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Timestamp: 2020-05-30 11:43:57+00:00

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﻿ SENTENCIA SU-391 DE JULIO 27 DE 2016 UNIFICACION
SENTENCIA SU-391 DE 27 DE JULIO DE 2016
CONTENIDO:TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. SE PRECISA QUE LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y LA DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD SON FUNCIONES DELIMITADAS DIRECTAMENTE POR LA CONSTITUCIÓN, LA CUAL DETERMINÓ EXPRESAMENTE LOS ÓRGANOS QUE DE MANERA EXCLUSIVA TIENEN COMPETENCIA PARA CONOCER DE ELLAS. ESA ASIGNACIÓN EXPRESA DE FUNCIONES (EN LOS ARTÍCULOS 237 NUMERAL 3 Y 241 DE LA CONSTITUCIÓN) LES DA CARÁCTER DE CIERRE EN MATERIA CONSTITUCIONAL, LO CUAL DEBE SER TENIDO EN CUENTA PARA INTERPRETAR EL ALCANCE DE LA REGULACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 86. COMO CONCLUSIÓN, SE CONSIDERA QUE ES IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y, SE AGREGA EN ESTA OPORTUNIDAD, CONTRA DECISIONES DEL CONSEJO DE ESTADO QUE RESUELVEN ACCIONES DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD. ESTA SERÍA ENTONCES UNA CAUSAL ADICIONAL DE IMPROCEDENCIA QUE COMPLEMENTARÍA LOS REQUISITOS GENERALES DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES ESTABLECIDOS POR LA JURISPRUDENCIA A PARTIR DE LA SENTENCIA C-590 DE 2005, DE ACUERDO CON LA CUAL NO PROCEDE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL NI CONTRA LAS DEL CONSEJO DE ESTADO POR NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, SENTENCIA DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, ACCION DE NULIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD
Sentencia SU-391 de julio 27 de 2016
Ref.: Expediente T-5.429.296
Bogotá D.C., veintisiete de julio de dos mil dieciséis.
1. El 5 de mayo de 2015, el señor William Giraldo Giraldo, actuando por medio de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Presidente de la República y el Congreso de la República, por considerar que la negativa del primero a promulgar el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara y la decisión del segundo de reunirse en sesiones extraordinarias para estudiar las objeciones gubernamentales formuladas sobre él y de aprobar dichas objeciones, resultaron en una vulneración de sus derechos “a la igualdad, al debido proceso, al ejercicio de funciones públicas y a la legalidad”(1).
2. El 17 de marzo de 2009, el señor William Giraldo Giraldo fue elegido por la Sala Plena del Consejo de Estado para el cargo de magistrado de la Sección Cuarta de esa corporación(2). Para ese momento, la edad del señor Giraldo Giraldo era de 61 años(3). Tomó posesión del cargo el 4 de mayo de 2009(4).
3. El 12 de enero de 2012, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura publicó el acuerdo PSAA12-9137, modificado por el acuerdo PSAA12-9229 del 6 de febrero de 2012, que tenía como propósito proveer determinados cargos, entre ellos el ocupado por el señor William Giraldo Giraldo como magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado(5). Estos acuerdos fueron expedidos en atención a que el señor Giraldo Giraldo había cumplido la edad de retiro forzoso, por lo que debía ser reemplazado en su cargo.
4. El señor William Giraldo Giraldo interpuso acción de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, por considerar que esta institución al expedir los acuerdos PSAA12-9137 del 12 de enero de 2012 y PSAA12-9229 del 6 de febrero de 2012 había desconocido sus derechos fundamentales. Específicamente, argumentó que le había desconocido su derecho a la favorabilidad, en virtud del cual “hasta cuando se fije la edad de retiro forzoso se debe entender que los magistrados del Consejo de Estado, por ser nombrados por periodos individuales, deben continuar en su cargo, hasta tanto concluya el periodo para el que fueron elegidos”(6). Igualmente, señaló que se le había desconocido su derecho a la igualdad, pues “como es de pleno conocimiento, ni para la Corte Constitucional ni para el Consejo Superior de la Judicatura opera el retiro forzoso a los 65 años”(7).
5. El 14 de febrero de 2013, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Jurisdiccional Disciplinaria decidió la acción de tutela presentada por el señor William Giraldo Giraldo, denegando las pretensiones planteadas en ella(8). Como fundamento de su decisión, señaló el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Jurisdiccional Disciplinaria lo siguiente:
“Considera la Sala que la aplicación de la edad de retiro forzoso como causal de desvinculación del servicio de los magistrados de las Altas Cortes no contraviene el derecho fundamental a la igualdad, ni ninguna otra garantía de carácter iusfundamental, puesto que se trata de una consagración prevista expresamente en la Constitución, y como tal, atiende principios de eficiencia de la función pública, previendo la posibilidad de que acceder a la función pública por parte de quienes reúnen las condiciones para de esta forma hacer efectivo el relevo generacional e impedir la perpetuidad de los cargos públicos”(9).
6. Al resolver el recurso de impugnación al fallo mencionado en el hecho anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la decisión(10). El expediente fue enviado a la Corte Constitucional para eventual revisión, la cual mediante auto de la Sala de Selección Número Seis de fecha 28 de junio de 2013 resolvió no seleccionarlo(11).
7. El 20 de febrero de 2013, la Sala Plena del Consejo de Estado expidió una “Declaración de principios”, en virtud de la cual, “entre tanto el legislador se ocupe para precisar en específico la edad de retiro forzoso para los Magistrados de las Altas Cortes”, decidió que se entenderá que esta se configura a los 65 años, según lo dispuesto en el Decreto 1660 de 1978, en armonía con el artículo 16 la ley 4ª de 1992. En consecuencia, manifiesta la Declaración que “los magistrados de todas las Altas Cortes que lleguen o se encuentren en esta edad, deben hacer dejación de sus cargos”(12).
