Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520439.html
Timestamp: 2019-03-20 11:18:01+00:00

Document:
as201520439
Auto Supremo: 439/2015
Expediente:SC-17-15-S
Partes:Jessica Karina López Doradoc/Ana Lucía Nuñez del Prado Feeney.
Proceso:Ordinario Anulabilidad de Contrato
VISTOS:El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 381a 388 y vta., interpuesto por Jessica Karina López Dorado contra el Auto de Vista de fecha 18 de Agosto de 2014, cursante a fs. 366 a 371 vta. de obrados pronunciada por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruzdentro del proceso ordinario seguido por Jessica Karina López Dorado contra Ana Lucía Nuñez del Prado Feeney, la respuesta al recurso el Auto de concesión del recurso de fs. 391, los antecedentes del proceso; y:
Que, el Juez de Partido Primero en lo Civil y Comercial dela ciudad de Santa Cruz de la Sierramediante Sentencia Nº 08, de fecha 13 de marzo de 2013cursante a fs. 188 a 196 por la cual declara probada la demanda de fs. 9 a 14 y su complementación de fs. 23 en lo referente a la anulabilidad de contratos más el pago de mejoras e Improbadas las excepciones perentorias y demanda reconvencional de fs. 44 a 47 y vta., de anulación de contratos, sin costas, en consecuencia dispone se declaran anulados los contratos de fecha 09 de marzo de 2009 y fecha 04 de septiembre de 2009, así como sus respectivos reconocimientos de firmas, disponiendo que ambas partes se restituyan mutuamente lo entregado, es decir que la compradora debe restituir el inmueble a la vendedora y la vendedora debe devolverle los $us. 30.000 entregados como pago inicial; la demandada y vendedora debe cancelar a la demandante la suma de $us. 90.000 por concepto de pago de mejoras en el plazo de quince días de su legal notificación con la ejecutoria de la presente Sentencia, bajo prevenciones de Ley; la demandante no está obligada a entregar el inmueble sin que se le cancele dichos montos.
Contra esa Sentencia de primera instancia la demandada, dentro el plazo legal interpone recurso de apelación.
Concedido el indicado recurso la Sala Civil Segundadel Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en cumplimiento al Auto Supremo anulatorio Nº 337/2014 de fecha 26 de junio de 2014, cursante a fs. 357 a 360, emitió el Auto de Vista Nº 227/2014 (2º Auto) de fecha 18 de agosto de 2014, cursante a fs. 366 a 371, por el cual revocó la Sentencia disponiendo la anulación de los contratos de fecha 09 de marzo de 2009 y 04 de septiembre de 2009; así mismo se dispone que la demandante Jessica Karina López Dorado, en treinta días de ejecutoriada la Resolución, restituya a la demandada y reconvencionistaAna Lucía Núñez del Prado el inmueble ubicado en la zona Nor-Oeste, UV. 33 Manzana 14, con una superficie de 1450.84 m2 inscrito en el registro de Derechos Reales bajo la matricula computarizada 7.01.1.99.0010322, folio computarizado 0035788; no se dispone que la demandada y reconvencionista Ana Lucía Nuñez del Prado Feeney restituya a la demandante Yessica Karina López Dorado la suma de treinta mil dólares americanos ($us.30.000.-), tampoco dispone el pago de mejoras a favor de la actora por carecer de acción y derecho y no haber demostrado las mejoras; contra esta resolución de segunda instancia la demandante interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo.
La recurrente menciona que se ha violado el art. 254 Inc. 7 del Código de Procedimiento Civil, ya que su persona observó primeramente la falta de imparcialidad y que luego presentó el memorial de recusación, que el expediente le fue ocultado y que jamás se le notificó con el proveído de fs. 364, por lo que se están vulnerando sus derechos como en el caso presente al acceso a la justicia y que hechas las argumentaciones señala que no se le notificó con la radicatoria por lo que se debe anular el Auto de Vista de fecha 18 de agosto de 2014.
