Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-652647737
Timestamp: 2019-06-25 15:43:28+00:00

Document:
STC 147/2016, 19 de Septiembre de 2016 - Jurisprudencia - VLEX 652647737
Número de Recurso: 5750-2014
La recurrente en amparo, trabajadora de un Ayuntamiento con contrato indefinido no fijo, fue despedida, junto a otros trabajadores, debido a un acuerdo de amortización de plazas adoptado por la Junta de gobierno de la corporación local. La recurrente impugnó el despido alegando, entre otros motivos, la incompetencia del órgano administrativo que adoptó el acuerdo de amortización. El despido fue declarado nulo tanto en primera instancia como en suplicación, pero procedente en casación. La Sentencia dictada por el Tribunal Supremo no entró a considerar la falta de competencia del órgano administrativo, pese a haber sido objeto de debate en el proceso. Se otorga el amparo por vulneración del derecho al recurso, entendido como derecho a obtener una resolución de fondo que resuelva las pretensiones planteadas por las partes. La Sentencia considera que el motivo de nulidad del despido, basado en la falta de competencia del órgano administrativo que adoptó el acuerdo de amortización, había sido objeto de debate a lo largo del proceso, y tanto la resolución de instancia como la de suplicación resolvieron expresamente sobre él. Por ello, pese a la ausencia en el recurso de casación por unificación de doctrina de un motivo específico sobre la incompetencia del órgano administrativo, la exclusión del tema constituye una indebida limitación del objeto del juicio. Además se afirma que, al haberse considerado en otros recursos afectantes a trabajadores despedidos en ejecución del mismo acuerdo de amortización, no existía impedimento alguno para integrar el tema de la competencia dentro del debate, evitando así una situación de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores.
Mediante escrito registrado el 24 de septiembre de 2014, la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Armesto Tinoco, actuando en nombre de doña Ángela Coello Amores, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento.
Con fecha 13 de diciembre de 2011 se registró en el Juzgado de lo Social, delegación del Decanato de Madrid, escrito de la recurrente en amparo por la que formuló demanda por “despido nulo o, subsidiariamente improcedente, contra el Ayuntamiento de Parla” (Madrid).
El juicio oral se celebró el 17 de abril de 2012, según acta levantada en la misma fecha y que obra en las actuaciones. Reproducido el DVD de grabación, a los efectos que interesa resaltar en este amparo se constata que en el trámite de alegaciones la Abogada de la actora, doña Inmaculada Martínez López, impugnó el acuerdo de amortización de puestos de trabajo ya citado, tanto por no haberse seguido el procedimiento previsto en el art. 51 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET) para despidos colectivos, como por haberse adoptado el acuerdo por la Junta de gobierno y no por el Pleno de la Corporación, que es el órgano competente para aprobar la modificación de la plantilla según las normas que al efecto invoca (hora: 11:43 a 11:46 de la grabación).
Con fecha 23 de abril de 2012, el Juzgado de lo Social dictó Sentencia con la siguiente dispositiva:
Que estimando la demanda formulada por Doña Ángela Coello Amores contra el Ayuntamiento de Parla debo declarar y declaro la nulidad de la extinción contractual condenando, en su consecuencia, a la parte demandada a estar y pasar por esta declaración, y a que proceda a la inmediata readmisión de la actora en su puesto de trabajo en las mismas condiciones que regían con anterioridad así como a que le abone los salarios dejados de percibir desde la fecha de su efectividad hasta que, finalmente, la readmisión tenga lugar.
QUINTO: En fecha 20.10.11 tuvo lugar Acuerdo de la Junta de Gobierno en el que se procede a la supresión de los puestos de trabajo de la RPT del Ayuntamiento de Parla que se relacionan en el Decreto emitido por el Consejero Delegado de Área de personal dando cumplimiento a dicho Acuerdo en fecha 27.10.11, entre los que se encuentra el ocupado por la actora con número RPT 386 del grupo C, alegándose al efecto que no es necesario acudir a los procedimientos previstos en los artículos 51 y 53 ET, al haberlo así declarado la doctrina jurisprudencia y resolviéndose al amparo de ello y resolviéndose al amparo de ello la extinción del contrato de la actora y de esos otros trabajadores, 56 en total, 47 incluidos en la RPT y 9 no incluidos. La amortización de los puestos se publicó en el BOCM de 23.11.11. El referido decreto y acuerdo de extinción de su contrato de trabajo se notifica a la actora el 27-10-11.
NOVENO: En sesión del pleno del Ayuntamiento de fecha 8 de noviembre se acordó por mayoría aprobar la proposición de IU-LV sobre revocación del expediente de regulación de la plantilla municipal desestimando el Acuerdo de la Junta de Gobierno extraordinaria de fecha 20.10.11 que aprobaba el expediente de regulación de personal, dejándolo, en consecuencia sin efecto, y acordando impulsar la puesta en marcha de un plan general de organización municipal.
Examinadas las competencias del Pleno y las de la Junta previstas en los arts. 123 y 127 y 99, respectivamente de la Ley de Bases de Régimen Local se ha de concluir que el Acuerdo de cese de la actora por amortización de su puesto de trabajo compete a esta última al corresponderle la aprobación de la relación de puestos de trabajo, la oferta de empleo público, las bases de convocatoria de selección y provisión de puestos de trabajo, el número y régimen del personal eventual, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y demás decisiones en materia de personal no atribuidas expresamente a otro órgano.
