Source: http://cronica.diputados.gob.mx/Estenografia/LXII/2014/dic/20141209.html
Timestamp: 2018-02-25 05:49:24+00:00

Document:
Versión estenográfica de la sesión ordinaria del martes 9 de diciembre de 2014
De la Mesa Directiva, con turno de iniciativa del Ejecutivo y dictámenes de proposiciones en sentido negativo; de la Secretaría de Hacienda, con calendario de ingresos; de diversas autoridades, con respuestas a puntos de acuerdo; reincorporación de diputada; del Congreso de Guanajuato, con solicitud de creación de comisión especial; de la Cámara de Senadores, con minutas
Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fundamentación
Votación de los artículos 1 y 2, en términos del dictamen, y 1 Bis, 29 y 38, con las nuevas modificaciones aceptadas por la asamblea
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, fundamentación
Minuto de silencio por el fallecimiento del profesor Silvio Zavala Vallado
Que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Minuto de silencio por el fallecimiento del normalista Alexander Mora Venancio
Que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución, discusión en lo general
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la presidencia que existen registrados previamente 260 diputadas y diputados, por lo tanto hay quórum.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (11:29 horas): Se abre la sesión.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Consulte la secretaría a la asamblea si se dispensa la lectura del orden del día, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior. Pido a la secretaría que consulte a la asamblea si se dispensa su lectura, tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la presidencia se consulta a la asamblea en votación económica si se dispensa la lectura al acta de la sesión anterior tomando en consideración que ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se dispensa la lectura. Proceda la secretaría ahora a poner a discusión el acta.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Está a discusión el acta. No habiendo quien haga uso de la palabra en votación económica se pregunta si se aprueba. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Esta Presidencia informa que con fundamento en lo que establece el artículo 23, numeral 1, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el día 5 de diciembre del año en curso turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen la siguiente iniciativa:
Con proyecto de decreto que reforma el inciso a) de la base 2 del artículo 41 y adiciona los párrafos sexto y séptimo al Apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Mesa Directiva por el que comunica que se recibieron dictámenes de proposiciones con punto de acuerdo en sentido negativo que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con el artículo 180, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, publíquese en el Diario de los Debates y archívense los expedientes como asuntos totalmente concluidos.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite el calendario mensual del pronóstico de los ingresos de la federación que se espera obtener en el ejercicio fiscal 2015.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítase a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública para su conocimiento.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se recibieron de diversas autoridades seis contestaciones a puntos de acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados que se encuentran publicadas en la Gaceta Parlamentaria para su trámite.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Remítanse a las comisiones correspondientes, para su conocimiento.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibió oficio de la diputada Angélica Rocío Melchor Vásquez, por el que comunica la reincorporación a sus actividades legislativas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De enterado, comuníquese.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Oficio del Congreso del estado de Guanajuato, con el que remite el tercer resolutivo del acuerdo por el que solicita al Congreso de la Unión la creación de una comisión especial para dar seguimiento y vigilancia a la entrega de pantallas de alta resolución, y con ello inhibir el presunto uso electoral del programa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Junta de Coordinación Política, para su atención.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se recibieron oficios de la Cámara de Senadores, con los que remite las siguientes minutas:
Con proyecto de decreto que adiciona la fracción VI al artículo 2o de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Asuntos Indígenas, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Turismo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo, para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 14 de la Ley General de Turismo.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Túrnese a la Comisión de Turismo para dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes:
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para hablar y fundamentar el dictamen por la Comisión tiene la palabra el diputado Víctor Hugo Velasco Orozco.
El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado, estamos ya en discusión del dictamen, ¿con qué objeto?
El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Ciudadano presidente, como es de su conocimiento público, en los días 26 y 27 de septiembre del 2014, en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero, fueron masacrados seis personas y desaparecidas 43 de ellas, que hasta la fecha se desconoce su paradero. Este crimen de lesa humanidad fue perpetrado por policías que estaban bajo el mando del gobierno municipal coludido con la delincuencia organizada.
La protesta social de los padres y madres de familia de los jóvenes desaparecidos y de sus compañeros normalistas, así como de la sociedad en su conjunto, ha sido criminalizada y satanizada por el gobierno federal y estatal, que lejos de aplicar la justicia a los implicados materiales e intelectuales de este crimen se han dedicado a culpar a quienes protestamos, dando como resultado que somos responsables de la desestabilización y la ingobernabilidad que se vive en el estado de Guerrero y el país.
Como ejemplo, el hostigamiento en contra del Centro de Derechos Humanos Tlachinola, en la montaña del estado de Guerrero, por el CISEN. Éste, en lugar de investigar a los culpables de estos arteros crímenes, se ha abocado más a culpar, a investigar a los defensores de estos luchadores sociales.
Por ello, solicito enérgicamente sean investigados el Ejército y la PGR en el estado de Guerrero y todo aquel organismo involucrado en estos hechos. En el marco de la reforma que el Ejecutivo presentó...
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señor diputado Vicario, permítame.
Estamos discutiendo un dictamen, usted me pidió la palabra cuando ya habíamos iniciado la discusión del dictamen y usted está leyendo un texto. Yo le ruego que concluya porque estamos en la discusión. Le ruego que concluya su intervención y en su momento usted podrá solicitar la palabra y hacer las referencias correspondientes. Le agradezco mucho su comprensión, ya se expresó usted.
El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Yo también le agradezco, señor presidente. Creo que todos tenemos derecho de hablar y nadie tiene por qué coartar nuestro derecho, porque es un derecho que tenemos todos y todas como diputados.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Sí, diputado, absolutamente.
El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Le solicito que me permita terminar. Pero si usted no está de acuerdo, entonces concluyo, porque realmente sí lo respeto como presidente, por lo tanto usted tiene que respetarme a mí también como diputado.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Permítanme, diputados, permítanme.
A ver, diputado Vicario, estamos en la discusión de un dictamen. Le ruego, ya usted pudo expresar parte de lo que a usted le preocupa. En su momento, adecuado, en los términos reglamentarios, usted podrá nuevamente expresar sus consideraciones. Por ahora le pido...
El diputado Vicario Portillo Martínez (desde la curul): Sigo insistiendo, todavía no ha iniciado el dictamen, se anunció, pero ni siquiera ha iniciado. Pero si su dolor es de mencionar que se investigue el Ejército, la PGR, entonces ahí lo dejamos.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Ya se expresó usted, muchas gracias. Continúe el orador, por favor.
El diputado Víctor Hugo Velasco Orozco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, agradezco la posibilidad de poder presentar ante ustedes el día de hoy, algunos de los aspectos más relevantes del dictamen que la Comisión de Infraestructura hemos aprobado con el consenso de las y los compañeros legisladores que la integran y que en esta ocasión está a consideración de la honorable asamblea.
Es de mencionar que con el fin de unificar opiniones en torno a un solo acuerdo, este dictamen incluye una adenda elaborada entre las principales fracciones parlamentarias, con algunas modificaciones que aclaran la redacción.
Ante todo, se trata de un gran esfuerzo de colaboración entre el Poder Legislativo y el gobierno de la república, con el objetivo primordial de avanzar en la modernización de todos los procesos relacionados con la obra pública, para lograr mayor eficacia, eficiencia y transparencia.
Existe una clara asociación entre contar con la infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos, con el fomento de la competitividad y mayores posibilidades para que la economía genere bienestar a los diversos sectores sociales.
Muchos son los indicadores que podríamos citar para enmarcar las necesidades de cambios de nuestro país, tienen materia. Sin embargo, priman aquellos que indican nuestro grado de competitividad a nivel internacional y que son un factor referente, por ejemplo, el índice global de competitividad 2013-2014 del Foro Económico Mundial que ubica a México en la posición 55 de 148 países.
En este marco, quienes integramos la Comisión de Infraestructura, hemos analizado con interés y detalle la propuesta de reforma y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas, que envió el titular del Ejecutivo federal a esta soberanía.
Coincidimos en simplificar el marco jurídico, dotándolo de nuevos mecanismos para gestión y evaluación de los proyectos. La eficacia de las inversiones públicas se deben constituir como un factor que impulse el crecimiento económico del país, propiciando el incremento de las oportunidades económicas rentables para los sectores públicos y privados, desarrollando más y mejores proyectos productivos, con base en políticas públicas responsables y un ambiente institucional propicio, que incremente la generación de empleos, la eficiencia del ejercicio del recurso público y una mejor distribución de infraestructura en beneficio de los mexicanos.
Un aspecto también sustantivo, es dar congruencia al marco jurídico respecto a los ejes del Programa Nacional de Infraestructura, el cual, sin duda, representa un gran reto para la administración pública federal y que por su naturaleza requiere contar con la normativa adecuada que contribuya en el cumplimiento de sus objetivos.
Este dictamen coincide con tres grandes vertientes. La primera. Nuevos mecanismos para la evaluación y gestión de proyectos. Para lograr una mayor eficacia en estos procesos, se incorporan nuevas figuras al marco jurídico, entre ellas, la gerencia de proyectos, la cual fortalece la planeación, organización y control de un proyecto en todas sus fases, aplicando a todos los proyectos de magnitud o alcance relevante. Y siendo optativos para otro tipo de proyectos en los términos que determine la dependencia o la entidad ejecutoria.
Es así que la figura de proyectos de alcance relevante, denominados como megaproyectos, necesariamente deben cumplir con un seguimiento mucho más detallado pro la gran inversión de recursos que nos son asignados y que además representan una mayor complejidad en su diseño e implementación, siendo necesario asegurar su integridad, funcionalidad, eficacia y eficiencia.
Asimismo se incorpora el concepto de análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el cual permite a las dependencias y entidades comparar de manera más eficiente las proposiciones que se presentan con una visión más objetiva en cuanto a su rentabilidad y teniendo como resultado una eficiente ejecución de recursos públicos.
La segunda. Nuevas medidas para incrementar la eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación y ejecución de obra pública.
Como parte de las medidas de fortalecimiento a la transparencia y el fomento de una mayor competencia, es destacable la promoción del sistema compra net como la herramienta principal por la que se llevan a cabo los procedimientos de contratación, convirtiéndose en un mecanismo de información pública en la materia.
Por otro lado, con el objetivo de asegurar la legalidad de los procesos de contratación de las obras públicas, se establecen nuevos tipos administrativos para sancionar conductas recurrentes de licitantes, contratistas y servidores públicos tendientes a evadir el cumplimiento de la ley.
Tercero. Medidas para brindar mayor certeza jurídica a los participantes. Lo que el país requiere son mecanismos ágiles que permitan iniciar en tiempo y forma las obras públicas. Es por ello que con esta reforma se propone un máximo de dos juntas de aclaración en los procedimientos de licitación, evitando procesos prolongados e innecesarios que retrasan el gasto público y se generan subejercicios afectando no solo la ejecución de la obra sino también la generación de empleos y de beneficios de estas obras para los ciudadanos.
Asimismo y con la intención de dar mayor certeza jurídica, se definen los momentos precisos en los cuales inician y concluyen los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa.
Por otro lado, se crea la figura del finiquito unilateral a cargo de la dependencia o entidad teniendo como objetivo dar celeridad a este proceso y comenzar a operar la obra en la brevedad, salvaguardando el derecho del contratista a aceptarlo o no.
La industria mexicana en materia de construcción requiere de medidas que fortalezcan la participación de empresas mexicanas y de mano de obra nacional y es por ello que se establecen los procedimientos de contratación, optar por igualdad de condiciones por personas físicas y empresas mexicanas, dando preferencia por emplear recursos humanos propios de la región sin menoscabo de asegurar una libre y plena competencia respetando en el marco de la ley y de los tratados internacionales suscritos por México.
Asimismo con la plena certeza de la seguridad en materia de protección de los derechos laborales de trabajadores y la promoción de la economía formal, se establece que los entes públicos que hayan licitado obra pública notifiquen al Instituto Mexicano del Seguro Social cuando detecten irregularidades por parte de los contratistas respecto a sus obligaciones en materia de seguridad social.
Lo anterior permite fortalecer la formalidad dentro del sector de la construcción, lo cual redunda en dar mayor certeza jurídica y de seguridad social, lo que garantiza que prevalezcan los derechos laborales de sus trabajadores.
De este modo, amigas y amigos diputados, los invito a que reconozcamos que nuestro país requiere de la modernización del marco normativo en materia de obra pública donde la necesidad de los cambios planteados en el dictamen a discusión son abocados a que actuemos y demos un giro positivo en materia de contratación de obras públicas.
Hago un llamado respetuoso a que votemos a favor de dar mayor eficiencia, eficacia, transparencia y certeza jurídica a este marco legal con el que las obras públicas y los servicios relacionados con la misma, avanzarán con mayor equidad asegurando la correcta aplicación de los recursos públicos y simplificando los procesos de contratación de una ley encaminada a fortalecer la economía mexicana haciendo un país más competitivo.
No tengo duda que con el criterio y normas como las que estamos a punto de aprobar, la inversión pública en materia de obra pública y servicios relacionados con la misma, será la pieza angular que dinamiza la economía interna y contribuye al mejoramiento productivo y social de nuestro México.
Pongamos nuestro empeño en que en ello suceda. Les pido que aprobemos este dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, diputado. En virtud de que el señor diputado, a nombre de la comisión ha presentado una adenda que por cierto está publicada en la Gaceta, disponible en las pantallas y habiendo sido repartida copia de la misma a los miembros de la asamblea, consulte la Secretaría a la asamblea si se acepta para que pase a formar parte del dictamen.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación propuesta por la comisión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: En tal virtud es que continuamos con la discusión del dictamen. Tiene el uso de la voz doña Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza.
Esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a alumnos de la Escuela Preparatoria 229 del municipio de Texcoco, estado de México, invitados por el señor diputado Brasil Alberto Acosta Peña. Sean ustedes bienvenidos.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Gracias, presidente. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, antes de iniciar con el posicionamiento del dictamen, quiero expresar a nombre propio y de mi grupo parlamentario de Nueva Alianza, nuestras más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros de Alexander Mora Venancio, cuya identificación ha sido confirmada por las autoridades. Nos sumamos a las exigencias de justicia para que este atroz crimen no quede impune y que siga lo procedente con los otros 42 desaparecidos.
Consideramos que una forma de mantener vivo el recuerdo de Alexander es trabajar para reivindicar el normalismo del país, ya que su deseo era convertirse en maestro y poder ayudar a su comunidad. Ese noble anhelo debe ser una motivación para seguir trabajando por la educación.
Con respecto al dictamen, me gustaría señalar que la obra pública siempre ha contribuido de manera significativa en el sostén de la industria de la construcción.
El desarrollo económico y social del país implica la generación de obras de infraestructura para el transporte carretero, aéreo, marítimo y pluvial, cuya calidad es un indicador del nivel de progreso del país y de su viabilidad económica.
Las obras públicas que se impulsan con recursos fiscales, vienen de los contribuyentes, y es a ellos a quienes se debe devolver con instalaciones adecuadas y suficientes para para mejorar su calidad de vida.
Por estas razones es fundamental contar con un marco jurídico que permita planear, diseñar y ejecutar los proyectos con eficacia, certidumbre y buenos resultados.
El dictamen que se encuentra a discusión tiene el propósito de mejorar los procesos de contratación y administración de la obra pública federal con prácticas más claras, eficientes, transparentes y abiertas al escrutinio público.
Las modificaciones a la Ley de la Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas tienen el propósito de fortalecer y simplificar el marco jurídico que regula la obra pública con disposiciones que tratan de agilizar y transparentar procedimientos de licitación, contratación, ejecución y terminación de la obra.
Contiene nuevas figuras que brindarán mayores y mejores elementos para la toma de decisiones de los servidores públicos, cumpliendo así con el mandato que establece el artículo 134 constitucional.
Se incorpora el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios para clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada. Se agrega la figura de gerencia de proyectos que posibilitará contratar servicios integrales de planeación, organización y control de la obra en todas sus fases.
La propuesta ofrece mayor certeza jurídica tanto a empresas licitantes y ejecutoras como a las dependencias de gobierno contratantes desde la forma de licitación y contratación hasta el finiquito a completa satisfacción.
Se promueve el uso de Coplanet como la principal herramienta informática para llevar a cabo los procedimientos de licitación y se convierte en un mecanismo exclusivo de información pública en la materia.
Se establece la bitácora electrónica cuyo uso será obligatorio como medio de comunicación entre las partes y quedará como un testimonio indeleble que permitirá el seguimiento de las obras, tanto a las dependencias contratantes como a las autoridades de Contraloría y Fiscalización.
