Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-agosto-2017/
Timestamp: 2017-09-24 01:10:21+00:00

Document:
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de agosto de 2017.
1.- Procedimiento de Ingreso como Recaudación de los Fondos Depositados en la Cuenta de Detracciones
Mediante Resolución de Superintendencia No. 184-2017/SUNAT (31.07.2017), se ha regulado el procedimiento de ingreso como recaudación de los fondos depositados en la cuenta de detracciones (inicio, formulación de descargos y conclusión del procedimiento), cuando respecto del titular de la cuenta se detecte que ha incurrido en alguna de las causales que dan lugar al inicio del procedimiento.
Con la aprobación de este procedimiento, el titular de la cuenta podrá formular sus descargos inclusive a través de SUNAT Virtual.
El procedimiento aprobado rige desde el 7.08.2017, siendo aplicable para los procedimientos que se encuentren en trámite a dicha fecha, salvo lo referente a la formulación de descargos mediante SUNAT Virtual, que para los titulares de cuentas distintos a los PRICOS de la Intendencia Lima o del Directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (esto es, para el resto de titulares de cuentas a nivel nacional) rige a partir del 10.10.2017, salvo que se hubiere notificado la comunicación del ingreso como recaudación a estos últimos a través de Notificaciones SOL.
A continuación los aspectos más relevantes de la norma materia de comentario:
Inicio del procedimiento: El procedimiento se inicia con la notificación de la comunicación al titular de la cuenta, que puede ser notificada a través de: i) Notificaciones SOL, ii) por correo certificado o por mensajero (con acuse de recibo o con certificación de la negativa de recepción) o iii) por constancia administrativa.
Presentación de descargos: El titular de la cuentapuede formular descargos respecto de la comunicación dentro del plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación (fecha en que esta surte efectos). A tal efecto, se debe considerar lo siguiente:
Si la notificación de la comunicación fue a través de Notificaciones SOL, los descargos se presentan a través de SUNAT Virtual, ingresando a la opción trámites y consultas, luego a “Otras declaraciones y solicitudes” y después al Formulario Virtual No. 4702 “Solicitud de Descargo de Causales de Ingreso como Recaudación”.
Si se trata de la causal del inciso a) del numeral 9.3 del Decreto Legislativo 940 (declaraciones con información no consistente con las operaciones por las cuales se hubiera efectuado el depósito), se debe adjuntar al referido formulario un “cuadro asociador” en el que se consigne información referida al registro de ventas y a las constancias de detracción del periodo evaluado.
Una vez presentado el formulario, la SUNAT emite una constancia de presentación que es depositada en el buzón electrónico del titular de la cuenta.
Si la notificación es por un medio distinto (por correo certificado, mensajero o constancia administrativa), los descargos se presentan en cualquier centro de servicios al contribuyente a nivel nacional a través de un escrito.
Conclusión del procedimiento: Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de vencimiento para la presentación de descargos, la SUNAT concluye el procedimiento con la notificación de: i) una constancia de resultado (si no existe causal, declarándose procedente la solicitud de descargo) o ii) una resolución de intendencia u oficina zonal (cuando la evaluación confirma la existencia de las causales imputadas o cuando el titular de la cuenta no presenta ningún descargo).
La norma en comentario entra en vigor el 7.08.2017, salvo excepción.
2.- Modificación de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR): donaciones de alimentos
Mediante Ley 30631 (08.08.2017) se ha modificado el inciso x.1 del artículo 37° de la LIR referente a donaciones de alimentos en buen estado que hubieren perdido valor comercial y se encuentren aptos para el consumo humano. Se establece como deducción hasta el 1.5% del total de las ventas netas de alimentos del ejercicio que realice el contribuyente.
La norma bajo comentario entra en vigor el 01.01.2018.
1.- Comprobante de Información Registrada (CIR; conocido coloquialmente como “Ficha RUC”). ¿Algunos datos consignados en el CIR pueden ser incorporados de oficio por SUNAT?, ¿qué naturaleza jurídica tiene el CIR?
Se le formularon a SUNAT las siguientes consultas:
¿Los datos consignados en el CIR corresponden a la declarada únicamente por el contribuyente o son datos de registrados por SUNAT de alguna fuente de información distinta?
¿El CIR tiene carácter de declaración jurada?
Según el INFORME 084-2017-SUNAT/5D0000, SUNAT concluye como sigue:
Respecto de la primera consulta, la información consignada en el CIR comprende no solo aquella que es declarada por el contribuyente sino también la incorporada, modificada o actualizada por SUNAT de oficio, de ser el caso.
