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Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (Ley 3/2003 de 26 de marzo) - Normativa de Baleares - Legislación - VLEX 73566863
Publicado en: BO Illes Balears de 3 de Abril 2003
CAPÍTULO II. Las consejerías y su estructura interna - arts. 7 y 8
CAPÍTULO III. Los consejeros - arts. 9 a 11
CAPÍTULO IV. Los órganos directivos de las consejerías - arts. 12 a 16
CAPÍTULO V. Órganos colegiados - arts. 17 a 19
CAPÍTULO II. La transferencia de la titularidad de la competencia - art. 24
CAPÍTULO III. La transferencia del ejercicio de la competencia - arts. 25 a 29
CAPÍTULO IV. Otras formas de ejercicio de la competencia - arts. 30 a 33
TÍTULO IV. Derechos de los ciudadanos - arts. 34 a 41
CAPÍTULO I. La lengua - arts. 43 y 44
CAPÍTULO II. Disposiciones sobre el procedimiento administrativo - arts. 45 a 52
SECCIÓN I. La revisión de los actos y de las disposiciones - arts. 54 a 56
SECCIÓN II. El régimen de recursos - arts. 57 a 60
CAPÍTULO IV. Las reclamaciones previas - art. 61
CAPÍTULO V. La actuación administrativa en materia tributaria - art. 62
CAPÍTULO VI. La contratación administrativa - arts. 63 a 66
CAPÍTULO VII. Potestad sancionadora - arts. 67 y 68
CAPÍTULO VIII. Responsabilidad patrimonial - art. 69
CAPÍTULO I. El asesoramiento jurídico - arts. 70 a 72
CAPÍTULO II. La representación y defensa en juicio - arts. 73 a 76
TÍTULO VII. De las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con las demás Administraciones públicas - arts. 77 a 86
Norma citada en: 54 sentencias, 20 artículos doctrinales, 82 disposiciones normativas, 2 temas prácticos, una resolución administrativa
Exposición de Motivos VII modificada, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
Esta ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, así como las especialidades del procedimiento que le resultan de aplicación.
Las entidades de derecho público dependientes de la Administración de la comunidad autónoma, que integran la administración instrumental, sujetarán su actividad a esta ley cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas.
Artículo citado en: 2 sentencias, 4 disposiciones normativas, un tema práctico
La Administración de la comunidad autónoma sirve con objetividad los intereses generales y desarrolla funciones ejecutivas de carácter administrativo.
Esta administración actúa con personalidad jurídica única para el cumplimiento de sus finalidades.
Artículo citado en: un artículo doctrinal, 2 disposiciones normativas, un tema práctico
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears actúa de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, de jerarquía, de descentralización, de desconcentración y de coordinación, con sumisión plena a la Constitución, al Estatuto de Autonomía, a la ley y al resto del ordenamiento jurídico.
En las relaciones con los ciudadanos y para el servicio efectivo a éstos, la Administración de la comunidad autónoma actúa con objetividad y transparencia, facilitando la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
En las relaciones con las otras administraciones actúa de acuerdo con los principios de colaboración y de cooperación, con respeto pleno a los ámbitos competenciales respectivos, de acuerdo con el principio de lealtad institucional.
ARTÍCULO 4 Estructura territorial.
TÍTULO II La organización de la administración de la comunidad autónoma de las illes balears Artículos 5 a 19
ARTÍCULO 5 Órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears está constituida por órganos jerárquicamente ordenados.
Bajo la superior dirección del presidente y del Gobierno, la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se estructura en órganos superiores y órganos directivos.
Son órganos superiores los consejeros, y como tales les corresponde establecer los planes de actuación de la organización situada bajo su responsabilidad.
Son órganos directivos los secretarios generales, los directores generales y aquellos otros órganos que se les asimilen en rango, y les corresponde la ejecución y el desarrollo de los planes de actuación.
Para el ejercicio de las competencias se pueden crear órganos o unidades administrativas que funcionalmente actúen fuera del territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
ARTÍCULO 6 Órganos y unidades administrativas.
Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos de la estructura orgánica y comprenden los puestos de trabajo vinculados funcionalmente por razón de su cometido a una jefatura superior común.
Las unidades administrativas se denominan departamentos, servicios, secciones y negociados. Los departamentos, servicios y secciones se estructuran, como regla general, en dos o más unidades de nivel inferior.
Tienen la consideración de órganos administrativos, además de los órganos superiores y de los directivos, aquellas unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a terceros o cuya actuación tenga carácter preceptivo.
Los órganos superiores y los directivos de la Administración de la comunidad autónoma se crean de acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Gobierno de las Illes Balears y en esta ley. Para la creación de otros órganos administrativos se atenderá a lo dispuesto en la normativa estatal básica.
Las unidades administrativas se crean, modifican o suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.
La puesta en marcha de nuevas unidades administrativas, previstas en la relación de puestos de trabajo, sólo será efectiva cuando reglamentariamente se hayan establecido las funciones que deben desarrollar.
Artículo 6 desarrollado por la Instrucción 3/2003, del 12 de Noviembre, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Noviembre de 2003.
CAPÍTULO II Las consejerías y su estructura interna Artículos 7 y 8
ARTÍCULO 7 Las consejerías.
ARTÍCULO 8 La organización interna de las consejerías.
Las consejerías, para el ejercicio de sus funciones, se estructuran en:
La estructura orgánica básica de cada consejería se aprobará por decreto del presidente del Gobierno de las Illes Balears.
Los consejeros, mediante orden, desarrollarán su estructura orgánica básica, de acuerdo con la relación de puestos de trabajo vigente, a fin de determinar las funciones atribuidas a las unidades administrativas de cada consejería.
Artículo 8 desarrollado por la Instrucción 3/2003, del 12 de Noviembre, publicada en el BO Islas Baleares del 27 de Noviembre de 2003.
CAPÍTULO III Los consejeros Artículos 9 a 11
Los consejeros, además de las atribuciones que les corresponden como miembros del Gobierno, dirigen y gestionan la actividad administrativa de la consejería en los sectores correspondientes y asumen la responsabilidad inherente a esta dirección.
El nombramiento y el cese de los consejeros, así como su estatuto personal y el régimen de incompatibilidades al que están sometidos, se rigen por las previsiones de la Ley del Gobierno de las Illes Balears.
ARTÍCULO 10 De las atribuciones de dirección.
En todo caso, corresponde a los consejeros:
Son indelegables las competencias señaladas en las letras a), b), f) i g), del número anterior.
ARTÍCULO 11 De las atribuciones de gestión.
