Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=655364
Timestamp: 2019-07-22 13:14:23+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 53
CONVENIO ENTRE CHILE Y PERÚ PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS INVERSIONES. Primer trámite constitucional.
SUPRESIÓN DE SESIÓN ORDINARIA. Acuerdo de los Comités.
NORMATIVA SOBRE DISCAPACITADOS MENTALES. Segundo trámite constitucional. (Votación).
PROHIBICIÓN DE DESEMPEÑO SIMULTÁNEO DE FUNCIONES DE CONDUCTOR Y COBRADOR EN LOCOMOCIÓN COLECTIVA. Segundo trámite constitucional.
DESTRUCCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD.
RECHAZO A PETICIÓN DE TELEFÓNICA CTC PARA ESTABLECIMIENTO DE RÉGIMEN DE LIBERTAD TARIFARIA.
RECONSIDERACIÓN DE APERTURA DE EMBAJADA EN ARGELIA. Oficio.
ANTECEDENTES SOBRE FICHAS DE ESTRATIFICACIÓN SOCIAL. Oficios.
CONVENIOS DE PROGRAMACIÓN SUSCRITOS ENTRE GOBIERNO DE LA DÉCIMA REGIÓN Y MINISTERIOS. Oficio.
COMPATIBILIZACIÓN DE LOS SUBSIDIOS RURAL Y DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS. Oficios.
INFORMACIÓN SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN TALCAHUANO Y CONCEPCIÓN. Oficio.
ALCANCES SOBRE RENUNCIA DE DIRECTOR DEL INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.
ADOPCIÓN DE MEDIDAS SANITARIAS PARA EVITAR LA FIEBRE AFTOSA. Oficios.
BENEFICIOS DE UNA NUEVA INTEGRACIÓN POLÍTICA Y ECONÓMICA CON ARGELIA.
AUMENTO DE DOTACIÓN POLICIAL PARA PUENTE ALTO Y CONEXIÓN CON EL METRO DE SANTIAGO. Oficios.
FALTA DE PROMOCIÓN DE PUERTOS DE ARICA E IQUIQUE EN CUMBRE DE ZICOSUR. Oficio.
SITUACIÓN DE CONSULTORIO DE ALTO HOSPICIO. Oficio.
CONTROL LEGAL Y ADMINISTRATIVO A EMPRESAS OFERENTES DE VACACIONES DE TIEMPO COMPARTIDO. Oficios.
RECONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE TALCA. Oficio.
DESPIDO DE TRABAJADORES DEL CASINO DE PUERTO VARAS. Oficios.
INCORPORACIÓN DE LA COMUNA DE CHIGUAYANTE EN EL PLAN EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD. Oficios.
MEDIDAS EN FAVOR DE LA AGRICULTURA. Oficios.
REESTRUCTURACIÓN DE INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO E INVESTIGACIÓN DE SU GESTIÓN. Oficio.
IRREGULARIDADES FINANCIERAS EN COMITÉ DE VIVIENDA SANTA TERESA, DE CHILLÁN. Oficios.
Sesión 53ª, en miércoles 11 de abril de 2001
(Ordinaria, de 10.47 a 14.13 horas)
-	Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores. Segundo trámite constitucional	9
-	Convenio entre Chile y Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Primer trámite constitucional	11
-	Supresión de la sesión ordinaria. Acuerdo de los Comités	27
-	Normativa sobre discapacitados mentales. Segundo trámite constitucional. (Votación)	27
-	Prohibición de desempeño simultáneo de funciones de conductor y cobrador en locomoción colectiva. Segundo trámite constitucional	28
-	Destrucción de patrimonio cultural de la humanidad	33
-	Rechazo a petición de Telefónica CTC para establecimiento de régimen de libertad tarifaria	33
-	Reconsideración de apertura de embajada en Argelia. Oficio	37
-	Antecedentes sobre fichas de estratificación social. Oficios	38
-	Convenios de reprogramación suscritos entre gobierno de la Décima Región y ministerios. Oficio	39
-	Compatibilización de los subsidios rural y de mejoramiento de barrios. Oficios	40
-	Información sobre entrega de viviendas en Talcahuano y Concepción. Oficio	41
-	Alcances sobre renuncia de director del Instituto de Desarrollo Agropecuario	41
-	Adopción de medidas sanitarias para evitar la fiebre aftosa. Oficios	42
-	Beneficios de una nueva integración política y económica con Argelia	42
-	Aumento de dotación policial para Puente Alto y conexión con el metro de Santiago. Oficios	43
-	Falta de promoción de puertos de Arica e Iquique en cumbre de Zicosur. Oficio	44
-	Situación de consultorio de Alto Hospicio. Oficio	45
-	Control legal y administrativo a empresas oferentes de vacaciones de tiempo compartido. Oficios	46
-	Reconstrucción del mercado central de Talca. Oficio	47
-	Despido de trabajadores del casino de Puerto Varas. Oficios	48
-	Incorporación de la comuna de Chiguayante en el plan extraordinario de seguridad. Oficios	49
-	Medidas en favor de la agricultura. Oficios	50
-	Reestructuración de Instituto de Desarrollo Agropecuario e investigación de su gestión. Oficio	51
-	Irregularidades financieras en comité de vivienda Santa Teresa, de Chillán. Oficios	52
1.	Oficio de S.E. el Presidente de la República, mediante el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar la garantía del Estado. (boletín Nº 2454-19)	55
2.	Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento del rechazo de la Cámara de Diputados a las modificaciones propuestas al proyecto que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces sin recepción definitiva, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República. (boletín Nº 2676-14)	55
3.	Oficio del Senado, por el cual comunica que tomó conocimiento de la aprobación de la Cámara de Diputados a las enmiendas propuestas al proyecto que establece un seguro de desempleo, con excepción de la que indica que ha sido rechazada, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá constituirse de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República. (boletín Nº 2494-13)	56
4.	Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de crear la Comisión Permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. (boletín Nº 2548-16)	56
5.	Moción de los diputados señores Núñez, Acuña y Ortiz, que interpreta la ley Nº 15.716 que declaró feriado legal en la ciudad de Rancagua. (boletín Nº 2691-06)	58
6.	Oficio de la Excelentísima Corte Suprema, por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica el artículo 5º de la ley Nº 18.290, de tránsito, con el fin de permitir el reconocimiento de las licencias de conducir expedidas en el extranjero. (boletín Nº 2658-15)	59
-De la jefa de Comité del Partido por la Democracia, por la cual informa que, en la Comisión especial para el Desarrollo del Turismo, el diputado señor Sánchez será reemplazado por el diputado señor Soria.
-Del jefe de bancada de diputados socialistas, por la cual informa que el diputado señor Letelier, don Juan Pablo, reemplazará en forma permanente al diputado señor Bustos, en la Comisión especial de Seguridad Ciudadana.
-De las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Economía, Fomento y Desarrollo, por las cuales informan que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligieron como presidente a los diputados señores García, don René Manuel, y Encina, respectivamente.
-De la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, por el cual comunica que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 235 del Reglamento de la Corporación, eligió como presidente al diputado señor Pedro Muñoz.
Díaz Del Río, Eduardo DEL SUR	IX	51
-Asistió, además, el senador Andrés Chadwick.
El acta de la sesión 47ª queda a disposición de los señores diputados y señoras diputadas.
Corresponde ocuparse del proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, aprobatorio de la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Carlos Ignacio Kuschel.
-Informe complementario de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 50ª, en 5 de abril de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 4.
Señor Presidente, en cumplimiento de lo acordado en la sesión de Sala de 3 de enero de 2001, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana entrega un informe complementario acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio de la Convención interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, suscrita en La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984, en la Tercera Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional, a la luz de las observaciones planteadas durante su discusión en la Sala.
En la sesión mencionada, la comisión informó que el Ejecutivo ha anunciado que al ratificar la referida Convención interamericana procederá a formular reserva a su artículo 2º, con el objeto de dejar establecido ante los Estados parte que nuestro país sólo reconocerá la adopción plena u otra institución que produzca efectos similares y, en consecuencia, que constituya un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes.
En esa oportunidad, diversos señores diputados formularon observaciones respecto de los alcances de esta reserva en el orden interno.
En lo sustancial, se sostuvo que declarar que Chile sólo reconoce la adopción plena u otra institución que produzca efectos similares, implicaría sostener que en el país hay otro tipo de adopciones, lo cual no sería plenamente efectivo, toda vez que la ley Nº 19.620 regula la adopción como institución única, poniendo término a la distinción entre adopción simple y plena.
Al tenor de las normas permanentes de dicho cuerpo legal, tal observación es correcta, ya que a partir de la vigencia de la citada ley, la adopción, única institución reconocida, que confiere al adoptado el estado civil de hijo respecto del o de los adoptantes, con todos los derechos y deberes recíprocos establecidos en la ley, produce sus efectos legales de manera irrevocable a partir de la fecha de la inscripción de nacimiento ordenada por la sentencia que la constituye.
Cabe precisar que desde el punto de vista sustantivo, los efectos jurídicos de la adopción siguen siendo los mismos que la ley Nº 18.703 reconocía a la adopción plena.
De este modo, a partir del 27 de octubre de 1999, fecha de vigencia de la ley Nº 19.620, en Chile sólo es posible constituir la adopción que confiere al adoptado el estado civil de hijo de los adoptantes, no obstante la mantención de las adopciones simples otorgadas con anterioridad en los casos en que entre los interesados no haya acuerdo para acogerse a los efectos jurídicos que la citada ley reconoce a la adopción.
Acerca de la relación entre la Convención y la citada ley, la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores hizo notar, durante la redacción de este informe, mediante comunicación de 29 de marzo de 2001, que este instrumento internacional, al tenor de lo previsto en el artículo 28 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, no tiene efecto retroactivo, toda vez que él no fue establecido en su texto ni consta que su establecimiento haya estado en la intención de las Partes. Muy por el contrario, ellas han señalado que las disposiciones de la Convención se aplican únicamente a las adopciones internacionales que ella norma. En consecuencia, este instrumento no regulará situaciones originadas con anterioridad a su vigencia.
A mayor abundamiento, la referida Dirección de Asuntos Jurídicos sostiene que las disposiciones de la ley Nº 19.620 contemplan que quienes tengan la calidad de adoptante y adoptado, conforme a la ley Nº 7.613 o a las reglas de adopción simple, establecidas en la ley Nº 18.703, continúen sujetos a los efectos de la adopción previstos en las leyes respectivas. Por consiguiente, la ultraactividad que estableció la ley Nº 19.625 lo es únicamente respecto de situaciones originadas conforme a dichos cuerpos legales y, por ende, relaciones jurídicas constituidas en el extranjero le son absolutamente ajenas.
Con todo, afirma que tal como ha sido propuesta, la reserva se ajusta plenamente a los intereses de Chile.
En consecuencia, el texto de la declaración que el Presidente de la República formulará al ratificar la Convención será el siguiente:
“La República de Chile declara que sólo reconoce la adopción plena u otra institución que produzca similares efectos y, en consecuencia, constituya un vínculo de filiación que confiera al adoptado la condición de hijo del o de los adoptantes, por lo cual formula reserva a lo dispuesto en el artículo 2º de la Convención, el que considera inaplicable a su respecto.”.
La Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores ha precisado que la Convención tiene por objeto primordial, como su nombre lo indica, resolver conflictos de leyes en materia de menores. Sobre esta base, ella está abierta a las distintas modalidades de adopción existentes en el mundo. Esto no quiere decir que al ratificarla, nuestro país esté introduciendo cambios internos -por vía convencional-, en el sentido de aceptar otros tipos de adopción. Precisamente, para dejar en claro la posición de Chile, el Ejecutivo ha presentado la propuesta de reserva al artículo 2º de la Convención.
La comisión ha estimado que la reserva satisface los propósitos que persigue y que, en Derecho, su formulación no merece reparos, por lo que ha acordado ratificar su informe de 29 de agosto de 2000, en el cual recomienda a esta Cámara aprobar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo ha hecho el Senado.
Se suspende la sesión por 3 minutos.
Despachado el proyecto de acuerdo.
Alessandri, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Bertolino, Caminondo, Ceroni, Cornejo (don Patricio), Delmastro, Dittborn, Encina, Fossa, Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Huenchumilla, Ibáñez, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Montes, Mora, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Paya, Prokurica, Reyes, Rocha, Sánchez, Seguel, Valenzuela, Van Rysselberghe, Vilches y Villouta.
Para plantear una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor René Manuel García .
Señor Presidente , si analizamos la situación de los empresarios chilenos en Perú, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre las Repúblicas de Chile y Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo, suscritos en Lima, Perú, el 2 de febrero de 2000, y que figura en el número 2 de la tabla, es un “chiste”.
Por lo tanto, pido que se suspenda su tramitación.
Señor diputado , ésa no es una cuestión reglamentaria. Su Señoría podrá intervenir durante la discusión del proyecto, pero no referirse a él en forma anticipada.
A continuación, corresponde conocer, en primer trámite constitucional, el proyecto de acuerdo aprobatorio del Convenio entre las Repúblicas de Chile y Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones, y su protocolo, suscritos en Lima, Perú, el 2 de febrero de 2000.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Palma, don Joaquín.
-Mensaje, boletín Nº 2639-10, sesión 24ª, en 12 de diciembre de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, sesión 42ª, en 13 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 6.
Tiene la palabra el diputado señor Kuschel, quien rendirá el informe respectivo.
Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional titulado “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República del Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones”, suscrito en Lima, el 2 de febrero de 2000, y sometido a la consideración de esta honorable Cámara en primer trámite constitucional.
Aparte del informe que está en poder de los señores diputados, hay un anexo relacionado con su importancia económica y un detalle del acuerdo propiamente tal, que los colegas pueden revisar.
Voy a dar cuenta del trabajo efectuado por la Comisión, pero entre los antecedentes está el volumen de nuestras inversiones y el comercio con Perú y con los demás países del continente.
El mensaje de su Excelencia el Presidente de la República señala que este convenio constituye un compromiso entre ambos gobiernos, en orden a estimular la efectiva transferencia de capitales y su adecuada protección, de conformidad con lo establecido en las respectivas legislaciones nacionales. En consecuencia, su propósito fundamental es el mismo de los diversos instrumentos internacionales suscritos con otros países sobre la misma materia; esto es, establecer un adecuado marco jurídico para regular los derechos y obligaciones del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas extranjeros, compatibilizando el legítimo interés de éstos con el del Estado receptor.
Chile ha convenido, hasta la fecha, diversos tratados bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones con países latinoamericanos, europeos y asiáticos, muchos de los cuales ya han sido aprobados por el Congreso Nacional y se encuentran vigentes en el orden interno.
También hay un anexo relacionado con el estado en que se encuentran los distintos proyectos de acuerdo internacionales suscritos por Chile, y les pido a los señores diputados que lo revisen.
En un cuadro proporcionado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, se entrega una visión general de la situación actual de los acuerdos sobre promoción y protección de las inversiones, al 16 de febrero de 2001.
La señora María Angélica Silva , abogada y jefa del Departamento Jurídico de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó a la Comisión que este convenio suscrito con Perú no se diferencia mayormente de los ya suscritos con otros países -conocidos por esta Sala-, y que la idea central que lo inspira es dar seguridad jurídica al inversionista extranjero en el país receptor de su inversión. Agregó que este instrumento internacional ya ha sido aprobado en el orden interno de Perú y que, desde el punto de vista nacional, tiene especial interés, por la importancia de la inversión chilena registrada en el vecino país.
Informó también que, de acuerdo con antecedentes proporcionados por el Comité de Inversiones Extranjeras, en la inversión de capitales chilenos en países del Pacto Andino en el período 1990-1998, el 33,5 por ciento se efectuó en Perú; el 57,5, en Colombia; el 4,8, en Bolivia; el 3,9, en Venezuela, y el 0,4, en Ecuador.
En cuanto a la estructura sectorial de la inversión chilena en Perú, señaló que el 55,6 por ciento correspondió al sector energía; el 16,3, al sector financiero; el 13,6, al sector servicios; el 13, al sector industria; el 1,5, al sector minería, y el 0,1, al sector informática.
Acerca del número de empresas chilenas con inversiones en Perú, indicó que son 198.
Por último, informó que la inversión chilena en el mundo, en el mismo período, expresada en millones de dólares estadounidenses, fue de 23.714,5, de los cuales 2.562,3 se invirtieron en Perú, lo que representó el 10,8 por ciento del total.
Para mejor ilustración de la honorable Cámara, se adjuntan -como dije- los cuadros correspondientes.
Reseña de las principales materias reguladas por el Convenio.
El protocolo impone a los Estados contratantes los siguientes compromisos:
1.	El de incentivar en su territorio las inversiones de inversionistas del otro país, admitiéndolas de acuerdo con su legislación, y el de protegerlas y no perjudicarlas en su administración, mantenimiento, uso, usufructo, extensión, venta y liquidación, mediante medidas injustificadas y discriminatorias.
Para los efectos del Convenio se dispone que el término “inversión” se refiere a cualquier clase de bien, e incluirá, en particular aunque no exclusivamente, los bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos, prendas; las acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación en sociedades; los créditos, valores, derechos sobre dineros y cualquier otra prestación que tenga valor económico; los derechos de propiedad intelectual, incluidos los derechos de autor, patentes, marcas comerciales, nombres comerciales, procesos y conocimientos tecnológicos, derechos de llave y otros derechos similares; y las concesiones comerciales otorgadas por ley o en virtud de un contrato, incluidas las concesiones para explotar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales.
Para los mismos efectos, se entenderá por “territorio” las áreas enmarcadas en los límites terrestres, las zonas marítimas adyacentes y el espacio aéreo en los cuales las partes contratantes -Chile y Perú- ejercen soberanía y jurisdicción, de acuerdo con sus respectivas legislaciones y al Derecho internacional.
Por otra parte, se establece que el convenio se aplicará a las inversiones efectuadas antes o después de la entrada en vigencia del mismo; sin embargo, éste no se aplicará a las divergencias o controversias que hubieren surgido con anterioridad a su entrada en vigencia.
2.	El de garantizar a los inversionistas de la otra parte contratante un tratamiento justo y equitativo, no menos favorable que aquel otorgado a sus propios nacionales o a los de un tercer Estado beneficiado con el tratamiento de la nación más favorecida, si este último fuere más favorable.
Las ventajas especiales que una parte contratante otorgare a los inversionistas de cualquier tercer Estado en virtud de un convenio relativo a la creación de un área de libre comercio, una unión aduanera o un mercado común, o en virtud de un acuerdo destinado a evitar la doble tributación, no se concederán obligadamente a los inversionistas de la otra parte contratante.
