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Timestamp: 2018-04-22 13:10:10+00:00

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LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA (EN SU REDACCIÓN DADA POR LA SENTENCIA 341/1993, DE 18 DE NOVIEMBRE
, DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA QUE SE DECLARAN NULOS DETERMINADOS PRECEPTOS - BOE Nº 295, DE 10 DE DICIEMBRE - ; POR LA DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA DE LA LEY ORGÁNICA 4/1997, DE 4 DE AGOSTO - BOE Nº 186, DE 5 DE AGOSTO - Y POR LA LEY 10/1999, DE 21 DE ABRIL - BOE Nº 96, DE 22 DE ABRIL -) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La protección de la seguridad ciudadana y el ejercicio de las libertades públicas constituyen un binomio inseparable, y ambos conceptos son requisitos básicos de la convivencia en una sociedad democrática. La Constitución, por otra parte, establece una atribución genérica de competencia al Estado en materia de seguridad pública (artículo 149.1.29) y, específicamente, atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, la tarea de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y de garantizar la seguridad ciudadana (artículo 104.1), afectando en su regulación al ejercicio de algunos derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, a la libre circulación por el territorio nacional y a entrar y salir libremente de España o al derecho de reunión. Desde la promulgación de la Constitución, en un proceso ininterrumpido, las Cortes Generales han tratado de mantener un positivo equilibrio entre libertad y seguridad, habilitando a las autoridades correspondientes para el cumplimiento de sus deberes constitucionales en materia de seguridad, mediante la aprobación de Leyes Orgánicas generales como la de 1 de junio de 1981, de los estados de alarma, excepción y sitio; la de 1 de julio de 1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, o la de 13 de marzo de 1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Asimismo, se han aprobado Leyes especiales, como la de 15 de julio de 1983, reguladora del derecho de reunión; la de 21 de enero de 1985, sobre Protección Civil, o la de 25 de julio de 1989, de Bases sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial; incluyéndose, asimismo, medidas de prevención de la violencia en los espectáculos deportivos mediante la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que dedica a la materia su título IX. Para completar, sin embargo, las facultades o potestades de las autoridades actualizadas y adecuadas a la Constitución, y con la finalidad de proteger la seguridad ciudadana, se considera necesario establecer el ámbito de responsabilidad de las autoridades administrativas en materias como la fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; concentraciones públicas en espectáculos; documentación personal de nacionales y extranjeros en España; así como regular ciertas actividades de especial interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La consideración de fenómenos colectivos que implican la aparición de amenazas, coacciones o acciones violentas, con graves repercusiones en el funcionamiento de los servicios públicos y en la vida ciudadana determina, a su vez, la necesidad de un tratamiento adecuado a la naturaleza de dichos fenómenos y adaptado a las exigencias constitucionales.
Con todo ello, viene a completarse, la derogación formal de la Ley de Orden Público, tan emblemática del régimen político anterior y que ha caído prácticamente en desuso, con independencia de que en varios aspectos de su articulado haya sido expresamente derogada. En el Capítulo II de la nueva Ley, se regulan las actividades relacionadas con armas y explosivos, habilitando la intervención del Estado en todo el proceso de producción y venta, así como en la tenencia y uso de los mismos, reconociendo el alcance restrictivo de las autorizaciones administrativas para ello, regulando la prohibición de ciertas armas, municiones y explosivos especialmente peligrosos y considerando como sector con regulación específica en materia de establecimiento la fabricación, comercio o distribución de armas o explosivos. Se disponen, asimismo, las finalidades a que tenderán las medidas de policía que deberá dictar el Gobierno en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, dejando a salvo las competencias que, en este punto, tienen reconocidas las Comunidades Autónomas mediante sus correspondientes Estatutos. Se establece, también, el derecho y el deber de obtener el Documento Nacional de Identidad a partir de los catorce años, que tendrá por sí solo suficiente valor para acreditar la identidad de los ciudadanos, garantizando en todo caso el respeto al derecho a la intimidad de la persona, sin que los datos que en el mismo figuren puedan ser relativos a raza, religión, opinión, ideología, afiliación política o sindical, o creencias. Se regula la expedición del pasaporte o documento que lo sustituya, y se establece, por otra parte, el deber de identificación de los extranjeros que se hallen en España, sin que puedan ser privados de esta documentación, salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad. Finalmente, se habilita al Gobierno para llevar a cabo la regulación de ciertas actuaciones de registro documental e información de actividades cada vez de mayor relevancia para la seguridad ciudadana, entre las que se comprende la circulación de embarcaciones de alta velocidad, así como el deber de determinadas entidades o establecimientos, que generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables, de adoptar las medidas de seguridad que fueren precisas. En el Capítulo III se habilita para realizar actuaciones dirigidas al mantenimiento y al restablecimiento de la seguridad ciudadana, particularmente en supuestos de desórdenes colectivos o de inseguridad pública graves. Quedan, así, facultadas las autoridades para el cierre de locales o establecimientos y para la evacuación de inmuebles en situaciones de emergencia o en circunstancias que lo hagan imprescindible, así como para la suspensión de los espectáculos, desalojo de locales y cierre provisional de establecimientos cuando en los mismos tuvieran lugar graves alteraciones del orden. Se prevé la limitación o restricción de la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden o la seguridad ciudadana. Se posibilita el establecimiento de controles en las vías, lugares o establecimientos públicos, con el fin de descubrir y detener a los partícipes en un hecho delictivo y de aprehender los instrumentos, efectos o pruebas del mismo. Se regulan las condiciones en que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siempre que ello fuese necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que les corresponden, podrán requerir la identificación de las personas. Si no pudieran identificarse por cualquier medio, podrán ser instadas a acudir a una dependencia policial próxima a los solos efectos de la identificación. No se altera, pues, el régimen vigente del instituto de la detención, que sólo podrá seguir
