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Timestamp: 2019-03-20 17:08:33+00:00

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CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL Y EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE ZACATECAS
CONVENIO DE COORDINACIÓN QUE EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA CELEBRAN EL GOBIERNO FEDERAL Y EL PODER EJECUTIVO
Convenio de Coordinación que en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública Celebran por una parte el Gobierno Federal, por conducto del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, representado por su titular, el C. Juan Miguel Alcántara Soria, a quien en lo sucesivo se le denominará «El Secretariado»; y por la otra parte el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Zacatecas, representado en este acto por el C. Miguel Alejandro Alonso Reyes, Gobernador del Estado de Zacatecas; a quien en lo sucesivo se le denominará «El Gobierno del Estado», actuando conjuntamente como «las partes», de conformidad con el siguiente marco legal, declaraciones y cláusula.
1.La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone en su artículo 21 párrafos noveno y décimo, entre otras cosas, que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que la propia Constitución prevé, y que el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno se coordinarán entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Asimismo, establece que dicho Sistema deberá sujetarse a las siguientes bases mínimas:
c) La formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la comisión de delitos;
2. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reglamentaria de la disposición constitucional aludida, establece en su artículo 2°, que la seguridad pública tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, preservar las libertades, el orden y la paz públicos, así como que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral, sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Por otra parte, el artículo 4° de dicho ordenamiento establece que el eje del Sistema Nacional de Seguridad Pública, será la coordinación en un marco de respeto a las atribuciones de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, el cual contará para su funcionamiento y operación con las instancias, instrumentos, políticas, acciones y servicios previstos en la Ley General, tendientes a cumplir los fines de la seguridad pública.
3. Por otro lado, el artículo 142 del propio ordenamiento dispone que, entre los fondos de ayuda federal, se encuentra el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, y que únicamente podrán ser destinados a los fines de la seguridad pública referidos en la Ley de Coordinación Fiscal, así como que deben concentrarse en una cuenta específica, así como los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a la seguridad pública y que se deberán rendir informes trimestrales al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre los movimientos que presente dicha cuenta, la situación en el ejercicio de los recursos, su destino y los recursos comprometidos, devengados y pagados; y que los convenios generales y específicos que en la materia se celebren, deberán contener obligaciones a efecto de fortalecer la adecuada rendición de cuentas, transparencia, vigilancia y fiscalización de los recursos que se aporten, así como las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento.
4. La Ley de Coordinación Fiscal, en los artículos 25 fracción VII, 44 y 45, establece la existencia y destino del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal -en lo sucesivo «FASP»-, con cargo a recurso federales, mismos que son determinados anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación [Ramo General 33], el cual se entregará a las entidades federativas a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y se distribuirá de acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Nacional de Seguridad Pública -en los sucesivo «el consejo» -, utilizando para la distribución de los recurso los criterios que se describen en el artículo 44 del propio ordenamiento. La información relacionada con las formulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación para cada Estado y el Distrito Federal, deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación a más tardar a los 30 días naturales siguientes a la publicación del Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate.
5. En el mismo artículo 44 se establece que los convenios y los anexos técnicos entre las partes integrantes del Sistema Nacional, deberán firmarse en un término no mayor a sesenta días, contados a partir de la publicación señalada en el punto anterior. Los recursos que correspondan a cada entidad federativa, se enterarán mensualmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los primeros diez meses del año, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en dicho artículo.
6. En términos del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, las aportaciones provenientes del «FASP» se destinarán en forma exclusiva a las acciones y en los términos que en el mismo numeral se detallan.
7. Conforme al artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, y los Estados y el Distrito Federal, enviarán al Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del «FASP», según corresponda, así como los resultados obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.
8. El artículo 49 de la misma ley establece que las aportaciones y sus accesorios que con cargo al «FASP» reciban las entidades federativas no serán embargables, ni los gobiernos correspondientes podrán, bajo ninguna circunstancia, gravarlas ni afectarlas en garantía o destinarse a mecanismos de fuente de pago; dichas aportaciones y sus accesorios, en ningún caso podrán destinarse a fines distintos a los expresamente previstos en el artículo 45 de la misma ley. Asimismo, establece que las aportaciones son recursos federales que serán administrados y ejercidos por los gobiernos de las entidades federativas, conforme a sus propias leyes y registrados como ingresos propios, que deberán destinarse específicamente a los fines establecidos en el citado artículo 45, y que el control y supervisión del manejo de los recursos quedará a cargo de las autoridades que en el artículo 49 del mismo ordenamiento jurídico se establecen.
9. El artículo 9°, fracción VII, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, establece que con el propósito de dotar de mayor eficiencia, al flujo y aplicación de los recursos del «FASP» y evitar el establecimiento de mecanismos que tenga por objeto impedir la concentración de los recursos transferidos en las respectivas tesorerías al final del presente ejercicio fiscal, éstos serán depositados en una cuenta bancaria específica para su aplicación de manera directa a su destino final , una vez ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Asimismo establece que «el consejo» promoverá que cuando menos el veinte por ciento de los recursos del «FASP» se distribuya entre los municipios conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública, para ser destinados a profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
10. «El consejo», mediante el Acuerdo 03/XXVII/09, aprobado en su vigésima séptima sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009, ratificó los ejes estratégicos acordados en su vigésima quinta sesión, efectuada el 28 de noviembre de 2008.
11. En la vigésima octava sesión de «el consejo», celebrada el 3 de junio de 2010, mediante acuerdo 02/XXVIII/10, se aprobaron los criterios de asignación, fórmulas y variables de distribución de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal.
12. En fecha 6 de enero de 2011 se publicaron, en el Diario Oficial de la Federación, los «criterios de asignación, de formulas y variables para la distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal del Ejercicio Fiscal 2011 y el resultado de la aplicación de la fórmula de distribución por entidad federativa».
