Source: https://es.scribd.com/document/83449684/El-agua-como-la-vida-no-es-una-mercancia
Timestamp: 2016-09-30 12:35:36+00:00

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Proposals for the implementation of the basic human right to water and sanitation, and the fight against privatisation
Propuestas de implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, y luchas contra la privatización
PAS DE PROFIT
www.maxminniti.com/news
FORUMALTERNATIF MONDIALDE L’EAU
El agua, como la vida, no es una mercancía Marzo 2012
El agua, como la vida, no es una mercancía Propuestas de implementación del derecho humano al agua y al saneamiento, y luchas contra la privatización Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de privatización Lidia Serrano, Aniza García y Gonzalo Marín Privatización de los abastecimientos urbanos en América Latina Lluís Basteiro La burbuja del agua en España Luis Babiano La privatización del Canal de Isabel II Santiago Martín Barajas La movilización social para frenar la privatización del Canal de Isabel II Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II La privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat Quim Pérez y Jaume Delclos Modelos públicos, políticas privadas Annelies Broekman y Eloi Badia Casas Propuesta de modificación de la Ley de Aguas Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras La titularidad pública de los abastecimientos a poblaciones Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras 6 9 4
6 9 12 15 19 22 25 29 32
Ecologistas en Acción Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid. T.: 915312739 <agua@ecologistasenaccion.org> www.ecologistasenaccion.org/agua
Ingeniería Sin Fronteras C/ Murcia, bajos - 08027 Barcelona. T.: 933022753 <agua@isf.es> www.isf.es Diseño y maquetación: Ecologistas en Acción. Colaboran: Lidia Serrano, Aniza García, Gonzalo Marín, Lluís Basteiro, Luis Babiano, Santiago Martín Barajas, Erika González, la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, Quim Pérez, Jaume Delclos, Annelies Broekman y Eloi Badia Casas. Traducciones: Traductoras/as en Acción. Foto portada: José Luis García Cano. Imprime: MundoPrint.
Impresión en papel 100% reciclado postconsumo y blanqueado sin cloro
Water, like life, is not a commodity
ime for solutions! This is the motto of the 6th World Water Forum, Marsella, 2012. This goal is also framed in the Water for Life Decade “Water for life” (2005-2015). But we need more time than that in the international schedule in order to find solutions to the serious situation of the aquatic ecosystems, as well as the unequal access to water and sanitation. In this year’s Water for Life Decade, the main goal is to implement measures previously taken into consideration during Agenda 21, approved in Rio in 1992 and the Earth Summit 2002. For more than 20 years, they have been implementing the politics now proclaimed by WW Forum. These are: the private model as an example to follow and the market as the only solution. Furthermore, the results show that only 0,3% of the new water connections over the world have been efficiently made by the private sector. The methods of the WW Forum have failed, they only seek for the benefits of transnational corporations and promote the concept of water as a business. Losing public control is a threat that leads us to the need to inform and educate for action. Thus, the key points are to acknowledge the human right to water, to remember what we learnt from the fatal consequences of private management of water in Latin America and the recent wave of privatization in Europe. Consequently, we should reinforce the already growing social movilization. What is in play is a 100% of public management which promotes the social and enviromental role of water and which promotes a democratic management of water as a common good. With this publication our goal is to inform and to educate to keep on going towards the conservation of aquatic ecosystems and social justice in the access to drinking water and sanitation.
l lema del 6º Foro Mundial del Agua (FMA), Marsella 2012, proclama ¡Es tiempo de soluciones! Este objetivo se enmarca, además, en el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (2005-2015). Pero la necesidad de dar soluciones a la grave situación de deterioro de los ecosistemas hídricos y el injusto acceso al agua y saneamiento lleva más tiempo aún en la agenda internacional. En este Decenio se quiere priorizar la puesta en marcha de medidas ya contempladas en el Programa 21, aprobado en Río en 1992, y en el Plan de Acción de Johannesburgo de 2002. Llevan más de 20 años implementando las políticas que ahora proclama el FMA y que son, en resumen, el sector privado como modelo a seguir y el mercado como única solución. Además, tenemos los resultados, solo el 0,3% de las nuevas conexiones de agua a nivel mundial han sido realizadas por el sector privado, esta es su eficiencia. Las recetas del FMA han fracasado, solo buscan el beneficio de las corporaciones transnacionales e impulsan el concepto del agua como mercancía. Las organizaciones de la sociedad civil denuncian la ilegitimidad del FMA al ser organizado por las grandes corporaciones del agua, agrupadas en el World Water Council, y no por los estados al amparo de las Naciones Unidas. Un Foro legítimo sería aquel que ponga en el centro del debate la construcción de un acceso universal al agua bajo principios de eficacia social y ambiental y bajo control democrático. Tendría, también, el deber de abandonar las aventuras fallidas de mercantilización del agua y la privatización de sus servicios que, al fin y al cabo, benefician a unos pocos y condenan a los ecosistemas y a demasiados millones de personas. No se puede perder más tiempo, es la hora de la sociedad civil, es la hora de escuchar y construir desde la ciudadanía y para la ciudadanía, debemos avanzar hacia una mayor justicia social y ambiental en el agua. Las organizaciones sociales, ambientales, ONG, sindicatos, etc. han reclamado durante años el reconocimiento del acceso universal a una fuente segura de agua y al saneamiento como derecho humano, implementado con gestión pública, participación y control social. Esta propuesta ha sido bloqueada repetidamente por el FMA y, especialmente, por aquellos países que
El agua, como l
trabajan para los intereses de las principales empresas transnacionales del agua. A pesar del bloqueo, y a iniciativa de Bolivia, con el apoyo de distintos países[1], la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2010 el derecho humano al agua y al saneamiento. Por fin, y en pleno siglo XXI, se daba un paso más a nivel internacional: se reconocía que el agua es un derecho básico para la vida y la dignidad de las personas. La implementación de este derecho es lo que ahora está en cuestión, ¿podemos dejar al mercado y a las grandes corporaciones que decidan sobre cómo y quién debe garantizar un derecho humano?, ¿es coherente por parte del Gobierno español reconocer el derecho humano al agua en Naciones Unidas e impulsar políticas de mercantilización del agua en España? La globalización neoliberal está poniendo en manos de grandes empresas transnacionales el control de las fuentes de agua para la actividad extractiva, ya sea minería o explotación de hidrocarburos, para la agroindustria, para las grandes presas hidroeléctricas, para la industria turística, etc. Este dominio está dejando sin fuentes de agua y sin ecosistemas hídricos a una parte importante de la población rural, especialmente en los países del Sur global. Por otro lado, los tímidos logros conseguidos en el Norte están cada vez más en riesgo. Pero el agua no sólo tiene interés como medio de producción, también tiene un elevado valor económico, tanto en su faceta de objeto de consumo, y de ahí el crecimiento de las compañías embotelladoras de agua, como en la gestión del abastecimiento y el saneamiento. La privatización de los servicios de abastecimiento urbano se impulsó desde la década de los ochenta en los países del Sur. Los argumentos para esta medida, que se calificaba como técnica, se basaban en la eficiencia, transparencia, la inversión y transferencia de tecnología que aportaban las empresas de capital privado frente a la supuesta inoperancia del sector público. Además, por si había algún gobierno reticente, esta política se imponía desde las Instituciones Financieras Internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mediante los Planes de Ajuste Estructural para el pago de las deudas que atenazaban a estos gobiernos en la citada década de los ochenta. El resultado, después de más de 30 años de experiencia, es
la vida, no es una mercancía
que las ventajas de la gestión privada han sido inexistentes, el mismo Banco Mundial lo reconoció en el Foro Mundial del Agua de México en 2006, pero las sigue promoviendo. Utilizar un bien básico para la vida como un producto de mercado, y que una empresa obtenga con ello el máximo beneficio, genera impactos tremendos sobre las mayorías sociales que viven por debajo del umbral de la pobreza. La respuesta por parte de esta población fue un rechazo contundente a estas políticas: en América Latina, Suez, Bechtel y otras grandes corporaciones privadas del agua fueron expulsadas, se rescindieron sus contratos por incumplimiento, se han incluido artículos en diversas constituciones donde se reconoce el derecho humano al agua y su gestión se indica que debe ser pública. En Europa, Francia ha iniciado un proceso de retorno a la gestión pública en grandes ciudades, por ejemplo Paris y Grenoble. En Holanda, tal y como recoge su legislación, toda la gestión del agua debe ser pública, fuera de lógicas mercantiles. Mientras el mundo empieza a responder a estas políticas fallidas de privatización, el Estado español las impulsa. Maude Marlow definió el agua como el oro azul, en estos momentos, es la mejor calificación que se puede dar a este bien común en España. No tanto por el valor económico que tiene su control estratégico en los regadíos y las hidroeléctricas, que también, sino porque la venta de su gestión pública en abastecimientos urbanos a operadores privados está sirviendo para saldar las abultadas deudas de los gobiernos municipales. Deudas que no tienen que ver, en absoluto, con la gestión del agua sino más bien con la falta de ingresos de los municipios. A grandes rasgos, la historia que sucedió en los países del Sur se repite aquí, se venden los servicios públicos de agua y saneamiento como parte de las políticas de ajuste para reducir la deuda de los municipios. En León, Avilés, Lugo, Jerez, Madrid, etc. se ha vendido, o se está en proceso de vender, este servicio con el fin de obtener una buena inyección de liquidez a costa de mercantilizar un servicio público básico para la población. Los servicios públicos son un legado de la ciudadanía a los responsables por un corto período de tiempo, no tienen la legitimidad para dilapidar un patrimonio que no les pertenece. A medida que crece la ola privatizadora, tanto en nuestro país como en el resto de Europa, también está creciendo la oposición social. Se están creando plataformas y redes muy activas que multiplican esfuerzos para informar y movilizar a la ciudadanía contra la mercantilización del agua y por el derecho humano al agua y al saneamiento. Ejemplos como el de Italia, donde a través de un referéndum se ha conseguido frenar la privatización del abastecimiento a poblaciones, representan una victoria que alienta al resto de luchas. La movilización social no sólo genera una resistencia frente a la privatización, también construye propuestas que permitirían hacer realidad que el derecho humano al agua se garantizara en condiciones de igualdad y no discriminación. El primer paso es la incorporación del derecho humano al agua, y la obligatoriedad de la gestión pública del abastecimiento y saneamiento urbano, en la Ley de Aguas española. La amenaza que supone perder el control público sobre el agua hace necesario informar y formar para la acción. Así, conocer lo que supone el reconocimiento del derecho humano al agua, recordar los aprendizajes de las nefastas consecuencias de la gestión privada en América Latina y la actual ola privatizadora en Europa son factores clave para fortalecer una creciente movilización social. Eso es precisamente lo que persigue esta publicación, avanzar hacia la conservación de los ecosistemas hídricos y la justicia social en el acceso al agua potable y saneamiento. Lo que está en juego es una gestión 100% pública que priorice la función social y ambiental del agua y que promueva la gestión democrática del agua como un bien común.
L´eau, comme la vie, n´est pas une marchandise
´est l´heure des solutions!, proclame la devise du 6º Forum Mondial de l´Eau (FME), Marseille 2011. Cet objectif s´inscrit aussi dans le cadre de la Décennie Internationale pour l´Action “L´eau, source de vie (2005-2015). Mais la nécessité de donner des solutions à la grave situation de détérioration des écosystèmes hydriques et l´accès injuste à l´eau et à l´assainissement date encore de plus longtemps dans l´agenda international. Dans cette décennie Internationale, ils veulent donner la priorité à la mise en marche de mesures qui ont déjà été vues dans le programme 21, approuvé à Rio en 1992, et dans le Plan d´Action de Johannesbourg de 2002. Cela fait 20 ans qu´ils mettent en marche les politiques que proclame maintenant le Forum Mondial de l´Eau, et qui sont, en résumé, le secteur privé comme modèle à suivre et le marché comme unique solution. De plus, nous avons les résultats : seulement 0.3% des nouvelles connections d´eau au niveau mondial ont été réalisées par le secteur privé, voici toute son efficacité. Les recettes du FME ont échoué. Ils recherchent seulement le bénéfice des sociétés en dehors de nos frontières et cherchent à promouvoir le concept de l´eau comme marchandise. La menace de perdre le contrôle publique sur l´eau rend nécessaire l´obligation d´informer et de former pour l´action. Ainsi, connaître ce que suppose la reconnaissance du droit humain à l´eau potable, nous souvenir des leçons apprises des conséquences néfastes de la gestion privée de l´eau en Amérique Latine, et le mouvement actuel de privatiser en Europe sont des facteurs clé pour renforcer une mobilisation sociale croissante. Ce qui est en jeu est une gestion 100% publique, qui favorise la fonction sociale et environnementale de l´eau, et qui défend la gestion démocratique de l´eau comme un bien commun. Nous prétendons, par cette publication, informer et former pour continuer à avancer vers la conservation des écosystèmes hydriques et la justice sociale pour l´accès à l´eau potable et à son assainissement.
gistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras
1 Angola, Antigua y Barbuda, Arabia Saudita, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Benin, Eritrea, Burundi, Congo, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Georgia, Guinea, Haití, Islas Salomón, Madagascar, Maldivas, Mauricio, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, República Centroafricana, República Dominicana, Samoa, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Sri Lanka, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, la República Bolivariana de Venezuela, y Yemen.
