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Timestamp: 2018-01-18 16:59:59+00:00

Document:
Acceso a la Información Pública en América Central y México by maria vasquez - issuu
CENTRO REGIONAL PNUD - PANAMÁ
Freddy Justiniano DIRECTOR a.i PNUD CENTRO REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Gerardo Berthin ASESOR DE POLITICAS DE GOBERNABILIDAD LOCAL Y DESCENTRALIZACIÓN
Maria Angelica Vásquez CONSULTORA - DESCENTRALIZACIÓN Y GOBERNABILIDAD LOCAL
DIRECCIÓN REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE DEL PNUD-NUEVA YORK Álvaro Pinto COORDINADOR DEL AREA DE PRÁCTICA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
PNUD MÉXICO Diego Antoni DIRECTOR DEL PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA Paola Gómez GERENTE DE PROGRAMAS DE GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA
COORDINADORES Y REDACTORES DEL INFORME
Guillermo M. Cejudo INVESTIGADOR CIDE Alejandra Ríos-Cázares INVESTIGADORA CIDE
INVESTIGADORES Centroamérica Rafael Reyes García Investigador de los casos de Honduras y Panamá María Adilia Serrano Investigadora del caso Nicaragua José Antonio Pérez Investigador del caso Guatemala
COMITÉ CONSULTIVO Gerardo Berthin (PNUD) Diego Antoni (PNUD) Alejandra Ríos-Cázares (CIDE) Guillermo M. Cejudo (CIDE)
La sección de México se basa en el análisis Métrica de Transparencia 2010 realizado por un equipo de investigación del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, coordinado por el Dr. Sergio López Ayllón y conformado por los investigadores David Arellano, Guillermo M. Cejudo, Alejandra Ríos Cázares y como investigadores asociados Ana Elena Fierro, Adriana García y Juanita Gómez. Toda la información relacionada con la Métrica de Transparencia se encuentra disponible en www.metricadetransparencia.cide.edu
SEPTIEMBRE 2011 Los análisis y recomendaciones expresadas en este documento no reflejan necesariamente las opiniones de Naciones Unidas o del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Contenido Presentación ............................................................................................................................................... 11 Listado de Acrónimos.................................................................................................................................. 13 Agradecimientos ......................................................................................................................................... 15 Introducción ................................................................................................................................................ 19 Capítulo 1 Historia Legislativa ...................................................................................................................................... 25 Capítulo 2 Dimensión 1: Marco Normativo.................................................................................................................. 31 Capítulo 3 Dimensión 2: Portales de Gobierno ............................................................................................................ 43 Capítulo 4 Dimensión 3: Ejercicio Usuario simulado.................................................................................................... 53 Capítulo 5 Dimensión 4: Capacidades Institucionales del Órgano Garante ................................................................. 63 Conclusiones ............................................................................................................................................... 73 Referencias.................................................................................................................................................. 79 Anexo A ....................................................................................................................................................... 83 Anexo B ....................................................................................................................................................... 85
Presentación La iniciativa Regional de Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) comenzó en abril del 2010. El TRAALOG ha sido financiado por el Fondo Fiduciario Temático de Gobernabilidad Democrática (Democratic Governance Thematic Trust Fund, DGTTF), el Programa Temático Global sobre Anticorrupción para la Efectividad del Desarrollo (Global Thematic Programme on Anti-Corruption for Development Effectiveness, PACDE), y el Fondo Fiduciario España-PNUD. El TRAALOG es una iniciativa del Área de Práctica de Gobernabilidad Democrática de la Dirección Regional para América Latina y el Caribe del PNUD (RBLAC) y es implementada por el Centro Regional para América Latina y el Caribe, PNUD en Panamá. El TRAALOG apunta a iniciativas pequeñas a nivel local que pueden ser ampliadas al ámbito nacional a través de políticas públicas, desarrollo de capacidades y alianzas. Una de las principales actividades del TRAALOG es promover el desarrollo y la sistematización de productos y herramientas de conocimiento, concentrándose en iniciativas específicas destinadas a aumentar la transparencia y rendición de cuentas, así como incorporar cuestiones de lucha contra la corrupción en otras áreas, tales como al acceso a la información, ética, cambio climático, salud, Objetivos de Desarrollo del Milenio y auditoría social. La idea es que estos productos de conocimiento sirvan como medios para generar interés y debate entre las oficinas de país del PNUD, dentro y fuera de la región, en Centros de Servicios Regionales y otras unidades del PNUD y de todo el sistema de las Naciones Unidas, así como profesionales de desarrollo y gobernabilidad democrática. Del mismo modo, se espera que estos productos de conocimiento sirvan como referencia en el seguimiento de iniciativas y en la búsqueda de oportunidades para una replicación. Estos también pueden ser utilizados para desarrollar y apoyar proyectos y programas, así como actividades regionales. Estos productos de conocimiento son el resultado de alianzas con una serie de Oficinas de País del PNUD, donantes, consultores y expertos asociados, instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. Todos ellos ayudaron a identificar experiencias que proporcionan información práctica y valiosa referente a mejorar la gobernabilidad democrática e incrementar transparencia y la rendición de cuentas. Estos productos de conocimiento no pretenden ser prescriptivos. Más bien, su objetivo es: • Proporcionar ejemplos de actividades de transparencia y rendición de cuentas; • Generar debate y diálogo de políticas; • Ilustrar prácticas; • Presentar herramientas, metodologías, enfoques y estructuras; • Resaltar estudios de caso; • Guiar a lectores a recursos adicionales. Gerardo Berthin Asesor de Políticas Área de Gobernabilidad Democrática Centro Regional para América Latina y el Caribe, PNUD
Listado de Acrónimos CIDE
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, México
Región Autónoma del Atlántico Norte (Nicaragua)
Región Autónoma del Atlántico Sur (Nicaragua)
Agradecemos la colaboración de Manoel Pérez, Luis Armando Amaya y Juanita Gómez en la sistematización de la información y construcción de figuras. Agradecemos también al equipo a cargo de Métrica de transparencia 2010 por las lecciones aprendidas en el diagnóstico del sistema de transparencia en México. Finalmente, agradecemos a las oficinas nacionales de PNUD (Claudia de Saravia y Abelardo Quezada, PNUD Guatemala; Miguel Calix, PNUD Honduras, Maribel Gutierrez, PNUD Nicaragua y Katyna Argueta PNUD Panamá) el valioso apoyo para la investigación y por sus insumos y recomendaciones, así como a las instituciones públicas que facilitaron el trabajo. De igual forma, agradecemos el trabajo del Comité Consultivo (Gerardo Berthin, PNUD Centro Regional ALC; Diego Antoni, PNUD México, Alejandra Ríos-Cázares, CIDE; Guillermo M. Cejudo, CIDE) y en particular al Centro Regional del PNUD para América Latina y el Caribe por su acertado apoyo y orientación. Por último y no menos importante, Paola Gómez del PNUD-México y María Angélica Vásquez del Centro Regional del PNUD, jugaron un papel crucial en la gestión del Proyecto.
Introducción El acceso a la información pública ha sido reconocido como uno de los pilares de la rendición de cuentas gubernamental y, por ello, se ha dado un especial impulso a las propuestas de reforma legislativa en la materia.1 Sin embargo, pocos han sido los análisis empíricos sobre los distintos factores que contribuyen ‐además de una buena legislación- al éxito o fracaso de los esfuerzos por eliminar la opacidad en la gestión gubernamental.2 Con base en el estudio de los sistemas de acceso a la información pública en cuatro países centroamericanos y cuatro entidades federativas mexicanas, este documento muestra que la normatividad en materia de acceso a la información pública es insuficiente si no se atienden factores indispensables para la operación de este derecho tales como la documentación de la gestión pública, la construcción y fortalecimiento de instituciones capaces de hacer valer el derecho, y la articulación cuidadosa de procesos y mecanismos para solicitar y obtener información. Sólo así es posible, como ha señalado Christopher Hood, pasar de la transparencia de jure a la transparencia de facto.3 En este texto, se realiza un análisis del funcionamiento de los sistemas de acceso a la información pública en cuatro países centroamericanos (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) y en cuatro entidades federativas en México (Chiapas, Distrito Federal, 4 Puebla y Yucatán). Con base en la experiencia reciente de análisis del sistema de acceso a la información en los gobiernos sub-nacionales de México, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), este documento analiza aspectos centrales de la operación del derecho de acceso a la información gubernamental, tales como la calidad de la normatividad, de las instituciones y de los procesos, así como una revisión de la información que efectivamente entregan los gobiernos a los ciudadanos, tanto en forma de respuestas a solicitudes específicas, como en los portales de internet de las oficinas públicas.5 En los ocho casos, se
Ackerman, John M., e Irma E. Sandoval‐Ballesteros. 2006. “The Global Explosion of Freedom of Information Laws.” Administrative Law Review. 58(1): 85‐130; Bertoni, Eduardo Andrés. 2011. Libertad de información ¿tres palabras inofensivas? Leyes de acceso a la información y rol de la prensa. Washington: The World Bank. Michener, Greg, y Bersch, Katherine. 2011. The Quality of Transparency. Texto presentado en la Midwest Political Science Association, Abril; Banisar, David. Freedom of Information Around the World 2006. A Global Survey of Access to Government Information Laws. Privacy International 2006 [visita. Disponible en www.privacyinternational.org. 2 Algunas excepciones pueden encontrarse en: Alasdair Roberts. 2006. Dashed Expectations. Governmental Adaptation to Transparency Rules, en Christopher Hood y David Heald (eds.)Transparency. The Key to Better Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 107-126; Pasquier, Martial, Nicolas Pauchard y Sarah Holsen. 2011. Resistance to transparency in Switzerland: a case study analysis of behaviors and justifications. Documento presentado en la First Global Conference on Transparency Research, Newark, NJ: Rutgers University, Mayo; Ben Worthy. 2010. More Open But not More Trusted? The Effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. Governance 23 (4), 561-582; Guillermo M. Cejudo, Sergio López Ayllón y Alejandra Ríos Cázares. 2011. Assessing transparency across levels of government in Mexico. Rules, institutions, and practices. Documento presentado en la First Global Conference on Transparency Research, Newark, NJ: Rutgers University, Mayo. 3 Hood, Christopher. 2006. Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments, en Christopher Hood y David Heald (eds.), Transparency: The Key to Better Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 211-225. 4 También conocido como la Ciudad de México. 5 Las características, detalles y resultados de esta investigación se encuentran disponibles en la página de internet www.metricadetransparencia.cide.edu. Un resumen del estudio y una reflexión sobre los principales hallazgos puede encontrarse en Guillermo M. Cejudo, Sergio López Ayllón y Alejandra Ríos Cázares. 2011. “Diagnóstico de la transparencia en
puso atención especial al estudio de los gobiernos locales: se analizaron, los portales electrónicos y los procesos de atención a solicitudes de información en tres gobiernos municipales. En las siguientes páginas, tras una presentación breve de la metodología del estudio, se detalla el análisis de cuatro dimensiones del sistema de acceso a la información: 1) la calidad de las normas de acceso a la información pública, 2) la información que proactivamente se presenta en los portales electrónicos de los gobiernos, 3) la valoración del proceso de solicitud de acceso a la información y el tipo de respuestas obtenidas, y 4) el análisis de las instituciones garantes del derecho de acceso a la información. Tras ello, y con base en la información obtenida, este análisis permite identificar áreas de oportunidad y de riesgo que es necesario atender para garantizar y fortalecer el acceso a la información pública. Así, en la última sección se proponen algunas recomendaciones para dos preguntas clave: ¿Cuáles son los obstáculos más serios para el acceso efectivo de los ciudadanos a la información pública? y, ¿cuáles son los retos más importantes del sistema de acceso a la información pública? Objetivo y Metodología El presente documento se construyó a partir de un enfoque metodológico que permite el estudio comparado de cuatro países centroamericanos y cuatro entidades federativas mexicanas (tres estados y el Distrito Federal). El objetivo específico de este esfuerzo consiste en identificar retos comunes, problemas recurrentes y mejores prácticas en materia de acceso a la información gubernamental en cuatro países de América Central y cuatro estados mexicanos. La selección de casos se hizo pensando en maximizar las diferencias tanto en el desarrollo legislativo en materia de acceso a la información y en las condiciones contextuales (dinámica política, desarrollo económico y social), tanto entre los cuatro países centroamericanos como en los gobiernos sub-nacionales en México. Así, para cada uno de los casos, se analiza: la legislación en materia de acceso a la información a la luz de buenas prácticas y estándares internacionales;6 la fortaleza institucional de los órganos encargados de hacer valer el derecho de acceso a la información; el proceso de solicitud de información –mediante un ejercicio de usuario simulado– para valorar los tiempos de respuesta y la calidad de la información, así como para identificar las buenas y malas prácticas en el ejercicio cotidiano del ejercicio del derecho acceso a la información; y los portales electrónicos de las oficinas de gobierno, para analizar la calidad de la información provista y la facilidad de uso. Para el análisis de la calidad de las normas, se hizo primero una breve revisión de la historia legislativa (evolución normativa en materia de transparencia, incluyendo no sólo las leyes de acceso a la información, sino cualquier normatividad adicional relevante), así como una valoración cualitativa de las leyes de acceso a la información en cada caso. De igual forma, se cuantificaron algunos elementos
México. Lecciones de la Métrica de transparencia 2010.” Transparencia y privacidad. Revista mexicana de acceso a la información y protección de datos, 1, pp. 58-81. 6 Por ejemplo, la recientemente publicada Ley Modelo de Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información consultar: http://www.oas.org/juridico/english/ley_modelo_acceso.pdf
comparables en los marcos legislativos, que sirven de base para contrastar los datos de la calidad legal con la información sobre el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública. El segundo componente de análisis fue el institucional: la revisión del entramado de instituciones encargadas de hacer valer el derecho de acceso a la información pública, lo que incluye una breve narrativa histórica de la evolución de estas instituciones y el análisis del proceso mediante el cual un ciudadano puede apelar por una negativa a su solicitud de información. Los últimos dos componentes se refieren a la información que efectivamente obtienen los ciudadanos, tanto vía solicitudes de acceso a la información (se analizó el proceso de trámite de la solicitud, así como características de las oficinas que reciben las solicitudes, con énfasis en las prácticas que facilitan o dificultan el acceso a la información de parte de los ciudadanos); en este componente se analizaron también los tiempos de respuesta y la calidad de las respuestas. En lo que respecta a los portales de internet de las oficinas públicas, se analizó tanto la información contenida como la facilidad de acceso, y la calidad y actualidad de la información. Para ambos componentes, los sujetos analizados fueron las siguientes oficinas (o sus equivalentes):
Oficinas Públicas Analizadas 1. Oficina de la Presidencia de la República 2. Ministerio del Interior 3. Ministerio de Finanzas públicas 4. Ministerio de Salud 5. Ministerio de Educación 6. Ministerio de Desarrollo Social 7. Ministerio de Infraestructura 8. Poder Legislativo (y Entidad Superior de Fiscalización) 9. Suprema Corte de Justicia de la Nación (o equivalente) 10. Tres gobiernos municipales: uno grande urbano, uno mediano semiurbano y uno pequeño rural.
