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Timestamp: 2019-03-18 20:12:39+00:00

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Blog - Valero_Bufete_Abogados
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Desde Valero Bufete Abogados les informamos de la importancia de la redacción del contrato de franquicia es un documento privado suscrito por dos partes, el franquiciador y el franquiciado, en el que se recoge por escrito el “acuerdo de franquicia”.
MARCA: El uso de una denominación o rótulo común y una presentación uniforme de los locales y/o medios de transporte objeto del contrato.
KNOW-HOW: La transmisión al franquiciado de un Know-How (o conjunto de conocimientos o procesos prácticos verificados por el franquiciador y fruto de su experiencia.
APOYO CONTINUADO: La prestación continua por el franquiciador de asistencia comercial y técnica durante la vigencia del acuerdo de franquicia.
Es frecuente que una de las partes (o las dos) sean sociedades, debiendo prestarse especial atención a todos los datos de la sociedad, así como a los de la persona física que la representa y de su capacidad para contratar válidamente en nombre de la sociedad.
Prececidas de la expresión “exponen”, “manifiestan” u otra similar, es normal hacer constar determinadas afirmaciones o manifestaciones. Así, por ejemplo, sobre la titularidad de la marca, el cumplimiento de requisitos administrativos (registro, información precontractual), independencia empresarial de las partes, etc).
Si bien estas manifestaciones no suelen tener un contenido obligacional, resultan extremadamente útiles para verificar un consentimiento eficaz, para especificar el objeto del contrato y los fines de las partes, para facilitar la interpretación del contrato en caso necesario, etc.
Los requisitos que debe cumplir el local comercial.
La determinación de la oferta de producto que podrá ofrecer el franquiciado, así como sus condiciones de suministro.
La exclusividad territorial de la franquicia.
El uso de la tecnología (software, etc.) y la prestación de soporte técnico correspondiente.
Los procesos y obligaciones de información y control.
Las campañas publicitarias por ambas partes.
El soporte y apoyo al que vendrá obligado el franquiciador.
En definitiva, el contrato es auténtica “ley entre las partes”, que regirá la relación entre ellas durante años. Por ello es tan importante realizar un análisis exhaustivo del contenido de cada una de sus cláusulas antes de firmar.
Valero Bufete Abogados trabaja centrado en las necesidades del cliente.
Consúltenos al 900 69 68 12.
DERECHO MARÍTIMO, TRANSPORTE Y LOGÍSTICA COMERCIO INTERNACIONAL Y ADUANAS
En Valero Bufete Abogados les ayudamos y asesoramos sobre:
Abanderamiento, matrícula y registro de buques y embarcaciones.
Contratación. Revisión y redacción de condiciones de contratación, problemas de interpretación, incumplimiento y resolución de contratos.
Contratos de construcción, compraventa de buques y embarcaciones, arrendamiento financiero, hipoteca naval.
Contratos de explotación del buque:
Modalidades del Bill of Lading.
Fletamento: Time Charter, Voyage-Charter. Subfletamento. Contratos de volumen.
Contrato dearrendamiento de buque, arrendamiento náutico.
Contrato de remolque.
Contratos auxiliares a la navegación:
Contrato de gestión naval.
Contrato deconsignación de buques.
Contrato depracticaje.
Contrato demanipulación portuaria.
Contrato de pasaje y el crucero marítimo.Derechos de los pasajeros, retrasos y cancelaciones. Daños personales, materiales, pérdidas económicas.
Reclamaciones de cargapor pérdidas, daños o retrasos.
Reclamaciones de fletes y gastos anexos, gastos de demora, ocupaciones y multas.
No retirada de la mercancía en puertos. Abandono de mercancías. Derecho de retención. Pérdida del BL original y cambios de datos BL. Letters of indemnity (LOI).
Siniestros y accidentes marítimos. Abordaje, avería gruesa, salvamento. Reclamación, negociación y defensa jurídica de daños personales y materiales.
El seguro marítimo. P&I, seguro de buques, de mercancías, RC. Revisión de condiciones de las pólizas. Reclamación y negociación de siniestros.
Concesiones y autorizaciones administrativaspara la ocupación del dominio público marítimo-terrestre: solicitudes y transferencias. Nueva Ley de Costas.
Procedimientos administrativos sancionadoresen materia de transporte marítimo.
Solicitud, renovación y cesión delicencias o autorizaciones de transporte. OT. Cooperativas.
