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Timestamp: 2018-09-21 00:51:33+00:00

Document:
﻿ Auto 44076 de julio 16 de 2014
AUTO AP3873-2014 DE 16 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:CONFLICTOS DE COMPETENCIA ENTRE JUSTICIA Y PAZ Y LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA. EL ESTATUTO PROCESAL POR EL CUAL SE RIGE LA ACTUACIÓN SURTIDA ANTE LA JURISDICCIÓN PENAL ORDINARIA ES EL QUE DETERMINA SI DEBE ACUDIRSE AL INCIDENTE DE DEFINICIÓN (LEY 906 DEL 2004) O AL DE COLISIÓN (LEY 600 DEL 2000) PARA DIRIMIR LAS CONTROVERSIAS SOBRE COMPETENCIA QUE SE PRESENTAN ENTRE UNA AUTORIDAD QUE HACE PARTE DE LA JURISDICCIÓN DE JUSTICIA Y PAZ Y OTRA QUE PERTENECE A LA PENAL ORDINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:LEY DE JUSTICIA Y PAZ, PROCESO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2004, AUTO, COMPETENCIA, CONFLICTO DE COMPETENCIA, PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ
Auto 44076 de julio 16 de 2014
AP3873-2014
Radicación: 44076
Al tenor de lo normado en el artículo 32-4 de la Ley 906 de 2004, aplicable por remisión, según establece el canon 62 de la Ley 975 de 2005, la Sala está facultada para dirimir la presente controversia, dado que es el superior común del juzgado y el tribunal que rehúsan el conocimiento del asunto (Cfr. CSJ AP, 30 mayo 2006, rad. 24964, reiterado en todos los pronunciamientos posteriores sobre el tema).
Previo a abordar la decisión de fondo, impera precisar que el incidente pertinente para hacerlo es, en efecto, el de definición de competencia.
El artículo 62 de la Ley 975 al que se hizo alusión, dispone que “para todo lo no dispuesto en la presente ley se aplicará la Ley 782 de 2002 y el Código de Procedimiento Penal”. Aunque la disposición no especifica si se refiere a la Ley 600 de 2000 o a la Ley 906 de 2004, siempre que la Corte se ha pronunciado sobre el tema, la Corte ha explicado que la remisión involucra a ambos cuerpos normativos, tal como lo consagraba explícitamente el canon 2º del Decreto 4760 de 2005, antes de su derogatoria por parte del artículo 99 del Decreto 3011 de 2013.
El criterio se mantiene vigente, pese a la referida derogatoria, por lo que no existe duda alguna sobre la posibilidad de suplir los vacíos normativos existentes en la referida ley de justicia transicional, acudiendo a los dos estatutos de procesamiento penal vigentes en la actualidad. No obstante, es claro también que entre éstos, el expedido en el año 2004 es el que presenta mayores similitudes en su diseño estructural con la Ley 975.
Entre otros aspectos, se destaca el desarrollo del trámite, que tiene lugar primordialmente mediante la celebración de audiencias públicas en las que se materializan la oralidad e inmediación como principios rectores; e igualmente, la separación de roles y funciones, propia de los sistemas con tendencia acusatoria.
Siguiendo tales postulados, la Corte ha sostenido de manera reiterada (Cfr. CSJ AP, 14 abr. 2010, rad. 33718) que las controversias sobre competencia, suscitadas al interior de un proceso de justicia y paz, deben dirimirse mediante el trámite de la definición (L. 906), no el de la colisión (L. 600).
Es necesario referir que en tres pronunciamientos (CSJ AP, 17 nov. 2011, rad. 40048; CSJ AP, 20 feb. 2013, rad. 40716; y CSJ AP, 22 feb. 2013, rad. 40724), la Sala se abstuvo de resolver los incidentes de definición de competencia promovidos, por cuanto en vez de éstos, debían haberse propuesto y tramitado como incidentes de colisión de competencia.
La aparente contradicción se desvanece si se tiene en cuenta que en estas tres oportunidades, el conflicto se presentaba entre juzgados penales que conocían determinados procesos bajo la égida de la Ley 600, de una parte, y Salas de Justicia y Paz, por la otra.
Por lo tanto, la regla que debe extraerse de la doctrina jurisprudencial en cita es la siguiente: cuando la controversia sobre la competencia se presenta entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción de justicia y paz y otra que pertenece a la penal ordinaria, el estatuto procesal por el cual se rige la actuación surtida ante esta última, es el que determina si debe acudirse al incidente de definición (L. 906) o al de colisión (L. 600). Pero, si el conflicto respecto de la competencia se suscita entre dos despachos que conforman la jurisdicción consagrada en la Ley 975, (verbi gratia, entre dos salas de justicia y paz de distintos tribunales), se resolverá siempre por los cauces del estatuto adjetivo de 2004.
