Source: https://obsinterblog.wordpress.com/conflictos-2/agua/acueducto-independencia/
Timestamp: 2018-07-16 08:47:20+00:00

Document:
Acueducto Independencia, Sonora. | Observatorio de Instituciones Territoriales
Descripción y contexto del proyecto en disputa
El Acueducto Independencia se enmarca en el programa gubernamental Sonora Sistema Integral (Sonora Si) surgido en el año 2010 e impulsado por el gobierno estatal, consistente en la realización de diversas obras de infraestructura hidráulica, con el principal propósito de garantizar que “[…] todos los municipios de Sonora cuenten con agua potable” (Gobierno de Sonora, 2010)
El proyecto consiste en la construcción de un acueducto que va desde la Presa “Gral. Plutarco Elías Calles (El Novillo)” localizada en el Municipio de Soyopa, hacia la presa “Abelardo Rodríguez” ubicada en el municipio de Hermosillo.
Figura 1. Localización del Acueducto
Obtenida del documento de “Factibilidad ambiental del Proyecto Acueducto Independencia”
(Flores Ruiz, Septiembre, 2010)
La presa El Novillo se localiza en la Cuenca del Río Yaqui, la cual es considerada como el sistema hidrológico más importante en el estado de Sonora. De acuerdo al informe de Factibilidad ambiental realizado por la Comisión Estatal de Agua de Sonora:
Queda comprendida dentro de la Región Hidrológica RH9 Sonora Sur, la cual tiene un área de cuenca de 78,356 km2, de los cuales 74,529 km2, están en territorio nacional y 3,827 km2 en territorio estadounidense. La corriente superficial más importante es el río Yaqui que nace en el estado de Chihuahua, tiene como sus afluentes principales a los ríos Aros, Bavispe y Moctezuma, y su desemboque en el Golfo de California. El Río Yaqui drena la cuenca en una superficie de 71,452 km2 hasta la presa Álvaro Obregón [también conocida como el Oviachic] y 40,368 km2 hasta la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) que representan el 56 % del total. (Flores Ruiz, Septiembre, 2010)
Figura 2. La Cuenca del Yaqui.
Obtenido de: http://indigenouspeoplesdevelopment.com/
De acuerdo a lo anterior, la presa El Novillo constituye el segundo depósito de agua más importante de la cuenca, y por tanto una de las fuentes de agua más relevantes de la región.
Con lo que respecta a la presa “Abelardo Rodríguez”, se encuentra en el límite oriente de la Ciudad de Hermosillo en la cuenca del Río Sonora, y constituye una de las fuentes tradicionales de captación de agua para la Ciudad de Hermosillo. No obstante, diversos sucesos como la fuerte sequía que comenzó en el año de 1995 en dicha cuenca, han propiciado escasez de agua en esta presa, y por lo tanto problemas de abasto para la mencionada ciudad. (Flores Ruiz, Septiembre, 2010)
El objetivo central planteado por el gobierno de Sonora para la construcción del acueducto es el de “incrementar la disponibilidad de agua en el estado y abastecer diversos sectores de usuarios”, constituyendo esta obra un complemento y sustitución de las fuentes de captación de agua que actualmente abastecen a la Ciudad de Hermosillo.
Movilización en el ámbito legal-institucional.
Desde sus inicios, el planteamiento del Programa Sonora SI causó polémica entre los diversos sectores de la sociedad sonorense. Particularmente en el caso del Acueducto Independencia, existen posiciones encontradas, por ende diversas expectativas a partir de las cuales se han ido desenvolviendo diversos procesos judiciales.[1]
Los principales procesos judiciales promovidos en oposición al Acueducto Independencia son los siguientes:
Procesos Judiciales promovidos en oposición al proyecto “Acueducto Independencia”
Fuente: Recomendación N° 31/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
¿Qué y cómo reclaman?
¿A quién reclama?