Contratación. Revisión y redacción de condiciones de contratación, incumplimiento y resolución de contratos. Carta de porte. CMR. Subcontratación. Multimodalidad. Mudanzas.
Reclamaciones de carga por pérdidas, robos y estafas, daños o retrasos. Daños en mercancías perecederas. Reclamaciones de portes por impago.
Seguro de transporte terrestre de mercancías. Reclamación y negociación de siniestros.
Procedimientos administrativos sancionadorespor exceso en tiempos de conducción, manipulación de aparatos de control de tiempos de descanso, exceso de peso, mercancías peligrosas y perecederas, falsificación de datos.
Contratación. Chárter aéreo. Transporte aéreo de viajeros. Viajes combinados.
Reclamacionespor daños a la carga, pasajeros y equipaje. Reclamaciones por servicios turísticos.
Procedimientos sancionadoresa compañías aéreas y prestadoras de servicios aeroportuarios.
Autorizaciones administrativas. Contratación. Revisión y redacción de contratos de prestación de servicios logísticos, interpretación, incumplimiento y resolución de los servicios.
Trámites, documentos de acompañamiento a la importación y exportación, registros.
Resolución de conflictos surgidos en el ámbito de las transacciones comerciales internacionales. Compraventa internacional. Incoterms. Créditos documentarios.
Procedimientos aduaneros administrativos; inspecciones e infracciones aduaneras. Decomiso de mercancías y contrabando. Regímenes aduaneros. Depósitos aduaneros. Reembolso del IVA a la importación.
Desde Valero Bufete Abogados les podemos ofrecer un servicio rápido y efectivo con todos los trámites que la creación y mantenimiento de una empresa en el extranjero suponen. Tenemos experiencia en el comercio internacional, trabajando con empresas internacionales establecidas en diferentes puntos del mundo y les ayudamos y aconsejamos con las funciones de mantenimiento que requieren los negocios en el extranjero. Desde aquí les prestamos un servicio de contabilidad y auditoría, así como presentación de los impuestos necesarios a las autoridades locales correspondientes.
En el momento en el que nos planteamos cómo crear una empresa en el extranjero debemos tener en cuenta que el proceso varía considerablemente de país a país.
Desde Valero Bufete Abogados les ofrecemos asesoramiento jurídico internacional. Dirigido a empresas que trabajan en el exterior con la finalidad de conseguir la máxima seguridad en sus operaciones.
Servicio dirigido a empresas exportadoras, con la finalidad de conseguir la máxima seguridad en las operaciones internacionales mediante un asesoramiento preventivo, especializado, completo y eficaz.
– Supervisión y redacción de documentos y contratos internacionales
-Asesoramiento en medios de pago internacionales
-Asesoramiento en Términos de Comercio Internacional (Incorterm)
-Asesoramiento en la resolución de conflictos internacionales
-Defensa jurídica en procedimientos judiciales y arbitrajes
-Conexión con despachos de abogados internacionales
En Valero Bufete Abogados les informamos sobre el proceso de constitución y puesta en marcha de una empresa es una tarea difícil, no por su complejidad, sino por la laboriosidad de la tramitación para formalizar dicha constitución.
En Valero Bufete Abogados les informamos sobre el Derecho de Transporte se encarga de regular y tratar todos los conflictos que surgen dentro del área del transporte. Debido a la importancia que tiene en nuestras vidas cada vez son más. Hay que tener en cuenta que el Transporte es un sector clave en la economía, con lo cual cobra mucha importancia la legislación en este sector. Sus indemnizaciones suelen estar tasadas salvo que exista dolo civil o que se encuentre en el ámbito de la logística en donde no operan dichos límites.
Dentro del Derecho de Transporte, el Derecho Marítimo tiene mucha más importancia y relevancia de la que nos imaginamos ya que además sirve de fuente de legislación para los transportes por aire y carretera. Además, hay que tener en cuenta sus principales características, las cuales lo hacen ser tan importante:
Por los puertos españoles se realizan el 80% de las importaciones y el 50% de las exportaciones.
En la comparativa con los camiones, por ejemplo, un barco puede cargar unas 6.000 veces más cargas que aquellos.
Un buque que porta contenedores puede cargar más o menos 125.000 toneladas, mientras que el avión destinado a transportar mercancías puede como mucho con 95 toneladas.
En España hay 44 puertos que son gestionados por 28 autoridades portuarias, siendo el de Valencia el que más tráfico de mercancías tiene en todo el Mediterráneo.
