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Timestamp: 2013-05-25 21:04:54+00:00

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Abogados de El Salvador - REGLAMENTO DE LA LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL | Derecho Administrativo
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Materia: Derecho Administrativo Categoría: Reglamento Origen: INSTITUCIÓN AUTÓNOMA (Tribunal de Ética Gubernamental) Estado: Vigente Naturaleza : Nº: 1 Fecha:28/05/2008 D. Oficial: 109 Tomo: 379 Publicación DO: 12/06/2008 Reformas: (1) Decreto Institucional No. 2, de fecha 08 de septiembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 173, Tomo 380 de fecha 17 de septiembre de 2008. Comentarios: El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar la Ley de Ética Gubernamental. También regulará los aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Ética Gubernamental, Comisiones de Ética Gubernamental y Agentes de Enlace. Contenido; DECRETO No. 1. EL TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL
I. Que mediante Decreto Legislativo Nº 1038, de fecha 27 de abril de 2006, publicado en el Diario Oficial Nº 90, Tomo 371, correspondiente al 18 de mayo del mismo año, se emitió la Ley de Ética Gubernamental. II. Que la Ley de Ética Gubernamental ha sido dictada para dar cumplimiento, entre otras, a la Convención Interamericana contra la Corrupción -CICC- ratificada en El Salvador por Decreto Legislativo Nº 351, de fecha 9 de julio de 1998, publicada en el Diario Oficial Nº 150, Tomo 340, correspondiente al 17 de agosto de 1998; Convención que entró en vigencia desde el día de su publicación y fue depositada por el Órgano Ejecutivo en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos -OEA-, el 18 de marzo de 1999; así como para desarrollar el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América, ratificado por el Decreto Legislativo de fecha 22 de enero de 1997, publicado en el Diario Oficial Nº 31, Tomo 334, correspondiente al 17 de febrero de 1997.
III. Que mediante Decreto Legislativo Nº 427, de fecha 4 de octubre de 2007, publicado en el Diario Oficial Nº 188, Tomo 377, correspondiente al 10 de octubre del mismo año, se modificó la mencionada Ley de Ética Gubernamental, reforma mediante la cual se le confirió personalidad jurídica al Tribunal de Ética Gubernamental, con autonomía en lo técnico, económico y administrativo, siendo la autoridad de mayor jerarquía en la materia.
IV. Que en cumplimiento de la letra i) del art. 12 de la Ley de Ética Gubernamental, debe dictarse el Reglamento de ejecución de dicha normativa.
V. Que para asegurar el adecuado y oportuno cumplimiento de la Ley de Ética Gubernamental, de conformidad con el art. 9, además del Tribunal de Ética Gubernamental, habrá una Comisión de Ética Gubernamental en cada una de las dependencias de la Administración pública que se mencionan en el Art. 14 de la Ley.
VI. Que el art. 12 letra h) de la mencionada Ley establece, como una de las funciones y atribuciones del Tribunal de Ética Gubernamental, nombrar a los miembros de las Comisiones de Ética Gubernamental, en las dependencias de la Administración pública indicadas en el art. 14 de la citada Ley.
VII. Que de conformidad con el art. 15 de la Ley, un Reglamento determinará la forma de hacer el nombramiento de los miembros propietarios y suplentes de las Comisiones de Ética Gubernamental en las dependencias de la Administración pública, conforme con el objeto de Ley.
POR TANTO: De conformidad con la normativa relacionada y en ejercicio de su potestad reglamentaria este Tribunal, DECRETA el siguiente:
REGLAMENTO DE LA LEY DE ÉTICA GUBERNAMENTAL TÍTULO I
Finalidad, Ámbito de Aplicación y Denominaciones
Art. 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad desarrollar la Ley de Ética Gubernamental.
También regulará los aspectos de organización y funcionamiento del Tribunal de Ética Gubernamental, Comisiones de Ética Gubernamental y Agentes de Enlace.
Art. 2.- El presente Reglamento se aplicará a todos los servidores públicos a los que se refiere el art. 2 de la Ley de Ética Gubernamental, en lo relativo a sus prohibiciones y/o deberes éticos y al procedimiento administrativo sancionador.
Art. 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:
a) Ley: Ley de Ética Gubernamental; b) Tribunal: Tribunal de Ética Gubernamental;
c) Pleno del Tribunal o Pleno: miembros del Tribunal constituidos como órgano deliberante y decisorio;
d) Comisión: Comisión de Ética Gubernamental;
e) Institución: cualquiera de las instituciones a las que se refiere el art. 14 de la Ley;
f) Autoridad: titular de cualquiera de las instituciones mencionadas en el art. 14 de la Ley;
g) Servidor público: persona natural que presta ocasional o permanentemente servicios dentro de la Administración del Estado, de los Municipios y de las entidades oficiales autónomas sin excepción. Además, comprende a los funcionarios y empleados públicos y agentes de Autoridad en todos sus niveles jerárquicos; y,
h) COMURES: Corporación de Municipalidades de El Salvador.
TITULO II ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DEL TRIBUNAL, COMISIONES DE ÉTICA GUBERNAMENTAL Y AGENTES DE ENLACE
Aplicación de la Ley de Ética Gubernamental
Art. 4.- Corresponderá la aplicación de la Ley y este Reglamento conforme las atribuciones y funciones respectivas a los siguientes actores:
a) El Tribunal de Ética Gubernamental; b) Las Comisiones de Ética Gubernamental; y,
c) Los Agentes de Enlace.
Capítulo II Tribunal de Ética Gubernamental
Art. 5.- El Pleno del Tribunal, como organismo colegiado, está conformado por todos los miembros propietarios o sus respectivos suplentes, a que se refiere el art. 10 de la Ley.
Art. 6.- Además de las funciones y atribuciones establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, al Pleno del Tribunal le corresponderá:
a) Establecer las políticas y criterios de actuación del Tribunal y sus dependencias; b) Crear en atención a las necesidades del Tribunal y conforme las previsiones presupuestarias, unidades organizativas y comités para su funcionamiento;
c) Aprobar planes, programas y proyectos referentes a la aplicación de la ética en la función pública, la Ley de Ética Gubernamental y demás normativa institucional;
d) Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos, y la memoria anual de labores;
e) Aprobar la normativa que sea de su competencia;
f) Aprobar la suscripción de alianzas y convenios para el cumplimiento de los objetivos de la Ley;
g) Nombrar, contratar, remover, conceder licencias y aceptarla renuncia a los servidores públicos del Tribunal; procurar potenciar su calidad y desarrollo, así como proveer prestaciones y remuneraciones a los mismos;
h) Adquirir o aceptar bienes que provengan de ventas, donaciones, fideicomisos, herencias, legados u otras fuentes; así como autorizar la venta o donación de bienes, que formen parte del patrimonio del Tribunal;
i) Asignar funciones específicas a los miembros del Tribunal, si se estimare conveniente; y,
j) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de las finalidades, objetivos, funciones y atribuciones del Tribunal.
Art. 7.- El Pleno del Tribunal se reunirá para deliberar y tomar acuerdos al menos cada quince días con la asistencia del Secretario General.