El bien común, el derecho humano al agua y las políticas de privatización
Lidia Serrano, Aniza García y Gonzalo Marín
l agua como recurso ha sido caracterizada desde diferentes perspectivas, como bien público, como bien económico y como bien común. Desde el enfoque de derechos humanos, el acceso básico a la misma, así como el saneamiento, ha sido reconocido como un derecho humano fundamental. En el caso concreto del abastecimiento del agua destinada para el consumo humano, definirlo como un servicio público es plenamente consecuente con la consideración de este recurso como bien común. Esta circunstancia fue la tónica dominante en los países desarrollados hasta finales del siglo pasado; de hecho, en Europa y Norteamérica, los servicios
Lidia Serrano, Ingeniería sin Fronteras, Aniza García y Gonzalo Marín
públicos de abastecimiento y saneamiento fueron determinantes para conseguir la estabilidad política y garantizar la disponibilidad de recursos financieros necesarios para alcanzar unos niveles adecuados de salud pública y de desarrollo económico y social. Sin embargo, desde los años 80, la imposición del modelo económico neoliberal, supuso la privatización de los bienes y servicios públicos. En el caso del agua, esta perspectiva quedó plasmada en la Declaración de Dublín sobre agua y desarrollo sostenible de 1992, donde se reconoce que el agua constituye un bien económico [1]. A partir de este momento, se impulsarían con mayor fuerza las políticas de mercantilización y privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, especialmente en el
ámbito urbano. Sin embargo, el impulso privatizador que se experimentó durante la década de los años 90 y los primeros años de este nuevo siglo, culminó con sonados fracasos –Atlanta, Buenos Aires, Yakarta, La Paz y Manila, entre otros–, poniendo de manifiesto los inconvenientes de la gestión privada de los servicios de agua y saneamiento y las dificultades para garantizar por esta vía el acceso universal a este recurso vital. De hecho, la situación comentada ha generado que incluso instituciones internacionales comprometidas con los procesos de privatización, como el Banco Mundial, reconozcan estas limitaciones y que las multinacionales del agua se retiren de los países empobrecidos, en parte, por sus actuaciones. Entre las externalidades negativas de la experiencia privatizadora, está la
A common good; the human right to water and privatization politics
n view of the logic of the market and the politics of privatization of public services, social movements and organization of the civil society have been claiming the consideration of water supplies as a common good, as well as the acknowledgement of basic access to water and sanitation as a human right managed as a public service. The full consideration of water supply as a common good and the basic access to water and sanitation as a human right constitutes one of the main social claims in view of the privatization of supply and sanitation services. These claims are focused in the ownership of resources and services, which should be public, and the characteristics of management, which should conform to what is stated in the Position Paper on the human right to water supply and sanitation. There is, likewise, a need to incorporate an environmental perspective which integrates the management of the service, the implementation and the guarantee of this right according to human rights and to environmental parameters. Only collective ownership of water supply and a public management of supply and sanitation services will ensure global access to this basic resource and essential services. It will also guarantee a full management which results into a socially equal management, ecologically sustainable, politically democratic and culturally acceptable. corrupción, el incumplimiento de los compromisos de ampliar la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, los notables incrementos en las tarifas y la marginación en el acceso de los sectores sociales más vulnerables. En definitiva, ha quedado probado que la delegación de los servicios de agua en operadores privados no garantiza el derecho humano al agua y al saneamiento (en adelante DHAS) en la medida en que sujeta su satisfacción a parámetros meramente económicos. Frente a la lógica del mercado, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil vienen reivindicando el reconocimiento del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, cuya satisfacción debe gestionarse como un servicio público. Ello supone la consideración del agua como bien común e implica la inalienabilidad del recurso, así como el control social sobre su aprovechamiento y manejo, en tanto patrimonio social, natural y cultural. La asunción del agua como un bien común conlleva considerarla como un patrimonio del planeta, que debe ser gestionado a partir de los criterios de solidaridad, cooperación mutua, acceso colectivo, equidad, control democrático y sostenibilidad, que son, a todas luces, incompatibles con cualquier aproximación mercantil que está, por su propia naturaleza, imbuida de expectativas cortoplacistas de lucro privado y beneficio personal. En este sentido, el concepto de bien común está radicalmente enfrentado con las políticas neoliberales que imperan en el contexto de la globalización económica, basadas en el fundamentalismo del mercado, y que promueven y favorecen que las empresas multinacionales accedan directamente tanto a los recursos naturales y genéticos, como a la gestión de los servicios asociados a sus usos potenciales. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, mediante su Observación General 15, efectivamente reconoció que el derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos; y asume, asimismo, que constituye un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud [2]. No obstante, el acceso al saneamiento no quedó incluido en este derecho hasta 2009, a través de un informe de la Experta Independiente (ahora Relatora Especial [3]) sobre las obligaciones de derechos humanos en materia de agua y saneamiento [4]. En ambos documentos se contextualiza el derecho humano al abastecimiento de agua y al saneamiento de acuerdo con los siguientes principios y criterios: f Principios fundamentales que deben regir cualquier gestión del derecho humano al agua y al saneamiento, como el principio de igualdad y de no discriminación. f Criterios normativos del derecho humano al agua y al saneamiento que incorporan la disponibilidad de una dotación y de un número de instalaciones de saneamiento suficientes; la calidad adecuada del agua; la aceptabilidad, especialmente en lo que respecta a las instalaciones de saneamiento; la accesibilidad de las instalaciones de abastecimiento y saneamiento de forma continua para todos los miembros del hogar; la asequibilidad de las instalaciones sin comprometer las condiciones de vida de los usuarios. f Principios (y derechos) comunes con otros derechos humanos, como son la participación, el acceso a la información, la transparencia, la rendición de cuentas y la sostenibilidad –tanto del propio servicio, como la medioambiental–. Los criterios normativos y los que son comunes a otros derechos humanos configuran el abastecimiento de agua y el saneamiento como un derecho de prestación que deberán garantizar los poderes públicos a través de un servicio público, guiados por el principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, los principios y criterios normativos expuestos anteriormente se asimilan a los indicadores que hay que tener en cuenta al definir los niveles del servicio –o la calidad del mismo–, mientras que los comunes están relacionados con la gestión del propio servicio. Por lo que se refiere a los criterios fundamentales, la realización progresiva del DHAS, no sólo exige un aumento continuo del número de personas atendidas con miras a lograr el acceso universal, sino también, y de forma relevante, la mejora continua de los niveles de los servicios con el objetivo de ampliar las prestaciones, en consonancia con la aspiración de disfrutar de un nivel de vida adecuado. Por último, en relación con los principios básicos sobre los cuales debe fundamentarse la gestión del agua, el principio de igualdad y de no discriminación, por un lado, y el principio de equidad, por
otro, involucran el reto de conseguir el acceso universal al agua y al saneamiento, independientemente de las circunstancias sociales, de género, políticas, económicas o culturales propias de la comunidad en la que se opera. Asimismo, el principio de sostenibilidad actúa como límite a las transgresiones medioambientales que la gestión del agua pueda comportar, pero también como límite a la posible discriminación en el acceso que pueda constituir el precio del agua y a su aceptabilidad como servicio social [5]. Finalmente, el año 2010, marcó un antes y un después en la regulación de la materia, pues la Asamblea General de Naciones Unidas aprobaría una Resolución en la que expresamente reconoce el derecho humano al agua potable y el saneamiento [6], refrendada posteriormente por el Consejo de Derechos Humanos en la que se reconoce que este derecho es vinculante legalmente para los estados
toda vez que se deriva del derecho a un nivel de vida adecuado y está indisolublemente asociado al derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, así como al derecho a la vida y la dignidad humana [7]. En ellas se destaca la posibilidad de que los estados, atendiendo sus obligaciones de derechos humanos, implementen dichas resoluciones a nivel nacional y continúen sus actuaciones en los niveles regional e internacional. Y si bien la implementación del DHAS no excluye –como tampoco lo hacía ya la Experta Independiente en su informe del 2010–, la participación de actores no estatales (entre los que se encuentran los operadores privados), en la prestación de estos servicios, dichos actores deberán garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, y en ningún caso, el estado podrá eludir su responsabilidad respecto a la realización del DHAS [8]. En definitiva, la consideración conjunta
del agua como un bien común y del acceso básico al agua y al saneamiento como un derecho humano, constituye una de las principales reivindicaciones sociales frente a la privatización de los servicios de abastecimiento y saneamiento, toda vez que hacen referencia a la titularidad de los recursos y los servicios -que deben ser públicos-, y a las características de la gestión, que debe ser acorde con lo asumido en los documentos definitorios del derecho mencionados anteriormente. Y que prevean, a su vez, una perspectiva medioambiental que integre la gestión del servicio, del recurso y la garantía de este derecho según una perspectiva de derechos humanos y bajo parámetros medioambientales. Y es que sólo la titularidad colectiva del agua y el carácter público de los servicios de abastecimiento y saneamiento pueden asegurar el acceso universal a este recurso vital y a estos servicios esenciales, y garantizar una gestión integral del mismo que resulte socialmente equitativa, ecológicamente sostenible, políticamente democrática y culturalmente aceptable.
1 El cuarto principio reconoce que el agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debería reconocérsele como un bien económico. Vid “Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible de 1992”. 2 Comité DESC: “Observación general nº 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, doc. E/C.12/2002/11, de 20 de enero de 2003. 3 Resolución 16/2, de 24 de marzo de 2011, Consejo de Derechos Humanos, en el que se prorroga por tres años el mandato de la actual Relatora Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento, Catarina de Albuquerque. 4 “Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento”, doc. A/ HRC/12/24, de 1 de julio de 2009. 5 Jaume Saura, “El derecho humano al agua potable y al saneamiento en perspectiva internacional”, Derechos y Libertades. Revista de Filosofía del Derecho y Derechos Humanos, Número 26, Época II, Enero de 2012 (en prensa). 6 Resolución A/64/292, de 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 7 Resolución A/HRC/15/L.1, de 24 de septiembre de 2010 del Consejo de Derechos Humanos. 8 “Informe de la Experta independiente sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el acceso al agua potable y el saneamiento”, doc. A/ HRC/15/31, de 29 de junio de 2010.
Privatización de los abastecimientos urbanos en América Latina
Lluís Basteiro
unque Naciones Unidas (NN UU) reconoce el derecho humano al agua, en cantidad, calidad y equidad suficientes, como un factor indispensable para vivir dignamente, y como una condición previa para la realización de otros derechos, tanto por lo establecido por su Consejo Económico y Social, en 2002, como por su Asamblea General, en 2010. Pese a que los gobiernos se comprometieron a reducir la falta de acceso al agua y al saneamiento con los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), actualmente no solo no hay progresos significativos, sino que el problema se agrava por la falta de voluntad política y, entre otros, por el proceso de mercantilización del agua. Los ODM, además, no suponen ningún compromiso económico por parte de los estados; es más, se trata de unos objetivos que asumen, sin ningún tipo de vergüenza, dejar sin acceso al agua ni al saneamiento, para el año 2015, al 50% de la población que ya no tenía acceso el año 1990, constatándose así el fracaso más absoluto de los acuerdos de las cumbres de Copenhague (1995) y Oslo (1996), que
Lluís Basteiro, Ingeniería Sin Fronteras
El derecho humano al acceso al agua potable
El agua, dijo Gilda Pedinoce de Valls, una abogada del Estado de Tucumán (Argentina), es un regalo de Dios. Olivier Barbaroux, directivo de Vivendi, estuvo de acuerdo, pero solo hasta cierto punto: Sí, pero se olvidó de colocar las tuberías.
apostaban por un acceso universal al agua para el año 2000. De toda esta población sin agua ni saneamiento, los sectores más afectados son aquellos de los países de rentas medias y bajas que viven en condiciones de extrema pobreza, normalmente en zonas periurbanas o rurales. De hecho, dos de cada tres personas sin acceso al agua son pobres; pobres que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar el agua, y que pagan ésta a un valor más alto en términos absolutos Dos tercios de éstos viven en Asia, pero los porcentajes más elevados de población sin cobertura, a menudo con valores escandalosos, se encuentran en África Subsahariana. Dentro de este contexto general, resultan relevantes los parámetros de América Latina, con un porcentaje de población sin acceso al agua entre el 5 y el 20%, subiendo hasta el 40% para el saneamiento. Esta región acabó siendo, a lo largo de la década de los 90, el auténtico laboratorio de las privatizaciones, concentrando la mayor parte de la inversión privada, el 52% de ésta, pese a no presentar una carencia tan acusada como África Subsahariana, que absorbería menos del 1% de esta inversión. Más aún, dos de los países lati-
Latin America: the human right to acceed to drinking water and the privatization of urban supplies
ince the 80’s, the problem of water is in development agendas but, despite this, more than 1000 million people still cannot acceed drinking water and more than the double of them haven’t got any sanitation systems. This causes the 80% of illnesses and the death of nearly 2 million people every year, most of them children. Women and girls spend more than 5 hours along 10 km to collect water daily. This is closely related to the lack of scholarization, and in every journey they carry about 20 l of water, which is far bellow the acceptable daily supply per person, being this 50 litres. All in all, the lack of access to water has an important influence in other processes directly related to the development of people and communities; there is a direct link between the lack of access to water and the indexes of poverty, child mortality and life expectancy.
noamericanos con rentas más altas y una mayor cobertura de agua y saneamiento, Chile y Argentina, absorbían el 63% de toda la inversión privada en la región. Además, no se puede olvidar una nueva y aún más profunda brecha: el acceso al agua en los entornos rurales versus entornos urbanos. En muchos países de Latinoamérica, esta diferencia de cobertura es de cerca de 20 puntos, pero en algunos países de África Subsahariana, pasa de los 40 puntos. Por tanto, ya nos podemos imaginar que sin abordar de forma decidida el problema de las áreas rurales, no podremos alcanzar, no sólo los ODM, sino abordar el problema del derecho humano al agua. Pese a todo, la privatización del agua aparte de priorizar los países de renta media, también se ha decidido exclusivamente por la ciudad.
El proceso de mercantilización y privatización del agua
Tradicionalmente, el sector público ha administrado la mayor parte de los sistemas de suministro de agua del mundo. Actualmente, cerca del 95% de la gente que tiene acceso al servicio de agua lo recibe del sector público, y los recursos financieros para inversiones de agua y servicios de saneamiento se han conseguido por mecanismos públicos tradicionales de crédito y del cobro de derechos a los usuarios. No es hasta la década de los 80, en plena implantación de un Consenso de Washington dirigido a reducir el gasto del sector público, que se comienza a gestar la participación del sector privado en los servicios de agua, alcanzando un protagonismo notable a partir de 1990. Pero esta nueva tendencia sería especialmente
conflictiva en Latinoamérica, puesto que la actuación de las multinacionales se realizó atendiendo exclusivamente a los intereses comerciales y de generación de beneficios. Este cambio de opción, del sector público hacia el sector privado, se cimentaba, entre otros, en los principios concretados en la Conferencia Internacional sobre el Agua de Dublín (1992), que establece específicamente que el agua tiene un valor económico aplicable a todos sus usos, y por tanto debe ser reconocida como un bien económico. Todo esto, sumado a la creencia de que los operadores privados son más eficientes que los públicos, y que cuanto menor sea la regulación, más eficiente será un operador privado, llevó a que el Banco Mundial (BM), los bancos regionales de desarrollo, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), asumieran inmediatamente este planteamiento, con la cobertura ideológica del Foro Mundial del Agua, potenciando reformas en el sector del agua y otras políticas de carácter neoliberal, que iniciaban el proceso de privatización del agua de forma masiva. Durante todo este tiempo, se ha estado primando la participación de operadores privados, en nombre de una supuesta eficiencia derivada de la competencia, con mejor capacidad técnica y tecnológica; mayor volumen de inversiones frescas, que deben redundar en una ampliación de las redes; tarifas mucho más ajustadas; una reducción de la carga sobre las finanzas públicas, puesto que el Estado ya no tendrá que soportar un servicio deficitario; y, finalmente, una gestión eficaz y transparente. Todo esto en contraposición a los
operadores, clasificados por las corrientes de pensamiento dominante como monopolios ineficientes, con recursos humanos poco capacitados y una base tecnológica obsoleta; sin inversiones y con mantenimientos deplorables; malas políticas tarifarias; déficit económicos crónicos; y una gestión burocratizada y corrupta.
