Source: https://tc.vlex.es/vid/2000-27-9-7-29-241966
Timestamp: 2019-08-24 03:13:41+00:00

Document:
STC 10/2005, 20 de Enero de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 241966
STC 10/2005, 20 de Enero de 2005
Número de Recurso: 660-2000
Cuestiones de inconstitucionalidad 660-2000 y otras 27 (acumuladas). Planteadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el artículo 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales. Vulneración del principio de igualdad tributaria: exención de impuestos de las cajas de ahorro en su actividad financiera o mercantil. Derogación de precepto estatal.
Sentencia citada en: 298 sentencias, 16 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En las cuestiones de inconstitucionalidad acumuladas núms. 660-2000, 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000, 3308-2000, 5136-2000, 5571-2000 y 5708-2000, planteadas todas ellas por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el artículo 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, por presunta vulneración de los arts. 14, 31.1, 38 y 133.3 de la Constitución española; y alternativa o subsidiariamente sobre el art. 279.7 y disposición derogatoria, apartado 1, disposición undécima, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, por presunta vulneración del artículo 82.5 y 6 de la Constitución española. Han intervenido el Abogado del Estado, en la representación que ostenta, y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Pablo Pérez Tremps, quien expresa el parecer del Tribunal.
El 9 de febrero de 2000 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al que se acompañaba, junto con el testimonio del correspondiente procedimiento, el Auto de la referida Sala, del 12 de enero anterior, en el que se acordaba plantear una cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales y 279.7, y la disposición derogatoria, apartado 1, disposición undécima, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
La cuestión se suscita en el recurso contencioso-administrativo núm. 68/1996, interpuesto por la entidad Caixa D?Estalvil del Penedès contra la Resolución de 19 de diciembre de 1995 de la Gerencia del organismo autónomo local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra 301 liquidaciones tributarias giradas por dicho organismo autónomo con fecha de 20 de junio de 1995 -en virtud de la delegación prevista en el artículo 7 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales- en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 37.919.476 pesetas, como consecuencia de las actividades comerciales desarrolladas por la actora en diversos municipios de la provincia de Barcelona. A juicio de la entonces recurrente, las cajas de ahorro se encontraban exentas del impuesto sobre actividades económicas previsto en la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, del mismo modo que lo estaban de la licencia fiscal; y lo estaban, porque, históricamente, las cajas de ahorro, debido a su especial naturaleza, siempre han disfrutado, para todas las actividades que realizan, del beneficio de la exención en la licencia fiscal del impuesto industrial, hasta que la Administración, a raíz de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, entendió derogada la exención, clasificando en un primer momento a las cajas de ahorro, por el Real Decreto 3197/1983, en el epígrafe 811.11 de las tarifas, para posteriormente, y con base en la doctrina sentada por el Tribunal Supremo (en Sentencia de 14 de mayo de 1984, posteriormente confirmada por las Sentencias de 14 de julio de 1986, 2 de junio de 1987 y 19 de mayo de 1988), dictar el Real Decreto 883/1985, donde volvió a excluirlas. La exención reconocida por el Tribunal Supremo tenía un carácter amplio, al comprender todas las actividades realizadas por las cajas de ahorro, cualesquiera que fuesen esas actividades. Dicha exención favorable a las cajas de ahorro, además, no habría cambiado por el hecho de que el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, que aprobó el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, como consecuencia de la delegación contenida en la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, matizase en su artículo 279.7 la exención aplicable a las cajas de ahorro concretándola a los "Montes de Piedad y Obra Benéfico Social", ya que la redacción literal del citado artículo no se ajusta a Derecho, al haberse excedido el Gobierno en el uso de la delegación que le confería la disposición final primera de la Ley 7/1985 (que le autorizaba en el plazo de un año a refundir, regularizar, aclarar y armonizar las disposiciones legales vigentes), por cuanto no existía base jurídica alguna en la que apoyar la redacción literal de la exención controvertida. En este sentido se han manifestado tanto las Sentencias de los Tribunales de Justicia de Aragón (18 de diciembre de 1989), Castilla y León (25 de junio de 1992) y Andalucía (30 de septiembre de 1993), como el propio Tribunal Supremo en Sentencias de 10 de febrero y 14 de julio de 1995.
