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Timestamp: 2018-09-20 02:16:44+00:00

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POR LA ASOCIACIÓN INDÍGENA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA Y SUS DELEGACIONES DEL PAÍS
Basilio Soria, Gabino Zambrano, Rogelio Guanuco, Carlos Canhue, Lucia Molloja, y otros.
La larga, perversa y porfiada negación del Estado para constituir el Consejo de Coordinación, de conformidad a la ley 23.302 y su Decreto Reglamentario y su pertinaz reticencia para cumplir con las resoluciones judiciales solo se puede explicar por qué subyace en el Estado, sus instituciones, y sus hombres de una inmensa carga de racismo y de colonialismo interno que se manifiesta crudamente por el incumplimiento de una montaña de derechos reconocidos que tienen como sujetos exclusivos los pueblos indígenas argentinos y sus comunidades en la Constitución y las Leyes, que motivan las miserables condiciones de olvido y marginación en que sobreviven los hijos de estas tierras.
En 1985, luego del advenimiento de la democracia, se sanciono la ley 23.302 que declara de interés nacional el apoyo a las comunidades aborígenes para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación. La misma prescribe planes de salud, educación bilingüe intercultural, vivienda, adjudicación de tierras, desarrollo integral etc., teniendo en cuenta sus particulares culturales. Ordena la creación del INAI, como organismo de aplicación de dicha ley, del Convenio 107 de la OIT hoy 169, y demás derechos consagrados en nuestro país, con autarquía, y participación indígena. La norma ha sido reglamentada por Decreto 155-89.
Luego de una larga morosidad, en 1991, la AIRA, le inicia juicio al Estado Nacional por incumplimiento de las prescripciones de la ley. En 1998 el Poder Judicial de la Nación sentencio al PEN el cumplimiento de la ley con participación indígena. Desde aquella fecha en un largo expediente la causa acumula cerca de dos mil hojas, 5 sentencias judiciales a favor de los indígenas, que el Estado incumple vergonzosamente las resoluciones del alto tribunal pasadas en autoridad de cosa juzgada, afectando incluso la división de poderes de la República.
Es que el Consejo de Coordinación, constituye un organismo vital e imprescindible para cumplir con la ley 23302. Es el corazón de la ley. No se trata entonces de inventar y de imaginar cualquier consejo. Ni sustituir la titularidad de los verdaderos sujetos de derecho que reposan en los pueblos indígenas, sus organizaciones y comunidades. No se trata de reunir entre cuatro paredes a algunos hermanos indígenas de vez en cuando, para que sesionen en secreto, aislados, amurallados, bajo estricto impedimento de veedores y de toda otra participación que de transparencia de tales actos, para imponerles en estas condiciones una agenda, y hacerlos firmar ligeramente una supuesta “participación”, que compromete a la totalidad del mundo indígena de nuestro país, convalidando y poniendo en cabeza de los aborígenes, la corresponsabilidad de la inoperancia de las obligaciones inexcusables del Estado.
El Consejo de Coordinación, en cambio , constituye un esquema con capacidad operativa , mediante el cual se materializa la participación indígena, cuya constitución y objetivos taxativamente ordena la ley para las especificas funciones de coordinación con los representantes de las provincias y de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo a los efectos de implementar los planes y programas estipulados en la ley. Consejo que en su primera fase, la norma establece claramente que debe ser mediante un decreto del PEN.
Es por eso que los intentos del INAI de materializar la participación indígena en el 2001 con el Consejo Consultivo Indígena, en el 2003 con el Comité Ejecutivo de los Pueblos Indígenas, y en el 2004 con el Consejo de Participación Indígena, no solamente carece de previsión legal , sino que mas allá de los valiosos hermanos participantes, han sido un engendro prohijado por el INAI, con el objeto de sustituir vanamente al Consejo de Coordinación, desconocer de plano las prescripciones de la ley, de la sentencia judicial y un instrumento para segregarlos hablar en la soledad, controlarlos , alimentar las apetencias de algunos conocidos lenguaraces de origen araucano , dividir y enfrentar hermanos contra hermanos.
Constituyen todo un hito histórico el logro de sentencias a favor de los pueblos indígenas que imponen al Estado el cumplimiento de la ley. Toca reconocer en este punto la firme decisión de la actora, la AIRA, y su cuerpo jurídico, en especial el extinto Dr. Horacio Maldonado que articulo la estrategia jurídica en el reconocimiento de los derechos indígenas en la reforma de 1994, y el Dr. Frites, de encarar una acción judicial aportando durante muchos años razones y pruebas acabadas e irrefutables a lo largo de este expediente en una desigual lucha frente a instituciones diseñadas en contra del mundo aborigen.