I. Declara «El Secretariado», a través de su representante que:
I.1 De conformidad con el artículo 17 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el órgano operativo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestal.
I.2 Es órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, conforme a lo dispuesto por el artículo primero del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
I.3 El C. Juan Miguel Alcántara Soria fue designado Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante nombramiento de fecha 1º enero de 2010, expedido por el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y presidente de «el consejo».
I.4 El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es su titular y ostenta originalmente su representación, por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente Convenio de conformidad con los artículos 18, fracción VII de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 5° y 8° fracción XII del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
I.5 Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio el ubicado en Avenida Mariano Escobedo, número 456, Colonia Anzures, Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590, en México, Distrito Federal.
II. Declara «El Gobierno del Estado», a través de su representante que:
II.1 El Estado de Zacatecas es una entidad federativa parte integrante del Estado Mexicano, con territorio y población; Libre y Soberano en cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular en los términos de lo establecido por los artículos 40, 42, fracción I, 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Primero, 2º, 6° y 7° de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.
II.2 El C. Miguel Alejandro Alonso Reyes, asumió el cargo de Gobernador del Estado de Zacatecas, a partir del 12 de septiembre de 2010.
II.3 Conforme al artículo 12, fracción VII de la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública, es integrante del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
II.4. Está facultado para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de conformidad con los artículos 39, apartado B, fracciones I y II y 142 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 72, 73 y 82 fracción XXXII, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas; 2° y 8° de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas; primero, 3°, 13, fracción I, 15, fracciones III y VII, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas y demás disposiciones aplicables.
II.5 Para efectos del presente Convenio, señala como su domicilio, el Palacio de Gobierno, ubicado en Avenida Hidalgo número 602, tercer piso, Colonia Centro, Código Postal 98000, en la ciudad de Zacatecas, Zacatecas.
III. De «las partes»:
III. En términos de los artículos 21, párrafos noveno y décimo, así como 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; primero, 2°, 4°, 7°, 8°, y 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; 25, fracción VII, 44, 45, 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y primero, 3°, 6°, 7° y 8° de la Ley de Registro Público Vehicular y demás normativa aplicables, «las partes» convienen coordinarse en los términos de las siguientes:
I. El presente Convenio tiene por objeto coordinar instrumentos, políticas, lineamientos, servicios y acciones entre «las partes», en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a los acuerdos, resoluciones, lineamientos, estrategias y políticas de «el consejo», aplicado para el efecto los recursos provenientes del «FASP», con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, así como los recursos que para tal fin aporta «El Gobierno del Estado».
Segunda. Ejes del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
I. De conformidad con los acuerdos de «el consejo» aprobados en sus sesiones XXV y XXVII, del 28 de noviembre de 2008 y 26 de noviembre de 2009, respectivamente, los ejes que sustentan las estrategias y las acciones materia del presente Convenio son:
1. Alineación de las capacidades del Estado Mexicano contra la delincuencia.
2. Prevención del delito y participación ciudadana.
3. Desarrollo institucional.
4. Sistema penitenciario.
6. Plataforma México; y
7. Indicadores de medición.
Tercera. Anexo técnico único.
I. Los objetivos, líneas de acción, metas programáticas y montos y, mecánica operativa de trabajo de cada eje, se establecerán conjuntamente por «El Secretariado», y «El Gobierno del Estado», y se incluirán en el anexo técnico único, el cual una vez firmado por el Secretario Ejecutivo Adjunto del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los titulares de los Centros Nacionales y Directores Generales de las Unidades Administrativas de «El Secretariado», que en el ámbito de sus atribuciones deben participar, y los servidores públicos de «El Gobierno del Estado» que en razón de su competencia tengan que ejercer los recurso, ejecutar o cumplir los compromisos establecidos en dicho instrumento jurídico, formará parte integrante del presente Convenio.
II. «El Gobierno del Estado» proveerá lo necesario para alcanzar los objetivos y metas convenidos, para lo cual, los recursos asignados deberán destinarse exclusivamente a los fines previstos en el artículo 21 de la Constitución Federal y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los ejes a que se refiere la cláusula anterior y anexo técnico único.
Cuarta. Administración y ejercicio de los recursos.
I. «El Gobierno del Estado», en términos de lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, administrará y ejercerá los recursos a que se refiere la cláusula séptima del presente Convenio, conforme a sus propias leyes y bajo su estricta responsabilidad, registrándolos como ingresos propios, destinándolos a los fines establecidos en el presente Instrumento desde que son recibidos, hasta su erogación total.
II. El ejercicio, control, vigilancia, evaluación, información, fiscalización, transparencia y supervisión, se sujetará a lo dispuesto por los artículos 142 y 143 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 49 de la Ley de coordinación Fiscal.
III. Asimismo, «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado» en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 7°, fracción II y 8° de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como de los artículos 45 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal y de los acuerdos y resoluciones emanados de «el consejo», convienen en aplicar recursos para realizar acciones específicas en materia de seguimiento y evaluación respecto de los programas y acciones instrumentadas en el marco de este Convenio, considerando los mecanismo e indicadores para la evaluación de los ejes, metas programáticas y montos, así como líneas de acción objeto del presente Convenio y su anexo técnico único.
Quinta. Cuentas bancarias específicas.
I. «El Gobierno del Estado» acuerda mantener la administración de los recursos provenientes del «FASP», así como los que aporte de su propio presupuesto, a través de cuentas bancarias especificas, para su aplicación de manera directa a su destino final, en el presente ejercicio fiscal, de conformidad con los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad pública de los Estados y el Distrito Federal, aprobados por «el consejo» en su XXVII sesión, celebrada el 26 de noviembre de 2009.
