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Timestamp: 2019-07-21 23:42:33+00:00

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Descripción de los principales procedimientos en materia laboral y social.
El orden jurisdiccional social es una jurisdicción especializada en la que se resuelven las reclamaciones efectuadas por los ciudadanos como trabajadores frente a los empresarios o empleadores con motivo del contrato de trabajo (despidos, reclamaciones de salarios, vacaciones y permisos, etc.) así como las reclamaciones efectuadas frente a la Seguridad Social o el Estado (incapacidades, jubilación, pensiones de viudedad u orfandad, reclamaciones al Fondo de Garantía salarial, etc.). También conoce de las reclamaciones en materia de tutela de derechos de libertad sindical y huelga, conflictos colectivos, convenios laborales, prevención de riesgos laborales, entre otras materias.
Con carácter general el artículo 92 de de LOPJ dispone que “en cada Provincia, con jurisdicción en toda ella y sede en su capital, habrá uno o más juzgados de lo social, también podrán establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando las necesidades del servicio o la proximidad a determinados núcleos de trabajo lo aconsejen, delimitándose, en tal caso, el ámbito de su jurisdicción. Los juzgados de lo social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a dos o más provincias dentro de la misma Comunidades Autónomas.” Señalando el artículo 93 que “los juzgados de lo social conocerán, en primera o única instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén atribuidos a otros órganos del mismo.”
Los procedimientos en material laboral se encuentran regulados en la Ley de la Jurisdicción Social aprobada en el año 2011 y con la que se ha pretendido concentrar en el orden social, dada su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias que de forma directa o por conexión puedan calificarse como sociales.
El procedimiento de ejecución en el ámbito laboral se regula en el Libro IV de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, artículos 237 y siguientes.
En todo lo no previsto por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se aplicará de forma supletoria la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para las ejecuciones, recogida en los artículos 517 y siguientes.
Se ejecutarán por este procedimiento las sentencias firmes y demás títulos, judiciales o extrajudiciales, a los que la presente Ley otorga eficacia para iniciar directamente un proceso de ejecución, como laudos arbitrales o actas de los servicios de mediación y conciliación.
También se regula la ejecución provisional en caso de impugnación de sentencias favorables en la primera instancia sin necesidad de caución previa.
Como especialidades, se prevé la posibilidad de ejecutar parcialmente una sentencia impugnada en sus pronunciamientos favorables, la ejecución de sentencias recaídas en procedimientos de conflicto colectivo, la ejecución de sentencias firmes de despido en caso de readmisión del trabajador, la ejecución de sentencias frente a Entes Públicos y la Seguridad Social, y el tratamiento de los supuestos de insolvencia empresarial.
Fondo de garantía social
El FOGASA es un organismo autónomo de carácter administrativo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En cuanto a sus fines y su actuación, están determinados en el artículo 33 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, y en el Real Decreto 505/1985, de 6 de marzo, sobre organización y funcionamiento del Fondo de Garantía Salarial. Se enmarca dentro de la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Su FINALIDAD BÁSICA, para la que fue creado mediante el artículo 31 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales, es la de Institución de GARANTÍA de los créditos salariales ante la insolvencia del empleador. Hoy tiene atribuido el abono a los/las trabajadores/as de los salarios e indemnizaciones que las empresas para las que trabajan no han podido satisfacer por encontrarse en situación legal insolvencia o por haber sido declaradas en situación de concurso. Abonadas las prestaciones el Fondo de Garantía Salarial se subrogará obligatoriamente en los derechos y acciones de los/las trabajadores/as para proceder en reclamación y repetición frente a los/las empleadores/as que los/las adeudan. Entre sus FINALIDADES COMPLEMENTARIAS destaca el apoyo o protección a las empresas en situación de crisis, dado que fomenta el mantenimiento del empleo y la continuidad empresarial, mediante el abono de ciertas prestaciones sin obligación de restitución ("a fondo perdido"), el pago de prestaciones sin necesidad de declaración de insolvencia empresarial (la llamada “insolvencia técnica" o en casos de fuerza mayor), y la posible suscripción convenios de devolución aplazada o fraccionada de las cantidades abonadas por el Organismo.
