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Timestamp: 2018-05-27 15:44:42+00:00

Document:
República de Colombia Colisión de competencias No. 29. 199
Colisión de competencias No. 29.199
JAVIER ORLANDO MENCO y Otros
Proceso No 29199
Bogotá D. C., trece de febrero de dos mil ocho.
Resuelve la Corte la colisión de competencia suscitada entre los Juzgados Penal del Circuito Especializado de Barranquilla y Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, quienes se declararon incompetentes para conocer del control de legalidad de la medida de aseguramiento proferida en contra de los procesados JAVIER ORLANDO MENCO, VICTOR HUGO ACOSTA MERCADO, MANUEL GUILLERMO PARRA MORENO, ROGER AUGUSTO PADILLA PATERNINA, ALBERTO DIAZ CASTILLO, OLAF ENRIQUE CAMPO BARRIOS, OMAR ALFONSO MANJARES CASTILLO, CARLOS GUTIERREZ COTES, ANTONIO LUIS GUZMÁN CHAMARRA, JOHNNY ANTONIO SEPÚLVEDA AGUIRRE, FRANKLIN ARIEL GONZALEZ LUNA, ENRIQUE SANTIAGO ROJAS, ROBINSON ANTONIO BARON PEREZ, VICTOR MANUEL CRUZ MARTÍN, OSCAR GUSTAVO BALDOVINO, CARLOS ALBERTO MARTINEZ PACHECO, ERNESTO CARLOS OLIVEROS PUENTES, GEOVANY JOSE CAMPO CARVAJAL, JOHAN DE JESUS BENITEZ ESCORCIA, MARIO ALBERTO PEREZ ESCORCIA, RONALD DE JESÚS NAVARRO MOLINA y PEDRO VÉLEZ BARRAZA.
1. El 11 de marzo de 2006, en el conjunto residencial Villa Canaria de la ciudad de Santa Marta, las autoridades capturaron a Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias “Antonio”, desmovilizado del Bloque Norte de las autodefensas”, en cuyo poder se halló material informático del cual expertos del C.T.I. de la Fiscalía extrajeron información que dio cuenta de vínculos “…entre servidores públicos del departamento del Atlántico, Magdalena y Sucre con las denominadas autodefensas Unidas de Colombia, bajo el mando de Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’”, hechos que se hicieron constar en el informe 299588 del 10 de agosto de 2006, que dio pie a la investigación radicada bajo el No. 1890 de la Fiscalía.
Mediante resolución No. 03352 del 5 de octubre de 2006, el Fiscal General de la Nación dispuso la designación de un Fiscal Delegado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario, con sede en Bogotá, para investigar los “vínculos entre servidores públicos del departamento del Atlántico, Magdalena y Sucre con las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia”, teniendo en cuenta que dentro de la actuación 1890, “…han surgido elementos probatorios que determinan tal situación”, siendo así como en desarrollo de tal designación, un fiscal de esa unidad dispuso, en resolución del 17 de octubre siguiente, la apertura de indagación preliminar.
Las pesquisas ordenadas, entre ellas, inspección judicial a la investigación radicada bajo el No. 1890, dieron lugar al informe de policía judicial No. 202 del 28 de agosto de 2002, suscrito en la ciudad de Barranquilla, con base en el cual la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derechos Internacional Humanitario de la Fiscalía, dictó la resolución del 29 de los mismos, emitida también en la ciudad de Barranquilla, a través de la cual se dio apertura formal al proceso penal, disponiéndose, entre otras diligencias, la captura de 99 personas, bajo la sindicación de estar incursas en el delito de concierto para delinquir agravado, según el artículo 340, inciso 2º, del Código Penal.
2. La mayoría de las capturas, con algunas excepciones, se ejecutaron en la ciudad de Barranquilla, donde además, con las mismas salvedades, se emitieron las resoluciones de detención preventiva, según consta en los cuadernos 6 (fls. 6 ss.), 7 (fls. 77 ss.) y 8 (fls. 75 ss.).
