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Timestamp: 2020-02-20 21:04:53+00:00

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¿Tienen algún valor las edificaciones ilegales? | esPublicoBlog
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El legislador, consciente de los problemas que plantea esta realidad ha buscado soluciones, algunas de las cuales son contradictorias. Así, las leyes autonómicas en materia de urbanismo, recogiendo la jurisprudencia del TS, han regulado la situación urbanística en que quedan las edificaciones y construcciones ilegales frente a las que no cabe actuar por haber transcurrido el plazo de que disponen las Administraciones públicas. El transcurso de este plazo no conlleva la legalización de lo construido ilegalmente y, en consecuencia, queda prohibido ejecutar en estas edificaciones ilegales obras de reforma, ampliación o consolidación; sólo se permiten pequeñas reparaciones por razones de seguridad e higiene. De manera que estas edificaciones ilegales permanecen si bien se les imponen algunas limitaciones, con un régimen muy parecido a las que se encuentran en situación de fuera de ordenación.
Pero no sólo se permite que estas edificaciones ilegales permanezcan en pie. Con la aprobación del RD 1093/1997, de 4 de julio, que aprueba las normas complementarias al reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre la inscripción en el Registro de la Propiedad de actos de naturaleza urbanística, se abrió la vía –artículo 52- para que pudieran acceder al Registro de la Propiedad. Es oportuno recordar que esta disposición reglamentaria de naturaleza registral consagró el principio de la accesión como medio de adquirir la propiedad de lo ilegalmente edificado sobre un terreno, frente a lo establecido en la legislación del suelo vigente en aquel momento en virtud de la cual el derecho a la edificación se adquiría por la conclusión de unas obras al amparo de una licencia otorgada conforme al ordenación urbanístico (concepción estatutaria de la propiedad del suelo y adquisición gradual de facultades urbanísticas hasta alcanzar el derecho a la edificación)
La aceptación del principio de la accesión en el RD 1093/1997 ha supuesto que el propietario de un terreno adquiriese la propiedad de lo edificado aun incumpliendo el ordenamiento urbanístico. Los requisitos exigidos en el artículo 52 de esta disposición tendrían por finalidad garantizar la colaboración de los Registradores con las Administraciones en el ejercicio de las funciones de disciplina urbanística. En ningún caso estos requisitos condicionarían la propiedad de lo ilegalmente edificado.
La única limitación que se les impone a estas edificaciones ilegales, como se ha visto, es que en ellas no pueden realizarse obras de reforma, ampliación o consolidación. Por lo demás, estas edificaciones ilegales están en el tráfico jurídico inmobiliario: se compran, se hipotecan, se transmiten por herencia, están sometidas al IBI y a otros impuestos que gravan su transmisión inter vivos y mortis causa. Es decir, el legislador ha querido que una vez que las Administraciones públicas, haciendo dejación de la obligación de restablecer la legalidad urbanística, toleran estas edificaciones ilegales, sus titulares adquieran la plena propiedad aun cuando infrinjan gravemente el ordenamiento urbanístico.
Es una opción; podría haberse optado también por considerar que el derecho a la edificación sólo se adquiriese cuando las obras se han ejecutado conforme a la licencia otorgada, ajustándose al ordenamiento urbanístico, tal y como estaba configurado el estatuto jurídico de la propiedad del suelo y la adquisición gradual de facultades urbanísticas en la Ley 8/1990 y en el RDL 1/1992. De manera que nunca podría adquirirse el derecho a la edificación sobre aquellas construcciones ejecutadas sin licencia e incumpliendo el ordenamiento urbanístico. En estos casos, el propietario del terreno sobre el que se construye la edificación no adquiriría un derecho real sobre ésta. Gozaría de la posesión en precario de la edificación ilegalmente construida; lo que alguna autora ha calificado de “situaciones jurídicas secundarias y provisionales”.
