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Timestamp: 2019-04-20 03:19:17+00:00

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﻿ Sentencia 1998-00124 de agosto 22 de 2013
SENTENCIA 1998-00124 DE 22 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN EN TAREAS DE MANTENIMIENTO Y OBLIGACIÓN DE BIENES PÚBLICOS. EL MUNICIPIO TIENE LA OBLIGACIÓN DE VELAR POR EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES DE USO PÚBLICO. EL ALCALDE, COMO PRIMERA AUTORIDAD DE POLICÍA DEL MUNICIPIO, TIENE EL DEBER JURÍDICO DE ORDENAR LA VIGILANCIA, MANTENIMIENTO, PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMUNIDAD, PUES SU OBLIGACIÓN NO ES OTRA QUE LA DE CUMPLIR Y HACER CUMPLIR, EN EL RESPECTIVO ÁMBITO TERRITORIAL, LAS NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES Y LAS QUE EXPIDAN LOS RESPECTIVOS CONCEJOS MUNICIPALES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN LAS RELACIONADAS CON EL ESPACIO PÚBLICO. EL ESTADO DEBE GARANTIZAR EL ACCESO DE TODAS LAS PERSONAS, EL DISFRUTE Y LA UTILIZACIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, LA CONDUCTA OMISIVA DE UN MUNICIPIO FUE DETERMINANTE Y EFICIENTE EN LA PRODUCCIÓN DEL HECHO DAÑOSO, PUES, EL ACCIDENTE QUE SUFRIÓ UN MENOR DE EDAD SE DEBIÓ AL MAL ESTADO Y FALTA DE MANTENIMIENTO DE UN BIEN PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ALCALDE, BIEN DE USO PÚBLICO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 1998-00124 de agosto 22 de 2013
Rad.: 76001-23-31-000-1998-00124-01 (27.003)
Actor: Oscar Castillo Álvarez
Demandado: municipio de Dagua y departamento del Valle del Cauca
La Sala es competente para conocer de los recursos de apelación interpuestos por el demandante y por el municipio de Dagua contra la sentencia del 21 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad de dicho municipio, como consecuencia de las lesiones que sufrió el menor Oscar Castillo Rengifo, en un proceso con vocación de doble instancia, toda vez que la pretensión mayor de la demanda fue establecida en el equivalente a 1.500 gramos de oro que, por concepto de perjuicios fisiológicos, solicitaron los demandantes para la víctima directa del daño, esto es, $ 19’391.640(2), y la cuantía mínima exigida por la ley, en el año 1998(3), para que un proceso fuera de doble instancia, en acción de reparación directa, era de $ 18’850.000(4).
De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, aplicable para la época de los hechos(5), la acción de reparación directa caduca al cabo de dos (2) años, contados a partir del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. En el presente asunto, los hechos ocurrieron el 19 de noviembre de 1997 y la demanda fue instaurada el 18 de febrero de 1998, es decir, dentro del término que contemplaba el ordenamiento legal de entonces.
En el presente asunto, el tribunal declaró la responsabilidad del municipio de Dagua, con ocasión de las lesiones que sufrió el menor Oscar Castillo Rengifo, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva del departamento del Valle del Cauca y negó las pretensiones formuladas en contra de los llamados en garantía, esto es, el Colegio Politécnico Los Libertadores del municipio de Dagua y la aseguradora La Previsora S.A.; sin embargo, como la parte actora y el referido municipio nada dijeron, en el recurso de apelación, en relación con la decisión del tribunal que negó las pretensiones respecto de los acabados de mencionar, la Sala no hará pronunciamiento alguno en torno a ello, ya que al juez de segunda instancia no le es permitido pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del recurso de apelación(6).
Se encuentra acreditado en el plenario que Oscar Castillo Rengifo sufrió fractura de fémur, tibia y peroné izquierdos, que le dejaron como secuelas artrosis, acortamiento de miembro inferior izquierdo y oscoliosis por disbalance pélvico y una disminución de su capacidad laboral equivalente al 31,19%, como lo dictaminó la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca (fls. 464 a 470, cdno. 5)(7).
