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Timestamp: 2019-01-19 00:55:43+00:00

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﻿ Sentencia 2001-00044 de junio 29 de 2012
SENTENCIA 2001-00044 DE 29 DE JUNIO DE 2012
CONTENIDO:PODER SANCIONATORIO DE LOS ÓRGANOS AUTORREGULADORES. LA POTESTAD DE LOS ÓRGANOS AUTORREGULADORES COMO LAS BOLSAS DE VALORES ES INDEPENDIENTE Y DISTINTA DE LA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EJERCIDA POR EL ESTADO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, EN PRIMER LUGAR, LUEGO DE LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y, AHORA, DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, POR LO QUE LOS ACTOS REALIZADOS POR LAS ORGANIZACIONES PRIVADAS DEL MERCADO PÚBLICO DE VALORES EN EL MARCO DE AUTORREGULACIÓN, NO CONSTITUYE EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA O ADMINISTRATIVA Y LAS DECISIONES PROFERIDAS EN TAL VIRTUD NO CONSTITUYEN ACTOS ADMINISTRATIVOS, SINO QUE SON DETERMINACIONES, ADOPTADAS DENTRO DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA QUE LES ES RECONOCIDA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CÁMARA DE COMERCIO, BOLSA DE VALORES, RESPONSABILIDAD CIVIL, ORGANISMOS DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, COMISIÓN NACIONAL DE VALORES
Sentencia 2001-00044 de junio 29 de 2012
Ref.: 11001-3103-016-2001-00044-01
(discutido y aprobado en Sala de 27 de febrero de 2012)
1. Como se aprecia, las dos acusaciones en precedencia compendiadas, tienen el mismo soporte factico, en concreto, que el tribunal, pese a haber negado la totalidad de las pretensiones de la demanda, no se pronunció sobre la totalidad de las causales que en dicho libelo introductorio se adujeron en sustento de la nulidad allí reclamada, toda vez que el análisis que realizó lo circunscribió únicamente a la primera de ellas, esto es, a la incompetencia de la cámara de la bolsa para haber adelantado y resuelto el proceso disciplinario que se siguió contra la promotora del presente litigio.
De esa presunta omisión, el recurrente infirió, en el cargo segundo, la nulidad de la sentencia impugnada, por falta de motivación, y, en el cargo tercero, la incongruencia de tal pronunciamiento.
2. Al tenor del inciso 3º del artículo 303 del Código de Procedimiento Civil, “[a] excepción de los autos que se limiten a disponer un trámite, las providencias serán motivadas de manera breve y precisa” (se resalta), mandato general que, para el caso de las sentencias, fue desarrollado, en primer lugar, por el artículo 304 ibídem, que señala que “[l]a motivación deberá limitarse al examen crítico de las pruebas y a los razonamientos legales, de equidad y doctrinarios estrictamente necesarios para fundamentar las conclusiones, exponiéndolos con brevedad y precisión, y citando los textos legales que se apliquen” (se resalta); y, en segundo término, por el artículo 55 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, que consagra que “[l]as sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales” (se resalta).
De ese conjunto normativo se infiere que es imperativo para los funcionarios judiciales la motivación de sus decisiones, deber cuya satisfacción exige de los jueces que en sus fallos expresen el análisis que hagan de la totalidad de los hechos debatidos; la valoración que realicen de las pruebas; y los fundamentos legales, de equidad y doctrinarios en que soporten sus conclusiones.
Ahora bien, el incumplimiento absoluto del referido deber, según lo tiene analizado la Corte, engendra la nulidad de la sentencia. Al respecto, conveniente es memorar sus propias palabras:
“Tal como en otras oportunidades lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte, es cierto que la nulidad procesal puede originarse en la sentencia, conforme se desprende del artículo 154 del C. de P.C. [actualmente artículo 142, se puntualiza]. Y es así mismo claro que una de las causas de la aludida invalidez viene a estar constituida por la falta de motivación de la sentencia. (…) Mas, de otro lado, tampoco es posible perder de vista que, según lo han enseñado concorde y unánimemente doctrina y jurisprudencia, para que sea posible hablar de falta de motivación de la sentencia como vicio invalidativo del proceso, se requiere que aquella sea total o radical. Por mejor decirlo, es posible que en un caso dado, a los razonamientos del juzgador les quepa el calificativo de escasos o incompletos, sin que por tal razón sea dable concluir que la sentencia adolece de carencia de fundamentación. Esto, por supuesto, se explica no solo porque lógicamente se está en frente de conceptos distintos (una cosa es la motivación insuficiente y otra la ausencia de motivación), sino también porque en la práctica no habría luego cómo precisar cuando la cortedad en las razones es asimilable al defecto de las mismas, y cuando no lo puede ser” (Cas. Civ., Sent. abr. 29/88; se resalta).
En otro fallo, la Sala, luego de reiterar dicho criterio, aseveró que “[j]amás podrá invocarse la nulidad que viene siendo objeto de análisis, se insiste, arguyéndose que las reflexiones del sentenciador son breves, incompletas o lacónicas, o que apenas comprenden el estudio de unas pruebas dejando de lado otras, ni mucho menos que son equívocas, vanas o infundadas, porque, precisamente, una vez que se les califique de tales, se está afirmando que efectivamente las hubo; y, como se dijo, el hecho invalidante de la actuación procesal se produce solamente cuando ninguna es la fundamentación del fallo. Es decir, cuando el juzgador, omitiendo por completo explicar por qué profiere la decisión con que dirime el litigio, se va de frente contra lo que constitucional y legalmente se consagra como una de las más preciosas garantías individuales, cual es la de que a las partes se les permita conocer las razones, los argumentos y los planteamientos en que se edifican los fallos jurisdiccionales” (Cas. Civ., Sent. nov. 8/89; se resalta).
En tiempo más reciente, esta corporación, en relación con la temática de que ahora se ocupa, observó:
“El principio de la motivación de la sentencia no aparece en forma expresa en la Constitución Política de 1991, pero el mismo surge del principio de publicidad de la actuación judicial, explícitamente reconocido por los artículos 29 y 228, porque con ella se dan a la luz, a la publicidad, las razones de convencimiento que tuvo el juez para adoptar la decisión, permitiendo desterrar de la sentencia la discrecionalidad y la arbitrariedad, haciendo de ella una obra razonable y racional (no emocional), que por contera garantiza el control del fundamento de la decisión por las partes, el juez de la impugnación y la opinión pública en general, según explicación de Liebman. De manera que la motivación de la sentencia es una exigencia que se entronca con el propio Estado social de derecho, en tanto se constituye como un factor legitimante de la actividad judicial, siempre y cuando guarde coherencia y tenga fuerza persuasiva, pues a partir de ella se hace la jurisprudencia, que no es otra cosa que el imperio de la ley aplicado al caso particular. Por consiguiente, esa motivación debe ser concreta y en relación con el caso, porque la jurisprudencia debe ser concebida desde el problema y ‘sus conceptos y sus proposiciones tienen que estar ligados de modo especial con el problema’.
“Por lo demás, la estructura lógica de la sentencia, que corresponde al resultado de un ejercicio intelectual del juez, impone la conformación exigida por el artículo 304 del Código de Procedimiento Civil, donde las dos partes que la conforman (motiva y resolutiva), constituyen una unidad inescindible, puesto que la primera ofrece los elementos fundamentadores e interpretativos de la segunda, pues es en aquella donde radican las premisas históricas para la formulación lógica del juicio definitivo.
“Conforme a la doctrina de esta corporación lo que constituye vicio con alcance de nulidad es ‘la falta total de motivación..., pero no lo es el razonamiento escaso o incompleto’ (Sent., Cas. Civ. sep. 23/91 S.P.), como pudiera ser el de la sentencia impugnada, donde si bien es cierto no hubo referencia expresa sobre cada una de las pretensiones y las pruebas recaudadas, lo que también es claro es que ese texto material, refleja, así sea parcamente, una motivación sobre el contenido axiológico de la pretensión y su adecuación con el factum demostrado. En otras palabras, dicha sentencia, así no sea de la manera más técnica y profunda, publica las razones de la decisión y garantiza el derecho a la impugnación al ofrecer elementos para la contradicción, y en principio consulta las pautas de estructura que inicialmente se explicaban, como que el juzgamiento surge de la confrontación realizada entre los elementos que se identifican como presupuestos para el éxito de la pretensión y el material probatorio, pues como lo advierte el ad quem, aquellas no prosperan porque no se demostró que el demandado hubiera incumplido con su obligación o que hubiese incurrido en culpa” (Cas. Civ., Sent. ago. 24/98, Exp. 4821).