El fracaso de la privatización del agua para aplicar el derecho al agua
Sin embargo, aunque las multinacionales del agua creyeron que los riesgos eran asumibles, la realidad ha demostrado que los beneficios obtenidos no se corresponden con las expectativas que se habían generado. Esto queda constatado, entre otros, por la evolución de la tipología de los contratos, de la concesión del sistema a nuevos tipos de contratos, pasando por el arrendamiento y los contratos de gestión, que se han dirigido a minimizar las inversiones y, por tanto, los riesgos. Si bien a lo largo de los año 90 hubo un crecimiento del modelo privatizador, a partir del año 2000, las multinacionales del agua experimentaron una creciente oposición a su actividad, y sufrieron la rescisión de varios contratos, con casos realmente significativos como Buenos Aires, Cochabamba, Manila o Jakarta. En la actualidad, las multinacionales prefieren centrar su actividad en China, en la propia UE y países vecinos, así como en el Oriente Medio y el norte de África, arrastrando también la financiación de las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) hacia estas zonas, y reduciendo su presencia en los países de rentas más bajas, para limitar las pérdidas y riesgos. Esta circunstancia, este fracaso del modelo privatizador, se ha puesto claramente de manifiesto en numerosos documentos, entre los que se puede citar el de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo de 2004, donde se afirma que… una posición estricta en cuanto al desarrollo de la inversión privada… ha resultado ser particularmente ineficaz en el ámbito de los servicios básicos… los ODM solo se alcanzarán si se encarga su consecución al sector público, y si a éste se le proporciona la dotación financiera necesaria. Es evidente que esta contundente afirmación no se corresponde con los planteamientos ni las expectativas de las multinacionales; para alcanzar los ODM se requeriría que cada día cerca de 270.000 personas accediesen a fuentes seguras de agua, y la inversión privada directa solo ha extendido el servicio a 900 personas por día durante los últimos 9 años. Quizás deberíamos haber prestado más atención al director ejecutivo de Saur, la tercera
multinacional del ramo: que el sector privado ofrezca conexiones para todo el mundo… ¡no es una demanda realista! Ahora, después de más de 20 años de experiencias del sector privado como suministrador de agua y saneamiento en los países en desarrollo, tenemos suficientes pruebas empíricas para afirmar que el proceso de privatización ha resultado un fracaso. Lo que tenía que ser tarifas ajustadas e inversiones frescas, ha acabado siendo algo muy diferente: los operadores privados con ánimo de lucro no han demostrado ser más eficientes que los operadores públicos, más bien al contrario; las inversiones se han quedado en promesas, muy por debajo de lo previsto, sin extensión de redes hacia zonas no rentables; las tarifas han sido más elevadas; las empresas privadas de agua no han aportado nuevas fuentes de financiación, y dependen fuertemente de las mismas fuentes de las que dispone el sector público. El Estado a menudo ha actuado como avalador de los préstamos, generándose un aumento de la carga sobre las finanzas públicas; y, finalmente, casos de corrupción tanto en la adjudicación de contratos como en la gestión de los sistemas.
mayoría de estas compañías están abandonando los contratos bajo sus formatos más convencionales, después de experiencias muy conflictivas, así como numerosas y cuantiosas demandas ante el CIADI; han reducido sus planes de expansión, e incluso están haciendo movimientos para sacarse de encima sus participaciones o mutarlas hacia variantes con menos riesgo, como contratos de gestión o de operación. Actualmente, pocas concesiones privadas se mantienen vigentes bajo su forma original; alrededor del 60% de los contratos privados en Sudamérica se han visto modificados y/o cancelados por un motivo u otro, y de éstos, cerca del 60% han acabado pasando, de nuevo, bajo el control del sector público. Todas estas cifras son especialmente significantes si se tiene en cuenta que esto ha sucedido en un periodo inferior a los 10 años, cuando estos contratos eran, de media, por 30 años. Y este retorno hacia el sector público, que ha recuperado la mayoría de las concesiones privatizadas, se ha efectuado bajo diferentes fórmulas: desde el control estatal, provincial y municipal, a la de los propios trabajadores o la gestión comunitaria.
La privatización del agua en América Latina
Latinoamérica es la zona geográfica en la que se ha promovido en mayor medida la privatización de los servicios de agua. Esta circunstancia está motivada, fundamentalmente, por tres factores, a los que se les podría añadir una componente de afinidad cultural, que no se da en Asia o África: f la existencia de una voluminosa clase media, bastante atractiva para la inversión privada; f numerosos operadores públicos, con pocos recursos y con niveles de endeudamiento importantes, que hacen que la alternativa privada sea fácilmente justificable; f amplísima aplicación de las políticas neoliberales, por medio de planes de ajuste estructural y créditos condicionados. Las privatizaciones en Sudamérica se produjeron en dos grandes olas; la primera se inició el año 1993, con el proyecto de la ciudad de Buenos Aires, la mayor privatización hasta el momento, convertida por el BM y el BID en el paradigma a seguir en todas partes; la segunda ola tuvo lugar a finales de esa década. Las instituciones crediticias condicionaron fuertemente sus créditos a la presencia de las multinacionales, hasta el punto que no se puede entender esta entrada de inversores privados sin el volumen de dinero
Alternativas al modelo de privatización
Teniendo en cuenta lo que se ha explicado anteriormente, cada vez hay más conciencia de que los operadores públicos de agua merecen toda la atención y apoyo. Una de las claves para mejorar la ampliación de las redes es comenzar a trabajar a partir de las empresas públicas, mejorando su funcionamiento, con ayuda política, técnica y económica, así como con reformas administrativas y el refuerzo de los organismos reguladores y los marcos normativos. En los países del sur se ha puesto en marcha un amplio abanico de enfoques innovadores para reformar los sistemas públicos de suministro urbano. En muchos casos, las reformas parten de la participación ciudadana y otras formas de democratización. Muchas veces, el objetivo es superar la burocracia, la corrupción y otros problemas que suelen encontrarse en la raíz del fracaso del servicio público, y garantizar el agua potable y asequible para todos y todas a través de empresas que sean verdaderamente públicas, no solo por lo que se refiere a la titularidad, sino también a la participación. Actualmente existen resultados satisfactorios en los modelos de gestión pública con participación ciudadana. Es necesario que se centre la atención en la mejora de estas dinámicas, ya que el agua no es una mercancía, el agua es un derecho humano.
inyectado por el BM y el BID, así como por las condicionalidades impuestas por el FMI. Pero después de los acontecimientos de la guerra del agua en Cochabamba, y en una concatenación ininterrumpida de rescisiones de contratos, se puede concluir que el nuevo siglo ha llevado a las multinacionales hacia una salida de la región poco ordenada y más bien convulsa, donde a las protestas sociales se han añadido, demasiado a menudo, demandas de las multinacionales ante el tribunales arbitrales internacionales como el CIADI, perteneciente al BM. Las principales razones de esta salida son, justamente, una oposición pública fuertemente organizada, contraria a la privatización, pero también el hecho de no haber alcanzado los beneficios económicos esperados. Así pues, nos encontramos con que pocas multinacionales han mantenido la actividad en América Latina, y las pocas que lo han hecho son principalmente españolas; en más de un 70% de los procesos de privatización han intervenido multinacionales españolas y, hoy por hoy, están presentes en cerca del 80% de las privatizaciones que se mantienen. Pero la
La burbuja del agua en España
n la mayoría de los países europeos la legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a la Administración Pública, normalmente a las Entidades Locales (EE. LL.), al entender que es esta la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un bien esencial. No obstante, en algunos casos las instalaciones de abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses, estaciones de tratamiento o depuradoras), o bien, por simples motivos de tamaño o escala se propicia la prestación del servicio a través de entidades supramunicipales, que no dejan de ser administraciones públicas locales. Esto es posible debido a que la normativa española no obliga a que sea la propia E.L. la que preste el servicio de manera directa, por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de manera mancomunada, consorciada o delegándola a una empresa privada o mixta. Así, en España, durante los últimos años hemos venido constatando esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios que han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas. Este proceso de privatización se ha producido en una situación de carencia de información y de ausencia total de participación social. En la actualidad, contamos con numerosas empresas públicas, como ACOSOL, CYII, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, EMACSA, EMASA, EMASESA, ARCGISA, GIAHSA, EMALCSA y muchas otras que son una garantía de disfrute del derecho humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la obtención de beneficios a corto plazo.
Luis Babiano, Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Recientemente, el Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28 sociedades públicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos es la laxitud en el control de la actividad del operador privado por parte de la Administración. A la vista del resultado, cabría preguntarse a qué otros intereses, que no es la eficacia en la gestión, obedece el proceso privatizador del servicio de agua vivido en España en los últimos años: se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad privatizadora. La fórmula de privatización más utilizada es la concesión de los servicios. El agua sigue siendo pública, el servicio competencia y responsabilidad de las EE.LL., pero la gestión se adjudica a un agente privado. En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua la empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la concesión. Es lo que se denomina “canon concesional”. Estos cánones concesionales millonarios, lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos, en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura. Las empresas privadas, para abonar el canon concesional, recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y la garantía de un porcentaje de cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos protegidos por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio financiero y somos los ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y
beneficio empresarial. Así hemos llegado a una situación en la que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el 50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por dos empresas, Aguas de Barcelona –AGBAR- (perteneciente al grupo Suez) y Fomento de Construcciones y Contratas –FCC-, con lo que en la práctica podemos decir que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia. Este modelo de gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa;
medioambientalmente insostenible, ya que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las quejas de AGBAR por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió Cataluña en 2007); oscuro (no existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas a renovar los servicios sin licitación pública. Situaciones parecidas a éstas han hecho que en muchas ciudades europeas como Grenoble o París hayan recuperado la concesión y que los ciudadanos italianos acaben de votar en referéndum contra la privatización de los servicios de agua. Sin embargo, en España la presión de las empresas privadas se ve favorecida por la falta de recursos municipales y la debilidad de la regulación. Así hemos visto privatizar agua de buena parte de nuestro territorio. La más reciente ha sido Aguas de Huelva (150.000 hab.), a finales del 2010, que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del accionaria-
Water in Spain: the new economic bubble
lthough the Municipalities have the legal competence on water supply and sanitation, the Spanish legislation allows transferring the management to private corporations. These corporations pay millionaire royalties to the Municipality, but this money doesn’t go to improve and/or to extend the water supply and sanitation net, but to pay salaries and other municipal debts. Nowadays, water management in Spain is public in a 50% and private or mixed in another 50%. But, current austerity policies are giving a lot of public operators a push to be privatized. In most of cases these privatization processes lack of enough transparence and social participation, what could incite corruption events as in the past the building bubble did. That is why 90% of the private operators are under control of two Corporations: Suez Environment (through Aguas de Barcelona -AGBAR-) and Fomento de Construcciones y Contratas -FCC-. So, at the end of this process of privatization, the management of such a vital good as water is going to be under control of an oligopoly. This lack of governance causes environmental, social and territorial unsustainability. do. La operación supuso un montante total de 57,3 millones de euros. A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad -Unicaja (30%), Caja Granada (15%) y AGBAR (55%)-, se compromete a invertir en la ciudad siete millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer ejercicio). Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación ciudadana que supondrá un vinculo contractual muy estrecho con los medios de comunicación locales (beneficiarios colaterales del proceso). La nueva empresa resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima del IPC, pero sólo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los costes. A simple vista, los beneficios directos de esta operación no son muy elevados (en el pliego se señala que el proceso de privatización sólo repercutirá en la tarifa en 1% por encima del IPC). Pero existen numerosas repercusiones colaterales. Ya que una vez conseguida la concesión, la nueva empresa se compra a sí misma la tecnología, los suministros y las obras necesarias. No está sometida a las mismas exigencias de publicidad y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no está obligada a contratar mediante concurso público. Por último, ellos cobran de forma regular y pueden pagar a proveedores con más plazo. Ya solo con el manejo de tesorería, tienen beneficios. El resultado es que en la ciudad Huelva las tarifas aumentaron en un solo año en un 14,4%. La historia de Huelva ejemplifica un proceso, un proceso similar que han vivido recientemente ciudades como León, Avilés o Guadalajara. En la ciudad de León (145.000 hab.) la privatización se realizó a finales del 2009, Aquagest también se hizo con el 49% de la empresa municipal de aguas por un importe de 25 millones de euros, en concepto de “uso de las instalaciones, bienes y elementos existentes adscritos al servicio”. A cambio, Aquagest se aseguró la gerencia ejecutiva de la empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el derecho a la privacidad de la información empresarial que dificulta, cuando no bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de marzo de 2006, era una de las mejores gestiones, siendo la capital de provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010. Los procesos de privatización también han supuesto fuertes movimientos ciudadanos de defensa del agua como bien común. Los vecinos de Avilés (Asturias) consiguieron crear una de las Plataformas (constituida por veintiún colectivos) contra la privatización del agua más activas de la península. De hecho, en un municipio de no más de 85.000 habitantes, consiguieron recabar casi 20.000 firmas para exigir que la gestión del agua se decida por referéndum. Movilizaciones que no impidieron que el 1 de enero de 2010 comenzara a funcionar una nueva sociedad participada en un 74% por Aquagest y en un 26% por el Ayuntamiento gracias a los 37 millones de euros del canon (de los que sólo 18 millones se destinarán mejorar y completar la red). El objetivo de ampliar espacios al mercado, sobre la base de privatizar los serviEl agua, como la vida, no es una mercancía
cios públicos (sanidad, educación, agua y saneamiento), que en las últimas décadas ha presidido las políticas de “liberalización” y “desregulación”, acaba encontrando en esta coyuntura de crisis una ventana de oportunidad. En el último año se han anunciado nuevos procesos de privatización: la cuidad de Lugo (85.000 hab.), Jerez de la Frontera (206.000 hab.), el Puerto de Santa María (85.000 hab.) y las ya nombradas en artículos de esta publicación, Canal de Isabel II (6.000.000 hab.) o Aigües Ter-Llobregat (5.000.000 hab.) que supondrán la hegemonía absoluta del agua privada en España. Los fracasos vividos al inicio de la década en Latinoamérica (gracias a las protestas ciudadanas) y el nuevo proceso de privatización que se vive en la Península Ibérica ha reorientado la estrategia de las multinacionales del agua hacia los denominados mercados maduros; mercados donde se minimizan los riesgos dado que los recibos del agua tienen una alta garantía de pago. En este sentido, Agbar, ha reorientado su estrategia de futuro ante el nuevo contexto económico y en los próximos años focalizará su actividad en acometer grandes proyectos de concesiones de la mano de fondos de inversión y en impulsar las actividades de tecnologías y soluciones con alto valor añadido para las empresas de agua. En los últimos meses, se ha mostrado interesada en hacerse con la gestión de Aigües TerLlobregat (ATL), Aguas de Jerez y el Canal de Isabel II de Madrid si estas entidades se privatizan, lo que responde también a esta estrategia de futuro. Al margen de su valor crematístico en
España el agua, como en la mayoría de las culturas mediterráneas, sigue manteniendo un fuerte valor simbólico, un significado de “fuente de vida”. Este valor simbólico hace que la ciudadanía tome rápidamente conciencia social sobre el agua como bien común. Por tanto, es importante destacar también el papel que la sociedad civil frente a la mercantilización. En este sentido son notorias las actuaciones que se están llevando a cabo en Madrid y Catalunya, a través de la Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II y la Plataforma Aigua és Vida. Incluso es de destacar, que recientemente dieciséis colectivos se han sumado al frente contra la decisión del gobierno local de privatizar la gestión del ciclo del agua de Ajemsa (Aguas de Jerez). De su capacidad de acción dependerá, en buena medida, que en España el agua sea un bien común o un valor comercial. Para reforzar el papel del agua como bien común, desde AEOPAS creemos que si la legislación simplemente prohibiera -como en la mayoría de los países europeos- que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de las infraestructuras hidráulicas los procesos de privatización serían en España algo muy residual. No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de inversión en la gestión del ciclo urbano lo que conducirá a su insostenibilidad y, quizás, a su posterior rescate público pagado por todos.
The privatization of Canal de Isabel II: environmental and social consequences
lthough the Municipalities have the legal competence on water supply and sanitation, the Spanish legislation allows transferring the management to private corporations. These corporations pay millionaire royalties to the Municipality, but this money doesn’t go to improve and/or to extend the water supply and sanitation net, but to pay salaries and other municipal debts.
Nowadays, water management in Spain is public in a 50% and private or mixed in another 50%. But, current austerity policies are giving a lot of public operators a push to be privatized. In most of cases these privatization processes lack of enough transparence and social participation, what could incite corruption events as in the past the building bubble did. That is why 90% of the private operators are under control of two Corporations: Suez Environment (through Aguas de Barcelona -AGBAR-) and Fomento de Construcciones y Contratas -FCC-. So, at the end of this process of privatization, the management of such a vital good as water is going to be under control of an oligopoly. This lack of governance causes environmental, social and territorial unsustainability.