1.Violación interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, que el Tribunal de la Sala Civil Segunda llega a concluir en base a los hechos fácticos siguientes: que para mayor abundamiento la apelante (demandada) en la aplicación del art. 232.I del Código de Procedimiento Civil ha presentado pruebas consistentes en documentos nuevos que demuestran que el monto pactado por la venta cubría el monto que sustentaba el gravamen por tanto en base del principio de verdad material y otros principios reconocidos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, sin explicar cuáles y que sustentaban el gravamen con la venta, lo cual no es evidente, ya que en el primer caso, no se ha demostrado en ningún momento que la misma cancelaría el gravamen que tenía en el sistema financiero con el precio recibido, sino por el contrario la vendedora se obligo por su cuenta a levantar la hipoteca, lo que significa que el razonamiento realizado por el Tribunal no es correcto es violatorio al art. 554 del C.C. ya que pese a haber mentido, engañado, la vendedora nunca tuvo la intención de vender, ya que nunca levanto el gravamen.
Otro de los argumentos utilizados por el Tribunal es que se basa a una supuesta confesión de mi parte cuando refiere puesto que en honor a la verdad, mi persona no entrego dicho dinero a la demandada, sino solo Treinta mil dólares americanos, cuando se hace referencia a fs. 206 a 207, que no existe engaño de su parte, puesto que en el contrato de fecha 09 de marzo del 2009, no existe engaño alguno, en el segundo contrato que fue simulado, 04 de septiembre de 2009, ya que el precio no era el real, como tampoco, con dicha minuta podía adquirir la propiedad, no existe tampoco engaño de su parte y por último en ningún momento se demostró que los cheques constituían el compromiso del pago del precio, puesto que la obligada en deshipotecar era la vendedora y no su persona, con la apreciación y valoración que hace el tribunal de alzada a incurrido en violación del art. 554 inc. 4 del C.C., así mismo revisado el Auto de Vista esta Resolución en ninguna parte tiene los fundamentos de derecho, no establece cual es la norma sustantiva aplicada y que el Tribunal de alzada no toma en cuenta que el Sr. Juez llega a concluir y declarar probada su demanda, fue precisamente debido a que si bien cancele treinta mil dólares americanos de los trescientos sesenta mil dólares americanos que era el contrato total, como pretende la demandante que cancele el saldo, de trescientos treinta mil dólares americanos, si la misma no cumplió con el contrato de hacer la deshipoteca, ya que si cancela el monto total se estaría hablando de un monto de ochocientos sesenta mil dólares americanos; indica que el Tribunal de alzada habría afirmado que su persona engaño a la vendedora, cómo es posible que la demandante engañe a la vendedora si el motivo del contrato fue precisamente que la vendedora deshipotecaría el inmueble, hecho que nunca ocurrió puesto que su persona no compro la posesión sino que compro un derecho de propiedad ya que la posesión no constituye un derecho de transmisión sino es un derecho personalísimo, que además el Tribunal de alzada llegue a concluir que su persona fue la que engaño a la demandada e incluso pretenda que no se le restituya el precio pagado y además se le niegue el reconocimiento de las mejora que introdujo y que tienen un valor económico, esto resulta ser un abuso de sobremanera, inhumano, sin embargo no menciona que hasta el momento la vendedora no deshipoteco ya que si esta hubiese cumplido su obligación de deshipotecar el inmueble no existiría ningún proceso judicial, ya que su reclamo es precisamente a la actuación dolosa que tuvo la demandada, al indicar que deshipotecaría el inmueble, lo cual no sucedió hasta el momento pese haber transcurrido más de cuatro años; no habiendo interpretado correctamente por parte del Tribunal de alzada la verdad material que valoren de manera imparcial la prueba y no adecuen, menos interpreten correctamente el contrato de fecha 09 de marzo de 2009 en sus clausulas segunda y cuarta ya que el dolo existe para la demandada, por consiguiente el tribunal de alzada interpreto de manera incorrecta lo previsto en el art. 554 inc. 4, 510,514 y 520 del Código Civil y art. 1283 inc. 1 y 2 del Código Civil.
