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Timestamp: 2020-08-06 17:04:04+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 358, de 25/06/2013
cve: DSCD-10-CO-358
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 358
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA TERESA ANGULO ROMERO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
- De la señora directora de sociolaboral de la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, Cepyme (Díaz de Terán López), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente 219/000343) ... (Página2)
- Del señor secretario general de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, Ceoe (Lacasa Aso), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente 219/000344) ... (Página2)
- Del señor presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA (Amor Acedo), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente 219/000345) ... (Página14)
- Del señor secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, UPTA (Reyna Fernández), para informar a la Comisión sobre el informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. (Número de expediente 219/000346) ... (Página14)
- Del miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones (Ruesga Benito), para que informe a la Comisión sobre esta materia. (Número de expediente 219/000347) ... (Página25)
- DE LA SEÑORA DIRECTORA DE SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CEPYME (DÍAZ DE TERÁN LÓPEZ), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 219/000343).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (LACASA ASO), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 219/000344).
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): Comenzamos la sesión, porque hay cinco comparecientes y será un poco larga. Aunque faltan algunos portavoces, supongo que se irán incorporando a lo largo de la mañana.
Continuamos con las comparecencias en relación con el informe sobre el factor de sostenibilidad. Comparecen hoy doña Teresa Díaz de Terán López, por Cepyme, y don José María Lacasa Aso, por CEOE, por un tiempo aproximado -esto es indicativo- de quince minutos cada uno. Luego tendrán la palabra los portavoces de los distintos grupos. Comenzamos con la intervención de doña Teresa Díez de Terán López, en representación de Cepyme.
La señora DIRECTORA DE SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CEPYME (Díaz de Terán López): Señor presidente de la Comisión, señorías, mis primeras palabras son de agradecimiento hacia esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo por darme la oportunidad de transmitir y de explicar, en representación de Cepyme, los análisis y reflexiones de nuestra organización sobre un área que afecta a nuestra convivencia y a nuestra economía de un modo absolutamente prioritario.
A lo largo de toda nuestra trayectoria, la Seguridad Social española y el sistema de protección social han sido objeto de prioritaria atención y de dedicación y en esta ocasión acudimos a hablar de sostenibilidad de esa protección social. Son décadas de participación en los procesos de diálogo, de negociación y de concertación mediante los acuerdos sociales en los que hemos traducido nuestra actividad y nuestro compromiso.
Antes de entrar en el informe del factor de sostenibilidad, en un plano de cuestiones generales, déjenme hacer algunas consideraciones. La Seguridad Social española es importante para Cepyme por el valor que este sistema de protección tiene como instrumento esencial de cohesión social y como instrumento estabilizador estructural y por su imprescindible papel en la vertebración de la sociedad española. Déjenme decir también que creo que es especialmente valioso el compromiso social y político que supone una observación permanente del funcionamiento del sistema, que permite introducir los elementos de corrección imprescindibles para asegurar su viabilidad. Me estoy refiriendo al valor que aporta esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo como instrumento fundamental para conseguir esa sostenibilidad del futuro del sistema de Seguridad Social. Quiero recordar brevemente que con la aprobación del Pacto de Toledo en 1996 y su desarrollo se inició un proceso de reformas sucesivas en el tiempo, que han tenido como objetivo garantizar la viabilidad y la sostenibilidad y que nos han permitido llegar hasta hoy con un sistema de Seguridad Social como el que tenemos, como el que -me atrevería a decir- disfrutamos. Los elementos determinantes del equilibrio y por tanto de la viabilidad de futuro de un sistema de protección social de reparto puro, como es el caso español, se asientan, como saben todos ustedes, en la estructura demográfica de la población protegida y en el empleo capaz de financiar las prestaciones de la población pensionista que exista en cada momento. La
viabilidad de futuro de nuestro sistema de protección social va a depender por tanto de la capacidad que debe alcanzar nuestro sistema productivo en su conjunto para generar un crecimiento económico equilibrado y sólido en el concierto de la competencia en la que estamos inevitablemente desenvolviendo nuestra actividad.
Hay dos factores que amenazan la viabilidad del sistema: uno, el desajuste de la tasa de dependencia de los pensionistas -más pensionistas, menos cotizantes activos-, como consecuencia de la tendencia demográfica -descenso en la tasa de natalidad y aumento de la esperanza de vida-, y dos, el desajuste en la contributividad del sistema, esto es, entre cotizaciones realizadas y prestaciones recibidas, que se ve acentuado por la disminución de cotizantes y carreras de cotización como consecuencia del retraso en la edad de acceso al mercado de trabajo de los jóvenes y la salida del mercado laboral de mayores de 50 años por distintas vías, todo ello en el marco de la intensa crisis. Podría ser oportuno, solo a título de ejemplo, ver qué están haciendo países de nuestro entorno socioeconómico con modelos similares al nuestro, para ver cómo van funcionando las medidas experimentadas por otros y que nos pueden resultar útiles.
Dejando este plano de enfoque muy general para acercarnos a las medidas concretas y al informe sobre el factor de sostenibilidad, voy a hacer algunas reflexiones. Hay que considerar el no hace tanto tiempo, aunque parece que sí, firmado Acuerdo social y económico para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones, suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno en fecha 2 de febrero de 2011. Este acuerdo establece el contenido de las reformas necesarias para contribuir a asegurar la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones, recogiéndose estos compromisos en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. Esta ley, conocida como de reforma de las pensiones, recoge desde nuestro punto de vista una reforma que en su día calificamos de ineludible e imprescindible para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad de nuestro modelo de pensiones y para asegurar su capacidad de adaptarse a los cambios demográficos de los próximos años. A nuestro juicio, siendo coherentes con esta firma, es necesario valorar si se puede actuar en las medidas de reforma aprobadas en este acuerdo. En este acuerdo se establecen medidas que afectan a la contributividad del sistema, como son, el incremento del periodo de contribución necesario para acceder al 100% de la pensión, el retraso progresivo de la edad de jubilación, las medidas dirigidas a establecer nuevos incentivos a la prolongación voluntaria de la vida laboral, la ampliación del periodo de cómputo para calcular la pensión de quince a veinticinco años y el llamado factor de sostenibilidad a partir de 2027, que condiciona los parámetros fundamentales del sistema de pensiones a la evolución de la esperanza de vida.
Déjenme aportar brevemente algunos datos, aunque son de sobra conocidos por todos ustedes, sobre la situación actual por la que atraviesan las cuentas de la Seguridad Social. La mayor parte de los ingresos de las cuentas de la Seguridad Social provienen de las cotizaciones sociales, en 2013 presupuestadas en casi 106.000 millones de euros; representa aproximadamente el 82% del presupuesto de ingresos. Esta previsión de ingresos por cotizaciones supone un incremento del 1,6% de cotizaciones de trabajadores ocupados y de empresas, lo que desde nuestro punto de vista resulta algo optimista, atendiendo a la situación del mercado laboral y a la tasa de desempleo. El principal gasto, las pensiones contributivas, suponen más de 106.000 millones de euros y representan algo más del 81% del presupuesto de gastos. Respecto a la evolución de afiliados ocupados en la Seguridad Social, la evolución es realmente negativa. El número de afiliados ha disminuido, pasando a poco más de 16 millones en mayo de 2013, situándose casi a niveles del año 2003, cuando había 15,5 millones de afiliados, y lejos de los más de 19 millones de 2008. Por contra, el número de pensionistas continúa aumentando. En mayo de 2013, tenemos 8.639.641 pensionistas, siendo la relación de afiliados y pensionistas del 1/89.
¿Por qué les cuento todos estos datos que ya conocen ustedes? Porque a la vista de esta situación, desde nuestro punto de vista, es necesario continuar haciendo reformas en nuestro sistema público de pensiones. Es una prioridad la actuación, pero en la resolución del problema de la adecuación de los ingresos y de los gastos tenemos que considerar todas las posibilidades y todas las consecuencias reales que pueden tener sobre las pensiones y sobre el sistema las distintas opciones que todos estamos valorando. Todo esto no puede ni debe hacerse precipitadamente. Necesitamos valorar todas las propuestas y ver todas las consecuencias. La mayor parte de las medidas contenidas en la Ley 27/2011 han entrado en vigor en enero de este año y se establece un periodo transitorio que llega hasta 2027. En este contexto hay que valorar si puede ser necesario acelerar el proceso de implantación de las medidas adoptadas y consensuadas por todos los agentes sociales en el marco de la Ley 27, reduciendo considerablemente el periodo transitorio, lo que implicaría un adelanto del impacto económico de estas
medidas en el sistema de pensiones. Otra posible actuación que se puede valorar, en su caso, gira sobre la adopción de medidas coyunturales o de contención del gasto de manera inmediata. Un ejemplo podría ser actuar sobre la revalorización de las pensiones. Otra posibilidad se debe enmarcar en la aplicación con carácter inmediato del factor de sostenibilidad tal y como ha sido definido en el informe elaborado por el comité de expertos.
El mandato legal del comité de expertos se recoge en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 5/2013, por el que se encomienda la elaboración de un informe para su remisión a la Comisión del Pacto de Toledo, en línea con el factor de sostenibilidad definido por la Ley 27/2011, que establecía que a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarían en función de la evolución de la esperanza de vida. No obstante lo anterior, el factor de sostenibilidad que se plantea en el informe del comité de expertos no está proponiendo una revisión de los parámetros como consecuencia solo de los riesgos demográficos, sino que incluye una revisión de otros para hacer frente a los riesgos que llaman económicos, introduciendo el factor de revalorización ligado a diversas variables. Esta pretensión implica el diseño de un factor con dos componentes -como dice el informe- diferenciados: el factor de equidad intergeneracional de las nuevas pensiones y el factor de actualización anual de todas las pensiones. Pero aplicación no tendría efectos inmediatos y supondría no solo la introducción de la esperanza de vida, sino una reforma en las variables del sistema de pensiones. Estas son las cuestiones que estamos valorando y sobre las que tendremos que debatir y negociar al objeto de llegar a un consenso especialmente valioso en esta materia, tal y como he mencionado al principio de mi intervención.
¿Por qué termino con este párrafo? Porque creo que es fundamental que, después de un debate sosegado en el que valoremos todas las opciones, seamos capaces entre todos de llegar a un consenso.
Creo que debo poner fin a esta intervención reiterando a sus señorías mi agradecimiento y quedando a su disposición para las cuestiones que quieran plantearme.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández García): A continuación tiene la palabra don José María Lacasa, por CEOE.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (Lacasa Aso): En primer lugar, deseo agradecer a esta Comisión la invitación cursada a CEOE para comparecer una vez más ante ustedes.
Estamos viviendo un período en el que se están sucediendo hechos relevantes en materia de pensiones, que afectan y por tanto requieren la máxima atención de toda la sociedad, siendo preciso promover y conseguir la plena coherencia entre los objetivos propios del sistema de Seguridad Social, el fomento de la creación de nuevos empleos y la dinamización de la actividad productiva. Desde que comenzó el debate en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones, como consecuencia de las predicciones de evolución demográfica y de envejecimiento de la población en los próximos años, ha quedado patente -lo quiero resaltar- el compromiso de las organizaciones empresariales con el refuerzo de nuestro sistema público de pensiones, siempre dentro de un marco de diálogo y acuerdo que permita concretar de forma consensuada las modificaciones y ajustes necesarios para dotar de una mayor fortaleza a nuestro sistema público de pensiones. En este sentido, conviene recordar que en el marco del acuerdo social y económico suscrito por los interlocutores sociales y el Gobierno en 2011 se estableció el contenido de las reformas necesarias para contribuir a asegurar la viabilidad de nuestro sistema público de pensiones, recogiéndose estos compromisos en la Ley 27/2011. El consenso de los agentes sociales ha contribuido sin duda a que los cambios paramétricos introducidos hayan sido entendidos y asumidos por la sociedad en su conjunto en cuestiones tan sensibles socialmente como la edad de jubilación, el aumento de la contributividad del sistema o la introducción de un mecanismo de ajuste automático ligado a la evolución de la esperanza de vida.
A pesar de que el nuevo modelo de sistema de pensiones público configurado por la Ley 27 sea más sostenible, la situación coyuntural de la Seguridad Social, como consecuencia de la intensidad y persistencia de la crisis económica, obliga a definir, con la participación, el diálogo y el acuerdo de todas las partes, las líneas de actuación y a acometer los cambios y ajustes precisos que atenúen los riesgos derivados de las actuales circunstancias de la economía española. La progresión de las magnitudes económicas más relevantes del sistema de Seguridad Social ratifica el impacto de la situación de crisis por la que atraviesa la economía, con la consiguiente destrucción de empresas y pérdida de empleo que, iniciada en el año 2008, continúa lastrando el crecimiento, incidiendo de forma preocupante en las cuentas
de la Seguridad Social. Los efectos de esta crisis en las cuentas se han puesto de manifiesto a partir de 2011.
En este contexto, existe una necesidad imperiosa de actuar sobre esta falta de adecuación de los ingresos a los gastos y plantear modificaciones en nuestro sistema público de pensiones, lo que constituye una prioridad inmediata, dentro de un marco de diálogo, transparente y realista, poniendo de manifiesto tanto las fortalezas como las debilidades, siendo conscientes de que resulta imprescindible llevar a cabo actuaciones concretas en la Seguridad Social sobre los gastos, dado que en la vertiente de los ingresos ya se ha realizado un esfuerzo muy importante por parte de los empresarios, que soportan la presión de los costes salariales derivados del mantenimiento de los tipos de cotización, a pesar del compromiso de rebajar un punto dichas cotizaciones. Los empresarios españoles, como ustedes saben, tenemos unas cotizaciones sociales por encima de la media de la Unión Europea. Por ello, en nuestra opinión, las actuaciones se deben dirigir fundamentalmente a la contención del gasto realizado por la Seguridad Social en su conjunto, no vinculándose únicamente a la revisión de la pensión de jubilación e iniciándose un proceso de reflexión sobre la adecuación de otras prestaciones contributivas. Además, estas medidas de actuación y racionalización deben ir dirigidas a otros ámbitos del gasto que son financiados por el sistema.
Dicho todo esto, con el fin de concretar ahora el objeto preciso de esta comparecencia, quiero señalar, en primer lugar, que CEOE considera que el Comité de expertos nombrado por el Gobierno ha elaborado un informe que supone sin duda una aportación muy interesante para el debate y determinación del factor de sostenibilidad que se debe implantar en nuestro sistema público de pensiones. Esta contribución novedosa se basa en el diseño de un factor de sostenibilidad con dos componentes diferenciados, proponiendo un factor de revisión de los parámetros como consecuencia de los riesgos demográficos, tal y como se establecía en la Ley 27/2011, y una corrección adicional de estos parámetros para hacer frente a los riesgos económicos ligados a diversas variables.
Una reflexión sobre el contenido del informe elaborado por los expertos, nos permite realizar algunas consideraciones. Como he comentado anteriormente, la reforma configurada en la Ley 27, cuya implantación ha comenzado este año, tiene un carácter global y afecta a los pilares básicos del sistema de pensiones, presuponiendo que se sentaban los fundamentos para que de forma progresiva nuestro sistema público de pensiones se adecuara a los nuevos retos tanto demográficos como económicos. Por tanto, desde el punto de vista empresarial, cualquier variación de las premisas que sustentaron esta reforma -y el factor de sostenibilidad sin duda es una de ellas- debe dar lugar necesariamente a un debate plural en el que se efectúe un análisis del conjunto de las medidas adoptadas. Igualmente, el planteamiento efectuado por el comité de expertos respecto al factor de actualización de las pensiones pone de manifiesto que resulta susceptible de valoración la aplicación de otros indicadores para la revalorización de las pensiones. Resulta evidente que ligar esa revalorización a la evolución del IPC debe cuestionarse por el coste económico que supone, ya que afecta no solo al año en que se realiza sino a los siguientes.
Por otra parte, este factor de sostenibilidad parece un mecanismo complejo. Por ello, se debe evitar tomar decisiones precipitadas, ya que la transición a un factor de sostenibilidad de esta naturaleza puede plantear muchos inconvenientes si no se explica adecuadamente. Dada la trascendencia de la cuestión, no solo sería deseable, sino indispensable un proceso de transparencia y de información clara a la sociedad. De este modo, las organizaciones empresariales consideramos que el informe elaborado por el comité de expertos es una propuesta inicial muy valiosa, que deberá ser diseñada y matizada en el contexto de la reforma de 2011, no solo analizando y evaluando las consecuencias de la aplicación de un factor de sostenibilidad de estas características, sino también examinando otras posibles vías de actuación. Desde el punto de vista empresarial, el nuevo modelo del sistema de pensiones público configurado por la Ley 27 supone sin duda un avance en su sostenibilidad y viabilidad, pero no lo suficiente, por lo que se debe profundizar en la aplicación de la mencionada reforma, tanto en el sentido de adoptar en nuestro sistema de pensiones el principio de contributividad, aumentando gradualmente los años para el cálculo de la pensión, como de proceder a la revisión del periodo de implantación de todos los cambios ya introducidos por dicha reforma en 2011, acortando el plazo de introducción.
Respecto a la primera cuestión que he mencionado, el principio de contributividad, estamos de acuerdo en que las reformas de nuestro sistema de pensiones deben ir encaminadas a obtener un sistema equilibrado, sostenible e incentivador del empleo, por lo que resulta prioritaria y fundamental la aplicación del principio de contributividad, reforzando la relación entre la contribución realizada y la prestación recibida. Desde que comenzó el debate en torno a la sostenibilidad del sistema de pensiones, como consecuencia de las
predicciones de evolución demográfica, las organizaciones empresariales hemos venido manteniendo la realización del ajuste de las contribuciones a las prestaciones futuras, siendo necesario establecer la cotización durante toda la vida laboral como base fundamental de la determinación de las prestaciones, puesto que una reforma estructural de esta magnitud dará una mayor garantía a dichas prestaciones, suponiendo unas cuentas públicas más saneadas y, de forma inmediata, significará una reducción de costes financieros para el Estado. Esto supone seguir progresando en los cambios de uno de los parámetros ya introducidos en la reforma de 2011, acentuando la adaptación de nuestro sistema de pensiones a la equidad contributiva mediante el aumento gradual de los años para el cálculo de la pensión.
Por lo que se refiere a la segunda línea de actuación que indicaba anteriormente, parece aconsejable que se evalúe la posible revisión del periodo de implantación de los ajustes de la reforma de 2011, disminuyendo el período transitorio de aplicación y acelerando su establecimiento, medida que sin duda adelantará los efectos positivos previstos sobre la viabilidad del sistema público de pensiones. También resulta imprescindible que, en paralelo, se puedan acometer actuaciones dirigidas a la contención del gasto realizado por la Seguridad Social en su conjunto, no vinculándose exclusivamente a las pensiones de jubilación, ya que el principio de racionalización debería dar lugar a reflexionar y proceder a la adecuación de otras prestaciones, poniendo en cuestión su ubicación en el ámbito contributivo. Igualmente, las actuaciones deben encaminarse a medidas de intervención en otras partidas de gastos que también son financiadas por cotizaciones de empresarios y trabajadores.
En este contexto, debemos hacer una breve referencia al informe de la reforma de las administraciones públicas presentado el viernes pasado, día 21, en el que se contempla el proceso de unificación de gestión de la Seguridad Social, que en principio debe valorarse positivamente, en cuanto que su finalidad persigue la racionalización, mejorando la eficacia y la eficiencia del sistema. Sin perjuicio de que puedan contemplarse y debatirse metidas en otros ámbitos de actuación, las organizaciones empresariales consideramos que se podrían llevar a cabo una serie de medidas que incidieran directamente en unos procedimientos más eficientes de la Seguridad Social, incrementando los mecanismos de control y seguimiento de las prestaciones. En este sentido, se podría señalar que la asunción de mayores responsabilidades por parte de las mutuas en los procesos de incapacidad temporal supondría una mejora importante en su gestión y, por tanto, una repercusión en el gasto dedicado a este subsidio, lo que implicaría un descenso de los recursos económicos asignados a su financiación. Igualmente, desde el punto de vista empresarial, resulta preciso impulsar la previsión complementaria de carácter individual, basándose en su naturaleza voluntaria, y valorarla desde la perspectiva de la complementariedad de las prestaciones de la Seguridad Social, mediante un cuadro fiscal con vocación de permanencia, que aumente su atractivo y proporcione mayor flexibilidad en la utilización de los productos, siguiendo pautas de los países de nuestro entorno. Asimismo, debe favorecerse el cobro de prestaciones en forma de renta vitalicia asegurada. Por lo que se refiere al impulso de la previsión complementaria en el ámbito de la empresa, se deben introducir aquellas reformas en el modelo actual existente que lo conviertan en atractivo para las empresas, lo que supone la realización de actuaciones no solo en el plano fiscal sino, fundamentalmente, en el análisis global de los costes sociales que estas asumen, ya que la previsión social complementaria en el ámbito empresarial debe ser contemplada como una herramienta eficaz para la política de recursos humanos de la empresa.
