Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/contencioso-administrativo/resolucion-num-126272015-direccion-general-de-los-registros-y-del-notariado-madrid-26-10-2015
Timestamp: 2017-12-14 13:11:30+00:00

Document:
Marginal: PROV\2015\274141
núm. 12627/2015
REGISTRO DE LA PROPIEDAD: INSCRIPCION: AUTO DICTADO EN EJECUCION DE SENTENCIA ANULATORIA DE UNA ACTO ADMINISTRATIVO: IMPROCEDENCIA: Requiere la firmeza de la resolución judicial, la presentación del oportuno mandamiento ordenando la práctica del asiento, así como los asientos que deban ser cancelados: no incumbe al Registrador cual sea el alcance de los efectos producidos por la sentencia presentada: cancelación improcedente de los asientos afectados de nulidad por falta de citación de los titulares registrales en el procedimiento tramitado.
En el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la Registradora de la Propiedad de Rota por la que se deniega la inscripción de un auto dictado en ejecución de sentencia de juzgado Contencioso-Administrativo, la DGRN acuerda desestimar el recurso y confirmar la nota de calificación impugnada.
Con fecha 28 de abril de 2015, se presentó, por don J. P. C. en el Registro de la Propiedad de Rota, testimonio judicial del auto dictado por doña Carmen Beardo Hurtado, Magistrada-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz, el día 19 de marzo de 2015, en incidente de ejecución número 117.5/2007, que fue objeto de la siguiente nota de calificación: «Rocío Agüero Ruano, Registrador de la Propiedad de Rota, provincia de Cádiz, Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. En Rota, a 20-05-2015. Antecedentes de hecho I. Remitida por correos, a las dieciséis horas y cincuenta y nueve minutos del día diecisiete de enero de dos mil catorce, se presentó en el Libro Diario 47 de este Registro con el número 262, instancia privada suscrita por Don J. P. R. en representación de la mercantil Edesur, S.L., instancia privada con su firma legitimada por Doña María José Perales Piqueres, Notario de El Puerto de Santa María el día 16 de enero de 2.014. A dicha instancia se adjuntaban diversas fotocopias de resoluciones judiciales. En ella se solicita se proceda a la inscripción de la Sentencia dictada el 7 de Noviembre de 2.013 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz en el procedimiento ordinario 117/07 y por ende se proceda a la cancelación de la inscripción de fecha 17 de septiembre de 2007 relativa al Proyecto de Reparcelación de la UE 11-A del PGOU de Rota. II. Dicho documento fue calificado negativamente con fecha 5 de Febrero de 2.014, habiéndose apreciado por esta registradora que suscribe en dicha calificación dos defectos subsanables. III. Notificada reglamentariamente la nota de calificación al Juzgado y al presentante, se solicita por éste el día 20 de febrero de 2014 calificación sustitutoria, que fue realizada con fecha 26 de febrero de 2014 por doña Camino Magán Ayuso, Registradora de El Puerto de Santa María número 4 y accidental del registro Mercantil de Cádiz, ratificándose por el registrador sustituto la nota de calificación puesta. IV. Con fecha 3 de Abril de 2.014 se presenta en este Registro por el Sr. P. R. instancia en la que se solicita de nuevo la inscripción de la referida sentencia de 17 de noviembre de 2013, anotación de suspensión por defectos subsanables y la prórroga del asiento de presentación. A dicha instancia se acompaña testimonio de dicha Sentencia expedido el día 31 de marzo de 2014 por Doña E. G. R. S., Secretaria del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Cádiz. V. Con fecha 14 de abril de 2014 se realizó anotación de suspensión por defectos subsanables sobre todas las fincas registrales que pudieran verse afectadas por la declaración de nulidad del expediente de equidistribución contenida en el título judicial presentado. VI. Con fecha 2 de julio de 2014 se presenta por el Sr. P. R. mandamiento dictado el día 23 de junio de 2014 por doña E. G. R. S., Secretaria del referido Juzgado, en la que se ordena la prórroga de la anotación preventiva del recurso. VII. Con fecha 21 de Julio de 2.014 se pone por esta registradora que suscribe nota de calificación negativa. VIII. Con fecha 16 de octubre de 2.014 se presenta por el Sr. P. R. nuevo Mandamiento