Source: http://www.politicasim.com/t412-registro-general
Timestamp: 2017-09-21 05:20:40+00:00

Document:
por Mireia Català el Dom 13 Nov 2016 - 18:48
por Mireia Català el Jue 15 Dic 2016 - 19:43
Yo, DEFENSOR DEL PUEBLO, A PETICIÓN DE UN CIUDADANO, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL VALENCIANA, APROBADA POR LES CORTS VALENCIANES EN SESIÓN DE XX DE XX DE 2016, Y EXPONGO:
Que en las Cortes Valencianas, durante la legislatura del año 2016 se aprobó un proyecto de ley para reformar la ley electoral de la Comunidad Valenciana. Son 99 diputados los que componen las Cortes Valencianas, por lo que el quórum necesario para aprobar una ley de estas características es de 2/3 de los diputados de la cámara en cuestión, o lo que es lo mismo, 66 diputados. El PL fue aprobado por 55 diputado, el resto no se presentó a la votación. Por todo esto, pido que se invalide el PL de reforma de la ley electoral valenciana presentada por el GP de Compromís, y que fue aprobada únicamente por el GP Socialista, GP de Podemos y GP de Compromís. Este Proyecto de Ley fue declarado aprobado, en contra de lo que indica el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
http://www.politicasim.com/t252-gva-proyecto-de-ley-de-reforma-de-la-ley-electoral-valenciana
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, Titulo III, Capitulo II, artículo 24: La Ley Electoral Valenciana, prevista en el apartado 1 del artículo anterior, será aprobada en votación de conjunto por las dos terceras partes de Les Corts y garantizará un mínimo de 20 Diputados por cada circunscripción provincial, distribuyendo el resto del número total de los diputados entre dichas circunscripciones, según criterios de proporcionalidad respecto de la población, de manera que la desproporción que establezca el sistema resultante sea inferior a la relación de uno a tres.
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA (votación, aprobación del PL en las Cortes Valencianas, y contenido de la ley).
PROYECTO DE LEY EN CUESTIÓN PRESENTADO POR EL GP DE COMPROMÍS
PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY ELECTORAL VALENCIANA (Ley 1/1987 , de 23 de Marzo)
La Ley electoral vigente supone una barrera para el correcto funcionamiento democrático de nuestra Comunidad autónoma, por ello consideramos indispensable la aplicación de los cambios en este proyecto de ley expuestos.
Artículo primero. Añádase el siguiente inciso al apartado Dos del artículo 6 sobre incompatibilidades:
d) Los alcaldes o ediles municipales.
Artículo segundo. Modifíquese el artículo 10 respectivo a la circunscripción electoral de la siguiente manera:
En las elecciones a las Cortes Valencianas la circunscripción electoral será la comunidad autónoma.
Artículo tercero. Suprímase el inciso Dos del artículo 11.
Artículo cuarto. Modifíquese el inciso a) del artículo 12 de la siguiente manera:
a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 3 por 100 de los votos emitidos en la Comunidad Valenciana.
La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Valenciana.
por Albert Novas el Jue 5 Ene 2017 - 21:52
FDP: Te copio el formato guapo.
Enric Millo:
YO EN REPRESENTACIÓN DEL PPC, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL DERECTO LEY XXXX DEL 30 DE DICIEMBRE PRESENTADO EN EL DOGC, QUE TRATA ASUNTOS SOBRE LA AGENCIA DE CIBERSEGURIDAD CATALANA.
http://www.politicasim.com/t17-diari-oficial-de-la-generalitat-de-catalunya-dogc
La creación de un nuevo órgano de seguridad no es un asunto de extraordinaria urgencia y afecta a las instituciones básicas del estado como son las fuerzas de seguridad del estado. Así pues se incumple el artículo 86.1 de nuestra constitución.
Se espera la derogación de este decreto ley,
por Víctor Martínez el Jue 5 Ene 2017 - 22:00
Fdp: Tenía entendido que había de ser más profesional, o eso me dijeron
por Albert Novas el Jue 5 Ene 2017 - 22:15
Víctor Martínez escribió: Fdp: Tenía entendido que había de ser más profesional, o eso me dijeron
Más profesional? Cómo se puede ser más profesional
Hace falta que use el futuro de subjuntivo?...
por Víctor Martínez el Jue 5 Ene 2017 - 22:18
FDP: No..., pero bueno eso no es lo que me habían contado.