Compañeras y compañeros, la sociedad reclama mayor transparencia en los actos de gobierno, no sólo como una forma de cumplir con la ley, sino con la convicción de que mientras más transparentes son las decisiones gubernamentales, mayor será la legitimidad de las mismas.
Por tal motivo, en el grupo parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del dictamen en comento, ya que estas modificaciones a la ley permitirán que el proceso de las licitaciones sean públicas mediante medios en línea, cerrándole el paso a la discrecionalidad, dilaciones, e incluso, reduciendo los gastos de traslado y producción de impresos.
Hoy más que nunca debemos escuchar las voces que nos exigen cerrarle el paso a la corrupción en las obras del gobierno, es momento de que con base a la ley, las licitaciones públicas favorezcan a las mejores propuestas económicas y no a quienes pretenden lucrar con los recursos de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias, doña Sonia. Tiene el uso de la voz don Ricardo Mejía Berdeja.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Es responsabilidad ineludible del Congreso de la Unión contribuir para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento, contratación de servicios de la Administración Pública Federal, se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad.
Debido a que un modelo que no atienda estas características propicia el desperdicio, el fraude, la corrupción, debido a que no existen mecanismos que puedan amarrar las manos a la corrupción.
La iniciativa en estudio, y el dictamen que hoy se nos propone, propone establecer que todos los procedimientos de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas, que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, sean realizados en forma electrónica. Prevé el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones arrendamiento y servicios, Compranet, como el único medio para llevar a cabo todos los procedimientos de contratación pública antes referidos.
Estas reformas en esencia son positivas, pero si no van acompañadas de manifestaciones genuinas de voluntad por combatir la corrupción, el contratismo, los conflictos de interés, el tráfico de influencias, los moches, las licitaciones amañadas, no va a quedar sino como un catálogo de buenas intenciones.
Precisamente hoy ya se circuló en la Comisión de Puntos Constitucionales la propuesta para un sistema nacional anticorrupción, y seguramente será el tema del fin del periodo legislativo, pero hoy que es el Día Internacional de Combate a la Corrupción podemos señalar que si no se sanciona, que si no se castigan los casos de corrupción donde ha sido pillado el presidente de la República, su esposa, todo quedará como mera propaganda, como una cortina de humo para ir al fondo de los temas.
Hoy precisamente se instaló ya la Comisión Especial para ver el tema del tren México-Querétaro, y cuando uno hablaba de la Casa Blanca de Peña Nieto o de la corrupción presidencial decían; No hay que faltar al respeto. Como si hablar de la corrupción o mencionar a las cosas por su nombre fuera faltar al respeto.
Más se falta al respeto cuando se sigue generando desde el poder presidencial que un puñado de empresas se lleven la obra pública. De qué sirve un sistema como el Compranet, si todas las obras o las más importantes del sexenio se las llevan empresas que puede uno contar con los dedos de la mano y le sobran dedos.
El caso del Grupo Higa y todas sus empresas, el caso de OHL México, con más de 41 mil millones de pesos asignados en lo que va del sexenio; el gran negocio del aeropuerto de la Ciudad de México. Es decir, más que un sistema nacional anticorrupción se está construyendo una nueva cofradía de empresarios corruptos vinculados al gobierno federal, y por eso –concluyo presidente-, nosotros no vamos a avalar mejorales, no vamos a avalar estas reformas gatopardistas que hacen como que se cambian para que todo siga igual; mientras no se castigue la corrupción presidencial, mientras no se toque el tema de la Casa Blanca de Peña Nieto; mientras no se sancione este incalificable acto de corrupción que tiene a México hecho una vergüenza internacional. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista, tiene el uso de la voz.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, vengo a referirme al objeto del presente dictamen, que tiene que ver con las reformas y adiciones a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Sin duda alguna todos estaremos de acuerdo que la obra pública es un elemento importante para impulsar el crecimiento económico de cualquier país. Y aquí quiero destacar algunos elementos fundamentales que nos permiten estar seguros que con estas reformas vamos a avanzar en temas fundamentales para los mexicanos, como la transparencia, como una mejor rendición de cuentas y también como con el combate a la corrupción.
En esta iniciativa –ahora dictamen– enviada por el Ejecutivo federal vienen elementos que muchos colegios, cámaras, relacionadas con la obra pública habían demandado. Hablaba de la transparencia porque por fin se escuchan las quejas de muchos contratistas, por fin se establece que todas las licitaciones públicas se van a llevar a cabo a través del Compranet. Es decir, ya no va a haber posibilidades de darle la vuelta a esto y entonces todos aquellos licitantes tendrán que entrar a este esquema de compras muy avanzado, que obliga a las licitaciones vía electrónica.
Por eso hablamos de avances en estas reformas, por eso hablamos de que finalmente con el Compranet ya como elemento fundamental para la licitación, abonamos en la transparencia y, por consiguiente, abonamos en una mejor rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Pero también hay otros elementos que podemos destacar y debemos destacar, porque no es cualquier cosa. No es cierto que con estas reformas sea más de lo mismo, no es cierto que con estas reformas las cosas van a seguir igual, porque además, como lo decía, de abonar en el ámbito de la transparencia, también abona el defender y apoyar los intereses de las personas físicas y las empresas mexicanas.
Si ustedes observan en su dictamen, en el artículo 29, viene una inclusión de un párrafo que habla que en igualdad de condiciones se va a preferir a las personas físicas y a las empresas mexicanas. Esto es fundamental, sí, aunque también debo decir que en su momento presentamos unas reservas para incluir otro elemento más que fortalezca a las empresas mexicanas y, sobre todo, que fortalezca a las empresas de esas entidades federativas donde se lleven a cabo las obras.
También, aparte podemos decir, que se incluyen algunas figuras para sancionar conductas ilegales o equivocadas de licitantes o de las propias autoridades. En resumidas cuentas, nosotros creemos que con los elementos que aquí ya se han señalado por quien presentó el dictamen, el presidente de la Comisión de Infraestructura y algunos otros compañeros que me han antecedido en el uso de la voz, estos elementos como gerencia de proyectos, como obras de alcance considerable. En fin, son elementos que sin duda alguna van a abonar a lo que muchos mexicanos demandan, pero además van a abonar en favor de la transparencia, en favor del combate a la corrupción y en favor de una mejor rendición de cuentas.
Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido Verde manifiesta su apoyo a este dictamen. Estamos convencidos que con estas reformas vamos en el camino correcto a construir mejores condiciones, valga la expresión, para todos aquellos que se dedican a la obra pública y que habían, en su momento, presentado una serie de peticiones, de observaciones, de quejas que hoy, en este dictamen vienen incorporadas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias, doña Rosa Elia Romero Guzmán. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la Escuela Técnica 175, Melchor Ocampo, invitados por don Francisco Javier Fernández Clamont. Sean ustedes bienvenidos. Adelante.
La diputada Rosa Elia Romero Guzmán: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la Comisión de Infraestructura ha puesto a consideración de esta honorable asamblea el proyecto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Sin duda, la inversión pública en obras e infraestructura es una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para incidir en la vida económica y social del pueblo.
Como es de todos conocida, una función del Estado es proveer al pueblo de bienes y servicios para mejorar su bienestar y que por su importancia, alcance, naturaleza e inversión no pueden ni deben ser brindados por otros agentes sociales y económicos.
Entre estos servicios se encuentra la educación, la salud, la seguridad y la infraestructura. Sin embargo, vemos que con la embestida neoliberal los estados empiezan a delegar su responsabilidad en estos servicios a particulares y a los mecanismos del mercado. Pero a pesar de ello, la infraestructura y la obra pública por su monto de inversión, por el alcance y derrama económica, así como por su importancia social sigue siendo una función de los Estados del mundo.
La inversión en infraestructura y en obra pública tiene la cualidad de brindar bienestar social y económico a la población, no solamente beneficiada de forma directa sino a la población circundante, es decir, las externalidades positivas de la inversión pública son siempre de amplio alcance.
Asimismo la inversión en infraestructura y obra pública tiene una cualidad particular que la hace distinta a los diferentes bienes y servicios que el Estado brinda, puede servir como una herramienta de arrastre económico en el corto plazo. Recordemos que la obra pública, dependiendo la magnitud de los proyectos, puede arrastrar a toda una economía estancada ya que demanda mano de obra, insumos técnicos, materia prima, actividades de gestión, entre otros insumos necesarios para poder llevarle a cabo.
Por ello en momento de crisis económica, la inversión en obra pública ha servido como instrumento contra cíclico. Hoy nuestro país requiere voltear a ver la obra pública de nuevo, el panorama económico que se vislumbra para el próximo año no es nada alentador, la caída del precio del petróleo, la depreciación del peso, el aumento de las tasas de interés y la baja en la demanda mundial de nuestros productos nos ha mostrado que el mercado externo, aquél que se ha mostrado como palanca de desarrollo se está agotando.
Por ello es necesario cambiar el rumbo del país, es necesario voltear al mercado interno. Este año el Fondo Monetario Internacional ha recomendado a los países del mundo voltear a sus mercados internos, fortalecerlos e impulsar la inversión en infraestructura, pues consideran que el mercado mundial seguirá estancando por algunos años más.
Compañeras y compañeros, hoy es necesario incentivar la obra pública y la infraestructura. Por ello en el Partido del Trabajo votaremos a favor del dictamen, pero no es un voto en blanco, sino que está condicionado a que las reformas propuestas realmente transiten por transparentar los mecanismos de asignación de obra pública, se clarifiquen los términos de licitación, se combata la corrupción y nunca más se presenten conflictos de interés. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Marcos Rosendo Medina Filigrana, tiene el uso de la voz, del PRD.
El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Diputado Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Comenzaré diciendo que si bien esta es una iniciativa que envió el Ejecutivo Federal, debe destacarse que a su interior hubo una amplia consulta con cámaras y colegios, lo que permitió construir un consenso al interior de la Comisión de Infraestructura.
Por eso, antes de continuar y, a título personal, quisiera hacer un reconocimiento por su apertura y tolerancia para escuchar a las cámaras y colegios al expresidente de la Comisión de Infraestructura, diputado Alberto Curi –diputado con licencia– y al actual presidente de la Comisión, al compañero Víctor Hugo Velasco Orozco.
Esta iniciativa que hoy se presenta tiene aspectos positivos que debemos resaltar. En primer lugar, a diferencia de la ley vigente, agrupa a las excepciones y el catálogo de conceptos de definiciones generales en un artículo para cada uno respectivamente y no estar disperso como se encontraba en la ley que hoy es derecho positivo todavía.
Otra situación positiva que debemos resaltar es el hecho de incorporar el concepto de proyectos de magnitud o alcance relevante y, sobre todo, de definir que entendemos por este tipo de proyectos a los que tienen un grado importante de complejidad técnica, a los que tienen una situación transversal en diversas dependencias del gobierno y sobre todo a aquellos que exceden los cinco mil millones de pesos.
Quisiera decir también que en el marco de la incorporación de este nuevo concepto de proyectos relevantes, se incorpora también la figura de la gerencia de proyectos, que lo que trata es de darle una visión integral a este tipo de proyectos relevantes, y sobre todo de darle continuidad y eficacia.
Pero también es resaltable el hecho de que esta gerencia de proyectos no estará circunscrita únicamente a los proyectos relevantes, sino que optativamente puede ser incorporada para otro tipo de proyectos.
Compañeras y compañeros legisladores, en el grupo parlamentario del PRD votaremos a favor de este dictamen, pero no queremos que se considere como un cheque en blanco. Votamos este dictamen en una coyuntura donde la opinión pública nacional se alarma ante la forma poco transparente en la cual se licitó, se adjudicó y luego se canceló la licitación del tren México-Querétaro.
Aprobamos este dictamen en una coyuntura en la cual la opinión pública nacional se inquieta ante la presunción de un conflicto de intereses entre empresas beneficiarias con el tren México-Querétaro y otras obras de envergadura, y familiares cercanos al titular del Ejecutivo federal.
Por eso en el PRD consideramos que será fundamental el atender, escuchar, tomar nota de las resoluciones, de las conclusiones a las cuales llegue la Comisión Especial del Tren México-Querétaro, para en un futuro inmediato perfeccionar esa ley con los aportes de la investigación que dicha comisión realice.
Entretanto votaremos este dictamen, pero seguiremos pugnando por la transparencia, por la claridad en las licitaciones, no solamente del gobierno federal, sino del Estado mexicano en su conjunto. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Don Genaro Carreño Muro, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Genaro Carreño Muro: Con la venia del presidente. Compañeras y compañeros diputados: hoy estamos en pro del trabajo, la inversión de todo lo que son acciones de obra pública en nuestro país, por supuesto.
La propuesta del Ejecutivo que hoy se ha subido para su aprobación a la iniciativa de reformas de la Ley de Obras Públicas, relacionada con las mismas contiene cambios importantes y nuevos mecanismos para la evaluación de los proyectos de obra pública, así como la evaluación del desarrollo mencionado con proyectos, y siempre hablar de proyectos en nuestro país es hablar de inversión, pero sobre todo hablar de infraestructura para los municipios y los estados.
Además, prevé reglas y procedimientos de contratación, ejecución de contratos y sustanciación de los procedimientos de inconformidad, conciliación y sanción.
La modificación se centra en tres rubros que son la gestión y evaluación de proyectos de obra pública, la contratación y ejecución de obras públicas y medidas relacionadas con la certeza jurídica.
De entre las modificaciones planteadas destacan las siguientes: propone excluir de la aplicación de la ley sus criterios a un número de entidades que anteriormente no lo estaban, tales como los organismos autónomos y las empresas productivas del Estado. Los megaproyectos contarán con un instrumento de gestión especializada acorde con su complejidad y magnitud de inversión.
Se incorpora la figura de gerencia de proyectos que busca fortalecer la planeación, la organización, ejecución de obra pública y por supuesto también el cierre. Promueve el uso del sistema en línea Compranet como la principal guía para llevar a cabo los procedimientos de contratación.
En materia de investigaciones de mercado se plantea que la Secretaría de la Función emita los lineamientos correspondientes, la ley vigente no define la metodología a seguir; precisa los requisitos a seguir por parte de servidores públicos para la emisión del fallo que adjudique una obra; provee certidumbre para las finanzas de las contratistas, pues establece plazos específicos para el pago de obras.
Si bien es deseable la inclusión de nuevos conceptos tales como el proyecto de magnitud o alcance relevante, o bien el gerenciamiento de proyectos, también presenta una serie de modificaciones que requieren un análisis muy importante en la propuesta a una explicación clara de su inserción.
Consideramos también imperante que esta ley, así como sus criterios y procedimientos, sean de aplicación general. Consideramos dentro de la aprobación al adéndum que tuvimos a discutir con el grupo parlamentario que se presentaron, que también debe de estar incluido todos los actores y los sectores de la infraestructura pública del país.
Por ello, en el artículo 1, el inciso 3, se sugería agregar una parte importante en la cual se aplicaran criterios y procedimientos previstos en esta ley, no sólo en los procedimientos de ordenamientos que los rigen, y por supuesto también para la contratación de las obras citadas se deberán aplicar criterios y procedimientos previstos en la ley, sólo el no previsto en los contratos de ordenamientos que rigen los citados financiamientos, siempre que no se contrapongan con los mismos.
También, en la legislación nacional, no serán suficientes los elementos que justifiquen esta excepción; esta excepción se debe eliminar, que es lo que consideramos, para que haya un ordenamiento.
Cerraría diciendo que en el grupo parlamentario estaremos a favor del dictamen con el adéndum generado, sin embargo seguimos pensando que a nivel nacional debe de incluirse el fortalecimiento de las empresas locales y regionales, pues las microempresas, las pequeñas empresas en muchos de los casos son las que sufren precisamente la posibilidad de bajar los recursos, fortalecer la economía local y por ende también el crecimiento que tanto requiere el país. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Fernando Maldonado Hernández, tiene el uso de la voz.
El diputado Fernando Alfredo Maldonado Hernández: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el presente dictamen representa un esfuerzo para impulsar la transparencia, eficiencia y eficacia respecto del ejercicio de los recursos públicos.
Es importante que nosotros como legisladores nos sumemos al esfuerzo del Ejecutivo federal por brindar un mayor marco jurídico que garantice una adecuada regulación para la ejecución de las obras públicas.
No obstante que la legislación en esta materia ha sido objeto de anteriores reformas, con el propósito de adecuar el marco normativo a las exigencias del país, resulta evidente que existen rubros pendientes para garantizar el cumplimiento de su objeto.
