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Timestamp: 2020-07-10 12:22:25+00:00

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TURBULENCIAS | securityandclarity
El Supremo da a la banca la clave de cómo defender las cláusulas suelo.
Sólo en Madrid hay el doble de abogados que en Francia.
¿Qué responde la banca a las reclamaciones extrajudiciales por cláusulas suelo?.
Bankia abona 170 millones de euros a 34.000 clientes por el reembolso de las cláusulas suelo.
La cláusula suelo ya es motivo suficiente para que el juez anule un desahucio.
Los juzgados se ven saturados por demandas contra la banca y se teme otra oleada en junio, La reforma hipotecaria solo prevendrá la judicialización de los nuevos créditos.
S&P incluirá los litigios por malas prácticas en sus notas a los bancos.
Entrevista a Carlos Carnicer: la situación actual de la abogacía española.
Los juzgados, colapsados por los numerosos frentes contra cláusulas hipotecarias.
El CGPJ aprueba la especialización de un juzgado por provincia para las cláusulas suelo.
La banca asume que el riesgo reputacional es ya tan grave como el de negocio.
La Abogacía rechaza por unanimidad el plan de urgencia del CGPJ sobre las cláusulas suelo.
El Gobierno da luz verde a la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo.
Sábado, 11 de marzo de 2017 - 5 Dias
El Supremo da a la banca la clave de cómo defender las cláusulas suelo
Las entidades financieras que defienden la legitimidad de sus cláusulas suelo tienen ya a mano los argumentos jurídicos con los que tratar de convencer a la justicia.Unas semanas después de anunciar el sentido de su fallo, el Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia en la que, por primera vez, avala la validez de una cláusula suelo hipotecaria.
Se trata de una condición hipotecaria de Caja Rural de Teruel, en la que el Supremo considera probado que “el prestatario conocía la existencia y el alcance de la cláusula suelo litigiosa, incluso se afirma que fue negociada individualmente”.
Una cualidad fundamental de este caso individual, a diferencia de las causas colectivas en las que el Supremo ha ido anulando por opacos los suelos aplicados por otros bancos, es que se probó que hubo negociación expresa sobre esta cláusula pues el cliente solicitó rebajarla para igualar una oferta de la competencia.
Con este fallo, la banca ve abierta la puerta a ir ganando las batallas individuales por cláusulas suelo que se le presentan en los juzgados si es capaz de demostrar, aportando correos electrónicos u otras pruebas, que explicó la condición a su cliente o incluso llegó a negociarla.
Una victoria para el sector
Javier Izquierdo y Julio Pernas, los abogados del despacho Gómez-Acebo & Pombo que han logrado el fallo favorable a la entidad, destacan que en esta causa “la transparencia documental estaba sólidamente respaldada por los documentos precontractuales suscritos por la caja” y que “la prueba relevante a practicar en el procedimiento no se limitaba a la documental sino que debía también incluir el interrogatorio de la directora de la oficina y de la Notario autorizante”.
“El Tribunal Supremo ha insistido una y otra vez en que lo relevante para resolver estos casos era la cantidad y calidad de información precontractual suministrada por la entidad financiera a su cliente durante la negociación”, recuerdan Pernas e Izquierdo.
Un precedente para el resto de entidades
En la sentencia conocida hoy, el Supremo establece que “el juicio sobre la transparencia de la cláusula no tiene por qué atender exclusivamente al documento en el cual está inserta o a los documentos relacionados, como la previa oferta vinculante, sino que pueden tenerse en consideración otros medios”, lo que abre la puerta a que las entidades demuestren documentalmente que si bien el contrato hipotecario no resaltaba la cláusula, la entidad sí se lo hizo notar expresamente al cliente.
“Estas afirmaciones del Tribunal Supremo”, avanzan los abogados de Gómez-Acebo & Pombo,” van a tener mucha repercusión en la defensa de otras entidades de crédito ante acciones individuales reclamando la nulidad de la cláusula suelo, pues la prueba del interrogatorio del Notario, a la que alude expresamente el Supremo, como también la testifical del director de oficina, serán clave en esos futuros casos”.
A partir del 1 de junio, asumirán los asuntos de este tipo y otros relacionados con vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa que se registren en su provincia. Jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial comenzarán a resolver esta clase de litigios desde ese mismo día en los juzgados especializados de quince grandes ciudades
- Juzgado de Primera Instancia 7 de Almería
- Juzgado de Primera Instancia 2 de Cádiz
- Juzgado de Primera Instancia 9 de Córdoba
- Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Huelva
- Juzgado de Primera Instancia 2 de Jaén
- Juzgado de Primera Instancia 18 de Málaga
- Juzgado de Primera Instancia 10 de Sevilla
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Huesca
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Teruel
- Juzgado de Primera Instancia 12 de Zaragoza
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Oviedo
- Juzgado de Primera Instancia 10 de Palma (Mallorca)
- Juzgado de Primera Instancia 2 de Ibiza (Ibiza)
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Mahón (Menorca)
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Ciutadella (Menorca)
- Juzgado de Primera Instancia 1 de Arrecife (Lanzarote)
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Las Palmas de Gran Canaria (Gran Canaria)
- Juzgado de Primera Instancia 1 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife)
- Juzgado de Primera Instancia 2 de Santander
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Ávila
- Juzgado de Primera Instancia 4 de Burgos
- Juzgado de Primera Instancia 7 de León
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Palencia
- Juzgado de Primera Instancia 9 de Salamanca
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Segovia
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Soria
- Juzgado de Primera Instancia 4 de Valladolid
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Zamora
- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 3 de Albacete
- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ciudad Real
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Cuenca
- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Guadalajara
- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil e Instrucción 1 de Toledo
- Juzgado de Primera Instancia 50 de Barcelona
- Juzgado de Primera Instancia 3 de Girona
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Lleida
- Juzgado de Primera Instancia 8 de Tarragona
- Juzgado de Primera Instancia 5 de Alicante
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Castellón
- Juzgado de Primera Instancia 25 de Valencia
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Mérida (Badajoz)
- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5 de Cáceres
- Juzgado de Primera Instancia 7 de A Coruña
- Juzgado de Primera Instancia 2 de Lugo
- Juzgado de Primera Instancia y Mercantil 4 de Ourense
- Juzgado de Primera Instancia 14 de Vigo (Pontevedra)
- Juzgado de Primera Instancia 6 de Logroño
- Juzgado de Primera Instancia 101 de Madrid
- Juzgado de Primera Instancia 11 de Murcia
- Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona
- Juzgado de Primera Instancia 5 de Vitoria-Gasteiz
- Juzgado de Primera Instancia 8 de Donostia-San Sebastián
- Juzgado de Primera Instancia 11 de Bilbao
Miércoles, 22 octubre 2014 Diario Vasco
DOMINGO ARIZMENDI
«Sólo en Madrid hay el doble de abogados que en Francia»
El decano de los letrados reconoce que la crisis económica también está afectando a la abogacía
Nació en San Sebastián el 31 de diciembre de 1942.
Está casado y es padre de tres hijas.
Estudió Derecho en Madrid y Pamplona, donde se licenció.
Es experto en Derecho Laboral y director de la oficina de Cuatrecasas en Donostia.
«La gente es bastante reticente con la profesión, pero habla bien de su abogado»
«Los grandes despachos también piensan en cómo reducir personal»
Domingo Arizmendi lleva camino de agotar su segundo mandato al frente del Colegio de Abogados de Gipuzkoa. El año próximo cederá el testigo a algún compañero. Recientemente, el colegio celebró su junta general. Arizmendi realiza un análisis de la situación en la que se encuentra la profesión y de los problemas de la justicia.
- Lleva ya siete años al frente del Colegio de Abogados de Gipuzkoa. ¿Cuál ha sido la evolución que durante su mandato ha experimentado la profesión?
- La abogacía en general ha evolucionado muchísimo. Además del torbellino legislativo, se han aprobado normas muy importantes que afectan de manera directa a la profesión, tales como la Ley de Sociedades Profesionales o la de laboralidad de los abogados, en la que precisamente intervine. Por lo que a Gipuzkoa respecta, la evolución y los problemas han sido muy parecidos a los de otros lugares de España.
- La masificación es uno de ellos.
- En efecto. En España, hay unos 120.000 ejercientes y en Gipuzkoa somos 1.700. Por ofrecer un dato comparativo, sólo en Madrid se contabilizan 45.000 letrados, el doble de los que hay en toda Francia y el mismo número que en el Reino Unido. Es un claro indicio de que la profesión está masificada.
- La actual crisis económica ¿en qué medida está afectando también a la profesión?
- En gran medida. En contra de lo que la gente piensa, que cuanto más se agudiza la crisis, surgen más problemas y hay más trabajo para los abogados, lo cierto es que eso no es así. En el turno de oficio, por ejemplo, sí que hay más trabajo. Al ser gratuito, la gente reclama más. Y sin embargo en la parte de prestación de servicios, el cliente se lo piensa.
-¿Qué especialidades de la abogacía están sufriendo con mayor intensidad la actual crisis?
- Se ha apreciado un descenso general de la actividad. Sin embargo, hay parcelas, como la de los laboralistas, que estamos un poco en la salsa, con regulaciones de empleo, convenios colectivos, concursales... Algunos están a tope, pero otros, como los que llevan las operaciones mercantiles, derecho civil y societario, han descendido. En esta época de crisis, la gente se lo piensa dos veces antes de acudir a un abogado porque le va a costar dinero.
- En esta coyuntura, ¿a quién afecta más, a los grandes despachos, a los medios o a los pequeños?
