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Timestamp: 2018-12-18 23:39:03+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 349, de 09/05/2018
cve: BOCG-12-D-349
Núm. 349
158/000048 Solicitud de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país. Acuerdo de la Comisión sometiendo su aprobación al Pleno ... (Página10)
161/003232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho de protesta ... (Página11)
161/003220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración de una guía específica con la finalidad de informar a los particulares de sus obligaciones tributarias en relación con la actividad de alquiler turístico ... (Página14)
161/003219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la urgente realización de obras de conservación en el tramo León-Benavente de la A-66 para recuperar las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía ... (Página14)
161/003225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre denominación de Obligación de Servicio Público bajo la denominación de "cercanías" ... (Página15)
161/003230 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de clasificación y protección de pasos a nivel ... (Página16)
161/003222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la creación de una familia dentro del catálogo nacional de cualificaciones de Formación Profesional denominada Enoturismo ... (Página17)
161/003231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre homologación de títulos extranjeros ... (Página18)
161/003226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención de residuos plásticos y elementos desechables de difícil reciclaje ... (Página19)
161/003227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público ... (Página22)
161/003228 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los psicólogos de emergencias ... (Página24)
161/003229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la regulación de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud ... (Página25)
161/003233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que los centros de servicios sociales para personas mayores cuenten con personal formado en materia LGTBI ... (Página29)
161/003235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a los niños con cáncer ... (Página29)
161/003221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración de las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla (Región de Murcia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional ... (Página30)
161/003236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al abordaje integral de la tartamudez ... (Página31)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/003223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la incorporación de la perspectiva de derechos de la infancia en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en las políticas medioambientales ... (Página32)
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado
161/003234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos, de acuerdo a las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul y a las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género ... (Página35)
181/001020 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos asignados para la manipulación y la retirada de amianto en el marco de las medidas nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo ... (Página37)
184/033065 Autor: Nogueras i Camero, Miriam
Guillaumes i Ráfols, Feliu-Joan
Esclarecimiento de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils el día 17/08/2017, así como del vínculo entre Abdelbaki es Satty con el CNI ... (Página37)
SAHUQUILLO GARCÍA, Luis Carlos (GS) (núm. expte. 005/000001/0001) 1 ... (Página5)
158/000048
Autor: Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Comunicación de que la citada Comisión ha acordado someter a la aprobación del Pleno la solicitud de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país.
Trasladar a la Junta de Portavoces a los efectos de su eventual inclusión en el orden del día de una próxima sesión plenaria y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 330, de 6 de abril de 2018.
La Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, en su sesión del día 24 de abril de 2018, tras debatir la solicitud de creación de una Subcomisión de Movilidad Sostenible, en el seno de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el apartado tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, someter a la aprobación del Pleno la propuesta presentada por dicho Grupo Parlamentario, con las siguientes características:
A) Objeto de la Subcomisión.
Elaborar un informe sobre los distintos supuestos de modalidades de transporte que hoy se practican por la ciudadanía en aras a disminuir el riesgo de accidentes e incrementar la seguridad en las vías públicas. Asimismo en el citado informe se habría de incorporar una parte específica relacionada con las medidas a adoptar para estimular la baja contaminación en los vehículos de tracción mecánica a los efectos de garantizar los mejores parámetros de conservación medioambiental.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de aquellos Grupos Parlamentarios que tengan más de cien Diputados en la Cámara, dos representantes cada uno de los Grupos Parlamentarios que tengan entre veinticinco y cien Diputados y un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes.
C) Adopción de acuerdos.
En los acuerdos que adopte la Subcomisión se aplicará el criterio del voto ponderado.
D) Plazos.
Los trabajos de la Subcomisión concluirán al finalizar el periodo de sesiones siguiente de aquel en que resulte constituida.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2018.-El Presidente de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, Teófilo de Luis Rodríguez.
161/003232
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar el derecho de protesta, para su debate en la Comisión de Justicia.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 10 de diciembre de 1948, consagró internacionalmente el derecho de participación directa o a través de representantes libremente elegidos (artículo 21.1) en elecciones periódicas con sufragio universal. En parecidos términos se expresa el artículo 25, apartados a) y d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966.
El artículo 23.1 de la Constitución Española reconoce de forma explícita este derecho, de manera consecuente con la proclamación que se hace en su artículo 1.1, que recoge literalmente que "España se constituye en un Estado social y democrático de derecho". La participación política entendida como derecho no es más que la concreción individual indispensable para que exista un Estado democrático como el que enfáticamente se proclama, a lo que hay que sumar la mención establecida en el artículo 1.2) de que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del Estado. En consecuencia, el artículo 9.2 del propio texto constitucional encomienda a los poderes públicos fomentar la participación política, convirtiéndola en una auténtica obligación y entendiendo que, de esta forma, la ciudadanía contribuye a fortalecer la democracia.
Las reformas penales en materia de terrorismo llevadas a cabo en los últimos años, posibilitan criminalizar un aspecto básico del principio democrático de participación política como es la protesta ciudadana. Al equiparar ejercicios legítimos del derecho de manifestación y de libertad de expresión a actividades violentas de carácter terrorista, estas reformas inhiben la crítica pública y ponen en riesgo el pluralismo político y social tutelado por la legalidad constitucional vigente.
No se debe ocultar que esta reforma radical, realizada bajo el paraguas de la pretendida lucha antiyihadista, tenía antecedentes de un proceso de extensión práctica de la noción legal de terrorismo por la vía de una interpretación judicial extensiva conocida en su momento como "todo es ETA", que abarcaba desde la denominada kale borroka (en realidad constitutiva de delitos de desórdenes públicos y otros tipos de aplicación común), hasta la imputación por la mera afinidad ideológica. Es decir, se penaba la coincidencia de objetivos, aunque fuese por vías exclusivamente pacíficas, como el caso de la desobediencia civil no violenta.
La última modificación del Código Penal se llevó a cabo después de los atentados de Charlie Hebdo, como resultado de un pacto antiterrorista entre los dos partidos entonces mayoritarios, aunque lo cierto es que abarca conductas y objetivos que nada tienen que ver con el terrorismo. La modificación operada por la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de delitos de terrorismo, aprobada con los votos en contra de la Izquierda Plural, el PNV, Compromís, Garoa Bai, Amaiur, BNG y ERC y la abstención de CiU y UPyD, amplió la definición de los considerados delitos de terrorismo hasta extremos irreconocibles en el derecho penal de los estados de nuestro entorno.
En concreto, la actual redacción del artículo 573 del Código Penal permite que la comisión de prácticamente cualquier delito grave que tenga alguna de las finalidades establecidas en el mismo sea considerada como delito de terrorismo. Entre estos fines se encuentran "subvertir el orden constitucional" u "obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo", objetivo este último de prácticamente la totalidad de protestas ciudadanas enmarcadas en el ejercicio legítimo del derecho de manifestación.
Esta nueva y laxa fórmula legal puede servir para convertir cualquier delito grave en un delito terrorista y susceptible de ser castigado con penas severísimas, desviando la atención de los hechos delictivos realmente cometidos y generando fractura social y reacciones que polarizan a la ciudadanía en casos mediáticos que sirven a fines exclusivamente ideológicos. Esto se ha visto de manera reciente, tanto en los hechos ocurridos en la localidad Navarra de Alsasua-Altsasu en el año 2016, como en la actividad de los llamados Comités de Defensa de la República en diversos puntos de Catalunya, lo que ha contribuido, asimismo, a banalizar el concepto social de terrorismo hacia actos de pura disidencia ideológica y política.
Esta redacción del artículo 573 contravendría la Directiva UE 2017/541, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativa a la lucha contra el terrorismo. Esta establece en su punto 8 que "aquellos actos destinados, por ejemplo, a obligar a los poderes públicos a realizar o abstenerse de realizar un acto que, sin embargo, no esté incluido en la lista exhaustiva de delitos graves, no deben considerarse delitos de terrorismo con arreglo a la presente Directiva".
El artículo 571 del Código Penal, por su parte, define las organizaciones o grupos terroristas ateniendo a que tengan por finalidad u objeto la comisión de tipos delictivos de la Sección siguiente, algunos de los cuales nada tienen que ver con la difusión de terror entre la población a través de actos violentos.
Sí existe al menos en el artículo 573 bis, en su apartado 4, una salvaguarda importante, pues en él se vincula el delito de terrorismo por desórdenes públicos a que se corneta por una organización terrorista, o si es individualmente, al amparo de un grupo terrorista. Es decir, no pueden imputarse delitos de terrorismo de forma aislada, sin una estructura organizativa detrás que se dedique a la actividad terrorista.
En general, lejos de la claridad y mínimo de seguridad jurídica que requiere una regulación antiterrorista, la vaguedad y amplitud de los tipos penales de terrorismo contemplados permiten una interpretación arbitraria. Esta interpretación podría dirigirse sin problemas a la criminalización de las actuaciones de quien, en un momento dado, pueda considerarse enemigo del Gobierno de turno (ya sea un rapero, una tuitera, un cineasta, un artista, o cualquier persona que practique la disidencia política).
Los ejemplos se suceden a día de hoy a gran velocidad en España. El marco normativo, impuesto en el año 2015, sirvió a la Fiscalía el pasado martes 10 de abril para acusar de terrorismo y rebelión a una mujer de Viladecans (Barcelona), integrante de un Comité de Defensa de la República (CDR), por "coordinar y dirigir" presuntamente las protestas llevadas a cabo en Semana Santa en las carreteras catalanas. Todo ello a partir, principalmente, de un audio difundido por ella misma en las redes sociales. La investigación policial plasmada en el informe elaborado por la Guardia Civil sobre los CDR señala a personas supuestamente coordinadoras de estos grupos a partir de mensajes en las redes sociales y
artículos periodísticos. En especial, menciona a la red En Peu de Pau, creada para garantizar el carácter pacífico de las movilizaciones.
Afortunadamente, días después, un juez de la Audiencia Nacional, Diego de Egea, descartó la acusación de terrorismo e imputó a la acusada, Tatiana Carrasco, un delito de desórdenes públicos, decretando su libertad con las medidas cautelares de comparecer semanalmente en el juzgado, y la prohibición de salir del municipio de residencia, salvo por motivos laborales, con autorización judicial. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha anunciado que recurrirá esta decisión, manteniendo la acusación de terrorismo.
