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Timestamp: 2018-10-18 17:42:18+00:00

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Nacional | Radio Boquerón 93.7 FM - Part 75
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Estado ofrece a sus familiares la garantía de la no repetición del delito, conocimiento de la verdad y más como parte de la reparación integral.
Como parte de la reparación integral por el Estado ecuatoriano, la mañana de ayer, se rindió homenaje a 120 víctimas de 21 casos de violaciones de derechos humanos en el país, registrados en el período 1984-2008 con la colocación de una placa en la Universidad de las Artes.
“La reparación integral devuelve derechos que se nos quitó violentamente en lo material y en lo inmaterial, y esta placa constituye un símbolo de ese reconocimiento del Estado a quienes fuimos víctimas de graves vulneraciones y además permite que la ciudadanía conozca de los crímenes atroces como los que vivimos. Esperamos que efectivamente se concrete la reparación para que se cierre este ciclo”, expresó Cira Tapia, hermana de un dirigente estudiantil, que falleció en 1988 en medio de una protesta que rechazaba los “paquetazos” en el gobierno del presidente socialcristiano León Febres-Cordero.
Según el Ministerio de Justicia, la reparación integral incluye el conocimiento de la verdad de los hechos, indemnización de daños materiales e inmateriales, rehabilitación y garantía de no repetición.
Esta es la tercera placa que se entrega en el país como tributo a quienes fallecieron o sufrieron torturas, según los registros del informe de la Comisión de la Verdad. La primera fue entregada en Atacames, provincia de Esmeraldas, y la segunda en La Estancilla, provincia de Manabí, por el caso Taura.
El defensor del pueblo, Ramiro Rivadeneira, sostuvo que la entrega de estas placas es una forma de pedir perdón el Estado a los familiares de las víctimas, “aunque no devolverán sus vidas”.
Por ello, hizo un llamado a la justicia para evitar que haya más violaciones a los derechos humanos y que no queden en la impunidad.
Como complemento de esta jornada, en la tarde, en la Escuela de Infantería de la FAE, se efectuó el acto de disculpas públicas a las víctimas del caso Taura. (I)
→Según los informes de la Comisión de la Verdad, creada en 2010, se identificaron 456 víctimas de violaciones de derechos humanos. En estos casos se implicaron y judicializaron a policías y militares..
→21 casos se registraron en la provincia de Guayas, entre ellos: González y otros.
→Según la Defensoría del Pueblo, se estima que los próximos reconocimientos se darán en las provincias de Loja y El Oro.
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/1/victimas-de-violacion-de-dd-hh-reciben-tributo
La Procuraduría presentará sus pruebas contra el Vicepresidente
Luego de terminada la presentación de 40 documentos de la Fiscalía, el Tribunal pasó a etapa de impugnación y llamó la atención al abogado del Segundo Mandatario.
El Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) dio paso ayer a la presentación de las impugnaciones a las 40 pruebas documentales presentadas por la Fiscalía.
Según la exposición del fiscal de la Nación, Carlos Baca, los documentos demostrarán la perpetración del delito de asociación ilícita del que se le acusa al Vicepresidente y otros 8 sindicados.
Antes de que se inicie la diligencia, que completó su octavo día de sustanciación, asambleístas de Alianza PAIS como Soledad Buendía, Carlos Viteri y Marcela Aguiñaga llegaron al lugar para saludar al Segundo Mandatario y expresarle su respaldo. Además acompañaron al expresidente Rafael Correa que arribó al sitio pasadas las 11:00, justo cuando el Tribunal había dispuesto un receso.
Jorge G. estaba en el salón, sentado de espaldas al público, esperando la reanudación de la diligencia, cuando Correa entró a la sala, cerca de las 11:00. Al notar su presencia, se levantó para saludarlo con un apretón de manos y un abrazo.
El exmandatario se ubicó en un asiento detrás de Jorge G. para presenciar el desarrollo de la jornada judicial, junto a exfuncionarios como Ricardo Patiño y Fernando Alvarado.
A los pocos minutos se retomó el juicio, en el que previamente los abogados de los acusados expusieron ante el tribunal sus razones para impugnar las pruebas que consideran no cumplen con los principios de pertinencia, legalidad y utilidad.
En este sentido, el defensor de Ricardo R. manifestó que varios documentos obtenidos por la Fiscalía General tenían tachones, por lo cual se invalidaban las pruebas.
Respecto del indicio 40, sobre el pen drive entregado por un empleado de Televisión Satelital, el abogado dijo que era ilegal, ya que el trabajador en mención sustrajo esa información de otro dispositivo, lo cual vicia la prueba.