Consecuencias ambientales y sociales
mediados del siglo XIX los recursos hídricos, que hasta entonces abastecían a la ciudad de Madrid a través de los denominados viajes de agua, se mostraron claramente insuficientes para garantizar el abastecimiento de la ciudad, poniendo en serio peligro su desarrollo. Ante esa situación, en 1848, el entonces ministro de Obras Públicas, Juan Bravo Murillo, encomendó a una comisión de ingenieros que estudiase la viabilidad de la traída de agua desde la Sierra de Guadarrama a Madrid, pues en caso de ser inviable, se llegaría a plantear la posibilidad retirar a Madrid la capitalidad de España. Dicha comisión informó favorablemente de la viabilidad del proyecto, planteando la construcción sobre el río Lozoya del embalse del Pontón de la Oliva, así como de una conducción de setenta kilómetros hasta la ciudad de Madrid. La obra fue financiada mayormente por el Ayuntamiento de Madrid, participando también en la misma la propia reina Isabel II, con una aportación de cuatro millones de reales (unos 300 kg de oro). Finalmente, el 24 de junio de 1858, concluyeron las obras con la inauguración en Madrid de la fuente de la calle de San Bernardo, estableciéndose en esa fecha la creación del Canal de Isabel II, entidad totalmente pública desde su nacimiento, y que a lo
Santiago Martín Barajas, responsable del Área de Agua de Ecologistas en Acción
largo de sus más de 160 años de vida, ha mantenido el mismo estatus, con independencia de gobiernos y regímenes políticos. Actualmente la empresa abastece de agua de calidad a la práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid, con más de seis millones de personas. Sin embargo, a través de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas (BOCM núm. 310, de 30 de diciembre de 2008.), la Comunidad de Madrid abrió la puerta a la privatización del Canal de Isabel II, autorizando la constitución de una sociedad anónima que tendrá por objeto llevar a cabo todas las actividades que actualmente realiza el Canal de Isabel II y anunciando su intención de sacar a bolsa el 49 % de las acciones. En definitiva, la Comunidad de Madrid está planteando la privatización, al menos parcial, del Canal de Isabel II. Dicha actuación ha sido justificada por el Gobierno de la Comunidad por la necesidad de realizar “un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos, que es preciso financiar con la captación externa de recursos económicos que nos permita hacer frente a las inversiones en infraestructuras y desarrollos que se precisan para gestionar de forma eficaz y eficiente el servicio integral del ciclo hídrico”. Esa justificación resulta a todas luces inaceptable, pues el Canal de Isabel II es una empresa económicamente muy rentable, que genera todos los años cuantiosos beneficios económicos a la Comunidad
de Madrid. Además estos beneficios, en la mayoría de los casos, no se destinan a nuevas infraestructuras hidráulicas (por innecesarias), sino a otro tipo de obras como es el caso de la construcción del Teatro del Canal, cuyo coste se situó entorno a los 100 millones de euros. Por otra parte, Madrid no necesita nuevas grandes infraestructuras para garantizar el abastecimiento, pues con las actualmente existentes tiene capacidad para abastecer con plena garantía a una población de más de nueve millones de habitantes. La privatización del Canal de Isabel II conllevaría graves consecuencias ambientales y sociales, que a continuación pasamos a comentar.
Consecuencias sociales de la privatización
Todos los años el Canal de Isabel II obtiene importantes beneficios económicos (152 millones de euros en 2009), que van a parar a las arcas públicas, y que por tanto revierten en beneficio del conjunto de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en el momento en que se privatizase, los beneficios económicos producidos por el Canal, obtenidos del conjunto de los ciudadanos a través de la factura del agua, irían a parar a los bolsillos de los accionistas de la empresa. El Canal de Isabel II abastece a los ciudadanos de la Comunidad de Madrid en régimen de monopolio, por lo que, al tratarse además de un servicio de primera
alcanzaría un importante valor en el mercado inmobiliario por lo que, si el Canal llegase a privatizarse, es previsible que intentasen sacar a la venta aquellos terrenos del centro de Madrid que actualmente ya no necesitan estrictamente para la realización de la función de abastecimiento. Es más, cabría la posibilidad de que, a costa de reducir la garantía de suministro en el caso de una avería grave en el sistema de abastecimiento, acabasen declarando innecesario alguno de los grandes depósitos de los que dispone el Canal en el centro de la ciudad, que ocupan amplias extensiones de suelo, y que alcanzaría un precio exorbitante para la construcción de viviendas. De nuevo, la especulación inmobiliaria con el suelo y el patrimonio público para el beneficio de unos pocos, algo por desgracia muy frecuente y casi habitual en la Comunidad de Madrid. Asimismo, la construcción de gran número de viviendas en esos espacios hasta ahora libres del interior de la ciudad, algunos de gran extensión, incrementaría sustancialmente la densidad de población en esos barrios, lo que conllevaría necesariamente una pérdida de calidad de vida para los vecinos de los mismos.
Aspectos legales de la privatización y consecuencias sobre la factura del agua.
Ante el anuncio de la privatización del Canal de Isabel II, la Confederación Hidrográfica del Tajo encargó a D. Antonio Embid Irujo, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, un dictamen sobre las consecuencias jurídicas de la privatización. En dicho dictamen se indica que el Canal, una vez privatizado, aunque sea parcialmente, “no podrá continuar con la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento a los municipios, dada su competencia municipal, y que fueron atribuidos al Canal mediante convenios”. Hay que tener en cuenta que las competencias, tanto en abastecimiento como en saneamiento, son exclusivas de los ayuntamientos, que han cedido directamente al Canal de Isabel II esas atribuciones, dado su carácter de entidad de derecho público, cesión que carecería de validez en cuanto se privatizase, debiendo realizarse entonces la adjudicación mediante concurso público y licitación. De hecho, en el dictamen se señala que, “en cuanto se constituya la nueva sociedad, los ayuntamientos deberán obligatoriamente declarar disueltos los correspondientes convenios y proceder a asumir la gestión directa de los servicios de su competencia, o
necesidad, un empeoramiento de la calidad del mismo no supondría en ningún momento una modificación en el consumo. En este sentido, su privatización hace previsible una importante reducción en la actual plantilla de trabajadores, al menos a medio plazo, pues el empeoramiento del servicio que necesariamente conllevaría no produciría reducción del consumo de ningún tipo, lo que supondría un incremento de los beneficios, al reducirse los gastos. Eso sí, a costa de empeorar el servicio de abastecimiento de agua que actualmente reciben los madrileños. En este sentido, es previsible que, con independencia de lo que acordase el comité de empresa con la Comunidad de Madrid, se establezca una tendencia encaminada a la reducción sustancial del número de trabajadores hasta alcanzar el mínimo imprescindible para garantizar, aunque sea de forma precaria y deficiente, el suministro de agua a todos los abonados. Este deterioro en el servicio podría llegar afectar incluso de forma
ocasional a la calidad sanitaria del agua de suministro. Un deterioro en la calidad del suministro, como consecuencia de la previsible reducción de plantilla a causa de la privatización, empujaría a una buena parte de la población a dejar de consumir el agua del grifo, desplazándose al agua mineral embotellada, lo que supondría un coste económico adicional para las familias, incluyendo a las de menor poder adquisitivo. Una familia de cuatro miembros, que utiliza agua embotellada para beber y cocinar, gasta entre 50 y 75 euros al mes, cuando ese volumen de agua, si procede del grifo, no cuesta más de 0,30 euros. Por otra parte, la privatización del Canal de Isabel II es muy posible que también lleve asociado un fuerte componente de especulación inmobiliaria. Actualmente la entidad es propietaria de amplias superficies de suelo a lo largo de toda la Región, una parte del mismo situado en diferentes puntos del centro de Madrid. Este suelo
si así lo prefieren, llevar a cabo un proceso de licitación para realizar una gestión indirecta de los servicios que hasta ahora se atribuían al Canal de Isabel II”. También indica que “el Ayuntamiento de Madrid deberá realizar lo propio”. Si bien, la Comunidad de Madrid está intentando esquivar estas barreras legales mediante la firma de nuevos convenios con los ayuntamientos que contemplen a la futura empresa con capital privado para que realice el abastecimiento, depuración y alcantarillado. Entre otros, este convenio ha sido ya firmado por el Ayuntamiento de Madrid. Si bien, las presiones de la Comunidad son fuertes, los ayuntamientos de la Sierra Norte se han negado a firmar estos convenios. La mayor parte del agua de abastecimiento de Madrid procede de los embalses de la Sierra de Guadarrama, que son propiedad del Estado, y que explota el Canal de Isabel II mediante una encomienda de gestión. En el momento de que el Canal se privatizase, tal y como indica el dictamen jurídico, la Confederación Hidrográfica del Tajo debería retirar al Canal de Isabel II las concesiones, y por tanto la gestión, tanto de los embalses como de las principales conducciones de abastecimiento, también financiadas y propiedad del Estado. Como consecuencia de ello, la Confederación Hidrográfica del Tajo, o bien se encargaría ella misma de la gestión “en alta”, para abastecer a los diferentes municipios, o bien éstos deberían crear mancomunidades, por tanto de carácter público, a los que la Confederación cediera esa gestión en alta. En definitiva, sería necesaria la creación de varios “pequeños canales de Isabel II”, lo que necesariamente perjudicaría la calidad del suministro y encarecería los costes y por tanto
los precios actuales del agua, siendo los madrileños los principales perjudicados de esa nueva situación. Además, en el caso de la ciudad de Madrid, que por el número de habitantes necesita para cumplimentar su abastecimiento agua procedente de diferentes embalses, la gestión se dificultaría aún mucho más. También habría otra importante consecuencia. Una buena parte del agua que se consume en la Comunidad de Madrid, entre un tercio y la mitad, procede de embalses y ríos situados en otras comunidades autónomas. Concretamente del embalse del Vado y del azud del Pozo de los Ramos, ambos situados en la provincia de Guadalajara; y del río Alberche, cuyo mayor embalse, el de Burguillo, se encuentra situado en la provincia de Ávila. Actualmente el Canal de Isabel II dispone de concesiones para la explotación de esas aguas e infraestructuras. Sin embargo, con la pérdida de las concesiones como consecuencia de la privatización, lo que es previsible es que la explotación de esas aguas y embalses sea reclamada por la Junta de Castilla y León, en el caso de Ávila; y por la Junta de Comunidades de de Castilla-La Mancha, a través de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, para el caso de las infraestructuras situadas en Guadalajara. La “pérdida” de estas infraestructuras para el abastecimiento a Madrid, pondría en grave riesgo la garantía de suministro a la Región, por lo que podríamos encontrarnos ante un hipotético y paradójico escenario en el que municipios o mancomunidades de municipios de la Comunidad de Madrid, tuvieran que ser abastecidos parcialmente por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha o por su homónima de Castilla y León, lo que necesariamente repercutiría también en un encarecimiento del precio.
Consecuencias medioambientales
La privatización del Canal de Isabel II también produciría importantes daños ambientales. El agua es un recurso natural limitado y escaso, cuya obtención conlleva necesariamente daños ambientales más o menos importantes, por lo que debe consumirse tan sólo la necesaria, siendo por tanto muy importante la realización de continuas campañas de concienciación ciudadana sobre la necesidad del ahorro. En las dos últimas décadas, el Canal de Isabel II ha llevado a cabo varias campañas de concienciación ciudadana, cuyo resultado ha sido bastante satisfactorio, traduciéndose siempre en una bajada del consumo del 10 al 15 %. Asimismo, el Canal de Isabel II invirtió durante años en la reducción de las pérdidas en las redes de distribución. Como consecuencia de ello, nos encontramos con el consumo de agua por habitante abastecido se ha reducido en los últimos 15 años en más del 30 %. Si se privatizase el Canal de Isabel II, es previsible que dejasen de hacerse las campañas de concienciación ciudadana, pues la realización de cualquier campaña de fomento del ahorro por parte de una empresa privada de abastecimiento, es contrario a su principal objetivo empresarial: la obtención de beneficios. Esas campañas de ahorro, que no sólo son aceptables sino también recomendables en el caso de una empresa pública en aras del interés general, es inconcebible en el sector privado, cuyo principal objetivo siempre va a ser que se consuma la mayor cantidad de agua posible, lo que conlleva daños ambientales importantes (construcción de nuevas infraestructuras hidráulicas, sobreexplotación de acuíferos, reducción de los caudales ambientales, etc.), y también sociales (reducción de la garantía de suministro en periodos de sequía). Asimismo, también es previsible que la gestión privada acabaría muy posiblemente con la política de bloques vigente en la tarifa actual (el precio del m3 se incrementa conforme aumenta el consumo a partir de determinados niveles), que tiene como objetivo favorecer a las personas que ahorran y consumen agua de forma más racional, y penalizar el derroche. En todos los casos en los que se ha producido la privatización del agua, tanto en España como en el resto del mundo, se han llevado a cabo inmediatamente subidas por igual de tarifas, cuando no ha sido incluso mayores para los consumos más bajos, impactando más sobre quién menos tiene y sobre los que menos consumen. Por otra parte, también es previsible una importante merma de la inversión en reducir las pérdidas en las redes de
distribución pues, dado lo barato que le resulta la obtención, especialmente en alta, y potabilización del agua, hace que la reducción de la mayoría de las pérdidas en las redes de distribución no sea económicamente rentable para cualquier empresa privada de abastecimiento, lo que conlleva un incremento progresivo del consumo, no achacable a los usuarios, con las mismas consecuencias ambientales ante indicadas. Hace algunos años el Canal de Isabel II financió numerosas actuaciones de carácter medioambiental (incluso con varios millones de euros), como es la restauración ambiental de riberas de los ríos en la Comunidad de Madrid. Es impensable que si la entidad se privatiza lleve a cabo proyectos ambientales de ese tipo. Finalmente, señalar que el Gobierno Regional, además de privatizar el Canal de Isabel II, tiene intención de que la sociedad anónima que cree, gestione también el ciclo integral del agua de Madrid, competencia que corresponde en exclusiva al Gobierno Central, al afectar la cuenca del Tajo a cinco comunidades autónomas y a Portugal. Además, parece que pretende estrenar esa nueva competencia que se ha autoasignado, con la construcción de dos nuevos grandes embalses en la Comunidad de Madrid. Uno situado en la zona norte, y mientras que el otro se localizaría al sur de la Región. La construcción de estos dos embalses,
especialmente el situado en la Sierra Norte, producirían un gran daño sobre el medio ambiente. Asimismo, se trata de embalses totalmente inútiles, pues los dos se ubicarían sobre valles con cuencas de vertido reducidas, y que apenas cuentan con caudal. Además, resulta evidente que la Comunidad de Madrid no necesita de la construcción de nuevos embalses para abastecimiento, y así lo ha manifestado en reiteradas ocasiones el Gobierno Central a lo largo de los últimos 15 años, con independencia del partido que estaba gobernando en cada momento pues, como ya se ha indicado anteriormente, con las infraestructuras actualmente existentes, el Canal de Isabel II tiene capacidad para abastecer con garantía a una población de más de nueve millones de habitantes.
