Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-penal-n-260-2011-ap-lleida-sec-1-rec-106-2011-20-07-2011-10685261
Timestamp: 2018-02-25 15:59:37+00:00

Document:
Sentencia Penal Nº 260/2011, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 106/2011, 20-07-2011 | Iberley
Sentencia Penal Nº 260/2011, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 1, Rec 106/2011 de 20 de Julio de 2011
Sentencia Penal Nº 114/2013, AP - Gipuzkoa, Sec. 1, Rec 1224/2012, 30-04-2013
Órden: Penal Fecha: 30/04/2013 Tribunal: Ap - Gipuzkoa Ponente: Hoyos Moreno, Jorge Juan Num. Sentencia: 114/2013 Num. Recurso: 1224/2012
Sentencia Penal Nº 66/2006, AP - Soria, Sec. 1, Rec 48/2006, 26-12-2006
Órden: Penal Fecha: 26/12/2006 Tribunal: Ap - Soria Ponente: Garcia Moreno, Jose Miguel Num. Sentencia: 66/2006 Num. Recurso: 48/2006
Sentencia Penal Nº 17/2013, AP - Salamanca, Sec. 1, Rec 73/2012, 22-02-2013
Órden: Penal Fecha: 22/02/2013 Tribunal: Ap - Salamanca Ponente: Vega Bravo, Jose Antonio Num. Sentencia: 17/2013 Num. Recurso: 73/2012
Sentencia Penal Nº 415/2015, AP - Lleida, Sec. 1, Rec 147/2015, 10-11-2015
Órden: Penal Fecha: 10/11/2015 Tribunal: Ap - Lleida Ponente: Juan Agustin, Merce Num. Sentencia: 415/2015 Num. Recurso: 147/2015
Sentencia Penal Nº 165/2014, AP - Tenerife, Sec. 5, Rec 1053/2013, 30-04-2014
Órden: Penal Fecha: 30/04/2014 Tribunal: Ap - Tenerife Ponente: Gonzalez Ramos, Juan Carlos Num. Sentencia: 165/2014 Num. Recurso: 1053/2013
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 25.949, 27-01-2005
Ponente: Juan Agustin, Merce
Núm. Sentencia: 260/2011
Núm. Recurso: 106/2011
Núm. Cendoj: 25120370012011100258
Rollo Apelación Faltas nº 106/2011 -
Juicio de Faltas núm.:43/2011
Juzgado Violencia sobre la mujer 1 Lleida
S E N T E N C I A NÚM. 260 /11
En la ciudad de Lleida, a veinte de julio de dos mil once.
La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Lleida, constituida por mí, Mercè Juan Agustín, Magistrada de la Sección 1 ha visto, en grado de apelación constituido en Tribunal unipersonal, los autos de Juicio de Faltas núm. 43/2011 , del Juzgado Violencia sobre la mujer 1 Lleida y del que dimana el
Rollo de Sala núm.106/2011, habiendo sido partes, en calidad de apelante, Sebastián , defendido por la Letrada Doña Vanessa Fernández Franch , y en calidad de apelados el Ministerio Fiscal y Ascension , defendida por la Letrada Doña Viviana Ostáriz Pérez .
PRIMERO . - Por el Juzgado de Instrucción se dictó sentencia cuya parte dispositiva dice lo siguiente: " CONDENO a Sebastián , como autor de dos faltas de vejaciones injustas a la pena por cada una de ellas de OCHO DÍAS de LOCALIZACIÓN permanente, así como al pago de las costas causadas.
Impongo además a Sebastián , las sihguientes penas accesorias por un período de DOCE MESES cada una de ellas:
- Prohibición del denunciado de comunicarse con Ascension , por cualquier medio escrito, hablado o de cualquier otro tipo, y de establecer cualquier clase de contacto visual o de otra clase.
- Prohibición del den unciado de acercarse a Ascension en una distancia de al menos 200 metros, y que se extiende tanto al domicilio de la víctima, como los lugares frecuentes habitualmente por ésta o cualquier otro donde el imputado prevea que puede encontrarse la misma.
Estas penas accesorias se mantendrán como MEDIDAS CAUTELARES, durante la tramitación de un eventual Recurso de Apelación contra esta sentencia, siendo necesario efectuar al condenado los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las mismas desde la fecha de la notificación de la sentencia."
SEGUNDO .- Contra la referida sentencia se interpuso recurso de apelación mediante escrito del que se dio traslado a las partes contrarias para impugnación o adhesión, evacuando dicho trámite en el sentido de impugnarlo solicitando la íntegra confirmación de la sentencia recurrida.
TERCERO .- Seguidamente se elevaron los autos a esta Audiencia Provincial Sección Primera, que acordó formar rollo y designar Magistrado competente para conocer del recurso, al que pasaron las actuaciones para dictar la resolución correspondiente.
ÚNICO .- Se aceptan y se hacen propios la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida.
PRIMERO .- Contra la sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Lleida que condenaba a Sebastián como autor criminalmente responsable de dos faltaS de vejaciones injustas, se interpone recurso de apelación por la representación procesal del mismo, alegando en síntesis ,error en la valoración de la prueba, argumentando que no existe base probatoria alguna que sustente los hechos denunciados por Ascension .
El Ministerio Fiscal y la representación de la Sra. Ascension impugnan el recurso e interesan la confirmación de la resolución recurrida.