Autoridades tradicionales de los pueblos Vicam y Potám, pertenecientes a la Tribu Yaqui
Solicitan la reivindicación de sus derechos agrarios entre los que se encuentran la restitución del 50% de las aguas de la cuenca del río Yaqui que les corresponden según el decreto presidencial de Lázaro Cárdenas de 1940, mediante una demanda ante el Quinto Tribunal Unitario Agrario de Distrito 35 del Estado de Sonora.
-Presidencia de la República-Comisión Nacional de Agua,-Gobernador Constitucional del Estado de Sonora
Agricultores del Canal Alto del Distrito de Riego de Sonora.
(Asociación de Usuarios Productores y Agrícolas de las Secciónde Riego K-105 del Canal Principal Alto del Distrito de Riego No. 041 Río Yaqui, A.C.)
Solicitan la suspensión de la licitación Licitación Pública No. 55201001-001-10 relacionada con el proyecto integral para el diseño y construcción del “Acueducto Independencia”, así como la ejecución de dicha obra; mediante una demanda de Amparo Indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Ciudad Obregón, Sonora.
– Organismo Público Descentralizado del gobierno del Estado de Sonora “Fondo de Operación de Obras Sonora Sí”,- Organismo de cuenca Noroeste de los Distritos de Riego 018 y 041 de la CONAGUA
Agricultores del Canal Bajo del Distrito de Riego del Valle del Yaqui
(Asociación de Usuarios Productores y Agrícolas de las Secciónde Riego 4-P-4 del Canal Principal Bajo del Distrito de Riego No. 041 Río Yaqui, A.C.)
Al igual que los agricultores del Canal Alto, reclaman la suspensión de la Licitación y la ejecución de los trabajos relativos al “Acueducto Independencia”; mediante una demanda de Amparo Indirecto ante el Juzgado Octavo de Distrito de Ciudad Obregón, Sonora.
A los mismos actores a quien reclaman los agricultores del Canal Alto del Río Yaqui:- “Fondo de Operación de Obras Sonora Sí”,- Organismo de cuenca Noroeste de los Distritos de Riego 018 y 041 de la CONAGUA
Autoridades tradicionales del Pueblo de Vicam, perteneciente a la Tribu Yaqui.
Solicitan que se cancele la Autorización en materia de impacto ambiental para la construcción del Acueducto Independencia, emitida el 23 de febrero de 2011; mediante una demanda de Amparo Indirecto ante el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región con residencia en Culiacán, Sinaloa.
-Director General de Impacto y Riesgo Ambiental, SEMARNAT (en su calidad de ordenadora).-Delegado en Sonora de la Prouraduría Federal de Protección al Ambiente. (en su calidad de ejecutora)
A este respecto, se lee en un comunicado hecho por Mario Luna, Secretario de la Tribu Yaqui en Vicam, y publicado en el portal Enlace Zapatista:La movilización de la Tribu Yaqui no ha sido homogénea, no obstante en el marco del proyecto en disputa, comenzó a partir de la expectativa de que se respetasen sus derechos agrarios, particularmente aquellos establecidos en la Resolución que titula definitivamente y precisa la ubicación de los terrenos que se restituyen a la tribu Yaqui del Estado de Sonora, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de octubre de 1940; y mediante la cual se establece que tienen el derecho de disponer “hasta la mitad del caudal que se almacenará en la presa de La Angostura, para fines de riego de sus propias tierras” (Diario Oficial de la Federación, 1940).
