Source: https://www.scribd.com/doc/106177925/es-pub-c3552006
Timestamp: 2017-06-29 01:24:18+00:00

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es_pub_c3552006Uploaded by Astrid Orjuela RuizRelated InterestsConstitutional RightAbortionWomanReproductive RightsEthnicity, Race & GenderRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentEl 10 de Mayo de 2006 la Corte Constitucional colombiana anunció una decisión histórica; el aborto no podía seguir considerándose un delito en trescircunstancias: cuando la vida o la salud (física o mental) de la mujer esté en peligro, cuando el embarazo sea el resultado de violación o incesto y cuando se diagnostiquen graves malformaciones fetales que hagan inviable la vida fuera del útero. Esta decisión no sólo es histórica por haber logrado un cambio legal significativo, sino porque los argumentos desarrollados por la Corte abren un camino importante en materia del reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres y la implementación de estándares de derechos humanos en contextos nacionales. La sentencia fue el resultado de una demanda presentada como parte del proyecto LAICIA (Litigio de Alto Impacto en Colombia: la Inconstitucionalidad del Aborto) de Women’s Link Worldwide. Antes de esta decisión, Colombia tenía una de las leyes de aborto más restrictivas del mundo. Sin embargo, más de 350.000 abortos ilegales se practicaban anualmente, poniendo en peligro la vida, salud e integridad de mujeres y niñas, particularmente aquellas en situación más vulnerable. Esta publicación ofrece los extractos en inglés y español de la sentencia —que consta de más de 600 páginas—, seleccionados por Mónica Roa, Directora de Programas de Women’s Link y abogada que presentó la demanda a su nombre en calidad de ciudadana colombiana.
VIVIANA WAISMAN Directora General
Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y organizaciones que apoyaron este proyecto y lo convirtieron en una exitosa realidad, particularmente a Janet Benshoof quien desde el primer momento creyó incondicionalmente en nosotras. Gracias también a María Catalina Rodríguez por la traducción de los extractos y a Bonnie Scott Jones y Nicole Lisa por sus revisiones de la traducción.
Women’s Link Worldwide, 2007 info@womenslinkworldwide.org www.womenslinkworldwide.org
© de los textos: sus autores/as Diseño y producción editorial: VYB Editores Depósito legal:
PRÓLOGO de Rebecca J. Cook ......................................................
C-355/2006. E X T R A C T O S D E L A S E N T E N C I A D E L A CORTE CONSTITUCIONAL QUE LIBERALIZÓ EL A B O R T O E N C O L O M B I A ...................................................... Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de decisiones previas adoptadas por esta Corporación .......................................... La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado colombiano, y su diferencia con el derecho a la vida ........................................................................................ La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad ............................................ Los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución Política colombiana y en el derecho internacional ........................................ Los límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal ...................................................................................... El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal El derecho al libre desarrollo de la personalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal ..................... La salud, así como la vida y la integridad de las personas, como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal ....... El bloque de constitucionalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal .........................................
La proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal ............................... La cuestión del aborto en el derecho comparado ............................... Examen del caso concreto ............................................................. La inexequibilidad de la prohibición total del aborto ....................... La inexequibilidad de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 del Código Penal ..................... De la inexequibilidad de la disposición contenida en el artículo 124 del Código Penal ............................................................................ Consideraciones finales ................................................................. Decisión ......................................................................................
P R O F E S O R A D E D E R E C H O Y C AT E D R Á T I C A DE DERECHO INTERNACIONAL DE DERECHOS H U M A N O S D E L A F A C U L TA D D E D E R E C H O . UNIVERSIDAD DE TORONTO.PRÓLOGO
La Corte explicó que la prohibición absoluta del aborto para proteger los intereses del feto imponía una carga desproporcionada en el ejercicio de los derechos humanos de la mujer. y Cuando el embarazo es consecuencia de un acto criminal de violación.
La Corte explicó que un médico debe certificar si se cumple cualquiera de las dos primeras situaciones. El derecho a la vida se limita a los seres humanos nacidos. La Corte determinó que el aborto está legalmente permitido en las siguientes circunstancias:
Cuando la continuación del embarazo supone un riesgo para la vida o para la
salud física o mental de la mujer. pero estableció la distinción entre el valor de la vida y el derecho legal a la vida. inces-
to. La Corte demostró que estos derechos estaban protegidos por la Constitución colombiana de 1991 y por el derecho internacional de los derechos humanos.
La Corte reconoció el valor constitucional de la vida. La Corte ex-
.La decisión del 10 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional de Colombia. es histórica. incluyendo la vida del feto. según la cual se ampliaron las bases para el aborto legal. inseminación artificial involuntaria o implantación involuntaria de un óvulo fecundado. mientras que el valor constitucional de la vida puede ser protegido antes del nacimiento. Cuando existen serias malformaciones que hacen que el feto sea inviable. Además. pero no es necesario que se establezca de manera irrefutable como requisito para obtener el aborto. En el caso C-355/06 la Corte decidió que la prohibición penal del aborto en todas las circunstancias violaba los derechos fundamentales de la mujer. el acto criminal debe ser denunciado a las autoridades correspondientes.
plicó que el Estado puede proteger la vida prenatal. La salud. Sociales y Culturales.
. libertad y libre desarrollo de la persona individual. pero sólo puede hacerlo de manera que sea compatible con los derechos de la mujer. incluyendo los de las mujeres adolescentes. se incluyen medidas para prevenir el aborto recurrente de embarazos no deseados. la Corte Constitucional de Colombia demostró que toma en serio los derechos de la mujer embarazada y enfatizó que deben ser protegidos los derechos de todas las mujeres embarazadas. y los esfuerzos para prevenir el matrimonio infantil de manera que las mujeres sean suficientemente maduras para ser capaces de criar a sus hijos de manera segura. la mejora de la atención prenatal y obstétrica de emergencia. y La igualdad con el hombre.
Con frecuencia. protegidos por la Constitución de Colombia y. y los de aquellas mujeres desplazadas por la violencia. incluyendo sus derechos a la vida y a la salud. Todas las mujeres tienen total derecho a sus derechos humanos. pobres. que incluyen sus derechos a:
La dignidad. Entre las medidas que el Estado puede adoptar para proteger los intereses prenatales de manera compatible con los derechos humanos y constitucionales de la mujer. por ejemplo. De hecho. vida. rurales e indígenas. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. las legislaturas y cortes de algunos países continúan utilizando el embarazo de las mujeres como una oportunidad para subordinar los derechos humanos de la mujer con el fin de demostrar la lealtad a la protección del aparente valor superior de la vida del no nacido. integridad corporal y autonomía reproductiva. Por el contrario. las sociedades han utilizado la situación del embarazo de una mujer para suspender sus derechos humanos.
por ejemplo. La Corte explicó que en consecuencia las mujeres no pueden ser tratadas como «un instrumento reproductivo para la raza humana». espaciamiento y momento en que desean tener sus hijos y a tener información y medios para lograrlo».Estos derechos constituyen los derechos reproductivos. que la objeción de conciencia es un derecho sólo de los individuos. La Corte invocó «el derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número. de manera que se proteja al máximo la objeción de conciencia de los médicos practicantes a participar en procedimientos de aborto. sin embargo. reconocida en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo de Naciones Unidas en 1994. cuando se le impone a los proveedores de salud el deber legal de denunciar evidencias de aborto a las autoridades públicas. como la autorización del esposo/pareja o de los padres. y reafirmada en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas en 1995. la objeción de los médicos practicantes no puede negar los derechos de
. Se indicó. no de instituciones o del Estado. La Corte adoptó los derechos reproductivos de la mujer reconocidos internacionalmente. ni las instituciones de salud ni el Estado pueden invocar la objeción de conciencia para negar la provisión de servicios de aborto legal. Además. La Corte explicó que la dignidad de la mujer incluye el respeto de su intimidad. Tampoco pueden ser sometidas a los requisitos de autorización de terceras personas para acceder a los servicios de salud reproductiva. y la definición internacional de salud reproductiva. y están protegidos por la Constitución colombiana de 1991 y los tratados internacionales y regionales de derechos humanos ratificados por Colombia. sino que se les debe garantizar respeto como agentes independientes de su propio destino. Según esto.
Los derechos de los proveedores de salud también deben respetarse. que sería violada.
de modo que los proveedores de salud aceptan. El deber de profesionalismo trasciende la conciencia individual. quien realizará el procedimiento. Los elevados índices de mortalidad materna. La Corte se basó en la CEDAW para solicitar la eliminación de todas las formas de discriminación de género que estereotipan a las mujeres por sus funciones de crianza. una negligencia discriminatoria que el Estado está obligado a solucionar. incluyendo las derivadas de la ratificación de tratados internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. que es posible que tengan que participar en procedimientos que objeten. La Corte señaló que penalizar la atención de salud que sólo necesitan las mujeres. Este deber es el mismo que el de. un aborto legal.sus pacientes mujeres a elegir. es una violación del derecho a la no discriminación sexual según la CEDAW. como todos los servicios relacionados con el aborto. también siguiendo su consciencia. sino que las deben referir inmediatamente a un médico que no presente objeción de conciencia. son una clara indicación de que el Estado está siendo negligente con la atención en salud de las mujeres.
. o los oficiales de policía. inhibiendo su capacidad para tomar decisiones de manera libre e informada sobre si desean o no fundar una familia y cuándo desean hacerlo. por ejemplo. como un aspecto de su profesionalismo. quienes posiblemente tengan que proteger a individuos o locales de instituciones cuyos trabajos objeten por motivos personales. como los que ha experimentado Colombia en gran parte debido al aborto inseguro.
La Corte fue cuidadosa al asegurar que había interpretado la Constitución colombiana de manera consistente con las obligaciones internacionales de derechos humanos del Estado. los bomberos que no pueden objetar entrar en edificios en llamas.
Los Estados.Además. La Corte. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) para explicar que la prevención de la violencia sexual contra la mujer que tiene como consecuencia el embarazo no deseado. tienen la obligación de mitigar los efectos de la violencia sexual ofreciendo el aborto y otros servicios de salud para salvar a la mujer de verse forzada a continuar con un embarazo no deseado. incluyendo la salud. independientemente de si la violencia fue perpetrada por actores públicos o privados. es responsabilidad del Estado. pues establece un nuevo criterio para la jurisprudencia que respeta los derechos humanos de la mujer. vida.
Esta decisión de la Corte Constitucional de Colombia merece atención seria y generalizada. como mínimo. Las cortes en Colombia y el exterior querrán
. declaró inconstitucional una provisión del Código Penal que penalizaba el aborto realizado a una mujer menor de 14 años. incluso contando con su consentimiento. y su consiguiente continuación. que define a un «niño/a» como una persona menor de 18 años de edad. por lo tanto.
La Corte se basó en la Convención Interamericana para Prevenir. integridad corporal y autonomía reproductiva. Por consiguiente. De acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos la Corte subrayó la naturaleza viva de los derechos y la importancia de la interpretación contextual de los tratados de derechos humanos y de las normas constitucionales. La Corte por consiguiente defendió los derechos de los padres. la Corte invocó la Convención sobre los Derechos del Niño. pero sujetos a la capacidad evolutiva de la niña para tomar sus propias decisiones sobre el ejercicio de sus derechos humanos. la Corte sostuvo que la provisión de servicios de aborto en los casos de violación e incesto es una obligación constitucional.
al ejercer su soberanía legal. incluyendo sus derechos reproductivos.org. legal y constitucionalmente protegidos.womenslinkworldwide. Las legislaturas.