El 12 de junio de 2012, el abogado del Ayuntamiento de Parla, actuando en nombre y representación de este último, formalizó escrito de interposición de recurso de suplicación contra la anterior Sentencia. El recurso se dirige a atacar los pronunciamientos referidos a la naturaleza del contrato laboral de la actora y al procedimiento necesario para su despido, si bien puntualiza en uno de los párrafos del motivo primero, que “la Junta de Gobierno local, que ostenta según el art. 126 de la LBRL las funciones ejecutivas como municipio de gran población, acuerda la amortización de puesto de trabajo, adoptándose el acuerdo con los informes previos y tramitación pertinente con intervención de los sindicatos, todo ello según consta en el expediente administrativo”.
Admitido a trámite el recurso por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso de suplicación núm. 5767-2012), se le dio traslado a la actora en la instancia, ahora parte recurrida, quien a través su letrada presentó el 20 de julio de 2012, escrito de impugnación del recurso de suplicación.
La Sección competente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó Sentencia el 23 de enero de 2013, con la siguiente dispositiva:
Fallamos: Que desestimando el recurso de suplicación formulado por el Ayuntamiento de Parla contra la sentencia núm. 142/12 de fecha 23 de abril de 2012 dictada por el Juzgado de lo Social núm. 40, debemos confirmar y confirmamos la citada resolución. Se condena a la parte recurrente a las costas por importe de 400 euros.
A mayor abundamiento, y si como se desprende del hecho probado sexto de la sentencia de instancia, el acuerdo de extinción del contrato del actor y resto de trabajadores afectados fue dejado sin efecto por el Pleno del Ayuntamiento, órgano competente y superior a la Junta de Gobierno que lo adoptó, mal cabe justificar un cese por amortización que acertadamente ha sido calificado como nulo al eludirse las normas establecidas por los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del art. 51.1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tal como disponía el artículo 220.1 b) de la LPL entonces vigente.
El Ayuntamiento de Parla interpuso recurso de casación para la unificación de doctrina. En el escrito, presentado el 12 de febrero de 2013, se alegan como puntos de contradicción los relativos: “1. A la equiparación entre contratos indefinidos no fijos y de interinidad por vacante efectuada por la jurisprudencia y 2. A la posibilidad de que dichos contratos pueden resolverse sin necesidad de acudir al procedimiento establecido para los despidos objetivos. Estas dos cuestiones han sido resueltas en sentido distinto por la sentencia de contraste invocada en el escrito de preparación del recurso y por la sentencia recurrida”. El análisis subsiguiente del escrito versa exclusivamente sobre esta disparidad de criterios, ofreciendo como sentencia de contraste una dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el 24 de mayo de 2005, a propósito de un acuerdo de amortización de plazas del Ayuntamiento de Martorell.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó providencia el 9 de julio de 2013, admitiendo a trámite el recurso (núm. 430-2013).
En su respuesta, la representación procesal de la recurrente en amparo presentó escrito el 24 de septiembre de 2013, impugnando el recurso de casación interpuesto. En el antecedente tercero, el escrito pone de manifiesto que la Sentencia de suplicación había establecido que “[l]a decisión de suprimir 56 contratos de trabajo … no puede quedar comprendida en las competencias relativas a la Junta de Gobierno … solo al Pleno”.
La Sala de lo Social del Alto Tribunal resolvió el recurso mediante Sentencia de 13 de enero de 2014, con la siguiente dispositiva:
Estimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla frente a la sentencia dictada el 23 de enero de 2.013 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en recurso de suplicación número 5767-2012. Casamos y anulamos la sentencia recurrida y, resolviendo el debate suscitado en suplicación, estimamos el recurso de tal clase interpuesto por el Ayuntamiento demandado, desestimando la demanda y declarando la procedencia de la extinción contractual del demandante efectuada por dicho empleador en fecha 27 de octubre de 2011, con derecho a recibir a cargo del Ayuntamiento una indemnización de cuantía de ocho días de salario por año trabajado, a cuyo abono se le condena, y se entenderá al actor en situación de desempleo por causa a él no imputable. Sin imposición de costas en ambos recursos.
PRIMERO.- La cuestión que se plantea en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina consiste únicamente en determinar los requisitos laboralmente exigibles para proceder a la amortización puestos de trabajo desempeñados por trabajadores indefinidos no fijos al servicio de la Administración pública municipal empleadora y las consecuencias que de ellos se deriven, partiendo de la existencia de un acuerdo administrativo de amortización de plazas, formalmente válido.
SEGUNDO.- El recurso de casación para la unificación de doctrina lo plantea ahora en este caso el Ayuntamiento demandado -la diferencia de otros recursos por ceses acordados en las mismas circunstancias- sobre un único motivo de casación, invocando como vía procesal para ello de manera inadecuada por errónea el artículo 193.c) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), relativo al recurso de suplicación, lo cual habrá que entenderse referido a los arts. 224.1 y 2 en relación con el arto 207 c) LRJS, en que se recoge la infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.
La cuestión que así se nos plantea ha sido resuelta en la STS de 22 de julio de 2013, dictada por el Pleno de esta Sala en el rcud 1380-2012 en lo que se refiere a la posibilidad de amortización de las plazas los trabajadores de las Administraciones con contratos de Indefinidos no fijos, y en relación con el propio Ayuntamiento de Parla, en supuestos idénticos, en nuestras SS.TS de 14-10-2013 (rcud 681-2013), 15-10•2013 (rcud 383-2013) y 23-10-2013 (rcud 408-2013 y 804-2013).