En las siguientes secciones, se presentan los resultados agregados de cada uno de los componentes y una comparación de los ocho casos.
Capítulo 1 Historia Legislativa El derecho de acceso a la información pública tiene ya una larga historia. Si bien la primera legislación en la materia data de 1756 en Suecia, es a partir de los últimos veinte años que la idea de crear una legislación que dé sustento a este derecho, ha cobrado particular relevancia. Tan solo, entre el año 2000 y el año 2005, fueron aprobadas 34 leyes (o decretos) en materia de transparencia gubernamental y acceso a la información pública en distintas partes del mundo.7 Este impulso por reconocer el derecho ciudadano de acceso a la información pública ha sido particularmente intenso en la región de América Latina y el Caribe, en donde a la fecha, catorce países cuentan ya con una legislación de alcance nacional que regula la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública.8 Uno de los casos notables en este desarrollo legislativo fue México, país que después de 70 años de dominio de un solo partido político, avanzaba hacia el siglo XXI con una serie de reformas legislativas que anunciaban el fortalecimiento de la rendición de cuentas gubernamental. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP aprobada en 2002), parte de este esfuerzo de reformas que han generado las bases para la creación de una nueva institucionalidad en materia de transparencia gubernamental que ha obligado a realizar ajustes en las instancias federales, además de impactar de manera indirecta en los gobiernos estatales y municipales a lo largo de México. Si bien es cierto que existieron iniciativas en materia de transparencia en algunas entidades federativas del país antes de la aprobación final de la LFTAIP, la legislación federal fue la primera ley aprobada y vigente. De hecho, a partir de la aprobación de la LFTAIP, las 32 entidades de la República (31 estados y el Distrito Federal) adoptaron de manera paulatina algún tipo de normatividad en la materia; de tal suerte que para 2005, 25 estados habían reconocido el derecho de acceso a la información pública en su marco jurídico. El problema, sin embargo, fue que no todas las disposiciones normativas incluían los mismos principios o criterios, creando con ello una desigualdad importante en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. En respuesta a los problemas derivados de la heterogeneidad de principios y criterios, se generó un movimiento plural que incluyó gobernadores estatales, académicos y organizaciones de la sociedad civil, cuyo objetivo central era consolidar una reforma constitucional que estableciera los principios mínimos que todas las entidades de la República debían incorporar a sus legislaciones y reconocer en los procesos en materia de transparencia gubernamental. La reforma fue aprobada en 2007 y entre sus artículos transitorios otorgaba un año exacto para que todos los Estados de la República ajustaran la normatividad correspondiente. Al día de hoy, los 31 estados y el Distrito
Michener, Greg. 2011. “FOI Laws around the World”, Journal of Democracy, Vol.22, No. 2 , Abril, p. 148. Los casos pendientes más significativos –por sus dimensiones- son Argentina y Brasil, los países grandes del Cono Sur, en donde los congresos nacionales están discutiendo sendas iniciativas de ley Michener, Greg: The Surrender of Secrecy: Explaining the Emergence of Strong Access to Information Laws in Latin America. URL: http://gregmichener.com/Dissertation.html Consulta: julio 13, 2011 8
Federal cuentan con una ley de transparencia, y con algunas excepciones, los principios constitucionales han sido asimilados a la normatividad local.9 A pesar del esfuerzo de homogeneización que se impulsó con la reforma constitucional en México, persisten en el país diferencias importantes. Por ejemplo, la Métrica de Transparencia 2010 encontró que la calidad de la legislación del Distrito Federal era marcadamente superior a la calidad de esta normatividad en el estado de Baja California.10 Para este estudio se seleccionaron cuatro entidades federativas (Chiapas, Distrito Federal, Puebla y Yucatán) que constituyen cuatro ejemplos de distintas fases de desarrollo legislativo en México. De los cuatro estados analizados en este documento, el primero en adoptar una ley en transparencia fue el Distrito Federal (2003) cuya legislación estuvo sometida a varias reformas hasta la aprobación de una segunda legislación (que abrogaba la primera) en marzo del 2008. Esta nueva ley (con las reformas respectivas) constituye una de las legislaciones más avanzadas en todo el país.11 Los estados de Puebla y Yucatán aprobaron legislaciones en la materia en 2004, mientras que Chiapas lo hizo apenas en 2006. Aunque no es posible hacer una narrativa pormenorizada de la historia legislativa de cada una de estas leyes, basta decir que las legislaciones se aprobaron en diversas situaciones políticas, lo cual resulta relevante en un tema que, por principio, es político en términos de negociación. Mientras que en el Distrito Federal, la ley original y sus subsecuentes reformas fueron impulsadas y aprobadas por el Partido de la Revolución Democrática (principal partido de “izquierda” en México) en dominio del poder ejecutivo y legislativo; la legislación de Puebla se aprobó bajo la batuta del Partido Revolucionario Institucional (que había conservado el poder en el Estado por más de siete décadas, incluyendo la mayoría legislativa). En el caso de Chiapas la legislación surgió en un contexto de amplia pluralidad política, mientras que en Yucatán, la legislación es bienvenida en un contexto de dominio del Partido Acción Nacional (principal partido de “derecha” en México). Lo anterior da cuenta de que la aprobación e impulso (y en ocasiones, obstaculización) de la transparencia no es prerrogativa de un partido en específico, ni de una ideología concreta y tampoco es característica de una situación política particular. Por otro lado, en los países centroamericanos que se analizan aquí, la situación es similar, excepto que, de acuerdo con los informes de cada país que alimentan este documento, la aprobación de la legislación estuvo enmarcada por un proceso de transformación institucional cuyo énfasis central fue el combate a la corrupción. En Honduras, Guatemala y Nicaragua, la legislación se aprueba en los primeros años de la gestión presidencial, cuando ninguno de los tres presidentes en cuestión (Manuel Zelaya, Álvaro Colom y Daniel Ortega) contaba con mayoría legislativa. En Panamá, la ley ocurre en el 2002 en el último tercio del gobierno de Mireya Moscoso, cuando ésta contaba con el apoyo de la Asamblea Nacional, pero en un contexto político polarizado que se desató a través del reglamento de 2004 (posteriormente
Una de las excepciones al ajuste que mandataba la reforma constitucional es la propia legislación federal. www.metricadetransparencia.cide.edu 11 En junio del 2011, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó una nueva ley de transparencia y acceso a la información que corrige los problemas que fueron detectados en la ley anterior. 10
abrogado) que asestaba un revés al imponer restricciones al derecho de acceso.12 La Figura 1 presenta un resumen de este breve recuento histórico legislativo de los 8 casos. Figura 1: Historia Legislativa 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Chiapas Distrito Federal Puebla Yucatán Guatemala Honduras Nicaragua Panamá
** El Distrito Federal aprobó una nueva legislación en materia de transparencia el 28 de marzo del 2008, con la que se abrogó la legislación original del 8 de mayo del 2003
Ver Michenerp. 307:URL http://gregmichener.com/Greg%20Michener%20Dissertation-The%20Surrender%20of%20Secrecy%20in%20Latin%20America--2010.pdf
Capítulo 2 Dimensión 1: Marco Normativo En el análisis de la transparencia gubernamental y el acceso a la información pública se ha privilegiado el estudio de la normatividad vigente. Como es claro, la mera existencia de una norma en materia de acceso a la información dice poco sobre la calidad del marco normativo. Lo que se busca en el análisis de esta dimensión es identificar algunos componentes básicos en la ley que permitirían valorar su calidad en términos del efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública. El análisis que se presenta a continuación no pretende ser ni prescriptivo o exhaustivo. Se trata, simplemente, de una evaluación general de la legislación en los ocho casos de estudio. El objetivo es ofrecer una fotografía panorámica que permita identificar los desafíos y lecciones centrales en la implementación de la normativa de acceso a la información en los ocho casos analizados. Este esfuerzo parte de una premisa muy sencilla: que si bien la legislación en materia de acceso a la información pública es fundamental para el efectivo ejercicio del derecho, tener una buena ley no es suficiente. Se requiere también –tal y como se mencionó en la introducción- de un entramado institucional y una serie de prácticas de gestión que complementen y den forma concreta en el actuar cotidiano al principio central de la transparencia gubernamental: el acceso ciudadano a la información pública. Es decir, aunque una legislación sólida disminuya la probabilidad de enfrentar problemas en la implementación de la política de acceso a la información, no la suple; como tampoco sustituye a todos los elementos de un sistema de transparencia (que va más allá del sólo derecho de acceso a la información). En la misma lógica, una mala ley puede encontrarse en la práctica con instituciones o actores que logren ajustar rutinas y procedimientos para sortear las debilidades de la propia legislación y, con ello, facilitar el acceso ciudadano a la información pública. En el análisis de la normatividad que se incluye en este documento, se privilegiaron diez categorías -o elementos clave- que se reconocen necesarios para una legislación consistente en materia de acceso a la información.13 Esta categorización toma como punto de partida la propuesta metodológica del estudio Métrica de Transparencia 2010 que evaluó todas las legislaciones mexicanas en este tema a la luz de los principios del artículo 6º de la Constitución mexicana, y siguiendo los lineamientos del Código de Buenas
Es importante notar que estas categorías no son equivalentes a las empleadas en el ejercicio de la Métrica de Transparencia 2010.
Prácticas y Alternativas para el Diseño de Leyes de Transparencia y Acceso a la Información Pública,14 elaborado por académicos mexicanos e internacionales.15 Los diez elementos de análisis fueron los siguientes: 1. La legislación tiene sustento constitucional que define el acceso a la información como un derecho ciudadano. 2. La legislación identifica con claridad los sujetos gubernamentales obligados a proveer información. 3. Existe un catálogo de información que debe estar disponible sin que medie solicitud alguna (es decir, se identifica un listado de información que debe ser pública de oficio). 4. Se regula con precisión el tipo de información que puede ser considerada como reservada o confidencial. 5. Se regula con precisión el proceso para clasificar cierta información como reservada o confidencial. 6. Existe un proceso administrativo (o jurisdiccional) al alcance del ciudadano para hacer exigible el derecho de acceso a la información. 7. Hay disposiciones en materia de archivos administrativos. 8. Se establece un órgano garante u organismo especializado para verificar el cumplimiento con las obligaciones en materia de acceso a la información. 9. Se definen con claridad los mecanismos con que cuenta el ciudadano para solicitar información. 10. Hay responsabilidades administrativas (y posibles sanciones) para funcionarios públicos que incumplan con entregar información a los ciudadanos. Cada uno de estos elementos, sin embargo, se encuentra ponderado de una manera específica con la finalidad de reflejar su importancia relativa dentro del marco normativo (ver Tabla 2). Así, los elementos relacionados a “la información pública de oficio, el diseño del órgano garante, el proceso de acceso y el recurso de revisión tienen una importancia relativa más alta.” En contraste con la metodología original que da pie a este estudio, se ponderó en un nivel intermedio la existencia de un sustento constitucional sobre el acceso a la información como un derecho ciudadano.16 Finalmente, se encuentran “los aspectos relacionados con la organización de la información y el diseño institucional”, o de incentivos. La tabla siguiente resume la ponderación empleada. Para una mejor comprensión, se creó un índice que suma el
Ver Sergio López Ayllón, 2007. En la Métrica de Transparencia 2010, se explica que el “Código es el resultado de un ejercicio de consulta y consenso encabezado por la [Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública] y el [Instituto Federal de Acceso a la Información], y desarrollado técnicamente por un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la [Universidad Nacional Autónoma de México] y del [Centro de Investigación y Docencia Económicas]” ver Métrica de la Transparencia 2010, p. 15. 15 Conviene apuntar aquí una nota de precaución: el análisis que a continuación se presenta se restringe a disposiciones legislativas, lo que deja parcialmente de lado el estudio de reglamentos y otras disposiciones normativas. 16 En la metodología original, esta categoría recibía la ponderación más baja, pues al tratarse de principios enarbolados por la Constitución federal, el nivel de exigencia en términos de desarrollo legislativo era menor. Al ser éste un análisis que no se restringe a las entidades federativas de México, se pensó prudente dar mayor ponderación a estos elementos.
resultado de cada una de las categorías analizadas y normaliza el resultado a un valor de entre 0 y 1, donde 1 es representativo de una legislación que contempla –en general- las categorías de análisis.17
Tabla 1: Ponderación Análisis Normativo Clave Categoría Ponderación Existe un catálogo de información que debe ser A disponible sin que medie solicitud alguna (información 1 pública de oficio) Existe un proceso administrativo (o jurisdiccional) al B alcance del ciudadano para hacer exigible el derecho de 1 acceso a la información Se establece un órgano garante u organismo C especializado para verificar el cumplimiento con las 1 obligaciones en materia de acceso a la información Se definen con claridad los mecanismos con que cuenta D 1 el ciudadano para solicitar información La legislación tiene un sustento constitucional que E define el acceso a la información como un derecho 0.6 ciudadano La legislación identifica con claridad los sujetos F 0.6 gubernamentales obligados a proveer información Se regula con precisión el tipo de información que G 0.3 puede ser considerada como reservada o confidencial Se regula con precisión el proceso para clasificar cierta H 0.3 información como reservada o confidencial Hay disposiciones en materia de archivos I 0.3 administrativos Hay responsabilidades administrativas (y posibles J sanciones) para funcionarios públicos que incumplan 0.3 con entregar información a los ciudadanos
El puntaje alcanzado no debe leerse, por supuesto, como una calificación de la calidad de la ley; es simplemente un reflejo de las categorías incluidas en la legislación.