2. Acusa error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas, al no otorgar el valor correcto en los hechos y en derecho a las pruebas que fueron ofrecidas en la demanda consistentes en el contrato de fecha 09 de marzo y 04 de septiembre de 2009, es más se indica que presentaron nuevas evidencias sin embargo también en el proceso incurren en error de derecho, puesto que no dieron cumplimiento al art. 331 del C.P.C., es decir para la valoración de nuevas pruebas que no fueron presentadas ante el Juez inferior, debió cumplirse con lo previsto en dicha normativa procesal civil, el no hacerlo desde todo punto de vista implica un error de derecho. Es más tampoco en el Auto de Vista indica en qué consiste la prueba, que demuestra con dicha prueba, simplemente la menciona y habla del principio de verdad material, ocultando los hechos, el derecho, el contenido de dicha documentación y sobre todo que es lo que demuestra dicha prueba documental es otro acto ilegal, indebido previsto en el art. 253 inc. 3 del C.P.C.
3. En cuanto al informe pericial el Tribunal de alzada de igual forma incurre en error de hecho y de derecho en la apreciación de dicha prueba, lo hace solo con el objetivo de conseguir un fallo amañado, ilegal, ya que su ofrecimiento de pruebas fue presentado dentro el termino legal de 05 días de haber sido notificado el mismo no fue objetado, es más notificada la demandada con el peritaje sin embargo la misma no objeto, no cuestionó ningún acto indebido sino por el contrario convalido dicho acto del peritaje, por consiguiente no es posible que se pretenda en un recurso de apelación cuestionar un acto que no ha sido reclamado en el momento oportuno, sin embargo el Tribunal de alzada lo hace forzando su interpretación, incurriendo nuevamente en error de hecho y de derecho de dicha prueba pericial, donde se establece el valor de las mejoras introducidas.
4. En cuanto a lo resuelto por el Tribunal de alzada se tiene que se declara probada la excepción de falta de acción y derecho, de donde de manera inmotivada indica que su persona le hizo transferir su derecho propietario mediante engaño.
5. En cuanto a que el Tribunal de alzada sostiene que no corresponde que se le restituya el precio pagado por haber inducido en engaño a la demandada, lo cual es una pena impuesta por el Tribunal, sin ninguna consideración y fundamento legal, ya que los efectos de la nulidad y la anulabilidad están establecidos en el art. 547 del C.C., aspectos que no han sido fundamentados por el Tribunal de alzada, simplemente dicta su posición en base a argumentos subjetivos, imprecisos y sobre todo violando las normas sustantivas antes indicadas.
Habiendo sido interpuestos tanto recurso de casación en la forma como en el fondo, corresponde dilucidar previamente el recurso de casación en la forma ya que de ser evidente los argumentos, corresponderá una Resolución de nulidad lo que impediría ingresar al análisis del recurso de casación en el fondo.
Respecto a este punto corresponde señalar que por providencia de fecha 24 de julio de 2014, cursante a fs. 363 la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dispone que se notifique y alternativamente ordena que se cumpla con lo ordenado por el Tribunal Supremo de Justicia, habiendo sido debidamente notificadas las partes tal cual se evidencian de las diligencias de fs. 363 vta., y en fecha 25 de julio de 2014 corriente a fs. 364se decreta Autos, si bien es cierto que con esta providencia no se ha notificado a las partes, no es menos cierto que este hecho no resulta ser trascendental para anular obrados ya que no viola el derecho a la defensa, al tenor de lo que dispone el art. 105.I del Código Procesal Civil, por lo que el recursoen la forma deviene en infundado.