En esas sentencias se sigue la doctrina contenida en la primera de ellas en la que se he reconocido que las Administraciones públicas pueden amortizar los puestos de trabajo ocupados por trabajadores indefinidos no fijos sin necesidad de acudir a la vía extintiva prevista en los arts. 51 o 52 ET y, por consiguiente, sin derecho a la indemnización prevista en tales preceptos.
Frente a la Sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, por escrito presentado el 6 de marzo de 2014 la representación procesal de la aquí demandante de amparo, interpuso incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: LOPJ). En el bloque de los antecedentes, apartado VII, se señala la existencia de otras Sentencias anteriores a la impugnada, en las que la Sala ha “analizado los despidos realizados por el Ayuntamiento de Parla con fundamento en el Acuerdo de modificación de la RPT y de amortización de puestos de trabajo adoptado por la Junta de Gobierno de dicho Ayuntamiento”. Los asuntos que cita son:
Tras la tramitación del incidente, el 7 de julio de 2014 la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictó Auto desestimando la nulidad solicitada. En relación al primer motivo invocado, el de la incongruencia omisiva, la Sala lo aborda en el razonamiento jurídico primero, empezando por reproducir el fundamento de Derecho primero de su Sentencia de 13 de enero de 2014, donde afirmaba que el problema jurídico de la incompetencia del órgano administrativo no se había incluido como objeto de debate en la instancia ni tampoco en la suplicación. El Auto sí reconoce que “la sentencia de instancia resuelve de forma colateral el problema en el fundamento de derecho segundo, en el sentido de que, a juicio del Juzgado, era la Junta de Gobierno del Ayuntamiento la competente para acordar los ceses”.
Pero observa que el Juzgado declaró la nulidad “de los despidos” ( rectius : el de la recurrente) por no haberse seguido el procedimiento del art. 51 LET, por lo que “[n]o incidió en ningún momento en esa decisión la naturaleza del órgano que tom[ó] la decisión extintiva”. Respecto de lo resuelto en suplicación y casación unificadora, sigue diciendo el Auto:
[T]ampoco aparece ningún motivo de impugnación del recurso de suplicación que planteara la parte recurrida en relación con el problema de la competencia y la infracción de las normas que la regulan en relación con la decisión tomada por el Ayuntamiento.
De lo razonado se desprende que no hubo por tanto incongruencia omisiva ni vulneración del artículo 24.2 CE en nuestra STS de 13 de enero de 2.014, tal y como afirma el Ministerio Fiscal en su informe.
Debe recordarse entonces que en todos los asuntos tramitados y relacionados con los pretendidos despidos de los trabajadores del Ayuntamiento de Parta que vieron extinguidos sus contratos de trabajo por amortización de sus plazas, las sentencia[s] de la Sala de Madrid declararon la nulidad de esos ceses, en unos casos, como en el presente, por considerar que la Administración debió acudir al procedimiento previsto en el art. 51 ET, como antes se ha dicho, y en otros directamente se decidía la nulidad por haberse acordado por la Junta de Gobierno, órgano incompetente para ello, pues debió ser el Pleno, se dice en esas resoluciones.
De lo anterior se desprende ya con claridad que no hubo en absoluto una situación igual de la que se derivaran decisiones contrapuestas que atentaran contra el principio de igualdad en la aplicación de la Ley, defecto que igualmente podría haber invocado el Ayuntamiento en relación con los despidos que de una manera indirecta quedaron firmes como nulos, desde el momento en que los recursos a los que hubo de dar respuesta la Sala fueron distintos, al proceder de sentencia con un contenido también diferente, tal y como se ha visto con anterioridad. Este segundo motivo de nulidad ha de desestimarse también, al no haberse producido en nuestra sentencia las vulneraciones de los derechos fundamentales invocados y denunciados.
También este motivo de nulidad ha de rechazarse porque no se han producido la vulneración de los derechos fundamentales invocados, desde el momento en que lo que realmente se trata en el mismo es de hacer reconsiderar, discrepar de la doctrina que específicamente se recoge en el Fundamento tercero de la sentencia, con el que la parte promotora del incidente de nulidad se muestra en completo desacuerdo. Con independencia de ello, lo cierto es que la sentencia no resulta arbitraria, sino plenamente razonada y ajustada además a la doctrina consolidada de la Sala sobre esa materia desde una situación de hecho en la que esa doctrina resultaba plenamente aplicable, tal y como antes se ha podi[d]o ver.