Tabla 2: Categorías de Análisis y Resumen de Resultados Clave
(ponderación)
Existe un catálogo de información que debe ser disponible sin que medie solicitud alguna (información pública de oficio) Existe un proceso administrativo (o jurisdiccional) al alcance del ciudadano para hacer exigible el derecho de acceso a la información Se establece un órgano garante u organismo especializado para verificar el cumplimiento con las obligaciones en materia de acceso a la información Se definen con claridad los mecanismos con que cuenta el ciudadano para solicitar información La legislación tiene un sustento constitucional que define el acceso a la información como un derecho ciudadano La legislación identifica con claridad los sujetos gubernamentales obligados a proveer información Se regula con precisión el tipo de información que puede ser considerada como reservada o confidencial Se regula con precisión el proceso para clasificar cierta información como reservada o confidencial Hay disposiciones en materia de archivos administrativos Hay responsabilidades administrativas (y posibles sanciones) para funcionarios públicos que incumplan con entregar información a los ciudadanos
La Tabla 2 resume los resultados generales y muestra la heterogeneidad de las normas, pues mientras las legislaciones mexicanas cumplen con las categorías generales de análisis, las centroamericanas se encuentran relativamente rezagadas en aspectos que, como veremos a continuación, resultan clave.
Como resulta evidente, la mayoría de las legislaciones analizadas incorporan las categorías de estudio; sin embargo, en el caso de las legislaciones centroamericanas, las ausencias normativas ocurren particularmente en las categorías que reciben mayor ponderación en el análisis. Existen dos reflexiones importantes en torno a las celdas en gris que aparecen en la Tabla 2. La primera reflexión es sobre la ausencia de sustento constitucional en el caso hondureño. Aunque es posible argumentar que no todo el derecho constitucional emana o se encuentra en la Constitución Nacional, debido a que legislación general y/u otras disposiciones del marco normativo pueden reconocer o darle el carácter de constitucional a un derecho en particular, resulta complicado argumentar que la garantía de protección es la misma, pues mientras no se reconozca y delimite lo que se conoce como bloque de constitucionalidad, la protección al derecho de acceso a la información pública queda en entredicho.18 Aún así, destaca que pese a lo reciente de la Ley, ésta cuenta ya con reglamentación detallada. La segunda reflexión es mucho más compleja y se refiere no tanto a la ausencia de un órgano garante en los países analizados, como a la existencia de un diseño institucional por demás complejo para velar por el debido respeto al derecho de acceso a la información pública de la población en general. Son dos las debilidades que se identifican: por un lado, existe una dispersión de autoridad y, por otra parte, existe una saturación de responsabilidades en instituciones específicas. Ambas situaciones son contraproducentes. El primer caso está principalmente representado por Panamá, en donde se identifican, al menos, cuatro instituciones o autoridades de velar el derecho de acceso a la información (el Consejo Nacional de Transparencia, la Defensoría del Pueblo, la Asamblea Nacional y la Corte Suprema). El problema central es que lejos de fortalecer la protección del derecho, la existencia de múltiples autoridades con responsabilidades difusas sólo genera incertidumbre en los procedimientos. Por otra parte, si bien Panamá cuenta con la importante figura del Habeas Data, interponer un recurso en este sentido implica –por las características del proceso-- una barrera para el usuario, además de que resulta en contrasentido al principio de “oportunidad de la información,” uno de los más importantes en el derecho de acceso a la información (Ver Anexo B-1). El recurso de Habeas Data no parece garantizar este principio, pues su resolución recae en una autoridad que no importando la buena voluntad y los buenos oficios, enfrenta una agenda compleja (como todas las cortes supremas). Al parecer, el número de recursos de Habeas Data ha sido particularmente bajo y con mucha probabilidad esto se deba no a una efectiva resolución de solicitudes de acceso o a la eficiencia de la información pública de oficio (como se verá en secciones posteriores), sino a la dispersión de responsabilidades que genera una importante confusión con respecto a la autoridad responsable y a la autoridad garantista. No parece 18
Por ejemplo, en fecha muy reciente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que los tratados y convenciones en derechos humanos constituían parte del bloque de constitucionalidad del derecho mexicano. En consecuencia, a inicios de julio de este año, la misma Corte emitió resoluciones que limitan el fuero castrense en la investigación y enjuiciamiento de delitos del fuero común. Desde 2009, año en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el caso Rosendo Radilla, se habían dado presiones por limitar las garantías del fuero castrense. Éste es simplemente un ejemplo de la importancia que reviste reconocer un derecho en el marco de la constitución o dar reconocimiento explicito a los elementos que forman parte del bloque de constitucionalidad.
haber claridad para el ciudadano panameño sobre qué hacer, a dónde acudir o con quién hacerlo. La sencillez en la determinación de responsables y responsabilidades es un factor clave para un efectivo derecho de acceso a la información.19 De alguna manera, Nicaragua presenta una situación similar, pues en este país no existe uno, sino varios órganos garantes, conocidos como Coordinaciones de Acceso a la Información Pública. Existe una Coordinación por cada poder del estado, una en las dos regiones autónomas (RAAN y RAAS), además de los correspondientes a las 153 municipalidades. A pesar de estar regulado el proceso de conformación, a la fecha no se ha constituido dicha coordinación. Entre otras potenciales razones, aquí se adelanta una primera hipótesis de que no existen incentivos (positivos o negativos) para los titulares de cada uno de los poderes, de los dos gobiernos autónomos (RAAN y RAAS) y/o las municipalidades para dar cabal cumplimiento al mandato de constituir una Coordinación. En este punto, es útil recordar que uno de los principios más importantes para el funcionamiento del órgano garante es la autonomía política, operativa y de gestión.20 El segundo problema identificado (saturación de responsabilidades) se presenta en el caso de Guatemala, donde la responsabilidad de velar por el respeto al derecho de acceso se deposita en el Procurador de Derechos Humanos, quien asume la tarea como una responsabilidad adicional. Si bien el acceso a la información pública es un derecho fundamental, es importante considerar que su lógica es distinta y que compactar la defensa de ambos en la misma institución contraviene uno de los principios clave de la adecuada garantía del derecho de acceso a la información que es la especialización. En este sentido, la experiencia del estado mexicano de Querétaro es ilustrativa. En marzo del 2007, se intentó fusionar la Comisión Estatal de Derechos Humanos con la Comisión Estatal de Información Gubernamental a iniciativa del ejecutivo estatal. La reforma motivó una acción de inconstitucionalidad que fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su calidad de Tribunal Constitucional en septiembre del 2008,21 que argumentó que “la fusión de los organismos estatales de derechos humanos y de acceso a la información del estado de Querétaro [es inconstitucional], porque afecta los principios de autonomía y de especialización reconocidos en el artículo sexto de la Constitución local” y agregaba que “la ausencia de autonomía bilateral pone en tela de juicio la protección efectiva, especializada, imparcial e independiente de los derechos fundamentales que se deben proteger por cada órgano”.22 A manera de explicación, los magistrados argumentaron que “la Comisión Estatal de Derechos Humanos, […] vigila que no se vulneren las garantías de los particulares, en tanto que la Comisión Estatal de Información Gubernamental controla el acceso a datos de cualquier dependencia, incluida la primera”.23 Si bien ésta resolución de la Suprema Corte parte del reconocimiento de 19
En la sección correspondiente al análisis del órgano garante, se abundará un poco más sobre este tema. En Nicaragua, se tiene además la opción de reclamar el derecho de acceso a la información por la vía de lo contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. En dicho caso, no se requiere del agotamiento de la vía administrativa. En la práctica, este mecanismo no es asequible para el ciudadano, aunque existe en la Ley. 21 Se refiere a las acciones de inconstitucionalidad 76/2008 y sus acumuladas 77/2008 y 78/2008 22 Ver la nota informativa de Julián Sánchez “Inconstitucional, fusión de organismos de derechos humanos y transparencia” en El Universal, publicada el 25 de Septiembre de 2008. URL: http://www.eluniversal.com.mx/notas/541555.html 23 Jesús Aranda “Ilegal, fusionar CEDH y órgano de transparencia de Querétaro” en La Jornada, 24 de septiembre de 2008 http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=036n1est 20
autonomía que hace la propia constitución queretana a ambas instituciones (en distintos niveles), es importante tomar en cuenta estas consideraciones como una invitación a la reflexión sobre la importancia de instituciones especializadas en cada una de estas materias. La Figura 2 muestra resultados generales de este análisis de las leyes y permite la comparación entre los distintos casos.
Figura 2: Síntesis del Análisis de la Dimensión Normativa
0,84375 0,90625
Para finalizar esta sección, presentamos los resultados pormenorizados del análisis normativo que se llevó a cabo en la Métrica de Transparencia de las entidades federativas mexicanas analizadas siguiendo la categorización y ponderación original (Figura 3). Este ejercicio tiene por intención mostrar que en el análisis minucioso de la normatividad es aún posible encontrar más diferencias y debilidades en las legislaciones estatales de acceso a la información pública. Sería interesante un análisis más profundo de la normatividad en Centroamérica para identificar con precisión las áreas de riesgo y las áreas de oportunidad. Nuevamente, el margen de evaluación generó un índice normalizado de 0 a 1 donde 1 es la calificación ideal.
Figura: 3 Análisis de la Dimensión Normativa de los Cuatro Estados Mexicanos24
Órgano garante especializado e imparcial
Disposiciones de archivos administrativos
Las figuras que ilustran esta sección dan cuenta de dos aspectos relevantes. Por una parte, la debilidad principal de las legislaciones de los países centroamericanos es la ausencia de un órgano garante autónomo y con responsabilidades definidas. Por otra parte, los gráficos también demuestran que incluso las legislaciones mexicanas que obtienen un puntaje ideal en agregado (primer ejercicio), muestran ciertas disparidades cuando se hace un análisis detallado de cada una de las categorías. En este sentido, conviene resaltar que los temas más complicados en la homogeneización normativa en México son los relativos a 1) la definición concreta de los sujetos obligados (un tema que, por cierto, es también punto débil en las legislaciones de los países centroamericanos como se verá a detalle en secciones posteriores de este documento), 2) la precisión y alcance de la información pública de oficio, 3) la regulación de cómo se determina información confidencial y 4) las características del recurso de revisión/apelación. Un tema adicional es el relativo a la regulación y fomento archivístico. Aunque parezca una obviedad, es importante recordar que no hay acceso a la información sin información. Aunque la mayoría de las leyes analizadas incluyen algún tipo de disposición en materia de archivos, éstas son de corto alcance y/o no vinculantes. Es fundamental actualizar la normatividad en este tema (por ejemplo, en Panamá, donde el 24
Una explicación más detallada se encuentra en el reporte general disponible en www.metricadetransparencia.cide.edu
reglamento correspondiente data de los años cincuenta), y fortalecer la capacidad de los órganos garantes (o las instituciones responsables), para vigilar la adecuada documentación de las decisiones de gobierno, así como el cuidado de la información relativa a todos los aspectos de la gestión pública. Lo anterior no exime (por el contrario) a las dependencias e instancias de los poderes legislativo y judicial, así como a los gobiernos sub-nacionales que son, por lo general, los menos capacitados en estos temas.