Lo sorprendente, y lo contradictorio, es que después de reconocer a los titulares de los terrenos en que se construyen estas edificaciones ilegales la plena propiedad sobre éstas, permitiendo su inscripción en el Registro de la Propiedad, se quiera vaciar de contenido económico este derecho de propiedad en los supuestos de expropiación, responsabilidad patrimonial y procesos de distribución de beneficios y cargas. En efecto, la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, al regular las valoraciones de inmuebles, establece en el artículo 21.3 que las edificaciones, construcciones e instalaciones se valoraran, según los casos, separada o conjuntamente con el suelo, siempre que se ajusten a la legalidad al tiempo de la valoración. Y se entiende que se ajustan a la legalidad “… cuando se realizaron de conformidad con la ordenación urbanística y el acto administrativo legítimante que requiriesen, o han sido posteriormente legalizadas de conformidad con lo dispuesto en la legislación urbanística”. Esta regulación ha quedado recogida en el artículo 22.3 del vigente texto refundido de la Ley del Suelo. Al parecer, el legislador pretende que sólo sean valoradas las edificaciones, construcciones e instalaciones que sean conformes con el ordenamiento urbanístico al tiempo de la valoración.
En consecuencia, a tenor de lo establecido en el citado precepto, la propiedad de las edificaciones ilegales quedaría vaciada de contenido económico en los supuestos de expropiación, responsabilidad patrimonial y en los procedimientos de distribución de beneficios y cargas. Sin embargo, y aquí está la contradicción, se mantiene el contenido económico de la propiedad de la edificación ilegal a efectos impositivos: tributa por el IBI y también cuando es objeto de transmisión tanto inter vivos (ITPyAJD) como mortis causa (ISyD)
El Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 12 de febrero de 2014 –Nº de Recurso: 2490/2011- , confirma en su fundamento jurídico sexto, con cita en el artículo 21.3 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, que no pueden ser valoradas a efectos expropiatorios las edificaciones y construcciones ilegales. En el caso enjuiciado se trataba de construcciones ejecutadas sin licencia y respecto de las que se había ordenado la demolición aun cuando no se había ejecutado la orden dictada. Se llega a rechazar incluso que a estas construcciones ilegales se les dé el mismo tratamiento a efectos de valoración que a las edificaciones en situación de fuera de ordenación. Se argumenta lo siguiente:
A la vista de lo expuesto, cabe preguntarse si el derecho de propiedad que la legislación del suelo y urbanística reconoce sobre las edificaciones ilegales, respecto de las que ya no cabe adoptar medidas de restablecimiento de la legalidad, puede tener la consideración de tal si se le priva de todo valor económico a efectos expropiatorios, en los supuestos de responsabilidad patrimonial y en los procedimientos de distribución de beneficios y cargas. Y hay que plantearse también si es conforme al artículo 33 de la Constitución privar al propietario de una edificación ilegal del derecho que tiene sobre ella sin ninguna indemnización.
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av 31 de marzo de 2014 at 9:57
Creo que hay que diferenciar entre las construcciones ilegales en los que se ha tramitado una orden de demolición, que consta en el registro de la propiedad y construcciones en las que no se ha tramitado expediente de restauración de la legalidad. la sentencia que aporta no se está refiriendo a este ultimo caso por el cual el transcurso del tiempo pueden acceder al registro de la propiedad. En este último caso ¿estarían fuera de ordenación y se tendría que comunicar al registro las condiciones de este fuera de ordenación ?
Pedro Corvinos 1 de abril de 2014 at 17:13
Lo cierto es que el artículo 21.3 de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y tampoco el artículo 22.3 del vigente texto refundido de la Ley del Suelo distinguen según se haya ordenado o no la demolición del edificio ilegal.
Lo que determina la privación del valor económico de estas edificaciones es que sean incompaibles con el ordenamiento urbanistico en el momento de la valoración
Juan 5 de octubre de 2015 at 23:02
Buenas quisiera saber si se adquiere la propiedad de una edificacion ilegal por accesion aun cuando hay una sentencia penal de derribo contra el constructor sin haber sido parte en el procedimiento penal los titulares del suelo, sin constar nada referente a la sentencia en el registro de la propiedad dado que los titulares dominicales del suelo no han sido notificados de ningun procedimiento ni de expediente sancionador ni de restablecimiento de la legalidad urbanistica.

References: artículo 52
 artículo 21
 artículo 22
 artículo 21
 artículo 33
 artículo 21
 artículo 22