Esta publicación de Women’s Link Worldwide nos facilita el acceso a una decisión histórica de más de 600 páginas con extractos de la sentencia tanto en español como en inglés. incluyendo los amicus curiae. así como algunos documentos presentados a la Corte.considerar con gran atención el razonamiento y la manera en que la Corte Constitucional colombiana aplicó las obligaciones y jurisprudencia de derechos humanos internacionales para guiar su razonamiento. La sentencia completa (disponible sólo en español). Los gobiernos que consideren el uso del poder penal necesitarán leer y releer esta decisión para asegurarse que sólo lo aplican de manera compatible con la dignidad de la mujer.
. ya no podrán establecer restricciones desproporcionadas a los derechos humanos de la mujer. están disponibles en español y algunos en inglés en www.
C-355/2006
EXTRACTOS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL QUE LIBERALIZÓ EL ABORTO EN COLOMBIA
P. 11 de la C.. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ
Los ciudadanos Mónica del Pilar Roa López. profiere la siguiente
Magistrados Ponentes: Dr.). el derecho a la inte-
* Las notas de la presente sentencia han sido omitidas por razones de concisión. en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991. diez (10) de mayo de dos mil seis (2006).P.). 124.
.Bogotá. Pablo Jaramillo Valencia. el derecho a la vida (art. en distintas demandas. D.
Consideran los demandantes que las disposiciones acusadas vulneran los siguientes derechos constitucionales: el derecho a la dignidad (Preámbulo y artículo 1º de la C. de los artículos 122. Juana Dávila Sáenz y Laura Porras Santillana solicitan.*
La Sala Plena de la Corte Constitucional. y de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000 «por la cual se expide el Código Penal». la declaratoria de inconstitucionalidad del numeral 7 del artículo 32.C. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Dra. Marcela Abadía Cubillos.
Luego esgrimen sus argumentos en contra de las disposiciones acusadas.).P. el derecho al libre desarrollo de la personalidad (art.
En general las razones formuladas por los demandantes giran en torno a que los enunciados normativos del Código Penal que tipifican el delito de aborto (art.. los cuales fueron consignados de manera extensa en los acápites precedentes de la presente decisión. 42 de la C. Afirman también que los enunciados normativos demandados son contrarios a diversos tratados de derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad.P.
En primer lugar. 13 de la C. 123) y las circunstancias de atenuación punitiva del delito de aborto (art. Y. 124) son inexequibles porque limitan de manera desproporcionada e irrazonable los derechos y libertades de la mujer gestante. C-013 de 1997.P.P. inclusive cuando se trata de menores de catorce años. sin embargo. P.gridad personal (art. de manera particular.P. 16 de la C. y a opiniones emitidas por los organismos encargados de interpretar y aplicar dichos instrumentos internacionales.) y las obligaciones de derecho internacional de derechos humanos (art. 49 de la C. al igual que a las posturas de los intervinientes y al concepto del Procurador. el cargo relacionado con el
. el derecho a la igualdad y el derecho general de libertad (art.).P. 93 de la C. la autonomía reproductiva (art. de aborto sin consentimiento (art. los actores sostienen que sus demandas son procedentes pues no se ha configurado el fenómeno de cosa juzgada formal ni material respecto de las sentencias C-133 de 1994.). con el objeto de fijar los términos del debate constitucional planteado se hará una breve referencia a ellos. 122). el derecho a la salud (art. de conformidad con el artículo 93 de la C. 12 de la C.).). C-641 de 2001 y C-198 de 2002.
derecho garantizado por el artículo 11 constitucional y por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. establecer tipos penales para la protección de los derechos fundamentales.
Numerosas intervenciones fueron presentadas tanto como para apoyar como para rechazar los cargos planteados por los demandantes. 123 y 124 del Código Penal. y que por esa razón son constitucionales. porque ésta se ve obligada a someterse a un aborto clandestino «y por tanto humillante y potencialmente peligroso para su integridad». la mayoría de los intervinientes partidarios de la constitucionalidad de los artículos acusados coincide en afirmar que los derechos constitucionales de la mujer gestante no son absolutos y encuentran un límite legítimo en el derecho a la vida del feto. Los intervinientes contrarios a la exequibilidad de las disposiciones demandadas aducen razones muy similares a las de los demandantes. Finalmente. por regla general. gira en torno a que el estado de necesidad regulado por esta norma vulnera los derechos fundamentales a la vida y a la integridad personal de la mujer.numeral séptimo del artículo 32 del mismo Código Penal. papel que en el ordenamiento jurídico colombiano cumplen los artículos 122. Muchos de los que apoyan la exequibilidad de las disposiciones acusadas sostienen también que corresponde al legislador. que las disposiciones penales acusadas tienen como finalidad la protección del derecho a la vida del feto. mientras que aquellos que apoyan la exequibilidad de los preceptos acusados afirman. C-013 de 1997.
. dentro de su libertad de configuración en materia penal. algunos de los intervinientes sostienen que se produjo el fenómeno de cosa juzgada material y formal respecto de decisiones previas de esta Corporación y que la Corte Constitucional debe estarse a lo resuelto en las sentencias C-133 de 1994. C-641 de 2001 y C-198 de 2002. Adicionalmente.
Por otra parte los representantes de algunas entidades estatales y de asociaciones científicas. iii) cuando un dictamen médico certifique la existencia de enfermedades o disfuncionalidades que hagan el feto inviable. concluye el Ministerio Público que la penalización del aborto en las circunstancias antes mencionadas constituye una sanción irracional y desproporcionada a la mujer que decide interrumpir la gestación. intervienen para poner de manifiesto la relevancia del aborto inducido como un grave problema de salud pública en Colombia. a las mujeres desplazadas por el conflicto armado y a aquellas con menor nivel de educación y con menores ingresos. el cual afecta en mayor medida a las adolescentes. la cual constituye una injerencia en sus derechos fundamentales y un exceso en el ejercicio de la li-
. comparte la apreciación de los demandantes que no se ha configurado el fenómeno de cosa juzgada material ni formal respecto de decisiones previas de esta Corporación y solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada del artículo 122 del Código Penal. y la declaratoria de inexequibilidad del artículo 124 y de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000. pues debido a la sanción penal. ii) si se trata de embarazos con grave riesgo para la vida o la salud física o mental de la mujer. A juicio del Procurador la interrupción voluntaria del embarazo no debe ser penalizada en las siguientes circunstancias: i) cuando la concepción no haya sido consentida por la mujer.
El Ministerio Público. valor y derecho fundamental. el aborto debe practicarse en condiciones sanitarias inseguras que ponen en grave riesgo la salud. la vida y la integridad personal de quienes se someten a esta práctica. Luego de hacer un extenso recuento del alcance de la dignidad humana en la Carta Política de 1991 y del alcance del derecho a la vida y del derecho a la libertad a la luz de este principio.
. Inexistencia de cosa juzgada material o formal respecto de decisiones previas adoptadas por esta Corporación
Cabe señalar que la jurisprudencia constitucional ha distinguido entre distintas categorías conceptuales que delimitan el alcance de la cosa juzgada constitucional. en aras de satisfacer tanto el objetivo de seguridad jurídica que persigue esta figura como las garantías ciudadanas propias del proceso de constitucionalidad.bertad de configuración del legislador en materia penal. razones que deben conducir a la declaratoria de inconstitucionalidad de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contendida en esta disposición. y las necesidades de cambio y evolución del ordenamiento jurídico. Afirma que las causales de atenuación e incluso de exclusión de la sanción penal previstas en el artículo 124 acusado son inexequibles porque en los supuestos previstos por esta disposición no es útil ni proporcionado ni necesario sancionar a la mujer que aborta. Finalmente sostiene el Procurador que la circunstancia de agravación punitiva prevista en el artículo 123 del Código Penal no es una medida que esté encaminada a proteger el interés superior de la menor y que además limita de manera desproporcionada la autonomía de las menores de catorce años. En esa medida concluye que es necesario despenalizar el aborto en las hipótesis antes mencionadas.
Por lo tanto. la cosa juzgada material no puede ser entendida como una petrificación de la jurisprudencia sino como un mecanismo que busca asegurar el respeto al precedente. cuando existan razones de peso que motiven un cambio jurisprudencial —tales como un nuevo contexto fáctico o normativo— la Corte Constitucional puede apartarse de los argumentos esgrimidos en decisiones previas. 122 y 124 del Código Penal. la Corte abordará el estudio de fondo sobre los artículos 32-7. (…) Por ello la Corte debe ser muy consistente y cuidadosa en el respeto de los criterios jurisprudenciales que han servido de base (ratio decidendi) de sus precedentes decisiones. Empero. puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. específicamente con la obligación en cabeza del juez constitucional de ser consistente con sus decisiones previas. y respecto de ninguna de las disposiciones acusadas. en ninguna de sus modalidades. la jurisprudencia constitucional siempre ha sido constante en vincular la cosa juzgada material al concepto de precedente. pues lo contrario podría provocar inaceptables injusticias. así como de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 del mismo estatuto. e incluso también puede llegar a la misma decisión adoptada en el fallo anterior pero por razones adicionales o heterogéneas. deber que no deriva no sólo de elementales consideraciones de seguridad jurídica —pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles— sino también del respeto al principio de igualdad. para lo cual inicialmente hará referencia a la vida como un bien
.En todo caso.
Una vez dilucidada la procedencia de las demandas presentadas porque no se ha producido el fenómeno de cosa juzgada.
se abordará el tema relacionado con los límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal. a los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución de 1991 y en el derecho internacional. De esta múltiple consagración normativa se desprende también la pluralidad funcional de la vida
. y. a los tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. amén de otras referencias constitucionales.constitucionalmente relevante y su diferencia con el derecho fundamental a la vida. la razonabilidad y la proporcionalidad. y su diferencia con el derecho a la vida
Así. el Preámbulo contempla la vida como uno de los valores que pretende asegurar el ordenamiento constitucional. La vida como un bien constitucionalmente relevante que debe ser protegido por el Estado colombiano. el bloque de constitucionalidad. y de manera especial los relacionados con los derechos fundamentales a la dignidad humana. el artículo segundo señala que las autoridades de la República están instituidas para proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia. y el artículo once consigna que «el derecho a la vida es inviolable». al libre desarrollo de la personalidad. Finalmente se hará el control de constitucionalidad sobre las disposiciones demandadas. para lo cual se hará la ponderación correspondiente de los derechos en conflicto con el deber de protección de la vida. Posteriormente. los cuales en este caso necesariamente deben ser considerados para establecer si entran en colisión con el derecho a la vida y el deber de protección a la vida.
5. a la salud.
la Carta de 1991 se pronuncia a favor de una protección general de la vida. y como tal ha dado lugar a la creación de múltiples líneas jurisprudenciales por parte de esta Corporación. sin excepción.
Por otra parte. esto
. pues tiene el carácter de un valor y de derecho fundamental. Desde esta perspectiva. cabe establecer una distinción entre la vida como un bien constitucionalmente protegido y el derecho a la vida como un derecho subjetivo de carácter fundamental.en la Carta de 1991. y que sean de su cargo. si bien corresponde al Congreso adoptar las medidas idóneas para cumplir con el deber de protección de la vida. Desde esta perspectiva.