Social action to stop the privatization of Canal Isabel II*
n December 2008, the Madrid Assembly approved the privatization of Canal Isabel II (CYII) with the vote from Partido Popular as the only political party voting for the privatization. This decision does not have any economic neither technical nor social justifications. Furthermore, it will possibly lead to a worsening of the supply and sanitation services, increased costs and even a deterioration of the working and professional conditions, just like it happened in other similar privatization processes in the past. From the very beginning, the privatization process has suffered from a democratic deficit and a total lack of transparency as citizens have not been given the opportunity to participate in any way in a decision so important to their interests. The whole process has elapsed with great opacity and secrecy and relevant information has been concealed from the public and even the local Parliament itself on the conditions of the company market release, the type of the company constitution, its capital and sale values, its mission, the actual private shareholding percentage and its relationships with local councils. The Platform against the Privatization of Canal de Isabel II has been created with the participation of social organizations, unions, political parties and private individuals in order to object to this privatization initiative. The aim is to coordinate and launch as many joint actions as possible to prevent the privatization of the company as well as to mobilize and inform the public on the consequences of this initiative. To achieve these goals, the platform will carry out four main activities: the dissemination of information to combat opacity and lack of transparency; to raise institutional, political and social awareness and seeking advocacy from councils, political parties and unions; to exploit any legal remedies which can be useful to undermine the privatization process and to prevent frauds, especially during the development of the privatization process as well as when definite steps for the constitution of the company will be taken. Finally, public mobilization is the fourth line of action. This is materialized in calls for assemblies, large meetings, and, particularly due to its impact on society and media, demonstrations. The emergence of the 15th of May movement has significantly strengthened the capacity for influence and impact of the activities carried out by the Platform. This power is, with any doubt, motivated as a very significant number of town and neighborhood assemblies have taken the claims of the Platform as their own claims, which has made possible a mutual and coordinated permanent collaboration. * Spanish public company responsible for managing the cycle of water in the Community of Madrid
Podemos concluir que la privatización del Canal de Isabel II conllevaría importantes perjuicios sociales y ambientales, además difícilmente reversibles, y ningún tipo de beneficio para el interés general. Por ello, deberíamos preguntarnos cuáles son las motivaciones reales que están empujando al Gobierno Regional a promover esa privatización, que desde luego no responde a los intereses del conjunto de los madrileños. Por todo ello, rechazamos totalmente la privatización del Canal de Isabel II. Consideramos que debe seguir siendo 100 % de titularidad pública, como lo ha sido desde que se creó hace más de 150 años, sirviendo también de ejemplo palpable de cómo una gran empresa puede gestionarse eficazmente desde el sector público, conjugando la rentabilidad económica con un servicio adecuado y satisfactorio para el conjunto de la ciudadanía.
La movilización social para frenar la privatización del Canal de Isabel II
n diciembre de 2008, la Asamblea de Madrid, a través de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, aprobó la privatización del Canal de Isabel II (CYII), con los únicos votos a favor del Partido Popular. Tal y como se analizaba en el anterior artículo de la revista, con esta decisión el Gobierno de Madrid pretende convertir en un negocio el servicio del ciclo integral del agua. La privatización supondrá la enajenación económica de los activos que el CYII dispone de las empresas del Grupo Canal que tienen actividad tanto a nivel nacional como internacional, especialmente en Latinoamérica. En la Ley 3/2008 se afirma que la privatización es necesaria para afrontar un gran esfuerzo adicional de inversión en nuevas infraestructuras y procesos tecnológicos para asegurar el abastecimiento a Madrid y garantizar la calidad del agua en consonancia con las exigencias de la normativa nacional e internacional; sin embargo, estas necesidades de financiación no se han justificado en momento alguno, a pesar de las reiteradas exigencias de información al res-
Una estrategia conjunta entre organizaciones sociales, políticas y sindicales y el 15M
pecto realizadas en todos los ámbitos de la sociedad incluyendo la propia ciudadanía, los ayuntamientos, partidos políticos -bien directamente o en la Asamblea de Madrid los que tienen representación parlamentaria-, y en el Consejo de Administración del Canal de Isabel II. Cabe llamar la atención de que últimamente ya no se alude a tales necesidades financieras, sino que directamente se argumenta sobre la necesidad de disponer de recursos para disminuir la deuda de la Región de Madrid que, con 15.191 millones de euros en 2011, es la tercera mayor de todas las Comunidades Autónomas españolas. El proceso de privatización ha adolecido de un déficit democrático y de una absoluta falta de transparencia desde su comienzo, ya que los ciudadanos no han podido participar de forma alguna en una decisión tan trascendental para sus intereses. Todo el proceso ha transcurrido con gran opacidad y secretismo, ocultando a la ciudadanía y al propio Parlamento Regional información relevante sobre las condiciones de salida al mercado de la nueva empresa, del modelo de sociedad que se va a constituir, su valor
patrimonial y su valor de venta, sus competencias, el porcentaje real del accionariado privado y el sistema de relación con los ayuntamientos. Especial interés tiene la valoración de los activos del Canal, toda vez que la privatización se producirá en un contexto de crisis financiera en la cual hay otros procesos similares que están en marcha en Grecia, Italia y Portugal, y que obligarán a valorar a la baja a la empresa y, por tanto, a malvenderla. Son significativos, a este respecto, la privatización de Caja Madrid por parte del gobierno regional que se vendió a un 70% de su valoración contable, y el fracaso de privatizar la gestión de los Aeropuertos españoles y la Sociedad Estatal de Loterías por parte del gobierno central. El proceso se caracteriza también por la presión sistemática, cuando no chantaje, que el Gobierno realiza a los ayuntamientos de la Región para que se integren en la empresa privatizada y participen activamente en el nuevo modelo de gestión que se quiere imponer, en claro menoscabo de la autonomía local, configurando así a los ayuntamientos como las instituciones más vulnerables del proceso.
La Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II
Para oponerse a esta iniciativa privatizadora se constituyó la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II, en la que participan organizaciones sociales, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual con el objetivo de coordinar e impulsar cuantas actuaciones unitarias sean posibles para evitar la privatización del Canal y movilizar e informar a los ciudadanos de las consecuencias de esta iniciativa. La Plataforma es una alternativa plural que organiza, planifica y coordina sus actuaciones en torno a plenos mensuales y se apoya en grupos de trabajo sectoriales para desarrollar las actividades aprobadas en las reuniones plenarias; hasta la fecha, existen grupos de trabajo específicos para la comunicación, incidencia y relaciones institucionales, temas legales y patrimoniales y de seguimiento general.
Organizaciones integrantes de la Plataforma
En la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II participan como miembros de pleno derecho las siguientes entidades: Acción en Red, Asociación de Vecinos la Unión de Vallecas, Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, ATTAC, Campaña por la Gestión 100% pública, Comisiones Obreras de Madrid, Ecologistas en Acción, Federación de Asociaciones de Vecinos de Leganés, Equo, Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Izquierda Anticapitalista, Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid, Iniciativa Servicios 100% Públicos, Parque SI en Chamberí, Sección sindical de CCOO del CYII. También participan en la Plataforma numerosas personas a nivel individual. Además existen varias decenas de asociaciones y simpatizantes que están adscritos a la lista de correo de la Plataforma y reciben información puntual de los acuerdos y actuaciones de la Plataforma. También se cuenta con una página web (www.plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org), que ha demostrado ser una herramienta potente de difusión de sus actividades, posicionamientos y documentos más importantes. Toda la actividad de la Plataforma se articula, básicamente, en torno a los siguientes objetivos: f Informar a la sociedad de la irracionalidad y los perjuicios de esta privatización, a través de todos los medios posibles, reuniones, foros de debate, medios de comunicación, información electrónica, etc. f Movilizar a los ciudadanos y a sus organizaciones y movimientos sociales contra el intento de privatización. f Impulsar cuantas actuaciones sean posibles, desde el ámbito social, legal e institucional para paralizar la privatización. Cabe llamar la atención de la importancia que la eclosión del movimiento 15M ha tenido sobre la capacidad de influencia e impacto de las actividades de
la Plataforma, toda vez que se han visto fortalecidas notablemente porque un número significativo de asambleas de barrios y pueblos han asumido como propias las reivindicaciones de la Plataforma. Esta circunstancia ha llevado incluso a formalizar reuniones periódicas con las asambleas del 15M para planificar y coordinar acciones conjuntas siendo frecuente, por otra parte, la participación de miembros de diversas asambleas en las reuniones plenarias de la Plataforma.
Atendiendo a la opacidad con la que se ha desarrollado el proceso de privatización, cobra una especial relevancia la difusión de la información sobre el propio CYII y las condiciones en la que se pretende materializarla. Consecuentemente, se ha establecido una política de comunicación hacia los ciudadanos a través de los medios propios (internet, publicaciones, etc.), en colaboración con el movimiento asociativo (actos, debates, etc.), el movimiento del 15M y a través de los medios de comunicación. También se ha sistematizado la realización de charlas divulgativas en asociaciones de vecinos -facilitadas, sin duda, porque la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos es un miembro activo de la Plataforma-, y en asambleas del 15M. Para viabilizar esta actividad, y con el objetivo de que los mensajes y análisis fueran homogéneos, se preparó una Guía -que, como todos los documentos producidos por la Plataforma, está accesible en su página web- en la que se sistematiza la información disponible del Canal y del proceso de privatización; para difundir esta Guía, se han realizado varios talleres de información con asistencia de las personas encargadas de dinamizar actos y seminarios en el ámbito de la Comunidad de Madrid. En el contexto de la difusión de la información, también se ha participado en seminarios y actos organizados por otros colectivos con fines similares a los de la Plataforma.
Las actividades de incidencia institucional son especialmente relevantes porque se refieren a las relaciones con las instituciones que juegan un papel principal en la lucha de oposición y resistencia: los ayuntamientos, los partidos políticos, y los sindicatos. f Ayuntamientos. Serán los mayores damnificados por la privatización del Canal así que se realiza un esfuerzo especial en informarles de los problemas que
conlleva este proceso y apoyarles en sus reivindicaciones; se busca crear un frente activo de oposición que se ha concretado en hechos puntuales como es la presentación de la Iniciativa Legislativa Municipal a la que se alude posteriormente. f Partidos políticos . Se trabaja estrechamente con los partidos que están integrados en la Plataforma pero también con todos los que se oponen a la privatización, todo ello con el fin de coordinar acciones conjuntas. Estas relaciones son importantes ya que permiten desarrollar la oposición a la privatización al Parlamento regional de una forma coordinada. f Sindicatos . Las relaciones con las organizaciones sindicales se realizan principalmente a través del Comité de Empresa del CYII y especialmente con la sección sindical de CCOO del Canal; esta circunstancia ha permitido que la Plataforma se haya coordinado con los trabajadores del CYII en las luchas que están llevando a cabo contra la privatización.
La movilización ciudadana es uno de los ejes fundamentales de la lucha de la Plataforma; consecuentemente la convocatoria de asambleas, reuniones amplias y, especialmente por su impacto social y mediático, manifestaciones ha sido una de las actividades permanentemente impulsadas por la Plataforma. En este sentido, se han convocado dos manifestaciones específicas contra la privatización del CYII, además de participar y adherirse a cuantas se han convocado en Madrid en defensa de los servicios públicos, bien impulsadas por plataformas sectoriales o por el movimiento del 15M. En el tema de la movilización ciudadana, la Plataforma y diversas asambleas del 15M están organizando para primeros de marzo de 2012 una Consulta popular por el agua con objeto de que la ciudadanía de la Región de Madrid pueda pronunciarse sobre el intento privatizador del CYII.
En la situación actual cobran especial importancia las vías jurídicas e institucionales que puedan aprovecharse para minar el proceso de privatización; para ello en el seno de la Plataforma se ha constituido un grupo legal cuya responsabilidad es identificar cuantas iniciativas sean posibles para evitar los fraudes de ley tanto durante el desarrollo del proceso de privatización, como en el momento en que se den los pasos definitivos para
constituir la nueva sociedad anónima. En este contexto, se ha impulsado y coordinado con diversos alcaldes y concejales de los ayuntamientos de la Región, la presentación de una Iniciativa Legislativa Municipal (ILM), que es un instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones legales que se deben debatir y votar en la Asamblea Regional; de hecho, en diciembre de 2011 siete ayuntamientos (San Fernando, Leganés, Fuenlabrada, Rivas-Vaciamadrid, Getafe, Coslada y Colmenarejo) presentaron una ILM pidiendo la derogación de los artículos 16 y 17 de la Ley 3/2008, por los que se privatiza el Canal. Esta iniciativa deberá ser debatida en un Pleno extraordinario, que se aprovechará para manifestar en la Asamblea Regional la oposición a la privatización del CYII.
Si bien la lucha de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II es de ámbito local pues se circunscribe a la Comunidad de Madrid, no cabe duda que se inscribe en un movimiento global de defensa de los bienes y servicios públicos. En este sentido, se ha iniciado un proceso de reflexión sobre los aspectos generales de la lucha contra la privatización y lo que supone considerar el agua como un bien común y el reconocimiento del abastecimiento y saneamiento como un derecho humano. Como consecuencia con lo anterior, la Plataforma se está coordinando con otras organizaciones similares, tanto nacionales como internacionales, con el convencimiento de que se pueden compartir experiencias, coordinar acciones y buscar apoyos y sinergias que redundarán en beneficio de las luchas contra la privatización de los servicios y bienes públicos.
The privatization of the public company Aguas Ter-Llobregat
guas Ter-Llobregat (ATL) is a public company created in 1990 which manages and runs the supply of wholesale water, meaning the systems comprehending treatment, storage and transportation of water in the Regional Government of Barcelona, from pickup or production to local water tanks among 121 municipalities. This means the supply of more than 4,9 million inhabitants with a volume of 229 Hm3 and a very good performance of 95,14%. Public management of wholesale water has proved a high quality in service and installations thanks to investment for maintenance. On the other hand, the public deficit and the ATL debt, allowed by consecutive governors, make it easier to justify the privatization of the company that the current Catalan government intends to implement. It might be put out to a 50 years tender, resulting into a democratic mortgage and a loss of public control for future generations on such an essential good. Despite the project of privatization of ATL is a highly important decision, it has not been consulted to the citizens. The motive is not the current financial crisis, because the costs of the performance of this project will be greater. The fact that the municipalities have not been consulted is also unacceptable, because they hold the ownership of 50% of connection systems. They also intend to raise the costs of citizens’ water up to between 150% and 200%. There are no economical reasons for ATL’s privatization, for it will increase water costs. Private companies’s profits benefit shareholders and not the maintenance of the system or social goods. For example, the company Aguas de Barcelona (AGBAR) fired 194 workers in 2010 and, at the same time, shared 90 million € in dividends and bought Torre Agbar for 165 million €. There is no doubt that a full management of the water cycle would be seriously damaged. Natural supplying sources are essential to get high quality water and for the preservation of aquatic ecosystems. A private management would not invest in environmental issues, recovery of groundwater and the implementation of plans such as Plan Sectorial de Caudales Ambientales, Planes de Espacios Fluviales, etc.