El 18/9/2007 la Excma Cámara de Apelaciones sentencio “que en el plazo de 30 días hábiles administrativos, acredite de modo fehaciente la conformación del CONSEJO DE COORDINACION y del CONSEJO ASESOR, indicando sus integrantes y la modalidad de su actuación” bajo apercibimiento de aplicar las astreintes.
Ante esta sentencia el INAI por Resolución 042/ del 28/2/2008, sin los nombramientos por el PEN de los representantes de los Ministerios de la Nación, ni del Consejo Asesor, designa sin facultades legales para hacerlo, a un grupo de ciudadanos indígenas para participar de un imaginado Consejo de Coordinación, que no existe aun, con lo que pretende dar cumplimiento a la ley y a la sentencia. El punto es entonces, conforme la última sentencia del Alto Tribunal que el CONSEJO DE COORDINACION de acuerdo a la ley y el art. 10 del Decreto Reglamentario 155-89 debe estar designado por el PODER EJECUTIVO NACIONAL. Mientras ello no ocurra, no existe tal Consejo de Coordinación.
La prueba irrefutable que el inventado “Consejo de Coordinación” fue un dibujo, una parodia montada , una artera simulación destinada solo a impresionar al Tribunal, es que a 2 años de su constitución, no se le dio vida institucional. Ninguno de las peticiones planteadas por todos los indígenas en ese ámbito reunidos, fueron cumplidos por el INAI, ni la firma del Decreto de designación o ratificación del Consejo de Coordinación, ni los recursos solicitados para el cumplimiento de su alta misión y funciones establecidas en el art. 7 del Decreto Reglamentario 155/89, ni las reuniones solicitadas fueron escuchadas. En suma la vana esperanza de hacer nacer dicha criatura fueron abortadas con ello un desolador desengaño para los indígenas participantes de tal intento.
Así las cosas, aunque apareciera el bendito Decreto, el duende de la dominación se pasea por el actual esquema institucional, queda claro que no existe voluntad política para llevar adelante una política indígena, en base a los derechos logrados consagrados y reconocidos en el derecho interno y la legislación internacional que tiene como sujetos exclusivos los pueblos indígenas argentinos. Por eso no existe una agenda de políticas públicas destinada hacia el mundo aborigen.
Por eso, los capitanes que tienen poderes de decisión, incapaces de advertir nuestra presencia histórica como las razones de tamaños derechos , como la naturaleza de los mismos, a pesar de todos las declamaciones , lisamente desconocen nuestra existencia, se empeñan de ponernos a la cola de los pobres bajo los punteros de toda laya, con políticas clientelistas, asistencialistas y coyunturales, donde tal vez podremos matar el hambre pero nunca se resolverá nuestra histórica postergación. Es que en su mente colonial no perciben que por las praderas de América corren vientos del Nuevo Pachacutti con inexorables cambios en nuestro continente.
A 200 años de la Revolución de Mayo y de la emancipación americana, los indígenas debemos tener claro que no es desde la claudicación de nuestros derechos, ni de la subyugación a los amos de las estructuras políticas corruptas y de los gobiernos vende patrias es que conseguiremos nuestro desarrollo y nuestras tierras. No nos darán nada que no sean migajas y espejitos de colores. La mejor manera de aportar a los esfuerzos de los pueblos por trasformaciones hacia una Gran Patria de todos, y honrar los mandatos de nuestros antepasados y libertadores de todos los tiempos, es a través de la lucha en todos los terrenos, la organización, la unidad, la capacitación, la movilización, empezando por exigir con toda firmeza se hagan efectivos nuestros irrenunciables derechos.
BUENOS AIRES, 25 Febrero de 2010.
Norma: DECRETO 155/1989
Sumario: Ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes. Reglamentación.
Fecha de Emisión: 02/02/1989
Publicado en: Boletín Oficial 17/02/1989 - ADLA 1989 - A, 101
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) actuará como entidad descentralizada con participación indígena dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. Tendrá su sede principal en el lugar que a su propuesta fije ese Ministerio y deberá establecer delegaciones en las regiones Noroeste, Litoral, Centro y Sur del país y demás regiones provinciales que sean necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones. Las regiones abarcarán las siguientes provincias:
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas entenderá como autoridad de aplicación, en todo lo referente a la ley 23.302, disposiciones modificatorias y complementarias y al convenio 107 sobre protección e integración de las poblaciones Indígenas y otras poblaciones tribales aprobado por la ley 14.932, en coordinación con los organismos nacionales, provinciales o municipales competentes. A estos efectos cumplirá todas las actividades conducentes a promover el desarrollo integral de las comunidades indígenas adjudicando prioridad a sus aspectos socioeconómico, sanitario y cultural, preservando y revalorizando el patrimonio cultural de estas comunidades.
