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Timestamp: 2019-09-23 05:15:04+00:00

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SENTENCIA SP436-2018 DE 28 DE FEBRERO DE 2018
CONTENIDO:UNIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE JURISPRUDENCIA RESPECTO A LA POSICIÓN ASUMIDA EN FALLO DE CASACIÓN SP14496 DE 2018, SOBRE LA NO FAVORABILIDAD DE REBAJA PENAL POR SENTENCIA ANTICIPADA EN LEY 600 DE 2000. SE EXPLICA QUE LA APLICACIÓN DE LA FAVORABILIDAD RESPECTO DE DETERMINADAS NORMAS CONTENIDAS EN LA LEY 906 A CASOS REGULADOS POR LA LEY 600, DEPENDE DE LA EQUIVALENCIA DE LOS RESPECTIVOS INSTITUTOS, LA CUAL, DESDE YA SE ADVIERTE, NO SE CONSOLIDA EN LOS CASOS DE LA ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN LA AUDIENCIA DE SU FORMULACIÓN PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 293 Y 351 DE LA PRIMERA NORMATIVIDAD, Y LA SENTENCIA ANTICIPADA REGULADA EN EL ARTÍCULO 40 DE LA SEGUNDA, PUES ADEMÁS DE QUE FUERON MOLDEADOS CON ARREGLO A ESQUEMAS CONSTITUCIONALES DIFERENTES, CONFIGURAN INSTITUTOS PROCESALES SOSTENIDOS EN BASES FILOSÓFICAS DISTINTAS: AQUÉL EN EL PARADIGMA DEL CONSENSO, ÉSTA EN EL DEL SOMETIMIENTO. DENTRO DE ESA LÓGICA, SURGE EVIDENTE QUE LA SENTENCIA ANTICIPADA DE LA LEY 600 DE 2000 Y LA ACEPTACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DE LA LEY 906 DE 2004, NO SON INSTITUTOS IDÉNTICOS, PORQUE PERTENECEN A SISTEMAS PROCESALES DE INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO DIAMETRALMENTE CONTRAPUESTOS, LO CUAL LLEVA A EXCLUIR LA PRETENDIDA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, SENTENCIA ANTICIPADA, DISMINUCIÓN DE LA PENA, UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD
Sentencia SP436-2018 de febrero 28 de 2018
El Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018 modificó los artículos 186, 234 y 235 de la Constitución Nacional y creó, al interior de la Corte Suprema de Justicia y con funciones limitadas, salas especiales de instrucción y juzgamiento para aforados, encargándole a la Sala de Casación Penal la resolución de los recursos de apelación que se interpongan contra las decisiones de la Sala Especial de Juzgamiento de primera instancia (art. 2º, num. 6º del A.L. Nº 01/2018).
Se trata de un acto legislativo válido. Lo expidió el Congreso de la República y fue promulgado. Eso no significa, sin embargo —ante la ausencia de una regla de transición en esa reforma a la Constitución—, que por el solo hecho de su vigencia se hubiera producido el decaimiento automático de las competencias que ha venido ejerciendo la Sala de Casación Penal y de las cuales la sustrae el acto legislativo.
Si fueran preexistentes al acto legislativo los órganos a los cuales se trasladan las competencias para instruir y juzgar en primera instancia a los aforados constitucionales, lógicamente —a falta de norma de transición— habría absorbido esas funciones desde la promulgación del acto legislativo. Pero como es éste el que los crea, resulta absurdo pretender que se detenga la función de administrar justicia en esos casos mientras los poderes públicos correspondientes cumplen con el mandato de implementación de esos nuevos organismos, acción que desde luego está sujeta a trámites constitucionales y legales previos y obligatorios.
Es indudable para la Sala, en consecuencia, que cuenta con competencia en el presente caso. Y que se mantienen plenas a cargo de la Sala de Casación Penal, hasta que entren en funcionamiento las salas especiales, las funciones que hasta hoy ha venido cumpliendo y que pasarán a los nuevos dignatarios una vez se posesionen de sus cargos ante el Presidente de la República. (CSJ AP495-2018, 7 feb. 2018, rad. 37395).
