Source: https://www.slideshare.net/siemprefmcientounopuntocinco/resolucion-80631685/1
Timestamp: 2018-09-19 19:36:13+00:00

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1. STJSL-S.J. – S.D. Nº 088/17.- --En la Ciudad de San Luis, a nueve días del mes de octubre de dos mil diecisiete, se reúnen en Audiencia Pública los Señores Ministros Dres. CARLOS ALBERTO COBO y - llamados a integrar los Dres. BEATRIZ AGUSTINA TARDIEU DE QUIROGA y NÉSTOR MARCELO MILÁN - Miembros del SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, para dictar sentencia en los autos: “RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN INC. 935/1: INC. ALIANZA ELE 935/17 AVANZAR y CAMBIEMOS POR SAN LUIS - P.A.S. 30-07-17 - RECURSO DE APEL. COMPR. DE NULID. CONST.” - IURIX ELE N° 966/17.- Conforme al sorteo practicado oportunamente, con arreglo a lo que dispone el artículo 268 del Código Procesal, Civil y Comercial, se procede a la votación en el siguiente orden: Dres. CARLOS ALBERTO COBO, BEATRIZ AGUSTINA TARDIEU DE QUIROGA y NÉSTOR MARCELO MILÁN.- Las cuestiones formuladas y sometidas a decisión del Tribunal son: I) ¿Es procedente el Recurso de Inconstitucionalidad planteado? II) En su caso, ¿Qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN, el Dr. CARLOS ALBERTO COBO, dijo: 1) Que en fecha 19/09/2017, tal como luce en EXP 313124/17, mediante actuaciones N° 7871547 y N° 7871548, los apoderados de la Alianza Transitoria AVANZAR y CAMBIEMOS POR SAN LUIS, interpusieron recurso de queja contra la sentencia dictada por el Tribunal Electoral Provincial de fecha 08/09/2017, por medio de la cual se les había denegado la admisibilidad del recurso extraordinario de inconstitucionalidad local. 2) Que en fecha 05/10/2017, en actuación N° 7981297 IURIX N° 313124/17, el Superior Tribunal hizo lugar al Recurso de Queja, y concedió el Recurso Extraordinario de Inconstitucionalidad Provincial, por la causal no reglada de arbitrariedad de sentencia, sin perjuicio de lo que se resolviere en definitiva (v. STJSL–S.J –S.I. N° 265/17). 1
2. 3) Antes de relacionar los agravios es conveniente tener presente los antecedentes procesales del recurso intentado, de los que surge que en el fondo se pone en cuestión la juridicidad de la decisión del Juez electoral que en fecha 09/09/2017 dispuso que la ALIANZA AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS dirima en elecciones internas (P.A.S. - Primarias Abiertas y Simultáneas) quienes serían los candidatos que representarían al frente en las elecciones generales. Apelado el pronunciamiento del Juez electoral, el Tribunal Electoral, en fecha 20/07/2017, resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar el resolutorio del a quo. Frente a ello, interpusieron recurso extraordinario de inconstitucionalidad local, que denegado, originó la presentación de la Queja que el Superior Tribunal admitió el 05/10/2017 (IURIX N° 313124/17 - STJSL–S.J.– S.I. N° 265/17 -actuación N° 7981297-). 4) Que, al fundar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad local los recurrentes calificaron a las decisiones jurisdiccionales antecedentes de violatorias de las garantías constitucionales consagradas en los arts. 43, 16 y 38 de la Constitución de San Luis y arts. 18, 16 y 38 de la Constitución Nacional, y de las normas convencionales de jerarquía constitucional conforme lo establecido por el arts. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; art. 10 DUDH, 25 PIDCP, arts. 16, 23, 24, 25, 29 y 32.2 CADH, 21 DUDH y 20 DADDH y por la causal de arbitrariedad. Criticaron que el voto de la mayoría haya minimizado los agravios al decir que ellos se habían circunscripto a criticar el particular estilo del juez electoral; pues lo que se había cuestionado era que en la resolución del juez electoral se había desconocido el derecho aplicable, que se había apartado de las constancias de la causa, que había inventado todo un relato de la audiencia que no surge de las Actas obrantes en autos y que ha violado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de su parte, concluyendo una audiencia de conciliación, con el renunciamiento de unos derechos y el reconocimiento de otros, cuando jamás se manifestó lo primero ni lo segundo, según expresaron. 2
3. Puntualizaron que el Juez electoral, en seguimiento de lo ordenado por el Tribunal Electoral en fecha 02/07/2017, sólo debía decidir sobre el planteo de los Dres. Quevedo y Agúndez, que se limitaba a cuestionar la constitucionalidad del Acta de fecha 8 de junio de 2017, suscripta por todos los presidentes de los partidos que integran la Alianza, pero, en cambio, se extralimitó y excediendo la materia sometida a su decisión e ignorando la ley aplicable al caso, N° XI-0965-2017, decidió forzar a la lista de los recurrentes a participar de las P.A.S. cuando no había otra lista oficializada por la Junta Electoral Partidaria con la cual confrontar. Reprocharon que el fallo que resolvió la apelación, en sus fundamentos, no haya tenido en cuenta que, como lo expresa el art. 11 de la Constitución Provincial, todos los habitantes gozan de los derechos y garantías constitucionales de conformidad con las leyes que reglamentan razonablemente su ejercicio, en el caso la ley N° XI-0965-2017; y al respecto destacaron que los sujetos a quienes se les estaría impidiendo el derecho a elegir y ser elegidos según el fallo de fecha 20/07/2017, efectuaron planteos sin siquiera acreditar su condición de afiliados, presentaron una lista plagada de vicios y ausente de avales, que rechazada por la Junta Partidaria, no fue recurrida dicha resolución. También se agraviaron de lo dicho por el Tribunal Electoral respecto del acta de fecha 08/06/2017, suscripta por los Presidentes de todos los partidos integrantes de la alianza transitoria, en cuanto en el voto mayoritario se advirtió que aquella contiene un vicio que la torna inoponible, pues el presidente de la Unión Cívica Radical no estaba autorizado a suscribir un acta de ese tenor, puesto que sólo lo hubiera podido hacer válidamente si hubiese tenido autorización previa de la Convención Provincial de la U.C.R., que es el órgano superior del partido y único que puede otorgar esa facultad al Presidente, art. 68 y 84 inc. f) y m) de la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical – Distrito San Luis. Replicaron que el presidente de la U.C.R. estaba debidamente facultado a suscribir el Acta del 8 de junio de 2017 en la que se decidió llegar –a partir del debate interno- a la conformación de una lista de consenso y presentar una lista única, para no participar de una contienda (P.A.S) que por definición no era obligatoria. 3