Sobre la base de lo anterior insistía la entonces recurrente en que la disposición transitoria tercera de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, de haciendas locales, modificada por las Leyes 6/1991 y 18/1991, permitía el disfrute de la exención que se tuviese en la licencia fiscal de actividades comerciales e industriales (o en la de actividades profesionales y de artistas) hasta la fecha de su extinción, salvo que no tuvieran término de disfrute, en cuyo caso, el plazo de disfrute finalizaría el día 31 de diciembre de 1994. Y las cajas generales de ahorro popular, montes de piedad y obras benéfico-sociales gozaban, según el art. 279 del texto refundido de régimen local, de exención en la citada licencia fiscal. Este criterio, por lo demás, ha sido además admitido por la propia Administración, como lo pone de manifiesto: a) Que el Ayuntamiento de Montcada i Reixac haya estimado el recurso interpuesto por la recurrente contra las liquidaciones del impuesto sobre actividades económicas giradas, correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994; b) que la Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoriales, en consulta planteada sobre el alcance de la exención prevista en el art. 279 del texto refundido de 1986, resolvió que esta exención "alcanza a todas las actividades de las Cajas de Ahorro incluidas las de crédito de conformidad con la doctrina legal fijada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de mayo de 1984"; c) que la Dirección General de Inspección Financiera y Tributaria, en informe de 21 de octubre de 1988, llega a la conclusión de que tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de octubre de 1988 "queda zanjada la polémica y no cabe otra interpretación distinta de la exención de las Cajas de Ahorro en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales"; d) que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Cataluña, en Resolución de 29 de abril de 1996, declara que ya es pacífica tanto jurisprudencial como doctrinalmente que la exención reconocida a las cajas de ahorro en el impuesto sobre actividades económicas se extiende a todas las actividades desarrolladas por las cajas de ahorro y no se limita sólo a las obras benéfico sociales.
A juicio del órgano judicial, si los beneficios fiscales pueden derogarse por leyes posteriores, obvio será que los efectos derogatorios de la promulgación de la Constitución (apartado 3 de su disposición derogatoria) hayan de alcanzar de lleno a aquellos beneficios fiscales contrarios a sus preceptos y principios. A su entender la exención incondicionada que para las cajas de ahorro se contenía en el art. 9.7 del texto refundido de 1966, vigente y transitoriamente aplicable hasta el 31 de diciembre de 1994, según jurisprudencia consolidada y de cuya validez constitucional depende el fallo del presente recurso contencioso-administrativo, es contraria: a) Al principio de igualdad (art. 14 CE) por beneficiar a las cajas de ahorro en unas actividades típicamente comerciales o mercantiles, cuales son las propias de las entidades crediticias y financieras y que desarrollan en igualdad de condiciones con su competidores en el mercado, discriminando así a las demás entidades que las ejercen en idénticas condiciones legales y de mercado. La naturaleza originaria de las cajas de ahorro podría haber justificado históricamente tal exención, pero al equipararse totalmente sus operaciones crediticias y financieras con los demás competidores ha de entenderse carente de cualquier justificación constitucional; b) A los principios de generalidad, igualdad y justicia del sistema tributario (art. 31.1 CE), porque en una hacienda, como la local, presidida esencialmente por el principio del beneficio más que por el estricto de capacidad económica, una exención desprovista de justificación constitucional constituye una grosera vulneración de los principios de solidaridad y generalidad de la carga tributaria; al principio de libertad de empresa en el marco de una economía de mercado (art. 38 CE), cuya principal manifestación ha de ser el principio de libre competencia en el ámbito crediticio y financiero, con lo cual, el disfrute de un beneficio fiscal respecto del ejercicio de actividades financieras idénticas a las ejercidas por otras entidades de crédito y carente de cualquier justificación constitucional, ha de incidir necesariamente en el "marco de la economía de mercado" por la evidente competencia desleal que supone respecto de las demás entidades de crédito; c) y al principio de legalidad en el establecimiento de beneficios fiscales (art. 133.3 CE), al venir establecida la exención de las cajas de ahorro en un Decreto legislativo que no está respaldado en una Ley previa, y que por haberse excedido, como ha venido manteniendo el Tribunal Supremo, de la delegación previa, tiene naturaleza simplemente reglamentaria, con lo cual, no sólo vulnera el art. 10 b) de la Ley general tributaria, sino también el art. 133.3 de la Constitución.
La Sección Cuarta de este Tribunal, por providencia de 28 de junio de 2000, acordó admitir a trámite la cuestión, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el artículo 37.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de la cuestión (lo que se cumplimentó en el BOE núm. 166, de 12 de julio).
