Source: http://argentina-socialista.blogspot.com/2016/08/
Timestamp: 2017-06-28 07:02:18+00:00

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ARGENTINA SOCIALISTA: agosto 2016
El autor envía una reflexión acerca de la necesidad de un paro general para darle fuerza al plan de lucha de cada sector.
En el país, en el contexto de una crisis mundial donde los empresarios y los CEO que gobiernan nuestro país aumentan exponencialmente sus riquezas a costa de la clase trabajadora estamos siendo oprimidos y explotados. Temer hacer paro es quitarle fuerza a las luchas, es darle al gobierno más fuerza. ¿Qué vamos a hacer?
Como la realidad latinoamericana y periférica lo indica y en el contexto de una crisis mundial, las luchas obreras están latentes a los avances de la burguesía. No podemos esperar más; nadie hace paro porque sí, porque es una situación incómoda para todos. Tenemos que organizarnos para enfrentar los ajustes y embates que proporcionan este y todos los gobiernos, porque…
Porqué el gobierno te oprime:
● Te oprime para que tu salario dure poco y vos seas responsable de tu “mala economía”, teniendo que soportar sobreprecios y tarifazos, para que “meritocráticamente” busques más horas laborales para subsistir.
● Te oprime para que un pequeño grupo económico sea beneficiado y vos los banques (con tu trabajo) como millones en el país y en el mundo.
● Te oprime para que no reclames por tus derechos vulnerados, valiéndose de discursos trabajados para bajar línea culpando al trabajador.
● Te oprime para ejercer su monopolio de la violencia con total impunidad mostrándola como algo legítimo, para que la misma sociedad lo avale.
● Te oprime para alimentar su gobernabilidad y que te conformes con llegar a sobrevivir con créditos usureros que solo beneficia a los bancos y megaempresarios.
Porqué las instituciones están en decadencia:
● Las escuelas no logran su objetivo fundacional de educar para construir ciudadanía para el ejercicio de la democracia, porque el mismo sistema está precarizado desde hace décadas y precariza las condiciones en que trabajan vos y tus compañeras y compañeros.
● Porque la mayoría de los inspectores e inspectoras garantizan la gobernabilidad y recortan presupuesto degradando la calidad, fuerzan a que los docentes no reclamen por sus derechos, justificándose en que con más días de clases se revertiría la mala calidad del sistema educativo. Pero la realidad es que éste ya es de mala calidad desde los diseños curriculares, los recursos inmobiliarios y mobiliarios donde se desarrolla la actividad en su mayoría, los insumos didácticos inexistentes, la pésima implementación tecnológica y de soporte tecnológico, la comida en los comedores escolares y las meriendas, entre otros.
● Los sistemas de salud no funcionan, no poseen insumos que garanticen un servicio de calidad y son las trabajadoras y trabajadores quienes se ven vulnerados y sobrepasados por dicha carencia. Esta situación el público usuario del servicio la desconoce y se ve perjudicado, enfureciéndose con los prestadores del servicio cuando son los directivos quienes en general tienen corresponsabilidad con los gobiernos en la precarización del sistema.
● Porque el sistema educativo no busca formar ciudadanos democráticos, sino crear consumidores meritocráticamente, que no estén preparados para defender sus derechos.
● Porque la situación es insostenible y hay que organizarse.
¿Para qué parar todos?
● Para frenar el avance capitalista, que cuanto más avanza menos derechos nos deja, vulnerando la vida para esclavizarnos, para garantizar su acumulación de riquezas a costa de nuestro trabajo.
● Para dejar de enajenarnos, alienarnos y creer que en algún momento cambiará nuestra situación histórica de vulnerabilidad sin ponernos a la cabeza para que eso suceda.
● Para entender que la fuerza del trabajador puede torcer el rumbo de nuestra construcción como sociedad, pero con organización masiva, dándole fuerza a las luchas, siendo millones en las calles para enfrentar las medidas liberales y neoliberales de gobiernos burgueses que nos dominan y subyugan desde hace centenares de años.
● Porque las direcciones sindicales son solo burócratas que pactan con los tres poderes, siendo cómplices de la precarización de la vida social.
● Porque como expresa la nota de Daniela Cobet, de Révolution Permanente (LID Francia) “la huelga general debe suponer necesariamente la amenaza de una renovación del movimiento, más allá de la posible anticipación de los capitalistas”.
● Porque esta idea del “todos juntos” (ibídem) es para dar fuerzas a las medidas obreras, manteniendo la particularidad de cada sector pero fortaleciendo la medida porque todos somos trabajadores.
● Para que el plan de lucha sea efectivo contra los ataques reaccionarios que se opondrán con igual intensidad por parte de las los gobiernos.
Jornada escolar extendida: entrega al clero y “fundaciones” capitalistas
Los contenidos del programa anunciado por el gobierno porteño se dictarán en parroquias y está a cargo de “facilitadores pedagógicos”, contratados por fuera del sistema educativo.
La extensión del horario escolar para nivel primario y secundario y la cobertura escolar es motivo de interés de toda la comunidad educativa. La modalidad de jornada completa tiene una larga trayectoria en el sistema educativo y es un reclamo de las familias trabajadoras que envían a sus hijos a las escuelas públicas. Su implementación en todas las escuelas de la Ciudad requiere extender la infraestructura, construir edificios escolares y acondicionar de espacios y ampliar el presupuesto para pagar los sueldos de los docentes.
Sin embargo, el proyecto “jornada extendida” que presentaron el Gobierno de la Ciudad y su ministra de Educación, Soledad Acuña, va en otro sentido.
El programa la “escuela fuera de la escuela” de la Ciudad se dictará en parroquias y clubes de futbol y estará a cargo de “facilitadores pedagógicos” de la ONG “Enseña x Argentina”, una fundación opaca, financiada por grandes grupos capitalistas.
Con este anuncio, la escuela pública “se extenderá” a instalaciones religiosas, con trabajadores precarizados (los “facilitadores pedagógicos” cobran por debajo del convenio docente y su contratación es discrecional) y sin un plan pedagógico. Durante las últimas semanas, desde los grandes medios nacionales alineados con el gobierno se fabricaron numerosos artículos dirigidos a golpear la creciente tendencia a la huelga docente en se extiende por todo el país. Se pretende instalar que la crisis educativa sería responsabilidad de la docencia y de las familias. El lema “la educación es responsabilidad de todos” omite el rol de los gobiernos en el sostenimiento del sistema educativo, la implementación de las sucesivas reformas que devaluaron los contenidos y la creciente pobreza de la niñez y juventud.
El legislador Marcelo Ramal (FIT-PO) presentará un pedido de informe en la legislatura por la injerencia de las ONGs, denunciando esta nueva intromisión de la Iglesia, la contratación precaria de trabajadores por fuera del Estatuto docente en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
Reclamamos la urgente construcción de escuelas y jardines, la garantía de la matricula en la escuela pública y la solución de todos los problemas de infraestructura escolar, para ampliar la oferta educativa y extender las jornadas escolares según las necesidades de cada escuela y comunidad educativa.
La Perla, la condena de Menéndez y mi viejo
Mi viejo, Cayetano Víctor Hugo da Vila, era uno de los demandantes, declarantes y victima en la ´mega causa´ de La Perla.
La Perla fue un centro de detención y extermino de personas, en predios del III Cuerpo de Ejército, que comenzó a operar en el año 1974 bajo la dirección del “Comando Libertadores de América”, una organización paramilitar liderada por Luciano Benjamín Menéndez. Porque la “lucha contra la subversión” –el exterminio del activismo obrero y estudiantil– comenzó durante el gobierno de Perón-Perón, lo cual incluyó golpes de Estado provinciales, propiciados por el mismo Perón, contra los gobiernos afines a la izquierda peronista. Fue lo que ocurrió en Córdoba, contra el gobierno de Obregón Cano-Atilio López, de la izquierda peronista. Se lo conoció como el Navarrazo, por el nombre del jefe de la policía provincial, Antonio Navarro.
Córdoba siempre fue una ciudad industrial, la ´Detroit argentina´. La huella que el movimiento obrero le imprimió a la cultura de “la Docta” se palpita en cada cuartetazo, el buen humor y en millones de expresiones de solidaridad; pero, sobre todo, en ese fantasma que recorre la memoria colectiva del pueblo trabajador que es el Cordobazo. Esto también significó que Córdoba fuera una de las provincias que más sufrió el encarnizamiento de los represores, antes y después del golpe, porque el objetivo estratégico era la exterminación física de una vanguardia obrera que controlaba las fábricas y talleres.
Muy pocas veces he hablado del presidio de mi padre por ser militante político de las FAL, organización a la que estuvo ligado Alberto Piccinini, secretario general de la UOM Villa Constitución. Era delegado gremial de ATE en la fábrica militar de aviones de Córdoba. El jamás utilizó su condición de ex detenido-desaparecido para arrogarse algún tipo de autoridad política. Por el contrario, aborrecía a quienes si lo hacían.
Recuerdo que despotricaba contra algunos organismos de derechos humanos por lavarle la cara a tal o cual personaje. En cambio, siempre destacó el rol “vital” de la organización “Familiares de detenidos-desaparecidos por razones políticas”. “Ellos metían y sacaban gente del país”, me dijo en algún momento mi viejo. Se refería a que ayudaban a ingresar a compañeros perseguidos en países vecinos y a salir a los compañeros que estaban muy comprometidos en Argentina.