Más de un centenar de académicos, magistrados y magistradas advirtieron durante la tramitación de la reforma del Código Penal, en un artículo titulado Pacto antiterrorista: por la pendiente deslizante hasta el fondo del barranco, que la modificación que se pretendía aprobar permitiría imputar el tipo de terrorismo a una persona que, por ejemplo, protestara ocupando el espacio público resistiéndose de modo pasivo a las órdenes de la autoridad de abandonar este lugar. O que se podría imputar terrorismo a los delitos de daños cometidos en la liberación de animales por un activista animalista. O al supuesto de que un sujeto pudiera bloquear el sistema informático del Fondo Monetario Internacional para desestabilizar el funcionamiento de la organización. Todos ellos pueden estar cometiendo ahora mismo en España delitos terroristas. La ambigüedad y falta de claridad es tal que depende del/la juez, generando una amplia inseguridad jurídica.
La aplicación del tipo de terrorismo permite, no solo un trato penal específico por lo que se refiere a la duración de las penas, sino también, y sobre todo, unas especificidades relevantes en materia procesal: la duración de la detención incomunicada podrá prorrogarse hasta cinco días más, así como el detenido o detenida no podrá elegir abogado sin posibilidad de tener entrevista reservada con él/ella. La novedad de la reforma de 2015, es que permitió la aplicación de este régimen que tendría que ser excepcional, a tipos delictivos llevados a cabo en el marco del activismo político.
No obstante, debe advertirse que la problemática no se encuentra únicamente en una técnica legislativa pretendidamente abierta y ambigua, sino en la forma de aplicación de la Ley, que en derecho penal, y en general en el resto de normas restrictivas de derechos, debe ser en todo caso limitada y proporcionada. Además, debería considerarse siempre en primer lugar si los actos imputados a las personas acusadas están amparados por el derecho fundamental a la manifestación.
De acuerdo con el Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Maina Kiai, la democracia "es más que ejercer el derecho de voto simplemente y, para que florezca, debe garantizarse a las personas la totalidad de los derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión, como un medio de influir en las políticas públicas del Estado".
Así, el derecho a la protesta forma parte del núcleo esencial de un Estado democrático, y los poderes públicos deben garantizarlo como medio de reivindicación del cambio democrático. Los mayores logros económicos, sociales y culturales de la historia han ido precedidos de movilizaciones ciudadanas. El Gobierno debe abstenerse de instrumentalizar y desnaturalizar el derecho penal para criminalizar la protesta política.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ,formula la siguiente
1. Impulsar la modificación y descripción del apartado 2 del artículo 573.1 del Código Penal de la misma forma en que lo hace la Directiva UE 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el terrorismo, para que no se permita la aplicación de los tipos de terrorismo a protestas ciudadanas fruto del derecho a la libre participación política, de acuerdo con las directivas europeas y la legislación internacional en materia de derechos humanos.
2. Instar a la modificación de la redacción del artículo 571 del Código Penal, para vincular en todo caso la actividad de la organización terrorista a la difusión de terror entre la población a través de actos violentos.
3. Proteger el derecho a la reunión pacífica de toda la ciudadanía, como medio legítimo y constitucionalmente protegido para la incidencia política y cumplir la obligación de los poderes públicos de fomentar la participación política."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2018.-Jaume Moya Matas y Eduardo Santos Itoiz, Diputados.-Lucía Martín González y Alberto Garzón Espinosa.-Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003220
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para que se elabore una guía específica con la finalidad de informar a los particulares de sus obligaciones tributarias en relación con la actividad de alquiler turístico, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.
El complejo, disperso y técnico régimen tributario aplicable a la actividad de alquiler de viviendas con fines turísticos puede constituir una barrera para los ciudadan@s que carezca del necesario asesoramiento o de los conocimientos especializados; dificultándoles cumplir debidamente con sus obligaciones tributarias.
El desconocimiento de los ciudadan@s de las normas tributarias a las que están sujetos respecto a la actividad mencionada, hace necesario que por el Ministerio de Hacienda y Función Pública (Secretaría de Estado de Hacienda), se facilite y difunda una información clara y precisa para el cumplimiento de las mencionadas obligaciones tributarias; fomentando la transparencia que es una manifestación del principio de seguridad jurídica.
Por lo expuesto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 9.3 de la Constitución que reconoce y garantiza el principio de seguridad jurídica, en relación con el artículo 31 del mismo texto constitucional que establece la obligación de todos los ciudadanos de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, así como la Recomendación del Defensor del Pueblo a la Secretaria de Estado de Hacienda, de 13/02/2018.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que elabore una guía específica con la finalidad de informar a los particulares de sus obligaciones tributarias en relación con la actividad de alquiler turístico, y darle la adecuada publicidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2018.-María Dolores Galovart Carrera, María del Rocío de Frutos Madrazo y Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003219
Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley
relativa a la urgente realización de obras de conservación en el tramo León-Benavente de la A-66 para recuperar las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía, para su debate en esta Comisión.
La Autovía A-66 entre León y Benavente (Zamora) sustituyó a la Autopista A-66, planificada y proyectada con peaje por el Gobierno socialista apoyado por el entonces Diputado leonés José Luis Rodríguez Zapatero, y constituye un eje fundamental para el transporte de viajeros y mercancías de entrada y salida hacia León y Asturias. Su inauguración en 2003, permitió ofrecer una alternativa sin peaje a la carretera nacional N-630, hasta entonces uno de los puntos negros más abominables de las carreteras leonesas con gravísimos y frecuentes accidentes de tráfico.
Quince años después de su apertura y como consecuencia de la falta de inversiones de conservación para su mantenimiento y de la densidad de tráfico pesado que soporta, el firme de los carriles derechos de las dos calzadas presentan numerosos baches, badenes y grietas que convierten la A-66 en una vía peligrosa, por lo que la propia Dirección General de Tráfico, en lugar de repararla, ha decidido limitar la velocidad a 100 km/h, lo que se une a la señalización informativa y advertencias sobre el peligro de la carretera. Además, los vehículos que utilizan frecuentemente la A-66 tienen que ser sometidos a reparaciones para el alineamiento de suspensión y los neumáticos.
El Ministerio de Fomento anunció a mediados del pasado 2017, diversas actuaciones encaminadas a rehabilitar el firme de la Autovía A-66, para reconstrucciones estructurales y rehabilitación en diferentes tramos, pero el tiempo pasó, la amenaza para la seguridad de los conductores aumentó exponencialmente y ahora han tenido la ocurrencia de adoptar medidas de restricción del tráfico y limitación de velocidad, en lugar de acometer las obras urgentes de conservación para eliminar la sucesión de baches y desperfectos que jalonan el trayecto.
Por lo expuesto, Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente
"La Comisión de Fomento del Congreso insta al Gobierno a acometer con carácter de urgencia en el tramo León-Benavente de la A-66 las obras urgentes de conservación que devuelvan a la calzada de esta vía de comunicación las condiciones de seguridad mínimas exigibles a una autovía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003225
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de los establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre denominación de Obligación de Servicio Público bajo la denominación de "cercanías", para su debate en la Comisión de Fomento.
El acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de diciembre del 2017 declaró "Obligación de Servicio Público" bajo la denominación de "media distancia" los servicios ferroviarios de Villarubia-Córdoba-Rabanales-Alcolea. Hasta la fecha actual este servicio no se ha puesto en marcha y según la respuesta del Gobierno está pendiente de un convenio entre RENFE y el Ministerio de Fomento.
El Ayuntamiento de Córdoba ha pedido por acuerdo plenario unánime que se consensue con el Consistorio, la Junta de Andalucía, la Universidad de Córdoba y el Consejo del Movimiento Ciudadano el número de recorridos, los horarios y las tarifas. Además, en el acuerdo se insta a ADIF a que ejecute las dos estaciones pendientes de Poniente y Levante, acordando la ubicación exacta de las mismas.
- Modificar la denominación de obligación de servicio público como servicio ferroviario de cercanías.
- Que se construyan las dos nuevas estaciones pendientes, previo acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba.
- Que se consensúe con el Consistorio, Junta de Andalucía, Universidad de Córdoba y Consejo del Movimiento Ciudadano tanto la frecuencia, horarios y tarifas de los trenes."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2018.-Antonio Hurtado Zurera y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003230
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de clasificación y protección de pasos a nivel, para su debate en la Comisión de Fomento.
A raíz de recientes accidentes en los cruces al mismo nivel entre el ferrocarril y carretera, con la denominación legal de "pasos a nivel", como los acaecidos en Calamonte (Badajoz), Bolaños (Ciudad Real) y en Calera y Chozas (Toledo, con una víctima mortal), parece importante cambiar el criterio de clasificación vigente en la legislación actual.
La Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel, recoge la siguiente clasificación actual para los pasos a nivel:
- Clase A). Protección con señales fijas exclusivamente.
- Clase B). Protección con señales luminosas además de con señales fijas.
- Clase C). Protección con semibarreras, dobles semibarreras, o barreras automáticas o enclavadas, además de con señales fijas y señales luminosas.
- Clase D). Protección en régimen de consigna.
- Clase E). Protección con barreras o semibarreras con personal a pie de paso.
- Clase F). Protección específica para pasos a nivel destinados al uso exclusivo de peatones o de peatones y ganado.
Esta clasificación, establecida hace más de 15 años, se basa principalmente en el llamado "momento de circulación" (parámetro resultante del producto de la intensidad media diaria de vehículos de carretera, A, por la circulación media diaria de trenes, T), combinado, de forma secundaria, con los parámetros A y T de manera individual, con el número de vías y con otros indicadores de distancia de visibilidad teórica, comparados con la visibilidad real.
En España existen aproximadamente 3.200 pasos a nivel, de los que aproximadamente 2.000 son clasificados como tipo A o particulares; es decir, que solo se encuentran protegidos por señales fijas y no cuentan con ningún sistema de aviso de paso de los trenes (protección pasiva). Estos datos indican que somos el país con menor densidad de pasos a nivel por kilómetro de red de toda la Unión Europea: a nivel comparativo, este parámetro es el doble en Italia y casi el triple en países como Alemania o Francia.
Esta diferencia en cuanto a la baja densidad de pasos, no se refleja, sin embargo, en el índice de heridos, que se encuentra situado en la media de los países de la UE, muy por encima de países como Italia o Francia. Además, el índice de fallecidos es todavía más desfavorable, siendo España superada por Italia y Alemania, países que nos duplican y triplican en densidad de pasos a nivel por kilómetro de línea. De hecho, si se divide el índice de fallecidos entre la densidad de pasos, el resultado es dramático,
obteniéndose un índice que, comparado con los principales países de nuestro entorno, solo es superado por Portugal.
