Source: http://justiciabol.blogspot.com/2016/07/
Timestamp: 2019-10-16 09:08:08+00:00

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Justicia en Bolivia: July 2016
Anuncian ley de implementación de conclusiones de la Cumbre de Justicia
La Cumbre de justicia que se realizó en Sucre, el pasado mes de junio.
La ministra de Justicia, Virginia Velasco, informó que el 6 de Agosto el presidente Evo Morales informará sobre los avances que se tiene para la “ley de implementación” de las conclusiones de la Cumbre de Justicia, que se celebró el 10 y 11 de junio en Sucre.
El pasado viernes, los representantes del Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo de la Magistratura (CM) y la Fiscalía se reunieron para tratar en la Asamblea Legislativa.
Velasco afirmó que luego de la Cumbre de Justicia, se debe iniciar con la normativa que ïndique cómo se llevará adelante los cambios sugeridos por los sectores sociales en los diferentes niveles de administración.
"Ya estamos en estos detalles, posiblemente nuestro Presidente haga el anuncio este 6 de Agosto. Pero a medida que vayamos coordinando (con las instituciones del Órgano Judicial) vamos a informar", señaló Velasco.
Una de las instructivas dictadas en la Cumbre de Justicia fue la de llevar adelante, en un plazo de 120 días, una "evaluación" al trabajo de fiscales y jueces para tomar medidas correctivas.
El plazo para esta evaluación, según la ministra Velasco, también está sujeto a la aprobación de la Ley de Implementación en la Asamblea Legislativa. “Después de la Ley, empieza a correr los 120 días, por ejemplo. No solo es la coordinación con el poder judicial, sino debemos coordinar con la Fiscalía, por dónde, en qué departamento iniciaremos esta evaluación”, detalló Velasco.
Reelecciones son tentación común en Latinoamérica
Juristas de Bolivia, Chile y Colombia coincidieron ayer, en el Congreso de Derecho Constitucional, que las reformas para permitir reelecciones consecutivas se han convertido en rasgo común en América Latina. Alertaron de que esas iniciativas son riesgosas.
Cada país de la región tiene una experiencia con el régimen presidencialista, por ejemplo el constitucionalista colombiano, Julio César Ortiz, relató que en su país, Álvaro Uribe estuvo ocho años como gobernante después de una reforma constitucional. “En una especie de neocaudillismo autoritario renovado, (Uribe) modificó la constitución y permitió la reelección inmediata y quiso que se permitiera una segunda, pero la Corte se opuso”.
A pesar de ello, comenta Ortiz, Uribe con el presupuesto gigantesco de ocho años después de dejar la presidencia, articuló un nuevo partido denominado Centro Democrático con el que logró tener el 20 por ciento en diputados y en el senado de su país. “De hecho, el obstáculo que estamos sufriendo los colombianos en estos meses es la presencia política de Álvaro Uribe como caudillo”, porque se estaría oponiendo al proceso de paz entre el Gobierno y las FARC.
Por lo mismo, Ortiz señaló que juristas colombianos trabajan en la propuesta de que “no solamente el expresidente o los expresidentes no puedan ser reelegidos nunca sino que además no puedan tener la capacidad de ser jefes de partidos políticos elegidos”.
Con la experiencia boliviana, la jurista Micaela Alarcón Gambarte reflexionó sobre el papel que desempeñó el Tribunal Constitucional Plurinacional al emitir su fallo sobre la reforma constitucional que se sometió a votación en febrero pasado insistiendo que en los magistrados debieron argumentar con precisión y a fondo su decisión.
También se refirió al fraude constitucional que se refiere a la “confrontación entre un procedimiento legal, supuestamente amparado dentro de la legalidad, para plantear una reforma constitucional, empero está teñido en el fondo de ilegitimidad. Eso se constituye en fraude constitucional”.
Alarcón señaló que en la legislación comparada se habría dado un fraude constitucional en Venezuela al permitir una reelección a través de la emisión de decretos supremos.
Por su parte, el experto chileno, Humberto Nogueira Alcalá, señaló que cuando un presidente pierde la mayoría parlamentaria, busca cooptar los poderes del Estado, principalmente el judicial, para permanecer gobernando.
“A través de proceso de cooptación de los otros órganos del Estado, siendo el más importante el poder judicial, vemos que puede mantenerse y seguir ejerciendo el poder mediante esa cooptación de esos órganos que debieran ser de fiscalización pero que en definitiva se convierten en amanuenses del Gobierno de turno en la medida que se ha permitido la reelección presidencial y el mantenimiento del sistema de forma permanente”, dijo Nogueira.
Agregó que el tema de la reelección presidencial es un tema relevante para lo que es el equilibrio e independencia de los órganos fundamentales para el estado de derecho.
DEFENSA DE LA CPE
El constitucionalista colombiano, Julio César Ortiz, señaló ayer que los juristas bolivianos ya no tienen esa “euforia” que demostraban antes cuando hablaban de la Constitución Política del Estado y advierte “mucha incertidumbre” al respecto.
“Veía a los jóvenes constitucionalistas en México, los bolivianos con un fervor, con un entusiasmo dogmático y científico e innovando todo el discurso del Estado Plurinacional y de las democracias, de las autonomías; pero ahora me pareció complejidad suprema, (…) yo lo que veo es una especie de nube oscura y tormentosa sobre el discurso constitucional sobre las autonomías”.
Agregó que para él fue una sorpresa ver “mucha incertidumbre al respecto, que hay muchas incertezas y preocupaciones y falencias. Desde luego, no puedo ponerme a criticar sin mayor profundidad”, finalizó.
ASISTENTES ACUMULAN CONOCIMIENTOS
Teresa Gutiérrez. Abogada
Excelente, la verdad de que en el tema de la reforma es muy necesario porque la verdad de que en nuestro país no se está respetando la Constitución Política del Estado y yo creo que sí como personas nosotros tenemos que también apoyar y colaborar para que se respete en primer lugar la Constitución.
En la exposición de ayer me di cuenta que hay mucha diferencia con otros países, pero que tienen el mismo problema.
Tania Gonzales. Estudiante
La verdad es que este Congreso de Derecho Constitucional está muy interesante. Es la primera vez que vengo a un evento de estas características y, la verdad, me gusta, me interesa mucho el tema de los que están hablando ahora. Es interesante escuchar cómo los expertos de diferentes países hablan de sus experiencias como investigadores.
La verdad que hay parecidos, pero también enormes diferencias de nuestro país con otros de América Latina.
Carlos Antequera. Abogado
Muy develador en el análisis y precisión por cuanto los actores del presidencialismo también son las asambleas legislativas plurinacional como en Bolivia, pero es posible, inclusive, prescindir de ellas que exista el presidencialismo. Un sistema que aún, sin tener mayorías, puede predominar y seguir manteniendo la hegemonía en desmedro de la voluntad popular. La más vulnerada es la Constitución, está en boca de todos los políticos pero también está en su bolsillo.
Rocío Cahuana. Estudiante
Me parece muy interesante porque vinieron personas del exterior a compartir sus ideas sobre las constituciones de otros países, sobre lo que se va añadiendo y suprimiendo de las constituciones. También aportando a nuestros conocimientos como personas profesionales o estudiantes. No olvidemos la riqueza de las experiencias que tienen los expositores. Cuentan lo que ellos perciben y ven a lo largo de su carrera lo que es importante para nuestra realidad.
CPE es “única”, pero no se aplica
El presidente del Colegio Nacional de Abogados, César Cabrera, lamentó que entre los participantes no hayan estado representantes del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional así como asesores legales del Gobierno y Asamblea Legislativa, porque este tipo de escenarios “son enriquecedores para que podamos mejorar la calidad de justicia”en Bolivia.
La directora del Programa de Estado de Derecho para América Latina, Marie Christine Fuchs, señaló que la Constitución Política del Estado (CPE) de Bolivia “tiene características muy especiales”, sobre todo, en relación a integrar y promover los derechos de los indígenas en la realidad política y jurídica del país.
Al mismo tiempo, destacó la Ley Marco de Autonomías que promueve la descentralización en Bolivia. “Sin embargo, una redacción tan enorme de la concepción constitucional en Bolivia lleva a desafíos y problemas en la práctica”, dijo.
“A mí me alegra que en varias partes del mundo se estudie la nueva Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, pero me preocupa que dentro del Estado plurinacional no se quiera dar cumplimiento a esta nueva Constitución o se quiera dar cumplimiento sesgado”, indicó.
En tanto, el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional - Sección Nacional de Bolivia, y exmagistrado, José Antonio Rivera, coincidió con la idea que la CPE de Bolivia es un texto con un “diseño muy avanzado”; sin embargo, a siete años de puesta en vigencia (7 de febrero de 2009) apenas un 25 por ciento de sus normas están operando plenamente”.
Entre las causas, explicó, la falta de un desarrollo legislativo dinámico y la “lamentable tendencia a no cumplir los mandatos constitucionales. Así, el Estado autonómico no termina de implementarse”.
“Para las autoridades públicas, la supremacía constitucional es un mero enunciado teórico, pues las leyes, reglamentos, actos jurídicos y decisiones judiciales con frecuencia se anteponen a las normas constitucionales”, señaló Rivera.
Añadió que los jueces siguen utilizando la técnica de la “mera subsunción” para resolver los casos sometidos a su competencia aplicando el texto literal de la ley sin interpretarla y sin argumentar suficiente y razonablemente sus decisiones.