Por escrito registrado en este Tribunal el día 18 de julio de 2000 se recibió comunicación de la Presidenta del Senado, en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Igualmente, y por escrito registrado el 20 de julio de 2000, la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones mediante escrito presentado el día 19 de julio de 2000, en el que suplicaba que, previos los trámites legales, se dictara Sentencia por la que se inadmitiese la cuestión en relación con el "control del ejercicio de la delegación legislativa del art. 279.7 del Real Decreto legislativo 781/1986", desestimándose en lo demás. Para el Abogado del Estado la presente cuestión se suscita en relación con dos materias claramente diferenciadas: una, sobre la constitucionalidad del art. 9.7 del texto refundido de 1966; y otra, sobre el ejercicio de la delegación legislativa contenida en la disposición final primera de la Ley 7/1985. Pues bien, respecto de esta segunda entiende que la disposición final primera de la Ley 7/1985, reguladora de las bases del régimen local, autorizó al Gobierno a "refundir en el plazo de un año, y en un solo texto, las disposiciones legales vigentes de acuerdo con lo dispuesto en la disposición derogatoria", de tal manera que uno de los preceptos a refundir era el art. 9.7 del texto refundido de 1966, que no fue derogado por el Real Decreto 3183/81, que aprobó la tabla de vigencias en la materia. Ese precepto resultó afectado por el ejercicio de la delegación normativa, en tanto que establecía una exención general y subjetiva para las cajas de ahorro, y al refundirse en el texto refundido aprobado por el Real Decreto legislativo 781/1986 (en su art. 279.7) se convirtió en una exención en relación con la actividad producida "por los Montes de Piedad y obras benéfico-sociales". Al mismo tiempo la disposición derogatoria, apartado 11, disposición undécima del texto refundido de 1986, declaraba derogado el texto refundido de 1966 y, por tanto, su art. 9.7. Esta situación normativa dio lugar al planteamiento de varios conflictos ante el Tribunal Supremo sobre el alcance de la exención en favor de las cajas de ahorro, pues, si antes del texto refundido de 1986 -al no incluirse el art. 9.7 del texto refundido de 1966 en la tabla de vigencias como derogado- se dudaba de su vigencia, después se discutía si ese precepto podía ser derogado mediante la delegación legislativa que dio lugar al Real Decreto Legislativo 781/1986. Esta última duda fue resuelta por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de febrero de 1995, teniendo esta resolución especial importancia, pues de una manera clara y explícita funda la estimación del recurso de casación en "la improcedencia de los fundamentos en que el mismo se sustenta [se refiere al fallo de la Sentencia recurrida], que eluden analizar el hecho de que el Gobierno se extralimitase al ejercitar la delegación legislativa establecida en la disposición final primera de la Ley 7/1985; extralimitación por la que tanto el art. 279.7 como la disposición derogatoria undécima de Real Decreto Legislativo 781/1986 carecen de fuerza de ley y en modo alguno pueden haber derogado la exención establecida en el art. 9.7 del Decreto 3313/1966".
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite conferido, mediante escrito con fecha de 24 de julio de 2000 (registrado el 27 de julio siguiente), suplicando se dictase Sentencia estimatoria de la cuestión de inconstitucionalidad sometida a enjuiciamiento, al entender que el art. 9.7 del Decreto 3313/1966 incurre en inconstitucionalidad sobrevenida por resultar contradictorio con los arts. 14, 31.1 y 38 CE, debiendo ser desestimada en todo lo demás. Arranca el Fiscal en sus argumentos contestando al segundo de los vicios de constitucionalidad imputados a la norma cuestionada, a saber, el posible exceso cometido por el Gobierno en la delegación legislativa de que fue objeto y postulando su desestimación porque, a su juicio y tal y como reconoce el propio órgano judicial cuestionante, tanto el art. 82.6 CE como las normas legales que complementan dicho mandato constitucional -esto es los arts. 9.4 LOPJ y 1.1 LJCA- confieren plena potestad a los Tribunales ordinarios, y, en concreto, a los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa, para controlar los eventuales excesos cometidos por el Gobierno en el ejercicio de la autorización conferida por las leyes de bases, sin perjuicio, lógicamente, de la que, tanto por la Constitución española como por el art. 27.2 LOTC, le viene atribuida a este Tribunal Constitucional. Así las cosas, la presente cuestión de inconstitucionalidad carecería -a juicio del Fiscal- de uno de sus presupuestos básicos para su planteamiento como es el de que el órgano judicial albergue dudas sobre la constitucionalidad del precepto legal aplicable, cosa que no ocurre, pues de la lectura del propio Auto de planteamiento se puede constatar que la Sala en ningún momento ha tenido duda alguna de que el Gobierno no se hubo excedido en el ejercicio de la potestad legislativa delegada, llegando a afirmar en el fundamento jurídico séptimo (apartado 7.2) de su resolución que, cuando el Gobierno incluyó en el art. 279.7 del Real Decreto Legislativo 781/1986 la exención por los montes de piedad y las obras benéfico-sociales de las cajas de ahorro popular, estaba "usando correctamente de la autorización para refundir textos legales del artículo 82.5 de la Constitución". Es evidente, entonces, que si el órgano judicial no tiene duda alguna de la constitucionalidad de este precepto porque el ejecutivo lo desarrolló correctamente, faltaría uno de los requisitos esenciales establecidos en los arts. 163 CE y 35.1 LOTC para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. En consecuencia, lo que en definitiva solicita el órgano judicial de este Tribunal es un mero pronunciamiento de tipo interpretativo sobre el art. 82.6 CE, conectado al art. 279.7 del Real Decreto Legislativo 781/1986.