Por otra parte, de acuerdo con la imputación fáctica, es evidente que las conductas punibles endilgadas y admitidas tuvieron relación con las funciones que desempeñaba B. M. E. V. como senador de la República. Además, si bien la mesa directiva de esa cámara le suspendió el ejercicio de la investidura congresional hasta tanto se produzca decisión judicial definitiva, ello no implica la pérdida de la misma.
Finalmente, luego de expresados los cargos en forma fáctica y jurídica, hubo un espacio para la reflexión y aclaración de inquietudes que culminó con la siguiente manifestación de B. M. E. V.: “SI ACEPTO”.
Pues bien, es evidente que la atribución fáctica realizada a B. M. E. V. encuentra cabal adecuación en los tipos penales de los artículos 405 y 411 de la Ley 599 de 2000 y que la afirmación de tal acontecer, que fue aceptada por el procesado, además tiene respaldo en los medios de prueba que se enuncian a continuación.
Se trata, en primer lugar, de las declaraciones rendidas por E. M., G. A. D. L., O. N. B. B. y F. G. V. La del último de los mencionados, complementada con la versión que suministró a la Fiscalía y que fue incorporada al presente proceso, ya que aunque en su exposición ante la Corte ilustró ampliamente el proceso contractual de la adición correspondiente al tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II y sus antecedentes, se abstuvo de hacer alusiones personales por estar negociando con la Fiscalía lo concerniente a su colaboración con la administración de justicia.
Las anteriores atestaciones tienen en común que sus autores también se encuentran involucrados en los hechos. Por tanto, son objeto de investigación penal y cada uno tiende a defender sus propios intereses. Aun así, apreciadas en conjunto surgen puntos de contacto que convergen hacia B. M. E. V. En consecuencia, en esos aspectos terminan corroborándose unas con otras.
En primer lugar, E. M., subdirector de operaciones de ODEBRECHT en Colombia a partir de enero de 2013, reconoció que contrató a O. N. B. B. para agilizar la concreción del proyecto del tramo Ocaña-Gamarra y tener la certeza de que el mismo fuera incorporado a la concesión Ruta del Sol II, como en efecto lo fue, mediante el otrosí Nº 6.
Por su parte, O. N. B. B. adujo que si bien los contratos de comisión de éxito que aparecen suscritos con ODEBRECTH en realidad fueron firmados en 2016 con fecha de 2013, la realidad fue diferente a la que en ellos aparece consignada.
Según B., lo que en verdad aconteció fue que ODEBRECTH requería su ayuda con las comisiones de presupuesto del Congreso de la República y con la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, presidida por L. F. A. M., para lograr contratar la construcción del tramo Ocaña-Gamarra como una adición a la concesión Ruta del Sol II.
Por ende, él le comentó esa situación al senador B. M. E. V., quien le dijo que tenía acceso a A. Se fijó una comisión del 4% del valor del contrato, pretensión a la que accedió M. La distribución de ese porcentaje fue, entre otros, 2% para E. V. y su grupo y 0.5% para B.
Uno de los medios de entrega de esa comisión fue un contrato ficticio por 10.000 millones de pesos, celebrado entre la Concesionaria Ruta del Sol y el consorcio SION, representado por G. A. D. L., pues las cantidades que fueron giradas a través de CORFICOLOMBIANA como pago de las obras supuestamente realizadas por SION fueron entregadas a B. M. E. V. o a la persona que él indicara, con excepción de 400 millones de pesos que fueron recibidos por B.
Otra parte, aproximadamente, 800 millones de pesos, girados por Consultores Unidos de Panamá, se la entregó O. B. a B. E. en el apartamento de éste.
Según O. B., el senador B. M. E. V. sirvió de intermediario entre A. y M., quienes se reunieron 3 o 4 veces en el apartamento del congresista y otras tantas en la ANI.
El otro servicio que B. le prestó a ODEBRECHT fue conseguirle un socio estratégico para poder obtener una carta de crédito y participar en el proceso contractual para la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Para el efecto, la habían presentado a la firma portuguesa AFA VÍAS.
