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Timestamp: 2019-10-14 06:28:36+00:00

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STC 111/1984, 28 de Noviembre de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034587
STC 111/1984, 28 de Noviembre de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 751/1983
1. El precepto del art. 24.2 garantiza a toda persona (y no sólo necesariamente en cuanto inculpado, sino también en cuanto ofendido por el delito) un Juez ordinario previamente determinado mediante la institución jurídico-pública de las competencias legales. 2. Puede llevarse al recurso de amparo la transgresión de las reglas definidoras de la jurisdicción, en cuanto en su formulación, o en su interpretación o aplicación, resulte incompatible con el alcance que a la jurisdicción militar asigna el art. 117.5 de la C. E., pues implicaría, a la vez, violación del art. 24.2. 3. Es la jurisdicción ordinaria la que asume, en el marco del art. 53.2 de la C. E., la protección jurisdiccional del derecho al Juez ordinario que proclama el art. 24.2. 4. No se puede imponer al demandante que, en defensa de lo que considera su derecho al Juez ordinario, después de hacer valer la declinatoria ante la jurisdicción militar, reemprenda el camino de la inhibitoria, dirigiéndose al Juez ordinario al que reputa competente para conocer de la causa para que requiera de inhibición al órgano jurisdiccional militar que está conociendo de la misma. 5. Pero la declinatoria en el proceso penal militar es recurrible en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, órgano de la jurisdicción ordinaria en lo penal que se incrusta con naturalidad en el marco de la relación jurisdicción militar, con ámbito limitado a lo estrictamente castrense, y jurisdicción ordinaria, raíz de toda jurisdicción.
Sentencia citada en: 40 sentencias, 6 artículos doctrinales
En el recurso de amparo promovido por doña Asunción M. L., representada por la Procuradora doña María L. U. . C., y bajo la dirección del Abogado don Joaquín R. G. A., respecto a resolución del Teniente General de la Primera Región Aérea de Madrid, en la causa núm. 19/1983, y en el que ha comparecido el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Presidente, don Jerónimo A. S., quien expresa el parecer de la Sala.
1. El 15 de noviembre de 1983, la Procuradora doña María L. U. . C., en nombre de doña Asunción M. L., presentó demanda de amparo contra resolución del Teniente General de la Primera Región Aérea, de fecha 24 de octubre anterior, que funda en los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: a) contra la señora M. L. se sigue causa penal ante la jurisdicción militar, en la que, al amparo y dentro del plazo establecido en el art. 667 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en lo sucesivo L. E. Cr.) y en el art. 788 del Código de Justicia Militar (en lo sucesivo C. J. M.), su Abogado promovió artículo de previo y especial pronunciamiento, según lo prevenido en el art. 666.1 de la L. E. Cr., por falta de jurisdicción, que fue desestimado por la citada resolución de la Autoridad militar; b) esta resolución vulnera el derecho a un trato igual ante la Ley al de los demás civiles (art. 14 de la Constitución, en lo sucesivo C. E.), sin que pueda prevalecer discriminación, pues la recurrente no pertenece al estamento militar, que presta sus servicios laborales como ayudante técnico sanitario, merece un trato igual al de los demás civiles en el enjuiciamiento de sus relaciones con los miembros del estamento militar en asuntos que no afectan a la vida de los Ejércitos ni a la defensa nacional y que no guarden relación directa con el servicio de armas; c) la resolución recurrida viola un derecho a mantener y defender su honor, garantizado por el art. 18 de la C. E., pues en el fondo de la cuestión debatida en la causa seguida contra la demandante se esconde una cuestión relativa al honor o moralidad de la misma en relación con los hechos enjuiciados, por la contradicción fáctica de los que intervienen en tales hechos; d) la resolución impugnada viola el derecho de la demandante a obtener la tutela efectiva judicial y a que tal tutela le venga dada por el Juez ordinario predeterminado por la Ley, partiendo de la presunción de inocencia (art. 24.1 y 2 de la C. E.); se funda este recurso, al igual que todos los anteriores, en que el conocimiento de la causa seguida contra la recurrente corresponde a la jurisdicción ordinaria, ya que a la militar compete cuando los hechos afectan a la defensa nacional o al buen nombre de los Ejércitos o a la seguridad nacional, que no es el caso. Con base en estos hechos y fundamentos solicita que: a) se declare la nulidad de la resolución recurrida que conculca uno de los derechos a la igualdad, al honor, a la tutela efectiva que corresponde al Juez ordinario civil sin que se produzca indefensión y bajo la presunción de inocencia; b) se ordene al Juez Togado Militar de Instrucción núm. 1 decline la competencia en favor de la jurisdicción ordinaria.