En este dictamen se abordan tales pendientes, por lo que consideramos trascendental su aprobación, pues ello permitirá que los procedimientos para la contratación de obras públicas sean más ágiles y expeditos.
El dictamen promueve el uso de Compranet, a fin de que se convierta en la principal herramienta para realizar contrataciones públicas al establecer su uso obligatorio en las licitaciones públicas.
Otras de las medidas a resaltar es la reducción de las juntas de aclaraciones en los procedimientos de evaluación y adjudicación de un contrato de obra pública a un máximo de juntas, lo que evitará que los procedimientos de contratación se prolonguen innecesariamente.
En el dictamen se propone establecer por primera vez las reglas para el procedimiento de adjudicación directa, cuya omisión da lugar a incertidumbre y a conflictos que obstaculizan la transparencia y reducen la eficacia de este procedimiento.
Se precisan los requisitos que los entes públicos deberán observar para la emisión del fallo a través del cual se adjudica una obra, como son fecha, hora y lugar, así como los resultados del análisis comparativos del costo, del ciclo de vida; y se establece la obligación de difundir dicho fallo a través de Compranet, lo que otorgará certidumbre tanto a los entes públicos como a los licitantes.
En los supuestos de terminación anticipada o de recisión de contratos se propone permitir a los entes púbicos tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados y los inmuebles relacionados con el proyecto desde el inicio del procedimiento de recisión y hasta que la autoridad competente resuelva las mismas medidas, permitirá la continuación de los trabajos de la obra pública evitando incremento en los costos relacionados con ésta, así como prórrogas o sobre plazos.
También se faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Función Pública y de Economía para que emitan criterios de interpretación con carácter vinculatorio, lo que hará homogénea la aplicación de la ley en relación con las facultades de interpretación de dichas dependencias.
Otras de las propuestas que promueven una mayor transparencia es la incorporación en la ley de la figura de la bitácora electrónica, pues a través de dicho instrumento se podrá dar seguimiento a las actividades relacionadas por la ejecución de un proyecto.
Las reformas propuestas en este dictamen buscan apoyar las actividades de las empresas mexicanas al establecer que los procedimientos de contratación, los entes públicos deberán optar en igualdad de condiciones por personas y empresas mexicanas.
Compañeras y compañeros legisladores, para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto resulta de enorme importancia el gasto en infraestructura, pues la inversión que ahí se genere no sólo fomentará la actividad económica sino que contribuirá a mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos gracias a la generación de empleos y a la dotación de servicios públicos dignos.
Más aún, la obra no sólo debe de cumplir los fines para los cuales fue contratada, sino también debe obedecer a criterios de transparencia y rendición de cuentas, objetivos a los que contribuye este dictamen, por lo que invitamos a todas las fuerzas políticas a votar positivamente el presente dictamen puesto a su consideración. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, en contra.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El pasado 4 de noviembre, frente a integrantes de su gabinete legal ampliado y a muchos legisladores de su partido, el todavía presidente presentó su iniciativa y habló maravillas, al igual que en la presentación pública que hizo, el discurso demagógico sobre la competitividad y la transparencia en la obra pública tuvo una existencia efímera. Dos días después de la presentación de la iniciativa, es decir el 6 de noviembre, se dio cuenta de ella este pleno.
Ese mismo día inexplicablemente todavía, el gobierno mexicano revocó de manera sorpresiva el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Right Way Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al todavía presidente, destacando la constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, a la cual se le asignaron obras millonarias por el gobierno del estado de México, a cargo del que todavía es presidente de México.
El resto de la historia, incluyendo el cuento de la Casa Blanca obtenida a base de sudor y lágrimas, es ampliamente conocida por todo el pueblo de México.
Es importante decir que en el 1 Bis, obviamente, aunque hablan de que van a incrementar eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación ejecución de obra, nosotros lo que vemos es mentira y encubrimiento de la discrecionalidad y corrupción a través de la función legislativa utilizada en forma amafiada.
Miren ustedes, dentro de las diversas reformas a la Ley de Obras Públicas destacan en este artículo 1 Bis el ámbito de aplicación de esta ley y a pesar del Compranet que tanto aquí publicitan, no se va a aplicar a las obras que se realicen para las obras y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, esto es Pemex y la CFE.
Tampoco se va a aplicar a obras que requieran la prestación de nuevos servicios concesionados, entre los que se pueden mencionar el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión, mucho menos se va a aplicar a obras y servicios relacionados con las mismas, financiadas con fondos provenientes de créditos externos, otorgados al gobierno federal o con sus garantías por organismos financieros regionales o multilaterales.
Tampoco se va a aplicar a obras que deban ser ejecutadas o prestadas en el territorio nacional, cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero.
Ahí está la trampa en el 1 Bis y basta nada más revisar el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del todavía presidente, donde se puede ponderar la magnitud y alcance de la ley que hoy se aprueba en este mismo artículo 1 Bis. De la misma se determina su no aplicación en los sectores de comunicaciones y transportes, salud, desarrollo urbano, vivienda, turismo, sector hidráulico, como ya ha apuntado también a las inversiones a Pemex y a la CFE.
Transparencia y competitividad que se abordan con la práctica discrecional de la asignación de obra, ¿a quién? A los amigos, a los socios encubiertos. Es el pago de la compra de la elección presidencial de 2012.
Ninguna ley –culmino, presidente– bastará para garantizar la transparencia y competitividad, en tanto quien la impulse y la aprueba forma parte del juego, de la corrupción y del encubrimiento, en el cual el motor principal es Enrique Peña Nieto.
Por eso no se puede votar esta ley a favor. Los diputados que estén a favor de eliminar la corrupción –culmino, presidente– la tienen que votar en contra. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Carlos Sánchez Romero, para hablar a favor.
En tanto, esta Presidencia saluda a don Ricardo Aco Farfán, presidente municipal de Tetela, Puebla, la tierra de los Tres Juanes, según me dice, y a don Gerardo Reyes Bonilla, presidente de Tonalapa. Sean ustedes bienvenidos, y éxito en sus gestiones.
El diputado Carlos Sánchez Romero: Con la venia de la Presidencia. A título propio y de mi grupo parlamentario, me permito extender mi reconocimiento a las comisiones que participaron del presente dictamen, pues el mismo abona elevar la eficiencia en el ejercicio del gasto público, a través del establecimiento de reglas claras en cuanto al tema de procedimientos de contratación para el desarrollo de obras, de infraestructura y priorización de proyectos de obras públicas, con base en su rentabilidad social.
Lo anterior, por supuesto, es muy valioso si consideramos que resulta impensable que puedan obtenerse las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes si para la toma de decisiones respectivas no se conocen las características y la estructura del mercado de una obra pública.
Es por esto, que consideramos una contribución importante del presente dictamen, que en el mismo se precisa que será la Secretaría de la Función Pública la que emitirá los lineamientos para establecer la metodología que deben utilizar las dependencias y entidades para realizar la investigación de mercado.
Otra de las virtudes a resaltar del dictamen, es que establece diversos supuestos jurídicos relacionados con los procedimientos de contratación que la ley vigente no considera, cuya omisión genera actualmente incertidumbre y da lugar a conflictos.
A manera de ejemplo, por primera vez se establecen reglas mínimas para el procedimiento de adjudicación directa. Se precisan los requisitos que los servidores públicos deben observar para la omisión del fallo de adjudicación, las causales para desechar una proposición, y se pormenorizan las hipótesis para declarar desierta una licitación. Además de establecer reglas que reduzcan arbitrariedades de los servidores públicos, también se establecen medidas que evitan se prolonguen las situaciones de conflicto, como son las siguientes.
Prevé la existencia de un procedimiento excepcional de recisión abreviado en supuestos urgentes, precisa el mecanismo a seguirse en caso de que el contratista no acepte el finiquito que le propone la dependencia o entidad, hace más claros y ágiles los procedimientos que dirimen las controversias que se susciten con motivo de los contratos de obra pública, e incorporar medidas de apremio para servidores públicos y particulares que incumplan los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.
El dictamen otorga mayor certeza a los particulares respecto de la normatividad jurídica aplicable, pues propone que los criterios de interpretación que tengan efectos generales para las dependencias y entidades deberán ser publicados en compra net.
En materia de seguridad social, en la iniciativa se establece la obligación del contratista, y en su caso, del subcontratista, de entregar a la dependencia o entidad, constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la cual se acredite el cumplimiento del pago de cuotas y aportaciones de seguridad social de los trabajadores.
En caso de que de dicha constancia se desprenda algún incumplimiento de las obligaciones laborales por parte de los contratistas, las dependencias o entidades que hayan licitado obra pública tendrán la obligación de dar aviso al Instituto para que éste ejerza sus obligaciones fiscales.
Lo anterior se encuentra acorde con las obligaciones establecidas a cargo de los patrones para registrar e inscribir a sus trabajadores en el IMSS. Comunicar sus altas y bajas. Llevar registros con el número de días trabajados y los salarios percibidos. Proporcionar los elementos necesarios para precisar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones a su cargo. Expedir y entregar a cada trabajador constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido semanal o quincenalmente conforme a los periodos de pago establecidos, entre otros...
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, tengo la obligación de pedirle que culmine.
El diputado Carlos Sánchez Romero: ...por lo que puede concluirse el dictamen presente. Compañeros y compañeras legisladores, las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI acompañaremos con nuestro voto favorable el presente dictamen, toda vez que el mismo es reflejo de la política que en materia de infraestructura ha delineado nuestro presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, la cual fomentará la actividad económica, la prosperidad del país, el desarrollo regional y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población mediante la...
El diputado Carlos Sánchez Romero: ... y la dotación de servicios públicos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Don Alfonso Durazo, tiene usted el uso de la voz.
El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros, los niveles de corrupción que hoy registra el país lesionan ya los intereses del Estado mismo. Por ello, la lucha contra la corrupción es la piedra angular de cualquier cambio en el país.
No hay reclamo social ni presente ni pasado cuyo origen no esté asociado a un acto de corrupción gubernamental, y la respuesta ha sido invariablemente, como hoy cuando la hay, medidas normativas y administrativas en abstracto que expresan que ahora sí la corrupción será contenida y combatida.
Nunca sin embargo, se han tomado acciones concretas con las que simple y sencillamente se aplique la ley a los personajes que simbolizan la gran corrupción que devora al país, para todos ellos la impunidad ha sido la regla. Son del conocimiento público los casos de ex presidentes de la República, de gobernadores en ejercicio o fuera de él y una amplia gama de otros altos funcionarios y ex funcionarios, líderes sindicales, que se han enriquecido al amparo del poder y la corrupción, todo mundo lo ve, todo mundo lo sabe excepto la justicia.
Recientemente se hizo público el caso de la llamada Casa blanca de la familia presidencial, cómo puede creerse en el compromiso presidencial de lucha contra la corrupción cuando el presidente carece de lo imprescindible, voluntad política para actuar contra la corrupción.
Por qué nunca se hace referencia a la fuerza del Estado para llevar a la cárcel a los grandes corruptos de este país y para recuperar sus bienes mal habidos. Hay salidas a la corrupción, hay salidas a la crisis que vive el país, pero van más allá de los cambios rutinarios y cosméticos como los que hoy analizamos. La justicia a secas es la mejor política contra la corrupción.
Lo que el país necesita es que el presidente empiece por depurar el aparato público de los corruptos que ocupan los espacios de poder y lo más importante, es imprescindible que el presidente mejore los estándares de honestidad personal, pues sin ellos será imposible mejorar los estándares de honestidad del gobierno.
Quiero decirles que no hay nada de alevosía en este comentario, es simple y sencillamente un planteamiento elemental que eludimos por temor, pero que es imprescindible poner sobre la mesa.
La lucha del presidente contra la corrupción no debe ser solo jurídica, debe ser también un asunto de ética personal, pues tendría un efecto motivacional y funcional insuperable en el desempeño del gobierno. Logrado esto, entonces sí los mexicanos recibiremos claro el mensaje del presidente de la República de que aquí no hay impunidad para nadie. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Mauricio Sahui, tiene el uso de la voz, pero entre tanto esta Presidencia le da la más cordial bienvenida a un grupo de invitados del municipio de Chapala, invitados por la diputada Angélica Magaña Zepeda, del bello estado de Jalisco. Sean ustedes bienvenidos.
El diputado Mauricio Sahui Rivero: Con su permiso, señor presidente. El dictamen que nos ocupa prevé nuevos mecanismos para la gestión de la obra pública tales como el análisis comparativo del costo del ciclo de vida, el proyecto de magnitud o alcance relevante y la gerencia de proyecto. Conceptos tales que abonarán a la mayor eficiencia y transparencia en el uso de recursos públicos.
El análisis comparativo del costo de ciclo de vida consiste en un examen técnico, económico y financiero complementario al análisis, costo-beneficio a cargo de las dependencias y entidades ejecutoras de obra, el cual tiene como finalidad llevar a cabo una evaluación entre distintas proposiciones recibidas de los desarrolladores con la finalidad de seleccionar aquella que represente el menor costo a valor presente durante el tiempo de ejecución y operación de la obra, apreciando la vida útil y el mantenimiento de la misma.
El análisis en comento es un instrumento aplicable única y exclusivamente a los proyectos de magnitud y alcance relevante cuando así lo decida la dependencia o entidad ejecutora, lo que le convierte en una herramienta útil.
También se incorpora la figura de proyecto de magnitud o alcance relevante, pues a diferencia de lo que sucede en otros países, en México no tenemos un concepto para clasificar megaproyectos y esta figura viene a suplir esta deficiencia.
Esta clase de proyectos generalmente representan obras tecnológicamente avanzadas con diseños y sistemas complejos que en la mayoría de los casos implican un presupuesto significativo, lo que genera un componente de riesgo que muchas veces es difícil de gestionar.
Es por tales motivos que se coincide con el dictamen en el sentido de incorporar a la ley el concepto de proyecto de magnitud o alcance relevante, estableciendo criterios objetivos que permitan a las dependencias clasificarlos y sujetarlos a una gestión y evaluación especializada ya sea por su complejidad técnica, su impacto en los distintos órdenes de gobierno y grupos de la sociedad o por representar un monto total de inversión superior a los cinco mil millones de pesos.
Adicionalmente se reconoce el concepto de gerencia de proyectos como el conjunto de servicios para una planeación, organización y control de los proyectos en todas sus fases y asegurar que estos satisfagan los objetivos y requerimientos de los contratantes.
Compañeras y compañeros legisladores, para el gobierno del Presidente Peña Nieto, la obra en infraestructura reviste una singular importancia y muestra de ello es el hecho de que el gasto que se pretende ejercer en este rubro durante los próximos cuatro años, es cercano a los 8 billones de pesos, cantidad que supera por mucho a la programada durante la administración pasada.
Derivado de lo anterior, los integrantes del grupo parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen, pues consideramos que el mismo es acorde a las políticas públicas señaladas por el Ejecutivo federal. Muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Don Ricardo Mejía Berdeja, tiene el uso de la voz.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Como lo hemos señalado, hoy es el Día Internacional contra la Corrupción.
Sin lugar a dudas un tema donde se dan los mayores volúmenes de corrupción, desvío de recursos, irregularidades, es, sin duda, en el tema de la obra pública.
Nosotros creemos que obras de infraestructura y obras carreteras, obras viales, hidráulicas y todo el conjunto y universo de la obra, tiene que atender propósitos de desarrollo, de crecimiento económico y ser también un satisfactor para las regiones, municipios y comunidades.
Pero también atrás de estos buenos propósitos está el tema de la corrupción. Escuchaba que se pondera aquí mucho la obra que se pretende realizar en este sexenio, pero si no se aclaran los casos que son del dominio público, sigue la sospecha generalizada de que más que un propósito de desarrollo, hay un propósito de corrupción.
Nosotros no hemos visto –por ejemplo- ningún resultado en la Comisión de Infraestructura, en una subcomisión que se creó para ver el caso del nuevo aeropuerto de la ciudad de México.
Nosotros planteamos que hubiera una comisión especial de investigación y se mandó todo a la Comisión de Infraestructura.
Y éste puede ser el gran negocio sexenal de corrupción. Estamos hablando de 12 mil 900 millones de dólares, que implicaría –según el gobierno federal- esta obra. Pero siguen acumulándose casos de contratismo y de tráfico de influencias.
Nosotros insistimos en los casos multicitados del Grupo Higa, pero también –hay que señalarlo– el caso de Oceanografía que se dijo que se iba a sancionar a los funcionarios corruptos y ha sido pura tapadera hasta ahora. El director del SAE, Orozco, se ha negado a reunirse con la comisión de investigación de Petróleos Mexicanos para aclarar el caso de Oceanografía, y como cada día llega un nuevo escándalo lo cubren y sigue la impunidad.
