Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2012-00248-de-noviembre-30-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_27ba8905b35843cc89bbb98fce729b7d&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-23 07:40:23+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2012-00248 DE NOVIEMBRE 30 DE 2015
SENTENCIA 2012-00248 DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1123 DE 2007, CONSTITUYE FALTA CONTRA EL RESPETO DEBIDO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS: INJURIAR O ACUSAR TEMERARIAMENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, ABOGADOS Y DEMÁS PERSONAS QUE INTERVENGAN EN LOS ASUNTOS PROFESIONALES, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPROCHAR O DENUNCIAR, POR LOS MEDIOS PERTINENTES, LOS DELITOS O LAS FALTAS COMETIDAS POR DICHAS PERSONAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, CURADOR, CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA, ABOGADO
Sentencia 2012-00248 de noviembre 30 de 2015
Rad.: 630011102000201200248 01
Aprobado según Acta de Sala Nº 96 de la misma fecha.
Ref.: Apelación sentencia dentro del proceso disciplinario contra el abogado Gabino Gonzalez Baena.
La Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer y decidir de los recursos de apelación impetrados en los procesos disciplinarios que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura, de conformidad con el mandato establecido en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley Estatutaria de la administración de justicia, en concordancia con los artículos 59 numeral 1° y 81 del Código Disciplinario del Abogado.
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, la función jurisdiccional disciplinaria.
En consecuencia, y una vez efectuadas las anteriores precisiones, se adentra ésta Sala a decidir si confirma, revoca o modifica la sentencia dictada el día 21 de febrero de 2013, dictada por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo seccional de la Judicatura del Quindío, decidió sancionar con suspensión de nueve (9) meses en el ejercicio de la profesión de abogado al doctor Gabino Gonzalez Baena, por encontrarlo responsable de la comisión de la falta consagrada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 cometida en la modalidad DOLOSA.
En concreto el problema jurídico a dilucidar en este asunto es determinar si con ocasión de la contestación de la demanda presentada por el abogado disciplinado el día 24 de julio de 2012 en el proceso 2010-261 tramitado en el juzgado segundo de familia de Armenia (Quindío), incurrió en la falta tipificada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, cuyo tenor es:
Pues bien, de entrada esta Sala considera que la providencia objeto de consulta debe ser confirmada en su totalidad, por cuanto la conducta reprochada se adecua plenamente al tipo disciplinario antes descrito, y además existe en el plenario prueba que lleva a la certeza que el togado investigado efectivamente infringió la norma disciplinaria, pudiéndosele inculcar responsabilidad en el hecho reprochado.
En efecto, del acervo probatorio obrante en el plenario se establece que el abogado disciplinado el 24 de julio de 2012, presentó un escrito dirigido al juzgado segundo de familia de Armenia (Quindío), dentro del proceso ordinario de declaración de existencia y disolución de unión marital de hecho instaurado por Yurani Largo Quintero contra Michael Johan Benjumea Pulgarín radicado bajo el número 2010-261, en el cual manifestó en contra del apoderado de la parte actora lo siguiente:
“No admito el hecho cuarto; repitió escritura, aumentando el nulo brillo del libelo. No admito el hecho quinto. Es un horror esta redacción: ‘los conformantes de esta unión marital desde el inicio hasta el día de terminación eran ambos solteros…’. Si el idioma fuera un precipicio el pobre ya se habría desnucado; si su desinformación en el tema arrojara sombras el planeta estaría en tinieblas”.
“En las notificaciones reitera que recibirá notificaciones en su oficina. Repite más que un fusil AK 47 Automatic Khalamistoc o una metralleta. (…) El libelo es cacofónico y malsonante, ofende las pupilas, lastima momentáneamente el lóbulo izquierdo del cerebro por la inarmónica combinación de los elementos acústicos de las palabras utilizadas …”
“Al puntualizar que fundamenta la demanda en las normas siguientes y concordantes no hay que hacer ningún esfuerzo mental para deducir que esa forma de redactar contiene una matraca, una reiteración, una muletilla o lugar común (…). Eso lo entiende hasta el nuevo secretario del juzgado segundo civil municipal descolgado hace poco del tercero civil del circuito”.