Como órgano colegiado tomará sus decisiones por mayoría de los miembros que lo conforman y el miembro que no concurra con su voto podrá razonar el motivo de su desacuerdo o abstención según el caso.
El Tribunal se conformará con los miembros propietarios. En caso de muerte, renuncia, ausencia temporal, excusa o recusación de alguno de los miembros, se llamará al respectivo suplente para que integre el Tribunal.
En caso de ausencia temporal del propietario, el miembro suplente devengará el salario proporcional que le corresponda a aquél por el número de días que integre el Tribunal.
En caso de excusa o recusación, el suplente devengará una dieta por cada asistencia a la convocatoria que le haga el Tribunal, no pudiendo exceder el pago de cuatro dietas en el mes. Las dietas forman parte de los gastos administrativos del Tribunal.
Art. 8.- La agenda de las sesiones será elaborada por el Secretario General tomando en cuenta los puntos que se deban conocer en la misma, la que deberá ser sometida previamente a los miembros del Pleno para su consideración, a fin de que puedan incluir otros puntos que indiquen.
La agenda deberá ser presentada a los miembros del Pleno, por lo menos con veinticuatro horas de anticipación a la hora y día señalados para la sesión.
Los asuntos que se sometan a la consideración del Pleno serán debidamente documentados, excepto aquéllos que por urgencia u otro motivo que lo justifique no sea posible.
Art. 9.- La dirección de las sesiones corresponderá al Presidente.
Establecido el quórum para sesionar se iniciará con la lectura de la agenda, la que se someterá a aprobación del Pleno; una vez aprobada, con modificaciones o sin ellas, se pasará a su desarrollo.
Cada miembro tendrá derecho a intervenir sobre cada punto de la agenda.
Deliberado cada punto de la agenda, se pasará a su respectiva votación, la cual será nominal.
Si se considera que un asunto está suficientemente discutido, cualquiera de los miembros propondrá el cierre del debate, y si así lo acuerda la mayoría, se pasará a votación.
Art. 10.- El Secretario General actuará como secretario de las sesiones del Pleno y en su ausencia temporal o impedimento, desempeñará esta función el Secretario General suplente; o en su defecto la persona que el Pleno designe.
Art. 11.- Se levantará acta de todas las sesiones que celebre el Pleno en la que se consignará el lugar, hora y día de la reunión; la asistencia y agenda desarrollada; con una relación sucinta de las intervenciones sobre cada punto y los acuerdos adoptados. Las actas deberán someterse a consideración del Pleno al finalizar la sesión o en la inmediata siguiente y serán firmadas por todos los miembros asistentes y el Secretario General, las que serán compiladas en el libro respectivo.
Cualquier incidente que altere o interrumpa la celebración de las sesiones se hará constar en el acta respectiva.
En caso de imposibilidad de desarrollar la agenda en una sola sesión, el Pleno podrá declarar la sesión en receso y acordar su continuación.
Art. 12.- El Presidente del Tribunal tendrá como atribuciones las siguientes:
a) Dirigir el desarrollo de las sesiones del Pleno; b) Autorizar juntamente con el Secretario General los libros que se estimen necesarios para el funcionamiento del Tribunal; y,
c) Las demás que le encomiende la Ley, este Reglamento y el Pleno.
Art. 13.- Corresponde al Secretario General:
a) Elaborar la agenda de las sesiones del Pleno y las convocatorias; b) Documentar los asuntos que sean sometidos al Pleno;
c) Llevar y custodiar el Libro de Actas y de Acuerdos de las sesiones del Pleno;
d) Llevar la correspondencia del Pleno;
e) Comunicar los acuerdos adoptados, darle seguimiento e informar mensualmente al Pleno sobre su cumplimiento;
f) Certificar las actuaciones del Pleno;
g) Autorizar con su firma las resoluciones del Pleno; y,
h) Las demás que le encomienden la Ley, este Reglamento y el Pleno.
Art. 14.- Corresponde al Tribunal promover y difundir entre los servidores públicos y la ciudadanía en general las normas éticas contenidas en la Ley; para tal efecto, dispondrá de los medios que estime procedentes para la comunicación, organización y realización de actividades divulgativas.
Asimismo, a través de la Unidad de Divulgación y Capacitación, el Tribunal capacitará a los miembros de las Comisiones y a los Agentes de Enlace respecto a la ética en la función pública y a la Ley de Ética Gubernamental. Los miembros de las Comisiones deberán a su vez capacitar a los servidores públicos de las instituciones en las que laboran.
Art. 15.- Corresponde al Tribunal dictar lineamientos generales tendentes a garantizar la transparencia en la gestión de la Administración pública, que permitan el acceso a la información a cualquier persona interesada, siempre y cuando aquélla sea de carácter público.
Publicidad de actos administrativos
Art. 16. - El Tribunal elaborará las directrices necesarias que permitan a las dependencias públicas identificar, además de los establecidos por ley, los actos administrativos que deberán gozar de publicidad por los medios de información posible.
Art. 17.- El Tribunal formulará, modificará y actualizará las políticas tendentes a que los servidores públicos optimicen el uso de los recursos del Estado.
Capítulo III Comisiones de Ética Gubernamental
Nombramiento y Elección de los Miembros de las Comisiones de Ética Gubernamental
Art. 18.- De conformidad con lo establecido en el art. 14 de la Ley, habrá una Comisión en cada una de las dependencias que en esa disposición se señalan.
Para el caso de la letra g) de ese mismo artículo, cada una de las instituciones que conforman el Ministerio Público, deberá contar con su propia Comisión.
Art. 19.- Tanto los miembros propietarios como los suplentes de las Comisiones que se constituyan en las dependencias de la Administración pública serán nombrados de la siguiente manera: uno, por la Autoridad responsable de la entidad de la que se trate; otro, por el Tribunal; y el tercero, electo por los servidores públicos que trabajen en la institución respectiva.
Una sola Comisión atenderá a todas las municipalidades del país, y en este caso sus miembros serán nombrados de la siguiente manera: uno, por la Corporación de Municipalidades de El Salvador; otro, por el Tribunal; y el tercero, por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República.
Cuando por la naturaleza y composición de una de las instituciones no sea viable constituir una Comisión acorde con lo dispuesto en la Ley y este Reglamento, el Tribunal podrá autorizar una forma distinta de proceder pero en armonía con los objetivos y propósitos de la Ley de Ética Gubernamental. En todo caso, deberán respetarse las reglas de composición previstas en el art. 15 de la Ley.
Naturaleza del servicio prestado por los miembros de la Comisión
Art. 20.- Los miembros de las Comisiones no devengarán ninguna remuneración especial y su servicio en ella se considerará inherente al cargo que desempeñen. No obstante, cuando para el cumplimiento de estas funciones debieren trabajar en horas extraordinarias, tendrán derecho al pago de la remuneración respectiva de acuerdo al régimen presupuestario de cada institución.
La Autoridad deberá conceder a los miembros de la Comisión de su institución el tiempo suficiente y los recursos necesarios para llevar a cabo las funciones encomendadas por la Ley.
