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Timestamp: 2020-02-26 01:52:08+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 711, de 05/02/2019
cve: DSCD-12-CO-711
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 711
Comparecencia de la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez):
- Para que explique si se ha evaluado el impacto que tiene la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, sobre la oferta existente de prácticas académicas, la pérdida de oferta que se va a producir, el efecto sobre la Formación Profesional Dual y quién piensa que va a asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001364) ... (Página2)
- Para que explique sus planes para derogar de forma urgente e inmediata la LOMCE. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001402) ... (Página2)
Señora ministra, bienvenida a esta reunión de la Comisión de Educación y Formación Profesional, cuyo orden del día ha sido ratificado previamente a esta reunión, en una sesión de Mesa y portavoces. Esta comparecencia se celebra para que explique dos temas. En primer lugar, si se ha evaluado el impacto que tiene la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, sobre la oferta existente de prácticas académicas, la pérdida de oferta que se va a producir, el efecto sobre la formación profesional dual y quién piensa que va a asumir el coste de las cuotas de la Seguridad Social; iniciativa esta del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Y en segundo lugar, para que explique sus planes para derogar de forma urgente e inmediata la Lomce; iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Vamos a acumular en una primera intervención ambas peticiones de comparecencia -como sabe, no tiene usted límite de tiempo-; a continuación, por un tiempo de doce minutos -que evidentemente no es necesario agotar-, intervendrán los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, de menor a mayor; después, contestará la ministra y, posteriormente, tendrá lugar un turno de réplica de los portavoces de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de tres minutos, seguido de la contestación final de la señora ministra.
Por tanto, comenzamos inmediatamente con la exposición de la señora ministra. Tiene la palabra doña María Isabel Celaá Diéguez.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Estoy encantada de estar aquí hoy para poder debatir con todos y todas ustedes lo que hoy nos trae. Voy a empezar de mayor a menor y, por tanto, comenzaré por la ley; el orden de sumandos supongo no alterará el resultado.
Como les digo, tengo el gusto de comparecer hoy de nuevo ante esta Comisión de Educación para responder a dos peticiones presentadas por los grupos parlamentarios de Unidos Podemos y Partido Popular, respectivamente. Permítanme que comience por lo que se refiere al proceso de tramitación y las previsiones acerca del proyecto de ley por el que se modifica la LOE. Como saben, el pasado 19 de noviembre el Ministerio de Educación y Formación Profesional remitió a las consejerías de Educación de las comunidades autónomas y a todas las organizaciones representadas en los distintos órganos de participación y consulta, entre los que se encuentran el Consejo Escolar del Estado, el Consejo General de la Formación Profesional o las mesas sectoriales de negociación de la educación pública y de la concertada, por no citar sino algunos de los más relevantes, el anteproyecto de ley orgánica por el que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de Educación. El anteproyecto se sometió asimismo a consulta pública abierta, como resulta preceptivo. Fue de ese modo como presentamos a la sociedad española nuestra intención de reformar la legislación educativa mediante un texto articulado sobre el que pudiesen dar su opinión y hacer propuestas los miembros de la comunidad educativa, las personas interesadas y las organizaciones o administraciones implicadas en la educación. Por medio de este anteproyecto concretábamos la voluntad que habíamos anticipado de reformar la legislación educativa y, a este respecto, permítanme hacer una observación inicial.
Se suele señalar, generalmente con una importante carga crítica, que en los años transcurridos desde 1970 hasta la actualidad se han sucedido demasiadas leyes de educación que solo han proporcionado inestabilidad para el sistema educativo e inseguridad para el profesorado, los estudiantes, las familias y los responsables educativos, pero no conviene hacer una lectura tan simple de la evolución de las normas básicas acerca de la educación. En realidad, todas las leyes educativas que se han promulgado después de la recuperación de la democracia han mantenido una misma estructura del sistema educativo; así, las etapas educativas que existen en la actualidad han adoptado desde 1990 hasta 2013 un mismo esquema para la organización y el desarrollo del currículo, han modificado solo ligeramente la organización de los centros educativos, han mantenido el sistema de conciertos diseñado hace más de treinta años y han establecido normas bastante estables para el ejercicio de la profesión docente. Dicho con otras palabras, en los últimos cuarenta años hemos ido dotando de estabilidad a nuestro sistema educativo. ¿Quiere esto decir, acaso, que el sistema educativo español no haya cambiado? Obviamente, no es ese el sentido de mis palabras ni puede serlo. La educación es una actividad que evoluciona al mismo tiempo que las sociedades a las que sirve, y la sociedad española ha cambiado enormemente desde 1975. Por tanto, no hubiese sido lógico que la educación permaneciera
inmutable. No ha sido así ni podría haberlo sido. La legislación educativa ha ido evolucionando de acuerdo, además, con la voluntad que la ciudadanía española ha ido expresando sucesivamente en las urnas, como ocurre en todos los países y como es lógico que suceda. Lo que quiero señalar es que los estudiosos, no necesariamente los meros opinadores, consideran que el sistema educativo español ha disfrutado en estas últimas décadas de una estabilidad mayor de lo que muchas veces se reconoce. Entre todos hemos ido construyendo paulatinamente un sistema educativo más universal, más inclusivo, que ha ido perfeccionando sus componentes básicos y reforzando la actividad de los centros educativos, así como el trabajo de sus docentes y la vida de sus comunidades escolares. Vale la pena subrayar que hemos vivido una evolución educativa continuada a lo largo de este fructífero periodo democrático.
Estoy convencida, como sé que muchas de sus señorías comparten, de que nuestro sistema educativo ha alcanzado ya su madurez, y en los sistemas educativos maduros, como el nuestro, no existen soluciones mágicas para resolver sus problemas. Ni la Unión Europea ni la OCDE ni la Unesco, por no citar sino algunas organizaciones internacionales con autoridad en materia de educación, avalan esta idea quimérica. La evolución de estos sistemas, en busca siempre de su mejora continua, se hace mediante el trabajo conjunto, el desarrollo de actividades basadas en el principio de confianza, no en el de sospecha, y la participación de todas las personas y organizaciones implicadas. Es así como debemos avanzar también nosotros. En realidad, debe reconocerse que el sistema educativo español ha avanzado mediante la búsqueda de equilibrios entre las distintas posiciones manifestadas, con objeto de encontrar solución a los problemas que aún tiene pendientes, entre los que me gustaría destacar el excesivo abandono de los estudios, la insatisfactoria proporción de personas con una formación insuficiente o la falta de mayor igualdad de oportunidades educativas. Tenemos problemas que solucionar en nuestro sistema educativo y tenemos que actuar para resolverlos. Y, desgraciadamente, la Lomce tomó un camino equivocado para dar solución a estos problemas, a nuestros problemas. No solo rompió el equilibrio que se había ido alcanzando, a veces arduamente, trabajosamente, entre las diferentes visiones y planteamientos acerca de la educación que, necesariamente, conviven en un sistema democrático y plural, sino que, además, introdujo nuevos problemas que ahora, cuando lleva cinco años aplicándose, se hacen patentes en aspectos tales como el aumento del número de repeticiones de curso o el descenso de las tasas de titulación. En suma, la Lomce vino a desandar parte del camino de avance que veníamos recorriendo todos juntos. Por este motivo, les traeremos en un breve plazo un proyecto de ley que pretende derogar esa ley que tantos problemas nos ha creado para volver a retomar aquella senda de educación progresiva y de recuperación del equilibrio perdido, con una inequívoca voluntad de búsqueda de acuerdos.
Para elaborar este proyecto a partir del anteproyecto que ya conocen, hemos tenido en cuenta muchas opiniones y muchas propuestas. En efecto, han sido muchas las personas y las organizaciones que decidieron participar en los procesos de consulta que pusimos en marcha, preceptivos o no, formales e informales. Los números hablan por sí mismos, son muy expresivos: en la primera fase de consulta se recibieron 43639 mensajes por correo electrónico; en la segunda, se han recibido aportaciones más elaboradas y formales de unas cien asociaciones y organizaciones del mundo educativo, de los equipos técnicos de diez comunidades autónomas, de los consejos escolares autonómicos, de diversos ministerios y de un alto número de personas interesadas. Además, yo misma y mi equipo hemos celebrado un buen número de reuniones bilaterales o multilaterales con diversas personas y asociaciones. No hemos ahorrado esfuerzos para permitir que quienes tuvieren interés pudieran manifestar su opinión y hacernos llegar sus propuestas. Como resultado de este proceso, el anteproyecto que les presentamos hace unos meses se ha enriquecido hasta convertirse en un proyecto maduro, ambicioso y con visión de futuro, que pretende dar respuesta a los desafíos que nuestra sociedad plantea. No es una respuesta coyuntural, no es un regreso a fórmulas conocidas, sino que hemos avanzado con determinación para elaborar un texto legal potenciado a la altura de la situación actual y de los desafíos de futuro que vemos en el horizonte.
En efecto, los años transcurridos desde la aprobación de la LOE aconsejan revisar algunas de sus medidas y acomodarlas a los retos actuales de la educación, que coinciden con los objetivos fijados por la Unión Europea y la Unesco para la década 2020-2030. La crisis ha cambiado nuestra sociedad, pero también el valor de la educación y las respuestas que los centros educativos han tenido que dar para atender a su alumnado en un contexto de recortes en los recursos. Las buenas prácticas -que las hay y en gran número- y las innovaciones que han surgido durante estos últimos años van a recibir apoyo y reconocimiento, reforzándolas y extendiéndolas. Me alegra también decirles que a lo largo de este proceso he podido comprobar que existe un alto grado de acuerdo en torno a muchas de nuestras propuestas; un grado de acuerdo mayor que el que se suele reflejar en tertulias o debates políticos, y creo que eso es una
buena noticia. Me reafirma en que es posible encontrar acuerdos sin necesidad de caer en algunos tópicos cuando hablamos de eventuales pactos. Porque es en este terreno concreto, basado en textos sobre los que debatir, donde podremos encontrar los acuerdos que buscamos y no en esquemas irreales basados en la constitución de comisiones u otras instancias múltiples para promover un pacto en educación. Ahora es cuando todos vamos a tener la posibilidad de demostrar nuestra voluntad real de acuerdo. El ministerio que dirijo no va a dudar en propiciar la búsqueda de acuerdos.
Permítanme ahora que pase a detallar algunos de los planteamientos centrales del proyecto de ley que pronto recibirán sus señorías. Son cinco los enfoques que quiero subrayar. En primer lugar, el proyecto incluye el enfoque de derechos de la infancia entre los principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas de 1989, reconociendo el interés superior del menor, su derecho a la educación y la obligación que tiene el Estado de asegurar el cumplimiento efectivo de sus derechos. Es un elemento novedoso que vale la pena subrayar y que se traduce, por ejemplo, en el refuerzo de la consideración educativa que recibe la educación infantil, sobre todo en el primer ciclo, o en la atención a todo el alumnado con necesidades educativas específicas a lo largo de su trayectoria educativa.
En segundo lugar, plantea un enfoque transversal, orientado a elevar los resultados de todos los estudiantes por medio de una dinámica de mejora continua de los centros educativos y una mayor personalización del aprendizaje. Por eso, presta una especial atención, por una parte, a los mecanismos de detección temprana de dificultades, a su seguimiento y recuperación o a la inclusión educativa que atiende la diversidad y, por otra, al mejor funcionamiento de los centros educativos, reforzando su autonomía, propiciando su capacidad de innovación y dotándoles de instrumentos para elaborar sus planes de mejora, con objeto de atender adecuadamente a cada uno de sus estudiantes.
En tercer lugar, reconoce la importancia de atender al desarrollo sostenible, de acuerdo con la Agenda 2030. Así, la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial ha de incardinarse en los planes y programas educativos de la totalidad de la enseñanza básica, incorporando los conocimientos, capacidades, valores y actitudes que necesitan todas las personas para tener una vida fructífera, adoptar decisiones fundamentadas y asumir un papel activo, tanto en el ámbito local como mundial, a la hora de afrontar y resolver los problemas comunes a todos los ciudadanos del mundo. La educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial incluye la educación para la paz y los derechos humanos, la educación intercultural y la educación para la transición ecológica y la comprensión internacional. Y ello está ligado con la atención que se presta a la resolución de conflictos, al cuidado de la convivencia escolar o a la prevención de violencia contra la infancia, que aparecen mencionados varias veces en el anteproyecto.
En cuarto lugar, adopta un enfoque de igualdad de género a través de la coeducación y fomenta en todas las etapas el aprendizaje de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el respeto a la diversidad afectivo-sexual, introduciendo en educación secundaria la orientación educativa y profesional del alumnado con perspectiva inclusiva y no sexista. Insiste el nuevo texto legal en la necesidad de reforzar los valores que permiten el desarrollo de sociedades igualitarias, justas y dotadas de proyectos comunes, para lo cual recupera en la educación primaria y en la educación secundaria obligatoria una materia común de valores cívicos y éticos.
En quinto lugar, la ley insiste en la necesidad de seguir teniendo en cuenta el cambio digital que se está produciendo en nuestras sociedades y que forzosamente afecta a la actividad educativa. Con este objeto se incluye la atención al desarrollo de la competencia digital de los estudiantes de todas las etapas educativas, tanto a través de contenidos específicos como en una perspectiva transversal. La adopción de estos enfoques tiene como objetivo último reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema. Si ya la LOE planteaba estos objetivos, ahora este proyecto los refuerza significativamente introduciendo medidas que eviten la segregación interna en los centros escolares y en el sistema. La ciudadanía nos reclama un sistema educativo mucho más moderno, más abierto, menos rígido, multilingüe y cosmopolita, que desarrolle todo el potencial y talento de nuestros jóvenes, planteamientos que son ampliamente compartidos por la comunidad educativa y por la sociedad española. Y ese es el modelo de sistema educativo que plantea este proyecto.
Así pues, la finalidad de este proyecto de ley no es otra que establecer un renovado ordenamiento legal que aumente las oportunidades educativas y formativas de toda la población, que contribuya a la mejora de los resultados educativos del alumnado y que satisfaga la demanda generalizada en la sociedad española de una educación de calidad para todos. Esos, y no otros, son sus objetivos centrales. Para alcanzar estas finalidades se plantea una serie de modificaciones sobre la Ley Orgánica de Educación en
su redacción actual, cuyos aspectos esenciales paso a describir a sus señorías. En el título preliminar se actualizan los principios y los fines del sistema educativo español, se da una nueva redacción a la definición de currículo y de sus elementos básicos y se modifica la distribución de competencias entre el Gobierno y las comunidades autónomas en su desarrollo para recuperar la anterior, más adecuada y pertinente. En esta redacción se trata de garantizar una estructura del currículo al servicio de una educación inclusiva y acorde con la adquisición de competencias, que valore además la diversidad. En relación con la ordenación de las enseñanzas, se fortalece, en primer lugar, el valor educativo de la atención a los niños y niñas menores de tres años atendidos en el primer ciclo de educación infantil y se otorga un mandato al Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, para regular los requisitos mínimos que deben cumplir los centros que lo imparten. En educación primaria se recupera la estructura por ciclos, se fortalece la inclusión educativa y la atención personalizada, se insiste en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas dificultades, tendiendo a la excepcionalidad de la repetición de curso y ligando esta -cuando resulte inevitable- a un plan individualizado para el alumno al que se aplique y de cuyo seguimiento será responsable uno de los profesores del equipo docente.
La educación secundaria obligatoria se organiza de forma que su finalización conduzca a la obtención de un título único sin prueba externa, intensificando las medidas para ampliar el número de quienes lo obtienen. Nuestro objetivo es que la mayor parte de los y las jóvenes españolas obtengan este título básico que tan necesario les va a resultar en su vida adulta. Para ello, se refuerza la atención a la diversidad con el respaldo a medidas educativas inmediatas y con la recuperación de los programas de diversificación curricular y una nueva configuración de la formación profesional básica. Se flexibiliza la organización facilitando la agrupación de materias en ámbitos y permitiendo el trabajo por proyectos como configuración de las materias optativas. Se respalda el valor formativo de la evaluación potenciando su carácter integrador y colegiado, desarrollando evaluaciones de diagnóstico y ligando la evaluación académica a la consecución de las capacidades que se deben alcanzar en la etapa. Se recupera la obtención del título de bachiller a través del proceso ordinario de la evaluación, retomando la prueba de acceso exclusivamente para la entrada en la universidad. Organizativamente, se flexibiliza su duración sin obligar a repetir necesariamente cursos enteros y se vuelve a una estructura más simple compartida por todas las comunidades autónomas. Se apuesta por la flexibilización de las enseñanzas de formación profesional y la agilización de los procesos de incorporación de nuevos contenidos y se organiza el acceso a los ciclos formativos y de estos a otras enseñanzas, evitando vías muertas y favoreciendo la continuidad en la formación. En una disposición adicional se refuerzan e impulsan los procesos de acreditación de competencias profesionales, con objeto de favorecer la formación permanente y la continuación de los estudios.
Entre las medidas relacionadas con la equidad en la educación, se insiste en la atención especial que las administraciones educativas deben prestar a la escuela rural y a la insular, favoreciendo la permanencia en el sistema educativo de los jóvenes de estos ámbitos más allá de la educación básica. Por otra parte, se señala que en la admisión del alumnado en centros públicos y privados las administraciones públicas garantizarán el derecho al acceso a la educación en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores, y atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y del que se encuentre en situación económica desfavorecida.
El proyecto reestablece el equilibrio que debe existir en la programación de la red de centros, garantizando los derechos y las libertades de todos los interesados y estableciendo que los principios de programación y participación deben ser tenidos en cuenta en la confección de la oferta de plazas en los centros educativos. Por ello, recupera algunas disposiciones de larga vigencia en nuestra legislación de conciertos educativos y elimina algunas disposiciones claramente lesivas que había introducido la Lomce y que hacían que la enseñanza concertada se desviase del cumplimiento de su misión social de apoyo al principio del derecho a la educación. Por otra parte, sin pretender modificar el régimen de conciertos recupera el equilibrio alcanzado con legislaciones anteriores y que la Lomce desbarató.
Para reforzar el buen funcionamiento de los centros educativos, adopta varios tipos de medidas. Por una parte, recupera la concreción del principio de participación que se había visto preterido reestableciendo el equilibrio anterior a la Lomce en la atribución de competencias entre dirección y consejo escolar en el gobierno de los centros. Por otra, identifica la dirección de los centros educativos como un factor clave para la calidad del sistema educativo y se apuesta por un modelo de dirección que se alinea con las recomendaciones europeas sobre esta figura, que ha de conjugar la responsabilidad institucional de la
gestión del centro con la organización, la gestión administrativa, la gestión de recursos, el liderazgo y la dinamización pedagógica desde un enfoque colaborativo. Para ello, incorpora a un director o directora experimentado en las comisiones de selección de nuevos directores y establece una formación preceptiva con carácter previo al nombramiento efectivo como director o directora, puesto que constituye una prioridad del sistema educativo contar con una dirección de calidad en los centros.
Y como señalaba más arriba -y ya voy concluyendo para que sus señorías no pierdan la paciencia-, es necesario también reforzar una autonomía asociada a un proceso continuo de análisis orientado a la mejora y rendición de cuentas; autonomía que debe favorecer la innovación y que se plasma en un proyecto educativo al que se incorporan los planes de mejora. Una de las fuentes para el análisis y la mejora lo constituyen las evaluaciones de diagnóstico establecidas para los cuartos cursos de educación primaria y segundos de educación secundaria obligatoria, que son objeto de una nueva regulación cuyo diseño se incluye a partir de un marco establecido por el instituto de evaluación en colaboración con las comunidades autónomas. Se ofrece también una nueva redacción relativa a la evaluación general del sistema educativo que se propone para el último curso de educación primaria y de educación secundaria obligatoria y que se llevará a cabo con carácter muestral y plurianual, una evaluación para la evaluación de las competencias adquiridas por el alumnado.