Suscribir los convenios de colaboración y los acuerdos de cooperación cuya firma no corresponda al presidente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que prevén la letra h) del artículo 11 de la Ley del Gobierno de las Illes Balears y el artículo 80 de esta ley.d) Dirigir los recursos humanos de la consejería, de acuerdo con la legislación específica.
CAPÍTULO IV Los órganos directivos de las consejerías Artículos 12 a 16
ARTÍCULO 12 De los titulares de los órganos directivos.
Los titulares de los órganos directivos serán nombrados libremente por el Gobierno atendiendo a criterios de competencia profesional y de experiencia. En el ejercicio de sus funciones les resulta de aplicación:
Los titulares de los órganos directivos no pueden ejercer otras funciones que las que se deriven de su cargo, ni ninguna otra actividad profesional o mercantil, excepto la mera administración de su patrimonio, personal o familiar y, en todo caso, les resulta de aplicación lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades de los altos cargos de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
ARTÍCULO 13 De los secretarios generales.
Los secretarios generales son los órganos directivos encargados de la gestión de los servicios comunes, así como de las funciones de asesoramiento jurídico y de apoyo técnico.
Cada consejería contará con un secretario general, que será nombrado y separado por decreto del Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del titular de la consejería.
ARTÍCULO 14 De las atribuciones de los secretarios generales.
ARTÍCULO 15 De los directores generales.
Los directores generales son los órganos directivos encargados de la gestión de una o de diversas áreas funcionalmente homogéneas de cada consejería.
Los directores generales serán nombrados y separados por decreto del Gobierno de las Illes Balears, a propuesta del titular de la consejería.
ARTÍCULO 16 De las atribuciones de los directores generales.
CAPÍTULO V Órganos colegiados Artículos 17 a 19
ARTÍCULO 17 De los órganos colegiados.
Son órganos colegiados de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears aquellos que se creen de acuerdo con esta ley y que estén formados por tres o más personas, a los que se les atribuyan funciones administrativas de deliberación, asesoramiento, propuesta, seguimiento, control o decisión.
El régimen jurídico de los órganos colegiados a que se refiere este capítulo, se ajustará a las normas contenidas en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en esta ley, en las propias normas de constitución, en los convenios de creación o en sus reglamentos internos, en su caso.
En el marco de la legislación básica estatal, aquellos órganos colegiados de la Administración en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, así como los compuestos por representaciones de diversas administraciones públicas, tanto si cuentan o no con la participación de organizaciones representativas de intereses sociales, podrán establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.
Artículo citado en: 3 disposiciones normativas, 2 temas prácticos
ARTÍCULO 18 Requisitos generales de creación.
ARTÍCULO 19 Requisitos formales para la creación.
La creación de órganos colegiados de la Administración de las comunidad autónoma requiere norma específica en el caso de que se le atribuyan funciones de decisión, de propuesta, de emisión de informes preceptivos, o de seguimiento y control de otros órganos de la Administración.
Los órganos colegiados que realicen exclusivamente funciones consultivas internas o de asesoramiento y consulta no preceptiva, se podrán crear por convenio, por acuerdo del Consejo de Gobierno, o por resolución del titular de la consejería interesada.
La participación de representantes de otras administraciones públicas requiere su aceptación voluntaria, que una norma aplicable a las administraciones públicas afectadas lo determine o que un convenio así lo establezca.
La norma de constitución de los órganos colegiados, o en su caso el acuerdo, la resolución o el convenio de creación de los mismos, deberán determinar, considerando las funciones que se le atribuyan, la participación de organizaciones representativas de intereses colectivos o de otros miembros, que podrán ser designados en función de las especiales condiciones de experiencia o de conocimientos que en ellos concurran.
La modificación y la supresión de los órganos colegiados se realizará de la misma forma que lo dispuesto para su creación, salvo que en el instrumento de creación ya se haya establecido el plazo previsto para su extinción.
TÍTULO III La competencia Artículos 20 a 33
ARTÍCULO 20 Principios de competencia.
La competencia es irrenunciable y la ejercerán los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia por el ordenamiento jurídico, salvo que su ejercicio se atribuya a otros órganos en las formas previstas legalmente.
Cuando se atribuya una competencia genéricamente a la Administración y no se especifique el órgano que deba ejercerla, este órgano se determinará dentro de la estructura orgánica de la consejería competente por razón de la materia, y si no puede entenderse atribuida a un órgano concreto, se entiende que corresponde al consejero correspondiente.
ARTÍCULO 21 Instrucciones, circulares y órdenes de servicio.
Los órganos superiores y directivos impulsan y dirigen la actividad administrativa por medio de instrucciones, circulares u órdenes de servicio.
Tienen la consideración de instrucciones aquellas reglas internas dirigidas a establecer pautas o criterios de actuación por las cuales se regirán, en general, los órganos y las unidades administrativas dependientes, o aquellos que las tengan que aplicar por razón de la materia o de las tareas que desarrollen.
Son circulares aquellas pautas de actuación interna dictadas por los órganos superiores o directivos y encaminadas a recordar la aplicación de determinadas disposiciones legales, o a unificar criterios de interpretación de éstas, con la finalidad de que se aplique en el ámbito de la actuación administrativa una interpretación homogénea.
Las órdenes de servicio son mandatos específicos dictados por cualquier órgano de la Administración dirigidas a un órgano jerárquicamente inferior y para un supuesto concreto.
Cuando una disposición así lo establezca, o cuando se considere conveniente su conocimiento por los ciudadanos o el resto de órganos de la Administración de la comunidad autónoma, el titular de la consejería podrá ordenar la publicación en el Butlletí Oficial de las Illes Balears de las instrucciones y circulares.
ARTÍCULO 22 La abstención.
Los titulares de los órganos y el personal de la Administración de la comunidad autónoma y de su administración instrumental se abstendrán de intervenir en el procedimiento cuando incurran en alguna de las causas establecidas en la legislación estatal básica.
Los que se consideren afectados por una causa de abstención lo comunicarán por escrito a su inmediato superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda.