El referido pen drive contiene números telefónicos y correos electrónicos con nombres clave que supuestamente se usaban para intercambiar conversaciones con el Vicepresidente.
Otros abogados defensores coincidieron en que el Fiscal presentó copias simples sin certificaciones originales, las cuales por ley no podían ser admitidas.
También argumentó que se presentaron documentos en portugués que no fueron debidamente traducidos, por eso los impugnaron, mientras que otras pruebas no demostraban un delito de asociación ilícita.
No obstante, el defensor de Kepler V., dijo que no tenía objeciones a ninguna de las pruebas presentadas por la Fiscalía, ya que algunas de ellas se obtuvieron como acuerdos probatorios previo al trato de cooperación eficaz que su defendido aceptó firmar con la Fiscalía.
Eduardo Franco, abogado del Vicepresidente, en su exposición, impugnó las pruebas desde la 28 hasta la 40, por considerar que eran ilegales, inútiles, impertinentes y que no demuestran la materialidad objetiva del supuesto delito del que se le acusa al Segundo Mandatario.
El juez ponente del tribunal, Édgar Flores, llamó la atención al abogado indicándole que no era la etapa de alegatos y que solo debía indicar la razón de la impugnación. Luego del llamado de atención se suspendió la audiencia para la tarde, a menos de una hora de reinstalada.
En esa instancia, el exjefe de Estado, Rafael Correa, nuevamente se dirigió al Vicepresidente para despedirse. Luego salió de la sala para ofrecer declaraciones a la prensa. Los asambleístas, así como otros exfuncionarios, lo siguieron, por lo que la el lugar quedó casi vacío. (I)
→Terminada la presentación de las 40 pruebas de la Fiscalía se inició la etapa de impugnación, después seguirá la presentación de testigos y de pruebas de la Procuraduría, además de la acusación particular del político César Montúfar.
→9 días de juicio dentro del caso Odebrecht se cumplen hoy, incluidos los fines de semana.
Expresidente fue a audiencia
→Rafael Correa presenció por casi una hora la audiencia contra el Vicepresidente; luego se retiró de la Corte de Justicia.
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El CNE convocará a la consulta en cinco días
En una jornada que se extendió hasta la madrugada de ayer, el Consejo Nacional Electoral (CNE) estableció el plan operativo, el cronograma y el presupuesto para la consulta popular y el referendo.
Los 5 integrantes del CNE aprobaron por unanimidad y sin observaciones la convocatoria para llamar a los ecuatorianos a las urnas, para el 4 de febrero de 2018.
“Una vez que se ha declarado el periodo electoral y se ha aprobado la convocatoria a elecciones, nada ni nadie los puede detener.
Todas las demás funciones del Estado se ponen al servicio de la democracia”, indicó Nubia Villacís, electa presidenta del CNE, el jueves al mediodía.
La resolución de ayer se produjo después de que dos días antes el presidente de la República, Lenín Moreno, enviara al organismo electoral dos decretos para que se convocara a las urnas.
La iniciativa, según el Ejecutivo, se sustenta en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que en su artículo 105 establece que si la Corte Constitucional no resuelve el análisis del referendo en un máximo de 20 días, se “entenderá que ha emitido dictamen favorable”.
Tras el silencio de la Corte, como fue interpretado, la acción del Ejecutivo se concretó 58 días después de haber remitido (2 de octubre) las 7 preguntas a la CC para que calificara el contenido de las mismas.
En ese sentido, ayer se inició el periodo electoral y el próximo 7 de diciembre será la convocatoria a consulta, que tendrá un presupuesto de $ 48’296.280 y que convocará a 13’072.108 electores.
Además, las organizaciones sociales y políticas de carácter nacional se podrán inscribir del 8 al 12 de diciembre para que participen en la campaña electoral -por el Sí o por el No- desde el 3 de enero hasta el 1 de febrero, 3 días antes de la concurrencia a las urnas.
Según el consejero Paúl Salazar, para tomar la decisión de convocar a consulta se analizó el tema de forma exhaustiva.
Aclaró que no se lo hizo en pocas horas, sino que se lo manejó con el expresidente Juan Pablo Pozo desde hace un mes y medio. Se llevó a cabo, manifestó, por medio de reuniones operativas para llegar a la aprobación del cronograma, presupuesto y plan operativo.
Incluso un equipo del CNE se reunió con la vicepresidenta encargada, María Alejandra Vicuña, el pasado 5 de octubre, para afinar el procedimiento logístico de la consulta popular.