3. En estrecha relación con lo expuesto, el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil establece que “[l]a sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley (...). No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda, ni por causa diferente a la invocada en esta (...). Si lo pedido por el demandante excede de lo probado, se le reconocerá solamente lo último”.
La demanda y su contestación, en la medida en que recogen las posturas que, en cuanto hace al proceso, asumen las partes que lo integran, determinan tanto el contenido como los límites del litigio, de modo que, según se desprende del precepto en precedencia reproducido, el juez, al resolver la controversia, debe hacerlo con sujeción a tales actuaciones procesales, sin que, por lo tanto, le sea permitido actuar por fuera de los linderos que ellas trazan, o rebasarlos, o dejar de abarcar toda la extensión que fijan, pues en estos supuestos su fallo calificaría de ultra, extra o citra petita y, por lo mismo, iría en contra del principio general instituido en la norma que se comenta, es decir, el de la congruencia.
Debe destacarse, además, que en tratándose de la demanda, la armonía que se reclama de las sentencias judiciales está referida no solamente a sus pretensiones sino, también, a los hechos que les sirven de respaldo, lo que explica que el inciso 2º del citado artículo 305 prohíba la condena del demandado “por causa diferente a la invocada en esta”.
Queda por observar que la sentencia completamente desestimatoria de las pretensiones no es, en principio, incongruente, en el entendido que una decisión de ese talante resuelve completamente lo solicitado en la demanda, empero que puede incurrir en desarmonía cuando la negativa que contiene se adopta con fundamento en hechos diversos a los debatidos por las partes, o con prescindencia de los alegados y acreditados o superando los mismos.
Al respecto, la Sala tiene precisado que, “en línea de principio, las sentencias completamente absolutorias no son vulnerables a los ataques por inconsonancia, pues ‘como es fácil advertirlo, siempre que el sentenciador resuelva sobre la totalidad del litigio, no existe ninguna trasgresión al principio de la congruencia entre lo pedido y lo resuelto, comoquiera que, en tal caso, se cumple a plenitud con la función jurisdiccional en ese proceso, sin que para ello tenga trascendencia si al decidir se acogen o se deniegan las pretensiones de la demanda, pues, en el evento de que el fallo sea adverso al actor, este no resulta incongruente, ya que ‘distinto de no decidir un extremo de la litis es resolverlo en forma adversa al peticionario. En el primer caso el fallo sería incongruente y, en consecuencia, podría ser atacado en casación con base en la causal segunda; en el otro no, puesto que el fallo adverso implica un pronunciamiento del sentenciador sobre la pretensión de la parte, que solo podría ser impugnado a través de la causal primera si con él se violó directa o indirectamente la ley sustancial. De lo contrario se llegaría a la conclusión de que el fallo sólo sería congruente cuando fuera favorable a las pretensiones del demandante, lo que a todas luces es inaceptable’’ (G.J. T. LII, pág. 21 y CXXXVIII, págs. 396 y 397, G.J. t. CCXLIX, pág. 748, doctrina reiterada en sentencias de casación civil de 15 de marzo de 2004, Exp. 7132 y 19 de enero de 2005, Exp. 7854) (...). No obstante lo anterior, la jurisprudencia también ha resaltado que la sentencia absolutoria pueden ser incongruente frente a las pretensiones planteadas por el demandante, si el juzgador ‘al considerar los hechos sustentantes de la pretensión, no hace cosa distinta a la de despreocuparse de la demanda para tomar únicamente en cuenta aquellos que, de acuerdo con su personal criterio, resultan dignos de ser valorados’ (G.J. t. CCXXV, pág. 255, reiterada en Sent. Cas. Civ. oct. 24/2006, Exp. 5801), o, como también se ha expresado, con otras palabras, se trata de un ‘yerro por invención o imaginación judicial, producto de la desatención o prescindencia de los hechos de la demanda’ (Sent., Cas. Civ. nov. 27/2000, Exp. 5529)” (Cas. Civ., Sent. dic. 2/2009, Exp. 11001-31-03-009-2003-00596-01).
4. Teniendo presente que los cargos auscultados se refieren a la falta de pronunciamiento sobre las causales segunda a octava que la actora invocó en procura de que se declarara la nulidad de las resoluciones mediante las que se la sancionó disciplinariamente, sin incluir lo atinente al primer motivo de invalidación reclamado, esto es, la falta de competencia de los órganos de la accionada que profirieron dichos actos sancionatorios, se sigue al examen de los argumentos contenidos en la providencia impugnada, que consiguientemente dejará por fuera los directamente tocantes con la referida falta de competencia, labor que arroja el siguiente resultado:
4.1. El tribunal, luego de ubicar la acción dentro del campo de la responsabilidad civil y de advertir, al respecto, que “la señora Olivia Buitrago no tiene una relación laboral con la demandada” sino “más bien, se trata de una vinculación reglamentaria, que la obligaba de todas formas a cumplir unas obligaciones y [a] no realizar otros hechos”, así como de precisar que lo pedido apunta a que se declare la nulidad de las resoluciones emitidas por la cámara de la bolsa y el consejo directivo de la otrora Bolsa de Bogotá S.A. relacionadas en el libelo introductorio, puso de presente que “tratándose de decisiones emitidas por una entidad privada, el juicio de legalidad y validez es el que se puede verificar respecto de los actos jurídicos de los particulares, aunque en este caso son de indiscutible interés público por la naturaleza de la actividad que desarrollaban tanto la demandante como la accionada” (se resalta).
4.2. Luego de relacionar una a una y con gran detalle las ocho causales de nulidad invocadas en el escrito con el que se dio inicio al litigio y de destacar que el a quo halló probada la primera de ellas, esto es, “la falta de competencia del órgano disciplinario”, el tribunal puntualizó que “en el análisis que incumbe a la instancia, antes que profundizar en las causales de invalidación alegadas y aceptadas” y, particularmente, “en la que encontró fundada la juez de primer grado, es preciso establecer el alcance que puede tener la jurisdicción sobre el control de las decisiones proferidas por la cámara disciplinaria y el consejo directivo de una bolsa de valores y de qué forma pueden ser estas atacadas por vía de nulidad, determinando cuáles serían entonces las causales o motivos que viciarían dichas decisiones y sobre las que se pueda pronunciar la justicia ordinaria para resolver finalmente si las puede invalidar, pues no es posible ignorar que se trata de actos que los particulares realizan bajo la égida del principio de la autonomía privada con vocación de ser válidos en tanto no contraríen el orden público y afecten derechos fundamentales o de cualquier forma vulneren la legalidad de los actos jurídicos, agregando que no son actos de interés puramente privado sino que tienen a su vez interés general sin ser actos públicos” (se resalta), como lo establece el artículo 335 de la Constitución Política, que transcribió.
4.3. Insistió en los motivos de nulidad diversos a la incompetencia que adujo la actora en la demanda, los que volvió a relacionar, y seguidamente trajo a colación la temática de la “autorregulación”, que comentó de manera general y, en forma específica, respecto del “mercado bursátil”, en virtud de lo que destacó, entre otros aspectos, que en este campo la finalidad de dicha figura está dirigida a que el señalado mercado “se desarrolle en condiciones de igualdad, transparencia y que no se coloque en peligro, ni se lesione el interés público y particularmente el interés de los inversionistas”; que constituye “una actividad ‘por la que los participantes del mercado de valores se imponen a sí mismos normas de conducta y operativas, supervisan su cumplimiento y sancionan su violación, creando un orden ético y funcional de carácter gremial complementario al dictado por la autoridad formal’ (Sent. C-692/2007)”; y que se ha erigido en “(...) ‘uno de los pilares fundamentales de la estructura de los mercados de valores’ (Supervalores, Conc. 9512913-3 de 29/09/95), en tanto se muestra como ‘valioso, flexible y eficiente para mantener mercados organizados, seguros, correctos y transparentes, con lo cual se logra la protección de los intereses de los inversionistas y la promoción de la confianza de la comunidad en las operaciones bursátiles, en cuanto en dicha confianza reposa la integridad de los mercados de valores’ (Supervalores, Conc. 9402990-3 del 3/03/95 sobre autorregulación en el mercado de valores. Finalidad, alcances y aplicaciones)”.
