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Timestamp: 2017-02-27 04:26:26+00:00

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Raúl Wiener: junio 2012
Megaencubrimiento
en la comisión que investiga los delitos económicos del gobierno de Alan García
evoca directamente al final de la comisión que vio el caso de los petroaudios,
presidida por Daniel Abugattás y concitó expectativas similares a la que hoy
dirige el bisoño Sergio Tejada. En cada caso, el fujimorismo llegó hasta la
víspera en condición de investigador del APRA haciendo de disciplinados
trabajadores por descubrir la verdad de la corrupción aprista. Pero como lo
hiciera Raffo en el 2009, negándose a firmar la acusación en el último día y
dejando a la comisión debilitada, sumando su voto al del PPC y del APRA, con lo
que se abrió el camino a la impunidad que predomina hasta ahora en el caso
emblemático de la corrupción de la segunda mitad de la década de los 2000.
fujimoristas Pedro Spadaro, el que quiere inventar motivos para vacar
presidentes regionales cuando se identifiquen con las protestas de sus pueblos,
y Carlos Tubino, que quisiera repetir el papel de Giampietri como
intermediario de la Marina de Guerra con
los partidos de derecha, hacen un papel idéntico de boicoteadores de último
minuto, de la mano con el congresista Wong, electo detrás de Kuczynski, pero de
claros antecedentes apristas, con la resonancia de los medios DBA , que tratan
de sentar la idea de que acusar a García por el asunto de los colegios
emblemáticos, como podría ser con todo el paquete de obras derivadas de los
decretos de urgencia cuando se gastó el dinero público, sin prioridades ni
controles, sería una pura maldad del actual gobierno. Para recordar lo
que sucedió con los llamados decretos de urgencia, habrá que tener presente que
la única urgencia que había entre 2008 y 2009 era la de la crisis financiera
internacional y sus probables impactos en la inversión, el financiamiento y el
comercio global. En una brusca reconversión keynesiana, el neoliberal Alan
García y el ultraliberal Luis Carranza, se lanzaron a una carrera de gasto con
recursos de los superávits y carencias de los años anteriores. Pero nunca se
determinó porque era más urgente i9nvertir en renovar antiguos colegios
(rebautizados “emblemáticos), principalmente en Lima, sobre la dotación de
colegios y escuelas en los lugares del interior del país donde no existen o se
reducen a un solo ambiente en el que estudian los alumnos de todos los grados
con el mismo maestro. Tampoco quién decidió los contratistas que ejecutarían la
obra, entre ellos DHMont, el conejo que salió del sombrero, y que habiendo
ganado en el Tribunal Constitucional la concesión de Collique, que amenazaba
los intereses del amigo del presidente Pepe Graña, se las arregló para quedar
de socio menor en el programa de viviendas sobre la pista del autódromo,
mientras recibía un trato de amigo del régimen en el tema de los colegios, el
Estadio Nacional y otros. Finalmente con la
misma arbitrariedad a prueba de balas, García dirimió los precios, aumentando
de a pocos los precios, paso a paso hasta más que duplicarlos. ¿Quién controló
todo esto?, ¿cuál fue el papel de la Contraloría en el seguimiento de las
etapas del proceso?, ¿qué opinaron el SNIP, la OSCE y otros organismos que
interfieren los presupuestos regionales y municipales, sobre la calidad técnica
de los proyectos y la limpieza de las asignaciones? Que todo esto, fue una
falsa urgencia y una atroz danza de dinero y amistades del presidente está
fuera de duda. Pero entre corruptos se entienden. 30.06.12
¿Todo el período de gobierno con Conga?
El gobierno de Ollanta Humala lleva once meses, ocho de los cuales han estado dedicados al proyecto Conga y al pleito con Cajamarca. Lo que quiere decir que si la cosa sigue, y Valdés y Santos siguen en el centro del escenario (uno como premier, y el otro satanizado y, si pudieran, detenido como hicieron con Mollehuanca), se dejará de hablar de un “gabinete Conga”, para referirse a un “gobierno Conga”, o como dice la congresista Verónika Mendoza: se habrá consumado la gran transformación de Ollanta Humala en el presidente de un gobierno militar-minero, orientado a viabilizar el tipo de Estado de las privatizaciones y concesiones que fundó Fujimori, en contra de su mensaje electoral y de la gente que más creyó en su persona. Cajamarca es un laboratorio del viraje cincuentero de Ollanta Humala. Ahí se trabaja ahora a todo dar una confrontación de masas contra masa para resolver el conflicto prolongado. Eso empezó con la movilización pro-Conga en vísperas de la huelga indefinida que mostró que el sector favorable a la minería también era importante. En esa movida estaban no sólo el exalcalde Guerrero que también anda negándose a sí mismo, tal vez pensando que esta es ahora la vía para lograr protagonismo político, sino toda la mancha fujimorista que, como expliqué en otra nota, logró un notable 34% en primera vuelta y ganó en la capital en la segunda. Pero a este frente casi natural, se sumaron los enviados de Lima del gobierno nacionalista, que ya no fueron a buscar a sus militantes, qué adónde estarán, ni menos a sus aliados de campaña que ahora están en el campo de la lucha, sino Absalón Vásquez y las Cámaras de Comercio y Turismo, que son ahora los que sostienen la política oficial. La polarización ese fantasma que convirtió a Humala en el otro polo en el 2006 y que casi produce un terremoto electoral en el sistema, y que en las del 2011 trató de diluir convirtiéndose en “mal menor” frente a Fujimori y dispuesto a pactar con sectores de la derecha, pero que estuvo presente como telón de fondo dela decisión del 5 de junio, ha tomado clara expresión en lo que ocurre en Cajamarca, donde la definición final de las elecciones fue de 51% a 49%, a favor de Gana Perú, y en donde ahora hay dos fuerzas enfrentadas donde el único que ha cambiado de puesto es el que como candidato fue a decir que el agua estaba antes que el oro respecto específicamente al proyecto Conga, punto que hiere la sensibilidad de mucha gente en Cajamarca y que debe agitar el sueño del presidente. En el mismo intento de dividir a los alcaldes convocándolos a un diálogo con prebendas locales que se define como “desarrollo”, se ve la línea que atraviesa a esta histórica y decisiva región. Por más empeño de los periodistas de la gran prensa ninguno de ellos quiso criticar la huelga y al presidente de la región. Una evidencia de lo difícil que es sumar fuerzas en medio de la crisis, sobre todo en la gente del campo que es la más sensibilizada. De alguna manera “Conga va” y “Conga no va”, simbolizan al país del no cambio (todo queda como fue pactado por anteriores gobiernos) o el que empieza a discutir la “nueva minería”, el nuevo modelo de crecimiento y la inclusión social, con las organizaciones del pueblo, respetando sus puntos de vista y sin represión. 29.06.12
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La ley Santos
Si el proyecto que la Comisión de Descentralización acaba de evacuar por unanimidad, bajo iniciativa del fujimorista Pedro Spadaro, es ratificado por el Congreso, los presidentes y miembros de los gobiernos regionales pasarán a convertirse en las únicas autoridades prohibidas de identificarse con las demandas y movilizaciones de la población que los eligió, so pena de destitución. No existe esta prevención para los otros niveles del Estado, lo que comporta una extraña discriminación que viene de una sola experiencia la del presidente cajamarquino Gregorio Santos, al que se culpa del interminable conflicto de Conga. El proyecto pretende que los presidentes, vicepresidentes y consejeros regionales, sean vacados automáticamente si se comprueba su responsabilidad directa o indirecta en actos de violencia dentro de protestas sociales. El punto es que si hubiera “responsabilidad directa” en un ilícito, es decir participación activa y personal en actos de destrucción de propiedad pública o privada, secuestro de personas, bloqueo de carreteras, etc., la autoridad que fuera, sería reprimida y llevada ante el juez, que si lo encuentra culpable lo enviaría a prisión y le haría perder el cargo. Para eso no requeriría ninguna ley nueva.
El problema viene con eso la “responsabilidad indirecta”, que puede interpretarse como todo lo que ocurre en el curso de un conflicto, donde la autoridad regional ha tomado partido por los que realizan la protesta. El caso de Espinar es notable, porque allí al alcalde Mollehuanca lo culparon de los hechos violentos que se produjeron después de la muerte de dos campesinos por disparos de la policía hechos a distancia, por la razón de haber encabezado el reclamo de su pueblo. La intención en ese caso no fue probar alguna responsabilidad en organizar o dirigir la violencia, que visiblemente fue espontánea y derivada de un instante crítico, sino culparlo en general de lo que hiciesen los manifestantes. Esto es en realidad lo que ahora se quiere hacer con Santos, pero dándole sentido de proceso sumario a ejecutar por las autoridades electorales, antes de que se diluciden las responsabilidades penales ante la Justicia, haciendo de la presidencia regional una autoridad disminuida y coaccionada para expresar su punto de vista. La ley Santos, es como el decreto que cambió el carácter de la prisión al interior de la Base Naval nada más que para mover a Antauro Humala; o la resolución administrativa del Poder Judicial firmada por César San Martín para enviar al alcalde de Espinar a Ica. Hay un concepto de legalidad aplicada a situaciones concretas y que apunta a sancionar a personas específicas que ya se sabe quiénes son al momento de dictar la norma. Que a Santos lo quieren desaparecer de la tierra, no queda ninguna duda. De ahí la unanimidad de la Comisión de Descentralización y la avalancha de proyectos para restringir a las regiones de parte de un núcleo parlamentario que se supone que estaba para reforzar la autonomía y el poder descentralista. Que Santos ha metido la pata varias veces durante el largo episodio de Conga, no cabe ninguna duda. Pero que el presidente, los ministros y gran parte del parlamento han personalizado el conflicto en él, está también totalmente claro. Son ellos los que han creado el liderazgo de Santos y ahora quieren coronarlo con una ley.