Requisitos de los miembros de las Comisiones
Art. 21.- Los miembros de las Comisiones deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser servidor público de la institución; b) Ser salvadoreño;
d) Tener moralidad, instrucción y competencia notoria;
e) No estar en mora con la Hacienda Pública;
f) No haber sido objeto de sanciones disciplinarias en los últimos cinco años;
g) No haber sido sancionado por actos de corrupción o por infracciones a normas éticas;
h) No tener vínculo de parentesco con la Autoridad de la institución dentro del cuarto grado de consanguinidad ni segundo de afinidad;
i) Estar en posesión de sus derechos de ciudadano y no haberlos perdido durante los últimos cinco años; y,
j) Declarar bajo juramento ante la Autoridad de la institución en la que labora, no tener ninguno de los impedimentos previstos en este Reglamento.
La Autoridad tendrá la obligación de verificar e informar al Tribunal, dentro del plazo correspondiente, que los servidores públicos nombrados cumplen los requisitos antes señalados. Procedimiento para el nombramiento por el Tribunal
Art. 22.- El Tribunal nombrará como miembro propietario al servidor público que en cada una de las instituciones ocupe el cargo de Jefe del Área de Recursos Humanos y como suplente al Jefe de la Unidad Jurídica. En ambos casos, si no existiesen dichos cargos se nombrará respectivamente al servidor público que, aunque con otra denominación, ejerza funciones similares.
Si el servidor público no reúne los requisitos que establece el art. 21 de este Reglamento o no existe persona que ejerza dichas funciones o que éstas sean realizadas por personas ajenas a la institución, la Autoridad deberá remitir al Tribunal las hojas de vida del Auditor Interno, Jefe de Planificación y Jefe de Administración, o de quienes con denominaciones distintas ejerzan funciones similares, para que el Tribunal proceda a nombrar al miembro propietario y/o suplente, según sea el caso.
La Autoridad que a la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento no hubiere remitido la información mencionada en los incisos precedentes, deberá cumplir este requerimiento dentro de los cinco días posteriores a la vigencia del mismo.
Respecto a las municipalidades, el cargo de propietario y suplente lo ocuparán en su respectivo orden, los servidores públicos que se desempeñen como Primer y Segundo Secretario de la Junta Directiva de COMURES; y en su defecto los Directores de Finanzas y de Asuntos Gremiales. El Director Ejecutivo deberá remitir al Tribunal dentro de los cinco días posteriores a la vigencia de este Reglamento, los nombres y generales de quienes ocupan dichos cargos, debiendo además expresar si cumplen con los requisitos establecidos en el art. 21 de este Reglamento.
Una vez finalizado el período para el cual fueron nombrados, terminen en sus funciones o fueren trasladados a un cargo distinto, la Autoridad o el Director Ejecutivo, en su caso, deberán remitir, dentro del plazo de cinco días posteriores, los nombres y generales de quienes ocupan los cargos mencionados en los incisos precedentes.
El Tribunal procederá al nombramiento y juramentación de los miembros dentro de los tres días siguientes a la recepción de la información, debiendo proceder a su acreditación. También deberá comunicar su decisión a las Autoridades respectivas para los efectos consiguientes.
Procedimiento para el nombramiento por la Autoridad
Art. 23.- La Autoridad que aún no ha nombrado y juramentado a su miembro propietario y/o suplente entre el personal de la institución, deberá hacerlo en el plazo de ocho días, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este Reglamento.
Una vez finalizado el período para el cual fueron designados los miembros que se encuentran en funciones o a la terminación de las mismas, deberá la Autoridad hacer el nombramiento y juramentación de los nuevos miembros propietario y suplente dentro de los ocho días posteriores a la ocurrencia de los eventos mencionados.
En todo caso, la Autoridad deberá comunicar al Tribunal el nombramiento y juramentación de sus miembros propietario y suplente, para su acreditación en el plazo estipulado.
Procedimiento para la elección por los servidores públicos
Art. 24.- El miembro de la Comisión cuya elección corresponde a los servidores públicos, lo mismo que su suplente, serán elegidos mediante votación igualitaria y secreta.
A la Autoridad le corresponde vigilar que el proceso de elección se realice de acuerdo con lo establecido en la Ley y este Reglamento.
El procedimiento para la elección será el siguiente:
1. La Autoridad que aún no ha realizado el procedimiento de elección de los miembros que corresponde a los servidores públicos de su institución, deberá efectuar la convocatoria dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de este Reglamento. 2. La Autoridad deberá iniciar el procedimiento de elección del miembro propietario o suplente, dentro de los ochos días siguientes de finalizado el plazo de sus nombramientos, para lo cual deberá convocar a los servidores públicos de su institución, por escrito o por cualquier otro medio, para la inscripción de los candidatos. En la convocatoria se indicarán los requisitos, el plazo, el lugar y la persona encargada de recibir las inscripciones, las que deberán realizarse dentro del plazo de cinco días contados desde la fecha en que se efectúe el llamado a la inscripción.
3. Los candidatos deberán inscribirse en la forma que se indique en la convocatoria respectiva y presentar a la Autoridad la documentación pertinente para acreditar que cumplen los requisitos establecidos en el art. 21 de este Reglamento.
4. Dentro de los tres días siguientes a la fecha en que venza el plazo para la inscripción de candidatos, la Autoridad realizará una segunda convocatoria para que todos los servidores públicos participen en la elección de los miembros propietario y suplente. La Autoridad correspondiente deberá adoptar las medidas necesarias y usar los mecanismos que considere pertinentes para garantizar la publicidad y la participación en la elección, En todo caso, esta convocatoria deberá contener la indicación de los candidatos inscritos, el lugar o el mecanismo de votación, el día y la hora en que se realizará la elección, y será notificada al Tribunal, quien podrá nombrar a un delegado para que observe el proceso de votación. La elección deberá realizarse dentro del plazo de cinco días que se contará desde la fecha de la convocatoria, y la juramentación se efectuará el día de la elección.
5. El cargo de miembro propietario corresponderá a quien hubiere obtenido el mayor número de votos, y el de miembro suplente, al que haya obtenido el segundo lugar en la votación. En caso de empate se realizará un nuevo procedimiento de elección en el que únicamente participarán los candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos, con el fin de definir el propietario y el suplente. Si existiere empate en el segundo número mayor de votos, se definirá el tercer y cuarto lugar; de lo acaecido se dejará constancia en el acta que para tal efecto se levante.
6. En caso de cesación definitiva del propietario electo, su lugar lo ocupará el segundo en votación y el suplente será quien le siga en número de votos, si lo hubiese; y así sucesivamente. Si no hubiere otro candidato que pudiera suplir, se deberá realizar un nuevo procedimiento de elección.
Cuando se tratare de instituciones públicas que tengan unidades o dependencias departamentales, la Autoridad organizará el proceso de elección en la forma más conveniente a los intereses institucionales, pero deberá cumplir lo dispuesto en este artículo. Documentación del procedimiento eleccionario
Art. 25.- Tanto lo ocurrido durante el procedimiento de elección como el resultado que arroje el escrutinio se hará constar en acta que firmarán la Autoridad y el delegado del Tribunal en su caso, y en ésta deberá relacionarse, por lo menos, la siguiente información: el número de servidores públicos que participaron en la votación, nombre y generales de los candidatos, el resultado y el acto de juramentación por parte de la Autoridad. De esta acta deberá remitirse una certificación al Tribunal al día siguiente de su emisión, para su acreditación.
