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Timestamp: 2019-09-19 14:30:58+00:00

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REAL DECRETO 2190/1995, de 28 de Diciembre, sobre Medidas de Financiacion de actuaciones protegibles en materia de Vivienda y suelo para el Periodo 1996-1999. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 15384399
REAL DECRETO 2190/1995, de 28 de Diciembre, sobre Medidas de Financiacion de actuaciones protegibles en materia de Vivienda y suelo para el Periodo 1996-1999.
Marginal: BOE-A-1995-27970
SECCIÓN 1ª.. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN OFICIAL - arts. 11 a 16
SECCIÓN 2ª. RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN OFICIAL - arts. 17 a 21
SECCIÓN 3ª. VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA - art. 22
SECCIÓN 2ª. ACTUACIONES EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN - arts. 32 a 34
SECCIÓN 3ª. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS - arts. 35 a 42
SECCIÓN 4ª. AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS - arts. 43 a 48
SECCIÓN 5ª. REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE UNA SOLA VIVIENDA - art. 49
SECCIÓN 6ª. ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO - art. 50
CAPITULO V. - arts. 51 a 57
CAPITULO VI. - arts. 58 a 61
Norma citada en: 311 sentencias, 39 artículos doctrinales, 74 disposiciones normativas, 31 resoluciones administrativas
La evolución del mercado inmobiliario experimentó importantes tensiones entre la oferta y la demanda de viviendas, debido especialmente a los fuertes incrementos de precios de venta registrados en la segunda mitad de la década de los ochenta. Ello dio origen al programa de actuaciones en materia de vivienda aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 1991. Merece destacar entre dichas actuaciones las medidas de fomento del mercado hipotecario a través de un nuevo sistema de titulación hipotecaria, así como las relativas al mercado de alquileres, fomentando la oferta a través de los nuevos Fondos de Inversión Inmobiliaria. Por otra parte, la Ley 18/1991, de 6 de junio, sobre el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas creó una nueva figura de apoyo fiscal a quienes viven en alquiler.
Artículo 1 Ambito de las actuaciones protegibles.
Las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a la financiación directa o convenida por la Administración General del Estado de las siguientes actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo:
La promoción, adquisición y cesión en arrendamiento de las viviendas de protección oficial de nueva construcción.
La adquisición, a precio tasado, de otras viviendas.
La rehabilitación de viviendas, de edificios y de áreas urbanas en proceso de degradación, así como la adecuación del equipamiento comunitario primario.
La promoción de viviendas calificadas como de promoción pública, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
La urbanización de suelo para su inmediata edificación y la adquisición onerosa de aquél para su inmediata urbanización, o para formación de patrimonios públicos de suelo, en todos los casos con destino preferente a la promoción de viviendas de protección oficial.
La promoción, gestión, cesión y rehabilitación por el Estado de viviendas de protección oficial de interés general, que se regirán por sus normas específicas.
Las actuaciones de las Comunidades Autónomas y otros entes territoriales en materia de promoción y rehabilitación, con cargo a sus recursos, salvo el supuesto previsto en el apartado 1.d) anterior, sin perjuicio de la posible financiación cualificada vía ayudas estatales a suelo, que se regularán por la correspondiente normativa autonómica y subsidiariamente por el Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 31/1978, de 31 de octubre, sobre política de vivienda y normas complementarias.
La financiación cualificada regulada por el presente Real Decreto, podrá extenderse a los supuestos de autoconstrucción y de rehabilitación en áreas rurales, previstos en la normativa propia de las Comunidades Autónomas, de conformidad con los convenios entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y aquéllas.
Podrán acogerse a la financiación cualificada correspondiente a la vivienda de protección oficial, en la medida en que ello se acuerde en el convenio con cada Comunidad Autónoma, aquellas viviendas calificadas como viviendas protegibles en virtud de la normativa propia de la Comunidad Autónoma, y destinadas a arrendamiento u otras formas de explotación justificadas por razones sociales, con formas tipológicas diferentes de las establecidas en el Real Decreto-ley 31/1978 y normativa posterior, que constituyan fórmulas intermedias entre la vivienda individual y la residencia colectiva. En todo caso, deberán tener características adecuadas a ocupantes con circunstancias específicas definidas, tales como jóvenes, tercera edad u otros y siempre que tales actuaciones sean acordes con la integración social de dichos colectivos.
Podrán asimismo acogerse a la financiación cualificada correspondiente a la vivienda de protección oficial, en la medida y condiciones en que ello se acuerde en el convenio con cada Comunidad Autónoma, aquellas viviendas que constituyan experiencias piloto en orden a la racionalización de la construcción, mediante la aplicación de nuevas técnicas de constructivas, así como un menor uso de materiales contaminantes, un mayor ahorro energético y de consumo de agua, incluyendo el diseño de viviendas adecuadas a las condiciones bioclimáticas de la zona en la que se ubiquen.
Las disposiciones del presente Real Decreto serán de aplicación, sin perjuicio de lo establecido en las disposiciones transitorias, a las actuaciones relacionadas en los apartados 1, y 3 a 5 de este artículo que, entre el 1 de enero de 1996 y el 31 de diciembre del año 1999, hayan obtenido:
Calificación provisional de viviendas de protección oficial.
Visado de la Comunidad Autónoma sobre el contrato de adquisición u opción de compra de las viviendas a que se refiere el apartado 1.b) anterior.
Declaración previa de Área de rehabilitación, en la que se incluyan.
Calificación de protegibles, en caso de otras actuaciones de rehabilitación, de suelo o de aquéllas a las que se refieren los apartados 1.d), y 3 a 5 de este artículo.
Artículo 2 Regímenes de protección oficial.
Especial, cuando se trate de actuaciones llevadas a cabo para destinatarios con ingresos familiares ponderados que no excedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional.
General, cuando se trate de actuaciones para destinatarios con ingresos familiares ponderados hasta 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.
Artículo 3 Formas de financiación cualificada.
La financiación cualificada de las actuaciones protegibles en materia de vivienda y suelo a que se refiere el presente Real Decreto, se atendrá en cuanto a volumen y asignación de los recursos a los límites y condiciones establecidos en su capítulo VI y adoptará las siguientes modalidades:
Préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito públicas y privadas en el ámbito de los convenios suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Subsidiación de los préstamos cualificados por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Subvenciones, personales u objetivas, satisfechas total o parcialmente por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y, en su caso, por las Comunidades Autónomas, en el ámbito de los convenios con aquél.
Ayudas específicas para quienes accedan por primera vez a una vivienda en propiedad y tengan una cuenta-vivienda, de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto.
Cualquier otra que pueda establecer el Gobierno durante el período 1996-1999 para atender, de forma diferenciada, necesidades específicas en materia de vivienda o suelo.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente satisfará, con cargo a sus presupuestos, las subvenciones y subsidios determinados en este Real Decreto en aquellos casos en los que las Comunidades Autónomas hayan reconocido el derecho a dichas ayudas en virtud de su propia normativa y en el marco del correspondiente convenio con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Artículo 4 Concepto y duración de la subsidiación de los préstamos cualificados.
La subsidiación consistirá en el abono a la entidad de crédito prestamista, con cargo a los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de la diferencia existente entre las anualidades o pagos con otra periodicidad, de amortización de capital e intereses (o sólo de intereses, en el período de carencia, cuando proceda) del préstamo cualificado, al tipo de interés efectivo fijado por el Consejo de Ministros para los convenios a los que se refiere el artículo 59, y las que corresponderían al tipo de interés subsidiado en cada caso aplicable, que se entenderá siempre como tipo efectivo. Dicho tipo de interés subsidiado únicamente tendrá efectos a título de referencia para el cálculo de la subsidiación, rigiéndose la vida del préstamo por el tipo de interés de convenio antes citado.
La subsidiación de préstamos que determina el número anterior se concederá por un período de cinco años salvo en los casos en los que el presente Real Decreto disponga expresamente otra cosa.
Con independencia de los establecido en el apartado anterior, en ningún caso se aplicarán los tipos subsidiados del régimen especial de protección cuando la actuación financiada no hubiera sido promovida en dicho régimen.
La no ampliación de la subsidiación al período siguiente determinará la interrupción de aquélla para todo el resto de la vigencia del préstamo.
Artículo 5 Financiación para vivienda en arrendamiento.
Artículo 6 Financiación para primer acceso a la vivienda en propiedad.
Artículo 7 Financiación de garajes y otros anejos.
Unicamente podrá obtenerse financiación cualificada para la promoción y adquisición de una plaza de garaje cuando conste en el proyecto y registralmente vinculada a la vivienda.
Podrá obtenerse financiación cualificada para la promoción y rehabilitación de dependencias comunes a las viviendas, talleres para artesanos y anejos para labradores, ganaderos y pescadores, siempre que estén vinculados en proyecto y registralmente a las viviendas de los edificios en los que estén situados.