Me resulta inevitable hablar de mi padre para sacar referirme al fallo condenatorio contra Menéndez y demás represores y escribir así, en primera persona. Creo que es la primera vez que lo hago en casi 20 años de militancia.
Durante uno de los alzamientos militares de los 80´, me quedó grabado a fuego un recuerdo de mi viejo, a pesar de que yo era un niño. Mi madre se apuraba para ir a la reunión de un ateneo radical “para defender la democracia” y mi viejo le dijo con mucha firmeza: “no te olvides de quién pedía exterminar a la guerrilla fabril”. Más tarde comprendí que mi padre se refería a que todos los partidos políticos del régimen habían colaborado políticamente con la represión, como Balbín reclamando mano dura para el sindicalismo combativo que no habían logrado detener, a pesar de la vuelta de Perón, del Brujo López Rega y de la Triple A.
Estas condenas llegan con casi 40 años de demora. Y no incluyen a todos los responsables. Los jueces no condenaron a los funcionarios que “prestaron” el radicalismo y peronismo. No condenaron a los grupos económicos que impulsaron la dictadura ni a quienes se beneficiaron con ella, como los Macri, Fortabat, Pescarmona.
Este fallo no nos devuelve a los compañeros caídos, ni la vida en vida que perdió mi viejo. ¡Pero cómo no sonreír cuando mi hermano me escribe que Menéndez recibía su 14° condena perpetua!
Mi padre no estuvo físicamente presente en la lectura de la condena de Menéndez, pero sí lo estuvo a través de nosotros, sus hijos y sobrinos, que abrazamos la causa de la revolución socialista y la lucha contra la injusticia, que defendemos las preguntas de qué, cómo y por qué contra la embrutecedora idea de aceptar los hechos consumados y los dogmas.
Está presente en la acción militante de quienes ponemos el cuerpo para defender las ideas bajo las banderas de la clase obrera.
Y mi viejo también estuvo presente, de alguna forma, a través de la militancia del Partido Obrero, en el cual nunca militó, pero en cuyas columnas marchaba firmemente cada 24 de Marzo, desde el año 1998 hasta su fallecimiento.
La perpetua a los milicos nos das ánimo, nos da un momento de alegría. Pero vos sabes, viejo, que lo nuestro va en serio, que luchamos por verdadera justicia, la que se definirá en la arena de la lucha de clases. Vamos a hacerle pagar a todos los que lucraron y se enriquecieron a costa de la sangre de los compañeros.
Como decía el cantito del Cordobazo, “¡luchamos por un gobierno obrero, obrero y popular!”.
Victor Da Vila
Es un secreto a voces que Mauricio Macri fue el defensor más obstinado del aumento de tarifas dentro y fuera del gobierno y perdió la batalla.
El director del Enarsa y ex Secretario de Energía, Jorge Lapeña, admitió que “el trámite del aumento se había constituido en un hecho traumático y único en la historia energética argentina, ya que un incremento de tarifas dispuesto en febrero o marzo aún no pudo ser aplicado”.
Con el fallido plan de Aranguren, que incluía un nuevo incremento tarifario antes de fin de año que quedó trunco, Macri aspiraba a reducir los subsidios energéticos de la friolera de u$s 15.800 millones que insumieron el año pasado a menos de la mitad en 2016: u$s 6.800 millones. Tras el no de la Corte, el gasto no bajará de u$s 10.000 millones. La mayor parte de lo que logrará ahorrar no será gracias a las tijeras del ex CEO de Shell sino al abaratamiento de los hidrocarburos a nivel global (que redujo abruptamente el costo de importar gas en barcos y combustibles líquidos para las usinas de luz) y a la eliminación de los subsidios directos para los usuarios de Edesur y Edenor, que insumieron casi u$s 2.000 millones en 2015. En un artículo publicado el 13 de agosto el semanario vocero de la City de Londres, The Economist, expresó su gran preocupación de que el Presidente argentino Mauricio Macri se halle en graves aprietos políticos. La publicación señala que un tribunal federal, respondiendo a la furia popular, emitió un interdicto en contra de las alzas astronómicas en las tarifas públicas, una pieza central del plan de “recuperación” económica de Macri y se informa que la confianza de los inversionistas extranjeros en el sistema judicial está “quebrantada”. El flujo de inversiones extranjeras que supuestamente iban a entrar a raudales, una vez que tomara posesión Macri en diciembre, no se ha materializado.
“La luna de miel de Macri está llegando a su fin” se lamenta The Economist, para concluir que su única alternativa era esperar que el voto programado para el 18 de agosto en la Corte Suprema sobre la legalidad de las alzas exorbitantes en las tarifas públicas, le sea favorable y después, “persistir con las alzas en los precios y pagar el costo político”.
A contramarcha de las expectativas del vocero de la City londinense el fallo de la Corte Suprema no favoreció al gobierno y, además, abrió la puerta a una nueva oleada de demandas de los que fueron excluidos de la anulación de los aumentos de gas. La Confederación General Empresaria de la Argentina (Cgera) presentará una demanda que englobará a unas 65 cámaras y 10.000 pymes. La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas, que depende de la CAME, hizo lo propio. También se están organizando entidades que agrupan a clubes de barrio, centros culturales, cooperativas, empresas recuperadas y comercios. Tal es el caso de la emblemática fábrica recuperada Zanón, que entre luz y gas recibió, con los últimos aumentos, facturas que suman los 9 millones de pesos. “Son ocho millones de gas y un millón de luz. No nos dan los números”, se quejó Alejandro López por C5N. Por su parte, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), manifestó en su presentación que observa “con preocupación” que el conflicto es un “problema político porque en el contexto de recesión, liberación de importaciones y caída real del salario se hace difícil afrontar las tarifas”. “Celebramos como un triunfo de todo el pueblo este alivio para los hogares de todo el país pero como cooperativas sigue un camino de lucha hacia adelante porque todos venimos soportando la recesión y la caída en ventas, a lo que se suma el tarifazo”, apuntó Silvia Díaz de Facta.
Por su parte, desde el sindicato del Cuero señalaron que “hay 400 cooperativas que ya cerraron por los tarifazos” y pidió organizar “un plan de lucha para que (las tarifas) sea para todos por igual”. “Si no logramos superar este tarifazo, 9 de cada 10 clubes corren el riesgo de cerrar y cientos de miles de chicos no van a quedar afuera ni tener donde formarse, hay que trabajar para que el tarifazo se termine de una vez y para todos los sectores”, reclamó en tanto un representante sectorial de clubes de barrio.
Para José Rigane, secretario Adjunto de CTA (A) y Secretario General de la FeTERA, “este fallo de la Corte, si bien aparece como un “freno al tarifazo de Macri” en el corto plazo, en realidad esconde en el mediano y largo plazo un fuerte aval a la política estatal en materia energética que impulsa el gobierno del presidente Mauricio Macri y su ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, que no es otra cosa que beneficiar a los sectores concentrados petroleros”.
“Creemos que el fallo de la CSJN resolvió de acuerdo a lo que necesita el gobierno de Macri y las petroleras, porque garantiza el precio del gas en boca de pozo, que es la clave del valor de la factura y del precio final (la producción de gas en boca de pozo representa entre un 50 y 60% de lo que hoy paga un usuario, 15% es de transporte y 25% distribución, aproximadamente)”, añadió el dirigente lucifuercista de Mar del Plata.
También el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano sostuvo que “mi informe mostrará que el aumento de las tarifas es una política de ajuste en beneficio de las empresas petroleras y de distribución y transporte de gas. Mediante el tarifazo pretenden consagrar una re-dolarización de las tarifas y endilgarle a los trabajadores pagar un precio a boca de pozo un 300% más que lo que se paga en Estados Unidos, que ahora compensa el Estado manteniendo de esta manera los subsidios”.
Respecto a la audiencia, Solano agregó: “Para que las audiencias públicas cumplan su función es necesario una auditoría independiente sobre los costos de generación de energía, transporte y distribución. A su vez, las empresas encargadas de estas tareas deben de rendir cuentas sobre los subsidios recibidos, que en total alcanzan el medio billón de pesos de los que no han invertido uno solo, como lo prueba el vaciamiento energético al que Argentina ha sido sometida.”
Ambas declaraciones evidencian que los límites al ajuste tarifario continúan dependiendo de la movilización popular. En ese sentido, la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocaron a movilizarse en todo el país el próximo 16 de septiembre, día de la audiencia pública convocada por el gobierno para analizar el aumento de las tarifas residenciales del gas, tal como ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, las centrales reclamaron que lo resuelto en las audiencias públicas por aumentos tarifarios “sean vinculantes” y que el freno “a los tarifazos” se haga extensivo a pymes, clubes y teatros, entre otros espacios.
“No estamos dispuestos a acatar en silencio este atropello a los derechos del pueblo mientras el gobierno nacional favorece a grandes empresas y sectores concentrados de la economía. Por este motivo, desde la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores convocamos a movilizar en todo el país para hacer escuchar una vez más el clamor del pueblo al calor de la lucha”, dice un comunicado difundido con las firmas de Pablo Micheli (CTA Autónoma) y Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores).