Será, sin embargo, a partir del Real Decreto 2290/77, de 27 de agosto, sobre regulación de los órganos rectores de las cajas de ahorro, y, sobre todo, a partir de la Ley 26/88, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las entidades de crédito, que adaptó el Derecho vigente en la materia a la normativa comunitaria (básicamente, la Directiva 77/780/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1977, luego modificada por la Directiva 85/345/CEE del Consejo, de 8 de julio de 1985), cuando se conceptuó de modo definitivo a aquellas cajas como verdaderas entidades de crédito, en cuanto empresas cuya actividad consiste tanto en recibir del público depósitos u otros fondos reembolsables como en conceder créditos, ceder temporalmente activos financieros u otras operaciones análogas que llevaren aparejada la obligación de su restitución. En definitiva, para el Fiscal General del Estado es a partir del año 1977 cuando se produce una sustancial modificación, tanto en la naturaleza y fisonomía como en el tipo de actividad financiera desarrollada por las cajas de ahorro; de ahí que el propio Legislador, al parecer con escasa fortuna, atisbara ya la carencia de fundamento racional de esta exención, al menos considerada en su globalidad, por lo que surgieron los primeros intentos legislativos encaminados a reconducir el reconocimiento de la exención, limitándolo tan sólo a aquellas actividades aún desarrolladas por estas entidades de crédito que tuvieran la misma finalidad benéfico-social que había justificado su inicial reconocimiento. Así el art. 23 del Real Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero, primero y, más tarde, el art. 24 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre, limitaron la cobertura de la exención únicamente a aquellas actividades desarrolladas por las cajas de ahorro popular destinadas a los "montes de piedad y obras benéfico-sociales", quedando sujetas al citado tributo por el resto de actividades. Sin embargo la mala técnica legislativa empleada y la doctrina jurisprudencial que siguió a estas normas permitieron que durante el período transitorio de tres años (1992-1994) las cajas de ahorro popular siguieran disfrutando en la globalidad de sus actividades de la citada exención.
Con posterioridad al planteamiento de la cuestión núm. 660-2000, tuvieron entrada en este Tribunal otros veintisiete escritos de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, con fechas de entrada los días 10 de marzo (registrados con los núms. 1378-2000 y 1379-2000), 15 de marzo (registrado con el núm. 1465-2000), 23 de marzo (registrados con los núms. 1677-2000 y 1678-2000), 24 de marzo (registrados con los núms. 1703-2000 y 1704-2000), 5 de abril (registrado con el núm. 1963-2000), 22 de mayo (registrado con el núm. 2901-2000), 23 de mayo (registrados con los núms. 2923-2000 y 2924-2000), 24 de mayo (registrados con los núms. 2961-2000 y 2962-2000), 25 de mayo (registrados con los núms. 2991-2000 y 2992-2000), 26 de mayo (registrados con los núms. 3025-2000 y 3027-2000), 31 de mayo (registrados con los núms. 3115-2000 y 3116-2000), 7 de junio (registrados con los núms. 3277-2000 y 3278-2000), 8 de junio (registrados con los núms. 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000), 28 de septiembre (registrado con el núm. 5136-2000), 24 de octubre (registrado con el núm. 5571-2000) y 31 de octubre (registrado con el núm. 5708-2000), a los que se acompañaban, junto con los testimonios de los correspondientes procedimientos, los Autos de la referida Sala con fechas de 12 de enero (cuestión núm. 1465-2000), 14 de enero (cuestión núm. 1379-2000), 31 de enero (cuestiones núms. 1378-2000, 1677-2000 y 1704-2000), 16 de febrero (cuestión núm. 2991-2000), 23 de febrero (cuestiones núms. 1963-2000, 2901-2000, 2924-2000 y 2962-2000), 25 de febrero (cuestiones núms. 1678-2000, 1703-2000 y 3277-2000), 1 de marzo (cuestiones núms. 2923-2000 y 2961-2000), 15 de marzo (cuestión núm. 3025-2000), 21 de marzo (cuestiones núms. 2992-2000, 3027-2000, 3307-2000, 3308-2000 y 5708-2000), 22 de marzo (cuestiones núms. 3115-2000 y 3116-2000), 29 de marzo (cuestión núm. 3278-2000), 4 de abril (cuestión núm. 5136-2000), 19 de mayo (cuestión núm. 3306-2000) y 26 de mayo (cuestión núm. 5571). Todas ellas acuerdan plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con los arts. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales y 279.7, y la disposición derogatoria, apartado 1, disposición undécima, del Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobaba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
1) Núm. 205/96, interpuesto por la entidad Caixa D?Estalvis Laietana contra la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1990 y 1991, por un importe total de 12.881.216 pesetas (cuestión núm. 1378-2000).
3) Núm. 212/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Sabadell contra la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona de 17 de noviembre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 7.734.912 pesetas. (cuestión núm. 1465-2000).
4) Núm. 107/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Sabadell contra la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1990 y 1991, por un importe total de 19.321.824 pesetas. (cuestión núm. 1677-2000).
7) Núm. 310/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis del Penedés contra la Resolución del Ayuntamiento de Castell-Platja D?Aro de 19 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 301.553 pesetas (cuestión núm. 1704-2000).
