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Timestamp: 2016-12-10 14:55:52+00:00

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RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Granadilla de Abona don Álvaro San Román Diego, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granadilla de Abona, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Granadilla de Abona don Álvaro San Román Diego, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granadilla de Abona, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2006, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto por el notario de Granadilla de Abona don Álvaro San Román Diego, contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granadilla de Abona, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	En el recurso interpuesto por el Notario de Granadilla de Abona don Álvaro San Román Diego contra la negativa del Registrador de la Propiedad de Granadilla de Abona don Rafael Palau Fayos, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 19 de abril de 2006 don Álvaro San Román Diego, Notario de Granadilla de Abona, autorizó una escritura de compraventa de determinada finca urbana en la que se expresa que uno de los comparecientes, don C.L.B. interviene en nombre y representación de la sociedad vendedora cuyas circunstancias identificativas se detallan. Respecto del citado representante, se añade lo siguiente: «Actúa en su calidad de Administrador Solidario de dicha sociedad, cargo para que fue nombrado y aceptó por plazo indefinido, en escritura de elevación a público de acuerdos sociales de reelección de administradores y adaptación de estatutos, otorgada ante el Notario de Santa Cruz de Tenerife, Don Fernando González de Vallejo González, el 12 de marzo de dos mil uno, bajo el número 988 de protocolo, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de esta provincia, en la hoja 7553, folio 152 del tomo 1035 de la sección general, inscripción 12.ª, y al que se le delegaron todas y cada una de las facultades consignadas en los estatutos por los que se rige dicha sociedad, aseverándome el señor administrador la vigencia íntegra de su cargo, y la inalterabilidad del régimen estatutario de la sociedad que representa, con las circunstancias consignadas».
La citada escritura fue presentada en el Registro de la Propiedad de Granadilla de Abona el día 20 de abril de 2006 y fue calificada negativamente con base en los siguientes Hechos y Fundamentos de Derecho:
«... Hechos: 1. El título calificado no contiene juicio de suficiencia del Notario autorizante acerca, de las facultades representativas de quien interviene en nombre ajeno.
Artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, interpretado por resolución de D.G.R.N. de 12 de abril de 2002.
... Granadilla de Abona, a quince de mayo de 2006. El Registrador. Fdo. Rafael Palau Fayos.»
La citada calificación negativa fue notificada el 19 de mayo de 2006 al Notario autorizante de la escritura, según reconoce éste. Mediante escrito con fecha 8 de junio de 2006, que causó entrada en el referido Registro el mismo día, dicho Notario interpuso recurso contra tal calificación, en el que alegó: 1.º Que el artículo 98 de la Ley 24/2001, en su redacción dada por la Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad, no es de aplicación en los casos de actuación del órgano de administración de una sociedad, pues aunque la citada norma se refiere literalmente al representante o apoderado, en el representante orgánico no hay verdadera representación, según la doctrina reiterada de esta Dirección General, como resulta de las Resoluciones de 12 de septiembre de 1994, 30 de diciembre de 1996 y 24 de noviembre de 1998. Por ello, sería suficiente con que el Notario, tras reseñar en la escritura los documentos de los que resulta el nombramiento como administrador, hiciera constar el juicio de capacidad para el otorgamiento del concreto acto, y ello porque en este caso no se trata de determinar la suficiencia o no de facultades sino de la capacidad o no de una persona jurídica, que es la que actúa. Y a ello debe añadirse, según interpretación teleológica de la norma, que se trata de resolver una cuestión que planteaba continuas controversias en materia de representación voluntaria; 2.º Que aunque se aplicara al representante orgánico de la sociedad el mencionado artículo 98, no sería necesario el juicio de suficiencia, en base a los siguientes argumentos: a) En la calificación sólo se expresa el defecto de la falta de expresión de la suficiencia de las facultades, es decir que el Registrador considera que en la escritura está correctamente hecha la reseña identificativa del documento auténtico exhibido para acreditar la representación alegada, y en el caso de administrador único -sic-el poder de representación se le atribuye necesariamente; b) El ámbito de representación del administrador no viene determinado por la voluntad de la propia sociedad, sino por la Ley (artículos 63 y 13 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 124.4 del Reglamento del Registro Mercantil; y Resoluciones de 22 de julio de 1991 y 28 de mayo de 1999); c) No es posible la limitación «externa» de facultades del administrador, y tampoco se puede interpretar la exigencia del juicio de suficiencia en el sentido de que implique una declaración de conexión del acto o contrato con el objeto social, porque no es lo que exige el artículo 98 y tanto el Tribunal Supremo (Sentencias de 14 de mayo 1984 y 24 de noviembre de 1989) como esta Dirección General (Resoluciones de 2 de octubre de 1981, 31 de marzo de 1986, 12 de mayo de 1989), al elaborar la llamada teoría del «acto neutro» han señalado que en el ámbito del poder de representación de los administradores se incluyen no sólo los actos de desarrollo o ejecución del objeto, sea de forma directa o indirecta y los actos complementarios o auxiliares para ello, sino también los actos neutros o polivalentes e incluso los actos aparentemente no conectados con el objeto social, quedando excluidos en principio únicamente del ejercicio del poder de representación, no los actos ajenos al objeto, sino los «claramente contrarios a él» (Resolución de 2 de octubre de 1981).
1. En el supuesto de hecho de este recurso se presenta en el Registro de la Propiedad una escritura de compraventa y en la parte relativa a la intervención de uno de los otorgantes, además de detallar las circunstancias que identifican a la sociedad vendedora, representada por determinada persona física, se expresa que esta última actúa en su calidad de Administrador Solidario de dicha sociedad y únicamente se especifican determinados datos de la escritura pública de nombramiento para tal cargo (Notario autorizante, fecha, número de protocolo y datos de inscripción en el Registro Mercantil).