Puede afirmarse entonces. El deber de protección de la vida en cabeza de las autoridades públicas se erige entonces como la contrapartida necesaria del carácter de la vida como bien constitucionalmente protegido. en la medida de sus posibilidades jurídicas y materiales. según el cual todas las autoridades del Estado. Este deber de protección de la vida como valor constitucional trasciende del plano meramente axiológico al normativo y se constituye como mandato constitucional en una obligación positiva o un principio de acción. toda la actuación del Estado debe orientarse a protegerla y no sólo y exclusivamente en un sentido antropocéntrico. plurinormativa y plurifuncional. que en virtud de lo dispuesto en distintos preceptos constitucionales. deben realizar todas las conductas relacionadas con sus funciones constitucionales y legales con el propósito de lograr las condiciones para el desarrollo efectivo de la vida humana.
no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana.no significa que estén justificadas todas las que dicte con dicha finalidad. si bien es verdad. Es decir. las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. porque a pesar de su relevancia constitucional la vida no tiene el carácter de un valor o de un derecho de carácter absoluto y debe ser ponderada con los otros valores. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas.
Conforme a lo expuesto. pudiendo distinguirse el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 constitucional. Tanto es ello así. la trascendencia jurídica de la ofensa social determina un grado de reproche diferente y una pena proporcionalmente distinta. de la vida como bien jurídico protegido por la Constitución. mientras que la protección de la vida se predica incluso respecto de quienes no han alcanzado esta condición. por ello. que en la mayor parte de las legislaciones es mayor la sanción penal para el infanticidio o el homicidio que para el aborto. la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. Dentro del ordenamiento constitucional la vida tiene diferentes tratamientos normativos. el bien jurídico tutelado no es idéntico en estos casos y.
Ahora bien. principios y derechos constitucionales. que otorga protección al nasciturus. El derecho a la vida supone la titularidad para su ejercicio y dicha titularidad como la de todos los derechos está restringida a la persona humana. El ordenamiento jurídico.
. las que a su vez tienen una protección jurídica distinta. la vida y el derecho a la vida son fenómenos diferentes. El ordenamiento jurídico. no la otorga en el mismo grado e intensidad que a la persona humana. si bien es verdad.Conforme a lo expuesto. que otorga protección al nasciturus. La vida humana transcurre en distintas etapas y se manifiesta de diferentes formas.
la interpretación de los tratados internacionales de derechos humanos no se agota en el uso de los argumentos literales o gramaticales. el nasciturus es titular del derecho a la vida y que por lo tanto. si considera conveniente fijar políticas públicas en materia de aborto.De manera que estas consideraciones habrán de ser tenidas en cuenta por el legislador. La vida y los tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad
Algunos intervinientes sostienen que de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos y en especial de los instrumentos internacionales sobre la materia incorporados en el bloque de constitucionalidad. es necesario resaltar que en los últimos años han tomado fuerza las interpretaciones sistemática y teleológica de
. Es decir. incluida la penal en aquellos aspectos en que la Constitución lo permita.
Por otra parte. Como se afirma en la misma sentencia C-028 de 2006:
En tal sentido. como ha sostenido esta Corporación. respetando los derechos de las mujeres.
6. a la luz de estos instrumentos internacionales existe la obligación estatal de adoptar medidas de carácter legislativo que penalicen el aborto bajo cualquier circunstancia. consideran que se desprende de los instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad la obligación estatal de la penalización total del aborto. y es necesario en esa medida acudir a criterios sistemáticos y teleológicos.
las cuales permiten ajustar el texto de las normas internacionales a los cambios históricos. es necesario precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. así como las establecidas por la
. a pesar incluso de que éstos últimos hagan parte de otros sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. siguiendo para ello unas reglas hermenéuticas específicas existentes en la materia.
En tal sentido. los tratados internacionales no se interpretan de manera aislada sino armónicamente entre sí. En otros términos. en la actualidad. con fundamento en el artículo 29 del Pacto de San José de Costa Rica. al igual que la Corte Europea de Derechos Humanos. no se limita al texto del instrumento internacional del cual aquélla hace parte. cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales» y que «tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación consagradas en el artículo 29 de la Convención Americana. Así pues.los tratados internacionales. sino que suele abarcar diversos tratados que guardan relación con la materia objeto de interpretación. «que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos. ha señalado. con el propósito de ajustarlos a los diversos cambios sociales y a los nuevos desafíos de la comunidad internacional. las cuales conducen a lograr una comprensión coherente del actual derecho internacional público. el contexto que sirve para interpretar una determinada norma de un tratado internacional.
la mujer embarazada. en estos casos. de las distintas disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad no se desprende un deber de protección absoluto e incondicional de la vida en gestación. por supuesto.Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados». Los derechos fundamentales de las mujeres en la Constitución Política colombiana y en el derecho internacional
La Constitución Política colombiana de 1991 efectuó un cambio trascendental en relación con la posición y los derechos de las mujeres en la sociedad colombiana y en sus relaciones con el Estado. de los pronunciamientos que sobre los mismos han realizado las instancias internacionales encargadas de velar por el respeto y garantía de aquéllos. así como apreciar la importancia constitucional del titular de tales derechos. De tal suerte que los tratados internacionales sobre derechos humanos deben interpretarse armónicamente entre sí.
Dicha ponderación exige identificar y sopesar los derechos en conflicto con el deber de protección de la vida. ponderación que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha privilegiado. principios y valores reconocidos en la Carta de 1991 y en otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
7. tanto de su interpretación literal como sistemática surge la necesidad de ponderar la vida en gestación con otros derechos. por el contrario.
En conclusión. partiendo.
. su sexualidad y reproducción.(…)
En este orden de ideas. Por consiguiente. la mujer es sujeto constitucional de especial protección. los derechos de las mujeres han venido ocupando un lugar importante como componente de los acuerdos alcanzados en la historia de las conferencias mundiales convocadas por las Naciones Unidas.
En efecto. se reconoció la importancia de los derechos de las mujeres. que respecto de las mujeres es evidente que hay situaciones que las afectan sobre todo y de manera diferente. y en esa medida todos sus derechos deben ser atendidos por parte del poder público. en la Primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos convocada en Teherán. las que constituyen un marco esencial de referencia para la interpretación de los derechos contenidos en los propios tratados internacionales. y se reconoció por primera vez el derecho humano fundamental de los padres «a determinar libremente el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos». incluyendo a los operadores jurídicos. como son aquellas concernientes a su vida. hoy en día. y en particular aquellas que conciernen a los derechos sobre su cuerpo.
Cabe recordar ahora. sin excepción alguna. la Constitución de 1991 dejó expresa su voluntad de reconocer y enaltecer los derechos de las mujeres y de vigorizar en gran medida su salvaguarda protegiéndolos de una manera efectiva y reforzada.
la de Copenhague en 1980 y la de Nairobi en 1985 para comprobar y evaluar los resultados del Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas. social y cultural. así como que la plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en la vida política. se convocó una conferencia mundial en México dedicada a mejorar la condición de la mujer.Cuatro años después. se puso un gran énfasis en los derechos humanos de la mujer. al declarar que «los derechos humanos de la mujer y la niña. en la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994. la que marcó un hito fundamental para los derechos de las mujeres fue la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993. económica. y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo. Este programa establece además.
Otras dos conferencias mundiales fueron convocadas durante el Decenio de la Mujer.
Posteriormente. que «la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgo y de procrear. la educación y los medios necesarios para poder hacerlo».
. son parte inalienable e indivisible de los derechos humanos universales». y se estableció la década de 1975-1985 como Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas. en el documento de programa de acción. la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el año 1975 como el Año Internacional de la Mujer. son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. y se reconoce que los derechos reproductivos son una categoría de derechos humanos que ya han sido reconocidos en tratados internacionales y que incluyen el derecho fundamental de todas las personas a «decidir libremente el número y el espaciamiento de hijos y a disponer de la información.
También se estableció que hombres.
Cabe recordar. la integridad personal. la igualdad y no discriminación. el estar libre de violencia. que al ser derechos fundamentales pueden servir como parámetro para proteger y garantizar sus derechos sexuales y reproductivos. y la Convención Americana de Derechos Humanos. eficaces. la salud. el Pacto Internacional de Derechos Económicos.y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo. resultan también directamente afectados cuando se violan los derechos reproductivos de las mujeres. así como el «derecho a recibir servicios adecuados de atención de la salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgo». la protección de los derechos de la mujer latinoamericana tiene soporte especial en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer —CEDAW—. diferentes tratados internacionales son la base para el reconocimiento y protección de los derechos reproductivos de las mujeres.
La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Plataforma de Beijing) confirma los derechos reproductivos establecidos en el Programa de Acción de El Cairo. como el derecho al trabajo y a la educación. los cuales parten de la protección a otros derechos fundamentales como la vida. mujeres y adolescentes tienen el derecho de «obtener información y acceso a métodos seguros. Otros derechos. que entró en vigor para
. Sociales y Culturales. cuando y con qué frecuencia». y que se constituyen en el núcleo esencial de los derechos reproductivos.
En efecto. que además de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. asequibles y aceptables» de su elección para la regulación de la fecundidad. la libertad. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
son fundamentales para la protección y garantía de los derechos de las mujeres por cuanto son marco de referencia al establecer conceptos que contribuyen a interpretarlos tanto en la esfera internacional como en la nacional. se deben eliminar todas la barreras que impidan que las mujeres accedan a servicios.
Ahora bien. que incluyan servicios de salud sexual y reproductiva. que es deber de todos los Estados ofrecer una amplia gama de servicios de salud de calidad y económicos. que se incluya la perspectiva de género en el diseño de políticas y programas de salud. se ha interpretado por los organismos internacionales.
. Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer «Convención de Belém do Pará». en cuanto al derecho a la salud. junto con los documentos firmados por los gobiernos de los países signatarios en las Conferencias Mundiales. rurales. al aprobarse la Ley 248 de 1995. Dichos organismos internacionales también han expresado su preocupación por la situación de la salud de las mujeres pobres. los que. que incluye el derecho a la salud reproductiva y la planificación familiar. La CEDAW ha hecho hincapié en que las leyes que penalizan ciertas intervenciones médicas que afectan especialmente a la mujer. entrada en vigencia para Colombia el 15 de diciembre de 1996. entre ellos la CEDAW.
También en el área de salud. constituyen una barrera para acceder al cuidado médico que las mujeres necesitan. en virtud de la Ley 51 de 1981. con fundamento en los tratados internacionales. indígenas y adolescentes. a educación e información en salud sexual y reproductiva.Colombia a partir del 19 de febrero de 1982. y la Convención para Prevenir. y se ha recomendado además. y sobre los obstáculos al acceso a métodos anticonceptivos.
La comunidad internacional también ha reconocido que la violencia contra las mujeres constituye una violación de sus derechos humanos y de sus libertades fundamentales y ha establecido específicamente el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia basada en el sexo y el género. constituyen una violación de los derechos reproductivos de las mujeres puesto que repercuten en su salud y autonomía sexual y reproductiva. que considera estos actos como violatorios de los derechos humanos y las libertades fundamentales. reproductiva y sexual. Ella ha determinado dos elementos que la hacen especialmente efectiva: una definición de violencia contra la mujer. La violencia sexual viola los derechos reproductivos de las mujeres. las diversas formas de violencia de género.
En efecto. no solo física sino psicológica. es uno de los instrumentos más importantes para la protección de los derechos de las mujeres ante las diversas formas de violencia a que están sometidas en los diversos espacios de su vida. y pone en riesgo su derecho a la salud.comprometiendo sus derechos a la igualdad de género en el área de la salud y violando con ello la obligación internacional de los Estados de respetar los derechos reconocidos internacionalmente. La Convención de Belém do Pará. en particular sus derechos a la integridad corporal y al control de su sexualidad y de su capacidad reproductiva. en vigor desde el 5 de marzo de 1995 y para Colombia desde el 15 de diciembre de 1996 —Ley 248 de 1995—. que «la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de la mujer de gozar de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre».
