Source: https://boletinjuridico.gtt.es/sentencia-de-la-sala-tercera-contencioso-administrativo-seccion-2a-del-tribunal-supremo-de-1-de-marzo-de-2012/
Timestamp: 2018-05-23 16:50:08+00:00

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Actualmente se encuentra regulada esta materia en el artículo 2.2.a) LGT, donde en coordinación con el artículo 6 de la Ley 8/1.989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, y 7.1 de la Ley Orgánica 8/1.980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas, se define ese tributo al establecer: “Tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario cuando los servicios no sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados tributarios o se presten o realicen por el sector privado. Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público”.
Esta doctrina se halla más específicamente recogida en el artículo 20.1 y 2, del Real Decreto Legislativo 2/2.004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según el cual, “Las entidades locales, en los términos previstos en esta ley, podrán establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local, así como por la prestación de servicios públicos o la realización de actividades administrativas de competencia local que se refieran, afecten o beneficien de modo particular a los sujetos pasivos.. -En todo caso, tendrán la consideración de tasas las prestaciones patrimoniales que establezcan las entidades locales por:
– Cuando venga impuesta por disposiciones legales o reglamentarias.
Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo cuando haya sido motivado directa o indirectamente por este en razón de que sus actuaciones u omisiones obliguen a las entidades locales a realizar de oficio actividades o a prestar servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden urbanístico, o cualesquiera otras”.
“[…] En conexión, histórica, con Ley 42/1.975, de 19 de noviembre, de Recogida y Tratamiento de los Desechos y Residuos Sólidos Urbanos, y, posteriormente, con la Ley 10/1.998, de 26 de abril, de Residuos, que en sus artículos 3.3 y 4.3 , respectivamente, obligaban a los ayuntamientos a hacerse cargo de todos los residuos sólidos urbanos de forma general, en cuanto imponía la obligación de los mismos de recibir, tratar e incluso eliminar los residuos sólidos como propia obligación y, al mismo tiempo, de prestar la correspondiente actividad de colaboración con las restantes administraciones públicas en la tarea de reducir el impacto de aquellos -de los residuos- en el medio ambiente, finalidad ésta también perseguida por la Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos, e impuesta por la Directiva 94/62 /CE, los artículos 25.2.l ), 26.1.a ) y b) y 86.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local , establecen como competencia municipal, en todo caso, los servicios de limpieza viaria, de recogida y tratamiento de residuos, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.
Más concretamente aún, es relevante el artículo 20.4 .r) del citado Texto Refundido, según el cual, “Conforme a lo previsto en el apartado 1 anterior, las entidades locales podrán establecer tasas por cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de actividades administrativas de competencia local, y en particular por los siguientes: r) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas residuales, incluida la vigilancia especial de alcantarillas particulares.”. Pocas dudas puede haber al respecto sobre que el tratamiento y depuración de las aguas residuales dan lugar a lo que es el sustrato material de un tipo de tributo: la tasa, según la legislación citada y el artículo 57 del TRLHL.
Pues bien, a la luz de esta jurisprudencia, puede afirmarse que la tarifa regulada en la Ordenanza Fiscal debatida constituye una verdadera prestación patrimonial de carácter público sujeta a los artículos 31.3 y 133 de la Constitución Española, dado que dicha tarifa se exige por un servicio que puede calificarse como “objetivamente indispensable”, de recepción obligatoria por los particulares, y que, además, se presta en régimen de monopolio. Al efecto conviene recordar que la situación de monopolio se da cuando “los particulares se ven obligados a optar entre no recibirlos o constituir necesariamente la obligación de pago de la prestación” [ SSTC 185/1.995, F. 3 c ) y 102/2.005, de 20 abril , FJ, 5 ] “ya que si un particular quiere acceder a la utilización o al aprovechamiento citados para realizar cualquier actividad debe acudir forzosamente a los mismos” [ STC 185/1.995 , F. 4 a)]. Por otra parte, el artículo 86.3 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local determina que, “Se declara la reserva en favor de las Entidades locales de las siguientes actividades o servicios esenciales: abastecimiento y depuración de aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos; (…)”.
“[…] En consecuencia, si el servicio de depuración es de recepción obligatoria y se halla monopolizado cuanto tales, quedan sometidas a la reserva de ley [STC 185/1.995, de 5 diciembre , F. 4 a); en el mismo sentido, STC 233/1.999 , de 16 diciembre , F. 16]. Pero aún puede precisarse más: si, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, los “tributos, desde la perspectiva constitucional, son prestaciones patrimoniales, coactivas que se satisfacen, directa o indirectamente, a los entes públicos con la finalidad de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos” (STC 182/1.997 , F. 15), no cabe la menor duda de que, con independencia de la calificación formal que les otorga la Ordenanza, las tarifas constituyen una prestación patrimonial de carácter público de naturaleza tributaria.