3.	El de garantizar a los inversionistas la libre transferencia y sin demora, en moneda de libre convertibilidad, de los pagos relacionados con la inversión, en particular aunque no exclusivamente, intereses, dividendos, utilidades y otros rendimientos; amortizaciones de préstamos del exterior relacionados con una inversión; el producto de la venta o liquidación total o parcial de una inversión, y los pagos resultantes del arreglo de una controversia y las compensaciones pagadas por la parte contratante que ha adoptado medidas que han privado de su inversión a un inversionistas de la otra parte contratante.
Una transferencia se considerará realizada sin demora cuando se efectúe dentro del plazo normalmente necesario para el cumplimiento de las formalidades de transferencia.
Conforme con las disposiciones adicionales que se aprueban en el Protocolo anexo al Convenio, Chile retiene el derecho de permitir la repatriación del capital en los plazos establecidos en su legislación, el que, en ningún caso, podrá ser mayor de un año, transcurrido desde que la inversión se haya efectuado por el inversionista, lo que hace concordar esta normativa con las disposiciones del decreto ley Nº 600, de 1974, sobre Estatuto de Inversionista Extranjero, que se considera como adenda de este Protocolo.
Además, en el caso de Chile, se establece que el plazo para autorizar, sin demora, una transferencia no podrá exceder, en ningún caso, de dos meses y comenzará a correr desde el momento de entrega de la correspondiente solicitud.
En relación con los programas para la conversión de la deuda externa, las partes contratantes aplicarán las normas relativas a los plazos de repatriación contenidas en sus respectivas legislaciones.
4.	El de no adoptar medidas que priven, directa o indirectamente, de su inversión al inversionista de la otra parte, a menos que sean adoptadas en virtud de ley y en conformidad con las normas constitucionales correspondientes; no sean discriminatorias y vayan acompañadas de disposiciones para el pago de una compensación inmediata, adecuada y efectiva, basada en el valor del mercado de la inversión afectada, en una fecha inmediatamente anterior al momento en que la medida llegue a conocimiento público, y con una tasa comercial de interés ante cualquier atraso en su pago.
La legalidad de cualquier expropiación, nacionalización o medida similar y el monto de la compensación, estarán sujetos a revisión según el debido procedimiento legal.
Los inversionistas de cada parte contratante, cuyas inversiones en el territorio de la otra parte contratante sufrieren pérdidas debido a cualquier conflicto armado, incluida una guerra, un estado de emergencia nacional, disturbios civiles u otros acontecimientos similares, deberán recibir de la otra parte contratante, en lo que respecta a reparación, indemnización, compensación u otro arreglo, un tratamiento no menos favorable que el que concede la otra parte contratante a los inversionistas nacionales o de cualquier tercer Estado.
5.	El de reconocer, en virtud del principio de subrogación, los derechos de la parte contratante que hubiere efectuado un pago al inversionista por las garantías financieras que le hubiere otorgado contra riesgos no comerciales de la inversión efectuada en el territorio de la otra parte contratante.
6.	El de resolver las controversias entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante mediante consultas amistosas que se llevarán a cabo por seis meses, al término de las cuales el inversionista podrá llevar la controversia a los tribunales locales de la parte contratante receptora de la inversión o al arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones. La elección de un procedimiento u otro será definitiva, así como serán definitivas y obligatorias las sentencias arbitrales.
7.	El de resolver las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación y aplicación de este Convenio, ya sea por la vía diplomática o el arbitraje internacional organizado en la forma que se reglamenta en términos análogos a los empleados en todos los convenios de este tipo.
Por último, respecto de las disposiciones finales, cabría señalar la que dispone que este Convenio permanecerá en vigor por un período de quince años, prorrogables tácitamente por períodos sucesivos de cinco años.
Decisiones de la Comisión.
Aprobación del Acuerdo internacional en informe.
Por lo expuesto, la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana compartió los propósitos que llevaron a los gobiernos a suscribir el Convenio en informe, de modo que, por unanimidad, decidió aprobarlo y proponer a la honorable Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje; es decir, en los siguientes:
“Artículo único.- Apruébanse el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Perú para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones” y su Protocolo, suscritos en Lima, Perú, el 2 de febrero de 2000”.
El acuerdo internacional no contiene normas que deban ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda o aprobadas con quórum especiales.
El proyecto fue discutido y despachado en la sesión de 6 de marzo de este año, con la asistencia de los diputados señores Joaquín Palma , Gustavo Alessandri , Isabel Allende , Cristián Leay , Arturo Longton , Juan Masferrer , Víctor Reyes y Edgardo Riveros , además del diputado que habla.
Señor Presidente, con mucha preocupación observamos la situación que afecta en Perú a una industria chilena, de manera que más que pronunciarnos sobre el Convenio, debemos reflexionar sobre ella.
Lucchetti está en conflicto. Le dieron los permisos y cumplió todos los requisitos, pero cuando iba a empezar a funcionar, se dijo que la industria contamina.
¿A algún señor de Perú le molestará que se hagan tallarines? Es cierto que otras industrias no han tenido problemas, pero a alguien de arriba le ha molestado Lucchetti y le han puesto trabas.
Chile ha sido el hazmerreír de todos los países con los cuales ha firmado convenios internacionales. Y ello ocurre por una razón muy sencilla: Chile respeta a plenitud los convenios y no exige el principio de la reciprocidad. Tenemos los casos de la carne, de los aranceles, de los productos agrícolas. A un quintal de harina se le agrega un kilo de sal o a cien litros de aceite de oliva, uno de aceite común, para ingresar como mezclas y, en consecuencia, no pagar aranceles. Si ponemos una traba para obtener la misma reciprocidad, Bolivia sube en un 40 por ciento los aranceles para los productos agrícolas chilenos que quieran ingresar. Es decir, se burlan los convenios que hemos suscrito.
No cabe duda de que con Perú tenemos un principio de conflicto, aunque lo tratemos de disimular y tapar. La diputada señora Rosa González , de Arica, ha dicho que las aguas no están quietas. En consecuencia, no hay condiciones para dar garantías al gobierno peruano. ¿Qué garantías vamos a dar a los peruanos si no respetan las inversiones de chilenos?
Por lo tanto, considero extemporáneo el proyecto hasta que se aclaren las situaciones pendientes con Perú. No puede ser que demos todas las garantías, y ellos, ninguna. Por eso, y no por otra razón, porque no tengo nada en contra de Perú ni de las inversiones de los peruanos -todo lo contrario, ya que mientras más inversiones se realicen mejor será para la economía de ambos países- pido a la Cámara que por ahora no lo votemos.
Como no se trata de un problema menor, es importante que también se encuentre presente la señora canciller, a fin de que nos explique qué pasa. No nos tapemos los ojos frente a lo que sucede entre Chile y Perú. Realmente los problemas son preocupantes, aunque la prensa los ha soslayado. Es cosa de conversar con la diputada señora Rosa González o con el diputado señor Urrutia para saber la efervescencia que se está viviendo en la ciudad de Arica. Repito, si no está presente la señora ministra de Relaciones Exteriores -no se vaya a pensar que estoy hablando en su contra, ya que sé que asiste al funeral de la madre del ex Presidente de la República don Eduardo Frei -, la Cámara debe resolver sobre el proyecto de acuerdo en una próxima sesión, de manera que exponga la situación real que se vive entre ambos países. De lo contrario, votaré en contra, ya que no tengo razones para hacerlo a favor.
Señor Presidente, llamo a reflexionar a mis colegas exactamente en la dirección contraria de la que acaba de expresar el diputado señor René Manuel García . Es de extraordinaria importancia la aprobación del convenio, en la medida en que con él se pretende dar seguridad jurídica al inversionista extranjero, en este caso en Perú, como país receptor.
No son pocos los empresarios que tienen proyectos en cartera con Perú. Como muy bien ha señalado el diputado informante -a quien, por cierto, felicito por su trabajo, por cuanto ha entregado, como pocas veces, un informe detallado con gráficos, estadísticas y el listado de las 198 empresas que tienen inversiones en ese país-, se trata de 2.562 millones de dólares, es decir, un 10 por ciento de la inversión externa.
Ahora bien, si consideramos la inversión realizada y los proyectos en estudio, dicha cifra sube a 15 mil millones de dólares, suma bastante respetable y que indica el propósito de los empresarios chilenos para invertir en los países andinos, en los cuales Perú ocupa, desde luego, un lugar importante.
Justamente, el proyecto de acuerdo es de las características que tienen otros convenios. Con él se persigue dar seguridad jurídica al inversionista extranjero. En este caso, se trata de protección recíproca a los inversionistas de países del área andina.
En consecuencia, por las mismas razones que el diputado señor René Manuel García ha expresado su oposición, considero que debe aprobarse este instrumento jurídico, por cuanto contribuirá a solucionar los problemas de hoy y de mañana sobre la materia.
La controversia generada entre la firma Lucchetti y la autoridad local de Perú, en el sentido de que existen impedimentos medioambientales -peor aún si son ciertos determinados videos que muestran acciones ilícitas-, tendrán que dirimirla los tribunales de justicia. Mal podríamos, por una situación que vive una empresa, por importante que sea, dejar de aprobar un convenio que dará seguridad a 198 empresas que tienen proyectos en cartera e inversiones por 15 mil millones de dólares. Los tribunales de justicia son los encargados de resolver si hubo, según los diferentes videos, acciones ilícitas.
Sería perjudicial y una muy mala señal para todos los inversionistas que nos opusiéramos a este convenio, aparte de que debe considerarse que los problemas pueden haberse agitado en medio de la campaña electoral, ya que sabemos que eso suele ocurrir. Sin embargo, no debe darse importancia a ciertas actitudes de algunos actores con pretensiones electorales. Sería un error que nos hiciéramos eco de ellas.
Por otra parte, la ministra de Relaciones Exteriores -los colegas lo saben muy bien- ha concurrido a la Cámara y a la Comisión de Relaciones Exteriores cada vez que ha sido invitada para informar un proyecto. Las razones que hoy tuvo para no asistir son más que justificadas, como lo reconoció el señor René Manuel García . Ha sido permanente su preocupación por las relaciones con nuestros vecinos: Argentina, Perú y Bolivia . Por eso, por supuesto que el tema de los aranceles se verá en una próxima sesión.
Insisto en el llamado a mis colegas a reflexionar con serenidad y a entender que las materias sensibles siempre deben ser tratadas con altura de miras y criterio de Estado, como es el caso de la señora ministra de Relaciones Exteriores.
Por último, repito, mi posición es exactamente contraria a la del diputado que me antecedió en el uso de la palabra, por cuanto sería un error de nuestra parte rechazar el proyecto de acuerdo y privar a los inversionistas de un instrumento jurídico que les significará seguridad y trabajar en armonía en el país vecino.
La señora GONZÁLEZ (doña Rosa) .-
Señor Presidente, en primer lugar, deseo aclarar que la proposición de mi colega René Manuel García fue suspender la discusión del proyecto de acuerdo para la próxima sesión y en ningún caso oponerse a él. Todos escuchamos que fue eso lo que manifestó.
Ahora bien, para Santiago o Valparaíso lo que sucede en la frontera entre Chile y Perú es de incidencia menor. Pero, para los ariqueños, para los que vivimos en Arica, el problema es mayor. Tanto para el Gobierno como para las autoridades locales y empresarios, siempre ha sido especial la preocupación por la integración con los países vecinos. Por esa razón, ha sido constante la lucha por tener la mejor comprensión entre ambos países. No cabe duda de que después de setenta y nueve años se han puesto de acuerdo las partes y se ha llegado a un convenio y nadie quiere echar a perder las buenas relaciones.
Pero, indudablemente, hay otros temas importantes y claros. La parte final del punto 4 del convenio dice que los inversionistas de cada parte contratante, cuyas inversiones en el territorio de la otra parte contratante sufrieren pérdidas debido a cualquier conflicto armado, incluida una guerra, un estado de emergencia nacional, disturbios civiles, etcétera, deberán recibir una reparación, indemnización o compensación.
En este momento, la situación en la frontera no es de gravedad extrema. Sin embargo, es preocupante; no nos cabe duda de que la canciller la está manejando de la mejor forma posible, pero hay que tener en cuenta los antecedentes que han suscitado el problema.
Perú reclama sobre un hecho que data de hace mucho tiempo. Tampoco cabe duda de que el tema electoral ha influido grandemente en el problema.
En mi distrito estábamos más o menos tranquilos, pues pensábamos que la situación culminaría el domingo; pero, con la segunda vuelta electoral que habrá en Perú, los disturbios civiles pueden repetirse en la frontera.
Por lo tanto, sin querer alarmar, hay que tener en cuenta que la situación puede afectar a todo el país y no sólo a Arica, distrito que represento. No le damos una tremenda importancia, pero para los que vivimos en la zona y estamos viendo cómo se desplazan civiles desde Tacna hacia nuestra frontera y otras situaciones que no han mostrado los diarios, evidentemente el problema no es menor. Por el contrario, es serio.
Solicito que la señora canciller, a través de la Comisión de Relaciones Exteriores, pueda informarnos a la mayor brevedad de los hechos que están ocurriendo, de modo que el resto del país sepa lo que está sucediendo en el distrito que tengo el honor de representar.
Señora diputada , se tendrá en cuenta su petición.
Tiene la palabra el diputado señor Gustavo Alessandri.
Señor Presidente, en realidad, es curioso el debate que se ha producido en torno de este proyecto. Un señor diputado sostuvo que podía constituir un chiste, como podrían ser muchos proyectos que nos envía el Ministerio de Relaciones Exteriores a cada instante; pero esto no lo va a regular el humor de cada uno, según tenga humor negro, humor alegre, etcétera.
Lo cierto es que hemos escuchado un informe acabado, bastante lato, del señor diputado informante , que nos ha ido señalando cada una de las situaciones que produce este proyecto de acuerdo. Nos ha dicho -y con razón- que es similar a todos los otros convenios que, sobre la materia, se han venido aceptando y prohijando en la Cámara y que tiene un objetivo esencial, cual es dar seguridad jurídica al inversionista extranjero. O sea, esto juega en ambos lados. Chile le da seguridad jurídica al peruano para sus inversiones y Perú, al chileno.
Como me pareció entender aquí, dentro de las inversiones que está haciendo Chile en el pacto andino, el 33,5 por ciento va al Perú, y una cosa casi anecdótica, pero que es bueno traerla a conocimiento de la Cámara, es que el 57,5 por ciento de la inversión de chilenos en el pacto andino va a Colombia. La Cámara puede apreciar cuán aficionado al riesgo es el inversionista chileno, porque, dada la situación en ese otro país hermano, si una cantidad tan alta va a invertirse allá, quiere decir que el chileno tiene gran espíritu de empresa y acomete situaciones a veces semidesesperadas.
Aterrizando específicamente en este proyecto, se traen a colación las siguientes situaciones: el problema de Lucchetti, que es antiguo y dice relación más bien con el plan regulador de un sector de Lima que con la inversión misma y, como lo ha señalado la diputada señora Allende con bastante propiedad, es algo que está librado a los tribunales de justicia de la República del Perú.
En mala forma, el señor candidato que hasta este momento aparece triunfante en la elección del Perú sacó a colación el caso de Lucchetti, porque es muy riesgoso entrar en una suerte de chovinismo en materia de relaciones exteriores, que alcanza a ambos sectores: uno que levanta banderas contra Lucchetti y otro que dice que la situación en la frontera es inestable. Sabemos que la situación en la frontera no es inestable. Lo que pasa es que también, tal vez en forma inconsulta, levantaron una torrecita, la que fue discutida, y como su construcción no fue debidamente estudiada, después se dio orden de retirarla.
Nosotros estamos jugando a una suerte de cueca del encerador, porque vamos un paso hacia adelante y dos hacia atrás: se levanta la torre, se saca la torre, se protesta.
Con todo lo que queremos a Arica y a los ariqueños, sabemos que ahí se vive un clima más tropical, y probablemente en hora buena, lo que sin duda influye en las reacciones de las personas que ahí habitan. Pero hay que tener las cosas claras: no existe situación difícil, salvo esa torrecita que no tiene mayor importancia y que ha sido agitada por los peruanos en un momento preelectoral.
La situación de Lucchetti ha tomado especial connotación, porque el candidato triunfante hasta este momento la llevó al tapete de la discusión. Es lamentable que se preocupe de estas menudencias y no de los grandes problemas que afectan al Perú.
Pero, con todo, esto no puede influir en la Cámara de Diputados. El proyecto es sencillo y no es novedoso, porque se han aprobado varios otros similares. Busca un objetivo clarísimo, como ya lo he señalado.
Entonces, si criticamos el chovinismo en el país limítrofe, también hagamos una introspección, procedamos con la mayor seriedad y despachemos rápidamente el proyecto.
Tiene la palabra el diputado señor Edmundo Villouta.
Señor Presidente , en realidad, es excesiva la proposición del colega señor René Manuel García en cuanto a suspender la discusión del proyecto hasta que venga la ministra. Por el contrario, estimo que con su aprobación vamos a dar motivo para que Perú, si no ha hecho lo propio, lo realice, porque nosotros habremos dado una demostración de nuestra preocupación por las inversiones de chilenos en ese país.
Lamentablemente, tal como lo han dicho los colegas que me han antecedido en el uso de la palabra, especialmente la señora Allende y el señor Alessandri , cuyas opiniones comparto en gran medida, debemos dar tranquilidad a los inversionistas chilenos, sin perjuicio de solicitar, a su vez, no una sesión especial, pero sí que se dedique parte de una a tratar las relaciones con Perú.
Sin haber apreciado la situación, creo que la instalación de la torre es relativamente delicada, aunque no grave. Fue un error que enardeció un poco más la actitud de los peruanos frente a las elecciones. Incluso, tendrán una segunda vuelta dentro de un mes, razón por la cual será muy frecuente que se toque el tema de la ubicación de la industria Lucchetti, que está enardeciendo un poco los ánimos.
Soy partidario de votar favorablemente el proyecto y solicitar de la señora ministra de Relaciones Exteriores, su opinión, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por nuestro embajador en Lima.
Señor Presidente, las intervenciones que han hecho el diputado informante , don Carlos Ignacio Kuschel ; la diputada señora Isabel Allende y nuestro colega Gustavo Alessandri , me permiten una breve reflexión.
Chile ha elegido una economía abierta, en la cual son importantísimas las inversiones, y los tratados de libre comercio y el acuerdo de protección recíproca de las inversiones vienen, precisamente, a conformar una legislación que asegura a los inversionistas la protección de sus intereses.