Según las declaraciones de José David Constain Ortiz (fls. 33 a 35, cdno. 2) y Joemma Anturi Serna (fls. 39 y 40, cdno. 2), rendidas el 14 de mayo de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, el día de los hechos el menor lesionado se encontraba jugando microfútbol con varios compañeros del Colegio Politécnico Los Libertadores de Dagua, en la cancha del polideportivo municipal, bajo supervisión de un profesor. Aseguraron que, cuando el balón salió de la cancha, el menor Castillo Rengifo se prendió de una malla para observar dónde había caído, momento en el cual el poste de madera que estaba junto a la malla se vino encima de él y le fracturó la pierna izquierda y le produjo otras lesiones de consideración, lo que ameritó su traslado inmediato al hospital, a fin de que le prestaran los primeros auxilios.
A juicio de los actores, los hechos en los que resultó lesionado el niño Castillo Rengifo obedecieron a una falla en la prestación del servicio, imputable a las demandadas, por el mal estado del poste de madera que produjo el accidente y por la falta de mantenimiento del polideportivo municipal, omisiones que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca encontró acreditadas en cabeza del municipio de Dagua, por estimar que, como propietario de dicho escenario deportivo, tenía la obligación de mantenerlo en buenas condiciones; pero, como no lo hizo, debía responder por los daños y perjuicios que sufrieron los demandantes, como consecuencia de las lesiones padecidas por el menor.
Al respecto, los testigos citados dos párrafos atrás, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos, aseguraron que el poste de madera que lesionó a la víctima se encontraba en mal estado. Por su parte, la señora Yolanda Gómez Guzmán, quien para la época de los hechos conformó un equipo que se encargó de la recuperación del parque recreacional municipal, en declaración rendida el 22 de mayo de 2001 ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca manifestó que era muy probable que dicho poste estuviera deteriorado, ya que se trataba de “mangle enterrado” (fls. 4 y 5, cdno. 3). Estas afirmaciones están respaldadas con las fotografías que obran a folios 122 a 125 del cuaderno 1, las cuales pueden valorarse en el sub júdice, toda vez que fueron reconocidas por dichos testigos en las declaraciones que rindieron.
Acreditados el daño sufrido por los demandantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los hechos en los que resultó lesionado el referido menor, debe establecerse, ahora, si el municipio de Dagua es el responsable de lo ocurrido, a propósito de lo cual cabe señalar que este alegó, a lo largo del proceso, que si bien puso a disposición el terreno en el que se construyó el polideportivo municipal, donde se presentó el accidente, la administración del mismo y, por ende, su cuidado y mantenimiento le correspondían a la Corporación para la Recreación Popular de Dagua, creada el 9 de julio de 1994 y dotada con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal, es decir, con capacidad para responder y comparecer por sí misma a juicio.
Sobre el particular, es menester señalar que, mediante Ordenanza del 29 de junio de 1993, la asamblea departamental del Valle del Cauca autorizó al gobernador (artículo primero) para que constituyera entidades sin ánimo de lucro, con carácter mixto, que tuvieran por objeto propender y garantizar la recreación, la práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento y en sus municipios, las cuales tendrían entre sus objetivos ejercer “las funciones tendientes a la promoción, planeación, financiación, construcción, dotación, administración, mantenimiento, explotación y organización de la infraestructura y los servicios de recreación” (artículo segundo) (fl. 299, cdno. 3).
En virtud de lo anterior, el gobernador del departamento del Valle del Cauca y el alcalde del municipio de Dagua constituyeron, mediante acta del 9 de junio de 1994 y con autorización, respectivamente, de la asamblea departamental y del concejo municipal, la Corporación para la Recreación Popular del municipio de Dagua (fls. 371 a 375, cdno. 3) y, mediante Resolución 0355 del 5 de octubre de 1994, la gobernación del Valle del Cauca le reconoció personería jurídica y aprobó sus estatutos (fls. 396 a 398, cdno. 3).