No serán objeto de financiación cualificada la promoción, adquisición o rehabilitación de trasteros, ni de locales comerciales, sin perjuicio de la posibilidad de obtención de préstamo cualificado cuando se trate de la rehabilitación de elementos comunes de edificios y los locales comerciales participen en los costes de ejecución.
Artículo 8 Condiciones para acceder a la financiación cualificada.
Para acceder a la financiación cualificada será preciso cumplir, en cualquier caso, las siguientes condiciones:
Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas, en el caso de personas físicas, no sean titulares del dominio o de un derecho real de uso o disfrute sobre alguna otra vivienda de protección oficial ni, en cualquier caso, sobre una vivienda libre en la misma localidad en la que se sitúa la vivienda objeto de la actuación protegible, cuando el valor de mercado de dicha vivienda libre exceda del 20 por 100 del precio de aquélla.
Que los adquirentes, adjudicatarios, promotores para uso propio o arrendatarios de las viviendas, tengan ingresos ponderados que no excedan de 5,5 veces el salario mínimo interprofesional, salvo que la Comunidad Autónoma establezca un límite inferior a este último, en virtud de su propia normativa. Todo ello, con independencia de lo dispuesto para los emigrantes en países extranjeros por motivos de trabajo y en este Real Decreto, para las actuaciones de rehabilitación sobre el parque residencial existente.
Que las viviendas promovidas para uso propio y las adquiridas o rehabilitadas se destinen a residencia habitual y permanente, y que sean ocupadas dentro de los plazos establecidos en la legislación vigente, y en todo caso, en los tres meses siguientes a su entrega, salvo prórroga justificada por razones de tipo laboral o familiar, que deberá ser autorizada por la Administración competente.
Que las viviendas no superen la superficie útil máxima que según los casos se establecen en este Real Decreto.
El incumplimiento de las citadas condiciones y de cualesquiera otros requisitos exigidos en el presente Real Decreto para cada una de las actuaciones protegibles objeto de financiación cualificada, sin perjuicio de las sanciones que puedan corresponder, respecto de las viviendas de protección oficial conforme a la legislación vigente, determinará, en todo caso, la interrupción de la subsidiación otorgada, así como el reintegro de las cantidades hechas efectivas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente en concepto de ayudas económicas directas, incrementadas con los intereses legales desde su percepción.
Artículo 9 Promotores y adjudicatarios.
Podrán ser promotores de las actuaciones protegibles las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
Las referencias de este Real Decreto a los promotores para uso propio se aplicarán exclusivamente a las personas físicas individualmente consideradas o agrupadas en cooperativas o comunidades de propietarios.
A efectos del presente Real Decreto, se entenderá por adjudicatarios a los socios de cooperativas o miembros de comunidades de propietarios, a partir del momento en que se les adjudica la propiedad de una vivienda individualizada.
Artículo 10 Ingresos ponderados.
Los ingresos determinantes del derecho al acceso a financiación cualificada vendrán referidos a los «ingresos ponderados», que se determinarán en función de:
La cuantía de la base o bases imponibles, en número de veces el salario mínimo interprofesional, del período impositivo que una vez vencido el plazo de presentación de la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que correspondan a la unidad familiar, o al sujeto pasivo no integrado en ésta, sean inmediatamente anteriores al momento en que se solicite el reconocimiento del derecho a la financiación cualificada por parte de la Comunidad Autónoma.
El número de miembros de la unidad familiar, en su caso, conforme se define en la legislación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
El número de miembros de la unidad familiar, en su caso, que generan los ingresos, aportando al menos, el 20 por 100 de éstos.
El área geográfica homogénea en la que se ubica la actuación protegible.
La edad, cuando se trate de unidades familiares constituidas por dos miembros o sujetos pasivos no integrados en unidades familiares.
La ponderación de los ingresos se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula: IFP = BI x N x A x T x V.
En caso de personas con minusvalías, en las condiciones establecidas en la legislación sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el coeficiente ponderador N aplicable será el del tramo siguiente al que les hubiera correspondido.
CAPITULO II Artículos 11 a 22
SECCIÓN 1ª. RÉGIMEN GENERAL DE PROTECCIÓN OFICIAL Artículos 11 a 16
Artículo 11 Características de los préstamos cualificados.
La cuantía máxima será igual al 80 por 100 del precio máximo de venta fijado en la calificación provisional.
El tipo de interés para los préstamos otorgados por Entidades de crédito públicas y privadas será el fijado por acuerdo del Consejo de Ministros previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, específicamente para los convenios que suscriba el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con dichas Entidades.
El plazo de amortización será de quince años para las viviendas calificadas para venta, adjudicación o uso propio, y diez años en caso de alquiler, más un período máximo de tres años de carencia desde la formalización del préstamo cuando éste se conceda al promotor.
Las anualidades de amortización de capital e intereses pagaderos a la entidad de crédito serán crecientes en un 3 por 100 anual.
Los préstamos serán garantizados con hipoteca o, en su caso, con las garantías que puedan exigir a los prestatarios las entidades de crédito.
Artículo 12 Préstamos a promotores.
Los préstamos cualificados podrán concederse a los promotores de viviendas de protección oficial cuando hayan obtenido la calificación provisional.
Los préstamos al promotor no gozarán de subsidiación alguna, salvo en los casos de promotores de viviendas para uso propio y de viviendas calificadas para alquiler, en los que la subsidiación comprenderá el período de carencia.
El período de carencia que tendrá una duración máxima de tres años, finalizará, dando inicio al período de amortización en los siguientes momentos:
En los supuestos de venta y adjudicación, en la fecha de otorgamiento de la correspondiente escritura pública.
En los supuestos de promoción individual para uso propio o para alquiler, en la fecha de otorgamiento de la calificación definitiva.
Artículo 13 Préstamos a adquirentes o adjudicatarios.
El préstamo cualificado al adquirente o adjudicatario podrá concederse bien por subrogación de éstos en el pago de la carga hipotecaria del préstamo cualificado al promotor o directamente.
En el caso de que exista préstamo al promotor, la adquisición de la vivienda mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pública de compraventa o adjudicación, una vez calificada definitivamente, interrumpe tanto el período de carencia como el devengo de intereses correspondiente a este período y determina el inicio del período de amortización, que tendrá lugar, en todo caso, una vez transcurrido un período de tres años desde la formalización del préstamo.
La concesión de los préstamos cualificados directos al adquirente y al adjudicatario se atendrá a las siguientes condiciones:
Que la vivienda haya obtenido la calificación definitiva de vivienda de protección oficial.
Que se haya celebrado contrato de compraventa o de adjudicación, debidamente visado, entre el adquirente y el promotor de la vivienda.
Que cuando el promotor hubiera recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previamente a la concesión del préstamo al adquirente o adjudicatario.
Que entre la celebración del contrato de compraventa o adjudicación y la solicitud del préstamo cualificado no hayan transcurrido seis meses.
Artículo 14 Subsidiación de préstamos a adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio o para arrendamiento.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente subsidiará los préstamos cualificados concedidos a adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, en función de los niveles de ingresos ponderados de los beneficiarios, en número de veces el salario mínimo interprofesional, aplicando, con la limitación establecida en el párrafo último del artículo 4.1, los siguientes tipos de interés subsidiados:
Durante el período de carencia, el tipo subsidiado para los préstamos cualificados obtenidos por promotores para uso propio, será el siguiente:
7,5 por 100 anual para los agrupados en cooperativas o comunidades de propietarios. Concluido el período de carencia, será aplicable a cada socio o comunero el tipo de interés subsidiado que le corresponda según lo establecido en el apartado anterior de este artículo.
El mismo que les corresponda durante el período de amortización, para los promotores individuales para uso propio.
Dentro del sistema específico de financiación cualificada para el primer acceso a la vivienda en propiedad, el tipo de interés subsidiado para los adquirentes, adjudicatarios y promotores para uso propio que reúnan las condiciones establecidas por el artículo 6, será del 6,5 por 100 anual.
El tipo subsidiado para los préstamos cualificados obtenidos por promotores de actuaciones calificadas para arrendamiento será del 7 por 100 anual, tanto durante el período de carencia como a lo largo de todo el período de amortización del préstamo, siempre que se mantenga el destino de las viviendas. Si el promotor prestatario transfiere la titularidad de sus derechos, el adquirente se subrogará en las obligaciones asumidas por el promotor al amparo de este Real Decreto, y la subsidiación de los préstamos continuará hasta el final de su período de amortización.
Artículo 15 Subvenciones y otras ayudas específicas para el primer acceso en propiedad y para alquiler.
A adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, acogidos al sistema específico de financiación para el primer acceso a la vivienda en propiedad, siempre que hayan obtenido préstamo cualificado, en las siguientes cuantías:
A promotores de viviendas para alquiler:
Artículo 16 Precios máximos y condiciones de los arrendamientos.
Venta o adjudicación.
Precio máximo de venta o adjudicación, o valor de la edificación sumado al del suelo que constará en la escritura de declaración de obra nueva, en promociones de vivienda para uso propio, por metro cuadrado de superficie útil, cuando se trate de primera transmisión:
Con carácter general, 1,2 veces el módulo ponderado vigente aplicable en el momento de la calificación provisional;
1,46 veces dicho módulo en los municipios de Madrid y Barcelona;
1,25 veces el citado módulo en los municipios incluidos en las áreas de influencia de dichos dos municipios, que serán los mismos que se relacionan en las Ordenes de 9 de abril de 1992 y de 19 de abril de 1994. Estas áreas de influencia podrán ser modificadas mediante Orden del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a propuesta de las respectivas Comunidades Autónomas.
Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los referidos en el artículo 7, el precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de los mismos no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que se encuentren vinculados.
En el caso de viviendas de protección oficial promovidas por cooperativas o comunidades de propietarios, el conjunto de los pagos que efectúe el cooperativista o comunero imputables al coste de la vivienda por ser necesarios para llevar a cabo la promoción y la individualización física y jurídica de ésta, incluyendo en su caso los honorarios de la gestión, no podrá ser superior al precio máximo de venta o adjudicación de la vivienda, fijado de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia.
La renta anual máxima inicial será el 7,5 por 100 del precio global máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de celebración del contrato de arrendamiento.
La renta inicial podrá actualizarse anualmente de conformidad con la evolución del índice general de precios al consumo.
El arrendador podrá percibir, además de la renta inicial o revisada que corresponda, el coste real de los servicios de que disfrute el inquilino y se satisfagan por el propietario, así como las demás repercusiones autorizadas por la legislación aplicable.
SECCIÓN 2ª RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN OFICIAL Artículos 17 a 21
Artículo 17 Préstamos al promotor.
Los préstamos cualificados para la promoción y adjudicación de viviendas calificadas provisionalmente de protección oficial en régimen especial tendrán las siguientes características:
El tipo de interés será el mismo que corresponda a las viviendas de protección oficial de régimen general.
El plazo de amortización será de veinticinco años, más un período máximo de tres años de carencia en los préstamos al promotor.
Las anualidades de amortización de capital e intereses, serán crecientes al 1,5 por 100 anual.
Los promotores deberán efectuar la primera disposición del préstamo en un plazo no superior a seis meses desde su formalización, y las siguientes en plazos que no excedan de cuatro meses entre una y otra, salvo que medie justa causa.
Artículo 18 Préstamos a adquirentes, adjudicatarios y promotores de viviendas para uso propio.
Artículo 19 Subsidiación de préstamos a promotores, adquirentes y adjudicatarios.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente subsidiará los préstamos cualificados concedidos a promotores, adquirentes y adjudicatarios en actuaciones de régimen especial de protección oficial.
Excepcionalmente, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, de acuerdo con lo determinado en los convenios celebrados con las Comunidades Autónomas, y a la vista de las circunstancias concurrentes en cada caso, podrá adelantar al promotor, o al titular de las viviendas para arrendamiento con superficie útil no superior a 70 metros cuadrados, el equivalente de la subsidiación, en valor actual y en forma de subvención, por una cuantía del 50 por 100 del coste de la edificación, que se abonará a partir del inicio de las obras y en función de su ritmo de ejecución.
Artículo 20 Subvenciones.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente satisfará con cargo a sus presupuestos las siguientes subvenciones:
A adquirentes, adjudicatarios y promotores individuales para uso propio, siempre que hayan obtenido préstamo cualificado, en las siguientes cuantías:
Promotores de viviendas para alquiler.
Excepcionalmente, a propuesta de la Comunidad Autónoma, el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente podrá anticipar al promotor la percepción de las subvenciones a que se refiere el apartado anterior de este artículo, previa certificación de la iniciación de las obras, deduciéndose, en caso de venta, la cuantía de la subvención del pago del precio de venta al adquirente.
Si la suma del importe del préstamo cualificado y de la subvención concedida excediera del coste real de las actuaciones, excluido el del suelo, en caso de promoción para alquiler, o excediera del resultado de multiplicar el módulo ponderado vigente por la superficie útil, en caso de adquisición o autopromoción, los excesos se aplicarán al reembolso del préstamo.
Artículo 21 Precios máximos, condiciones de los arrendamientos y derechos de tanteo y retracto.
Precio máximo de venta o adjudicación, o valor de la edificación que constará en la escritura de declaración de obra nueva, más el valor del suelo, en promociones de vivienda para uso propio, por metro cuadrado de superficie útil, cuando se trate de primera transmisión:
Con carácter general, una vez el módulo ponderado vigente aplicable en el momento de la calificación provisional;
1,22 veces dicho módulo en los municipios de Madrid y Barcelona;
1,04 veces el citado módulo en los municipios incluidos en las áreas de influencia de dichos dos municipios, que serán los mismos que se relacionan en las Ordenes de 9 de abril de 1992 y de 19 de abril de 1994. Estas áreas de influencia podrán ser modificadas mediante Orden del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a propuesta de las respectivas Comunidades Autónomas.
Cuando la vivienda tenga garaje o anejos de los contemplados en el artículo 7, su precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil, no podrá exceder del 60 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que se encuentren vinculados.
En el caso de viviendas de protección oficial promovidas por cooperativas o comunidades de propietarios, será de aplicación lo establecido en el artículo 16.1,c).
La renta anual máxima inicial será el 5,5 por 100 del precio global máximo al que hubiera podido venderse la vivienda en el momento de celebración del contrato de arrendamiento.
Derecho de tanteo, con una vigencia de diez años. Este derecho se podrá ejercitar en el plazo de sesenta días naturales, a contar desde el siguiente a aquél en que se notifique en forma fehaciente por el vendedor al titular del derecho de tanteo al que se refiere el párrafo anterior, la decisión de vender o dar en pago la vivienda, el precio ofrecido, las condiciones esenciales de la transmisión y el nombre, domicilio y circunstancias del que pretende adquirir la vivienda.
Derecho de retracto en igual plazo de diez años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiera hecho la notificación del tanteo prevista en el apartado anterior, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior el precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de ésta.
SECCIÓN 3ª VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA Artículo 22
Artículo 22 Cofinanciación.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente cofinanciará, en la medida en que ello se acuerde en los convenios con las Comunidades Autónomas, el coste de promoción de viviendas calificadas como de promoción pública cuyos destinatarios tengan unos ingresos ponderados que no excedan de 2,5 veces el salario mínimo interprofesional, o de los que establezca la normativa propia de la Comunidad Autónoma.
La superficie útil máxima de las viviendas a que se refiere el apartado anterior no podrá exceder de 70 metros cuadrados útiles, o de 90 si la unidad familiar consta de cuatro o más miembros.
Cuando el destino de las viviendas a que se refiere este artículo sea el arrendamiento, la cofinanciación de las mismas supondrá su permanencia en dicho régimen de uso durante un período de al menos diez años.
La cuantía máxima de la cofinanciación estatal, será del 40 por 100 de su coste cuando las viviendas se destinen a alquiler, y de un 25 por 100 si se ceden en venta. A estos efectos, el coste máximo computable, por metro cuadrado de superficie útil, será igual al 90 por 100 del módulo ponderado vigente aplicable en el año en que se inicien las viviendas.
El abono de la cofinanciación estatal podrá fraccionarse haciendo efectivo hasta el 30 por 100 de la subvención al inicio de la obra, según convenio entre ambas Administraciones.
CAPITULO III Artículos 23 a 28
Artículo 23 Ambito de las actuaciones protegibles.
A los efectos del presente Real Decreto, se considera adquisición protegida, a precio tasado, de viviendas, la compra o adjudicación en propiedad, a título oneroso, de los siguientes tipos de viviendas, siempre que su precio por metro cuadrado de superficie útil no exceda de los establecidos en el artículo 27 y que dicha superficie útil no sobrepase los 120 metros cuadrados:
Las viviendas de protección oficial en segunda o posterior transmisión o adjudicación. A estos efectos, cuando tales viviendas se hubieran destinado a arrendamiento, sólo se considerará segunda transmisión la que se realice transcurridos, al menos, cinco años desde la calificación definitiva, y siempre que el adquirente haya sido su inquilino durante dicho período.
Las viviendas libres, usadas o de nueva construcción. En el caso de estas últimas, el promotor deberá declarar con antelación su propósito de vender las viviendas acogiéndose a este sistema de protección, de acuerdo con los procedimientos establecidos por la normativa de cada Comunidad Autónoma.
Las viviendas acogidas a este capítulo habrán de ser destinadas a domicilio habitual y permanente del adquirente.
Para la determinación de la superficie útil de estas viviendas se aplicarán las normas que rigen para las viviendas de protección oficial.
Artículo citado en: 11 sentencias, 3 artículos doctrinales, 6 disposiciones normativas
Artículo 24 Características de los préstamos cualificados.
Los préstamos para la adquisición de viviendas a precio tasado podrán extenderse a la superficie total de la vivienda y tendrán las características de los regulados en el artículo 11 del presente Real Decreto, salvo en lo que se refiere a su cuantía máxima, que será igual al 80 por 100 del precio de venta de la vivienda, en el caso de las viviendas libres; y al 80 por 100 del precio legal de venta cuando se trate de viviendas calificadas de protección oficial.