9. El 4 de agosto de 2011, fue radicado en el Senado de la República el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011, “por medio del cual se reforma la Constitución Política en asuntos relacionados con la justicia”(13). En su artículo 10, proponía modificar la edad de retiro forzoso de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, fijándola en setenta (70) años.
10. El 20 de junio de 2012, luego del trámite de ocho debates, las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes aprobaron el informe de conciliación del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara(14). El artículo 15 del texto conciliado de este proyecto fijaba en setenta (70) años la edad de retiro forzoso de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, e igualmente ampliaba su periodo a 12 años.
11. Ese mismo día, el Presidente del Senado de la República envió al Presidente de la República el texto aprobado por ambas plenarias del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, con el fin de que procediera a su promulgación(15).
12. El Presidente de la República no realizó la promulgación del mencionado acto legislativo. En su lugar, el 25 de junio de 2012 formuló objeciones a dicho acto, argumentando que “en el trámite de sus disposiciones y en el contenido de las mismas se observan serias deficiencias jurídicas y de conveniencia que atentan gravemente contra el orden constitucional y la seguridad jurídica de los colombianos”(16).
13. Como consecuencia de lo anterior, ese mismo día el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1351 de 2012, mediante el cual se convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias los días 27 y 28 de junio, exclusivamente para considerar las objeciones gubernamentales al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara.
14. El día 28 de junio de 2012, las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes consideraron las objeciones presidenciales al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011, para lo cual nombraron una subcomisión accidental encargada de estudiarlas. Dicha subcomisión propuso lo siguiente: “Admitir la objeción de inconveniencia general que presentó el Gobierno Nacional al proyecto de Acto Legislativo número 07 de 2011 Senado, 143 de 2011 Cámara […] y en consecuencia votar afirmativamente la objeción integral y su consecuente archivo definitivo e inmediato”(17). Las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes votaron afirmativamente esta proposición(18).
15. El archivo del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara fue demandado ante la Corte Constitucional mediante dos acciones de inconstitucionalidad (exps. D-9203 y D-9213). Al estudiar estas acciones, mediante auto del veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013) la Corte Constitucional decidió rechazar la demanda, argumentando que se dirigía contra un acto que en el momento de la decisión no producía efectos jurídicos ni tenía siquiera la potencialidad de hacerlo. La falta de efectos del acto demandado se explicaba, según la Corte, por el hecho de haber sido archivado por el Congreso luego de que el Presidente hubiera presentado objeciones sobre su contenido. Señaló al respecto la Corte:
“Luego de examinar los elementos obrantes en el proceso, y sobre todo las pruebas recaudadas por el magistrado sustanciador, la Sala Plena está convencida de que el proyecto de acto legislativo demandado no tiene vocación de producir efectos. Primero, el Congreso de la República que es el único organismo competente para hacer los actos legislativos decidió archivarlo. Segundo, lo hizo así porque el Presidente de la República presentó ‘objeciones’ al citado proyecto. El proyecto de acto legislativo fue entonces archivado, y en criterio de la Corte Constitucional no tiene siquiera la potencialidad de producir efectos jurídicos en el futuro”(19).
16. Contra el Decreto 1351 de 2012 fue presentada acción de nulidad por inconstitucionalidad, resuelta el 16 de septiembre de 2014 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado(20). En esta sentencia la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declaró la nulidad del Decreto 1351 de 2012, por medio del cual se convocaba a sesiones extraordinarias al Congreso de la República. Dos fueron los argumentos que tuvo en cuenta la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo como fundamento de su decisión.
a) Por un lado, consideró que las sesiones extraordinarias del Congreso de la República no pueden ser convocadas para tramitar reformas constitucionales, según lo previsto por el artículo 375 de la Constitución. En consecuencia, las deliberaciones y decisiones que el Congreso de la República tome en sesiones extraordinarias convocadas para el trámite de reformas constitucionales resultan inválidas, tal como lo establece el artículo 149 de la Constitución.
b) Por otro lado, concluyó que el Presidente de la República carece de competencia para formular objeciones a proyectos de acto legislativo, por varias razones. En primer lugar, advirtió que no existe disposición constitucional alguna que le otorgue tal facultad al Presidente, lo cual es un presupuesto indispensable para la actuación de los servidores públicos. En efecto, según el artículo 375 de la Constitución, el Presidente puede participar en la elaboración y discusión de la reforma, pero no tiene la facultad para objetarlo. En segundo lugar, la facultad del Presidente de objetar actos reformatorios de la Constitución lo haría partícipe del poder de reforma derivado, contrariando el diseño constitucional de los artículos 374 a 380. En tercer lugar, no puede equipararse el trámite de los proyectos de ley a los de acto legislativo, para aplicar por analogía las normas de aquellos a las de estos. Esto se debe a que los procedimientos legislativos de ambos son distintos, ya que en el de los proyectos de ley se exige sanción presidencial, mientras que en los de acto legislativo no. Finalmente, argumentó que la procedencia de las objeciones presidenciales supondría una concentración excesiva de poderes en el ejecutivo y un desconocimiento del Estado de Derecho, pues las objeciones a actos reformatorios de la Constitución no se encuentran sujetos a control judicial alguno.
17. Esta corporación aclaró que la nulidad del Decreto 1351 de 2012 se declaraba “con efectos hacia el futuro”(21), en atención a lo previsto en el inciso 3 del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011.
c) Acción de tutela que se revisa.
1. Fundamentos jurídicos.
20. Adicionalmente, en memorial enviado al juez de instancia en el trascurso del proceso de tutela, señaló que, de acuerdo con la sentencia T-246 de 2015, “no existe un término establecido, como regla general, para interponer la acción de tutela, ni siquiera cuando se trate de tutelas contra providencias judiciales”, y agregó que “en algunos de los casos, el término de dos (2) años se debe considerar razonable para acudir al mecanismo constitucional de la tutela”(22).