Ahora bien, conforme al artículo 6º de dichos estatutos, el objeto de la corporación era promover, facilitar y auspiciar la práctica del deporte y el sano aprovechamiento del tiempo libre por parte de los habitantes del municipio; en especial, “corresponde a la corporación administrar y dar apoyo logístico (sic) financiero y administrativo a la unidad recreacional que ha sido construida por el departamento del Valle del Cauca, la cual se encuentra ubicada en la carrera 24 barrio Pro-vivienda obrera (sic) salida carretera El Piñal de la actual nomenclatura urbana del municipio” (fl. 380, cdno. 2), en la que se accidentó el menor Oscar Castillo Rengifo (fl. 128, cdno. 1; fls. 303 y 304, cdno. 3).
A su turno, el artículo 41 ibídem dispuso que el gerente de la corporación, quien sería nombrado por la junta directiva, de ternas enviadas por el gobernador del departamento del Valle del Cauca, llevaría su representación legal y se encargaría de la administración (fl. 391, cdno. 3). A su vez, según el parágrafo segundo de los estatutos mencionados, dicho gerente “desempeñará las funciones de administrador de (sic) Parque Recreacional” (fl. 392, cdno. 3).
Pues bien, se encuentra acreditado en el plenario que el escenario deportivo en el que se accidentó el menor Castillo Rengifo, el cual fue construido por el departamento del Valle del Cauca (fls. 303 y 304, cdno. 3), era manejado por la Corporación para la Recreación Popular de Dagua, entidad que, para la época de los hechos, contaba con personería jurídica y gozaba de autonomía administrativa y presupuestal, y tenía la obligación de mantenerlo en óptimo estado para que la práctica del deporte ocurriera en condiciones mínimas de seguridad; sin embargo, dicha entidad no fue demandada en este caso.
No obstante, el municipio de Dagua, que sí fue demandado en este proceso, también tenía la obligación de velar por el mantenimiento y conservación del escenario deportivo donde ocurrieron los hechos, pues, por una parte, este fue construido en un terreno de su propiedad, como se deduce del Acuerdo Municipal 029 del 3 de diciembre de 1992, “por medio del cual se ratifica la destinación de dos (2) lotes de terreno de propiedad del municipio de Dagua, para la construcción de un parque recreacional en el casco urbano” (fls. 303 y 304, cdno. 3), al punto que dicho municipio era el encargado de pagar los servicios públicos (fl. 8, cdno. 3) y, por otra parte, porque el referido escenario deportivo, según los términos del artículo 674 del Código Civil(8), es un bien de uso público, ya que su destinación era la sana práctica de la recreación y el deporte de los habitantes de la comunidad.
Al respecto, el artículo 5º de la Ley 9ª de 1989, “Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones”, aplicable al presente asunto, define el espacio público como “el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que transcienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes” (se subraya). Así, constituyen el espacio público de la ciudad, entre otros, las áreas para la recreación pública, las fuentes de agua, los parques, las plazas, las zonas verdes y similares y, en general, todas las zonas existentes o proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo.
Es indispensable aclarar, en todo caso, que la propiedad del predio no fue transmitida por el municipio de Dagua al departamento del Valle del Cauca ni a la Corporación para la Recreación Popular de dicho municipio y que, si lo fue, no obra prueba alguna en el plenario que así lo demuestre.
Ahora bien, el alcalde, como primera autoridad de policía del municipio, como lo indican los artículos 315 de la C.P. (num. 2º) y 84 de la Ley 136 de 1994, “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento de los municipios”, tiene el deber jurídico de ordenar la vigilancia, mantenimiento, protección y conservación de los bienes de uso público, en defensa de los intereses de la comunidad, pues su obligación no es otra que la de cumplir y hacer cumplir, en el respectivo ámbito territorial, las normas constitucionales y legales y las que expidan los respectivos concejos municipales, entre las que se encuentran las relacionadas con el espacio público.