“En nuestro país no aplicamos”
“Un gran aporte para nuestro país”
“Son jornadas muy aprovechables”
Inauguran Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa
El fiscal general del Estado, Ramiro José Guerrero Peñaranda, dio por implementado el “Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalía Corporativa” en La Paz, con la finalidad de mejorar el ejercicio de la acción penal pública en la tramitación y procesamiento de los casos, con calidad, efectividad y oportunidad.
“El día de hoy estamos culminando una primera fase de lo que es la implementación del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal. Cuando asumimos la Fiscalía General en 2012 hicimos un diagnóstico de la infraestructura y a partir de eso empezamos a trabajar en un fortalecimiento y una identidad propia del Ministerio Público”, señaló Guerrero.
Guerrero dijo que se dotó en todo el país más de 1.000 computadoras entre portátiles y estacionarias, además de un moderno equipo de Data Center con todas las políticas de seguridad para transparentar la información.
Blanco precisó que en los ambientes de la nueva Unidad de Investigación Patrimonial, que se entregó ayer, se asimilaron a las que antes eran “fiscales de (investigación de delitos) económicos financieros, de Diprove y Propiedades”.
La unida quedará a cargo de Manuel Saavedra y otros 11 fiscales “uno es el coordinador, que monitorea todo el trabajo (Saavedra), cinco fiscales van a audiencias, tres fiscales realizan actos de investigación y tres realizan resoluciones”, detalló.
Fiscal General a Ministra de Justicia “Una cosa es coordinación y otra la intromisión”
FISCAL GENERAL, RAMIRO GUERRERO, INAUGURA LAS REMODELACIONES.
El fiscal general, Ramiro Guerrero, aludiendo a la ministra de Justicia, Virginia Velasco, afirmó que “una cosa es coordinación y otra, muy diferente, es la intromisión”, en relación a la denuncia que la Ministra hizo contra el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, y la falta de respeto que se tuvo con ella por parte de funcionarios que no le brindaron información sobre casos de feminicidio y violación a menores.
En ese sentido, Guerrero respaldó al fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, en la polémica que mantiene con la ministra Velasco, por la inspección sorpresiva que intentó realizar esta autoridad a oficinas de fiscales, el pasado lunes.
“¿Quién la maltrató?”, cuestionó Guerrero a los periodistas en reiteradas oportunidades, al ser consultado si no existiría una sanción a los funcionarios que Velasco nombró en sus denuncias.
La ministra aseguró el miércoles desconocer, porque no recibe respuestas a las quejas presentadas al Fiscal General, pero apuntó a Blanco como responsable de encubrimiento en la retardación de justicia, en el tipo de casos por los que trató de verificar la información.
Por su lado, Guerrero aseguró: “Una cosa es coordinación y otra, muy diferente es la intromisión, que nos digan qué tenemos que hacer (…) No se puede exponer (los cuadernos de investigación) a cualquiera que venga. Aquí hay un procedimiento (que cumplir), sea quien sea”.
La Ministra de Justicia realiza inspecciones sorpresivas en juzgados y fiscalías para verificar los problemas que tienen los litigantes en encontrar una justicia expedita y oportuna. Este 25 de julio, en la Fiscalía de La Paz se le impidió acceder a los cuadernos de investigación. Guerrero justifica que para hacer estas actividades, la titular de justicia debe “coordinar” con su persona.
El Fiscal General reprochó que “profesionales que se precian de conocer el derecho” sean los primeros en intentar infringir las normas y ratificó que la Fiscalía es una entidad de puertas abiertas.
La Ministra de Justicia no participó este jueves de un acto en el que Guerrero presentó las remodelaciones en el marco de la “Fiscalía Corporativa”, en el que sí estuvo la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
Guerrero a Velasco: "Una cosa es coordinación y otra cosa es intromisión"
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, respaldó al fiscal departamentalde La Paz, Edwin Blanco, en la polémica que mantiene con la ministra de Justicia, Virginia Velasco, por la inspección sorpresiva que intentó realizar esta autoridad a oficinas de fiscales.
"Una cosa es coordinación y otra cosa es intromisión" y los fiscales cumplirán sus normas, reglamentos yprotocolos, afirmó Guerrero, al ser consultado sobre el impase que tuvo Velascocon el fiscal Blanco, a quien acusó de maltrato y de encontrar una fiscalía de "puertascerradas".
"No se puede exponer (los cuadernos de investigación) acualquiera que venga. Aquí hay un procedimiento (que cumplir)", afirmó Guerrero,quien manifestó que cada caso que radica en el Ministerio Público tiene querellantes, víctimas, en muchos casos tienen carácter de reserva cuando se trata de niños o niñas. "El Ministerio Público está en la obligación de resguardar estos casos", señaló.
La ministra de Justicia realiza inspecciones sorpresivas en juzgados y fiscalías para verificar los problemas que tienen los litigantes en encontrar una justicia expedita y oportuna. Este 25 de julio, en la Fiscalía de La Paz se le impidió acceder a los cuadernos de investigación. Guerrero justifica que para hacer estas actividades la titular de justicia debe "coordinar" con su persona.
"Sea quien sea, no se puede mostrar un cuaderno. Aquí hay procedimientos que se deben cumplir (…).El Ministerio Público tiene una máxima autoridad que es el fiscal general y esa es la vía para la coordinación y cualquier actuación", sentenció Guerrero, al ser consultado si la restricción es pese a que se trata de una autoridad del Ejecutivo.
La autoridad reprochó que "profesionales que se precian de conocer el derecho" sean los primeros en intentar infringir las normas y ratificó que la Fiscalía es una entidad de puertas abiertas.
La ministra de Justicia no participó este jueves de un acto en el que Guerrero presentó las remodelaciones en el marco de la "Fiscalía Corporativa", en el que sí estuvo la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Lenny Valdivia.
﻿No hay normas para aplicar los resultados de Cumbre de Justicia
A más de un mes y medio de realizada la Cumbre de Justicia, no hay normas ni leyes que permitan implementar los resultados del evento nacional. La información la dieron a conocer ayer, por separado, el magistrado Fidel Tordoya y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Jimy Rudy Siles, en el marco de la celebración del Día del Juez.
Una de las principales conclusiones a las que se arribó en el evento, que se desarrolló el 10 y 11 de junio en Sucre, fue la depuración de los jueces y funcionarios judiciales acusados por corrupción u otras faltas como retardación de justicia o malos tratos, en un plazo de 120 días.
Siles señaló que mientras las conclusiones de la Cumbre no se concreten en decretos o leyes no habrán cambios.
Dijo que el Ministerio de Justicia les informó que aún continúan sistematizando el trabajo de las seis mesas.
Tordoya añadió que, como Consejo de la Magistratura aguardan que el Ministerio de Justicia convoque al Tribunal Supremo para evaluar los resultados de la Cumbre y los mecanismos para la implementación de las conclusiones.
Desde la representación distrital del Consejo de la Magistratura informaron que en lo que va del año, los tres juzgados disciplinarios recibieron al menos 45 denuncias en contra de jueces, el 90 por ciento por retardación de justicia y el 10 por ciento por maltrato a los litigantes.
Al respecto, Tordoya enfatizó que en el país no hay ni un juez recluido por acusaciones de corrupción.
CEREMONIA En la ceremonia de celebración del Día del Juez, Siles expresó su preocupación porque no existe relación entre la cantidad de jueces con el número de habitantes, lo que ocasiona “el rezago y una crónica mora judicial”.
Mencionó que tienen varios desafíos, entre ellos llevar adelante la implementación del Nuevo Código Procesal Civil y el Nuevo Código de Familias, aunque no cuenten con jueces liquidadores para poner al día las causas de los anteriores sistemas.
En la Cumbre de Justicia se trabajó en seis ejes: modalidad de elección de magistrados y consejeros del Órgano Judicial, acceso a la justicia, retardación de justicia, corrupción en el sistema judicial, política criminal y justicia penal, formación, ingreso, capacitación y régimen disciplinario de servidores judiciales y profesionales abogados.
Los principales aportes del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fueron la descentralización distrital del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para acelerar los procesos judiciales. Otro planteamiento fue el respeto de la carrera judicial al momento de elegir a las altas autoridades.
Además de la modificación del pénsum de las carreras de Derecho de las universidades del país, enfatizando en la conciliación, antes que en los procesos litigiosos.
El Consejo de la Magistratura recordó que los litigantes víctimas de la vulneración de sus derechos pueden presentar las denuncias en las oficinas de los juzgados disciplinarios. Pueden ser quejas verbales o patrocinadas por un abogado.
Los tres juzgados están en la planta baja del antiguo edifico del Palacio de Justicia, en la avenida San Martín, entre Jordán y Sucre.
Tarija En acto realizado en el Tribunal Departamental de Justicia: Jueces evocan a Pantaleón Dalence en su aniversario
Las autoridades del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), recordaron al abogado Pantaleón Dalence en el Día del Juez Boliviano que se celebró ayer. Con este motivo, el presidente de la insitución, Adolfo Irahola Galarza, expresó su salutación.