En cuanto al transporte por carretera, tiene en contra tres importantes factores que hacen que el Derecho que lo legisla sea menos competitivo:
-Genera problemas medioambientales
-El Estado se inclina por mejorar las infraestructuras ferroviarias en lugar de las carreteras.
-Casi dos de cada diez carreteras españolas tienen un nivel de riesgo elevado para cualquier transporte.
Teniendo en cuenta todas estas anotaciones, el Derecho de Transporte se centra más en el sector marítimo que en cualquier otro, pero aun así todos están perfectamente cubiertos y legislados.
Desde Valero Bufete abogados les informamos sobre las fusiones y escisiones:
Operación por la cual una o varias entidades transmiten en bloque a otra entidad ya existente, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, sus respectivos patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la otra entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.También puede ser la operación por la cual dos o más entidades transmiten en bloque a otra nueva, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, la totalidad de sus patrimonios sociales, mediante la atribución a sus socios de valores representativos del capital social de la nueva entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad. Y por último cuando una entidad transmite, como consecuencia y en el momento de su disolución sin liquidación, el conjunto de su patrimonio social a la entidad que es titular de la totalidad de los valores representativos de su capital social.
Operación por la cual una entidad divide en dos o más partes la totalidad de su patrimonio social y los transmite en bloque a dos o más entidades ya existentes o nuevas, como consecuencia de su disolución sin liquidación, mediante la atribución a sus socios, con arreglo a una norma proporcional, de valores representativos del capital social de las entidades adquirentes de la aportación y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.
También constituye escisión cuando una entidad segrega una o varias partes de su patrimonio social que formen ramas de actividad y las transmite en bloque a una o varias entidades de nueva creación o ya existentes, manteniéndose al menos una rama de actividad en la entidad transmitente, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de estas últimas, que deberán atribuirse a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, con la consiguiente reducción de capital social y reservas en la cuantía necesaria, y, en su caso, una compensación en dinero en los términos del párrafo anterior.
Por último, también constituye escisión la operación por la cual una entidad segrega una parte de su patrimonio social, constituida por participaciones en el capital de otras entidades que confieran la mayoría del capital social en estas, manteniendo en su patrimonio al menos participaciones de similares características en el capital de otra u otras entidades o bien una rama de actividad, y la transmite a otra entidad, de nueva creación o ya existente, recibiendo a cambio valores representativos del capital de la entidad adquirente, que deberá atribuir a sus socios en proporción a sus respectivas participaciones, reduciendo el capital social y las reservas en la cuantía necesaria y, en su caso, una compensación en dinero en los términos ya explicados en el primer párrafo.
Si existen dos o más entidades adquirentes, la atribución a los socios de la entidad que se escinde de valores representativos del capital de alguna de las entidades adquirentes en proporción distinta a la que tenían en la que se escinde requerirá que los patrimonios adquiridos por aquéllas constituyan ramas de actividad.
Aportación no dineraria de ramas de actividad
Se dice de la operación por la cual una entidad aporta, sin ser disuelta, a otra entidad de nueva creación o ya existente la totalidad o una o más ramas de actividad, recibiendo a cambio valores representativos del capital social de la entidad adquirente. A estos efectos se entenderá por rama de actividad el conjunto de elementos patrimoniales que sean susceptibles de constituir una unidad económica autónoma determinante de una explotación económica, es decir, un conjunto capaz de funcionar por sus propios medios. Podrán ser atribuidas a la sociedad adquirente las deudas contraídas para la organización o el funcionamiento de los elementos que se traspasan.
No obstante, lo anterior, y a los efectos de delimitar una rama de actividad hay que entender que, si existen varias actividades y una de las actividades económicas, es consustancial a la realización de otra, aunque cuente en su caso con medios materiales y humanos propios no debe considerarse que se desarrolla de forma autónoma y diferenciada a la principal, por lo que no formará una rama de actividad distinta.
Canje de valores representativos del capital social
Se dice de la operación por la cual una entidad adquiere una participación en el capital social de otra que le permite obtener la mayoría de los derechos de voto en ella o, si ya dispone de dicha mayoría, adquirir una mayor participación, mediante la atribución a los socios, a cambio de sus valores, de otros representativos del capital social de la primera entidad y, en su caso, de una compensación en dinero que no exceda del 10% del valor nominal o, a falta de valor nominal, de un valor equivalente al nominal de dichos valores deducido de su contabilidad.