21. En cuanto a la violación de los derechos al debido proceso y al ejercicio de funciones públicas, señaló el actor que estos le fueron desconocidos por actuaciones sin fundamento legal del Presidente de la República y del Congreso de la República que derivaron en el archivo del proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, luego de surtirse el trámite de objeciones. Así, retomando lo expuesto en la sentencia de nulidad del Decreto 1351 de 2012 de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado, señaló que el Presidente de la República no tenía competencia para objetar el mencionado proyecto de reforma constitucional ni para convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para conocer de tales objeciones. También manifestó que el Congreso no tenía competencia para pronunciarse sobre las objeciones, y que en consecuencia las actuaciones del Congreso al discutir sobre tales objeciones carecen de validez.
22. El actor manifestó que las actuaciones descritas llevadas a cabo por ambos órganos resultaron en un perjuicio individual para él, ya que el Presidente de la República y el Congreso de la República, sin tener competencia para ello, impidieron la entrada en vigencia del proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, el cual en su artículo 15 fijaba en setenta (70) años la edad de retiro forzoso de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, e igualmente ampliaba su periodo a 12 años. Así, si no hubiera sido por el actuar injustificado de ambas instancias, el proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara habría sido aprobado y la ampliación de la edad de retiro forzado que él contemplaba lo habría beneficiado.
24. Con base en los hechos y en los fundamentos jurídicos expuestos, en la acción de tutela que se revisa el actor formuló once (11) pretensiones(23), dos de las cuales fueron corregidas mediante memorial(24). Las pretensiones así corregidas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
5. Que se declare que carecen de validez las sesiones plenarias extraordinarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes de los días 27 y 28 de junio de 2012, en las que se estudiaron las objeciones al proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, y en consecuencia que se declare que no producen efecto alguno las decisiones que en ellas se haya tomado.
6. Que se tenga por cumplida la promulgación del proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara a partir de los ocho días siguientes a la fecha en la que el Presidente del Congreso lo envió al Presidente de la República para su promulgación (esto es, el 20 de junio de 2012). En subsidio, que se ordene al Presidente de la República proceder con la promulgación del proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, y en caso de que el Presidente de la República no cumpla, que se ordene que la promulgación la realice el Presidente del Congreso de la República en las cuarenta y ocho horas siguientes.
25. Mediante memorial del 19 de enero de 2016, el accionante desistió de la solicitud de reintegro a su cargo de magistrado del Consejo de Estado. En reemplazo, solicitó que los salarios y prestaciones que dejó de percibir debido a su retiro del cargo le fueran pagados desde el momento en el que este se dio (20 de febrero de 2013) hasta el 8 de enero de 2017, fecha en la que cumpliría setenta (70) años, o en su defecto hasta la fecha en la que se profiera la sentencia de tutela(25).
D. Respuesta de las entidades accionadas.
1. Congreso de la República - División jurídica.
26. Johann Wolfgang Patiño, Jefe de la División Jurídica del Congreso de la República, intervino en el proceso de tutela señalando que el Congreso de la República no había desconocido derecho alguno del accionante. Por un lado, señala que la acción de tutela es improcedente, por distintas razones. Primero, porque se presenta a pesar de que existen mecanismo judiciales idóneos que le permitirían perseguir las finalidades buscadas mediante la acción de tutela, tal como lo son la acción de nulidad y restablecimiento, con el propósito de solicitar su reintegro, o la acción de cumplimiento, con el fin de solicitarle al Presidente la República la promulgación del acto legislativo (esta última, claro está, si se acepta la tesis del demandante según la cual aún puede ser promulgado el proyecto de acto legislativo). Segundo, el peticionario no señala las razones por las cuales existiría en su caso un perjuicio irremediable, que le permitiera acudir a la acción de tutela. Tercero, por cuanto la acción de tutela no está diseñada para controvertir actos generales, impersonales y abstractos, como lo sería la expedición de un acto legislativo. Reconoce que excepcionalmente puede usarse la tutela con esta finalidad, pero solo en aquel caso en el que se pruebe la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual, según se dijo, no habría sido demostrado por el accionante. Por otro lado, manifiesta que, aún si se considerara procedente la acción de tutela, al peticionario no se le han desconocido sus derechos fundamentales. Así, con relación a la presunta vulneración del derecho a la igualdad, señala que la edad de retiro de los magistrados de las Altas Cortes es un asunto debatido y ha habido pronunciamientos señalando que esta no se aplica para magistrados de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura. Además, con relación al posible desconocimiento del derecho al debido proceso, señala que las actuaciones realizadas en el trámite del proyecto de acto legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara respetaron el ordenamiento jurídico, y aún si se aceptaran las tesis del Consejo de Estado en la providencia que declaró nulo el decreto 1351 de 2012, debe tenerse en cuenta que el propio Consejo le dio efectos hacia el futuro a su decisión.
2. Presidencia de la República.
27. Martha Alicia Corssy Martínez intervino en el proceso de tutela, en representación de la Presidencia de la República, según poder conferido por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República. Señaló en primer lugar que la Presidencia de la República, pese a haber sido notificada por el juez de instancia, no tiene competencia para ejercer las funciones señaladas en las solicitudes de la acción de tutela, pues no representa legalmente a la Nación ni al Gobierno Nacional. Por lo tanto, solicitó que la Presidencia de la República fuera desvinculada del proceso de tutela. En todo caso, realizó algunas afirmaciones con relación al fondo del asunto, argumentando que ya varios pronunciamientos judiciales se habían referido al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara y añadiendo que pretender revivir una norma que no había estado vigente era un “absurdo jurídico”(26).
3. Cámara de representantes - División jurídica.
28. Solicitó que se declarara que en el caso había operado el fenómeno del hecho superado, pues el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara había sido archivado en la Cámara, lo cual había ratificado la sentencia C-524 de 2013 de la Corte Constitucional, en la que se pronunció sobre una demanda de inconstitucionalidad relacionada con el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, inhibiéndose de emitir un pronunciamiento por carencia actual de objeto. En consecuencia, la Cámara de Representantes solicitó ser excluida del trámite de la acción de tutela.