Para la obtención de los préstamos a que se refiere el apartado anterior, se cumplirán los siguientes requisitos:
Que se haya celebrado contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación, debidamente visado por el órgano administrativo competente, acreditativo del cumplimiento de los requisitos y condiciones necesarios para obtener la financiación cualificada.
Que si el vendedor hubiese recibido préstamo cualificado para la misma vivienda, lo cancele previamente a la concesión del préstamo al adquirente.
Que entre la celebración del contrato de opción de compra, compraventa o de adjudicación y la solicitud del visado del mismo por el órgano competente, no hayan transcurridos más de dos meses.
En cualquier caso, el plazo de validez del visado para solicitar el préstamo cualificado será de seis meses desde su otorgamiento, salvo que las Comunidades Autónomas dispongan otro distinto.
La disposición del préstamo podrá ser realizada tras su formalización cuando la vivienda esté terminada y expedida, en su caso, la correspondiente cédula de habitabilidad.
Artículo 25 Subsidiación de los préstamos para adquisición de vivienda a precio tasado.
La subsidiación de los préstamos cualificados concedidos a adquirentes de las viviendas a las que se refiere este capítulo se adecuará a lo establecido en el artículo 14 para adquirentes de viviendas de nueva construcción en régimen general de protección, salvo cuando la vivienda adquirida exceda de 90 metros cuadrados de superficie útil, en cuyo caso el tipo subsidiado de interés aplicable será el 11 por 100, con independencia del nivel de ingresos ponderados del adquirente, dentro siempre de los límites que establece el artículo 8.1. b).
La subsidiación será efectiva cuando comience el período de amortización.
Artículo 26 Subvenciones para el primer acceso en propiedad.
Artículo 27 Precio máximo de venta.
En caso de viviendas acogidas a algún régimen de protección, el que les corresponda según las normas específicas que les sean aplicables;
en caso de viviendas libres, 1,5 veces el módulo ponderado vigente aplicable a las viviendas de protección oficial calificadas provisionalmente en el mismo año en el que tenga lugar el contrato de compraventa, visado por la Comunidad Autónoma.
Cuando la vivienda tenga garajes o anejos de los referidos en el artículo 7, su precio máximo de venta por metro cuadrado útil no podrá exceder del 60 por 100 del precio de venta por metro cuadrado de superficie útil de la vivienda a la que están vinculados.
Artículo 28 Limitaciones a la facultad de disposición.
Las viviendas a precio tasado financiadas al amparo de este Real Decreto no podrán ser objeto de transmisión intervivos por ningún título durante el plazo de cinco años desde la formalización del préstamo cualificado, sin cancelar el préstamo y recabar autorización de venta de la Administración competente, previo reintegro de los subsidios y subvenciones recibidos a la Administración o Administraciones concedentes en cada caso, con los intereses legales desde el momento de su percepción.
Una vez transcurridos cinco años desde la formalización del préstamo cualificado, la transmisión intervivos o la cesión del uso por cualquier título de las viviendas a que se refiere el apartado anterior, supondrá la interrupción de la subsidiación y podrá determinar la resolución del préstamo cualificado.
Las limitaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo se harán constar expresamente en la escritura de compraventa y en la póliza del préstamo.
CAPITULO IV Artículos 29 a 50
Artículo 29 Actuaciones protegibles.
La adecuación de habitabilidad de vivienda.
La adecuación del equipamiento comunitario primario.
Artículo 30 Concepto de presupuesto protegible en actuaciones de rehabilitación.
Se considera presupuesto protegible de las actuaciones de rehabilitación, con las limitaciones que se establecen en el apartado siguiente, el coste real de aquéllas determinado por el precio total del contrato de ejecución de obra, los honorarios facultativos y los tributos satisfechos por razón de las actuaciones, así como, en su caso, el precio de adquisición del edificio, tal como se contempla en el artículo 37.
Para la determinación del presupuesto protegible, la superficie máxima computable por vivienda será la de 120 metros cuadrados de superficie útil, con independencia de que su superficie real pudiera ser superior.
Cuando las actuaciones afectasen a la totalidad de un edificio o a sus partes comunes, el presupuesto protegible se calculará sobre la superficie útil computable de las viviendas del inmueble y de los locales comerciales, en el caso de que éstos participen en los costes de ejecución, limitada dicha superficie a 120 metros cuadrados útiles como máximo por cada vivienda o local comercial.
Cuando la actuación suponga la modificación de la superficie útil destinada a viviendas, el presupuesto protegible se calculará sobre la mayor de las superficies útiles que resulten antes o después de las obras de rehabilitación.
Cuando las obras de rehabilitación de la vivienda se extendieran a los talleres de artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a la vivienda rehabilitada, la superficie total de aquéllos, con un límite máximo de 90 metros cuadrados útiles computables, podrá añadirse a la superficie computable de la vivienda para la determinación del presupuesto protegible, con independencia de que la superficie real de dichos anejos exceda de esta cifra.
Cuando de una rehabilitación estructural o funcional se deriven necesariamente obras de adecuación de habitabilidad podrá incluirse el coste de las mismas en el presupuesto protegible de dicha rehabilitación.
Artículo 31 Incumplimientos.
La falta de iniciación de las obras de rehabilitación en el plazo establecido, así como la no obtención de la calificación definitiva de la actuación de rehabilitación, supondrá la pérdida de la condición de préstamo cualificado y obligará al reintegro de los beneficios económicos directos percibidos, con los intereses legales desde su concesión.
La no disposición del préstamo cualificado en un plazo superior a doce meses desde su formalización supondrá la pérdida de su condición de tal.
Igualmente se reintegrarán los beneficios económicos directos percibidos, incrementados con los intereses legales, más la penalidad que pudiera establecer la Administración competente en el caso de incumplimiento de las condiciones y limitaciones establecidas en el artículo 37.2,a).
SECCIÓN 2ª ACTUACIONES EN ÁREAS DE REHABILITACIÓN Artículos 32 a 34
Artículo 32 Operaciones protegibles.
A los efectos de este Real Decreto se entenderán como áreas de rehabilitación las de rehabilitación integrada, así como cualquier otra que, por tratarse de zonas o barrios en proceso de degradación, sea así declarada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo con el Ayuntamiento afectado.
En dichas áreas podrán ser protegibles las siguientes operaciones:
La ejecución de la urbanización o reurbanización del ámbito considerado, incluyendo, en su caso, las obras de demolición, si ello fuera necesario.
La construcción de aquellas nuevas edificaciones que, de acuerdo con el planeamiento urbanístico vigente, contribuyan a la regeneración urbana del área considerada. En todo caso, la nueva superficie construida no podrá superar en más del 10 por 100 la de los edificios inicialmente existentes en el área de rehabilitación.
Las operaciones se ajustarán estrictamente al planeamiento urbanístico vigente, debiendo, en todo caso, quedar asegurada la persistencia de la diversidad social y de usos preexistentes y, en particular, el realojamiento de la población residente en los términos establecidos en la legislación vigente.
Artículo 33 Financiación cualificada.
Para las operaciones de rehabilitación previstas en el apartado 2 del artículo anterior, la Comunidad Autónoma podrá optar por la aplicación de la financiación cualificada establecida en las secciones restantes del presente capítulo, o bien, alternativamente, proponer al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, que, mediante el correspondiente convenio, aporte una subvención al promotor, por cuantía de hasta el 40 por 100 del coste total previsto de la actuación y que se abonará fraccionadamente en función del desarrollo de las correspondientes obras y de las disponibilidades presupuestarias.
La propuesta de la Comunidad Autónoma se acompañará de una memoria-programa donde se recojan, al menos, los parámetros técnicos y económicos esenciales de las actuaciones rehabilitadoras previstas y su programación, las correspondientes delimitaciones geográficas, así como la estimación de los costes, el desarrollo financiero previsto de la operación y su adecuación al marco de la financiación asignada a la Comunidad Autónoma en el convenio para el desarrollo de las actuaciones en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999.
Porcentaje de unidades familiares con niveles de ingresos ponderados que no excedan de 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, así como si la actuación prevé el mantenimiento o realojamiento de tales habitantes en la misma área o, en su caso, en las proximidades.
Recuperación prevista de edificios desocupados para su oferta en el mercado de alquiler.
Regeneración prevista de patrimonios públicos de vivienda.
Existencia en la zona objeto de la actuación de inmuebles arrendados con contratos en vigor sujetos a prórroga forzosa.
Participación de las viviendas de protección oficial, especialmente en alquiler, en las nuevas construcciones que, en su caso, vayan a llevarse a cabo.
Viabilidad financiera de la operación.
En el caso de que se hubiera atribuido a un ente gestor con personalidad jurídica propia la función de llevar a cabo lo dispuesto en el convenio suscrito entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento, dicho ente podrá solicitar préstamo cualificado sin subsidiación.
Los convenios que se suscriban a estos efectos entre el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, habida cuenta, en todo caso, de las disponibilidades presupuestarias, serán objeto de un seguimiento específico a determinar en los mismos.
Artículo 34 Exención de limitaciones.
SECCIÓN 3ª AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Artículos 35 a 42