Si te lo aceptan haré esto pues
por Albert Novas el Jue 5 Ene 2017 - 22:20
FDP: XD pero que que es ser profesional para ti, nadie aquí es jurista, está presentado con el mismo formato que el de Josán, si hace falta algo ''más profesional'' definid lo que es ''profesional'' en cuestiones jurídicas y lo presentaré conforme a lo definido.
por Fernando Alcántara el Jue 5 Ene 2017 - 22:26
FDP: Hombre, dice quien lo presenta, hace una exposición de los hechos y señala lo que se supone que vulnera. Con eso basta ¿no?
por Mireia Català el Vie 6 Ene 2017 - 21:04
Sí, con eso basta. Es más, tenéis el modelo del Defensor del pueblo.
por Mireia Català el Vie 6 Ene 2017 - 21:06
Daniel Gracia escribió: FDP: Te copio el formato guapo.
La constitución no regula los Decretos-Leyes autonómicos. Estos son regulados por el Estatuto de Autonomía.
No obstante, lo admitiré, aunque el Tribunal dirá.
por Mireia Català el Dom 8 Ene 2017 - 7:43
El PPC no puede presentar recursos de inconstitucionalidad.
por Albert Novas el Dom 8 Ene 2017 - 12:21
FDP: ¿Por qué no? Es solo un partido/asociación no una coalición de ella.
por Mireia Català el Dom 8 Ene 2017 - 13:05
Daniel Gracia escribió: FDP: ¿Por qué no? Es solo un partido/asociación no una coalición de ella.
por Albert Novas el Dom 8 Ene 2017 - 13:29
FDP: Entonces si reúno 50 diputados/senadores de las cortes del GPP ¿vale? Y Dios yo creía que toda persona natural podía interponer recursos de este tipo pero bueno vale vale.
por Mireia Català el Dom 8 Ene 2017 - 13:52
Daniel Gracia escribió: FDP: Entonces si reúno 50 diputados/senadores de las cortes del GPP ¿vale? Y Dios yo creía que toda persona natural podía interponer recursos de este tipo pero bueno vale vale.
Que va, si todo el mundo lo interpusiere, los doce miembros del Tribunal Constitucional estarían 24/7 haciendo sentencias. Sin embargo, recursos de amparo pueden presentarlo quien sea, sea persona física o jurídica.
Sí, 50 diputados o senadores de las cortes están legitimados para presentarlo.
por Antonio Roldán el Sáb 21 Ene 2017 - 20:55
Yo, ÁLVARO VIZCAÍNO, Y 49 DIPUTADOS MÁS DEL GPP EN EL CONGRESO, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PROJECTE DE LLEI DE VEGUERIES, APROBADA POR EL PARLAMENT DE CATALUNYA EN SESIÓN DE XX DE XX DE 2016, Y EXPONGO:
Que en el Parlament de Catalunya, fue aprobado un Proyecto de ley presentado por el Gobierno Catalán que contó con los votos favorables del Grupo Parlamentario Junts pel Sí, Grupo Parlamentario Cup Crida Constituent y Grupo Parlamentario Socialista que vulnera claramente la Constitución Española.
http://www.politicasim.com/t782-govern-projecte-de-llei-de-vegueries
Constitución Española de 1978. TÍTULO VIII. De la organización territorial del Estado.CAPÍTULO PRIMERO.PRINCIPIOS GENERALES. Artículo 137: El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
DOCUMENTACIÓN ACOMPAÑADA (votación y contenido de la ley).
http://www.politicasim.com/t21-xi-legislatura-registre-de-la-mesa#3157
El projecte de llei queda aprovat per 99 vots a favor, 36 en contra i cap abstenció.