Junto con eso, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, don Enrique Iglesias, dijo, en su informe, que era muy importante, dentro de la globalización, todo lo que pudiera hacerse en favor de los bloques regionales.
En ese sentido, creo que los tratados de libre comercio y los acuerdos de protección de inversión con nuestros países vecinos, van precisamente en esa línea.
Quiero insistir una vez más en que la Comisión de Relaciones Exteriores ha contado con la presencia constante de la señora ministra, del subsecretario de Relaciones Exteriores y de todos los encargados de la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Precisamente el martes 17 está invitado don Carlos Matus , quien nos entregará la información que nos permitirá conocer las conversaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La señora ministra -como lo dijo la diputada señora Allende-, en el día de ayer, nos iba a informar en la comisión de la situación que ocurre hoy con Argentina a raíz del aumento de sus aranceles y también de la situación suscitada por el río Silala con Bolivia.
Es muy importante pedirle a la Sala que este proyecto de acuerdo de protección de inversiones con Perú sea aprobado.
Señor Presidente, parece curioso, por decir lo menos, el tratamiento de este proyecto en el actual momento, pero afortunadamente la diplomacia de ambos países es clara, es positiva, y como aquí ya se ha dicho, contamos con relaciones exteriores importantes en nuestro país.
Con la República hermana del Perú, pese a las vicisitudes de nuestra historia, nos unen lazos especiales. Somos limítrofes, las colonias residentes son numerosas, cuentan con nuestra simpatía, y si no fuera así, serían temas de reflexión de cada uno de nosotros.
Sabemos que importantes inversionistas chilenos operan en el país andino. Se habla recientemente de 15 mil millones de dólares, y en el período 1990-1998, se invirtieron en Perú 2.562 millones de dólares.
Como miembro de la Comisión de Economía de la Cámara no puedo, sin embargo, dejar de cuestionar la instancia reglamentaria. En el informe se señala: “Este Acuerdo internacional no contiene normas que deban ser conocidas por la honorable Comisión de Hacienda o aprobadas con quórum especiales”.
Tengo derecho a estimar que, según mi apreciación, este convenio debiera ser conocido por la Comisión de Economía de la Cámara, ya que, en las materias reguladas por este instrumento en trámite de aprobación parlamentaria, dice, en lo medular, que el compromiso es “incentivar, en su territorio, las inversiones del inversionista del otro país...”.
Más aún, agrega: “Para los efectos del Convenio se dispone que el término “inversión” se refiere a cualquier clase de bien e incluirá, en particular, aunque no exclusivamente, los bienes muebles e inmuebles, así como todos los demás derechos reales, tales como servidumbres, hipotecas, usufructos, prendas; las acciones, cuotas sociales y cualquier otro tipo de participación en sociedades; los créditos, valores, derechos sobre dineros -tómese en cuenta, por favor- y cualquier otra prestación que tenga valor económico...”.
Por lo tanto, mi opinión es discutir este convenio en la Comisión de Economía de la Cámara.
Señor Presidente, la verdad es que en este debate se han tocado diversos temas en relación con un convenio cuyo objeto es proteger e incentivar las inversiones de ambas Partes, tanto de Chile como de Perú; pero tengo una aprensión.
Voy a votar favorablemente este proyecto, porque, en verdad, hay que proteger las inversiones; pero no me puedo abstraer de lo que está ocurriendo hoy respecto de las inversiones y de los inversionistas chilenos en Perú.
No es sólo el problema del caso Lucchetti. Por ejemplo, hemos visto esta semana cómo una gran tienda, que ha hecho una importante inversión en Lima, está teniendo el mismo problema.
Mi percepción es que hoy el empresario chileno está sufriendo persecución en Perú respecto de sus inversiones; y ese es el trasfondo y lo delicado de esta situación, porque a la larga -y es lo que me preocupa- podemos estar celebrando un tratado de protección de inversiones, pero si obviamente terminan persiguiendo al inversionista chileno que va a Perú, no habrá ningún tipo de inversión chilena en ese país.
Creo que este tema, a pesar de que tiene aspectos paralelos, necesariamente debe abordarse por este Congreso. No debe solamente tratarse a nivel de Cancillería. Hay que pedirles definiciones mucho más claras a las autoridades peruanas, a los candidatos, en términos de qué garantía va a tener, en definitiva, el inversionista chileno cuando opere en Perú.
Evidentemente, cualquier instrumento jurídico que proteja la inversión va en sentido correcto; pero es conveniente precisar qué incentivos hay actualmente para invertir en Perú con el grado de persecución y el ánimo muy en contra del inversionista chileno.
A esto se suman otros hechos que, desgraciadamente, están enturbiando las relaciones, como señalaba la diputada señora González: lo que ha pasado en el hito 1, concretamente en el límite. En verdad, es un tema preocupante.
Cuando tenemos que bajar nuestra bandera y retirar a los infantes de marina en el territorio chileno -en donde tenemos pleno derecho a ejercer nuestra soberanía y en donde las razones fundamentales eran evitar que pasara droga y proteger a las personas de las minas antipersonales-, porque cincuenta reservistas o una cantidad determinada de personas provenientes de Tacna nos amenazan, me parece extremadamente delicado y demuestra una tremenda debilidad.
Creo que aquí se están mezclando muchos temas que deben ser abordados para las relaciones permanentes.
Repito que voy a aprobar este proyecto por todo lo que significa garantizar la protección de inversiones; pero creo que este Congreso debe abordar con la Cancillería y con el gobierno peruano qué garantías verdaderas va a tener, en definitiva, nuestro compatriota cuando invierta en Perú. Este instrumento jurídico no basta, a juzgar por lo que está ocurriendo con esa gran tienda mencionada, a la que, aparentemente, le están anulando un contrato que lleva años, durante los cuales se ha hecho una tremenda inversión.
En consecuencia, la pregunta de fondo que debemos formularnos, al margen de este Tratado de protección de inversiones, es: ¿qué garantías y qué ambiente tendrá el inversionista chileno en Perú?
Considero que estos temas deben necesariamente despejarse, porque, a mi juicio, no son menores las situaciones que han ocurrido tanto en la frontera norte como con el inversionista chileno en el Perú.
Por lo tanto, señor Presidente , solicito, en forma paralela a la aprobación de este Tratado, que la Comisión de Relaciones Exteriores cite a la ministra para abordar lo que está sucediendo en la zona limítrofe y las garantías que está dando el Estado peruano al inversionista chileno en Perú.
Tiene la palabra el diputado señor Víctor Reyes.
Señor Presidente, quiero anunciar el voto favorable de los diputados de la Democracia Cristiana, toda vez que compartimos plenamente los términos del proyecto, respecto del cual el diputado señor Carlos Kuschel entregó aquí un completo informe. Compartimos también los argumentos que han dado los colegas integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores, donde este proyecto de acuerdo fue aprobado por unanimidad, lo que quedó reflejado en las opiniones que aquí se han emitido.
Por lo mismo, también somos partidarios de votar hoy el proyecto de acuerdo, en lugar de suspender su votación, toda vez que sería inconveniente postergar una definición del Parlamento respecto de un tema que hoy adquiere especial relevancia. Precisamente los acontecimientos de las últimas semanas aconsejan proceder a la aprobación de este convenio. Además, las relaciones de vecindad y de comercio con Perú justifican sobremanera su aprobación, porque así también estaríamos entregando una señal muy potente respecto de la forma en que Chile enfrenta sus relaciones con los países vecinos. Ya tenemos acuerdos con Argentina y con Bolivia; en consecuencia, ahora corresponde formalizar este Acuerdo con Perú.
Reitero: precisamente los hechos reseñados en esta sesión dan la razón para contar, como se ha señalado aquí, con un marco jurídico que regule los derechos y obligaciones, tanto del Estado receptor de los capitales como de los inversionistas, que son nuestros compatriotas.
En este sentido, destaco la permanente preocupación que ha tenido nuestra Cancillería por materializar un conjunto de acuerdos, no sólo con nuestros vecinos, sino también con otros países de América, de Europa, con el objeto de contar con instrumentos que promuevan y protejan recíprocamente las inversiones que se efectúen.
Los argumentos explicitados aquí son suficientes para que aprobemos este proyecto de acuerdo en esta sesión.
Por lo mismo, ratifico y reitero la posición de los diputados democratacristianos de entregar su voto favorable a esta iniciativa.
Señor Presidente, convoco a los señores diputados a votar hoy favorablemente este proyecto.
Por otra parte, considero que aquí se están mezclando situaciones que no tienen nada que ver. Si bien me parece legítimo que los diputados señor Jaime Orpis y señora Rosa González soliciten una sesión especial de Sala o una sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores para tratar el tema de las relaciones con Perú, debo señalar que eso no tiene que ver directamente con el tema que estamos discutiendo. Es decir, no podemos mezclar las situaciones del señor Montesinos , de Lucchetti y de las elecciones presidenciales peruanas con este Tratado. Al contrario, creo que este convenio está, como muy bien dice su contenido, destinado a proteger recíprocamente las inversiones de ambos países.
Por otra parte, Perú ofrece y ha ofrecido posibilidades de inversiones muy valiosas para los inversionistas chilenos, las que hemos de aprovechar, para lo cual debemos contar con instrumentos jurídicos destinados a resguardarlas.
Eso es lo que tenemos que hacer. No mezclemos las situaciones mencionadas con las de este convenio, porque, al final, no estamos ordenando como corresponde los temas jurídicos y legislativos que debemos tratar.
Entiendo la sensibilidad de los diputados señor Jaime Orpis y señora Rosa González , porque son candidatos por la Primera Región ; pero, ¡por favor!, hagamos las cosas donde corresponde.
Considero que este Acuerdo es un elemento fundamental, por lo que sería una pésima señal que esta Cámara no lo aprobara, ya que hemos aprobado muchos tratados de este tipo con otros países, sobre todo porque pensamos que Chile debe salir con capitales al extranjero, como lo han dicho muchos diputados, tanto de las bancadas de Oposición como de la Concertación.
Por lo tanto, debemos aprobar este proyecto como lo despachó la Comisión de Relaciones Exteriores y como fue relatado por su diputado informante, porque es lo que corresponde hacer.
Señor Presidente, hago uso de la palabra en relación con este proyecto, a pesar de que debo reconocer que no participo habitualmente en las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores, por no ser integrante de ella; pero he escuchado con mucha atención a los diputados que me representan en esa Comisión, con quienes comparto su opinión de que éste es un Tratado que permite que Chile fije una política de Estado en relación con estas materias.
Comparto plenamente la idea de que Chile debe mirar esta materia desde una perspectiva de política de Estado y no dejarse llevar por situaciones coyunturales, que, en muchas ocasiones, exacerban los ánimos y pueden hacer más daño que buscar el bien común para ambos países.
Estimo que este convenio entre Perú y Chile es absolutamente necesario. Como diputado chileno, he tenido la oportunidad de trabajar en Perú con congresistas de la Cámara de ese país, porque allá existe el sistema unicameral. En ese Congreso pudimos conocer la realidad de la inversión chilena en Perú, que cuesta un poco imaginarse cuando no hay la posibilidad de estudiar en terreno lo que se ha realizado. Por ejemplo, la principal empresa de energía que existe en Lima pertenece a accionistas chilenos, igual como sucede en Argentina, lo que ha permitido un desarrollo y una modernización de esa empresa, que ha dado una imagen muy importante de nuestro país, la que ha sido reconocida en todos los sectores políticos del Perú. Lo mismo sucede con los supermercados Santa Isabel , que están en las principales ciudades del Perú y que reciben productos chilenos para comercializarlos en la comunidad peruana. De igual modo, Falabella , firma tan conocida y de tanto prestigio en Chile, tiene grandes negocios en ese país.
Ante esta situación, debemos procurar las mejores relaciones con Perú, por lo que este proyecto de acuerdo aprobatorio, que permite la promoción y protección recíproca de las inversiones, resulta absolutamente necesario.
En consecuencia, por respeto a nuestra investidura de parlamentarios chilenos, debemos actuar en esta materia con una perspectiva de política de Estado. La aprobación de este convenio es absolutamente necesaria, porque pone en su lugar el gran esfuerzo de los inversionistas chilenos en Perú. Y eso nos da prestigio y prestancia, además de permitirnos visualizar un mejor futuro en las relaciones entre ambos países.
Señor Presidente, este convenio apunta en la dirección correcta de lo que ha sido la política internacional de Chile, pues tiende a fortalecer, en especial con los países hermanos, la integración económica, que es, sin duda alguna -como lo estamos viendo con Argentina-, uno de los pasos más importantes para fortalecer la paz, la seguridad y el desarrollo en la región.
No por eso vamos a dejar de lado lo que se señaló con anterioridad. Con mucha razón y legítima justificación, hemos visto que la historia entre Chile y Perú ha llevado a la creación de cierta animosidad, reflejada en hechos no tan significativos, porque de alguna manera son sentimientos. No debemos olvidar los sucesos que se vivieron y las humillaciones por las cuales pasaron nuestros jugadores en el último partido de la selección chilena de fútbol con su similar de Perú. Todo ello hizo revivir odiosidades que, para nosotros, están superadas.
Ahora, la situación surgida en la frontera con Perú por la caseta puesta por la Armada cerca de la Línea de la Concordia no es una equivocación, pues se está haciendo soberanía al custodiar nuestro territorio. Y tal como decía el diputado señor Orpis , no debemos olvidar que la gran penetración de drogas hacia Chile es, justamente, por la frontera con Perú.
Por otro lado, debemos observar lo que está pasando con las inversiones chilenas en ese país vecino. Entre los últimos casos, se da el ejemplo de Lucchetti y el de LAN-Perú. Puedo nombrar muchos otros citados acá.
El convenio tiende a proteger la inversión chilena en el extranjero y a fortalecer las relaciones con Perú, por lo cual lo votaré favorablemente. Pero no por ello debemos dejar de lado las actuaciones de algunos empresarios chilenos en el exterior, porque también son chilenos.
Por eso, pido enviar oficio a la ministra de Relaciones Exteriores a fin de que informe a la Cámara sobre la actuación de los ejecutivos de Lucchetti en el famoso caso acontecido en Perú -tuve la oportunidad de verlo por televisión en el norte de Chile-, en el que Vladimiro Montesinos aparece en una grabación de video con un ejecutivo de Lucchetti, lo que constituye una actuación vergonzosa, que debe ser conocida por este Congreso y por el país.
Si así actúan algunos ejecutivos en el extranjero, me pregunto cómo actúan en nuestro país. Si queremos velar por la transparencia, seguridad e integración y por el fortalecimiento y desarrollo recíprocos, debemos exhibir conductas éticas que demuestren que nuestros representantes comerciales en el extranjero prestigian al país.
Por lo tanto, votaré favorablemente este convenio internacional con la República del Perú.
Señor Presidente, no pensaba intervenir en la discusión del proyecto, porque creía que contaría con la unanimidad de todos los sectores. Lamentablemente, por la situación coyuntural vivida en los últimos días con Perú, pareciera ser que se ha desvirtuado un poco el fondo del tema sobre el cual versa.
En primer lugar, es importante entender que la iniciativa busca dar seguridad jurídica a los inversionistas chilenos en Perú y a los inversionistas peruanos en Chile. El convenio no es nuevo, porque es el mismo que está vigente con más de 15 naciones, cuyo objeto es buscar más incentivos para lograr mayores inversiones en forma recíproca.
Sólo como dato ilustrativo, cabe precisar que hay 198 empresas o inversionistas chilenos en Perú y que se han invertido más de 2 mil millones de dólares. En consecuencia, por la misma situación que hoy se vive en Perú y que se ha mencionado acá, este acuerdo, sin duda, es una garantía jurídica para dichos inversionistas. Por eso, llamo a aprobar el proyecto, porque es una forma de resguardar nuestros intereses.
En segundo lugar, se manifestó que el proyecto debía pasar a la Comisión de Economía. Después de analizarlo profundamente, me doy cuenta de que en él no existe elemento alguno de cambio de legislación que amerite el estudio en esa comisión. Las inversiones se realizan basadas en la legislación de cada país; en el caso de Chile, en los cuerpos legales sobre inversión extranjera y en todo el tratamiento que ahí está dispuesto. Por lo tanto, tampoco tiene asidero pasar el proyecto a la Comisión de Economía.
El diputado señor Jaime Orpis planteaba muy bien el tema del ambiente. Es obvio que esa situación está un poco fuera del marco legislativo. Los ambientes se van dando sobre la base de acciones, de historia y de relaciones manejadas por la Cancillería, por los grupos de organizaciones sociales, empresariales, culturales, a fin de mejorarlos; pero no pueden ser regulados por un marco jurídico, pues lo único que hace este último es garantizar el cumplimiento de las leyes, impedir la discriminación arbitraria, negativa, o que haya arbitrariedades en la inversión. Pero el ambiente no se mejora con una legislación como la que está en estudio.
Por último, comparto la reacción de algunos colegas ante la situación ocurrida en el puesto de vigilancia colocado por Chile en la frontera. Me parece que obedece a una actitud legítima de nuestro país y que la actitud del Gobierno de Chile en este punto demuestra debilidad y constituye una vergüenza. Pero ese tema es harina de otro costal, que debe ser analizado con nuestra ministra para exigirle la defensa y soberanía de nuestro territorio, además de que no era ninguna afrenta, pues buscaba protegernos de los “burreros” o traficantes de droga, lo que afecta no sólo a Arica, sino a todo el país.
Señor Presidente, correré el riesgo de ser reiterativo, al señalar algunas cosas que ya se dijeron acá. Creo absolutamente legítimo abordar los lamentables problemas ocurridos en las últimas semanas con la hermana República del Perú, pero estos problemas deben correr por un carril diferente. El punto es que estamos tratando de aprobar el convenio entre los gobiernos de las Repúblicas de Chile y de Perú para la promoción y protección recíproca de las inversiones. A juicio de la bancada del PPD, no corresponde mezclar la firma de este acuerdo, convenio que Chile ha suscrito con numerosos países, con situaciones distintas. Resulta inexplicable que todavía no lo haya hecho con un vecino, tan cercano, como es Perú.
Nos parece legítimo abordar con la ministra de Relaciones Exteriores -como lo ha señalado el diputado señor Orpis , entre otros- estos problemas puntuales, que, por lo demás, son problemas artificialmente exacerbados por activistas y/o caudillos, que persiguen otros fines; normalmente electoreros. Incluso conocemos hasta alcaldes que exacerban rivalidades y odiosidades entre pueblos vecinos, tales como Talcahuano y Concepción, Aisén y Coihaique, Coquimbo y La Serena, Arica e Iquique , por citar algunos ejemplos. Por lo tanto, que ocurra entre países vecinos es mucho más probable, por no decir legítimo.
