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Timestamp: 2014-04-18 08:18:56+00:00

Document:
Sentencia N. 171/04
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0171/2004 - R
Sucre, 4 de febrero de 2004 Expediente: 2003-07986-16-RAC
En revisión la Resolución de 21 de noviembre de 2003, cursante de fs. 29 a 30, pronunciada por el Juez de Partido de Santa Ana de Yacuma, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Begman Cuellar Arauz y Ángel Gilberto Cuba Arancibia contra Elvio Cuéllar Claure y Juan Manuel Rivero Méndez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia de la Provincia Yacuma, alegando la vulneración del derecho a la propiedad, consagrado en el art. 7 inc. i) CPE.
Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2003, cursante de fs. 3 a 4 de obrados, los recurrentes aseveran lo siguiente:
Dentro del proceso penal que siguen en representación de Harold Pereira Salas y María Carmen Pereira Salas por los delitos de allanamiento y abigeato agravado contra Renard Balcazar Iriarte y otros, en la etapa preparatoria se incautaron 200 cabezas de ganado bovino que estaban en poder del encausado nombrado y; fueron entregados en doble calidad a sus representados como propietarios y depositarios, pero el imputado impugnando esa decisión logró que el Juez cautelar designara como depositario a Gustavo Rodríguez, pero esta disposición nunca se ejecutó y así concluyó la etapa preparatoria, realizándose todos los actos previstos en el art. 340 del Código de Procedimiento Penal (CPP). Sin embargo, los recurridos han decretado la remoción de los depositarios, pese a no estar autorizados para ordenar medidas cautelares o resolver cambios de depositarios u otro tipo de incidentes que no sean los previstos en el art. 308 CPP, los cuales deben ser resueltos en el juicio, de manera que han actuado sin jurisdicción y competencia con el simple argumento de que existe una resolución ejecutoriada y que a ultranza deben efectuar; pero quien debió ejecutarla en su oportunidad era el Juez que la dictó y, en el caso, al haber concluido la etapa preparatoria, ya no puede porque ha cesado en su competencia, siendo ilegal cualquier acto de otro funcionario que implique la ejecución de la resolución, pues el art. 52 CPP, establece en forma clara que el tribunal de sentencia sólo es competente para la sustanciación y resolución del juicio, sin que tengan competencia para remover depositarios en la preparación del juicio; y en todo caso cualquier incidente debe resolverse en la audiencia.
Derecho a la propiedad, consagrado en el art. 7 inc. i) CPE.
Con esos antecedentes plantea recurso de amparo constitucional contra Elvio Cuellar Claure y Juan Manuel Rivero Méndez, Jueces Técnicos del Tribunal de Sentencia de la Provincia Yacuma; pidiendo que sea declarado procedente, disponiéndose la nulidad de la resolución dictada por los recurridos y sea con costas.
I.2. Audiencia y Resolución del Juez de amparo constitucional
Instalada la audiencia pública el 21 de noviembre de 2003, tal como consta en el acta de fs. 27 a 28 vta. ocurrió lo siguiente:
I.2.1. Ratificación y ampliación del recuso
Mediante su abogado, el recurrente ratificó los fundamentos de su demanda y los amplió señalando que: a) otro acto ilegal cometido por los recurridos es que a solicitud de una persona ajena al proceso han suspendido la audiencia del juicio lesionando los intereses de la víctima; b) no se sabe a que persona quieren entregar el ganado, dado que el depositario que se nombró no aceptó; pero los recurridos insisten disponiéndose a ir a una estancia privada sin tener orden de allanamiento sin saber a qué autoridad o persona van a entregar el ganado; además por más autoridad que sean igualmente necesitan dicha orden y c) alegan tener jurisdicción y competencia pero se olvidan del art. 345 CPP, que establece que todos los incidentes deben ser tratados en un solo acto o en sentencia, lo que quiere decir, que el incidente de remoción de depositario debe ser tratada en audiencia pública.