Hemos solicitado al auditor Superior de la Federación que se hagan auditorías y revisiones excepcionales a toda la obra pública relacionada con el gobierno federal o con estados que involucre recursos federales, que lo haga la auditoría a todas las empresas del Grupo Higa: a Constructora Teya, a Concretos y Obra Civil del Pacífico, a Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, a Publicidad y Artículos Creativos, SA de CV e Inmobiliaria Bicentenario, SA de CV.
Si no vemos respuesta a este tipo de solicitudes es claro que la obra pública para Peña Nieto y su camarilla seguirá siendo pasaporte a la corrupción y a sus negocios personales. Es cuanto.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias. Don Fernando Zárate tiene el uso de la voz finalmente.
El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venía, Presidente. Compañeras y compañeros: para argumentar en pro del dictamen y en pro de la modificación a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Sin embargo, votar en pro no significa entregar un cheque en blanco. Apoyar las propuestas de modificación legislativa no significa que el Ejecutivo y a quien le corresponde aplicar la ley puedan hacer lo que les plazca la gana.
Este Congreso y especialmente la fracción del PRD vigilarán escrupulosamente el cumplimiento no sólo de la normatividad, sino los principios a los que atiende. Quisiera darles unas cifras para que sepamos de lo que estamos tratando con respecto al mercado y sobre todo con respecto a la economía nacional. En nuestro país durante 2012 existió un cruce de 5.1 millones de vehículos de carga, 62.7 millones de automóviles a través de 54 puertos fronterizos.
Existen 9 puertas de entrada al sur del país; 54 –y aquí insisto 54– con respecto al norte del país. Existen 76 aeropuertos, 12 nacionales y 64 internacionales; 117 puertos marítimos, 27 mil kilómetros de vías férreas; 133 mil carreteras pavimentadas, todo esto de recursos provenientes de este Congreso de la Unión, específicamente de la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.
Es trascendental comprender que la cuestión económica, y más en nuestro país, para que el mercado interno funcione, debe existir una ley de infraestructura y obras públicas eficiente, ágil, eficaz, pero sobre todo transparente y honesta.
Nada más ni nada menos que 37 ramos productivos del país dependen de los proyectos de infraestructura. Sí, el gasto público específicamente en infraestructura es uno de los más importantes para fortalecer el mercado interno, pero también se ha visto como uno de los mecanismos más importantes para fomentar esa corrupción de la que se habla, y ya lo ha expresado clara y nítidamente una de las mejores historiadoras y politólogas en el mundo, Hannah Arendt, de qué sirve modificar tantas normas, legislación, reglamentos, si no se ponen en práctica ni mucho menos el Ejecutivo las puede aplicar.
¿Para qué modificamos instituciones si el hombre, el gobernante no las va a cumplir? El PRD está en favor de este proyecto de modificación de ley de infraestructura, pero la ejecución de esta norma le corresponde al Ejecutivo, de la cual no solamente estaremos vigilantes.
Para la subsistencia del propio Ejecutivo debe de retirar inmediatamente y apartarse de los criterios de corrupción, de los criterios de falta de legitimación moral, falta de legitimidad moral que ha tenido al gobernar, pero sobre todo de gobernar sin miedo.
Este Congreso, especialmente ha modificado y ha tocado de los intereses de los poderes fácticos. En este tema de infraestructura, corresponde también al gobierno recuperar la rectoría para que sean los mejores precios, con mayor transparencia, que los sistemas de compranet funcionen, pero sobre todo que podamos darle entrada a las pequeñas y medianas empresas que son los que al final del día van a modificar el paradigma del gasto en México y del mercado.
Concluyo con lo siguiente, presidente, el PRD apoyará a cualquier partido, en cualquier estado y en cualquier municipio, que se decida a gobernar sin miedo, que se decida modificar los problemas fundamentales de esta sociedad; y esta ley contribuye a esto, pero vamos a exigir que la aterrice y que la cumplan. Muchas gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Esta Presidencia tiene la obligación de informar a la asamblea que han reservado los siguientes artículos para su discusión en lo particular.
El 1o., párrafo primero y fracciones II y VI, el 1 Bis y 2o., fracción XIII, por el señor diputado don Manuel Huerta Ladrón de Guevara; el diputado Antonio García Conejo el 1 Bis, fracción V; el diputado Nabor Ochoa López, el 29; y el diputado Genaro Carreño Muro, el 38.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para recabar votación en lo general y en los artículos no impugnados.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y e lo particular de los artículos no reservados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Con la adenda presentada y aceptada por la asamblea.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación. De viva voz.
La diputada Angelina Carreño Mijares (desde la curul): A favor.
El diputado Jorge Iván Villalobos Seáñez (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 26 en contra, 7 abstenciones y 377 a favor.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado con 377 votos en lo general, con las modificaciones aceptadas por la asamblea.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Tiene el uso de la voz don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, para presentar reservas, tres. ¿Está don Manuel Huerta? Tiene usted el uso de la voz. Va a presentar en una sola tres reservas, entonces tendremos paciencia.
El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Más paciencia tiene el pueblo de México soportando esta Cámara de Diputados.
Miren, diputados, diputadas, las reservas que presento las expongo en una sola intervención, atendiendo al testimonio que garantiza un proceso legislativo que de nueva cuenta impide admitir a discusión modificación alguna, más aun tratándose de iniciativas propuestas por el todavía presidente de la república, el Ejecutivo federal.
Hoy no dudo que hagan la excepción, van a subir después de mí a presentar reservas que seguramente serán aprobadas, pero son reservas que casi se puede decir que no tocan la iniciativa ni con el pétalo de una coma, como aquí se ha dicho. Cosas realmente baladíes.
Esta simulación legislativa atiende a un síntoma de lo que Mario Vargas Llosa describe como la dictadura perfecta, porque el grado de corrupción y cooptación política ya no atiende a un solo partido, al PRI, sino que ha contaminado a los partidos del Pacto contra México; Acción Nacional y al PRD. Hay que decirlo así, su práctica política. Quienes juegan con esta política con cooptaciones, clientelismos y acuerdos palaciegos a través y aún del todavía vigente Pacto contra México.
Diputados, diputadas, miren, la obra pública ha sido señalada como objeto de actos de corrupción. Prueba de ello son los moches o diezmos en los que ya se han descubierto y espero que no se enchaleque nadie el día de hoy, pero ya varios diputados, presidentes municipales han sido señalados por esta práctica.
En el índice de percepción de la corrupción 2014, vía Transparencia, México ocupó el lugar 103 de 175 países evaluados. Es decir, se encuentra reprobado. Y destaca por contar con la peor calificación de los 34 países que forman la organización para la cooperación y desarrollo económico.
En cuanto América Latina, México sigue en los últimos lugares de esta región. Chile y Uruguay están a la cabeza, empatados con 73 puntos, 38 más que México; Brasil tiene 43 puntos, ocho más que México.
Para combatir el margen de corrupción es obvio y en consecuencia estoy proponiendo eliminar el artículo 1 Bis del dictamen que se propone, con el objeto de restringir la asignación discrecional de la obra pública, con la eliminación de la adición que presenta el dictamen.
Les reitero, sólo con revisar el Programa Nacional de Infraestructura 2014-18, se puede conocer el monto de la obra pública a la que no se aplicará esta ley, en la que absurdamente se excluye la fiscalización y auditoría de obra pública realizada por los gobiernos de los estados y municipios. Las obras no señaladas, pero que aplicarán recursos federales por parte de la CFE y Pemex, la obras financiadas con deuda externa, las obras que requieran la prestación de servicios concesionados, entre los que mencionamos –reitero– el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión.
Las obras que deban ser ejecutadas o prestadas en el territorio nacional cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero, entre otras exenciones de aplicación de la ley que ustedes hacen con esto que están aprobando.
Por lo tanto, concluyo que hace falta voluntad política del Ejecutivo federal y de sus cómplices en esta Cámara de Diputados para darle un giro al Estado fallido en el cual, como lo señaló muy bien José Mujica, la corrupción se ha establecido como una tácita costumbre social.
Al tiempo la respuesta. Al tiempo la respuesta de su negativa y de su silencio, al tiempo el país que se desbarata por las políticas públicas de quienes pregonaban que sí sabían cómo gobernar. Pobre México, que todavía sigue en manos del todavía presidente y de esta Cámara tapadera de la corrupción del Ejecutivo. Es mi propuesta. Muchas gracias, presidente, por el tiempo.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, don Manuel Huerta. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas de don Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica, se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la negativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, queda en sus términos porque se desechan. Don Antonio García Conejo, tiene el uso de la voz para presentar reservas a la fracción V, del 1o. Bis.
El diputado Antonio García Conejo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, hablar de obra pública, sin duda, es hablar de un elemento básico para el desarrollo de una sociedad.
Permite, ayuda a fomentar el desarrollo, el empleo, pero esto debe de ir acompañada de reglas, de leyes, de instrumentos jurídicos muy claros, que ayuden a transparentar, que ayuden a dar claridad, certeza a quienes participan en la realización de esta actividad tan importante, para que nuestra sociedad pueda vivir mejor, pueda tener empleo. Es la principal palanca, sin duda, de desarrollo de una nación.
Por eso, vengo a esta tribuna a manifestar mi opinión y a proponer un agregado. Sin duda, es un avance importante este dictamen. Sin duda alguna, vemos que trae elementos importantes para que podamos tener transparencia y claridad en la obra pública.
Sin embargo, eso no quiere decir que esté prácticamente todo concluido, hace falta mucho más, pero con la finalidad de que no queden lagunas, que quede muy específico voy a manifestar lo siguiente.
A efecto de que la regulación de Compranet, que se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, es de mencionar que a propuesta de la existencia fue por las y los legisladores del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República durante la LX Legislatura.
En ella estableció que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de salvaguardar dicho sistema, y de manera expresa, la Unidad de Administración, en la cual recaería la responsabilidad.
Por otro lado, para evitar confusiones sobre herramienta que utilizaría la Secretaría de la Función Pública para establecer y administrar el sistema integral de información que propuso el Partido de la Revolución Democrática, en complementar las características esenciales que debe tener el Registro Único de Proveedores y Contratistas. Y establecimos que dicho registro debe ser permanente y estar a disposición de cualquier interesado, salvo en aquellos casos que se trate de información de naturaleza reservada en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y que tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de proveedores y contratistas, sin que dé lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones.
Ahora bien, para fortalecer el dictamen y aportar mayor eficiencia y transparencia a las contrataciones gubernamentales, se debe adicionar que la información reportada en el Compra net deberá publicarse en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto obligado, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, fracción XIII.
Por lo anterior, se debe adicionar a lo establecido en el segundo párrafo de la fracción V del artículo 1 Bis, propongo, y se agregaría, quedaría de la siguiente manera: los que deberán difundirse a través de Compra net y en los portales de obligación de transparencia de cada sujeto obligado, y precisarse en las convocatorias, invitaciones y contratos correspondientes. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted, señor diputado. Pregunte la Secretaría a la asamblea si se aceptan a discusión las propuestas. Si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Pregunte si se aceptan las propuestas, de tal suerte de que formen parte del dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se pregunta a la asamblea, si se aceptan las propuestas para agregarse al dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Se aceptan y forman parte de las modificaciones.
Tiene el uso de la voz, el señor diputado don Nabor Ochoa López, del Partido Verde, para presentar también propuesta de modificación al 29, en vía de la reserva.
El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor presidente. Debo destacar que esta reserva también fue suscrita por los diputados federales Miguel Ángel Aguayo López y Francisco Zepeda González.
Miren ustedes, sin duda alguna las reformas contenidas en el dictamen en comento contemplan avances serios en materia de transparencia de rendición de cuentas y de combate a la corrupción, negarlo por decir lo menos es una necedad, porque son muy obvios los avances que sí vienen contemplados en estas reformas.
Mas sin embargo, y atendiendo peticiones y demandas muy sentidas de sectores de la construcción de cámaras, de colegios, en el sentido de que muchas de las grandes obras, de las mejores obras del gobierno federal quedan en manos de constructores foráneos y los constructores locales nada más las ven pasar, es que estamos planteando una modificación al artículo 29 que habla precisamente que en los procedimientos de contratación de obras públicas las dependencias y entidades optarán en igualdad de condiciones, dice el texto del dictamen: optarán por personas físicas y empresas mexicanas.
Lo que estamos proponiendo eso lo vemos muy bien. Lo que proponemos es agregar a esto un párrafo que diga: y por aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal en las entidades federativas donde se realizarán los trabajos.
Esto es fundamental, compañeras y compañeros, para que no solo los constructores locales se beneficien, que es muy justo, sino lo más importante para nosotros es porque la derrama económica va a quedar en el estado.
Es sabido en muchos estados, como en mi estado Colima, que en obras adjudicadas desde desde el centro eligiendo a constructores foráneos han quedado mal en tiempo, en calidad, en pago a proveedores, incluso en pago a subcontratistas.
Esta modificación al artículo 29, esto, incluir que se prefiera en igualdad de condiciones a empresas que tengan su domicilio fiscal en la entidad federativa donde se realice la obra pública, representará sin duda alguna un avance muy importante en la generación de empleos en la entidad, pero sobre todo en el hecho de que los recursos que se generen de esa obra pública se queden en las entidades federativas donde se ejecutan dichas obras. Es cuanto, compañero presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Muchas gracias. Esta Presidencia le ruega a la Secretaría preguntar a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se admiten a discusión las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Ahora pregunte si se aceptan para que formen parte del dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se aceptan para que formen parte del dictamen las propuestas. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces forman parte del dictamen. Esta Presidencia saluda a los alumnos de la escuela preparatoria oficial 141 San Buenaventura de Ixtapaluca, estado de México, invitados nada más y nada menos que por don Reynaldo Navarro de Alba. Sean ustedes bienvenidos, muchachos. Tiene el uso de la voz don Genaro Carreño Muro, para presentar la última de las reservas.
El diputado Genaro Carreño Muro: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados. El artículo 38 menciona que para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación del contrato se deberán atender diferentes circunstancias en cada caso.
Estamos proponiendo que la reserva del inciso c) adicione a la fracción IV y eliminar el último párrafo del artículo 38. Leo textualmente para que quede registrado.
El artículo 4o. menciona que una vez hecha la evaluación de las proposiciones incluyendo en su caso el análisis comparativo, el costo de ciclo de vida, el contrato se adjudicará entre los solventes porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria la licitación las condiciones legales y técnicas y económicas requeridas por la convocante y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
Si resultare que dos o más oposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por la convocante, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes de acuerdo a lo siguiente:
En el artículo C mencionamos que deberá de incluirse la proposición que provenga de la localidad o de la región donde se ejecute la obra.
Es muy común a nivel federal, que las entidades o la acción de la obra pública invite, participe, básicamente con las empresas del orden nacional, en muchos casos, pero las locales, que son las que tienen que mejorar, incorporar el desarrollo económico, el fortalecimiento del empleo, en muchos casos se dejan fuera.
Me parece relevante que éste quede incluido para poder fortalecer las acciones, el fortalecimiento económico y el desarrollo de las empresas, por supuesto, de los albañiles y las familias que participan.
Por tanto nosotros estamos proponiendo que se sume este inciso C y que también se elimine el que en caso de empate los licitantes de la adjudicación se efectuará en favor del licitante que resulte ganador del sorteo que realice la convocante en el propio acto de fallo.
Creemos que ninguna acción de obra pública se pueda hacer por medio de rifa o de un volado, sino que se gane con trabajo, con calidad, con profesionalismo y con el mejor precio. Por su atención y por su apoyo, muchas gracias, para fortalecer esta reserva. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Gracias a usted. Pregunte la secretaría a la asamblea si se admite a discusión la propuesta del señor diputado Carreño.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admiten a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Perdone. ¿Me repite? Discúlpeme.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: ¿Por la afirmativa?
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Así es.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces se admiten a discusión. Ahora pregunte si se acepta que formen parte del dictamen.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se consulta a la asamblea si se acepta que formen parte del dictamen. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Luego entonces, se ruega a la Secretaría ordene la apertura del sistema electrónico de votación para recibir la correspondiente al 1 y al 2, en términos del dictamen modificado, y con las nuevas modificaciones aceptadas por la asamblea, al 1 Bis, al 29 y al 38.
