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ALFONSO ZAMBRANO PASQUEL MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL - PDF
ALFONSO ZAMBRANO PASQUEL MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL
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Rocío Lozano Martin
1 MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL
2 Catedrático de Derecho Procesal Penal, U. Católica de Guayaquil Profesor Honorario de la U. Inca Garcilaso de la Vega de Lima, Perú Ex Profesor de Post Grado de la U. Central de Caracas, Venezuela Ex Profesor de Post Grado de la U. Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador Ex Profesor de Post Grado en Instituto de Criminología de Guayaquil Profesor de Política Criminal en Post Grado, Universidad de Guayaquil MANUAL DE PRÁCTICA PROCESAL PENAL
3 ÍNDICE ÍNDICE ALFONSO ZAMBRANO PASQUEL ARA Editores E.I.R.L. Géminis 701 Dpto. 301-B Lima 39 - Perú Telefax: (511) Web site: ISBN: Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N Diseño de Carátula: Rolando Bartolo Mesías Diagramación: Luis A. Sierra Cárdenas Reservados todos los derechos. Ni la totalidad ni parte de este libro puede reproducirse o transmitirse por ningún procedimiento electrónico ni mecánico, incluyendo fotocopia, grabación magnética o cualquier almacenamiento de información y sistema de recuperación, sin permiso expreso del editor. Impreso en Perú 2009 Printed in Peru 6 Nota del autor Denuncia por falsedad documental Denuncia por violación de derecho a la intimidad Denuncia contra fiscal por privación ilegal de la libertad Denuncia por muerte Consulta en delito de prevaricato en casación Informe jurídico por consulta Acusación particular por muerte Acusación particular por falsedad de cheque Contestación de queja contra juez penal Escrito pidiendo desestimación de denuncia Escrito Fiscalía General. Tentativa Petición de inicio de instrucción fiscal Escrito analizando capacidad de culpabilidad Petición por trastorno de personalidad antisocial Fundamentos para la negativa a dictar la prisión preventiva Escrito oponiéndose a prisión preventiva Petición de negativa para dictar la prisión preventiva Apelación de prisión preventiva Petición de sustitución de prisión preventiva Petición de habeas corpus Amparo de libertad Memorial de defensa para sobreseimiento Auto de sobreseimiento Auto de sobreseimiento provisional Apelación de llamamiento a juicio. Caso de drogas Memorial ante la 2da. Sala Penal Petición de confirmación de sobreseimiento
4 Memorial ante 3ra. Sala Penal para sobreseimiento Sobreseimiento con doctrina de participación Auto resolutorio de sobreseimiento definitivo por delito sexual Apelación de auto de nulidad Petición de revocatoria de auto de nulidad Recurso de apelación de llamamiento a juicio Escrito pidiendo revocatoria de llamamiento a juicio Resolución aplicando principio de legalidad y de congruencia Sentencia como encubridor Apuntes sobre casación penal Escrito en recurso de casación Recurso de casación El recurso de revisión en el Procedimiento Penal ecuatoriano Recurso de revisión Reflexiones sobre la teoría de la participación Alegato en caso bancario Alegato para sobreseimiento Alegato sobre prueba ilícita Alegato sobre prueba ilícita Este libro está dedicado a un jurista de cultura ecuménica, y de infinita sabiduría en las disciplinas penales y criminológicas, al Prof. Dr. Dr. h.c. D. Jorge E. Zavala Baquerizo, el enciclopédico de las ciencias penales. Con mi admiración y profundo respeto por sus conocimientos y tenacidad espartanas. Gracias al querido amigo. Igualmente está dedicado este Manual a un querido y permanente amigo, el extraordinario jurista, doctrinario y penalista a tiempo completo, el Prof. Dr. Dr. h.c. mult. D. Eugenio Raúl Zaffaroni, por su invariable afecto, y su personal y permanente estímulo en este mundo sin fin de las ciencias penales y criminológicas. Gracias querido y respetado amigo Raúl. 8
5 NOTA DEL AUTOR NOTA DEL AUTOR La justificacion de este Manual Cuando recibí la invitación para que se publique este Manual, traté de encontrar una justificación al mismo. Se pretende convertir en un documento de auxilio para el abogado que litiga, para el juez que debe resolver el caso y para el fiscal que debe promover la investigación y luego decidir si debe o no acusar. A mis alumnos les recuerdo siempre que desde el inicio del proceso penal debemos estudiar el caso (lo que se denomina hoy La teoría del caso) para conocer nuestras propias debilidades y fortalezas. Que hoy se busca o propende a la oralidad es cierto, pero cómo se prepara el operador de justicia incluyendo a los abogados, si no ha estudiado previamente el caso? Para qué sirve el estudio del caso? Para conocer las fortalezas y las debilidades propias y de la contraparte. Si acaso se trata de un caso de legítima defensa o de eximente de responsabilidad penal por la presencia de una justificante, o de actuar amparado en el ejercicio de un derecho, profesión u oficio, o en contrario sensu cuando nos encontramos ante una causa que debe ser construida desde la doctrina penal. Hay tres cuerpos legales de aplicación en este Manual que nos llevó a revisar su contenido para darle actualidad. La Constitución de Montecristi de octubre del 2008, el Código Orgánico de la Función Judicial del 9 de marzo del 2009 que es un verdadero Código de Justicia, y las reformas al Código de Procedimiento Penal del 24 de marzo del 2009 publicadas en el RO 555. El Ecuador se proclama como Estado constitucional de derechos y justicia en la vigente Constitución (Art. 1), pero el hecho cierto es que el único Estado de Derecho posible es aquel en el que se respetan las garantías constitucionales previs
6 tas en la norma suprema. Reconocemos que la distancia entre el predicado constitucional y la aplicación práctica del derecho a ratos se vuelve inconciliable. Para nosotros el Estado de Derecho está en permanente superación, pues aplicar las categorías de transformación y de evolución es válido. Nos resulta grato leer los fallos de la novísima Corte Constitucional del Ecuador que en sus resoluciones utiliza conceptos como los de proporcionalidad y de ponderación, recurriendo incluso al pensamiento y trabajos de ese extraordinario jurista y constitucionalista alemán como es el Prof. de la Universidad de Kiel, D. Robert Alexy. Este es un mensaje importante para los operadores del sistema de justicia penal, pues un uso racional y alternativo del derecho es parte de la nueva vertiente en materia de garantías ciudadanas. El Manual está orientado al estudiante, al abogado que litiga y a importantes operadores como son los jueces y los fiscales pues en un momento dado aun con la plena vigencia de la oralidad para discutir temas trascendentales, cómo armamos nuestra defensa del caso? El estudio y la invocación a la doctrina han tomado carta de ciudadanía con el Código Orgánico de la Función Judicial que en su Art. 28 le dice al juez que acuda a la doctrina al momento de resolver. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con una reciente propuesta de la acción de protección apuntan a la consolidación del Estado de Derecho, que en el buen decir del Prof. y amigo D. Eugenio Raúl Zaffaroni es factible cuando se respetan las garantías constitucionales. Dicho de otra manera, y en nuestra opinión, un Estado en el que no se respeten las garantías constitucionales será cualquier cosa, pero jamás será un Estado de Derecho. Sin duda hay temas pendientes y por desarrollar pues a los operadores de justicia se les hace difícil reconocer que de acuerdo con la Constitución (Art. 77 n. 11) los sustitutivos a la prisión preventiva deben ser aplicados prioritariamente, esto es que la propuesta de un Derecho penal de ultima ratio en el caso de la utilización de la prisión preventiva es de aplicación extrema. Esto lo desarrollamos en el Manual dedicándole el tiempo y espacio que tal propuesta demanda- No obstante conversamos con jueces y a más de uno se le ocurre invocar el concepto subjetivo de la alarma social ante lo cual les recuerdo principios como el uso racional y alternativo del derecho, el de la ponderación de bienes jurídicos, o el de la proporcionalidad y de la subsidiariedad. A 12 NOTA DEL AUTOR mí no me queda duda alguna de que el arresto domiciliario aunque en principio beneficia a las personas que han cumplido 60 años de edad, establece un régimen de excepción (Art. 171 reformado del CPP) pues impide este beneficio cuando se trata de delitos contra la administración públicas, de aquellos en los que resulte la muerte de una persona, de violencia o de odio (sic). Tal disposición es inconstitucional sin ninguna duda pues establece un régimen procesal penal de excepción, una suerte de derecho procesal penal del enemigo, estableciendo límites por el tipo de delito. En este grueso equívoco se desconoce que cuando se trata de las personas de la tercera edad, hay una propuesta de Derecho penal humanitario sin importar el tipo de delito. Por último siendo el juez penal, un juez de garantías, le basta aplicar una cualquiera de las otras formas modales de las medidas cautelares personales previstas en el Art. 160 del CPP reformado, sin recurrir al arresto domiciliario. Tan equívoca es la disposición del Art. 171 que si se tratase de un caso de tráfico de drogas procedería el arresto domiciliario, en tanto que si se tratara de un caso de coima de por ej dólares por tratarse de un delito contra la administración pública, no habría derecho a tal beneficio de excarcelación. El Manual busca ser una herramienta de trabajo, para el juez cuando tiene que resolver haciendo uso de la doctrina y de la jurisprudencia, para el fiscal cuando debe preparar el caso, o cuando tiene que pedir una medida de aseguramiento personal como es la prisión preventiva, o cuando debe abstenerse de acusar o de emitir un dictamen acusatorio en la etapa intermedia que hoy es de preparación del juicio. El tema de la prueba ilícita y de la aplicación del principio de la exclusión absoluta cuenta en el Manual, con un sólido basamento doctrinario y jurisprudencia, en cuanto a lo primero se encontrarán fundamentos en la obra erudita de catedráticos extranjeros como Julio B.J. Maier, de José Saéz Capel, de José Ignacio Cafferata Nores, de Jaime Bernal Cuellar, de César San Martín Castro, de Francisco Muñoz Conde, de Manuel Miranda Estrampes, de Claus Roxin, para mencionar algunos. Entre los nacionales nos referimos a juristas como el Prof. Jorge E. Zavala Baquerizo, Jorge Zavala Egas, Monseñor Juan Larrea Holguín(+), Edmundo Durán Diaz (+), Walter Guerrero Vivanco, José García Falconí, Luis Humberto Abarca, para mencionar algunos de los citados. Encontrarán fallos de la Corte Suprema de 13
7 Colombia, del Tribunal Supremo Español, del Tribunal Constitucional de España, del Tribunal Constitucional alemán, de la Corte Europea de Derechos Humanos de La Corte Nacional de Argentina, de la Suprema Corte de EE.UU., e inclusive algunos fallos de nuestro más alto tribunal de justicia. El mayor provecho que se puede sacar a este Manual surgirá de su primera lectura y de su posterior estudio y discusión, sugiriéndole al interesado que recuerde siempre que los principios y garantías constitucionales deben ser aplicados pro homine es decir siempre a favor del ciudadano, aun en el caso de duda. El Estado de Derecho es una obra humana perfectible y su consolidación se va consiguiendo con las nuevas corrientes como el denominado neo constitucionalismo, que es la aplicación inmediata de las garantías constitucionales aún de oficio, sin necesidad de un desarrollo programático de las mismas, pues su aplicación es de primera mano y ante el caso de duda o de obscuridad se debe resolver siempre en favor del ciudadano o ciudadana. El carácter progresivo de las garantías constitucionales es una vertiente novísima. La lectura y el estudio del garantismo como expresión de esta vertiente del constitucionalismo es fundamental y para ello son importantes obras como las de Luigi Ferrajoli (Derecho y Razón), o de Robert Alexy (Teoría de la Argumentación Jurídica), o la obra ecuménica del Prof. Alessandro Baratta, o del mismo Eugenio Raúl Zaffaroni, para mencionar solo algunos. Siempre queda mucho por decir, pero el Manual no pretende otra cosa que ser una guía práctica para el operador de justicia en el campo penal, no falta material para preparar no sólo una buena defensa sino incluso una conferencia o un alegato sobre un tema central del Derecho penal o del derecho procesal penal. Sin pecar de ampuloso pretendemos compartir nuestra experiencia como abogado litigante a tiempo completo, como docente de treinta años en el campo penal, procesal penal y criminológico, y como estudioso de las disciplinas que conforman ese espacio múltiple de las ciencias penales. Mucho material de lo aquí expuesto puede ser encontrado en nuestra página en que tiene más de 19 mil visitas académicas a junio del 2009, y con un link para consultas penales que son regularmente atendidas de manera personal, y a la que acuden regularmente estudiantes ecuatorianos y del extranjero a quienes ayudo en sus tesinas con la bibliografía de soporte. 14 NOTA DEL AUTOR En la especificidad del presente Manual se van a encontrar memoriales de defensa, de peticiones de prueba, de excepciones procesales penales perentorias, de denuncias, de acusaciones particulares como modos de ejercer la acción penal, de alegatos para oponernos al ejercicio del poder punitivo a través de una prisión preventiva, de lo que debe contener un auto resolutorio como la prisión preventiva, o un auto de llamamiento a juicio, de la fundamentación que tienen que tener recursos como los de apelación, de casación y de revisión. Se han agregado formatos de resolución de autos en la alzada e incluso de sentencias. El soporte de la doctrina actualizada no falta en algunos documentos, como cuando se invoca la prohibición de regreso del eminente jurista alemán, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. D. Günther Jakobs. Como mecanismos de contención para tratar de evitar un ejercicio abusivo del poder punitivo como menciona el Prof. Eugenio Raúl Zaffaroni, insertamos el recurso de hábeas corpus y el de amparo de libertad. La única pretensión que tiene este Manual es la compartir las experiencias que nos proporcionan la docencia, el estudio y el arte de litigar, que incluyen las técnicas de litigación oral. Prof. Dr. Alfonso ZAMBRANO PASQUEL 15
8 DENUNCIA POR FALSEDAD DOCUMENTAL Señor Ministro Fiscal General Yo ciudadano ecuatoriano, en goce de mis derechos de ciudadanía, y sin encontrarme impedido para hacerlo, comparezco ante usted, y amparado en el Art. 42 del vigente Código de Procedimiento Penal, presento la presente denuncia contentiva de un delito de acción penal pública de acuerdo con la clasificación que prevé el Art. 32 párrafo a) del mismo cuerpo legal: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 ibidem, relato el contenido de la noticia críminis, debiendo referirme inicialmente a la Teoría de la Participación. El profesor Eugenio Raúl ZAFFARONI, dice, al referirse a la configuración jurídica de la concurrencia de personas: «como en cualquier obra humana, en el delito pueden intervenir varias personas desempeñando roles parecidos o diferentes, lo que da lugar a los problemas de la llamada participación (concurrencia o concurso) de personas en el delito, como complejo de cuestiones especiales de la tipicidad. Cabe precisar que la expresión participación, tiene dos sentidos diferentes: a) en sentido amplio, participación es el fenómeno que opera cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito, como participantes en el carácter que fuere, es decir, como autores cómplices e instigadores; b) en sentido limitado, se entiende por participación el fenómeno por el que una o más personas toman parte en el delito ajeno, siendo partícipes sólo los cómplices y los instigadores, con exclusión de los autores» 1. 1 ZAFFARONI, Eugenio Raul, Derecho penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p. 735.