dictado el día 24 de septiembre de 2014 por doña E. G. R. S. en el que se ordena tomar anotación preventiva de suspensión por defectos subsanables. IX. Con fecha 27 de octubre de 2014 se pone por esta registradora que suscribe nota de calificación negativa. X. Con fecha 9 de diciembre de 2014 se presenta por el Sr. P. C. en representación de la mercantil Edesur, S.L., mandamiento judicial dictado el día 4 de diciembre de 2014 por doña E. G. R. S. en la que se solicita la prórroga de la anotación preventiva de suspensión por defectos subsanables del título presentado a inscripción. XI. Con fecha 16 de diciembre de 2014 se realizó anotación preventiva de prórroga de la anotación de suspensión por defectos subsanables anteriormente practicada sobre todas las fincas registrales que pudieran verse afectadas por la declaración de nulidad del expediente de equidistribución contenida en el título judicial presentado. XII. Con fecha 8 de abril de 2015 se presenta por don J. A. M. S., de la Asesoría Jurídica del Excelentísimo Ayuntamiento de Rota, Oficio de 6 de abril de 2015 expedido por doña Eva Corrales Caballero, Alcaldesa del Excelentísimo Ayuntamiento de Rota por el cual se adjunta Auto de fecha de 4 de marzo de 2015 por la Juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz doña Carmen Beardo Hurtado en incidente de ejecución 131/2007 procedente del Juicio Ordinario 131/2007 seguido a instancia de la Mercantil Edesur, S.L., contra Decreto de la Alcaldía de Rota de 21 de junio de 2007 por el que se aprobó definitivamente el Proyecto de Urbanización de la UE 11 A del PGOU de Rota. XIII. Con fecha 28 de abril de 2015 se presenta por don J. P. C. Testimonio judicial del Auto dictado por doña Carmen Beardo Hurtado, Magistrada-Juez de los Contencioso-Administrativo de Cádiz el día 19 de marzo de 2015 en incidente de ejecución 117.5/2007 en el que se ordena la inscripción en el Registro de la Propiedad de Rota de «la inscripción del fallo de la Sentencia de 7/11/07 (sic) librando los oportunos Mandamientos. Sin expresa condena en costas» refiriéndose, como consta en el Hecho Primero, a la Sentencia de 7/11/13. XIV. El Proyecto de Reparcelación de la UE-10 del PGOU de Rota cuya nulidad fue declarada por la Sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz el día 7 de noviembre de 2013 en el procedimiento ordinario 117/07 a instancias de la mercantil Edesur, S.L., afectó a 10 fincas registrales: 22.863, 9.659, 10.301, 35.131, 35.132, 9.718, 9.719, 35.133, 35.134 y 7.343. Dichas fincas formaron por agrupación instrumental la registral 46.633. Esta finca, a su vez, como consecuencia de la reparcelación se dividió en nueve fincas registrales: 46.634 a 46.642 ambas inclusive. A. Las fincas registrales 46.636 y 46.637 se agruparon para formar la 48.256. B. La finca registral 46.634 se dividió horizontalmente en 46 fincas independientes: registrales 48.609 a 48.654. C. La finca registral 46.642 se dividió horizontalmente en 61 fincas: registrales 50.230 a 50.290. XV. Resultan, pues, afectadas por la Sentencia de nulidad dictada las siguientes fincas registrales: A. Como procedentes de la registral 46.634: las fincas 48.609 a 48.654. B. La finca registral 46.635. C. Como procedente de las registrales 46.636 y 46.637: la finca registral 48.256. D. La finca registral 46.638. E. La finca registral 46.639. F: La finca registral 46.640 G. La finca registral 46.641. H. Como procedentes de la registral 46.642: las fincas 50.230 a 50.290. XVI. La demanda de interposición de recurso contencioso administrativo que dio lugar al procedimiento ordinario 117/07 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz fue anotada preventivamente en el Registro de la Propiedad de Rota con las siguientes particularidades: A. Fecha de la anotación preventiva: 9 de noviembre 2009. B. Fincas sobre las que se practicó la anotación: 46.634, 46.635, 48.256 y 46.638. C. Fincas sobre las que no se practicó la anotación: 46.639, 46.640, 46.641, 46.642. D. Con fecha 10 de septiembre de 2012 se dictaron mandamientos de cancelación de las referidas anotaciones de demanda por renuncia del recurrente a la medida cautelar adoptada con devolución del aval prestado de 396.000 euros. E. Con fecha 2 de octubre 2012 se presentaron dichos mandamientos en