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Timestamp: 2017-08-16 19:27:39+00:00

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Neuman, Diana I. y otros contra Municipalidad de G
Intangibilidad salarial.
En la ciudad de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />La Plata, a 11 de septiembre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Soria, Kogan, Genoud, de Lázzari, Pettigiani, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B. 65.697, "Neuman, Diana I. y otros contra Municipalidad de General San Martín. Demanda contencioso administrativa".
I. Los doctores Diana Isabel Neuman, Juan Carlos Somaschini, ambos por derecho propio y con patrocinio letrado y Oscar Ricardo Dragui, letrado en causa propia, promueven demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General San Martín y solicitan se declare la nulidad de la resolución del 28-X-2002 y del decreto 391/2003 del 7-III-2003, ambos dictados por el Intendente de dicha comuna en el expediente administrativo 9360-V-2001, y del decreto municipal 519/2002.
La citada resolución denegó la restitución de los descuentos efectuados en los sueldos de los actores desde el mes de mayo de 2002.
Por su parte, el decreto 391/2003 decidió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la citada resolución.
El decreto 519/2002 fue señalado por la mencionada autoridad administrativa como fundamento de los descuentos cuestionados por esta acción.
Por consecuencia de la nulidad pretendida, piden se ordene el pago íntegro de sus sueldos y la restitución de los importes retenidos con más intereses a la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Requieren, también, el dictado de una medida cautelar que disponga la inmediata suspensión de los actos administrativos impugnados.
Asimismo, solicitan se fije una indemnización por el daño moral que dicen haber sufrido con motivo de los padecimientos que aducen como consecuencia de la reducción salarial que por esta acción impugnan.
Finalmente, ofrecen prueba y formulan reserva de caso federal.
II. Corrido el traslado de ley, a través de su representante, contesta demanda la Municipalidad de General San Martín, argumenta en favor de la legitimidad del decreto impugnado y solicita el rechazo de las pretensiones formuladas por la parte actora.
III. Agregadas las actuaciones administrativas, glosados los respectivos cuadernos de prueba (fs.105/157; 158/229) y declarado por perdido a las partes el derecho que tenían de alegar (ver fs. 234), la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente
Relatan los actores que durante el año 2002 el municipio les abonaba los sueldos en cuotas y con un atraso que, en algunos casos, llegó a superar los dos meses.
Explican que por esta situación nunca sabían exactamente qué cobraban hasta que se les repartían los respectivos recibos de sueldo un tiempo después. Narran que el 19-VII-2002, les fue entregado el recibo de sueldo correspondiente al mes de mayo/2002, oportunidad en la que advirtieron que el salario básico había sido reducido en un 10%.
Indican que ese mismo día realizaron una presentación ante la Municipalidad y solicitaron, con fundamento en el art. 25 -actual 26- del Código de Faltas de la Provincia de Buenos Aires (decreto ley 8751/1977 t.o. ley 10.269-), el inmediato reintegro de los montos descontados.
Detallan que el 28-X-2002 el Intendente municipal resolvió denegar la solicitud de reintegro con fundamento en que la intangibilidad de los sueldos consagrada en el referido art. 26 in fine, era de carácter relativa y, por ende, el salario era susceptible de ser disminuido.
Precisan que el decreto 391/2003 rechazó el recurso de revocatoria interpuesto contra la citada resolución del 28-X-2002.
Sostienen que los actos que impugnan evidencian un absoluto avasallamiento de los principios republicanos y democráticos plasmados en la Constitución nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Postulan que el art. 26 del decreto ley 8751/1977 fija un piso para el sueldo del Juez de Faltas y que una vez elevado, al equipararse al del secretario del departamento ejecutivo (decreto municipal 516/1994), no puede ser disminuido mientras permanezcan en sus funciones.