Respecto de la segunda consulta, el CIR tiene carácter de declaración jurada.
1.- Aporte de bien mueble efectuado por persona natural a una empresa, ¿puede calificar dicho “aporte” como Incremento Patrimonial No Justificado (IPNJ)?
Para determinar el Incremento Patrimonial (IP), SUNAT puede emplear, a su elección, 2 métodos, a saber: i) “Balance + Consumo” o, ii) Adquisiciones + Desembolsos. Una vez determinado el IP, se le deberán deducir (restar) las rentas e ingresos percibidos por el contribuyente en el ejercicio, con las limitaciones previstas en la normativa, y las adquisiciones de bienes por donaciones que consten en escritura pública u otro documento fehaciente, de ser el caso, siendo que el IPNJ será aquella parte del IP que no pudo ser absorbido por las deducciones antes señaladas.
Durante la fiscalización a una persona natural –por el IR correspondiente al ejercicio 2009-, SUNAT consideró, como concepto integrante de la determinación del IP, la entrega de bienes muebles (computadoras, impresoras, muebles de oficina, entre otros) a título de aporte de capital social efectuado el 28.11.2008.
SUNAT sostuvo que con antelación al aporte, los bienes debieron ser adquiridos a título oneroso y que el contribuyente al no indicar el origen de los fondos para la compra de los aludidos bienes ni tampoco haberse exhibido los comprobantes de pago que respalden la adquisición concluyó que el valor de los bienes (S/ 32,000.00) constituyen IP.
El Tribunal Fiscal, según criterio vertido en la RTF No. 01182-3-2016, falló a favor del contribuyente bajo el siguiente razonamiento:
-SUNAT ha considerado como parte del IP del ejercicio 2009 el valor de los bienes muebles aportados como capital social (S/ 32,000.00), pero no ha acreditado que la adquisición de dichos bienes muebles se haya efectuado en el ejercicio 2009, pues solo se ha limitado a señalar que los bienes, previo al aporte, debieron ser adquiridos.
-Siendo ello así, no se encuentra arreglado a ley que la suma de S/ 32,000.00 constituya un concepto integrante de la determinación del IP, por tanto corresponde su exclusión a los fines de determinar debidamente el IPNJ.
2.- ¿Resulta legalmente válida la aplicación del criterio contable de medición a “valor razonable” para la determinación de la base imponible del ITAN?
SUNAT reparó la base imponible del ITAN, correspondiente al ejercicio 2014, de una empresa dedicada al cultivo de frutas, al considerar que el “valor razonable”, según Norma Internacional de Contabilidad (NIC) 41 Agricultura, debe formar parte de la base imponible del citado impuesto. Agregó SUNAT que, de acuerdo con la normativa del ITAN éste grava los activos netos según el balance general lo cual debe interpretarse acorde con las normas y principios contables aplicables en el Perú, por lo que los activos deben reconocerse por los valores que figuran en el estado de situación financiera (Balance General).
La empresa dedujo de la base imponible del ITAN la suma de S/. 4´703,373 bajo el concepto de “Reconocimiento NIC 41”, deducción consignada en la casilla 105 del Formulario Virtual del ITAN 648. Cabe destacar que, la empresa se adecuó a la NIC 41 desde el ejercicio 2011.
El Tribunal Fiscal, según criterio vertido en la RTF No. 05455-8-2017, falló a favor del contribuyente bajo el siguiente razonamiento:
De acuerdo con la propia normatividad del ITAN, la base imponible está constituida por los activos netos consignados en el Balance General cuyo valor corresponderá al monto ajustado por inflación según Decreto Legislativo 797, cuando corresponda, siendo que en los demás casos se considerará a su “valor histórico”.
En la medida que el Decreto Legislativo 797 se encuentra suspendido desde el 01.01.2005, la base imponible del ITAN estará constituida por el valor histórico de los activos netos.
Las variaciones que surgen como consecuencia de los cambios en el valor razonable menos los costos de venta de un activo biológico durante el transcurso de su vida si bien procuran reflejar el valor real de dicho activo son el resultado de una base contable de medición distinta al costo o valor histórico; por lo que lo alegado por SUNAT carece de sustento.
En consecuencia, resulta procedente que en la determinación del ITAN 2014 se realizara la deducción del importe correspondiente al “ajuste a valor razonable del activo” por el importe ascendente a S/ 4´703,373 que responde al concepto de cambios en el valor razonable de los activos biológicos como consecuencia de la aplicación de la medición a valor razonable dispuesta por la NIC 41.
JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL JUDICIAL
1.- El “Principio de Reserva de Ley” consagrado en el artículo 74° de la Constitución Política desde la perspectiva de la Corte Suprema de Justicia
De la lectura de la Sentencia de Casación 13587-2015 Lima (02.05.2017), se desprende lo siguiente:
El artículo 74° de la Constitución Política consagra el principio de legalidad en materia tributaria del cual fluye que: i) los tributos se crean, modifican, derogan o se establece una exoneración por Ley o por Decreto Legislativo (expedido este último por el Poder Ejecutivo, previa delegación de facultades por el Poder Legislativo para regular en materia tributaria), y, ii) el Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los principios de reserva de ley, los de igualdad y velar por el respeto de los derechos fundamentales de la persona. En igual sentido, regula la Norma IV del Título Preliminar del Código Tributario.
Los principios constitucionales previstos en el artículo 74° de la Constitución Política, tales como los señalados en el acápite ii) del párrafo anterior, son límites al ejercicio de la potestad tributaria, pero también son garantías de las personas frente a dicha potestad.
Siguiendo el criterio jurisprudencial del Tribunal Constitucional recogido en la sentencia recaída en el expediente 2762-2002-AA/TC, en virtud del principio de reserva de ley se exige que la Ley o el Decreto Legislativo, según corresponda, regule los elementos esenciales y determinantes del tributo, pudiendo delegarse (en norma legal de inferior jerarquía a las nombradas) tan solo aspectos complementarios.
Por elementos esenciales que deben estar contenidos en la creación del tributo se tiene a: los hechos imponibles; los sujetos pasivos de la obligación tributaria que nacerá; el objeto y la cantidad de la prestación. Estos elementos no pueden quedar al arbitrio de la autoridad administrativa.
La aplicación del principio de reserva de ley, trae como consecuencia lo siguiente:
La exigencia de una norma con jerarquía de Ley para la creación o modificación de un tributo, establecer su hecho generador, su base de cálculo, entre otros supuestos.
La prohibición de “normas abiertas” o en “blanco”, puesto que colisionan con el principio de legalidad.
La prohibición de “interpretación extensiva”, puesto que en vía de interpretación no se puede establecer el hecho generador o extender las disposiciones tributarias a personas o supuestos distintos a los señalados por Ley o Decreto Legislativo, según corresponda.
1.- Ley que modifica, restituye e incorpora artículos a la Ley de Trabajo Médico
Mediante la Ley No. 30635, publicada con fecha 11 de agosto de 2017 y aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, se modificó, restituyó e incorporó artículos al Decreto Legislativo No. 559, Ley de Trabajo Médico.
La disposición abarca aspectos como la jornada asistencial del médico cirujano, que es de seis horas ininterrumpidas o su equivalente semanal de 36 horas o 150 horas mensuales. En ese período está comprendido el trabajo de guardia, materia especialmente enfocada en la norma legal.
Cuando la jornada laboral supere las ciento cincuenta (150) horas mensuales, el pago se regula por el Decreto Legislativo 1154, el mismo que autoriza los Servicios Complementarios en Salud, y su reglamento; y en el sector privado, por la norma que corresponda.
Asimismo, se restituyó la vigencia del artículo 13º del Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, el cual menciona que la guardia de retén se programa de acuerdo a los requerimientos de la especialidad y la necesidad del servicio. Durante ella el Médico Cirujano está disponible para ser llamado a prestar servicios oportunos y efectivos dentro de la localidad.
Finalmente, se incorporan los artículos 26°, 27° y 28° al Decreto Legislativo 559, Ley de Trabajo Médico, señalándose lo siguiente:
El trabajo de guardia comprende actividades múltiples y diferenciadas de las realizadas ordinariamente: su duración no será superior a las 12 horas continuas. Excepcionalmente y solo por necesidad del servicio podría extenderse hasta en 24 horas.
El trabajo del Médico Cirujano no puede ser discriminado en sus remuneraciones, bonificaciones, compensaciones y entregas económicas entre los que realizan la misma función. El haber mínimo del Médico Cirujano del sector privado, sujeto a jornada legal de trabajo, en ningún caso será menor al del sector público del nivel inicial.
La remuneración especial por guardia extraordinaria y la correspondiente a guardia ordinaria tiene como base la valorización principal o su equivalente.
2.- Reducen en más del 50% multas por faltas laborales
Mediante Decreto Supremo No. 015-2017-TR, publicado el 6 de agosto de 2017, se modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entre las principales modificaciones se tienen las siguientes:
Las multas se reducen en un poco más del 50% en las tres tablas de sanciones correspondientes a la microempresa, pequeña empresa y no mype (mediana y gran empresa). Dichas tablas serán revisadas cada 2 años.
