Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2019/as201920026%20.html
Timestamp: 2019-11-20 02:21:10+00:00

Document:
as201920026
Auto Supremo: 26/2019
Expediente: LP-83-18-S
Partes: Justo Siñani Chinahuanca y Alberto Chura Aruquipa c/ Eleuterio Bautista Mamani, Ramón Bautista Mamani y Joaquín Bautista Paucara.
Proceso: Mejor derecho de propiedad, reivindicación y pago de daños y perjuicios.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 1094 a 1099, interpuesto por Justo Siñani Chinahuanca y Alberto Chura Aruquipa, contra el Auto de Vista Nº S-79/2018 de fecha 23 de febrero, cursante de fs. 1091 a 1092, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro el proceso ordinario de mejor derecho de propiedad, reivindicación y pago de daños y perjuicios, seguido por los recurrentes contra Eleuterio Bautista Mamani, Ramón Bautista Mamani y Joaquín Bautista Paucara, la contestación al recurso de fs. 1104 a 1105 vta.; el Auto interlocutorio de concesión del recurso de fecha 14 de junio de 2018 que cursa a fs. 1109; el Auto Supremo de admisión del recurso de casación Nº 615/2018-RA de 10 de julio que cursa de fs. 1114 a 1115 vta.; los antecedentes del proceso, y;
1. Justo Siñani Chinahuanca y Alberto Chura Aruquipa, por memorial de demanda que cursa de fs. 15 a 16, subsanada por memoriales de fs. 27, 33, 37 y vta., iniciaron demanda ordinaria de mejor derecho de propiedad, reivindicación y pago de daños y perjuicios; demanda que fue interpuesta contra Eleuterio Bautista Mamani, Ramón Bautista Mamani y Joaquín Bautista Paucara, quienes una vez citados, por memorial que cursa de fs. 56 a 57, interpusieron excepción de litispendencia y de incompetencia, las cuales, por Auto Interlocutorio Nº 84/2013 de 25 de julio que cursa a fs. 72 y vta., fueron rechazadas, sin embargo, como no contestaron de forma oportuna fueron declarados rebeldes por Resolución Nº 96/2013 de fecha 22 de agosto que cursa a fs. 75.
Bajo esos antecedentes, y tramitada la causa, el Juez Público Mixto Civil, Comercial y de Familia de Achacachi, Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, mediante Sentencia Nº 16/2017 de fecha 15 de marzo, cursante de fs. 995 a 1003, declaró PROBADA en parte la demanda principal, en relación al mejor derecho y reivindicación; en consecuencia y previa ejecutoria, dispuso que se restituya el lote de terreno de 10 Has., ubicado en el ex fundo Cucuta de la Provincia Los Andes del Departamento de La Paz, en el plazo de 10 días bajo alternativa legal de desapoderamiento y demás alternativas de rigor; e IMPROBADA la tercería de dominio excluyente interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Pucarani, sin costas.
2. Resolución que puesta en conocimiento de las partes, dio lugar a que Eleuterio Bautista Mamani, Ramón Bautista Mamani y Joaquín Bautista Paucara, mediante memorial de fs. 1009 a 1011 vta., interpusieran recurso de apelación.
3. En mérito a esos antecedentes la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº S-79/2018 de fecha 23 de febrero que cursa de fs. 1091 a 1092, donde los Jueces de Alzada en lo trascendental de dicha resolución advirtieron que el Juez de la causa no habría llegado a exponer los motivos fácticos legales por los cuales consideró que la pretensión de reconocimiento de mejor derecho propietario correspondía ser declarada probada, toda vez que si bien reconoció cuales eran los requisitos indispensables para la procedencia de dicha acción, empero no habría establecido los títulos de propiedad inscritos en el registro de Derechos Reales conforme al art. 1538 del Código Civil, en virtud a los cuales habría corroborado la preminencia en la inscripción del título de propiedad de los actores respecto del título de propiedad de los demandados, y así declarar el mejor derecho propietario, considerando que dicha autoridad –Juez A quo- solo habría hecho mención a un “supuesto derecho propietario de los demandados”. En virtud a dichas consideraciones, infirieron que le corresponde al juez de la causa emitir nueva sentencia en la que se establezca los antecedentes y motivos por los cuales arribó a tal convicción, máxime cuando dicho requisito implicaría el cumplimiento mismo de la garantía del debido proceso en su elemento de fundamentación de las resoluciones judiciales, razón por la cual ANULÓ obrados hasta fs. 995 inclusive, encomendando que el juez de la causa emita nueva sentencia dando cumplimiento a las observaciones formuladas en dicho fallo.