“En el Día del Juez, recordando la excelsa figura del jurisconsulto de la justicia boliviana, el doctor Pantaleón Dalence, hijo del doctor José María Dalence y doña Viviana Jiménez, fecha en la que fue instituida como el día del juez en homenaje suyo por Decreto Supremo del 26 de julio de 1951 y a cuya memoria es menester rendir hoy un justo homenaje”, dijo.
Indicó que la mayor distinción que se puede realizar a la memoria del doctor Dalence, no es relatar sus datos biográficos ni tan sólo enaltecer sus excelsas virtudes, si no llevar a la práctica sus enseñanzas.
“Un día como hoy (por ayer) recordemos la magnitud y majestuosidad de la ley y del padre de la justicia boliviana y procuremos enmendar los hierros y afirmar los aciertos, comprendamos que la vida que transcurre entre las leyes escritas en los Códigos y el derecho que emerge de sus normas, así como la justicia cuya esencia lo abarca todo y contiene verdades sencillas que podemos introducirlos con facilidad para aplicar justicia plena”, añadió.
En el acto estuvieron presentes las principales autoridades del departamento, policiales, militares, de iglesia Católica, del órgano judicial y fiscal, como la presidenta del Tribunal Departamental Electoral y la presidenta del colegio de abogados de Tarija.
La fecha de nacimiento del jurisconsulto orureño Pantaleón Dalence fue instituida como Día del Juez boliviano mediante Decreto Supremo N° 2652, emitido el 26 de julio de 1951. El notable jurista había nacido el 27 de julio de 1815 y durante su carrera cumplió los mandatos de diputado, senador y Fiscal General de la República. De acuerdo a una reseña de salutación del Consejo de la Magistratura para los jueces y juezas, el jurisconsulto llegó por primera vez a la Corte Suprema en 1855 y retornó a ella en 1864.
Más adelante, en su carrera de abogado, Dalence fue elegido Presidente del Tribunal Supremo para los periodos de 1871 a 1873, 1877 y entre 1882 y 1889. Su muerte acaeció en 1892 y casi a partir de ello es considerado el “Padre de la Justicia Boliviana”. Entre otro de los homenajes que recibió la memoria de este personaje fue su aparición en el billete de 20 bolivianos. Por otra parte, su trabajo es periódicamente recordado como ejemplo para el desempeño de las labores de jueces y magistrados.
Para hacer frente a la mora procesal Plantean duplicar número de jueces
Para hacer frente a un caudal histórico de más de 800.000 causas judiciales existentes se requiere duplicar y contar con al menos 2.000 jueces en todo el país, afirmó en su discurso por el “Día del Juez”, la presidenta del Tribunal Departamental de La Paz, María del Carmen Quisbert.
El Poder Judicial conmemoró ayer el 201 aniversario de nacimiento de Pantaleón Dalence, denominado el “padre de la justicia boliviana”, en cuyo honor, el entonces presidente de Bolivia, Gral. Hugo Ballivián, mediante Decreto Supremo Nº 2652 de 1951, declaró al 27 de Julio “Día del Juez Boliviano”.
Quisbert, en su discurso, afirmó que en los últimos 15 años –desde que el presupuesto para el sector fue reducido del 3 por ciento a menos del 0,6 por ciento– no hubo una proporcionalidad de atención del Estado a las necesidades materiales básicas que los escasos 1.000 jueces del país hacen frente, a pesar de la gigantesca carga procesal de más de 800.000 causas por año existentes en promedio en el país.
Para la autoridad, esa falta de autonomía económica es una de las causas estructurales que enfrenta el sistema y cuya resolución no está en sus manos.
Congreso de constitucionalistas busca fortalecer el Estado de derecho
Desde mañana y hasta el 30 de julio, Cochabamba será sede del Tercer Congreso Boliviano de Derecho Constitucional y Primeras Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Constitucional. En los foros se debatirán temas como Régimen Democrático y Sistema Presidencialista; Sistema Judicial del Estado y la Jurisdiccional Constitucional; la Estructura Contemporánea del Estado Constitucional; las Medidas Cautelares en Procesos Constitucionales y las Acciones de Defensa en el Sistema Constitucional Boliviano.
Las sesiones serán en el hotel Cochabamba y participarán 12 expertos internacionales de siete países.
Según el constitucionalista José Antonio Rivera, coordinador del congreso, la importancia de estos eventos es que fortalezcan el Estado de derecho en Bolivia y se garantice el goce efectivo de los derechos humanos.
“Las conclusiones y recomendaciones que emanen del evento servirá a la sociedad en la medida en que podamos lograr aportes efectivos para ir superando la grave crisis estructural en la que se encuentra la justicia”, detalló Rivera.
El experto explicó que entre los objetivos también está que, a corto o mediano plazo, se garantice un sistema judicial democrático para la ciudadanía.
En el primer eje temático del congreso, Régimen Democrático y el Sistema Presidencialista, se debatirá sobre formas de control al poder político. “El objetivo es que se puedan sacar recomendaciones dirigidas a fortalecer la democracia haciendo los ajustes necesarios para su consolidación completa”, aseguró
El segundo eje temático es el Sistema Judicial del Estado y la Jurisdicción Constitucional. En este foro, el objetivo es analizar el papel que desempeña la justicia en el nuevo Estado Constitucional de Derecho.
“Se analizará también la crisis del sistema judicial de Bolivia planteando recomendaciones y sugerencias para mejorar el sistema judicial”, según Rivera. Participará un connotado jurista colombiano, Eduardo López Medina, quien disertará el tema “El nuevo diseño de sistema judicial”.
El tercer eje temático es la Estructura Contemporánea del Estado Constitucional, donde se analizarán los derechos humanos, el Estado autonómico y las bases de su configuración. Se debatirá también sobre los mecanismos de implementación necesarios para hacer efectivo el nuevo modelo de Estado.
El cuarto eje es el referido al Derecho Procesal Constitucional, en el que se analizará las medidas cautelares que tienen y deben ser impuestas en los procesos constitucionales.
Finalmente, en el quinto eje temático, se abordarán las Acciones de Defensa en el Sistema Constitucional Boliviano. “Vamos a hacer análisis de acción de libertad, amparo constitucional y defensa de los derechos colectivos. En base a ese análisis, vamos a abordar cómo se aplica y cómo esto permite orientar mejor la protección oportuna e inmediata de derechos constitucionales”.
Rivera dijo que hicieron los esfuerzos para que puedan estar presentes en el congreso las entidades estatales y que envíen sus representantes y juristas.
“Tenemos la información de que participarán algunos magistrados y abogados del Tribunal Constitucional, además de jueces y vocales departamentales de justicia. También estarán fiscales y profesores universitarios”.
Para Rivera, de alguna manera todos los participantes trasladarán las conclusiones del debate a sus respectivas entidades.
“Cursamos la invitación a la Procuraduría General del Estado, no recibimos la respuesta. Nos hubiera gustado que participara el Procurador”, finalizó Rivera.
En 8 de 10 causas se logró conciliar
A cinco meses de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Civil (CPC) y el trabajo de 157 conciliadores a nivel nacional, las autoridades dicen que se ha avanzado en el descongestionamiento judicial. Sin embargo, los resultados no son aún los esperados.
En el primer trimestre ingresaron 3.281 causas en todo el país, de las cuales 2.728 fueron resueltas por conciliadores evitando que las partes vayan a juicio.
De acuerdo con los datos del Consejo de la Magistratura, La Paz y Cochabamba son los departamentos con más causas resueltas mediante la conciliación, proceso por el que se evita llegar a un juicio.
En el primero se resolvieron 612 casos de 721 que ingresaron; mientras que en el segundo se lograron conciliar 493 de 663 procesos planteados. A nivel nacional, en estos tres meses ingresaron 3.281 causas, de las cuales 2.728 fueron conciliadas.
El representante del Consejo de la Magistratura en Cochabamba, Silvano Arancibia, señala que hay avance en la resolución de casos en materia civil mediante la conciliación; sin embargo, los resultados no son los esperados, considerando la remuneración que recibe cada conciliador. En Cochabamba son 30 de los cuales 17 están en la capital y 13 en las provincias.
“Deberían haber más casos resueltos, inicialmente (los resultados) no estarían dentro de las previsiones”, dijo Arancibia.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Magistratura, Wilber Choque, calificó el trabajo de los conciliadores como positivo porque se trata de un proceso de implementación que tiene que ser apropiado y asimilado por los litigantes y la población.
“La lógica es descongestionar la justicia y que mucha gente deje de pensar en un proceso, deje de estar yendo a tribunales de justicia, deje de estar en constante perjuicio de tiempo y de recursos económicos”, señaló.
Sin embargo, Choque dijo que se hace una evaluación y capacitación constante de los conciliadores. “Hay algunos muy buenos, con buenos resultados, y otros no” y aunque la norma establece que su trabajo es de cuatro años, Choque señaló que si no hay buenos resultados en su rendimiento pueden ser cambiados.
En Cochabamba, Arancibia dijo que se hará una campaña informativa y de concienciación en la población y en los mismos administradores de justicia para que la cultura de conciliar prevalezca en lugar de la cultura de juicios y procesos judiciales para resolver los conflictos.
El nuevo Código Procesal Civil plantea la conciliación, que se constituye en un medio de solución inmediata de los conflictos y acceso directo a la Justicia, como primera actuación procesal.
También implementa la oralidad, es decir, que los juicios en materia civil se desarrollen en una audiencia oral con el fin de dar celeridad a los procesos.