“El Río Yaqui, que nace en la sierra Madre Occidental en Chihuahua y se alimenta con numerosos arroyos que se forman en la parte baja de la Sierra, atraviesa el valle para desembocar en el Golfo de California a la mitad del territorio yaqui. Hasta 1950, antes de la construcción de las grandes presas “El Oviachic” y “El Novillo”, las aguas del río se desbordaban en verano e invierno, regaban y fertilizaban las tierras de cultivo a lo largo de su cauce, permitiendo el desarrollo de la agricultura y la ganadería, actividades económicas fundamentales en nuestra tribu desde siempre. Actualmente el cauce se encuentra seco ya que sus aguas han sido represadas para alimentar el amplio sistema de irrigación del valle del yaqui, que debería sumar al menos 50,000 hectáreas de tierras aptas al cultivo en el territorio de nuestra tribu para satisfacer las necesidades de sobrevivencia de nuestra comunidad indígena y el territorio.” (Luna, 2011)
Posteriormente, conforme fue avanzando la ejecución del proyecto, la Tribu Yaqui también puso de manifiesto y se movilizó en torno a la expectativa de que se respetará su derecho de audiencia y al debido proceso, en el marco de su condición como pueblo indígena. Esto se derivó de dos hechos: uno, que durante el proceso judicial en materia agraria, la parte demandada argumentó la falta de acreditación legal de los quejosos como representantes de la comunidad Yaqui, poniendo en duda su interés legítimo; y dos, que no se les tomo en cuenta en el proceso de resolución en materia de impacto ambiental.
Con lo que respecta a los agroproductores del sur de Sonora pertenecientes al Distrito de Riego 041 del Valle del Yaqui, comenzaron a movilizarse judicialmente contra el acueducto porque consideran que la operación de este afectará los volúmenes de agua con los que cuentan para llevar a cabo sus actividades agrícolas.
Las resoluciones de cada proceso se resumen a continuación:
Resolución y efectos de los procesos judiciales en torno al proyecto “Acueducto Independencia”
Fuente: Recomendación N° 31/2012 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Sentencia del Amparo en revisión 631/2012, SCJN.
¿Qué paso después de la resolución?
Se dictó una medida precautoria para que se mantuvieran las cosas en el estado que guardaban con relación al bien agrario controvertido y no se afectara el 50 por ciento de los volúmenes de agua almacenados en la presa “La Angostura”, así como de aquellos captados en la presa Plutarco Elías Calles conocida como “El Novillo”; en dicho expediente se señaló como terceros interesados a las secciones de riego que constituyen el Distrito de Riego del Río Yaqui, el cual hasta el 7 de mayo del presente año se encontraba en trámite.
-Florencio Díaz Armenta, delegado de la CONAGUA declaró que lo único que no podía hacerse por la resolución emitida por el Tribunal Agrario serán los trámites para los derechos de agua. Agregó que EL Acueducto “difícilmente podría paralizarse” porque ya se habían hecho trámites ante el gobierno estatal sobre derecho de agua por 52 millones de metros cúbicos. (Moreno, 2012, p. 17)
No se otorga el amparo. Se niega la suspensión solicitada
Este amparo se vuelve acumulado del proceso 3.
Se otorga el amparo. Se ordena la suspensión de la licitación y la ejecución de la obra.
-La autoridad no cumple con la suspensión ordenada, por lo que los agroproductores promueven un incidente de desacato, el cual se declara procedente el 14 de marzo del 2011.- El 3 de octubre de 2011, el Juzgado Octavo de Distrito autoriza el auxilio de la fuerza pública para detener la ejecución de la obra, ordenando al Juzgado Décimo de Distrito radicado en Hermosillo dar cumplimiento a esta medida.-El 7 de diciembre de 2011 se realiza otra inspección judicial, mediante la cual se constata que los trabajos de ejecución de la obra siguen en curso, por lo que el 27 de febrero de 2012, el Juez Octavo de Distrito dicta un acuerdo dirigido a las diversas compañías participantes en la obra a que se abstuvieran de continuarla, en tanto que hubiese una suspensión legal y material.
Se otorga el amparo. Se ordena al Dir. Gral. De Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental, a fin de que se otorgue a la Tribu Yaqui la garantía de audiencia correspondiente.
