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Timestamp: 2017-07-27 08:38:31+00:00

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Decreto Supremo 21060 - Infoleyes Bolivia
Decreto Supremo 21060 29 de Agosto, 1985
DECRETA: TITULO IDEL REGIMEN CAMBIARIO Y DE LAS RESERVAS CAPITULO IDEL TIPO DE CAMBIO ARTICULO 1º.-
Se establece un régimen de tipo de cambio único, real y flexible del peso boliviano con relación al dólar de los Estados Unidos de América, el mismo que se denominará cambio oficial. ARTICULO 2º.-
El tipo de cambio oficial será el promedio ponderado resultante de las operaciones de venta pública oficial de divisas que efectúe el Banco Central de Bolivia en su oficina central de la ciudad de La Paz.
El tipo de cambio resultante de cada operación de venta pública oficial de divisas regirá hasta que se realice y concluya la sesión de venta inmediatamente siguiente. ARTICULO 3º.-
El tipo de cambio oficial regirá para la compra de divisas por parte del Banco Central de Bolivia y para todo uso u operación mercantil, financiera, cambiaria o bancaria que se realice en el país, en relación con monedas extranjeras. ARTICULO 4º.-
La venta pública oficial de divisas se efectuará por el Banco Central de Bolivia, necesariamente los días martes y jueves de cada semana, pudiendo además, realizar sesiones, otros días hábiles de la semana. Dichas operaciones de venta estarán libres de impuestos y comisiones, con sujeción al Procedimiento de Venta Pública Oficial de Divisas, que señala el Capítulo II del presente Título. ARTICULO 5º.-
Se mantiene el régimen de venta obligatoria al Estado, del cien por ciento (100%) de las divisas provenientes de la exportación de bienes y servicios, de los sectores público y privado, con la única deducción de los gastos de realización o tratamiento efectuados en moneda extranjera. La venta debe efectuarse al Banco Central de Bolivia en el plazo y bajo las penalidades establecidas por el Decreto Supremo Nº 8986 de 7 de noviembre de 1969. ARTICULO 6º.-
Se establece la libertad de las operaciones cambiarias con la sola limitación a que se refiere el artículo anterior. Consiguientemente, el Banco del Estado, la banca comercial, las casas de cambio y las personas naturales o jurídicas quedan autorizadas a realizar operaciones de compra-venta de divisas, bajo su propia responsabilidad. Las divisas adquiridas en las operaciones de venta pública oficial del Banco Central de Bolivia serán de libre disponibilidad o uso por sus adquirentes. ARTICULO 7º.-
Las entidades, instituciones y empresas del sector público deberán proverse de divisas a través de la venta pública oficial, para todas sus necesidades de importación de bienes y servicios. Presentarán, para este efecto, sus propuestas de acuerdo al Procedimiento respectivo, e incluirán imprescindiblemente los documentos que acrediten su correspondiente presupuesto de divisas, aprobado por el Ministerio de Finanzas, con especificación de partida e ítem.
Todos los demás requerimientos de moneda extranjera del sector público se cubrirán mediante asignación directa del Banco Central de Bolivia, al tipo de cambio oficial vigente el día del pago. ARTICULO 8º.-
Las operaciones de compra del público, dentro del Procedimiento de Venta Pública Oficial del Banco Central de Bolivia, estarán sujetas a un depósito adicional del diez por ciento (10%) del monto adquirido. El Banco Central de Bolivia otorgará, a cada comprador una Nota de Crédito Tributario por el valor de dicho porcentaje, en la correspondiente moneda extranjera. Esta Nota de Crédito Tributario que será transferible, fraccionable y de validez ilimitada, podrá utilizarse para el pago de derechos arancelarios y para el pago del impuesto de remisión de rentas al exterior, establecido por las disposiciones legales vigentes para las personas y las empresas. ARTICULO 9°.-
En las operaciones de exportación, las personas naturales o jurídicas de los sectores público, privado y cooperativo, juntamente con el pago de las correspondientes regalías o impuestos de exportación, depositarán en el Banco Central de Bolivia, en una cuenta en favor del Tesoro General de la Nación, un 10% del valor neto de cada lote o partida exportada. Para este efecto, el Ministerio de Finanzas fijará, quincenalmente el valor unitario oficial neto para cada producto exportable, a base de los precios vigentes en las bolsas y mercado internacionales. Las aduanas no darán curso a ninguna exportación sin la previa constancia del depósito del 10% establecido anteriormente. ARTICULO 10º.-
El Banco Central de Bolivia, en cada operación de compra de divisas que realice, otorgará en favor del vendedor, sea éste exportador o no, -además del pago del cien por ciento (100%) del valor de las divisas- un Certificado de Reintegro Cambiario, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total de cada compra.
Dicho Certificado de Reintegro Cambiario, expresado en dólares de los Estados Unidos de América, será transferible, fraccionable y de validez indefinida y podrá utilizarse para pagar el depósito sobre exportaciones establecido en el Articulo 9º del presente Capítulo o, igualmente, para la retención sobre operaciones de compra de divisas a que se refiere el Artículo 8º precedente. ARTICULO 11º.-
Los exportadores deberán liquidar los saldos de divisas que tuvieran pendientes y de plazo vencido de venta al Banco Central de Bolivia por todas las exportaciones efectuadas hasta la fecha de este Decreto, de acuerdo con las siguientes regulaciones:
En el plazo de treinta (30) días, todos los exportadores de los sectores público, privado y cooperativo deberán depositar en el Banco Central de Bolivia, en pesos bolivianos o en dólares americanos, el equivalente al diez por ciento (10%) del saldo total de divisas pendientes de entrega a la fecha del presente Decreto Supremo, en aplicación de lo establecido por el Capitulo III, Titulo II.
Vencido el término adicional de treinta (30) días se aplicará la multa vigente del cuatro por ciento (4%) mensual.
A los efectos de los incisos (a), (b) y (c) del presente Articulo, se descontará de los saldos pendientes de divisas, el equivalente del treinta y cuarenta por ciento (30%) y (40%) del valor neto exportado, que corresponde a la asignación directa y automática de divisas establecida para los exportadores por D.S. 20171 de 12 de Abril de 1984, Resolución 11/84 de la Junta Monetaria de 27 de Abril de 1984 y D.S. 20707 de 9 de Febrero de 1985. ARTICULO 12º.-
Abróganse los Decretos Supremos 19250 de 5 de Noviembre de 1982; 19800 de 23 de Septiembre de 1983; 20171 de 12 de Abril de 1984 y 20422 de 16 de Agosto de 1984. CAPITULO IIDEL PROCEDIMIENTO DE VENTA PUBLICA DE DIVISAS POR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ARTICULO 13o.-
La regulación ejecución y administración del procedimiento de venta pública oficial de divisas establecido por el Capitulo I del presente Titulo estará a cargo del Banco Central de Bolivia.
Dos directores integrantes del Directorio del Banco Central de Bolivia designados semanalmente en forma rotativa y por sorteo.
El Gerente General del Banco Central de Bolivia con voz y sin voto.
El Comité de Cambio y Reservas es directamente responsable del funcionamiento y administración del mecanismo de venta pública oficial de divisas y tendrá las siguientes funciones:
Determinar, para cada sesión, el monto de divisas que durante ese día ofertará al Banco para su venta pública y la cotización mínima.
Abrir los sobres de las proposiciones de compra de divisas, verificar los montos solicitados y la presentación del Certificado de Depósito en el Banco Central o Cheque Visado de cualquier institución bancaria.
Calificar las proposiciones en función de los precios ofrecidos y disponer la venta a las mejores propuestas, de acuerdo a lo dispuesto en este Capítulo.
Supervisar el funcionamiento del mecanismo de venta. ARTICULO 14o.-
La cantidad de divisas a ser vendida y la cotización base mínima, se establecerán para cada sesión, por el Comité de Cambio y Reservas, antes de la respectiva sesión de venta pública. A este objeto, el Comité deberá reunirse, el día de la sesión, a las 10 y 30 horas de la mañana (10.30 a.m.) reservadamente y con la concurrencia de los miembros del Comité, sin la presencia ni participación de ninguna otra persona. Una vez decidido el monto que se venderá y la cotización base mínima para el día monto que no podrá ser inferior al que fija el Artículo 18º, se los consignará en acta firmada por todos los miembros del Comité. Dicha acta será conservada en sobre cerrado y lacrado para abrirse en la sesión de calificación de propuestas, después de que éstas hayan sido abiertas y registradas en un cuadro comparativo. ARTICULO 15o.-
Podrá participar en la sesión de venta pública cualquier persona natural o jurídica, que se presente a título personal o en representación de terceros sean éstos residentes en la ciudad de La Paz o en cualquier lugar de la República. ARTICULO 16o.-
Las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado, conteniendo la oferta en carta o formulario previsto a efecto por el Banco Central, adjuntando Certificado de Depósito en el Banco Central o Cheque Visado por cualquier institución bancaria que cubra el total de su propuesta, más el DIEZ POR CIENTO (10%) establecido por el articulo 8º del presente Decreto.
Las propuestas deberán depositarse entre las 8.30 y las 10.30 a.m. del día de sesión de venta. ARTICULO 17o.-
A las 11.00 a.m., en sesión pública, se procederá a la apertura de todas las ofertas de compra en presencia los miembros del Comité de Cambio y Reservas. ARTICULO 18o.-
El Banco Central de Bolivia estará obligado a ofrecer en todas las sesiones, lotes unitarios de $us. 5.000 o múltiplos de $us. 5.000, o su equivalente en otras divisas.