se dispone la obligación del Ministerio Fiscal de remitir testimonio de las sentencias absolutorias o autos de sobreseimiento y archivo. espectáculos públicos y actividades clasificadas. conforme a lo permitido por la Constitución y las Leyes. las cuales podrán ser sancionadas. Por último. las condiciones y términos en que.produciéndose cuando se trate de un sospechoso de haber cometido un delito y no por la imposibilidad de identificación. Asimismo. para estos supuestos. cuando los hechos no sean constitutivos de infracción penal. la presente Ley. en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico. Tipifica las infracciones contra la seguridad ciudadana. El Capítulo IV establece un régimen sancionador que permite el cumplimiento de las finalidades de la Ley y de las correspondientes garantías constitucionales. en las disposiciones finales primera y segunda. . Se regulan. es claramente respetuosa con el sistema competencia que se desprende de la Constitución. infracciones graves e infracciones leves. de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local. este capítulo IV determina las sanciones que cabe imponer y las autoridades competentes para ello. y por los Estatutos de Autonomías de las Comunidades con competencias en esta materia. Asimismo. y con la retirada de permisos o licencias de armas. de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. asimismo. si pudieran constituir infracción administrativa de las previstas en esta Ley. en virtud de lo dispuesto en la disposición adicional. Por otra parte. además. Se estima que así puede facilitarse y orientarse la tarea de proteger un ámbito de seguridad y convivencia en el que sea posible el ejercicio de derechos y libertades. todo lo cual entraña una de las principales razones de ser de las autoridades a que se refiere la presente Ley y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. así como en los artículos 2 y concordantes. la posibilidad de suspensión de las sanciones en los casos en los que el infractor se someta a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. se regula en la presente Ley. Por la Ley Orgánica 2/1986. comprendiéndose específicamente entre las infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas tóxicas o sustancias estupefacientes. tal como es definido por los artículos 104 y 149. con la suspensión del permiso de conducir de vehículos de motor hasta tres meses.29. que tendrían las consecuencias que para tales infracciones derivan del Código Penal vigente. las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden. Lo que se prevén son supuestos de resistencia o negativa infundada a la identificación. mediante la eliminación de la violencia en las relaciones sociales y la remoción de los obstáculos que se opongan a la plenitud de dichas libertades y derechos. estableciendo un procedimiento sancionador con las debidas garantías.1. podrá prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios. haciendo la graduación entre infracciones muy graves. Atendiendo al fin resocializador y no exclusivamente retributivo de la sanción.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 149.1. las autoridades locales seguirán ejerciendo las facultades que les corresponden.CAPÍTULO I : DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Además de las competencias reguladas en otras Leyes. son autoridades competentes en materia de seguridad: a) El Ministro del Interior. éstos sólo . en virtud de disposiciones legales o reglamentarias. la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos. 1. c) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior. corresponden al Ministerio del Interior las competencias en materias de armas y explosivos. proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Nocivas y Peligrosas. edificios. 2. de acuerdo con la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la legislación de Régimen Local. al Ministerio del Interior la planificación. En las materias sujetas a potestades administrativas de policía especial no atribuidas expresamente a órganos dependientes del Ministerio del Interior. d) Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia. 1. así como la de prevenir la comisión de delitos y faltas. crear y mantener las condiciones adecuadas a tal efecto. b) Los titulares de los órganos superiores y órganos directivos del Ministerio del Interior a los que se atribuya tal carácter. a través de las autoridades y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a sus órdenes. así como de Actividades Molestas. asimismo. reguladas en la presente Ley.29 y 104 de la Constitución corresponde al Gobierno. y prevención. actividades y objetos de especial interés. con la finalidad de asegurar la convivencia ciudadana. Corresponde. Esta competencia comprende el ejercicio de las potestades administrativas previstas en esta Ley. mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana. 2. Insalubres. 1. A los efectos de esta Ley. proponiendo o disponiendo la adopción de las medidas. y remover los obstáculos que lo impidan. sin perjuicio de las facultades y deberes de otros poderes públicos. Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. Artículo 4. documentación e identificación personal. 2. Artículo 2. 1. o la aprobación de las normas que sean necesarias. instalaciones. Artículo 3. espectáculos públicos y actividades recreativas. coordinación y control generales de la seguridad de las personas.
en caso necesario y en la medida indispensable para el cumplimiento de las funciones que les encomienda la presente Ley. 2. en consecuencia. recabar de los particulares su ayuda y colaboración. Quienes sufran daños o perjuicios por estas causas. Dichos órganos. siempre que no implique riesgo personal para los mismos. 3. serán indemnizados de acuerdo con las Leyes. a través de sus agentes. Todas las autoridades públicas y sus agentes que tuvieren conocimiento de hechos que perturben gravemente la seguridad ciudadana y.podrán intervenir en la medida necesaria para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el apartado 2 del artículo 1. . y disponer de lo estrictamente preciso para asegurar el cumplimiento de las Leyes y el ejercicio de los derechos. 2. Todas las autoridades y funcionarios públicos en el ámbito de sus competencias deberán colaborar con las autoridades a que se refiere el artículo 2 de la presente Ley y prestarles el auxilio que sea posible y adecuado para la consecución de las finalidades prevenidas en el artículo 1. el ejercicio de derechos constitucionales. deberán ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial o gubernativa. deberán prestar el auxilio ejecutivo necesario a cualesquiera otras autoridades públicas que lo requieran para asegurar el cumplimiento de las Leyes. También podrán las autoridades competentes a los efectos de esta Ley y los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 1. Artículo 5.
