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Timestamp: 2017-10-22 09:47:41+00:00

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Represores Rosario: enero 2012
El ex general Ramón Genaro Díaz Bessone es el principal imputado por violaciones a los derechos humanos en Rosario y ya violó su detención domiciliaria. Fue autorizado a permanecer todo el mes en Buenos Aires.
El principal imputado en causas por delitos de lesa humanidad en Rosario, el represor Ramón Genaro Díaz Bessone, fue autorizado a pasar la feria judicial en el Hospital militar de Buenos Aires, aun después de haber violado su prisión domiciliaria. Los fiscales de la llamada causa Díaz Bessone, Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, solicitaron al Tribunal Oral Federal 2 que revoque la prisión domiciliaria del imputado y la resolución que lo autoriza a permanecer en el hospital militar de la ciudad durante todo este mes. Según fuentes cercanas a la causa, Díaz Bessone debería estar “en una cárcel federal común”.
La Fiscalía afirmó que el principio general es que “las penas de prisión deben cumplirse en establecimientos penitenciarios. La prisión domiciliaria configura una excepción a esta regla, que sin dudas y dadas las características de estos acontecimientos y la naturaleza de los hechos por los que está siendo juzgado Díaz Bessone, deben ser aplicados en forma restrictiva y con suma prudencia por el Tribunal dada la alarma social que pudieren generar y la violación de compromisos internacionalmente asumidos por nuestra Nación en materia de delitos de lesa humanidad”.
Ramón Genaro Díaz Bessone había solicitado en noviembre pasado ser hospitalizado en el Hospital Central Militar para ser asistido por un accidente cerebrovascular. En ese momento, los fiscales se opusieron sosteniendo que “en Rosario existen institutos perfectamente equipados para la atención del interesado”. A pesar de esto, el tribunal permitió el traslado, por lo cual la pericia para determinar su estado general de salud se realizó en el Hospital Militar. La defensa de Díaz Bessone sostenía que el imputado no se encontraba en condiciones de estar presente en las audiencias orales, por lo cual pidió que se desvinculase al principal imputado y que la causa continuara respecto de los otros.
La evaluación pericial contó con la presencia del doctor Del Toro Martínez, integrante de cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un médico de parte de la defensa, y los peritos psiquiatras Gisela Felibert y Oscar Pellegrini y el neurólogo Juan Ostre, propuestos por la querella de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del hombre. La pericia dictaminó en forma unánime que el imputado se encontraba psíquicamente en condiciones de asistir a las audiencias. En cuanto a la evaluación neurológica, se ordenó la realización de algunos estudios.
Finalmente, el Hospital Militar determinó el alta del imputado. Así las cosas, durante la última semana hábil del año el tribunal ordena el traslado de Díaz Bessone al domicilio donde cumple prisión domiciliaria en Rosario. Pero el defensor del imputado (Gonzalo Miño) cuestiona la orden y dice que no fue dado de alta; se oficia al director del hospital, quien dice que no es competente para opinar sobre el alta médica de un paciente, pero remite informes que corroboran que fue dado de alta. Comienza la feria judicial y la fiscalía solicita al Tribunal Oral que ordene su inmediato traslado a la ciudad de Rosario, cosa que vuelve a ordenarse. Pero, finalmente, el tribunal dispuso, por encima de las protestas de los fiscales, que permanezca en el Hospital Militar hasta tanto se constituya el tribunal en pleno, vale decir, retornen los tres jueces que lo integran, finalizada la feria judicial.
Y esto se dispuso a pesar de que la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe constatara –en los controles de rutina en el domicilio establecido por Díaz Bessone en Rosario– que allí se encontraba otra persona, quien aseguró ser el nuevo inquilino del departamento. La fiscalía toma conocimiento de este hecho recién tres días después del día de la constatación mencionada, cuando el tribunal remite el expediente.