Es así como la CEDAW ha declarado.
que el derecho a decidir el número de hijos está directamente relacionado con el derecho a la vida de la mujer cuando existen le-
. reconoce por primera vez. se cuentan entre los crímenes más graves de acuerdo con el derecho internacional humanitario. como así lo han reconocidos las diferentes convenciones internacionales. Igualmente han señalado los diferentes Comités.cuenta los abusos que ocurren tanto en el ámbito público como en el privado. que las violaciones a la autodeterminación reproductiva de las mujeres.
De otra parte es importante destacar. que el Estatuto de Roma determina. Por ello constituyen graves violaciones a este derecho.
La CEDAW ha determinado. que la violencia y otros delitos reproductivos y sexuales están a la par con los crímenes internacionales más atroces. constitutivos en muchos casos de tortura y genocidio. Y. uno de sus componentes esenciales lo constituye el derecho de la mujer a la autodeterminación reproductiva y a elegir libremente el número de hijos que quiere tener y el intervalo entre ellos. con fundamento en el principio de dignidad de las personas y sus derechos a la autonomía e intimidad. entre otros asuntos.
Respecto de los derechos sexuales y reproductivos. que el derecho a la autodeterminación reproductiva de las mujeres es vulnerado cuando se obstaculizan los medios a través de los cuales una mujer puede ejercer el derecho a controlar su fecundidad. y. el establecimiento de la responsabilidad del Estado por la violencia perpetrada o tolerada por éste dondequiera que ocurra. tanto el embarazo forzado como la esterilización forzada. la esterilización involuntaria y los métodos anticonceptivos impuestos sin consentimiento.
Otros derechos sexuales y reproductivos. En conclusión. y puede afirmarse que se viola cuando el Estado o los particulares interfieren con el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su capacidad reproductiva. que generan altas tasas de mortalidad materna.
Finalmente. El derecho a la intimidad cobija el derecho a que el médico respete la confidencialidad de su paciente y. El derecho a la intimidad también está relacionado con los derechos reproductivos.gislaciones prohibitivas o altamente restrictivas en materia de aborto. no se respetaría tal derecho cuando se le obliga legalmente a denunciar a la mujer que se ha practicado un aborto. y contribuya a que tome conciencia de sus derechos. se originan en el derecho a la libertad de matrimonio y a fundar una familia. así como la toma de medidas para prevenir y sancionar los actos de discriminación. y la eliminación de las barreras que impiden el disfrute efectivo por parte de las mujeres de los derechos reconocidos internacionalmente y en las leyes nacionales. por lo tanto. el derecho a la educación y su relación con los derechos reproductivos puede examinarse desde varios niveles: el acceso de las mujeres a la educación básica. así como a que se les permita ejercer el derecho a decidir el número de hijos y espaciamiento de ellos de manera libre y responsable. la Convención de la Mujer consagra el derecho de las mujeres a disfrutar de los derechos humanos en condiciones de igualdad con los hombres. Además.
En cuanto al derecho a la igualdad y no discriminación.
. el derecho a la educación incorpora el derecho de las mujeres a recibir educación sobre salud reproductiva. a fin de que ella logre el empoderamiento en su familia y en su comunidad.
Sin embargo. empezando por los límites generales para luego entrar a resolver el caso concreto. En efecto. al legislador penal. la equidad de género y la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad y.
Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración. como tales.los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres han sido finalmente reconocidos como derechos humanos y. de las normas constitucionales e internacionales no se deduce un mandato de despenalización del aborto ni una prohibición a los legisladores nacionales para adoptar normas penales en este ámbito. su protección y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad. sin que ello signifique desconocer el principio de que al derecho penal. el legislador ha de respetar dos tipos de límites constitucionales. le está prohibido invadir de manera desproporcionada derechos constitucionales y. como lo ha resaltado esta Corte. constituyen una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social.
No obstante. Aún en el campo penal de dicha política. en segundo lugar. han entrado a formar parte del derecho constitucional. se resaltarán los límites al margen de configuración del legislador que decide acudir al derecho penal para sancionar el aborto. en primer lugar. por su carácter restrictivo de las libertades. soporte fundamental de todos los Estados democráticos. le está ordenado no desproteger bienes constitucionales. dicho margen no es ilimitado. De tal forma que el Congreso dispone de un amplio margen de configuración de la política pública en relación con el aborto. se ha de acudir como última ratio.
por lo tanto. su protección y garantía parten de la base de reconocer que la igualdad. la equidad de género y la emancipación de la mujer y la niña son esenciales para la sociedad y. constituyen una de las estrategias directas para promover la dignidad de todos los seres humanos y el progreso de la humanidad en condiciones de justicia social.
.Derechos sexuales y reproductivos que además de su consagración.
siendo para estos efectos el nacimiento
. sin justa causa. omita auxiliar a una persona cuya vida o salud se encuentra en peligro. o la manipulación genética. el legislador puede introducir distinciones en cuanto a la tipificación de las conductas que atenten contra la vida como bien constitucionalmente protegido. en virtud de su potestad de configuración. ejercer en estos casos el control sobre los límites que ella le ha impuesto al legislador.8. los derechos fundamentales y los principios constitucionales se erigen en límites a esa potestad de configuración. el ordenamiento penal colombiano contiene diversos tipos penales dirigidos a proteger la vida. corresponde al legislador la decisión de adoptar disposiciones penales para la protección de bienes de rango constitucional como la vida. el homicidio. En efecto. debe examinar si tales medidas legislativas presentan o no el carácter de restricciones constitucionalmente válidas. así como la modalidad de la sanción. es decir. la vida. correspondiéndole a la Corte Constitucional. el aborto. el abandono de menores y personas desvalidas.
Ahora bien. como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución. modalidades y etapas que se producen a lo largo del curso vital. Los límites a la potestad de configuración del legislador en materia penal
En resumen. Los anteriores delitos protegen el mismo bien jurídico. así como la omisión de socorro para quien. sin embargo. sin embargo el legislador en ejercicio de su libertad de configuración decidió darles distinto tratamiento punitivo atendiendo a las diferentes especificaciones. tales como el genocidio.
se entiende que ésta protege: (i) la autonomía o posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como se quiere). como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional. integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).
Las normas deducidas del enunciado normativo dignidad humana —el principio constitucional de dignidad humana y el derecho fundamental a la dignidad humana— coinciden en cuanto al ámbito de conductas protegidas. el concepto de dignidad humana cumple diversas funciones en el ordenamiento constitucional colombiano. (ii) es un principio constitucional y (iii) tiene el carácter de derecho fundamental autónomo. desempeña tres roles distintos: (i) es un principio fundante del ordenamiento jurídico y en este sentido tiene una dimensión axiológica como valor constitucional. la Corte ha entendido que el enunciado normativo «dignidad humana».
8.un hecho relevante para determinar la intensidad de la protección mediante la graduación de la duración de la pena. (ii) ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). El principio y el derecho fundamental a la dignidad humana como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal
Al igual que la vida. En efecto. (iii) la intangibilidad de los bienes no patrimoniales. ha sostenido esta Corporación que en aquellos casos en los cuales se emplea argumentativamente la dignidad humana como un criterio relevante para decidir. Así.
o de imponerle en ciertos casos. al igual que la garantía de su intangibilidad moral. o inflingirle sufrimientos morales deliberados. no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal.
La dignidad humana se constituye así en un límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal. servir de herramienta efectivamente útil para procrear.
En tal medida. sobre todo bajo su primera acepción —dignidad humana como protectora de un ámbito de autonomía individual y de la posibilidad de elección de un plan de vida— la jurisprudencia constitucional ha entendido que constituye un límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal. aun cuando se trate de proteger bienes jurídicos de relevancia constitucional como la vida. entre las que se incluye la autonomía reproductiva. contra su voluntad. en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especia humana. que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes.
Ahora bien. el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida. Respecto de la mujer.
La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. el legislador al adoptar normas de carácter penal.
. servir de herramienta efectivamente útil para procrear. contra su voluntad.En tal medida. no puede desconocer que la mujer es un ser humano plenamente digno y por tanto debe tratarla como tal. el legislador al adoptar normas de carácter penal. en lugar de considerarla y convertirla en un simple instrumento de reproducción de la especia humana. o de imponerle en ciertos casos.
cosificarla. Este derecho es entendido entonces. pues decidir por la persona supone «arrebatarle brutalmente su condición ética. la jurisprudencia constitucional ha identificado un ámbito de conductas protegidas por el derecho al libre desarrollo de la personalidad.8.
La libertad de toda persona de optar sin coacción alguna de escoger su estado civil. entre las que cabe mencionar por su importancia para el caso objeto de examen las que se enuncian a continuación. las cuales constituyen su plan de vida o su modelo de realización personal. a los cuales les está vedada cualquier injerencia en este campo reservado. A lo largo del tiempo.2. como la consecuencia necesaria de una nueva concepción que postula al Estado «como un instrumento al servicio del hombre y no al hombre al servicio del Estado». (…) El contenido del derecho [al libre desarrollo de la personalidad] está vinculado al ámbito de decisiones propias del individuo.
. reducirla a la condición de objeto. convertirla en un medio para los fines que por fuera de ella se eligen». El derecho al libre desarrollo de la personalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal
El derecho al libre desarrollo de la personalidad parte de una consideración de tipo axiológico: el principio de la dignidad humana y el marcado carácter libertario de la Carta de 1991. y entre otras opciones decidir entre contraer matrimonio. Bajo esta nueva óptica la autonomía individual —entendida como la esfera vital conformada por asuntos que sólo atañen al individuo— cobra el carácter de principio constitucional que vincula a los poderes públicos. vivir en unión libre o permanecer en soltería (sic).
A manera de ejemplo. así como tampoco lo es cualquier norma. las decisiones sobre el atuendo o vestido. La Corte entiende «jurídicamente» este derecho como «la facultad del individuo de proclamar su singularidad».. que impida el cabal ejercicio de la maternidad. La Corte ha afirmado en diversas sentencias que «la preferencia sexual y la asunción de una determinada identidad sexual hace parte del núcleo del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad (. a la luz del derecho al libre desarrollo de la personalidad. (iii) el derecho a decidir sobre la apariencia personal.) resulta. En ese orden de ideas. o mientras se desarrolla un contrato de trabajo.)». no es constitucionalmente permitido que el Estado. establezcan normas que desestimulen o coarten la libre decisión de una mujer de ser madre. ni tampoco por el Estado ni por otros particulares (sic). por encontrarse en alguna especial circunstancia al momento de tomar la decisión de ser madre (ya sea a temprana edad. la familia. o.. la longitud del cabello o el uso de cosméticos no pueden ser decididas por el establecimiento educativo. del que se desprenden entre otros: (i) el derecho a un nombre como expresión de la individualidad. la consideración de la maternidad como una «opción de vida» que corresponde al fuero interno de cada mujer. general o particular. en otros términos. la Corte ha determinado que patrones estéticos no pueden ser impuestos por las instituciones educativas. En consecuencia.
El derecho a la identidad personal. dentro del matrimonio o fuera del mismo. Tampoco las entidades estatales pueden establecer normas reglamentarias discriminatorias del acceso a cargos y fun-
. etc. el patrono o instituciones de educación. abiertamente inconstitucional. (ii) el derecho a la libre opción sexual. en una relación de pareja o sin ella.El derecho a ser madre. el trato discriminatorio o desfavorable a la mujer.
puede decidir seguir un tratamiento médico o rehusarlo. incluido el del médico.