el Registro para su despacho, que no pudo llevarse a efecto por haber sido retirados por el presentante para pago de impuestos el día 25 de octubre de 2012, no volviendo a presentarse de nuevo. F. La anotación de demanda practicada sobre la registral 46.634 fue cancelada por caducidad el día 13 de noviembre de 2013. G. La anotación de demanda practicada sobre las restantes fincas, registrales 46.635, 46.638 y 48.256 caducaron el día 9 de noviembre de 2013 pero no han sido canceladas. Fundamentos de Derecho Vistos los artículos 24, 117 y 118 de la Constitución Española; 1, 18, 19, 20, 38, 40, 82, 83, 86, 97 de la Ley Hipotecaria; 100, 206.12 y 208 del Reglamento Hipotecario; 207.2 y 524.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de abril de 2013; Resoluciones de la DGRN de 31 de diciembre de 1.986, 9 de mayo de 2.001, 14 de enero de 2003, 20 de marzo de 2003, 24 de octubre de 2003, 14 de enero de 2005, 10 de octubre de 2005, 30 de abril de 2009, 5 de agosto de 2013, 25 de noviembre de 2013, 13 de junio de 2014 y 18 de marzo de 2015 resulta que la inscripción del título presentado, tras la aportación de documento subsanatorio sigue sin poder realizarse por haberse apreciado en su calificación los siguientes defectos: 1.–El auto dictado en ejecución de la sentencia recaída no es firme, siendo la firmeza un requisito imprescindible para que la inscripción pueda llevarse a efecto, tal y como se indica por la Magistrada-Juez en el título presentado. Es firme aquella resolución judicial contra la que no cabe recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque, estando previsto, ha transcurrido el plazo legalmente establecido sin que ninguna de las partes lo haya interpuesto. 2.–El auto dictado dispone expresamente que para la inscripción de la sentencia, en vía ejecutiva, deben dictarse «los oportunos mandamientos» que deberán ser de cancelación de los asientos correspondientes; mandamientos que a día de hoy no han sido presentados en el Registro. 3. No se especifica en el título presentado a inscripción los asientos registrales que en ejecución de la sentencia dictada deberán ser cancelados. La sentencia dictada anula en su fallo, por no ser ajustada al Ordenamiento Jurídico, «La Resolución que se describe en el primer fundamento de derecho de esta Sentencia», que se refiere al «Acuerdo de fecha 21 de mayo de 2007 de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Rota, que decidió ratificar el; Proyecto de Reparcelación aprobado por la correspondiente Junta de Compensación, en la que se contiene la equidistribución de beneficios y cargas derivados del desarrollo urbanístico de la UE 11 A de la revisión del PGOU de Rota.» Se trata, por tanto, de una sentencia firme que anula el acto administrativo de aprobación de un expediente de equidistribución. Dicho expediente de equidistribución tuvo acceso en su día al Registro de la Propiedad. Por esa razón, la inscripción que eventualmente pudiera practicarse en el Registro de la Propiedad de la Sentencia dictada, tendrá que operarse, en este caso, mediante la práctica de los correspondientes asientos de cancelación de las inscripciones realizadas en virtud de dicho expediente, y de las: que traigan causa de éstas, lo que permitiría devolver la situación registral a su estado original, es decir, el anterior a la inscripción del proyecto cuya nulidad se declara. Nada dice, sin embargo, sobre ese particular la sentencia firme que se presenta a inscripción ni la ejecutoria que ahora se acompaña; sentencia que se limita en su fallo a declarar la nulidad del acto administrativo impugnado, y ejecutoria que se limita a ordenar su inscripción en el Registro de la Propiedad. Nada dice tampoco, ni sobre las fincas afectadas por dicha resolución judicial, ni sobre los asientos que deben cancelarse por mor de la misma, de ahí que para que la mutación jurídico registral que se pretende pueda llevarse a término, hubiera sido preciso, a juicio de esta registradora que suscribe, que, en la ejecución de sentencia, por medio de ejecutoria, se hubiese determinado por el juzgador que asientos, de los practicados en virtud de dicho expediente de equidistribución, deben ser cancelados; si todos, alguno, algunos o ninguno, en vista de la situación registral existente a la fecha