La fiscalía fundamenta su requerimiento en que el procesado “incumplió con las reglas impuestas al concederse la prisión domiciliaria: comunicar de manera inmediata cualquier modificación del domicilio fijado como lugar de cumplimiento de la prisión preventiva que pesa sobre el mismo”. En este sentido, el contrato de alquiler del domicilio fijado por Díaz Bessone fue rescindido el 4 de diciembre y la defensa comunicó esta situación pasados 25 días y sólo después de que las autoridades provinciales constataran que en dicho lugar residía otra person
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En julio de 2010 el Concejo Municipal solicitó al Colegio de Abogados que suspenda las matrículas de Pedro "Pili" Rodríguez y de Juan Daniel Amelong, respectivamente procesado uno y condenado el segundo por la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad, los más graves que la comunidad internacional sanciona, cometidos en el marco del genocidio argentino llevado adelante por la última dictadura cívico militar.
Al año de ese pedido, originado en una iniciativa de la concejala Norma López, nunca respondido, desde los organismos de DDHH solicitamos al directorio del Colegio de Abogados que tome cartas en el asunto, haga uso de sus facultades y al menos suspenda preventivamente ambas matrículas.
A los pocos días, el directorio en una resolución ejemplar, evalúa las condiciones éticas de Juan Amelong y cancela la matrícula.
En cuanto a Pedro "Pili" Rodríguez, giran el pedido al Tribunal de Etica.
La resolución de la Cámara de Apelaciones que revée la decisión de uno de los órganos de gobierno del Colegio de Abogados presenta, al menos en nuestra opinión, una mirada parcial a los argumentos que sostienen la decisión recurrida por la defensa del represor.
No consideramos un tecnicismo la obligación de respetar la doble instancia, uno de pilares del derecho de defensa, jamás sostendríamos tamaña afirmación, que se contrapondría con las posiciones históricas de los organismos de DDHH que representamos, siempre respetuosos del debido proceso, que es básicamente el derecho de defensa en juicio.
Pero queremos afirmar, que al margen de la decisión que debe tomar el Tribunal de Etica, la cancelación preventiva de la matrícula es perfectamente posible, recordemos que se detiene a diario a inocentes, sin condena, y se los cautela en las prisiones argentinas para asegurar los fines del proceso, cómo no cancelar preventivamente la matrícula de un represor condenado por tres jueces de Rosario y tres de Paraná aun cuando no esté firme la condena?
Por lo demás, con la tardía, aunque ejemplar decisión del Tribunal de Etica, cuya presidenta, la Dra Fernández Acevedo, convocó a un plenario, Rosario podría ajustarse a los mínimos standards constitucionales en materia de DDHH.
No equiparemos a estos represores con los colegas que honran la matrícula. Muchos integran la lista de los 30.000 desaparecidos.
Garanticemos que Amelong no pueda abogar nunca más y exijamos que se resuelva el pedido en relación a Pedro “Pili” Rodríguez.
Rosario, 14 de enero de 2012-
FAMILIARES DE DESAPARECIDOS Y DETENIDOS POR RAZONES POLITICAS DE ROSARIO
ASAMBLEA PERMANENTE POR LOS DERECHOS HUMANOS DE ROSARIO –APDH ROSARIO
LIGA ARGENTINA POR LOS DERECHOS DEL HOMBRE-LADH ROSARIO
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María Eva Aebi fue carcelera del centro de detención santafesino Guardia de Infantería Reforzada, y quien llevó a Silvia Suppo a abortar un embarazo producto de las violaciones a las que fue sometida. Dos días antes de Año Nuevo, Aebi fue beneficiada con salidas transitorias cada quince días “para mejorar sus lazos familiares y sociales”. Para los hijos de Silvia, la resolución del tribunal confirma que el asesinato de su madre “ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes”.
Una de las pocas mujeres condenadas por delitos de lesa humanidad en la Argentina, María Eva Aebi, festejó la noche de fin de año en su casa, gracias a las salidas transitorias otorgadas el 29 de diciembre por un tribunal de Santa Fe que, además, hizo un cálculo de días pasados en prisión tan inaudito como peligroso: contó como prisión preventiva el tiempo posterior a la sentencia de primera instancia, que no se considera firme. Este cálculo privilegiado para Aebi, el ex juez federal Víctor Brusa y Eduardo Ramos, todos condenados el 22 de diciembre de 2009 por privación ilegítima de la libertad y tormentos, no se aplica a ningún otro detenido por ninguna causa en el país.