Lo expuesto por O. N. B. B. aparece corroborado con los dichos de G. A. D. L. y J. I. B.
El primero narró que el contrato entre el Consorcio Construcción Ruta del Sol-CONSOL y SION, que fue ficticio porque la construcción del hito San Alberto-La Lizama, kilómetros 10 a 20, nunca se realizó, fue utilizado, por solicitud de O. N. B. B., para “canalizar” unos recursos.
Esos caudales, una vez le eran girados por CORFICOLOMBIANA, previa presentación de factura y acta de obra ficticia, él los retiraba en efectivo y, nuevamente por indicación de O. B., se los entregaba al senador B. M. E. V., “en los sitios que él me dijera”: en su casa en Sahagún, en la casa de los suegros del congresista en Sincelejo, en la finca del tío de éste.
Este declarante dijo que en conversaciones con el senador B. M. E. V. éste le manifestó que esos dineros eran producto de una gestión ante la ANI y diferentes entes estatales para la contratación del tramo Ocaña-Gamarra. También acotó que el senador E. V. sabía que los recursos procedían de CONSOL.
Por otra parte, J. I. B., quien laboró en la unidad de trabajo legislativo del senador B. M. E. V., expuso que por solicitud de O. B. cambió, en el Banco de Colombia de Unicentro, 6 o 7 cheques, cada uno por 100 millones de pesos. Luego le entregó el efectivo a B., quien lo guardó en un maletín. Acto seguido, ambos se dirigieron al apartamento del senador E. V. Mientras Burgos permaneció en la sala, B. ingresó al estudio y luego salió sin el maletín.
F. G. V., quien laboró para ODEBRECHT, en declaración jurada ante la Fiscalía, que genéricamente convalidó en su exposición ante la Corte, informó que O. N. B. B. también le colaboró a esa empresa, con el concurso del senador B. M. E. V., en la concreción del contrato de estabilidad jurídica que fue firmado el 31 de diciembre de 2012, quedando pactado como valor de la gestión la cantidad de 2 millones de dólares.
Por último, L. F. A. M., Presidente de la ANI, igualmente sujeto a investigación penal, dio cuenta del interés del senador B. M. E. V. en el proyecto del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol II y también de que hizo la presentación de una firma portuguesa interesada en participar, entre otros, en el proyecto para recuperar la navegabilidad del río Magdalena.
También ilustró la necesidad que tenía de mantener buenas relaciones con los congresistas. Para el caso del senador E., por hacer parte de la Comisión Tercera, encargada de aprobar el presupuesto.
En resumen, las probanzas referidas le brindan sustento a la imputación fáctica. Conjugado ese caudal probatorio con la aceptación libre, voluntaria, asesorada y debidamente informada manifestada por B. M. E. V. se obtiene la certeza demandada por el inciso segundo del artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para dictar sentencia condenatoria, “de acuerdo a los hechos y circunstancias aceptadas”.
Cohecho propio (art. 405, C.P.)
Prisión: 60 a 69 meses 69 meses 1 día a 87 meses 87 meses 1 día a 96 meses
Multa: 50 a 62.5 salarios 62.6 a 87.5 salarios 87.6 a 100 salarios
Inhabilitación: 60 a 69 meses 69 meses 1 día a 87 meses 87 meses 1 día a 96 meses
Tráfico de influencias de servidor público (art. 411, C.P.)
Prisión: 48 a 60 meses 60 meses 1 día a 84 meses 84 meses 1 día a 96 meses
Multa: 100 a 125 salarios 126 a 150 salarios 151 a 200 salarios
Al procesado se le dedujo la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-9 del Código Penal, “(...) por la posición distinguida que ocupa (...) en la sociedad, dada su condición de congresista” (fl. 133, cdno. 9).
Dicha circunstancia, además de haber sido admitida por el procesado, se encuentra demostrada dentro del proceso con la certificación expedida por el secretario general del Senado de la República, en el sentido que B. M. E. V., identificado con la cédula de ciudadanía Nº 78.741.717, fue elegido senador para los períodos 2010-2014 y 2014-2018 y tomó posesión del cargo en cada una de esas ocasiones (fls. 40 y ss., cdno. 1). Por tanto, para las épocas de acaecimiento de los hechos se encontraba en ejercicio de sus funciones como congresista.