En este sentido en la sentencia C-309/97 se hicieron interesantes precisiones y se diferenció entre las medidas perfeccionistas y las medidas de protección. éstas últimas constitucionalmente legítimas cuya finalidad era preservar bienes constitucionalmente relevantes. ni los establecimientos de reclusión imponer reglamentos de visitas que coarten las decisiones sobre la apariencia personal. no puede establecer medidas perfeccionistas que supongan una restricción desproporcionada del derecho al libre desarrollo de la personalidad. sin importar la relevancia de los bienes constitucionales que pretenda proteger. en numerosas decisiones. o a pesar de que la elección del paciente no conduzca. a su restablecimiento o a la recuperación de su salud. Sobre este extremo se consignó:
. y esto último aun cuando existan en esa persona perturbaciones mentales que no constituyan obnubilación total que le impidan manifestar su consentimiento. según criterios de otros. cabe señalar que la jurisprudencia constitucional también ha señalado. Ha sostenido así. que el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un claro límite a la potestad de configuración del legislador no solamente en materia penal sino en general en el ejercicio de su potestad sancionatoria. como el derecho a la vida y a la salud. que el legislador.
Además. en virtud de la autonomía de toda persona para tomar decisiones relativas a su salud.ciones públicas con base en patrones estéticos. de manera reiterada.
esas políticas implican que el Estado sólo admite una determinada concepción de realización personal. ni con el reconocimiento del pluralismo y de la autonomía y la dignidad de las personas. ya que no es admisible que en un Estado que reconoce la autonomía de la persona y el pluralismo en todos los campos. el libre desarrollo de la personalidad. lo cual es incompatible con el pluralismo. con lo cual se vulnera la autonomía.
. debe ser proporcionada y no suponer una excesiva restricción de los derechos en juego. con la amenaza de sanciones penales. puesto que ellas no se fundan en la imposición coactiva de un modelo de virtud sino que pretenden proteger los propios intereses y convicciones del afectado. En efecto. en virtud de tales medidas. las medidas de protección coactiva a los intereses de la propia persona no son en sí mismas incompatibles con la Constitución.En Colombia. únicamente porque no acepta los ideales coactivamente establecidos por el Estado.
En todo caso. un determinado modelo de virtud o de excelencia humana. entre ellos. por supuesto. las autoridades sancionan a un individuo que no ha afectado derechos de terceros. las políticas perfeccionistas se encuentran excluidas. las autoridades impongan. que etimológicamente significa precisamente la capacidad de la persona de darse sus propias normas. Además. para evitar que la medida de protección se convierta en política perfeccionista. Por el contrario.
Muy ligado a lo anterior. en los términos de la garantía constitucional de su preservación. adquiere tal carácter cuandoquiera que se encuentre en relación de conexidad con el derecho a la vida. es decir. la Corte considera también que la sanción prevista por la vulneración de una medida de protección no puede ser exagerada en relación al interés que se pretende proteger. La salud. que la vida humana.
También ha considerado la Corte. no sólo por cuanto la proporcionalidad de las sanciones es un principio que orienta siempre el derecho punitivo.
8. así como la vida y la integridad de las personas. no consiste solamente en la supervivencia biológica sino que. cuando su protección sea necesaria para garantizar la continuidad de la existencia de la persona en condiciones de dignidad. si bien no se encuentra incluido formalmente entre los derechos que la Carta Política cataloga como fundamentales. requiere desenvolverse dentro de unas condiciones mínimas de digni-
. tratándose justamente de la que corresponde al ser humano. como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal
La Corte Constitucional ha señalado en numerosas oportunidades que el derecho a la salud. sino además porque la previsión de penas que no sean excesivas es una garantía para evitar que una política de esta naturaleza se vuelva perfeccionista.3.
Ambos por igual deben conservarse y. para que su vida corresponda verdaderamente a la dignidad humana. puede estar en peligro la vida de la madre o ser necesario un tratamiento para recuperar su función reproductiva. además de su contenido prestacional.
Ahora bien. «la Constitución proclama el derecho fundamental a la integridad personal y. físicos y biológicos como los de orden espiritual. íntimamente ligada a la ocurrencia del aborto espontáneo o provocado. que incorpora tanto los aspectos puramente materiales. también tiene el carácter de un derecho de defensa frente a injerencias
. el derecho a la salud es un derecho integral que incluye el concepto de salud mental y física. mental y síquico. no solamente cubre la composición física de la persona. deben confluir todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo. como la persona conforma un todo integral y completo. los atentados contra uno u otro de tales factores de la integridad personal —por acción o por omisión— vulneran ese derecho fundamental y ponen en peligro el de la vida en las anotadas condiciones de dignidad». por ello.
En efecto. al hacerlo. pues como lo ha considerado la Corte. sino la plenitud de los elementos que inciden en la salud mental y en el equilibrio sicológico. se extiende a su salud reproductiva. en el caso de las mujeres. el derecho a la salud comprende no sólo la salud física sino también la mental. Y. el derecho constitucional a la salud. y además.dad. por múltiples circunstancias. casos en los cuales.
En efecto. como derecho de defensa o libertad negativa está estrechamente ligada con el deber de los individuos de procurar el cuidado integral de la salud. Desde esta perspectiva todo tratamiento. prima facie no resulta proporcionado ni razonable que el Estado colombiano imponga a una persona la obligación de sacrificar su propia salud. en lo que hace relación a la potestad de tomar decisiones sobre la propia salud. el derecho a la salud tiene una esfera en la que se conecta estrechamente con la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad. salvo en casos excepcionales.
Dentro del ámbito de protección de la autonomía en materia de salud se incluyen distintos derechos de profunda relevancia para el caso objeto de estudio.
. aun cuando sean adoptadas para proteger bienes constitucionalmente relevantes en cabeza de terceros. como se mencionó en el acápite anterior. Así. intervención o procedimiento médico debe hacerse con el consentimiento del paciente. la Corte Constitucional ha entendido que toda persona tiene autonomía para tomar decisiones relativas a su salud. y por lo tanto prevalece el consentimiento informado del paciente sobre las consideraciones del médico tratante o el interés de la sociedad y el Estado en preservar la salud de las personas. Desde esta perspectiva pueden resultar inconstitucionales las medidas adoptadas por el legislador que restrinjan desproporcionadamente el derecho a la salud de una persona. Esta faceta del derecho a la salud.estatales o de terceros que lo amenacen o vulneren. en aras de proteger intereses de terceros aun cuando éstos últimos sean constitucionalmente relevantes.
principalmente la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. que el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la salud sexual y reproductiva.
El derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas supone por una parte contar con la información necesaria para adoptar decisiones de esta naturaleza y en esa medida está estrechamente relacionado con el derecho a una educación sexual adecuada y oportuna. A continuación se hará una breve exposición del contenido de cada uno de estos derechos. Implica la obligación estatal de adoptar medidas para ayudar a las parejas y a las personas a alcanzar sus objetivos de procreación y de suministrar información en materia de planificación familiar y salud reproductiva. tiene una clara perspectiva de género y se desprende de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos.entre los que cabe destacar el derecho a planear la propia familia. adicionalmente «protege a las personas de la invasión o intrusión no deseada en sus cuerpos y otras restricciones no consensuales a su autonomía física».
Cabe recordar nuevamente. Implica el de-
El derecho a planear la propia familia ha sido definido como «la posibilidad de todas las parejas de individuos a determinar en forma libre y responsable el número e intervalo de los hijos y a tener la información y los medios necesarios para ejercer esta prerrogativa». por su parte. el derecho a estar libre de interferencias en la toma de decisiones reproductivas y el derecho a estar libre de todas las formas de violencia y coerción que afecten la salud sexual y reproductiva.
8.recho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin discriminación. especialmente a la mujer. así lo reconoció expresamente esta Corporación en la sentencia C-205 de 2003:
Si bien es cierto que el legislador goza de un margen de configuración normativa al momento de definir qué comportamiento social reviste tal grado de lesividad para determinado bien jurídico que merezca ser erigido en tipo penal. de presiones de índole familiar.4. social o cultural que menoscaben su libre determinación en materia sexual o reproductiva. El bloque de constitucionalidad como límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal
El bloque de constitucionalidad constituye también un límite a la libertad de configuración del legislador en materia penal. tales como el matrimonio en edad temprana sin el libre y total consentimiento de cada cónyuge o la circuncisión femenina. coacciones o violencia. decisión política adoptada con fundamento en el principio democrático y que refleja los valores que rigen a una sociedad en un momento histórico determinado. por cuanto el bloque de constitucionalidad constituye el
. Supone por una parte el deber del Estado de proteger a los individuos. Igualmente implica la prohibición de prácticas estatales como la esterilización forzosa o la violencia y el abuso sexual. este margen de discrecionalidad no es ilimitado. en esa medida guarda estrecha relación con el derecho a la integridad personal.
En este sentido la Corte Constitucional ha sostenido que «en virtud del artículo 93 de la C.P. constituyen un criterio hermenéutico relevante para establecer el sentido de las normas constitucionales sobre derechos fundamentales». los tratados internacionales de derechos humanos que según la jurisprudencia constitucional están incorporados al bloque de
. Postura reiterada en numerosas ocasiones.límite axiológico al ejercicio del mismo. encargadas de interpretar esos tratados. cosa diferente a atribuirle a dicha jurisprudencia directamente el carácter de bloque de constitucionalidad. que la jurisprudencia de las instancias internacionales constituye una pauta relevante para la interpretación de los enunciados normativos contenidos en instrumentos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. que permite concluir. tal y como en numerosas ocasiones y de tiempo atrás lo viene señalando esta Corporación en su jurisprudencia.
Pero al margen de esta distinción. razón por la cual la definición de tipos penales y de los procedimientos penales debe respetar en un todo el ordenamiento superior en cuanto a los derechos y la dignidad de las personas. los derechos y deberes constitucionales deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia de lo cual se deriva que la jurisprudencia de las instancias internacionales.
8. La estricta protección de los bienes jurídicos y los derechos inalienables de la persona (CP art. 5).5.constitucionalidad constituyen un claro límite a la potestad de configuración del legislador en materia penal. derechos y deberes constitucionales y la protección de los derechos y libertades (CP art. Sociales y Culturales. presupone la renuncia a teorías absolutas de la autonomía legislativa en materia de política criminal. la garantía de efectividad de los principios. la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. el Pacto Internacional de Derechos Económicos. el servicio a la comunidad. cobran relevancia para examinar la constitucionalidad de la prohibición total del aborto. y en esa medida distintas disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. a un Estado Social de derecho cuyos fines esenciales son. 2). El contenido axiológico de la Constitución constituye un nú-
. La proporcionalidad y la razonabilidad como límites a la libertad de configuración del legislador en materia penal
El cambio político de un Estado liberal de derecho. fundado en la soberanía nacional y en el principio de legalidad. que sin ser determinantes y dejando un margen de configuración al legislador. tornan la dignidad e integridad del infractor penal en límite de la autodefensa social.
la Constitución complementa.
. fundado en la dignidad y la solidaridad humanas. 13). garantiza la vigencia de un orden social justo. y que en ejercicio de tal potestad de configuración puede decidir adoptar disposiciones legislativas de carácter penal que sancionen las conductas que amenacen o vulneren el bien protegido. Del principio de igualdad. en el terreno de la coerción pública. la calidad y la cantidad de la sanción no son asuntos librados exclusivamente a la voluntad democrática.
De lo anterior resulta.