De todo procedimiento de elección, la Autoridad elaborará un expediente que comprenderá todas las fases, incidentes y documentos relativos al mismo.
Nombramiento por el Presidente de la Corte de Cuentas de la República
Art. 26.- Los miembros de la Comisión, cuyo nombramiento corresponde al Presidente de la Corte de Cuentas de la República de conformidad con el art. 15 inciso 3ro. de la Ley, deberán pertenecer a las municipalidades, y ser nombrados y juramentados en el plazo de ocho días contados a partir de la vigencia de este Reglamento, si dicho nombramiento no se hubiere realizado. El mismo plazo deberá observarse cuando el miembro propietario y/o suplente finalice el período para el cual fue nombrado o cesado en sus funciones.
En todo caso, el nombramiento y juramentación deberán comunicarse al Tribunal al día siguiente en que hayan tenido lugar para su acreditación.
Art. 27.- La Autoridad o, en su caso, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República, están obligados a informar al Tribunal de cualquier circunstancia que pudiera alterar la composición de las Comisiones, tales como licencia, cese de funciones, renuncia, o traslado de alguno de los miembros. Esta comunicación deberá realizarse dentro del plazo máximo de cinco días contados a partir de que el hecho ocurra. El miembro propietario será sustituido por su suplente.
Si la ausencia del propietario fuere definitiva, el suplente respectivo asumirá en propiedad el cargo hasta que finalice el período para el cual aquél había sido nombrado, y se procederá al nombramiento del suplente dentro de los cinco días siguientes a la promoción del primero.
La regla establecida en el inciso anterior no será aplicable si se tratase de la ausencia definitiva del miembro propietario nombrado por el Tribunal, debiendo el suplente asumir las funciones del propietario mientras se nombre al nuevo titular.
Sección Segunda Impedimentos y forma de resolverlos. Separación del cargo.
Obligación de aceptar y desempeñar el cargo
Art. 28.- Ningún servidor público podrá negarse a aceptar el nombramiento ni a desempeñar el cargo de miembro de la Comisión, salvo que exista un impedimento debidamente justificado, el cual será resuelto en la forma establecida en esta sección.
Art. 29.- Son impedimentos para ser miembro de una Comisión:
a) No cumplir alguno de los requisitos previstos en el art. 21 de este Reglamento. b) Tener incapacidad física o mental que imposibilite el ejercicio del cargo.
c) Cualquier otra circunstancia que a juicio del Tribunal pudiera ser contraria a los objetivos y principios de la Ley.
Modo de resolver los impedimentos
Art. 30.- El servidor público que considere que se encuentra impedido para formar parte de una Comisión, o siendo miembro de la misma le sobrevenga uno de los impedimentos descritos en el artículo anterior, deberá alegarlo por escrito y presentar las pruebas que considere pertinentes ante la autoridad que tenga a su cargo el nombramiento o juramentación, quien lo resolverá dentro de los tres días siguientes a la fecha en que fue alegado, respetando las garantías del debido proceso.
Cuando el impedimento fuere alegado por cualquier persona mediante escrito, éste deberá presentarse ante la autoridad respectiva, quien mandará al miembro de la Comisión, para que en el plazo de cinco días contados a partir del siguiente de la notificación correspondiente se pronuncie sobre el hecho que se le atribuye.
Contestada la audiencia o concluido el plazo relacionado, se emitirá resolución sobre la permanencia o separación del cargo del miembro de la Comisión.
En el caso de los servidores públicos que ocupen alguno de los cargos señalados en el inciso primero y tercero del art. 22 de este Reglamento, el impedimento preexistente deberá alegarse ante la Autoridad de la institución respectiva, dentro de los tres días siguientes a la notificación correspondiente, y cuando sobrevenga puede ser alegado en cualquier momento. Dicha Autoridad deberá remitir al Tribunal, dentro de los tres días siguientes, el escrito de alegación del impedimento y las pruebas correspondientes para su resolución, así como los nombres y generales de quienes ocupen los cargos mencionados en el inciso segundo y tercero del art. 22 de este Reglamento. El Tribunal deberá resolver el impedimento respetando las garantías del debido proceso y nombrar al miembro propietario y/o suplente cuando proceda.
Modo de proceder si se declara la existencia de un impedimento
Art. 31.- Si la autoridad respectiva o el Tribunal resuelven declarar la existencia del impedimento, se procederá al nombramiento correspondiente. Si se tratare del miembro elegido por los servidores públicos se hará conforme a lo dispuesto en el art. 24 de este Reglamento, en lo que fuere aplicable.
Art. 32.- Si se comprueba que algún miembro de la Comisión incurre en alguno de los impedimentos contenidos en el art. 29 de este Reglamento se dejará sin efecto su nombramiento y se separará inmediatamente de su cargo.
Como medida precautoria, mientras se tramita el impedimento o el procedimiento sancionador, el servidor público señalado no podrá asistir a las reuniones de la Comisión y en su lugar lo hará el respectivo suplente, si fuere el caso.
Sección Tercera Organización y funcionamiento
Art. 33.- Después de conformarse la Comisión, ésta deberá sesionar dentro de los quince días hábiles posteriores a efecto de designar quiénes de los miembros propietarios actuarán como Presidente, Secretario y Vocal; establecerán el lugar y la periodicidad de sus reuniones, la que será al menos una vez por mes.
En cuanto a la forma de votación, atribuciones del Presidente y del Secretario y desarrollo de las sesiones, se estará a lo dispuesto en la parte relativa al Tribunal, en lo que le fuere aplicable.
La facultad de convocatoria la ejercerá el Presidente de la Comisión y a falta de éste el Secretario.
De toda reunión se levantará acta, debiendo ser firmada por los miembros asistentes.
Cualquier miembro de la Comisión podrá recibir consultas y denuncias, debiendo informar a los demás de la recepción de las mismas, dentro de las veinticuatro horas siguientes.
Las Comisiones brindarán al Tribunal el apoyo que les sea solicitado en la aplicación de la Ley y este Reglamento y actuarán a través de sus miembros propietarios, y a falta de éstos por medio de sus respectivos suplentes.
Cumplimiento de indicaciones del Tribunal
Art. 34.- A requerimiento del Tribunal, las Comisiones de Ética estarán habilitadas para realizar actos de comunicación a los servidores públicos denunciados de su dependencia en el plazo máximo de cinco días hábiles, debiendo dejar constancia de ello e informar al Tribunal dentro de los dos días hábiles siguientes de realizadas tales actuaciones.
Art. 35.- Los miembros de las Comisiones, antes o inmediatamente después de tomar posesión de sus cargos, deberán recibir las capacitaciones a que la Ley y este Reglamento hacen referencia; además, cumplirán con los lineamientos que conforme dichas normativas les dicte el Tribunal.