Vamos a abrir el sistema electrónico por diez minutos por cortesía y atención a los compañeros que en este momento están votando importante dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales. Diez minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación de los artículos antes mencionados.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Esta Presidencia saluda a estudiantes de la Escuela Club de Leones, de Zimapán, Hidalgo, invitados por la diputada Dulce María Muñiz Martínez. Sean ustedes bienvenidos jóvenes leones, de Zimapán.
Esta Presidencia le da más cordial bienvenida a los alumnos de facultades de Medicina de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, del Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminología y de la Facultad de Derecho, también de la propia Universidad Nicolaita, invitados nada más y nada menos por el señor presidente de la Cámara, don Silvano Aureoles Conejo. También vienen integrantes del sector salud de Michoacán. Puro michoacano, saludos.
El diputado Roberto Ruiz Moronatti (desde la curul): A favor.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja (desde la curul): En contra.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 355 votos a favor, 35 votos en contra y 8 abstenciones, señor presidente.
El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Pasa al Senado para los efectos constitucionales.
Esta Presidencia dispone en términos reglamentarios, que antes de que remita la minuta a la Cámara de Senadores, se realicen las correcciones que demandan el buen uso del lenguaje y la claridad de las leyes, sin modificar lo aprobado por el pleno.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa, por la Comisión, para fundamentar el dictamen.
El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de la voz para presentar ante ustedes el dictamen por el que se adiciona la fracción VII Bis, y se modifica la fracción 57 del artículo 3o, así como los numerales 5o, 6o, 7o y 8o del artículo décimo quinto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales.
El objetivo central de la presente iniciativa es homologar el uso del agua ante la actividad acuícola, con el uso del agua en las actividades primarias, debido a que la acuacultura en México es una actividad que se desarrolla en todo el territorio nacional mediante el cultivo de especies como el camarón, tilapia, langostino, bagre, trucha arcoíris, ostión y peces de ornato.
Dados los niveles de pobreza y desnutrición en diversos sectores de la sociedad en nuestro país, la acuacultura representa una alternativa viable para coadyuvar en la seguridad alimentaria al ser una fuente importante de proteínas de origen animal para la población.
La acuacultura es una actividad que ha contribuido de manera importante al desarrollo sustentable en comunidades rurales, ya que promueve el cuidado del medio ambiente a través de campañas de reforestación y del cuidado del agua, además de detonar el desarrollo de capacidades y habilidades de sus pobladores. También ha contribuido en el combate de la pobreza en el medio rural, al ser generadora de empleos a nivel local e involucrar a las familias en las unidades de producción.
La Comisión de Recursos Hidráulicos coincidió con los argumentos del autor de la iniciativa, el diputado Alfonso Inzunza, e incluso nosotros, diputados integrantes de la comisión que presido, en nuestra facultad reglamentaria de modificación reforzamos los argumentos y adecuamos elementos de técnica legislativa, al considerar importante resaltar que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, ha precisado que el próximo decenio la producción de la pesca y acuacultura será mayor que la producción de carne de bovinos, porcinos y avícola en su totalidad, por lo que la acuacultura y la pesca serán la principal proveeduría de proteína en el mundo.
Dentro de los ejes estratégicos de la política pública que el presidente de la República ha propuesto e implementado para el sector, y en programas como la Cruzada Nacional contra el Hambre, la acuacultura figura como una actividad importante, destacándose el amplio potencial de desarrollo que tiene en nuestro país para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos.
En nuestras múltiples reuniones de trabajo hemos recibido acuacultores de Michoacán, Sinaloa, Sonora, entre otros, que han manifestado su preocupación por fortalecer la acuacultura en México, ya que con el fortalecimiento de esta actividad productiva se favorecerá el desarrollo económico y de producción de alimentos en diversas regiones de nuestro país.
Coincidimos que sus productos brindan a la población una fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto contenido proteico, a precios accesibles para todos los ciudadanos.
Actualmente en la Ley General de Pesca y Acuacultura se regula esta actividad, pero las reformas propuestas en el dictamen buscan, además de fortalecer a los productores, homologar las leyes debido a que en la Ley de Aguas Nacionales la acuacultura está situada en el lugar número 8 en el orden de prelación, lo que significa que está clasificada con menor jerarquía entre los diferentes usuarios del agua. Por ello, esta Comisión de Recursos Hidráulicos consideró importante recorrer su orden de prelación al número 5.
También se agregan dos conceptos; el de aprovechamiento de paso, que es aquel realizado en cualquier actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas, y el segundo concepto, que es uso en acuacultura, el aprovechamiento de paso de aguas nacionales en el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, preengorda y engorda de especies de la fauna y flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales por medio de técnicas de cría o cultivo, que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.
Acudiendo a su sensibilidad política para aprobar el presente dictamen, agradezco su atención. Es cuanto, señora presidenta.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Gracias, diputado.
La Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Esta Presidencia participa a la asamblea el sensible fallecimiento del profesor emérito, don Silvio Zavala Vallado, quien fuera presidente del Colegio de México; miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM; director del Museo Nacional de Historia; delegado permanente ante la UNESCO y embajador de México en Francia.
El escritor Enrique Krauze se refería a él como un conquistador y misionero de la historia social, jurídica y espiritual de la América Hispana, maestro de generaciones, un oficiante enciclopédico, severo, laborioso y lúcido de la historia de la patria.
Se invita a los presentes de ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
Descanse en paz el historiador, académico y diplomático.
El Presidenta diputada María Beatriz Zavala Peniche: Esta Presidencia informa que para fijar la postura en el dictamen a discusión se han inscrito los siguientes diputados. El diputado René Fujiwara Montelongo, por el Partido de Nueva Alianza; la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano; el diputado Nabor Ochoa López, del Partido Verde Ecologista de México; el diputado José Antonio León Mendívil, del Partido de la Revolución Democrática y el diputado Luis Olvera Correa, del Partido Revolucionario Institucional.
Está a discusión en lo general. Tiene la palabra René Fujiwara Montelongo. Adelante, diputado.
El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, diputada presidenta. Con su permiso y el de mis compañeras y compañeros diputados. El mundo está experimentando un aumento dramático del precio en los alimentos y nuestro país no es ajeno a la crisis alimentaria que nos afecta a todos de manera global, los datos nos indican que estamos ante una situación que no es pasajera ni temporal, sino de largo plazo.
La importancia de cubrir las necesidades alimentarias de la población aumenta rápidamente y con ello la necesidad de hacerlo de una manera sustentable.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza impulsar y apoyar el desarrollo sustentable es una necesidad imperante, que nos exige cambiar los paradigmas de producción a fin de alcanzar un equilibrio sostenible que garantice la seguridad alimentaria de las y los mexicanos.
En ese sentido, la acuacultura se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos más importantes a nivel mundial, al aportar soluciones a la actual situación de crisis alimentaria. Por tanto, resulta si no esencial, sí muy importante para el desarrollo de nuestro país lo que es la acuacultura.
Debemos reconocer la acuacultura como una actividad de producción del sector primario, que genera productos alimenticios catalogados como básicos y estratégicos, productos fundamentales para el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos, al ser fuente alimenticia de alta calidad nutricional y alto convenido proteínico. Debemos hacer que todo esto sea a precios accesibles a nuestra población.
Para ello es necesario, tal como lo plantea el dictamen, homologar el uso del agua en esta actividad, a fin de disminuir los costos de producción, pues las tarifas de pago para este uso son más altas que las demás actividades de producción primaria.
En ese sentido, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de que la acuacultura se recorra tres lugares en el orden de prelación entre los usuarios del agua. De igual manera, apoyamos que se establezca en la ley la definición de aprovechamiento de paso, para dejar constancia que es un proceso productivo que no consume agua, ya que el recurso sólo es empleado de paso sin modificar los volúmenes de agua disponible.
Compañeras y compañeros legisladores, es necesario buscar puentes que impulsen el desarrollo de actividades acuícolas que contribuyan con el crecimiento económico y social de nuestro país, recordemos que esta actividad no sólo coadyuva a alcanzar una seguridad alimentaria, sino también debe ser vista como un detonante económico, ya que genera empleos en grandes sectores, incluyendo comunidades que durante años han tenido la pesca como el principal medio de subsistencia y que ahora ven a la acuacultura como una manera de crecer de manera sustentable, cuidando el agua, así como su medio ambiente.
Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, al igual que para nuestro instituto político, la seguridad alimentaria es un tema de alta prioridad, y poder garantizarla mediante un desarrollo sustentable, a través de actividades como la acuacultura, es fundamental. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado. Diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez, de Movimiento Ciudadano, tiene el uso de la palabra para fijar la postura de su grupo.
La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Uno de los grandes debates que ocupa a la humanidad es la crisis de diverso origen y su impacto futuro en el mundo, a mediano y a largo plazo.
Desde hace pocos años se viene incrementando la preocupación por el cambio climático y por la crisis energética, pero poco se habla de una crisis que nos acompaña desde los orígenes de la humanidad y que se refiere a las condiciones de hambre y desnutrición de las poblaciones más desvalidas, situación que se verá muy agravada con la crisis previamente señalada.
Es así, como se estima que en el mundo hay más de mil 290 millones de personas que viven en extrema pobreza y más de mil millones que están desnutridos, siendo, precisamente, la desnutrición la mayor causa de las enfermedades y de mortandad, particularmente en niños menores de cinco años, de los que se calcula que mueren más de 10 millones al año a causa del hambre.
El crecimiento poblacional proyectado y que se estima en 2 mil 500 millones de personas más habitando el planeta, antes que se alcance la primera mitad de este siglo, seguramente actuará como un factor adicional de agravamiento de la crisis alimentaria mundial.
Las consecuencias de los problemas de distribución poblacional, el agotamiento de recursos, la contaminación, el aumento de la pobreza y el hambre, así como el surgimiento de nuevos y graves conflictos por el espacio, el alimento y el agua, ocupan el análisis de muchas organizaciones, aunque las soluciones no son de fácil planteamiento y menos aún, son evidentes el interés y las posibilidades de ser puestas en prácticas, en particular por parte de las economías dominantes.
En este contexto, muchas expectativas y opciones productivas se han cifrado en la acuacultura, en especial la que se realiza en los países en desarrollo, como forma de contribuir a la producción de alimentos, optimización en el uso de los recursos naturales y el alivio de la pobreza.
No obstante, en México, al referirse al enriquecimiento de la Ley de Aguas Nacionales, la acuacultura enfrenta sus propios problemas, referidos a la dificultad de acceso a las áreas productivas, el encarecimiento de costos productivos, la reducción de los precios de muchos de sus productos y su acceso a los mercados de mayor poder adquisitivo. La carestía de los insumos para la elaboración de alimentos balanceados entre otros, que ha generado la disminución de su tasa de crecimiento en los últimos años.
La acuacultura consiste en la producción de plantas o animales acuáticos en sistemas controlados, donde su crecimiento es manejado o mejorado por el hombre. Los principales organismos cultivados son peces, moluscos y crustáceos, pero otras especies también se cultivan en menores cantidades.
La acuacultura aporta la tercera parte de la producción pesquera mundial y es uno de los sectores de más rápido crecimiento desde finales de la década de los ochenta y es vista como una alternativa para satisfacer la necesidad de alimento de muchos países tropicales.
A nivel mundial se reconoce a la acuacultura como una estrategia importante para lograr el desarrollo de las poblaciones menos favorecidas y se exhorta a los estados a considerarla, incluyendo las pesquerías basadas en el cultivo como una forma de promover una diversificación en el ingreso y la dieta, aunque al hacerlo los estados también deben velar porque los recursos sean usados de forma responsable y que los impactos adversos sobre el ambiente y las comunidades locales sean minimizados. Inclusive, a nivel de escenarios en materia de tecnología se considera que el desarrollo de la acuacultura en el mundo será una de las fuentes de proteína más importantes.
Sin embargo, se reconoce que además de los ya mencionados, uno de los principales problemas que aquejan a los acuicultores particulares son la calidad del agua y su abastecimiento. Por lo que el dictamen solicita que en el aprovechamiento del agua también contemple la actividad de acuacultura para que se les dote del líquido que requieran para que sea susceptible de explotación comercial, ornamental o recreativa.
En Movimiento Ciudadano creemos que la acuacultura pueda ser una vía que se pueda apoyar para el futuro inmediato en aras de resolver la pobreza alimentaria del país y del mundo, por lo que apoyaremos este dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Nabor Ochoa López, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde. Adelante, amigo diputado.
El diputado Nabor Ochoa López: Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Antes que nada quiero hacer un sincero reconocimiento al diputado Alfonso Inzunza por esta iniciativa, pero además por otras que tienen el mismo objetivo, impulsar, apoyar, proteger a una actividad muy noble y una actividad que durante muchos años se ha descuidado como es la pesca y dentro de ésta la acuacultura.
Alfonso Inzunza, impulsó el Programa de Apoyo a Pescadores, Propesca, que por fin en la discusión del presupuesto de este año asignamos recursos del orden –si bien recuerdo– de 250 millones de pesos para iniciar con este programa importante para un sector desprotegido y descuidado en muchas ocasiones como son los pescadores ribereños.
Hoy en este dictamen se contempla una situación muy particular, coincidiendo con quienes me han antecedido en el uso de la voz. El objetivo de este dictamen, entre otros, es el de homologar el uso del agua en la actividad acuícola con el uso del agua en las actividades primarias.
Es cierto, México tiene un gran potencial pesquero que no ha sido aprovechado como debiera y como decía dentro de la pesca la acuacultura es un sector marginal poco apoyado, pero con un enorme potencial de crecimiento donde, como se señala en el dictamen, no ha habido ese reconocimiento e impulso a la acuacultura como un elemento que nos puede apoyar en la seguridad alimentaria, incluso, como bien se señala en el dictamen, en el ahorro del agua.
En este dictamen, además de esta homologación en el uso del agua, también vienen algunos elementos que me gustaría destacar, por un lado se le reconoce la importancia a la acuacultura pasando del orden de prelación que tiene en el uso del agua, del lugar octavo al quinto, solo encima el uso del agua, pues como es obvio, doméstico, público, pecuario, agropecuario, y en quinto lugar el uso del agua para acuacultura.
Pero otro elemento importante, otro elemento importante también lo es el hecho que con esta homologación se va a permitir que las tarifas del agua para uso de la acuacultura sean las mismas tarifas que para cualquier actividad primaria, porque estaremos de acuerdo todos que la acuacultura es también una actividad primaria.
En las condiciones actuales de la Ley de Aguas Nacionales era una tarifa mucho más cara, desestimulando con esto esta actividad que pueda sacar del hambre y la pobreza a regiones enteras. Por eso, y ahora que veo al diputado Alfonso Inzunza, le hacemos un sincero reconocimiento. No es la primera iniciativa en este sentido, ya son varias las iniciativas aprobadas y que sin duda alguna van a beneficiar principalmente a regiones, a zonas pobres, pero también a un sector de pescadores desprotegidos que son los pescadores ribereños que ante la falta ya de espacios para pescar y ante la imposibilidad de salir millas mar adentro, muchos de ellos ya están optando por la acuacultura.
Con esta modificación a la Ley de Aguas Nacionales generamos mejores condiciones para que esta actividad productiva pronto se consolide y nos permita, además de impulsar la seguridad alimentaria, también sea el sostén de miles de familias que viven hoy de la pesca. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Nabor Ochoa. Tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio León Mendívil, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del PRD.
El diputado José Antonio León Mendívil: Compañeras, compañeros diputados. Esta iniciativa que presenta el diputado Alfonso Inzunza, lo hizo ciertamente en la Comisión correspondiente de Recursos Hidráulicos, en donde por unanimidad la aprobamos.
Considero y considera mi partido también importante apoyar esta iniciativa, toda vez que no se refiere sólo a la producción en gran escala, que lo es la producción de peces o productos del agua, tanto de río como de mar, sino que abarca una proporción enorme de productores pequeños y medianos –en este caso ejidatarios–, tanto del Pacífico como del Atlántico en el caso de nuestro país.
Por ello consideramos fundamental, importante en un momento tan complicado para nuestro país en la producción de alimentos, si vemos sobre todo que en el uso del agua, para el caso de la producción de la acuacultura, no es para el consumo igual como lo es para la cuestión pecuaria o para la agricultura en donde es un destino prácticamente final, y en el caso del consumo humano de igual manera.
En el caso de la acuacultura es el aprovechamiento del agua que pasa o del agua que sube, en el caso de los esteros.
¿Por qué es importante comentarlo? Es una actividad que en varias áreas se inhibe al compararlo o al pensarlo, como es el consumo de agua para otras actividades, tanto agrícolas como de consumo industrial o individual o para el consumo humano.