Una última cuestión que quiero destacar, al margen de las actuaciones directas sobre la Seguridad Social, es la economía sumergida. Con independencia de su repercusión evidente en la recaudación del Estado, la influencia directa en las cuentas de la Seguridad Social de los datos que se estiman de economía sumergida demuestran que existe una gran cantidad de trabajos que se siguen realizando al margen del circuito normalizado, lo que supone un enorme perjuicio en la recaudación de cuotas de la Seguridad Social, debiéndose adoptar medidas que permitan reconducir este tipo de actividades fraudulentas al cauce oficial. (La señora vicepresidenta, Angulo Romero, ocupa la Presidencia). La visión de las organizaciones empresariales en relación con el debate sobre los ajustes que inevitablemente deben acometerse en la Seguridad Social, es una aportación abierta al diálogo y que entendemos busca garantizar la sostenibilidad del sistema y favorecer la creación de empleo.
Finalmente, no solo es fundamental continuar revisando nuestro sistema de pensiones sino que incluso resulta todavía más importante hacerlo de forma consensuada entre las fuerzas políticas y los interlocutores sociales, llevando un mensaje claro y transparente a los ciudadanos para que sean conscientes y asuman los nuevos planteamientos, debiendo trasladarse con la suficiente antelación para que los trabajadores puedan planificar su futuro en materia de pensiones. De igual forma, el debate debe
ser breve, pues dada la situación en la que se encuentra la Seguridad Social española deben tomarse medidas con prontitud.
Termino mi comparecencia agradeciendo, por supuesto, la atención que me han prestado y quedando también a su disposición para contestar cuantas preguntas consideren oportunas.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): A continuación, pasamos al turno de intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. Comenzamos por el representante del Grupo Mixto, señor Cuadra Lasarte.
El señor CUADRA LASARTE: Sobre todo, quiero dirigirme al representante de la CEOE para hacer varias consideraciones en relación con la situación socioeconómica que se está viviendo a nivel general y con el tema de las pensiones. En las últimas décadas, en los últimos años de crisis, lo ha dicho el Instituto Nacional de Estadística, el reparto de la tarta del PIB que se ha producido entre las rentas del capital y las rentas del trabajo ha sido favorable a las rentas del capital y no solo ha sido desfavorable para las rentas del trabajo sino que además ha descendido el porcentaje de la tarta. Ha mejorado el pedazo de pastel que los empresarios se han llevado y ha empeorado la situación de millones de personas. La semana pasada aparecieron en la prensa -estos datos se pueden recoger cualquier semana- un par de noticias que me han llamado la atención y que tienen que ver con lo que antes he señalado. La primera de ellas es de Bolsas y Mercados Españoles, y en ella se hacía referencia -citando datos del Banco de España- a cómo los beneficios de las empresas no financieras durante los cinco años de la crisis habían sido superiores a los obtenidos en los cinco años anteriores. Es decir, esto de la crisis parece que es un poco relativo y hay algunas empresas a las que les está yendo decentemente. Ha señalado también esta entidad, Bolsas y Mercados Españoles, cómo la rentabilidad por dividendo en la Bolsa española está por encima de la obtenida en los mercados financieros alemán, francés y estadounidense. Repito, no parece que a las empresas cotizadas en Bolsa les esté yendo nada mal. Otro dato que también pude ver la semana pasada, de la consultora Capgemini señalaba cómo el número de grandes fortunas en el Estado español, de personas millonarias, se había incrementado en un 5,4%. Están creciendo las desigualdades en España; hay una parte que se está haciendo cada vez más rica mientras mucha gente se está haciendo cada vez más pobre. Todo esto ocurre en una situación en la que está creciendo el número de parados y de paradas, sobrepasándose los 6 millones, y está descendiendo el poder adquisitivo real de los salarios, porque estos están bajando.
Aterrizando ahora en el tema de las pensiones, que es el que más nos preocupa, es evidente también -son datos oficiales proporcionados por la Unión Europea y el Estado español- que contamos con uno de los sistemas de pensiones más bajo de Europa, en el que el porcentaje sobre el PIB se sitúa varios puntos por debajo. Hay 6.600.000 pensionistas que no alcanzan los 1.000 euros al mes, puesto que el promedio está en torno a los 800 euros, y las pensiones no contributivas no llegan a los 400 euros. Todo esto se agrava mucho más en la situación de las mujeres, que cuentan con pensiones inferiores en un 40% a estos promedios que he estado dando. A pesar de esta baja situación de partida, de pensiones paupérrimas en muchos casos y bajas en todos ellos, tan solo con la aplicación de las reformas que se han hecho hasta la fecha, la de 2011, con las congelaciones y recortes posteriores, así como con las reformas parciales que ha realizado el Gobierno del PP, se calcula que finalmente estas pensiones se verían reducidas en un 20 o en un 25%, a lo que habría que sumar lo que ahora se plantea con la aplicación del factor de sostenibilidad que, según sus proyecciones, añadiría otro 20 o 25% más. Es decir, estamos hablando de que se puede afirmar que en el futuro las pensiones se verán reducidas entre un 40 y un 50%. Pues bien, partiendo de esta situación, yo quiero hacerle varias preguntas a ver si me las puede contestar. La primera es sencilla. Si los miembros que componen la CEOE, su comité directivo, tuvieran que jubilarse con pensiones de 600, 700, 800 euros al mes, ¿les parecería que son adecuadas, justas, equitativas, dignas, suficientes? Me gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Han calculado con sus equipos técnicos en qué nivel podría situarse...
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Le ruego que vaya terminando.
El señor CUADRA LASARTE: Acelero un poco. ¿En qué cantidad de euros podría situarse lo que es una pensión mínima? En segundo lugar, si se aplicara a los empresarios un factor de sostenibilidad que en estos años redujera sus beneficios en un 50%, como pretenden hacer con las pensiones, ¿les parecería bien? En tercer lugar, usted ha hecho referencia a que el sistema de pensiones debería ser equilibrado.
¿Es equilibrado que todos ustedes cuenten con pensiones privadas, que haya banqueros que se jubilen con 88 millones de euros y que sin embargo haya pensiones de la cuantía que yo he mencionado?
Dos preguntas más y termino.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Le ruego que finalice.
El señor CUADRA LASARTE: ¿Le parece a usted bien que cuando la sostenibilidad de la banca esté en cuestión se acuda a rescatarla con cientos de miles de millones de euros y sin embargo cuando el sistema de pensiones tiene problemas se eche mano de los bolsillos de los 9 millones de pensionistas para solucionarlo?
Se han señalado en la prensa las vinculaciones directas e indirectas, presentes y pasadas, de la mayor parte de los miembros del comité de expertos con la patronal de seguros, con el BBVA, con Mapfre, etcétera, y tengo entendido que estas empresas también forma parte de la CEOE.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Agradezco la comparecencia de los dos representantes de las organizaciones empresariales. En la primera de ellas aprecio una sujeción más concreta al informe y en la segunda, el programa máximo. La CEOE nos ha presentado aquí el programa máximo, además, independientemente del tiempo y de los datos. Por ejemplo, vuelven ustedes -lo digo por mi profesión- al tema de la incapacidad temporal. ¿Es que no se han dado cuenta de que el recurso a la incapacidad temporal está disminuyendo, incluso en niveles peligrosos para la salud de los ciudadanos? ¿No se han dado cuenta todavía? Me parece que ustedes están utilizando datos totalmente anacrónicos con respecto a la situación actual. No me extraña que muchas de sus declaraciones tengan que ver con los permisos por defunción y, en este caso, con la incapacidad temporal para que quien la controle sea realmente el empresario y no un profesional en función del estado de salud de los trabajadores. Nos han presentado aquí su programa máximo.
Me ha llamado la atención una contradicción entre las dos posiciones. La primera de ellas, la de Cepyme, planteaba la necesidad de un debate sosegado; la segunda, la suya, la de la CEOE, planteaba un debate súbito; es decir, la muerte súbita, en este caso aplicada a las pensiones, utilizando un término tenístico. Ha planteado un debate ágil y súbito. ¿Han pensado lo que significa para la economía española, para la de los pensionistas, para la de las familias que viven ya del pensionista, que son muchas, y para la demanda, porque la economía española se basa en buena parte en el consumo, un nuevo mensaje de recorte permanente, en este caso un recorte a medio plazo e inmediato de las pensiones mediante el factor de sostenibilidad y el recorte de la revalorización? ¿Han pensado en eso? Creo que a veces la patronal tira piedras contra su propio tejado. A ustedes les puede el dogmatismo sobre lo que, en mi opinión, son las necesidades económicas del país.
Con respecto al estudio sobre el futuro de las pensiones, hay que decir, en primer lugar, que no se trata de un estudio sino de un mandato del Gobierno. Tengo el documento inicial previo al estudio y el Gobierno hace una comparativa europea y dice: España en el nivel máximo de los recortes europeos, y se pregunta: ¿Qué le falta a España para estar en el nivel máximo? Aplicar el factor de sostenibilidad a corto plazo y, por otra parte, acabar con el factor de revalorización. Lo que hace el informe de los expertos es dar razones a esa primera posición de Gobierno, que coincide en buena parte con el programa máximo que nos ha presentado la CEOE.
En relación con las razones para este programa máximo -parafraseando a Trotsky, el recorte permanente; en vez de la revolución permanente, el recorte permanente-, los datos que se apuntan con respecto a las perspectivas demográficas no pueden estar más equivocados. Prácticamente desde el momento en que apareció en este país la Seguridad Social llevan anunciando su fin, su crisis final, y no han acertado nunca; en esta última ocasión, como consecuencia de la incorporación de la mujer al trabajo y de la inmigración. ¿Qué pasará la próxima vez? ¿En qué se han equivocado con respecto a las proyecciones demográficas? ¿Tiene para ustedes algún sentido la desaceleración de la esperanza de vida en nuestro país o la bajada de la esperanza de vida el año pasado y en el primer semestre de 2011? ¿Tienen alguna reflexión que hacer sobre esto? No hacen ninguna; únicamente si sirve para recortar el sistema público de pensiones, mejor que mejor.
Señorías, nosotros no compartimos esa política de que después de iniciada la aplicación del recorte de pensiones de 2011 se requiera ahora un nuevo hachazo a las pensiones públicas. No lo compartimos en ningún caso por justicia social pero, sobre todo, porque esta no es una cuestión técnica, y se ha visto hoy aquí, sino que es una cuestión de clase. Esta es una evidente cuestión política en la que la patronal tiene una postura muy clara y, además, nos ha presentado su programa máximo...
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señor Llamazares, debe ir terminando.
El señor LLAMAZARES TRIGO:... y en la que los representantes de los trabajadores tenemos la posición contraria, porque consideramos que este país no tiene todavía nivel de solidaridad suficiente con sus sectores sociales; en este caso no tiene el nivel de solidaridad suficiente en materia de pensiones. La demostración es que, a pesar de que ustedes pretendan un recorte en torno a un 30 o un 40% para 2050, en estos momentos el sistema de pensiones de nuestro país gasta tres puntos menos que el del resto de los países europeos, pero para 2050 nuestro coste de pensiones sería parecido al que tienen algunos países europeos hoy en día. Esa es la sinrazón que se nos propone. Por tanto, tenemos voluntad de consenso y de acuerdo, pero si lo que al final se propone es el programa máximo de la patronal, ahí no hay consenso posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: No he podido escuchar a los comparecientes y, por tanto, no puedo pronunciarme sobre sus aseveraciones. Las leeré en el "Diario de Sesiones". En cualquier caso, mi grupo tiene la necesidad de poner en valor la reforma que se produjo en el año 2011, fundamentalmente porque la avalamos con nuestros votos. Ojalá también la hubiese apoyado el grupo que hoy ostenta la mayoría, porque si en ese momento se hubiesen ejercido las responsabilidades que se esperaban del principal grupo de la oposición, las discusiones que mantendríamos hoy seguramente podrían facilitar acuerdos entre los grupos políticos. Entonces hubo quienes prefirieron sacar ventaja política y partidista de aquella discusión y no apoyar la reforma. Además, esa reforma fue apoyada por Convergència i Unió en la medida en la que también lo fue por los agentes sociales, CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT. Por tanto, en la discusión que ahora tenemos abierta, en la que se trata de definir y concretar lo que se entiende por factor de sostenibilidad en nuestra legislación, vamos a estar muy atentos, muy alertas -y muy condicionados también en buena parte- al acuerdo, al consenso entre los agentes sociales y el Gobierno para la definición del factor de sostenibilidad. No sería creíble que un elemento tan estructural del sistema de pensiones como el factor de sostenibilidad fuese el resultado de la imposición de una determinada mayoría, porque es demasiado importante, y que esa mayoría tan solo tuviese su expresión aquí en la Cámara y no tuviese el refrendo del diálogo social. La virtud de un instrumento como el factor de sostenibilidad, que introduce un ajuste automático en los parámetros del sistema de pensiones vinculado a la evolución de determinadas realidades, sociales, económicas, demográficas, es que ese sistema de ajuste responda al mayor consenso posible. Sin consenso social, sin consenso político, un ajuste como el que implica incorporar el factor de sostenibilidad no es viable; y no lo es, porque quizá una próxima mayoría parlamentaria puede decidir que ese sistema no es el adecuado. Esperamos que en el marco del diálogo social, CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras, UGT, sean capaces de determinar cuál es el perímetro de un posible acuerdo político en esta materia. Les invitamos a que dialoguen con los agentes sociales, con los sindicatos, para alcanzar ese acuerdo.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Antonio Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: En primer lugar, quiero agradecer a los dos comparecientes su presencia y las aclaraciones que nos puedan aportar. Voy a comenzar mi intervención recordando el gran acuerdo social y económico, que creo que fue un hito histórico en nuestro país después de los Pactos de la Moncloa, que se ha conseguido en la etapa democrática de este país, que incorporaba las garantías para la sostenibilidad de un sistema público de pensiones, contributivo y de reparto. Evidentemente, este gran acuerdo dio pie a la Ley 27/2011, en cuyo desarrollo no quiso participar el partido que sustenta al actual Gobierno. El acuerdo fue entre los agentes económicos y sociales, en el que estuvieron tanto la Confederación de Empresarios, Cepyme, CEOE, como los representantes sindicales. Este gran acuerdo
no ha podido surtir los efectos deseados, porque el horizonte temporal que se tenía marcado era el año 2027. Lo primero que no entendemos es que sin conocer los efectos de este gran acuerdo, insisto, hito histórico, se formule un cambio de criterio y una revisión de dichos efectos, que podrían ser beneficiosos, sobre todo desarrollando los principios de este acuerdo. Evidentemente, nosotros nos negamos a que se revisen, puesto que no sabemos las consecuencias y los efectos favorables del mismo. Desde luego, seguimos creyendo que la ley que desarrolla este gran acuerdo garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Los sindicatos están con nosotros, o por lo menos han dicho que no están de acuerdo, en principio, en hacer la revisión.
El primer mensaje que traslado a los empresarios, que hicieron este gran pacto, es que no se vean arrastrados por el Gobierno, por el Partido Popular, porque realmente ustedes también fueron artífices, igual que los sindicatos, de este gran acuerdo. Hay que dar oportunidad para que la ley, que ha entrado en vigor en enero de este año, surta efecto. Repito que el mensaje que quería trasladar a los representantes empresariales es que no se vean arrastrados por el interés del Gobierno y del Partido Popular, porque ellos no participaron en el acuerdo social y económico para elaborar la Ley 27/2011. Se opusieron a esa Ley y a las medidas que incorporaba.
La segunda cuestión está relacionada con la obsesión que tienen el Partido Popular y el Gobierno por devaluar las pensiones en este país. Lo pensamos no solamente por las conclusiones de este comité de expertos, que creemos que quieren ser justificativas de lo que posteriormente van a desarrollar, sino porque ya en año y medio han abordado reformas considerables en el sistema público de pensiones, concretamente, en lo referido a las lagunas de cotización, posponiendo dos años la jubilación anticipada y endureciendo la jubilación parcial. Me gustaría saber la opinión de los representantes empresariales sobre estas reformas que han hecho vía real decreto y que van en la línea de devaluar la capacidad adquisitiva de los pensionistas en este país.
Quisiera saber qué opinan sobre esta reflexión. Nosotros consideramos que aquí lo de menos es la sostenibilidad del sistema de pensiones, lo digo con sinceridad. Creo que no se plantean las cosas con transparencia y claridad. Pienso que las pretensiones del Gobierno son continuar con una política económica de devaluación interna, que significa la rebaja de los salarios, la rebaja de la remuneración de los pensionistas y la rebaja de las pensiones; es decir, reducir la capacidad adquisitiva de todos los trabajadores. Creo que realmente este es el objetivo, y para eso se inventan ahora dos factores. A uno le llaman FEI, factor de equidad intergeneracional, que significa que vamos a rebajar las pensiones porque teóricamente la esperanza de vida va a aumentar.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Debe ir terminando, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Voy terminando, señora presidenta.
Curiosamente los últimos datos no dicen eso sino lo contrario. Después, vamos a rebajarlas cuestionando el sistema de revalorización, que hasta ahora es el IPC, que es el Pacto de Toledo. No quieren decir que quieren romper con el Pacto de Toledo y lo justifican a través de otro factor que se llama FRA, que responde a la devaluación permanente que se quiere hacer desde el Gobierno y desde el Partido Popular.
Por otra parte, me dirijo a los representantes empresariales. ¿Por qué no se tiene en cuenta la capacidad adquisitiva de los pensionistas y de las pensiones como un factor de crecimiento en vez de considerar que tienen que depender del crecimiento? Lo voy a decir claramente -y se ha mencionado aquí-: hoy en día las pensiones son las que están garantizando la supervivencia de millones de familias en este país. Empeorar su capacidad adquisitiva significa empeorar la demanda, y ya estamos en una recesión en la que la demanda interna ha caído de forma exponencial. Por tanto, creemos -y los empresarios deben dejar oír su voz- que hay que hacer un esfuerzo no solo por mantener la capacidad adquisitiva de los salarios sino también la de los pensionistas, que son ejes fundamentales de muchas economías familiares.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señor Hurtado, por favor.
Me gustaría saber si consideran conveniente una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Consideramos que, evidentemente, hay que superar el déficit de la Seguridad Social, y nosotros somos partidarios del equilibrio y de la Seguridad Social. Tenemos un Fondo de reserva de 65.000 millones de
euros -que, por cierto, cada día va menguando más, porque se está haciendo uso de él- que está para eso, para cubrir los déficits transitorios y coyunturales que pueda haber. Hemos hecho una propuesta muy concreta, que es que si hace falta más se cree un impuesto sobre las rentas más altas para cubrir esos déficits de la Seguridad Social. ¿Qué opinión les merece esa propuesta que hemos planteado?
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Julia de Micheo.
La señora DE MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Por supuesto, como no podía ser de otra forma, quiero agradecer su presencia aquí para trasladarnos su opinión sobre el informe de los expertos, porque, por lo que he oído, parece que alguno de los intervinientes aprovecha que están aquí para plantearles todo tipo de cuestiones que no se ciñen al informe ni al tema que estamos tratando. Como hemos comprobado por sus intervenciones, son actores fundamentales en el camino recorrido hasta ahora y, por tanto, nos parece fundamental contar con sus impresiones.
Tras oír las distintas intervenciones y leer el informe, vemos que tenemos detectado el problema, que hemos ido analizando las causas y que, a la vez, estamos estableciendo mecanismos para poder solucionarlo. Por tanto, llegados a este punto, en lo que no podemos incurrir es en la falta de responsabilidad de no poner en marcha la acción correspondiente para poder solucionar el tema con el que estamos trabajando en esta Comisión. Nos encontramos -viene muy bien recordarlo- en la fase inicial de un debate que va a ser muy complejo, que todavía tiene que ser profundamente estudiado en todos los niveles, del que no se pueden desprender unas afirmaciones como si ya estuviéramos al final del camino. Nos queda mucho trabajo por hacer.