- Básicamente a todos. Los grandes despachos pueden compensar las áreas en las que hay más actividad, como laboral o concursal, que ahora están tope, con otras que tienen menos trabajo. No obstante, los grandes despachos también están pensando en cómo reducir personal, aunque es cierto que todo lo grande puede aguantar más el tirón. En los despachos pequeños, los laboralistas están echando humo, pero los que se dedican a mercantil o a fusiones de sociedades lo estarán pasando muy mal. En los bufetes medios, la situación es igual.
- Y en esta tesitura de crisis y masificación de la abogacía, ¿cómo se presenta el futuro de la profesión?
- Hay un dato que cuando menos invita al optimismo. Hace diez años salían de las facultades de Derecho en torno a unos 20.000 licenciados al año. Ahora, la cifra se ha reducido a la mitad. Por lo tanto, a corto plazo se producirá un reajuste de plantilla simplemente porque van a ser 10.000 menos los abogados que se incorporen al mercado de trabajo.
- Hay rumores de que la colegiación obligatoria está siendo puesta en cuestión.
- Efectivamente. Hay una serie de expectativas inquietantes. El Tribunal de la Competencia está entendiendo que la colegiación obligatoria es susceptible de ser interpretada como una falta de libertad. En nuestra profesión esta interpretación es muy complicada. Por ejemplo, ¿quién va articular el control de esa parte tan importante en la actividad jurídica como es el turno de oficio?
- Se habla en este sentido de externalizar el servicio.
- En Madrid y Barcelona han hecho ya algunos guiños a esta iniciativa. Se ha hablado de sacarlo a concurso, de adjudicarlo a algunos bufetes. Sacar fuera de los colegios el turno de oficio es inasumible. Tendríamos una batalla campal. Para el ciudadano es toda una garantía que sea el colegio profesional el que controle esta actividad y no un despacho o un servicio de una comunidad que, a su vez, lo tendría contratado en base a un precio. La externalización supondría, con toda seguridad, un deterioro de la calidad. Recientes estudios han revelado que el 80% de las personas que han sido atendidas por en el turno de oficio afirma que han sido «bien» o «muy bien» asistidas. Es una parcela muy importante en los colegios y que se cuida mucho.
- ¿Cuántos letrados hay en el turno de de oficio?
- En España se calcula que hay unos 35.000 letrados inscritos, casi uno de cada tres. Es un servicio muy importante. De todo lo que la justicia mueve, el 10% es de oficio. Es una prestación que los colegios debemos mimar, ya que se trata de garantizar derechos fundamentales y, además, los de los más débiles.
- ¿Cuánto cobra un letrado por el turno de oficio?
-La retribución media de una asistencia de oficio es de 208 euros. Hay asuntos que concluyen en una horas, pero otros no. Es una retribución baja.
- Afirma usted que el abogado de oficio está bien valorado. ¿Pero la actividad en general de la abogacía está igualmente bien valorada?
-En general, el ciudadano tiene poca opinión sobre la abogacía. Ha sido un gremio históricamente bastante selectivo y la gente es bastante reticiente con la profesión. Yo diría que somos poco conocidos. Los colegios hemos de abrirnos más, estamos al servicio de los ciudadanos. No obstante, la gente, en general, habla bien de su abogado. Y es lógico, nadie va a estar con un abogado en el que no confía. Es decir, igual no se tiene una muy buena opinión de la abogacía, pero sí de la persona que le asiste.
- Tampoco la ciudadanía tiene una buena opinión de la justicia.
-Tiene una muy mala opinión sobre algunos aspectos de la justicia. No entiende la lentitud, que haya procesos, como un desahucio, un divorcio... que duren años, cuando se podían ventilar en muchos menos, aunque también es cierto que determinados procesos, como el de 11-M por ejemplo, necesariamente deben ser largos. La lentitud se atribuye a una falta de organización, pero es que aún tenemos medios del siglo XIX. En ningún otro sitio más que en los juzgados se ven esas montañas de archivos.
- Sin embargo, al igual que sucede con los abogados, la gente no tiene una mala opinión de los jueces. La ciudadanía confía en los jueces, con un matiz: la politización. Vemos cómo los partidos políticos juegan con la justicia como arma arrojadiza. Es una mala práxis y transmite un mensaje confuso de falta de imparcialidad cuando los abogados sabemos que los jueces son imparciales, objetivos y muy accesibles. Cuando las personas vinculan a unos jueces con determinados partidos, la cosa se complica. Es un tema de mala solución, toda vez que la cúpula de la justicia está ligada con el Parlamento.
-¿No cree que hay demasiados jueces sustitutos?
-Hay un colectivo de sustitutos muy importante, excesivamente importante. El colectivo de jueces se calcula en unos 4.300. El Consejo General de la Abogacía dice que tiene que haber el doble. Además, el tema de las sustituciones es crónico. Cuando el sustituto deja de ser fijo, es delicado y cuando además no es un buen sustituto, es mucho más conflictivo.
- Algunos compañeros suyos afirman que en no pocas ocasiones el nivel jurídico de los letrados intervinientes en una vista es infinitamente superior al de la persona que debe de hacer justicia. ¿Qué sensación les invade en esos instantes?
- De incomodidad. Este tipo de situaciones da origen a comentarios que hacemos con nuestros clientes, que resultan hasta improcedentes, tales como 'esto es un cara o cruz'. ¿Cómo una sentencia puede ser un cara o cruz? Precisamente por ello, ante estas dificultades, cada vez son más los asuntos que se solucionan en los despachos, entre los abogados que intervenimos. Diría que son más de la mitad. Cuando un proceso se lleva honesta y sensatamente, llegas a una justicia entre particulares. El inconveniente en estos casos es que, por lo general, los dos clientes se van molestos. Uno piensa que ha pagado mucho y el otro que ha cobrado poco. No obstante, debo decir que cuando esto sucede es síntoma de que el arreglo ha sido bueno. No es el cara o cruz del que hemos hablado.
- Han mantenido ya algún contacto con el nuevo Gobierno Vasco?
-Sí, nos reunimos el pasado día 16 con el viceconsejero de Justicia, Txema Fínez que, quizás, por su condición de magistrado, es más cercano a los problemas de la Justicia. Nos presentó a todo su equipo. Lo que agradecimos mucho fueron las formas. Con el equipo anterior, cada vez que íbamos a Vitoria teníamos nuestros chispazos. Fínez ya nos dijo de entrada que, debido al recorte presupuestario, no nos podría dar más dinero, pero sí prometió que pagarán puntualmente, algo que hasta ahora no se venía haciendo. Nos pidieron también colaboración para la nueva oficina judicial. El trato fue muy cercano, abierto y sincero.
EL PAÍS Economía CincoDías 29 mayo 2017
Hay entidades que exigen a su cliente que justifique por qué debe cobrar o que alegan que hay juicios abiertos y no ofrecen suspenderlos
Adicae ha aportado ejemplos de estas prácticas en su denuncia ante el Banco de España
Casi dos meses después de que entrara en vigor la obligación de que la banca ofrezca un canal de negociación extrajudicial a sus clientes para tratar la devolución de lo cobrado en aplicación de cláusulas suelo hipotecarias opacas, las entidades han comenzado a contestar a sus clientes.
Aunque fuentes del sector financiero aseveran que ya hay decenas de oferta de compensación remitidas a los clientes, que tienen 15 días para decidir si las aceptan, desde las asociaciones de usuarios denuncian que la banca está rechazando el grueso de peticiones a menudo esgrimiendo argumentos que dudosamente deberían cerrar esta vía extrajudicial.
La asociación de usuarios de banca Adicae ha terminado remitiendo al Banco de España y al Ministerio de Economía un dossier en el que recoge copia de algunas de las respuestas ofrecidas por la banca para denunciar posibles “abusos” que juegan en contra de la solución que ideó el Gobierno para evitar el colapso de los tribunales españoles.
Una de las principales críticas hechas por Adicae en su escrito es que hay entidades que dejan “la carga de la prueba en el afectado” al reclamar al cliente que sea él quien justifique por qué cree tener derecho a recuperar el dinero que se le ha cobrado.
El decreto al detalle: Cómo reclamar al banco por la cláusula suelo
En este sentido, citan a Abanca, Evo Banco o CaixaBank como entidades que solicitan al particular la aportación de un razonamiento sobre su reclamación acompañado de la documentación necesaria pese a que, lamentan, “los bancos disponen de toda la información referida a las condiciones del préstamo sobre el que se reclama”.
Prueba de ello es que la nacionalizada Bankia, que ha decidido devolver lo cobrado por cláusulas suelo a todos sus clientes, permite consultar quién tiene derecho a compensación y a cuánto asciende con solo dar el nombre.
La denuncia remitida a Luis María Linde y a Luis de Guindos también destaca que algunas entidades se niegan a abrir el proceso de negociación extrajudicial con el cliente alegando que este ya mantiene abierto un litigio contra el banco por este asunto, pese a que el decreto ley establece que las partes podrán pedir la suspensión de los procedimientos judiciales en marcha para dar prioridad a la solución pactada. Una opción que entidades como CaixaBank o BBVA no estarían ofreciendo a sus clientes, según acredita Adicae aportando copia de algunas de las contestaciones de las entidades.
Más allá, la asociación de defensa del consumidor financiero expone que CaixaBank, Banco Popular, Banca March, Caja Rural de Extremadura y Caja Rural de Navarra han rechazado reclamaciones que no han sido presentadas con el formulario ad hoc que han diseñado a tal efecto, en lugar de encauzar la solicitud.
