Source: https://rriverom20025.wordpress.com/2011/10/04/verbos-que-definen-una-accion/
Timestamp: 2018-04-23 16:53:11+00:00

Document:
Verbos que definen una acción | Rafael Rivero Muñoz 2002/5
← Carta a Pedro Nikken
“Pozos de la Muerte” →
Cayapear[i] chapucear[ii]
“… De todas las formas de engañar a los demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos…” Santiago Rusiñol I Prat (1861/1931)
1. Del seguimiento en los medios
2. De lo impresionante del hecho
3. De las precisiones
4. De la vigencia del Estatuto de Roma
5. De inaplicabilidad del Estatuto de Roma
6. Del término “lesa humanidad”
7. Del Código Penal
8. De los precedentes y subsecuentes Actos políticos
9. De la ausencia de sanción social
10. Del preciso objetivo del gobiernz
11. De la politización de lo jurídico y los riesgos inherentes
11.1. La vía del antejuicio de mérito
11.2. La vía de la “acción de imputación formal”
12. De la inadmisibilidad de la acción
13. Del sobresimiento de la causa
14. A título de Conclusión
Para el ciudadano común, no experto en leyes, resulta extremadamente difícil entender el peligroso, apresurado, aventurado –cuando no inepto– desempeño de un grupo de profesionales del derecho que el martes 25 de junio del 2002 acudiera en nombre y compañía de seis deudos y una de las víctimas del 11A, por ante el TSJ para:
“… incoar una acción de imputación formal por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades estatales y los crímenes de Lesa Humanidad ocurridos principalmente el día 11 de abril de 2002… perpetrados por el Presidente de la República, ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, el actual Vicepresidente Ejecutivo de la República, ciudadano José Vicente Rangel Vale, que, para el momento de los hechos, ocupaba el cargo de Ministro de la Defensa y el actual Fiscal General de la República, ciudadano Julian Isaías Rodríguez…” (sic)[i]
Luego, a la salida del máximo tribunal, en declaraciones en grupo a los medios de comunicación, precisarían:
“… Esto no es una querella, no es una solicitud de un antejuicio de mérito, es una imputación formal contra estos altos funcionarios públicos por las graves violaciones de los derechos humanos contemplados en el Estatuto de Roma en los que pueden estar incursos, bien sea por acción o por omisión…”[ii]
1. Del seguimiento en los medios de comunicación
Esperamos días para empaparnos de algunas otras informaciones pertinentes que pudieren darnos luces acerca de los criterios sobre los cuales se soportaba el tal desempeño de los abogados.
Todo queda confirmado tanto en el texto de la “imputación formal” como en las ulteriores informaciones de prensa, lo que nos ratifica nuestra primera impresión: Precipitación e inobservancia de las formas jurídicas –en la más ingenua de las consideraciones– con un único fin: la búsqueda de publicidad.
Concretan los abogados actuantes:
“… un proceso novedoso… un juicio por crímenes de lesa humanidad, amparado por la Constitución Nacional y el Estatuto de Roma…[iii]
… A pesar de que reconocidos penalistas y juristas venezolanos han advertido que resulta imposible sostener esta acusación, los representantes de las víctimas del 11A, Alfredo Romero Mendoza, Juan Carlos Sosa Azpúrua, Gonzalo Himiob Santomé y Eduardo Meier García, opinan lo contrario…[iv]
… Nosotros no presentamos una querella, nosotros solicitamos la apertura de una investigación y un enjuiciamiento que excluye el antejuicio de mérito…[v]
… las disposiciones del Estatuto de Roma sobre las cuales nosotros fundamentamos nuestra acción penal también entraron en vigencia ese día. Eso no es así. El Estatuto de Roma fue ratificado como ley de la República el 13 de diciembre de 2000. Es más, las disposiciones del Estatuto de Roma están incorporadas en nuestra legislación desde octubre de 2000, cuando se produjo una reforma del Código Penal y se consagraron en él algunas figuras de lesa humanidad, como la tortura y la desaparición forzada de personas…[vi]
… aún cuando inicialmente las violaciones de los derechos humanos no sean imputables al Estado –por ser obra de un particular–, éstas pueden acarrear responsabilidad estatal, no por el hecho ilícito en sí, sino por la falta de la debida diligencia para prevenir la violación o para tratarla debidamente… Los magistrados nos enviaron un alentador mensaje cuando dieron prioridad a la acción de imputación formal que interpusimos..”[vii].