En cambio, en la casa de Silvia Suppo, en Rafaela, no habrá nunca más un fin de año con su presencia. Ella fue asesinada el 29 de marzo de 2010, de nueve puñaladas, en su comercio. Pocos meses antes había sido testigo en la causa Brusa, había contado sobre su secuestro, tortura, violaciones y el aborto que le practicaron tras quedar embarazada de manera forzada. No es una película: la carcelera, la que entregaba a las detenidas para ser torturadas, sale de la cárcel cada 15 días para “mejorar sus lazos familiares y sociales”. Silvia Suppo es, en cambio, un recuerdo imborrable para sus hijos, compañeros y amigos, así como un grito contra la impunidad.
El penúltimo día de 2011 el juez federal Reinaldo Rodríguez dictó la falta de mérito para dos detenidos del pabellón de lesa humanidad de la cárcel santafesina de Las Flores que habían sido acusados, por un testigo protegido, de tramar el crimen. Marina y Andrés (los hijos de la víctima) y el Espacio Memoria y Justicia de esa ciudad del oeste santafesino salieron a la calle el martes pasado para reclamar el esclarecimiento. Llevaron una gran pelota de papel que hicieron circular por la ciudad, como metáfora de la falta de respuestas para investigar seriamente la muerte de Silvia.
Aebi era carcelera, secretaria del jefe del centro de detención Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de esa ciudad durante el terrorismo de Estado, Juan Calixto Perizzotti. Su presencia era una auténtica pesadilla para las detenidas políticas, porque sabían que cuando ella iba a buscarlas habría más golpes y torturas. Era uno de sus roles, llevarlas adonde estaba la patota para que las torturaran. El 22 de diciembre de 2009 fue condenada a 19 años de prisión, en el primer fallo por delitos de lesa humanidad en la provincia, junto a Brusa y otros cuatro represores. Muchas de sus víctimas, que valientemente los habían enfrentado en los Tribunales, respiraron aliviadas.
La resolución del penúltimo día hábil de 2011 de los conjueces Andrea Alberto de Creus, Carlos Renna y Roberto López Arango fue un balde de agua fría para testigos y querellantes. “Fue un atropello a la democracia. La condena a los represores era ejemplar en la provincia porque habían sido los primeros y que les dieran salidas a partir del 30 de diciembre fue muy fuerte”, afirmó Marina Destéfani, la hija de Silvia, al volver de la marcha que, según su propio relato, fue “masiva para Rafaela”, una ciudad de cien mil habitantes que late al ritmo de la producción lechera y automotriz.
Mucho se habla de “testigo clave” y es cierto que Silvia Suppo lo fue en la causa Brusa, como lo hubiera sido también en la que se instruía por la desaparición de Hattemer. El 5 de octubre de 2009 Silvia dijo lo suyo en una de las audiencias de la causa Brusa. Contó su secuestro, el 24 de mayo de 1977, junto a su hermano y un compañero de militancia, Jorge Destéfani, que años después se convertiría en su marido. Un dolor adicional: ese hombre con el que armó su vida cuando los dos salieron de la cárcel había muerto pocos meses antes, de cáncer. Para ella, el testimonio era también una forma de honrarlo. Silvia relató que estuvo un mes desaparecida, en el Centro Clandestino de Detención La Casita. Allí la torturaron y también la violaron tres represores. Tenía 18 años. En enero de ese mismo año habían secuestrado a su marido, Reinaldo Hattemer, que continúa desaparecido. El horror parecía inenarrable, pero Silvia le puso palabras. En ese juicio, varias detenidas hablaron de violaciones. A Silvia le tocó contar, además, otra dimensión del horror. Después de padecer tres agresiones sexuales, y ya trasladada a la GIR, descubrió que tenía un retraso. Se lo comunicó a Perizzotti , quien habló de “reparar el error”. Fue Aebi la encargada de llevarla a un médico, también cómplice, para abortar. La orden era que sólo hablaba la carcelera, la víctima debía permanecer callada. De la intervención salió tambaleándose. La llevaron de nuevo al centro clandestino de detención La Casita. Cuando su familia intentaba visitarla, les decían que Silvia estaba castigada.