Para Salazar, a nivel jurídico “conocíamos el trámite que se desarrollaba en la Corte. Una vez que fueron notificados los decretos ejecutivos, el área jurídica del CNE analizó la constitucionalidad y legalidad, además recomendó al pleno que se cumpliera lo que estaba dado”.
Y recalcó que como administradores del proceso electoral no pueden permitir que ‘nada ni nadie’ entorpezca el ejercicio democrático.
Mauricio Tayupanta agregó que el pleno tenía la obligación de cumplir con la ley y así responder a la situación que vive el país. En la sesión que se efectuó ayer participaron todos los consejeros: la presidenta Nubia Villacís; la vicepresidenta Ana Marcela Paredes, y los demás integrantes del organismo: Mauricio Tayupanta, Paúl Salazar y Luz Haro.
El Primer Mandatario se pronunció a través de su cuenta de Twitter sobre la convocatoria del CNE. “Hoy empieza la construcción del futuro que soñamos para nuestros hijos”, manifestó al mismo tiempo que hizo un llamado a los ecuatorianos para dar un “Sí rotundo, (porque) la consulta es de todos”.
Asambleístas de otras organizaciones políticas también han mostrado su apoyo. Guillermo Celi, del movimiento SUMA, dijo que en las urnas los ecuatorianos darán luz a lo que necesita la patria.
El grupo de legisladores afines al exmandatario Rafael Correa, por su parte, se expresó en contra de la decisión. Algunos de ellos, incluso, decidieron callar ante la acción del CNE. (I)
Seguridad en las papeletas
→La papeleta para el proceso electoral será en formato A3. Contará con sellos e hilos de seguridad. Además, los anexos explicativos de cada una de las siete preguntas estarán al reverso.
Austeridad para los comicios
→El CNE también se sumó a la austeridad. Los recintos de transmisión de actas disminuyen de 2.000 a 1.566. Ese número -según el CNE- es el necesario para la jornada. Habrá 35.152 juntas receptoras.
→La jornada electoral tendrá la presencia y vigilancia de 110 observadores internacionales. La vicepresidenta del CNE, Ana Marcela Paredes, dijo que se invitará a una delegación de la Unión Europea.
21 recintos en el exterior
→En el exterior habrá 21 recintos, que estarán organizados por los cónsules. El 21 de enero se realizará un simulacro para probar el sistema de preguntas, y el 28 otro para trabajar con el personal.
El proceso bajo amparo
→Si la Corte Constitucional da paso al pedido de asambleístas de PAIS, sus miembros pueden ser sancionados, según el Código de la Democracia.
→Sobre la posibilidad de enviar un delegado a la convención de Esmeraldas, el CNE consultó a Ricardo Zambrano si mantiene o no dicho pedido. En la tarde envió su respuesta.
La Ley Económica trae 14 incentivos a los empresarios
Mientras que el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, celebró la aprobación de la Ley de Reactivación Económica, representantes de sectores productivos y analistas discrepan al respecto.
A sus ojos la norma no da soluciones reales y a largo plazo. Opinan que si bien tiene elementos positivos, su efecto no será mayor.
Desde la otra orilla, las autoridades económicas defienden su contenido. Aseguran que la ley fue diseñada para fortalecer los sectores donde se genera la mayor cantidad de empleo: en la economía popular y solidaria (EPS), y en las micro y pequeñas empresas (mipymes).
El Gobierno se apoya en que siete de cada 10 empleos en el país son creados por esos dos segmentos. Agrupan, además, el 98% de las unidades productivas del país.
Las medianas y grandes empresas (que facturan más de $ 1 millón al año) son el 2%, pero concentran el 87% de las ventas. Por eso, están en capacidad de “aportar en mayor medida en materia tributaria”, según la exposición de motivos de la ley.
Durante el debate final en la Asamblea Nacional, el miércoles pasado, Pabel Muñoz (AP) expuso 14 beneficios. (Ver infografía).
Christian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de la Pequeña Empresa de Pichincha (Capeipi), dijo a EL TELÉGRAFO que “la ley no cumple con todo lo que se había propuesto”.
Él no desprecia los incentivos a la EPS, mipymes y exportadores, pero reparó en no haber incluido la eliminación del anticipo del Impuesto a la Renta, una de las 389 propuestas que el Consejo Consultivo Productivo y Tributario entregó al presidente de la República, Lenín Moreno.
“Lo que se necesita actualmente es contar con más liquidez y por eso habíamos previsto que se elimine el anticipo”, comentó el Director.
Analistas coinciden en que los factores positivos están opacados por temas que, a su juicio, limitarán el crecimiento del país.
