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Timestamp: 2019-09-22 14:38:00+00:00

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﻿ SENTENCIA SL11156-2017/52167 DE JULIO 26 DE 2017
SENTENCIA SL11156-2017 DE 26 DE JULIO DE 2017
CONTENIDO:DIFERENCIACIÓN ENTRE PRESUNCIONES LEGALES Y PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA. SE HA ESTABLECIDO POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL QUE LA APLICACIÓN DE PRESUNCIONES LEGALES Y AL PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, SEGÚN LOS CUALES, LAS PRIMERAS SON PROCEDENTES Y APLICABLES SIEMPRE QUE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDEN ESTÉN DEBIDAMENTE PROBADOS, LO QUE CONLLEVA A QUE EL HECHO PRESUMIDO SE DÉ, POR CIERTO, PERO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIOY EL SEGUNDO, SEÑALA QUE INCUMBE A LAS PARTES PROBAR EL SUPUESTO DE HECHO DE LAS NORMAS QUE CONSAGRAN EL EFECTO JURÍDICO QUE ELLAS PERSIGUEN. PARA EL CASO EN REVISIÓN SE ESTABLECIÓ QUE LA DECLARACIÓN JUDICIAL DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO DE TRABAJO COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE LA PRESUNCIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, NO EXIME AL DEMANDANTE DE OTRAS CARGAS PROBATORIAS, COMO LO ES EL HECHO DEL DESPIDO CUANDO SE DEMANDA LA INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DEL VÍNCULO SIN JUSTA CAUSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRUEBA, VALORACIÓN DE LA PRUEBA, CARGA DE LA PRUEBA, PRINCIPIO DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRESUNCIÓN LEGAL, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL EMPLEADOR, PRINCIPIOS DEL DERECHO PROBATORIO
Sentencia SL11156-2017/52167 de julio 26 de 2017
SALA DE DESCONGESTION No. 1
SL11156-2017
Rad.: 52167
Bogotá, D.C., veintiséis de julio de dos mil diecisiete.
Se advierte de entrada que no le asiste razón alguna al opositor para afirmar que no se pueden acusar por la falta de aplicación, y a su vez, por aplicación indebida unas mismas normas, como quiera que, según la jurisprudencia reiterada de la Sala, en consideración a que los conceptos de violación de la ley son excluyentes, no se puede imputar dos o más modalidades de violación de la ley respecto de idénticas disposiciones en un mismo cargo, pero sí es dable hacerlo independizando los cargos, lo que en efecto ocurrió en el presente caso, ya que en el primero se acusó la falta de aplicación, y en el segundo, la aplicación indebida.
Ahora bien como en el primer cargo, en el que se acude a la violación de medio, se acusa la falta de aplicación de los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, de entrada se advierte que el ad quem no incurrió en el yerro jurídico imputado, aclarando previamente que la falta de aplicación no es una modalidad de violación de la ley propia de la casación del trabajo, dado que lo son la infracción directa, la aplicación indebida y la interpretación errónea, aunque puede dispensarse el dislate, asimilando la modalidad a la infracción directa, como lo ha aceptado la jurisprudencia de la Sala.
Entendida la infracción directa como el concepto de violación de la ley en el cual incurre el administrador de justicia cuando no aplica la ley o, conociéndola, se rebela contra ella. Al efecto ha dicho la jurisprudencia que el juez no puede incurrir en esta modalidad si el juez de manera inequívoca fundamenta la decisión en la norma que regula la controversia, así no haga referencia expresa a ella.
Los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, normas aplicables a los asuntos del trabajo y de la seguridad social por remisión del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, refieren, en su orden, a la aplicación de presunciones legales y al principio de la carga de la prueba, según los cuales, las primeras son procedentes y aplicables siempre que los hechos en que se funden estén debidamente probados, lo que conlleva a que el hecho presumido se dé por cierto, pero admite prueba en contrario; y el segundo, señala que incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
Téngase en cuenta que el colegiado para resolver sobre la indemnización por despido sin justa causa, luego de haber estudiado la demanda, su contestación y, en general, todo el acervo probatorio, concluyó que no existía “una prueba fehaciente que acredite que la empresa demandada fue la que dio por terminado el contrato” razón por la que, ante la duda, debía absolver, es decir, que entendió que si no existía prueba que demostrara el supuesto que consagra el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, la terminación del contrato por parte del empleador, debía abstenerse de imponer la indemnización.