Capítulo 3 Dimensión 2: Portales de Gobierno Los portales de internet de los gobiernos son un instrumento fundamental para el ejercicio del derecho de acceso a la información. Si bien es cierto que en países donde la cobertura del servicio de internet es limitado, el alcance de estos portales se reduce; también lo es que los portales pueden ser un instrumento eficaz cuando están complementados con otros mecanismos de acceso a la información.25 Por ello, analizar la calidad de los portales, tanto en términos de la información contenida, como la facilidad de acceso, es un buen indicador del funcionamiento real de un sistema en el que los gobiernos ponen a disposición del ciudadano información pública. Para valorar la calidad de los portales gubernamentales en términos de transparencia y acceso a la información en las oficinas públicas mencionadas en la Tabla 1 (o equivalentes, que se describen en el anexo A), cada uno de los portales fue revisado en dos ocasiones: durante la primera y tercera semana de abril 2011. Se analizó tanto la información contenida, como la facilidad de uso de acuerdo a si el portal tiene o incluye:
1. Un vínculo de “transparencia” visible desde la página de inicio. 2. Información sobre el marco normativo de la institución correspondiente. 3. Información sobre la estructura orgánica de la oficina pública. 4. Un informe de actividades y avances en el cumplimiento de las metas y objetivos (resultados). 5. Informes de personal, directorio de servidores públicos y sueldos. 6. Información sobre el presupuesto de la institución correspondiente. 7. Informes de ejecución del presupuesto. 8. Información sobre contratos y obras públicas. 9. Información sobre auditorias de la institución correspondiente.
Helen Darbishire. 2010. Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A review of Standards, Challenges, and Opportunities. Washington DC, The World Bank (Access to Information Program Working Paper).
10. Información sobre como solicitar información (vía el ejercicio del derecho de acceso a la información) que no está contenida en el portal. 11. Un contacto para obtener información sobre el funcionamiento del portal.26 Para la evaluación de cada indicador, se asignó un punto (1) si el portal contaba con la información completa; medio punto (0.5) si sólo contaba con información parcial y cero (0) si la información no estaba disponible. En caso que la información no se encontrase en el portal institucional, pero en éste se señalaba el vínculo hacia el portal que reúne dicha información, la calificación fue la misma. El valor reportado es el promedio de las dos visitas. Los resultados generales se muestran en la Figura 4:
Figura 4: Promedio por Pregunta en los Cuatro Casos Centroamericanos
Contratos y Obras pública
Vínculo Transparencia
Tres hallazgos destacan: 1) vínculo desde el portal oficial a la página de transparencia, 2) la inclusión de las normas aplicables y 3) la presentación de la estructura orgánica. En el otro extremo, es notable que los portales prácticamente no incluyan información sobre las auditorías a las que las agencias públicas han sido sometidas. Se trata de una deficiencia grave que atenta con la noción de transparencia como un instrumento para la rendición de cuentas. Lo mismo ocurre con la poca información respecto al
El marco jurídico respecto a la información pública de oficio varía entre los países. Por ejemplo, en Guatemala los 11 temas a evaluar están incluidos dentro del catálogo de las obligaciones establecidas por la Ley de Acceso a la Información Pública como información de oficio. En cambio, en Honduras al menos tres de estos indicadores no tienen sustento en la ley (por ejemplo los informes de las auditorías internas no forman parte de la información pública).
cumplimiento de metas y resultados. El ciudadano estará sin duda más interesado en saber cuáles son los resultados de la acción gubernamental que en conocer organigramas o leyes. Son notables también los bajos valores encontrados respecto a la pregunta 10 (información sobre cómo hacer una solicitud de acceso para información no contenida en el portal), pues idealmente debería haber una complementariedad automática. Cuando el ciudadano no encuentra en el portal cierta información, debería poder conocer fácilmente un mecanismo alterno para obtenerla. Más allá de estos hallazgos generales, al revisar los puntajes obtenidos en promedio distinguiendo por tipo de oficina pública, encontramos que hay variaciones considerables entre estas oficinas.
Figura 5: Puntaje Promedio por Agencia en los Cuatro Casos Centroamericanos
Municipio rural pequeño
Municipio urbano de tamaño medio
Municipio de la ciudad capital
M. Obras Públicas
M. Seguridad Social
M. Finanzas Públicas
M. Gobernación (interior)
Nota: Nicaragua No tiene Ministerio de Obras Públicas
El Ministerio de Finanzas Públicas (o equivalente) obtiene en promedio (y en tres de los cuatro países) la calificación más alta. Esto se explica no sólo por la tradicional sofisticación técnica de estos ministerios, sino también porque, en el discurso público, la primera referencia del acceso a la información y la transparencia tienen que ver con lo financiero y presupuestal, que está a cargo de estos ministerios. No sorprende la baja calificación de los municipios rurales pequeños. En dos de los países (Panamá y Honduras) el municipio analizado (Atalaya y Sabanagrande, respectivamente) no contaba con portal
electrónico de transparencia, por lo que su calificación fue de 0. Al respecto, destaca positivamente el municipio que en esta categoría se estudió en Nicaragua: Muelle de los Bueyes. En este caso, el municipio rural pequeño alcanzó la tercera calificación más alta en un país donde todavía existen grandes desafíos en materia de transparencia. Al respecto, como se verá más adelante, esto es similar a lo ocurrido en el estado mexicano de Puebla: donde la ciudad capital tiene una de las calificaciones más altas, a pesar de un entorno legal y político que no era propicio para la transparencia. Esto muestra que la transparencia proactiva no es ante todo un problema de tecnología o recursos presupuestales, sino de compromiso político y vocación pública en el ejercicio gubernamental. En cambio, los portales de la presidencia tienen la segunda calificación más baja. La cabeza del ejecutivo no sólo tiene obligación legal de ofrecer información a sus ciudadanos en sus portales de internet, sino que, para que el sistema de acceso a la información sea legitimado aun más y funcione en su conjunto, debe servir como ejemplo para el resto de la administración pública y para los otros poderes del Estado. Una percepción de falta de transparencia y acceso a la información en la presidencia puede ser utilizada como excusa para menos compromiso con el acceso a la información en otros espacios. Por ejemplo, en Guatemala el portal de la Presidencia de la República prácticamente no ofrece la información que manda la ley. Nicaragua también obtiene una calificación baja, pues la presidencia no cuenta con una página de transparencia. El vinculo de su portal relacionado con la Ley de Acceso a la Información Pública dirige a los usuarios hacia el portal de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, que incluye datos de esa Secretaría, mas no de la presidencia. Este es un importante desafío, en donde se hace necesario consolidar un portal que permita al ciudadano, un mayor conocimiento de los logros del órgano ejecutivo.27 Como se muestra en la Figura 6, las calificaciones más bajas correspondieron a estos dos extremos del espectro institucional: en Nicaragua y Guatemala la menor puntuación correspondió a la Presidencia de la República; en tanto que en Honduras y Panamá el valor más bajo fue el de los municipios rurales analizados (Sabanagrande y Atalaya, respectivamente).28
De otro lado en cuanto al poder legislativo cabe destacar los esfuerzos que se han realizado por mejorar la página web de la asamblea nacional y transparentar el proceso dze formación y aprobación de la ley. Ver Proyecto “Sistema de Indicadores en Gobernabilidad para Fortalecer las Políticas Públicas en Nicaragua” – PNUD- Nicaragua. 28 Respecto a Panamá, en materia de gobiernos locales, existe la iniciativa, en ejecución actualmente, por parte de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, del proyecto e-MuNet (Municipios eficientes y transparentes), un intento de de modernización de los municipios, que involucra la creación de portales en los gobiernos municipales.
Figura 6: Puntaje Promedio por Agencia (2 visitas) en los Cuatro Casos Centroamericanos Guatemala
Para encontrar un referente sobre la heterogeneidad que, incluso en un mismo país pueda existir en el funcionamiento del sistema de acceso a la información pública, en la Figura 7 se muestra la experiencia de los cuatro estados mexicanos analizados. Como se observa, en México, existen también calidades diferenciadas en los portales electrónicos. El Distrito Federal destaca por las altas calificaciones (explicables por el esfuerzo que el órgano garante local ha hecho por que el gobierno actualice la información de sus portales regularmente); en tanto que Puebla destaca por la baja calidad de sus portales. Sin embargo, como se mencionó ya, varios municipios poblanos tienen calificaciones superiores al promedio de su estado (y el municipio capital aún más).
Figura 7: Puntaje Promedio por Agencia (2 visitas) en los Cuatro Estados Mexicanos Chiapas
1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Poder Ejecutivo
Órganos Poder Legislativo Desconcentrados
Más allá de los datos duros –que deben tomarse con precaución, dada las limitadas observaciones con las que están construidos–, se hizo también un análisis de las que pueden ser consideradas como las buenas y malas prácticas en el uso de los portales electrónicos, que se detallan a continuación. Como buenas prácticas destaca el caso de Guatemala, en donde todos los portales de los ministerios han adoptado un formato similar para cumplir sus obligaciones de transparencia proactiva, tanto en la señalización del vínculo de transparencia, como en la organización y presentación de la información. Esto facilita la consulta por parte de los ciudadanos, que no deben familiarizarse con sistemas y presentaciones diferentes cada vez que consultan un ministerio distinto. Se trata de una práctica que otros países podrían replicar para facilitar el acceso ciudadano. Panamá acaba de iniciar un proceso similar: en marzo de 2011 la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental emitió los estándares para páginas web de los entes de gobierno, que permitirá reducir la proliferación de estructuras y contenidos diferenciados y promover el uso de los sitios web para simplificar los trámites realizados ante el gobierno. En el mismo sentido, y también en Guatemala, destaca la actualidad de la información. No sólo se presentan las asignaciones presupuestarias anuales, sino también las modificaciones realizadas en el periodo. Esto es posible gracias a que hay insumos actualizados regularmente, ya que Guatemala cuenta con un Sistema Integrado de Administración Financiera –SIAF-, que permite mantener un sistema contable integrado, que abarca a todo el sector público.
Los cuatro países centroamericanos tienen en común una práctica innovadora para la publicación de las compras gubernamentales, uno de los espacios donde la transparencia tiene mayor potencial para disminuir la discrecionalidad en la asignación de contratos y las prácticas corruptas en las compras gubernamentales. En Nicaragua existe un Registro de Información del Sistema de Administración de Contrataciones del Sector Público, que incluye información actualizada sobre todas las contrataciones administrativas del sector público. El portal Nicaragua Compra, www.nicaraguacompra.gob.ni, a cargo de la Dirección General de Contrataciones del Estado, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, permite al ciudadano obtener información relativa a los procesos de compra gubernamental, desde las contrataciones vigentes, las contrataciones concluidas realizadas durante el año, un acceso directo a la lista de precios, así como a los anuncios de adquisiciones y el régimen de prohibiciones. Algo similar ocurre en Guatemala con el sistema Guatecompras (http://www.guatecompras.gt), y en Panamá con Panamá Compra (http://www.panamacompra.gob.pa/portal/PortalPanama.aspx), un sistema desarrollado para incrementar la transparencia, la eficacia y la eficiencia en las compras gubernamentales. En Panamá existe también el sitio web http://www.panamatramita.gob.pa/, que integra varios trámites que las diferentes entidades de gobierno le ofrecen a los ciudadanos. Finalmente, en http://www.presidencia.gob.pa/transparencia/planilla/frames/planillapresidencia02.html, se proporciona información sobre los cargos, las personas que los ocupan, su remuneración y su relación laboral con el Estado. Se trata de iniciativas de portales de transparencia con referencia a temas específicos, que facilitan la búsqueda de información por parte de los ciudadanos. Entre los desafíos más importantes a resolver se encuentran: a) Contar con información completa y actualizada, sobre todo la relacionada con el ejercicio de las responsabilidades. Si bien se cuenta con información presupuestal relativamente completa y actualizada, no ocurre así con la información relacionada con el desempeño de actividades, los indicadores de resultados y el cumplimiento de metas. b) Diferenciar portales gubernamentales de los portales institucionales de comunicación social. Particularmente en Nicaragua, se encontró que en muchos casos los portales no muestran información sobre presupuestos, actividades o personal. c) Vincular a los portales de transparencia con los sistemas de solicitud de acceso a la información, de forma que desde el propio portal sea posible conocer el procedimiento para solicitar información y los formularios necesarios.
Capítulo 4 Dimensión 3: Ejercicio Usuario simulado Más allá de normas, instituciones y portales, la eficacia de un sistema de acceso a la información pública se muestra en la capacidad de las entidades públicas sujetas a la ley para responder con oportunidad y calidad a las solicitudes de información que hagan los ciudadanos. Por amplia que sea la transparencia proactiva, el sentido del acceso a la información radica en que un ciudadano pueda solicitar cualquier información pública que esté definida por la ley y la obtenga mediante un proceso simple, expedito y que garantice que la respuesta a su solicitud cumpla con criterios de actualidad y relevancia. En otras palabras, la transparencia no consiste sólo en la existencia de un derecho genérico, de instituciones que promuevan el ejercicio del derecho de acceso a la información, o de portales que contengan la información que el gobierno está obligado a poner a disposición de los ciudadanos, sino, ante todo, en la posibilidad de que cualquier ciudadano pueda activar un proceso de solicitud de información que culmine con una respuesta satisfactoria. Para realizar un diagnóstico de la forma en que los gobiernos de los cuatro países analizados procesan las solicitudes de sus ciudadanos, se realizó un ejercicio de usuario simulado, para valorar los tiempos de respuesta, las etapas del proceso y la calidad de la respuesta. Se realizaron dos solicitudes de información a cada una de las oficinas públicas mencionadas en la sección anterior (véase el anexo A). El proceso en cada caso involucró: 1. Se solicita el presupuesto autorizado y ejecutado para el ejercicio 2010 de [la institución correspondiente], desglosado por [los rubros usuales en cada país]. 2. Se solicita la remuneración anual del [titular de la institución]. Para cada una de las preguntas se llevó un registro de cada paso del proceso: fecha de solicitud, fecha de notificación, prórrogas, costos o aclaraciones (en su caso), fecha de respuesta. Además del proceso y los tiempos, se evaluó la calidad de la información recibida, asignando los siguientes valores: un punto (1) si la información se recibió completa; medio punto (.5) si faltó sólo uno de los elementos de la solicitud; cero (0) en todos los demás casos (cuando la información fue incompleta, cuando fue declarada inexistente, reservada o confidencial, cuando no correspondió con lo solicitado, cuando no se obtuvo respuesta, o cuando no fue posible presentar la solicitud). Esta valoración tiene como premisas que la información es pública y que la oficina a la que se solicitó debe entregarla y contar con un mecanismo para procesar la solicitud. La valoración se hace desde la lógica de un ciudadano que busca información. Más allá de las restricciones legales, dificultades administrativas o complicaciones procedimentales, lo importante para este análisis es si el ciudadano recibió o no la información, si ésta fue completa y actualizada y cuánto tardó en obtenerla.