Esto es debido, por un lado, al deficiente sistema de clasificación de pasos a nivel, que utiliza exclusivamente criterios de densidad de tráfico, sin tener en cuenta otros parámetros críticos para definir la peligrosidad de un paso a nivel tales como la visibilidad o el índice de siniestralidad; por otra parte, a la gran cantidad de pasos a nivel existentes sin ningún sistema de aviso de paso de los trenes (clase A y particulares), cuya decisión de ser cruzados depende en muchos casos de la intuición del conductor, ya que la visibilidad es muy reducida y el paso solo se encuentra protegido por señales fijas. Por otro lado, la ERA (European Railway Agency) reconoce más niveles de protección activa (con sistema de aviso de paso de los trenes) que los que reconoce la legislación española.
Dado el tiempo transcurrido sin una revisión del sistema (más de 15 años) y las mejoras potenciales derivadas de una menor accidentalidad que se obtendrían de un modo más eficiente que con el sistema actual, cambiar el criterio de clasificación actual por otro que refleje realmente la peligrosidad de los pasos a nivel debe ser un objetivo inmediato. Además, se deberían tener en cuenta los niveles de protección activa de la ERA y compatibilizar la política de supresión de los mismos con una política de protección, máxime teniendo en cuenta que, con el coste que supone suprimir un paso a nivel, se pueden proteger aproximadamente 12 pasos.
Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
1. Modificar la Orden de 2 de agosto de 2001 por la que se desarrolla el artículo 235 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de supresión y protección de pasos a nivel, en lo referente a los criterios de clasificación de pasos a nivel, de manera que se tenga en cuenta no solo el parámetro "momento de circulación" sino también los parámetros de visibilidad, el índice de accidentalidad del paso en los últimos años y la intensidad media diaria de la carretera, así como adoptar esta nueva clasificación, teniendo en cuenta los niveles de protección activa de la Agencia Europea del Ferrocarril.
2. Elaborar un Plan Nacional de Protección de Pasos a Nivel, en coordinación con las Comunidades Autónomas (con la inclusión de los necesarios mecanismos de cooperación y cofinanciación previstos por la legislación vigente) para la protección, en un plazo razonable, de todos los pasos a nivel sin ningún sistema de aviso de paso de los trenes (protección pasiva) mediante un sistema de aviso (protección activa), de forma que se conviertan al menos en pasos a nivel de clase B, priorizando los que, con los nuevos criterios de clasificación, tengan un mayor riesgo de peligrosidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003222
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación de una familia dentro del catálogo nacional de cualificaciones de formación profesional denominada Enoturismo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
El enoturismo se trata de una actividad económica en crecimiento en España y en Europa con amplias necesidades de profesionalización, como así se ha constatado en las últimas asambleas y reuniones de los órganos de RECEVIN, ACEVIN y el Club de Producto de Rutas del Vino de España.
En este sentido, el centenar de ciudades del vino de España integradas en ACEVIN, los más de 550 municipios con las 27 Rutas del Vino de España certificadas, tres de ellas en la Región de Murcia, Jumilla, Yecla y Bullas, y las cerca de 2000 empresas integradas en las mismas en toda España, representan un amplio abanico de actividades económicas y turísticas ligadas al sector que precisan de incorporación de profesionales en la gestión de servicios enoturísticos en los respectivos territorios, capaces de poner en valor los recursos endógenos ligados a una actividad que está demostrando su capacidad de generar empleo y desarrollo en pueblos y comarcas.
En España, en la Familia de Formación Profesional de Hostelería y Turismo no existe la Familia de Enoturismo, por el contrario sí que existe Agroturismo, el momento de desarrollo económico y la actividad que se genera en el sector hace necesaria mejoras en su profesionalización.
Adoptar las medidas necesarias para la creación de una nueva familia dentro del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales denominada de Enoturismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de abril de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003231
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín Llaguno y Francisco lgea Arisqueta, Diputados del mismo Grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre homologación de títulos extranjeros.
Numerosos estudiantes universitarios españoles que deciden realizar sus estudios en el extranjero sufren numerosos problemas a la hora de convalidar sus estudios y, consecuentemente, genera dificultades y barreras a la hora de acceder tanto al mercado laboral privado como, sobre todo, a las Administraciones Públicas (AAPP) como facultativos médicos, docentes u otras profesiones.
El principal germen de estas dificultades se encuentra en una parte de la legislación que desarrolló el anterior Gobierno del Partido Popular, en concreto el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado.
Este RD, en su disposición transitoria primera, punto 2, afirma:
"2. En los supuestos de solicitudes de homologación tramitadas conforme al Real Decreto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, o al Real Decreto 86/1987, de 16 de enero, por el que se regulan las condiciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior, en los que haya recaído resolución en el momento de entrada en vigor de esta norma, no podrá iniciarse un nuevo procedimiento de homologación o de equivalencia a titulación y a nivel académico, con base en el presente real decreto, por lo que las solicitudes de inicio de nuevos procedimientos serán inadmitidas."
Esta inadmisión a la homologación plantea un escenario en el que se dan casos de ciudadanos que no pueden optar a una oposición de Grupo A cuando otra persona con el mismo título sí puede optar al mismo o personas que no pueden sumar los puntos necesarios en un concurso de oposición porque parte de su formación no ha sido homologada y, por lo tanto, reconocida.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a eliminar el punto 2 de la disposición transitoria primera del Real Decreto 967/2014, para permitir que todos los títulos extranjeros, con independencia de su fecha de obtención, pudiesen ser evaluados bajo un mismo procedimiento de homologación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/003226
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención de residuos plásticos y elementos desechables de difícil reciclaje, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
En Europa, actualmente utilizamos de media 16 toneladas de material por persona y año, de las cuales 6 toneladas se convierten en residuos. Aunque la gestión de estos residuos continúa mejorando en la UE, la economía europea todavía pierde una gran cantidad de "materias primas secundarias" potenciales, tales como metales, madera, vidrio, papel y plásticos que presentan los flujos de residuos. Los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, referidos a 2015, confirman que del total de residuos (domésticos e industriales) que pasan por diferentes procesos de tratamiento, solo se recicla el 53,3 %. El 39,3 % acaba en el vertedero y el 7,4 % se incinera.
Convertir el residuo en un recurso es una clave para una economía circular. Los objetivos fijados en la legislación europea han sido los motores clave para mejorar la gestión de residuos, estimular la innovación en el reciclaje, limitar el uso de vertederos y crear incentivos para cambiar el comportamiento de los consumidores.
Si volvemos a fabricar, reutilizar y reciclar, y si un residuo de la industria se convierte en materia prima de otro, podemos pasar a una economía más circular donde los residuos se eliminan y los recursos se utilizan de forma eficiente y sostenible.
La mejora de la gestión de residuos también ayuda a reducir los problemas sanitarios y medioambientales, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (directamente reduciendo las emisiones de los vertederos e indirectamente reciclando materiales que de otra manera se extraerán y procesarán) y evitar impactos negativos a nivel local como el deterioro del paisaje debido al vertido de residuos, la contaminación del agua y del aire local, así como el abandono de residuos (conocido como littering).
El enfoque de la Unión Europea en la gestión de residuos se basa en la "jerarquía de residuos", que establece el siguiente orden de prioridad en la configuración de la política de residuos y la gestión de los residuos a nivel operativo: prevención, preparación, reutilización, recuperación y, como mínimo opción, eliminación (que incluye vertederos e incineración sin recuperación de energía).
La principal preocupación de la Unión Europea en este ámbito gira en torno al plástico. "Si no cambiamos el modo en que lo producimos y utilizamos, en 2050 habrá más plástico que peces en el mar".
Así se expresó el vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de desarrollo sostenible en la reciente presentación, este mismo mes de enero, de la estrategia europea sobre plásticos.
La producción mundial de plásticos se ha multiplicado por veinte desde la década de 1960, llegando a 322 millones de toneladas en 2015. Y se espera que se duplique nuevamente en los próximos 20 años.
Sin embargo, la reutilización y el reciclado de plásticos al final de su vida útil son muy bajos, particularmente en comparación con otros materiales como papel, vidrio o metales. Alrededor de 25,8 millones de toneladas de residuos de plástico se generan en Europa todos los años. Menos del 30 % de dichos residuos se recogen para reciclar. De esta cantidad, una porción significativa es tratada por terceros países fuera de la UE, donde pueden aplicarse diferentes estándares ambientales.
Las tasas de vertido e incineración de residuos de plástico siguen siendo elevadas, 31 % y 39 %, respectivamente y, si bien el vertido ha disminuido durante la última década, la incineración ha crecido. Según las estimaciones, el 95% del valor del material de embalaje de plástico, es decir, entre 70.000 y 105.000 millones de euros anuales, se pierde para la economía después de un ciclo muy breve de primer uso. Actualmente, la demanda de plásticos reciclados representa solo alrededor del 6% de la demanda de plásticos en Europa.
Se estima que la producción de plásticos y la incineración de desechos de plástico generan en todo el mundo aproximadamente 400 millones de toneladas de CO2 al año. Según las estimaciones, el potencial de ahorro de energía anual que podría lograrse mediante el reciclaje de todos los desechos plásticos mundiales equivale a 3.500 millones de barriles de petróleo por año.
Paralelamente, grandes cantidades de residuos plásticos se filtran al medio ambiente desde diferentes fuentes tanto en tierra como en el mar, generando daños económicos y ambientales significativos. A nivel mundial, de 5 a 13 millones de toneladas de plásticos, del 1,5 al 4 % de la producción mundial de plásticos, terminan en los océanos todos los años. Se estima que el plástico representa más del 80 % de la basura marina. La basura plástica es transportada por las corrientes marinas, a veces a distancias muy largas. El Programa de las Naciones Unidas para el Ambiente estima que el daño a los ambientes marinos es de al menos 8 mil millones de dólares anuales a nivel mundial. En la UE, entre 150.000 y 500.000 toneladas de desechos plásticos entran en los océanos cada año. Esto representa una pequeña proporción de la basura marina global. Sin embargo, los desechos plásticos de fuentes europeas terminan en áreas marinas particularmente vulnerables, como el mar Mediterráneo y partes del océano Ártico.
Además de dañar el medio ambiente, la basura marina causa daños económicos a actividades como el turismo, la pesca y el transporte marítimo. El costo de la basura en la pesca de la UE se estimó en aproximadamente el 1 % de los ingresos totales de las capturas de la flota de la UE. Este fenómeno se ve agravado por la creciente cantidad de residuos plásticos que se genera cada año y también se ve impulsado por el creciente consumo. Los plásticos de "uso único", es decir, los envases u otros productos de consumo que se desechan después de un uso breve, rara vez se reciclan. Estos incluyen envases pequeños, bolsas, vasos desechables, tapas, pajitas y cubiertos, para los cuales el plástico es ampliamente utilizado debido a su ligereza, bajo costo y características prácticas. Las nuevas fuentes de fugas de plástico también están en aumento, lo que representa una amenaza potencial adicional para el medio ambiente y la salud humana. Los microplásticos, diminutos fragmentos de plástico de menos de 5 mm de tamaño, se acumulan en el mar, donde su pequeño tamaño facilita la vida marina para ingerirlos. También pueden ingresar a la cadena alimentaria. Estudios recientes también encontraron microplásticos en el aire, agua potable y alimentos como la sal o la miel, con impactos aún desconocidos en la salud humana.