La demanda de amparo se articula en tres motivos:
El primero de ellos plantea la infracción del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley del art. 14 CE, que se pone en relación con el art. 24.1 CE. Se reprocha a la Sentencia recurrida no haber resuelto el recurso de casación para la unificación de doctrina planteado, en los mismos términos que otros recursos de casación del mismo tipo promovidos por el Ayuntamiento de Parla, donde la Sala sí tuvo en cuenta que el acuerdo de la Junta de Gobierno de dicho consistorio, de 20 de octubre de 2011, que resolvió la amortización de los 56 puestos de trabajo, entre ellos el de la recurrente, era nulo y fue revocado por el Pleno municipal en sesión celebrada el 8 de noviembre de ese mismo año, al ser aquella Junta incompetente. Algo que la Sala sabía cuando dictó la Sentencia recurrida, como reconoce en el fundamento de Derecho segundo del Auto de 7 de julio de 2014, y se evidencia de los recursos y Sentencias reseñados en el antecedente VII de su escrito de nulidad y ahora de la demanda de amparo [antecedente 2 j)]. Afirma que aquella cuestión sí fue objeto de debate en la instancia y por la Sentencia de suplicación; que el acto administrativo era único y para una pluralidad de destinatarios; y que la decisión de la Sala es contraria al principio de búsqueda de la verdad material. Rechaza también la demanda que el Auto de desestimación del incidente de nulidad justifique la desigualdad de trato en la unidad o pluralidad de motivos aducidos por el Ayuntamiento en los distintos recursos presentados, siendo éste el que “marca la pauta de la Sala”, de modo que “los trabajadores del Ayuntamiento de Parla, despedidos todos ellos en virtud de un mismo acuerdo de la Junta de Gobierno, obtienen resoluciones diferentes del Tribunal Supremo en unificación de doctrina: de despido nulo o procedente en función de que el Ayuntamiento de Parla realice los Recursos de Casación con tres o un motivo”.
El segundo motivo de la demanda de amparo denuncia la vulneración del art. 24.2 CE (en realidad, la del art. 24.1 CE) por incongruencia omisiva de la Sentencia, por cuanto “uno de los objeto[s] del debate a lo largo de todo el procedimiento lo ha sido el de la regularidad del Acuerdo de la Junta de gobierno de 20 de octubre de 2011, que es la resolución que sirve de fundamento a la extinción del contrato de trabajo, tanto en cuanto a la competencia del órgano que la dictó, la regularidad del procedimiento y su ulterior revocación”. Alega que esta cuestión fue planteada en la demanda de instancia y resuelta por la Sentencia del Juzgado de lo Social —aunque en sentido desestimatorio—; introducida después en su escrito de impugnación al recurso de suplicación del Ayuntamiento, y respondida por la Sala competente del Tribunal Superior de Justicia en la Sentencia resolutoria de este último recurso, “en idéntico sentido a la resolución del Pleno de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 29 de octubre de 2012”.
De todo ello se deduce, según la recurrente, que al afirmar la Sentencia de casación impugnada que el tema de la competencia de la Junta de Gobierno no fue objeto de debate en el proceso, incurre en un vicio de incongruencia. Esto es, la Sentencia impugnada ha revocado la recaída en suplicación “sin que por parte de la Sala, se haya realizado ningún razonamiento respecto de este concreto particular (la validez o nulidad del acto extintivo. Existe por ello un defecto que, a nuestro juicio, debió conducir de entrada a la inadmisión del Recurso de Casación para Unificación de Doctrina” por falta de la debida contradicción y, en todo caso, añade que se ha producido “una incongruencia omisiva, dado que el núcleo esencial de la Resolución no ha sido valorado”; con falta de motivación y resultado de indefensión (cita la STC 92/2008 , de 21 de julio). Lesión que no ha reparado la Sala, concluye en este punto la demanda de amparo, el posterior Auto que desestima el incidente de nulidad de actuaciones contra su Sentencia.
El tercer y último motivo del recurso sostiene la vulneración del “principio de igualdad en la aplicación de la ley por vicio en la motivación de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 13 de enero de 2014 que, a nuestro juicio, puede resultar arbitraria”, refiriéndose a las consideraciones de legalidad ordinaria que efectúa la Sentencia recurrida sobre la calificación legal del contrato de trabajo de la actora, y de sus consecuencias jurídicas en orden al procedimiento exigible para acordar su despido, declarando conforme este último.
. La Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el 30 de septiembre de 2014, por la que acordó conceder a la representación procesal de la recurrente el plazo de diez días para que aportase copia de las resoluciones impugnadas, acreditase fehacientemente la fecha de notificación de la última resolución recurrida en amparo, y presentase escritura de poder original relativa a la representación que dice ostentar, con apercibimiento de inadmitir el recurso en caso de no atender a este requerimiento.
Con fecha 9 de octubre de 2014 la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal, levantó acta de apoderamiento apud acta , por la que la recurrente en amparo otorgó dicha representación en favor de la Procuradora hasta entonces actuante, doña Carmen Armesto Tinoco quien, estando presente en el acto, manifestó aceptar su designación.
Antes de pronunciarse este Tribunal sobre la admisión a trámite del recurso, la Secretaría de Justicia de la Sección Cuarta dictó diligencia de ordenación el 23 de marzo de 2015, por la que se acordó dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y al Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid, para que remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones relativas, respectivamente, al rollo de casación núm. 430-2013; al rollo de suplicación núm. 5767-2012; y al procedimiento de despido, núm. 1358-2011. El requerimiento resultó cumplimentado por las respectivas Secretarías de Justicia mediante oficios, respectivamente, de 1 de abril de 2015, 6 de abril de 2015, y 10 de abril de 2015.
Con fecha 9 de julio de 2015, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia admitiendo a trámite la demanda de amparo, “apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1. LOTC) porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este Tribunal [STC 155/2009 , FJ 2 a)]”. Asimismo, acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid para que, en plazo que no excediera de diez días, procediera al emplazamiento de quienes hubiesen sido partes en el procedimiento núm. 1358-2011, excepto a la parte recurrente en amparo, para su comparecencia si lo desean en el presente recurso, en un plazo de diez días. Se acordó también comunicar la presente resolución a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en méritos a su recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 430-2013, y a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en méritos a su recurso de suplicación núm. 5767-2012.