Con esta lógica, la Figura 8 muestra los resultados generales para los cuatro países analizados. La variación, como es evidente, es significativa. Lo más importante para propósitos de este análisis – limitado sin duda por el número de observaciones– no es el dato agregado, sino la posibilidad de identificar las prácticas que explican estos resultados diferenciados.29 Figura 8: Promedio de Calificación de las Respuestas para los Cuatro Casos Centroamericanos 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Honduras
Estos resultados ocultan también la dispersión dentro de cada país, pues hubo variaciones considerables en función del tipo de oficina pública, tal como muestra la Figura 9.
Una representación gráfica del proceso de solicitud se encuentra en el Anexo B.
Figura 9: Puntaje Promedio de Respuesta para los Cuatro Casos Centroamericanos 1 0,9
Oficina de Presidencia de la República Ministerio del Interior
Ministerio de Salud Ministerio de Educación
Ministerio de Desarrollo Social 0,5
Ministerio de Obras Públicas Cámara de Diputados o Congreso
Entidad Superior de Fiscalización 0,3
Suprema Corte de Justicia Municipio de la Ciudad Capital
Municipio Urbano de Tamaño Medio 0,1 0
Municipio Rural Pequeño Honduras Nicaragua Guatemala Panamá
Salvo en Panamá, todos los países tuvieron oficinas con los valores máximo y mínimo: agencias públicas que respondieron completamente las solicitudes y oficinas que no lo hicieron (y, como se verá más adelante, que no respondieron o ni siquiera aceptaron la solicitud). Esto apunta a que no se trata de un reto estructural, y valida la idea de que la información solicitada era pública y accesible. Lo que varían son las prácticas para procesar las solicitudes. En todo caso, lo notable de este ejercicio fue la enorme cantidad de oficinas en las que ninguna de las dos solicitudes pudieron ser entregadas, o que no recibieron respuesta completa y que por tanto obtuvieron “0” de calificación: 7 en Honduras, 10 en Nicaragua, 4 en Guatemala y 11 en Panamá (de un total de 13 oficinas en cada país). También varían sustancialmente los tiempos para responder, como se muestra en la Figura 10 en algunos casos se obtuvo respuesta inmediata (un día hábil); mientras que en otros la espera fue de más de 20 días hábiles.
Figura 10: Tiempo de Respuesta (días hábiles) en los Cuatro Casos Centroamericanos Honduras
25 20 15 10 5 Municipio Rural Pequeño
Cámara de Diputados o Congreso
Oficina de Presidencia de la República
Las observaciones sin valor en la Figura 10 anterior se refieren a solicitudes que no obtuvieron respuesta. Este es, indudablemente, el principal problema en la región: la ausencia frecuente de mecanismos para recibir, procesar y responder las solicitudes de acceso a la información. Entre las principales dificultades encontradas: 1. Requisitos para llenar la solicitud. Por ejemplo, en Panamá, aunque la ley faculta a cualquier persona a solicitar información sin que medie justificación o motivo alguno, el Artículo 6 de la ley detalla que las solicitudes de acceso deberán contener, entre otras cosas: el número de cédula de identidad personal y el número telefónico donde pueda ser localizado –que anula la posibilidad de anonimato y puede convertirse en un disuasivo. 2. Poca claridad sobre los responsables de recibir la solicitud. Como se señaló en la sección anterior, buena parte de los portales electrónicos no tienen información sobre quién es el funcionario que puede recibir una solicitud de acceso a la información –y dónde se localiza. Esto puede ser una potencial barrera para que los ciudadanos soliciten información, pues deben poseer, de antemano, información sobre el funcionamiento de la oficina pública correspondiente. El caso de Nicaragua es sobresaliente en este sentido, pues se hizo difícil identificar a los responsable de recibir la información, por lo que las solicitudes no se pudieron presentar. En varios casos fue necesario trasladarse entre distintas instalaciones, pues los funcionarios no tienen claridad sobre los responsables de atender las solicitudes de información pública. Un problema similar ocurre en Panamá, al no preverse la creación de oficinas dedicadas ex profeso (así sea en tiempo parcial) para atender las solicitudes. Las solicitudes deben tramitarse en la oficina de recepción de correspondencia.
3. Evasiones para no recibir la solicitud. En múltiples oficinas de los países analizados, los solicitantes experimentaron esperas prolongadas y decisiones discrecionales para no recibir las solicitudes, alegando que los funcionarios encargados no estaban en la oficina y por tanto la solicitud no podía ser recibida formalmente. En otros casos (como en el Ministerio de Educación de Nicaragua), las solicitudes fueron recibidas, pero no se entregó ninguna nota de recibido o sello que comprobara la recepción. Finalmente, hubo ocasiones en que las solicitudes tuvieron que ser reformuladas (por ejemplo, para que fueran escritos dirigidos a la máxima autoridad en cada oficina), y leídas y revisadas por varios funcionarios antes de poder ser aceptadas. 4. Obstáculos para entregar las respuestas. En la municipalidad de Santa Catarina Pinula, Guatemala por ejemplo, se encontraron múltiples dificultades para recibir la información. “No obstante los requerimientos constantes, siempre adujeron alguna excusa por teléfono, entre ellas que se les debía primero explicar para que se iba utilizar la información (cosa que por supuesto no es requisito según la ley); después argumentaron que ese tipo de información era confidencial (según la ley es información de oficio), y por último, que previamente se debía de entregar una fotocopia del documento de identidad de la persona solicitante, lo que tampoco es un requisito legal.”30 La respuesta nunca llegó. 5. Medios electrónicos ineficaces. En varios de los países, existe aparentemente un mecanismo para procesar solicitudes a través del correo electrónico, pero, en realidad, la mayor parte de las veces ese mecanismo no produjo respuestas (o, al menos, un acuse de recibo). Es necesario que haya mecanismos distintos del correo electrónico de funcionarios para atender las solicitudes. Por ejemplo, en Guatemala, existe el denominado Sistema Administrativo de Gestión de Solicitudes de Información (SAGSI), que es un sistema homogéneo ya en uso en varios ministerios, que, de operar adecuadamente, facilitaría el procesamiento de las solicitudes de información. El procesamiento de las solicitudes en los cuatro estados mexicanos muestra una diferencia notable (Figuras 11 y 12 respectivamente). En los cuatro casos existen procesos institucionalizados para atender las solicitudes de acceso a información pública. Las calificaciones bajas en la mayoría de los casos fueron por la baja calidad de las respuestas, no porque las solicitudes no se hubieran podido hacer.
José Antonio Pérez, "Guatemala: el acceso a la información pública", documento insumo para este análisis, 2011.
Figura 11: Puntaje Promedio de Respuesta por Oficina Pública para los Cuatro Estados Mexicanos
1 Oficina del Titular del Ejecutivo
Secretaría de Gobierno Secretaría de Finanzas
Secretaría de Desarrollo Social Secretaría de Seguridad Pública
Secretaría de Salud Secretaría de Educación Pública
Tribunal Superior de Justicia Congreso del Estado
Entidad Superior de Fiscalización Comisión de Transparencia
Instituto Electoral Comisión de Derechos Humanos
Comisión del Agua 0,2
DIF Municipio Capital
Municipio Urbano Municipio Rural
0 Chiapas
Figura 12: Tiempo de Respuesta (días hábiles) por Oficina Pública para los Cuatro Estados Mexicanos Chiapas
35 30 25 20 15 10 5 Municipio Rural
Oficina del Titular del Ejecutivo
En los cuatro estados mexicanos existe un procedimiento estandarizado (al menos dentro del poder ejecutivo) parar atender las solicitudes de información. En todas las dependencias públicas existe una oficina de acceso a la información que es la responsable inequívoca de recibir, procesar y responder estas solicitudes. Sin duda, el siguiente paso en la construcción de sistemas de transparencia efectivos en Centroamérica tendrá que ser el fortalecimiento institucional: ya no cambiar leyes, sino procedimientos, rutinas y actitudes. Se trata, como ha dicho Mauricio Merino, de transformar a la transparencia en una política pública.31 En este sentido, destaca la experiencia de Guatemala, en donde -pese a tener una legislación de reciente creación-- se ha logrado construir una estructura para atender las solicitudes de acceso a la información. Todas las entidades del gobierno central (en los tres organismo del Estado) e instituciones descentralizadas han establecido oficinas específicas para atender solicitudes y dentro de cada dependencia se han creado redes internas de funcionarios que sirven de enlace para proporcionar la información.
Merino, Mauricio. 2006. "Muchas políticas y un solo derecho" en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, editado por Sergio López Ayllón. México: UNAM - Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Capítulo 5 Dimensión 4: Capacidades Institucionales del Órgano Garante En el análisis del derecho de acceso a la información se ha dado especial importancia a las características de la legislación y, con menor énfasis, a las demandas y especificaciones de su implementación. Un aspecto de equivalente trascendencia es el relacionado con las instancias que hacen valer este derecho. Parafraseando a Laura Neuman, el gran reto no es tanto la aprobación de una buena legislación en materia de transparencia, como la consolidación de un entramado institucional que materialice el derecho que la norma protege.32 En el mundo se reconocen tres modelos de procuración y garantía del derecho de acceso a la información pública. El primero es un “modelo de revisión judicial” en el que las apelaciones se hacen directamente ante instancias del poder judicial (por ejemplo, los Estados Unidos). En el segundo modelo existe un comisionado de la información (o tribunal) con poder de mandato (order-making powers) en donde la característica definitoria es que este comisionado o tribunal emite resoluciones vinculantes para los sujetos obligados (como el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de México). En el tercer modelo también existe un comisionado de la información, pero éste no tiene poder vinculante, sólo emite recomendaciones a las instituciones correspondientes; se trata de un ombudsman de la información (por ejemplo, Canadá).33 En los casos que analizamos, predomina el segundo modelo –comisionado con decisiones vinculantes-, pues es el que caracteriza a las cuatro entidades federativas de México y al Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras. La situación se torna un poco más difusa en el caso de Guatemala y Nicaragua en donde la vigilancia del derecho de acceso a la información se delega al Procurador de Derechos Humanos en el primer caso, y a una serie de Coordinaciones de Acceso a la Información Pública, en el segundo país. Estas características ubican a Guatemala como un híbrido entre el primer y el tercer modelo; mientras que Nicaragua parece ser un híbrido entre el segundo y el tercer modelo. En Panamá, en cambio, no hay claridad sobre la responsabilidad de vigilar y garantizar este derecho, lo anterior, a pesar de que la participación de la Corte Suprema en la revisión de los recursos de Habeas data permite pensar que Panamá se mueve hacia un modelo judicial. Independientemente del modelo, una condición necesaria para la correcta garantía del derecho de acceso a la información es que la institución responsable cuente con autonomía política y de gestión. Por autonomía se entiende la existencia de “una diferenciación de incentivos e intereses entre el [órgano garante] (entidad ´activa´) y los [sujetos obligados] (entidades ´pasivas´).” El resultado de una autonomía real es que “el funcionamiento y supervivencia institucional [del órgano garante] no están 32
Neuman, Laura. 2009. Enforcement Models. Content and Context. World Bank Access to information Working Papers. Washington DC: The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/LNEumanATI.pdf 33 Ibid.
supeditados a la convergencia de intereses con los [sujetos obligados].”34 El órgano garante debe operar “libre de toda interferencia política y [debe ser] capaz de resistir la influencia de intereses creados.”35 La normatividad que determina la estructura de los órganos garantes en los casos analizados (en específico, en los países centroamericanos) pone en tela de juicio su autonomía. Un indicador de este nivel de autonomía es el procedimiento establecido para determinar al titular de la institución: si éste se caracteriza por una concentración de decisión en un actor, el nivel de independencia del titular disminuye. En la misma lógica, a medida que se comparte la responsabilidad de la designación del titular, se amplían los márgenes de negociación entre actores políticos que pueden tener intereses en conflicto, lo que puede generar una especie de blindaje al titular designado y así permitirle un margen de acción menos afectado por intereses particulares. Así, tenemos que la probabilidad de autonomía es mayor cuando participan dos poderes de gobierno, en contraste con situaciones donde la decisión es prerrogativa de un solo poder o del titular de alguna dependencia. En los casos analizados, Nicaragua es, tal vez, el que presenta mayor vulnerabilidad a la autonomía del órgano garante, pues el titular de cada una de las Coordinaciones de Acceso a la Información Pública es designado por la máxima autoridad del poder o institución a la que se encuentras adscrita la Comisión y depende jerárquicamente de esta figura (lo anterior a pesar de que la posición sea de inicio, por concurso público). La figura 13 da cuenta de manera gráfica de las diferencias.