La Ley 36/2011 ha reforzado la presencia en juicio del FOGASA clarificando su intervención en los procedimientos que se insten al amparo de lo previsto en el artículo 33.8 del ET; se establece la obligación de notificación al FOGASA de la admisión a trámite de la demanda, señalamiento o incidente; se aclaran sus facultades (respecto de la formulación de excepciones, prueba, recursos) cuando actúe ante la jurisdicción social; se establece su legitimación en procedimientos arbitrales y en la impugnación de laudos, conciliaciones, allanamientos y transacciones, tanto administrativas como judiciales; se prevé la obligación del FOGASA de alegar todos los motivos de oposición a la demanda, los efectos de su acogimiento, con especial mención a las cuestiones de prescripción, caducidad e interrupción de la prescripción que pudieran afectarle; se establece igualmente su vinculación a la sentencia firme de haber sido emplazado en el pleito, la presunción de certeza de sus resoluciones y su deber de colaboración en el pleito mediante la aportación del expediente. administrativo.
1. Se encuentra regulada en el artículo 84 de la Ley 36/2011, que dispone que el secretario judicial, actualmente letrado de la Administración de Justicia, intentará la conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al letrado de la Administración de Justicia la aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para los actos de conciliación y juicio. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia. La conciliación alcanzada ante el letrado de la Administración de Justicia y los acuerdos logrados entre las partes aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación judicial.
2. Si el letrado de la Administración de Justicia estimara que lo convenido es constitutivo de lesión grave para alguna de las partes o para terceros, de fraude de Ley o de abuso de derecho o contrario al interés público, no aprobará el acuerdo, advirtiendo a las partes que deben comparecer a presencia judicial para la celebración del acto del juicio.
3. En caso de no haber avenencia ante el letrado de la Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes en dicho momento corresponderá al juez o tribunal ante el que se hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado de la Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto del juicio se llegase a suspender por cualquier causa.
5. La conciliación y los acuerdos entre las partes aprobados por el letrado de la Administración de Justicia o, en su caso, por el juez o tribunal se llevarán a efecto por los trámites de la ejecución de sentencias.
6. La acción para impugnar la validez de la conciliación se ejercitará ante el mismo juzgado o tribunal al que hubiera correspondido la demanda, por los trámites y con los recursos establecidos en esta Ley. La acción caducará a los treinta días de la fecha de su celebración. Para los terceros perjudicados el plazo contará desde que pudieran haber conocido el acuerdo. Las partes podrán ejercitar la acción de nulidad por las causas que invalidan los contratos y la impugnación por los posibles terceros perjudicados podrá fundamentarse en ilegalidad o lesividad.”
Monitorio social
Es una novedad de la Ley 36/2011 que lo regula en el artículo 101. Está previsto para reclamaciones individuales frente a empresarios que no se encuentren en concurso referidas a cantidades vencidas, derivadas de la relación laboral, así como las que se interpongan contra entidades gestoras o colaboradoras que nos excedan de 6.000 euros.
Para su presentación se pueden utilizar los formularios y modelos facilitados por las oficinas judiciales.
Una vez admitido, se procederá a requerir de pago al empresario por plazo de diez días, dando traslado en su caso al FOGASA.
Si el empresario no paga ni se opone en el plazo previsto, se procederá fin al procedimiento por Decreto dando traslado al demandante para que puede presentar la correspondiente ejecución. Si se formula oposición, se dará traslado al solicitante para que en el plazo de cuatro días pueda presentar demanda que se sustanciará por los trámites ordinarios.
Modalidades procesales
Se rigen supletoriamente por las normas del procedimiento ordinario. Son las siguientes:
Clasificación profesional: Procedimiento regulado en el Artículo 137 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción social.