La actuación del titular de un órgano o del personal al servicio de la Administración de la comunidad autónoma en quien recaiga alguna causa de abstención no implica necesariamente la invalidez de los actos en que haya intervenido, y el superior jerárquico podrá convalidarlos, conforme al apartado anterior.
La no abstención cuando corresponda hacerlo da origen a las responsabilidades de quien incurra en la causa de abstención.
La abstención, cuando el afectado no lleve a cabo la comunicación de manera voluntaria, también puede ser ordenada por los superiores jerárquicos y los órganos que actúen con este carácter de acuerdo con el apartado 2 de este artículo.
ARTÍCULO 23 La recusación.
Los interesados en un procedimiento pueden promover la recusación de los titulares de los órganos y del personal de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de su administración instrumental, cuando se cumpla alguna de las causas establecidas para la abstención en la legislación estatal básica.
La recusación se planteará por escrito ante el órgano cuyo titular se pretenda recusar o ante su inmediato superior jerárquico, que será el competente para resolver el incidente de recusación y designar la persona que deba substituir al recusado. Para la determinación del órgano superior jerárquico, se atenderá a lo previsto en el apartado 2 del artículo anterior.
Cuando la persona recusada lo sea en calidad de miembro de un órgano colegiado, debe resolver el órgano que la nombró.
La presentación del escrito de recusación suspende la tramitación del procedimiento principal desde la fecha en que tenga entrada en el registro del órgano afectado o en el del competente para su resolución.
La recusación se tramitará por el procedimiento establecido en la legislación básica estatal, sin perjuicio de las normas específicas de este artículo.
CAPÍTULO II La transferencia de la titularidad de la competencia Artículo 24
ARTÍCULO 24 La desconcentración.
El Gobierno y los consejeros, en uso de su potestad reglamentaria, pueden desconcentrar las competencias propias de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma en otros jerárquicamente dependientes de éstos.
La competencia desconcentrada podrá ser delegada de acuerdo con lo previsto en esta ley.
CAPÍTULO III La transferencia del ejercicio de la competencia Artículos 25 a 29
ARTÍCULO 25 La delegación interorgánica.
Los órganos administrativos, mediante acto motivado, podrán delegar el ejercicio de sus competencias, conservando la titularidad de las mismas, en otros órganos de la Administración autonómica del mismo rango o inferior, aunque no sean jerárquicamente dependientes.
La delegación es revocable en cualquier momento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 para la avocación, y corresponde la revocación al mismo órgano que la haya otorgado.
No puede delegarse el ejercicio de las siguientes competencias:
Las resoluciones adoptadas por delegación deben indicar expresamente esta circunstancia junto a la especificación del órgano que delega y de la publicación oficial de esta delegación.
Estas resoluciones se entienden dictadas por el órgano delegante a todos los efectos, y la delegación implica la transmisión global del ejercicio de la competencia, incluida, en su caso, la resolución del recurso de reposición, salvo que expresamente se excluya alguna facultad en la misma resolución de delegación.
No se puede delegar una competencia delegada, salvo que así lo permita una norma con rango de ley.
Para delegar las competencias atribuidas a órganos colegiados se deberá respetar el quórum exigido para su ejercicio.
ARTÍCULO 26 La delegación en favor de la administración instrumental.
En los términos previstos en el artículo anterior, los consejeros podrán delegar el ejercicio de sus competencias en los órganos de dirección de los entes que integran la administración instrumental, adscritos a su consejería, siempre que este ejercicio sea compatible con el objeto y las finalidades del ente.
En este caso, la eficacia de la delegación quedará condicionada a la aceptación previa por parte del ente a cuyo favor se hace la delegación.
ARTÍCULO 27 Publicidad y eficacia.
ARTÍCULO 28 La avocación.
La competencia se ejerce por avocación cuando los órganos superiores y directivos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears atraen el conocimiento y la resolución de un procedimiento determinado que corresponde, por cualquier título de atribución, a sus órganos dependientes.
En el caso de delegación de competencias en órganos no dependientes jerárquicamente, el conocimiento de un asunto comprendido en la materia delegada, únicamente podrá ser avocado por el órgano delegante.
La avocación ejercida por los órganos directivos deberá ser autorizada, con carácter previo, por el consejero del que dependan.
La avocación no implicará transferencia de la titularidad de la competencia y nunca tendrá carácter general. Sólo tendrá efectos para uno o diversos procedimientos concretos, determinados o determinables, se acordará motivadamente y deberá notificarse a los interesados con carácter previo a la resolución final del procedimiento.
La avocación adoptará la misma forma jurídica que la prevista para la delegación.
Contra el acto de avocación no puede interponerse recurso alguno, aunque podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.
ARTÍCULO 29 La delegación en favor de los entes territoriales.
CAPÍTULO IV Otras formas de ejercicio de la competencia Artículos 30 a 33
ARTÍCULO 30 La encomienda de gestión.
Las actividades de carácter material, técnico o de servicios de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma podrán encomendarse a otros órganos de la misma administración, incluidos otros entes públicos dependientes de ésta, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios técnicos apropiados para llevarlas a cabo. La encomienda de gestión se formalizará por acuerdo expreso de los órganos o de las entidades que intervengan.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrá encomendar la gestión de determinadas funciones materiales, técnicas o de servicios, que tenga atribuidas como propias o por delegación, a otra administración, de acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en la normativa básica estatal y en la normativa reguladora de cada administración.
La eficacia de la encomienda de gestión queda condicionada a su íntegra publicación en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.
La encomienda de gestión no implicará la cesión de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos para su ejercicio, y es responsabilidad del órgano o de la entidad encomendante dictar los actos o las resoluciones que den apoyo a la actividad material concreta objeto de la encomienda o en los que se integre esta actividad.
La encomienda de gestión no podrá implicar facultades de resolución sobre las materias que hayan sido encomendadas. No obstante, se podrán dictar los actos de instrucción que sean necesarios para ejecutar las resoluciones derivadas de la encomienda, siempre que no se trate de actos de trámite susceptibles de recurso.
ARTÍCULO 31 La delegación de firma.