Nos parece que es importante porque puede potenciar la producción -en la acuacultura- la producción de la pesca de pescado, de camarón, de mojarra, de tilapia, pues, o de la trucha.
Pero particularmente en el camarón, en el caso de los esteros. Queda ahí una franja todavía de aprovechamiento por parte de los ejidos, de las cooperativas, en el caso de los esteros y los movimientos de las mareas.
Entonces creo que es de aprobarse porque es una iniciativa que promueve la producción, que crea condiciones para que aprovechemos esos recursos naturales que nos da la naturaleza en el caso de nuestro país.
Por tal motivo, incito, pues, a los demás diputados a que aprobemos esta iniciativa porque crea en un ambiente tan complicado de nuestro país tanto en lo económico como en lo político, que ya nos hemos referido ampliamente a ello, en una situación como ésta en la coyuntura nos pone a la Cámara a discutir y a aprobar iniciativas como ésta que nos ponen en mejores condiciones para la producción –en este caso– de alimentos en nuestro país.
Por todo ello, compañeras y compañeros, nuestro grupo parlamentario votará a favor y los invitamos a hacer lo propio. Es cuanto, presidente. Gracias, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, don José Antonio León. Para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tiene el uso de la palabra el diputado Luis Olvera Correa, hasta por cinco minutos.
El diputado Luis Olvera Correa: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la pesca y la acuacultura son actividades que permiten tener alternativas de alimentación, crear empleos, realizar actividades comerciales, y, por lo tanto, generar bienestar económico en el país.
En el año 2011 la producción acuícola registró casi 300 mil toneladas de productos. Entre las entidades que cuentan con el mayor número de centros productivos se encuentran los estados de Veracruz, Sinaloa, Sonora y el estado de Michoacán.
La acuacultura, aunque es una actividad a la que desde su origen se le ha vinculado con la pesca, lo cierto es que ha adquirido independencia y una identidad propia debido a las diferencias en sus técnicas de cultivo y a las prácticas sanitarias empleadas en ella, lo que la han distinguido de la pesca, por lo que se ha considerado pertinente que esta diferenciación se reconozca y traslade al ámbito de la ley.
Lo anterior a fin de que se le otorguen apoyos fundamentales suficientes a los productores y se convierte así en una actividad económica cuya importancia sea acorde al potencial que se tiene en el país para su realización.
Un buen comienzo es reconocer sus aportaciones a la seguridad alimentaria y al crecimiento económico de la diversas regiones del país, tal y como se expresa con meridiana claridad en el dictamen que ahora se pone a nuestra consideración, el cual deriva de una iniciativa suscrita por nuestro compañero el diputado Alfonso Insulza Montoya, legislador del estado de Sinaloa, entidad que, como ya se expresó, es una de las más avanzadas en el desarrollo de esta actividad productiva.
Las y los legisladores del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente dictamen, el cual incluye, por una parte, el concepto de aprovechamiento de paso en la Ley de Aguas Nacionales, debiéndose entender por esto cualquiera actividad que no implique consumo de volúmenes de agua y sus alteraciones no excedan los parámetros que establezcan las normas oficiales mexicanas y, por la otra, el uso en acuacultura, mismo que se refiere al aprovechamiento de paso de aguas nacionales como el conjunto de actividades dirigidas a la reproducción controlada, pre-engorda y engorda de especies de la fauna y la flora realizadas en instalaciones en aguas nacionales por medio de técnicas de cría o cultivo que sean susceptibles de explotación comercial, ornamental o recreativa.
De igual forma, apoyamos que se traslade a la acuacultura del octavo al quinto lugar en el orden de prelación de los usos del agua para la concesión y asignación de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales superficiales y de subsuelo, ya que esto constituye un paso más en el reconocimiento de la importancia de esta actividad.
Nuestro voto a favor deriva de nuestro acuerdo en impulsar una nueva visión de la pesca y la acuacultura en tanto un subsector productivo competitivo y sustentable que contribuya a la seguridad alimentaria a través de ofrecer alimentos de alto valor nutricional, de calidad y a precios accesibles.
Tal y como se expresara hace un año al darse a conocer en el Diario Oficial de la Federación el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario, correspondiente a la administración del presidente Enrique Peña Nieto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias don Luis Olvera.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para la discusión en lo general del dictamen, tiene el uso de la palabra el diputado Ricardo Monreal Ávila.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Será en este tema mi única intervención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Lo celebramos, señor diputado, será la única intervención de don Ricardo Monreal Ávila. Gracias.
El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, esta Comisión de Recursos Hidráulicos es una comisión trascendente, es el primer dictamen que se va a votar en los dos años y medio.
¿Cuál es la razón? Estoy muy preocupado por el agua. Ustedes saben muy bien que muchos estudiosos de la Ecología y el Medio Ambiente han sostenido que las guerras futuras serán por el agua.
Ahora el agua constituye el recurso más importante de la humanidad. Y hace unos dos años y medio, se reformó la Constitución en su artículo 4o, y en uno de los transitorios de este artículo 4o constitucional que plasma y garantiza el derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, este artículo transitorio establecía la obligación de esta legislatura de elaborar una ley general de aguas que permitiera dar consecución a la reforma constitucional.
No ha sido posible. Estamos aún a la espera de esa ley. Para mí el principal propósito de esta Comisión de Recursos Hidráulicos hubiera sido deseable que se hiciera esta ley, y que estamos ya desoyendo, incumpliendo y violando la Constitución ante la ausencia de la ley general de aguas.
En esa espera se ha mandado a la congeladora toda clase de iniciativas sobre la gestión de agua en México y, sin embargo, repito, es hora que no podemos contar con una ley secundaria que nos permita garantizar el derecho humano al acceso del agua. Es decir, en la modificación del artículo 4o. constitucional de hace dos años y medio se incorporó como derecho humano el acceso al agua y su saneamiento. Tengo preocupación porque esta comisión no ha logrado esta ley, éste es el primer dictamen.
Pero hay una ley, un borrador de una ley general, redactada por los mismos impulsores de la reforma energética, incluso se puede constatar, se puede investigar o se cerciorar en la página de Cofemer. Esta ley, este borrador, pretende impulsar la masificación de los trasvases y que sean los particulares los que puedan gestionar y administrar las aguas nacionales bajo esta figura, es decir, la privatización del agua, señores legisladores.
Dicho proyecto es una ley hecha a modo para los mismos socios, para los mismos donadores de casas, para los mismos amigos del gobierno, porque serán las grandes transnacionales constructoras de infraestructura, como Halliburton, como la del señor Hinojosa, las que impulsaron la reforma energética y están detrás de los procesos de fracturación hidráulica en nuestro país.
Está en reposo este proyecto de ley, seguramente para no encender más la propuesta social que denuncia la impunidad y la escandalosa corrupción de funcionarios del gobierno y de muchos representantes de este Congreso.
Por eso es importante decirles que incluso esta legislación va a traer consecuencias en contra, esta modificación que hoy se plantea –y con esto concluyo–, de los propios pequeños acuicultores.
La legislación vigente permite que estos pequeños acuicultores no paguen derechos ni tampoco tengan que tramitar permisos para establecer sus instalaciones en los cauces que la ley entiende como aguas nacionales; y no tendrán por qué hacerlo, dado que ni consumen agua ni la contaminan ni la almacenan fuera de su cauce.
Resulta ahora que esos pequeños acuicultores serán formalmente causantes, ya que los cambios propuestos los convierten en formales usuarios de las aguas nacionales y por ende estarán obligados a pagar los derechos correspondientes, mientras que por el contrario, aquellos acuicultores que sí disponen de grandes volúmenes o que desvían los cauces de las aguas nacionales, han quedado fuera de toda caracterización en la ley y por lo tanto ya no estarán obligados a pagar los derechos por el uso de las aguas nacionales.
Estamos pues ante la presencia de una trampa legislativa que me preocupa y que por eso tenemos que ser muy cuidadosos en este dictamen.
Presidente, hice una serie de reflexiones que le pediría plasme íntegra en el Diario de Debates. Por la atención de todos, muchas gracias, pero tengan mucho cuidado con la aprobación de estas leyes, de estas normas que aparentemente son inofensivas, pero que van a causar mucho daño a los pequeños acuicultores. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Monreal Ávila. Como usted lo solicita, se incorporan estos documentos de modo íntegro al Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Reymundo Nájera Medina, del PRD, para hablar en pro del dictamen.
El diputado Víctor Reymundo Nájera Medina: Con su permiso, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, en principio quiero reconocer a cada una y uno de mis compañeros de la Comisión de Pesca por el esfuerzo que hicimos para que esta modificación el día de ahora se esté consumando. La verdad es que cuando lo propusimos al interior de la Comisión, todas mis compañeras y todos mis compañeros lo consideraron como un hecho de justicia para los miles y miles de acuicultores que han en el país.
Les quiero decir que ya miraba feo a mi diputado Inzunza, la verdad, ya teníamos una gran presión no solamente yo sino también compañeras y compañeros diputados, porque ya tenían requerimientos de Hacienda, cuando menos en el estado de Morelos y que por cierto, requerimientos muy elevados, y me decía mi diputado Inzunza con ese acento sinaloense que le caracteriza; Espérese mi diputado, espérese, ya nada más estamos esperando que pase a la Comisión de Recursos Hidráulicos.
También mi reconocimiento y mi agradecimiento a las compañeras y compañeros integrantes de esta Comisión, por el beneficio que van a tener los acuicultores del país. No podíamos seguir clasificando a la acuacultura fuera del sector primario.
La verdad, mis compañeros acuicultores y compañeras –porque también las hay– del estado de Morelos seguramente van a estar muy agradecidos a esta Legislatura, porque esto les va a permitir tener un ingreso más decoroso.
Si de por sí ya, compañeras y compañeros, buscaron una alternativa económica diferente a la agricultura –hablando de Morelos– de maíz, sorgo y caña, por los ingresos tan bajos y a veces nulos que venían teniendo en otra actividad que parecía más rentable y que de repente resulta que estaba clasificada en el sector industrial y que tendrían que pagar no solamente el uso del agua, sino que inclusive de manera periódica exámenes físico-químicos para garantizar que las descargas que estaban haciendo a los ríos y barrancas no eran contaminantes.
Así es que compañeras y compañeros, de verdad, la Comisión de Pesca y de Recursos Hidráulicos, mis felicitaciones.
No podríamos hacer una clasificación de verdad de acuicultores en el estado de Morelos, donde la cuota por el uso y aprovechamiento del agua, por ejemplo de los usuarios del río Cuautla, donde la mayoría de los acuicultores se encuentran en esta región donde pagan en promedio 250 pesos anuales con cantidades mucho más altas que tendrían que pagar los acuicultores que pagaron otra actividad económica mucho más rentable, sobre todo si consideramos que el estado de Morelos es el primer estado productor de peces de ornato en el país.
Así es que vean si no los acuicultores del estado de Morelos seguramente no solamente verán con beneplácito esta reforma, sino que inclusive si nos están escuchando seguramente están muy contentos. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Nájera. Ahora tiene el uso de la palabra el diputado Alfonso Inzunza Montoya, para hablar en pro del dictamen y como integrante del Grupo Parlamentario del PRI y además reconocido dictaminador, presidente.
El diputado Alfonso Inzunza Montoya: Con su permiso, señor presidente. Recorrer el país, recorrer las granjas acuícolas, tener reuniones con los acuicultores de todo el país, ver las condiciones en las que trabajan y en las que están fue el motivo por el cual presentamos esta iniciativa.
Dentro de pocos años la acuacultura y la maricultura serán el sostén alimentario de México y del mundo. Por eso los pequeños y los grandes acuacultores tienen la posibilidad de tener mejores condiciones con la prelación que le hicimos en esta propuesta.
Yo quiero hacer un reconocimiento pleno a la Comisión de Pesca que me ha acompañado en la presentación de esta iniciativa, a mis compañeros sinaloenses que han respaldado completamente porque conocen el sistema de los acuacultores, para eso tenemos que hacer un recorrido.
Los invito a hacer un recorrido a pie, que conozcan, que se ensucien los pies con la arena, que vean cómo viven los acuacultores, que vean cómo viven los pescadores, cuál es la miseria que se tiene allá. No es únicamente el apoyo a los grandes acuacultores, esto es para los pequeños, los medianos y los grandes.
Un reconocimiento muy especial a toda la zona del noroeste de Sonora, a los diputados de Sonora que siempre estuvieron, junto con los de Baja California, presentes, y Morelos que también estuvo insistiendo en este trabajo.
Un reconocimiento a todos los que participaron en este dictamen. La Comisión de Recursos Hidráulicos que de una manera muy puntual, buscando siempre el apoyo a ellos, buscó todos los elementos que el Ejecutivo de alguna manera estaba haciendo de los señalamientos.
Siempre puso todo su empeño el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos para que este dictamen saliera de manera positiva. Los compañeros que participaron en esa comisión, lo hicieron de una manera limpia, pensando en el futuro de México.
Por eso, compañeras y compañeros, éste es un dictamen para el país, para los pescadores, por eso les solicitamos que sea un voto unánime, que respaldemos a la Comisión de Recursos Hidráulicos. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Inzunza Montoya.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por virtud de que no tenemos reserva para discutir en lo particular algún artículo, pido a la Secretaría abra el sistema electrónico de votación por cinco minutos para proceder, justamente, a la votación en lo general y en lo particular y en un solo acto.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Cierre el sistema de votación.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Ciérrese el sistema electrónico de votación.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: De viva voz, señor secretario.
El diputado Salvador Romero Valencia (desde la curul): A favor.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Señor presidente, se emitieron 1 voto en contra, 3 abstenciones y 403 votos a favor.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Aprobado en lo general y en lo particular por 403 votos el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Diputada Socorro Ceseñas, ¿con qué objeto?
La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa (desde la curul): Gracias, señor presidente. Para solicitar tome a bien que ofrendemos un minuto de silencio por el joven normalista Alexander Mora Venancio, que esta Cámara de Diputados honremos a éste que en su momento pudiera ser un gran maestro de las diversas generaciones de nuestro país. Lo pido de la manera más atenta, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Esta Presidencia, honorable asamblea, atendiendo la solicitud de la diputada Socorro Ceseñas, obsequie un minuto de silencio en memoria del joven Alexander Mora Venancio.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: En paz descanse.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Por la comisión, para fundamentar el dictamen tiene el uso de la palabra el diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por cinco minutos.
... diputado José Guillermo Anaya Llamas, hasta por 5 minutos.
El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente; compañeras y compañeros diputados. La Comisión de Seguridad Pública que me honro en presidir presenta hoy ante el pleno de la Cámara de Diputados, dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la cual soy autor.
El Estado mexicano debe ser el encargado de proveer seguridad pública, en tanto que ésta constituye un bien público y uno de los mayores, por tanto es el Estado mexicano el que debe de asegurarse que la seguridad pública y sus políticas públicas no sirvan a intereses privados, que proteja a unos cuantos, ni que permita a la delincuencia operar y salirse con la suya.
Sabemos que en los penales de nuestro país se encuentran saturados, lo que ha favorecido a que se formen autogobiernos en el interior de los mismos, con ello facilita que los internos puedan seguir delinquiendo dentro del interior de los penales, concretamente el delito de la extorsión telefónica.
Es lamentable que algunos procesados y sentenciados que se encuentran cumpliendo pena privativa de la libertad aprovechen del adelanto tecnológico, así como de la corrupción y complicidad de algunas autoridades para amenazar a cualquier persona que convenga a sus intereses y seguir cometiendo uno de los delitos que más lastima a la sociedad, que es la extorsión.
Si bien se han venido aprobando iniciativas de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública desde el 2010 y abril de 2011, esta última fecha en que también se reformó la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en lo que se autorizó bloquear las señales de celulares con el propósito de contener y evitar la extorsión telefónica.
Asimismo, la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario emitió en 2012 lineamientos de colaboración entre autoridades penitenciarias y los concesionarios de servicio de telecomunicaciones y bases técnicas para la operación de sistemas de inhibición.
Si bien todos estos esfuerzos representan un avance importante, es cierto también que la sociedad sigue padeciendo las extorsiones que se cometen desde el interior de los penales y que carecemos de información, así como de la posibilidad de fincar responsabilidades por las acciones y omisiones, de ser el caso.
Por ese motivo se pretende establecer que los responsables de manejar los equipos –y que son autoridades distintas del sistema penitenciario–, presenten un informe semestral a la Conferencia Nacional Penitenciaria.