9 Hay quienes piensan incluso, en la figura de un autor único para evitar discusiones en la concurrencia de personas en la comisión de un delito, pero a la postre resulta indispensable poder establecer nítidas diferencias entre el autor y los partícipes, pues el ejercicio real del poder punitivo estatal está condicionado a la calidad de las personas que concurren en la comisión de un delito, para poder imponer la pena respetando el principio de la proporcionalidad. Se consideran autores a quienes cometen el delito de propia mano, como bien dice el profesor Günther JAKOBS, «autor es siempre quien comete el hecho por sí mismo, es decir quién ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito» 2. El cómplice es el que participa en la comisión de un delito ayudando o cooperando con el autor, el autor que comete por sí mismo un delito puede ser al mismo tiempo coautor junto con otro interviniente si este otro es responsable, en plano de igualdad por configuración. Como expresa el propio JAKOBS, «El Derecho penal al reconocer la coautoría, está extrayendo la consecuencia lógica de que sea posible la división del trabajo. La coautoría concurre cuando según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, sea en todos los estadios del delito, sea entre los distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la ejecución codeterminan la configuración de ésta, o el que se lleve o no a cabo» 3. En la dogmática penal se llega a considerar a un partícipe con el mismo nivel de culpabilidad y de responsabilidad que el autor, pues en ocasiones la participación es de tal gravedad que sin su concurso el hecho no se habría producido. En el ordenamiento penal ecuatoriano de acuerdo con el Art. 44 del Código Penal, se reputan como autores a aquellos partícipes sin cuya concurrencia el hecho no se habría producido, esto es lo que denominamos cómplices primarios o necesarios, vale decir que sin ser técnicamente autores se los reputa como tales para efectos de la determinación de la pena; como dice E.R. ZAFFARONI, «quienes hacen el aporte necesario y no pueden ser considerados autores, son precisamente los cooperadores 2 JAKOBS, Günther, Derecho penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª ed. corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p Op. cit., p DENUNCIA POR FALSEDAD DOCUMENTAL necesarios, a quienes se les depara el mismo tratamiento punitivo que a los autores, y que se distinguen de los simples cómplices o cooperadores no necesarios» 4 ; y, se reserva la calidad de cómplices secundarios o accesorios a aquellos cuya participación es intrascendente, es decir que el hecho igualmente se habría producido sin su concurso; la complicidad secundaria es aquella a la cual se refiere el Art. 43 del Código Penal ecuatoriano. En el concepto del Prof. JAKOBS, uno de los iconos más importantes del Derecho penal en el siglo 21, «cuantas más personas tomen parte, en menor grado puede bastar, contabilizada en absoluto, la aportación en coautoría e incluso como configuradora en plano de igualdad: tal es la consecuencia en dogmática penal, del efecto anonimizador de la división del trabajo. Pero siempre hace falta una aportación de la medida de las demás aportaciones; pues, en la modalidad concreta, determina algo todo aquel que llega a ser causal de un delito, es decir, incluso un mero partícipe» 5. Esto es, que el cooperador necesario, al menos si aporta su participación después del comienzo de ejecución, se convierte en coautor. 1.- El delito que denuncio es el de falsedad material e ideológica en el ACTA DE SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO DE LA AGENCIA (Nº 150) que tiene como fecha 04 de julio de 2008, que tiene como lugar la sala de sesiones del Ministerio de Finanzas en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. 10 de agosto y Jorge Washington 4º piso, efectuada a las 12:40 horas. Se afirma la presidencia del Ec. F.O.D, Ministro de Economía y Finanzas, la asistencia del Ec. R.A.T., Delegado del Directorio del Banco Central del Ecuador, Ab. M.R., Gerente General (e) de la AGD, se afirma la presencia de los señores P.Z.R., señora P.S.M., doctor C.B., doctor R.L., Asesor Jurídico del B Cl del E y Licenciado E.P., Subdirector de Presupuestos de la. Actúa en calidad de Secretario, el Lcdo. E.V.R. 2.- Las personas denunciadas son las que menciono en el párrafo 1 que antecede, y el delito que se cometió es el que paso a relatar. El Art. 22 de la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario-Financiera, publicada en el RO-S 78: 1-dic-1998, reformada, expresa que la Agencia: «está gobernada por un Directorio compuesto por el Ministro quien lo presidirá». De acuerdo con lo 4 ZAFFARONI, E.U., op. cit., pp JAKOBS, Günther, op. cit., p
10 dicho y por expreso mandato legal debe el Ministro presidir la sesión del Directorio y como se aprecia del texto del Acta de Sesión del Directorio, EL MINISTRO NO ESTUVO PRESENTE EN LA SE- SION, pero en forma premeditada y dolosa, y con unidad de resolución delictiva se forja su presencia, para tratar de convalidar una sesión carente de valor alguno por su ausencia. El mismo Art. 22 señala: «El Directorio de la Agencia por decisión unánime, designará de fuera de su seno al Gerente General de dicha Agencia para un periodo de tres años». En otro segmento (párrafo) del citado artículo se consigna: «Las decisiones de la Agencia se tomarán por mayoría absoluta de votos, debiéndose contar con el voto favorable del Ministerio de Finanzas, para que exista resolución válida. El Gerente General ejecutará las decisiones del Directorio de la Agencia» (El resaltado es nuestro). Ergo: Si el Ministro no está presente en la sesión del Directorio de la AGD, no existe resolución valida. En la mencionada Acta de Sesión de la Agencia Nº 150, se afirma faltando dolosamente y a sabiendas a la verdad, «el señor Presidente del Directorio, entrega al secretario una copia simple contentiva del Decreto Ejecutivo Nº 1183 del 02 de julio del 2008» Este es un hecho falso pues el Ministro que preside el Directorio no estaba en la sesión del 04 de julio de 2008, y consecuentemente jamás pudo entregar el documento al que se refiere la citada sesión. En la página 2 del documento forjado (Acta 150 de la sesión de la Agencia), que «el señor Presidente del Directorio de la solicitó al Secretario de la Sesión tome votación al Economista R.A.». Este hecho es absolutamente falso porque el señor Ministro estaba ausente de la reunión a que se refiere el acta forjada. En el considerando 3. Puntos varios, se vierten otras falsedades pues se manifiesta, «el señor Presidente del Directorio (El Ministro que no había asistido), solicita se indique si los demás miembros del Directorio están de acuerdo con la propuesta realizada por el Economista A el señor Presidente solicita mocione candidatos para llenar dicha vacante, a lo cual el economista A solicita la palabra y pone en consideración el nombre del doctor, quien por unanimidad es designado Gerente General de la Agencia. Acto seguido el señor Presidente del Directorio agradece al abogado M.R. por la gestión realizada durante el encargo de funciones. En tal sentido, el Directorio resuelve: 20 DENUNCIA POR FALSEDAD DOCUMENTAL RESOLUCION AGD-UIO-D Nombrar Gerente General de la Agencia al doctor, en concordancia a lo que establece la Ley de Reordenamiento en Materia Económica en el Área Tributario y Financiera para estos casos; y, 2.- Agradecer al abogado M R por el encargo a él efectuado al frente de la Gerencia General de la». No queda duda alguna de que se forjó un documento para una designación espuria y carente de valor alguno, como es el supuesto nombramiento del Gerente General de la que no podía convalidarse sino con la presencia del Ministro, que no estuvo en tal reunión. El señor secretario Lic. E.V.R, coludido como se encontraba, y en unidad de resolución delictiva, estampa una certificación sin fecha, que dice: «CERTIFICO.- Que las firmas (aunque la casilla para la firma del Ministro de no está suscrita) que anteceden son las que de manera personal y directa se obtuvieron por parte de los señores Miembros del Directorio de la Agencia... En Quito, D.M. a», y sin constar la fecha de la supuesta suscripción, firman algunos de los confabulados: Msc. M.P., MIEMBRO DEL DIRECTORIO; Econ. P.J.M., MIEM- BRO DEL DIRECTORIO; Econ. R.A., MIEMBRO DEL DIRECTO- RIO, y firma el SECRETARIO DEL DIRECTORIO, Lic. E.V. Este mismo ciudadano Lic. E.V. es inducido a cometer una nueva falsedad el 7 de julio del 2008, al suscribir: «RAZON: Siento como tal que el texto del Acta que antecede es fiel reflejo de lo tratado y resuelto por unanimidad en la reunión del Directorio de la, efectuada el 4 de julio del 2008 y que luego puesta para la firma de los miembros asistentes, el Ec., Ministro de y Presidente del Directorio se negó a firmarla. Doy fe en mi calidad de Secretario del Directorio.- Quito, siete de julio del E.V.R., Secretario del Directorio». 3.- En relación con el delito de falsedad denunciado, debo expresar a usted: Apreciación doctrinaria de la falsedad.- El delito materia de la presente denuncia es de aquellos que lesionan la denominada «fe pública», esto es la confianza depositada en el funcionario o servidor público o la que se tiene en el propio documento. El Art. 339 del Código Penal dice: «Será reprimida con pena de seis a nueve años de re- 21
