Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=(BOCG_D_09_52_346.CODI.)
Timestamp: 2019-10-15 21:31:47+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 52-346, de 18/04/2011
cve: BOCG_D_09_52_346
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 109.
Con fecha 18 de abril de 2011, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, con competencia legislativa plena, en relación con el Proyecto de Ley de regulación del juego, declarado urgente.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 12 de abril de 2011, al amparo de lo previsto en el artículo 135.6 del Reglamento del Senado, y por apreciarse circunstancias que aconsejan la modificación del plazo previsto en el apartado 1 de dicho artículo, ha acordado que el plazo, improrrogable, para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 25 de abril, lunes.
Palacio del Senado, 18 de abril de 2011.—P.D., Fernando Dorado Frías, Letrado Mayor Adjunto para Asuntos Parlamentarios del Senado.
Disposición final novena. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.
La presente Ley se divide en siete títulos, con cuarenta y nueve artículos, seis disposiciones adicionales, ocho disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y diez disposiciones finales.
El objeto de esta Ley es la regulación de la actividad de juego, en sus distintas modalidades, que se desarrolle en el ámbito estatal con el fin de garantizar la protección del orden público, luchar contra el fraude, prevenir las conductas adictivas, proteger los derechos de los menores y salvaguardar los derechos de los participantes en los juegos, sin perjuicio de lo establecido en los Estatutos de Autonomía.
3. Con el fin de garantizar la efectividad de las anteriores prohibiciones subjetivas, la Comisión Nacional del Juego establecerá las medidas que, de acuerdo con la naturaleza del juego y potencial
perjuicio para el participante, puedan exigirse a los operadores para la efectividad de las mismas. Asimismo, creará el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego y el Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego, ambos de ámbito estatal.
1. La Gestión responsable del juego es el conjunto de principios y prácticas a adoptar con objeto de proteger el orden público garantizando la integridad del juego, así como previniendo y mitigando la adicción al juego y los efectos nocivos que pudiere provocar, optimizando simultáneamente los beneficios para la sociedad.
a) Asegurar el cumplimiento de las leyes y reglamentaciones vigentes, especialmente, las obligaciones establecidas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
b) Asegurar la integridad y seguridad de los juegos, garantizando la participación, transparencia de los sorteos y eventos, el cálculo y el pago de premios y el uso profesional diligente de los fondos, en su más amplio sentido.
f) Proporcionar al público la información necesaria para que pueda hacer una selección consciente de sus actividades de juego, promocionando actitudes de juego no compulsivo y responsable.
5. La Comisión Nacional del Juego verificará el cumplimiento por los operadores de su compromiso con la gestión de juego responsable y la implementación de prácticas adecuadas en todos los aspectos de sus actividades y de su red de ventas, sin perjuicio de las competencias de supervisión del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias en materia de prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo establecidas por el artículo 45.4 f) de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
4. Los títulos habilitantes otorgados por otros Estados no serán válidos en España. Los operadores reconocidos por otros Estados miembros de la Unión Europea, deberán cumplir con los requisitos y con la tramitación establecida por la legislación vigente. Reglamentariamente se establecerá el procedimiento por el que la Comisión Nacional del Juego podrá convalidar aquella documentación ya presentada por un operador autorizado en el Espacio Económico Europeo, eximiendo de su nueva presentación en España.
La convocatoria de los procedimientos de otorgamiento de licencias generales para la explotación y comercialización de juegos será promovida, de oficio o a instancia de cualquier interesado, por la Comisión
Nacional del Juego. La promoción de la convocatoria a instancia de interesado se practicará en el plazo de seis meses contados desde la recepción de la solicitud salvo que la Comisión Nacional del Juego estimare motivadamente que existen razones de salvaguarda del interés público, de protección de menores o de prevención de fenómenos de adicción al juego que justifiquen que no se proceda a la convocatoria solicitada.