Al respecto, vale la pena señalar que la Constitución Política dispone, por un lado (art. 1º), que Colombia es un Estado social de derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas y en la prevalencia del interés general, lo cual implica, como es obvio, la búsqueda de una mejor calidad de vida de estas y el reconocimiento y protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y, por el otro (art. 82), que el Estado tiene el deber de “velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular”, a fin de garantizar el acceso de todas las personas, el disfrute y la utilización de los bienes de uso público.
Así, en relación con el papel que cumplen los alcaldes en la protección del espacio público, la Corte Constitucional, ha señalado:
“La protección del espacio público, así entendida, responde a la necesidad de conciliar los diferentes ámbitos y esferas sociales en un lugar común, sin desconocer, en todo caso, el principio constitucional consagrado en el artículo primero de la Carta, mediante el cual se garantiza la prevalencia del interés general frente a los intereses privados, en beneficio de la colectividad.
“(…) De conformidad con el artículo 315 de la Carta, los alcaldes, en su calidad de primera autoridad de policía en el área de su competencia, son quienes deben cumplir y hacer cumplir en el respectivo ámbito territorial, las normas constitucionales y legales y las que expida el concejo municipal correspondiente, entre las que se encuentran aquellas relacionadas con el concepto de espacio público. Por ende, es en los alcaldes sin duda alguna en quienes recae por expresa atribución constitucional la responsabilidad de hacer cumplir por todos los ciudadanos las normas relativas a la protección y acceso al espacio público, en su respectiva localidad, ateniéndose, como es apenas natural, a las normas constitucionales, legales y las provenientes de los acuerdos municipales.
“(…) Lo que caracteriza a los bienes que integran el espacio público, es su afectación al interés general y su destinación al uso directo o indirecto en favor de la colectividad (…). En ese orden de ideas, los bienes de uso público son entendidos por la legislación colombiana como inalienables, imprescriptibles e inembargables (C.P., art. 63), lo cual implica que en virtud de su esencia son inapropiables, pues están destinados al uso público (…)”(9).
Lo antes expuesto, permite afirmar que, si bien la Corporación para la Recreación Popular de Dagua era la que administraba el polideportivo donde ocurrieron los hechos en los que resultó lesionado el menor Castillo Rengifo, el municipio de Dagua, en calidad de propietario del inmueble en que se construyó dicho escenario deportivo, como lo certificó el alcalde de entonces (fl. 15, cdno. 1) y encargado de la prestación de los servicios públicos y de la promoción de la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de los habitantes, como lo dispone el artículo 311 de la C.P., tenía la obligación de velar, también, por su conservación y mantenimiento, y porque la práctica del deporte y el libre esparcimiento y recreación de la comunidad tuvieran lugar en condiciones mínimas de seguridad, lo cual implicaba, como es lógico, que las instalaciones deportivas, creadas para tales fines, estuvieran en óptimo estado, pero no fue así.
En efecto, el señor David Constain Ortiz, cuyo testimonio fue citado unos párrafos atrás (págs. 11 y 12), en relación con las condiciones en las que se encontraba el escenario deportivo en el que se produjo el accidente en el que resultó lesionado el menor Castillo Rengifo, manifestó: “Estaba muy descuidado porque practicamente (sic) no le hacían mantenimiento y no revisaban las instalaciones, no había supervisión (…) resulta que no se veían las labores inclusive nosotros colaboramos a veces con la limpieza, corte del pasto, pero realmente la presencia del municipio era deficiente” (se subraya) (fl. 34, cdno. 2), como lo corroboran las fotografías que obran a folios 122 a 125 del cuaderno 1, que muestran el mal estado en el que se encontraba el poste de madera que lesionó a la víctima y que fueron reconocidas —como se advirtió atrás— por el mencionado testigo.
Pues bien, la responsabilidad del Estado resulta comprometida siempre que logre establecerse en el proceso: i) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la que se habrían evitado los perjuicios(10), ii) la omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso, iii) la existencia de un daño antijurídico y iv) la relación de causalidad entre la omisión y el daño(11).