Para el cumplimiento de los fines indicados en el art. 2o, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas podrá coordinar, planificar, impulsar y ejecutar por sí o juntamente con organismos nacionales o provinciales, programas de corto, mediano y largo plazo, destinados al desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyendo planes de salud, educación, vivienda, adjudicación, uso y explotación de tierras, promoción agropecuaria, pesquera, forestal, minera, industrial y artesanal, desarrollo de la comercialización de sus producciones, especialmente de la autóctona, tanto en mercados nacionales como externos, previsión social y en particular:
a) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la Secretaría de Salud y los gobiernos provinciales, programas de prevención y asistencia sanitaria en las comunidades indígenas incluyendo conocimientos y modalidades que aporte la medicina tradicional. Se deberá otorgar prioridad a la atención de la salud infantil. Los programas de referencia deberán estructurarse sobre el principio internacionalmente reconocido que la salud no es solamente la ausencia de enfermedades sino un estado físico, mental y social de bienestar, en el que el saneamiento ambiental y la nutrición adecuada están entre las condiciones esenciales.
b) Elaborar y/o ejecutar, en coordinación con el Ministerio de Educación y Justicia y los gobiernos provinciales, programas de educación bilingüe e intercultural concediendo prioridad a la realización de una campaña de alfabetización. Entre los objetivos de planes de educación deberá incluirse la preparación de los miembros de las comunidades indígenas para que sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo y para que logren real participación en el acontecer socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia identidad cultural.
c) Elaborar y/o ejecutar en coordinación con la Secretaría de Vivienda y Ordenamiento Ambiental, con instituciones oficiales de crédito y con los Gobiernos Provinciales, planes habitacionales de fomento que contemplen el modus vivendi de la comunidad y que permitan mejorar la situación individual y comunitaria de los indígenas.
l) Promover de acuerdo con los criterios científicos, técnicos y socioculturales pertinentes y los recursos necesarios la más plena participación de las comunidades y sus miembros en el quehacer social II) Propiciar la realización de procedimientos electivos según la tradición y pautas culturales de cada comunidad, para la designación de representantes de la misma y la integración del Consejo de Coordinación.
n) Proponer su propia estructura administrativa que deberá satisfacer las previsiones del art. 1o de la presente reglamentación. Asimismo deberá resolver la modalidad de incorporación o coordinación de los planes, programas y recursos en proyectos y/o ejecución en el tema indígena.
o) Promover o realizar cualquier otra actividad que, aunque no haya sido expresamente mencionada en el presente decreto, surja de las leyes 14.932 y 23.302 o que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos que se han confiado. Las reparticiones nacionales deberán prestar la colaboración necesaria para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pueda cumplir con las funciones asignadas.
El presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será asistido por un (1) vicepresidente. Ambos durarán tres (3) años en sus mandatos, salvo los primeros, cuyos mandatos serán por dos (2) años. Serán designados por el Poder Ejecutivo y tendrán jerarquía de secretario y subsecretario.
El presidente será el titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y como tal tendrá autoridad para dirigir sus trabajos y será responsable de sus actividades. En particular:
a) Será responsable del cumplimiento de los objetivos que se han confiado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
b) Propondrá al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud y Acción Social, dentro de los ciento veinte (120) días de la fecha de designación del primer presidente, la estructura administrativa necesaria para que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas pueda cumplir con sus objetivos.
c) Nombrará al personal del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y aplicará el régimen disciplinario correspondiente.
e) Preparará cada año, noventa (90) días antes que finalice el ejercicio presupuestario, un programa de actividades y presupuesto para el año siguiente que deberá ser puesto a consideración del Consejo de Coordinación y sometido para su aprobación al Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Salud y Acción Social.
f) Junto al programa de actividades y presupuesto dará a conocer todos los años un análisis sobre la situación de las comunidades indígenas del país y un informe sobre las actividades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que deberá incluir una evaluación de sus resultados y de la gestión económico-financiera.
g) Resolverá sobre la inscripción de las comunidades indígenas en el Registro referido en los arts. 3o, inc. f) y 16 del presente decreto.
h) Decidirá mediante resolución fundada la adjudicación de tierras cuya propiedad hubiese sido transferida por el Poder Ejecutivo nacional, las provincias, los municipios o personas de derecho privado, al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y suscribirá los instrumentos de transferencia del dominio. Gestionará ante las autoridades competentes la transferencia a quienes proponga, de la titularidad del dominio o el uso y explotación de aquellas tierras que fuesen de propiedad de la Administración nacional, provincial o municipal. Gestionará asimismo ante las autoridades competentes la declaración de utilidad pública, para su ulterior expropiación, de tierras que vayan a ser cedidas a comunidades indígenas.