Y remata uno de los integrantes del grupo de abogados actuantes, con esta última información recopilada:
“… Principio de Legalidad… y crímenes de lesa humanidad… La falta de penalidades concretas en los instrumentos del derecho internacional no viola el principio de legalidad, ya que las sanciones específicas por las conductas incriminadas estaban ausentes en los instrumentos del derecho penal internacional hasta la adopción del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional en julio de 1998…
… En nuestro caso, según los artículos 22, 23, 29 y 30 de la Constitución de 1999, los principios, reglas y normas (convencionales y consuetudinarias) del derecho penal internacional –que busca la tutela efectiva de las víctimas– están vigentes, incluso las penas aplicables…”[viii]
En 101 palabras extraídas de la nota periodística redactada y firmada por un especialista en derechos fundamentales, queda claramente determinado un hecho incontrovertible: el ahora definido delito de lesa humanidad, no estaba contemplado en ninguno de los textos de derecho internacional hasta “… la adopción del Estatuto de Roma…”.
Entonces, leímos, escuchamos, consultamos y no entendimos, ni percibimos, ni interpretamos mal.
No hubo ni ha habido error en lo trascrito de las múltiples declaraciones y opiniones publicadas –emitidas y escritas por varios de los representantes del grupo de abogados– por él y los periodistas y los medios de comunicación.
Resulta sorprendente –y sospechoso también– que se juegue tan dramáticamente con la confianza de deudos y víctimas, al estilo de una dialéctica marxistoide[ix] seudo–jurídica, por parte de un nutrido grupo de profesionales del derecho, y que todo el edificio argumental para la “acción de imputación formal”, tenga tan precarios cimientos.
Por una parte, un texto legal –Estatuto de Roma– que no estaba vigente para la fecha de ocurrencia de los hechos y por la otra, la tipificación de una conducta que no está expresamente contemplada, definida, ni penalizada en el cuerpo de leyes internacionales ni el cuerpo de leyes de la República –Código Penal– y para colmo, la pretensión de innovar en la materia procesal, saltándose –en base a una larga disertación soportada en el artículo 27 del no aplicable Estatuto de Roma– el procedimiento establecido para la solicitud de la apertura de una causa penal contra altos funcionarios públicos: el antejuicio de mérito.
Hasta este momento del análisis, saltan a la vista tres errores técnico–jurídicos, en un escrito de 58 páginas y casi 31.000 palabras (TNR14, 1,5)
Si bien es cierto que la Ley Aprobatoria del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, al ser publicado en la Gaceta Oficial[x] pasó a ser ley de la República, también sería cierto que en la Ley de Reforma del Código Penal[xi] se incorporaron específicas figuras delictivas como la desaparición forzada de personas[xii] y la tortura[xiii]
Sin embargo, pareciera que tanto en la lectura como en la interpretación y aplicación de los textos por parte de los abogados actuantes, existen severas inconsistencias jurídicas. En el análisis y apreciación del texto del Estatuto de Roma, se les pasó por alto el artículo 126 cuyo contenido precisa lo que se conoce como una vacatio legis[xiv]
“… Parte XIII Cláusulas Finales… Artículo 126… Entrada en Vigor…
… 1. El presente Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión…
… 2. Respecto a cada Estado que ratifique, acepte o apruebe el Estatuto o se adhiera a él después de que sea depositado el sexagésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el Estatuto entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión…”[xv]
Según las informaciones que hemos obtenido, casualmente el sexagésimo país adherente –que permite dar inicio a la cuenta de los sesenta días– hizo entrega de su documento de “ratificación, aceptación, aprobación o adhesión” por ante la Secretaría General de las Naciones Unidas, el día 11 de abril de 2002; el mismo día de los hechos criminales objeto de la “acción de imputación formal” por parte del grupo de abogados.
En términos precisos, Venezuela se encuentra dentro del supuesto uno del artículo 126 del Estatuto de Roma; quiere decir, que la cuenta de los sesenta días comienza ese mismo día de los hechos acontecidos en la ciudad de Caracas en los alrededores del palacio de gobierno: Miraflores.
Entonces, fue el día 10 de junio cuando se cumplieron los sesenta días y como el texto determina que será el primer día del mes siguiente de cumplidos los sesenta días, la entrada en vigencia del Protocolo de Roma, indiscutiblemente, viene a ser el día primero de julio del año 2002; a los 80 días posteriores a la ocurrencia de la Masacre de Miraflores.