En este caso, la conducta omisiva del municipio de Dagua fue determinante y eficiente en la producción del hecho dañoso, pues, como acaba de verse, el accidente del menor Castillo Rengifo se debió al mal estado del poste de madera que le cayó encima, debido a la falta de mantenimiento, de modo que se encuentra acreditado el nexo de causalidad entre la omisión de la administración y los daños que sufrieron los demandantes. Como lo ha dicho la Sala, en anteriores oportunidades, de no haberse omitido el deber u obligación que le era exigible y previsible al Estado, se habría interrumpido, con su acción, el proceso causal y, por consiguiente, este debe responder por los perjuicios causados.
Finalmente, la Sala ningún pronunciamiento hará en torno a una posible participación del lesionado en el hecho dañoso, toda vez que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca aseguró que se trataba de un menor de edad, a quien no podía imputársele culpa, “por su condición todavía inmadura de raciocinio” (fl. 415, cdno. 5), frente a lo cual nada dijo, en el recurso de apelación, el municipio de Dagua.
Por dicho concepto, los actores solicitaron, para cada uno de ellos, el equivalente a 1500 gramos de oro (fl. 46, cdno. 1). Por su parte, el tribunal condenó al municipio de Dagua a pagar 50 SMLMV, para Oscar Castillo Rengifo (lesionado), 25 SMLMV, para cada uno de sus padres (Oscar Armando Castillo Alvarez y Blanca Lilia Rengifo), 15 SMLMV, para cada uno de sus hermanos (Armando Castillo Rengifo, Carlos Castillo Rengifo, Alexander Castillo Rengifo, Yolanda Castillo Rengifo y Alberto Castillo Rengifo) y 10 SMLMV, para cada uno de sus abuelos (Adelinda Méndez Meneses y José Eustaquio Rengifo) (fl. 422, cdno. 5).
Teniendo en cuenta que dichos perjuicios no fueron objeto de reproche alguno, la Sala se limitará a confirmar el monto de la condena impuesta por el tribunal.
3.2.1. Daño emergente consolidado.
Por dicho concepto, los padres del menor lesionado, en nombre y en representación de este, solicitaron las sumas que llegaran a establecerse en el proceso, de conformidad con las pruebas aportadas al mismo (fl. 127, cdno. 1). Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó al municipio de Dagua a pagar, por ese rubro, $ 4’362.692,71 (fl. 422, cdno. 5). Teniendo en cuenta que dicha condena no fue objeto de reproche alguno, la Sala se limitará a actualizarla.
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 4’362.692,71) multiplicada por la cifra que arroje dividir el índice de precios al consumidor del mes anterior a esta sentencia, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que se profirió la sentencia del tribunal, esto es:
Ra = $ 6’570.021,22
3.2.2. Daño emergente futuro
Los actores solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar, a favor del menor lesionado, “todos los costos hospitalarios, quirúrgicos y tratamientos, que para el futuro deban ser necesarios con el fin de recuperar al afectado del daño sufrido” (fl. 128, cdno. 1). Por su parte, el Tribunal Administrativo del Valle negó esta solicitud, por estimar que no “hay prueba respecto de la pretensión de los costos hospitalarios, quirúrgicos y tratamientos que en el futuro requiera el afectado para la recuperación y rehabilitación” (fl. 421, cdno. 5).
Al respecto, los actores manifestaron, en el recurso de apelación, que el menor necesitaría, hacia futuro, tratamiento hospitalario, quirúrgico y de rehabilitación (fl. 433, cdno. 5).
La Sala no accederá a la mencionada pretensión, pues, como lo sostuvo el tribunal, no obra prueba alguna en el plenario que demuestre que el menor Castillo Rengifo deba ser intervenido quirúrgicamente en el futuro y mucho menos que requiera rehabilitación alguna.
3.2.3. Lucro cesante.
Los padres del menor lesionado, en nombre y representación de este, solicitaron que se condenara a las demandadas a pagar los perjuicios causados como consecuencia de las lesiones sufridas por el menor Castillo Rengifo, petición que fue denegada por el tribunal, por estimar que se trataba de un perjuicio incierto, “pues se parte de meras expectativas de vida profesional, académica y laboral” (fl. 421, cdno. 1).