información. talleres. b) Mediante la obligatoriedad de licencias o permisos para la tenencia y uso de armas de fuego cuya expedición tendrá carácter restrictivo. Del mismo modo podrá adoptar las medidas de control necesarias para el cumplimiento de aquellos requisitos y condiciones. podrán efectuar en cualquier momento las inspecciones y comprobaciones que sean necesarias en los diferentes locales de las fábricas. depósitos. especialmente cuando se trate de armas de defensa personal. talleres.2 De la Ley de inversiones extranjeras en España y en todo caso bajo el control de los ministerios de defensa y del interior. 1. municiones y explosivos. 2. explosivos. en atención a las circunstancias que puedan concurrir en los distintos supuestos: a) Mediante la sujeción de la apertura y funcionamiento de las fábricas. SECCIÓN SEGUNDA: ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS Artículo 8. La fabricación. y de sus piezas fundamentales. cartuchería y artificios pirotécnicos. su tenencia y utilización. comercios y lugares de utilización de armas y explosivos. En el ejercicio de la competencia que le reconoce el artículo 149. 1. así como a requisitos especiales de habilitación para el personal encargado de su manipulación. así como el depósito de los mismos. en los términos del artículo 20. Artículo 7. Todos los espectáculos y actividades recreativas de carácter público quedarán sujetos a las medidas de policía administrativa que dicte el Gobierno. especialmente peligrosos. c) Mediante la prohibición de ciertas armas. la Administración del Estado establecerá los requisitos y condiciones de la fabricación y reparación de armas. depósitos. inspección. así como los de su circulación. Se faculta al Gobierno para reglamentar las materias y actividades a que se refiere el artículo anterior.1. su adquisición y enajenación. almacenamiento y comercio. Las autoridades y servicios a los que corresponda ejercer la intervención. 2. en atención a los fines siguientes: . comercio o distribución de armas y explosivos constituye sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.CAPÍTULO II: MEDIDAS DE ACCIÓN PREVENTIVA Y VIGILANCIA SECCIÓN PRIMERA: ARMAS Y EXPLOSIVOS Artículo 6. establecimientos de venta y lugares de utilización y las actividades relacionadas con ellas a requisitos de catalogación o clasificación. en relación con las cuales la concesión de las licencias o permisos se limitará a supuestos de estricta necesidad. sus imitaciones y réplicas. vigilancia y control. autorización. 1.26 de la Constitución.
suficiente valor para la acreditación de la identidad de las personas. y sin que. El Documento Nacional de Identidad será obligatorio a partir de los catorce años. A los incluidos en la primera de las excepciones indicadas. salvo los supuestos en que. sin que pueda ser privado del mismo. 3. e impedir. ni siquiera temporalmente. Los espectáculos deportivos quedaran. afiliación política o sindical o creencias. participen en ellos o los presencien. El pasaporte o documento que lo supla se expedirá a los ciudadanos españoles. que tendrán la misma consideración que el Documento Nacional de Identidad. En el Documento Nacional de Identidad figurarán la fotografía y la firma de su titular. 2. se les . SECCIÓN TERCERA: DOCUMENTACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL Artículo 9. siempre que sea necesario. del Deporte. puedan ser relativos a raza. correspondiendo a su titular la custodia y conservación.a) Garantizar la seguridad ciudadana frente a los riesgos que. acreditando su nacionalidad. así como los datos personales que se determinen reglamentariamente. para que su desarrollo transcurra con normalidad. por si solo. c) Limitar las actividades de los locales y establecimientos públicos a las que tuvieren autorizadas. Todos los españoles tendrán derecho a que se les expida el Documento Nacional de Identidad. conforme a lo previsto por la Ley. respetando el derecho a la intimidad de la persona. venta de localidades y horarios de comienzo y terminación de los espectáculos o actividades recreativas. Los que pretendan salir de España habrán de estar provistos de pasaporte o documento que reglamentariamente se establezca en los términos de los acuerdos internacionales suscritos por España. religión. 2. de 15 de octubre. 2. d) Fijar las condiciones a las que habrán de ajustarse la organización. 1. el ejercicio en ellos de cualesquiera otras que estuvieren prohibidas. para las personas o sus bienes. en todo caso. opinión. en ningún caso. 1. se puedan derivar del comportamiento de quienes organicen un espectáculo o actividad recreativa. ideología. Artículo 10. o cuando haya prohibido su expedición o la salida de España la autoridad judicial respecto al interesado que se halle inculpado en un proceso penal. haya de ser sustituido por otro documento. Los españoles podrán entrar en el territorio nacional. en todo caso. sujetos a las medidas de prevención de la violencia que se disponen en el título IX de la Ley 10/1990. en todo caso. salvo que el solicitante haya sido condenado a penas o medidas de seguridad que conlleven la privación o limitación de su libertad de residencia o de movimiento. Dicho documento es intransferible. b) Asegurar la pacifica convivencia cuando pudiera ser perturbada por la celebración del espectáculo o el desarrollo de la actividad. que gozará de la protección que a los documentos públicos y oficiales otorgan las Leyes. mientras no se hayan extinguido. y que tendrá.