II. «El Gobierno del Estado» se obliga a no incorporar en la cuenta bancaria específica en que se administren los recursos del «FASP» remanentes de otros ejercicios fiscales, ni las aportaciones que realicen, en su caso, los beneficiarios de las obras y acciones y abstenerse de transferir recursos del «FASP» hacia otros fondos o cuentas en las que se dispongan de otro tipos de recursos.
III. Asimismo, «El Gobierno del Estado» se obliga a:
a) Mantener registros específicos del FASP, debidamente actualizados, identificados y controlados, así como la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido. Dicha documentación se presentará a los órganos competentes de control y fiscalización que la soliciten;
b) Cancelar la documentación comprobatoria del gasto, con la leyenda «Operado», o como se establezca en las disposiciones locales, identificándose con el nombre del fondo;
c) Realizar el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos del FASP conforme a la normativa aplicable;
d) Iniciar los programa tendientes para que las tesorerías locales realicen los pagos relacionados con recursos FASP directamente en forma electrónica, mediante el abono en las cuentas bancarias de los beneficiarios; y
e) Coadyuvar con la fiscalización de las cuentas públicas, conforme a lo establecido en el artículo 49, fracciones III y IV, de la Ley de Coordinación Fiscal y demás disposiciones aplicables.
Sexta. Reprogramaciones.
I. «El Gobierno del Estado» podrá programar hasta un treinta por ciento de los recursos acordados en el anexo técnico único de este Convenio hacia otras acciones dentro de un mismo eje, o hacia acciones de otros ejes, modificando en su caso las metas programáticas correspondientes, observando lo dispuesto por los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y el numeral 9 de los Criterios Generales para la administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal, que establece lo siguiente:
«9. Reprogramaciones
Los Estados y el Gobierno del Distrito Federal podrán reprogramar los recursos acordados en el anexo técnico, hacia otras acciones dentro de un mismo eje o de otro eje, modificando en su caso las metas programáticas correspondientes hasta en un treinta por ciento del presupuesto convenido originalmente, salvo en los casos de fuerza mayor.
Una ampliación de meta no implica reprogramación.
El registro de reprogramaciones deberá realizarse de conformidad a lo señalado en los artículos 44 y 45 de la Ley.
Para el cumplimiento del ejercicio oportuno de los recursos del «FASP», los Estados y el Distrito Federal podrán solicitar el registro de la modificación por escrito, a más tardar el último día hábil del mes de octubre del ejercicio fiscal que corresponda, salvo casos extraordinarios, debidamente justificados por los estados y el Distrito Federal.
9.1. Proceso de registro de reprogramación.
Los estados y el Distrito Federal deberán capturar en el Sistema de Seguimiento las reprogramaciones de montos y metas del anexo técnico a partir de que hayan sido registradas por el Secretariado. Los estados y el Distrito Federal deberán proporcionar al Secretariado a través de la Dirección General de Vinculación y Seguimiento la siguiente documentación:
a) Copia del acta en que se tomó el acuerdo previsto en la Ley, remitiendo la información y documentación que sirvió de base o justificación para tomar el acuerdo referido;
b) Informe en el que se señale: el origen de los recursos objeto de la reprogramación, las metas originalmente programadas que fueron satisfechas al 100% o el grado de avance de las metas de las acciones que se afectaron con la reprogramación correspondiente y, en su caso, las acciones que fueron objeto de cancelación, así como los programas a los que fueron transferidos los recursos derivados de la reprogramación;
c) Cuadros de montos y metas originales del anexo técnico y de sus modificaciones acordadas, en donde se detallen los movimientos o transferencias que se efectuaron a los programas correspondientes y a las nuevas metas o acciones que se pretendan llevar a cabo, con los recursos derivados de las reprogramaciones; y
d) Informe por escrito indicando si la reprogramación corresponde a economías por cumplimiento de metas o por saldos no aplicados.
Una vez revisada la información, la Dirección General de Vinculación y Seguimiento remitirá la solicitud de registro a la Dirección General de Planeación y a las unidades administrativas que correspondan, de acuerdo con la materia de la reprogramación planteada, para obtener sus comentarios. En cualquier caso, el Secretariado responderá a los estados y al Distrito Federal de que se trate, en un plazo no mayor a treinta días naturales, de no contestarse en ese plazo, operará la afirmativa ficta.
Para el caso de que la respuesta enviada contenga comentarios a la solicitud de registro, éstos deberán informarse en un plazo no mayor a cinco días hábiles a fin de subsanarse y que puedan reenviar los documentos al Secretariado».
II. Asimismo, «las partes» acuerdan que las modificaciones al anexo técnico único del presente Convenio, se sujetarán a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal y de conformidad con lo establecido en los Criterios Generales para la Administración y Ejercicio de los Recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal.
III. Las reprogramaciones de recursos se deberán registrar y aplicar contablemente en el ejercicio presupuestal correspondiente, en el entendido que las aplicaciones de metas no serán consideradas reprogramaciones cuando se realicen dentro de una misma acción. Lo anterior, deberá ser informado a «El Secretariado» a través de los mecanismos establecidos para tal efecto.
Séptima. Aportación federal y estatal.
I. De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; los criterios de asignación, fórmulas y variables de distribución de los recursos provenientes del «FASP» aprobados por «el consejo» en sus sesiones XXVIII y XXIX celebradas el 03 de junio de 2010 y 18 de noviembre de 2010, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010 y 6 de enero de 2011, respectivamente, se destinan del «FASP», a favor de «El Gobierno del Estado», recursos por un monto de $115,155,296.00 [CIENTO QUINCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.].
II. Los recursos señalados en el párrafo anterior serán enterados a «El Gobierno del Estado» mensualmente, en los primeros diez meses del año, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo, salvo que no se cumpla con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal.