Al respecto, se encuentra acreditado en el plenario, de conformidad con el concepto de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca (fls. 464 a 470, cdno. 5), que el menor Oscar Castillo Rengifo sufrió fractura de fémur, tibia y peroné, lo que le dejó una pérdida de su capacidad laboral equivalente al 31,19% y, como secuelas, artrosis, acortamiento de miembro inferior izquierdo y escoliosis.
A juicio de la Sala, dada la entidad de la lesión que afectó al menor, la misma resulta invalidante y, por ende, indemnizable; así, en aplicación del principio de reparación integral(12), se encuentra procedente acceder al lucro cesante solicitado, el cual se calculará en los periodos consolidado y futuro.
Para la época del accidente, Oscar Castillo Rengifo era menor de edad, pues tenía 12 años (fl. 5, cdno. 1). Así, para el cálculo del valor del lucro cesante consolidado, se tomará como periodo indemnizable el comprendido entre la fecha en que Oscar Castillo Rengifo cumplió 18 años (28 de febrero de 2003)(13), pues se presume que, a partir de esa edad, una persona es laboralmente activa(14), y hasta la fecha de esta sentencia.
Para efectos de calcular el lucro cesante, se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente en el año 2003, esto es, $ 332.000, el cual será actualizado.
Aplicando la fórmula utilizada para actualizar la renta, se tiene que la renta actualizada (Ra) es igual a la renta histórica ($ 332.000) multiplicada por la cifra que arroje dividir el precio al consumidor del mes anterior a esta sentencia, por el índice de precios al consumidor vigente en el mes en el que Oscar Castillo Rengifo cumplió 18 años, esto es:
Ra = $ 517.298,09
Puesto que la suma obtenida es inferior al valor del salario mínimo legal mensual vigente en el año que avanza, se tendrá en cuenta este último, es decir, $ 589.500(15). Esta suma será incrementada en un 25% ($ 147.375), por concepto de prestaciones sociales, para un total de $ 736.875.
Al ingreso base de liquidación ($ 736.875) se le aplicará un 31,19%, correspondiente al porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral que la lesión le produjo a Oscar Castillo Rengifo, esto es, $ 229.831,3 (fls. 464 a 470, cdno. 5), suma que se tendrá en cuenta para liquidar la indemnización consolidada y futura.
a. Indemnización debida.
Comprende el periodo transcurrido desde la fecha en que Oscar Castillo Rengifo cumplió 18 años, esto es, 28 de febrero de 2003, hasta la fecha de esta sentencia, para un total de 126,06 meses.
Al efecto, se aplicará la fórmula
Donde Ra es el ingreso base de liquidación ($ 229.831,30), “i” es una constante y “n” el número de meses a liquidar:
S = $ 39’865.149,39
Comprende el período a transcurrir desde el día siguiente de esta sentencia, hasta la expectativa de vida probable de Oscar Castillo Alvarez.
De conformidad con las tablas de supervivencia(16), se estima la vida probable del menor Castillo Alvarez en 57,82 años, para un total de 693,84 meses, a los cuales deberán restarse los 126,06 meses correspondientes al periodo consolidado, cuya indemnización se calculó atrás, para un total de 567,78 meses.
Para calcular esta indemnización se aplicará la fórmula:
Donde Ra es el ingreso base de liquidación ($ 229.831,30), “i” es una constante y “n” el número de meses a indemnizar:
S = $ 44’223.655,52
Total lucro cesante consolidado y futuro $ 84’088.804,91
3.3. Daño a la salud.
Los actores solicitaron que se condenara a las accionadas a pagar, a favor del lesionado, el equivalente a 1.500 gramos de oro, por concepto de perjuicio fisiológico (fl. 128, cdno. 1).
Si bien la Sala, hasta hace poco, reconocía, bajo el concepto de “alteración a las condiciones de existencia”, los perjuicios inmateriales diferentes al perjuicio moral, en el sub lite se reconocerá dicho perjuicio bajo la denominación de daño a la salud, pues, de conformidad con la jurisprudencia reciente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el daño a la salud es la categoría autónoma que resulta adecuada para indemnizar los perjuicios cuando el daño provenga de una lesión corporal, toda vez que dicha denominación comprende toda la órbita psicofísica del sujeto y está encaminado a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de las personas(17).