En este punto debe reconocerse que concurre a su favor la circunstancia de menor punibilidad de que trata el artículo 55-1 del Código Penal, esto es: “La carencia de antecedentes penales”, acreditada en autos con informes de la Policía Nacional y de la Fiscalía General de la Nación (fl. 28, cdno. 8; fls. 9 y 10, cdno. 10).
Los criterios que sirven para hacer tal graduación al interior de los extremos indicados son: “(...) la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto” (inc. tercero, art. 61 del Código Penal).
Las dos conductas punibles que se examinan atentan contra la administración pública. Independientemente de la categoría del cargo o dignidad que se ocupe, todo servidor público debe tener una vocación de servicio a la comunidad, que emana de los fines indicados por el artículo 2º de la Constitución Política, enmarcada siempre dentro de los mandatos constitucionales y legales (arts. 6º y 123 ibídem), que en el caso de los congresistas los obliga a actuar, sin excepción, “(...) consultando la justicia y el bien común (...)”, por representar al pueblo (art. 133 de la Carta).
Para la tasación de la multa, se tienen en cuenta los aspectos previstos en el numeral 3º del artículo 39 del Código Penal. En ese orden de ideas, se consideran la intensidad de la culpabilidad, ya calificada en párrafos anteriores, y la situación económica del procesado. Este manifestó en su indagatoria que su único ingreso era el salario de senador de la República, que no tenía bienes a su nombre y que sus obligaciones eran sostener a sus cuatro hijos y un leasing correspondiente a su apartamento, ubicado en esta ciudad. Informes de policía judicial corroboraron que no existen bienes muebles o inmuebles registrados a su nombre y que tiene varias obligaciones financieras y no financieras vigentes (fls. 2 a 81, cdno. 6; 84 a 91, cdno. 7).
De conformidad con el numeral 4º del artículo 39 del Código Penal, las sanciones pecuniarias acompañantes de la prisión se acumulan aritméticamente. Para este caso, se obtiene una sumatoria de 188.6 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En memorial fechado 11 de enero del año en curso, el procesado, entre otros asuntos, planteó a la Corte la posibilidad de otorgarle “(...) una rebaja punitiva equivalente al cincuenta por ciento frene a los dos cargos que acepté, (...)” (fl. 10, cdno. 14).
(...) Es cierto que la Corte ha aceptado la aplicación favorable del mayor término de rebaja establecido en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 a casos regulados por la Ley 600 de 2000. Pero como ello se fundamentó en la tesis según la cual el allanamiento a cargos de la Ley 906 de 2004 es asimilable al instituto de la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000. Sin embargo, a partir del fallo del 27 de septiembre de 2017 dentro del radicado 39831, caso N., la Corte replanteó dicha postura, para establecer que el allanamiento a cargos de la primera normatividad constituye una de las modalidades de los acuerdos bilaterales entre fiscalía e imputado para aceptar responsabilidad penal con miras a obtener beneficios punitivos, y que en tal medida, para su aprobación es necesario el cumplimiento de las exigencias previstas en el artículo 349, lo que significa que en aquellos casos en los que el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido un incremento patrimonial fruto de la misma, debe reintegrar como mínimo el 50% de su valor y asegurar el recaudo del remanente. Por tanto, no puede esta Sala de Instrucción ofrecer al señor procesado la aplicación de la rebaja señalada en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, pues desconoce las consecuencias que en aplicación del nuevo precedente recaerán sobre los trámites de sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000. Se trata de un tema sobre el cual la Corte no se ha pronunciado de manera específica y por tanto, está al análisis de la Sala de Juzgamiento (...) (fls. 202 vto. y 203, cdno. 13).