Las multas para las micro y pequeñas empresas inscritas en el Remype no podrán superar en un mismo procedimiento sancionador el 1% de los ingresos netos percibidos en el ejercicio fiscal anterior al de la generación de la orden de inspección.
Para las infracciones sobre trabajo forzoso y trabajo de menores, que tienen carácter de insubsanables, las sanciones serán de 50 UIT para las microempresas registradas en el Remype; 100 UIT para las pequeñas empresas registradas en dicha nómina y 200 UIT en los demás casos (mediana y gran empresa).
La prescripción respecto de las infracciones en materia sociolaboral se reduce de 5 a 4 años. Esto es, el Ministerio de Trabajo tiene 4 años para poder imponer la multa por infracciones laborales. Por su parte, las acciones de cobranza de multas también se redujo de cinco años a dos años.
3.- Establecen nuevas faltas administrativas y otras medidas
Mediante Decreto Supremo No. 016-2017-TR, publicado el 6 de agosto de 2017, se modificó el Reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo. Entre las principales modificaciones se tiene los siguientes:
Se establece que el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses, pudiendo prorrogarse excepcionalmente hasta 3 meses más.
Los funcionarios de SUNAFIL incurrirán en falta administrativa si no cumplen con los plazos estipulados.
También se considera una falta administrativa que se exijan documentos prohibidos de solicitar, como aquellos que genere o posea como producto del ejercicio de las funciones de los inspectores (actas, contratos y otros), o expedidos por otras entidades, en cuyo caso, le corresponde recabarlos (RENIEC y otros).
Se incluye expresamente la posibilidad de que las empresas puedan grabar en audio y video las diligencias de fiscalización laboral, así como incluyan sus observaciones en las actas de verificación y otros.
Se establece la procedencia de tres recursos de impugnación en el procedimiento sancionador: i) recurso de reconsideración, ii) recurso de apelación y iii) recurso de revisión. Antes habían solo dos.
Aprueba las infracciones graves y muy graves en materia de seguridad social en salud y pensiones.
4.- Se aprueba el Reglamento de la Ley que concede el Derecho a Licencia al Trabajador del Sector Público o Privado para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad
Mediante Decreto Supremo No. 013-2017-TR, publicado el 6 de agosto de 2017, se aprobó el Reglamento de la Ley No. 30119, Ley que concede el Derecho a Licencia al Trabajador de la actividad pública y privado para la asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad.
Básicamente, dicho dispositivo establece que los padres de personas con discapacidad, bajo tutela o curatela o bajo su dependencia tienen derecho a 56 horas de licencia al año para la atención médica o terapia de rehabilitación, a cuenta de vacaciones o compensable por horas de trabajo en sobretiempo, previo acuerdo escrito.
1.- ACUERDOS ADOPTADOS EN EL V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL
Indemnización en los casos de despido incausado y despido fraudulento:
Con fecha 04 de agosto de 2017, se publicó las decisiones adoptadas en el V PLENO JURISDICCIONAL SUPREMO EN MATERIA LABORAL Y PREVISIONAL. La indemnización en los casos de despido fraudulento y despido incausado fue una de las materias debatidas por los jueces supremos, adoptándose lo siguiente:
Reposición en caso de despido incausado o despido fraudulento:
En los casos de despido incausado y despido fraudulento, el trabajador tiene derecho a demandar ante el Poder Judicial la reposición en el empleo.
Se incurre en DESPIDO INCAUSADO cuando se despide al trabajador, ya sea de manera verbal o por escrito, sin expresarle causa alguna derivada de la conducta o la labor que la justifique. Por otro lado, se incurre en DESPIDO FRAUDULENTO cuando se despide al trabajador, recurriendo a la falsedad y el engaño, esto es con ánimo perverso. Sucede esto por ejemplo cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o asimismo, se le atribuye una falta no prevista legalmente, vulnerando el principio de legalidad y tipicidad.
Acumulación de pretensión de indemnización por daños y perjuicios:
Simultáneamente, el trabajador podrá acumular a su pretensión de reposición, la pretensión de indemnización de daños y perjuicios. Incluye todo tipo de daño: DAÑO EMERGENTE (el daño sufrido en forma inmediata y como consecuencia directa del despido; por ejemplo, que el trabajador sea pasible de un embargo o ejecución de hipoteca por dejar de pagar cuotas de créditos bancarios por no percibir remuneraciones y beneficios sociales a causa del despido), LUCRO CESANTE (que corresponde a todo aquello que deja de percibir el trabajador como consecuencia del despido), siendo que se reconoce como un criterio para fijar el lucro cesante las remuneraciones que deja de percibir el trabajador durante el tiempo que dura el proceso judicial hasta la reposición efectiva; y, DAÑO MORAL (que consiste en el padecimiento psicológico que produce el despido).