4. Agregaron como hipótesis argumental, que si aun en el caso de que el presidente de la U.C.R. no hubiera estado autorizado por las autoridades de su partido, la decisión adoptada por cuatro de los presidentes de los partidos que integraban la Alianza es válida y está vigente, porque el acuerdo constitutivo de la Alianza Transitoria, reconocido judicialmente en la cláusula 3° establece que la conducción de la Alianza está a cargo de la Mesa Ejecutiva, conformada por los presidentes de cada uno de los partidos políticos que constituyen el frente, y que las decisiones se adoptan por mayoría especial de cuatro miembros de la Mesa Ejecutiva. Especificaron que en el particular caso de la U.C.R., sesionó la Convención Partidaria que aprobó la Alianza Transitoria, y un Comité Ejecutivo Provincial –autoridad de representación partidaria- que, por unanimidad estableció la forma de selección de candidatos; y que en el Acta del Comité Ejecutivo se resolvió confirmar la voluntad de no participar de las elecciones primarias, abiertas y simultáneas convocadas por el Ejecutivo provincial, y se instruyó al Presidente a concertar con las diferentes líneas internas una lista unidad para las elecciones generales, por lo que el presidente de la U.C.R. estaba facultado para suscribir el acta del 08/06/2017 en representación de su partido, según concluyeron. Frente al argumento del Tribunal Electoral que valoró como prematura la finalización de la posibilidad de participación en el ámbito de la U.C.R., pues la Alianza manifestó que el 8 de junio la Mesa Ejecutiva había resuelto no participar en las P.A.S., cuando, teniendo en cuenta el cronograma electoral, el plazo de presentación de interesados ante las juntas electorales partidarias para participar en la pre-elección de los candidatos vencía el 10 de junio a las 24 hs; contrareplicaron que tal decisión no puede ser ponderada como prematura o anticipada, pues la ley provincial que convocó a las P.A.S., eliminó la obligatoriedad de participar en las mismas a los partidos, agrupaciones o frentes electorales que deseasen participar en las elecciones generales, y que así lo decidiesen a través de sus órganos. En consecuencia, la decisión de no participar en las P.A.S. podía ser adoptada y comunicada en cualquier tiempo, sin que exista posibilidad de “prematurez” o “anticipación”.- 4
5. Sobre el mismo asunto, mas bajo otro enfoque, acusaron al fallo de dispensar un tratamiento desigual al recibido en situación análoga por la Alianza Frente Unidad Justicialista, que habiendo decidido llevar lista única, obtuvo reconocimiento y aprobación del acuerdo constitutivo en fecha 06/06/2017, es decir ocho días antes del 14/06/2017, y jamás se puso en tela de juicio su anticipación o prematurez. Desde otra línea argumental dijeron que la supuesta anticipación, en nada perjudicó a la lista que integran los Dres. Agúndez y Quevedo, en atención a que la lista que integran fue recepcionada por la Junta Electoral (partidaria), se les permitió presentarse como precandidatos a cargos electivos provinciales y municipales a través de la lista N° 83 “Comité Presidente Raúl Alfonsín”, aunque no fue oficializada por adolecer de errores no subsanables. Añadieron que la resolución que rechazó la oficialización de la lista 83, fue consentida por Agúndez y Quevedo, atento a que nunca recurrieron la resolución ante la autoridad partidaria -Junta Electoral- único órgano competente para entender sobre oficialización de precandidaturas. Además de ello, dijeron que el Tribunal Electoral omitió pronunciarse sobre cuestiones conducentes y esenciales para la resolución de la causa, a saber: Omitió analizar y meritar que en el único planteo de Agúndez y Quevedo, estos nunca acreditaron su interés legítimo ni su carácter de afiliados, menos aún la de los precandidatos de su lista; además de que en su presentación no indicaron ninguna vinculación con la lista denominada “Comité Presidente Raúl Alfonsín”, y sólo se presentaron a título personal a plantear cuestionamientos exclusivamente sobre el acta del 8 de junio de 2017, suscripta por los presidentes de los partidos del Frente. Jamás consideró el Tribunal Electoral que Agúndez y Quevedo nunca acreditaron la existencia de un interés “especial” o “directo”, “inmediato”, “concreto” o sustancial” que permita tener por configurado un “caso contencioso”, ni que tengan legitimación activa, ni qué perjuicio concreto les causa la actuación de las autoridades partidarias. 5
6. Omitió considerar que no se ha cumplido con el deber legal que impone la ley de P.A.S. al juez electoral de pasar a control la única lista oficializada por la junta electoral partidaria, otorgar plazo para subsanar eventuales observaciones que se efectuaren, y proceder a su inmediato registro, ya que es la única lista oficializada por la Junta Electoral. Omitió atender a la circunstancia que las demás listas presentadas no fueron oficializadas por la Junta Electoral, sin que ninguno de los apoderados de las pretendidas listas interpusiera recurso alguno. En consecuencia la lista N° 83 no fue oficializada, por lo que mal puede la Justicia Electoral, en exceso de atribuciones, llevarlos a los recurrentes por la fuerza a una elección no obligatoria en la que se ha oficializado una sola lista. Omitió confrontar y valorar el Acta N° 3 de oficialización y proclamación de candidatos y la documental que fue reservada en Secretaría. Jamás meritó el voto mayoritario que los impugnantes tomaron conocimiento por la publicación en la página web pertinente de las resoluciones adoptadas por la Junta Electoral Partidaria, de las que surge la oficialización de una sola lista. Omitió valorar que la lista 83 fue rechazada por la Junta Electoral Partidaria, porque no presentó los avales exigidos por la cláusula 13 del Acuerdo Constitutivo, y los arts. 16 inc. h), 17, 18 y 19 del Reglamento Electoral, y porque no contó con la propuesta ni la aceptación ni fue suscripta por ninguno de los Presidentes y/o de los apoderados de los Partidos Políticos Miembros de la Alianza Transitoria, tal como lo exige la Cláusula 14 del Acuerdo Constitutivo. Eludió considerar la cuestión fundamental de que las P.A.S. no son obligatorias para los electores ni para los partidos. También que el Juez electoral haya decidido la realización de elecciones internas, cuando la Junta electoral sólo había oficializado una lista, esto es que no había otra parte para competir; estándole vedado a la justicia electoral sustituir el criterio de oportunidad o conveniencia política que es atributo exclusivo del partido político. Evadió meritar que de una audiencia de conciliación o mediación que intentó el avenimiento de las partes, fracasada la misma, jamás 6