Lo propio ocurrió al decidir sobre las demás indemnizaciones moratorias que se reclaman, habida cuenta que, para arribar a la absolución de las mismas se fundamentó esencialmente en “que debe denotarse mala fe en el empleador y ésta (sic) condición no se confirma en el sub lite pues la sociedad demandada demostró haber actuado bajo el convencimiento de adelantar contratos de prestación de servicios profesionales”. Nótese que el estudio del Tribunal se fundamentó en que debía haberse probado la mala fe del empleador, criterio que acertado o no, comporta la aplicación del principio de la carga de la prueba. Lo mismo se afirma respecto a la presunción de buena fe que alega el recurrente, porque lo que dijo el sentenciador era que no se había probado la mala fe del empleador.
Por las razones esbozadas, esta Sala considera que el juez colegiado que profirió la sentencia atacada no incurrió en infracción directa de los artículos 176 y 177 del Código de Procedimiento Civil, como quiera que así no haya hecho mención expresa a ellos en la decisión, inequívocamente sí los aplicó, cosa diferente es que no les haya dado el alcance o el significado que ellos tienen, o el que considera el censor debió dárseles, evento en el cual, incumbía adelantar la acusación por otra de las modalidades de violación de la ley, esto es, aplicación indebida o interpretación errónea, lo que si no podía ocurrir, era imputar infracción directa.
Atendiendo el segundo cargo, el cual está orientado por la senda indirecta, vale memorar que el Tribunal fundamentó esencialmente su decisión en que no era procedente imponer condena en cuanto a la indemnización por despido sin justa causa porque de las manifestaciones de las partes en la demanda y su contestación, así como de “todos los medios probatorios que militan en el expediente no se observa una prueba fehaciente que acredite que la empresa demandada fue la que dio por terminado el contrato” y, por tanto, “no existiendo un medio probatorio que le de (sic) la razón a alguna de las partes deberá la Sala absolver en lo que tiene que ver con esta pretensión”; y respecto a los otros dos resarcimientos afirmó que la sanción moratoria no es de aplicación automática, pues debe someterse a la valoración de la buena o mala fe del empleador, señalando a continuación:
(...) observa que debe denotarse mala fe en el empleador y ésta (sic) condición no se confirma en el sub lite pues la sociedad demandada demostró haber actuado bajo el convencimiento de adelantar contratos de prestación de servicios profesionales, como dan cuenta sendos contratos suscritos por la accionante, (...), por estas mismas razones, tampoco es dable modificar la decisión absolutoria impuesta respecto de la indemnización por la no consignación de las cesantías (...).
El recurrente achaca al Tribunal haber incurrido en dos errores de orden fáctico: el primero no haber dado por demostrado, estándolo, que no hubo justa causa de despido; y el segundo, haber dado por demostrado que la entidad demandada actuó de buena fe al sustraerse del pago de los salarios y prestaciones sociales a la finalización del contrato, así como de la consignación del auxilio de cesantía, fundamentando que está plenamente demostrado que la terminación del contrato se hizo por parte del empleador, no existiendo duda sobre quién lo dio por terminado. Agrega que con las pruebas se demuestra contundentemente el conocimiento que tenía la sociedad Laboratorios Baxter S.A. sobre la calidad de trabajadora subordinada de la actora, lo que configura su actuar de mala fe al acudir a una forma de contratación fraudulenta.
Así las cosas, corresponde a la Sala determinar: primero, si en el plenario está demostrado que la terminación injusta del contrato se produjo por disposición del empleador, y con base en ello, determinar si procede o no la condena por indemnización por despido sin justa causa; en segundo lugar, establecer si el actuar de la entidad demandada al sustraerse del pago de las prestaciones a la finalización del contrato, así como de la no consignación de del auxilio de cesantía, estuvo o no revestido de buena o mala fe, en aras de definir la procedencia de las condenas sancionatorias deprecadas.
Por razones de método la Sala entra a estudiar en primero lo relacionado con la indemnización por despido sin justa causa, y luego, lo atinente a las indemnizaciones moratorias.
1. Indemnización por despido sin justa causa.
Empieza la Sala por memorar el criterio que ha establecido la Corte en cuanto que la declaración judicial de la existencia del contrato de trabajo como consecuencia de la aplicación de la presunción consagrada en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no exime al demandante de otras cargas probatorias, como lo es el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa.