11 clusión menor, cualquiera otra persona que hubiere cometido una falsedad en instrumentos públicos, en escrituras de comercio o banco, contratos de prenda agrícola o industrial o de prenda especial de comercio, en escritos o en cualquier otra actuación judicial; ya por firmas falsas; ya por imitación o alteración de letras o firmas; ya por haber inventado convenciones, disposiciones, obligaciones o descargos, o por haberlos insertado fuera de tiempo en los documentos; ya por adición o alteración de las cláusulas, declaraciones o hechos que esos documentos tenían por objeto recibir o comprobar». El Art. 341 ibidem, expresa: «En los casos expresados en los precedentes artículos el que, hubiere hecho uso, dolosamente, del documento falso, será reprimido como si fuere autor de la falsedad». El delito de falsedad documental puede ser cometido ya por un funcionario público, ya por particulares, variando la pena por la calidad del sujeto activo, haciendo constar por nuestra parte que la falsedad puede ser clasificada en material e ideológica, siendo la primera la que recae sobre un documento genuino y la segunda la que consiste en la creación o forjamiento, como cuando se crea íntegramente el documento dándole la apariencia de genuino, se hace reserva de la calificación o concepto de falsedad ideológica o intelectual, a la que incide sobre el contenido sustancial del documento genuino que sería una forma de falsedad material, y se adopta el de falsedad ideal, cuando se produce la creación íntegra del documento. La falsedad material puede incidir sobre la forma o sobre el contenido. Pueden alterarse por ejemplo, las declaraciones del funcionario público, o las fechas de otorgamiento, o los nombres de las personas que aparecen como testigos del acto del otorgamiento; o puede alterarse la declaración de voluntad, la manifestación contenida en el documento, sin alterar las formas rituales. En otros casos puede también alterarse lo uno, la forma, como lo otro, el contenido. La alteración de la forma produce la falsedad material formal, y la alteración del contenido la falsedad material ideológica o intelectual. La falsedad ideal consiste en forjar íntegramente el documento incidiendo tanto en la forma como en el contenido y es íntegramente falso por haber sido creado sin la presencia de la persona ante quien debía otorgarse y sin que las personas que debían comparecer a su otorgamiento hubieran en efecto suscrito las declaraciones que constan en el documento forjado. 22 DENUNCIA POR FALSEDAD DOCUMENTAL El Art. 348 del Código Penal por su parte contempla precisamente la figura del forjamiento o falsedad material ideológica en el contenido declarativo, en una de las hipótesis que sería estableciendo «como verdaderos, hechos que no lo eran». El Prof. argentino Sebastián SOLER en su obra nos ilustra con respecto al tema manifestando: «El delito consiste en introducir en un documento de forma abierta o atípica hechos falsos concernientes a lo que esa clase de documentos públicos están destinados a probar por si mismos... la falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba» 6. El bien jurídico protegido.- Se trata de un Delito contra la Fe Pública, estando representada la fe pública por la confianza en el documento, al que se supone veraz y no forjado. Es obvio que se castigue el fraude que se comete con el falso testimonio, pues mediante este mecanismo defraudatorio que es el faltamiento de la verdad a sabiendas efectuado dolosamente se pretende modificar o alterar la verdad legal o formal, a fin de causar daño o perjuicio a otro o a la propia causa pública. La fe pública, es apreciada como la confianza pública o colectiva que se tiene en las actuaciones judiciales, en la autenticidad de los instrumentos y en el contenido declarativo de los mismos, que se traduce en la fuerza probatoria de objetos, documentos y actuaciones judiciales o no judiciales. Constituye delito entonces la alteración fraudulenta y substancial que se comete vulnerando la fe o confianza pública. El dolo en general.- Consiste en actuar con consciencia y voluntad, vale decir que hay un elemento representativo y un elemento volitivo, por ello se dice que se actúa dolosamente porque el agente sabe que miente y lo hace de manera consciente y deliberada, esto es que falta a la verdad a sabiendas. En el caso presente el elemento material del delito de falsedad instrumental y conexos, se ha puesto en evidencia porque los coludidos y confabulados, han faltado a la verdad a sabiendas, al afirmar hechos falsos en diferentes momentos y circunstancias. 6 SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, tomo V, Editorial Tipográfica, Buenos Aires, 1970, pp. 349 y ss. 23
12 El dolo se pone de manifiesto por el conocimiento que el agente tiene en desacuerdo con lo que expresa o dice, y por la voluntad de hacer esa manifestación contraria a la verdad a pesar de su conocimiento. Hay la plena consciencia de la inexactitud de lo que se está afirmando y por ello es un delito de falsedad. La intención de causar un perjuicio existe desde el momento que la afirmación o declaración falsa hecha a sabiendas, es potencialmente capaz de llevar a error o a engaño a un tercero, a un juez o a una autoridad, aunque tal hecho en realidad no ocurra, porque se trata de delitos de resultado formal o de mera actividad. En definitiva se sanciona la vulneración de la confianza o credibilidad en los funcionarios y/o personas que son llamadas a declarar, o que suscriben documentos con la intención fraudulenta de faltar a la verdad. La acción denunciada consiste en afirmar una falsedad, vale decir en mentir aseverando algo que no es cierto o en callar en todo o en parte la verdad que se conoce, por ello hemos venido diciendo que con la falsa declaración se comete un engaño en contra de la fe pública y de allí surge el reproche de culpabilidad. 4.- Reconoceré la presente manifestación de conocimiento en el momento en que así se ordene. Ejerceré el derecho de petición como legítimo interesado, correspondiéndole a usted disponer el inicio de la correspondiente instrucción fiscal, en contra de los denunciados responsables del forjamiento doloso del Acta de la Sesión del Directorio de la AGENCIA debiendo pedir al juez penal que disponga las medidas de aseguramiento personal como es la prisión preventiva de los imputados. Recibiré notificaciones en la casilla judicial No de la H. Corte Superior de Justicia de Quito. 24 DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE DERECHO A LA INTIMIDAD DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE DERECHO A LA INTIMIDAD Señor Fiscal General de la República del Ecuador en mi calidad de ante usted comparezco y amparado en los Arts. 42 y 50 del Código de Procedimiento Penal, presento la denuncia del siguiente tenor por un delito de acción penal pública, cometido en las circunstancias que paso a relatar: El ciudadano en manifiesto y doloso ejercicio abusivo del cargo de Director Nacional de Operaciones de la Policía Nacional, irrespetando la vigencia de un Estado que se proclama como constitucional de derechos y justicia (Art. 1 de la Const. del 2008), en abierto desprecio al derecho a la intimidad personal así como a la inviolabilidad y secreto de la correspondencia física y virtual (Art. 66 n. 20 y n. 21) dispuso mediante memorando Nº de fecha 8 de mayo del 2009 suscrito en la ciudad de Quito, se «realice contrainteligencia de las actividades de los Fiscales y Jueces para evitar actos de corrupción e in forme al respecto para comunicar en la próxima reunión». Este comportamiento inconstitucional y delictivo habría surgido de la reunión mantenida el viernes 8 de mayo del 2009, en la sala de Prensa del Ministerio de Gobierno, convocada mediante oficio Nº DMG-SSC, del 5 de mayo del La torpe maniobra delictiva del denunciado, que lesiona derechos y garantías fundamentales consustanciales a la plena vigencia de un Estado de Derecho, ha quedado al descubierto con el desmentido efectuado por el propio Ministro de Gobierno, Dr quien suscribe con el Dr Ministro Coordinador de Seguridad Interna y Externa el antes citado oficio, en el que se convoca «con el carácter de urgente a una reunión de trabajo, a fin de establecer mecanismos de coordinación operativa entre la Policía Nacional y el Sistema Judicial, que per- 25