4.4. Más adelante advirtió:
a) “[E]l poder sancionador de las bolsas de valores no es ilimitado, pues debe respetar dos linderos fundamentales, que son el orden público y la finalidad perseguida por los miembros de la organización para ella misma, lo que legitima y da operatividad a las reglamentaciones y decisiones proferidas (Supervalores. Res. 397/91)” (se resalta).
b) “[L]a cuestión que se plantea en el juicio, debe considerarse dentro del preciso marco que le corresponde, cual es el de responsabilidad por la validez de los actos emitidos, como atrás se dejó explicado, en tanto la demandante acusa que le fueron irrogados perjuicios de índole material y moral con su expulsión de la Bolsa de Bogotá, pero atendiendo desde ya que las bolsas de valores han sido reconocidas como organismos autorreguladores que tienen la potestad de dictar sus propias normas de conducta, siendo obligatorio acatarlas (...) con el fin de [garantizar] mercados seguros, correctos y eficientes, para proteger los intereses de los inversionistas y [para] preservar la confianza de la comunidad en las operaciones bursátiles” (se resalta).
c) “[A]unque el tribunal no es otra instancia dentro del proceso disciplinario, sí le está atribuida dentro de su órbita de jurisdicción ordinaria, la facultad de calificar si los actos fueron emitidos válidamente, o si, por el contrario, al expedirlos en forma ilegal, se incurrió por parte de la bolsa en la responsabilidad que se le endilga”.
d) En consecuencia, “[e]s preciso atender, entonces, que dentro de las reglamentaciones de la bolsa de valores es imperativo consagrar y especificar el procedimiento por el cual ha de adelantarse la investigación, así como establecer el órgano o dependencia competente para determinar la responsabilidad del investigado, sujeto a ese régimen disciplinario, y las etapas, mecanismos y oportunidades a través de los cuales este puede ejercer su derecho de defensa. Además, si es posible acudir a un segundo grado de conocimiento, una vez que sea emitida la decisión”.
4.5. Con base en las anteriores apreciaciones, el tribunal concluyó que le correspondía “examinar si los órganos de la Bolsa de Bogotá que sancionaron con expulsión a la señora Oliva Buitrago Barrera, tenían la potestad de adoptar ese tipo de decisión en su contra; si las faltas imputadas a ella contaban con definición previa y si se ciñeron al procedimiento establecido para adelantar la actuación disciplinaria, determinando si con esa actuación y la decisión finalmente emitida, la Bolsa de Bogotá incurrió en la responsabilidad que se acusa en la demanda”.
4.6. Posteriormente el ad quem reiteró que “[n]o hay lugar a desconocer que la actuación disciplinaria o sancionatoria tiene como objetivo profesionalizar el mercado en tanto busca introducir los más elevados estándares en el ejercicio de la actividad de intermediación de valores, preservar los buenos usos de sus participantes y velar por la integridad del mercado y la protección de los inversionistas, de ahí que protege normas fundamentales de carácter ético y profesional, examen que al surtirse válidamente, con seguimiento del trámite instituido y agotamiento de las instancias predeterminadas, no puede ser objeto de revisión sustancial o de nueva valoración de hecho y probatoria en la acción ordinaria a la que se acude”.
5. Se extracta del compendio en precedencia consignado, que el tribunal, antes de asumir el estudio de cada una de las causales de invalidación propuestas en la demanda, consideró necesario definir los alcances de la acción de nulidad intentada en frente de la sanción disciplinaria protestada por la actora y, de esta manera, identificar los motivos soportantes de dicha pretensión susceptibles de ser aquí examinados y con virtualidad de provocar la declaratoria de ilegalidad de las resoluciones en este asunto controvertidas.
Fue así como, a partir de la consideración consistente en que el “poder sancionador de las bolsas de valores no es ilimitado”, habida cuenta de que está sujeto al pleno respeto, por una parte, del “orden público” y, por otra, de la “finalidad perseguida por los miembros de la organización para ella misma”, el sentenciador de segunda instancia, en definitiva, estimó que el juicio de legalidad de los actos sancionatorios aquí cuestionados solo podía comprender los siguientes aspectos: si los organismos pertenecientes a la Bolsa de Bogotá S.A. que conocieron del correspondiente trámite disciplinario y que impusieron la sanción que afectó a la promotora de este litigio, eran los competentes para hacerlo y si su actuación estuvo revestida de imparcialidad; si el procedimiento adelantado se ajustó a las previsiones estatutarias existentes antes de la comisión de las conductas que constituyeron la materia del mismo; si en ese procedimiento se garantizó a la investigada su derecho a la defensa y la doble instancia; y si las faltas que se le imputaron, “contaban con definición previa”.
Aunada esa conclusión del ad quem al hecho de que dicho juzgador, por una parte, concentró el estudio que realizó de la acción a la falta de competencia que la actora le imputó a los órganos de la demandada que dictaron los actos sancionatorios emitidos en su contra y, por otra, a que se hubiese sustraído de analizar el fondo de las otras causales de nulidad aducidas en el escrito que dio inicio al proceso, propio es entender, entonces, que en criterio de tal autoridad, estos otros motivos de invalidación —segundo a octavo—, al no estar comprendidos en el marco que definió respecto del juicio de legalidad propuesto, no podían provocar la invalidación de los actos sancionatorios cuestionados, independientemente de los argumentos en que estaban soportados, inferencia que, consiguientemente, la llevó a abstenerse de auscultarlos.
6. El análisis que antecede, permite colegir que el tribunal sí apreció tanto la pluralidad de motivos de nulidad planteados en la demanda, como el diverso contenido de ellos; que cuando negó las pretensiones del libelo introductorio, sí resolvió lo tocante a las causales segunda a octava; y que tal definición de las mismas, la sustentó en que ellas superaban la facultad de revisar la legalidad de los actos aquí controvertidos, por la vía de la acción de nulidad propuesta.
7. La comentada postura del sentenciador de segunda instancia descarta, per se, tanto la falta de motivación como la incongruencia de su fallo, en cuanto hace a esos específicos factores de invalidación de los actos sancionatorios —segundo a octavo—, toda vez que, como quedó explicado, la providencia impugnada en casación, por una parte, sí resolvió esas causales de nulidad y, por otra, contiene las razones que condujeron a su desestimación.
8. En tal orden de ideas, los cargos segundo y tercero introducidos por el recurrente, no están llamados a prosperar.
1. Con estribo en la causa inicial contenida en el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, el recurrente adujo que la sentencia del tribunal quebrantó “directamente, por interpretación errónea, el literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990”.
2. Delanteramente, el censor advirtió que “[l]a principal cuestión en este pleito estaba en determinar si la cámara de la Bolsa de Bogotá era competente para sancionar a la demandante”; que ella adujo que “a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27 de 1990, tal órgano, creado por el consejo directivo, era incompetente”; y que esa fue “la razón principal en que se apoy[ó] la pretensión de nulidad”.
3. Memoró que mientras el a quo acogió el referido planteamiento de la accionante y, por ende, “declaró la nulidad de las resoluciones indicadas en el libelo”, el tribunal, en sede de segunda instancia, “revocó el fallo apelado, por considerar que tal órgano sí era competente para sancionar a la actora”, tras lo que el recurrente reprodujo a espació los argumentos que, en pro de tal conclusión, expuso la citada corporación.
4. Luego de transcribir la norma presuntamente mal interpretada, el impugnante señaló “que el modo imperativo en que está utilizado el verbo ‘deber’ en el artículo de la ley antes mencionada, imponía a todas las bolsas de valores que funcionaban en el país en 1990, (...) reformar sus estatutos y crear en estos, los citados órganos de dirección y fiscalización, concretamente la cámara disciplinaria”, pues “[l]a expresión ‘deberán’, contenida en el referido precepto, no permite otra interpretación”, toda vez que “[n]o se trataba de algo facultativo u opcional para las sociedades que funcion[aban] como bolsas de valores, sino todo lo contrario, de carácter obligatorio”, asertos que sustentó con la exposición de motivos de la ley, que reprodujo en lo pertinente.
A vuelta de insistir en que el ad quem “consideró que no era necesario para las bolsas operantes en el país a la entrada en vigencia de la Ley 27 de 1990 crear las cámaras disciplinarias si estas ya venían funcionando, pues la ley —en su opinión— no obligó a las existentes, a hacer tal creación en los estatutos sociales”, el casacionista advirtió que allí “radica el mayúsculo yerro hermenéutico que se le imputa al tribunal, pues su tesis se encuentra en franca y abierta rebeldía con la exigencia del legislador contenida en el literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990”.