Por eso, Marina consideró que las salidas transitorias “refuerzan que el asesinato de Silvia ha sido político, porque todas las estructuras represivas siguen vigentes. La única herramienta que encontramos es la lucha, salir a la calle”. Sobre la decisión tomada por Rodríguez, que desestima el carácter político del asesinato de Silvia, Marina es contundente: “La Justicia no actúa, seguimos demandando una investigación que no se da y no hay voluntad política de darla, porque este juez no siente la responsabilidad de hacerlo”.
Desde aquel mediodía de fines de marzo de 2010, saben que la policía no tenía voluntad de investigar. Hay dos detenidos, Ramiro Sosa y Rodolfo Cóceres, dos cuidacoches de la zona, acusados como autores materiales, pero la escena del crimen estuvo tan contaminada que nunca se pudo extraer un ADN, el homicidio en ocasión de robo no cierra (sólo se llevaron 200 pesos) y ni siquiera hay rastros de sangre en el arma asesina. “Nos hemos cansado con mi hermano, los abogados Guillermo Munné y Lucila Puyol y otros compañeros, de golpear puertas, de llamar a funcionarios y pedirles audiencia, pero no pueden atendernos. Ese es el lugar que tiene nuestro reclamo, son promesas incumplidas, vacías”. Para Marina, la impunidad no es una sensación: “Es lo que vinimos pasando desde hace dos años, y lo que vienen pasando los compañeros desde hace treinta. Es muy doloroso cruzarse en la calle con los responsables de secuestro, torturas y desapariciones, que mi mamá señalara en el supermercado a los que estuvieron implicados en su secuestro, el de mi tío, el de mi papá y el compañero de Silvia”, concluyó.
Publicado por Casapueblos - AEDD en 10:35 No hay comentarios:
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De concretarse, el beneficio es polémico porque llegaría después de haber violado las normas sobre su arresto domiciliario, ya que el Patronato de Liberados fue a buscarlo a su domicilio legal y estaba habitado por otra persona.
Cuando aún no se acallan los ecos de la reprimenda pública que el Ministerio de Justicia nacional le hiciera a los tres jueces santafesinos que otorgaron salidas transitorias a tres represores, la justicia federal local está a punto de otorgarle un polémico beneficio al represor Ramón Genaro Díaz Bessone: permitirle pasar el mes de enero en Buenos Aires, hasta que se retomen las audiencias en febrero, a pesar de que tiene un alta médica del Hospital Militar porteño, donde estuvo alojado por un supuesto Accidente Cerebro Vascular. De concretarse, el beneficio es polémico porque llegaría después de haber violado las normas sobre su arresto domiciliario, ya que el Patronato de Liberados fue a buscarlo a su domicilio legal y estaba habitado por otra persona.
La historia de Díaz Bessone comenzó con una supuesta afección que derivo su traslado al Hospital Militar en noviembre de 2011. Luego de reiterados pedidos de los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta, finalmente, el Tribunal Oral Federal Nº 2 ordenó el traslado a Rosario del jefe máximo de la represión en esta zona, quien se encontraba internado en el Hospital militar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ante la orden, el defensor del imputado Gonzalo Miño, se opuso al traslado ordenado alegando que no había sido dado de alta y así, se decidió oficiar al Hospital a los fines de que su director informara si Díaz Bessone había sido dado de alta.
La decisión fue apelada por la Fiscalía en el entendimiento de que esultaba innecesario que el director del Hospital informara si el imputado había sido dado de alta, ya que lo habían afirmado los médicos tratantes y a partir de los informes elaborados por éstos, el TOF 2 había ordenado el traslado mencionado.