13 mitan mejorar los niveles de seguridad en el país, especialmente en la Zona de Frontera Norte». La orden de realizar la abusiva contrainteligencia de las actividades de fiscales y jueces (sic), llegando a la comisión de los actos delictivos ordenados por el Gral. se podía perpetrar utilizando diferentes procedimientos constitutivos de intromisiones ilegítimas a través del emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de fiscales y jueces. Esto podría conllevar la revelación de datos íntimos de nuestra vida privada o de nuestras familias que afecten nuestra buena reputación y nuestro buen nombre, aun valiéndose de mecanismos delictivos como la revelación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de carácter íntimo. Incluso se podría llegar a la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento de la imagen de fiscales y jueces, lesionando la privacidad o intimidad de sus hogares o de su morada. Todos estos procedimientos lesionan la intimidad y la propiedad dignidad y autoestima de cualquier ciudadano, incluyendo a fiscales y jueces. Poco importó a un ciudadano que ostentaba el grado de General de la Policía Nacional, ignorar que el Art. 76 de la Constitución Política, dispone en su numeral 4 que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Menos aun le importó al Gral. recordar que «el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución». El procedimiento delictivo del Gral., es de aquellos malos ejemplos que jamás se deben imitar. El irrespeto a una garantía fundamental que es consustancial con el respeto a la dignidad humana debe ser investigada y sancionada, pues el Gral., para consumar este acto de barbarie, forjó un documento mediante un procedimiento doloso de falsedad material e ideológica pues afirma que la decisión de violentar el derecho a la intimidad, e irrespetar la inviolabilidad de la correspondencia física y virtual de fiscales y jueces surgió de la reunión en el Ministerio de Gobierno del 5 de mayo y esto es absolutamente falso. El delito de falsedad documental puede ser cometido ya por un funcionario público, ya por particulares, variando la pena por la calidad del sujeto activo, 26 DENUNCIA POR VIOLACIÓN DE DERECHO A LA INTIMIDAD haciendo constar por nuestra parte que la falsedad puede ser clasificada en material e ideológica, siendo la primera la que recae sobre un documento genuino y la segunda la que consiste en la creación o forjamiento, como cuando se crea íntegramente el documento dándole la apariencia de genuino, se hace reserva de la calificación o concepto de falsedad ideológica o intelectual, a la que incide sobre el contenido sustancial del documento genuino que sería una forma de falsedad material, y se adopta el de falsedad ideal, cuando se produce la creación íntegra del documento. La falsedad material puede incidir sobre la forma o sobre el contenido. Pueden alterarse por ejemplo, las declaraciones del funcionario público, o las fechas de otorgamiento, o los nombres de las personas que aparecen como testigos del acto del otorgamiento; o puede alterarse la declaración de voluntad, la manifestación contenida en el documento, sin alterar las formas rituales. En otros casos puede también alterarse lo uno, la forma, como lo otro, el contenido. La alteración de la forma produce la falsedad material formal, y la alteración del contenido la falsedad material ideológica o intelectual. La falsedad ideal consiste en forjar íntegramente el documento incidiendo tanto en la forma como en el contenido y es íntegramente falso por haber sido creado sin la presencia de la persona ante quien debía otorgarse y sin que las personas que debían comparecer a su otorgamiento hubieran en efecto suscrito las declaraciones que constan en el documento forjado. El Art. 348 del Código Penal por su parte contempla precisamente la figura del forjamiento o falsedad material ideológica en el contenido declarativo, en una de las hipótesis que sería estableciendo «como verdaderos, hechos que no lo eran». El Prof. argentino Sebastián SOLER, en su obra nos ilustra con respecto al tema manifestando: «El delito consiste en introducir en un documento de forma abierta o atípica hechos falsos concernientes a lo que esa clase de documentos públicos están destinados a probar por si mismos... la falsedad ideológica no se refiere a cualquier falsedad o mentira introducida en el documento, sino solamente aquellas que recaen sobre el hecho que el instrumento mismo prueba» 1. 1 SOLER, Sebastián, Derecho penal argentino, tomo V, Editorial Tipográfica, Buenos Aires, 1970, pp. 349 y ss. 27
14 Protección por instrumentos internacionales Este derecho vulnerado por el Gral., se encuentra protegido por las siguientes disposiciones de instrumentos internacionales vigentes y aplicables en el Ecuador por el mandato previsto en el Art. 424 y Art. 425 de la Constitución Política del 2008: La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 12 establece: «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966 establece en su artículo 17: 1. «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra esas injerencias o esos ataques». La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en el artículo 11 señala: «Protección de la Honra y de la dignidad: 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas de su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques». Petición de investigación de hechos enunciados Corresponde a usted señor Fiscal General de la República del Ecuador como la máxima autoridad de la Fiscalía General, prevista en el Art. 194 y siguientes de la Constitución vigente, investigar los hechos denunciados y acusar a los responsables por los actos delictivos perpetrados, mismos que ponen en riesgo serio el derecho a la seguridad jurídica que consagra el Art. 82 Ibidem. Reconoceré la presente manifestación de conocimiento cuando así se disponga. Adjunto el suplemento blanco&negro del diario Hoy del lunes 1 de junio del 2009 que contiene una amplia reseña. Atentamente, 28 DENUNCIA CONTRA FISCAL POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD DENUNCIA CONTRA FISCAL POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD Señor Ministro Fiscal General Yo I.M.L.P., ciudadana ecuatoriana, en goce de mis derechos de ciudadanía, y sin encontrarme impedida para hacerlo, comparezco ante usted, y amparada en el Art. 42 del vigente Código de Procedimiento Penal, presento la presente denuncia contentiva de un delito de acción penal pública de acuerdo con la clasificación que prevé el Art. 32 párrafo a) del mismo cuerpo legal: En cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 50 ibidem, relato el contenido de la noticia críminis, debiendo referirme inicialmente a la Teoría de la Participación. El profesor Eugenio Raúl ZAFFARONI, dice, al referirse a la configuración jurídica de la concurrencia de personas: «como en cualquier obra humana, en el delito pueden intervenir varias personas desempeñando roles parecidos o diferentes, lo que da lugar a los problemas de la llamada participación (concurrencia o concurso) de personas en el delito, como complejo de cuestiones especiales de la tipicidad. Cabe precisar que la expresión participación, tiene dos sentidos diferentes: a) en sentido amplio, participación es el fenómeno que opera cuando una pluralidad de personas toma parte en el delito, como participantes en el carácter que fuere, es decir, como autores cómplices e instigadores; b) en sentido limitado, se entiende por participación el fenómeno por el que una o más personas toman parte en el delito ajeno, siendo partícipes sólo los cómplices y los instigadores, con exclusión de los autores» 1. 1 ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Derecho penal. Parte General, Ediar, Buenos Aires, 2000, p
