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El Ingrediente Faltante en la Ensalada: El Debido Proceso | ASILEGAL
El Ingrediente Faltante en la Ensalada: El Debido Proceso
17 de septiembre de 2013 Derechos Humanos, [In]Justiciaasilegal
Por Viridiana Canales
“That no man of what state of condition that he be, shall be put out of land of tenement, nor taken imprisoned, nor disinherited, nor put to death, without being brought in answer by DUE PROCESS OF LAW”
─ Edward III, Due Process of Law (1354).
En la sociedad, el Derecho tiene un papel preponderante en cinco aspectos: como el medio de gobernar, de modelar el comportamiento de los ciudadanos; como instrumento para distribuir recursos y cargas en la sociedad; como medio para asegurar las expectativas al hacer predecibles ciertos resultados; para el manejo y resolución de conflictos; y para servir como expresión y consagración de ideales y valores.[1]
Hablar sobre el derecho al debido proceso en México es, al igual que otros temas de interés, una carta de buenas intenciones. La nueva resolución de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación deja en rango inferior a los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos, por el simple hecho de mantener un enfoque “nacionalista”. Con ello, el asunto del Debido Procesose vuelve más complicado.
Hoy les contaré sobre el ingrediente faltante en la ensalada jurídica. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define al Debido Proceso comoun conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier […] acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo sancionatorio o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal.[2] En mis propios términos (un tanto más digeribles), el Debido Proceso se refiere al respeto de los derechos de una persona durante un juicio, plasmados en la Carta Magna y en los Tratados Internacionales, cuyo fin es lograr una sentencia justa y adecuada. Este derecho lo encontramos entre los conocidos como fundamentales; es decir, el de la igualdad, la libertad, la presunción de inocencia, tener un(a) intérprete, defensa adecuada y (en caso de ser extranjero/a) contar con que el consulado de su país se entere de su detención.
Proceso, en el lenguaje castellano significa proceder, progreso, desenvolvimiento, seguir adelante. Constituye una serie de operaciones o actos variados y vinculados por la unidad del fin[3].
El antecedente más importante es la Carta Magna de Juan sin Tierra del año de 1215, en la cual nace el debido proceso como un reclamo de los/as súbditos/as para combatir las arbitrariedades de los señores feudales: “Ningún hombre libre será arrestado, aprisionado, desposeído de su dependencia, libertad, o libres usanzas, puesto fuera de la ley, exiliado, molestado en alguna manera, y nosotros no meteremos ni haremos meter la mano sobre él, sino en virtud de un juicio legal de sus iguales según la ley de la tierra”[4]. Otro antecedente que podemos encontrar es en el Derecho Español, con las Siete Partidas de Alfonso X “El Sabio”, estableciendo que nadie puede privar a otros/as de sus bienes si no existe una sentencia que así lo avale y que esté fundada en Derecho.También como antecedentes e instrumentos jurídicos que protegen la garantía del Debido Proceso encontraremos la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del año de 1789, que retomó los preceptos de la Carta de 1215; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), en su artículo 14.1; y el Pacto de San José (1969), que en el artículo 8.1 habla de las garantías judiciales.
México y la Garantía de Audiencia
El derecho al Debido Proceso lo podemos encontrar reconocido en el Artículo 14 Constitucional párrafo primero . Éste establece que “[n]adie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho”. Las palabras clave que definen nuestro tema son: formalidades esenciales del procedimiento.
Este derecho nace en nuestro país por iniciativa de Venustiano Carranza en su proyecto de constitución. De la lectura del artículo citado, desprendemos las siguientes características:
Un juicio previo al acto de privación de libertad, garantizando la igualdad de las partes de conseguir medios de defensa suficientes para aportar a la causa.
Que el juicio se siga ante tribunales previamente establecidos, no abarcando exclusivamente a los órganos del Poder Judicial, sino a todos aquellos que tengan la facultad de decidir controversias de manera imparcial (administrativos, agrarios, laborales, etc.) y que existan con anterioridad al hecho.
