Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A8-2018-0469&format=XML&language=ES
Timestamp: 2019-01-19 04:05:07+00:00

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INFORME sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros - A8-0469/2018
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PE 628.374v02-00 A8-0469/2018
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros
Coponentes: Eider Gardiazabal Rubial, Petri Sarvamaa
Josep-Maria Terricabras, Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 17 de agosto de 2018(1),
8 Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de noviembre de 1981, Amministrazione delle Finanze dello Stato / Srl Meridionale Industria Salumi y otros, Ditta Italo Orlandi & Figlio y Ditta Vincenzo Divella / Amministrazione delle finanze dello Stato. Asuntos acumulados 212 a 217/80, ECLI:EU:C:1981:270, apartado 10.
(Véase la enmienda al artículo 3, apartado 2.)
[Véase la enmienda al artículo 2 bis (nuevo).]
ii) la Comisión transferirá el importe resultante de la reducción de la ayuda de los Fondos a un programa, en aplicación del [artículo 98] del Reglamento XXX (Reglamento sobre disposiciones comunes), a la reserva de la Unión contemplada en el artículo 12 del Reglamento XXX del Consejo (Reglamento del MFP). Dicho importe se considerará margen restante disponible en el sentido del artículo 12, letra a), del Reglamento XXX del Consejo (Reglamento del MFP) y se movilizará de conformidad con el artículo 12, apartado 2, del Reglamento XXC (Reglamento del MFP) en beneficio, en la medida de lo posible, de los destinatarios o beneficiarios finales a que se refiere el apartado 2 del presente artículo.
DO C 291 de 17.8.2018, p. 1.
En la Comunicación de la Comisión de febrero de 2018 titulada «Un marco financiero plurianual nuevo y moderno para una Unión Europea que cumpla de manera eficiente con sus prioridades posteriores a 2020» ((COM (2018)98) se hace hincapié en que «la Unión es una comunidad de Derecho y sus valores constituyen el fundamento absoluto de su existencia». Por consiguiente, todas las políticas de la Unión deben garantizar el respeto de estos valores. Entre ellas se incluye el presupuesto de la Unión, en el que la observancia de los valores fundamentales constituye una condición previa indispensable para la buena gestión financiera y la eficacia de la financiación.
La preocupación con respecto a las deficiencias en los sistemas nacionales de contrapoderes institucionales y los equilibrios que pudieran minar el respeto de los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ha sido objeto de un debate público recientemente. En este contexto, se ha sugerido que la falta de respeto de los valores fundamentales debería tener consecuencias que incluyan la suspensión de los desembolsos con cargo al presupuesto de la Unión.
En particular, en su Resolución, de 14 de marzo de 2018, sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP), el Parlamento Europeo pedía a la Comisión que propusiera un mecanismo «mediante el cual los Estados miembros que no respeten los valores consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE) puedan afrontar consecuencias financieras». No obstante, el Parlamento advertía que «los beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no pueden verse afectados en modo alguno por las infracciones contra normas de las que no son responsables».
El 2 de mayo de 2018, como parte integrante del paquete del MFP 2021-2027, la Comisión publicó una propuesta legislativa que establecía las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros. La propuesta se basaba en el artículo 322, apartado 1, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al igual que el Reglamento Financiero.
Según la propuesta de la Comisión, para proteger sus intereses financieros del riesgo de pérdidas financieras provocadas por deficiencias generalizadas en lo que respecta al Estado de Derecho, la Unión debería tener la posibilidad de imponer medidas adecuadas que incluyan la suspensión, la reducción y la limitación del acceso a la financiación de la Unión de manera proporcionada a la naturaleza, la gravedad y el alcance de las deficiencias.
El procedimiento propuesto por la Comisión para adoptar estas medidas es el siguiente: cuando existan motivos razonables para pensar que se trata de una deficiencia generalizada, la Comisión lo notificará en primer lugar al Estado miembro de que se trate y examinará sus observaciones. Cuando la Comisión considera que se da una deficiencia generalizada, presenta al Consejo una propuesta de decisión sobre las medidas, y este decide mediante votación por mayoría cualificada inversa (es decir, es necesaria una mayoría cualificada para rechazar o modificar la propuesta). El mismo procedimiento se aplica para levantar las medidas cuando la deficiencia deje de existir.
Posición de los ponentes
Los ponentes comparten los objetivos generales propuestos por la Comisión y proponen una serie de enmiendas con el fin de reforzar la propuesta y aumentar su eficacia, con arreglo a las líneas siguientes.
 Valores fundamentales y criterios de Copenhague: deben modificarse los artículos 2 y 3 para aclarar que, tal como se sugería en la Resolución del Parlamento, de 14 de marzo de 2018, sobre el nuevo MFP, el Estado de Derecho se entenderá teniendo en cuenta los valores fundamentales consagrados en el artículo 2 del TUE. Los criterios de Copenhague, es decir, las condiciones esenciales que deben satisfacer todos los países candidatos para convertirse en Estados miembros de la Unión, deben tenerse en cuenta al evaluar el riesgo que supone una deficiencia generalizada con respecto al Estado de Derecho para los principios de buena gestión financiera. Entre estos criterios figuran la estabilidad de las instituciones que garantizan la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y el respeto y la protección de las minorías, una economía de mercado que funcione y la capacidad de hacer frente a la competencia y a las fuerzas del mercado, así como la capacidad de asumir las obligaciones en relación con la adhesión a la Unión.
 Evaluación de las deficiencias generalizadas: al evaluar la existencia de una deficiencia generalizada y para garantizar la proporcionalidad de las medidas adoptadas, es necesario que la Comisión tenga en cuenta toda la información pertinente, incluida la información procedente del Parlamento y de organismos como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. La Comisión también debe tener en cuenta los criterios utilizados en el contexto de las negociaciones de adhesión, en particular los capítulos relativos al poder judicial y derechos fundamentales (23), justicia, libertad y seguridad (24), control financiero (32) y fiscalidad (16), así como las directrices utilizadas en el contexto del mecanismo de cooperación y verificación.
 Protección de los beneficiarios finales: si bien la propuesta de la Comisión especifica que la imposición de las medidas apropiadas no afecta a la obligación de los organismos públicos de ejecutar programas o fondos y en particular la obligación de efectuar pagos a los beneficiarios finales, no está claro de qué manera debe aplicarse esta disposición. La Comisión debe adoptar todas las medidas que se imponen para ayudar a los beneficiarios finales a hacer valer sus derechos cuando no se respeten las obligaciones legales.
 Procedimiento para la adopción/levantamiento de las medidas y la participación del Parlamento: el único derecho que confiere la propuesta de la Comisión al Parlamento es el de ser informado sobre cualquier medida propuesta o adoptada. Es evidente que esto no respeta la prerrogativa institucional del Parlamento como rama de la autoridad presupuestaria de la Unión, dado el efecto significativo de las medidas propuestas en el presupuesto de la Unión. Por consiguiente, los ponentes proponen un mecanismo más equilibrado, que sitúa al Parlamento y al Consejo en pie de igualdad. Con arreglo al procedimiento propuesto, la Comisión adoptaría una decisión sobre las medidas apropiadas sobre la base de su propio acto de ejecución y, al mismo tiempo, presentará al Parlamento y al Consejo una propuesta para transferir a una reserva presupuestaria un importe equivalente al valor de las medidas adoptadas. Esta decisión solo entraría en vigor si el Parlamento y el Consejo no lo rechazan en el plazo de un mes. En el procedimiento propuesto se mantendría el principio de voto por mayoría inversa incluido en la propuesta de la Comisión.
