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Timestamp: 2018-08-21 01:55:12+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00219 de abril 18 de 2013
SENTENCIA 2008-00219 DE 18 DE ABRIL DE 2013
CONTENIDO:EL GOBIERNO NACIONAL CON LA EXPEDICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 14 DEL DECRETO 2272 DE 2005 Y EL 1 DECRETO 4476 DE 2007 NO DESBORDO SU POTESTAD REGLAMENTARIA. ESTO, TENIENDO EN CUENTA QUE ARTÍCULOS QUE SEÑALAN LOS REQUISITOS GENERALES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA TENER POR ACREDITADA LA EXPERIENCIA PROFESIONAL PARA ACCEDER A EMPLEAOS PÚBLICOS, SIEMPRE QUE NO EXISTA UNA DISPOSICIÓN LEGAL O CONSTITUCIONAL QUE ESTABLEZCA UNOS REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA EL EJERCICIO DE DETERMINADO CARGO. SIENDO ELLO ASÍ, EL GOBIERNO NACIONAL EN MANERA ALGUNA HA INVADIDO COMPETENCIAS PROPIAS DEL LEGISLADOR, AL PUNTO DE QUE NO DESCONOCIÓ EL MANDATO PREVISTO EN LAS LEYES GENERALES ADOPTADAS PARA REGULAR EL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA, Y POR ELLO NO DESBORDO EN NINGÚN MOMENTO SU POTESTAD REGLAMENTARIA
TEMAS ESPECÍFICOS:FUNCIONES DEL GOBIERNO, GOBIERNO, FUNCIONES DE LA RAMA LEGISLATIVA
Sentencia 2008-00219 de abril 18 de 2013
Rad.: 11001 0324 000 2008 00219 00
Demandado: Departamento Administrativo de la Función Pública.
Observa la Sala que el problema jurídico gira en torno a dilucidar si el Presidente de la República excedió su potestad reglamentaria al expedir los artículos 14 del Decreto 2272 de 2005 y 1º del Decreto 4476 de 2007.
A efectos de aclarar si el cargo expuesto por el demandante encuentra asidero, es menester transcribir el texto de las disposiciones acusadas:
“DECRETO 2272 DE 2005
“DECRETO 4476 DE 2007
por el cual se modifica el Decreto 2272 de 2005.
ART. 1º—Modifíquese el artículo 14 del Decreto 2272 de 2005, en relación con la definición de experiencia profesional y experiencia relacionada, la cual quedará así:
6.1. Desconocimiento de las leyes 842 de 2003 y 435 de 1998.
Las citadas normas fueron expedidas por el Congreso de la República en cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 26 de la Carta Suprema(3), con el fin de regular el ejercicio de profesiones específicas, esto es, la arquitectura, ingenierías y carreras afines(4), definiendo lo que debía entenderse por ejercicio profesional de arquitectura(5) (L. 435/98) y de ingeniería(6) (L. 842/2003).
El legislador también definió los requisitos que debían obtenerse para ejercer tales profesiones, o lo que es lo mismo, determinó a partir de qué momento se entiende que el ejercicio de una actividad de las relacionadas con anterioridad se considera experiencia profesional:
“Ley 435 de 1998
ART. 3º—Requisitos para el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares. Para ejercer la profesión de arquitectura se requiere acreditar su formación académica e idoneidad profesional, mediante la presentación del título respectivo conforme a la ley y obtener la tarjeta de matrícula profesional expedida por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares.
Bajo tales premisas, es claro que se trata de una regulación general sobre el ejercicio profesional de las dos carreras que sólo puede ser modificada por otra del mismo rango, lo cual es visiblemente reafirmado, si se observa que el Congreso de la República mediante la elaboración de la nueva Ley 1325 del 13 de julio de 2009(7) volvió a regular lo relacionado con el ejercicio de la ingeniería; o si por ejemplo se tiene en cuenta lo previsto en la Ley 43 de 1990 que prevé un régimen especial para los contadores públicos.
Debe la Sala entonces precisar que en este caso no es procedente invocar como violadas por los actos acusados, las leyes 435 de 1998 y 842 de 2003, sobre ejercicio profesional de la arquitectura y las ingenierías respectivamente, puesto que estas en nada son desarrolladas por los decretos demandados. Estos reglamentan, como expresamente se señala, en su encabezamiento “el Decreto-Ley 770 de 2005” sobre función pública.
Tan claro es lo anterior, que el mismo Decreto 2272 de 2005 (acusado) en el capítulo cuarto cuando se refiere a los requisitos generales para el ejercicio del empleo previó que cuando la Constitución o la ley dispongan otra clase de requisitos para el ejercicio de empleos se aplicará la disposición “especial”, entendiendo que si dentro del ordenamiento jurídico existe norma que regule de manera concreta una profesión se aplicará lo dispuesto en esa norma:
“ART. 25.—Requisitos determinados en normas especiales. Para el ejercicio de los empleos correspondientes a los diferentes niveles jerárquicos, que tengan requisitos establecidos en la Constitución Política o en la ley, se acreditarán los allí señalados” (resaltado fuera de texto).
Despejado así el primero de los cargos del demandante, debe la Sala referirse a los referidos al exceso en la potestad reglamentaria.
