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BOE.es - Documento BOE-A-1995-11842
Documento BOE-A-1995-11842
Ley 8/1995, de 30 de marzo, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, reguladora del procedimiento y de las infracciones y sanciones.
«BOE» núm. 119, de 19 de mayo de 1995, páginas 14677 a 14687 (11 págs.)
BOE-A-1995-11842
https://www.boe.es/eli/es-ib/l/1995/03/30/8
El artículo 45 de la Constitución consagra el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona y el deber de conservarlo, al mismo tiempo que exige de los poderes públicos la función de velar por la utilización racional de todos los recursos naturales, con la finalidad de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, con el apoyo de la indispensable solidaridad colectiva. Finalmente, y para limitar las posibles conductas antisociales, prevé que, en los términos que fije la ley, se establezcan sanciones penales o administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado, para los que violen la normativa reguladora del medio ambiente.
Uno de los campos en el cual con mayor claridad incide este mandato constitucional es el constituido por la regulación de la intervención administrativa en el ámbito de todas aquellas actividades económicas susceptibles de ocasionar daños al medio ambiente o molestias, insalubridad, nocividad y peligrosidad para las personas.
El Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, que tiene como antecedente la Real Orden de 17 de noviembre de 1925, mediante la cual se aprobó el reglamento y nomenclátor de establecimientos incómodos, insalubres y peligrosos, cumplió en su momento su finalidad; pero, por una parte, la nueva estructuración de los poderes públicos, fruto de la Constitución de 1978, por otra, la experiencia adquirida en los últimos años, así como las innovaciones producidas en la tecnología industrial y de servicios, y por otra, la adhesión de España a la Unión Europea, conlleva cualificadas novedades en el campo jurídico, ya que el derecho comunitario constituye un auténtico ordenamiento jurídico de obligado cumplimiento para los estados miembros. Todo ello hace patente la necesidad de contar con un nuevo instrumento delimitador del régimen de autorizaciones y del funcionamiento de las actividades o instalaciones, públicas o privadas, susceptibles de alterar la salubridad o el medio ambiente.
A pesar de que el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares es el único que recoge, en el artículo 12.3, como competencia compartida, la función ejecutiva en materia de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, esta subdivisión de la materia no significa la reducción de la potestad autonómica respecto de las actividades clasificadas, ya que el mismo Estatuto atribuye, en el artículo 10.12, competencia exclusiva en materia de sanidad e higiene; en el artículo 10.25, competencia exclusiva en materia de espectáculos públicos; en el artículo 10.30, competencia exclusiva en materia de procedimiento administrativo derivado de las actividades de la especialización propia de la Comunidad Autónoma; en el artículo 11.12 atribuye el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de defensa del consumidor y del usuario, y en el artículo 11.13 cierra estas referencias competenciales sectorializadas al atribuir a la Comunidad Autónoma potestades de desarrollo legislativo para establecer normas adicionales de protección del medio ambiente.
Las islas Baleares son una realidad geográfica e histórica plural, desigual y diversa, de difícil articulación en un sistema conjunto de instituciones político-administrativas. Para dar satisfacción a la voluntad de autogobierno de cada isla, articulada como un sistema de cooperación armónica de carácter interinsular, y en aplicación del artículo 39 del Estatuto de Autonomía y de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares, el Parlamento de las Islas Baleares ha aprobado las siguientes leyes de atribución de competencias a los Consejos Insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera:
La Ley 8/1993, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de régimen local.
La Ley 9/1993, de 1 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de información turística.
La Ley 12/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y asistencia social.
La Ley 13/1993, de 20 de diciembre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de inspección técnica de vehículos.
La presente ley, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, reguladora también del procedimiento para la tramitación de los expedientes, al cual se aplicarán los principios fijados por la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, así como de las infracciones y de las sanciones, constituye el séptimo paso, hasta ahora, que debe significar una más próxima y mejor prestación de los servicios públicos.
Se remarca que esta ley respeta una doble atribución de competencias, por una parte reconoce a los ayuntamientos la competencia para la concesión de las licencias de instalación y de apertura y funcionamiento, y por otra atribuye a los consejos insulares amplias potestades de intervención, sin perjuicio de reservar la calificación de las actividades potencialmente más contaminantes al Gobierno de la Comunidad Autónoma.