En el mismo párrafo en el que se concretó la variación jurisprudencial aludida se precisó que ella se hacía “(...) con todas las consecuencias que de ella se derivan (...)” (se subraya), acotación que se acompañó con la cita del proveído CSJ SP, 23 mayo 2006, rad. 25300, con lo cual se entiende que se apropian y actualizan las consideraciones allí contenidas, esto es que:
(...) el concepto amplio que siempre ha manejado esta Corte Suprema frente a la aplicación del principio de favorabilidad, no puede conllevar a que, con su pretexto, se pueda invocar, por ejemplo, la aplicación íntegra del nuevo sistema procesal a un caso no cobijado por su vigencia, pues, de un lado, el principio de favorabilidad es predicable de cara a institutos contenidos en uno u otro método de juzgamiento —los contenidos en las leyes 600 de 2000 y 906 de 2004— en tanto discurran coetáneamente, y, de otro, la igualdad sólo es predicable frente a individuos que se encuentran en condiciones similares, o mejor expresado, como el fin último de cualquier sistema procesal es el de servir de ámbito de garantía a los derechos del individuo, es claro que cada sistema por sí mismo contiene una estructura interna propia que materializa y desarrolla el catálogo de garantías fundamentales consagradas en la Carta Política.
Dentro de esa lógica, surge evidente que la sentencia anticipada de la Ley 600 de 2000 y la aceptación de la imputación de la Ley 906 de 2004, no son institutos idénticos, porque pertenecen a sistemas procesales de investigación y juzgamiento diametralmente contrapuestos, lo cual lleva a excluir la pretendida aplicación del principio de favorabilidad que reclama el demandante. (...). (CSJ SP, 23 mayo 2006, rad. 25300).
En esta línea de pensamiento, no es posible acceder a lo pretendido por el senador B. M. E. V. en materia de reducción punitiva. De ahí que, por efecto de la aceptación de dos cargos con fines de sentencia anticipada se le reconocerá el monto previsto en el inciso tercero del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, esto es, una tercera parte (1/3) de las penas ya individualizadas para el concurso de conductas punibles, lo que significa que estas quedan cuantificadas en forma definitiva en: 80 meses (6 años 8 meses) de prisión, 125.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 80 meses (6 años 8 meses) de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
Cabe agregar que la nueva orientación jurisprudencial acabada de comentar se produjo con anterioridad a la formulación de la solicitud de sentencia anticipada (4 dic. 2017, fl. 185, cdno. 13) y a la celebración de la audiencia en la cual se formularon y aceptaron los cargos (13 dic. 2017, fls. 202 a 206, cdno. 13), acto en el curso del cual se le dio a conocer al procesado, quien luego de adquirir esa información admitió la acusación.
• La Ley 1709 de 2014.
• La Ley 1474 de 2011, que hacía referencia a delitos contra la Administración Pública.
• La Ley 1453 de 2011, que prohibía los sustitutos para los casos de cohecho propio.
Conforme al inciso final del artículo 40 de la Ley 600 de 2000, en “(...) la sentencia anticipada se resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de la existencia de los perjuicios ocasionados”.
Se enviará copia de esta providencia a la Sala de Instrucción Nº 3, con destino al radicado 49592, del cual se originó o desprendió el presente.
1. Condenar anticipadamente a B. M. E. V., alias “E. Ñ.”, de las condiciones civiles y personales indicadas en esta providencia, como autor penalmente responsable de los delitos de cohecho propio y tráfico de influencias de servidor público y, en tal calidad, imponerle las penas principales de 6 años 8 meses de prisión, 125.8 salarios mínimos legales mensuales vigentes de multa y 6 años 8 meses de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.
2. No concederle a B. M. E. V. los mecanismos sustitutivos de suspensión condicional de la pena privativa de la libertad y prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal. Por tanto, deberá descontar la prisión impuesta en el establecimiento penitenciario que el INPEC designe para el efecto, una vez sea puesto a órdenes de este proceso.
Magistrados: Luis Antonio Hernández Barbosa, Presidente—José Luis Barceló Camacho—Fernando León Bolaños Palacios—Fernando Alberto Castro Caballero—Eyder Patiño Cabrera—Luis Guillermo Salazar Otero.

References: ARTÍCULO 40
 resolución 
 artículo 232
 artículo 58
 artículo 55
 artículo 2
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 351
 artículo 349
 artículo 351
 artículo 40
 artículo 40