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Timestamp: 2019-04-21 22:12:35+00:00

Document:
Registro Oficial No 24 - Miércoles 17 de Julio de 2013 Edicion Especial
Última modificación: Jueves, 01 de agosto de 2013 | 12:14
Miércoles 17 de Julio de 2013 - R. O. No. 24
Corte Nacional de Justicia Segunda Sala de lo Penal:
Recursos de casación en los juicios seguidos en contra de las siguientes personas:
861-2009 Luis Aníbal Chacón
866-2009 Manuel Bolívar Hurtado Guapi (o Manuel Bolívar Hurtado Huapi)
875-2009 Pietro Cuneo Garbarino
888-2009 Julio César Ballesteros Angulo
892-2009 Washington Arnulfo Cedeño Albán y otros
918-2009 Julio David Mendoza López y otros
924-2009 Humberto Males Males
925-2009 Joffre Cesáreo Remache Remache
926-2009 Gilberto Piñeiros González
927-2009 César Augusto Vázquez Calderón
928-2009 Jorge Gustavo Camacho Ortíz
931-2009 Franklin Rodrigo Arias Damián
932-2009 Román Elías Urdiales Guayara
933-2009 Hernán Leonardo Pérez Herrera y otro
934-2009 Vicente Miguel Aguirre Chávez
935-2009 Mayor Elvis Yuri Valle Reyes
936-2009 José Antonio Castro Coral
937-2009 Aída Alicia Vega Noboa y otra
180-2010 Juan Pablo Herrera Herrera
182-2010 Juan Alberto Sarmiento Loja
183-2010 Rodolfo Carlos Walther Serrano
185-2010 Bienvenido Manabí Alcíbar Toral y otra
No. 861-2009
Juicio Penal No. 131-2008, seguido en contra de LUIS ANIBAL CHACÓN, como autor responsable del delito de asesinato tipificado en el Art. 450, con la concurrencia de las circunstancias constitutivas 1 y 4 del Código Penal.
Quito, 25 de noviembre de 2009; las 10h00.
VISTOS: Luis Aníbal Chacón interpone recurso de revisión de la sentencia condenatoria dictada por el Tercer Tribunal de Penal de Pichincha, en la que lo declara autor responsable del delito de asesinato tipificado en el Art. 450, con la concurrencia de las circunstancias constitutivas 1 y 4 del Código Penal, y se le impone la pena de dieciséis años de reclusión mayor extraordinaria. Para resolver se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 11 de marzo de 2008. SEGUNDO: El recurrente interpone el recurso de revisión por las causales previstas en los numerales 3, 4 y 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal y las fundamenta expresando que: ?a) La sentencia dictada en mi contra, se dicto, en virtud de documentos APOCRIFOS, es decir documentos fingidos que no dicen la verdad ni están sujetos a la veracidad de lo hechos, me refiero a los partas policiales, donde si revisamos minuciosamente, dichos partes encontraremos que existen contradicciones en las versiones de los señores policías, al emitir su informe, además, existe una contradicción en la versión de los testigos que presentó el señor Fiscal los mismos que no tienen ninguna relación, a lo suscitado aquel día fatídico.- b) La sentencia nada dice, sobre el estado etílico que me encontraba ese día de los hechos y esto está demostrado en los partes policiales los mismos que se encuentran adjuntos al proceso, y que el señor fiscal lo ratifico en su acusación contra mi persona c) Por lo que no ha quedado demostrado bajo ningún concepto mi culpabilidad en el presente caso, soy inocente, soy además un padre de familia que requiere estar en el seno de mi hogar, tengo hijos menores de edad, que requieren la presencia del padre en general necesito estar con mi familia ya que estoy por varios años cumpliendo un delito que no he cometido? TERCERO: Con respecto a la causal 3 determinada en el Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, que textualmente expresa: ?Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados?, la Sala luego de examinar la prueba actuada en el trámite del recurso de revisión observa que el recurrente no ha aportado con nueva prueba la existencia de esta causal, porque los testimonios propios de fs. 25 y 28 del cuaderno de revisión ni siquiera pretenden desvirtuar las evidencias materiales de cargo encontradas en la casa del ahora recurrente, por lo que estas queden incólumes. CUARTO: En lo que se refiere a la causal 4 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal que dice: ?Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó?, el recurrente con los testimonios anteriormente mencionados no demuestra la inexistencia del nexo causal entre su accionar con la consumación del asesinato, puesto que por el contrario determina la verosimilitud del mismo, porque demuestran que efectivamente el sentenciado se encontraba con su víctima. QUINTO: También alega el recurrente la causal determinada en el numeral 6 del Código de Procedimiento Penal que textualmente dice: ?Cuando no se hubiere comprobado conforme a derecho, la existencia del delito a que se refiere la sentencia?. Al respecto, este Tribunal de revisión procede a estudiar el proceso en relación al contenido de la sentencia, con el propósito de verificar objetivamente si el fallo condenatorio se ha motivado en pruebas obtenidas, practicas y valoradas inconstitucionalmente, estableciendo que esta motivación es constitucional porque se ha dado estricto cumplimiento a la garantía del debido proceso reconocida en el numeral 13 del Art. 24 de la Constitución Política anteriormente vigente y en el actual numeral I) del No 7 del Art. 76 de la Constitución de la República por lo que el juzgador ha dictado la sentencia con pruebas obtenidas, practicas y valoradas de acuerdo con la Constitución y la ley y consecuentemente, la existencia del delito objeto del juicio se ha comprobado conforme lo exigen los Arts. 1, 79, 83 y 252 del Código de Procedimiento Penal, con observancia de las garantías del debido proceso determinada en los Arts. 24 de la Constitución Política anterior y en el actual en el Art. 168 de la Constitución de la República, por lo que el recurrente en modo alguno ha logrado menoscabar el valor del acervo probatorio que utiliza el juzgador para motivar la sentencia y expedir el fallo condenatorio. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se declara improcedente el recurso de revisión presentado por el recurrente Luis Aníbal Chacón.- Notifíquese.
f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez Nacional, Presidente.
f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez Nacional.
f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez Nacional.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.-
Quito, 11 de febrero de 2011.- CERTIFICO: f.) Ilegible, El Secretario Relator.
No. 866-2009
Juicio Penal No. 196-2009 seguido en contra de MANUEL BOLÍVAR HURTADO GUAPI (o MANUEL BOLÍVAR HURTADO HUAPI) como autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450, numerales 1 y 5 del Código Penal.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Manuel Bolívar Hurtado Guapi (o Manuel Bolívar Hurtado Huapi), interpone recurso de revisión de la sentencia expedida el 26 de agosto del 2003, por el Tribunal Quinto de lo Penal de Pichincha, que lo declara autor responsable del delito de asesinato, previsto y sancionado en el Art. 450 numerales 1 y 5 del Código Penal, imponiéndole la pena de doce años de reclusión mayor extraordinaria, fallo que ha sido ratificado por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver el recurso de casación interpuesto por el mismo sentenciado. Concluido el trámite previsto para el recurso de revisión y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SICC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el 17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 7 de enero de 2009. SEGUNDO.- El recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión en su parte medular argumenta: ?El recurso de revisión de la sentencia lo interpongo al verme afectado por la rigurosidad de la condena, el hecho de haber sido condenado sin atenuantes, sin eximentes de responsabilidad y solo se han procurado elementos que han agravado mi situación: condenado sin pruebas, que han violado mi seguridad jurídica contenida en los Arts. 23, numerales 26 y 27 de la Constitución Política de la República así como la norma establecida en casi todos los numerales del Art. 24 de la Carta Política del Estado, así como lo establecido en el artículo 194 de la Constitución de la República. En consideración al artículo 359 del CPP, y 260 CPP, (al referirse al ?Art. 260 CPP?, desde luego existe un lapsus, ya que el recurrente quiso referirse al Art. 360 del Código de Procedimiento Penal) en vigencia, numerales 1, 4, 3 de la norma invocada, interpongo este Recurso de Revisión, de la sentencia ya que se han presentado hechos debidamente ilegales, que deben comprobarse en la presente causa. ...?. (las negrillas son nuestras). TERCERO.