Proceso de conflictos colectivos: Procedimiento regulado en los artículos. 153 a 162 Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.
Reclamación económica (salarios).
Extinción del contrato por causas objetivas y otras causas de extinción. Despidos colectivos. Regulado en los artículos 120 a 124.
Procedimiento de oficio: Regulado en los artículos. 148 a 150.
Despido disciplinario Procedimiento regulado en los artículos 103-113 Ley reguladora de la Jurisdicción Social.
De la Reclamación al Estado del pago de los salarios de tramitación en juicios por despido: regulado en los artículos 116-119.
De la impugnación de convenios colectivos: procedimiento regulado en los Arts. 163 a 166.
De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas: procedimiento regulado en los Arts. 177 a 184.
De la impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación: regulado en los Arts. 173 a 175.
Materia electoral: procedimiento regulado en los arts. 127 y ss.
Movilidad geográfica y modificación sustancial de las condiciones de trabajo Procedimiento regulado en el Art. 138.
Derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente. Permisos de lactancia y reducción de la jornada por motivos familiares. Proceso regulado en el Art. 139 Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
De la seguridad social Procedimiento de la seguridad social. (Arts. 139-147 Ley 36/2011, de 10 de Octubre, reguladora de la Jurisdicción Social).
Vacaciones Procedimiento sobre las vacaciones. (Art. 125 y 126 Ley 36/2011, de 10 de Octubre reguladora de la Jurisdicción Social).
Proceso de impugnación de sanciones Proceso regulado en los Arts. 114 y 115.
El proceso ordinario viene desarrollado en el Libro II, Titulo I, Del Proceso ordinario, Capítulos I y II ( 5 secciones) en los artículos 76 al 101 de la LRJS 36/2011, comenzando con los actos preparatorios (art. 76 a 79 LRJS) y diligencias preliminares, la demanda, su admisión (art 80 a y 81 LRJS), señalamiento de la conciliación y del juicio oral (art. 82 LRJS), suspensiones de la conciliación y del juicio(art. 83 LRJS), celebración de la conciliación y del juicio (art. 84 y 85 LRJS), la prueba (art. LRJS), su documentación en el acto del juicio oral (art. 89 LRJS), los medios de prueba (art. 90 y ss. LRJS), la sentencia, diligencias finales (art. 97 a 100 LRJS) Con carácter general se sustanciarán a través de este procedimiento todas aquellas materias o pretensiones que no tengan prevista un trámite o modalidad especial.
Este procedimiento está inspirado en los principios de inmediación, oralidad, concentración y celeridad.
Las principales fases del procedimiento ordinario son las siguientes:
1. Se inicia por medio de demanda escrita, a cuyo efecto podrán utilizarse los modelos y formularios facilitados por la oficina judicial.
2. Una vez admitida la demanda, se procederá a señalar de forma sucesiva los actos de conciliación y juicio que tendrán lugar en única convocatoria, celebrándose la conciliación ante el letrado de la Administración de Justicia y el juicio ante el magistrado correspondiente.
3. Si no se alcanza la avenencia en la conciliación, se iniciará la fase de juicio donde se practicarán todas las pruebas propuestas y admitas. Se admitirán las pruebas que se formulen y puedan practicarse en el acto, respecto de los hechos sobre los que no hubiere conformidad salvo en los casos en que la materia objeto del proceso esté fuera del poder de disposición de los litigantes, siempre que aquéllas sean útiles y directamente pertinentes a lo que sea el objeto del juicio y a las alegaciones o motivos de oposición previamente formulados por las partes en el trámite de ratificación o de contestación de la demanda.
4. La sentencia deberá dictarse en el plazo de 5 días.

References: artículo 92
 artículo 93
 artículo 33
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 31
 artículo 33
 artículo 84
 resolución 
 resolución 
 artículo 101
 Artículo 137