Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-116-19.htm
Timestamp: 2019-06-20 02:55:58+00:00

Document:
T-116-19
Acción de tutela interpuesta por Kelin Estefany Barrero Hernández como agente oficiosa de José Leonardo Barrero Hernández contra el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot.
En el trámite de revisión del fallo de tutela proferido, en única instancia, por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, el 16 de agosto de 2018 dentro del asunto de la referencia[1].
La señora Kelin Estefany Barrero Hernández interpuso acción de tutela, en calidad de agente oficiosa de su hermano José Leonardo Barrero Hernández, contra el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, al considerar que esta entidad vulneró sus derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y no discriminación.
Manifiesta que el agenciado, José Leonardo Barrero Hernández, quien tiene 26 años de edad[2], fue diagnosticado con retraso mental moderado[3], es bachiller académico y en su deseo de superación, intentó inscribirse en más de diez oportunidades a las ofertas académicas que ofrecía la entidad accionada, en diferentes convocatorias obteniendo resultados negativos, toda vez que las entrevistas de rigor realizadas por el personal encargado no eran las adecuadas para una persona de esta condición especial.
Refiere que en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la C.P., solicitó de manera respetuosa a la entidad demandada, “se brindara un trato especial a la aquí victima (sic) en todo el proceso de selección y formación académica en lo referente a: (i) proceso de selección, ya que por su condición de persona con discapacidad, es sujeto de protección especial por parte del Estado; (ii) proceso de formación académica: debido a que por su condición era necesario se implementarán todas las medidas pertinentes a fin de poner a la víctima (sic) en igualdad de condiciones; y (iii) garantía de brindar herramientas necesarias a fin de que JOSE LEONARDO lograra terminar sus estudios a satisfacción”.
Como respuesta a la petición, dice, fue citada en calidad de representante de su hermano, a reunión con el coordinador académico y la profesional en psicología, con el fin de establecer la situación presentada. En la mencionada reunión señala que expuso “la condición de mi hermano, y en respuesta dichos funcionarios se limitaron a informar que el SENA no tenía preferencia alguna con los aspirantes, es decir, que no se iba a tener en cuenta la discapacidad de JOSE LEONARDO para ningún efecto, por lo que solo accedieron a brindar acompañamiento de una profesional en Psicología en la entrevista presencial. De la reunión referenciada no se firmó acta alguna”[4].
Señala que tal como se había acordado, José Leonardo, quien ya se encontraba inscrito en el programa de “Asistencia Administrativa”, ficha de caracterización nro.1439679, realizó la respectiva prueba virtual y posteriormente se hizo presente a la entrevista presencial asistido por una profesional en psicología, siendo admitido e iniciando su etapa lectiva el día 17 de julio del año 2017.
Afirma la agente oficiosa que pese a todo lo anterior, José Leonardo terminó su etapa lectiva, sin embargo, no ha sido certificado como “TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, toda vez que por su condición especial no ha logrado iniciar su etapa práctica”. Señala que en muchas oportunidades ha informado esta situación al SENA, quien de manera hostil se ha limitado a decir que “las etapas prácticas deben ser conseguidas por los mismos aprendices y que requieren certificados médicos recientes con el fin de registrar dicha información en sus bases de datos, lo cual resulta un trámite bastante largo y complejo en lo que corresponde a su trámite ante las EPS, sin embargo y después de más de cuatro (4) meses se logró que el médico especialista en psiquiatría registrara un diagnóstico en la historia clínica de JOSE LEONARDO, actualizado”.
Con fundamento en lo expuesto, solicita se protejan los derechos fundamentales de su agenciado y se ordene a la entidad accionada que “mediante un método que tome en cuenta la discapacidad mental de JOSE LEONARDO se culmine su etapa práctica y sea certificado como TÉCNICO EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA”.
2. Contestación de la acción de tutela[5]
El señor Gustavo Adolfo Araque Ferrero en calidad de Director Regional Cundinamarca – Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial – SENA Regional Cundinamarca, respondió la acción de tutela solicitando se declare improcedente[6].
Referente a las inscripciones en convocatorias ofertadas por el centro de formación, se determina que el aprendiz JOSE LEONARDO BARRERO registra los siguientes procesos:
Fase I puntaje de 32,47. No alcanzó a pasar Fase II, ocupó el puesto 146.
Fase I puntaje de 51,93. No se presentó a prueba Fase II.