Soy consciente de que la modernización de nuestro sistema educativo requiere cambios y sé que no se agotan aquí. Necesitamos el desarrollo curricular, cuestión que abordaremos. Sé también que hay otros procesos que hemos iniciado y que requieren un proceso más largo; me estoy refiriendo, por ejemplo, al relacionado con la profesión docente, que no se ha incluido en el proyecto. Este Gobierno tiene el propósito decidido de analizar, valorar y resolver los problemas que tienen el profesorado y el conjunto de quienes trabajan en los centros educativos. Estos son problemas que llevan años enquistados pero que el Gobierno no va a esconder. Estamos convencidos de que el papel del profesorado es clave para la mejora de la educación y para afrontar los retos que tiene el sistema educativo en la actualidad, pero los tiempos y procedimientos de esa compleja tarea no se adecuan a los de la tramitación de una ley orgánica. Los procesos de participación y negociación que se requieren son distintos, son más complejos, y ya hemos empezado a trabajar para abordarlos buscando el acuerdo desde el respeto a los cauces de negociación y participación. Por tanto, la ley incluirá una disposición por la cual el Gobierno se obliga a abordar esta cuestión en los próximos meses.
Paso ahora a tratar más brevemente el segundo de los asuntos para el que he sido convocada. Me propongo ahora, a petición del Grupo Parlamentario Popular, explicar los efectos que causa en el mundo educativo no universitario la aplicación del Real Decreto 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo; real decreto-ley que comienza ahora su tramitación como proyecto de ley ante esta Cámara, tras la decisión adoptada hace unos días en el trámite para su convalidación. Como saben, me resulta grato hablar con ustedes de diversos temas, pero lo cierto es que estamos ante una comparecencia que les diré que es impropia, además de anticipada, pues la información que ustedes me demandan está sujeta a condición de desarrollo. Impropia, por cuanto la explicación de las pretensiones de alcance de la norma debieran habérsela cursado ustedes -seguramente también lo han hecho- al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, y porque además está condicionada a un suceso futuro y todavía incierto, como es el desarrollo normativo del cual se hace depender; se hace depender porque, ¿cómo se cumplirá la obligación establecida? De cómo se cumpla, determinará su verdadero efecto jurídico, por tanto, es esencia de la condición su carácter aleatorio. Su cumplimiento o incumplimiento no es conocido en el momento de establecerse ni puede depender exclusivamente de la voluntad del obligado afectado por ella, lo que en nuestro caso, como Ministerio de Educación y Formación Profesional, es como sigue. Por si esto fuera poco, y como se va a tramitar como proyecto de ley, entiendo que todos y cada uno de ustedes van a tener la posibilidad de posicionarse, de manifestar su opinión y dar argumentos relacionados con este punto durante la tramitación parlamentaria del real decreto-ley y enmendarlo. Así pues, señorías, desde el primer momento hago esta importante advertencia para que sea tenida en cuenta, con independencia de describir unos primeros efectos en nuestro sistema que pudieran derivarse de esta innovación legislativa y que no pueden darse como ciertos pues estamos pendientes del desarrollo, con lo cual estamos ante una comparecencia un poco de ficción, o por lo menos anticipada, lo que no debiera darse en esta institución. No obstante, trataré de explicitar lo que nos afecta.
El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, incluye efectivamente una disposición
adicional quinta en la que se prevé la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social como asimilados a trabajadores por cuenta ajena de las personas que realicen prácticas formativas en empresas, instituciones o entidades incluidas en programas de formación, así como la realización de prácticas no laborales en empresas y la realización de prácticas académicas externas al amparo de la respectiva regulación legal y reglamentaria, aunque no tengan carácter remunerado.
Las prácticas a las que se refiere el párrafo anterior comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster como por alumnos de formación profesional de grado medio o superior. La cotización a la Seguridad Social se efectuaría en todo caso aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje sin que exista obligación de cotizar por las contingencias de desempleo ni al Fondo de Garantía Social ni por formación profesional. Lo previsto en esta disposición resultará de aplicación a las personas cuya participación en programas de formación o realización de prácticas no laborales y académicas de carácter no remunerado comience a partir del día 1 del mes siguiente al de la entrada en vigor de la norma reglamentaria de desarrollo, que deberá aprobar el Gobierno. Con anterioridad al Real Decreto-Ley 28/2018 únicamente estaban incluidas en el sistema de Seguridad Social las personas que realizaban prácticas y programas formativos remunerados.
Según me están trasmitiendo y están trasmitiendo públicamente las administraciones educativas a la Dirección General de Formación Profesional, si los empresarios tuvieran que pagar, aunque fuera poco, a la Seguridad Social, podría haber reticencias para realizar este módulo profesional denominado Formación en Centros de Trabajo, conocido como FCT, sobre todo en determinados ciclos en los que ya de por sí resulta difícil encontrar centros de trabajo dispuestos a colaborar para la realización de estas prácticas preceptivas. Si la obligación de cotizar recayera vía convenio en las administraciones educativas, también supondría un problema por la carga en los presupuestos de las distintas comunidades autónomas. Por tanto, es importante reflexionar sobre las consecuencias y el posible desarrollo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Real Decreto-Ley 28/2018 y que estas no supongan desincentivación de la participación del sector productivo en su colaboración con el mundo educativo.
La mencionada disposición, como les digo, indica que la cotización a la Seguridad Social se efectuará en todo caso aplicando las reglas de cotización correspondientes a los contratos para la formación y el aprendizaje, sin que exista obligación de cotizar por las contingencias de desempleo ni al Fondo de Garantía Social ni por la formación profesional. Sin conocer el desarrollo normativo con las deducciones, reducciones y bonificaciones que pudieran establecerse, no podemos cuantificar con ningún tipo de fiabilidad, ni siquiera por aproximación, el importe de la cuantía de cotización para estas prácticas. En todo caso, sí me parece oportuno insistir en que la medida supone ante todo o pretende en su configuración en origen la extensión de un derecho con el fin de reforzar la protección social de los estudiantes, mejora efectivamente las condiciones en las que se desarrollan las actividades formativas a través del adecuado aseguramiento frente a riesgos comunes, como enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, pero esta medida no puede nunca generar perturbación en el sistema y no conseguir su mejora. No puede ser una traba que consiga empeorar la calidad formativa o brindar menos oportunidades en la formación en centros de trabajo. Si así fuera, tengan ustedes muy presente que el Gobierno estará en contra de esta medida. No obstante, vuelvo a recordar a sus señorías que estamos tramitando como proyecto de ley este real decreto-ley, por lo que en su tramitación parlamentaria tendremos todos la oportunidad de fijar posición conociendo las líneas de su desarrollo y los efectos que puede causar en el sistema formativo.
Señorías, este es el nuevo reto al que nos enfrentamos: actualizar, modernizar, hacer coherente con nuestro sistema este sector sin perjudicar lo más mínimo la misión de la enseñanza, pero corrigiendo los excesos que a su amparo se hayan producido, y regular efectivamente de forma acorde con nuestras leyes estas actividades. Pueden estar seguros de que el Gobierno no va a permitir que esta o cualquier otra medida pueda ir en detrimento del sistema educativo, de la prestación del servicio, de su calidad y de la máxima amplitud de posibilidades para prestarlo.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a usted, señora ministra, por su exposición. Quiero saludar al secretario de Estado, señor Tiana, que nos acompaña también y que estuvo la semana pasada. Gracias, señor Tiana, por volver otra vez a esta Comisión.
Voy a dar inmediatamente la palabra a los grupos parlamentarios de menor a mayor, como he dicho antes, por una intervención máxima, que no es necesario cumplir, de doce minutos. El señor Matute es el primero que tiene la palabra.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Buenos días, señora ministra.
Es difícil hacerle unas preguntas ante tanta generalidad, y no se lo tome a mal, pero usted ha dejado para después, para la tramitación, para la oportunidad que tendremos, todo lo que probablemente hubiera dado interés o sustancia a esta propia Comisión, es decir, que nos hubiera aclarado cómo se pasa de las palabras a los hechos, cómo transforma las buenas voluntades, que no se las niego -no suena mal la música de mucho de lo que ha dicho-, en acciones concretas, porque la realidad en el día a día, también en la comunidad educativa vasca -me imagino que esta no será una excepción con otras comunidades educativas-, está muy lejos de esos anhelos que usted ha expresado que van a venir recogidos en esa ley. Por tanto, yo le voy a plantear algunas cuestiones concretas para ver si así conseguimos aterrizar un poco más, y como mi umbral de tolerancia es bastante amplio no se preocupe, que no me va a aburrir si usted decide emplear más tiempo en explayarse en cuestiones más concretas que esas generalidades que, como digo, ha apuntado.
En primer lugar, nos parece adecuado -no nos duelen prendas en señalarlo- que se reconozca la necesidad de la derogación de la Lomce. Algo ha cambiado desde julio del año pasado a ahora cuando entonces se decía que no era posible porque se generaba una especie de vacío legislativo o de falta de suelo legislativo y ahora parece que la derogación efectiva de la Lomce es una necesidad, no una urgencia, para poder volver a construir un sistema educativo que sea inclusivo y todas estas cuestiones que usted ha planteado. Pero me gustaría que, más allá de la voluntad de derogar la Lomce, nos explicara cómo prevé reforzar el papel de la comunidad educativa en el proyecto de ley que va a presentar. Me consta, no es siquiera una suposición, que usted no considera los centros educativos como unos lugares contenedor donde los padres depositan a los alumnos para que ocupen una parte del tiempo y a partir de ahí no exista ningún compromiso en la construcción de una escuela pública, inclusiva, igualitaria y demás. Como me consta eso, me gustaría saber qué va a hacer para reforzar el papel de la comunidad educativa en su conjunto, también de los padres y madres. En Euskal Herria, en Euskadi, hay experiencias educativas que se han basado precisamente en eso y que han conseguido una mayor inserción de la comunidad educativa en la sociedad y del propio centro educativo en su entorno. Yo no sé qué medidas concretas tiene, por ejemplo, para el refuerzo de los OMR u otro tipo de cuestiones, y me gustaría que por lo menos se apuntaran siquiera brevemente.
La otra cuestión que me gustaría conocer es la que tiene que ver con la segregación en las aulas. Usted ha hablado de la necesidad de acabar con la segregación interna -entiendo que hablamos de la misma segregación, salvo que le dé otro significado a esa cuestión-, y me gustaría saber cómo se va hacer, porque la realidad a día de hoy, también en Euskal Herria -creo que en el Estado español se aumenta o vive una realidad aumentada-, es que la segregación existe en centros de estudio y me gustaría saber cuáles son las medidas efectivas y los tiempos previstos para acabar con algo que es más propio de la educación del siglo XIX y anteriores que de lo que quiere ser una escuela moderna, inclusiva e igualitaria. Me gustaría saber también si este proyecto de ley contempla acabar de una vez por todas con las reválidas y hacerlo de manera inmediata, no a expensas de o no a tenor de lo que pueda pasar en otro lugar.
Para ir finalizando -ya he dicho que no iba a cumplir con los doce minutos-, me gustaría saber si el proyecto de ley contempla lo que en el marco de las negociaciones con el Gobierno vasco están planteándose como una transferencia pendiente, que es la expedición, homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros en enseñanzas universitarias, ampliación de la transferencia ya realizada en enseñanza no universitaria a la enseñanza universitaria. Me gustaría saber si esta competencia exclusiva de una vez por todas -que ya cuarenta años son suficientes- va a ser efectiva y real también en nuestra comunidad autónoma y vamos a poder disponer de aquello que el Estatuto de Autonomía de Guernica señalaba de manera clara en el año 1978 y que parece que durante mucho tiempo -y ambos sabemos de qué hablamos- se convirtió en piedra y basamento fundamental de la convivencia -se decía- en nuestro país. Pues para que lo sea, o para que al menos quien así lo defiende tenga más argumentación o su argumentación sea más sólida, sería bueno que el cumplimiento fuera efectivo e íntegro. Me gustaría saber cómo va a dar respuesta el proyecto de ley a esta exigencia que se plantea en las treinta y seis competencias pendientes del estatuto de autonomía.
Usted ha señalado que el acuerdo ha de ser fundamental en la búsqueda de un nuevo proyecto de ley de una generación de un suelo educativo que permita un desarrollo mejor para el conjunto de la comunidad educativa y más igualatorio, y en eso estamos de acuerdo. No le negamos que, siendo mejor derogar la Lomce que no hacerlo, siendo mejor tener una ley educativa que contemple parámetros de avance social frente a los reaccionarios que hemos vivido, no es menos cierto que nosotros creemos que las comunidades educativas
en el Estado español no son idénticas, y eso no es ni mejor ni peor ni hace más o menos merecedor de aplauso a nadie. La comunidad educativa vasca tiene sus propias necesidades porque vive su propia realidad y su propia realidad tendría, probablemente, un mayor nivel de satisfacción y de cumplimiento de sus exigencias u objetivos con una ley propia, una ley educativa vasca propia, que no es algo diferente a lo que la comunidad educativa vasca -y usted lo conoce bien- sostiene de forma mayoritaria -no voy a decir unánime pero sí mayoritaria- y que incluso el propio Parlamento vasco también ha venido reclamando, ya sea en la ponencia de autogobierno o en diferentes ocasiones, también de forma mayoritaria.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matute.
Le doy la palabra al señor Agirretxea en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.
Señora ministra, ongietorri, bienvenida a esta Comisión.
No me voy a explayar en exceso en la primera de las cuestiones por una sencilla razón, un grupo lo ha solicitado y estábamos esperando que usted motu proprio, cuando estuviera más avanzado, nos pudiera adelantar ya el proyecto de ley y, a partir de ahí, podremos hablar. En cualquier caso, sigue siendo de nuestro interés por lo que unas cuantas cuestiones referidas al tema sí se las voy a plantear. Urge traerlo, no sé qué calendario tienen ustedes, qué plazos contemplan pero el año tiene los meses que tiene y los meses legislativos que tiene y la legislatura no sé qué plazos tiene. En cualquier caso, cuadrar las dos cuestiones es bastante complicado. Creo que es necesario que traigan ya el proyecto de ley para que se pueda avanzar y para que, dentro de los plazos posibles, pueda ser, para empezar, derogada la Lomce y, para continuar, sustituida por algo que concite por lo menos el consenso de aquellos que queríamos que se derogara la Lomce. Evidentemente, usted nos presentó un anteproyecto que lo vimos y -como ha dicho mi compañero Matute- la música no sonaba mal -y así se lo transmitimos directamente con esas mismas palabras-, pero teníamos que ver la letra a ver por dónde iba. Ahora, con todas esas incorporaciones, no sé si es un proyecto enriquecido o es un proyecto como un montón de petaches con el cual quiere dar satisfacción a muchísimas cosas. Y eso es muy complicado, señora ministra. Por lo tanto, me gustaría saber si el proyecto final difiere o no de aquello que nos enseñó y en qué difiere, si es que difiere. Porque ciertas premisas para nosotros son fundamentales y usted lo sabe.
Me gustaría saber si este proyecto de ley, que en breve nos presentará, contempla, en primer lugar, la premisa del ámbito competencial, la defensa a ultranza de las competencias de las comunidades autónomas o, en el caso Euskadi, que Euskadi tiene su capacidad a raíz de la disposición adicional segunda de la Constitución para determinar sus propios proyectos educativos, si respeta ese ámbito, y, en segundo lugar, el tema de las lenguas; ambas son cuestiones que el propio Gobierno vasco le ha sugerido a usted. Usted habla del mayor de los consensos, pero no entiendo que sea posible consensuar con aquellos que dicen, por ejemplo, que la educación tiene que volver al Estado, que tiene que volver a centralizarse, que el Estado tiene que asumir competencias en materia educativa. Por tanto, un proyecto que dé satisfacción a lo que yo le dicho y a quien dice que el Estado debe asumir, dudo que pueda ser el mismo proyecto. Me gustaría que pudiera clarificar la orientación exacta, hacia dónde va a ir y si va a mantener o no esas premisas. Porque los ecos de recentralización han pasado de ser ecos a ser directamente palabras de algunos grupos. Vamos a ver entonces qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Esta primera cuestión va a requerir más debate y verdaderamente va a ser el elemento estrella en el cual tendremos que trabajar. Espero que las respuestas que su Gobierno dé sean acordes a aquello que prometió. Yo también estoy de acuerdo con las cuestiones teóricas que usted ha defendido, pero en el momento de poner negro sobre blanco tenemos que ver el cómo y, en el cómo, creo que tan importante como los contenidos es qué campo de juego queremos delimitar para ello. Por lo tanto, tenemos tiempo.
En la segunda cuestión, señora ministra. me voy a explayar un poquito más porque la propia respuesta a la segunda cuestión, el énfasis que usted misma ha puesto en su defensa es suficiente motivo para decir que usted no está de acuerdo con esa disposición que aparece. No lo está y no lo está porque lo han hecho a espaldas de las autoridades educativas, porque lo ha hecho un ministerio sin tener en cuenta las necesidades educativas. Lo hecho pensando en no sé qué pero no en la formación profesional ni en las necesidades de los estudiantes. Aparte de las largas cambiadas que nos ha querido dar, estoy de acuerdo en que la responsabilidad es del ministerio correspondiente pero las consecuencias son para el ámbito educativo y unas consecuencias, además, nefastas para el ámbito educativo tanto de la formación profesional como de la universitaria. De la universitaria usted no responde ahora pero creo que es importante decirlo. Esto, aparte de hacer posible el funcionamiento en la formación profesional de las
prácticas tal y como se han llevado ahora, en Euskadi, por ejemplo, hace polvo la formación dual, que tan buenos resultados ha estado dando hasta ahora y tan buen nivel de satisfacción tiene entre el alumnado, centros educativos y centros empresariales. Incluso puedo sugerirle que nosotros, en el trámite de enmiendas, vamos a ir directamente a decir que las prácticas a que se refiere el párrafo anterior no comprenden las realizadas tanto por alumnos universitarios de titulaciones de grado máster como por alumnos de formación profesional de grado medio y superior. Vamos a decirlo así, no comprenden porque si comprendiesen, aparte de generar un caos administrativo, no van a valer para que ese objetivo que tenían esas prácticas pueda llevarse a cabo. Le he dicho que no voy a meterme en materia universitaria, pero ya me dirá usted qué hacemos con los estudiantes de medicina o con los de enfermería, por ejemplo. Como no es su ámbito, voy a ceñirme al de la formación profesional. Además, hay una cuestión que, desde la perspectiva legislativa se contradice, porque los alumnos que están de prácticas, no están trabajando, tienen un seguro escolar obligatorio que se incluye en el régimen especial de la Seguridad Social, artículo 10.2. Ese seguro escolar obligatorio es incompatible con cualesquiera otras prestaciones de idéntico contenido y derivadas de análogo riesgo de que pudieran ser beneficiarios los afiliados a aquel que simultáneamente se encuentren dados de alta en un régimen de Seguridad Social. Ese seguro es el que tienen esos alumnos y ahora se dice que tienen que ser cotizantes. Hay una contradicción legislativa ahí, para empezar, porque la ley obliga a que estos alumnos tengan esto. Por lo tanto, señora ministra, existe esta colisión con la regulación del seguro escolar obligatorio, aparte de las consecuencias que no hemos visto todavía. Yo le estoy hablando de los previos, me imagino que las consecuencias -y de ahí la alarma del colectivo educativo en Euskadi, por ejemplo, sobre lo que digamos respecto a este tema- es porque prevemos que es muy complicado seguir con el sistema que tenemos con estas condicionantes que se plantean ahora. Y no solamente por un tema económico de quién va a pagar esto, sino que la mera tramitación de todo esto quién la va a hacer. ¿Los centros educativos, las empresas, quién va a hacer esto? Y, además, a quien le toque, ¿por qué lo va a tener que hacer? Por lo tanto, creo que usted sabe perfectamente que la formación profesional en Euskadi es ejemplar, y ha sido ejemplar incluidas sus prácticas académicas, tanto las curriculares como las no curriculares. La formación dual ha sido un ejemplo del cual estamos orgullosos en cuanto al nivel satisfactorio de las empresas, de los alumnos y de los centros escolares. Esto es una aberración, permítame la expresión, y además le ha tocado usted de rebote; le ha tocado a usted de rebote porque creo que es una medida con otros objetivos, pero lo que tengo claro es que quien ha creado esto no tiene ni idea de cómo funciona la formación profesional; no tiene ni idea ni ha tenido en cuenta el ámbito educativo. Ha tenido en cuenta otros factores, que podrán ser muy respetables según desde dónde se miren, pero no tenido en cuenta la opción que le correspondía, que es velar por los perjudicados en esta materia. Queriendo ser beneficiados creo que son perjudicados.