15 Hay quienes piensan incluso, en la figura de un autor único para evitar discusiones en la concurrencia de personas en la comisión de un delito, pero a la postre resulta indispensable poder establecer nítidas diferencias entre el autor y los partícipes, pues el ejercicio real del poder punitivo estatal está condicionado a la calidad de las personas que concurren en la comisión de un delito, para poder imponer la pena respetando el principio de la proporcionalidad. Se consideran autores a quienes cometen el delito de propia mano, como bien dice el profesor Günther JAKOBS, «autor es siempre quien comete el hecho por sí mismo, es decir quien ejecuta de propia mano la acción fáctica dolosamente y sin sufrir error, y presenta las necesarias cualificaciones de autor, objetivas y subjetivas, específicas del delito. El cómplice es el que participa en la comisión de un delito ayudando o cooperando con el autor, el autor que comete por sí mismo un delito puede ser al mismo tiempo coautor junto con otro interviniente si este otro es responsable, en plano de igualdad por configuración» 2. Como expresa el propio JAKOBS, «El Derecho penal al reconocer la coautoría, está extrayendo la consecuencia lógica de que sea posible la división del trabajo. La coautoría concurre cuando según el plan de los intervinientes, se distribuyen las aportaciones necesarias para la ejecución, sea en todos los estadios del delito, sea entre los distintos estadios, de manera que también personas no participantes en la ejecución codeterminan la configuración de ésta, o el que se lleve o no a cabo» 3. En la dogmática penal se llega a considerar a un partícipe con el mismo nivel de culpabilidad y de responsabilidad que el autor, pues en ocasiones la participación es de tal gravedad que sin su concurso el hecho no se habría producido. En el ordenamiento penal ecuatoriano de acuerdo con el Art. 44 del Código Penal, se reputan como autores a aquellos partícipes sin cuya concurrencia el hecho no se habría producido, esto es lo que denominamos cómplices primarios o necesarios, vale decir que sin ser técnicamente autores se los reputa como tales para efectos de la determinación de la pena; como dice E.R. ZAFFARONI, «quienes hacen el aporte necesario y no pueden ser considerados autores, son precisamente los cooperadores necesarios, a quienes se les depara 2 JAKOBS, Günther, Derecho penal, Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª ed. corregida, Marcial Pons, Madrid, 1997, p Op. cit., p DENUNCIA CONTRA FISCAL POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD el mismo tratamiento punitivo que a los autores, y que se distinguen de los simples cómplices o cooperadores no necesarios» 4 ; y, se reserva la calidad de cómplices secundarios o accesorios a aquellos cuya participación es intrascendente, es decir que el hecho igualmente se habría producido sin su concurso; la complicidad secundaria es aquella a la cual se refiere el Art. 43 del Código Penal ecuatoriano. En el concepto del Prof. JAKOBS, uno de los iconos más importantes del Derecho penal en el siglo 21, «cuantas más personas tomen parte, en menor grado puede bastar, contabilizada en absoluto, la aportación en coautoría e incluso como configuradora en plano de igualdad: tal es la consecuencia en dogmática penal, del efecto anonimizador de la división del trabajo. Pero siempre hace falta una aportación de la medida de las demás aportaciones; pues, en la modalidad concreta, determina algo todo aquel que llega a ser causal de un delito, es decir, incluso un mero partícipe» 5. Esto es, que el cooperador necesario, al menos si aporta su participación después del comienzo de ejecución, se convierte en coautor. 1. El delito que denuncio tiene los siguientes antecedentes En mi condición de ofendida, tengo presentada una denuncia en la Comisaria Cuarta de la Mujer del cantón, la cual me extendió una boleta de auxilio de fecha. Debido a que mi cónyuge J.U.R. violó las medidas cautelares entrando al domicilio, la Comisaría mediante resolución, envío el expediente a la Fiscalía, en donde el Dr. F.Y.U., ha iniciado una Indagación Previa # por desacato y allanamiento, de parte del cónyuge de mi J.U.R. El señor Fiscal, el Fiscal ordenó protección policial para mí y para mis hijos, pues mi conyugue tiene antecedentes de extrema peligrosidad por las agresiones de que he sido víctima, misma de las que existe evidencia. Como parte de los bienes de la sociedad conyugal se encuentran en el cantón de la vecina provincia de fui al que es un bien igualmente de mi propiedad en el balneario de. Sin mi conocimiento, en forma sin duda dolosa, con el premeditado e inequívoco fin de causarme perjuicio, mi conyugue ha presentado el una denuncia maliciosa en la Comisaria Primera de Policía de, y asumiendo el rol, de víctima ha obtenido una boleta de auxilio en mi contra, con esta boleta se acercó la Comisaría de Policía del Cantón y pide 4 ZAFFARONI, op. cit., pp JAKOBS, op. cit., p
16 32 DENUNCIA CONTRA FISCAL POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD medidas cautelares en mi contra indicando en su denuncia que se encuentra viviendo en el departamento de la sociedad conyugal que poseemos en el Balneario de Con fecha el comisario de policía de Santa Elena, le extiende a J.U.R. una boleta de auxilio, que en mi situación ha servido como un instrumento perverso para privarme de la libertad, en abierto contubernio con un mal servidor del Ministerio Público que funge como Agente Fiscal en la Provincia de Santa Elena, el mismo que responde a los nombres M.S. La presencia de este fiscal constituye un peligro para la seguridad de cualquier ciudadano pues incumpliendo su rol y protagonismo como representante del Ministerio Público, y en abierto desprecio por el derecho a la libertad que es una de las garantías del debido proceso, incluso llegó a la barbaridad jurídica de ordenar a la policía que se me prive de la libertad, como efectivamente aconteció. El día Sábado en horas de la tarde, viajé en compañía de mi hijo S.D.U.P., de trece años de edad a nuestra casa de Ballenita, el guardián nos abrió la puerta de acceso y al llegar a la puerta principal me indica que el señor J.U.R. le había cambiado las cerraduras a las puertas, como esta casa es igualmente de mi propiedad, llamé a un cerrajero para abrir las puertas. Ante esto el guardián llamó por teléfono a mi cónyuge, ante lo cual yo dispuse que se busque el auxilio de la Policía por los antecedentes de continua agresión de que he sido víctima, y temiendo un nuevo menoscabo de mi integridad física y la de mi hijo, creyéndome respaldada por una boleta de auxilio. Al poco momento llegó al lugar mi conyugue, y procedió a llamar al fiscal M.S., quien por teléfono ordenó a los policías que sea trasladada a la fiscalía. Así privada de la libertad fui llevada en el carro de la policía, y ante el fiscal exhibí la boleta de auxilio a mi favor así como le expresé los antecedentes de lo que estaba ocurriendo, y alegué mi condición de conyugue, y el derecho para estar en dicha propiedad, no obstante lo cual el Agente Fiscal, M.S. expresó que esa boleta no sirve para nada, se «encierra a dialogar» con J.U.R., no me deja hablar y al salir mi cónyuge, me dice: «HE DECIDIDO QUE EL CHOFER NI EL CERRAJERO SE VAYAN PRESOS, PERO TU SI TE VAS PRESA», a lo que el fiscal M.S., dijo así es señora usted queda detenida, ordenando a los policías que me quiten mis pertenencia, incluso el teléfono para que no se pueda comunicar. Se consumó así un atropello producto de la perversidad de mi conyugue, y del procedimiento torpe de una mal Agente Fiscal como es M.S., que ignoró que existe incluso la excusa legal absolutoria prevista en el Art. 588 del Código Penal en el caso de delitos contra la propiedad perpetrados por uno de los cónyuges porque se trata de bienes proindiviso. Como consta en el parte de la policía, fui trasladada al Centro de Salud para el reconocimiento médico y luego ser trasladada a los calabozos, pero gracias a que presenté crisis de hipertensión no se me trasladó al calabozo. El domingo, en conocimiento de la realidad histórica de los hechos, fui puesta en libertad por el Comisario de Santa Elena, aproximadamente a las 12 h OO. 2.