Como manifestaba el diputado señor Vilches , la vinculación comercial con Perú y la inversión de capitales chilenos es creciente, lo que por sí solo genera una fuerte integración económica, que favorece la integración cultural y, finalmente, lleva a una verdadera integración entre los pueblos, dando pasos importantes para superar toda esta historia que pesa.
Seríamos ciegos si no nos diéramos cuenta de cuánto nos pesa la historia de la Guerra del Pacífico. Más de alguna vez, cuando trabajé en el Ministerio de Agricultura y tenía reuniones cada tres meses, en Tacna o en Arica, en relación con un convenio internacional con Perú para la lucha contra la mosca de la fruta en la zona fronteriza, me tocó señalarles a funcionarios de ese país cómo debíamos dar pasos para superar esa historia que heredamos de nuestros tatarabuelos y que sigue pesando tanto a gente que nada tuvo que ver con la guerra. Creo que son cuestiones que, finalmente, hay que saberlas plantear y tener la claridad suficiente para ver cómo, sobre la base de esos hechos reales, se puede avanzar en una efectiva visión de fraternidad latinoamericana.
Con Perú tenemos una frontera y recursos pesqueros comunes, lo cual es muy importante; también problemas comunes de toda índole. Todo ello hace recomendable el esfuerzo por superar las cosas que nos desunen o separan para pelear por las que necesitamos, tanto peruanos como chilenos. Chile no debe estar disponible para pelear, porque para ello se necesitan dos. Chile, sí, debe estar disponible, junto con Perú, para luchar contra el subdesarrollo, causa final de todos los otros problemas.
Anuncio, en nombre de la bancada del PPD, que vamos a aprobar este convenio que, simplemente, no hace más que poner las cosas en el nivel que corresponde, como lo ha hecho Chile y muchos otros países del planeta.
Para finalizar, tiene la palabra, por tres minutos, el diputado señor Jorge Ulloa.
Señor Presidente, es justo decir que, tal vez, éste no es el minuto más feliz del proyecto, porque, efectivamente, comparto varias de las expresiones del colega Jaramillo .
Se han mezclado temas que, sin perjuicio de lo anterior, no puedo dejar de mencionar. Sin duda, la situación coyuntural que vive el Perú, intentando salir de la anarquía en la que está inmerso desde hace algunos meses, ha dado pie para que algunos creen problemas con el objeto de desviar la atención de la opinión pública y buscar la unidad. Vieja estrategia, por lo demás.
No obstante, estimo poco conocedoras de la realidad las palabras del diputado Villouta , en términos de condenar una acción de nuestro país al interior de su propio territorio. Chile es libre y sus autoridades tienen el deber de cautelar sus fronteras, más aún respecto de una materia tan sensible como la droga.
Desde esa perspectiva, entonces, la instalación de la caseta a la cual aludió el diputado Villouta no es sino una obligación imperativa del Estado chileno para el cuidado que merece nuestra sociedad. En consecuencia, es tiempo de señalar que, por mandato constitucional, nuestras instituciones de la Defensa, sin duda, deben cumplir un papel dentro del territorio nacional y no podemos dejarnos presionar sólo porque a algunas personas del otro lado de la frontera les disgusta -como bien dijo la diputada señora Rosa González - que hayamos instalado una caseta de vigilancia, a cargo de infantes de marina, a 100 metros de su frontera.
No parece saludable que hoy emitamos expresiones condenatorias o de apoyo al respecto. Debemos asumir con calma una situación en la cual nos estamos viendo envueltos como consecuencia de un problema interno de nuestros vecinos; pero no puedo aceptar que se cuestione el papel que tienen y deben cumplir, por consagración constitucional, las instituciones de la Defensa y, en particular, como lo ha hecho muy bien siempre, la Armada de Chile.
Sin perjuicio de que este tipo de convenios que se nos presentan resultan del todo saludables en una economía globalizada, no cabe ninguna duda de que no tendrán ninguna utilidad si -como lo plantearon la diputada señora Rosa González y el diputado señor Jaime Orpis - en las autoridades de los países que los suscriben no existe la voluntad de que sean efectivamente cumplidos.
No deja de preocupar una situación como la que se describe y, en consecuencia, solicito que las bulladas expresiones de la prensa sean tratadas con cuidado. Primero, informémonos, ya sea mediante alguna sesión especial de la Sala o, por lo menos, a través de las autoridades nacionales en las comisiones que correspondan, y, luego, asumamos una posición. Pero no parecen razonables estos actos condenatorios, en circunstancias de que, en la práctica, cautelamos y vigilamos que por nuestras fronteras no ingresen drogas ni personas indeseables.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
Alessandri, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Encina, Fossa, García (don José), González (doña Rosa), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Ibáñez, Jarpa, Kuschel, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Tuma, Ulloa, Valenzuela, Vilches, Villouta y Walker (don Ignacio).
Galilea (don José Antonio) y Jaramillo.
Informo a las señoras y señores diputados que, por acuerdo de los Comités, por razones de fuerza mayor con motivo del cambio de tránsito en la carretera, se deja sin efecto la sesión ordinaria de mañana jueves 12 de abril.
Corresponde votar el proyecto, iniciado en moción, sobre discapacitados mentales, que aparece en el quinto lugar de la tabla.
Como se indica en la nota al pie de la convocatoria, sólo se encuentra pendiente su votación en general.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Aguiló,Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arratia, Bertolino, Bustos, Caminondo, Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Fossa, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Núñez, Ojeda, Olivares, Orpis, Ortiz, Palma (don Osvaldo), Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Rocha, Rojas, Saa (doña María Antonieta), Sánchez, Sciaraffia (doña Antonella), Seguel, Tuma, Ulloa, Valenzuela, Van Rysselberghe, Villouta y Walker (don Ignacio).
A continuación, corresponde ocuparse del proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos.
Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, es el señor René Manuel García.
-Proyecto del Senado, boletín Nº 2291-15 (S), sesión 22ª, en 4 de enero de 2000. Documentos de la Cuenta Nº 15.
-Informe de la Comisión de OO.PP., sesión 39ª, en 6 de marzo de 2001. Documentos de la Cuenta Nº 26.
El diputado señor Roberto Delmastro informará sobre el proyecto.
Señor Presidente, a continuación paso a informar, en nombre de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, acerca de este discutido proyecto de ley, que amplía el plazo de entrada en vigencia de la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos.
En cuanto a los antecedentes generales, debo señalar que, con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley Nº 19.495, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones estaba facultado para regular la materia en estudio, en virtud de lo dispuesto en los artículos 89 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, y 3º de la ley Nº 18.696. El primero señala que “los servicios de locomoción colectiva de pasajeros y de taxis, deberán ajustarse en su operación a las normas que para los efectos determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, mientras que el segundo encargaba a dicho Ministerio establecer las condiciones y dictar la normativa dentro de la que funcionarán los servicios de transporte nacional remunerado de pasajeros, público o privado, individual o colectivo, “en cuanto al cumplimiento obligatorio de normas técnicas y de emisión de contaminantes de los vehículos, así como en lo relativo a condiciones de operación de los servicios de transporte remunerado de pasajeros y de utilización de las vías”.
Durante la vigencia de estas dos normas, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones dictó la resolución exenta Nº 1.706, de 25 de octubre de 1995 -modificada por la resolución exenta Nº 1.476, del mismo Ministerio, de 3 septiembre de 1997-, que “establece requisitos técnicos y de operación de cobradores automáticos en vehículos que presten servicios que indica”.
Posteriormente, con fecha 10 de febrero de 1998, se publicó la ley Nº 19.552, que reguló la situación de la siguiente manera:
En relación con lo que disponía el inciso segundo del artículo 88 de la ley de Tránsito, mantuvo la prohibición de desempeñar simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos impuesta a los conductores de vehículos de locomoción colectiva con capacidad para más de 24 pasajeros, que presten servicio urbano en ciudades de más de 200 mil habitantes. Por lo tanto, en dichas circunstancias, se debe contratar a un cobrador o instalarse un sistema de cobro automático de la tarifa. Respecto de las ciudades de menos de 200 mil habitantes, el Presidente de la República , mediante decreto fundado, podía extender a ellas la prohibición, norma que no ha variado respecto de lo aprobado mediante la ley Nº 19.495.
Asimismo, modificó el artículo 5º transitorio de la ley Nº 19.495, en lo tocante a la entrada en vigencia de esa disposición, prorrogando hasta el 31 de diciembre de 1998 el plazo para que los buses de la locomoción colectiva contaran con un cobrador o instalaran un sistema de cobro automático de la tarifa.
Se señaló expresamente que los vehículos que no cumplieran con dicho requisito, no contarían con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas para prestar servicio público de transporte de pasajeros; por lo tanto, a dichos vehículos se les aplicarían las sanciones legales y administrativas que fueran procedentes. Una de las sanciones que se estableció en la propia disposición en análisis, fue una multa equivalente a media unidad de fomento por cada día de atraso entre la fecha en que debió cumplirse y la fecha de cumplimiento efectivo de ella.
Finalmente, respecto de las ciudades que tienen entre 200 mil y 400 mil habitantes, la misma ley estableció la posibilidad de prorrogar la exigencia hasta el 8 de marzo de 2000. El precepto legal estableció que “el Presidente de la República , por decreto fundado, y hasta por un plazo máximo de dos años, a contar del 8 de marzo de 1998, podrá prorrogar el cumplimiento de esta norma respecto del transporte público de pasajeros en las ciudades que tengan menos de 400 mil habitantes”. En uso de esa atribución legal, el Presidente de la República dictó el decreto supremo Nº 265, del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, de 18 de diciembre de 1998, por el cual prorrogó hasta el 2 de enero de 2000 el cumplimiento de la obligación mencionada respecto de las ciudades de Antofagasta, Valparaíso , Viña del Mar, Rancagua , Concepción, Talcahuano y Temuco.
Según el mensaje, presentado a tramitación en enero de 1999, “es un hecho público que los empresarios del sector transporte han solicitado reiteradamente una nueva prórroga de la medida descrita, por cuanto no se encontrarían en condiciones de cumplir con la obligación en la fecha prevista. Argumentan que ello se debe, fundamentalmente, a problemas financieros que enfrenta el sector al solicitar créditos o facilidades de pago, como consecuencia de las dificultades económicas que ha debido enfrentar el país. En todo caso, señalan que, en un plazo de cuatro a seis meses, los cobradores automáticos estarían instalados en los buses de la locomoción colectiva. Añaden que la contratación de personal para efectuar las labores de cobro resulta altamente onerosa e inconveniente”.
También se argumenta que los empresarios, a fin de garantizar la instalación de los cobradores automáticos en los buses, están depositando en la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región Metropolitana, copias de los contratos suscritos con los proveedores, los cuales acreditan la adquisición de tales máquinas.
El proyecto aprobado por el honorable Senado tiene por objeto otorgar amplias facultades al ministro de Obras Públicas , Transportes y Telecomunicaciones para que determine las ciudades -a excepción de las de la Región Metropolitana-, la forma, el plazo y las condiciones en las cuales se hará exigible la prohibición de desempeñar al mismo tiempo las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos impuesta a los conductores de vehículos de locomoción cuya capacidad sea de más de 24 pasajeros.
En síntesis, durante la discusión de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones hubo, a lo menos, una indicación en el sentido de que cada vehículo transporta, en promedio, de lunes a viernes, entre 400 y 500 personas al día, de las cuales entre el 25 y el 30 por ciento paga el pasaje con dinero, lo cual no está acorde con la modernidad.
Entonces, sobre esa base, la Comisión acordó reemplazar la oración final del inciso segundo del artículo único por la siguiente:
“En las demás ciudades de más de 200 mil habitantes, el Presidente de la República , por decreto fundado, podrá exigir el cumplimiento de esta obligación en los plazos y condiciones que determine.”
Esa indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
Finalmente, el texto del proyecto de ley quedó de la siguiente forma:
“Artículo único.- Reemplázase el inciso segundo del artículo 88 de la ley Nº 18.290, de Tránsito, modificado por la ley Nº 19.552, por el siguiente:
“En los vehículos de transporte público de pasajeros con capacidad para más de 24 personas, que presten servicio urbano en las ciudades de Santiago, San Bernardo y Puente Alto, quedará prohibido que el conductor desempeñe simultáneamente las funciones de conductor y de cobrador o expendedor de boletos. En estos vehículos, deberá existir un cobrador o instalarse un sistema de cobro automático de la tarifa. En las demás ciudades de más de 200 mil habitantes, el Presidente de la República , por decreto fundado, podrá exigir el cumplimiento de esta obligación en los plazos y condiciones que determine.”
Señor Presidente, este proyecto tiene su origen en una iniciativa cuyo propósito principal es aumentar la seguridad en las calles, separando la función de conductor de la de cobrador de boletos. Es evidente que el espíritu de la ley Nº 19.552 no es otra cosa que la seguridad de los pasajeros y de la ciudadanía en general. Por ello, se separaron ambas funciones.
Sin duda, hay un segundo aspecto, que, veladamente, está presente y todavía no se aborda, cual es cómo regularizar la forma en que los choferes perciben sus remuneraciones, de modo que no tengan que seguir dependiendo de comisiones por boletos cortados, lo que produce una caja negra en el funcionamiento del sistema.
Ese proyecto aborda, simplemente, un problema que surgió de la aplicación de la ley Nº 19.552, y que no es otro que separar la función del cobrador de la del conductor. La ley mencionada otorgó un plazo. Posteriormente, el Ejecutivo fijó otro para que se implementaran los cobradores automáticos, mecánicos o humanos en la locomoción mayor de pasajeros. Sin perjuicio de dicha ampliación del plazo, los gremios presionaron para pedir otra prórroga. Fue así como, en marzo de 1998, se dictó una nueva prórroga que, no obstante, contiene vicios de ilegalidad.
Por ello, discutimos este proyecto, a fin de fijar un plazo adicional, regularizar el sistema y, adicionalmente, acotar este proceso gradual de separar la función del conductor de la del cobrador de boletos a la Región Metropolitana y no incluir este esfuerzo, en forma simultánea, al conjunto del país. Esto es importante, por cuanto en otras regiones no existe la misma urgencia que en la Región Metropolitana, de implementar un sistema que separe esos papeles.
Asimismo, es básico que esta separación de funciones se aplique cuanto antes.
Un conjunto de gremios empresariales ha elegido la modalidad de colocar un cobrador -podrá ser buena o mala; esa es otra discusión-, a fin de separar las funciones. Queremos reconocer el esfuerzo que han hecho algunos empresarios de la Región Metropolitana, de San Bernardo y de Puente Alto y el hecho de ofrecer nuevas alternativas a personas de otras ciudades al otorgar la facultad al Ministerio de Transportes para determinar en qué momento del calendario y en qué territorios va a aplicar gradualmente la norma.
Como bancada, vamos a aprobar el proyecto de ley.
Esperamos que, de una vez por todas cuando dirigentes de un gremio, de cualquier naturaleza, contraigan un compromiso, sean capaces de mantenerlo en el tiempo. La ley que aprobamos en 1998, que separó el rol de conductor del de cobrador, fue conocida por todos, y los dirigentes del transporte han presionado por una prórroga y, más tarde, por otra. No creo que sea bueno que, cuando se empeña la palabra, después se busquen subterfugios para seguir alargando los plazos. En esta ocasión, lo vamos a hacer por la situación económica que enfrentan muchos y por los problemas que ocasionó la tecnología que se introdujo al sistema; pero hago un llamado tendiente a que, en el futuro, cuando fijemos plazos, todas las partes los cumplan.
Señor Presidente, quiero complementar lo dicho por el diputado señor Juan Pablo Letelier .
Me desconcierta mucho este proyecto. Tengo a la vista mi intervención en esta Sala, de 22 de diciembre de 1998, sobre el mismo tema, y me voy a permitir extractar de ella algunos aspectos.
En aquella oportunidad expresé que “el Ejecutivo cometió el grave error de relativizar la entrada en vigencia de la norma que obliga a terminar con las funciones de expendio de boletos por el conductor, al haber sido despachado el proyecto con dos verdaderas delegaciones de facultades legislativas: las que autorizan al Presidente de la República para, mediante un simple decreto supremo fundado, en primer lugar, prorrogar hasta por dos años el cumplimiento de la norma en las ciudades que tengan más de 400 mil habitantes, plazo que sería contado desde el 8 de marzo de 1998 y no desde la entrada en vigencia de la ley, que fue el 10 de febrero de 1998; y, en segundo lugar, extender el cumplimiento de esta norma a ciudades que tengan una población inferior a 200 mil habitantes”.
Se desprende de lo anterior que, en caso de ciudades con más de 400 mil habitantes, como Santiago, la autoridad ejecutiva carece de la facultad legal para decretar una prórroga de la entrada en vigencia de la norma latamente comentada.
Como se podrá comprender, el hecho de haber relativizado el proceso de implementación de las normas ha obrado en contra de la iniciativa gubernamental al dar pábulo a peticiones de prórroga, pese a que, legalmente, para el caso de Santiago, sólo podrían prorrogarse mediante una modificación legal.
Quiero señalar, además, que el hecho de que el conductor sea quien corte el boleto y maneje en condiciones de extremo estrés, contribuye, adicionalmente, al drama vial que existe en Santiago y que se ha tratado de paliar de alguna manera con vías exclusivas y con otras medidas. Pero, en definitiva, el drama de la congestión y contaminación de Santiago tiene una incidencia también colateral en ese sentido.
Pero, vuelvo a lo que dije en 1998: “En definitiva, por establecer excepciones tendientes a dar facilidades al sector empresarial involucrado, se han posibilitado sus demandas de suspensión de la aplicación de una ley de la República.
“Quiero llamar la atención sobre esto último, pues demuestra, por una parte, serias falencias en cuanto a técnica legislativa y una pésima estructuración de las decisiones públicas”.
“Asimismo, me llama poderosamente la atención el esfuerzo del sector empresarial por retrasar la vigencia de la obligación, alegando para ello razones económicas, cuando cualquier observador medianamente cuidadoso se dará cuenta de que los costos de implementar la medida, sea mediante personas que cobren o mediante máquinas automatizadas, serán, en última instancia, de cargo de los usuarios. En el caso de los recorridos licitados, se permitirá que suban el valor de las tarifas. En los que no lo estén, lo lógico y normal es que traspasen estos nuevos costos a los pasajeros.