PLANTEAN AJUSTE Y CAMBIO DE ACTITUD EN JUECES Y ABOGADOS
El representante del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, señaló que todavía se requieren hacer algunos ajustes en los procesos de conciliación que promueve el nuevo Código Procesal Civil (CPC). Por ejemplo los requisitos para el ingreso de los procesos de conciliaciones a plataforma y promover una campaña de información y concientización en los administradores de justicia como son los jueces y abogados.
“Solamente se podía entrar en plataforma cuando las dos partes están de acuerdo. Entonces, ya se ha habilitado en el sistema la petición de una de las partes y se pueda iniciar la conciliación, ese ha sido un gran problema que ha impedido que muchos casos sean admitidos en plataforma. En Cochabamba ya se acepta a instancia de dos partes como a instancia de una de las partes”, explicó Arancibia.
“Hay una fuerte debilidad en los jueces, que no hacen el mayor esfuerzo para que se llegue a una salida. Otro factor son los abogados de las partes, porque normalmente ellos no quieren llegar a una salida alternativa como es la conciliación”, dijo.
Titular del TDJ cruceño renunció de forma oral
De manera oral y en sala plena, renunció como presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, (TDJ - SCZ), Mirían Rosell Terrazas.
Sin embargo, se conoce que recién formalizará por escrito su dimisión al cargo el miércoles 3 de agosto. Fecha en que los vocales se deberán reunir nuevamente para elegir al sucesor de Rosell.
Falta de confianza. Fuentes al interior del Poder Judicial cruceño, indicaron que las causas de la renuncia de Rosell, es por la falta de confianza al interior del pleno del TDJ. Aunque en su argumentación, la todavía titular del Órgano de Justicia, dijo que su decisión fue por asuntos personales.
Rosell asumió el cargo el 20 de mayo del 2015 y su mandato estaba previsto hasta el 20 de mayo del 2017; sin embargo, decidió adelantar su salida del cargo.
Cabe aclarar que la jefatura de Prensa del Tribunal Departamental de Justicia, negó ese extremo, al sostener que se mantiene firme la actual Presidente.
Buscan descongestionar los procesos. Cuando Rosell asumió en reemplazo de su colega Mirael Salguero, quien estuvo dos años en el cargo como manda la ley, se fijó como meta descongestionar los procesos en la región. Compromiso asumido dentro del Plan de Descongestionamiento Procesal penal de Santa Cruz.
En aquella ocasión, la Presidente remarcó que haría el seguimiento de la desconcentración de las casas judiciales, coadyuvando en las áreas familiar y laboral.
Cualquiera puede ser el titular. Aunque se maneja la posibilidad que el potencial candidato a la presidencia del Órgano Judicial cruceño, es el vocal Zenón Rodríguez Zeballos, cualquiera de los vocales pueden ser titulares.
La sala plena del TDJ, está integrada por Rosell como Presidente, Teresa Lourdes Ardaya como decana y Adhemar Fernández como subdecano. Junto a ellos, forman el pleno Alaín Núñez, Mirael Salguero, Samuel Saucedo, William Tórrez, Hugo Iquise, Edgar Molina, Jimmy López y Sigfrido Soleto. Al igual que los vocales Edgar Molina, Editha Pedraza, Victoriano Morón, Sergio Cardona y Zenón Rodríguez.
Huatajata es sede del III Encuentro de Fiscales
El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, anunció que llegarán al país expertos internacionales en materia de reformas del proceso penal y reformas del Ministerio Público, con motivo de la reunión de fiscales a nivel nacional.
“Este evento tendrá la asistencia de más de 100 fiscales con un trabajo intenso, y con este motivo llegarán al país expositores internacionales especialistas en reformas del sistema penal y en reformas del Ministerio Público, quienes contarán sus experiencias en América Latina”, declaró.
Dijo que se trata del III Encuentro Nacional de Fiscales, toda vez que el primero se realizó en Sucre en 2013, y el 2014 en la capital cochabambina. Explicó que no se instaló el pasado año porque la Fiscalía General del Estado organizó la vigésima tercera Asamblea General Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) en la capital cruceña.
Adelantó que el evento a realizarse en el municipio de Huatajata prevé la conformación de mesas de trabajo para analizar varios temas, como las conclusiones de la Cumbre Judicial y cómo se van a implementar u operativizar las reformas al sistema penal que se debaten.
“Nosotros también emitiremos un criterio y una posición, a la vez una evaluación a nuestro modelo de gestión fiscal para fortalecer, para mejorar en un marco autocrítico y las experiencias que se tiene”, precisó.
Video Asaltan a un fiscal en Oruro
La ministra de Justicia, Virginia Velazco, lamentó que la Fiscalía Departamental de La Paz cerrara las puertas de oficinas de fiscales para evitar una inspección sorpresiva planificada por esa cartera de Estado; además denunció que fue discriminada por autoridades del Ministerio Público.
"No nos ha abierto las puertas, se cerraron las puertas; (hemos recibido) maltrato de una de las fiscales (…) mucha discriminación de la fiscal (Karina Cuba)", lamentó Velazco.
La autoridad indicó que fueron hasta las oficinas de la Fiscalía de La Paz a revisar los casos de feminicidio y violación a menores para ver si los mismos avanzan con celeridad y para verificar si los fiscales están cumpliendo con los plazos procesales.
La ministra denunció que una de la fiscales no quiso siquiera prestar el cuaderno de investigación e incluso la discriminó por lo cual la autoridad señaló que no se puede tener esa clase de autoridades en el Ministerio Público.
"No entiendo porque el Fiscal Departamental actúa de esa forma si nos debían facilitar para que revisemos nosotros casos de feminicidio y casos de violación a niño, niña adolescente", agregó.
Al respecto, el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, lamentó que el Ministerio de Justicia no haya coordinado la inspección al Ministerio Público, agregó que en la Fiscalía de La Paz existen mecanismos de control al trabajo que realizan los fiscales y la población tiene las puertas abiertas para denunciar cualquier tipo de irregularidad.
"Llama la atención que no se haga coordinación con las autoridades del Ministerio Público para un operativo de esta naturaleza", indicó Blanco.
El Tribunal Agroambiental intensifica el acercamiento con la jurisdicción indígena campesina originaria. El fin de semana, las autoridades participaron de un primer encuentro con la jurisdicción indígena de la chiquitanía en el municipio de Concepción del departamento de Santa Cruz, donde firmaron un acta de intenciones de intercambiar propuestas en el marco de la cooperación y coordinación interjurisdiccional, informaron desde esa institución.
En el encuentro, los magistrados Ricardo Soto y Javier Peñafiel hablaron de las atribuciones y competencias de la jurisdicción agroambiental, de la importancia de la coordinación y cooperación interjurisdiccional y la Ley del Deslinde jurisdiccional.
Las autoridades de ambas jurisdicciones destacaron la importancia del intercambio de experiencias sobre la resolución de conflictos y el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y cooperación mutua, sobre todo en los diferentes territorios indígenas de la Organización chiquitana para la implementación de la Justicia Plural, respetando las competencias de cada jurisdicción.
De parte de la jurisdicción de justicia chiquitana participaron el Gran Cacique, Primera Autoridad de la Nación Chiquitana, Justo Seoane; el Presidente Central Indígena de Comunidades de Santa Cruz, Carlos Causace, y otras autoridades.
Fiscalía presentó acusación en caso FBF
El fiscal general, Ramiro Guerrero, informó que el Ministerio Público presentó, ante el Juzgado Quinto de Instrucción Cautelar en lo Penal, la acusación formal en el denominado caso Federación Boliviana de Futbol.
“La comisión de fiscales ha presentado la acusación en contra de Carlos Chávez r y Miguel Alberto Lozada por la comisión de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo, estafa agravada y malversación”, explicó.
Asimismo, Jorge Justiniano fue acusado por la comisión de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, beneficios en razón del cargo y malversación.
Pablo Jiménez y Armando Canedo fueron acusados de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias, beneficios en razón del cargo y malversación.
“Conforme lo dispuesto en el Capítulo II del Título II Art. 343 del Código de Procedimiento Penal, el Ministerio Público representado por los Fiscales Superiores y Fiscal de Materia solicita que una vez cumplidos los trámites procesales se dicte autoapertura de juicio, señalando el día y hora de la Audiencia de Juicio Oral, Público y Contradictorio”, señala el petitorio de la acusación presentada.
Fiscalía y Magistratura Firman convenio para intercambio de información
El convenio establece que el acceso oportuno a la información permitirá a jueces y fiscales cumplir sus funciones bajo los principios de celeridad y objetividad en la aplicación de medidas cautelares, salidas alternativas y la tutela efectiva a la víctima
Cumbre de justicia Un gabinete jurídico sistematizará conclusiones
El vicepresidente Álvaro García Linera informó que el gabinete jurídico sistematizará las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó el pasado mes, para determinar su implementación. Adelantó que una vez concluya la sistematización, se informará la manera que se asumirá para la aplicación.
Explicó que se debe realizar un ordenamiento legal e institucional antes de la aplicación de las conclusiones, tal como pasó con los resultados que dejó la Cumbre Agropecuaria. Aclaró que la misión es consolidar los objetivos que se fijaron para la Cumbre de Justicia, que son contar con una "justicia gratuita, rápida, justicia justa, es decir, ecuánime, modernizada".