Adicae critica que algunas firmas respondan de forma telefónica o manuscrita sin documentar su propuesta
En casos puntuales, añaden los denunciantes, entidades como CaixaBank y Sabadell, han llegado a manifestar al cliente que solo puede realizar la petición en su sucursal de referencia, cuando el decreto obliga a los bancos a ofrecer información “en todas las oficinas abiertas al público” y a facilitar el servicio a través de una “dirección postal y electrónica”.
Y, si el cauce de recepción de las reclamaciones está siendo un problema, Adicae subraya las deficiencias que presentan las contestaciones aportadas por la banca a las reclamaciones de sus clientes que a menudo son un puñado de cifras manuscritas (como ha hecho España Duero, filial de Unicaja, en alguna ocasión), o una proposición telefónica (como las hechas por Evo, que urge a aceptarlas para agilizar los pagos), en lugar de entregar una propuesta de devolución documentada y desglosada que incluya principal e intereses, como pide la norma.
Por otra parte, las asociaciones de usuarios exponen que algunas entidades acaban dando la razón al cliente pero le abonan la compensación en su cuenta sin detallar concepto o procedencia, como habría hecho Liberbank, o Popular.
Otras, como Popular argumentan que ya han eliminado las cláusulas suelo y que no aplicarán la devolución retroactiva si no se lo exige un juzgado, mientras que Unicaja defiende la legitimidad de las suyas.
Finalmente, desde Adicae han hecho saber al Banco de España que entidades como BBVA, condenada por el Supremo por la falta de transparencia de sus suelos, emiten una contestación estándar negando la devolución del dinero a sus clientes enumerando una serie de motivos pero sin aclarar cuál de ellos es el que afecta al particular concreto al que se dirigen.
Última bala contra la voz del Supremo
El Tribunal Supremo decretó hace unos días que las sentencias firmes sobre cláusulas suelo previas al dictamen de la justicia europea, del pasado 21 de diciembre, no podrán ser revisadas y por tanto beneficiarse de la doctrina comunitaria que impone a la banca devolver todo lo cobrado por condiciones opacas con retroactividad total. Miles de particulares que ya demandaron a sus entidades ven limitado así su derecho a recuperar el dinero pagado solo desde mayo de 2013. Aunque se trata de un fallo del más alto tribunal español, y este asegura que se basa en la jurisprudencia de seguridad jurídica del propio Tribunal de Justicia de la UE, asociaciones de consumidores como la gallega Acouga ven aún una última posibilidad de recurrir. Desde la asociación plantean que “la única vía posible para estas personas es una demanda por error judicial, que en el caso de ser estimada permitiría reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por el daño causado”. Se trata de un procedimiento poco habitual que implica reclamar a la Sala del 61 del Tribunal Supremo, compuesta por el presidente del Alto Tribunal, los responsables de cada sala y los magistrados con más y menos antigüedad de cada una, y que se dedica a revisar posibles errores del propio Supremo. Hay tres meses para reclamar.
Fusiones con alto voltaje de suelo
Los datos recopilados por la asociación de usuarios de banca Adicae dibujan el perfil medio del consumidor que firmó hipotecas con cláusulas suelo, aquellas que limitan la rebaja de cuota de la que disfruta un cliente de un crédito a tipo variable pese a la bajada del euríbor. Los datos (ver gráfico adjunto) revelan, entre otras cosas, que las operaciones corporativas realizadas por la gran banca en los últimos años han elevado su carga de riesgo judicial por estas cláusulas. Así, las cifras apuntan a BBVA como la entidad con mayor número de hipotecas con suelo (un 16,3% del total de entidades analizadas, que sube al 17,1% si se analiza a nivel grupo, incluyendo a Catalunya Banc y otras entidades absorbidas), seguida de Sabadell (7,8%, o 10,6% si se suman otras firmas adquiridas); Popular (7,3%, o 10,9% con Pastor) Unicaja (4%) o CaixaBank (5,8% con todas las absorciones).
o EUROPA PRESS ​· 26 may. 2017
Bankia abona 170 millones de euros a 34.000 clientes por el reembolso de las cláusulas suelo
¿Qué banco es el más perjudicado por la sentencia del Supremo sobre las cláusulas suelo?
Bankia ha abonado casi 170 millones de euros a 34.000 clientes en concepto de devolución de cláusulas suelo en menos de cuatro meses, en el marco de un procedimiento exprés en sus oficinas que la entidad puso en marcha el pasado 3 de febrero, informó la entidad.
Cinco Días martes, 28 de febrero de 2017
La cláusula suelo ya es motivo suficiente para que el juez anule un desahucio
La Audiencia de Barcelona archiva una ejecución por basarse en una condición abusiva
La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido archivar la ejcución de una hipoteca de Catalunya Banc (crédito que fue vendido luego al fondo Blackstone), al entender que está marcado por la aplicación de una cláusula suelo abusiva, decisión que normalmente solo se tomaba con cláusulas de vencimiento anticipado nulas. El fallo, que sienta precedente, ha llevado a la entidad a negociar la dación en pago.
· Auto de la Audiencia Provincial
· Cómo afecta el fallo del Supremo a mi reclamación sobre cláusulas suelo
· Las siete claves del decreto sobre las cláusulas suelo
· Toda la información sobre las cláusulas suelo
Las cláusulas suelo hipotecarias venían siendo, hasta ahora, un quebradero de cabeza económico para las entidades financieras porque se arriesgan a devolver miles de millones de euros cobrados por ellas. Sin embargo, un reciente fallo de la Audiencia Provincial de Barcelona promete convertir estas condiciones en otro frente de inquietud para la banca al considerar la nulidad de un suelo como motivo suficiente para archivar un procedimiento de ejecución hipotecaria iniciado tras meses de impago del deudor.
“Este auto [que puede consultarse en la edición en internet de CincoDías] no tiene casi precedentes, es muy novedoso ya que hoy en día las ejecuciones hipotecarias se detienen por la cláusula de vencimiento anticipado, no por la cláusula suelo como aquí”, subraya Ferran Teva Mont, el abogado que ha logrado este fallo a favor del cliente de Catalunya Banc (entidad que fue absorbida por BBVA, aunque la hipoteca en cuestión fue vendida a Anticipa Real Estate, la plataforma de gestión inmobiliaria del fondo Blackstone).
Lo común es que la decisión judicial de paralizar un desahucio al detectar una cláusula abusiva –posibilidad que los jueces españoles no tenían hasta que así lo exigió en 2013 el Tribunal de Justicia de la UE– suele afectar a las cláusulas de vencimiento anticipado nulas, que permiten a la entidad reclamar de golpe toda la deuda después de un único impago, por ejemplo. En este caso concreto, paradójicamente, la Audiencia de Barcelona rechaza que hubiera abusos por esta vía pues la entidad solo inició la ejecución tras 11 meses de impagos, cuando se adeudaban más de 12.000 euros, un 5,2% del capital financiado.
Sin embargo, en contra del criterio del juzgado de primera instancia, que falló a favor de la entidad, la Audiencia de Barcelona sí declara abusiva la cláusula suelo que limita al 3,5% el interés mínimo que seguirá pagando el cliente de la hipoteca a tipo variable pese a la bajada del euríbor. El tribunal no ve “el menor indicio” de que la cláusula fuera negociada individualmente o de que el cliente fuese específicamente informado.
La Audiencia subraya que la cláusula suelo fue incluida durante la novación del crédito, por 231.445 euros, que hizo en 2009 Catalunya Banc de una hipoteca a 32 años originalmente concedida por Caixa d´Estalvis de Catalunya en marzo de 2006.
La Audiencia considera que “una advertencia expresa” sobre las consecuencias de esta cláusula era “más inexcusable que nunca” habida cuenta de que en el momento en que se introdujo se activó automáticamente pues el tipo pactado –euríbor más 1,50%– ya se situaba por debajo de este suelo (el euríbor a un año pasó del 5,384% de septiembre de 2008 al 1,90% de marzo de 2009) lo que “venía a convertir el crédito en una financiación a tipo fijo (3,50%) solo variable al alza”, sentencia el fallo.
Lo sorprendente es que Audiencia de Barcelona no elimina la cláusula nula y da vía libre a la ejecución con un nuevo cálculo de la deuda sin el suelo –como es habitual y de hecho defiende uno de los tres miembros del tribunal en un voto particular– sino que argumentando que la deuda que exige la entidad tiene en cuenta el efecto de la cláusula suelo, opta por archivar toda la ejecución.
El fallo, firme pues no ha sido recurrido, ha obligado a las partes a negociar una salida que podría incluir la dación en pago –saldar la deuda con la vivienda– a cambio de que el cliente no reclame además lo que le cobraron por la cláusula suelo.
Una nueva arma pero de uso limitado
La cláusula de vencimiento anticipado exige al prestatario devolver el total del préstamo antes del plazo acordado en el momento en que el deudor incumple su obligación de pago de parte del capital o de los intereses del préstamo. En casi todos los contratos firmados antes de la entrada en vigor de la ley de mayo de 2013 para frenar los desahucios, el impago de una única cuota abría la puerta a que la entidad exigiera el pago del crédito de una sola vez. Esto desembocaba en la ejecución hipotecaria.
La cláusula suelo está siendo eliminada en la mayoría de los contratos y, por regla general, los bancos están teniendo mucho cuidado en eliminar su efecto de la deuda que deben devolver los hipotecados en caso de que activen el vencimiento anticipado.