-El 28 de mayo de 2012 el Director de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT interpone un recurso de revisión en torno al amparo.-El 6 de agosto de 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerce su facultad de atraer los recursos de revisión promovidos contra la resolución de este amparo.- El 17 de octubre del 2012 la Suprema Corte de Justicia admite la revisión del amparo bajo el expediente 631/2012 a cargo de la Primera Sala a cargo del Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Como se puede ver, la Suprema Corte de Justicia se involucró mediante la revisión del amparo otorgado al pueblo de Vicam (proceso número 4 de los cuadros 1 y 2), resolviendo el 8 de mayo del 2013 la ratificación del amparo en función a que “la operación del citado proyecto sí puede afectar a la referida comunidad, principalmente en relación con los derechos de disposición de agua de la presa La Angostura” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mayo 2013). En dicha resolución se argumentó la necesidad de no sólo poner el proyecto a disposición y consulta pública, sino que también este proceso debe adecuarse a las condiciones políticas propias de la comunidad indígena Yaqui. Asimismo, se encomienda a las autoridades competentes el ponderar los intereses sociales tanto de los afectados como de los beneficiados para tomar las acciones necesarias para “resarcir o aminorar las eventuales afectaciones que deriven de la operatividad del proyecto sobre la cuenca a manera de garantizar la subsistencia de la comunidad a la que aquí se concede el amparo a fin de que sea escuchada para efectos de la operación del Acueducto” (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mayo 2013)
Posteriormente, el 7 de agosto del 2013 y a petición del Delegado de la PROFEPA en Sonora y el Director General de Impacto y Riesgo Ambiental de la SEMARNAT, se hizo una aclaración de la anterior sentencia, resultando en los siguientes puntos:
1. La autoridad responsable deberá dejar insubsistente la resolución en materia de Impacto Ambiental emitida el veintitrés de febrero de dos mil once, dentro del procedimiento S.G.P.A.-DGIPA.,DG1633/11.
2. A la mayor brevedad posible, deberá desahogar la consulta a la Comunidad Yaqui, en los términos fijados por la Primera Sala, independientemente de la etapa en que se encuentre la obra.
3. En dicha consulta, deberá recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de alguna posible afectación a los derechos de la comunidad indígena.
4. Una vez concluida la consulta, y en caso de que se demuestre alguna afectación a los derechos de la comunidad indígena, la autoridad deberá tomar acciones que resulten adecuadas, conforme a su competencia, para ponderar los intereses en juego, quedando en aptitud de tomar las medidas necesarias, en el ámbito de sus atribuciones, para resarcir o aminorar las afectaciones que incidan en la subsistencia de la comunidad quejosa por la operación del “Acueducto Independencia”, pudiendo llegar, en caso necesario, a determinar la suspensión de la operación del mismo.
5. Llevado a cabo lo anterior, la autoridad debe emitir la resolución de Impacto Ambiental correspondiente, en la que se pronuncie sobre la existencia o no de una afectación a los derechos de disposición de agua de la Comunidad Yaqui; y
6. Aunque el efecto del juicio de amparo no es que de inmediato se suspenda la operación del “Acueducto Independencia”, la autoridad responsable deberá hacerlo en cualquier momento, aun cuando no esté concluido el procedimiento de consulta, en caso de que advierta que dicha operación llegue a causar un daño irreparable a la Comunidad Yaqui. (Suprema Corte de Justicia de la Nación, Agosto 2013)
Por otra parte, se presentaron 3 controversias constitucionales las cuales se detallan a continuación
Controversias Constitucionales derivadas del Acueducto Independencia
Fuente: http://canaljudicial.wordpress.com/2013/07/05/precisiones-de-la-scjn-sobre-acueducto-independencia/
Postura frente al proyecto
Municipio Ignacio Río Muerto, Sonora.
1) En contra del Acueducto.2)Solicitan la suspensión de:* La resolución en materia de impacto ambiental que autorizó de manera condicionada la construcción y operación del acueducto.
* Los títulos de asignación del volumen de agua para la operación del acueducto.
* Cualquier procedimiento administrativo tendiente a resolver la autorización de la construcción y operación del acueducto. Y,
* El proceso de licitación y asignación de la obra a un grupo de empresas.
