Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/708534837
Timestamp: 2018-04-20 02:40:34+00:00

Document:
Sentencia de Tutela nº 118/18 de Corte Constitucional, 6 de Abril de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 708534837
Actor: HAROLD DAVID PERDOMO OROZCO
Demandado: EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Expediente: T-6379670
DERECHO AL AGUA POTABLE. PROTECCION CONSTITUCIONAL COMO DERECHO FUNDAMENTAL AUTONOMO. El actor alega que sus derechos fundamentales son vulnerados por la entidad accionada al negar la disposición final de agua potable directamente hasta su vivienda, alegando supuestas imposibilidades técnicas a pesar de que el inmueble cuenta con conexión al sistema de acueducto y está incluido dentro del cubrimiento hídrico de la ciudad. Se analizan los siguientes temas. 1º. Contenido y naturaleza del derecho fundamental al agua potable a nivel internacional y nacional y, 2º. El servicio público domiciliario de acueducto y su función en el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho. Se confirman las decisiones de instancia que CONCEDIERON parcialmente el amparo invocado. Se adicionan las precitadas providencias en el sentido de establecer la obligación de la empresa accionada de hacerse cargo íntegramente de los gastos de mantenimiento y funcionamiento, incluido el consumo eléctrico, del equipo de bombeo instalado en el tanque de abastecimiento hídrico de la urbanización donde queda el inmueble del peticionario, hasta tanto ella y la entidad territorial correspondiente elaboren el plan de trabajo y adopten las medidas técnicas y de infraestructura necesarias para adecuar el sistema de acueducto, de forma que el suministro de agua potable cumpla real y efectivamente con los parámetros establecidos en la presente sentencia. También se le ordena a la accionada realizar los arreglos y mantenimiento necesario al equipo de bombeo precitado, para garantizar al actor y a las 56 viviendas que conforman la referida urbanización, un servicio de agua potable, continuo, salubre y en cantidad y calidad suficiente para su consumo personal y doméstico. Recibo Relatoria:
Acción de tutela interpuesta por H.D.P.O. contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué - IBAL S.A. E.S.P.
Dentro del proceso de revisión de los fallos de tutela proferidos el veinticuatro (24) de mayo de 2017 por el Juzgado 11 Civil Municipal de Ibagué, en primera instancia, y el treinta (30) de junio de 2017 por el Juzgado 6° Civil del Circuito de la misma ciudad, en segunda instancia, que concedieron parcialmente el amparo constitucional invocado por H.D.P.O. contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. El expediente fue seleccionado para revisión por la Sala de Selección Número Diez, mediante Auto del trece (13) de octubre de 2017.[1]
El señor H.D.P., actuando en nombre propio, instauró acción de tutela el diez (10) de mayo de 2017 solicitando la protección de sus derechos fundamentales a la salud, a la vida digna, a la igualdad y al mínimo vital de agua potable, por su presunta vulneración por parte de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado (en adelante IBAL S.A. E.S.P.) debido a la prestación deficiente del servicio público domiciliario de acueducto. Funda su solicitud en los siguientes hechos:
2.4. Sostiene el accionante que los miembros de la comunidad han solicitado a través de diferentes derechos de petición la prestación efectiva del servicio de agua potable. La petición más reciente fue formulada a IBAL S.A. E.S.P. el 30 de marzo de 2017 por F.A., vecino del accionante, en donde puso de presente que la urbanización “cuenta con las redes internas y la infraestructura de acueducto necesaria para la prestación directa del servicio de agua potable a cada una de las 56 viviendas”[5].
3.2.1. IBAL S.A. E.S.P., a través de su S. General, contestó la acción de tutela y solicitó declararla improcedente por no comprobarse la inminencia de un perjuicio irremediable, ni configurarse una situación que implique la vulneración de derechos fundamentales.[9] Al respecto, señaló que: (i) la problemática ha existido desde la construcción de la urbanización; y (ii) el derecho fundamental al agua potable está siendo garantizado hasta donde las condiciones técnicas lo permiten.