SEGUNDO .- Pues bien, como ya hemos señalado con reiteración al respecto del error en la valoración probatoria y con carácter general, constituye doctrina jurisprudencial reiterada que cuando la cuestión debatida por vía de recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a efecto por el juzgador de instancia en uso de la facultad que le confieren los artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y sobre la base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, la observancia de los principios de inmediación, oralidad y contradicción a que esa actividad se somete, conducen a que por regla general deba concederse singular autoridad a la apreciación de la prueba llevada a cabo por el juzgador en cuya presencia se practicaron ( STS 18-2-1994 , 6-5-1994 , 21-7-1994 , 15-10-1994 , 7-11-1994 , 22-9-1995 , 27-9-1995 , 4-7-1996 , 12-3-1997 ); por lo mismo que es este juzgador, y no el de alzada, quien goza de la especial y exclusiva facultad de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, sobre todo en la prueba testifical su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones, seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la inmediación y contradicción en la práctica de la prueba carece sin embargo el Tribunal de apelación llamado a revisar esa valoración en la segunda instancia; lo que justifica que deba respetarse en principio el uso que haya hecho el Juez de su facultad de apreciar en conciencia las pruebas practicadas en juicio, reconocida por el artículo 741 de la mencionada Ley de Enjuiciamiento Criminal , siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia ( STC. 17-12-85 , 23-6-86 , 13-5-87 o 2-7-90 , STS. 15-10-94 , 7-11-94 , 22-9-95 , 4-7-96 o 12-3-97 ). Únicamente su criterio valorativo deberá rectificarse cuando éste carezca del necesario apoyo de pruebas válidamente constituidas e incorporadas al proceso de forma legítima, o cuando por parte del recurrente se ponga de relieve un evidente fallo en el razonamiento lógico o en el "iter" inductivo del juzgador de instancia.
Aplicando la anterior doctrina al supuesto de autos, el Juzgador de instancia, a cuya personal presencia se practicaron las pruebas en el acto del juicio de faltas, razona en la sentencia impugnada de manera amplia y pormenorizada por qué considera que han quedado debidamente acreditado que en efecto el denunciado durante los meses de abril, mayo y junio de 2011 efectuó a la denunciante constantes llamadas telefónicas, dirigiéndose a la misma en algunas de ella con frases tales como "puta", "perra", "sucia" o "guarra", y como el día 8 de junio de 2011, le arrebató a la perjudicada su teléfono móvil, a la vez que la llamaba "puta". Al respecto el juez ha otorgado total credibilidad por lo coherente y persistente a la declaración de la denunciante, frente a la versión de los hechos proporcionada por el denunciado. Al respecto debe señalarse que si bien la doctrina del TS viene señalando que la víctima, que puede constituirse en parte procesal como acusación particular, no puede ser en sentido técnico tercero imparcial, ni tampoco impide que pueda prestar declaración en los mismos términos que un testigo, identificándose - como indica la STS de 18 de junio de 1998 - a efectos prácticos tales testimonios, lo que acontece es que para esa viabilidad probatoria es necesario que no se den razones objetivas como para dudar de la veracidad de la víctima; de forma que si bien la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo ( SSTC 201/89 , 160/90 y 219/91 y SSTS de 5 de diciembre de 1994 , 23 de febrero de 1995 y 24 de octubre de 1995 ), dicha declaración debe valorarse atendiendo: a) a las relaciones existentes entre el acusado y la víctima; b) verosimilitud y corroboración mediante la existencia de datos objetivos que coadyuven a ella; y c) persistencia y firmeza del testimonio que ha de prolongarse en el tiempo sin ambigüedades ni contradicciones ( STC 611/94 , y SSTS de 26 de mayo de 1993 , 21 de julio de 1994 , 23 de febrero de 1995 y 8 de mayo de 1995 ).
En el presente caso, y gozando de las ventajas que la inmediación proporciona -principio éste informador de nuestro proceso penal de esencial importancia-, el juez "a quo" constató una total credibilidad en la declaración de la perjudicada por el delito, quien mantuvo con rotundidad su versión de lo ocurrido, siendo coherente en sus manifestaciones al declarar en juicio, y persistente en su incriminación, puesto que se expresó en términos totalmente coincidentes a los utilizados previamente al interponer su denuncia en dependencias policiales, sin que pudieran apreciarse contradicciones entre todas estas declaraciones. Además la declaración de la víctima se ve corroborada por el dato objetivo que consta en el atestado que encabeza las presentes actuaciones, en donde los agentes encargados de recoger la denuncia a aquélla constatan que durante el periodo de tiempo en que la misma permanece en comisaría llega a recibir hasta 12 llamadas, las cuales por otro lado, fueron efectuadas con la indudable finalidad de perturbar el ánimo y la tranquilidad de la denunciante, lo que les otorga una evidente relevancia penal.
Por todo ello, la Sala entiende que no ha existido vulneración alguna de la presunción de inocencia, dado que para ello es preciso que se aprecie un vacío probatorio en el procedimiento, bien por falta de pruebas, bien por haber sido obtenidas las mismas, de forma ilícita, debiendo decaer si existen pruebas de cargo directas o indiciarias con razonable y suficiente virtualidad inculpatoria, pruebas que, sin duda, han existido en el presente supuesto, tal y como se desprende de lo anteriormente expuesto.
Por todo lo expuesto, el recurso debe ser desestimado y confirmada la resolución recurrida.
TERCERO .- Conforme a lo dispuesto en el artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , procede imponer al recurrente las costas procesales de esta instancia.
DESESTIMO el recurso planteado por la representación procesal de Sebastián , contra la sentencia dictada en fecha 9 de junio de 2011 por el Juzgado de Violencia sobre la mujer nº 1 de Lleida, en el Juicio de Faltas nº 43/11, y CONFIRMO íntegramente dicha resolución, imponiendo al recurrente las costas procesales derivadas de esta alzada.
Así por ésta mi sentencia, de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo pronuncio, mando y firmo.

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 741
 resolución 
 artículo 240