Por escrito registrado el 8 de septiembre de 2015, don Mariano Salinas García, letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, afirmando actuar en representación del Ayuntamiento de Parla “como consta acreditado en el poder que se adjunta”, solicitó se le tuviera por personado y parte ante esta Sala, en nombre y representación de dicha corporación local, entendiéndose con él las sucesivas diligencias y notificaciones. No consta sin embargo que hubiere acompañado a dicho escrito, el poder notarial acreditando su representación.
La Secretaría de Justicia de la Sala Segunda de este Tribunal dictó diligencia de ordenación el 9 de septiembre de 2015, teniendo por personado y parte en el procedimiento al mencionado letrado, pero condicionado a que “en el plazo de diez días, se acredite documentalmente la representación que dice ostentar, al no acompañarse documento alguno que acredite dicha condición”. Todo ello con el resultado al que más adelante se hará referencia.
El 25 de septiembre de 2015, la representación procesal de la recurrente en amparo presentó escrito de alegaciones por el que se ratificó en su integridad en la demanda presentada.
En cuanto a la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, dice el Fiscal que en la demanda “parece desconocerse la especial naturaleza del recurso de casación uniformadora y el condicionamiento de la revisión de la doctrina sentada, a la exigencia de la propia contradicción entre resoluciones —art. 272 LPL—. Se pretende que el Tribunal Supremo valide y acepte de forma implícita lo fallado en sentencias anteriores de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (señaladamente la nulidad del acto administrativo dictado por la Junta de gobierno) cuando, precisamente por haberse desestimado los recursos de casación formulados frente a aquellas, jamás llegó a su censura la cuestión referida a la nulidad o no del acto administrativo, no habiendo tenido por tanto oportunidad de confirmar o variar ninguna doctrina anterior”. Considera que ambas resoluciones impugnadas son motivadas y niega que la Sentencia de suplicación hubiese declarado la nulidad del acuerdo, puesto que la misma se limitó a citar otra suya anterior, “de 29 de octubre de 2012 que se toma como precedente en su argumentación jurídica”. Añade que en los anteriores recursos de casación para la unificación de doctrina promovidos por el Ayuntamiento de Parla, lo resuelto por la Sala “fue declarar la desestimación del recurso por falta de contradicción entre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia allí impugnada, y las ofrecidas de contraste … el Tribunal Supremo ni siquiera habría entrado en el fondo del asunto, no habiéndose nunca pronunciado por lo tanto en relación con la alegada invalidez del acto administrativo”. Y que el Pleno de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo había dictado nueva doctrina en Sentencia de 22 de julio de 2013 “en relación con la amortización de puestos de trabajo en las Administraciones públicas, que es la que se ve obligadamente la propia Sala a aplicar después al presente caso”. Por ello resulta “evidente la disimilitud entre los supuestos analizados por parte del Tribunal Supremo, de manera que si en unos hubo de rechazar la existencia de contradicción cuando lo que debía examinar era la nulidad o validez de un determinado acto administrativo, en el caso del proceso subyacente —en el que se parte en instancia y en suplicación de la validez de dicho acto administrativo— el Tribunal Supremo solo le resta entonces examinar la contradicción en lo que afecta al modo de llevarse a cabo la amortización de un puesto de trabajo”.
Prosigue el escrito de alegaciones oponiéndose a lo dicho por la demanda sobre el Auto que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones sobre la indebida desigualdad en función de los motivos de los recursos siendo el mismo problema jurídico y acto administrativo declarado nulo; de nuevo sin embargo la demanda desconoce la “especial naturaleza del recurso de casación para la unificación de doctrina”, la Sala se ajustó a los límites en los que se encuentra planteado el debate procesal. Y niega que el fin de dicho recurso de casación, en contra de lo que postula la demanda de amparo, sea la búsqueda de la verdad material en el proceso laboral, sino solo la unificación de doctrina.
Se refiere el escrito del Fiscal a continuación a la queja que la demanda califica de incongruencia omisiva de la Sentencia de casación, remitiéndose para su respuesta “a las consideraciones vertidas más arriba en relación con la invocación del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, pues se trata del mismo tema, esto es, la oportunidad para la Sala Cuarta del Tribunal Supremo de adentrarse en el conocimiento de materia que no ha sido cuestionada ni en la instancia ni en suplicación cual es la de la nulidad o no del acto administrativo por falta de competencia funcional de la Junta de Gobierno. El juicio de contradicción no versa sobre ese extremo y por ello difícilmente podría entrar a conocer sobre el fondo de tal concreta pretensión”.
El 20 de octubre de 2015, la Sección Cuarta de este Tribunal dictó providencia por la que, constatando que el Letrado señor Salinas García no había dado cumplimiento a lo acordado en la diligencia de ordenación del 9 de septiembre anterior, se le tuvo “en la representación que dice ostentar, por decaído en la personación pretendida en estas actuaciones, continuando la tramitación de las mismas respecto del resto de partes personadas”.
Mediante providencia de fecha 15 de septiembre de 2016, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 19 del mismo mes y año.