- El Ministro Fiscal en su dictamen que corre de fs. 5 y 5 vta. del cuaderno de instancia, manifiesta en lo principal que: no es suficiente elaborar un alegato, como el realizado por el impugnante en el escrito antes mencionado tratando de mostrar que se encuentra afectado por la rigurosidad de la condena, sin haberse considerado las atenuantes y las eximentes de responsabilidad, por lo que considera que el escrito que obra a fs. 179 y vta. es insuficiente y no reúne los requisitos exigidos por la Ley, por lo que solicita que el recurso debe declarárselo improcedente. CUARTO.- El recurso de revisión tiene el carácter de extraordinario y excepcional que ataca a la autoridad de cosa juzgada, tiene por finalidad eliminar el error judicial, a fin de corregir una sentencia injusta sobre la base de nuevas pruebas (desconocidas antes, que no existían en el proceso al momento de expedir el fallo), que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada, salvo el caso de haberse fundamentado en la causal número 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, cuando se alegue no haber comprobado la existencia del delito por el que recibió sentencia, en cuyo caso no se requiere nueva prueba. Al tener el carácter de excepcional y extraordinario, sólo procede contra sentencia ejecutoriada, en los casos que expresamente la Ley establece y, siempre que el recurrente lo formule de manera correcta, fundamentándolo en debida forma, sustentándolo en causales muy concretas y específicas, haciendo mención de las pruebas que demuestren el error de hecho sobre el que se ha basado la sentencia impugnada y, desde luego, demostrando con nuevas pruebas el mencionado error. QUINTO.- Esta Sala efectúa el siguiente análisis, que en el término de prueba, el recurrente, incumplió la obligación legal de aportar nueva prueba que demuestre el error de hecho de la sentencia impugnada, conforme lo exige el último inciso del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal; pues, el recurrente al fundamentar su recurso en las causales: 1 ?Si se comprueba la existencia de la persona que se creía muerta?; 3 ?Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes pericia les maliciosos o errados.? y 4 ?Cuando se demostrare que el sentenciado no es responsable del delito por el que se lo condenó.? del Art. 360 ibídem, estaba en la obligación de hacerlo. Más el recurrente en su escrito de interposición del recurso de revisión yerra al sostener que se ha violado su seguridad jurídica contenida en el Art. 23 numerales 26 y 27 de la Constitución Política de la República, así como el Art. 24 ibídem que no es esencia de este recurso de revisión que se contrae como ya mencionamos en líneas anteriores a demostrar con nuevas pruebas a excepción de la prevista en el numeral 6, el error de hecho de la sentencia impugnada. Consecuentemente, el recurrente, no ha probado que la sentencia se dictó con fundamento en documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados; ni que haya sido sentenciado sin ser responsable por el delito que se le condenó, mucho menos se ha comprobado la existencia de la persona que se creía muerta, todas sus aseveraciones han quedado en meros enunciados, de los que la Sala no puede hacer mérito. Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por Manuel Bolívar Hurtado Guapi (o Manuel Bolívar Hurtado Huapi) y dispone devolver el proceso al Tribunal Penal de origen, para los fines de ley.- Notifíquese.
CORTE NACIONAL DE JUSTICIA.- SEGUNDA SALA DE LO PENAL.- Es fiel copia de su original.- Quito, 11 de febrero del 2011.- CERTIFICO.- f.) Ilegible, El Secretario Relator.
No. 875-2009
Juicio Penal No. 151-2007, seguido en contra de PIETRO CUNEO GARBARINO, como autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.
