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Timestamp: 2020-06-01 02:13:15+00:00

Document:
STS, 18 de Marzo de 2009 - Jurisprudencia - VLEX 57819625
Número de Recurso: 9000/2003
Diligencias argucia.
VISTO por la Sección Segunda de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el Recurso de Casación núm. 9000/2003, interpuesto por la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Abogado del Estado, contra la sentencia, de fecha 25 de septiembre de 2003, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso de dicho orden jurisdiccional núm. 385/2001, en el que se impugnaba la Resolución del TEAC de 19 de enero de 2001, que estima en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta contra el Acuerdo de la Oficina Nacional de Inspección de Madrid, de 4 de marzo de 1998, en el expediente nº 62098636, relativo al Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio 1989, por importe total de 647.751.148 pesetas.
La entidad ahora recurrida en casación presentó declaración-liquidación del Impuesto sobre Sociedades del año de referencia el 24 de julio de 1990, de la que resultaba una base imposible de 60.543.885.325 pesetas, con una cuota a ingresar en territorio común de 10.403.753.390 pesetas.
En fecha 12 de diciembre de 1997 fue incoada Acta 02 de Disconformidad 62098636 al Banco Hispanoamericano, S.A. (absorbido después por el Banco Central Hispanoamericano y éste su vez fusionado con el Banco de Santander) por el concepto Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 1989, por la que se propuso el incremento de la base imponible declarada por diversos conceptos e importes, y que finalmente alcanzó la cifra de 61.513.876.549 pesetas, calificándose el expediente, en una parte, de rectificación, sin sanción, aunque con intereses de demora, y de otra, de infracción tributaria grave con sanción de cincuenta por ciento, proponiéndose una liquidación con una deuda tributaria de 648.296.598 pesetas, correspondiendo a la cuota 301.650.121 pesetas, intereses de demora 260.038.933 pesetas y 86.607.544 pesetas como sanción. La referida liquidación tributaria fue ulteriormente confirmada por el Jefe de la Oficina Nacional de Inspección, con la única excepción de reducir el importe de los intereses de demora a la cantidad de 259.493.483 pesetas.
En el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 385/2001 seguido ante la Sala de dicho orden jurisdiccional de la Audiencia Nacional se dictó sentencia, con fecha 25 de septiembre de 2003, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "Que ESTIMANDO el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por el Procurador, D. Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación de BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., contra la resolución de fecha 19.1.2001, dictada por el Tribunal Económico- Administrativo Central, DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS que dicha resolución es nula, al no ser conforme a Derecho, sin hacer mención especial en cuanto a las costas".
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de la Administración se interpuso, por escrito de 10 de diciembre de 2003, Recurso de Casación, interesando sentencia que estime los motivos del recurso y, en consecuencia anule la sentencia recurrida y se resuelva conforme a Derecho, es decir, confirmando la liquidación tributaria.
La representación del Banco Santander Central Hispano, por escrito presentado el 20 de octubre de 2005, solicitó que se tuviera por formulada su oposición a dicho recurso solicitando sentencia que lo desestime, con imposición de costas al recurrente.
Se impugna, mediante este Recurso de Casación Ordinario, interpuesto por la Administración General del Estado, la sentencia de 25 de septiembre de 2003, de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, por la que se estimó el Recurso Contencioso-Administrativo número 385/01 de los que se encontraban pendientes ante dicho órgano jurisdiccional.
El citado recurso había sido interpuesto contra la resolución de 19 de enero de 2001, dictada por el Tribunal Económico Administrativo Central, que estimando en parte el Recurso de Alzada conta el acuerdo de fecha 4 de marzo de 1998, del Jefe de la Oficina Nacional de Inspección de Madrid, relativo a liquidación de Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1989, por cuantía de 647.751.148 pesetas, ordena se practique nueva liquidación conforme a los pronunciamientos de la resolución, según Acta de Disconformidad de fecha 12 de diciembre de 1997, en la que la Inspección no admitió como deducibles determinadas partidas por los conceptos de "sanciones administrativas impuestas a la entidad", "quebrantos diversos y eventuales -otros conceptos-", "quebrantos en divisas/sucursales extranjeras", "dotaciones al Fondo de Fluctuación de Valores", "gastos diversos sin acreditación documental", "amortización del valor del suelo de inmuebles", "exceso amortización instalaciones de seguridad", "dotaciones al Fondo de Pensiones de Empleados en el extranjero", "amortización de inmuebles adquiridos en adjudicación de pago de créditos", "derechos de traspaso", procediendo, a su vez, a la corrección de las cantidades compensadas.