1.- Antes de ingresar a considerar el recurso corresponde precisar que la demanda versa sobre anulabilidad de contratos, restitución de precio y pago de mejoras introducidas, precisada la pretensión señalamos que la recurrente menciona que existe violación, interpretación errónea y aplicación indebida de la Ley, en el entendido de que el Tribunal de alzada manifiesta “…que la apelante ha presentado pruebas consistentes en documentos nuevos que demuestran que el monto pactado por la venta cubría el monto que sustentaba el gravamen por tanto en base del principio de verdad material y otros principios reconocidos en el art. 180.I de la Constitución Política del Estado, este Tribunal establece que la demandada prueba su demanda con relación a la anulabilidad de los contratos suscritos con la vendedora…”; sin embargo no señala a que pruebas se refiere mucho menos indica cuales serían los documentos nuevos, ahora bien por memorial de fs. 321 la demandada con la facultad del art. 232 del Código de Procedimiento Civil, dentro del plazo legal ofrece prueba de reciente obtención y pide sea considerada a tiempo de resolver la apelación, prueba que por providencia 03 de diciembre de 2013 la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz la corre en traslado, traslado que no ha sido respondido y por el contrario a fs. 325 cursa nota firmada por la Secretaria de la Sala Civil Segunda por la que se desprende “El término establecido por el art. 232 del Código de Procedimiento Civil, a la fecha se encuentra vencido”. Conste.- Santa Cruz, 20 de diciembre de 2013”, deduciéndose en consecuencia que la prueba a la que supuestamente se refiere el Tribunal de alzada no ha sido aceptada conforme a Derecho, es decir con la pertinencia del art. 232.I del Código de Procedimiento Civil, consecuentemente el Tribunal Ad quemno dio cumplimiento a lo dispuesto en la citada norma legal.
Indica también que se ha interpretado de manera incorrecta lo previsto en el art. 554 num4), 510, 514,520 y el art. 1283 num. 1 y 2 del Código Civil; al respecto corresponde indicar que según la primera norma legal de referencia en su num. 4) indica:“Por violencia, dolo o error sustancial sobre la materia o sobre las cualidades de la cosa”, el art. 510 de la misma, establece “I. En la interpretación de los contratos se debe averiguar cuál ha sido la intención común de las partes y no limitarse al sentido literal de las palabras”; el art.514 de la precitada norma, menciona: “Las clausulas del contrato se interpretan las unas por medio de las otras, atribuyendo a cada una el sentido que resulta del conjunto del acto”, y el art. 520 de la misma norma, dice “El contrato debe ser ejecutado de buena fe y obliga no sólo a lo que se ha expresado en él, sino también a todos los efectos que deriven conforme a su naturaleza, según la ley, o afalta de ésta según los usos y la equidad”, y finalmente el art. 1283 num. Idel Código Civil, dice: “Quien pretende en juicio un derecho, debe probar el hecho o hechos que fundamentan su pretensión,y II “Igualmente, quien pretende que ese derecho sea modificado, extinguido o no es válido, debe probar los fundamentos de su excepción”.
Como se dijo líneas arriba, la actora demando la anulabilidad de los contratos de fechas 09 de marzo de 2009 y 04 de septiembre de 2009, mas la restitución de precio y pago de mejoras introducidas;el Tribunal de Segunda Instancia al revocar la Sentencia y declarar improbada la demandaactuó de manera incorrecta ya que de la lectura de los documentos de los cuales se pretende su anulabilidad se tiene que el primero de ellos se establece que la venta del bien inmueble se lo realiza por un monto total de $us. 360.000, de los cuales se han pagado $us.30.000 y el resto se lo hará mediante pagos de $us. 2.000 mensuales, acordándose además que teniendo el bien inmueble un gravamen la vendedora se compromete por su exclusiva cuenta a levantar y cancelar dicho gravamen, nada de lo comprometido cumplió la demandada reconvencionista, por lo que no puede aducir que la compradora le habría engañado por cuanto el documento de fecha 09 de marzo de 2009 no tiene clausulas obscuras o contradictorias que vayan en desmedro de la vendedora; se ha de tomar en cuenta además que desde la suscripción del documento hasta la interposición de la demanda han pasado casi dos años sin que la vendedora haya cumplido su promesa de levantar el gravamen que pesa sobre el bien inmueble que dio en calidad de venta.