4.1.1 El Juzgado 11 Civil Municipal de Ibagué, en sentencia del 24 de mayo de 2017, concedió parcialmente el amparo invocado por el señor H.D.P.O. y ordenó a IBAL S.A. E.S.P. realizar el mantenimiento del equipo de bombeo instalado en la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara; no obstante, dejó en cabeza de la comunidad el deber de seguir sufragando el consumo de energía del equipo de bombeo. Precisó que, si bien el acceso al agua potable es un derecho fundamental y la falta de suministro puede ser objeto de protección a través de la acción de tutela, en el caso objeto de estudio no se evidenció una ausencia total del servicio. Por último, desvinculó a la Alcaldía de Ibagué por no evidenciarse amenaza alguna de su parte a los derechos fundamentales del accionante.
4.2.1. La entidad accionada, a través de su S. General, impugnó la decisión de primera instancia el 01 de junio de 2017 argumentando que el juez de tutela no valoró adecuadamente las evidencias aportadas. Manifestó que el servicio de agua potable suministrado por IBAL S.A. E.S.P. se circunscribe al perímetro hidrosanitario y no a toda la ciudad de Ibagué; las redes hidráulicas de la entidad funcionan por gravedad, por lo que están ligadas a condiciones físicas, topográficas y técnicas que delimitan el ámbito de prestación. En ese sentido, el tanque de almacenamiento comunitario dispuesto por la empresa de acueducto en la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara es el punto límite de cobertura del servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado.
5.1.3. Por último, la Magistrada Ponente solicitó al señor H.D.P.O. información con respecto a si la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara está o no sometida al régimen especial de propiedad horizontal; ello con el fin de determinar la ubicación del tanque de abastecimiento y el tipo de redes (interna o local) que lo conectan con las viviendas. De igual forma, solicitó información sobre el cumplimiento efectivo de las decisiones de los jueces de instancia que impusieron a IBAL S.A. E.S.P. la obligación de sufragar el funcionamiento y mantenimiento del equipo de bombeo instalado en el tanque comunitario.
5.1.4. Vencido el término probatorio, se constató que el señor H.D.P.O. fue el único de los involucrados en el proceso que allegó oportunamente respuesta de la solicitud de información a la Secretaría General de la Corte Constitucional. Por su parte, la Alcaldía de Ibagué e IBAL S.A. E.S.P. aportaron de manera extemporánea su respuesta.
5.2.1. Mediante escrito del 19 de diciembre de 2017, el señor H.D.P.O. respondió a la solicitud probatoria formulada en el Auto del 07 de diciembre del mismo año. En su respuesta, el accionante expuso que ni su vivienda ni la urbanización Terrazas de Santa Bárbara se encuentran sujetas al régimen especial de propiedad horizontal, según la Ley 675 de 2001. Sobre el particular adujo que, según la Resolución 0976 del 20 de octubre de 1992 expedida por el Secretario de Planeación de la época, se concedió a la Asociación de Vivienda Popular –ASOVIP– permiso para hacer un loteo denominado “Urbanización Terrazas de Santa Bárbara” donde fueron construidas viviendas individuales. Manifestó, además, que en respuesta emitida por la Secretaría de Planeación Municipal de Ibagué en el Oficio 55735 del 25 de julio de 2017, se le comunicó que la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara “aparece como Urbanización sin figurar el concepto de conjunto cerrado”.