7. pudo deducirse la renuncia o reconocimiento de derechos, tal como lo hizo el Juez Electoral. Rehusó considerar que se afectaron los derechos de todos los precandidatos que sí cumplieron con la ley y sus exigencias, por lo que han sido oficializados y proclamados como candidatos. Finalmente dijeron que no cabe hesitación respecto a que la sentencia impugnada incurre en las causales de arbitrariedad definidas por la Corte, pues según lo ya explicitado el pronunciamiento en cuestión carece de fundamentos, en tanto se sustenta en unas afirmaciones dogmáticas y otras erróneas y exhibe por lo tanto un fundamento sólo aparente que le resta toda fuerza de convicción, se aparta de las constancias de la causa, e ignora las alegaciones de las partes y el derecho aplicable, según valoraron. Hicieron reserva de ocurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citaron doctrina y jurisprudencia. 5) Que, ordenado el traslado de rito, este no fue contestado, tal como consta en el informe de secretaría obrante a fs. 44, por lo que se le dio por perdido el derecho dejado de usar a fs. 45. 6) Que en fecha 07/10/17, mediante actuación N° 7991103, emitió dictamen la Procuradora General Subrogante, quien dijo en lo esencial que: “…del análisis de las presentes actuaciones no surge cuál es el interés jurídico que fundamenta la presentación…”; y que “…los recurrentes no explican de qué modo la sentencia recurrida produce un perjuicio a la lista que representan, sino que sólo se limitan a manifestar su discrepancia con lo resuelto por el a quo…”, por lo que “…no advirtiendo en la Sentencia del Tribunal Electoral de fecha 20 de julio del corriente la arbitrariedad alegada por los presentantes…”, propició el rechazo del recurso. 7) Que examinandas las constancias de la causa ELE 935/17 “ALIANZA AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS – P.A.S 30-07-17 Y ELECCIONES GENERALES 22-10-17 – II CUERPO”, se advierte que tanto la sentencia dictada por el Juzgado Electoral, como así también el fallo confirmatorio emanado del Tribunal Electoral Provincial han incurrido en causales de 7
8. arbitrariedad, al haberse apartado de la normativa legal vigente y omitido el tratamiento de cuestiones esenciales para la resolución de la causa. En efecto, sabido es que los principios, garantías y derechos reconocidos expresa o virtualmente por la Constitución Nacional no son absolutos sino que se gozan conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (Cfr. Fallo CNE Nº 675/89 y Fallos CSJN T.199; 149-483: 200: 450: 249: 252: 262: 205 y otros), principio sostenido de forma pacífica en la doctrina y en reiterada jurisprudencia. El propio art. 37, por su parte, al garantizar el "pleno" ejercicio de los derechos políticos con arreglo al principio de soberanía popular lo refiere a "las leyes que se dicten en consecuencia" (C.N.E., FALLO Nº 2534/99 "De la Vega, Carlos Alberto s/acción de amparo", Expte. Nº 3093/99).- En el caso que se analiza, la alianza electoral transitoria "AVANZAR y CAMBIEMOS POR SAN LUIS" quedó conformada mediante Acta Constitutiva de fecha 30 de mayo de 2017, obteniendo luego el reconocimiento del Juzgado Electoral mediante Sentencia Interlocutoria Nº 12/17 de fecha 8 de junio de 2017 (fs. 119/120) con fundamento en el art. 12 de la Ley de Partidos Políticos Nº XI-0346-2004, sin que la misma haya merecido cuestionamiento por ninguna de las partes en conflicto, encontrándose firme y consentida.- En dicho resolutorio, el Juez Electoral tuvo por cumplidos los requisitos exigidos por el art. 2 de la Ley Nº XI-0838-2013, entre los cuales se destaca que las cartas orgánicas de los respectivos partidos autoricen la realización de la alianza electoral, que la misma haya sido decidida por los organismos competentes de cada partido; como así también, acompañar el texto de la plataforma común y designar apoderados comunes (fs. 41/69).- Con respecto a las cláusulas que forman parte del acta constitutiva de la alianza (fs. 1/6) puede apreciarse que los partidos políticos que la integran acordaron que la conducción quedaría a cargo de una Mesa Ejecutiva, conformada por los presidentes de cada partido, o los apoderados en su defecto y que las decisiones se adoptarían por mayoría especial de cuatro miembros de la mesa ejecutiva (cláusula 3ª).- Asimismo, se dispuso la constitución de la Junta Electoral, la sede o lugar de funcionamiento de la misma y el medio por el cual se realizaría la 8
9. publicación de sus decisiones (cláusulas 11ª y 12ª). También se estableció que los candidatos para las elecciones primarias debían ser propuestos y aceptados por los partidos constituyentes y/o los apoderados del Frente (cláusula 14ª).- Cabe concluir, entonces, que las disposiciones reseñadas precedentemente como así también el resto de las cláusulas y condiciones que integran el Acta Constitutiva de la Alianza han adquirido valor legal y, por ende, resulta obligatorio su cumplimiento por los partidos políticos que la suscribieron y sus respectivos afiliados.