Observancia y cumplimiento de las formalidades del procesocomo darle la oportunidad a todas las partes de defenderse; presentar y evacuar pruebashaciendo uso de los recursos previstos en las leyes; y oponerse a las pretensiones de la otra parte.
Que la sentencia se ajuste a la normatividad vigente y a la causa que dio vida al juicio, de manera que no se juzgue a la persona por un acto diferente al que se le imputa, sustentado en preceptos jurídicos actualizados.
Estas garantías se otorgan con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de los/as ciudadanos/as sujetos/as a cualquier procedimiento, sea administrativo, civil, laboral o penal.
La tortura y su papel en el Debido Proceso.
La tortura judicial nace en Italia en el siglo XIII, expandiéndose por el resto de Europa como parte de la difusión del Derecho Canónico Romano y su movimiento de recepción. Se llegó a practicar como parte del debido proceso, con el propósito de obtener la verdad “con fines probatorios”, consagrando la confesión como la reina de las pruebas. En donde no se cuenta con datos de aplicación de tortura es en la península Escandinava, porque no era necesaria y consideraban que había otros medios de prueba más útiles que la confesión. Más tarde, por el año de 1898, surge la Criminal Evidence Act en el sistema inglés. Éste permitía al acusado declarar en su propia defensa. Algo que parece interesante destacar es que la tortura permaneció hasta los siglos XVIII y XIX con la Inquisición española. Ésta, en teoría, ya no se practica hasta nuestros días porque (formalmente hablando) existe la Declaración de las Naciones Unidas contra la Tortura de 1985. La verdad la dejo al criterio del/de-la amable lector(a).
A partir de 1985, con la Declaración de Víctimas de la ONU, se abrió un panorama diferente para que las víctimas pudieran participar en el proceso. Involucrando así el aspecto de que no sólo hay que asegurar protecciones a la persona imputada de la comisión de delitos, sino también a aquellas personas que sufrieron una afectación en su esfera jurídica y social.
Ejemplos de violaciones al debido proceso: Caso Acteal y Florence Cassez.
Sin duda, uno de los casos más indignantes en la historia de Méxicoes el Caso Acteal, ocurrido el 22 de diciembre de 1997. El 1º de febrero de 2012, la Primera Sala ordenó la libertad de siete indígenas tzotziles por los hechos ocurridos, debido a las violaciones al Debido Proceso que enfrentaron. Los delitos imputados fueron homicidio a 45 personas y lesiones a 16. Sin embargo, aparecieron documentos públicos que dejaron sin validez las pruebas acusatorias. Éstas, independientemente de acusar a inocentes, eran contrarias a la ley.[5] Una de las pruebas más contundentes que tenían en contra de los siete indígenas era una supuesta llamada de un policía. En ella se informaba que en Acteal había muchos muertos y heridos, a lo que el Ministerio Público respondió iniciando la averiguación previa. El proceso se llevó a cabo con testigos falsos/as y amenazados/as y un álbum de fotografías, que más tarde el Alto Tribunal calificaría de ilícitos.
Los criterios tomados en cuenta partían del artículo 160 de la Ley de Amparo. Éste citaba que al presentarse violaciones procesales el juicio no se repone, sino que se invalida al quebrantarse el derecho a una defensa adecuada. Otro punto relevante fue que, al basarse el juicio en pruebas ilícitas, el derecho al debido proceso fue violado. El exigir su nulidad es una garantía que la persona inculpada puede hacer valer inmediatamente ante los tribunales, llevando al proceso a conducirse con imparcialidad. Una prueba testimonial se basa en lo que la persona declarante vio directamente, lo que presenció y percibió con sus sentidos. No así en otros criterios de personas que vicien su percepción, debiendo rendirse de forma espontánea, no coaccionada. Ahora bien, tampoco hubo traductores o intérpretes durante el proceso. Se les mostró fotografías a los testigos de otras personas y no de los acusados. Se incluyeron delitos diversos a los señalados como portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, cosa que era falsa. Y la cereza del pastel, que también cabe mencionar, es que el juez que dictó la sentencia condenatoria a los 7 indígenas se basó en Wikipedia para justificar su resolución. Estamos ante un hecho delicado, una sentencia legal que trata sobre la privación de la libertad a siete personas que no conocen el español y fueron interrogadas en ese idioma, no puede citar una página de internet cuyo contenido es de origen poco confiable.
