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Timestamp: 2016-08-25 08:09:12+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 252/95 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 1995 - Jurisprudencia - VLEX 43558942
Expediente:D-661
Artículo 197. - Garantía de remuneración mínima para educadores privados. El salario que devenguen los educadores en establecimientos privados no podrá ser inferior al ochenta por ciento (80%) del señalado para igual categoría a quienes laboren en el sector oficial. La misma proporción regirá para los educadores por horas.
El ciudadano Francisco Javier Giraldo Gómez demanda la inconstitucionalidad del artículo 197 (parcial) de la Ley 115 de 1994, por medio de la cual se expide la ley general de educación, con base en los siguientes argumentos:
La norma "autoriza a los particulares, dueños de verdaderas empresas educativas, para que paguen a los docentes que laboran en sus instituciones, hasta el veinte por ciento (20%) menos de lo que devenguen los docentes vinculados al sector oficial". Con ello vulnera el derecho fundamental a la igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política , al establecer una diferenciación arbitraria e injustificada entre educadores del sector privado y aquellos del sector oficial.
Desconoce el artículo 68 numeral 3° de la Constitución, el cual establece que la enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica y que la ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente.
Vulnera el derecho fundamental al trabajo, definido en los artículos 25 y 53 inciso segundo de la Constitución Política , al desconocer las garantías esenciales para su pleno ejercicio, como son la igualdad de oportunidades para los trabajadores y la remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. De otra parte, el artículo acusado vulnera el inciso 5° del mismo artículo constitucional, el cual determina que la ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores.
La norma contradice lo dispuesto en el artículo 143, numeral 1° del Código Sustantivo del Trabajo , que dispone que "a trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario igual...".
La norma demandada establece una garantía de remuneración mínima para los educadores privados. No fija límites máximos sino mínimos, dentro de los cuales se puede mover el mercado laboral de docentes.
La realidad socio-económica del país muestra enormes deficiencias en relación con la oferta de trabajo. El sector privado constituye una fuente de empleo importante para los educadores. En estas circunstancias, el espíritu de la norma no es el de disminuir el ingreso sino justamente lo contrario: evitar que se paguen salarios demasiado bajos. Es muy probable que con la norma acusada hayan mejorado los salarios de los profesores del sector privado.
La protección del derecho a la igualdad depende del cumplimiento del contrato de prestación de servicios celebrado entre el docente y la entidad educativa y no resulta violada por el hecho de que se establezca un porcentaje salarial por debajo del cual no se puede contratar.
Debe tenerse en cuenta el concepto de libertad de empresa y de propiedad privada que determinan la prestación del servicio educativo privado.
La norma pretende mejorar la condición salarial de los docentes privados. Ello se pone en evidencia si se tiene en cuenta el hecho de que la disposición anterior - artículo 4 de Ley 14 de 1971- establecía un tope mínimo de 75% del salario previsto para el sector oficial.
"La igualdad no es casuística y milimétrica". Debe evitarse "el empeño en hacer de los ciudadanos colombianos elementos uniformes ceñidos a medidas ideales que en nada sean aplicables a la realidad nacional". Por el contrario, "la igualdad debe entenderse en una dimensión existencial a la que cada cual llega en la medida de su proyecto de vida, de sus aspiraciones, de sus capacidades".
El demandante "exige una igualdad utópica y a ultranza. Nada más ajustado a derecho que lo ajustado a la realidad. Las normas inconsecuentes con la realidad son impracticables y terminan siendo injurídicas".
- Concepto del Viceprocurador
No se presenta una violación al derecho a la igualdad por cuanto el legislador contempla dos situaciones diferentes: la de los educadores oficiales y la de los educadores que laboran en el sector privado. En tanto que los salarios de los primeros son establecidos unilateralmente por la Nación, los segundos tienen la posibilidad de pactar libremente su remuneración al negociar con su empleador las condiciones de su contrato de trabajo. Es, por lo tanto, razonable que la ley establezca un trato distinto para cada una de las categorías, en virtud del principio de la igualdad material.
La norma demandada lejos de afectar negativamente a los educadores del sector no oficial se constituye en una garantía para sus derechos. El Estado reconoce que los docentes se encuentran en desventaja frente a sus empleadores, de manera que interviene en una relación típicamente privada estableciendo un límite a la libertad contractual. De esta manera se obliga a los establecimientos educativos a respetar un tope mínimo al momento de fijar la remuneración de los educadores, de manera que garantice que éstos reciban un pago acorde con la labor que desempeñan. Así mismo, en relación a la norma preexistente, es mayor la garantía que se otorga a los educadores no oficiales, pues se eleva de un 75 a un 80 el porcentaje de los salarios devengados por los educadores de sector público que debe ser respetado por los establecimientos educativos privados.