5. De la inaplicabilidad del Estatuto de Roma
Así lo comenta la doctora Angelina Jaffé. En cuanto a una Comisión de la Verdad: “…’Chávez nunca podrá zafarse de los muertos de abril’… En Venezuela es imposible que opere una Comisión de la Verdad por las circunstancias que existen. Estas comisiones han funcionado cuando ha habido un cambio de régimen, cuando se pasa de una dictadura a una democracia, por ejemplo; luego de una guerra civil, como ocurrió en Centroamérica. En Venezuela no ha cambiado el régimen ni las personas que lo integran, de manera que es una gran ingenuidad pensar que en estas condiciones puede funcionar una Comisión de la Verdad, mucho menos en un momento en que la verdad no acarrea rédito político para nadie…”. En cuanto al Estatuto de Roma: “… Los crímenes de abril no lo van a acusar sólo en Venezuela sino en buena parte del mundo… el Estatuto de Roma entró en vigor el lunes primero de julio de 2002, con las ratificaciones necesarias y con los procedimientos de Naciones Unidas. Su competencia temporal queda establecida textualmente en el documento de creación de la institución, que reza: “La Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente estatuto”. Desde luego que los principios del Estatuto de Roma son válidos, pero el mecanismo del tribunal nacido de ese estatuto es inexistente en este momento y lo seguirá siendo por lo menos durante un año más…”[xvi]
“… Ratione temporis (Entrada en Vigor)… No se aplica a crímenes cometidos con anterioridad a la entrada en vigor del Estatuto…”[xvii]
No existe duda alguna. Para el día 11A, a pesar de haber sido publicado en la Gaceta Oficial de la República, el Estatuto de Roma no estaba en vigencia –o vigor como lo determina el mismo texto–, y resulta inaplicable, si nos atenemos y consideramos además, otro artículo de esa misma ley no vigente para el momento de ocurrencia de los hechos[xviii]
“… Parte III De los Principios Generales del Derecho Penal… Artículo 22… Nullum crime sine lege[xix]… Nadie será penalmente responsable de conformidad con el presente Estatuto a menos que la conducta de la que se trate constituya, en el momento en que tiene lugar, un crimen de la competencia de la Corte…”
“… En lo que se refiere a los crímenes contra la humanidad es posible decir que se trata de un concepto en actual desarrollo, su fuente es principalmente el derecho consuetudinario a partir de las disposiciones de los estatutos de los referidos tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio y su posterior actualización por los estatutos de los tribunales internacionales ad hoc para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Han sido puestas en vigor también numerosas normas de derecho internacional destinadas a la protección de los derechos humanos, entre las cuales cabe señalar: α) el Protocolo para modificar la Convención sobre la Esclavitud de Nueva York de 23 de diciembre de 1953; Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud firmada en Ginebra el 7 de septiembre de 1956; β) La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, firmada en Nueva York el 7 de marzo de 1966; ψ) La Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, firmada en Nueva York el 26 de noviembre de 1968; δ) La Convención Internacional sobre la represión y el castigo del crimen de apartheid, firmada en Nueva York el 30 de noviembre de 1973 y ε) la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas degradantes, suscrita en Nueva York el 10 de febrero de 1985… A la represión de las conductas de este modo incriminadas concurre, por una parte, la jurisdicción de cada uno de los estados, por vía de aplicación indirecta del derecho internacional, en virtud de la tendencia generalizada a la ampliación de los principios jurídicos relativos a la aplicación extraterritorial directa de las normas penales internacionales por las jurisdicciones nacionales. En este sentido es que se habla hoy de la existencia de una jurisdicción universal para la persecución de ciertos delitos, la cual opera como excepción al principio de la territorialidad estricta de la ley penal. El principio de la universalidad de la jurisdicción amplía la potestad de los estados nacionales al permitir que cualquiera de ellos ejerza su jurisdicción respecto de los crímenes y delitos internacionales, sea cual fuere la nacionalidad del delincuente y el lugar de la comisión del delito…”[xx]
“… Crímenes de lesa humanidad (artículo 7) se entiende por tales a los siguientes actos cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, mediante:… –Asesinato;… –Exterminio;… –Deportación o traslado forzoso de población;… Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional;… –Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable;… –Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte;… –Desaparición forzada de personas… –El crimen de apartheid;… –Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física…”[xxi]
Es decir, como se puede entender fácilmente, los que están tipificados como delitos autónomos o conductas punibles son cada una de las distintas modalidades de conductas que el texto específica, mas el término lesa humanidad, como delito autónomo, no está tipificado. Es decir no existe el delito de lesa humanidad. Por tanto, cualquier imputación a cualquier persona, fuera o dentro de Venezuela –como veremos a continuación– es inadmisible y en los extremos corre el riesgo de ser declarada sobreseída la causa por no revestir carácter penal los hechos imputados.
7. Del Código Penal venezolano
En todo su texto no se menciona el término “lesa humanidad”[xxii]
En cuanto a la Ley de Reforma del Código Penal, como lo afirman los mismos abogados actuantes, en esa reforma sólo se tipifican como delitos la tortura y la desaparición forzada de personas; no dice absolutamente nada sobre matanza, masacre, genocidio o crímenes de lesa humanidad.
Es decir, los crímenes del género lesa humanidad, la tortura y la desaparición forzada de personas citados en el texto, son conductas punibles independientes e individualizadas no referidas a ninguna otra definición que los englobe, distinta a la propia a cada uno de ellos, y la “acción de imputación formal” no se refiere en lo absoluto a tortura y/o desaparición forzada de personas.
En síntesis, para el momento de ocurrencia material de los hechos sobre los cuales se intenta la “acción de imputación formal, 11 de abril de 2002, “lesa humanidad” no estaba específicamente contemplado, definido y penalizado; al menos en los textos legales citados por los actuantes, no era una conductas punibles en el ordenamiento jurídico venezolano; por tanto, según el principio jurídico citado, mal puede solicitarse una investigación, juzgamiento y condena sobre conductas no específicamente descritas y concretamente tipificadas como punibles.