Otro aspecto que me parece interesante destacar es que algunas intervenciones que hemos oído se hacen incompatibles con la naturaleza y la esencia del informe -quisiera volver a recordarlo-, y es que este tiene carácter de recomendación y, por tanto, a todos nos queda mucho trabajo y muchas etapas por recorrer. Por supuesto que responde a un mandato del Gobierno, que es el estudio sobre el factor de sostenibilidad, pero no es la esencia en sí del informe; tampoco es un mandato de los expertos sino simplemente el informe de aquellas personas a las que se ha considerado las más adecuadas para elaborarlo y a las que se ha escuchado, desde luego en nuestro grupo parlamentario, con mucho respeto, porque sabemos que son autoridades en la materia. Vemos que el informe de los expertos, como se ha ido destacando, recalca dos aspectos fundamentales. Aunque se haya puesto en duda por el Grupo Socialista, es bueno recordar que la prioridad no es otra que garantizar la sostenibilidad de las pensiones a corto y largo plazo, teniendo en cuenta el incremento de la esperanza de vida. Se ha comentado también por los comparecientes cómo han cambiado las circunstancias y cómo este cambio demográfico podría llevar a poner en riesgo un sistema que requiere ese estudio y es en lo que nos encontramos. El siguiente aspecto -también a esto se ha hecho referencia por los comparecientes- es establecer la revalorización anual de las pensiones que equilibra los ingresos y los gastos del sistema de la Seguridad Social. Por eso, me parece interesante recordar las recomendaciones del comité de expertos, que son coincidentes con la reforma del artículo 135 de la Constitución, que implementa para todas las administraciones públicas el principio de equilibrio presupuestario.
Voy terminando, señora presidenta. El hecho de que se haya elaborado un informe por un comité de expertos y se haya sometido precisamente a la Comisión del Pacto de Toledo para su consideración deberíamos entenderlo -y aquí es donde nos deberíamos encontrar todos- como una muestra clara de alcanzar el máximo consenso social y de adoptar las medidas para garantizar la pervivencia de nuestro sistema de pensiones, reforzando así la dimensión social del Estado. Quisiera volver a recalcar la idea fundamental, la esencia de los informes de los expertos: no es el momento de plantear utopías o situaciones por las que no estamos atravesando, sino de pegarnos al terreno. Hemos de darnos cuenta de que hay que actuar con decisión. Esto se ha desprendido también de las intervenciones que hemos oído. Aquí nos encontramos con un factor de sostenibilidad concreto, bien definido y bien articulado, y quien tenga otras propuestas tendrá el momento de hacerlas llegar, pero no descalificando y simplemente rechazando todo lo que no esté dentro de sus esquemas mentales. Estamos en una fase de debate y de poder llegar a este acuerdo. Es un informe que podemos presentar a la sociedad garantizando -y en esto tenemos que tener la tranquilidad- la sostenibilidad a largo plazo de un sistema público de pensiones.
Finalizo. Hemos escuchado a los expertos que nos han demostrado tener una preparación y experiencia en estos temas. Tenemos la suerte de haber contado con profesionales de prestigio. Vuelvo a recordarlo también, porque en algunas intervenciones podría parecer que este informe lo han realizado -no quisiera
utilizar palabras no afortunadas- quienes están en contra o quienes quieran que esto vaya a la ruina, y es todo lo contrario. Nos gustaría conocer, aunque ya ha salido a lo largo de sus intervenciones, su posición sobre el informe -nos han dicho que les parece que es positivo-; si creen que es adecuada su incorporación al sistema de pensiones; si creen que debe ser en un breve plazo de tiempo. Aquí han utilizado términos interesantes para estudiar: que sea con prontitud. Pero no como ha dicho alguno de los grupos, porque no se ha utilizado en ningún momento la muerte súbita.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señora De Micheo, tiene que ir terminando.
La señora DE MICHEO CARRILLO-ALBORNOZ: Ya termino.
Entiendo que es importante y pertinente la recomendación que se ha hecho de pedagogía de lo que vamos a hacer. De todas formas, dado, como he dicho anteriormente, el carácter de recomendación, nos da paso a un intenso periodo de trabajo, una gran tarea de trabajo parlamentario hasta que se materialice la nueva ley y durante este tiempo querríamos trabajar de manera conjunta enriqueciendo así el debate con las aportaciones pertinentes. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Para contestar a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios les damos de nuevo la palabra a los señores comparecientes, a doña Teresa Díaz de Terán López y a don José María Lacasa Aso.
La señora DIRECTORA DE SOCIOLABORAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS, CEPYME (Díaz de Terán López): Muchas gracias a todos por sus intervenciones y por sus preguntas. Voy a intentar, en la medida de lo posible, contestar a todo lo que pueda. En relación con el representante del Grupo Mixto -me va a disculpar porque no he escuchado bien el nombre (El señor Cuadra Lasarte: Cuadra)-, señor Cuadra, nosotros no nos hemos pronunciado sobre el informe de expertos, porque es un informe muy complejo. Consideramos -y esto contesta a otras preguntas también- que es un punto de partida y que establece elementos que hay que valorar y analizar por las posibles consecuencias que va a tener sobre las pensiones actualmente -es uno de los puntos que tenemos que valorar entre todos, si se van a recortar o no- y por el futuro del sistema de pensiones. En mi intervención he intentado transmitir que lo que estamos haciendo, en primer lugar, es analizar las consecuencias, porque son fórmulas complejas que tienen muchas variables y que están todavía por definir en el informe, no nos lo dan todo hecho, es un primer análisis. Hay variables que tienen que estar definidas por los representantes políticos y sociales que están en esta Comisión hoy y a los que, por otra parte, los interlocutores sociales intentaremos ayudar desde el diálogo social. Es un trabajo entre todos. No se trata de recortar pensiones porque queramos. Se trata de que sea un sistema sostenible, no como discurso, sino porque se financia con contribuciones, con cotizaciones que aportan empresarios y trabajadores. Esa es la base fundamental en la que se soporta el sistema de pensiones de la Seguridad Social. Eso tenemos que seguir conservándolo. No se puede actuar solo en ese tema, no se puede solo incrementar las cotizaciones sociales, tenemos que ver más variables y, una vez analizadas, decidir.
El señor Llamazares comentaba que había cierta contradicción entre mi intervención y la del señor Lacasa en cuanto a lo precipitado o no. Creo que no ha habido ninguna contradicción. He hablado de un debate sosegado por la importancia que tienen los temas que estamos analizando, por lo complejos que son y por cómo afectan a la sociedad en su conjunto, y el señor Lacasa ha hablado de que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero eso no significa que haya que precipitarse. Es verdad que tenemos un tiempo para trabajar y utilizaremos el que sea necesario. Estoy segura de que en este ámbito tendrán que comparecer todas las personas que ustedes consideren oportuno y en el nuestro también, cuando nos reúna la ministra de Trabajo para ver qué es lo que pensamos, cuando nos presenten proyectos, en el ámbito que sea. En eso estaremos, no precipitadamente, sino el tiempo que haga falta. Llevamos muchos años trabajando en este ámbito e introduciendo reformas para que siga siendo sostenible y en eso vamos a encontrarnos siempre interlocutores sociales y la Comisión del Pacto de Toledo. Ese es el futuro y eso es por lo que estamos apostando. Más allá de otro tipo de discursos de si son más de nuestro ámbito, porque nuestro trabajo es más técnico, el nuestro puede ser un trabajo más social y en eso vamos a estar.
Comentaban también sus señorías, me parece que ha sido el señor Campuzano, que no había oído nuestras comparecencias pero que apostaba por el diálogo, en eso vamos a estar y hemos estado todos estos años. En mi intervención en concreto me he referido al AES -luego me referiré al señor Hurtado-, por supuesto que es el punto de partida y el marco que hemos establecido hace poco, un marco de
acuerdo que todavía ha tenido muy poco recorrido, que eso también lo vamos a valorar y en el que establecemos la línea de medidas para apostar por la contributividad y la sostenibilidad del sistema. Ese es el marco, pero no nos podemos engañar y no podemos, por mucho que socialmente sea preocupante y no queramos alarmar, echar la culpa a la actual coyuntura, no solo porque estemos en una intensa crisis, sino que se necesita tener elementos que garanticen, de aquí a un futuro, que no estemos abriendo siempre el debate político-social. El diálogo social siempre va a intentar estar en el acuerdo y en el consenso junto con la Comisión del Pacto de Toledo, en eso vamos a estar.
Señor Hurtado, usted nos ha enseñado la foto del AES, recuerdo perfectamente esa firma. Aquí hay representantes que estuvieron en primera línea, como el señor Lacasa. Si no he sabido transmitirlo, ha sido un problema de mi intervención, pero eso es por lo que estamos apostando desde las organizaciones empresariales, desde Cepyme en concreto, porque el AES pueda dar sus frutos. El AES es un acuerdo que establece una serie de medidas a considerar, que toca la contributividad, pero no sabemos y estamos -vuelvo a repetir- valorando cómo puede afectar la actual crisis. En mi intervención no he dicho que haya que hacer ya esto o lo otro, sino que hay que valorar todo, porque queremos que los pensionistas, los actuales y los futuros, los que esperamos estar -yo por lo menos, seguro que voy a necesitar mi pensión-, podamos seguir manteniéndola, no solo actualmente, que es importante, y para eso pueden establecerse medidas coyunturales. Las medidas coyunturales se aplican en un momento determinado. Preguntaban por el Fondo de reserva, pero este no es la solución. El Fondo de reserva está previsto para un tema muy concreto, cuando haya problemas transitorios, pero lo que seguimos valorando entre todos es si esto es un problema coyuntural. Una vez decidamos si es o no coyuntural, se puede actuar en un momento determinado, pero no creemos -y es por lo que queremos tener todos los datos- que sea solo coyuntural. Las cuentas de la Seguridad Social, el empleo, la intensa crisis que estamos viviendo, lo que nos va a costar salir de ella, lo que estamos sufriendo los trabajadores y las empresas, más allá de las empresas cotizadas en Bolsa, sobre las que no me sé las cuentas, pero no sé si llegamos a 3.000.000 de pequeñas y medianas empresas y autónomos que han desaparecido desde que empezó la crisis y ha habido una pérdida de afiliación, todas estas cuestiones son las que estamos estudiando y en las que vamos a estar trabajando. No nos han arrastrado a ningún programa político. Nuestra intervención es como organización empresarial muy comprometida con el sistema público de pensiones, como venimos demostrando. He hecho referencia a cuando se firmó el Pacto de Toledo en 1996, son ya muchos años, y en eso queremos continuar, en trabajar porque eso siga siendo así. He intentado contestar a todos en la medida de lo posible.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señor Lacasa.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (Lacasa Aso): El señor Cuadra ha abierto un debate, que probablemente nos llevaría toda la mañana y toda la tarde, sobre la crisis, el impacto que ha tenido la misma en muchos colectivos sociales y, desde luego, también en el mundo empresarial con la desaparición de más de 400.000 pequeños empresarios y autónomos que con frecuencia llevaba aparejada la pérdida de su patrimonio. Por supuesto que hay otro dato todavía más doloroso que es la tasa tan elevada de paro, de desempleo, ese 27%. Tenemos que intentar superar esa salida de la crisis cuanto antes. Recientemente hemos elaborado un documento, que hemos aprobado en la asamblea general de CEOE la semana pasada, en el que presentamos 254 propuestas en toda una serie de campos y con mucho gusto se lo haremos llegar. En la intervención del señor Llamazares no me reconozco en absoluto, ni he hablado de súbito ni de hachazo ni de nada.
Agradezco mucho a los señores Campuzano y Hurtado la referencia que han hecho al acuerdo que firmamos en febrero de 2011 en estas materias y que sirvieron de base para la ley 27. Fue un acuerdo potente e importante. Pasamos muchísimas horas negociándolo. Personalmente tuve la sensación de que más pronto que tarde deberíamos sentarnos otra vez, porque la crisis ya apuntaba y los datos son tozudos y, como he dicho en mi intervención, creemos que sería necesario, sobre la base de ese amplio consenso, reflexionar sobre el timing, sobre la duración del acuerdo o la necesidad de reducir considerablemente los periodos transitorios que allí habíamos fijado.
El mensaje que me gustaría dejar muy claro es, primero, estamos hablando del instrumento más potente de cohesión social que tiene España y, en consecuencia, tenemos que ser sumamente cuidadosos para preservarlo, extenderlo y, en cualquier caso, hacerlo sostenible; segundo, el compromiso de las organizaciones empresariales con el sistema público de pensiones, lo hemos demostrado muchas veces
-doña Teresa ha hecho referencia a ello y yo también en mi intervención y quiero dejar claro ese compromiso-; tercero, desgraciadamente es un tema complejo en el que entran en juego multitud de variables, no se trata de tocar un elemento u otro, son muchísimas las variables en juego. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Primer elemento, diálogo abierto hasta donde sea necesario y he dicho breve, no podemos estar un periodo de tiempo muy largo. Es un tema que tenemos que abordar cuanto antes y debatirlo en profundidad, pero sin demorarnos excesivamente en el tiempo. Hay que aportar datos con transparencia, con frecuencia nos falta información estadística, con todas las dificultades que tiene, porque indudablemente el señor Hurtado hacía referencia a las previsiones demográficas, claro que es muy difícil proyectar a 30 o 40 años, es muy complicado. Hay fenómenos que nos han aparecido y que a lo mejor no habíamos previsto cuando empezamos a tratar estos temas. Ninguno pensábamos que la duración de la crisis iba a ser tan larga y tan profunda. Hay fenómenos nuevos que aparecen -está el fenómeno de la inmigración- y, efectivamente, el ejercicio no es fácil, pero tenemos que acostumbrarnos a hablar de estos temas con cifras encima de la mesa.
Segundo elemento, que me parece fundamental, tenemos que explicar los datos. Tenemos que comunicar, los ciudadanos tienen derecho a una información transparente y argumentada sobre los temas que estamos tratando. Por último, ojalá alcancemos consensos los más amplios posibles. Desde aquí puedo comprometer la voluntad permanente de nuestra organización de buscar esos consensos los más amplios posibles. Señora presidenta, me quedo con esta intervención de carácter general, porque el tiempo corre y es importante fijar -que era el objetivo- la voluntad de nuestra organización en un debate que, insisto, es transcendental para la sociedad española.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Muchas gracias, en nombre de todos los miembros de esta Comisión, a los comparecientes por su disponibilidad para estar aquí. Estoy segura de que todos los grupos parlamentarios tomarán nota de sus aportaciones y sabrán, como mínimo, valorar las mismas para enriquecer un debate que, como bien ustedes han dicho y todos compartimos, es de especial transcendencia para nuestra sociedad.
Suspendemos esta sesión unos minutos, recordándoles que a las doce y media continuamos con unos nuevos comparecientes. (Pausa).
- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (AMOR ACEDO), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 219/000345).
- DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (REYNA FERNÁNDEZ), PARA INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE EL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES. (Número de expediente 219/000346).
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Continuamos con esta sesión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en esta ocasión con las comparecencias de don Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, y de don Sebastián Reyna Fernández, secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, a quienes damos la bienvenida y agradecemos su presencia esta mañana en esta Comisión. Como ustedes saben, cada compareciente dispondrá, en una primera intervención, de aproximadamente quince minutos; después daremos la palabra a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y finalmente cerrarán el debate los comparecientes para contestar o aclarar cuantas cuestiones se les planteen de manera conjunta.
Comenzamos con la intervención de don Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (Amor Acedo): Señorías, quisiera comenzar esta comparecencia agradeciendo a los grupos parlamentarios haber permitido esta mañana a los representantes de los autónomos acudir a esta Comisión del Pacto de Toledo para hablar de algo que nos interesa a todos, también a los autónomos: el futuro de las prestaciones sociales y el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Hoy se nos da la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre un tema que se ha
convertido en el centro de un intenso debate en la sociedad, aunque sé que para esta Comisión no se trata de algo nuevo, porque ha sido ampliamente discutido en otras ocasiones. La sostenibilidad del sistema público de pensiones es algo que preocupa a todos, también a los autónomos, no ahora, sino desde siempre. En nuestro caso, sabemos que ambas cosas, prestaciones y sostenibilidad del sistema, van muy unidas. He querido empezar con esa idea, porque mi objetivo hoy es centrar toda la comparecencia en estos dos aspectos, prestaciones y sostenibilidad, aunque luego me circunscribiré, obviamente, a mi ámbito de discusión, que es el régimen especial de trabajadores autónomos.
Nuestro modelo de pensiones es el que es. Se basa en un sistema de reparto en el que ayer unos cotizaban para que otros cobraran su pensión, en el que hoy unos cotizamos para que los que antes cotizaban puedan cobrar una pensión y en el que mañana deberán existir cotizantes para que los que hoy cotizamos podamos ejercer en el futuro nuestro derecho a cobrar una pensión. Este modelo ha venido construyéndose generación tras generación y nunca se ha interrumpido. Tampoco ha preocupado tanto como ahora el futuro ni hemos estado en una situación tan grave de caída de cotizantes. Para mantener el deseado equilibrio hay que tener en cuenta que el mayor elemento de sostenibilidad del sistema público de pensiones no es otro que el hecho de que haya más cotizantes y, por tanto, más autónomos con capacidad de generar empleo y que garanticen mayor suficiencia financiera. A nadie se le escapa que en el próximo lustro el número de cotizantes no crecerá ni mucho menos al mismo ritmo al que se han perdido cotizaciones en estos últimos cinco años. Es evidente que algo hay que hacer y me parece que hay varias alternativas. Una puede ser, para algunos, subir cotizaciones; algo que en estos momentos sería la peor noticia que podríamos recibir, pues supondría lo contrario de lo que sería necesario, es decir, bajarlas para evitar economía sumergida y para propiciar la creación de empleo. Otra alternativa podría ser utilizar el Fondo de reserva, que, como fondo que es, tiene un tope y una disponibilidad limitada. Una tercera vía puede ser subir impuestos para mantener el poder adquisitivo de las pensiones, algo que nosotros no aconsejaremos nunca en un país en el que a día de hoy la presión fiscal es bastante elevada. Existe también la opción de reducir la cuantía de las pensiones, pero tampoco nos parece adecuado, porque muchas prestaciones apenas cubren las necesidades de algunos de sus beneficiarios. Visto lo visto, consideramos que el informe de los expertos sobre el factor de sostenibilidad, que tiene en cuenta para su cálculo factores como la esperanza de vida de la población, es una alternativa a considerar, quizás a considerar seriamente, mientras se comprueba la eficacia de las últimas reformas del sistema y hasta que se recupere la economía y crezca el número de cotizantes.
Volviendo al RETA, quisiera incidir sobre la idea de que sostenibilidad y prestaciones van muy unidas. ¿Por qué digo esto? Porque los autónomos somos los únicos que podemos decidir nuestras cotizaciones, es decir, nuestra aportación a la sostenibilidad del sistema. Somos casi 1,9 millones de pensionistas y más de 3 millones de afiliados. Nosotros vemos nuestras cotizaciones en función de varios factores: uno, la situación de nuestros negocios, y otro, el retorno que tienen nuestras cuotas en cuanto a las prestaciones que recibimos. Si nuestros negocios no van bien, la cotización se convierte en una carga; si no vemos útiles nuestras prestaciones, nos resistimos a pagar. Los trabajadores autónomos de este país somos tan solidarios con el sistema como cualquiera y me gustaría que hoy quedara muy claro en mi intervención que somos totalmente conscientes de la responsabilidad que tenemos respecto al futuro de nuestra Seguridad Social, que no es otra cosa que la permanencia del actual nivel de prestaciones y el aseguramiento de las futuras generaciones cuando también se hagan mayores.
Los autónomos españoles representan el 18,3 de todos los afiliados a la Seguridad Social y el 20,9 del total de pensiones del sistema. Sabemos que en estos momentos el RETA es deficitario. Ingresamos alrededor de 10.000 millones de euros anuales por cotizaciones, mientras que nuestras prestaciones cuestan 16.000 millones al sistema. Dicho así, quedaría sobradamente demostrada la tesis de que no estamos aportando lo suficiente, pero permítanme, señorías, mostrarles algunos datos que puedan explicar este desfase y desmontar una leyenda urbana. A finales del año 2012 había en el RETA 1.875.964 pensionistas; apenas diez años antes éramos 920.000. La diferencia representa un aumento de casi el doble de beneficiarios. Sin embargo, el grueso de este incremento hay que atribuírselo a los 789.110 pensionistas provenientes del régimen agrario por cuenta propia, que se integró en el RETA en enero del año 2008. Un año antes, en 2007, los autónomos pensionistas apenas sumaban el millón -1.022.450- y al año siguiente sobrepasábamos el 1.800.000 -1.811.560-, cifra que apenas se ha incrementado desde entonces. Las prestaciones por jubilación prácticamente se duplicaron en solo un año, pasando de 616.260 a 1.142.460. Nada hubiera pasado si no fuera porque nuestros gastos en prestaciones se doblaron en apenas un año, cuando se hizo efectiva la integración de los autónomos agrarios. Mientras que en 2007 gastábamos 8.237
millones de euros, en 2010 la cifra había aumentado a 15.749 millones, teniendo que atender a 400.000 pensionistas más con complementos a mínimos que entonces iban a cargo de la Seguridad Social y, lo que es más evidente, el RETA pasó de ser rentable a ser deficitario. En 2007 apenas gastábamos en pensiones el 87,24% de lo que ingresábamos por cuotas y teníamos un superávit de 3.000 millones de euros, mientras que en 2009 ese porcentaje superaba el 145% de las cotizaciones, con un déficit de 1.200 millones de euros. No es una suposición mía afirmar rotundamente que la fusión de ambos regímenes ha distorsionado la estadística del RETA respecto a nuestra aportación a la sostenibilidad del sistema. Pero me gustaría analizar un segundo elemento. El régimen agrario apenas aportó cotizantes al régimen de autónomos -de 3.121.000 en 2007 pasamos a 3.377.000 en 2008- y los que aportó tenían las bases de cotización más bajas del sistema. Este escaso aumento de cotizantes no pudo cubrir la desaparición de cientos de miles de afiliados que ha provocado la crisis que padecemos a día de hoy. Precisamente, desde 2008 se han perdido 316.685 cotizantes netos al RETA y esto pese a que en los últimos seis meses la afiliación se está recuperando ligeramente.