8) Núm. 149/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis del Penedés contra la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1990 y 1991, por un importe total de 37.838.573 pesetas (cuestión núm. 1963-2000).
11) Núm. 134/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Catalunya contra la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona de 14 de noviembre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la liquidación tributaria girada en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes al ejercicio 1993, por un importe total de 159.105 pesetas (cuestión núm. 2924-2000).
12) Núm. 221/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis Comarcal de Manlleu contra la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona de 19 de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 7.521.786 pesetas (cuestión núm. 2961-2000).
15) Núm. 374/96, interpuesto por la Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona contra la Resolución del Ayuntamiento de Castell-Platja D?Aro de 19 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 529.725 pesetas (cuestión núm. 2992-2000).
17) Núm. 455/96, interpuesto por la Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona contra la Resolución del Ayuntamiento de Castello D?Empuries de 8 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 337.355 pesetas (cuestión núm. 3027-2000).
18) Núm. 581/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Manresa contra la Resolución del Ayuntamiento de Prats de Lluçanes de 30 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 229.499 pesetas. (cuestión núm. 3115-2000).
19) Núm. 582/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Manresa contra la Resolución del Ayuntamiento de Vic de 7 de febrero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 560.540 pesetas. (cuestión núm. 3116-2000).
20) Núm. 215/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Manresa contra la Resolución de la Gerencia del organismo autónomo Local de Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona de 16 de noviembre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 16.905.772 pesetas. (cuestión núm. 3277-2000).
21) Núm. 603/96, interpuesto por la Caixa de Girona contra la Resolución del Ayuntamiento de Castello D?Empuries de 30 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 334.758 pesetas (cuestión núm. 3278-2000).
22) Núm. 55/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Terrassa contra las Resoluciones del Ayuntamiento de Rubí de 20 y 21 de noviembre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 6.453.376 pesetas (cuestión núm. 3306-2000).
25) Núm. 231/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis Comarcal de Manlleu contra la Resolución del Ayuntamiento de Barcelona de 30 de octubre de 1995, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1990 y 1991, por un importe total de 3.220.305 pesetas (cuestión núm. 5136-2000).
26) Núm. 604/96, interpuesto por la Caixa D?Estalvis de Girona contra la Resolución del Ayuntamiento de Castell-Platja D?Aro de 19 de enero de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las liquidaciones tributarias giradas en concepto de impuesto sobre actividades económicas correspondientes a los ejercicios 1992, 1993 y 1994, por un importe total de 298.072 pesetas (cuestión núm. 5571-2000); y
En todas las cuestiones anteriores, el órgano judicial proponente duda de la constitucionalidad de los arts. 9.7 del texto refundido del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, aprobado por el Decreto 3313/1966, de 28 de diciembre, en cuanto reconoce para las cajas de ahorro una exención incondicionada, y 279.7 y en la disposición derogatoria undécima del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, y lo hace por idénticos motivos a los expresados en el Auto de la misma Sala con fecha de 12 de enero de 2000, por el que se promovía la cuestión de inconstitucionalidad núm. 660-2000.
Por providencias de este Tribunal, de la Sección Primera, con fecha de 19 de septiembre de 2000 (cuestiones núms. 1379-2000, 1703-2000, 1963-2000, 2923-2000 y 3116-2000); de la Sección Segunda, con fechas de 19 de julio (cuestión núm. 3115-2000) y 19 de septiembre de 2000 (cuestiones núms. núms. 1378-2000, 1704-2000, 2901-2000 2961-2000, 3025-2000, 3277-2000 y 3308-2000); de la Sección Tercera, con fecha de 19 de septiembre de 2000 (cuestiones núms. 1465-2000, 1678-2000, 2962-2000, 2992-2000, 3027-2000, 3278-2000 y 3307-2000); y de la Sección Cuarta, con fechas de 19 de septiembre (cuestiones núms. 1677-2000, 2924-2000, 2991-2000 y 3306-2000) y 31 de octubre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000), y 31 de enero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 5708-2000); se acordó admitir a trámite las cuestiones, dando traslado de las actuaciones recibidas, conforme establece el art. 37.2 LOTC, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado, para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimasen convenientes. Todo ello con publicación en el "Boletín Oficial de Estado" de la incoación de la cuestión, lo que se cumplimentó en los siguientes núms. del BOE: núm. 237, de 3 de octubre de 2000 (cuestiones núms. 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000); núm. 274, de 15 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000); y núm. 34, de 8 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 5708-2000).
Por escritos registrados en este Tribunal los días 6 de octubre (cuestiones núms. 1378-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000 y 2901-2000), 16 de octubre (cuestiones núms. 1379-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000), 15 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000), y 15 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 5708-2000), la Presidenta del Congreso de los Diputados comunicó que dicha Cámara no se personaría en el procedimiento ni formularía alegaciones, poniendo a disposición del Tribunal las actuaciones que pudiera precisar, con remisión a la Dirección de Estudios y Documentación de la Secretaría General.