- En este mismo sentido, la Cámara Nacional Electoral en situaciones similares ha resuelto que el acuerdo constitutivo de la alianza “es de base contractual y por lo tanto, jurídicamente de cumplimiento obligatorio para las partes que han prestado libremente el acuerdo de voluntades de cuyo contenido resulta el derecho que los rige’ (Cfr. Fallos CNE 376/87). Por ello, en circunstancias de la naturaleza examinada, ‘el acuerdo convenio no puede ser alterado unilateralmente por ninguna de las partes ni por terceros ‘res inter alios acta’, debiendo garantizarse el cumplimiento de la voluntad de los partidos que componen esa alianza reconocida con plataforma electoral común (...). Lo contrario importaría desconocer la forma acordada de voluntades’ (cf. Fallos CNE 181/85). No es ocioso recordar que el Tribunal expuso recientemente que “son los propios partidos los que, al concurrir a la conformación de la coalición, voluntariamente convienen -dentro del marco legal- las reglas a que se sujetará su actuación” (Cfr. Fallos CNE 4017/08 y 4070/08)” (C.N.Electoral FALLO Nº 4211/2009 ‘Golfredi Humberto L. (Apoderado del ‘Partido Laborista de Buenos Aires’) y Bosque Jorge Luis (Apoderado del ‘Movimiento Vecinalista Provincial’) s/apelación de resoluciones de fs. 284 y 310/311 vta. en autos ‘Alianza Acuerdo Cívico y Social s/solicita reconocimiento’, Expte. N° 4662/09 23/06/2009; C.N.E. FALLO Nº 4208/2009, "Mennucci Luis Ricardo (apoderado alianza ‘Consenso Federal’) s/apela resolución de fs. 167/168 en autos Letra ‘A’, Nº 12, Año 2009 caratulados alianza ‘Frente Radical Socialista’ s/solicita reconocimiento”, Expte. Nº 4673/09).- Luego de conformada esta alianza electoral transitoria, la “Mesa Ejecutiva” del frente Avanzar Cambiemos por San Luis, como órgano de 9
10. conducción de la misma, decidió mediante acta de fecha 8 de junio de 2017, la no presentación en las elecciones P.A.S. fijadas para el día 30 de julio de 2017 y la conformación de una lista única (fs. 124).- Contra esa decisión se presentan en autos los Dres. Jorge Alfredo Agúndez y Horacio F Quevedo en su carácter de abogados (fs. 128/129) expresando “que la resolución del frente citado es errónea y violatoria del principio general de la participación de los ciudadanos para elegir y ser elegidos, norma que por otra parte, tiene jerarquía constitucional en el art. 38 de la CN, art. 38 de la CP y art. 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Por otra parte siendo la UNIÓN CÍVICA RADICAL integrante de la ALIANZA AVANZAR CAMBIEMOS POR SAN LUIS, de acuerdo con lo resuelto por la Honorable Convención Provincial, órgano máximo de la UCR el 25/5/2017, no resulta válido que el apoderado de la UCR firme la presentación mencionada en el punto 1, toda vez que la convención provincial resolvió conformar la Alianza electoral mencionada, pero de ningún modo, resolvió que la Alianza no participaría en las PAS. En consecuencia, lo llevado a conocimiento de V.S. es erróneo al referirse que no son obligatorias las elecciones, toda vez que debe interpretarse que no son obligatorias pero para el elector. Las demás consideraciones consignadas carecen de toda fundamentación para suplir el medio idóneo para definir candidaturas. Es absolutamente insustancial lo esgrimido que no podrá conmover lo establecido en la norma de jerarquía constitucional, como tampoco las normas legales en la materia”.- En realidad, la norma legal invocada como fundamento de la impugnación no establece la participación obligatoria de los partidos políticos en las elecciones P.A.S. El art. 1º de la Ley N° XI-0965-2017 dispone expresamente: “Establecer en el ámbito de la provincia de San Luis el Régimen de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas para la selección de precandidatos a cargos públicos electivos para todos los partidos políticos, frentes y alianzas electorales… Dichas elecciones no son obligatorias para los partidos políticos, frentes y alianzas electorales… La emisión del sufragio no será obligatorio”.- Queda en evidencia, entonces, como ya lo anticipé al inicio, que la sentencia dictada con fecha 9 de julio de 2017 (fs. 276/278vta. Expte. N° 10
11. ELE N° 935/17) se ha apartado de la solución normativa del caso; constituyendo ello una de las causales de arbitrariedad elaborada por la jurisprudencia de Corte Suprema de la Nación (Fallos, 237:349; 239:10; 239:204; 261:223, entre otros).- A ello cabe agregar que la simple participación en una audiencia de conciliación y la buena voluntad manifestada para tratar de llegar a un avenimiento, no puede admitirse con valores confesorios en relación a los dichos del impugnante totalmente apartados de la legislación vigente. No pudiendo el juez interviniente remitir la solución del diferendo a unas elecciones no obligatorias.- De manera tal que, no estando cuestionada la constitución de la alianza ni los estatutos que la misma se dio, la decisión de llevar una lista única podía ser adoptada con la mayoría de cuatro miembros de quienes participaban de la Mesa Ejecutiva de la Alianza, razón por la cual los problemas internos que pudieran surgir en un partido no podían afectar la decisión mayoritaria de llevar una lista de consenso.- Sin perjuicio de ello, también se aprecia que lo actuado por el representante de la Unión Cívica Radical en la decisión adoptada por la Mesa Ejecutiva fue ratificado por el Comité Ejecutivo de ese partido mediante acta de fecha 9 de junio de 2017 que consta agregada a fs. 253/254.- Cabe mencionar que de acuerdo a lo que surge de la Carta Orgánica Partidaria (v. fs. 58 vta., fs. 61 y vta) el Comité Ejecutivo de la Unión Cívica Radical es uno de sus órganos de gobierno (art. 68) y dentro de sus atribuciones (art. 92) se encuentra precisamente: cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Convención Provincial (a), ejercer la dirección y conducción general del partido (d), y celebrar alianzas con otros partidos Políticos con fines electorales (w).- Ahora bien, de acuerdo con lo informado por la Junta Electoral de “Avanzar y Cambiemos por San Luis” y las constancias documentales que acompaña a fs. 187/192, al momento de cumplirse el plazo de presentación de los precandidatos de la alianza (10/06/2017) se presentaron dos listas: por un lado, la lista ‘Consenso y Unidad por San Luis’ y, por otro, la ‘Lista Nº 83 Comité Presidente Raúl Alfonsín’, aunque esta última fue rechazada mediante Acta de 11