Hay dos cuestiones a tener en cuenta respecto a nuestra contribución al sistema. Por un lado, la entrada en el RETA de pensionistas provenientes del régimen agrario, y por otro, la reducción de afiliados al RETA por motivos de la crisis. Si no hubieran existido estos dos factores, estoy seguro de que a día de hoy seguiríamos siendo contribuyentes netos a la Seguridad Social o al menos no tan deficitarios como lo somos ahora. Pese a todas estas cifras anteriores, han seguido surgiendo nuevos emprendedores, muchos de ellos con asalariados, es decir, seguimos aportando el 10% del total de ingresos de la Seguridad Social y además generamos cotizaciones a través de nuestros asalariados. Los autónomos de este país, descontando los factores exógenos que he comentado, seguimos manteniéndonos en línea con el resto de los regímenes, que por cierto en pérdidas de empleo han sido mucho menos resistentes a la crisis que los trabajadores por cuenta propia; el total del sistema ha perdido el 14,14% de cotizantes mientras que la caída de los autónomos ha sido del 11,1%. Ahondando un poco más en nuestra contribución a la Seguridad Social, querría destacar que el 51% de todos los autónomos jubilados cotizó más de treinta y cinco años al sistema y el 32% pudo acreditar más de cuarenta años pagando religiosamente sus cuotas. Es más, el 51% de los trabajadores que demoran su jubilación más allá de los 65 años con treinta y cinco años cotizados son autónomos. En 2011, casi 3.000 autónomos se jubilaron con más de 70 años y casi 200 superaron los 80 años. Este alargamiento de la edad legal de jubilación se puede ver muy claramente en los datos que aporta la Seguridad Social. La edad media de jubilación entre los autónomos se sitúa por encima de los 65 años, mientras que en el régimen general apenas rebasa los 63,4. Todo esto que les cuento, señorías, también se llama contributividad al sistema, pero no voy a eludir el problema de que, analizando la vida laboral de los autónomos, la mayoría cotizan hasta los 48 años por la base mínima. También hay que analizar tres situaciones claramente diferenciadas, porque las generalidades son a veces engañosas. Realmente los que cotizan toda su vida por la base mínima representan un 67%; el otro tercio, el 31%, suele aumentar su base hasta los 1.870,50 euros al mes y solo un porcentaje mínimo, el 1,4%, sobrepasa estos 1.870 euros de máximo. La clave del problema es que una parte importante del colectivo de autónomos no puede pagar más, porque sus negocios han perdido hasta un 40% de actividad, como ha reconocido la propia Seguridad Social. Señorías, es necesario conocer la realidad y saber que un millón de autónomos de este país tan solo genera unos ingresos brutos de 1.300 euros mensuales. Si descontamos las cotizaciones, el 21% de retención en IRPF y unos gastos de 100 euros mensuales, que seguramente serían algo mayores, los rendimientos netos resultantes de estos autónomos serían de entorno a 600 euros, un 30% inferiores a la base mínima por la que deberían cotizar: 858,60 euros al mes. Para este millón de autónomos la cotización a la Seguridad Social es un grave problema y es lógico que la vean más como una carga que como una inversión de cara a garantizar una renta en el futuro. Por otro lado, es cierto que hay muchos autónomos que generan rentas mucho mayores, y en este sentido las organizaciones de autónomos hemos estado en primera línea a la hora de pedirles que coticen más. Han sido varias las campañas que hemos realizado de la mano de la Seguridad Social para explicar a nuestros autónomos la necesidad de cotizar en función de los rendimientos netos, pero no por altruismo, sino por ellos mismos. Sabemos que hay que hacer pedagogía, porque las cuotas no solo cubren las contingencias de la jubilación, sino también de la viudedad, accidente laboral, enfermedad profesional, maternidad y paro entre otras. Ya no basta con intentar cambiar la mentalidad de unos autónomos que desgraciadamente siempre han visto sus cuotas como un impuesto más. Atendiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo de 2011, creemos necesario abordar de una vez por todas una profunda reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, para impulsar que los autónomos coticen por sus rendimientos
netos. Debería abarcar dos aspectos: por un lado, es necesario ayudar a los autónomos cuyos rendimientos netos apenas llegan al salario mínimo interprofesional, porque, si no, como ya les he explicado, les estamos abocando a pasarse a la economía sumergida; por otro lado, tenemos que lograr aumentar las cotizaciones de los autónomos que tienen ingresos elevados. Sé perfectamente que es un objetivo ambicioso y por ello he hablado de una profunda reforma del RETA y sé también que para alcanzar este objetivo es necesaria la colaboración de entes y ministerios como el de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que este departamento es depositario de la información fiscal sobre los ingresos de los contribuyentes, en este caso de los autónomos. Obviamente, es más sencillo obtener esta información fiscal de los autónomos que tributan en el sistema de estimación directa que de los que tributan en el sistema de módulos. Una vez que se puedan fijar los rendimientos netos, se podrían establecer unos tramos directamente proporcionales y una base mínima inferior a la actual para aquellos autónomos cuyos ingresos netos estuvieran al mismo nivel o ligeramente por encima del SMI. No sería imposible tampoco establecer tramos para los autónomos que tributan por el impuesto de sociedades en relación con su participación en los rendimientos netos de la sociedad. Como les decía, este nuevo procedimiento puede ser más complicado para aquellos autónomos que tributan en el sistema de módulos, porque no tienen obligación de declarar sus ingresos; se podría aplicar la base mínima actual, teniendo en cuenta la disposición adicional novena de la última reforma de pensiones del año 2011.
Pero no deberíamos quedarnos solo en este aspecto, señorías. Pensamos que es hora de ser muy ambiciosos y profundizar en esta reforma del RETA que pedimos y que debe afectar a más aspectos, por cuanto desde el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, que aprobó el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, tan solo se han venido realizando diversos ajustes. Es verdad que algunos de ellos han sido de gran calado y que nos han dotado de prestaciones como la baja de maternidad, el cobro de la IT a partir del cuarto día, el derecho a la jubilación anticipada o la cobertura por cese de actividad, pero quizás no se han abordado los verdaderos problemas del RETA y, debo decirlo, muchas de estas nuevas prestaciones se han quedado solo en el Boletín Oficial del Estado, porque existen graves problemas a la hora de que el autónomo puede acceder a ellas. Ya les he comentado que si los autónomos no ven útiles sus prestaciones o comprueban que el acceso a ellas es en algunos casos imposible o que supone un grave lastre para el mantenimiento de sus negocios, será imposible convencerles de la necesidad de que coticen más. Por esto, señorías, decía que existe una íntima relación entre prestaciones y sostenibilidad del sistema, más allá de la cuantía de las cuotas que pagamos. Los autónomos piensan que el sistema actual de contribución es poco equitativo. Creemos que sería buena una reforma que tuviera en cuenta las horas efectivamente cotizadas para obtener una pensión, que se calculara la prestación en función de las horas efectivamente aportadas al sistema: tanto cotizas, tanto recibes. Soy consciente de que lo que digo supondrá una revolución en el actual sistema de cálculo de las prestaciones por jubilación para los autónomos, pero ayudaría a la Seguridad Social a ser más sostenible y permitiría a los autónomos establecer los procedimientos de cotización a tiempo parcial que tanto tiempo hemos reclamado. También solucionaría problemas del pluriactividad y un trabajador asalariado que cotiza en el régimen general no tendría que abonar el 100% de la cuota al RETA cuando realiza actividades por cuenta propia, sino solo por las horas realmente empleadas. También permitiría a un joven compatibilizar sus estudios con una actividad como autónomo, sin tener que abonar una cotización como si trabajara ocho horas efectivas. Creemos que es una medida que permitiría aflorar mucha economía sumergida de tantos que no les merece la pena cotizar al RETA 255 euros al mes cuando apenas si destinan unas horas a una actividad por cuenta propia; quizás aportarían si fuera una cantidad razonable.
En otro orden de cosas, sería necesario permitir al autónomo que pudiera cambiar su cotización cada tres meses y no como hasta ahora dos veces al año. La crisis nos enseña lo voluble que es la economía. Cada vez es más difícil adivinar si en los próximos meses te va a ir bien o te va a ir mal. Poder cambiar la cuota cada tres meses permitiría al autónomo ajustarse más a la realidad de sus ingresos y ofrecería mayor confianza a la hora de cotizar.
Les decía, señorías, que hay que hacer muchos cambios y algunos van en la línea de hacer reales las conquistas que desde esta Comisión se han conseguido. De nada sirve que los autónomos hayan logrado mayores y mejores prestaciones, alcanzando prácticamente la plena equiparación con el régimen general, como establecían las recomendaciones del Pacto de Toledo, si el acceso a estas coberturas es prácticamente imposible en algunos casos. Es muy grave lo que está sucediendo con la prestación por cese de actividad que tantos esfuerzos nos costó sacar adelante. Es incalificable que solo el 27% de las solicitudes se concedan. Ciertamente, algunas de ellas no cumplían con el periodo de cotización establecido, pero la gran
mayoría se deniegan porque los autónomos que tributan por el sistema de módulos no pueden acreditar pérdidas, como establece la ley, ya que no tienen obligación de llevar registro de ingresos y gastos. Es tan grave este problema que raya el fraude, por cuanto a estos autónomos que han cotizado y a los que se les ha aceptado la cotización no se les va a reconocer nunca su prestación. Los autónomos son los trabajadores más mutualizados, porque todas sus prestaciones son gestionadas por estas entidades. Es al menos curioso que las organizaciones más representativas no tengan cauces ni posibilidades para hacer llegar a las mutuas todos los problemas que están surgiendo en el cobro de estas prestaciones, a pesar de que la ley les faculta a participar en sus órganos de supervisión y control. En la próxima ley de mutuas sería necesario afianzar y potenciar el papel de las organizaciones de autónomos en estos órganos de supervisión, para garantizar un funcionamiento que está lejos de ser el ideal.
Voy a terminar como empecé. Los autónomos somos conscientes de que se deben articular mecanismos para garantizar la sostenibilidad del sistema, pero en nuestro caso y para que eso sea posible el sistema debe ser atractivo para ellos, ya que somos el único colectivo que decidimos nuestras propias cotizaciones. Tampoco es bueno generar desconfianza en el sistema, porque el autónomo que cotiza voluntariamente puede desanimarse a la hora de aportar más. Si lo ven como una carga insoportable para el mantenimiento de sus negocios, si no lo consideran útil para su futuro, si se les imponen trabas cuando van a cobrar una prestación nunca se animarán a aportar más y entonces fallará un elemento esencial de contribución y se resentirá la sostenibilidad del sistema. Es un tema que hay que abordar muy racionalmente, sin enviar mensajes que provoquen alarmismo, con propuestas concretas que inviten a la tranquilidad y a la confianza.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Tiene la palabra don Sebastián Reyna Fernández, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, a quien reiteramos la bienvenida.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (Reyna Fernández): Vamos a coincidir en algunas conclusiones con la intervención de Lorenzo Amor y eso me va a evitar mayores comentarios.
En primer lugar, quiero trasladar a todos los grupos parlamentarios el agradecimiento de nuestra organización por la oportunidad de comparecer una vez más en la Comisión y de esta forma tener la posibilidad de trasladar directamente la opinión del colectivo que representamos ante los posibles cambios que se pueden introducir próximamente en el sistema de pensiones y que sin duda son motivo de preocupación en todo el país. Estamos ante uno de los momentos más complejos en el diseño de nuestro sistema de Seguridad Social, si partimos de la base del diagnóstico presentado en los pasados días por el grupo de expertos ante esta Comisión, ya que parece ser que no nos enfrentamos en exclusiva a unos cambios coyunturales, sino a un posible cambio en profundidad del modelo hasta ahora conocido.
Desde el año 1995, los acuerdos del Pacto de Toledo vienen siendo una salvaguardia fundamental de nuestro modelo de protección social y, sobre todo, un buen referente de consenso político y social en una materia que tanta trascendencia tiene para la sociedad. Es por ello que, en primer lugar, como planteamiento general, quiero trasladar nuestra profunda convicción de que hay que continuar por esta senda, la del acuerdo de todos en lo que es de interés para todos. En segundo lugar, quisiera trasladar la opinión unánime de nuestra organización de que es imprescindible seguir apostando por el fortalecimiento de un sistema público de pensiones solidario y contributivo y de que es posible y necesario.
Con el objetivo de ser concreto en las propuestas, más allá de los comentarios generales, me referiré exclusivamente a los aspectos que se refieren al régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social y a cómo los cambios que se pueden introducir en el mismo pueden venir a mejorar la sostenibilidad del sistema, pero al mismo tiempo a hacerlo más justo y equilibrado en su contributividad. Es cierto que los beneficios de la protección social en toda su dimensión han llegado tarde para nuestro colectivo, lo que ha podido ser causa de cierto escepticismo en su seno y también motivo de algunos de los problemas que el sistema tiene en ese momento. Las referencias al régimen de trabajadores autónomos vienen sucediéndose desde el origen de los acuerdos del Pacto de Toledo en el año 1995; bien es verdad que pese a ser el segundo grupo de cotizantes y de pensionistas del sistema, no será hasta el año 2006 cuando se produzca una auténtica declaración de compromiso para hacer del régimen de autónomos un verdadero sistema equilibrado y homologable con el conjunto. Esta declaración de 2006 tendría una directa influencia en los contenidos de la Ley 20/2007, del Estatuto del Trabajo Autónomo, y desde entonces, con las dificultades propias de todo cambio, no hemos hecho más que mejorar en las condiciones
de acceso a las prestaciones por parte de nuestros cotizantes, lo que ha hecho también mejorar la confianza de todo el colectivo. Sin embargo, son todavía muchos los aspectos de renovación que tenemos que abordar.
Con carácter previo, quería hacer una referencia -ya se ha hecho anteriormente en la intervención de Lorenzo- a los pensionistas actuales y a nuestra posición sobre la necesidad de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. A 1 de junio de 2013 -el dato más reciente- teníamos 1.891.000 pensionistas provenientes del RETA, el 21% del total de las pensiones. De entre ellos, 1.213.000 son pensionistas por jubilación ordinaria. El segundo colectivo más importante es el de viudedad, con 481.000. La pensión media en el conjunto del sistema para los autónomos es de 602 euros, mientras que la media del total asciende a 856 y la media del régimen general llega hasta los 950, es decir, las pensiones de los autónomos se encuentran un 31% por debajo de la media general y un 38% por debajo de la media del régimen general. En el caso de la viudedad la media de la pensión es de 460 euros. En ambos casos, las pensiones de los autónomos son las más bajas después de las del régimen de empleados del hogar. Es por esta razón por la que para nosotros el debate sobre la capacidad adquisitiva de las pensiones no es menor, sino que tiene una especial trascendencia al encontrarse nuestro colectivo en la franja más baja de pensiones medias. Por ello queremos apostar, más allá de la necesidad de mantener la sostenibilidad del sistema, que es el principal objetivo, por un modelo que permita la actualización sistemática de las pensiones más bajas. Entendemos que es un compromiso de solidaridad, y aquí quiero recordar como compromiso de solidaridad lo que hizo el RETA -antes se ha recordado- al acoger en su seno al sistema especial agrario por cuenta propia, en enero del año 2008, integración que ha significado, una vez consolidados ambos modelos, una reducción en todas las ratios significativas del régimen de trabajadores por cuenta propia. Me ahorro los datos, porque antes se los ha hecho llegar Lorenzo.
En el debate sobre el factor de sostenibilidad, tenemos que resaltar también otros elementos propios de nuestro colectivo que deben tenerse en cuenta antes de tomar cualquier decisión de trascendencia, sobre la base de no fundamentarnos en datos posteriores a la integración del RETA. La media de edad de jubilación de los autónomos está en la edad legal, frente a otros debates, al no haberse contemplado hasta la fecha ningún procedimiento de jubilación anticipada, excepto para los cotizantes anteriores al año 1967, que son una referencia mínima. El colectivo que tiene un mayor porcentaje de trabajadores que alargan su vida laboral activa es precisamente el de trabajadores autónomos y, por tanto, la edad efectiva supera un poco a la edad legal. Teniendo en cuenta que todos coincidimos en que la mejor manera de mantener el factor de sostenibilidad es a través del mantenimiento de los cotizantes efectivos, en este terreno el colectivo de autónomos ha tenido un mejor comportamiento, y ya se ha dicho también anteriormente. Si bien la crisis ha producido, especialmente en los años 2009 y 2011, una reducción neta de cotizantes, este descenso medio en el caso de los autónomos no ha llegado nunca al -2% anual, manteniéndose hoy el colectivo en la cifra de 3 millones que teníamos en el año 2007, antes de la integración de los provenientes del sistema especial agrario. También hay que tener en cuenta, como elemento del pasado, que en el cierre del año presupuestario 2007 el RETA mantenía un superávit neto -es coincidente con la cifra que daba antes Lorenzo- de 1.700 millones de euros; cifra que luego sufriría los efectos de la reducción de cotizantes, pero especialmente el de la integración del régimen especial agrario. Pero debemos recordar que hasta el año 2007 el régimen de autónomos ha sido contribuyente neto al sistema y, en particular, al Fondo de reserva.
El debate más importante está en los modelos de cotización y el acceso a las prestaciones. Tanto las recomendaciones del Pacto de Toledo como la Ley del Estatuto establecen que la acción protectora del régimen público tenderá a converger en aportaciones, derechos y prestaciones con la existente para los trabajadores por cuenta ajena. Principio general que debe conducir la acción pública en esta materia y sobre cuyo compromiso ya se ha avanzado de forma sustantiva, aunque hay que reconocer que más en el terreno de las prestaciones que en de las cotizaciones. Era obvio que la única forma de abordar un sistema de cotización más equilibrado pasaba con anterioridad por completar el nivel de cobertura suficiente de prestaciones, al menos en su marco legal, con independencia de que la cuantía media de las prestaciones sea equivalente a la media de cotización efectiva; la evolución en diversas etapas pasadas en el acceso a las incapacidades, la universalización de las coberturas por incapacidad transitoria, el acceso voluntario a las contingencias profesionales, aunque con alguna excepción que luego comentaremos, y a las coberturas por maternidad, paternidad o riesgo por embarazo, así lo demuestran. Hoy podemos afirmar que estamos ante una evolución de convergencia real en materia de prestaciones.