Por escritos registrados en este Tribunal los días 13 de octubre (cuestiones núms. 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000 y 1678-2000), 17 de octubre (cuestiones núms. 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000), 24 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000), y 20 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 2708-2000), se recibieron otras comunicaciones de la Presidenta del Senado en el sentido de que se tuviera a dicha Cámara por personada en el procedimiento y por ofrecida su colaboración a los efectos del artículo 88.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El Abogado del Estado formuló sus alegaciones en los diferentes procedimientos mediante escritos presentados en el Registro de este Tribunal los días 4 de octubre (cuestiones núms. 1465-2000, 1677-2000 y 1678-2000), 6 de octubre (cuestiones núms. 1378-2000, 1379-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000 y 3027-2000), 10 de octubre (cuestiones núms. 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 3025-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000), 17 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000), y 15 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 2708-2000), en los que suplicaba que se dictara Sentencia por la que se inadmitiese la cuestión en relación con el "control del ejercicio de la delegación legislativa del art. 279.7 del Real Decreto Legislativo 781/1986", desestimándose en todo lo demás, por idénticas razones a las expuestas en el escrito de alegaciones presentado con fecha de 19 de julio de 2000, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 660-2000.
El Fiscal General del Estado evacuó el trámite de alegaciones conferido en los diferentes procedimientos por escritos presentados en el Registro General de este Tribunal los días 17 de octubre (cuestiones núms. 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000 y 3308-2000), 23 de noviembre de 2000 (cuestión núm. 5136-2000), y 23 de febrero de 2001 (cuestiones núms. 5571-2000 y 2708-2000), en los que suplicaba que se dictara Sentencia estimatoria al entender que el art. 9.7 del Decreto 3313/1966 incurre en inconstitucionalidad sobrevenida, por resultar contrario a los arts. 14, 31.1 y 38 CE, por los mismos motivos que fueron expuestos en el escrito de alegaciones presentado con fecha de 27 de julio de 2000, en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 660-2000.
Dado que tanto el Abogado del Estado como el Fiscal General del Estado habían solicitado en sus respectivos escritos de alegaciones, de conformidad con el art. 83 LOTC, la acumulación de todas cuestiones a la que lleva el núm. 660-2000, al ser tanto los preceptos cuestionados como la fundamentación del órgano judicial coincidente en el objeto y en el contenido, por Auto de este Tribunal, con fecha de 30 de noviembre de 2004, se acordó la acumulación de las cuestiones de inconstitucionalidad núms. 1378-2000, 1379-2000, 1465-2000, 1677-2000, 1678-2000, 1703-2000, 1704-2000, 1963-2000, 2901-2000, 2923-2000, 2924-2000, 2961-2000, 2962-2000, 2991-2000, 2992-2000, 3025-2000, 3027-2000, 3115-2000, 3116-2000, 3277-2000, 3278-2000, 3306-2000, 3307-2000, 3308-2000, 5136-2000, 5571-2000 y 5708-2000, a la registrada con el núm. 660-2000, al apreciarse el cumplimiento de los requisitos previstos en el art. 83 LOTC.
Por providencia de fecha 18 de enero de 2005, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Cataluña ha cuestionado la conformidad con la Constitución del art. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, por presunta vulneración sobrevenida de los arts. 14, 31.1, 38 y 133.3 de la Constitución española en tanto en cuanto exime a las cajas de ahorro de la licencia fiscal al impuesto industrial. Alternativa o subsidiariamente, cuestiona también "el control del ejercicio de la delegación legislativa contenido en el artículo 279.7 y en la disposición derogatoria, apartado 1, disposición undécima, del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en virtud de la delegación legislativa establecida en la disposición final primera de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local", por presunta vulneración del artículo 82.5 y 6 de la Constitución.
Antes de comenzar el estudio de las vulneraciones alegadas es preciso concretar que, conforme a nuestra doctrina, el hecho de que la exención discutida desapareciese el día 31 de diciembre de 1994 (momento en el que terminaba el período transitorio establecido por la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales) no supone la pérdida de objeto del presente proceso constitucional, pues debe tenerse en cuenta que en las cuestiones de inconstitucionalidad, al depender el fallo del proceso judicial precisamente de la resolución de la citada cuestión, resulta determinante la normativa vigente en aquel momento (en este caso, el art. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre) y, en consecuencia, deviene ineludible declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma cuestionada. Por ello la derogación formal de los preceptos legales no determina que la presente cuestión no tenga objeto o incurra en causa sobrevenida alguna de inadmisibilidad, razón por la cual ha de merecer un pronunciamiento de fondo a cargo de este Tribunal (SSTC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 2; y 53/2004, de 15 de abril, FJ 1, entre otras muchas).