En Valero Bufete Abogados le informamos que existe pues una diferencia clara en cuanto a la naturaleza de los derechos protegidos en la propiedad industrial (marcas, diseños, patentes, modelos de utilidad… que son los que competen a este blog) y los derechos de propiedad intelectual derivados de creaciones artísticas y vinculados a derechos de autor.
En España se distingue entre propiedad intelectual e industrial, aunque realmente ambas otorgan una protección mediante un derecho exclusivo de monopolio sobre una creación intelectual, que excluye el uso del mismo por parte de terceros.
Vamos a ver un poco más en el detalle las características y las diferencias entre propiedad industrial y propiedad intelectual:
Tradicionalmente, con la expresión “propiedad intelectual”se engloba un poco todo, es decir: si inventas algo, este algo es de tu propiedad intelectual. Más precisamente, es un concepto jurídico que indica un sistema de protección de bienes inmateriales que son fruto de una actividad creativa e inventiva.
La propiedad intelectual incluye:
Derechos conexos o afines
La propiedad industrial incide sobre creaciones que tienen utilidad industrial.
Se habla más propiamente de derechos de propiedad industrial en relación a:
Signos distintivos: marcas, denominaciones de origen, etc. cuya forma de protección es una acción de registro.
Innovaciones técnicas: patentes de invención, diseños industriales y modelos de utilidad.
En Valero Bufete Abogados le comunicamos que el derecho de sucesión hereditaria o simplemente el derecho a la sucesión hereditaria es uno de los derechos más antiguos que se conoce, en todos los países está previsto en su legislación o en el derecho usual del pueblo los efectos del fallecimiento de una persona.
El derecho de sucesión, también se ha regulado sucesivamente en nuestra legislación, primeramente, de una manera general, comprendiendo a todo el territorio español, y posteriormente con el derecho de las autonomías se traspasó la recaudación e incluso la legislación del mismo a prácticamente todas ellas.
Aquí únicamente trataremos el derecho a la sucesión recogido en nuestro Código Civil, con carácter general.
El derecho de suceder tras el fallecimiento
El artículo 744 del Código Civil, dice que “Podrán suceder por testamento o abintestato los que no estén incapacitados por la Ley.”
Los derechos a la sucesión de una persona se transmiten desde el momento de su muerte. (art. 657 Código Civil)
La herencia comprende todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona que no se extingan por su muerte. (art. 659 CC)
Se llama heredero al que sucede a título universal, y legatario el que sucede a título particular.
A los hijos y demás descendientes, les corresponde un tercio, que recibe el nombre de legítima corta, y que se distribuye a partes iguales entre ellos.
Ese tercio se hereda en plena propiedad, es decir, la nuda propiedad y el usufructo a la vez. Pero, también tienen derecho a otro tercio, el de mejora o legítima larga, que se destina a los hijos y nietos. No tiene por qué ser a partes iguales, puede que exista algún descendiente “favorito”.
La legítima de los padres y ascendientes
El derecho hereditario en Comunidades Autónomas
En España coexisten, junto al Derecho Común, los derechos forales citados anteriormente, que se aplican en los territorios referidos como son Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra, parte de Vizcaya y Álava.
En estos territorios, rigen otras particularidades, como sucede en Cataluña, por ejemplo, donde la legítima consiste en la cuarta parte del valor de la herencia y, a diferencia del Derecho Común, el cónyuge superviviente no tiene derechos legitimarios, ni tampoco los abuelos a falta de los padres.
El cónyuge sólo tiene derecho a la cuarta viudal, es decir a la cuarta parte de la herencia del fallecido y las renta y salarios que perciba y al beneficio del “año de luto”, que le da el derecho al usufructo de toda la herencia durante ese período.
Los herederos forzosos: ¿Quiénes son?
El viudo o viuda en la forma y medida que establece este Código. (artículo 807 Código Civil).
El orden de sucesión de no haber testamento
Cuando una persona fallece sin testamento, la Ley determina quienes van a ser sus herederos (se llaman herederos ab intestato), por lo que hay que acudir al orden establecido en el artículo que hemos trascrito anteriormente.
En el supuesto de que no haya cónyuge, los hermanos e hijos de hermanos en representación de sus padres fallecidos, son los que heredan y a falta de estos heredan los demás colaterales hasta el cuarto grado, es decir, hitos carnales. Y a falta de los tíos, los primos hermanos. Si no existe ninguno de los anteriores la herencia revierte al Estado.
