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Timestamp: 2017-06-25 05:14:23+00:00

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ID RENOVANTES: 2016
El COGITIA imparte una Jornada Técnica sobre el acceso y ejercicio de profesiones reguladas en la UA - Universitat d'Alacant / Universidad de Alicante
El COGITIA imparte una jornada técnica sobre el acceso y ejercicio de profesiones reguladas en la Universidad Miguel Hernández
formación postgrado,
Estudiantes de Ingeniería de la UMH podrán realizar los Trabajos Fin de Grado en empresas del COGITI Alicante
LOS INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES SON TÉCNICOS COMPETENTES PARA LA COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
En relación con la prevención de riesgos laborales en obras de construcción
de edificios de viviendas, así como en actividades vinculadas a esa disciplina
(redacción de estudios de Seguridad y Salud, Coordinación de seguridad y salud
tanto a nivel de proyecto como de ejecución,…), resulta imprescindible recordar
la constante doctrina del Tribunal Supremo, contraria a los monopolios
competenciales o competencias exclusivas de determinadas titulaciones
(Aparejadores y Arquitectos). Esta doctrina constituye un indudable principio a
favor del reconocimiento de competencias de la Ingeniería Técnica Industrial.
A tal respecto, hay que recordar que el Real Decreto 1627/1997 no concreta cuáles sean los técnicos
competentes para realizar las actuaciones profesionales que contempla la
disposición sino que se limita a exigir que las mismas sean realizadas por
técnico competente. Esa genérica alusión a “técnico competente”, contenida en
una disposición reglamentaria, ha sido reiteradamente interpretada por el
Tribunal Supremo, sentando un principio contrario al “monopolio competencial”
de las distintas profesiones tituladas, en particular, las de carácter técnico.
Es decir, la concurrencia competencial entre diversas titulaciones respecto a
una misma actividad profesional es conforme al principio sentado por nuestra
jurisprudencia de que la mayor especialización de una determinada profesión no
es una razón que por sí misma determine la necesaria restricción de una
determinada competencia a la profesión titulada más especializada. Para que
pueda entenderse que existe un monopolio de la competencia profesional a favor
de unos determinados técnicos en relación con una determinada materia, es
preciso, a partir de la Constitución, que dicho monopolio esté establecido por
La Ley de Ordenación de la Edificación, no
constituye argumento en contra, porque no pretende regular las atribuciones
profesionales en esta materia. En efecto, el régimen de competencias
profesionales en materia de prevención de riesgos laborales, bien sea para
actuar como coordinador de seguridad y salud o bien para firmar y asumir la
responsabilidad de los estudios y estudios básicos de seguridad y salud en
obras de construcción no se encuentra regulado en la Ley de Ordenación de la
Edificación. Pero es que, además, aun en el marco de la citada Ley de
Ordenación de la Edificación, no resulta de la misma la exclusión de las
Ingenierías en cuanto a la coordinación de seguridad y salud tanto a nivel de
proyecto como de ejecución de obra. Por tanto nos encontramos ante una clara
competencia de la Ingeniería Técnica Industrial
Por otro lado, con la aparición de la Ley 20/2013
de garantía de unidad de mercado, indica muy claramente en el Artículo 21 que las
autoridades competentes supervisarán el ejercicio de las actividades económicas
garantizando la libertad de establecimiento y la libre circulación y el
cumplimiento de los principios recogidos en esta Ley, y que cuando la
competencia de supervisión y control no sea estatal: las autoridades de origen serán
las competentes para la supervisión y control de los operadores respecto al
cumplimiento de los requisitos de acceso a la actividad económica y las
autoridades de destino serán las competentes para la supervisión y control del
ejercicio de la actividad económica.