12. Oficialización Nº 2 de fecha 12 de junio de 2017 por no contar con la propuesta ni la aceptación de ninguno de los Presidentes de los Partidos Políticos Miembros de la Alianza Transitoria ni de ninguno de los apoderados de la misma Alianza Transitoria, incumpliendo así la previsión de la cláusula 14 del referido acuerdo constitutivo. Asimismo se le imputó la falta de presentación de avales como era exigido en el artículo 16 del Reglamento Electoral de la Alianza, aprobada por la cláusula 13 del acta constitutiva.- En esa misma fecha la Junta Electoral Partidaria también dispuso oficializar la lista ‘Consenso y Unidad por San Luis’ mediante Acta de Oficialización Nº 3 por ser la única que cumplió con los requisitos exigidos por la Ley, el Acta Constitutiva y el Reglamento Electoral.- Con respecto al cumplimiento de los recaudos previstos a los fines de la oficialización de listas ante las juntas electorales partidarias, la Cámara Nacional Electoral, ha tenido oportunidad de expedirse en fecha reciente, haciendo hincapié en la perentoriedad de los plazos y la necesidad de tomar los recaudos pertinentes para cumplir las diversas exigencias estipuladas.- Concretamente ha resuelto: “este Tribunal reiteradamente ha explicado que razones de seguridad jurídica, que constituyen el sustento de la perentoriedad de los plazos, imponen un momento final para el cumplimiento de ciertas obligaciones, pasado el cual y sin extenderlo más, se generan consecuencias a las que no puede obstar la circunstancia de que tales obligaciones se hayan satisfecho, aun instantes después, pues lo contrario importaría dejar librado al juez de la causa la definición de un plazo que está fijado legalmente y que es, por lo tanto, indisponible”. (cf. Fallos 289:196; 296:251; 304:892; 307:1016; 316:246; 318:1112; 326:3895 y 329:326). Ello generaría, además, situaciones de desigualdad inadmisibles en las decisiones judiciales, con la consiguiente inseguridad ante la falta de límites precisos (cf. Fallos CNE 3256/03; 3349/04; 3378/04; 3417/05; 3498/05; 3499/05; 3542/05; 3551/05; 3555/05; 3557/05; 3730/06, entre otros más). Con particular referencia al ordenamiento electoral, se ha precisado que éste presenta singulares características –que hacen a la dinámica de los procesos comiciales- a las cuales deben ajustarse las actuaciones de las partes. Así, se ha sostenido que el 12
13. tratamiento procesal de los asuntos de derecho público electoral no es siempre asimilable al que rige los de derecho privado, ni aun siquiera los de derecho público que no están sometidos a un cronograma rígido con plazos perentorios e improrrogables, sujetos todos ellos a una fecha límite final, la de la elección (cf. Fallos CNE 3555/05; 3558/05; 3559/05; 3560/05; 3565/05; 3596/05, entre otros) (cfr. “Incidente de Somos Corrientes en autos Somos Corrientes s/reconocimiento de alianza electoral – elecciones P.A.S.O. 13/08/2017 y elecciones generales nacionales 22/10/2017” (Expte. Nº CNE 5316/2017/1/CA1); en el mismo sentido C.N.E., “Incidente de Cambiemos en autos Cambiemos s/reconocimiento de alianza electoral”, Expte. N° CNE 5259/2017/1/CA1; FALLO N° 2348/97, "Fonrouge Alberto M. s/acción de amparo", Expte. N° 2943/97).- Posteriormente y conforme lo autoriza el art. 3 de la Ley XI- 0965-2017, la Junta Electoral Partidaria procedió a la publicación de estas dos resoluciones en el sitio web previsto en la cláusula 12ª del Acta Constitutiva, con lo cual el plazo para apelar estas decisiones ante la Justicia Electoral venció el día 14 de junio de 2017, sin que exista en autos constancia alguna de que se haya deducido recurso alguno en su contra (art. 12, LEY XI - 0838 - 2013).- En definitiva, le asiste razón a los recurrentes al sostener que tanto el rechazo de la ‘Lista Nº 83 Comité Presidente Raúl Alfonsín’, como la oficialización de la lista ‘Consenso y Unidad por San Luis’ se encuentran firmes y consentidas al haber precluído el plazo para impugnarlas. Y, teniendo en cuenta que solo pueden ser registrados como candidatos aquéllos que resultaren oficializados por las juntas electorales partidarias, es claro que en este caso el Juez Electoral no podía apartarse de tales resoluciones (cfr. C.N.E., FALLO Nº 1515/93, "Nasta, Myrta Nieve, afiliada Partido Justicialista dto. Entre Ríos s/presentación", Expte. Nº 2227/93; FALLO Nº 961/91, "Caimari, Hugo O. s/solicita nulidad de elecciones del Partido Intransigente y se dicte medida de no innovar", Expte. Nº 1658/90; en el mismo sentido: Fallos CNE 3504/05, 3505/05, 3506/05 y 3507/05).- Por todo lo expuesto, oída la Procuradora General Subrogante, advierto configurada en la especie la causal de arbitrariedad alegada, en razón de que el voto mayoritario del Tribunal Electoral no constituye derivación razonada 13
14. del derecho vigente (Fallos: 238:550, 318:920, 322:2880), y, en consecuencia, los fundamentos dados en la sentencia cuestionada son meramente aparentes (Fallos: 312:1635 y 1953, 313:751, 315:119), pues se ha resuelto contra o con prescindencia de lo expresamente dispuesto por la ley respecto del caso (Fallos: 207:72). 8) Sin mengua del razonamiento jurídico desarrollado hasta aquí, creo que se impone hacer dos puntualizaciones en relación a la actuación de los apoderados de la lista N° 83 Comité Presidente Raúl Alfonsín, la primera; y a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de La Nación, según Resolutorio CSJ 1750/2017/RH1, de fecha 04/10/2017, la segunda. En lo que respecta a lo primero, no puedo dejar de resaltar el contraste que surge de la invocación de la amplia trayectoria partidaria y electoral de los profesionales que representan a la lista 83 (v. foja 21vta. Expte. N° INC 935/1), de una parte, con la endeble actuación de los mismos en el proceso de oficialización de listas, y en la posterior etapa recursiva. Ejemplo de lo primero es la omisión de actividad recursiva idónea y temporánea en relación a la decisión de la Junta Electoral Partidaria que rechazó su lista de candidatos; y de lo segundo, la omisión de contestar el traslado del recurso extraordinario de inconstitucionalidad local, tal como fue relatado en el considerando 5); ello sin contar con lo argüido por los apoderados de la lista en la presentación de fs. 128/129, Expte. N° ELE 935/17, en cuanto interpretaron que las elecciones P.A.S. no eran obligatorias sólo para los electores, lo que se da de bruces con la literalidad del art. 1°) de la ley que las convocó N° XI-0965-2017, tal como lo he explicitado en el desarrollo que antecede. En relación al Resolutorio de la Corte Suprema N° CSJ 1750/2017/RH1, de fecha 04/10/2017, en el que puntualiza que el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia ha demorado en resolver el recurso de queja que la Alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis había deducido ante la denegatoria del recurso extraordinario de inconstitucionalidad local, y en el que intima para que el Superior Tribunal arbitre los medios necesarios para que las partes puedan obtener una sentencia definitiva en tiempo útil (punto II del Resolutorio referenciado), se impone destacar que tanto el Superior Tribunal de 14