En total, se estima que entre 75.000 y 300.000 toneladas de microplásticos se liberan en el medio ambiente cada año en la UE. Además, las crecientes cuotas de mercado de los plásticos con propiedades biodegradables brindan nuevas oportunidades, pero también riesgos. En ausencia de un etiquetado o marcado claro para los consumidores, y sin una recolección y tratamiento adecuados de los desechos, podría agravar las fugas de plástico y crear problemas para el reciclado mecánico.
Dado que las cadenas de valor de plástico son cada vez más transfronterizas, los problemas y oportunidades asociados con los plásticos deben considerarse a la luz de los acontecimientos internacionales, incluida la reciente decisión de China de restringir las importaciones de ciertos tipos de desechos plásticos.
Existe una conciencia creciente de la naturaleza global de estos desafíos, como lo demuestran las iniciativas internacionales sobre basura marina, como la Alianza Global de la ONU sobre Desechos Marinos y los planes de acción presentados por el G7 y el G20. La contaminación plástica también se identificó como una de las principales presiones sobre los océanos sanos en la Conferencia internacional
Our Ocean, organizada por la UE en octubre de 2017. En este sentido, la Asamblea sobre el Medio Ambiente de las Naciones Unidas adoptó, el pasado mes de diciembre, una ambiciosa resolución sobre desechos marinos y microplásticos. A lo que se suma la citada Estrategia Europea sobre plásticos en la Economía Circular, presentada este mismo mes de enero por la Comisión Europea, y que nace con el objetivo de que en 2030 todos los envases con este material del mercado de la UE sean reciclables, el consumo de los de un solo uso se reduzca y se restrinja el uso intencional de microplásticos.
Desde la Unión Europea se reclama a los Estados miembros que tomen medidas para poder mejorar la gestión de los residuos y lograr los objetivos que marcan las directivas.
En este ámbito, diferentes países miembros ya han adoptado medidas más ambiciosas aún que las propuestas por las autoridades comunitarias. Italia prohibió el uso de las bolsas de plástico en 2011, Francia lo ha hecho desde noviembre del 2016, y en agosto de ese mismo año aprobó una ley dirigida a prohibir la fabricación y el uso de vajillas y cubiertos desechables fabricados íntegramente en plástico; por su parte, el Reino Unido, desde enero de 2107, prohíbe la comercialización de cosméticos que incluyan microesferas plásticas.
Nuestro país, en cambio, no puede citarse entre los países adelantados en este campo. A título de ejemplo, la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras, debía haber sido traspuesta antes del 27 de noviembre de 2016.
Es más, a fecha de hoy, en relación a la sustitución de bolsas comerciales de un solo uso de plástico no biodegradable, el Gobierno aún no ha aprobado ni un calendario de sustitución ni las fórmulas previstas para el cumplimiento de dicho calendario, tal y como preveía la Ley 11/2012 de medidas urgentes en materia de medio ambiente, al modificar la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
La Comisión Europea ha requerido a España en varias ocasiones que mejore la gestión de sus residuos. El último toque de atención lo recibió en julio de 2017, al instar al Gobierno a adoptar la normativa de la UE sobre las bolsas de plástico ligeras.
La pasividad en este ámbito puede verse agravada por las condiciones recientemente impuestas para la recepción de residuos por parte de países como China. Unas restricciones que pueden desvelar algunas de las carencias del reciclado en España y, al mismo tiempo, suponer un lastre para la industria y el medio ambiente de nuestro país.
Frente a esta pasividad, algunas de las comunidades autónomas más afectadas por el volumen de los residuos que generan han decidido actuar. Es el caso de las Islas Baleares que se encuentra en proceso de aprobar un proyecto de ley de residuos y suelos contaminados para poner fin o restringir en 2020 algunos residuos que tienen complicado o imposible reciclaje, con la intención última de sustituirlos por materiales orgánicos y fácilmente reciclables.
1. Transponer de manera inmediata al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2015/720 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE en lo que se refiere a la reducción del consumo de bolsas de plástico ligeras.
2. Impulsar las modificaciones legislativas precisas a fin de que en el etiquetado de las toallitas húmedas se advierta siempre, de forma destacada, que no deben tirarse por el inodoro, por el peligro de atasco en cañerías y depuradoras y que deben ser desechados en la papelera o en la basura, prohibiendo la utilización de mensajes que induzcan al consumidor a considerar estos productos como sostenibles, biodegradables o similares al papel higiénico.
3. Elaborar y elevar a las Cortes Generales un plan nacional, consensuado con los sectores implicados y las administraciones competentes, para la adopción de medidas e incentivos para reducir el plástico no biodegradable de las principales fuentes primarias, apostando por procesos de producción asentados en el l+D+i y en el ecodiseño.
4. Favorecer, por parte de las administraciones públicas, en el ámbito de sus competencias respectivas, el fomento de la prevención de envases y el uso de envases reutilizables.
5. Poner en marcha un fondo de ayudas económicas para las empresas fabricantes de los productos plásticos afectados por esta iniciativa para su reconversión en productores de plásticos biodegradables, en garantía del mantenimiento de la actividad económica y del empleo del sector industrial afectado.
6. Fomentar la incorporación del ecodiseño que minimice la mezcla de diferentes tipos de plástico para facilitar el reciclaje de los plásticos de mayor densidad mediante un plan para la reconversión de las empresas que se dedican a la fabricación de plásticos de baja densidad.
7. Crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de coordinación en materia de residuos que proceda, por una parte, y en el plazo más breve posible, a la identificación, catalogación y elaboración de un listado de los residuos de más complicado o imposible reciclaje para su remisión al Gobierno, a fin de que se acuerde un plan de eliminación o restricción de uso de los mismos en un próximo espacio temporal, y, por otra parte, a realizar un seguimiento de las medidas propuestas y la consecución de los objetivos marcados, a fin de garantizar la reducción efectiva en nuestro país del impacto medioambiental relacionado con el consumo y la utilización de productos elaborados a partir de plásticos no biodegradables y el impulso a las alternativas más respetuosas con el medio ambiente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de abril de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003227
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a la privatización del Sistema Sanitario Público.
En el marco de la Ley General de Sanidad del año 1986 se regula, en el artículo 90, cómo las administraciones públicas sanitarias podrán establecer conciertos para la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos a ellas. Esta legislación dejaba las puertas abiertas para la privatización. Pero se necesitaban nuevas opciones que dieran más seguridad en sanidad a la corriente neoliberal europea de esta época liderada por la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher.
En 1991 se encargó a Fernando Abril Martorell una comisión para analizar el Sistema Sanitario Público, con la idea ya prefijada de que el camino de la privatización era el más adecuado. Como consecuencia del rechazo que provocó entre la población las conclusiones de la comisión, el informe quedó aparcado de forma momentánea. Pero cinco años más tarde sus recomendaciones se fueron imponiendo.
En la VI Legislatura iniciada en marzo de 1996, el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar aprobó como una de sus primeras medidas el Real Decreto-Ley 10/1996, de 17 junio, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Instituto Nacional de la Salud -INSALUD-. Con él se introdujeron nuevas formas de gestión, como consorcios y fundaciones. Pero un año más tarde, este RDL fue sustituido por la Ley 15/1997, de 25 abril, y en su artículo único abría las puertas a toda forma de gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios de protección de la salud o de atención sociosanitaria.
Con anterioridad a esta legislación, las Comunidades Autónomas ya habían iniciado y desarrollado algunas leyes, dando lugar a experimentos diversos. Un ejemplo de este momento fue el Hospital Ribera Salud: su inicio, su rescate y la inversión sin el control de dinero público.
Para coronar este proceso privatizador, y bajo el pretexto de la crisis económica, el primer gobierno de Mariano Rajoy en la X Legislatura adoptó como una de sus primeras medidas la aprobación del Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. Este nuevo revés al sistema
sanitario provocó la exclusión del servicio sanitario público, el fin de la universalidad de nuestra sanidad e introdujo la fragmentación de servicios y copagos.
Con el argumento de la crisis económica, se recortaron plantillas de todas las especialidades sanitarias, lo que causó una acumulación de tareas y de más carga de trabajo para las y los profesionales sanitarios; se produjo una devaluación de la calidad del empleo por la alta temporalidad de los contratos; se dejó de invertir y se recortó el presupuesto para el mantenimiento de las estructuras y materiales sanitarios. Como consecuencia se ocasionaron, deliberadamente, unas listas de espera prolongadas y, en definitiva, una disminución de la calidad del Sistema Sanitario Público.
Esta crisis, como luego se ha podido evidenciar, ha sido el pretexto utilizado para deteriorar nuestro sistema sanitario público. Los respectivos gobiernos del PP han tenido claro que el sistema sanitario era un nicho importante de negocio y había que facilitar el camino a los mercados. La sanidad privada mueve más de 30.000 millones de euros al año en España y actualmente sigue su crecimiento.
El sector se refuerza con el negocio de los hospitales privados. Los distintos grupos, Quirón Salud, Vithas, Ribera Salud, HM Hospitales, Hospitales HLA, Grupo Canario Hospiten, Sanitas, Grupo HCM-H. Católicos de Madrid, Grupo Pascual, Clínica Universitaria de Navarra y Fundación Altahia, siguen su crecimiento económico y siguen siendo una oportunidad de negocio. Los lobbies sanitarios han ido escalando posiciones para acceder a parte del pastel del dinero público.
El operador privado más potente de España, Quirón Salud, fue adquirido por el gigante alemán Fresenius, entre diciembre de 2016 y enero de 2017. Esta compra se realizó con el pago de 5.760 millones de euros. Con esta adquisición, Fresenius se puso a la cabeza de Europa, como el mayor grupo sanitario, con más de 100.000 empleados y 155 centros sanitarios. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio el visto bueno a esta operación de compra sin poner condiciones.
Fresenius es una multinacional alemana que hace 10 años cambió su estatus legal y actualmente está bajo la jurisdicción de la Unión Europea. En España tiene tres filiares: Fresenius Medical Care (NEPROCARE), que son clínicas de diálisis y productos de esta especialidad. Fresenius Kabi, que fabrica productos para tratamiento enteral y parenteral, y Fresenius Helios, que se dedica a la gestión de hospitales. Su principal accionista es una fundación sin ánimo de lucro, llamada Else Kröner Fresenius. En el año 2016 sus ventas ascendieron a 27.000 millones. Actualmente en España posee 43 hospitales, 39 centros de día, 300 centros de prevención de riesgos laborales y cotiza en el DAX 35.