5.2.2. En relación con las decisiones de los jueces de instancia que impusieron a IBAL S.A. E.S.P. la obligación de sufragar el funcionamiento y mantenimiento del equipo de bombeo, el señor H.D.P.O. manifestó que la empresa de acueducto no había cumplido lo ordenado. Al respecto, señaló que fue preciso iniciar un incidente de desacato con el fin de promover el cumplimiento del fallo desatendido por la empresa accionada. Destacó que si bien IBAL S.A. E.S.P. adelantó a través de la empresa Sherma Ltda. una visita técnica de inspección donde se determinó el estado del equipo de bombeo y las medidas de mantenimiento necesarias para garantizar adecuado funcionamiento, hasta la fecha la empresa de servicios públicos no ha realizado ninguna reparación.[14]
5.2.3. En el escrito de contestación al incidente de desacato promovido por el accionante, IBAL S.A. E.S.P. sostuvo que el mantenimiento del equipo de bombeo no es una actividad propia de su objeto social por lo que debe adelantar todo un proceso de contratación administrativa para ejecutar esa labor; sin embargo, argumentó que sí está cumpliendo con lo ordenado, como lo demuestra el diagnóstico técnico encomendado a la empresa Sherma Ltda. El Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué, en decisión del 15 de agosto de 2017, acogió los argumentos esgrimidos por la empresa accionada y desestimó el incidente de desacato promovido por H.D.P.O..[15]
En el caso particular, los requisitos en mención se cumplen a cabalidad pues la acción de tutela fue interpuesta por H.D.P.O., actuando en nombre propio, quien era mayor de edad para la fecha en que fue presentada la demanda, esto es, el 10 de mayo de 2017.
La tutela fue dirigida contra el señor J.A.G.R., gerente de IBAL S.A. E.S.P, entidad que está legitimada por pasiva en virtud del artículo 86 de la Constitución Política y del artículo 5 del Decreto 2591 de 1991. [19]
En este caso, el accionante considera que la vulneración de sus derechos fundamentales se concretó definitivamente cuando IBAL S.A. E.S.P., mediante respuesta del 20 de abril de 2017 a un derecho de petición interpuesto por el señor F.A., negó cualquier posibilidad de prestar el servicio de agua potable de manera continua, con calidad y en las cantidades suficiente a las viviendas de la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara. Por su parte, la acción de tutela tiene fecha de reparto del 10 de mayo de 2017, por lo que entre uno y otro evento transcurrieron 20 días, término que la Sala estima razonable.
Adicional a lo expuesto de manera precedente, debe destacarse la necesidad de amparar los derechos constitucionales del accionante debido a su condición de especial vulnerabilidad. El señor H.D.P. vive en un barrio ubicado en un sector de bajos recursos de la ciudad de Ibagué, clasificado socioeconómicamente en los estratos 1 y 2[28], donde el servicio público de acueducto se presta de manera incompleta e intermitente. Debido a ello, ha tenido que asumir, junto con los otros habitantes de la comunidad, el costo económico adicional de un equipo de bombeo que impulsa el agua desde el tanque comunitario hasta su vivienda.
Lo anterior representa una vulneración del derecho a la igualdad en la prestación del servicio de acueducto. El acceso al agua potable debe ser el mismo para todas las personas, incluso para los sectores más vulnerables y marginados de la población. Es discriminatorio, entonces, imponer (directa o indirectamente) costos adicionales a poblaciones vulnerables debido a la ubicación de su vivienda. En el caso del accionante no existe una igualdad efectiva en la prestación del servicio de acueducto respecto a los demás inmuebles de la ciudad: los recargos adicionales en que debe incurrir el señor H.D.P., a pesar de que pagar efectivamente el servicio y estar incluido dentro del perímetro de cubrimiento hídrico del municipio de Ibagué, es una clara discriminación que amerita la intervención del juez constitucional.
¿Una empresa de acueducto y alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P.) vulnera los derechos fundamentales de acceso al agua, salud y vida digna de un usuario (H.D.P.O.) cuando niega la prestación del servicio de agua potable directamente hasta su vivienda por supuestas imposibilidades técnicas, pese a que el inmueble cuenta con conexión al acueducto y se encuentra incluido dentro del cubrimiento hídrico de la ciudad?
El derecho de acceso al agua potable: contenido y naturaleza jurídica
La Convención Contra la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) en el parágrafo 2 de su artículo 14 señala que los Estados Parte deben asegurar a las mujeres el derecho a “gozar de condiciones de vida adecuadas, particularmente en (…) [el] abastecimiento de agua”[29].
