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Timestamp: 2019-11-12 13:40:11+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2019-8868
Documento BOE-A-2019-8868
«BOE» núm. 141, de 13 de junio de 2019, páginas 62036 a 62053 (18 págs.)
BOE-A-2019-8868
Primero: Traslado a papel de copia electrónica de Certificación de Acta de Adjudicación y Mandamiento de Cancelación de Cargas de fecha 07 de noviembre de 2018 dictadas en el procedimiento de referencia, tuvieron entrada en este Registro el día 22 de enero de 2019, Entrada 223/2018 y 224/2018, causando los asientos de presentación 878 y 879 del Diario 61.
La calificación emitida deniega la inscripción de un acta de adjudicación directa, recaída en el expediente S2018R2886001007, lote 05, de la Dependencia Regional de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Madrid (asiento de presentación 878 del Diario 61).
Así, el artículo 18 LH dispone que «Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro.» Por su parte, para el caso de los documentos administrativos, el artículo 99 RH indica que “La calificación registral de documentos administrativos se extenderá. en todo caso. a la competencia del órgano, a su congruencia de la resolución con la clase de expediente o procedimiento seguido, a las formalidades extrínsecas del documento presentado, a los trámites e incidencias esenciales del procedimiento, a la: relación de éste con el titular registral y a los obstáculos que surjan del Registro”.
4. Así pues, el registrador debe revisar la resolución administrativa a fin de evitar la omisión del titular registral en el procedimiento administrativo, habida cuenta de los efectos que se derivan de la inscripción (art. 38 LH), pero lo que no puede es convertirse en revisor de toda la legalidad administrativa, vulnerando un principio esencial básico como es la presunción de legalidad administrativa (en este sentido, el artículo 39 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas dispone que “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa”) y el principio de autotutela declarativa, en cuya virtud es la propia Administración la competente para revisar la propia legalidad de sus actos administrativos, ya sea de oficio a través de la declaración de nulidad de pleno derecho o la declaración de lesividad, ya sea a instancia de los propios interesados, mediante el uso de los recursos administrativos, y posteriormente, a través del recurso contencioso­administrativo ante los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso­administrativo (Título V de la Ley 39/2015 y art. 106 CE).
5. Queremos concluir este fundamento señalando que, aun aceptado a efectos meramente dialécticos que ya no se pudiera acudir tras una subasta desierta al procedimiento de adjudicación directa, en modo alguno puede considerarse que su uso suponga una omisión total del procedimiento establecido generador de nulidad de pleno derecho. Para empezar, porque precisamente se ha seguido un procedimiento concreto, con respeto de todos sus trámites, esenciales y accesorios. Pero fundamentalmente, porque no se ha usado un procedimiento derogado para el supuesto de hecho concreto, como erróneamente concluye el registrador en su nota: es decir, aun cuando no se pueda acudir a la adjudicación directa por quedar desierta la subasta, se podría acudir a la misma en los supuestos del artículo 107 del RGR, y en lo que atañe al presente expediente, en los supuestos del apartado 1.b) y e) (“por razones de urgencia justificadas en el expediente», o «en otros casos en que no sea posible o no convenga promover concurrencia, por razones justificadas en el expediente”).
En efecto, de acuerdo con el registrador, a estos expedientes les es aplicable el nuevo régimen material de la subasta, pero no las normas de desarrollo de la misma. Pues bien, corno señala la exposición de motivos del RD 1071/2017, “La adjudicación directa se elimina como procedimiento posterior y subsiguiente al procedimiento de subasta. Se trata de simplificar el procedimiento de enajenación para potenciar la concurrencia en el mismo, así como su transparencia y agilidad”.
b) la finca objeto de la subasta se valora por la Administración tributaria en la cantidad de 116.603,40 euros, sin que conste sobre la misma cualesquiera otras cargas o gravámenes inscritos en el Registro de la Propiedad.
d) la mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 30 de julio de 2018 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, sin exigencia de tipo o precio mínimo, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada, declarar en dicho procedimiento adjudicatario del lote integrado por la finca registral número 34.673, previamente subastada, a la mercantil «Eurolatam Business, S.L.», por el importe de 81.622,38 euros.
Y precisamente por haberlo entendido así, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 116.603,40 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad muy inferior de 81.622,38 euros. Este hecho avala la afirmación de la registradora sobre el perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda Pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe total del crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien embargado».
Madrid, 23 de mayo de 2019.–El Director General de los Registros y del Notariado, Pedro José Garrido Chamorro

References: artículo 18
 artículo 99
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 artículo 107