La rehabilitación de edificios prevista en el artículo 29. b), siempre que el edificio una vez efectuadas las actuaciones presente una superficie útil mínima destinada a vivienda o viviendas del 70 por 100 de la superficie útil total, excluido del cómputo, en su caso, la planta baja y las superficies bajo rasante, se referirá a las modalidades de actuaciones que se definen a continuación:
La remodelación de un edificio, con o sin viviendas, tendrá por objeto modificar la superficie útil destinada a viviendas o modificar el número de éstas.
La adecuación funcional, entendiendo como tal la realización de las obras que proporcionen al edificio condiciones suficientes respecto de accesos, estanqueidad frente a la lluvia y humedad, aislamiento térmico, redes generales de agua, gas, electricidad, telefonía, saneamiento, servicios generales y seguridad frente a accidentes y siniestros, con especial referencia a los ascensores.
Adquisición de un edificio para su inmediata rehabilitación, en las condiciones contempladas en el artículo 37.
Como parte de las actuaciones protegibles de rehabilitación de edificios previstas en el artículo 29.b), se podrá incluir la realización de obras complementarias, tales como:
Las que fueran requeridas por los valores arquitectónicos, históricos y ambientales de los edificios, de acuerdo, en su caso, con las órdenes particulares de ejecución de obras que pudieran dictarse en aplicación del Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.
La adecuación de locales de negocio situados en inmuebles objeto de rehabilitación, siempre que se alcance, una vez finalizadas la obras, la superficie mínima para viviendas establecidas en el primer párrafo del apartado 1 de este artículo.
Las actuaciones de rehabilitación de talleres artesanos y anejos de viviendas de labradores, ganaderos y pescadores, vinculados a las viviendas del edificio rehabilitado.
Artículo 36 Condiciones de los edificios para su calificación como actuación protegible.
A efectos de su calificación como protegibles, las actuaciones de rehabilitación de edificios requerirán que éstos cumplan las siguientes condiciones:
Antigüedad superior a diez años, excepto cuando se trate de adaptación del mismo para uso de personas con minusvalías o mayores de setenta años o cuando, en su caso, las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable.
No encontrarse sujetos a limitaciones que impidan el uso previsto o la obtención de licencia municipal de obras.
Que las actuaciones excluyan la demolición de las fachadas del edificio, o su vaciado total.
La ejecución de cualquiera de las obras protegidas de rehabilitación, además de atenerse a lo dispuesto en el apartado anterior, deberá garantizar su coherencia técnica y constructiva con el estado del edificio y con las restantes obras que pudieran realizarse, por lo que en edificios carentes de seguridad estructural y constructiva, de suministro eléctrico, de distribución de agua, de una adecuada funcionalidad de la red de saneamiento general y de una conveniente estanqueidad frente a la lluvia, no se protegerá la realización de obras salvo que éstas incluyan las necesarias para la consecución de las condiciones señaladas, cumpliendo la normativa técnica que sea de aplicación.
Artículo 37 Adquisición de edificio para su inmediata rehabilitación.
A efectos de considerar actuación protegible la adquisición de un edificio para su inmediata remodelación o rehabilitación estructural o funcional, las obras deberán iniciarse en un plazo no superior a un año a contar desde la fecha de la escritura pública de adquisición del mismo.
El adquirente de un edificio para su inmediata remodelación o adecuación estructural o funcional podrá optar por alguno de los siguientes sistemas:
Solicitar la financiación cualificada prevista en los artículos siguientes de esta sección, para lo cual deberá expresar el uso singularizado de cada una de las viviendas resultantes de la actuación rehabilitadora, comprometiéndose documentalmente, asimismo, al cumplimiento de las siguientes condiciones y limitaciones:
Si el destino es el de venta, las viviendas no podrán tener, en su primera transmisión tras la rehabilitación, un precio por metro cuadrado útil superior al que corresponda para la adquisición de una vivienda a precio tasado en el momento de la venta, en su misma área geográfica. La segunda transmisión no podrá realizarse antes de cumplirse cinco años desde la primera, y si ésta tuvo financiación cualificada, aquélla no podrá realizarse durante dicho período sin reintegrar los beneficios económicos directos percibidos, incrementados con los intereses legales correspondientes.
Si el destino es el de arrendamiento, el inmueble lo mantendrá obligatoriamente durante al menos diez años, contados desde el momento de la finalización de las obras de rehabilitación, y durante dicho período las rentas no serán superiores por metro cuadrado de superficie útil a las que correspondan a una vivienda de protección oficial de régimen general calificada provisionalmente en el año en que se celebre el contrato de alquiler, revisándose anualmente la renta de conformidad con la evolución del índice general de precios al consumo.
Solicitar para la vivienda o viviendas resultantes su calificación como viviendas de protección oficial según el régimen general o especial que corresponda, siempre que dichas viviendas cumplan la normativa de aplicación a las viviendas de protección oficial. En este supuesto podrá obtener la financiación fijada para cada régimen en este Real Decreto, para las obras de nueva construcción.
Artículo 38 Límites presupuestarios para la obtención de financiación cualificada de la actuación protegible.
El presupuesto protegible por metro cuadrado de superficie útil no podrá exceder de:
Con carácter general, una vez el módulo ponderado de las viviendas de protección oficial aplicable en el momento de la calificación provisional para obras de remodelación, adecuación estructural, funcional, sus complementarias y las de adecuación de habitabilidad derivadas de la actuación, en su caso.
1,2 veces dicho módulo ponderado, en el supuesto de que se incluya la adquisición del inmueble para su inmediata rehabilitación, o que la actuación exija el vaciado del mismo según lo establecido en el artículo 34 cuando, en ambos supuestos, el inmueble vaya a ser destinado para venta.
1,5 veces el módulo ponderado indicado, en el supuesto de que se incluya la adquisición del inmueble para su inmediata rehabilitación, o de que la actuación exija el vaciado del mismo según lo establecido en el artículo 34, cuando, en ambos supuestos, el inmueble vaya a ser destinado para arrendamiento.
Cuando los inmuebles estén situados en un área de rehabilitación o en conjuntos históricos, el presupuesto protegible que hubiera correspondido en aplicación del apartado 1 de este artículo, podrá incrementarse hasta un 25 por 100, no pudiendo superar en ningún caso dicho incremento, el coste real derivado de las necesidades específicas de interés arquitectónico, histórico o ambiental de que se trate.
Artículo 39 Financiación cualificada.
Podrá obtenerse la calificación de actuación protegible de rehabilitación, cualesquiera sean los ingresos ponderados de los propietarios u ocupantes de las viviendas incluidas en el edificio objeto de la rehabilitación.
A efectos de acceder a la financiación cualificada, será requisito imprescindible que el titular del préstamo tenga unos ingresos ponderados inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.
El requisito relativo a los ingresos ponderados a que se alude en el apartado anterior no será de aplicación si el promotor de la actuación protegible es una persona jurídica.
Artículo 40 Características de los préstamos cualificados.
El préstamo cualificado podrá alcanzar la totalidad del presupuesto protegible con las limitaciones establecidas sobre superficie computable prevista en el artículo 30.2 y coste máximo de la actuación por metro cuadrado útil establecido en el artículo 38.
El plazo máximo de amortización del préstamo será de quince años, más tres años de carencia como máximo.
Los préstamos serán garantizados en la forma pactada con las Entidades de crédito prestamistas.
Las anualidades de amortización de capital e intereses pagaderas a la Entidad de crédito, serán constantes.
Artículo 41 Subsidiación de préstamos cualificados.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente subsidiará los préstamos cualificados obtenidos para las actuaciones de rehabilitación de edificios descritas en esta sección, salvo lo dispuesto en el artículo 37.2,b), según los siguientes supuestos:
Si en el edificio existiesen una o más viviendas arrendadas con contrato de arrendamiento en vigor sujeto a prórroga forzosa, el tipo subsidiado resultante para el propietario arrendador de ésta o éstas será del 5 por 100.
Si el promotor es persona jurídica y las viviendas afectadas por la actuación de rehabilitación se destinan a la venta, el tipo de interés será el acordado por el Consejo de Ministros para su aplicación a los convenios suscritos por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y las Entidades de crédito, en el momento de la calificación provisional.
En el resto de los supuestos, el tipo subsidiado resultante será del 7,5 por 100.
La subsidiación establecida en el apartado anterior de este artículo se aplicará a toda la vida del préstamo, incluyendo el período de carencia.
Artículo 42 Subvenciones.
Los promotores de actuaciones protegibles de rehabilitación que, habiendo obtenido calificación de la Comunidad Autónoma correspondiente y siendo sus ingresos ponderados inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, renuncien a préstamo cualificado, podrán obtener de la Comunidad Autónoma una subvención equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegible, con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
Dicha subvención será del 30 por 100 si el solicitante, reuniendo los requisitos previstos en el apartado anterior, es propietario de una o más viviendas del edificio objeto de la rehabilitación y las tiene arrendadas con contrato de arrendamiento en vigor sujeto a prórroga forzosa.
Si el edificio tiene una antigüedad superior a treinta años se subvencionará, en todo caso, con una cuantía equivalente a un 3 por 100 del presupuesto protegible. Dicha subvención se agregará, en su caso, a las establecidas en los apartados 1 y 2 precedentes.