En aplicación de los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación la presente ley regula la posibilidad de que los consejos insulares deleguen en los ayuntamientos o mancomunidades ciertas potestades.
Finalmente, la presente ley establece como fecha de efectividad y entrada en vigor día 1 de enero de 1996, para que pueda dictarse antes el nomenclátor de las actividades sujetas a calificación, así como las disposiciones necesarias para su desarrollo y ejecución; para que los distintos agentes interesados la conozcan, y dispone un plazo máximo de seis meses para que los establecimientos abiertos con anterioridad a la promulgación de esta ley que carezcan de la licencia municipal de apertura y funcionamiento o que realicen actividades que no se ajusten al contenido de la citada licencia, regularicen su situación.
De las competencias en materia de actividades
clasificadas y parques acuáticos
Artículo 2. Actividades clasificadas.
Artículo 3. Parques acuáticos.
Artículo 4. Comisiones insulares de actividades clasificadas.
En las dos materias objeto de atribución por la presente ley, el Gobierno de la Comunidad Autónoma se reserva las potestades, los servicios, las funciones y las actuaciones genéricas siguientes:
2. Las actividades que puedan agredir gravemente al medio ambiente, la cuales, según la reglamentación, requieran una evaluación detallada de impacto ambiental. Actualmente son las incluidas en el anexo II del Decreto 4/1986, de 23 de enero, de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, sobre implantación y regulación de los estudios de impacto ambiental.
1. En el ejercicio de las competencias atribuidas por esta ley, los consejos insulares ajustarán su funcionamiento al régimen establecido en la misma, como también en la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares, en la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en la legislación emanada del Parlamento de las Islas Baleares que resulte de aplicación o, subsidiariamente, en la legislación estatal.
Artículo 9. Formas de coordinación e información mutua.
C) Consejo Insular de Ibiza y Formentera:
Artículo 11. Medios personales.
Articulo 14. Medios materiales.
1. Bienes inmuebles.-La atribución de las dos competencias que efectúa la presente ley no da lugar a ningún traspaso de bienes inmuebles.
b) El inventario de los restantes bienes muebles que se ponen a disposición de los consejos insulares de Mallorca, de Menorca y de Ibiza y Formentera, se especificará en el acta de entrega que será formalizada por los presidentes de los consejos insulares respectivos y la consellera de Gobernación.
Artículo 13. Control de la legalidad e impugnación de los actos y acuerdos de los consejos insulares.
SECCIÓN 1.ª TIPOS DE ACTIVIDADES
Artículo 14. Nomenclátor de las actividades sujetas a calificación.
Artículo 15. Actividades excluidas de calificación.
SECCIÓN 2.ª DISPOSICIONES COMUNES
Artículo 16. Obligatoriedad de licencias.
Artículo 17. Concordancia de licencias municipales de instalación y de obras.
Artículo 18. Constitución de una fianza.
En el caso de actividades clasificadas cuyo funcionamiento pueda comportar riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente en general, el ayuntamiento, el consejo insular o la Conselleria de Gobernación podrá exigir al promotor la constitución ante el ayuntamiento de una fianza o la contratación de un seguro que garantice la reparación de los posibles daños a las personas o al medio ambiente.
Artículo 19. Revisión de las medidas correctoras.
Artículo 20. Solicitud de licencias.
1. La persona física o jurídica que pretende la instalación de una actividad clasificada deberá solicitar del ayuntamiento respectivo las licencias correspondientes.
Artículo 21. Rectificación de la solicitud.
Artículo 22. Incumplimiento del planeamiento o de la normativa municipal.
El alcalde, o, en su caso, el órgano municipal competente, deberá denegar la solicitud, en el plazo de quince días, cuando ésta no se ajuste a las normas establecidas en el instrumento municipal de planeamiento general o en el resto de normas de competencia municipal, de conformidad con los informes técnico y jurídico correspondientes. La denegación de la solicitud será motivada.