III. Dichos recursos serán depositados por el Gobierno Federal en la cuenta bancaria especifica que determine la Secretaría de Finanzas de «El Gobierno del Estado»; asimismo, en dicha cuenta se deberá registrar y administrar los rendimientos que generen, a efecto de identificarlos y separarlos del resto de los recursos que con cargo a su presupuesto destinen a seguridad pública, procediendo a remitir el recibo más eficaz que en derecho proceda a favor de la Tesorería de la Federación, por cada ministración que reciba.
IV. «El Gobierno del Estado», por su parte, aportará con cargo a su propio presupuesto un monto de $28,788,824.00 [VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.], lo que representa el veinticinco por ciento del monto asignado del «FASP». Dichas aportaciones serán realizadas conforme al mismo calendario en que los recursos del «FASP» sean recibidos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
V. «El Gobierno del Estado» tomará las provisiones para que su Secretaría de Finanzas, dé cumplimiento a lo pactado en los párrafos anteriores.
VI. Asimismo, «El Gobierno del Estado» conviene en identificar por separado los recursos federales, de los aportados con cargo al presupuesto de la entidad federativa, incluyendo los productos financieros que se deriven de ambos.
VII. Las aportaciones referidas se podrán incrementar con las que con cargo a sus propios presupuestos realicen los gobiernos federal, estatal y municipales para fortalecer los ejes, estrategias y acciones a que se refieren el presente Convenio y el anexo técnico único, así como de los acuerdos de «el consejo», en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En todos los casos, «las partes» deberán suscribir los convenios modificatorios para hacer constar lo anterior.
VIII. «El Gobierno del Estado» deberá ejercer y aplicar los recursos del «FASP» y sus rendimientos financieros dentro del presente ejercicio fiscal, en los destinos expresamente previstos en el artículo 21 constitucional federal y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal. Los recursos federales y sus rendimientos financieros que al término del presente ejercicio fiscal no hayan sido ejercidos por «El Gobierno del Estado», deberán concentrarse en la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, en los términos de las disposiciones aplicables, sin que dichos recursos puedan ser destinados a conceptos distintos a los establecidos en el presente Convenio de Coordinación y a su anexo técnico único de conformidad con la cláusula quinta del presente Instrumento jurídico.
IX. De conformidad con el artículo 9°, fracción VII, párrafo quinto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, el veinte por ciento de los recursos del «FASP» que «El Gobierno del Estado» destine a los municipios, se distribuirán entre éstos conforme a criterios que integren el número de habitantes y el avance en la aplicación del Programa Estatal de Seguridad Pública en materia de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura.
X. Los recursos del «FASP» que sean reintegrados a la Secretaría de Finanzas de la entidad federativa, al término del presente ejercicio fiscal, deberán ser ejercidos y destinados en el siguiente ejercicio fiscal a los fines que establece el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal y al cumplimiento del objeto del presente Convenio y a su anexo técnico único.
XI. En el caso de que los recursos que aporte «El Gobierno del Estado» de conformidad con lo establecido en el presente Convenio, que no sean ejercidos en el presente ejercicio fiscal, deberán ser ejercidos y destinados en el siguiente ejercicio fiscal al cumplimiento de los objetivos señalados en el presente Instrumento jurídico.
XII. De conformidad con los destinos exclusivos que para los recursos del «FASP» enuncia el primer párrafo del artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, los componentes de cualquier eje no previstos en la disposición legal referida, serán financiados con recursos aportados por «El Gobierno del Estado».
XIII. La mecánica y procedimientos a través de los cuales se reportarán los avances en el ejercicio y aplicación de los recursos del «FASP», se definirán en el anexo técnico único del presente Convenio.
Octava. Rendimientos financieros.
I. Los rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria específica serán destinados, por «El Gobierno del Estado» para alcanzar y/o ampliar las metas programadas y acciones materia de este Convenio. Los rendimientos financieros derivados de las aportaciones de origen federal, deberán destinarse exclusivamente a los conceptos previstos en el artículo 45 de la Ley de Coordinación Fiscal.
II. Asimismo, «El Gobierno del Estado» deberá instrumentar las medidas necesarias para que los rendimientos financieros derivados de los recursos que aporte, sean destinados para alcanzar o ampliar las metas y acciones materia de este Convenio.
Novena. Informes sobre el ejercicio y destino de los recursos.
I. De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, «El Gobierno del Estado», por conducto del representante a que se refiere el último párrafo del artículo 16 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entregará trimestralmente, conforme a lo dispuesto por el precepto 142 de la Ley General de referencia, a «El Secretariado», el reporte sobre el ejercicio de los recursos y el avance en el cumplimiento de las metas y los rendimientos financieros, conforme a lo establecido en el anexo técnico único que forma parte integrante del presente Convenio.
II. El reporte a que se refiere el párrafo anterior, deberá contener como mínimo lo siguiente:
a) Los movimientos que presenten las cuentas específicas;
b) La situación en el ejercicio de los recursos del «FASP», así como su destino y resultados obtenidos con dichos recursos, presentando en forma pormenorizada por eje, programa, proyecto y acción;
c) Los recursos comprometidos, ejercidos, devengados y pagados correspondientes al presente ejercicio fiscal;
d) Las disponibilidades financieras con que cuenten de los recursos el «FASP», correspondientes a otros ejercicios fiscales;
e) Los rendimientos financieros generados por las aportaciones federal y estatal.
III. En términos del artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, «El Gobierno del Estado» enviará al Ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informes sobre el ejercicio y destino de los recursos del «FASP», así como los resultados obtenidos, a más tardar a los veinte días naturales posteriores a la terminación de cada trimestre del ejercicio fiscal.