Ya hemos comentado en múltiples notas anteriores detalles sobre los resultados de las reuniones en palacio y fuera de palacio entre algunos magistrados del TSJ y el presidente y algunos de sus representantes[xxiii] y el ilustrativo ejemplo del cómo una chapucera, irresponsable y poco profesional acción jurídica del Fiscal General de la República en la solicitud del antejuicio de mérito en el caso Luis Miquilena–Micabú, se transformó por obra y gracia de la expresa voluntad y acción de gobierno e inhabilidad del Fiscal, en un asunto político cuyo manejo dentro y fuera del Tribunal Supremo de Justicia, se transformó al final en un juicio y una sentencia del TSJ: cosa juzgada.
Un inapelable certificado de buena conducta para el potencial imputado y como consecuencia, éste no podrá jamás ser investigado, sometido a juicio y menos aún condenado por los hechos ya sentenciados por el máximo tribunal de la República. La impunidad en su más depurada expresión.
“… Por encima de todo, la impunidad condiciona a la sociedad frente al futuro, haciendo que sea moldeada fundamentalmente de acuerdo con los principios, con la ideología, con el modelo de ordenamiento social querido por los victimarios… la sociedad necesita una deslegitimación muy profunda de los crímenes del pasado y de los mecanismos que lo facilitaron; necesita estigmatizarlos y exorcizarlos, y esto no se logra de ninguna manera sin una sanción social muy firme, muy profunda y muy prolongada…”[xxiv] (negrillas en el texto).
Y cómo puede hablarse de sanción social en Venezuela, si quien en pasado fuera señalado como genocida[xxv] en las matanzas de civiles en La Colorada, El Vallado y El Amparo –para señalar sólo algunas de ellas–, luego, en este período, es nombrado y ejerció hasta no hace mucho como Ministro de Interior y Justicia.
Cómo hablar de sanción social si quien en el pasado, siendo juez de la causa cerró, sin investigación, imputación ni condena de nadie, el caso de Los Pozos de la Muerte y hoy resulta ser el “rutilante” Presidente del Tribunal Supremo de Justicia[xxvi]
Cómo hablar de sanción social si quien en el pasado planificó, ejecutó y cobró rescate en el secuestro de un niño judío, hecho por el cual no fue juzgado menos aún sentenciado, hoy es un flamante Diputado electo al Parlamento Latinoamericano[xxvii]
Quizás la respuesta pudiere ser exigida y brindada por esos numerosos representantes de los partidos políticos que durante casi medio siglo han copado la escena política venezolana y que hoy hábilmente y ocultando el criminal pasado, pretenden de nuevo colocarse a la cabeza y dirigir la rebeldía civil, para regresar y ocupar posiciones de decisión en los poderes del Estado, en un “quítate tu para ponerme yo”.
En fin. Cómo hablar de sanción social, si tal como lo han venido reseñando los medios de comunicación en estos últimos 40 meses, las ejecuciones extrajudiciales en varios estados de la República alcanza ya cifras impresionantes que superan los 50 fusilados, sin que la voluntad política del Estado se haya manifestado en la investigación, persecución y condena de los autores de esos crímenes[xxviii], ni tan siquiera se haya exigido del gobernador, secretario de gobierno y jefes policiales, respuestas ante las derivadas responsabilidades por acción y omisión.
“… la conjugación ambivalente entre hombres que tienen la voluntad de conocer y juzgar, y otros que sienten la necesidad de ocultar y olvidar conductas criminales realizadas por otros hombres, el trauma propio de las víctimas trasciende a toda la sociedad, creándose un sistema contradictorio de difícil resolución…”[xxix]
En este ambiente político, jurídico y social de ausencia brutal de la sanción social contra la impunidad[xxx], nos encontramos frente a la “Masacre de Miraflores”, ambiente que se ve reforzado por los actos políticos públicos y notorios de personeros del Estado y su gobierno, y es allí donde en forma irrefutable, se contextualiza y adquiere importancia capital la acción de los abogados, motivo de este trabajo: ignorare plus est quam errare[xxxi]
10. Del preciso objetivo del gobierno:
Ocultar la verdad de los hechos del 11A y los días subsiguientes.
Siguiendo a Gutierrez T, citado por Kai Ambos, mediante alguno de los mecanismos comúnmente habilitados al efecto: a) Impunidad de hecho, dentro del género fáctico, causada por la ausencia de denuncia de los hechos punibles; b) impunidad investigativa, por la insuficiente actividad investigativa; c) impunidad por congestión, derivada de la sobrecarga de la justicia penal; d) impunidad legal, generada en reglas procesales o en legislación especial; e) impunidad delictuosa, ocasionada por el desarrollo de actividades delictivas en contra de las partes procesales.