Igualmente, el monto mínimo de compra será de cinco mil ($us. 5.000) dólares americanos, o múltiplos de cinco mil dólares americanos, o su equivalente en otras divisas. ARTICULO 19°.-
El Comité de Cambio y Reservas calificará y adjudicará las propuestas en función a los mejores precios ofertados.
El tipo de cambio oficial, resultante al término de cada sesión de venta pública, Será exhibido en una pizarra de acceso público para su correspondiente difusión. ARTICULO 20o.-
Las entidades, instituciones y empresas del sector público deberán proverse de divisas a través de este mecanismo sólo para sus necesidades de importación de bienes y servicios, según lo dispuesto en el Artículo 7º precedente. Para este efecto, podrán presentar sus propuestas de acuerdo al presente Capítulo. ARTICULO 21º.-
Las propuestas no atendidas se devolverán a los postores, junto con el Certificado de Depósito del Banco Central o el Cheque Visado, en la tarde del día de la sesión respectiva, en la Secretaría de la Gerencia de Comercio Exterior. ARTICULO 22o.-
El adjudicatario recibirá en el curso del día el respectivo monto de divisas en cheque girado por el Banco Central de Bolivia a su nombre o de la persona que aquel indique, más la correspondiente Nota de Crédito Tributario, establecido por el Artículo 8º del Capitulo I del presente Título. CAPITULO IIIDE LAS RESERVAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD ARTICULO 23o.-
En conformidad a la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, aprobada por el Decreto Ley 14791 de 1º de Agosto de 1977, se autoriza la conversión del oro físico del Banco Central de Bolivia, en reservas metálicas de libre disponibilidad, como respaldo y garantía real de la Nueva Política Económica. Para este efecto, el Banco Central de Bolivia podrá:
Enviar al exterior el oro físico a que hace referencia este artículo, para su refinación y sellado en barras o para su canje en oro comercial, sellado o en oro amonedado de aceptación internacional.
Incorporar el oro comercial así refinado o canjeado, a las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de Bolivia, como lo disponen los incisos a) y b) del artículo 66º de la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia.
Comercializar a precios competitivos, sólo si fuera indispensable y previa aprobación del Directorio o, de acuerdo a lo dispuesto por el inciso d) del Artículo 74 de la Ley Orgánica del Banco Central de Bolivia, las reservas de libre disponibilidad en oro, en el país en forma publica o en el exterior, directamente a través de su banco agente, el Bank for International Settlements (BIS) (Banco Internacional de Compensaciones).
Un 50% del oro metálico enviado al exterior para su canje o refinación, según el inciso (a) del presente Articulo, podrá ser depositado en custodia en el Bank for International Settlements (BIS) (Banco Internacional de Compensaciones) como reserva de libre disponibilidad. Esta reserva podrá ser utilizada como soporte de la Nueva Política Económica y convertirse en la medida de lo necesario, en divisas.
Asimismo, a través del mismo banco agente, el Banco Central de Bolivia podrá comprar oro en el mercado internacional para incrementar o reponer esta reserva. Las operaciones a que se refiere el presente inciso requerirán la previa autorización del Directorio del Banco Central de Bolivia.
El otro 50%, una vez sellado o amonedado, deberá re-enviarse al país, para depositarse en las bóvedas del Banco Central de Bolivia.
Estas operaciones deberán ser autorizadas por el Directorio del Banco Central de Bolivia. ARTICULO 24o.-
Los concesionarios mineros productores de Oro, podrán comercializar libremente su producción, directamente, por medio del Banco Central, del Banco Minero o a través de las empresas comercializadoras de minerales legalmente establecidas.
Se permite la tenencia de oro metálico o comercializar en el país por personas naturales o jurídicas, públicas y privadas. ARTICULO 25o.-
El oro físico producido en el país y comercializado libremente pagará, en el momento de su exportación, la regalía que imponga el Poder Ejecutivo y las retenciones y depósitos establecidos por este Decreto. TITULO IIDEL REGIMEN BANCARIO Y DEL COMERCIO EXTERIOR CAPITULO IDEL SECTOR BANCARIO Y CREDITICIO ARTICULO 26o.-
Autorízase a los bancos e instituciones financieras del sistema, mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, bancos hipotecarios y secciones hipotecarias de los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y toda persona natural, jurídica o colectiva, a efectuar todo tipo de actos jurídicos, operaciones y contratos en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, o en moneda extranjera. ARTICULO 27o.-
Todas las obligaciones impagas en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor, originadas en transacciones pactadas con sujeción a leyes vigentes en el momento de su contratación con los bancos e instituciones financieras del sistema, mutuales de ahorro y préstamo para la vivienda, bancos hipotecarios y secciones hipotecarias de los bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito y toda persona natural, jurídica o colectiva, serán pagadas a partir de la fecha en la moneda pactada, o en su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio único oficial del día del pago, de conformidad al nuevo régimen cambiario. Los pagos efectuados y los hechos cumplidos bajo las disposiciones derogadas por el presente Decreto, se entienden consolidados en sus efectos liberatorios. Todas las obligaciones en moneda extranjera o en moneda nacional con cláusula de mantenimiento de valor contraídas a partir de la fecha del presente Decreto, se pagarán en la moneda pactada o en moneda nacional al tipo de cambio oficial del día de pago. ARTICULO 28o.-
Se autoriza a los bancos del sistema a operar con recursos o en moneda nacional con tasas de interés anuales activas y pasivas libres, con sujeción a las siguientes tasas de encaje legal:
Otros depósitos en moneda nacional
El Banco Central de Bolivia determinará y establecerá las tasas de interés activas de los créditos refinanciados, así como las tasas de redescuento. ARTICULO 29o.-
De conformidad a la Ley General de Bancos y demás disposiciones conexas, el Banco Central de Bolivia establecerá un régimen de redescuento automático para los bancos del sistema. ARTICULO 30°.-
A partir de la fecha se autoriza a los Bancos del Sistema a:
Otorgar créditos en moneda extranjera o en moneda nacional, con mantenimiento de valor, dejándose al convenio de las partes la fijación de la tasa de interés de cada caso.
ARTICULO 31o.-
Tanto los depósitos como los préstamos en moneda extranjera serán devueltos a los depositantes o pagados por los deudores en la moneda pactada o su equivalente en moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente el día del pago.
Los depósitos en moneda extranjera y en moneda nacional con mantenimiento de valor quedan exentos de encaje legal. ARTICULO 32o.-
Las operaciones de crédito de los bancos del Sistema, tanto en moneda extranjera como en moneda nacional con mantenimiento de valor quedan exentos de encaje legal. ARTICULO 33o.-
Se autoriza a los Bancos del Sistema a recibir depósitos provenientes de las instituciones que cumplen función social en moneda nacional con mantenimiento de valor. ARTICULO 34o.-
Las exportaciones e importaciones de bienes y servicios del sector privado podrán ser canalizadas a través del sistema bancario, autorizándose a los bancos a efectuar operaciones de comercio exterior como ser: cartas de crédito, avales y fianzas, avances y aceptaciones, préstamos para el financiamiento respectivo con sus corresponsales en el exterior y otros sistemas generalmente aceptados en la banca internacional en favor de los importadores y exportadores del país. ARTICULO 35o.-
En el caso de exportaciones, los bancos del Sistema podrán efectuar notificaciones, confirmaciones y negociaciones de los acreditivos en favor de los exportadores, a quienes liquidarán su valor neto en moneda nacional al tipo de cambio oficial que rija el día de la operación.
El descargo de divisas provenientes de exportaciones se hará en el Banco Central de Bolivia, en el día de recepción del pago, sea directamente por el exportador o por el banco intermediario. ARTICULO 36o.-
Se autoriza a los Bancos del Sistema a adquirir divisas del Banco Central de Bolivia, bajo el nuevo Régimen cambiario con destino a la cobertura de las obligaciones que asuman ante sus corresponsales en el exterior por concepto de las operaciones mencionadas en el artículo 34 del presente Decreto.
Los Bancos podrán efectuar operaciones de compra y venta de moneda extranjera, tanto con el Banco Central de Bolivia como con el público en general, debiendo mantener una posición equilibrada de activo-pasivo en moneda extranjera al cierre de sus operaciones diarias. En caso de haber excedente este deberá ser vendido al Banco Central. ARTICULO 37o.-
A los efectos de control y supervisión, los Bancos del Sistema estarán obligados a enviar mensualmente a la División de Fiscalización del Banco Central de Bolivia, un estado detallado de las notificaciones y/o confirmaciones de todos los créditos documentarios de exportación, especificando numero de origen, nombre del beneficiario, procedencia, nombre del banco corresponsal, importe, término de validez y mercadería a exportarse. También presentarán un detalle pormenorizado de las divisas vendidas para cubrir cartas de crédito para importaciones de bienes.