15. Justicia como el Tribunal Electoral Provincial han resuelto tempestivamente todos los recursos y presentaciones, lo que ya se informó desde Secretaría Judicial del STJ a la Excelentísima Corte Suprema, a través del Secretario Letrado Juan F. Galmarini, con detalle preciso de la fecha en que se resolvieron las presentaciones de los interesados. Que, por ello, una “conminación” como la realizada por la Corte, sin dejar de ser llamativa, resulta ofensiva a la investidura de éste Cuerpo en tanto resulta casi una intromisión en las decisiones que deben adoptarse en una cuestión de índole Provincial por las autoridades judiciales constituidas con arreglo a las leyes y a la Constitución de la Provincia, en particular en lo que respecta a la actuación y competencia del Superior Tribunal. No puedo soslayar que dicha actuación del Tribunal Cimero de la República lesiona principios básicos del sistema republicano, en cuanto avanza sobre las competencias y autonomías provinciales, atribuidas constitucionalmente. En consecuencia, VOTO a la primera cuestión por la AFIRMATIVA.- El Sr. Ministro, Dr. NÉSTOR MARCELO MILÁN, comparte lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. CARLOS ALBERTO COBO en los considerandos 1 a 7 y vota en igual sentido a esta PRIMERA CUESTIÓN.- A ESTA PRIMERA CUESTIÓN, la Dra. BEATRÍZ AGUSTINA TARDIEU DE QUIROGA, dijo: 1) Que por la resolución impugnada a través del recurso extraordinario, el Tribunal Electoral Provincial decide confirmar una decisión del juez electoral de fecha 9/7/17 que dispuso la realización de las internas P.A.S. de las que surjan de modo democrático los elegidos para representar a la alianza Avanzar y Cambiemos por San Luis. Dicha resolución se adoptó por mayoría en base a los siguientes fundamentos: la constitución de la Alianza Transitoria es un acto indiscutido pero al complementarse ese acuerdo con un acta en la que se fijaron otros compromisos como la participación en las elecciones generales con una lista única por consenso cancelando la posibilidad de elegir candidatos por medio de internas se comprometieron los derechos esenciales en el orden de 15
16. participación política democrática y los representantes del Partido Unión Cívica Radical excedieron sus facultades por no contar con la debida autorización de la Honorable Convención Provincial; a lo que se suma la prematuridad con que se dio por finalizada la posibilidad de participación en el ámbito de la U.C.R..- En el voto minoritario se postuló la nulidad de las audiencias celebradas y sentencia dictada a fs. 276/278 del expediente principal; entrando luego al análisis de los pasos legales seguidos desde la convocatoria a elecciones y concluyendo que la oficialización de una sola lista por parte de la Junta Electoral se encuentra firme y consentida, ya que “no puede restársele poder a las decisiones internas de un partido, so pretexto de que se viola el derecho de ser elegido, cuando en el caso en examen… el conflicto parte del actuar negligente y desinteresado de los pretensos candidatos Dres. Agúndez, Quevedo y su comité Raúl Alfonsín, justamente en el ejercicio de tal derecho constitucional”.- 2) Sostienen los recurrentes por la vía extraordinaria: a) Que se han minimizado sus agravios por cuanto la audiencia de conciliación fue una verdadera trampa y el juez ha excedido la materia sometida a su resolución ignorando la ley Nº XI–0965-2017 aplicable al caso y forzando a su lista a participar de las P.A.S. cuando no había otra lista oficializada por la Junta Electoral Partidaria y el Comité Presidente Alfonsín había consentido la decisión. b) Que de acuerdo al art. 38 Const. de la Provincia las candidaturas son nominadas exclusivamente por los Partidos Políticos (en el caso la Alianza integrada por cinco partidos). c) Se ha desconocido la sentencia de reconocimiento de la Alianza, su acuerdo constitutivo y las normas que regulan su funcionamiento, como así la ley 965-2017. El Dr. José Riccardo estaba debidamente facultado a suscribir el acta del 8 de junio del 2017, pues la Convención Partidaria aprobó la Alianza Transitoria y el Comité Ejecutivo Provincial confirmó la voluntad de no participar de las elecciones primarias abiertas y simultáneas, instruyendo al Presidente a concertar con las diferentes líneas internas una lista unidad. Sin perjuicio de ello conforme la cláusula tercera del Acuerdo Constitutivo de la Alianza las decisiones se adoptarán por mayoría especial de cuatro miembros de la Mesa Ejecutiva, por lo que la efectuada es válida y está vigente. d) En el caso del Frente Unidad Justicialista la decisión de 16
17. llevar lista única fue aprobada el 6 de junio del 2017, y no se cuestionó que sea prematuro. O son legales ambas decisiones o no lo es ninguna. e) Se ha violado el art. 1 de la ley XI-0965-2017 que establece que las P.A.S. no son obligatorias para los partidos, frentes o alianzas. f) La lista Nº 83 no fue oficializada por la Junta Electoral Partidaria y los Dres. Agúndez y Quevedo nunca recurrieron esa resolución. Han ejercido su derecho a presentar lista de precandidatos sin obstrucción alguna, pero no cumplieron los requisitos establecidos lo que originó el rechazo. Transcriben el voto minoritario y hacen suyos sus argumentos; y luego señalan las omisiones de tratamiento en que ha incurrido el Tribunal Electoral, a saber: que los Dres. Agúndez y Quevedo se presentaron a título personal sin acreditar un interés legítimo, que a la lista no oficializada le faltaban avales, que se incluyeron candidatos extrapartidarios que necesitan de aprobación por mayoría especial sin cumplir este requisito, que las decisiones de la Alianza se adoptan por mayoría especial de cuatro miembros de la Mesa Ejecutiva; no se ha pasado a control la única lista oficializada por Alianza, ni dado plazo para subsanar eventuales observaciones ni ordenado su registro; el único órgano competente para oficializar listas es la Junta Electoral Partidaria; que la lista Nº83 no presentó avales en tiempo y cantidad suficientes; que 23 de los 51 precandidatos de la lista Nº83 no se encuentran afiliados a la Unión Cívica Radical ni a ningún partido que integre la Alianza; que como la Junta Electoral sólo había oficializado una sola lista no había otra para competir; que de las actas de fs. 269 y vta. y 270 y vta. no puede deducirse renuncia o reconocimiento de derechos; no puede la justicia electoral inmiscuirse en la vida partidaria. Fundamentalmente se ha omitido considerar los derechos de todos los precandidatos que sí cumplieron con la ley y sus exigencias y que fueron proclamados como tales por la Junta Electoral Partidaria. El derecho a elegir y ser elegidos debe ejercerse en condiciones de igualdad ante la ley y no ser objeto de discriminaciones arbitrarias, pidiendo en consecuencia se mande registrar la lista Consenso y Unidad por San Luis. 17