No es cierto, dice, que el aprendiz hubiera sido citado a diferentes comités académicos “ya que según lo informado por el Coordinador Grupo Formación Integral, Gestión Educativa, Promoción y Relaciones Corporativas del Centro de Formación, el aprendiz JOSE LEONARDO nunca fue citado al Comité de Evaluación y Seguimiento Académico, pero sí se le realizaron dos llamados de atención verbal[9] y se formuló un plan de mejoramiento académico[10]; medidas que hacen parte del proceso formativo de todos los aprendices y que se ejecutan con el fin de generar cambios en el desempeño académico o en el comportamiento disciplinario conforme al reglamento del aprendiz”.
Señala que revisado el Sistema Gestión Virtual de Aprendices (SGVA), se corrobora que JOSE LEONARDO finalizó su etapa lectiva el 17 de enero de 2018 y según el reglamento del aprendiz del SENA, cuenta con un lapso de 2 años para realizar su etapa productiva. Explica que “según lo informado por Relacionamiento Corporativo, pese a que los aprendices deben gestionar su contrato de aprendizaje (si desean desarrollar la etapa productiva bajo esa alternativa), el centro de formación también realiza una intermediación con las empresas que deben cumplir con la cuota de aprendices, por lo que en varias ocasiones se llamó al celular a JOSE LEONARDO para poder aplicar en las ofertas de las empresas que solicitaban el perfil del aprendiz, pero siempre contestaba la hermana KELIN quien decía que él no podía atender la llamada en el momento”.
Manifiesta que al aprendiz y a su hermana se les informó que “el contrato de aprendizaje se realiza a través de un aplicativo que se denomina Sistema Gestión Virtual de Aprendices - SGVA, el cual es una herramienta que ayuda al proceso de búsqueda, selección y contratación de aprendices SENA, al cual tanto las empresas patrocinadoras como los aprendices tienen acceso a través de la página de internet http://caprendizaje.SENA.edu.co. También se les informó que considerando lo establecido en el Acuerdo 08 de 2008 expedido por el CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, las empresas que contraten aprendices que tengan una discapacidad certificada de más del 25% obtienen beneficios en cuanto al cómputo de la cuota de aprendices establecida, ya que por cada aprendiz en condición de discapacidad (superior al 25%) contratado, le será reducido un aprendiz la cuota asignada (sic) solo que dicha condición debe ser legalmente probada mediante un documento, razón por la cual se le solicitó una certificación de la EPS a la que está afiliado el aprendiz, con el fin de ayudarle a tramitar un contrato de aprendizaje; además se le comunicó que de acuerdo al Reglamento del Aprendiz, el señor BARRERO tenía la posibilidad de ejercer su práctica a través de vinculación laboral o contractual con una empresa, participación de un proyecto productivo, de apoyo unidad productiva familiar o una institución estatal nacional, territorial, o una ONG, o a una entidad sin ánimo de lucro, monitoria, pasantía y se le informó el trámite necesario para cualquiera de las alternativas antes mencionadas”. Sin embargo, afirma, que la certificación solicitada, nunca fue allegada a la oficina de Relacionamiento Corporativo, ni se adelantó el proceso en alguna de las modalidades permitidas para desarrollar su etapa productiva.
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, quien conoció en única instancia el proceso, en sentencia del 16 de agosto de 2018 declaró improcedente la acción de amparo al considerar que no se prueba la vulneración de los derechos fundamentales alegados[12].
El juez de instancia, teniendo en cuenta la respuesta allegada por la entidad accionada estimó necesario citar a rendir testimonio al director y/o encargado de dirigir, supervisar la etapa práctica de los “Asistentes Administrativos” en calidad de aprendices del SENA-Girardot.
El 15 de agosto de 2018 se hizo presente en el despacho judicial la señora Ángela Lucía Ruiz Marmolejo, líder de relaciones corporativas del SENA, a quien se le preguntó “cómo se desarrolla la etapa productiva de los aprendices SENA. En su respuesta explicó que en la etapa productiva, para contrato de aprendizaje, el aprendiz debe acceder a una plataforma, el SENA no se involucra en el proceso de selección, pero el estudiante tiene otras modalidades de acreditación de esta etapa, la plataforma es solo para una alternativa que se llama contrato de aprendizaje, eso se encuentra en el reglamento del aprendiz, el cual se le pone de presente en la inducción en la primera charla y luego se les programa otra charla en la cual se les explica lo concerniente a la etapa productiva”.