La Convención de los Derechos del Niño (CDN) en el parágrafo 2 de su artículo 24 señala que los Estados Parte deben garantizar el servicio a la salud y combatir las enfermedades y la malnutrición de los niños y niñas “mediante el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua potable salubre”[30].
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) en el parágrafo 2 de su Artículo 28 señala que los Estados Parte tiene la obligación de “asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a servicios de agua potable”[31].
La Observación General No. 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) interpretó los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y señaló que el acceso al agua es un derecho humano que se encuadra claramente en las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado.[32]
La Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 64/292, del 28 de julio de 2010, reconoció explícitamente “que el derecho al agua potable es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.”[33].
Acceso a la información. La accesibilidad comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua”[37].
Garantizar el acceso físico a las instalaciones o servicios de agua que proporcionen un suministro suficiente y regular de agua salubre;
Adoptar y aplicar una estrategia y un plan de acción nacional sobre el agua para toda la población prestando especial atención a todos los grupos vulnerables o marginados;
Adoptar medidas para prevenir, tratar y controlar las enfermedades asociadas al agua, en particular velando por el acceso a unos servicios de saneamiento adecuados.”[41]
Los fines del Estado Social de Derecho: el servicio público domiciliario de acueducto y el derecho fundamental de acceso al agua potable
“Sin la satisfacción de unas condiciones mínimas de existencia, o en términos del artículo primero de la Constitución, sin el respeto ‘de la dignidad humana’ en cuanto a sus condiciones materiales de existencia, toda pretensión de efectividad de los derechos clásicos de libertad e igualdad formal consagrados en el capítulo primero del título segundo de la Carta, se reducirá a un mero e inocuo formalismo, irónicamente descrito por A.F. cuando señalaba que todos los franceses tenían el mismo derecho de dormir bajo los puentes. Sin la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos civiles y políticos son una mascarada. Y a la inversa, sin la efectividad de los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales son insignificantes”.[60]
El mismo año, en la sentencia T-418 de 2010, la Corte revisó una acción de tutela interpuesta por un grupo de personas asentadas en los límites del casco urbano del municipio de A. que no recibían el servicio de acueducto. En los hechos, los accionantes señalaron que no obstante otros vecinos de la misma comunidad sí contaban con conexión de acueducto, a ellos se les negaba el servicio bajo el argumento de que sus viviendas se encontraban ubicadas fuera del perímetro de cubrimiento hídrico. En su decisión, esta Corporación tuteló los derechos invocados por los accionantes y subrayó su condición vulnerable, la cual, en lugar de definirlos como “los últimos de la fila” en la prestación del servicio de acueducto, debe ser especialmente considerada por la Alcaldía en los planes de cubrimiento y abastecimiento hídrico. Destacó, además, que el servicio público de acueducto debe garantizar un suministro continuo, suficiente, salubre, accesible y asequible al agua potable.
H.D.P.O., actuando en nombre propio, interpuso en el mes de mayo de 2017 acción de tutela contra la empresa de acueducto IBAL S.A. E.S.P. debido a la prestación irregular e insuficiente del servicio de agua potable. En el escrito de tutela señaló que IBAL S.A. E.S.P. vulneró sus derechos fundamentales a la salud y vida digna al negar la disposición final del recurso de agua potable directamente hasta su vivienda, ubicada en la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara en Ibagué.
En la respuesta al derecho de petición IBAL S.A. E.P.S. reiteró su negativa a prestar el servicio directo de agua potable a las viviendas y recordó los argumentos presentados en ocasiones anteriores, los cuales, según advirtió, seguirán siendo el contenido de futuras respuestas. Lo anterior, finalmente, determinó la decisión del señor H.D.P.O. de interponer la acción de tutela objeto de revisión.