En atención a lo establecido en los arts. 38 y 39 de la Ley, las Comisiones llevarán un control y actualización de las capacitaciones que se realicen en su dependencia, información que deberá ser proporcionada a la Unidad de Divulgación y Capacitación del Tribunal, de acuerdo con el mecanismo y requerimientos establecidos por el mismo, a efecto de su registro.
Los municipios y las instituciones con dependencias en diversas partes del territorio de la República, podrán realizar la actividad prescrita en el inciso precedente por medio de los Agentes de Enlace, quienes deberán remitirla a la Comisión de Ética respectiva.
Las Comisiones enviarán al Tribunal el listado que contenga el nombre y generales de los Agentes de Enlace adscritos a su dependencia, su lugar de trabajo y dirección o medio para ser contactados, los que al ser modificados se deberán actualizar. La remisión de dicha información se efectuará en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha del nombramiento por parte de la Autoridad.
Intervención supletoria
Art. 36.- El Tribunal decidirá lo pertinente en todo lo no previsto en el presente Capítulo.
Capítulo IV Agentes de Enlace
Nombramiento de Agentes de Enlace
Art. 37.- Sin perjuicio de la existencia de la Comisión de Ética en una dependencia, cuando ésta lo estime conveniente podrá proponer a la Autoridad el nombramiento de funcionarios o empleados de la institución como Agentes de Enlace propietarios y suplentes, quienes estarán sujetos a lo dispuesto en el art. 15 de la Ley en lo que les fuere aplicable. A tal efecto, deberá presentar temas para propietarios y para suplentes, a fin de que la Autoridad seleccione a los mismos.
Cada uno de los municipios deberá contar con un Agente de Enlace nombrado por el respectivo Concejo Municipal; sin embargo, dependiendo de la estructura organizativa y el número de servidores públicos u otras características propias de los gobiernos locales, éstos podrán asociarse y nombrar a un solo Agente. En todo caso, los Concejos deberán informar al Tribunal dentro de los cinco días hábiles siguientes a la designación, la misma información requerida en el inciso final del art. 35 de este Reglamento, a las personas que fungirán corno Agentes de Enlace.
Art. 38.- Los Agentes de Enlace estarán sujetos á los mismos requisitos e impedimentos aplicables a los miembros de las Comisiones.
Art. 39.- Los Agentes de Enlace tendrán corno funciones la de facilitar a la Comisión la promoción, difusión y capacitación sobre la ética en la función pública y la normativa aplicable, realizar los actos de comunicación y cumplir con las demás instrucciones que dicte el Tribunal o la Comisión respectiva.
Los Agentes de Enlace, antes o inmediatamente después de haber sido nombrados, deberán recibir las capacitaciones a que la Ley y este Reglamento hacen referencia.
Régimen de dádivas y consulta
Solicitud o aceptación de dádivas, regalos, pagos, honorarios o cualquier otro tipo de regalías
Art. 40.- El servidor público tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por ley le correspondan, y debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial.
Para los efectos del art. 6 letra a) de la Ley de Ética Gubernamental, la solicitud o aceptación directa o a través de persona distinta del servidor público, a cambio de acciones u omisiones relacionadas con el cargo que ocupa, comprenderá todo tipo de beneficio o provecho de cualquier naturaleza que tenga como destinatario éste último, sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, que excedan a aquellos que por ley les corresponde.
Facultad consultiva
Art. 41.- Dentro de su facultad orientadora, el Tribunal será el único competente para fijar los criterios relativos a las consultas respecto del ámbito de aplicación de la Ley de Ética Gubernamental y su Reglamento.
Art. 42.- Las respuestas a consultas, únicamente podrán versar sobre la aplicación de la Ley y el Reglamento en forma abstracta, y por ningún motivo deberá contener pronunciamientos sobre casos en particular.
La aclaración a que hace referencia el art. 20 de la Ley, se circunscribirá a los hechos que se le atribuyen al denunciado, por lo tanto no estará sujeta al trámite previsto en este Capítulo.
Art. 43.- La consulta podrá hacerse tanto en forma verbal como escrita, y en este segundo caso se podrá utilizar medios técnicos o electrónicos, siempre que permitan dejar constancia por escrito.
Si la consulta fuere verbal, únicamente será recibida en el Tribunal por persona designada para tal efecto.
Cuando la consulta sea presentada ante una Comisión de Ética, ésta verificará si existe criterio aplicable dictado por el Tribunal; en caso afirmativo, deberá dar respuesta acorde al mismo. Si el Tribunal no hubiere emitido criterio, la Comisión deberá remitir la consulta a aquél dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de su recepción, para su respuesta.
Art. 44.- El Tribunal y las Comisiones responderán siempre por escrito dentro del plazo de ocho días hábiles a partir de su recepción, a excepción de la consulta recibida verbalmente.
Art. 45.- El trámite y elaboración de proyectos de respuesta efectuados en el Tribunal, estarán a cargo de la Unidad de Asesoría Legal, la que deberá basar los mismos en los criterios previamente fijados. Los proyectos serán sometidos a consideración del Pleno para su aprobación, rechazo o modificación. Una vez acordada la respuesta será comunicada por dicha Unidad a la persona que formuló la consulta o a la Comisión que la trasladó.
Registro de consultas y respuestas
Art. 46.- El Tribunal por medio de la Unidad de Asesoría Legal llevará un registro de las consultas escritas, así como de las respectivas respuestas que haya brindado, el cual contendrá como mínimo:
a) Fecha de la consulta; b) Nombre del consultante;
c) Objeto de la consulta; y,
Art. 47.- El Tribunal publicará periódicamente los criterios adoptados respecto a la aplicación de la Ley de Ética Gubernamental y este Reglamento por los medios que estime conveniente.
CAPÍTULO II Procedimiento administrativo sancionador
Art. 48.- Cualquier persona puede presentar denuncia por escrito, por sí o por medio de representante, sobre hechos que constituyan infracciones a las prohibiciones y/o deberes éticos.
Art. 49.- La denuncia contendrá:
a) Identificación del denunciante, la cual podrá acreditarse por medio del Documento Único de Identidad, licencia de conducir, carné de abogado, carné de residente o pasaporte y, en defecto de los anteriores, a través de dos testigos acreditados, debidamente identificados mediante cualquiera de los documentos citados. b) Identificación del servidor público denunciado. Si el denunciante no conoce el nombre y las generales del denunciado, podrá aportar datos como cargo, función que desempeña, institución u otros que a juicio del Tribunal permitan su individualización.
c) Descripción del hecho denunciado, lugar, fecha o época de su comisión u otra circunstancia que aporte claridad a la denuncia, así como las razones por las que considera que la actuación del servidor público constituye una infracción a las prohibiciones y/o deberes éticos;
d) Lugar o medio técnico para recibir notificaciones dentro del territorio de la República;
e) Lugar, fecha de la denuncia y firma. Si el denunciante no sabe firmar, se hará constar dicha circunstancia y deberá estampar su huella digital, y en caso de imposibilidad física otra persona firmará a su ruego; y,
f) Juramento de que lo dicho es la verdad.