Señora ministra, nosotros en la fase de presentación de enmiendas por supuesto que enmendaremos. Espero que se corrija antes de que tenga consecuencias negativas, antes de que muchas empresas digan que no van a entrar en ello porque no pueden, antes de que muchos alumnos se vean en la situación complicada de ver qué es lo que tienen que hacer. Espero que esto sea corregido cuanto antes, y transmita usted a sus compañeros de gabinete que estas cosas no se hacen así.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor Agirretxea.
Voy a dar la palabra ahora, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al señor Olòriz.
Señora ministra: Moderación, racionalidad y sensatez; no hace poco oía en una intervención suya estas palabras que siempre me parece que son oportunas, pero a este interviniente cada día le cuesta más ser moderado, racional y sensato cuando amigos y compañeros suyos, conocidos, están en la cárcel, fueron trasladados en un autocar bastante indigno y les piden penas de prisión muy altas. No es fácil tener moderación, sensatez y racionalidad. Es cierto que hay diputados, políticos, que consideran que cuanto peor, mejor; es cierto, y es cierto que puede haber situaciones donde la venganza sea más importante que la justicia.
Dentro de poco se cumplirán ochenta y dos años de la muerte de Antonio Gramsci, el 27 de abril de 1937, en un hospital penitenciario; apenas seis días después de haber recobrado formalmente su libertad tras cumplir diez años de penosísima prisión de los más de veinte a los que le condenó un tribunal legal pero mussoliniano. No me referiré a las tres mil páginas que escribió en la cárcel, sino a unas
anteriores que escribió en 1917, antes de que el huevo de la serpiente eclosionara; y hablaba de la indiferencia. Decía que la indiferencia es el peso muerto de la historia; decía que la indiferencia opera potentemente en la historia. Cuando hay mucha indiferencia aparece la fatalidad que todo atropella. El que consiente lo mismo que el que disiente, el que sabía lo mismo que el que no sabía, el activo lo mismo que el indiferente; y nadie o muy pocos se preguntan: si hubiera tratado de hacer mi voluntad, ¿habría pasado lo que ha pasado? Yo no me refiero a aquellos que son vengativos; me refiero a aquellos que ahora son indiferentes; indiferentes ante una situación que no afecta a unos catalanes independentistas, sino que, según cómo se ejerza, afecta a los principios mismos de esta democracia. Yo soy moderado, la vida me ha hecho así; soy racional porque prefiero la racionalidad a cualquier sectarismo; soy sensato porque escucho antes de hablar. Me gusta escuchar mucho, y en este Congreso, lo saben mis compañeros, he escuchado bastante; también he hablado un poco pero he escuchado bastante. Es difícil coger el tren, venir de mi casa, donde me quieren tanto, y escuchar a veces aquí cosas que no tienen nada que ver ni remotamente con la verdad. Es duro. Somos 9 sobre 350; me gustaría que ustedes estuviesen en un Parlamento en una proporción de 9 sobre 350. Pero tengo esperanza, sí es cierto; tengo esperanza en la educación, tengo esperanza en la gente educada y, por tanto, voy a intervenir sobre algo tan importante como la Ley de educación, y la educación, que nos afecta a todos.
Estoy muy de acuerdo con estos cinco grandes ejes de la modernización de la educación; a todos nos costó mucho poner esta máquina en las vías en los años noventa. Yo siempre he dicho que cuando yo me eduqué, la educación estaba mucho peor y que, con todos los problemas que arrastramos, la educación hoy es uno de los grandes pilares que nos igualan como ciudadanos, ¡pero es profundamente mejorable!, y en esta mejora estamos. En el anteproyecto -usted lo sabe porque lo hemos hablado; lo ha hablado con mis amigos de la Generalitat- hay puntos de acuerdo y una preocupación: la letra pequeña, porque a veces en las leyes, como usted sabe, la letra pequeña puede conculcar los grandes principios. Esperamos que esta letra pequeña nos permita dos cosas: una, llegar a amplios consensos en muchas cosas. -Yo lo decía en la subcomisión; no me dolían prendas llegar a acuerdos con el Partido Popular o con Ciudadanos en muchos aspectos que mejoraban el conjunto de la educación-. Claro que sí que hemos estado de acuerdo; yo he estado en un claustro de más 180 profesores, donde pensamos cada uno diferente y educábamos en conjunto a nuestros alumnos; ¿cómo no voy a estar de acuerdo? Por tanto, este es el instrumento, pero, atención, que determinadas obsesiones por ciertos aspectos no nos hagan perder la voluntad general a que nos lleva esta Lley de'Educació, y eso significa respeto autonómico. En Cataluña hay una ley de educación vigente, no recurrida ante el Tribunal Constitucional, sino vigente. Es importante reconocer esta experiencia para encajarla con el conjunto de cambios que hemos de hacer en el Estado español. La verdad es que nos preocupan los tiempos, y estos tiempos a veces no están en nuestras manos, pero los consensos que usted comentaba y que yo he hablado con mucha gente se han ido produciendo en este periodo y necesitan ya un proyecto en esta Cámara, y haremos todo lo posible para que este proyecto sea una realidad; en eso estamos.
Hablemos del otro tema, que no es menor. ¿Por qué? porque a veces la buena intención puede ser muy imprudente. La buena intención política puede generar más problemas que los preexistentes. En cuanto a la cobertura de Seguridad Social a las personas que desarrollan programas de formación y prácticas no laborales y académicas, es decir las empresas y los centros formativos tendrán que cotizar a la Seguridad Social. Hasta aquí todo bien, es un adelanto incuestionable la protección social. Si antes hablábamos de que los derechos del niño son fundamentales, también lo es que los adolescentes que entran en la vida laboral tengan los derechos y la protección necesaria porque, sin duda, pero hay una serie de salvedades que intentaré poner encima de la mesa, que se convertirán en enmiendas al proyecto de ley y, en algún caso, en demandas de retirar determinados conceptos.
Esta nueva normativa, tal y como está planteada, puede crear muchos problemas en las prácticas externas para el estudiante, sobre todo las extracurriculares porque será difícil encontrar empresas y entidades que quieran colaborar en estas condiciones y, además, con la amenaza de sanciones. Tengo aquí una serie de cartas enviadas por empresas en Cataluña que se quieren curar en salud. Dicen: Si este decreto va adelante, nuestra colaboración no será posible y, por tanto, la dejamos en suspenso. Es muy importante, y escuchen: Este decreto como tal tiene un resultado y una ejecución que en ningún caso pondrá en peligro -usted lo ha dicho y yo le cojo la palabra- las prácticas que en estos momentos muchas empresas están haciendo, no solo en la dual, que también, sino en la formación profesional y en la enseñanza universitaria.
No hace demasiado los beneficiarios de prácticas en Cataluña en el sistema universitario llenaron una amplia encuesta que ha publicado la Agéncia per a la Qualidat del Sistema Universitari de Catalunya 2018. Los graduados universitarios valoraron en Cataluña su satisfacción con las prácticas externas con un 6,6 y la valoración global era 7. Con un 6,6. Toda política que se impulse tiene que ser para mejorar, no para deshacer o complicar un camino que disfruta de una gran aprobación por los estudiantes. De esta valoración, la más alta es en los ámbitos con mayor peso de prácticas externas: salud llegaba al máximo; ciencias también; ciencias sociales un poco menos; en ciencias sociales y en las humanidades se ponía un 4,9; es decir, hay aspectos que hay que mejorar, sobre todo, en algunos espacios; en salud, por ejemplo, o en otras, tienen una reglamentación muy clara y muy específica que funciona muy bien. Las universidades que yo conozco han hecho un gran esfuerzo para dar derechos y dar lo fundamental: la educación complementaria que necesitan.
Creo que todos estaremos de acuerdo en que, dado el alto grado de impacto y afectación respecto a la gestión actual de las prácticas universitarias y de formación profesional, tenemos que mejorar el texto a partir de enmiendas políticas en esta Cámara, sin duda, pero también escuchando a las agencias universitarias de calidad, escuchando a los universidades y escuchando a las empresas. En este marco de solución de problemas podemos dar tranquilidad y garantías.
En eso, ministra, nos encontrará de su lado.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señor Olóriz, y felicitación porque usted ha clavado los doce minutos, y sin reloj a la vista. ¡Qué bárbaro! Mi admiración. (Risas).
El señor OLÒRIZ SERRA: Ya soy un diputado senior. (El señor Díaz Trillo: Y está bien entrenado).
El señor PRESIDENTE: No sé si ha sido por la moderación, racionalidad y sensatez de las que usted ha hablado al principio, pero, desde luego, lo ha clavado. Enhorabuena.
Voy a dar la palabra a la señora Martín en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MARTIN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora ministra. Bienvenida a esta Casa otra vez.
Voy a hablar según el orden que estaba establecido en la comparecencia, primero de las prácticas y después de la Lomce.
El día 28 de diciembre cuando me llamaron por teléfono para avisarme de que se había promulgado esta modificación del sistema de prácticas, le digo la verdad que lo primero que pensé es que era una inocentada. Era el 28 de diciembre y me llamó parte de la comunidad educativa y también profesores universitarios y colectivos de FP para avisarme de que se estaba gestando una bomba que ponía en peligro no solo todo el sistema de prácticas formativas de la Formación Profesional, sino de todo el sistema universitario. Pensé que no podían hacer esto; pero sí podían y, de hecho, lo han presentado.
Me alegro de haber oído su intervención porque hay cosas que usted no puede decir porque es Gobierno, pero yo sí, y efectivamente esto es un marrón que tiene todo el sector que está en el Gobierno educativo. Le pregunté también al señor Pingarrón la semana pasada y tenemos un grave problema. Es un grave problema no solo por las formas, sino por cómo han introducido esta disposición, ya que su Gobierno -no usted, que también es una afectada, sino su Gobierno- lo ha hecho con nocturnidad y con alevosía, en plenas Navidades, metiéndolo en una disposición adicional para una cuestión de profundo calado, sin haber hablado -yo lo sabía- con los empresarios, con la CRUE y con las empresas de FP, pero, lo más grave, según lo que he deducido de hoy, sin haber hablado con la ministra de Educación, lo cual me parece realmente gravísimo.
Lamentablemente, no me sorprende mucho esto, porque ya nos tienen acostumbrados -no digo usted, sino su Gobierno- a algunas de estas cuestiones. Creo que Pedro Sánchez en el fondo tiene un poco de alergia al acuerdo en temas educativos, al menos que haya acuerdo entre sus ministros de gabinete porque, si no, se generan problemas gravísimos.
Sé que usted se ha parado a pensar las consecuencias de esta disposición quinta porque usted sabe de educación, pero a lo mejor tiene que transmitirle a su colega de Hacienda y a sus colegas de Empleo que para maquillar algunos de los datos y de las cifras de la Seguridad Social no se puede jugar con todo el sistema educativo. Les tendrá que decir que están poniendo en brete solamente en la FP a más 700000 alumnos que tienen en riesgo la titulación, porque con este sistema, como ya le han dicho mis colegas de
Comisión, van a tener problemas para sacar los títulos. Usted misma lo ha dicho: Si se obliga a los empresarios a pagar estas cotizaciones -ya se lo adelanto yo- usted sabe que va a haber menos oferta, y esto es dramático para los centros y para los estudiantes.
Si se obliga a los centros a pagarlas, les va a llevar a algunos centros, incluso centros universitarios, a la quiebra porque no tienen previsión presupuestaria para ellos ni la han hecho en este ejercicio y, si se obliga a las comunidades autónomas, responsables mayoritarias de los centros, se está cometiendo una enorme deslealtad que ya han cometido en algunas otras proposiciones de ley como hicieron en su día con la Ley de dependencia o incluso con el Decreto de reversión de recortes educativos que consiste en disparar con pólvora ajena, hacer normas con el dinero del que las comunidades autónomas disponen.
El señor Agirretxea ha hablado del seguro escolar, y le voy a decir que a lo mejor no sabe que habían quitado el seguro escolar en el Decreto de Sanidad Universal y han tenido que recular porque dejaban a los estudiantes sin cobertura. Afortunadamente, de esta chapuza hemos podido salir, pero esto lo habían combinado con la cuestión de las prácticas. Por tanto, en este sentido creemos que esta norma es un dislate y usted lo sabe. Nosotros lo advertimos con varias preguntas escritas a Empleo. No entiende lo que son las prácticas universitarias ni las prácticas formativas porque las confunden con los contratos de formación en prácticas, y obviamente si usted está por eliminar este dislate, nos va a tener de su lado y va contar con todo el apoyo porque creemos que, como ya se dicho aquí, esto supone un grave perjuicio.
Y al hilo de perjuicio y de falta de diálogo entre una parte del Ejecutivo y otra, le quería preguntar por unas declaraciones que su colega de Hacienda ha hecho esta mañana al hilo de una pregunta parlamentaria que también hice yo. Ha dicho en Espejo Público que va a instar a hacer revisiones complementarias de las declaraciones de hacienda de aquellas familias que se han deducido por las donaciones a centros concertados. Sabe usted que esto, desde mi punto de vista, es un hachazo a la clase media trabajadora y supone una subida encubierta de impuestos; si esto se hace así, puede afectar hasta 3000 euros por familia. Yo le quiero preguntar si en este caso su colega de Hacienda ha hablado con usted, si usted es consciente de esta normativa en la misma línea que lo de las prácticas y qué opinión tiene.
Voy a pasar ahora brevemente al segundo punto de la interpelación, que usted ha pasado al primero, relativo a la derogación de la Lomce. El 9 de diciembre del año 2016 -usted no era ministra de Educación, lo era el señor Méndez de Vigo- su grupo parlamentario presentó a esta Cámara una proposición de ley que debatimos, que Ciudadanos apoyó y que pedía en la parte propositiva la suspensión del calendario de la implantación de la Lomce, así como de las normas que no hubieran entrado en vigor. Nosotros apoyamos su toma en consideración -luego negociamos con el Partido Popular que se hiciera por otra vía-, y en la disposición transitoria de esa proposición de ley suya, de su grupo parlamentario, se pedía que el Gobierno -entonces el Gobierno del Partido Popular-, tras llevar a cabo un proceso de negociación y diálogo con las administraciones, la comunidad educativa, los interlocutores sociales y las fuerzas políticas, alcanzara un acuerdo político y social sobre las medidas necesarias para el sistema educativo y, a raíz de ese acuerdo político, elaborara una ley que sustituyera y, por tanto, derogara la Lomce.
No sé si tampoco hablan con sus compañeros que estaban antes o tienen amnesia profunda, pero lo traigo a colación porque me da la sensación de que están ustedes en estos momentos bloqueando esa proposición del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa. Esa proposición decía exactamente lo que nosotros pedíamos: que se hiciera una negociación consensuada y que esa negociación consensuada derivara en un proyecto de ley. Ustedes hablan de acuerdo -ha hablado usted de acuerdo, de consenso y de que ha dialogado-, pero yo no veo de qué acuerdo hablan, porque como pudieron comprobar en el debate de su anteproyecto de ley en el Consejo Escolar del Estado, ha sido de las pocas veces donde han sacado un dictamen -aunque sé que no es vinculante- por los pelos, y distintas asociaciones y colectivos han hecho manifestaciones diciendo que son contrarios a la vía por la que se está tramitando esta ley. Le voy a decir por qué: porque creo que han hecho un proyecto de ley que no quieren sacar adelante ni ustedes mismos. La prueba de ello es que ha pasado este tiempo y, como ya le han dicho mis compañeros, se les van los plazos. ¿Saben por qué? Porque saben que es un proyecto politizado, que se ha hecho para contentar a algunos de sus socios y, lo más importante, en el que están ustedes haciendo cosas de las que luego se pueden arrepentir, por ejemplo, ceder algunas competencias básicas.
Al hilo de esta afirmación, me gustaría hacerle una pregunta muy concreta que le hice el otro día a su secretario de Estado. El otro día en una entrevista de televisión -está grabada y la puede usted revisar- el conseller Bargalló afirmo que usted, la ministra Celaá, se había comprometido a satisfacer sus exigencias -las de Bargalló- respecto a una nueva redacción de la Ley educativa para que quedara claro que la Generalitat era la máxima autoridad educativa en materia lingüística en las comunidades
autónomas y, por tanto, se pudieran evitar procedimientos judiciales como los que están en curso para la defensa de la vulneración de algunos derechos básicos de niños en Cataluña o en Baleares. Le voy a hacer una pregunta muy clara y muy concreta: ¿esto que ha dicho Bargalló es verdad? ¿Ha llegado usted a un acuerdo con él? Si ha llegado a un acuerdo con la Generalitat en este sentido, ¿nos lo puede explicar? Y, si no es así, le pido, por favor, que desautorice públicamente esas declaraciones de Bargalló que están hechas en televisión y que se comprometa, como debe ser -como yo creo que es, porque creo que no es verdad lo que dijo el conseller-, a que el Estado va a velar por el respeto al artículo 3 de la Constitución en todo el territorio nacional, y usted, como ministra, en primera instancia.
Agradezco mucho que me responda a las tres preguntas concretas que le he hecho: la de Bargalló, la de si la llamaron para negociar el tema de las prácticas y la de si usted ha hablado con la ministra de Hacienda sobre el tema de la concertada; si es algo que forma parte de una política conjunta del Gobierno o si es algo que ha hecho Hacienda sin consultar, como entiendo que ha pasado con las prácticas formativas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea tengo a dos intervinientes. ¿Empezamos por la señora Belarra? (Asentimiento). Señora Belarra, tiene la palabra.
La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias.