Con relación a que se interpretó de manera incorrecta el art. 510 del C.C. esto resulta ser evidente puesto que la Resolución recurrida hace una valoración mutilada de la intención de las partes en el entendido de que el Juez A quo no debió aplicar lo dispuesto por el art. 585 del C.C. ya que a decir en la Resolución recurrida no se pactó a plazo con cuotas mensuales, esta afirmación es desmentida por el documento de fecha 09 de marzo de 2009, toda vez que en la clausula segunda de dicho documento se difiere el pago en cuotas mensuales de $us. 2.000, este punto se adecua también a que no se interpreto correctamente el art. 514 y el 520 del C.C.,finalmente en cuanto a la errónea interpretación del art. 1283.I y .II del C.C., referente a la carga de la prueba corresponde señalar que se ha demostrado por parte de la demandante su pretensión en cuanto al engaño sufrido, puesto que fue inducida a comprar el bien inmueble con la promesa de que la vendedora iba a deshipotecar el gravamen que pesaba sobre el inmueble en el plazo de dos meses, hecho que no ocurrió y que además demostró que la propiedad tiene un gravamen por $us. 500.000, pues el documento de transferencia se suscribió con la promesa de la demandada reconvencionista de entregar el bien libre y alodial lo que no ocurrió; respecto a las mejoras introducidas en el bien inmueble motivo de la litis se tiene que a fs. 95 a 113 cursa el informe pericial por el que se demuestran las mejoras realizadas en el inmueble, si bien es cierto que el informe pericial determina un monto mayor al solicitado por la actora, el Juez A quo obró correctamente al calificar el monto de las mejoras y establecerlas en $us.90.000, dejándose establecido que el informe pericial no fue observado por la demandada reconvencionista, consecuentemente el Tribunal de Segunda Instancia dicto la Resolución ahora recurrida en franco desconocimiento de los antecedentes que ilustran el proceso, fruto de ello interpretó de manera incorrecta las normas citadas; respecto al documento de fecha 04 de septiembre de 2009, la demandante y demanda reconocen y confiesan que se trata de un documento ficticio, lo que hace plena fe al tenor de lo dispuesto por el art. 404.II del Código de Procedimiento Civil, aspecto que no fue desvirtuado lo contrario en el curso del proceso.
Con relación a los reclamos consignados en calidad de resumen en los puntos 2 y 3 del Considerando II de la presente Resolución, ya fueron absueltos en los fundamentos desarrollados precedentemente y para no incurrir en reiteraciones, corresponde remitirnos al mismo, aspecto que debe tener presente la recurrente.
4.- En lo que respecta a que el Tribunal de alzada, declara probada la excepción de falta de acción y derecho opuesta por la demandada contra la demanda principal, corresponde señalar que el Tribunal Ad quem de manera infundada sostiene que la demandante hubiera confesado el engaño al tenor de lo que dispone el art. 1321 del C.C., este hecho tampoco condice con los datos del proceso porque no se evidencia que la demandante haya confesado la demanda reconvencional.
5.- Finalmente en cuanto a que el Tribunal de Alzada sostiene que no corresponde que se le restituya el precio pagado por haber inducido en engaño a la demandada, es necesario establecer que la Resolución ahora recurrida establece que la compradora confiesa no haber pagado el precio, esta afirmación la extrae de la parte en la que la demandante reconoce que el documento de fecha 04 de septiembre de 2009 (2º contrato) es ficticio y que como consecuencia de ello no pagó nada de lo que supuestamente se convino en él y reconoce que sólo entrego la suma de $us. 30.000 consignado en el primer contrato; estas afirmaciones del Tribunal de segunda instancia son erradas, ya que no han sido demostradas durante la tramitación de la causa, de donde se concluye que la posición del Ad-quem de negar la devolución del dinero entregado como parte de pago y el no pago de las mejoras efectuadas por la demandante bajo el argumento de que la actora ahora recurrente carece de acción y derecho, resulta errada y de consolidarse esa situación involucraría en la figura del enriquecimiento ilegítimo.
Por lo precedentemente expuesto corresponde emitir Resolución en la forma prevista por el art. 271 num 4 y 274 ambos del Código de Procedimiento Civil.
PORTANTO:La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.Inum. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010 y en aplicación de los arts. 271 num.2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara INFUNDADO el recurso de casación en la forma, y conforme a los arts. 271 num. 4) y 274 del Código de Procedimiento Civil, CASA el Auto de Vista recurrido (Nº 227/14) de fecha 18 de Agosto de 2014, cursante de fs. 366 a 371 y vta., y deliberando en el fondo mantiene firme y subsistente la Sentencia del primera instancia. Sin responsabilidad por considerarse excusable el error.

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