SECCIÓN 3.ª PROCEDIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EXCLUIDAS Y DE LAS TEMPORALES
Artículo 23. Procedimiento de las actividades excluidas de calificación.
Artículo 24. Licencias de circos, ferias e instalaciones temporales.
1. Los circos, las ferias, los chiringuitos de playa desmontables, los quioscos-bares y otras instalaciones similares, de carácter temporal deberán reunir las condiciones de seguridad e higiene necesarias para los espectadores o usuarios y para los que ejecuten el espectáculo o la actividad recreativa.
SECCIÓN 4.ª PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS ACTIVIDADES SUJETAS A CALIFICACIÓN
Artículo 25. Informe municipal e información pública.
Artículo 26. Remisión del expediente.
2. Cuando se trate de una actividad cuya calificación esté reservada al Gobierno de la Comunidad Autónoma, según el artículo 6 de la presente ley, el expediente será remitido a la Conselleria de Gobernación.
3. Si un ayuntamiento no remitiese el expediente en el plazo señalado, será de aplicación lo que dispone el artículo 83.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común. El interesado podrá acreditar la solicitud y el transcurso de los plazos fijados para que el consejo insular o, en su caso, la Conselleria de Gobernación, recaben de la entidad local la remisión del expediente, en un plazo máximo de diez días, a contar desde el requerimiento.
Artículo 27. Calificación e informe de la actividad.
El consejo insular o la Conselleria de Gobernación procederán a calificar la actividad de acuerdo con la normativa aplicable y, en su caso, examinarán la garantía y eficacia de los sistemas correctores propuestos y su grado de seguridad.
Las resoluciones del consejo insular o de la Conselleria de Gobernación serán vinculantes para la autoridad municipal en el caso de que impliquen la denegación de la licencia o determinen la imposición de medidas correctoras y se otorgará, previamente, el trámite de audiencia al interesado que dispone el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
2. Aceptación o denegación de las medidas correctoras y de seguridad propuestas que anulen o reduzcan los efectos perniciosos o de riesgo, para lo cual se tendrá en cuenta el emplazamiento de la actividad, el impacto medioambiental en el entorno, los usos de la edificación confrontante y los efectos aditivos que pueda producir.
Artículo 28. Dictámenes adicionales.
Artículo 29. Remisión del informe y la calificación.
El consejo insular o la Conselleria de Gobernación calificará la actividad y remitirá la correspondiente resolución al ayuntamiento para que, de acuerdo con sus determinaciones, otorgue o deniegue la licencia de instalación solicitada.
SECCIÓN 5.ª LICENCIA DE INSTALACIÓN
Artículo 30. Condiciones de la licencia municipal de instalación.
1. Que no se podrá comenzar la actividad sin que no se haya concedido la licencia municipal de apertura y funcionamiento.
Artículo 31. Pruebas de funcionamiento.
Artículo 33. Meritación de tasas.
SECCIÓN 6.ª LICENCIA DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO
Artículo 34. Licencia municipal de apertura y funcionamiento.
Artículo 35. Denegación de la licencia municipal de apertura y funcionamiento.
Artículo 37. Dotación de medios personales y materiales.
Artículo 38. Solicitud de delegación.
1. Certificación del acuerdo adoptado por el pleno de la entidad local donde se haga constar la petición de delegación y que se cuenta con el personal técnico que corresponde y con los medios adecuados para cumplir las funciones objeto de la delegación.
Artículo 39. Regulación de la delegación.
Artículo 40. Resolución de las actividades excluidas de calificación.
Artículo 41. Resolución de la licencia de instalación temporal.
Artículo 42. Resolución de la calificación.
En el procedimiento ordinario el plazo máximo para que el consejo insular, el ayuntamiento o mancomunidad delegada o la Conselleria de Gobernación califique e informe la actividad será de tres meses, a contar desde la fecha de presentación completa del expediente en el registro de entrada de la entidad pública.
Artículo 43. Resolución de la licencia municipal de instalación.
Artículo 44. Resolución de la licencia municipal de apertura y funcionamiento.
Artículo 45. Potestad inspectora y sancionadora.