Al efecto, en Sentencia CSJ SL, 6 mar. 2012, rad. 42176, dijo:
(...) recuerda la Corte que la circunstancia de quedar demostrada la prestación personal del servicio, debiéndose presumir la existencia del contrato de trabajo en los términos del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, no releva al demandante de otras cargas probatorias, pues además le atañe acreditar ciertos supuestos transcendentales dentro de esta clase de reclamación de derechos, como por ejemplo los extremos temporales de la relación, el monto del salario, su jornada laboral, el trabajo en tiempo suplementario si lo alega, el hecho del despido cuando se demanda la indemnización por terminación del vínculo sin justa causa, entre otros.
De antaño se ha considerado como principio universal en cuestión de la carga probatoria, que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, obligando a su vez a quien pretende o demanda un derecho, que alegue y demuestre los hechos que lo gestan, o aquellos en que se funda, desplazándose la carga de la prueba a la parte contraria, cuando se opone o excepciona aduciendo en su defensa hechos que requieren igualmente de su comprobación, debiendo desvirtuar la prueba que el actor haya aportado como soporte de los supuestos fácticos propios de la tutela jurídica efectiva del derecho reclamado.
Bajo el anterior criterio y en consideración a que el Tribunal fundamentó su decisión, principalmente, en que no estaba acreditado que la terminación del contrato provino del empleador, se entra a estudiar el acervo probatorio acusado.
Respecto al primer yerro fáctico imputado, revisadas las pruebas acusadas, esto es, las respuestas dadas por el representante legal de la entidad demanda en el interrogatorio de parte, así como los contratos de prestación de servicios, en ninguno de ellos obra constancia o prueba de la que se pueda inferir que el despido injusto de la demandante emanó del empleador, especialmente porque no hubo confesión por parte del absolvente acerca del hecho del despido, ni los documentos referidos dicen algo al respecto. Se itera, el supuesto fáctico requerido para fundar la procedencia de la indemnización por despido sin justa causa es que el despido provenga del empleador, el cual no se cumple en el presente caso.
Por las razones esbozadas no se configura yerro fáctico en cuanto a la improcedencia de la indemnización por despido sin justa causa.
2. Indemnizaciones moratorias.
La Sala destaca la doctrina que ha fijado la Sala Laboral, según la cual, sin vacilación alguna, para establecer la procedencia de las sanciones indemnizatorias previstas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 del 1990, es necesario estudiar, en cada caso particular y concreto, si la conducta omisiva del empleador frente al pago de los salarios y prestaciones sociales debidos al trabajador para el momento de la terminación del contrato, así como respecto de la consignación del auxilio de cesantía, estuvo o no asistida de buena fe. Así las cosas, de llegar a la conclusión de que la renuencia del empleador es injustificada procede la imposición de las indemnizaciones; si, por el contrario, la mora obedece a dudas fundadas sobre la existencia de la obligación, desaparece la causa y, por ende, se hacen inaplicables las sanciones.
Adicionalmente, debe decirse que, para determinar la procedencia de las indemnizaciones sancionatorias reclamadas, esta Sala no ha aplicado presunción alguna en los análisis probatorios que se hace para establecer si la conducta del empleador incumplido, estuvo asistida de buena o mala fe, como quiera que si bien en algún momento consideró que se presumía la mala fe, está posición doctrinal se revaluó, tal como se dejó sentado en la Sentencia de la CSJ SL, 21 sep. 2010, rad. 32416, reiterada en Sentencia SL11436-2016. En la primera decisión se puntualizó:
La indemnización moratoria - consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso de los trabajadores particulares; y en el 1 del Decreto 797 de 1949, para el de los trabajadores oficiales —es una figura jurídico— laboral que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, que ha decantado su doctrina en torno a las sendas que deben seguirse para el combate de la sentencia que la haya impuesto o dejado de imponer en un caso determinado, al igual que las modalidades de violación que deben emplearse.
El recto entendimiento de las normas legales consagratorias de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.
De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el juez concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe.
Entonces, aplicar automáticamente la indemnización moratoria traduce un extravío del juez en la exégesis de aquellas disposiciones legales.