Buenos días, señora ministra, gracias por asistir a esta comparecencia. Nosotros teníamos bastantes apreciaciones a este respecto y, por eso, hemos pedido esta comparecencia. Creo que no se le escapa que han sido unos años extremadamente difíciles para la educación pública de nuestro país. Detrás de las cifras que ha dejado el Partido Popular tras de sí -un 3,8 % de inversión del PIB, un 26 % de interinidad en las plantillas del profesorado y ratios que son absolutamente escandalosas-, hay personas: profesionales, alumnos y alumnas. Hay profesionales que en estos últimos años han tenido que hacer decenas de sustituciones y asumir más horas de clase y han visto cómo el alumnado tenía cada vez más dificultades -en gran medida, por la situación económica que han vivido las familias de nuestro país-, y que desaparecían figuras que tenían un papel clave en el sistema educativo, como los educadores sociales o los trabajadores sociales, por lo que atender a las familias o coordinarse con los servicios sociales o con los centros de salud ha sido casi imposible, básicamente porque los recortes del Partido Popular y el ataque sistemático a la escuela pública que ha hecho el Partido Popular ha dejado tras de sí una sobrecarga para los profesionales que es insostenible.
Creo que la negociación presupuestaria que hemos llevado a cabo tanto el Gobierno del Partido Socialista como el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, señala un camino positivo sobre cómo la colaboración y el trabajo conjunto pueden dar lugar a avances muy significativos y valientes en materia educativa. Es importante lo que mi grupo parlamentario ha arrancado al Gobierno en materia de educación, como la derogación del Real Decretoley 14/2012, ese real decreto de recortes en educación; el aumento en 536 millones de euros las becas por motivos socioeconómicos; los 50 millones para que el material escolar empiece a ser gratuito en nuestro país, o el impulso de una vez por todas a una red pública de la etapa de 0 a 3 años. Creo que no son los presupuestos estrella, pero sin ninguna duda, según dicen nuestros enemigos, son los presupuestos más sociales de la historia de nuestro país y señalan un camino. Es importante señalar este camino porque básicamente lo que ha hecho el Partido Popular con sus reformas educativas han sido reformas ideológicas y elitistas que básicamente buscan proteger a la educación privada. ¿Porque les gusta la educación privada? Sí, pero sobre todo porque el Partido Popular ha hecho un buen negocio con la educación privada y privadoconcertada en nuestro país. Tengo que recordar -porque parece que se empieza a olvidar- que el Partido Popular de la Púnica con Granados y Marjaliza a la cabeza se embolsaba entre 900000 y 1250000 euros por cada uno de los conciertos que daba en la Comunidad de Madrid, al mismo tiempo que la señora Figar básicamente pagaba a la trama Púnica para desprestigiar a aquellos que nos hace sentir más orgullosas en mi grupo, que es la Marea Verde, que han defendido a capa y espada la educación pública en unos tiempos muy difíciles. Parece que lo que escondía el Partido Popular detrás de esta defensa de la educación privada era llevarse el dinero al bolsillo, pero es verdad que también querían defender la educación privada por lo que las señorías del Grupo Parlamentario Popular llaman derecho a elegir, aunque siempre se les olvida decir que es el derecho a elegir para ellos y para los que se lo pueden pagar, y creo que nosotras compartimos que ese no es el futuro de la educación pública en nuestro país. El futuro de la educación pública en nuestro país tiene que pasar sin ninguna duda por apostar por la pública de una manera decidida con una inversión suficiente.
Este reto que tenemos por delante -y se lo digo sinceramente- es enorme, es un reto fundamental porque tiene que ver con el país del mañana, la España que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestras hijas. Este reto fundamental no puede pasar, señora ministra, ni por la derogación únicamente de la Lomce ni por desempolvar la Logse ni por maquillar la LOE, tiene que pasar por una nueva ley de educación que sea moderna, que esté a la altura del siglo XXI, que sea democrática, que sea feminista y que sea inclusiva. Y esa ley tiene que estar a la altura de la España del cambio. En estos casi seis años de aplicación de la Lomce nuestro país ha cambiado de manera definitiva, baste señalar el 8M del año pasado que señala un camino definido y claro hacia dónde tiene que dirigirse nuestro país. Por eso, necesitamos valentía y le quiero pedir a su Gobierno valentía en la presentación de esta legislación, principalmente porque la educación en nuestro país ha estado teñida de azul en estos últimos años y necesitamos que la educación esté teñida de verde. Para eso, necesitamos apostar de una manera decidida por la pública, para que nuestro grupo pueda apoyar su ley de educación tiene que haber una apuesta clara por la pública. No puede ser, señora ministra, que se estén cerrando líneas de la pública, que se estén cerrando centros educativos públicos en lugares donde se están acordando nuevos conciertos. No puede ser que no tengamos un sistema educativo que sea inclusivo, ya está bien de que nos tire la ONU de las orejas porque no tenemos un sistema educativo inclusivo, pero es que, además, tenemos uno de los más segregadores de toda Europa. El otro día no sé si pudieron ver la gala de los Goya -si no lo hicieron, se lo recomiendo-; mi felicitación desde aquí a Jesús Vidal, la primera persona con discapacidad ganador del premio al actor revelación por su papel en Campeones, y viéndole y escuchando su discurso me preguntaba cuánto nos hemos perdido en este país por cerrar la puerta a las personas con discapacidad y no trabajar en un sistema educativo que sea realmente inclusivo.
No puede ser, señora ministra, que sea la escuela concertada quien casi está abanderando las nuevas metodologías innovadoras en nuestro sistema educativo. Se están normalizando sistemas como el Montessori, que lo prefieren muchas familias en todas las etapas, metodologías innovadoras que se están implementando, como, por ejemplo, acabar con las clases de una hora o ir avanzando hacia la eliminación de los deberes. Todo eso, las familias de nuestro país lo están reclamando y no puede ser que eso solo sea para los hijos de los ricos. Necesitamos que las clases trabajadoras tengan acceso a un sistema educativo donde haya metodologías innovadoras para todo el mundo, porque necesitamos, como usted misma ha dicho, que el aprendizaje esté personalizado. Eso del alumno medio hay que dejarlo ya atrás, el alumno medio no existe. Tenemos que adaptar las metodologías a cada uno de nuestros alumnos y alumnas.
Me alegra que vayamos a impulsar la educación 0-3. La educación 0-3 tiene que tener unos mínimos, como usted ha señalado, pero tenemos que apostar definitivamente por una red pública de educación 0-3 que nos permita avanzar en una etapa que cada vez más expertos y expertas coinciden en señalar que se trata de una etapa clave para la educación de los niños y niñas de nuestro país, donde aprenden lo más difícil que van a aprender nunca. Y hay niños y niñas en nuestro país que empiezan la etapa educativa diez y quince pasos por detrás, y eso no puede ser. Tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas y que todas las familias que quieran -o que no les quede más remedio con los trabajos precarios que tenemos- puedan llevar a los niños y a las niñas a una escuela pública infantil.
Por último, señora ministra, necesitamos una ley -y creo que no puede ser de otra manera- feminista. Usted ha señalado algunos elementos, pero quiero insistir. Necesitamos un sistema educativo que no segregue a los niños y a las niñas por sexo. Eso no puede ser en un país que quiere ser feminista, que quiere trabajar por la igualdad de los hombres y las mujeres. Necesitamos un sistema educativo que apueste por la educación afectivo-sexual y también por la educación emocional, porque tenemos un sistema educativo que enseña a competir y nosotros queremos un sistema educativo que enseñe a cooperar, a trabajar en equipo y a construir una sociedad en igualdad. Por eso, en el centro del sistema educativo tienen que estar el alumno y la alumna, tienen que estar los derechos de los niños y de las niñas. Para eso, no queda más remedio que trabajar en una ley feminista que apueste, como decía, por la igualdad de los hombres y las mujeres.
Dejo a mi compañero para que pueda continuar.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Belarra.
Señor Sánchez, tiene la palabra ahora. Le quedan 3:16 minutos, no ha sido muy igualitaria la señora Belarra con usted, señor Sánchez. (Risas).
Buenos días, señora ministra. La semana pasada, como sabe, tuvimos aquí al secretario de Estado de Educación, al señor Tiana, para escuchar y debatir la propuesta de presupuestos. Tras escucharle, le
dije al señor Tiana, que estábamos moderadamente satisfechos con la propuesta, pero también expectantes. Estamos satisfechos, por ejemplo, con la propuesta de aumentar becas y ayudas al estudio en 500 millones, que hemos acordado desde Unidos Podemos y el Gobierno, pero expectantes también para conocer también el modelo de becas del Gobierno y saber si de una vez se va a reemplazar ese modelo de becas Wert que, fijando una cuantía fija y una variable, tantos problemas ha causado entre las familias y estudiantes. Del mismo modo, hoy le tenemos que decir que nos satisface también que la derogación de la Lomce esté en la agenda política de este Gobierno y que, además, exista la voluntad de avanzar hacia una legislación educativa más inclusiva y más equilibrada. Pero hay una serie de cuestiones -algunas muy importantes ya las ha señalado mi compañera Ione Belarra- que necesitan mayor concreción y compromiso. A ver hasta dónde me da el tiempo.
Me gustaría comentar un tema habitual en las intervenciones del Grupo Confederal como es la situación cronificada del profesorado interino, que representa el 25 % de las plantillas docentes. Nos consta -y así lo ha dicho también en su intervención- que desde el ministerio se tiene intención de desarrollar un nuevo modelo de acceso a la función docente y, además, incluirlo como una disposición adicional. En principio no tenemos ningún problema para abordar este debate, creemos que la formación inicial se puede mejorar, que se puede apoyar más y mejor a los nuevos docentes; eso sí, siempre con la condición de no rebajar el estatus laboral de los interinos funcionarios a los de un profesorado becario o low cost, pero, en cualquier caso, estamos dispuestos a afrontar ese debate. Dicho esto, pensamos que, antes de avanzar hacia otro modelo de acceso, hay que resolver la situación de miles y miles de profesores interinos que llevan muchos años en una situación de precariedad e incertidumbre. Por eso, le planteamos que, si este anteproyecto finalmente incluye como disposición adicional la implementación de un nuevo modelo de acceso a la función docente, debe venir acompañado de una convocatoria extraordinaria de consolidación de empleo similar a la del año 2007 -que también implementó un Gobierno socialista- y en la línea de lo que aprobamos el Grupo Confederal de Unidos Podemos y el Grupo Socialista en noviembre de 2017.
Por otra parte, quería volver a someter a su consideración el tratamiento de la asignatura de Religión en los planes de estudio. Es un tema que algunos me van decir que está anticuado y que no hay que tocar, pero pensamos que la distinción Iglesia-Estado es un tema que caracteriza la modernidad y que está lejos de haberse completado. En este punto, tengo que decir de nuevo que estoy completamente de acuerdo con el diputado socialista Guillermo Meijón, quien el pasado 21 de febrero pedía en esta Comisión de Educación la derogación de los acuerdos con la Santa Sede y pedía el voto favorable a las propuestas de Europa Laica. Yo, que no soy tan radical como el señor Meijón (risas) y que sé las dificultades del momento político -sé que ahora mismo quizá llegamos tarde para derogar ese concordato-, sí creo que se podría haber llegado más lejos dentro de la legislación actual y, por ejemplo, sacar la religión fuera del horario escolar e impartirla como actividad extracurricular, como se hace en Francia. Creo que, seguramente, de este modo nos ahorraríamos muchas de las distorsiones que genera esta asignatura. Porque del mismo modo que distorsiona que haya una asignatura espejo distorsiona que haya chicos que no tengan ninguna asignatura cuando otros den catequesis dentro de la escuela.
Por último, me va a permitir que tratemos una cuestión que aprobamos por unanimidad en esta Comisión de Educación y que tampoco contempla por ahora este anteproyecto de ley, me refiero a la recuperación de la Filosofía en los planes de estudio para volver a la situación previa a la Lomce. Así, si bien este proyecto reestablece la Historia de la Filosofía de 2.º de bachillerato, suprime por completo la Ética de 4.º de la ESO. No hay que confundir la Ética de 4.º de la ESO con la nueva educación para la ciudadanía que ustedes llaman Valores cívicos y éticos. Pues bien, es algo que ya pedimos que corrigieran en la anterior comparecencia -no sé si lo han hecho-, pero, en cualquier caso -y después de hablar con la Red española de Filosofía-, le pedimos de nuevo esa corrección y, si no, anunciamos que en el trámite de la ley pediremos el apoyo del resto de grupos de la Cámara para que se cumpla lo que se aprobó en esta Comisión de Educación.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, le voy a dar la palabra a la señora Martínez Seijo.
La señora MARTINEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, gracias, una vez más, por estar nuevamente en esta Comisión. Se nota un cambio. Que una ministra comparezca tantas veces en una Comisión es muestra de la disposición y disponibilidad para hablar de todos aquellos temas que interesan a esta Comisión y que están centrados en la educación.
Comenzaré por la comparecencia sobre las prácticas curriculares y el Decreto 28/2018. Poco más hay que añadir a lo que ya usted ha anunciado. Evidentemente, compartimos el objetivo, que es garantizar una formación práctica de calidad, mediante la realización de prácticas externas curriculares y extracurriculares que mejoren y potencien la empleabilidad de los estudiantes, y los derechos que conlleva su alta en la Seguridad Social durante los periodos de formación y prácticas en empresas. Pero, como usted ha dicho, lo que tenemos por delante es un futuro incierto, algo que está todavía por definir, y, lógicamente, no nos vamos ahora a detener en hacer futuribles sobre algo que está encima de la mesa y sujeto a una negociación, como se ha avanzado, entre los agentes implicados. Es cierto que compartimos cierta preocupación sobre la posible implementación y la gestión del alta en la Seguridad Social de los estudiantes y los periodos para que se lleve adelante, pero estamos absolutamente convencidos de que desde este ministerio se van a hacer todas las gestiones teniendo siempre en mente el beneficio de la formación profesional, el beneficio de los estudiantes y, lógicamente, todas las garantías que tiene que conllevar una medida de este tipo. Así que, por parte de mi grupo parlamentario, le traslado nuestra confianza en el saber hacer de este ministerio y en su capacidad para hablarlo y negociarlo con otros ministerios implicados en el tema.
La ley para derogar la Lomce es para nosotros el asunto prioritario de esta sesión. Ya es la segunda vez que comparece usted en esta Comisión para hablar de este tema y, por tanto, yo entiendo que poco fundamento tienen algunas de las críticas que se han vertido esta mañana por parte de algún grupo parlamentario. Se ha dicho que no hay suficiente participación ni suficiente diálogo. La voluntad de este Gobierno de hablar con todos los grupos parlamentarios, y no solo en comparecencias sino fuera de ellas, ya dice bastante de su disposición. Hemos dicho muchas veces que se había llegado a un acuerdo previo, firmado el 13 de junio de 2013, por parte de bastantes grupos parlamentarios, así como por otros agentes involucrados en la educación española, concretamente FETE-UGT, Comisiones, STE y Ceapa. Por tanto, no sé cómo pueden argumentar algunos que este proyecto de ley nace sin consenso y sin diálogo, cuando la comunidad educativa, además, ha salido repetidamente a la calle en contra de una ley que todos sabemos que contó siempre con la crítica y con la resistencia de la comunidad educativa. Un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid, de 2016, saca a la luz que el 90 % de los profesores no creen que la Lomce mejorase absolutamente nada la educación y que en ningún momento se ha visto que fuese necesaria su aprobación como ley ni que fuese a aportar algo positivo a la educación española.
Por otro lado, también se ha aludido a la falta de participación. Yo diría que el trámite de esta ley ha sido abordado ya en dos comisiones generales y en conferencia sectorial, y todas las comunidades autónomas han tenido ocasión de realizar aportaciones, excepto las gobernadas por el Partido Popular, curiosamente, que han estado más interesadas en aportar titulares y falsedades sobre la ley que en hacer los deberes y aportar cuestiones de interés que pudiesen mejorar este anteproyecto. Como usted ha dicho también, ha habido más de cien colectivos que han realizado aportaciones a lo largo de este proceso y más de cuarenta mil correos electrónicos se han revisado, que entendemos han mejorado sustancialmente este proyecto de ley. A su vez, este proyecto de ley ha sido analizado en el Consejo Escolar del Estado, que también han realizado enmiendas que se han tenido en cuenta. Por tanto, no tiene ningún sentido decir que esta ley no ha tenido ni consenso ni diálogo ni participación, porque es absolutamente falso, salvo, evidentemente, los de siempre. Esperemos que los que han apelado a la participación y al diálogo se sumen en esta ocasión a ese diálogo y a esa participación y que no se queden los últimos de la clase siendo los únicos que no aporten nada para beneficiar este anteproyecto.
Todos conocemos las modificaciones que la Lomce ha sufrido a lo largo de todos estos años que ha estado implementada en los centros educativos -en los criterios de titulación, en las reválidas, etcétera- y pensamos que todo esto tiene que ser recogido nuevamente y actualizado en una ley. No hace falta volver a insistir en la necesidad de acabar de una vez con la Lomce y de avanzar hacia una nueva ley educativa, a la que no hay que defender más ya que todos estamos de acuerdo en que se tiene que dar carpetazo a una ley tan reaccionaria y con tanta reacción por parte de la comunidad educativa.
Me voy a centrar en las novedades que se han tenido en cuenta en esta última fase y de las que usted ha hablado en su exposición. Creo que se va a dar una posibilidad efectiva a la ordenación educativa, a la ordenación de todo el sistema educativo. Además, por fin se incluyen los objetivos de la Agenda 2030, que hay que actualizar; hay que pensar en el futuro y en el mundo globalizado en el que nos encontramos, así como en esos objetivos que tenemos que compartir con otros países. Entendemos que se ha dado un paso muy importante, y es que ahora ya se puede hablar de derogación de la Lomce. Ya hay un texto alternativo, algo que, hasta ahora, no había. No se trata de quitar, sino de que se quite para poner algo,
que es lo que va a dar consistencia al sistema educativo. Tampoco se trata de eliminar; se van a mantener ciertas cuestiones que funcionaban y han funcionado en el sistema educativo y no tienen por qué alterarse. Pero sí se trata de recuperar aquellos principios educativos que están sólidamente consensuados y que han sido alterados de una manera importante en la Lomce.
Esta ley ha dado un salto cuantitativo y cualitativo desde el mes de noviembre. Se ha mejorado sustancialmente, y nos alegramos de que se hayan tenido en cuenta las numerosas aportaciones que ha habido al anteproyecto de ley, porque sienta las bases para el modelo educativo del futuro y abre puertas para que determinadas cuestiones puedan ser abordadas y desarrolladas con mayor reflexión más adelante. También es necesario, diría que imprescindible, recuperar la necesaria lealtad institucional en materia educativa, de la que algunos grupos parlamentarios han hablado anteriormente. Es cierto que la Lomce rompió con una excesiva regulación de las materias en primaria, en la ESO y en bachillerato; se generó un lío impresionante de asignaturas y, además, se asumieron ciertas decisiones en la ley que han puesto en duda el estado competencial de las administraciones educativas y que, en principio, no deberían haber estado incluidas por ser una ley básica. Por tanto, señor Matute y señor Agirretxea, estoy plenamente de acuerdo en que en esta ley se tiene que respetar esa lealtad institucional entre el Estado y las administraciones autonómicas, como no puede ser de otra manera. Estamos convencidos de que todas estas novedades que se plantean en la ley, como la recuperación del modelo de asignaturas que había en la LOE, va a acabar con ese tremendo lío y va a dar mucha más tranquilidad a los alumnos y, sin ninguna duda, a los profesores -es positivo resaltar la eliminación de los estándares de aprendizaje, que ha sido un verdadero quebradero de cabeza para los docentes- y a las familias.