La sentencia de instancia pronunció el siguiente fallo: "Que estimando el Recurso Contencioso-Administrativo formulado por el Procurador, D. Cesáreo Hidalgo Senén, en nombre y representación de Banco Santander Central Hispano, S.A., contra la resolución de fecha 19.1.2001, dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Central, debemos declarar y declaramos que dicha resolución es nula, al no ser conforme a Derecho, sin hacer mención especial en cuanto a las costas.".
El Recurso de Casación lo fundamenta el recurrente en un único motivo, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en el que denuncia la infracción de los arts. 64.a) y 66 a) y c) de la LGT, así como los arts. 31 y 46, además de los concordantes con ellos, del RD 939/1986, de 25 de abril.
Entiende, en síntesis, la Administración recurrente que no ha existido la interrupción de las actuaciones inspectoras por más de seis meses, por lo que no puede hablarse de prescripción por el transcurso del plazo de cinco años, toda vez que de las actuaciones practicadas entre los días 14 de junio de 1994 y 14 de noviembre de 1995, y concretamente las diligencias de 13 de diciembre de 1994 y 6 de junio de 1995, no puede decirse que fueran extendidas exclusivamente con el fin de evitar que se aplicasen las consecuencias derivadas de la citada interrupción, lo que provoca, en el caso concreto, que éstas no tengan efectos interruptivos, desplazándose dichos efectos hasta al siguiente acto inspector, considerando así producida la prescripción de la deuda tributaria en virtud del principio tributario de estanqueidad.
Aceptado que se trata de documentos relevantes para la decisión final que en los procedimientos incoados se adopte, pues las partes tampoco han cuestionado su valor interruptivo, es evidente que las paralizaciones del procedimiento, a partir de ese momento, no son imputables a la Administración sino al interesado que no cumple el requerimiento efectuado, o, alternativamente, no manifiesta la imposibilidad de cumplir el requerimiento aceptado.
A la luz de este planteamiento la diligencia de 13 de diciembre de 1994 no cambia las cosas. Dicha diligencia tiene el siguiente contenido: "La Inspección de los Tributos, representada por D. Eloy, como Inspector adjunto en la Oficina Nacional de Inspección, comunica al compareciente que las actuaciones de comprobación tributaria que se vienen desarrollando acerca del Banco, se suspenden transitoriamente hasta el próximo mes de enero, en que se reanundarán en día y hora a acordar.".
Prueba de lo que decimos es que en la diligencia de 6 de junio de 1995 el sujeto pasivo facilita "documentación requerida en el curso de actuaciones precedentes" lo que demuestra que el sujeto pasivo es consciente y acepta su obligación de entregar la documentación previamente requerida pues era él quien estaba obligado al "hacer" en que el procedimiento consistía.
A mayor abundamiento, y aunque la conclusión precedente haga innecesario examinar la diligencia de 6 de junio de 1995, conviene poner de relieve que en ella se contiene un requerimiento de nueva documentación en forma verbal. Este requerimiento fue aceptado por el requerido, y formó parte del modo de operar de los intervinientes en el procedimiento, pues como hemos indicado en la diligencia de 14 de junio de 1994 también hubo requerimiento verbal. Por tanto, en la diligencia de 6 de junio de 1995 existió requerimiento; segundo, ese requerimiento fue aceptado por el requerido.
Si se parte de que los actos jurídicos se llevan a cabo para que produzcan efecto habrá que convenir que si el requerido manifiesta ahora que ese requerimiento verbal fue un requerimiento inocuo le corresponderá a él probar que ello es así, lo que evidentemente no se ha hecho. (Ha de insistirse en que como las actuaciones precedentes no fueron cuestionadas específicamente la de 14 de junio de 1994, es clara la inexistencia de la paralización alegada).