También se presentó a rendir testimonio, el coordinador académico, Oscar Alirio Arias Serrano, a quien se le indagó (i) por las otras alternativas que tiene el SENA para la etapa productiva. Respondió que “el aprendiz debe solicitar a la coordinación académica bajo qué modalidad la quiere desarrollar, dentro de ellas tenemos pasantía, vínculo laboral, proyecto productivo, unidad productiva familiar, apoyo a una institución estatal nacional, territorial u ONG, o una entidad sin ánimo de lucro y finalmente monitorias”; y (ii) para personas con discapacidad cuál de estas modalidades son apropiadas para optar dado el grado de discapacidad. Contestó, “ellos solicitan un contrato de aprendizaje o proyecto productivo donde desarrolla una unidad de negocio él, él (sic) hace un proyecto, el SENA le hace un acompañamiento con un instructor para la formulación de ese proyecto productivo y para que lo pueda llevar a cabo, esta modalidad no requiere la vinculación con ninguna empresa, en la pasantía, no hay un apoyo de sostenimiento, es un acuerdo de voluntades y por eso el aprendiz casi no opta por esta opción”.
Consideró el juzgador que si bien se endilga una obligación al Estado para la protección especial de las personas que por su condición física o mental lo ameriten, también resulta necesario el apoyo y la colaboración del núcleo familiar de la persona que se encuentre en debilidad manifiesta. Sostuvo que según los lineamientos de la oferta educativa de la institución accionada, es requisito indispensable el desarrollo de la etapa productiva, la cual aplica sin discriminación a todos los estudiantes, pero además y contrario a lo manifestado por la accionante, prevé diferentes alternativas para el desarrollo de la misma. Luego, no puede afirmarse que por la discapacidad del señor José Leonardo Barrero Hernández, este no pueda finalizar la etapa productiva requerida, “pues aunque es cierto que tal inconveniente requiere de una atención especial por parte de la entidad accionada, ello no quiere decir que se deban omitir los requisitos previamente establecidos, menos aún, si se encuentran establecidas no una, sino una serie de posibilidades, que le permiten al accionante finalizar su etapa productiva, los cuales, según la contestación y pruebas recaudadas ya le fueron puestos de presente, sin que hasta el momento el aprendiz hubiese tomado alguna determinación al respecto. Por consiguiente, no se observa vulneración a derecho fundamental alguno por parte de la entidad accionada”.
- Copia del derecho petición dirigido al Subdirector del Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial, firmado por Kelin Estefany Barrero Hernández[13].
- Copia de la cedula de ciudadanía de José Leonardo Barrero Hernández[14].
2. Cumplimiento de los requisitos de procedencia de la acción de tutela.
En el caso que nos ocupa, la acción de tutela fue interpuesta por Kelin Estefany Barrero Hernández como agente oficiosa de su hermano José Leonardo Barrero Hernández, quien fue diagnosticado con retraso mental moderado[20], lo cual permite concluir que no le es posible, o no está en condiciones de promover su propia defensa, por lo que su hermana puede actuar como su agente oficiosa.
En el presente asunto, la acción de amparo se dirige contra el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, por la presunta vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad y no discriminación de José Leonardo Barrero Hernández.
En este proceso, dada la situación fáctica expuesta, la Sala encuentra superado el requisito de inmediatez, pues según señala en su contestación el Director del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA – Girardot, “el aprendiz José Leonardo Barrero finalizó su etapa lectiva el 17 de enero de 2018” y cuenta con un lapso de dos (2) años para realizar su etapa productiva.
La Corte en numerosas ocasiones ha precisado que la procedencia de la tutela se hace mucho más evidente cuando se advierte la posible vulneración de los derechos fundamentales de aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta en razón de su edad, su condición económica, física o mental[25]. Esta Corporación ha señalado que son sujetos de especial protección constitucional los menores de edad, las mujeres embarazadas, los adultos mayores, las personas en situación de desplazamiento y las personas con disminuciones físicas y psíquicas (negrilla propia). Al respecto, en la sentencia T-736 de 2013, M.P. Alberto Rojas Ríos, se señaló:
Según los antecedentes expuestos, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional deberá determinar si el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot vulnera los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y no discriminación de José Leonardo Barrero Hernández, quien tiene un diagnóstico de “retraso mental moderado”, al no realizar las acciones pertinentes y necesarias para garantizar que termine su etapa práctica como “Técnico en Asistencia Administrativa” y así obtener el certificado que lo acredite como tal.