Tenemos que ser claros: a fecha de hoy, ya se puede decir que la Lomce ha sido una ley negativa para el conjunto del sistema educativo. En el último año, se ha incrementado 4 puntos la tasa de fracaso escolar. Los porcentajes de repetición, por ese lío de asignaturas que se han ido acumulando a lo largo de los años, han permitido que se incremente, llegando a alcanzar el 37 %, y de una manera desbaratada en la educación primaria, donde se ha incrementado cerca del 16 %. Por tanto, el sistema educativo español no se puede permitir ni esos niveles de repetición ni ese porcentaje de fracaso escolar que acaba desmotivando a nuestros alumnos, que les acaba alejando del sistema educativo, por lo que, en muchos casos, acaban abandonando de manera temprana la educación y la formación, lo que supone un lastre para el sistema educativo.
También supone un gran avance la posibilidad de ir más allá en el desarrollo curricular que usted ha avanzado, y de poder adaptar el currículum según los cambios sociales. ¿Podría avanzarnos si hay alguna modificación más en este sentido? Se lo pregunto para tranquilidad de muchas personas del ámbito educativo que siguen señalando que el currículum educativo es excesivamente férreo, que está excesivamente cargado y que no permite la flexibilidad que demanda un sistema educativo moderno para dar solución a muchos de los problemas de enseñanza y de aprendizaje que tienen nuestros alumnos.
En relación con las lenguas, señora Martín, estoy convencida de que en cualquier comunidad con lengua cooficial comparten conmigo el deseo de que el alumnado tenga plenas competencias, como marca el anteproyecto de ley, en ambas lenguas. Y Lo comparten porque son conscientes de la riqueza de un Estado plurilingüe y de la importancia del castellano como lengua de comunicación común en el Estado español y lengua de comunicación mundial, por eso yo le puedo asegurar que el castellano no está en peligro. Como castellana y como filóloga, le aseguro que a mí me habría gustado tener la posibilidad de recibir una verdadera formación plurilingüe, porque reconozco la riqueza cultural del plurilingüismo y, además, estoy absolutamente convencida de que cuantas más lenguas, mucho mejor. Lo que no puedo entender es qué tiene usted en contra de ello, en contra de las lenguas cooficiales, señora Martín, porque se trata de un derecho constitucional.
Señorías, esta ley plantea muchas cuestiones urgentes pero también novedosas, más allá de la religión, señor Sánchez. Para nosotros es fundamental sentar las bases para hablar de futuro educativo, que inevitablemente debe mirar hacia la innovación, la equidad y la inclusión, y ello requiere que se haga de la mano del profesorado. Por eso, estos retos deben hacerse de una manera más pautada, pero creemos que ya en el anteproyecto hay claves importantes que miran hacia un cambio futuro. Yo destaco muchas de ellas, en primer lugar, que se recojan los derechos de la infancia; el compromiso del desarrollo de la carrera docente que usted ha comentado previamente; el desarrollo en la regulación de la educación infantil; los grandes avances en la autonomía de los centros, en la adaptación a sus circunstancias tanto de espacio y horarios como incluso de currículo, y las posibilidades que esta ley plantea para que las administraciones educativas revisen periódicamente los currículos para adecuarlos a los cambios y a las
nuevas exigencias de la sociedad española y de su contexto internacional. A nosotros esto nos parece un verdadero avance, muy significativo, que va a permitir abordar muchas de las cuestiones que portavoces de otros grupos parlamentarios han comentado anteriormente.
También vemos como novedad positiva la modificación de los criterios de admisión en los centros educativos, que reducirá la segregación escolar, algo por lo que nosotros como grupo parlamentario también estamos profundamente preocupados. Es esencial fomentar el hábito y el dominio de la lectura o potenciar planes de fomento de alfabetización en diversos medios, de tecnologías y lenguajes, y también que para ello se pueda contar con la participación de familias y voluntariado. Nos gusta mucho que se potencie el aprendizaje competencial, autónomo, significativo y reflexivo en todas las materias. Sin duda esto requiere de la complicidad del profesorado, pero es básico para transformar la adquisición de conocimiento tradicionalmente memorístico por un proceso de razonamiento más centrado en la comprensión y resolutivo, así como que se fomente el aprender a aprender como hoja de ruta que permita el aprendizaje a lo largo de la vida.
Hay otra serie de cuestiones que también nos parecen esenciales, como que los centros elaboren sus propuestas pedagógicas atendiendo a su diversidad y que se potencien los programas de cooperación territorial, y aquí tenemos que resaltar los programas de cooperación territorial asociados a la escuela rural, a la insularidad o a la formación profesional. También vemos muy positivo avanzar en la coeducación y recuperar la educación afectivo-sexual, que, lamentablemente, ha sido tan abandonada en los últimos años en el sistema educativo.
En definitiva, señora ministra, la felicitamos a usted y a su equipo por haber abordado en tiempo récord la multitud de demandas y aportaciones que han llegado de tantas y tantas personas y que sin duda se ven reflejadas en el nuevo texto. Para el Grupo Parlamentario Socialista se cumplen nuestras demandas y compromisos: se deroga la Lomce, se acometen urgencias y se plantea una línea educativa que nos gusta y que sabemos que se enriquecerá, por lo que le traslado todo nuestro apoyo a este proyecto, que esperamos -como también han manifestado otros grupos anteriormente- que se registre lo antes posible, porque nosotros sí estamos convencidos de que hay una voluntad férrea por parte de este Gobierno de sacar adelante este proyecto de ley. En este sentido, a nosotros nos van a encontrar trabajando con todas las ganas, porque estamos absolutamente convencidos de la necesidad de derogar esta ley, así como de apostar por un nuevo modelo educativo que verdaderamente dé respuestas al conjunto de nuestros alumnos y alumnas para el presente y para el futuro. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
Para concluir el turno de intervenciones de los portavoces, doy la palabra a la señora Moneo del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Ministra, quiero darle la bienvenida en nombre del Grupo Parlamentario Popular a esta Comisión de Educación. Quiero agradecerle su intervención, aunque evidentemente hay una serie de cuestiones con las que mi grupo no puede estar de acuerdo. Lamento profundamente, puesto que este era el objeto de su comparecencia a petición del Grupo Popular -tal y como trasladó a la Diputación Permanente-, que usted considere impropio el tema que vamos a tratar hoy aquí o que usted considere como impropia esta comparecencia. Señora ministra, nosotros consideramos que la solicitud de comparecencia relacionada con el decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo y convalidado por esta Cámara, y que hace referencia tanto a la prácticas curriculares como extracurriculares, es más que pertinente.
Seguramente, señora ministra, a usted le toca dar cuenta aquí por usted misma, por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, que nos hemos enterado que está en la Antártida -un sitio muy cercano para resolver esta cuestión-, y por la ministra de Trabajo, que realmente es quien debería haber dado explicaciones en sede parlamentaria. Tuvo ocasión de hacerlo ante la interpelación del propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y no lo hizo, señora ministra. Ella no da explicaciones, su ministerio regula y usted habla de que el Gobierno se va a oponer a cualquier medida que implique degradar o atacar la calidad del sistema educativo, pero usted también es Gobierno, señora ministra. Lo único que podemos pensar es que la descoordinación dentro del Gobierno ha sido tremenda. No sé si le compete a usted, si le compete a la señora vicepresidenta del Gobierno o si el Ministerio de Trabajo ha querido agarrarse a las prácticas universitarias para prever lo que hoy hemos conocido, y es que hay 606473 afiliados menos a la Seguridad Social, un récord histórico. Si las previsiones que se han hecho por parte del propio ministerio dicen que la medida aprobada por Trabajo puede afectar a 500000
estudiantes -lo cual quiere decir que 500000 estudiantes tienen que cotizar a la Seguridad Social-, la catástrofe que ya se preveía desde la Secretaría de Estado de Seguridad Social podría ser minorada.
No me gustaría pensar que esta es la razón exclusiva de la tensión a la que por parte de este Gobierno -lo cual afecta también a su ministerio y al de Ciencia, Innovación e Universidades- se somete a las universidades, a los centros de formación profesional y a los propios empresarios, porque lo que hemos oído hasta el momento ha sido profundamente contradictorio. Ante la llamada de la CRUE, que dice que no se le ha consultado para aprobar este decreto, hay manifestaciones por parte del Gobierno que dicen que no van a ser las universidades quienes paguen la Seguridad Social de esos alumnos. ¿Y quiénes lo van a hacer, las empresas? ¿Lo van a hacer las pequeñas empresas que firman convenios con universidades no demasiado grandes en ciudades de provincia y que sirven de soporte para la obtención del título? Porque los estudiantes van a estar condicionados por esas prácticas a la hora de la obtención del título.
Por tanto, señora ministra, claro que está justificada su presencia hoy aquí. Quizá usted debería pedir cuentas a los otros ministerios implicados, tanto al señor Duque como a la señora ministra de Trabajo, pero lo cierto es que, si esta medida sale adelante, no ya solo los universitarios, sino también las prácticas que se hacen en el ámbito de la formación profesional y las propias empresas van a verse atacados y se va a limitar la posibilidad de estas últimas respecto a la firma de convenios para formar a estudiantes y que estos obtengan el título. Por eso queremos que usted se manifieste en esta Comisión de la forma más clara posible, no como hizo la ministra de Trabajo, y nos diga si está de acuerdo con el decreto aprobado por el Ministerio de Trabajo. Por supuesto que nosotros vamos a presentar enmiendas, pero usted es Gobierno y como directamente afectada tiene que decir en esta Comisión si está de acuerdo con el Ministerio de Trabajo en cuanto a la regulación del decreto sobre prácticas universitarias y de formación profesional curriculares y extracurriculares.
Paso a la segunda cuestión a la que usted ha hecho referencia a lo largo de su intervención. Señora ministra, qué quiere que le diga. Le agradezco su intervención, pero la música no concuerda con la letra. Mucho tendrá que cambiar su proyecto de ley para dar credibilidad a algunas de las cuestiones que usted ha planteado en esta Cámara. Es la segunda vez que viene a esta Comisión a hablarnos de la Lomce, o mejor dicho a hablarnos de cómo se deroga la Lomce -lo ha dicho también la portavoz del Grupo Socialista-, porque la verdad es que parece que el único objetivo de todo este revuelo en el que ustedes han instalado al sistema educativo español sea demostrar que ya se han cobrado su presa, y que esa presa además se la han entregado a sus socios de Gobierno, que es el Grupo Podemos.
Yo lamento que ustedes hayan elegido esos socios instalados en la extrema izquierda, que hayan elegido para reformar el sistema educativo a la extrema izquierda, esa izquierda de discurso de facultad, esa izquierda que ataca los principios básicos de la Constitución española, la concertada... Por cierto, hablando de la Comunidad de Madrid, como ha hecho referencia el Grupo Podemos, yo les invitaría a que se enterasen de quién ha gobernado durante estos años en el Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid, que también puso suelo público para construir un centro concertado. No demonicemos a nuestros socios de Gobierno y menos a los señores de Podemos. (Protestas por parte del señor Sánchez Serna). Un centro concertado, señorías, no se pongan ustedes nerviosos. Por cierto, esa izquierda que ahora intenta defender y convertirse en adalid ¿de quién? De la defensa de los discapacitados y de las discapacitadas. Pues yo le diría a esa izquierda que para que muchas de esas personas discapacitadas acudan a los centros educativos lo primero que tienen que hacer es nacer, y les invitaría a leer un maravilloso artículo de Juan Manuel de Prada, que se ha publicado en estas fechas, y a fijar su posición respecto al aborto eugenésico antes de convertirse en los firmes defensores de los discapacitados intelectuales, porque la inmensa mayoría de ellos, gracias a determinadas medidas que defiende la extrema izquierda de este país, ni siquiera tienen la ocasión de nacer. Pues bien, esos son sus socios de Gobierno, no somos el Partido Popular. A ustedes les importa poco lo que pueda decir el Partido Popular, que ha tenido hasta hace escasas fechas la responsabilidad de Gobierno, que gobierna en comunidades autónomas. Están en su derecho. Se levantaron de un pacto por la educación con una disculpa económica. Yo espero que usted llame al Grupo Socialista y le pida que presente una enmienda a los presupuestos por un importe de 1500 millones de euros que usted pueda gestionar en su ministerio, puesto que esta fue la disculpa que utilizaron -hay que ser coherentes con ese discurso que han mantenido a lo largo de estos meses- para levantarse del pacto por la educación. Y espero además que sean coherentes dentro de ese nuevo texto legislativo sometiéndolo otra vez a un periodo de consultas, porque de lo que usted nos ha expuesto aquí, en relación con el primer documento que se sometió a consulta, al posterior en el que dieron fecha
ustedes a las asociaciones y al conjunto de la sociedad para hacer aportaciones hasta el 10 de noviembre, cuando el 7 de noviembre ya conocíamos el texto por parte del ministerio... Por cierto, no hemos conocido tampoco, señora ministra, las conclusiones de las diferentes aportaciones que hicieron el conjunto de los ciudadanos, las asociaciones, etcétera.
Decía la portavoz del Grupo Socialista: es que la Ceapa, Comisiones, UGT, etcétera, están de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer. ¿Y el otro 50 % de las asociaciones, incluido el sindicato de la escuela pública, ANPE, que ha ganado las elecciones sindicales? Pero, bueno, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una reforma que ustedes van a traer a la Cámara -en su derecho, son Gobierno- acompañados de los señores de la extrema izquierda y de los separatistas -esa es la realidad- y apartando al partido más votado por los españoles en las pasadas elecciones, un partido que a ustedes les ha ofrecido un pacto, y además vienen con una reforma hecha en tiempo récord, y como todas las reformas hechas en tiempo récord no puede ser sino un sucedáneo de lo que ustedes han defendido siempre en educación. Ustedes vienen con la reedición de la LOE, esa es la verdad, señora ministra, ese es el texto legislativo que ustedes han trasladado al Consejo Escolar del Estado para hacer aportaciones. Por eso le digo que la letra y la música no coinciden, señora ministra.
Ha venido aquí y nos habla de digitalización. Pues tendrá usted que cambiar mucho el texto legislativo para que veamos algún signo de modernidad, de innovación y de digitalización del sistema educativo en el proyecto inicial que ustedes han planteado. Nos ha dicho que uno de los principios rectores es el interés superior del menor conforme a la Convención de Defensa de los Derechos del Menor. ¿Quién delimita el interés superior del menor, el Estado o los padres? Porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que defiende el interés superior del menor, dice que los padres son los primeros responsables a la hora de la defensa del interés superior del menor. Señora ministra, usted nos trae aquí también una reforma profundamente ideológica. Ustedes, que se hinchan a decir que el Grupo Parlamentario Popular ha trasladado la ideología a las aulas, traen una reforma que despoja a las familias del derecho que les corresponde como primeros responsables de la educación de sus hijos. Si no acláreme quién va a velar por el interés superior del menor, si el Estado o los padres.
En segundo lugar, ha hablado usted de una escolarización proporcional repartida de los alumnos con necesidades educativas específicas. ¿Cómo piensa articular eso, señora ministra? ¿Los niños con necesidades educativas específicas, con discapacidad, van a ser una cuota repartida a lo largo de todo el sistema educativo? ¿Cómo piensa usted trasladar al sistema educativo uno de los pilares fundamentales no ya de la Estrategia 2030, a la que usted ha hecho referencia, sino de la Estrategia 2020, que es la transparencia y la rendición de cuentas? La transparencia y la rendición de cuentas no se pueden hacer a través de evaluaciones opacas -no, señora ministra- ni muestrales. Si usted quiere evaluaciones que tengan consecuencias en el sistema para la mejora de los defectos del mismo -le estoy hablando de evaluaciones para la mejora del conjunto del sistema-, tienen que ser censales y externas, y dar al sistema educativo transparencia para que las familias conozcan cuál es la realidad del sistema educativo, para que los profesores conozcan cuál es la realidad del sistema educativo y para que usted, que está en el Gobierno, y las diferentes comunidades autónomas, que representan a las administraciones educativas, pueden tomar decisiones.
Esa también es una diferencia entre ustedes y nosotros, porque nosotros creemos en las personas. La persona no puede diluirse en el conjunto del sistema, cada alumno necesita una medida específica de apoyo, de ayuda para que pueda pasar etapa tras etapa. Eso no se consigue con una evaluación muestral, señora ministra, ese es un mal indicador. Nosotros le pedimos que revise su modelo de evaluación, que es absolutamente contraria a aquellas evaluaciones que han permitido a otros sistemas ser más avanzados y dar mejores resultados. Por cierto, cuestión que también contempla la Estrategia 2020: la necesidad de reforzar conocimientos, capacidades y competencias, pero orientadas hacia los resultados. Esos resultados no se van a mejorar si no se toman medidas reales, evidencias empíricas y perfectamente contrastadas.
Ha hablado usted también del profesorado. El señor presidente me está diciendo que vaya acabando. Voy acabando, señor presidente. Ha hablado usted de los profesores y de los directores. Señora ministra, ¿cómo piensa usted defender a los profesores si en su propuesta se diluye la propia autoridad del profesor, la propia capacidad de los directores a la hora de tomar decisiones? Porque su capacidad a la hora de tomar decisiones queda diluida por el conjunto del equipo, por órganos absolutamente colectivos, hasta en el paso de curso. Por cierto, ustedes siguen empeñados en rebajar la calidad del sistema haciendo un paso de curso absolutamente ficticio. Su obligación es que el alumno vaya pasando de curso. Usted critica la Lomce porque dice que incrementó las repeticiones. Es cierto que incrementó las repeticiones, sobre todo en
primaria. ¿Sabe por qué? Porque se permitía repetir en primero, en tercero y en quinto, cosa que prohibía la LOE. Pero la cuestión no es cerrar el paso a las repeticiones por prohibición, sino ayudando a los alumnos.
Ustedes dicen que han acabado con los itinerarios. No es cierto, señora ministra, ustedes no han terminado con los itinerarios, ustedes tienen itinerarios. De hecho los alumnos van a poder titular en educación secundaria a través de la vía ordinaria, a través de los diferentes itinerarios, a través de la formación profesional básica, y a través de esos programas que vienen a sustituir a los antiguos PMAR y que ustedes trasladan a cuarto. Es decir, ustedes establecen una vía absolutamente laxa para que se titule en educación secundaria obligatoria. ¿Y sabe qué pasa? Que eso es engañar al alumno y a sus familias, porque cuando nuestro objetivo es que un mayor número de alumnos pase a la educación secundaria media, hacia el bachillerato y la formación profesional de grado medio, engañar a esos alumnos y a esas familias es conducirles al fracaso.
Termino, presidente. Por último, señora ministra, también habla de la estrategia de una inversión sostenible de calidad, de eficiencia, en los sistemas de educación y formación. Se lo he dicho antes cuando hablaba del presupuesto. Nosotros hemos defendido a lo largo de estos años -y no piense encontrarse una enmienda de 1500 millones por parte del Grupo Popular, porque no vamos a ser incoherentes con lo que hemos defendido- que un sistema educativo tenía que ser eficiente y transparente, que tenía que saber perfectamente a qué dedicaba cada uno de los recursos, pero ustedes se agarraron -igual que el Grupo Podemos que ahora le sigue pidiendo financiación- al mantra de la financiación para desbaratar lo que podía haber sido un gran acuerdo. ¿Qué van a hacer ustedes con la financiación, señora ministra? Quiero que nos diga qué piensa hacer con la financiación y a qué va a dedicar todos y cada uno de los recursos.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Moneo.
Con su intervención concluye el turno de los portavoces de los grupos parlamentarios.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidente.
Empezaré obviamente respondiendo al señor Matute, pero no sin antes expresar mi última emoción. Señora Moneo, usted no está hablando de mi ley, está hablando de la reforma que usted debería haber hecho a la suya, pero no de la mía.