“… La impunidad representa de hecho una preclusión anticipada, como quiera que en ese caso nunca se llega a un proceso de investigación… el Estado de manera directa o indirecta ocasiona la impunidad, al vincularse normativamente con las causas fácticas”[xxxii]
Ese es indiscutiblemente el objetivo de un Estado donde definitivamente el poder está concentrado en un solo hombre, y de un gobierno ya ilegitimado por el efecto de sus continuas y sostenidas acciones y omisiones.
Muchas han sido las expresiones públicas y no tan públicas de personeros de los distintos y supuestos poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Moral– que trabajan denodadamente en la línea impuesta desde Miraflores, después de aquella sentencia pública del Presidente tcnel. ® Hugo Rafael Chávez Frías y donde expresara de viva voz los temores y riesgos a los cuales se enfrenta en lo personal y como consecuencia de la Masacre de Miraflores, y donde palabras más palabras menos dijera: atacan y quieren sacar al Fiscal General de la República –refiriéndose a Julián Isaías Rodríguez– porque el objetivo es sacarme de la presidencia y someterme a un juicio penal.
En esa sentencia está la precisa línea política de acción impuesta por el omnipotente y omnipresente tcnel. ® Hugo Rafael Chávez Frías a todos y cada uno de los funcionarios de todos los poderes del Estado, a todos los miembros de los partidos en el gobierno, a todos los operadores de los Círculos Bolivarianos –o del Terror–, a todos los manipuladores de las fanatizadas huestes chavistas y, especialmente, a todos y cada uno de los miembros –partidarios o no– integrantes de las jefaturas superiores, intermedias y de línea de los cuerpos policiales y fuerzas militares de la República.
Para recordar sólo algunas de las últimas expresiones materiales de esa precisa línea política de acción destinada a ocultar la verdad de los hechos del 11A, citemos:
“… En reunión realizada el pasado lunes entre Rangel[xxxiii] y Quijada[xxxiv] en la llamada ‘cueva de la Alta Florida’, habría participado también el magistrado Franklin Arriechi, primer vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia y ex directivo de las empresas Multinacional de Seguros y Micabú, y el pasado viernes en horas de la mañana estuvo en el despacho de Rangel en Carmelitas el general Luis Hermógenes Castillo Castro, cuñado de Miquilena, y ex administrador de la partida secreta del MIJ, quien haría de enlace entre ambos negociadores… En fuentes del alto gobierno se tiene la certeza que parte de los fondos donados para la campaña electoral de Chávez hayan sido depositados en cuentas personales de Carrero[xxxv] y de algunos familiares del ex ministro Miquilena, información que es manejada como elemento de negociación para evitar que los magistrados afectos al ex hombre fuerte del MVR procedan a condenar al Jefe del Estado en alguno de los antejuicios propuestos ante el Tribunal Supremo…”[xxxvi]
“… ¿Cómo ve la posibilidad de que el Presidente sea enjuiciado y salga de su cargo por un fallo del Tribunal Supremo de Justicia?… Yo creo que esas son maniobras que ellos están utilizando. Ya perdieron la vía del golpe de Estado, ya ven que el referendo se les hace cuesta arriba y ahora están buscando enjuiciarlo por cuestiones a las que no les veo sentido, que no tienen ningún asidero legal… Por supuesto que un Presidente puede ser enjuiciable… Cuando se le comprueban hechos dolosos, irregularidades, pero al Presidente no le pueden comprobar nada de eso, ni hechos dolosos, ni irregularidades. Dígame, hay unos que dicen que lo enjuicien por los muertos del 11. ¡Si los muertos los prepararon ellos!… Yo creo que para saber si está fuera de la ley o no, nosotros no necesitamos ser abogados, tener maestrías o postgrados. Simplemente, con leer la Constitución sabes cuáles son los requisitos que se requieren para un enjuiciamiento. Con una simple interpretación, uno sabrá si están ajustados a derecho o no…”[xxxvii]
11.1 La vía del Antejuicio de Mérito
Ya comentamos el riesgo de la acción de antejuicio de mérito por ante el Tribunal Supremo de Justicia y ejemplarizamos para ello con la sentencia y cosa juzgada en el caso Luis Miquilena–Micabú
Suficientemente sustentado en el análisis y claro ha quedado que, para el momento de ocurrencia de los hechos –11 de abril de 2002– objeto de la “acción de imputación formal”, no estaba vigente el Estatuto de Roma, por tanto es a todo los efectos inaplicable. En iguales circunstancias el supuesto delito de lesa humanidad alegados en la pretensión de los abogados actuantes, puesto que tal figura no aparece en ninguno de los textos del cuerpo de leyes penales de la República. Alegada está la improcedencia de una vía de acción jurisdiccional que se aparta o pretende ignorar la vía del antejuicio de mérito establecida en los procedimientos ordinarios y especiales vigentes en ese cuerpo de leyes. Pero aún así y a pesar de ello, la acción ha sido intentada y recibido el libelo por el máximo tribunal de la República (TSJ).