Se adjunta firma del Diputado Álvaro Vizcaíno y los 49 diputados más del GPP en el Congreso
por Mireia Català el Sáb 21 Ene 2017 - 21:31
El Pleno del Tribunal Constitucional ADMITE A TRÁMITE el presente recurso basado en los siguientes fundamentos jurídicos:
1. El artículo 141.3 de la Constitución Española expone que "Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia"
2. Así mismo, en nuestra sentencia de 28 de junio de 2010, en referido al Estatuto de Autonomía de Catalunya sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por noventa y nueve diputados del grupo parlamentario Popular, exponemos lo siguiente:
39. El último grupo de preceptos impugnados del título II del Estatuto regula la institución de la veguería; en concreto, los arts. 83.1, 90 y 91 EAC. En el antecedente 41 han quedado resumidas las posiciones de las partes, cifrándose la de los recurrentes en la idea de que el Estatuto suprime a la provincia en Cataluña como ente local, y la sustituye por un nuevo tipo de entidad, la veguería, incurriendo así en infracción de los arts. 137 y 141 CE. A su juicio, sin embargo, cabría una interpretación conforme si se entendiera que la veguería es simplemente el nombre de la provincia en Cataluña, aunque en todo caso siempre sería inconstitucional el art. 91.4 EAC, referido a la creación, modificación y supresión de las veguerías. Tanto el Abogado del Estado como la representación del Parlamento de Cataluña asumen esta interpretación de conformidad y no aprecian inconstitucionalidad alguna en el art. 91.4 EAC, toda vez que la intervención del Parlamento de Cataluña queda claramente condicionada a la de las Cortes Generales en los supuestos de alteración de los límites provinciales, respetándose la reserva de ley orgánica establecida en el art. 141.1 CE. Por su parte el Gobierno de la Generalitat afirma que la posibilidad de crear las veguerías deriva directamente del art. 141.3 CE y redunda en beneficio de la autonomía local.
Ninguna de las partes personadas en este proceso niega que la provincia sea una institución territorial garantizada por la Constitución, cuyo gobierno y administración autónoma se encomiendan a Diputaciones u otras corporaciones de carácter representativo. No es necesario, por tanto, redundar ahora en la obviedad ni demorarse en la cita de la jurisprudencia invocada por las partes. La cuestión debatida se centra únicamente en determinar si la veguería no es sino la denominación de la provincia en Cataluña o si se trata de un nuevo ente local, supuesto éste en el que, a su vez, habría de precisarse si su existencia no afecta a la de la provincia o, por el contrario, supone su supresión.
40. Como cuestión de principio es necesario señalar que el hecho de que el Estatuto de Autonomía no haga mención de la provincia, salvo en su art. 91.4 EAC, no puede suponer, en absoluto, la desaparición de esa entidad local en Cataluña. La provincia es una entidad asumida y asegurada en su existencia por la Constitución, que la define, al tiempo, como «entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios», y como «división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado» (art. 141.2 CE). En ninguno de ambos conceptos está condicionada la provincia a confirmación alguna por parte de los Estatutos de Autonomía, de manera que su silencio sobre la institución no puede significar una excepción de las previsiones constitucionales al respecto. Antes al contrario, atendida la función constitucional del Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la respectiva Comunidad Autónoma, la omisión advertida encuentra razón bastante en la circunstancia de que el Estatuto catalán ha querido ceñirse a la disciplina de la organización territorial en la que se estructura la propia Generalitat de Cataluña; esto es, al único objeto que en realidad le es disponible, pues carecería de toda competencia para pronunciarse sobre la organización territorial del Estado en esa Comunidad Autónoma. En otras palabras, y como se desprende del art. 83 EAC, su objeto es la «organización del gobierno local de Cataluña», nunca la del gobierno local del Estado en ese territorio. Con ese propósito, el Estatuto catalán ha decidido estructurar la organización territorial básica de la Generalitat en municipios y veguerías (art. 83.1 EAC), contando además con la comarca como ente de organización supramunicipal (art. 83.2 EAC) y previendo la posible creación autonómica de otros entes supramunicipales (art. 83.3 EAC). En lo que aquí importa el Estatuto ha dispuesto que la veguería ha de ser «la división territorial adoptada por la Generalitat para la organización territorial de sus servicios» (art. 90.1 EAC), lo que en nada afecta a la provincia como «división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado» (art. 141.2 CE), pues ni la estructura provincial es el único criterio de organización territorial de los servicios públicos (como, por lo demás, acredita el hecho de la organización comarcal referida en los arts. 83.2 y 92 EAC, no impugnados en este proceso), ni con la opción estatutaria por la división del territorio catalán en veguerías se