Además, enviarán otro estado mensual con el detalle de las negociaciones y liquidaciones llevadas a cabo, así como de las enmiendas que hubiesen tenido lugar y aquellos casos de acreditivos vencidos y no negociados dentro de los plazos estipulados. ARTICULO 38o.-
El atraso que exceda a los diez días siguientes del mes, objeto de los estados requeridos en el presente Decreto, así como la omisión o falsedad en los datos consignados en el mismo, serán sancionados conforme a las previsiones legales pertinentes. ARTICULO 39o.-
Se autoriza a toda persona natural o jurídica a contraer, en forma irrestricta, obligaciones en moneda extranjera con acreedores privados, entidades financieras o proveedores locales o extranjeros. Para fines estadísticos se dispone la obligatoriedad de registrar en el Banco Central de Bolivia tales obligaciones, así como las contraídas y pendientes de pago con anterioridad a este Decreto y que hubieran sido estipuladas dentro de las disposiciones vigentes en la fecha de su contratación. ARTICULO 40o.-
Abrógase el D.S. Nº 19249 de 3 de noviembre de 1982 y su Reglamento, D.S. Nº 20028 de 10 de febrero de 1984, D.S. Nº 20061 de 20 de Febrero de 1984, D.S. Nº 20173 de 12 de Abril de 1984 y el D.S. Nº 20615 de 22 de Noviembre de 1984. CAPITULO IIDE LAS IMPORTACIONES ARTICULO 41o.-
A partir de la fecha se establece un régimen de libre importación de bienes, excepción hecha únicamente de los que afectasen la salud pública y/o la seguridad del Estado. ARTICULO 42o.-
Toda importación de bienes, estará sujeta la aplicación de un gravamen aduanero del diez por ciento (10%), que será recaudado por las Aduanas del país, y se aplicará sobre el valor “CIF-Aduana de Destino”. ARTICULO 43o.-
Además del gravamen aduanero del 10% a que se refiere el artículo 42º, las importaciones de bienes en general se gravarán, adicionalmente, con el 10% de los gravámenes aduaneros actualmente existentes cualquiera que sea su rubro o denominación. ARTICULO 44o.-
Las tasas retributivas por servicios prestados continuarán recaudándose de acuerdo a lo previsto en las disposiciones legales que rigen actualmente la materia. ARTICULO 45o.-
La importación de bienes terminados, similares o iguales a los de producción nacional sometidos actualmente a impuestos específicos, además de los gravámenes aduaneros que establecen los artículos 42º y 43º y la tasa a que se refiere el artículo 44º, pagarán, simultáneamente, dichos impuestos específicos, al memento de la importación. ARTICULO 46o.-
Los gravámenes pagados por la importación de las materias primas utilizadas en la producción de bienes nacionales, sometidos a impuestos específicos, serán deducidos de dichos impuestos específicos, en el momento en que tales impuestos deban ser pagados a la entidad recaudadora, con la sola presentación de una copia de la correspondiente póliza de importación. ARTICULO 47o.-
Quedan sin efecto las liberaciones de derechos y gravámenes aduaneros, excepción hecha de las establecidas por convenios internacionales, por contratos con el Estado y por la Ley de Inversiones, declarándose abrogadas todas las disposiciones legales que otorgan liberaciones, inclusive las dictadas en favor de los funcionarios de los servicios diplomático y consular de la República, que retornan al país después de concluidas sus misiones. Se abrogan, igualmente, los regímenes aduaneros de excepción, que venían aplicándose en favor de los sectores agropecuario, petrolero y minero. ARTICULO 48o.-
Los importadores que hubiesen depositado el pago provisional de gravámenes aduaneros establecido en el D.S. 20302 de 22 de Junio de 1984, pero que, a la fecha del presente Decreto, no hubieran efectuado el despacho aduanero de los productos importados, deberán cubrir el valor total de los aranceles aduaneros, en los montos determinados por el presente Decreto, al tipo de cambio oficial vigente en el momento del despacho de aduana.
Los interesados podrán optar por el reembolso inmediato de esos pagos provisionales o solicitar que sean considerados como parte del pago del arancel correpondiente. CAPITULO IIIDE LAS EXPORTACIONES ARTICULO 49o.-
Los bienes y servicios en general podrán exportarse libremente. Por consiguiente, todo producto industrial, artesanal, minero, agropecuario u otro, cuyo cultivo o elaboración sean lícitos, podrá exportarse sin necesidad de permisos o licencia previas, con el pago de las regalías en los casos establecidos por la legislación vigente y las retenciones y depósitos que establece el presente Decreto.
Se exceptúan las armas, municiones, explosivos y otros bienes y productos comprendidos en las disposiciones legales vigentes relativas a la seguridad nacional, al control de estupefacientes y sustancia peligrosas, a la protección de la fauna y flora y a la conservación del patrimonio artístico y el tesoro cultura de la Nación. ARTICULO 50o.-
Salvo las retenciones y depósitos establecidos por el presente Decreto, los productos de exportación no tradicional están libres de todo impuesto, derecho o regalía de exportación.
Se mantiene en favor de las exportaciones no tradicionales el mecanismo de compensación impositiva de acuerdo al Decreto Supremo Nº 19048 de 13 de Julio de 1982. ARTICULO 51o.-
En conformidad al Código de Minería, los productores mineros en general, en sustitución de todo otro impuesto, continuarán pagando una regalía como impuesto único, con sujeción a las siguientes normas:
Se mantiene la regalía consistente en el 53% de la utilidad presunta para estaño, wolfran, antimonio, plata y bismuto y del 20% para plomo y zinc.
Se mantienen asimismo, los porcentajes de distribución establecidos en el D.S. 17248 de 5 de Marzo de 1980 en favor del Tesoro General de la Nación, el Fondo Nacional de Exploración Minera y las Corporaciones de Desarrollo de los Departamentos productores.
Ley o Calidad del concentrado
Costo de Realización como porcentaje (%) de la cotización oficial
15%20%25%30%35%40%45%50%55%60% o más
51383126232018161514
Ley 60% o más con impurezas combinadas de plomo y aresénico inferiores a 0.5% Ley 60% e impurezas de Pb/As entre el 0.5 y el 1%Ley entre 50% y 60% e impuresas mayores a 0.5% y hasta 2% de Pb/As
Leyes inferiores al 50%
5% de la cotización "Otros Productos de Alta Ley"15% de la cotización "Otros Productos de Alta Ley"25% de la cotización "Otros Productos de Alta Ley"40% de la cotización "Otros Productos de Alta Ley"
Wolfran y Shelita
Plata en complejo con Zinc
Plata en complejo con Plomo
Para fines tributarios se aplicarán los siguientes costos presuntos de operación minera, en dólares de los Estados Unidos de América, por unidad de comercialización.
COSTO PRESUNTO (En U.S.$.)
Unidad Categoría "A"
Categoria "B" Animonio
Unidad Larga 17.00
Libra 2.50
Libra 0.60
Libra 2.20
Onza Troy 3.50
Libra 0.06
Unidad Larga 80.00
Libra 0.08
La categoría A se aplicará a los industriales mineros con una producción mensual, en toneladas finas, igual o superior a 4 de Estaño, 15 de Wolfram, 20 de Antimonio, 10 de Cobre, 25 de plomo, 15 de Zinc, 3 de Bismuto, 0.20 de plata.
La categoría B se aplicará a los industriales con producciones menores a los indicados tonelajes.
Los minerales no metálicos en general y los minerales metálicos no contemplados en el inciso anterior, pagarán una regalía equivalente al 1.5% del valor bruto, a la cotización oficial del respectivo mineral, o en su defecto, de la cotización internacional vigente al momento de efectuarse la exportación o venta interna.
El sistema de indexación o reajuste del costo presunto, establecido por Artículo 10º del D.S. 17248 de 5 de Marzo de 1980, se aplicará reajustando, cada dos meses, los costos presuntos de operación minera que fija el inciso f) del presente Artículo, a través de la aplicación del resultante índice de precios de bienes y factores representativos de la estructura de costos de producción minera conforme a la composición del índice de los costos porcentuales que sigue, y cuantificando sus variaciones bimensuales en función de sus precios y del tipo de cambio:
Insumos Representativos
49.83 Gasolina
Sacos Metaleros
Otros bines de capital
Aplicar cada dos meses, el índice a que se refiere el inciso (i) y la consiguiente determinación de los costos presuntos de operación minera, los que se fijarán mediante Resolución Suprema con participación de los Ministerios de finanzas, de Planeamiento y Coordinación y de Minería y Metalurgia, con vigencia para los bimestres que empiezan el 1º de Enero, el 1º de Septiembre y el 1º de Noviembre de cada año.
Verificar y señalar los costos reales de realización y tratamiento, a base a las mejores condiciones vigentes en los contratos de fundición nacionales y extranjeros.
Se mantienen vigentes las disposiciones del Decreto Supremo 17248 de 5 de Marzo de 1980, que no están expresamente modificadas por el presente Decreto Supremo. ARTICULO 52o.-
Los concesionarios de explotación minera y de desmontes, escorias y relaves de los sectores público, privado y cooperativo, pagarán una patente única anual por permanencia, equivalente a un dólar de los Estados Unidos de América ($us.1.00) en pesos bolivianos, al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de pago.