“Por lo expuesto, no resulta indiferente para toda la comunidad las decisiones que sobre este particular adopten, libremente, los empresarios, si mal que mal seremos los millones de usuarios quienes responderemos con nuestro bolsillo por las decisiones, más o menos acertadas, que tomen, especialmente los dirigentes del sector”.
Termino la cita de la época: “Se ha conocido la decisión de parte de algunos grandes empresarios de Santiago de adquirir maquinarias de mejor tecnología a precios que resultan, con mucho, superiores al de otras ofertas del mercado. Están en su derecho de hacerlo; pero demando que se considere el interés general de la comunidad, que es la que soporta el aumento de los costos operacionales de este servicio de utilidad pública”.
No puede ser -yo contaba con antecedentes en aquella época- que finalmente el sistema que se adoptó, de monedas, resultara de inferior calidad a otras ofertas, pero que su costo -traspasado a los usuarios- fuera de varias decenas de millones de pesos adicionales o superiores al que tenía en ese momento, por ejemplo, una tarjeta inteligente.
He hecho un cálculo basado en el traspaso autorizado en ese entonces de diez pesos por boleto cortado para financiar el sistema de cobrador, automático o humano. Si en un bus se cortan 500 boletos al día -me han dicho que pueden ser 400 ó 450, pero supongamos 500 para los efectos del cálculo- y son 9 mil los buses incorporados al sistema, la recaudación en un año da un total de 16.425 millones de pesos, sólo considerando los diez pesos adicionales por boleto cortado, y aunque no se ha cumplido la ley, se ha percibido esa suma durante dos años.
Quiero llamar a la reflexión y a la seriedad en nuestra actuación en el tema, porque es demasiado grave. Tenemos una cesantía que bordea los dos dígitos en la Región Metropolitana. Con esos 16 mil millones de pesos podría haber 15 mil personas trabajando como cobradores, aunque sea con el sueldo mínimo; sin embargo, ello no ocurre por incumplimiento de la ley y también por debilidad de las sucesivas autoridades involucradas en la presentación y aprobación de una ley que finalmente ha sido letra muerta.
A pesar de ello, hoy se presenta una solución cosmética que representa lo mismo.
Si el proyecto no se corrige con algunas indicaciones que presentaremos con otros diputados, no tiene ningún sentido.
Señor Presidente, el meollo del proyecto radica en que la ley Nº 19.552 estableció la posibilidad de prorrogar la entrada en vigencia de la ley hasta por un plazo máximo de dos años a contar del 8 de marzo de 1998. En las ciudades de Antofagasta, Valparaíso , Viña del Mar, Rancagua , Concepción, Talcahuano y Temuco se prorrogó hasta el 2 de enero de 2000 el cumplimiento de la obligación.
¿Qué pasa si Carabineros se pone difícil, para a todos los buses en estas ciudades y les pasa un parte? En esas condiciones no podrían transitar por estar fuera de la ley.
El gran cambio que propone el proyecto es que -para que lo entiendan los honorables diputados-, en las demás ciudades de más de 200.000 habitantes, el Presidente de la República , por decreto fundado, podrá exigir el cumplimiento de la obligación en los plazos y condiciones que determine; en cambio, la actual prórroga se fijó por decreto supremo del Presidente de la República .
El artículo único del proyecto señala que el sistema de cobro automático entrará en vigencia en el transporte público en Santiago, San Bernardo y Puente Alto, ciudades que realmente tienen más número de buses, y faculta al Presidente de la República para que, mediante decreto fundado, exija el cumplimiento de dicha obligación en los plazos y condiciones que determine.
El diputado señor Sánchez saca cuentas alegres; pero ocurre que el Gobierno de la Concertación, del cual forma parte, es el que ha firmado los decretos.
En consecuencia, la ley es clarísima, y faculta al empresario para contratar a un cobrador, a una persona que corte los boletos, o para ocupar el cobrador automático.
Señor diputado , ha terminado el Orden del Día. Redondee la idea para terminar la discusión del proyecto.
Señor Presidente , si ha terminado el Orden del Día, entonces intervengo la próxima semana.
Para terminar la discusión del proyecto la próxima semana, quedan inscritos los diputados señores René Manuel García, Alejandro Navarro y Haroldo Fossa.
Queda pendiente la discusión del proyecto.
Corresponde votar por última vez el proyecto de acuerdo Nº 537.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Proyecto de acuerdo Nº 538, de la diputada señora Eliana Caraball y de los diputados señores Vilches, Hales, Pérez, don José, y Mora
1.	Que de acuerdo al título V de la ley general de Telecomunicaciones, Nº 18.168, los precios o tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones y de los servicios intermedios que contraten entre sí las distintas empresas, serán libremente establecidos por los proveedores del servicio respectivo sin perjuicio de los acuerdos que puedan convenirse entre éstos y los usuarios.
No obstante, si en el caso de los servicios públicos telefónico local y de larga distancia nacional e internacional, existiere una calificación expresa por parte de la Comisión Resolutiva, creada por el decreto ley Nº 211, de 1973, en cuanto a que las condiciones existentes en el mercado no son suficientes para garantizar un régimen de libertad tarifaria, los precios o tarifas del servicio calificador serán fijados de acuerdo a las bases y procedimientos que se indican en el título V de la ley Nº 18.168. En todo caso, si las condiciones se modificaren y existiere un pronunciamiento en tal sentido por parte de dicha Comisión Resolutiva, el servicio dejará de estar afecto a la fijación de tarifas.
2.	Es así que, aplicando la legislación antes referida, y en particular lo expresado en el artículo 29 de la ley general de Telecomunicaciones, la Comisión Resolutiva Antimonopolio resolvió que las condiciones del mercado telefónico no son suficientes para permitir libertad tarifaria y, por el contrario, reconoció el carácter de dominante por parte de Telefónica CTC, obligando a los Ministerios de Telecomunicaciones y Economía a establecer un régimen de tarifas reguladas para el período de cinco años, desde 1999 hasta el año 2004.
3.	En el contexto de la actual legislación, la empresa Telefónica CTC Chile ha solicitado a la Comisión Resolutiva Antimonopolio, que se le aplique un régimen de libertad tarifaria, para lo cual debe dejarse sin efecto el respectivo decreto de 1999, que fijó las tarifas para los próximos 5 años.
4.	Considerando que las tarifas fijadas, y actualmente vigentes, tienen carácter de máximas, por lo que la empresa puede reducirlas de inmediato sin necesidad de autorización y, considerando que las condiciones actuales del mercado de la telefonía fija local no han cambiado, en cuanto al carácter de empresa dominante que mantiene Telefónica CTC en el mercado de la telefonía local, tal como lo registró en su oportunidad la Comisión Resolutiva, y no habiendo garantías para un régimen de libertad tarifaria no abusivo para los usuarios, solicitamos a la honorable Cámara de Diputados la aprobación del siguiente proyecto de acuerdo:
Solicitar al señor Presidente de la República que, por intermedio del ministro de Economía , Fomento y Reconstrucción, requiera a la Comisión Resolutiva rechazar la petición de régimen de libertad tarifaria presentada a esa Comisión, y que acompañe a la solicitud de dicho rechazo los antecedentes correspondientes acerca del dominio del mercado de la telefonía local y la necesidad de proteger a los usuarios”.
Para hablar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra la diputada señora Lily Pérez.
Señor Presidente, apoyo absolutamente el proyecto presentado por diputados de distintas bancadas, porque me parece que la solicitud de Telefónica CTC de liberalización del decreto tarifario establecido hace dos años en nuestro país es absolutamente discrecional, porque hoy, en la repartición de la torta, esa empresa tiene sobre un 72 por ciento de las instalaciones de telefonía fija.
Queda claro que lo que pretende Telefónica CTC al solicitar la liberalización de la tarifa no es bajar el costo del servicio a los usuarios, sino, por el contrario, subirlo en las zonas donde no tienen competencia.
Lo que se busca es competir con otras empresas más pequeñas en los sectores altos, por ejemplo, dentro de la Región Metropolitana: Vitacura, Providencia, La Reina, Las Condes. En esas comunas van a poder competir y posiblemente bajar las tarifas, pero en los sectores de clase media y de escasos recursos, como La Florida, Puente Alto , Macul , Peñalolén y otras zonas, lo que ocurrirá es que obviamente subirán las tarifas.
Por eso me parece muy importante que la Comisión de Economía tenga mayores antecedentes y entregue su opinión a la Comisión Resolutiva.
Quiero aportar otro argumento.
En febrero, la Fiscalía Nacional Económica hizo una consulta a servicios de usuarios respecto del tema, pero se consultó sólo a uno, a la Conadecus, que es una organización que agrupa a consumidores de distintos servicios a lo largo del país.
Desgraciadamente, hace dos años esta agrupación se vio envuelta en un escándalo público por haber recibido dineros de la CTC. En consecuencia, aquí hay sectores inhabilitados para opinar respecto de la solicitud formulada por la Telefónica para liberalizar las tarifas a través de una modificación del decreto tarifario.
Como legisladores, tenemos que propender a que los bolsillos de los usuarios no se resientan y no se les cargue la mano con un alza de tarifas. Por eso, es indispensable que se entreguen a la Comisión de Economía todos los antecedentes y que ésta, a su vez, los remita a la Fiscalía Nacional Económica, ya que el plazo para que el resto de las compañías hagan llegar su visión vence el 19 de abril. Desgraciadamente, esto se hizo en febrero, pero hasta el momento el tema no ha sido abordado con la transparencia necesaria, sobre todo cuando se trata de un asunto que involucra a miles de usuarios de servicios telefónicos a lo largo del país, porque en estas materias la CTC actúa prácticamente como un monopolio.
Tiene la palabra, por dos minutos, el diputado señor Juan Ramón Núñez.
Señor Presidente, durante la tramitación del decreto se gestionó ante la Contraloría General de la República y el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, a fin de que se tramitara rápidamente.
En el ámbito de las telecomunicaciones y del mercado telefónico hay una empresa dominante que está haciendo un “lobby” gigantesco para lograr su objetivo y ha pedido que prácticamente nos saltemos la normativa legal.
De acuerdo con la legislación vigente, se pueden bajar las tarifas, pero la CTC quiere subirlas. Si en un mercado hay una empresa dominante, es imprescindible una regulación de las tarifas. El Gobierno ha cumplido estrictamente con la ley y ha fijado las tarifas hasta el 2004.
En consecuencia, solicito a esta Sala la aprobación del proyecto de acuerdo, con el objeto de respaldar al Gobierno en el sentido de que no se liberalicen las tarifas telefónicas, ya que en dicho mercado hay una empresa dominante.
Para hablar en contra del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el diputado señor Tuma.
Señor Presidente, el interés de esta Cámara es beneficiar a los consumidores con la creación de sistemas más transparentes para que en un momento determinado puedan escoger el que más les convenga.
El decreto tarifario es rígido, porque permite que los consumidores cuenten con los servicios de un solo prestador, que es el dominante en el mercado, la Telefónica CTC; al mismo tiempo, dicha empresa tiene la rigidez de no poder ofertar planes distintos a la gran mayoría de los consumidores.
Me explico. En la mayoría de las localidades pequeñas, el cargo fijo sobrepasa los 10 mil pesos, suma que está por sobre lo que pueden pagar las familias de escasos recursos. Incluso, muchas de ellas sólo tienen la línea para recibir llamadas y para emergencias. Sin embargo, a pesar del poco uso del servicio telefónico, tienen que pagar un cargo fijo muy alto.
Por tal motivo, manteniendo el decreto tarifario mediante una modificación del criterio de la Comisión de Distorsiones, se podría autorizar a la Telefónica CTC -actualmente está impedida por ley-, para flexibilizar sus ofertas de planes a los usuarios, en términos de poder bajar el cargo fijo a 1.500 ó 2 mil pesos y subir el servicio local medido, lo que iría en directo beneficio de los consumidores, porque ellos podrían elegir si continúan pagando un alto cargo fijo de 10, 12 ó 14 mil pesos por dos o tres llamadas o están dispuestos a asumir un servicio local medido un poco más alto, pero un cargo fijo más económico.
Soy partidario de buscar fórmulas para flexibilizar las rigideces que establece el decreto tarifario, con tal de que las compañías telefónicas ofrezcan a los usuarios diferentes alternativas.
En cuanto a la Asociación de Consumidores, Conadecus , hubo un miembro que en algún momento tuvo una relación con la CTC pero fue expulsado. En todo caso, no se puede condenar a esa organización, que ha hecho bastante por los derechos de sus asociados, por una persona que se involucró en un asunto poco claro.
He sido uno de los parlamentarios que más ha luchado por los derechos de los consumidores y mantengo mi independencia. No tengo ninguna vinculación con la empresa Telefónica CTC; sin embargo, es indispensable que se busquen flexibilizaciones respecto del decreto tarifario.
Por eso, estoy de acuerdo en que esto lo revise la Comisión de Distorsiones a fin de permitir que la empresa pueda competir y a la vez flexibilizar sus planes para que los usuarios puedan elegir lo más conveniente.
Por las razones expuestas, votaré en contra del proyecto de acuerdo.
Para hablar en contra el proyecto, tiene la palabra el diputado señor Vilches.
Señor Presidente, quiero aclarar un punto de la intervención del diputado señor Tuma .
El pliego vigente establece tarifas máximas. La normativa legal permite rebajas o planes distintos, pero en este momento lo que se pretende es un alza de las tarifas.
En consecuencia, no puedo aceptar que se entregue una información distorsionada.
Señor Presidente , en los proyectos de acuerdo no hay derecho a réplica. La intervención del diputado señor Vilches tampoco ha sido para un asunto de Reglamento y sus Señorías son sumamente rígidos en su aplicación.
Señor diputado, usted es firmante del proyecto de acuerdo y pidió usar de la palabra para pronunciarse en contra.
Señor Presidente, fue mal usado el tiempo para hablar en contra del proyecto de acuerdo. En consecuencia, tengo derecho a hacer una aclaración al respecto.
No es conveniente, señor diputado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 3 votos. No hubo abstenciones.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.
En votación el proyecto de acuerdo Nº 538.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 28 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones
Por lo tanto, la votación del proyecto de acuerdo queda pendiente para la sesión del próximo martes.
Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado señor Julio Dittborn.
Señor Presidente, el Primer Mandatario recientemente ha tomado una decisión que considero tremendamente negativa, puesto que ni siquiera responde a las prioridades que él mismo fijó en su programa de Gobierno. Me refiero a la reapertura de la embajada de Chile en Argelia, país destruido por una guerra civil y en el cual muchas naciones están cerrando sus embajadas, por las dificultades que encuentran para trabajar allí, y abriéndolas en Túnez, ubicado en la misma área de influencia, igual que Argelia. Pues bien, Chile es el único país que está haciendo exactamente lo contrario: ha cerrado su embajada en Túnez para abrirla en Argelia.
Entonces, cabe preguntarse ¿por qué el Presidente Lagos tiene interés en abrir la embajada en Argelia, cerrada durante 28 años, es decir, desde 1973? ¿Cuál es el interés del Presidente de la República por abrir una embajada en ese país del norte de África? Premiar a un correligionario que fue derrotado en las urnas, al médico don Ariel Ulloa , quien perdió en las últimas elecciones municipales en Concepción.
¡Es un hombre muy respetado!
Sí, es un hombre respetado. No tengo nada en su contra y no tengo el gusto de conocerlo. Mi objeción, diputado señor Ortiz , no es hacia la persona de don Ariel Ulloa , sino que tiene que ver con las prioridades de este Gobierno. Nos vamos a gastar 360 millones de pesos en un año para abrir una embajada que ha permanecido cerrada durante 28 años, a fin de entregársela a un médico, si bien muy respetable, sin experiencia en materia de relaciones exteriores. Por lo tanto, es muy improbable que don Ariel Ulloa pueda desarrollar una fructífera labor desde esa embajada, porque se trata de un país -como ya lo dije- que está en guerra civil, debido a lo cual la gran mayoría de los países están cerrando sus sedes diplomáticas, para transferirlas a países vecinos, específicamente a Túnez.
Entonces, resulta indignante que en un país con tantas necesidades, una de las prioridades del Presidente de la República sea abrir la embajada en Argelia, con el objeto de premiar a un compañero socialista derrotado en las urnas, quien, por la naturaleza de los conflictos existentes en ese país, probablemente desarrollará una labor muy poco productiva.
Por lo tanto, pido formalmente que se oficie a la ministra de Relaciones Exteriores , con el objeto de pedirle que se reconsidere esa decisión, porque creo que existen muchos usos más interesantes para los recursos públicos que se destinarán a abrir una embajada en Argelia.
Señor Presidente, el rol subsidiario del Estado abarca una serie de programas que apuntan a ayudar a las personas que se encuentran en situación de pobreza.
Para lograr tal objetivo, el Gobierno implementa una serie de programas sociales, para lo cual se aplican criterios de estratificación social que permiten que dicha ayuda subsidiaria se focalice en los sectores más necesitados del país. Muchos de estos beneficios se canalizan a través de los municipios. Entre muchos otros, están las pensiones asistenciales de vejez e invalidez, los subsidios habitacionales, la beca Presidente de la República , etcétera.
Pues bien, para llevar a cabo dicha estratificación se aplica la ficha CAS, la cual, lamentablemente, se ha convertido en el mayor obstáculo con que se topan las personas para obtener subsidios y beneficios sociales.
¿Por qué digo esto? Porque los parámetros utilizados para elaborar la ficha CAS son de la década del 70. Entonces, cuando visitan a una persona, que puede ser una anciana que está postulando a un subsidio de vejez, y comprueban que su casa tiene piso, entonces queda mal calificada. Le ocurre lo mismo si se acredita que cuenta con muebles o teléfono.
Por lo tanto, ¿qué sucede hoy? Que miles y miles de compatriotas necesitados postulan a estos subsidios, pero al aplicárseles la famosa ficha CAS 2 -que mide la realidad de la década del ’70, pero que no ha evolucionado ni se ha actualizado-, no califican para hacerse acreedores a los beneficios.
Hace pocos días, una señora mayor, que en su vida útil, con su marido, construyó su casita, compró sus muebles, un televisor; le puso piso a su vivienda y tiene calefón -necesidades básicas de una familia chilena-, pero, por equis motivos, no enteró sus pagos previsionales por el sistema antiguo y tiene lagunas, no puede tener pensión, ya que no reúne el número de semanas de imposiciones que se exigen. Va al municipio, le confeccionan la ficha CAS, y queda sin posibilidad de obtener el beneficio por poseer algo básico.