 Otras cuestiones: se proponen enmiendas para especificar con mayor precisión lo que supone poner en peligro la independencia del poder judicial; mejorar la seguridad del procedimiento incluyendo plazos indicativos para que la Comisión reaccione a la información recibida de los Estados miembros; y garantizar que, si las medidas impuestas no se suspenden transcurridos dos años, los fondos suspendidos no se pierden sino que se consignan en la Reserva de la Unión para Compromisos prevista en el Reglamento MFP 2021-2027.
OPINIÓN de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (5.12.2018)
para la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario
Ponente de opinión (*): Josep-Maria Terricabras
La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:
sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros
sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho y los derechos fundamentales en los Estados miembros
(Esta modificación se aplica a la totalidad del texto legislativo objeto de examen; su adopción impone adaptaciones técnicas en todo el texto).
(1) La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Como señala el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), esos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
(1 bis) La democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales constituyen un triángulo de refuerzo mutuo, que protege el núcleo constitucional de la Unión y los Estados miembros. No puede haber ninguna jerarquía de valores dentro dela Unión. La interdependencia entre una democracia operativa, unas instituciones sólidas y responsables, una toma de decisiones transparente e inclusiva y un Estado de Derecho eficaz resulta esencial para lograr el respeto efectivo de los derechos humanos y viceversa. Los artículos 2 y 6 del TUE exigen a los Estados miembros que respeten plenamente, protejan y promuevan los principios del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia.
(2) El Estado de Derecho requiere que todos los poderes públicos actúen dentro de los límites establecidos por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. Exige, en particular, que se respeten7 los principios de legalidad8, seguridad jurídica9, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo10, separación de poderes11 y tutela judicial efectiva por tribunales independientes12.
(2) El Estado de Derecho requiere que todos los poderes públicos actúen dentro de los límites establecidos por la ley, de conformidad con los principios de la democracia y el respeto de los derechos fundamentales y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. Exige, en particular, que se respeten7 los principios de legalidad8, incluido un proceso transparente, responsable y democrático de promulgación de la legislación, seguridad jurídica9, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo10, separación de poderes11, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva ante tribunales independientes e imparciales12.
10 Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C477/16, ECLI:EU:C:2016:861, apartado 36; Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, PPU Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, apartado 35, y sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, apartado 58.
(2 bis) Los Estados miembros deben mantener y cultivar el valor del Estado de Derecho y dar ejemplo avanzando hacia una cultura compartida del Estado de Derecho, que es una condición esencial para la legitimidad del proyecto europeo en su conjunto y la condición básica para reforzar la confianza de los ciudadanos en la Unión. El deterioro del Estado de Derecho en un Estado miembro afecta negativamente al Estado de Derecho de la Unión en su conjunto.
(2 ter) En el contexto de la Unión, los derechos fundamentales están estipulados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que, con arreglo al artículo 6 del TUE, tiene el mismo valor jurídico que los Tratados y, por consiguiente, debe respetarse en toda la legislación de la Unión, incluido el presente Reglamento. La obligación de respetar, proteger y promover los derechos fundamentales también está estipulada en numerosos tratados internacionales sobre derechos humanos, entre ellos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, su Protocolo Adicional y su versión revisada.
(4) Siempre que los Estados miembros ejecuten el presupuesto de la Unión, sea cual fuere el método de ejecución que utilicen, el respeto del Estado de Derecho ha de ser una condición previa esencial para cumplir el principio de buena gestión financiera consagrado en el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(4) Siempre que los Estados miembros ejecuten el presupuesto de la Unión, sea cual fuere el método de ejecución que utilicen, el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales ha de ser una condición previa esencial para cumplir el principio de buena gestión financiera consagrado en el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
(6) La independencia y la imparcialidad de los órganos judiciales siempre deben estar garantizadas y los órganos de investigación y enjuiciamiento deben poder desempeñar adecuadamente sus funciones. Deben tener a su disposición los recursos suficientes y los procedimientos que les permitan actuar de manera eficaz y en pleno respeto del derecho a un juicio justo e imparcial. Estas condiciones se requieren como garantía mínima contra las decisiones irregulares y arbitrarias de las autoridades públicas que podrían menoscabar estos principios fundamentales.
(8) El respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales es esencial para que los ciudadanos puedan participar plenamente en la vida democrática de la Unión. También reviste importancia para el emprendimiento, las iniciativas empresariales, la innovación y la inversión, y para la promoción de un mercado interior basado en los derechos y con un buen funcionamiento. El mercado interior necesita un marco jurídico e institucional estable para garantizar la confianza entre todos los agentes, desarrollar todo su potencial y lograr un crecimiento sostenible a largo plazo. Cuando un Estado miembro deja de garantizar el respeto del Estado de Derecho o de los derechos fundamentales, la Unión y sus Estados miembros tienen el deber de proteger la integridad y la aplicación de los Tratados, así como los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción.
(9) El artículo 19 del TUE, que es la expresión concreta del valor del Estado de Derecho enunciado en el artículo 2 del TUE, obliga a los Estados miembros a proporcionar una tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, incluidos los referentes a la ejecución del presupuesto de la Unión. La existencia misma de un control jurisdiccional efectivo destinado a garantizar el cumplimiento de la legislación la Unión es la esencia del Estado de Derecho y requiere órganos jurisdiccionales independientes13. Resulta esencial mantener la independencia de los órganos jurisdiccionales como lo confirma el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea14. Tal afirmación es especialmente cierta respecto del control jurisdiccional de la validez de las medidas, los contratos u otros instrumentos que den lugar a gastos o deudas públicas, en el contexto, entre otros, de los procedimientos de contratación pública, que pueden también impugnarse ante los tribunales.
(9) El artículo 19 del TUE, que es la expresión concreta del valor del Estado de Derecho enunciado en el artículo 2 del TUE, obliga a los Estados miembros a proporcionar una tutela judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión, incluidos los referentes a la ejecución del presupuesto de la Unión. La eficacia de los sistemas judiciales es un aspecto fundamental del Estado de Derecho y es imprescindible al objeto de garantizar un trato igualitario, sancionar abusos gubernamentales y prevenir la arbitrariedad. La existencia misma de un control jurisdiccional efectivo destinado a garantizar el cumplimiento de la legislación la Unión es la esencia del Estado de Derecho y requiere órganos jurisdiccionales independientes13. Resulta esencial garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y mantener la independencia de los órganos jurisdiccionales, como lo confirma el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea14. Lo anterior es especialmente cierto respecto del control jurisdiccional de la legalidad de las medidas, los contratos u otros instrumentos que den lugar a gastos o deudas públicas, en el contexto, entre otros, de los procedimientos de contratación pública, respecto a los cuales los tribunales también pueden pronunciarse.