La privatización de la empresa pública Aguas Ter-Llobregat
l agua es un bien público ya legislado en la “Ley de Aguas de 1879”, vigente en la actualidad y preservado en el “texto refundido de 2002” de la misma ley. El concepto de bien público se remonta al Derecho romano, donde la Res publica (cosa pública) hacía referencia a las propiedades de la Antigua Roma o de sus ciudadanos en conjunto. Un claro ejemplo eran las fuentes de agua de la ciudad, las calles, etc. Un bien público es aquel que pertenece o es proveído por el Estado a cualquier nivel, sea por el Gobierno Central, Autonómico o municipal. Hablamos de privatización cuando las corporaciones, multinacionales o grandes empresas privadas se hacen mediante procesos jurídico-económicos, más o menos opacos, con actividades empresariales que desarrolla y gestiona el Estado o la comunidad. Este proceso llega al extremo de permitir gestionar al sector privado bienes esenciales, vitales y geoestratégicos, como es el caso del agua, a pesar de los graves riesgos sociales y ambientales que ello conlleva. En este caso concreto, nos referimos a la privatización de la gestión del agua de Aigües Ter-Llobregat (ATL), una empresa pública creada el 1990 y que el Decreto
Quim Pérez, Ecologistes en Acció de Catalunya, y Jaume Delclos, Ingeniería sin Fronteras
Quim Pérez y Jaume Delclos
Ley 3/2003, por el cual se aprueba el texto refundido la legislación en materia de aguas en Catalunya, otorga a la Red de Abastecimiento Aguas Ter-Llobregat la gestión del agua en alta, es decir, la explotación de las instalaciones que comprende el tratamiento, el almacenamiento y el trasporte de agua desde sus fuentes de captación o producción hasta los depósitos municipales de 121 municipios de las comarcas de Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, la Selva, el Vallès Oriental i el Vallès occidental lo que supone el abastecimiento de más 4,9 millones de habitantes con un volumen de 229 Hm3, a un muy buen rendimiento del 95,14%. Por otro lado, la misma ley es muy clarificadora respecto al carácter público de Aguas TerLlobregat y al de sus bienes e instalaciones. En este contexto, tras el resultado de las pasadas elecciones catalanas, las cuales dieron una mayoría a CiU, las políticas de carácter neoliberal se han incrementado. Las nuevas políticas económicas aumentan la intención de reducir a la mínima expresión la intervención estatal en materia económica y social, defendiendo el libre mercado como mejor garante del equilibrio institucional y el crecimiento económico. Obviando cuestiones tan evidentes y tan negativas como el aumento de las diferencias sociales y por tanto de la pobreza, del agotamiento de los recursos y la falta de
control democrático. El déficit público y la propia deuda de ATL permitida por los propios gobernantes facilitan la justificación de las intenciones privatizadoras de ATL. Empresa pública que el pasado 2010 fue considerada la segunda mejor empresa pública del mundo por la Global Water Awards [1] La gestión pública del abastecimiento en alta ha demostrado una gran calidad en su servicio, incluso en la sequía de Barcelona (2006-2009). Los abastecimientos a las poblaciones han sido excelentes a pesar de la variabilidad climática y los desmesurados crecimientos urbanos. Sus infraestructuras están en un muy buen estado de conservación gracias a sus inversiones en mantenimiento. En cambio, no se puede decir lo mismo de las infraestructuras del Grupo Agbar, la potabilizadora de Sant Joan Despí, propiedad de dicha compañía, literalmente se está cayendo a trozos. A los pocos meses de entrar en el gobierno CiU se inicia el desmantelamiento de las instituciones públicas de agua, fundamentales para Cataluña, ATL y la Agència Catalana del Agua (ACA). La Ley Omnibús, de simplificación y mejora de la regulación normativa aprobada por el Parlament de Catalunya el pasado 22 de diciembre de 2011, disuelve Aguas Ter-Llobregat e incorpora su patrimonio al de la Generalitat de Catalunya, otorga al Departament de Territori i Sostenibilitat la licitación y adjudicación de los contratos administrativos de gestión y prestación de servicios públicos en materia de aguas de Catalunya, considera los derechos de naturaleza económica conseguidos por la explotación y gestión de las instalaciones que integran la Xarxa TerLlobregat de manera indirecta como ingresos de la Generalitat de Catalunya. Como mal menor, después de las incomprensibles actuaciones de disolución de ATL, facilitan la privatización o externalización de la gestión de ATL y dejar la Agència Catalana del Agua sin capacidad económica. La nueva ley considera que los recursos económicos conseguidos se han de destinar únicamente para gastos del ciclo del agua, había existido el riesgo que después de permitir un déficit económico de más de 2.000 millones de euros entre las dos empresas públicas, se dedicara a otras cuestiones. Ante este sabotaje social, estas políticas antidemocráticas y este expolio de los bienes comunes diversas organizaciones de diversos ámbitos, como son el ecologista, el sindical, el vecinal y los movimientos sociales en general, hemos acordado unificar esfuerzos para formar la red “Aigua és Vida” [2] con el objetivo de agrupar sinergias e intentar que la gestión privada del agua no aumente en Catalunya, sino todo lo contrario que decrezca. La campaña se ha
centrado en la privatización de ATL por su urgencia. Los argumentos son sólidos y numerosos y “Aigua és Vida” los esgrime en los diversos ámbitos para conseguir parar la fiebre privatizadora. El actual sistema democrático impide a los ciudadanos el poder participar en una decisión tan trascendental como la de la privatización del agua. Tanto es así, que el actual proyecto de privatización de ATL no ha sido incluido en ningún programa electoral. Por otro lado, muy al contrario del principal argumento esgrimido por los actuales gobernantes, esta medida no responde a la actual crisis financiera ya que los costes resultantes serán mayores. Finalmente, se habla de una licitación de 50 años, es decir, una hipoteca democrática y una pérdida de gobernanza y control por parte de las generaciones futuras. ATL es patrimonio de toda la ciudadanía de Catalunya. Cuenta con el siguientes infraestructuras: 700 km de conducciones, 167 depósitos de cabecera, 12 estaciones de impulsión y bombeo de agua y dos importantes centros de potabilización, las estaciones de Abrera y Cardedeu, por las aguas del Llobregat y del Ter, respectivamente, y la reciente desalinizadora del Llobregat. ATL tiene unos activos de 1800 millones de euros, infraestructuras pagadas con la aportación económica de la ciudadanía a través de sus impuestos, el canon, o bien con Fondos de Cohesión europeos que tenían como objetivo financiar “proyectos de inversión pública destinados a la mejora del medio ambiente”, en ningún caso se ha dedicado a infraestructuras para desarrollar una explotación mercantil. La privatización de ATL es un atentado a las finanzas de los municipios, venden una infraestructura sin haber consultado son todos sus titulares. Muchos de los ayuntamientos que se han conectado a la Red Aguas Ter-Llobregat han pagado un 50% de la inversión necesaria y el 50% restante la Generalitat de Catalunya por medio de la Agencia Catalana del Agua. Las dificultades económicas de los municipios han comportado que los costes hayan sido financiados por la propia ATL y recuperados gracias a un aumento del precio del agua que se le computa al usuario. Es inaceptable que los propietarios del 50% de las infraestructuras para la conexión, los municipios, no sean considerados y, además, se pretende que los ciudadanos paguen un incremento del coste del agua de entre un 150 y un 200 % [3]. La privatización de ATL no tiene ninguna justificación económica, si no que muy al contrario aumentará el coste del agua. Es cierto que ATL tiene una deuda que ronda los 700 millones de euros que proviene de la incorporación de otras empresas públicas
como la Sociedad de Gestión Metropolitana de Abastecimiento de Aguas, SA (SOGEMASA) de la Entidad Metropolitana de Barcelona y de las inversiones realizadas durante la sequía del 2008. El nivel de inversión pasó de 35 millones de euros anuales a más de 100, y este aumento se realizó sin repercutirlo en la tarifa en alta ni en un soporte financiero adicional de la Generalitat para poder hacerle frente, tal como se hacía en otras infraestructuras, como en las carreteras, el metro y aeropuertos o en canales de televisión. A pesar de todo, el balance anual de ATL, con 7 millones de euros de beneficio que revierten en el servicio demuestra su viabilidad económica y la necesidad de que se mantenga su estatus de empresa pública. La Región Metropolitana de Barcelona necesita un servicio público de calidad no un servicio mercantil de mínimos enfocado exclusivamente a la generación de dividendos. La gestión privada de todo el sistema Aguas Ter-Llobregat pone en peligro el buen estado de todas las infraestructuras y hace muy vulnerable la calidad del servicio de abastecimiento a los municipios. Las empresas públicas de agua, y por tanto ATL, reinvierten sus beneficios en el mantenimiento y mejora del servicio e infraestructuras. Las empresas privadas dedican los beneficios
a satisfacer a sus principales accionistas y a la telaraña de su ingeniería financiera. Un ejemplo, AGBAR en 2010 despidió a 194 trabajadores [4] y, paralelamente, repartía 90 millones de euros en dividendos y compraba la Torre Agbar, por valor de 165 millones de euros [5]. La privatización de la gestión de ATL supondría un encarecimiento innecesario del precio del agua y no unas tarifas reales y justas [6]. La ley permite un recargo a la gestión privada de más del 10%, Actualmente es imprescindible hacer frente a los costes de explotación, sin los recargos que autoriza la ley por el simple hecho de ser privado porque son innecesarios y, por tanto, no se deben hacer pagar a los ciudadanos. Las externalizaciones en la gestión, intermediarios, etc. siempre encarecen los costes ya que el sector privado tiene como objetivo maximizar el beneficio, no entienden de derechos humanos ni de políticas sociales y ambientales. En caso de ATL se calcula que el sobrecoste que recaerá en todos los ciudadanos, y que será el futuro lucro del operador privado, oscila entre los 30 y 50 millones de euros anuales. Se
prevé que la de tarifa final del agua subirá del 40 al 60% según el municipio. La externalización de la gestión de ATL supondrá un abuso de mercado. Si AGBAR se hace con el servicio de distribución del agua en alta será la misma empresa que también distribuye en baja, más del 70% de la población de Catalunya. Esto significa un claro abuso de posición dominante y contradice la ley de Defensa de la Competencia [7]. Suez, accionista mayoritario del Grupo Agbar, ya sufrió sanciones en 2009 por valor de 1.106 millones de euros, por violar las políticas antimonopolistas impuestas por la UE en el sector energético [8] y actualmente está expedientada, junto con Veolia y Saur, por posibles pactos de precios en el mercado del agua [9]. La gestión Integral del ciclo del agua se vería gravemente afectada. Las fuentes naturales de abastecimiento son esenciales para tener agua de calidad y para la preservación de los ecosistemas acuáticos. La Directiva Marco del Agua exige a los Estados el buen estado de las masas de agua para el 2015. Una gestión en manos privadas no posibilita las necesarias inversiones de
carácter medio ambiental, de recuperación de acuíferos, de aplicación del Plan Sectorial de Caudales de Mantenimiento, de los Planes de Espacios Fluviales, etc. El hecho que el agua potable y el saneamiento no sean una mercancía, si no al contrario, un derecho humano, tal como aprobó la Asamblea General de las Naciones Unidas el 2010, refuerza los argumentos de la sociedad civil catalana y el sentido de nuestra lucha de forma considerable. El agua no es un bien mercantil, es un bien común y un servicio público básico esencial. Por ello, en el marco de la Plataforma “Aigua és Vida” trabajamos para evitar la privatización de ATL y conseguir una gestión pública del agua en los municipios de Catalunya. Como es el caso de la ciudad de Barcelona donde AGBAR es el operador privado que distribuye el agua a la ciudadanía de forma más que “ilegítima” , al no existir contrato entre AGBAR y el Ayuntamiento de Barcelona. Es necesario remarcar que nunca ha existido en la historia un solo caso de privatización de los servicios públicos del agua que haya sido apoyado por una consulta popular, al contrario, son numerosos los casos de iniciativas ciudadanas que han paralizado estos procesos mediante referéndums y otras iniciativas ciudadanas. La privatización de la gestión del agua ahonda la degradación social, de ahí el rechazo popular, por esta razón la Plataforma “Aigua és Vida” seguirá luchando por una gestión pública y con participación social.
1 “ATLL guanya el segon premi en els Global Water Awards, dintre la categoria de millor empresa pública de l’any” Nota de prensa, 26 de abril de 2011. 2 Más información en la página web: http:// aiguaesvida.wordpress.com/ 3 Antonio Cerrillo, “El govern preveu obtener uns 600 milions per privatitzar la zarza d’aigua”, La Vanguardia, 27/01/2012. 4 “Agbar presenta un ERO per acomiadar a 194 persones” Tv3, 27 de julio de 2010. 5 Ídem. 6 “Les companyies de l’aigua avisen que el rebut haurà de pujar el 15%”, El Periódico, 24 de enero de 2012. 7 El artículo 2 de la Ley 15/2007, del 3 de Julio, de Defensa de la Competencia de España y el artículo 102 sobre el abuso de mercado del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 8 “La UE multa con 1.106 millones a E.ON y GDF Suez por monopolio”, El País, 8 de julio de 2009. 10 “La CE expedienta a las empresas francesas de gestión de aguas por posible pacto de precios”, Europa Press, 18 de enero de 2012. Según la sentencia del 5 de octubre del 2010 del juzgado de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona
Public models, private politics and social movilization against the privatization of urban suplies
lthought most water cycle management entities are public, the possibility of their negociation is a threat for transparent and participative management models, as seen in the heavy influence of major corporations on water and nationalinternational politics promoted by governements and International Financial Institutions (IFIs). Despite the failure of the wave of privatization in the 90’s and the lack of accomplishment of the performance expectations around the world, there is still an aim of promoting new strategies to privatize benefits and socialize debts. In view of this situation, several local administrations are determined to rescue the management of such a precious common good, demonstrating the economic stability and rationality of the public model. The need to defend the claims of the citizenship for an equal quality service has generated several social movilizations currently performing around the world. Among them, the European Public Water Network is struggling for the acknowledgment and guarantee of the human right to water, the exclusion of water of all international market agreements of the World Trade Organization, the delegitimation of the World Water Council as a referent for decissionmaking, the declaration of water as a common good by European legislation and finantial support to the institution of public-public alliances.
La movilización social contra la privatización de los abastecimientos urbanos
Modelos públicos, políticas privadas
Annelies Broekman y Eloi Badia Casas
¿Es la gestión privada un modelo hegemónico?
Frente a la imagen propagandística de que en los servicios de agua no existe una gestión pública, la realidad, en cambio, nunca deja de sorprender. Actualmente la mayor parte de las entidades gestoras del ciclo del agua son públicas y sólo el 10% de la población mundial está abastecida por operadores privados [1]. Aún así, se trata de un mercado que constituye una amenaza contundente a modelos de gestión públicos, transparentes y participativos: actualmente se estima que alrededor de 270 millones de personas dependen del abastecimiento por compañías privadas en más de 40 países, de los cuales 110 millones se encuentran en países del Sur global y cerca de 160 millones en países industrializados [2]. Este sector privado, contradictoriamente con los planteamientos neoliberales que lo
Annelies Broekman, Ecologistas en Acción, y Eloi Badia Casas, Ingeniería sin Fronteras
amparan, está fuertemente monopolizado, así Suez Environment y Veolia Environment abastecen de agua potable, cada una, a más de 91 millones de personas [3] y gestionan muchos otros aspectos del ciclo a través de numerosas empresas afiliadas. Esta percepción distorsionada se ve amplificada por la virtud camaleónica de muchas empresas privadas que adoptan una imagen de empresa pública para generar mayor aceptación o confusión. Pero sólo se corresponde con el peso dominante que tienen las grandes corporaciones del agua en las políticas nacionales e internacionales del agua que los gobiernos y las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) [4] están impulsando. Una de estas políticas, quizás de las más decisivas, son los Programas de Ajuste Estructural (PAE), impulsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), con el objetivo de reducir el gasto público e incrementar los ingresos que se dirigen a hacer efectivo el cobro de la deuda externa. Esto a menudo exige la venta de los operadores públicos, es decir, la
Ouhnaoui Mohammed
promoción de la privatización del agua. Para valorar el impacto de estos PAE solo hay que tener presente que el 90% de los países con más de un 25% de la población sin acceso al agua son países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés). De hecho, en el 30% de los casos en que el FMI se dirige a un país para hacer sus recomendaciones, incluye condiciones dirigidas a alguna forma de privatización [5], aunque sea de forma sutil como, por ejemplo, exigiendo reformas de las leyes de agua nacionales o forzando una descentralización de operadores estatales abierta a la intervención privada. Pero el Banco Mundial, el principal agente financiador para la mayoría de los países empobrecidos tampoco se queda atrás y en el año 2002, por ejemplo, condicionó más del 80% de sus créditos en el sector del agua a alguna forma de privatización [6]. De manera similar, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en el periodo 1993-2005, condicionó el 66% de sus créditos en el sector agua a la promoción de la participación privada [7]. Y esto por no hablar de los constantes esfuerzos que realiza la OMC para que el abastecimiento de agua se contemple como un servicio comercializable dentro del Acuerdo General de Comercio y Servicios, donde los intereses de las multinacionales quedan formal y efectivamente por encima de los intereses de los estados [8]. Pero incluso con toda la maquinaria puesta en un único objetivo, la implementación del modelo liberal del agua fue desastrosa. Así, tras el fracaso de la ola de privatizaciones de los años 90 en América Latina, el rechazo social que provocó este negocio y la falta de cumplimiento con las expectativas de rendimiento, determina que los operadores privados se estén focalizando cada vez más sobre las ciudades del primer mundo: en 2011 Veolia anuncia pérdidas millonarias y se compromete a reducir el número de países donde opera, pasando de 77 a 40 países [9]. Así, no sólo se observa un cambio de prioridad geográfica sino también en el modelo de implementación, pasando de contratos de concesión a la creación de Alianzas Público-Privadas (PPP). Estos nuevos modelos hacen que la división entre la administración pública del agua y saneamiento y su gestión privada se vuelva cada vez más borrosa. De este modo, el sector privado se queda con la parte rentable de la gestión del ciclo del agua y deja en manos públicas las partes más onerosas en términos económicos y de responsabilidad hacia la ciudadanía, es decir, privatizan los beneficios y socializan las deudas. De nuevo se pueden observar modos
de privatización con distorsiones de la realidad, se acuñan nuevos términos y se intentan imponer nuevos modelos, como los citados PPP. Pero la realidad nos dice que la tendencia a rescatar son los modelos de gestión públicos que son más fuertes. Actualmente, en el mundo son más numerosas las Alianzas PúblicoPúblicas (PUP) que los PPP [10].