“Los usuarios del servicio público de la administración de justicia debemos dirigirnos a personas e instituciones mediante escritos decorosos no a través de bodrios o desaguisados; de esta demanda no aprendí nada (…). El pulquérrimo jurisperito, demostrado escribidor, no maneja el idioma con belleza como debe ser alguien que pasó por la universidad. Eso ocurrió posiblemente por firmar demandas a su secretario …”
“Con base en informes generados en fuentes de absoluta credibilidad que pidieron el anonimato conocedoras de los entretelones de la cotidianidad del doctor en derecho y ciencias políticas y sociales de no ser que facultad de derecho (sic), llegué a la certeza, y, además a golpe de ojo se nota que lee mucho pero solo en internet; lo que no se pregunta él es como lee allí, lo hace en medio del parloteo de las ventanas abiertas del chat, mientras se va cargando un video en YouTube, siguiendo vínculos; el nativo digital perdió la capacidad de concentración, de meditación, de silencio. No puede estar solo, solo en soledad, en silencio; ignora que estando así es cuando nacen las preguntas, las ideas. El aborigen con teléfono fijo 7442770 no conoce la incomunicación, ni la introspección, seguro tiene 302 seguidores en Twitter y 634 en Facebook. Lee como quien sale a pescar en la mar de la internet fragmentos de leyes, jurisprudencia, comentarios, extractos, citas y entronques, sin percatarse que su escritura está mudando a esas frases sueltas, grises, sin vida, siempre con errores; escribiendo párrafos que parecen zombis”.
“El apoderado de la actora sabe derecho, pero no redacción. Es un desastre tirando línea. La demanda materializa una verdadera ramplonería, es chocarrera, chabacana, grosera y ordinaria (...) le falta a la dignidad y al decoro de la profesión al firmar semejante guisote de 4 páginas que pudo escribirse en una y media, por economía de tiempo, tinta, electricidad, computador, papel y esfuerzo humano”.
“El léxico de ese impreso no es el propio de una persona que optó un título en leyes, le hizo falta un curso de sintaxis, no es tarde para tomar uno, en el SENA lo dictan gratis, …”.
Y contra la doctora Laura Clemencia Arias Villegas, juez segunda de familia de Armenia afirmó:
“Y ¡no olvide la tabacalera titular del despacho las primeras cinco (5) líneas de este memorial! Es un gesto inamistoso del estrado para con este artesano del derecho no señalar gastos de curaduría … son los efectos de la nicotina, que le vamos a hacer si la titular llega a las diez de la mañana a fumar dentro del despacho, todo el día echa humo como una locomotora de carbón, de esas del Ferrocarril del Pacífico, huele a cenicero viejo, ¡gas!, se salva porque es de trato pegajoso y de impecable e indiscutible honorabilidad. Si fuera como el séptimo civil ya me habría quejado”.
En ese sentido, la imputación jurídica encuadrada por el a quo en tal plataforma fáctica, vislumbra todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la falta disciplinaria, sin que haya necesidad de realizar mayor esfuerzo probatorio, por lo que a todas luces evidencia de igual forma esta corporación, que el profesional investigado efectivamente no obró con decoro frente al despliegue de la profesión y mucho menos con mesura, serenidad, ponderación y respeto frente al abogado Heberth Londoño Posso, así como ante la juez segunda de familia de Armenia, doctora Laura Clemencia Arias Villegas, y la institución judicial que ésta representa, pues ciertamente son las afirmaciones expuestas por el togado inculpado, usadas bajo un lenguaje descortés, irrespetuoso y ofensivo contra las personas en mención.
Es así, que con las afirmaciones exteriorizadas por el profesional del derecho en su escrito, no se falta exclusivamente a la honra de la funcionaria y el abogado de la contraparte, sino también al respeto debido a la administración de justicia, atropello que abiertamente riñe con el comportamiento que debe mantener el abogado en ejercicio de la profesión, y que es ciertamente cuestionado por el ordenamiento ético que rige el actuar de los profesionales del derecho, configurándose así los elementos esenciales de la descripción típica inherentes en la infracción enrostrada al aquejado.