en que se presente el título judicial hábil para practicar dicha mutación registral, título que no es la sentencia firme presentada sino la ejecutoria dictada para asegurar su cumplimiento, unida al correspondiente mandamiento de cancelación todavía no presentado y que ha de especificar, lógicamente, los asientos a que el mismo se refiere. Efectivamente, la regla del artículo 71.1 del RD 1093/1997, que dice que la sentencia será título bastante para practicar los asientos dispuestos en ella, responde a la idea del carácter directamente inscribible del fallo judicial en los términos previstos; en los artículos 3 de la LH y 2.1 de las Normas Complementarias –1093/1997–. En efecto, firme la sentencia que pone fin al procedimiento contencioso administrativo, el contenido del fallo puede referirse a dos aspectos: a una mutación jurídico real que afecte a la titularidad de fincas determinadas, al contenido de los derechos inscritos o a la modificación de la descripción el inmueble; o a la determinación de los asientos que hayan de practicarse como consecuencia del contenido material de la sentencia. Este doble contenido, que el artículo 71.1 referido predica de la sentencia inscribible, no deja al criterio calificador del registrador la decisión de los asientos a practicar, sino que dicha decisión concreta se atribuye al Juez que dicte la sentencia correspondiente. En tal sentido, si de la sentencia no resulta directamente el dato de los asientos que debe practicar el registrador, será necesario su complemento en trámite de ejecución. Esto, además de aplicación del principio general de exigencia de ejecutoria para la inscripción de resoluciones judiciales, y de mandamiento judicial que la desarrolle para la cancelación de asientos registrales vigentes, resulta con claridad meridiana de la sentencia dictada recientemente sobre esta materia por el Tribunal Supremo el 16 de Abril de 2.013 a propósito de la ejecución registral de las sentencias dictadas en procedimientos contencioso administrativos. Dice, en este sentido, el Alto Tribunal que: «...tratándose de supuestos en los que la inscripción registral viene ordenada, por una resolución judicial firme, cuya ejecución se pretende, la decisión acerca del cumplimiento de los requisitos propios de la contradicción procesal, así como los relativos a la citación o llamada de terceros registrales al procedimiento jurisdiccional en el que se ha dictado la resolución que se ejecuta, ha de corresponder, necesariamente, al ámbito de la decisión jurisdiccional. E, igualmente, será suya la decisión sobre el posible conocimiento, por parte de los actuales terceros, de la existencia del procedimiento jurisdiccional en el que se produjo la resolución determinante de la nueva inscripción. Será pues el órgano jurisdiccional que ejecuta la resolución de tal naturaleza el competente para –en cada caso concreto– determinar si ha existido –o no– la necesaria contradicción procesal excluyente de la indefensión, que sería la circunstancia determinante de la condición de tercero registral, con las consecuencias de ello derivadas, de conformidad con la legislación hipotecaria...». Por tanto, ante la ausencia de toda referencia en la sentencia presentada y en la ejecutoria dictada a las consecuencias que la misma debe tener sobre la situación jurídico registral existente, ninguna mutación jurídico registral puede operarse sin que se presente en el Registro de la Propiedad el correspondiente mandamiento judicial de cancelación que las ordene. Por otro lado, además, tal y como declara la Resolución de la DGRN de 25 de noviembre de 2013, «en defecto de consentimiento expreso y auténtico de los actuales titulares registrales, debe exigirse que sea el órgano jurisdiccional quien deba apreciar en cada caso concreto si los titulares registrales afectados por el pronunciamiento judicial han tenido ocasión de intervenir en el proceso, si la sentencia les vincula y si concurren o no circunstancias que deban ser dignas de protección...». 