La movilización social en defensa del agua
La grave conflictividad de la gestión del agua orientada a priorizar los objetivos económicos de las empresas frente a las exigencias de la ciudadanía de un servicio equitativo y de calidad ha generado numerosos movimientos sociales, activos en todo el mundo, para defender este derecho. El movimiento internacional “Justicia para el agua” [11], formado por centenares de organizaciones, lleva muchos años cosechando victorias en defensa del agua y la vida y construyendo modelos de gestión del agua que sí brindan respuestas a la crisis mundial del agua. En Latinoamérica, el territorio en el que se han iniciado un mayor número de privatizaciones, se ha asistido a las primeras grandes victorias: el famoso caso de
Cochabamba y El Alto (Bolivia), la remunicipalización del agua en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán (Argentina) o la reforma constitucional de Uruguay en 2004, entre otros, son evidentes muestras del fracaso a todos niveles del modelo privatizador impulsado por las IFIs [12]. En Asia los casos de remunicipalización en Manila o Malasia, así como los fuertes conflictos en Jakarta, constituyen un ejemplo de la incapacidad del sector privado para garantizar la universalización del servicio [13]. En África, el rescate del abastecimiento de agua en Malí y Tanzania, la resistencia contra la instalación de contadores de pre-pago en Sudáfrica, las movilizaciones en Ghana y Malawi entre otros, son otros ejemplos que inspiran a muchos [14]. En todos estos casos, se puede ver cómo el sector privado nunca solucionó el problema de la falta de acceso al agua o al saneamiento básico en el mundo: 884 millones de personas no tienen acceso al agua potable y 2.600 no disponen del saneamiento más elemental. Además, el centro de su actividad está localizado en los núcleos urbanos que, mediante los fondos públicos, ya disponían de buenas infraestructuras del agua y altas coberturas del servicio. Por lo tanto, crearon un mercado del agua que sólo contribuía a aumentar los costes e imposibilitar una gestión democrática del agua. Es por eso que el movimiento internacional del agua tuvo siempre en su agenda el reconocimiento del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento. En julio 2010, mediante una resolución presentada por el Gobierno de Bolivia, la Asamblea General de Naciones Unidas [15] declaró el agua y el saneamiento un derecho humano, constituyendo un importante paso adelante. No obstante, queda mucho camino para ver la implementación efectiva de este derecho pues, aunque ningún país votó en contra de la misma, siguen recetando erróneas e incapaces políticas de mercado para dar respuesta a la gestión de los bienes comunes y los servicios básicos que, tal y como históricamente se ha constatado, necesitan de otras políticas para ser garantizados.
Europa en el punto de mira, Europa en movimiento
El número de nuevos contratos de participación privada en la gestión del ciclo del agua en Europa se está ralentizando: no ha habido importantes casos de privatización en los últimos 3 años, sin embargo, sí encontramos dos grandes casos de remunicipalización en el 2010 [16]: en Paris (Francia) y en Pecs (Hungría).
De hecho Europa, aún siendo la cuna de las grandes multinacionales del agua (9 de las 10 principales corporaciones del agua son europeas) el modelo de gestión privado no es el dominante, y no llegan al 30% de la gestión, tampoco en España, donde un 52% de la población española se abastece por gestión directa de los municipios, un 12% por empresas públicas, y sólo un 36% por empresas privadas [17]. El modelo de gestión privada en el abastecimiento de agua a las ciudades nació en Francia, por esa razón es particularmente significativo el proceso de remunicipalización de dos de sus principales ciudades: Grenoble y París. En el 2001, Grenoble revertió su contrato de gestión público-privado con Suez, que duró 12 años, gracias a una sólida campaña, organizada por el movimiento local en la defensa del agua y la mayoría política, para la rescisión del contrato en el pleno municipal. Una serie de procesos judiciales permitieron dar a conocer la corrupción y el fraude que caracterizaba las prácticas de gestión adoptadas y se pudo así condenar a prisión y multar a los responsables, además de declarar la privatización y las tarifas como ilegales [18]. En 2009, finalizaba el contrato de París con Suez y Veolia. En la auditoría del servicio del agua se reveló una total falta de control sobre la “delegación” de los servicios del sector público, así como sobre el suministro de dichos servicios, además de una gran opacidad financiera y ningún control sobre las obras que se estaban realizando [19]. Gracias a una clara apuesta política, desde el 1 de enero de 2010 la gestión del agua de París volvió a manos públicas, bajo un único operador llamado Eau de Paris. La reforma ha supuesto muchos esfuerzos jurídicos y políticos pero demuestra que la gestión pública es rentable y que los beneficios alcanzados (en torno a los 35 millones de euros por año) serán totalmente reinvertidos en el servicio de agua. Actualmente, el número de municipios franceses que están empezando la reversión hacia modelos públicos está en aumento, también en ciudades más pequeñas como Toulouse, Neufchâteau, Castres, Fraisses y Varages. En Alemania, el movimiento Berlin Water Table coordinó en febrero de 2011 un referéndum popular sobre la privatización del agua en Berlín. En esta ocasión 665.000 ciudadanos votaron en el referéndum y se recogieron más de 320.000 firmas para reclamar que se publicaran las condiciones contractuales del proceso de externalización de ciertos servicios de la empresa pública Berlín Water Works (BWB).
Desde que la administración local ha vendido el 49,9% de la compañía a Veolia, en 1999, los precios han crecido un 35%, los salarios de los gestores se han triplicado y se perdieron un tercio de los puestos de trabajo. Sin embargo, la compañía ha ganado 1,3 billones de euros a repartir entre sus accionistas. En Italia, la lucha contra una legislación que hubiera acabado con la gestión pública del agua, y garantizado al gestor privado un beneficio automático del 7% con respecto a la inversión, independientemente de la calidad del servicio, ha constituido una victoria incuestionable. Casi 27 millones de personas en Italia aprobaron, con una abrumadora mayoría del 95% y 96,3%, dos referendos sobre el agua en junio de 2011. La celebración de los referendos fue posible gracias a centenares de comités locales, asociaciones ambientalistas y del ámbito católico, organizaciones sindicales, ONG, grupos y ciudadanos particulares dispersos en todo el territorio. Actualmente, el Foro Italiano de los Movimiento del Agua sigue defendiendo el agua como bien común, luchando para
que se respete esta mayoritaria decisión popular frente a las crecientes presiones de las empresas privadas y los gobiernos locales de seguir adelante a pesar de las más del millón y medio de firmas legítimas recogidas [20]. Todos estos movimientos fortalecen y cristalizan en la Red Europea del Agua Pública [21], creada en el Foro Social Europea de Malmö, en septiembre de 2008. Los principios de esta Red se centran en el reconocimiento y garantía del derecho humano al agua, la exclusión del agua de todos los acuerdos de comercio internacionales de la Organización Mundial del Comercio, la deslegitimación del Consejo Mundial del Agua como referente para la toma de decisiones, la declaración del agua como bien común en la legislación europea y el apoyo financiero a la institución de alianzas público-públicos. La Red ha permitido participar de manera más coordinada en el Forum Mundial Alternativo de Estambul en el 2009 para contrarrestar las políticas de privatización de los servicios de gestión del agua. La exitosa colaboración consiguió una declaración
ministerial alternativa que reconocía el agua como derecho humano, ésta fue firmada por 24 países y cumplió un papel esencial para el reconocimiento posterior de la Asamblea General de Naciones Unidas. En diciembre de 2001, en Nápoles se desarrolló un nuevo manifiesto que quiere volver a dar un fuerte impulso a los grupos de la Red y plantea la realización de una iniciativa legislativa europea [22]. Se trata de una nueva herramienta de democracia directa que el movimiento quiere aprovechar para poder frenar el avance de la privatización y garantizar un futuro basado en la mejora y consolidar los modelos de gestión pública, transparente y participativa. Hoy, más que nunca, se hace imprescindible establecer espacios de coordinación, aprendizaje y presión a nivel europeo. El papel, cada vez más importante, de la Comisión Europea en los asuntos nacionales de los países de la UE hace necesaria la implementación de una Red Europea del Agua fuerte y consolidada en todo el territorio. Las luchas que se están desarrollando en todo el continente precisan de una articulación a todos los niveles. Las guerras del agua de América Latina, África y Asia han llegado a nuestras puertas para hacerles frente, para defender el agua y la vida es necesaria la participación de todos y todas.
1 David Hall, Public solutions for private problems?, PSIRU, septiembre de 2003. 2 Philippe Marin, Public-Private Infrastructure Advisory Facility: Public-Private Partnerships for Urban Water Utilities: A Review of Experiences in Developing Countries, World Bank, 2009, p. 6-7; disponible en www.ppiaf.org 3 Página web de Suez Environnement. 4 Las instituciones principales son las establecidas en la conferencia de Bretton Woods, Estados Unidos, en julio de 1944: el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, conocido como el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional. 5 Sara Grusky, IMF Forces Water Privatization on Poor Countries, Globalization Challenge Initiative, 2001 6 World Bank and Center for Public Integrity Analysis. 7 Para el Cono Sur este porcentaje fue del 57%, y movilizó un total de 1.800 millones de dólares. Información disponible en Sedientos. El BID y las políticas sobre el agua, Food and Water Watch, 2007. 8 Para más información: Lluís Basteiro, La inclusión del agua en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, Enginyeria sense Fronteres, 2006. 9 Veolia’s fall hurts us all. How long will it last?, Global Water Intelligence, 4 de agosto de 2011. 10 David Hall, Emanuele Lobina, Violeta Corral (PSIRU), Olivier Hoedeman, Philip Terhorst, Martin Pigeon, Satoko Kishimoto (TNI) Publicpublic partnerships (PUPs) in water, PSI, TNI y PSIRU, marzo de 2009. 11 Más información en la web: http://www.waterjustice.org 12 Luis Basteiro, “Con el agua al cuello: el proceso de mercantilización de la gestión del agua. Ascenso y caida de las multinacionales en Sudamérica: El caso de la inversión española en el Cono Sur”, ESFeres – Estudis 3, ISF Catalunya, 2008. 13 David Hall y Emanuele Lobina, Espejismos del agua, London, PSIRU y WDM, 2006. 14 Una documentación exhaustiva de estos casos se pueden encontrar en el libro Belén Balanyá, Brid Brennan, Olivier Hoedeman, Satoko Kishimoto and Philipp Terhorst (eds.) Reclaiming Public Water. Achievements, Struggles and Visions from Around the World, Amsterdam, CEO y TNI, 2005. 15 Resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU 64/292. El derecho humano al agua y el saneamiento. 16 David Hall and Emanuele Lobina, Water companies in Europe 2010, EPSU, septiembre de 2010. 17 Página web de la Plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II. 18 Más información www.remunicipalization.org 19 Anne Le Strat Paris, “An example of how local authorities can regain control of water managementpor”, TNI, agosto de 2010. 20 Más información en la página web del Forum italiano dei movimenti per l´acqua: www. acquabenecomune.org 21 Más información en el blog de la European Public Water Network 22 Más información del procedimiento de la iniciativa legislativa en la web del Parlamento europeo (apartado Organización y procedimientos).
Proposal of modification of the water legislation in order to incorporate the human right to water
ased on a previous analysis, the proposal is to include a section in the Law of Water to contribute in the advance towards a significant and explicit acknowledgement of water supplies as a Human Right. Specifically, that right suposes 80 daily litres of drinking water per capita, according to the calculation made by United Nations and other international organizations, which consider between 50 and 100 daily litres of drinking water per capita as the minimum necessary amount for a “decent” living. The responsability of the State regarding the accomplishment of this Right origins itself in the signing over to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which explicitly states the safe access to water as a fundamental human right, and therefore it must appear in the law to “steadily reach the complete implementation of the right to water”. Last, let us consider the Spanish Constitution itself. In the article 43.1 it is acknowledged the right to safety in health; thus it implicitly acknowledges the right to acceed to water supplies for household use, since the lack of this urban supply would lead to several illnesses. Despite this, the current legislation does not acknowledge this right explicitly. This is why the following article is proposed to be included in the Law on Water: Article 14, on the principles of water management: (1): to guarantee the citizens’ right to a decent amount of quality drinking water supply, no matter their financial status. Related administrations should encourage the necessary conditions to supply at least 80 litres per capita and day.