El recurrido Juez, Elvio Cuellar Claure, por informe escrito (fs. 18-20) y oral alegó que: a) el 8 de agosto de 2003, el Juez de Instrucción Cautelar dispuso la remoción como depositarios de los querellantes representados por los recurrentes y que el hato ganadero sea entregado al nuevo depositario, pero esta actuación no fue cumplida porque el Fiscal Adjunto y el recurrente A. Gilberto Cuba A. interpusieron apelación, que fue rechazada mediante Auto que fue notificado a las partes el 22 de septiembre de 2003; devolviéndose obrados al referido Juez el 27 del mismo mes y año; sin embargo a esta fecha el citado Juez, ya había perdido competencia puesto que el 12 del mismo mes y año, el Fiscal presentó acusación contra los coimputados por los delitos de abigeato y otros, disponiéndose la radicatoria en el Juzgado a cargo de ellos; b) el 8 de octubre de 2003, el acusado solicitó audiencia de cumplimiento de remoción de depositarios judiciales amparándose en el art. 52 CPP, a cuyo efecto señalaron audiencia para el 28 del mismo mes y año, advirtiéndose a los depositarios de cumplimiento a la resolución de 8 de agosto, por haber sido rechazadas las apelaciones antes referidas; c) que, posteriormente a pedido de la abogada del acusado Dra. Lenny M. Caero Q., señalaron nueva audiencia para la remoción y cambio de depositario judicial, que no pudo ser cumplida; d) los recurrentes no toman en cuenta lo dispuesto por el art. 44 CPP y e) que, el art. 102 CPP, establece que el imputado puede tener cuantos defensores estime necesario; y en la especie el imputado presentó memoriales con actuaciones de 4 abogados, sin que los recurrentes hubieran observado dicha situación y sólo reclama por el memorial de suspensión de audiencia cuando se trata de un asunto de mero trámite.
Concluida la audiencia, el Tribunal del amparo, declaró improcedente el recurso con el fundamento de que los recurridos al fijar audiencia pública para el cambio y remoción de depositarios judiciales, no resolvieron ningún incidente, sino que se limitaron a dar cumplimiento a un incidente ya resuelto en la etapa preparatoria y que tiene calidad de cosa juzgada, por lo que no han violado ninguna garantía constitucional menos los derechos previstos en el Código de procedimiento penal, por el contrario al ejecutar y cumplir una resolución judicial, han actuado conforme a derecho según lo previsto en el apartado tercero del art. 44 concordante con el art. 52 CPP.
Luego del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:
II.1. Dentro del proceso penal seguido por los recurrentes contra Renard Balcázar y otros, por los delitos de abigeato y otros, el Juez de Instrucción Cautelar de Santa Ana del Yacuma, mediante Auto de 8 de agosto de 2003, dispuso la remoción de los depositarios judiciales -los representados-, quienes debían entregar el 20 de agosto de 2003 el ganado vacuno en calidad de depósito al nuevo depositario Gustavo Rodríguez Gonzáles (fs. 9-11). Esta resolución, quedó ejecutoriada al rechazarse el recurso de apelación que presentó el Ministerio Público por ser inadmisible (fs. 12).
II.2. Por Auto de Vista de 25 de septiembre de 2003, los recurridos radicaron la causa en el Juzgado a su cargo (fs. 8); y posteriormente atendiendo una solicitud del imputado nombrado, por decreto de 17 de octubre de 2003, con el fundamento de que existían resoluciones ejecutoriadas con relación a la remoción y cambio de depositarios judiciales, señalaron audiencia para dicho efecto para el 28 del mismo mes y año, advirtiéndose a los representados dar cumplimiento al Auto de 8 de agosto de 2003(fs. 2); empero la referida audiencia a solicitud de un memorial presentado por una de las abogadas del imputado fue suspendida por decreto de 28 de octubre de 2003, señalándose una nueva para el 5 de noviembre de 2003 (fs. 16).
