Source: http://studylib.es/doc/6098226/respuestas-a-situaciones-que-inciden-en-los---ugt-fica
Timestamp: 2018-09-22 05:20:18+00:00

Document:
respuestas a situaciones que inciden en los - UGT-FICA
“Esta publicación se realiza en el marco del Convenio
de Colaboración suscrito con el Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo, al amparo de la
Resolución de Encomienda de Gestión de 7 de Abril de
2008, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
para el desarrollo de actividades de prevención”.
RESPUESTAS A SITUACIONES QUE INCIDEN
EN LOS TRABAJADORES A CONSECUENCIA
DE UNA LESIÓN O ENFERMEDAD
TEXTO NUEVO 6
Edita: MCA-UGT©, Federación Estatal.
D.L.: M-59121-2008
Producción Gráfica: Process Print, S.L.
I Un trabajador sufre un accidente mientras desarrollaba
su trabajo. Cuando requiere asistencia sanitaria, ni su
empresa, ni la mutua de accidentes que tiene concertada su empresa le quieren atender..............................
II Un trabajador que está de baja por enfermedad común,
recibe un telegrama en su domicilio para que se persone en los locales de la mutua con el fin de verificar su
estado de salud ............................................................
III Un trabajador se encuentra dado de baja por accidente laboral, acude a la mutua y el facultativo de la misma
propone darle el alta. El trabajador no se encuentra recuperado para volver a su trabajo ....................................
IV Un trabajador acude al Servicio Público de Salud (médico de cabecera) porque no se encuentra bien de salud.
Tras algunas pruebas y revisión de su historial clínicolaboral, el facultativo tiene fundadas sospechas de que
esas deficiencias en su salud tienen su origen en el trabajo que ha desarrollado durante su vida laboral ..........
V Un trabajador que se encuentra dado de baja para el
trabajo por accidente no laboral, esta preocupado por
las consecuencias que puede sufrir si tarda tiempo en
recuperarse para poder trabajar ..................................
Respuestas a situaciones que inciden en los trabajadores...
VI Un trabajador que se encuentra dado de baja para el trabajo por enfermedad común sufre un accidente de circulación, produciéndole un agravamiento de las secuelas iniciales, más nuevas dolencias provocadas por el
accidente......................................................................
VII Un trabajador pretende cambiarse de empresa y quiere disponer de su historial clínico-laboral ....................
VIII Como consecuencia de un reconocimiento médico habitual en la empresa, el servicio de prevención recomienda
al empresario el cambio de puesto de trabajo de un trabajador. La empresa hace caso omiso a esta recomendación ..........................................................................
IX Un trabajador quiere conocer cuando es obligatorio
someterse a la vigilancia de su salud que le exige el servicio de prevención que tiene la empresa ....................
X Un trabajador ante la sospecha que está enfermo a consecuencia de su actividad laboral, quiere solicitar el inicio de un proceso de baja por ésta causa.....................
XI Los representantes legales y los delegados de prevención
de una empresa, no están conformes con el servicio que
viene prestando la mutua en la gestión de los accidentes de trabajo................................................................
XII Los representantes legales y los delegados de prevención
de una empresa desean que la gestión concertada con
una mutua sobre las contingencias comunes (enfermedad y accidente no labora), retorne al Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Servicio Público de Salud.
Nuevamente Miguel Ángel Sánchez de la Arena aborda y ofrece soluciones a la variada y compleja problemática que, en torno
a la salud de los trabajadores, se produce cotidianamente y que
MCA-UGT ha recopilado fruto de la acción sindical que viene desarrollando.
