Source: http://www.adelaprat.com/2013/01/declaran-que-es-competente-el-fuero-comercial-que-entiende-en-el-concurso-preventivo-de-vial-cinco-s-a-para-dictar-una-medida-cautelar-cuya-nulidad-pide-la-direccion-nacional-de-vialidad/
Timestamp: 2018-02-19 05:50:43+00:00

Document:
Declaran que es competente el fuero comercial que entiende en el Concurso Preventivo de “Vial Cinco S.A.” para dictar una Medida Cautelar cuya nulidad pide la Dirección Nacional de Vialidad.
SUBTÍTULO. El Juez Nac. de Primera Instancia en lo Comercial, que entiende en el Concurso Preventivo de la Empresa ” Vial Cinco S.A.” había acogido la excepción de incompetencia planteada por la incidentista- Dirección Nacional de Vialidad- respecto del fuero comercial al dictar la medida cautelar cuya nulidad pretende. La DNV arguyó– sin éxito- que debía intervenir la Justicia Federal en razón de la materia. La Excma Cámara revocó dicho pronunciamiento y considero competente al Juez de Primera Instancia en lo Comercial, en la materia de que se trata. Por otra parte, el Tribunal de Alzada encomienda al mismo abordar el tratamiento de la nulidad de la medida cautelar dictada en grado, introducida por la Dirección Nacional de Vialidad.
La Medida Cautelar cuya nulidad reclama la Dirección Nacional de Vialidad, y que ahora deberá resolver el Juez de Primera Instancia al ser declarado competente , había sido dictada con fecha 28.12.10 por el Juez del Concurso antes de la homologación del acuerdo preventivo, en los términos del art. 16 y cctes LCQ disponiendo que “el Órgano de Control de las Concesiones Viales ( OCCOVI), o bien, el Estado Nacional, Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se abstuvieran de exigirle a la concursada el previo pago de multa alguna– como condición para la concesión y tratamiento de recursos administrativos- en caso de que existiera imposición de multas en los asuntos administrativos en trámite, ello con fundamento en que el postulado ” solve et repete” contenido en el artículo 26 del Anexo de la Resolución SOP 111/99, que establece la efectivización de la multa que se impusiere ” con carácter previo a la interposición del recurso”, era susceptible de alterar la ” pars conditio creditorum “.
¿En qué se fundamenta la Dirección Nacional de Vialidad para pedir la nulidad de la Medida Cautelar dictadad? Conforme se lee en la Sentencia de Cámara,“ la DNV entiende que esa decisión modificaba los Pliegos y el Contrato administrativo durante la ejecución del mismo, violando así el principio de igualdad de los oferentes”.
Ya hemos anticipado que la Cámara, tras declarar competente al Fuero Comercial para dictar la Medida Cautelar cuestionada ,en el Concurso preventivo de la empresa “Vial Cinco S.A. ” , encomendó al Juez de grado abordar el tratamiento de la nulidad de la medida cautelar planteada por la DNV .
Se trata de los autos caratulados: ” Vial Cinco S.A. s/ concurso preventivo s/ incidente de apelación (por Dirección Nacional de Vialidad) reg. nº 009592/2.012- CNCOM – SALA A- 16/08/2.012 .
Los Sres Jueces Dres. Alfredo Arturo Kölliker Frers y María Elsa Uzal- integrantes de la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial – para resolver en el sentido que lo hicieron consideraron, por una parte, la inexistencia de exceso de jurisdicción y en segundo término, la intrancendencia de la posterior homologación del Acuerdo en la cuestión de competencia planteada por la incidentista – DNV – y posteriormente rechazada por la Sala(1).
Vamos a conocer en primer lugar, los agravios esgrimidos por la Concursada y la Sindicatura contra la resolución de grado que había admitido la excepción de incompetencia interpuesta por la Dirección Nacional de Vialidad y que – en concordancia con ello- revocó la medida cautelar dictada con fecha 28.12.10 (ver “supra” el contenido de la cautelar), posteriormente declarada vigente por la Excma Cámara hasta tanto el Juez de grado resuelva la nulidad de dicha cautelar , planteada por la DNV.
A) Agravios de la Concursada.