perjudica a la división del territorio del Estado en provincias; también, por tanto, en Cataluña, donde las actividades del Estado central no tienen que ordenarse con arreglo a otro criterio de división que no sea el provincial, constitucionalmente obligado. De otro lado, la definición estatutaria de la veguería como «gobierno local» (art. 90.2 EAC) en el ámbito intermunicipal de cooperación (art. 90.1 EAC) viene a corresponderse con la definición constitucional de la provincia como «entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios» (art. 141.2 CE), pero, como en el caso de la veguería en su condición de «división territorial» autonómica, tampoco esta su dimensión orgánica perjudica en absoluto a la que es también propia de la provincia, toda vez que la garantía constitucional de la provincia como entidad local no excluye la existencia de otras entidades de gobierno supramunicipal, fuera, claro está, de aquellas que pudieran perjudicar la existencia y autonomía de la única que en ese ámbito está constitucionalmente garantizada. En consecuencia, ha de ser desestimada la impugnación del art. 83.1 EAC al introducir la veguería como entidad estructuradora de la organización territorial básica de la Generalitat de Cataluña y no hacer mención, en cambio, de la provincia, pues no por ello se ve afectada, con carácter general, la división territorial del Estado en provincias, ni, en particular, la división de Cataluña en las cuatro provincias actualmente existentes. Por lo mismo también es de descartar la inconstitucionalidad imputada al art. 90.1 y 2 EAC, pues ninguna de las dos dimensiones definidoras de la veguería (como división del territorio a efectos intraautonómicos y como gobierno local para la cooperación intermunicipal, que goza de autonomía para la gestión de sus intereses) perjudica en absoluto a la provincia como división territorial del Estado y como entidad local ni a las funciones constitucionales que le son propias; esto es, las de circunscripción electoral (arts. 68.2 y 69.2 CE), división territorial del Estado para el cumplimiento de sus actividades y la de entidad local con personalidad jurídica propia y dotada de autonomía (art. 141.1 CE). En tal sentido, la previsión estatutaria de la existencia de veguerías, sean cuales sean sus límites geográficos, no puede suponer la supresión de las provincias en Cataluña ni la de sus funciones constitucionales. Interpretado en esos términos, el art. 90 EAC no es contrario a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo.
Sin embargo, el art. 91 EAC opone a lo anterior una alternativa radicalmente distinta y que ha sido, por lo demás, la que las partes personadas han coincidido en asumir como la más adecuada para el entendimiento de la veguería como una institución conforme a la Constitución. De acuerdo con dicho precepto la veguería podría no ser una nueva entidad local, sino la nueva denominación de la provincia en Cataluña. Tal sería, en efecto, la conclusión que puede desprenderse del art. 91.3 EAC, conforme al cual los Consejos de veguería (en tanto que órganos de «gobierno y administración autónoma de la veguería»: art. 91.1 EAC) «sustituyen a las Diputaciones»
Tal posibilidad no es contraria a la Constitución, habida cuenta de que la veguería reúne en el Estatuto los caracteres típicos de la provincia y es ésta, más allá de su denominación específica, la institución constitucionalmente garantizada. Nada se opone, por tanto, a que, a efectos estrictamente autonómicos, las provincias catalanas pasaran a denominarse veguerías. Como nada impide, tampoco, que, en ese supuesto, los Consejos de veguería sustituyeran a las Diputaciones provinciales, pues el art. 141.2 CE prescribe que el gobierno y la administración autónoma de las provincias han de encomendarse «a Diputaciones u otras Corporaciones de carácter representativo», como, a la vista del art. 91.1 y 2 EAC, han de serlo los Consejos de veguería. De sustituir los Consejos de veguería a las Diputaciones corresponderá a la legislación del Estado determinar su composición y el modo de elección de sus miembros, correspondiendo también a la normativa básica estatal regular sus competencias en el orden local.Ambas interpretaciones tienen, por tanto y en principio, cabida en el Estatuto de Autonomía catalán, de manera que será el legislador de desarrollo el llamado a concretar si la veguería es una nueva entidad local o una nueva denominación de la provincia. Sin embargo, cada una de estas dos interpretaciones posibles precisan, en su caso, de un determinado entendimiento del art. 91 EAC, pues hay que recordar que los recurrentes también sostienen la inconstitucionalidad del inciso inicial del art. 91.4 EAC, según el cual, la creación, modificación y supresión de las veguerías, «se regulan por ley del Parlamento», previsión que se opondría a lo dispuesto en el art. 141.1 CE, que requiere una ley orgánica para la alteración de los límites provinciales. La impugnación en este particular se reduce a este aspecto, sin extenderse a la regulación por ley del Parlamento de Cataluña del «desarrollo del régimen jurídico de las veguerías».