4. Fallo de segunda instancia, que puesta en conocimiento de ambas partes, ameritó que Justo Siñani Chinahuanca y Alberto Chura Aruquipa, interpusieran recurso de casación, el cual se pasa a analizar:
1. Refiere que en obrados cursan los correspondientes títulos de propiedad debidamente inscritos en la oficina de Derechos Reales, con lo que habría dado cumplimiento con lo dispuesto en el art. 1538 del Código Civil, y que de igual forma el juez de la causa habría establecido claramente este extremo en la parte considerativa 2da. de la sentencia, por lo que no existiría vicio alguno al respecto.
2. Señalan que está demostrado que su propiedad corresponde al lugar del terreno objeto de litis, hoy urbanización San Juan Bautista, mientras que la parte demandada o avasalladores no tendrían ningún derecho sobre un terreno que se encuentra en la comunidad de Cucuta; situación que se habría demostrado en el transcurso del proceso con un justo título de derecho propietario debidamente inscrito en la oficina de Derechos Reales y contrariamente la parte demandada no habría demostrado porque no contaría con ningún título de propiedad.
3. Aduce que los jueces de segunda instancia habrían omitido referir que en la parte fundada de la sentencia, el Juez A quo realizó un trabajo exacto de comparación de los derechos antagónicos y principalmente en lograr la certeza respecto a la ubicación del terreno objeto de reivindicación, para posteriormente en la parte de conclusiones, comparar nuevamente los derechos de propiedad, donde estableció que el de los demandantes sería perfecto por ser oponible y público con mención exacta de su registro en Derechos Reales; en consecuencia, acusan que existiría valoración expresa sobre el mejor derecho propietario de su parte, por lo que la observación de los jueces de segunda instancia respecto a la falta de fundamentación sería errada, ya que los recurrentes habrían cumplido con acreditar la ubicación exacta del inmueble que coincidiría con sus títulos de propiedad.
4. Acusan que el razonamiento del Tribunal de Apelación en sentido de que no existiría una decisión que contenga una comparación de los derechos en litigio, sería falso, pues en su calidad de demandantes habrían demostrado la existencia de un derecho de propiedad, legal, público y oponible, en cambio, los demandados no habrían acreditado derecho público u ostensible, es decir un derecho registrado en Derechos Reales a excepción de las 3 Has., destinadas a área escolar que se encontrarían registrados a nombre del Ministerio de Educación.
5. Denuncian también que no existiría omisión valorativa alguna respecto de a quien correspondería el mejor derecho de propiedad, ya que en los puntos I y II de la sentencia, se habría relacionado ambos derechos litigiosos, por lo que el fundamento central de la nulidad sobre la falta de opinión, fundamentación y motivación en la resolución de primera instancia, sería falsa.
Por lo expuesto solicita se admite su recurso de casación.
Eleuterio Bautista Mamani, Ramón Bautista Mamani y Joaquín Bautista Paucara, por memorial que cursa de fs. 1104 a 1105 vta., contestan al recurso de casación de la parte actora bajo los siguientes fundamentos:
Que el derecho propietario de la parte actora así como su registro en Derechos Reales, presentaría irregularidades legales.
Que los demandantes nunca estuvieron en posesión del bien inmueble objeto de litis y que los documentos que presentaron para acreditar su derecho propietario lo habrían obtenido con fraude, sobreponiéndose a un área escolar y campo deportivo.