3. La especial protección constitucional de las personas con discapacidad y el derecho a la educación inclusiva. Reiteración
Más adelante, en el artículo 24, señala que los Estados Parte “reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”. Al hacer efectivo este derecho, aseguran que “a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión”.
“a) Asegurar la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a todos sus programas y servicios de la entidad, además garantizar su acceso a los diferentes servicios de apoyo pedagógico;
g) Formar evaluadores en procesos de certificación de evaluación de competencias en diferentes áreas, que permitan a las personas con discapacidad adquirir una certificación de competencias laborales de acuerdo a su experiencia.”
4. Breve reseña sobre la política institucional del SENA para la atención de personas con discapacidad.
Breve reseña de los antecedentes del caso
Alega la agente oficiosa que su hermano “no ha sido certificado como técnico en asistencia administrativa dado que por su condición especial no ha logrado iniciar su etapa práctica, de lo cual ha informado en muchas oportunidades a el SENA quien de manera hostil ha señalado que las etapas prácticas deben ser conseguidas por los mismos aprendices y que además le solicitaron certificados médicos recientes con el fin de registrar dicha información en sus bases de datos, trámite que resulta complejo ante la EPS”. Según dice, “el derecho a la educación de mi hermano (José Leonardo Barrero) se encuentra amenazado, pues si bien es cierto terminó su etapa electiva (sic), no logrará obtener su certificado como asistente administrativo, mientras que la parte accionada no realice todas las actividades pertinentes y necesarias a fin de garantizar que esta etapa sea evacuada, toda vez que si bien es cierto por su discapacidad no es apto para laborar en una empresa y las mismas no están obligadas a vincular aprendices con estas características, el SENA como entidad adscrita al Estado debe realizar los ajustes razonables de aquellos aspectos que ponen en condición de inferioridad real una persona en situación de discapacidad”.
Solicita se protejan los derechos fundamentales a la educación, igualdad y no discriminación y que en consecuencia, se ordene a la entidad accionada “que mediante un método que tome en cuenta la discapacidad mental de JOSÉ LEONARDO BARRERO HERNÁNDEZ, se culmine su etapa práctica y sea certificado como Técnico en Asistencia Administrativa”.
Por su parte, el Director del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, en respuesta a la acción de amparo interpuesta sostuvo que “(i) conforme al procedimiento para atención de población con discapacidad establecido en el numeral 5.4 de la Circular No. 3-2017-000084 (lineamientos para la planeación y atención de la convocatoria educativa); se le brindaron al aprendiz las condiciones necesarias y las garantías pertinentes debido a su condición, a través del acompañamiento de un profesional en psicología durante su proceso; (ii) durante la formación, se le realizaron dos llamados de atención verbal al aprendiz y se formuló un plan de mejoramiento académico, medidas que hacen parte del proceso formativo de todos los aprendices y que se ejecutan con el fin de generar cambios en el desempeño académico o en el comportamiento disciplinario conforme al reglamento del aprendiz, (iii) según Sistema Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) el aprendiz JOSE LEONARDO finalizó su etapa lectiva el 17 de enero de 2018 y de acuerdo al reglamento del aprendiz SENA, cuenta con un lapso de 2 años para realizar su etapa productiva; (iv) los aprendices deben gestionar su contrato de aprendizaje si desean desarrollar la etapa productiva bajo esa alternativa, el Centro de formación realiza una intermediación con las empresas que deben cumplir con la cuota de aprendices; (v) a través de funcionarios de Relacionamiento Corporativo y Formación Profesional se le informó al aprendiz y a su hermana KELIN, que el contrato de aprendizaje se realiza a través de un aplicativo que se denomina SGVA, el cual es una herramienta que ayuda al proceso de búsqueda, selección y contratación de aprendices SENA y se debe realizar por medio del Sistema Gestión Virtual de Aprendices (SGVA) al cual tienen acceso las empresas patrocinadoras y los aprendices en la página de internet http://caprendizaje.SENA.edu.co; (vi) la razón por la cual se le solicitó una certificación de la EPS a la que está afiliado el aprendiz, es porque su condición debe ser legalmente probada mediante un documento, considerando lo establecido en el Acuerdo 08 de 2008 expedido por el Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de Aprendizaje, según el cual las empresas que contraten aprendices que tengan una discapacidad certificada de más de 25% obtienen beneficios en cuanto al cómputo de la cuota de aprendices establecida, ya que por cada aprendiz en condición de discapacidad (superior al 25%) contratado, le será reducido un aprendiz la cuota asignada (sic).