El primer inciso del artículo 197 no vulnera el derecho al trabajo. El salario mínimo legal protege la situación laboral de los educadores privados.
Tampoco se viola la disposición contenida en el artículo 68 de la Constitución. Al establecer un salario mínimo, la norma acusada pretende dignificar la profesión del educador y mejorar su nivel de vida.
La Corte debe analizar si la ley puede establecer para los educadores privados un salario mínimo igual al ochenta por ciento del devengado por los educadores de la misma categoría que laboren en el sector oficial (educadores públicos).
La ley vincula el salario mínimo de los educadores privados a un indicador económico que le sirve como término de referencia: la remuneración del educador público de igual categoría. De conformidad con la formula legal, ningún educador privado podrá devengar como salario una suma inferior al ochenta por ciento del emolumento que se haya señalado al educador público perteneciente a una categoría semejante.
La fijación de un salario mínimo para los educadores privados por parte del Estado, podría ser vista como una injerencia ilegítima en el ámbito de la libertad de enseñanza (C.P. art. 68). La creación y gestión de establecimientos educativos por particulares, como especificación de esta libertad, parecería incorporar en su núcleo esencial, la facultad de sus titulares para disponer libremente todo lo necesario a su organización y funcionamiento. La libertad de contratación - respetando, desde luego, el salario mínimo legal general -, sería un instrumento indispensable para realizar en la práctica los poderes de gestión y dirección, inherentes a la libertad de enseñanza. Adicionalmente, la libertad de empresa (C.P. art. 333), que incluye el poder de negociar todos los elementos y recursos que son necesarios para su puesta en marcha y desarrollo, brindan sustento a la pretensión de abandonar este aspecto de la contratación laboral a los pactos que celebren establecimientos educativos y educadores.
El establecimiento del salario mínimo vital y móvil (C.P. art. 53) expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades - materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa.
Atendidas las condiciones particulares de ciertas ocupaciones, oficios o profesiones, la ley puede señalar remuneraciones mínimas aplicables a quienes laboran en ellas. En este caso, se valoran las competencias y destrezas requeridas para desempeñarlas, así como las necesidades de orden material y social que se evidencian en las distintas actividades. La facultad del Estado para imponer la retribución mínima, no se limita a la que se establece por vía general, sino que se extiende a la eventual determinación de salarios mínimos profesionales u ocupacionales (C.P. art. 53). En primer término, el tenor de la atribución admite tanto el ejercicio general como el especial de la competencia estatal. En segundo término, la protección del trabajo, bajo esta modalidad de señalamiento de un salario mínimo, no se agota con la que pueda hacerse por vía general y que, en el país, de otro lado, sólo se define con base en la situación de los obreros no calificados. Finalmente, la existencia de varias categorías de empleos, según ocupaciones y profesiones, más o menos exigentes en términos de aptitudes y preparación, las que se proyectan en una pluralidad de necesidades de diferente naturaleza, obligan al Estado, en aras del principio de igualdad (C.P. art. 13), a introducir diferentes salarios mínimos de acuerdo con las notas peculiares de la actividad laboral de que se trate.
La ley examinada se ocupa del salario mínimo de los docentes privados. A juicio de la Corte, la decisión del legislador - sin aludir a su cuantía - se encuentra plenamente justificada. El ingreso al servicio educativo y la permanencia y progreso en el mismo, demandan un personal especialmente calificado desde el punto de vista académico. El papel destacado que una comunidad sana le asigna a maestros y profesores, deriva para éstos en un cúmulo de mayores necesidades sociales y culturales que satisfacer. De otro lado, se hacen visibles elementos, formas y pautas de conducta singulares ligados a nociones de decoro y estima social. En definitiva, la situación de los maestros y profesores, desde el punto de vista del salario mínimo, es distinta de la de los obreros no calificados. Es, por lo tanto, apenas justo y consulta el principio de igualdad, que respecto de estos servidores de la sociedad se establezca un salario mínimo profesional.
Habiendo concluido la Corte que es justo y razonable que se aplique al maestro un salario mínimo profesional, con lo cual no se vulnera el principio de igualdad ni se discrimina al asalariado común, representado en Colombia por el obrero no calificado, el análisis debe proseguir con el fin de precisar si el docente privado, a su turno, es indebidamente tratado en relación con el docente público de categoría equivalente, en vista de que la remuneración mínima del primero es inferior en un 20% respecto de la de este último.
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal nº 67416 de 2 de Julio de 2013
Sentencia nº 8590 de Consejo de Estado - Sección Cuarta, de 12 de Diciembre de 1997
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 31375 de 15 de Febrero de 2011
Tutela de Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral nº 20969 de 29 de Abril de 2008

References: Artículo 197
 artículo 197
 artículo 13
 artículo 68
 artículo 143
 artículo 4
 artículo 197
 artículo 68