A juicio de esta Corte, no es verdad que el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 comporte que la indemnización moratoria del artículo 65 se convierta en automática y que la constante y pacífica jurisprudencia sobre la valoración que debe hacer el juez de la conducta del empleador, en la perspectiva de establecer si estuvo o no asistida de buena fe, para en el primer caso eximir al empleador de la sanción moratoria, ya no resulte válida.
Que los jueces en sus providencias estén sometidos al imperio de la ley no impide que la interpreten para desentrañar su sentido, ni, en tratándose de normas laborales, que le asignen el entendimiento que mejor se acomode a la búsqueda de la equidad y de la justicia en las relaciones laborales.
Sin duda, al fijar el sentido y los alcances del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo —al igual que los del 1 del Decreto 797 de 1949— la Corte no ha hecho nada distinto que atemperarse al imperio de la ley y de cumplir su misión de uniformar la interpretación en torno a esos dos textos legales.
Su orientación reiterada y constante sobre la hermenéutica de tales disposiciones normativas no desconoce las normas constitucionales que regulan el trabajo humano. No encuentra la Corte en las que cita el censor que sea obligatorio condenar a un empleador a pagar la sanción moratoria por el hecho de estar demostrado su incumplimiento.
Por ello importa destacar que su reiterado criterio jurisprudencial se acompasa con el paradigma de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, como tuvo oportunidad de precisarlo en Sentencia del 15 de julio de 1992 (Rad. 5.070), en la que, al hacer referencia a ese precepto constitucional, expuso “que de ninguna manera pueden considerarse insubsistentes preceptos legales como el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales, como excepción al principio general, el deudor moroso debe demostrar su buena fe.
Atendiendo los anteriores criterios y teniendo en cuenta que el Tribunal fundamentó su decisión en que no existía acreditación de la mala fe del empleador porque siempre tuvo el convencimiento de estar regido por un vínculo de prestación de servicios, se entran a estudiar las pruebas acusadas, así:
— Revisados los contratos de prestación de servicios se establece que todos y cada uno de ellos contienen una cláusula en la que se fijan las condiciones generales para la ejecución del servicio, que establece que la prestación del servicio de la “Contratista se someterá a las Normas de Seguridad y Buenas Prácticas de Manufactura, las Reglas Ambientales, el Reglamento Interno de Trabajo y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de la Contratante”.
— Respecto a la confesión, previamente es pertinente memorar que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, para que la confesión surta efectos, y con ella tener como comprobado un determinado supuesto fáctico, se requiere que dé cuenta de hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria.
En este orden, cotejado el interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la entidad demandada, obrante a folios 177-178, se tiene que en la pregunta diez, al indagarse acerca de quienes estaban obligados a cumplir los lineamientos generales, contestó:
Las normas de higiene y reglamento interno de trabajo es el marco general corrijo solo los empleados con un contrato laboral se le hace un seguimiento al cumplimiento de estas normas, las personas que tienen contratos de prestación de servicios profesionales independientes se le (sic) informa para que este (sic) dentro de un marco de buen comportamiento en el desarrollo de las actividades con clientes.
Ahora, al preguntarle por qué los contratos de prestación de servicios contienen una estipulación en la que los contratistas se someten a las normas de seguridad y buenas prácticas de manufactura, las reglas ambientales y al reglamento interno de trabajo (pregunta once), dijo: “Como mencione (sic) anteriormente las normas a que hace referencia son el marco de comportamiento y lineamientos entre clientes y otras personas de la compañía en la cual se mueven las personas que tiene contratos de prestación de servicios profesionales independientes”.
Teniendo en cuenta las respuestas transcritas, en criterio de esta Sala se configura la confesión que reclama el censor en el sentido de que la entidad demandada siempre tuvo la convicción inequívoca de que la actora siempre estuvo sometida a las normas de seguridad y buenas prácticas de manufactura, a las reglas ambientales, pero especialmente, al reglamento interno de trabajo de la empresa, que era el que fijaba el marco de comportamiento y lineamientos en el cual se movían quienes estaban vinculados con la empresa, lo cual se corrobora con el análisis de los aparentes contratos de prestación de servicios estudiados.