El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, mediante sentencia proferida en única instancia el 16 de agosto de 2018, declaró improcedente el amparo al considerar que no se configura vulneración de derecho fundamental alguno, teniendo en cuenta que no es por la discapacidad del señor José Leonardo Barrero que este no deba o pueda finalizar la etapa productiva requerida, sino porque hasta el momento no ha determinado, de la serie de posibilidades que le permiten terminarla, por cual opta para cumplir con los requisitos del programa de formación.
En estos términos, entra la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional a determinar si el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, vulnera los derechos fundamentales de José Leonardo Barrero Hernández, alegados por su agente oficiosa, al no realizar las acciones pertinentes y necesarias para garantizar que termine su etapa práctica como “Técnico en Asistencia Administrativa” y así obtener el certificado que lo acredite como tal.
En primer término, la Sala encuentra probado dentro del proceso que José Leonardo Barrero Hernández, de 26 años de edad[45], (i) tiene un diagnóstico de retraso mental moderado[46]; (ii) se matriculó y culminó la etapa lectiva del programa “técnico en asistencia administrativa” ofrecido por el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, procesos en los que tuvo el acompañamiento de una profesional en psicología[47].
Ahora, entiende la Sala que para que el aprendiz José Leonardo Barrero Hernández sea certificado como técnico en asistencia administrativa debe iniciar y culminar una etapa práctica, que según dice la accionante, no logrará hasta que la entidad demandada realice las actividades pertinentes y necesarias para garantizar que dicha etapa sea evacuada.
En el caso concreto, la agente oficiosa en su escrito de demanda señala que la entidad accionada ha sido hostil en las respuestas que le ha dado frente a la necesidad de que su hermano sea acreditado como “técnico en asistencia administrativa”, requerimiento para el cual, además, le pide certificado médico reciente, lo que en su parecer, resulta un trámite largo y complejo ante la EPS, pero que “después de más de cuatro (4) meses logró que el médico especialista en psiquiatría registrara un diagnóstico en la historia clínica de José Leonardo, actualizado”[50].
La entidad accionada en la contestación de demanda explicó[51] que si bien los aprendices deben gestionar su contrato de aprendizaje (si desean desarrollar la etapa productiva bajo esa alternativa), el centro de formación realiza una intermediación con las empresas que deben cumplir con la cuota de aprendices, “por lo que en varias ocasiones llamó al celular a José Leonardo para poder aplicar en las ofertas de las empresas que solicitaban el perfil del aprendiz, pero siempre contestaba la hermana Kelin quien decía que él no podía atender la llamada en el momento”. Manifestó igualmente, que al aprendiz y a su hermana se les informó cómo acceder al Sistema de Gestión Virtual de Aprendices -SGVA- a través de la página de internet, para gestionar todo lo concerniente al contrato de aprendizaje y los trámites necesarios para cualquiera de las alternativas que de acuerdo al Reglamento del Aprendiz puede desarrollar José Leonardo para acreditar sus competencias como técnico en asistencia administrativa. Respecto a la certificación solicitada, señaló que “nunca fue allegada a la oficina de Relacionamiento Corporativo”[52].
Para la Sala, la gestión informativa de la institución demandada es insuficiente y ostensiblemente discriminatoria[53], pues no solo las alternativas para el desarrollo de la etapa productiva en el SENA están planteadas para todos los aprendices en formación, sino el registro en el sistema de gestión virtual, según prevé “el reglamento de aprendiz SENA” en el artículo 13. Claramente, las directrices propuestas por el SENA para los aprendices en general, no se ajustan a las circunstancias particulares de José Leonardo Barrero Hernández, hecho que constituye una barrera de acceso, en su propósito de capacitación para el desempeño laboral y exigen una necesaria adecuación.
Así las cosas, es evidente que la entidad demandada no ha sido diligente en garantizar a José Leonardo Barrero Hernández el acceso efectivo a su oferta institucional, tal como lo prevé la Ley 1346 de 2009 y el artículo 7° numeral 1° de la Resolución 1726 de 2014 mediante la cual el SENA adoptó la política institucional para la atención de las personas con discapacidad.