Como plantea la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que aglutina al sector sanitario privado, "la tendencia natural para buscar la eficacia es la concentración en menos empresas", lo que nos lleva a oligopolios sanitarios. Según sus datos, la sanidad privada cuenta con el 57 % del total de los hospitales y con el 33 % de las camas existentes en España. El 43 % de los hospitales privados (193) tienen concierto con la sanidad pública.
Los conciertos con las aseguradoras aportan a los hospitales privados el 55 % de los ingresos y un 25 % viene de la sanidad pública. El valor del mercado hospitalario privado ronda los 10.000 millones de euros: 6.000 millones de centros no benéficos y 4.000 millones de centros benéficos.
España presenta un gasto sanitario privado sobre el gasto sanitario total bastante elevado, de un 29 %, situándose por encima de la media de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos) que es del 27 % y de países de nuestro entorno como Francia (21,1 %) o Alemania (15,5 %).
A estos datos cabe sumar que las aseguradoras han captado medio millón más de clientes durante el año 2017, la mayoría de ellas contratando un seguro privado como consecuencia de las deficiencias ocasionadas en la sanidad pública por falta de presupuesto. Según IDIS, ello contribuye a descargar de forma importante el sistema sanitario público, en un rango de 4.369-9.860 millones. Con este planteamiento vamos camino de tener una población que puede financiarse un doble aseguramiento y otra parte de la población hacia una atención de beneficencia.
Por todo ello, la estrategia neoliberal seguida por los distintos gobiernos del Partido Popular ha estado y está encaminada a deteriorar la sanidad pública lo más posible y a desplanificar todo lo que se pueda a fin de retroceder hacia un modelo hospitalario público con pocos recursos, con una empobrecida Atención Primaria para consumir servicios hospitalarios de alta rentabilidad. Todo ello nos lleva a un aumento de las listas de espera que pretenden solucionar con diversos conciertos con la sanidad privada, como ejemplo, las concesiones administrativas. Unas concesiones por las cuales la Administración Pública paga un canon anual que se incrementa cada año, aunque no aumente el presupuesto público. A modo de conclusión se desprende:
- Que el aumento del presupuesto privado se está produciendo a costa de la disminución del presupuesto público.
- Que la sanidad privada se está conformando como un oligopolio, pudiendo condicionar el coste de nuestra sanidad.
- Que fomentando el doble aseguramiento tendremos, dentro de poco, una atención sanitaria de beneficencia.
- Que la rentabilidad económica de la empresa sanitaria privada se está logrando a costa de la disminución de puestos de trabajo, de la selección adversa de pacientes y de la disminución de la calidad en innovaciones terapéuticas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha, en el plazo de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, las actuaciones y medidas necesarias para:
1. Derogar toda la legislación sanitaria que permite privatizar y externalizar servicios públicos sanitarios. De forma explícita el artículo 90 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, y la Ley 15/1997, de 25 de abril, de habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.
2. Emplazar a las Comunidades Autónomas, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para alcanzar un acuerdo dirigido a la elaboración de un protocolo de actuación que establezca un procedimiento para la reversión paulatina y progresiva de todas las privatizaciones realizadas hasta el momento en nuestro sistema sanitario público."
Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de abril de 2018.-Amparo Botejara Sanz y Txema Guijarro García, Diputados.-Ione Belarra Urteaga e Irene María Montero Gil, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003228
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los psicólogos de emergencias, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La psicología de emergencias y desastres abarca el estudio del comportamiento y el modo de reacción de los individuos, grupos o colectivos humanos en las diferentes fases de una situación extrema de esas características.
Esta disciplina se ha expandido rápidamente y cada vez se hace más necesaria en una época donde los desastres naturales son frecuentes, y los atentados y los conflictos armados hacen mella en muchos puntos del planeta. No existe parte del mundo que no sea sacudida por algún evento que requiera asistencia urgente. En nuestro país podríamos mencionar distintos casos, como han sido: la inundación en el camping Las Nieves, de Biesca, en 1996, donde 87 personas fallecieron y unas 183 resultaron heridas; los atentados del 11 de marzo de 2004, con 190 personas fallecidas y 2.000 heridos; el accidente del vuelo de Spanair en 2008, donde 154 personas murieron, o el descarrilamiento del tren Alvia en Santiago de Compostela, con 79 personas fallecidas y más de 140 heridas.
Todos estos sucesos han requerido la intervención de profesionales de la psicología. Estas experiencias han mostrado que aparecen necesidades psicológicas diversas en la población afectada y que suelen exceder a la capacidad de respuesta de los servicios de la comunidad.
Todo ello ha hecho imprescindible incluir a psicólogos especializados en este tipo de circunstancias en los grupos de trabajo de intervención y rescate, junto con otros profesionales, como pueden ser médicos,
entidades de rescates, organizaciones sociales, etc., a fin de intervenir en cualquier emergencia que pueda presentarse.
El profesional en esta especialidad de la psicología debe estar preparado profesional y emocionalmente para hacer frente a las más variadas contingencias, además de haber recibido una formación específica en esta materia. Algunos psicólogos de emergencias advierten que, más allá de la gran preparación técnica y mental que se requiere, es imprescindible una gran vocación.
Desde el ámbito de la defensa, se ha impulsado la regulación de la especialidad de psicología de emergencias. El Ministerio de Defensa ha puesto en marcha la creación de la Escuela Militar de Emergencias UME este año, considerándose un centro formativo de referencia en este ámbito.
Por su parte, la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, regula los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas, y en su artículo 36 contempla los Diplomas de Acreditación y los Diplomas de Acreditación Avanzada como instrumento para certificar el nivel de formación alcanzado por un profesional en un área funcional específica de una determinada profesión o especialidad, en atención a las actividades de formación continuada acreditada desarrolladas por el interesado en el área funcional correspondiente.
El establecimiento de nuevas figuras de reconocimiento de la formación continuada de los profesionales sanitarios titulados resulta especialmente conveniente en la línea de avanzar en la calidad de dicha formación, potenciando la relación y coherencia de las actividades de formación continuada y configurando programas que fortalezcan recorridos ligados al puesto de trabajo.
En este sentido, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos pertinente la aprobación, previo informe del Consejo Nacional de Especialidades, del diploma de acreditación para psicólogos de emergencias.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer, previa detección de la necesidad en los términos establecidos por el R.D. 639/2015, de 10 de julio, que los regula, contando con el informe favorable del Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud, la aprobación del Diploma de Acreditación para Psicólogos de Emergencias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003229
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputado, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, reguladora de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud.
La presente Ley tiene por objeto garantizar a toda la ciudadanía unos servicios comunes en unas condiciones de equidad y accesibilidad.
Protección a la salud.
La Proposición de Ley Reguladora de la Cartera de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud pretende garantizar las prestaciones sanitarias contempladas en el artículo 43 de la Constitución Española (CE) relativas al "derecho a la protección de la salud". Es importante hacer una diferenciación en cuanto al concepto del derecho a la sanidad atendiendo si se trata de una asistencia por enfermedad o por accidente.
En la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el punto 1 del artículo 3 se dispone que "los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades". También el derecho a la protección a la salud, no como derecho a la sanidad contraído exclusivamente como curación, viene recogido en el R.D. 63/1995, sobre ordenación de prestaciones del Sistema Nacional de Salud.
En 2003 se publicó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, al objeto de actualizar la Ley General de Sanidad, y que manteniendo las líneas básicas de ésta, modificó y amplió el articulado para adaptarlo a la nueva realidad social y política. Esta ley se promovió cuando todas las comunidades autónomas -CC.AA.- habían asumido las competencias en materia de sanidad y se había producido la disolución del INSALUD (en 2002). El Gobierno solo presta servicio directamente a Ceuta y Melilla. De manera que la Ley 16/2003 pretendió dar respuesta a las adaptaciones necesarias entre el Estado y las CC.AA. para proteger el derecho a la salud.
En el R.D. 1030/2006 también tuvo como objetivo una adecuación en la atención sanitaria para garantizar el derecho a la protección de la salud.
Equidad y accesibilidad.
En los principios generales de la Ley General de Sanidad, en el capítulo primero del artículo 3, se dispone que "la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales" y en el artículo 12 se enuncia que "los poderes públicos orientarán sus políticas de gasto sanitario en orden a corregir desigualdades sanitarias y garantizar la igualdad de acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio español".
Asimismo, en el R.D. 63/1995, sobre ordenación de prestaciones sanitarias de Sistema Nacional de Salud, se aborda como el derecho a la protección a la salud, que éste tiene una doble dimensión, colectiva e individual, y por lo que se refiere a la individual en relación con el propio bienestar físico y mental. También aquí se describe la garantía "de toda la población en cuanto a las prestaciones sanitarias y la inexistencia de cualquier tipo de discriminación en el acceso, administración y régimen de prestación de los servicios sanitarios".
La Ley 16/2003 busca la colaboración de las Administraciones Públicas sanitarias con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. La equidad, la calidad y la participación son objetivos comunes y las actuaciones en los diferentes ámbitos, así como los instrumentos para llevarlas a cabo constituyen el núcleo básico del Sistema Nacional de Salud y lo que proporciona unos derechos comunes a todos los ciudadanos. En el artículo 23 de esta ley también se recogen las garantías de las prestaciones, la de accesibilidad, cuando dice que "todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tendrán acceso a las prestaciones sanitarias reconocidas en esta ley, en condiciones de igualdad efectiva".
También, en el R.D. 1030/2006 se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y se pretende garantizar la protección de la salud, la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria, a la que tienen derecho todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.
El artículo 43 de la CE recoge que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".
En el artículo 45 de la Ley General de Sanidad se dispone que "el Sistema Nacional de Salud integra todas las funciones y prestaciones sanitarias que, de acuerdo con lo previsto en la presente ley, son responsabilidad de los de los poderes públicos para el debido cumplimiento del derecho a la protección de la salud". Y la decimocuarta de las disposiciones finales de la misma ley dice que "se autoriza al Gobierno para modificar los mecanismos de protección sanitaria de los diferentes regímenes públicos existentes, acomodándolas a los principios establecidos en la presente ley".
La Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, contempla, en el capítulo preliminar, un objetivo general que es el establecimiento del marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las administraciones públicas sanitarias que permitirán garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, entendido este, en los términos de la Ley General de Sanidad, como el conjunto de los servicios de salud de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas. En él se integran todas las estructuras y servicios públicos al servicio
de la salud, así como las funciones y prestaciones sanitarias que son responsabilidad de los poderes públicos.