Dirigentes sabios y prudentes
En el primer acto público después del fallo de la Corte Suprema que frenó al tarifazo de gas en los hogares, el Presidente no hizo ninguna referencia a la resolución judicial, pero en cambio insistió con el discurso sobre el abuso del ausentismo de los trabajadores, tal como lo había hecho en un almuerzo en la sede del gremio gastronómico por el Día del Trabajador.
Hizo referencia a que los juicios impulsados por los empleados “complican” a todos. “Cuando no cumple, cuando hace trampa al sistema, cuando fuerza un ausentismo, cuando inventa un juicio, cuando pone un palo en la rueda, está complicándole la vida a todos, a todo el resto de la sociedad”, afirmó el lunes pasado junto a la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Las declaraciones coincidieron con el día de la reunificación de la CGT, que estrenó un nuevo triunvirato con la conducción de Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (Estacioneros). Este triunvirato expresa el frágil equilibrio de fracciones en que se sustenta la reunificación parcial de la CGT. Faltaron a la cita en Obras Sanitarias, el sector que encabeza el dirigente rural macrista Gerónimo "Momo" Venegas (que impugnó al Congreso ante el Ministerio de Trabajo) y los sindicatos agrupados en el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) que lidera el taxista Omar Viviani y que cuenta en sus filas, entre otros gremios, con la Unión Ferroviaria y el SMATA (mecánicos).
Por su parte, el bancario Sergio Palazzo, en representación de la Corriente Sindical Federal (CSF), expresó su rechazo a los términos del acuerdo y los cargos que le ofrecieron, planteó la necesidad de una medida de fuerza y se retiró del Congreso junto a los congresales de su espacio. Todo indica que de ahora en más, la CSF se dará una política de presión "por izquierda" al flamante triunvirato, en articulación con las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, como se plasmará en la calle en la próxima Marcha Federal de fines de agosto.
No obstante, el hecho fundamental de la jornada fue la decisión de la nueva conducción de no llamar a ninguna medida de lucha contra el durísimo ajuste que el gobierno macrista lleva adelante contra la clase trabajadora y los sectores populares.
Pese al inocultable tono crítico en su referencia a la administración de Mauricio Macri, la unidad cegetista privilegió el valor de la “prudencia”, comprendida como un favor a la gobernabilidad, antes de lanzarse a una estrategia de confrontación abierta contra la gestión que lleva ocho meses en la Casa Rosada.
El próximo miércoles 31, desde las provincias de Mendoza, Jujuy, Misiones, Formosa y Chubut, se iniciará la Marcha Federal para reclamar contra los tarifazos, los despidos y el ajuste. La Marcha finalizará el viernes 2 de septiembre con un acto en Plaza de Mayo a las 17:00.
Con el inicio de la Marcha, se realizarán masivos actos en las ciudades de Mendoza, San Salvador de Jujuy, Posadas, Formosa, Comodoro Rivadavia, Esquel, Resistencia y Corrientes. La segunda jornada, las columnas provenientes desde Cuyo, NOA y NEA, confluirán en un acto en la ciudad de Rosario, mientras que las columnas de la Patagonia harán lo mismo en la ciudad de Mar del Plata, para continuar su recorrido a la Ciudad de Buenos Aires. Por último, la jornada del 2 de septiembre, previo a la llegada a Plaza de Mayo, se realizarán actos en las localidades de La Matanza y Avellaneda.
Productores de la Patagonia cargados con más de 10.000 kilos de fruta, llegaron hasta las puertas de la Casa Rosada, para mostrar la realidad crítica del sector, regalando peras y manzanas, en lo que se transformó en una multitudinaria expresión de las carencias de amplios sectores populares que concurrieron masivamente generando colas de hasta 800 metros.
Para esta semana se espera una medida similar de los tamberos ya que el consumo de leche cayó 8%. El presidente de La Serenísima lo atribuyó a la suba en los costos de producción del tambo, a la modificación del tipo de cambio y a la eliminación de las retenciones.
Judicialización y represión
La Justicia de Tierra del Fuego decidió dar lugar al pedido de exclusión de tutela sindical del Secretario General del SUTEF y de la CTA Autónoma, Horacio Catena y del Secretario de Organización de la CTA-A y dirigente del SUTEF Carlos Díaz., lo que significa permitir su exoneración del cargo.
Esta medida, consensuada entre el gobierno kirchnerista de la gobernadora Bertone y la justicia provincial, también podría aplicarse a otros 17 docentes que fueron judicializados durante la gobernación anterior de Fabiana Ríos.
Una nutrida concurrencia obrera cortó por completo la calle Viamonte, frente al Teatro Colón, el jueves a la mañana. Centenares de colectiveros y trabajadores del sindicalismo de base, expresaron así su posición ante la causa abierta contra el delegado de base Héctor Cáceres de la Línea 60 de colectivos, procesado por hostigar a otros trabajadores, aunque los abogados señalaron la falta de pruebas.
El miércoles 24 los trabajadores azucareros decidieron cortar la ruta 50, acceso a San Ramón de la Nueva Orán. Están en conflicto hace dos meses, por aumento de salario y contra el cuarto turno flexibilizador. Luego del mediodía, comenzó una brutal represión por parte de la Infantería bajo órdenes de Juan Manuel Urtubey.
Los obreros de El Tabacal hace 60 días están enfrentando el lock out de la empresa yanky Seabord Corporation. En el marco del conflicto, el Ministro de Trabajo de Salta Eduardo Costello se había reunido con representantes del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), tras lo cual se pasó a un cuarto intermedio. Luego de esa reunión, cuando retomaron el corte, los trabajadores fueron reprimidos.
También el miércoles, en el kilómetro 9 de la autopista Buenos Aires-La Plata, fueron reprimidos trabajadores organizados en la CTD Aníbal Verón mientras levantaban una medida de protesta que bloqueaba la autopista. El operativo estuvo a cargo de Gendarmería Nacional. El reclamo era por puestos de trabajo y el aumento del pago de programas sociales.
La semana pasada la automotriz norteamericana Ford suspendió a 300 trabajadores de su planta ubicada en Pacheco en la zona norte del conurbano. La empresa ofreció retiros voluntarios a los trabajadores suspendidos que solo percibirán el 75% de sueldo bruto hasta fin de año.
Los trabajadores de Fate denunciaron que la firma realizó una avanzada para reducir puestos de trabajo, en esta oportunidad bajo la figura de “retiros voluntarios”.
Además, como parte del mismo plan de ajuste, en las últimas horas la empresa efectuó alrededor de 50 despidos de personal superior (jerárquico) que estaba bajo la condición de mensualizado.
La cartera que comanda Esteban Bullrich dispuso el viernes una nueva tanda de despidos en la Administración Pública. Anunció 165 nuevas cesantías, de las cuales 50 se dieron en el Instituto de Formación Docente (INFD).
Como respuesta, los trabajadores realizaron una asamblea de más de 200 trabajadores que discutieron medidas a seguir para buscar las reincorporaciones de todos los empleados del área.
La segunda fase de la política del macrismo para Educación es continuar, vía los despidos, con el vaciamiento de áreas y programas. En el INFD, donde aproximadamente son 50 los trabajadores despedidos, es donde se elabora el grueso de las capacitaciones.
Todo indica que la situación en Educación, es parte de una nueva oleada de despidos, que comenzó a rumorearse en varias dependencias estatales.
Además se espera, como corolario de la nueva etapa de reducción del Estado, que a fin de año se ponga en práctica un ambicioso plan de jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios para volver a reducir la planta estatal.
Entre amenazas de cierre y denuncias de vaciamiento, achicamiento y precarización, el Plan FINES continúa vigente y permite a muchos argentinos completar sus estudios secundarios.
Sin embargo, en un hecho que confirma las advertencias que muchos trabajadores del Plan y otros integrantes de la comunidad educativa vienen lanzando en los últimos meses, se pudo ver en la tarde del viernes materiales educativos arrojados como basura en la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente en la esquina de Viamonte y Riobamba. A media cuadra de allí está la Escuela de Comercio Nº 2, una de las sedes del Plan FINES en la Ciudad.
Diez trabajadores y trabajadoras de la Dirección de Niñez del Municipio de Lanús fueron informados que serán despedidos a partir del 30 de setiembre y que los programas “Acompañarte”, que funciona desde hace 8 años y al que concurren actualmente 105 niños y adolescentes de entre 4 y 18 años y 10 mamás y el Espacio Cultural Callejero, dejarán de funcionar.
Este ataque a los derechos de niños, niñas y adolescentes es parte de la destrucción de programas y proyectos para su protección y promoción, que comenzó desde el inicio de la gestión del Intendente Grindetti con el vaciamiento de recursos y la precarización de las condiciones laborales y de contratación de los integrantes de sus equipos técnicos.
Massalin Particulares informó que a partir del 3 de octubre y durante una semana frenará completamente su producción en las plantas de Merlo (provincia de Buenos Aires) y Goya (Corrientes) debido a la caída de las ventas en un 25% en la comparación anual.
Los trabajadores de las líneas de colectivos pertenecientes a la ex Ecotrans recibieron esta semana 100 telegramas de despido. Por ello mantienen los paros en las líneas 136 y 163.