E. Respuesta de terceros intervinientes.
29. En el auto admisorio de la acción de tutela(27), se vinculó al Consejo de Estado, a la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, al Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y al magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez, quien reemplazó al señor William Giraldo Giraldo en su cargo en el Consejo de Estado.
1. Consejo de Estado, a través de su Presidente, Luis Rafael Vergara Quintero.
2. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, magistrado del Consejo de Estado.
31. Sostuvo que en el presente caso no se cumplió con el requisito de inmediatez para la procedencia de la acción de tutela, ya que “los hechos constitutivos de las presuntas vulneraciones de los derechos fundamentales ocurrieron el 25 de junio del año 2012, en lo relacionado con las objeciones presentadas por el Presidente de la República, y del [sic] 28 de ese mismo mes y año, frente a la decisión de archivar ese proyecto de acto legislativo, mientras que la acción de tutela de la referencia se radicó el 18 de marzo de 2015”(28).
F. Decisión judicial objeto de revisión.
33. En primer lugar, señaló que la acción de tutela no cumplía el requisito de inmediatez, por cuanto las actuaciones del Presidente de la República y del Congreso de la República que se identifican como lesivas de los derechos del peticionario ocurrieron en junio de 2012, razón por la cual “este debió presentar la tutela dentro de un término razonable contado a partir de las actuaciones del Congreso el 27 y el 38 de junio de 2012”(29). Agregó que “para respetar el principio de inmediatez, debió presentar el amparo de tutela a más tardar dentro de los dos años siguientes, acatando la regla general, así fuera utilizando la tutela como mecanismo transitorio de protección y no esperar a que el Consejo de Estado se pronunciara sobre la validez del decreto de convocatoria del Congreso a sesiones extraordinarias”(30). Como el accionante interpuso la tutela el cinco (5) de marzo de 2015, incumplió el principio de inmediatez.
34. En segundo lugar, agregó el juez de instancia que el Consejo de Estado había declarado la nulidad hacia futuro del Decreto 1351 de 2012, frente a lo cual “no puede el juez constitucional variar el contenido de una decisión que constituye cosa juzgada”(31).
G. Actuaciones adelantadas ante la corte constitucional y pruebas recaudadas en sede de revisión.
c. Oficiar a la Presidencia de la República para que remitiera copia de las objeciones presidenciales al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara.
B. Cuestiones previas: Procedibilidad de la acción de tutela.
38. A partir del recuento fáctico realizado en la Sección I de la presente sentencia, la Sala Plena considera necesario distinguir diferentes hechos que la acción de tutela de la referencia identifica como violatorios de los derechos fundamentales de William Giraldo Giraldo. Esto se debe a que aun cuando la tutela sostiene que la presunta violación de los derechos del peticionario fue consecuencia de las actuaciones (a su juicio ilegales) del Presidente de la República y del Congreso de la República relacionadas con el archivo del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, analizando los fundamentos jurídicos y las pretensiones del accionante puede advertirse que ella en realidad se dirige también contra dos hechos adicionales.
40. En segundo lugar, la Sala advierte que la acción de tutela también está dirigida contra la decisión del Consejo de Estado de desvincular al señor William Giraldo Giraldo como magistrado de esa entidad. En efecto, es ese hecho el que el accionante considera vulneratorio de su derecho a la igualdad (supra, párrafo 23) y la razón por la cual solicita que se reconozca tal vulneración y que se le inaplique la Declaración de Principios proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado (supra, nums. 1 y 4 del párrafo 24).
41. De hecho, es tan claro que la acción de tutela se refiere a cuestiones adicionales al archivo del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara que el juez de primera instancia decidió, para que existiera legitimación en la causa por pasiva, vincular al Consejo de Estado al proceso (supra, párrs. 29 y 30), ya que las pretensiones de la acción se refieren a actuaciones que le son imputables.
C. Configuración de la cosa juzgada.
47. La norma constitucional mencionada es desarrollada por el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que “[c]uando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes”. La Corte ha precisado que son cuatro los elementos que deben presentarse para que opere la consecuencia jurídica prevista en esta norma: identidad de hechos, identidad de partes, identidad de pretensiones y ausencia de justificación para la presentación de la nueva demanda(32).
48. La Corte Constitucional tiene una amplia facultad para estudiar todas las acciones de tutela y decidir su eventual selección (art. 241.9 de la Constitución). Al ejercer esta función, emite un pronunciamiento sobre todas las decisiones de instancia que resuelven acciones de tutela, que puede tener como efecto la selección para revisión (con el correspondiente pronunciamiento sobre el caso) o la no selección. La Corte Constitucional ha entendido que en cualquiera de los dos casos (la revisión o la no selección) se pone fin al debate constitucional al que dio origen una acción de tutela. Por lo anterior, la cosa juzgada no solo opera respecto de los pronunciamientos de la Corte en los que resuelve acciones de tutela seleccionadas, sino también tratándose de su decisión de no seleccionar. Al respecto, ha sostenido:
“[…] la decisión de la Corte Constitucional consistente en no seleccionar para revisión una sentencia de tutela tiene como efecto principal la ejecutoria formal y material de esta sentencia, con lo que opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”(33).
49. De acuerdo con lo anterior, debe considerarse improcedente la acción de tutela que se promueve para discutir asuntos idénticos a los planteados con anterioridad a través de ese mismo mecanismo. Al respecto ha dicho la Corte: “la consecuencia jurídica de la duplicidad o multiplicidad de acciones idénticas, es la improcedencia de la petición de tutela constitucional”(34).