Nos encontramos, entonces, con que el objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad es una norma preconstitucional, a saber, el Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, en cuyo artículo 9.7 se declaraba la exención de las "[l]as Cajas Generales de Ahorro Popular" en la licencia fiscal del impuesto industrial; exención que ha sido interpretada por el Tribunal Supremo como aplicable a la totalidad de la actividad -dual- desarrollada por éstas, a saber, no sólo a su actividad benéfico-social, sino también a la económico-financiera o mercantil-financiera. Vamos a partir en nuestro análisis del alcance de la norma en los términos en que se ha sido interpretada por la doctrina del Tribunal Supremo (entre otras, en Sentencias de 14 de mayo de 1984 y de 22 de mayo de 1999). En principio, no es nuestra función la de resolver controversias interpretativas o dudas sobre el alcance de los preceptos legales, o dicho de otra manera, no nos corresponde la interpretación de la legalidad que subyace a la cuestión, sino únicamente enjuiciar la conformidad a la Constitución de una norma con rango de ley que sea aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, conforme disponen los arts. 163 CE y 35.1 LOTC (SSTC 157/1990, de 18 de octubre, FJ 2, y 126/1997, de 3 de julio, FJ 4). Esto es lo que ocurre en el presente caso, en el que, sin perjuicio de que exista una controversia interpretativa sobre el alcance del art. 9.7 del Decreto 3313/1966, se suscita, además, una duda sobre su conformidad material con el texto constitucional.
Hechas las aclaraciones anteriores y con carácter previo al análisis del precepto impugnado, es imprescindible delimitar la evolución legislativa que, desde sus orígenes, ha experimentado la exención discutida, a los efectos de concretar su finalidad. Desde el Real Decreto de 29 de junio de 1853, por el que ordenaba establecer en todas las capitales de provincia cajas de ahorro y montes de piedad, y luego en la Ley de 29 de junio de 1880, se vino calificando a las cajas de ahorro con monte de piedad como "instituciones de beneficencia" bajo el protectorado del Ministerio de Gobernación, y aplicándoles, aparte de una serie concreta de beneficios fiscales (como eran ciertas exenciones en el uso de papel timbrado, en el sello de recibo de los imponentes, etc), los beneficios fiscales previstos para las entidades benéficas. Así, desde sus orígenes, las cajas de ahorro han venido gozando de la exención en el impuesto industrial de comercio y profesiones (actualmente, impuesto sobre actividades económicas), creado en la reforma tributaria del año 1845, y lo han hecho en los mismos términos que las entidades sin finalidad lucrativa, por los fines benéficos que perseguían (otrora, acabar con la usura de las entidades financieras) y, por tanto, han visto limitado el disfrute de cualquier beneficio fiscal (no sólo en el impuesto industrial, sino en cualquier otro tributo) a los rendimientos o beneficios obtenidos por la realización de la actividad que constituía su objeto social (actividad sin fin de lucro) y no a aquellos otros rendimientos o beneficios que derivaban bien del ejercicio de actividades económicas, bien de la explotación de su propio patrimonio. En este sentido, desde la Ley general de beneficencia de 20 de junio de 1849, y su Reglamento, aprobado por Real Decreto de 14 de mayo de 1852, pasando por la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, hasta la actual Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, las entidades sin ánimo de lucro destinadas a la realización de actividades de interés general han visto sus rendimientos típicos (los derivados de la realización de la actividad que constituye su objeto social) exentos del pago de impuestos.
Avanzando en el tiempo, tanto la disposición transitoria primera de la Ley 230/1963, de 23 de diciembre, general tributaria, como el art. 241 de la Ley 41/1964, de 11 de junio, de reforma del sistema tributario, disponían la delegación en el Gobierno de la facultad para refundir las diferentes normas reguladoras de cada impuesto, siendo uno de los frutos de esta labor de refundición el Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, en cuyo artículo 9.7 se declaraba expresamente exentas a "[l]as Cajas Generales de Ahorro Popular y las Cajas Rurales Cooperativas", eso sí, esta vez sin limitar el beneficio fiscal a su monte de piedad y obra social. No obstante, suprimida la vigencia del anterior impuesto por la disposición transitoria primera de la Ley 44/1978, de 8 de septiembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, a partir del día 1 de enero de 1979, y convirtiéndose en tributo local la licencia fiscal del impuesto industrial, fue, entonces, la Ley 40/1981, de 28 de octubre, por la que se aprobaban determinadas medidas sobre régimen jurídico de las corporaciones locales (consecuencia del Real Decreto-ley 3/1981, de 16 de enero, sobre régimen jurídico de la administración local), la que en su art. 24.1 limitó expresa y textualmente "[l]as exenciones tributarias concedidas por el Estatuto de 14 de marzo de 1933, y disposiciones posteriores ... en cuanto a los tributos municipales se refiere, a los Montes de Piedad y Obras Benéficos-Sociales de las Cajas expresamente autorizadas, estando sujetas a los mismos las demás actividades y, especialmente, las que desarrollen como establecimientos de crédito".
