Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/11974
Timestamp: 2019-06-17 09:02:15+00:00

Document:
Sentencia: C-016-2013
Los actos propios de la gestión contractual se deben publicar en el SECOP
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 224, 218, 222 Y 223 DEL DECRETO LEY 019 DE 2012
“ARTÍCULO 30. DE LA ESTRUCTURA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN. La licitación se efectuará conforme a las siguientes reglas: 3o. Dentro de los diez (10) a veinte (20) días calendario anteriores a la apertura de la licitación se publicarán hasta tres (3) avisos con intervalos entre dos (2) y cinco (5) días calendario, según lo exija la naturaleza, objeto y cuantía del contrato, en la página Web de la entidad contratante y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP. En defecto de dichos medios de comunicación, en los pequeños poblados, de acuerdo con los criterios que disponga el reglamento, se leerán por bando y se fijarán por avisos en los principales lugares públicos por el término de siete (7) días calendario, entre los cuales deberá incluir uno de los días de mercado en la respectiva población. Los avisos contendrán información sobre el objeto y características esenciales de la respectiva licitación.”
“ARTÍCULO 31. DE LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y SENTENCIAS SANCIONATORIAS. La parte resolutiva de los actos que declaren la caducidad, impongan multas, sanciones o declaren el incumplimiento, una vez ejecutoriados, se publicarán en el SECOP y se comunicarán a la cámara de comercio en que se encuentre inscrito el contratista respectivo. También se comunicarán a la Procuraduría General de la Nación.”
“ARTÍCULO 222. SUPRESIÓN DEL SICR, GRATUIDAD Y SISTEMA DE ANÁLISIS DE PRECIOS. Derógase la Ley 598 de 2000, la cual creó el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, el Catálogo Único de Bienes y Servicios CUBS, y el Registro Único de Precios de Referencia PURF, de los bienes y servicios de uso común en la Administración Pública. En desarrollo del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, la Contraloría General de la República podrá obtener un análisis de precios de mercado de valor de los contratos que se registran en los sistemas de información o en los catálogos existentes sobre la contratación pública o privada, nacional o internacional; en virtud de lo cual, existirán los sistemas de registros de precios de referencia y los catálogos que las necesidades de análisis de precios aconsejen, para racionalizar la vigilancia a los precios de la contratación.”
“ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO ÚNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007.”
¿Puede el Congreso de la República ordenar que la publicación de los actos propios de la gestión contractual se hagan en una página electrónica, concretamente en el SECOP, y eliminar la publicación de las actuaciones en los medios impresos escritos de circulación nacional, sin violar el principio de publicidad y el derecho a la información sobre las actividades de la Administración?
Facultades extraordinarias conferidas por el legislador para la expedición de normas que suprimen procedimientos considerados como innecesarios en la Administración Pública. «(…) Se ha precisado que se trata de facultades que buscan delegar en el Ejecutivo, de manera transitoria, una potestad legislativa que en determinados caso puede ser atendida de manera más expedita por el Gobierno. Así por ejemplo, asuntos de carácter técnico que requieren de respuestas más inmediatas, encuentran una mejor regulación por parte del legislador delegado, cuyo procedimiento de expedición de normas es menos complejo que el procedimiento propio del legislador ordinario. O, también, cuando se trata de asuntos puntuales de la Administración, puede resultar más adecuada la solución normativa establecida por el Gobierno en razón de la proximidad con el problema o asunto que se busca regular.
Con todo, la concesión de estas facultades está mediada por una serie de requisitos determinados por el constituyente; tales son, de manera general: la existencia de una ley habilitante (i); la necesidad de una mayoría especial para la aprobación de la ley habilitante (ii); la concesión de las facultades por un término no mayor a 6 meses (iii);la existencia de un presupuesto de hecho, el cual bien puede ser “cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje”(iv);el carácter expreso y preciso sobre lo delegado (v); el carácter provisional de la delegación (vi); la restricción constitucional de conferir tales facultades para expedir códigos, leyes orgánicas y estatutarias o, decretar impuestos (vii). En fecha reciente esta Corporación mediante fallo C- 366 de 2012 M.P. Vargas Silva, ha recordado varios de estos requisitos. (…)»
Objetivos del sistema automatizado de información sobre la contratación estatal. «(…) (i) la imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación oportuna y suficiente de los interesados en el proceso contractual, al igual que los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica.”(C-259 de 2008 M.P. Córdoba Triviño) (…)»
Publicidad de un acto administrativo mediante correo electrónico. «(…)los actos de la administración solo le son oponibles al afectado, a partir de su real conocimiento, es decir, desde la diligencia de notificación personal o, en caso de no ser ésta posible, desde la realización del hecho que permite suponer que tal conocimiento se produjo, ya sea porque se empleó un medio de comunicación de aquellos que hacen llegar la noticia a su destinatario final (…), o en razón de que el administrado demostró su conocimiento(…)”.