Pero este no es el caso de las cotizaciones. Como ya se ha dicho, más del 80% de los cotizantes se encuadran en la cotización por base mínima. Esta sigue siendo la excusa para mantener una base mínima cualitativamente superior que en el régimen general, lo que inevitablemente perjudica al grupo más débil de cotizantes. La base mínima de cotización de los autónomos se encuentra ligeramente por debajo solo del grupo 2 de cotización del régimen general, y en los casos de los trabajadores con más de 48 años la base mínima está por encima del mismo y casi en el nivel del grupo 1 del régimen general. Sin duda, esta situación no responde a la realidad socioeconómica ni al principio básico de solidaridad que debe inspirar el sistema. Los autónomos con menos ingresos se ven obligados a cotizar por unas bases que, en momentos como los actuales, pueden estar incluso muy por encima de sus ingresos efectivos y reales, mientras que los que se encuentran en tramos muy superiores de ingresos mantienen un nivel de esfuerzo contributivo mucho menor. No contamos, como ya se ha dicho, con estudios comparativos suficientes entre la media de declaración por IRPF y la cotización efectiva de media de la Seguridad Social; sin embargo, basándonos en lo publicado a este respecto por la Agencia Tributaria, tanto en las medias de declaración del sistema de módulos como en el sistema de estimación directa, podemos aventurarnos a afirmar, sin riesgo de equivocarnos mucho, que de los 3 millones de cotizantes aproximadamente un tercio, es decir, un millón, cotiza por bases inferiores a las reales, otro tercio se puede encontrar en un esfuerzo de cotización equilibrado con sus ingresos y un tercio más, es decir, otro millón, se ve obligado a cotizar por encima, proporcionalmente, de sus ingresos medios, netos y efectivos. Al menos en tres ocasiones, con rango de ley, los diversos Gobiernos de las cuatro últimas legislaturas han estado mandatados para realizar un estudio en profundidad de este sistema de cotización y proponer los cambios que puedan considerase oportunos, sin que se haya abordado este trabajo hasta la fecha. Parece que este puede ser el momento oportuno para avanzar en una reflexión que conduzca a un sistema más justo y equilibrado, aunque las decisiones -tengo que coincidir también con lo dicho anteriormente- deben adoptarse con prudencia y con plazo suficiente, ya que la situación económica puede no aconsejar fuertes cambios en los esfuerzos de cotización de manera inmediata, ni siquiera entre aquellos que puedan tener mayores capacidades. El futuro esfuerzo contributivo continuado de ese millón de autónomos que cotiza por debajo de sus ingresos anuales efectivos va a compensar y compensaría suficientemente la posible reducción de cotización de los que declaran un menor nivel de ingresos. Este cambio, por tanto, resultaría contributivo o contribución del RETA al factor de sostenibilidad a medio plazo y, al mismo tiempo, haría más justo el sistema; es decir, que se conseguirían ambos objetivos.
En este mismo terreno nos encontramos ante la necesidad de abordar las fórmulas de cotización por el trabajo autónomo realizado a tiempo parcial. Este es un tema que proviene ya de los informes realizados por la comisión de expertos, previos a la redacción del Estatuto del Trabajo Autónomo, pero que finalmente no llegó a ser abordado en esta norma, al menos de forma general, ya que con carácter sectorial y excepcional de alguna manera la ley afectaba esta realidad al proponer bases de cotización diferenciadas para determinados colectivos, como los del comercio ambulante o los de la venta directa, así como para aquellos que se encuentren en situación de pluriactividad, con cotización en más de un régimen de Seguridad Social, aunque en este caso siguen estando exceptuados los cotizantes de Muface. El cambio realmente importante proviene de la aprobación de la Ley 27/2011, que ustedes bien conocen, sobre la actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, más conocida como la reforma de pensiones de 2011. A través de su disposición final décima, el nuevo texto legal reformula el artículo 1, puntos 24 y 25, del Estatuto del Trabajo Autónomo, y establece por primera vez que la actividad autónoma o por cuenta propia podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo parcial y que la ley podrá establecer un sistema de cotización a tiempo parcial para determinadas actividades o colectivos y durante determinados períodos de su vida laboral. Posteriormente, sin embargo, la Ley de Presupuestos de 2013 retrasó la entrada en vigor de esta formulación hasta el próximo 1 de enero de 2014. Por tanto, no estamos hablando de algo que hay que hacer en previsión sino de algo que hay que regular el 1 de enero de 2014, fecha en la que consideramos que debe entrar en vigor sin más dilaciones.
Son ciertos los argumentos que pueden utilizarse sobre la complejidad de gestión de este modelo de cotización a tiempo parcial, sobre la necesidad de controlar y limitar los supuestos de su uso, con el fin de evitar potenciales abusos, y también debe articularse un sistema propio de cálculo de las horas cotizadas, por su vinculación en el acceso al complemento de mínimos. Este es el elemento central, no me atrevo hacer una formulación tan concreta como la que ha hecho Lorenzo, pero puedo decir que todos estos problemas pueden abordarse positivamente en un marco de diálogo y establecerse de forma particular para el RETA, puesto que el RETA no tenía este modelo anteriormente debido a su especificidad, sin
afectar por ello al conjunto de los modelos de cotización parcial que tanto se debaten en la actualidad. En todo caso, la cotización parcial puede hacer aflorar un conjunto de actividades profesionales consideradas hasta ahora de carácter marginal en términos económicos, pero que están tomando fuerte protagonismo por la debilidad del mercado de trabajo. Por otra parte, la fórmula propuesta posibilita una importante reducción de gasto en las políticas públicas de empleo. No podemos olvidar que muchos de los supuestos a los que se aplican bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social con cargo a las políticas activas no hacen más que ocultar la realidad de la parcialidad o no habitualidad de ciertos trabajos en determinados supuestos. Es decir, que la regulación del autónomo a tiempo parcial podría evitar determinados ámbitos de bonificaciones o reducciones de cuota actualmente existentes.
Por el momento, y a la espera de una reformulación general, al menos tendríamos que avanzar en los temas pendientes de desarrollo y en los compromisos incorporados ya en la mencionada Ley 27/2011, que sin duda van en la buena dirección, pero cuyo desarrollo no está siendo todo lo regular que desearíamos. Tengo que recordar que muchos de estos compromisos provienen del acuerdo social que antecedió a la promulgación de la ley y que son producto, en buena parte, no solo del proyecto presentado entonces por el Gobierno sino también del debate parlamentario. Por ejemplo, la disposición adicional cuarta mandata al Gobierno a estudiar la aplicación del régimen especial de trabajadores autónomos en el ámbito de la recomendación 5.ª del Pacto de Toledo, con el objetivo de incentivar el trabajo regular y la lucha contra la economía sumergida. Sin duda, la fórmula propuesta de cotización a tiempo parcial podría incidir en este objetivo. La disposición adicional novena establece la previsión de incrementar las bases medias de acuerdo con los incrementos medios que se producen en el régimen general. En todo caso, y este es un factor importante, indica que siempre lo será previa audiencia de las asociaciones de trabajadores autónomos, por lo que queda ratificado el modelo participativo y de diálogo permanente en estas materias. Evidentemente, esta evolución de las bases medias va íntimamente relacionada con el cambio de modelo de cotización. La disposición adicional vigésima establece la necesidad de acceder a la jubilación anticipada a los 61 años en las mismas condiciones que los trabajadores en situación legal de desempleo, es decir, los que están en el régimen general. Por último, también el Real Decreto 1698/2011, prevé el establecimiento de un procedimiento general para los coeficientes reductores en los supuestos de anticipación de la edad de jubilación. Tenemos que recordar que en este momento está pendiente su aplicación definitiva, pero en su momento se aprobó la jubilación anticipada a los 63 años, aunque todavía no están establecidos los coeficientes reductores que hay que articular para el sistema por cuenta propia, que están pendientes de un análisis del nivel de siniestralidad por profesiones que todavía no se ha realizado.
Por último, sin ser un tema central, pero sí directamente conectado, debemos hablar de la presencia y relación de las asociaciones de profesionales y trabajadores autónomos en las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como ya se ha dicho, estas son las entidades gestoras de buena parte de las cotizaciones y prestaciones del RETA; gestionan la incapacidad transitoria, las contingencias profesionales, la información en materia de prevención de riesgos laborales y la prestación por cese de actividad. Sin duda, no hay colectivo que tenga mayor dependencia de las mutuas que el de los trabajadores autónomos y, sin embargo, es el que menos presencia y coordinación tiene con estas entidades gestoras. Hay que recordar que la Ley 27/2011 -antes se ha comentado aquí, pero como necesidad- también quiso solucionar esta situación a través de la disposición adicional decimocuarta, promoviendo la participación en los órganos de supervisión y control; norma no atendida hasta la fecha. Desconocemos la línea que puedan marcar los borradores de la futura ley de mutuas que estamos esperando. Por supuesto, conocemos la dificultad para acceder a la prestación de cese de actividades, pero no me voy a referir a ello en la medida en que ya se han dado los datos y me uno a los indicados por parte de la representación de ATA.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): A continuación, pasamos a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Pilar Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Agradezco a los responsables de las organizaciones de autónomos, Lorenzo Amor y Sebastián Reyna, que hayan venido a la Comisión del Pacto de Toledo a explicarnos su postura. Me gustaría que fuéramos más concretos y quisiera preguntarles qué opinión les merece el informe que ha presentado el comité de expertos sobre el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones en lo que respecta al colectivo de autónomos. Concretamente, uno de los miembros de dicho
comité ha presentado un voto particular en el que hace una serie de recomendaciones, como es la de unificar los regímenes existentes para que solo existan dos; la reforma de las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia para adecuar bases y rendimientos profesionales, cosa que han dicho ambos; la incorporación de los profesionales colegiados del RETA dejando para las mutualidades un carácter complementario, etcétera. Supongo que conocen el documento y quisiera que hicieran una valoración más concreta sobre el mismo y cómo afecta directamente al colectivo de autónomos.
En otro orden de cosas, quisiera conocer su opinión acerca de la valoración que hace el colectivo de autónomos, ambas organizaciones, ATA y UPTA, sobre las medidas que se están tomando y que afectan directamente a las cotizaciones del régimen de autónomos, como la última Ley aprobada, de apoyo al emprendedor y del estímulo del crecimiento y del empleo, por la cual se permite que jóvenes menores de 30 años puedan hacer una cotización de 50 euros al mes durante los seis primeros meses desde el inicio de su actividad. ¿Cómo consideran esa medida? ¿Cómo afectaría al sistema público? ¿Qué recorrido creen que puede tener? También han hablado ambos de la importancia que tiene la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. Es el momento en el que hay que replantearse cómo se cotiza a la Seguridad Social -también fiscalmente, pero en esta Comisión nos afectan concretamente las cotizaciones a la Seguridad Social-. En el Grupo Parlamentaria Socialista estamos convencidos de que esa reforma tiene que iniciarse ya, no en vano presentamos una enmienda al proyecto de ley que acabo de citar, de apoyo al emprendedor, que pedía al Gobierno que en el plazo de seis meses desde la aprobación de esa ley se hiciese una proposición para la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos. Estamos convencidos de que el régimen que existe actualmente no es equilibrado, no es justo y no es progresivo. Es verdad que para llegar a esa conclusión hemos tenido que observar los datos que ustedes también acaban de poner encima de la mesa, y es que un tercio de los trabajadores autónomos está cotizando por debajo de su capacidad, otro tercio está cotizando de forma equilibrada y que hay un tercio que esta cotizando muy por encima de su capacidad. Creo que esa es la clave. Tenemos que dar respuesta a un régimen que sea más progresivo. Es verdad que Lorenzo Amor ha dado unos datos más concretos sobre cómo podría ser ese nuevo sistema, pero me gustaría profundizar en esa cuestión.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Pablo García Pérez.
El señor GARCÍA PÉREZ: Gracias por acudir a esta disminuida Comisión, porque nos hemos quedado en cuadro. Supongo que los compañeros estarán en otras comisiones. Quiero darles las gracias por su exposición y por las propuestas que han hecho. Yo auguro que el Grupo Popular va a estudiar las cuestiones que han planteado hoy; las conocemos hace tiempo y las hemos estado analizando. Somos sensibles a muchas de las circunstancias que ustedes han descrito hoy aquí, porque estamos al tanto de sus problemas. Son ustedes uno de los colectivos más importantes que existe en España por la creación de empleo y por su generación de riqueza y conocemos perfectamente gran parte de sus dificultades: carreras cortas, cotizaciones bajas que derivan en pensiones bajas, etcétera. Entendemos que hay que ir atajando estos problemas progresivamente para ir acercándonos al equilibrio entre el régimen general y el régimen al que ustedes representan. En el Grupo Parlamentario Popular apostamos por un sistema de pensiones público, fuerte y solvente, y estamos de acuerdo con ustedes en que hay que llegar a acuerdos y consensos, y esto tiene que ser fruto del diálogo con los agentes sociales, en este caso con ustedes. Creo que es necesario fortalecer el sistema de pensiones. Apostamos por un sistema sostenible porque si no esto sería inviable, y en los últimos tiempos hemos visto lo que ha ocurrido.
Para ser concreto, le preguntaré algunas cosas que teníamos preparadas. ¿Consideran ustedes que es sostenible el sistema si no se define ningún factor de sostenibilidad? ¿Consideran que es precipitada la entrada en vigor de este factor en el periodo 2014-2019? ¿Consideran que la Ley 27 es suficiente para la sostenibilidad del sistema? ¿Son partidarios de ir agotando el Fondo de reserva para no establecer el factor de sostenibilidad? ¿Creen que son los dos factores que forman parte del factor de sostenibilidad los que deben entrar a la vez en vigor para que funcione?
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Volvemos a dar la palabra a los señores comparecientes para que contesten a las cuestiones que han planteado los distintos grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (Amor Acedo): Agradezco sus preguntas. Aclararé un poco el tema. Como ha habido
coincidencia en las preguntas de la portavoz del Grupo Socialista y del portavoz del Grupo Popular sobre el factor de sostenibilidad y el informe, trataré de contestar a ambos. Creemos que en estos momentos el tema de las pensiones nos preocupa a todos, a ustedes, por supuesto, pero sobre todo la sociedad en general. El informe es una de las alternativas que yo he ido relatando y que se pone encima de la mesa. Lo que tenemos que tener lo suficientemente claro es que hemos perdido muchos cotizantes, que en los próximos cinco años no vamos a recuperar el empleo al ritmo al que lo hemos perdido, que hoy hemos conocido que en el mes de junio se ha vuelto a incrementar lo que hay que pagar en pensiones, y que de alguna forma -en el ámbito empresarial así lo haríamos- tendríamos que tener alguna contingencia preparada. ¿Esa contingencia puede ser el Fondo de reserva? Puede ser una de las alternativas, pero, como decía en mi intervención, el fondo es limitado y tiene -entre comillas- una fecha de caducidad, es decir, cuando se acaba se ha acabado. ¿Es otra alternativa buscar un sistema impositivo que complemente al sistema público? Puede ser otra alternativa, pero creo que en estos momentos tenemos la suficiente presión fiscal como para meter más impuestos.
Es cierto que la Ley del año 2011 ha supuesto un importante esfuerzo, además consensuado entre todos -principalmente los agentes sociales-, para llegar a buscar esa sostenibilidad del sistema, pero también lo es que las cosas han cambiado entre esa fecha y el momento actual. Ahora hay menos cotizantes y se prevé que no vaya a haber el suficiente retorno de cotizantes como para poder mantener los esfuerzos que se hacían en esa reforma de las pensiones. ¿Será necesario entre los años 2014 y 2019 utilizar los factores? Pienso que tal y como van a evolucionar el mercado de trabajo y el número de cotizantes -llámenle ustedes como quieran llamarle, los dos factores que establece el informe o cualquiera de las otras alternativas- algo habrá que poner en marcha si queremos hacer sostenible el sistema de pensiones y si, por ejemplo, no se quiere echar mano de subir impuestos, de reducir pensiones o de tener que tocar el Fondo de reserva. Estoy plenamente de acuerdo en algunos aspectos del informe en los que se refleja, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, la adecuación de las cotizaciones a los ingresos. Es algo que se ha discutido aquí, en el Pacto de Toledo y, por tanto, nosotros lo hemos puesto encima de la mesa.
En cuanto a las medidas de apoyo al emprendedor, tengo que decir que siempre ha habido apoyo a los nuevos autónomos en materia de reducción, de bonificación de cotizaciones. Pienso que a todo el mundo le está sorprendiendo, por el número de altas que se están produciendo, la estrategia de emprendimiento y empleo juvenil. Ni los más optimistas del lugar pensaban que a fecha de hoy, cuatro meses después de la puesta en marcha de la estrategia de emprendimiento, se hubieran dado de alta como autónomos 46.000 jóvenes utilizando la tarifa plana. Pero lo mismo que digo esto tengo que decir que con un problema de empleo como el que tenemos lo que no entiendo es cómo se sigue limitando a los jóvenes menores de 30 años. Con una tasa de paro como la actual lo que es bueno para los jóvenes menores de 30 años no entiendo que no lo sea para el que tiene 31 años y que se puede dar de alta como autónomo. Es una alternativa. Yo soy de los que piensa que ser autónomo o ser emprendedor no tiene nada que ver con la fecha de nacimiento que aparece en el DNI y que lo que es bueno para uno en cuanto a empleo tiene que serlo para otro. No me referido a esto antes, pero me van a permitir hacer un breve comentario sobre el tema. Nos tiene que llevar a reflexionar a todos lo que está ocurriendo con las personas mayores de 50 años. En la anterior comparecencia, cuando se habló de aumentar el cálculo de la pensión progresivamente a veinticinco años, dije que hay personas que han entrado muy jóvenes en el mercado laboral, que están siendo expulsados del mismo con 50 años, que han cotizado treinta, veintinueve y veintiocho años, muchas veces por bases muy elevadas, y que al final de su vida laboral se encuentran con que no están cotizando o haciéndolo por bases muy bajas, lo que está provocando que el día de mañana no se sea justo y equitativo con lo que han contribuido a lo largo de toda su vida laboral. Si se ha creado la tarifa plana para los jóvenes habría que hacer exactamente lo mismo con este colectivo de mayores de 50 años, al menos en un primer tramo, porque a día de hoy muchos están siendo, repito, expulsados del mercado laboral y quizá la única alternativa que puedan tener para reincorporarse sea autoemplearse o establecerse por cuenta propia.
El señor SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PROFESIONALES Y TRABAJADORES AUTÓNOMOS, UPTA (Reyna Fernández): En cuanto al planteamiento que hacía el Grupo Parlamentario de mejorar la contributividad, coincide totalmente con el de nuestro colectivo. Hay algo que he intentado explicar, que me parece fundamental, y es que la mejora en términos netos de contributividad, actualizando las bases de cotización de aquellos que pueden cotizar más, hace más justo el sistema. En este caso no
es un esfuerzo de cotización por cotizar sino para hacer más justo a medio plazo el propio sistema de Seguridad Social. Se intentan conseguir los dos objetivos en esa búsqueda de una solución a largo plazo. En cuanto a las mutualidades, nosotros siempre hemos sido partidarios de la unificación, de la integración. También hay que reconocer que prácticamente solo queda la Mutualidad de Abogados, que desde el punto de vista de su volumen global no es un tema mayor.
Hay una cuestión que quería comentar, que ha surgido en alguna ocasión, que es la necesidad, que también lo recoge el Pacto de Toledo, de potenciar los sistemas complementarios en el régimen de autónomos. No lo he querido introducir directamente en la exposición, aunque en otras ocasiones lo hemos hecho, por una razón importante, y es porque creo que en este momento no es el tema prioritario. Si hemos hablado de que puede haber en torno a un millón de autónomos que están cotizando por debajo de sus ingresos efectivos, si incrementamos o pedimos el incentivo de las cotizaciones a sistemas complementarios, estamos reduciendo aquello que tendrían que aportar al sistema público. En este momento hay autónomos que tienen niveles de ingresos superiores a los 40.000 o 50.000 euros anuales que están cotizando 250 euros en el régimen público y 250 euros a un sistema privado. No digo que no haya que incentivar los sistemas complementarios, porque siempre hemos sido defensores de ellos, pero no tiene ningún sentido cotizar lo mismo al sistema público y al sistema privado, porque no es justo desde el punto de vista del sistema ni de los datos del sistema, como hemos visto. Estos pequeños cambios son elementos de sostenibilidad muy importantes.
Bonificaciones de cuotas. He intentado explicar que creo que en las bonificaciones de cuota -que son positivas y nosotros las defendemos, sobre todo para determinados colectivos- hay una realidad para la que hay que buscar una solución, y es que al entrar en el sistema por cuenta propia, sobre todo los jóvenes o las personas con mayor debilidad, el coste más alto que tienen es el de la Seguridad Social. En la medida en la que el coste de Seguridad Social se convierta en una barrera para el emprendimiento, es un problema y, por tanto, tenemos que buscar soluciones. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Que a veces buscamos barreras por vía de bonificaciones innecesarias. Si se plantea algún modelo de cotización parcial, como antes se ha explicado, un profesor que da clases particulares no tiene por qué ser bonificado necesariamente en una tarifa de 50 euros, porque posiblemente no tendría que pagar más de 60 o de 70 euros de Seguridad Social estando en el sistema regular. Ahorramos dinero a las políticas activas y, sin embargo, el sistema tiene un cotizante más. Creo que hay que buscar soluciones imaginativas y que no necesariamente sean costosas, porque las hay; por eso proponíamos algunas de estas.