A la par, esta iniciativa propone que los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones tengan también la obligación de presentar un mismo informe semestral sobre los resultados de su trabajo y así las autoridades de los penales puedan actuar en consecuencia y corregir los errores para evitar que se siga cometiendo este delito que tanto duele a las familias mexicanas.
Consideramos de fundamental importancia legislar para que los funcionarios y servidores públicos respondan de sus actuaciones, por ello esta iniciativa contribuye a inhibir y combatir la corrupción por parte de los servidores públicos, así como la posible complicidad de quienes tienen una concesión pública en materia de comunicaciones.
En un estado democrático, en un estado de derecho, las leyes e instituciones públicas deben de servir para garantizar el bien común, la tarea de adecuar el marco jurídico para contribuir a tener en esta iniciativa de reforma que pretende contribuir a perfeccionar la obligación por parte de los encargados de los centros de reclusión, así como los operadores de telecomunicaciones de bloquear las señales de celular en los penales sin perjuicio de terceros.
Por ello esta tarea de adecuar el marco jurídico para contribuir a fortalecer las capacidades, el objetivo de proveer seguridad a los ciudadanos, a combatir la criminalidad y erradicar la impunidad, con esta iniciativa pretendemos evitar que se siga extorsionando y atemorizando a nuestra sociedad mexicana y así tener un México más seguro y más tranquilo. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Les pedimos el voto a favor de este dictamen. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias a usted, diputado Anaya Llamas.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tiene el uso de la palabra la diputada Sonia Rincón Chanona, hasta por cinco minutos.
La diputada Sonia Rincón Chanona: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, muchas personas han sido víctimas de las extorsiones telefónicas, debido a que es una manera muy simple de robarles el dinero. No es sólo contra empresarios, sino que lo sufrimos cualquier tipo de personas.
Los delincuentes utilizan durante las llamadas el terror psicológico, la intimidación; causando confusión, desesperación, profundo dolor y hasta a veces problemas de salud a las víctimas. Esas llamadas son realizadas principalmente desde otros estados del país, por delincuentes que por lo general ya se encuentran recluidos en cárceles que carecen de las medidas de seguridad necesarias para evitar que desde su interior se ejecuten esas conductas.
De acuerdo a la información publicada en julio pasado, el Consejo por la Ley de los Derechos Humanos, comunicó que cada 24 horas se intentan 6 mil 800 extorsiones. Hasta diciembre de 2010 se pretendían 6 mil 179 extorsiones. El 30 por ciento de los afectados pagan la extorsión. Tan sólo del 2001 al 2014, los extorsionadores han obtenido más de 1 millón 350 mil pesos a nivel nacional, eso es de lo que es denunciado.
Desde el interior de los penales se genera el 95 por ciento de las llamadas con fines de extorsión y cada tres de ellas, 10 secuestros se planean y coordinan desde algún penal mexicano. Para realizar las extorsiones se emplean más de 2 millones 715 mil celulares; el 52 por ciento son originarios del Distrito Federal, incluso hay reos en la ciudad de México que operan con celulares correspondientes a números de Michoacán, Puebla, Sonora, Tabasco, Durango. De 916 bandas que operaban en los penales, hoy se sabe que siguen operando 853, el 90 por ciento lo hacen desde los penales capitalinos.
Con el fin de inhibir este delito, el Congreso de la Unión en abril del 2012, agrega el artículo 14 Ter a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados que a la letra dice:
Cada establecimiento penitenciario contará con equipos que permitan bloquear o anular las señales de telefonía celular, de radio comunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social o establecimientos penitenciarios.
A pesar de las medidas tomadas no ha sido suficiente ya que, como pudimos apreciar en las estadísticas, el delito continúa vigente, es decir, se siguen haciendo llamadas para extorsionar desde los penales debido a que muchas veces dejan de funcionar los equipos encargados de bloquear o anular las señales de telefonía celular o cuentan con la anuencia de algún funcionario.
Es por ello que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que con esta modificación a la ley se establece la obligación, por parte de los responsables de manejar los equipos, de presentar un informe semestral a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario para su respectiva evaluación y con ello evitar que haya fallas en los equipos de bloqueo de señal de telefonía.
La seguridad de los mexicanos es una tarea que nos compete a todos los poderes y niveles de gobierno, es por ello que hoy la Cámara de Diputados está cumpliendo con su responsabilidad de actualizar las leyes para contribuir a brindar la tranquilidad que se necesita en cada hogar de nuestro país. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada Sonia Rincón. Le otorgamos el uso de la palabra al señor diputado José Francisco Coronado Rodríguez.
Quiero que me permita, diputado Coronato, decir que el diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández ha invitado –y los saludamos con respeto– a un grupo de invitados especiales del estado de México. Sean bienvenidos. Gracias por su visita. Ahora sí, diputado Coronato, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos para fijar la postura de Movimiento Ciudadano.
El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con registros provistos por la Policía Federal, la extorsiones por teléfono se han duplicado en los últimos tres años, pasaron de 43 mil 356 en 2010 a 89 mil casos en 2013, y se han atendido 310 mil 691 denuncias en toda la República, pero en los Estados de Tamaulipas, Nuevo León, estado de México, Chihuahua y Distrito Federal, son los que presentan un mayor número de estos delitos.
Datos del gobierno federal indican que en 15 mil 226 de las llamadas, se sucumbió a los requerimientos de los delincuentes entregando dinero a éstos, mientras que en 295 mil 465 casos la víctima no pagó el monto, ya que no cayó en este pernicioso engaño.
Cabe resaltar que dentro de este delito hay diversas modalidades de operación que van desde la simulación del secuestro de un familiar hasta la obtención de algún tipo de premio o una llamada en donde se escucha a alguien gritando de fondo, simulando una situación de peligro en donde supuestamente se encuentra un familiar.
En el país, entre 2006 y 2012, este tipo de delitos se incrementó en un 160 por ciento y en el año en que Felipe Calderón tomó posesión como presidente, se dieron 3 mil 123 extorsiones, mientras que en el 2013 se consumaron 8 mil 24, esto se traduce en 260 casos en promedio por mes en 2006 contra 668 ocurridos al inicio de la presente administración.
En septiembre del presente año se denunciaron 425 y en octubre 476 de estos delitos y el número de víctimas es de 449 y 490 respectivamente. En lo que va del año la estadísticas muestran que hay 5 mil 416 víctimas de extorsión, delito que se ha vinculado directamente a otros como el secuestro o el robo.
Es bien sabido que las llamadas que se realizan para cometer este tipo de delitos se llevan a cabo desde el interior de las cárceles que administran los estados, para contrarrestarlo se ha implementado tecnologías que auxilian a restringir las señales de celular. Pero el problema aquí es que las autoridades, en el mayor de los casos, se encuentran coludidas con los reos o simplemente los equipos no se encuentran funcionando.
Por lo que resulta ser imperioso contar con algún tipo de sistema que permita bloquear las llamadas dentro de las cárceles y tener un mayor control para evitar que los reos puedan conseguir teléfonos celulares, los cuales son proveídos por algunas autoridades inclusive, así como familiares que ingresan sin ningún problema siempre y cuando paguen su cuota a las autoridades encargadas.
Así se lograría evitar que los reos sigan delinquiendo, lamentablemente los penales se han convertido en escuelas para los convictos adquiriendo mayor experiencia y habilidad para la comisión de ilícitos, posteriormente inclusive a su liberación.
Para ello se debe contar no sólo con la tecnología, sino también con el personal adecuado para supervisar que no se sigan cometiendo estos delitos, porque en el mayor de los casos son las mismas autoridades que se encuentran enteradas de estos ilícitos que se están cometiendo e incluso permitiéndolos inclusive.
Es por esto que nos pronunciamos a favor de la presente iniciativa, en la cual se pretende que se bloqué las señales de celulares y que se cuente con el personal calificado que incluya la verificación de sus actividades a través de un informe semestral que permita tener un sustento en el combate a este delito. Es cuanto, compañeras y compañeros.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Coronato. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la seguridad es la primera actividad que el Estado debe proveer, además de ser también el primero de los reclamos hechos por la sociedad para su estabilidad y adecuado proceder.
Sin embargo, las labores preventivas y jurisdiccionales dirigidas a las personas privadas de su libertad por sentencia judicial en muchas ocasiones no son suficientes para limitar su actividad criminal, prueba de ello son las extorciones cometidas dentro de los centros de reclusión.
De hecho, durante el año 2012 fueron asegurados en los centros penitenciarios del Distrito Federal más de mil 400 celulares, mil 137 chip telefónicos y 15 mil páginas de la Sección Amarilla y la Sección Blanca, instrumentos que eran utilizados para cometer las extorciones.
En el caso de la Ciudad de México, cifras del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de esta capital indican que durante el año 2012 se denunciaron 107 mil 494 casos de extorsiones telefónicas, de los cuales en mil 84 se logró consumar el delito.
Estimaciones del mismo Consejo Ciudadano de Seguridad Pública señalan que 8 de cada 10 intentos de extorsión se cometen desde reclusorios, pero el problema en cuestión no afecta solamente a la Ciudad de México. Por ejemplo, en enero del año en curso el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que entre enero y septiembre de 2013 se denunciaron 371 casos de extorsión sólo para el estado de Guanajuato.
Por todo ello era necesario trabajar al respecto y buscar asegurar el cumplimiento de las disposiciones ya establecidas, como por ejemplo la fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se estipula como obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, de los autorizados, colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico-operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiotelecomunicación o de trasmisión de datos o imagen dentro del perímetro de los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores federales, de las entidades federativas o cualquiera que sea su denominación.
Así las cosas, el sentido de la presente modificación radicará en que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, proporcionen semestralmente un informe sobre la operación de los equipos, en concordancia con lo establecido con la mencionada fracción VIII del artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Creemos que esto abonará para beneficio de la sociedad, para que cada vez menos personas sean objeto de extorsiones, secuestros, fraudes y cualquier otro ilícito asociado con este tipo de operaciones impropias e indebidas. Por ello es que la bancada del Partido Verde Ecologista de México emitirá favorablemente su voto en el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado Castellanos. Me doy oportunidad para saludar a un grupo de regidoras de los Altos de Jalisco, de los Altos Sur, y que pertenecen al distrito 03 federal, a invitación de la diputada Cecilia González Gómez, nuestra compañera. Gracias, bienvenidas, muchas gracias por su visita.
Tiene el uso de la palabra la diputada Joaquina Navarrete Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD, para fijar postura hasta por cinco minutos, amiga diputada.
La diputada Joaquina Navarrete Contreras: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, hago uso de mi representación social desde ésta, la más alta tribuna del país, para fijar postura a nombre de mi Grupo Parlamentario del PRD, respecto al dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que se encuentra a discusión.
Estoy orgullosa de estar en esta tribuna, porque ya que el tema de la inseguridad en nuestro país es el que está afectando más a la ciudadanía. Este es un tema de suma importancia, ya que es preventivo.
Como es del conocimiento de todas y todos, el delito de extorsión es un mal que afecta a millones de personas cada año. El tipo penal refiere a esta conducta como el que sin derecho obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí mismo o para otras personas, acosando a alguien y afectando un perjuicio.
Si bien es cierto que la conducta tipificada puede consumarse en supuestos diferentes, la más común desde hace ya bastante tiempo es por medio del uso de tecnologías, principalmente de los teléfonos celulares.
Las reformas que hemos impulsado de este honorable Congreso han contribuido al cese de la reincidencia de esta conducta considerada en contra de la esfera jurídica del gobernado.
Hemos realizado avances significativos en el combate a estos delitos. Sé y estoy segura que esto va a armonizar y perfeccionar los textos jurídicos. Esta propuesta sin duda contribuirá a alcanzar los objetivos mencionados.
Como integrante de la Comisión de Seguridad Pública hago un reconocimiento al presidente, que tuvo a bien hacer esta aportación, diputado José Guillermo Anaya Llamas, que propuso en relación a requerir un informe semestral que deberán rendir, no sólo las autoridades responsables de la operación de los equipos encargados del bloqueo de las comunicaciones dentro de los penales, sino también establece a los concesionarios de las redes públicas de telecomunicaciones a sujetarse a este ordenamiento informativo, el cual deberá ser dirigido a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario.
Con ello, se fortalecerá el marco normativo aplicable en la materia, contribuyendo al combate de esta conducta penal que ha crecido en los últimos años, pues contando con un informe semestral cruzado informativamente por ambos sujetos controladores de las tecnologías en comunicación, se arrojarán datos certeros respecto a los actos u omisiones que encuadren en el texto legal, lo que servirá de evaluación y en la ratificación de denuncias que se presenten a raíz de esta política pública, y esto nos va a ayudar a que la ciudadanía ya no esté viviendo con ese temor, por tanta extorsión que se vive en este país.
Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votará a favor del presente dictamen que busca el bien común y perfecciona nuestra Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que en estos tiempos que estamos viviendo de tanta inseguridad en todo nuestro país, estoy segura que todas y todos lo vamos a votar a favor, y que va a ayudar para que la ciudadanía ya viva con la certeza de que ya no va a haber tanta delincuencia y tanta extorsión, y sobre todo vía telefónica, que se está viviendo.
Le ruego, señor presidente, que mis palabras obren íntegras y sean incluidas en el Diario de los Debates. Muchas gracias a todas y a todos.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputada. Como corresponde su intervención consta en la versión estenográfica y ésta formará parte del Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para fijar la postura de su grupo, hasta por cinco minutos. Adelante, diputado.
El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su permiso, presidente. Compañeros diputados, el día de hoy acudo ante esta soberanía a manifestar el apoyo de los diputados del Partido Acción Nacional al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, correspondiente a la iniciativa de reforma al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, presentada originalmente por el diputado Guillermo Anaya Llamas.
La extorsión es uno de los delitos que más zozobra causan a la sociedad. Ya el CIDAC reconoce que esta conducta es una de las que más eleva la percepción de inseguridad entre la población y cuya ejecución es tan sencilla para los delincuentes que basta con el acceso a una línea telefónica para iniciar el proceso de intimidación y amenaza que implica su modalidad más frecuente.
Además, el volumen de este delito se ha incrementado, principalmente en ese sexenio, por razones diversas, siendo una de ellas que los integrantes de bandas delincuenciales expanden sus actividades por otras que se tornan menos riesgosas de su integridad personal.
Se ha presentado en centros penitenciarios de todo el país, sin distinguir su naturaleza, una tendencia a cometer extorsiones telefónicas desde el interior de los penales, la cual se ha consolidado por tres factores principalmente: la cultura delincuencial de los internos, que no responde a los tratamientos de reinserción social. Los vínculos internos con la delincuencia organizada en el exterior y la indiferencia, que no la complicidad, de servidores públicos del sistema penitenciario.
Este problema, desde luego, ha sido identificado por el Estado mexicano y ya han existido esfuerzos legislativos y administrativos al respecto.
En la legislatura anterior se reformaron tanto la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados Respecto al Bloqueo de Telecomunicaciones. Y a finales del 2012 se publicaron Lineamientos de colaboración entre autoridades y concesionarios para la inhibición de señales.
Sin embargo, no ha sido suficiente y por ello encontramos gran valor en el dictamen de la comisión y en la iniciativa que lo motiva, ya que tiene como fundamento el que exista una mayor supervisión de las operaciones de bloqueo o anulación de señales de telecomunicaciones dentro o en los perímetros de los centros de reinserción social.
El autor de la iniciativa acierta en señalar a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario como la autoridad ante quien debe rendirse un informe por parte de los encargados de la función antes comentada, ya sea entes públicos o privados.
Y esto es un acierto, ya que esta Conferencia es el órgano del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se encarga de establecer mecanismos de coordinación para que se formulen y ejecuten políticas, programas o acciones para el Sistema Penitenciario Nacional de forma homologada y se conforma por los verdaderos brazos operativos del mismo que tienen de primera mano la realidad de los centros de reinserción social.
Así, el que haya una rendición de cuentas de las autoridades o concesionarias responsables ante la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, nos permitirá identificar sobre todo la igualdad de condiciones en el país, las necesidades para que ésta se presente y se podrá sancionar donde se encuentren omisiones culposas o dolosas en la implementación de esta política mejorando su eficacia e impactando en términos reales en la reducción de la incidencia de extorsiones desde los centros penitenciarios.