Los concesionarios de exploración pagarán por adelantado y por la totalidad del período de exploración, una patente única por pertenencia, equivalente a cincuenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América ($us. 0.50) en pesos bolivianos al tipo de cambio oficial vigente en la fecha de pago. ARTICULO 53o.-
Se ratifica y mantiene la declaratoria de reserva fiscal sobre las áreas como el Mutún, la zona del precámbrico, las provincias del Nor y Sud Lípez y en general las dispuestas por los siguientes Decretos Supremos: 17 de enero de 1939; 7044 de 30 de Enero de 1965; 7471 de 12 de Enero de 1966; 8284 de 6 de Marzo de 1968; 9138 de 12 de Marzo de 1970; 9240 de 4 de Junio de 1970; 9847 de 11 de Agosto de 1971; 9898 de 15 de Septiembre de 1971; 11614 de 2 de Julio de 1974; 13163 de Diciembre de 1975; 13165 de 10 de Diciembre de 1975; 13509 de 27 de Abril de 1976; y 15597 de 17 de Junio de 1978. Mantiénese la reserva fiscal, dispuesta por el Decreto Supremo Nº 6164, de 13 de Julio de 1962, sobre los terrenos que rodean a las concesiones de la Corporación Minera de Bolivia, reduciendo su anchura de cinco kilómetros a dos kilómetros, a partir de los límites de sus concesiones mineras. Exceptuando las mencionadas en el presente Artículo, quedan levantadas todas las otras áreas de reserva fiscal existentes a la fecha, cualesquiera hubiesen sido los fines que las determinaron. ARTICULO 54o.-
Abróganse los Decretos Supremos 8950 de 6 de Octubre de 1969; 10802 de 6 de Abril de 1973; 11361 de 22 de Febrero de 1974; 15614 de 7 de Julio de 1978; 20318 de 3 de Junio de 1984; 20767 de 18 de Abril de 1985; 20925 y 20926 de 18 de Julio de 1985. TITULO IIIDEL REGIMEN SOCIAL CAPITULO IDEL EMPLEO Y DE LA RELOCALIZACION ARTICULO 55º.-
Las empresas y entidades del sector público y privado podrán libremente convenir o rescindir contratos de trabajo con estricta sujeción a la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. Se abrogan los Decretos Supremos 7072 de 23 de Febrero de 1965, 9190 de 23 de Abril de 1970, 17289 de 18 de Marzo de 1980 y Decreto Ley 17610 de 17 de Septiembre de 1980. ARTICULO 56º.-
Se establece transitoriamente el Beneficio de Relocalización, para la defensa y racionalización del empleo, que regirá tanto para el sector público como para el privado. Este beneficio se pagará por los empleadores en todos los casos de terminación de la relación de trabajo por decisión del empleador y consistir en el pago del equivalente a tres meses da salario, si fuere pagado de una sola vez o de seis meses a pagarse en igual plazo (6 meses), a elección del trabajador.
El Beneficio de Relocalización regirá hasta el 31 de Diciembre de 1985, a partir de la fecha del presente Decreto. ARTICULO 57o.-
Los trabajadores del sector en general que, por haber alcanzado las edades y cumplir los demás requisitos establecidos por el Código de Seguridad Social y disposiciones conexas, se acojan al goce de una renta de cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, hasta el 31 de diciembre del presente año, serán también acreedores al Beneficio de Relocalización establecido en el artículo precedente en forma adicional a los beneficios que la ley les otorga.
Ninguna entidad estatal podrá incluir en sus planillas de pago de salarios a personas del sector pasivo, sin previa Resolución Suprema que lo autorice en cada caso. CAPITULO IIDE LOS SALARIOS ARTICULO 58º.-
Con la finalidad de mejorar los niveles de remuneración actuales se consolidan al salario básico todos los bonos existentes que correspondan a cualquier forma de remuneración, tanto en el sector publico como en el sector privado, sea que se originen en convenios de partes, en laudos arbitrales o en disposiciones legales, con excepción de los bonos de antigüedad y de producción donde éste se encuentre vigente; así como de los bonos de zona, frontera o región. ARTICULO 59º.-
Todas las formas de remuneración periódica vigentes en un año calendario, o proyectadas a un año calendario para el caso de periodos incompletos, se consolidan en un conjunto que se denominará “remuneración anual”, excluidos el aguinaldo de fin de año y la prima sobre utilidades. Esta remuneración anual se dividirá para su pago en doce mensualidades, sobre cuyo monto promediado, de acuerdo a las disposiciones legales en vigencia, se calcularán los bonos reconocidos en el artículo anterior, los sobretiempos recargos nocturnos y dominicales, las cotizaciones a la Seguridad Social, el aguinaldo de fin de año y la prima, cuando corresponda su pago, así como los beneficios sociales emergentes de la terminación de un contrato de trabajo. ARTICULO 60º.-
En substitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales:
El monto total efectivamente percibido por el trabajador por concepto del bono de antigüedad en aplicación de la nueva escala precedente, no deberá ser, en ningún caso, inferior al que percibía al 31 de julio de 1985, en aplicación de la escala substituida. ARTICULO 61º.-
Queda terminantemente prohibido, hasta el 31 de diciembre de 1985, todo aumento en las remuneraciones de las entidades del sector público en cualquier forma de denominación bajo responsabilidad personal de los funcionarios que lo autorizaren. ARTICULO 62º.-
Las remuneraciones de los trabajadores del sector privado se establecerán a través de la negociación obrero-patronal, mediante los procedimientos y normas que establece la Ley General del Trabajo y su Decreto Reglamentario. ARTICULO 63º.-
En cumplimiento de la Ley de 6 de Noviembre de 1945, queda absolutamente prohibido el régimen de pulperías que funcionen total o parcialmente bajo el sistema de precios inferiores al costo de adquisición. ARTICULO 64º.-
Las empresas y entidades públicas o privadas en las que exista actualmente alguna modalidad de pulpería subvencionada, compensarán a sus trabajadores el importe de la subvención en dinero. A tal efecto, otorgarán a sus trabajadores, con efectividad al mes de Septiembre de 1985, un incremento al salario básico igual al valor, en pesos bolivianos, de la diferencia entre el precio de compra en el mercado de los artículos subvencionados al 30 de Agosto de 1985 y el precio que regía para su expendio en pulpería. ARTICULO 65º.-
En aplicación de los artículos 53 de la Ley General del Trabajo y 39 de su Decreto Reglamentario, queda prohibido a las empresas y entidades públicas y privadas de producción y servicios asignar salarios en especie, total o parcialmente. En consecuencia, queda eliminada la asignación o entrega de productos, especies o vales (gasolina, productos alimenticios, industriales u otros) como parte o en adición al salario.
Solamente en los casos en que la asignación de productos u otros sea emergente de convenios que hubiesen sido homologados por el Ministerio de Trabajo, se compensará el valor en dinero, al precio vigente de dichos productos u otros, al 30 de Agosto de 1985, consolidándose al salario básico correspondiente al mes de Septiembre de 1985. ARTICULO 66º.-
Quedan derogados los Decretos Supremos 3263 de 5 de Diciembre de 1952, 19114 de 6 de Septiembre de 1982 y 20182 de 12 de Abril de 1984. CAPITULO IIIDE LOS FERIADOS ARTICULO 67º.-
Los días feriados con suspensión de actividades públicas y privadas son los días domingos; 1º de Enero; Lunes y martes de carnaval; viernes Santo; 1º de Mayo; Corpus Cristi; 6 de Agosto; 1º de noviembre; 25 de diciembre y en cada Departamento, la fecha de su efemérides. ARTICULO 68º.-
Todo feriado que coincida con día domingo, debe ser compensado con el día hábil inmediato, en los términos del D.S. 14260 de 31 de Diciembre de 1976. ARTICULO 69º.-
En los días conmemorativos de los sectores laborales, profesionales, religiosos, regionales o de instituciones y empresas, tanto públicas como privadas, no se suspenderán labores. La declaratoria de duelo nacional no implica la suspensión de actividades. ARTICULO 70º.-
Todas las actividades públicas y privadas deberán observar el cumplimiento de la jornada de trabajo diaria y semanal establecida por la Ley General del Trabajo. ARTICULO 71°.-
Queda terminantemente prohibido a las autoridades de todo nivel, nacionales, departamentales y locales, disponer la suspensión del trabajo fuera de los feriados establecidos en los artículos 67 y 68 del presente Decreto. TITULO IVDEL REGIMEN DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO CAPITULO IDE LOS PRECISO Y ABASTECIMIENTOS ARTICULO 72°.-
A partir de la fecha se determina que los precios de bienes y servicios en todo el territorio de la República, se establecerán libremente. ARTICULO 73°.-
Se autoriza al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a efectuar importaciones, adquisiciones y a adoptar toda medida tendente a garantizar un normal abastecimiento de artículos de primera necesidad a precios competitivos. ARTICULO 74°.-
La actividad de comercialización de los productos de la canasta familiar, es enteramente libre e irrestricta, quedando sin efecto cualquier disposición restrictiva o cualquier asignación de monopolio en esta actividad. ARTICULO 75°.-
Por su carácter monopólico u oligopolítico, o muy particular, se establece un régimen de precios especiales para los siguientes rubros:
Transporte de Pasajeros Interdepartamental e Inter Provincial y Fletes por Transporte de carga
Se establece la libertad irrestricta de esta actividad autorizándose, a cualquier persona natural o jurídica dedicarse a esta actividad, quedando abolido todo monopolio. Las tarifas se establecerán por acuerdo entre usuarios y transportistas.
Los pagos por estos conceptos serán efectuados en pesos bolivanos, al tipo de cambio oficial, vigente en la fecha de cancelación.
Se restablece el régimen de importación, registro y mecanismo de precios para los productos químico-farmaceúticos vigente al 10 de Octubre de 1982. Abrógase el D.S. 20195 de fecha 12 de Abril de 1984 y disposiciones posteriores al 10 de Octubre de 1982 sobre la materia. Los Ministerios de Previsión Social y Salud Pública e Industria Comercio y Turismo, reglamentarán los aspectos inherentes a la importación, registro, distribución, precios y producción local de estos productos. Las importaciones de productos químico-farmaceúticos del sector público, incluyendo el sistema de Seguridad Social, deberán efectuarse por licitación pública e indefectiblemente en cantidades y envases hospitalarios y denominación genérica. Para la importación de suministros médicos de interés social, el Ministerio de Previsión Social y Salud Pública reglamentará un régimen especial.
Se establece la obligatoriedad de todas las empresas telefónicas locales, que no lo fueren al presente, a transformar sus personalidades jurídicas a la figura legal de cooperativas de usuarios. Se establece también que toda la estructura tarifaría de las Empresas telefónicas del país deberá fijarse sobre la base del número y duración de las llamadas.