Pues bien, si la veguería no fuera sino la denominación de la provincia en Cataluña no cabría objeción constitucional alguna a la sustitución de la Diputación provincial por el Consejo de veguería, según prescribe el art. 91.3 EAC. Sin embargo, en ningún caso la «creación, modificación y supresión, así como el desarrollo del régimen jurídico de las veguerías» podrían regularse entonces por ley del Parlamento catalán, como dispone el art. 91.4 EAC, pues es obvio que, como ente local garantizado por la Constitución, la provincia denominada «veguería» en Cataluña es indisponible por el legislador autonómico, reservada como está a la ley orgánica cualquier alteración de los límites provinciales, según recuerda el propio art. 91.4 EAC, con expresa remisión al art. 141.1 CE. En tal caso, esta previsión estatutaria del art. 91.4 EAC hay que interpretarla en el sentido de que, cuando se dé coincidencia geográfica de las provincias con las veguerías, es la simple denominación como veguería, es decir, la creación de esa institución a efectos exclusivamente autonómicos, o su desaparición o supresión, lo único que puede hacer la ley del Parlamento catalán, no la creación, modificación o supresión de las provincias, algo que, de ninguna manera, está al alcance del legislador autonómico.
Interpretados en esos términos, los apartados 3 y 4 del art. 91 EAC no son contrarios a la Constitución, y así se dispondrá en el fallo
por Antonio Roldán el Miér 15 Feb 2017 - 18:28
Yo, DÑA. MARTA SILVA DE LAPUERTA, INTERPONGO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL ''FULL DE RUTA CAP AL REFERÈNDUM VINCULANT I EL PROCÉS CONSTITUENT'', APROBADA POR EL PARLAMENT DE CATALUNYA, EN LA COMISSÓ PEL REFERÉNDUM EN SESIÓN DE XX DE MAYO DE 2017, Y EXPONGO:
Que en el Parlament de Catalunya, fue aprobada una resolución Presentada por la mesa de la comisión por el referéndum que contó con los votos favorables del Grupo Parlamentario Junts pel Sí, Grupo Parlamentario Cup Crida Constituent y Grupo Parlamentario Catalunya Si que Es Pot que vulnera claramente la Constitución Española.
http://www.politicasim.com/t952-comissio-pel-referendum-d-independencia#10445
Se vulnera claramente la legalidad vigente en el Reino de España en el que se aprueba una resolución que no respeta el Artículo 1.2 de la Constitución Española entre otros.
SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Resolución del "FULL DE RUTA CAP AL REFERÈNDUM VINCULANT I EL PROCÉS CONSTITUENT" y, previos los trámites que correspondan, dicte sentencia declarando su inconstitucionalidad y nulidad con el alcance que se expresa en los fundamentos de este escrito.
Es justicia que pido en Madrid a 22 de mayo de 2017.
La Abogada del Estado,
PRIMER OTROSI DIGO: Que se solicita del Tribunal Constitucional que acuerde la suspensión cautelar de la Ley impugnada, conforme al artículo 161.2 de la Constitución.
por Mireia Català el Miér 15 Feb 2017 - 18:50
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido INADMITIR A TRÁMITE el Recurso de inconstitucionalidad, en atención a lo que dispone la Constitución al efecto.