Añadió que si es regla de interpretación de la ley que cuando su sentido “sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”, el sentenciador de instancia “no podía (...) ver una facultad discrecional para las bolsas de valores donde el legislador, cierta e incontrovertiblemente, creó una obligación a cargo de tales entidades”, ni sostener que “la aprobación de la reforma del reglamento de la Cámara, impartida por la entidad controlante, vale decir, la Comisión Nacional de Valores, de suyo comportaba la exención del cumplimiento de la obligación impuesta a todas las sociedades que funciona[b]an como bolsa de valores, pues nada de ello figura ni puede inferirse del precitado texto legal”, planteamiento que más adelante reiteró.
Calificó la exigencia legal en comento de “insoslayable”; estimó que, por lo tanto, “las bolsas de valores debían consagrar en sus estatutos la existencia de la cámara disciplinaria sin que importara que el órgano en cuestión ya estuviera funcionando, en el caso de la demandada, con el nombre de la ‘cámara de la bolsa’”; y consideró que tal omisión de la accionada generó que “todas las decisiones” adoptadas por la precitada dependencia después de la vigencia de la mencionada ley “sean nulas”, por haber sido emitidas “por un órgano entonces —y ahora— claramente incompetente”.
En punto de la trascendencia de la presunta irregularidad cometida por el tribunal, el censor manifestó que así fuera cierto, como lo planteó la parte demandada, que “en todo caso, el juez natural sería la ‘cámara disciplinaria’, (...), no lo es menos que las reglas de tal órgano disciplinario no serían las mismas con arreglo a las cuales se sancionó a mi mandante, pues todas ellas, como consecuencia de la reforma estatutaria que necesariamente debía realizarse, tendrían que pasar por el tamiz de legalidad ejercido por la autoridad de control”.
5. Adicionalmente, el acusador efectuó los siguientes planteamientos:
5.1. Los conceptos de la otrora Superintendencia de Valores que el tribunal invocó en respaldo de su fallo son, en esencia, “actos administrativos que no pueden ser combatidos al amparo de la causal primera de casación”.
5.2. El poder disciplinario que ostentó la demandada frente a sus asociados, tenía carácter “restringido” y no implicó que ella estuviera exonerada de cumplir los “mandatos perentorios del legislador”, o autorizada para “abrogarse facultades de las cuales carec[ía]”.
5.3. “[L]a lectura desprevenida de las resoluciones cuya nulidad se pretend[ió], evidencia que la cámara de la bolsa no se limitó a juzgar un aspecto meramente ético”, sino que, por el contrario, “se ocupó de precisar el sentido de normas legales y de determinar su presunto incumplimiento por parte de los investigados, entre estos, la aquí demandante”, debiéndose tener en cuenta que el artículo 116 de la Constitución Política determina “quiénes pueden administrar justicia y allí, ciertamente, no figura el órgano creado por el consejo directivo de la Bolsa de Bogotá”.
5.4. Los dos precedentes de la Corte que la accionada citó “como fundamento del poder disciplinario que se ha reconocido por la jurisprudencia a entidades particulares, (...), se ocuparon de analizar casos (...) diversos a este, de contenido ético, por violación de normas del reglamento privado de tales entidades; (...); pero [en] ninguno de [esos] casos [se] analizó si era legalmente viable para tales entidades determinar el contenido y alcance e incumplimiento de normas legales; en los dos casos, además, los demandantes eran miembros de las referidas entidades, lo que no sucede en este litigio”.
5.5. La “circunstancia de que la señora Buitrago al momento de posesionarse como representante legal de la sociedad Digital de Valores S.A. ante la Bolsa de Bogotá (fl. 305, cdno. 3), hubiere firmado un documento en el que se oblig[ó] a cumplir la ley, los estatutos y el reglamento de la bolsa, no tiene tampoco el alcance de exonerar a la demandada del cumplimiento de la obligación impuesta por el literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990, ni de insuflarle a la cámara de la bolsa la competencia que perdió con la entrada en vigencia de la pluricitada ley, como lo estimó el tribunal”.
6. Para terminar, puso de presente que si el ad quem no hubiese incurrido en el yerro jurídico que cometió, habría concluido “que el órgano disciplinario denominado ‘cámara de la bolsa’ carecía de competencia para sancionar a la demandante” y solicitó el quiebre de su fallo y la confirmación del de primera instancia.
1. También con fundamento en el numeral 1º del artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, se enrostró al proveído impugnado “haber quebrantado indirectamente, por falta de aplicación, los artículos 16, 1613, 1614 del Código Civil, 8º de la Ley 153 de 1887, 120 y 899 del Código de Comercio, 36 del Código Contencioso Administrativo, (...) 3º del Código Penal (...) [y] 29 de la Constitución Política, como consecuencia de errores de hecho cometidos en relación con las pruebas” del proceso.
2. Luego de memorar en detalle los antecedentes del litigio, en particular, la comunicación mediante la que la demandada solicitó a la actora explicaciones sobre diversas conductas suyas; la respuesta que a dicha misiva dio la señora Buitrago Barrera; la resolución que definió la investigación disciplinaria con imposición de sanciones, entre otros, a la precitada persona; los recursos que ella interpuso y la forma como fueron decididos, el casacionista enlistó las causales de nulidad invocadas en la demanda, diversas a la incompetencia de la cámara de la bolsa, esto es, segunda a octava.
3. Seguidamente se ocupó de explicar lo yerros que en relación con cada uno de esos siete motivos de invalidación cometió el sentenciador de instancia, como pasa a resumirse:
3.1. Violación de los artículos 36 y 37 del reglamento de la cámara: Previa transcripción de esas normas, el recurrente cotejó la sanción impuesta a la actora y a la sociedad comisionista de bolsa en la que aquella laboró, de lo que infirió que las faltas atribuidas a la aquí demandante no revestían gravedad; destacó que del interrogatorio de parte que absolvió el representante legal de la accionada se desprende, que la promotora de esta controversia no tenía antecedentes disciplinarios y que las sociedades Confianza S.A. y Expocafé Ltda. no formularon queja alguna, ni sufrieron pérdidas económicas, cuestión esta última ratificada en el documento emitido por la segunda que milita a folio 1591 del cuaderno 33; y reprodujo a espacio la Resolución 37 de la cámara disciplinaria.
Con tal base aseveró: la preterición de las mencionadas probanzas; que ellas acreditan “que la actora no tenía antecedentes disciplinarios, que los hechos investigados no revestían mayor gravedad y que tales circunstancias han debido ser tenidas en cuenta como atenuantes en la imposición de la [sanción]”; que la cámara de la bolsa no las apreció y, por tal motivo, “infringió el principio de proporcionalidad que debe existir entre la [falta] y la sanción, lo que genera la nulidad de las resoluciones” que dictó, “pues en últimas se desconoció su derecho fundamental a un debido proceso”, quebranto en relación con el que añadió que a la señora Buitrago Barrera no se le garantizó en la investigación disciplinaria el derecho de estar asistida por un abogado y de controvertir las pruebas, amén que el fallo de primera instancia que en esa actuación se profirió, fue adoptado en sesión a la que asistieron solo cinco miembros, cuando de conformidad con el artículo 18 del reglamento de la cámara “en las reuniones (...) en que se vaya a considerar casos que den lugar a las sanciones de ‘suspensión o expulsión’ de una sociedad comisionista, se requiere un quórum deliberativo de seis miembros y uno decisorio de las 2/3 partes de los asistentes, vale decir, de cuatro miembros”.
3.2. Falta de aplicación y errónea interpretación de las normas relativas a la verificación de operaciones no representativas de mercado: Luego de insistir en que “la representatividad o no representatividad de las operaciones de mercado de una determinada operación de bolsa no depende de la finalidad perseguida con su realización” y que “las operaciones prohibidas a las sociedades comisionistas son aquellas que previamente hayan sido calificadas por la Superintendencia de Valores como no representativas de mercado”, el impugnante transcribió en lo pertinente la Sentencia C-406 de 2004 de la Corte Constitucional y puntualizó que “para que la cámara de la bolsa pudiera sancionar a mi cliente por la realización de operaciones no representativas de mercado, debía tener previamente a la imposición de la sanción, un acto administrativo expedido por la referida Superintendencia de Valores en el que tal autoridad pública —y solo esa entidad—, (...), de manera precisa, señalara que los hechos [esgrimidos] por la bolsa podían considerarse ciertamente como operaciones no representativas de mercado”.
En tal orden de ideas dedujo que como para el ad quem “la causal aducida en la demanda no estaba demostrada”, dicha autoridad “supuso la existencia del acto administrativo proferido por la Superintendencia de Valores mediante el cual tal entidad consideró que las operaciones por las cuales se sancionó a mi cliente, eran ciertamente no representativas de las condiciones de mercado”.