SEGUNDA SALA DE LO PENAL.-
Quito, 25 de noviembre de 2009.- Las 15h00.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Pietro Cuneo Garbarino, interpone recurso de revisión de la sentencia subida en consulta a la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, la misma que revocando la del inferior, le impone la pena de treinta días de prisión, suspensión de licencia de conducir vehículo a motor por igual tiempo, multa de tres salarios mínimos vitales generales, por considerarlo autor responsable del delito tipificado y sancionado en el Art. 80 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres. Concluido el trámite previsto para el recurso de revisión y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO.- Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, en virtud del Art. 184 de la Constitución Política de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la sentencia interpretativa 001-08-SICC de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479 de 2 de diciembre de 2008; por Resolución Sustitutiva de 22 de diciembre del 2008, (publicada en el Registro Oficial No. 511 de 21 de enero de 2009), a la aprobada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, el17 de diciembre de 2008; y, por el sorteo legal de 27 de marzo de 2007. SEGUNDO.- El recurrente fundamenta su recurso de revisión en el numeral 3 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal: ?Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes pericia les maliciosos y errados?, haciendo una extensa exposición de los informes que constan del proceso y que ya fueron analizados por el juzgador en su oportunidad, indicando que oportunamente demostrará su falsedad. TERCERO.- El Ministro Fiscal en su dictamen que corre de fs. 5 y 5 vta. del cuaderno de instancia, manifiesta en lo principal que: una vez abierta la causa a prueba como consta en providencia de 23 de abril del 2007, fs. 2 del cuadernillo de la Sala, el recurrente no prueba como asevera en el escrito de interposición lo haría en su momento procesal, acerca de los documentos y testigos falsos que según él, sirvieron a la Segunda Sala de la Corte Superior de Justicia de Guayaquil para revocar el fallo absolutorio emitido por el inferior y dictar sentencia condenatoria en su contra, y deja fenecer éste, como consta en providencia de 9 de mayo de 2007. Por lo que el Ministro Fiscal General concluye solicitando que se declare improcedente el recurso de revisión. CUARTO.- El recurso de revisión tiene el carácter de extraordinario y excepcional que ataca a la autoridad de cosa juzgada, tiene por finalidad eliminar el error judicial, a fin de corregir una sentencia injusta sobre la base de nuevas pruebas (desconocidas antes, que no existían en el proceso al momento de expedir el fallo), que demuestren el error de hecho de la sentencia impugnada, salvo el caso de haberse fundamentado en la causal número 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal, cuando se alegue no haber comprobado la existencia del delito por el que recibió sentencia, en cuyo caso no se requiere nueva prueba. Al tener el carácter de excepcional y extraordinario, sólo procede contra sentencia ejecutoriada, en los casos que expresamente la Ley establece y, siempre que el recurrente lo formule de manera correcta, fundamentándolo en debida forma, sustentándolo en causales concretas y específicas, haciendo mención de las pruebas que demuestren el error de hecho sobre el que se ha basado la sentencia impugnada y, desde luego, demostrando con nuevas pruebas el mencionado error. QUINTO.- Esta Sala efectúa el siguiente análisis, que en el término de prueba, el recurrente, incumplió la obligación legal de aportar nueva prueba que demuestre el error de hecho de la sentencia impugnada, conforme lo exige el último inciso del Art. 360 del Código de Procedimiento Penal; pues, el recurrente al fundamentar su recurso en la causal 3 ?Si la sentencia se ha dictado en virtud de documentos o testigos falsos o de informes pericia les maliciosos o errados.? del Art. 360 ibídem, estaba en la obligación de hacerlo. Más el recurrente, deja fenecer el termino de prueba sin demostrar lo aseverado en su interposición que se ampara en el numeral 3 del Art. 360 del Código Adjetivo Penal. Consecuentemente, no basta citar la causal que se estima pertinente para la procedencia del recurso, sino que hace falta demostrar lo afirmado de manera fehaciente, con el aporte de nueva prueba, a efecto de que se desvirtúe la cosa juzgada mediante el recurso de revisión. Finalmente, el recurrente, no ha probado que la sentencia se dictó con fundamento en documentos o testigos falsos o de informes periciales maliciosos o errados, todas sus aseveraciones han quedado en meros enunciados, de los que la Sala no puede hacer mérito. Por las consideraciones que anteceden, la Segunda Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por Pietro Cuneo Garbarino y dispone devolver el proceso al Tribunal Penal de origen, para los fines de ley.- Notifíquese.
No. 888-2009
Juicio Penal No. 214-2009, seguido por JOSE CARRIÓN ARMIJOS en contra de JULIO CESAR BALLESTEROS ANGULO y JUANA PEÑAFIEL GOMEZ, por delito tipificado y reprimido por el Art. 76 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres.
Quito, 09 de diciembre de 2009.- Las 10h00.