Se interpone el presente recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2014, que estimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, contra la Sentencia dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, confirmatoria de otra anterior dictada por el Juzgado de lo Social núm. 40 de Madrid, la cual, a su vez, estimaba la demanda presentada por la aquí recurrente, declarando nulo su despido, que había sido acordado por decreto del Delegado del área de personal y régimen interior de aquella corporación local, en cumplimiento del acuerdo adoptado por la Junta de gobierno de 20 de octubre de 2011, sobre amortización de 56 plazas de trabajadores a su servicio.
Como consecuencia de la Sentencia recaída en casación, la Sala Cuarta del Alto Tribunal revocó la impugnada, “resolviendo el debate en suplicación” y, con estimación de dicho recurso, igualmente interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, declaró procedente el despido de la actora y el derecho a recibir una indemnización de ocho días de salario por año trabajado. Se solicita también el amparo frente al Auto de la misma Sala ad quem , de 7 de julio de 2014, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente contra la Sentencia de casación ya indicada.
Antes de entrar en el examen de los motivos de la demanda, debemos efectuar una precisión previa, y luego determinar el correcto orden para el enjuiciamiento de las quejas planteadas. En cuanto a lo primero, y pese a que la demanda de amparo en alguno de sus pasajes reproche a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el haber admitido el recurso de casación núm. 430-2013 promovido por el Ayuntamiento de Parla, e incluso solicite en el suplico la retroacción de actuaciones a esta fase del recurso y subsidiariamente a la de dictarse sentencia, es evidente que tal alegación deviene puntual y complementaria frente a las impugnaciones que se dirigen contra la decisión de fondo del recurso de casación, vertidas tanto en la Sentencia definitiva como en el Auto posterior que desestimó su nulidad.
Respecto, en segundo lugar, al orden de enjuiciamiento de las quejas, este Tribunal tiene doctrina reiterada por la cual ha de conocerse primero aquella cuya estimación acarrearía la retroacción de las actuaciones, haciendo innecesario el estudio de las demás vulneraciones cuya reparación no precise de semejante medida [SSTC 156/2006 , de 22 de mayo, FJ 2; 25/2008 , de 11 de febrero, FJ 2, y 167/2014 , de 22 de octubre, FJ 3]. En este caso, sin embargo, la doctrina de referencia no resulta determinante, porque la estimación de cualesquiera de las tres quejas planteadas por la demanda obligaría a retrotraer las actuaciones a idéntico momento procesal, el inmediatamente anterior al de dictarse la Sentencia de casación para la unificación de doctrina impugnada.
La recurrente afirma que la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla de 20 de octubre de 2011 que acordó la amortización de las plazas, por incompetencia de aquel órgano administrativo y su revocación por el Pleno de dicha corporación municipal el 8 de noviembre de 2011, fue uno de los motivos de nulidad del despido que formaron parte del debate planteado, “a lo largo de todo el procedimiento”. Al no haberlo tenido en cuenta así la Sala de casación, por razones que la demanda combate, ésta entiende que la Sala incurrió en incongruencia omisiva en sus resoluciones.
Conforme a doctrina de este Tribunal Constitucional concretamente dictada en el ámbito de los recursos, este tipo de respuesta por la que el órgano judicial motiva el por qué no va a resolver sobre un punto planteado por una de las partes, no afecta al derecho a una resolución congruente, sino en realidad a otra faceta del mismo derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), la del derecho al recurso, entendido como derecho a obtener una resolución de fondo sobre las pretensiones deducidas en el mismo. Así, en la STC 30/2003 , de 13 de febrero, FJ 2, razonamos que “no nos hallamos ante un caso de incongruencia omisiva en estricto sentido, pues la Sentencia de apelación no ha dejado de considerar el objeto procesal planteado por los apelantes … sino que ha considerado dicho objeto procesal y le ha dado expresa respuesta, tal como la contenida en el fundamento jurídico primero de la Sentencia, si bien aquella ha consistido en calificar dicha pretensión subsidiaria como una mera solicitud de aclaración o rectificación de la Sentencia apelada, para la que, aparte de considerarla extemporánea, se declaraba incompetente el Tribunal de apelación, dejándola así imprejuzgada en cuanto a su fondo o contenido”.
En este supuesto, cabe añadir, el canon de control que nos corresponde aplicar es el de la resolución arbitraria, irrazonable o incursa en error patente [SSTC 92/2008 , de 21 de julio, FJ 6; 35/2011 , de 28 de marzo, FJ 3; y 7/2015 , de 22 de enero, FJ 2 A a), todas ellas en relación con resoluciones dictadas por el Tribunal Supremo en casación].
Aclarado lo que antecede y entrando ya en el estudio de la queja, para verificar si es cierto, según afirma la recurrente, que el tema de la incompetencia de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Parla como motivo de nulidad de su despido, formó parte del objeto controvertido en los procedimientos de instancia, suplicación y casación unificadora, procede atender al resultado de las actuaciones judiciales practicadas:
Proceso en la instancia: como se expuso en el antecedente 2 a) de la presente Sentencia, la recurrente basó la pretensión de nulidad de su despido en varios motivos, y uno de ellos expresamente fue el de la incompetencia de la Junta de Gobierno; alegación ésta que reiteró su Abogada en el acto de la vista, y contestó oponiéndose a la misma el abogado defensor del Ayuntamiento de Parla [antecedente 2 b)]. En congruencia con lo así planteado por las partes, la Sentencia del Juzgado de lo Social recogió en sus hechos probados quinto y noveno la existencia del acuerdo de la Junta de Gobierno de 20 de octubre de 2011 y su posterior revocación por el Pleno el 8 de noviembre de 2011, mientras que en su fundamento de Derecho segundo resolvió específicamente sobre esta cuestión, si bien desestimándola por entender que la Junta sí era competente con arreglo a las normas administrativas aplicables. No obstante, el Juzgado estimó la demanda y declaró nulo el despido de la recurrente por no haberse seguido el procedimiento establecido en el art. 51 LET, dada la naturaleza de la relación laboral discutida: contrato de trabajo indefinido no fijo [antecedente 2 c) de esta Sentencia].