13 Asunto C-64/16, apartados 32 a 36.
14 Asunto C-64/16, apartados 40 y 41.
(10) Existe por lo tanto una clara relación entre el respeto del Estado de Derecho y la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión de conformidad con los principios de buena gestión financiera.
(10) Existe por lo tanto una clara relación entre el respeto del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales y la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión de conformidad con los principios de buena gestión financiera.
(11) Las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros pueden atentar gravemente contra los intereses financieros de la Unión, en especial por lo que respecta a las irregularidades relativas al gasto del presupuesto de la Unión y los derechos y los intereses de los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
(12) La identificación de una deficiencia generalizada requiere una evaluación cualitativa, objetiva, transparente, despolitizada e imparcial, basada en pruebas específicas, por parte de la Comisión, apoyada por un grupo representativo de expertos independientes. La evaluación anual de todos los Estados miembros debe basarse en la información procedente de todas las fuentes disponibles y todas las instituciones reconocidas, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los informes del Tribunal de Cuentas, los informes y dictámenes de otras instituciones, órganos u organismos de la Unión, como el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones, el Defensor del Pueblo Europeo y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, como los órganos del Consejo de Europa y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial, así como los informes de las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Esta evaluación debe sustituir a los instrumentos y mecanismos existentes, como el Mecanismo de cooperación y verificación para Bulgaria y Rumanía.
El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros.
El presente Reglamento establece las disposiciones necesarias para la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho y de los derechos fundamentales en los Estados miembros.
a) «Estado de Derecho y derechos fundamentales»: como queda consagrado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, este concepto incluye los principios de legalidad, que implica un sistema transparente, responsable, democrático y pluralista de promulgación de la ley; seguridad jurídica; prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo; acceso a la justicia y tutela judicial efectiva ante tribunales independientes e imparciales; separación de poderes; no discriminación e igualdad ante la ley; y respeto de los derechos fundamentales, con arreglo a lo estipulado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en tratados internacionales sobre derechos humanos;
b) «deficiencia generalizada»: cualquier situación en la que pueda establecerse la existencia de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, o en la que el Estado de Derecho y los derechos fundamentales se vean directa o indirectamente menoscabados de forma sistémica, ya sea por el efecto combinado de prácticas, omisiones, medidas o inacciones por parte de las autoridades públicas o por prácticas, omisiones, medidas o inacciones extendidas o recurrentes por parte de las autoridades públicas, cuando dicha situación afecte o amenace con afectar la correcta ejecución del presupuesto de la Unión, en particular las actividades de gestión y control, de conformidad con los principios de buena gestión financiera y la protección de los intereses financieros de la Unión;
Artículo 3 – apartado -1 (nuevo)
-1. Cuando la Comisión considere que tiene motivos fundados para pensar que se cumplen las condiciones de una deficiencia generalizada en un Estado miembro, se adoptarán medidas adecuadas, equilibradas y proporcionadas.
1. Las medidas se adoptarán en caso de que una deficiencia generalizada en un Estado miembro afecte o amenace con afectar, en particular:
f bis) la correcta ejecución del presupuesto de la Unión tras una violación sistemática de los derechos fundamentales.
2. Deberán, en particular, considerarse deficiencias generalizadas:
a) la puesta en peligro de la independencia del poder judicial, también mediante la imposición de límites a la capacidad de ejercer funciones judiciales de forma autónoma sobre la base de la intervención desde el exterior en las garantías de independencia, limitando las sentencias dictadas en el marco de la orden exterior, mediante una revisión arbitraria de las normas sobre el nombramiento o las condiciones de servicio del personal judicial, o influyendo en el personal judicial de modo que pueda comprometer su imparcialidad;
2 bis. En la identificación de una deficiencia generalizada, la Comisión estará asistida por un grupo representativo de expertos independientes (el Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales), que evaluará la situación en todos los Estados miembros anualmente basándose en criterios e información cuantitativos y cualitativos, como las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los informes del Tribunal de Cuentas, los informes y dictámenes de otras instituciones, órganos u organismos de la Unión, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones internacionales pertinentes. Dicha evaluación se hará pública.
Artículo 3 – apartado 2 ter (nuevo)
2 ter. El Parlamento Europeo, junto con los Parlamentos nacionales, celebrará el debate anual de seguimiento de la evaluación del Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales. Con este fin, se constituirá conjuntamente por los Parlamentos nacionales y la comisión competente del Parlamento Europeo un grupo parlamentario conjunto especializado. El Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales determinarán conjuntamente la organización y el reglamento interno del grupo parlamentario conjunto con arreglo al artículo 9 del Protocolo n.o 1 sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea, anejo al TUE y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales
1. El Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales estará compuesto por los siguientes miembros:
a) un experto independiente, designado por el Parlamento de cada Estado miembro, que será un juez cualificado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo que no se encuentre actualmente en activo;
b) otros diez expertos designados por el Parlamento Europeo por mayoría de dos tercios, elegidos de entre una lista de expertos nombrados por:
iii) el Consejo de Europa (incluidos la Comisión de Venecia, el Grupo de Estados contra la Corrupción —GRECO— y el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa);
iv) la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE); y
v) las Naciones Unidas, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
2. La composición del Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales garantizará un equilibrio entre mujeres y hombres.
3. El Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales elegirá a su presidente de entre sus miembros.
4. Con objeto de facilitar la labor del Grupo de expertos en democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales, la Comisión pondrá a su disposición una secretaría que le permitirá funcionar con eficacia, particularmente recopilando datos y fuentes de información que serán objeto de análisis y evaluación, y proporcionando apoyo administrativo.
Protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros
Comisiones asociadas – Fecha del anuncio en el Pleno
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo Regional (23.11.2018)
Ponente de opinión: Iskra Mihaylova
La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:
(3) El Estado de Derecho constituye un requisito previo para la protección de los demás valores fundamentales en los que se asienta la Unión, como la libertad, la democracia, la no discriminación, la igualdad y el respeto de los derechos humanos. El respeto del Estado de Derecho está intrínsecamente vinculado al respeto de la democracia y de los derechos fundamentales: no puede haber democracia ni respeto de los derechos fundamentales sin respeto del Estado de Derecho, y viceversa. La democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos fundamentales son la base de la credibilidad de la Unión.
(3 bis) El 25 de octubre de 2016, el Parlamento Europeo aprobó una Resolución con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. Además, los días 11 y 12 de marzo de 2016, la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho («Comisión de Venecia») adoptó la lista de criterios del Estado de Derecho (CDL-AD(2016)007).