Será después la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, la que autorice al Gobierno -en su disposición final primera - a refundir, en el plazo de un año y en un sólo texto, las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local; refundición que comprendería también la regularización, aclaración y armonización de dichas disposiciones. Fruto de esta delegación se dictó el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprobaba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, en cuyo artículo 279.7 se recogía la exención en la licencia fiscal para "las Cajas Generales de Ahorro Popular, por los Montes de Piedad y obras benéfico-sociales". En consecuencia esta vez, no sólo se recogía -una vez más- la exención en los mismos términos que en el artículo 24.1 de la Ley 40/1981, sino que también, en el apartado 11 de su disposición derogatoria, se declaraban expresamente derogadas, tanto la Ley 40/1981 (número tercero) como -esta vez sí- el texto refundido del impuesto sobre actividades y Beneficios Comerciales e Industriales, aprobado por Decreto de 29 de diciembre de 1966.
Finalmente la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, creó el impuesto sobre actividades económicas, el cual empezaría a exigirse a partir del día 1 de enero de 1991, fecha hasta la cual continuaría exigiéndose la licencia fiscal de actividades comerciales e industriales y de actividades profesionales y de artistas (disposición transitoria tercera ). Esa Ley 39/1988 derogaba el título VIII del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (título VIII que regulaba las "Haciendas Locales", en cuyo seno tenía cabida el artículo 279, que declaraba la exención para las cajas de ahorro), aunque, conforme al apartado 21 de esa misma disposición transitoria, respetaba la situación de quienes "a la fecha de comienzo de aplicación del Impuesto sobre Actividades Económicas gocen de cualquier beneficio fiscal en la Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales o en la Licencia Fiscal de Actividades Profesionales y de Artistas", que "continuarán disfrutando de los mismos en el impuesto citado en primer lugar hasta la fecha de su extinción y, si no tuvieran término de disfrute, hasta el 31 de diciembre de 1993, inclusive". Este límite máximo del disfrute de la exención fue posteriormente ampliado por la Ley 6/1991, de 11 de marzo, de modificación del impuesto sobre actividades económicas, hasta el 31 de diciembre de 1994, como consecuencia del retraso de la entrada en vigor del impuesto hasta el día 1 de enero de 1992.
Visto el desarrollo normativo expuesto, es necesario acometer, en primer lugar, y como hace el Fiscal General del Estado, el examen de la vulneración que el órgano judicial atribuye al precepto cuestionado del principio de legalidad -entendida en términos de reserva de ley- en materia de beneficios fiscales (art. 133.3 CE), por cuanto de concurrir este vicio formal sería innecesario entrar a conocer de los restantes defectos que al art. 9.7 del Decreto 3313/1966 se le imputan.
Debemos entrar, pues, en el estudio del primero de los vicios sustantivos que le imputa el órgano judicial, a saber, la desigualdad ante la ley (art. 14 CE) -en los términos en que dicha norma ha sido interpretada por la doctrina del Tribunal Supremo.
La posible inconstitucionalidad que se imputa al art. 9.7 del Decreto 3313/1966 se centra en la atribución de un diferente trato a las cajas de ahorro respecto de las restantes entidades financieras desde el punto de vista del deber de todos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de forma igualitaria, al concederles la disposición cuestionada a aquéllas la exención en el impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales también para su actividad puramente financiera o mercantil, y no sólo para su obra benéfica y monte de piedad.
De todo lo expuesto se puede concluir que la exención prevista en el art. 9.7 del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades y beneficios comerciales e industriales, es contrario a la Constitución sólo en la medida en que es aplicable a la parte mercantil de las cajas de ahorro y, por tanto, no se limita -como expresamente señalaría luego el art. 24.1 de la Ley 40/1981, de 28 de octubre- "a los Montes de Piedad y Obras Benéfico-Sociales de las Cajas expresamente autorizadas". Siendo inconstitucional la disposición cuestionada en los términos citados, por vulnerar el principio constitucional de contribuir a los gastos públicos en términos de igualdad (arts. 14 y 31.1 CE), resulta innecesario entrar a conocer de las restantes vulneraciones que el órgano judicial imputa a la norma cuestionada.
STSJ Comunidad de Madrid 421/2008, 13 de Marzo de 2008
STSJ Comunidad de Madrid 387/2008, 29 de Febrero de 2008
STSJ Comunidad de Madrid 119/2009, 21 de Enero de 2009 (Recurso contencioso administrativo, Principio de generalidad tributaria, Exenciones)
STSJ Andalucía , 29 de Mayo de 2000
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STS 127/2015, 17 de Marzo de 2015
SAP Madrid 213/2010, 10 de Mayo de 2010
SAP Murcia 55/2007, 13 de Febrero de 2007

References: artículo 9
 resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 82
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 Resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 279
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 88
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 resolución 
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 Resolución 
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 Real Decreto 
 artículo 279
 Real Decreto 
 artículo 82
 resolución 
 artículo 9
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in fine
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 artículo 279
 artículo 24
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 artículo 279