El Ministerio del Interior podrá ordenar. almacenamiento y comercio de productos químicos susceptibles de ser utilizados en la elaboración o transformación de drogas tóxicas. deberán llevar a cabo las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente. 3. y en la medida que el Documento Nacional de Identidad sea documento supletorio del pasaporte. la adopción de las medidas de seguridad necesarias en establecimientos e instalaciones industriales. El pasaporte o documento que lo supla podrá ser retirado por la misma autoridad a quien corresponda su expedición. . Las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades relevantes para la seguridad ciudadana.expedirán. el comercio o reparación de objetos usados. si sobrevinieren las circunstancias determinantes de su denegación. los referidos documentos siempre que obtengan autorización del órgano judicial competente. del órgano judicial competente. o la compraventa de joyas y metales preciosos. estupefacientes. En tales casos. el alquiler o el desguace de vehículos de motor. 2. No podrán ser privados de esta documentación salvo en los mismos supuestos previstos para el Documento Nacional de Identidad. con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes. para prevenir la comisión de los actos delictivos que se puedan cometer contra ellos. SECCIÓN CUARTA: ACTIVIDADES RELEVANTES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA Artículo 12. no obstante. comerciales y de servicios. 1. como las de hospedaje. Artículo 11. 4. Los extranjeros que se encuentren en territorio español están obligados a disponer de la documentación que acredite su identidad y el hecho de hallarse legalmente en España. cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. sustancias psicotrópicas y otras gravemente nocivas para la salud. 1. 3. SECCIÓN QUINTA: MEDIDAS DE SEGURIDAD EN ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES Artículo 13. El pasaporte o documento que lo sustituya se expedirá a quien se encuentre sujeto a patria potestad o tutela si cuenta con autorización de quien la ejerza o. debiendo sus titulares realizar las actuaciones de registro documental e información previstas en la normativa vigente. como consecuencia de las resoluciones judiciales a que se refiere el apartado 2. Del mismo modo el Gobierno podrá acordar la necesidad de registro para la fabricación. conforme a lo que se disponga reglamentariamente. se proveerá a su titular de otro documento a los solos efectos de identificación. Por razones de seguridad podrá someterse a restricciones la navegación de embarcaciones de alta velocidad. en defecto de esta.
las unidades actuantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deberán avisar de tales medidas a las personas afectadas. La autoridad competente podrá acordar. en la forma que menos perjudique. en situaciones de emergencia que las circunstancias del caso hagan imprescindibles y mientras estas duren. CAPÍTULO III: ACTUACIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Artículo 14. estará condicionada a la comprobación. También podrán disolver las concentraciones de vehículos en las vías públicas y retirar aquéllos o cualesquiera otra clase de obstáculos cuando impidieran. podrán dictar las órdenes o prohibiciones y disponer las actuaciones policiales estrictamente necesarias para asegurar la consecución de las finalidades previstas en el artículo 1 de esta Ley. pusieran en peligro o dificultaran la circulación por dichas vías. Dichas autoridades. cuando las circunstancias que concurran en el caso concreto las hicieren innecesarias o improcedentes. . 2. Artículo 17. la evacuación de inmuebles o el deposito de explosivos. así como de su efectivo funcionamiento y de la consecución de la finalidad protectora y preventiva propia de cada medida. No obstante. por las autoridades competentes. 3. 1. de la idoneidad y suficiencia de las mismas. Las autoridades a las que se refiere la presente Ley adoptaran las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones o manifestaciones y de espectáculos públicos. podrán suspender los espectáculos y disponer el desalojo de los locales y el cierre provisional de los establecimientos públicos mientras no existan otros medios para evitar las alteraciones graves de la seguridad que se estuvieren produciendo.2. La apertura de los establecimientos que estén obligados a la adopción de medidas de seguridad. de acuerdo con las leyes y reglamentos. reguladora del derecho de reunión. Sin embargo. Artículo 16. Las autoridades competentes. Los titulares de los establecimientos e instalaciones serán responsables de la adopción o instalación de las medidas de seguridad obligatorias. en los supuestos prevenidos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983. de 15 de julio. por medio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. podrán disolver. 1. sin perjuicio de la responsabilidad en que al respecto puedan incurrir sus empleados. el cierre o desalojo de locales o establecimientos. como medidas de seguridad extraordinarias. 4. las reuniones en lugares de tránsito público y las manifestaciones. Artículo 15. procurando que no se perturbe la seguridad ciudadana. Antes de llevar a efecto las medidas a que se refieren los artículos anteriores. las autoridades competentes podrán eximir de la implantación o el mantenimiento de medidas de seguridad obligatorias a los establecimientos. de acuerdo con las normas que respectivamente las regulen.