La subvención correspondiente establecida en los apartados anteriores podrá abonarse en dos plazos de igual cuantía; el primero, al iniciarse las obras, y el segundo, a su terminación.
SECCIÓN 4ª AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS Artículos 43 a 48
Artículo 43 De la adecuación de habitabilidad de una vivienda.
A efectos de su calificación como actuación protegible se consideran obras para la adecuación de habitabilidad de una vivienda:
La realización de obras de adecuación que posibiliten en las viviendas ahorro de consumo energético o que permitan la adaptación a la normativa vigente en materia de aguas, gas, electricidad, protección contra incendios o saneamiento, o aquéllas otras que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas para facilitar el uso por las personas contempladas en el ámbito de aplicación de la Ley 15/1995, de 30 de mayo, sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.
La ampliación del espacio habitable de una vivienda mediante obras o a través de cerramientos de terrazas, siempre que la superficie útil resultante no exceda de 120 metros cuadrados.
En cualquier caso la adecuación de habitabilidad se atendrá a la normativa propia de las Comunidades Autónomas en este ámbito.
No se podrán calificar como protegibles las actuaciones de rehabilitación si la vivienda se encuentra ubicada en un edificio que no posea características estructurales y funcionales correctas.
Artículo 44 Condiciones de las viviendas para su calificación de actuación protegible.
Antigüedad superior a diez años, excepto cuando se trate de adaptación de las viviendas para uso de personas con minusvalías que reduzcan su movilidad o cuando las obras sean necesarias para adaptar las instalaciones a la normativa técnica aplicable.
No encontrarse sujetas a limitaciones que impidan el uso previsto o la obtención de licencia municipal de obras.
Artículo 45 Promotores.
Artículo 46 Límite presupuestario para la obtención de financiación cualificada de la actuación protegible.
Artículo 47 Préstamo cualificado.
A efectos de acceder al préstamo cualificado a tipo de convenio, será requisito imprescindible que el titular del préstamo tenga unos ingresos ponderados inferiores a 5,5 veces el salario mínimo interprofesional.
El plazo máximo de amortización del préstamo será de quince años.
El importe del préstamo cualificado, nunca podrá ser superior al presupuesto protegible, y será garantizado en la forma que exijan las entidades de crédito prestamistas.
Artículo 48 Subvenciones.
Los promotores de actuaciones protegibles de rehabilitación previstas en esta sección, que hayan obtenido calificación de la Comunidad Autónoma correspondiente, siempre que tengan unos ingresos ponderados inferiores a 3,5 veces el salario mínimo interprofesional, podrán obtener de la Comunidad Autónoma una subvención equivalente al 20 por 100 del presupuesto protegible, con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
El solicitante que reúna los requisitos previstos en el apartado anterior obtendrá una subvención del 30 por 100, si la vivienda para la que se obtiene la calificación está arrendada con un contrato en vigor sujeto a prórroga forzosa.
Dichas subvenciones se abonarán a la finalización de las obras protegidas.
SECCIÓN 5ª REHABILITACIÓN INTEGRAL DE EDIFICIOS DE UNA SOLA VIVIENDA Artículo 49
Artículo 49 Rehabilitación de viviendas unifamiliares.
Cuando se trate de un edificio con una sola vivienda, que precisara de obras de rehabilitación, tanto de las reguladas en la sección 3.ª como de las comprendidas en la sección 4.ª de este capítulo, se requerirá que en la solicitud de calificación protegible de las actuaciones a realizar, se distinga con claridad la parte del presupuesto protegible que corresponda a las actuaciones reguladas en cada una de las mencionadas secciones respectivamente.
La financiación cualificada por el total importe del presupuesto protegible será la que corresponda a la actuación predominante según aparezca definida en el desglose presupuestario previsto en el párrafo primero del apartado anterior.
SECCIÓN 6ª ADECUACIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO Artículo 50
Artículo 50 Subvenciones para la adecuación del equipamiento comunitario primario.
A los efectos de este Real Decreto tendrá la consideración de actuación protegible la adecuación del equipamiento comunitario primario, entendiéndose como tal los espacios libres, viales e infraestructuras (gas, agua, energía eléctrica y alcantarillado), que se destinen al servicio exclusivo o preferente de las viviendas de la unidad vecinal delimitada por la Administración autonómica, a la que dicho equipamiento preste servicio, estando dicha unidad vecinal incluida en un área de rehabilitación.
Los promotores de las actuaciones de rehabilitación del equipamiento comunitario primario podrán obtener de la Comunidad Autónoma una subvención por cuantía de hasta el 25 por 100 del coste total de la actuación, con cargo al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.
CAPITULO V Artículos 51 a 57
Artículo 51 Ambito de las actuaciones protegibles.
A los efectos de este Real Decreto tendrán la consideración de actuaciones protegibles en materia de suelo con destino preferente a la promoción de viviendas de protección oficial las siguientes:
Adquisición onerosa de la titularidad de la propiedad o del derecho de superficie de terrenos para su inmediata urbanización.
Adquisición onerosa de suelo para formación de patrimonios públicos dependientes de cualquier Administración pública, siempre que cumplan los fines señalados en el artículo 280 del texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio.
Las actuaciones protegibles en materia de suelo serán objeto de un seguimiento específico a determinar en los convenios que suscriban el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el órgano competente de la Comunidad Autónoma para la realización de los objetivos en materia de vivienda y suelo para el período 1996-1999.
Artículo 52 Condiciones de las actuaciones protegibles.
Superficie adicional edificable destinada a la promoción de viviendas que vayan a ser vendidas a precio tasado, según establece el capítulo III de este Real Decreto: la equivalente a un 43 por 100, como máximo, de la superficie edificable destinada a viviendas de protección oficial.
Superficie adicional edificable destinada a otros usos, incluidos cualesquiera de carácter residencial: un 47 por 100, como máximo, de la superficie edificable destinada a viviendas de protección oficial, limitándose el alcance de la subsidiación en la forma establecida en el artículo 56.3 de este Real Decreto.
Artículo 53 Requisitos para la financiación cualificada.
En los supuestos de adquisición de suelo, el promotor de la actuación protegible deberá acreditar, previamente al otorgamiento de las ayudas financieras reguladas en este Real Decreto, la concesión del derecho de superficie, o la opción de compra de los terrenos o cualquier otro título que le habilite para acceder a la propiedad del suelo.
Cuando se trate de urbanización de suelo, deberá entonces el promotor acreditar previamente su propiedad, opción de compra, derecho de superficie por, al menos, cincuenta años, o concierto adecuado para efectuar la urbanización, formalizado con quien tenga la titularidad del suelo.
El promotor de las actuaciones protegibles que adquiera la propiedad de los terrenos, o el propietario de éstos en el supuesto de que la urbanización se vaya a efectuar por terceros promotores de esa actuación protegible, deberán, según los casos, suscribir además los siguientes compromisos:
En los supuestos a) y b) del artículo 51, iniciar la construcción de las viviendas, por sí o mediante concierto con promotores de viviendas, al menos en un 70 por 100 de la superficie residencial destinada a viviendas protegidas y a las de precio tasado, en los plazos siguientes:
Otorgar los derechos de tanteo y retracto, que deberán ser inscritos en el Registro de la Propiedad, sobre las viviendas de protección oficial y las de precio tasado que construya en dicho suelo, en favor de la Comunidad Autónoma o del ente público a quien aquélla ceda dichos derechos, o pactar con el promotor de las viviendas su concesión, en la forma que al efecto se determina en el artículo siguiente.
No se admitirán solicitudes de financiación cualificada para las actuaciones en materia de suelo reguladas en este Real Decreto, con posterioridad a la solicitud de calificación provisional correspondiente a las viviendas de protección oficial a edificar en dicho
Artículo 54 Derechos de tanteo y retracto.
El titular del suelo deberá pactar con el promotor de las viviendas de protección oficial y libres a precio tasado, los derechos de tanteo y retracto sobre aquéllas, a favor de la Comunidad Autónoma o ente público a quien la misma ceda dichos derechos, de la siguiente forma:
Derecho de retracto, en igual plazo de diez años, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 1.507 y siguientes del Código Civil, cuando no se hubiera hecho la notificación del tanteo prevista en el apartado anterior, se omitiere en ella cualquiera de los requisitos exigidos o resultare inferior al precio efectivo de la transmisión o menos onerosas las restantes condiciones de ésta.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de los derechos de tanteo y retracto legales establecidos en el Real Decreto legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, o de los regulados por Ley de la Comunidad Autónoma.
Artículo 55 Características de los préstamos cualificados.
Los promotores de actuaciones protegibles en materia de suelo podrán solicitar de las Entidades de crédito, públicas y privadas, que hayan suscrito convenio con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, préstamos cualificados con las siguientes características:
La cuantía del préstamo cualificado no podrá exceder del producto de la superficie edificable, según figure en la memoria de viabilidad técnico-financiera del proyecto, multiplicado por el 15 por 100 del precio máximo de venta por metro cuadrado de superficie útil de las viviendas de protección oficial de régimen general, que se califiquen en el mismo año, vigente en la zona en donde se ubica la actuación.
La suma de los períodos de amortización y, en su caso, de carencia, que será, como máximo, de tres años, no podrá superar los seis años, en las actuaciones a) y b) del artículo 51, ni doce en el supuesto c) del citado artículo.