3.3. Interpretación errónea de las normas legales relacionadas con las llamadas operaciones por cuenta propia. Al respecto el censor reiteró lo expresado en el libelo introductorio, en el sentido de que la sanción impuesta a la demandante “por las denominadas operaciones por cuenta propia, era inconcebible por cuanto la propia cámara de la bolsa había determinado que era la firma comisionista la responsable de tales operaciones”.
Seguidamente reprochó al tribunal la preterición de las resoluciones 37 y 70, así como de las declaraciones rendidas por los señores Juan Carlos Ortiz Zárate y José Luis Heredia Palau.
En definitiva el impugnante estimó, en primer lugar, que “si las operaciones por cuenta propia no fueron estructuradas ni concebidas por mi cliente, sino por la firma comisionista, como lo acreditan las pruebas antes mencionadas, no podía considerarse a [aquella] responsable de tales operaciones”; y, en segundo término, que la cámara de la bolsa interpretó erróneamente el literal b) del artículo 7º de la Ley 45 de 1990 y el artículo 2.2.3.4 de la Resolución 400 de 1995 de la Superintendencia de Valores, al entender que tales preceptos “resultaban vinculantes” tanto para la sociedad comisionista como para la señora Oliva Buitrago Barrera, “pero mientras a la verdadera responsable, la multó con 25 millones de pesos”, a la aquí accionante “le impuso la sanción de expulsión, lo que evidencia la falsa motivación que se endilgó a la demandada”.
3.4. Aplicación indebida de las normas sobre desconocimiento de los comprobantes de bolsa: De conformidad con el artículo 13 del Decreto 1172 de 1980, es imperativo que “toda oferta o demanda se realice en los términos ofrecidos o demandados (...) desde el punto de vista financiero y comercial”. Las operaciones glosadas por la bolsa “así fueron ejecutadas” y en la totalidad de ellas “existió (...) claridad en los clientes sobre la forma en que se realizarían”.
El ad quem, por lo tanto, pasó por alto los documentos visibles del folio 1937 a 1941 del cuaderno 37, que acreditan que la actora “tenía una bonificación del 40% mensual sobre las utilidades operacionales de la firma comisionista, con prescindencia de que la operación se realizara bajo la figura de un contrato de comisión o mediante la figura de la cuenta propia, lo que desvanece cualquier interés que pudiera imputársele” a ella “para que la operación se realizara por cuenta propia”; el documento suscrito por Expocafé, fechado el 18 de septiembre de 1997, obrante a folio 1591 del cuaderno 33, que reprodujo; y la afirmación de la propia demandada contenida en la Resolución 70, consistente en que “(...) ‘el desconocimiento de las liquidaciones de bolsa obedeció a un proceder consciente y deliberado de algunos representantes legales’ (se resalta; fl. 159, cdno. 16) inspirado en la motivación de obtener un mayor beneficio dentro del esquema de remuneración, ya que el porcentaje de bonificación por utilidades en posición propia era mayor que el fijado sobre las comisiones devengadas”.
3.5. Aplicación indebida de las normas sobre realización de operaciones por fuera de bolsa: “Los hechos imputados por la bolsa no se encuentran ajustados a la realidad, pues lo que se presentó fue una labor de ‘mensajería’ prestada” por la aquí accionante “dentro de una operación legítima de compraventa de TACs realizada entre Expocafé y Credisocial, quienes no tenían impedimento o inhabilidad para [efectuar] la transacción de manera directa, sin la intervención de la Bolsa de Bogotá”.
El recurrente, por una parte, enfatizó que la actora “se limitó a indagar con Expocafé por la existencia de TACs con el fin de cumplir una operación de bolsa previamente comprometida, pero en tal entidad le informaron que habían sido vendidos a Credisocial, lo que motivó que la demandante hiciera una ‘vuelta’ o ‘mandado’ entre estas dos entidades con el fin de que se ajustara el negocio entre ellas”.
Y, por otra, denunció la preterición de los elementos de juicio que pasan a relacionarse: la declaración rendida por la señora Buitrago Barrera en la investigación adelantada por la bolsa, que el casacionista reprodujo en parte; la carta del 12 de febrero de 1997 dirigida por Expocafé a Credisocial, en la que hizo referencia a la venta de TACs y con la que remitió dichos títulos debidamente endosados (fl. 1618, cdno. 33); el comprobante de egreso de Credisocial, fechado el mismo día, que “refleja el pago hecho mediante cheque a Expocafé y que aparece suscrito por la demandante” (fl. 1617, cdno. 33); el documento emitido por esta última el 18 de septiembre de 1997, dirigido a la Bolsa de Bogotá, donde relacionó la venta de TACs a Credisocial (fl. 1591, cdno. 33).
3.6. Aplicación indebida de las normas relacionadas con el mandato pernicioso y la inducción de error al cliente: El censor reiteró que la demandada, por intermedio de su representante legal, en el interrogatorio que absolvió, admitió que las sociedades Confianza S.A. y Expocafé Ltda. no formularon queja alguna ante la Bolsa de Bogotá y que no se consolidó ninguna pérdida económica para ellas.
Adicionalmente expuso que “[l]a anterior prueba, por provenir de quien proviene, demuestra que el cargo por el cual se sancionó” a la gestora de este litigio “era claramente inexistente, pues la aseguradora Confianza no sufrió ninguna pérdida como se afirmó en la Resolución 37, por medio de la cual se sancionó a la aquí demandante”.
3.7. Aplicación indebida de las normas relacionadas con la no entrega de las liquidaciones de bolsa: Se enrostró al tribunal la suposición de la prueba de que la actora “tenía la obligación de entregar los comprobantes de las operaciones a los clientes de la firma comisionista, pues no de otra manera podría considerar que la entidad demandada actuó conforme a derecho, cuando la sancionó por el incumplimiento de la referida obligación que se encuentra radicada en cabeza de las sociedades comisionistas. Adicionalmente, que los clientes no tuvieran en su poder las correspondientes liquidaciones de bolsa, no significa per se, que tales liquidaciones no hubiesen sido entregadas a las dos comitentes”.
4. Para terminar, el censor recabó en que los advertidos errores “llevaron al tribunal a violar las normas denunciadas en el encabezamiento del cargo” y que ellos son trascendentes, toda vez que condujeron a esa corporación “a revocar la sentencia apelada y, en su lugar, a dictar una desestimatoria de las súplicas elevadas en el escrito introductorio (...)”. En tal virtud, solicitó el quiebre del proveído cuestionado y que “la Corte, en sede de segunda instancia, previa valoración de la totalidad de los medios de convicción que obran en el proceso, confirme el fallo del a quo”.
1. Variada estirpe y distinta naturaleza ostentan los múltiples argumentos en que el tribunal respaldó la decisión desestimatoria de las súplicas de la demanda que profirió, los que se pueden agrupar y especificar de la siguiente manera:
1.1. En lo relacionado con la responsabilidad civil que el tribunal avizoró en la acción, a más de destacar que la relación que mantuvo la actora con la accionada fue “reglamentaria”, como se registró al despacharse los cargos segundo y tercero de la demanda de casación, dicha autoridad precisó:
a) Tal responsabilidad propende porque “todo daño inferido a la persona o propiedad de otra, sea resarcido, vale decir, fija los límites en que cada individuo no pueda ejercer impunemente su actividad” y “es fuente de obligaciones conforme lo expresa el artículo 1494 del Código Civil”.
b) Su configuración requiere que “una persona natural o jurídica (...) haya incurrido en culpa y que de esta sobrevengan perjuicios al reclamante, es decir, la concurrencia de los tres elementos que la doctrina predominante ha sintetizado bajo las denominaciones de culpa, daño y relación de causalidad”, los que deben acreditarse con sujeción a las reglas de los artículos 177 del Código de Procedimiento Civil y 1757 del Código Civil, de lo que se sigue que la carga de su prueba recae en la víctima.
c) Si bien, en principio, el “hecho al que se acusa de generar perjuicios, estaría dado por la sanción impuesta a la demandante, que consistió en expulsarla de la Bolsa de Bogotá, (...) no basta la decisión adoptada, sino que para que de ella se derive responsabilidad de la demandada, debe atribuirse una calificación a ese proceder, y que la actora demanda como actividad realizada sin la competencia legal” (se resalta).
d) “Sin embargo, lo que encuentra el tribunal es que la señora Oliva Buitrago Barrera no demostró que la Bolsa de Bogotá hubiera observado un comportamiento contrario al que debiera haber desplegado, que sea merecedor de la calificación de desviado por torpeza, negligencia, imprevisión u otro motivo semejante, menos aún probó que en su actuar hubiera mediado intención positiva de inferirle injuria” (se resalta), toda vez que “en el procedimiento que adelantó la cámara disciplinaria de la Bolsa de Bogotá y luego el consejo directivo de dicha institución, no puede entreverse una intención de causar daño o generar perjuicios a la demandante, como tampoco hay lugar a pregonar que el actuar de la demandada fue negligente o descuidado” (se resalta).