Ministro busca peritos
El ministro que mintió de muchas maneras para justificar los cambios de prisión de Antauro Humala; que volvió hacerlo cuando aseguró que moralizaría los Registros Públicos y dejó las cosas como estaban; y que, en un sentido más genérico, se desmintió a sí mismo como crítico del fuero militar para juzgar casos de violación de derechos humanos, para convertirse luego en el que sustenta ante la Corte Interamericana que el caso Chavín de Huántar haya sido visto por tribunales militares; ese ministro, digo, está otra vez desafiando la lógica en su búsqueda desesperada de “peritos” que relean las autopsias y le digan que el emerretista Tito no fue ejecutado, como señalaron los testigos, sino que murió en combate, pero que hace eso no para defender a Montesinos, Hermoza, Huamán Azzurra y Zamudio Aliaga, únicos procesados por el crimen, sino en aras de la verdad, porque si los acusados son condenados el caso podría reabrirse para los comandos, que son héroes y no deben ser molestados. Y a esto, que a toda luz es una operación política, el ministro Jiménez Mayor le llama: “búsqueda de la verdad. Debe ser el ministro más preparado de un gabinete que lleva la marca Valdés, con todo lo que eso significa. Pero su versación jurídica no parece ser la que dicta su actuación política. La idea de la santificación de los comandos de Chavín de Huántar, cuando se trataba de oficiales seleccionados por Montesinos y de alta lealtad al gobierno de Fujimori, dirigidos por el general Williams que estuvo implicado en el caso Accomarca, responde al criterio de mantener esta operación por encima de cualquier sospecha de contaminación con los métodos de la dictadura y el SIN para que pueda ser bandera de identidad para los oficiales jóvenes. Pero esto no era posible. Sin rebajar para nada el valor de los combatientes que participaron de la acción de armas, la verdad histórica es que este fue un plan diseñado por el Servicio de Inteligencia y coordinado en su ejecución. Esto lo he escrito varias veces. Pero entonces aparece Jiménez Mayor, y como si me estuviera otorgando la razón, desarrolla la tesis de que un juicio a Montesinos rebotará, de una forma u otra, sobre los que intervinieron en el rescate. Por esto tenemos ahora un ministro que afirma que cuando saca la cara por el exasesor, el otrora general victorioso, y los agentes Huamán y Zamudio, lo está haciendo defendiendo el interés del Estado. ¿De qué Estado? Nada menos que el de Fujimori-Montesinos que estaba en su apogeo entre 1996 y 1997, tanto que se permitió burlar a otros gobiernos haciéndolos parte de una negociación con los secuestradores, que era una farsa para ganar tiempo para la intervención. El ministro Jiménez que antes de ponerse el fajín estaba en discurso de los derechos humanos con el que se asoció con el exministro Francisco Eguiguren, que dejó el cargo porque no se hubiera prestado a las volteretas de su sucesor. La discusión de los peritos apunta a una sola cosa: a llevar a los jueces a la duda sobre lo que realmente ocurrió. Es lo máximo que pueden lograr, para salvar a los cuatro angelitos que se encuentran enjuiciados. Pero si lo logra tal vez se convierta en el responsable de la última victoria fujimorista. Aplausos. 27.06.12
En el 2009, el presidente de Honduras, Manuel Zelaya, fue echado del poder por querer cambiar la Constitución. Menos que eso, por haber querido consultar a su pueblo si estaba de acuerdo con abrir un proceso para cambiar la Constitución. El presidente del Congreso, Roberto Micheletti, fue proclamado como nuevo gobernante por los principales partidos de Honduras, entre ellos el Liberal, del propio Zelaya, que había peleado con él, que hicieron una mayoría parlamentaria para legitimar el violento cambio de gobierno. La Corte Suprema adhirió al golpe de Estado y para una gran parte de la derecha latinoamericana, ahí nunca hubo un golpe, sino una reacción constitucional, ante el riesgo de que Zelaya iniciara un camino chavista cambiando las reglas del Estado. En junio de 2012, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fue destituido de su cargo por una mayoría en ambas cámaras del Congreso, en un proceso sumario que no alcanzó siquiera a precisar las motivaciones de la medida, en un país todos los indicadores económicos positivos y con un nivel de aprobación presidencial de más de 50%. Lugo fue elegido por una amplia mayoría nacional, pero decidió gobernar no apelando a ese respaldo sino dentro del sistema vigente en su país, el que estaba construido precisamente para evitar riesgos como el suyo. La Constitución de Paraguay, votada en 1992, entre los dos grandes partidos: Colorado y Liberal, fue hecha para el predominio de estas dos fuerzas políticas. Los colorados fueron el centro del poder durante 61 años, el soporte parlamentario de la dictadura de Stroessner, pero también fueron los que urdieron su derrocamiento. El sistema que permitió la semana pasada tumbar en frío al presidente fue armado hace veinte años y consistía en que en el momento en que los dos partidos mayores pudiesen imponer su mayoría no habría posibilidad de salvar al presidente. Lugo hizo lo opuesto de Zelaya: ni siquiera pensó modificar esa Constitución, y prefirió el camino de aliarse de una de las dos columnas del régimen. Así nació un gobierno izquierda-liberales, que se acabó cuando los liberales se entendieron con los colorados para cambiar al gobierno. ¿Es eso legal? Depende de lo que se quiera entender por ello. Se puede ser “legal”, dentro de las normas de Pinochet que le permitieron durar siete años adicionales en la comandancia del Ejército, y mantener la naturaleza golpista de las fuerzas armadas chilenas, lo que ha condicionado la interminable transición de ese país que no acaba de liberarse del pasado. Y lo que está viendo en Paraguay y antes se vio en Honduras, son mecanismos institucionales para asegurarse que las reglas, de las que dependen los intereses más poderosos, no sean alteradas y que si algo se mueve en otra dirección, inmediatamente se pondrá en movimiento el mecanismo seudolegal para frustrarlo. ¿Existe el golpe de Estado constitucional? Claro que existe. Son las trampas que están introducidas por los que hicieron la norma porque tenían la fuerza; la más antigua de todas los estados de emergencia y de sitio, que son dictaduras temporales o focalizadas dentro de la democracia. Pero también existen prohibiciones para pensar en cambiar la Constitución, o de hacerse elegir por sectores populares que luego se movilizan. Todas esas cosas se pueden cortar “legalmente”, como se ha visto en Honduras y Paraguay. 26.06.12
Nuevas revelaciones en el caso de desvío de barcos de transporte de gas natural hacia puertos no declarados, estafando al país con menor pago de regalías. Consorcio habría presionado a Perupetro para que retirara la primera carta. El día en que la gerente general (e) de Perupetro, Isabel Tafur, suscribió su segunda carta dirigida al Consorcio Camisea, dejando sin efecto la que había enviado cuatro días antes conminando al pago de las regalías adeudadas por el cambio no declarado de los destinos de algunos embarques de gas natural, había llegado a su despacho otra carta bajo el membrete de Pluspetrol, cabeza del Consorcio del gas en la que se refería a la modificación del contrato del Lote 88, ya anunciada por el presidente Humala, y que según la misiva tendría que esperar todavía mucho tiempo por la serie de consultas que tenía que hacerse entre los socios. O sea, que el anuncio presidencial, producto de un acuerdo previo con el Consorcio, corría el riesgo de ser desairado. Es difícil no tomar esta carta como un elemento de presión, dado que a los hechos que se refiere y a la carta que responde, son de comienzos de abril, pero la respuesta es del 8 de mayo, la misma fecha en que Perupetro reconoce haberse reunido don delegados del consorcio, de donde derivó el acuerdo de trasladar el caso de las regalías no pagadas al Comité Técnico de Conciliación, como si los funcionarios estatales dudaran de su propia afirmación de que estábamos ante un incumplimiento y que en esas situaciones no hay nada que discutir ni conciliar, sino simp0lmente cumplir lo que se ha dejado de cumplir. PRIMICIA
O sea, Pluspetrol y sus socios (Hunt Oil, Repsol, SK Innovation, Sonatrach, Tecpetrol), hace dos meses “(hacían) saber su decisión de sustituir el compromiso de reserva del lote 88 para la exportación… por un volumen igual procedente de otros lotes…”, que es lo que dice el DS 008-2012; pero luego cuando son conminados a pagar regalías que estaban dejando de pagar violando el contrato, la “decisión de sustituir” se vuelve “posibilidad de realizar la modificación del Contrato”, que para hacerse realidad deberá pasar por “todos los actores involucrados negocien y celebre modificaciones a los contratos de venta de gas que los vinculan con Perú LNG”. Pero ocurre que Perú LNG es prácticamente el mismo del Consorcio Camisea del Lote 88 y del Consorcio del Lote 56. Es decir nos vamos a consultar uno a uno y negociar entre todos “la posibilidad”, después que ya todos se habían comprometido a resolver el tema de los 2.5 TCF del Lote 88, hasta ahora inmovilizados, por reservas nuevas, lo que quiere decir que de repente alguien no está de acuerdo o nos tomamos nuestro tiempo.
Pero, ¡milagro!, el mismo día en que llega la carta de Jiménez advirtiendo lo dudoso que se está volviendo lo del lote 88, que podría demorarse todo el tiempo del mundo, la misma gerente de Perupetro retira su carta exigiendo pagos con plazo perentorio y la relaciones entre el Consorcio se apaciguan. Así, el último viernes (23 de junio) ya se hizo oficial que Pluspetrol acepta a nombre de todos sus socios sentarse con Perupetro a ver las modificaciones del contrato, mientras ya está claro que el camino que seguirá la resolución del problema del incumplimiento de contrato será complicado y en última instancia irá a un arbitraje internacional, pudiendo demorar varios años en perjuicio del país y de la región Cusco que recibe parte de las regalías. Gravedad
La sola hipótesis de que los contratistas se hayan valido de sus compromisos con el gobierno para un tema diferente (reservas del lote 88) para cambiar la actitud de cobranza de la supervisora estatal, es de suma gravedad, y exige que se muestren las actas de lo tratado en la reunión que se dice que se produjo entre el Consorcio y Perupetro y en donde se acuerda pasar a conciliación. Se deben conocer los argumentos de las partes para eliminar cualquier suspicacia. Es lo que exige la transparencia y el camino que franquea la ley. 26.06.12
En el Perú hay un problema entre la gran minería y el mundo de las comunidades campesinas. Eso lo reafirman a cada rato los informes de la Defensoría del Pueblo y lo vemos en conflictos como el de Espinar y Cajamarca. Las comunidades campesinas tienen siempre una experiencia propia o cercana con estos gigantescos injertos que se colocan en medio de ellos a explotar el subsuelo alterando no sólo el ambiente y el uso del agua, sino el conjunto de la vida del campo. La mina, por relación de fuerzas y por poder del dinero, impone su ley, que es totalmente diferente a las reglas consuetudinarias de la vida en comunidad en las alturas de la sierra peruana. Las comunidades temen a la mina, pero no un miedo irracional, producto que alguien les contó un cuento para asustarlos. Ellos temen que lo que se les dice antes de comenzar la explotación, cuando les explican que los impactos serán mínimos y la compensaciones fabulosas, resulte al final en un daño irreversible. Nadie que haya visto el inmenso hueco donde antes estaba la laguna negra de Cajamarca puede fácilmente aceptar la oferta de reservorios por lagunas. Pero tampoco no hay quién vaya a creer que canjeando lagunas naturales por reservorios construidos y administrados por la mina, los campesinos sentirán que han encontrado el camino hacia el desarrollo. Podrán como los de Espinar negociar beneficios bajo presión, pero siempre habrá una tensión que en Lima no se siente, pero que la tendríamos en el alma si la mina estuviera frente a la casa de cualquiera de nosotros.