En el caso sub examine, la Sala considera que IBAL S.A. E.S.P. vulnera el derecho fundamental de acceso al agua al incumplir con las condiciones mínimas requeridas para su realización. En efecto, el señor H.D.P.O. no obtiene por parte de la empresa de acueducto un suministro continuo, suficiente y directo de agua potable; por el contrario, debe acceder a este recurso a través del pago adicional de un equipo de bombeo que impulsa el agua desde el tanque de almacenamiento hasta su vivienda. En el mejor de los casos, el accionante obtiene agua a ciertas horas del día según el horario de funcionamiento del equipo, cuando éste falla y deja de impulsar el agua, debe acercarse al tanque para abastecerse y satisfacer sus necesidades mínimas.
Lo anterior resulta relevante, pues en el caso objeto de estudio IBAL S.A. E.S.P. negó la posibilidad del suministro directo de agua potable al accionante argumentando que la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara se encuentra fuera del perímetro de cubrimiento. Para la Sala, es censurable la forma de proceder de la empresa de acueducto al afirmar la falta de cobertura del servicio de agua potable de la vivienda del señor H.D.P.O., cuando se ha hecho evidente lo contrario en el presente proceso. Igualmente, resulta reprochable la respuesta parcial por parte de IBAL S.A. E.S.P. a la solicitud formulada por la Magistrada Ponente y el deliberado silencio ante la inquietud sobre el cubrimiento actual del servicio domiciliario de acueducto en Ibagué.
Para la Sala resulta censurable la forma de proceder de la parte accionada que dejó de referirse y presentar la información solicitada por la Magistrada Ponente. No obstante, considera que existen suficientes elementos de juicio para considerar que IBAL S.A. E.S.P. vulneró el derecho fundamental de acceso al agua potable del accionante. Por tanto, procederá a confirmar las decisiones de instancia que ampararon el derecho fundamental de acceso al agua potable del señor H.D.P.O. y ordenaron a IBAL S.A. E.S.P hacerse cargo del mantenimiento y adecuado funcionamiento del equipo de bombeo que abastece de agua potable a la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara.
Una empresa de acueducto y alcantarillado (IBAL S.A. E.S.P.) vulnera los derechos fundamentales de acceso al agua potable, salud y vida digna de un usuario (H.D.P.O.) cuando niega la disposición final del servicio domiciliario de acueducto directamente hasta su vivienda. En estos casos, si la vivienda del usuario cuenta con una conexión a la red de acueducto y se encuentra dentro del cubrimiento hídrico del servicio domiciliario, el acueducto debe garantizar la disposición final y eficiente del servicio, conforme a las condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad establecidas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
PRIMERO. CONFIRMAR las sentencias proferidas el veinticuatro (24) de mayo de 2017 por el Juzgado 11 Civil Municipal de Ibagué, en primera instancia, y el treinta (30) de junio de 2017 por el Juzgado 6 Civil del Circuito de la misma ciudad, en segunda instancia, que concedieron parcialmente el amparo constitucional invocado por H.D.P.O. contra la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P.
SEGUNDO. ADICIONAR a las decisiones antes citadas la obligación de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. de hacerse cargo íntegramente de los gastos de mantenimiento y funcionamiento, incluido el consumo eléctrico, del equipo de bombeo instalado en el tanque de abastecimiento hídrico de la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara. Esta obligación se mantiene hasta tanto IBAL S.A. E.S.P. y la Alcaldía de Ibagué elaboren, en un plazo no mayor a doce (12) meses, el plan de trabajo y adopten las medidas técnicas y de infraestructura necesarias para adecuar el sistema de acueducto de forma que el suministro de agua potable a la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara cumpla real y efectivamente con los parámetros establecidos en la parte motiva de la presente sentencia.
TERCERO. ORDENAR a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado – IBAL S.A. E.S.P. que en el término improrrogable de tres (3) meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, realice los arreglos y el mantenimiento necesario del equipo de bombeo para garantizar al señor H.D.P.O. y a las 56 viviendas que conforman la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara un servicio de agua potable continuo, salubre y en cantidad y calidad suficiente para su consumo personal y doméstico.
CUARTO. INSTAR a la Procuraduría General de la Nación a que, en ejercicio de sus competencias, vigile el efectivo cumplimiento de las órdenes impuestas a IBAL S.A. E.S.P y a la Alcaldía de Ibagué.