Es una ‘ley parche’, concluyó la economista Lorena Konanz, quien no observa mecanismos para la reactivación, sino más bien para aumentar las arcas tributarias.
“En principio se planteó reducir el Impuesto a la Renta para las mipymes, finalmente eso no se hizo y lo que ocurrió fue mantenerlas en 22%. Y se lo vende como una reducción en comparación a las grandes empresas que ahora se les subió a 25%”, examinó Konanz.
Este diario intentó, sin éxito, obtener la reacción de Lucía Calderón, presidenta de la Confederación de Cámaras de la EPS. La intención era conocer cuál era su criterio sobre cómo el incentivo tributario para quienes compren a este sector podría incrementar los encadenamientos productivos.
El exportador habitual también se beneficiará con un Impuesto a la Renta de 22%, la devolución del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otros.
Lo mismo que Cisneros, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), Iván Ontaneda, considera que es insuficiente lo que contempla la ley.
“Más allá de que recoge ciertas aspiraciones, no recoge la unidad de los sectores productivos. No vemos una gran reactivación económica, cuando la ley debería ser un acelerador de la productividad del país”, sentenció Ontaneda.
Faltan confianza y respeto a los acuerdos del Consejo Consultivo, dijo. Con los exportadores, agregó, esto se incumplió porque el Gobierno no pagará los recursos pendientes por los incentivos del Drawback y Certificados de Abono Tributario. (I)
En la zona norte de Manabí se siembra, cultiva y cosecha uno de los mejores granos del mundo; este mes empezará la producción de su propio chocolate.
La modestia de Bertho Zambrano y los agricultores del cantón Bolívar, en el noreste de Manabí, no tiene límites. Estos granjeros manabitas, cuya especialidad son los cultivos de cacao, prefirieron mantener perfil bajo en la difusión sobre el galardón que recibió su agrupación ‘Fortaleza del Valle’ en París el pasado 30 de octubre.
El cacao fino de aroma de los agricultores de la zona de Calceta del cantón Bolívar, fue reconocido como uno de los mejores del mundo. Sucedió en París, Francia. En el marco del Premio Internacional del Cacao 2017. La muestra de la agrupación ‘Fortaleza del Valle’ recibió el reconocimiento por su alto grado de calidad.
Entre 50 tipos de cacao del mundo fue escogido el del fruto manabita. “Sabíamos que era una noticia que pegaría entre los agricultores de la provincia y el país, pero preferimos esperar hasta el 7 de noviembre”. Era la ceremonia donde cumplimos 12 años como ‘Fortaleza del Valle’, ahí dimos a conocer nuestro logro, reseñó Zambrano.
Para llegar a la final del proceso de selección se enviaron dos muestras a Anecacao en Guayaquil. Ellos las remitieron a Francia. Ambas fueron calificadas entre las 50 finalistas y una ganó el premio a la excelencia, recordó Bertho.
El galardón es el resultado de un proceso de trabajo desde hace 12 años. Todo empezó con la formación de la asociación, ello le permitió recibir apoyo en capacitación y para mejorar la tecnología, que a su vez derivó hacia buenos resultados del producto final.
En un laboratorio analizan las muestras del producto que se cosecha en las 2.200 hectáreas ubicadas en los cantones Bolívar, Chone, Junín, Tosagua y Portoviejo.
Los 1.000 productores de ‘Fortaleza del Valle’ son minifundistas, poseen plantaciones de entre una y 15 hectáreas, eso hace que la tarea de cuidado de cada plantación sea manejable, el producto final se lo lleva a un centro de acopio ubicado en Calceta, aseguró Zambrano.
En Bolívar se produce el 70% del cacao manabita. Eumeny Álava es uno de los agricultores y artesanos de la zona. En Bolívar todo huele a cacao, desde muy pequeño uno se relaciona con la mazorca de oro, comentó.
“Creo que el trabajo y la dedicación que le ponemos al cacao nos ha dado resultado, ahí está el premio, eso nos impulsa a seguir con más fuerza y cuidando las plantaciones”, dijo.
Pero, además, ¿cuáles son los beneficios del galardón? Esta vez, según don Bertho, como conocen a Zambrano en la región, el reconocimiento repercutirá en el precio de la tonelada que antes del premio se vendía a $ 3.300 y ahora aumentó a $ 3.700.
Los agremiados a ‘Fortaleza del Valle’ producen 600 toneladas al año de cacao fino de aroma. El 70% del producto se vende a Suiza y el restante 30% es comercializado a República Checa, Italia y Estados Unidos.