(11) Las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros que afecten en particular al buen funcionamiento de las autoridades públicas y al control jurisdiccional efectivo pueden atentar gravemente contra los intereses financieros de la Unión. Son necesarias una investigación eficiente de tales deficiencias y la aplicación de medidas eficaces y proporcionadas cuando se detecte una deficiencia generalizada, no solo para salvaguardar los intereses financieros de la Unión, incluida la recaudación efectiva de ingresos, sino también para garantizar la confianza de los ciudadanos en la Unión y sus instituciones. Solo un poder judicial independiente que defienda el Estado de Derecho y la seguridad jurídica en todos los Estados miembros puede en última instancia garantizar que el dinero del presupuesto de la Unión esté suficientemente protegido.
(12) La identificación de una deficiencia generalizada requiere una evaluación cualitativa, transparente e imparcial, por parte de la Comisión. Dicha evaluación podría basarse en la información procedente de todas las fuentes disponibles y todas las instituciones reconocidas, incluidas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los informes del Tribunal de Cuentas, los dictámenes de las agencias de la Unión pertinentes, las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos independientes a que se refiere la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, como los órganos del Consejo de Europa y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial.
(13) Es preciso determinar las posibles medidas que deben adoptarse en caso de deficiencias generalizadas y el procedimiento que debe seguirse para su adopción, así como aplicar los mismos criterios y garantizar el mismo trato para todos los Estados miembros. Esas medidas deben incluir la suspensión de los pagos y de los compromisos y la reducción de la financiación en el marco de compromisos existentes, así como la prohibición de celebrar nuevos compromisos con los beneficiarios. Cualquier decisión de aplicar dichas medidas debe proporcionar garantías sólidas, basadas en evaluaciones de impacto, para asegurar que los beneficiarios finales de los fondos de la Unión no resultan perjudicados.
(14) Al determinar las medidas que han de adoptarse deberá aplicarse el principio de proporcionalidad, para lo que se tomarán en consideración, entre otros aspectos, la gravedad de la situación, el tiempo transcurrido desde el inicio de la actuación de que se trate, su duración y recurrencia, la intención y el grado de colaboración del Estado miembro para poner fin a la deficiencia generalizada que afecte al Estado de Derecho, así como las consecuencias de dicha deficiencia para los fondos correspondientes de la Unión.
(14) Al determinar las medidas que han de adoptarse deberá aplicarse el principio de proporcionalidad, para lo que se tomarán en consideración, entre otros aspectos, la gravedad de la situación, el tiempo transcurrido desde el inicio de la actuación de que se trate, su duración y recurrencia, la intención y el grado de colaboración del Estado miembro para poner fin a la deficiencia generalizada que afecte al Estado de Derecho, así como las consecuencias de dicha deficiencia para los fondos correspondientes de la Unión. El alcance y el grado de la suspensión de los compromisos que deba imponerse deben ser proporcionados, respetar el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales del Estado miembro de que se trate y el impacto de la suspensión para la economía del Estado miembro en cuestión. El impacto de las suspensiones en programas de gran importancia para abordar las condiciones del Estado de Derecho debe constituir un factor específico que habrá de tenerse en cuenta.
(14 bis) Es fundamental que los intereses legítimos de los destinatarios y beneficiarios finales queden debidamente protegidos al adoptar medidas en caso de deficiencias generalizadas. Al considerar las medidas que deban adoptarse, la Comisión debe tener en cuenta su posible repercusión para los destinatarios y beneficiarios finales. Para reforzar la protección de los destinatarios o beneficiarios finales, la Comisión debe supervisar activamente el respeto de la obligación legal de las entidades públicas y de los Estados miembros de seguir efectuando pagos después de que se hayan adoptado medidas sobre la base del presente Reglamento, e informar a los destinatarios o beneficiarios finales de sus derechos en caso de que se produzcan infracciones.
(14 ter) Es fundamental que los destinatarios individuales de becas a través de programas como Erasmus, becas de investigación y becas individuales similares no se vean afectados si se adoptan medidas relativas a un Estado miembro en caso de que existan deficiencias generalizadas.
(15) A fin de garantizar la aplicación uniforme del presente Reglamento y habida cuenta de la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas en virtud del mismo, las competencias de ejecución deben conferirse al Consejo, el cual actuará sobre la base de una propuesta de la Comisión. A fin de facilitar la adopción de cuantas decisiones sean necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, debe recurrirse a la votación por unanimidad sin la participación del Estado miembro en cuestión.
(16) Antes de proponer la adopción de cualquier medida en virtud del presente Reglamento, la Comisión deberá comunicar al Estado miembro afectado el resultado de su evaluación, realizada bien por el grupo de expertos independientes, bien por la propia Comisión, así como los motivos por los que considera que podría haberse producido en él una deficiencia generalizada del Estado de Derecho. La Comisión deberá informar al Parlamento Europeo y al Consejo sobre tal notificación y su contenido. El Estado miembro afectado deberá tener la posibilidad de presentar sus observaciones, que la Comisión habrá de tomar en consideración.
(18) La Comisión deberá mantener informados al Parlamento Europeo y al Consejo de toda medida propuesta y adoptada con arreglo al presente Reglamento,
b) «deficiencia generalizada del Estado de Derecho»: práctica u omisión extendida o recurrente, o medida adoptada por las autoridades públicas que afecte al Estado de Derecho, conforme a lo descrito en el artículo 3;
Deficiencia generalizada del Estado de Derecho
1. Las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecten o amenacen con afectar a los principios de buena gestión financiera o a la protección de los intereses financieros de la Unión son, en particular:
f bis) la libertad de opinión y de expresión, incluidas la libertad de prensa, la libertad de asociación y la libertad de cátedra;
Artículo 3 – apartado 1 – letra f ter (nueva)
f ter) la disciplina presupuestaria de dicho Estado miembro, en particular evitando un déficit público excesivo, en consonancia con el artículo 126 del TFUE.
Artículo 1 – apartado 1 – letra c
c) la limitación de la disponibilidad y eficacia de las vías de recurso judicial, a través, entre otros medios, de normas procesales restrictivas, la inejecución de las resoluciones judiciales, especialmente las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea derivadas de procedimientos de infracción, o la limitación de la investigación, el enjuiciamiento o la sanción efectivos de las infracciones de la ley.
c bis) la limitación desproporcionada de la libertad de prensa, la libertad de asociación y la libertad de cátedra;
Artículo 3 – apartado 2 – letra c ter (nueva)
c ter) la falta de garantía de que el gobierno tenga responsabilidad por ley, al igual que los agentes privados;
Artículo 3 – apartado 2 – letra c quater (nueva)
c quater) la falta de garantía de que las leyes son de dominio público y son justas y protegen los derechos fundamentales, incluida la seguridad de las personas y de los bienes y determinados derechos humanos básicos;
Artículo 3 – apartado 2 – letra c quinquies (nueva)
c quinquies) la falta de garantía de que los procesos mediante los cuales se promulgan, administran y aplican las leyes son accesibles, justos y eficientes;
Artículo 3 – apartado 2 – letra c sexies (nueva)
c sexies) la falta de garantía de que la justicia se aplique a su debido tiempo y por parte de representantes y partes neutrales competentes, independientes y con respeto por la ética que sean accesibles, tengan los recursos adecuados y reflejen la composición de las comunidades a las que sirven;
Artículo 3– apartado 2 – letra c septies (nueva)
c septies) la falta de garantía de que los poderes del Estado se someten a comprobaciones no gubernamentales y de que los funcionarios del gobierno son sancionados en caso de comportamiento indebido.