De lejitos nomás el presidente ha dicho que gentes ideologizadas se oponen al cambio que el propugna, ahora que parece que ya se puso de acuerdo con Newmont sobre los términos de la “nueva minería” que serían los de un compromiso de guardar mayor agua para su distribución entre la población. Ciertamente da ganas de recordar aquí como Ollanta mandaba buscar a los “ideologizados” para que apoyasen su candidatura y los acuerdos que adoptó con ellos. Pero si vamos a lo que piensa el pueblo, ese que hace la masa de votos que interesa a todo candidato, y también la masa de conflictos que preocupan al gobierno, ahí, como lo hemos demostrado más arriba, lo que pesa es la experiencia vital y la manera como lo comprenden los marginados del poder, aquellos que vienen exactamente de sentirse engañados en las elecciones del 2011 por promesas solmenes que ahora no se quieren cumplir, y que se toma como lo más natural dejarlas de lado. ¿Quieren que personas que han pasado por el duro trato de la mina, se crean aquello de que el gobierno conversando con los dueños de las grandes empresas van a hablar la fórmula de “nueva minera” que nos hará a todos felices. La gente que junto con Ollanta reclamó cambio en las plazas, no es opuesta obviamente a hacer del Perú otro país. Pero su decepción está centrada en que eso no está ocurriendo y que a este gobierno que se suponía que iba a ser diferente le han tenido que empezar a sacar diálogo y concesiones a punta de medidas de fuerza. Debería haber más ideología en los conflictos sociales. Debate sobre el Perú que queremos, el rol de la actividad extractiva, la agricultura y la industrialización, la democracia como ejercicio diario del poder y los derechos reales de las comunidades. Pero el presidente nos quiere desideologizar. 25.06.12
Los sueldos dorados
La jefa de la SUNAT se ha aumentado su propio sueldo y el de sus allegados, dando como toda explicación que el personal calificado (ellos), deben cobrar competitivamente frente a la actividad privada, porque de otro modo con el pesar de su corazón tendrían que cambiar de puesto y nos perderíamos sus valiosos servicios. En un año de gestión, la señora Quispe ha tenido frente a ella el reclamo de los sindicatos de la SUNAT, que cuentan ahora con un fallo arbitral a su favor para que se atienda su Pliego de Reclamos que viene desde 2008, y a pesar de ello ha seguido negando a tratar el asunto arguyendo que no puede disponer del dinero de los contribuyentes para mejorar a sus trabajadores. O sea, sí se puede para ella y su alta dirección, pero no para el personal que está en las oficinas de recaudación o en las aduanas. Ahí no importa si se van al sector privado. Mejor si lo hacen. En la Superintendencia de Banca y Seguros SBS, el encargado señor Schydlowsky, también se ha aumentado el sueldo hasta más de 33 mil soles, seguro de vencer así la tentación de irse de regreso al exterior de donde vino para la segunda vuelta. El dilema es saber qué es lo que nos perderíamos sin este caballero que se ha encargado de mantener la SBS, exactamente igual que lo que era, como un perfecto servicio a los intereses de la banca. Pero mejor es la pregunta sobre la resolución en la que el contralor Khoury se asigna pioneramente un sueldo de 33 mil 100 soles, el doble de la presidencia de la república que es el tope formal para todos los funcionarios del Estado, y lo hace luego que SERVIR, la entidad encargada de regular el sistema remunerativo le dijo que no podía hacerlo. Pues lo hizo y abrió el camino que ya han recorrido Tania Quispe y Schydlowsky, y por el que de seguro vendrán otros. A Khoury hasta lo denunciaron por su osadía. Pero él encontró la manera que el Ministerio Público dejara en stand by sus investigaciones, mientras impulsaba la suyas. Por eso ahí lo tenemos prendido de Cajamarca, tratando de probar que sale dinero para los huelguistas. Y si no lo consigue, insistir con eso de los porcentajes de gasto y la eficiencia en el uso del canon. En fin, sueldo ilegal a cuenta de poner la mayor cantidad de obstáculos al gobierno regional de Santos. Habría que decir, por supuesto, que nadie les rogó a esos personajes que ahora fungen de engañados por sus bajos (¡!) sueldos originales, para que ocuparan los lugares donde se encuentran. Ni nadie se fue de los mismos en el pasado aún con la seudo “austeridad” alanista. Khoury además fue parte de un prolongado concurso, que se convirtió casi en sainete, al que llegó por autopropuesta a pesar de que las bases hablaban de presentación de concursantes por organizaciones sociales. En ese exceso de inmodestia se encontraba ciertamente el germen de la resolución de aumento firmada por el que va a hacer aumentado. Ahora, entonces, ya no tenemos solamente un gobierno plagado de funcionarios del pasado, que pasan por ser los especialistas que no se pueden reemplazar, sino que sobre ellos se nombran jefes ocupados en aumentarse en su propio sueldo. Y ministros que firman su propia condecoración. 24.06.12
Lo de Paraguay es como una señal para los peruanos. Empecemos porque el ahora destituido gobierno de Lugo resultó mucho menos de lo que se esperaba en un país con tantas carencias y tan profundas desigualdades. El presidente obispo pudo encabezar una amplia coalición progresista, aparentemente, sin embargo, con pocas posibilidades de derrotar al Partido Colorado, en el poder durante 61 años, por lo que decidió pactar con la segunda fuerza política del país, el Partido Liberal de Federico Franco, al que convirtió en su vicepresidente. Ese enganche seguramente fue fundamental para ganar, pero también importante para frenar la reforma agraria y para mantenerse como gobierno simpático para el FMI. Diversos sectores de la izquierda paraguaya declararon su decepción, pero en materia internacional el presidente obispo estuvo más próximo a la izquierda gubernamental que en América del Sur mira al Atlántico, que del ala del Pacífico que depende mucho más de los Estados Unidos (con excepción de Ecuador).
En fin, lo que puede decirse de Lugo es que no era un peligro para los intereses del poder económico, ni para la inversión extranjera y los juegos estratégicos de Estados Unidos, lo que no significa que una parte de la población no lo viera como un apaciguador tras una historia de violencia promovida desde el control del Estado. El punto es que a pesar de eso la cabeza de Lugo fue pedida y eso se hizo viable cuando quienes nos han considerado siempre su patio trasero, decidieron bajar el dedo. Ha bastado empujar el quiebre de la alianza con los liberales para que arme una mayoría parlamentaria por la destitución. El pretexto: Lugo no controla los movimientos sociales que lo apoyaron como candidato y tienden a desbordarse. El objetivo inmediato: poner a los liberales (partido de derecha) al frente de gobierno. El objetivo de fondo imponer la fuerza para alcanzar detener la amenaza social para lo cual ya se dieron cuenta que no les sirve el religioso metido de político, por más concesiones que haya estado dispuesto a dar. Al escribir estas notas la crisis acaba de tener un desenlace. Las masas, que perciben que el complot de la derecha es una directa amenaza para el pueblo, y de los países de UNASUR que están tratando de cercar a los golpistas parlamentarios, están reagrupando sus fuerzas. Después de Honduras, ya sabemos que la agenda en el subcontinente pasa por ataques en los puntos más frágiles y contradictorios del proceso de cambios. Cualquier improvisación que pueda apreciarse en estas tentativas y la apelación a argumentos que ni los golpistas se los creen, no cambia el hecho de que a lo que se apunta es a cerrar un ciclo político que para al derecha era de pérdida relativa de poder, a pesar de hubiese conservado lo fundamental de su espacio. ¿Por qué no coexistir con un gobierno debilitado y descafeinado (al que le han quitado su esencia)? Por tres razones fundamentales: porque la victoria electoral de los progresistas (aunque no lo fueran tanto), fue también de los movimientos sociales, y eso es un desafío que debe revertirse en algún momento, electoralmente, o por otras vías; porque la derecha cree que la conflictividad social es producto de las ilusiones que se estimularon por los actuales gobernantes y que eso acabará con su reimposición completa; porque se sienten poderosos ante al gobierno. Y eso es suficiente para golpearlo. 23.06.12
Inversión de 4 mil millones
El proyecto de exportación de gas que consistía en poner en explotación el lote 56 (contiguo al 88), engancharlo al gaseoducto de gas natural, llevarlo a la costa y tirar un ducto hasta la planta de licuefacción (Melchorita) de dónde los barcos lo recogen para venderlo por el mundo, representaba una inversión de más de 4 mil millones de dólares, la cifra más grande para un solo proyecto, lo que de por sí ya parecía un motivo suficiente para aprobarlo. Algunos, efectivamente, insisten en esa línea, como si la inversión se repartiera en el país y se pudiese esperar beneficios directos de ella, que es como se trata ahora al proyecto Conga que también está tasado en 4 mil millones y del que se dice que si no se aprueba nos quedaremos más pobres. Pero nadie percibió una mejora en la vida de la gente o en la economía del Estado por efecto del proyecto de exportación de gas natural, a excepción quizás de los trabajadores de las obras y operaciones, y algunos empleos indirectos. Obviamente, dividir el valor de inversión por empleo generado convierte estos puestos en carísimos, pero por cierto que la ganancia que se busca no anda por allí, sino por lo que puede realizarse en un mercado internacional con alta variabilidad que las trasnacionales conocen y dominan. Impresionados por las cifras de inversión, sin embargo, los gobiernos tienden a otorgar ventajas excepcionales para asegurarse que los miles de millones no se vayan a otra parte, como se puede apreciar en el caso Camisea: (a) Que el lote 56 se asigne a los mismos del 88, para usar sus plantas y ductos, originalmente destinados al abastecimiento del mercado nacional.
(b) Que la insuficiencia de reserva del lote 56, se compense con la garantía de parte del 88, limitando la disponibilidad del mercado peruano.
(c) Que todo esto se haga violando la ley.
(d) Que se acepte la planta de Melchorita en zona de impacto ambiental para apurar las obras. (e) Que se exima de impuestos las exportaciones de gas, salvo las regalías. (f) Que se acepte como base para la liquidación de las regalías la declaración sobre destino final en el punto de partida de los embarques, aplicándoles una tabla de marcadores de precios para calcular los ingresos.
(g) Que los exportadores no se sientan obligados a presentar facturas u otros documentos sobre sus ingresos reales para corroborar la validez del cálculo de regalías. (h) Que no presenten documentos probatorios sobre los destinos reales, cuando son requeridos por la supervisora del contrato de licencia (Perupetro), ocultando los cambios de destino. (i) Que se acepte utilizar gas natural en cantidades no declaradas y sin cargo de impuestos, como combustible y factor energético, para el conjunto de operaciones del proceso de exportación: energía para la extracción y envío vía gaseoducto a la costa; procesamiento industrial en costa para su transformación en líquido; transporte en barcos metaneros, etc.
Traslademos el problema de las inversiones superlativas al caso Conga y veremos que se repite el principio de que frente al gran dinero se hacen concesiones excesivas y se va más allá de la ley: aprobación irregular y apurada del estudio de impacto ambiental, cierre del proyecto antes de inicio del nuevo gobierno para que se le acepte tal cual, asimilación del Estado y la fuerza pública al campo de la empresa extranjera, etc. 22.06.12
Me encontré de pronto con una frase del fundador del Partido Socialista Alemán, Ferdinand Lasalle, durante una conferencia del año 1862, denominada “¿Qué es una Constitución?”, que responde de la siguiente forma: “He aquí pues, señores, lo que es en esencia la Constitución de un país: la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país”. Sorprende que no diga que una Constitución es un buen texto de deberes y derechos, o un modelo ideal de Estado o un gran acuerdo social de principios rectores de la vida política, que es como normalmente nos planteamos el problema. Y no lo hace porque no está hablando de teoría, sino de cómo se dan las cosas en la realidad. Lasalle veía hace ciento cincuenta años lo que a veces nos cuesta entender, que no hay buenas o malas constituciones sino relaciones de fuerza reflejadas en imposiciones de los fuertes sobre los más débiles y compromisos entre actores políticos y sociales, cuando no fue posible imponerse sobre el otro. La Constitución de 1979, a la que acusan de velasquista, estatista y socializante, fue producida por una asamblea que fue parte del engranaje de un proceso de salida de los militares del poder sino para que fueran reemplazados por los partidos políticos. Asimismo era expresión de un período de alta convulsión social. La asamblea no tuvo una mayoría absoluta de ningún partido y se repartió en tercios más o menos equivalentes. La primera mayoría la tuvo el APRA que podía haberse aliado con el PPC o la izquierda para hacer mayoría, pero escogió cogerse del brazo de la derecha proempresarial. Todos sabemos lo que sería hoy un gobierno APRA-PPC, pero en aquel entonces dieron justo origen a la Constitución del 79, que la izquierda en típico error de radicalismo se negó a firmar por las concesiones que hacia al capital, en desmedro de otras clases y sectores sociales. ¿Cómo se explica que una Constitución escrita por políticos a la derecha de Velasco y enfrentados con la izquierda, sea vista luego como la síntesis de un período que ya estaba culminando? La razón está en lo del inicio: la Constitución de 1979 expresaba una suma de factores reales de poder, es decir una realidad política-social que establecía hasta donde podían llegar los redactores que es hasta donde pudieron caminar los dos gobiernos de la década siguiente que fueron los únicos que se rigieron por los principios de esa Constitución.