La potestad inspectora y sancionadora de las actividades sujetas a la presente ley corresponde a los alcaldes y, supletoriamente, al consejo insular competente por razón del territorio.
Artículo 46. Infracción administrativa.
Constituyen infracción administrativa la inobservancia o la vulneración de las prescripciones contenidas en la normativa aplicable, en las ordenanzas y en el resto de normas municipales.
Serán responsables del cumplimiento de las condiciones establecidas en materia de actividades clasificadas:
1. El autor del proyecto técnico, que acredite que éste se adapta a la normativa que le sea de aplicación.
2. El técnico que emita el certificado final de obras, acreditativo de que la instalación se ha ejecutado de conformidad con el proyecto técnico y se han cumplido las normas de seguridad en su ejecución. Si el técnico que emite el certificado pertenece a una empresa, ésta se considerará responsable subsidiariamente.
3. Las empresas instaladoras y mantenedoras que garanticen que la instalación y el mantenimiento se han ejecutado cumpliendo la normativa vigente y el proyecto técnico. El instalador y el mantenedor será también responsables en los mismos términos que la empresa instaladora y mantenedora.
4. El titular de la actividad, responsable de que ésta se utilice y se mantenga de conformidad a la normativa que le sea aplicable y a las instrucciones impuestas, así como de que se realicen las inspecciones y los controles obligatorios y, en su caso, se contrate el mantenimiento por una empresa autorizada.
5. Cuando, en aplicación de la presente ley, dos o más entidades o personas resulten responsables de una misma infracción, se considerarán solidarias a los efectos de las sanciones que de ella se deriven.
6. La responsabilidad de los funcionarios y personal al servicio de las administraciones públicas, en su caso, será exigible de acuerdo con las normas que regulan su régimen disciplinario, sin perjuicio de la exigencia de la responsabilidad penal o civil.
Artículo 48. Graduación de las infracciones.
Las infracciones señaladas en la presente ley se gradúan en leves, graves y muy graves, en relación con los riesgos producidos, el grado de intencionalidad y la reincidencia.
1. Se consideran infracciones leves las que supongan un incumplimiento de alguna de las prescripciones establecidas, siempre que de éstas no se derive una disminución en la seguridad de las instalaciones.
a) El incumplimiento de alguna prescripción técnica de seguridad exigida por la normativa vigente, siempre que ésta no suponga un peligro inminente para las personas o los bienes.
b) La puesta en marcha de las instalaciones sin las autorizaciones preceptivas.
c) Las instalaciones de equipos o aparatos que, estando sometidos a homologación o aprobación de cualquier tipo, se instalen sin haberlas obtenido.
d) La expedición de certificaciones o de documentos de forma incorrecta, negligente o engañosa.
e) La omisión de datos, ocultación de informes u obstrucción de la actividad inspectora de la administración que tenga por objeto inducir a confusión o reducir la trascendencia de los riesgos para las personas o el impacto ambiental que pudiera producir su desarrollo o funcionamiento.
f) No contratar el mantenimiento de las instalaciones que estén obligadas a ello o contratarlo con empresas no autorizadas.
g) No realizar las revisiones que exija la normativa aplicable.
h) La puesta en funcionamiento de aparatos o instalaciones cuyo precintado, clausura o limitación de tiempo hubiera sido ordenado por la autoridad competente.
i) No corregir las deficiencias observadas.
a) Las que puedan suponer un riesgo inminente para las personas o los bienes.
b) La reincidencia, por comisión, en el plazo de un año, de más de una infracción de la misma naturaleza, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
c) La emisión dolosa de certificaciones o informes incorrectos.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas por vía administrativa en función del riesgo que comporten para las personas o para los bienes, de la existencia de intencionalidad o reiteración y de la naturaleza de los perjuicios causados, de conformidad con la siguiente graduación:
a) Infracciones leves, con multa de 20.000 a 200.000 pesetas.
b) Infracciones graves, con multa de 200.001 a 600.000 pesetas y se podrá imponer la sanción de suspensión de las actividades por un período máximo de seis meses.
c) Infracciones muy graves, con multa de 600.001 a 5.000.000 de pesetas y se podrá imponer la sanción de suspensión de las actividades por un período máximo de tres años.