Entre las conclusiones de la Cumbre de Justicia está de implementar la evaluación de jueces, vocales y fiscales./ABI
Aplicación del Sirej en Tarija alcanza niveles optimistas
El Consejo de la Magistratura (CM) en una inspección verificó que los jueces del distrito de Tarija aplican el Sistema de Registro Jurídico (Sirej) en un 90 por ciento, constituyendo un avance significativo en la modernización de la justicia, informó la presidenta de la Sala de Control y Fiscalización Consejera, Wilma Mamani.
La magistrada, también dio detalles sobre la instalación de un servidor que superará los problemas de lentitud del sistema permitiendo mayor celeridad en el seguimiento de causas, facilitación de copias de seguridad, así también el sistema mejoró la aplicación de sorteo de causas y acceso al servicio de la conciliación.
La autoridad expresó satisfacción por los resultados ya que se evidenció que en los juzgados en materia civil, familia, niñez y adolescencia, además en las oficinas de conciliación, el manejo del Sistema Integrado de Causas Sirej es de un 90 por ciento, siendo una avance significativo, más aún tomando en cuenta que en este distrito las plataformas de atención al público fueron recientemente creadas; aclaró que el otro 10 por ciento, para el manejo total del Sirej corresponde al módulo de programación de audiencias para el cual se induce y capacita de manera personalizada a los operadores del despacho judicial.
De igual forma, manifestó que la instalación de un nuevo servidor al Sirej tiene el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema, superando algunos problemas de lentitud advertidos en algunos distritos, también permitirá realizar una copia de seguridad para garantizar la continuidad del funcionamiento ante eventuales caídas del sistema. El nuevo servidor que consta de equipamiento moderno fue instalado en los distritos de Tarija, Oruro, Chuquisaca, Pando y Trinidad.
Por otra parte, en respuesta a los reclamos de los jueces sobre el sorteo de causas en el Sirej se logró mejorar la configuración del sistema de tal manera que ahora el sorteo se realizará de forma aleatoria y equitativa, dejando de lado los sorteos secuenciales y por turno que fue motivo de observación por parte de las autoridades jurisdiccionales.
De igual forma, atendiendo la solicitud e instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia de facilitar un mayor acceso al servicio de conciliación, el Sirej incorporó la opción “atención en conciliación a solicitud de una o de ambas partes”.
El registro es obligatorio y está a cargo de los jueces y servidores de apoyo judicial, por lo que el uso de la herramienta tecnológica establece cuatro finalidades del sistema: facilitar a los litigantes información sobre las causas que tramita en el Órgano Judicial, realizar monitoreo, seguimiento y control de causas, contar con información estadística confiable y oportuna y disponer de una herramienta para la evaluación al desempeño de las y los servidores jurisdiccionales y de apoyo judicial en función del registro de sus actuaciones procesales en el Sirej.
El Fiscal de Tarija choca y detectan que había bebido
El fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, protagonizó esta madrugada un accidente de tránsito en presunto estado de ebriedad, señala un reporte de la Unidad Operativa de Tránsito.
De acuerdo al reporte, el fiscal colisionó su motorizado contra un vehículo de la Policía.
El siniestro se produjo en la avenida Las Américas, a la altura de la rotonda San Martín, cuando conducía con 0,400 mg/l de alcohol, de acuerdo con el test de alcoholemia.
“Gilbert Muñoz, de 42 años de edad, por falta de precaución llega a colisionar con el automóvil marca Nissan conducido por Efraín Nelson Hurahura Useo, de 26 años de edad”, señala textualmente el informe policial.
El fiscal que elaboró la acusación formal contra el exgobernador de Tarija Mario Cossío en el juicio Imbolsur, del que hace poco fue absuelto por el Tribunal de Sentencia Tercero, volvió a protagonizar por segunda vez un hecho de tránsito.
En septiembre del 2011, Muñoz cuando era fiscal de material fue detenido por conducir bajo influencia alcohólica y luego liberado.
El Tribunal Agroambiental presentó el funcionamiento de los sistemas electrónicos Cicero y Osiris que se constituyen en el nuevo modelo de despacho implementado para brindar seguridad jurídica, transparencia y celeridad en los procesos judiciales, según manifestó el presidente de la instancia judicial, Lucio Fuentes Hinojosa.
realizó ayer en conferencia de prensa, en presencia de algunas autoridades judiciales y municipales, donde se dio a conocer que el nuevo modelo de despacho permite una forma de administración de justicia más dinámica y eficiente, donde los jueces juegan un rol protagónico importante, acercando a los usuarios del servicio de justicia
Explicó que la jurisdicción medioambiental, está trabajando para modernizar la justicia, brindando seguridad jurídica, transparencia y agilizar el proceso judicial con el nuevo modelo de gestión de despacho.
Añadió que se implementa equipos de audio y video y los sistemas informáticos para permitir al usuario, a través del Internet realizar el seguimiento respectivo de sus procesos en los juzgados medioambientales.
Con este nuevo modelo de gestión de despacho judicial, se pretende lograr la oralidad plena, dar curso al expediente electrónico que paulatinamente irá eliminando el uso del papel adecuando el trabajo a las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
A la vez, los responsables de la instalación de los equipos y sistemas implementados en el nuevo modelo de despacho Windsor Álvarez de la dirección administrativa y Financiera del Órgano Judicial y Martín López del Tribunal Agroambiental, explicaron sobre las ventajas y características del equipamiento y sistemas informáticos implementados en el nuevo modelo de gestión de despacho.
En la oportunidad se explicó que el sistema Osiris será utilizado para grabar las audiencias en audio y video y el sistema Cicero permitirá hacer un seguimiento de las causas a través del Internet y desde el sitio web www.tribunalagroambiental.bo, mediante computadoras o dispositivos móviles, herramientas informáticas que contribuirán con la labor de impartir justicia de forma pronta y oportuna.
Vocales del tribunal departamental de Potosí a la cárcel
La Dirección Nacional Anticorrrupión de la Fiscalía General del Estado informó que la autoridad jurisdiccional determinó cinco años de cárcel para tres vocales del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, por la comisión del delito de prevaricato.
“En la audiencia de juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Segundo de Potosí, el Ministerio Público demostró con pruebas la comisión del delito y la autoridad jurisdiccional dictó cinco años de privación de libertad para los vocales Pastor Molina, Wilfredo Ramos y Freddy Romay”, manifestó la directora Nacional Anticorrupción, Willma Blazz Ibáñez.
El proceso penal se inicia a denuncia formulada por Luisa Choque Rosas y Aldo Condori Choque en contra de los Vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) anteriormente mencionados, por el ilícito de prevaricato establecido en el Art. 173 del Código Penal- con las modificaciones de la Ley 004.
La Dirección Nacional Anticorrrupión de la Fiscalía General del Estado informó que la autoridad jurisdiccional determinó cinco años de cárcel para tres vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Potosí, por incurrir en el delito de prevaricato.
"En la audiencia de juicio oral que se desarrolló en el Tribunal de Sentencia Segundo de Potosí el Ministerio Público demostró con pruebas la comisión del delito y la autoridad jurisdiccional dictó cinco años de privación de libertad para los vocales Pastor Molina, Wilfredo Ramos y Freddy Romay", manifestó la Directora Nacional Anticorrupción, Willma Blazz Ibáñez.
Los vocales fueron denunciados por Luisa Choque Rosas y Aldo Condori Choque por incurrir en el ilícito de toma decisiones arbitrarias desde el cargo que ejercían en TDJ de Potosí.
De acuerdo con la investigación, Juana Talavera Ari viuda de Choque, Raúl Choque Talavera y Máxima Choque Araujo viuda de Cortez interpusieron en la vía ordinaria en su momento una "demanda de usucapión extraordinaria; determinación de superficies, colindancias y matriculación en derechos reales", que fue admitida en el Juzgado 4º de Partido en lo Civil de Potosí.
La resolución de primera instancia fue apelada por Marco Antonio Cortez en representación de los demandantes y en grado de apelación la Sala Civil, Comercial y Familiar del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí compuesta los vocales Pastor Molina Quintana (Presidente); Freddy Romay Gonzales (Vocal) y Wilfredo Ramos Quispe (Vocal Relator) declaran probada en todas sus partes la demanda de usucapión.
Juzgado Agroambiental deja de lado utilización del papel
Ayer fue exhibido el equipamiento tecnológico y sistemas informáticos en una conferencia de prensa. Y anunciaron que el nuevo sistema permitirá brindar mayor seguridad jurídica, transparencia y rapidez en los procesos judiciales agroambientales.
“El Nuevo Modelo de Gestión de Despacho permite la administración de justicia de una forma más eficiente y dinámica. Las juezas y jueces agroambientales cumplen un rol protagónico en la dirección del proceso, logrando acercar más la justicia a las y los usuarios de este servicio judicial especializado”, dijo el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes Hinojosa.
Informó que “la Jurisdicción Agroambiental está dando un paso histórico al equipar técnicamente sus juzgados e implementarlos con dos sistemas: Osiris (grabación de audiencias en audio y video) y Cicero (seguimiento de causas a través del internet y desde el sitio web www.tribunalagroambiental.bo, mediante computadoras y dispositivos".