La crisis económica, la violencia y la conspiración fujimorista, cambiaron la correlación y la voltearon a favor de una salida dictatorial-golpista, presentada como una necesidad para ordenar las cosas, lo que finalmente se consagró en una Constitución totalmente distinta, que expresaba otra suma y otra resta de factores de poder: debilitamiento de los movimientos sociales, derrota de los partidos políticos, conexión directa de los grupos de poder económico con el poder político, presidencialismo exacerbado, neomilitarismo, etc. Cuando esta correlación empezó a cambiar a finales de los 90, se visualizó que la Constitución del 93, pertenecía a un pasado de hegemonía total reaccionaria y no al futuro. Ese drama lo llevamos hasta hoy día, y equivale a estar sometidos a las reglas del 92-93, cuando estamos en el 2012, con actores totalmente diferentes. Han cambiado los factores de poder y no queremos reconocerlo. Por eso estamos en interminable crisis. 21.06.12
Los cambiazos
Un poco más sofisticada que Valdés, la excandidata estrella de las derechas, Lourdes Flores, comparte su visión de que las promesas y compromisos electorales son estratagemas detrás del voto de la gente, que por supuesto tienen distintos intereses y requieren diferentes ofertas, pero que una vez en el poder hay que “cambiar para bien” (LFN), o gobernar para el 100% (OVD), que en buena cuenta significa abandonar a los sectores sociales movilizados en campaña y asimilarse a la posición de los perdedores. Ya para la elección de 2001, la pepecista hizo de perdonavidas de Toledo, que buscó polarizar con García para dejarla fuera de carrera, una vez que nombró a PPK como ministro de Economía y puso en el olvido sus promesas de democratización, nueva Constitución y anticorrupción. Y volvió a hacerlo en el 2006, saludando el giro de Alan de “cambio responsable” a neoderechista irresponsable, aunque alguna vez advirtió que se había ido “demasiado a la derecha” en un país con tantos problemas sociales. Resumiendo como es la cosa, la Flores anotó ese año que basta que el presidente diga me equivoqué, pero ahora mi posición es otra. Claro, que estos cambiazos que vienen por lo menos desde Fujimori (1990) y estos perdedores-ganadores, no son cualquiera. Estamos hablando de los que pierden porque ponen su plata, sus medios de comunicación y su influencia, al sostenimiento de la carta que mejor garantiza sus intereses y que no por coincidencia representa la mayor continuidad posible de lo que viene ocurriendo. Lourdes fue en 2001 y 2006, la “candidata de los ricos” (AGP Dixit), como lo fue Vargas Llosa en 1990 y Keiko Fujimori en el 2011, y por eso perdieron. O sea que los perdedores-ganadores han sido siempre los mismos, porque los ricos pisotearon a los pobres en los 90, y volvieron a hacerlo durante la “transición democrática” de los 2000, que se trucó en desilusión democrática, y está volviendo a repetirse en el exradical Humala, y la gente siempre votó contra ellos. Como se ve no se necesita de “hojas de ruta”, ni de cuentos de segunda vuelta, para convertir presidentes en lo contrario de lo que eran. Es un proceso mucho más elaborado para mostrar, en el momento debido, dónde está el poder real. Si no se pudo introducir el miedo en el votante para que no opte por “aventureros peligrosos”, entonces el miedo hay que sembrarlo en el gobernante que mientras más crea que el triunfo se debe a él sólo, más posible será convencerlo que el viraje también lo puede hacer por su propia cuenta. En algún instante, ya se sabe, saldrán Alan, Lourdes, Keiko, PPK, Castañeda, a saludar el cambio para bien, la sensatez, la caja de sorpresas, de su antigua bestia negra.
Y uno puede decir: ¿pero, cómo, si todos estos fueron repudiados en las elecciones? Y ahí van a venir las disquisiciones que pretenden que el año pasado ocurrió algo excepcional: que el 31% y la “Gran Transformación” habían demostrado que “no ganaban ni a la Fujimori (¡!); que cuando OHT pactó con la derecha, la izquierda no protestó (como si el tema fuera con la izquierda y no con los electores), que el Estado de derecho y se respeta lo firmado (¿y el respeto a lo ofrecido?), etc. Pero estoy seguro que donde se escuchan las mayores carcajadas no es en la cúpula de los partidos que después de todo ya tienen otro competidor en su terreno, sino en el local de la CONFIEP.
Las encuestas, segundo aviso
Lo más preocupante de las últimas encuestas (la postrera, la entrega hoy IPSOS –APOYO) es el entusiasmo que provoca en Aldo M. Dice el muchachón que no le parece tan terrible una promedio de 45% (pero 45 de CPI y 43% de DATUM da 44%, y si se añade Imasen se cae hasta 42%), ya que este sería el nivel de los gobernantes cuerdos de América Latina a un año de mandato. Anota que Humala va como iba García a mediados del 2007 y por encima de Fujimori junio 1991, luego de los ajustes económicos, y Toledo junio del 2002, en vísperas del “arequipazo”. Más aún sólo se mantendrían muy alto los gobiernos populistas que hacen cosas supuestamente mal que la gente aplaude bien, y caerían muy bajo los gobiernos que por alguna razón caen antipáticos y la gente los repudia. Casi una oda a la mediocridad. El presidente que no halaga a los electores atrasados (electarados según AMB) y que tampoco mete demasiado la pata está en el rango de 45%, que seguramente ningún rojo regional o municipal podría alcanzar, y mucho menos la Villarán que si hubiéramos conseguido las firmas hubiera volado en septiembre…. Lo que pasa por alto, sin embargo, el cándido que se embarcó con Marco Tulio Gutiérrez, y por eso precisamente se quedó sin firmas y credibilidad, es que el dato de junio no es el 45% de apoyo, sino el 12% de bajada de popularidad que señala DATUM, y el ascenso acelerado de la desaprobación, que en DATUM e Imasen ahora es más alta que la probación. Son dos tendencias claves: caída rápida, mayor desaprobación que aprobación. En la curva del tiempo se observa que la anterior caída fuerte del presidente fue precisamente coincidente con el primer conflicto de Conga. En enero, según DATUM, Humala descendió hasta 50% (venía de estar en un promedio de 60%) y la desaprobación llegó a 39%. Pero en el siguiente mes, el efecto nuevo gabinete y fin del conflicto de Cajamarca, lo recupera hasta 58%, y hace bajar la desaprobación a 33%. Entre febrero y mayo, los dos valores permanecen más o menos constantes, salvo en el último mes en que se cae dos puntos y se aumenta tres en desaprobación, como consecuencia de la crisis de los secuestrados de Kepashiato y el fracaso militar-policial de la “operación libertad”. En junio, sin embargo, el impacto de los conflictos de Espinar y Cajamarca resulta devastador y como la crisis de fin del año pasado es el rango que desciende y es casi seguro que en los meses siguientes se moverá más cerca de 30-40, que de 40-50. La impresión que queda es que Humala está descendiendo por tramos y que el gran factor de desgaste es el choque con los movimientos regionales y comunales que fueron sus aliados estratégicos durante seis años. La tendencia indica que si no hay algún cambio de fondo en la relación del gobierno con estos movimientos, el costo será cada vez mayor. ¿Y cómo pierde el apoyo si Humala está favor de Conga y la mayoría de encuestados también? Esta es la pregunta clave, porque los conflictos le están restando por todos los lados: sectores implicados, región y macroregión (es impresionante la caída en el norte), sectores que apoyan las demandan, sectores que creen que el gobierno está fallando para imponer su política, sectores que quieren más represión y sectores que no quieren represión, etc. Lo único que se lee en las encuestas es que la gente no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno y con que continúe el gabinete Valdés. 17.04.12 www.rwiener.blogspot.com Publicadas por
La verdadera historia de los desvíos de gas natural para no pagar regalías
De acuerdo con el acápite 8.4.4 del contrato de exportación de gas natural procedente del Lote 56, quedó establecido que el contratista se obligaba a informar a Perupetro sobre los mercados en los que se realizaría el consumo final del producto y los cambios que pudieran producirse de modo de aplicar nuevos marcadores de precios en caso de variación de los mercados. Perupetro contrató a la consultora Galway para supervisar el proceso de ventas de gas natural al exterior y lo que descubrió es que una parte de los envíos que aparecían consignados como dirigidos Norteamérica se descargaron en otros lugares. Como consecuencia de este informe de Galway, la Agencia Peruana de Hidrocarburos (Perupetro) que suscribe y regula los contratos de concesión, se dirigió a los contratistas para que sustenten con documentos que se había respetado el destino declarado del gas natural, pero el Consorcio que explota el lote 56 evadió la respuesta manteniéndose en silencio por varias semanas. Fue entonces que Perupetro envío una comunicación firme y conminatoria, reclamando una respuesta clara a su requerimiento de documentos probatorios que el consumo final se había producido en Norteamérica. Puesto en esta situación, Pluspetrol respondió en nombre de los contratistas que el consorcio no tenía acceso a los documentos de desembarque de sus exportaciones. A comienzos de mayo el directorio y la gerencia de Perupetro consideraron inadmisible el argumento y dispusieron la remisión de la Carta Notarial GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012, del 4 de mayo, mediante la cual se notifica al Consorcio que se encuentra en incumplimiento ce Contrato, creándose una causal para dar por terminado el contrato de licencia del Lote 56, si no se subsana el caso a través del pago de la regalías dejadas de pagar al haber ocultado el cambio de destino, lo que debería hacerse a satisfacción de Perupetro. Hasta aquí uno podría decir que la entidad pública había actuado dentro de sus obligaciones y estaba haciendo respetar el interés nacional. El problema era que se hacía difícil imaginar que realmente pudieran rescindir un contrato que se armó en muchos años, saltando leyes y principios, para favorecer a un grupo de empresas que ahora aparecen como que son las que van a facilitar la “recuperación” de las reservas del lote 88, tal como se anunció en ceremonia patriótica a comienzos de abril y se reflejó luego en el DS 008-2012-EM.
¿Qué había pasado?, ¿no eran tan caballeros los amigos de Pluspetrol y asociados en el trato con el Estado, al punto de que lo habían estado estafando con desvíos de gas hacia destinos donde conseguían mejores precios sin pagar impuestos? Las implicancias de la carta del 4 de mayo eran demasiado serias para los planes del gobierno de llevar bien la fiesta con las trasnacionales. Y tal vez sea esa la única explicación para que el día 8 aparezca otra carta dejando sin efecto la primera (el 4 era viernes, lo que significa que en un solo un día útil se produjo un cambio de opinión en los altos rangos de Perupetro, o alguien les exigió que lo hicieran). Es difícil creer que en 24 horas los técnicos y abogados que recomendaron la primera comunicación pudieran haber cambiado de valoración técnica sobre lo ocurrido. Eso mismo puede corroborarse en el hecho de que si bien las dos cartas las firma la misma gerenta, varía la unidad de origen de los documentos lo que se comprueba en las siglas utilizadas (la Carta del 8, tiene la nomenclatura Carta Notarial GGRL-LEGL-0192-2012, mientras la original es GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012). Algunas preguntas flotan en el ambiente: ¿intervinieron el ministro Merino Tafur y el viceministro Ortigas, en la redefinición del “incumplimiento” que ahora se denomina “discrepancia”?, ¿qué se trató en la reunión del 8 de mayo entre representantes de Perupetro y del Consorcio Camisea, previa al retiro de la primera carta?, ¿se levantó el acta de lo conversado como ordena la Ley General de Procedimientos Administrativos?, ¿Por qué no se muestra ese documento en aras de la transparencia que se señala?