1. Podrán adoptarse las siguientes medidas, según proceda, en caso de producirse una deficiencia generalizada del Estado de Derecho:
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – parte introductoria
b) cuando la Comisión ejecute el presupuesto de la Unión en régimen de gestión compartida con arreglo al [artículo 62, letra b),] del Reglamento Financiero:
b) cuando la Comisión ejecute el presupuesto de la Unión en régimen de gestión compartida con arreglo al [artículo 62, letra b),] del Reglamento Financiero, en caso de que se produzca una deficiencia generalizada del Estado de Derecho, salvo cuando sea de aplicación la letra b bis):
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 4
4) la reducción de la prefinanciación;
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 5
5) la interrupción de los plazos de pago;
Artículo 4 – apartado 1 – letra b – punto 6
6) la suspensión de los pagos.
Artículo 4 – apartado 1 – letra b bis (nueva)
b bis) en lo que respecta a los Fondos EIE, cuando la Comisión ejecute el presupuesto de la Unión en régimen de gestión compartida con arreglo al [artículo 62, letra b)] del Reglamento Financiero, las medidas definidas en el Reglamento sobre disposiciones comunes deben aplicarse en caso de que se produzca una deficiencia generalizada del Estado de Derecho.
2. Salvo disposición en contrario de la decisión por la que se adopten dichas medidas, la imposición de las medidas apropiadas no afectará a la obligación de las entidades públicas mencionadas en la letra a) del apartado 1 o de los Estados miembros a que se refiere la letra b) del apartado 1 de ejecutar el programa o el fondo afectado por la medida ni, en particular, a la obligación de efectuar los pagos a los destinatarios o beneficiarios finales.
2. La imposición de las medidas apropiadas no afectará a la obligación de las entidades públicas mencionadas en la letra a) del apartado 1 o de los Estados miembros a que se refiere la letra b) del apartado 1 de ejecutar el programa o el fondo afectado por la medida ni, en particular, a la obligación de efectuar los pagos a los destinatarios o beneficiarios finales. Cualquier decisión de aplicar las medidas apropiadas debe proporcionar garantías sólidas, basadas en evaluaciones de impacto, para asegurar que los beneficiarios finales de los fondos de la Unión no resultan perjudicados.
3 bis. El alcance y el grado de la suspensión de los compromisos que deba imponerse deberán ser proporcionados, respetar el principio de igualdad de trato entre Estados miembros y tener en cuenta las circunstancias económicas y sociales del Estado miembro de que se trate y el impacto de la suspensión para la economía del Estado miembro en cuestión. El impacto de las suspensiones en programas de gran importancia para abordar las condiciones del Estado de Derecho deberá constituir un factor específico que habrá de tenerse en cuenta.
1. Cuando la Comisión considere que tiene motivos claros y fundados para pensar que se cumplen las condiciones del artículo 3, enviará una notificación por escrito al Estado miembro de que se trate, exponiendo los motivos en los que funda sus constataciones. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo sobre tal notificación y su contenido.
1 bis. La Comisión proporcionará las garantías necesarias para asegurar que se aplican los mismos criterios a todos los Estados miembros, en consonancia con los principios de igualdad de trato y de no discriminación, a la hora de evaluar la situación del Estado de Derecho, mediante la adopción de medidas similares y no discriminatorias en casos comparables a escala de todos los Estados miembros.
2. Al evaluar el cumplimiento de las condiciones del artículo 3, la Comisión podrá tener en cuenta toda la información pertinente, incluidas las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las resoluciones del Parlamento Europeo, las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos independientes a que se refiere la Resolución del Parlamento Europeo de 25 de octubre de 2016, los informes del Tribunal de Cuentas y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las redes pertinentes, como los órganos del Consejo de Europa y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial, así como los dictámenes de las agencias de la Unión pertinentes.
6. Si la Comisión considera probada la existencia de una deficiencia generalizada del Estado de Derecho, conforme a su definición en el artículo 3, apartado 2, presentará una propuesta de acto de ejecución por el que se adopten las medidas apropiadas al Parlamento Europeo para su opinión y al Consejo para su decisión.
Teniendo en cuenta la opinión del Parlamento Europeo, la decisión se considerará adoptada por el Consejo a menos que este decida, por mayoría cualificada, rechazar la propuesta de la Comisión en el plazo de un mes a partir de su adopción por la Comisión.
El Consejo, por mayoría cualificada, podrá modificar la propuesta de la Comisión y adoptar el texto modificado como decisión del Consejo.
7. Si la Comisión considera probada la existencia de una deficiencia generalizada del Estado de Derecho, conforme a su definición en el artículo 3, apartado 1, presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para que emitan su opinión una propuesta por la que se adopten las medidas apropiadas. Teniendo en cuenta la opinión del Parlamento Europeo y del Consejo, la Comisión tomará la decisión por la que se adopten las medidas apropiadas o la decisión de no aplicar la condicionalidad del Estado de Derecho.
7 bis. Antes de adoptar una decisión sobre las medidas apropiadas, la Comisión llevará a cabo una evaluación del posible impacto de dichas medidas sobre los destinatarios o beneficiarios finales de los pagos relacionados con los programas o fondos afectados. Al valorar la proporcionalidad de las medidas, la Comisión tendrá en cuenta la información y las recomendaciones a las que se hace referencia en el apartado 2.
8. El Consejo, por unanimidad y sin la participación del Estado miembro en cuestión, podrá modificar la propuesta de la Comisión y adoptar el texto modificado como decisión del Consejo.
Artículo 5 – apartado 8 bis (nuevo)
8 bis. Una vez adoptada su decisión, la Comisión presentará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de transferencia a una reserva presupuestaria de un importe equivalente al valor de las medidas adoptadas.
Artículo 5 – apartado 8 ter (nuevo)
8 ter. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartados 4 y 6, del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo y el Consejo deliberarán sobre la propuesta de transferencia en un plazo de cuatro semanas a partir de su recepción por ambas instituciones. La propuesta de transferencia se considerará aprobada a menos que, en el plazo de cuatro semanas, el Parlamento Europeo, por mayoría de los votos emitidos, o el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, la modifiquen o la rechacen. Si el Parlamento Europeo o el Consejo modifican la propuesta de transferencia, se aplicará el artículo 31, apartado 8, del Reglamento Financiero.
Artículo 5 – apartado 8 quater (nuevo)
8 quater. La decisión entrará en vigor en el caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo rechacen la propuesta de transferencia en el plazo previsto en el apartado 8 ter.
Artículo 5 – apartado 8 quinquies (nuevo)
8 quinquies. Durante el período de aplicación de las medidas, la Comisión supervisará activamente si se están respetando los derechos legales de los destinatarios o beneficiarios finales. La Comisión facilitará también la presentación de reclamaciones por parte de los destinatarios o beneficiarios finales cuando consideren que no se respetan sus derechos legales. Cuando la Comisión compruebe que el Estado miembro o la entidad pública de que se trate no cumple su obligación jurídica de realizar los pagos y no se respetan los intereses legítimos de los destinatarios o de los beneficiarios finales, adoptará todas las medidas apropiadas para ayudar a los destinatarios o los beneficiarios finales a hacer valer sus derechos.