El autor da cumplida respuesta a las preguntas planteadas con
especial referencia a la labor y gestión que deben realizar tanto los
Delegados de Prevención como el resto de la representación legal
Esperamos que con este nuevo trabajo se aporten soluciones eminentemente prácticas y con ello se refuercen los derechos de los
trabajadores en aspectos tan vitales como la defensa de su salud y
El presente estudio tiene por objetivo primordial dar respuestas
a diferentes cuestiones que se plantean los trabajadores que han
sufrido accidentes o enfermedades a consecuencia de su actividad
laboral, ante el complejo entramado de normativa que resulta de
aplicación, y temas conexos relacionados con la salud en el ámbito laboral. La mayor parte de las disposiciones corresponden por
su naturaleza al campo de la seguridad social, materia que por sus
especiales características se encuentra más alejada de la legislación
que de forma habitual es utilizada por los trabajadores y por sus
representantes. Intenta ser un documento divulgativo de naturaleza formativa y de fácil compresión, con respuestas directas que sirva
como referencia para abrir el camino en está materia poco sintetizada, elaborada con la finalidad de ser instrumentos normativos
para la gestión administrativa, y no como referencia sobre derechos
y obligaciones de los sujetos afectados por la misma. Echamos en
falta un texto legal a semejanza de la Ley de Accidentes de Trabajo de otra época, donde de forma integral e inequívoca se aborde
el desarrollo de los derechos de los trabajadores ante situaciones
producidas por accidentes y enfermedades con un sentido unificador a través de una normativa propia, con procedimientos ágiles y eficaces que den solución a las disfunciones que los trabajadores y sus familiares han de sufrir, como la que representa, obtener una indemnización sobre daños sufridos por un accidente después de transcurrir diez años desde el momento de producirse.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social representadas en
las materias que inciden en este trabajo, son el Instituto Nacional
de Seguridad Social (Instituto Social de la Marina respecto a las
empresas encuadradas en el Régimen Especial de Mar), y los Servicios Públicos de Salud de las distintas Comunidades Autónomas
que han ido asumiendo competencias del antiguo Instituto Nacional de la Salud (actualmente Instituto Nacional de Gestión Sanitaria). Tienen la misión de desarrollar el régimen público de la seguridad social previsto en el art. 41 de la Constitución, respecto a las
prestaciones contributivas del sistema de seguridad social y la asistencia sanitaria, siguiendo como parámetros y guías de actuación,
el desarrollo eficaz y satisfactorio de la prestaciones que el sistema reconoce a favor de los trabajadores ante los estados de necesidad previstos por la Ley, con la necesaria cautela y rigor en la
lucha contra el fraude para salvaguardar los fondos públicos que
sirven para su financiación.
La gestión de estas prestaciones se completa con la actuación
desarrollada por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, es su condición de entidades colaboradoras
del sistema para la cobertura con las empresas asociadas de las contingencias de origen profesional por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo posible por acuerdo con las
empresas la ampliación de la gestión hacia de las prestaciones económicas por incapacidad temporal por causa común o accidente
no laboral, cuyo contenido consistirá en la declaración de esas situaciones ante los partes de baja medica expedido por el facultativo
del Servicio Público de Salud, y soportar las prestaciones económicas que se generan, así como el desarrollo de actuaciones sanitarias dirigidas al control de los estado de salud de los trabajadores en situación de incapacidad temporal. El esquema se completa con las actuaciones de colaboración que corresponden a las
empresas, tanto en los aspectos obligatorios: el pago a los trabajadores de las prestaciones económicas por incapacidad temporal,
así como las que desarrollan como colaboración voluntaria en la
gestión de las prestaciones económicas y asistencia médica por las
empresas autorizadas expresamente por el Ministerio de Trabajo e
Inmigración para esa colaboración.
Las Leyes 42/1994 y 30/1995 introdujeron modificaciones significativas en el Texto Refundido de la Ley General de Seguridad
Social respecto a regulación de la incapacidad temporal, apro8
bándose desde esa fecha por el Gobierno, en línea marcada en el
Pacto de Toledo, una pluralidad de reglamentos entre los que citamos: la regulación de la situación de incapacidad temporal por el
Real Decreto 1300/1995; la colaboración en la gestión de las mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales mediante
el Real Decreto1993/1995; la gestión y control de las prestaciones
económicas por incapacidad temporal establecida por el Real
Decreto 575/1997, contenidos normativos que van a tener una incidencia importante en las respuestas que se dan en este trabajo, así
como sus respectivas Ordenes Ministeriales para su desarrollo.