i) Propondrá al Ministerio de Salud y Acción Social el lugar donde funcionará la sede central del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y establecerá la ubicación de las respectivas delegaciones conforme con el art. 1o.
j) Invitará a las provincias a adherir a la ley 23.302 y a enviar representantes a las reuniones del Consejo de Coordinación.
k) Convocará las reuniones del Consejo Asesor. Las resoluciones del presidente son recurribles en los términos de la ley de procedimientos administrativos y su reglamentación.
El vicepresidente secundará al presidente en sus funciones y lo reemplazará provisoriamente en caso de renuncia, ausencia, incapacidad o muerte hasta tanto se reintegre o en su caso sea designado un nuevo presidente. Durará tres (3) años en su mandato. Presidirá las reuniones del Consejo Asesor.
b) Proponer al presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas que hayan identificado, los medios y acciones para que ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas a mediano y largo plazo.
c) Estudiar planes de adjudicación y cuando corresponda expropiación de tierras con los alcances de la ley 23.302 y elaborar proyectos de explotación a través de las comisiones ad hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de elevarlos al presidente.
e) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión económico-financiera previamente a su elevación al Ministerio de Salud y Acción Social.
f) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el art. 3o, inc. 11) como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la ley 23.302 y la presente reglamentación.
g) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas acerca del cual informarán al presidente.
El resultado de los estudios y recomendaciones, y dictámenes del Consejo de Coordinación, orientarán al presidente en sus decisiones.
Los integrantes del Consejo de Coordinación serán considerados representantes de los titulares de los ministerios que integren y de los gobernadores de las provincias a que pertenezcan. Cumplirán sus funciones sin perjuicio de las que ejerzan en sus organismos de origen y sin retribución adicional. Deberán tener una categoría no inferior a 24 o equivalente.
Las comunidades indígenas estarán representadas en el Consejo de Coordinación por delegados designados por aquéllas una vez institucionalizados los mecanismos de elección previstos en el art. 3o, inc. 11, a razón de un (1) delegado por etnia y por región de las delimitadas en el art. 1o. El presidente del INAI podrá modificar este criterio de representación mediante resolución fundada y previo dictamen del Consejo de Coordinación, pero en todo caso deberá asegurarse la representación de todas las etnias existentes en el país y de las distintas realidades socioeconómicas regionales. Mientras el sistema electivo no esté definido, el Poder Ejecutivo nacional designará un (1) delegado por cada una de las etnias del país, a propuesta del presidente del INAI, a través del Ministerio de Salud y Acción Social.
Los representantes indígenas que integren el Consejo de Coordinación, deberán ser miembros de una comunidad de las etnias existentes en el país, que tengan domicilio permanente en ellas y participar de sus formas de vida y actividades habituales. Su reconocimiento formal como miembro del Consejo de Coordinación estará a cargo del Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
Los representantes de las comunidades indígenas al Consejo de Coordinación durarán tres (3) años en su mandato, salvo los inicialmente designados por el Poder Ejecutivo nacional, que durarán dos (2) años. Podrán ser reelegidos.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá asegurar la participación de los representantes de las comunidades indígenas en las reuniones del Consejo de Coordinación. A tal fin les hará saber de modo fehaciente y con suficiente antelación, la celebración de las reuniones del Consejo y el Orden del Día.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se hará cargo de los gastos de desplazamiento de los representantes de las comunidades indígenas. Además les asignará un viático que sea suficiente para pagar los gastos de alojamiento y subsistencia mientras dure la reunión del Consejo de Coordinación y el reembolso de los salarios caídos o los ingresos no percibidos.
El Consejo Asesor actuará como consultor del Presidente y podrá solicitar opiniones a Universidades y crear o patrocinar grupos temporarios de investigación y estudios sobre aquellos temas en que hubiese sido consultado.
El Registro Nacional de Comunidades Indígenas formará parte de la estructura del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y mantendrá actualizada la nómina de comunidades indígenas inscriptas y no inscriptas. Coordinará su acción con los existentes en las jurisdicciones provinciales y municipales. Podrá establecer registros locales en el interior o convenir con las provincias su funcionamiento. El registro será público.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas promoverá la inscripción de las comunidades indígenas en el registro indicado en el art. 16 y las asistirá para que realicen las tramitaciones y acrediten las circunstancias que esa inscripción requiera.