3. Cuando se levanten las medidas referentes a la suspensión de la aprobación de uno o más programas o de sus modificaciones, a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), punto 1), o a la suspensión de compromisos, a que se refiere el artículo 4, apartado 1, letra b), punto 2), los importes correspondientes a los compromisos suspendidos se consignarán en el presupuesto, a reserva de lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE, Euratom) n.º XXXX (Reglamento MFP).
La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo de toda medida propuesta o adoptada con arreglo a los artículos 4 y 5.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales (22.11.2018)
Ponente de opinión: Helmut Scholz
El ponente de opinión se felicita por el objetivo del Reglamento propuesto de proteger el presupuesto de la Unión frente a las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en un Estado miembro que afecten o amenacen con afectar a la buena gestión financiera o a la protección de los intereses financieros de la Unión. El ponente de opinión comparte el punto de vista de la Comisión de que existe una clara relación entre el respeto del Estado de Derecho y la ejecución eficiente del presupuesto de la Unión de conformidad con los principios de buena gestión financiera. Reconoce asimismo que la independencia y la imparcialidad del poder judicial son esenciales para garantizar el respeto del Estado de Derecho. Al mismo tiempo, considera que el mecanismo propuesto confiere demasiada facultad discrecional a la Comisión. En particular, los criterios para poner en marcha el procedimiento y para la evaluación cualitativa no están claramente definidos, como tampoco lo están los criterios para la elección y el alcance de las medidas, por lo que la Comisión, en última instancia, sería libre de decidir si debe aplicarse una medida, qué medida debe aplicarse y si dicha medida podría suprimirse más tarde. La posibilidad de que esto suceda es incluso mayor si se tiene en cuenta que la propuesta de la Comisión se consideraría aprobada a menos que el Consejo la rechace por mayoría cualificada en el plazo de un mes («votación por mayoría cualificada inversa»). Además, el mecanismo propuesto parece carecer de base jurídica (el artículo 322 del TFUE, en el que se basa la propuesta, no sería suficiente). También parece desproporcionado, especialmente en comparación con el artículo 7 del TUE, que puede abarcar casos similares de deficiencias en lo que respecta al Estado de Derecho y que exigen, en función de las circunstancias, una mayoría de cuatro quintas partes del Consejo y la unanimidad del Consejo Europeo. Por ello, el ponente de opinión sugiere un mecanismo diferente. El ponente de opinión también es crítico con el hecho de que no se llevara a cabo ninguna consulta específica de las partes interesadas ni evaluaciones de impacto en la preparación de la propuesta de Reglamento. En particular, la propuesta prevé que, en gestión directa e indirecta con arreglo al artículo 62, letras a), y c), del Reglamento Financiero, las medidas solo puedan aplicarse cuando una entidad pública sea el beneficiario. Si esta condición no se cumple, la financiación de la Unión no puede ser objeto de ninguna de las medidas contempladas en la propuesta de Reglamento. Sin una evaluación de impacto que aclare qué parte del presupuesto de la Unión quedaría fuera de la protección del mecanismo propuesto, es difícil establecer sus beneficios potenciales. El ponente de opinión también se pregunta por qué la propuesta no establece ninguna obligación de que la Comisión evalúe la posibilidad de suprimir medidas por propia iniciativa y de informar sobre la aplicación de la propuesta de Reglamento. A la luz de lo anteriormente expuesto, el ponente de opinión sugiere que se modifique la propuesta tal como se indica a continuación.
La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Presupuestos y a la Comisión de Control Presupuestario, competentes para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas:
(1) La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. De conformidad con los artículos 2 y 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), los Estados miembros y las instituciones de la Unión están obligados a respetar, proteger y promover estos valores, comunes a todos los Estados miembros, en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. El artículo 2 del TUE no establece jerarquía alguna entre estos valores.
Esta enmienda tiene por objeto adaptar el considerando a la redacción actual del artículo 2 del TUE.
(1 bis) Los Estados miembros cooperarán leal y debidamente para asumir las obligaciones derivadas de la adhesión a la Unión contempladas en el Tratado de la Unión Europea.
(2) El Estado de Derecho requiere que todos los poderes públicos actúen dentro de los límites establecidos por la ley, de conformidad con los valores de la democracia y los derechos fundamentales y bajo el control de órganos jurisdiccionales independientes e imparciales. Exige, en particular, que se respeten los principios de legalidad7, seguridad jurídica8, prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo9, separación de poderes10 y tutela judicial efectiva11 por tribunales independientes12.
7 Sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de abril de 2004, Kovalkovas, C477/99, ECLI:EU:C:2004:236, apartado 63;
10 Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C477/16, ECLI:EU:C:2016:861, apartado 36; Sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de noviembre de 2016, Kovalkovas, C477/16, ECLI:EU:C:2016:858, apartado 35; sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de diciembre de 2010, DEB,C-279/09, ECLI:EU:C:2010:811, apartado 58.
11 Sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de febrero de 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses / Tribunal de Contas C64/16, ECLI:EU:C:2018:117, apartados 31 y 40 a 41; sentencia del Tribunal de Justicia de 25 de julio de 2018, LM, C-216/18 PPU, ECLI:EU:C:2018:586, apartados 63 a 67;
La enmienda tiene por objeto adaptar el considerando a la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia.
(7) La independencia del poder judicial presupone, en particular, que el órgano correspondiente se halle en condiciones de ejercer sus funciones jurisdiccionales de manera totalmente autónoma, sin estar sujeto a ningún vínculo jerárquico ni subordinado a ningún otro órgano, y sin recibir órdenes o instrucciones de ninguna fuente, quedando de tal forma protegido contra intervenciones o presiones externas que pudieran mermar la independencia de juicio de sus miembros e influir en sus decisiones. Las garantías de independencia e imparcialidad requieren la existencia de reglas, especialmente en lo que se refiere a la composición del órgano, así como al nombramiento, la duración del mandato y los motivos de exclusión y cese de sus miembros, que permitan disipar en el ánimo de los justiciables toda duda legítima en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.
(7) La independencia del poder judicial presupone, en particular, que el órgano correspondiente se halle en condiciones de ejercer sus funciones jurisdiccionales de manera totalmente autónoma, sin estar sujeto a ningún vínculo jerárquico ni subordinado a ningún otro órgano, y sin recibir órdenes o instrucciones de ninguna fuente, quedando de tal forma protegido contra intervenciones o presiones externas que pudieran mermar la independencia de juicio de sus miembros e influir en sus decisiones. La independencia del poder judicial presupone también que se mantiene la equidistancia con respecto a las partes del litigio y a sus intereses respectivos en relación con el objeto de dicho litigio. Este aspecto exige el respeto de la objetividad y la inexistencia de cualquier interés en la solución del litigio que no sea el de la aplicación estricta de la norma jurídica. Las garantías de independencia e imparcialidad requieren la existencia de reglas, especialmente en lo que se refiere a la composición del órgano, así como al nombramiento, la duración del mandato y los motivos de abstención, exclusión y cese de sus miembros, que permitan disipar en el ánimo de los justiciables toda duda legítima en lo que respecta a la impermeabilidad de dicho órgano frente a elementos externos y a su neutralidad con respecto a los intereses en litigio.