QUINTO. LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del juez de tutela de instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.
[1] Sala de Selección Diez de 2017, integrada por los magistrados D.F.R. y A.J.L.O..
[3] F. 32 del cuaderno principal del expediente. Por su parte, los recibos de los servicios públicos domiciliarios anexados por el accionante a la acción de tutela permiten constatar que la Urbanización Terrazas de Santa Bárbara está clasificada socioeconómicamente entre de los estratos 1 y 2. Folios 23, 24 y 25 del cuaderno principal del expediente.
[7] F. 8 del cuaderno principal del expediente.
[10] Oficio con fecha del 26 de abril de 1993 firmado por H.H.C., gerente de IBAL para la época. Folio 7 del cuaderno principal del expediente.
[12] En Auto del 07 de diciembre de 2017 se resolvió lo siguiente: “PRIMERO. ORDENAR por Secretaría General de la Corte Constitucional se VINCULE a la Alcaldía Municipal de Ibagué a la acción de tutela instaurada por H.D.P.O., correspondiente al expediente T-6.379.670, para que dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de este auto se pronuncie sobre los hechos expuestos en la demanda e informe bajo la gravedad de juramento: 1. ¿Cuál es el perímetro actual del servicio público de agua potable – oferta de cubrimiento hídrico en el municipio de Ibagué? 2. ¿Qué proyecciones puntuales de ampliación de cobertura del servicio de agua potable tiene planeadas respecto de la Comuna 2 de Ibagué donde está ubicado el Barrio Santa Bárbara? 3. ¿Con base en qué información elaboró las cartografías U8 y U8.1 que acompañan y soportan el Plan de Ordenamiento Territorial? || SEGUNDO. ORDENAR por Secretaría General de la Corte Constitucional se OFICIE a la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué - IBAL S.A. E.S.P., para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto informe bajo la gravedad de juramento: 1. ¿Cuál es el perímetro actual del servicio público de agua potable – oferta de cubrimiento hídrico en el municipio de Ibagué? 2. ¿Por qué afirman que el barrio donde está ubicada la urbanización Terrazas de Santa Bárbara no está incluido en el perímetro de cubrimiento del acueducto si las cartografías U8 y U8.1 del Plan de Ordenamiento Territorial de Ibagué (Decreto 0823 de 2014) claramente lo incluyen? 3. ¿Cómo mide el consumo individual de agua potable de las viviendas que componen la urbanización Terrazas de Santa Bárbara? ¿Con base en qué criterios individualiza la facturación del consumo de agua de los residentes de la urbanización? || TERCERO. ORDENAR por Secretaría General de la Corte Constitucional se OFICIE al accionante H.D.P.O. para que en el término de tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación del presente auto amplíe los hechos descritos en la acción de tutela e informe bajo la gravedad de juramento: 1. Si su vivienda y la urbanización Terrazas de Santa Bárbara están sujetas al régimen especial de propiedad horizontal según los términos de la Ley 675 de 2001 y si el tanque comunitario se encuentra incluido dentro de este régimen especial. 2. Si IBAL S.A. E.S.P. ha cumplido con la decisión de los jueces de tutela de realizar el mantenimiento y asegurar el funcionamiento del equipo de bombeo instalado en el tanque comunitario. 3. Si tiene copias de las facturas del servicio de acueducto y alcantarillado enviadas a su vivienda por IBAL S.A. E.S.P. En caso afirmativo, favor adjuntar. 4. Si recibe actualmente en su domicilio el suministro de agua potable de manera periódica, eficiente, con cantidad y calidad”.
[15] El señor H.D.P.O. adjuntó, en el escrito de respuesta al Auto del 07 de diciembre de 2017, copia de la decisión del incidente de desacato proferida el 15 de agosto de 2017 por el Juzgado Once Civil Municipal de Ibagué.
[20] Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999, M.P.V.N.M..
[21] Corte Constitucional, sentencia SU-391 de 2016, M.P.A.L.C..