Resulta importante la función de ordenación de la situación de
incapacidades que se proyecta sobre el Instituto Nacional de la
Seguridad Social para, entre otras cuestiones, determinar la naturaleza de las contingencias cuando exista controversia tanto a su
origen común o laboral; la entidad responsable de las prestaciones que se generen; declarar las situaciones de incapacidad permanente; autorización de la prorroga de la situación de incapacidad temporal, así como del incremento de las prestaciones económicas en caso de accidentes y enfermedades donde concurran
incumplimiento de obligaciones preventivas. Para está función se
reestructura el órgano técnico encargado de emitir los dictámenes-propuestas sobre los asuntos sometidos a resolución, con la
nueva denominación de Equipos de Valoración de Incapacidades,
al que reiteradamente nos referiremos en la contestación a las preguntas.
Las preguntas que constituyen el objetivo de este trabajo, han
sido seleccionadas entre las que con mayor frecuencia se formulan, ante situaciones que están sucediendo y que el trabajador tiene
dudas sobre lo que ha de realizar o a quién debe recurrir para dar
solución a su problema. La mayor parte de las mismas están basadas en discrepancias con las actuaciones de los servicios médicos
de las mutuas, tanto en lo referido a no admitir como accidentes
de trabajo daños sufridos por el trabajador durante la jornada de
trabajo, o alta médica dadas antes de su curación total. Otro grupo
de preguntas van encaminadas a conocer las vías que tiene el tra9
bajador para que le sea considerada como enfermedad profesional, el deterioro de la salud que está sufriendo por causa del trabajo realizado, en ocasiones después de haber dejado de trabajar
en la empresa donde presumiblemente tuvo su origen, así como
las indemnizaciones que pudiera tener derecho por los daños sufridos. Por último hay preguntas dirigidas a las acciones que pueden
ejercitar los representantes de los trabajadores por disconformidad
con la actuación desarrollada por la mutua, de la cuales nacen una
buena parte de las cuestiones sometidas a este análisis.
Un trabajador sufre un accidente mientras desarrolla su trabajo.
Cuando requiere asistencia sanitaria, ni su empresa, ni la mutua
de accidentes que tiene concertada su empresa le quiere atender.
1. ¿Qué puede hacer el trabajador accidentado?
Resulta importante de cara a las alternativas a seguir, que la consecución del accidente sea un hecho conocido por otras personas
presentes en el lugar donde ocurrió, o al menos próximas a la atención o ayuda que en la obra o centro de trabajo se ha dispensado
al trabajador, siendo claramente apreciables las lesiones producidas, en cuya situación por lo general, las empresas no va a poner
ninguna dificultad para que el trabajador sea atendido en la mutua,
expidiéndose el volante para la asistencia médica y declarando por
tanto el accidente, sin perjuicio de la emisión y tramitación del parte
de accidente de trabajo con posterioridad dentro de los cinco días
siguientes según lo dispuesto en la OM de 18 de diciembre de 1987
(BOE del 29-12-1987).
Más complejidad surge cuando el trabajador ha sufrido el accidente sin nadie que haya estado presente en el momento de producirse, o sus consecuencias se manifiestan fuera ya del lugar de
trabajo, propio de las lesiones musculares por un sobreesfuerzo o
un impacto, que en su momento el trabajador no le impidió seguir
trabajado con normalidad, pero que al cabo de las horas comienza a sentir molestias.
En estas situaciones, la empresa puede manifestar al trabajador
ser desconocedora del accidente y desconfiar en la versión aportada por él, no reconociendo que el accidente haya ocurrido. Ello
será más frecuente cuando se traten de lesiones no visibles externamente, donde efectivamente puede existir la duda razonable
sobre su propia existencia o del origen de la misma. La tónica normal por parte de la mutua de accidente en caso que el trabajador
acuda directamente sin remisión por parte de la empresa, será no
atender al trabajador al ser necesario para la entidad, que exista
una declaración previa de la empresa que en estos casos no se ha
El recurso que le queda al trabajador será acudir a un centro de
atención sanitaria del Servicio Público de Salud, señalando como
ha ocurrido el accidente para recibir la atención médica lo antes
posible. En este caso el médico debería valorar, de la exploración
clínica del trabajador si hay indicios suficientes que puedan determinar que los daños sufridos son de origen laboral y que corrobore
la versión del trabajador, en caso afirmativo el facultativo deberá
ponerlo en conocimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios,
sin perjuicio de la atención médica que debe prestar, y en su caso
la expedición de la baja ante el desenlace de la controversia de
En todo caso resulta importante que se adopten por el trabajador las acciones pertinentes para el reconocimiento como accidente
del trabajo, de cara a las consecuencias que pudieran derivarse tanto
a corto plazo como a medio y largo plazo, en cuanto a la naturaleza de las prestaciones que haya de recibir por incapacidad temporal ante la imposibilidad de asistir al trabajo por las molestias que
sufre, como por las repercusiones que en su integridad implica, o
la recaída que puede sufrir en otro momento.