Frente a su petición, le responden que no califica porque su casa tiene piso. ¿Quieren que se coma el piso? No califica porque tiene un comedor y un living ¿Quieren que se coma los muebles? Tampoco califica porque construyó y tiene una obra gruesa. ¿Quieren que se coma los muros?
Entonces, aquí hay una mala estratificación. Es una vergüenza lo que se está haciendo. Aquí uno podría pensar que hay motivaciones -no digo que sean ésas-, pero, a lo mejor, el Gobierno quiere mantener estos parámetros para frenar el otorgamiento de los subsidios, con la finalidad de que, así, haya menos personas que postulen a ese beneficio.
Por lo expuesto, solicito oficiar al ministro secretario general de la Presidencia para que envíe los antecedentes sobre la evaluación de esa ficha de estratificación social e indique si hay estudios para modernizarla y actualizarla a la realidad que hoy vive la gente modesta de este país y, en especial, nuestros adultos mayores. Si hubiese estudios o evaluaciones, pido que me los haga llegar; si existirá un cambio en la ficha de estratificación, me gustaría saber cuál será y cuándo se realizará.
Finalmente, pido que se envíe esta intervención al Presidente de la República.
No sé si puedo dar interrupciones -me la está pidiendo el diputado señor Aguiló-. Él me dirá, seguramente, que hubo un cambio, que hoy existe la ficha CAS 2, con una modificación respecto de la evaluación. Pero si el mismo diputado Aguiló recorre su distrito, oirá lo que ha escuchado la gran mayoría de los diputados que hoy se encuentran en la Cámara.
Se enviarán los oficios solicitados, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de lo cual la Secretaría está tomando debida nota.
El señor AGUILÓ .-
Señor Presidente , tiene toda la razón el diputado señor Leay, y nos sumamos a los oficios que ha solicitado; pero le quiero recordar que la ficha CAS 2 la inventó el “capitán general”, el año 1983.
Lo planteo para que quede consignado, de manera que no vaya a quedar la impresión de que fue confeccionada en uno de los gobiernos de la Concertación, que ha innovado sobre la materia. Esto, repito, lo hizo el capitán general en 1983, junto con impartir instrucciones para traspasar un conjunto de áreas sociales, como la educación y la salud, a las municipalidades del país.
Señor Presidente , quiero referirme a los convenios de programación que efectúan los gobiernos regionales con los diferentes ministerios.
En los últimos años, ha cobrado vital importancia en los procesos de inversión regional la descentralización que se ha ido efectuando a través de las propias leyes de presupuestos. Pero, sin lugar a dudas, se hace absolutamente necesario verificar el grado de cumplimiento de estos convenios de programación.
En la Décima Región, es de público conocimiento, de acuerdo con informes evacuados en su oportunidad por la Contraloría, que existe una sobreaprobación de proyectos de inversión del orden de 60 mil millones de pesos, los cuales aún esperan una fecha concreta y definitiva para su materialización y, de esa forma, satisfacer las necesidades de muchas comunidades de nuestra zona, en especial de las provincias de Chiloé y Palena .
Es así como el gobierno regional suscribió un convenio de programación con el Ministerio de Obras Públicas para el desarrollo de caletas pesqueras. Desde que se hicieron grandes anuncios, que causaron la satisfacción de los pescadores artesanales por este apoyo gubernamental, han transcurrido tres o cuatro años, pero todavía no se sabe qué tipos de proyectos están considerados, cuándo se iniciará la inversión y si existen o no los recursos.
Lo mismo sucede con los convenios de programación del Ministerio de Obras Públicas relativos a la reposición y construcción de puentes, como asimismo a proyectos de agua potable rural.
En el tema de la salud, que es una preocupación prioritaria desde el punto de vista social de todos quienes ejercemos funciones públicas, también vemos que estos convenios de programación hoy no cuentan, al parecer, con los recursos para su materialización, frustrando, así, las expectativas de muchas comunidades aisladas, que claman y reclaman por una oportuna y eficiente atención de salud.
También se firmaron, por parte del gobierno regional, convenios de programación con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Hoy día uno recorre las comunas pequeñas de las provincias de Chiloé y Palena , todavía esperanzadas en estos convenios que se firmaron en esa ocasión, y nadie sabe absolutamente nada de cuándo se llevarán a efecto.
Como estos procesos de inversión regional, en conjunto con el nivel central, son relevantes para superar las carencias que existen en las diferentes comunidades de nuestra zona, me parece absolutamente inconveniente que no se estén cumpliendo y que, en consecuencia, no se lleven a la práctica.
Por esta razón, solicito, por su intermedio, oficiar a la Contraloría General de la República para que en la Décima Región se evacue un informe respecto del grado de cumplimiento de los convenios de programación suscritos con los Ministerios de Obras Públicas, de Salud y de Vivienda y Urbanismo, dado que la cantidad de obras anunciadas en su oportunidad, que sacaron grandes aplausos, hoy mantienen en la frustración a la gente, que no tiene mayor información respecto de cuándo se ejecutarán.
Se enviará el oficio solicitado, con la adhesión de los diputados que así lo indican, de quienes la Secretaría toma debida nota.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Correa.
El señor CORREA .-
Señor Presidente, deseo plantear una situación que se viene generando en los sectores rurales en relación con dos subsidios que está otorgando el Estado. Me refiero al programa de mejoramiento de barrios, que ha permitido hacer casetas sanitarias y realizar un saneamiento a través de la construcción del alcantarillado, y de un sistema de agua potable, con subsidio rural.
La Subsecretaría de Desarrollo Regional, que administra los programas de mejoramiento de barrios, considera compatibles ambos subsidios, pero el Ministerio de Vivienda estima que no lo son. ¿Qué está sucediendo? Que en numerosas localidades rurales se han construido casetas sanitarias hace dos o tres años y los propietarios no han podido concluir las obras, porque no han recibido los recursos que otorga el otro subsidio.
Solicito enviar oficios a los señores ministro de Vivienda y subsecretario de Desarrollo Regional para que estudien y analicen estos dos subsidios y busquen solución al problema que estoy mencionando.
Se enviarán, en su nombre, los oficios solicitados.
Señor Presidente , deseo solicitar el envío de un oficio al ministro de Vivienda , con el objeto de que señale cuántas viviendas se ha planificado construir en las comunas de Talcahuano y Concepción, Octava Región, y que serán entregadas durante este año. Asimismo,
a fin de que señale cuántos programas de este tipo se efectuarán el 2002.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Fossa, Correa, Jaramillo y Ortiz.
En el tiempo que corresponde al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado señor Leopoldo Sánchez.
Señor Presidente , nos ha sorprendido mucho la renuncia presentada por don Maximiliano Cox a la dirección nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario. Quizás a otros no tanto, ya que plantear cambios en una institución que históricamente ha servido como correa transmisora de recursos y que también ha sido parte histórica del manejo de la política agraria del país, es difícil de entender. Esto podría haberse hecho de otro modo. Sin embargo, de no haber sido así, ¿qué habría pasado con los miles de campesinos al no tener posibilidad de subsistir por no existir Indap? Distinto es que en los tiempos que corren no se busque, con un afán importante, la integración al desarrollo productivo de sectores tradicionalmente postergados. A mi juicio, esto último es lo que ha intentado plantear el renunciado director de Indap , con una reforma de fondo de dicha entidad.
Históricamente, Indap se ha desgastado con el otorgamiento de créditos, muchas veces sin la necesaria ligazón a un efectivo desarrollo productivo y, en algunas áreas, quizás con una perversa manipulación política. Maximiliano Cox intentó romper con esta constante histórica que, al parecer, ha sido más fuerte que mirar necesariamente hacia el futuro.
Espero que quien lo suceda -tengo entendido que será el señor Ricardo Halabí - continúe reforzando y concentrando esfuerzos en el desarrollo productivo, tal vez la gran “pata coja” en el desarrollo del agro, sobre todo a nivel de pequeños productores, en especial en zonas marginales, que, por la inviabilidad o falta de instrumentos de apoyo del Estado, se ven forzados a emigrar a las ciudades, engrosando los cordones marginales de pobreza en ellas y despoblando el campo.
También espero que definitivamente se constituya el consejo directivo de Indap, cuya cabeza es el ministro de Agricultura . Aquí se ha sacado de su puesto, gracias a la existencia de este consejo directivo y por decisiones casi personales, al director del instituto. Además, en algunos temas, se han tomando malas decisiones, por cuanto debe existir un criterio más colegiado.
Ojalá que se prosiga en la búsqueda de mejoras salariales para los trabajadores del Indap, muchos de los cuales aún no se acogen a jubilación, precisamente por sus malas condiciones.
Finalmente, deseo éxito en su gestión al nuevo director de Indap . No obstante las fuertes presiones de distintos sectores políticos, que serán grandes porque cada uno trata de llevar agua a su propio molino, el agro necesita un Indap que funcione, que se modernice y que definitivamente hinque el diente al desarrollo productivo, poniendo énfasis en los sectores campesinos más postergados y de mayor pobreza, cosa que hoy se hace en forma muy débil o que, en muchos casos, no es posible realizar.
Señor Presidente, quiero referirme a un tema que nos preocupa mucho, como es el de la fiebre aftosa, que, en general, avanza con gran rapidez en el mundo. No hay duda de que si no se toman medidas drásticas de prevención, podría estar presente en todos los países del orbe.
Tenemos el gran problema de ser vecinos de países que tienen esa enfermedad, en particular Argentina. En Chile se han tomado medidas acertadas, como prohibir la importación de carne desde Argentina y de todos los países que pudieran estar afectados con este virus. Eso es lo correcto, pero no hay duda de que el peligro sigue latente, pues es muy contagioso y fácil de transmitir. De hecho, ustedes han de saber que se transmite a través de las heces, saliva, orina, leche, e incluso de la placenta del animal. Por lo tanto, infecta los campos, sembradíos y pastos de los países en los cuales existe la fiebre aftosa. Desde un punto de vista científico, es posible que se transmita a través de la importación de otros productos, en especial de granos y cereales.
Por eso, solicito que se oficie al director del Servicio Agrícola Ganadero y también al ministro de Agricultura , a fin de que se adopten las medidas sanitarias de protección, que son legítimas, y se prohíba la importación de todo tipo de granos desde Argentina, fundamentalmente en consideración que uno de los pocos sectores productivos que aún queda en pie en el sector agropecuario es la ganadería y, en particular, la lechería. Por eso, debemos adoptar con decisión las medidas permitidas, con el objeto de proteger lo poco que está quedando de nuestra agricultura.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados señores Ortiz, Jaramillo y Reyes.
En el turno correspondiente al Partido Socialista, tiene la palabra el diputado señor Alejandro Navarro.
Señor Presidente , el diputado señor Julio Dittborn ha hecho una argumentación que, sin duda, puede parecer interesante, pero que adolece de falta de información. No veo en ello una mala intención, pero, sí, repito, una grave falta de antecedentes.
Basta mirar cualquier mapamundi -podemos pedírselo a los hijos en la casa-, jugar un poco y observar África para ver que, de sus 52 países, Argelia es el más grande. Por ejemplo, es como si Chile pretendiera tener relaciones comerciales con Paraguay y no con Brasil, hablando en términos de similitud con América Latina. Argelia es el líder de la Unión de Estados Africanos, y la reciente realización del Congreso Nacional de la UEA en Argel da cuenta del liderazgo del Presidente Buteflika, quien ha pacificado absolutamente a Argelia y ha logrado un armisticio con el Frente Islámico de Salvación, con el cual había tenido los mayores conflictos, causantes de la violencia. Por fortuna, hay paz en esa gran nación de África.
Argelia no tiene ninguna acusación por violación a los derechos humanos, por lo cual tiene relaciones diplomáticas con muchos países de América Latina. Hace seis meses, el canciller argentino, señor Rodríguez Giavarini , visitó Argelia, con el fin de firmar un acuerdo entre la YPF y ese país para construir y explotar un gasoducto en Perú, inversión de más de 10 mil millones de dólares que revela las posibilidades del futuro comercio con Argelia. Se trata de un país que requiere de mucha importación de alimentos y materiales. Actualmente, Chile le está vendiendo 500 mil dólares, y todas las estimaciones señalan que en el curso de dos años podremos tener un intercambio de 500 millones de dólares. Argelia es líder en África y las posibilidades de relaciones económicas y políticas son viables.
El embajador señor Ariel Ulloa , como todos esperamos, cumplirá una exitosa misión en ese país, pues vivió siete años en Argel. Es un destacado médico y un político que estuvo al frente del municipio de Concepción , lo que augura un buen trabajo en reemplazo de la actual embajada de Túnez. La posibilidad de tener una puerta en África, permitirá estrechar las relaciones de Chile con ese continente, por lo cual espero que, en definitiva, se disipen las aprensiones del diputado señor Dittborn , se informe directamente de la Cancillería y, así, deje de lado sus temores.
Lo que invirtamos en Argelia será retribuido con comercio, porque tendremos una embajada en el país más importante de África, con el mayor potencial de desarrollo comercial, al cual habíamos dejado abandonado. No es lo mismo estar en Túnez que en Argelia. Por lo tanto, la decisión la considero política, técnica y económicamente adecuada.
Por eso, de manera personal, deseamos la mejor suerte a nuestro embajador cuando concurra a abrir la embajada de Chile en Argel.
Señor Presidente , días atrás, la comuna de Puente Alto se vio bastante convulsionada con el asesinato lamentable y dramático de un taxista, cometido en pleno centro de la ciudad.
Esto motivó a la parlamentaria que habla a solicitar una reunión al subsecretario del Interior , don Jorge Burgos , quien no sólo accedió a ella -tengo que felicitarlo, por cuanto se trata de un alto funcionario, de gran importancia y responsabilidad-, sino que también invitó a que concurrieran a ella al general Riutort, de Carabineros; al subdirector general de Investigaciones de Chile , señor José Sotomayor , y al gobernador; además, asistieron el propio señor Jorge Burgos y la diputada que habla.
La reunión fue muy concreta y se tomaron cuatro medidas importantes y necesarias de destacar: establecer una mayor coordinación entre la policía de Carabineros y la de Investigaciones de Chile; reforzar los operativos preventivos que actualmente está llevando a cabo la policía de Investigaciones de Chile, realizados en terreno por el propio subdirector, don José Sotomayor . Además, en estos días se reforzará el radiopatrullaje con elementos activos de Carabineros, provenientes de la Región Metropolitana, y dos elementos importantes de destacar: a mediano plazo, se dotará a esa institución de más vehículos motorizados, y a fines de este año se espera aumentar la dotación policial, porque Puente Alto, comuna que supera los 550 mil habitantes, requiere de mayor dotación policial, pues la que tiene es absolutamente insuficiente.
Puente Alto merece mejores oportunidades. Tenemos una deuda con esa comuna, porque se la dejó crecer desmesuradamente, por lo cual sus 500 mil habitantes tienen graves problemas que afectan su calidad de vida. Por ejemplo, 50 mil niños deben trasladarse a comunas aledañas, porque no encuentran matrículas suficientes, con todo lo que eso significa en cuanto a la complejidad de la vida cotidiana. Además, hay déficit de por lo menos tres consultorios. Entonces, hay que dar señales claras y concretas que signifiquen cambiar la calidad de vida de Puente Alto.
Por eso, felicito al subsecretario, don Jorge Burgos , quien, al mismo tiempo, se comprometió a hacer la próxima reunión en 30 días más, directamente en la Gobernación, para ver en terreno, con todas estas autoridades de máximo nivel, cómo está operando lo que forma parte de lo que llamamos el plan cuadrante, y permitir una mayor cercanía entre los efectivos policiales y la propia ciudadanía.
Para dar realce a estos compromisos, solicito que se oficie al Ministerio del Interior, concretamente a don Jorge Burgos , para dejar constancia por escrito del compromiso sobre estas cuatro medidas, que me parecen extraordinariamente importantes.
Finalmente, quiero señalar que en los próximos días el Presidente de la República recibirá el estudio final de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Transportes , Sectra , organismo especializado que determina la demanda potencial de usuarios del Metro. En ese estudio se expresa que Puente Alto es la comuna de la Región Metropolitana con mayor demanda para acceder al metro.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Presidente de la República respecto de esta fase final del estudio, relativo a la posibilidad de que los puentealtinos accedan al metro, sentido anhelo que el Primer Mandatario, siendo candidato y luego Presidente, se comprometió a satisfacer frente a la comunidad.
Se enviarán los oficios solicitado por su Señoría.
En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra la diputada señorita Antonella Sciaraffia.
Señor Presidente , me referiré a dos temas de tremenda importancia y de preocupación para toda la comunidad de la provincia de Iquique, que represento en esta Cámara.
En primer lugar, quiero plantear un tema que ayer, con mi colega señor Enrique Krauss , pudimos dar a conocer a la canciller, señora Soledad Alvear , que dice relación con la celebración de Zicosur, cumbre realizada días atrás en Brasil respecto de algunos temas comerciales y económicos de la zona sur de Sudamérica.
En esa reunión, el alcalde señor Jorge Soria denunció que la delegación de la Cancillería chilena sólo habría hecho promoción al puerto de Mejillones , prácticamente omitiendo la existencia de los puertos de Iquique y de Arica, los cuales quedaron en una situación desmedrada. Eso nos parece de tremenda gravedad, por lo que en la reunión de ayer solicitamos a la canciller una explicación y una respuesta oficial sobre el tema.
Hoy quiero ratificar esa conversación y solicitar que se oficie a la Cancillería para que informe sobre esta materia, porque el puerto de Iquique, que me preocupa en lo personal, ha hecho tremendos esfuerzos para que mucha mercadería procedente de Brasil y de otros países vecinos pueda salir al resto del mundo a través de nuestros puertos.
Tenemos legítimo derecho a que la Cancillería, dentro de la oferta de puertos, ponga no sólo a Mejillones, que todavía no existe, sino a los que en la actualidad tienen infraestructura y nos interesa potenciar, porque podrían generar ocupación de mano de obra.
Iquique está enfrentando una cesantía tremenda, mucho mayor de la que se conoció en años anteriores. Necesitamos fortalecer nuestra economía y, por supuesto, nuestro puerto es un instrumento importante para ello.
Señor Presidente , en segundo lugar, quiero hacer mención de un tema bastante sensible.
Hace días, como lo hago habitualmente en estos tres años y medio de ejercicio parlamentario, visité el consultorio de Alto Hospicio. Normalmente, hago visitas de inspección y fiscalización a los consultorios.