Puntualizan que los juzgados de faltas cons-tituyen dentro de la órbita municipal un fuero judicial sui generis en el que prima el grado de independencia y autonomía con que el legislador ha querido dotarlos a través de las garantías de estabilidad e inamovilidad de los jueces y de intangibilidad de sus sueldos, con el evidente propósito de evitar que el órgano judicial municipal quede sujeto a los caprichos o conveniencias del Intendente de turno.
Afirman que las normas del decreto ley 8751/1977 deben prevalecer sobre las resoluciones y decretos del departamento ejecutivo municipal.
Agregan que el derecho a la intangibilidad del sueldo trasciende su mero interés personal (arts. 14 y 17, Constitución nacional) y atañe principalmente a la organización constitucional republicana y, en definitiva, a la comunidad toda, como destinataria última de un correcto servicio de justicia.
En atención a lo dispuesto en el art. 1 del decreto municipal 519/2002, aclaran que los jueces de faltas no pertenecen al personal superior de la municipalidad, sino que son órganos creados por ley provincial y designados por el Concejo Deliberante a propuesta del departamento ejecutivo municipal.
Aducen que en tal carácter, gozan de estabilidad en el cargo y de la intangibilidad de sus salarios.
Advierten que la referida equiparación salarial con los secretarios del departamento ejecutivo municipal no implica que pierdan la condición de órganos juris-diccionales.
Explican que la categoría "personal superior" agrupa a los llamados funcionarios políticos, designados por el Intendente y que no gozan de estabilidad en sus cargos.
Añaden que respecto a dicho personal, es facultad discrecional del Intendente su nombramiento y/o destitución, así como también el aumento de sus haberes a través de la asignación de un rubro no remunerativo denominado "bonificación por tiempo pleno", compensación que los jueces de faltas no perciben.
Asimismo, afirman que los jueces de faltas no se encuentran contemplados en la enumeración del personal superior que realiza el art. 20 de la ordenanza 7984/01 a la que refiere el decreto municipal 519/2002 de rebaja de sueldos.
Se agravian por discriminación al señalar que, por una parte, se equipara sus sueldos a los de los Secretarios municipales y, por el otro, no se les otorgan los "sobresueldos" (bonificación por tiempo pleno se establece entre el 50% y el 100% del sueldo básico de la categoría) que se asignan a los funcionarios políticos.
Destacan que si bien el decreto municipal 519/2002 cita como antecedente los decretos 508/2002 y 509/2002, por los que se dispuso la reducción del horario de labor del personal de planta permanente, medida que conlleva una reducción del salario; a los jueces de faltas sólo se les aplicó el descuento del 10% de sus salarios sin ninguna variación del resto de las condiciones laborales.
En otro orden, explican que en atención a que el sueldo del personal municipal -jueces de faltas incluidos- se fija en la ordenanza de presupuesto emanada del Concejo Deliberante, no puede ser modificado por decreto del Intendente municipal.
Entienden que los actos impugnados son ilegales y confiscatorios además de manifiestamente violatorios del derecho de propiedad tanto respecto al uso y goce del patrimonio afectado (art. 14, Const. nac.) como a su inviolabilidad (art. 17, Const. nac.), y contrarios a los principios de legalidad, razonabilidad, seguridad jurídica e igualdad frente a la ley.
Expresan que toda quita arbitraria e injustificada de la remuneración, dado su carácter alimentario, trae aparejada perjuicios que deben ser reparados.
Sostienen que tal menoscabo no debe tenerse por satisfecho con el pago de las diferencias salariales retenidas, sino que debe incluir una compensación por la intranquilidad y sufrimientos injustos que las resoluciones impugnadas les causan así como también por las restricciones en sus gastos habituales.
Dicen que no es necesario probar el daño moral, desde que tratándose de una lesión a los sentimientos, queda acreditado por la simple valoración de las circunstancias que el juzgador infiera en una apreciación prudente.
Con fundamento en la doctrina de este Tribunal, concluyen que el daño moral no requiere ninguna prueba específica por cuanto ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica y, en consecuencia, solicitan se los indemnice en concepto de daño moral, por todos los padecimientos que alegan haber sufrido, en una suma mínima equivalente a tres veces el importe indebidamente retenido a cada uno.