Y así resulta que, en la demanda se solicitó la anulación de la resolución del TEAC, de fecha 19 de enero de 2001, recaída en la reclamación núm. 1995/98 y el acuerdo de liquidación de 4 de marzo de 1998 de la Jefe de la Oficina Técnica -de la Oficina Nacional de Inspección- Departamento de Inspección Tributaria y Financiera- de la Agencia Estatal de Administración Tributaria por el Impuesto sobre Sociedades, ejercicio 1989, por importe 647.751.148 pts. (3.893.063 €), suscitándose, además de la prescripción ya rechazada, las siguientes cuestiones: a) cómputo de la dotación para depreciación de la divisa en el capital de las sucursales en el extranjero; b) dotación al fondo de fluctuación de valores; c) deducibilidad de los gastos de personal; d) Inexistencia de infracción tributaria e improcedencia de sanción alguna; y e) prescripción, en todo caso, de la acción administrativa para sancionar.
En relación con la depreciación de la divisa en el capital de las sucursales en el extranjero, la parte demandante se refería al concepto de "quebrantos en divisas/sucursales extranjeras", por importe de 136.000.000 pts., aludía a la siguiente realidad fáctica que debía ser objeto de consideración: en el ejercicio comprobado el Banco Hispano Americano disponía de sucursales en Nueva York, Miami, Hong-Kong, París, Milán, Frankfurt, Tokio y Sao Paulo.
La parte demandante, al referirse a la dotación al fondo de fluctuaciones de valores, pone concretamente en cuestión una deducibilidad fiscal por importe de 12.296.194 pts., que correspondían a la filial portuguesa "Hispano Americano Investment" (inversión en escudos portugueses), pero dando por reproducido lo alegado a la depreciación de divisas, aunque proyectando su argumentación a inversiones en cartera de valores extranjeros, en lugar de a dotaciones de sucursales extranjeras.
La entidad demandante consideró fiscalmente deducible, como gastos de personal, 512.198.384 pts. que desglosaba en diversos conceptos: "Becas Patronato Antonio Basagoiti", "excedencias especiales", "alquiler de viviendas empleados", "Reyes", y "Bolsas de Navidad". Y sostiene en su escrito que se trataba de conceptos retributivos, cuya realidad no es cuestionada por la Administración, ya que la única razón de su exclusión es que no existía un detalle individualizado de lo percibido por cada empleado, sin que ello sea una exigencia de la norma para su toma en consideración.
- Que estimando el Recurso de Casación interpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencia de 25 de septiembre de 2003, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el Recurso Contencioso Administrativo número 385/01.
- Estimamos parcialmente el Recurso Contencioso-Administrativo interpuesto en su día por la representación procesal del Banco Santader del Central Hispano, S.A. (absorbente del Banco Hispanoamericano, S.A.) contra la resolución del TEAC de 19 de enero de 2001 (recaída en reclamación R.G. 1995/98, R. S. 667/98 ). Resolución que se anula respecto de la sanción y de las regularizaciones sobre "quebranto en divisas" y la "dotación al fondo de fluctuación de valores", confirmándose dicha resolución en todo lo demás.
VOTO PARTICULAR emitido por el Excmo. Sr. Magistrado de la Sala, D. Rafael Fernández Montalvo, como expresión de respetuosa de discrepancia en relación con la sentencia pronunciada por la Sala el día 18 de marzo de 2009 , que resolvió el recurso de casación 9000/2003, interpuesto por el Abogado del Estado.
Por consiguiente, en mi opinión, debió confirmarse la sentencia de instancia que consideraba producida la prescripción, tomando como dies a quo el día 26 de julio de 1990, en relación con el Impuesto sobre Sociedades de 1989, ya que habían transcurrido los cinco años previstos el dies ad quem, 14 de noviembre de 1995, fecha de la siguiente diligencia con efecto interruptivo de la referida prescripción.
STS 554/2017, 30 de Marzo de 2017
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Resolución nº 00/2016/2011 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 14 de Febrero de 2012

References: Resolución 
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 artículo 88
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