La conveniencia de dejar testamento
El testamento se puede otorgar en cualquier momento de la vida de una persona, por muy pocas propiedades que posea, siendo el preferible el llamado testamento abierto, que es el que se otorga ante Notario, con su asesoramiento previo, y que suele ser el más frecuente en la práctica, siendo el único que tiene una eficacia directa, es decir, no hay que realizar ningún trámite judicial.
La partición puede ser realizada judicialmente (art. 1059 CC) o en forma voluntaria por el propio testador; en este supuesto, puede realizarlo por medio de negocio jurídico inter vivos o mortis causa (art. 1056 CC), por medio de comisario o contador nombrado por el testador en testamento (art. 1057, párr. 1.º CC y SSTS de 25-4-1963, 17-6-1963 y 25-4-1994), por el contador-partidor dativo a que se refiere el artículo 1057, párrafo 2.º, del Código Civil, y por los propios coherederos, por sí mismos o por medio de personas nombradas a tal fin (art. 1058 CC).
La conservación de la empresa tras el fallecimiento
El testador que en atención a la conservación de la empresa o en interés de su familia quiera preservar indivisa una explotación económica o bien mantener el control de una sociedad de capital o grupo de estas podrá usar de la facultad concedida en el Código Civil, disponiendo que se pague en metálico su legítima a los demás interesados.
A tal efecto, no será necesario que exista metálico suficiente en la herencia para el pago, siendo posible realizar el abono con efectivo extra hereditario y establecer por el testador o por el contador-partidor por él designado aplazamiento, siempre que este no supere cinco años a contar desde el fallecimiento del testador; podrá ser también de aplicación cualquier otro medio de extinción de las obligaciones.
Si no se hubiere establecido la forma de pago, cualquier legitimario podrá exigir su legítima en bienes de la herencia.
No será de aplicación a la partición así realizada lo dispuesto en el artículo 843 y en el párrafo primero del artículo 844.
Si el instituido como adjudicatario de la empresa familiar, fuera un extraño, y salvo que sea otra la voluntad del testador habrá que entender que este ha sido instituido en el tercio de libre disposición, de suerte que tendrá que pagar a los demás interesados las cuotas correspondientes a los tercios de legítima estricta y de mejora.
El artículo 1056, párrafo 1.º, del Código Civil, de acuerdo con la tradición jurídica española, faculta al testador para llevar a cabo él mismo la partición, confiriéndole amplias posibilidades al efecto, pero imponiéndole el respeto absoluto a las legítimas. Habrá que respetar la voluntad del testador hasta donde le sea legalmente permitido (art. 675 CC), dada la intangibilidad de la legítima, y del presupuesto de que aquel no podrá disponer por testamento más que de lo suyo, resulta que no podrá incluir en la partición los bienes gananciales, en tanto no se haya disuelto la sociedad matrimonial.
Desde Valero Bufete Abogados le informamos que si usted ha firmado un contrato y tiene alguna duda en cuanto a sus obligaciones, debe consultar a un abogado. En muchas ocasiones los contratos contienen cláusulas abusivas, que benefician a quien redacta el contrato y perjudica al consumidor o usuario.
Ya sea en arras inmobiliarias, compraventa, servicios etc… Un abogado le puede ayudar a resolver el contrato o a la anulación de cierta cláusula dudosa. Esto le puede librar de cumplir una obligación que, por circunstancias, usted no sabía que contrajo, en el momento de su firma.
¿Cuándo una clausula es abusiva y qué podemos hacer contra ella?
En la actualidad firmamos muchos contratos que no negociamos, aceptamos unas cláusulas preestablecidas e impuestas por un empresario, que en su contratación en masa, tiene un contrato tipo con el que opera en las relaciones comerciales.
Ésta es una práctica habitual al contratar el seguro, con las entidades bancarias, en los transportes, etc.
En este tipo de contratos, en teoría, todas las cláusulas han sido puestas en conocimiento del cliente, en el momento de su aceptación.
Pero en la práctica, muchas cláusulas son casi ilegibles, lo que se denomina “letra chica”, o son redactadas de forma tan laberíntica, que el interesado realmente no sabe que está contratando. En concreto, en el contrato de seguro, no sabe que cobertura le está dando el mismo.