II. A su turno, la Municipalidad de General San Martín, expresa que a través de la ordenanza 7822/01 adhirió a la emergencia económica declarada por la ley 12.727 y sus modificatorias.
Agrega que en ese marco dictó los decretos 508/2002, 509/2002 y 519/2002.
Precisa que los primeros dos decretos indicados dispusieron la disminución del horario y del sueldo del personal municipal de las plantas permanente y temporaria.
Añade que el decreto 519/2002, por su parte, ordenó la reducción en un 10% del sueldo básico de los funcionarios municipales.
Explica que en razón de que los salarios de los jueces de faltas están equiparados a los que perciben los secretarios del departamento ejecutivo, sus sueldos se vieron afectados por la referida reducción salarial.
Indica que los actores reclamaron el cese de tal medida de ajuste a través del expediente administrativo 9360-V-2001, pretensión que fue rechazada el 28-X-2002.
Continúa relatando que el recurso de revocatoria interpuesto por los interesados contra la indicada decisión, fue denegado a través del decreto 391/2003.
A tenor de lo dispuesto en el art. 19 de la ley 8751 y en la ley 11.757 concluye que el Juez de Faltas es un "empleado de la administración pública municipal" que pertenece a la planta permanente y, por consecuencia de ello, goza de estabilidad en el cargo.
Seguidamente, manifiesta que en razón de ser los jueces de faltas parte integrante del plantel municipal y regirse por la ley 11.757, en virtud de lo dispuesto en los arts. 19 inc. "a" y 104 de dicha ley, es el departamento ejecutivo quien determina el sueldo y el escalafón del plantel municipal.
Advierte que los salarios de todos los empleados de la Administración Pública municipal deben estar dentro del presupuesto de gastos del ejercicio en curso pero la determinación de los mismos por imperativo de la ley 11.757 (arts. 19 inc. "a" -modificado por ley 11.863- y 104) es competencia del departamento ejecutivo.
Aclara que el art. 63 inc. 4º de la ley 6769/58 ha sido derogado por el art. 106 de la ley 11.757, por lo que afirma que el Concejo Deliberante no tiene injerencia en la determinación de los sueldos del personal comunal.
Refiere que en tal marco, se dictó el decreto 519/2002 por el que se dispuso la reducción salarial del 10% al personal superior del municipio.
Finalmente, concluye que la acción carece de sustento fáctico y legal toda vez que la mentada reducción salarial es de carácter general y afecta a todos por igual.
III. Del expediente administrativo 4051-9360-V-2001 agregado en autos (fs. 49) y demás prueba producida, surgen las siguientes circunstancias útiles para la decisión de la causa:
1. Reclamo presentado por los jueces de faltas el 19-VII-2002 (fs. 53).
2. Con fecha 28-X-2002 se rechaza el reclamo (fs. 8), conforme los fundamentos expuestos en el dictamen de la Asesoría Jurídica en el que se sostuvo que al haberse reducido el sueldo del cargo testigo -director- correspondía hacer lo propio con el de Juez de Faltas toda vez que la intangibilidad reconocida legalmente se limitaba a que no percibieran un sueldo inferior al de director (fs. 7).
3. Por decreto municipal 319/2002 (fs. 64/65) se rechaza el recurso de revocatoria interpuesto a fs. 61/62.
4. Informe realizado por la demandada sobre los sueldos correspondientes al nivel secretarios del departamento ejecutivo y los descuentos realizados en los sueldos de los actores desde abril de 2002 (fs. 116/117).
5. Informe pericial contable (fs. 132/153) observado por la demandada a fs. 156.
6. Decretos municipales 508/2002 (fs. 166/167); 772/2002 (fs. 168); 516/1994 (fs. 169); 509/2002 (fs. 175); 519/2002 (fs. 213) y 810/2003 (fs. 214).