5. Las licencias generales tendrán una duración de 10 años y serán prorrogables por un periodo de idéntica duración.
4. Mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, se aprobará el Estatuto de la Comisión Nacional del Juego, en el que se establecerá su organización, estructura, funcionamiento, así como
cualesquiera otros aspectos que fueran precisos para el cumplimiento de sus funciones y que en todo caso, deberá tener el siguiente contenido:
1. La Comisión Nacional del Juego podrá dictar aquellas disposiciones que exijan el desarrollo y ejecución de las normas contenidas en esta Ley, en los Reales Decretos aprobados por el Gobierno o en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda, siempre que estas disposiciones le habiliten de modo expreso para ello. Estas disposiciones se elaborarán por la propia Comisión Nacional del Juego, previos
los informes técnicos y jurídicos oportunos de los servicios competentes de la misma, y la consulta, en su caso, a las Comunidades Autónomas. Tales disposiciones serán aprobadas por el Consejo de la Comisión Nacional del Juego y no surtirán efectos hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado y entrarán en vigor conforme a lo dispuesto en el apartado primero del artículo 2 del Código Civil.
3. Las disposiciones o resoluciones que dicte la Comisión Nacional del Juego en el ejercicio de las potestades administrativas que se le confieren en esta Ley pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común o impugnarse directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley reguladora de dicha jurisdicción.
4. Los operadores habilitados, sus representantes legales y el personal que en su caso se encuentre al frente de las actividades en el momento de la inspección, tendrán la obligación de facilitar a los inspectores y a su personal auxiliar el acceso a los locales y a sus diversas dependencias, así como el examen de los soportes técnicos e informáticos, libros, registros y documentos que solicite la inspección.
El acta deberá ser firmada por el funcionarios que la extienda y por la persona o representante de la entidad fiscalizada, quien podrá hacer constar cuantas observaciones estime convenientes. Se entregará copia del acta a la persona o representante de la entidad fiscalizada, dejando constancia, en su caso, de su negativa a firmarla o a estar presente en el desarrollo de la inspección.
3. En particular, los prestadores de servicios de comunicación audiovisual, de comunicación electrónica y de la sociedad de la información, serán responsables administrativos de la promoción, patrocinio y publicidad de los juegos a los que se refiere la presente Ley cuando quienes los realicen carezcan de título habilitante o cuando se difundan sin disponer de la autorización para publicitarlos o al margen de los límites fijados en la misma o infringiendo las normas vigentes en esta materia. La competencia para instruir los procedimientos y sancionar a los prestadores de servicios de comunicación audiovisual corresponde al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, aplicándose en estos casos el régimen sancionador previsto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, salvo la excepción prevista en el apartado anterior, respecto de las infracciones del artículo 40 letra e).
4. Cuando la infracción sea cometida por una entidad intermediaria cuyo ámbito de actuación se limite al territorio de una Comunidad Autónoma o cuando la promoción, patrocinio y publicidad de los
juegos a través de medios presenciales se realice en el territorio de una Comunidad Autónoma, será competente para ejercer la potestad sancionadora el órgano autonómico correspondiente.
a) La participación en actividades de juego, contraviniendo las prohibiciones establecidas en el artículo 6.2. letras c), d), e), f), g) y h) de esta Ley.
3. Las infracciones calificadas como muy graves serán sancionadas por el titular del Ministerio de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Juego, con multa de un millón a cincuenta millones de euros. Además de la multa, podrá imponerse la pérdida del título habilitante, la inhabilitación
para la realización de las actividades previstas en el artículo 1 de esta Ley por un período máximo de cuatro años o la clausura de los medios por los que se presten servicios de la sociedad de la información que soporten las actividades de juego.
Serán responsables solidarios del pago del impuesto, siempre que no hubieran constatado que los operadores celebran u organizan estas actividades de juego con los necesarios títulos habilitantes:
a) Con carácter general, los dueños o empresarios de las infraestructuras y los prestadores de servicios de la sociedad de la información, en ambos casos siempre que debieran razonablemente presumir que se utilizan o sirven específicamente para la celebración de las actividades de juego reguladas en esta Ley, así como los medios de comunicación a través de los que se difundan y las demás entidades reseñadas en el artículo 7 de esta misma Ley que incurran en las actuaciones prohibidas en dicho precepto.
b) En el caso de actividades de juego transfronterizas, quienes ofrezcan, por cualquier medio, actividades de juego a personas con residencia fiscal en España o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego.
La responsabilidad se exigirá exclusivamente en relación con los hechos imponibles realizados durante el tiempo en que se efectúen las actividades y actuaciones previstas en las letras a) y b) anteriores.
Cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que, simplemente, efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, la base imponible se integrará por las comisiones pagadas por los jugadores al sujeto pasivo.
En el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerará que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el importe de la tarifación adicional, excluido el impuesto indirecto correspondiente. En los supuestos en que quien preste los servicios de comunicaciones sea una persona o entidad que forme grupo de sociedades, en los términos previstos en
el artículo 42 del Código de Comercio, con el operador de juego, se considerará que la tarifación adicional es el importe de la cantidad dedicada a la participación en el juego, excluido el coste de la llamada determinado de acuerdo al valor de mercado según lo previsto en el artículo 16 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, sin que se consideren a estos efectos los impuestos indirectos que recaigan sobre las operaciones.
La recaudación obtenida por las apuestas deportivo-benéficas en el supuesto contemplado en el apartado 7.1 de este artículo, se afecta a las obligaciones establecidas en los apartados b), c) y d) del artículo 1 del Real Decreto 419/1991, de 27 de marzo, por el que se regula la distribución de la recaudación y premios de las Apuestas Deportivas del Estado, aplicándose al presupuesto de ingresos del Estado. A estos efectos, tendrán la consideración de apuestas mutuas deportivo-benéficas las apuestas mutuas deportivas que se comercializaban por el Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado hasta el momento de la constitución efectiva de la Sociedad Estatal del mismo nombre.
SEGUNDA. Régimen jurídico específico aplicable a la ONCE en materia de juego.
TERCERA. Asignación financiera a la ONCE y de determinadas Apuestas Deportivas del Estado.
CUARTA. Participación de las Comunidades Autónomas en la aprobación de nuevas modalidades de juego.
QUINTA. Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Gobierno, mediante Real Decreto, fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las Apuestas Deportivas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al Deporte y a las competiciones deportivas vinculadas, sin perjuicio de lo previsto en el apartado dos de la Disposición adicional tercera. Asimismo, establecerá el régimen de participación y distribución que corresponda.
PRIMERA. Inicio de actividades de la Comisión Nacional del Juego.
SEGUNDA. Títulos habilitantes de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
TERCERA. Normativa de los juegos.
CUARTA. Régimen transitorio para los puntos de venta y delegaciones comerciales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.
QUINTA. Primer mandato de los consejeros de la Comisión Nacional del Juego.
SEXTA. Régimen transitorio de la cesión del impuesto.
SÉPTIMA. Convalidaciones y homologaciones de las Comunidades Autónomas.
OCTAVA. Régimen transitorio de los patrocinios deportivos sobre el juego.
Los patrocinios deportivos de operadores de juegos que hubieran sido acordados en firme con anterioridad al 1 de enero de 2011, podrán seguir desplegando sus efectos en los términos contractuales pactados, hasta el otorgamiento de las primeras licencias sobre las actividades de juego objeto del patrocinio.
1. Real Decreto 28 de febrero de 1924. (Presidencia del Directorio Militar, Gaceta del 29 de febrero).
TERCERA. Extinción de determinados Organismos Públicos.
CUARTA. Actualización del importe de las sanciones.
QUINTA. Modificación de las tasas sobre el juego.
1. El apartado 1º del artículo 3 del Real Decreto-Ley 16/1977, de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar, quedará redactado de la siguiente forma:
«1.º Constituye el hecho imponible la autorización, celebración u organización de juegos de suerte, envite o azar, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2011, de XX, de Regulación del Juego.»
Se exigirán estas tasas por la autorización, celebración u organización de rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias, salvo que estuvieran sujetas al Impuesto sobre las actividades de juego, establecido en la Ley XX/2011, de XX, de Regulación del Juego.
SEXTA. Modificación de la Disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.
SÉPTIMA. Exenciones en el Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario.
«19.º Las loterías, apuestas y juegos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos y, en su caso, por los organismos correspondientes de las Comunidades Autónomas, así como las actividades que constituyan los hechos imponibles de los tributos sobre el juego y combinaciones aleatorias.
2. Se modifica el artículo 10º.1.19) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, que quedará redactado de la siguiente forma:
OCTAVA. Modificación de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.
NOVENA. Régimen aplicable a los sistemas de Concierto y Convenio.

References: artículo 135
 artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 2
 artículo 40
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 42
 artículo 16
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 10