La inscripción en el registro Nacional de Comunidades Indígenas será decidida mediante resolución fundada del presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Junto a la inscripción, cuando sea posible, se agregará al Registro un censo en los que consten los datos personales de cada uno de los integrantes de la comunidad de que se trate. Sólo se cancelará la inscripción de una comunidad cuando ésta desaparezca como tal, ya sea por extinción o dispersión de sus miembros.
Las comunidades indígenas inscriptas en el Registro gozarán de los derechos reconocidos por las leyes 14.932, 23.302 y esta reglamentación y demás normas concordantes. La personería jurídica adquirida mediante la inscripción tendrá el alcance establecido en la última parte del inc. 2o del párrafo segundo del art. 33 del Código Civil. Hasta tanto se constituya y organice el Registro, las comunidades indígenas existentes podrán solicitar al presidente del INAI su inscripción provisoria, cumpliendo con los requisitos del caso, la que se otorgará condicionada a la inscripción definitiva posterior.
Serán inscriptas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas las comprendidas en las prescripciones del art. 2o, segundo párrafo de la ley 23.302. A tal efecto, podrán tenerse en cuenta las siguientes circunstancias:
Los títulos de dominio de tierras adjudicadas en virtud de la ley 23.302 y esta reglamentación, deberán indicar que se trata de tierras cuya titularidad es inembargable e inejecutable, no susceptible de ser vendida, arrendada o transferida, sin autorización del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que sólo podrá otorgarse cuando debiera constituirse garantía real por créditos a conceder por entidades oficiales de la Nación, las provincias o los municipios.
Toda adjudicación de tierras deberá hacerse con el consentimiento de la comunidad indígena involucrada. En caso de ser necesario el traslado de un asentamiento indígena como consecuencia de la adjudicación de tierras propuesta por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, éste deberá hacerse cargo de los gastos que demande el traslado.
Si el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas constatase que los adjudicatarios de tierras que hubiesen adquirido el dominio en virtud de la ley 23.302 no cumpliesen con las obligaciones impuestas por su art. 12, podrá demandar judicialmente su restitución. A los efectos del art. 12, inc. c) de la ley 23.302, la autoridad de aplicación deberá tener en cuenta los usos y costumbres de explotación de la tierra propios de cada comunidad y su realidad socioeconómica y cultural. Si no mediare manifestación expresa del interesado, sólo se considerará abandono de la tierra, con la consecuencia prevista por el art. 13 de la ley, cuando la persona y su familia se ausentaren ininterrumpidamente durante dos (2) años. La comunidad respectiva podrá solicitar la readjudicación de la tierra antes de transcurrido ese lapso, si acredita prima facie el perjuicio que se produciría en caso contrario. Resolverá el presidente del INAI previo dictamen del Consejo de Coordinación.
Antes de volver la tierra a propiedad de la Nación, provincia o municipio, en virtud de lo dispuesto en el art. 13 de la ley 23.302 o del art. 23 de esta reglamentación, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ejercerá su dominio por el término de dos (2) años durante los cuales podrá readjudicarlas a otras comunidades que carezcan de tierras o las que posean sean insuficientes para subvenir a sus necesidades, aplicando las siguientes prioridades:
1. A las de la misma etnia que habiten la misma provincia o región.
2. A las de distinta etnia que habiten la misma provincia o región.
3. A las de la misma etnia de otra región.
4. A las de cualquier etnia de otra región.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas contará con los siguientes recursos:
Firmantes: Alfonsín. -- Barrios Arrechea. -- Sábato. -- Tonelli. -- Nosiglia. -- Sourrouille. -- Roulet. -- Brodersohn.
CONVENIO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Nº 169
SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAISES INDEPENDIENTES
Arículo 20.
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESIÓN Y PROPIEDAD DE LAS TIERRAS DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS ORIGINARIAS DEL PAÍS.
BOLETIN OFICIAL, 29 de Noviembre de 2006
Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años.
Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.
Durante los 3 (TRES) primeros años, contados a partir de la vigencia de esta ley, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá realizar el relevamiento técnico -jurídico- catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
Créase un Fondo Especial para la asistencia de las comunidades indígenas, por un monto de $ 30.000.000 (PESOS TREINTA MILLONES), que se asignarán en 3 (TRES) ejercicios presupuestarios consecutivos de $ 10.000.000 (PESOS DIEZ MILLONES).
a) El relevamiento técnico -jurídico- catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.
El Fondo creado por el artículo 4º, será asignado al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
FIRMANTES: BALESTRINI-PAMPURO-Hidalgo-Estrada.
Constitucion Nacional 75/17
Asociación Indígena de la republica Argentina (Aira)

References: Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4