Debido al cuestionamiento de la cláusula suelo desde la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de mayo de 2012, son muy pocos los créditos hipotecarios que llegan con ella al procedimiento de ejecución. Y el número disminuirá todavía más una vez comiencen las devoluciones –que ya se han iniciado en el caso de Bankia– a raíz del procedimiento extrajudicial impulsado por el Gobierno. De manera general, y más después del dictamen de Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 26 de enero, las cláusulas abusivas de vencimiento anticipado son causa suficiente para archivar la ejecución. En estos casos, el juez debe examinar si las condiciones son equilibradas y la entidad está capacitada para activarla cuando la situación de impago revista gravedad. Curiosamente, en la sentencia del pasado 26 de octubre, esta se declara válida y se invoca la del suelo para archivar la ejecución hipotecaria.
16 mayo 2017 5DIAS
29 mayo 2017 5 DIAS
Los juzgados se ven saturados por demandas contra la banca y se teme otra oleada en junio
La reforma hipotecaria solo prevendrá la judicialización de los nuevos créditos
La avalancha de demandas judiciales contra la banca que se ha desatado en los últimos años ha terminado de poner palos en las ruedas de un sistema judicial falto de recursos. Juzgados de varias provincias reconocen ya abiertamente y por escrito que están colapsados solo por el elevado volumen de litigios relacionados con créditos hipotecarios.
El propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pactado con el Ministerio de Justicia la especialización de un juzgado por provinciapara poder abordar las reclamaciones judiciales por cláusulas suelo y otras condiciones abusivas de los préstamos, pero el sistema ya está saturado y su implantación no llegará hasta junio cuando se prevé una nueva oleada de pleitos hipotecarios que amenaza con bloquear estas sedes.
Y es que a finales de mayo concluye el plazo que tienen las entidades financieras para contestar a los primeros clientes que hayan reclamado las cláusulas suelo por la vía extrajudicial que el Gobierno impulsó por decreto precisamente para evitar una saturación de los juzgados españoles tras el varapalo que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) dio en diciembre a la banca imponiendo la devolución de lo cobrado por condiciones opacas con retroactividad total.
Todos los expertos consultados coinciden en alertar que las miles de respuestas negativas con las que muchas entidades están saldando este proceso se traducirán en nuevas demandas en las próximas semanas, agravando una situación que jueces y abogados ya consideran crítica.
Solo la judicialización de los 1,5 millones de contratos con cláusulas suelo supondría un coste adicional de 26,3 millones de euros para las administraciones de justicia, según el Ministerio de Economía, y elevaría de 9,2 meses a 39,3 meses el tiempo medio de respuesta en los juzgados de primera instancia, según los cálculos del de Justicia, que asume que se duplicaría la carga de trabajo anual de los juzgados. Eso sin contar con que los costes de constitución, las cláusulas de vencimiento anticipado, intereses de demora, las hipotecas multidivisa o las ligadas al IRPH, por citar las causas más habituales, también están siendo objeto de litigios masivos.
“Las causas que están colapsando los juzgados son las demandas contra los bancos por productos tóxicos”, expone Carmen Giménez, de G&G Abogados, que muestra notificaciones de varios juzgados en los que se le comunica por escrito que es imposible agilizar la vista de las causas que lleva en materia hipotecaria “debido a la sobrecarga de señalamientos que sufre este juzgado debido precisamente a las demandas bancarias presentadas” [ver imagen adjunta] o, directamente denunciando, el “colapso existente en los Juzgados de Madrid, como consecuencia de los contratos bancarios”.
“A la gravísima situación que tenemos en una administración de justicia sin medios, que parece medieval, a efectos informáticos y sin personal, se une todo lo que hay de temas de bancos”, sostiene Giménez. “Madrid era una de las plazas que no llevaba un retraso escandaloso, una sentencia en primera instancia la podíamos tener en un año o año y medio, y ahora las vistas previas son a 18 meses, y luego falta juicio y sentencia”, explica la abogada, denunciando el plazo de tiempo crítico que supone este ritmo para alguien en dificultades económicas que está intentando hacer frente a su hipotecay no perder su vivienda o, más allá, para un pequeño comerciante que reclama una cantidad que se le adeuda o el arrendador al que no le pagan el alquiler con el que sufraga su residencia, ejemplifica, pues todos ellos “entran en la cola de las demandas bancarias y ven retrasado su derecho” a obtener una tutela judicial efectiva y en plazo razonable.
La situación se repite en otras plazas judiciales como Aragón, o Cataluña, según confirma desde Barcelona Fernando Sanahuja, del bufete Sanahuja Miranda Abogados. “Todas las demandas inferiores a 6.000 euros van por juicio verbal, que es más rápido, pero en temas bancarios se solicita nulidad de la cláusula y aunque la devolución sea inferior se va a un procedimiento ordinario que es más largo: implica presentación de demanda, traslado a la parte contraria, escrito de oposición, señalamiento de vista previa y señalamiento de vista. Con todo el colapso que hay te vas mínimo a un año. Pero ahora suele ser 14 meses”, explica Sanahuja. Y el abogado advierte que “lo que se espera es mucho peor porque entre gastos hipotecarios y cláusulas suelo, por mucho que vayan a hacer un juzgado especializado en cada demarcación”, no podrán asumir miles de nuevas demandas cada uno.
Además, expone Sanahuja, muchas entidades contribuyen a la alta litigiosidad recurriendo por sistema los fallos en contra o pidiendo la asistencia de testigos a los juicios, lo que demora más el proceso.
“La salud de las sociedades se mide por el grado de litigiosidad; a mayor litigiosidad, menor salud. Desgraciadamente, desde esta óptica, España no goza de buena salud”, critica Juan Ignacio Navas, socio-director del bufete Navas & Cusí, quien incide en señalar que parte de la responsabilidad es del sector financiero. Los bancos “tienen mal perder, recurren por sistema y son rebeldes a la hora de aplicar las resoluciones de Luxemburgo, ignorando la supremacía de las instituciones comunitarias”, asegura Navas, criticando que las entidades no hayan impulsado devoluciones masivas de lo cobrado indebidamente por cláusulas suelo opacas tras varapalos como el del Tribunal europeo. Navas entiende que “podría tratarse de una táctica procesal: ganar tiempo, liquidez, sanear balances, etc. Tienen medios para ello y saben que el abuso de litigiosidad colapsa el sistema”, apunta.
Después de todo, el conjunto del sector financiero se juega 4.700 millones –que haya reconocido– si se ve obligado a devolver todo lo cobrado por cláusulas suelo. La banca destaca que estas y otras condiciones son perfectamente legítimas aunque haya podido haber problemas puntuales de transparencia en su comercialización.
El consejero delegado de Sabadell, Jaime Guardiola, resumía el viernes la postura de buena parte del sector reclamando una mayor seguridad jurídica para que la banca pueda seguir prestando. Y aunque admiten que el afán de los supervisores es ahora blindar la protección de los consumidores, las entidades advierten que pasarse de la raya encarecería el crédito y acabaría con un sistema que ha permitido al grueso de familias españolas ser propietarias de vivienda.
Con todo, el hartazgo ante los sonrojos judiciales patrios y comunitarios ha llevado a la patronal bancaria AEB a pedir un terreno de juego similar en toda Europa que evite que se señale a la banca española.
El Gobierno, por su parte, tienes las esperanzas puestas en equilibrar la balanza y responder a todas estas demandas con una reforma hipotecaria inminente que adaptará la legislación española a la europea y pondrá el foco en la prevención de abusos bancarios. Para ello, se ofrecerá una hipoteca estándar; se exigirá incluir una hoja de alertas que adviertas de las consecuencias de las cláusulas más sensibles; se garantizará que quien la suscriba tendrá siete días para estudiar la documentación y plantear sus dudas al notario y se le obligará a admitir de forma manuscrita que conoce todos los riesgos del préstamo.
Sin embargo, la reforma llega tarde, como demuestra el hecho de que Bruselas haya anunciado que sentará a España en el banquillo de la justicia europea por mantener desprotegidos a los clientes bancarios españoles al retrasar la transposición de la directiva europea en esta materia.
Más allá, la reforma hipotecaria podría ayudar a prevenir la judicialización de los créditos futuros, pero urgen medidas adicionales para solucionar la situación actual en la que la operación financiera más importante que realiza en su vida el ciudadano medio se ha convertido en el asunto que más sobrecarga a los juzgados españoles.
A partir de ahí, urge garantizar una Justicia ágil, un sistema hipotecario justo y un nuevo modelo de relación entre las entidades financieras y sus clientes que ayude a regenerar la malograda confianza en el sistema crediticio, las instituciones y la banca.
3-3-17 EL MUNDO
S&P incluirá los litigios por malas prácticas en sus notas a los bancos
S&P incluye el riesgo de 'reclamaciones' de los consumidores en sus notas de los bancos españoles.
Más de 3.000 millones por las preferentes, 1.800 millones por la salida a Bolsa de Bankia, 4.200 millones por las cláusulas suelo, hipotecas multidivisa, gastos hipotecarios... Las reclamaciones planteadas y ganadas por cientos de miles de clientes de los bancos españoles en los últimos años han llevado a la agencia de calificación Standard&Poors a incluir los litigios como parte integral de los costes de las entidades que analizan.
«No es lo suficientemente significativo como para llevar a pérdidas a una entidad, pero va a reducir la rentabilidad. Es asumible», explica Elena Iparraguirre, directora de instituciones financieras de S&P Global.
La agencia considera que, como consecuencia de la comercialización de productos financieros durante la fase expansiva de la economía de la década pasada y de la crisis posterior, el «escrutinio» sobre la validez jurídica de esos productos es constante. Y advierte que este escrutinio ha llegado para quedarse.
Con este panorama, litigante contra los bancos supondrá más costes para las entidades, bien porque se vean obligadas a provisionar parte de sus beneficios para atender indemnizaciones, bien porque se verán obligadas a blindar sus garantías jurídicas a través de la mejora de sus procesos de venta y formación de su personal.