Indudablemente, los severos riesgos ante la precisa línea política definida por el gobierno, cambian de tenor. Veamos:
12. De la inadmisibilidad de la “acción de imputación formal”
Indudablemente de declarar el TSJ, la vía de la más sana lógica, la “acción de imputación formal” inadmisible, tal como está previsto: “… Capítulo II… De los Obstáculos al Ejercicio de la Acción… Artículo 28. Excepciones. Durante la fase preparatoria, ante el juez de control, y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas, las partes podrán oponerse a la persecución penal, mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento… 4. Acción promovida ilegalmente, que sólo podrá ser declarada por las siguientes causas… c) Cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada, se basan en hechos que no revisten carácter penal…”[xxxviii]
Si fuere ese el caso, el riesgo de refuerzo en la instauración definitiva de la impunidad como política de Estado, queda medianamente conjurado. Pero en el estado actual del asunto, esa sana lógica, no es –como ha quedado suficientemente argumentado–, ni ha sido el concepto imperante.
“… Artículo 33. Efectos de las excepciones. La declaratoria de haber lugar a las excepciones previstas en el artículo 28, producirá los siguientes efectos:… 4. La de los numerales 4, 5 y 6, el sobreseimiento de la causa…”[xxxix]
13. Del sobreseimiento de la causa.
Sobreseer una causa, significa cosa juzgada, significa también que él o los imputados señalados en la “acción de imputación formal” no podrán ser, como en el caso Luis Miquilena–Micabú, investigados, sometidos a juicio y menos aún condenado por los mismos hechos objeto de un sobreseimiento. Falta saber, cuál modalidad de sobreseimiento es la pertinente en este caso y cuál de esas modalidades adoptará el TSJ; es un delicado asunto, y debe ser tratado por verdaderos expertos en la materia penal.
En todo caso está latente el riesgo tapar de una vez y para siempre, al igual que en pasado el caso de Los Pozos de la Muerte, la “Masacre de Miraflores, en el presente el caso Luis Miquilena–Micabú y hoy el sobreseimiento y libertad plena para los imputados del puente Llaguno[xl]
Con lo cual cabe la pregunta:
¿Se cumplirá entonces en el caso de la “Masacre de Miraflores” y en toda su extensión, la promesa hecha a un Presidente por un magistrado del máximo tribunal y a la cual hiciera referencia Luis Felipe Colina en su columna Carrusel Político?[xli]
Bien pudiere ser que el grupo de abogados actuantes hayan actuado de muy buena fe; en todo caso y a todo evento, salvo prueba en contrario, tal criterio ha de presumirse; mas nadie puede alegar su propia torpeza en su defensa.
En este juego de espejos que caracteriza a esta “justicia” en una muy seria y trascendental controversia entre la política del poder por el poder de una minoría incompetente para gobernar y los derechos de toda la población venezolana –que incluye también los de esa minoría–, no hay espacio para ingenuos, incautos, inexpertos, precipitación o improvisación, cualesquiera sean los intereses individuales y colectivos en juego, y distintos, distantes u opuestos a un objetivo muy preciso: imponer en forma contundente y por sobre todas las consideraciones, el imperio de la ley; esa que le es propia a un verdadero estado de derecho. Y en el caso que nos ocupa: a la emergencia de la verdad, sólo posible mediante una búsqueda, investigación, juicio y condena por parte de un Poder Judicial autónomo, de los responsables de la “Masacre de Miraflores”.
Definitivamente, “los errores en derecho se equiparan a la mala fe” y existen errores que colindan con una acción criminal o, en el menor de los casos, como afirmara Armando Palacios Valdés: “… En este mundo los errores se expían como si fuesen crímenes…”.
Y pareciera, salvo prueba en contrario, que es mucho más que un error la “acción de imputación formal” en las peligrosas circunstancias políticas y sociales de la Venezuela contemporánea.
Ese es el riesgo que se asume y se hace asumir a cada ciudadano en particular y a la sociedad venezolana como un todo, cuando priva en la concepción y en la acción política, social, jurídica y profesional, por encima de toda otra consideración, el interés particular –individual y colectivo– en la búsqueda del impertinente protagonismo por la vía de cayapear y chapucear en asuntos tan delicados y en temas de tanta trascendencia para el porvenir de la sociedad venezolana, de su sistema político y del fundamental imperio de la ley en la administración de la justicia y en el futuro del Estado y su presencia en la comunidad de naciones.
Por la justicia, en Caracas, Venezuela, a los 91 días de la “Masacre de Miraflores”:
[i] Texto de la “acción de imputación formal”, fechada a la fecha de su presentación, martes 25 de julio de 2002
[ii] Marianela Palacios; El Nacional miércoles 26 de junio de 2002; pág.D1.