Para garantizar la seguridad no es necesario “doblar” la justicia. Cuando el Estado y las autoridades dejan de observar las reglas y garantías procesales de la Constitución (en especial en materia penal), se acentúa la inseguridad contra la propia sociedad. Por lo que es importante resaltar que tanto el Estado, como sus jueces, sus juezas y agentes de gobierno deben sujetarse al Estado de Derecho, sin pisotear la voz de las personas gobernadas y sus derechos. La impunidad no es un síntoma de salud en materia jurídica. Es un síntoma de enfermedad, de vicios en nuestro derecho de exigir el cumplimiento y observancia de las leyes. Claramente apreciamos que en este caso no ocurrió. Para muestra, basta un botón: ¿Por qué el ex presidente Zedillo se niega a pagar 50 millones de dólares a las víctimas de este crimen? ¿Indígenas orando en una ermita son un peligro para el Estado Mexicano? La violencia no se justifica con nada, siete indígenas fueron víctimas del Estado, quien culpó de sus fechorías a personas inocentes. Muchos de las/los sobrevivientes denunciaron a grupos paramilitares como responsables. Otros fueron amenazados para involucrar a los siete tzotziles inocentes y a más. Y la verdad, ¿quién la sabe? Si le preguntan a Zedillo o a Emilio Chuayffet, seguro se enteran quiénes son los verdaderos culpables. Condenar a 26 años de prisión a inocentes, quitarles su libertad por haber ejercido el derecho a la libertad de asociación, de religión y de culto, no tiene nombre. El caso aún sigue impune.
En esta ensalada, no puede faltar un caso polémico como lo es el de Florence Marie Louis Cassez Crepin, quien llegó a México en 2003. La lectora (o el lector) recordará que, el 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la SCJN ordenó su libertad por la comisión de delitos como delincuencia organizada, secuestro (hasta en cuatro ocasiones) y portación de armas. Eso daba un total de 96 años de prisión.[1] Más tarde se apeló a tan estratosférica sentencia, consiguiendo la absolución por una privación ilegal de la libertad en modo de secuestro y uno de posesión de cartuchos exclusivos del ejército. Consiguiendo así sólo 60 años de prisión.
No se discute si era culpable o inocente, puesto que hay víctimas con daño psicológico, moral y físico. Se discute si el proceso en su contra siguió con las formalidades esenciales del procedimiento, a las cuales se aludió con anterioridad. En los medios televisivos se dio a conocer este caso “en vivo”. Integrantes de la AFI liberaron a 3 víctimas y todo el país pudo verlo gracias a TV Azteca y Televisa. La escenificación fue tan morbosa que no dejaba lugar a dudas que ahí se cometió un secuestro múltiple y que la AFI estaba haciendo una gran labor. En pocas palabras, manipulación de información everywhere.
La SCJN determinó que la hora en la que la detuvieron fue a las 4:30 am y no a las 6:47 am, cuando inició la escenificación televisiva. Según declaraciones de la quejosa en cuestión, la arraigaron el día anterior a las 11:00 am, sufrió múltiples maltratos y golpes para que apareciera en la televisión y que nunca avisaron a la embajada francesa de su detención. El propio Director General de la ahora extinta AFI sostuvo que en la operación para rescatar a las víctimas no había prensa, pero la escenificación se realizó a petición de los medios a fin de mostrar cómo fue el ingreso a la casa de seguridad. Tampoco hubo orden de aprehensión. ¿Así o más manoseado el caso?