El delegado de la ex empresa de colectivos Ecotrans, cuyos servicios son ofrecidos desde el 1° de julio último por cuatro compañías, Carlos Pacheco, advirtió que continúa “la situación de conflicto y de tensión” ante “el envío de cien telegramas de despido y el dictado de la conciliación obligatoria” por parte del Ministerio de Trabajo y, el personal, ratificó el paro iniciado el jueves por varios reclamos.
La Metropolitana y las compañías ERSA y La Cabaña fueron beneficiadas con la entrega de la ex Ecotrans, en “un acuerdo poco trasparente y que es violado sin que las autoridades nacionales, provinciales y las de las comunas de Merlo y Morón, que lo firmaron, y tampoco la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) ejerzan los controles para que se cumplan las normativas de derechos laborales y de servicios públicos”, dijo.
Primero fue en San Luis, después en Catamarca, Tucumán y La Pampa. Ahora, los despidos, suspensiones y retiros voluntarios en Alpargatas, llegaron a la planta de Florencio Varela.
Según señalaron los propios trabajadores, desde la semana pasada la fábrica ubicada en Florencio Varela suspendió a 150 obreros. Sectores completos de la producción serán suspendidos 2 días por semana y la semana completa a fines de agosto.
Alpargatas facturó el año pasado la friolera de 21.477 millones y en los últimos días anunció a sus trabajadores de las suspensiones escalonadas durante el mes de agosto y septiembre, lo que provoca un fuerte impacto en el bolsillo de los empleados ya que ven reducido su salario que ronda los 8 mil pesos mensuales.
Tanto Alpargatas como TN Platex, concentran el 44 % de las ventas del sector textil, ya que poseen campos de hilado en donde se produce la materia prima para toda la rama. En lo que va del año estas empresas, según comunicados oficiales, recuperaron 15 puntos por sobre la inflación y para el 2016 esperan un aumento del 20 % en la facturación.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el segundo semestre arrancó con una ola de despidos y suspensiones en el sector privado. Sólo en julio, hubo 14.149 ceses de contrato, 4.324 de los cuales, se produjeron en la industria.
Según la consultora, “desde diciembre pasado se destruyeron 194.244 puestos de trabajo”.
En el mes de julio los despidos se concentraron particularmente en 6 actividades, que explicaron el 74% de despidos y suspensiones. Se trata del sector textil, automotriz, petrolero, frigorífico, electrónica y electrodoméstico y sector servicios -comercial-.
En el primer sector -textil- y como resultado de la apertura de importaciones hubo 2.520 suspensiones y 111 despidos sólo en el mes de julio. En esta línea, resultan sugestivos algunos casos de llano incumplimiento del acuerdo firmado entre grupos empresarios y el gobierno nacional por 6 meses, para evitar despidos. El caso Alpargatas es uno de ellos.
El empleo privado registrado disminuyó en julio un 0,5% respecto a igual mes de 2016, según los resultados de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo, mientras a nivel nacional, la tasa de desocupación llegó a 9,3%.
Rosario, Mar del Plata, Gran Córdoba y Gran Buenos Aires encabezan el ranking de las ciudades con mayor desempleo, superando el 11%, según el último informe del Indec. Además, los jóvenes duplican la media nacional, alcanzando un 18,9%.
La Encuesta Permanente de Hogares arrojó que 1.165.000 personas buscan trabajo y no lo consiguen.
Docentes y Judiciales bonaerenses realizaron el miércoles un paro total de actividades. Paralelamente, médicos de Cicop y estatales de ATE llevaron adelante una jornada de lucha, en demanda de una recomposición salarial, entre otros reclamos.
“Vamos por la reapertura de las paritarias para lograr un nuevo aumento salarial, por los reclamos en la infraestructura de las escuelas, cargos faltantes, comedores, para derrotar el tarifazo”, sostuvo Suteba La Plata en un comunicado de prensa en el que confirmó la convocatoria, en el marco del paro nacional convocado por la Ctera y otros siete gremios docentes.
Por su parte, los judiciales agrupados en la AJB también llamaron a un paro de actividades en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires para reclamar una mejora salarial. Según la AJB, el Ejecutivo propuso reabrir la negociación salarial “recién en octubre” de este año, con lo cual el gremio resolvió avanzar con un plan de lucha.
En tanto, ATE provincia de Buenos Aires resolvió llevar adelante una Jornada Provincial de Lucha con acciones regionales “por un aumento salarial acorde que permita recuperar el poder adquisitivo, por la derogación de las leyes y decretos de ajuste, que posibilitan el desguace del Estado y la precarización laboral extrema”.
El gremio de Sanidad, que conduce el flamante integrante del triunvirato cegetista, Héctor Daer, movilizó en defensa de las fuentes laborales de más de 400 empleados del laboratorio Roux Ocefa y en rechazo de “los desmanejos empresarios”.
Daer, también diputado nacional por el Frente Renovador, explicó que los directivos adeudan casi tres meses de salarios, lo que implica “un límite para la capacidad de subsistencia familiar, además de arriesgar las fuentes de empleo”.
Cientos de trabajadores del Ministerio de Cultura organizaron el jueves 18 una olla popular y una intervención gráfica en la puerta de la sede de Alsina 465 del organismo. Los trabajadores exigieron un aumento de emergencia hasta que se reabran las paritarias, a la vez que se manifestaron contra el tarifazo, por la reincorporación de los despedidos -mientras vemos aumentar el número de “asesores” con sueldos altísimos-, y por un paro nacional convocado por todas las centrales sindicales para poner freno a un gobierno que día a día avanza contra los trabajadores.
La Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) informó que el Ministerio de Trabajo y Empleo oficializó el aumento salarial de 35% para los trabajadores rurales permanentes, mediante resolución N°68/16.
El pago de las remuneraciones acordadas por el gremio que lidera Gerónimo Venegas se hará efectivo de la siguiente manera: 20% a modo de adelanto y con carácter excepcional y no remunerativo, con vigencia a partir del 1º de julio hasta el 31 de agosto, la cual será de carácter remunerativo a partir del 1º de septiembre.
Además se abonará el 15% restante a partir del 1º de octubre de 2016, con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2017. Con los aumentos, un peón general pasará a cobrar de sueldo mínimo, sin comida, de 10.368 pesos mensuales, mientras que el jornal será de 456,1
Chevron-YPF: los secretos de cumpleaños
Hace tres años la Legislatura neuquina, en escandalosa votación, daba por finalizado el proceso de concesión de su primer cluster masivo en la explotación de hidrocarburos no convencionales. El periplo de meses de negociaciones, fue aprobado a libro cerrado y rubricó el acuerdo entre la emergente empresa mixta YPF y la norteamericana Chevron.
Desde que Neuquén construyó sus designios al calor de la producción energética, vivimos permanentes cambios de estados económicos que se corresponden a estados anímicos de la clase política dominante local. La dependencia que genera una economía de enclave petrolera, brinda una hegemonía altanera al Movimiento Popular Neuquino (MPN), que se pone en tensión ante las variables económicas propias de la actividad hidrocarburífera. De esta manera pasamos del oficial, “Neuquén, país, país”(1), la “Neuquén saudita”, la tierra prometida en donde el mundo posó sus ojos, “manantiales de vida”(2); a la provincia del esfuerzo, de la falta de diversificación económica, de la dependencia petrolera como una maldición obligada y el Estado como un pesado lastre donde unos patriotas regionales se esfuerzan para sostenerlo. Esta manía con la que se maneja el poder por parte del MPN, desde hace más de medio siglo, ha generado condiciones dignas de un gran laboratorio de crisis recurrentes donde cientistas sociales podrían hacerse un picnic. La extracción hegemónica de los hidrocarburos, sumados a la producción eléctrica y de agua pesada en menor escala, son el corazón de la dinámica económica. El sobrevivir a un precio del barril bajo, es para esta burguesía comerciante, apropiadora de la renta petrolera, uno de los obstáculos a sortear a fines de garantizar su futuro como conducción política dominante.
En el caso del gobierno nacional que impulsó el cambio de políticas en materia energética, lo hizo con un doble movimiento que contó con la utilización de un capital simbólico acumulado de tendencia desarrollista, en donde el extractivismo con distribución tenía asidero y aceptación. En el caso de la supuesta “recuperación” de YPF se hizo, además, basándose en la vieja identidad ypefiana. Y a su vez se realizó a través de una transnacionalización y transferencia a cambio de renta futura a algunas de las multinacionales más poderosas del mundo. En eso se basó la paradoja extractiva del kirchnerismo: entrega de los recursos al poder concentrado imperial en nombre de la identidad nacional y popular en función de apropiarse de renta inmediata para asegurar el supuesto “desarrollo con inclusión” Es en este contexto local en donde el proyecto imperial del fracking se inserta, llevando a Neuquén a convertirse en poco tiempo en la zona más perforada por fuera de las fronteras de los Estados Unidos. Tal proceso de acumulación de capital actual, consta de un aumento sostenido de transferencia a las empresas petroleras a fines de sortear la inversión inicial y los vaivenes del precio del petróleo. Tras la caída mundial del precio barril, la contratendencia del gobierno kirchnerista fue de aumentos sostenidos, generando una transferencia del bolsillo del trabajador a las arcas de las empresas que extraen en boca de pozo, garantizando que el hidrocarburos fluyan y los estados productores se hagan de la renta provenientes de las regalías. Este peligroso círculo virtuoso de la burguesía post desarrollista extractiva se encontró con la torpeza neoliberal de Cambiemos, quienes tras el traspaso de gobierno generaron un tarifazo. Hacer con el gas el camino que el kirchnerismo hizo con los combustibles fue la decisión que generó un shock tarifario que terminó judicializado, con fallo en contra por parte de la Corte y un aire de improvisación en el consciente colectivo nacional que debilita mucho a quienes prometían “el mejor equipo de la historia”. Todo indica que esta pesada herencia, transformada en “sinceramiento” tarifario, destinado a las arcas de la cadena de valor energético, no solo es un improvisación macrista, sino más bien una continuidad del camino emprendido allá por el 2012, cuando Miguel Galuccio, se encargó de abrir la puerta de Vaca Muerta ante los ojos del mundo en distintas rondas de negocios. Ser un país productor y encontrarse entre los más caros del mundo en los valores finales de combustibles, es la consecuencia obligada de un osado proyecto neoliberal inserto en contexto geopolítico mundial en reconfiguración. Tomar a la energía como un derecho, desmercantilizar y democratizar su acceso es una tarea que puede materializarse si se desanda el costoso camino de la locura del fracking.