A la luz de lo sucedido en los últimos años los consumidores han tomado conciencia de que, con independencia de servicios de reclamaciones del Banco de España o defensores del cliente en las propias entidades, pueden ganar al sistema bancario en los tribunales. El nuevo filón de negocio de los despachos de abogados que litigan cobrando sus tarifas «a éxito», es una actividad cada vez más concurrida. S&P afirma que el número de litigios de los bancos en España seguirá aumentando. La referencia son países como Estados Unidos y Reino Unido, donde la reacción de los consumidores ha sido a mayor escala, y prevén que pueda tomar «mayor relevancia en el futuro».
En cualquier caso, aunque resulte crítico para la reputación social del sector, este panorama litigante no figura entre los principales retos a los que se enfrenta el sector financiero. S&P señala la reducción de activos problemáticos, la dependencia de la financiación externa y la mejora de la rentabilidad en un entorno de bajos tipos de interés y bajo crecimiento de volúmenes como los factores de mayor riesgo.
Respecto a los créditos morosos e inmuebles adjudicados (80.000 millones y 120.000 millones respectivamente) la agencia estima que supondrán un 11% de la cartera total de préstamos de cara a 2018, un nivel muy elevado en comparación con otros países europeos donde alcanzan el 3%
El volumen de préstamos problemáticos va a seguir siendo alto. Va a llevar muchos años llegar a un nivel comparable con el de otros países», advierte Iparraguirre.
Diario La Ley, Nº 8594, Sección En Primera Persona, 31 de Julio de 2015
Sobre la situación actual de la abogacía española
Entrevista a Carlos Carnicer: la situación actual de la abogacía española
El Barómetro interno de la Abogacía es una iniciativa del Consejo General de la Abogacía que viene repitiéndose en los últimos diez años. La Abogacía institucional pretende con ello conocer la verdad de la situación, el estado de ánimo y la opinión de los profesionales a los que representa. No hay en ningún país un estudio comparable a éste, existiendo sin embargo instituciones comparables. Su valor es el de un diagnóstico interno: cómo se ven los abogados y como ven sus instituciones, desde el punto de vista externo: cómo ven a la Administración de Justicia. El próximo número de Diario LA LEY Legal Management recogerá la segunda parte del Barómetro dedicado a la corrupción política y el funcionamiento de la Administración de Justicia.
¿Qué finalidad tiene el Barómetro interno del CGAE?
El Consejo General de la Abogacía Española, que tiene entre sus funciones principales velar por el prestigio de la profesión de abogado y defender los derechos de los Colegios de Abogados y de sus colegiados, así como la defensa del Estado de derecho y de los derechos humanos, realiza cada dos o tres años un Barómetro Interno, una encuesta a más de 2.000 letrados para pulsar su opinión sobre el estado de la profesión, sobre el papel de los Colegios de Abogados —y del Consejo, por supuesto— y sobre el estado de la Justicia. Nadie conoce mejor que los abogados cómo es el ejercicio de su actividad profesional, las dificultades que se encuentran y sus sensaciones sobre la realidad de la Justicia. La actual es la sexta edición ya y suscribo totalmente las declaraciones de José Juan Toharia, presidente de Metroscopia y responsable de los Barómetros, cuando asegura que es una «rareza que una institución pública quiera saber realmente la realidad» del colectivo al que representa. Será una rareza, pero a nosotros no nos gusta hablar «de oído». Queremos saber.
¿Qué evolución de la profesión se evidencia en los años que se lleva haciendo el Barómetro?
Frente a situaciones anteriores, la principal conclusión de esta última edición es que muchos compañeros están pasando serias dificultades económicas provocadas por la crisis. En concreto, un 85% de los abogados aseguran que están sufriendo los efectos de la crisis. Este dato supone un incremento de 21 puntos con respecto a 2008. Desde el primer Barómetro de 2003, tenemos la constancia de que la opinión de los abogados dista mucho de considerar que su actividad profesional resulte generalizadamente lucrativa. Sin embargo, nunca antes estuvo tan extendida como ahora la sensación de precariedad económica. Es cierto, no obstante, que nuestra profesión nota más tarde el comienzo de una crisis económica, pero tarda más en salir de ella. Y creo, además, que no es tanto una falta de trabajo —que lo hay— como las dificultades para cobrarlo. Sucede lamentablemente en el Turno de Oficio, pero también en la actividad privada.
Por otra parte, en conjunto, la abogacía sigue siendo una profesión con un notable grado de juventud y con un importante y creciente incremento de mujeres. El 75% de los abogados ejercientes entrevistados tiene menos de 45 años, y el 25% menos de 35.
También hay que destacar que en todos los estudios sociológicos los abogados se mantienen entre los primeros puestos de valoración ciudadana, justo por debajo del Rey y por encima de los demás colectivos jurídicos (notarios, jueces, fiscales…) e incluso de instituciones como el Defensor del Pueblo. Creo que la defensa de los derechos de los ciudadanos, nuestra presencia social y nuestra cercanía a los problemas reales son valorados por los ciudadanos.
Los grandes despachos dicen que ya se está superando la crisis, que está dando «los últimos coletazos». ¿Es esa la percepción de la mayoría de los abogados?
Uno de los datos más relevantes de los estudios que realizamos en la Abogacía destaca que los llamados «grandes despachos» emplean a unos 7.000 abogados y sólo una decena supera los 250 letrados en plantilla. En España hay actualmente casi 150.000 abogados y, además, otros 100.000 colegiados no ejercientes. Esta es una profesión muy plural, pero en la mayoría de los casos, el 71 por ciento, estamos hablando de despachos unipersonales o, como mucho, compartidos con otros compañeros. La percepción de una mejora económica no es igual para unos que para otros. Además, en muchos casos, la mejora ha venido más de la reducción de costes o de personal y de la rebaja de las minutas —y eso tanto en los grandes como en los medianos o pequeños despachos— que del aumento de los ingresos.
¿Cuántos abogados hay en el Turno de Oficio?
En la actualidad hay 42.700 compañeros que prestan, a través de los 83 Colegios de Abogados y con total satisfacción, el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España. Una función social que está evaluada por los ciudadanos de forma claramente positiva, con una calificación de 6.9 sobre 10. De hecho, el servicio de Justicia Gratuita que prestan los abogados del Turno de Oficio está valorado como uno de los mejores del mundo y es modelo a seguir por numerosos países, que han contactado con la Abogacía Española para conocer el funcionamiento de este servicio, imprescindible para garantizar el derecho de defensa de los más desfavorecidos.
¿Cuánto cobra un abogado de oficio?
La retribución media de los abogados que prestan el Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ronda los 125 euros por cada expediente defendido ante los tribunales, cantidad que en los últimos años ha descendido o se mantiene congelada, en algunos casos, desde 2003. Calculando el tiempo dedicado por cada abogado a cada expediente, las cuentas son claras: los compañeros del Turno de Oficio cobran una media de 2 euros o 2,5 por hora trabajada.
Tengo que destacar que ni los pertinaces retrasos en el pago a los abogados del Turno de Oficio por parte de algunas comunidades autónomas ni el mantenimiento de baremos que llevan más de 12 años sin actualizarse, o que incluso se han reducido, han provocado un descenso en la calidad del servicio. Eso debería ser reconocido y valorado por las Administraciones Públicas para alcanzar el compromiso de un pago digno y sin retrasos.
¿Hay demasiados abogados en España? ¿Está masificada la profesión?
Estamos ante un sector muy atomizado, con un número excesivo de abogados. La idea de que hay demasiados abogados es expresada por el 81% de todos los encuestados, si bien sólo una fracción reducida de los mismos considera que la masificación de la profesión esté causando una merma en su calidad. Pero, al mismo tiempo, es el mercado, la libre, y yo diría acérrima competencia, seguramente como en pocos sectores profesionales, la que hace que unos tengan más trabajo, que otros pasen dificultades y que algunos abandonen el ejercicio profesional. En esta profesión la única barrera es la calidad del servicio.
El ejercicio de la abogacía ha cambiado mucho en los últimos años y en el futuro va a cambiar mucho más. Factores como la Ley de Acceso a la Abogacía, la globalización del sector legal, la necesaria especialización y el fomento de equipos multidisciplinares, así como las adaptaciones a nuevos modelos de negocio van a impulsar aún más todos estos cambios.
Para adaptarse a los nuevos tiempos, desde la Abogacía trabajamos por promover tanto la mejora en la formación inicial como en apostar por la formación continuada. Mi lema es «formación, formación y formación». Tenemos que ser capaces de caminar globalmente hacia la excelencia para asegurar a todos los ciudadanos que el abogado que les defiende lo hace con todas las garantías.
Hay opiniones que afirman que el examen de acceso es muy difícil ¿Qué opina?
La definición de la dificultad de un examen es una cuestión muy subjetiva, que depende de los conocimientos de cada uno de los 1.474 aspirantes a abogados que se presentaron al examen de acceso el pasado 30 de mayo. No hay datos oficiales sobre el número de aprobados, pero previsiblemente esté en torno al 90 por ciento. Algún centro ha hecho público que todos los alumnos que ha presentado al examen lo han aprobado.
Lo importante es que el Máster de acceso sea eminentemente práctico, que lo impartan profesionales con experiencia, que el examen responda a esos mismos criterios, que los alumnos conozcan en tiempo y forma cómo y cuándo va a ser ese examen y que no tengan que esperar demasiado tiempo desde que terminan el máster hasta que se examinan. Creo que en estos aspectos hay que mejorar mucho el sistema, ser muy rigurosos en la exigencia de calidad y velar porque se cumpla el objetivo de tener los mejores abogados desde el inicio. Eso beneficia a todos: ciudadanos y abogados.