Los titulares de los órganos administrativos podrán delegar, en materias de su competencia atribuida por cualquier título, la firma de las resoluciones y de los actos administrativos en los titulares de los órganos o de las unidades administrativas que de ellos dependan, salvo los supuestos indelegables establecidos en esta ley.2. En los actos y las resoluciones dictadas en régimen de delegación de firma deberá constar la autoridad de procedencia.
Se comunicarán al superior jerárquico aquellas delegaciones de firma que tengan carácter permanente.
ARTÍCULO 32 La suplencia.
Los titulares de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears se substituirán en sus funciones, de manera temporal, en los supuestos de ausencia, enfermedad o vacante, de acuerdo con lo que establece esta ley, salvo lo que disponga la normativa específica para los miembros del Gobierno.
La suplencia se limitará al despacho ordinario y a la tramitación de los actos que sean competencia, propia o delegada, del órgano cuyo titular se substituye.
Las suplencias podrán establecerse para un ámbito general o para un ámbito específico, y también para supuestos concretos.
Podrán coexistir simultáneamente distintas suplencias de un mismo titular, y en este caso se entenderá que la de ámbito específico prevalece sobre la de ámbito general, y que ambas pueden quedar en suspenso si se establece una para un supuesto concreto.
La designación de suplentes se publicará en el Butlletí Oficial de las Illes Balears, salvo las que se establezcan para supuestos concretos.
ARTÍCULO 33 La suplencia de los titulares de los órganos directivos y de otros órganos.
La suplencia de los titulares de los órganos directivos se llevará a cabo de la siguiente manera:
En el resto de casos, la suplencia la determinará el superior jerárquico del titular del órgano afectado entre los titulares de órganos del mismo rango o del rango inmediatamente inferior. En defecto de designación expresa, los suplirá el superior jerárquico.
TÍTULO IV Derechos de los ciudadanos Artículos 34 a 41
Los ciudadanos, en las relaciones con la Administración de la comunidad autónoma, tienen los derechos establecidos en esta ley, además de los que les reconozca la legislación básica del Estado.
La Administración de la comunidad autónoma en su actuación debe asegurar, por medio de las medidas adecuadas, la efectividad de estos derechos. Con este objetivo, la actuación administrativa debe procurar en la relación con los ciudadanos:
ARTÍCULO 35 Derecho de atención adecuada.
ARTÍCULO 36 Derecho a la imparcialidad administrativa.
ARTÍCULO 37 Derecho de presentación de escritos y documentos.
Cualquier ciudadano tiene derecho a presentar escritos y documentos en cualquier registro dependiente de la Administración autonómica, así como a obtener constancia de dicha presentación. Los encargados de los registros no podrán limitar o impedir la presentación por razones formales o derivadas del contenido del escrito, salvo en el caso de que del mismo documento no puedan extraer la información mínima necesaria para su tramitación.
Los ciudadanos tienen derecho a no presentar aquellos documentos que ya obren en poder de la Administración autonómica; no obstante, los ciudadanos deberán identificar el expediente en el que se halle el documento. Reglamentariamente se concretaran las formas de ejercicio de este derecho.
Los ciudadanos tienen derecho a realizar por vía telemática los trámites necesarios para acceder a una actividad de servicios y a su ejercicio.
Artículo 37, apartado 3 introducido por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 25 de Noviembre de 2010.
ARTÍCULO 38 Derecho de acceso a archivos y registros.
Todo ciudadano tiene derecho a acceder a los archivos y registros administrativos en los términos previstos en la normativa vigente.
El derecho de acceso conlleva el de obtener copias o certificados de los documentos, previo pago, en su caso, de las exacciones establecidas legalmente.
ARTÍCULO 39 Derecho a la calidad de los servicios públicos.
Los ciudadanos tienen derecho a exigir aquellos niveles de calidad en la prestación de los servicios públicos establecidos por los órganos competentes.
El Gobierno de las Illes Balears adoptará alguno de los modelos reconocidos y existentes en relación con la evaluación de la calidad de los servicios públicos, a fin de que los órganos de la Administración puedan autoevaluar, periódicamente, su actividad.
El Gobierno puede establecer premios u otro tipo de incentivos para promover entre sus órganos la mejora continua de la calidad de los servicios.
En la organización de los servicios públicos se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de las personas pertenecientes a colectivos socialmente más desprotegidos.
ARTÍCULO 40 Derecho de petición.
Cualquier ciudadano tiene el derecho de petición ante la Administración de la comunidad autónoma, de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica que lo regula.
Las peticiones pueden expresar también sugerencias o quejas relativas al funcionamiento de los servicios públicos que, en defecto de procedimiento específico para su atención y respuesta, se deberán tramitar conforme al procedimiento establecido en la Ley Orgánica reguladora del derecho de petición.
ARTÍCULO 41 Derecho de información.
Cualquier ciudadano tiene derecho a ser informado de los asuntos que le afecten. Para ello se constituirán unidades de información y atención ciudadana en las sedes y dependencias principales de cada consejería.
La Administración de la comunidad autónoma está obligada a:
El Gobierno adoptará las medidas adecuadas para que los consejos Insulares y las otras entidades territoriales puedan ofrecer a los ciudadanos información sobre los servicios de la Administración de la comunidad autónoma a que hace referencia este artículo.
Asimismo, la Administración de la comunidad autónoma informará a las comunidades baleares asentadas fuera del territorio balear sobre la organización propia y los principales servicios y prestaciones públicas de las que puedan ser beneficiarias.
Artículo 41, apartado 2, letra d) introducida por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 25 de Noviembre de 2010.
TÍTULO V La actividad administrativa Artículos 42 a 69
ARTÍCULO 42 Forma de los actos administrativos.
CAPÍTULO I La lengua Artículos 43 y 44
La Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental utilizarán el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellas. También lo utilizarán normalmente en las comunicaciones y las notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas, residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a recibirlas en castellano, si deben ser atendidos en esta lengua.
El uso del catalán en la actuación de los órganos administrativos integrantes de las administraciones a que hace referencia el apartado anterior será regulado por disposiciones reglamentarias.
Artículo 43, modificado por la Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 21 de Julio de 2012.
Artículo 43, modificado por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la comunidad autónoma y las entidades que integran la administración instrumental se utilizará el catalán, sin perjuicio del derecho de las personas interesadas a ser atendidas en la lengua oficial de su elección y a presentar escritos y documentos, a hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano.