Propuesta de modificación de la Ley de Aguas
Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras Exposición de motivos
Según las Naciones Unidas (ONU) existen en el planeta 884 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y 2.600 millones (el 40% de la población) que no disponen de servicios adecuados de saneamiento [1], lo cual constituye fuente a su vez de numerosas enfermedades [2]. De hecho, actualmente mueren en el mundo 4 millones de personas al año a causa de enfermedades ocasionadas por la falta de disponibilidad de agua potable de calidad [3]. Esta circunstancia que puede verse agravada por la menor disponibilidad de agua como consecuencia de los efectos del cambio climático. En 25 años, es posible que la mitad de la población del mundo tenga dificultades para encontrar agua dulce en cantidades suficientes para consumo y para riego. En la actualidad, un tercio de la población mundial vive en zonas con escasez de agua, en las que el consumo supera a la generación hídrica natural, y las condiciones pueden llegar a empeorar en los próximos 50 años, a medida que el calentamiento mundial perturbe los regímenes de precipitaciones. Pero esta dramática situación no es nueva; los datos absolutos han permanecido prácticamente constantes desde mediados del siglo pasado. Es, sin duda, este escenario de falta en el acceso al agua potable, junto con la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos, lo que ha motivado la consideración del abastecimiento básico como un derecho humano. yendo derechos relacionados con el medio ambiente, las condiciones sociales y el acceso a los recursos naturales. Por otra parte, hasta hace poco no se había planteado la cuestión de que tanto individuos como colectividades o comunidades detenten un derecho legal respecto de un conjunto básico de recursos naturales, específicamente el agua, así como de la existencia de una obligación por parte de los Estados de proveer estos recursos cuando se carezca de ellos. Un tema recurrente en el debate sobre el acceso al agua como derecho humano, ha sido el reconocimiento de que contar con ésta es una precondición indispensable para alcanzar todos los demás derechos humanos. Se sostiene que sin el acceso equitativo a una cantidad mínima de agua
El agua como derecho humano universal
potable, serían inalcanzables otros derechos establecidos, como el derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. Consecuentemente, existen numerosas declaraciones, informes y tratados internacionales que, en el pasado, se han referido implícita o explícitamente a algún aspecto del derecho humano al agua. En este sentido, en noviembre del 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), de las Naciones Unidas, marca un hito en la historia de los derechos humanos al reconocer (en la Observación General Nº 15 [4] sobre el cumplimiento de los artículos 11 y 12, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales -PIDESC-) de manera explícita el acceso al agua segura como un derecho humano fundamental. El CDESC establece que “el derecho humano al agua es indispensable para llevar una vida en dignidad humana” y que éste es “un pre-requisito para la realización de otros derechos humanos”. Han transcurrido 8 años más hasta la aprobación de la Resolución 64/292 sobre el derecho humano al abastecimiento de agua potable y saneamiento. Esto ocurrió el 28 de julio de 2010 en la Asamblea General de la ONU y no hubo ningún voto en contra. Esta Resolución reconoce explícitamente que el acceso al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
Leyes, convenios, tratados de las naciones unidas relacionados con los derechos humanos con referencias implícitas al derecho al agua que tienen carácter vinculante para los Estados f Resolución del derecho al agua potable y el saneamiento como un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos (2010) f Convención sobre los Derechos del Niño (1989) f Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1981) f Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966) f Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) Observaciones y declaraciones internacionales con referencias explícitas al derecho al agua que no tienen carácter vinculante para los Estados f Observación General 15. El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). Comité Económico y Social, ONU. (2002) f Declaración de Dublín sobre el agua y el desarrollo sostenible (1992) f Declaración sobre el derecho al desarrollo (1986) f Plan de Acción de Mar del Plata (1977) f Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) Declaraciones, convenios, en los que se hace referencia al problema del agua y se esbozan posibles políticas a seguir f Convenios de las sesiones 12ª y 13ª de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible (2004) f Plan de Acción de Johannesburgo (2002) f Declaración del Milenio (2000): • Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente • Meta 10. Reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas que carezcan de acceso sostenible a agua potable f Programa 21: Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro (1992)
Contexto de la Resolución del derecho humano al agua y al saneamiento
Si bien es cierto que inicialmente los convenios y declaraciones sobre los derechos humanos se refirieron fundamentalmente a cuestiones políticas y morales, con posterioridad el ámbito que han ido abarcando se ha ampliado hasta contemplar aspectos relacionados con el bienestar humano, inclu-
El papel de los Estados para garantizar el respeto al derecho de acceso a agua potable y saneamiento es fundamental. Este derecho se encuadra, en el marco de la normativa internacional, de manera amplia en los principios de respeto, protección y satisfacción de las necesidades humanas. Tanto la Observación General nº 15 de PIDESC como la Resolución 64/292 hacen referencia explícita a la responsabilidad de los Estados. En el primer caso, enfatiza que los 146 países que ratificaron el PIDESC reconocen el derecho humano al agua como un derecho de realización progresiva y para ello, obliga a los Estados a velar para que la población tenga progresivamente acceso al agua potable segura y a instalaciones de saneamiento, de forma equitativa y sin discriminación, adoptando estrategias y planes de acción nacionales que les permitan “aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua”. Estas estrategias deberán: a) Estar basadas en leyes y principios de los derechos humanos, b) Abarcar todos los aspectos del derecho al agua y las correspondientes obligaciones de los países, c) Definir objetivos claros, d) Fijar las metas y los plazos requeridos y e) Formular políticas adecuadas y los correspondientes indicadores. En el segundo caso, el derecho humano al agua reafirma la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos, que son universales, indivisibles y están relacionados entre sí. Es decir, todos los derechos humanos deben tratarse de forma global, de manera justa y en pie de igualdad. En este sentido la Resolución de 2010, exhorta a los Estados
y las organizaciones internacionales a que proporcionen los recursos necesarios con el fin de intensificar los esfuerzos para proporcionar a toda la población un acceso económico al agua potable y el saneamiento. Hasta ahora, la realización de tratados y declaraciones internacionales no está suponiendo muchos avances en la toma de medidas efectivas por parte de los gobiernos para solucionar la vergonzosa situación que deja sin acceso a una fuente de agua segura a más de 884 millones de personas en pleno siglo XXI. Actualmente, estamos en el Decenio Internacional para la Acción “El agua, fuente de vida” (2005-2015) que tiene el propósito de priorizar la puesta en marcha de los programas ya mencionados en el Programa 21, la Declaración del Milenio, el Plan de Acción de Johannesburgo y los Convenios de las sesiones 12ª y 13ª de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible que todavía no han sido implementados. Dentro de la legislación de los propios países, la realidad es que en la mayoría poco se ha avanzado en relación con el reconocimiento del derecho al agua; posiblemente esta situación es debida a que existe una renuencia por parte de los gobiernos a reconocer explícitamente los derechos humanos. A pesar de que no se traslade este derecho al abastecimiento dentro de las normas jurídicas escritas, los deben garantizarlo a toda la población al ser un derecho fundamental para la vida y disfrute del resto de derechos humanos. En este sentido, el reconocimiento del derecho humano al agua y al saneamiento significa también asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos necesarios para la vida y asegurar las inversiones económicas que garanticen su cumplimiento. Considerar el agua como un bien común y como un derecho, asociado a los usos definidos en la Observación General 15, entra en contradicción con la aproximación mercantilista que justifica la privatización de los servicios de agua, planteada en el contexto del Acuerdo General de Comercio de Servicios de la Organización Mundial del Comercio y en las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales, así como numerosas instituciones multilaterales.
Contemplación del derecho al agua en las legislaciones nacionales
Son muy reducidos los ejemplos de países que contemplan en su legislación el derecho fundamental al agua, entre ellos destaca el caso de Uruguay, Ecuador, Bolivia y México. En Uruguay, a través de los mecanismos de democracia directa, las organizaciones sociales coordinadas
en la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida lograron incluir en la Constitución de Uruguay la consideración del agua como un derecho humano fundamental, sentando las bases para que la gestión de los recursos hídricos sea pública y esté basada en criterios de participación social y sustentabilidad. Así se estableció en el artículo 47 de su Constitución que “El agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”. Bolivia es otro ejemplo de país que contempla el derecho al agua dentro de su legislación. Allí la gestión privada del agua ha ocasionado fuertes conflictos sociales, entre ellos destaca la llamada la “Guerra del Agua” que tuvo lugar en el año 2000 en Cochabamba. Por todo ello, la nueva Constitución del Estado de Bolivia (2009), establece en su artículo 16 que “toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación”, y el 373-I estipula que “el agua constituye un derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco de la soberanía del pueblo”. El texto agrega que “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” y que “el Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida”. Además se contempla que los recursos hídricos “no podrán ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no serán concesionados”. Más ejemplos son la Constitución de Ecuador, en el artículo 23 (20, capítulo derechos civiles) contempla “El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios”. Y también la Constitución de México que en su Artículo 4 contempla que: “Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso”.
Contribución del nuevo artículo en la Ley de Aguas al reconocimiento del Derecho Humano Universal al Agua
Partiendo del análisis previo, se propone la inclusión de un artículo en la Ley de de Aguas que contribuya a avanzar significativamente en el reconocimiento explícito del acceso al agua como derecho humano. En concreto, se debe garantizar el derecho humano al agua siguiendo los
criterios normativos establecidos a escala internacional y por lo tanto el Estado español deberá garantizar la accesibilidad no discriminatoria y participativa al agua. Con el fin de que se respete el derecho humano al abastecimiento y saneamiento del agua en igualdad de condiciones el gasto por familia para su consumo no debe ser superior al 3% [5]. En lo que se refiere a la disponibilidad, se cifra ese derecho en un mínimo de 80 litros por habitante y día de agua potable como el mínimo necesario para poder llevar una existencia “digna”. La responsabilidad del Estado en relación a asegurar la consideración de este derecho se origina en la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la firma del Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en los cuales se contempla de manera implícita el acceso al agua segura como un derecho humano fundamental, y como tal debe aparecer en sus leyes para “aproximarse de forma rápida y eficaz a la realización total del derecho a tener agua”. Si bien se ha citado una responsabilidad legal, existe una responsabilidad política y ética en la lucha contra la pobreza y la desigualdad que genera la actual situación de inaccesibilidad al agua de una parte importante de la población mundial y como tal, debe construir las vías necesarias para garantizar el derecho humano universal al agua y al saneamiento a nivel local, estatal e internacional. La inclusión de este artículo supondría un ejemplo, junto con la Constitución uruguaya, la ecuatoriana y la boliviana en este sentido, y puede ser utilizado como guía para otros muchos países. En este sentido, la responsabilidad del Estado se debe manifestar garantizando el acceso al volumen mínimo de agua para una vida digna a aquellas personas a las que les resulta inaccesible económicamente. Para facilitar la viabilidad económica de esta propuesta se puede contemplar una estratificación tarifaria más progresiva, estableciendo un coste simbólico para el consumo más básico y, a la vez, encareciendo más el coste del agua a los consumos más elevados. Dado que los derechos contemplados a nivel internacional tienen que ser respetados en su globalidad e interdependencia, se debe poner de manifiesto la relación entre la justicia social y la protección ambiental. Así, el artículo sobre el derecho al agua contemplado en la Constitución de Bolivia plantea las condiciones básicas en las que se debe garantizar este derecho: “el Estado promoverá el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solida-
ridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad”. La sustentabilidad determina que la demanda urbana de agua no debe poner en peligro la conservación de los ecosistemas acuáticos, es decir, no debe sobreexplotar las fuentes locales y regionales de agua, ya sea por medio de políticas de ahorro y eficiencia en el consumo de agua, como a través de políticas de planificación urbanística que permitan maximizar ese ahorro y eficiencia. Por último, podemos considerar que la propia Constitución española, a través del artículo 43.1, en el que se reconoce el derecho a la protección de la salud, de manera implícita está reconociendo como un derecho el acceso al abastecimiento de agua para fines domésticos, pues no hay que olvidar que la no disponibilidad de un abastecimiento urbano adecuado conlleva necesariamente la aparición de numerosas enfermedades. Sin embargo, la actual legislación no recoge de manera explícita ese derecho. Por todo ello, se propone el siguiente artículo para su inclusión en la Ley de Aguas:
Artículo 14, relativo a los principios rectores de la gestión en materia de aguas: Apartado 1: Garantía del derecho de los ciudadanos, al margen de su capacidad económica, al suministro de agua potable en cantidad y calidad adecuadas. Las Administraciones competentes deberán promover las condiciones necesarias para proporcionar un mínimo de 80 litros por habitante y día.
1 Preámbulo de la Resolución A/64/292, de 28 de julio de 2010 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. y Informe conjunto OMS-UNICEF: Progresos en materia de saneamiento y agua. Informe de actualización 2010, Ginebra, 2010, pp. 6 y 7. 2 ONU, Health, dignity, and development: what will it take? Task Force on Water and Sanitation. Millenium Project, Organización de las Naciones Unidas, 2005. 3 Sick water? The central role of wastewater management in sustainable development, UNEP Y UN HABITAT, 2010. 4 Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15 (2002), El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales). E/C.12/2002/11, 20 de enero de 2003. 5 PNUD, Informe de Desarrollo humano 2006. Capítulo 2, página 92.
La titularidad pública de los abastecimientos a poblaciones
Ecologistas en Acción e Ingeniería sin Fronteras Justificación de la propuesta
El abastecimiento de agua a poblaciones es un derecho humano que se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida de la población. De hecho, así es considerado por las Naciones Unidas, y como tal fue defendido por el Gobierno español y la Unión Europea en el Foro Mundial del Agua celebrado en 2009 en Estambul. Por otra parte, podemos considerar que la propia Constitución española, a través del artículo 43.1, en el que se reconoce el derecho a la protección de la salud, de manera implícita está reconociendo como un derecho el acceso al abastecimiento de agua para fines domésticos, pues no hay que olvidar que la no disponibilidad de un abastecimiento urbano adecuado conlleva necesariamente la aparición de numerosas enfermedades. La importancia de una gestión que priorice la función social y ambiental viene reflejada en la normativa de varios países que excluyen la gestión privada de este bien común. Este sería el caso del artículo 47 de la Constitución de Uruguay y el caso de la ley que Holanda aprobó en 2003 para excluir a las empresas que no sean enteramente públicas del servicio de distribución de agua potable. Por todo ello, consideramos que la gestión del abastecimiento a poblaciones debe de estar siempre en manos públicas, pues es la única manera de que pueda primar el buen servicio y la calidad del abastecimiento por encima de la rentabilidad económica, elemento este último esencial para las empresas privadas. Bien es cierto que una adecuada regulación podría garantizar la calidad del abastecimiento, sin embargo, no hay que olvidar que el objetivo último de cualquier empresa privada es el de incrementar sus beneficios, por lo que difícilmente puede tener cabida en el mismo la realización de algunas actuaciones ambientales y sociales. Por ejemplo, es poco esperable que una empresa privada de abastecimiento lleve a cabo una campaña eficaz encaminada a fomentar el ahorro y uso eficiente del agua sin al mismo tiempo intentar incrementar el número de usuarios o “clientes”, pues va a suponer necesariamente una reducción de sus ingresos. Asimismo, tampoco es esperable que un suministrador privado lleve a cabo, por decisión propia, mejoras en parámetros como el olor y el sabor, sabiendo que el consumidor no puede cambiar de compañía, dado el régimen de monopolio imperante en los abastecimientos urbanos, e incluso resulta difícil su exigencia desde las administraciones públicas, dado que se trata de parámetros difícilmente cuantificables. Estos son tan sólo dos ejemplos de las ventajas evidentes que supone el que la gestión de los abastecimientos urbanos estén en manos públicas frente al sector privado. En cuanto a la rentabilidad económica, que ha sido en muchos casos la excusa esgrimida para la privatización del servicio, no es acertada, pues existen numerosos ejemplos en nuestro país de abastecimiento a poblaciones en manos públicas, que dan un buen servicio, y que además obtienen importantes beneficios económicos, que además revierten en el conjunto de la sociedad, y no en los accionistas o propietarios de la empresa, como ocurre en el sector privado.
Proposal of modification of the law on water in order to incorporate the public ownership of local supplies
o guarantee a public management of local water supplies, we think it necessary to modify the current Law on Water. Specifically, our proposal is to include an article with the following clauses: 1. The local supplies will be managed from the public sector, either straight from the city halls, joint authorities, county councils, regional and central governments, or through public companies created for that purpose and under the authority of the public sector. 2. Said organizations will not be allowed to outsource private companies to manage the main activities related to water supply, such as adduction, potabilization, transport, sanitation and treatment, but they will be allowed to do so for construction activities and other secondary activities. 3. In water management it will be necessary binding citizen participation through participation bodies that should be created for that purpose.
Para poder garantizar que la gestión de los abastecimientos a poblaciones recaiga siempre en el sector público, consideramos necesario llevar a cabo una modificación de la actual Ley de Aguas. En concreto, se propone la inclusión del siguiente artículo:
Artículo XXX 1. Los abastecimientos a poblaciones deberán ser gestionados desde el sector público, bien de manera directa por los ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, gobiernos autonómicos y gobierno central, o bien a través de empresas públicas creadas a tal fin y dependientes de los mismos. 2. Dichas entidades no podrán subcontratar a empresas privadas la gestión de las acciones principales de la actividad de
abastecimiento, como son la aducción, potabilización, transporte, saneamiento y depuración, aunque sí la actividad constructiva relacionada con las mismas, y otras acciones secundarias. 3. En la gestión del servicio será necesaria la participación vinculante de la ciudadanía a través de los órganos de participación que se deberán crear a tal fin.
Consideramos que dicho artículo podría ubicarse entre los actuales nº 59 y 60, no considerándose necesario realizar correcciones en ninguno de los artículos existentes en la vigente Ley.
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