No procede, de este modo, admitir a trámite una RESOLUCIÓN de una COMUNIDAD AUTÓNOMA, pues no tiene la consideración, por parte de este Tribunal, de Rango de Ley, tal y como dispone la Constitución y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en su artículo 2, inciso a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra Leyes, disposiciones normativas o actos con fuerza de Ley.
El Tribunal Constitucional no goza de jurisdicción necesaria para anular dicho acto. Y en ese sentido se emite la presente nota.
por Antonio Roldán el Miér 15 Feb 2017 - 19:02
Yo, DÑA. MARTA SILVA DE LAPUERTA,Abogada del Estado, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017, de voto electrónico para la ciudadanía catalana residente en el extranjero.
Que en el Parlament de Catalunya, fue aprobada una resolución Presentada por la mesa de la comisión por el referéndum que contó con los votos favorables del Grupo Parlamentario Junts pel Sí, Grupo Parlamentario Cup Crida Constituent y Grup Parlamentari Catalunya Si Que Es Pot
PRIMERO.- DE LA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA POR EL DESCONOCIMIENTO DE LA MAYORÍA PARLAMENTARIA PRECISA PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY ELECTORAL DE CATALUÑA.
Un primer vicio de constitucionalidad, que afecta de forma integral y absoluta a toda la Ley impugnada, es el no haber sido aprobada por la mayoría de dos tercios de los miembros del Parlamento de Cataluña, conforme exige el artículo 56.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña para la aprobación del “régimen electoral” de la elecciones a este órgano legislativo. Ello se deduce del expediente parlamentario de aprobación, en el que figura cómo el proyecto legislativo sólo contó en sede parlamentaria con 83 votos de 135, cifra muy lejana a los dos tercios de la cámara autonómica.
En consecuencia con ello, la Ley recurrida adolece de vicio de constitucionalidad y, por consiguiente, debe de ser declarada nula en su totalidad.
SEGUNDO.- DE LA TRANSGRESIÓN DE LA RESERVA DE LEY ORGÁNICA EN MATERIA DE RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL.
El contenido material de la Ley impugnada tiene por objeto la regulación de materias propias del régimen electoral general que, conforme al artículo 81.1, en relación al 23 y al 149.1.1ª, todos ellos de la Constitución, se ve afectado por reserva de Ley Orgánica, correspondiendo por tanto su regulación a las Cortes Generales. En este sentido, dicha Ley tiene por cometido la conformación de un procedimiento especifico de voto para los electores inscritos en el censo residentes ausentes (CERA en lo sucesivo), particular y alternativo al contemplado en el artículo 75 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG de ahora en adelante), que es de aplicación a las elecciones a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, según recoge la Disposición Adicional Primera.2 de este cuerpo legal, “[e]n aplicación de las competencias que la Constitución reserva al Estado”.
En el caso aludido la Ley impugnada desoye de forma total y absolutamente grosera la asunción que de la regulación procedimental del derecho a voto de los inscritos en el CERA realiza la propia LOREG, que integra, conforme al artículo 28 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), el bloque de constitucionalidad de enjuiciamiento de la legislación electoral autonómica, como se entiende del ya citado FJ de la sentencia aludida. En consecuencia, no es admisible, siquiera bajo la burda pretensión de ser de aplicación “opcional y alternativa” (dicción según la cual la norma recurrida pretende salvar su inconstitucionalidad) su pretensión de regular por sí misma un fragmento del procedimiento electoral que, conforme a la ya mencionada DA I.2 LOREG, en desarrollo de los artículos 23, 81.1 y 149.1.1ª CE, corresponde al Estado de manera exclusiva como integrante del régimen electoral general, sin que quepa la introducción de variación alguna en aquél por poder ajeno al legislador orgánico.
En su virtud, la Ley de voto electrónico para la ciudadanía catalana residente en el extranjero adolece de un segundo vicio de constitucionalidad integral, del que deviene su nulidad absoluta.