4. Los asientos afectados por la nulidad declarada judicialmente, no pueden ser cancelados por no haber sido parte sus titulares en el procedimiento judicial tramitado ni hallarse afectados los mismos por anotaciones de demanda que, en algunos casos no se han practicado, y en otros se han extinguido. La inscripción de la nulidad declarada por la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cádiz el día 7 de Noviembre, por medio de la ejecución de la misma, exigiría –como apuntábamos– la cancelación de todas las inscripciones practicadas como consecuencia del acceso al Registro del Proyecto de Reparcelación cuya nulidad se declara y la de todas las inscripciones posteriores que de ellas traigan causa, de tal manera que, por virtud de la inscripción de la sentencia de nulidad, pudiera devolverse el Registro a la situación previa a la inscripción del Proyecto de Reparcelación. Para que dicha inscripción –cancelación– pueda llevarse a efecto es requisito imprescindible que los titulares de todos y cada uno de los asientos que eventualmente puedan verse afectados por la declaración judicial de nulidad hayan sido parte en el procedimiento judicial seguido, para evitar lógicamente su indefensión, por aplicación del principio constitucional de tutela judicial efectiva –artículo 24 de la Constitución–; bien directamente, mediante su citación en el expediente, bien indirectamente si se entiende que los mismos han quedado afectados por la medida cautelar dictada en el procedimiento para asegurar el cumplimiento de la resolución judicial dictada, esto es, las anotaciones preventivas de demanda practicadas. Pues bien, de los títulos presentados a inscripción no resulta que los titulares registrales de todos los asientos que pudieran verse afectados por la cancelación, consecuencia de la declaración de nulidad, hayan sido citados en el procedimiento; más bien al contrario, no consta la citación de ninguno de ellos. En cuanto a las anotaciones de demanda practicadas, tal y como resulta de los antecedentes de hecho citados, sólo se realizaron en su día sobre algunas –no todas– de las fincas resultantes del proyecto de reparcelación. Además, en fecha posterior a su práctica, y antes de pronunciarse la sentencia cuya inscripción se pretende, se dictó por la Magistrado-Juez mandamiento de cancelación que las dejaba sin efecto, mandamiento que no tuvo acceso al Registro por la sola voluntad del actor. Además, por último, a fecha de la práctica del asiento de presentación del documento cuya calificación motiva esta nota, ya se ha cancelado por caducidad la anotación practicada sobre otra de las fincas resultantes, estando las restantes anotaciones de demanda caducadas y pendientes de cancelación. Por lo tanto, de todo esto cabe concluir que, no afectando originariamente la medida cautelar adoptada a todas las fincas resultantes de la reparcelación cuya nulidad se ha declarado, y habiéndose extinguido la misma antes de la conclusión del procedimiento judicial respecto de las restantes, existe un obstáculo insalvable para que la inscripción solicitada pueda llevarse a efecto. En efecto, como consecuencia de las cancelaciones que habría que practicar, existen titulares registrales que pueden verse afectados por la declaración de nulidad contenida en la sentencia que se presenta a inscripción que no han sido parte en el procedimiento judicial tramitado, existen otros titulares que tampoco se vieron afectados ad initio por la medida cautelar y existen otros finalmente que habiéndolo estado, ya no lo están por mor de su extinción; lo que determina la imposibilidad de practicar en el Registro las cancelaciones que procedería extender para que la sentencia dictada pudiera tener virtualidad registral. En definitiva, caducadas las anotaciones de demanda, carecen entonces de todo valor jurídico, de modo que los asientos posteriores mejoran de rango y no pueden ser cancelados en virtud de mandamiento dictado en el procedimiento que motivó la anotación. 5. No se han vuelto a presentar los documentos que causaron el asiento 262 del Diario 47, retirados por D. J. P. C. con fecha 6 de mayo de 2.014. Los hechos y fundamentos de derecho expresados determinan que el Registrador que suscribe haya resuelto denegar la inscripción solicitada por considerar que el defecto apreciado como número 4 en esta nota de calificación tiene carácter insubsanable. Contra esta calificación () Este documento ha sido firmado digitalmente por la registradora: doña María del Rocío Agüero Ruano con firma electrónica reconocida».