-Poder Ejecutivo Federal.-Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El 29 de Octubre de 2012 se niega la controversia constitucional. Se negó la solicitud de suspensión debido a que con el material probatorio ofrecido por el municipio, no se advirtió, en ese momento, una afectación por la construcción del acueducto, pues el municipio se encuentra a más de 300 kilómetros, y por lo que hace a la operación, tomando en cuenta el mismo material probatorio, se consideró que una eventual concesión de la suspensión dañaría a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que obtuviera el promovente, pues no demostró una afectación real y directa, haciendo énfasis que es una medida cautelar y que la afectación al municipio sería un aspecto propio del estudio del fondo de la sentencia.
Lo mismo que la controversia presentada por el Municipio de San Ignacio Río Muerto.
-Poder Ejecutivo Federal.-Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. El 10 de diciembre del 2012 se desecha controversia constitucional. Se negó la solicitud de suspensión debido a que con el material probatorio ofrecido por el municipio, no se advirtió, en ese momento, una afectación por la construcción del acueducto, pues el municipio se encuentra a más de 300 kilómetros, y por lo que hace a la operación, tomando en cuenta el mismo material probatorio, se consideró que una eventual concesión de la suspensión dañaría a la sociedad en proporción mayor a los beneficios que obtuviera el promovente, pues no demostró una afectación real y directa, haciendo énfasis que es una medida cautelar y que la afectación al municipio sería un aspecto propio del estudio del fondo de la sentencia.
Municipio de Hermosillo, Sonora.
-A favor del Acueducto-Solicitan la suspensión de:* Cualquier acto administrativo o procedimiento tendente a paralizar, suspender o interrumpir el flujo de agua que transita por el acueducto independencia. -Poder Ejecutivo Federal. En trámite. Pero, se concede la suspensión para que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban y no se interrumpa el suministro de agua, con la salvedad que esta medida no surtiría efectos si los actos de interrupción derivaban de un mandato judicial de la autoridad federal competente:
Además de los procesos aquí expuestos, hubo otras instancias involucradas en el conflicto. Destaca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el 9 de agosto de 2012 emitió la recomendación 37/2012, dirigida al gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías y al Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada. Dicho documento se pronuncia en tres sentidos: a) el desacato a la sentencia de marzo de 2011(Proceso 3 de los Cuadros 1 y 2) que ordena la suspensión de los trabajos del Acueducto, b) la falta de implementación de políticas públicas por parte del gobierno de sonora para evitar un conflicto social en torno a la escasez y abastecimiento del agua en el Estado, y c) la violación de los derecho de consulta del pueblo Yaqui con respecto a la ejecución del Acueducto (Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2012, numeral 65). Para el Estado de Sonora, la recomendación enfatiza la obligación del gobierno de garantizar a sus habitantes el cumplimiento del derecho humano al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico y el acatamiento de las mandamientos judiciales impuestos; mientras que para el Secretario de Medio Ambiente, además de considerar el derecho al agua, se le sugiere garantizar los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y la implementación de medidas para que se realicen consultas a la población afectada dentro del proceso de manifestación de impacto ambiental.
La movilización social frente al proyecto del Acueducto Independencia puede ser entendida a partir dos cuestiones: la distribución del agua y el respeto de la legalidad.
Con respecto al problema del agua, los opositores al proyecto consideran que la ejecución del acueducto afectará el acceso y la cantidad de agua que reciben, mientras que los que están a favor, consideran que dicho proyecto es necesario para paliar la escasez de agua que ha padecido la Ciudad de Hermosillo en la última década.
Estas dos posturas pueden matizarse a partir de los actores y el contexto en el que se movilizan. De manera general, los principales opositores al proyecto son la Tribu Yaqui y los agroproductores del sur del Estado de Sonora (DR-041), mientras que, entre los defensores del proyecto destacan “empresarios, legisladores locales y federales, miembros del cabildo de Hermosillo, pequeños propietarios, colonos y un líder de trabajadores agrícolas de la Costa de Hermosillo” (Moreno, 2012, p. 10).