7. Legajos de los actores (fs. 176/211).
IV. La cuestión sometida a decisión de este Tribunal se centra en determinar si los descuentos salariales sufridos por los actores, con fundamento en lo dispuesto por el decreto municipal 519/2002, se ajustan a derecho.
1. El aludido decreto dispuso: "Redúzcase a partir del 1° de mayo de 2002 el sueldo básico del Personal Superior, previsto en el artículo 20° de la Ordenanza n° 7984/01, en el orden del 10%".
Para así decidirlo, el Intendente municipal se limitó a invocar el decreto 502/2002 por el que, con fundamento en la grave crisis económica por la que atravesaba el municipio, se había dispuesto, entre otras medidas tendientes a reducir el gasto público, la disminución de la jornada laboral de los agentes municipales.
Del informe pericial contable agregado a fs. 132/153 y de la copia del decreto 810/2003 (v. fs. 214) resulta que los descuentos impugnados por los actores cesaron el 30-IV-2003.
La ordenanza 7984/01 al establecer en su art. 20 los sueldos del personal superior de la Municipalidad, enumera a todos los funcionarios municipales incluidos en esta categoría (v. fs. 30).
Entre ellos no figuran los jueces de faltas por lo que no corresponde entender que integren la planta de personal superior del municipio.
Con relación a su retribución, el decreto 516/1994 (v. fs. 169), estableció que los jueces de faltas perciban una remuneración equivalente a la categoría presupuestaria de secretario del departamento ejecutivo, desde el 1 de abril de 1994, con los derechos corres-pondientes a funcionarios de planta permanente en la carrera administrativa municipal.
2. Puntualizados los actos administrativos que configuran el caso de autos, he de referir a la naturaleza de los juzgados de faltas, cuestión respecto a la que me permito reiterar lo expresado en mi voto en la causa B. 63.590, "Saisi", sent. de 15-VI-2011.
La Constitución de la Provincia, al consagrar el régimen municipal, no contiene ninguna disposición que aluda a la justicia de faltas municipal.
Su actual organización fue instituida por el decreto ley 8751/1977 -posteriormente enmendado por la ley 10.269- y prevé que las faltas municipales sean juzgadas, en principio, por los Intendentes y, en los municipios en los que se creen juzgados de faltas, por los jueces a cargo de los mismos (art. 19, decreto ley cit.).
Los titulares de tales órganos son funcionarios municipales que designa el Intendente municipal previo acuerdo del Concejo Deliberante (art. 21, dec. ley cit.). Gozan de estabilidad o inamovilidad en sus funciones (art. 22, primera parte, dec. ley cit.) y están amparados por un régimen especial de remoción para preservar su autonomía (art. 22, segunda parte y sig., dec. ley cit.).
De lo expuesto cabe inferir que los juzgados de faltas municipales, en aquellos municipios en los que han sido creados, son dependencias administrativas de la comuna, que forman parte del departamento ejecutivo (conf. voto del doctor Hitters -al que adherí- en la causa B. 57.454, "Sebey", sent. de 1-III-2004).
Desde antaño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, bien que en términos generales, que la justicia municipal de faltas no posee las notas propias del Poder Judicial, constituyendo sólo órganos administrativos cuyas decisiones no revisten el carácter de sentencias (conf. C.S.J.N. Fallos 310:674, 1380; 311:334; 326:4087). En similar sentido, se ha expresado este Tribunal al resaltar que la índole de las funciones que ejercen y el grado de autonomía funcional con que el Legislador los ha dotado, que presenta similitudes con la estrictamente jurisdiccional, no alteran esa calidad de órganos de la Administración municipal (conf. doct. causa I. 2214, "Di Mantova", sent. de 16-II-2005; B. 62.266, "Andrenacci", sent. de 8-VII-2008 y B. 63.590, "Saisi", cit.).