Señor Matute, no son anhelos. Es verdad que usted tiene todo el derecho a decirlo, porque obviamente no ha visto el texto de la ley aún. Por tanto yo le cuento -como usted dice: buena música, pero ver el articulado es importante. Se deroga la Lomce y se puede hacer porque tenemos un texto alternativo sólido y consolidado. ¿Cómo vamos a reforzar la comunidad educativa -también una cuestión importante? La ley avanza en términos de democratización significativamente, porque incrementa la participación. El consejo escolar no va a ser un consejo escolar meramente testimonial o consultivo; es un órgano de gobierno. Y en ese órgano de gobierno los padres, madres y todos los estamentos que constituyen el consejo escolar van a tener que llegar a acuerdos sobre las cuestiones principales. Si no llegan, van a tener que necesitar mayorías cualificadas para llevar adelante los objetivos de la escuela.
En relación con la segregación la ley hace una importantísima y profunda apuesta por evitar la segregación escolar. Es uno de los elementos constitutivos de la ley, y obviamente disuelve los itinerarios. La cuestión de los itinerarios era que llegaban a puntos ciegos, a puntos desde los que no se podía retroceder. La formación profesional básica -y hemos hablado con muchas personas que hacen formación profesional básica- llevaba a muchísimas alumnos y alumnas -y no voy a dar el porcentaje, porque no lo quiero decir- directamente a la calle, al abandono escolar temprano, sin ningún tipo de retroceso. Eso es un itinerario y los PMAR llevaban a un itinerario. Por tanto lo que nosotros hacemos es precisamente articular un título único de la ESO, al que se llega por diferentes caminos -a Roma por diferentes caminos-, que son los que se consideran, por parte del equipo docente, los necesarios para dar la educación y la atención personalizada acordes a las características de los alumnos. Por tanto tenemos el itinerario mayoritario, que llega a la ESO y consigue la titulación, y tenemos aquellos que van por diversificación curricular. Supongo que trabajar deprisa no estará reñido con la función, es decir, por qué tenemos que condenarnos a tener Gobiernos que trabajen despacio -trabajamos también los domingos; no tenemos por qué condenar al país a un coste de oportunidad, de políticos o políticas que llegan a su función sin conocer qué es lo que tienen que hacer, cuál es el proyecto que tienen que poner
en marcha. Por tanto ese coste de oportunidad mi equipo no lo ha pagado, con lo cual no hay deuda con el país; se ha trabajado levantando el proyecto educativo desde el primer momento, y ese proyecto educativo es el que nos lleva a poder disponer -y ustedes también- en muy breve tiempo -en días- del articulado. Como he dicho ese articulado ha sido muy reforzado por la cantidad de aportaciones que hemos recibido de comunidades autónomas, de organizaciones sociales y de personas individuales. Repito, evitar la segregación en la escuela es fundamental, es una de las cuestiones importantes. Ese título único de la ESO va a permitir ir a bachillerato e ir al ciclo de formación profesional de grado medio, el mismo título, no dos títulos, uno de los cuales no permitía ir a bachillerato, estamos hablando de la educación básica, señores; no hay país democrático de nuestro entorno donde, en la educación básica, se establezcan barreras de tal porte como para que haya tal índice de abandono escolar temprano, tal índice de fracaso escolar o hasta un 37 % de repeticiones en la educación básica, señorías. A ese título de la ESO se llega por diversificación curricular, se llega por el itinerario mayoritario y también por la formación profesional básica, que además de tener materias más cercanas al mundo profesional, tiene ámbitos. Si se sabe que el alumno, al que se le ha visto por un consejo orientador, puede llegar a la ESO con desarrollo de destrezas más cercanas al mundo profesional, irá por formación profesional básica. Si logra superar los ámbitos y las enseñanzas profesionalizantes conseguirá la ESO, y si no, un certificado que le conectará directamente con las cualificaciones del sistema profesional de cualificaciones. A nadie se le deja estancado, a nadie se le deja sin itinerario; hay conexión, hay vías de entrada, salida y refuerzos.
En relación con lo que me pregunta, señor Matute, sobre las transferencias he de decirle que ha habido un acuerdo, como usted sabe, entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno vasco en el que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social es la que ha quedado fuera del paquete de las transferencias. Nosotros también tenemos leyes del sistema educativo en el País Vasco, tenemos la Ley de la Escuela Pública Vasca, tenemos la Ley de Cuerpos Docentes propios. No hay problema, lo que se pretende, lo que vamos a hacer y lo que hacemos en esta ley es el respeto absoluto a nuestro Estado autonómico, consagrado por la Constitución: las comunidades autónomas son Estado y tienen sus competencias. Eso es lo que hacemos.
Señor Agirretxea, agradezco sus aportaciones. Me pide urgencia para traerlo. Sí, pero a la urgencia algunos la critican como prisa. Lo vamos a traer y pensamos que en días. Entiendo que ustedes deseen ya la letra; no está mal que hayamos suscitado su curiosidad; es importante también. Respecto al ámbito competencial tenga en cuenta, señor Agirretxea, que será absolutamente respetado. Creemos en la doctrina del Tribunal Constitucional, y es doctrina del mismo que a veces las leyes básicas se han extendido más allá del horizonte, invadiendo en algunos casos las competencias de las comunidades autónomas. Nosotros entendemos que podemos hacer entre todos un trabajo bien hecho, respetando los ámbitos competenciales de cada uno. No tenga ningún temor, porque no tenemos ninguna tentación de recentralizar. Usted me conoce de antiguo, y si estoy en algún sitio es en el federalismo. Por lo tanto no tendré ninguna intención de recentralizar nada. Creemos en el Estado consagrado por la Constitución y le servimos.
Con respecto a las cotizaciones qué quiere que le diga, creo que sin necesidad de ser más explícita, usted también me conoce, y ha leído entre líneas. Es decir, de ninguna de las maneras abonaremos una política que dañe a la formación profesional, que tanto esfuerzo nos ha costado levantar, entre otras razones porque las prácticas de las que se habla -y creo que ahí hay un elemento que puede orientar la salida- no se refieren a la FCT. La formación en centros de trabajo, que es absolutamente curricular, no remunerada, y que es la que está en las entrañas de la formación profesional no se debe corresponder con las prácticas remuneradas o extracurriculares que sean objeto de cotización por parte de las empresas. Por tanto buscaremos la salida, y como digo esto se está tramitando como proyecto de ley, y siempre obviamente en los proyectos de leyes también estamos a lo que sus señorías aquí establezcan. En todo caso, señor Agirretxea, tenga la seguridad de que esta ministra no va a poner en peligro a la formación profesional en lo que en su mano esté. También obviamente nuestros alumnos tienen el seguro escolar obligatorio, que les defiende ante accidentes, enfermedad o cualquier contingencia familiar, como usted ha dicho.
Señor Olòriz, yo le escucho con atención y le respeto absolutamente en su moderación, en su racionalidad, en su emoción y también en su sensatez. Yo lo respeto porque obviamente estamos pasando un trance importante, pero también le digo que no corresponde a este Ejecutivo como bien sabe interferir en ese episodio, no puede.
Le agradezco muchísimo que esté de acuerdo con los principios que yo he enunciado. Evidentemente tenemos un sistema educativo que, una vez -en el año 2013- se calificó de catástrofe, nosotros huimos
de esa valoración no por estética, sino por estar en desacuerdo con el fondo de la cuestión. Tenemos un sistema educativo homologable, muy perfectible. Lo primero que hay que atajar es el abandono escolar temprano, y ahí tenemos un desafío muy profundo, sobre todo cuando el mercado se ha vuelto a abrir. Hay que trabajar en ello; algunas de las medidas puestas en marcha por el Gobierno andaluz están dando resultado. Sin embargo no así, he de decir y no por acritud, en la Comunidad de Madrid, donde se ha aumentado el abandono escolar temprano en un 0,5 %, según nuestros datos, y eso que la Comunidad de Madrid tiene un índice de renta per cápita superior al de Andalucía. Pero ahí es donde tenemos que trabajar, en la evitación del abandono escolar temprano, en la evitación del fracaso, en el aumento de las capacidades de las personas, de todas las personas, para que puedan tener un empleo digno cuando salgan de la escuela.
En cuanto a las cotizaciones creo que ya lo he expresado para todos: pondremos el esfuerzo en todo lo que sea necesario para poder salir de esta cuestión sin ningún daño para lo que significan las empresas y los alumnos que trabajan en formación profesional.
A la señora Martín sobre las cotizaciones ya más no le voy a decir, porque creo que está bien claro. Me pregunta también sobre el tema de Hacienda y las declaraciones de Hacienda. Corresponde al Ministerio de Hacienda esta cuestión, porque está relacionado con los impuestos y le corresponde al Ministerio de Hacienda, que hará el análisis correspondiente y habrá unas deducciones que serán válidas y otras a lo mejor no lo serán tanto. Pero, por las noticias de que dispongo -y sí tenemos noticias, sí nos relacionamos mucho entre los distintos ministerios-, el cómputo total de las deducciones superaba los 1000 millones de euros.
Con respecto a la Lomce le diré que no estamos bloqueando ningún acuerdo. Todo lo contrario, no se bloquea absolutamente ningún acuerdo. El caminante, aunque vea el horizonte, puede seguir caminando, ¿verdad? Es decir, si el pacto educativo o escolar, como quieran ustedes llamarlo, estaba en el horizonte, no sería justo ni lógico de los poderes públicos se paralizaran so pretexto de que tienen que alcanzar el pacto educativo. Hay que seguir avanzando, y hay que seguir avanzando sobre lo real, sobre los acuerdos posibles que se ponen encima de la mesa. Porque yo no creo que usted pueda tener muchos desacuerdos con la propuesta que estamos planteando. No creo que usted tenga muchos desacuerdos con que la educación pública sea eje vertebrador del sistema educativo; no creo que usted tenga muchos desacuerdos en relación con que la religión no valga para la nota media; no creo que tenga muchos desacuerdos en cuanto a que la escuela trabaje en inclusión, lo cual significa respetar la diversidad, que sea el eje del sistema educativo. Por tanto no se puede decir que haya alumno medio -algo que se ha dicho- y es verdad. Todos los alumnos y las alumnas son diferentes y hay que atender a la diversidad. Ahora, el cómo se hace es la cuestión, cómo lo hacemos procedimentalmente. Y esto solamente puede ser a través de una formación muy explícita, muy específica del profesorado y a través de recursos de apoyo.
Me habla usted de las lenguas y del señor Bargalló. Yo le vuelvo a decir lo mismo: este ministerio, esta ministra, somos respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas, en lenguas y en lo demás. No escuché la expresión a la que usted hace referencia, pero lo que la ley tendrá será el respeto escrupuloso a las competencias de cada quien, en lenguas también.
En respuesta a Podemos, a la señora Belarra, que es la primera que ha intervenido, he de decirle que los recortes habidos en el tiempo de la Lomce, de 2013 a 2107, han sido muy lamentables. Han sido de hasta un 30 % en becas; ha habido subida de tasas universitarias; unas reducciones del 40 % en ciencias -aunque no entraran en la Lomce-; la escuela pública tuvo una importante reducción en términos de equidad; se aumentó la desigualdad; y las becas, como les he dicho, tuvieron menos cuantía y además hubo menor cantidad de beneficiarios. Esta es una de las cuestiones que hay que recuperar. Por eso es tan importante que se aprueben los presupuestos para 2019, que llevan un aumento general de entre el 19 y el 20 %, de 536 millones de euros para las becas, lo que supone un incremento del 37 %, lo que nos pondría en un escenario de mayores cuantías de becas, de diferentes repartos de umbrales y de mayor número de becarios. Para ello como saben ustedes hemos puesto a trabajar al Observatorio de Becas, que no se reunía desde hace siete años, y que está haciendo un buen trabajo del que tendremos resultados en poco tiempo.
En relación con los conciertos diré que nosotros los respetamos. Respetamos la función social que hacen los centros concertados; no respetamos la diversificación mercantil de algunas empresas que buscan negocio en la educación, no respetamos esto. Por tanto nuestra ley llevará al respecto cautelas que permitirán que las administraciones públicas no toleren reparto de bienes cuando se trata de centros concertados. En la admisión, por ejemplo, el principio de igualdad se fortalece, lo que no significa de
ninguna de las maneras que no se respete el derecho a la libre elección de los padres y las madres. De facto en este país cerca del 80 % de las familias eligen centro. Lo que no se va a permitir es que haya una elección de centro ventajista. Por tanto, la zonificación será igual para la pública que para la privada, no nos gustan las zonificaciones únicas y se darán las mismas posibilidades a unos y a otros. La igualdad de oportunidades, de facto, empieza de 0 a 3 para compensar desigualdades de origen -esta es una cuestión importante- y la ley habilita al Gobierno para dictar requisitos mínimos, junto con las comunidades autónomas -siempre con las comunidades autónomas-, en relación con las titulaciones de los profesionales, en relación con los locales y en relación con qué materias o cómo se debe tratar de 0 a 6. Ahora tenemos de 0 a 3 enfrente, porque de 3 a 6 lo tenemos prácticamente cubierto.
Desde luego -se decía aquí-, es una ley feminista. Efectivamente, la igualdad de género la consolida desde el primer párrafo hasta el último. Siempre se dice, cuando existe la desgracia de que alguna mujer es asesinada, que la escuela ha de tener la respuesta. Si la escuela ha de tener la respuesta, ha de tratarla con esmero y, por tanto, la educación afectivo-sexual, la igualdad, la mirada no sexista, la mirada inclusiva y en igualdad y, desde luego, la prevención de la violencia de género han de estar presentes y están presentes en la ley.
Es un sistema que promociona la cooperación, no la competición. La educación no es una carrera de obstáculos y no debe serlo, sino un sistema de oportunidades que permita que la persona se forme en sentido crítico y que concluya siendo un ciudadano con seguridad en sí mismo y con convicción de que es capaz de asentarse en la vida y de transformar la realidad. En eso estamos trabajando. Javier ha intervenido y me hablaba de la cuantía fija y la cuantía variable de las becas, y nuestro propósito es atender a la resolución que pueda salir del ámbito del Observatorio para la convivencia. Efectivamente, estamos por aquella fórmula que favorezca más al beneficiario. Por tanto, la vamos a atender mucho y, desde luego, habrá muchos cambios a este respecto, entre ellos, los que hacen referencia a los resultados académicos necesarios para competir o ser acreedora.
Nosotros pensamos que hay que abordar la profesión docente desde la formación inicial, desde la intuición, desde la evaluación y desde la incentivación, y para ello tenemos que llegar a acuerdos y la ley también incluirá un apartado que habilita al Gobierno para desarrollar ese procedimiento. Vamos a tratarlo y vamos a tratar también de los interinos en la tramitación. Conocemos el problema que existe del 25 %. Obviamente, queremos un empleo más estable que permita al profesional estar más comprometido con el proyecto de centro y que nos permita desarrollar la autonomía de los centros de mejor manera.
En relación con la religión, vamos hasta donde podemos, hasta donde se nos permite ir, lo cual no cierra puertas en el horizonte. Conocemos hasta donde podemos.
El señor PRESIDENTE: Hasta donde podemos, no.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Hasta donde puede el Gobierno. Gracias, presidente. Además, conocemos perfectamente el anhelo del señor parlamentario en relación con la ética y lo estudiaremos.
A la señora Martínez Seijo le agradezco muchísimo -estamos, como no podía ser de otra manera, alineados- el soporte a este Gobierno y le agradezco también todo su estudio en detalle de estas cuestiones y también sus consejos. Creo que me hacía una pregunta en relación con el desarrollo curricular y le diré que nuestro intento -y nos faltan apenas unas horas en el equipo para cerrar la ley- y nuestro objetivo era incorporarlo a modo de un instituto de desarrollo curricular, pero dentro del Instituto Nacional de Evaluación, hacer una colaboración con el fin de que las comunidades autónomas estén desde el día uno presentes en este instituto, habida cuenta de que ya están en el Instituto Nacional de Evaluación.
En relación con las lenguas, creo que ya lo he dicho, es decir, artículo 3 de la Constitución. Es bien sencillo, ya sabemos qué lugar ocupa el castellano y qué lugar ocupan las lenguas cooficiales, que son oficiales en sus respectivas comunidades como el castellano es oficial en todo el Estado; son oficiales. Por tanto, yo creo que ahí también debemos amoldar de alguna manera esas emociones a veces desmedidas, porque el castellano, como bien dice Manuel Valls, candidato de Ciudadanos en la ciudad de Barcelona, no creo que esté en peligro.
Señora Moneo, como le he dicho al principio, porque no me quería perder la emoción que me suscitan sus palabras, está hablando de la reforma que usted quería hacer a la Lomce, pero señalando sus errores. Desde luego, no está hablando de nuestra ley. Se lo disculpo porque no ha visto el texto articulado segundo, que es el que va a haber en poco tiempo. Creo que muchas de las cuestiones que usted ha afirmado aquí quedarán desvanecidas absolutamente.
Y le decía que era impropia la petición no porque me parezca mal venir, sino porque quien más respuestas ha de tener a esta cuestión será quien la ha propiciado. Probablemente, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a estas alturas tiene más o menos un camino o un itinerario para que consigamos hacernos con lo más beneficioso. El señor Olòriz decía que a veces cuando vamos a por lo más se nos queda alguna cosa importante por el camino, a ver si el Ministerio de Trabajo, que seguro que está trabajando en este asunto buscando el bien de los alumnos, consigue no perjudicar a las empresas ni a aquellos centros educativos o universidades que puedan tener implicación en este tema de las cotizaciones. Por eso decía yo impropia, no porque me parezca mal venir ni que ustedes me pregunten, sino porque no tengo la solución.
Nosotros no hemos armado un revuelo en la educación, el revuelo lo armó la Ley Wert en el año 2013; tampoco mi predecesor.
El señor PRESIDENTE: ¡No he dicho nada!
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Él intentó echar agua al fuego. Quien lo armó fue el señor Wert, él sí echó gasolina al fuego. Él sí. Empezó diciendo que teníamos un sistema educativo catastrófico para, tras ese diagnóstico, incorporar una medicina o un medicamento brutal que llevó al enfermo a estado agónico; tan a estado agónico, que ustedes mismos tuvieron que parar sus propias medidas. Quedaron suspendidas y ahora ya eliminadas: en este proyecto de ley no hay reválidas. Usted hace gala de claridad, pero a veces me cuenta cosas que no son la ley. Me dice que ataca la libertad de elección. No la ataca, señora Moneo. Sí elimina las posibilidades de que, por mor de la ley, alguien concierte ventajas privadas. Eso sí, eso lo elimina. Eso lo ataca frontalmente, pero a la concertada, que cumple una función social, no; y usted lo sabe. Usted lo sabe, porque usted sabe más de lo que dice y lo sabe.
¿Quién delimita el bien? Me dice: Usted habla del bien superior del menor, pero ¿quién delimita ese bien? ¿Usted se lo ha explicado esto a la Convención sobre los Derechos del Niño? ¿Se lo ha explicado? No se puede entender que usted me formule esta pregunta, cuando creo que lleva desde 1989. Es muy fácil la respuesta, señora Moneo; es facilísima. La responsabilidad primera del niño -la primera cuando nace un niño y va al registro- la tendrá la familia. Pero, si usted lleva a un niño al hospital, ¿decide la familia que no le hagan una transfusión de sangre si el equipo médico dice que hay que hacérsela? ¿Es la familia la que decide no vacunar? Parece que sí y fíjese con qué consecuencias, por hablar del sarampión. Entonces, señora Moneo, hay que buscar a través del sentido común, de la mediación y, si es necesario, del arbitraje que, persiguiendo el bien común del menor, la familia esté de acuerdo, porque estaría bueno que el padre y la madre de la familia del niño no estén de acuerdo en el bien superior del menor. Por tanto, dejemos falacias y falsos dilemas. La realidad es mucho más interesante. La realidad es que entre el equipo de profesionales expertos y la familia seguro que llegarán a un acuerdo, porque la familia quiere el bien del niño y los equipos externos de profesionales expertos también.