El contenido de estos contratos preestablecidos, debe respetar la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales de la Contratación y su regulación específica. Por ejemplo, en el contrato de seguro, La Ley de 17 de octubre de 1980.
Los contratos tipo si respetan la Ley, son válidos. Pero, puede ocurrir, que, dentro del mismo, nos encontremos con una cláusula abusiva, y por lo tanto prohibida.
Una cláusula impuesta por una de las partes, generalmente el empresario, provocando un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Es decir, la parte que la sufre queda en clara desventaja respecto a la que la impone, que estaría abusando de su posición de fuerza.
¿Qué leyes prohíben las cláusulas abusivas y cuáles son?
Aparecen en La Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios. (R.D. Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre).
Artículo 2 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios establece que dentro de los derechos básicos de los consumidores y usuarios (derechos a los que el consumidor o usuario no puede renunciar) está “la protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular, frente a la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
La Ley prohíbe la inclusión de cláusulas abusivas, porque los poderes públicos tienen, por mandato constitucional, que evitar que el consumidor o usuario quede en una posición de clara desventaja o desequilibrio frente a la otra parte.
El artículo 10 de la Ley General de Consumidores y Usuarios, vuelve a mencionar las cláusulas abusivas, cuando habla de los requisitos que deben cumplir las estipulaciones de los contratos. Deben estar inspiradas en la buena fe y justos equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye las cláusulas abusivas.
El artículo 10 bis. define las cláusulas abusivas. Los elementos que definen son:
Impuestas por una parte (no existe, por tanto, negociación individual de las cláusulas.
Contrarias a la buena fe.
Perjuicio para el consumidor, porque causan un desequilibrio importante de los derechos y obligaciones de las partes.
¿Cuáles son, en concreto, las cláusulas abusivas?
El Artículo 10 bis de la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, establece que, la Disposición Adicional 1ª, contiene una enumeración de estipulaciones que son, en todo caso, abusivas.
Destacamos entre ellas, las siguientes:
El empresario o profesional se reserva las facultades de interpretación o modificación unilateral del contrato, sin motivos válidos, especificados en el contrato.
El empresario o profesional, se reserva la facultad de resolver anticipadamente un contrato con plazo determinado, y al consumidor no se le reconoce esa facultad.
La vinculación incondicionada del consumidor al contrato aun cuando el profesional o empresario no hubiera cumplido con sus obligaciones, o la imposición de una indemnización desproporcionadamente alta, al consumidor que no cumpla sus obligaciones.
La supeditación a una condición cuya realización dependa únicamente de la voluntad del profesional para el cumplimiento de prestaciones.
La estipulación del precio en el momento de la entrega del bien o servicio, o la facultad del profesional para aumentar el precio final sobre el convenido, sin que en ambos casos, existan razones objetivas o sin reconocer al consumidor el derecho a rescindir el contrato si el precio final resulta muy superior al inicialmente estipulado.
Privación de derechos básicos al consumidor, en particular, cláusulas que modifiquen, en perjuicio del consumidor, las normas legales sobre vicios ocultos.
La concesión de un derecho al profesional sino se concede el correlativo al consumidor.
La imposición de garantías desproporcionadas al riesgo asumido.
La imposición al consumidor de los gastos de documentación y tramitación que por ley correspondan al profesional.
La sumisión a arbitrajes distintos del consumo, salvo que se trate de órganos de arbitraje institucionales creados por normas legales para un sector.
La previsión de pactos de sumisión expresa a Juez o Tribunal distinto del que corresponda al domicilio del consumidor, al lugar del cumplimiento de la obligación o aquél en que se encuentre el bien si fuera inmueble.
Cláusulas abusivas referidas a la modificación unilateral de los contratos y resolución anticipada de los de duración indefinida, y al incremento del precio de bienes y servicios, no se aplicarán a los contratos relativos a valores, y otros productos y servicios cuya precio está vinculado a una cotización, índice bursátil o un tipo del mercado financiero, ni a los contratos de compraventa de divisas, cheques de viaje, o giros postales internacionales en divisas.
Que es una cláusula nula de pleno derecho y se tiene por no puesta.
Contratos Franquicia 12 noviembre, 2018
Transporte de mercancías 12 noviembre, 2018
Creación de empresas 12 noviembre, 2018
Derecho Internacional 12 noviembre, 2018
Constitución de empresas 12 noviembre, 2018
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 artículo 10
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 Artículo 10
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