[22] Corte Constitucional, sentencias T-311 de 1996, M.P.J.G.H.G. y SU-772 de 2014, M.P.J.I.P.C..
[24] Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010, M.P.L.E.V.. En relación con la protección del derecho al agua esta providencia señaló que “es preciso verificar las particularidades del caso concreto para determinar si de las deficiencias en la prestación del servicio público de acueducto se deriva una vulneración individual del derecho fundamental al agua. Verificadas las particularidades del caso, la acción de tutela puede ser el instrumento más idóneo para frenar la vulneración.” Este criterio se reiteró en las sentencias T-362 de 2014, M.P.J.I.P. y T-642 de 2015, M.P.A.R.R.. Esta última concluyó: “Ahora bien, en relación con la procedencia de la acción de tutela para la protección del derecho al agua, la jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que, si bien los usuarios cuentan con otros medios de defensa para controvertir las actuaciones de las empresas de servicios públicos que lesionen sus intereses y derechos, también es cierto que existen ocasiones en las que esas conductas o decisiones afectan de manera evidente derechos fundamentales, circunstancias en las cuales resulta procedente el amparo constitucional. Bajo estos términos, el derecho al acceso al agua en condiciones de potabilidad puede ser protegido por vía de tutela cuando: (i) el líquido que se reclama esté destinado al consumo humano y en consecuencia exista una afectación particular del derecho fundamental o (ii) exista un perjuicio irremediable que autorice la intervención urgente del juez de tutela.”.
[25] Corte Constitucional, sentencia T-093 de 2015 M.P. G.S.O.D..
[26] Corte Constitucional, sentencia T-752 de 2011, M.P.J.I.P..
[27] Corte Constitucional, sentencia T-1104 de 2005, M.P.H.S.P..
[34] Además del derecho al agua, la Corte Constitucional ha interpretado los derechos a la salud, educación, trabajo y vivienda digna en los términos de las Observaciones Generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ejemplo “en la sentencia C-936 del 2001, la Corte interpretó el derecho a una vivienda digna de la Constitución con base en el bloque de constitucionalidad, atendiendo lo dispuesto en la Observación General No. 4 del CDESC, reconociendo, entre otros, que este derecho implica la adecuada prestación de los Servicios Públicos Domiciliarios. Por su parte, en la sentencia T-591 del 2008, la Corte interpretó el derecho a la salud con base en el bloque de constitucionalidad, obedeciendo lo dispuesto en la observación general Nº14 del CDESC. Otro ejemplo de sentencias en las que la Corte ha aplicado el artículo 93 para interpretar la Constitución con base en las observaciones generales del CDESC son la C-038 del 2004 (sobre “no regresividad” en las condiciones laborales con base en la observación general Nº 3) y la T-405 del 2008 (derecho a la salud con base en la Observación General Nº 14)”. J.S.T. & J.D.L.M.. Servicios Públicos Domiciliarios: Una reinterpretación con base en el Bloque de Constitucionalidad. V.. Julio-Diciembre de 2008. Bogotá. p. 184.
[39] “La salubridad del agua potable se define normalmente mediante normas nacionales y/o locales de calidad del agua potable. Las Guías para la calidad del agua potable, de la OMS, sirven de base para elaborar normas nacionales que, debidamente aplicadas, garantizan la inocuidad del agua potable.” I., p. 10.
[45] Corte Constitucional, sentencia C-010 de 2000, M.P.A.M.C..
[47] Corte Constitucional, sentencia T-916 de 2011, M.P.J.I.P.. Entre otras sentencias en el mismo sentido: T-270 de 2007, M.P.J.A.R.; T-888 de 2008, M.P.M.G.M.C.; T-546 de 2009, M.P.M.V.C.C.; T-418 de 2010, M.P.M.V.C.C.; T-616 de 2010, M.P.L.E.V.S., entre otras.
[49] Corte Constitucional, sentencia T-406-1992, M.P.C.A.B..
[50] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992, M.P.A.M.C..
[51] Corte Constitucional, sentencia T-481 de 1997, M.P.F.M.D..