Pero lo más importante de todo es saber: ¿por qué se decidió revocar la notificación de incumplimiento contractual que estaba respaldada por una seria investigación y por una reputada consultora internacional, para propiciar un arreglo por conciliación como si hubiera algo que negociarse? 16.06.12
Respeto lo firmado
Durante su viaje a Europa el presidente Humala quiso explicar su novísima conversión a promotor de TLC, después haber tenido un discurso crítico sobre el tema (y más que “discurso”, porque hubieron intentos de frustrar la aprobación y firma de estos documentos con movilizaciones dentro y fuera del Congreso), con la fórmula de que “como presidente, tengo que respetar las políticas de Estado”. El razonamiento es de lo más sorprendente ya que precisamente lo que se voto en el 2011 era sobre necesidad de cambiar las políticas en las que nos habían metido sucesivos gobiernos en los últimos veinte años. Nunca en seis años de campaña Ollanta dijo que lo que hubiese sido firmado por Fujimori, Toledo o García, fuese intocable cuando existen procedimientos para revertir decisiones que se consideran justas. Pero el problema es que el presidente practica un discurso confuso, porque a la vez que se presenta fatalista: “los gobernantes no hacen lo que quieren, sino lo que deben”, en paralelo se convierte en propagandista de lo que antes renegaba. Así los TLC serían favorables a las PYMES, luego que buena parte de su base social dentro de los microempresarios se armó con ideas semiproteccionistas en relación a las importaciones que podían llevar a la quiebra a muchos de estos pequeños propietarios. Lo mismo puede decirse sobre los contratos mineros: se les respeta porque están firmados y el actual gobierno se reputa serio y de palabra, a pesar de tantos compromisos ante las comunidades que reclaman contra esos contratos de que sus puntos de vista serían tomados en cuenta. “Nueva minería” (cuyos perfiles no conocemos), para los futuros contratos que probablemente entrarán en ejecución en el siguiente gobierno. Pero todo esto va junto con declaraciones sobre el “Perú es país minero”, como si fuera un designio de la providencia, y a acusaciones contra la ONG “que inyectan fondos e ideologías”, contra la minería, cuya historia habría sido vilmente distorsionada por algunos personajes, muchos de los cuales fueron asociados de Ollanta durante muchos años. El elemento confuso del discurso presidencial traduce evidentemente el esfuerzo de Ollanta por explicar a los gobiernos de los países centrales, la banca internacional y los medios de comunicación sobre su cambio de posición. En esencia significa que el presidente dice que así quisiera hacer políticas diferentes o revisar decisiones anteriores, eso no sería posible porque se ha fijado el límite de lo que está firmado. Pero que si vamos a ser francos, el pragmático gobernante también puede verle lo bueno a aquellos elementos del pasado que antes cuestionaba. Conga fue firmado por Alan García en medio de grandes resistencias, lo que da píe para el discurso de Ollanta Humala de mayo del 2011, sobre el oro no se toma y el agua debe priorizarse. No es concebible que en ese momento el candidato no supiera que estaba hablando de un proyecto ya firmado al que sólo le faltaba la confirmación de Newmont de Estados Unidos (se produjo el 27 de julio), tal como ahora está faltando la respuesta de los inversionistas extranjeros sobre las propuestas de modificación del contrato original propuesta por el presidente. Habría que tomar nota que estas modificaciones van más allá de lo firmado. O sea en determinadas condiciones políticas es posible renegociar el pasado y no quedarse en el estatus quo. 16.06.12
Secretos de Camisea
A propósito del tema del desvío de los barcos que dicen ir al norte de América (donde los marcadores de precios del gas son bajos), y terminan en puertos asiáticos (con marcadores tres o cuatro veces más elevados), que ha generado una controversia entre Perupetro y el Consorcio que gestiona el lote 56, es importante hacer algunas recordaciones:
(a) El Lote 56, contiguo al Lote 88, son las dos reservas gasíferas a punto de exploración, que dejó Shell al momento de retirarse del Perú. Ambos lotes formaron el paquete que se denominó como el “regalo del cielo”, ya que el Perú los recibió sin pagar por ellos, conteniendo gas natural y líquidos de petróleo en cantidades que representaban un gran valor económico.
(b) Este inusual “regalo” terminó en manos de un concesionario privado porque los gobiernos encargados arguyeron que de acuerdo al artículo 60 de la Constitución de 1993, el Estado (Petroperú) no debía intervenir en actividades económicas en las que podía hacerlo la inversión privada. (c) En febrero del año 2000, el gobierno de Fujimori aprueba el contrato para la explotación del Lote 88, con el consorcio encabezado por Pluspetrol de Argentina, señalando que las reservas de ese depósito sólo se emplearán para abastecer el mercado interno, y en diciembre del mismo año, otro gobierno (el de Paniagua), con los mismos funcionarios negociadores, firma el contrato. (d) Entre 2003-2004, el gobierno de Toledo negocia con el mismo grupo del consorcio de Camisea (Lote 88) la entrega del Lote 56 disponiendo que este se destinará a la exportación, a pesar de que por sus características era equivalente al 88, y procedía encajarlo en las mismas reglas. El contrato de exportación presumen un volumen de reservas que el Lote 56 no dispone, lo que implicó tomar “prestado” una parte del 88, para garantizar los créditos de inversión del proyecto exportador, violando la ley. (e) En el 2010 se inicia el proceso de exportación de gas y desde el primer embarque el diario LA PRIMERA denuncia que por el sistema pactado permite desviar en el mar el destino declarado de la carga. Esto tiene que ver con que de acuerdo al puerto señalado se fija un precio de referencia de donde se establece los impuestos y regalías que deben ser pagados. El puerto de Manzanillo en México, donde se supone deben llegar los barcos no ha estado en condiciones de recibir a los barcos para proceder a regasificar el producto para poder hacer uso del mismo.
(f) La información publicada en LA PRIMERA, el lunes 11 de junio y confirmada por Perupetro en aviso público, confirma que estamos siendo estafados, con declaraciones de embarque hacia puertos que no son los reales destinos finales del gas exportado, lo que supone que se está evadiendo pagos al Estado al dirigirse hacia lugares en los que la referencia de precios es mucho más alta. Perupetro ha querido cobrar inicialmente este faltante con la amenaza de dar por terminado el contrato de exportación, pero luego ha aceptado ir a una conciliación y eventualmente a un arbitraje. (g) Entretanto la parte del Lote 88 que era garantía de los contratos de exportación, sigue en la misma condición a pesar de los actos supuestamente “recuperatorios” de inicios de abril. El decreto que ordena la incorporación en el contrato del texto de una carta en la que el Consorcio Camisea declara su disposición de sustituirlo con nuevas reservas –que no es una recuperación- tampoco ha sido ejecutado. 15.06.12
El gas natural viaja por el mundo
El lunes 11 de junio, LA PRIMERA informó al país la existencia de un desvío de por lo menos una parte importante de los embarques de gas natural que señalaron como puerto de destino final puntos a los que nunca llegaron porque cambiaron la ruta en alta mar, redirigiéndose a otros lugares no reportados. El efecto de este desvío no declarado fue aplicar regalías sobre los precios de destino declarados, cuando en realidad el gas se comercializó a un monto más alto en los verdaderos destinos, señalando un cálculo aproximado, de que en 10 barcos analizados la regalía dejada de pagar llegaría a los 50 millones de dólares. A raíz de nuestra publicación, Perupetro (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ha publicado un aviso para aclarar lo sucedido. De ese documento se desprende lo siguiente: (a) que la entidad estatal practica la transparencia porque publica información sobre la exportación de gas natural; (b) que se contrató una consultora internacional para verificar los destinos de las exportaciones; (c) que se determinó que en varios casos los destinos no eran los declarados, afectando las regalías; (d) que Perupetro comunicó esta situación al Consorcio a cargo del lote 56, que habría opinado en sentido contrario, respaldándose también en una consultora internacional; (e) que el contratista solicitó pasar a un comité técnico de conciliación que está en implementación; (f) que si no se resuelve en ese nivel la controversia se acudirá a un arbitraje internacional. Frente a este comunicado debemos subrayar, en primer lugar, que la transparencia a la que todos aspiramos se ha hecho mucho más ancha gracias a nuestra publicación, que ha permitido saber que existe desde hace semanas la denuncia de Perupetro (Carta Notarial GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012, de 4 de mayo del 2012), sobre incumplimientos al contrato de exportación, y que los embarques que han sido reportados y que figuran en la Web de Perupetro, tienen en varios casos destinos falseados. En segundo lugar, que la contratación de una consultora internacional denota que efectivamente Perupetro tuvo indicios que se estaba violando el contrato, lo que fue comprobado, y que este diario cumplió con su deber al informar al país lo que está pasando. Hasta aquí todos de acuerdo. El punto que el comunicado no esclarece es como se pasa de la posición inicial de cobranza de las regalías dejadas de pagar, que se contiene en la carta del 4 de mayo: “(Perupetro) comunica su intención de dar por terminado el contrato al término del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la presente notificación, salvo que dentro de este plazo el referido incumplimiento sea subsanado o que, a satisfacción de Perupetro, se demuestre que está en vía de subsanación”, al retiro de la primera carta y su reemplazo por otra (Carta Notarial GGRL-LEGL-0192-2012), que transforma el incumplimiento en “discrepancia”, y que remite el caso a la Conciliación. Hasta donde se sabe no ha habido ninguna comunicación por escrito de los contratistas sobre este punto, salvo conversaciones con los altos funcionarios de Perupetro, lo que deja una sensación de debilidad en el trato con los operadores privados. Finalmente, la intención inicial de “dar por terminado el contrato”, ejerciendo las atribuciones otorgadas a Perupetro, salvo que se subsane los incumplimientos, ahora ha sido reorientada hacia un eventual arbitraje internacional, si no se logra acuerdo en la conciliación, como parece casi obvio que ocurrirá. Transparencia también es explicar este cambio de posición. 14.06.11
Valdés y el 100%
Oscar Valdés dice que no va Cajamarca para no exasperar los ánimos, pero que no necesita de la licencia social de Santos o Arana para seguir ejerciendo como premier. Tampoco puede ir a Cusco, donde los ánimos ya están suficientemente exasperados y menos a Espinar de donde la gente le recordaría inmediatamente su papel en las vejaciones sufridas por su alcalde Mollohuanca.
Y es posible que poco a poco se sumen más lugares donde no pueda llegar este lamentable citador de Basadre que cree que el sentido de la obra del historiador tacneño se reduce a tres insultos: podridos, congelados, incendiarios, y no un intento de interpretación de nuestro pasado y del fracaso de las élites.