No me hable de la evaluación. ¿Cómo me habla de la evaluación con el ejemplo que hemos tenido de la Lomce? ¿Cómo me habla de la evaluación? Las comunidades autónomas estaban en una secuencia razonable de evaluaciones diagnósticas en 4.º de primaria y 2.º de secundaria; evaluaciones diagnósticas cuyos resultados, señora Moneo, no eran opacos. No, no. No salían en un ranking público, pero no eran opacos. Los conocían todos los servicios del centro, todo el profesorado, todas las familias y los alumnos. Esas eran las evaluaciones diagnósticas. ¿Para qué? Para una cosa muy sencilla: para los planes de mejora del centro, que es lo que va a mejorar los resultados escolares. ¿Qué era lo que sabía el Gobierno? Claro que el Gobierno hace evaluaciones; hace evaluaciones muestrales. ¿Para qué? Para conocer cómo está el sistema. Tiene que conocer cómo está el sistema, es decir, qué están haciendo sus alumnos, qué están haciendo sus comunidades y qué están haciendo sus centros. ¿Eso es opaco? ¡Cómo va a ser opaco, señora Moneo, si son los indicadores con los que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa hace el sistema de indicadores para el país! Ahora nada es opaco, pero eso, mucho menos que nada. Por tanto, el hecho de que no sean públicos en un ranking -que es un poco vergonzoso y además no lleva a nada- no quiere decir que sean opacos para nada.
El profesorado. Como sabe, vamos a tratar el profesorado. Por cierto, hemos recibido algo más de cinco mil reseñas en relación con el foro abierto de profesorado que hicimos hace ahora tres meses. Dijimos que en tres meses haríamos un breve resumen de lo aportado y en pocos días estará en la página web; está ya prácticamente formulado. A continuación, saben que nos atrevimos a decir que haríamos una propuesta. Espero que su grupo nos acompañe en esto.
Respecto a la financiación -veo que usted nunca deja de anotar y hace bien; está en su derecho-, he de decirle lo siguiente. Con todo lo sufrido, voy a empezar por lo que siempre he mantenido a lo largo de mi defensa de los sistemas educativos: la educación y la ciencia deberían ser territorios exentos de recortes. Ese debería ser el verdadero pacto. Es mucho más importante ir avanzando más lentamente en financiación pero sin dar pasos atrás que darse atracones y luego un paso atrás. En la ciencia, desde luego, esto es brutal, porque cuesta diez años configurar un equipo de investigación experto y apenas diez meses destrozarlo; y eso ocurrió con los recortes a la ciencia. Es mejor que vayamos más lentamente. Ojalá que tuviéramos los 1500 millones que usted dice, pero a eso vamos. Tenga usted claro que la aportación que hace el ministerio en relación con el gasto educativo total viene a ser equivalente a un 5 % y en los ocho meses que llevamos aquí, entre la ley -que pronto se aprobará en el Congreso- de derogación del Real Decretoley 14/2012, esta ley que vamos a poner en marcha, la formación profesional y nuestros presupuestos -que esperemos que vean la luz-, iremos avanzando. Pero lo que sí quiero decirles es que en educación y en ciencia más vale ir subiendo progresivamente que no darse atracones y luego retroceder. La garantía de la continuidad de los recursos a la educación y a la ciencia es capital.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por sus explicaciones, señora ministra.
Voy a dar la palabra a los portavoces en un nuevo turno de réplica, pero esta vez con un tiempo máximo de tres minutos. Comenzamos con el señor Matute.
Señora ministra, intervendré muy brevemente. Cuando he hablado de anhelos, no lo he dicho con ningún carácter peyorativo, pero, en la medida en que aquí no hay nada tangible ni que nos demuestre que esa buena voluntad se traduce en hechos concretos, no me queda más que concluir que de momento son buenas intenciones o anhelos. Cuando tengamos el texto, podremos verlo.
Señala que se va a derogar la Lomce y me parece positivo. Como decía antes, lo que en julio era imposible según sus propias palabras, ahora ya resulta posible y, además, supongo que necesario y urgente. Sí me ha aclarado algo sobre el papel o la participación de la comunidad escolar en su conjunto dentro de esa ley, pero sigo echando en falta qué medidas concretas se van a tomar para evitar la segregación. Me ha dicho que apuesta por evitar la segregación, pero me falta saber cómo. Lo que sí me ha conseguido explicar sobre la participación de la comunidad escolar, no lo ha hecho con la segregación.
Le pediría que la ley llegue cuanto antes para que podamos meternos en el debate con todo lo que haya que hacer. Tampoco le voy a pedir que trabaje los domingos, porque seguramente alguien le dirá que eso no es de buen católico, por aquello del descanso en domingo, o que es muy estajanovista, pero quizá el punto de equilibrio está entre el estajanovismo de trabajar hasta los domingos y la teoría del derecho a la pereza del Paul Lafargue, el yerno de Marx; probablemente haya un punto de equilibrio que le puede servir.
Termino con una cuestión. La representante del Grupo Parlamentario Socialista hablaba de lealtad institucional en el Estado y en las comunidades autónomas. Yo creo que no es ningún secreto que nosotros queremos crear nuestro propio Estado desde nuestro propio país -y aclaro, cuando hablo de nuestro propio país, hablamos de Euskal Herria-, por tanto probablemente interpretemos la lealtad institucional entre las comunidades autónomas y el Estado de manera diferente a lo que usted señala, pero no es menos cierto que sin necesidad de querer generar un propio Estado es difícil entender que se hable de lealtad cuando estamos hablando de treinta y siete competencias o de setenta y siete transferencias pendientes desde hace cuarenta años, incluida la educación que he citado, y que no han sido transferidas por falta de voluntad política o porque han sido sometidas a la consideración de intercambio de cromos para apoyos eventuales o puntuales a determinados Gobiernos, por cierto de cualquier color en el Estado español, porque esa ha sido la realidad. Entonces es muy probable que mucha gente, más que entender que esa es una relación de lealtad, acabe pensando que es una relación de sumisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Matute.
Intervengo muy brevemente. También apelando el carácter estajanovista -entre estajanovismo y el ritmo caribeño podemos encontrar algo intermedio, porque con eso de que los vascos siempre somos un
pueblo trabajador, he de decir que también descansamos de vez en cuando-, cuando yo le he urgido no era por una cuestión puramente caprichosa, era porque el calendario da lo que da, y si ustedes mismos están interesados en que eso vaya así, los plazos son los que son, no por un capricho del Partido Nacionalista Vasco. Además, espero que se den esos plazos para que podamos conseguir principalmente que deje de estar en vigor la ley que tantos males nos ha traído, que excepto el Partido Popular, y también con la boca pequeña, nadie más puede defender. En cualquier caso, esa era la urgencia, una urgencia legislativa. También entiendo que es mejor hacer las cosas bien que mal con prisas. Marquemos un término medio porque si necesitan más tiempo, necesitarán más tiempo, pero tendremos que saberlo para organizar también el calendario. Ese es el asunto que yo consideraba importante para poder desarrollar esta cuestión.
Y lo que le decía antes, no me ha concretado qué es aquello que ha modificado, que se ha incorporado o que ha hecho que pasemos del proyecto inicial, que era el que conocíamos, al que veremos después; si ha habido cambios verdaderamente sustanciales o cuáles han sido las aportaciones o los elementos no contemplados inicialmente y que sí aparecerán en el proyecto final, si es que hubiera alguno a estacar, o si verdaderamente ha sido cuestión de recogerlo pero que de alguna manera no contemplaban mejoras sustanciales y era mejor dejarlo tal y como estaba. Evidentemente, si se han producido esos cambios y han sido para mejor, me gustaría saber cuáles han sido, porque igual ha sido a la inversa y me gustaría que no fuera así.
En cuanto al tema de las prácticas, ha quedado clara su postura y ha sido interesante que podamos decir lo que estimamos, que creo que en el fondo usted también lo piensa.
Con el ánimo que tiene esta Presidencia de zanjar disputas -aunque el señor Matute ya no está-, Stajánov no existió. Al parecer, fue un mito creado por la propaganda soviética de la época. El Génesis sí, dijo: al séptimo día, descanso. Eso es verdad, eso está ahí y de momento no ha cambiado, pero Stajánov, al parecer, no existió.
Señor Olòriz, ¿qué tiene usted que decirnos de Stajánov?
El señor OLÒRIZ SERRA: De momento, nada, pero si me da pie, podemos hablar.
Lo bueno de las réplicas es que, si me permite la ministra, también puedo replicar a algunos de los portavoces, y hay dos a los que si no replico, me costaría mucho ir a comer. Primero, la señora Moneo acusando de extrema izquierda a Podemos. A ver, depende de la comparación. Si Vox es constitucional, el señor presidente sería de izquierdas, como mínimo. (Risas). Por tanto, depende mucho de la comparación. La señora Moneo es mucho más racional y moderada que esta intervención.
Señora Martín, si me lo permite, no me interprete mal, pero podríamos ver TV3 los dos y las declaraciones de Bargalló. Estoy seguro de que con mi postila se entendería mucho mejor, porque ni de lejos la interpretación es la suya. Además, daría pruebas concretas. El Departament d' Educació de la Generalitat ha enviado al ministerio unas 3800 quejas, que son las que ha habido en 2018, a la Inspección. De todas estas, solo cincuenta eran sobre adoctrinamiento y de las cincuenta, la Inspección solo tuvo que dar orientaciones de una a la dirección del centro. Es decir, hinchar el globo como los niños pequeños cuando les ponen mucho agua al globo, hace que te acabe reventando. Es decir, no podemos ir así, porque la educación es demasiado importante en Cataluña, en el País Valencià y en todo el Estado español como para hacer estas demagogias.
Por último, sin prisa pero sin pausa, intentaremos hacer lo posible, pero si no, una próxima legislatura puede, ¡por qué no!, tener una mayoría suficiente para continuar este camino.
Señora Martín, tiene usted la palabra.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias.
Luego, si me da tiempo, contesto al señor Olòriz, porque tengo muy poco tiempo y quiero hacer tres consideraciones a la ministra.
La verdad es que me ha llamado la atención cuando usted, no a mí, a otro portavoz o a otra interpelante le ha dicho que considera propias o impropias las cuestiones que traemos a las comparecencias en comisiones. Lo digo porque a mí también me ha pasado con alguna PNL que he presentado que ustedes desde el propio ministerio, por vías oficiales, me han dado una respuesta
haciendo consideraciones sobre lo que yo debo o no debo hacer en mi trabajo parlamentario. Entiendo que está en su derecho, pero yo aquí sí tengo que decir que una cosa es el trabajo partidista o político-partidista y otra cosa es el trabajo de Gobierno.
Dicho esto, no me han quedado claras -seguramente es mi culpa porque no la he entendido bien- tres cuestiones sobre las que le he preguntado. La primera, por lo que yo he podido deducir, aunque dice que es una cuestión de la ministra de Hacienda, usted conocía el tema de las deducciones, era consciente y le han informado de ello; corríjame si no lo he entendido bien. La segunda es con respecto al tema de las declaraciones de Bargalló, pero no por una cuestión del adoctrinamiento -esto lo dejo para otro capítulo u otra comparecencia-, sino porque él, el señor Bargalló -y lo tengo en vídeo-, no en TV3 sino en el segundo canal de TV3, hace unas declaraciones donde dice que con usted ha llegado a un acuerdo. Yo no digo que exista ese acuerdo, por eso le pregunto claramente. Usted me ha respondido con el tema del respeto a las competencias lingüísticas y es que es ahí donde está la cuestión. ¿Ha cedido o ha llegado a un acuerdo, como él dice? ¿Va a haber un cambio en la interpretación tanto del artículo 3 de la Constitución, como a partir de la nueva ley que está usted elaborando? ¿Va a haber un cambio en esto? Porque él dice eso y yo quiero no creerlo, pero la implica a usted.
Finalmente, con relación a la tercera pregunta que le había hecho, tampoco me ha quedado demasiada clara su respuesta. Le rogaría, por favor, que me contestara con un sí o un no para que yo pueda saberlo. Por tanto, el tema de la concertada, el tema de Bargalló y el tema de si hablaron con usted del cambio de la cotización a la Seguridad Social de las prácticas, que no me ha quedado claro. Yo quiero entender que no lo han hablado y que, por tanto, usted no lo suscribe y trataremos de cambiarlo.
Ahora es el turno de réplica del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Mena.
Buenos días, señora ministra. Hay grupos, como usted ha podido constatar esta mañana aquí, señora Celaá, que siguen instalados en la utilización política de la educación y también de las lenguas. No hace falta más que escuchar a la señora portavoz del Partido Popular, el partido de la derecha de misa de domingo y de corrupción de lunes a viernes. (El señor Pérez López: Desde luego, la delicadeza es...). Nosotros lo que le pedimos desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora ministra, es que no escuchen ustedes esos cantos de sirena de los que se permiten pactar con la extrema derecha en Andalucía, porque ya demuestran el tipo de país centralista, retrógrado, machista y uniformador en el que ellos creen y que, por suerte, no es ni el tipo de país que usted defiende ni es tampoco el tipo de país que defendemos desde este grupo parlamentario.
La señora Moneo, señora ministra, tendría que saber que es precisamente la Constitución española la que da la responsabilidad de la educación a los poderes públicos; no se la da a las familias ni a los padres; se la da a los poderes públicos. (El señor Pérez López: No, a Maduro se la da). No sé si puedo continuar, señor presidente, o tengo que aguantar las impertinencias del Grupo Popular.
El señor MENA ARCA: Gracias.
Digo, señora ministra, que la señora Moneo tendría que saber que la responsabilidad es de los poderes públicos, frente a las arbitrariedades, que pueden ser de tipo social, de tipo político, de tipo ideológico, o de situación socioeconómica de cada una de las familias. Esa es, precisamente, la diferencia entre la educación pública que nosotros defendemos, y la educación elitista que es la que defiende el Partido Popular, donde son las escuelas las que están eligiendo a las familias que tienen acceso a esos centros. Ese es el modelo del Partido Popular.
Nuestro sistema educativo, ministra, es el sistema educativo de un país tan rico y tan plural como el nuestro, que tiene el reto de integrar todas las lenguas, y tiene también la obligación de garantizar la competencia en todas las lenguas oficiales del Estado en cada uno de los territorios. Yo creo que eso lo ha demostrado con creces el modelo de escuela pública en Cataluña. Porque yo, señora Martín, no sé lo que dice el señor Bargalló, pero sé lo que dice la Constitución española y lo que dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que establece que el catalán es la lengua vehicular en el sistema educativo de Cataluña;
y de allí, de ese sistema educativo, hemos salido castellano-parlantes y catalano-parlantes con un nivel de competencia lingüística en la media de toda España en castellano, y también con óptimos niveles -evidentemente todo es mejorable- en catalán. Por lo tanto, la lengua no es un problema. No hagan caso ustedes, ministra, a quien la quiere convertir en eso. Precisamente, fue el modelo lingüístico en catalán, que nació de la alianza municipalista entre el PSC y el PSUC, los espacios políticos representativos de las clases populares, porque el modelo originario de Convergència i Unió hay que recordar que era el de la doble red en catalán y en castellano que hubiera supuesto más segregación en nuestra sociedad.
Le tengo que decir también, ministra, que nos preocupa la inacción del Gobierno, de su Gobierno y de su ministerio, en el ámbito de la formación profesional, porque las prácticas de la FP no son el principal problema de la formación profesional. Evidentemente, hay que regularlas de forma adecuada para los estudiantes, pero el principal problema que tiene la FP en el Estado español es la falta de plazas de oferta pública. Esas son las deficiencias que tenemos que solucionar y a veces tenemos la sensación de que la única medida en este ámbito que ha tomado el ministerio de Educación y Formación Profesional ha sido la de un cambio de nombre. Yo creo que necesitamos políticas públicas en el ámbito de la formación profesional. Tienen ustedes el reto de integrar los diferentes subsistemas de la FP ordenando el conjunto de estudios en nuestro país.
Acabo, porque el presidente ya me va cortando. Ministra, no nos gustaría que fueran ustedes el Gobierno de la decepción. Ya han decepcionado a muchos colectivos de la vivienda al incumplir nuestro acuerdo para limitar los alquileres abusivos; han decepcionado también a los movimientos pro derechos humanos impidiendo que el Open Arms o que el Aita Mari zarpen de los puertos españoles a rescatar vidas humanas; se han decepcionado ustedes mismos, en su propia tradición, en política exterior tan buena que tenía el Partido Socialista poniéndose del lado de los golpes de Estado en América Latina, y no del lado de la vía de la paz que están promoviendo países como México, Bolivia o Uruguay. Nos gustaría, señora ministra, colaborar en que la comunidad educativa no se decepcionara y nosotros -como usted sabe- estamos a disposición del Ministerio de Educación porque queremos, precisamente, una ley inclusiva, una ley participativa, una ley pública y no segregadora, una ley feminista y co-educativa, y tengo la sensación de que en eso podemos coincidir, y tenemos la esperanza de poder trabajar para construir esa nueva ley de educación que está esperando la comunidad educativa en España.
Señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.
Permítame, señora ministra, contestar algunas de las cuestiones que se han planteado en las últimas intervenciones. En primer lugar, voy a empezar con una intervención que ha hecho la señora Moneo porque, como intervino después que yo, lógicamente en mi primera intervención no pude contestar. Mire, francamente, no vamos a entrar en competición con el Grupo Popular para ver con qué colectivo se ha contado o no se ha contado en esta ley. El Consejo Escolar del Estado es un ente con la suficiente representación y creo que ahí están todos y cada uno de ellos. Por tanto, la posibilidad de participación ha estado ahí, sigue estando, se han seguido recibiendo todo tipo de iniciativas para enriquecer esta ley, y yo espero que ustedes no se sientan excluidos. Ahora bien, lo que a mí sí que me extraña es que digan que no se han sentido partícipes de este proceso, cuando por segunda vez estamos en comparecencia, cuando este proyecto va a ir como un proyecto de ley y, por tanto, tendrán su posibilidad de participación como el resto de los grupos parlamentarios. Espero que se sumen a acordar, apoyar y aportar, y no a imponer, que es a lo que estamos acostumbrados por otras leyes educativas que han venido previamente por parte del Partido Popular. Por tanto, sí hacia acercar posiciones; no hacia la imposición, porque ni nos ha gustado ni consideramos que sea lo mejor para el sistema educativo; y creo que ha quedado claro por todas las manifestaciones que han existido dentro de la comunidad educativa que la imposición no es un buen método de abordar un cambio educativo cuando, sobre todo, está enfrente de las personas que son las protagonistas de la educación, como son profesores, madres y alumnos y alumnas.
En segundo lugar, esta ley no anula el papel de los padres en la educación de sus hijos, como usted ha afirmado. De hecho, yo creo que en esta ley precisamente lo que se recupera es la participación educativa, que fue mermada claramente en la Lomce, y que eliminó la participación efectiva por parte de padres y madres en los consejos escolares, que nuevamente van a poder no solo opinar, sino que van a poder volver a tomar decisiones en aquello que verdaderamente importa, que es la educación de sus hijos e hijas.