Frente a lo dicho, que el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible de las labores de depuración de aguas residuales es el propio de una tasa, no puede válidamente articularse que quien lo presta es una empresa particular, lo que en modo alguno puede determinarse como suficiente para extraerse del ámbito de la actuación de los poderes públicos municipales esta materia. De un lado, porque aunque se lleva a cabo la actuación por una empresa privada, la unión temporal de empresas que comparece como codemandada, ésta no lleva a cabo por sí dicha actividad como empresa privada, ni consta que lo haga otra diferente, sino que se actúa sólo en cuanto concesionaria de la administración local. Y por otro lado, porque, como antes se reflejó, en la definición que de las tasas nos ofrecen la Ley General Tributaria, la Ley de Tasas y Precios Públicos y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, se determina expresamente que “Se entenderá que los servicios se prestan o las actividades se realizan en régimen de derecho público cuando se lleven a cabo mediante cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público y su titularidad corresponda a un ente público”.
Bien entendido que, tanto la STC 185/1.995, como nuestro derecho de mayor tradición, como refleja el artículo 155.3 del decreto de 17 de junio de 1955, por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales, determinan igualmente la naturaleza de la prestación económica de un servicio en función de la coactividad del mismo, no de la forma de gestión del servicio. De todo lo cual se sigue que, aún estando otorgada la prestación del servicio a una persona privada, de acuerdo con cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión de dicho servicio, lo que habrá de ponerse en relación con el artículo 85.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 156 del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de los Contratos de las Administraciones Públicas, que prevé, como modo de gestión indirecta, entre otros, el de la concesión que es el caso de autos, ello no obsta a que dichas tarifas deban tener la naturaleza y la regulación propia de una tasa”.
El desarrollo del motivo se centra en la aplicación preferente al supuesto que nos ocupa de la Legislación de Haciendas Locales, atendida su carácter de legislación especial con relación al artículo 2.2.a) de la LGT 2003 , revestida de carácter general y que le llevaría a sostener, de acuerdo con el artículo 2.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo , por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, -que declara que “La hacienda de las entidades locales estará constituida por los siguientes recursos….b) los tributos propios clasificados por tasas… “- , que las contraprestaciones que se perciban directamente por los concesionarios nunca pueden tener la cualidad de tributo sino de tarifa, ya que aquella se reserva para los supuestos en que es la Administración Local la que presta de manera directa de un servicio público.
Así, el articulo 20.4.r) de la LHL en cuanto establece que “…las entidades locales podrán establecer tasas por y en particular por los siguientes: Servicios de alcantarillado, así como tratamiento y depuración de aguas residuales..” ha de ponerse necesariamente en relación con el apartado t) de dicho artículo, pues ha de tenerse en cuenta que el servicio de alcantarillado y depuración no puede desvincularse del servicio de abastecimiento de agua que le antecede.
“[…] La contraprestación que se exija por la prestación de un servicio público o la realización de una actividad administrativa de competencia municipal tendrá, en todo caso, la naturaleza de tasa cuando ello resulte de lo preceptuado en el art. 20.1, párrafo 2º, letra B del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Esa naturaleza no queda alterada por el mero hecho de que el servicio o actividad de que trate no se preste o realice directamente por la Entidad Local sino que se preste o realice por cualquiera de las formas previstas en la legislación administrativa para la gestión del servicio público.
Todo lo anterior indica, como ha puesto de relieve la doctrina, que vamos a asistir, en los próximos años, a una “recalificación” de buena parte de las prestaciones que exigen las Entidades públicas empresariales, las sociedades municipales y los concesionarios a los ciudadanos. En este sentido, debemos recordar, de nuevo, lo dispuesto en el art. 2.2.a) de la LGT. Así, no es solo que el Tribunal Constitucional le haya otorgado relevancia constitucional –lo que es muy importante–, sino que la misma Administración lo está empleando para considerar como tasas prestaciones que hasta el momento tenían la consideración de tarifas, exigidas en régimen de Derecho privado por concesionarios o por sociedades mercantiles públicas.
A la vista de la doctrina del Tribunal Constitucional, conformada en su sentencia 185/1995, de 14 de diciembre , así como en las sentencias 102/2005, de 20 de abril , y 121/2005 de 10 de mayo , y de su traslación a la reforma de la Ley de Haciendas locales por la Ley 25/1998, de 13 de julio, y, últimamente, al Texto Refundido 2/2004, de 5 de marzo, y a la LGT 58/2003, de 17 de diciembre, no cabe duda de la procedencia de calificar como tasa las contraprestaciones que satisface el usuario del servicio de alcantarillado con independencia de la modalidad de gestión adoptada. Sea cual fuere el modo de gestión del servicio, incluso a través de concesión, la contraprestación exigida no puede tener otra naturaleza que la de tasa. Se realiza de este modo una interpretación armónica e integradora de la legislación tributaria general y de la local, al acudir a la LGT 58/2003 para complementar las disposiciones del TR-LRHL; se salva así el obstáculo que pudiera suponer el que no se modificara la normativa tributaria local en el mismo sentido que el art. 2.2.a) de la LGT. El resultado es considerar aplicable en el ámbito local la referencia a que la forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión. Dicha conclusión se apoya en el hecho de que la definición de las categorías tributarias –y entre ellas, de la tasa– constituye una competencia exclusiva estatal al amparo del título “Hacienda General” consagrado en el art. 149.1.14 de la Constitución”.
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References: artículo 2
 artículo 6
 artículo 20
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 artículo 20
 artículo 57
 artículo 86
 artículo 155
 artículo 85
 artículo 156
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 2
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