Daño punitivo como nueva figura de sanción para el empleador que incurre en despido incausado o fraudulento:
El tema de la reposición por despido incausado o fraudulento y la acumulación de indemnización por daños y perjuicios derivados de dichos tipos de despido, no son una novedad en la jurisprudencia laboral; lo que han hecho los jueces supremos a través este V Pleno Jurisdiccional es uniformizar un criterio sobre las indemnizaciones en caso de despido incausado o fraudulento, que venía aplicándose en todos las instancias judiciales de manera no permanente y uniforme.
Lo novedoso del V Pleno Jurisdiccional Laboral y Previsional es que introduce una figura novedosa, que no se encuentra regulada en el ordenamiento laboral peruano, esto es el DAÑO PUNITIVO.
Precisa el Pleno Jurisdiccional Supremo que el DAÑO PUNITIVO tiene como propósito castigar a quien produce un daño y disuadir tanto al causante del perjuicio como a otros posibles infractores de repetir la misma acción dañina. No tiene un fin compensatorio o resarcitorio, sino punitivo, una sanción con fines ejemplarizantes. Se trata de una pena privada donde el beneficiario de dicha sanción pecuniaria es la víctima del daño causado, en este caso el trabajador despedido (incausado o fraudulento).
El DAÑO PUNITIVO, se presenta cuando el acto causante del perjuicio (despido) se presenta rodeado de circunstancias que lo hacen particularmente ultrajante, vejatorio o penoso para la víctima (trabajador).
El Pleno Jurisdiccional Supremo acordó que en los casos que se reconozca al trabajador un monto indemnizatorio por daños y perjuicios, el juez de oficio (esto es sin necesidad que sea pretendido en la demanda por el trabajador) ordenará pagar una suma por daños punitivos, la misma cuyo monto máximo será equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador, por los aportes al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen que corresponda.
En suma, a partir del V Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional, esto es a partir del 04 de agosto de 2017, frente a un despido incausado o fraudulento, el trabajador pude optar por pretender una indemnización por despido arbitrario (tasado hasta un máximo de 12 remuneraciones), caso en el cual ya no podrá pretender reposición. En el caso que el trabajador opte por la reposición podrá acumular la pretensión de indemnización por daños y perjuicios (lucro cesante, daño emergente y daño moral). Si el Poder Judicial ampara la pretensión de indemnización de oficio, deberá ordenar pagar una suma de dinero por daño punitivo hasta un máximo equivalente al monto que hubiera correspondido al trabajador, por los aportes al Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones o cualquier otro régimen que corresponda.
2.- Límites de la facultad del empleador de establecer horarios e imponer sanciones cuando el turno de trabajo inicia un día laborable y culmina en un día feriado
Mediante Sentencia No. 4539-2012-PA/TC, Lima, de fecha 20 de junio del 2017, el Tribunal Constitucional da cuenta de un caso en el que se cuestionó si el empleador en uso de su facultad de introducir cambios o modificar horarios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 9° de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), ¿puede establecer turnos que se inician en un día laborable y concluyan en un día feriado, sin que ello implique el pago de la sobretasa? Y, si el trabajador comunica al empleador que va a hacer uso del día feriado no laborable, ¿incurre en un incumplimiento de sus obligaciones laborales pasible de sanción?
Al respecto, el Tribunal Constitucional, precisó que el empleador tiene la facultad de regular los turnos laborales a los que se encuentra sujeto el personal a su cargo; sin embargo, esa facultad debe ser ejercida de conformidad con el marco jurídico constitucional que exige el respeto de los derechos laborales (Derecho al Trabajo y Carácter irrenunciable de los derechos, artículos 22° y 26° de la Constitución Política del Perú, respectivamente). Afirmó el Tribunal Constitucional que lo dispuesto en el artículo 8° del Decreto Supremo No. 012-92-TR resulta incompatible con la Constitución si el empleador al amparo de su facultad de modificar horarios (segundo párrafo del artículo 9° de la LPCL):
califica de incumplimiento de obligaciones laborales y sanciona como falta el ejercicio del derecho al descanso físico durante un feriado laboral, que le fue puesto de manifiesto previamente; o,
pretende exigir el cumplimiento de la jornada laboral programada en un día feriado nacional no laborable, sin compensar dicha jornada con la sobretasa que regula el artículo 9° del Decreto Legislativo 713.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 9