TERCERO.- VIOLACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL DEL SUFRAGIO
En otro orden de cosas, la regulación sustantiva del propio procedimiento de voto electrónico que se dispone por la Ley impugnada desoye de forma clamorosa un principio tan básico en un Estado social y democrático de Derecho como lo es la independencia del poder electoral respecto del ejecutivo, en tanto que aquélla establece en su artículo 9 una cadena de custodia que hace referencia a la Generalitat y sus cuerpos, pero no a la Junta electoral. Tal regulación, por tanto, afecta gravemente al derecho de sufragio activo y pasivo, recogido por el artículo 23 de la Constitución, puesto que la atribución de la custodia de los votos electrónicos desde que se depositan hasta que tiene lugar la elección no puede quedar a disposición del poder ejecutivo, que por propia naturaleza no puede tener parte alguna en cualquier fase del procedimiento electoral.
Así pues, de lo anteriormente expuesto se deduce que la Ley de voto electrónico para la ciudadanía catalana residente en el extranjero padece de un tercer vicio de inconstitucionalidad que, por consiguiente, la hace nula de pleno Derecho.
SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Ley del Parlamento de Cataluña xx/2017, de 25 de febrero, de voto electrónico para la ciudadanía catalana residente en el extranjero y, previos los trámites que correspondan, dicte sentencia declarando su inconstitucionalidad y nulidad con el alcance que se expresa en los fundamentos de este escrito.
por Antonio Roldán el Jue 9 Mar 2017 - 16:07
Yo, DÑA. MARTA SILVA DE LAPUERTA, Abogado del Estado, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017, de la Hisenda Nacional de Catalunya, la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017, de la Agència Catalana de la Protecció Social y la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017 de transitoreitat jurídica i de plena soberanía de Catalunya
Que las tres leyes mencionadas fueron aprobadas en el pleno extraordinario del 7 de junio en el Parlamento de Cataluña
Sesión del 7 de junio de 2017
El objeto primordial de la impugnación está compuesto por los artículos que se refieren a lo que se viene denominando por la Generalidad de Cataluña "creación de estructuras de Estado". Éstas prevén la elaboración de un plan director de la Administración tributaria de Cataluña, con la finalidad de hacer posible la "Administración tributaria de Cataluña", al Inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña, al Catálogo de infraestructuras estratégicas, a la Creación de la Agencia Catalana de la Protección Social y, finalmente, al Plan director relativo a los sectores de la energía, de las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario.
En la medida en que estas previsiones se realizan para un supuesto inconstitucional, que es el de la separación de Cataluña del Estado español, obviando las exigencias constitucionales al efecto, se vulneran los artículos 1.2, 2, 9.1 y 168 de la Constitución. Finalmente, se vulnera, asimismo, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, cuya modificación requiere, entre otras exigencias, una mayoría de dos tercios de la Cámara.
Por otra parte, tales actuaciones no pueden justificarse en las competencias autonómicas para la elaboración de una propuesta de reforma constitucional, porque la justificación y utilidad de estas actuaciones se refiere a la situación hipotética creada por el cumplimiento de una condición inconstitucional y antiestatutaria, como es la creación de un Estado catalán sin el cumplimiento de los procedimientos exigibles para tal reforma, y sin participación alguna del Estado. Además, no sólo se incumplen los procedimientos de reforma de la Constitución, sino que tampoco se observan los de modificación estatutaria, previstos en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que requiere, entre otros extremos, el voto favorable de dos tercios del Parlamento catalán.
SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra contra la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017, de la Hisenda Nacional de Catalunya, la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017, de la Agència Catalana de la Protecció Social y la Ley del Parlamento de Cataluña XX/2017 de transitoreitat jurídica i de plena soberanía de Catalunya
y, previos los trámites que correspondan, dicte sentencia declarando su inconstitucionalidad y nulidad con el alcance que se expresa en los fundamentos de este escrito.
Es justicia que pido en Madrid a 9 de junio de 2017.
La Abogado del Estado,
por Antonio Roldán el Dom 12 Mar 2017 - 19:09
Yo, DÑA. MARTA SILVA DE LAPUERTA, Abogado del Estado, vengo a interponer RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el DECRET, de 2 de juliol de 2017, de la convocatòria del referèndum de ratificació de la independència de Catalunya.