¿Están suficientemente formados los abogados en España? ¿Mantienen sus conocimientos actualizados?
Si corregimos estos detalles, el sistema de acceso a la profesión de abogado sin duda hará que los ciudadanos cuenten con los mejores letrados, equiparados además a sus homólogos europeos. A partir de ahí, la excelencia que buscamos para la abogacía española nos exige seguir trabajando para que la formación de los abogados no se interrumpa nunca —un abogado no puede sobrevivir hoy si no se actualiza permanentemente— y para atender campos nuevos como la internacionalización, la especialización o la atención a nuevas realidades —por ejemplo en el terreno de las nuevas tecnologías, de la medicina, de biogenética— que demandan nuevos conocimientos. Y, además, los abogados deben tener una formación, por lo menos al nivel de la de los jueces o fiscales. Solo así se podrá garantizar el principio de contradicción y el de igualdad de las partes en el proceso.
¿Qué utilidad encuentran los abogados a sus Colegios profesionales?
Hay dos datos que merecen ser destacados: el grado de satisfacción global con el funcionamiento de las organizaciones colegiales crece. Los muchos servicios prestados por los Colegios son evaluados por los abogados de forma muy positiva, fluctuando entre una puntuación mínima de 6 y una máxima de 7 puntos. Y, en segundo lugar, son los abogados más jóvenes los que mejor valoran estos servicios que proporcionan los Colegios, especialmente los de formación, difusión de informaciones de interés, modernización, defensa de la profesión, control deontológico… Los Colegios son instituciones vivas que prestan un servicio insustituible y los colegiados lo valoran así.
Por otra parte, desde la Abogacía siempre hemos mantenido una apuesta decidida por las nuevas tecnologías, ahora redoblada con el compromiso del ministro de Justicia, Rafael Catalá, plasmado en una disposición legal, de que el 1 de enero de 2016 todas las comunicaciones entre los profesionales jurídicos y los tribunales se realicen de forma telemática. El esfuerzo que el Consejo General de la Abogacía y toda la Abogacía institucional están realizando para poner a disposición de los abogados el conocimiento y los medios necesarios para cumplir esa previsión está siendo extraordinario. Tal vez por eso, los abogados reconocen en el barómetro la importancia de las nuevas tecnologías para su profesión y, de forma mayoritaria, consideran que los Colegios están dedicando los recursos suficientes para que los colegiados se modernicen. Desde hace algún tiempo y hasta final de año, estamos haciendo una potente campaña, con jornadas en todos los Colegios, para que todos los abogados dispongan de su carné con la firma electrónica activada y conozcan cómo tendrán que trabajar el día en que esa presentación telemática de todos los documentos sea una realidad.
Los abogados opinan que la Administración de Justicia funciona mal o muy mal y que además ha empeorado en los últimos años ¿Cuál es la causa del empeoramiento?
El diagnóstico es unánime. El 86% de los abogados considera que la Justicia está en una situación de crisis muy grave y profunda, pero todos los profesionales de la Justicia (también jueces, fiscales, secretarios judiciales y procuradores) coincidimos en que es necesaria una auténtica refundación para adecuar la Administración de Justicia a las nuevas realidades sociales. La inmensa mayoría de los compañeros —un 92%— comparten nuestra permanente y reiterada reclamación de que entre todos impulsemos un nuevo Pacto de Estado que ponga remedio a la actual situación de los tribunales.
Tengo que destacar que a pesar de los defectos e imperfecciones de la Justicia española, los abogados consideramos que los jueces y tribunales son la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades de los ciudadanos. Por eso comparto la opinión mayoritaria entre los abogados de que padecemos una mala Justicia, pero que contamos con buenos jueces.
El buen funcionamiento de la Administración de Justicia no es sólo un problema de medios, aunque sin duda éste existe. Hay que abordar la formación, la organización o los sistemas de gestión, pero sobre todo, lo que es imprescindible es la voluntad política para cambiar una situación que provoca inseguridad jurídica y una profunda decepción en los ciudadanos.
Desde la atalaya profesional que supone el ejercicio de la abogacía, ¿qué opinan los profesionales de la corrupción en nuestro país?
La opinión de los compañeros coincide con la sensación general que tienen los ciudadanos sobre la corrupción: el 95% de los abogados considera que en España existe mucha corrupción, pero que se concentra casi exclusivamente en la vida pública.
Sin embargo, el estudio elaborado por Metroscopia concluye que, al igual que en la sociedad, es más intensa la sensación de que existe una corrupción extendida que la experiencia real de los abogados de haberla padecido. Produce desasosiego que abogados y ciudadanos coincidan en que la causa de que la corrupción haya tenido un impacto tan intenso y sostenido se deba, sobre todo, a que no se la combate ni con la prontitud ni con la determinación debida. O que esté extendida la idea de que los partidos políticos tiendan a proteger a los implicados en casos de corrupción en lugar de denunciarlos y expulsarlos.
Como presidente de la Abogacía institucional, ¿qué espera de la nueva etapa política que se abrirá con las elecciones generales?
Ante el futuro tras las próximas elecciones generales, tengo que destacar que la Abogacía siempre se ha reafirmado en su compromiso con nuestro sistema de Administración de Justicia, independientemente del color del Gobierno y de la composición política de las Cortes Generales.
Un sistema de Justicia, que es la base de la convivencia y la paz social, no puede estar al albur del juego de mayorías, que es siempre contingente. Por eso es necesario separar temporalmente a la Justicia del debate político partidista y dar la palabra a los profesionales para alcanzar, como pide la inmensa mayoría de los abogados, un gran Pacto de Estado por la Justicia.
Cuando en octubre presentemos el Barómetro Externo de la Abogacía, que también realiza periódicamente el Consejo General para conocer la opinión de la sociedad sobre nuestra profesión y sobre la Justicia, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los ciudadanos se pronunciará en la misma dirección. Haremos llegar a los partidos tanto este Barómetro Interno como el externo, y le pediremos que incluyan en sus programas una propuesta de reforma de la Justicia. Y yo confío en que los políticos que salgan elegidos quieran cambiar una mala Justicia, como, la que padecemos, por una Justicia que busque la excelencia y esté al servicio de los ciudadanos y no de intereses partidistas.
Idealista/news | Martes 18 abril 2017
Hace unos días me llegó una resolución judicial por la que se me denegaba la solicitud de adelanto de una fecha prevista para un juicio, por una hipoteca multidivisa, justificando el Juzgado dicha negativa con la sobrecarga de trabajo que tiene, debido precisamente a la entrada de un gran volumen de demandas bancarias. Hoy mismo, me ha llegado otra resolución de otro Juzgado, también por un procedimiento contra una entidad financiera, en idéntico sentido: “por el colapso de los Juzgados de Madrid, como consecuencia de los contratos bancarios”.
No puede resultar desconocido, el hecho de la falta de medios en la Administración de Justicia, a los que ahora se suma la cascada de demandas contra las entidades financieras.
¿Cuáles son los frentes abiertos que tiene la banca?
La “todopoderosa” Banca parece resistirse a poner en práctica, salvo que sea expresamente condenada en el caso concreto, los dictados de la Justicia y lo que se declara en las sentencias. Y eso sin contar con las “facilidades” que le da el Gobierno, a través de Reales Decretos, como el de la cláusula suelo, en el que se establece una moratoria de tres meses (ampliable a cuatro), y que cercena palmariamente el derecho del consumidor a obtener la tutela judicial efectiva durante dicho período.
Las entidades financieras, en su mayoría, se siguen resistiendo a cumplir voluntariamente, manifestando en la mayoría de las ocasiones que no son las competentes para decidir sobre la transparencia o no de la cláusula limitativa del tipo de interés, radicando dicha declaración en sede judicial.
Por tanto, al consumidor, no le queda otra opción que demandar para ver satisfechos sus derechos, razón por la que, de no disponerse de medios y refuerzos en los Juzgados, estos se verán abocados a un colapso mucho mayor del que ahora tienen, a la vista de los frentes a los que habrá de seguir plantando cara la banca.
En este artículo me voy a limitar a mencionar tres de los grandes frentes que se prevé tengan una entrada masiva inmediata en los Juzgados y Tribunales, tratándose de una lista enunciativa.
I. Cláusula suelo.- A pesar de ser una batalla librada desde hace ya unos años, aproximadamente desde 2009, la misma no ha finalizado, y creo que le queda todavía un recorrido.
- Por un lado, están las cláusulas suelo de los consumidores que, bien no han reclamado nunca, o bien habiéndosela quitado el Banco voluntariamente en virtud de Sentencias del Tribunal Supremo, no les ha sido devuelto el importe abonado de más con sus correspondientes intereses.
Estos consumidores, para el improbable caso de que en su contrato de préstamo solamente tengan esta cláusula abusiva, podrán optar por reclamar a través del procedimiento establecido en el Real Decreto Ley 1/2017 de 20 de Enero (de carácter voluntario), o podrán proceder a demandar judicialmente, si bien, y si el banco se allana a sus pretensiones, ya sea de manera parcial como de manera total, el mismo quedará liberado de pagar las costas judiciales.
Si, por el contrario, tienen más cláusulas de las declaradas abusivas, es conveniente proceder a su reclamación de manera conjunta, por lo que dicha reclamación quedará fuera del ámbito del procedimiento establecido en el Real Decreto, por ocuparse éste exclusivamente de la cláusula suelo.