Hay varias zonas en las que todavía se lloran a los muertos de Valdés (doce) y donde su nombre debe evocar los momentos más ingratos. Pero este premier con licencia de Ollanta y Nadine para decir y hacer, lo que ha dicho y hecho durante seis meses, cree efectivamente que gobierna para el 100% y no para los que estuvieron con Ollanta en las elecciones. Es una matemática singular que opone el 31% de la primera vuelta, que recibió las ofertas directas y concretas del candidato, y el 52% de la segunda que se unió para cerrarle el paso al fujimorismo, al 100%, que supuestamente es el que apostaba por el estatus quo político y económico y que por eso mismo se aterrorizaba ante el candidato Humala. Si a lo largo de los últimos cinco años se discutió la Constitución de 1993, el modelo económico, la dependencia de la actividad extractiva, la exclusión social de millones de peruanos que no se benefician del crecimiento productivo, esto carece ahora de relevancia porque al presidente se le ocurrió poner al frente de sus ministros a un “pragmático” que no oculta su admiración por el dictador de los 90 y por el “orden” que se alcanzó en ese período valiéndose de la mano dura, la infiltración y el sabotaje. Valdés que hizo sus mejores negocios durante la dictadura y que hace tiempo que se gana la vida como proveedor de empresas mineras, debe pensar que se tiene que gobernar para gente como uno que son las que progresan y hacen progresar al país. Un tipo que carece de conexiones materiales o emocionales con las que fueron las principales batallas de Ollanta Humala para llegar a la presidencia, es explicable que alcance tanta sinceridad como para recomendarle a su superior olvidarse de su época de luchador y candidato. Lo que significa que ya tenemos al miembro del gobierno dispuesto a traerse abajo las hipocresías de la “Hoja de Ruta” versus “la Gran Transformación”, la segunda vuelta en oposición a la primera, cuando aquí se trata de administrar un Estado que ya tiene la trayectoria hecha. Este hombre peculiarmente crudo en sus declaraciones, le quita los disfraces al actual gobierno. Pero lo más interesante es que se pueda seguir sintiendo que ejerce autoridad cuando tiene tantos sitios prohibidos de visita que ya pronto tendrá que atrincherarse en Lima y que con tan poca vergüenza recurra a la primera dama y al presidente para que den algún aire adicional a su cada vez más precaria posición de primer ministro.
Tal vez en la cabeza del exinstructor de Ollanta Humala esté una idea militar de que se puede mandar aunque la tropa te repudie si tienes el respaldo del comandante o de su esposa. Eso que pasa en los cuarteles. 13.06.12
Olvidarse de las ofertas electorales
Parece que el premier Valdés siempre podrá sorprendernos. Ayer dijo en clara alusión al presidente Humala que prometió cumplir sus promesas antes de partir a Europa, que espera, y cree además que todos los peruanos debemos esperar, es que “nuestro presidente ya elegido ya debe olvidarse de sus ofertas electorales, de cumplir sus promesas, pero debe gobernar para el 100% de los peruanos”.
La contradicción es transparente. Mientras Humala quiere convencernos que los caminos tortuosos y las alianzas increíbles que ha ido haciendo no lo van a apartar de lo que ofreció, lo que ha provocado una discusión específica sobre como va quedando la credibilidad presidencial; el ministro Valdés ha ido directamente al punto recomendándole a Ollanta “olvidarse de cumplir con las promesas”, para poder gobernar para el 100% de los peruanos. La sutileza, ciertamente, no es el fuerte del tacneño. Pero la ventaja de la brutalidad es que acaba con los falsos debates sobre “Hoja de Ruta”, segunda vuelta y otros, que todavía se pueden leer en editoriales y rebuscados análisis políticos. La cosa es simple. Se hace campaña para convencer a fracciones de la sociedad que tienen determinadas demandas y se les promete resolverlas, pero “ya elegido”, ya no se gobierna para esos sectores sino para el 100% de los peruanos, que incluye a los fujimoristas, apristas y a la CONFIEP que hicieron la guerra contra la candidatura. ¿Y cómo vas a gobernar para las comunidades que tienen problemas con la minería en Cajamarca y Espinar, si tienes que considerar los intereses de los “peruanos” de Newmont dueño de Yanacocha o de la suiza Xstrata, propietaria de Tintaya? Clarísimo. El 100% de los peruanos es casi equivalente al 48% que votó contra Humala, que es donde están los grupos de poder del país, la reacción más concentrada y los enemigos de los electores de Humala, fuera de mucha gente despistada. El 100% de Valdés significa olvídate de los que votaron por ti, desde los más duros de primera vuelta, hasta los antifujimoristas que acompañaron la segunda. Entonces se puede concluir que por un lado está Ollanta que insiste en que no ha olvidado sus promesas, aunque ya es difícil saber a que se refiere: si a los bonitos spots que le hizo Luis Favre sobre programas sociales, si a los compromisos que asumió ante los pueblos en sus mítines de campaña o a la idea más amplia de la Gran Transformación que significaba apuntar hacia un destino diferente para los peruanos y peruanas; y por el otro, Valdés que se reafirma en el pragmatismo que consiste en administrar el Estado que le dejaron sus predecesores, para que las obligaciones que prevalezcan sean las que fijaron Fujimori, Toledo y Alan García.
Fiel al pensamiento Keiko, este mal citador de lo que no ha leído, seguramente está pensando en la frase: “el candidato Ollanta es el principal enemigo del presidente Ollanta”, por eso quiere matar rápido al primero y ahorrarse explicaciones sobre las volteretas producidas. A mí me preguntaron precisamente sobre esta fórmula para una entrevista para televisión, que me parece que no se trasmitió (no es la primera vez que me pasa eso), y contesté que yo creía al revés: que el presidente Ollanta sería la decepción del candidato Ollanta… Es decir que Ollanta nunca hubiera sido presidente, si no existía un candidato del mismo nombre, del cual quieren ahora que se olvide. 12.06.12
Los ganadores de las elecciones
O sea, que la gran transformación era en realidad un gran disparate que venía siendo seguido por “apenas” un 31% de la población del Perú (más o menos 4 millones y medio de personas), mientras que la Fujimori tenía 23% y los demás debajo de 20%, y que en vista de la “derrota” de Humala (de no conseguir el 50% más uno) y el “triunfo” de los que no habían votado por él, uno de esos días entre primera y segunda vuelta el comandante, contra el que la derecha conspiraba día y noche, se iluminó y descubrió que la verdad estaba a 180º grados de donde se había movido durante 11 años, o tal vez sólo se dio cuenta que no iba a ganar criticando el modelo económico, así que pasó a defenderlo.
La “hoja de ruta” y el “juramento de San Marcos”, resultan de esta forma, los nuevos documentos fundacionales del humalismo y mala suerte a los que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando, y siguieron creyendo que las promesas recibidas de la boca de su candidato en su propio pueblo, y repetidas curiosamente en la campaña de segunda vuelta, seguían vigentes, y los que imaginaron que la “hoja de ruta” era un compromiso limitado, con la democracia liberal (Toledo-Vargas Llosa), para garantizarles cierto marco a las reformas para que pudieran ser respaldados por ellos, como lo explican sus propios autores. Pero ahora, según la editorialista de los fines de semana de “EL Comercio”, lo que hizo Humala fue echar al tacho el “disparate” en la cara de todos y adoptar el programa de sus enemigos, y los sonsos fuimos los que no nos dimos cuenta. Entonces el presidente no le ha fallado a nadie, salvo a ese pequeño grupo de 4 millones y medio, que lo hicieron llegar a la segundas vuelta, sin lo cual nunca hubiera podido elegirse como presidente, y que se creyeron que entre la gran transformación y la hoja de ruta, y que entre el Ollanta originario y el del 2011, había continuidad. Mala suerte dice la que hace una semana afirmaba, también editorialmente, que no había lugar al diálogo en Espinar, porque el primer artículo de fe del sistema que ahora ha acogido a Ollanta, es que el destino de las utilidades lo decida la empresa sin negociación con auspicio estatal, y el segundo, que Xstrata no contamina, aunque una nota del 28 de marzo, en su propio diario titulaba: “Minera Xstrata es investigada por contaminación de dos ríos de Cusco”. Claro, así es ella, no lee su propio diario porque está obsesionada con todo lo que le parece de “izquierda”.
Pero aquí el problema no es, como parece suponerlo la zarina del principal grupo mediático, que se cerró la ventanilla de reclamos por el voto que se dio y por la protesta que no se hizo cuando se firmó la “hoja de ruta”, que ahora se define (sin leerla) como todo lo opuesto al programa inicial. La derecha bruta y achorada puede burlarse de la forma como la izquierda y los liberales perdieron el poder que ayudaron a conquistar a Humala. Muy bien, pero están muertos de miedo, ahora, porque mucha gente por este efecto ha perdido la esperanza en una democracia de farsa que permite virajes de 180º, según sus propia palabras. ¿Y qué creían que se iban a burlar los electores y sus esperanzas y que estos iban a quedarse tan tranquilos hasta que aparezca el próximo mentiroso?
Como lo había anticipado este diario muchas veces, la supuesta exportación de gas natural a México, de acuerdo al contrato firmado entre el Estado peruano (Perupetro) y el Consorcio Camisea, estaba siendo violado al producirse el desvío de las naves en alta mar, re-direccionándose la carga hacia otros destinos, presumiblemente hacia el Asia (Japón) con el efecto que el contratista ha terminado pagando regalías subvaluadas, al aplicarse el medidor de precio correspondiente a México, cuando lo que se paga en otras localizaciones es mucho mayor. Esta diferencia ha sido calculada en un monto de 50 millones de dólares, de los cuales un 50% debe repartirse en Cusco, y que es el resultado de por lo menos diez embarques con destino falseado detectados hasta la fecha. Este grave caso comienza con una carta de Perupetro suscrita por la gerente general (e) Isabel Tafur Marín, del 4 de mayo del 2012, en la que se señala que “Perupetro ratifica su posición respecto a que los marcadores utilizados para el cálculo de las regalías por los períodos de valorización en que se realizaron embarques cuyo destino señalado por Pluspetrol Perú Corporation fueron los terminales de Freeport, Sabine Pass y Cameron, no corresponden al mercado de consumo final (subrayado en carta) del gas natural de estos embarques, no habiendo el contratista acreditado el real mercado de consumo final de los respectivos embarques”. Este hecho que se reputa como incumplimiento de contrato conduce a Perupetro a la siguiente conclusión: “comunica su intención de dar por terminado el contrato al término del plazo de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de la presente notificación, salvo que dentro de este plazo el referido incumplimiento sea subsanado o que, a satisfacción de Perupetro, se demuestre que está en vía de subsanación”.
Se puede ver que se trata de una seria controversia en la que estaba de por medio la terminación del famoso contrato sobre la exportación del gas por claro incumplimiento del consorcio contratista. Pero el 8 de mayo, cuatro días después de la conminatoria carta de advertencia, se emite una segunda comunicación firmada por la misma funcionaria de apellido Tafur, en la que se da cuenta de una reunión sostenida con representantes del consorcio que explota el lote 56 (para exportación), en el que se habría expresado “voluntad de solucionar la discrepancia surgida entre las partes”. La nota reitera la posición de la entidad estatal sobre el incumplimiento del contrato de licencia, pero abandona el tono de exigencia anterior y los reemplaza por una frase lamentable: “Siendo la voluntad de las partes agotar los mecanismos de solución de controversias previstos en el citado contrato, hacemos de su conocimiento que dejamos sin efecto nuestra Carta Notarial GGRL-SUPC-GFSA-0548-2012, de 4 de mayo del 2012, a fin de que la discrepancia antes mencionada sea sometida, en el más breve plazo, al Comité de Conciliación”. (Carta Notarial GGRL-LEGL-0192-2012) Es decir el intento por poner en claro que las contratistas no pueden burlarse del país determinando las regalías de acuerdo a los precios de un puerto cuando la carga va en realidad a otro donde los precios son más elevados, devino en “una reunión”, en vez de una respuesta por escrito como era reclamado y en un retiro de la demanda para pasar a una “conciliación”. Versiones de adentro de Perupetro anotan que los técnicos encargados de los cálculos financieros y los abogados de la empresa, se abstuvieron de suscribir el segundo documento por no estar de acuerdo en definir como “discrepancia” un claro incumplimiento.