“(…)la Corte no (…) puede considerar que se cumplió con el principio de publicidad, que el artículo 209 superior exige, por la simple introducción al correo de la copia del acto administrativo que el administrado debe conocer, sino que, para darle cabal cumplimiento a la disposición constitucional, debe entenderse que se ha dado publicidad a un acto administrativo de contenido particular, cuando el afectado recibe, efectivamente, la comunicación que lo contiene. Lo anterior por cuanto los hechos no son ciertos porque la ley así lo diga, sino porque coinciden con la realidad y, las misivas que se envían por correo no llegan a su destino en forma simultánea a su remisión, aunque para ello se utilicen formas de correo extraordinarias.” (Sentencia C- 096 de 2001) (…)»
Idoneidad del correo electrónico para notificar actuaciones de la administración. «(…) El empleo de medios subsidiarios para lograr la presencia de los interesados en las actuaciones administrativas o para poner en conocimiento los actos de la administración, constituye un procedimiento normal y ordinario, en atención a la necesidad de dar celeridad a dichas actuaciones y satisfacer oportunamente los intereses públicos o sociales, aparte de que la regularidad en la utilización de dichos medios se garantiza a través del control jurisdiccional.
No se infringe el debido proceso, cuando la aplicación del instrumento sustitutivo de la notificación personal permite franquear un escollo para lograr la comunicación que resulta imposible de manera directa, y si dicho instrumento contiene en sí mismo los elementos que racionalmente permiten deducir la viabilidad del objetivo propuesto. En lugar de desconocerse el derecho del interesado a ser oído, se establece una opción real que busca garantizarle ese derecho[1].
“(…)dentro de las diversas formas de notificación que han sido reguladas y desarrolladas por el legislador, este Tribunal ha reconocido en la notificación por correo, un mecanismo idóneo y eficaz para poner en conocimiento de las partes y terceros interesados algunas de las decisiones adoptadas por las autoridades -administrativas y judiciales- en una determinada actuación. En el caso concreto de las actuaciones de la administración pública, la Corte ha sido clara en reconocer que la notificación por correo es un medio de comunicación adecuado para que los destinatarios de los actos administrativos puedan no solo conocerlos oportunamente, sino también utilizar en su contra los medios o instrumentos jurídicos necesarios para la defensa y protección de sus derechos e intereses[2].
(…)la Corte precisó que la notificación por correo desarrolla una de las facetas del principio de publicidad como garantía del debido proceso, y constituye un mecanismo idóneo para permitir que los actos de la administración sean conocidos por las personas directamente interesadas en ellos(...) (…)»
Alcance del principio de publicidad. «(…) (i) contribuye a asegurar la imparcialidad y la transparencia de las decisiones adoptadas por las autoridades[7](…)»
Modalidades para la publicación de actos de la administración. «(…) La publicación de los contratos constituye un requisito necesario para la conclusión del procedimiento de la contratación estatal y el cumplimiento del principio de publicidad del que esta revestida la función administrativa (art. 209 C.P.), sin embargo, la modalidad que se utilice para atender dicho cometido no se encuentra limitada, en tanto se logren los fines para lo que está estatuida, como lo son la publicidad, la eficacia y la transparencia de las actuaciones de la administración. En este sentido, la publicación de los contratos en medio físico a través de su inserción en el DUC no es esencial, en la medida que se trata de una de las tantas modalidades posibles que puede ser remplazada por otros medios que cumplan con las condiciones señaladas (Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo). (…)»
[1] Sentencia [2] Sentencia [3] Sentencia [4] Sentencia [5] Vgr. Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y la ley; revocar el mandato de los elegidos en los cargos públicos conforme la Constitución y la ley; etc.
[6] La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en el Concepto del día cuatro (4) de noviembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce, a petición del Ministro de Transporte. Radicación número: 1223., ha sostenido al respecto, que:“...la certeza y la seguridad jurídicas exigen el conocimiento oportuno por los administrados de las leyes expedidas, así como de las decisiones adoptadas por la administración, no sólo por cuanto en los estados democráticos no deben existir actuaciones secretas de las autoridades, sino porque de la publicidad se sigue la posibilidad de establecer la existencia, vigencia y obligatoriedad de las normas legales y de los actos administrativos y, por consiguiente, el ejercicio de las garantías concretadas en el derecho de defensa”.
[7] Sentencia «(…) En relación con la finalidad del precepto, se atiene la Corte a lo precedentemente considerado. Esto es, pretender informar al ciudadano sobre decisiones administrativas o judiciales ejecutoriadas y cuya causa sea el quebrantamiento de disposiciones propias del marco de la contratación administrativa, resulta ajustado a la Constitución. Cabría sí aquí precisar, que la información que se le brinda a la ciudadanía, excede el marco de la actuación administrativa y, alcanza el ámbito de las decisiones judiciales. Al respecto, vale anotar que el deber de publicidad, tal como se anotó en las consideraciones introductorias del acápite 5, no solo se predica de la actuación administrativa.
“(…) Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Unico (sic) de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía” (Sentencia C- 711 de 2012 M.P. González Cuervo).