Las principales formas de oposición frente al acueducto son la realización de marchas, alianzas entre diversos sectores afectados (ciudadanos, agricultores del sur de Sonora y miembros de la Tribu Yaqui), negociaciones y presentación de quejas en instancias gubernamentales, y la más radical la toma de la Carretera Federal número 15 Nogales-Distrito Federal.
Mapa del bloqueo de la Carretera Federal 15 Nogales-D.F.
Obtenido de Periódico Excelsiór del 14 de julio del 2013
Con respecto a las alianzas realizadas, en Mayo de 2010 se hace un pacto entre el Movimiento Ciudadano por el Agua, sectores productores del sur de Sonora y miembros de la Tribu Yaqui denominado el “Pacto del Río Yaqui”, con el propósito de evitar la privatización del agua de la cuenca, y se acuerda que “los yaquis harán una guardia civil permanente para resguardar que las aguas sirvan a su propósito original: producir alimentos” (Moreno, 2012, p. 7). Estos tres grupos constituyen los principales actores que se movilizan en contra del Acueducto Independencia.
La Tribu Yaqui, como ya se mencionó, empieza su movilización contra el acueducto bajo el argumento de la reivindicación de sus derechos agrarios. No obstante, dado a que existe una lucha previa por esta reivindicación, la movilización por el Acueducto genera división entre diversos miembros de la Tribu Yaqui. Un ejemplo de esto, son las posturas frente a la toma de la carretera. La comunidad de Vicam es una de las principales promotoras del bloqueo como medio de presión para el cumplimiento de acuerdos hechos con el gobierno, pugnando principalmente que se detenga la extracción de agua por medio del acueducto, acción que consideran un robo; mientras que por otro lado, existen declaraciones por parte de otros miembros de los 8 pueblos de la tribu Yaqui que se oponen y deslindan de la toma de la carretera, argumentando que al usar su nombre se está desvirtuando “la verdadera esencia de la defensa de los derechos de la Tribu Yaqui sobre agua y territorio” (Diario del Yaqui, 2013), misma que trasciende a la oposición contra el Acueducto Independencia y que reside en la lucha por su territorio, agua y desarrollo. (Comisión Nacional de los Derechos Indígenas, 2012).
Con respecto a las negociaciones con instancias gubernamentales, los miembros de la comunidad de Vicam, pertenecientes a la Tribu Yaqui, han firmado algunos acuerdos. En Diciembre de 2013, se firmó el “Acuerdo Vicam” hecho con el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, mediante el cual éste último se compromete a “gestionar audiencias ante instancias federales para que la tribu solicite la detención del acueducto”, mientras que los yaquis se comprometen a flexibilizar el bloque de la carretera federal 15, permitiendo el tránsito de mercancías. (Beyliss, 2013).
Posteriormente, en enero del 2014, miembros de las comunidades de Vicam, Cocorit, Pótam, Bacúm, Belem, Huirivis, Torim y Rarúm, firmaron un convenio de coordinación con el gobierno federal y estatal para instalar una Mesa de negociación mediada por la Secretaria de Gobernación con el propósito de llegar a acuerdo para la resolución del conflicto en torno al Acueducto. Los puntos tratados en dicho documento son:
El reconocimiento de la necesidad de contar con suficiente agua para satisfacer las necesidades que tienen los habitantes tanto del sur como del norte de Sonora
Los rezagos históricos en materia de desarrollo que ha padecido la Tribu Yaqui.
El plazo para la realización de la consulta a la Tribu Yaqui es de tres meses a partir del 21 de enero del 2014, aunque esta fecha está sujeta a cambio por los usos y costumbres de la Tribu.
La entrega de la obra a CONAGUA para su operación, con la responsabilidad de garantizar que únicamente se extraerá agua de la presa El Novillo para atender “necesidades reales y de emergencia de la Ciudad de Hermosillo”, usando el agua para el consumo humano. A cambio del cumplimiento de lo anterior, se levantará el bloqueo de la carretera internacional México-Nogales.