En este sentido, se debe significar que el fundamento de antijuricidad de la conducta disciplinaria que ahora nos ocupa, no corresponde al bien jurídico de la honra y el buen nombre, sino a los deberes decoro, mesura, serenidad, ponderación y respeto. Al respecto ha sustentado esta colegiatura que:
“Es que el especialísimo rol que el abogado desempeña y que lo vincula estrechamente con la administración de justicia, con la administración pública y con la colectividad compuesta por potenciales usuarios de sus servicios profesionales o contrapartes, exige naturalmente de una buena preparación y permanente capacitación jurídica, obrar con diligencia en guarda de los intereses que se le han confiado, un comportamiento digno, decoroso y pulcro, e implica que en el ámbito operativo, no puede desempeñarse de cualquier manera, como una persona del común, sino conforme a ese preponderante papel que asumió al graduarse como abogado, a su función social y a su misión; de allí que positivamente se le compele a que en su actividad proceda con ponderación, con mesura, con seriedad, con absoluto respeto para con todas aquellas personas que su ejercicio profesional involucre; por eso mismo, demostrar los hechos en que se fundan las injurias y acusaciones respecto de personas en que se han hecho acreedoras a ellas por su comportamiento desviado, que como ya se vio, tienen la virtualidad de liberar de antijuricidad el comportamiento delictivo, no legitima el actuar del abogado que así procede en virtud de su ejercicio profesional, pues aquí la antijuricidad no se edifica sobre la afrenta al patrimonio moral de las personas, sino sobre la infracción al deber al cual viene aludiendo.
Por ello, frente al régimen disciplinario de abogados, de nada vale probar que las actuaciones vertidas de manera distinta a la formulación de las denuncias respetuosas ante las autoridades correspondiente sean ciertas, si tales acusaciones se realizaron de manera desmesurada, con ausencia de frenos inhibitorios, con propósitos o de forma tal que se rebasen las manifestaciones necesarias, útiles y pertinentes atendida la defensa de los intereses que se encuentre agenciando.
De tal modo, el serio y ponderado ejercicio profesional se resquebraja cuando en aras de una ardorosa defensa o simplemente por tratarse de un agresivo temperamento personal, el autor se desvía de sus fines y se traslada a la arena del escarnio, del sarcasmo y de la afrenta, pues aun cuando el abogado se considere convencido del indebido comportamiento de terceros debe cuidarse de verificar si este hecho incide en el debate jurídico probatorio dentro del cual se encuentra inmerso y orientado a propósitos útiles al asunto ventilado; sin perjuicio de elevar las denuncias del caso ante las autoridades competentes”(7)
Ahora bien, no conforme con el despliegue de improperios que en el escrito de contestación de la demanda plasmara, y que en párrafos anteriores se trascribieran, continuó en su escrito de impugnación al fallo proferido el 21 de febrero de 2013, dictada por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Quindío visto a folios 78 a 88 del cuaderno de primera instancia, lanzado aseveraciones impropias, en esa oportunidad no sólo contra el abogado Heberth Londoño Posso y la juez segunda de familia de Armenia, doctora Laura Clemencia Arias Villegas, sino además contra la Sala a quo.
Corolario de lo anterior, con dichos actos desplegados en ejercicio de la profesión, ciertamente el togado investigado faltó a su deber de actuar dentro de todas sus relaciones profesionales, con decoro, ponderación, mesura, seriedad, y absoluto respeto para con quien en ejercicio de sus funciones lo estaba investigando, la falladora dentro del proceso donde fue designado curador ad litem, y el apoderado de su contraparte.