IV. Por lo que respecta a los reportes de las disponibilidades financieras de ejercicios fiscales anteriores, éstos se efectuarán conforme a los convenios respectivos.
Décima. Modelo policial.
I. «EL Gobierno del Estado» se compromete a aplicar recursos del fondo para implementar y operar el modelo policial previsto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a los acuerdos de «el consejo» y de más normativa aplicable.
II. En cumplimiento del acuerdo 03/XXVIII/10 «El Gobierno del Estado» se compromete a gestionar y realizar las acciones necesarias para garantizar la operación homogénea de las instituciones policiales municipales y estatales de la Entidad, para lo cual podrá suscribir los convenios necesarios con sus municipios.
Décima primera. Operativos conjuntos.
I. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 7°, fracción X de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y 40 fracción VIII de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, «El Gobierno del Estado» realizará cuando así se requiera, las acciones y operativos de manera conjunta con las instituciones de seguridad pública federales y, en su caso, municipales, para el cumplimiento de los fines de la seguridad pública, en cuyo caso, se podrán firmar los convenios específicos conforme a las disposiciones aplicables.
II. Por otra parte, «El Gobierno del Estado» proveerá lo necesario a efecto de participar en forma activa en las conferencias nacionales a que se refieren los artículos 23, 27 y 30 de la Ley General referida, así como en las reuniones regionales en materia de seguridad pública a las que sea convocado, instrumentado en su caso, en el ámbito de sus atribuciones y con pleno respeto a su soberanía, los acuerdos y programas que en esos foros se convengan.
III. En los supuestos en que sea necesario atender factores que incidan en la seguridad pública, distintos a los atribuidos al Poder Ejecutivo Estatal y, en los casos en que se involucren otros poderes y diversas autoridades de «El Gobierno del Estado», o bien de otra entidad federativa, se firmarán los convenios de conformidad con la normativa aplicable, con la participación de «El Secretariado», en términos de lo establecido en el artículo 7°, fracciones I y XV, así como 18, fracción VII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
IV. «El Gobierno del Estado» implementará las acciones necesarias y promoverá políticas públicas, a fin de brindar seguridad a los migrantes o extranjeros en situación irregular que transiten por la entidad federativa, garantizando en todo momento su integridad física, así como el ejercicio de sus libertades y derechos; en un marco de respeto a los derechos humanos.
V. Asimismo «El Gobierno del Estado» se compromete a celebrar los convenios interinstitucionales y suscribir acuerdos de coordinación con las demás entidades federativas y, en su caso, los municipios, con la finalidad de prevenir, perseguir y sancionar las conductas tipificadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y demás disposiciones aplicables.
Décima Segunda. Prevención del delito y participación ciudadana.
I. Conforme a lo previsto en la Ley General, en correlación con la Ley de Coordinación Fiscal, los acuerdos de «el consejo», así como en las opiniones y recomendaciones que emita el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, «El Gobierno del Estado» se compromete a implementar políticas públicas y programas de prevención social del delito y acciones de participación de la sociedad en la seguridad pública.
II. «El Gobierno del Estado» se obliga a elaborar un programa de prevención de las conductas tipificadas en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, conforme a los acuerdos que emita «el consejo» y demás disposiciones aplicables, así como remitir dicho Programa al Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana.
III. «El Gobierno del Estado» se obliga a cumplir con los acuerdos que en materia de prevención social del delito emita «el consejo» o el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de «El Secretariado», e incluir contenidos relativos a la prevención social del delito y la violencia en los programas educativos, de desarrollo social y, en general, en cualquier programa de sus dependencias y entidades, en Coordinación con el Centro Nacional de mérito
IV. «El Gobierno del Estado» se obliga a implementar mecanismos, que para tal efecto establece el Centro Nacional referido en el párrafo que antecede, para que la sociedad participe en la evaluación de las políticas y de las instituciones de Seguridad Pública, en el ámbito que le corresponda y de conformidad con la normativa aplicable.
V. «El Gobierno del Estado» se obliga a establecer estrategias que promuevan la cultura de la paz, legalidad, respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia, que estarán sujetas al seguimiento del referido centro.
Décima tercera. Desarrollo policial y del servicio de carrera de las instituciones de procuración de justicia.
I. Con el fin de depurar y fortalecer las Instituciones de Seguridad Pública, «El Gobierno del Estado» se compromete a implementar y, en su caso perfeccionar, los mecanismos de reclutamiento, selección, ingreso, permanencia, formación, actualización, capacitación, especialización, alta dirección, reconocimiento, promoción, evaluación, separación o remoción o baja del servicio y retiro de los elementos de las instituciones de procuración de justicia e instituciones policiales, empleando para tal efecto los mecanismos previstos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto al Desarrollo Policial y del Servicio de Carrera de las Instituciones de Procuración de Justicia, y demás normativa aplicable.
Décima cuarta. Evaluación y control de confianza.
I. «El Gobierno del Estado», se obliga a implementar mecanismos de evaluación de control de confianza tanto al personal de nuevo ingreso, como a personal en activo [evaluación permanente], a través de los Centros de Evaluación y Control de Confianza de la entidad federativa, bajo los protocolos establecidos en el Modelo Nacional de Evaluación y Control de Confianza, la normativa emitida por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, los Acuerdos de «el consejo», de la Comisión Permanente de Certificación y Acreditación, y de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia, de secretarios de Seguridad Pública y del Sistema Penitenciario.
II. Para la realización de las acciones antes señaladas, «El Gobierno del Estado» se compromete a crear y/o fortalecer el o los centros de evaluación y control de confianza en la entidad federativa, a fin de lograr su certificación y acreditación ante el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
III. Promover la permanencia del personal en las instituciones mediante la evaluación y/o acreditación periódica de control de confianza, conforme lo establezca el Centro Nacional de Certificación y Acreditación, y demás normativa aplicable.
