI)). (9)
(a) objetivo de la directiva;(b) definición de «escala comercial»;(c) definición de «infracción intencional de un derecho de propiedad intelectual»;(d) definición de complicidad e instigación;(e) equipos conjuntos de investigación;(f) derechos fundamentales. ObjetivoEl objetivo de este texto legislativo es hacer frente a la falsificación y a la piratería, en particular en los ámbitos de la música, los artículos de lujo y las industrias de la confección así como en los sectores relacionados con todos ellos. Sin embargo, persisten serias dudas en cuanto a los posibles efectos de esta directiva si las medidas de lucha contra la falsificación y la piratería se generalizan sencillamente como aplicables a todas las formas de DPI. Debe hacerse hincapié en que las infracciones de determinados DPI son de diversa naturaleza y modalidad, lo que significa que las medidas de lucha contra las infracciones de los DPI deben ser diversas. Hay una diferencia entre las infracciones de derechos de patente en el curso normal de la actividad industrial, como en el desarrollo legítimo de productos, y la imitación y la piratería con intención deliberada de fraude. Para las infracciones de patentes existen remedios de Derecho civil; los presuntos infractores no deben ser equipados a delincuentes como los piratas o los falsificadores. Puede darse el caso de que una empresa necesite infringir una patente de manera intencionada para demostrar que la patente en cuestión no es válida, y ello contribuye a la innovación. En este contexto, la infracción debería seguir siendo un asunto civil, como es actualmente el caso, salvo cuando constituya una amenaza seria a la salud o la seguridad públicas. Escala comercial
La referencia a la escala comercial fue introducida, pero no definida, por el Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, el lenguaje de este acuerdo, el empleo de esta frase en todo su texto y el contexto mismo ayudan a interpretarla. Se refiere a una infracción con fines de lucro que cause directamente pérdidas importantes al titular de un DPI; el intercambio no lucrativo entre particulares de contenidos adquiridos de forma legal debe excluirse del ámbito de aplicación de la directiva. Teniendo en cuenta que la propuesta legislativa tiene por objeto penalizar las infracciones a escala comercial únicamente, es esencial disponer de una definición clara de dicha escala a fin de evitar la inseguridad jurídica. No podemos confiar en la práctica de lo Estados miembros en este terreno, puesto que varía entre uno y otro.
Es importante distinguir entre infracciones de patentes cometidas en el curso normal de una actividad comercial (desarrollo legítimo de productos) y la falsificación y piratería con intención fraudulenta y deliberada, que a menudo son obra de organizaciones de delincuentes. Las sanciones penales por complicidad e instigación a cualquier acto delictivo deben reservarse para los delitos más graves; penalizar la complicidad y la instigación resulta desproporcionado en el caso de la infracción de los derechos de propiedad intelectual. Debe respetarse plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales, en particular el apartado 3 del artículo 49, en el que se establece que «la intensidad de las penas será proporcional a la gravedad de las infracciones». Equipos conjuntos de investigación
En primer lugar, teniendo en cuenta que quien está facultado para autorizar o prohibir el uso de su propiedad intelectual es el titular del DPI, y también por imperativos de protección del mismo, sólo pueden prestar asistencia al equipo de investigación los representantes del titular que estén debidamente autorizados e investidos del mandato correspondiente. En segundo lugar, la asistencia prestada por el titular del DPI o por sus representantes debe ser limitada, con el fin de evitar la «privatización» del procedimiento penal; una intervención más extensa o más activa de los titulares de DPI encerraría un riesgo para una investigación justa e imparcial y para el procedimiento penal. Derechos fundamentales
Las autoridades de investigación penal no deberían poder actuar por propia iniciativa antes de que el titular de derechos presente una denuncia. Dado que las disposiciones en materia de licencias no se publican, el titular de derechos tiene el derecho fundamental de disponer de sus derechos tal como desee. Enmienda 2
La enmienda restituye las formulaciones empleadas en el Acuerdo ADPIC (art. 61), en el que se basa la propuesta. Enmienda 5
Para los fines de la presente Directiva, se entenderá por «infracción a escala comercial» la infracción de un derecho de propiedad intelectual cometida con fines de lucro y que cause directamente pérdidas importantes al titular de este derecho. Justificación