Una aportación fundamental de esta ley es la definición de aquellos ámbitos en que es precisa la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. En estos ámbitos se define un núcleo común de actuación del Sistema Nacional de Salud y de los servicios de salud que lo integran. Sin interferir en la diversidad de fórmulas organizativas, de gestión y de prestación de servicios consustancial con un Estado descentralizado, se pretende que la atención a la ciudadanía por los servicios públicos sanitarios responda a unas garantías básicas y comunes.
Los ámbitos de colaboración entre las administraciones públicas sanitarias definidas en la ley son: las prestaciones del Sistema Nacional, la farmacia, los profesionales sanitarios, la investigación, el sistema de información sanitaria y la calidad del sistema sanitario. Estos seis ámbitos representan para la ciudadanía la seguridad de las prestaciones en todo el territorio del Estado. Además, se plantean los mecanismos de cooperación y coordinación tanto en la organización de la asistencia sanitaria como en salud pública. También se regulan los planes integrales de salud para que las administraciones sanitarias adopten un planteamiento integral en la atención a las enfermedades más prevalentes. Para que esto sea posible, se diseñan una serie de instrumentos a fin de poder tomar aquellas decisiones que corresponde asumir conjuntamente al Estado y a las CC.AA.
El órgano básico de cohesión es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, contemplado en la Ley General de Sanidad y en la Ley 16/2003, se dota de mayor agilidad en la toma de decisiones. En definitiva, la ley busca la colaboración de las administraciones públicas sanitarias con la finalidad de mejorar el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud.
Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) se define, por primera vez, en el artículo 47 de la Ley General de Sanidad. Este artículo es derogado por el capítulo X de la Ley 16/2003 y se dispone como "órgano permanente de coordinación, cooperación, comunicación e información de los distintos servicios de salud, entre ellos y con la administración del Estado. Su finalidad es promover la cohesión del Sistema Nacional de Salud a través de la garantía efectiva y equitativa de los derechos de los ciudadanos en todo el territorio". Este órgano estará constituido por los consejeros/as competentes en materia de sanidad de las CC.AA. y la presidencia la ostentará el/la titular del ministerio correspondiente, actualmente Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
Entre las funciones esenciales de este órgano está la configuración del Sistema Nacional de Salud (SNS) y en dicha configuración es fundamental "El desarrollo de la cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones básicas del SNS, así como su actualización" y "el establecimiento de criterios y mecanismos en orden a garantizar en todo momento la suficiencia financiera del sistema y el carácter equitativo y de superación de las desigualdades que lo definen, sin perjuicio de las competencias del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas".
Para conseguir los objetivos enunciados anteriormente -la protección a la salud de forma equitativa y accesible- será preciso tener una cartera de servicios del SNS. Esta cartera está contemplada en el artículo 8 de la Ley 16/2003 en los siguientes términos: "Las prestaciones sanitarias del catálogo se harán efectivas mediante la cartera de servicios acordada en el seno del Consejo Interterritorial del SNS"; en el artículo 20 se establece su desarrollo.
La cartera de servicios es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante los que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. Las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán aprobar sus respectivas carteras de servicios que incluirán cuando menos la cartera de servicios del SNS. Para su elaboración se tendrá en cuenta la eficacia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas y alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, y su impacto económico y organizativo.
En el artículo 21 de la misma ley se contempla la actualización de esta cartera de servicios del SNS, que se realizará mediante orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, previo acuerdo del Consejo Interterritorial. El procedimiento para la actualización, se desarrollará reglamentariamente. Solo podrán
incorporarse a la cartera de servicios para su financiación pública aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos previamente evaluados por el Ministerio de Sanidad, a través de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Y la exclusión de una técnica, tecnología o procedimiento actualmente incluido en la cartera de servicio, se llevará a cabo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
- Evidenciarse su falta de eficacia, efectividad, o eficiencia, o que el balance entre beneficio y riesgo sea significativamente desfavorable.
- Haber perdido interés sanitario como consecuencia del desarrollo tecnológico y científico.
- Dejar de cumplir los requisitos establecidos por la legislación vigente.
En el Real Decreto 1030/2006, de 15 septiembre, sobre la Cartera de Servicios Comunes del SNS y el procedimiento para su actualización, se establece, en su artículo 1, el contenido de la cartera de servicios comunes, de las prestaciones sanitarias de salud pública, atención primaria, atención especializada, atención de urgencia, prestación farmacéutica, ortoprotésica, de productos dietéticos y de transporte sanitario. Pero estos servicios no tienen la consideración de mínimos, sino de básicos y comunes, es decir los fundamentales y necesarios para llevar a cabo una atención sanitaria adecuada integral y continuada.
En el Anexo II de esta ley se contempla la Atención Primaria como el primer nivel de atención a la ciudadanía, que garantiza una atención integral y la continuidad a lo largo de toda la vida del paciente, actuando como gestor y coordinador de casos. Comprenderá actividades de promoción de la salud, educación sanitaria, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria, mantenimiento y recuperación de la salud, así como la rehabilitación y el trabajo social.
Esta estructura sanitaria ha sido claramente deteriorada al disminuir los recursos, soportando todos los recortes sanitarios. Solo en médicos de familia nuestro país (74,78 médicos de atención primaria/100.000 habitantes) es superado por 17 países de Europa en número de médicos de atención primaria por cada 100.000 habitantes. Perdiendo la calidad necesaria para resolver los problemas de la población.
Las CC.AA. podrán elaborar sus propias carteras de servicios que, como mínimo, deberán incluir la común del SNS. Los servicios de salud que no puedan ofrecer alguno de los servicios contemplados en la cartera común en su ámbito geográfico establecerán los mecanismos necesarios para remitir al paciente que lo precise al centro de referencia correspondiente. Con ello se pretende garantizar la protección a la salud, la equidad y la accesibilidad a una adecuada atención sanitaria, a la que tienen derecho todos los ciudadanos independientemente de su lugar de residencia.
La cartera de servicios contemplada en la Ley 16/2003 es modificada en el capítulo II del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, fraccionando en: cartera común básica asistencial, cartera común suplementaria, y cartera común de servicios accesorios, además de la cartera de servicio complementaria de las CC.AA. Esta fragmentación rompe con la equidad y accesibilidad de nuestras prestaciones sanitarias y da lugar a posibles copagos. Por todo ello, la presente proposición de ley pretende revocar este capítulo con el fin de volver al texto original de la Ley 16/2003, cuestión fundamental para mantener la protección a la salud.
1. Retomar una cartera de servicio común única, no fraccionada, como estaba contemplada en el artículo 8 de la Ley 16/2003.
2. No introducir nuevos copagos en el Sistema Nacional de Salud."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2018.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003233
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que los centros de servicios sociales para personas mayores cuenten con personal formado en materia LGTBI, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
La realidad que viven las personas mayores del colectivo LGTBI es preocupante. Un gran porcentaje se encuentra en situación de exclusión social, lo que afecta especialmente a los mayores trans. Muchas personas mayores con VIH/SIDA se sienten olvidadas y no se les permite, en muchos casos, entrar en residencias por tener la que aún se considera una "enfermedad infectocontagiosa".
La situación se agrava considerablemente en los casos en que estas personas perciben pensiones mínimas o no contributivas que no les garantizan un desarrollo saludable y unos mínimos de calidad de vida ajustados a sus necesidades. Son muchas de ellas personas de débil salud mental, causada por tantos años de homofobia, rechazo, rupturas, perdidas, aislamiento social y miedo a ser reconocidas como LGTBI.
En numerosos estudios se pone de manifiesto una alta incidencia de aislamiento y soledad. Por otra parte, no suelen acudir a los servicios sociales, por motivos personales relacionados con no creerse acogidos ni entendidos. También se detecta una mínima presencia de este colectivo en centros de personas mayores, en centros de día o residencias, por miedo a tener que "meterse en el armario" de nuevo y por temor al rechazo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a articular las medidas necesarias para que los centros de servicios sociales, tanto de titularidad pública como privada, cuyos usuarios sean personas mayores (centros de referencia, residencias, centros de día, etc.) cuenten con personal formado en materia LGTBI que colabore en el fomento de una adecuada convivencia y en el reconocimiento de la diversidad sexual."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2018.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003235
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a los niños con cáncer, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Cada año se diagnostican cerca de 1.400 nuevos casos de niños con cáncer en España de 0 a 18 años. A pesar de ser una enfermedad rara, el cáncer infantil es la primera causa de muerte por enfermedad hasta los 14 años.
El tipo de cáncer más frecuente en los niños es la leucemia (25%), seguido de los tumores del sistema nervioso central (19,6%) y los linfomas (13,6%), según el Registro Nacional de Tumores Infantiles.
En el caso de los adolescentes, son 15 nuevos casos por cada 100.000 y se incrementa la incidencia de esta enfermedad en los jóvenes españoles de 14 a 18 años en un 1 por ciento anual.
En la actualidad, el 50% de los centros con Unidades de Onco-Hematología Pediátrica no admiten menores cuando cumplen los 14 años, y un 25% de estos menores son derivados a la unidad de adultos, aunque no hayan terminado el tratamiento.
La asistencia de los menores entre 14 y 18 años debe ser una asistencia integral, como la que se realiza en las unidades pediátricas, que abarca la atención médica, psicológica y social. Sin embargo, existen grandes diferencias entre las Unidades Pediátricas y las de Adultos.
En las unidades pediátricas, los menores con cáncer pueden seguir recibiendo clases en un aula hospitalaria en el 93% de los casos, ir a talleres y salas de juego, el 96% tiene atención psicológica y más de la mitad dispone de habitación individual y está con otros niños. Además, los acompañantes de estos pacientes pueden permanecer en las Unidades de Cuidados Intensivos las 24 horas del día.
Por otro lado, los cuidados paliativos pediátricos a domicilio mejoran la calidad de vida de los menores con cáncer y les ayudan a sobrellevar mejor su situación. No obstante, solo en siete comunidades se están prestando estos servicios, si bien únicamente Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana se ofrece los 365 días al año, las 24 horas del día.
Asimismo, es fundamental seguir apoyando a las familias que cada día se enfrentan a estas enfermedades, adoptando nuevas medidas que faciliten el cuidado de sus hijos. En este sentido, se hace necesario ampliar la cobertura de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer, u otra enfermedad grave, de manera que se extienda al periodo de cuidado domiciliario del menor. En la actualidad esta prestación consiste en un subsidio económico que se concede a aquel progenitor que reduce su jornada de trabajo, en al menos en un 50%, para el cuidado hospitalario de su hijo y, con ello, se compensa la pérdida de ingresos económicos.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas, a adoptar las siguientes medidas en relación con el cáncer infantil:
- Actualizar la Estrategia contra el Cáncer para abordar, entre otros asuntos, la atención integral para los niños y adolescentes y sus familias.