Como era de esperar, el director informó que no era de su competencia la decisión de otorgar el alta y a la vez, se recibieron informes donde -como bien se había entendido﷓ confirmaban que se había otorgado el alta a Díaz Bessone del Hospital Militar.
Puestos en conocimiento de la Fiscalía de estos nuevos informes -comenzada ya la feria judicial﷓ se insistió en que el único lugar en que debía estar el imputado, era en su domicilio de Rosario cumpliendo prisión preventiva bajo la modalidad de domiciliaria. En este sentido los fiscales plantearon que "no había ninguna razón legal" para que el imputado no retorne a su lugar de detención, esto es, su domicilio en Rosario.
Esta semana, el TOF 2, declaró abstracta el recurso de la revocatoria interpuesto por la Fiscalía y ordenó el inmediato traslado de Díaz Bessone a Rosario. Pero antes de efectivizarse formalmente el traslado, se constató a través de las autoridades provinciales encargadas del control del imputado, el Patronato de Liberados que en dicho domicilio vivía otra persona que había alquilado otra propiedad.
El abogado Miño planteó entonces que su defendido tuvo que dejar ese inmueble, y se comprometió a fijar un nuevo domicilio en el mes de febrero, por lo cual pedía que se lo dejara pasar este mes en territorio bonaerense.
Ahora falta que el TOF 2 resuelva este punto: si le permite quedarse en Buenos Aires y en este caos en el Hospital o en su domicilio. O si por el contrario confirma su traslado a Rosario. Como telón de fondo está la violación a las condiciones de arresto domiciliario por no haber notificado al tribunal que iba a constituir nuevo domicilio en esta ciudad.
Consultado el fiscal de la causa, Gonzalo Stara sostuvo que no fue informado formalmente por el tribunal ni por las autoridades de la provincia de ésta situación y adelantó que evaluará las medidas a seguir, que podrían incluir la solicitud de revocación de la prisión domiciliaria.
Cabe recordar que el 15 de noviembre el Tribunal Oral Federal Nº 2 decidió que continúe con el juicio al ex general Ramón Genaro Díaz Bessone, y que éste siga las alternativas desde el Hospital Militar de Buenos Aires.
Publicado por Casapueblos - AEDD en 5:10 1 comentario:
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"Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes"
Marcharon en Rafaela contra la impunidad del asesinato de Silvia Suppo
Un crimen sin la debida investigación
Andrés Destéfani, el hijo de la testigo de causas de derechos humanos, cuestionó al juez federal Reinaldo Rodríguez, que dictó la falta de mérito para dos detenidos por delitos de lesa humanidad acusados por un testimonio protegido.
La familia de Silvia Suppo, acompañada de amigos y organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, marchó ayer por las calles de Rafaela exigiendo justicia y el esclarecimiento del crimen. Exigieron una "investigación profunda y seria, que hasta el momento le juez federal Reynaldo Rodríguez no ha concretado. Con solo mirar el expediente cualquiera se da cuenta" se quejó ayer Andrés Destefani, hijo de Silvia. Es que hace sólo unos días se conoció que el magistrado federal había decretado un falta de mérito para dos sospechados por un testigo de identidad reservada que ligaba el crimen con condenados por delitos de terrorismo de estado. La marcha también cuestionó las salidas transitorias de tres represores santafesinos, a los que acusó Suppo. "Es de mucha perversidad dejar libres a Brusa, Aebi y Ramos, ya que algún sobreviviente puede encontrarlos por la calle", agregó el hijo de la víctima.
"Seguimos sosteniendo que lo que tiene que existir es una investigación a la altura de las circunstancias que hasta el momento no se ha dado" dijo ayer Andrés. "Cuestionamos la decisión del juez Rodríguez porque creemos que con una diligencia bastante superficial se ha dedicado a establecer la situación procesal de estos dos implicados por el testigo encubierto más que a determinar quien cometió el asesinato de mi madre, material e intelectual", afirmó.