2. Cuando el beneficio que resultase de una infracción fuera superior a la sanción que corresponda, ésta se podrá incrementar en la cuantía equivalente al beneficio obtenido.
3. Si la comisión de la infracción hubiera ocasionado daños o perjuicios a las personas, a los bienes o al entorno medioambiental, éstos serán evaluados, y el infractor, además de la sanción que corresponda en función de gravedad de la falta cometida, estará obligado a reintegrar la cuantía económica de los mismos a los particulares afectados o a la administración, o, en su caso, a proveer los medios para reparar los daños ocasionados y restablecer el equilibrio medioambiental.
Artículo 50. Competencia para imponer las sanciones.
1. El órgano municipal para imponer las sanciones por infracciones leves es el alcalde-presidente.
2. El órgano municipal para imponer las sanciones por infracciones graves o muy graves es el pleno de la corporación municipal, a propuesta del alcalde-presidente o del concejal delegado.
3. En los consejos insulares, cuando actúen por subrogación, el órgano insular para imponer las sanciones por infracciones leves es el presidente de la corporación. El órgano insular para imponer las sanciones por infracciones graves o muy graves es el pleno de la corporación insular, a propuesta del presidente o del consejero delegado.
Artículo 51. Medida cautelar de paralización y clausura de la actividad.
1. El alcalde ordenará, como medida cautelar que no tendrá el carácter de sanción, la paralización y la clausura de la actividad y de las instalaciones que no cuenten con las autorizaciones correspondientes o que incumplan los requisitos exigidos. La paralización se mantendrá mientras persista la situación clandestina.
2. El alcalde notificará al titular de la actividad presuntamente ilegal las anomalías observadas, otorgándole un plazo improrrogable de cinco días para que acredite la legalidad de la actividad, entendiéndose que la falta de respuesta implica la aceptación de las irregularidades señaladas y permitirá dictar el acuerdo municipal, de forma inmediata, de la paralización y clausura cautelar del ejercicio de la actividad.
3. El acuerdo municipal de paralización y clausura de la actividad será inmediatamente ejecutivo y se notificará a su titular y, en su caso, al técnico director. Si el promotor no para la actividad en el plazo de cuarenta y ocho horas se procederá por vía de ejecución forzosa, para lo cual los funcionarios, asistidos por la fuerza pública, se personarán en el establecimiento, previa citación de sus responsables, y precintarán las instalaciones y los elementos auxiliares de la actividad y adoptarán cualquier otra medida que sea conveniente para la efectividad de la paralización y clausura de la actividad.
5. Asimismo, se dará cuenta del acuerdo de paralización y clausura cautelar de la actividad a las empresas suministradoras de energía eléctrica, de agua potable y de teléfono para que procedan inmediatamente a interrumpir el suministro en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas.
6. El incumplimiento por el infractor de la orden de paralización dará lugar al hecho de que, por el órgano actuante, se pase el tanto de culpa al Juzgado de Instrucción y al Ministerio Fiscal para determinar las responsabilidades penales a las que hubiesen dado lugar.
7. El alcalde podrá recabar el asesoramiento y la cooperación del consejo insular para la ejecución del acuerdo municipal de paralización y clausura cautelar de la actividad, cuando el ayuntamiento no tenga servicios técnicos y jurídicos o los medios precisos para llevarlo a cabo.
El procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, y con el Reglamento de la Comunidad Autónoma regulador de las actuaciones a seguir en el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 53. Intervención judicial.
Una vez incoado el expediente sancionador, si de las actuaciones practicadas se dedujera que éstas pueden ser constitutivas de delito, se procederá de inmediato a dar cuenta a la autoridad judicial y al Ministerio Fiscal. Si se incoara un procedimiento criminal, el expediente administrativo quedará suspendido en su tramitación hasta que no se produzca resolución judicial firme, sin perjuicio, en su caso, de la imposición de las sanciones administrativas respecto de los hechos que no hayan sido trasladados a la jurisdicción penal.
1. Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales contencioso-administrativos la observancia de las normas en materia de actividades clasificadas y parques acuáticos, y la adopción de las medidas de defensa de la legalidad, restauración de la realidad física alterada y sanción de las infracciones.