Ríos Cázares, Alejandra y Juan Pardinas, 2009. Hacia la reforma constitucional: las entidades de fiscalización superior en México. Documento de trabajo 219, División de Administración Pública. México: CIDE. 35 (Neuman, 2009: 25).
Figura 13: Nivel de Autonomía de los Órganos Garantes Autonomía Débil Caso
Número de comisionados o titulares
Vigencia del mandato (años)
Nicaragua Cada Coordinación de Acceso a la Información Pública tendrá el número de miembros que cada poder, cada Gobierno Regional Autónomo y cada Gobierno Municipal determine
Fuerte Guatemala Puebla No hay comisionados, se delega en el procurador de derechos humanos y éste designa a un 3 secretario ejecutivo
Distrito Federal Yucatán
El titular de cada Comisión de Acceso a la Información Pública será electo por concurso, pero dependiente de la máxima autoridad del poder del Estado al que esté asignada la Comisión.
El procurador lo nombra la Comisión legislativa de Derechos Humanos conformada por un miembro de cada partido político con representación legislativa con aprobación del pleno. El Secretario Ejecutivo es designado directamente por el Procurador de Derechos Humanos
Gran Comisión del Congreso abre convocatoria pública y somete una terna que elige por las 2/3 de miembros presentes
Los consejeros serán nombrados por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, quienes deberán ser ratificados por el Congreso del Estado, o en su caso por la Comisión Permanente, por mayoría calificada de votos de los diputados presentes.
Designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal después de convocatoria pública
Nombrados por el Congreso del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, de entre una terna que presente el Titular del Poder Ejecutivo, para cada nombramiento
El buen funcionamiento de un órgano garante no sólo requiere de un mínimo nivel de independencia, también demanda una clara delimitación de sus funciones, facultades y responsabilidades. En este tema, el sistema de Panamá se caracteriza por responsabilidades difusas y responsables dispersos. En un segundo nivel de indefinición se encuentra Nicaragua, en donde no resulta evidente el alcance de mandato de cada una de las Unidades de Coordinación de Acceso que obliga la ley, las cuales, del acuerdo al estudio de país, no han sido creadas a la fecha, y tampoco los mecanismos de coordinación entre ellas. El resto de los casos presenta una mayor claridad en responsabilidades, tal y como lo indica la Tabla 4, que también proporciona un índice normalizado sobre responsabilidades que permite
generar una idea de la magnitud de la tarea de los órganos garantes, siendo 1 el puntaje máximo. La Figura 14 presenta este único dato para su mejor comparación. Tabla 3: Responsabilidades de los Órganos Garantes o Equivalente Facultades Órgano garante o equivalente
Vigilar el Promover el efectivo derecho de cumplimiento acceso a la de los sujetos información obligados
Mantener estadísticas Conocer de Imponer sobre el recursos de sanciones tema de revisión solicitudes
Emitir un informe de labores
Disperso: Consejo Nacional de Trans. contra la Corrupción
Defensoría del pueblo (nodo de trans.)/ Congreso Nacional
Indeterminado 0.000
Figura 14: Funciones de los Órganos Garantes o Equivalentes: Indice de Responsabilidades
Yucatán 0,833
Puebla Distrito Federal
1,000 0,833
0,000 0,833
Honduras 0,500
Guatemala 0,000
La autonomía, sin embargo, no es suficiente para asegurar el adecuado funcionamiento del órgano garante. Se requiere también suficiencia de recursos materiales y humanos que permitan afrontar la tarea. Para dar una idea gráfica de la capacidad operativa de los órganos garantes, las Figuras 15 y 16 respectivamente muestran dos ponderaciones. La primera contrasta los recursos presupuestales de los órganos garantes (medidos en dólares estadounidenses) en relación con el número de sujetos obligados que se reportaron (en el caso de las entidades mexicanas) o identificaron (en el caso de los países centroamericanos). La Figura 16 muestra la misma lógica pero contrastando con el personal disponible y el índice de responsabilidades.
Figura 15: Presupuesto del Órgano Garante por Sujeto Obligado
$60.000,00 $51.502,32 $50.000,00
$20.000,00 $8.723,61 $10.000,00
$7.756,36
$2.893,08
$2.592,16
$Guatemala
Nota: Los datos presupuestales son el promedio de 2008-2010 para Guatemala y 2008-2009 para las entidades federativas.
Figura 16: Personal Total del Órgano Garante, Número de Sujetos Obligados e Indice de Responsabilidades 146 146
0,900 0,800
0,500 0,400
30 10 -10
0,300 0,200
0,100 Guatemala
Chiapas Personal
Distrito Federal Sujetos obligados
Yucatán Ponderación
En las figuras anteriores se empleó el número de sujetos obligados que auto-reportaron las entidades mexicanas, y que se dedujeron, por la legislación en el caso de los países centroamericanos. Aunque los datos pueden dar cierto sentido sobre el universo de acción del órgano garante, es importante destacar que pueden existir imprecisiones en todas las legislaciones sobre la definición y el número de sujetos obligados. Mientras algunas normatividades indican genéricamente a instituciones públicas, otras son puntuales en las especificaciones.36 La diferencia es crucial si se piensa que las legislaciones de estos casos asignan la responsabilidad de vigilar el correcto cumplimiento de la normatividad por cada uno de los sujetos obligados. En este tema, destaca nuevamente Panamá que, de acuerdo con el artículo 1 numeral 6 de la ley de transparencia tendría alrededor de 1,605 sujetos obligados, mientras que Guatemala indica en su normativa a 35 (Figura 17). Éste no es un desafío menor, puesto que el número de sujetos obligados delimita el universo de acción de los órganos garantes y bien puede afectar las requisiciones de presupuesto y personal, además de determinar el plan de trabajo. Figura 17: Número de Sujetos Obligados 1605 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0
Los órganos garantes son instrumentos fundamentales para el ejercicio efectivo del derecho ciudadano de acceso a la información pública. En estas instituciones debe recaer la responsabilidad de promover o coordinar la promoción del derecho a la información, la vigilancia, o el seguimiento proactivo de las acciones (como lo es la publicación de información en los portales de internet), así como la resolución de conflictos cuando media una solicitud de información. Por razones de limitación de extensión no es posible presentar aquí con detalle la información puntual sobre la situación de los órganos garantes de las entidades federativas mexicanas, en donde la principal debilidad se encuentra en la poca institucionalización de los procesos internos (por ejemplo, ausencia de manuales operativos o 36
Sirvan como ejemplos los casos extremos de Jalisco y Quintana Roo, dos entidades federativas en México: mientras que Jalisco identifica a 735 sujetos obligados, Quintana Roo reconoce sólo 17. En parte esta disparidad se explica porque Jalisco reconoce como sujetos obligados dependencias municipales, juzgados de distrito, etc., además de desagregar dependencias del poder ejecutivo. En cambio Quintana Roo, sólo identifica a cada poder de gobierno y a sus municipalidades.
archivísticos) lo que abre un margen de vulnerabilidad por la potencial pérdida de memoria institucional. En segundo término, se destacaba la incongruencia entre la disponibilidad de recursos humanos y financieros con las responsabilidades definidas en la legislación correspondiente. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública en Chiapas tiene como mandato promover el derecho de acceso a la información en un estado que cuenta con 118 municipios, de los cuales un amplio porcentaje es población indígena que habla distintas lenguas. Lo anterior refuerza la importancia de la labor de capacitar a los municipios del estado en la materia y vigilar que todos los sujetos obligados cumplan a cabalidad con las especificaciones de la información pública de oficio. El órgano garante del estado ha hecho un esfuerzo importante por generar material didáctico que no sólo traduzca la legislación correspondiente a las distintas lenguas del estado, sino que además reconozca y busque ajustar los usos y costumbres de ciertas regiones al derecho de acceso a la información. En Chiapas, no sólo cuenta el número total de sujetos obligados, sino también sus características. Una situación similar sucede en Yucatán, que cuenta con una amplia población de origen maya dispersa en un estado de territorio complicado. En conclusión, el análisis de los órganos garantes muestra que hay desafíos importantes, en particular para los cuatro países centroamericanos. La primera y más evidente es adecuar el diseño institucional a una lógica de sencillez y claridad. Con excepción de Honduras y Guatemala, es fundamental definir quién es el órgano garante del derecho de acceso a la información y, sobre todo, resolver el problema de la dispersión de responsabilidades. Un segundo punto consiste en analizar el diseño institucional del órgano garante. Esto es particularmente importante para el caso de Nicaragua en donde no quedan claras las garantías a la autonomía de las Coordinaciones de Acceso, ni el alcance de sus resoluciones. A casi cinco años de aprobada la legislación no se ha conformado ninguna Coordinación. En Nicaragua está la ley, pero no está claro quién defiende el derecho de acceso. Un tercer desafío es la delimitación del mandato no sólo en términos de las responsabilidades del órgano garante (que promueve el derecho, conoce de recursos de revisión, vigila portales, aplica sanciones, etc.), sino también en el universo de acción. Lo anterior es un aspecto débil en los ocho casos analizados. Finalmente, es importante reconocer que las etapas iniciales de implementación del derecho de acceso a la información demandan un esfuerzo mayor de seguimiento y capacitación institucional, además de la orientación a la ciudadanía, por lo que los gobiernos nacionales y sub-nacionales deben otorgar mayores recursos a este esfuerzo. Además, las organizaciones y los académicos especialistas deben profundizar en el análisis de los costos y beneficios reales de promover el acceso a la información pública.
Conclusiones El derecho de acceso a la información es justamente eso: un derecho que requiere y demanda su reconocimiento en un marco normativo específico. Sin embargo, el acceso efectivo de los ciudadanos a la información pública supone una política pública que no sólo se basa en un marco normativo específico, sino también instituciones garantes del derecho, ajustes estructurales y procedimentales a la administración pública y a las instituciones que tienen responsabilidades de información. Y todo lo anterior, sería inútil si no se agrega una agresiva campaña de promoción de este derecho, no sólo entre la ciudadanía, sino también entre los servidores públicos. El objetivo último es transitar hacia una cultura de transparencia, tanto en términos de gobiernos que se saben vigilados y obligados a hacer pública su información, como de ciudadanos que conocen y ejercen su derecho. Con esta lógica, este análisis muestra que el principal desafío es contar con una política pública que permita estructurar un sistema coherente de acceso a la información. Aunque en todos los países se ha avanzado en consolidar una legislación especializada, persisten retos importantes para institucionalizar el funcionamiento de dicho sistema y consolidar su capacidad para efectivamente hacer pública --tanto de manera proactiva como en reacción a solicitudes concretas de los ciudadanos-- la información de los gobiernos. En términos puntuales, se pueden destacar diez elementos para mejorar y fortalecer el acceso a la información pública: 1. Definir con claridad la institución garante y sus responsabilidades, así como dotarla de autonomía y capacidad administrativa, financiera y operativa. 2. Definir con claridad el universo de influencia de la institución garante, tanto en términos de las entidades obligadas, como de su ámbito de actuación. 3. Promover la especialización en temas vinculados al acceso a la información pública y la transparencia. 4. Definir una política de documentación de la gestión pública y manejo de archivos, pues ambos procesos son insumos fundamentales para el acceso a la información. 5. Definir y afinar la “línea de mando” en materia de acceso a la información pública. Esto es particularmente relevante para los sujetos obligados por la norma que no han logrado institucionalizar la lógica de transparencia en las rutinas cotidianas, ni definido inequívocamente los responsables, los plazos legales y las consecuencias. Es recomendable que las instituciones encargadas de implementar el acceso a la información pública instituyan un mecanismo efectivo para atender las solicitudes.37 Esto daría certeza a funcionarios y ciudadanos sobre los procesos a seguir y, poco a poco, disminuiría las barreras hoy existentes al acceso a la información.