los empleados de empresas privadas de vigilancia y seguridad. deberán colaborar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En los casos a que se refieren los artículos anteriores. 3. por el tiempo imprescindible. se podrán establecer controles en las vías. 1. y cuando resulte necesario a los mismos fines del apartado anterior. al registro de los vehículos y al control superficial de los efectos personales con el fin de comprobar que no se portan sustancias o instrumentos prohibidos o peligrosos. o al objeto de sancionar una infracción. la circulación o permanencia en vías o lugares públicos en supuestos de alteración del orden. lugares o establecimientos públicos. Asimismo podrán ocupar preventivamente los efectos o instrumentos susceptibles de ser utilizados para acciones ilegales. la seguridad ciudadana o la pacífica convivencia. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán requerir. 1. sin necesidad de previo aviso. Artículo 18. 2. procediendo a su ocupación. Podrán proceder a la ocupación temporal. efectos o pruebas del mismo. si se estima necesario. dándoles el destino que legalmente proceda. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán limitar o restringir. respecto del interior de los locales o establecimientos en que prestaren servicio. Artículo 20. Para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo causante de grave alarma social y para la recogida de los instrumentos. los agentes. en el ejercicio de sus funciones de indagación o prevención. Artículo 19. en todo caso. lugares y establecimientos públicos se porten o utilicen ilegalmente armas. al objeto de proceder a la identificación de las personas que transiten o se encuentren en ellos.2. En el caso de que se produzcan alteraciones de la seguridad ciudadana con armas o con otros medios de acción violenta. De no lograrse la identificación por cualquier medio. o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de las cosas. para impedir la comisión de un delito o falta. con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito. si los hubiere. en la medida indispensable a los fines de este apartado. siempre que el conocimiento de la identidad de las personas requeridas fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad que a los agentes encomiendan la presente Ley y la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. las comprobaciones necesarias para impedir que en las vías. Los agentes de la autoridad podrán realizar. incluso de las que se lleven con licencia o permiso y de cualesquiera otros medios de agresión. la identificación de las personas y realizar las comprobaciones pertinentes en la vía pública o en el lugar donde se hubiere hecho el requerimiento. 2. las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación o retirar los vehículos y obstáculos. podrán requerir a quienes no pudieran ser identificados a que les acompañen a dependencias próximas y que . cuando fuere necesario para su restablecimiento. El resultado de la diligencia se pondrá de inmediato en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Cuando por las causas previstas en el presente artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entrasen en un domicilio. Para obtener el cumplimiento de las órdenes dictadas en aplicación de la presente Ley. 2. en supuestos de catástrofe. Los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sólo podrán proceder a la entrada y registro en domicilio en los casos permitidos por la Constitución y en los términos que fijen las leyes. 3. el Ministerio del Interior remitirá periódicamente extracto de las diligencias de identificación al Ministerio Fiscal. Tales multas no excederán de 25. 4. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas. 1. calamidad. En todo caso habrá de darse un plazo suficiente para cumplir lo dispuesto. no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. 3. y que estará en todo momento a disposición de la autoridad judicial competente y del ministerio fiscal. . Artículo 21. Artículo 22. En tales supuestos. así como los motivos y duración de las mismas.cuenten con medios adecuados para realizar las diligencias de identificación. sin que pueda sobrepasar los límites cuantitativos máximos establecidos para las sanciones. 1. y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas. En las dependencias a que se hace referencia en el apartado anterior se llevara un Libro-Registro en el que se harán constar las diligencias de identificación realizadas en aquéllas. transcurrido el cual se podrá proceder a la imposición de las multas en proporción a la gravedad del incumplimiento. a estos solos efectos y por el tiempo imprescindible. No obstante lo anterior. ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. remitirán sin dilación el acta o atestado que redactaren a la autoridad judicial competente. En los casos de resistencia o negativa infundada a identificarse o a realizar voluntariamente las comprobaciones o practicas de identificación. 4. se estará a lo dispuesto en el Código Penal y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. si bien se podrá aumentar sucesivamente su importe en el 50 por 100 en caso de reiteración del citado incumplimiento. de acuerdo con la naturaleza y fines de la orden. las autoridades competentes para imponer las sanciones en ella establecidas podrán imponer multas en los términos del Artículo 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.000 Pesetas.
también se considerarán organizadores o promotores. b) La omisión o insuficiencia en la adopción o eficacia de las medidas o precauciones obligatorias para garantizar la seguridad de las armas o de los explosivos. g) La celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente. a quienes de hecho las presidan. por los discursos que se pronuncien y los impresos que se repartan durante las mismas. reguladora del Derecho de Reunión. c) La celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones.CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR SECCIÓN PRIMERA: INFRACCIONES Artículo 23. banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos. cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores. 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983. 8. dirijan o ejerzan actos semejantes o a quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las reuniones o manifestaciones. comercio. reparación. cuando tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.2. almacenamiento. A los efectos de la presente Ley. por los lemas. (Ley 4/1997. Aún no habiendo suscrito o presentado la citada comunicación. tenencia o utilización de armas prohibidas o explosivos no catalogados. pueda determinarse razonablemente que son inspiradores de aquéllas. incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4. . adquisición o enajenación. de 4 de agosto) e) La apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de la misma. constituyen infracciones graves: a) La fabricación. d) La negativa a disolver las manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público ordenada por la autoridad competente cuando concurran los supuestos del artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983. En el caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones cuya celebración se haya comunicado previamente a la autoridad se considerarán organizadores o promotores las personas físicas o jurídicas que suscriban el correspondiente escrito de comunicación. f) La admisión en locales o establecimientos de espectadores o usuarios en número superior al que corresponda. de armas reglamentarias o explosivos catalogados careciendo de la documentación o autorización requeridos o excediéndose de los limites permitidos. a los efectos de esta Ley. h) La provocación de reacciones en el público que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana. siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal. 9.
