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Timestamp: 2019-07-20 03:15:50+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 425/96 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 1996 - Jurisprudencia - VLEX 43559960
Sentencia de Constitucionalidad nº 425/96 de Corte Constitucional, 12 de Septiembre de 1996
Ley 81/93. Art. 3. Sentencia anticipada. Exequible.
Sentencia citada en: 31 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
S.encia C-425/96
La lealtad procesal es un deber de las partes en todas la actuaciones judiciales y está consagrada como principio rector del proceso penal, constituyéndose en desarrollo pleno de la presunción de buena fe. La aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el F. o el J. del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. Resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario competente, en cada caso, puede desvirtuar la confesión, por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso.
Demandante: I.G.A.
El ciudadano I.G.A., presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3° de la Ley 81 de 1993, que modificó el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), la cual fue radicada bajo el número D-1156.
"Artículo 37. S.encia anticipada. Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.
También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una sexta (1/6) parte de la pena."
En segundo lugar, señala que los principios procesales invocados por el demandante sí están garantizados dentro del procedimiento establecido para proferir sentencia anticipada. En efecto, el derecho de defensa, de contradicción y la presunción de inocencia son respetados en la medida en que el acusado puede presentar todas las pruebas que crea necesarias y controvertir todas las que se alleguen en su contra, hasta el momento en que decida acogerse por su propia voluntad al beneficio que se deriva de la sentencia anticipada cual es la rebaja de pena. El principio de publicidad queda protegido con la participación del Ministerio Público, a quien le compete ejercer la defensa de los intereses de la sociedad. Por último, agrega que la celeridad con que la justicia debe actuar y que se logra con medidas como la de la figura procesal estudiada, es una finalidad impuesta por el mismo Constituyente al establecer como derecho del sindicado el adelantamiento de "un proceso público sin dilaciones injustificadas" (art. 29 C.P.), además de que la función judicial siempre debe estar sujeta a los principios de eficacia, celeridad e imparcialidad.
3.2. El F. General de la Nación solicita a la Corte que declare exequible la norma demandada, pues, en su criterio, no le asiste razón al actor, como pasa a verse:
La sentencia anticipada tiene como finalidad fundamental la de favorecer al sindicado que voluntariamente reconoce y acepta su responsabilidad en los hechos materia del proceso, comportamiento que le es recompensado con la rebaja de pena. Esta modalidad de terminación anticipada del proceso tiene además otro elemento capital, cual es que sólo opera por petición libre y autónoma del sindicado, lo que significa que el F. no puede ni siquiera proponerla. Entonces, no es sensato afirmar que tal institución jurídica afecta los intereses del procesado y, por el contrario, lo que se busca es beneficiarlo por colaborar con la administración de justicia.
Concepto fiscal.
S.encia anticipada
Cuando el procesado solicita que se profiera sentencia anticipada está renunciando voluntariamente a que se adelanten todas las diligencias procesales estatuidas por el legislador, debido a su aceptación de los hechos materia del proceso, reconocimiento que obviamente ha de estar respaldado en el material probatorio recaudado. Sin embargo, la ley permite que en caso de existir duda sobre los hechos o la responsabilidad del procesado, puede el F. ampliar la indagatoria y ordenar la práctica de otras pruebas que lo conduzcan a la plena certeza del ilícito y de la responsabilidad del imputado.
Dicha acta deben suscribirla el F. y el procesado, si la diligencia tiene lugar en la etapa de instrucción. Si es en la etapa de juzgamiento, la suscriben el juez y el procesado. En ambos casos es indispensable la presencia del defensor del implicado, lo que no ocurre con el representante del Ministerio Público, pues su intervención en estos casos, como la de otros sujetos procesales, es discrecional.
El acta se remite al juez competente, quien tiene diez (10) días hábiles para dictar sentencia "conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya violación de las garantías fundamentales". Así las cosas, es el juez del conocimiento quien debe velar por la protección de los derechos fundamentales del procesado, mediante un control de legalidad de la actuación, el que cubre no sólo los aspectos formales o procedimentales sino también los sustanciales o de fondo. Contra la sentencia anticipada procede el recurso de apelación y, en algunos casos, el de casación, y pueden interponerlo el procesado y su defensor, el fiscal y el representante del Ministerio Público. El tercero civilmente responsable está autorizado para apelar la decisión en el caso a que alude el inciso 2o. numeral 4o. del artículo 37B del C.P.P. que dice: "la sentencia no será oponible a la parte civil, sin embargo, si tal sujeto procesal quiere acogerse a la condena que se haya hecho en perjuicios, está legitimado para apelar en relación con su pretensión".