3. Tal como dispone el art. 51 de la LOTC, se reclamó testimonio de las actuaciones referentes al artículo de previo pronunciamiento, que fueron recibidas en este Tribunal el 6 de febrero. De las actuaciones resulta lo siguiente: a) que a doña Asunción M. L. se le sigue la causa 19/83 por el delito de insultos a Fuerza Armada; b) que procesada la señora M. L., planteó artículo de previo pronunciamiento por incompetencia de jurisdicción, por estimar que debe ser la ordinaria y no la militar la que conozca de la causa, toda vez que los hechos serían, acaso, constitutivos del delito de injurias del art. 457 del Código Penal (en lo sucesivo C. P.) y no del delito militar del art. 314 del C. J. M., y por otra parte no se ha cometido en lugar militar (el hospital militar en que ocurrieron los hechos no tiene la calificación de castrense) y la imputada no pertenece a las Fuerzas Armadas; c) el Ministerio Fiscal Togado informó que debía desestimarse su propuesta de artículo de previo pronunciamiento por incompetencia de jurisdicción, y este informe fue compartido por dictamen del Auditor de la Región. Y de conformidad con el mismo Teniente General de la Primera Región Militar, por resolución de 24 de octubre de 1983, desestimó el artículo de previo pronunciamiento; d) la motivación de esta decisión está constituida por los razonamientos jurídicos siguientes: «1.°) porque, si bien el insulto a Fuerza Armada del art. 311 del C. J. M. implica, latu sensu, una injuria, en base al principio de especialidad, dicha injuria adquiere sustantividad propia en el Código castrense cuando la víctima de la misma sea una "Fuerza Armada", y ello con independencia de la condición militar o no del ofensor; 2.°) porque, de prosperar la pretensión de la defensa, incardinándose la conducta de la procesada en el delito de injurias del Código Penal, quedaría sin contenido el tipo delictivo específico recogido en el Código de Justicia Militar; 3.°) porque, aun en el caso hipotético de que se subsumieran los hechos imputados a la procesada en el tipo de injurias del art. 457 del Código Penal, también sería competente para conocer de los hechos esta jurisdicción militar, pues: a) por razón del delito, los hechos que se imputan a la procesada, A. T. S. contratada por este Ejército, fueron ejecutados con ocasión del trabajo que prestaba en su destino del Hospital del Aire; b) por razón del lugar, porque aquéllos se desarrollaron en dicho Centro sanitario, cuya naturaleza castrense es evidente, y c) porque en ambos casos han resultado claramente afectados el buen régimen y servicio de este Ejército, y, finalmente, 4.°) porque la invocación del art. 24.2 de la Constitución que hace la defensa ha de interpretarse con el límite que la propia Norma establece, al reconocer expresamente en el art. 117.5 el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense, ámbito en el que se han desarrollado los hechos enjuiciados».