Los recurrentes solicitan tutela al derecho de sus representados a la propiedad, consagrado en el art. 7 inc. i) CPE, denunciando que ha sido vulnerado por los recurridos, puesto que dentro del proceso penal que siguen por los delitos de abigeato y otros: a) sin tener jurisdicción y competencia, están ejecutando una resolución que dictó el Juez Cautelar en la etapa preparatoria, cuando en ninguna de sus atribuciones tienen facultad para realizar tal acto, pues quien debió ejecutar la resolución fue el citado Juez y como ya perdió competencia al haberse presentado la acusación no puede hacerlo; b) han recibido un memorial de suspensión de audiencia sin considerar que el imputado no firmó el mismo; c) que no se sabe a qué persona entregarán el ganado dado que el depositario nombrado se niega a asumir esa responsabilidad y d) que los recurridos a fin de entregar el ganado pretenden allanar propiedad privada, para lo que necesariamente deben tener una orden de allanamiento. En consecuencia, en revisión de la resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen un acto ilegal lesivo de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1. Las normas referidas a la comprobación inmediata y los medios auxiliares de prueba previstos en el Título Segundo del Libro Cuarto del Código de procedimiento penal, ciertamente establecen la facultad del Juez Instructor para ordenar el registro del lugar del hecho, el secuestro y otras medidas para asegurar los medios e instrumentos del mismo. En cuanto a otras medidas para conservar los semovientes y otros bienes de significativo valor, el mismo Código señala que deberán entregarse a depositarios judiciales para su custodia, luego de realizadas las diligencias de comprobación y descripción. Esta disposición fue acatada por el Juez de Instrucción que conoció la acción penal seguida por los recurrentes; empero a petición de la parte imputada dispuso la remoción del depositario, nombrando a uno nuevo, decisión que no cabe analizar porque no es motivo del recurso por una parte; y, por otra, el citado Juez no ha sido recurrido.
III.2. En lo que concierne a la problemática planteada, es preciso establecer que el proceso es un conjunto de actos que se desarrollan en el actual sistema procesal penal en dos etapas esencialmente, la preparatoria y la del juicio, que están a cargo del Juez de Instrucción y del Tribunal de Sentencia respectivamente, de lo que resulta obvio que a la conclusión de la primera se inicia la segunda, con características propias, pues la primera etapa tiene como objetivo principalmente la investigación y por ende, el aseguramiento de los medios de prueba y la presencia de los imputados. La segunda tiene como fin el juzgamiento de los acusados; lo que significa, que a la conclusión de la primera etapa e iniciada la segunda, el Juez de Instrucción pierde competencia para conocer incidentes o realizar otros actos del proceso, salvo los que el Código de procedimiento penal les atribuya aún en etapa del juicio oral, pues el tribunal de sentencia que hubiera tomado conocimiento de la causa, será quien asuma la prosecución del proceso y con ello también será el facultado para conocer todo cuanto tenga que realizarse en el proceso. Este entendimiento supone que ningún acto puede quedar inconcluso como tampoco una resolución puede quedar sin efectividad material dentro del desarrollo del proceso en su conjunto, pues al concluir la etapa preparatoria si por las emergencias de algún inconveniente o por las incidencias de la presentación de un recurso, el juez instructor no tuviera la oportunidad de realizar algún acto dentro de la etapa que le corresponde administrar jurisdiccionalmente, lo podrá hacer el tribunal de sentencia, siempre que ello no implique desnaturalizar el proceso y menos la etapa que le corresponde dirigir. Esta posibilidad, no implica sin embargo la realización de actos que sean propios del fiscal en la etapa preparatoria, pues el razonamiento aludido, sólo está referido a actos y resoluciones bajo competencia de las autoridades jurisdiccionales; siempre -se reitera- que no importe desnaturalizar el proceso y consiguientemente el objetivo de cada una de las etapas.