2. Si esta acción está motivada por la ejecución de instalaciones que se consideren ilegales, podrá exigirse
durante su ejecución y hasta que transcurran los plazos establecidos para la prescripción de las infracciones.
Artículo 55. Subrogación de competencias.
Cuando el ayuntamiento competente por razón del territorio tuviera conocimiento de una infracción, de oficio, en virtud de denuncias de particulares o a través de cualquier organismo oficial y no hubiera incoado el expediente sancionador oportuno, en el plazo de un mes a contar desde la denuncia, o tuviera paralizado el expediente por plazo superior a tres meses, el consejo insular correspondiente se subrogará en las competencias municipales por la iniciación, ordenación, instrucción, resolución y ejecución del asunto.
En este caso, el alcalde deberá remitir al consejo insular el expediente con el informe municipal motivado, en el plazo máximo de diez días a contar desde el requerimiento de la corporación insular.
Se creará, por acuerdo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el consejo insular correspondiente una comisión paritaria, cuya misión será instrumentar el traspaso de la documentación que esta ley determina, así como garantizar que los expedientes en trámite se resuelvan en los plazos establecidos por la legislación vigente.
Los consejos insulares se subrogan a partir de la efectividad de la atribución de competencias prevista en esta ley, en los derechos y en las obligaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma relativos a las competencias atribuidas.
Disposición adicional tercera. Derecho funcionarial de opción.
Los funcionarios de la Comunidad Autónoma, procedentes de la Administración General del Estado o de otro organismo o institución pública o que hayan ingresado directamente en la misma, que con motivo de la atribución de competencias a los consejos insulares resulten traspasados, mantendrán los derechos que les correspondan, incluido el de participar en los concursos de traslado que convoque la Comunidad Autónoma, en igualdad de condiciones que el resto de los miembros de la misma categoría o cuerpo, para que así puedan ejercer en todo momento el derecho permanente de opción.
Será gratuita la publicación, en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares», de los anuncios, acuerdos y demás documentos exigidos por el ordenamiento jurídico, como consecuencia del ejercicio por los consejos insulares de las competencias atribuidas por la presente ley.
Se faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que, mediante decreto, actualice periódicamente la cuantía de las sanciones económicas contenidas en la presente ley. El aumento nunca podrá ser superior a la tasa de variación interanual que experimente el índice de precios al consumo.
Disposición transitoria primera. Resolución de los recursos administrativos.
Corresponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma la competencia para resolver los recursos administrativos contra los actos y acuerdos dictados por sus órganos, antes de la efectividad de la atribución competencial que establece la presente ley, aunque el recurso se interponga posteriormente.
Corresponderá al Gobierno de la Comunidad Autónoma la representación y defensa en juicio de los recursos y acciones jurisdiccionales contra los actos y acuerdos dictados por sus órganos antes de la efectividad de la atribución competencial que establece la presente ley, aunque el recurso se interponga posteriormente.
Disposición transitoria tercera. Acreditación del cumplimiento de la normativa.
1. Los establecimientos abiertos con anterioridad a la promulgación de esta ley, a los que les falte la licencia municipal de apertura y funcionamiento o realicen actividades que no se ajusten al contenido de la citada licencia, deberán regularizar su situación en el plazo máximo de seis meses, a partir de la fecha de efectividad de la presente ley.
2. El plazo establecido en el apartado anterior no impedirá el ejercicio de la potestad inspectora y sancionadora.
Disposición transitoria cuarta. Convenios de colaboración.
1. Con la finalidad de que los consejos insulares puedan ejecutar de manera efectiva las competencias que esta ley les atribuye, y hasta que las corporaciones insulares no dispongan de medios técnicos y humanos adecuados para el ejercicio de las funciones atribuidas, se suscribirán acuerdos de colaboración entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y los consejos insulares, a petición de éstos, y no supondrán ninguna carga económica para los órganos insulares.
2. Estos instrumentos de colaboración definirán las obligaciones a realizar por los servicios técnicos de las diferentes consejerías del Gobierno de la Comunidad Autónoma en la prestación de la asistencia técnica que proceda en la tramitación de los informes de los proyectos de actividades clasificadas y en su calificación.
Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan a lo que se establece en la presente ley y, en particular:
1. El título II: régimen jurídico, del Reglamento de 30 de noviembre de 1961, de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
2. El artículo 9 del Reglamento de 17 de junio de 1955, de servicios de las corporaciones locales, respecto del procedimiento para el otorgamiento de licencias municipales de instalaciones.
1. Se faculta al Gobierno de la Comunidad Autónoma para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo y la ejecución de la presente ley.
2. Antes del día 31 de diciembre de 1995 el Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobará el nomenclátor de las actividades sujetas a calificación, el reglamento regulador de las actividades excluidas de calificación y de las actividades temporales. Hasta que no se apruebe el nomenclátor de las actividades sujetas a calificación, será de aplicación el correspondiente al Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, mediante el cual se aprueba el Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
En cumplimiento de lo que regula el artículo 22 h) de la Ley 5/1989, de 13 de abril, de consejos insulares, se establece el día 1 de enero de 1996 como fecha de efectividad de la atribución competencial en concepto de propia que dispone la presente ley, del procedimiento para la tramitación de los expedientes de actividades clasificadas y las infracciones y sanciones que regula la presente ley.
Esta ley entrará en vigor el día 1 de enero de 1996.
Por lo tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda guardar.
Palma, 30 de marzo de 1995.
MARIA ROSA ESTARAS FERRAGUT,
Vicepresidenta / GABRIEL CAÑELLAS FONS,
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares» número 50, de 22 de abril de 1995)
Actividades excluidas de calificación
Se considerarán actividades excluidas de calificación las relacionadas a continuación, excepto cuando concurran una o más de las siguientes circunstancias:
Primera: cuando la ocupación de los locales sea superior a 100 personas, en general, o a 50 personas en planta bajo rasante (más de dos metros de altura de evacuación ascendente).
Segunda: cuando existan instalaciones de índole mecánico, eléctrica o térmica de potencia total, igual o superior a 50 kw.
Tercera: cuando la carga de fuego ponderada sea igual o superior a 400 MCal/m o cuando la carga de fuego total sea igual o superior a 240.000 MCal.
Cuarta: cuando se trate de actividades sujetas a evaluación de impacto ambiental, en cumplimiento de la normativa aplicable.
a) Actividades de comercio al por menor:
1. De productos alimenticios, bebidas y tabaco.
2. De maquinaria y equipo mecánico.
3. De máquinas de oficina y ordenadores.
4. Dde maquinaria y material eléctrico.
5. De material electrónico.
6. De vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas.
7. De accesorios y piezas de recambio para vehículos automóviles, motocicletas y bicicletas.
8. De instrumentos de precisión, óptica y similares.
9. De productos de la industria textil.
10. De productos de la industria del cuero.
11. De productos de la industria del calzado y del vestido y de otras confecciones textiles.
12. De productos de las industrias de madera, corcho y muebles de madera y metálicos.
13. De productos de la industria del papel y artículos de papel, artes gráficas y edición.
14. De productos de las industrias de transformación del caucho y materias plásticas.
15. De productos de otras industrias manufactureras (joyería, bisutería, instrumentos de música, instrumentos fotográficos, juguetes y artículos de deporte).
16. De productos de perfumería, droguería, higiene y belleza.
17. De tintorerías.
18. De prensa periódica, libros y revistas.
19. De productos artesanales.
20. De productos agroalimenticios.
21. De productos de jardinería, materiales de construcción y similares.
b) Prestación de servicios por empresas y profesionales:
4. Servicios de profesionales titulados prestados al público en general.
5. Alquileres de bienes muebles e inmuebles.
6. Academias y centros de enseñanza.
c) Actividades relacionadas con la reparación:
1. Talleres de reparación de automóviles.
2. Talleres de reparación de bicicletas.
3. Talleres de reparación de motocicletas.
4. Talleres de reparación de calzado.
5. Talleres de reparación de artículos eléctricos para el hogar.
6. Talleres de reparación y custodia de embarcaciones deportivas.
7. Talleres de reparación de otros bienes de consumo.
d) Actividades agropecuarias:
1. Explotación de ganado bovino, hasta 30 cabezas.
2. Explotación de ganado ovino y caprino, hasta 200 cabezas.
3. Explotación de ganado porcino, hasta 20 cabezas reproductoras.
4. Avicultura: reproductoras y ponedoras, hasta 1.000 cabezas.
5. Broilers, cría de pollos de carne, hasta 2.000 cabezas.
6. Cunicultura, hasta 200 cabezas reproductoras.
7. Explotación de cánidos, hasta 10 cabezas reproductoras.
8. Explotación de ganado equino, hasta 50 cabezas.
9. Explotación apícola, hasta 200 enjambres.
10. Depósitos de purín, hasta 30 metros cúbicos de capacidad.
11. Almacenes agrícolas con maquinaria fija.
e) Actividades de ocio y tiempo libre: La oferta turística complementaria, constituida por los bares o cafés, cafeterías, restaurantes y similares, esto es, los establecimientos abiertos al público en general que se dediquen como actividad principal o secundaria a suministrar de manera profesional y habitual comidas y/o bebidas para consumir en el mismo local, incluyendo las actividades sin ánimo de lucro.
En todos los casos se requerirá que en dichos establecimientos no se realicen espectáculos ni actividades recreativas.
f) Instalaciones en edificios de viviendas:
1. Sala de calderas.
2. Instalaciones de aire acondicionado.
3. Cochera, garaje y guardería de vehículos hasta 30 vehículos.
4. Instalaciones de gases licuados del petróleo, hasta cinco metros cúbicos de capacidad.
Inventario de los equipos informáticos, programas de aplicación y los datos que se traspasan a los Consejos Insulares
1. Al Consejo Insular de Mallorca:
a) Aplicación informática SEIA (Seguimiento de expedientes y acuerdos). Programa fuente.
b) Ficheros históricos.
c) Una pantalla compatible con el AS-400.
2. Al Consejo Insular de Menorca:
3. Al Consejo Insular de Ibiza y Formentera:
Entrada en vigor: 1 de enero de 1996.
Publicada en el BOIB núm. 50, de 22 de abril de 1995.
SE DECLARA en el Conflicto 3640/2001, la la extinción por pérdida de objeto en relación con la disposición adicional sexta, en la redacción dada por la Ley 12/1999, de 23 de diciembre, por Auto de 12 de julio de 2007 (Ref. BOE-A-2007-14329).
SE DEROGA los títulos II, III y la fisposición adicional 6, con efectos según lo indicado, por Ley 16/2006, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2006-20773).
SE AÑADE la disposición adicional 7, por Ley 8/2004, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2005-953).
SE DEROGA los arts. 7.3, 13.1 y 50.3, por Ley 8/2000, de 27 de octubre (Ref. BOE-A-2000-20977).
SE AÑADE una disposición adicional sexta, por Ley 12/1999, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2000-1014).
SE MODIFICA lo indicado del anexo I, por la Ley 14/1998, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-4643).
en su ámbito el Título II del Reglamento aprobado por Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre (Ref. BOE-A-1961-22449).
en su ámbito lo indicado del art. 9 del Reglamento aprobado por Decreto de 17 de junio de 1955 (Ref. BOE-A-1955-10057).
art. 39 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6316).
Ley 6/1994, de 13 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-9734).
Ley 13/1993, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-5714).
Ley 12/1993, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-5713).
Ley 8/1993, de 1 de diciembre (Ref. BOE-A-1994-5709).
Reglamento de Actividades Incomodas o Peligrosas, aprobado por Real Orden de 17 de noviembre de 1925 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1925-11611).

References: artículo 45
 artículo 12
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 39

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 9

Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26
 artículo 6
 artículo 83

Artículo 27
 artículo 84

Artículo 28

Artículo 29
 resolución 

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40
 Resolución 

Artículo 41
 Resolución 

Artículo 42
 Resolución 

Artículo 43
 Resolución 

Artículo 44
 Resolución 

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 48
 resolución 

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 53
 resolución 

Artículo 55
 resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 22