Aquí se pueden tomar ejemplos de las entidades federativas mexicanas en donde se han identificado al menos tres modalidades de operación (principalmente en el poder ejecutivo y algunos municipios): la primera modalidad consiste en una
6. Asignar recursos suficientes para que los órganos garantes puedan efectuar de manera eficiente su labor. Se trata no sólo de buscar los recursos presupuestales, sino de asegurar el sustento legal y las capacidades administrativas tanto para promover el ejercicio del derecho como para resolver disputas. 7. Aprovechar las tecnologías de la información para agilizar procedimientos y disminuir costos. Lo anterior no se restringe al uso de equipos de cómputo y explotación de redes cibernéticas. Se han dado casos exitosos en el uso de líneas de acceso telefónico donde el usuario puede solicitar información que ya es pública de oficio, o bien realizar una solicitud de información concreta. 8. Promover una cultura de transparencia que vaya más allá del solo derecho de solicitar la información, y que permee las rutinas institucionales, de forma que las solicitudes ciudadanas sean sólo un eslabón en una cadena más sofisticada --de información que se hace pública de manera proactiva, iniciativas de gobierno abierto, presupuestos ciudadanos, entre otros-- que, a su vez, esté articulada con otros mecanismos de rendición de cuentas. 9. Propiciar que los líderes políticos --especialmente los titulares del poder ejecutivo en el ámbito nacional, estatal y municipal-- asuman un compromiso explícito con el derecho de acceso a la información, para que su ejemplo sea un incentivo para sus subordinados y otras instituciones. 10. Contar con una estrategia deliberada para la construcción de "capacidades para la transparencia" en los gobiernos sub-nacionales, pues suele haber un desequilibrio grave entre las obligaciones (y las expectativas) de transparencia para los gobiernos municipales y las capacidades (administrativas, tecnológicas y financieras) para cumplirlas. 38 Los esfuerzos incipientes en los países centroamericanos y en los estados mexicanos deberán profundizarse si es que los gobiernos municipales de todo tipo estarán en condiciones de hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Hay, además, una reflexión por hacer sobre el manejo político de la legislación en materia de acceso a la información. Es un error no sólo de contenido, sino también estratégico tratar de equiparar la legislación de acceso a la información pública (que no es una política de transparencia) a una estrategia de combate a la corrupción. Las historias legislativas en la mayoría de los países analizados (así como las instituciones responsabilizadas por la legislación misma) muestran que la ley de acceso a la información, unidad de acceso por sujeto obligado, es decir, cada dependencia cuenta con una “unidad de enlace” y una ventanilla de recepción de solicitudes; la segunda modalidades es la existencia de una unidad única en donde sólo existe una ventanilla y una unidad de acceso, pero en donde también cada dependencia cuenta con funcionarios habilitados y responsabilizados para responder a solicitudes de información. La tercera modalidad es la existencia de una unidad supervisora que vigila las acciones de cada dependencia (y cada dependencia cuenta con su unidad de enlace y una ventanilla de recepción. El dato más relevante es que, independientemente de la modalidad, en muy pocas ocasiones estas unidades constituyen una carga nueva o adicional, dado que se trata de funcionarios avezados en la administración pública que simplemente asumen responsabilidades de transparencia. 38 Guillermo M. Cejudo, "Capacidades para la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal", en Rodolfo García del Castillo (coord.), Los Gobiernos Locales ante los retos de la globalización, México, Universidad Autónoma Metropolitana-IGLOM, 2011 (en prensa).
en sus inicios, se presentó como solución a los niveles de corrupción, rampantes en algunos casos. De igual forma, se presentaba el acceso a la información y la transparencia como sinónimos de una efectiva rendición de cuentas. Sin embargo, esto puede ser contraproducente por, al menos, dos razones. Primero, la información es una condición necesaria, pero no suficiente de la rendición de cuentas. De hecho, se argumenta que la rendición de cuentas implica la obligación de quien rinde cuentas de informar, explicar y justificar sus acciones y omisiones a aquél que le solicita cuentas. Acceder a la información sólo atiende a uno de los tres verbos rectores de la rendición de cuentas, pero no agota la definición, pues no implica explicar o justificar. La conclusión es clara: el derecho de acceso a la información pública es necesario para la rendición de cuentas, pero no la garantiza, pues queda pendiente la definición de responsabilidades y el esquema de sanciones e incentivos, que también son elementos fundamentales para una efectiva rendición de cuentas.39 Segundo, un estado que se abre a la transparencia a través del acceso a la información tiene menores probabilidades de corrupción, pero nada más. Nuevamente, reconocer el derecho de acceso no garantiza servidores públicos probos. Lo anterior se puede lograr con una política más amplia e integrada de gobernabilidad democrática. La construcción de un sistema de acceso a la información no ocurre en un vacío, sino que implica costos, demanda ajustes institucionales y adecuaciones procesales. Los datos emanados del ejercicio de usuario simulado y el análisis de portales indican que es de suma importancia asumir el reto de institucionalizar el acceso a la información pública. Si bien hay avances en el reconocimiento del derecho de acceso a la información, principalmente en la normatividad –y, en algunos casos, en la institucionalidad-, aún queda un largo trecho por recorrer en la consolidación de una política de acceso a la información pública. Sólo con instituciones, procesos, autoridades y normatividad alineadas en el mismo sentido será posible fortalecer las condiciones necesarias para consolidar la gobernabilidad democrática con transparencia y rendición de cuentas.
Para una amplia discusión sobre este tema ver Sergio López Ayllón, Mauricio Merino y Guillermo Cejudo (coords). La estructura de la rendición de cuentas en México. México: IIJ-UNAM. 2010.
Referencias Ackerman, John M., e Irma E. Sandoval‐Ballesteros. 2006. “The Global Explosion of Freedom of Information Laws.” Administrative Law Review. 58(1): 85‐130; Bertoni, Eduardo Andrés. 2011. Libertad de información ¿tres palabras inofensivas? Leyes de acceso a la información y rol de la prensa. Washington: The World Bank. Alasdair Roberts. 2006. Dashed Expectations. Governmental Adaptation to Transparency Rules, en Christopher Hood y David Heald (eds.) Transparency. The Key to Better Governance. Oxford: Oxford University Press Aranda Jesús “Ilegal, fusionar CEDH y órgano de transparencia de Querétaro” en La Jornada, 24 de septiembre de 2008 http://www.jornada.unam.mx/2008/09/24/index.php?section=estados&article=036n1est Cejudo Guillermo M., "Capacidades para la transparencia y la rendición de cuentas en el ámbito municipal", en Rodolfo García del Castillo (coord.), Los Gobiernos Locales ante los retos de la globalización, México, Universidad Autónoma Metropolitana-IGLOM, 2011 (en prensa). Cejudo Guillermo M., López Ayllón Sergio y Ríos Cázares Alejandra. 2011. Assessing transparency across levels of government in Mexico. Rules, institutions, and practices. Documento presentado en la First Global Conference on Transparency Research, Newark, NJ: Rutgers University, Mayo. ---. 2011. “Diagnóstico de la transparencia en México. Lecciones de la Métrica de transparencia 2010.” Transparencia y privacidad. Revista mexicana de acceso a la información y protección de datos. Darbishire Helen. 2010. Proactive Transparency: The Future of the Right to Information? A review of Standards, Challenges, and Opportunities. Washington DC, The World Bank (Access to Information Program Working Paper). Hood, Christopher. 2006. Beyond Exchanging First Principles? Some Closing Comments, en Christopher Hood y David Heald (eds.), Transparency: The Key to Better Governance. Oxford: Oxford University Press. Mauricio Merino. 2006. "Muchas políticas y un solo derecho" en Democracia, transparencia y Constitución. Propuestas para un debate necesario, editado por Sergio López Ayllón. México: UNAM Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Michener, Greg. 2011. “FOI Laws around the World”, Journal of Democracy, Vol.22, No. 2 , Abril. -- The Surrender of Secrecy: Explaining the Emergence of Strong Access to Information Laws in Latin America. URL: http://gregmichener.com/Dissertation.html Consulta: julio 13, 2011
Michener, Greg, y Bersch, Katherine. 2011. The Quality of Transparency. Texto presentado en la Midwest Political Science Association, Abril; Banisar, David. Freedom of Information Around the World 2006. A Global Survey of Access to Government Information Laws. Privacy International 2006 [visita. Disponible en www.privacyinternational.org. Neuman, Laura. 2009. Enforcement Models. Content and Context. World Bank Access to information Working Papers. Washington DC: The World Bank. http://siteresources.worldbank.org/EXTGOVACC/Resources/LNEumanATI.pdf Pasquier, Martial, Nicolas Pauchard y Sarah Holsen. 2011. Resistance to transparency in Switzerland: a case study analysis of behaviors and justifications. Documento presentado en la First Global Conference on Transparency Research, Newark, NJ: Rutgers University, Mayo López Ayllón Sergio, 2007. En la Métrica de Transparencia 2010, se explica que el “Código es el resultado de un ejercicio de consulta y consenso encabezado por la [Comisión Mexicana de Acceso a la Información Pública] y el [Instituto Federal de Acceso a la Información], y desarrollado técnicamente por un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la [Universidad Nacional Autónoma de México] y del [Centro de Investigación y Docencia Económicas]” ver Métrica de la Transparencia 2010. López Ayllón Sergio, Merino Mauricio y Cejudo Guillermo (coords). La estructura de la rendición de cuentas en México. México: IIJ-UNAM. 2010. Ríos Cázares, Alejandra y Pardinas Juan, 2009. Hacia la reforma constitucional: las entidades de fiscalización superior en México. Documento de trabajo 219, División de Administración Pública. México: CIDE. Sánchez Julián “Inconstitucional, fusión de organismos de derechos humanos y transparencia” en El Universal, publicada el 25 de Septiembre de 2008. URL: http://www.eluniversal.com.mx/notas/541555.html Worthy Ben. 2010. More Open But not More Trusted? The Effect of the Freedom of Information Act 2000 on the United Kingdom Central Government. Governance 23 (4), 561-582
Anexo A Oficinas Públicas Estudiadas Guatemala
Presidencia de la República Ministerio de Gobernación (Interior)
Secretaría del Despacho Presidencial Secretaría de Interior y Población (Antes: Secretaría de Gobernación y Justicia) Secretaría de Finanzas Secretaría de Salud Secretaría de Educación Secretaría de Trabajo y Seguridad Social
Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Ministerio de Educación Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda Congreso de la República Contraloría General de Cuentas Corte Suprema de Justicia Municipalidad de Guatemala Municipalidad de Santa Catarina Pinula Municipalidad de Mataquescuintla
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) Congreso Nacional Tribunal Superior de Cuentas Corte Suprema de Justicia Alcaldía Municipal del Distrito Central (Departamento Francisco Morazán) Alcaldía Municipal de San Pedro Sula (Departamento de Cortés) Alcaldía Municipal de Sabanagrande (Departamento Francisco Morazán)
Nicaragua Presidencia de la República
Panamá Ministerio de la Presidencia
Asamblea Nacional de la República de Nicaragua Contraloría General de la República
Alcaldía de Diriamba Alcaldía de Muelle de los Bueyes
Alcaldía de Panamá (Provincia de Panamá) Alcaldía de David (Provincia de Chiriquí) Alcaldía de Atalaya
Anexo B Trámite de solicitud de acceso a la información pública Trámite del recurso de revisión ante máxima autoridad de sujeto obligado por Ley
Anexo B - 1 Guatemala Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala (Decreto 57-2008). Trámite del recurso de revisión ante máxima autoridad de sujeto obligado por Ley de Acceso a Información Pública de Guatemala (Decreto 57-2008). Anexo B - 2 Honduras Trámite de solicitud de acceso a información pública ante Institución Obligada por Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública de Honduras (Decreto No 170-2006). Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras. Anexo B – 3 Nicaragua Trámite de solicitud de acceso a información pública ante entidad obligada por Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua (Ley 621-2007). Trámite del recurso de apelación ante la Coordinación de Acceso a la Información competente.
Anexo B – 4 Panamá Trámite de solicitud de información de acceso público ante instituciones obligadas por Ley No. 6 de 22 de enero de 2002.
Anexo B-1. Trámite de solicitud de acceso a información pública ante sujeto obligado por Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala (Decreto 57-2008)
Requerimiento al solicitante para aclarar solicitud o subsanar omisiones
Falta de respuesta a la solicitud de acceso a información en plazo y forma legal / Configuración de afirmativa ficta
Aclaración no presentada u omisión no subsanada por solicitante
Arts. 41, 42 LAIP
Entrega de información solicitada por afirmativa ficta
Art. 44 LAIP
Aclaración presentada u omisión subsanada por solicitante
Realización de trámites internos para entrega de información solicitada Arts. 20 LAIP
Trámites internos realizados
Resolución de solicitud de acceso a información
Arts. 1 a 3, 9, 16, 18, 19, 20 a 24, 40, 42 a 45 LAIP
Arts. 20, 38 LAIP
Solicitud remitida a funcionario competente
Resolución de ampliación del término de respuesta a solicitud (por escrito)
Resolución que declara inexistencia de la información solicitada (por escrito)
Resolución de negativa al acceso a la información por no presentar aclaraciones o subsanar omisiones dentro de plazo concedido (por escrito)
Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un insumo/producto tiene dos o más salidas, de las cuales una, más de una o todas deben realizarse.
Operador de decisión utilizado para indicar escenarios o flujos alternos, de los cuales sólo uno puede realizarse.
Resolución de negativa al acceso a la información (por escrito)
Fundamento y motivación de negativa
Costos de reproducción pagados por solicitante
Expedición de copias simples o certificadas de información solicitada
Medio para reproducción de información entregado por solicitante
Entrega de información solicitada mediante reproducción escrita o por medio electrónico
Costos de reproducción no pagados por solicitante
Resolución de negativa parcial al acceso a la información (por escrito)
Fundamento y motivación de negativa parcial
Operador de decisión que indica que un proceso, un proceso externo o un insumo/producto tiene dos o más salidas que deben realizarse.