51. En efecto, en enero de 2013 el señor William Giraldo ya había planteado en sede de tutela que se le había desconocido su derecho fundamental a la igualdad, por cuanto para él, en su calidad de magistrado del Consejo de Estado, aplicaba una edad de retiro forzoso que no estaba prevista para todos los magistrados de las Altas Cortes. Esta acción de tutela fue negada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá - Sala Jurisdiccional Disciplinaria en primera instancia (supra, párr. 5), fallo que al ser apelado fue confirmado por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (supra, párr. 6). Este proceso no fue seleccionado para revisión por la Corte Constitucional (supra, párr. 6).
53. Como pasa a mostrarse, operó el fenómeno de la cosa juzgada respecto del asunto mencionado. En primer lugar, existe identidad de partes entre la acción de tutela promovida en enero de 2013 y la presentada en esta ocasión. La presentada en 2013 tenía como partes al señor William Giraldo Giraldo y al Consejo de Estado, y esas son también las mismas en el proceso que se revisa respecto de las solicitudes relacionadas con la vulneración del derecho a la igualdad. En efecto, si bien el actor dirige la acción de tutela contra el Congreso de la República y contra el Presidente de la República, es claro que las pretensiones de declarar vulnerado el derecho a la igualdad y de solicitar la inaplicación de la Declaración de Principios sobre la edad de retiro forzoso expedida por el Consejo de Estado (nums. 1 –parcial– y 4 del párrafo 24) tratan sobre hechos imputables a esta alta corporación judicial.
57. Ahora bien, cabe mencionar que en la acción de tutela que se revisa se incluye una pretensión accesoria a la solicitud de declarar vulnerado el derecho a la igualdad, por lo que respecto de esta también debe operar la cosa juzgada(35). Esta pretensión accesoria es la de declarar la invalidez de la Declaración de Principios del Consejo de Estado relacionada con la edad de retiro forzoso para sus miembros (supra, numeral 4 del párrafo 24), razón por la cual la Corte entiende que se basa en la inconformidad del accionante por habérsele aplicado la edad de retiro forzoso de sesenta y cinco (65) años, asunto que en esta tutela se relaciona con un presunto desconocimiento del derecho a la igualdad.
58. Por lo anterior, en aplicación a lo previsto en el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, la Corte rechazará las pretensiones relacionadas con la vulneración del derecho a la igualdad y la consecuente inaplicación de la Declaración de Principios expedida por el Consejo de Estado (nums. 1 –parcial– y 4 del párr. 24).
D. Inmediatez en la presentación de la acción de tutela.
60. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela podrá interponerse “en todo momento y lugar”. La Corte Constitucional ha entendido que por esa razón no es posible establecer un término de caducidad de la acción de tutela, pues ello sería contrario al artículo citado(36). Con todo, ha aclarado que lo anterior no debe entenderse como una facultad para presentar la acción de tutela en cualquier momento, ya que ello sería contrario a la seguridad jurídica y desnaturalizaría la acción, concebida como un remedio de aplicación urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados(37). Esta finalidad de la acción de tutela está prevista en el mismo artículo 86 de la Constitución, que señala que esta tiene por objeto “la protección inmediata” de los derechos alegados.
61. Por lo anterior, a partir de una ponderación entre la prohibición de caducidad y la naturaleza de la acción, se ha entendido que la tutela debe presentarse en un término razonable, pues de lo contrario podrá declararse improcedente(38). No existen reglas estrictas e inflexibles para la determinación de la razonabilidad del plazo, sino que es al juez de tutela a quien le corresponde evaluar, a la luz de las circunstancias de cada caso concreto, lo que constituye un término razonable. Esto implica que la acción de tutela no puede ser rechazada con fundamento en el paso del tiempo, sino que debe el juez estudiar las circunstancias con el fin de analizar la razonabilidad del término para interponerla(39).
i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve. A modo enunciativo, la jurisprudencia ha señalado que tal exigencia podría ser desproporcionada cuando el peticionario se encuentre en “estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad [o] incapacidad física”(40).
ii) El momento en el que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a los derechos fundamentales(41). En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en cuenta el tiempo por el que esta se prolongó.
iii) La naturaleza de la vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados(42). De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales que alega el peticionario.
iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales. Al respecto, ha sostenido que “el requisito de inmediatez tiene una relevancia particular en los casos de tutela contra providencias judiciales, de manera que la verificación de su cumplimiento debe ser aún más estricta que en otros casos, por cuanto la firmeza de las decisiones judiciales no puede mantenerse en la incertidumbre indefinidamente”(43).
v) Los efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente, pues tales terceros tienen una expectativa legítima a que se proteja su seguridad jurídica(44).
64. En primer lugar, el señor William Giraldo Giraldo argumenta que el Presidente de la República y el Congreso de la República desconocieron sus derechos fundamentales al no promulgar el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, actuación que lo habría beneficiado por cuanto en dicho proyecto se aumentaba la edad de retiro forzoso, de tal forma que si esta modificación hubiera entrado en vigencia él habría podido seguir en su cargo como magistrado del Consejo de Estado. De manera más concreta, señala que el Presidente de la República desconoció sus derechos por objetar el mencionado proyecto de acto legislativo y por convocar al Congreso de la República a sesiones extraordinarias para que las considerara. Ambas actuaciones tuvieron lugar el 25 de junio de 2012 (supra, párrs. 12 y 13). A su vez, señaló que el Congreso de la República le había desconocido sus derechos por haber votado favorablemente las objeciones presidenciales al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara, hecho que sucedió el 28 de junio de 2012 (supra, párr. 14).
E. Tutela contra providencias judiciales de nulidad por inconstitucionalidad.
70. Siendo los jueces autoridades públicas, también ellos pueden ser objeto de la acción de tutela. No obstante, la procedencia de esta acción contra decisiones judiciales ha sido considerada excepcional por la jurisprudencia constitucional, atendiendo a tres razones. Primero, por respeto al principio de seguridad jurídica (derivado del preámbulo y de los artículos 1, 2, 4 y 6 de la Constitución), el cual exige respetar la estabilidad de los fallos de los jueces. Segundo, porque las providencias judiciales están amparadas por la independencia funcional de las autoridades que las emiten (art. 228 de la Constitución). Y tercero, por cuanto los procesos ordinarios son en sí mismos escenarios de protección de los derechos de las personas(45).