En cuanto a los datos de bonificaciones, solo haré un comentario. Yo aconsejaría al ministerio que hiciera los datos sobre la evolución neta -no digo ahora sino dentro de unos meses- para hacer la valoración final de la aplicación. Siempre hemos pensado que esta medida es buena y que va a producir efectos de integración, de altas, pero hay tal movilidad en el colectivo hasta 30 años, incluso entre 30 y 35 años, tantas altas y bajas en el sistema, que al final lo importante no es el número de personas que se han acogido, porque todo joven que entra lógicamente se acoge al sistema que existe, pero se están dando de baja otros. Por tanto, puede ser que las cifras no informen suficientemente, en el sentido de que nos podemos encontrar con que 100.000 se han aplicado la tarifa, pero se han dado de baja 80.000 y solamente hay 20.000 netos nuevos jóvenes. Por tanto, dentro de unos meses sería conveniente que el ministerio hiciera una valoración de la evolución neta de los jóvenes menores de 30 años y no solo sobre los que se aplica la tarifa, porque se entiende que a todos los nuevos se aplica la nueva tarifa, por lo que podía distorsionar la información. Solamente para poder hacer un seguimiento correcto de estas políticas de apoyo.
En cuanto al planteamiento general por el que se nos pregunta, creo en la sostenibilidad del sistema, no necesariamente en el factor de sostenibilidad, es decir, depende de cómo se enfoque desde el punto de vista del tratamiento. Si entendemos por factor la aplicación de una normativa inmediata a una fecha determinada, como todo, es relativo. Que hace falta analizar la sostenibilidad es lógico, en eso estamos todos de acuerdo. Si no es sostenible el sistema, es evidente que hay que hacer los cambios necesarios. Como decía antes don Lorenzo, algo hay que cambiar, pero eso significa cambiar estructuralmente el sistema, creo que no. Se pueden hacer cambios sin necesidad de que sobre la base de una foto fija de hoy cambiemos un modelo de futuro. Esa es mi preocupación y así lo planteo. Lo hago para pedir una mayor contributividad de parte de mi propio colectivo. Por tanto, partiendo de la base de que soy el primero que planteo que en autónomos habría que cotizar más -en las condiciones que se pacte, de manera adecuada y racional- y mantener las bases medias aceptables en la cotización. Dicho eso, también es verdad que por el hecho de que estemos coyunturalmente en un momento de caída de
cotizantes muy importante, posiblemente no sea justificación suficiente para un cambio estructural a medio y largo plazo. Habría que darse un tiempo. Para eso nació de alguna manera el Fondo de reserva, para, cuando llegara ese momento, darse un tiempo para que los cambios se pudieran hacer con una cierta tranquilidad. Mi opinión -no quiero meterme en terrenos excesivamente generales, por eso he hablado de mi régimen que es el que conozco- es que no hagamos cambios basados en un momento de coyuntura. Tenemos el Fondo de reserva, al que todos hemos contribuido, para ayudar al proceso de transformación, pero por supuesto hay que hacer cambios en el ámbito de la cotización y, sobre todo, en el elemento más importante que es buscar fórmulas, en el caso de autónomos en particular, para que haya más cotizantes. Nosotros hemos puesto algunas propuestas directamente sobre la mesa.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Muchas gracias, don Lorenzo Amor y don Sebastián Reyna por su disponibilidad para comparecer en esta Comisión. Estoy segura de que los grupos parlamentarios tomarán nota de sus intervenciones y servirán para enriquecer este debate tan importante que estamos teniendo en esta Cámara. Sin más, suspendemos por cinco minutos la sesión para despedir a los comparecientes y recibir al siguiente. (Pausa).
- DEL MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (RUESGA BENITO), PARA QUE INFORME A LA COMISIÓN SOBRE ESTA MATERIA. (Número de expediente 219/000347).
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Continuamos con la sesión de esta Comisión del Pacto de Toledo. En esta ocasión con la comparecencia de don Santos Ruesga Benito, miembro del comité de expertos del informe del factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones a quien damos la bienvenida a esta Comisión, agradeciendo su disponibilidad para comparecer en la misma, y, sin más dilación, le damos la palabra.
El MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Ruesga Benito): Gracias por haberme invitado a estar hoy con ustedes debatiendo sobre estas cuestiones, desde mi punto de vista, importantes para el país, como es la posible reforma del sistema público de pensiones. Como quizá todos ustedes sepan, de los miembros del comité de expertos que nombró el Gobierno y que hemos estado trabajando en torno a un mes y medio, soy la única persona que finalmente votó en contra del dictamen que estableció ese comité y que se aprobó por mayoría. Voy a tratar brevemente de explicarles cuáles son mis argumentos, aunque supongo que pueden conocer la explicación de voto que se adjuntó al dictamen y al acta de la última reunión en la cual votamos y que está, al menos que sepa, en la página web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
El punto de arranque es una comisión de expertos que plantea el Gobierno y que nos encarga hacer un desarrollo de lo que establecía la Ley 27/2011, dentro de su articulado, relativo a un factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida. Esto era más o menos textual, estoy citando de memoria, con lo que puede que no sea exactamente, pero lo que ahí aparece es que en el año 2027 y, pudiéndose aplicar a los diferentes parámetros que definen las pensiones -definen la pensión inicial de entrada al periodo de jubilación- se aplicaría un factor que tendría que estar relacionado con la evolución de la esperanza de vida. Esto mismo se reitera en el mandato del decreto de marzo de este año en el que se plantea la creación de este comité de expertos, donde se nos confiere este tipo de trabajo de desarrollo de este factor de sostenibilidad. Lo mismo se plantea el día de la constitución del comité de expertos en el que la ministra de Empleo y Seguridad Social nos explicó que este era el mandato del Gobierno. A partir de ahí estuvimos trabajando durante un mes y medio aproximadamente -no recuerdo muy bien las reuniones-, pero tuve una serie de discrepancias que voy a tratar de explicar. Obviamente hay coincidencias, el texto es muy largo y hay cosas en las que estoy de acuerdo, pero la esencia de lo que plantea el documento y, sobre todo, lo que para mí es singular y para todo el mundo, que es el establecimiento de un doble factor de sostenibilidad para el sistema público de reparto de pensiones, es lo que no comparto y, en función de eso, manifesté mi voto contrario al sistema.
Partía de una hipótesis y es que nuestro mandato estaba fundamentalmente circunscrito a la creación de un factor de sostenibilidad vinculado a la evolución de la esperanza de vida. Obviamente se pueden hacer muchas cosas desde el punto de vista de la sostenibilidad, esta era mi visión, pero que me percaté que no era compartida por una mayoría de los miembros de la Comisión que interpretaban que había que
plantear otros elementos adicionales para intensificar los mecanismos de cara a la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Para mí era una novedad, no porque no estuviera en la literatura, en la que uno puede encontrar de todo y de todo tipo de factores, pero sí en cuanto a lo que interpretaba que era el objetivo mucho más vinculado a la ley del año 2007. La mayoría del comité decide hacer una interpretación extensa del mandato que amplía los instrumentos de sostenibilidad del sistema a un segundo factor de sostenibilidad que, como ustedes ya conocen, se aplicaría a la revalorización anual de las pensiones, sustituyendo -al menos esa es la propuesta que aparece en el documento- al mecanismo actual que ustedes aprobaron en su día de revalorización relacionada con la evolución del IPC, del índice de precios al consumo.
Quería hacer dos consideraciones en función de las dos fórmulas de revalorización que aparecen en ese documento. La primera es lo que el texto denomina factor de equidad intergeneracional en el que se plantea un desarrollo de lo que estrictamente decía la ley y, en mi opinión, el mandato. Es decir, un cociente a aplicar al cálculo de la pensión inicial para entrar en el sistema, de un cociente que en definitiva es la expectativa de vida, dependiendo en la edad que se entre, 65, 66 o 67 años, que se tiene con respecto a la esperanza de vida en el momento en el que el factor se pone en marcha. Eso da un coeficiente. En las tendencias actuales sería menor que uno y, por tanto, si lo aplicamos directamente al cálculo de la pensión rebajaría -dependiendo del momento en el que uno entre al sistema- el cálculo respecto a la situación anterior a la existencia de esta parte del factor de sostenibilidad. Hasta ahí, en principio, es una interpretación en la que estaríamos de acuerdo.
Empieza algún tipo de discrepancia en el sentido de cómo se aplica este cociente. La ley no lo establece, lo deja abierto y entendía, así lo hice saber a mis colegas, que era mucho más favorable hacer una aplicación amplia y, en todo caso, mixta con los distintos parámetros que definen la pensión: la edad de jubilación, la definición del periodo de cotización, el periodo de cómputo para el cálculo, etcétera y previsiblemente también el propio cálculo directo o la aplicación de una parte del coeficiente, una parte proporcional, a la base reguladora para obtener la pensión final. En todo caso, entendía que debiéramos haber realizado unos estudios con bastante más detalle, que de hecho no se hicieron o se hicieron de manera muy preliminar por razones de tiempo -estuvimos, como he dicho, escasamente un mes y medio-, que nos permitieran visualizar bastante mejor los distintos posibles impactos de la aplicación de este factor de sostenibilidad a los distintos parámetros del cálculo de la pensión inicial: el cálculo de la edad, etcétera. Esto es algo que habitualmente se hace y que quien toma las decisiones, que son ustedes, debieran tener esa información de si parece más interesante aplicar el coeficiente en su 100% a la edad de jubilación o si aplicamos un 50% con un periodo transitorio en términos similares, como ha hecho la ley, y el otro 50% lo aplicamos directamente al cálculo sobre la base reguladora. Cabían distintas opciones e insistí en que nuestra función debía ser plantearles las distintas opciones posibles y los resultados. Si lo aplica aquí en el año tal, por ejemplo, si lo aplica al retraso en la edad de jubilación, teniendo en cuenta que a partir de 2027 estaremos en 67 años, en el año 2050 habría alargado un año y algo más, estaríamos en los 68 o 68,5 años. Si aplican el cómputo en los años que tienen en cuenta para el cálculo de la base reguladora, etcétera, es decir, desde mi punto de vista, no tendríamos por qué haber cerrado el parámetro sobre el que se aplica el proyecto, sino haber analizado la aplicación de los distintos parámetros e incluso en algunos supuestos mixtos, no solo en uno de los parámetros, entendiendo que, al menos desde mi interpretación de lo que decía la norma, eso estaba abierto. El segundo elemento de discrepancia era la fecha de entrada en vigor. La fecha que dice la norma que está todavía vigente es en el año 2027 como punto de anclaje del factor y se aplicaría cada cinco años, con lo cual la aplicación efectiva sería en el año 2032.
La norma tenía dos hipótesis que me parecían razonables. Primera hipótesis, que efectivamente los problemas serios de la posible sostenibilidad de nuestro sistema empezarían en torno a finales de la próxima década, cuando las previsiones demográficas establecen que entrarán a ser pensionistas en el sistema las generaciones del baby boom, aquellas que nacieron en el entorno de los setenta y que empezarán a aumentar de manera importante, si las previsiones demográficas se cumplen, el número de pensionistas que haya en el país. En todo caso, de aquí a entonces había un espacio importante incluso para negociar si se adelantaba o no, pero desde mi punto de vista no era estrictamente necesario hacerlo en este momento. Segunda hipótesis, me parecía mucho más adecuado, aunque eso no está claramente definido en el informe, hacer unas aplicaciones quinquenales, porque las aplicaciones anuales son muy breves y quizás es más complicado incluso desde el punto de vista de la aplicación administrativa hacerlo cada año que cada cinco años, porque no va a tener mucho efecto de tipo económico cada año, ya que las bajadas o los aumentos de la esperanza de vida anuales son relativamente pequeños, a lo mejor
estamos hablando de 10 o 15 euros por pensión media mensual, lo que tendría más efectividad, pero ese es un tema a discutir que les compete a ustedes.
En cuanto al factor de revalorización anual, por sintetizar mi posición, creo que es innecesario y además inoportuno plantearlo en este momento. Primer elemento de mi análisis, estábamos haciendo un estudio sobre la sostenibilidad. ¿El sistema se va a caer en el año que viene? No, no se va a caer. Estamos hablando de un horizonte, en general, de riesgos importantes si no se toca el sistema en ninguno de sus parámetros a finales de la década de 2020 y principios de 2030 y estamos hablando de unos horizontes de ajuste que van hasta mediados del año dos mil cincuenta y tantos, donde las previsiones establecen que el gasto en pensiones se puede estabilizar incluso tender ligeramente a decrecer, porque se habrá nivelado el número de pensionistas. La primera cuestión es que no veo la necesidad, desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la urgencia en la puesta en marcha de este factor. Teníamos tiempo para que una comisión de este tipo o cualquier otra que se pueda prever pudiera hacer los estudios pertinentes para ver los efectos que cualquier alteración del sistema -y esto sin duda supone una cierta alteración del sistema- llevara consigo en términos de muchas de las variables que están detrás, incluso en términos puramente macroeconómicos, en la medida en que estamos alterando el flujo de rentas hacia un colectivo que puede llegar a ser en algún momento de los años cincuenta el 30% de la población del país. Lo sensato hubiera sido hacerlo con más tranquilidad y verlo.
El segundo elemento respecto a este factor es que no es neutro, es un factor que puede asegurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo, pero que tiene dos cuestiones a considerar. Primera cuestión, que el efecto inmediato será una bajada de las pensiones, independientemente de que pongamos un suelo para las pensiones actuales, lo que ocurrirá si se aplica al año que viene es que en la coyuntura actual las pensiones medias bajarán, al año siguiente ya no habrá protección para las nuevas de 2014, con lo cual estas pueden bajar en términos nominales, salvo que ustedes establezcan que el suelo de bajada se sitúe en el 0 y no haya bajada nominal para ninguna de las pensiones, pero me estoy refiriendo a lo que dice el documento que se aprobó por mayoría de mis colegas del comité. Cabe -esta es la previsión- que haya una reducción en los próximos años de las pensiones en términos reales y potencialmente en algunos casos en términos nominales. Esto tiene una serie de efectos macroeconómicos importantes en un periodo de recesión que, desde mi punto de vista, es importante tener en cuenta. Incluso se tendrían que haber hecho algunos supuestos para ver lo que eso significaba. Estamos hablando de que puede tener un efecto de tipo procíclico que en una situación como la actual puede contribuir a deprimir más la demanda agregada del conjunto del sistema económico en el que nos movemos.
La segunda cuestión, por no alargarme excesivamente, sería que la tendencia a largo plazo es que este tipo de factor se apoya en una filosofía en la que la sostenibilidad se apoya fundamentalmente en la reducción del valor relativo de las pensiones. En esto discrepo, creo que es posible plantear otras fórmulas de sostenibilidad que no tengan por qué intensificar la reducción del valor relativo de las pensiones, es decir, lo que llamaríamos la suficiencia de las pensiones, lo que pasa es que sería tocando los ingresos. Es un factor que se apoya fundamentalmente en la reducción del gasto, e independientemente de los detalles más técnicos de la fórmula en los que no voy a entrar por el momento, lo que a largo plazo significaría una reducción significativa -y cito palabras textuales del informe- de la tasa de sustitución de las pensiones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que estamos planteando un escenario de sostenibilidad del valor de las pensiones que se apoya exclusivamente en la reducción de las mismas. Es posible plantear un escenario de sostenibilidad en el que en parte se apoye en la reducción de las pensiones. Cosa que ya se ha hecho con la Ley 27/2011 y la aplicación del primer factor de sostenibilidad ahondaría en esa dirección, independientemente de en qué parámetros se aplique el resultado supondría una reducción adicional de las pensiones. En el informe también se estima cuál es esa reducción de un 20% respecto a la situación actual en unos veinticinco años.
Hay dos mecanismos que ya introducen reducciones en la tasa de sustitución de las pensiones y pienso que no era necesario introducir un tercero, sino que había que acudir a los ingresos. ¿Cómo? Ahí ya es una cuestión de, en el marco de los procesos de reforma fiscal, ver cómo se plantea una mayor suficiencia recaudatoria del sistema fiscal y plantear un mecanismo de suficiencia para las pensiones que suponga, en definitiva, una transferencia de renta adicional de los activos hacia los pasivos. Un mecanismo de solidaridad. Con eso habríamos completado un sistema que seguiría siendo un sistema de reparto con algo mayor de suficiencia y llegando a los escenarios que plantean tanto los informes oficiales como los de la Comisión Europea, que se sitúan en torno a un gasto de entre el 13 y el 14% del PIB, sin aplicación de este segundo factor, con aplicación de la ley y del factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de
vida. ¿Es exagerado? No, es un gasto que en ese momento, al menos en los escenarios que plantea la Comisión Europea, estaría en torno a la media de los países comunitarios, ligeramente por encima de la media de la Europa de los Veintisiete y relativamente por debajo del gasto de la zona euro. Quiere decir que estaríamos en una situación de gasto bastante equiparable a nuestros colegas en términos relativos, obviamente, aunque las pensiones serían menores, pero también nuestro PIB será menor en términos relativos. Estaríamos en un nivel de gasto más o menos en un horizonte de convergencia con los países de la Unión Europea. El problema es que, desde mi punto de vista, habría que plantearse el ajuste por los ingresos.
¿Se puede automatizar, como parece que era la intención de la mayoría del comité, el proceso de ajustes? Sí, igual que se podría haber establecido una fórmula para ajustar por el valor medio de las pensiones, se puede hacer una fórmula para ajustar por los ingresos. No estoy diciendo ni preconcibiendo que eso sea aumentar cotizaciones, hay otras múltiples fórmulas para aumentar los ingresos que se derivan al sistema. No estoy diciendo cosas que no se hagan. En este momento el sistema se nutre aproximadamente en su once y pico por ciento de ingresos en un uno y pico por ciento de -me estoy refiriendo siempre al PIB- transferencias procedentes del Estado para pagar. En este momento el 100% de los complementos a mínimos de las pensiones se pagan con dinero del presupuesto, no con dinero contributivo de la Seguridad Social, y otras partidas como las pensiones no contributivas, etcétera, se están pagando así. Sería acelerar o aumentar en los próximos cuarenta años un proceso de transferencia del sistema público en general o de las cuentas públicas al sistema de la Seguridad Social para cubrir el incremento en gasto de las pensiones.
¿De cuánto estamos hablando? Las estimaciones que hace la propia Administración, en principio avaladas por la Comisión Europea en los informes que ha venido publicando, consideraban que, si no se hubiera aprobado la ley de 2007 y no se hubiera procedido a ningún tipo de reforma, nuestro gasto en pensiones en torno al horizonte de 2060 se hubiera situado en un 16,7% del gasto sobre el PIB. Se calcula que el resultado de la ley son unos 3 puntos del PIB, es decir, que iríamos a un 13,7, después de la aplicación de la ley, y que el factor de sostenibilidad que aparece en la ley, el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida, puede aportar otro 0,5 o 0,7 de reducción en el gasto en pensiones, con lo que nos situaríamos en el horizonte del año 2060 entre el 13, el 13,5 o el 13,7% de gasto en pensiones públicas sobre el PIB. Plantearse una transferencia de dos puntos desde activos a pasivos del PIB, que aproximadamente sería lo necesario en un horizonte paulatino -habría que ajustar los tiempos- de unos cuarenta y cinco años, parece razonable. Esta sería la esencia de mis discrepancias. Adicionalmente, entendía que, en todo caso -y esto es algo que la literatura internacional suele argumentar en temas de una sensibilidad social tan importante como son las pensiones-, aplicarlo en fases tan depresivas como las actuales no suele ser buen compañero de viaje. Entendía que la urgencia no era tan inmediata. Es verdad que tenemos un sistema que en el año 2011 entró en déficit por razones del ciclo, es decir, entra en déficit coyunturalmente, un déficit pequeño; el déficit grueso lo tuvimos en el año 2012 y previsiblemente este año también lo tendremos. Ahora bien, las cosas se podrían haber abordado razonablemente bien con el Fondo de reserva, que además estaba definido para eso, no era algo excepcional. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el año 2018, en torno a cinco años, que es cuando el propio Gobierno, en el Plan de estabilidad, espera que el presupuesto de la Seguridad Social vuelva al superávit. Ahí tenemos 63.000 millones largos de recursos, que se podrían utilizar en los próximos cuatro o cinco años, mientras continúe la situación de déficit presupuestario de la Seguridad Social, con lo que estaríamos haciendo lo que el propio sistema tenía previsto hacer. En ese sentido, no me parece una buena decisión vincular una reforma del sistema de pensiones con la coyuntura, en definitiva, con un objetivo de sostenimiento del déficit. Más allá de mis valoraciones sobre ese tipo de política de sostenimiento del déficit, no me parece razonable ni desde el punto de vista económico ni desde cualquier otro punto de vista vincular las reducciones en el valor relativo de las pensiones -incluso potencialmente en su valor nominal- al déficit. Entonces, ¿por qué plantearse empezar en 2014, cuando sabemos que todavía hay recorrido en el proceso de depresión económica y que caería la revalorización de las pensiones? Interpreto -estas ya son interpretaciones personales que no afectan especialmente al sentido de mi voto, ya lo he explicado- que no se quiere utilizar el Fondo de reserva porque computaría en el déficit. Con ajustes a corto plazo del Fondo de reserva estaríamos cargando 1 o 1,1 puntos porcentuales al déficit, pero si lo cargamos sobre pensiones no computaría en el déficit, porque el gasto bajaría.