Por tanto, cuando una actividad económica como por
ejemplo, la de servicios de ingeniería, diseño, consultoría tecnológica y
asistencia técnica que tengan la consideración de ejercicio de una profesión
regulada, será necesaria la autorización del acceso y el ejercicio de esa
profesión regulada por la autoridad competente. Esa autoridad competente[1] será el
ámbito de actuación de los Colegios Profesionales y, en su caso, Consejos
Generales y Autonómicos de Colegios Profesionales. Por tanto estamos ante una
definición muy clara del ámbito competencial de los Colegios, que tendrá la consideración
de autoridad competente en materia de acceso a la profesión y de regular el
régimen de ejercicio de esa profesión. Por tanto será la autoridad que habilite
para el ejercicio profesional de sus colegiados, justificando la Administración
una razón imperiosa de interés general la denegación de competencias en la
La conclusión a la que, de
modo evidente, nos lleva este texto, es que la función de los coordinadores,
tanto en la elaboración del proyecto como en la ejecución de la obra, es la de
que en ninguno de los casos nos encontramos ante funciones comprendidas en la
edificación en sí misma sino ante tareas preventivas, relativas a la
evaluación, evitación, previsión, etc., de los riesgos, a la determinación de
las medidas técnicas que a esos afines deban adoptarse, medidas y funciones, en
definitiva, propias de la Ingeniería Técnica Industrial.
[1] Tal y como aparece en la Ley 17/2009, la autoridad
competente será cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación y
el control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a
una actividad de servicios o su ejercicio, y en particular, las autoridades
administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales
y, en su caso, consejo generales y autonómicos de colegios profesionales.
Fuente: Este texto ha sido extractado del Dictamen sobre Atribuciones Profesionales de los Ingenieros Técnicos Industriales elaborado por EJP
coordinador de seguridad y salud,
Jornada "Nuevas Oportunidades en el Sector Eléctrico" impartida en el Campus de Alcoy de la UPV
El pasado jueves 18 de febrero, impartí una jornada técnica denominada "Mercado eléctrico y nuevas oportunidades en el sector energético” dirigida a los alumnos de los últimos cursos de las titulaciones de Grado en Ingeniería de la rama industrial que se imparten en la Escuela de Alcoy.
Dada la amplitud de la temática, la inicié comentando aspectos macro sobre energía, coyuntura energética, la nueva Ley del sector eléctrico, gestión de demanda y operativa del mercado, para entrar a temas más concretos y nuevos retos como la ITC-52 sobre el vehículo eléctrico, el despliegue de energías renovables y oportunidades de trabajo en aspectos como el autoconsumo con la nueva regulación del Real Decreto 900/2015 y las auditorías energéticas en empresas, según el recientemente aprobado Real Decreto 56/2016.
Por último, abordé aspectos de ejercicio profesional como los requisitos de acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial, así como las condiciones y requisitos de ejercicio destacando la suscripción obligatoria de un Seguro de Responsabilidad Civil, de gran importancia en la actividad de Ingeniero, y por la que se interesaron mucho los alumnos. También destaqué la actividad de Perito Forense, como una de las grandes desconocidas y que plantean interesantes salidas profesionales.
Agradecer al Profesor Rafael Montoya su colaboración e interés en transmitir a los alumnos interesantes reflexiones para su inminente salida al mercado laboral.
tecnología eléctrica,
¿Certificación de producto o Certificación de personas en el ejercicio de las profesiones reguladas?
Siguiendo lo indicado en mi anterior post sobre las Diferencias entre el acceso y el ejercicio en las profesiones reguladas, es destacable, como resumen, que el acceso está claramente regulado a través de la colegiación obligatoria, como es el caso de las Ingenierías o la Arquitectura, en definitiva las profesiones denominadas comúnmente "técnicas". Pero ¿qué ocurre en el ámbito del ejercicio? La casuística es diversa, ya que viene recogida en las normas de régimen interno aprobadas estatutariamente por los diferentes Colegios.
Es lógico pensar, por tanto, que cuando la actividad de servicios de ingeniería (diseño, consultoría tecnológica y asistencia técnica) que tengan la consideración de ejercicio de una profesión regulada y se requiera por parte de la Administración la presentación, redacción y firma de documentos (redacción de proyectos técnicos, certificaciones finales de obra, informes técnicos,...) por técnicos competentes, que tendrán la consideración de públicos, será necesaria la autorización del acceso y el ejercicio de esa profesión regulada por una autoridad competente, definida ésta última como cualquier organismo o entidad que lleve a cabo la regulación y el control de las actividades de servicios, o cuya actuación afecte al acceso a una actividad de servicios o su ejercicio, y en particular, las autoridades administrativas estatales, autonómicas o locales y los colegios profesionales y, en su caso, consejo generales y autonómicos de colegios profesionales. Por tanto estamos ante una definición muy clara del ámbito competencial de los Colegios Profesionales, que tendrá la consideración de autoridad competente en materia de acceso a la profesión, como se ha visto al principio, y de regular el régimen de ejercicio de esa profesión.