Con relación a la sujeción del demandante al cumplimiento del reglamento interno de trabajo, el cual, de conformidad con el artículo 104 del Código Sustantivo del Trabajo, constituye el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y los trabajadores en la prestación del servicio, considera esta Sala que inequívocamente desde un comienzo, la entidad demandada tuvo el convencimiento de que los servicios prestados por Catalina Velásquez eran subordinados, porque el reglamento sólo es aplicable a trabajadores sumisos a la empresa, y además, porque si miramos su contenido, cuyos parámetros generales están consagrados en el artículo 108 ídem, en él se reflejan las potestades directivas, ordenadoras y disciplinarias del empleador, se establece la jornada laboral, el lugar, día y hora de los pagos, algunas obligaciones y prohibiciones de los trabajadores, entre otras, características propias de una relación subordinada.
Acreditado el yerro fáctico en la valoración de la confesión, queda habilitada esta Sala para estudiar los testimonios de Omar Eduardo Riaño Flórez y Ricardo Forero Castañeda, vistos a folios 218 y 195, respectivamente.
Omar Riaño declaró que conocía a Catalina como excompañera de trabajo de la entidad demandada; que conocía las funciones desempeñadas por la demandante “Liberación y movimientos de activos fijos (máquinas), representante de servicio técnico especialista en la base de servicio”; que existían varias personas vinculadas por contrato de trabajo que realizaban las mismas funciones que la demandante, como eran Alejandro Ospina, Gabriel Montenegro, Jose Agustín Medina, Álvaro Perez, Luis Alberto Gomez, Douglas Parra, entre otros.
A su turno, Ricardo Forero, afirmó que Catalina estuvo vinculada por un contrato diferente al suyo, debido a que el de él era a término indefinido y el de ella tenía que renovarlo anualmente; que fueron compañeros de la misma área de servicio técnico, que estaba obligada a cumplir con las mismas normas de comportamiento, horario e internas de la oficina y las de los demás empleados que laboraban en la oficina; que la actora recibía las mismas ordenes que él, de parte de la jefatura o coordinación de servicios, de acuerdo al plan de trabajo semanal, recibiendo instrucciones de hacer específica labor de mantenimiento en cierta clase de equipos.
Así las cosas, la Sala considera que el Tribunal incurrió en yerro fáctico imputado por la censura, por cuanto en todos los contratos de prestación de servicios se estipuló que la demandante debía cumplir con el reglamento interno de trabajo, es decir, que Laboratorios Baxter S.A., inequívocamente era consciente de que la prestación de los servicios contratados eran de carácter subordinado, lo cual dista mucho de quien presta servicios de manera autónoma e independiente, características propias de la vinculación mediante contrato de prestación de servicios. Aunado a ello, está acreditado que la demandante realizaba, en idénticas condiciones de modo, tiempo y lugar, las mismas funciones que el personal vinculado mediante contrato de trabajo, las cuales, analizadas en conjunto, son propias o constitutivas de una relación laboral subordinada, pero, en manera alguna, brindan elementos que permitan concluir la buena fe del empleador para sustraerse del pago de las prestaciones y del auxilio de cesantía.
Como corolario, considera esta Sala que el fallador de segunda instancia no se equivocó al dar por no acreditado el despido injusto por parte del empleador, pero si lo hizo al dar por establecida la buena fe del empleador; por tanto, en este aspecto incurrió en el error de hecho endilgado y se casará la sentencia en cuanto a la decisión absolutoria respecto de las indemnizaciones consagradas en los artículos 65 del CST y 99 de la Ley 50 de 1990.
XI. Sentencia de Instancia.
Adicional a las consideraciones esgrimidas en sede de casación, relacionadas con el segundo cargo, especialmente respecto a las indemnizaciones consagradas en los artículos 65 del Código Sustantivo del Trabajo y 99 de la Ley 50 de 1990, es necesario tener en cuenta lo que sigue.
Cumple precisar por la Sala que la jurisprudencia reiterada de esta Corte tiene asentada, de forma pacífica, la exigencia del presupuesto de la falta de buena fe en el incumplimiento de las obligaciones del empleador causante de las indemnizaciones moratorias, tanto la del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, como la del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para que proceda la imposición de condena por estos conceptos (CSJ SL, 1 ago. 2012, rad. 37048).
De igual manera, cabe memorar que la Sala Laboral también tiene asentado el criterio, según el cual, cuando se discute la existencia del contrato de trabajo, la procedencia de la indemnización no pende única y exclusivamente de la declaración judicial del contrato, así como tampoco de la pura y simple negación del contrato, pues en ambos casos se requiere del examen de la conducta del empleador, y si la postura de la demandada resulta fundada y acompañada de pruebas que obren en el proceso, de forma que así no logre desvirtuar el nexo contractual, tenga plena justificación, es factible exonerarla de esa drástica sanción (CSJ SL, 24 abr. 2009, rad. 35414).