IV. Cuando los centros de evaluación y control de confianza de «El Gobierno del Estado» no cuenten con la certificación y acreditación del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, podrán convalidar los resultados de las evaluaciones que realicen, siempre que cumplan con los criterios, normas, procedimientos técnicos, protocolos, lineamientos y perfiles que para tal efecto emita el Centro Nacional antes referido.
V. A fin de fortalecer los centros de evaluación y control de confianza, «El Gobierno del Estado» considerará las observaciones derivadas de las visitas de seguimiento emitidas por el Centro Nacional de Certificación y Acreditación tendientes a la certificación de los mismos.
Décima quinta. Unidades especializadas para la investigación y persecución de los delitos en materia de secuestro.
I. Para combatir el secuestro, «El Gobierno del Estado» se compromete a constituir o, en su caso, fortalecer la o las Unidades Especializadas para la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Secuestro, así como a implementar programas, talleres, seminarios y cursos de capacitación para estos propósitos, de acuerdo con las políticas y criterios definidos en la «Estrategia Nacional contra el Secuestro», aprobada por «el consejo», en su XXIV sesión, celebrada el 19 de septiembre de 2008; la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro y demás normativa aplicable.
Décima sexta. Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
I. A fin de consolidar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, «El Gobierno del Estado» mantendrá actualizados los registros nacionales y las bases de datos a que se refiere el título séptimo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública utilizando los medios de comunicación tecnológica y los sistemas informáticos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, conforme a los acuerdos de «el consejo», los criterios técnicos, de homologación, así como protocolos, entre otros, que emita la Comisión Permanente de Información, el Centro Nacional de Información, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
II. Para tal fin, «El Gobierno del Estado», proporcionará la Interconexión entre las Instituciones de Seguridad Pública, Procuración de Justicia, Prevención y Readaptación Social, y demás instituciones que otorguen la información requerida para mantener actualizados los registros nacionales y bases de datos; tanto del ámbito Estatal como municipal, con el Centro Nacional de Información, de acuerdo a los estándares y lineamientos técnicos definidos por «El Secretariado», para lo cual «El Gobierno del Estado» se compromete a mantener en óptimas condiciones de operación y compatibilidad las redes de comunicación de área amplia estatales, así como las redes de área local de sus instalaciones, que garanticen un adecuado flujo de información hacia el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
III. A efecto de homologar la operación y funcionamiento del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública en el Eje Estratégico Plataforma México, «El Secretariado» por conducto del Centro Nacional de Información, definirá los criterios y protocolos que se requieren para su consecución.
IV. A fin de consolidar el Sistema Único de Información Criminal, para concentrar y compartir datos relevantes del fenómeno delictivo en bases de datos completas y eficaces, mediante el intercambio en tiempo real de datos de audio, video y texto, de conformidad con lo que estipulen «las partes» en el anexo técnico único, acuerdan para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información los siguientes aspectos para la operación, funcionamiento, administración y explotación de las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública:
a) «El Gobierno del Estado» se obliga a suministrar a «El Secretariado», de manera permanente, la información actualizada del personal de seguridad pública, incluyendo a quienes tengan un nombramiento o condición jurídica equivalente y al personal que integran las empresas de seguridad privada con permiso estatal, mediante el cumplimiento del Programa de Calidad e Integridad de la Información contenida en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, de conformidad con los acuerdos de «el consejo», la Comisión Permanente de Información, el Centro Nacional de Información y de las Conferencias Nacionales de Procuración de Justicia y de Secretarios de Seguridad Pública;
b) «El Gobierno del Estado» se obliga a dar cumplimiento a la actualización de las licencias oficiales colectivas otorgadas a las Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con el fin de tener un Registro Nacional de Armamento y Equipo que permita facilitar el inventario, control y vigilancia del armamento autorizado a las Instituciones de Seguridad Pública del país, así como brindar mayor control y regulación de las armas de fuego y municiones dentro del país, e informar respecto de los extravíos, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso;
c) De conformidad con los acuerdos establecidos en la primera Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, «El Gobierno del Estado» continuará realizando las acciones que conlleven a facilitar los medios y recurso necesarios para el cumplimiento del Censo Estatal Penitenciario y el suministro oportuno de la información en el Sistema Nacional de Información Penitenciaria que alimentará el Sistema Único de Información Criminal, así como la integración a la Plataforma México de los Centros de Readaptación Social, reclusorios y cárceles municipales;
d) «El Gobierno del Estado» suministrará a «El Secretariado» información sobre las denuncias presentadas ante el Ministerio Público del fuero común, desagregada a nivel municipal, conforme al catálogo de delitos que al efecto establezca el Centro Nacional de Información.
V. «El Gobierno del Estado» realizará las acciones necesarias para el intercambio de información confiable, actualizada y veras de los mandamientos judiciales librados, con la finalidad de unir esfuerzos e intercambiar información para abatir las conductas delictivas y evitar la impunidad.
VI. «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado», desarrollarán de manera conjunta las estrategias, equipamiento y Software de terminales para la implementación del Sistema Especializado para la Identificación Balística [IBIS] y el Sistema de Identificación Biométrica por Voz e Identificación Biométrica de Huellas Dactilares, en las áreas de investigación pericial, para la actualización y consulta de las bases de datos, del Registro de Huellas Balísticas y el Registro de Voces y Huellas Dactilares, que permita registrar de manera central al personal relacionado con la seguridad pública y el armamento que éstos portan, y a los presuntos responsables, indiciados, procesados y sentenciados, basado en las políticas y especificaciones establecidas por el Centro Nacional de Información de «El Secretariado».