4. La Sección Cuarta dictó providencia el 15 de febrero disponiendo el trámite del art. 52 de la LOTC. Y dentro de plazo, la representación y defensa de la señora M. L. interesó la reclamación de testimonio de la causa penal, a lo que la Sección no accedió, puesto que el testimonio remitido por la Autoridad militar es el reclamado en virtud de la providencia que admitió a trámite el recurso. En el plazo concedido la parte recurrente no presentó las alegaciones, declarándole decaída de su derecho. El Ministerio Fiscal se opuso a la demanda e interesó se deniegue el amparo, sin perjuicio de reconocer a la actora, si así lo estima pertinente el Tribunal, el derecho a ejercitar el recurso pertinente, en virtud de los siguientes fundamentos: A) El presente proceso de amparo fue sometido a dictamen del Ministerio Fiscal, en orden a la posible presencia de motivo de inadmisión del art. 44.1 a) en relación con el 50.1 b), y en aquella ocasión se afirmaba alternativamente la improcedencia de la admisión de la demanda: a) por no haber agotado todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial; b) por haber seguido un mecanismo procesal no apropiado, tratándose de determinar la competencia de dos jurisdicciones al no seguir el cauce que establece el Código de Justicia Militar en su art. 462, de una parte, y el art. 50 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de otra. B) El carácter de resolución inapelable que se atribuye a la dictada por la Autoridad judicial militar ha de ser matizada. En todo caso, puede el militar, o la persona que se encuentra sometida a proceso de esta naturaleza, aun cuando ostente la condición de paisano, ejercitar la «queja» ante el Consejo Supremo de Justicia Militar, recurso que no ha intentado entablar la recurrente. Aun cuando un criterio analógico no sea de suyo por sí sólo suficiente para ser opuesto al ejercicio de acciones en defensa de derechos fundamentales presuntamente vulnerados, conviene recordar que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art. 676, al regular los supuestos de desestimación de la declinatoria, confirmando la competencia judicial para conocer del delito, expresamente señala que «contra el Auto resolutorio... procede el recurso de casación». La disparidad de tratamiento en los dos órdenes procesales penales, castrense y ordinario, abunda en la necesidad de entender que no es posible cerrar la vía de impugnación de la resolución de la Autoridad judicial militar en la forma que se hace en el art. 739 de aquel texto positivo, y si no es posible cerrarla, necesario es encontrar la vía, siendo ésta a juicio del Ministerio Fiscal, por lo menos, y en todo caso, la de acceder al Consejo Supremo de Justicia Militar. C) El segundo aspecto destacado por el Ministerio Fiscal es el relativo a si la vía procesal seguida, promover artículo de previo y especial pronunciamiento, era la apropiada o si, de contrario, debió acudirse al mecanismo del conflicto jurisdiccional, con sometimiento a la Sala Especial del Tribunal Supremo. Lo que ahora se postula es decisión que pudo emitir dicha Sala Especial, puesto que de no entender así las cosas lo que se está es convirtiendo al Tribunal Constitucional en un Tribunal competente para resolver conflictos jurisdiccionales, siendo así que si bien es cierto que la Constitución, en su art. 161.1 c), le atribuye el conocimiento de los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autonómicas o de los de éstas entre sí, y que la Ley Orgánica sobre la base del propio art. 161.1 d) le haya atribuido el conocimiento de los conflictos entre órganos constitucionales del Estado no lo es menos que los conflictos de atribuciones siguen el mecanismo de la Ley de 17 de julio de 1984, atribuyendo la competencia a la Sala Especial mencionada, y sin perjuicio de cuanto en torno a esta Ley pueda decirse acerca de su ajuste o desajuste al ordenamiento constitucional, en otros órdenes. D) Supone cuanto antecede que: 1.°) se está intentando ejercer la acción de amparo sin haber dado cumplimiento a los trámites procesales previstos en el art. 44.1 a) de la LOTC, y 2.