Oruro A partir del 11 de julio Horario de atención en el Tribunal de Justicia comienza a las 09:00 horas
El horario de atención a la población litigante en el Tribunal de Justicia comenzará a las 09.00 horas a partir del lunes 11 de julio por determinación de Sala Plena 66/2016, precautelando la salud de los funcionarios ante las bajas temperaturas que provocan infecciones respiratorias agudas, informó el presidente del Tribunal Departamental de Justicia Bernardo Bernal.
Lo que motivó a los integrantes de Sala Plena a tomar la decisión es la presencia del virus de la Influenza AH1N1 y el incremento del frío que es muy característico en la época de invierno en Oruro, explicó.
"A fin de precautelar la salud de la población litigante, así como también de los servidores públicos, es que se dispuso que por el invierno rija este horario de ingreso a las nueve hasta las doce y media y el ingreso en el horario de la tarde a las dos hasta las siete de la noche, es decir a las 19:00 horas", informó la autoridad judicial.
Esta decisión fue asumida con la facultad que les confiere la Ley 025 del Órgano Judicial que en su artículo 123 numeral 2 faculta mediante Sala Plena, modificar el horario de trabajo.
Respecto a la vacación colectiva que asumían en la institución dijo que conforme a la ley, retomarán el descanso colectivo porque hasta la gestión 2015 se tuvo la vacación individual, que no tuvo el resultado esperado, por consiguiente se retornará a la vacación colectiva como se dispone en la ley y en esta gestión en diciembre por 25 días continuos tomando en cuenta los sábados y domingos.
La Dirección Regional de Régimen Penitenciario de Chuquisaca pidió el traslado del exfiscal Humberto Quispe del penal de San Roque a otro penal, debido a que alteró la paz social de los internos y rompió las normas internas, informó el viernes el juez Quinto de Instrucción en lo Penal de esa capital, Roberto Baldivieso.
"La Dirección Regional de Régimen Penitenciario solicitó el traslado de Humberto Quispe Poma a un recinto penitenciario de máxima seguridad, sea en Cantumarca en Potosí o Chonchocorro en La Paz, en ese entendido, está impuesto el trámite de ley y la audiencia se fijó para el 15 de julio para la resolución de este incidente", señaló.
Baldivieso dijo que desde la reclusión preventiva de Quispe en San Roque, el 21 de enero de 2016, alteró la paz social de los internos e infringió las normas de seguridad de ese centro penitenciario.
"Tiene antecedentes por algunas malas conductas estando en detención preventiva, como ingresar algunos objetos personales en contra del reglamento penitenciario, así también por haber alterado la paz social de los demás internos", explicó.
Quispe tiene 25 denuncias en su contra en La Paz y hay una asociación de víctimas de supuestas extorsiones.
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TCP declara inconstitucional el recurso de ley sobre ONG
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), emitió un fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad que presentó el anterior Defensor del Pueblo, sobre la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas y el Decreto Supremo 1597.
Rolando Villena fue quien presentó el recurso de inconstitucionalidad en el mes de junio del 2013, señalando que dos artículos de esta norma estarían vulnerando el libre funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y podrían permitir el cierre de estas entidades sin fines de lucro.
Según el Gobierno, el objetivo de la Ley 351 es la otorgación y registro de personalidad jurídica a organizaciones sociales, ONG, fundaciones y entidades civiles sin fines de lucro que desarrollen actividades en el territorio nacional.
Decisión. Según la sentencia del TCP, se declara la Constitucionalidad a los artículos 7 parágrafo II y su número 1 de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, que señala: II. Los estatutos de las organizaciones no gubernamentales y fundaciones, deberán mencionar en su contenido, adicionalmente a lo requerido en el parágrafo anterior: 1. La contribución al desarrollo económico y social.
Así también al artículo 19 del Decreto Supremo 1597 de la misma, en su inciso g, que menciona: Revocatoria de personalidad jurídica por incumplimiento a las políticas y/o normas sectoriales, previo informe del Ministerio del área.
Molestia. Esta posición generó molestia y preocupación a las entidades sin fines de lucro que podrían verse afectadas.
Alcides Vadillo, representante regional de la Fundación Tierra, indicó que a su parecer el Gobierno se estaría tomando facultades de suprimir y suspender instituciones sin proceso previo alguno.
Asegura que es normal la existencia de una reglamentación, pero no con medidas que afecten a los protagonistas. "En este caso lamentablemente se vulnera el derecho a la libre asociación. Nos preocupa porque así se cerrarían algunas instituciones indefensas. La idea es que cuando una institución con personería jurídica comete un hecho ilegal se la someta a proceso por vía judicial, si no que ahora sería una decisión de justicia administrativa", manifestó Vadillo.
Medidas. A su turno, Hernán Ávila, presidente del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), anunció que al observar la sentencia del TCP, como organización deberán tomar acciones de inmediato.
Indicó que una de las posibilidades es la de acudir a niveles internacionales, dado que la máxima autoridad sobre este tema en el país, ya estaría emitiendo un fallo. "En realidad era algo que se veía venir, la intención es condicionar el trabajo de las ONG y contar con las herramientas para obligarlas a que se integren al plan nacional. Nosotros somos una de las instancias que va apelar a niveles internacionales, porque se estaría dañando la democracia que hay en el país", remarcó.
Posición. En junio de 2015, el presidente Evo Morales advirtió, en un evento público, que se expulsará del país a cualquier ONG o fundación que intente perjudicar la exploración de hidrocarburos. En agosto de 2015, el ex Defensor del Pueblo, Rolando Villena, tildó de “inconstitucional” la Ley 351 debido a que vulnera el derecho a la libre asociación para conformar estas entidades sin fines de lucro.
En septiembre del año pasado, desde el Gobierno central, se informó que 38 ONG de acuerdo a la Ley 351, habrían obtenido un año de inactividad administrativa en su tramitación ante el Ministerio de Autonomías en busca de su reconocimiento o la renovación de su personería jurídica. Su estado de caducidad anual, solo podría revertirse con una resolución ministerial.
El Tribunal Constitucional avala Ley 351 que permite cerrar las ONG sin trámites
La Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró constitucionales dos artículos de la Ley 351 de Otorgación de Personalidades Jurídicas. La disposición permite al Gobierno cerrar una organización no gubernamental o fundación sin argumentar razones y sin autorización judicial.
El fallo señala que la Sala Plena del Tribunal Constitucional Plurinacional resuelve declarar la constitucionalidad de los artículos 7.II de la Ley de Otorgación de Personalidades Jurídicas, en la frase “…organizaciones no gubernamentales y fundaciones…” y su numeral 1 en la expresión: La contribución al desarrollo económico y social; y, el art. 19 inc. g) en su integridad del DS 1597 de 5 de junio de 2013". El TPC concluye que "no se advierte desconocimiento, vulneración y menos lesión a los principios constitucionales”.
La Cumbre de Justicia se realizó el 10 y 11 de junio, en la ciudad de Sucre. A la cita acudieron organizaciones sociales así como entes colegiados. Y pese a la propuesta de profesionales del ámbito jurídico, de hablar de una justicia más independiente, la sugerencia no fue tomada en cuenta.
Resaltan restitución de la vacación colectiva judicial
La vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial, en reemplazo de la asignación de descansos individuales, contribuirá a acelerar la atención de las causas y evitará más mora procesal, señaló ayer que la presidenta del Tribunal de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert.
“La nueva norma elaborada por la Cámara de Diputados sobre la incorporación de la vacación anual colectiva por 25 días calendario en diciembre de cada año para servidores judiciales es una buena noticia para el Órgano Judicial y la población litigante, porque ese beneficio individual estaba generando un grave perjuicio en la tramitación de las centenares de miles de causas”, explicó en declaraciones a la ABI.
El sistema de descanso anual individual dispuesto por Ley 586 ocasionó inconvenientes en el mejoramiento de la carga procesal.
Hasta “el extremo de que por falta de personal jurisdiccional y administrativo, por vacación, se suspendieron muchas audiencias y, en consecuencia, se agudizó la mora procesal. Es decir, que la modalidad individual de vacación no ha cumplido con el objetivo principal relacionado con bajar la denominada retardación de justicia”, agregó.
Guerrero: Destituciones generan resistencia interna
El fiscal General, Ramiro Guerrero, señaló que existen fiscales que comenten “errores” en su trabajo de manera “intencional” y advirtió que no dudará en procesarlos por la vía disciplinaria e incluso penal, porque no cumplen con la normativa.
Sin embargo, la autoridad reconoció que este trabajo ha provocado una “lucha interna” porque a lo largo de su gestión -que inició en octubre de 2012- ha destituido a más de 250 fiscales, entre departamentales y de materia, lo que generó, al mismo tiempo, una “resistencia, una reacción al interior de la propia institución”.
A tres años de asumir el cargo, Guerrero asegura que la Fiscalía General es la institución que más ha luchado contra la corrupción y producto de ello es que a la fecha se han cambiado a ocho de nueve fiscales departamentales. “No hay ninguna protección absolutamente para nadie, pero siguen habiendo algunos malos servidores que lamentablemente no han entendido que éste es un servicio para la sociedad, sigue habiendo alguna gente que piensa que llegar a la fiscalía es extorsionar, es hacerse rico”, dijo.
