Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/2735
Timestamp: 2020-07-03 16:23:01+00:00

Document:
HJ System - Decision: SENTENCIA 218/1994
SENTENCIA 218/1994, de 18 de julio
ECLI:ES:TC:1994:218
En el recurso de amparo núm. 2.566/91 interpuesto por American Nike, S.A. y Nike International, Ltd., representadas por el Procurador don Antonio-Andrés García Arribas y bajo la dirección del Letrado don Jesús Muñoz-Delgado Mérida, contra Auto de 18 de noviembre de 1991, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaída en el rollo de apelación 759/91. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata, representados por el Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira y dirigidos por Letrado. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi-Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 16 de diciembre de 1991, la representación procesal de American Nike, S.A. y Nike International, Ltd., formuló demanda de amparo contra el Auto de 18 de noviembre de 1991, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaído en el rollo de apelación 759/91, que confirmó el Auto, de 10 de junio de 1991, dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona, en incidente de oposición sobre medidas cautelares acordadas en el juicio de menor cuantía 325/91, sobre nulidad de marcas, cesación de su uso y otros extremos.
a) Don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata, promovieron ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de Barcelona el juicio declarativo de menor cuantía 325/91 contra Nike International, Ltd., y American Nike, S.A., en solicitud de que se declarase la nulidad de las marcas 1.156.105 y 1.156.106 concedidas a Nike International, Ltd. por sendas resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial, de 2 de julio de 1990, y otros extremos.
En la demanda, por "otrosí", y al amparo de la remisión general al Título XIII de la Ley de Patentes que se contiene en el art. 40 de la Ley de Marcas y el art. 1.428 L.E.C., solicitaron la adopción de una serie de medidas cautelares.
En el Auto, se razonaba la urgencia de la adopción de las medidas, sin oír a las demandadas "no sólo para evitar perjuicios a los demandantes sino para evitar una importación masiva de mercancías en el territorio nacional por parte de las demandadas; y si tales medidas se adoptan antes de cumplirse el emplazamiento de las mismas, es no sólo por los documentos aportados por los demandantes, sino por el excesivo retraso que supondría dicho emplazamiento previo en el que la demandada principal de nacionalidad de las Islas Bermudas tiene su domicilio conocido en Oregón-U.S.A.; dando lugar como decimos con dichos retrasos a un agravamiento de las medidas cautelares" (razonamiento jurídico IV). Asimismo, en la parte dispositiva se establecía que: "una vez emplazadas las demandadas o conocidas por las mismas estas medidas, pueden oponerse a las mismas, solicitando comparecencia de todas las partes ante este Juzgado, teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 1.428 de la L.E.C. y el art. 135 de la vigente Ley de Patentes".
En el Auto, y por lo que ahora interesa, se razona que la adopción de las medidas cautelares ordenadas sin audiencia de las demandadas se justifica, porque tanto en el ordenamiento jurídico-positivo español como en el Derecho comparado, las medidas cautelares se acuerdan siempre inaudita parte, en la simple razón de su eficacia, y en el contenido concreto del art. 1.428 L.E.C., a cuya totalidad normativa se remite expresamente el art. 125.4 de la Ley 11/1986, de Patentes, aplicable en su Título XIII por directa remisión del art. 40 de la Ley 32/1988, de Marcas, y sin olvidar que el Juez de Instancia confirmó las medidas después de una comparecencia audita altera pars. (Razonamiento jurídico 1º). Asimismo, estima la Audiencia que en la actualidad normada se ha abandonado el periculum in mora que tradicionalmente unido al fumus boni iuris, se configuraban como presupuestos típicos de las medidas cautelares, sustituyéndolos por una caución o contra cautela que el art. 137.1 de la Ley de Patentes concreta, que el Juez a quo ha cumplido escrupulosamente, al exigir una fianza que si bien califica de notoriamente excesiva, no fue impugnada por los actores (Razonamiento jurídico 3º).
f) Con posterioridad a la interposición del recurso de amparo, y con fecha de 10 de diciembre de 1993, el Juzgado ha dictado Sentencia, en los autos del juicio de menor cuantía 325/91, acumulados al juicio 888/91, promovido por las solicitantes de amparo contra los actores del referido juicio en solicitud de que se declarase la caducidad de la marca núm. 88.222, en la que se ha desestimado la demanda formulada por don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata y se ha estimado la interpuesta por American Nike, S.A., dejando sin efecto las medidas cautelares que se acordaron por Auto de 15 de marzo de 1991. Sentencia que ha sido recurrida y se halla pendiente de apelación.