Se autoriza a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) a fijar mensualmente las tarifas de larga distancia internacional, a un nivel que no podrá exceder la tarifa que cobran los países con los que se comunica, en dólares americanos pagaderos en pesos bolivianos ajustados al tipo de cambio oficial del día de facturación. Las tarifas de larga distancia dentro del territorio nacional se fijarán mensualmente sobre una base uniforme considerando el factor tiempo-distancia. Ambas tarifas de larga distancia, nacionales o internacionales, deberán ser aprobadas previamente por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Las divisas provenientes de cobros realizados por ENTEL serán vendidas obligatoriamente al Banco Central de Bolivia, de acuerdo al Régimen establecido en el Titulo I del presente Decreto Supremo. CAPITULO IIDE LAS ADUANILLAS ARTICULO 76°.-
Se dispone el libre tránsito y transporte por todas las vías de vinculación del país, de todos los productos en general, con excepción de aquellos que se hallan regulados por la Ley de Substancias Peligrosas y los que no afecten la seguridad nacional. ARTICULO 77°.-
Quedan suprimidas y eliminadas las aduanillas y trancas y todas las formas de imposición, tales como alcabalas y otras que gravan el tránsito de productos dentro del territorio nacional con excepción de las creadas por leyes de la República. TITULO VDEL REGIMEN DE LAS EMPRESAS CAPITULO IDE LAS EMPRESAS Y ENTIDADES PUBLICAS ARTICULO 78°.-
Todas las empresas y entidades del Sector Publico deberán presentar a CONEPLAN, en un plazo no mayor de 60 días, estados-financieros al 31 de Julio de 1985, incluyendo su presupuesto provisional para el último cuatrimestre del presente año, necesidades de inversión, capital de operación, necesidades de divisas y deuda interna flotante. La unidad de auditoria interna de la empresa o entidad respectiva emitirá, basta el 30 de noviembre de 1985 un informe sobre la confiabilidad de sus estados financieros. ARTICULO 79°.-
En un plazo no mayor de treinta (30) días, a partir de la fecha, todas las entidades y empresas del Sector Público están obligadas a presentar a CONEPLAN un programa de racionalización de personal, el mismo que deberá ser instrumentado a los 30 días de su aprobación. ARTICULO 80°.-
El Banco Central de Bolivia no otorgará crédito alguno a las entidades y empresas del Sector Público, que hubiesen dado cumplimiento a los requisitos establecidos en los artículos precedentes, aprobados sus presupuestos para la gestión del año 1985, así como el correspondiente plan de racionalización de personal. Toda concesión de crédito a las empresas o entidades del Sector Público, deberá ser necesariamente aprobada por CONEPLAN, preservando las regulaciones del programa monetario del Gobierno. ARTICULO 81°.-
Las empresas y entidades del Sector Público, bajo responsabilidad de sus ejecutivos, quedan terminantemente prohibidas de incrementar su personal de empleados y obreros. ARTICULO 82°.-
Las empresas y entidades del Sector Público sólo podrán mantener depósitos en moneda nacional en cuentas bancarias en el Banco Central de Bolivia
Queda terminantemente prohibido a las empresas y Entidades del Sector Público, bajo responsabilidad de sus Ejecutivos, el mantener cuentas bancarias en el extranjero. ARTICULO 83°.-
La compra y asignación de divisas con destino a cubrir los requerimientos del Sector Público y sus empresas, deberán ser necesariamente autorizadas por el ministerio de Finanzas y administradas por el Banco Central de Bolivia a través de sus cuentas bancarias en el extranjero.
Los proyectos de inversión en ejecución o en licitación deberán necesariamente ser ratificados por CONEPLAN para proseguir en su ejecución. ARTICULO 84°.-
Todas las empresas y entidades del Sector Público están obligadas a presentar anualmente estados dictaminados por auditores externos. ARTICULO 85°.-
La gestión de los principales Ejecutivos de las empresas y entidades del Sector Público será avaluada anualmente por el Directorio en función a los resultados financieros de las empresas, debiendo quedar constancia en acta. CAPITULO IIDEL SECTOR HIDROCARBUROS ARTICULO 86°.-
Se dispone la descentralización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos mediante la creación de las siguientes tres empresas subsidiarias dotadas de personalidad jurídica propia, de autonomía de gestión en sus operaciones, régimen administrativo, comercialización de sus productos, adquisición e importación de equipos e insumos y en general de todas sus operaciones y actividades empresariales:
Empresa Petrolera del Oriente con sede en la ciudad de Santa Cruz;
Empresa Petrolera del Sur, con sede en la ciudad de Camiri;
Empresa de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos con sede en la ciudad de Cochabamba. ARTICULO 87°.-
Las nuevas empresas subsidiarias serán de entera propiedad de la empresa matriz, YPFB, y quedan constituidas con el aporte de capital de todos los activos de YPFB que corresponden al área de operación de cada una. YPFB aportará como capital todos sus activos a cada una de las tres empresas excepto por aquellos que se puedan considerar como indispensables para desarrollar las funciones de la Presidencia y Directorio de la empresa matriz, las mismas que están limitadas a lo que más adelante establece la presente disposición legal. La transferencia del personal de empleados y obreros a cada una de las empresas creadas, por el presente Decreto, se efectuará al amparo de lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley General del Trabajo.
Los Pasivos, exceptuando las reservas para beneficios sociales a cargo de cada subsidiaria, quedarán como obligaciones de la empresa matriz y serán pagados después de su reprogramación con los excedentes que generen las subsidiarias. ARTICULO 88°.-
Las dos empresas petroleras de exploración y producción (Oriente y Sur) tendrán el siguiente objeto:
Desarrollar y ejecutar todas las actividades concernientes a la exploración y explotación en los campos de hidrocarburos del país que han sido asignados a YPFB; lo que comprende la ejecución y proyección de los programas de prospección, desarrollo y producción;
Ejecutar todas las otras actividades que le señalen los estatutos de la empresa y las disposiciones legales pertinentes. ARTICULO 89°.-
La Empresa de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos tendrá los siguientes objetos:
Operar y mantener las refinerías, oleoductos, gasoductos, poliductos, incluyendo la ampliación de nuevos sistemas y todos los proyectos en ejecución en esta materia.
La Empresa de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos elaborará en un plazo no mayor a 60 días, un proyecto para transferir íntegramente al sector privado la distribución y comercialización de los hidrocarburos y sus derivados. La Empresa de Industrialización y Comercialización de hidrocarburos estará encargada de la distribución y comercialización interna de tales productos al por mayor. ARTICULO 91°.-
Se deroga el D.S. 19266 del 5 de noviembre de 1982, quedando en vigencia el Capítulo III de los estatutos de YPFB aprobados por Decreto Supremo Nº 15122 del 18 de noviembre de 1977 con excepción de la Presidencia, la cual será designada de acuerdo a la Constitución. ARTICULO 92°.-
El representante laboral en el directorio de YPFB, que establece el Capítulo III, Artículo 10, inciso 6 del D.S. 15122, será elegido por voto directo y secreto de todos los trabajadores de YPFB y sus empresas subsidiarias. ARTICULO 93°.-
Son atribuciones del Directorio de la empresa matriz las siguientes:
Disponer la auditoria técnica de las empresas subsidiarias, para el control de todos los aspectos técnicos y operativos;
Proponer para su aprobación, al Ministerio de Energía e Hidrocarburos, la estructura de precios de los hidrocarburos y sus derivados;
Negociar los contratos de operación. El control de la ejecución de tales contratos será asignado a las empresas subsidiarias de acuerdo al área de actividad;
Establecer las responsabilidades y atribuciones del correspondiente Gerente General incluyendo en ellas los procedimientos para designación de personal de operación y planta; la preparación de los informes mensuales, trimestrales y semestrales y la ejecución de todos los lineamientos y determinaciones del Directorio. ARTICULO 96°.-
El Directorio de la empresa matriz queda encargado de ejecutar en un plazo no mayor a 120 días, las determinaciones adoptadas en la presente disposición legal. ARTICULO 97°.-
En un plazo no mayor a 90 días el Supremo Gobierno aprobará los estatutos de las empresas subsidiarias dentro del programa elaborado por el Gerente General de YPFB y aprobado por su Directorio. ARTICULO 98°.-
Todos los ingresos en divisas de YPFB y de sus subsidiarias serán obligatoriamente vendidos al Banco Central de Bolivia, el mismo que retendrá los impuestos nacionales, las regalías departamentales y los impuestos específicos y temporales. Los requerimientos de divisas de YPFB y de sus subsidiarias, para inversiones o para adquisiciones de importación, serán cubiertos contra presupuestos aprobados y planes por programas.
Los impuestos y regalías serán abonados, en el día, en las cuentas de los destinatarios, en pesos bolivianos, al tipo de cambio oficial. ARTICULO 99°.-
Los ingresos de YPFB y de sus subsidiarias en moneda nacional, por ventas internas de hidrocarburos y derivados, se depositarán, exclusivamente, en el Banco Central de Bolivia, el mismo que retendrá, al momento del depósito, los impuestos nacionales, regalías departamentales e impuestos específicos y temporales, abonados, en el día, en las cuentas de los destinatarios. El saldo será de libre disponibilidad de YPFB y de sus subsidiarias. ARTICULO 100°.-
Bajo responsabilidad de sus ejecutivos, YPFB y sus empresas subsidiarias quedan prohibidos de mantener cuentas en moneda extranjera. ARTICULO 101°.-
Restablécese la plena vigencia del Reglamento de Compras de la empresa fiscal del petróleo aplicable a sus subsidiarias, no pudiendo, en consecuencia, evadir este precepto por ningún mecanismo llamado “de excepción”.