Que el decreto mencionado presentado en el DOGC por la Generalidad de Cataluña el día 2 de julio de 2017 procede a convocar un referéndum vinculante que se opone a la legalidad vigente del Reino de España
Decreto en el DOGC
Él decreto anteriormente mencionado incumple en primera instancia el artículo segundo de la Ley Orgánica 2/1980, ya que en ningún momento ha sido convocada por el Estado, ni acordada por el Gobierno. También en adición a ésto, se ha incumplido el requisito indispensable del artículo 2.3 ya que corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado por su Presidente.
El presente artículo ha sido promulgado por la Generalidad de Cataluña cuándo basándonos en el artículo 149 CE, el Estado tiene competencia exclusiva sobre la autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. Por lo que estamos también ante un claro atropello de una competencia del Estado que ha sido asumida por la Generalidad de Cataluña sin consentimiento del Gobierno Español
SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD contra el DECRET, de 2 de juliol de 2017, de la convocatòria del referèndum de ratificació de la independència de Catalunya.
Es justicia que pido en Madrid a 2 de julio de 2017.
PRIMER OTROSI DIGO: Que se solicita del Tribunal Constitucional que acuerde la suspensión cautelar de el Decreto impugnado, conforme al artículo 161.2 de la Constitución.
por Zeo Borras el Jue 13 Abr 2017 - 21:10
Al Tribunal Constiucional:
Yo, Idoia Mendia, Secretaria General del PSE-EE, y Borja Sémper, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Eusko Legebitzarra, interponemos recurso de desacato a la Audiencia Nacional y al Tribunal Constitucional contra la Candidatura de Arnaldo Otegi por EH BILDU para las próximas elecciones generales del 21 de enero de 2018, expongo:
http://www.politicasim.com/t1698-electoral-presentacion-de-candidaturas
Fundamentos de derechos en los que se basa la queja:
La Audiencia Nacional en el año 2013 inhabilitó a Arnaldo Otegi a ser candidato electo para unas elecciones, el señor Otegi solicitó un recurso de amparo al constitucional, y en el año 2016 el Tribunal Constitucional confirmó su inhabilitación hasta 2021, siendo ilegal su candidatura para las presentes elecciones de 2018.
Documentación acompañada (Página web que evidencia la suspensión del TC a Otegi):
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/06/actualidad/1473168844_945616.html
SUPLICO que, teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por interpuesto RECURSO DE desacato contra la Resolución del "inhabilitación del Señor Arnaldo Otegi y, previos los trámites que correspondan, dicte sentencia declarando su nulidad con el alcance que se expresa en los fundamentos de este escrito.
Es justicia que pido en Vitoria a x de diciembre de 2017.
Idoia Mendia y Borja Sémper,
PRIMER OTROSI DIGO: Que se solicita del Tribunal Constitucional que acuerde la suspensión e inhabilitación de la candidatura de Arnaldo Otegi para las elecciones generales de 2018.
por Administrador Ballester el Sáb 15 Jul 2017 - 10:43
El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido INADMITIR A TRÁMITE el Recurso de desacato contra Arnaldo Otegi, al no existir constancia alguna de los hechos descritos y no advertir por tanto atisbo alguno de incumplimiento de condena.
por Administrador Ballester el Jue 27 Jul 2017 - 23:37
El ciudadano Gerry McGuinness, con DNI/NIF XXXXXXXX-B y residente en Barcelona, España, procede a denunciar al ciudadano: a D. Zeo Borras por:
- Delitos de amenazas: al haber declarado hacia mi persona hechos y expresiones que revelan la intención de causar mal hacia mi persona.
- Delitos al honor: al haber declarado hacia mi persona injurias y calumnias
PRUEBAS: copias y originales de declaraciones hacia mi persona por parte del enunciado. A entregar cuando el juzgado considere a trámite la denuncia.
AL JUZGADO SOLICITO: que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitir a trámite la denuncia y comenzar el proceso judicial si llegara el caso.

References: artículo 24
 artículo 6
 artículo 10
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 86
 Artículo 137
 artículo 141
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 Artículo 1
 Resolución 
 artículo 161
 RESOLUCIÓN 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 56
 artículo 81
 artículo 75
 artículo 28
 artículo 9
 artículo 23
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 161
 Resolución