(i) ” La homologación del acuerdo no tiene implicancia en la cuestión desde el momento en que todos los presuntos créditos que el Estado Nacional podría llegar a tener contra su parte, reconocerían una causa o título anterior a la presentación concursal ( 21.05.10 la presentación del concursamiento ; 14.06.10 tuvo lugar su apertura y la concesión culminó el 21.04.10, es decir un mes antes de la fecha de la presentación). En consecunecia la concursada esgrimió que ” cualquier crédito que pudiera reclamar el Estado Nacional debía ser objeto de verificación y, cumplido tal extremo, sujetarse a los términos del concordato”;
(ii) “Al dejarse sin efecto la inaplicabilidad del art. 26 del Anexo de la Resolución SOP 111/29, se estaría autorizando a un acreedor que perciba, en forma indebida, una eventual acreencia preconcursal, porque aún cuando haya acuerdo homologado, las penalidades impuestas en sede administrativa ( y que no están firmes) siguen siendo concursales” En otras palabras, la medida cautelar revocada ordenaba ” se abstuvieran de exigir el previo pago de multa alguna ” como condición para la concesión y tratamiento de recursos administrativos con fundamento en el postulado ” solve et repete ” contenido en el citado art. 26 “– Al ser revocada la cautelar, el acreedor de la multa percibiría en forma indebida su acreencia. Agregó la concursada que ” no pretende dejar de pagar multa alguna sino que exige se le permita ejercer su derecho de defensa traducido en la posibilidad de interponer todos los recursos que la ley administrativa le concede y llegar- de ser necesario- a la instancia judicial “.
(iii)”El artículo 26 del Anexo de la Resolución SOP 111/99 ( aprobada por Resolución MEOSP 1151/99) -como se dijo en (ii)- exige el pago previo de la multa como condición para la concesión y tratamiento de los recursos y, tal recaudo no puede cumplirlo la concursada en razón de que estaría financieramente imposibilitada de afrontar el pago de las multas que se le han impuesto, las que ascenderían a un total de $ 73.500.000 al 08.08.11″. Asimismo explicó ” que no se intenta que la Justicia Mercantil entienda en cuestiones reglamentarias, sino que se resguarde el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 24.522″.
B) Agravios de la Sindicatura.
(i) “ La resolución apelada traería como consecuencia directa la imposibilidad de cumplir con el acuerdo que fuera oportunamente homologado”
(ii) ” Contrariamente a lo expresado por el Juez de grado, la concursada no persigue eludir el pago de multas impuestas por el organismo administrativo, sino la inaplicabilidad de aquella normativa que impone el pago previo de la sanción pecuniaria como condición de su discusión en sede administrativa, ello pos ser contrario al principio de igualdad de los acreedores”.
La Sentencia de Cámara y sus fundamentos
La Sentencia de Cámara como hemos visto, se limita a revocar la resolución de grado, en el sentido de que el Juez de Grado resulta competente en la materia de que se trata y encomendándole abordar el tratamiento de la nulidad introducida por la Dirección Nacional de Vialidad.
Con respecto al primer punto, los Dres Kölliker Fres y Uzal señalaron que ” en el caso bajo análisis no se aprecia que se hubiera configurado un “exceso de jurisdicción” en la decisión que adoptó el Magistrado concursal, antes de producirse la homologación del concordato, ya que sólo dispuso que la exigencia del previo pago de las multas – como condición previa a la interposición de recursos administrativos – contrariaba el régimen concursal ( art. 16 LCQ ), motivo por el cual, la medida de que aquí se trata, no importó exorbitar la competencia del Juez Concursal, sino ajustarse al propio régimen falimentario en protección de los intereses y principios que lo informan en pos de no afectar, en principio, al menos, la pars conditio creditorum y la defensa del patrimonio de la concordataria. Ello ante la posibilidad de que estén en juego créditos de naturaleza preconcursal”.
En lo que respecta al hecho de que se hubiera homologado el concurso, los Jueces de Cámara destacaron que “ello no tiene implicancia en la cuestión de competencia propuesta por la Dirección Nacional de Vialidad pues, el Juez de grado conserva la función de velar por el cumplimiento del acuerdo y de las normas concursales en relación a él, de modo que no se desprende de ese hecho una circunstancia fáctica que modifique los presupuestos de la decisión cautelar adoptada por el Juzgado de grado, en su momento, para impedir, en principio al menos, alterar la situación de acreedores por causa o título anterior a la presentación en concurso, máxime cuando esta última en modo alguno abordó la procedencia, legitimidad o razonabilidad de las sanciones administrativas que le fueran impuestas a la concursada “.
En consecuencia no advirtiendo acertado que el Magistrado Concursal se declare incompetente en la materia, la Sala A, concluye que” habrá de mantenerse subsistente, por ahora, la medida cautelar pronunciada en el expediente principal, que data del 28.12.10, ello sin perjuicio, claro está, de lo que la instancia de grado resuelva, en definitiva, en orden a la nulidad impetrada por el Organismo Administrativo contra la mentada decisión“.
(1) “El Juez de grado expuso que en razón de que el acuerdo preventivo de ” Vial Cinco S.A.” fue homologado el 12.08.2.011, dándose por concluido el concurso y por finalizada la actuación de la Sindicatura, la potestad jurisdiccional no subsistía con el alcnace que tenía antes de la homologación concordataria y, desde tal sesgo, juzgó que no era posible canalizar en este ámbito cuestiones de carácter administrativo a fin de no menoscabar los poderes y funciones correspondientes a las Autoridades Administrativas y se declaró incompetente en el asunto, dejando sin efecto, en consecuencia, el mentado decreto cautelar “( del texto de la Sentencia de Cámara).
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