1.2. Respecto de facultad de autorregulación, que admitió radicada en cabeza de la demandada, adicionalmente a los aspectos que ya se dejaron reseñados como consecuencia del estudio que se hizo de la segunda y tercera acusación, el ad quem añadió:
a) Se trata de una figura que “no es extraña a la legislación nacional” y refiere a “(...) ‘la potestad que poseen las bolsas de valores sobre sus miembros, así como a la existencia de las cámaras disciplinarias’ (...)”, atribuciones que “(...) ‘devienen de la misma naturaleza y funciones de las bolsas’ (...)” y que son necesarias debido a que a ellas les corresponde la “(...) ‘organización de los servicios que prestan’ (...)” y la “(...) ‘dirección del mercado’ (...)”, actividades que incluyen “(...) ‘la supervisión en relación con la transparencia de las operaciones que allí se realizan’ (Supervalores, Res. 110/94)”.
b) De conformidad con las previsiones del Decreto 2969 de 1960, las bolsas de valores tenían “como funciones las de ‘mantener el funcionamiento de un mercado bursátil debidamente organizado, que ofrezca a los inversionistas y negociantes en títulos valores y al público en general, condiciones suficientes de seguridad, honorabilidad y corrección’ y ‘velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias por parte de sus miembros, evitando especulaciones perjudiciales para los valores inscritos o para la economía nacional’ (...)”.
En atención de tales funciones es que “se desarroll[ó] y se fund[ó] el poder sancionatorio de la organización, de allí que se dieran sus propios reglamentos y contaran con órganos disciplinarios”.
c) No obstante que el referido ordenamiento jurídico es “posterior a la fundación de la bolsa, que data de 1928”, en él se reconocieron “las funciones que ya estaban cumpliendo esos organismos, porque la autorregulación bursátil no tiene su fuente en la ley, sino en la experiencia de los agentes que participan en esa actividad, guiados por la necesidad de mecanismos para la protección efectiva de los derechos de quienes intervienen o participan en el mercado de valores, de allí que hayan sido las bolsas las entidades que asumieron esa función para mantener el mercado de capitales debidamente organizado y operando bajo los principios de seguridad, honorabilidad y corrección de sus miembros, adoptando una serie de normas internas y estableciendo órganos encargados de velar por su cumplimiento”.
d) “El poder disciplinario, entonces, no deviene de la autonomía de las partes, sino que surge en razón del interés general que envuelve la actividad, habiéndose confiado históricamente a la entidad que agrupa a quienes participan directamente en la bolsa (Supervalores, Conc. DJ/P/193.87)”.
e) La mencionada “potestad de los órganos autorreguladores como las bolsas de valores es independiente y distinta de la de inspección y vigilancia ejercida por el Estado a través de la Comisión Nacional de Valores, en primer lugar, luego de la Superintendencia de Valores y, ahora, de la Superintendencia Financiera de Colombia”, por lo que “los actos realizados por las organizaciones privadas del mercado público de valores en el marco de la autorregulación, no constituyen ejercicio de función pública o administrativa” y las decisiones proferidas en tal virtud “no constituyen actos administrativos”, sino que son “determinaciones, (...), adoptadas dentro de la potestad disciplinaria que les es reconocida”.
f) “(...) debe aceptarse que la autorregulación bursátil tuvo un origen contractual” y que, “posteriormente, la ley recogió los principios de aquella figura, (...), para desarrollarlos en norma positiva, lo que, por supuesto, no puede implicar desconocimiento de la práctica que ya se había asentado y que no contraría el orden público” (se resalta), sino que “se destaca como buena práctica de comercio que busca dotar de seguridad y transparencia el mercado de valores, así como incrementar los estándares de profesionalismo y honorabilidad de sus miembros, de ahí que las actuaciones de autorregulación adelantadas dentro de ese marco convencional primigenio no se podrían comprender como inválidas” (se resalta).
1.3. En cuanto hace a la alegada incompetencia del órgano de la demandada que se ocupó de adelantar y resolver el proceso disciplinario que se siguió a la actora, el sentenciador de segunda instancia acotó:
a) La Ley 27 de 1990 “recogió lo que ya era una práctica y estableció la autorregulación como obligatoria para que se acatara por todas las bolsas de valores, pero ello de modo alguno puede llevar a concluir que las cámaras disciplinarias ya creadas para entonces se tornaban en inexistentes o no podían seguir funcionando, como que la ley no determinó tal cosa, como tampoco obligó a las operantes a que fueran objeto de nueva creación, esta vez por los estatutos sociales” (se resalta).
b) En la Bolsa de Bogotá, la cámara de la bolsa se estableció desde 1929 y su reglamento, así como los cambios que a lo largo del tiempo se hicieron al mismo, fueron aprobados por los respectivos órganos de control del Estado, sin que estos “hubieran requerido la eliminación de la cámara para que fuera creada, esta vez, en los estatutos de la sociedad”, como se constata en la Resolución 486 de 1º de agosto de 1990 (fls. 499 a 517, cdno. 1), expedida “cuando ya se hallaba en vigencia la Ley 27 de 1990 (promulgada y publicada el 20 de febrero de 1990)”.
Ello fue así, “porque no tiene justificación una exigencia de ese talante, dado que lo que exigía la ley era algo que ya estaba operando en la bolsa y es la existencia de un órgano de dirección (consejo directivo) y otro de fiscalización y vigilancia de la conducta de los miembros (cámara disciplinaria), integrados con la participación de personas externas, esto es, diferentes a la administración de la bolsa y de las firmas comisionistas”.
c) “De lo anterior resulta, sin que (...) pueda d[á]rsele más alcance, que las sociedades de valores además de tener la estructura societaria prevista en la ley, debían contar [con] los dos tipos de órganos señalados y que en su composición era necesario tener en cuenta los miembros externos (representantes de entidades emisoras de valores inscritos, inversionistas institucionales[,] gremios y entidades vinculadas a la actividad bursátil)” con “una participación significativa y razonable, requerimiento que se satisfacía en la Bolsa de Bogotá si se tiene en mente que el reglamento de la cámara disciplinaria había sido reformado y contemplaba la participación de 3 miembros externos en un total de 6 participantes y, antes de eso, en el reglamento aprobado en el año 1990, se preveía la participación de 2 personas externas dentro de un total de 5 integrantes (fl. 502, cdno. 1)”.
d) La accionante “no puede pretender ignorar que tenía conocimiento de la existencia de la cámara disciplinaria de la Bolsa de Bogotá, en la cual interv[ino] como corredora, representante legal y, por un corto tiempo, como jefe de mesa de la comisionista BNC Valores”, pues “[a]sí lo expresó en la declaración de parte que rindió, al referirse al curso de operación bursátil en los siguientes términos: ‘en el curso supe de qué se trataba la cámara disciplinaria, que básicamente vigila las operaciones realizadas por las firmas comisionistas, operaciones que realizamos los corredores’ (fl. 823 vto., cdno. 1)” y se deduce de su posesión ante la Bolsa de Bogotá como representante legal de la sociedad comisionista Digital de Valores S.A., acto en el que prometió formalmente, ‘bajo su palabra, cumplir con lealtad y decisión la ley, los estatutos, el reglamento de la institución y todas aquellas resoluciones dictadas dentro de sus atribuciones por el consejo directivo, por la cámara de la bolsa o por las demás autoridades’ (fl. 305, cdno. 3; fl. 12, cdno. 16; fl. 19, cdno. tribunal)”.
Los hechos anteriores quedaron confirmados con la certificación emitida por el liquidador de la Bolsa de Bogotá, sobre el desempeño de la actora al servicio de la sociedad Digital de Valores S.A., obrante a folio 495 del cuaderno 16, y con las declaraciones de los señores María Consuelo Muñoz Leiva y Jorge Ignacio Lewin Figueroa, que fueron recibidas en el curso de lo actuado.