III.3.En el caso planteado, el Juez Cautelar -como ya se dijo- con plena competencia dispuso la remoción de depositarios del ganado secuestrado; empero, al haber, el Ministerio Público y los recurrentes, presentado apelación, la decisión estuvo pendiente de revisión ante el Tribunal ad quem, tiempo en el que por su parte el Ministerio Público presentó su acusación y el Tribunal de Sentencia radicó la causa, con lo que el Juez Instructor efectivamente perdió competencia en cuanto al control jurisdiccional de la investigación; sin embargo, como ya se anotó precedentemente, existen algunos incidentes que aún encontrándose el proceso en etapa de juicio oral, son de competencia del Juez Instructor por expresa disposición de las normas previstas por los arts. 253 y sigs CPP, pues dicha autoridad a requerimiento fundamentado del fiscal, sobre la incautación de bienes sujetos a decomiso o confiscación, podrá pronunciarse de conformidad al Código penal y a la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, hasta antes de dictarse sentencia. De igual manera, y hasta el mismo estado procesal, podrá conocer incidentes planteados por los propietarios de los bienes incautados para debatir: a) "Si el bien incautado está sujeto a decomiso o confiscación de acuerdo a Ley"; y b) "Si el bien incautado ha sido adquirido en fecha anterior a la resolución de incautación y con desconocimiento del origen ilícito del mismo o de su utilización como objeto del delito". Estas disposiciones legales, de manera contundente prevén que la competencia para conocer incidentes sobre bienes incautados, ha sido atribuida a los jueces instructores, en concreto a los que hubieran realizado el control jurisdiccional de la etapa preparatoria. En consecuencia, no corresponde al tribunal de sentencia resolver ni realizar ningún acto sobre la aplicación de medidas cautelares de carácter real, entre ellas la aplicación de la medida de incautación y la resolución de los incidentes emergentes de la aplicación de la misma.
En el caso planteado, los recurridos actuaron indebidamente, pues ignoraron las citadas disposiciones y con ello vulneraron el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso, dado que no se sujetaron a la aplicación objetiva de la ley, sino a su propio criterio que no tiene sustento legal alguno ni responde a un razonamiento lógico, puesto que al existir normas expresas lo que corresponde a un juzgador, es interpretarlas y aplicarlas al proceso que conoce, ya que sólo así podrá desarrollar un justo y debido proceso respetando la igualdad de las partes como también todos sus derechos y garantías procesales.
III.4.Con relación a que los jueces recurridos, hubiesen suspendido la audiencia para el cambio del depositario a solicitud de un abogado que no es patrocinante del imputado este extremo no ha sido demostrado, como tampoco ha sido demostrado que el depositario estuviera negándose a cumplir la responsabilidad judicial que se le ha asignado.
III.5. Respecto al allanamiento, en primer lugar esta medida tiene objetivo requisar y registrar un inmueble como también aprehender a una persona, objetivos que no se presentan en el caso de autos; empero debe entenderse que a un domicilio sólo debe ingresarse de día con orden judicial de autoridad competente y de noche con permiso del que la habita, salvo la excepción dispuesta por la misma Constitución. En cumplimiento de este mandato, queda prohibido que una persona o autoridad ingrese a un domicilio o propiedad sin el permiso de sus habitantes o propietario sea cual fuere el objetivo para pretender hacerlo; en el caso compulsado, si bien no existe mandamiento de allanamiento, los recurrentes no han demostrado que los recurridos hubieren ingresado al domicilio sin permiso de sus habitantes, negativa que necesariamente debe ser demostrada a fin de obtener la tutela en esta jurisdicción.
Que, en consecuencia el Tribunal del recurso, al haber declarado improcedente el recurso no ha dado correcta y estricta aplicación al art. 19 CPE.
POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 19.IV y 120.7ª CPE, 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC) en revisión, REVOCA la Resolución de 21 de noviembre de 2003, cursante de fs. 29 a 30 vta., pronunciada por el Juez de Partido de Santa Ana de Yacuma y declara PROCEDENTE el recurso, disponiendo:
1° La nulidad de los actos realizados por los recurridos sobre la ejecución del Auto de 8 de agosto de 2003;
2° Que los recurridos remitan la solicitud de ejecución del citado Auto al Juez de Instrucción Cautelar de Santa Ana del Yacuma, para que proceda a su ejecución.
3° No se proceda a la calificación de daños y perjuicios por ser excusable la actuación de los recurridos.
No intervienen los Magistrados Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse con licencia y la Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por estar en uso de su vacación anual.

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