En este sentido, es obligación del SENA evaluar la mejor posibilidad y escenario para que el aprendiz José Leonardo Barrero Hernández pueda continuar su proceso de aprendizaje. Ello, atendiendo los preceptos normativos expuestos.
Por supuesto, dicha obligación debe contemplar la remoción de barreras no solo actitudinales, percibidas en la falta de orientación y acompañamiento en todo el proceso por parte de la profesional en psicología que en principio lo asistió, sino de acceso a la red informática -Sistema de Gestión Virtual del SENA- para facilitar el registro y actualización de información que deba gestionar el aprendiz José Leonardo Barrero Hernández durante su permanencia en la etapa productiva y hasta la culminación de su proceso de formación.
En ese entendido, evidencia y concluye la Sala, que el Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, vulnera los derechos fundamentales de José Leonardo Barrero Hernández alegados por su agente oficiosa, al no realizar las acciones pertinentes y necesarias para garantizar que termine su etapa práctica como “Técnico en Asistencia Administrativa” y obtenga el certificado que lo acredite como tal. En razón de ello, ordenará darle orientación y asistencia especial en la elección de la modalidad de etapa productiva que se ajuste a su condición especial, considerando incluso la posibilidad de vincularlo al propio ente público, así como brindarle acompañamiento en el procedimiento de ingreso, registro y actualización del sistema de gestión de la formación (SGVA), acatando la política institucional dispuesta en la Resolución 1726 de 2014 para la atención de personas con discapacidad, reseñada brevemente en esta sentencia.
Por último, la Sala advierte que desde la terminación de la etapa lectiva del aprendiz José Leonardo Barrero Hernández a la fecha, han transcurrido algo más de doce meses lo que iría en contra de su derecho a la educación, teniendo en cuenta que para desarrollar la fase productiva y obtener la certificación, el lapso de tiempo es de dos (2) años contados desde la finalización del primer periodo de formación, según disponen los lineamientos de la entidad demandada. Así las cosas, se ordenará que a partir de la notificación de esta sentencia, se inicie el cómputo de los dos (2) años que otorga la entidad demandada, para que José Leonardo Barrero Hernández inicie el segundo ciclo de capacitación y se certifique como “Técnico en asistencia administrativa”.
En estos términos, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional revocará el fallo proferido en única instancia por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, para en su lugar tutelar los derechos fundamentales de José Leonardo Barrero Hernández.
PRIMERO.-REVOCAR la sentencia proferida el 16 de agosto de 2018 por el Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot Cundinamarca, que declaró improcedente el amparo invocado por Kelin Estefany Barrero Hernández como agente oficiosa de su hermano José Leonardo Barrero Hernández y, en su lugar, CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales a la educación, a la igualdad y no discriminación de José Leonardo Barrero Hernández.
SEGUNDO.- ORDENAR al Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA – Girardot, que una vez notificado el fallo y en un término de cuarenta y ocho (48) horas, le brinde a José Leonardo Barrero Hernández orientación y asistencia especial en la elección de la modalidad de etapa productiva que se ajuste a su condición especial, considerando incluso la posibilidad de vincularlo al propio ente público, así como brindarle acompañamiento en el procedimiento de ingreso, registro y actualización del sistema de gestión de la formación (SGVA), acatando la política institucional dispuesta en la Resolución 1726 de 2014 para la atención de personas con discapacidad, reseñada brevemente en esta sentencia.
Para el cabal cumplimiento de lo ordenado, se dispondrá que a partir de la notificación de esta sentencia, se inicie el cómputo de los dos (2) años que otorga la entidad demandada, para que José Leonardo Barrero Hernández inicie el segundo ciclo de capacitación y se certifique como “Técnico en asistencia administrativa”.
[2] Según copia de la cédula de ciudadanía, nació el 23 de octubre de 1992. Folio 10 cuaderno principal.
[3] En el expediente obra copia de algunos registros de control médico - especialidad psiquiatría, en los que se lee: “Retraso mental moderado: deterioro del comportamiento de grado no especificado”. Folios 7 al 9 del cuaderno principal.