Para mediados de diciembre, ‘Fortaleza del Valle’ proyecta empezar la producción de barras de chocolate. Ha instalado una planta en Calceta con un préstamo de $ 300.000 que recibió de una entidad holandesa.
De la mazorca los agricultores, como Eumeny Álava, elaboran artesanías que son vendidas en las 92 ferias que se realizan en los 22 cantones de Manabí anualmente. (I)
→El 70% del cacao fino de aroma manabita se exporta hacia varios países de la Comunidad Europea, también una parte se comercializa a clientes en Estados Unidos.
→70 años tienen en promedio las plantaciones de cacao fino de aroma.
→Las mazorcas son utilizadas por las personas que elaboran artesanías que ofrecen a los turistas.
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En el documento exponen que la convocatoria a una consulta popular, sin el dictamen previo de la Corte Constitucional, evidencia “un duro golpe al Estado constitucional de derechos”.
A la corte asistieron Marcela Aguiñaga, Doris Soliz, Esteban Melo, Franklin Samaniego, entre otros, quienes coincidieron en que no se toma en cuenta que el dictamen previo tiene funciones de relevancia constitucional incomparables.
Por ello piden que se suspenda la vigencia de los Decretos Ejecutivos 229 y 230 y se comunique inmediatamente acerca de esto al CNE para que se abstenga de convocar a una consulta popular.
Aguiñaga sostuvo que defienden los intereses de las mayorías y el estado de derecho. Además no descartan un pedido de juicio político contra el Primer Mandatario. “El artículo 130 de la Constitución señala que arrogarse funciones de la Corte puede ser causal de destitución”, dijo Esteban Melo. (I)
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Fiscalía suma 80 pruebas en el juicio contra el Vicepresidente
Carlos Baca presentó los testimonios de 40 personas e igual número de documentos. La prueba clave, según él, es un certificado de que Jorge G. estuvo fuera de Quito el 22 de junio de 2016.
Ayer fue el séptimo día de audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Están procesadas nueve personas, entre ellas el vicepresidente de la República, Jorge G. y su tío Ricardo R., acusados de asociación ilícita.
El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, presentó sus últimas 13 pruebas documentales.
Con ellas completó 40 documentos entre asistencias penales internacionales, oficios y copias certificadas de actas de recepción, ofertas de licitación y otros, que se incorporan al expediente.
A estas se suman las 40 pruebas testimoniales y de peritos que presentó en días pasados, con lo que sumó en total 80. Entre la documentación presentada ayer consta un oficio de la Vicepresidencia de la República que confirma que Jorge G. estuvo fuera de Quito el 22 de junio de 2016.
Los oficios de la Vicepresidencia también aclaran que Jorge G. tuvo dos reuniones oficiales con Santos. Una, el lunes 13 de abril de 2015, y otra el 4 de marzo de 2016.
“Con esto se interrelaciona que la reunión del 22 de junio de 2016 no estuvo agendada”, sostuvo Baca Mancheno, quien aseguró que en la audiencia se ha respetado de manera irrestricta, clara y transparente el pleno derecho de todos los acusados.
“Pero, a su vez, queremos dejar sentado que Fiscalía, a lo largo de estos siete días de audiencia, ha presentado abundante y contundente información y pruebas que demuestran la asociación ilícita y la participación de los acusados”, sostuvo.
Fiscal será acusado
Para Eduardo Franco Loor, abogado de Jorge G., el fiscal no ha presentado ninguna prueba incriminatoria contra su defendido y, por tanto, no ha demostrado el cometimiento del supuesto delito de asociación ilícita.
Más bien advirtió que iniciará acciones legales contra el Fiscal porque se ha configurado la acción delictiva del funcionario, quien trató de inducir al juez con una prueba no real, como es la presunta sentencia contra José Conceição Santos.
“Ese es un delito estipulado en el artículo 272, fraude procesal, y por eso él no quedará en la impunidad…es causal de destitución”, dijo. Pero el Fiscal le restó importancia al tema. “Los abogados en el ejercicio y la fuerza de defensa pueden decir cualquier cosa, pueden alegar cualquier cosa, pueden amenazar de cualquier manera; la Fiscalía está cumpliendo con su deber”.
El Fiscal afirmó también que la prisión preventiva de los procesados en este caso no va a caducar. “Estamos dentro de los plazos, no va a caducar la prisión preventiva, no vamos a permitir que se burlen de la justicia”, advirtió. (I)
Procuraduría acusó al excontralor ante la Corte
La Procuraduría General del Estado presentó una acusación particular en contra del excontralor general del Estado, Carlos P. y su hijo Jhon P., dentro del proceso por el presunto delito de concusión en la red de corrupción de Odebrecht.