En consecuencia, el sub examine corresponde a un incidente de definición de competencia, habida cuenta de que los dos extremos involucrados hacen parte de la jurisdicción de justicia y paz.
Establecido lo anterior, se avoca la Corte a determinar cuál de dichas autoridades es la facultada para pronunciarse respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia de primera instancia.
El artículo 32 de la Ley 975 de 2005, modificado por el canon 28 de la Ley 1592 de 2012, establece la competencia general de las Salas de Justicia y Paz (“adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de los que trata la presente ley”), y la que corresponde a los juzgados de ejecución de las sentencias proferidas por aquellas colegiaturas (“vigilar el cumplimiento de las penas y de las obligaciones impuestas a los condenados”).
En términos amplios, puede decirse que tal división de las labores jurisdiccionales es equivalente a la que existe dentro de los regímenes procesales ordinarios de 2000 y 2004, en los cuales se asigna a los jueces de conocimiento la dirección de la fase de juzgamiento y emisión de la sentencia; y a los de ejecución la supervisión de la sanción impartida.
Sobre esto último, ha dicho esta corporación, en sede de tutela, lo siguiente:
Al examinar el artículo 38 de la Ley 906 de 2004, que establece la competencia de los juzgados de ejecución de penas, se deduce fácilmente que su función primordial es adoptar las decisiones relacionadas con el cumplimiento de la sentencia en firme.
Por ello, y en atención también a los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tales despachos solamente están autorizados a modificar el contenido del fallo cuando su decisión estribe sobre “la aplicación del principio de favorabilidad cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal” o el “reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia”, según se desprende de los numerales 7º y 9º de la disposición en cita (CSJ STP, 05 jun. 2014, rad. 73884; y CSJ STP, 26 jun. 2014, rad. 74336).
Tales consideraciones son igualmente aplicables a los asuntos reglados por la Ley 600 de 2000, cuya redacción sobre este tema en el artículo 79 es idéntica a la transcrita; y en virtud del principio de complementariedad previamente expuesto, sirven también como parámetro de definición en procesos surtidos bajo la égida de la Ley 975 de 2005.
Por tanto, provisionalmente puede decirse que el Juzgado de Ejecución de Sentencias de Justicia y Paz no es competente para decidir lo que en derecho corresponda respecto de la petición de aclaración de la sentencia, en tanto ello desborda el ámbito de sus atribuciones jurisdiccionales.
La conclusión se refuerza cuando se tiene en cuenta el principio de irreformabilidad de la sentencia, igualmente aplicable por remisión, regulado en el canon 412 de la Ley 600 de 2000, así:
La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o Sala de Decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva.
No está demás precisar que los excepcionales cambios respecto de la decisión pueden ser efectuados en cualquier momento, aún con posterioridad a su firmeza, tal como lo ha explicado la Corte al estudiar la norma que acaba de reseñarse:
A diferencia de lo establecido en el Decreto 50 de 1987, que disponía que las referidas modificaciones al fallo sólo podían surtirse dentro del término de ejecutoria, tanto en el Decreto 2700 de 1991, como en el estatuto procesal penal actualmente vigente no se establece tal exigencia temporal, razón por la cual ha estimado la Sala que la modificación de la sentencia es viable en cualquier tiempo, siempre que la misma sea procedente (CSJ AP, 12 mayo 2004, rad. 18948, reiterado, entre muchos otros, en CSJ AP, 21 oct. 2013, rad. 35954).
Por lo tanto, sin dificultad alguna se advierte que la autoridad competente para pronunciarse sobre la solicitud de aclaración de la sentencia de primer grado, es la misma que la expidió, a saber, la Sala de Justicia y Paz involucrada, a la que se remitirá de inmediato el diligenciamiento, para lo de su cargo.
La presente determinación será comunicada al Juzgado de Ejecución de origen.
1. ASIGNAR la competencia para decidir lo que en derecho corresponda, respecto de la solicitud de aclaración de la sentencia de primera instancia, a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá. En consecuencia, ORDENAR el envío inmediato de las diligencias a dicha colegiatura, para lo de su cargo.
2. COMUNICAR la presente determinación al Juzgado con Función de Ejecución de Sentencias de las Salas de Justicia y Paz del Territorio Nacional.

References: artículo 32
 artículo 62
 artículo 99
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 79