71. En desarrollo de la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, la jurisprudencia constitucional ha identificado requisitos específicos que deben satisfacerse para que se analice una acción de tutela contra tales actuaciones. La jurisprudencia los ha dividido en requisitos generales de procedencia y en causales especiales de procedibilidad(46).
74. Al respecto, conviene señalar que la Corte Constitucional no ha excluido de manera categórica la procedencia de la tutela contra determinado tipo de sentencias, de lo que se concluye que en principio este mecanismo procedería para controvertir cualquier clase de pronunciamientos judiciales, incluyendo uno en el que resuelve una acción de nulidad por inconstitucionalidad. Al respecto, cabe destacar que la jurisprudencia constitucional solo ha excluido de manera expresa la procedencia de la acción de tutela contra las sentencias proferidas por la Sala Plena o las Salas de Revisión de la Corte Constitucional(47).
76. En la sentencia T-282 de 1996 la Corte consideró improcedente una acción de tutela contra una sentencia de constitucionalidad proferida por esta corporación. Sostuvo que mediante el mecanismo previsto en el artículo 86 constitucional no podía en ningún caso controvertirse una sentencia de constitucionalidad, fundándose en dos argumentos. Primero, señaló que tal tipo de sentencias tienen efectos erga omnes, por lo que encuadrarían en una de las causales de improcedencia de la acción de tutela, según la cual esta no resulta procedente “cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto” (art. 6º del D. 2591/91). Y segundo, recordó que según el artículo 243 de la Constitución los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, por lo que una vez proferidas sus decisiones son inmodificables.
77. Pasa la Corte a analizar si estos argumentos resultan también aplicables con relación a la procedencia de la acción de tutela contra sentencias del Consejo de Estado en las que se resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Por un lado, advierte la Corte que la segunda razón de improcedencia de la acción de tutela contra decisiones de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional no sería exactamente aplicable para analizar la procedencia de dicha acción frente a fallos del Consejo de Estado que resuelven acciones de nulidad por inconstitucionalidad. Esto se debe a que, según lo ha señalado la jurisprudencia(48), la cosa juzgada constitucional se predica solo de las decisiones adoptadas por la Corte Constitucional, según lo previsto en el artículo 243 constitucional. Al respecto, ha sostenido la Corte que “no es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional a pronunciamientos del tribunal supremo de lo contencioso administrativo, que carecen de la consecuencia solamente otorgada por la Constitución (art. 243, inciso 1°) a los fallos que dicte la Corte Constitucional en su ejercicio de control jurisdiccional”. La consecuencia señalada en este artículo es la prohibición de reproducir una norma que por razones de fondo haya sido declarada inconstitucional.
78. Por otro lado, advierte la Corte que el Consejo de Estado realiza control abstracto de constitucionalidad al resolver las acciones de nulidad por inconstitucionalidad, en los términos previstos en el artículo 237 numeral 2 de la Constitución. Al pronunciarse sobre estas acciones el Consejo de Estado define la compatibilidad entre un decreto y la Constitución Política, con efectos erga onmes. Por esto, como lo ha señalado la Corte previamente, en el control abstracto de constitucionalidad concurren tres elementos: una o varias normas demandadas, una o varias normas que sirven de referente constitucional y el criterio determinante de la decisión(49). El pronunciamiento del Consejo de Estado que resuelve una acción de nulidad por inconstitucionalidad es por lo tanto un acto de carácter general, impersonal y abstracto, ya que contrasta dos normas jurídicas sin atención a hechos concretos, razón por la cual, en aplicación del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela resulta improcedente para controvertirlo y no es el mecanismo pertinente para solicitar su inaplicación.
80. Al respecto, conviene recordar que la Constitución Política estableció mecanismos de control para garantizar su supremacía normativa (art. 4º de la Constitución). Tales mecanismos podrían dividirse en dos clases(50). Por un lado, existe un control concentrado de constitucionalidad, realizado de manera principal por la Corte Constitucional (art. 241 de la Constitución) y de manera residual por el Consejo de Estado (art. 237 numeral 3). Por otro lado, cualquier autoridad judicial tiene competencia para resolver acciones de tutela (art. 86 de la Constitución) y para aplicar la excepción de inconstitucionalidad (art. 4º de la Constitución)(51).
81. Este esquema promueve el acceso efectivo a la administración de justicia para solicitar el cumplimiento de la Constitución, permitiendo que todos los jueces puedan realizar control constitucional sobre casos concretos. A su vez, también persigue la igualdad y la seguridad jurídica, al prever órganos de cierre que tengan la última palabra sobre la interpretación adecuada de las normas mediante el ejercicio del control abstracto. Se trata de un esquema caracterizado por la participación ciudadana, ya que todas las personas pueden acudir a los jueces en ejercicio de la acción de tutela o pueden pedir en el marco de un proceso judicial la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad. Asimismo, el control abstracto puede ser solicitado por cualquier ciudadano, en ejercicio del derecho político previsto en el artículo 40 numeral 6, y en él también cualquier persona puede particular, en virtud de la regulación de las acciones de inconstitucionalidad(52) y de nulidad por inconstitucionalidad(53).