En consecuencia, no observa la Corte razones que permitan prosperar el cargo elevado por el actor contra el artículo 218 del Decreto Ley 019 de 2012.Entiende esta Corporación, que no desconoce el principio de la publicidad de las actuaciones de la Administración y, el derecho a la información, ordenar la publicación en el SECOP de actos y sentencias ejecutoriadas en materia contractual, eliminando el mismo mandato en publicaciones escritas impresas u otros medios de publicidad. El legislador, ha juzgado que el uso del SECOP no solo respeta el principio de publicidad contenido en el artículo 209 de la Carta, sino que realiza otros principios como la economía y la celeridad.
Sea lo primero precisar, que la publicidad de la actividad contractual de la Administración, se preserva. Lo que hay es una variación del medio a través del cual se publicitan los actos del iter del contrato. Esta modificación, hace parte de la potestad legislativa como se ha apuntado ya en otro lugar de este fallo. (…)»
El Congreso de la República puede ordenar que la publicación de los actos propios de la gestión contractual se hagan en una página electrónica, concretamente en el SECOP, y eliminar la publicación de las actuaciones en los medios impresos escritos de circulación nacional, sin violar el principio de publicidad y el derecho a la información sobre las actividades de la Administración, porque:
La publicación de los contratos estatales en el SECOP –Sistema Electrónico de Contratación Pública- permite la presentación, el acceso y el conocimiento a los ciudadanos de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal, facilitando su participación en las decisiones que les afectan.
El Diario Único de Contratación tenía ciertas limitaciones en términos de cobertura geográfica, en cantidad de ejemplares y en la posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía. Por tanto, prescindir de las publicaciones escritas no es sinónimo de desconocimiento del deber de publicidad, pues, en la situación en estudio, la información se sigue suministrando por medios electrónicos.
La publicación en la página del SECOP permite la realización de otros principios como la economía y la celeridad, ya que es menos oneroso introducir la información en la web y el mensaje electrónico se transmite mucho más rápido.
La publicidad de la actividad contractual de la Administración se preserva. Lo que se presenta es una variación del medio a través del cual se publicitan los actos propios de la gestión contractual.
Declarar EXEQUIBLES, únicamente por los cargos analizados, los artículos 59, 60, 61, 62, 218, 222, 223 y 224 del Decreto Ley 019 de 2012, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Sentencia C- 711 de 2012
Sentencias C- 366 de 2012, C-259 de 2008, C- 096 de 2001, C- 428 de 1994, C-641 de 2002, C- 802 de 2006, C- 711 de 2012, C-980 de 2010, C-053 de 1995 y C- 957 de 1999
El principio de publicidad comporta el conocimiento de las actuaciones estatales para el directamente interesado. «(…) el principio de publicidad se realiza a través de las notificaciones como actos de comunicación procesal; es decir, del derecho a ser informado de las actuaciones judiciales o administrativas que conduzcan a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica o a la imposición de una sanción(…)»
Garantías para asegurar la defensa de los administrados. «(…)a: (i)ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”. (C-980 de 2010 M.P. Mendoza Martelo) (subrayas fuera de texto) (…)»
Publicidad de un acto administrativo. «(…) “Un acto de la administración es público cuando ha sido conocido por quien tiene derecho a oponerse a él y restringir el derecho de defensa, sin justificación, resulta violatorio del artículo 29 de la Constitución Política”. (Sentencia C- 096 de 2001 )(…)»
Principio de publicidad. «(…)supone el conocimiento de los actos de los órganos y autoridades estatales, en consecuencia, implica para ellos desplegar una actividad efectiva para alcanzar dicho propósito; dado que, la certeza y seguridad jurídicas exigen que las personas puedan conocer, no sólo de la existencia y vigencia de los mandatos dictados por dichos órganos y autoridades estatales, sino, en especial, del contenido de las decisiones por ellos adoptadas, para lo cual, la publicación se instituye en presupuesto básico de su vigencia y oponibilidad, mediante los instrumentos creados con tal fin.
Esta situación, contribuye a facilitar la participación ciudadana de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política y cultural de la nación (C.P., art. 2o.), para efectos de formar “un ciudadano activo, deliberante, autónomo y crítico” (…)»
Parámetros sobre los cuales versa el sistema Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop. «(…) (i) la aptitud del Secop para realizar procesos de contratación pública, tanto licitatorios como de selección abreviada; (ii) la unificación en el Secop para la publicación de reportes de las entidades y la consulta de los mismos por los ciudadanos; (iii) la obligación que la información oficial sobre el gasto público fruto de la contratación administrativa sea publicada en el Secop; y (iv) la integración al Secop de otros sistemas de información relacionados con la contratación estatal, entre ellos el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, al igual que la articulación con el Sistema de Información para la Vigilancia del Control Estatal – SICE, administrado por la Contraloría General de la República(…)”[3](…)»
[1] Sentencia [2] Sentencia [3] Sentencia
Documento: C-016-2013

References: artículo 3
 artículo 41
 artículo 3
 artículo 209
 artículo 218
 artículo 209
 artículo 29