La Administración librará a los interesados que lo soliciten en cada caso, en la lengua oficial solicitada, un testimonio traducido de las actuaciones o de la documentación que les afecte. La solicitud de traducción no puede conllevar ningún perjuicio o gasto para el solicitante, ni retrasos en el procedimiento ni la suspensión de la tramitación o de los plazos establecidos.
Artículo 44, rúbrica y apartado 1, modificado por la Ley 9/2012, de 19 de julio, de modificación de la ley 3/2007, de 27 de marzo, de la función pública de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 21 de Julio de 2012.
Artículo 44, rúbrica y apartado 1, modificado por la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016.
CAPÍTULO II Disposiciones sobre el procedimiento administrativo Artículos 45 a 52
Los procedimientos se inician de oficio o a solicitud de la persona interesada, y se les tiene que asignar un código de identificación indicativo del tipo de expediente de que se trata, y del número correlativo dentro del año de inicio, que también tiene que constar.
La persona interesada tiene que informar a la administración de cualquier cambio en los datos incluidos en la comunicación previa o la declaración responsable desde el momento que se presenten hasta que acabe la actividad.
Artículo 45 modificado por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 25 de Noviembre de 2010.
ARTÍCULO 46 Tramitación y custodia de los expedientes.
ARTÍCULO 47 Efectos de la presentación de solicitudes y documentos.
ARTÍCULO 48 Actuaciones y documentación de los expedientes.
El instructor del procedimiento hará constar mediante diligencia las actuaciones que los interesados lleven a cabo ante la Administración, o las que realice él mismo, que sean de interés para la tramitación del expediente.
Los documentos del expediente irán correctamente foliados por orden cronológico de unión de éstos al expediente.
ARTÍCULO 49 Información de los procedimientos en tramitación.
ARTÍCULO 50 Duración de los procedimientos.
Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos de competencia de la comunidad autónoma son los que fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente y no podrán exceder de seis meses, salvo que una ley establezca uno más amplio o así se prevea en la normativa comunitaria europea.
Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo para dictar y notificar la resolución expresa, éste será de seis meses.
Los plazos máximos para dictar y notificar la resolución expresa en los procedimientos sancionadores y disciplinarios respecto de los cuales la comunidad autónoma dispone de competencia normativa son los siguientes:
ARTÍCULO 51 Efectos del silencio.
Artículo 51, letra b) modificada por la Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 25 de Noviembre de 2010.
ARTÍCULO 52 Ejecución de los procedimientos.
CAPÍTULO III De la revisión de los actos en vía administrativa Artículos 53 a 60
ARTÍCULO 53 El agotamiento de la vía administrativa.
En los entes que integran la administración instrumental agotan la vía administrativa los actos emanados de los órganos de dirección unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación.
SECCIÓN I La revisión de los actos y de las disposiciones Artículos 54 a 56
ARTÍCULO 54 Revisión de actos y disposiciones nulos.
Los procedimientos de revisión de actos nulos se iniciarán de oficio por el órgano autor del acto o a solicitud de persona interesada. La resolución de estos procedimientos corresponderá al consejero competente por razón de la materia, salvo que el acto provenga de una comisión delegada o del Consejo de Gobierno, en cuyo caso corresponderá a éste último.
En los procedimientos de revisión de oficio de disposiciones administrativas la competencia para su inicio y resolución corresponderá al órgano que las hubiera aprobado.
La declaración de nulidad requerirá dictamen previo y favorable del Consejo Consultivo.
Artículo 54, apartado 3 derogado por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 29 de Julio de 2010.
ARTÍCULO 55 Declaración de lesividad de actos anulables.
Los procedimientos para la declaración de lesividad de los actos anulables los iniciará el órgano autor del acto.
La competencia para declarar la lesividad de los actos anulables corresponderá al consejero competente por razón de la materia, salvo que el acto provenga de una comisión delegada o del Consejo de Gobierno, en cuyo caso corresponderá a éste último su declaración.
Artículo 55, apartado 3 derogado por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 29 de Julio de 2010.
ARTÍCULO 56 Revocación y rectificación.
La revocación de los actos de gravamen o desfavorables y la rectificación de los errores materiales, aritméticos y de hecho en actos y disposiciones administrativas corresponderá al órgano que hubiera dictado el acto o la disposición.
Las erratas en el texto publicado, respecto del texto recibido, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, podrán ser corregidas por el órgano encargado del boletín, aunque previamente lo debe comunicar al órgano del cual haya emanado el acto o la disposición objeto de corrección.
SECCIÓN II El régimen de recursos Artículos 57 a 60
ARTÍCULO 57 Recurso de reposición.
Contra los actos que agotan la vía administrativa se puede interponer con carácter potestativo un recurso de reposición ante el mismo órgano que los dictó.
En ningún caso se podrá interponer recurso de reposición contra la resolución de un recurso administrativo, ni en los supuestos previstos en las letras d) y e) del apartado 1 del artículo 53.
ARTÍCULO 58 Recurso de alzada.
Los actos de los órganos de la Administración de la comunidad autónoma que no agoten la vía administrativa, así como los actos de trámite en los casos previstos en la normativa básica de procedimiento administrativo, serán susceptibles de recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico.
A estos efectos, se entiende que el consejero es el órgano superior jerárquico de los órganos directivos adscritos a la consejería. Para el resto de los órganos administrativos, la jerarquía vendrá determinada por las disposiciones de estructura orgánica.
Asimismo, se podrá interponer recurso de alzada ante el Consejo de Gobierno, en relación a los actos dictados por las comisiones delegadas o por los consejeros, cuando una ley prevea que estos actos no agotan la vía administrativa.
Los actos y las resoluciones de los órganos superiores de dirección de los entes que integran la administración instrumental de la comunidad autónoma, serán objeto de recurso de alzada ante el consejero titular de la consejería a la cual se hallen adscritos, siempre y cuando no agoten la vía administrativa.
ARTÍCULO 59 Sustitución de los recursos administrativos.
El recurso de alzada y el de reposición se podrán substituir por otros procedimientos de impugnación o de reclamación, de conciliación, de mediación y de arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones específicas que no estén sometidos a instrucciones jerárquicas. Esta substitución se podrá establecer en supuestos o en ámbitos sectoriales determinados cuando la especificidad de la materia así lo justifique y, en todo caso, por ley.