Para ello deberá iniciar el trabajador o su representante legal,
un procedimiento de determinación de contingencia ante el Instituto Nacional de la Seguridad Social, regulado por el Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio (BOE del 19-8-1995), desarrollado
por la OM de 18 de enero de 1996 (BOE de 26-1-1996). Casi con
toda seguridad este tipo de asuntos dará lugar a un procedimiento posterior ante la Jurisdicción de lo Social, teniéndose por cum12
plida a través de la solicitud de determinación de contingencias
resuelta por el Instituto Nacional de Seguridad Social, la exigencia
previa que marca el art. 71.1 de la Ley de Procedimiento Laboral,
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (BOE 11-4-1995).
Esta demanda deberá ir dirigida hacía todas las partes con posible
implicación: Instituto Nacional de la Seguridad Social, Servicio
Público de Salud, Tesorería General de la Seguridad Social, la mutua
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales cuando actué
como empresa colaboradora, y la propia empresa.
El éxito de la pretensión dependerá de las pruebas que durante el proceso se pudieran presentar: declaración de testigos, informes médicos, y demostración que los daños sufridos son consecuencia de los riesgos a los que estaba expuestos, evaluados documentalmente por el servicio de prevención, propios de los trabajos que se estaban realizando cuando el trabajador se accidentó.
El pronunciamiento en un primer término del Instituto Nacional de la Seguridad Social se efectuará después del dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades, qué va resultar de gran importancia para el desenlace de la solicitud, que actúa
en el desarrollo de sus funciones establecidas en el art. 3 del Real
Decreto 1300/1995, entre las que se encuentra “determinación del
carácter común o profesional de la enfermedad que origine la situación de incapacidad temporal o muerte cuando le sea solicitado
tal dictamen”.
El Equipo de Valoración de Incapacidades (lo que usualmente
se conoce como tribunal médico) está constituido por un presidente
y cuatro vocales: El presidente será el Subdirector provincial de Invalidez del INSS o funcionario que designe el Director General. Los
vocales, serán: un médico inspector propuesto por el órgano competente de la Comunidad Autónoma; un facultativo Médico, perteneciente al personal del INSS; un inspector de trabajo y seguridad social; un funcionario titular de un puesto de trabajo de la unidad encargada del trámite de las prestaciones. También serán designados por el Director provincial del INSS vocales del Equipo de
Valoración de Incapacidades: un experto en recuperación y rehabilitación, propuesto por el INSS o por el órgano competente de
la Comunidad Autónoma respectiva, cuando del expediente se
deduzcan indicios razonables de recuperación del trabajador; y un
experto en seguridad e higiene en el trabajo, propuesto por el órgano competente del Estado o de la respectiva Comunidad Autónoma, cuando existan indicios de incumplimiento de las medidas de
En caso que exista representación legal de los trabajadores, deberá ponerse en conocimiento de la misma para que puedan plantear las medidas ante la empresa que a continuación se señalan, si
bien con una eficacia real muy limitada. Sería oportuno cuándo el
trabajador dispusiera de un mínimo de prueba sobre el accidente
sufrido (parte de lesiones o testigos) dar conocimiento de lo ocurrido a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, bien por el propio trabajador o por los representantes legales a los efectos de iniciar hacia la empresa una vía de investigación sobre los hechos,
cuyas conclusiones podrían aportar comprobaciones determinantes de cara al futuro reconocimiento como de origen laboral la incapacidad temporal que el trabajador sufre.
También la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Real Decreto 1300/1995,
está facultada de oficio para iniciar un procedimiento de determinación de contingencias, cuando en el desarrollo de la actividad
inspectora, compruebe la existencia de indicios que pudieran determinar que la situación de incapacidad temporal está originada por
una causa relacionada con el trabajo realizado.