Constituyen infracciones graves a la seguridad ciudadana el consumo en lugares. b). administradores o encargados de los mismos. estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios. Las infracciones tipificadas en los apartados a). ñ) La apertura de un establecimiento. establecimientos o transportes públicos. hubieren alterado el funcionamiento de los servicios públicos. j) El incumplimiento de las restricciones a la navegación reglamentariamente impuestas a las embarcaciones de alta velocidad. 2. embarcaciones y aeronaves. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. teniendo en cuenta la entidad del riesgo producido o del perjuicio causado. m) La negativa de acceso o la obstaculización del ejercicio de las inspecciones o controles reglamentarios. que se sancionará como infracción grave. n) Originar desórdenes graves en las vías. establecimientos. h). aunque no estuviera destinada al trafico de drogas tóxicas. el inicio de sus actividades o el desarrollo de su funcionamiento sin autorización o sin adoptar total o parcialmente las medidas de seguridad obligatorias o cuando aquéllas no funcionen o lo hagan defectuosamente. k) La alegación de datos o circunstancias falsos para la obtención de las documentaciones previstas por la presente Ley. i). espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público. Las sanciones impuestas por estas infracciones podrán suspenderse si el infractor se somete a un tratamiento de deshabituación en un centro o servicio debidamente acreditado. Artículo 24. l) y n) del artículo anterior podrán ser consideradas muy graves. así como el abandono en los sitios mencionados de útiles o instrumentos utilizados para su consumo. c). siempre que no constituya infracción penal. vías. Artículo 25. locales. o cuando supongan atentado contra la salubridad pública. o antes de que la autoridad competente haya expresado su conformidad con las mismas. f). l) La carencia de los registros previstos en el capítulo II de la presente Ley para las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana. siempre que no constituya infracción penal. d). en fábricas. los transportes colectivos o la regularidad de los abastecimientos. establecidos conforme a lo dispuesto en la presente Ley. siempre que no constituya infracción penal. o) La comisión de una tercera infracción leve dentro del plazo de un año. 1. e). o se hubieren producido con violencia o amenaza colectivas. .i) La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas. así como la tenencia ilícita. en la forma y por el tiempo que reglamentariamente se determine.
SECCIÓN SEGUNDA: SANCIONES Artículo 28. constituyan incumplimientos de las obligaciones o vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente Ley o en Leyes especiales relativas a la seguridad ciudadana. según sean leves. e) El exceso en los horarios establecidos para la apertura de establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas. espacios o establecimientos públicos. graves o muy graves. y la venta o servicio de bebidas alcohólicas a los mismos. 1. respectivamente. h) Desobedecer los mandatos de la autoridad o de sus agentes. f) Las irregularidades en la cumplimentación de los registros prevenidos en las actividades con trascendencia para la seguridad ciudadana y la omisión de los datos o comunicaciones obligatorios dentro de los plazos establecidos. c) La omisión o la insuficiencia de medidas para garantizar la conservación de las documentaciones de armas o explosivos. dictados en directa aplicación de lo dispuesto en la presente Ley. cuando esté prohibida. Las infracciones administrativas contempladas en la presente Ley prescribirán a los tres meses. j) Todas aquéllas que. g) La exhibición de objetos peligrosos para la integridad física de las personas con la finalidad de causar intimidación. Constituyen infracciones leves de la seguridad ciudadana: a) El incumplimiento de la obligación de obtener la documentación personal.Artículo 26. Las infracciones determinadas de acuerdo con lo dispuesto en la sección anterior podrán ser corregidas por las autoridades competentes con una o más de las sanciones siguientes: . así como la falta de denuncia de la pérdida o sustracción de tales documentaciones. no estando calificadas como graves o muy graves. al año o a los dos años de haberse cometido. i) Alterar la seguridad colectiva u originar desórdenes en las vías. cuando ello no constituya infracción penal. d) La admisión de menores en establecimientos públicos o en locales de espectáculos. Artículo 27. b) La negativa a entregar la documentación personal cuando hubiere sido acordada su retirada o retención.
De hasta 300.B) de esta Ley para imponer multas de hasta diez millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas. b) El Ministro del Interior para imponer multas de hasta cincuenta millones de pesetas y cualquiera de las restantes sanciones previstas. c) Los titulares de los órganos a que se refiere el artículo 2. 4. de los explosivos.61 euros para infracciones graves. y. Las infracciones previstas en el artículo 25 podrán ser sancionadas. Serán competentes para imponer las sanciones a que se refiere el artículo anterior: a) El Consejo de Ministros para imponer cualquiera de las sanciones previstas en esta Ley.050. con la suspensión del permiso de conducir vehículos de motor hasta tres meses y con la retirada del permiso o licencia de armas. graves o muy graves. d) Suspensión temporal de las licencias o autorizaciones o permisos desde seis meses y un día a dos años para infracciones muy graves. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. en especial. En casos de infracciones graves o muy graves.012. En casos graves de reincidencia.10 euros. locales o establecimientos. de acuerdo con lo previsto en la legislación sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. las sanciones previstas en los . para infracciones leves. dos años o cuatro años. procediéndose desde luego a la incautación de las drogas tóxicas. por infracciones muy graves. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. De 300. para imponer multas de hasta un millón de pesetas. Artículo 29.050. y hasta seis meses para las infracciones graves en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo II de esta Ley.62 a 601. cuando los infractores sean extranjeros. 2. c) Incautación de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones. para infracciones muy graves. Las sanciones prescribirán al año. por infracciones muy graves. 3. d) Los Gobernadores Civiles y los Delegados del Gobierno en Ceuta y en Melilla.a) Multa de 30. graves o leves. las sanciones que correspondan podrán sustituirse por la expulsión del territorio español. según que las correspondientes infracciones hayan sido calificadas de leves. graves o leves. e) Clausura de las fábricas. de las armas. en el ámbito de las materias reguladas en el capítulo II de esta Ley. de las embarcaciones de alta velocidad o de las drogas tóxicas.51 euros. además. la suspensión y clausura a que se refieren los dos apartados anteriores podrán ser de dos años y un día hasta seis años por infracciones muy graves y hasta dos años por infracciones graves. b) Retirada de las armas y de las licencias o permisos correspondientes a las mismas. graves o leves. desde seis meses y un día a dos años por infracciones muy graves y hasta seis meses por infracciones graves. por infracciones muy graves.52 a 30. 1.