La denuncia podrá presentarse personalmente o por otro medio con firma legalizada. Denuncia ante las Comisiones
Art. 50.- De conformidad con lo establecido en los arts. 12 letra d) y 16 letra a) de la Ley, las Comisiones de Ética serán competentes para recibir las denuncias que conforme la Ley y este Reglamento se presenten contra servidores públicos de la dependencia a la que pertenecen.
Para efecto de recepción de la denuncia bastará la firma de uno de los miembros de la Comisión, quien estará obligado a enterar a los demás en el plazo establecido en el art. 33 de este Reglamento y remitirla al Tribunal en un plazo máximo de ocho días hábiles.
La Comisión únicamente será competente para declarar la improcedencia de la denuncia, cuando concurra alguno de los supuestos contenidos en las letras a), d) y/o e) del art. 55 de este Reglamento, la que deberá en todo caso trasladar al Tribunal, el que confirmará o revocará dicho pronunciamiento.
Art. 51.- Cuando los hechos denunciados constituyan actos de corrupción, el Tribunal, la Comisión y los Agentes de Enlace deberán resguardar la identidad del denunciante a fin que dicha información no sea revelada a personas ajenas al procedimiento.
El incumplimiento de esta obligación por cualquier empleado o funcionario del Tribunal dará lugar al inicio del procedimiento disciplinario correspondiente; si el incumplimiento fuere por parte de un miembro de la Comisión o un Agente de Enlace, el agraviado o la Autoridad deberán interponer la denuncia respectiva. Como medida precautoria, mientras se tramita el procedimiento sancionador, el presunto responsable no podrá asistir a las reuniones de la Comisión, si fuere miembro de la misma; y si fuere un Agente de Enlace, no podrá realizar ningún acto de comunicación.
Art. 52.- Si el denunciante no proporciona su identidad, se le instará a que lo haga. En caso de persistir su negativa, la información brindada se considerará como aviso.
El mismo tratamiento se dará a la información proporcionada por persona cuya identidad no sea posible constatar.
Si el Tribunal puede determinar, del contenido del aviso, el lugar de trabajo del servidor público señalado y que los hechos relatados pueden ser contrarios a la Ley de Ética Gubernamental, informará al titular de la institución, a fin de que éste realice las investigaciones pertinentes. Si como resultado de éstas se considerare que los hechos fueren violatorios de la Ley de Ética Gubernamental, deberá denunciarlo ante el Tribunal de conformidad a la letra h) del art. 5 de la Ley; sin perjuicio de que instruya el procedimiento disciplinario correspondiente conforme a la normativa aplicable.
Si el titular de la institución fuere el supuesto infractor, lo dispuesto en el inciso anterior se le hará del conocimiento al funcionario que lo nombró o eligió, o al cuerpo colegiado al que perteneciere, si fuere el caso.
Abstención de conocer
Art. 53.- Cuando algún miembro del Tribunal o de la Comisión tenga que conocer una denuncia en la que él o sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, socios, cónyuge o conviviente tengan interés o concurra otra circunstancia que pueda incidir en su imparcialidad, deberá presentar al Tribunal su excusa, exponiendo las razones en que se basa la misma. El Tribunal, a excepción del miembro que ha planteado la excusa, según proceda, podrá aceptarla o rechazada, dentro del plazo de ocho días hábiles después de su presentación; si la aceptare, deberá llamar al suplente respectivo.
Si se presentare recusación, ésta deberá contener la identidad del miembro del Tribunal o de la Comisión cuya imparcialidad se cuestione, así como los motivos en que se fundamenta el señalamiento. El Tribunal integrado con exclusión del miembro recusado, en su caso, valorará la veracidad de los motivos y si éstos son capaces de incidir en menoscabo de su imparcialidad, se le separará del conocimiento del procedimiento, y se llamará al suplente respectivo.
Art. 54.- Presentada la denuncia, el Tribunal verificará si se cumplen los requisitos establecidos en el art. 19 de la Ley de Ética Gubernamental y en este Reglamento, a efecto de pronunciarse sobre su admisibilidad.
En caso de no cumplir a cabalidad con dichos requisitos se prevendrá al denunciante para que amplíe, corrija o aclare la denuncia, dentro del plazo de cinco días hábiles contados después de la notificación de la resolución.
Si el denunciante no cumple en tiempo y forma con la prevención que se le hiciera, el Tribunal declarará inadmisible la denuncia.
Transcurrido el plazo para recurrir de la resolución que declara la inadmisibilidad, se archivará el expediente, lo cual no será obstáculo para la presentación de una nueva denuncia.
Art. 55.- La denuncia se declarará improcedente cuando concurra alguno de los siguientes supuestos:
a) El denunciado no sea servidor público; b) Los hechos denunciados no constituyan transgresiones a las prohibiciones y/o deberes éticos;
c) Los hechos no hayan sido realizados por el denunciado o no los hubiere efectuado en el ejercicio de sus funciones como servidor público;
d) Los hechos denunciados sean anteriores a la vigencia de la Ley de Ética Gubernamental;
e) El hecho denunciado haya sido conocido y resuelto en forma definitiva o declarado improcedente por el Tribunal.
La improcedencia se puede declarar en cualquier estado del procedimiento. Contestación de la denuncia
Art. 56.- Admitida la denuncia, el Tribunal informará al denunciado sobre los hechos que se le atribuyen, quien contará con un plazo máximo de cinco días hábiles para que la conteste por sí o por medio de apoderado debidamente acreditado.
Al practicar este acto procesal, el Tribunal adoptará todas las medidas que sean necesarias para asegurarse que el presunto infractor tenga real conocimiento de los hechos que se le atribuyen y posibilidad de concurrir a defenderse, por lo que se le entregará copia de la denuncia, documentos que se presenten y de toda actuación que se realice.
Para tal fin, buscará que la comunicación se efectúe en su lugar de trabajo o en su casa de habitación y si se encuentra desempeñando sus funciones en el extranjero, se hará por medio de correo certificado debiendo cumplir con todas las formalidades que garanticen su recepción personal.
El denunciado podrá concurrir personalmente o nombrar apoderado para que lo represente, y en caso de encontrarse en el extranjero, el Tribunal le fijará un plazo prudencial para que nombre apoderado, si fuere necesario.
Elusión a la contestación de la denuncia y otras comunicaciones procesales
Art. 57.- Si se estableciere que el denunciado realiza cualquier actividad tendente a obstaculizar la notificación de la admisión de la denuncia o cualquier otro acto de comunicación procesal, se dejará constancia de tal situación y dichos actos se efectuarán a través de la Comisión de Ética respectiva o el Agente de Enlace a quien se le encomiende tal actividad, los que deberán informar por escrito al Tribunal dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha en que se realizó la comunicación al denunciado.
Art. 58.- Si el denunciado no se apersonare por sí o por apoderado dentro del plazo concedido en la resolución de admisión de la denuncia, se le declarará rebelde.
Al declarado rebelde solo se le notificará la declaratoria de rebeldía y el acto que ponga fin al procedimiento.