[iii] Ascensión Reyes R.; El Nacional domingo 30 de junio de 2002; pág.D1
[iv] Marianela Palacios; El Nacional lunes 1º de julio de 2002; pág. D4
[v] Marianela Palacios; El Nacional jueves 4 de julio de 2002; pág. D1
[vi] Marianela Palacios; El Nacional sabado 6 de julio de 2002; pág. D14
[vii] Marianela Palacios; El Nacional martes 9 de julio de 2002; pág. D4
[viii] Eduardo Meier García, Master en Derechos Fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid. El Nacional; jueves 11 de julio de 2002; pág. A11
[ix] “… método para describir y entender no, como en Hegel, el auto-desarrollo de <<la idea>>, sino la realidad en tanto que realidad <<empírica>>. José Ferrater Mora; “Diccionario de Filosofía de Bolsillo”. Alianza Editorial, S.A., Madrid 1992
[x] Gaceta Oficial Nº 5.507 Extraordinaria del 13 de diciembre de 2000
[xi] Gaceta Oficial Nº 5.494 Extraordinaria del 20 de octubre de 2000
[xii] Código Penal: “… Artículo 181-A. La autoridad pública, sea civil o militar, o cualquiera persona al servicio del Estado que ilegítimamente prive de su libertad a una persona, y se niegue a reconocer la detención o a dar información sobre el destino o la situación de la persona desaparecida, impidiendo el ejercicio de sus derechos y garantías constitucionales y legales, será castigado con pena de quince a venticinco años de presidio. Con igual pena serán castigados los miembros o integrantes de grupos o asociaciones con fines terroristas, insurgentes o subversivos, que actuando como miembros o colaboradores de tales grupos o asociaciones desaparezcan forzadamente a una persona, mediante plagio o secuestro. Quien actúe como cómplice o encubridor de este delito será sancionado con pena de doce a dieciocho años de presidio… El delito establecido en este artículo se considera continuado mientras no se establezca el destino o ubicación de la víctima… Ninguna orden o instrucción de una autoridad pública, sea civil, militar o de otra índole, ni estado de emergencia, de excepción o de restricción de garantías, podrá ser invocada para justificar la desaparición forzada… La acción penal derivada de este delito y su pena serán imprescriptibles, y los responsables de su comisión no podrán gozar de beneficio alguno, incluidos el indulto y la amnistía… Si quienes habiendo participado en actos que constituyan desapariciones forzadas, contribuyen a la reaparición con vida de la víctima o dan voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada, la pena establecida en este artículo les podrá ser rebajada en sus dos terceras partes…”
[xiii] Código Penal: “… Artículo 182. Todo funcionario público encargado de la custodia o conducción de alguna persona detenida o condenada, que cometa contra ella actos arbitrarios o la someta a actos no autorizados por los reglamentos del caso, será castigado con prisión de quince días a veinte meses. Y en la misma pena incurrirá el funcionario público que investido, por razón de sus funciones, de autoridad con respecto de dicha persona, ejecute con ésta alguno de los actos indicados… Se castigarán con prisión de tres a seis años lo sufrimientos, ofensas a la dignidad humana, vejámenes, torturas o atropellos físicos o morales cometidos en personas detenida, por parte de sus guardianes o carceleros, o de quien diera la orden de ejecutarlos, en contravención a los derechos individuales reconocidos en el numeral del artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”
[xiv] “… Vacatio Legis. Loc. Lat. Vacación de la ley. Plazo, inmediatamente posterior a su publicación y durante el cual no es obligatoria…”. Guillermo Cabanellas de Torres “Diccionario Jurídico Elemental”. Editorial Heliasta SRL; Argentina 1979
[xv] GO Nº 5507; Gaceta Legal–Ramírez & Garay, pág. 341
[xvi] Entrevista reseñada por Milagros Socorro. El Nacional 3 de julio de 2002; pág. D1
[xvii] Luis María Bonetto en Nuevas Formulaciones en las Ciencias Penales, varios autores en Homenaje a Claus Roxin Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de Córdoba, Argentina octubre 2001.
[xviii] Milagros Betancourt; El Nacional viernes 05 julio de 2002
[xix] “… Nullum crimen, nulla poena sine previa lege… Ningún delito ni pena sin ley previa…”. Guillermo Cabanellas de Tores, cit.
[xx] Jesús Ramón Quintero P. “La comunidad internacional y la Corte Penal Internacional”. Ponencia venezolana redactada en noviembre de 2001. Tema a ser discutido en el XVI Congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado a realizarse entre el 14 y 20 de julio de 2002 en la ciudad de Brisbane, Australia.
[xxi] Luis María Bonetto, cit.
[xxii] GO Nº 5494; Gaceta Legal–Ramírez & Garay, pág.1145
[xxiii] “… En Miraflores se conoció la ratificación del magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero de apoyar totalmente al presidente Chávez y evitar que sea enjuiciado o destituido del cargo…”. Luis Felipe Colina; La Razón lunes 24 de junio de 2002, Columna Carrusel Político.