los Alcaldes serán competentes. (Ley 10/1999. por infracciones graves o leves. de hasta cincuenta mil pesetas. Para la concreción de las conductas sancionables. las ordenanzas municipales podrán especificar los tipos que corresponden a las infracciones cuya sanción se atribuye en este artículo a la competencia de los Alcaldes. de hasta cien mil pesetas. . de 21 de abril) Artículo 30. h). .Municipios de más de quinientos mil habitantes. Idénticos criterios tendrán en cuenta las autoridades sancionadoras.Municipios de cincuenta mil a quinientos mil habitantes.Municipios de menos de veinte mil habitantes. previa la substanciación del oportuno expediente. Por infracciones graves o leves en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas.apartados b) y c) del artículo anterior y la suspensión temporal de las licencias o autorizaciones de hasta seis meses de duración. para concretar las sanciones que proceda imponer y. . atendiendo además al grado de culpabilidad. mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana. por infracciones graves o leves. propondrán la imposición de las sanciones que correspondan. la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales por la comisión de las infracciones. 2. para imponer las sanciones de suspensión de las autorizaciones o permisos que hubieran concedido los municipios y de multa en las cuantías máximas siguientes: . y las sanciones previstas en los apartados b) y c) del artículo anterior. de 26 de noviembre. para graduar la cuantía de las multas y la duración de las sanciones temporales. Cuando no concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior. previa audiencia de la Junta Local de Seguridad. de hasta veinticinco mil pesetas. e) Los Delegados del Gobierno en ámbitos territoriales menores que la provincia. de hasta un millón de pesetas. teniendo en cuenta la gravedad de las mismas. en su caso.Municipios de veinte mil a cincuenta mil habitantes.3 de la Ley 30/1992. siempre dentro de la naturaleza y los límites a los que se refiere el artículo129. para imponer multas de hasta cien mil pesetas. tenencia ilícita y consumo público de drogas y por las infracciones leves tipificadas en los apartados g). 2. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. en las materias a que el mismo se refiere. dentro de los límites establecidos por la presente Ley. Las respectivas normas reglamentarias podrán determinar. reincidencia y capacidad económica del infractor. i) y j) del artículo 26. la cuantía del perjuicio causado y su posible trascendencia para la prevención. los Alcaldes pondrán los hechos en conocimiento de las autoridades competentes o. . 1.
la autoridad sancionadora quedara vinculada por los hechos declarados probados en vía judicial. cualquiera de las autoridades relacionadas en el artículo 2 de la presente Ley. Salvo lo dispuesto en la presente Sección. . conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Cuando las conductas a que se refiere la presente Ley pudieran revestir caracteres de infracción penal. Artículo 34. 3. No obstante. En los supuestos de los dos artículos anteriores. Artículo 33. En todo procedimiento sancionador que se instruya en las materias objeto de la presente Ley. la autoridad que haya ordenado su iniciación podrá optar por nombrar instructor y secretario. En los procesos penales en que intervenga el Ministerio Fiscal. celeridad y sumariedad.SECCIÓN TERCERA: PROCEDIMIENTO Artículo 31. sino en virtud de procedimiento instruido al efecto y de acuerdo con los principios de audiencia al interesado. Será competente para ordenar la incoación de los expedientes sancionadores. Artículo 35. 2. el procedimiento sancionador se tramitará de acuerdo con lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo. o encargar de la instrucción del mismo a la unidad administrativa correspondiente. dentro de los respectivos ámbitos territoriales. se remitirán al Ministerio Fiscal los antecedentes necesarios de las actuaciones practicadas. economía. 1. Las medidas cautelares adoptadas por las autoridades sancionadoras antes de la intervención judicial podrán mantenerse en vigor mientras no recaiga pronunciamiento expreso al respecto de las autoridades judiciales. Artículo 32. No podrá imponerse ninguna sanción por las infracciones previstas en esta Ley. 1. independientemente de la sanción que en definitiva proceda imponer. cuando aquéllos pudieran ser objeto de sanción administrativa conforme a lo previsto en esta Ley. 2. deberá aquél remitir a la autoridad sancionadora copia de la resolución y de los particulares que estime necesarios. la resolución definitiva del expediente sólo podrá producirse cuando sea firme la resolución recaída en el ámbito penal. 3. aunque ello no impedirá la tramitación de expedientes sancionadores por los mismos hechos. cuando se acordase el archivo o se dictase auto de sobreseimiento o sentencia absolutoria por acreditarse que los hechos no sean constitutivos de infracción penal. No se podrán imponer sanciones penales y administrativas por unos mismos hechos. quedando hasta entonces interrumpido el plazo de prescripción.