18. Corrido el traslado pertinente a la lista Nº 83 ésta no contesta el mismo. 3) En su oportunidad, la Procuradora General Subrogante, por actuación Nº 7991103, de fecha 07/10/17, al emitir su dictamen dijo en lo esencial que: “…del análisis de las presentes actuaciones no surge cuál es el interés jurídico que fundamenta la presentación…”; y que “…los recurrentes no explican de qué modo la sentencia recurrida produce un perjuicio a la lista que representan sino que sólo se limitan, a manifestar su discrepancia con lo resuelto por el a quo…”, por lo que “…no advirtiendo en la Sentencia del Tribunal Electoral de fecha 20 de Julio del corriente la arbitrariedad alegada por los presentantes…”, se expidió por el rechazo del recurso. 4) Del análisis del recurso interpuesto se desprende que en definitiva lo que se cuestiona es el apartamiento de la solución normativa prevista para el caso, apartamiento de las constancias de la causa y omisión de pronunciamiento sobre cuestiones que se estiman esenciales.- Corresponde en consecuencia determinar en primer término cuál es el caso sometido a decisión judicial. El mismo emerge sin hesitación de la presentación de fs. 128/129, donde los Dres. Agúndez y Quevedo invocando su carácter de abogados de la matrícula, expresaron: “que la resolución del frente citado es errónea y violatoria del principio general de la participación de los ciudadanos para elegir y ser elegidos, norma que por otra parte, tiene jerarquía constitucional en el art. 38 de la CN, art. 38 de la CP y art. 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos. Por otra parte siendo la UNIÓN CÍVICA RADICAL integrante de la ALIANZA AVANZAR CAMBIEMOS POR SAN LUIS, de acuerdo con lo resuelto por la Honorable Convención Provincial, órgano máximo de la UCR el 25/5/2017, no resulta válido que el apoderado de la UCR firme la presentación mencionada en el punto 1, toda vez que la convención provincial resolvió conformar la Alianza electoral mencionada, pero de ningún modo, resolvió que la Alianza no participaría en las PAS. En consecuencia, lo llevado a conocimiento de V.S. es erróneo al referirse que no son obligatorias las elecciones, toda vez que debe interpretarse que no son obligatorias pero para el elector. Las demás consideraciones consignadas carecen de toda 18
19. fundamentación para suplir el medio idóneo para definir candidaturas. Es absolutamente insustancial lo esgrimido que no podrá conmover lo establecido en la norma de jerarquía constitucional, como tampoco las normas legales en la materia” La respuesta al planteo formulado surge con claridad del art. 2 de la ley N° XI–0965-2017 en cuanto modifica el art. 1 de la ley Nº XI-0838-2013 de la siguiente manera: “Régimen Electoral: Establecer en el ámbito de la Provincia de San Luis el Régimen de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas para la selección de precandidatos a cargos públicos electivos…- Dichas elecciones no son obligatorias para los partidos políticos, frentes y alianzas electorales.-… La emisión del sufragio no será obligatoria”.- Es decir que según texto legal expreso el planteo de que la falta de obligatoriedad sólo se refería al sufragio deviene inadmisible.- Nada obsta por cierto a que el juez, con carácter previo a resolver, pueda convocar a audiencia con el objeto de tratar de acercar las posiciones de las partes a fin de llegar a un acuerdo que concilie las mismas. Pero, fracasado el intento, de lo que dan cuenta las actas respectivas, debía resolverse en consonancia con la normativa vigente pues aún en un supuesto extremo el valor de plena prueba que reviste la confesión sólo está referido a los hechos. Escapa a la competencia del Poder Judicial la modificación de la ley y la decisión de obligar a concurrir a elecciones primarias pues dicha decisión es facultativa para los partidos, frentes o alianzas. Lino Enrique Palacio, en su libro “El recurso extraordinario federal – Teoría y Técnica” al referirse al caso de las sentencias arbitrarias menciona como una de sus hipótesis el apartamiento de la solución normativa o de las constancias de la causa: “Dentro de esta categoría corresponde incluir las sentencias en las cuales conscientemente se deja de lado la aplicación de las normas jurídicas que rigen el caso… y las sentencias que comportan un inequívoco apartamiento de las constancias de la causa y de las alegaciones de las partes…” (pág. 232, Abeledo – Perrot – 1997). 19
20. Ambas hipótesis concurren en el sub-lite pues de los antecedentes reseñados se desprende que se ha fallado contra el texto normativo, interpretado erróneamente lo que emerge de las actas de audiencia y excedido el marco de la impugnación formulada.- A ello se agrega la circunstancia de que no habiéndose cuestionado la constitución de la Alianza ni el Estatuto de la misma, para adoptar la decisión de presentar una lista única de consenso era suficiente una mayoría de cuatro sobre los cinco integrantes de su mesa ejecutiva, motivo por el que entrar a analizar si el Dr. Riccardo tenía facultades suficientes a los fines de efectuar un acuerdo en tal sentido resulta innecesario pues bastaba la voluntad no discutida de los restantes cuatro representantes de los partidos que forman parte de la Alianza. La cláusula tercera del Estatuto, que es ley para los integrantes de la Alianza y que puede leerse a foja 1vta. del Expte. N° ELE 935/17, dice: “La conducción de “AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS” quedará a cargo de una MESA EJECUTIVA, la que se conforma en este acto por los presidentes de cada uno de los partidos políticos constituyentes del Frente, o los apoderados en su defecto. Las decisiones se adaptarán por mayoría especial de cuatro miembros de la mesa ejecutiva”. La consideración de esta cláusula era esencial y su omisión coadyuva también a calificar como arbitrario el decisorio recurrido. Por lo demás debe recordarse que si bien el derecho a elegir y ser elegido tiene raigambre constitucional, debe ejercerse conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. En tal sentido lo ha recordado la Cámara Nacional Electoral, en Fallo N° 2984/2001, cuando citando precedentes de la Corte Suprema, dijo “…no hay derechos absolutos, toda vez que la Constitución Nacional garantiza su goce conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio (Fallos 310:1045; 311:1132; 314:1202; 314:1376; 314:1531; 315:2804; 321:3542 y 322:2817, entre muchos otros) y que la Corte Suprema tiene dicho que es legítima, en particular, la reglamentación del derecho de asociarse con fines políticos (Fallos, 253:133 y 317:1195, voto del juez Fayt). 20