(Véase la enmienda correspondiente al nuevo considerando 7 bis de la propuesta)
La enmienda tiene por objeto adaptar el considerando a la jurisprudencia más reciente del Tribunal de Justicia (en particular, el asunto C-216/18, apartados 63 a 67).
(7 bis) La necesidad de un poder judicial independiente exige igualmente que el régimen disciplinario que se aplique a quienes tienen la misión de juzgar presente las garantías necesarias para evitar cualquier riesgo de que dicho régimen pueda utilizarse como sistema de control político del contenido de las resoluciones judiciales. Establecer normas que definan, en particular, tanto los comportamientos constitutivos de infracciones disciplinarias como las sanciones aplicables concretamente, que prevean la intervención de un órgano independiente con arreglo a un procedimiento que garantice plenamente los derechos consagrados en los artículos 47 y 48 de la Carta, especialmente el derecho de defensa, y que consagren la posibilidad de impugnar judicialmente las decisiones de los órganos disciplinarios da lugar a un conjunto de garantías esenciales para preservar la independencia del poder judicial.
(Véase la enmienda al considerando 7 de la propuesta)
(11 bis) La Comisión debe poder supervisar de manera continua la situación del Estado de Derecho en los Estados miembros y podría establecerse un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales, tal y como solicitó el Parlamento Europeo en su Resolución de 25 de octubre de 20161 bis.
1 bis Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el establecimiento de un mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales (2015/2254(INL)) (DO C 215 de 19.6.2018, pp. 162-177).
(12) La identificación de una deficiencia generalizada requiere una evaluación cualitativa, transparente e imparcial por parte de la Comisión. Dicha evaluación debe basarse en la información procedente de todas las fuentes disponibles y todas las instituciones reconocidas, incluidas las condiciones y el calendario de adopción, aplicación y cumplimiento de los capítulos pertinentes del acervo, las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los informes del Tribunal de Cuentas, las Resoluciones del Parlamento Europeo y las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones y redes internacionales pertinentes, como los órganos del Consejo de Europa y las redes europeas de tribunales supremos y consejos del poder judicial.
(Véanse las enmiendas al artículo 5, apartado 2, de la propuesta)
(14 bis) Resulta fundamental que los intereses legítimos de los destinatarios y beneficiarios finales del programa o del fondo al que se dirigen las medidas en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros estén plenamente garantizados y no se vean afectados por infracciones de las normas de las que dichos destinatarios y beneficiarios no son responsables. A la hora de proponer tales medidas, la Comisión debe tener en cuenta el posible impacto sobre los destinatarios y beneficiarios finales, y debe supervisar activamente el cumplimiento de la obligación legal de los Estados miembros de seguir realizando pagos tras la adopción de medidas por parte de la Comisión de conformidad con el presente Reglamento. En caso de infracción por parte de un Estado miembro, la Comisión debe informar a los destinatarios o beneficiarios finales de sus derechos.
(14 ter) Antes de proponer medidas concretas, la Comisión debe evaluar las posibles repercusiones presupuestarias de dichas medidas para el presupuesto nacional del Estado miembro de que se trate, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y no discriminación.
(15 bis) Habida cuenta de sus efectos para el presupuesto de la Unión, las medidas impuestas con arreglo al presente Reglamento solo deben entrar en vigor una vez que el Parlamento Europeo y el Consejo hayan aprobado la transferencia a una reserva presupuestaria de un importe equivalente al valor de las medidas adoptadas. A fin de garantizar una pronta decisión sobre las medidas necesarias para proteger los intereses financieros de la Unión, tales transferencias deben considerarse aprobadas a menos que, en un plazo de tiempo determinado, el Parlamento Europeo o el Consejo —este último por mayoría cualificada— las modifiquen o rechacen.
(16) Antes de proponer la adopción de cualquier medida en virtud del presente Reglamento, la Comisión debe comunicar al Estado miembro afectado los motivos por los que considera que podría haberse producido en él una deficiencia generalizada del Estado de Derecho. La Comisión debe informar de inmediato al Parlamento Europeo y al Consejo sobre tal notificación y su contenido. El Estado miembro afectado debe tener la posibilidad de presentar sus observaciones y la Comisión ha de tomarlas en consideración.
(17) La Comisión debe levantar las medidas, con efecto suspensivo, y enviar una propuesta al Parlamento Europeo y al Consejo de que se levante, total o parcialmente, la reserva presupuestaria de las medidas en cuestión si la situación que ha dado lugar a la imposición de las medidas ha sido suficientemente subsanada.
a) «Estado de Derecho»: se entenderá en relación con los valores de la Unión consagrados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y en los criterios de adhesión a la Unión como señala el artículo 49 del Tratado; incluye los principios de legalidad, que implica un sistema transparente, responsable, democrático y pluralista de promulgación de las leyes; seguridad jurídica; prohibición de la arbitrariedad del poder ejecutivo; tutela judicial efectiva por parte de tribunales independientes e imparciales, incluida la protección de los derechos fundamentales; separación de poderes e igualdad ante la ley;
La Comisión supervisará y evaluará de manera continua la correcta aplicación del Derecho de la Unión y el respeto del Estado de Derecho.
Condiciones para la protección del presupuesto de la Unión
(Véanse las enmiendas a los artículos 3, 4 y 5 de la propuesta)
El título de este artículo debe adaptarse a su contenido real.
f) la eficaz y oportuna cooperación con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y, a condición de que el Estado miembro afectado participe, con la Fiscalía Europea en sus investigaciones o actuaciones judiciales, de conformidad con sus instrumentos jurídicos respectivos y con el principio de cooperación leal.
No todos los Estados miembros cooperan en el marco de la Fiscalía Europea.
c bis) la puesta en peligro de la capacidad de un Estado miembro de cumplir las obligaciones derivadas de la adhesión a la Unión, incluida la capacidad de aplicar efectivamente las disposiciones, normas y políticas que constituyen el corpus del Derecho de la Unión;
(Véanse las enmiendas a los artículos 3 y 5 de la propuesta)
Se propone una redacción más precisa.
Artículo 4 – apartado 1 – letra a – punto 2 bis (nuevo)
2 bis) cuando proceda, una suspensión de la gestión indirecta, que se verá sustituida por la ejecución en régimen de gestión directa;
Esta enmienda propone una medida adicional para proteger el presupuesto de la Unión.