De igual manera, el hijo de Suppo afirmó que "no nos sorprende esta resolución porque la falta de mérito ya la había dictado el juez de instrucción provincial Alejandro Mognaschi, por lo que se había llegado a la Corte Suprema de la Nación, que le ordenó al juez Rodríguez que abriera una investigación profunda para esclarecer el hecho. Sin embargo, esta investigación no existió nunca, con solo mirar el expediente uno puede darse cuenta que esta investigación seria nunca existió".
Como ejemplo, Destefani apuntó que "los dos lavacoches dijeron que tomaron un remís para dejar el comercio de mi madre, y nunca pudieron encontrarlo a pesar de que en Rafaela hay solo cinco remiserías. El joven también recordó que "Cóceres y Sosa (los dos supuestos autores) se autoinculparon, mientras las pruebas recogidas hacen insustentable la hipótesis de robo seguida de muerte. Esto no tiene correlato con la reconstrucción del hecho: los cuchillos con los que dijeron que le dieron nueve puñaladas a mi madre no tiene sangre ni sus huellas digitales. Tampoco encontraron una huella de ellos en el local, ni siquiera una de mi madre, de igual modo no hubo un solo testigo que los viera entrar o salir a los supuestos homicidas. Es más, hay gente que estuvo en el lugar a esa hora y nunca fue citada a declarar. Todo esto hace que no nos cierre la hipótesis del robo".
La familia de Suppo exigió entonces "pruebas contundentes y concretas que hoy no tenemos". De igual modo, Andrés remarcó que "seguir sosteniendo que fue un robo seguido de muerte tiene implicancias políticas, --por la calidad de testigo que exhibía su madre-- por lo cual la justicia tiene que ser rigurosa, queremos una investigación profunda, queremos que accedan a investigar con grupo técnico científico de Buenos Aires".
En este mismo sentido se expresó ayer el Espacio Verdad y Justicia por Silvia Suppo, que repudió la decisión del juez paranaense Roberto López Arango y los conjueces santafesinos, Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus de otorgar a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, al ex policía Eduardo Curro Ramos y a la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
"Todo esto reafirma lo que venimos sosteniendo desde un inicio: Silvia Suppo fue asesinada por razones políticas y sus asesinos viven impunes gracias a la connivencia de policías, jueces y civiles. Confirma que las estructuras represivas aun no fueron desmanteladas", dijeron desde el espacio.
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Este martes, el espacio "Verdad y Justicia por Silvia Suppo" realizará una marcha en la ciudad de Rafaela para repudiar, entre otras cosas, el fallo judicial que sobreseyó a las dos personas señaladas por un testigo de identidad reservada. Así lo confirmó a UNO Rafaela el hijo de la rafaelina asesinada, Andrés Destéfani.
La iniciativa comenzará a las 20 y se desarrollará en la zona céntrica de la ciudad, desde el Cine Belgrano hasta la Municipalidad. En la marcha se dará lectura a un comunicado para cuestionar el fallo del juez Reinaldo Rodríguez que dictó el sobreseimiento a los únicos dos imputados en la causa.
Otro de los temas que originó la marcha está vinculado a los beneficios que obtuvieron los represores santafesinos que, en virtud de una resolución judicial, podrán tener salidas transitorias para "afianzar y mejorar los lazos familiares".
Publicado por Casapueblos - AEDD en 4:24 No hay comentarios:
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Jueces infames mandan a genocidas a casa para las fiestas de fin de año
Tres conjuces dieron salidas transitorias a represores santafesinos
Y pudieron pasar fin de año en casa
Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto Manuel López de Arango le otorgaron salidas transitorias quincenales a Víctor Brusa, María Eva Aebi y Eduardo "Curro" Ramos. El fiscal Martín Suárez Faisal recurrió el beneficio.