Los préstamos tendrán las garantías que la entidad de crédito prestamista considere necesarias.
El tipo de interés será el fijado por acuerdo del Consejo de Ministros previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, específicamente para los citados convenios que suscriba el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente con Entidades de crédito públicas y privadas.
Las disposiciones de cada uno de los préstamos serán efectuadas por el prestatario y libradas por la Entidad financiera en función del desarrollo de la inversión.
Las anualidades de amortización de capital e intereses pagaderas a la entidad de crédito serán constantes.
Para solicitar el préstamo se acreditará documentalmente a la entidad financiera que la Comunidad Autónoma, al amparo de los convenios con el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, ha declarado que las actuaciones que se trata de financiar con dicho préstamo son protegibles y están acogidas al presente Real Decreto.
Artículo 56 Subsidios y subvenciones.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente subsidiará los préstamos cualificados, de forma que el tipo subsidiado aplicable sea 6 puntos inferior al tipo de interés contratado, establecido de conformidad con el párrafo d) del artículo anterior. Dicho tipo subsidiado no podrá ser inferior al 4 por 100 anual.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente subvencionará al promotor por cuantía del 15 por 100 del coste previsto de las actuaciones, a que se refiere el artículo 55.1,a), cuando dicho promotor no las financie con préstamo cualificado y el análisis de las circunstancias concurrentes, de conformidad con el convenio suscrito con la Comunidad Autónoma, y dadas las disponibilidades presupuestarias, aconseje conceder la ayuda pública directa bajo esta modalidad.
La subsidiación de la parte de préstamo correspondiente a actuaciones sobre la superficie adicional edificable a que se refiere el artículo 52.b) se interrumpirá en el momento en que se inicie la construcción de las edificaciones cuyo destino sea diferente al de viviendas de protección oficial y locales de negocio situados en el mismo edificio de éstas, al de viviendas a precio tasado, o a equipamientos y dotaciones exigidos por prescripciones urbanísticas.
Artículo 57 Efectos por incumplimiento.
CAPITULO VI Artículos 58 a 61
Artículo 58 Recursos financieros.
La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a propuesta de los Ministros de Economía y Hacienda y de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, fijará las cuantías máximas de las siguientes magnitudes:
El Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, dentro de los límites de los recursos estatales establecidos de conformidad con el apartado anterior, y considerando tanto indicadores objetivos como las solicitudes de las Comunidades Autónomas, podrá fijar la distribución de ambos tipos de recursos entre:
Artículo 59 Convenios con Entidades de crédito.
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, a través de la Dirección General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, podrá establecer convenios con las Entidades de crédito públicas y privadas, con objeto de garantizar el volumen de préstamos cualificados requerido para la financiación de todos los tipos de actuaciones protegibles, según la distribución territorial de las mismas fijada por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y a efectos de subsidiar la totalidad o parte de aquéllas con cargo a sus consignaciones presupuestarias, en la forma establecida en este Real Decreto.
La selección de las entidades de crédito que deban suscribir dichos convenios se efectuará de acuerdo con procedimientos que, respetando los objetivos territoriales y modalidades de actuación, garanticen la mayor concurrencia de ofertas entre las entidades de crédito y, por consiguiente, favorezcan la reducción de los tipos de interés de los préstamos cualificados objeto de ayuda.
Podrán quedar excluidas del proceso de selección aquellas entidades que hubieran incumplido obligaciones derivadas de anteriores convenios con la citada Dirección General.
Artículo 60 Convenios con Comunidades Autónomas.
La distribución territorial de actuaciones protegibles a que se refiere el apartado 2 del artículo 58, se efectuará mediante la firma, en su caso, de convenios bilaterales entre el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y los órganos competentes de las Comunidades Autónomas, en los cuales se acordarán, al menos, los siguientes aspectos:
Objetivos totales en número de actuaciones protegibles a financiar durante el período 1996-1999, con el máximo desglose posible en cuanto a la ubicación de las viviendas y de las actuaciones en materia de suelo, así como respecto a los destinatarios según niveles de ingresos ponderados.
Compromisos presupuestarios a asumir por parte de cada Administración.
Compromisos de aportación de suelo a precio reducido por parte de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales incluidas en los programas de actuación de dichas Comunidades.
Compromisos en materia de gestión, expresando los instrumentos y medidas a adoptar por parte de cada Administración para su correcta ejecución, especialmente en cuanto al desarrollo normativo que fuere necesario, órganos o empresas públicas responsables, estadísticas y datos de que deben disponer ambas Administraciones, y composición y funcionamiento de las comisiones multilateral y bilaterales de seguimiento que puedan establecerse en los convenios.
Determinación de áreas territoriales prioritarias, detallando las actuaciones a desarrollar y su calendario de ejecución, incluyendo, en su caso, las que correspondan en materia de transportes, comunicaciones y otras infraestructuras que incidan sobre la configuración racional de las ciudades.
Mecanismos que garanticen la efectiva utilización de los recursos asignados, entre Comunidades Autónomas o por tipos de actuaciones.
Con independencia del contenido de los convenios a los que se refiere el apartado anterior, corresponde a las Comunidades Autónomas tramitar y resolver los expedientes de solicitud de ayudas económicas directas, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuida en materia de vivienda.
Artículo 61 Comisión Estatal de Seguimiento.
Disposición adicional primera Determinación anual de módulos.
Anualmente, el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, por Orden y previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, determinará los módulos aplicables y su ponderación.
A los efectos del presente Real Decreto, se establecen cuatro áreas geográficas homogéneas, a las que serán de aplicación los módulos a que se refiere el apartado anterior.
/ Más de 1.000.000 de habitantes.
/ Entre 500.001 y 1.000.000 de habitantes.
/ Entre 100.001 y 500.000 habitantes.
/ Hasta 100.000 habitantes.
Las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias en la materia y en función del nivel y evolución de los factores que intervienen en el precio de la vivienda, podrán modificar la inserción en las distintas áreas geográficas de aquellos municipios cuyas características así lo aconsejen.
Disposición citada en: 5 sentencias, un artículo doctrinal, 6 disposiciones normativas
Disposición adicional segunda Coeficientes ponderadores.
Los coeficientes ponderadores N, A y V, a que se refiere el artículo 10, aplicables a la determinación de los ingresos ponderados, serán los siguientes:
Los coeficientes ponderadores N y A correspondientes a una persona que no esté integrada en una unidad familiar tendrán un valor igual a la unidad, sin perjuicio de que por su edad o minusvalía pueda serle aplicable lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 10.
Disposición adicional tercera Modificación de condiciones.
Disposición adicional cuarta Modificación de parámetros referenciales.
Disposición adicional quinta Exigencia de Certificación Energética.
Disposición adicional sexta Habilitación a SEPES.
La promoción de suelo urbano, tanto para uso residencial como industrial, comercial o de servicios.
La adquisición por cualquier título de terrenos destinados a la formación de reservas de suelo, preparación de solares o cualquier otra finalidad análoga. c) La ejecución de planes y proyectos de urbanización, la creación de infraestructuras urbanísticas y las actuaciones protegibles en materia de vivienda que le encomienden las Administraciones competentes.
Disposición adicional séptima Abono de la subvención personal y especial.
Disposición adicional octava Referencia competencial.
Disposición adicional novena Concesión de subvenciones.
Disposición adicional décima Determinación del precio máximo de venta.
Disposición transitoria primera Actuaciones calificadas provisionalmente.
Disposición transitoria segunda Referencia normativa.
Disposición citada en: 61 sentencias
Disposición transitoria tercera Remisión normativa.
Disposición transitoria cuarta Ayudas económicas directas.
No podrán concederse préstamos cualificados al amparo del presente Real Decreto con posterioridad al 31 de diciembre del año 1999.
Las ayudas económicas directas sólo podrán reconocerse respecto de las actuaciones protegibles reguladas en este Real Decreto que hubieran obtenido préstamo cualificado hasta el 31 de diciembre del año 1999, siempre que la comunicación de la concesión sea recibida en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente hasta dicha fecha.
No obstante lo indicado en el apartado anterior, podrán reconocerse ayudas económicas directas a los adquirentes o adjudicatarios de viviendas de nueva construcción promovidas al amparo del presente Real Decreto, a las que se hubieran concedido préstamos cualificados con la conformidad del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, si las han solicitado hasta el 31 de diciembre del año 2003.
Disposición transitoria quinta Concesión de préstamos directos.
Disposición final primera Suscripción de convenios con las Comunidades Autónomas.
Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, sobre medidas de Financiacion de actuaciones protegibles en materia de vivienda del plan 1992-1995.
REAL DECRETO 2199/1995, de 28 de Diciembre, por el que se fija el Salario minimo interprofesional para 1996.
Mancomunidad Servicios Administrativos de Valdizarbe - Resolución Presidencia Mancomunidad: Aprobación lista provisional de admitidos y excluidos concurso oposición Auxiliar Administrativo