Cierto es que, por lo antes dicho, la ley 11.757 expresamente ha excluido de su ámbito de aplicación a los funcionarios para cuyo nombramiento o remoción las leyes fijen procedimientos determinados (conf. art. 2 inc. "c"), entre los cuales se hallan precisamente los jueces de faltas. También lo es que la vinculación entre los titulares de tales órganos y el municipio presenta rasgos singulares. Mas todo ello no lleva necesariamente a excluir o a desechar de plano la aplicación de algunas normas generales que alcanzan a los funcionarios comunales, en las parcelas no reguladas expresamente por el propio régimen de faltas y en tanto no fuesen incompatibles con la índole de su cometido.
Por ejemplo, pese a que el decreto ley 8751/1977 nada dice al respecto, mal podría postularse que los titulares de un juzgado de esta clase carezcan de los restantes derechos contemplados en el art. 14 y sig. de la ley 11.757. Del mismo modo, no sería procedente afirmar, vgr. que los jueces de faltas están eximidos de cumplir las obligaciones descriptas en el art. 59 de dicha ley o que están habilitados para actuar por fuera de las prohibiciones fijadas en su art. 60.
Así pues, algunas reglas, ora consagradas en la ley 11.757, ora en otros textos normativos, aplicables al universo de funcionarios locales de base no electiva, pueden alcanzar a los jueces de faltas, mientras que otras, específicas de su cometido funcional, serán desplazadas por exhibir una abierta incompatibilidad con el sentido del régimen previsto en el decreto ley 8751/1977 (conf. doctrina causa B. 63.590 cit.).
3. Con todo, en lo atinente a sus remuneraciones, el decreto ley 8751/1977, en su art. 26, dispone que los sueldos de los jueces de faltas "... no podrán ser inferiores a los de Directores del Departamento Ejecutivo...".
Asimismo establece que tales retribuciones "... no podrán ser disminuidas mientras permanezcan en sus funciones...".
La norma es categórica en este punto. De acuerdo a sus claros términos, la comuna no podía aplicar descuentos a los sueldos de los jueces de faltas sin incurrir en un comportamiento contrario a derecho (conf. doctrina causa B. 57.751, "Striebeck", sent. de 7-XI-2001).
Esta Corte ha afirmado reiteradamente que la sujeción de la Administración al principio de legalidadá impone a sus órganos un obrar consistente con el ordenamiento jurídico (doct. causas B. 56.364, "Guardiola" y B. 54.852, "Pérez", ambas sents. de 10-V-2000; B. 55.010, "Chaina", sent. de 2-VIII-2000; B. 66.693, "Recovering S.A.", sent. de 6-VI-2005; B. 62.971 y B. 61.880, "Mango", ambas sentencias de 30-XI-2011).
De este modo, el decreto que invoca la demandada como sustento de la rebaja salarial se encuentra en contradicción con el principio establecido en el art. 26 del referido decreto ley.
4. La actitud del municipio tampoco encuentra debido sustento en las medidas que dice haber adoptado para paliar la crisis económica financiera que invoca.
En este sentido, la demandada no acompaña la ordenanza 7822/01 a través de la cual, según señaló al contestar la demanda (v. fs. 79), la Municipalidad habría adherido a la ley 12.727 que declaró la emergencia económica financiera en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
Con relación a ello este Tribunal ha manifestado anteriormente que el principio según el cual los jueces deben conocer el derecho iura novit curia no se extiende a la totalidad de las reglamentaciones locales que, al igual que el derecho extranjero, les resulta imposible conocer. Por tal motivo, la norma dictada por la Municipalidad de General San Martín a través de la cual se habría materializado la adhesión que pretende la accionada, es un hecho que debió acreditar de acuerdo a las reglas que rigen la carga de la prueba en cualquier proceso. Y a cuyo respecto, más allá de la mención tangencial, no ofreció ni produjo prueba alguna (conf. art. 375, C.P.C.C. y doct. causas B. 63.590, "Saisi", sent. de 5-III-2003; B. 55.010, "Chaina", resol. de 12-XI-2003; B. 56.618, "Oviedo", sent. del 4-X-2006; B. 65.861, "Círculo", sent. de 10-X-2007 y B. 69.722, "Porretti", resol. de 15-X-2008).