La resolución de estos procedimientos deja expedita la vía contenciosa administrativa.
ARTÍCULO 60 Recurso extraordinario de revisión.
CAPÍTULO IV Las reclamaciones previas Artículo 61
ARTÍCULO 61 Reclamaciones previas a la vía judicial civil y laboral.
El plazo para la interposición de las reclamaciones previas a la vía judicial civil o laboral es el que prevén las normas específicas sobre el plazo de prescripción o de caducidad del ejercicio de cada acción.
Las reclamaciones previas a la vía judicial civil, las resolverá el consejero competente en la materia objeto de reclamación, salvo las relativas a los bienes y derechos de titularidad de la comunidad autónoma, cuya resolución corresponderá al consejero competente en materia de patrimonio.
El plazo de resolución y notificación de las reclamaciones previas a la vía judicial civil es de tres meses.
Las reclamaciones previas a la vía judicial laboral, las resolverá el consejero competente en materia de personal, previo informe del órgano del cual depende el centro de trabajo respecto del que se reclama. Si transcurre un mes sin que se le haya notificado resolución alguna, el trabajador puede entender desestimada la reclamación a los efectos de la acción judicial laboral.
CAPÍTULO V La actuación administrativa en materia tributaria Artículo 62
ARTÍCULO 62 Procedimientos en materia tributaria.
Los procedimientos administrativos en materia tributaria se regirán por su normativa específica.
La revisión de actos en vía administrativa en materia tributaria se ajustará a lo que disponen la Ley general tributaria y las disposiciones dictadas en desarrollo de esta ley.
Los actos dictados por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears en materia tributaria serán susceptibles de recurso potestativo de reposición y de reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de Hacienda de las Illes Balears, de acuerdo con la normativa reguladora de este órgano.
CAPÍTULO VI La contratación administrativa Artículos 63 a 66
ARTÍCULO 63 Régimen.
ARTÍCULO 64 Órganos de contratación.
Los consejeros son los órganos de contratación de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y formalizan los contratos en nombre de ésta, sin perjuicio de las facultades de autorización que en esta materia tiene atribuidas el Consejo de Gobierno.
En el ámbito de la Administración instrumental son órganos de contratación aquellos que especifiquen sus estatutos.
No obstante lo establecido en los apartados anteriores, y sin perjuicio de las competencias de dirección que corresponden al Consejo de Gobierno, el órgano de contratación centralizada en el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y de los entes del sector público autonómico es el consejero competente en materia de contratación pública que, a estos efectos, puede declarar de contratación centralizada los suministros, las obras y los servicios que se contraten de forma general y con características esencialmente homogéneas por los diferentes órganos de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y por los entes del sector público autonómico.
Artículo 64, apartado 3, añadido por la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 23 de Junio de 2012.
ARTÍCULO 65 Junta Consultiva de Contratación Administrativa.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa es el órgano consultivo específico de la Administración de la comunidad autónoma y de su administración instrumental en materia de contratación.
Reglamentariamente se determinarán su adscripción, composición y régimen de funcionamiento.
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa deberá promover, en su caso, todas aquellas normas o medidas de carácter general que considere convenientes para mejorar el sistema de contratación, en los aspectos administrativos, técnicos y económicos. Asimismo, le corresponderán todas aquellas funciones previstas legal o reglamentariamente.
ARTÍCULO 66 Recurso especial en materia de contratación.
Contra los actos de los órganos de contratación podrá interponerse un recurso especial en materia de contratación. Este recurso, al cual resulta de aplicación el régimen jurídico previsto en la legislación básica para el recurso de reposición, tendrá carácter potestativo, lo resolverá la Junta Consultiva de Contratación y substituirá, a todos los efectos, al recurso de reposición.
El recurso podrá interponerse ante el órgano de contratación o directamente ante la Junta Consultiva de Contratación Administrativa. Si el recurso se interpone ante el órgano de contratación, éste lo remitirá a la Junta en el plazo de diez días, con un informe jurídico y con una copia completa y ordenada del expediente de contratación. Si se interpone ante la Junta, ésta requerirá la remisión del expediente y el correspondiente informe al órgano de contratación.
La competencia de la Junta Consultiva para resolver comprende también la facultad de suspender la ejecución del acto impugnado y, en su caso, la adopción de medidas cautelares.
Los acuerdos que adopte la Junta Consultiva serán vinculantes para el órgano de contratación que dictó el acto impugnado.
CAPÍTULO VII Potestad sancionadora Artículos 67 y 68
ARTÍCULO 67 Principios de la potestad sancionadora.
El ejercicio de la potestad sancionadora corresponderá a los órganos administrativos que la tengan atribuida expresamente por disposición de rango legal o reglamentario. En defecto de atribución expresa, la competencia para el inicio del procedimiento sancionador corresponderá al consejero competente por razón de la materia.
Los órganos competentes para el inicio del procedimiento lo serán también para ordenar la práctica de informaciones previas, para la designación de instructor, para la adopción de medidas provisionales previas a la iniciación del procedimiento en casos de urgencia, para la protección provisional de los intereses implicados y para ordenar las medidas de ejecución forzosa.
CAPÍTULO VIII Responsabilidad patrimonial Artículo 69
ARTÍCULO 69 El régimen de la responsabilidad patrimonial.
Los procedimientos de responsabilidad patrimonial tramitados ante la Administración de la comunidad autónoma, los resolverá el consejero competente por razón de la materia, previo dictamen, si procede, del Consejo Consultivo de las Illes Balears.
El órgano competente para la resolución podrá declarar, motivadamente, la inadmisión de las reclamaciones formuladas por los interesados, sin necesidad de instrucción, cuando la competencia material para su resolución corresponda a otra administración pública.
En el ámbito de la administración instrumental, los órganos competentes en materia de responsabilidad patrimonial y, en especial, la competencia para resolver, puede atribuirse a los órganos de dirección, unipersonales o colegiados, si así lo prevén sus estatutos o la norma de creación.
Artículo 69 Apartado 3 añadido por el artículo 13.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
TÍTULO VI Servicios jurídicos Artículos 70 a 76
CAPÍTULO I El asesoramiento jurídico Artículos 70 a 72