“Estamos en una lucha interna muy fuerte, hemos destituido una gran cantidad de fiscales con procesos y lo seguimos haciendo, eso a veces genera resistencia, reacción al interior de la propia institución”. A manera de ejemplo, dijo que en Santa Cruz algunos fiscales fueron hallados en flagrancia cobrando dinero y en La Paz se han identificado a fiscales que conformaban redes o consorcios de corrupción en coordinación con abogados y jueces. “Hoy están varios de ellos en la cárcel, hoy están imputados, investigados muchos de ellos”.
Sin embargo, aún se observa el accionar de varios fiscales como ocurrió en el caso del abogado Eduardo León cuando el equipo de fiscales, conformado por cinco profesionales, cometió “errores” en la redacción de la imputación formal que provocó la suspensión de dos audiencias.
“En el caso León hemos pedido un informe de estos fiscales vía el Fiscal Departamental de La Paz y vamos a evaluar, analizar eso en la instancia que corresponda para posteriormente determinar las acciones a seguir”, señaló Guerrero.
A pesar de la existencia de una Dirección de Régimen Disciplinario Fiscales y una Dirección de Gestión Fiscal que hace un seguimiento del trabajo, Guerrero, indicó que existen “muchos fiscales que lamentablemente improvisan, no desarrollan un trabajo, diríamos, de manera profesional porque una cosa es cometer un error y alguna omisión”.
Sin embargo, apuntó, muchas veces los errores son permanentes. “Es inconcebible cómo gente de mucha trayectoria, profesionales que conocen muy bien el tema del procedimiento del derecho se equivocan, a veces pareciera que fuera intencional”, agregó.
Frente a este panorama, Guerrero dijo que se están redoblando lo mecanismos de control y seguimiento a los fiscales del país con la instalación de cámaras, infraestructuras como la de Santa Cruz que tiene paredes de vidrio que permiten que la población pueda ver el trabajo.
La vacación colectiva para magistrados, vocales, jueces y personal de apoyo jurisdiccional del Órgano Judicial generó rabia, ira y molestia en la población, que requiere de esta instancia para seguir sus procesos, como litigantes, entre otros.
María Mena Solís, que conversó con EL DIARIO, dijo: “Dónde se ha visto que 25 días, casi un mes, los jueces, fiscales y autoridades abandonen su trabajo porque necesitan vacaciones; si las vacaciones se las dan todos los días, encima la población es víctima de su corrupción”.
Por su parte, Jorge Sánchez, quien aseguró que lleva adelante un proceso judicial, sostuvo que “no es posible que la justicia en Bolivia se vea tan corrompida y peor aún que se den la libertad de dejar todos los procesos por el lapso de un mes cuando a muchos de los que tenemos procesos estamos por concluir con la burocracia de esta injusticia, es una vergüenza”.
De la misma forma, Blanca Suaznabar, manifestó que “con vacaciones o sin vacaciones la justicia el Órgano Judicial seguirá siendo lo mismo, ojala les sirviera para reflexionar, igual nomás vuelven más corruptos, no deberían tener ni un día de descanso, a quien le dan 25 días de vacaciones; es increíble”, dijo.
Recordó que en 2015, la Sala Plena del Tribunal de Justicia de La Paz solicitó al Consejo de la Magistratura realice gestiones para que el Órgano Legislativo Plurinacional (OLP) derogue el artículo 126-I de la Ley 568 de Descongestionamiento y Efectivizarían del Sistema Procesal Penal que dispone la vacación judicial individual y reponga la vigencia del Art. 126 de la Ley de Órgano Judicial (LOJ) que establece la vacación judicial colectiva.
En tanto, la presidenta del Tribunal de Justicia de La Paz, Carmen del Río Quisbert, dijo que las vacaciones judiciales contribuirán a acelerar la atención de las causas y evitará más mora procesal como explicó a ABI.
“La nueva norma elaborada por la Cámara de Diputados sobre la incorporación de la vacación anual colectiva por 25 días calendario en diciembre de cada año para servidores judiciales, es una buena noticia para el Órgano Judicial y la población litigante porque ese beneficio individual estaba generando un grave perjuicio en la tramitación de las centenares de miles de causas”, dijo.
Consideró que llegó a la conclusión de que el sistema de descanso anual individual dispuesto por Ley 586 ocasionó inconvenientes, hasta “el extremo de que por falta de personal jurisdiccional y administrativo, por vacación, se suspendieron muchas audiencias y, en consecuencia, se agudizó la mora procesal”.
Informe de gestión de la Fiscalía General Se destituye a 87 fiscales en 18 meses
De enero de 2015 a junio de la gestión actual, la Fiscalía General del Estado ha destituido a 87 fiscales, por constantes hechos de corrupción en los que se han visto envueltos. Por esta circunstancia, procedió a la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) para verificar si los fiscales incurran o no en actos ilícitos. Estos datos son parte del informe de gestión presentado el pasado viernes por el fiscal general, Ramiro Guerrero.
Con tal motivo, el acto se desarrolló en Santa Cruz, con la presencia de la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Lenny Valdivia; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Pastor Mamani; el presidente del Tribunal Agroambiental, Lucio Fuentes; además de otros magistrados y vocales, como de autoridades policiales y representantes de organizaciones sociales.
Guerrero informó que desde enero de 2015 a junio de 2016 fueron destituidos 87 fiscales y hay otros 87 sancionados. Agregó que en la gestión 2014, el Ministerio Público tramitó 98.380 casos y en 2015 el total de 112.904. Esta cifra representa un incremento del 14,85 por ciento. A junio de este año, suman 43.869 los casos ingresados al Ministerio Público.
En el caso de la criminalidad de mayor frecuencia, se tiene en delitos patrimoniales 15.007 casos en 2015 y a junio de este año 23.989 casos. En cuanto a violencia familiar, el año pasado alcanzó a 11.355 casos y en el primer semestre de 2016 a 28.461.
Sobre feminicidio, en el 2015 se registraron 104 casos y 43 a junio del presente año fueron 43. Desde la promulgación de la Ley 348 se lograron ya 47 sentencias condenatorias por casos de feminicidio en el país.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, el Fiscal General del Estado manifestó que se obtuvieron 469 sentencias, de las cuales 146 han sido condenatorias, 57 fueron absolutorias y 266 de procedimiento abreviado.
En 2015 se produjeron también 159 sentencias condenatorias por delitos de corrupción y 74 durante el primer semestre de 2016. En total son 7.376 casos en investigación a la fecha, de los cuales 755 casos ingresaron hasta junio de 2016.
Por otro lado, el fiscal hizo conocer que en 2015 se realizó el lanzamiento del primer curso de formación inicial de la Escuela de Fiscales del Estado. La iniciativa causó la expectativa de 237 postulantes a nivel nacional, de los cuales 169 han sido habilitados al examen, para las 60 plazas que existen.
Un aspecto que fue destacado por el fiscal Guerrero ha sido la creación de la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP). Durante el año 2015 se procedió a la investigación patrimonial de 30 servidores del Ministerio Público. Actualmente, el trabajo está en fase de emisión de informes preliminares, conclusivos y de dictamen final.
En 2015 se presentaron renuncias de seis funcionarios, al inicio de las investigaciones. En las gestiones 2015 a junio de 2016, la Fiscalía General cuenta con 1.088 servidores, a través del Ministerio Público .
En otro orden de cosas, Guerrero destacó la puesta en marcha en ocho departamentos del país del Nuevo Modelo de Gestión Fiscal y Fiscalías Corporativas; la resolución de casos de connotación social, como los denominados casos Zapata, Consorcio de jueces, fiscales y abogados, además de la Federación Boliviana de Fútbol.
La Asamblea Legislativa Plurinacional incorpora al nuevo Código Penal del Sistema Penal algunas de las propuestas de la Cumbre Nacional de Justicia, que se realizó en junio pasado en la ciudad de Sucre.
La senadora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Adriana Salvatierra, informó que la decisión se asume en el marco de la elaboración del nuevo Código Penal. Como se recordará, en la inauguración, el vicepresidente Álvaro García Linera sugirió elevar la pena para los violadores.
“La Cumbre de Justicia definió algunos lineamientos que deberían ser ya incorporados en el nuevo Cogido del Sistema Penal, por ejemplo, la clasificación entre crímenes, delitos y faltas, buscando descongestionar todo lo que es el sistema judicial, fundamentalmente en el sistema penal. Otro elemento que también salió de la cumbre judicial se refiere a la tipificación de los delitos”, explicó a ABI.
Sobre la propuesta de la cadena perpetua y la sumatoria de penas, la legisladora del MAS explicó que el tema está en debate y dijo que desde la Asamblea se planificará un calendario de socialización, una vez concluida la redacción del nuevo código.
“También fue producto de la Cumbre de Justicia el establecer la sumatoria de penas, pero esto todavía continúa en discusión en la Comisión que es responsable de elaborar esa propuesta del nuevo Código del Sistema Penal”, agregó.
Sin embargo, la propuesta de incremento del presupuesto del ente judicial, no fue tratada en la Cumbre; el Vicepresidente condicionó el aumento a un trabajo mejorado, pero los entendidos en la materia señalaban que sin recursos difícilmente se podrá mejorar la justicia.
Además, también hubo protestas en la misma Cumbre, los colegios e instituciones observaron que los delegados por parte de los movimientos sociales eran más que los profesionales técnicos y que, por lo tanto, la votación ya estaba determinada.