6. Por providencia de 1 de octubre de 1992, se acordó tener por recibidas las actuaciones solicitadas, y dar vista de las mismas a la parte recurrente, al Procurador don Ramón Rodríguez Nogueira en representación de don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata, y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaran procedentes.
7. El Fiscal, por escrito presentado el 27 de octubre de 1992, entiende que las recurrentes denuncian como vulnerado el art. 14 C.E., en cuanto que a su juicio el Auto impugnado lesiona el derecho de igualdad tanto en su vertiente de igualdad en la aplicación de la Ley, como mediante una aplicación de la legalidad que resulta injustificadamente discriminatoria. Fundan la desigualdad en la aplicación de la Ley en que el Auto impugnado supone un cambio irrazonable de criterio de la Audiencia, aportando como término de comparación otro Auto de la Sección Decimoquinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de marzo de 1989. Y la injustificada discriminación en que el Auto realiza una aplicación de la legalidad discriminatoria, porque a las demandantes les concede las medidas cautelares solicitadas bajo la prestación de fianza y en cambio a las demandadas les niega el derecho a prestar fianza para liberarse de los efectos de dichas medidas. Respecto a la primera denuncia, es preciso significar que con arreglo a la constante doctrina del Tribunal Constitucional, la igualdad en la aplicación de la ley que supone que un mismo órgano judicial no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales, de manera que cuando el órgano entienda que debe apartarse de sus precedentes tiene que hacerlo con una fundamentación razonable. Por tanto, son indispensables tres exigencias: que el término de comparación proceda del mismo órgano judicial, igualdad sustancial de los supuestos de hecho y abandono por el órgano judicial de sus propios precedentes sin la debida motivación.
En este caso la primera de las exigencias no concurre porque la resolución que se aporta como término de comparación no proviene del mismo órgano judicial al haber sido dictada por la Sección Decimoquinta de la Audiencia de Barcelona y el impugnado por la Sección Primera de la Audiencia y es doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que por conocida no es necesario reproducir [STC 134/1991, ATC 233/1985, 29/10/1990, 811/1986, 17/5/1990, 991/1990 (sic)] que las diferentes Secciones de la Audiencia constituyen órganos judiciales distintos y diferentes a los efectos del cumplimiento de esta exigencia de la jurisprudencia constitucional.
El carácter irrazonable de la argumentación del Auto impugnado de la Audiencia se hace derivar también por las solicitantes de amparo de la afirmación que en él hace la Sala de que en el ordenamiento jurídico español las medidas cautelares se acuerden inaudita parte, recordando los expedientes universales de quiebra, los de suspensión de pagos, el juicio ejecutivo, etc., pero olvidando que no sucede lo mismo en materia de marcas. Es cierto que la Ley en algunos casos establece la posibilidad de adoptar medidas cautelares sin oír a la parte demandada, pero en otras exige de manera imperativa esa audiencia y la contradicción antes de que puedan ser acordadas por el órgano judicial. Es el caso de los procesos sobre marcas. El art. 40 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se remite a las normas contenidas en el Título XIII de la Ley de Patentes en todo lo que no sea incompatible con la propia naturaleza de las marcas. Dicho Título trata de la jurisdicción y de las normas procesales, y en el Capítulo Tercero, dedicado a las medidas cautelares, regula un procedimiento contradictorio para su adopción. Sin embargo, y a pesar de la alegación de las recurrentes no es irracional la declaración que hacen los órganos judiciales interpretando el procedimiento que sobre medidas cautelares establece la Ley de Patentes. El órgano judicial explica y razona los motivos que tiene para aplicar el art. 1.428 de la L.E.C. haciéndole compatible con la regulación específica de las medidas cautelares en la Ley de Patentes. Esta compatibilidad la fundamenta el órgano judicial en varias razones: en el art. 125.4 de la Ley de 1986 que establece el carácter supletorio de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no sólo tiene el carácter de supletoria sino también de inspiradora de la interpretación de los arts. 133 y siguientes