2. La imposición de las medidas a que se refiere el apartado 1 no afectará a la obligación de las entidades públicas mencionadas en la letra a) del apartado 1 o de los Estados miembros a que se refiere la letra b) del apartado 1 de ejecutar el programa o el fondo afectado por la medida ni, en particular, a la obligación de efectuar los pagos a los destinatarios o beneficiarios finales. La Comisión supervisará activamente si se respetan los derechos legales de los destinatarios o beneficiarios finales. Si la Comisión encuentra pruebas de que el Estado miembro no está cumpliendo su obligación de garantizar los pagos y los intereses legítimos de los destinatarios o beneficiarios finales, adoptará todas las medidas apropiadas para ayudar a dichos destinatarios o beneficiarios a hacer valer sus derechos. No se aplicará el artículo 68, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE, Euratom) n.º XXXX (Reglamento sobre disposiciones comunes).
En su Resolución de 14 de marzo de 2018 sobre el próximo MFP, el Parlamento consideró que los «beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no pueden verse afectados en modo alguno por las infracciones contra normas de las que no son responsables» (véase el apartado 119). El artículo 68, apartado 1, letra b), de la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes (COM(2018)0375), que obliga a la autoridad nacional a garantizar el pago al beneficiario en función de la disponibilidad de financiación, no debe, por tanto, aplicarse al caso que nos ocupa.
1. Cuando la Comisión tenga motivos fundados para pensar que se cumplen las condiciones del artículo 3, enviará una notificación por escrito al Estado miembro de que se trate, exponiendo los motivos en los que funda sus constataciones. La Comisión informará sin demora al Parlamento Europeo y al Consejo sobre tal notificación y su contenido.
2. Antes de recurrir a la notificación escrita con arreglo al apartado 1, la Comisión tendrá en cuenta toda la información pertinente, incluidas las condiciones y el calendario de la adopción, aplicación y cumplimiento por el Estado miembro de los capítulos pertinentes del acervo y, de estar disponibles, las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los informes del Tribunal de Cuentas y las Resoluciones del Parlamento Europeo. También tendrá en cuenta las conclusiones y recomendaciones de las organizaciones internacionales pertinentes, y en particular:
i) la lista de criterios del Estado de Derecho elaborada por la Comisión de Venecia,
ii) la Recomendación CM/Rec (2010) 12 del Consejo de Europa, titulada «Jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades»,
iii) el Informe de la Comisión de Venecia sobre la independencia del poder judicial, Parte I: la independencia de los jueces (CDL-AD(2010)004),
iv) el Informe de la Comisión de Venecia, Parte II: el Servicio de la Fiscalía (CDL-AD (2010)040), y
v) los informes pertinentes de evaluación y cumplimiento del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO).
Una especificación más clara de las posibles fuentes de orientación podría mejorar la transparencia, trazabilidad y auditabilidad del mecanismo propuesto, así como la seguridad jurídica y la no arbitrariedad de las atribuciones que deben conferirse a la Comisión.
4. El Estado miembro en cuestión deberá aportar toda la información requerida y podrá presentar sus observaciones dentro de un plazo especificado por la Comisión, que no podrá ser inferior a un mes ni superior a tres meses a partir de la fecha de notificación de la constatación. En sus observaciones, el Estado miembro podrá proponer la adopción de medidas correctoras.
5. Al decidir si adopta una decisión por la que se tomen las medidas apropiadas, la Comisión tendrá en cuenta la información recibida y las posibles observaciones efectuadas por el Estado miembro afectado, así como la adecuación de las medidas correctoras propuestas.
6 bis. Simultáneamente a la adopción de su decisión, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de transferencia a una reserva presupuestaria de un importe equivalente al valor de las medidas adoptadas. No obstante lo dispuesto en el artículo 31, apartados 4 y 6, del Reglamento Financiero, el Parlamento Europeo y el Consejo deliberarán sobre la propuesta de transferencia en un plazo de cuatro semanas a partir de su recepción por ambas instituciones. La propuesta de transferencia se considerará aprobada a menos que el Parlamento Europeo, por mayoría de los votos emitidos, o el Consejo, pronunciándose por mayoría cualificada, la modifiquen o rechacen. La decisión entrará en vigor en caso de que ni el Parlamento Europeo ni el Consejo rechacen la propuesta de transferencia dentro de este plazo. Si el Parlamento Europeo o el Consejo modifican la propuesta de transferencia, se aplicará el artículo 31, apartado 8, del Reglamento Financiero.
6 ter. En la propuesta presentada con arreglo al apartado 6, la Comisión garantizará la plena salvaguardia de los intereses legítimos de los destinatarios o beneficiarios finales del programa o del fondo afectados por la medida. La Comisión evaluará asimismo las posibles repercusiones presupuestarias de una reducción en la financiación de la Unión para el presupuesto nacional del Estado miembro de que se trate, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad y no discriminación.
(Véanse las enmiendas a los artículos 3 y 4 de la propuesta)
En su Resolución de 14 de marzo de 2018 sobre el próximo MFP, el Parlamento consideró que «los beneficiarios finales del presupuesto de la Unión no pueden verse afectados en modo alguno por las infracciones contra normas de las que no son responsables», que «el presupuesto de la Unión no es el instrumento adecuado para abordar el incumplimiento del artículo 2 del TUE» y que «cualquier consecuencia financiera debe ser afrontada por el Estado miembro al margen de la ejecución del presupuesto» (véase el apartado 119).
(Véase la enmienda al considerando 15 de la propuesta)
1. El Estado miembro afectado podrá presentar en cualquier momento a la Comisión pruebas que demuestren que la deficiencia generalizada del Estado de Derecho ha sido suficientemente subsanada o ha cesado.
La Comisión evaluará la situación en dicho Estado miembro. Una vez que las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en relación con las cuales se hayan adoptado las medidas apropiadas cesen en todo o en parte, la Comisión presentará al Consejo una propuesta de Decisión para el levantamiento total o parcial de esas medidas. Se aplicará en tales casos el procedimiento establecido en los apartados 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 5.
A solicitud del Estado miembro interesado o por propia iniciativa, la Comisión evaluará la situación en ese Estado miembro. Una vez que las deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en relación con las cuales se hayan adoptado las medidas en cuestión cesen en todo o en parte, la Comisión adoptará una decisión para el levantamiento total o parcial de esas medidas. Al mismo tiempo, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta para el levantamiento total o parcial de la reserva presupuestaria contemplada en las medidas adoptadas. Se aplicará en tales casos el procedimiento establecido en los apartados 2, 4, 5, 6, 6 bis y 6 ter del artículo 5.
La Comisión debe estar facultada para actuar por iniciativa propia y no solo a petición del Estado miembro de que se trate. Se propone una redacción más precisa.

References: artículo 3
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 12
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 322
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 6
 artículo 317
 artículo 317
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 47
 artículo 2

Artículo 3

Artículo 3
 artículo 9
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 3

Artículo 3
 artículo 126

Artículo 1

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4

Artículo 4
 artículo 3
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 artículo 3

Artículo 5

Artículo 5
 artículo 31
 artículo 31

Artículo 5

Artículo 5
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 7
 artículo 322
 artículo 7
 artículo 62
 artículo 2
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 49

Artículo 4
 artículo 68
 Resolución 
 artículo 68
 artículo 3
 artículo 31
 artículo 31
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 5