Carlos Jurado Bedrán acudió, en representación de la Procuraduría, a la Corte Nacional de Justicia para presentar el escrito dirigido al juez sustanciador del caso Luis Enríquez Villacrés.
La acusación particular solo se orienta para el excontralor y su hijo, no así contra los otros dos procesados en esta causa, Carlos N. y Estéfano I.
Al exfuncionario se lo investiga por presuntamente haber recibido alrededor de $ 10,1 millones de la constructora brasileña, por desvanecer glosas en contra de esta empresa y por entregar informes favorables.
De acuerdo a información presentada por el fiscal general, Carlos Baca, las resoluciones de la Contraloría permitieron a la constructora desvanecer glosas por más de $ 70 millones, por lo que se formularon cargos en contra de Carlos P. por el delito de concusión. (I)
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El Consejo Nacional Electoral se reorganiza
La renuncia de Juan Pablo Pozo el miércoles pasado, motivó la elección como nueva presidenta del organismo electoral de Nubia Villacís, quien se desempeñaba como segunda a bordo. El puesto que deja será ocupado por Ana Paredes, mientras que a Luz Haro la principalizaron como consejera para completar con Mauricio Tayupanta y Paúl Salazar los 5 vocales de la entidad.
El presidente saliente presentó horas antes una carta al pleno del organismo electoral, donde señaló que dejaba el cargo porque su período en funciones de 6 años terminó el pasado miércoles 29 de noviembre.
Por este motivo se eligieron los reemplazos, que completaron la dirección de la entidad junto a los consejeros Mauricio Tayupanta y Paúl Salazar.
El consejero Mauricio Tayupanta indicó que los 5 consejeros que están al frente del CNE tienen el único deber de hacer respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano, por eso “haremos cumplir la Constitución, lo que manda el Código de la Democracia y los reglamentos electorales”.
Comentó que no es la primera vez que el CNE tiene un reto; “sabremos entregar al país un proceso electoral técnicamente bien hecho, en donde lo que más vamos a hacer es respetar lo que decida el pueblo ecuatoriano”.
El consejero Paúl Salazar destacó la base constitucional por la cual está conformado el organismo. “Hay muchos cuestionamientos de actores políticos y sociales que quieren dañar la imagen de nuestra institución”.
El comentario lo realizó a propósito de la crítica de que él, al igual que Pozo, que salió de la entidad, y la flamante Presidenta, culminaron con sus periodos.
Salazar puntualizó que seguirán en funciones “no porque nosotros queramos, sino porque el concurso para la renovación parcial del CNE recién está en la etapa de conformación de la comisión ciudadana de selección”.
El consejero insistió en que no se aferra al puesto y recordó que el Ejecutivo emitió el Decreto 190 que reforma la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep); “nos da la base para continuar en nuestras funciones hasta que seamos legalmente reemplazados”.
El funcionario recordó que en esta misma línea ya se pronunció la Procuraduría General del Estado. “De tal manera que nosotros, hasta que legalmente el Consejo de Participación Ciudadana no haya procedido con el anuncio de los ganadores del concurso de oposición y méritos, estaremos en funciones”.
Por eso confirmó que el proceso para implementar la consulta popular está garantizado. Para el funcionario se trata de un tema de ser responsables políticamente ante la ciudadanía y en este caso lo asumen desde hace tiempo y con hechos concretos.
“Vamos a seguir demostrando al país que hacemos respetar la voluntad de la gente expresada a través de las urnas”, recalcó.
Nubia Villacís, una vez que asumió la Presidencia del CNE, recalcó que garantizarán los derechos que tienen los ciudadanos, “como el derecho a manifestarse en una consulta popular, a revocar mandatos, a presentar iniciativas a normativas, el derecho afiliarse y desafiliarse, a crear organizaciones políticas”.
Villacís aseguró a la prensa que el organismo está completamente preparado, tanto la planta central, como las 24 delegaciones para realizar elecciones en el momento en que se presente.
“Nosotros tenemos certificaciones internacionales, además de estar plenamente organizados dentro, de tal forma que aquellas elecciones que se nos presenten serán el fiel reflejo de la voluntad popular”, puntualizó.
En el pleno se confirmó que ingresaron a Secretaría los decretos presidenciales con la petición de la convocatoria a la consulta.
De acuerdo con el artículo 106 de la Constitución, el CNE tiene un plazo de 15 días luego de que reciban los decretos presidenciales para convocar a referéndum y consulta popular.
Mientras que el artículo 184 del Código de la Democracia señala que los comicios se deben efectuar en un plazo de hasta 60 días desde la fecha de convocatoria.