VISTOS: Avocamos el conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces Nacionales se la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia.- En lo principal, se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de revisión, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de fecha 28 de noviembre de 2008, dictada por la Corte Constitucional de la República, publicada en el Registro Oficial No. 479, de 2 de diciembre de 2008; por el 360 del Código de Procedimiento Penal y por el sorteo legal de 7 de enero de 2009.- SEGUNDO: El sentenciado Julio César Ballesteros Angulo interpone recurso de revisión en ejercicio del derecho que le confiere Art. 360 del Código de Procedimiento Pena, fundamentándolo en que el Fiscal se abstuvo de acusarlo en la audiencia de juzgamiento en aplicación del Art. 226 del Código de Procedimiento Pena. Al respecto, el Art. 251 del Código de Procedimiento Penal establece que sin acusación del Fiscal no hay juicio; y de igual modo el Art. 303 inciso primero de este mismo cuerpo legal establece la obligación que tiene el Fiscal de acusar en el debate, de tal modo que si no lo hace el Tribunal no puede juzgarlo y necesariamente deberá absolverlo; todo lo cual se encuentra en armonía con lo dispuesto en el Art. 195 de la Constitución de la República que establece que solamente el Fiscal deberá impulsar la acusación en la sustanciación del juicio penal y consecuentemente si no lo hace no puede ser juzgado el encausado. Esta constituye la esencia del sistema oral acusatorio y ningún Juez puede juzgar sin acusación del Fiscal, porque de hacerlo viola el principio dispositivo establecido en el No. 6 del Art. 168 de la Constitución de la República, porque asume la posición de acusador contraviniendo los principios que regulan el proceso penal acusatorio y que se contempla en las citadas, disposiciones legales entre otras. Así es, porque en el proceso penal oral acusatorio intervienen dos órganos del poder público: La Fiscalía General a través del Fiscal que interviene en la causa ejerciendo la función acusatoria y el Juez de la causa pronunciándose sobre la acusación del Fiscal porque a falta de acusación no tiene sobre qué pronunciarse y en ningún caso puede juzgar sin acusación ya que cuando esta es presentada por el Fiscal constituye el objeto sobre el cual debe pronunciarse, consecuentemente la sentencia condenatoria contra el sentenciado recurrente Julio César Ballesteros Angulo ha sido sentenciado sin motivación alguna, violando su derecho al debido proceso. TERCERO: La sentenciada recurrente Juana Margarita Peñafiel Gómez presenta el recurso de revisión por las causales establecidas en los numerales 3, 4 y 6 del Art. 360 del Código de Procedimiento penal y con respecto a las dos primeramente nombradas le corresponde la carga de la prueba por lo que la Sala procede a revisar las que ha presentado en la estación probatoria de este recurso, observando que en sus escritos de prueba se ha limitado a reproducir a su favor los actos investigativos practicados por el Fiscal en el curso de la instrucción, lo cual es inadmisible en el proceso penal oral acusatorio no solo porque en el recurso de revisión se requiere de nueva prueba si no también porque se viola los principios de oralidad, inmediación y contradicción de las pruebas contempladas como garantías del debido proceso en el No. 6 del Art. 168 y 169 de la Constitución de la República por lo que no proceden estas causales alegadas por la recurrente para la revisión de la sentencia. CUARTO: Con respecto a la causal establecida en el numeral 6 del art. 360 del Código de Procedimiento Penal deducida por Juana Margarita Peñafiel Gómez para la revisión de la sentencia, la Sala luego del análisis del proceso, del acta de juzgamiento y del contenido de la sentencia, establece que el fallo condenatorio dictado en su contra por el juzgador ha sido motivado con pruebas obtenidas, practicadas y valoradas constitucionalmente, por lo que se le ha juzgado con observancia del debido proceso y de los derechos y garantías que se establecen en la Constitución de la República conforme lo exige el numeral 1 del Código de Procedimiento Penal y consecuentemente, se ha cumplido con la garantía reconocida en el litera1 l) del No. 7 del Art. 76 de la Constitución de la República y el Art. 304-A del Código de Procedimiento Penal de motivar el juzgador el fallo conforme lo exige la Constitución y la ley. Por estas consideraciones, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se rechaza el recurso de revisión presentado por Juana Margarita Peñafiel Gómez por improcedente; y en relación al recurrente Julio César Ballesteros Angulo se acepta el recurso de revisión presentado y corrigiendo el error judicial cometido en la sentencia dictada por la Segunda Sala de lo Penal, Colusorio Tránsito de la Corte Superior de Justicia del Guayas, el 13 septiembre de 2007, las 11 h40, se la revoca y en su lugar se absuelve al recurrente Julio César Ballesteros Angulo.- Notifíquese.