Hubo dilación en la puesta a disposición de Cassez ante el Ministerio Público una vez efectuada la detención. Había que preparar un simulacro para que las dos televisoras lo grabaran. Hubo insinuaciones lascivas por parte de los elementos de policía, tortura. Se manipularon las pruebas de audio para que las víctimas la identificaran como responsable, entre otros agravios que expuso. La manipulación de voluntades de testigos, víctimas y autoridades fue un factor detonante para su absolución. Los medios de difusión masiva pueden viciar el criterio de personas con “técnicas” como el amarillismo, morbo y melodramáticas apariciones.
Se concluyó en el amparo que las/los extranjeras/os se enfrentan a desventajas singulares al momento de ser detenidas/os por una autoridad y someterse a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño. Cassez padeció los efectos de no ser asistida por su Embajada. El derecho a la asistencia consular no es el mismo que el ser asistida/o por un(a) intérprete o traductor(a), puesto que la primera permite colaborar en la comprensión del sistema jurídico juzgador, y la segunda permite eliminar toda barrera lingüística entre el/la acusado/a y la autoridad, testigos y partes.
Así pues, independientemente de contar con todas las pruebas necesarias que incriminen a la probable responsable por la comisión de un delito, atendiendo a sus garantías individuales, tiene derecho a la presunción de inocencia. Incluso desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso que ciertas actuaciones de los órganos del Estado incidan negativamente en dicho tratamiento. Por todo lo anterior expuesto, nuestra SCJN determinó (a través de 145 páginas) que, al haberse violado los derechos fundamentales a la notificación, contacto y asistencia consular, a la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público y a la presunción de inocencia, el Estado Mexicano debía liberarla, no sin antes emitir un “Usted Disculpe, señorita Cassez, puede usted salir”.
Y aún nos preguntamos ¿Vivimos en el país de No Pasa Nada?
Podemos concluir, a través de estos dos casos reseñados al vapor, que el derecho al debido proceso es un arma de doble filo. La línea entre lo justo y lo verdadero es tan delgada que apenas se confunde. Respetar una serie de garantías procesales en virtud de la protección de los Derechos Humanos es algo que la autoridad no puede darse el lujo de omitir, así haya pruebas contundentes de culpabilidad. Por una violación a la ley, puede tirarse por la borda una investigación completa. Puede haber impunidad para todas las partes, sean víctimas del delito, sean presuntas responsables. ¿Se vulnera el derecho a la justicia de las víctima por garantizar el debido proceso? La privación de la libertad de una presunta responsable, resultado de un proceso viciado, no traería justicia sino venganza y más impunidad. Y todo por ese afán de lucrar, de provocar morbo y rating. De dar “pan y circo” al pueblo. Finalmente, así como estos ejemplos, hay muchos más en nuestro país, mucha más tela de donde cortar y seguir cosiendo un ropaje de injusticias e irregularidades en el Sistema Jurídico-Político Mexicano. Una vez más,somos títeres de la función y ya es tiempo de cortar los hilos y bajar el telón.
[1] Aubert, Vilhem. In Search of Law, Oxford, 1983, pág. 28.
[2] Opinión Consultiva 18/03 de 17 de Septiembre de 2003. Solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, CIDH, párrafo 123.
[3] Colombo Campbell, J. El Debido Proceso Constitucional, Porrúa, México, 2007, pág. 25.
[4] Hoyos, Arturo. Debido Proceso y Democracia, Porrúa, México, 2006, pag. 20.
[5] Tesis de Reconocimiento de inocencia 11/2011, ponente Min. Guillermo Ortíz; Reconocimiento de inocencia 15/2011, ponente Min. Olga Sánchez Cordero.
[6] Amparo directo en revisión 517/2011, ponente Min. Olga Sánchez Cordero.
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References: resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 8
 Artículo 14
 artículo 160