ARTÍCULO 70 La Abogacía de la Comunidad Autónoma.
El asesoramiento jurídico del presidente y del Gobierno corresponde, con carácter general, a los abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma, los cuales se integran en la Abogacía de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La estructura y el régimen de funcionamiento de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, así como el sistema de acceso al cuerpo superior de abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma, se regirán por la normativa reglamentaria de desarrollo que dicte el Consejo de Gobierno.
Artículo 70 modificado por el artículo 13.2 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
Artículo 70 modificado, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 71 Los servicios jurídicos de las consejerías.
ARTÍCULO 72 Coordinación.
Los servicios jurídicos de las consejerías actuarán en coordinación con el Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma.
Cuando lo aconsejen razones generales de trascendencia especial, el órgano directivo del Departamento Jurídico podrá proponer la adopción de disposiciones reglamentarias y dirigir instrucciones a los servicios jurídicos de las consejerías para el mejor funcionamiento de éstas y para la unificación de criterios interpretativos y de actuación. Asimismo podrán constituirse unidades de coordinación entre el Departamento Jurídico y el resto de los servicios jurídicos.
No obstante lo dispuesto en el artículo 8.3 de la presente Ley, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la dirección de la Abogacía, podrá fijar la estructura orgánica y las funciones de los servicios jurídicos de las consejerías a efectos de conseguir la efectiva coordinación de los mencionados servicios.
Artículo 72 Apartado 3 añadido por el artículo 13.3 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
Artículo 72 modificado, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
CAPÍTULO II La representación y defensa en juicio Artículos 73 a 76
ARTÍCULO 73 Régimen general.
La representación y la defensa en juicio de la Administración de la Comunidad Autónoma ante todos los órdenes y órganos jurisdiccionales corresponde al abogado titular de la dirección de la Abogacía y a los abogados de la Administración de la Comunidad Autónoma.
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, estas funciones también podrán corresponder a funcionarios licenciados en derecho o abogados colegiados, designados para casos o ámbitos concretos, que deberán actuar de acuerdo con las instrucciones fijadas al efecto por el órgano directivo que tenga atribuida la dirección del Departamento Jurídico.
La actuación de funcionarios o abogados colegiados requiere la habilitación previa del consejero competente y el informe del órgano directivo que tenga atribuida la dirección del Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma.
Artículo 73 Apartado 1 modificado por el artículo 13.4 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
Artículo 73 modificado, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 74 Representación de los entes instrumentales.
Artículo 74 modificado por el artículo 13.5 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
Artículo 74 derogado por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 29 de Julio de 2010.
ARTÍCULO 75 Autorizaciones para actuar.
La interposición de acciones, el desistimiento y el asentimiento en todo tipo de procesos por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma requerirá la autorización del Consejo de Gobierno o, en caso de urgencia, la del presidente, que deberá informar de ello al Consejo de Gobierno en la primera reunión que se lleve a cabo.
La decisión de no interponer los recursos posibles ante las resoluciones judiciales desfavorables requerirá la autorización del titular de la consejería de adscripción del Departamento Jurídico.
La autorización para interponer acciones conlleva la de seguir el proceso en todas las instancias.
Artículo 75 modificado, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
ARTÍCULO 76 Comunicación con los órganos judiciales.
Las notificaciones, las citaciones y el resto de comunicaciones judiciales dirigidas a la representación procesal de la Comunidad Autónoma, para que puedan entenderse válidamente realizadas, deberán practicarse en la sede del Departamento Jurídico de la Comunidad Autónoma y en la persona de uno de sus abogados.
Los órganos y las unidades administrativas de la Administración de la Comunidad Autónoma pondrán en conocimiento del Departamento Jurídico, con carácter de urgencia, todas aquellas comunicaciones y actuaciones judiciales de las que tengan conocimiento.
En la remisión de documentación y en cualquier otra relación con los órganos jurisdiccionales, las secretarías generales de las consejerías deberán actuar en coordinación con el Departamento Jurídico.
Artículo 76 modificado, en cuanto que la referencia al «Departamento Jurídico» se entenderá hecha a la «Abogacía de la Comunidad», por la Disposición Adicional 20.1 de la Ley 10/2003, del 22 de Diciembre, de Medidas de Baleares 2004, publicada en el BO Islas Baleares del 29 de Diciembre de 2003.
TÍTULO VII De las relaciones de la Administración de la Comunidad Autónoma con las demás Administraciones públicas Artículos 77 a 86
ARTÍCULO 77 Régimen general.
Las relaciones entre la Administración de la comunidad autónoma y las demás administraciones públicas, además de por las previsiones contenidas en la presente ley, se regirán por:
De conformidad con los principios de cooperación y de lealtad institucional, así como con el deber de colaboración entre administraciones públicas, la Administración de la comunidad autónoma utilizará los instrumentos y las técnicas de colaboración, coordinación y cooperación previstas en las leyes.
ARTÍCULO 78 Convenios de colaboración.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears podrá suscribir convenios de colaboración con las demás administraciones públicas en el ámbito de sus respectivas competencias.
Los convenios que se limiten a establecer pautas de orientación sobre la actuación de cada administración pública en cuestiones de interés común o a fijar el marco general y la metodología para el desarrollo de la cooperación en un área de interrelación competencial o en un asunto de mutuo interés, se denominarán protocolos generales.
Los convenios podrán prever la constitución de órganos de vigilancia y control, así como de organizaciones personificadas de gestión.
Los instrumentos de formalización de los convenios deberán, cuando así proceda, especificar:
Cuando se cree un organismo mixto de vigilancia y control, éste ha de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios de colaboración. Antes de residenciar, cuando sea pertinente hacerlo, el conocimiento de los litigios producidos ante los órganos jurisdiccionales ordinarios, será requisito procedimental previo intentar la conciliación en el seno del referido órgano mixto.
ARTÍCULO 79 Convenios y acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas.