Por consecuencia de ello resulta imposible constatar la existencia de la mentada adhesión y, en tal caso, su alcance a fin de evaluar la regularidad del obrar administrativo denunciado.
Tal omisión probatoria resulta esencial si se tiene presente que la validez de la emergencia depende esencialmente de que se verifique: 1°) la existencia de una situación que ponga en crisis la protección de los intereses vitales de la comunidad; 2°) que la ley haya sido dirigida a un fin legítimo, es decir, que no sea para mera ventaja particular de los individuos sino para la protección de un interés fundamental de la sociedad; 3°) que el alivio proporcionado por la emergencia lo fuese bajo condiciones razonables; 4°) que la prórroga del plazo de redención no sea irrazonable (v. mi voto en la causa B. 64.119, "Asociación de Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Morón, Hurlingham e Ituzaingó", sent. de 5-V-2010).
La omisión probatoria indicada deja sin sustento jurídico el accionar administrativo.
5. En atención a tales consideraciones, juzgo que los descuentos efectuados en los salarios de los actores resultan ilegítimos (art. 26, dec. ley 8751/1977), razón por la cual los actos que así lo ordenan deben ser dejados sin efecto.
Como corolario de la invalidación dispuesta, corresponde condenar a la Municipalidad demandada a abonar a los accionantes la diferencia de haberes resultante de la aplicación del decreto 519/2002 (conf. art. 1051 del Cód. Civ., aplicable por analogía a las nulidades adminis-trativas; arg. arts. 171, Const. provincial y 16, Cód. Civ.).
Teniendo en cuenta el alcance de la pretensión deducida (v. fs. 34/41) y la denuncia formulada por los actores acerca de que el decreto 519/2002 fue derogado por su similar 810/2003 y, como consecuencia de ello, la comuna procedió al pago íntegro de los sueldos del mes de mayo de 2003 en adelante (v. fs. 47), la condena pecuniaria deberá alcanzar a las retroactividades comprendidas desde el 1-V-2002 al 30-IV-2003.
V. En cuanto a la pretensión de que se reintegren la sumas descontadas con más los intereses calculados conforme la tasa activa, es preciso reiterar que, en las causas C. 101.774, "Ponce" y L. 94.446, "Ginossi" (ambas sents. de 21-X-2009) este Tribunal decidió -por mayoría- ratificar la doctrina que sostiene que a partir del 1 de abril de 1991, los intereses moratorios deben ser liquidados exclusivamente sobre el capital (art. 623, Cód. Civil) con arreglo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos y, por aquellos días que no alcancen a cubrir el lapso señalado, el cálculo será diario con igual tasaá(conf. arts. 7 y 10, ley 23.928, modificada por ley 25.561; 622, Cód. Civil; causas Ac. 43.448, "Cuadern", sent. de 21-V-1991; Ac. 49.439, "Cardozo", sent. de 31-VIII-1993; Ac. 68.681, "Mena de Benítez", sent. de 5-IV-2000; L. 80.710, sent. de 7-IX-2005; C. 108.300, "Rivadeneira", sent. de 27-VI-2012).
VI. Resta entonces tratar la pretensión indemnizatoria del daño moral que los accionantes reclaman.
Sabido es que dicho rubro tiende a resarcir el detrimento o lesión en los sentimientos, en las íntimas afecciones de una persona. Tiene lugar cuando se infiere un gravamen apreciable a ellas o, en general, cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables.
