Source: https://www.aireg.es/2018/10/
Timestamp: 2019-11-20 17:03:00+00:00

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AIRE » 2018 » octubre: Asociación Independiente de Registradores
29/10/2018 – eleconomista.es
Una sociedad no puede exigir que la firma extendida en un documento privado por un socio para su representación por otra persona en la junta general esté legitimada por alguno de los medios previstos en derecho, como la legitimación notarial de la firma.
Así, lo reconoce la Audiencia de Barcelona en una sentencia, de 8 de diciembre de 2018, en la que determina que el artículo 183.3 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) contempla los elementos formales que debe contener dicha representación del socio, los que se han venido a llamar por la doctrina científica los requisitos del poder. Estos son: poder escrito y especial para cada junta, salvo que conste en documento público.
Sin más exigencias
El ponente, el magistrado Merino Rebollo dictamina, además, que no caben poderes verbales, que no sería admisible una cláusula estatutaria en tal sentido, que el poder escrito puede constar en documento público o privado y que «en el caso del poder en documento privado la Ley no exige nada más, ni siquiera la legitimación notarial de la firma«.
Por otra parte, la sociedad no puede rechazar el documento privado con el poder de representación al no concretarse en él si ésta se otorgaba para todas las participaciones sociales de las que era titular el socio o para un número determinado de ellas.
En este caso el magistrado recuerda que el artículo 183 del TRLSC lo que indica es la «representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado» y no que en la representación se indique que dicha representación tiene por objeto una o varias de las participaciones sociales de las que es titular el socio representado en la junta general, a modo de representación parcial.
A este respecto, indica el ponente, que ello se debe a que la posición y condición de socio en una sociedad de responsabilidad limitada es única respecto de la indicada entidad dada, precisamente, las características propias de la sociedad de responsabilidad limitada (SL).
Además, en el mismo sentido, también, se pronuncia el artículo 186.4 del Reglamento del Registro Mercantil cuando exige que la «representación comprenderá la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y deberá conferirse por escrito».
Asimismo, señala Merino Rebollo que la doctrina científica indica que el artículo 183.3 obliga a que la representación se extienda a la totalidad de las participaciones sociales del socio y que, por tanto, no cabe la representación parcial en cuanto referida a una parte de las participaciones configurándose como una norma imperativa a la luz de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de abril de 2014.
Ya el artículo 49.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada establecía en su texto, de la misma manera, que la representación del socio para la junta deberá comprender la totalidad de las participaciones de que sea titular el socio representado y el poder constar por escrito, y si no es especial para la junta, deberá estar formalizado en escritura pública.
Nota informativa nº 101/2018
La sentencia, de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol, desestima el recurso al apreciar que la “obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica trae causa de la necesidad de asegurar el derecho constitucional a la asistencia jurídica gratuita reconocido en el artículo 119 de la Constitución como derecho prestacional y de configuración legal, cuyo contenido y condiciones de ejercicio corresponde delimitar al legislador atendiendo a los intereses públicos y a las disponibilidades presupuestarias”.
Consejo de Ministros 19 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
La titular de Hacienda ha reiterado que el Gobierno quiere construir una fiscalidad en la que «todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad».
Con este objetivo, el Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que recoge iniciativas para combatir las nuevas formas de fraude.
La ministra de Hacienda, María Jesús MonteroPool Moncloa/JM CuadradoEl anteproyecto también prohíbe la tenencia y comercialización del llamado software de doble uso que permite manipular la contabilidad de las empresas para que parte de su actividad económica quede oculta. Los fabricantes de estos programas contables podrán ser sancionados con una multa de hasta 150.000 euros.
Igualmente, la futura ley prohibirá las amnistías fiscales que, a juicio de la ministra, suponen «un agravio para todos los contribuyentes cumplidores y una derrota para la consolidación del Estado del bienestar».
La nueva normativa amplía el concepto de paraíso fiscal y actualiza la lista de paraísos, incluyendo a aquellos países que «destacan por su opacidad fiscal o falta de transparencia», según ha indicado Montero.
La ministra ha subrayado que este conjunto de medidas de lucha contra el fraude supondrán «unos ingresos de 828 millones de euros, una estimación a la baja que se considera prudente».
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Educación y FP y portavoz del Gobierno, Isabel CelaáPool Moncloa/JM CuadradoEl Consejo de Ministros ha estudiado el Anteproyecto de Ley que crea el Impuesto sobre Transacciones Financieras para reforzar el principio de equidad del sistema tributario y para contribuir al objetivo de consolidación de las finanzas públicas.
La ministra ha aclarado que el impuesto «no se aplica al mercado primario», sino que recaerá sobre el intermediario financiero que opera en el mercado secundario. La liquidación de este impuesto se hará con periodicidad mensual.
Los ingresos generados por este impuesto, según Montero, «aportarán unos 850 millones que estarán destinados a financiar el sistema público de pensiones», lo que supone «una muestra más del compromiso ineludible del Gobierno con la sostenibilidad del sistema y con la mejora de los ingresos de la Seguridad Social».
El Gobierno también ha abordado el anteproyecto de Ley por el que se crea el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, que se enmarca en la reforma fiscal emprendida para adaptar la tributación a los nuevos modelos de negocio digital y adecuarlo a la economía del siglo XXI.
La ministra ha avanzado que España será el primer país que aplique este impuesto, que afectará a las empresas que facturan más de 750 millones de euros y generan ingresos superiores a los 3 millones de euros. «Una vez más las pymes estarán excluidas de este impuesto», ha recalcado. La iniciativa tendrá un impacto estimado de 1.200 millones de euros.
•La participación de los inversores extranjeros alcanza el 46% del total, la más alta de la serie histórica
•Las empresas no financieras y las familias, con el 20% cada una, ocupan la segunda posición
•Bancos e intermediarios financieros se reparten el 14% restante
•La propuesta de incorporar una tasa a las transacciones financieras restaría atractivo a las empresas cotizadas españolas
Viernes, 19 de octubre de 2018 poderjudicial.es
Jueves, 18 de octubre de 2018 poderjudicial.es
13 octubre 2018 by UGT ugt.es
•Nueva etapa de crecimiento apoyado en su sólido modelo de gestión, el impulso de sus áreas de negocio y el crecimiento inorgánico
•Los pilares del nuevo Plan son la diversificación y el foco en el cliente
•Redobla su compromiso de ofrecer una alta rentabilidad y una política de dividendo estable para el accionista
•Aspira a ser el proveedor de infraestructuras de los mercados españoles de las entidades financieras en toda la cadena de valor
11 de octubre de 2018 mineco.gob.es
04/10/2018 airef.es
Acceso a la herramienta interactiva de previsiones demográficas
•Las previsiones de la AIReF, con una población entre 51 y 60 millones de personas en 2050, superan las proyecciones del INE y de Eurostat, que sitúan la cifra en 44 y 49 millones, respectivamente
•El grueso de la discrepancia está en la población en edad de trabajar: mientras la AIReF prevé que en 2050 la población entre 16 y 66 años se sitúe en un nivel similar al actual -en torno a 30 millones-, el INE y Eurostat prevén una contracción de 7 y 5 millones de personas respectivamente
•Las proyecciones de ambas instituciones supondrían la “japonización” de nuestra economía, entendida como una aceptación pasiva del desafío demográfico, donde no tiene cabida ni la entrada de inmigrantes ni políticas que conduzcan a aumentar la fecundidad
•La AIReF estima que la tasa de dependencia podría duplicarse desde el 25% actual hasta un rango de entre el 45-60% en 2050. Este envejecimiento progresivo de la población, comparable al del INE o Eurostat, va a ejercer una presión creciente sobre el gasto público asociado al envejecimiento
•La AIReF considera que las previsiones demográficas y económicas deben realizarse de manera coherente. Ambos fenómenos están íntimamente relacionados y un análisis por separado de cada uno de ellos lleva inevitablemente a la introducción de sesgos. El tener en cuenta esta interacción conduce además a conclusiones muy distintas a las habitualmente ofrecidas por los institutos estadísticos
•La AIReF cree que las previsiones deben ofrecerse con una medida realista de su nivel de incertidumbre, que en el largo plazo es muy elevada. Esto no debe entenderse como una menor precisión sino como un reconocimiento de la enorme dificultad que rodea a este tipo de fenómenos y un ejercicio de realismo. Esta incertidumbre en el largo plazo es el reflejo de las posibilidades que tiene la sociedad para cambiar hoy su realidad de dentro de 50 años
Jueves 4 de octubre de 2018 lamoncloa.gob.es
El informe completo está disponible en: miteco.es .
España: Declaración Final de la Misión De la Consulta del Artículo IV de 2018
3 de octubre de 2018 imf.org
España ha continuado recuperando el terreno perdido durante la crisis con un crecimiento económico que ha generado abundante empleo gracias a las reformas pasadas. Pero el ciclo económico está llegando a su madurez y varios riesgos a la baja ensombrecen el panorama a medio plazo. Ante esta coyuntura, resulta esencial fortalecer la resistencia de la economía para hacer frente a shocks. Dos ámbitos de las políticas públicas son fundamentales para alcanzar dicha meta: relanzar el ajuste fiscal estructural y preservar el espíritu de las reformas del mercado de trabajo. Estas políticas pueden y deben verse acompañadas de esfuerzos que fomenten un crecimiento más inclusivo y promuevan objetivos sociales. En particular, la generación más joven necesita estar mejor integrada en el mercado laboral para potenciar de forma sostenible sus perspectivas de renta.
Política fiscal: crear el espacio fiscal necesario
La aceptabilidad social de las reformas de las pensiones de 2011 y 2013 se ha puesto en entredicho. El sistema de pensiones ha protegido a la generación de más edad frente a los peores impactos de la crisis, al permitir incrementos del poder adquisitivo que redujeron significativamente la pobreza de la población de mayor edad, si bien se enfrenta a desafíos de aquí en adelante. Al mismo tiempo, la crisis ha exacerbado la elevada tasa de desempleo entre los jóvenes, dejando huella sobre sus perspectivas de renta. De cara al futuro, el envejecimiento de la población implica que el sistema de pensiones se enfrentará al reto de que menos cotizantes tendrán que financiar a un número creciente de jubilados. Las reformas pasadas respondieron con medidas apropiadas desde el punto de vista financiero para aliviar la presión sobre el sistema de pensiones, pero la reducción esperada en las prestaciones futuras ha puesto en tela de juicio la aceptabilidad social delas reformas.
Mercado de trabajo: avanzar hacia una mayor inclusión
Reformas estructurales: recuperar el potencial desaprovechado
La agenda de reformas estructurales requiere un nuevo impulso. Las perspectivas de crecimiento a medio plazo saldrían beneficiadas si se realizasen esfuerzos para reducir la fragmentación regulatoria entre los tres niveles de las administraciones públicas, para mejorar el acceso a los mercados y la competencia (en particular en el caso de los servicios profesionales) y para reducir las barreras al crecimiento empresarial. Una mejor coordinación de las políticas en materia de investigación e innovación entre las distintas administraciones públicas, con acciones que atenúen los factores que limitan el aprovechamiento de los incentivos a laI+D y a la cooperación entre ciencia y empresa, podrían ayudar a expandir la capacidad innovadora del sector privado. Los intercambios sistemáticos de mejores prácticas en el sistema educativo, así como las revisiones por pares a nivel de las comunidades autónomas, podrían contribuir a la reducción de las diferencias regionales en cuanto a resultados educativos. El mayor hincapié de las autoridades en las políticas de género debería resultar beneficioso a la hora de reducir la desigualdad y aumentar el crecimiento a largo plazo.
Jueves, 4 de octubre de 2018 poderjudicial.es
Martes, 2 de octubre de 2018 poderjudicial.es
Lesmes preside el solemne acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar
El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, ha presidido hoy el acto de apertura del Año Judicial en la jurisdicción militar, durante el que reiterado que la democracia “no existe sin reglas, sin Derecho, ni puede construirse sobre andamiajes que dividen a la sociedad” y ha insistido en el papel fundamental de la Constitución como fundamento de convivencia y de libertad. Al acto, celebrado en la sede del Tribunal Militar central, han acudido la fiscal general del Estado, María José Segarra; el subsecretario de Defensa, Alejo de la Torre; y el Jefe de Estado Mayor del Ejército, Francisco Javier Varela Salas, entre otras autoridades.
La jurisdicción militar está integrada por 6 tribunales y 20 juzgados y tiene encomendada la función de garantizar la ordenada convivencia y la efectividad de los principios de jerarquía y disciplina dentro de los tres Ejércitos y la Guardia Civil.
Según datos contenidos en la Memoria correspondiente al año 2017, los juzgados y tribunales castrenses han investigado un total de 504 hechos con apariencia de delito (lo que supone un incremento del 3% con respecto a 2016), de los que 446 correspondieron a figuras tipificadas en el Código Penal Militar de 2015; 58 a tipos del Código Penal de 1995 y 7 fueron delitos comunes. Las calificaciones más frecuentes de esos hechos fueron las de insulto a superior, abuso de autoridad, deslealtad, abandono de destino o residencia, delitos contra la eficacia del servicio, delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas de los militares.
Los procedimientos penales incoados por denuncias basadas en asuntos de género fueron 19, lo que supone un descenso del 26,9% respecto a 2016.
Durante 2017, se dictaron 121 sentencias penales, 72 de las cuales fueron de conformidad. Los fallos condenatorios ascendieron al 78,6% del total. En el orden contencioso-disciplinarios, se dictaron 297 sentencias, un 15% menos que el año anterior. Por su parte, el único juzgado militar que desarrolla labores de vigilancia penitenciaria resolvió 151 expedientes sobre permisos, acumulación de condenas, libertad condicional y quejas, una cifra muy similar a la de 2016.
Se encuentra usted en los archivos de AIRE de octubre de 2018.

References: artículo 183
 artículo 183
 artículo 186
 artículo 183
 artículo 49
 artículo 119