[5] El Juzgado Tercero Civil Municipal de Girardot, Cundinamarca, mediante auto del 8 de agosto de 2018, admitió la tutela y corrió traslado al Director del Centro de la Tecnología del Diseño y la Productividad Empresarial SENA-Girardot, para que en el término de dos días contados a partir del recibo de la notificación, ejerciera su derecho de defensa, se pronunciara sobre los hechos en que se funda esta acción y allegara las pruebas que pretendiera hacer valer.
[6] Folios 39 al 44 del cuaderno principal.
[8] Circular nro. 3-2017-000084 (lineamientos para la planeación y atención de la convocatoria educativa). Folios 28 al 35 cuaderno principal.
[10] Folio 27, cuaderno principal.
[12] Folios 75 al 78 del cuaderno principal.
[13] Folios 1 al 5, cuaderno principal.
[14] Folio 6, cuaderno principal.
[15] Folios 7 al 9, cuaderno principal.
[16] Folios 24 y 25, cuaderno principal.
[17] Folio 27, cuaderno principal.
[18] Folios 28 al 38, cuaderno principal.
[20] En el expediente obra copia de algunos registros de control médico - especialidad psiquiatría, en los que se lee: “Retraso mental moderado: deterioro del comportamiento de grado no especificado”. Folios 7 al 9 del cuaderno principal.
[22] Ver entre otras las sentencias T-1015 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-780 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-425 de 2017, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, en la cual se señaló que “De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un procedimiento preferente y sumario que tiene toda persona para solicitar de manera directa o por quien actué a su nombre la protección de sus derechos fundamentales. Adicionalmente, la acción de amparo debe dirigirse contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental”.
[23] Entre otras, ver la sentencia T-416 de 1997 M.P. José Gregorio Hernández. Cfr. sentencias T-1015 de 2006. MP. Álvaro Tafur Galvis y T-780 de 2011 M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[24] En la Sentencia T-471 de 2017 M.P. Gloria Stella Ortiz, la Corte Constitucional consideró que la acción de tutela “(i) procede como mecanismo transitorio, cuando a pesar de la existencia de un medio ordinario de defensa para el reconocimiento de la prestación, este no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, conforme a la especial situación del peticionario; (ii) procede la tutela como mecanismo definitivo cuando el medio ordinario dispuesto para resolver las controversias, no es idóneo y eficaz, conforme a las especiales circunstancias del caso que se estudia. Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional, como los niños y niñas, mujeres cabeza de familia, personas en condición de discapacidad, personas de la tercera edad, entre otros, el examen de procedibilidad de la acción de tutela es menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”. (Negrilla propia)
[25] Ver entre otras, las sentencias T-550 de 2001 y T-864 de 2000, M. P. Alfredo Beltrán Sierra, T-510 de 2003 y T-397 de 2004, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-943 de 2004, M. P. Álvaro Tafur Galvis, T-265 de marzo 17 de 2005, M. P. Jaime Araújo Rentería, principios reiterados en las sentencias T-765 de octubre 10 de 2011 y T-681 de agosto 27 de 2012, ambas M. P. Nilson Pinilla Pinilla, T-586 de 2014, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T- 557 de2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
[30] Mediante sentencia C-765 de 2012, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, la Corte Constitucional efectuó la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria número 092 de 2011 Cámara – 167 de 2011 Senado. Declarándolo exequible en su aspecto formal.
[35] Sentencia T-553 de 2011, M.P Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
[36] Sentencia C-559 de 2001, M.P. Jaime Araujo Rentería.
[38] Según la sentencia C-042 de 2017 M.P. Aquiles Arrieta, “una de las discusiones más complejas que se dieron en torno a esta Convención (adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, aprobada en Colombia por la Ley 1036 de 2009), fue la relativa a acoger una definición de personas en situación de discapacidad, pero finalmente, la Asamblea General aprobó la siguiente definición: Artículo 1: ‘‘(…) Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás’’. En efecto, la Ley 1618 de 2013 “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”, artículo 2° numeral 1°, así las define.