Sin embargo, en general, la condena indemnizatoria ha de depender de la suficiente alegación que del perjuicio formule el reclamante (arg. arts. 31 inc. 6º, C.P.C.A.; 330 inc. 6º, C.P.C.C.) como de la prueba que lo corrobore, sumado a ello la prudente valoración judicial fundada en las particulares circunstancias de la controversia y en la sana crítica (arts. 25, C.P.C.A.; 163 inc. 5º, 375 y concs., C.P.C.C.). No hay que olvidar que toda indemnización, regida ya sea por el derecho público o por el derecho privado, supone la existencia del daño (C.S.J.N., "Astilleros Príncipe y Menghi S.A.", sent. de 5-III-1996, "La Ley", 1996-C-420).
En mi opinión, aquél debe ser punto de partida a falta de una previsión genérica sobre la aplicación presunta del daño moral a cualquier hipótesis de acto ilícito (conf. Agoglia, María M. Boragina, Juan C. Meza, Jorge A., "La prueba del daño moral", ps. 153, 170, en Rev. de Derecho de Daños, n° 4, "La Prueba del Daño I") lo cual tiene particular relevancia en la materia de empleo público -aun de aquella de naturaleza particular como la aquí tratada- cuyo contenido, evidentemente, no es homologable al de otras en que el ordenamiento jurídico, al incorporar ciertas presunciones «normativas» de daño (vgr. en los arts. 622, 656, 1078, 1084 yá 1085 del Código Civil) hace que ciertos rubros resarcitorios como tales y con prescindencia de su magnitud queden dispensados de cabal probanza. Tampoco se equipara a determinados supuestos reflejados por la experiencia jurídica (vgr. mala praxis médica, ciertas lesiones al afectado como los daños estéticos, intromisiones en la autodeterminación informativa de la persona, atentados a su intimidad, arrestos ilegítimos, etc.) en los que la afectación causada surge de las aristas típicas, tanto de la conducta ofensiva como del bien dañado, posibilitando un avance decidido en la dirección de aquella dispensa. Entonces, ante una resolución administrativa ilegítima, el hecho de no partir de la presunción de daño moralá significa que el perjuicio a esa esfera personal del agente no ha de reputarse como un efecto necesario de la puesta en práctica del acto referido. Es necesario que en el proceso sea objetivada la lesión o repercusión negativa sobre aquella esfera vital invocada por el demandante. Vaya dicho ello sin ánimo de excluir que, según las circunstancias del actuar antijurídico de la Administración, en algún caso sea razonable inducir yá predicar, así como tener por determinada, una lesión extrapatrimonial indemnizable que se acumule al resarcimiento del daño material, lo que no juzgo acontecido en la especie. En esta misma inteligencia, sin mengua del prudente arbitrio judicial, se ha supeditado el monto del daño, quantum debeatur, ya sea moralá o material, a la demostración que sobre la magnitud del mismo efectúe quien lo demanda, yá en tal caso, a la prueba en contrario de la demandada (conf. voto del doctor Hitters en causa B. 52.134, "Toti", cit.).
En la especie, los actores no produjeron prueba que acredite en forma alguna la procedencia de la indemnización pretendida (arts. 375 yá 376 del C.P.C.C. yá 77 inc. 1º, ley 12.008 texto según ley 13.101).
VII. Por las razones explicitadas, juzgo que debe hacerse lugar parcialmente a la demanda, condenando a la Municipalidad de General San Martín a reintegrar a los actores las sumas que les fueron descontadas de sus respectivos sueldos desde mayo de 2002 y hasta el 30-IV-2003.
A dichos montos se adicionarán intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 -coincidente en ambas redacciones en su contenido-; 622 del Cód. Civ. y 5 de la ley 25.561); el que deberá abonarse dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. provincial).
Costas por su orden (arts. 17 de la ley 2961; 78 inc. 3º de la ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
La señora Jueza, doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Adhiero a las consideraciones expuestas por el señor Juez doctor Soria en el punto IV.3 y siguientes, pues considero suficiente lo que allí se señala para dar acabada solución a la presente controversia.
Adhiero a las consideraciones expuestas por el señor Juez doctor Soria, con excepción de lo resuelto en los puntos V. y VI.