Recurso de suplicación: al haber obtenido una Sentencia que le era favorable, la actora en la instancia —que lo es ahora en amparo— no interpuso recurso contra ella. Ciertamente, el Juzgado no había acordado la nulidad del despido por todos los motivos aducidos en su demanda, pero no lo es menos que la estimación de uno de ellos le había permitió obtener ya el resultado que pretendía. Dicho de otro modo: la Sentencia no le hubiera reconocido mayores efectos, de carácter económico o de otra especie, si en vez de estimar solamente la nulidad por la inadecuación de procedimiento, lo hubiera hecho también por la incompetencia de la Junta y posterior revocación del acuerdo por el Pleno del Ayuntamiento.
En todo caso, de las normas procesales vigentes no se deduce prima facie una carga de recurrir semejante: con carácter general el art. 17.5 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LJS), habla de la legitimación para interponer recurso a quien vea desestimada “cualquiera de sus pretensiones o excepciones”, siendo que aquí la pretensión de nulidad del despido, se insiste, había sido estimada, y los distintos motivos de nulidad alegados no son técnicamente “excepciones”. Por otro lado, en las disposiciones propias del recurso de suplicación (arts. 190-204 LJS) tampoco aparece la carga de interponer dicho recurso a quien ha visto estimada su pretensión por la Sentencia del Juzgado; siendo por cierto doctrina constitucional reiterada, la de que “no se puede imponer a quien obtuvo Sentencia favorable a sus pretensiones la ‘carga desproporcionada’ de recurrir, STC 227/2002 , de 9 de diciembre, FJ 4, y STC 196/2003 , de 27 de octubre, FJ 8)” [STC 91/2010 , de 15 de noviembre, FJ 8 —las dos que ésta cita, son relativas a recursos de suplicación—].
Eso explica, según se dejó constancia en el antecedente 2 f) de la presente Sentencia, que la Sección Segunda de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al desestimar el recurso interpuesto acudiendo para ello a la técnica de la motivación por remisión (aceptada ésta por la doctrina constitucional: entre otras, SSTC 105/1997 , de 2 de junio, FJ 7, y 171/2002 , de 30 de septiembre, FJ 2), incluyera entre los fundamentos jurídicos de otra Sentencia suya de 2 de noviembre de 2012, cuyo criterio sigue, aquel en el que tras declarar que resultaba exigible el procedimiento del art. 51 LET, señaló también como motivo de nulidad del despido, que “a mayor abundamiento … el acuerdo de extinción del contrato del actor y resto de trabajadores afectados fue dejado sin efecto por el Pleno del Ayuntamiento, órgano competente y superior a la Junta de Gobierno que lo adoptó, mal cabe justificar un cese por amortización que acertadamente ha sido calificado como nulo”. Ante este pronunciamiento, no era la recurrente en amparo sino el Ayuntamiento de Parla el que tenía la carga de impugnarlo en el recurso de casación para la unificación de doctrina que articuló contra la Sentencia de suplicación en otro de sus puntos —el del procedimiento para el despido—.
Recurso de casación para la unificación de doctrina: de nuevo la aquí demandante de amparo, esta vez dentro del trámite previsto en el art. 226.2 LJS, formalizó escrito de impugnación a este recurso señalando que el acuerdo de la Junta de Gobierno causante de su despido vulneraba expresamente las normas administrativas, entre otros aspectos, porque los actos “deben producirse por el órgano competente, ciñéndose al procedimiento establecido” [antecedente 2 i)].
En consecuencia, la Sala tomó la decisión de excluir este punto de la controversia, limitando indebidamente el debate en dicha sede de casación unificadora, partiendo para ello de premisas erróneas, como fueron: (i) la falta de alegación por la recurrente de este punto en sus escritos —y vista— de instancia y suplicación; (ii) la falta de pronunciamiento expreso de la Sentencia de suplicación al respecto, y (iii) la falta de mención por la recurrente en su escrito de impugnación al recurso de casación. La solución que alcanza la Sala a partir de esas premisas erróneas (la exclusión de dicho thema decidendi ), resulta por tanto contraria al canon de resolución jurídicamente fundada (SSTC 214/1999 , de 29 de noviembre, FJ 4; 164/2002 , de 17 de septiembre, FJ 4; 59/2006 , de 27 de febrero, FFJJ 3 y 4, o 183/2011 , de 21 de noviembre, FFJJ 5 y 7).