- Las personas denunciadas son las que menciono en el párrafo que antecede, y el delito de privación ilegal de la libertad que se cometió en mi perjuicio es el que ha sido relatado. Señor Ministro Fiscal General, no sé con certidumbre si el Agente Fiscal, M.S., que es un peligro para la seguridad de cualquier ciudadano, actuó ilegal y abusivamente, disponiendo mi privación de la libertad, por supina ignorancia, o por incuestionable mala fe, pues no solo opera a mi favor la excusa legal absolutoria del Art. 588 del Código Penal, sino que actuaba en ejercicio legítimo de mis derechos como cónyuge y copropietaria, operando en mi favor igualmente el ejercicio legítimo de un derecho que es una causa de justificación de aceptación universal, y que se encuentra prevista en el Art. 18 del Código Penal. Yo le exhibí toda la documentación de soporte, pero al parecer «había sido convencido», para tratar de legitimar mi privación de la libertad. El procedimiento del que fui víctima, y que denuncio a usted, es violatorio del derecho a la seguridad jurídica y a las garantías del debido proceso previstas en los artículos 76 Y 77 de la Constitución de la República vigente, que se irradian al Código Penal que en el Art. 2 dice: «Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto». Al Código de Procedimiento Penal que en el Art. 2, expresa: «Nadie puede ser reprimido por un acto que no se halle expresamente declarado infracción por la ley penal ni sufrir una pena que no esté en ella establecida. 33
17 La infracción ha de ser declarada, y la pena establecida, con anterioridad al acto». De la misma Constitución mencionamos: «Art Para asegurar el debido proceso deberán observarse las siguientes garantías básicas, sin menoscabo de otras que establezcan la Constitución, los instrumentos internacionales, las leyes o la jurisprudencia: 2.- Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. 3. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista en la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite y con observancia del trámite propio de cada procedimiento». Esto nos lleva a sostener que la constitucionalización de las garantías del debido proceso, y entre ellas la entronización de un Derecho penal de acto, se irradian al sistema penal pues tanto la normativa sustantiva como la adjetiva o de procedimiento, expresamente la reconocen. 3.- Tanto la Constitución Política de la República (norma suprema) así como las normas subalternas, código penal y de procedimiento penal, establecen el denominado Derecho penal de acto frente a un aberrante Derecho penal al de autor, hoy proscrito de cualquier legislación que se precie de ser mediante racional con la vigencia de un Estado de Derecho. El Derecho penal de acto previsto en el 76 numeral 3, que dice que «nadie puede ser juzgado por un acto» significa que son relevantes los elementos que surgen del acto, y que nadie puede ser juzgado por sus antecedentes o por un hecho pasado sino por un acto que fuese constitutivo de delito. Es aberrante el propósito de adecuar una conducta a una hipótesis típica acudiendo a conceptos de peligrosidad proscritos en un Estado de Derecho, y más grave, que se prive de la libertad por un acto que per se no constituye delito. El dolo en general.- Consiste en actuar con consciencia y voluntad, vale decir que hay un elemento representativo y un elemento 34 DENUNCIA CONTRA FISCAL POR PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD volitivo, por ello se dice que se actúa dolosamente porque el agente sabe que causa perjuicio y lo hace de manera consciente y deliberada, esto es que irroga el daño a sabiendas. El dolo se pone de manifiesto por el conocimiento que el agente tiene en desacuerdo con lo que expresa o dice, y por la voluntad de hacer esa manifestación contraria a la verdad a pesar de su conocimiento. Hay la plena consciencia de la inexactitud de lo que se está afirmando y por ello es un delito de privación ilegal de la libertad. La intención de causar un perjuicio existe desde el momento que la afirmación o declaración hecha a sabiendas por el Agente Fiscal es potencialmente capaz de llevar a error o a engaño a un tercero, a un juez o a una autoridad, en este caso el Agente Fiscal Mauricio Suárez, ordenó a la policía que me prive de la libertad, como dice el mismo policía en el parte de la detención. En este caso, en definitiva se debe sancionar la vulneración de la confianza o credibilidad en los funcionarios y/o personas que son llamadas a prestar auxilio y que desatienden el cumplimiento de las obligaciones inherentes al ejercicio de su cargo, no obstante que son requeridos por legítimo interesado. La acción denunciada es sin duda alguna constitutiva de delito, y de allí surge el reproche de culpabilidad. 4.- Reconoceré la presente manifestación de conocimiento en el momento en que así se ordene. Ejerceré el derecho de petición como legítimo interesado, correspondiéndole a usted disponer el inicio de la correspondiente instrucción fiscal, en contra de los denunciados responsables, Agente Fiscal M.S. y de J.U.R. Esto sin perjuicio de la sanción administrativa de destitución, que debe recaer en contra de un mal representante del Ministerio Público, que aparece como depredador de las garantías ciudadanas que son propias de un Estado de Derecho. Recibiré notificaciones en la casilla judicial Nº de la H. Corte Superior de Justicia de Quito. Del señor Ministro Fiscal General 35
18 DENUNCIA POR MUERTE DENUNCIA POR MUERTE Señor doctor don Ministro Fiscal Provincial del Guayas y Galápagos E.S.M. C.C.A., ciudadano manabita, ingeniero agrónomo de profesión, de tránsito por esta ciudad, en mi calidad de padre del niño C.M.C.V., cuya vida fue truncada por un acto de barbarie y violencia predecible y no impedida, con ocasión del encuentro de de fútbol entre y, el domingo 16 de septiembre del 2007, comparezco para exponer y solicitar: 1.- En este trance de indescriptible e insuperable dolor por una pérdida irreparable como es la de mi hijo Carlitos, para coadyuvar con una real investigación, he decidido designar como mi asesor y consultor al doctor Alfonso ZAMBRANO PASQUEL, quien podrá a mi nombre ejercer el derecho de petición previsto en la Constitución Política; y, a representarme como ofendido de acuerdo con el Art. 69 del Código de Procedimiento Penal, por lo cual tengo derecho a ser informado por el Ministerio Público del estado de la indagación preprocesal y de la instrucción cuando se la dicte. 2.- Su presencia honra y prestigia el Ministerio Público, y concurro ante S.S., ante su decisión pública de que se sancione a los autores materiales e intelectuales al igual que a los dirigentes deportivos, que han actuado con inequívoco dolo eventual pues no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo, equivale a ocasionarlo, conforme al Art. 12 del Código Penal vigente. El resultado producido e irreversible era inequívocamente previsible de parte de los organizadores del evento, pues se trataba de una concentra
19 ción de más de 50 mil ciudadanos que se encontraban ante un riesgo inminente, ya que en forma premeditada y previa se había autorizado el ingreso de material explosivo y de verdaderas armas como la que fue disparada, y con cuyo disparo se truncaron los sueños de adolescente de mi hijo 3.- El Ecuador se proclama como Estado constitucional de derechos y justicia (Constitución Política), siendo el más alto deber del Estado respetar los derechos humanos garantizados en la Constitución (Art. 11 n. 9), debe respetarse la preeminencia de las garantías constitucionales, y es preciso recordar que el Estado ecuatoriano y sus instituciones deben responder por los perjuicios que se irroguen a los ciudadanos, por actos como los que usted conoce (Art. 11 n. 9). No obstante lo dicho, el domingo 16 de septiembre del en que mi hijo fue víctima de la violencia en un escenario deportivo, se hicieron tabla raza de obligaciones y garantías constitucionales como las que consigna in extenso el Art. 76 de la Constitución Política en que se prevé la inviolabilidad de la vida (Art. 66 n. 1), la obligación del Estado de adoptar medidas para prevenir, eliminar y sancionar, en especial la violencia contra los niños y adolescentes (Art. 46 n. 4), la obligación del Estado de aplicar el principio del interés superior de los niños (Art. 44), así como la garantía para niños y adolescentes, de adoptar por parte del Estado las medidas que aseguren la prevención y atención contra la violencia. 