No. 892-2009
Juicio Penal No. 926-2009, seguido por DOLORES MONSERRATE MOLINA DUEÑAS, en contra de WASHINGTON ARNULFO CEDEÑO ALBÁN, NORYS ZITA MUÑOZ CRUZZATTY, AB. ROBERT CEDEÑO MOLINA, AB. TITO ALFREDO CHÁVEZ MENDOZA, Notario Segundo del Cantón Rocafuerte y AB. JENNIFER CEDÑO DE CEDEÑO, Registradora de la Propiedad del Cantón Rocafuerte, por COLUSIÓN.
Quito, 07 de diciembre del 2009.- Las 9h30.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa los doctores: Luis Abarca Galeas, Raúl Rosero Palacios y Máximo Ortega Ordóñez, en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, subida a esta Sala para que dirima el conflicto de competencia negativa surgido entre la Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, con sede en Portoviejo y los Jueces de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, doctores Oswaldo Segovia Medina, Marcos Naranjo Cañarte y Orlando Delgado Párraga.- La abogada Zoila García Intriago, Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, con asiento en Portoviejo, en auto dictado el 23 de abril del 2009, dice: ?En virtud de la resolución adoptada por la Corte Nacional de Justicia respecto de la unificación de criterios y procedimientos en la aplicación estricta del código Orgánico de la Función Judicial ... este Juzgado devuelve a la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Manabí, el juicio colusorio de cuya competencia se había separado en función de la duda que generó el alcance de las disposiciones del nuevo cuerpo legal ... Consecuente con lo anterior la Señora Secretaria del despacho en forma inmediata remita el proceso conforme lo ordenado en esta providencia? (sic), refiriéndose al juicio colusorio número 681-2008, iniciado por demanda propuesta por Dolores Monserrate Molina Dueñas, contra Washington Arnulfo Cedeño Albán, Norys Zita Muñoz Cruzzatty, abogado Robert Cedeño Molina, abogado Tito Alfredo Chávez Mendoza, Notario Segundo del Cantón Rocafuerte y abogada Jennifer Cedeño de Cedeño, Registradora de la Propiedad del Cantón Rocafuerte; cumplida dicha disposición, los Miembros de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, en auto de 6 de mayo del 2009 (fojas 81), a su vez, resuelven la devolución inmediata del proceso al Juzgado Tercero de lo Civil de Manabí, por cuanto consideran que la resolución emitida por la Corte Nacional de Justicia, en la que la señorita Jueza Tercero de lo Civil, basa la devolución del proceso, es aplicable únicamente a las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Enviada la causa, la abogada Zoila García Intriago, Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, en providencia dictada el 18 de mayo del 2009 (fojas 82), insistiendo en su decisión de inhibición para conocer el referido juicio, ordena remitirlo a una de las Salas de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, a fin de que se dirima la competencia negativa que se ha suscitado entre estos dos órganos de Justicia.- Encontrándose la causa en estado de resolución, para hacerlo se considera: PRIMERO: La Sala tiene competencia para resolver el presente conflicto de competencia negativa, de conformidad con el numeral 14 del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, interpretada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución obligatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial número 213, de 11 de diciembre de 1997.- SEGUNDO: La competencia negativa se encuentra preparada y suficientemente instruida, conforme lo exigen los artículos 850 y 855 del Código de Procedimiento Civil, ante todo con el auto inhibitorio pronunciado por la Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, de fojas 80 de los autos, de 23 de abril del 2009; y, la no aceptación u oposición a aceptarlo por parte de los Miembros de la Primera Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, quienes así lo expresan en su providencia dictada el 6 de mayo del 2009, a las 09h00 (fojas ochenta y uno), señalando claramente, en uno y otro caso, los motivos jurídicos por los cuales consideran no corresponderles el conocimiento de la causa colusoria número 1243-2005.- TERCERO: Del examen del expediente se advierte que la demanda colusoria propuesta el 8 de agosto del 2008, por Dolores Monserrate Molina Dueñas, en contra de Washington Arnulfo Cedeño Albán, Norys Zita Muñoz Cruzzatty, abogado