Las adquisiciones de YPFB y de sus empresas subsidiarias se efectuarán de conformidad con la Ley de Adquisiciones y con la Ley de Contratación de Obras y Servicios, dejándose sin efecto el Reglamento de Compras de la empresa. CAPITULO IIIDEL SECTOR MINERO-METALURGICO ESTATAL ARTICULO 102°.-
Se dispone la descentralización de la Corporación Minera de Bolivia mediante la creación de cuatro empresas subsidiarias, dotadas cada una de ellas de personalidad jurídica propia, autonomía de gestión en sus operaciones industriales, régimen administrativo con facultad para la comercialización de minerales y metales, adquisición e importación de equipos e insumos y, en general para realizar todas sus operaciones y actividades empresariales:
Empresa Minera Estatal del Sur, que estará conformada por las actuales empresas del Grupo Minero Quechisla, con todas sus secciones, la Empresa Minera Unificada del Cerro de Potosí, Colavi, La Palca, Pulacayo, Río Yura y la Agencia Uyuni. Tendrá su sede administrativa en Quechisla y un Consejo de Administración Cogestionaria en la ciudad de Potosí.
Empresa Minera Estatal del Centro, integrada por las actuales empresas Cataví, Colquechaca, Huanuni, Santa Fe, Japo, Morococala, San José, Machacamarca, Bolívar, Ferrocarril Machacamarca - Uncía, Administración Central Oruro, Metalúrgica Oruro y las Agencias de Cochabamba y Santa Cruz. Tendrá su sede administrativa y un Consejo de Administración Cogestionaria, en la ciudad de Oruro.
Empresa Minera del Oriente, Constituida por la actual Empresa Siderúrgica SA, con sede administrativa y un Consejo de Administración Cogestionaria, en la ciudad de Santa Cruz.
Las pequeñas minas de propiedad de la Corporación Minera de Bolivia, administradas directamente o mediante contratos de arrendamiento, estarán bajo la jurisdicción de la correspondiente Empresa Minera Estatal, según su ubicación geográfica y línea de dependencia establecidas en el artículo anterior. ARTICULO 104°.-
Las cuatro unidades empresariales descentralizadas son de entera propiedad de CONIBOL y estarán sujetas a la supervisión y control del Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia, que mantiene su sede en la ciudad de La Paz. ARTICULO 105°.-
Los activos e inventarios de los centros mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) quedan transferidos, en calidad de aporte, a las nuevas empresas creadas por el presente Decreto, así como el personal de empleados y obreros cuyo traspaso se efectuará de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley General del Trabajo. ARTICULO 106°.-
Los pasivos, con excepción de las reservas para beneficios sociales que absorberá cada una de las empresas por el personal que le corresponde, quedan como obligaciones de COMIBOL y serán pagados, después de su reprogramación, con los excedentes que generen las subsidiarias. ARTICULO 107°.-
En el término de noventa (90) días, cada empresa minera estatal, adoptará y gestionará la aprobación de sus Estatutos. Asimismo, elaborará los documentos inventarios y registros que acrediten y revaloricen su patrimonio, bajo la tuición del Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia y la auditoría de la Contraloría General de la República, con las formalidades de ley.
El capital social de las empresas mineras estatales pertenecerá íntegramente a la Corporación Minera de Bolivia. ARTICULO 108°.-
Cada empresa minera estatal, en ejercicio de su autonomía de gestión, elaborará sus propias políticas de administración y de operación, bajo criterios empresariales de rentabilidad y eficiencia.
En cuanto a la venta, compra y uso de divisas se atendrán lo dispuesto en el Título I del presente Decreto, no pudiendo, en consecuencia, abrir ni mantener cuentas corrientes, ni depósitos en moneda extranjera en ningún banco que no sea el Banco Central de Bolivia. ARTICULO 109°.-
Cada empresa minera estatal será dirigida por un Consejo de Administración Cogestionaria integrado por un presidente y dos representantes del Estado designados por el Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia y por dos trabajadores activos de la respectiva empresa, como representantes laborales, elegidos por los trabajadores de la correspondiente empresa, mediante votación directa y secreta.
Para mantener la necesaria independencia de criterio, no podrán ser elegidos como representantes laborales en los consejos de administración cogestionaria, los funcionarios de dirección y fianza de la empresa, ni los integrantes de las directivas sindicales. ARTICULO 110°.-
De conformidad con el Artículo 138º de la Constitución Política del Estado, se dispone la disolución de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y de la Sociedad Complejo Metalúrgico de Karachipampa (SCMK). ARTICULO 111°.-
El Complejo de Fundición de Vinto se traspasa a la Empresa Minera Estatal del Centro. La Planta de Fundición de Karachipampa se transfiere a la Empresa Estatal del Sur. Cada una de dichas plantas será administrada como una división las respectivas empresas mencionadas, con contabilidad separada.
Cada división metalúrgica celebrará contratos de abastecimiento o de fundición de minerales, con las empresas mineras Estatales - incluyendo aquella de la que depende - con las empresas mineras privadas y con el Banco Minero de Bolivia.
El pasivo de la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF) y de la Sociedad Complejo Metalúrgico de Karachipampa (SCMK), se transfiere al Tesoro General de la Nación. ARTICULO 112°.-
La Corporación Minera de Bolivia, tendrá un Consejo General que se constituye en el órgano de control y revisión de las cuatro empresas mineras estatales que crea el Decreto. Tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
Estudiar y proyectar la política industrial del sector estatal de la minería, someterla a la aprobación del Poder Ejecutivo y velar por su aplicación.
Supervigilar el funcionamiento de las empresas mineras estatales evaluando, periódicamente, su rendimiento y eficiencia en función de los programas de la respectiva empresa, de la política industrial del sector y de los planes de desarrollo económico del Gobierno Nacional.
Aprobar los estatutos de las empresas mineras estatales y su reforma, previa a su consideración por el Poder Ejecutivo.
Recabar y analizar informes periódicos o específicos de las empresas mineras estatales; conocer y aprobar los estados financieros consolidados de la entidad.
En ejercicio de las funciones de contralor técnico-económico, formular iniciativas, recomendaciones y advertencias a las empresas, sin interferir la administración de las mismas y sin ejercitar de modo alguno, actos directos de administración.
Elevar al Ministerio de Minería y Metalurgia informes periódicos de evaluación económica y gerencial.
Designar, y en su caso, remover al Presidente y a los representantes del Estado en los Consejos de Administración Cogestionaria de las empresas mineras estatales que conforman la Corporación Minera de Bolivia.
Establecer las responsabilidades de cualesquiera de los miembros de los Consejos de Administración y, en su caso, procesarlos de acuerdo a ley.
Elaborar el presupuesto de funcionamiento del Consejo General y someterlo a la aprobación del Ministerio de Minería y Metalurgia. Con esta aprobación, el presupuesto, será cubierto por las empresas mineras estatales, mediante cuotas en proporción al valor neto de sus ventas.
Aprobar los programas operativos y de inversión, y los presupuestos correspondientes de las subsidiarias.
Disponer la aplicación de los excedentes de cada empresa en cada gestión, sea en reinversiones o en el servicio de la deuda de la Corporación Minera de Bolivia.
El Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia, estará integrado por un Presidente designado de acuerdo al Artículo 62, atribución 5º de la Constitución Política del Estado y seis miembros con derecho a voz y voto. Tres de ellos serán designados por el Poder Ejecutivo mediante Resolución Suprema y los otros tres elegidos por los trabajadores de las empresas y sus subsidiarias mediante votación directa y secreta.
Para ser elegido como representante laboral se requiere no ser funcionario de dirección de la empresa o integrante de las directivas sindicales. ARTICULO 114°.-
La planta ejecutiva del Consejo General de la Corporación Minera de Bolivia estará a cargo de u n Gerente General nombrado por el propio Consejo y conformada por un equipo profesional y el personal indispensable de apoyo administrativo. ARTICULO 115°.-
La actual Oficina Central de la Corporación Minera de Bolivia, bajo la dirección del Consejo General, actuará, hasta el 31 de diciembre de 1985, como órgano coordinador de la descentralización institucional que dispone este Decreto.
Los inmuebles y activos de la Oficina Central se transfiere a la Empresa Minera Estatal del Norte para el funcionamiento de su sede administrativa y para la sede del Consejo General en la estricta medida de sus necesidades, según lo determine esa empresa en coordinación con el Consejo General. El resto quedará bajo la custodia del Ministerio de Finanzas, hasta que el Poder Ejecutivo determine su uso y destino. ARTICULO 116°.-
El personal técnico y administrativo de la actual Oficina Central de COMIBOL será relocalizado en los centros mineros de las empresas mineras estatales, en el marco de la racionalización operativa que estas empresas adopten y al amparo de lo dispuesto por el Articulo 11 de la Ley General del Trabajo. El personal que opte por solicitar su retiro, se acogerá al tratamiento que establece el Titulo III, Capitulo I, del presente Decreto. ARTICULO 117°.-
El Yacimiento del Mutún, en el área Limitada por el Articulo 1º del Decreto Ley 7150 de 7 de mayo de 1965, será desarrollado y explotado bajo la dependencia de la Corporación Minera de Bolivia mediante la Empresa Minera Estatal del Oriente. CAPITULO IVDE LA CORPORACION BOLIVIANA DE FOMENTO ARTICULO 118°.-
Se dispone la disolución de la Corporación Boliviana de Fomento, dentro de los siguientes términos y modalidades:
Todos los activos industriales y acciones pertenecientes a la Corporación Boliviana de Fomento quedan transferidos, por su valor en libros y sin cargo alguno, a las Corporaciones Regionales de Desarrollo, de acuerdo a su respectiva localización departamental con excepción de las acciones de la Corporación Boliviana de Fomento en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), las mismas que quedarán en poder del Estado.