3. Contra la medida de aseguramiento, los defensores de los procesados JAVIER ORLANDO MENCO, VICTOR HUGO ACOSTA MERCADO, MANUEL GUILLERMO PARRA MORENO, ROGER AUGUSTO PADILLA PATERNINA, ALBERTO DIAZ CASTILLO, OLAF ENRIQUE CAMPO BARRIOS, OMAR ALFONSO MANJARES CASTILLO, CARLOS GUTIERREZ COTES, ANTONIO LUIS GUZMÁN CHAMARRA, JOHNNY ANTONIO SEPÚLVEDA AGUIRRE, FRANKLIN ARIEL GONZALEZ LUNA, ENRIQUE SANTIAGO ROJAS, ROBINSON ANTONIO BARON PEREZ, VICTOR MANUEL CRUZ MARTÍN, OSCAR GUSTAVO BALDOVINO, CARLOS ALBERTO MARTINEZ PACHECO, ERNESTO CARLOS OLIVEROS PUENTES, GEOVANY JOSE CAMPO CARVAJAL, JOHAN DE JESUS BENITEZ ESCORCIA, MARIO ALBERTO PEREZ ESCORCIA, RONALD DE JESÚS NAVARRO MOLINA y PEDRO VÉLEZ BARRAZA, presentaron peticiones de control de legalidad.
3. Mediante resolución del 14 de diciembre de 2007, el Fiscal instructor ordenó la remisión de la copia del expediente al Juzgado Especializado de Barranquilla, despacho que en auto del 27 siguiente se abstuvo de conocer de los controles de legalidad propuestos por los distintos defensores, al estimar que el competente para decidir la controversia es el juez penal del circuito especializado de Bogotá, toda vez que la investigación, desde sus albores, da cuenta de que los hechos ocurrieron en varios sitios de la geografía nacional, entre ellos, los departamentos de Sucre, Atlántico, Magdalena y Bolívar, sitios en los cuales personal civil y funcionarios públicos de diferentes niveles, coordinaban actividades delictivas de distinta naturaleza delincuencial, manteniendo vínculos con integrantes de las autodefensas.
Esa situación, agregó, lleva a acudir a la figura de la competencia a prevención, y por esa vía el juez competente para conocer del asunto es el especializado de la ciudad de Bogotá, toda vez que fue en este lugar donde primero se tuvo noticia de la actividad criminal y donde se avocó el conocimiento de la investigación preliminar y se lleva a cabo la investigación.
En consecuencia, dispuso la remisión de las copias del expediente al reparto de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bogotá, proponiendo de una vez colisión negativa de competencia.
4. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de esa ciudad, a quien fue repartido el asunto, en auto del 1º de febrero del año en curso, también declina su competencia, con base en las siguientes razones:
Es cierto e irrebatible que los hechos a los cuales se contrae la investigación, tienen que ver con la existencia de una estructura criminal emergente, reducto del desmovilizado bloque norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Rodrigo Tovar Pupo (a. Jorge 40), cuyo surgimiento se dio en la costa norte del país y ni siquiera en pequeña medida en los límites del distrito judicial de Bogotá.
Y aunque la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía General de la Nación, tiene su sede en la ciudad de Bogotá, ello no deja de ser una situación puramente administrativa, ajeno al tema de la competencia en materia judicial, y, por tanto, ello no puede significar que los asuntos penales que ellos tramitan, sean todos de competencia de los jueces de Bogotá, aspecto sobre el cual ya se ha pronunciado esta Corte, por ejemplo, en el auto del 30 de noviembre de 2006, dentro del radicado No. 26.482.
Destaca que los hechos aquí investigados sucedieron en los departamentos del Atlántico, Bolívar y Sucre, con énfasis en el primero. Además, el consolidado investigativo, materialmente, se presentó en Barranquilla, “donde ese saber difuso y etéreo tomó forma de delito, y emergieron los posibles responsables”, según el informe de policía judicial del 28 de agosto de 2006, y donde la Fiscalía avocó formalmente la investigación, emitiendo la resolución de apertura, y pocas horas después sucedieron las primeras capturas.