84. Correspondió a la Corte Constitucional en esta ocasión revisar la acción de tutela interpuesta por William Giraldo Giraldo contra el Presidente de la República y el Congreso de la República, quienes en su criterio habían desconocido sus derechos “a la igualdad, al debido proceso, al ejercicio de funciones públicas y a la legalidad”(supra, párr. 1) por las actuaciones de las dos autoridades demandadas que dieron lugar al archivo del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara. Según el accionante, los dos órganos mencionados carecían de competencia constitucional para tomar la decisión de archivar el proyecto de la manera como lo hicieron: el Presidente de la República formulando objeciones y el Congreso de la República aprobándolas. El archivo del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara perjudicó al actor porque no le permitió beneficiarse del aumento de la edad de retiro forzoso que allí se contemplaba. En efecto, dicho proyecto de reforma constitucional indicaba que la edad de retiro forzoso aumentaría de sesenta y cinco (65) años a setenta (70) años.
85. Con todo, al analizar las solicitudes planteadas en la acción de tutela, la Corte consideró que en el presente caso esta se promovía para controvertir otras dos actuaciones. Por un lado, el actor argumentó que el Consejo de Estado le había desconocido su derecho a la igualdad al exigirle una edad de retiro forzoso (sesenta y cinco (65) años) que no estaba prevista para los magistrados de la Corte Constitucional ni para los del Consejo Superior de la Judicatura. Por otro lado, el actor cuestionaba la decisión de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado mediante la cual declaró la nulidad con efectos hacia el futuro del Decreto 1351 de 2012, mediante el cual el Presidente de la República convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la República para que este considerara las objeciones al proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado - 143 de 2011 Cámara.
87. En consecuencia, la Corte considera que no es procedente ninguna de las pretensiones formuladas por medio de la acción de tutela de la referencia. Por lo tanto, teniendo en cuenta que la decisión de primera instancia decidió rechazar la acción de tutela, la Corte confirmará esta decisión pero solo en lo relacionado con la configuración de la cosa juzgada por la eventual vulneración del derecho a la igualdad del actor. Ello se debe a que, según el Decreto 2591 de 1991, el rechazo de la demanda de tutela solo procede cuando el demandante no corrige la acción (art. 17) y cuando existe cosa juzgada constitucional (art. 38). En cambio, con relación a las demás pretensiones revocará la decisión, para en su lugar declararla improcedente.
1. LEVANTAR TÉRMINOS SUSPENDIDOS, Y CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del 2 de febrero de 2016 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, que decidió rechazar la acción de tutela presentada por William Giraldo Giraldo contra el Presidente de la República y el Congreso de la República, solo en lo relacionado con el cargo por vulneración del derecho a la igualdad. Con relación a los demás cargos planteados en la acción de tutela, REVOCAR el mencionado fallo y en su lugar declarar improcedente las pretensiones que allí se formulan.
Magistrados: María Victoria Calle Correa, presidenta, impedida—Luis Guillermo Guerrero Pérez—Alejandro Linares Cantillo—Gabriel Eduardo Mendoza Martelo—Gloria Stella Ortiz Delgado—Jorge Iván Palacio Palacio, impedido—Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, ausente con excusa—Alberto Rojas Ríos, impedido—Luis Ernesto Vargas Silva.
1 Cuaderno principal, folio 1.
2 Según consta en el Acuerdo 37 de 2009 de la Sala Plena del Consejo de Estado, aportada al expediente por el accionante. Cuaderno principal, fl. 45.
3 Según consta en copia del Registro de Nacimiento y de la cédula de ciudadanía, anexadas como prueba al expediente por el señor William Giraldo Giraldo, su fecha de nacimiento es 9 de enero de 1947. Cuaderno principal, fls. 43 y 44.
4 Según consta en el acta de posesión Nº 2172 de la Presidencia de la República, anexada como prueba por el accionante. Cuaderno principal, fl. 46.
5 Así se indica en: Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C. - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Luz Helena Cristancho Acosta, proceso de tutela de radicado 2012-00343, 14 de febrero de 2013. Esta sentencia fue aportada a la Corte Constitucional por el Consejo de Estado en respuesta al auto de pruebas expedido por el Magistrado Ponente el diez (10) de mayo de 2016, en el que le solicitaba, entre otras cosas, remitir “los documentos que estén a disposición del Consejo que den cuenta del retiro del cargo del accionante”. La sentencia mencionada se encuentra en el cuaderno de pruebas, fs. 621 a 681.
6 La descripción de la acción de tutela referenciada en este numeral se basa en la sentencia que resolvió sobre ella, ya que la acción de tutela no se encuentra en el expediente. Esta sentencia es la siguiente: Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D. C. – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Luz Helena Cristancho Acosta, proceso de tutela de radicado 2012-00343, 14 de febrero de 2013. Cuaderno de pruebas, fl. 626. Igualmente, se basa en los Autos 212 de 2012 y 319 de 2013 de la Corte Constitucional, donde también se reseña esta acción de tutela. En el primer auto se declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas a partir del auto admisorio en el proceso al que dio origen la acción de tutela referenciada, a excepción de las pruebas allegadas y practicadas. En el segundo auto se deniega la nulidad del primer auto.
7 Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá D.C. – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, M.P. Luz Helena Cristancho Acosta, proceso de tutela de radicado 2012-00343, 14 de febrero de 2013. Cuaderno de pruebas, fl. 626.
9 Cuaderno de pruebas, fls. 643 y 644.
10 Este pronunciamiento se dio después de que la Corte Constitucional hubiera anulado todo el procedimiento surtido con ocasión de la acción de tutela que se reseña. En efecto, la Sala Quinta de Revisión, mediante Auto 212 de 2012: (i) declaró la nulidad de todas las actuaciones surtidas en el proceso de tutela desde el auto admisorio de la demanda y (ii) ordenó a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá que rehiciera el proceso, vinculando por el método más expedito y eficaz, en calidad de terceros con interés legítimo, a la totalidad de las partes, incluidas las 42 personas que aparecían inscritas como aspirantes a desempeñar el cargo de magistrado de la Sección Cuarta del Consejo de Estado, ocupado por el doctor William Giraldo Giraldo.