21. A LA SEGUNDA CUESTIÓN, el Dr. CARLOS ALBERTO COBO, dijo: Que en atención a lo votado en la cuestión anterior, corresponde: 1) Hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad planteado, por la causal no reglada de arbitrariedad, y en consecuencia anular, en cuanto ha sido materia de agravio, la resolución de primera instancia de fecha 09/07/17, obrante a fs. 276/278vta., en autos ALIANZA: “AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS” P.A.S. 30-07-17 Y ELECCIONES GENERALES 22-10-17 II CUERPO. EXPTE. ELE Nº 935/17, y su confirmatoria de fecha 20/07/17, dictada por el Tribunal Electoral Provincial a fs. 41/54 en autos: “INCIDENTE ALIANZA: “ELE 935/17 AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS”- P.A.S. 30-07-17 y ELECCIONES GENERALES 22-10-17 II CUERPO - RECURSO DE APELACIÓN COMPRENSIVO DE NULIDAD CUESTIÓN CONSTITUCIONAL” - Expte. Inc. Nº 935/1, y todos aquellos actos que fueren su consecuencia. 2) Ordenar que bajen las actuaciones para que el Juez Electoral Provincial proceda en el término de seis (6) horas a partir de la notificación de la sentencia en el buzón de correo electrónico, a oficializar la lista de candidatos presentada por la Alianza Avanzar Cambiemos por San Luis, denominada Consenso y Unidad. 3) Ordenar librar los oficios correspondientes para la notificación de este resolutorio al Juzgado Electoral de La Nación –distrito San Luis-, a la Secretaría Electoral de La Nación –distrito San Luis- y al Tribunal Electoral Municipal de la Ciudad de San Luis.- 4) Previo a la oficialización de la lista relacionada en el Punto I), el Juez Electoral Provincial, por Secretaría, deberá constatar el cumplimiento del cupo femenino, y certificado de no estar registrados los candidatos en el Registro de Alimentarios Morosos de la Provincia, y demás requisitos de ley habilitantes al efecto. 5) Hacer saber a las partes que el plazo para la eventual interposición de recursos extraordinarios federales y sus contestaciones será de 48 horas, según lo ordenado por la Corte Suprema en CSJ 1750/2017/RH1, de fecha 04/10/2017.- 21
22. 6) Disponer que todos los actos procesales y notificaciones deberán realizarse con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles.- ASÍ LO VOTO.- El Sr. Ministro, Dr. NÉSTOR MARCELO MILÁN, comparte lo expresado por el Sr. Ministro, Dr. CARLOS ALBERTO COBO y vota en igual sentido a esta SEGUNDA CUESTIÓN.- A ESTA SEGUNDA CUESTIÓN, la Dra. BEATRÍZ AGUSTINA TARDIEU DE QUIROGA, dijo: Que por los fundamentos expresados en mi voto a la primera cuestión, adhiero a la propuesta de resolución formulada por el preopinante. Con lo que se da por finalizado el acto, disponiendo los Sres. Ministros la Sentencia que va a continuación: San Luis, nueve de octubre de dos mil diecisiete.- Y VISTOS: En mérito al resultado obtenido en la votación del Acuerdo que antecede, SE RESUELVE: I) Hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad planteado, por la causal no reglada de arbitrariedad, y en consecuencia anular, en cuanto ha sido materia de agravio, la resolución de primera instancia de fecha 09/07/17, obrante a fs. 276/278vta., en autos ALIANZA: “AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS” P.A.S. 30-07-17 Y ELECCIONES GENERALES 22-10-17 II CUERPO. EXPTE. ELE Nº 935/17, y su confirmatoria de fecha 20/07/17, dictada por el Tribunal Electoral Provincial a fs. 41/54 en autos: “INCIDENTE ALIANZA: “ELE 935/17 AVANZAR Y CAMBIEMOS POR SAN LUIS”- P.A.S. 30-07-17 y ELECCIONES GENERALES 22-10-17 II CUERPO - RECURSO DE APELACIÓN COMPRENSIVO DE NULIDAD CUESTIÓN CONSTITUCIONAL” - Expte. Inc. Nº 935/1, y todos aquellos actos que fueren su consecuencia. II) Ordenar que bajen las actuaciones para que el Juez Electoral Provincial proceda en el término de seis (6) horas a partir de la notificación de la sentencia en el buzón de correo electrónico, a oficializar la lista de candidatos presentada por la Alianza Avanzar Cambiemos por San Luis, denominada Consenso y Unidad. 22
23. III) Ordenar librar los oficios correspondientes para la notificación de este resolutorio al Juzgado Electoral de La Nación –distrito San Luis-, a la Secretaría Electoral de La Nación –distrito San Luis- y al Tribunal Electoral Municipal de la Ciudad de San Luis.- IV) Previo a la oficialización de la lista relacionada en el Punto I), el Juez Electoral Provincial, por Secretaría, deberá constatar el cumplimiento del cupo femenino, y certificado de no estar registrados los candidatos en el Registro de Alimentarios Morosos de la Provincia, y demás requisitos de ley habilitantes al efecto. V) Hacer saber a las partes que el plazo para la eventual interposición de recursos extraordinarios federales y sus contestaciones será de 48 horas, según lo ordenado por la Corte Suprema en CSJ 1750/2017/RH1, de fecha 04/10/2017.- VI) Disponer que todos los actos procesales y notificaciones deberán realizarse con carácter urgente y con habilitación de días y horas inhábiles REGÍSTRESE y NOTIFÍQUESE.- No firman las Dras. LILIA ANA NOVILLO, por encontrarse excusada y MARTHA RAQUEL CORVALÁN, por encontrarse recusada.- SE FIRMA CON HABILITACIÓN DE DÍA Y HORA.- La presente Resolución se encuentra firmada digitalmente por los Sres. Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Dres. CARLOS ALBERTO COBO, BEATRIZ AGUSTINA TARDIEU DE QUIROGA y NÉSTOR MARCELO MILÁN, en el sistema de Gestión Informático del Poder Judicial de la Provincia de San Luis.- 23

References: artículo 268
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 artículo 16
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