Es “claro que la señora Oliva Buitrago Barrera no solo conocía de la existencia del órgano disciplinario, sino que además había prometido acatar sus reglamentos y entendía que podía ser sujeto de sus determinaciones al intervenir en operaciones de bolsa, comprendiendo que era la cámara disciplinaria la competente para juzgarla en sus actuaciones bursátiles y al interior de la Bolsa de Bogotá”.
e) “Así pues, el procedimiento disciplinario que se adelantó en contra de la demandante fue conocido por los órganos fijados como competentes para ello dentro del reglamento de la Bolsa de Bogotá S.A. y, en particular, con acatamiento de las actuaciones e instancias previstas en los reglamentos de la cámara disciplinaria, aprobados por la Comisión Nacional de Valores y la Superintendencia de Valores (Res. 486/90, fls. 883 a 902; Res. 367/96, fls. 905 a 907; Res. 199/98, fls. 908 a 913, cdno. 1), siendo posible con base en ellos imponer la sanción de exclusión a los corredores de bolsa”.
f) “No se aprecia, entonces, la falta de competencia declarada por la juzgadora de primera instancia, pues esa cualidad al órgano disciplinario se la habían dado los mismos miembros de la organización, quienes ingresaban la aceptaron, y la existencia del órgano como tal no pugna con lo dispuesto en la Constitución Política y en la ley, en particular con lo previsto en la Ley 27 de 1990, en tanto la Bolsa de Bogotá contaba con un órgano que vigilaba la conducta de sus participantes y sancionaba su obrar irregular o contrario a normas legales y reglamentos preexistentes y conocidos por ellos. De otro lado, la composición respetaba los parámetros fijados por el legislador y se trataba de un órgano autónomo en el que no tenía poder de decisión la administración de la bolsa”.
1.4. Finalmente, como se concluyó al desatarse los dos cargos primeramente estudiados, el tribunal, en frente de las causales de nulidad segunda a octava invocadas en la demanda, estimó que desbordaban el ámbito que es propio del presente litigio, toda vez que “el juicio de legalidad de los actos sancionatorios aquí cuestionados solo podía comprender los siguientes aspectos: si los organismos pertenecientes a la Bolsa de Bogotá S.A. que conocieron del correspondiente trámite disciplinario y que impusieron la sanción que afectó a la promotora de este litigio, eran los competentes para hacerlo y si su actuación estuvo revestida de imparcialidad; si el procedimiento adelantado se ajustó a las previsiones estatutarias existentes antes de la comisión de las conductas que constituyeron la materia del mismo; si en ese procedimiento se garantizó a la investigada su derecho a la defensa y la doble instancia; y si las faltas que se le imputaron, ‘contaban con definición previa’”, tópicos que dio por cumplidos con fundamento en las siguientes razones:
a) La competencia de los órganos disciplinarios decisores, por las que se compendiaron en el punto 1.3 precedente, a lo que agregó que “la sola circunstancia de la creación de la cámara disciplinaria por el consejo directivo” no afectó el principio de “la independencia de las instancias”, menos cuando no obra en el proceso “una prueba real que haga evidente la dependencia o el control de un órgano al otro (del consejo a la cámara) y es que dentro del procedimiento disciplinario, además, según se evidencia del reglamento de la cámara, el presidente de la bolsa por regla general no tiene voto dentro de las decisiones del órgano, pues de acuerdo con el artículo 18, citado en párrafos anteriores, únicamente vota en caso de empate (lo que ya estaba fijado desde el año 1990 cuando la Comisión Nacional de Valores aprobó el reglamento de la cámara en la Resolución 486), pero en el caso de la demandante no se presentó, por lo que no participó en la decisión”.
Y que no existió “confusión entre las instancias que se alegó en la demanda, comoquiera que el presidente de la bolsa no es el presidente del consejo directivo en virtud del artículo 34 de sus estatutos (fl. 942 vto., cdno. 1), cuya integración se modificó en las actas 108 y 110 de 26 de marzo y 29 de mayo de 1990 de la asamblea general de accionistas de la bolsa, reforma aprobada por la Comisión Nacional de Valores en la Resolución 452 de 16 de julio de 1990 (fls. 496 a 498, cdno. 1), de manera que el presidente de la bolsa tiene voz pero no voto en las deliberaciones del consejo (fls. 942, 1084 vto., 1135, cdno. 1; fl. 28, cdno. tribunal), circunstancia que se evidencia en el mismo cuerpo de las decisiones censuradas”.
b) El debido proceso, la defensa y la definición previa de las faltas imputadas, porque la investigación disciplinaria que se adelantó en contra de la demandante se ajustó a “los parámetros fijados para [la] mism[a] de forma anterior a la actuación”, en la medida que “[e]n la primera instancia, la señora Buitrago Barrera presentó una declaración libre y espontánea de los hechos; en la formulación de cargos se especificaron las conductas realizadas y las normas que infringi[ó], con lo que se respet[ó] el principio de legalidad de la falta, y se le concedió la oportunidad para que solicitara pruebas y una audiencia ante la cámara, luego rindió descargos sin pedir la práctica de pruebas ni audiencia y finalizada la actuación, se le impus[ieron] las sanciones que ella estim[ó] como generadoras de perjuicios, las cuales hallan justificación y razonabilidad en uno de los propósitos del mercado de valores, que es elevar los estándares profesionales y velar por un mercado íntegro y transparente donde exista libre formación de precios y condiciones adecuadas de seguridad para los inversionistas y para el público en general, obligación que también se consagró en el artículo 11 del Decreto 2016 de 1992 como de las bolsas de valores, al establecer que debían velar porque sus representantes legales reunieran las más altas condiciones de honorabilidad, profesionalismo e idoneidad”.
c) Y la doble instancia, porque la aquí demandante “pudo interponer el recurso de reposición y en subsidio apelación conforme los artículos 24 a 27 del reglamento de la cámara (fls. 29 a 30, cdno. tribunal), del cual conoció el consejo directivo”.
2. En los cargos que ocupan la atención de la Corte, el recurrente combatió, en el primero, la competencia que el ad quem le reconoció a los órganos que dictaron las resoluciones cuya nulidad se solicitó en la demanda, en pro de lo cual adujo el quebranto directo del literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990, por interpretación errónea, comoquiera que, en criterio del censor, dicho precepto impuso la obligación a las bolsas de valores que existían para entonces en el país, de crear en sus estatutos sociales, por una parte, el “consejo directivo” y, por otra, la “cámara disciplinaria”, órgano este último que venía a ser el único facultado para ejercer el poder disciplinario de que ellas estaban investidas respecto de las sociedades comisionistas, sus representantes legales, corredores y jefes de la mesa de negocios y que no correspondía a la “cámara de la bolsa” que en el caso sub judice sancionó a la promotora de esta controversia, toda vez que dicho ente interno de la Bolsa de Bogotá había sido creado por el consejo directivo mucho antes a la vigencia de la mencionada ley.
Y en el cargo cuarto se controvirtió, por la vía indirecta de que trata la causal primera de casación, la negativa del tribunal de disponer la invalidación de los referidos actos sancionatorios con base en las causales de nulidad segunda a octava que se plantearon en el libelo introductorio, debido a los errores de hecho que, a decir del casacionista, esa corporación cometió en la apreciación de las pruebas, desatinos que le impidieron ver el exceso de la sanción aplicada; que no medió determinación previa por parte de la otrora Superintendencia de Valores que calificara los hechos advertidos por la Bolsa de Bogotá “como operaciones no representativas de mercado”; que “las operaciones por cuenta propia no fueron estructuradas ni concebidas” por la actora, sino “por la firma comisionista”; que la totalidad de las operaciones bursátiles materia de la investigación disciplinaria fueron efectuadas con sujeción al artículo 13 del Decreto 1172 de 1980 y que los clientes tuvieron absoluta claridad “sobre la forma [como] se realizarían” las mismas; que “existió una negociación directa entre Credisocial y Expocafe”, por lo que “la intervención de la demandante se limitó a una labor de mensajería”, de modo que “la sola firma puesta en el comprobante de egreso no acreditaba nada distinto al recibo de un título valor y no una operación realizada fuera de la bolsa”; que el cargo consistente en la aplicación indebida de las normas relacionadas con el mandato pernicioso y la inducción de error al cliente “era claramente inexistente, pues la aseguradora Confianza no sufrió ninguna pérdida como se afirmó en la Resolución 37, por medio de la cual se sancionó” a la señora Buitrago Barrera; y que ella no tenía la obligación de entregar los comprobantes de las operaciones a los clientes, pues tal deber recaía directamente en la firma comisionista.