Entre dichas cláusulas se pueden mencionar:
1. El interés de demora, el que resulta abusivo cuando está previsto en dos puntos por encima del interés remuneratorio para aquellos contratos otorgados con anterioridad a Mayo de 2013; siendo abusivos los previstos por encima de tres veces el interés legal del dinero para los otorgados con posterioridad a dicha fecha.
2. El vencimiento anticipado, que es la cláusula que permite declarar vencido el préstamo y, por tanto, el inicio de una ejecución hipotecaria, con el solo impago de una de las cuotas o de cualquier cantidad comprensiva de capital e intereses.
3. La cesión del crédito sin puesta en conocimiento del deudor hipotecario: cláusula que permite las titulizaciones hipotecarias o la venta de la deuda a un tercero por una cantidad mínima.
4. Cláusula 365/360, o aquella por la que se pagan 5 días más de intereses al año.
- Y, por otro lado, la cláusula suelo de no consumidores, es decir de quien solicitó un préstamo con garantía hipotecaria, cuyo destino era empresarial o profesional. Es esta una reclamación que se está animando cada vez más, habiéndose dictado ya sentencias favorables a este grupo de afectados, incluso por algunas audiencias provinciales, como las de Salamanca y Toledo. La reclamación de esta cláusula de no consumidores está excluida del Real Decreto, al haber sido previsto éste exclusivamente para consumidores.
II.Hipoteca multidivisa.- Es el préstamo concertado en una divisa diferente al euro, y sometido a continuas fluctuaciones tanto en la cuota a pagar como en el capital pendiente de pago, de manera que cuando el euro se debilita frente a la divisa contratada, no solamente las cuotas hipotecarias se disparan, sino que se llega a adeudar al banco mayor importe que el inicialmente percibido.
Tras la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de Junio de 2015, ha ido fluyendo la interposición de demandas sobre hipotecas en divisas o multidivisa, con el fin de conseguir la nulidad parcial del préstamo y el recálculo del mismo a la moneda euro, siendo frecuentes las sentencias a favor de los afectados.
Si bien el Tribunal Supremo definió la naturaleza de las HMD (hipotecas multidivisa), como un préstamo que contenían un derivado financiero, y por tanto podían atacarse por la falta de información, de obligado cumplimiento, contenida en la Ley de Mercado de Valores, no podemos olvidar que, las cláusulas multidivisa, al igual que las cláusulas suelo, son condiciones generales de la contratación y que, por tanto, han de haber superado tanto el control de incorporación, como el control de transparencia, siendo atacables desde el prisma de la Ley General de Consumidores y Usuarios.
Es una reclamación también de largo recorrido, y todavía tendrá que haber alguna sentencia más del Tribunal Supremo en unificación de doctrina.
III.Gastos de formalización de hipoteca.- Declaradas nulas por abusivas, en sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Diciembre de 2015, aquéllas cláusulas que atribuyen al consumidor todos los gastos derivados de la concertación y desarrollo del contrato.
Al igual que la anterior, es una reclamación de largo recorrido, ya que los Bancos no están por la labor de negociar, y alegan, entre otras cosas, que el TS se limitó a expulsar del contrato la cláusula sin incidencia económica alguna (esto lo dice la entidad condenada por la Sentencia de 23 de Diciembre de 2015), o bien que la cláusula que se les reclama no coincide en absoluto con la puesta en su contrato (el resto de las entidades no condenadas).
Otros frentes abiertos y otros que posiblemente se abrirán una vez se decidan las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE, son: IRPH, vencimiento anticipado, cesión de créditos.
Y, por último, no podemos olvidar a las miles de familias desahuciadas de sus viviendas en base a ejecuciones hipotecarias cuyo título contenía cláusulas abusivas y que, por tanto, deberían de haber sido expulsadas del contrato con carácter previo, como lo son la cláusula suelo y el vencimiento anticipado, las que podrían valorar plantear una nulidad de su procedimiento de ejecución hipotecaria.
En definitiva, con la forma de proceder de la banca desviando a sede judicial la decisión de todo aquello que no hicieron correctamente, el colapso y la sobresaturación de los Juzgados está más que garantizado lo que, además, provoca de manera injusta, desde mi modo de ver, el retraso en la satisfacción de otros derechos reclamados por los ciudadanos y que nada tienen que ver con productos financieros o bancarios.
25.05.2017 RTVE.es
A partir del 1 de junio asumirán las reclamaciones sobre su devolución También veránasuntos como los gastos de formalización de la hipoteca
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado este jueves la especialización de juzgados de Primera Instancia para asumir las denuncias sobre cláusulas suelo de los particulares a partir del 1 de junio.
Habrá en total 54, uno por cada provincia y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear, según ha informado el CGPJ en una nota de prensa.
Además de las denuncias sobre cláusulas suelo asumirán también otros asuntos relacionados con los contratos hipotecarios como los gastos de formalización, el vencimiento anticipado, intereses moratorios o hipotecas multidivisas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció el pasado mes de diciembre que los bancos debían devolver de forma retroactiva todo lo cobrado de más a sus clientes por las cláusulas suelo abusivas en los contratos hipotecarios y no solo a partir de mayo de 2013 como fijó el Tribunal Supremo español.
Aunque la vía judicial para la reclamación siempre ha estado abierta, el Gobierno aprobó el pasado mes de enero un procedimiento extrajudicial para que entidades financieras y clientes llegaran a un acuerdo antes de acudir a la justicia.
Denuncias tras el procedimiento extrajudicial
Este Real Decreto Ley daba un mes a los bancos para poner en marcha las medidas necesarias para cumplir con este procedimiento y un plazo de tres meses para responder a las demandas de los clientes.
Teniendo en cuenta estos plazos, justo ahora en junio pueden empezar a llegar a los tribunales las primeras denuncias de afectados a los que los bancos hayan negado la devolución o que no estén conformes con la cantidad que la entidad calcula que tiene que reintegrarles.
El plan de especialización, según informa el CGPJ, estará inicialmente en vigor desde el 1 de junio hasta el 31 de diciembre de 2017, pero podrá prorrogarse en caso necesario.
"Juzgados bis" con jueces de refuerzo
El plan contempla además distintas medidas de refuerzo para estos juzgados especializados. En aquellas provincias con menos entrada de asuntos, será el titular el que asuma el conocimiento de la materia. Si la carga de trabajo es superior, el órgano judicial podrá contar con un "juzgado bis" servido por uno o más jueces de refuerzo.
En un primer momento, serán los 65 jueces en prácticas de la 67 promoción de la Escuela Judicial, que han recibido formación específica sobre esta materia, quienes realicen preferentemente las funciones de refuerzo.
En cualquier caso ya hay jueces de refuerzo asignados a los juzgados especializados de 15 grandes ciudades: Madrid, Barcelona, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, Valladolid, Toledo, Alicante, Valencia, A Coruña, Vigo, Palma, Murcia y Bilbao.
El Gobierno crea este viernes una comisión de seguimiento
Por otra parte, el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes la creación de una comisión de seguimiento que vigilará la devolución del dinero cobrado de más a los hipotecados con cláusulas suelo, con especial atención hacia las personas más vulnerables.
Este órgano se encargará de velar por que las entidades cumplan sus obligaciones de información en el proceso de reclamación de las cláusulas suelo y en él se sentarán consumidores y abogados, según han informado a Efe fuentes del Ejecutivo.
19-4-17 5DIAS
La banca asume que el riesgo reputacional es ya tan grave como el de negocio
Los productos mal comercializados, son el mayor foco de problemas
Detecta mayor preocupación por la protección al consumidor
Los escándalos financieros han convertido la mala imagen de la banca en una de las principales preocupaciones del sector en los últimos años hasta tal punto que los responsables de cumplimiento normativo de algunas de los tres principales bancos españoles asumen que el riesgo reputacional es ya tan grave como el puramente financiero o de negocio.
Así lo han destacado este miércoles los responsables de estas áreas de Santander, BBVA y CaixaBank durante el XXIV Encuentro del Sector Financiero, que organizan Deloitte, ABC y Sociedad de Tasación.
Los tres han señalado que los supervisores financieros han elevado al atención que ponen en la protección al consumidor y la importancia que ha cobrado en las entidades simplificar y adecuar los productos que comercializan para prevenir nuevos episodios de litigiosidad como el que han desatado las preferentes, las cláusulas suelo y otras condiciones hipotecarias.
Para Mónica López Monís, directora general del departamento de cumplimiento en Banco Santander uno de los principales retos es precisamente interiorizar que el riesgo no financiero es tan relevante para la entidad como el de negocio y lograr medirlo dado que la conducta no tiene una métrica tan claro como la financiación.
"Buena parte de la actual labor de los supervisores se centra en el riesgo de mala praxis con los clientes", ha apuntado a su vez Óscar Calderón, secretario general del consejo de administración de CaixaBank exponiendo que la lupa se pone desde las campañas comerciales de marketing, a la política de remuneración de la entidad pero que la clave reside en la formación de la plantilla para lograr una cultura dentro de la entidad que prevenga las malas prácticas.
"El riesgo principal esta en el diseño de los productos y servicios", ha añadido la representante de Santander reclamando atención en la política de comercialización al admitir que "los riesgos de conducta" detectados a nivel internacional se han centrado en lo que se ofrece al cliente.
"Hay que buscar equilibrio entre el margen que obtiene el banco y el coste para el cliente y que no se le cobre nada que no corresponda al servicio prestado", ha proseguido López Monis reclamando una vigilancia mayo que la que exige la ley puesto que, ha recordado, muchos productos que se han vuelto problemáticos estaban amparados por la legislación pero el deterioro de la coyuntura económica los ha convertido en un mal producto para la clientela.