En grandes líneas, más allá de matices que se puedan introducir, estos son mis argumentos. Espero no haberme extendido mucho y no haberles aburrido demasiado.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Pasamos a las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzando por el Grupo Mixto. Tiene la palabra don Sabino Cuadra Lasarte.
El señor CUADRA LASARTE: Empezando por esto último que acaba de comentar usted, tengo recogidas unas declaraciones que había realizado -es una referencia indirecta; si no me ajusto a la realidad estrictamente, corríjame usted- señalando que el objetivo del Gobierno con este informe era dar una cobertura científica, a través de este comité de expertos, a una reforma del sistema público de pensiones fundamentada no tanto en razones de sostenibilidad a largo plazo como en directrices marcadas desde la Comisión Europea, desde la Troika, que tenían que ver concretamente con lo que al final ha señalado usted, que la utilización del Fondo de reserva para unas necesidades temporales, limitadas, que están ahí, iba a computar como déficit y esto chocaría de forma frontal con las directrices que se están imponiendo desde Europa. Es decir, una buena parte de estas propuestas que se hacen están motivadas por problemas ajenos a la propia sostenibilidad del sistema de pensiones. ¿Es esto así, tal como lo estoy comentando, o no está muy ajustado a la realidad?
Quiero hacerle una segunda pregunta. Lo anterior tiene que ver con el tema de las prisas -usted lo ha comentado y alguna otra persona también lo ha señalado-, con los ritmos con los que se ha trabajado y con la falta de más información en relación con algunas de las previsiones que se estaban poniendo encima de la mesa. Desde distintos medios se ha hecho referencia a la vinculación de bastantes miembros del comité de expertos con intereses cercanos a las empresas de seguros, banca, etcétera. ¿Considera usted que el mapa de los expertos en este tema en la comunidad científica a nivel estatal esta suficientemente representado en este comité o las cartas estaban repartidas desde el principio, el pescado estaba vendido ya? Todo esto puede relacionarse también con las prisas, con el acelerón para no discutir a fondo este tema tan importante y sacar unas conclusiones que podrían estar ya impuestas por las directrices que desde Europa y desde el Gobierno se estaban dando.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero) Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Coscubiela Conesa.
El señor COSCUBIELA CONESA: Gracias por su exposición, en la que han quedado muy nítidas las razones que le han llevado a usted a emitir un voto distinto. Simplemente quiero hacerle tres preguntas.
En anteriores comparecencias de otros miembros del comité -usted lo ha ratificado hoy- ha quedado muy claro que ustedes han entrado a hacer determinadas propuestas sin haber analizado previamente los impactos que la Ley 27/2011 pudiera tener. A algunos nos ha sorprendido y así lo hemos hecho saber. Tampoco parece que en el ámbito de la comisión se hayan hecho las proyecciones lógicas en relación con el impacto de la aplicación de las propuestas que se hacen tanto en relación con el FEI como con el FRA. Constatado esto, ninguno de los anteriores comparecientes, al menos a mí no me ha parecido entenderlo, nos ha dado una razón lógica de por qué aspectos que parece que deberían haber sido tenidos en cuenta antes de formular sus sugerencias no han sido tratados en la comisión.
En segundo lugar, nos sorprende que, a pesar de que en bastantes puntos se insiste en una cosa que usted ha dicho hoy, que la sostenibilidad del sistema se puede conseguir no solo ajustando gastos sino también mejorando los ingresos -no se apuntan, pero se citan algunas vías-, todo el informe se oriente a concretar en qué consiste la reducción de los gastos en pensiones sin que haya ni una sola concreción en relación con las posibles mejoras de los ingresos, tanto en sus vertientes contributivas -donde el margen, aunque es menor, existe aún- como en sus vertientes no contributivas de origen fiscal. Nos puede dar alguna razón de ese desequilibrio profundo en la concreción de unas cosas y no de las otras.
Por último, el informe sugiere que no hay que tener presente el horizonte 2027 o 2032 de la Ley 27/2011, hoy vigente, y plantea una horquilla de aplicación entre 2014 y 2019. No he sabido encontrar una explicación técnica de por qué esas fechas y no otras, no he sabido encontrarla, y las que se nos han dado, al menos hasta ahora, desde nuestro punto de vista, confunden los planos, el plano estructural del factor de sostenibilidad con el plano coyuntural de la crisis actual motivada fundamentalmente por la caída de los ingresos. Si no entiendo mal la lógica del sistema de Seguridad Social, incluso aplicando el factor de sostenibilidad en el año 2014, su incidencia es relativa, su incidencia real es acumulativa y va mucho más allá de lo que las previsiones del Gobierno sitúan como final de esta crisis. No sé ver esto desde la perspectiva de garantizar los ingresos actuales para evitar déficit e impacto en el Fondo de reserva. Tengo la impresión de que los redactores del informe han confundido, no sé si consciente o inconscientemente, las medidas de carácter estructural, que se proyectan en el tiempo muy lentamente, con las medidas de
carácter coyuntural, motivadas por la caída brutal de los ingresos como fruto de la caída del empleo. Nos gustaría que nos concretara más esos aspectos, porque continúan inquietándonos y no hemos encontrado respuesta a ellos en anteriores comparecientes.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor Santos Ruesga, quiero darle la bienvenida en nombre de mi grupo a esta Comisión y agradecerle su comparecencia y su trabajo en el comité de expertos.
Cuando hicimos la segunda renovación del Pacto de Toledo -empezamos en 2008 y acabamos a finales de 2010-, analizamos y comparamos una serie de proyecciones e hicimos unas recomendaciones que luego el Gobierno y los agentes sociales convirtieron en el Acuerdo social y económico para el crecimiento del empleo y la garantía de las pensiones, que a su vez fueron reflejadas en su totalidad en la Ley 27/2011. Creíamos y creemos que esa ley contiene las reformas paramétricas necesarias para garantizar la viabilidad del sistema a futuro. En esa ley dejamos establecido que después, cuando la ley estuviera en pleno vigor, en el año 2027, se diseñara un factor de sostenibilidad a futuro. El Gobierno creó el comité y le dio el mandato de diseñar un factor de sostenibilidad, pero sus miembros han resultado tan trabajadores y han tenido tanta iniciativa que nos han sorprendido con dos factores, uno ligado a la edad y otro ligado a la revisión de las pensiones. Sinceramente, pienso que sería una barbaridad aplicar en este momento un factor de revalorización interanual como el que plantean. Le explico por qué. La Ley 27 pasa de quince a veinticinco años para el cómputo de la pensión. Eso supone para el pensionista, más o menos, una media del 3,5% menos de pensión, aunque es verdad que mejora a aquellos que hayan sido expulsados del mercado de trabajo. En la Ley 27 decimos a los trabajadores que para tener lo mismo que antes tenían con treinta y cinco años de cotización ahora tendrán que trabajar treinta y ocho años y medio, es decir, les exigimos tres años y medio más de cotización. El Gobierno del Partido Popular, desde que ha llegado, no ha hecho otra cosa que meter medidas por la puerta de atrás, que son de hecho recortes de pensiones. Pongamos el ejemplo de una señora que haya cotizado cuarenta años, que la despiden este año, con 54 años, que a los 56 no tenga derecho a acceder al subsidio de mayores de 55 años -que antes era de 52- y se vea sin cotizaciones hasta los 61, cuando acceda a la pensión. Si nos ponemos a calcular, veremos que sufrirá el efecto de la subida de los años para el cálculo de las pensiones, el efecto del aumento de los años de cotización, el efecto de la cobertura de lagunas, que es un palo a su pensión, y además el efecto del límite del complemento a mínimos que le pudiera corresponder, que también se modificó en el último decreto referido a la jubilación anticipada. No sé adónde nos quieren llevar -bueno, sí lo sé-, pero este grupo no está ni estará de acuerdo en llevar las pensiones a otra situación que no sea la de garantizar su viabilidad, garantizando también pensiones razonables para la gente que se las ha ganado después de trabajar muchos años.
Recuerdo que en 1997, un miembro de Fedea, en la Universidad Menéndez Pelayo, se enfadó mucho porque le dije que las previsiones que hacía de que en el año 2000 la Seguridad Social iba a estar en crisis y en quiebra habían fallado estrepitosamente, porque no solo no estaba en quiebra, sino que tenía un superávit muy importante. Luego dijo que para 2005, y cuando volvimos a vernos en 2005 le dije: Oiga, usted se ha vuelto a equivocar. Ahora me habla usted de proyecciones a treinta años. Si no ha acertado en cinco años, ¿cómo va a acertar en treinta años? Hay un compañero al que estimo mucho, que además ha sido ministro de Trabajo y Seguridad Social, José Antonio Griñán, que siempre dice que la ventaja que tiene el que hace proyecciones a tan largo tiempo es que cuando se comprueba que son falsas está criando malvas en el cementerio. Eso es lo que creo que les pasa a los que diseñan estas proyecciones a tan largo plazo.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señora López i Chamosa, tiene que ir terminando.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando.
Si no ha habido nadie que haya acertado desde 2006, 2007 o 2008 en las previsiones de lo que está ocurriendo ahora, díganme cómo va a acertar en 2060.
Hay que seguir debatiendo en el Pacto de Toledo y hay que seguir tomando medidas cada cinco años, como se establece en el mismo, y no a más largo plazo. Tenemos la Ley 27, que ya ha ido a más largos años. Tenemos que dejar que la ley entre en vigor en su totalidad antes de meternos en más reformas. Por
tanto, le reitero que nos vemos muy reflejados en su voto particular y le volvemos a agradecer el trabajo que ha realizado. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Para concluir el turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña Carolina España Reina.
La señora ESPAÑA REINA: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor Ruesga y agradecerle su comparecencia. Como el mismo ha dicho, es el único miembro del comité de expertos, formado por doce personas, incluido él, que ha votado en contra. Nosotros no compartimos su postura y voy a tratar de justificarlo a lo largo de mi intervención.
Habla usted en su informe de manifiestas prisas del Gobierno y yo quiero decirle que el Gobierno no ha actuado con prisas, sino con responsabilidad y previsión ante la situación actual. No se debe confundir prisa con previsión y con sentido de la responsabilidad. Por cierto, me alegra haber leído en su informe que la política de austeridad se inició en el año 2010. Se lo digo porque parece que toda la política de austeridad la ha puesto en marcha el Partido Popular, cuando se inició en el año 2010, con aquel famoso decretazo de mayo de ese año. A pesar de todo, el anterior Gobierno socialista nos dejó en 2011 un país con un déficit insoportable, un déficit también en la Seguridad Social.
Quiero aclarar que no se trata de bajar el valor nominal de las pensiones sino de todo lo contrario, de garantizar el valor nominal de las pensiones. Los pensionistas actuales no van a ver en ningún momento ninguna bajada en el valor nominal de su pensión. Lo digo porque se han escuchado muchas cosas.
En cuanto a las criticas al escaso tiempo que ha habido para elaborar el informe, tengo que decirle que prácticamente todos los comparecientes que le han precedido en las sesiones anteriores han dicho que no les ha faltado tiempo; que ha sido un trabajo intenso y constante, pero que ya iban con un análisis previo del problema y no partían de cero.
Dice usted también que el comité ha sido teledirigido de alguna forma por el Gobierno que lo nombró, pero todos los que han intervenido anteriormente aquí han dicho que en ningún momento se han sentido teledirigidos por nadie, que únicamente han recibido el mandato del Gobierno de diseñar un factor de sostenibilidad para garantizar la viabilidad del actual sistema público de pensiones. No sé si usted se ha sentido teledirigido por alguien, pero ellos han dicho que no se han sentido teledirigidos en absoluto.
Habla usted de un Fondo de reserva importante que puede amortiguar el efecto de la crisis durante cinco años. Nosotros entendemos que el Fondo de reserva no es motivo válido ni suficiente para no aplicar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema. Si se utilizara el Fondo de reserva podría durar lo que usted ha dicho, cuatro o cinco años, pero una vez que se agote habría que adoptar medidas. Esto supondría un doble perjuicio para los pensionistas, porque las medidas serían menos graduales y además se encontrarían con que no queda nada del Fondo de reserva. Se decía aquí que quizás no se quería utilizar porque computaba para el déficit. El Partido Popular ha sido el único partido que ha utilizado el Fondo de reserva; no nos habrá afectado tanto el hecho de que computara a efectos de déficit.
Nos llama la atención, señor Ruesga, que se identifiquen los problemas y a continuación se señale que las previsiones pueden estar equivocadas y que, como son cosas futuribles, no hay que hacer nada. Los datos, tanto demográficos como económicos, son bastante evidentes, pero si la situación mejora después, tanto desde un punto de vista económico -que lo esperamos- como desde un punto de vista demográfico, y no se cumplen las previsiones realizadas, el resto de los expertos han dicho que la fórmula es inocua, es decir que a mayores ingresos en el sistema, mejorarán las pensiones. Por tanto, no entendemos ese miedo a aplicar las fórmulas que se plantean en el informe.
También dice usted que no debe perderse de vista la vertiente de los ingresos. Puedo decirle que el Gobierno no la ha perdido de vista en ningún momento. Ahí está la separación definitiva de las fuentes de financiación, ahí están las medidas legislativas para conseguir mayores ingresos y ahí está la mejora en la gestión recaudatoria.
En cuanto a los datos demográficos, entendemos que son claros y ponen de manifiesto el problema que nos vamos a encontrar dentro de unos años. Usted lo ha dicho muy bien: En el año 2052, una de cada tres personas van a tener más de 65 años; vamos a pasar de 9 millones a 15 millones de pensiones y seguramente la esperanza de vida pasará de veinte años -que es la que hay ahora a los 65- a veinticinco más. De hecho, hemos conocido datos de la nómina mensual de pensiones a fecha 1 de junio, 7.756 millones de euros, y vemos que se ha incrementado un 5% respecto al mismo mes del año anterior. Es verdad que la famosa Ley 27, del Gobierno socialista, daba solución a parte de esos riesgos demográficos,
pero también es verdad, como han dicho los anteriores comparecientes, que las instituciones y el Gobierno habían cifrado que esa ley solo corregía un tercio de los desequilibrios.
Con respecto al consenso -porque se ha hablado mucho del consenso en la Ley 27-, quiero decirle que la Ley 27 se aprobó con el único apoyo de un grupo de la Cámara, que fue Convergència i Unió, que apoyó al Gobierno socialista. (La señora López i Chamosa: ¿Y nosotros no somos un grupo o qué?).
No entiendo por qué insinúa una ruptura del pacto social, cuando dice que no se debe sustraer el debate a los ciudadanos y el acuerdo a las fuerzas políticas y sociales. El hecho de que el Gobierno y nosotros mismos, en el Pacto de Toledo, hayamos querido que el informe del comité de expertos se debata y se consensúe en la medida de lo posible dentro de esta Comisión es un paso importante. Nos extraña leer en muchas ocasiones en su informe las expresiones "ruptura del consenso" o "sin consenso". Estamos empezando a trabajar. Es bueno que exista este debate y que se celebren estas comparecencias, pero tenemos que seguir trabajando y buscando ese ansiado consenso. Si me permite la expresión, no nos teledirija hacia la ruptura del consenso, porque lo he leído en muchas ocasiones en su informe.
Dice también que debemos hacer mayores ingresos públicos al sistema. Ya le he hablado de la separación de las fuentes de financiación. Es importante que se hayan aumentado las transferencias del Estado a la Seguridad Social en un 75% en este año 2013. Hemos pasado de 9.000 millones de euros a 15.500 millones de euros y eso lo ha hecho el Partido Popular, no el Partido Socialista. Por primera vez, vamos a asumir los complementos a mínimos, que sabe usted que se estaban cargando de forma impropia al sistema de la Seguridad Social.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señora Reina, debe ir terminando.
La señora ESPAÑA REINA: Dice usted también que es necesario incrementar el gasto en pensiones, porque van a llegar nuevas cohortes de pensionistas. Le pregunto cuál es su opinión, si debe hacerse mediante aumento de las cotizaciones o mediante aumento de la presión fiscal vía impuestos.
Señora Chamosa, simplemente quiero decirle que el Partido Popular no recorta pensiones. Recorte de pensiones hubo con la Ley 27; recorte de pensiones fue la congelación socialista que se consolida para el resto. El Partido Popular ha llevado a cabo la separación de las fuentes de financiación y ha subido un 2% las pensiones para el 75% de los pensionistas de este país.
Quiero preguntarle también dos cosas. En primer lugar, habla usted en sus conclusiones de suprimir el FRA. ¿Qué opinión le merece la 2.ª recomendación del Pacto de Toledo, que viene a decir que se valore la posibilidad de utilizar otros índices de revalorización empleados por países de nuestro entorno, como el crecimiento de los salarios o la evolución de la economía?, porque ya sabe usted que en los últimos años se ha incumplido en varias ocasiones la regla del IPC. En segundo lugar, habla usted claramente de una bajada de pensiones, pero los demás comparecientes han dicho que el factor de equidad intergeneracional va a moderar el crecimiento de la pensión, pero esto no quiere decir que tenga que ser una pensión menor. Los demás comparecientes han dicho también que en los escenarios más probables las pensiones pueden ir aumentando a largo plazo. Esas son las cuestiones que le quería plantear.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Para contestar a las cuestiones planteadas por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra don Santos Ruesgo.
El señor MIEMBRO DEL COMITÉ DE EXPERTOS DEL INFORME DEL FACTOR DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES (Ruesga Benito): Muchas gracias por sus comentarios y preguntas. Empezaré en el orden en el que han intervenido ustedes.
He insistido en que no me parecía bueno -obviamente, son opiniones personales- vincular la sostenibilidad de algo, que por tanto tiene un horizonte de largo plazo, con los ajustes a corto plazo. En ese sentido lo he ligado a unas necesidades del Gobierno, que efectivamente no es el único que ha hecho políticas de austeridad. No entro a valorar si es el único o si lo ha hecho mal, lo que digo es que parece que hay una presión para hacer algo a corto plazo y que en principio eso puede contradecirse con la idea de largo plazo y sostenibilidad.
He participado en otras comisiones de estas características -quizás no exactamente así, ahora lo comentaré- y, lógicamente, se requiere un cierto tiempo. Es verdad que si has trabajado en los temas tienes una cierta idea, pero no se trata solo de aportar tus ideas si no de llevarlas a un cierto consenso con el resto de los colegas que están en la comisión. Eso requiere al menos que las diferentes propuestas que circulen tengan simulaciones y eso no se ha hecho. No sé si algún colega mío habrá dicho que se han
hecho simulaciones, pero no se han hecho. Hemos tenido algunas simulaciones previas -ahora lo comentaré también respondiendo a alguna otra pregunta que se me ha hecho-, algunas de las cuales hechas por el Gobierno y otras por entidades o personas privadas, sobre diferentes escenarios alternativos de factores de sostenibilidad. Desde el primer momento planteé la necesidad -y más colegas, no solo yo- que teníamos, con aquellas conclusiones o posibles propuestas que fueran surgiendo, de hacer unos escenarios, unas hipótesis y unos supuestos para ver cuáles eran los resultados en el horizonte en el que estamos trabajando, no solamente sobre el gasto sino también sobre los ingresos, que es importante, y sobre distintos aspectos de la estructura interna de las pensiones; por ejemplo, a mí me preocupa el resultado que va a tener sobre las pensiones mínimas, porque teniendo en cuenta que tenemos un sistema que complementa pensiones mínimas eso puede alterar también el resultado final en términos agregados del sistema. Hay una serie de cosas que no sabemos y que no se hicieron. No sé si les habrá dicho algún compañero que se hicieron simulaciones, pero no es así. Es más, se nos dijo que podríamos utilizar los servicios del Ministerio de Empleo y solicitamos algunas simulaciones sobre alguno de los factores en su primera versión y no las tuvimos, solo nos dieron los datos de proyecciones demográficas que son públicos; aunque se nos dieron en soporte informático, que siempre es mejor, las simulaciones de la Seguridad social sobre las proyecciones demográficas a efectos de pensiones, 65 años y más, son públicas. Para mí eso son prisas. Quizá es que el tiempo de los académicos es lento, es posible, pero en todo caso hacer este tipo de simulaciones, discutirlas, cambiar los supuestos, ver posibles correcciones a determinados efectos, requiere tiempo, salvo que alguien lo tuviera claramente hecho de antemano.