- Aprobar que los jóvenes menores de 18 años puedan ser tratados en unidades pediátricas en todo el territorio nacional.
- Garantizar que los progenitores puedan acompañar a sus hijos menores de 18 años las 24 horas en las UCIs Pediátricas.
- Implementar en toda España la puesta en marcha de los cuidados paliativos pediátricos a domicilio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003221
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la declaración de las fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla (Región de Murcia) como Fiesta de Interés Turístico Nacional, para su debate en la Comisión de Cultura.
Las Fiestas en honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla cuentan con la Declaración de Interés Turístico Regional desde 1986 y la Hermandad de la Santa Cruz desde el año 2004. En abril de
2016 la Asamblea Regional de Murcia da su apoyo, por unanimidad, a la Declaración de Interés Turístico Nacional, promovida por la Hermandad de la Santa Cruz y la Federación de asociaciones de Moros y Cristianos de Abanilla y el excelentísimo Ayuntamiento de Abanilla.
La fiesta de Moros y Cristianos de Abanilla se celebraba desde el año 1598, la organización en kábilas y mesnadas se recupera en el año 1973, al igual que el desfile de Moros y Cristianos del 1 de mayo y en el año 1976 nace la Asociación de Moros y Cristianos Santa Cruz.
Abanilla tiene la suerte de contar con dos Fiestas que en otros lugares de España han tenido una evolución diferente, seguramente esta población es única en este sentido. En otras poblaciones la veneración a su patrón o patrona a través de salvas de arcabucería (soldadesca) ha dado lugar a la celebración de la Fiesta de Moros y Cristianos. En Abanilla afortunadamente estas dos Fiestas persisten y conviven, destacando la figura del PAJE como diferenciadora de otras celebraciones del resto de España.
Estas fiestas se celebran entre la última semana de abril y la primera semana del mes de mayo, fechas en las que toda la localidad sale a la calle para venerar a la Santa Cruz, y para disfrutar de los coloridos desfiles de Moros y Cristianos. La programación de fiestas ofrece gran variedad de actos y actividades que no solo tienen lugar a finales de abril y primeros de mayo. Se mantiene viva la vinculación festera todo el año con la celebración de las Fiestas de la Exaltación de la Santa Cruz (septiembre) y el medio año festero (octubre-noviembre).
Del mismo modo la Federación de Moros y Cristianos "Santa Cruz" ha impulsado las Fiestas de otras poblaciones como Orihuela (en la provincia de Alicante), Murcia, Jumilla y Santomera (en la Región de Murcia) o Iznalloz (en la provincia de Granada). Los Moros y Cristianos de Abanilla han participado activamente en otros Desfiles, a parte de las poblaciones citadas, en las poblaciones de Torre-Pacheco, Los Alcázares o Cieza en la Región de Murcia. También han tenido la oportunidad de Desfilar por la céntrica calle madrileña de Callao con motivo de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) o por la calles de Villaurbanne en Lyon (Francia).
Señalar también que la Hermandad de la Santa Cruz ha participado activamente en la EXPO de Sevilla de 1992 como referente de Abanilla, también en este mismo año participó en uno de los actos de Madrid Ciudad Europea de la Cultura. Conjuntamente con la Federación de Moros y Cristianos ha participado en varias ediciones de EXPOFIESTA en el Instituto Ferial Alicantino. En los años más recientes, la fiesta ha estado inmersa en la promoción de "Los Caminos de la Vera Cruz" con las poblaciones de Granja de Rocamora (provincia de Alicante), Ulea y Caravaca de la Cruz (Región de Murcia).
Es por todo este valor histórico, etnológico, turístico y participativo de las Fiestas patronales en honor a la Santísima Cruz y Moros y Cristianos de Abanilla.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a declarar las Fiestas Patronales en Honor a la Santísima Cruz y de Moros y Cristianos de Abanilla, Región de Murcia, como Fiestas de Interés Turístico Nacional."
161/003236
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al abordaje integral de la tartamudez, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.
En España hay 800.000 personas con tartamudez. Se trata de un trastorno de la fluidez del habla, caracterizada por comportamientos primarios, visibles y audibles (como repeticiones, bloqueos y prolongaciones), todos ellos involuntarios, que provoca que los afectados tengan ansiedad y crisis de pánico a la hora de mantener conversaciones.
La tartamudez, también conocida como disfemia, es un trastorno de la comunicación (no un trastorno del lenguaje), que se manifiesta con interrupciones involuntarias del habla que pueden venir acompañadas de guiños rápidos de los ojos, temblores de los labios y/o de la mandíbula o muecas de la cara u otro órgano de la parte superior del cuerpo que una persona que tartamudea usa en un intento por hablar.
A pesar de que todavía no se conocen cuáles son las causas que provocan su aparición, los expertos aseguran que existe una predisposición genética a padecerlo. La tartamudez afecta entre el 1,5 % y el 2 % de la población adulta, siendo la proporción de personas que tartamudean mayor (de 4 a 1) en el sexo masculino que en el femenino.
La tartamudez está relacionada con determinados aspectos neurológicos debido a que afecta al habla, facultad alojada en el hemisferio izquierdo. Por este motivo, muchos tartamudos desarrollan el hemisferio derecho en un 2 % o un 4 % más que los normofluidos. Sin embargo, esas personas, en muchas ocasiones, tienen estrés o miedo a la hora de entablar conversaciones, afectando a sus relaciones sociales y en muchos casos sufriendo un aislamiento social y laboral.
Por lo general, la tartamudez comienza a manifestarse a los tres y cuatro años, una etapa en la que es fundamental abordar la patología a tiempo a través de una atención temprana y preventiva. Los tratamientos tempranos consiguen que la disfemia remita en un porcentaje muy alto, mientras que en adolescentes y adultos la remisión es mucho menor.
Para abordar la atención temprana es fundamental que los pediatras estén formados en esta materia para que puedan detectar a tiempo la tartamudez en los menores y trabajar con los logopedas y psicólogos de forma preventiva.
La tartamudez en general es diagnosticada por un logopeda y, en el caso de los adultos, la terapia va dirigida a mejorar las condiciones del habla y comunicación, lograr un tartamudeo de forma fluida y tratar que la persona controle el habla y no se vea dominada por la tartamudez.
El tratamiento para los adolescentes y adultos debería ser integral, incluyendo la intervención de pediatras en el caso de adolescentes, logopedas y psicólogos. Los tratamientos están orientados a mejorar la calidad de vida de estas personas, y se concede gran importancia al entorno del individuo, que influye en el autoconcepto e imagen de sí mismo y su proyección en la sociedad. Para desarrollar estos programas integrales sería necesaria la coordinación de la asistencia sanitaria con los servicios sociales y el sistema educativo.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a avanzar en el abordaje integral de la tartamudez, mejorando el acceso de los pacientes a los servicios de pediatría, psicología y logopedia incluidos en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, e impulsando la detección precoz, la atención temprana y la coordinación de la asistencia sanitaria con los servicios sociales y el sistema educativo."
161/003223
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tenemos el honor de dirigirnos a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incorporación de la perspectiva de derechos de la infancia en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y en las Políticas Medioambientales, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
El cambio climático supone uno de los mayores desafíos de la humanidad en términos de desarrollo, bienestar y protección, especialmente de la población más vulnerable, donde se encuentran las niñas, los niños y los adolescentes. Se estima que en la próxima década el cambio climático afectará a unos 175 millones de niños al año.
España es uno de los países europeos más vulnerables al cambio climático y al ritmo actual de crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero podríamos llegar a experimentar aumentos de temperatura de 5 °C para el 2050. El 2016 fue el cuarto año más caluroso desde que se tiene registro. Además, durante este año las lluvias se redujeron un 20 % y la temperatura media aumentó en todo el país. Olas de calor, incremento de las temperaturas, sequías, incremento del nivel del mar, disminución de la disponibilidad del agua son solo algunos de los efectos del cambio climático en España. Para los próximos años, de no tomarse medidas, estos fenómenos aumentarán tanto en frecuencia como en intensidad.
El cambio climático tendrá cada vez más consecuencias sobre todos los seres humanos, pero los niños se verán afectados de manera desproporcionada, especialmente en las zonas donde la pobreza es más aguda. Esto pone en evidencia la injusticia intergeneracional provocada por el cambio climático. Son los niños y niñas los que menos responsabilidad tienen en el problema, los más afectados.
El impacto del cambio climático en la infancia y la adolescencia se está produciendo en ámbitos claves para el desarrollo como la salud, la educación, el acceso a agua y saneamiento, el ocio y la recreación, así como en el acceso a los bienes y servicios. Los insostenibles patrones de producción y consumo de una parte de la Humanidad están impactando de manera desigual en todo el mundo, siendo los menos responsables del problema, los que más sufren sus consecuencias. Así, los impactos variarán en función del área de residencia, género, edad e ingresos económicos, afectando especialmente a aquellas personas más vulnerables.
Los niños, las niñas y los jóvenes son especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático. Su desarrollo biológico, el mayor consumo energético y metabólico, su comportamiento social, su mayor expectativa de vida y el hecho de que estén prácticamente ausentes de los espacios de toma de decisiones relativas a la lucha contra el cambio climático les sitúan como población especialmente vulnerable al problema climático, y explica por qué deben situarse en el centro de la respuesta. El cambio climático impacta en su salud, y en la medida en que son más vulnerables, les afecta más: los eventos extremos, las olas de calor, las precipitaciones y el aumento de temperaturas influyen en los agro-ecosistemas, en la demografía y socio-economía, en las vías de contaminación biológica y en la dinámica de transmisión de enfermedades.
El impacto del cambio climático en la infancia en España.
El cambio climático también impacta en el bienestar de niños y niñas en España: las olas de calor afectan a los niños y niñas desde la etapa del embarazo, aumentando el riesgo de partos prematuros. El impacto de las olas de calor, al contrario que en adultos, es inmediato. Las temperaturas extremas son responsables de las hospitalizaciones de niños menores de catorce años por causas gastrointestinales o enfermedades respiratorias, afectando especialmente a menores de un año.
Las condiciones socio-económicas de los niños y niñas son determinantes: el impacto de las temperaturas extremas será menor en el caso de que la vivienda este bien aislada y protegida del calor y del frío, y si dispone de calefacción y aire acondicionado que permita un buen control de la temperatura. También los servicios e infraestructuras públicas a nivel local son importantes pare reducir el riesgo y claves, por tanto, para reducir o ensanchar el nivel de impacto en niños y niñas al cambio climático. Por ejemplo, la existencia de zonas sombreadas donde los niños puedan jugar en el exterior, de zonas verdes que reducen la temperatura media y el efecto isla de calor de las ciudades, y la existencia de fuentes y acceso a agua.