Robert Cedeño Molina, abogado Tito Alfredo Chávez Mendoza y abogada Jennifer Cedeño de Cedeño, sorteada el 12 de agosto del 2008 (fojas 1 de los autos), ha correspondido su conocimiento a la Primera Sala Especializada de lo Penal de la ex Corte Superior de Justicia de Portoviejo (hoy Corte Provincial de Justicia), cuyo Ministro Juez, doctor Marcos Naranjo Cañarte, en providencia expedida el 13 de agosto del año 2008, a las 09h00, dispone que de conformidad al artículo 67, numeral 2 del Código de Procedimiento Civil, la ?demandante ... complete su demanda indicando los nombres completos de los demandados Abg. Robert Cedeño Molina y Abg. Jennifer Cedeño de Cedeño, dentro del término de tres días...?, hecho lo cual, en providencia de 18 de agosto del 2008, la acepta a trámite de ley, sustanciándola hasta el punto de la contestación a la misma por parte de la demandada abogada Jennifer Cedeño Villagómez de Cedeño, tal como se advierte en el decreto de 22 de septiembre del 2008 (fojas 76), sin que de autos conste otro pronunciamiento respecto a esta acción colusoria; y, a fojas 78 consta el Oficio número 33-PSPCPJM, de 11 de marzo del 2009, suscrito por el doctor Marcos Naranjo Cañarte, en su calidad de Juez Presidente Encargado de la de Primera Sala de lo Penal de dicho Distrito Judicial, mediante el cual remite a la Oficina de Sorteos, un grupo de trece juicios colusorios que se encontraban tramitando en esa Primera Sala de lo Penal, para que sean sorteados y ?pasen a conocimiento de los juzgados de lo civil de esta ciudad?, entre los cuales se encuentra el que es materia de la presente resolución.- CUARTO: La Disposición Transitoria Décima, literal a), del Código Orgánico de la Función Judicial, publicado en el Suplemento del Registro Oficial número 544, del lunes 9 de marzo del 2009, en efecto establece que: ?Todos los procesos que se hayan iniciado con anterioridad a la vigencia de este Código y que se hallaban en curso ante la Corte Suprema, cortes superiores, tribunales distritales de lo contencioso administrativo y fiscal, tribunales penales y demás juzgados de la Función Judicial, así como ante los tribunales penales y juzgados militares y policiales, pasarán, según corresponda, a conocimiento de la Corte Nacional de justicia, cortes provinciales, tribunales penales y juzgados competentes en razón de la materia. De haber varios tribunales o juzgados, la competencia se radicará por sorteo. Las causas continuarán sustanciándose en el punto en que hubieren quedado, sin que en ningún caso este cambio sea motivo para declarar nulidad procesal alguna?. Por su parte el artículo 240, numeral 4, del mismo Cuerpo Legal, señala: ?Art. 240.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y deberes de las juezas y los jueces de lo civil: 4. Conocer en primera instancia de los juicios colusorios?.- A su vez, la Corte Nacional de Justicia, a fin de unificar criterios dictó varias normas de procedimiento respecto a la aplicación del nuevo Código Orgánico de la Función Judicial, mediante Resolución obligatoria expedida el primero de abril del 2009, publicada en el Registro Oficial número 572, de viernes 17 de abril del 2009, y, posteriormente, dictó normas de aplicación respecto a la competencia para los juicios colusorios que venían sustanciándose en las Cortes Provinciales de Justicia del país, con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, mediante Resolución de 8 de abril del 2009, publicada en el Registro Oficial número 650, de jueves 6 de agosto del 2009, cuyo Artículo 2, dice: ?Artículo 2.- Juicios colusorios: En virtud de lo prescrito en el inciso final de la Disposición Transitoria Segunda el Código Orgánico de la Función Judicial, durante el proceso de transición, los procesos colusorios en los cuales la competencia está radicada en una de las salas de lo Penal de la Corte Nacional, en primera o segunda instancia, deben permanecer en ellas. Los juicios colusorios iniciados con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, que se hallan en trámite en primera instancia, en las cortes provinciales, pasarán a conocimiento de los juzgados de lo Civil y Mercantil y la competencia se radicará por sorteo. Los juicios que se inicien a partir de la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, deben ser propuestos ante un Juez de lo Civil, al tenor de lo que mandan los artículos 190.1, 208.3 y 240 del nuevo cuerpo legal. En los procesos actualmente en trámite, en caso de aceptarse la demanda, no podrá imponerse pena privativa de libertad.? (La negrilla que no es del texto, nos corresponde); de donde se colige que la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo, Primera Sala de lo Penal, que no es de transición, régimen que rige única y exclusivamente