Lo que encontré en él es impresionante. En dicha localidad, cuya población supera los 50 mil habitantes, el consultorio sólo tiene presupuesto para un universo de 19 mil pacientes. Eso significa que está completamente colapsado, lleno de gente y sin medicamentos. Además, en lugar de aumentarse la dotación, el tercer turno se ha reducido, aparte de lo cual han disminuido los medicamentos. O sea, lo que hoy hallamos ahí dista mucho de lo que la propia ministra de Salud ha dicho que se iba a hacer con Alto Hospicio: fortalecer la atención primaria e, incluso, construir una especie de hospital.
En particular -y aquí quiero detenerme-, existe una situación irregular, que me gustaría fiscalizar.
Desde hace algunos meses, el consultorio de Alto Hospicio tiene autorizado un Sapu, servicio de atención primaria de urgencia, lo que supone la atención de dos médicos, cuatro paramédicos y una enfermera, recursos que son enviados directamente desde el Ministerio de Salud a la corporación municipal. Sin embargo, aparentemente, esos recursos están siendo desviados, porque en lugar de tener en la noche dos médicos, cuatro paramédicos y una enfermera, sólo hay un médico, dos paramédicos y ninguna enfermera. Es una situación irregular.
La gente de Alto Hospicio merece ser tratada como seres humanos, por lo que pido que se oficie a la señora ministra de Salud para solicitarle que fiscalice e investigue en qué se están ocupando los recursos otorgados a la corporación municipal de Iquique a fin de que funcione este Sapu, y, además, se informe cómo funciona el consultorio de Alto Hospicio, donde se está tratando a la gente en condiciones infrahumanas y poniendo en riesgo la vida de muchas personas, porque a veces llegan para ser atendidas en forma urgente y no pueden ser trasladadas rápidamente a Iquique, porque hay 16 kilómetros de distancia.
Eso no puede ser. La gente de Alto Hospicio merece un trato digno y creo que nosotros, como parlamentarios fiscalizadores, debemos velar por que así sea.
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría, con la adhesión de los parlamentarios que así lo soliciten.
Señor Presidente, tenga cuidado, pues los timadores andan cerca.
Quiero referirme a estos caballeros tan organizados que venden tiempo propio, que venden ilusiones, no a la clase pobre, sino a la clase media de nuestro país. Se están vendiendo ilusiones y por eso, señor Presidente , le digo que tenga cuidado, porque ayer más de algún parlamentario, para callado -porque les da vergüenza decir que les venden estas cosas por tres, cuatro y cinco millones de pesos en algunos cócteles donde sortean días gratis en el sur, en el norte, en el extranjero-, me decía que ya había “picado”.
La gente que nos ve y nos escucha no tiene que tener vergüenza. Es el minuto de hablar. En los tres o cuatro días en que hemos hecho esta denuncia, me han llegado cientos de cartas, de e-mail, de Arica, Iquique , Antofagasta, Valparaíso , Algarrobo, Constitución, Linares , Osorno . Andan por todo el país vendiendo ilusiones, vendiendo semanas de vacaciones, y esto no corresponde.
Lo que debemos hacer es apurar la ley de defensa del consumidor, pues los usuarios de este tipo de productos están absolutamente desprotegidos. Tanto es así que esta mañana recibí carta de una de esas empresas, en la cual señala: “Mediante la presente y de acuerdo a lo conversado, le confirmo la solución que ofrecemos a los reclamos de los siguientes clientes: anulación de los contratos que nos vinculan y por los valores pagados ofrecemos a cada uno de los clientes una semana de alojamiento en el gran hotel de Pucón, para cuatro personas, sin pago de mantención”. Después aparecen los nombres de los afectados.
¿Cuál es nuestra misión? Advertir a todos los que nos ven y nos escuchan para que tengan cuidado con estas personas que invitan a cócteles y en tres o cuatro minutos hacen que la gente se comprometa en pagos con la tarjeta de crédito en contratos borrosos que después mandan hechos. Para esto se prestan grandes hoteles y la banca, porque luego se transforma en cuponeras por 48 cuotas de la banca internacional en nuestro país. ¡Cuidado con esto que ya es un hecho masivo!
Por lo tanto, pido que se oficie al ministro de Economía para que tenga a bien apurar el envío al Congreso del proyecto que modifica la ley Nº 19.496, de protección al consumidor.
No era parlamentario cuando se aprobó esa legislación. Fue el primer experimento en Chile, en el año 97, y hoy está desfasada. Hay que proteger a los consumidores, posibilitar que se organicen, que tengan personalidad jurídica y fondos, a fin de evitar que cada una de las trescientas o cuatrocientas personas involucradas en este caso, siga un juicio en forma individual contra estas empresas, sino que puedan actuar en conjunto.
Además, que se oficie al señor Álvaro García , ministro secretario general de la Presidencia , para que ponga urgencia al proyecto, e ingrese a trámite legislativo antes del 21 de mayo, fecha en que el Presidente de la República da cuenta a la nación.
Asimismo, que se oficie al Sernac para que realice dos labores. Primero, que asuma desde Santiago , en forma centralizada, la representación de todas estas personas por la publicidad engañosa de que han sido objeto, de todas las faltas a los contratos y que defienda a los afectados ante los juzgados de policía local en todo Chile. Segundo, que haga una labor de difusión. Alguien tiene que prevenir a la gente, a los incautos que se dejan entusiasmar por estas vacaciones “a todo trapo” que, en la práctica, por la forma de los contratos y lo que aparece en letra chica, nunca se realizan.
Por último, que se oficie al Servicio de Impuestos Internos para que investigue a la empresa Indalmo S. A., que entrega simples recibos, con nombres de fantasía y sin timbre de Impuestos Internos por millonarios contratos suscritos mediante tarjetas de crédito o pagarés. Quiero que se investigue su situación tributaria y si está cumpliendo con el pago del IVA y el resto de los impuestos.
Señor Presidente , por eso le decía que tuviera cuidado. Cuando le hablen de tiempo compartido, diga sí, pero tiempo compartido en las reuniones con estas trescientas personas a través de todo Chile, para ver cómo se defienden. Para eso es el tiempo compartido.
Gracias por permitirme prevenir a la gente.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo soliciten.
Señor Presidente , en el mes de diciembre del año pasado el mercado central de Talca, declarado monumento nacional, sufrió un incendio que destruyó su nave central.
Este grave hecho, muy publicitado en la ciudad de Talca, mereció la visita del Presidente de la República , don Ricardo Lagos , quien, en una gira a la zona en la cual realizó numerosas actividades, visitó el mercado central para ver los estragos producidos por el incendio y lo que había que hacer allí.
Naturalmente, ofreció su apoyo a los trabajos de restauración, porque la nave central del mercado de Talca fue construida a mediados del siglo XIX, de manera que se trata de una joya arquitectónica.
Se han reunido los fondos. El seguro, desde el mes de diciembre a la fecha, ha depositado los recursos que debía disponer para la restauración del inmueble. Tengo la impresión de que el Gobierno también ha hecho lo mismo. El diseño para la reconstrucción de la nave, realizado por el Departamento de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, está terminado.
Sin embargo, no se han iniciado los trabajos de restauración de este monumento nacional. A pesar de estar todo dispuesto, hay una burocracia enorme que entraba su iniciación. El problema radica en que se aproxima el invierno, con los aguaceros, lluvias, temporales de viento, y los comerciantes, alrededor de trescientos o cuatrocientos, no podrán desarrollar su trabajo.
Para resolver el asunto y mientras se inician las obras, la alcaldía ofreció la construcción de módulos para ubicar a los comerciantes, pero nada se ha hecho hasta el momento.
El domingo recién pasado, conversé con los locatarios, quienes están desesperados, pues, a pesar de que las autoridades les dicen que está todo preparado, las platas, los diseños, todo listo, no se inician los trabajos. Tampoco se han construido los módulos y ya empezaron las lluvias. Esto es bastante grave.
Por eso, solicito que se oficie a la ministra de Educación, con el objeto de que pida al Consejo de Monumentos Nacionales que agilice el proceso, que recurra a todos los medios posibles para que antes de que llegue la crudeza del invierno, el mercado esté restaurado y los locatarios puedan continuar desempeñando sus funciones con tranquilidad y normalidad.
Señor Presidente , a comienzo de la semana en curso se materializó el temor que acompañaba a los trabajadores del casino de juegos de Puerto Varas desde el momento en que asumió la administración del establecimiento la actual empresa concesionaria, la sociedad Plaza Casino.
En efecto, en la madrugada del lunes, al final de la jornada nocturna, un significativo grupo de trabajadores del casino recibió la notificación de término de sus respectivos contratos.
Entre los despedidos, hay trece que se desempeñaban en el casino por alrededor de treinta años y otros que habían ingresado junto con la nueva concesionaria.
Quiero alzar mi voz por todos ellos, en especial por los más antiguos, que a lo largo del tiempo se habían constituido en la base humana del establecimiento y que con su trabajo y profesionalismo han contribuido a la existencia, permanencia y consolidación del casino de Puerto Varas.
Lo grave es que, aparte de la pérdida de su fuente laboral, los trabajadores afectados se verán perjudicados por dos situaciones adicionales:
La primera, que no percibirán indemnizaciones por todos sus años de servicio, sino sólo por el último año, toda vez que al asumir la actual administración no se reconocieron los períodos anteriores que los trabajadores han desempeñado en el casino.
La segunda, que tampoco percibirán los beneficios del fondo de solidaridad del casino, dado que la empresa concesionaria ha dispuesto una nueva reglamentación que priva de derechos adquiridos a los trabajadores más antiguos, lo que, incluso, ha motivado un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el que actualmente se encuentra pendiente de fallo en dicho tribunal.
Esto último es particularmente delicado, pues en las bases de la concesión y en el contrato respectivo se estableció expresamente la obligación de la concesionaria de respetar el reglamento del fondo de solidaridad, lo que está siendo desconocido por la empresa, la que, incluso, ha incurrido en infracción de normas esenciales del contrato.
Además de lo señalado, quiero dejar constancia acerca de dos hechos que son muy significativos para mí.
Primero, la ninguna consideración de la empresa concesionaria para con trabajadores que han entregado parte de sus vidas al casino de Puerto Varas y la ninguna disposición empresarial para sacrificar utilidades, con el fin de resguardar fuentes de trabajo, tan necesarias en la actualidad.
Al Gobierno se le exigen ingentes esfuerzos para terminar con la cesantía que afecta a parte de la población, pero hay grupos empresariales que no están dispuestos a ningún tipo de sacrificio que signifique brindar estabilidad laboral. La sociedad Plaza Casino, vinculada también a los casinos de Viña del Mar y de Pucón, es un buen ejemplo de este tipo de actitudes.
Segundo, deseo consignar el hecho de que los trabajadores antiguos despedidos son todos afiliados al sindicato del casino, con lo que se está entregando también una potente señal a los demás trabajadores para que no se incorporen a la organización sindical, ya que esa sola circunstancia constituye un factor que se tiene en cuenta al exonerar al personal.
En atención a lo señalado, solicito el envío de los siguientes oficios:
A la ilustre municipalidad de Puerto Varas, para que vele por los derechos de los trabajadores del casino y exija el pleno y cabal cumplimiento de las obligaciones del contrato de concesión del establecimiento.
A la Contraloría Regional de Los Lagos, para que fiscalice la obligación municipal de hacer cumplir el contrato de concesión, en especial en lo que dice relación con la vigencia, observancia y aplicación del reglamento del fondo de solidaridad de los trabajadores del casino de Puerto Varas.
Al Ministerio del Trabajo para que, a través de la Dirección Regional de Los Lagos, fiscalice a la empresa concesionaria, en especial en lo que dice relación con prácticas antisindicales.
Por último, al sindicato de trabajadores del casino de Puerto Varas, transmitiéndole mi afecto y solidaridad, acompañando copia del texto de mi intervención.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con copia de su intervención y la adhesión de los honorables diputados que así lo soliciten.
Señor Presidente, hace pocas horas se creó el Consejo de Seguridad Ciudadana en la comuna de Chiguayante, -que forma parte del distrito que represento-, integrado por juntas vecinales, clubes deportivos, organismos religiosos, empresarios, Bomberos, Carabineros e Investigaciones.
Veo esto con gran satisfacción, porque están participando la municipalidad y, prácticamente, la mayoría de las fuerzas vivas de la comunidad.
Al respecto, debo recordar que en mi calidad de diputado , he solicitado en numerosas oportunidades el envío de oficios para que se eleve a la actual subcomisaría al rango de comisaría, porque no es posible que sólo 28 carabineros velen por la seguridad de 80 mil habitantes de dicha comuna.
Solicito oficiar al ministro y al subsecretario del Interior, para que en el Presupuesto del año 2002 se contemple a la comuna de Chiguayante en el plan extraordinario de seguridad.
Hace algunos días estuve con el señor Jorge Burgos , subsecretario del Interior , quien puso en ejecución un programa especial en la comuna de San Pedro de la Paz, con aportes del Estado que aprobamos en el Presupuesto de la Nación.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, con la adhesión de los diputados que así lo soliciten.
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el diputado señor Osvaldo Palma.
Señor Presidente , los agricultores arroceros de la Séptima Región están viviendo una difícil situación como consecuencia de los precios del arroz, que esta temporada son más bajos que el año pasado, los que, a su vez, ya fueron menores que el anterior.
Esto sería considerado como normal en otras circunstancias, pero no cuando suben los precios de las semillas, los insumos, los combustibles -el petróleo, entre ellos- y la mano de obra.
El precio del cereal se fijó sobre la base del arroz vietnamita, de muy inferior calidad al nacional. Prueba de ello es el valor que se le fija en Argentina al arroz chileno del mismo tipo, que alcanza a 8.500 pesos, mil pesos más que el fijado en esta temporada, que oscila entre 6.800 pesos y 7.100 pesos, con lo cual no se cubren ni siquiera los costos de la siembra.
El precio fue fijado por tres compañías molineras que comercializan casi la totalidad del arroz en Chile, en especial una, que comercializa el 55 por ciento del producto.
El mercado chileno es cubierto en un 70 por ciento por productores nacionales, que han alcanzado muy buenos rendimientos, pero aun así, con los precios fijados, tendrán pérdidas aproximadas a 150 mil pesos por hectárea. La producción estimada alcanzará a 1.400 quintales. Estos agricultores, la gran mayoría pequeños, ascienden a más de 2.500, y un gran porcentaje de ellos ha contraído deudas que deberán pagar con la cosecha.
Este arbitrario precio constituye una práctica monopólica, por lo que presentarán una acusación ante la Comisión de Distorsiones, para lo cual solicitan que el Estado se haga parte.
También piden que Cotrisa abra un poder comprador y fije un precio mínimo que considere los valores reales de este producto en Chile y en el extranjero.
La grave situación que viven los agricultores de la Región del Maule amerita también la intervención del Gobierno.
Los precios de los diversos productos agrícolas han caído considerablemente como consecuencia de la entrada al país de numerosos productos a bajo precio, debido a los cuantiosos subsidios que aportan los gobiernos extranjeros a sus agricultores, lo que constituye una competencia desleal.
Tratados y convenios comerciales, como el Mercosur, por ejemplo, han perjudicado en forma reiterada a la agricultura chilena al transgredir normas y entrar con mezclas que se subvaloran y que, mañosamente manejadas, logran menores aranceles e impuestos de internación.
Un buen ejemplo de esto es el caso del aceite. Gracias a un tratado comercial con Bolivia se terminó con el cultivo de maravilla en la zona de Linares, que ascendía a 15.000 hectáreas hace pocos años y que hoy alcanza a cero. Además, es muy probable que la próxima temporada se acabe el cultivo de raps en el sur.
Por lo anterior, solicito oficiar al Presidente de la República y al ministro de Agricultura , con el objeto de que intervengan para proteger la agricultura chilena de los monopolios nacionales, de los subsidios extranjeros y de la competencia desleal que está destruyéndola, lo que, a su vez, está liquidando al transporte, al comercio, a la pequeña empresa, al empleo y la vida en nuestras regiones, provincias y comunas, las más empobrecidas y con las tasas más altas de cesantía del país, debido a que dependen casi exclusivamente de la agricultura.
Se enviarán los oficios solicita
dos por su Señoría, con la adhesión de los señores diputados que así lo soliciten.
Señor Presidente , quiero referirme a lo que está sucediendo en el Instituto de Desarrollo Agropecuario, Indap, donde entiendo -está en conocimiento de todos- que se comienza a generar su reestructuración, a raíz de la renuncia solicitada a su director, el señor Maximiliano Cox .
Al respecto, aclaro que no conozco personalmente al señor Cox y que no tengo nada en contra de él. Pero me parece atinada la medida del Gobierno de pedirle su renuncia, toda vez que hemos venido observando una sumatoria de medidas muy irregulares en la operación de esta institución tan indispensable para nuestra agricultura, en particular para nuestro campesinado, lo que amerita su total reestructuración.
El señor Cox ha manifestado en sus declaraciones que se sintió presionado por parlamentarios. Quiero decir a la comunidad que los parlamentarios no presionamos, pues, por mandato de la ley, nuestras dos funciones principales son legislar y fiscalizar, la segunda de las cuales debemos ejercer en conciencia. De modo que ello no obedece a una persecución a su persona ni a la institución.
El hecho proviene de las enormes irregularidades detectadas. Una de ellas es la existencia de una suerte de empresa financiera o comercializadora, de nombre Decam, de la cual el señor Cox fue fundador en alguna oportunidad. Al parecer, dicha empresa, que recibió créditos del propio Indap hasta por 1.000 millones de pesos, está cayendo en falencia, pues es incapaz de servir los créditos.
Esa situación irregular se ha repetido en muchas zonas. Hace un tiempo denuncié la ocurrida con Fedecoar Limitada, que también trató de desaparecer del mapa, sus representantes no son habidos, deben una enorme cantidad de dinero al Instituto, de lo que están responsabilizando a comunidades campesinas de mi zona, en particular a la comunidad de Agrocamver, de pequeños agricultores, la mayoría de ellos de origen mapuche. Es curioso que el Instituto haya caído en el último período en esa suerte de irregularidades.
En ese sentido, pido oficiar al ministro de Agricultura , señor Jaime Campos , a fin de que la solicitud de renuncia del mencionado personero sea parte de una profunda investigación de la gestión del Instituto a través de todo el país y el inicio de una reestructuración para que vuelva a cumplir los fines para los cuales fue creado, pues se trata de un organismo muy necesario.