Para los fines de la presente Directiva, se entenderá por «falsificación» el hecho de: a) poseer sin motivos legítimos, importar bajo cualquier régimen aduanero o exportar productos presentados con una marca falsificada;
En aras de la seguridad, se propone la destrucción rápida y total de los bienes que conculquen un derecho de propiedad intelectual, con excepción de los elementos necesarios para la investigación. Esta medida evita tener que pagar gastos importantes en concepto de conservación. La mercancía puede fotografiarse en el momento del descubrimiento. En su caso, la destrucción de la mercancía puede estar sujeta a la aprobación o a la no oposición de la persona identificada, sin que ello signifique un reconocimiento de culpabilidad. Enmienda 16
A título de sanción complementaria, se puede condenar al falsificador al pago de los gastos de conservación de la mercancía necesaria para la investigación, a la vista de que dichos gastos pueden ser onerosos si los productos conservados, aunque sean pequeñas cantidades, son voluminosos y la investigación es compleja. Enmienda 17
Es preocupante que el artículo 6 se limite a los delitos cometidos en el contexto de la «delincuencia organizada». Este artículo sólo resultará útil si se aplica a todos los delitos que causan graves daños comerciales a los titulares de derechos, sin perjuicio de que dichas infracciones se hayan cometido en el contexto de la delincuencia organizada. Por lo tanto, en el artículo 6 de la propuesta de decisión marco deberían suprimirse los términos «delincuencia organizada» y sustituirlos por «delito grave». Enmienda 19
En el artículo 8 de la Carta se declara que «toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernan» y que «estos datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación». El objetivo de la Directiva es proteger los derechos y libertades de las personas de los riesgos que pueda encerrar el tratamiento de datos de carácter personal, estableciendo directrices que permitan determinar cuándo es legítimo dicho tratamiento. Enmienda 21
La presente enmienda aclara las condiciones de puesta en marcha de la acción penal, pero conserva la flexibilidad de la norma propuesta. Es muy importante, en particular en los casos en que está en peligro la salud pública, en los que no puede determinarse el titular del derecho, que la acción penal pueda ponerse en marcha sin la declaración de la víctima de la infracción. PROCEDIMIENTO
Como resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de septiembre de 2005 (asunto C 176/03 Comisión contra Consejo), la Comisión modificó su propuesta de Directiva relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual. El problema de la protección de la propiedad intelectual es de particular importancia para las empresas europeas que necesitan estar seguras de que sus inversiones van a ser rentables. Sin tal protección de la propiedad intelectual, las inversiones, y por lo tanto la innovación, pueden sufrir una desaceleración en Europa. Tienen que definirse algunas bases comunes a nivel europeo a fin de luchar más eficazmente contra la falsificación y la piratería. Esta propuesta establece por lo tanto definiciones comunes y niveles de sanciones comunes. Tiene también por objeto facilitar las investigaciones penales relacionadas con las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. El ponente apoya la Directiva propuesta, pero señala a la atención la necesidad de definir con exactitud los términos importantes en la Directiva, especialmente cuando son un componente central de la definición de la infracción. ENMIENDAS
Véase la justificación de la enmienda 1. Cabe añadir como complemento que tampoco en este punto es necesario «reinventar» en el fondo ni en la forma, para cada nuevo texto dispositivo, el catálogo de sanciones expuesto aquí. Las sanciones propuestas en las letras a) a e) se han tomado, así, del ya citado texto del Consejo sobre una decisión marco relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (2005/003 (CNS) 8496/1/06) y se han completado con propuestas específicas procedentes del texto original. Enmienda 8
Los Estados miembros velarán por que, mediante medidas penales, civiles y procesales, se pueda prohibir y sancionar toda utilización abusiva de amenazas de sanciones penales. Los Estados miembros prohibirán los abusos procesales, especialmente cuando se utilicen medidas penales para asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho civil.

References: Artículo 5
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 250
 artículo 49
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8