Con relación a la tasa de interés, en las causas "Ginossi" (L. 94.446) y "Ponce" (C. 101.774), ambas sents. del 21-X-2009, recientemente esta Corte, por mayoría, ha determinado la aplicación de la tasa pasiva reiterando su doctrina anterior.
No he suscripto a esa posición por las razones vertidas en el voto en minoría obrante en dichos autos que, por razones de economía y celeridad, doy por reproducidos aquí.
Sin embargo, en el caso concreto de autos, ubicado en la competencia originaria de esta Suprema Corte y ante la necesidad de resolver la cuestión de autos, no encuentro en la demanda motivaciones suficientes para sostener la aplicación de la tasa activa, no habiéndose incorporado a la causa elementos idóneos ni circunstancias especiales en tal sentido, de suerte que no se revela entidad jurídica suficiente para apartarme del criterio enunciado.
En cuanto respecta a la reparación del daño moral, comparto la doctrina afirmada por este Tribunal en punto a la presunción de su existencia y, por ende, su procedencia ha de tenerse por demostrada por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable de ésta a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad de un daño moral.
En consecuencia, estimo en $ 5.000 el monto de este rubro.
Adhiero a la solución propiciada por el distinguido colega doctor Soria en su voto con sustento en los fundamentos allí brindados en los puntos IV -apartados 3 y 4- y V, en tanto ellos abastecen de modo suficiente la conclusión postulada para la pretensión principal deducida en autos. Resultando innecesario, por tanto, emitir un pronunciamiento sobre los tópicos reseñados en las parcelas que excluyo de mi coincidencia inicial.
A su vez, en lo concerniente al resarcimiento por afectación moral igualmente pretendido por los accionantes, he de resaltar que si bien estos formularon un puntual requerimiento al respecto omitieron aportar la prueba del daño invocado. Sin que en la especie se aprecien circunstancias que permitan verificar su presencia.
Lo que no resulta trastocado por la doctrina mayoritaria de este Tribunal -que por cierto comparto- en función de la cual en ciertos supuestos (vinculados esencialmente a la anulación de actos administrativos que extinguieron ilegítimamente la relación de empleo público) se aceptó que el daño moral pueda presumirse por el sólo hecho de la acción antijurídica.
Y ello desde que el presente, conforme se desprende del relato efectuado por el ministro que se pronuncia en primer término, exhibe un disímil sustrato fáctico y jurídico que obsta la posibilidad de adoptar un criterio similar en los términos de la citada doctrina y, por ende, de conjeturar sobre la existencia de una afectación del tenor de la alegada (conf. doctrina causas B. 57.171, "Castro Galván", sent. del 21-VI-2000; B. 59.610, "Matwijow", sent. del 15-III-2006; y mi voto en la causa B. 57.993, "Cejas", sent. del 27-IX-2006).
En consecuencia, la pretensión indemnizatoria de marras debe ser rechazada.
II. Reiterando mi adhesión al voto del doctor Soria, con las salvedades y alcance apuntado, doy el mío por la afirmativa.
Costas por su orden (arts. 17, C.P.C.A. y 78 inc. 3°, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente a la demanda, condenando a la Municipalidad de General San Martín, a reintegrar a los actores las sumas descontadas de sus respectivos sueldos desde mayo de 2002 hasta el 30-IV-2003.
A dichos montos se adicionarán intereses que se calcularán de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación hasta el pago efectivo (arts. 8 y 10 de la ley 23.928, texto según ley 25.561 -coincidente en ambas redacciones en su contenido-; 622 del Cód. Civ. y 5 de la ley 25.561).
La sentencia deberá cumplirse dentro de los sesenta días (arts. 163 y 215, Const. prov.).
Costas por su orden (arts. 78, inc. 3, ley 12.008, texto según ley 13.101, y 17, C.C.A., ley 2961).
Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 51, última parte, decreto ley 8904/1977).

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
sui generis
 artículo 20
 resolución