El Ministerio Fiscal, en sus alegaciones, considera no obstante que en atención a la peculiar naturaleza y objeto del recurso de casación para la unificación de doctrina, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo no tenía posibilidad de resolver si la Junta de gobierno del Ayuntamiento de Parla era o no competente para dictar el acuerdo de amortización, sino que su labor revisora se circunscribía a dirimir la contradicción de criterios judiciales (doctrina) entre las resoluciones que se le sometían a contraste, lo que justifica que no entrara a valorar aquel dato. Se suscita con ello la duda de si existía algún impedimento legal para que la Sala de lo Social pudiera apreciar la causa de nulidad del despido, varias veces referida.
En esas Sentencias se explica, con razonamientos que prácticamente no varían en ninguna de ellas, que falta la contradicción de doctrina propuesta por el Ayuntamiento de Parla y debe por tanto desestimarse el respectivo recurso, porque la Sentencia de suplicación que éste ofrece de contraste, entre otros puntos, no había declarado que la Junta de Gobierno municipal fuese incompetente para adoptar las amortizaciones de trabajadores, cosa que sí sucede, aclara la Sala ad quem , con el mentado acuerdo del 20 de octubre de 2011 del Ayuntamiento de Parla, según la declaración efectuada a su vez por las respectivas Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnadas en cada uno de dichos recursos de casación unificadora. A modo de muestra, la recaída el 14 de octubre de 2013 (recurso núm. 3287-2012), afirma en su fundamento de Derecho cuarto.4:
En el citado recurso, ni en consecuencia en la sentencia invocada como contradictoria, no se plantea ni se resuelve sobre si la amortización de la plaza ocupada por la trabajadora interina era competencia de la Junta de Gobierno Local o del Pleno del Ayuntamiento, por lo que, como igualmente destaca el Ministerio Fiscal en su informe, esta circunstancia impide apreciar la contradicción dado que en la sentencia impugnada el debate consistió en atribuir la competencia al Pleno del Ayuntamiento o a la Junta de Gobierno Local, cuestión ésta ausente en la sentencia de contraste, donde se declara que fue la Junta de Gobierno Local la que aprobó el acuerdo de amortización sin analizar las posibles competencias de otros órganos del Ayuntamiento sobre tal extremo.
Constituye jurisprudencia reiterada de la misma Sala de lo Social del Tribunal Supremo aquella en cuya virtud, al resolver el recurso de casación para la unificación de doctrina: “pese a que hayamos de limitarnos al examen de las infracciones legales denunciadas, cuando no coincidamos exactamente con la tesis mantenida en las sentencias contrastadas, es posible que apliquemos la doctrina que entendemos correcta, pues ‘superado el requisito de la contradicción, es evidente que esta Sala no queda obligada a aceptar una de las dos doctrinas formuladas por las sentencias comparadas’, sino que ‘debe pronunciarse sobre la solución más ajustada a Derecho para el caso controvertido’ …; solución que no incurre en incongruencia, dada la naturaleza peculiar del recurso de casación para la unificación de doctrina: ‘Resulta claro que el Tribunal Supremo no tiene la carga de tener que optar por una de las dos opciones contrarias, pudiendo recrear una doctrina propia totalmente diferente de las mantenidas por los Tribunales inferiores’, siempre que resuelva ‘el debate planteado en suplicación’ (STC 172/1994 , de 7/Junio , FJ 3)” [STS núm. 356/2016, de 28 de abril de 2016, recurso núm. 552-2015].
En este caso, pese a la ausencia en el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Parla, de un motivo específico dedicado a atacar el pronunciamiento de nulidad del despido por incompetencia de la Junta de Gobierno para adoptar el acuerdo de amortizaciones —y su posterior revocación por el Pleno de la misma corporación local—, la Sala ad quem , una vez apreciada la concurrencia de los presupuestos del recurso, debía resolver el debate en los términos en que éste se había planteado y resuelto en la Sentencia de suplicación impugnada y en los que figuraba precisamente aquel motivo de nulidad, dictando una decisión de fondo sin prescindir de sus propios pronunciamientos recaídos en los recursos de casación para la unificación de doctrina promovidos por la misma corporación local, en los cuales sí se dio contestación a ese punto, en concreto las Sentencias citadas en este mismo fundamento jurídico. Todo ello a fin de evitar que se produzcan situaciones de desigualdad respecto de un mismo colectivo de trabajadores, afectados por idéntico acuerdo administrativo. Al no suceder esto, una de las pretensiones deducidas por la parte recurrida en el recurso de casación para la unificación de doctrina, ahora demandante de amparo, quedó sin una respuesta de fondo.
Ha de concluirse, por tanto, que la Sentencia impugnada en este amparo, dictada el 13 de enero de 2014 por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de la recurrente, en su vertiente de derecho al recurso, entendido como derecho a una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones planteadas por ambas partes; lesión que no fue reparada por dicha Sala en el trámite de incidente de nulidad de actuaciones, manteniendo su criterio en el Auto de 7 de julio de 2014.
Restablecerla en la integridad de su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2014 (recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 430-2013), así como también la nulidad del Auto de la misma Sala, de 7 de julio de 2014, desestimatorio del incidente del incidente de nulidad interpuesto contra dicha Sentencia.
Retrotraer las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior al de dictarse Sentencia en el recurso de casación mencionado, para que la Sala dicte nueva resolución que resulte respetuosa con el derecho fundamental que ha sido declarado.
SAP A Coruña 694/2015, 28 de Diciembre de 2015

References: resolución 
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 artículo 220
 artículo 193
 artículo 24
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