En consecuencia. 6). se derivan los principios de razonabilidad y proporcionalidad que justifican la diversidad de trato pero atendiendo a las circunstancias concretas del caso (CP art. La Constitución impone claros límites materiales al legislador (CP arts. juicio que exige evaluar la relación existente entre los fines perseguidos y los medios utilizados para alcanzarlos. la voluntad con la razón. esto es acorde con el marco de derechos y libertades constitucionales. 11 y 12). que el legislador puede elegir entre las distintas medidas a su alcance aquellas que considere más adecuadas para la protección de los bienes de relevancia constitucional.cleo material que delimita el ejercicio de la función pública y la responsabilidad de las autoridades (CP art. Con su elemento social. Sólo el uso proporcionado del poder punitivo del Estado.
tampoco puede suponer un total sacrificio de determinados valores.
Por otra parte. principio o derecho fundamental. por ejemplo. no puede ser. No obstante. termina afectando de manera desproporcionada los derechos de la mujer y transgrediendo los límites dentro de los cuales puede ejercer el margen de configuración. dicha potestad de configuración está sujeta a diversos límites constitucionales y en este sentido el principio de proporcionalidad actúa como un límite en dos direcciones. con el propósito de proteger la vida del nasciturus.
Es necesario aplicar un juicio de proporcionalidad para decidir en qué hipótesis el legislador penal. En primer lugar. pues debido al carácter de última ratio del derecho penal en un Estado social de derecho. la medida legislativa de derecho penal no puede suponer una restricción desproporcionada de los derechos fundamentales en juego. el principio de proporcionalidad opera al interior mismo del tipo penal.trátese de un valor. principios o derechos constitucionales de un sujeto determinado a fin de satisfacer el interés general o privilegiar la posición jurídica de otros bienes objeto de protección. una medida perfeccionista por medio de la cual se pretenda imponer un determinado modelo de conducta a los asociados.
. y en todo caso debe ser proporcionada a la naturaleza del hecho punible. las sanción penal como máxima intervención en la libertad personal y en la dignidad humana —fundamentos axiológicos de este modelo estatal— debe ser estrictamente necesaria y está reservada a conductas de trascendencia social.
10. en todo caso han coincidido en afirmar que la prohibición total del embarazo resulta inconstitucional. como se ha sostenido reiteradamente. por una parte la vida en gestación. bien que goza de relevancia constitucional y en esa medida debe ser objeto de protección.1. entonces. Alemania y España. porque bajo ciertas circunstancias impone a la mujer encinta una carga inexigible que anula sus derechos fundamentales. Si bien han diferido al decidir cuál de estos intereses tienen prelación en el caso concreto. que en determinados eventos pueden colisionar.]
Se tiene. la vida del nasciturus es un bien protegido por el ordenamiento constitucional y por lo tanto las
. y por otra parte los derechos de la mujer embarazada.
10. La cuestión del aborto en el derecho comparado
[Después de examinar las decisiones de los tribunales constitucionales de Estados Unidos. La inexequibilidad de la prohibición total del aborto
En el caso concreto.9. que cuando los tribunales constitucionales han debido abordar la constitucionalidad de la interrupción del embarazo han coincidido en la necesidad de ponderar los intereses en juego.
su margen de configuración es más limitado. supone una decisión de hondas repercusiones sociales. siendo la intervención del juez constitucional a posteriori y exclusivamente para analizar si la decisión adoptada por el legislador no excede los límites de su potestad de configuración. si el legislador decide adoptar disposiciones de carácter penal para proteger determinados bienes constitucionalmente relevantes.
. por lo que el legislador puede modificar sus decisiones al respecto y es el organismo constitucional llamado a configurar la respuesta del Estado ante la tensión de derechos.decisiones que adopte la mujer embarazada sobre la interrupción de la vida en gestación trascienden de la esfera de su autonomía privada e interesan al Estado y al legislador. por lo que definir cuál debe prevalecer y en qué medida. En el caso del aborto se trata sin duda de una decisión en extremo compleja porque este tipo penal enfrenta diversos derechos. todos los cuales tienen relevancia constitucional.
Lo anterior por cuanto. no corresponde al juez constitucional determinar el carácter o la naturaleza de las medidas de protección que debe adoptar el legislador para proteger un bien jurídico concreto. debido a la gravedad de este tipo de medidas y a su potencialidad restrictiva de la dignidad humana y de la libertad individual. que puede variar a medida que la sociedad avanza y que las políticas públicas cambian. principios y valores constitucionales. principios y valores constitucionales. se trata de una decisión eminentemente política reservada al poder que cuenta con legitimidad democrática para adoptar este tipo de medidas.
como la Constitución colombiana de 1991.
Ahora bien. es la coexistencia de distintos valores. ninguno de los cuales cuenta con carácter absoluto ni preeminencia incondicional frente a los restantes.(…)
Empero. lo que sin duda resulta a todas luces inconstitucional. pues este es sin duda uno de los fundamentos del principio de proporcionalidad como instrumento para resolver las colisiones entre normas con estructura de principios. principios y derechos constitucionales.
Determinar las hipótesis normativas particulares en las cuales resulta excesivo exigir a la mujer continuar con la gestación porque supone la total anulación
. la vida del nasciturus. la penalización del aborto en todas las circunstancias implica la completa preeminencia de uno de los bienes jurídicos en juego. una regulación penal que sancione el aborto en todos los supuestos significa la anulación de los derechos fundamentales de la mujer. y en esa medida supone desconocer completamente su dignidad y reducirla a un mero receptáculo de la vida en gestación. una de las características de los ordenamientos constitucionales con un alto contenido axiológico. si bien no resulta desproporcionada la protección del nasciturus mediante medidas de carácter penal y en consecuencia la sanción del aborto resulta ajustada a la Constitución Política.
En efecto. carente de derechos o de intereses constitucionalmente relevantes que ameriten protección. y el consiguiente sacrificio absoluto de todos los derechos fundamentales de la mujer embarazada.
o acto sexual sin consentimiento. Se trata del supuesto cuando el embarazo es resultado de una conducta constitutiva de acceso carnal. No obstante.de sus derechos fundamentales es una labor que también incumbe al legislador. corresponde al juez constitucional impedir afectaciones claramente desproporcionadas de los derechos fundamentales de los cuales es titular la mujer embarazada. le corresponde prever la circunstancias bajo las cuales no resulta excesivo el sacrificio de los bienes jurídicos de los cuales es titular la mujer gestante. como su dignidad y su libre desarrollo de la personalidad. abusivo. el legislador consideró que la mujer aún en tales hipótesis extremas de afectación de su dignidad y autonomía debía ser juzgada y condenada como delincuente.P. el legislador colombiano consideró que la pena prevista para el delito del aborto debía atenuarse debido a la especial afectación de ciertos derechos fundamentales de la mujer embarazada. las disposiciones acusadas muestran que bajo ciertas hipótesis el legislador previó la atenuación de la pena o inclusive su exclusión a juicio del funcionario judicial que conoce el caso. 124 C. Una regulación en este sentido es desproporcionada porque en definitiva el supuesto sigue siendo sanciona-
Ahora bien. Una vez ha decidido que las medidas de carácter penal son las más convenientes para proteger la vida del nasciturus. si el legislador no determina estas hipótesis. de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas (art.
En este caso concreto. sin que ello signifique que el legislador carezca de competencia para ocuparse del tema dentro del respeto a los límites constitucionales. a pesar de que el Código Penal consagra una prohibición general del aborto. Sin embargo.).
cuando una mujer es violada o es sometida a alguno de los procedimientos a los que se refiere el parágrafo acusado.
En efecto. ésta debe ser una de las hipótesis bajo las cuales debe considerarse que la interrupción del embarazo no es constitutiva de delito de aborto. a juicio de esta Corporación. cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida sino el resultado de conductas arbitrarias que desconocen su carácter de sujeto autónomo de derechos y que por esa misma razón están sancionadas penalmente en varios artículos del Código Penal. a la intimidad. sus derechos a la dignidad.ble penalmente y en esa medida continúan siendo gravemente afectados los bienes constitucionalmente relevantes de la mujer gestante. La mujer que como consecuencia de una vulneración de tal magnitud a sus derechos fundamentales queda embarazada
Sobre la grave afectación de la dignidad humana y la autonomía de la mujer embarazada en estos casos cabe citar algunos apartes de la aclaración de voto a la sentencia C-647 de 2001:
Como se advirtió. a la autonomía y a la libertad de conciencia son anormal y extraordinariamente vulnerados ya que es difícil imaginar atropello contra ellos más grave y también extraño a la convivencia tranquila entre iguales. no sólo por la manera como fue inicialmente contemplada por el legislador sino también porque en este caso la prevalencia absoluta de la protección de la vida del nasciturus supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de la mujer gestante.
como sería soportar impasiblemente que su cuerpo. así se lo indica. especialmente su posibilidad de decidir si continúa o no con un embarazo no consentido. si tiene el coraje para hacerlo y su conciencia. Lo normal y ordinario es que no sea heroína e indiferente. lo excepcional y admirable consiste en que adopte la decisión de mantener su embarazo hasta dar a luz. La dignidad
. Una intromisión estatal de tal magnitud en su libre desarrollo de la personalidad y en su dignidad humana. como sería asumir sobre sus hombros la enorme carga vital que continuar el embarazo implica. Siempre que una mujer ha sido violada o instrumentalizada para procrear. contra su conciencia. después de reflexionar. Pero no puede ser obligada a procrear ni ser objeto de sanción penal por hacer valer sus derechos fundamentales y tratar de reducir las consecuencias de su violación o subyugación. la mujer tiene el derecho a decidir continuar su embarazo. ni indiferencia por su valor como sujeto de derechos. A pesar de que el Estado no le brinda ni a ella ni al futuro niño o niña ninguna asistencia o prestación de la seguridad social. significa darle una prelación absoluta a la vida en gestación sobre los derechos fundamentales comprometidos de la mujer embarazada.
Llevar el deber de protección estatal a la vida en gestación en estos casos excepcionales hasta el extremo de penalizar la interrupción del embarazo.no puede jurídicamente ser obligada a adoptar comportamientos heroicos. sea subordinado a ser un instrumento útil de procreación. privaría totalmente de contenido estos derechos y en esa medida resulta manifiestamente desproporcionada e irrazonable.
Ahora bien. es preciso que el hecho punible haya sido debidamente denunciado ante las autoridades competentes. sino de otro principio axial de la Carta: la solidaridad. porque se trata también de un embarazo resultado de una conducta punible. constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento. penalizar la interrupción del embarazo en estos casos supone también una injerencia desproporcionada e irrazonable en la libertad y dignidad de la mujer. así como de incesto. y por tanto el consentimiento para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser. abusivo. aun cuando no implique violencia física. según así lo ha considerado esta Corporación. En efecto.
En este supuesto cabría incluir también el embarazo resultado del incesto. cuando el embarazo sea resultado de una conducta. o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas. que muchas veces compromete el consentimiento y la voluntad de la mujer. o establezca cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer.
Al respecto. como por ejemplo. el incesto generalmente compromete gravemente la autonomía de la mujer y es un comportamiento que por desestabilizar la institución familiar resulta atentatorio no sólo de esta (bien indiscutible para el Constituyente). Por estas razones. el legislador podrá efectuar regulaciones siempre y cuando no impida que el aborto se pueda realizar. exigir en el caso de la viola-
. vida que afectará profundamente a la de la mujer en todos los sentidos.de la mujer excluye que pueda considerársele como mero receptáculo.
No se trata sin embargo de la única hipótesis en la cual resulta claramente desproporcionada la sanción penal del aborto. si la sanción penal del aborto se funda en el presupuesto de la preeminencia del bien jurídico de la vida en gestación sobre otros bienes constitucionales en juego.