Los pasivos de Las corporación Boliviana de Fomento serán transferidos al Tesoro General de la Nación después de una evaluación y verificación por parte de la Contraloría General de la República, con excepción de las empresas que no son de entera propiedad de la Corporación Boliviana de Fomento, las mismas que continuarán a cargo de sus pasivos.
Asimismo las cargas sociales de cada empresa deberán ser absorbidas por la correspondiente Corporación Regional de Desarrollo en aplicación del Articulo 11º de la Ley General del Trabajo. ARTICULO 119°.-
El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo nombrará un Liquidador para ser efectiva toda la operación dispuesta por el Articulo anterior, con las facultades y responsabilidades siguientes: a)
Utilizar la infraestructura material y de personal la Oficina Central y Oficinas Regionales de la Corporación Boliviana de Fomento, en la ejecución de la disolución ordenada por el presente decreto, hasta la conclusión de la misma con la elaboración del Balance de Cierre debidamente auditado.
Documentar la transferencia de pasivos al Tesoro General de la Nación dentro de las disposiciones legales vigentes. ARTICULO 120°.-
El Liquidador asumirá adicionalmente todas las facultades del Gerente General de la Corporación Boliviana de Fomento como lo establecen sus estatutos pero no podrá realizar nuevas operaciones, debiendo limitar sus actos a la liquidación de los bienes a su cargo. ARTICULO 121°.-
Las Corporaciones Regionales de Desarrollo podrán organizar cooperativas de producción, previa aprobación del Decreto Supremo, con los activos que se les transfiere mediante esta disposición legal. DE LA EMPRESA NACIONAL DE TRANSPORTE AUTOMOTOR (ENTA) ARTICULO 122°.-
Dispónese la disolución de la Empresa Nacional de Transporte Automotor (ENTA) dentro de la siguiente modalidad:
Las Alcaldías podrán constituir empresas de transporte municipal o liquidar los activos recibidos de ENTA llamando, para este efecto, a licitaciones públicas y asegurando que, los vehículos a transferirse queden al servicio del público de tales jurisdicciones municipales. ARTICULO 123°.-
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones nombrará un Liquidador de ENTA, cuyas responsabilidades serán las siguientes:
Documentar el traspaso de los activos de ENTA a las Municipalidades respectivas;
Utilizar la infraestructura material y de personal de ENTA, en la ejecución de la disolución ordenada por el presente Decreto, hasta la conclusión de la misma con el correspondiente balance de cierre. ARTICULO 124°.-
Los pasivos de, ENTA se transfieren como obligación al Tesoro General de la Nación, sujetos a su auditoria verificación por parte de la Contraloría General de la República, exceptuando las reservas de beneficios sociales de los trabajadores que se relocalizan, las cuales se traspasan a la respectiva Alcaldía. CAPITULO VIDE LA DEUDA PUBLICA INTERNA FLOTANTE ARTICULO 125°.-
Se entiende por deuda pública, a las obligaciones contraídas en moneda nacional, por los organismos del Estado, entidades descentralizadas y empresas del sector público; dentro del territorio de la República con personas naturales jurídicas, públicas y privadas; que sean de plazo vencido. ARTICULO 126°.-
Quedan excluidos de las disposiciones del Artículo precedente, los créditos pactados y no desembolsados de las entidades financieras públicas así como los sueldos, salarios y beneficios sociales. ARTICULO 127°.-
Facúltase al Tesoro General de la Nación, a emitir notas de crédito en moneda nacional, con cláusula de mantenimiento de valor, que serán utilizadas para el pago de las obligaciones vencidas del Estado y sus distintos organismos. ARTICULO 128°.-
Las notas de crédito con cláusula de mantenimiento de valor, tendrán vigencia indefinida, y se reajustarán en su valor en el momento de su utilización final, al ser revertidas al Tesoro General de la Nación. ARTICULO 129°.-
Los organismos del Estado, entidades y empresas centralizadas que, requieran soporte presupuestario para cancelar sus correspondientes deudas públicas internas, podrán solicitar y recibir del Tesoro General de la Nación, las notas de crédito señaladas en el Artículo anterior, exclusivamente para este efecto. ARTICULO 130°.-
Al expedir las notas de crédito correspondientes a solicitud de un organismo del Estado, entidades descentralizadas o empresas, el Tesoro General de la Nación debitará a la correspondiente entidad pública. ARTICULO 131°.-
Las notas de crédito a que se refiere este. Decreto, serán transferibles entre todas las entidades y organismos del Estado y podrán utilizarse para cubrir todo tipo de obligaciones con el Estado, como ser impuestos, regalías, tributos, aranceles y deudas. ARTICULO 132°.-
Si las notas de crédito son utilizadas por, un organismo o entidad del Estado para cancelar obligaciones con personas naturales o jurídicas del sector privado y cooperatíva esta creedor podrá utilizar las para su pago de obligaciones gravámenes, impuestos, aranceles, con el Tesoro General de la Nación y, el Estado, sin restricción alguna. Los lotes de Crédito son libremente transferibles. ARTICULO 133°.-
A solicitud de cualquier tenedor de una nota de crédito, el Tesoro General de la Nación, podrá fraccionar la misma para facilitar el pago de montos parciales. ARTICULO 134°.-
Los organismos del Estado; entidades descentralizadas y empresas del sector público quedan facultadas a aceptar y recibir las notas de crédito como pago de acreencias que pudieran tener con otras entidades de igual naturaleza de personas naturales y/o jurídicas del sector privado, de lazo vencido a la fecha del presente Decreto. ARTICULO 135°.-
Todos los organismos del Estado, entidades descentralizadas y empresas públicas, deberán obligatoriamente renegociar y cancelar íntegramente su deuda pública interna con los medios que dispone el presente Decreto, en un lapso improrrogable de noventa (90) días. ARTICULO 136°.-
Los organismos del Estado, entidades descentralizadas y empresas públicas, al adquirir bienes y/o servicios, de otras instituciones similares, deberán hacerlo con recursos propios y no podrán contraer deudas internas que no estén debidamente autorizadas. CAPITULO VIIDE LO MONOPOLIOS ARTICULO 137°.-
En el marco de la Constitución Política del Estado, quedan abolidos y prohibidos todos los monopolios dentro de las actividades de producción y servicios económicos en el país, exacto aquellos monopolios estatales establecidos por ley.
El Poder Ejecutivo presentará al Poder Legislativo, en el término de noventa (90) días, un proyecto de la Ley preventiva de conductas y prácticas monopólicas y oligopólicas del sector privado. ARTICULO 138°.-
Toda persona natural o jurídica, pública o privada, puede ejercer cualquier actividad no declarada monopolio por y de la República. ARTICULO 139°.-
Se deroga el Artículo 80º del Decreto Supremo Nº 9028 de 10 de Diciembre de 1969, y los Artículos 56 al 59 del Decreto Supremo 18751 de 14 de Diciembre de 1981. TITULO VI CAPITULO IDE LA ACTUALIZACION DE LOS PATRIMONIOS DE LAS EMPRESAS ARTICULO 140°.-
Todas las empresas públicas y privadas actualizarán en forma obligatoria el valor de sus activos fijos existentes al 31 de Diciembre de 1985 aunque no tuvieran valor residual a esa fecha, en base a las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo Nº 17240 de 3 de Marzo de 1980, el que a tal efecto, se adecúa de acuerdo a lo establecido en el Artículo siguiente. ARTICULO 141°.-
Se modifican los Artículos del Decreto Supremo 17240, con la siguiente redacción:
“Artículo 2º.- La diferencia entre los nuevos valores de los activos fijos resultantes de la revalorización técnica y los valores contables netos anteriores, registrados a la misma fecha de la revalorización, constituye el monto del incremento del reavalúo”.
“Artículo 4º.- Serán deducibles para fines impositivos, las depreciaciones correspondientes a los incrementos de valor definidos en el Artículo 3º del Decreto. Asimismo, y a efectos de las depreciaciones contables e impositivas futuras, el informe técnico de la revalorización deberá señalar la vida útil restante de los bienes revalorizados, la que no podrá ser inferior a la anteriormente utilizada contablemente”. ARTICULO 142°.-
Para facilitar la necesaria capitalización de las empresas a fin de posibilitar el imprescindible incremento de la productividad en todas las áreas de la economía nacional no podrá ser exigida, por autoridad alguna, en el orden nacional, departamental o, municipal, la demostración del origen de la procedencia de los bienes que se aporten a las empresas entre la fecha de este Decreto y el 31 de Diciembre de 1985. En caso de que estos bienes constituyan activos fijos, su valor surgirá de la aplicación de los valores técnicos establecidos por el Decreto Supremo Nº 17240. La contrapartida del valor de estos activos se llevara a una cuenta transitoria del Capítulo Patrimonial del Balance General denominada “Reserva para Aumento del Capital”.