VII. «El Gobierno del Estado» tendrá acceso a los Registros Nacionales y Bases de Datos de Información sobre Seguridad Pública, conforme a lo establecido en los artículos 109 y 110 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportando en un máximo de diez días naturales las altas y bajas del personal que cuenta con acceso a los Registros de Seguridad Pública, a partir de que ello ocurra.
VIII. El personal de «El Gobierno del Estado» que suministre, consulte, actualice y maneje la información contenida en las bases de datos criminalísticas y de personal del Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública, deberá ser sometido a exámenes de control de confianza dentro de los seis meses contados a partir de la firma del presente Instrumento jurídico, y se realizarán con la periodicidad que defina el Centro Nacional de Certificación y Acreditación.
IX. El Centro Nacional de información de «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado» desarrollarán de manera conjunta, las soluciones para garantizar la seguridad de acceso a la información sobre seguridad pública, establecida en el título séptimo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad pública, y para establecer el [o los] responsable[s] de la seguridad de la información, el cual deberá definir los roles y responsabilidades de seguridad dentro de su área de gestión y desarrollar, integrar, operar y administrar los programas de seguridad informática de la entidad federativa.
Décima séptima. Registro Público Vehicular.
I. A fin de continuar con la operación y funcionamiento del Registro Público Vehicular, «El Gobierno del Estado» suministrará, intercambiará y actualizará la información a que se refieren los artículos 6° y 7° de la Ley del Registro Público Vehicular de los Vehículos Registrados en el Padrón Vehicular del Gobierno del Estado, en estricto apego a los lineamientos para la integración de la información que haya emitido «El Secretariado», y de conformidad con los acuerdos y resoluciones de «el consejo» y demás disposiciones aplicables.
II. Asimismo, «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado» convienen en continuar dando cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el Convenio de Coordinación Celebrado en el Marco del Sistema Nacional de Seguridad pública en 2010, en el Convenio Específico de Coordinación Celebrado en Materia de Registro Público Vehicular, así como en sus anexos técnicos, por lo cual lo ratifican y, por lo tanto, mantienen vigente para el ejercicio fiscal 2011, El Convenio Específico de Coordinación Celebrado en Materia de Registro Público Vehicular.
III. Para dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, «las partes» convienen, en su caso, actualizar en el anexo técnico único del presente Instrumento jurídico, los objetivos, líneas de acción, el cuadro de metas programáticas y montos; así como la mecánica operativa que se hayan establecido en el Convenio Específico de Coordinación Celebrada en Materia de Registro Público Vehicular, así como en sus anexos; a efecto de destinar recursos del FASP para el cumplimiento de las presentes cláusulas y de los demás instrumentos jurídicos a que se ha hecho referencia.
Décima octava. Sistema Penitenciario.
I. A fin de modernizar el sistema penitenciario, «El Gobierno del Estado», se compromete a adquirir la tecnología que garantice la seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social, para promover la clasificación y separación de los internos en atención a su perfil criminológico y peligrosidad, así como la incorporación de medidas alternativas de alta tecnología, tales como la vigilancia electrónica, entre otras.
II. «El Gobierno del Estado», realizará las acciones necesarias para inhibir la señal de cualquier banda de frecuencia al interior de los Centros de Readaptación o cualquiera que sea su denominación, a fin de evitar todo tipo de comunicación hacia y desde el exterior, ya sea transmisión de voz, datos, video o imagen, evitando que dicha inhibición se extienda fuera del perímetro de las instalaciones de los mencionados centros, con el fin de no afectar las vías de comunicación.
Décimo novena. Red Nacional de Telecomunicaciones.
A fin de consolidar la operación y funcionamiento de la Red Nacional de Telecomunicaciones, el Servicio de Llamadas de Emergencia 066 y el Servicio de Denuncia Anónima 089 para alinear los servicios del Eje Plataforma México, «El Gobierno del Estado» se obliga a continuar con los trabajos y las migraciones de los servicios de telecomunicaciones de sus redes locales y de área amplia de acuerdo a los lineamientos que el Centro Nacional de Información de «El Secretariado» defina, mediante el desarrollo e instrumentación de protocolos, metodologías, sistemas y productos tecnológicos que operen en forma homologada.
II. Igualmente, permitirá a «El Secretariado» la permanencia y actualización de los equipos y sistemas que, el Gobierno federal, haya instalado o instale en los sites de telecomunicaciones de los Nodos de Interconexión de Telecomunicaciones [NIT's, C4 y SubC4) para el servicio de interconexión a Plataforma México.
III. «El Gobierno del Estado», en el ámbito de su competencia, apoyará la interconexión de los municipios a Plataforma México, en los términos que defina «El Secretariado» a través del Centro Nacional de Información, para lo cual deberá integrar a Plataforma México en el presente ejercicio, a los municipios que conjuntamente se consideren necesarios.
IV. «El Secretariado» a través del Centro Nacional de Información, se obliga a establecer productos tecnológicos y protocolos de comunicación homogéneos que permitan que la entidad federativa opere eficientemente con la Red Nacional de Telecomunicaciones, así como procesos ágiles y expeditos que faciliten a través de tecnologías específicas, acceder a toda la información almacenada en las bases de datos que alberga el Sistema Nacional de Información sobre Seguridad Pública.
Vigésima. Requerimientos de información.
I. «El Gobierno del Estado» se obliga a entregar la información que «El Secretariado» le requiera, relativa a:
a) El ejercicio de los recursos del «FASP». Y el avance en el cumplimiento de los programas o proyectos financiados con los mismos;
b) La ejecución de los programas de seguridad pública derivados del Programa Nacional de Seguridad Pública;
II. El informe deberá ser entregado a «El Secretariado», por «El Gobierno del Estado», en un plazo no mayor de 30 días naturales a partir del requerimiento correspondiente.
Vigésima primera. Visitas de verificación.