Señalan también que no son solo los demandados los que estarían en posesión, sino muchas otras personas más de la comunidad de Cucuta, y de forma equivocada solo se les habría demandado a ellos; asimismo, refieren que el derecho de posesión les habría dado la Sentencia Agraria Móvil de 4 de marzo de 1958, que fue confirmada por Auto de Vista de 2 de julio de 1958 y Resolución Suprema Nº 82235 de 13 de marzo de 1959, donde se habría dotado de tierras a sus padres.
Finalmente señalan que cuando recurrieron en apelación, solicitaron la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, pues no sería su culpa que la demanda fuese mal formulada, ya que no existiría mejor derecho de propiedad ni reivindicación.
En ese entendido solicitan se declare improcedente el recurso de casación por no haber cumplido los recurrentes con los requisitos establecidos en el art. 274 del Código Procesal Civil.
III.1. De la nulidad en segunda instancia por falta de fundamentación, motivación e incongruencia en la sentencia.
La debida motivación y fundamentación de las resoluciones judiciales está estrechamente al derecho al debido proceso y es considerada como el derecho que tienen las partes procesales de conocer las razones y/o motivos en las cuales se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que los justiciables a través de su análisis, puedan constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraría.
En tal sentido, ante la existencia de una resolución de primera instancia carente de motivación, fundamentación o que esta resulte incongruente, si bien en un primer momento este aspecto puede dar lugar a una nulidad procesal; empero, debe tenerse presente que bajo un nuevo modelo constitucional este instituto procesal resulta aplicable únicamente en determinados casos bajo un criterio de juridicidad, y siempre y cuando ese acto no pueda ser suplido en la instancia superior, ello en aplicación del principio de protección de actuados procesales cuya finalidad es que el proceso alcance el fin esperado que es la solución del conflicto jurídico por su calidad de teleológico. Bajo esta premisa el Tribunal de Apelación en estricta aplicación de sus prerrogativas (las cuales se hallas inmersas de manera expresa en la norma), deberá fallar en el fondo, no resultando viable disponer una nulidad de obrados por ninguno de esos motivos.
Lo expuesto supra, tiene su sustento en la búsqueda del fin principal de la administración de justicia que es la solución del conflicto jurídico, bajo esa premisa la Ley Nº 439 en el art. 218.III de forma textual determina: “ Si se hubiera otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el tribunal de alzada deberá fallar en el fondo.”, criterio que ya ha sido exteriorizado en el Auto Supremo Nº 304/2016 de fecha 06 de abril donde se ha delineado en sentido que: “los Tribunales de segunda instancia deberán tener presente que a partir de un nuevo entendimiento procedimental establecido por la Ley Nº 439 la falta de congruencia, no son causales para disponer nulidad alguna, sino que ante la evidente falta de congruencia, deberán fallar en el fondo de la causa, debido a que la norma en su art. 218 (Ley 439) de forma textual expresa: “III Si se hubiere otorgado en la sentencia más o menos de lo pedido y hubiere sido reclamado en grado de apelación, el Tribunal de alzada deberá fallar en el fondo”, norma que reconoce la amplitud y que el Tribunal de apelación al ser otra instancia posee las mismas facultades del Juez de Primera instancia, esto con la finalidad de resolver el conflicto jurídico.” (El resaltado nos pertenece).
En virtud a los fundamentos expuestos en el considerando precedente, corresponde a continuación realizar las siguientes consideraciones:
Del examen minucioso de los reclamos en los cuales se funda el recurso de casación de los demandantes, se observa que estos de manera uniforme discrepan la decisión anulatoria del Tribunal de Alzada, aduciendo que dicho Tribunal habría omitido considerar que el Juez A quo a momento de dictar sentencia realizó un trabajo exacto de comparación de los derechos de propiedad de ambas partes, toda vez que en los puntos I y II de la Sentencia de primer grado, se habría relacionado ambos derechos litigiosos, llegando a establecer que el de los recurrentes, al estar registrado en Derechos Reales tendría la calidad de público y por ende sería oponible a terceros; razón por la cual concluyen que la observación de los jueces de segunda instancia respecto a la falta de fundamentación, omisión valorativa respecto de a quien correspondería el mejor derecho de propiedad, sería errada, pues los recurrentes habrían cumplido con acreditar la ubicación exacta del inmueble objeto de litis que coincidiría con sus títulos de propiedad, no existiendo de esta manera vicio alguno.