References: REAL DECRETO 

Artículo 1
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Artículo 2

Artículo 3
 Real Decreto 

Artículo 4
 artículo 59
 Real Decreto 

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8
 Real Decreto 

Artículo 9
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Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14
 artículo 4
 artículo 6

Artículo 15

Artículo 16
 artículo 7

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 artículo 7
 artículo 16
 Artículo 22

Artículo 22

Artículo 23
 artículo 27

Artículo 24
 artículo 11

Artículo 25
 artículo 14
 artículo 8

Artículo 26

Artículo 27
 artículo 7

Artículo 28
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Artículo 29

Artículo 30
 artículo 37

Artículo 31
 artículo 37

Artículo 32
 Real Decreto 

Artículo 33

Artículo 34
 artículo 29
 artículo 37
 artículo 29
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Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38
 artículo 34
 artículo 34

Artículo 39

Artículo 40
 artículo 30
 artículo 38

Artículo 41
 artículo 37

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 Artículo 49

Artículo 49
 Artículo 50

Artículo 50
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Artículo 51
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 artículo 280
 Real Decreto 

Artículo 52
 artículo 56

Artículo 53
 artículo 51

Artículo 54
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Artículo 55
 artículo 51

Artículo 56
 artículo 55
 artículo 52

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60
 artículo 58

Artículo 61
 artículo 10
 artículo 10
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