Queda la sensación de que en el último tiempo el Instituto ha servido para pagar favores políticos, para accionar otras entidades colaterales, sin funciones debidamente fiscalizadas, lo que ha redundado en un mayor endeudamiento, sin beneficio alguno para el campesinado y los agricultores. En todo caso, debemos promover la defensa de este servicio.
Señor Presidente , se ha hecho habitual en esta parte de la sesión destinar algunos minutos -que sumados alcanzan ya a varias horas-, para denunciar desde esta tribuna irregularidades que ocurren con bastante frecuencia y que afectan directamente a la gente más modesta.
El caso que traigo en esta oportunidad dice relación con los hechos ocurridos en el Comité de Vivienda Santa Teresa, organización comunitaria de carácter funcional, constituida conforme a la Ley 19.418 y modificaciones de la Ley 19.483, cuyo objetivo era organizar a los pobladores allegados y sin casa de la comuna de Chillán, con el objeto de elaborar y ejecutar proyectos de viviendas para quienes lo integran. Este Comité, según los antecedentes que obran en mi poder, se constituyó legalmente el 20 de julio de 1998, oportunidad en la cual se formó una directiva provisoria, presidida por la señora Luz María Carrasco Ceballos e integrada por doña Gloria Cortés Mendoza , como secretaria y Paola Elizabeth Quiroz Carrasco , tesorera, entre otros.
Posteriormente, y con el fin de ir incorporando recursos a la naciente organización, el Comité acordó cobrar a cada integrante una cuota social de quinientos pesos mensuales desde marzo a diciembre de 1998; novecientos pesos desde enero a julio de 1999, y quinientos desde julio de 1999 a agosto de 2000, los que eran recibidos directamente por la presidenta del Comité o por la tesorera, con el compromiso, según lo establecido en los propios estatutos, de ser depositados en una cuenta de ahorro del Banco de Estado, cuyo destino era, específicamente, para solventar gastos de secretaría y funcionamiento en general, y que en ese lapso llegaban a la suma de 19 millones aproximadamente.
Por su parte, y como es lógico, los esfuerzos posteriores estuvieron orientados a la adquisición de un terreno o predio urbano, requisito indispensable para comenzar a concretar los anhelos de la casa propia, acordándose para ello, en asamblea, que cada socio cancelara $ 75.000, (setenta y cinco mil pesos) los cuales debían ser depositados directamente en la cuenta de ahorro a plazo Nº 52.163.936.941, y/o en cuenta de ahorro a la vista Nº 52.163.936.950, ambas del Banco del Estado, sucursal Chillán .
El movimiento de dichas cuentas, según auditoría realizada por el profesional señor Mario Espinoza Riveros, es el siguiente:
En la cuenta de ahorro a plazo, el total de depósitos registrados alcanza a los $25.512.801 y los giros del período, al 29 de septiembre de 2000, llegan a $ 24.480.000.- Respecto de la cuenta de ahorro a la vista, el total de depósitos registrados alcanza a $ 39.670.175 y los giros a $ 36.980.000. Concluye el estudio que el total de dineros girados y de los cuales existen las boletas, suman $62.460.000.
Lo curioso de todo esto es que no existe justificación alguna que demuestre la utilización de esos dineros, sea a través de inversión o de algún negocio que reporte beneficio para el Comité. Es más, ni siquiera disponen del terreno, propósito inicial y para el cual fueron recolectados $75.000 por cada uno de los socios. Es decir, se giraron casi sesenta y dos millones y medio de pesos, cuyo destino es hasta la fecha desconocido; sólo consta que los retiraron, en distintos meses, las señoras Luz María Carrasco Ceballos , presidenta y Paola Quiroz Carrasco , tesorera.
Todavía más, existe una importante cantidad de socios que no pagaron la cuota de $75.000.- directamente al Banco, sino que la entregaron a la presidenta, con el objeto de que ésta los ingresara a la cuenta. Lo extraño es que ésta -la presidenta-, que por este concepto recibió 3 millones de pesos, entregaba a los socios un comprobante de depósito con el timbre y sello del Banco del Estado, institución bancaria, que una vez conocidos los hechos, manifestó que dichos documentos no fueron emitidos por ella.
Estamos entonces, señor Presidente , en presencia de un caso grave, de una estafa, donde los montos totales, sumados los 62 millones, más los 19 millones y más lo que se recaudó con timbres y sellos que el Banco desconoce, alcanzan los noventa y tres millones de pesos, cuyas responsables, si bien están detenidas, no mitigan en nada el dolor y la indignación de más de 1.000 personas modestas, que haciendo un sacrificio enorme depositaron sus sueños y esperanzas de una vida mejor en personas cuyo único objetivo era apropiarse de esos dineros.
Para más de alguien pudiera parecer insignificante una cifra individual de 150 mil pesos. ¡Pero, cuidado!, ese valor representa horas, días, semanas, meses, durante los cuales hubo que ganarle al frío y la lluvia; pero también refleja privación de cosas importantes y necesarias. Pero todo ello no importaba: la casa propia, el tener un lugar donde cimentar los proyectos de vida común, resultaba prioritario; de allí que cualquier esfuerzo valía la pena.
Señor Presidente , muchas cosas de esta situación llaman la atención: ¿Cómo pudo producirse esta grave irregularidad en un comité habitacional que nació y operó bajo la tutela de la Municipalidad, específicamente de la Dirección de Desarrollo Comunitario, organismo encargado de fijar las pautas y supervisar a organizaciones como éstas?, ¿con qué antecedentes y atribuciones la Municipalidad de Chillán -según información aparecida en el diario “La Discusión”, de fecha 23 de febrero de 2001-, solicitó bloquear una de las cuentas de ahorro del Comité Santa Teresa? Si lo realizó en aquella oportunidad, cuando ya se había girado una suculenta cantidad de dinero, ¿por qué no lo hizo antes?, ¿por qué el Banco del Estado entregó esa millonaria suma de dinero en circunstancias que eran de ahorro para la vivienda y sin poner mayores dificultades?
En fin, señor Presidente , es un conjunto de interrogantes que surgen del análisis y la conversación con los vecinos afectados. El camino judicial está en desarrollo; esperamos que se establezcan las responsabilidades; se conozca el destino del dinero, y se aplique el máximo rigor de la ley a los autores materiales e intelectuales de este acto delictual.
No obstante ello, ante la gravedad de los hechos, solicito se oficie a la Contraloría General de la República a objeto que determine si la Municipalidad de Chillán cumplió el rol que le corresponde en todo este proceso. Igualmente al presidente del Banco del Estado , para que informe a esta Corporación de las medidas tomadas para aclarar la existencia de diferentes timbres y la eventual malversación de fondos.
Señor Presidente , hay que esclarecer esta situación. Insisto que se trata de gente modesta, de escasos recursos. De allí que toda acción posible se hace necesario realizarla. Pero más aún, mostrando la naturaleza de los hechos y temiendo que los recursos no aparezcan en parte alguna -ojalá esté equivocado- quiero apelar a la sensibilidad social del Gobierno de Chile, a su Presidente , don Ricardo Lagos Escobar y, en particular, al Ministro de Vivienda y Urbanismo, don Jaime Ravinet , para que estudien la factibilidad de destinar recursos extraordinarios para adquirir vía Serviu un terreno o incluir a los afectados directamente en el programa Chile Barrio, o en cualquier otro programa que conduzca a la casa propia, porque de verdad produce impotencia y rabia ver como se juega con las esperanzas de familias que, de buena fe, sumaron sus fuerzas en aras de un mejor futuro para ellos y sus hijos.
Pido, además, que se envíe copia de mi intervención al Presidente de la República , al ministro de Vivienda y Urbanismo , al contralor general de la República y en particular al Presidente del Banco del Estado de Chile , a fin de que adopte las medidas que corresponda e informe a la Cámara acerca de esta grave situación.
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría, a los cuales se adjuntará copia de su intervención.
En uso de las facultades que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo los que correspondiere cumplir en el honorable Senado-, respecto del proyecto de ley que autoriza a la Universidad de Chile la contratación de empréstitos para financiar la construcción de un parque científico-tecnológico y faculta al Presidente de la República para otorgar garantía del Estado. (boletín Nº 2454-19).
Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “simple” la referida urgencia.
(Fdo.): RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República ; ÁLVARO GARCÍA HURTADO , Ministro Secretario General de la Presidencia ”.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa honorable Cámara a las modificaciones propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que prorroga la vigencia de la ley Nº 19.583, que regulariza la construcción de bienes raíces urbanos sin recepción definitiva (boletín Nº 2676-14), y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de Vivienda y Urbanismo concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3268, de 5 de abril de 2001.
(Fdo.). ANDRÉS ZALDÍVAR LARRAÍN , Presidente del Senado ; CARLOS HOFFMANN CONTRERAS , Secretario del Senado ”.
Tengo a honra comunicar a vuestra Excelencia que el Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento de la aprobación de esa honorable Cámara a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un seguro de desempleo (boletín Nº 2494-13), con excepción de la que indica, que ha rechazado, y del nombre de los señores diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los honorables senadores miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a vuestra Excelencia en respuesta a su oficio Nº 3260, de 4 de abril de 2001.
4.	Informe de la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recaído en la moción que modifica el reglamento de la Cámara de Diputados con el objeto de crear la Comisión Permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. (boletín Nº 2548-16)
La Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento pasa a informar el proyecto de acuerdo, iniciado en una moción de los honorables diputados señores Pedro Muñoz Aburto , Claudio Alvarado Andrade , Rodrigo Álvarez Zenteno , Francisco Encina Moriamez , Enrique Jaramillo Becker y Alejandro Navarro Brain , cuyo propósito es modificar el Reglamento de la Cámara de Diputados con el propósito de establecer la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.
Expresan los autores que la experiencia de diversas naciones del orbe muestra que el fomento de la actividad pesquera, unido a un acertado manejo de los recursos hidrobiológicos disponibles, constituye una importante y dinámica herramienta al servicio del progreso de los países.
Sostienen que la pesca es una de las principales actividades económicas del país, que genera importantes inversiones y que constituye un área fundamental para la economía nacional, lo que la hace ser una importante fuente de empleos para muchos chilenos, sea directamente o a través de servicios anexos a ella, como son el almacenaje, el transporte, la distribución y la exportación de sus productos.
Añaden que las dificultades por las que atraviesa la pesca en las diversas regiones del país, principalmente por la escasez de algunos recursos, ha puesto de manifiesto la incidencia e importancia del sector en las economías locales, requiriendo una especial preocupación de los órganos públicos.
Señalan que una adecuada valoración de la trascendencia del sector implica destinar a ésta los recursos económicos y humanos necesarios para una óptima comprensión de sus problemas, esfuerzo del que la honorable Cámara de Diputados no puede estar al margen.
Concluyen que pese a existir aspectos comunes que unirían al sector pesquero con la actividad agrícola y la silvicultura, resulta cuestionable la existencia en esta rama del Congreso Nacional de una comisión permanente con competencia para conocer ambas materias, pues la creciente complejidad y especialidad de las temáticas y problemas que les afectan aconseja que ellas, en beneficio de ambas, sean consideradas por órganos legislativos distintos.
Resaltan que cada día resulta más evidente la importancia que ha adquirido el trabajo de Comisiones, entidades que deben recabar un sinnúmero de antecedentes para formarse una convicción lo más exacta posible de la realidad, asegurando así la eficacia del acto legislativo.
Por una parte, los autores de la iniciativa agregan a la Comisión de Agricultura y Silvicultura una mención especial referida al Desarrollo Rural , atendida sus especiales características y la necesidad de enfrentar problemas que muchas veces escapan a la mera actividad productiva.
II. IDEA MATRIZ DE LA INICIATIVA.
La idea matriz o fundamental de la moción consiste en crear una nueva comisión de carácter permanente de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con competencia para conocer en forma especializada todos los asuntos relativos a esta importante actividad económica, dadas las particularidades que presenta. Igualmente, se propone ampliar la competencia de la actual Comisión de Agricultura y Silvicultura, adicionándole el Desarrollo Rural, comprendiendo en esta nomenclatura todo lo relacionado con el sector agrícola que, no siendo parte directa de la actividad productiva, tiene gran incidencia en la misma, en su desarrollo o en la calidad y forma de vida de las personas que participan de ella.
III. DISPOSICIONES QUE EL PROYECTO MODIFICA O DEROGA.
El proyecto de acuerdo en informe consta de un artículo único que sustituye el número 8º del artículo 213 del Reglamento de la Corporación y agrega a dicho precepto un numeral 19, nuevo, que incorpora la Comisión de “De Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos”.
Como se recordará, el citado artículo se contiene en el Párrafo 1º del Título II del Libro II, relativo a las Comisiones de la Cámara y regula el número y composición de las comisiones permanentes.
IV. DISCUSIÓN GENERAL Y PARTICULAR DE LA INICIATIVA.
El debate en la Comisión se centró, principalmente, en la conveniencia de establecer un nuevo órgano interno que se aboque en forma especial a conocer todas las materias relativas a esta importante área productiva.
Se resaltó la importancia para nuestra economía del sector marítimo y de la pesca en particular, así como los diversos problemas y desafíos que ésta tiene en la actualidad.
Se recordó que nuestra Corporación no puede estar ajena a la preocupación que el Estado tiene sobre esta materia, sobre todo si un órgano de similar competencia se encuentra, desde hace algunos años, constituido en el honorable Senado.
Puesta en votación general y particular la iniciativa fue aprobada en forma unánime.
En consecuencia, en mérito de las consideraciones expuestas y de los demás antecedentes que os dará a conocer el señor diputado informante , vuestra Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, recomienda aprobar el siguiente:
?Proyecto de Acuerdo:
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 213 del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados:
a)	Reemplázase el numeral 8º por el siguiente:
“8º De Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural.”.
b)	Incorpórase el siguiente numeral 18, nuevo, pasando el actual 18 a ser 19:
“18 De Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos”.
Se designó diputado informante al señor Rodrigo Álvarez Zenteno .
Sala de la Comisión, a 20 de marzo de 2001.
Acordado en sesión celebrada el 20 de marzo de 2001, con la asistencia de los señores Víctor Jeame Barrueto ( Presidente ), Roberto León (Primer Vicepresidente ), Waldo Mora (Segundo Vicepresidente ), Gustavo Alessandri , Rodrigo Álvarez , Mario Bertolino , Juan Bustos , Homero Gutiérrez , Miguel Hernández , Aníbal Pérez , Carlos Recondo , Jaime Rocha , Edmundo Salas , Antonella Sciaraffia , Salvador Urrutia y Alfonso Vargas .
(Fdo.): CARLOS LOYOLA OPAZO, Secretario de la Cámara de Diputados”.
Moción de los diputados señores Núñez , Acuña y Ortiz.
Interpreta la ley Nº 15.716 que declaró feriado legal en la ciudad de Rancagua. (boletín Nº 2691-06)
“El 2 de octubre de cada año se conmemora en la ciudad de Rancagua, con un profundo sentido patriótico, la heroica defensa que 1.900 hombres comandados por el entonces brigadier don Bernardo O’Higgins , hicieron encerrados en su histórica plaza ante las fuerzas realistas, los días 1 y 2 de octubre de 1814. La determinación de los patriotas fue simbolizada con el izamiento de un crespón negro en la torre de la Iglesia de la Merced.
El año 1964 se cumplieron 150 años de la batalla de Rancagua, que significó una etapa muy importante en nuestra historia patria y la municipalidad de Rancagua, encabezada en ese entonces por el alcalde don Nicolás Díaz Sánchez , organizó un conjunto de actividades para celebrar este acontecimiento. Entre las múltiples actividades realizadas se contó con la visita del ex Presidente de Francia , don Charles de Gaulle, el mismo día 2 de octubre de 1964.
El ex senador por las provincias de O’Higgins y Colchagua , hoy VI Región del Libertador Bernardo O’Higgins, don Armando Jaramillo Lyon , presentó un proyecto de ley el día 5 de agosto de 1964, para establecer el día 2 de octubre como feriado legal en la ciudad de Rancagua. El Congreso Nacional aprobó rápidamente esta moción y el 1 de octubre de 1964, en el Diario Oficial 25.593 se publicó la ley Nº 15.716, que señalaba textualmente lo siguiente: “Artículo 1: Declárase feriado legal el día 2 de octubre, en la ciudad de Rancagua”.
Rancagua y su gente conmemora todos los años esta fecha histórica y sus actividades se detienen para celebrar con diversos actos que culminan con el desfile cívico-militar en el estadio El Teniente. Las escuelas matrices de nuestras fuerzas armadas y de Carabineros, los profesores y alumnos de los colegios rancagüinos, las organizaciones de bien común y nuestros hombres de campo, desfilan orgullos ante su Excelencia el Presidente de la República y autoridades que presiden todos los años esta ceremonia.
En la realidad y en la tradición rancagüina el 2 de octubre es una fiesta local; sin embargo, por razones que desconocemos la ley Nº 15.716 que declara feriado legal este día en la ciudad de Rancagua, no se cumple, a pesar de que no ha sido expresamente derogada. Con el objeto de reparar esta situación y en mérito de los antecedentes antes expresados someto a la aprobación y despacho del Congreso Nacional, el siguiente:
Artículo único: Interpreta que el día 2 de octubre de cada año será feriado legal en la comuna de Rancagua”.
6.	Oficio de la Corte Suprema.
“Oficio Nº 000331
Ant.: AD-16.957
Santiago , 4 de abril de 2001.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74 de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 16 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, se ha remitido a esta Corte Suprema copia del proyecto de ley -iniciado en moción- que modifica el artículo 5º de la ley Nº 18.290, de Tránsito, con el fin de permitir el reconocimiento de las licencias de conducir expedidas en el extranjero.
Impuesto el Tribunal Pleno de esta Corte el día 30 de marzo último, presidido por el infrascrito y con la asistencia de los ministros señores Jordán , Faúndez , Garrido , Libedinsky , Ortiz , Benquis , Gálvez , Chaigneau, Rodríguez , Pérez , Álvarez Hernández , Marín , Espejo y Kokisch , acordó informar al señor Presidente de la Cámara de Diputados, que el proyecto de ley que modifica el artículo 5º de la ley Nº 18.290, ley de Tránsito, no afecta absolutamente en nada a la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.
(Fdo.): HERNÁN ÁLVAREZ GARCÍA , Presidente ; MARCELA PAZ URRUTIA CORNEJO , Secretaria subrogante.

References: artículo 68
 artículo 68
 artículo 5
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 2
 artículo 28
 artículo 2
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 88
 artículo 5
 artículo 88
 artículo 29
 artículo 71
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 213
 artículo 213
 artículo 74
 artículo 16
 artículo 5
 artículo 5