Como ha sostenido esta Corporación en reiteradas ocasiones. en este caso la mujer embarazada. en esta hipótesis concreta no hay ni siquiera equivalencia entre el derecho no sólo a la vida.
Se trata también de aquellos eventos en los cuales está amenazada la salud y la vida de la mujer gestante. En efecto.
. exigir que la mujer deba previamente obtener permiso. o. Una obligación de esta magnitud es inexigible. autorización. pues resulta a todas luces excesivo exigir el sacrificio de la vida ya formada por la protección de la vida en formación. al tenor del artículo 49 constitucional. o notificación. máxime cuando existe el deber constitucional en cabeza de toda persona de adoptar medidas para el cuidado de la propia salud. a asumir sacrificios heróicos y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general. bien del marido o de los padres. aun cuando el embarazo sea resultado de un acto consentido. el Estado no puede obligar a un particular. o también.ción evidencia forense de penetración sexual o pruebas que avalen que la relación sexual fue involuntaria o abusiva. o pedir que un oficial de policía esté convencido de que la mujer fue víctima de una violación. sino también a la salud propio de la madre respecto de la salvaguarda del embrión. requerir que la violación se confirme a satisfacción del juez.
En efecto. esto es. la importancia de la vida como bien constitucionalmente protegido y el correlativo deber de protección a cargo del Estado imponen al legislador la adopción de medidas de protección de índole normativa. El Estado tiene entonces un interés autónomo en que estos valores se realicen en la vida social. fundamentos esenciales de nuestro ordenamiento jurídico». «en la imposición coactiva a los individuos de modelos de vida y de virtud contrarios a los que ellos profesan. Las medidas de protección no son entonces incompatibles con la Carta. Por ello la Corte. había sido muy cuidadosa en señalar que éstas perdían toda legitimidad constitucional cuando se convertían en políticas «perfeccionistas». ello no significa que cualquier medida de esta naturaleza sea admisible. terminan por desconocer su autonomía. en la sentencia C-309 de 1997 sostuvo esta Corporación:
La Carta no es neutra entonces frente a valores como la vida y la salud sino que es un ordenamiento que claramente favorece estos bienes. con el argumento de proteger a la persona de sí misma. lo cual obviamente contradice la autonomía. el Estado o la sociedad. puesto que. a veces incluso en contra de la propia voluntad ocasional de las personas.
. la dignidad y el libre desarrollo de la persona. en ocasiones. Sin embargo. Por ello el Estado puede actuar en este campo. con el fin de impedir que una persona se ocasione un grave daño a sí mismo. Así. por medio de medidas de protección. al reconocer la posibilidad de estas medidas. por lo cual las autoridades no pueden ser indiferentes frente a una decisión en la cual una persona pone en riesgo su vida o su salud.
obligan al Estado a adoptar medidas que protejan la vida y la salud.Ahora bien. por dos razones.1 de la Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer. La prohibición del aborto cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre puede constituir. el artículo 32-7 del Código Penal admite que se invoque el estado de necesidad como eximente de responsabilidad penal. sin perjuicio de las consideraciones generales que posteriormente se harán sobre el punto. Primero. el artículo 12. advierte la Corte que el estado de necesidad en su regulación actual no resuelve la tensión constitucional.
En todo caso. en esencia. por lo tanto. esta hipótesis no cobija exclusivamente la afectación de la salud física de la mujer gestante sino también aquellos casos en los cuales resulta afectada su salud mental. a la luz del artículo 12 del PIDESC supone el derecho al goce del más alto nivel posible de salud física y mental. Recuérdese que el derecho a la salud. resulta aquí relevante la interpretación que han hecho distintos organismos internacionales de derechos humanos respecto de disposiciones contenidas en distintos convenios internacionales que garantizan el derecho a la vida y a la salud de la mujer. Al respecto. una trasgresión de las obligaciones del Estado colombiano derivadas de las normas del derecho internacional.
Algunos intervinientes sostienen que cuando la vida o la salud de la madre gestante estén en peligro por alguna causa relacionada con el embarazo. porque su aplicación parte del
. en el sentido que estas disposiciones. y el embarazo puede causar una situación de angustia severa o. como el artículo 6 del PDCP. incluso graves alteraciones síquicas que justifiquen su interrupción según certificación médica. que hacen parte del bloque de constitucionalidad. y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
la hipótesis límite ineludible a la luz de la Constitución es la del feto que probablemente no vivirá. precisamente por estarse ante la situación de una vida inviable. supuesto que no es constitucionalmente admisible porque como se advirtió anteriormente. desde el punto de vista constitucional las que plantean un problema límite son aquellas que por su gravedad hacen que el feto sea inviable. y segundo. certificadas médicamente. por cuanto el artículo 32-7 citado exige que se reúnan ciertas condiciones para demostrar la existencia de un estado de necesidad.
. a llevar a término el embarazo de un feto que. Si bien cabe identificar distintas clases de malformaciones. De ahí que los derechos de la mujer prevalezcan y el legislador no pueda obligarla. el deber estatal de proteger la vida del nasciturus pierde peso. y como viene ocurriendo. y sin imponer una carga excesiva a la mujer. la situación de peligro para la vida o la salud de una madre gestante. según certificación médica. que el agente no lo haya causado intencionalmente o por imprudencia y que no tenga el deber jurídico de afrontar.supuesto de que el legislador puede tipificar estas hipótesis como delito. En estos casos. no existe equivalencia entre los derechos a la vida y la salud de la madre respecto de la salvaguarda del feto. como que se trate de un peligro actual o inminente. Se trata de una hipótesis completamente distinta a la simple identificación de alguna enfermedad en el feto que pueda ser curada antes o después del parto. pese a tal desequilibrio se viene dando prevalencia exclusivamente a la vida de éste sin atender ninguna otra circunstancia. acudiendo a la sanción penal.
Una última hipótesis es la existencia de malformaciones del feto. En efecto. según certificación médica se encuentra en tales condiciones. debido a una grave malformación. inevitable de otra manera. lo que no permite comprender claramente.
Un fundamento adicional para considerar la no penalización de la madre en este supuesto. que incluye verdaderos casos extremos.
Lo anterior. debe existir la certificación de un profesional de la medicina. a llevar a término un embarazo de esta naturaleza significa someterla a tratos crueles. por cuanto no corresponde a la Corte. es decir. puesto que la mujer debería soportar la carga de un embarazo y luego la pérdida de la vida del ser que por su grave malformación es inviable. y cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. se encuentra en la consideración de que el recurso a la sanción penal para la protección de la vida en gestación entrañaría la imposición de una conducta que excede la que normalmente es exigible a la madre. establecer en qué eventos la continuación del embarazo produce peligro para la vida o salud de la mujer o existe grave malformación del feto. inhumanos y degradantes que afectan su intangibilidad moral. en los dos últimos casos en los que no se incurre en delito de aborto. en las hipótesis en las cuales el feto resulta inviable. por no ser su área del conocimiento.
Además. esto es. bajo la amenaza de una sanción penal.
. su derecho a la dignidad humana. obligar a la madre. pues de esta manera se salvaguarda la vida en gestación y se puede comprobar la existencia real de estas hipótesis en las cuales el delito de aborto no puede ser penado. Dicha determinación se sitúa en cabeza de los profesionales de la medicina quienes actuarán conforme a los estándares éticos de su profesión. cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o la salud de la mujer.
debe partirse de la buena fe y responsabilidad de la mujer que denunció tal hecho. o el Estado. desde el punto de vista constitucional. hospitales. En lo que respecta a las personas naturales. exigir para el caso de la violación o el incesto. no se podrá.En efecto. en caso de alegarse por un médico la objeción de conciencia. y por tanto no se trata de poner en juego la opinión del médico en torno a si está o no de acuerdo con el aborto. En el caso de violación o incesto. de manera que no pueden existir clínicas. por lo que. Sólo es posible reconocerlo a personas naturales.
Cabe recordar además. debe proceder inmediatamente a remitir a la mujer que se encuentre en las hipótesis previstas a otro médico que sí pueda llevar a cabo el aborto. que la objeción de conciencia no es un derecho del cual son titulares las personas jurídicas. que la objeción de conciencia hace referencia a una convicción de carácter religioso debidamente fundamentada. que presenten objeción de conciencia a la práctica de un aborto cuando se reúnan las condiciones señaladas en esta sentencia. según el caso— para que ni la mujer ni el médico que practique el aborto puedan ser objeto de acción penal en las tres hipótesis en las cuales se ha condicionado la exequibilidad del artículo 122 acusado. En efecto. centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine. que además la vida o la salud de la madre se encuentre en peligro o que se trate de un feto inviable. sin perjuicio de que posteriormente se determine si la objeción de con-
. y por tanto basta con que se exhiba al médico copia de la denuncia debidamente formulada. cabe advertir. por ejemplo. y tampoco puede implicar el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres. basta que se reúnan estos requisitos —certificado de un médico o denuncia penal debidamente presentada. cada uno de estos eventos tienen carácter autónomo e independiente y por tanto.
Del anterior análisis resulta. como por ejemplo. el que no sea necesaria para una inmediata aplicación una reglamentación de las tres hipótesis anteriormente determinadas como no constitutivas del delito de aborto. como una medida para proteger la vida en gestación resulta constitucionalmente justificada —aunque se insiste. la prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad. no es la única opción que puede adoptar el legislador ya que éste puede escoger otro tipo de medidas de carácter asistencial y prestacional que cumplan con este propósito—. aquellas encaminadas a regular su goce efectivo en condiciones de igualdad y de seguridad dentro del sistema de seguridad social en salud. adopten decisiones respetuosas de los derechos constitucionales de las mujeres.ciencia era procedente y pertinente.
En estos casos. a través de los mecanismos establecidos por la profesión médica. que si bien la decisión de penalizar el aborto. tampoco se pueden establecer por el legislador requisitos que establezcan cargas desproporcionadas sobre los derechos de la mujer ni barreras que impidan la práctica del aborto. en cumplimiento de sus deberes y dentro de las respectivas órbitas de competencia. no impide que el legislador o el regulador en el ámbito de la seguridad social en salud.
... la prohibición completa e incondicional del aborto en todas las circunstancias es abiertamente desproporcionada porque anula completamente derechos de la mujer embarazada garantizados por la Constitución de 1991 y por tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad..
certificada por un médico. La inexequibilidad de la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 del Código Penal
El artículo 123 del Código Penal sanciona el aborto causado sin consentimiento de la mujer o en mujer menor de catorce años. resulta necesario proferir una sentencia de exequibilidad condicionada mediante la cual se considere que no se incurre en el delito de aborto en las hipótesis a las cuales se ha hecho mención con anterioridad. Además.Protección de los derechos de la mujer que tampoco puede implicar la declaración de inexequibilidad del artículo 122 acusado. abusivo. c) cuando el embarazo sea resultado de una conducta. debidamente denunciada. cuando con la voluntad de la mujer. o de incesto. pues sería dejar desprotegida la vida. La disposición demandada esta-
Se declarará por lo tanto ajustado a la Constitución el artículo 122 del Código Penal en el entendido que no se incurre en delito de aborto.
Por tanto. la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: a) Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. en virtud del principio de conservación del derecho. impediría que el ordenamiento jurídico sobre el aborto surtiera sus efectos en situaciones donde la Constitución no lo ha ordenado permitir. b) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida. certificado por un médico. o de inseminación artificial o de transferencia de óvulo fecundado no consentidas. constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento.
10. De esta manera se impide que la debida protección a la vida en gestación represente una afectación manifiestamente desproporcionada de los derechos de la mujer embarazada.2.