Por este motivo, el próximo 7 de diciembre se prevé el anuncio oficial de la convocatoria a consulta popular en cadena nacional de radio y televisión, de manera que los comicios puedan efectuarse el domingo 4 de febrero de 2018. (I)
Solanda Goyes se reunió ayer con Moreno en Carondelet
Los colectivos ‘Manuela Gallegos’ y los miembros de la iniciativa ‘Liberación del CNE, Dignidad y Transparencia Electoral’ se reunieron ayer con el presidente Lenín Moreno.
Allí le plantearon que gestione la principalización en el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Solanda Goyes.
Lo hicieron una vez que Juan Pablo Pozo anunciara la terminación de sus funciones al frente del CNE y como vocal del organismo. El miércoles pasado también debían salir Nubia Villacís, Paúl Salazar, Ana Marcela Paredes y Luz Haro.
Goyes, que también participó en la reunión, le contó al Mandatario su caso. Se quejó de la “violencia política” de la que, según ella, fue objeto en los últimos seis años. Además exigió su principalización como consejera en el CNE.
Recordó que el pasado 14 de noviembre presentó a la Asamblea el pedido de su posesión, por ello exigió una respuesta inmediata. Agregó que como respuesta, Moreno se comprometió a revisar su caso.
Luego de la salida de Pozo, Goyes aclaró que eso no provocará un bloqueo para tratar el tema de la consulta. “Hay vías jurídicas para que la consulta popular sea administrada (en el CNE) de manera exitosa. Por la vía jurídica, aplicando el artículo 29 del Código de la Democracia, que permite que tres de sus integrantes sean quienes la administren, ya que tienen facultad constitucional para ello. Sin embargo, el otro mecanismo para reinstitucionalizar el CNE es el de recomponer las renovaciones parciales que establece la Constitución”.
En la cita participó también la exasambleísta Lourdes Tibán, quien anunció que los dos colectivos recorrerán el país para impulsar la consulta, siempre y cuando el presidente garantice la transparencia en su gestión. (I)
El presidente Lenín Moreno recibió en Carondelet a los integrantes del colectivo ciudadano Manuela Gallegos, que apoya la consulta popular. Foto: Cortesía Presidencia
Nueva titular del organismo también es comunicadora
Nubia Villacís es manabita; nació en Chone el 18 de febrero de 1972. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad de Guayaquil, donde obtuvo el título de Licenciada en Comunicación Social; luego realizó una maestría en Comunicación y Desarrollo.
Tiene un posgrado de la Universidad de Guayaquil, además un diplomado en Asistencia Electoral y Observación Internacional de la Universidad de Valencia. Villacís tiene 21 años de experiencia laboral, siete de los cuales ha laborado en el sector público y 14 en la empresa privada.
Actualmente ejerce el cargo de presidenta del Consejo Nacional Electoral y antes fue de este organismo, desde noviembre de 2011, cuando ganó el concurso de méritos y oposición. Además tiene un diplomado superior en periodismo judicial de la Universidad Católica de Quito. También se graduó como Profesora de Educación Básica.
Así mismo, mantiene un blog personal en la plataforma blogspot.com, donde publica todas las actividades que realiza como funcionaria del CNE desde 2011 y las ponencias que ha dictado (I)
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El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, dio detalles sobre la reunión que mantuvo el presidente de la República, Lenín Moreno, con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El encuentro, que se llevó a cabo en el Palacio de Carondelet, se cumplió dentro de los diálogos que mantiene el país con organismos multilaterales para estrechar los lazos de cooperación en materia económica.
“Esta reunión se da en el marco de los esfuerzos que hace Ecuador para impulsar el diálogo con los organismos multilaterales para reforzar los lazos de cooperación y coordinación en materia económica”, afirmó el ministro.
En esa línea, De la Torre negó que el Gobierno trabaje en otro tipo de medidas económicas aparte de las que se anunciaron. Agregó que no se ha previsto ningún financiamiento del FMI, ni ningún programa de asistencia técnica en ese sentido.
“Esta reunión muy provechosa nos sirve para entender los planes económicos que se implementan en Ecuador y entender mejor las perspectivas de esta economía, la cual muestra signos favorables en 2017 con un crecimiento mayor al que habíamos anticipado”, destacó el representante del FMI.
En la cita, acompañando al Jefe de Estado, estuvieron el ministro De la Torre, la canciller María Fernanda Espinosa, Verónica Artola, gerenta del Banco Central (BCE); Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre otros.