¿Por qué hablaba yo de teledirigido? No. Quizá no se ha entendido bien porque no he sabido explicarlo. Personalmente no he tenido ninguna presión de ningún tipo. Nadie me ha dicho qué tenía que hacer, lo que pasa es que hay determinados procesos en los que a uno le da la sensación de que va un poco con la lengua fuera, a rastras. Nosotros nos constituimos en torno al 21de abril y el 23 de abril el secretario de Estado de Empleo nos mandó un documento, que posiblemente tengan ustedes, que es este, en el que ya se están haciendo estimaciones de posibles factores de sostenibilidad que contemplan las dos vertientes, no la que estaba en la ley, al menos en mi interpretación, sino que hace una proyección de lo que significaría introducir las características del factor de sostenibilidad que se aplica en la revalorización de las pensiones en Alemania -no exactamente, porque no se puede aplicar igual ya que nuestro sistema es distinto-, y llega a una serie de conclusiones, que hablan de una cierta reducción de las pensiones. Tienes un poco la sensación de que estás empezando a trabajar y alguien te da ya el trabajo hecho. Es verdad que eres independiente, que lo puedes leer y decir: me gusta o no me gusta. Lo mismo sucede con el proceso de construcción de indicadores; prácticamente en la segunda reunión ya lo teníamos hecho, había una propuesta muy firme sobre la mesa. Ustedes pueden decir: Oiga, usted es mayorcito, haga otra. Eso es lo que intenté hacer, pero me quede en minoría. Intenté decir: por aquí no tenemos que ir, tenemos que ir por otro sitio, pero me quedé en minoría. Esto es así y suele ocurrir en distintos grupos, porque unas veces estás con la mayoría y otras te toca estar en minoría. Creo que había prisas. Creo que el tema de la sostenibilidad requiere un tiempo razonable, requiere hacer simulaciones. Con los medios de los que dispongo, y teniendo en cuenta que el Ministerio de Empleo no hizo las simulaciones que les pedimos, a mí me lleva tiempo hacer dichas simulaciones, aplicar estos coeficientes -estamos hablando de una cifra importante- y hacer una serie de hipótesis, porque hay que hacerlas sobre el crecimiento del PIB, sobre la evolución de las bases de cotización, sobre una serie de elementos que aparecen en las fórmulas y, además, tienes que jugar con distintos escenarios. ¿Cuánto va a crecer el PIB de aquí al año 2060? Vamos a ver si es el 1,5 o el 2%. Tienes distintos escenarios para ver diferentes resultados y diferentes impactos, y no solo en las cifras agregadas sino que yo insistía en que era importante ver algunas cuestiones de detalle en las cifras.
Me han preguntado sobre relación o vinculación con intereses cercanos en el grupo. No lo sé, sé lo que ha dicho la prensa. En todo caso, es responsabilidad del Gobierno que nombró al grupo, tanto a mí como al resto de mis colegas. Me preguntaban si hay más expertos en la materia. Claro que sí, en el ámbito académico hay más. No sé decir si están ahí o estamos todos bien representados o no, pero en el mundo académico hay bastante más gente que ha trabajado y trabaja sobre los sistemas de pensiones, que los conocen, que pueden decir muchas cosas y que podrían haber estado en el grupo. Tengo por costumbre -y he tratado de ser absolutamente exquisito- no hacer valoraciones sobre el resto de mis colegas, porque cada uno responde a su propia idiosincrasia, a su propio trabajo y a su propio interés. Yo no voy a entrar para nada en eso.
Me pregunta, ¿por qué no se han hecho simulaciones sobre ciertos aspectos? Mi única respuesta, al menos en mi visión particular, es que no ha dado tiempo a entrar en ese detalle. Desde mi punto de vista, esa simulaciones las tenía que hacer la Administración, que creo que es quien tiene la información más detallada, que en alguna medida genera simulaciones oficiales, y es la que me ofrece más garantías. No digo que las demás no me las ofrezcan sino que prefiero que las haga el Ministerio de Empleo, la Secretaría de Estado de la Seguridad Social o algún organismo oficial, que son quienes tienen los datos mucho más a mano que yo, que tienen una serie de técnicos concretos en el cálculo de simulaciones que lo pueden hacer mucho más rápidamente, y que nos podría haber permitido jugar con distintos escenarios. ¿Por qué no se ha hecho? Esto no lo sé, lo único que puedo analizar o tratar de interpretar desde mi punto de vista es que la secuencia ha sido -insisto, desde mi punto de vista- excesivamente rápida. En una cierta lógica, vamos a llamarla aristotélica, creo que la razón es que había mucha prisa en que esto empezara a funcionar en el año 2014. Ya he dicho que no entiendo la necesidad de que entre a funcionar en esta fecha, y como es normal me puedo equivocar. ¿Había margen de maniobra para que las cosas se hubieran hecho más despacio? Creo que el problema no era vincularlo al déficit, la única interpretación que se me ocurre es que había tanta prisa en que empezara a funcionar para que se vinculara, en alguna medida, a una política de austeridad, de reducción del déficit más o menos acelerado, que efectivamente no empieza en el año 2012 ni en el 2011, sino que empieza en mayo de 2010.
El señor Coscubiela me pregunta qué por qué ponerlo entre 2014 y 2019. Yo no estaba de acuerdo con eso, pensaba que había margen para que empezar a funcionar, entre otras cosas, porque cargábamos excesivamente. ¿Si empiezas antes ajustas antes? Es posible, pero cargamos demasiado sobre una generación, porque estamos cargando tres ajustes simultáneos: el de la ley, el del factor de sostenibilidad y el del tercer factor de sostenibilidad de revalorización de pensiones. Pensaba que incluso en el supuesto de que tuviéramos que hacer -ya he dicho que no estaba de acuerdo- un factor sobre la actualización, habría que esperar un poco más, primero, para tener una visión más clara de lo que eso significaba y, segundo, porque si no estábamos cargando demasiado sobre las generaciones que van a entrar en los próximos ocho o diez años con todo este tipo de mecanismos. No es cierto que en el ámbito de la Unión Europea todo el mundo haga lo mismo. Probablemente nosotros hemos cargado con mucha más intensidad sobre las pensiones medias. En general, la mayoría de los países han introducido factores de tipo demográfico o, si quieren, ligados a la esperanza de vida. Solo hay tres o cuatro países -cuatro si metemos a Italia- que introducen factores ligados a la evolución económica y a la relación cotizantes-pensionistas. No son todos, eso lo hace Alemania. Suecia introduce otro tipo de factor de revalorización, que está en función de un cálculo actuarial que hacen de la relación activos-pasivos del sistema, y Hungría introduce un mecanismo de revalorización ligado al crecimiento del PIB, que era una de las hipótesis que yo planteaba; es decir, hagamos un factor de sostenibilidad ligado al crecimiento del PIB en términos nominales, con lo cual estamos inyectando en el capítulo de ingresos del sistema el crecimiento de la productividad y, en definitiva, un mecanismo solidario. No sucede así con el mecanismo alemán, que es el más parecido al que aquí se introduce, que más o menos lo que hace es poner un mecanismo de ingresos-gastos, aunque ellos lo hacen cotizantes sobre pensionistas. El escenario es bastante amplio, no es el único posible ni la única forma posible. Por eso digo que a mí me sorprendió que desde el principio tuviéramos una fórmula sobre la mesa, que es la que más o menos, con variantes de tipo técnico, se ha mantenido. La filosofía del mecanismo del factor es el mismo y no ha variado a lo largo de la discusión.
Como estoy entrando en algunos de los comentarios que hacía la señora España, he perdido un poco el orden de las preguntas. El déficit empezó realmente en 2012, el de 2011 es un déficit pequeño, aunque es verdad que empezó a finales de 2011. De momento este déficit se enjuga bien, de hecho hemos utilizado muy poco los recursos del fondo y solo hemos utilizado recursos extraordinarios del sistema de la Seguridad Social; pero insisto en que para eso estaba el fondo -que creo que es lo que ustedes en su día determinaron con su creación-, que es lo que habría que haber usado en este momento. Lo que está previsto es: ante situaciones coyunturales excepcionales, medidas coyunturales excepcionales. Creo que las proyecciones tienen un valor si las relativizamos, incluso las demográficas, que aparentemente son muy contundentes: es fácil saber que en cincuenta años en términos medios seremos más viejos, viviremos algunos años más. Depende. En todo caso, tenemos que actuar con un cierto horizonte y son las proyecciones que tenemos. Teniendo esta cierta relatividad, no me parece mal. Son más complicadas las proyecciones económicas, pero, en todo caso, es verdad que los expertos, por ponernos ese nombre, tenemos que hacer un cierto ejercicio de humildad -yo se lo decía a mis colegas-, sobre todo los economistas -y también tiro piedras contra mi propio tejado-. En los años 1994 y 1995 se hicieron
varios estudios de sostenibilidad del sistema de pensiones español y alguno de ellos fijaba incluso, si no recuerdo mal, porque lo estoy citando de memoria, el año 2012 como el año en el que entraba en quiebra el sistema. Esto no ha ocurrido. ¿Por qué? En primer lugar, las previsiones fallaron, y además fallaron las previsiones demográficas. Fíjense que hablamos de un corto espacio de tiempo, pero fallaron. No digo que haya que trabajar con esa hipótesis, pero hay que relativizar. En segundo lugar, el sistema hizo lo que ha hecho con otros mecanismos de la protección social, que es inyectar algo de dinero del gasto público, es decir, han ido creciendo las transferencias, no solo este año sino en años anteriores, como muy bien apuntaba la señora España. Hay cosas que se pueden hacer. En el año 2012 el sistema tenía una situación presupuestaria razonable; tenía un horizonte problemático, que es lo que he tratado de poner, sobre todo a partir del año 2030, que es cuando, al menos con todas las proyecciones, tanto nacionales como comunitarias como de la OCDE, se empiezan a disparar las alarmas.
¿Quiere decir eso que no hay que hacer nada? Siempre he mantenido, en primer lugar, que ya se estaba haciendo con la ley y con el factor de sostenibilidad vinculado a la esperanza de vida; en segundo lugar, que se podían hacer más cosas, pero que en todo caso yo creía que en esta segunda parte no debía recaer el ajuste básicamente sobre las pensiones y que teníamos que discutir otras fórmulas. Es verdad que el texto habla de ellas, pero la capacidad -cómo lo diríamos- de influencia -entiéndanlo en el buen sentido- de un informe que tiene dos fórmulas muy concretas aplicables y, por tanto, automáticamente utilizables, a la literatura del contexto es muy distinta. No es lo mismo decir que se puede acudir a los ingresos que poner un factor de suficiencia; por ejemplo, hacer un factor tipo húngaro ligado al incremento del producto interior bruto en términos nominales. En la propia discusión, y tácitamente en el informe, se explica. ¿Por qué hacemos un mecanismo automático -no me interpreten mal, pero esto se ha dicho y, además yo no lo defendía así-? Es que no nos podemos fiar de los políticos, en el sentido de que si lo dejamos al albedrío de que en una circunstancia determinada los políticos vayan corrigiendo, podemos llegar a un momento en el que efectivamente estemos en el crac, no ahora. Ante eso, yo decía: no me parece mal hacerlo automático. Pero esto tiene un problema, y es que están diciendo que los políticos no han hecho nada. No es verdad, en el Pacto de Toledo ustedes han hecho cosas -me refiero al Parlamento en general, a través de esta Comisión- y han ido corrigiendo el sistema a medida que han ido viendo problemas. Al menos esta es la experiencia que yo tengo. Siguiendo la secuencia de esta mala imagen que tienen ustedes -perdónenme la expresión-, si metemos un mecanismo automático que pivota solo sobre los gastos, por qué nos vamos a fiar de que en el futuro alguien toque los ingresos. Estamos metiendo un mecanismo de ajuste automático muy potente en el cual ustedes ya no tienen que hacer nada, porque eso va a funcionar; simplemente, a primeros de año el funcionario de turno le dará a la máquina, saldrá el cálculo y sabrá lo que va a cobrar de pensión ese año. No tienen que hacer nada, ni reunirse aquí ni nada por el estilo. Se dice: Si no nos fiamos mucho, cómo van a tocar los ingresos si ya hay un mecanismo de ajuste por el lado de los gastos. Había una contradicción en la filosofía política subyacente en cuanto a por qué hacer mecanismos de automatización de los ajustes que desde el punto de vista del lenguaje y del mensaje tiene mucha potencia. Es verdad que el mensaje del informe se fue moderando. Ustedes tienen la versión final, y en términos de lenguaje aparecen algunas cosas que no aparecían en las versiones iniciales, entre otras cosas, producto de nuestro debate. Nunca he dicho que mis compañeros fueran insensibles a mi razonamientos o, a la inversa, yo los suyos. Ha habido una interacción y algunas de las cosas que aparecen aquí en términos de explicación, de lenguaje, de hipótesis o de posibilidades también recogen parte de la discusión que hemos tenido.
No he dicho nunca que se vaya sustraer al debate social, lo que dicho es que en las versiones iniciales de este informe esto quedaba un poco difuso. Lo que decía era que, incluso desde un punto de vista estrictamente económico, es más eficiente un mecanismo que tiene un apoyo importante de la sociedad -y hay modelos del Banco Central Europeo que lo han hecho en determinados escenarios-, cuando hay un cierto consenso, entendido como un apoyo social amplio, que cuando no lo hay. La eficiencia del mecanismo varía. En ese sentido, quería recalcar que me parecía importante que independientemente de la solución que se tomara, la solución tuviera un consenso amplio, político y social, porque iba a ser bastante más eficiente y si nos ponemos de acuerdo iba a tener más estabilidad en el futuro, lo cual también es un valor, que yo comparto. Es importante una cierta estabilidad en el horizonte, tanto para los pensionistas como para los trabajadores como para los empresarios. Hay bastantes elementos que comparto, aunque no la filosofía que subyace.
¿Las pensiones no bajan? Sí bajan, lo dice el informe. Baja la tasa de sustitución, que es el coeficiente entre la pensión que se cobra al empezar y el salario que se cobraba al finalizar. Lo dice el informe, creo
que está en la página 29. Si mira la fórmula, es inevitable que eso baje. ¿Quiere decir que las pensiones bajan en términos reales? Depende de cómo evolucione la inflación. Lo que sí sabemos es que con la aplicación de estos factores en el año 2040 o 2050 lo que cobrará un pensionista cuando empiece a percibir la pensión será menos con respecto a lo que ganaba cuando se va a jubilar, menos de lo que está cobrando ahora. Esto no lo digo yo, lo dice el informe. Es más, el informe introduce un adjetivo que es que disminuirá significativamente la tasa de sustitución. Si mira la fórmula en detalle verá que es así. Había traído aquí una transparencia con la fórmula para discutirla, pero creo que no procede. Si no me creen a mí, lo dice el informe. Algunos insistimos en que sería bueno hacer explícito esto, a pesar de que no tenemos simulaciones. Pero como la fórmula en sí misma pivota sobre la pensión media del ajuste, inevitablemente acabará en esa situación. Lo que digo es que en ese contexto nosotros estamos en una tasa de reemplazo agregada en el año 2010, del 0,53 -la tasa de reemplazo es la pensión media sobre el salario medio, en una cohorte de edad-. No es de las más bajas de Europa, pero tampoco es de las más altas. Esa impresión que se tiene de que tenemos una tasa altísima es porque estamos calculando la tasa de sustitución de una manera un poco singular, porque lo hacemos sobre la base reguladora y esta ya tiene descuento sobre los tipos de cotización. Además -es verdad-, lo que ocurre es que con los complementos a mínimos la tasa de sustitución sube bastante. Aquí hay personas que cobran un 125% de lo que ganaban cuando acabaron, porque ganaban muy poco, y se les lleva al mínimo. La tasa de reemplazo, que da una idea del poder de renta, de compra, que es la pensión media sobre el salario medio, en España en 2010 estaba en el 0,53; en Alemania, en el 0,49; en Francia, en el 0,67; en Suecia, en el 0,60; la media de la Unión Europea estaba en el mismo nivel que la nuestra. Es decir, no tenemos cifras disparatadas. Si lo hacemos para el conjunto de la población, la tasa de reemplazo es un poquito más baja, es un 0,46 a finales del año 2012, porque la estimé hace poco.
¿Qué quiere decir eso? Estas son hipótesis que no puedo contrastar porque no tengo simulaciones potentes. Si entendemos que la tasa de sustitución va a bajar -insisto en que lo dice el informe aprobado por la mayoría del comité-, en los próximos años nos podemos encontrar con elementos que habremos de tener en cuenta. Estamos abriendo hueco a los sistemas privados de pensiones o a los sistemas de ahorro, de lo que no tengo nada en contra; soy contrario a que crezcan los sistemas privados a base de bajar la tasa de sustitución de los sistemas públicos. Si garantizamos la suficiencia del sistema público, que haya sistemas privados o no me da igual, es una decisión individual de cada ciudadano. Dicho sea de paso, en este país hay un sistema privado muy potente, que funciona, con unas tasas de rentabilidad muy bajas, que son los créditos hipotecarios y la compra de viviendas. Si no tuviéramos ese sistema de ahorro en este momento la mayoría de nuestros pensionistas lo estarían pasando bastante mal, porque unos están cobran de media unos 890 euros, pero muchos están en el nivel de la pensión mínima. Sencillamente eso genera una renta imputada en torno a los 500 euros. Eso es importante, es un sistema de ahorro que por circunstancias, que obviamente no vamos a discutir, se ha venido desarrollando en España en los últimos cincuenta años, pero que previsiblemente no va a ser tan potente en los próximos años. Eso quiere decir que se va haciendo un hueco a los fondos privados. Yo no digo que no haya fondos privados, por supuesto que los puede haber -dicho sea de paso, según dice la OCDE en el último informe que hace sobre los sistemas complementarios de pensiones, nuestro sistema de fondos privados es bastante ineficiente, porque cobra unas comisiones que son, si no recuerdo mal, las más altas o las segundas de los países de la OCDE que analiza; pero ese es otro problema-, lo que ocurre es que entraríamos en un escenario de incremento de las inequidades en el ámbito de los pensionistas. Hay pensiones que van a bajar en términos relativos con respecto a la renta media de los ciudadanos, que se van a ir colocando más cerca de la pensión mínima, pero habrá una parte de los ciudadanos, los que tengan capacidad suficiente para generar ahorro y pensiones complementarias, que van a tener una situación algo más holgada. Me preocupa que en el futuro la reducción de la importancia relativa de las pensiones públicas abra una tendencia, que ya existe en la sociedad española, de incremento de las desigualdades en términos de distribución de la renta en un colectivo especialmente sensible y vulnerable a las cuestiones económicas, porque, evidentemente, su renta es relativa.
Creo que a alguien no le salen muy bien las cuentas, porque la capacidad de ahorro del ciudadano español está relativamente sesgada y al menos en los últimos años el ahorro que se ha destinado a este tipo de mecanismos es bastante reducido en términos per cápita. Bien es verdad que si bajan relativamente las pensiones públicas habrá un incentivo mayor para invertir en fondos de pensiones para complementar la pensión, pero no está al alcance del conjunto de los ciudadanos. Para que se hagan una idea, la aportación media de los trabajadores españoles que tienen fondos de pensiones colectivos, en las
empresas, está por debajo de 200 euros al año. Con 200 euros de media al año de aportación a un fondo de pensiones poco se puede hacer al jubilarse. Posiblemente se pueda dar uno una pequeña alegría, pero escasa.
El problema, desde mi punto de vista -con esto termino y espero haber respondido a sus preguntas-, está en garantizar y hacer compatible -y creo que lo es- una cierta suficiencia en las pensiones con la sostenibilidad. Gracias por su atención.
La señora VICEPRESIDENTA (Angulo Romero): Señor Ruesga, reiteramos nuestro agradecimiento por haber tenido la disponibilidad de comparecer ante esta Comisión y atender a las cuestiones que le han planteado los distintos grupos parlamentarios.
Sustanciado íntegramente el orden del día, se levanta la sesión.
En el "Diario de Sesiones" número 347 del pasado martes 18 de junio de 2013, correspondiente a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo, en la página 2, segunda columna, novena línea, donde dice: "1 abSstención y 1 voto en contra a la ministra de Empleo..." debe decir: 1 abstención y 1 voto en contra de la ministra de Empleo..."
Asimismo, en la página 12, tercera columna, novena línea, donde dice: "don Rafael Serrano..." debe decir: "don Felipe Serrano..."

References: resolución 
 real decreto 
 artículo 135
 Real Decreto 
 artículo 1
 Real Decreto