Acción Nacional no cejará en su firme propósito de apoyar las propuestas que contribuyan a alcanzar las condiciones que favorezcan el respeto a la dignidad de la persona humana y la consecución del bien común, por lo que desde luego respaldamos el presente dictamen e invitamos al resto de los grupos parlamentarios a dar su apoyo por igual, ya que limitando este tipo de actividades que ingresan recursos al crimen organizado podemos menguar el nivel de amenaza al Estado y a los ciudadanos que representa. Muchas gracias.
El Presidente diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, el diputado Javier López Zavala, para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
El diputado Javier López Zavala: Muchas gracias, con la venia de la Presidencia.
El diputado Javier López Zavala: Compañeras y compañeros diputados. A pesar de las medidas aplicadas para el mejor funcionamiento del sistema penitenciario en nuestro país, muchos de los internos no logran los objetivos planteados por los diversos centros de readaptación social, por lo que llegan a delinquir nuevamente una vez terminada su sentencia y muchos de ellos aun dentro de la misma cárcel, siendo uno de los delitos más comunes en estos centros penitenciarios el de la extorsión.
Ilícito que se basa en el uso de las tecnologías, principalmente en teléfonos celulares, para obligar a las personas que les otorguen dinero a través de engaños o amenazas, siendo ésta una vía muy lucrativa para aquellos delincuentes que desean obtener dinero dentro del reclusorio.
La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal ha encontrado por lo menos 13 tipos de extorsión, entre los que se encuentran obligar a realizar operaciones bancarias, emitir mensajes de textos amenazantes o realizar llamadas intimidatorias, por mencionar algunas.
Los altos índices de ese delito han dado pie a que autoridades federales y locales en materia de seguridad tomen medidas con el fin de que las personas verifiquen que las llamadas de supuestos grupos criminales, secuestros o amenazas sean verdaderas, así como también se han enfrentado programas a través de los cuales se coadyuva a la denuncia del ilícito.
Desafortunadamente aún se registran índices preocupantes de extorsión a la ciudadanía siendo los estados con mayor registro de este ilícito el de Quintana Roo, Baja California Sur, Morelos, Baja California, Colima y el Distrito Federal.
En este sentido y, más allá del deseable fomento de una cultura de autocuidado y denuncia, es preciso que las autoridades correspondientes se encuentren facultadas para prevenir y detectar a tiempo cuándo se lleva a cabo la extorsión y se castigue a quien realice este hecho bochornoso.
El dictamen que tendremos a bien aprobar obligará a que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones entreguen a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario semestralmente un informe sobre la operación de los equipos, por lo que tal como lo señala el diputado promovente de esta reforma, se establecerá una responsabilidad adicional a cargo de quienes manejan tales equipos.
En el Grupo Parlamentario del PRI estamos conscientes del problema que significa las extorsiones para la sociedad mexicana, ya que éstas son un motivo para la pérdida de los bienes y, peor aún, de la tranquilidad de miles y millones de mexicanas y mexicanos.
Es por lo anterior expuesto que las y los diputados del PRI votaremos en favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Tiene también la palabra para referirse a este dictamen el diputado Ricardo Mejía Berdeja. Preciso que el señor diputado hablará en pro del dictamen.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Así es, presidente. Si bien es necesario vigilar y regular lo que acontece en los centros que conforman el sistema penitenciario, particularmente las llamadas de extorsión, que han sido una práctica común que estos centros se conviertan en prácticamente call center de extorsionadores, también es importante señalar que urge una política eficaz de readaptación social en el país, porque no solamente es tratar de evitar por medio de la ley que sucedan este tipo de ilícitos, este tipo de intimidaciones, extorsiones, amenazas, que se dan desde el anonimato y la complacencia o complicidad de las autoridades penitenciarias.
También es importante señalar que los centros de reclusión, estatales o federales, no son centros genuinos de readaptación social que procuran el bien de las personas internar, su capacitación y su reinserción social, sino que por su hacinamiento, saturación, coexistencia entre procesados y sentenciados, entre personas con delitos graves y otros con delitos culposos, han generado todo un deterioro del sistema penitenciario nacional.
De poco serviría que se entregue el informe requerido si desde el gobierno federal no se impulsa una verdadera política de readaptación social que incluya también la reinserción de las personas detenidas y también no haya justicia a conveniencia ni que estén purgando condenas o sean sujetos a proceso inocentes que pueblan también estos reclusorios.
Queremos señalar que la problemática de la seguridad pública en el país tiene diferentes ángulos y enfoques. Y nos preocupa que según documentales serias y consistentes, como lo es el semanario Zeta, ha documentado que entre el primero de diciembre del 2012 al 31 de octubre de 2014, se han dado más de 41 mil homicidios dolosos en el país, cifra que incluye ejecuciones, enfrentamientos, homicidios dolosos producto del narcomenudeo y asesinatos intencionales con armas de alto calibre o con tiros de gracia.
El primer lugar en este tipo de homicidios dolosos, según estas estadísticas, es el estado de México con cinco mil 450, seguido de Guerrero con tres mil 680, después Chihuahua con tres mil 357 y Jalisco y Michoacán con dos mil 650 y dos mil 649, respectivamente.
La conclusión –y con ello termino, presidente– es que hace falta una política integral de combate a la delincuencia, tanto la organizada como la común, y que este tipo de reformas que sin duda tienen una buena intención –no dudamos del promovente–, pero son cortas frente a una problemática de mayor profundidad en los centros de readaptación social y en general en la política de seguridad pública del país. Es cuanto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Mejía Berdeja. También para hablar en pro del dictamen, tiene la palabra Emilse Miranda Munive, diputada de la fracción parlamentaria del PRI.
La diputada Emilse Miranda Munive: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: es nuestro deber, como representantes de la ciudadanía, establecer leyes que permitan una sana convivencia entre la sociedad y que prevengan ilícitos por parte de cualquier persona, por lo que estamos empeñados en construir un marco legal que otorgue facultades a los diversos órganos gubernamentales para que vigilen, persigan y en su caso castiguen la violación a las normas.
Uno de los actos que más ha afectado a la población en general en los últimos años es precisamente la extorsión, la cual consiste en que una persona sea obligada, a través de la violencia, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir, en perjuicio de carácter patrimonial o bien del sujeto pasivo, siendo los equipos electrónicos y las nuevas tecnologías los medios a través de los cuales se comete este delito.
Como se sabe, millones de personas de todo el país han sido afectadas por este crimen, ya que por el temor de que sea dañada su familia, su persona o su patrimonio de las mismas, llegan a realizar lo que el sujeto activo les exija.
Este delito puede disminuir de forma considerable si se difunde a todas las personas una cultura de prevención pudiéndose preparar ante cualquier tipo de llamada, mensaje o correo electrónico amenazante.
Acciones como el asegurarse de la veracidad de la llamada o el no proporcionar ningún tipo de información personal, pueden ser clave para no caer en los objetivos del delincuente.
Asimismo, la denuncia de este delito ante las autoridades correspondientes resulta crucial. No sólo para rastrear y detener al delincuente, sino que con ello se busca disminuir y erradicar tal delito.
La reforma contenida en el presente dictamen obligará a que las autoridades responsables de la operación de los equipos y los concesionarios de redes públicas, de telecomunicaciones entreguen a la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario semestralmente un informe sobre la operación de los equipos a su cargo, con lo que se contribuirá a responder a las miles de denuncias que se presentan anualmente en el país, y se hará efectivo el uso eficiente de las tecnologías tendientes a asegurar la seguridad de la población.
Tal imperativo coadyuvará a mitigar a uno de los delitos de más alto impacto en el país con un alto índice de registro y que desafortunadamente ha tenido un aumento en diversas entidades de la República.
Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional seguiremos apoyando e impulsando reformas que respondan a las necesidades sociales y que fortalezcan a las instituciones en materia de seguridad, generando así un México en paz por lo que otorgaremos nuestro voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Señora diputada, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: En virtud de que se ha agotado la lista de oradores en lo general y en lo particular, pido a la Secretaría instruya se abra el sistema electrónico para recoger la votación en lo general y en lo particular del dictamen que está a discusión, por cinco minutos.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría que instruya a que se cierre el sistema electrónico de votación.
El Secretario diputado Xavier Azuara Zúñiga: Se emitieron 408 votos a favor, 0 abstenciones y 0 votos en contra, presidenta.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobado en lo general y en lo particular por unanimidad de 408 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Declaratoria de publicidad de los dictámenes.
Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en el monitor de sus curules los siguientes dictámenes de la Comisión de Puntos Constitucionales:
Con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.
Con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de régimen político y gobiernos de coalición.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple la declaratoria de publicidad.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En consecuencia, está discusión en lo general y en lo particular el dictamen. Para referirse al dictamen y fijar la postura de su grupo parlamentario tiene la palabra la diputada Zuleyma Huidobro González, de Movimiento Ciudadano.
La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. La figura del amparo es de gran trascendencia e importancia en la vida jurídica. Desde su aparición hasta el día de hoy se ha establecido como el medio de defensa constitucional frente a los actos de autoridades o leyes, además de esto, coadyuva para fortalecer el estado de derecho.
El presente dictamen, en el cual se pretende reformar la fracción I del artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículo 103 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se busca es agilizar y dar mayor efectividad al trámite del juicio de amparo. Esto al no permitir que personas ajenas o que no cuenten con algún interés legítimo o jurídico, formen parte del conflicto, que en algunos casos esta reforma beneficiaría al tiempo para lograr una sentencia y que éste cauce ejecutoria.
Pero de fondo lo que realmente busca esta iniciativa es coadyuvar con la reforma energética, ya que como lo dice la presente, en los casos en que el amparo se haya concedido por afectación a un interés legítimo, sólo el quejoso y no otro u otros de los miembros del grupo social al que pertenece, podrá promover o intervenir en los procedimientos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria.
Entonces bien, nos preguntamos, ¿qué pasará cuando se afecte una comunidad en sentido agrario, cuando miembros de un ejido sean afectados en conjunto? Los miembros del grupo tendrán que ampararse por separado, siendo que el conflicto afecta de forma colectiva. Éstos no tendrán voz ni voto para intervenir y solicitar el cobijo de la ley, siendo que son parte importante del conflicto.
Lo que la presente reforma busca es dejar sin voz a las comunidades y ejidos para así poder apropiarse de sus tierras sin obstáculo alguno. Todo es parte del teatro del Ejecutivo federal y su reforma energética, para perjudicar aún más al pueblo de México y seguir entregando nuestros recursos y patrimonio y en este caso afectar a un sector que siempre se ha visto desprotegido por los gobernantes.
Hay innumerables actos de violación de derechos a las comunidades ejidales a lo largo de los años y de los diferentes gobiernos, se les han arrebatado tierras para la construcción de tramos carreteros, de aeropuertos, centros comerciales e infinidad de proyectos que a estas comunidades no les trae ningún tipo de beneficio, sino por el contrario se les –y ahora lo que se propone- lo único que se busca es dejar en un estado de indefensión una vez más a este sector.
Era más que obvio que se buscara reformar la única figura con la que este sector se podría proteger. Es por eso que una vez más nos cuestionamos, ¿a quién protege el gobierno, a favor de quién se dictan las leyes?, porque algo que sí nos queda claro es que no es en beneficio del pueblo mexicano. Sólo basta voltear a ver la situación actual del país. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señora diputada. También me ha pedido la palabra el diputado Antonio Cuéllar y se la cedemos con mucho gusto, para hablar del dictamen.
El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchísimas gracias, presidente. Quiero referirme nada más a la iniciativa que he presentado, con el objeto de que se pueda modificar y adaptar este artículo 77 de la Ley de Amparo.
No puedo dejar de pronunciarme con relación a los señalamientos que han recién sido expresados por parte de mi compañera diputada. El tema del interés legítimo en materia de amparo es algo sumamente técnico, que alude desde luego a la posibilidad de que cualquier persona perteneciente a un colectivo determinado o determinable pueda promover el juicio de amparo, pero del juicio de amparo y de sus sentencias derivan toda una serie de consecuencias que dan lugar, desde luego, a la retrotracción de los efectos de cualquier acto de autoridad y esos actos de autoridad muchas veces benefician a las personas y puede ser terriblemente pernicioso en el ámbito de la impartición de justicia que cualquier persona, aun no habiendo sido parte en un juicio de amparo, después se apersone e intervenga con el objeto de que se impongan sanciones respecto de todas aquellas personas que participan en el procedimiento de ejecución.
Pero siendo estos aspectos técnicos sumamente áridos y a los que no me quiero referir, no puedo dejar de hacer notar y expresarles a ustedes desde luego mi rechazo categórico al señalamiento de que el fundamento de la iniciativa pudiera haber sido o pudiera encontrarse en la reforma energética. No hay nada más ajeno a la verdad que ese señalamiento.
Como también quiero participarles esta reflexión con relación a la posibilidad de que las comunidades agrarias o los ejidos pudieran verse afectados con la aprobación de la iniciativa que está sometida a su consideración. Es absolutamente falso.
Aquí solamente quiero referirme a algo, la doctrina es muy amplia y se reconoce quiénes son sujetos activos de derechos humanos y de garantías. Y respecto de los núcleos de población ejidal y comunal, resulta que los núcleos de población como tal, gozarían de lo que es un interés jurídico, porque tienen una personalidad jurídica propia. De ahí que siendo los núcleos de población ejidal o comunal parte en el juicio de amparo, bastaría con que cualquiera que lo represente acuda para hacer cumplir sus sentencias, para que automáticamente por esto se vean resarcidos en el goce de sus derechos.
¿Qué quiero decirles con esto? Que sería absolutamente imposible que si se llegara a afectar un derecho de algún ejido o de alguna comunidad agraria, gozando estas de interés jurídico se verían impedidas a través del juicio de amparo a poder lograr el cumplimiento de la sentencia que a ellas les beneficie. Esto es absolutamente falso y desde luego denotaría única y exclusivamente un desconocimiento con relación a lo que la jurisprudencia y la doctrina reconoce ya por cuanto a la titularidad de la legitimación para acudir al amparo a favor de los campesinos y de las comunidades agrarias.
Entonces, sí quiero puntualizar nada más que la iniciativa que propongo a ustedes, que ya se encuentra actualmente en el dictamen aprobado en la Comisión, busca única y exclusivamente generar certidumbre. ¿Certidumbre, a favor de quién? De todos los que participan en el juicio de amparo, particularmente a favor de aquellos que se hubieran visto beneficiados por el acto de autoridad respecto del cual se hubiera promovido el juicio de amparo y que en el procedimiento de ejecución de la sentencia pudieran verse rebasados por la intervención de terceros extraños al juicio.
Agradezco, desde luego, la consideración que han tomado en leer el dictamen y en tomarse el tiempo para entender estos aspectos tan técnicos y, desde luego, espero que se vote a favor. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Muchas gracias, señor diputado Cuéllar, muchas gracias.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Agotada la lista de oradores en lo general y en lo particular, pido a la Secretaría instruya se abra el sistema electrónico de votación para recoger la votación en lo general y en lo particular en un solo acto, del dictamen a discusión, hasta por cinco minutos. Para recoger la votación en lo general y en lo particular.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Por instrucciones de la Presidencia háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Pido a la Secretaría instruya se cierre el sistema electrónico de votación.
El diputado Ricardo Monreal Ávila (desde la curul): En contra.
La diputada Merilyn Gómez Pozos (desde la curul): En contra.
La Secretaria diputada Laura Barrera Fortoul: Señor presidente, se emitieron 14 votos en contra, 3 abstenciones, 367 votos a favor.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto que reforma el artículo 77 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: El siguiente punto del orden del día son dictámenes a discusión con puntos de acuerdo. En virtud de que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria y disponibles en los monitores de sus curules, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si son de aprobarse los puntos de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Aprobados. Comuníquense. Continúe la Secretaría.
El Secretario diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con proyecto de decreto que reforma los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo: Se recibió de la diputada Elvia María Pérez Escalante, del Grupo Parlamentario del PRI, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 11 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables para dictamen.
El Presidente diputado Silvano Aureoles Conejo (15:52 horas): Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana miércoles 10 de diciembre del año 2014 a las 11 horas. Y se les informa que el sistema electrónico estará abierto a partir de las 9:30 horas.

References: artículo 31
 artículo 77
 artículo 23
 artículo 41
 artículo 26
 artículo 180
 artículo 2
 artículo 14
 artículo 87
 artículo 134
 artículo 29
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 144
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 1
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 4
 artículo 144
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 144
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 14
 artículo 190
 artículo 190
 artículo 31
 artículo 31
 artículo 144
 artículo 31
 artículo 87
 artículo 77
 artículo 77
 artículo 103
 artículo 77
 artículo 144
 artículo 77
 artículo 11