Source: https://corte-suprema-justicia.vlex.cl/vid/fisco-chile-sociedad-comercial-696845129
Timestamp: 2020-07-11 00:19:57+00:00

Document:
Causa nº 34655/2017 (Casación). Resolución nº 10 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 15 de Noviembre de 2017 - Jurisprudencia - VLEX 696845129
Rol de Ingreso: 34655/2017
Rol de Ingreso en Cortes de Apelación: 873-2017 - C.A. de Santiago
Rol de Ingreso en Primer Instancia: C-1495-2015 - 24º JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO
Que en estos autos Rol N° 34.655-2017, caratulados “Fisco de Chile con Sociedad Comercial Forteza y Compañía Limitada”, se ha ordenado dar cuenta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, del recurso de casación en el fondo deducido por la parte demandada en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago que, revocando la de primera instancia que rechazaba la acción, en su lugar, la acoge, condenando a la empresa al cumplimiento del contrato de compraventa celebrado, debiendo pagar a título de cláusula penal la cantidad de $21.013.420, más reajustes contados desde la mora, sin costas.
Que el recurso de nulidad denuncia que el fallo transgrede los artículos 1° de la Ley N°19.886; 63, 64, 65 y 79 ter del Decreto N°250 del año 2006 del Ministerio de Hacienda; 1443, 1698 y 1709 del Código Civil y artículo 160 del Código de Procedimiento Civil.
Explica la recurrente que la contratación entre el Estado y particulares se rige por la Ley N°19.886, de modo que el derecho privado únicamente recibe aplicación de forma supletoria, cuando no existe norma en el derecho público que regule la situación. Sin embargo, tanto la sentencia impugnada como la demanda pasan por alto este marco legal, refiriéndose directamente al derecho común e indicando que las multas a que se hace referencia en el convenio marco, que gobierna la relación jurídica existente entre las partes, tienen la naturaleza de cláusula penal.
Indica que la cláusula penal es un elemento accidental que debe estipularse expresamente, en tanto constituye una avaluación anticipada de los perjuicios. Por su parte, el artículo 79 ter del Decreto N°250 anteriormente citado establece la posibilidad de exigir el pago de multas, que cumplen la misma finalidad. En consecuencia, se trata de un asunto regido por el Derecho Administrativo, imposible de ser conocido por el tribunal ordinario.
Asevera, a continuación, que los contratos con la Administración son solemnes, de modo que no podía entenderse celebrada la convención con la sola emisión de una orden de compra, dado que el convenio marco requería la suscripción de un contrato, más aun tratándose de computadores, que no son bienes estándar de simple especificación, razón por la cual no resulta aplicable a estos hechos el artículo 25 del Reglamento de la Ley N°19.886.
Agrega que los sentenciadores incurren en un error al interpretar las normas que regulan las solemnidades de los contratos administrativos, puesto que ellas tienen por objeto dar fidelidad a lo convenido y, a pesar de tratarse del documento fundante de la acción, el documento donde consta el contrato que une a las partes nunca fue incorporado al proceso, en circunstancias que esta convención debió constar por escrito y el instrumento correspondiente era la única forma de acreditar sus términos. Lo mismo ocurre con la cláusula penal, que de acuerdo al artículo 65 del citado Reglamento, debía incluirse expresamente en el contrato, sin que fuera posible deducir su existencia del sólo convenio marco. A pesar de lo anterior, el tribunal da por probada la obligación únicamente con la emisión de la orden...

References: Resolución 
 artículo 782
 artículo 160
 artículo 79
 artículo 25
 artículo 65