Pago de costos de reproducción
Arts. 3, 18 LAIP
Fundamento y motivación de ampliación de término de respuesta a solicitud
Entrega de información solicitada
Arts. 1 a 3, 9, 16 a 18, 19, 20 a 24, 40, 42 a 45 LAIP
Resolución prorrogada de la solicitud de acceso a la información
Remisión de solicitud a funcionario competente
Información puesta a disposición del solicitante para consulta en oficinas de sujeto obligado (gratuita)
Solicitud asesorada de acceso a información ante Unidad de Información Pública / Enlace (Verbal, escrita, mediante modelo o vía electrónica)
Arts. 1 a 6, 9, 16, 19, 20, 38, 41 LAIP
Orientación a interesados
Recepción de solicitud
Resolución favorable a la solicitud de acceso a información (por escrito)
Solicitante (sujeto activo)
Solicitud de acceso a información ante Unidad de Información Pública / Enlace (Verbal, escrita, mediante modelo o vía electrónica)
Solicitante o representante legal
Recurso de revisión ante máxima autoridad de sujeto obligado
Trámite del recurso de revisión
Anexo B-1. Trámite del recurso de revisión ante ante máxima autoridad de sujeto obligado por Ley de Acceso a Información Pública de Guatemala (Decreto 57-2008)
Trámite de solicitud de acceso a información pública
Negativa al acceso a la información
Recepción del recurso de revisión Arts. 52 a 58 LAIP
Recurso recibido
Resolución del recurso de revisión (por escrito)
Arts. 58 a 60 LAIP
Conminación de cumplimiento de la resolución
Resolución cumplida
Certificación de incumplimiento ante órgano jurisdiccional competente
Art. 60 LAIP
Resolución que declara inexistencia de la información solicitada
Procedimiento ante órgano jurisdiccional competente
Información entregada considerada incompleta o que no corresponde a solicitud
Adopción de medidas administrativas para ejecución de resolución
Falta de respuesta en términos previstos en la LAIP Vencimiento del plazo establecido para la entrega de la información solicitada
Resolución de clasificación de información como reservada o confidencial
Resolución de ampliación de plazo de reserva de información
Confirmar decisión de Unidad de Información Revocar la decisión de la Unidad de Información y ordenar entrega de información solicitada, permitir su consulta o realizar modificaciones, correcciones o supresiones de datos personales sensibles Modificar la decisión de la Unidad de Información y ordenar entrega de información solicitada, permitir su consulta o realizar modificaciones, correcciones o supresiones de datos personales sensibles
Indicación de plazos y procedimientos para cumplimiento de la resolución
Trámite de la acción de amparo
Anexo B-2. Trámite de solicitud de acceso a información pública ante Institución Obligada por Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública de Honduras (Decreto 170-2006)
Aclaración no presentada o datos no completados por solicitante
Requerimiento al solicitante para aclarar o complementar la solicitud
Art. 49 RLTAIP
Aclaración presentada o datos completados por solicitante
Arts. 3 a 5, 14, 16, 17, 19, 21, 22 LTAIP Arts. 5, 8, 9, 34, 35, 50 a 52 RLTAIP
Arts. 3 a 5, 20 LTAIP Arts. 5, 11, 47 a 49 RLTAIP
Prórroga del plazo de resolución de solicitud
Solicitud remitida a Institución Obligada competente
Remisión a Institución Obligada competente
Incompetencia de la Institución Obligada para entregar información
Resolución de declaración de inexistencia de la información solicitada (por escrito)
V V V XOR
Falta de resolución de solicitud de acceso a información dentro del plazo legal
Institución Obligada no cuenta con información solicitada por no ser de su competencia
Información entregada al solicitante por fax, servicio postal o medios electrónicos
Entrega de impresiones de información puesta a disposición del público en medios electrónicos
Resolución denegatoria del acceso a la información
Fundamento de denegatoria (por escrito)
Información entregada personalmente al solicitante
Art. 15 LTAIP Arts. 5, 8, 9, 34, 35, 50 a 52 RLTAIP
Comunicación de razones que justifican prórroga excepcional
Entrega de información solicitada Arts. 3 a 5, 14, 15 LTAIP Arts. 5, 8, 9, 11, 50 a 52 RLTAIP
Orientación a particulares
Solicitud asesorada de acceso a información ante Oficial de Información Pública (Por escrito, mediante formatos o por medios electrónicos)
Realización de trámites internos para entrega de información solicitada
Petición de acceso a información declarada con lugar (Resolución favorable)
Solicitante o apoderado
Solicitud de acceso a información ante Oficial de Información Pública (Por escrito, mediante formatos o por medios electrónicos)
Recurso de revisión ante IAIP
Anexo B-2. Trámite del recurso de revisión ante el Instituto de Acceso a la Información Pública de Honduras
Recepción del recurso de revisión Art. 26 LTAIP Arts. 64 a 66 RLTAIP
Cuenta del recurso al Presidente del Instituto Art. 26 LTAIP Art. 67 RLTAIP
Cuenta del recurso al Presidente del Instituto
Turno del recurso al Comisionado ponente Art. 26 LTAIP Art. 67 RLTAIP
Recurso de revisión turnado al Comisionado ponente
Art. 26 LTAIP Art. 67 RLTAIP
Expediente integrado
Elaboración y presentación de proyecto de resolución al Pleno del Instituto
Proyecto de resolución presentado al Pleno del Instituto
Celebración de audiencia con las partes
Audiencia celebrada
Resolución del recurso de revisión notificada
Trámite de recurso de amparo
Art. 26 LTAIP Arts. 67 a 69 RLTAIP
Archivo y registro Prórroga del plazo para elaboración y presentación de proyecto de resolución
Argumentos y alegatos presentados por las partes
Presentación de argumentos y alegatos fuera de audiencia
Resolución prorrogada de recurso de revisión Art. 26 LTAIP Arts. 67 a 69 RLTAIP
Prórroga del plazo para resolución del recurso
Prórroga del plazo para resolver el recurso de revisión
Resolución de declaración de inexistencia de información solicitada
Desechar o sobreseer el recurso
Confirmar la decisión de la Institución Obligada
Revocar o modificar la decisión de la Institución Obligada
Inconformidad con el tiempo, el costo o la modalidad de entrega de la información
Ordenar a la Institución Obligada que permita acceso a información solicitada o datos personales Ordenar a la Institución Obligada la reclasificación de la información Ordenar a la Institución Obligada la modificación de los datos Indicación de plazos y procedimientos para cumplimiento de la resolución
Ordenar poner en conocimiento de órgano de control interno de Institución Obligada para iniciación de procedimiento de responsabilidad Falta de resolución del recurso de revisión en plazo legal / Acto recurrido se entenderá confirmado
Solicitud de reconsideración de resolución que confirme denegatoria de acceso a la información
Trámite de solicitud de reconsideración
Anexo B-3. Trámite de solicitud de acceso a información pública ante entidad obligada por Ley de Acceso a la Información Pública de Nicaragua (Ley 621-2007)
Art. 27 LAIP Art. 74 RLTAIP
Arts. 2, 3, 6, 26, 27, 34 LAIP Arts. 3, 5, 10, 73 a 75 RLTAIP
Información solicitada a unidad administrativa o área generadora o que la tenga en posesión o control
Requerimiento de información a unidad administrativa o área competente Arts. 3, 6, 9, 28 LAIP Arts. 10, 11, 78 RLTAIP
Solicitud de autorización a particular para entregar información privada
Autorización concedida por el particular titular de la información privada
Arts. 1 a 3, 6, 11, 15 a 17, 28, 35, 36 LAIP Arts. 3, 10, 11, 51, 55, 62, 64, 76, 82, 85 RLTAIP
Prórroga del plazo para responder solicitud de información
Entidad obligada no cuenta con información solicitada por no ser de su ámbito
Orientación a solicitante
Autorización negada por el particular titular de la información privada
Silencio del particular titular de la información privada (negativa)
Comunicación de razones, fundamento y motivación de prórroga excepcional
Arts. 1 a 3, 6, 11, 30, 32, 33 LAIP Arts. 3, 5, 10, 64, 72, 82, 85 RLTAIP
Arts. 1 a 3, 6, 11, 15 a 17, 28, 29, 35, 36 LAIP Arts. 3, 10, 11, 51, 55, 62, 64, 76, 77, 79, 82, 85 RLTAIP
Incompetencia de la entidad obligada para entregar información
Art. 64 RLTAIP
Resolución favorable a la solicitud de acceso a información (Disponibilidad de información)
Copia del formato de registro de la solicitud (fecha de presentación)
Solicitud asesorada de acceso a información ante OAIP / Oficinas de delegaciones (Verbal, escrita, mediante formato o vía electrónica)
Solicitud recibida y registrada
Pago de costos de reproducción y envío
Art. 31 LAIP Arts. 10, 70, 71, 83 RLTAIP
Costos de reproducción y envío no pagados por solicitante
Fin / Solicitud archivada sin responsabilidad de OAIP
Información puesta a disposición en sitio de Internet para consulta (comunicación de datos de acceso)
Indicación de fecha y número de diario, boletín, Gaceta Diario Oficial o medio de comunicación en la información fue publicada
Indicación de posibilidad de iniciar proceso ante jurisdicción contencioso administrativa
Entrega de información solicitada por correo electrónico
Indicación de posibilidad de interponer recurso de apelación
Información entregada para acceso de personas con capacidades diferentes o necesidades idiomáticas especiales
Fundamento y motivación de denegatoria
Indicación precisa de lugar y funcionario ante quien debe presentarse interesado para consultar información Expedición y entrega de copias simples o certificadas de información solicitada
Costos de reproducción y envío pagados por solicitante
Orientación al solicitante sobre autoridad o instancia competente
Información puesta a disposición del solicitante para consulta in situ
Recepción y registro de solicitud
Solicitud de acceso a información ante OAIP / Oficinas de delegaciones (Verbal, escrita, mediante formato o vía electrónica)
Falta de presentación del solicitante para requerir entrega de información dentro de 30 días hábiles a partir de notificación de disponibilidad
Falta de resolución a la solicitud dentro de plazo legal – Silencio administrativo / Aceptación de lo pedido (salvo información reservada o confidencial)
Solicitante / apoderado
Recurso de apelación ante Coordinación de Acceso a la Información Pública competente
Trámite del recurso de apelacion
Acción ante Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
Trámite del proceso contencioso administrativo
Anexo B – 3 Trámite del recurso de apelación ante la Coordinación de Acceso a la Información competente
Art. 37 LAIP Arts. 87 a 91 RLTAIP
Recurso recibido y registrado
Revisión y admisión del recurso de apelación
Art. 37 LAIP Arts. 87 a 92 RLTAIP
Art. 37 LAIP Art. 92 RLTAIP
Recurso desechado
Falta de resolución a la solicitud dentro de plazo legal / Silencio administrativo
Recepción y registro del recurso de apelación
Recurso trasladado a autoridad emisora de resolución impugnada
Intervención de autoridad emisora de resolución impugnada
Informe presentado y pruebas ofrecidas
Art. 37, 38 LAIP Art. 93 a 95, 99 RLTAIP
Falta de Intervención de autoridad emisora de resolución impugnada
Convocatoria a audiencia
Art. 37 LAIP Art. 94 RLTAIP
Recurso de apelación ante Coordinación de Acceso a la Información Pública competente (Mediante escrito libre o formato, personalmente o por medios electrónicos)
Convocatoria a audiencia notificada
Celebración de audiencia
Pruebas admitidas y evacuadas
Resolución denegatoria del recurso / Confirma la decisión de la autoridad
Art. 37 LAIP Art. 93, 94 RLTAIP
Falta de ofrecimiento de pruebas
Resolución favorable al solicitante / Revoca o modifica la decisión de la autoridad
Ordenar entrega de información solicitada (en caso de omisión de autoridad en resolver su otorgamiento o denegación / silencio administrativo)
Acción ante Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia
Anexo B-4. Trámite de solicitud de información de acceso público ante instituciones obligadas por Ley No. 6 de 22 de enero de 2002
Arts. 1.9, 1.10, 2, 3, 5 Ley 6/2002
Art. 5 Ley 6/2002
Resolución de solicitud de información de acceso público
Ampliación del término para resolver solicitud
Información por escrito a solicitante de necesidad de extender término para recopilar información
Resolución prorrogada de solicitud de información de acceso público
Exhibición de recibo de pago de costos de reproducción
Arts. 1.11, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13 a 16 Ley 6/2002
Recibo de pago exhibido por solicitante
Entrega de información solicitada en su reproducción digital, sonora, fotográfica, cinematográfica o videográfica
Pago no efectuado por solicitante
Indicación de fuente, lugar y forma de acceso a información disponible públicamente
Art. 4 Ley 6/2002
Inexistencia de la información comunicada por escrito al solicitante
Indicación al solicitante sobre Institución que tenga o pueda tener información solicitada
Acción de Hábeas Data (Información o dato personal negado o suministrado de manera insuficiente o inexacta)
Trámite de acción de Hábeas Data
Arts. 17 a 23 Ley 6/2002
Art. 7 Ley 6/2002
Resolución favorable a la solicitud de información
Solicitud en conocimiento del funcionario destinatario
Resolución de negativa de otorgamiento de información (por escrito) Fundamento y motivación de negativa
Remisión de solicitud a funcionario destinatario
Solicitud de información de acceso público ante oficina de correspondencia de Institución (Por escrito o por correo electrónico)
Constancia de entrega de información al solicitante
Centro Regional para América Latina y El Caribe, Panamá Área de Gobernabilidad Local y Descentralización / Gobernabilidad Democrática Proyecto Transparencia y Rendición de Cuentas en los Gobiernos Locales (TRAALOG) Sitio en Internet: http://www.regionalcentrelacundp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=6&lang=es Foto de Portada: Charlotta Sandin
Acceso a la Información Pública en América Central y México
maria.angelica.vasquez

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 Artículo 6
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