La comunidad autónoma de las Illes Balears podrá establecer, asimismo, acuerdos de cooperación con otras comunidades autónomas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.2 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
ARTÍCULO 80 Firma de convenios y acuerdos.
Corresponderá al presidente de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en la letra h) del artículo 11 de la Ley del Gobierno de las Illes Balears, la firma de los convenios de colaboración y de los acuerdos de cooperación con el Estado y las comunidades autónomas, así como la de aquéllos que se suscriban con órganos constitucionales o estatutarios.
La firma de los convenios que se formalicen con la Administración General del Estado y suscriban los ministros corresponderá también al presidente, quién podrá delegarla en un miembro del Gobierno.
Asimismo corresponderá al presidente la firma de aquellos instrumentos de colaboración o cooperación que versen sobre materias de proyección exterior y de cooperación al desarrollo que corresponda suscribir con instituciones públicas de otros países, sin perjuicio que, excepcionalmente, la pueda delegar en otro miembro del Gobierno.
En los demás supuestos, la firma de los convenios corresponderá al consejero competente por razón de la materia que constituya su objeto, o en su caso, al que designe el Consejo de Gobierno, sin perjuicio que el presidente asuma dicha atribución cuando así lo considere oportuno.
ARTÍCULO 81 Autorización por el Consejo de Gobierno de convenios y acuerdos.
ARTÍCULO 82 Registro de convenios y acuerdos.
Se crea el Registro de convenios y acuerdos, como instrumento de publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
En el Registro de convenios y acuerdos se inscribirán, como mínimo, aquellos que suscriba la Administración de la comunidad autónoma, o alguna de las entidades que integran su administración instrumental, con cualquier otra administración o entidad pública.
Reglamentariamente se determinarán el régimen jurídico, el funcionamiento y la adscripción orgánica del Registro de convenios y acuerdos.
ARTÍCULO 83 Planes de actuación conjunta.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears y las demás administraciones públicas podrán concertar planes de actuación conjunta cuando, en un determinado sector administrativo, concurra una comunidad de intereses.
Los planes de actuación conjunta se han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears una vez aprobados por los órganos competentes de las administraciones que los concierten.
En el ámbito de la Administración de la comunidad autónoma, corresponderá al Gobierno, mediante acuerdo, la facultad de aprobar los planes de actuación conjunta con otras administraciones, sin perjuicio que, excepcionalmente, la pueda delegar en otro miembro del Gobierno.
ARTÍCULO 84 Organizaciones personificadas de gestión.
ARTÍCULO 85 Consorcios.
El Gobierno de las Illes Balears puede acordar la creación o la integración de la Administración de la comunidad autónoma en consorcios con otras administraciones públicas y, si procede, con entidades sin ánimo de lucro, entre las que exista una comunidad de intereses para la consecución de finalidades de interés público común.
El acuerdo de creación, que incluirá los estatutos del consorcio, o el acuerdo de integración, que habrá de incluir la ratificación o adhesión a unos estatutos preexistentes, han de publicarse en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Los estatutos han de determinar las finalidades del consorcio, así como las particularidades de su régimen orgánico, funcional y financiero.
Los órganos de dirección de los consorcios han de estar integrados por representantes de todas las entidades consorciadas, en la proporción que se fije en los respectivos estatutos, debiendo éstos, para fijar la representación, atender a la aportación financiera y patrimonial de la comunidad autónoma.
Los consorcios adscritos a la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con los criterios que establece la legislación estatal básica relativa al régimen jurídico de las administraciones públicas y del sector público, someterán su organización y su actividad al ordenamiento autonómico.
Artículo 85, apartado 4, modificado por la Ley 14/2014, de 29 de diciembre, de finanzas de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, el 15 de Enero de 2015.
Artículo 85, apartado 4, modificado por la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2016.
ARTÍCULO 86 Sociedades mercantiles públicas.
Artículo 86 derogado por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 29 de Julio de 2010.
Contra los actos administrativos dictados por los consejos insulares en el ejercicio de las competencias que les haya atribuido por delegación la comunidad autónoma, procede la interposición del recurso en interés de la delegación ante el Consejo de Gobierno de les Illes Balears, de conformidad con lo previsto en la Ley 8/2000, de 27 de octubre, de consejos insulares.
El plazo para resolver y notificar el recurso en interés de la delegación es de tres meses y le son aplicables todos los principios generales de los recursos administrativos previstos en la legislación básica del procedimiento administrativo común.
En los procedimientos de impugnación contra actos administrativos emanados de corporaciones de derecho público u otras entidades cuya resolución corresponde a la Administración de la comunidad autónoma, y en los que no se haya previsto un plazo, se entiende que el plazo de resolución y notificación es de tres meses.
El Gobierno de les Illes Balears ha de establecer, progresivamente, las modificaciones normativas necesarias para la racionalización y la simplificación de los procedimientos administrativos vigentes.
La Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears ha de mantener actualizado el inventario de los procedimientos administrativos de su competencia, con indicación, como mínimo, de los aspectos siguientes:
Este inventario, debidamente actualizado, se publicará anualmente.
Disposición transitoria única derogada por la Ley 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la comunidad autónoma de las Illes Balears, publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares el 29 de Julio de 2010.
Antoni Garcias Coll.

References: resolución 

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

Artículo 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

Artículo 8

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11
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 artículo 80

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

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ARTÍCULO 73

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ARTÍCULO 75

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ARTÍCULO 76

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ARTÍCULO 77

ARTÍCULO 78

ARTÍCULO 79
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ARTÍCULO 80
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ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 82

ARTÍCULO 83

ARTÍCULO 84

ARTÍCULO 85

Artículo 85

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ARTÍCULO 86

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