Debido Proceso y Garantías Procesales
El debido proceso, como lo ha sostenido esta Corporación, "es el conjunto de garantías que buscan asegurar al ciudadano que ha acudido al proceso, una recta y cumplida administración de justicia y la debida fundamentación de las resoluciones judiciales." S.. T-458/94 M.P.J.A.M.
El artículo 29 de la Constitución, "como lo hacen también los tratados y convenciones internacionales sobre derechos humanos, enuncia de manera expresa, dentro del haz de garantías procesales, el derecho a ser juzgado tan sólo de conformidad con las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; el principio de favorabilidad; el derecho del sindicado a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación o el juzgamiento; la publicidad del proceso; la tramitación del juicio sin dilaciones injustificadas; el derecho del procesado a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria y el postulado con arreglo al cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho non bis in idem" S.. C-053/93 M.P.J.G.H.G..
Ahora, que en el trámite de la sentencia anticipada el sindicado no es oído por el juez de la causa sino por el F., funcionario que en últimas sería quien vendría a ejercer la labor de juzgamiento, considera la Corte que no es acertada esta afirmación, pues si bien es cierto que en el artículo 29 de la Constitución, al igual que en los artículos 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8o. de la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, se consagra dentro de las garantías mínimas del procesado el ser oído por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido por la ley, también lo es que de acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional y el Código de Procedimiento Penal que en este aspecto se encuentra ajustado a las normas superiores, el proceso penal comprende dos partes, a saber: la etapa de investigación y acusación y la de juzgamiento, la primera asignada a la F.ía General de la Nación y la segunda a los jueces penales, según las reglas de competencia.
Cuando la solicitud de sentencia anticipada se presenta durante la investigación, el F. continúa cumpliendo con sus funciones básicas de instrucción y acusación, pues tal como lo prescribe el artículo 37B del Código de Procedimiento Penal, el acta que contiene los cargos aceptados por el procesado, es equivalente a la resolución de acusación y, en consecuencia, debe contener una relación clara de los hechos, los cargos formulados y la aceptación de éstos por parte del procesado. Documento que junto con la totalidad del proceso se remite al juez del conocimiento para que dicte la sentencia respectiva, "siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales". Entonces, no es el F. quien decide el proceso dictando el fallo correspondiente, sino el juez de la causa, quien cumple la labor de juzgamiento en forma autónoma e independiente. Igual situación acontece si la solicitud de sentencia anticipada tiene lugar durante la etapa de juzgamiento, pues es al juez de la causa a quien corresponde juzgar profiriendo el fallo respectivo, con base en la resolución de acusación emanada del F..
Este mismo tema ya había sido abordado por la Corte en una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 37A del Código de Procedimiento Penal, que versa sobre la "audiencia especial", como otro mecanismo de terminación del proceso en forma anticipada. Lo curioso es que en dicha ocasión la parte demandante consideraba que el control que realiza el juez sobre el acuerdo, al dictar éste la sentencia, era violatorio de las garantías del sindicado; es decir, lo contrario a lo alegado en este caso. En dicha sentencia la Corte expresó lo siguiente:
"Admitir que el acuerdo entre el F. y el procesado sobre las cuestiones antes aludidas pueda ser definitivo e intangible, violaría el derecho al debido proceso que exige que el juzgamiento se haga por el juez natural competente, según el ordenamiento jurídico, esto es, el J. del conocimiento, pues quien en definitiva juzgaría sobre la base del acuerdo, sería el F. y no el J., convirtiéndose de este modo la sentencia en una simple refrendación formal de dicho acuerdo.
Debe anotarse adicionalmente, que la revisión que ejecuta el J. a los acuerdos entre el procesado y el F., es una garantía de los derechos de los procesados, pues la intervención del J. constituye una instancia diferente e imparcial que asegura una recta administración de justicia."S.. C-394/94 M.P.A.B.C..
"Supuesto indispensable de ello (de una aplicación justa de las leyes) es la presunción de inocencia de todo individuo mientras no se cumpla el requisito de desvirtuarla, demostrándole su culpabilidad con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones en su caso." S.. C-053 op. cit.