para la Corte Nacional de Justicia, no está inmersa en la referida disposición legal, y considerando que el Código Orgánico de la Función Judicial se encuentra vigente desde la fecha de su publicación (lunes 9 de marzo del 2009), para las Cortes Provinciales, los jueces y tribunales de la Función Judicial, le corresponde a la Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, la aplicación de las normas de procedimiento anteriormente señaladas; tanto más que, ante la consulta sobre este mismo punto, realizada por el Presidente y Jueces Provinciales de la Tercera Sala de lo Penal de la Corte de Justicia de Pichincha, con Oficio No. 349-AJ.PCNJ-09, de 4 de junio del 2009, para que se haga constar cuál es el organismo competente para conocer los juicios colusorios que venían sustanciando las Salas de las Cortes Provinciales, con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, ha merecido Informe favorable, según Oficio No. 349-AJ.PCNJ-09, aceptado por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, en la resolución que se deja anteriormente consignada.- QUINTO: En la especie se advierte que el proceso Colusorio número 681-2008, se halla en trámite, esto es, en primera instancia, cuya contestación a la demanda ha merecido la aceptación del Juez Provincial de Sustanciación, previamente a dar paso a la sustanciación de la acción, lo cual consta en decreto de 22 de septiembre del 2008, y habiéndose inhibido de su conocimiento la Jueza Tercero de lo Civil de ese Distrito, ratificada luego por la misma Jueza el 18 de mayo del 2009, ante la negativa para admitirla por parte de los Miembros de la Primera Sala de lo Penal antes nombrada, y en consideración de que el presente conflicto de competencia negativa se encuentra comprendido en la Disposición Transitoria Décima, literal a), del Código Orgánico de la Función Judicial, artículo 240, numeral 4, ibídem, en relación con el Artículo 2 de la Resolución Obligatoria emitida por la Corte Nacional de Justicia, el 8 de abril del 2009, publicada en el Registro Oficial 650, de 6 de agosto del 2009, corresponde a la Jueza Tercero de lo Civil del Distrito de Manabí, conocer y resolver la presente causa.- Por las consideraciones que quedan anteriormente expuestas, sin que sea necesario realizar otro análisis, esta Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPúBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dirime el presente conflicto de competencia negativo, en el sentido de que la Jueza Tercero de lo Civil de Manabí, es la competente para continuar conociendo y resolver el presente juicio colusorio No. 681-2008, a donde se remitirá inmediatamente el expediente para los fines de Ley.- Notifíquese y cúmplase.
f.) Dr. Luis Abarca Galeas, Juez.
f.) Dr. Raúl Rosero Palacios, Juez.
f.) Dr. Máximo Ortega Ordóñez, Juez.
No. 918-2009
Juicio Penal No. 388-2008, seguido en contra de JULIO DAVID MENDOZA LÓPEZ, CARLOS JAVIER GÓMEZ JUNTO Y OSCAR RUBEN CARANQUI VILLEGAS, como autores del delito tipificado y sancionado en el Art. 450, numerales 1, 2 y 4, del Código Penal.
Quito, 17 de diciembre de 2009, las 15h10.
VISTOS: Avocamos conocimiento de la presente causa en calidad de Jueces de la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia y Conjuez Nacional por licencia del doctor Raúl Rosero Palacios, según oficios No. 1707-SGSLL- 2009 y 1701-SG-SLL-2009. En lo principal, los recurrentes el Representante del Ministerio Público y Carlos Xavier Gómez Junco, interponen recursos de casación de la sentencia dictada por el Tercer Tribunal de lo Penal de Pichincha, que declara a Julio David Mendoza López, Carlos Xavier Gómez Junco autores del delito tipificado y sancionado en el Art. 450 del Código Penal numerales 1, 2 y 4, imponiéndole la pena de dieciséis años de reclusión mayor especial; y absuelto a Oscar Rubén Caranqui Villegas. Concluido el trámite y siendo el estado de la causa, el de resolver, para hacerlo se considera: PRIMERO: Esta Segunda Sala Especializada de lo Penal es competente para conocer y resolver este recurso de casación, en virtud del Art. 184 de la Constitución de la República del Ecuador, vigente a partir del 20 de octubre de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 449; por lo dispuesto en los literales a) y b) del numeral 4 de la Sentencia Interpretativa: 001-08-SI-CC, de

References: Resolución 
 artículo 194
 artículo 359
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 67
 artículo 240
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 2
 resolución 
 artículo 240
 Artículo 2
 Resolución