[43] http://portal.SENAsofiaplus.edu.co/index.php/96-noticias/76-poblacion-especial. La estrategia implementada por la entidad para brindarle el apoyo y la adecuación necesaria para presentar la prueba de ingreso en condiciones óptimas y con asistencia de la institución a las personas con discapacidad, señala que las personas que presentan una limitación visual, auditiva, motriz o cognitiva que pueda certificar, además de cumplir con los requisitos establecidos por el SENA para el programa en el que desea participar como aspirante al proceso de Ingreso e inscripción, deberá presentar: CERTIFICADO MÉDICO: Que dé constancia de su limitación. Este certificado médico debe venir expedido por la EPS a la que se encuentra afiliado, en caso de no estarlo, el certificado debe ser expedido por un médico registrado en la secretaria de salud de su ciudad. CARTA DE SOLICITUD: En ésta debe especificar los apoyos que se requieren durante la presentación de la prueba de ingreso. REGISTRO: El usuario debe registrar en la plataforma Sofía Plus, la información relacionada con la discapacidad específica la cual será utilizada por el equipo de ingreso de cada centro para adelantar el procedimiento de pre-alistamiento a espera de la carta de solicitud que el aspirante realice. ENTREGA DE SOLICITUD: El aspirante debe radicar la solicitud con los requisitos establecidos, un día después del proceso de inscripción WEB, al centro de formación donde se impartirá la formación de su interés. Posterior a la recepción de los documentos, el SENA evaluará la disponibilidad de los recursos y dispondrá las condiciones necesarias para la presentación de la prueba, de no presentar los documentos descritos anteriormente el SENA asumirá que el aspirante no requiere ningún tipo de apoyo.
[44] http://sofiaplus.net/que-es-sofia-plus/. Es un aplicativo o plataforma educativa virtual desarrollada para el SENA que busca generar una gestión académica eficiente, transparente, flexible y de calidad, que brinde a sus usuarios, ya sean estos internos y/o externos, la posibilidad de consultar en tiempo real y por Internet sus trámites académicos. Este sistema o herramienta de gestión académica del Servicio Nacional de Aprendizaje se usa para básicamente para 5 opciones: (i) Planear la formación académica; (ii) Ejecutar labores de administración educativa; (iii) Ingreso de aprendices; (iv) Ejecución de la formación; y (v) Administrar la oferta educativa. Desde hace varios años el Servicio Nacional de Aprendizaje viene haciendo su labor de formar a los colombianos académicamente para el trabajo en los diferentes sectores de la economía. Una plataforma que permitiera el acceso a la educación a mayor población se hacía necesaria. Por eso al conocer qué es SENA SOFIA plus, el aspirante podrá consultar todas las ofertas educativas, le sugiere programas de acuerdo a sus necesidades, ya cuando es aprendiz, facilita la programación de las actividades y le permite ver su ruta de aprendizaje, también puede conocer el avance alcanzado en su proceso de formación. Otro punto clave, es que le permite también al empresario realizar diferentes tipos de solicitudes de programas, brindándole seguridad al poder consultar información verídica sobre los procesos de formación y de certificados que generen sus colaboradores.
[46] A folio 7 del cuaderno principal, se encuentra copia de un registro de control médico realizado a José Leonardo Barrero Hernández, por el psiquiatra Diego Hernández, del Hospital Universitario de la Samaritana, con fecha 27/09/2013, en el que se lee: “retraso mental moderado: deterioro del comportamiento de grado no especificado”. Igualmente, a folio 9 se adjunta una copia de atención en consulta de control, realizada en la IPS de las Américas el 2/08/2018, se registra como diagnóstico principal: retraso mental moderado: deterioro del comportamiento nulo o mínimo.
[47] Además que las partes reconocen como cierta esta afirmación, se allega al proceso como prueba los siguientes documentos: a folio 44 del cuaderno principal, constancia de atención “asesoría psicológica al aprendiz José Leonardo Barrero” realizado por la Psicóloga –Instructora del SENA Diana Rosalba Leal Herrera, en la que da cuenta de la asistencia prestada en varias oportunidades por parte de la profesional, al que anexa un registro de orientación, a folio 26 del cuaderno principal.
[50] En el expediente reposa copia de un documento expedido por la IPS de las Américas, con fecha 2 de agosto de 2018. Solicitud de servicios, en la que se registra consulta de control al paciente José Leonardo Barrero, cuyo diagnóstico principal es “RETRASO MENTAL MODERADO: DETERIORO DEL COMPORTAMIENTO NULO O MÍNIMO” (folio 9 del cuaderno principal).
[51] Folios 39 al 44 del cuaderno principal.
[52] Al expediente se allegó un documento en el que se registra la condición de José Leonardo Barrero, pero para nada se asemeja a una certificación expedida por el especialista tratante (folio 9 del cuaderno principal).

References: artículo 23
 artículo 24
 artículo 13
 artículo 7
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 86
 Artículo 1
 artículo 2