Una sociedad que rompe con el relato
El camino a Vaca Muerta requería de grandes inversores y las distintas ronda de negocios traían como resultante inmediata la billetera de un socio incómodo, la mundialmente cuestionada Chevron. Tras la condena en Ecuador por la contaminación de la Amazonía, la causa contra la petrolera norteamericana se transformó en un cuestión de Estado para el gobierno de Rafael Correa, aliado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, en términos de producción, la política de desinversión de Chevron en su yacimiento emblema, El Trapial, en Neuquén, fue muy similar a la expropiada Repsol. El pacto con Chevron es todo un hito de la historia actual que incluye reglas ocultas, subsidios y transferencias a las empresas petroleras, y un desconocido número de empresas off shore. Incluso un polémico decreto realizado a la medida de las demandas de Chevron fue finalmente transformado en ley para garantizar el desarrollo de Vaca Muerta. Al momento de la firma se la mostró como la socia necesaria e ideal por su experiencia operativa en el mundo shale norteamericano, el tiempo mostró que fue un inversor con muchos beneficios y pocos riesgos. Si bien el contrato firmado aún se encuentra oculto, las condiciones que han sido públicas a través de las presentaciones de las empresas a la Comisión de Valores de Estados Unidos dan cuenta de garantías y condiciones no vistas hasta el momento en el mundo hidrocarburífero nacional. Este desembarco contó con un rechazo inmediato en las calles neuquinas que tuvo como respuesta una fuerte represión el día que la legislatura respaldó el acuerdo entre la provincia e YPF, creando las condiciones para la operatoria de la sociedad YPF-Chevron. Además se sumó la quema de casas de la comunidad mapuche Campo Maripe, ubicadas dentro del área concesionada. A tres años de este puntapié inicial en el juego de tronos del fracking, el gobierno nacional cambió, el provincial manifiesta su dependencia en el control de hegemonía atada al desarrollo de los no convencionales y los intendentes buscan compensar su falta de recursos con fuentes de financiación petrolera. Mientras tanto, partidos políticos, organizaciones sociales, el obispado neuquino, docentes, organizaciones feministas, sindicatos y asambleas comienzan a poner en tensión al cuento del fracking como único camino posible de desarrollo. 1) Así reza el himno provincial adoptado como oficial desde los años 90.
(2) De esta manera pretendió llamar el gobernador Jorge Sapag a Vaca Muerta, en plena teleconferencia la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner le desestimó la propuesta y en su lugar dijo que tendrían que llamarlo “Vaca Viva”.
Martín Álvarez Mullaly
Investigador del Observatorio Petrolero Sur (OPSur). Miembro de Enlace por la Justicia Energética y Socioambiental (EJES).
Fuente: La Izquierda Diario Publicado por
Macri, Prat-Gay y un discurso a pedir de las grandes patronales
Mientras el presidente criticó los paros docentes y llamó a “no confrontar”, el ministro de Hacienda rechazó la posibilidad de reapertura de paritarias.
En el mismo día y con pocas horas de diferencia, el presidente Macri y el ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay, salieron a confirmar el carácter anti obrero y antipopular de la política del Gobierno nacional.
El mensaje de parte del Poder Ejecutivo no podía ser más claro: los trabajadores deben esperar, seguir pagando la crisis y, sobre todo, no protestar.
Macri hizo un discurso en La Matanza destinado esencialmente a marcar la cancha a los docentes que volverán a parar en reclamo de reapertura de paritarias.
Por su parte, en una entrevista radial, el ministro de Hacienda fue explícito al decir que carece de sentido reabrir los mecanismos de negociación paritaria porque la inflación “ya es no es un tema que preocupa”.
En ambos casos, los funcionarios esgrimieron la representación de quienes se ven afectados por el ajuste en curso e hicieron de “voceros” de quienes sufren el ajuste pero “entienden que estas medidas eran necesarias”.
Adivinanzas gorilas
“Nos cuesta creer que los gremios decidan caer en paros, que lo único que hacen es afectar más ese compromiso de crearles herramientas a nuestros chicos para que tengan realmente acceso a un mejor futuro”.
¿Quién los dijo? Cristina Fernández o Mauricio Macri. Como se hace en muchos casos, se podría jugar a las adivinanzas. En este caso la secuencia temporal hace que sea el actual titular del Poder Ejecutivo. Pero las críticas se parecen peligrosamente a las de su antecesora en el cargo.
El 1° de marzo de 2012, en el inicio de las sesiones legislativas, Cristina Fernández había hablado de los reclamos docentes: “con trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, con jornadas laborales de 4 horas y 3 meses de vacaciones, cómo es posible que sólo tengamos que hablar de salarios y no hablemos de los pibes que no tienen clases”.
Las afirmaciones, además de granjear la bronca de los y las docentes de todo el país, era una suerte de confesión de la inestabilidad de la que gozaban –después de 9 años de kirchnerismo- gran parte de los trabajadores.
Pero además el presidente Macri afirmó ayer en el discurso que “el camino no es agredir y confrontar, sino escuchar”. Esto, que muchos medios presentan como una advertencia hacia y contra el kirchnerismo, en realidad está dirigido contra los trabajadores. No es el primer mensaje en el mismo sentido y con los mismos destinatarios.
Para el oficialismo, en aras de garantizar el crecimiento de la rentabilidad empresarial, se trata de garantizar la limitación al reclamo y la protesta social. No resulta caprichoso que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich mencione a las movilizaciones entre las cuestiones que atentan contra la estabilidad del actual Gobierno. En este marco, tampoco debería sorprender a nadie entonces la represión descargada sobre trabajadores desocupados la semana pasada en la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Pero el oficialismo tiene, en este terreno, una gran ventaja. La reunificada CGT sigue pateando el llamado a un paro nacional hacia un futuro indeterminado. En ese sentido, la burocracia sindical es la mejor garante de que la “confrontación” no tome contornos más generalizados.
Prat-Gay se ríe de la clase trabajadora
“Ya no es un tema la inflación” disparó el ministro de Hacienda y Finanzas. El mismo funcionario que pidió perdón de manera solícita a los grandes empresarios españoles, no tuvo empacho en reírse ayer de la mayoría obrera y popular del país.
La entrevista -que se realizó en radio La Red- mostró que al ministro la situación de la clase trabajadora le preocupa poco y nada. Prefiere reiterar los lugares comunes que parecen conformar todo el andamiaje discursivo de Cambiemos, junto a las críticas a la “herencia recibida”.
El ministro afirmó que la inflación está bajando. Pero el dato solo puede explicarse a partir de la recesión que sufre el país y se descarga sobre las espaldas del pueblo trabajador.
El objetivo del funcionario, además de intentar limitar el descontento social existente, fue rechazar de plano la posibilidad de una reapertura de las paritarias, como lo viene exigiendo una importante cantidad de gremios. El reclamo “hubiera tenido algún asidero dos meses atrás” afirmó el ministro para luego decir que, de darse ahora, “no sería bueno ni siquiera para quienes discutirían esas paritarias”.
Por momentos la lógica del ministro parece fallar, como cuando señaló que una devaluación de diciembre pasado no se trasladaría a los precios. Sin embargo, aquí el mensaje es evidente. Si hay aumentos salariales, hay aumentos de precios y frente a los mismos el Gobierno nada hará. El mismo Prat-Gay admitió durante la entrevista que “los empresarios se pasaron de rosca con los aumentos”. Lo que omitió decir es que el Gobierno los dejó actuar libremente.
La argumentación del ministro no resiste una pregunta. Interrogado sobre de cuanto será la inflación, Prat gay aseguró severo que “no será del 45% anual”. Pero, minutos después, afirmó que no puede saber de cuánto va a ser. La contradicción tiene su explicación. En el plan del Gobierno, aun resta implementar el tarifazo luego del llamado a audiencias públicas previstas, para el caso del gas, el próximo 16 de setiembre. La resultante de esa medida, sino es frenada por la movilización obrera y popular, podría significar un nuevo salto inflacionario.
Un freno necesario
Los Ruidazos contra el tarifazo mostraron el descontento de amplias capas de la población contra las medidas de ajuste. El paro nacional docente del pasado 24 de agosto puso en evidencia la predisposición de sectores importantes a luchar contra el ajuste.