3. Cotejadas las razones esgrimidas por el tribunal en su fallo, en contraste con las que le prestaron apoyo a los cargos que se analizan, apreciados en conjunto, en procura de ampliar su espectro, porque solo así constituirían un ataque panorámico de la sentencia impugnada, refulge que el censor no controvirtió los bloques argumentativos reseñados en los puntos 1.1, 1.2 y 1.4 de estas consideraciones, ni los específicos planteamientos que los integran, infiriéndose de tal omisión que las acusaciones auscultadas son incompletas y, por ende, inanes para ocasionar el derrumbamiento del proveído cuestionado en casación.
Ciertamente, ningún reproche elevó el censor respecto de la ubicación que el juzgador hizo de la acción en el campo de la responsabilidad civil, ni de los elementos que señaló como estructurales de ella —culpa, daño y nexo de causalidad— y, mucho menos, de las conclusiones a que arribó, consistentes en que la accionante “no demostró que la Bolsa de Bogotá hubiera observado un comportamiento contrario al que debiera haber desplegado, que sea merecedor de la calificación de desviado por torpeza, negligencia, imprevisión u otro motivo semejante” o que “en su actuar hubiera mediado intención positiva de inferirle injuria”; y en que del tantas veces mencionado proceso disciplinario no se desprende que la accionada hubiese tenido la “intención de causar daño o generar perjuicios a la demandante”, ni que su conducta “fue negligente o descuidad[a]”.
Tampoco se ocupó el casacionista de contradecir las apreciaciones relacionadas con la facultad de autorregulación que el ad quem le reconoció a la Bolsa de Bogotá, en concreto, su origen contractual, el reconocimiento posterior que de ella hizo el legislador, que este al recogerla en normas positivas no tuvo el propósito de desvirtuarla, ni de invalidar los avances que sobre el particular ya se habían conseguido en la práctica con miras a que el mercado bursátil fuera seguro y transparente, y que, por consiguiente, las actuaciones cumplidas en desarrollo de tal potestad, “adelantadas dentro de ese marco convencional primigenio”, no podían considerarse “como inválidas”.
Del mismo modo, el recurrente dejó al margen de los cargos de que se trata, las consideraciones del fallo impugnado atinentes, en primer lugar, a los límites que en cuanto a la nulidad reclamada fijó el tribunal, en la medida que restringió el examen de legalidad de los actos sancionatorios objeto de esa petición a la competencia de los órganos que los profirieron y a su imparcialidad, al debido proceso, a si en el trámite disciplinario se garantizó a la investigada, por una parte, el derecho de defensa y, por otra, la doble instancia y, finalmente, a la antelada definición de las faltas imputadas; y, en segundo término, a la satisfacción de tales exigencias.
4. Así las cosas, deviene como corolario obligado de las deficiencias en precedencia advertidas, que los cargos objeto de estos razonamientos están condenados al fracaso, puesto que, como insistente e inalteradamente lo ha sostenido la Sala, “[l]a competencia que el recurso de casación otorga a la Corte, no abre un debate sin límite como si fuera un thema decidendum, todo lo contrario, el fallo del tribunal atrae sobre sí la censura, como thema decisum. La demanda de casación delinea estrictamente los confines de la actividad de la Corte, la que desarrolla su tarea de velar por la cabal aplicación del derecho objetivo y la preservación de las garantías procesales, según sea la causal alegada. Síguese de ello, que no puede la Corte abordar un examen exhaustivo de todo el litigio, sino que su misión termina donde la acusación acaba, y si tal impugnación es deficitaria, porque algunos argumentos o elementos probatorios invocados por el tribunal quedaron al margen de la censura, porque fueron omitidos por el casacionista, que respecto de ellos dejó de explicar en qué consiste la infracción a la ley, cuál su incidencia en el dispositivo de la sentencia y en qué dirección debe buscarse el restablecimiento de la normatividad sustancial vulnerada, no puede la Corte completar la impugnación. En suma, el ataque en casación supone el arrasamiento de todos los pilares del fallo, pues mientras subsistan algunos, suficientes para soportar el fallo, este pasará indemne” (Cas. Civ., Sent. abr. 2/2004, Exp. 6985; se resalta).
5. Concentrada la Corte en la primera acusación, se establece que en ningún descarrío interpretativo incursionó el ad quem cuando sostuvo que el literal c) del artículo 2º de la Ley 27 de 1990 no tuvo por fin aniquilar las cámaras disciplinarias que al momento de entrar en vigencia operaban en la bolsas de valores que funcionaban en el país, al exigir que tales entes debían “constituirse como sociedades anónimas, sujetas a las siguientes reglas especiales: … c) Sus estatutos deberán prever la existencia obligatoria de órganos sociales de dirección (consejo directivo) y de fiscalización y vigilancia de las actividades de sus miembros (cámara disciplinaria de la bolsa). Los estatutos así mismo deberán consagrar una participación razonable y significativa de miembros externos en el consejo directivo y en la cámara disciplinaria, que representen a las entidades emisoras de valores inscritos, a los inversionistas institucionales, y a otros gremios y entidades vinculadas a la actividad bursátil. La sala general de la Comisión Nacional de Valores determinará la participación que los miembros externos habrán de tener en el consejo directivo y en la cámara disciplinaria y el procedimiento que habrá de seguirse para efectos de la elección de los mismos, para lo cual podrá prescindirse del sistema de cuociente electoral previsto en el artículo 436 del Código de Comercio. En todo caso, las sociedades comisionistas miembros de la bolsa tendrán derecho a una participación mayoritaria en el consejo directivo”.
Ejemplo de lo anterior es el propio artículo 3º de la misma Ley 27 de 1990, en donde se dispuso que “[l]as bolsas de valores que actualmente funcionan en el país deberán adecuar la composición de su capital social a lo dispuesto en el artículo anterior, dentro de un plazo no mayor a un (1) año, contado a partir de la fecha de promulgación de la presente ley. Para estos efectos, los consejos directivos de las bolsas quedan facultados para tomar las medidas que resultaren pertinentes, tales como el aumento del capital autorizado de la bolsa, la colocación de nuevas acciones sin sujeción al derecho de preferencia, la readquisición de acciones propias o, en casos extremos, la reducción del capital social, de conformidad con los establecido en el Código de Comercio. El plazo fijado en el presente artículo podrá ser prorrogado hasta por un año adicional por la sala general de la Comisión Nacional de Valores cuando esta compruebe que por razones de fuerza mayor no ha sido posible ajustar la estructura del capital social de la bolsa a lo dispuesto en el artículo anterior”.
Se colige, pues, que al no haberse consagrado expresamente la supresión de los órganos disciplinarios que entonces operaban en las bolsas de valores, ni previsto un régimen de transición, tales dependencias continuaban investidas de la facultad de investigar y sancionar las faltas en que incurrieran los miembros de aquéllas, sin que, por lo mismo, pudiera —o pueda— predicarse que carecían de competencia en el desempeño de dichas labores.
6. Respecto del cargo cuarto, pertinente es llamar la atención sobre su desenfoque, pues mientras que el ad quem, para negar la nulidad demandada con base en las causales segunda a octava que con ese objetivo invocó la actora, se afincó en que ellas no eran susceptibles de estudiarse por sobrepasar los linderos del juicio de legalidad que en este proceso podía efectuarse en relación con los actos sancionatorios acusados, el recurrente, con total desconocimiento de ese argumento, caminó por una senda bien distinta, toda vez que luego de insistir en la configuración de esos motivos de invalidación, le reprochó al sentenciador de instancia haber preterido las pruebas que, en su concepto, los acreditaban.
Los planteamientos soportantes de la acusación son, por lo tanto, paralelos a los del fallo y, por lo mismo, aquellos no sirven para derruir estos.
7. Se concluye, en definitiva, que los cargos en cuestión, no están signados por el éxito.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia que el 18 de diciembre de 2009 profirió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala Civil, en el presente proceso, plenamente identificado al inicio de este proveído.
Se condena en costas del recurso de casación a su proponente. En la correspondiente liquidación, inclúyase, por conceptos de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000.

References: artículo 303
 artículo 304
 artículo 55
 artículo 154
 artículo 142
 artículo 304
 artículo 305
 artículo 305
 artículo 335
 artículo 368
 artículo 2
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 artículo 116
 artículo 2
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 resolución 
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 artículo 18
 artículo 7
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 13
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 artículo 1494
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 artículo 18
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 artículo 34
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 artículo 11
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 artículo 436
 artículo 3