De la síntesis de las acusaciones traídas a casación, resulta pertinente remitirnos a la resolución recurrida en casación, en ese sentido, del análisis del Auto de Vista Nº S-79/2018 de fecha 23 de febrero que cursa de fs. 1091 a 1092, se infiere a prima facie que la razón que motivó al Tribunal Ad quem a anular la sentencia de primera instancia, fue porque consideró que el Juez de la causa al emitir tal resolución no había dado cumplimiento a la garantía jurisdiccional del debido proceso en su elemento de debida fundamentación, advirtiendo en ese sentido que el A quo no habría establecido los antecedentes y motivos fácticos legales por los cuales arribó a la convicción de que la pretensión de mejor derecho propietario correspondía ser declarada probada.
De estas consideraciones, se infiere que el Tribunal Ad quem, anuló la sentencia de primera instancia por posibles irregularidades procesales que atingen a la estructura formal de la resolución, como es la falta de fundamentación; empero conforme a lo ya dispuesto en la doctrina aplicable al presente caso, esta supuesta anomalía procesal ya no se constituye como causal de nulidad, toda vez que ante la concurrencia de irregularidades procesales, como son la falta de motivación, fundamentación e incongruencia ya sea extra, citra, infra o ultra petita, tal y como lo establecen los arts. 218.III y 265.III ambos del Código Procesal Civil, es deber del Tribunal de Alzada que se percató de los mismos fallar en el fondo y no disponer la nulidad de obrados, aunque no se hubiese solicitado la aclaración, complementación o enmienda, máxime cuando estos extremos no fueron objeto de apelación; en ese entendido, se deduce que la decisión de segunda instancia (anular la sentencia), resulta discorde no solo con lo establecido en las normas citadas supra, sino también con los nuevos lineamientos constitucionales y los principios procesales que rigen la materia como son los principios de legalidad, dirección, concentración, celeridad, igualdad procesal y probidad.
En tal sentido, se tiene que el Tribunal de Alzada, precisamente en razón al nuevo modelo constitucional que rige en nuestro ordenamiento jurídico civil, el cual se encuentra perfectamente reflejado en la Ley Nº 439-Codigo Procesal Civil, que amplía las facultades de este Tribunal, debió actuar dejando de lado el criterio formalista arcaico y, en aplicación de las prerrogativas que se encuentran expresamente señaladas en la ley, fallar en el fondo resolviendo los defectos procesales advertidos, pues al constituirse en una instancia de conocimiento y no de derecho como es el Tribunal de casación, posee las mismas facultades que un Juez de primera instancia o de hecho, cuya finalidad es resolver el conflicto llevado a estrados judiciales, evitando dilaciones innecesarias que lo único que ocasionan es una retardación en el acceso a la justicia, más aun cuando, como ya se dijo anteriormente, estos extremos nisiquiera fueron motivo de apelación de la parte demandada; de ahí que en el caso de autos corresponde anular el Auto de Vista recurrido, con la finalidad de que los Jueces de Alzada que conforman el Tribunal de Apelación, fallen en el fondo resolviendo de manera congruente todos los agravios que fueron denunciados en esa instancia, las cuales obviamente, de acuerdo al análisis de la trascendencia que estas conlleven, darán lugar a que éstos confirmen la Sentencia de primera instancia o en su defecto, si no están de acuerdo con el razonamiento y la decisión asumida por el A quo, revoquen la misma.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y en aplicación del art. 220.III del Código Procesal Civil, ANULA el Auto de Vista Nº S-79/2018 de 23 de febrero, cursante de fs. 1091 a 1092, pronunciado por la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. En consecuencia, dispone que el citado Tribunal de apelación, sin espera de turno y previo sorteo, emita nueva resolución dentro del marco de lo establecido en el art. 265.I de la Ley Nº 439 y conforme a los fundamentos inmersos en la presente resolución.

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