Algunos servicios públicos deben estar especialmente preparados ante estos impactos: uno de los más importantes y determinante para reducir el nivel de riesgo, es el acceso a servicios de salud, en los que el servicio de pediatría conozca y esté preparado para reaccionar ante un aumento de las temperaturas
extremas. Los niños y niñas sufrirán un aumento de alergias y enfermedades respiratorias vinculadas al aumento e intensidad de la época de floración, que provocará mayores niveles de polen durante un periodo de tiempo más largo en el año que obligará a los servicios médicos y a las familias a adoptar medidas adicionales para adaptarse.
El aumento de eventos extremos vinculados al cambio climático como sequías, inundaciones o tormentas causará importantes pérdidas económicas. La subida de la cota de mar en España afectará especialmente a Barcelona, Valencia, Guipúzcoa, Málaga y Cádiz. Se calcula que el coste de los daños causados en infraestructuras públicas y privadas, zonas residenciales e industriales, por esta subida será de hasta el 3 % del PIB en 2050. Esta subida del nivel mar pondrá en riesgo a más de 2 millones de niñas, niños y adolescentes entre los cero y los diecisiete años de edad que residen en estas provincias. El aumento del nivel del mar en zonas costeras, la reducción de los recursos hídricos estimada en un 20 % para 2020, además del aumento de especies invasoras en mares, ríos y otras masas de agua, impactará de igual modo en la infancia por su mayor necesidad de agua para mantenerse en condiciones óptimas de salud.
Por todo ello, y ante la obligación de España frente al cumplimiento del Acuerdo de París, promoviendo una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, impulsamos la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:
1. Aplicar de una manera decidida el objetivo de desarrollo sostenible número 13: "medidas urgentes para combatir el cambio climático", de la Agenda de desarrollo sostenible 2030. Para ello, debe prever políticas, hojas de ruta, tecnologías y financiación para asegurar que dicho objetivo sostenible sea una realidad, según marca la Agenda 2030 y que España ratificó en el año 2015.
2. Garantizar los derechos y el bienestar de la infancia previniendo los riesgos e impactos del cambio climático, en el desarrollo de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
3. Promover el enfoque de derechos de infancia en las políticas, las normativas y los presupuestos sobre medio ambiente, así como vincularlos con las políticas de salud y lucha contra la pobreza.
4. Incorporar el enfoque de derechos de la infancia de manera explícita en la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
5. Promover la adecuada inversión pública y los recursos necesarios para garantizar la implantación de las políticas de adaptación y mitigación del cambio climático, desde un enfoque de derechos de infancia.
6. Fomentar mecanismos de participación de niños, niñas y adolescentes de nivel local, autonómico y nacional en las políticas y normativas de medio ambiente y cambio climático y, en concreto, en los programas de adaptación de cara a garantizar la perspectiva y voces de los niños.
7. Adoptar medidas para minimizar la exposición de los niños a la contaminación ambiental.
8. Poner a disposición del público información accesible sobre el impacto del cambio climático en la infancia y medidas para los impactos negativos. Igualmente, fomentar campañas de concienciación e información a padres, madres y comunidad educativa.
9. Disponer de mayor conocimiento, con datos y estudios de impacto sobre las consecuencias en la salud del aumento de temperatura, de la longitud de la ola de calor en días y del impacto según edad, que repercutirá en una mayor efectividad de las políticas y medidas desarrolladas.
10. Dedicar recursos a la investigación para determinar cuáles son las medidas más adecuadas a nivel ambiental, social, económico y cultural que tengan como resultado un mayor nivel de adaptación a los efectos del cambio climático para la infancia y juventud.
11. Promocionar el conocimiento y el desarrollo de competencias relacionadas con la protección del medio ambiente en el ámbito escolar y fomentar una perspectiva de educación en derechos, con especial atención a los derechos de la infancia y el cambio climático."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de abril de 2018.-Ricardo Antonio García Mira y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003234
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos, de acuerdo a las obligaciones derivadas del Convenio de Estambul y a las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, para su debate en la Comisión Permanente de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género.
Las diferentes formas de violencia que sufren las mujeres por el hecho de serlo son elemento de debate público en nuestro país desde hace años. En base a esa preocupación, a finales del año 2016 el Pleno del Congreso de los Diputados acordó, con un gran consenso, la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión con la finalidad de acordar entre todas las fuerzas políticas un Pacto de Estado para luchar contra la violencia machista.
La preocupación y compromiso de las fuerzas políticas en este ámbito se tradujo, tras meses de intenso trabajo, en un Pacto de Estado contra la Violencia de Género que contenía cientos de medidas y recomendaciones para que las administraciones desarrollasen a fin de prevenirla y combatirla. Entre ellas, el revisar los tipos de violencia que se ejercen contra la mujer y actualizar nuestra normativa a los acuerdos y convenios internacionales firmados al respecto en materia de lucha de violencia de género.
España es uno de los países que posee una legislación más antigua en la lucha contra la violencia de género. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género cumple catorce años. Nuestra norma es bastante anterior a un hito internacional importante en esta materia: el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica celebrado en Estambul en 2011, ratificado por nuestro país en 2014.
El Convenio establece entre sus artículos 33 y el 40, que las Partes firmantes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como delito: la violencia psicológica, el acoso, la violencia física, la violencia sexual incluida la violación, los matrimonios forzosos, las mutilaciones genitales femeninas, el aborto y esterilización forzosos y el acoso sexual.
Este convenio ha supuesto un paso adelante en la prevención y protección de las mujeres y su entorno ante la violencia de género. Así en nuestro país se ha comenzado el camino para implementar en la legislación nacional lo recogido en el convenio.
Otras instituciones nacionales también han puesto en marcha medidas para aplicar este convenio a sus respectivas competencias. Por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial, con fines únicamente estadísticos, clasificará como delitos de violencia machista todos aquellos delitos que se recogen en el Convenio de Estambul.
Si bien nuestro país tiene una de las legislaciones más avanzadas en lo relativo a violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, con la Ley 1/2004 y distintas leyes autonómicas, todavía queda mucho por hacer en lo referente a otras formas de violencia machista y, entre ellas, la violencia sexual.
Vista la creciente preocupación de los españoles por esta lacra, consideramos que la normativa y medidas vigentes a día de hoy siguen siendo insuficientes, siendo preciso adoptar medidas adicionales prioritarias a las que estamos obligados con la transposición del Convenio de Estambul a la legislación estatal española, para reconocer las distintas formas y los distintos ámbitos de la violencia machista, así como el desarrollo de las acciones concretas acordadas en el Pacto de Estado. Y lo cierto es que estas medidas que refuerzan la lucha contra la violencia machista, incluida la violencia sexual, no pueden esperar más.
La adecuación al Convenio de Estambul hace necesario ampliar el concepto de la Ley a otras formas de violencia, como la violencia sexual, la económica y otras ejercidas por medio del uso de todo tipo de redes sociales y nuevas tecnologías y es preciso que las administraciones públicas, especialmente el Gobierno de la nación lidere este proceso, agilizando todo lo posible las medidas que garanticen una mayor prevención y protección de las mujeres, pero también una evaluación del sistema penal a fin de adecuarlo a los nuevos tipos de violencia.
1. Revisar y actualizar la normativa existente en materia de prevención y lucha contra la violencia machista en todos los ámbitos implicados, de acuerdo a las obligaciones del Convenio de Estambul y a las recomendaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
2. Desarrollar medidas específicas del pacto en materia de prevención y lucha contra el acoso sexual. Entre ellas:
a) Promover en los centros educativos talleres y actividades formativas para la prevención de la violencia sexual, trabajando específicamente con los niños y varones adolescentes.
b) Realizar estudios, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, sobre el alcance y tipología de la violencia sexual.
c) Introducir módulos transversales sobre violencia sexual y sus tipologías, en los contenidos de las acciones formativas desarrolladas por y para empresas privadas y las Administraciones Públicas.
d) Crear una Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual, en la que se incluyan todos los agentes implicados, administraciones y asociaciones especializadas.
e) Promover el desarrollo de programas integrales de atención a la violencia sexual en todo el territorio, en colaboración y con respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas.
f) Elaborar campañas y materiales informativos contra la violencia sexual, las violencias sexuales y las diferentes realidades de las mujeres (edad, procedencia o situación de diversidad funcional), con el objetivo de que exista una mayor conciencia social sobre estas formas de violencia de género.
g) Incluir nuevos baremos e indicadores en la Macroencuesta de la Delegación del Gobierno para la violencia de género sobre todos los tipos de violencia sexual. Asimismo, recomendar a los diferentes observatorios la inclusión de dichos indicadores, con especial atención al llamado "acoso callejero"."
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
181/001020
Diputada doña Eva García Sempere
¿Qué ayudas de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos ha asignado el Gobierno para la manipulación y la retirada de amianto en el marco de las medidas nacionales en materia de salud y seguridad en el trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de abril de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.
184/033065
Autor: Nogueras i Camero, Míriam (GMx). Guillaumes i Ràfols, Feliu-Joan (GMx).
Esclarecimiento de los atentados ocurridos en Barcelona y Cambrils el día 17/08/2017, así como del vínculo entre Abdelbaki es Satty con el CNI.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos del artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la segunda pregunta, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
Doña Míriam Nogueras i Camero y don Feliu Gillaumes i Ràfols, en su calidad de Diputados del Partit Demòcrata Europeu Català, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno la siguiente pregunta, solicitando la respuesta por escrito.
Según hemos podido saber a través de medios de comunicación, y basándose en las declaraciones públicas de testimonios, hay temas relacionados con el atentado del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils que son inadmisibles.
¿Por qué las víctimas del terrorismo islámico no tienen derecho a tener una comisión de investigación para poder esclarecer todo lo sucedido el 17 de agosto de 2017?
¿Qué está haciendo el ejecutivo y el Ministerio del Interior para esclarecer todo lo que sucedió?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de abril de 2018.-Míriam Nogueras i Camero y Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols, Diputados.

References: Resolución 
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 9
 artículo 573
 artículo 573
 artículo 571
 artículo 573
 artículo 573
 artículo 571
 artículo 193
 artículo 9
 artículo 31
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 235
 artículo 235
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 90
 artículo 90
 artículo 193
 artículo 36
 artículo 193
 artículo 43
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 12
 artículo 23
 artículo 43
 artículo 45
 artículo 47
 artículo 8
 artículo 20
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 190
 artículo 11
 artículo 185