En el presente asunto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca condenó al municipio de Dagua a pagar, a favor del menor Oscar Castillo Rengifo, por dicho concepto (que en la sentencia denominó daño a la vida relación), 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes y, dado que ese aspecto no fue objeto de impugnación, la Sala lo confirmará.
1. MODIFÍCASE la sentencia del 21 de noviembre de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y, en su lugar, se dispone:
a. DECLÁRASE no probadas las excepciones propuestas por el municipio de Dagua.
b. DECLÁRASE probadas las excepciones propuestas por el departamento del Valle del Cauca, el Colegio Politécnico “Los Libertadores y la aseguradora La Previsora S.A.
c. DECLÁRASE la responsabilidad del municipio de Dagua, por las lesiones causadas a Oscar Castillo Rengifo, en hechos ocurridos el 19 de noviembre de 1997.
d. CONDÉNASE al municipio de Dagua a pagar, por concepto de perjuicios morales: (i) 50 SMLMV, para Oscar Castillo Rengifo, (ii) 25 SMLMV, para cada uno de sus padres —Oscar Armando Castillo Alvarez y Blanca Lilia Rengifo—, (iii) 15 SMLMV, para cada uno de sus hermanos —Armando Castillo Rengifo, Carlos Castillo Rengifo, Alexander Castillo Rengifo, Yolanda Castillo Rengifo y Alberto Castillo Rengifo—, y (iv) 10 SMLMV, para cada uno de sus abuelos —Adelinda Méndez Meneses y José Eustaquio Rengifo—.
e. CONDÉNASE al municipio de Dagua a pagar, a favor de Oscar Castillo Rengifo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, la suma de ochenta y cuatro millones ochenta y ocho mil ochocientos cuatro pesos con noventa y un centavos ($ 84’088.804,91) m/cte.
f. CONDÉNASE al municipio de Dagua a pagar, a favor de Oscar Castillo Rengifo, por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de daño emergente consolidado, la suma de seis millones quinientos setenta mil veintiún pesos con veintidós centavos ($ 6’570.021,22) m/cte.
g. CONDÉNASE al municipio de Dagua a pagar, a favor de Oscar Castillo Rengifo, por concepto de daño a la salud, 25 SMLMV.
h. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.
4. Dése cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se expedirá copia de la sentencia de segunda instancia, conforme a lo dispuesto en el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil; para tal efecto, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca cumplirá los dictados del artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.
(2) Para la época de presentación de la demanda —18 de febrero de 1998—, el valor del gramo de oro era $ 12.927,76.
(3) Año de presentación de la demanda.
(5) Decreto 2304 de 1989.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de junio de 2010, Expediente 18.140.
(7) Prueba que fue decretada en esta instancia, mediante auto del 23 de septiembre de 2005 (fl. 461, cdno. 5).
(8) “ART. 674.—Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o bienes fiscales” (se resalta).
(9) CU-360 del 19 de mayo de 1999.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de mayo de 1994, Expediente 7616.
(11) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 2002, Expediente 14.122.
(12) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 2008, Expediente 27.268.
(13) Según el registro civil de nacimiento, visible a folio 5 del cuaderno 1, Oscar Castillo Rengifo nació el 28 de febrero de 1985.
(14) Consejo de Estado, sentencia del 22 de noviembre de 2001, Expediente 13.121.
(15) Según Decreto 2738 del 28 de diciembre de 2012, “Por el cual se fija el salario mínimo legal”, a partir del 1º de enero de 2013.
(16) Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997, expedida por la Superintendencia Bancaria.
(17) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 14 de septiembre de 2011, Expediente 38.222.

References: artículo 136
 Resolución 
 artículo 6
 artículo 41
 artículo 674
 artículo 5
 artículo 315
 artículo 311
 artículo 115
 artículo 362
 Resolución