°) se está solicitando del Tribunal Constitucional un pronunciamiento, decidir un conflicto entre la jurisdicción castrense y la ordinaria, cometido que no le viene asignado ni por la Constitución ni por desarrollo de ella a través de su propia Ley Orgánica. Ambas notas comportan la necesidad de rechazar la demanda de amparo tanto por razones procesales como de fondo, y ello sin perjuicio de la no clara articulación de derechos fundamentales que se esgrimen en la demanda como presuntamente vulnerados. E) Se alega lesión del derecho de igualdad ante la Ley. A tal efecto, dice el Ministerio Fiscal, ha de tenerse en cuenta que la mera condición de tratarse de una persona no perteneciente a las Fuerzas Armadas no supone necesariamente que no pueda conocer del hecho enjuiciado la jurisdicción castrense, reconocida, dentro del ámbito que le es específico a través del artículo 117.5 de la Constitución, puesto que son diversos los criterios que el Código de Justicia Militar propone, como determinantes de la competencia de tal jurisdicción: «por razón del delito, por el lugar en que se cometa y por la persona responsable» (art. 5, desarrollado a través de los arts. 6 y siguientes). F) Se insta el derecho a mantener y defender el honor, garantizado por el art. 18 de la Constitución. A tal efecto, dice el Ministerio Fiscal que no es la demandante en amparo la que acude a la jurisdicción penal, ordinaria o castrense, en defensa de su honor, sino la persona a la que se le imputa la comisión de un determinado delito, que en el Auto de procesamiento se concreta en imputarle la comisión de un delito de «insulto a Fuerza Armada». Y en este orden de cosas, señala el Ministerio Fiscal que el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 18 de mayo de 1981, recordaba en Auto de 6 de julio de 1983 (recurso de amparo número 98/1983) ha declarado que: «... en modo alguno puede una resolución judicial, cuando se pronuncia sobre la situación jurídica de un litigante, constituir una lesión al honor protegido por el art. 18.1, pues la opinión contraria llevaría al absurdo de que una gran parte de los condenados penalmente podrían invocar dicho derecho para librarse de la condena». G) Se articula el derecho a tutela judicial efectiva, con el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, «partiendo de la presunción de inocencia». El derecho a la tutela judicial efectiva, dice el Ministerio Fiscal, no parece resulte lesionado desde el momento en que si entre sus elementos componentes se encuentra el de la posibilidad de que el incidente procesal sea conocido por un órgano judicial castrense superior, tal posibilidad la ha tenido aun cuando no lo haya intentado. Lo que no puede hacerse es configurar el derecho a tutela judicial efectiva como aquel que suponga necesariamente una resolución judicial de acuerdo con los personales intereses y criterios sustentados por la parte en el proceso. Por otra parte, como el punto de arranque lo sitúa la recurrente en la presunción de inocencia, si ésta se entiende como presunción iuris tantum desvirtuada siempre y cuando en el proceso se haya producido una actividad probatoria mínima de cargo, es obvio que en la causa se han producido diversas actuaciones de este sentido, aun cuando la interesada no comparta el resultado de ellas obtenido por el instructor, que le ha llevado a producir la declaración de procesamiento. Finalmente, el derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley no cabe duda que es derecho que ostenta toda persona sujeta a un proceso, máxime cuando éste es de carácter penal. Ahora bien, es tema en el que no se puede entrar desde el punto en que el mecanismo elegido para determinar cuál sea tal Juez no es el apropiado o, en su caso, no se ha ejercitado y seguido hasta sus últimas consecuencias. Pronunciarse en este momento acerca de si el Juez ordinario predeterminado por la Ley es el militar o el ordinario penal tanto equivaldría a producir un pronunciamiento decisor de un conflicto de atribuciones, no de un específico reconocimiento de un derecho fundamental presuntamente vulnerado.
1.° Otorgar el amparo solicitado por doña Asunción M. L., con el alcance siguiente:
B) Reconocer que doña Asunción M. L. tiene derecho a recurrir en casación, ante el Tribunal Supremo (Sala Segunda), el acto resolutorio de la declinatoria.
2.° Alzar la suspensión que fue acordada por Auto de esta Sala del 8 de febrero de 1984.
STS 322/2003, 4 de Abril de 2003
SAP Girona 741/2005, 28 de Julio de 2005
SAP Asturias 265/2003, 29 de Abril de 2003

References: resolución 
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e contrario
 artículo 117
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