También ha dicho la Sala de Casación Laboral, de manera reiterada, que la buena o mala fe no depende de la simple presentación del contrato de prestación de servicios o de la simple afirmación del empleador de creer estar actuando bajo un vínculo distinto al laboral, pues en todos los casos es imperativa la verificación de “otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado; vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción” (CSJ SL9641-2014).
Por consiguiente, no bastaba con la mera aportación de los contratos de prestación de servicios o de la simple afirmación de la demandada de tener el convencimiento de estar regido por un vínculo distinto al laboral, para que se pudiera dar por acreditada la buena fe; era necesario que el empleador afirmara y acreditara razones o hechos que justificaran su conducta, lo cual brilla por su ausencia en el presente asunto.
Además de lo anterior, revisada la declaración de Nelson Armando Sánchez Torres, solicitado por la parte demandada, obrante a folio 208, al preguntársele sobre si tenía conocimiento de que Catalina Velásquez debía cumplir el reglamento interno de trabajo, contestó que todos los contratistas debían cumplir los reglamentos de higiene y seguridad industrial y que algunos de sus apartes aparecen contenidos en el reglamento interno.
El anterior testimonio es conteste con los analizados en sede de casación, en el sentido de que la demandante, estaba regida por el reglamento interno de trabajo de Laboratorios Baxter S.A., lo que permite inferir sin hesitación alguna el carácter subordinado de la prestación del servicio y la convicción del empleador de estar regido por una relación eminentemente laboral, con lo que queda desvirtuada la buena fe alegada por la entidad demandada para sustraerse del pago de las obligaciones laborales.
En consecuencia, del análisis realizado de las pruebas allegadas al trámite procesal, encuentra la Corte que Laboratorios Baxter S.A. no argumentó razones de peso que justificaran la falta de pago de prestaciones derivadas del vínculo laboral, con las cuales se determinara que su actuar estuvo revestido de buena fe, pues, la sola negativa de la relación laboral no le servía de excusa para justificar su incumplimiento; por el contrario, quedó claramente establecido con el acervo probatorio que la señora Catalina Velásquez Álvarez estaba sometida a su completa subordinación, en tanto, en la práctica, su autonomía e independencia en el modo de realizar la labor no se materializó, pues tenía que realizar las mismas funciones y en las mismas condiciones que el personal vinculado por contrato de trabajo, especialmente, como se itera, debía acatar el reglamento interno de trabajo, circunstancias que denotan, sin duda alguna, la dependencia a la que estuvo sometida la actora, de las cuales, la pasiva no puede excusarse con el argumento de haber celebrado contratos de prestación de servicios, para relevarse del pago de acreencias derivadas de un contrato laboral.
En consecuencia, es procedente imponer la indemnización moratoria sanción moratoria consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Así las cosas, al haber terminado el contrato de trabajo el 31 de diciembre de 2008, devengando la actora un salario superior al mínimo legal, esto es, $2.049.800,oo, mensuales el cual no fue objeto de inconformidad, y presentando la demanda el 30 de marzo de 2009, se condenará a la entidad a pagar un día de salario ($68.326.65), a partir de la fecha de su desvinculación hasta por veinticuatro (24) meses y, a partir de ahí, se causan intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, hasta cuando se produzca el pago de las condenas impuestas en instancia por concepto de prestaciones sociales.
En ese orden, Laboratorios Baxter S.A. deberá pagarle a la actora por indemnización moratoria desde el 1 de enero de 2009 hasta el 1 de enero de 2011 la suma de $49.195.200 y por concepto de intereses moratorios desde el 2 de enero de 2011 hasta el 31 de julio de 2017, el valor de $39.779.638.01, sobre el valor de las prestaciones sociales insolutas ($21.196.752), y de allí en adelante hasta la fecha en que se produzca su pago, los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria.
Igualmente, solicita la actora condenar a la entidad demandada al pago de la sanción consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por no haber consignado oportunamente el empleador el auxilio de cesantía. Para los efectos pertinentes, se considera que la indemnización refiere única y exclusivamente al segundo contrato declarado judicialmente, tal como lo advirtió el Tribunal, habida cuenta que en el recurso de apelación solo se manifestó inconformidad con las indemnizaciones de aquel, esto es, el que corresponde al período comprendido entre el 16 de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008.