Asimismo el estudio legal que atiende los casos de Perupetro habría indicado que ante un incumplimiento no cabe pasar a comité de conciliación, porque no se puede negociar lo innegociable, en consecuencia se estaría recomendando a la gerencia que se elabore una tercera carta dejando sin efecto la segunda, por considerarse que se ha cometido un error.
www.rwiener.blogspot.com ¿Y el Lote 88?
Luego de la patriótica recuperación del lote 88, con la presencia del presidente de la república en los campamentos de Camisea, se conoció el contenido del DS 008-2012- EM, según el cual las empresas contratistas habían expresado voluntad de poner el íntegro de las reservas de dicho lote para uso exclusivo del consumo interno, lo que debería ser añadido como adenda al contrato vigente. Más allá de cualquier crítica al decreto (una recuperación más bien declarativa) lo cierto es que el contrato no ha sufrido ningún cambio después de dos meses. ¿Alguien se está burlando del presidente? Publicadas por
El real poder de los medios
¿Se acuerdan cuántos diarios y televisoras apoyaban a Kouri en las municipales del 2010, a pesar que sabían que su candidatura era improcedente porque hasta antes de lanzarla era presidente regional del Callao? ¿Acaso no decían que no hay que ser muy estrictos, porque el pueblo (las encuestas) lo quieren? Por entonces, Lourdes Flores parecía una radical hablando de ética y política, y casi no tenía prensa que la sostenga. De pronto se cayó Kouri por una decisión del JNE, al que se criticó de formalista y legalista. Y en el vacío, todos los grandes medios viraron hacia Lourdes a la que antes le habían pedido que se retire. Pero casi en paralelo se empezó a percibir el avance de Susana, desde muy atrás hacia adelante. Pero la gran prensa no vio el fenómeno hasta que había escalado muchos puntos y ya era un auténtico competidor con posibilidad de victoria. Entonces se desató la histeria, los titulares con el puño en alto, que indicaban supuesta afinidad con Abimael Guzmán; o que destruyó el vaso de leche (a pesar de ser uno de sus iniciadores); o que el SUTEP se apoderaría de la educación en Lima; entre otras mentiras.
Pero no pudieron pararla, a pesar de contar con el casi solitario apoyo de este diario que pensó que era momento de votar por una alternativa progresista para Lima Metropolitana. La derrota de los medios sería histórica sino hubiera sido seguida por la de Humala, unos meses después. Aquí pasó lo mismo: ignoraron al candidato que había logrado 47%, cinco años antes, al que lo mandaron al cuarto o quinto lugar de las encuestas, y ya no figuraba en las noticias porque sin duda había la consigna de hacerlo invisible. Eso duró hasta marzo, a menos de un mes de la elección, cuando los encuestadores empezaron a evidenciar que el comandante seguía insistiendo y empezaba a crecer rápidamente. Entonces, idéntico que en las municipales, los mismos medios, y similares titulares y estridencias llenaron la escena. Aquí además no había cómo decir que era una sorpresa, porque se habían “sorprendido” con la misma persona en dos elecciones presidenciales sucesivas, y porque acababan de fracasar en parar a la izquierda moderada en las municipales. Así que Ollanta ganó la primera vuelta y soportó el chubasco de la segunda vuelta, que tuvo por momentos visos de delirio: por ej. el programa de Bayly. Y la población, 8 millones de peruanas y peruanos votaron contra esos medios que hoy se sienten vencedores y desafiantes, debido al giro de 180º de Ollanta Humala. En el municipio quisieron recuperar su derrota con la revocatoria, y en el gobierno nacional con la infiltración y el sometimiento del presidente. Sobre esto último, cualquiera ve que Humala evade pelearse con los medios aun cuando han sido más feroces que su gobierno. Ha preferido silencios largos y entrevistas previamente arregladas. Por todo esto, a estas alturas, ya se ha metido en la conciencia de muchos que el presidente tiene verdadero terror a las campañas mediáticas, que varias veces han recaído sobre algunos de sus ministros o parlamentarios, sin que saque la cara por ellos. El caso más reciente es el de Verónika Mendoza, que no se fue por “roja”, sino porque nadie apoyó su campaña contra la contaminación en Espinar que ahora todos saben que era válida.
Pero: ¿por qué temer a los medios que nunca pudieron torcer la voluntad del pueblo? Es algo que Ollanta tendrá que explicar algún día. 10.06.12
Seguramente no debe haber tanta “coincidencia” en que los movimientos busquen hacer converger las fechas de sus protestas. Obviamente que se trata de incrementar la capacidad de presión para conseguir soluciones. Pero lo que no es verdad es que se pueda declarar en lucha a una región, a una provincia o a una comunidad, porque los dirigentes tengan tal o cual interés político, sin que de por medio no existan motivaciones propias y procesos más o menos largos de gestiones legales sin encontrar respuesta. La idea de que los indígenas, los campesinos o los provincianos, son materia manipulable y arriable por políticos maquiavélicos que quieren hacerle la vida imposible al gobierno, forzar la salida de las empresas mineras y retrocedernos en el desarrollo, es tan deleznable que muestra más ignorancia en los que las difunden y se las creen, que la que se pretende achacar a las poblaciones. Pero, claro, de la coincidencia de la que no se habla es la de personajes como Du Bois, Mariátegui, Althaus, Palacios, García Miró, Meier, Valenzuela y muchos otros, con sus equipos de prensa totalmente alineados (aunque en privado no piensen igual que sus jefes), no sólo a favor de las grandes empresas y en contra de los movimientos sociales, a los que no les reconocen razones, tratan de despistados y desinformados, y a su vez piden la máxima represión contra ellos, sino que son capaces de leer, todos sin excepción, con el mismo error de base la carta de la congresista Verónika Mendoza al alcalde de Espinar: entrega un documento del Sector Salud y lo entrega completo haciendo suya la preocupación del mismo texto, como si fuera lo que explica todo. Antes fue un video de de Marisol Espinoza durante los sucesos de Bagua, cuando la actual vicepresidenta del Perú fue a explicar sus desacuerdos con las normas de implementación del TLC con los Estados Unidos, que amenazaban a las comunidades de la selva. Ahí también funcionó la coincidencia entre los “líderes de opinión” y los grandes medios, contra los indígenas y la desviación de responsabilidades vía el cargamontón, equivalente a lo que está ocurriendo ahora. Uno, por supuesto, no quiere ser mal pensado, sobre por qué o a cuenta de qué se exalta Althaus, se rasga la vestiduras la Chichi o se sonríe la moderada Rosa María, cuando están de por medio grandes intereses, y al otro lado están los talones rajados de toda la vida. Tampoco maliciar sobre las razones por las que la coalición mediática contrata siempre a las mismas personas y escogen los mismos invitados, o porque desaparecen los pequeños espacios que ofrecen alguna visión diferente. Lo que es sustancial es que los oligopolios que controlan la economía se reflejan en el oligopolio mediático y todos ellos atenazan el poder político haciendo de alguien tan limitado como Valdés un primer ministro ideal, como si quisieran burlarse del resto con sus alardes sobre la inteligencia y la ignorancia. PD. Qué tal pleitesía hacia Alan García del cándido de la revocatoria, que no lo fue tanto cuando se subió al carro del anterior gobierno (con el actual aún no lo consigue). Será por eso tanta insistencia con lo del “humalista despechado” cuando se refiere a mi persona, como si alguna vez me hubieran quitado algo o hubiera pedido lo que no me dieron. Felizmente no soy como él. Mis distancias actuales con Humala son totalmente políticas. Y si no lo entiende, realmente no importa. 08.06.12
- "¿Qué pasa cuando un presidente incumple su palabra?"
- "Lo sacan"
- “¿Cuándo el presidente no honra sus compromisos?”
- “Lo sacan”
Este diálogo, sin duda, provocador que propone el presidente regional Gregorio Santos a una multitud enfurecida en la Plaza de Cajamarca, ha dado origen a una curiosa reacción del gobierno, del Fiscal de la Nación y de la coalición mediática a favor de la gran minería. El primer concepto es que todos han dado por cierto que a quién de refiere Santos y al que quiere sacar del poder es a Ollanta Humala, lo que equivale a decir que efectivamente estamos ante un presidente que “incumple su palabra” y “no honra sus compromisos”. Lo que alguien debió explicar es que si Ollanta estuviese cumpliendo su palabra y honrando compromisos, “gradual y persistentemente” como anota la primera dama, no debería sentirse aludido por la bravuconada cajamarquina.
Bueno, entonces se trata de defender a un presidente que cumple o incumple, que honra o no honra, teniendo solamente en cuenta su condición de autoridad electa. Pero esto no es exactamente lo que acredita el proceso de génesis y desarrollo del nacionalismo hasta su arribo al poder en el 2011. Locumba fue una rebelión precisamente contra el intento ya avanzado de armar una transición pactada con el fujimorismo para el regreso de los partidos al poder. Y ese híbrido institucional que es la Constitución de 1993 y los acuerdos de la Mesa de la OEA del 2000, denunciados por los Humala es el tipo de Estado que hoy tenemos. Por eso es que en el primer acto del Andahuaylazo, Ollanta apoya la exigencia de la renuncia de Toledo porque no había honrado sus compromisos de lucha contra la corrupción, defensa del patrimonio nacional y apertura a un proceso constituyente. Es verdad que luego Ollanta se distanció de la aventura del hermano que quedó fuera de control. En el 2009, a raíz del “baguazo”, Ollanta volvió a reclamar la vacancia de Alan García, porque no se podía tolerar un presidente que cause muertes en vez de impedirlas. Y nadie negará la cercanía entre el actual presidente peruano y el de Bolivia, cuya victoria germina en un levantamiento social contra el gobierno de Sánchez de Lozada que produjo una masacre de pobladores. Ahora resulta que hasta el presunto defensor de la legalidad, el Fiscal Peláez Bardales, encuentra delito en las palabras de Gregorio Santos. ¿Cuál delito?, ¿preguntar sobre lo que pasa a los presidente mentirosos?, ¿referirse a Ecuador y Bolivia, es decir al origen de los gobiernos de Correa y Morales?, ¿proponer a los cajamarquinos dar un “golpe de Estado” como figura en varios titulares?
Que Santos se fue de boca, no hay como negarlo. Sus palabras no ayudan a la amplitud del movimiento sino lo cierran en su núcleo más duro. Y tal vez favorezcan la represión luego de la cortina de prensa que ya casi lo está equiparando con el camarada Gabriel. Hay una temporada de caza de izquierdistas y dirigentes sociales que está comenzando y que ha encontrado pista en las palabras del presidente de Cajamarca.