Sobre la libertad de enseñanza, que ha vuelto a salir, no sé el número de debates que llevamos ya en torno a este tema, pero creo que es evidente que libertad de enseñanza no lleva asociada la demanda social, y que de lo que se trata es de restablecer un equilibrio entre la educación pública y la concertada, que desde luego fue absolutamente maltrecha por la introducción de la demanda social en la ley, y que ha permitido -y hay que decirlo alto y claro- hacer business, negocio, por parte de determinadas empresas, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, que han olvidado toda esa cuestión del servicio público, que es lo que debe ser esencial en el sistema educativo, y que ha puesto en grave riesgo que se ejerza objetivamente el derecho a la educación. Bueno, pues esta ley lo que pretende sin ninguna duda es restablecer, poner ese papel de la educación pública como eje prioritario en el sistema educativo español y, por supuesto, restituir el derecho a la educación.
Señora Martín, a mí lo que me preocupa de toda la cuestión del adoctrinamiento es que cuando se habla del adoctrinamiento últimamente hay que ser sumamente juiciosos y sumamente precavidos, porque no creo que sea beneficioso para el sistema educativo que se esté empezando a generar una sospecha sobre el adoctrinamiento en los centros educativos de manera generalizada. Yo creo que cuando se habla de adoctrinamiento hay que definir qué es el adoctrinamiento, qué implica el adoctrinamiento y, desde luego, no poner en duda la profesionalidad de los docentes. A mí me preocupa porque me consta que con una serie de acusaciones muy parciales en torno al adoctrinamiento, en determinadas comunidades autónomas, no se está teniendo en cuenta el daño que se está produciendo no solo a la objetividad del sistema educativo, sino a la profesionalidad de determinados docentes que han sido acusados, a su carrera, en muchos casos excepcional, y a la seña de sospecha permanente sobre su ejercicio en las aulas. Eso me parece que es muy peligroso para el conjunto del sistema educativo. Por tanto, yo sí pediría moderación al respecto. Y, ¡hombre!, cuando se ha hablado aquí de los derechos de la infancia, que es algo ideológico, ¿cómo se puede hablar de que es algo ideológico defender al niño en primera instancia y poner al alumno en el lugar principal en el sistema educativo, que es donde tiene que estar? En ningún momento creo que sea algo ideológico establecer mecanismos de protección ante abusos y ante negligencias que se pueden producir también y dentro del sistema educativo.
Por contestar al señor Matute que estaba anteriormente aquí y que ha hecho una serie de opiniones en cuanto a la sumisión, yo diría que entre un extremo y otro, a nosotros, al Grupo Parlamentario Socialista, siempre nos ha gustado el término medio, pero nunca la sumisión. Es un término que ni nos gusta ni vamos a utilizar en las filas del Grupo Parlamentario Socialista.
Finalizo, señora ministra. Nos quedamos lógicamente con lo positivo de esta ley, que es mucho, con las ganas de que se registre lo antes posible en el Congreso para poder empezar a abordarla y trabajar y así ver por fin algunos de los cambios que son tan necesarios, porque no simplemente son necesarios para el conjunto del sistema sino también para el niño, para el alumno, que debe ser nuestra prioridad en todo momento. Queremos que esta nueva ley acabe con esas discriminaciones, esas segregaciones que nosotros también hemos denunciado en múltiples ocasiones. Desde luego apostamos por una ley educativa que garantice una sólida formación personal y laboral que permita a todos los niños y niñas, a los jóvenes, afrontar el futuro y su educación a lo largo de toda la vida.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Seijo. A ver si me mira usted de vez en cuando porque he intentado hacerle una señal de que se pasaba, pero no me mira nunca. (Risas).
Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, muchas gracias.
Señora ministra, evidentemente su proyecto es diferente al nuestro -esa es la realidad- y nos hubiera gustado llegar a un término medio en el pacto entre aquello a lo que nosotros aspiramos y aquello a lo que aspiran ustedes, pero decidieron que iban a seguir otro camino en el que iban a tener a otros socios que, como ha podido comprobar, son incompatibles con el Partido Popular. Así de claro. El señor Mena se ha expresado en términos muy gruesos, pero yo no voy ser tan dura en mis afirmaciones, simplemente le voy a decir que ellos son comunistas y nosotros no, nosotros somos liberales; ellos creen en el poder del Estado sobre la persona y nosotros creemos en la persona como titular de derechos, y eso separa ideológicamente mucho, separa a la hora de hacer leyes. Usted y su Gobierno tienen responsabilidades porque tienen los votos de esos señores que poseen un planteamiento ideológico que no es ni parecido al del Partido Popular. Por lo tanto, ustedes han renunciado a la moderación y se han escorado hacia la izquierda, en planteamientos educativos también.
Dice que la enseñanza concertada no tiene nada que temer porque usted garantiza la libertad de las familias. Señora ministra, ¿quiere decir que va a mantener la demanda social? Porque cuando usted suprime en el artículo 109 la demanda social o vamos a dejarlo en la demanda de las familias, usted no persigue a esos especuladores a los que hace referencia, sino que persigue a ese más de 20 % de familias que han decidido que sus hijos tienen que ir a un centro concertado. Esos centros concertados responden a ese artículo 27.3 de la Constitución, que dice que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban la formación religiosa y moral conforme a sus propias convicciones. Por cierto, debo decir al señor Mena que la Constitución dice lo que dice y no aquello a lo que él se refiere. La Constitución española, fruto de un gran acuerdo, desde luego no se mueve en esos planteamientos radicales que nos quieren señalar algunos dirigentes de Podemos.
Nos ha invitado a que les acompañemos en esas medidas en relación con el profesorado. Señora ministra, nosotros nos podemos poner de acuerdo en las medidas de mejora del profesorado, pero ustedes han renunciado al MIR educativo, que formó parte de su ideario y de sus propuestas y que expuso el ministro Rubalcaba. Ustedes han renunciado a un sistema de selección de ámbito nacional, que, por cierto, es una de las competencias que confiere el Estado, porque el ejercicio de la docencia es una profesión regulada y como tal compete al Estado.
Ha hecho referencia también a todos los males de la Lomce. Usted ha heredado un sistema educativo cuyo último indicador de abandono educativo temprano es del 17,9 %; por tanto, no será tan mala la Lomce. Ustedes se han escudado siempre en que estábamos en crisis y entonces los chicos se quedaban en el sistema educativo. En este país se ha reducido el abandono educativo temprano con un crecimiento económico y del empleo superior al 2 %. Por lo tanto, la Lomce será mejorable, pero tendrá que reconocer que su situación es inmensamente mejor que la que heredó el señor Wert. Por cierto, no deseo a ningún Gobierno que pase la travesía del desierto que pasó el Gobierno del Partido Popular. Esa es la realidad, porque incluso su último presupuesto, el del año 2011, del Gobierno de Zapatero, redujo más de un 23 % la financiación en educación no universitaria. ¿Por qué? Porque la crisis estaba encima. Ustedes han heredado un sistema de becas sostenible, con la mayor partida que ha tenido nunca en la historia hasta este presupuesto de 2018. Ustedes pretenden incrementarla en cien millones más, así que nos podemos poner de acuerdo, claro que sí -hay más dinero a becas-, pero dentro de un sistema sostenible, porque su responsabilidad no solo es dotarlo económicamente sino hacerlo sostenible y mantenerlo en el tiempo, y eso es lo que hasta el momento no han logrado.
Finalizo, señora ministra. Podemos discutir sobre financiación. La financiación es importante y la eficiencia más. Usted ha hablado de la Comunidad de Madrid y yo le digo que la Comunidad de Andalucía, que espero que corrija el rumbo de estos años, tenía en 2017 una de las tasas de abandono educativo temprano más altas de toda España, superior al 23 %; eso sí, con una inversión menor que la media de España: es decir, tiene más abandono educativo temprano, menos inversión, menos gasto por alumno, y ha sido hasta el momento su comunidad insignia. Por lo tanto, a la hora de hablar de financiación, yo creo que todos tenemos que mantener cierto sosiego y cierto realismo y buscar un sistema sostenible, transparente, corresponsable entre el Estado y las comunidades autónomas, sabiendo el momento que nos toca vivir a cada uno. Le puedo asegurar que con una ley que tenía sus luces y sombras, y que nosotros estábamos dispuestos a pactar con ustedes y el conjunto de la comunidad educativa, el sistema educativo está mejor hoy de lo que estaba hace diez años.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moneo.
Con su intervención concluye este turno de portavoces y para cerrar el debate y la comparecencia tiene la palabra la señora ministra de Educación.
Obviamente no voy a responder al señor Matute porque no está en la sala.
Señor Agirretxea, le he entendido en buena lid lo que ha dicho sobre la urgencia, en lo que estamos de acuerdo además, porque hace falta urgir. Por tanto, en eso estamos, y aunque algunos dicen que vamos demasiado deprisa, tanto nosotros como usted y muchas otras fuerzas políticas en esta sala creemos que la necesitamos cuanto antes. A eso nos referimos cuando decimos que urge. La vamos a tener en días.
También me pregunta sobre las novedades. Las novedades en realidad son acentuaciones de los principios generales, pero son acentos que significan mucho dentro de la ley para evitar segregaciones,
para llegar a lo que queremos, que es la reducción del índice de abandono escolar temprano y que todos salgan mucho más preparados para el mundo laboral.
Ciertamente se han incorporado cuestiones relativas al profesorado. Nadie ha eliminado el concepto de MIR ni lo ha puesto ni lo hemos evitado en nuestra cabeza -trabajaremos en el profesorado conjuntamente-, tampoco lo relativo a los centros especiales de educación o a la financiación y otras muchas cuestiones que importan y que no van a alterar las líneas generales que todos ya conocían. Por lo tanto, serán mejoras pero irán en la línea que se conocía. En relación con las prácticas, me he expresado libremente en la Comisión pero también con cautela porque soy una de las personas que en el seno del Gobierno, como ustedes saben, se han visto afectadas por esta medida relacionada con la cotización y estoy muy dispuesta a remar en la dirección de que la misma se corrija.
Señor Olòriz, le agradezco muchísimo, como siempre, su mirada un poco más poética y emotiva. Desde luego, yo creo que sí, que efectivamente vamos a poder acordar esta cuestión que para algunos es la más importante del país -la educación- porque es la que forja el futuro y el presente de las personas que lo habitan. La educación es el eje de todo cambio -personal, social- y es herramienta de igualdad. Una persona educada supera todas las determinaciones de origen que haya podido tener y, además, es puerta a la economía, es factor económico. El país necesita el talento de todos y en eso estamos. Por eso decimos que la educación pública es la obligación de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque la Constitución consagra el derecho fundamental de la persona a ser educada. Luego, no es lo mismo la obligación que tienen los poderes públicos, que correlativamente tienen que asistir ese derecho, que la de otras iniciativas sociales, legítimas, pero que pueden acudir a servir ese derecho de manera vocacional. Queremos que lo hagan de la mejor forma posible, pero no vulnerando el fin y el sentido fundamental de la concertación, que es servir sin ánimo de lucro a la función social.
Señora Martín, no le digo lo que debe o no debe hacer. Yo creo que, aunque usted sea valenciana y yo del norte, podríamos llegar por lo menos a acercar un poco la orientación de nuestras expresiones. Cuando yo le digo que es impropio, se lo digo desde una perspectiva técnico-jurídica, es decir, preguntan ustedes a la persona que no tiene la llave de la respuesta. A eso me refiero cuando digo impropio, pero no quiero decirle que no me haga la pregunta; de facto, la he contestado. Por tanto, siéntase usted -que ya sé que se siente- libre para hacerme las preguntas que usted quiera, que yo ya entenderé cuáles debo responder y cuáles no.
Con respecto a lo que me dice -y otra vez insiste y reitera- sobre las lenguas y si se ha cedido, le diré que nosotros no cedemos, nosotros respetamos la Constitución y el Estado autonómico. Las lenguas cooficiales son oficiales en sus respectivos territorios y el castellano lo es en todo el territorio nacional. Por tanto, eso es lo que vamos a respetar, señora Martín, exactamente eso. Como usted es valenciana y he pensado que me iba a hacer una pregunta sobre esto, me he tomado la molestia de mirar lo que dice en su comunidad el presidente de la Academia Valenciana de la Lengua, Ramón Ferrer. Dice -está entrecomillado-: "apartar de la pelea política una cosa tan seria como es la lengua, y más en campaña electoral donde la boca se calienta muchas veces". Yo creo que está habiendo excesos en esta cuestión y creo que si pusiéramos las cuestiones en su justo término podríamos llegar a acuerdos más interesantes. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ahora esta cuestión de las lenguas es nueva? ¿Se ha suscitado hace ocho meses? ¿Ha aumentado la cuestión -el independentismo, el adoctrinamiento- en ocho meses? No, no vamos a hablar del adoctrinamiento, ya lo sé, pero hablo de las lenguas. Las lenguas son emoción y son razón y son sentido legítimo de pertenencia, en Castilla, en Barcelona y en Irún. No marchitemos las flores, vamos a intentar por todos los medios ser razonables.
Usted es valenciana y cree que el castellano se está perdiendo, pero no voy a entrar en un diálogo, porque no se me permite en este turno. Usted me pregunta por la ministra de Hacienda. Le tengo que contestar que la ministra de Hacienda cumple con su deber, que tiene que mirar cómo se pagan los impuestos y tiene que saber si son impuestos que han de pagarse o no; por tanto, ella cumple con su deber. No tengo más que decir. Y creo que con respecto a las prácticas he sido clara.
Señor Mena, creo que de las lenguas he hablado bastante, pero usted me hace una argumentación respecto de la formación profesional que quiero contestar. Somos conscientes de que hemos de hacer más oferta pública en formación profesional, somos conscientes de eso y estamos trabajando para que pueda ser así. Usted sabe que la competencia está también en las comunidades autónomas, pero somos conscientes de ello; somos conscientes no solo de que hay que hacer más oferta en la formación profesional, sino de que probablemente tengamos que estudiar una diversificación de la oferta para acomodarla los tiempos. Necesitamos más especializaciones de una cosa y menos de otras, pero estamos
en ello. He de decirle también que pronto, casi inmediatamente, todos ustedes verán reales decretos de desarrollo de la política que nosotros estamos haciendo en formación profesional, que no es otra que la eliminación de rigideces, tal y como dijimos, y aumentar la flexibilidad dentro del sistema para que los títulos lleguen antes a los centros educativos y no a los cuatro años, cuando ya el perfil profesional ha dejado de ser interesante. Para ello estamos contando, como les he dicho, con la empresa. La empresa tiene que estar en todo el proceso, desde el observatorio de identificación del perfil profesional -por tanto, dentro del sistema nacional de catálogos de profesiones-, hasta los contenidos formativos y la evaluación. Estamos contando con ellos por sectores. Estamos trabajando bastante con la empresa, con los centros educativos y con las comunidades autónomas, concretamente, con los viceconsejeros y con los directores generales que se ocupan de la formación profesional. Creo que todo va razonablemente bien y que en los próximos días veremos los resultados, según me dice mi equipo.
Voy concluyendo. Señora Martínez Seijo, efectivamente, la educación pública, como creo que he dicho, es la obligada; es la obligada. Es decir, el artículo 27 de la Constitución habla del derecho a la educación y habla de la libertad de creación de centros, así como -sin decirlo expresamente- de la libertad de cátedra. Esa es la argumentación, el razonamiento, la explicación que el Tribunal Constitucional viene dando al artículo 27, pero el derecho a la educación es el primero, el derecho a ser educado es el primero, el primero, y luego, conjuntamente, las familias tienen libertad de elegir educación religiosa, ética para sus hijos e hijas.
Señora Moneo, usted me hace de nuevo un silogismo que es falso. Usted parte de unas premisas que establece, y dice: estos señores son comunistas y nosotros somos liberales; ustedes se han alineado con los comunistas y no con los liberales; por tanto, ustedes son comunistas. Oiga, la propiedad transitiva, ¿no? Es decir, los amigos de mis amigos serán mis amigos, y entonces deduzco: y por tanto... Yo no he visto su ley, pero no puedo estar de acuerdo con ella. ¿Qué quiere que le diga? Para una persona que trabaja en educación es un razonamiento apriorístico cuando menos, apriorístico. Yo deduzco que usted, como se trata con los comunistas, no tiene nada que ver con los liberales y, por tanto, allá voy. No parece que haya atinado precisamente con nuestro ADN en esa explicación.
Yo estoy convencida -porque creo que la conozco- de que, por la manera de expresarse, algunas cosas de este proyecto sí le gustarían, pero lo tendrá que leer, tendrá que acercarse a él. Sí les digo con toda rotundidad que el que no ha entrado en el trabajo de hacer enmiendas no ha sido por falta de tiempo, ha sido porque no ha querido. Esto es así, es así. El que no ha entrado, desde luego, no ha sido por falta de tiempo. Este proyecto se pone en marcha en noviembre y estamos a principios de febrero. Tenemos personas muy trabajadoras y el que ha querido ha hecho todas las enmiendas, y las hemos mirado todas y cada una con mucho aprecio.
Volvemos al mantra, a la demanda social. Estaría bueno que la Constitución de 1978, en su artículo 27, tuviera que estar fundamentada en la demanda social, que es de 2013; estaría bueno. Esto no lo hemos visto no ya en ninguna sentencia del Tribunal Constitucional, sino en toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La demanda social es un criterio mercantilista que no puede soportar -lo digo en el sentido de fundamento, de arbotantes, de contrafuertes- una cuestión tan importante como pueda ser la libertad, como pueda ser el artículo 27 de la Constitución. Es imposible, imposible. Primero es derecho a la educación y luego es, obviamente, una programación y una participación razonable dentro de la programación. Y, desde luego, el principio de libertad ha de ser salvaguardado para todos, para los potentes y para los menos potentes, para todos, también para las personas que tengan algún tipo de discapacidad o capacidades diferentes. Tiene que ser salvaguardado, y en eso estamos. La Constitución española consagra con evidente acierto esta cuestión y este planteamiento que hacemos lo respeta.
Para concluir, le diré que se equivoca cuando dice que la Lomce nos aporta buenos datos. Lamento decírselo; me gustaría decirle otra cosa, porque yo estoy por la educación, yo llevo trabajando toda mi vida en la educación. Me gustaría decirle otra cosa, pero, fíjese, los últimos datos que tenemos nosotros y que son públicos son los siguientes. La Lomce, como sabe usted, empieza a dar sus resultados en la promoción 2016-2017. Los graduados en ESO, en el curso 2015-2016, fueron el 91,7 %; en 2016-2017, el 87,2 %, es decir, 4,5 puntos menos de graduados en ESO en el curso 2016-2017, que es el primero de la Lomce. En Bachillerato hemos bajado del 57,4 %, en 2015-2016, al 55,5 %, es decir, 1,9 puntos menos de graduados en Bachillerato con la Lomce. Cuando un país necesita todo el talento de todas las personas -diversas, diferentes, que requieren distintos tratamientos- semejante lujo no se puede permitir. Esto fue un ensayo que produjo error, y cuando los ensayos producen error tienen que ser modificados; eso sí, cuanto antes, de manera urgente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por sus explicaciones.
Ha sido una jornada de varias horas, pero creo que ha sido provechosa e interesante. A todos quiero agradecerles el tono del debate, que me parece que también es algo muy importante y muy educado. Al final, también esas cosas cuentan y nosotros tenemos que dar ejemplo de eso.
Muchas gracias, señora ministra, y como decía mi profesor de matemáticas: A casa que se enfría la sopa.

References: resolución 
 Real Decreto 
 artículo 10
 artículo 3
 real decreto 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 109
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 27
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