Este Centro Directivo, sin descuidar desde antiguo la importancia de la rogación en nuestro sistema (vid. Resoluciones de 13 de septiembre de 1926 y 22 de diciembre de 1933), ha afirmado, ya desde la Resolución de 11 de febrero de 1998 (RJ 1998, 1112) que la falta de expresión en el título presentado ante el registrador de la solicitud explícita de los asientos cuya cancelación se pretende no constituye una violación de aquel principio pues la sola presentación en el Registro (artículo 6 de la Ley Hipotecaria (RCL 1946, 886) ), lleva implícita la solicitud de la práctica de todos los asientos que puedan practicarse siendo incumbencia del registrador la determinación de cuales sean estos ( Resolución de 20 de julio de 2006 (RJ 2006, 6072) ). Esta misma doctrina ( Resolución de 20 de enero de 2012 (RJ 2012, 2860) ), pone de manifiesto cómo la legislación hipotecaria trata de evitar el excesivo rigor formal en el procedimiento registral facilitando su agilidad; especialmente en relación con el trámite de la solicitud de inscripción. Así, por un lado, el artículo 39 del Reglamento Hipotecario (RCL 1947, 476, 642) considera que el presentante del documento es representante del interesado –de forma que la representación a que alude el párrafo d) del mencionado artículo 6 de la Ley Hipotecaria se encuentra sumamente facilitada en nuestra legislación hipotecaria, ya que la existencia del poder queda justificada por la sola presentación de los documentos en el Registro por persona que solicite la inscripción–, y, por otro lado, del artículo 425 del Reglamento Hipotecario resulta con claridad que «presentado un título, se entenderá, salvo que expresamente se limite o excluya parte del mismo, que la presentación afecta a la totalidad de los actos y contratos comprendidos en el documento».
El artículo 107, apartado 1, de la Ley 29/1998, de 13 de julio (RCL 1998, 1741) , reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (RCL 2009, 2090 y RCL 2010, 1001) , dispone en relación con la ejecución de las sentencias firmes dictadas por los tribunales de dicho orden jurisdiccional que «si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el secretario judicial dispondrá, a instancia de parte, la inscripción del fallo en los Registros públicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado». Por su parte, el artículo 51, apartado 1, del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio (RCL 2008, 1260) , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, establece que «serán inscribibles en el Registro de la Propiedad», entre otros, los actos administrativos y las sentencias, en ambos casos firmes, en que se declare la anulación de instrumentos de ordenación urbanística, de ejecución, o de actos administrativos de intervención, cuando se concreten en fincas determinadas y haya participado su titular en el procedimiento (vid. letra g). Por su parte el artículo 53 de la misma Ley de suelo, especifica las modalidades de asientos a través de los que se harán constar en el Registro los diferentes actos de contenido urbanístico que se declaran inscribibles.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 71
 artículo 71
 resolución 
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 resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 39
 artículo 6
 artículo 425
 artículo 107
 artículo 51
 Real Decreto 
 artículo 53