I. «El Gobierno del Estado», en términos del artículo 145, fracción II de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se obliga a otorgar todas las facilidades a las personas que, «El Secretariado» comisione, para efectuar las visitas que tengan como objeto verificar el ejercicio de los recursos del «FASP» en las Instituciones de Seguridad Pública de la Entidad Federativa, así como para comprobar el cumplimiento a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a las obligaciones que tenga a su cargo.
II. Para dar cumplimento a lo anterior, «El Gobierno del Estado» deberá entregar toda la información que tenga relación con el objeto de la visita de verificación, que le sea solicitada por el personal comisionado por «El Secretariado», ya sea que aquélla conste en documentos, archivos electrónicos o de cualquier otra tecnología, por lo que «El Gobierno del Estado» prestará el apoyo técnico necesario a fin de poder tener acceso a la información que sea requerida.
III. «El Gobierno del Estado» se obliga a entregar toda la información que le requiera «El Secretariado», durante la práctica de una revisión de gabinete, en el domicilio que éste le señale para recibir la documentación solicitada.
IV. Así mismo, «El Gobierno del Estado» se obliga a implementar los mecanismos necesarios, a efecto de que las autoridades hacendarias o de seguridad pública, entreguen la información que le requiera «El Secretariado» vinculada con el ejercicio de los recursos del «FASP», durante el ejercicio de sus facultades de verificación.
Vigésima segunda. Transparencia.
I. Para transparentar el ejercicio de los recursos del «FASP», «El Gobierno del Estado» publicará en su página de Internet, el avance en el ejercicio de los recursos del «FASP» que le fueron asignados, así como los resultados de las evaluaciones del desempeño.
II. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y las disposiciones locales referentes a la materia, en especial sobre confidencialidad y reserva de la información.
Vigésima tercera. Restitución de los recursos.
I. En el supuesto de que, en términos del penúltimo párrafo del artículo 145 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, «el consejo» resuelva que procede requerir la restitución de los recursos del «FASP» otorgados a la entidad federativa, «El Gobierno del Estado» se obliga a establecer los mecanismos necesarios a efecto de que dichos recursos sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, dentro de los treinta días naturales posteriores a la notificación de la resolución correspondiente.
II. En caso contrario, el monto de los recursos que se determinen en la resolución que emita «el consejo», se descontarán de las participaciones o aportaciones del «FASP» que le corresponda en ejercicios fiscales subsecuentes, conforme a lo dispuesto por el artículo 145, penúltimo párrafo de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
III. El monto de los recursos que se determine que deba ser reintegrado a la Tesorería de la Federación, deberá ser calculado conforme a las disposiciones legales aplicables.
Vigésima cuarta. Responsabilidad laboral.
I. «Las partes» convienen que el personal que comisionen o asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan, según los objetivos establecidos en el presente Instrumento, estará bajo la dirección y responsabilidad directa de la parte que lo haya comisionado o asignado y, por consiguiente, en ningún caso se generarán relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto, intermediario o solidario, asumiendo cada una de ellas la responsabilidad laboral que le corresponda.
Vigésima quinta. Caso fortuito o fuerza mayor.
I. «Las partes» acuerdan que ninguna de ellas será responsable por cualquier retraso o incumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Convenio, que resulte directa o indirectamente de caso fortuito o fuerza mayor, cuando estos sean debidamente justificados y demostrados por la parte correspondiente.
Vigésima sexta. Confidencialidad y reserva.
I. «Las partes», vigilarán que los servidores públicos que participen en la ejecución de acciones derivadas del presente Convenio, se dirijan bajo los principios de confidencialidad, reserva y discreción en relación con la información que les, sea proporcionada y que tenga el carácter de reservada o confidencial, de conformidad con las disposiciones legales aplicables y en caso contrario, se fincarán o promoverán las responsabilidades administrativas o penales respectivas.
Vigésima séptima. Títulos.
I. Los títulos que se utilizan en cada una de las cláusulas del presente Instrumento, sólo tienen la función única de identificación, por lo que para la interpretación, integración y cumplimiento de los derechos y obligaciones que se derivan del mismo, se estará exclusivamente al contenido expreso de cada cláusula.
Vigésima octava. Jurisdicción.
I. «Las partes» están de acuerdo en que el presente Instrumento es producto de la buena fe, en razón de lo cual los conflictos que se llegasen a presentar por cuanto hace a su interpretación, formalización y cumplimiento, serán resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia, «las partes» están de acuerdo en someterse a la jurisdicción de los tribunales federales con residencia en la Ciudad de México, Distrito Federal; salvo por lo dispuesto en el artículo 44, último párrafo de la Ley de planeación.
Vigésima novena. Cumplimiento del convenio.
I. «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado», promoverán y adoptarán las medidas complementarias que se requieran para el cumplimiento del presente Convenio.
II. «El Secretariado» y «El Gobierno del Estado» tendrán la prerrogativa para ocurrir ante las autoridades correspondientes, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente Convenio o su anexo técnico único.
Trigésima. Difusión.
I. Este Convenio se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de la entidad federativa y entrará en vigor a partir de la fecha de su suscripción.
II. El presente Convenio de Coordinación en Materia de Seguridad Pública 2011 se firma por duplicado en la ciudad de México, Distrito Federal, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil once.
Por «El Secretariado»
C. Juan Miguel Alcántara Soria
35 30-abril- 2011 04-marzo-2011
Último cotejo de vigencia: agosto de 2011

References: artículo 21
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 142
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 45
 artículo 48
 artículo 49
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 49
 artículo 9
 artículo 17
 artículo 12
 artículo 21
 artículo 49
 artículo 49
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 44
 artículo 16
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 145
 artículo 145
 resolución 
 resolución 
 artículo 145
 artículo 44