Ahora, no son de recibo para esta colegiatura los argumentos esbozados en el escrito de impugnación que presentara el doctor Gabino Gonzalez Baena en el sentido que no cometió ninguna falta, y por el contrario, quienes han infringido la ley son los doctores Londoño Posso y Arias Villegas, lo que, independientemente que pudiera ser cierto o no, o haya podido tener fundamento o causa alguna por cuenta del devenir procesal, era deber del profesional del derecho investigado, si consideraba que se estaban presentando situaciones contrarias a derecho, poner en conocimiento de la autoridad competente los mismos, pero no haber actuado conforme lo hizo, pues desvió los legítimos propósitos que comporta el ejercicio de la profesión, siendo aún más, que “con pleno acierto, la jurisprudencia disciplinaria, haya señalado que la exceptio veritatis que exonera de responsabilidad al autor de los delitos de calumnia o injuria, cuando demuestre la veracidad de sus afirmaciones, no tiene cabida en materia disciplinaria, donde el fundamento de la antijuricidad no son los bines jurídicos de la honra y el buen nombre, sino los deberes de mesura, seriedad, ponderación y respeto”(8).
Así las cosas, no se evidencian razones que justifiquen el actuar irresponsable del profesional encartado, pues el material probatorio sólo trae certeza a esta Sala, en cuanto a que el abogado Gabino Gonzalez Baena infringió el tipo disciplinario por el cual se le sancionó en primera instancia, en tanto no cumplió con sus deberes impuestos como profesional del derecho, consagrados dentro la norma deontológica del abogado.
En conclusión, considera esta corporación que estando probado objetivamente la comisión de la conducta imputada en el auto de formulación de cargos, y la responsabilidad del encartado, la sentencia de primera instancia deberá ser confirmada.
Ahora bien, se observa que la sanción impuesta al disciplinable por la seccional a quo, se ajusta a los principios establecidos en el artículo 13 de la Ley 1123 de 2007, es decir, es razonada, necesaria y proporcionada, y está conforme a los criterios de graduación de que trata el artículo 45 ibídem, tales como la trascendencia social de la conducta, la modalidad, circunstancias y el perjuicio causado.
Así entonces, es que teniendo en cuenta los antecedentes disciplinarios, la modalidad y gravedad de la conducta desplegada por el doctor Gabino Gonzalez Baena, a quien se le exigía actuar con el debido respeto frente la administración de justicia en aras del compromiso profesional adquirido, la sanción de suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de nueve (9) meses a él impuesta en la sentencia materia de apelación, cumple con los criterios legales y constitucionales, pues como profesional del derecho estaba obligado a cumplir con uno de los principales deberes del abogado consagrado en el numeral 7 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, que lo conmina a obrar con mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones profesionales.
De igual manera, la sanción antes referida e impuesta al disciplinado, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna y de manera consiente, el disciplinable conculcó el estatuto deontológico en el aspecto de faltar al respeto debido a la administración de justicia, toda vez que todo abogado debe observar la mesura, seriedad, ponderación y respeto en todas sus relaciones profesionales, pues ciertamente el togado al presentar su escrito ante el juzgado segundo de familia de Armenia, no observó el deber que se le exigía.
Igualmente, se cumple también con el principio de razonabilidad, referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de suspensión en el ejercicio de la profesión impuesta al disciplinado, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo: “la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”(9).
Por lo anterior, esta superioridad procederá a confirmar en su totalidad la providencia objeto de apelación, pues se acompasa la misma al acierto de la realidad probatoria allegada al plenario, al igual que la responsabilidad del aquejado frente el cargo irrogado, pues en efecto, en este caso considera la Sala, que el comportamiento del disciplinable dista de la manera como debe actuar un profesional del derecho, por lo que la sanción de suspensión por el término de nueve (9) meses en el ejercicio de la profesión habrá de ser confirmada.
1. CONFIRMAR la sentencia adiada el 21 de febrero de 2013, dictada por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo seccional de la Judicatura del Quindío, por medio de la cual sanciono al doctor Gabino Gonzalez Baena con suspensión por el término de nueve (9) meses en el ejercicio de la profesión, por haber incurrido en la falta al respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas establecida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 a título de DOLO, conforme las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
3. DEVOLVER en su oportunidad las presentes diligencias a su lugar de origen.
(7) Sentencia del 17 de marzo de 2004, Radicado 200300108, M.P. Temístocles Ortega Narváez.
(8) Miguel Ángel Barrera Núñez. Código Disciplinario del Abogado. Ediciones Doctrina y Ley Ltda. 2008, pág. 156.
(9) Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

References: ARTÍCULO 32
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 13
 artículo 45
 artículo 28
 artículo 32