Cada día resulta más evidente que la ventaja del Gobierno para avanzar en medidas se ajuste surge a partir de la ausencia de medidas de lucha contundentes, como podría serlo un paro nacional activo que mostrara la fuerza de la clase trabajadora para enfrentar el ajuste.
Para confirmarlo, hace pocas horas, el “flamante” secretario adjunto de la CGT reunificada, el dirigente de UPCN Andrés Rodríguez, ratificó que “el paro no está cerca en el horizonte” y lo que se privilegiará será “la vía de la negociación”.
Desde el kirchnerismo, al mismo tiempo que se hacen duras críticas hacia el Gobierno, se trabaja pensando esencialmente en horizonte electoral de 2017 y 2019. Quedó en evidencia en el acto de cierre de la relanzada Marcha de la Resistencia, cuando Máximo Kirchner llamó a quienes se había ido a volver al proyecto político. Un llamado a reunificar el peronismo con aquellos que fueron tildados de traidores.
Desde otra posición, la izquierda agrupada en el Frente de Izquierda sigue denunciando la pasividad de las conducciones sindicales, llamando a movilizarse el próximo 16 de setiembre y exigiendo la convocatoria a un paro nacional para enfrentar el ajuste.
En contra del beneficio automático
El magistrado rechazó el reclamo de un condenado y recordó que la edad no es una condición suficiente para que los acusados se vayan a sus casas. “La impunidad siempre es impunidad, aunque se invoque, para lograrla, ‘el derecho humanitario’.”
En julio, la Sala de feria de Cámara de Casación Penal otorgó el beneficio de prisión domiciliaria al ex general Eduardo Cabanillas. El fallo contempló su edad de más de 70 años y razones de salud, pero englobó la decisión dentro de la figura más etérea de “razones humanitarias”, lo que significó una novedad. Esa palabra suele estar ahora en las presentaciones de las defensas de los represores, que muestran la condición de ancianos y los problemas de salud pertinentes a la edad como mejor argumento. La semana pasada el juez federal de La Plata Carlos Rozanski rechazó una pedido de domiciliaria en un fallo que pretende responder a esos antecedentes. Retoma el análisis de lo que prescribe la ley vigente, el espíritu “humanitario” que la sustenta y las invocaciones a la edad para mostrarlas como nuevas estrategias de impunidad. Señala que domiciliarias otorgadas en esos términos vulneran “la obligación de los Estados de investigar y prevenir las violaciones a los derechos humanos con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”. Y agrega: “La impunidad, siempre es impunidad, aunque se invoque, para lograrla, ‘el derecho humanitario’”.
La resolución de Rozanski se firmó en el marco de la causa de Víctor Ríos, un ex penitenciario que fue subjefe de los llamados “Pabellones de la muerte” de la Unidad Penitenciara 9 de La Plata. Ríos fue condenado en 2010 a prisión perpetua por tormentos, secuestros y un homicidio calificado. Tiene 71 años. Su defensa señala que está físicamente y emocionalmente deteriorado por el paso del tiempo y que tiene un hijo con discapacidad cuyas condiciones podrían mejorar a partir de la cercanía con su padre. Evoca la ley 42.660, la declaración Americana de los Derechos del Hombre y, en línea con las presentaciones en auge, una reciente Convención Interamericana sobre la protección de los derechos de las personas mayores de junio de 2015. Entre estos puntos, también alude de modo explícito a las razones “de índole humanitaria” que se encontrarían presentes en la Constitución Nacional “deduciendo que del principio de clausura del artículo 19, surgiría la autorización de conferir la morigeración a un septuagenario”.
Rozanski evaluó informes médicos, de peritos oficiales y del Ministerio Público Fiscal. Explicó que la UP 31 de Ezeiza está ubicada a sólo 5 minutos del Hospital Penitenciario, con sistemas de asistencia en caso de necesidad. Negó el beneficio. Y recomendó establecer mecanismos para resolver el contacto con el hijo. Lo novedoso es que toma el caso como arquetipo para sentar posición sobre discusiones en ascenso.
Según el artículo 33 de la Ley 24.660, recuerda el magistrado, “podrá” acceder al beneficio de la prisión domiciliaria un condenado mayor de 70 años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal. El encargado de tomar la decisión según la misma ley “será del juez de ejecución o juez competente, cuando medie pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informe médico, psicológico y social que lo justifique”. Así, Rozanski explica que la ley le pide a los jueces contemplar “cada caso” y subraya que no es imperativa ni “automática”. Y que “lo dicho permite descartar sin dificultad aquellas argumentaciones que pretenden la aplicación ‘automática’ de este beneficio ante la comprobación que se trata de un condenado que ha cumplido los 70 años de edad. Aunque resulte de perogrullo, se impone aclarar que si el legislador hubiera considerado obligatoria o automática la edad de 70 años, la norma diría ‘deberá’, cosa que obviamente no sucede”.
El juzgado cree que desde hace unos años los represores comenzaron a entender que posiblemente no van a obtener indultos y por esa razón empezaron a buscar vías alternativas de morigeración de las penas, como los arrestos domiciliarios. En los planteos evocaron razones de edad y de salud, motivo por el cual querellas y fiscales comenzaron a pedir intervención de médicos de parte para chequear controles de los peritos oficiales. En paralelo usaron otros mecanismos de lobby como editoriales del diario La Nación y, desde el cambio del gobierno, iniciaron una campaña de presentaciones en agencias del Estado y en los juzgados en los que están citando la Convención de las personas mayores como si la condición de ancianos o las problemáticas típicas de la edad fueran una razón para acceder al beneficio. Rozanski no menciona de modo directo las discusiones pero responde.
El fallo deja al descubierto además datos insólitos, como el argumento que usó uno de los jueces de La Plata para otorgar la domiciliaria al ex comisario Miguel Etchecolatz: un texto que habla del derecho a “apreciar sin límite el cielo azul”.
“El defensor ha fundado su petición en ‘razones humanitarias’, y ha señalado que resolver en sentido favorable tendría una ‘noble finalidad’ -dice el juez–. Me pregunto, ¿qué otro lugar puede ser justo para alojar a quién ha cometido graves crímenes, que no sea la prisión cuando la pena impuesta es de prisión, en el caso perpetua? ¿Qué mayor respeto por sus derechos dada la condena impuesta, que disponer, como se hace cotidianamente en este tribunal, la asistencia médica que en cada caso corresponda y en caso de enfermedad real, sea derivado a un hospital con los recursos médicos pertinentes?”.
Estar en un hospital penitenciario no viola las razones humanitarias, dice el juez. “Es evidente que el cumplimiento de las penas en establecimientos penitenciarios y bajo las condiciones señaladas, nunca podría violar aquellos ‘derechos humanitarios’ que se invocan”. Si está en su domiciliario, “difícilmente pueda asegurarse, con igual rapidez, tanto la asistencia médica de emergencia o un traslado como el señalado en cinco minutos”.
Uno de los datos en los que insiste en diálogo con las presentaciones de la defensa es que Ríos no está condenado porque es anciano sino por crímenes graves que cometió de joven y ahora son condenados. “En ese sentido, la edad avanzada, no es una excusa para no detenerlos”. Y allí dice: “Cumplir una pena de prisión perpetua en su casa -sea un piso elegante o en una modesta vivienda, desayunando con el periódico del día o mirando televisión cómodamente, recibiendo visitas sin limitaciones ni restricción alguna o, como se señaló en algún fallo, ‘apreciar…sin límite, el cielo azul o estrellado’, violenta entre otras cosas lo señalado en el célebre fallo ‘Velásquez Rodríguez’ en cuanto a la obligación de los Estados de investigar y prevenir las violaciones a los derechos humanos con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa”.
También menciona los efectos en términos de reparación hacia la trama social que estas decisiones ponen en jaque, “el altísimo impacto” que puedan tener entre los sobrevivientes testigos y su ilegalidad. “Enviar a sus casas a los acusados y condenados es, tal vez, el mensaje más desalentador y riesgoso que se puede dar a quienes deben comparecer en los juicios”. Ni el tiempo transcurrido, agrega, “ni la edad de los responsables, ni el poder económico de sus secuaces, pueden detener ese avance que la sociedad ha impulsado en su conjunto y que cada miembro del Poder Judicial tiene la obligación de sostener en cada acto, en cada investigación y en cada sentencia. Lo contrario, no sólo implica la banalización de los crímenes cometidos y una burla a las víctimas y a la sociedad en la que ocurrió el genocidio, sino que además, es ilegal. Lo legal, es investigar, descubrir la verdad y sancionar. Esa verdad, fruto de un gran esfuerzo colectivo, en el caso, arrojó luz sobre los gravísimos crímenes. Esa gravedad supera largamente la edad de un condenado o su eventual estado de salud, la que se atenderá según sus necesidades”
Hay crisis de empleo, mida quien la mida
El Gobierno pasó de asegurar que los problemas de empleo eran “una sensación térmica” a decir que el Indec antes “medía mal”. Nuevos datos oficiales dejaron en evidencia la disparada de la desocupación.