Respecto al derecho al libre desarrollo de la personalidad. la autonomía comprende las decisiones que inciden en la evolución de la persona «en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla». a mayores restricciones en el ejercicio de este derecho. o. cual es que la mujer de catorce años carece de capacidad para consentir el aborto. el libre desarrollo de la personalidad. la salud e incluso la vida de las mujeres embarazadas menores de catorce años. la Corte ha afirmado que los menores de edad pueden estar sujetos. en ciertas circunstancias. al igual que los incapaces y en general todos los aquejados de inmadurez psicológica de carácter temporal o permanente.
En el caso concreto se acusa a la disposición demandada de establecer una presunción que desconoce completamente la dignidad humana.blece por lo tanto una presunción. En consecuencia. en otros términos.
Para resolver este cargo resulta relevante hacer una breve referencia a la jurisprudencia de esta Corporación en cuanto a la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y al consentimiento informado de los menores para la práctica de intervenciones médicas. esta Corporación ha sostenido la postura que si bien todos los seres humanos son titulares de este derecho. que «el libre desarrollo de la personalidad debe evaluarse en cada una de las etapas de la vida». y en esa medida su consentimiento no es relevante desde el punto de vista de la sanción penal. pues a juicio de los demandantes la menor podría prestar su consentimiento válido para que un tercero le practique un aborto.
por lo cual. Sostuvo la Corte a este respecto:
De otro lado. Así. Esta clasificación no determina la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad. descubriéndose como un ser autónomo. a nivel normativo.
También resultan relevantes los criterios jurisprudenciales sentados por esta Corporación en la sentencia SU-337 de 1999 sobre la validez del consentimiento del menor frente a tratamientos o intervenciones que inciden en su definición sexual. el menor no carece totalmente de autonomía. se basa en «el resultado de un proceso en el que el individuo avanza paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y uso de sus potencialidades y capacidades. Así. en muchos casos. 93). singular y diferente». aprobada por Colombia por la Ley 12 de 1991. en primer lugar. respecto de los menores de edad. la Convención de los Derechos del Niño. púberes). sus criterios deben ser no sólo tomados en consideración sino respetados. tenién-
. expresamente establece en su artículo 12 que los Estados deben garantizar «al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño. impúberes. y que por ende prevalece en nuestro ordenamiento (CP art. la Corte ha admitido que la clasificación establecida en el artículo 34 del Código Civil (infantes. pero sí permite algunas restricciones específicas en atención al grado de madurez del titular.Estos criterios han sido objeto de precisiones en algunos fallos de tutela.
en función de la edad y madurez del niño». El acceso a la autonomía es entonces gradual ya que ésta «es el resultado de un proceso en el que el individuo avanza paulatinamente en el conocimiento de sí mismo y en el reconocimiento y uso de sus poten-
Lo que lleva a la Corte a afirmar que la edad del menor para autorizar tratamientos e intervenciones. aún cuando éstos sean particularmente invasivos. de tal manera que el ser humano pasa de un estado de dependencia casi total. cuando es recién nacido. Así. ni siquiera la edad configura un criterio puramente objetivo ya que. la práctica judicial. incluso contra la opinión de los padres. es razonable suponer que es menos autónomo un infante que un adolescente. nacional e internacional. hasta la autonomía plena. En efecto. no es un criterio que tenga un carácter absoluto:
Por último. se entiende que el número de años del paciente es importante como una guía para saber cuál es el grado de madurez intelectual y emocional del menor pero no es un elemento que debe ser absolutizado. ha reconocido autonomía a muchos menores adultos para tomar directamente ciertas decisiones médicas.dose debidamente en cuenta las opiniones del niño. debido a la distinción anteriormente señalada entre capacidad legal y autonomía para tomar decisiones sanitarias. al llegar a la edad adulta. Por su parte. la personalidad es un proceso evolutivo de formación. y por ende el grado de protección al libre desarrollo de la personalidad es distinto en ambos casos.
cialidades y capacidades, descubriéndose como un ser autónomo, singular y diferente». Ese progresivo desarrollo de la personalidad y de la autonomía se encuentra en gran medida ligado a la edad de la persona, que es lo que justifica distinciones como las establecidas por el derecho romano y el propio ordenamiento civil entre infantes, impúberes y menores adultos. Por ello, la edad del paciente puede ser tomada válidamente como un indicador de su grado de autonomía, pero el número de años no es un criterio tajante, ya que menores con idéntica edad pueden sin embargo, en la práctica, evidenciar una distinta capacidad de autodeterminación, y por ende gozar de una diversa protección a su derecho al libre desarrollo de la personalidad. En efecto, esta Corte tiene bien establecido que la protección brindada por este derecho fundamental «es más intensa cuanto mayores sean las facultades de autodeterminación del menor de edad, las cuales —se supone— son plenas a partir de la edad en que la ley fije la mayoría de edad». Existe pues «una relación de proporcionalidad inversa entre la capacidad de autodeterminación del menor y la legitimidad de las medidas de intervención sobre las decisiones que éste adopte. Así, a mayores capacidades intelecto-volitivas, menor será la legitimidad de las medidas de intervención sobre las decisiones adoptadas con base en aquéllas».
Se tiene entonces, que la jurisprudencia constitucional ha reconocido en los menores la titularidad del derecho al libre desarrollo de la personalidad y la posibilidad de consentir tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo, aun cuando
tengan un carácter altamente invasivo. En esta medida, descarta que criterios de carácter meramente objetivo, como la edad, sean los únicos determinantes para establecer el alcance del consentimiento libremente formulado por los menores para autorizar tratamientos e intervenciones sobre su cuerpo. En materia de aborto el legislador, si lo estima conveniente, podrá establecer reglas específicas en el futuro sobre representación, tutela o curatela sin menoscabar el consentimiento de la menor de catorce años.
Desde esta perspectiva, una medida de protección que despoje de relevancia jurídica el consentimiento del menor, como lo constituye la expresión demandada del artículo 123 del Código Penal resulta inconstitucional porque anula totalmente el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la dignidad de los menores.
Adicionalmente, esta medida de protección se revela incluso como contraproducente, y no resultaría idónea para conseguir el propósito perseguido, en aquellos eventos que sea necesario practicar un aborto para garantizar la vida o la salud de una menor embarazada. En efecto, dada la presunción establecida por el legislador cualquier persona que practique un aborto en una menor de catorce años sería autor del delito tipificado en el artículo 123 del Código Penal, aun cuando esta intervención sea necesaria para proteger la vida y la salud de la menor y sea consentida por la gestante.
Por las anteriores razones es menester concluir que por anular los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad, a la autonomía y a la dignidad de la menor embarazada y, adicionalmente, por no resultar adecuada para con-
seguir los fines que se propone, la medida establecida por el artículo 123 del Código Penal resulta claramente desproporcionada y por lo tanto inconstitucional, razón por la cual la expresión «o en mujer menor de catorce años» contenida en el artículo 123 del Código Penal será declarada inexequible.
10.3. De la inexequibilidad de la disposición contenida en el artículo 124 del Código Penal
Todas las hipótesis señaladas como generadoras de atenuación punitiva en la norma acusada quedan incluidas, en virtud de la presente sentencia, junto con otras no contempladas en tal disposición, como situaciones no constitutivas del delito de aborto.
En consecuencia y precisamente en razón de tal decisión, pierden su razón de ser tanto la disposición acusada como su respectivo parágrafo, por cuanto, en lugar de la atenuación de la pena, lo que se declara es la inexistencia del delito de aborto en las precisas y excepcionales circunstancias anotadas, razón por la cual la disposición acusada ha de retirarse del ordenamiento por consecuencia.
Una vez realizada la ponderación del deber de protección de la vida en gestación y los derechos fundamentales de la mujer embarazada esta Corporación
concluyó que la prohibición total del aborto resulta inconstitucional y que por lo tanto el artículo 122 del Código Penal es exequible a condición de que se excluyan de su ámbito las tres hipótesis anteriormente mencionadas, las cuales tienen carácter autónomo e independiente.
Sin embargo, acorde con su potestad de configuración legislativa, el legislador puede determinar que tampoco se incurre en delito de aborto en otros casos adicionales. En esta sentencia, la Corte se limitó a señalar las tres hipótesis extremas violatorias de la Constitución, en las que, con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente, se produce la interrupción del embarazo. Sin embargo, además de estas hipótesis, el legislador puede prever otras en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal, atendiendo a las circunstancias en las cuales éste es practicado, así como a la educación de la sociedad y a los objetivos de la política de salud pública.
Para todos los efectos jurídicos, incluyendo la aplicación del principio de favorabilidad, las decisiones adoptadas en esta sentencia tienen vigencia inmediata y el goce de los derechos por esta protegidos no requiere de desarrollo legal o reglamentario alguno.
Debe aclarar la Corte, que la decisión adoptada en esta sentencia no implica una obligación para las mujeres de adoptar la opción de abortar. Por el contrario, en el evento de que una mujer se encuentre en alguna de las causales de
. Sin embargo. con la voluntad de la mujer y previo el cumplimiento del requisito pertinente. se produce la interrupción del embarazo.. en las que.. además de estas hipótesis. el legislador puede prever otras en las cuales la política pública frente al aborto no pase por la sanción penal .En esta sentencia. la Corte se limitó a señalar las tres hipótesis extremas violatorias de la Constitución.
Negar las solicitudes de nulidad de conformidad con lo expuesto en el punto 2. y tal determinación tiene amplio respaldo constitucional. No obstante. Declarar EXEQUIBLE el artículo 122 de la Ley 599 de 2000. (ii) cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida.
VII. por los cargos examinados en la presente sentencia. certificada por un médico. de la parte considerativa de esta sentencia. ésta puede decidir continuar con su embarazo. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. certificada por un médico. que puedan acorde con los fundamentos de esta sentencia. numeral 7 de la Ley 599 de 2000.
Segundo.excepción.3. la interrupción del embarazo se produzca en los siguientes casos: (i) cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer. es permitir a las mujeres que se encuentren en alguna de las situaciones excepcionales. y. decidir la interrupción de su embarazo sin consecuencias de carácter penal. en el entendido que no se incurre en delito de aborto.
Primero. en todos los casos. (iii) cuando el embarazo sea el resultado de una conducta. Declarar EXEQUIBLE el artículo 32. DECISIÓN
Tercero. la Sala Plena de la Corte Constitucional. cuando con la voluntad de la mujer. constitutiva de ac-
. siendo entonces imprescindible. su consentimiento. debidamente denunciada. lo que determina la Corte en esta oportunidad.
comuníquese. abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas.
Notifíquese. o de incesto. Declarar INEXEQUIBLE el artículo 124 de la Ley 599 de 2000. cúmplase y archívese el expediente.
JAIME CORDOBA TRIVIÑO Presidente IMPEDIMENTO ACEPTADO
RODRIGO ESCOBAR GIL Vicepresidente CON SALVAMENTO DE VOTO
JAIME ARAÚJO RENTERÍA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO
. Declarar INEXEQUIBLE la expresión «…o en mujer menor de catorce años…» contenida en el artículo 123 de la Ley 599 de 2000.
Quinto.ceso carnal o acto sexual sin consentimiento.
Cuarto. insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional.
MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Magistrado CON ACLARACIÓN DE VOTO
MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO
ÁLVARO TAFUR GÁLVIS Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO
.Puede encontrar información adicional sobre la liberalización del aborto en Colombia y sobre otros proyectos de Women’s Link Worldwide en la página web www.womenslinkworldwide.
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