de la Ley de Patentes y en especial el art. 135, teniendo en cuenta que el artículo de la L.E.C. es mucho más genérico y amplio; la doctrina que entiende que el art. 135 de la Ley de Patentes es una posible errata en el texto porque normas de carácter general posteriores con semejante significado y ámbito permiten las medidas cautelares inaudita parte (art. 25.1 de la Ley 10 de enero de 1991 sobre competencia desleal) aplicable según el art. 88 de la Ley de Marcas; la interpretación del tan citado art. 135 debe ser más defensista del titular registral y teniendo un título inscrito el que pide las medidas cautelares, existe una justificación documental que permite la adopción de las medidas inaudita parte sin perjuicio de aplicar los restantes apartados del mismo artículo si el Juez tiene dudas sobre la justificación documental. Esta argumentación desarrollada por el órgano judicial constituye una interpretación conjunta de la normativa procesal razonada y fundada en derecho y por lo tanto no es errónea ni arbitraria y satisface el derecho a la tutela judicial efectiva. No se puede olvidar que la naturaleza de las medidas cautelares en determinados supuestos de hecho puede obligar a tomarlas sin audiencia de la parte debido a los posibles perjuicios de tardanza y demora que se pueden derivar de su conocimiento con aumento de los perjuicios y falta de efectividad de la satisfacción del objeto del proceso. Si el órgano judicial razona y motiva estas circunstancias y en este caso así lo ha hecho, no vulnera el derecho fundamental. De otra parte aun admitiendo, a efectos dialécticos que las medidas cautelares, como afirman las actores se debieran, por aplicación del art. 135.1, tomar con audiencia de las partes, este defecto con dimensión constitucional fue subsanado por el mismo órgano judicial.
Por todo ello, el Fiscal interesa la desestimación del recurso de amparo, por no existir vulneración alguna de los arts. 14 y 24.1 C.E. imputable a las resoluciones recurridas.
En primer lugar, entiende que ha existido una indefensión causada por el sistemático desconocimiento de las normas que regulan el procedimiento para la adopción de medidas cautelares, la denegación del derecho de audiencia previa y la posterior "inversión del contradictorio". Para las recurrentes, la Ley de Marcas (art. 40) se remite a la Ley de Patentes, y en ella se regula con precisión el procedimiento a seguir para la adopción de las medidas cautelares. La Ley de Patentes impone la audiencia de las partes antes de adoptar la resolución sobre las medidas solicitadas (art. 135.2 L.P.), y tras la práctica de la prueba admitida en su caso, el Juez debe celebrar una comparecencia con las partes (art. 135.5 L.P.), y sólo después es cuando dictará Auto resolviendo sobre la petición de medidas cautelares (art. 136.1 L.P.). Este procedimiento es distinto y contrario al que inspira el general del art. 1.428 L.E.C. En el presente caso, primero se dicta el Auto acordando las medidas, inaudita parte, y después se brinda a las recurrentes la posibilidad de oponerse al mismo, lo que implica la inversión de la carga de alegación y de prueba por las demandadas, que invierte la posición procesal que el legislador ha querido para las partes.
En segundo lugar, Nike, como todo demandado tiene derecho a que no se agreda su patrimonio si no concurren todos los requisitos que fundan las medidas cautelares, y el Auto que los acuerda sin analizar y valorar razonablemente la concurrencia de esos requisitos produjo y sigue produciendo indefensión. Para la Audiencia, el único presupuesto material para la adopción de medidas cautelares es que el actor preste una fianza. La exigencia de que en el derecho del actor concurra un cierto fumus boni iuris y que las medidas cautelares sean realmente necesarias -o simplemente convenientes- porque existe un cierto periculum in mora mientras se sustancia el proceso de declaración es, al entender del Auto recurrido, absolutamente irrelevante. La "actualidad normada" -así dice y conforme a ese decir decide el Auto recurrido- ha sustituido esos tradicionales requisitos por la simple prestación de una fianza. Esta forma de decidir, que prescinde de la valoración y comprobación de la apariencia del bien derecho (fumus boni iuris) y de la necesidad real de la adopción de la medida (periculum in mora), lesiona el derecho de las recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión del art. 24 C.E.
En tercer lugar, la irrazonable y antijurídica denegación a Nike del derecho que le reconoce la Ley de Patentes a prestar fianza sustitutoria rompe el principio de igualdad entre las partes y produce indefensión. El art. 137.2 L.P. permite al demandado la prestación de una fianza sustitutoria de la efectividad de las medidas cautelares cuando éstas "impliquen restricciones para la actividad industrial o comercial del demandado". Facultad para el demandado que es una imposición para el Juez, que debe fijarla incluso de oficio, al tiempo de acordar la medida, "el Juez señalará", dispone el art. 137.2 L.P. En el presente caso, cualquiera que sea el enjuiciamiento que se realice sobre la fianza sustitutoria, se ha producido un descarnado desequilibrio: los juzgadores, han acordado medidas cautelares frente a Nike exclusivamente porque el demandante (para quien es una obligación) presta una fianza, y desconocen el derecho de Nike (para quien la fianza sustitutoria es un derecho) no a que se revoquen sino a que se sustituya la efectividad de las medidas cautelares por la prestación de una fianza.
9. Mediante escrito registrado el 30 de octubre de 1992, la representación de don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata, se opusieron al otorgamiento de amparo, alegando, en resumen, que las decisiones judiciales respetaron en todo momento los derechos fundamentales cuya lesión se invoca por las recurrentes, que pudieron intervenir en el procedimiento, oponiéndose a la adopción de las medidas cautelares, y alegando, en todas las instancias todo lo que tuvieron por conveniente.
11. La representación de don Juan Amigo Freixas y doña Flora Bertrand Mata, en escrito registrado el 9 de junio de 1994, alega que es obvio que el recurso ha perdido su inicial objeto puesto que la referida Sentencia dejó sin efecto las medidas cautelares en cuestión, que en este momento simplemente no existen por lo que no tiene sentido proseguir un proceso de amparo que, en el mejor de los casos, sólo podría conducir a eliminar del mundo jurídico unas medidas provisionales (sic) y una resolución judicial cuyos efectos han sido ya eliminados por una Sentencia definitiva.
13. Por providencia de 14 de julio de 1994, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 18 del mismo mes y año.
De esta circunstancia sobrevenida pudiera, en principio, derivarse la satisfacción fuera de este proceso constitucional de la pretensión en él deducida. Sin embargo, debe advertirse que la referida Sentencia todavía no ha ganado firmeza ya que ha sido recurrida y, en concreto, también lo ha sido la decisión en ella contenida de dejar sin efecto la medida cautelar objeto del presente recurso de amparo. En efecto, en otrosí incluído en el escrito de interposición del recurso de apelación contra la citada Sentencia, se solicitó del Juzgado la suspensión del levantamiento de las medidas cautelares. Desestimada esta petición por Auto de fecha de 20 de diciembre de 1993, se interpuso contra el mismo un recurso de reposición, igualmente desestimado por Auto de 10 de mayo de 1994, contra el que se ha interpuesto un ulterior recurso de apelación. La pendencia de estos recursos de apelación y el mantenimiento de la pretensión por parte de la actora aconsejan entrar en la resolución de la cuestión aquí planteada.
3. En varias resoluciones hemos tenido ocasión de pronunciarnos acerca de la trascendencia constitucional de las medidas cautelares y de su relación con los derechos fundamentales y libertades públicas consagrados en el Texto constitucional, especialmente con el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1. La doctrina jurisprudencial que ha ido consolidándose parte de la premisa de que "la tutela judicial no es tal sin medidas cautelares adecuadas que aseguren el efectivo cumplimiento de la resolución definitiva que recaiga en el proceso" (STC 14/1992, fundamento jurídico 7º); "La potestad jurisdiccional de suspensión, como todas las medidas cautelares, responde ... a la necesidad de asegurar, en su caso, la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial: ésto es, de evitar que un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 C.E.) desprovisto de eficacia" (STC 238/1992, fundamento jurídico 3º). Es más, en esta misma Sentencia se añade que el legislador no puede eliminar de manera absoluta la posibilidad de adoptar medidas cautelares dirigidas a asegurar la efectividad de la Sentencia estimatoria, "pues con ello se vendría a privar a los justiciables de una garantía que ... se configura como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva" (fundamento jurídico 3º).
No obstante, en ese cuerpo doctrinal también se ha precisado que, cuando únicamente se alega el art. 24.1, debe tenerse presente que no toda vulneración de normas y derechos procesales producida en los procesos relativos a la adopción y ejecución de medidas cautelares es susceptible de convertirse en objeto del recurso de amparo. Desde esta perspectiva, sólo puede atribuirse esta condición cuando lo que se recurre es "un acto u omisión judicial que venga a negar decisivamente la protección procesal de los derechos e intereses legítimos cuya tutela se pretende ante los Tribunales" (STC 237/1991, fundamento jurídico 2º), o, en otras palabras, cuando afecta a una medida cautelar que pretenda evitar un daño sobre los derechos e intereses controvertidos en el proceso principal que de producirse llevaría a que el objeto de esos derechos o intereses desapareciera o resultara tan gravemente afectado que sus titulares, aunque obtuviesen una resolución de fondo favorable, no podrían ejercerlo o, cuando menos, no podrían desarrollar todas las facultades que lo conformaban inicialmente. Esta limitación deriva del hecho de que, desde la perspectiva del recurso de amparo y del derecho a la tutela judicial efectiva, la finalidad constitucionalmente protegida de las medidas cautelares no es otra, como ya se ha dicho, que la de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano judicial relativo precisamente a los derechos e intereses legítimos llevados ante los jueces y tribunales en el proceso principal en el que se resuelve la cuestión de fondo. El art. 24.1 C.E. exige que la tutela judicial sea efectiva y para ello debe evitarse que "un posible fallo favorable a la pretensión deducida quede (contra lo dispuesto en el art. 24.1 C.E.) desprovisto de eficacia por la conservación o consolidación irreversible de situaciones contrarias al derecho o interés reconocido por el órgano judicial en su momento" (STC 238/1992, fundamento jurídico 3º).
De otra parte, en relación con el principio de igualdad, denuncian también las demandantes de amparo que el Auto impugnado realiza una discriminatoria aplicación de la legalidad, estando basada su queja en que mientras el órgano judicial accedió a la petición de los actores de acordar las medidas cautelares bajo la prestación de fianza, denegó a las demandadas y ahora recurrentes su derecho a prestar fianza para liberarse de las consecuencias lesivas de tales medidas. Sin embargo, en su alegato las actoras tampoco aportan dato alguno que permita concluir que la decisión judicial recurrida introdujo un trato discriminatorio basado en razones de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como prescribe el art. 14 C.E. En realidad, la argumentación aducida se centra en el pretendido carácter irrazonable y arbitrario del Auto que deniega la fianza sustitutoria de las medidas cautelares. Así, pues, en rigor la vulneración alegada se refiere, también aquí, a la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 C.E., con lo que para su enjuiciamiento deben darse por reproducidos los razonamientos vertidos en los fundamentos jurídicos precedentes y, a partir de ellos, debe llegarse a la misma conclusión desestimatoria, incluído el rechazo del carácter arbitrario o inmotivado de la solución dada a la petición de fijar una fianza sustitutoria de la medida cautelar.
Type and record number Recurso de amparo 2566-1991
Contra Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, recaído en apelación, que confirmó el dictado por el Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de la misma ciudad, en incidente de oposición sobre medidas cautelares acordadas en juicio de menor cuantía, sobre nulidad de marcas, cesación de su uso y otros extremos.
A tenor de la doctrina que ha ido sentando este Tribunal respecto de las medidas cautelares y el proceso constitucional de amparo, los efectos de la pendencia del proceso principal sobre la admisibilidad de los recursos de amparo relativos a medidas cautelares, está en función en cada caso de la relación existente entre la medida cautelar objeto del referido proceso de amparo y los derechos e intereses legítimos que se enjuician en el proceso principal [F.J.2].
Las pretendidas vulneraciones del art. 24.1 C.E. producidas en el proceso separado de tutela cautelar no pueden ser solventadas en el proceso constitucional de amparo cuando se refieran a medidas cautelares que pretendan evitar unos daños en los derechos o intereses objeto del litigio principal que no afecten a la supervivencia de los mismos en el momento de dictar la resolución del proceso principal [F.J.3].
La pretendida indefensión sufrida por las recurrentes al no haber sido oídas en el proceso en el que se adoptó la medida cautelar, no tiene trascendencia constitucional, ya que, al margen de otras consideraciones, desde la perspectiva del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a la defensa, el hecho de haber sido oídas con posterioridad impide considerar que se haya producido una verdadera indefensión material como ha reiterado en tan numerosas ocasiones este Tribunal que su cita resulta excusada [F.J.5].
Ley 11/1986, de 20 de marzo. Patentes
Artículo 135.2, f. 1
Tutela judicial cautelarTutela judicial cautelar, Doctrina constitucional, ff. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tutela judicial cautelarTutela judicial cautelar, f. 6
MarcasMarcas, f. 3

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
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Artículo 135