El servidor público podrá interrumpir la rebeldía en cualquier momento antes de la resolución final, o bien pedir que tal declaratoria se deje sin efecto, siempre y cuando justifique su incomparecencia en el plazo establecido.
Art. 59.- Contestada la denuncia o declarado rebelde el denunciado, el Tribunal abrirá a prueba el procedimiento por un plazo de ocho días hábiles común para las partes intervinientes, contados a partir del día siguiente de la última notificación.
En el procedimiento regirá el principio de libertad probatoria, y en consecuencia serán admisibles todos los medios de prueba pertinentes y conducentes, con la única exigencia de cumplimiento de las formalidades mínimas para garantizar seguridad jurídica.
La prueba vertida se valorará según el sistema de la sana crítica.
En ningún caso procederá la absolución de posiciones.
Resolución de continuación
Art. 60.- Concluido el plazo relacionado o practicada la prueba solicitada, el Tribunal emitirá dentro de los ocho días hábiles siguientes una resolución valorando la existencia de motivos para la continuación o la terminación anticipada del procedimiento. En el primer caso podrá ordenar la prueba complementaria que considere necesaria. Practicada la prueba complementaria o no habiéndose ordenado esta última, el Tribunal dictará la resolución final.
Art. 61.- En cualquier estado del procedimiento, el Tribunal decretará sobreseimiento si concurriere cualquiera de las circunstancias siguientes:
a) Por desistimiento del denunciante; b) Por no rendirse prueba sobre la existencia de los hechos denunciados, cuando aquélla fuere necesaria; y,
c) Por fallecimiento del denunciado, que se probará con la respectiva certificación de la partida de defunción.
El sobreseimiento, al igual que la improcedencia regulada en el art. 55 de este Reglamento, provocará la terminación anticipada del procedimiento. En caso que se trate de varios denunciados, la improcedencia o el sobreseimiento respecto de uno o algunos de ellos, no impedirá que se continúe el procedimiento contra los demás.
Art. 62.- En caso de renuncia o separación del cargo del servidor público denunciado antes de la resolución final, se suspenderá el procedimiento instruido en su contra. Dicha interrupción se mantendrá mientras subsistan las causas que la generaron y el procedimiento se reactivará si dentro de los siguientes cinco años el denunciado adquiere nuevamente la calidad de servidor público; de lo contrario se archivará el expediente.
Si se trata de varios denunciados, la suspensión únicamente surtirá efectos respecto del servidor público que se encuentre en la situación prevista en el inciso precedente.
Cuando verificado lo dispuesto en el art. 57 de este Reglamento no sea posible notificar al servidor público de la denuncia en su contra en el lapso de treinta días hábiles, el procedimiento quedará en suspenso, hasta que se realice tal acto de comunicación, por un lapso máximo de cinco años contados a partir del siguiente a la presentación de la denuncia.
Art. 63.- Serán sancionables las conductas contrarias a las prohibiciones y/o deberes éticos, descritos en los arts. 5 y 6 de la Ley de Ética Gubernamental.
Las sanciones que podrá imponer el Tribunal de Ética Gubernamental serán:
a) Amonestación escrita, cuando sea la primera vez, la que contendrá una censura a su conducta, asimismo se le hará del conocimiento las consecuencias que tendría en caso de transgredir la Ley por segunda o tercera vez; b) Multa, en caso de reincidencia por segunda vez, de conformidad con el m1. 26 de la Ley de Ética Gubernamental, se cuantificará teniendo en cuenta los parámetros establecidos en este Reglamento, y se le hará saber las consecuencias en caso que infrinja por tercera vez la Ley; y,
c) Despido sin responsabilidad, que implicará la separación del cargo.
Art. 64.- Comprobadas las infracciones éticas denunciadas, el Tribunal dictará la sanción correspondiente, caso contrario absolverá al denunciado.
El Tribunal resolverá motivadamente, haciendo una valoración de la prueba vertida en el procedimiento, de los argumentos en contra y a favor que aportaron las partes y la fundamentación jurídica del fallo que pronuncie; asimismo comunicará la resolución al denunciado y a la institución a la cual pertenece por medio de la Comisión de Ética respectiva.
En la misma decisión final se le hará saber a las partes intervinientes el recurso del que pueden hacer uso, plazo y funcionario ante quien interponerlo.
Cuando se trate de funcionarios que sean sancionados por actos de corrupción, el Tribunal certificará y remitirá las diligencias a la Fiscalía General de la República, a fin que ejerza la acción penal o promueva el antejuicio respectivo, según el caso.
Proporcionalidad y cuantificación de la multa
Art. 65.- La multa, para efectos de cuantificación, será proporcional a la gravedad del hecho denunciado, sus consecuencias, las remuneraciones percibidas por el servidor público de conformidad con lo establecido en la Ley, y otros aspectos que estime convenientes valorar el Tribunal como atenuantes o agravantes.
Certificación de la resolución final
Art. 66.- La resolución final se certificará a ambas partes y a la Comisión de Ética Gubernamental respectiva.
Para los efectos del art. 16 letra b) de la Ley de Ética Gubernamental, las Comisiones darán seguimiento a la resolución final únicamente si se hubiere sancionado al denunciado.
Certificación de actuaciones del Tribunal
Art. 67.- El Tribunal únicamente podrá certificar sus propias resoluciones o actuaciones que consten en el expediente.
Tales certificaciones se extenderán a solicitud del interesado u otras dependencias públicas que justifiquen su petición y destino de las mismas.
El Tribunal mantendrá en reserva la identidad del denunciante al extender certificaciones, a menos que sea requerido el expediente íntegramente por autoridad judicial, el Ministerio Público o por la Corte de Cuentas de la República.
Obligación de cumplir derechos y garantías constitucionales
Art. 68.- En el procedimiento administrativo sancionador se deberá respetar la dignidad, los derechos y garantías fundamentales de las partes, así como la presunción de inocencia del denunciado. Por la inobservancia de esta obligación, el Tribunal declarará la nulidad de las actuaciones y ordenará la reposición de las mismas.
Art. 69.- Los servidores públicos que no gocen de fuero constitucional y resulten responsables por actos de corrupción que puedan originar acción penal, independientemente que sean sancionados con amonestación escrita o multa, quedarán en suspenso en sus funciones a partir del día siguiente de vencido el plazo para la interposición del recurso previsto en la Ley o de haberse confirmado la resolución.
El Tribunal remitirá certificación de dicha resolución, al titular de la institución a la que pertenezca el servidor público sancionado para que tome las providencias necesarias respecto a la medida adoptada; además, enviará certificación del expediente tramitado a la Fiscalía General de la República. Si el sancionado fuere el titular, se le enviará la certificación al funcionario que lo nombró o eligió, o al cuerpo colegiado al que perteneciere.
Resultado del proceso penal
Art. 70.- Si del proceso penal se obtuviera sentencia condenatoria contra el servidor público, éste quedará depuesto del cargo definitivamente.
Denuncia maliciosa o temeraria
Art. 71.- Para los efectos de estimar si la denuncia ha sido maliciosa o temeraria, se tendrá en cuenta, entre otros aspectos, la imputación de conductas contrarias a la Ley, sin fundamento, razón o motivo legal.