El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires saltó a 10,5 por ciento al cierre del primer semestre, cuando era de 6,8 por ciento en diciembre pasado y de 8,6 a mitad de 2015. Así lo informó ayer la Dirección General de Estadística y Censos porteña. El dato de desocupación en Capital termina de confirmar las tensiones del mercado laboral ya registradas en el informe del Indec de la semana pasada para todo el país, en el que la tasa de desempleo finalizó junio al borde de los dos dígitos, en 9,3 por ciento, luego de tocar un piso de 5,9 en el tercer trimestre de 2015. Frente a esa disparada de la desocupación, el argumento del Gobierno fue que no hubo pérdida de puestos de trabajo durante su gestión, sino que el Indec medía mal el desempleo y ahora solo se “transparentó” el indicador. Esa versión de los hechos pierde sentido frente a los números arrojados ayer por el centro de estadísticas porteño, en línea con los del Indec, que ratifican el crecimiento explosivo de la desocupación por las políticas de Cambiemos. En la Capital se perdieron 60.553 puestos en el primer semestre, al anotarse 177.555 individuos desocupados, contra los 115.667 de diciembre pasado.
“Los despidos son una sensación térmica. Que no nos hagan creer que estamos teniendo pérdidas notables de empleo. A la discusión hay que darla con un poquito más de datos y de conceptos de la realidad. Es muy fácil decir que por una empresa que cerró despidieron 100 empleados pero hay que ver toda la película”, decía a finales de abril el ministro de Hacienda y Finazas, Alfonso Prat-Gay. Este fue el primer argumento que empleó el Gobierno para asegurar que el programa económico ortodoxo aplicado en los últimos meses no había afectado el mercado de trabajo.
En ese momento, el Indec seguía en la modalidad de apagón estadístico y no se publicaban estimaciones acerca de la desocupación desde octubre de 2015. Cuando el organismo oficial volvió a informar los datos de desempleo la semana pasada, el argumento de la sensación térmica cambió por otra justificación: no hubo un salto de desocupados sino que en 2015 los indicadores subestimaban los problemas de trabajo. “Es muy importante que Argentina tenga cifras confiables y el Indec diga la verdad. La desocupación es una situación grave, pero viene desde hace mucho. Lo que pasa es que los porcentajes que difundían antes no se constataban con la realidad”, apuntó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
La difusión del informe Indicadores Laborales del centro de estadística porteño también deja sin sentido este segundo argumento para justificar los elevados niveles de desempleo en el segundo trimestre del año, puesto que en la Ciudad de Buenos Aires, en donde se viene midiendo la situación del mercado de trabajo en forma homogénea y respetando una misma metodología, el desempleo alcanzó una cifra de dos dígitos, al incrementarse en casi cuatro puntos porcentuales en los primeros seis meses del año. Algo más de 60 mil personas perdieron su puesto de trabajo en ese período, muchos de los cuales estuvieron vinculados con el recorte del sector público en la primera parte del año.
La desocupación en la Capital venía bajando el año pasado y volvió a incrementarse en forma abrupta en los primeros meses de 2016. La serie de la Ciudad muestra que la tasa de desocupación era del 8,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015, del 7,2 en el tercer trimestre y del 6,8 en el cuarto, mientras que en el primer trimestre de 2016 subió a 8,6 por ciento y en el segundo, al 10,5. “Las tensiones en el mercado de trabajo son muy grandes. Los datos de la Capital reflejan sólo una parte de lo que ocurre en los principales centros urbanos del país, donde se concentra la producción industrial y otras actividades como la construcción, es decir la economía real”, indicó a este diario Ana Gárriz, investigadora del Centro de Innovación de los Trabajadores (Citra- UMET). Agregó que “la tasa de desempleo en los principales polos productivos de la Argentina saltó hasta los dos dígitos. En Gran Rosario, donde pesa la industria automotriz y la metalmecánica, se ubicó en 11,7 por ciento. En Mar del Plata, con ramas fuertes como la industria pesquera y el turismo, marcó 11,6. En Gran Córdoba, 11,5 por ciento, y en Gran Buenos Aires, el principal centro productivo del país, 11,2. En todos estos centros urbanos las tasas de desocupación eran de un dígito en 2015, con la excepción de Gran Córdoba, que concentra su actividad en autos, un sector que hace mucho viene en descenso por la baja de ventas al mercado brasileño”.
En el informe del centro de estadísticas de la Ciudad se detalló que la tasa de actividad (individuos que trabajan o tienen interés en trabajar) pasó de 54,7 al 55,5 por ciento entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo período de este año, la misma tendencia que mostró el Indec para todo el país, que se movió de 44,6 por ciento en el segundo trimestre de 2015 a 46,0 en igual período de este año.
16S: seamos miles para hacernos escuchar en las audiencias y en las calles
Lanzamos una campaña nacional del Frente de Izquierda hacia las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares para movilizar y promover el paro nacional para derrotar definitivamente el tarifazo.
A iniciativa del PTS, desde el Frente de Izquierda presentamos recursos de amparos a nivel nacional y en Mendoza, Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Tucumán y La Plata (para pcia. de Bs. As.) para que la exigencia de poner fin al tarifazo se exprese el 16 de setiembre en audiencias públicas y en las calles de todas las provincias. Lanzamos una campaña nacional del Frente de Izquierda hacia las organizaciones sindicales, estudiantiles y populares para movilizar y promover el paro nacional para derrotar definitivamente el tarifazo.
Con mi compañera diputada nacional Myriam Bregman, junto a todos los legisladores y referentes del PTS, denunciamos que convocar, como quiere Macri y Aranguren, una sola Audiencia Pública en Buenos Aires es un acto formal para avanzar con el tarifazo. Denunciamos, además, que dicha instancia tendrá carácter no vinculante e incluye artilugios para evitar poner en cuestión el precio de gas de boca de pozo. Por eso, lanzamos una iniciativa nacional. Presentamos amparos a la justicia reclamando una medida más democrática para que se expresen los miles que vienen rechazando este ataque al bolsillo: audiencias públicas en todas las provincias.
Los amparos que presentamos en la Justicia Federal apuntan contra la resolución del ENARGAS 3953/2016 que establece que “la audiencia se llevará a cabo el día lunes 12 de septiembre de 2016 a las 9:00 horas en la Usina del Arte, sita en Agustín Caffarena 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Luego fue corregida la fecha para el viernes 16, pero con la misma restricción.
Todos los legisladores del Frente de Izquierda declaramos que convocar una sola Audiencia Pública en la Ciudad de Buenos Aires es una demostración de que se pretende hacer un acto meramente formal para avanzar con el tarifazo. Vamos a reclamar que haya audiencias públicas en todas las provincias y las localidades más importantes, para que pueda haber efectivamente igualdad de oportunidades para todos los que quieran participar. El fallo de la Corte Suprema dice que la audiencia tiene que ser en “igualdad de condiciones”. Esta convocatoria margina al interior y vulnera el fallo de la Corte.
Como dijo mi compañera Noelia Barbeito, senadora en Mendoza, junto a seis diputados y concejales del PTS/ FIT: “Si alguien quiere participar desde Mendoza debe viajar más de 1000 km, costeando el pasaje, lo cual nos deja en una clara desventaja para poder participar. Ni hablar para todos los mendocinos que trabajan y no pueden ausentarse de su empleo para poder viajar. En Mendoza somos más de 300.000 usuarios residenciales y el ENARGAS ni siquiera se dignó a venir cuando lo llamamos a la Legislatura, cuando hay facturas de $ 1000 o $ 2000 imposibles de pagar”.
El fallo de la Corte no hará que el gobierno cambie sus planes de ajuste. Lo va a adaptar a las circunstancias, en el mejor de los casos “corrigiendo algo” el cuadro tarifario inicial. Este lunes en Avellaneda, Macri volvió a cargar con un discurso contra los trabajadores. Cuenta con el apoyo del gran capital y de los gobernadores de todo el arco político que se pronunciaron a favor del tarifazo.
Como dijo en Tucumán, mi compañera Alejandra Arreguez al presentar el amparo: “Manzur y Cano dieron el aval al tarifazo. Queremos que las voces de miles de tucumanos sean escuchadas, ya que se les estaría negando ese derecho a más de 170.000 usuarios residenciales. El gobierno quiere realizar una farsa de audiencia para avanzar rápidamente en la aplicación del tarifazo. Es una necesidad que se discuta en profundidad a donde fueron a parar los subsidios millonarios que las empresas recibieron durante el kirchnerismo y porqué van a seguir enriqueciéndose a costa de los trabajadores”.
Alejandro Vilca, mi compañero de Jujuy también presentó un amparo reclamando “que se sepa donde fueron a parar los subsidios millonarios que recibieron durante el kirchnerismo estas empresas como Gasnor que siguen enriqueciéndose y sus propios trabajadores vienen de paro”
El amparo presentado por el compañero Raúl Godoy, diputado de Neuquén, en el Juzgado Federal tuvo amplia repercusión. Raúl dijo que “para cualquier ciudadano de Neuquén se hace imposible poder concurrir a la Ciudad de Buenos Aires con la particularidad que acá existen tres fábricas ceramistas bajo gestión obrera, Zanon, Stefani y Cerámica Neuquén, con alto consumo de gas para la producción y sería completamente discriminatorio impedir su participación ya que el impacto del aumento de tarifas pone en peligro cientos de puestos de trabajo. Presentamos este amparo como parte de garantizar el derecho mínimo, democrático a la participación. De no ser así la resolución de la Corte que habla de igualdad de oportunidades en la Audiencia Pública como paso previo se estaría violando. Queremos movilizar”
Mi compañera Laura Vilches, legisladora de Córdoba, presentó el amparo en los Tribunales Federales y definió que “los cordobeses tenemos el derecho de que los organismos y funcionarios nacionales vengan a escucharnos. Nos hemos manifestado en las calles y en la reunión abierta impulsada hace poco más de un mes en esta legislatura donde se pronunciaron más de 150 organizaciones y personalidades. El 16 tenemos que volver a movilizarnos”.