4.- Diario Expreso había denunciado el día domingo 16 de septiembre del, en que se producen los hechos, el ingreso de un verdadero arsenal explosivo al Estadio de en acto de presumible connivencia entre dirigentes del Barcelona y/o administradores del Estadio. El riesgo de una catástrofe que pudo terminar en un verdadero holocausto era ciertamente previsible y sus resultados fueron asumidos con dolo eventual por los responsables del ingreso previo de material explosivo (eso si constitutivo de terrorismo). Diario El Universo, dice en un titular del 18 de septiembre del Nadie asume culpas tras homicidio en el estadio, para expresar luego «La Policía Nacional, la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Asociación de Fútbol del Guayas deslindaron ayer responsabilidades en la falta de control durante el Clásico que ocasionó la muerte de un menor de edad, al estallarle una bengala en el pecho. 38 DENUNCIA POR MUERTE El jefe del Comando Guayas Nº 2, enfatizó que el operativo de control no falló y responsabilizó a la y a de no haber cumplido con las recomendaciones de instalar cámaras de vigilancia, que les hubiera ayudado a identificar al causante de la muerte de El vicepresidente de la FEF,, señaló que ellos no tienen «nada que ver con la organización de los partidos de fútbol, ya que eso es competencia de los clubes». El jefe de la comisión de seguridad de Asoguayas, sostuvo que todo artefacto explosivo es ingresado días antes de los partidos, por lo que exhortó más control en los próximos encuentros por parte de la Policía Nacional. El ministro de Gobierno, indicó que ya estaba identificado el causante de lanzar la bengala y que en las próximas horas se iba a detenerlo». Quien lanzó la bengala ya está identificado, anunció ayer el Ministro de Gobierno,»Esperamos su detención en las próximas horas», dijo. Sin duda me preocupa que en esta suerte de «lavamanos» se pretenda luego decir que nadie es responsable de la muerte de y que la misma se produjo por un hecho enteramente fortuito o accidental. La fuerza pública es obediente y no deliberante señor Ministro Fiscal, y cumple las órdenes o consignas que recibe en el ámbito de su labor de prevención y disuasión, correspondiéndole actuar en el día y horas previas a un evento; pero no antes, que es cuando se hace el ingreso clandestino del material explosivo autorizado por los dirigentes. Hoy se pretende legitimar un proceso de violencia institucionalizada en los escenarios deportivos, alimentada por las denominadas «barras bravas» que reciben la autorización para el ingreso de explosivos y las correspondientes entradas o boletos. Cito sobre lo dicho dos antecedentes graves: a.- La agresión que sufrieron futbolistas por parte de una turba de delincuentes que decían ser simpatizantes de la de Quito. b.- La destrucción parcial de las instalaciones del Estadio de Emelec por una pandilla de impunes depredadores de la propiedad privada, en un acto previsto como forma modal de sabotaje y terrorismo en el Art. 160 numeral 2 del Código Penal. 39
20 Comentario.- En el presente caso el mismo Jefe de seguridad de Asoguayas, según la versión El Universo, reconoce el ingreso de artefactos explosivos días antes de los partidos (sic). Esto nos permite afirmar que la muerte de mi hijo es consecuencia necesaria de una verdadera confabulación a propósito de un encuentro deportivo, en que se produjo un hecho gravísimo porque los organizadores del evento y responsables del Estadio asumieron consciente y voluntariamente, todos los riesgos que eran fácilmente previsibles. La asunción de tales roles los hace caer en el campo de la responsabilidad penal, de acuerdo con los postulados de la moderna Teoría de la Imputación Penal Objetiva, de autoría del preclaro jurista alemán, profesor don Günther JAKOBS 1. Para tratar de legitimar lo ilegitimable, la Asociación Ecuatoriana de Fútbol ha impuesto una sentencia pírrica de inhabilitación temporal del Estadio de seguramente para sostener posteriormente que «nadie puede ser juzgado más de una vez por las mismas causas». 5.- En referencia a la responsabilidad por la muerte de expreso a usted lo que sigue: En los delitos de resultado material apreciable en el mundo exterior, el dolo abarca la previsión del resultado, pero como es una previsión hacia el futuro basta que se la tenga como probable o únicamente como posible. Para que se tenga como probable o al menos como posible, un resultado debe representarse en la esfera cognoscitiva del autor esa posibilidad, si es que no se presenta la seguridad del resultado. Debe haber la previsión de las circunstancias de hecho futuras y muy especialmente del resultado que pertenece al tipo legal. Como dice Edmundo MEZGER, «Se entienden por tales las circunstancias que dependen de la voluntad del autor y que, por lo tanto son causadas por él. El que actúa dolosamente debe prever la producción de las mismas. Así, debe prever que su disparo matará al rival, que la acción de adueñarse de una cosa ajena privará a la víctima de la custodia de la misma, que causará escándalo» 2. Para el dolo se requiere intelectualmente la previsión del curso causal, o el conocimiento de la cadena causal o del nexo de causalidad, 1 Günther JAKOBS, Derecho penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación, 2ª ed. corregida, Marcial Pons, Madrid 1997, p MEZGER, Edmundo, Derecho penal. Parte General, Editorial Bibliográfica, Buenos Aires, DENUNCIA POR MUERTE esto es, se debe saber que puesta una condición debe seguir a ésta un efecto. Hay una previsión de la serie causal que conduce al resultado (Cf. MEZGER). Nosotros aceptamos como elemento integrante del dolo (elemento intelectual) el conocimiento o la previsión de la cadena causal, porque entre la acción y el resultado hay un ligamen o vinculación que se constituye por la relación de causalidad, ésta forma parte del tipo penal en su faz objetiva que es abarcada en su conocimiento por el dolo. Convenimos en las palabras acertadas de MEZGER 3 de que no es preciso que haya una coincidencia matemática entre el curso causal representado y el curso causal real, porque se dan pequeñas desviaciones que son irrelevantes. Si el acontecer externo es producto de una voluntad finalista el hecho debe estar sometido al dominio de la voluntad, de manera que si el resultado es consecuencia causal de situaciones imprevistas, ya no hay un actuar doloso. Una dirección del curso causal exhaustiva y detallada no es posible para el hombre, lo que interesa es que el curso del acontecer haya sido previsto y querido, por lo menos en sus rasgos esenciales por el autor y haya estado sometido a su dirección. Existe una división tripartita del dolo, de suerte que el dolo es directo, de consecuencias necesarias y eventual. Se lo nomina al dolo directo, también como directo de primer grado, dolo inmediato, o dolo intención; al dolo de consecuencias necesarias, se lo llama también dolo directo de segundo grado, dolo mediato; y al dolo eventual se lo designa como dolo condicionado o de probabilidades. En el dolo eventual llamado por WELZEL condicionado, el sujeto conoce los elementos objetivos del tipo y acepta como forma de querer la realización del tipo que se le presenta al autor como probable o como posible. En criterio de otro profesor alemán, JESCHECK 4, el actuar con dolo eventual significa que el autor considera seriamente como posible la realización del tipo legal y se conforma con ella. Aparecen como elementos de esta clase de dolo, en forma negativa que no se persigue el resultado ni es segura la producción, abandonándose el agente al curso de las cosas. 3 WELZEL, Hans, Derecho penal. Parte General, Roque Depalma Editor, Buenos Aires, JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho penal, Vol. 1, Bosh,
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES PARA LA JUSTICIA PENAL. Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y CONVENCIONALES PARA LA JUSTICIA PENAL Por Alfonso Zambrano Pasquel 1 Derecho a un tribunal competente, independiente e imparcial El artículo 8.1 de la Convención Americana

References: Resolución 
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 artículo 12
 artículo 17
 artículo 11
 resolución 
 artículo 8