[xxiv] Javier Giraldo M. “Sociedad civil frente a la impunidad” KO’AGA ROÑE” ETA se.iii, v..iii (1996)
[xxv] Ramón Emilio Rodríguez Chacín.
[xxvi] Iván Rincón Urdaneta
[xxvii] Miguel Espidel Gonzalez
[xxviii] Quizás la respuesta pudiere ser exigida y brindada por esos numerosos representantes de los partidos políticos que durante casi medio siglo han copado la escena política venezolana y que hoy hábilmente y ocultando el criminal pasado, pretenden de nuevo colocarse a la cabeza y dirigir la rebeldía civil, para regresar y ocupar posiciones de decisión en los poderes del Estado, en un “quítate tu para ponerme yo”.
En fin. Cómo hablar de sanción social, si tal como lo han venido reseñando los medios de comunicación en estos últimos 40 meses, las ejecuciones extrajudiciales en varios estados de la República alcanza ya cifras impresionantes que superan los 50 fusilados, sin que la voluntad política del Estado se haya manifestado en la investigación, persecución y condena de los autores de esos crímenes
[xxix] Paz Rojas B. “Consecuencias Médico-Psicológicas sobre la Persona en los Procesos de Impunidad” . KO’AGA ROÑE” ETA se.iii, v..iii (1996)
[xxx] “… El concepto ‘impunidad’ no describe un asunto legal, en sentido estricto, sino un fenómeno de dimensiones legales, sociales, culturales, psicológicas y hasta económicas. En términos generales, se puede entender ‘impunidad’ como ‘ausencia de pena’, ‘no punibilidad’ o ‘ausencia de castigo’ – en estricta oposición a los conceptos ampliamente conocidos en teste contexto, de ‘impunidad’, ‘imputabilidad’ o ‘inmunidad’… Sin mucha discusión, relativamente, se puede empero diferenciar –en cierto modo en un primer plano– entre impunidad normativa y fáctica… Por impunidad normativa se entiende toda ausencia de pena, que se invoque directamente en normas, especialmente en disposiciones sobre amnistía e indulto. La impunidad fáctica es, por el contrario, el resultado fáctico, los mecanismos que no abarcan lo normativo y que impiden el procesamiento y la penalización…”. Kai Ambos; “Impunidad y Derecho Penal Internacional”. Biblioteca Jurídica Diké, 1ª edición, Colombia 1997
[xxxi] ignorar es más que errar. Principio de derecho
[xxxii] Kai Ambos, cit.
[xxxiii] José Vicente Rangel, Vicepresidente Ejecutivo de la República.
[xxxiv] Manuel Quijada, actual Embajador de Venezuela en Portugal.
[xxxv] Tobias Carrero, Multinacional de Seguros
[xxxvi] N.G.H. La Razón, domingo 30 de junio de 2002, pág. A2
[xxxvii] General Jorge Luis García Carneiro, comandante de la III División de Infantería del Ejército, respondiendo a las preguntas de Ernesto Villegas Poljak. Quinto Día, Caracas del 5 al 12 de julio de 2002, paginas 16 y 17.
[xxxviii] Código Orgánico Procesal Penal (COPP); Gaceta Oficial N° 5.558 Extraordinario; Caracas, miércoles 14 de noviembre de 2001
[xxxix] COPP, cit.
[xl] “…Libertad plena para imputados de Puente Llaguno… Justamente el día en que se cumplían 3 meses de los sucesos del 11 de abril, el Tribunal 40° de control, a cargo de la juez Norma Sandoval, dictó libertad plena para Richard Peñalver, Henry Atencio, y Rafael Cabrices, sindicados de disparar ese día desde el tristemente célebre Puente Llaguno… Richard Peñalver, indicó que el pueblo podrá seguir contando con él ‘y si algún día de nuevo vuelven estos nefastos a intentar tumbar la democracia los estaré esperando con mis manos, con mis pues y con lo que tenga en la mano para defender la democracia’… ‘Cuando yo utilicé mi arma fue para disparar contra unos francotiradores’… [El] abogado Michael Moreno explicó que los fiscales del Ministerio Público no pudieron demostrar quien fue la víctima del homicidio que imputaban a su defendido… Juan Carlos Sosa, abogado de las víctimas del 11 de abril, manifestó estar “boquiabierto” con la decisión. Para él es una evidencia más de que ‘estamos en manos de criminales’ pues a su juicio la decisión no tiene ninguna justificación… Reconoce que pudieron cometerse errores en la elaboración del expediente ya que “la Fiscalía no sabe hacer su trabajo” pero advierte que esos son solo “tecnicismos” pues en el caso las evidencias son contundentes ‘yo no se que más evidencias necesitan’…” Globovisión/EFR; 11/07/02 El Nacional Caracas sabado 13de julio de 2002
[xli] Nota N° 20

References: artículo 27
 artículo 126
 Artículo 126
 artículo 126
 Artículo 22
 Artículo 28
 Artículo 33
 artículo 28
 Artículo 181
 Artículo 182
 artículo 46