En provincia de Buenos Aires, mi compañera Luana Simioni, referente del Frente de Izquierda de la ciudad de La Plata, presentó el amparo en la Justicia Federal. Manifestó que “En nuestra ciudad sabemos muy bien lo que implicó el tarifazo con facturas de muchas familias trabajadoras imposibles de pagar, queremos que nuestra voz se escuche en la audiencia pública. Queremos que haya audiencias en todas las provincias y localidades mas importantes, como nuestra ciudad”.
En Santa Fe, el vocero de la iniciativa nacional fue el compañero Octavio Crivaro, quien expresó que “el Frente de Izquierda es la única fuerza política que lo rechaza abiertamente. De acá a las audiencias públicas queremos desarrollar una amplia movilización unitaria con organizaciones sindicales, barriales, estudiantiles y de la izquierda. Para derrotar el tarifazo, el asunto tiene pasar a las manos de las mayorías populares”
Compañeros y compañeras: En los próximos veinte días se presenta el desafío de organizar un fuerte movimiento contra el tarifazo, con asambleas en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, que organice cacerolazos, movilizaciones y todo tipo de expresiones de rechazo y que le exija a las centrales sindicales culminar el 16 de septiembre con un gran paro nacional para arrancar desde los trabajos una movilización que reúna a cientos de miles alrededor de las audiencias públicas en todos los lugares del país donde se realicen.
Este pedido del Frente de Izquierda de las audiencias públicas en todas las provincias y grandes ciudades, no es un fin en sí mismo. Es para transformar esa instancia en puntos de apoyo para seguir manifestando y reclamando un paro nacional activo que de por tierra definitivamente los aumentos, no sólo del gas sino en todos los servicios públicos esenciales, en manos de las empresas privatizadoras.
Desde el punto de vista del pueblo trabajador, se trata de aprovechar el fuerte cuestionamiento al tarifazo para ir por más y lograr la anulación definitiva del mismo, que de lograrse sería un gran punto de apoyo para enfrentar el plan de ajuste de conjunto.
Blaquier y Ledesma amenazaron a la abogada de los juicios de lesa humanidad
A través de una intimidante carta a la abogada en juicios de lesa humanidad y diputada nacional Myriam Bregman, el dueño del Ingenio la intimida para que se abstenga de decirle que se encuentra “absolutamente impune” y que fue partícipe de “un genocidio”. La carta lleva el sugestivo membrete de Ledesma, firmada de puño y letra por Eduardo Nogués, Director de Asuntos Institucionales y Legales de la empresa. Eso solo ya hiela la sangre. La destinataria es la diputada nacional Myriam Bregman y no es otra cosa que un amenazante “pedido”: “Le pedimos, Sra. Diputada, que evite hacer afirmaciones sin sustento que afecte la dignidad y el buen nombre de las personas”. Afectar la dignidad” es el secuestro, la desaparición, la tortura y las listas negras que el propio Blaquier armaba para señalar a los obreros que luego fueron secuestrados en camionetas de su empresa.
Indigna esta carta, viniendo de quien, no queda dudas, se ampara en sus “fueros de clase” para seguir impune.
Molesto por la intervención de Myriam Bregman en el Congreso Nacional el pasado 22 de junio, en la que señaló que “En la Argentina no solo hay fueros parlamentarios sino que también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier de Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes”, Carlos Pedro Blaquier se despacha con una esquela de tres páginas en las que pretende demostrar que no es uno de los principales responsables del tristemente famoso Apagón de Ledesma.
El sugestivo “pedido” por parte de uno de los hombres más poderosos del país, emblema del rol que ocuparon los empresarios durante la dictadura, es lisa y llanamente una amenaza. No podemos abstraer esta carta del conjunto de señales que el gobierno de Cambiemos, sectores del Poder Judicial y defensores de genocidas están dando a favor de la impunidad a los que fueron parte del genocidio en nuestro país, a poco de haberse cumplido 40 años de Apagón de Ledesma y con Etchecolatz a pasos de irse a su casa gracias al beneficio de la prisión domiciliaria. Nuevos aires que sólo imprimen más impunidad.
Tampoco es casual que esta advertencia se produzca en momentos en que el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( CEPRODH ), organismo del que Myriam Bregman es abogada y fundadora, viene denunciando que Jujuy, la provincia de Blaquier, es un laboratorio de la impunidad y la represión, donde fueron reprimidos los obreros de Ledesma por reclamar por sus puestos de trabajo, donde se persigue a los trabajadores que lucha y en donde Milagro Sala está detenida por encabezar una protesta contra el gobierno de Morales y Haquim. El CEPRODH realizará en Jujuy un encuentro al que viajarán delegaciones de todo el país para denunciar los ataques a las libertades democráticas.
Sobreseimiento encubierto
El caso del empresario azucarero es uno de los ejemplos más contundentes de la intervención conjunta de las patronales y las fuerzas represivas durante la dictadura. Y es ejemplo también de cómo el Poder Judicial cuando se trata de defender intereses de clase – los “fueros de clase” de los que habla Myriam Bregman-, no duda: la Sala IV de Cámara de Casación Penal, presidida por Juan Carlos Geminiani dictó el 13 de marzo de 2015 la falta de mérito a Carlos Blaquier y Alberto Lemos, ambos procesados por su participación en delitos de lesa humanidad. Este fallo de casación fue, de hecho, un fallo excepcional, ya que como señalaron especialistas en ese momento, la Sala IV mostró un interés inusitado en tomar esta causa, antes de que hubiera sentencia.
La falta de mérito fue calificada en ese momento como un “sobreseimiento encubierto” por el fiscal Javier de Luca. Son además llamativos los argumentos ya que dan por probado el uso de camionetas del Ingenio Ledesma en el secuestro de decenas de personas durante el Apagón, pero el fallo señala que no está probado que Blaquier y Lemos estuvieran al tanto. Insólito.
A 40 años del Apagón, Blaquier dice en la “carta” a Myriam Bregman, que no se usaron camionetas del Ingenio. Repugna tanto cinismo. Ni Casación se animó a tanto. Niega por supuesto todo lo que víctimas, familiares y testigos señalaron y probaron durante años. “El ’Apagón de Ledesma’ se caracteriza por haber sido un operativo conjunto entre las fuerzas del Ejército, Gendarmería y Policía de la provincia, con listas en las manos. Se produjeron cortes de luz y tres grupos de tareas actuaron en simultáneo: uno en Calilegua, otro en Libertador y otro en el predio del Ingenio Ledesma. Necesitaban las listas exactas de “los enemigos del patrón”, por eso durante más de 3 meses hicieron un trabajo de seguimiento e inteligencia para saber exactamente a quiénes iban a buscar. El 20 de julio fue lo más furioso, entraron a las casas, se robaron todo lo que podían, detuvieron a los compañeros, los vendaron, ataron y los tiraron en camiones. Los detenidos eran trabajadores del Ingenio, hijos de trabajadores, docentes, abogados del sindicato y estudiantes que luchaban junto a ellos; incluso ha habido detenciones de estudiantes jujeños que fueron traídos desde Tucumán hasta Ledesma”. Así lo relata Francisco “Paco” Jara Sánchez, testigo en los juicios contra Blaquier. Sobran los testimonios como este.
La misiva contiene además términos y expresiones propias de los defensores de los genocidas: considerarse víctimas de una justicia que los persigue y no les brinda garantías. Algo que no resiste ni el menor de los análisis sobre los juicios a los genocidas. Dicen: “las causas seguidas por el Dr. Blaquier y el Ing. Lemos estuvieron plagadas de irregularidades y arbitrariedades que lesionan las garantías de defensa en juicio y de debido proceso…” y sigue un relato de chicanas por las cuales pretenden que debería haberse anulado todo lo actuado. Recuerda a las cartas de abogados de represores de la dictadura que publica a diario La Nación.
Recuerda también, en un claro hilo de continuidad en los métodos y objetivos, cuando Jorge “Tigre” Acosta, durante el juicio oral por la causa ESMA , en la que Bregman fue abogada querellante presentó una carta en la que sostiene que Patricia Walsh, Graciela Daleo, otros sobrevivientes y la propia Bregman lo someten al “escarnio” de estar esposado y de llegar en esas condiciones a las audiencias. “Escarnio era la ESMA”, le respondió la abogada, con justeza en marzo de 2010.
Hoy, a 40 años del Apagón, a 10 de la desaparición de Julio López, con altas posibilidades de que la Justicia otorgue la prisión domiciliaria a Miguel Etchecolatz, la carta de Nogués/Blaquier a la diputada nacional Myriam Bregman merece el repudio activo de todos los que defienden las libertades democráticas. Ese repudio ya empezó a reflejarse en las redes sociales. Sostenemos que sí, ¡Blaquier tiene fueros de clase y no vamos a callarnos!
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References: resolución 
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 artículo 19
 artículo 33
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