[52] Corte Constitucional, sentencia T-539 de 1993, M.P.J.G.H.G..
[53] Corte Constitucional, sentencia T-888 de 2008, M.P.M.G.M.C..
[56] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010, M.P.M.V.C..
[57] Corte Constitucional, sentencia T-418 de 2010, M.P.M.V.C..
[58] Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2012, M.P.J.I.P..
[59] Entre otras sentencias relevantes sobre la connotación del acceso al agua como derecho fundamental se encuentran las siguientes: T-616 de 2010; L.E.V.; T-752 de 2011, M.P.J.I.P.; T-541 de 2013, M.P.J.I.P.; T-028 de 2014, M.P.M.V.C.; T-733 de 2015, M.P.M.V.C.; T-641 de 2015, M.P.A.R.R.; T-103 de 2016; M.V.C..
[60] Corte Constitucional, sentencia T-406 de 1992, M.P.C.A.B..
[61] Corte Constitucional, sentencia T-578 de 1992, M.P.A.M.C..
[63] Corte Constitucional, sentencia C-741 de 2003, M.P.M.J.C.E.. El mismo aprtado ha sido citado y corroborado en su contenido por las sentencias: C-739 de 2008, M.P.M.G.M.C.; SU-1010 de 2008, M.P.R.E.G.; T-055 de 2011, M.P.J.I.P.; entre otras.
[66] Así lo indicado ampliamente la Corte Constitucional a lo largo de su jurisprudencia. Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: C-179 de 1994, M.P, C.G.D.; T-927 de 2003, M.P.Á.T.G.; C-691 de 2008, M.P.M.J.C.E.; C-122 de 2012, M.P.J.I.P..
[67] Así lo expuso con claridad la Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2003 (M.P.A.B.S.): “[E]s obligación constitucional del Estado garantizar el acceso a los servicios públicos de sus habitantes, en forma permanente y general, como lo prevé el artículo 365 de la Carta. Esto quiere decir que, a diferencia de lo que ocurre cuando el prestador es un particular, que tiene la libertad de decidir si contrata con el Estado suministrar o no un servicio público, el Estado es el responsable de que los servicios se presten en todo el territorio nacional, suministrándolo él directamente o en forma indirecta y sin interrupciones. El Estado no se puede sustraer de esta obligación, invocando, por ejemplo, razones de poca rentabilidad económica, o de orden público. (Subrayado fuera del texto original)”. En el mismo sentido la sentencia C-066 de 1997, M.P.F.M.D.: “La idea de tales servicios no puede concebirse en otra forma, teniendo en cuenta el inescindible vínculo existente entre la prestación de los mismos y la efectividad de ciertas garantías y derechos constitucionales fundamentales de las personas, que constituyen razón de la existencia de la parte orgánica de la Carta y de la estructura y ejercicio del poder público. Indudablemente, una ineficiente prestación de los servicios públicos puede acarrear perjuicio para derechos de alta significación como la vida, la integridad personal, la salud, etc. (Subrayado fuera del texto original)”.
[68] Corte Constitucional, sentencia T-1104 de 2005, M.P.J.A.R..
[69] Corte Constitucional, sentencia T-091 de 2010, M.P.N.P.P..
[70] Corte Constitucional, sentencia T-616 de 2010, M.P.L.E.V.S..
[71] Corte Constitucional, sentencia T-131 de 2016, M.P.J.I.P..
[74] Como lo muestran claramente las cartografías U8 (Servicios Públicos), U8.1 (Perímetro de Servicios de Acueducto – Oferta Abastecimiento Hídrico) y U15 (B.) que soportan el Plan de Ordenamiento Territorial, disponibles en: http://www.ibague.gov.co/portal/seccion/contenido/index.php?type=3&cnt=5
Sentencia de Corte Suprema de Justicia - Sala de casación civil y agraria nº T 7600122030002006-00243-01 de 4 de Mayo de 2007

References: Resolución 
 artículo 86
 artículo 5
 artículo 14
 artículo 24
 Artículo 28
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 93
 artículo 365