Además, el derecho a ser juzgado por el juez del lugar del hecho, o por lo menos el más próximo, dinamiza las garantías, de una parte, de los acusados, de acceso a la justicia, contradicción y defensa, y de otra, de las víctimas, que tendrán posibilidad real de acceder a los organismos de justicia en pos del derecho colectivo a saber lo ocurrido, a la justicia propiamente, a obtener reparación y a la garantía de no repetición, derechos que en uno y otro caso se verían disminuidos si a través de razones inadecuadas e insuficientes, como es el simple esquema organizacional de la Fiscalía, se saca el debate de su centro de interés y atracción, pues a todos significa mayor esfuerzo, de seguro para algunos inalcanzable, trasladarse periódicamente de la Costa Atlántica a Bogotá, carga que sólo se justifica por las razones especiales consagradas en el artículo 85 de la Ley 600 de 2000, y que no pueden imponerse al momento de verificar las reglas básicas de competencia.
En consecuencia, admitió la colisión negativa de competencia propuesta por su homólogo de Barranquilla, disponiendo el envío de las diligencias a esta Corporación para que se dirima el punto.
Como el presente conflicto se suscitó entre juzgados penales del circuito especializados pertenecientes a diferentes distritos judiciales, es la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la llamada a dirimirlo, conforme lo consagran los artículos 75, numeral 4°, y 18 transitorio, inciso 2°, del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000).
De conformidad con el artículo 392 del Código de Procedimiento Penal, “la medida de aseguramiento y las decisiones que afecten la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por la Fiscalía General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento…”.
Analizadas las razones que esgrimen cada uno de los despachos colisionantes, la Sala concede razón al Juez Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá, pues los datos que arroja el proceso ciertamente llevan a señalar que el juez competente para resolver el control de legalidad solicitado por los defensores de varios de los procesados, es el Especializado de Barranquilla.
Si bien es cierto que el concierto para delinquir de que trata el proceso abarcó varios departamentos del territorio nacional, y que la investigación de tales hechos se sigue por la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario con sede en Bogotá, no puede desconocerse que la citada Unidad Nacional de Fiscalías tiene competencia en cualquier parte del país, motivo por el cual la ubicación de su sede en la ciudad de Bogotá “no puede marcar la pauta para fijar la competencia de los procesos en las investigaciones de que conoce, pues sobre esa lógica la mayoría de los casos irían a parar a los jueces especializados de su sede…”1.
Tratándose de la competencia a prevención, ha señalado la Sala, debe entenderse por el “territorio en el cual se haya formulado primero la denuncia”, no solamente el lugar en el cual se haya ejecutado el acto material de radicación de la denuncia penal, sino que en casos de averiguaciones o indagaciones oficiosas, el lugar donde éstas hayan comenzado2, situación que lleva a colegir que en este evento el competente para conocer del presente asunto es el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.
En efecto, como lo esgrime el Juez Especializado de Bogotá, fue en la ciudad de Barranquilla donde se iniciaron por parte de la Policía Judicial las pesquisas que dieron lugar al informe No. 202 del 28 de agosto de 2006 (fls. 10 y ss. cuaderno No. 3), que sirvió de base para la apertura formal de la investigación penal, cuya resolución se dictó en esa ciudad (fls. 170 ss. ibídem), y donde se dieron las primeras capturas ordenadas.
En esas condiciones, por ser Barranquilla el lugar donde se originaron las pesquisas encaminadas al desmantelamiento de la organización criminal de que da cuenta el expediente, la Corte asignará al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la mencionada ciudad para que conozca del control de legalidad de la medida de aseguramiento solicitado por los citados procesados.
DIRIMIR la presente colisión negativa de competencia atribuyendo el conocimiento del presente asunto al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla.
DISPONER la inmediata remisión de las diligencias al Juzgado en quien se radica la competencia, dando aviso de lo aquí decidido al Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de Bogotá.
1 Ver colisión 26482 del 30 de noviembre de 2006.
2 Auto de colisión de competencias del 20 de junio de 2007

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 340
 resolución 
 resolución 
 artículo 85
 artículo 392
 resolución