Cambio de paradigma: certificación de producto/persona
En la redacción de esos proyectos o documentos por parte de técnicos competentes, se exigía por parte de la autoridad competente en materia de seguridad industrial (Consejerías de Gobiernos Autonómicos) hasta el Real Decreto 1000/2010 un Visado de documentos técnicos como función pública descentralizada de control de ejercicio, en definitiva se exigía una Certificación de Producto. Pero a partir de la entrada en vigor de ese Real Decreto, ha cambiado el paradigma y ya no se exige la función pública de Visado (lo que ha disparado, por cierto, el intrusismo - cercano al 30% según fuentes colegiales) sino que esas mismas Consejerías también han asumido el papel de autoridad competente en materia de ejercicio profesional de todos aquellos técnicos que presenten proyectos que afectan directamente a la seguridad y salud de las personas, a través de las declaraciones responsables que requieren firmar a los técnicos competentes. Por tanto, estamos ante un claro ejemplo de un ámbito de Certificación de Personas, a través, en este caso, de una declaración responsable. El mismo patrón aparece en muchas administraciones locales, que requieren también de la firma de una declaración responsable al técnico competente, como que está cumpliendo con los requisitos en el ejercicio de su profesión.
Diferencias entre acceso y ejercicio de las profesiones reguladas
Estos días ha aparecido en prensa el titular "Año y medio de prisión para un feriante acusado de falsear un certificado de un ingeniero" el cual me ha hecho rememorar los tiempos del Real Decreto 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio, la Ley 17/2009 sobre libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, así como la Ley 25/2009 que modifica y adapta varias leyes a esos principios liberalizadores, entre ellas, la Ley de Colegios Profesionales, y por último la reciente Ley 20/2013 de garantía de Unidad de Mercado.
Llevamos más de 5 años desde la entrada en vigor de un marco normativo que inició una liberalización de los servicios profesionales, en general, con muchos desequilibrios en la aplicación operativa de los preceptos de la directiva y confusión en el ejercicio de las profesiones sujetas a regulación.
La Ley 20/2013 de garantía de unidad de mercado establece que la autorización es el medio de intervención administrativa que más limita el acceso a una actividad económica y su ejercicio, pero las autoridades podrán elegir entre: una comunicación, una declaración responsable o una autorización en función del interés general a proteger, de los requisitos que, en su caso, se exijan para la salvaguarda de dicho interés general y en atención a la naturaleza de la actividad o a la infraestructura física. Todo ello, es rigurosamente necesario remarcarlo: con carácter general. Se indican en esa Ley 20/2013 los motivos que habilitan para exigir autorización administrativa: razones de seguridad pública, salud pública, protección del medioambiente, y el orden público. Todos ellos son motivos que justifican una autorización, en el acceso y ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Técnico Industrial. Por último, también se indica que la autorización requerirá de una verificación previa de los requisitos exigidos.
Actualmente, la Ingeniería Técnica Industrial es una profesión regulada según la legislación española (además, conforme a la Ley 17/2009 una actividad regulada es aquella actividad o conjunto de actividades cuyo acceso, ejercicio o una de las modalidades de ejercicio, en virtud de disposiciones legales o reglamentarias, estén subordinados de manera directa o indirecta a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales). El acceso a la profesión de Ingeniero Técnico Industrial se adquiere mediante una autorización en su acceso (la colegiación obligatoria a través del Colegio Profesional competente en la materia - Art. 17 Ley 20/2013) como en su ejercicio cualitativo y cuantitativo (a través del cumplimiento de los requisitos estatutarios de la profesión) y por tanto, es necesario remarcar que las profesiones reguladas se encuentran sujetas un determinado régimen: el de autorización en el acceso y el régimen estatutariamente recogido para el ejercicio.

References: Real Decreto 
 Artículo 21
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto