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Timestamp: 2020-07-05 20:01:46+00:00

Document:
STC 40/1988, 10 de Marzo de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15033893
STC 40/1988, 10 de Marzo de 1988
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 1263/1986
1. Aunque la Constitución configura la indemnización por error judicial o por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia como un derecho, no lo ha configurado, a diferencia de lo que hace, por ejemplo, la Constitución italiana, como un derecho fundamental, lo que hace imposible, de conformidad con el art. 53 de la Constitución, su alegación y su resolución en esta vía de amparo. 2. Si bien la forma prioritaria de satisfacción del derecho a la tutela judicial es la Sentencia de fondo, que se pronuncie y decida sobre las pretensiones de las partes del proceso, nada obsta a que el proceso pueda concluir mediante otro tipo de resolución judicial configurada legalmente al efecto cuando ninguna tacha de orden constitucional pueda oponerse a la regulación legal. 3. La configuración legal del proceso penal en nuestro ordenamiento jurídico obliga a que el juicio sólo pueda abrirse cuando se formula, por el Ministerio Fiscal o por los sujetos privados oportunamente comparecidos, una acusación, pues sin acusación el proceso penal no puede funcionar, sin que sea inoportuno recordar que precisamente la proclamación del principio acusatorio, expresamente mencionado en el art. 24.2, haya de considerarse como una conquista en favor de los derechos de los ciudadanos. 4. Ninguna tacha puede oponerse al sistema del sobreseimiento libre previsto por el art. 637 para los casos en que no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos y para los casos en que los hechos no son constitutivos de delito o en que hay una manifiesta exención de responsabilidad criminal, así como en aquellos otros en que prospera lo que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina artículo de previo y especial pronunciamiento, según el art. 675. 5. Nada impone a los órganos del Estado la obligación de sostener una acusación que conduzca necesariamente a una absolución por falta de pruebas y nada debe impedir una eventual y posible reapertura de las investigaciones sumariales si llegan a producirse nuevas pruebas demostrativas de la existencia del delito imputado y de la participación que determinadas personas puedan haber tenido en él, pues nada impone, fuera de los términos de prescripción del delito, una renuncia al «ius puniendi» del Estado y a la persecución de las actividades criminales. 6. En nuestro Derecho constitucional no existe derecho del ciudadano a una declaración de su inocencia, sino el derecho a ser presumido inocente, lo que equivale, como en numerosísimas ocasiones ha destacado este Tribunal, a que la condena sea precedida por una suficiente actividad probatoria de cargo.
Sentencia citada en: 271 sentencias, 15 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1.263/1986, seguido a instancia del Procurador don Eduardo M. P., en nombre y representación de doña María T. F. O., contra providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona de 26 de julio de 1986, que denegó el sobreseimiento libre pedido en el sumario núm. 1/1978 del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Barcelona.
Ha sido parte en el asunto el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Luis D. P. y P. L., quien expresa el parecer de la Sala.
1. Doña María T. F. O., mayor de edad, de estado civil casada, de profesión operaria y vecina de Rubí, asistió el día 15 de enero de 1978 a la manifestación que se celebró en la ciudad de Barcelona, convocada por la Confederación Nacional de Trabajadores, a la que concurrieron unas tres mil personas, y que había sido previamente autorizada. Dicha manifestación se inició sobre las 11 horas del día 15 y se desarrolló desde el paseo de Colón hasta la plaza de España, de aquella ciudad, transcurriendo sus componentes perfectamente ordenados y protegidos por efectivos de la Policía Municipal por la avenida del Marqués del Duero, hasta llegar a la citada plaza, en donde se disolvieron en tal punto como estaba previsto.
Sobre las 13,15 horas del mismo día 15 de enero de 1978, según informe aportado por la Policía al sumario más tarde incoado por el Juzgado de Instrucción núm. 2 de Barcelona, un grupo integrado por varias personas, todas ellas jóvenes, arrojaron hacia el interior de la sala de fiestas «Scala», sita en el paseo de San Juan , de Barcelona, alguno objetos inflamables e incendiarios, que instantáneamente produjeron el incendio y destrucción total de sus instalaciones, causando daños que, a juicios de la Policía y antes de valorarse, ascendían a mil millones de pesetas, aproximadamente, pereciendo cuatro personas que se hallaban dentro del local.
Como consecuencia de la investigación judicial, el día 17 de enero de 1978 la señora F. O. fue detenida por funcionarios de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, como presunta implicada de los hechos que provocaron aquel incendio. Permaneció durante cuatro días en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de aquella capital.
El Juzgado que se hallaba de guardia en aquella fecha era el núm. 2 de los de Instrucción de Barcelona, quien decretó en la misma fecha el ingreso en prisión de María a la espera de que se resolviera la cuestión de quién era la autoridad judicial competente para conocer de la causa, si el propio Juzgado de Instrucción núm. 2 o el que, por turno de reparto, correspondiera de los centrales de Instrucción adscritos a la Audiencia Nacional.
2. En 22 de febrero de 1978 el Juzgado Central de Instrucción núm. 2, que a la sazón era instructor del sumario núm. 9/1978, relativo al incendio del restaurante «Scala», de Barcelona, dictó Auto de procesamiento de José Cuevas Casado, Francisco , Arturo Palma Segura, Teresa , Francisco , Jesús .
En 10 de mayo de 1978, María fue trasladada del centro de detención de mujeres de Barcelona a la prisión de Yeserías de Madrid, en donde permaneció detenida hasta el día 29 de enero de 1980, en que fue puesta en libertad en virtud de Auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona, cuyo considerando segundo y parte dispositiva es del tenor literal siguiente: «Considerando: Que solicitado el sobreseimiento provisional del art. 641, núm. 2, con referencia a María por dicho Ministerio Fiscal, procede acceder al mismo, dejándose sin efecto el procesamiento de la misma, con todas sus consecuencias legales, y encontrándose en prisión por esta causa, póngasela inmediatamente en libertad. La Sala acuerda el sobreseimiento provisional del art. 641, núm. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con respecto a la procesada María , dejándose sin efecto el procesamiento de la misma, con todas sus consecuencias legales.»
Como consecuencia del Auto de procesamiento, al que antes se ha hecho mención, María permaneció 742 días detenida, en espera del juicio hasta que fue puesta en libertad como consecuencia del Auto dictado por la Sección Tercera de la Audiencia de Barcelona, que fue a la que correspondió el conocimiento de la causa al ordenarlo así la Audiencia Nacional al resolver sobre la cuestión de competencia y haber solicitado el Ministerio Fiscal el Sobreseimiento provisional del art. 641, núm. 2, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3. El resto de los procesados en aquel sumario, tras la celebración del pertinente juicio oral, fueron condenados unos y absueltos otros, pero la señora F. O., nunca fue juzgada, en ninguno de los dos juicios orales que se celebraron relativos a aquel sumario y con referencia al incendio del restaurante «Scala», de Barcelona.
Por entender que los 742 días en que estuvo detenida fueron consecuencia de un error judicial, María inició los trámites administrativos pertinentes a fin de obtener una indemnización a cargo del Estado, que cifraba en diez millones de pesetas. Se amparaba en aquel entonces en el art. 121 de la Constitución Española, todavía sin desarrollar.
Agotada la vía administrativa por denegación expresa del Excelentísimo señor M. J. en 28 de julio de 1980, la señora F. O. formuló recurso contencioso-administrativo, cuyo conocimiento correspondió por reparto a la Sección Segunda de la Audiencia Nacional (recurso núm. 21.652). Dicho recurso se formuló contra la citada resolución del Excelentísimo Señor M. J., en virtud de la cual se desestimaba el recurso de reposición interpuesto contra otra del mismo Ministerio de fecha 30 de abril de 1980, que denegaba a la señora F. una petición de indemnización por perjuicios causados a consecuencia de haber permanecido en prisión desde el 17 de enero de 1978 hasta el 29 de enero de 1980, siendo la cuantía del recurso diez millones de pesetas, atendida la edad que tenía al ser detenida (diecisiete años), las circunstancias familiares, la pérdida de su puesto de trabajo en la Empresa donde trabajaba como obrera, los perjuicios causados a su familia y los daños morales irreparables en su persona.
Las razones que motivaron a la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional a no acceder a lo pretendido, se recogen en el único considerando de la Sentencia. «La prisión provisional de Maite -declara- se acordó cumpliendo todas las formalidades legales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en virtud de la existencia de indicios racionales de criminalidad contra la recurrente, quien fue puesta en libertad mediante sobreseimiento provisional cuando desaparecieron tales indicios.»
6. En 22 de julio de 1986, dentro del plazo que la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga para reclamar indemnizaciones por causa de error [art. 293.1 a)], el Procurador de doña María T. F. O. en la causa 1/1978 del Juzgado de Instrucción núm. 2 se dirigió a la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona en súplica de que se sirva conceder a María el sobreseimiento libre del art. 637.2.° o, alternativamente, 637.3.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La Sala resolvió aquel escrito mediante providencia de 26 de julio de 1986 del siguiente tenor literal: «Dada cuenta; el anterior escrito únase al rollo de su razón y siendo firme el Auto de 29 de enero de 1980 por el que se decretaba el "sobreseimiento provisional" de lo actuado en cuanto a la procesada María , y no habiendo sobrevenido circunstancia nueva, a las partes, estése al tenor de la misma, y "no ha lugar" a lo solicitado, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercitar las partes.»
7. Contra dicha providencia se formuló en 1 de septiembre de 1986 recurso de súplica, que fue admitido a trámite por la Sala mediante la providencia de 2 de septiembre del corriente año, teniéndolo por interpuesto y ordenando se entregara la causa al Ministerio Fiscal para que en el plazo de tres días manifestara lo que estimare pertinente. El recurso interesaba que se dejara sin efecto la providencia de la Sala de fecha 22 de julio de 1986 y, supliéndola y enmendándola, que se decretara el sobreseimiento libre del art. 637.2.° o, alternativamente, del 637.3.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a favor de María o, alternativamente, que se adoptaran las medidas legales necesarias para que pudiera obtener una resolución de fondo.
La Sala, en 28 de octubre de 1986, dictó Auto en cuyo único fundamento jurídico se dice: «Que tal y como pone de relieve el Ministerio Fiscal, en el punto tercero de su escrito de 14 de octubre de 1986, emitido en el traslado del recurso de súplica interpuesto y dado que en el Auto de 29 de enero de 1980 no sólo se decretó el sobreseimiento provisional respecto a María , sino que se dejó sin efecto su procesamiento, resulta obvio: a), que sin tal resolución no puede acordarse la apertura de juicio oral respecto a la misma; b), que, por tanto, son aplicables las consideraciones del Ministerio Fiscal en el punto primero de aquel escrito; c), que la referida María goza de inocencia del art. 24.2.° de la Constitución, del cual gozó durante toda la tramitación de la causa, por lo que, por las razones expuestas en la providencia recurrida, a cuyo íntegro contenido ha de estarse, no ha lugar a la reforma de la misma».
En consecuencia, la Sala acordó desestimar el recurso de súplica interpuesto por el Procurador señor C. B. en representación de María contra la resolución de fecha 26 de julio de 1986, imponiendo las costas al recurrente.
Como resumen de todo ello, se puede establecer, según el Fiscal, lo siguiente: 1.°) El art. 121 de la Constitución remite a la Ley; 2.°) El derecho a la indemnización nace, desde luego, de la propia Constitución, pero ha de ejercitarse ante los Tribunales y por el procedimiento establecido en la Ley. 3.°) Lo regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para reclamar la indemnización en casos como el planteado en este recurso de amparo, no ha sido seguido por la interesada, actora en este proceso constitucional. 4.°) El derecho que básicamente se invoca como vulnerado, que es el de la tutela judicial efectiva, no es un derecho de libertad ejercitable sin más y directamente a partir de la Constitución, sino un derecho de prestación que sólo puede ejercitarse por los cauces que el legislador establece, porque es un derecho de configuración legal (STC 99/1985). 5.°) El art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial puede ser discutible, por su rigurosidad, cuando exige para tener derecho a indemnización a los que hubieran sufrido prisión preventiva, Sentencia absolutoria o Auto de sobreseimiento libre, dictados por inexistencia del hecho imputado, que es el supuesto contemplado en el art. 637.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el presente recurso dicho art. 637.1 no se ha mencionado para nada ni se ha cuestionado, en absoluto, la constitucionalidad del art. 294.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 6.°) Tampoco se ha cuestionado, en modo alguno, la constitucionalidad del Auto de sobreseimiento provisional del art. 641.2.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue el que se le aplicó a la actora en su día. 7.°) Su queja de no haber obtenido la resolución de fondo es irrelevante en lo contencioso-administrativo, porque pudiendo hacerlo no lo planteó ante este Tribunal con el correspondiente recurso de amparo. 8.°) En lo que respecta a proceso penal, que es ahora lo que importa, la actora pretende que la Audiencia Provincial requiera «al Ministerio Público para que solicitara, si procediere, la apertura del juicio oral respecto (ella) u otorgar el sobreseimiento libre» (página 12 de la demanda), lo que reitera, parcialmente al menos, en el suplico (página 13 ibídem), olvidando que el principio acusatorio forma parte de las garantías constitucionales para evitar la indefensión, pues como establece la STC 54/1985, de 18 de abril, el derecho a la tutela judicial efectiva determina la exigencia de separar por regla general, y salvo circunstancias muy excepcionales, la función de juzgar y la de acusar, para alcanzar la mayor independencia y equilibrio del Juez, evitando que actúe como parte en el proceso contradictorio frente al acusado, sin que pueda anular o sustituir las funciones oficiales pertenecientes al Fiscal o a las partes ofendidas o interesadas en ejercitar la acusación, sin perjuicio de realizar, en su caso, el derecho que le otorga el art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para la fase de la primera instancia únicamente. 9.°) Dicho art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal contiene una modulación o, si se prefiere, una corrección al sistema acusatorio puro, como la constituyen también, aunque de manera muy limitada, los arts. 642 (en relación con el 643) y 644, todos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que justifica que la doctrina lo califique de sistema acusatorio formal o mixto. En ambos supuestos, si el Fiscal solicita el sobreseimiento, se reserva el Tribunal la iniciativa, en el primer caso (art. 642) para «salir en busca de acusador» como gráficamente se ha escrito, y en el segundo (art. 644) para que la causa se remita al Fiscal superior en la cadena jerárquica, incluido el del Tribunal Supremo (hoy Fiscal General del Estado), para que decida si procede o no sostener la acusación. Estas limitadas iniciativas del Tribunal no vinculan por supuesto al Ministerio Fiscal, ni obligan al propio Tribunal pues son una facultad potestativa suya («podrá» dice la Ley en los dos casos). En el aquí cuestionado no consta que la Audiencia Provincial hiciera uso de esa facultad y del Auto de sobreseimiento se deduce que compartió plenamente la petición de sobreseimiento provisional formulada por el Ministerio Fiscal. 10.°) Motivado fue el procesamiento cuando afirma, según nos informa la propia actora, que ella estuvo presente cuando se arrojaron los cócteles molotov y motivado lo fue el de sobreseimiento al razonar por qué concurría el provisional del art. 641.2.° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También lo fue, final y principalmente, porque es el impugnado en esta sede, el que denegó la sustitución del sobreseimiento provisional por el libre, por no haberse producido circunstancias objetivas para acordarle así, a diferencia -podría añadirse- de lo ocurrido en el caso resuelto por la STC ya citada 34/1983, que por lo demás estableció que en líneas generales las cuestiones sobre la procedencia de uno u otro sobreseimiento son de legalidad ordinaria, lo que reiteró el ATC 735/1984.
1. La demanda de amparo constitucional presentada por doña María T. F. O. ofrece un conjunto de cuestiones no exentas de complejidad y dificultad que conviene analizar con la necesaria separación. El objetivo último de la recurrente es que este Tribunal viabilice la indemnización por error judicial a que cree tener derecho dictando a los órganos jurisdiccionales del Estado el correspondiente mandato a fin de que le sea concedida y así lo hace expresamente constar en la súplica de su demanda. Al lado de ello, considera que la Audiencia Provincial de Barcelona ha violado su derecho a una tutela judicial efectiva, tal como este derecho se encuentra reconocido en el párrafo 1.° del art. 24 de la Constitución y su derecho a la presunción de inocencia, concretando su pretensión en obtener el reconocimiento de su derecho a ser juzgada en la vía penal y a obtener una Sentencia de fondo o, subsidiariamente, una declaración de sobreseimiento libre.
Y efectivamente, en el estado actual de la discusión, no resulta posible formular una crítica de carácter constitucional a la regulación que del sistema del sobreseimiento hace nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ninguna tacha puede oponerse al sistema del sobreseimiento libre previsto por el art. 637 para los casos en que no existen indicios racionales de haberse perpetrado los hechos y para los casos en que los hechos no son constitutivos de delito o en que hay una manifiesta exención de responsabilidad criminal, así como en aquellos otros en que prospera lo que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal denomina artículo de previo y especial pronunciamiento, según el art. 675. En el presente caso, es claro que no se da ninguna de las referidas circunstancias, por lo que doña María T. F. no tiene ex lege derecho a un sobreseimiento libre.
4. Tampoco puede admitirse en el recurso que se enjuicia, que se haya violado el derecho de doña María T. F. O. a la presunción de inocencia. En nuestro Derecho constitucional no existe derecho del ciudadano a una declaración de su inocencia, sino el derecho a ser presumido inocente, lo que equivale, como en numerosísimas ocasiones ha destacado este Tribunal, a que la condena sea precedida por una suficiente actividad probatoria de cargo. Desde este punto de vista, lejos de haber sido violado su derecho a la presunción de inocencia, la solicitante de este amparo se ha visto plenamente favorecida por él a partir del momento en que el Ministerio Fiscal decidió no formular ningún tipo de acusación pidiendo para ella el sobreseimiento de la causa y la revocación del procesamiento. Por lo demás, es claro también que la Audiencia Provincial de Barcelona en la resolución impugnada hace expresa protesta de la presunción de inocencia de que para ella goza doña María T. F. O..
SAP Valencia 367/2006, 15 de Junio de 2006
SAP Alicante 22/2012, 18 de Enero de 2012
STC 35/1984, 13 de Marzo de 1984

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