Antier nomás, el cándido de la revocatoria escribió en su columna: “…ya el Perú tiene que salir de una vez de la izquierda, de esa plaga... que tanto daño le ha hecho con Velasco y Sendero, con esa estúpida mentalidad violenta, resentida y siempre en contra del progreso”. ¿Quién dijera que esta tarea se la quieren encajar a Ollanta Humala? 07.06.12
Ollanta Moisés
Siempre escuché a Ollanta Humala decir que la gente debía confiar en él. Era tan marcado este tema que terminó convertido en lema de campaña: “honestidad para hacer la diferencia”, que quería decir que la palabra del comandante era verdad. En estos días de incertidumbre y de inicio de desbande, estoy seguro que el ahora presidente debe estar preguntándose porque algunos que lo conocieron hace muchos años, como Verónika Mendoza, ya no le tienen confianza, si todavía no saben lo que hará en los próximos meses y años. Creo que la materia de la que está hecho el cierra filas de lo que queda de la bancada de Gana Perú, tiene que ver con este asunto. Sergio Tejada lo ha expresado con la frase de que Verónika debió plantear su crítica en canales internos y no renunciar. Pero la cara que tenían los congresistas oficialistas que acompañaban en silencio a Otárola en su papel de minimizar la crisis y declarar que estaban “más cohesionados que nunca”, no era ni de los que ya han hecho su crítica en la reunión, ni de los que se sienten fuertes y orgullosos de la decisión. Tal vez Ollanta se piense a sí mismo como una especie de Moisés (es su segundo nombre) que lleva a su pueblo a la tierra prometida mientras va conversando con Dios, que le señala el camino de 40 años para acabar con la generación de los incrédulos. Y, para seguir con el ejemplo, imagina que su victoria contra toda la maquinaria del poder es más o menos equivalente al paso de las aguas del Mar Rojo. Entonces, si él ha sido capaz de ese milagro la pregunta que cae de su peso es: ¿por qué hay quienes no confían en su decisión de mantener a Valdés para que siga matando manifestantes, a Castilla para que maneje la economía con el programa de la CONFIEP y a Otárola para que cuadre a la bancada cada vez que sea necesario? Es obvio que está lógica no impresione nada a los otros partidos que ya han sido gobierno y tienen muchos kilómetros de recorrido político. Pero en tipos que hasta hace un año no tenían existencia política y ahora ostentan la condición de parlamentarios del oficialismo, es otra cosa. Hay que tener mucho coraje para abrir la puerta y poner en evidencia que quién los guió a la victoria, ahora se ha apropiado de ella y la maneja a su regalado gusto, exigiendo incondicionalidad de los que le deben el cargo. Verónika es un hito en este proceso porque ella era muy cercana y leal a la pareja presidencial, fundadora del Partido Nacionalista y cabeza de lista en la región más ollantista de todo el país, donde todos los congresistas y el presidente de la región fueron elegidos bajo el símbolo de la “O”.
Era evidente que si las renuncias hubieran comenzado por la de Javier Diez Canseco y Rosa Mavila, no hubieran tenido el efecto devastador en el ánimo de los nacionalistas que tiene verse confrontados con la actitud digna de Verónika Mendoza. Precisamente, dado el paso, venía por un tubo la salida de los otros dos. Por eso es que se puede decir que esta no es una “escisión roja” como pretende la derecha achorada y embrutecida, sino el comienzo de una crisis de mucho mayor calado. Verónika no era más izquierdista de lo que eran Ollanta y Nadine hace un tiempo, pero ella no ha dado la espalda a su pueblo y ha preferido afirmarse en sus principios antes que seguir confiando en quién ya no se puede confiar. 06.06.12
Ollanta ese antiguo extremista
Cuando oigo que Freddy Otárola explica la actitud de Verónika Mendoza de renunciar al Partido Nacionalista y a la bancada de Gana Perú, por el abandono de las propuestas de la “Gran Transformación” y la represión en Esponar, como que está afectada por ideas extremistas, no pienso en la congresista cusqueña sino directamente en Ollanta Humala. Porque no hay nada que separe la posición Verónika de las que sostuvo el ahora presidente durante muchos años y la que siguió sosteniendo el actual presidente en las provincias del Perú entrada la segunda vuelta y con “hoja de ruta” y todo. Si se recuerda bien, el discurso sobre el agua y la minería en Cajamarca, que hoy es constantemente recordado en ese departamento, fue realizado en mayo del 2011, lo que hace caer por el suelo la tesis de un Ollanta que se modera porque tiene que pactar al no haber logrado mayoría absoluta en primera vuelta. En todo caso Ollanta se modera para los medios de comunicación, pero cuando tenía que verse a la cara con la que había sido su gente durante tantos años terminaba ganado por ideas que hoy su vocero ante la bancada, considera “extremistas”. La derecha de las Alcorta, Mulder y Kenji, también quiere explicar a Mendoza con el cuentazo del viraje de primera a segunda vuelta. Tremenda falsedad. Porque si hubo un viraje apaciguador este empezó en primera vuelta, ya que Ollanta nunca creyó ganar con más del 50%. De ahí el polo blanco, la visita a Cipriani y a la Embajada USA y otros gestos conciliadores. Pero ante su gente el candidato decía que todo eso lo hacía para ganar y poderle sacar luego la M a la derecha que controlaba el poder. Por eso en las bases había otro Ollanta que se expresaba como representante del cambio. Y al lograr el 31% en primera vuelta, la mirada del candidato se dirigió casi de inmediato a los demócratas liberales ofreciéndoles garantías de respeto a la institucionalidad y a la propiedad privada, que es lo que contiene la manoseada “hoja de ruta”, que ahora se entiende como si el programa de segunda vuelta de Humala hubiera sido idéntico al de la Fujimori. Nunca se proyectó la apertura de segunda vuelta como un pacto con los fujimoristas, apristas, castañedistas y pepekausas, sino como un frente contra el regreso de las mujeres y hombres de la dictadura corrupta de los 90 y su bloque con el extremismo de derecha. ¿Cómo es que ahora los que interpretan las alianzas del 2011, son justamente los que votaron por Keiko? Por lo demás nadie dijo, salvo Rosa María Palacios, que la “hoja de ruta” hacía extremista a la “gran transformación” y convertía en parias a los que seguían creyendo que el Perú necesitaba de cambios mucho más profundos que pequeños programas sociales de pobres focalizados en algunas provincias.
Ollanta el extremista nació en Locumba en octubre del año 2000, prometiendo fundar un nuevo Ejército y limpiar al país de corrupción. Ese mismo señor fundó un partido contra la política neoliberal y la represión a las luchas sociales. Pero desde el comienzo de las elecciones empezó a hacer concesiones a sectores de la derecha que nunca fueron claras para el pueblo y para el partido, a los que nunca explicó su nuevo proyecto. Ni siquiera lo hizo con sus congresistas como lo prueba el caso Mendoza. Y ahora el que rechaza este cambiazo es “extremista” y merece el fuego eterno. 05.06.12
Declaración sobre el cierre de Radikales Libres
Lima, 03.06.12
El día viernes salió del aire el programa "Radikales Libres" que se trasmitía a las 10 pm., todos los días de la semana por RBC, Canal 11. Era ciertamente un programa sin soporte publicitario y por tanto con una debilidad de origen. Pero a pesar de ello, con la conducción de Alexandro Saco, nos esforzamos por hacer una producción alternativa a la oferta informativa y de opinión existente. Le permitimos hablar a mucha gente que no era entrevistada por otros medios, pusimos a la vista la existencia de puntos de vista que no eran tomados en cuenta e hicimos denuncias sobre hechos de corrupción que no se hacen en la señal abierta. Fue una apuesta interesante y atrevida de RBC y Ricardo Belmont, que los miembros del equipo de "Radikales..." agradecemos de todo corazón, a pesar de lo breve que resultó y de la forma abrupta como nos fuimos del aire. También agradecemos las muestras de solidaridad y los buenos comentarios hacia lo que hicimos. Finalmente lo que ha quedado probado es que se puede hacer algo distinto a lo que se ofrece en otras señales, y también que es muy difícil sostener un programa contra el establishment. Sin embargo nuestro sueño de algún día reducir el oligopolio mediático existente sigue vigente y continuaremos trabando para ello.
Raùl Wiener
El Estado encarcela al Estado
Antier, el ministro Jiménez Mayor, el mismo que suscribió un dictamen del Colegio de Abogados contra la utilización de la Justicia Militar para encubrir delitos comunes y ahora sustenta que el fallo del fuero castrense es válido para resolver el asunto de las ejecuciones durante la operación Chavín de Huántar y el que encubre la corrupción en los Registros Públicos, dijo que el traslado del alcalde de Espinar a Ica para ser procesado fuera de su jurisdicción y que lo mismo era válido en el caso de Cajamarca donde los futuros detenidos y enjuiciados serán llevados a Chiclayo. Estaba dando cuenta de una resolución del Poder Judicial que lleva la firma del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quién como diría su predecesor ha decidido cerrar su período asumiendo atribuciones que no le corresponde, a lo que habría que agregar que lo está haciendo para responder a los requerimientos del gobierno central, sacrificando la independencia e imparcialidad de la Justicia. Por supuesto que a Jiménez Mayor no le correspondía expresar los supuestos fundamentos de la decisión del más alto nivel del Poder Judicial. Pero lo que se sabe es que antes de la resolución írrita el ministro de Justicia junto al fantasma del Interior, estuvieron con San Martín para comprometerlo en la operación tenazas contra los movimientos sociales de Cusco y Cajamarca, que también incluye al Ministerio Público, los grandes medios de comunicación y todo el aparato empresarial. La designación a dedo del juzgado para el alcalde Mollohuanca y para otros casos relacionados con delitos sociales viola, como bien dice el doctor Olivera Díaz, el Código de Procedimientos Penales y priva a los denunciados del derecho a responder ante el juez “natural” o competente (el de turno, en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos). Ahora nadie puede garantizar si el juez de Ica ha sido previamente aleccionado para actuar contra el prisionero que le traen de otra parte. Un gesto propio de dictaduras, impulsado por funcionarios del Estado que parecen haberse creído aquellos de que tienen que salvar como sea el modelo económico de crecimiento de los antimineros. La manipulación institucional promovida por personas que pasaban por demócratas, es más peligrosa que cuando corre a cuenta de elementos que uno ya sabe que no creen en ninguna regla. El extremo de cerrar un aeropuerto por un día, argumentando que habían dos botellas de gasolina abandonadas en los exteriores, impidiendo de esa forma a Isaac Humala llegar a Cajamarca, da una idea de hasta dónde podemos llegar. O aquello de congelar las cuentas del municipio provincial de Espinar y del gobierno regional de Cajamarca que marca una especie de guerra entre instituciones del Estado, donde los del poder central sacan la cara por las grandes empresas y se creen que la mayoría del país está con ellos por lo que ven en la televisión, y otros tratan de representar los reclamos e inquietudes de sus pueblos. A esto se añade además que el presidente ha dicho que las protestas tienen “fines electoreros”. Lo que recuerda mucho lo que se decía de él hace un tiempo. Y no sólo eso: porque haber dicho una cosa como candidato y lo contrario como presidente es realmente lo electorero. Y eso no se ve en las autoridades actualmente perseguidas por el propio Estado. 03.06.12
La verdadera historia de los desvíos de gas natura...
Escándalo: gas a México se desvía en la ruta y no ...
La DBA se endurece
Polarización de Cajamarca

References: resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 60
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