La vigencia del artículo 83 de la Carta ha implicado un cambio sustancial en el desarrollo de las funciones estatales, ya que ha invertido los términos de relación, con miras a eliminar el tradicional esquema de desconfianza y recelo que caracterizaba el comportamiento de las autoridades respecto de los particulares. La carga de probar a cada paso la licitud y lealtad de la propia conducta, que pesaba irremediablemente sobre quien actuara ante los entes oficiales y que suponía el presupuesto de la mala fe, ha sido sustituída por la presunción contraria -la de que toda persona actúa de buena fe-, quedando en cabeza del Estado y de sus funcionarios la responsabilidad de desvirtuarla: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas". (S.. T-191/94 M.P.J.G.H.G..
Y en sentencia C-540 de 1995, con ponencia del Magistrado J.A.M., se expresó:
"La buena fe, como principio general que es, no requiere consagración normativa, pero se hace aquí explícita su presunción respecto de los particulares en razón de la situación de inferioridad en que ellos se encuentran frente a las autoridades públicas y como mandato para éstas en el sentido de mirar al administrado primeramente como el destinatario de una actividad de servicio. Este mandato, que por evidente parecería innecesario, estaría orientado a combatir ese mundo absurdo de la burocracia, en el cual se invierten los principios y en el cual, para poner un ejemplo, no basta con la presencia física del interesado para recibir una pensión, sino que es necesario un certificado de autoridad que acredite su supervivencia, el cual, en ocasiones, tiene mayor valor que la presentación personal". (Gaceta Constitucional No. 19. Ponentes: Dr. A.G.H. y J.C.E.P.. Pág 3).
"Es, pues, una norma que establece el marco dentro del cual deben cumplirse las relaciones de los particulares con las autoridades públicas. Naturalmente, es discutible si el hecho de consagrar en la Constitución la regla de la buena fe, contribuya a darle una vigencia mayor en la vida de relación, o disminuya la frecuencia de los comportamientos que la contrarían". (M.P.J.A.M..
Así las cosas, no entiende la Corte por qué deba prescindirse de la presunción de buena fe cuando el implicado que decide acogerse a los beneficios que se derivan de la sentencia anticipada, se declara responsable de los hechos objeto de investigación, los que como tantas veces se ha reiterado a lo largo de esta providencia, deben estar plenamente demostrados en el expediente; es que "La sociedad necesita desenvolverse en un clima de confianza en el cual los actos de las personas no sean a priori calificados de ilícitos o indebidos sin haber establecido previamente que en efecto ello es así. Se requiere suponer que, como regla general -que debe representar el patrón normal de comportamiento-, los asociados obran con transparencia, sinceridad y lealtad, dentro de los postulados y reglas que rigen la organización social". S.. T-578A/95 M.P.J.G.H.G. Además, debe tenerse en cuenta que la mala fe, esto es, el comportamiento desleal, doloso o malintencionado, ha de probarse, de manera que si se encuentra que el procesado en su confesión ha procedido a alegar su propia culpa en forma ilegítima para derivar de ella algún beneficio, este comportamiento debe ser sancionado, utilizando los mecanismos legales establecidos para actuaciones de esta índole.
Finalmente, cabe anotar que la aceptación de los cargos por parte del implicado en el trámite de la sentencia anticipada, guarda cierta similitud con la confesión simple, por cuanto el reconocimiento que hace el imputado ante el F. o el J. del conocimiento, de ser el autor o partícipe de los hechos ilícitos que se investigan, debe ser voluntario y no hay lugar a aducir causales de inculpabilidad o de justificación. En consecuencia, resulta obvio afirmar que la aceptación, además de voluntaria, es decir, sin presiones, amenazas o contraprestaciones, debe ser cierta y estar plenamente respaldada en el material probatorio recaudado. El funcionario competente, en cada caso, puede desvirtuar la confesión, por existir vicios en el consentimiento del implicado, por pruebas deficientes, por error, fuerza, o por cualquiera otra circunstancia análoga que aparezca probada en el proceso
Para la Corte existe una mala comprensión, por parte del demandante, de la política criminal que inspira la institución jurídica de la sentencia anticipada, pues según el, tender hacia una justicia eficiente es un fin en pro de los "intereses abstractos de la justicia", que poco incumbe a los individuos, perspectiva desde la cual se entendería perfectamente por qué se afirma en la demanda que dicha figura procesal antepone los intereses sociales y estatales a los derechos inalienables del individuo.
Figuras Foráneas
C., notifíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, publíquese y cúmplase.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 67183 de 4 de Junio de 2013

References: artículo 3
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 37
 artículo 29
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 artículo 37
 resolución 
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 artículo 37
 artículo 83