Art. 72.- Cualquiera de las partes intervinientes podrán interponer recurso de revisión ante el Tribunal contra la resolución que ponga fin al procedimiento, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación, el que deberá resolverse en un plazo máximo de cinco días hábiles.
En dicha resolución se podrá revocar, reformar o confirmar la recurrida, en la que se consignará que no admite recurso alguno, pudiendo discutirse únicamente en sede judicial.
Art. 73.- Las sanciones éticas que determine el Tribunal de Ética Gubernamental serán ejecutadas sin dilación alguna por el titular de la institución a la que pertenezca el servidor público sancionado, quien deberá informar y comprobar su cumplimiento al Tribunal en un plazo no mayor de treinta días hábiles.
La recaudación de multas impuestas se hará efectiva de acuerdo con la ley, deduciéndola del sueldo del servidor público o de cualquier otra cantidad que le adeude el Fisco o la entidad pública de que se trate, o por medio del procedimiento legal para quienes ya no tengan relación de dependencia. Estas multas ingresarán al Fondo General de la Nación.
Art. 74.- Si durante la tramitación del procedimiento sancionador, el servidor público denunciado es trasladado a otro cargo público, éste deberá hacerlo saber inmediatamente al Tribunal de Ética Gubernamental.
Art. 75.- La tramitación del procedimiento sancionador ante el Tribunal de Ética Gubernamental no impedirá la de otros procedimientos en los que se deduzca responsabilidad disciplinaria, civil o penal del servidor público denunciado.
Art. 76.- Si como consecuencia del procedimiento tramitado ante el Tribunal aparecieren indicios de posible responsabilidad penal, se certificará lo conducente a la Fiscalía General de la República para que ejerza, si es pertinente, la acción penal correspondiente.
De la misma forma se procederá cuando de las investigaciones realizadas se desprenda la colaboración de personas particulares con el infractor, según el art. 28 de la Ley.
Art. 77.- El Tribunal llevará un Registro de todos los servidores públicos sancionados conforme a la Ley de Ética Gubernamental.
Ese registro será remitido debidamente certificado a la Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Tribunal del Servicio Civil y Corte de Cuentas de la República.
En el expediente del servidor público, únicamente se incorporará la parte del registro que contenga la resolución mediante la cual se le sancionó, omitiendo la identidad del denunciante.
Contenido del Registro de servidores públicos sancionados
Art. 78.- El registro deberá contener como mínimo:
a) Nombre del infractor; b) Certificación de la resolución sancionadora;
c) Dependencia pública en la que labora el servidor público sancionado;
d) Las prohibiciones y/o deberes éticos infringidos;
e) Si es la primera, segunda o tercera vez que se le sanciona;
f) Fecha de comisión del hecho;
g) Tipo de sanción; y,
h) Fecha de la sanción y la de su cumplimiento.
Registro de resoluciones finales
Art. 79.- Para efecto de consulta, en adición a lo dispuesto en el artículo anterior, el Tribunal llevará un Registro de resoluciones finales ordenadas cronológicamente.
Publicación de criterios en las resoluciones finales
Art. 80.- El Tribunal, mediante acuerdo, determinará la manera en que serán publicados los criterios aplicados en la resolución de casos ya tramitados.
Alcance de los pronunciamientos del Tribunal
Art. 81.- Las resoluciones finales emitidas por el Tribunal de Ética Gubernamental, por las cuales decida procesos administrativos sancionadores, no tendrán la naturaleza de pronunciamientos generales, sino, serán únicamente vinculantes para el caso concreto.
Art. 82.- Los actos de comunicación, que en virtud de este Reglamento deban practicarse, podrán hacerse en el lugar designado para oír notificaciones a la persona señalada para recibirlas, y por medios como la correspondencia o electrónicos, tales como internet, fax o cualquier otro que permita tener certeza de lo fidedigno de la información, fecha de su remisión y recepción.
A falta de las designaciones a que se hace referencia en el inciso que antecede, las notificaciones se harán en el lugar de trabajo o de residencia del interesado. (1)
Cuando la notificación se practique en la dirección previamente designada, en el domicilio del interesado, o en su lugar de trabajo, se le entregará personalmente, o en su ausencia a la persona señalada para recibirlas y, en su defecto, a cualquier persona mayor de edad que se encontrare en el lugar, y acredite su identidad. (1)
Si no hubiere en el lugar persona alguna a quien pueda entregársele la correspondiente notificación, o la persona que estuviere se negare a recibirla o concurriera alguna otra circunstancia que impida su realización, se dejará debajo de la puerta un acta, conjuntamente con la notificación. En dicha acta deberá consignarse lo ocurrido, la hora, fecha y la dirección a la que se apersonó el notificador a realizar la diligencia, así como el nombre y firma del notificador o del que haga sus veces. (1)
Art. 83.- Cuando las comunicaciones se hagan por notificación procesal, se consignará en acta el nombre de la persona a quien se dirige y quien la recibe, si fuera el caso: así como también el lugar, hora, fecha de su recepción y cualquier otra circunstancia.
Además, se anexará copia íntegra de la resolución del Tribunal o de la Comisión que por ese acto se le comunica, y del escrito con la razón de presentado que contenga el detalle de documentos que hayan sido agregados al expediente. (1)
Colaboración y auxilio de otras Autoridades
Art. 84.- El Tribunal podrá requerir a cualquier autoridad pública la colaboración o auxilio para el cumplimiento de los fines que la Ley y este Reglamento disponen, conforme la parte final del inciso primero del art. 86 de la Constitución de la República.
Art. 85.- Los plazos a los que se refiere el presente Reglamento serán perentorios y comprenderán solamente los días hábiles.
Art. 86.- Las disposiciones de este Reglamento serán interpretadas en armonía con la Ley de Ética Gubernamental.
Art. 87.- Derógase el Acuerdo 27 del Tribunal de Ética Gubernamental del 8 de febrero de 2007, publicado en el Diario Oficial Nº 28 Tomo No. 374 del 12 de febrero de 2007, por medio del cual se aprobó el Reglamento para el Nombramiento de los Miembros Propietarios y Suplentes de las Comisiones de Ética Gubernamental.
Art. 88.- El presente Reglamento entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
TRIBUNAL DE ÉTICA GUBERNAMENTAL. San Salvador, veintiocho de mayo de dos mil ocho.
Silvia Lizette Kuri de Mendoza,Presidenta del Tribunal de Ética Gubernamental.
Patricia del Rosario Díaz Márquez de Morales,Miembro Propietario del Tribunal de Ética Gubernamental.
Auristela De Paz de Callejas,Miembro Propietario del Tribunal de Ética Gubernamental.
José Mario Costa Calderón,Miembro Propietario del Tribunal de Ética Gubernamental.
Jorge Ernesto Viale Cruz,Miembro Propietario del Tribunal de Ética Gubernamental.
Carmen Elena Pineda Colorado,Secretaria General.
REFORMAS: (1) Decreto Institucional No. 2, de fecha 08 de septiembre de 2008, publicado en el Diario Oficial No. 173, Tomo 380 de fecha 17 de septiembre de 2008.

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