Al estar probado en el caso bajo estudio el incumplimiento por parte la entidad demandada de la obligación de realizar la respectiva consignación del auxilio de cesantía a un fondo de cesantía, durante la vigencia de la relación laboral de la señora Catalina Velásquez Álvarez, entre el 16 de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2008, se hace imperioso imponer la sanción correspondiente, como consecuencia de la conducta omisiva del empleador, en tanto la misma no estuvo ajustada a los postulados de la buena fe, por las mismas razones acabadas de exponer.
Por tanto, como el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 prescribe que el empleador que no consigne las cesantías en un fondo antes del 15 de febrero de cada año “deberá pagar un día de salario por cada retardo”. En este orden de cosas, la empresa accionada no consignó lo correspondiente a los años 2004 a 2007, aclarando que lo que atañe al año 2008 no genera indemnización alguna, pues debió cancelarse con la liquidación final del contrato.
Con relación al salario, teniendo en cuenta que el demandante percibió ingresos variables durante el período que fue objeto de la declaración judicial del contrato de trabajo, según consta en los contratos de prestación de servicios, y que además, en algunos lapsos no hay prueba de lo percibido, eventos en los cuales se aplica el salario mínimo legal mensual vigente, se tiene como salario base para la liquidación de la sanción referida el promedio de lo devengado durante cada año, tal como consta en el siguiente cuadro.
Desde Hasta Días Salario Valor Sanción
Por No Consignación
de Cesantías
15/02/2005 14/02/2006 360 $ 386.500,00 $ 4.638.000,00
15/02/2006 14/02/2007 360 $ 381.500,00 $ 4.578.000,00
15/02/2007 14/02/2008 360 $ 1.455.855,00 $ 17.470.260,00
15/02/2008 31/12/2008 316 $ 1.710.764,00 $ 18.020.047,47
TOTAL $ 44.706.307,47
En consecuencia, se le adeuda a la trabajadora a título de indemnización por no consignación oportuna de cesantías liquidadas con el salario promedio devengado en cada año según lo explicado, la suma de $44.706.307.47.
Se aclara que la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 va hasta 31 de diciembre de 2008, ya que a partir del día siguiente empieza a correr la indemnización moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.
En cuanto a la excepción de prescripción no hay lugar de declararla por cuanto se demandó en tiempo el 30 de marzo de 2009, esto es, dentro de los tres años subsiguientes a la terminación de la relación laboral que se produjo el 31 de agosto de 2008.
En consecuencia, se revocará parcialmente la sentencia de primer grado que había absuelto de tales indemnizaciones moratorias, para en su lugar, condenar a las mismas en los términos antedichos. En lo demás, se mantiene lo decidido por los jueces de instancia.
Sin costas en el recurso extraordinario al salir avante el segundo cargo. Las costas en las instancias a cargo de la sociedad demandada.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CASA la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 22 de marzo de 2011, en el proceso que instauró Catalina Velásquez Álvarez contra Laboratorios Baxter S. A., solo en cuanto absolvió del pago de las indemnizaciones moratorias. NO LA CASA EN LO DEMÁS.
En sede de instancia REVOCA parcialmente el numeral tercero del fallo proferido por el Juzgado Segundo Laboral Adjunto del Circuito de Bogotá, en cuanto absolvió del pago de las indemnizaciones moratorias y, en su lugar, condenar a Laboratorios Baxter S. A. a cancelar a favor de la demandante:
a) por concepto de indemnización moratoria, consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, la suma de $49.195.200, más los intereses moratorios desde el 2 de enero de 2011 hasta el 31 de julio de 2017, el valor de $39.779.638.01, sobre el valor de las prestaciones insolutas y de allí en adelante hasta la fecha en que se produzca su pago, a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria.
b) la sanción por falta de depósito del auxilio de cesantía, conforme al artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la suma de $44.706.307.47.
c) declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.
En lo demás se mantiene lo decidido por los jueces de instancia.

References: ARTÍCULO 24
 artículo 145
 artículo 64
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 65
 artículo 230
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 83
 artículo 65
 artículo 195
 artículo 104
 artículo 108
 artículo 65
 artículo 99
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 99