La capitalización de estas reservas seguirá el mismo tratamiento señalado para la capitalización de la Reserva de Revalúo Técnico del Decreto Supremo Nº 17240. ARTICULO 143°.-
Por las mismas razones antes señaladas de necesidad de capitalización de las empresas, se deroga el Artículo 30 del Decreto Supremo 20459 de 6 de Septiembre de 1984. ARTICULO 144°.-
Las inversiones en acciones o cuota de capital en otras empresas serán ajustadas, anualmente, en función del valor patrimonial proporcional, de la empresa emisora. Se entiende por valor patrimonial proporcional la alícuota porcentual que corresponde a los inversionistas, según su porcentaje de tenencia respecto al patrimonio ya actualizado de la sociedad emisora. El mayor valor que ello pueda representar respecto al previamente contabilizado en la sociedad inversionista, no estará sujeto a ningún tipo de gravamen, por cuanto estos, cuando corresponde, ya fueron pagados en las sociedades emisoras. ARTICULO 145°.-
A partir de la gestión 1986, es obligatorio el ajuste de los estados financieros para reconocer el posible efecto de la inflación sobre los mismos. A este propósito el Ministerio de Finanzas solicitará la cooperación de los, organismos técnico-profesionales pertinentes, para la formulación de las correspondientes normas, las que deberán reglamentarse antes del 3l de diciembre de 1985. ARTICULO 146°.-
Para normalizar las situaciones de diferencia de cambio originadas en transacciones en divisas efectuadas en el mercado paralelo, desde la vigencia del D.S. 19249 del 3 de Noviembre de 1982, se ajustará dicho tratamiento a lo establecido en los Artículos 2º al 7º, inclusive, del D.S. 19445 de 9 de Marzo de 1983.
A este fin, y a efectos de la verificación del tipo de cambio utilizado, la Dirección General de la Renta Interna, solicitará al Banco Central de Bolivia, le proporcione la tabla con las cotizaciones vigentes en el mercado paralelo a partir del 3 de Noviembre de 1982 hasta la fecha del presente Decreto. ARTICULO 147°.-
Se establece la obligatoriedad de presentar estados financieros anuales ante la Dirección General de la Renta Interna, a todas las empresas del país, cualesquiera fuese la naturaleza de su personalidad jurídica o la actividad productiva o de servicio a la que estén avocados. Se derogan todas las exenciones existentes sobre la materia. CAPITULO IIDE LOS CATASTROS ARTICULO 148°.-
Se dispone la reactualización de todos los catastros del país para la gestión de 1986, sobre la base de los valores catastrales establecidos para la gestión impositiva de 1978, ajustados en pesos bolivianos, en un índice que incremente el valor la proporción del aumento del cambio de la divisa americana, del de Diciembre de 1978 al valor promedio de la misma durante el mes de Diciembre de 1985. ARTICULO 149°.-
Se deja sin efecto las recatastraciones o actualizaciones de valores imponibles de bienes inmuebles, efectuadas desde el 1º de Enero de 1979. Se reconoce validez liberatoria para el contribuyente, a los pagos ya realizados en base los valores catastrales anteriores. ARTICULO 150°.-
Los valores catastrales de nuevos bienes fijados posteriormente a 1978, serán reactualizados en relación al cambio vigente de la divisa americana de su catastración, y el valor promedio de la misma durante el mes de diciembre de 1985. ARTICULO 151°.-
Se establece la obligatoriedad de reajustar los catastros en cada gestión impositiva, bajo el sistema establecido por el presente Decreto para la gestión de 1985. CAPITULO IIIDE LAS GESTIONES FISCALES ARTICULO 152°.-
En concordancia con lo establecido en el Artículo 8º del Decreto Ley 11154 (modificado) de 12 de Septiembre de 1975, se establecen diferentes períodos anuales para la elaboración y presentación de estados financieros, tanto del sector privado como del sector público para fines de tributación. ARTICULO 153°.-
A partir del año 1986, las gestiones anuales, según los tipos de actividades, cerraran en las siguientes fechas:
Empresas Agrícolas, Ganaderas y Agroindustriales.
Empresas MinerasEmpresas Bancarias, de Seguros, de Servicios y otras no contempladas en las fechas anteriores. ARTICULO 154°.-
El Ministerio de Finanzas reglamentará la clasificación anterior y absolverá las consultas pertinentes. ARTICULO 155°.-
Para hacer posible la transición resultante de esta modificación, las empresas comprendidas en las diferentes áreas señaladas, cerrarán períodos especiales de tres, seis y nueve meses durante la gestión 1986. En estos casos, la prima que pudiera devengarse a favor del personal de calculará en la misma proporción de tres, seis y nueve meses durante la gestión 1986. ARTICULO 156°.-
Las empresas deberán presentar sus estados financieros a la Dirección General de la Renta Interna, dentro de los noventa o ciento veinte días posteriores a la fecha de cierre, según corresponda, que los mismos se presenten con o sin el dictamen de auditores externos respectivamente. CAPITULO VIIDE LAS REFORMAS MONETARIA Y TRIBUTARIA CAPITULO IDE LOS PROYECTOS DE LA LEY DE REFORMA MONETARIA Y TRIBUTARIA ARTICULO 157°.-
Los Ministros de Finanzas y de Planeamiento Coordinación, formarán proyectos de ley de Reforma Monetaria y La Reforma Tributaria, para su presentación al Honorable Congreso Nacional. TITULO VIIIDE LOS INSTRUMENTOS DE LA NUEVA POLITICA ECONOMICA CAPITULO IDEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA ARTICULO 158°.-
El Banco Central de Bolivia, como instrumento, fundamental para la ejecución de la nueva política, económica y en defensa de la seguridad económica y del sistema institucional de la República, normalizará sus operaciones y funcionamiento, con sujeción estricta a las leyes vigentes. ARTICULO 159°.-
De acuerdo con la Ley Orgánica, del Banco Central de Bolivia probada por D.L. 14791 de 10 de Agosto de 1977, el Directorio estará conformado como lo disponen los Artículos 9º y 11 de la, disposición legal citada. ARTICULO 160°.-
Los Directores del Banco, ejercerán sus funciones a tiempo completo y dedicación exclusiva. El cargo de Director del Banco Central de Bolivia, es incompatible con el desempeño de otros cargos públicos, actividades industriales, comerciales o profesionales relacionadas con la entidad, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 145º de la Constitución Política del Estado. ARTICULO 161°.-
El Presidente y el Directorio del Banco Central de Bolivia, en ejercicio de sus atribuciones legales, y dentro del marco del ordenamiento jurídico, iniciarán y llevarán a cabo un proceso de reorganización interna técnica y administrativa, para adecuar al Banco Central de Bolivia, a su función esencial y supera las anomalías que actualmente traben su normal funcionamiento. ARTICULO 162°.-
Por encontrarse al margen de la Ley orgánica del Banco Central de Bolivia, se disuelve el Comité Interno de Administración (CIDA). ARTICULO 163°.-
Queda sin efecto, el Reglamento Interno de Personal del Banco Central de Bolivia, por no contar con aprobación del Directorio. ARTICULO 164°.-
Todo funcionario que ofrezca resistencia a la ejecución de las resoluciones del Presidente y del Directorio del Banco Central, será suspendido de inmediato y sometido a los procesos correspondientes. ARTICULO 165°.-
El Gerente de Fiscalización de dicho Banco, no deberá haber sido funcionario ni asesor de ningún banco o entidad financiera, pública o privada - excepto el Banco Central de Bolivia durante los últimos cinco años previos a la fecha de su designación. Será designado por concurso de méritos abierto y público. ARTICULO 166°.-
El Gerente de Auditoria del Banco Central de Bolivia, no debe ser funcionario de carrera del mismo, y será designado por el Directorio mediante concurso de mérito público. DEL PRESUPUESTO CONSOLIDADO Y EL PROGRAMA MONETARIO ARTICULO 167°.-
Las entidades pertenecientes a la administración Central, Entidades Descentralizadas, Empresas Públicas de Economía Mixta y Administración Local del sector público, en el plazo de treinta (30) días hábiles, deberán presentar a la Dirección central de Presupuestos del Ministerio de Finanzas, sus respectivos presupuestos ejecutados, correspondientes al periodo comprendido entre Enero y Julio de 1985. Además, deberán presentar los proyectos de presupuesto, con información relativa al período Agosto - Diciembre de la presente gestión, en treinta (30) días adicionales. Estos proyectos de presupuesto, deberán considerar los lineamientos definidos en la Nueva Política Económica, aprobada por el Supremo Gobierno. ARTICULO 168°.-
El Banco Central de Bolivia, presentará al Ministerio de Finanzas, en un plazo no mayor a veinte (20) días hábiles, el Programa Monetario proyectado para el periodo comprendido entre Agosto y Diciembre de 1985. ARTICULO 169°.-
El Banco Central de Bolivia, remitirá al Ministerio de Finanzas, cada diez (10) días, el parte correspondiente a1 Programa monetario ejecutado. ARTICULO 170°.-
Quedan abrogadas todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo. Los señores Ministros de Estado, en los Despachos correspondientes, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.
Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a veintinueve días del mes de Agosto de mil novecientos ochenta y cinco años.
FDO. VICTOR PAS ESTENSSORO
Fdo. Gastón Araoz Levy
Fdo. Fernando Valle Quevedo
Fdo. Guillermo Bedregal Gutiérrez
Fdo. Enrique Ipiña Melgar
Fdo. Hugo Rodríguez Serrano
Fdo. Sinforoso Cabrera
Fdo. Orlando Donoso
Fdo. Guillermo Riveros Tejada
Fdo. Fernando Cáceres
Fdo. Fernando Barthelemy Martínez
Fdo. Roberto Gisbert Bermudez
Fdo. Douglas Ascarrunz
Fdo. Nestor Dálenz
Fdo. Walter Costas Badani
Fdo. Mauricio Mamani Pocoaca
Fdo. Carlos A. Aliaga Ayoroa
Fdo. Reynaldo Peters Arzabe
Fdo. Antonio Tovar Piérola Comentarios

References: Artículo 8
 Resolución 
 Artículo 18
 Artículo 7
 Artículo 8
 artículo 66
 Artículo 74
 artículo 34
 artículo 42
 artículo 44
 Artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 11
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 138
 Artículo 62
 Resolución 
 Artículo 80
 Artículo 3
 Artículo 30
 Artículo 8
 Artículo 145