6.2. Exceso en la potestad reglamentaria.
El Decreto 2272 de 2005 fue expedido en ejercicio de la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, y en las facultades otorgadas por el artículo 5º del Decreto-Ley 770 de 2005.
A su vez, este decreto-ley fue proferido en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió el numeral 3º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004, y estableció “… el sistema de funciones y de requisitos generales para los empleos públicos correspondientes a los niveles jerárquicos pertenecientes a los organismos y entidades del orden nacional, a que se refiere la Ley 909 de 2004”. Su artículo 5º dispone lo siguiente:
5.2.2. Nivel asesor
5.2.4. Nivel técnico
5.2.5. Nivel asistencial
PAR.—Cuando para el desempeño de un empleo se exija una profesión, arte u oficio debidamente reglamentado, los grados, títulos, licencias, matrículas o autorizaciones previstas en las normas sobre la materia no podrán ser compensados por experiencia u otras calidades, salvo cuando la ley así lo establezca”.
En tal orden, como el Decreto 770 de 2005 que tiene fuerza de ley, le atribuyó la facultad al ejecutivo de determinar los requisitos y competencias para acceder a los empleos, y en cumplimiento de ello se profirió el Decreto 2272 demandado, el exceso de la potestad reglamentaria que invoca el actor debe circunscribirse a la norma transcrita.
En efecto, el capítulo III del Decreto 2272 regula el tema de los “factores y estudios para determinar los requisitos” para acceder a los empleos públicos, entre los que se cuenta la educación formal, no formal, y el que importa para el caso bajo examen, la experiencia. En el artículo 14 se desarrolla este último ítem, conceptualizando lo que debe entenderse por experiencia profesional.
A su vez, el artículo 1º del Decreto 4476 del 21 de noviembre de 2007 (también censurado en esta sede) que modificó el 14 del Decreto 2272 de 2005, modificó la definición de tal concepto, dentro de la órbita de competencia que precisamente le confirió el Decreto 770 de 2005.
Así pues, encuentra la Sala que los actos administrativos impugnados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, pues son el desarrollo de una atribución de reglamentación, ejercida dentro de los parámetros autorizados para ese efecto, esto es, la determinación de requisitos y competencias para acceder a los empleos públicos.
Así las cosas, debe entenderse que las disposiciones contenidas en las normas enjuiciadas señalan los requisitos generales que se deben tener en cuenta para tener por acreditada la experiencia profesional para acceder a empleos públicos, siempre que no exista una disposición legal o constitucional que establezca unos requerimientos específicos para el ejercicio de determinado cargo.
Siendo ello así, el Gobierno Nacional en manera alguna ha invadido competencias propias del legislador, al punto de que no desconoció el mandato previsto en las leyes generales adoptadas para regular el ejercicio de las profesiones de arquitectura e ingeniería, y por ello, no desbordó en ningún momento su potestad reglamentaria.
2. Se reconoce personería al abogado Manuel Alejandro Cruz Hernández como apoderado de la entidad demandada de conformidad con el poder que obra a folio 130 de este cuaderno.
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 18 de abril de 2013».
(4) El objeto de la Ley 435 de 1998 es el de “… reglamentar el ejercicio de la profesión de arquitectura y sus profesiones auxiliares, se crea el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares, se dicta el código de ética profesional, se establece el régimen disciplinario para estas profesiones, se reestructura el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura en Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y sus profesiones auxiliares y otras disposiciones”.
Así mismo, la Ley 842 de 2003 determina “… la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el código de ética profesional y se dictan otras disposiciones”.
(5) Ley 435 de 1998: “ART. 1º—Definiciones. Para todos los efectos legales, entiéndase por arquitectura, la profesión a nivel universitario, cuya formación consiste en el arte de diseñar y crear espacios, de construir obras materiales para el uso y comodidad de los seres humanos, cuyo campo de acción se desarrolla fundamentalmente con un conjunto de principios técnicos y artísticos que regulan dicho arte.
Son profesiones auxiliares de la arquitectura, aquéllas amparadas por el título académico de formación técnica profesional, tecnológica, conferido por instituciones de educación superior, legalmente autorizadas y que tengan relación con la ejecución o el desarrollo de las tareas, obras o actividades de la arquitectura en cualesquiera de sus ramas”.
“ART. 2º—Concepto - ejercicio de la profesión de arquitectura. Para efectos de la presente ley, se entiende por ejercicio de la profesión de arquitectura, la actividad desarrollada por los arquitectos en materia de:
j) Las demás que se ejerzan dentro del campo de la profesión de la arquitectura”.
(6) Ley 842 de 2003: “ART. 1º—Concepto de ingeniería. Se entiende por ingeniería toda aplicación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas; de la técnica industrial y en general, del ingenio humano, a la utilización e invención sobre la materia.
PAR.—La instrucción, formación, enseñanza, docencia o cátedra dirigida a los estudiantes que aspiren a uno de los títulos profesionales, afines o auxiliares de la ingeniería, en las materias o asignaturas que impliquen el conocimiento de la profesión, como máxima actividad del ejercicio profesional, solo podrá ser impartida por profesionales de la ingeniería, sus profesiones afines o sus profesiones auxiliares, según el caso, debidamente matriculados”.
(7) Diario Oficial Nº 47.409 de 13 de julio de 2009.

References: artículo 14
 artículo 26
 artículo 189
 artículo 5
 artículo 53
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 1