De acuerdo a las previsiones del FMI presentadas a mediados de octubre, la economía ecuatoriana tendrá un crecimiento de 0,2% en 2017 y en 2018 se estima que esta tasa alcance el 0,6%, mejora así las previsiones realizadas en abril. (I)
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Fiscal sustenta tesis del delito con pruebas documentales
Una vez que el martes concluyó la presentación de las evidencias testimoniales y de los peritos, ayer el Fiscal General del Estado entregó los documentos que le permitirían comprobar el hecho.
Ayer, en el sexto día de audiencia de juicio por el presunto delito de asociación ilícita en el caso de corrupción de Odebrecht en el Ecuador, en el que están procesadas nueve personas, entre ellas el vicepresidente de la República Jorge G. y su tío Ricardo R., el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, inició la presentación de las pruebas documentales.
Se trata de las asistencias penales internacionales, oficios y copias certificadas de actas de recepción, entrega de ofertas de licitación y otros documentos que se incorporan al expediente y que servirían para demostrar el cometimiento del delito.
El juez ponente, Édgar Flores, instaló la audiencia a las 09:05 y de inmediato cedió la palabra al Fiscal para que presentara las pruebas.
Para esta fase del proceso legal se estableció como mecanismo que el Fiscal entregara los documentos por grupos, luego de lo cual eran revisados por cada una de las partes procesales y de inmediato se hacían las observaciones. Este sistema le restó agilidad al proceso, ya que la revisión por parte de las partes procesales de las tres pruebas documentales que formaron el primer grupo presentado por el Fiscal tardó más de 30 minutos y en un tiempo similar se hicieron las observaciones.
Las pruebas fueron la asistencia penal internacional de los Estados Unidos; copias certificadas de los pliegos de licitación para la contratación de los trabajos en la Refinería del Pacífico y para la construcción del Acueducto La Esperanza; y copias del acta de recepción y apertura de ofertas presentadas en el proceso de licitación.
Un segundo grupo de pruebas fueron las copias de los contratos Pascuales Cuenca, Manduriacu, del proyecto Refinería del Pacífico, de construcción del acueducto La Esperanza, y del contrato de construcción de las obras del proyecto Daule-Vinces, todos suscritos con Odebrecht.
Bajo la misma modalidad de trámite, en estas pruebas la demora fue de alrededor de una hora 15 minutos. Cerca del mediodía, el Fiscal presentó otro grupo de pruebas, esta vez de seis documentos, entre ellos certificación de la Procuraduría de Brasil; informe tributario del SRI y movimientos financieros de varios procesados. En estas seis pruebas el tiempo se alargó. A las 13:30 el juez Flores suspendió la audiencia hasta las 15:00, cuando se reinstaló.
Hasta el cierre de esta edición la audiencia continuaba y estaba previsto que siguiera la entrega de pruebas de las 40 que aproximadamente tenía la Fiscalía.
Defensa desestima las pruebas
Los abogados de los procesados al revisar las pruebas documentales, por principio de contradicción, impugnaron e hicieron observaciones.
Wilson Velasteguí, abogado de Ramiro C., cuestionó que las pruebas documentales no estuviesen completas, por lo que las impugnó, mientras que Aníbal Quinde, defensor de Ricardo R., dijo que las objetaba porque algunas no eran pertinentes.
Eduardo Franco Loor amenazó al Fiscal con presentar denuncias en su contra. “Que presenten las denuncias y otros las disculpas al país por lo que hicieron”, respondió Baca.
El abogado de Jorge G. afirmó que se está “cayendo” la teoría de la Fiscalía porque con la prueba documental no se demuestra el delito que se persigue en el caso, mientras que Ricardo R. señaló que hasta el momento lo que se ha podido demostrar en la audiencia es su inocencia. (I)
Próximos pasos del proceso
→Luego de las pruebas documentales de la Fiscalía corresponderá a la Procuraduría General del Estado presentar sus pruebas testimoniales, peritos y documentos. Después será el turno de César Montúfar, acusador particular.
→6 días de audiencia de juicio contra Jorge G., Ricardo R. y 7 procesados más se cumplieron ayer.
Jorge G. tuvo apoyo familiar
→Entre los asistentes a la audiencia de ayer, en la sala de la CNJ se encontraba Heriberto, hermano del Vicepresidente.
Esta noticia ha sido publicada originalmente por Diario EL TELÉGRAFO bajo la siguiente dirección: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/1/fiscal-sustenta-tesis-del-delito-con-pruebas-documentales
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References: resolución 
 artículo 105
 artículo 130
 artículo 272
 artículo 106
 artículo 184
 artículo 29