podrán consistir en la adopción de medidas de acción preventiva y en la realización de actuaciones para el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad ciudadana. los bienes. de grave riesgo o de peligro inminente para personas o bienes.Artículo 36. En los procedimientos sancionadores que se instruyan en las materias objeto de la presente Ley. . Dichas medidas. c) La suspensión o clausura preventiva de fábricas. d) La suspensión. de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y especialmente en: a) El depósito en lugar seguro de los instrumentos o efectos utilizados para la comisión de las infracciones y. las informaciones aportadas por los agentes de la autoridad que hubieren presenciado los hechos. de las actividades de los establecimientos que sean notoriamente vulnerables y no tengan en funcionamiento las medidas de seguridad obligatorias. Artículo 37. embarcaciones de alta velocidad. debiendo ser ratificadas o revocadas por ésta en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas. en el marco de lo dispuesto por la presente Ley. e) La retirada preventiva de autorizaciones. Artículo 38. se podrán adoptar las medidas cautelares imprescindibles para el normal desarrollo del procedimiento. salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquéllos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles. evitar la comisión de nuevas infracciones o asegurar el cumplimiento de la sanción que pudiera imponerse. estupefacientes o sustancias psicotrópicas. 2. o drogas tóxicas. los establecimientos o las instalaciones que se encuentren en situación de peligro. que deberán ser proporcionadas a la naturaleza y gravedad de la infracción. 1. en particular. locales o establecimientos. de las armas. explosivos. 4. las medidas previstas en la letra a) del apartado 2 anterior podrán ser ordenadas directamente por los agentes de la autoridad. 1. b) La adopción de medidas provisionales de seguridad de las personas. constituirán base suficiente para adoptar la resolución que proceda. licencias y otros documentos expedidos por las autoridades administrativas. La duración de las medidas cautelares de carácter temporal no podrá exceder de la mitad del plazo previsto en esta Ley para la sanción que pudiera corresponder a la infracción cometida. permisos. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas desde que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa. Excepcionalmente. en supuestos de posible desaparición de las armas o explosivos. 3. a cargo de sus titulares. previa ratificación en el caso de haber sido negados por los inculpados. parcial o total. Iniciado el expediente sancionador.
El apartado 5 del artículo 7 de la Ley 62/1978.El Real Decreto 3/1979.2. de Protección Jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona. en virtud de acuerdo de las autoridades competentes.29 de la Constitución. DISPOSICIÓN ADICIONAL Tendrán la consideración de autoridades a los efectos de la presente Ley las correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias para protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana. y podrán imponer las sanciones y demás medidas determinadas en esta Ley en las materias sobre las que tengan competencia. la autoridad que la impuso lo señalara.1. Las disposiciones relativas a los espectáculos públicos y actividades recreativas contenidas en la presente Ley. Las disposiciones de la presente Ley y las que en ejecución de la misma apruebe el Gobierno. sobre modificación de determinados artículos de la Ley de Orden Público. -La Ley 36/1971. . determinadas por razones de seguridad pública. de Orden Público. . Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle legal o reglamentariamente previsto plazo para satisfacerla. . de 21 de julio. de 30 de julio. se opongan a lo dispuesto en la presente Ley. se entenderán dictadas al amparo del artículo 149. de 26 de enero. Segunda.La Ley 45/1959. en los términos que reglamentariamente se determinen. de 26 de diciembre. sin que pueda ser inferior a quince ni superior a treinta días hábiles.El Real Decreto-Ley 6/1977. . de 25 de enero. 1. de igual o inferior rango. Artículo 39. sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. con arreglo a lo dispuesto en los correspondientes estatutos y en la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. DISPOSICIÓN DEROGATORIA Quedan derogados: . DISPOSICIONES FINALES Primera. . así como las normas de desarrollo de las mismas. La resolución firme en vía administrativa de los expediente sancionadores por faltas graves y muy graves podrá ser hecha pública.Cuantas otras disposiciones. por el que se modifican determinados artículos de la Ley de Orden Público.
37.serán de aplicación general en defecto de las que puedan dictar las Comunidades Autónomas con competencia normativa en esta materia. 6. 31. 12. 30. cuarta y quinta. 2. 26. en todos los apartados del párrafo 1. teniendo en cuenta las variaciones de índice de precios al consumo. 33. 29. Quinta. 32. disposición derogatoria y disposiciones finales primera. 25.1 y 3. 39. 34. los cuales tendrán carácter ordinario. Cuarta. Tercera. 8. 23. En todo caso. 5. excepto el c). 3. 38. 4. 7. 9. segunda. Se autoriza al Gobierno para actualizar las cuantías de las sanciones pecuniarias previstas en la presente Ley. 36. . 35. El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para determinar las medidas de seguridad y control que pueden ser impuestas a entidades o establecimientos. 27. 13. La presente Ley tendrá carácter de Ley Orgánica excepto en los artículos 2.1. 28. la aplicación de lo establecido en las referidas disposiciones corresponderá a las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 22.
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