11 Así consta en el auto 319 de 2013 de la Corte Constitucional. En este auto la Corte resolvió la solicitud de nulidad presentada por el apoderado de William Giraldo Giraldo contra el auto 212 de 2012 de la Corte Constitucional.
12 Cuaderno principal, fl. 459.
13 Publicado en la Gaceta del Congreso, Nos. 566 y 609 de 2011. Este proyecto luego se acumularía con los proyectos de Acto Legislativo 9 de 2011 Senado, 11 de 2011 Senado, 12 de 20 11 Senado y 13 de 2011 Senado y se le modificaría el título, el cual quedaría así: “por medio del cual se reforman artículos de la Constitución Política con relación a la Administración de Justicia y se dictan otras disposiciones”. En adelante, para efectos de brevedad y claridad, en la presente providencia se hará referencia a esta iniciativa como “proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado – 143 de 2011 Cámara”.
14 El informe de conciliación fue publicado en la Gaceta del Congreso, nums. 380 y 383 de 2012. La aprobación por el Senado de la República del informe de conciliación del proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado – 143 de 2011 Cámara consta en la Gaceta del Congreso No. 417 de 2012, mientras que la aprobación por la Cámara de Representantes del mismo informe consta en la Gaceta del Congreso No. 631 de 2012.
15 Según consta en el Diario Oficial 48.472 del 25 de junio de 2012, aportado al expediente de pruebas. Cuaderno principal, fs. 48 a 63.
16 Diario Oficial 48.472 del 25 de junio de 2012, p. 1.
17 Gaceta del Congreso 576 y 584 de 2012, en las que consta las actas de las sesiones del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, respectivamente, del día 28 de junio de 2012.
19 Corte Constitucional, auto 074 de 2013, mediante el cual se resolvió el recurso de súplica contra el auto del veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012). En este último auto se decidió rechazar dos acciones de inconstitucionalidad contra el proyecto de Acto Legislativo 7 de 2011 Senado – 143 de 2011 Cámara.
20 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo, Consejera Ponente: María Claudia Rojas Lasso, proceso de radicado 110010324000201200220 00, 16 de septiembre de 2014. La sentencia fue incluida como prueba en la acción de tutela, pero dado que se encontraba incompleta el Magistrado Ponente le solicitó al Consejo de Estado que remitiera una copia de ella. Se encuentra en el cuaderno de pruebas, fs. 576 a 650.
21 Ibíd. Cuaderno principal, fl. 648.
22 Memorial enviado al juez de instancia en el trámite de la acción de tutela. Cuaderno principal, fl. 680.
23 Cuaderno principal, fls. 34 y 35.
24 Cuaderno principal, fl. 461.
25 Cuaderno principal, fl. 857.
26 Cuaderno principal, fl. 543.
27 Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Segunda – Subsección B, Auto admisorio en el proceso de Radicado 11001-03-15-000-2015-00718-00, 1º de julio de 2015, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Cuaderno principal, fs. 509 a 513.
28 Cuaderno principal, fl. 583.
29 Cuaderno principal, fl. 886.
30 Cuaderno principal, fs. 887 y 888.
31 Cuaderno principal, fl. 888.
32 Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2013.
33 Corte Constitucional, sentencia SU-1219 de 2001.
34 Corte Constitucional, sentencia T-327 de 2013.
35 Cabe señalar que la Corte Suprema de Justicia ha explicado que las pretensiones accesorias, también llamadas consecuenciales, son las que dependen de otra pretensión, llamada por esto principal. Además ha dicho que estas “solamente pueden alcanzar prosperidad en la medida en que de antemano la logre la pretensión autónoma”, razón por la cual “la lógica indica que la desestimación o el rechazo de esta última hace inútil el estudio de las primeras, considerando que son dos tipos distintos de pretensiones entabladas de modo paralelo pero ligadas por una relación de causalidad que impone un cierto orden de estudio”. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, Radicación 6816731890012012-00036-01, 8 de mayo de 2014, M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez.
36 Corte Constitucional, sentencia C-543 de 1992.
37 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
38 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
39 Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2015.
40 Corte Constitucional, sentencia T-158 de 2006.
41 Corte Constitucional, sentencia T-1110 de 2005.
42 Corte Constitucional, sentencia T-246 de 2015.
43 Corte Constitucional, sentencia T-594 de 2008.
44 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1999.
45 Corte Constitucional, sentencias SU-297 de 2015 y SU-198 de 2013.
46 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005.
47 Corte Constitucional, sentencia SU-627 de 2015.
48 Corte Constitucional, sentencia C-400 de 2013.
49 Corte Constitucional, sentencia C-039 de 2003.
50 Corte Constitucional, sentencias C-524 de 2013 y sentencia C-1154 de 2008.
51 Al caracterizar el diseño de los controles constitucionales previstos en la Constitución, inicialmente la Corte Constitucional sugirió que el asignado al Consejo de Estado mediante la acción de nulidad de inconstitucionalidad es un ejemplo de control difuso. Así lo hizo por ejemplo en la sentencia C-037 de 1996. Posteriormente, ha precisado que dicha competencia del Consejo de Estado es un ejemplo de control concentrado. Esto lo ha dicho por ejemplo en la sentencia C-524 de 2013. En la presente providencia la Corte reitera la caracterización hecha en la última sentencia mencionada por considerarla más precisa, ya que tiene en cuenta que la Corte Constitucional no es el único órgano al que se le asigna específica y exclusivamente una competencia de control constitucional (rasgo que define al control concentrado), sino que así también lo dispone la Constitución respecto del Consejo de Estado.
52 Artículo 7º del Decreto 2067 de 1991.
53 Artículo 184 numeral 4 literal b) de la Ley 1437 de 2011.

References: ARTÍCULO 86
 artículo 16
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 375
 artículo 149
 artículo 375
 artículo 189
 artículo 15
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 243
 artículo 243
 artículo 237
 artículo 6
 artículo 40
 Artículo 7
 Artículo 184