Un Tribunal integrado por tres conjueces aplicó a partir del 29 de diciembre pasado el beneficio de salidas transitorias quincenales al ex juez federal Víctor Brusa, el ex policía Eduardo Curro Ramos y la ex guardiacárcel María Eva Aebi, condenados a entre 19 y 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. La sentencia del 22 de diciembre de 2009 fue la primera en la provincia de Santa Fe por privaciones ilegítimas de la libertad y tormentos. Sin embargo, y por un inédito cómputo de los conjueces Carlos Renna, Andrea Alberto de Creus y Roberto Manuel López Arango (de Paraná) se consideró cumplida la mitad de la pena y los tres represores pasaron el fin de año en casa. El fiscal federal Martín Suárez Faisal recurrió la resolución ante la Cámara de Casación Penal, y las víctimas --que se encuentran "descorazonadas"-- esperan una rápida resolución que revoque este beneficio. "No tiene antecedentes, es absolutamente desmesurado. Esperamos una inmediata corrección de Casación. No se le ha concedido a los responsables de ningún tipo de delitos en la Argentina, es inaudito que se aplique para los responsables de los delitos más graves que se han cometido en el país", indicó el abogado querellante Guillermo Munné. Los conjueces no sólo computaron doble desde 2007 a 2009, cuando los tres presos estuvieron en prisión preventiva sin condena, sino que extendieron esa condición a los dos años que pasaron desde la sentencia en primera instancia, que no está firme por no haber sido revisada en segunda instancia.
"Esperamos una inmediata resolución de Casación, ya que este beneficio fue recurrido por la fiscalía", indicó Munné, quien recordó que "es muy grave esta decisión para el tipo de condena de delitos que estamos hablando, que merecen la calificación de imprescriptibles, para que no haya impunidad. Porque después de todos los obstáculos que se han sorteado, que se haga superflua la condena con este tipo de cómputos es realmente preocupante y significa que los responsables de crímenes de tormentos y privación ilegítima de la libertad estén libres por las calles, donde podrán cruzar a sus víctimas". Munné representó en el juicio oral que terminó en diciembre de 2009 a Stella Maris Vallejos y Matilde Bugna, dos de las víctimas que estuvieron secuestradas en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR) de Santa Fe. Además, se trató de la primera condena contra un ex juez federal, Brusa, quien había sido secretario de juzgado durante la dictadura y fue un engranaje del terrorismo de estado. Los obstáculos más importantes de la causa estuvieron dados por la conformación del tribunal, debido a que los jueces federales, y muchos abogados santafesinos, se excusaron de integrar el Tribunal.
Munné aclaró que los conjueces se designaron "con una metodología previa a la resolución de la Corte Suprema de Justicia que impuso la integración con magistrados de carrera. En este caso hay un camarista federal y dos abogados de la matrícula que se habían inscripto para conjueces. Tuvieron un desempeño valorable en el desarrollo del juicio y el dictado de la condena, pero nos sorprende esto. Porque a poco tiempo de haberse dictado la sentencia se entendería como cumplida más de la mitad de la condena".
Ante la gravedad de la decisión de estos conjueces, Suárez Faisal reiteró anteayer mismo --pese a la feria judicial-- el pedido de prisión preventiva en la causa que se les sigue a Brusa, Ramos y Aebi por asociación ilícita. En esa solicitud, realizado también por el fiscal en agosto pasado, actúan la jueza de Paraná Lidia Carnero y los rosarinos Jorge Venegas Echagüe y Otmar Paulucci. En aquel momento, sólo le dio curso Paulucci, al considerar que había riesgo procesal (de fuga de los imputados), pero ahora hay una situación nueva. "Cabe volver a poner aquí de manifiesto que naturaleza y la gravedad de los delitos imputados a Ramos, Brusa y Aebi conllevan --por sí mismos-- un obtáculo para negar el dictado de la prisión preventiva", dice el fiscal que ya había presentado cuatro recursos contra las salidas domiciliarias y el cómputo diferencial. El Tribunal decidió, no obstante, utilizar un mecanismo derogado antes de la persecución de estos delitos para beneficiar a los tres condenados. Y el fin de semana pasado, los tres represores festejaron el fin de año en familia.
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