"Los riesgos fundamentales están centrado en un diseño justo del producto, quizás eso va a derivar en que los productos que comercialicemos los bancos sean mas sencillos y en revisar el clausulado de los contratos para que sean más fácilmente comprensibles", ha resumido la responsable de cumplimiento normativo de Santander.
Más allá de la protección al consumidor, que López Monis coincide en señalar como una gran preocupación de los supervisores, entre el riesgo reputacional destaca la atención que se deja a los "miembros vulnerables de la sociedad", o aquellos con una situación financiera más delicada, así como la prevención del blanqueo de capitales."Empieza a preocupar mucho a los supervisores la protección al consumidor, el ciberriesgo y el riesgo derivado de las terceras partes con las que contratamos", ha añadido.
Prevenir las malas prácticas Para Eduardo Arbizu, responsable del área legal de BBVA, la clave está en fraguar una cultura interna en la entidad en la que primen los ejemplos, con reconocimiento a quienes mejores prácticas lleven a cabo, ejemplo por parte de los líderes de la institución y castigo a quienes incumplan la normativa.
Desde CaixaBank exponen que más allá de supervisar el diseño y comercialización de los productos bancarios, "cada vez más nuestra labor es asegurarnos de que los productos cumplen las necesidades de los clientes que los contrataron", es decir, realizar un seguimiento posterior. En su caso, ha ilustrado, la entidad catalana ha creado un servicio específico de control de crédito hipotecario.
Finalmente, el representante de BBVA ha expuesto que la transformación digital introduce un cliente más exigente pero que también reclama una inmediatez en el servicio que difícilmente casa con las exigencias del supervisor en materia de control de riesgos, adecuación del cliente o exigencia de permisos manuscritos de este.
"No es fácil decir que se puede hacer para mejorar la reputación e la banca, pero nos incumbe a todos la mejora del la imagen del sector porque nos influirá a todas las entidades", ha concluido la representante de Santander. "Hace 10 años había cosas que se consideraban normales y que con los estándares actuales nadie querría que se viese en la primera página de un periódico", ha expuesto reclamando más atención de las entidades al cumplimiento de códigos de buena conducta.
Expansion 23-5-17
El organismo considera que este plan produce un "sobrecoste añadido" sobre los ciudadanos.
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, celebrado el pasado viernes en Barcelona, ha acordado por unanimidad mostrar su expreso rechazo al plan de urgencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la especialización de un Juzgado de Primera Instancia en cada provincia que, de manera exclusiva y no excluyente, conozca sobre los litigios sobre cláusulas suelo en escrituras hipotecarias.
En un comunicado, la Abogacía sostiene que este plan, previsto para comenzar el próximo 1 de junio, produce un "sobrecoste añadido" sobre los ciudadanos debido a "los necesarios y, en ocasiones, dificultosos" desplazamientos motivados por el procedimiento judicial.
Además, el organismo estima que el plan propuesto por el CGPJ generaría una "clara desigualdad" entre la entidad financiera demandada y los ciudadanos, puesto que los usuarios de productos hipotecarios necesitarían destinar más recursos económicos --añadidos a los costes de tiempo por desplazamientos-- para defender sus derechos ante el Juzgado de Primera Instancia uniprovincial donde se diluciden los asuntos sobre cláusulas suelo en hipotecas.
El pasado mes de febrero, la Comisión Permanente del organismo judicial aprobó este plan de urgencia con el objetivo de hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación con las cláusulas suelo.
El órgano de gobierno del CGPJ entendió entonces que un reparto masivo de este tipo de litigios a todos los órganos judiciales de la primera instancia civil podría comprometer la capacidad de éstos para dar salida al resto de los asuntos de otra naturaleza, a pesar de que el Real Decreto-Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo solucionará por vía extrajudicial parte de estos conflictos.
Se prevé que la puesta en marcha del plan de urgencia, aún en tramitación a la espera de recibir los informes de los 17 Tribunales Superiores de Justicia, se produzca en torno al próximo 1 de junio, según confirmaron a Europa Press en fuentes del CGPJ.
Asimismo, el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el CGPJ podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que determine que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos; siempre con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia.
EXPANSIÓN.COM 26/05/2017
El Gobierno da luz verde a la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo
El Gobierno ha aprobado hoy el real decreto que regula la comisión de seguimiento de las cláusulas suelo.
El Gobierno ha aprobado la comisión de seguimiento de las cláusulas suelo y el nombramiento del nuevo responsable del Cifas de las Fuerzas Armadas.
El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto por el que se crea la Comisión de Seguimiento del mecanismo extrajudicial aprobado en enero para la devolución de las cláusulas suelo indebidas.
Este Real Decreto Ley fue aprobado en Consejo de Ministros a finales de enero para establecer el cauce extrajudicial para resolver las reclamaciones de los aproximadamente 1,5 millones de clientes afectados por estas cláusulas.
La Comisión se encargará de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España obtenida de las entidades. Semestralmente publicará un informe en el que se evaluará el grado de cumplimiento del mecanismo de reclamación, según ha indicado el Ministerio de Economía.
Para cumplir este objetivo, los bancos tendrán que remitir distintos datos: el número de solicitudes presentadas, desglosando las que han terminado con acuerdo o no, junto los motivos; el importe de las solicitudes presentadas; y el número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores.
Los bancos también deberán informar sobre el sistema que haya implantado para garantizar la comunicación previa a los consumidores, cuyo préstamo hipotecario tiene incluidas cláusulas suelo.
La Comisión, según ha indicado Economía, también podrá solicitar al Ministerio de Justicia información sobre procedimientos judiciales.
Por lo que respecta a la composición, la Comisión estará integrada por el subgobernador del Banco de España, que la presidirá; el secretario general técnico del Ministerio de Economía; un representante de Justicia; otro de Sanidad; un representante del Consejo de Consumidores y Usuarios; un representante del Consejo General de la Abogacía Española; un representante del Consejo General del Poder Judicial; y un miembro de la Asociación Hipotecaria Española, donde están representados los bancos.
Por otra parte, el Gobierno ha aprovechado el decreto para ampliar el plazo de constitución del fondo de reserva de las fundaciones bancarias que controlen entidades de crédito, desde los 5 años actuales prorrogables dos más mediante autorización del Banco de España, hasta 8 años ampliables uno más.
Los plazos cuentan desde que entró en vigor la Circular del Banco de España de junio de 2015. Además, hasta que el fondo de reserva alcance el importe objetivo, las fundaciones bancarias deberán destinar al mismo el 30% de los dividendos cobrados por las entidades de crédito, porcentaje que con anterioridad era del 50%.
"Ambas modificaciones permiten dar una cierta flexibilidad para dotar el fondo de reserva, sin mermar la finalidad principal de reforzar la solvencia de las antiguas cajas", justifica Economía.
Cambio en el reglamento del IVA
Por otro lado, el consejo ha aprobado un real decreto por el que se modifica el reglamento del IVA con el objetivo de facilitar la adaptación de los contribuyentes al nuevo sistema de Suministro Inmediato de Información (SII), introducido mediante real decreto el pasado 2 de diciembre, y que será de aplicación desde el próximo 1 de julio de este año.
8 de mayo 5DIAS
El auto del Tribunal Supremo aplica por primera vez la doctrina de la sentencia del TJUE sobre el arancel de los procuradores.
Se pronuncia sobre el cálculo del arancel del procurador en la condena en costas
Es la primera vez que lo valora tras la sentencia del TJUE de 8 de diciembre
Minutas de los procuradores
Además, el Supremo tiene también en cuenta lo establecido por el Tribunal Constitucional en cuanto a que, en caso de condena en costas, los tribunales no pueden moderar los derechos de este colectivo, establecidos en sus aranceles, ni fijarlos por comparación con los honorarios de otros profesionales.
Pero hay otro frente abierto que analiza en su auto el Alto Tribunal y en el que los procuradores afectados no salen o tan bien parados.
La ley establece que la cuantía global que percibe un procurador por un mismo asunto no puede exceder los 300.000 euros, una cuestión que da margen a la interpretación.La duda que se plantea es si ese tope se aplica de forma independiente en cada parte del proceso –lo que aumentaría el margen de ingresos para los procuradores- o si, por el contrario, debe considerarse que esos 300.000 euros es lo máximo que puede cobrar el colectivo para todo un asunto, independientemente de las diferentes fases del mismo y distribuyéndolo de manera proporcional en cada una de las instancias a las que se acuda.
Matiz importante
El matiz es importante ya que la empresa Colonial fue condenada en costas sólo por el recurso extraordinario por infracción procesal que se presentó ante el Supremo y no por todo el pleito. A juicio de la Sala, el término “asunto” es equiparable a un “litigio”, que comienza con la demanda y concluye con la sentencia firme o la resolución que pone fin al proceso de forma definitiva. Por tanto, lo que decide el auto de la Sala Primera, de manera muy novedosa, es distribuir el total de los 300.000 euros entre las actuaciones de primera instancia, segunda instancia y recursos extraordinarios.
Siguiendo este criterio, el pleno de la Sala Primera considera que por los recursos extraordinarios por infracción procesal lo máximo que podría cobrar el procurador sería un 35,3% del total de los 300.000 euros, es decir, 105.900 euros.
Pero además, en este supuesto concreto, el tribunal, atendiendo a las circunstancias del caso, reduce a la mitad la cuantía de lo que debe percibir cada uno de los procuradores, quedando fijadas las minutas finalmente en 52.950 euros (más IVA).

References: resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
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 artículo 98
 real decreto 
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 Real Decreto 
 real decreto 
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 resolución