La elaboración de un Convenio de Operación con la CONAGUA que defina:
a) Forma en el manejo de control y operación del Acueducto por parte de la CONAGUA
b) Volúmenes mínimos de abastecimiento para elconsumo humano
c) Forma y volúmenes de abastecimiento de agua para la Tribu yaqui
d) Forma de participación en la operación y supervisión del abastecimiento de los volúmenes autorizados entre los firmantes de este convenio.
e) Forma de supervisión y participación de los distritos de riego e integrantes designados a expreso por la Tribu Yaqui para el cumplimiento correcto de la Cuenca del Río Yaqui.
El análisis de otras alternativas hídricas para el Estado de Sonora que no generen conflictos y la exigencia de que se respeten las resoluciones judiciales emitidas.
Establecimiento de Mesas Técnicas con las diferentes Secretarías de Estado para la implementación de proyectos que impulsen y apoyen el desarrollo de la Etnia Yaqui. Asimismo, se acuerda la evaluación de los daños a la tribu Yaqui derivados de la extracción de agua de “El Novillo” para su respectiva indemnización. (Secretaría de Gobernación, 2014)
En cuanto a los agricultores del sur de Sonora, la oposición se da principalmente por aquellos pertenecientes al Distrito de Riego 041, en función de sus propios intereses en mantener los volúmenes de agua que reciben mediante el Canal Principal para la consecución de sus actividades agrícolas. Su movilización se da en un principio en el ámbito institucional, pues estuvieron presentes en diversos eventos organizados por el gobierno de Sonora para el análisis de la viabilidad del Acueducto (Marquesina Política, 2010), pero posteriormente, con su adhesión al Movimiento Ciudadano por el Agua, su movilización también ha residido en el ámbito público mediante manifestaciones y apoyo al mencionado bloqueo carretero.
Finalmente, el Movimiento Ciudadano por el Agua (también conocido como “No al Novillo”), surgido en Ciudad Obregón en marzo del 2010, se opone directamente al proyecto del Acueducto Independencia, abogando principalmente por el uso de alternativas para el abastecimiento de agua en Hermosillo, como una planta desalinizadora y el Plan Hidraúlico del Noroeste (Moreno, 2012, p. 5). Su movilización ha sido esencial para la oposición, pues son los principales impulsores de las manifestaciones públicas que se han hecho en contra del Acueducto.
Por otro lado, la movilización a favor del Acueducto se da dentro del ámbito público y político. Publicamente, se realizan manifestaciones de apoyo[1] y desplegados hechos en medios de comunicación[2]; mientras que en el ámbito político se llevan a cabo eventos de proselitismo político a favor del acueducto (estudiantes de educación media y superior que van a las obras a constatar su avance, por ejemplo), reuniones con instancias gubernamentales, presencia de simpatizantes del proyecto en eventos clave para (como la Reunión Pública de Información hecha por la SEMARNAT con relación a la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental del Acueducto), por mecionar algunos.
Entre los actores a favor, se encuentran organismos empresariales (como COPARMEX,CANACINTRA, CANACO, CANADEVI), asociaciones de maquiladoras y hoteles, cámaras de restaurantes y comercio en pequeño, uniones de empresarios, la Asociación de Organismos Agricultores del Norte de Sonora, la Asociación de Acuicultores Privados, representantes del consorcio ganador de la licitación para la construcción del acueducto, por mencionar algunos. (Moreno, 2012, p. 35)
Los principales argumentos a favor del Acueducto residen en que la construcción de esta infraestructura beneficiará a todos los Sonorenses, y no sólo a un sector en particular. En un desplegado hecho por diversos organismos empresariales, se refieren al proyecto como <<“una solución de fondo” [que] “trasciende intereses individuales o regionales, soluciones temporales y parciales” y “porque toma en cuenta todos los proyectos que se han trazado a lo largo del tiempo en el Estado, y que nunca se han concretado por temores políticos”>> (Moreno, 2012, p. 36)
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