Estos efectos del juicio notarial de suficiencia de la representación, expresado en la forma establecida en el mencionado artículo 98.1, tienen su fundamento en las presunciones de veracidad y de legalidad de que goza el documento público notarial. Así resulta no sólo de los artículos 1.218 del Código Civil y 1 de la Ley del Notariado, sino también del ar-tículo 17 bis, apartado b), de esta última, introducido mediante la Ley 24/2001, según el cual, «Los documentos públicos autorizados por Notario en soporte electrónico, al igual que los autorizados sobre papel, gozan de fe pública y su contenido se presume veraz e íntegro de acuerdo con lo dispuesto en esta u otras leyes» (es decir, que los documentos públicos notariales hacen fe y se presume que narran no sólo «la verdad» sino «toda la verdad»). En efecto, la seguridad jurídica que el instrumento público proporciona cuenta con dos apoyos basilares: la fe pública que se atribuye a determinadas declaraciones o narraciones del Notario autorizante respecto de ciertos hechos (lugar, presencias, capacidad natural, libertad física, actos de exhibición, de entrega, declaraciones de las partes en su realidad fáctica, lectura, firmas, etc.); y la presunción, «iuris tantum», de validez, de legalidad, la cual, según la Resolución de 15 de julio de 1954, tiene su base «en la calificación personal del Notario respecto de los requisitos de validez del acto, que abarca el propio requisito de capacidad de las partes. debiendo, en principio, el Notario, no sólo excusar su ministerio, sino negar la autorización notarial cuando a su juicio se prescinde por los interesados de los requisitos necesarios para la plena validez de los mismos» (Y es que sería ilógico que no tuvieran efecto alguno todas las calificaciones y juicios que el Notario ha de emitir y el control de legalidad que ha de llevar a cabo -como funcionario público especialmente cualificado para dar fe, con arreglo a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales, según los artículos 1 de la Ley del Notariado y 145 del Reglamento Notarial; cfr. la Sentencia del Tribunal Constitucional 207/1999, de 11 de noviembre, y la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de febrero de 2000-). Por lo demás, no puede desconocerse que las presunciones de veracidad y de legalidad del instrumento público operan combinadamente, para producir los efectos que le son propios y, entre ellos, la inscribibilidad en los Registros públicos, sin que la distinción entre la esfera de los hechos narrados por el Notario y la de las calificaciones o juicios del mismo sean siempre nítidas: así, v.gr., respecto de la misma fe de conocimiento no puede ignorarse que no se trata en sí de un hecho sino más bien de un juicio de identidad («comparatio personarum»; así resulta especialmente en algunos supuestos en que el Notario se asegure de la identidad de las partes por medios supletorios como, por ejemplo, los establecidos en los apartados c) y d) del artículo 23 de la Ley del Notariado) que, por su trascendencia, la Ley trata como si fuera un hecho; y respecto de la capacidad natural y su libertad de acción, aunque en los supuestos más extremos son hechos que el Notario percibe directamente por sus sentidos, y cubiertos por la fe pública, lo cierto es que el juicio de capacidad emitido por el Notario engendra una presunción; en efecto, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, tal aseveración notarial de capacidad reviste especial certidumbre, que alcanza el rango de fuerte presunción «iuris tantum», de modo que vincula «erga omnes» y obliga a pasar por ella, en tanto no sea revisada judicialmente con base en una prueba contraria que no deberá dejar margen racional de duda (cfr. la Resolución de 29 de abril de 1994).
Así como el Registrador no puede revisar ese juicio del Notario sobre la capacidad natural del otorgante (salvo que -como podrá ocurrir excepcionalmente- de la propia escritura o del Registro resulte contradicha dicha apreciación), tampoco podrá revisar la valoración que, en la forma prevenida en el artículo 98.1 de la Ley 24/2001, el Notario autorizante haya realizado de la suficiencia de las facultades representativas de quien comparece en nombre ajeno que hayan sido acreditadas. Y es que, el apartado 2 de dicho artículo, al referirse en el mismo plano a la narración de un hecho, cual es la constatación &#x2212;«reseña»&#x2212; de los datos de identificación del documento auténtico aportado, y a un juicio &#x2212;«valoración»&#x2212; sobre la suficiencia de la representación, revela la especial eficacia que se atribuye a esa aseveración notarial sobre la representación &#x2212;«harán fe suficiente, por sí solas de la representación acreditada»&#x2212;, de modo que además de quedar dicha reseña bajo la fe pública notarial, se deriva de ese juicio de valor sobre la suficiencia de las facultades representativas una fuerte presunción iuris tantum de validez que será plenamente eficaz mientras no sea revisada judicialmente. Cuestión distinta es que la eventual omisión en el instrumento de ese juicio de suficiencia de la representación, expresado conforme a las mencionadas prescripciones legales, haya de ser calificada por el Registrador como defecto de forma extrínseca del documento; o que, sin negar ni desvirtuar la fe pública notarial &#x2212;cfr. artículo 143 del Reglamento Notarial&#x2212;, pueda apreciar, en su caso, que dicho juicio emitido por el Notario resulte contradicho por lo que resulte del mismo documento (v.gr., se expresa que las facultades representativas son suficientes para «vender», cuando se trata de una escritura de donación) o de los asientos del Registro &#x2212;cfr. artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 18 del Código de Comercio&#x2212;.
Madrid, 3 de octubre de 2006.-La Directora General de los Registros y del Notariado, Pilar Blanco-Morales Limones.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

Artículo 98
 resolución 
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 98
e contrario
 artículo 98
 Resolución 
 artículo 23
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 143