Fiscalía investiga a sus funcionarios
Durante la presentación del “Informe de Gestión Final 2015 y Parcial 2016”, el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, dijo ayer que el Ministerio Público creó la Unidad de Investigación Patrimonial (UIP) a la que fueron sometidos 30 de sus funcionarios. Según Guerrero, el objetivo de esta unidad es luchar contra la corrupción desde el interior de la Fiscalía.
El Fiscal General indicó que el próximo 30 de julio estará listo el informe de dicha investigación, misma que analizó la relación que hay entre el sueldo que perciben los funcionarios y el patrimonio que estos poseen. “Desde el fiscal general, los directores, los jefes y los fiscales departamentales... Hemos puesto a disposición nuestras cuentas bancarias, nuestros bines, inmuebles, vehículos”, agregó Guerrero, a tiempo de señalar que en el segundo semestre del presente año se ampliará la cobertura de esta política institucional a otros 50 funcionarios del Ministerio Público.
Por otro lado, Guerrero informó que hubo un incremento en la carga procesal en el Ministerio Público, ya que en 2014 se registraron 98.380 casos, mientras que en 2015 la cifra ascendió a 112.904, lo que significa un incremento del 14,85 por ciento. “La gente acude más al Ministerio Público”, dijo.
Además, dijo que los delitos patrimoniales son los más frecuentes en el Estado; mientras que los delitos de violencia contra mujeres, niños o niñas ocupan el segundo lugar. Posteriormente, se ubican los delitos por asesinatos, homicidios, lesiones graves o gravísimas, y delitos por narcotráfico y corrupción.
Guerrero agregó que en cuestiones de feminicidio se registraron 104 casos en 2015 y 43 hasta junio de 2016. La Paz y El Alto encabezan la lista de denuncias por este delito con 36 en 2015 y 13 en 2016; Cochabamba tiene 36 casos, Santa Cruz 14, Chuquisaca 8, Beni 2 y Pando ninguno.
Respecto a delitos por corrupción, Guerrero dijo que en 2015 se registraron 7.376 casos en el país, y en lo que va de 2016, 755.
En 2015, 159 casos de corrupción tuvieron sentencias. Los delitos más comunes son: incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la constitución, uso indebido de influencias, conducta antieconómica, prevaricato, incumplimiento de contratos, y contratos lesivos al Estado.
TSJ: 'No se resuelve la crisis sacando a los jueces'
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, asegura que la crisis que atraviesa el sistema judicial, no se resolverá con la expulsión de jueces o magistrados.
Asegura que existe un problema estructural en el sistema judicial, que está afectando en el país, y que debe solucionarse por ahí algunos puntos. "La crisis judicial es estructural, necesita el apoyo de todos, no se resuelve sacando a magistrados y jueces, ese es un camino equivocado. Esperamos que los trabajos venideros se analicen a detalle y con profundidad", manifestó el presidente de este organismo.
Detalles. En una similar posición, se manifestó el presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Marcelo Arrázola, quien destacó que si bien la Cumbre Judicial a principios de junio, sirvió para identificar los problemas, ahora se deben tomar acciones.
Indicó que como juristas, están buscando un escenario de coordinación y análisis técnico para buscar soluciones a los problemas que atraviesa el sistema en el país. "El evento permitió escuchar a los movimientos sociales, pero los temas estructurales de la administración de justicia se tienen que debatir con los sectores académicos y profesionales", dijo.
Observación. En tanto, desde la oposición califican que la Cumbre digitada por el Gobierno tenía otros fines políticos. "Solo sirvió para buscar la manera de plantear la reelección de Evo Morales, es lo único que les interesa y como no ven buena aceptación están dejando que pase el tiempo. No es prioridad para el Gobierno solucionar los problemas de la justicia", dijo la diputada de UD Eliane Capobianco.
El hecho de que una audiencia cautelar sea fijada luego de un plazo establecido de 30 días es una causal para que los litigantes puedan denunciar a los jueces por “retardación de justicia”. Éste es el motivo por el que 40 de 45 jueces, en Cochabamba, fueron denunciados ante los juzgados disciplinarios en lo que va de 2016. El restante corresponde a malos tratos hacia los ciudadanos.
Estos jueces corren el riesgo de ser apartados de sus cargos porque existe la determinación de depurarlos. Corre un plazo de cuatro meses para este trabajo.
Entre las conclusiones de la Cumbre Nacional de Justicia, desarrollada en Sucre el 10 y 11 de junio, se incluyó un tiempo de 120 días, que ya está en curso, para evaluar el desempeño de vocales, fiscales y jueces. No se descarta la destitución de estos funcionarios judiciales luego de la revisión de sus antecedentes.
El representante distrital del Consejo de la Magistratura, Silvano Arancibia, informó que ya se adelantó el trabajo y que en la actualidad se realiza la revisión de carpetas de alrededor de 200 jueces.
“Vamos a establecer todas sus faltas disciplinarias, inclusive desde hace cinco años. También los méritos que tengan, porque hay que valorarlos al momento de evaluar. No solo debe ser lo malo sino también lo bueno de cada servidor público”.
El juez disciplinario número 1, Rubén Coca, informó que en lo que va del año hay 45 causas, que atienden entre los tres juzgados disciplinarios de Cochabamba, sobre denuncias en contra de jueces.
Conforme a un análisis de Coca, 9 de cada 10 jueces procesados en los juzgados disciplinarios fueron denunciados por retardación de justicia. Los jueces argumentan carga procesal, sin embargo, para esta autoridad eso debe demostrarse.
El tema también está ligado a los actos de corrupción. “El favoritismo, la parcialización también son formas de corrupción que nosotros hemos podido identificar”.
Uno de cada 10 juristas de los denunciados fue porque habría incurrido en maltrato.
MÁS FUNCIONARIOS El Juez Disciplinario número 1 manifestó que, además de los 45 jueces, hay media centena de quejas formales en contra de otros trabajadores judiciales.
Por otro lado, el representante del Consejo de la Magistratura informó que se realizó una auditoría al personal y ayer se conoció de cuatro funcionarios observados por indicios de no autenticidad de títulos porque no presentaron los documentos originales, no acreditan que hablan quechua y no tienen certificación de sus conocimientos sobre la Ley de Administración y Control Gubernamentales SAFCO.
Arancibia advirtió que, de comprobarse irregularidades, los involucrados son pasibles a sanciones y procesos penales.
“Hemos detectado que tendríamos personal que no cumple con el perfil. De manera ilegal estarían detentando el cargo que ahora poseen y cobrando remuneración de manera indebida”.
¿CÓMO DENUNCIAR? Coca recordó que las víctimas pueden presentar las denuncias en las oficinas de los juzgados disciplinarios. Pueden ser quejas verbales o patrocinadas por un abogado.
En Cochabamba, los tres juzgados están en la planta baja del antiguo edifico del Palacio de Justicia, en la avenida San Martín entre Jordán y Sucre.
﻿Una comisión depurará
﻿El vocero de la Ministra de Justicia, Rafael Quinteros, informó que hasta la próxima semana se conformará una comisión para el trabajo de depuración de jueces y serán los miembros de este grupo quienes elaboren un reglamento con los criterios de evaluación.
La aplicación del reglamento permitirá, luego de los 120 días fijados para el trabajo de depuración, contar con un informe borrador sobre las irregularidades identificadas.
Quinteros detalló que la comisión estará conformada por el Ministerio de Justicia, el Consejo de la Magistratura, tribunales departamentales e instituciones relacionadas a la administración de justicia.
Durante la Cumbre de Justicia se adelantó que entre los aspectos a observar estarán las sanciones disciplinarias y los procesos penales acumulados. El objetivo es contar con personal “adecuado”.
﻿La Ministra recibirá quejas en Quillacollo
﻿La ministra de Justicia, Virginia Velasco, escuchará las quejas de los cochabambinos en el marco del programa “Hablando con la Ministra”, este sábado 2 de julio en la plaza principal de Quillacollo, a 12 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.
Está previsto que se habiliten micrófonos y la Ministra se instale en plena plaza para oír las denuncias, según explicó el vocero de la Ministra, Rafael Quinteros.
“Las personas que quieren denunciar a malos fiscales, a malos abogados, a malos jueces, tienen la oportunidad de hacerlo”.
Se trata de una actividad pública que se realizará al aire libre. “La Ministra designará abogados de oficio para que hagan seguimiento del tema”.
Los procesos continuarán dependiendo de la gravedad de los casos.
La actividad concluirá cuando denuncie la última persona que llegue hasta el lugar.
﻿Cruceños denuncian a fiscales
﻿Los policías, fiscales, jueces, avasalladores de tierras e incluso autoridades como diputados, fueron el blanco de denuncias, ante la ministra de Justicia, Virginia Velasco, en Santa Cruz, la pasada semana.
El vocero de la Ministra, Rafael Quinteros, informó que la actividad de recepción de quejas se realizó en Santa Cruz el 25 de junio y entre los casos resaltaron los temas de avasallamientos a la propiedad privada y la retardación de justicia, que involucra a funcionarios judiciales.
En el departamento oriental, registraron 162 casos desde las 08:00 horas hasta 18:00.
“Esperamos que se aplique la celeridad de los procesos (...) Con este servicio se aplicará la gratuidad en el sistema de justicia, toda vez que cuando se recepcione la denuncia se asignará un abogado de forma gratuita”.
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References: resolución 
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 artículo 123
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 artículo 19
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 artículo 126
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