2. ¿Qué puede hacer el Delegado de Prevención o los representantes legales de los trabajadores?
Los representantes legales de los trabajadores y en su caso los
delegados de prevención una vez que hayan conocido por la información del propio trabajador, que la empresa no ha considerado
que el daño sufrido es a consecuencias de trabajo realizado, deberán solicitar a la empresa la correspondiente información sobre los
hechos, en el ejercicio de competencias incluidas en el 36.1.d de
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10-11-1995), y
someter la causa determinante del daño sufrido por el trabajador,
al igual que al resto de accidentes ocurridos, a su análisis en la próxima reunión del Comité de Seguridad y Salud del centro de trabajo, en base a lo establecido en el art. 39.1.c. Todo ello sin perjuicio de la denuncia que pudiera presentar ante la Inspección de
Trabajo Seguridad Social, en los mismos términos que lo podría
efectuar el trabajador.
Los representantes de los trabajadores no están facultados para
iniciar directamente procedimientos ante el Instituto Nacional de
la Seguridad Social para la determinación de contingencias, pero
nada impide su posibilidad a través de un apoderamiento emitido
por el trabajador, debiendo otorgarse en esos casos también una
autorización expresa de poder utilizar y presentar informes médicos privados y demás documentación facilitada a estos efectos por
el trabajador, para estar cubiertos ante cuestiones que pueden suscitarse en un futuro, por dar a conocer información personal de
naturaleza confidencial, sin constancia fehaciente de la autorización concedida.
Un trabajador que está de baja por enfermedad común, recibe un
telegrama en su domicilio para que se persone en los locales de
la mutua con el fin de verificar su estado de salud
1. ¿Puede el trabajador negarse a acudir a las instalaciones de
la mutua?
Partiendo de lo reflejado en el art. 20.4 del Estatuto de los Trabajadores, el empresario podrá verificar el estado de enfermedad
o accidente del trabajador que sea alegado para justificar sus faltas de asistencia al trabajo, mediante reconocimientos médicos a
cargo de personal médico. Es posible que la empresa pueda verificar el estado de salud de los trabajadores, tanto si deriva de una
causa común como por accidente de trabajo y a ello no podrá oponerse el trabajador.
En el supuesto que la empresa tenga concertada expresamente
la cobertura de las prestaciones económicas derivadas de enfermedad común con una mutua, en virtud de la posibilidad establecido en el art. 2.1 del Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre (BOE 12-12-1995), por el cual se aprueba el Reglamento de
colaboración de las mutuas en la gestión de la seguridad social,
en base a lo señalado en el disposición adicional undécima de la
Ley General de la Seguridad Social, los trabajadores en baja por
enfermedad común o accidente no laboral están obligados a someterse a la revisiones médicas que la mutua considere necesarias,
de forma que las actuaciones de las mutuas se podrán realizan con
igual alcance que las entidades gestoras de la Seguridad Social, con
sujeción a las normas reguladoras de dicha prestación en el régimen de seguridad social donde estén encuadrados, siendo a este
efecto de aplicación la OM de 19 de junio de 1997 (BOE de 246-1997), en desarrollo el Real Decreto 575/1997, de 18 de abril
sobre aspectos de la gestión y control de la prestación económica
de incapacidad laboral (BOE 24-4-1997).
Según el art. 13 de la OM de 19 de marzo de 1997, la mutua
podrá disponer que los trabajadores que se encuentren en situación incapacidad temporal sean reconocidos por los servicios médicos adscritos a ella, por ello el trabajador no podrá negarse a acudir a los instalaciones de la mutua cuando fuera requerido a ese
respecto, estando también obligado según se establece en dicho
precepto a aportar el diagnostico, pruebas e informes que dispusiese o los que sean suministrados por el correspondiente Servicio
Público de Salud. La negativa por parte del trabajador infundada
a someterse a reconocimientos médicos dará lugar a la expedición
de propuesta de alta médica.
En estas actuaciones de control existe como limitación, la exigencia del respeto al derecho a la intimidad y dignidad de los trabajadores, de forma que si el trabajador por su estado de salud o
el deterioro físico que sufre puede serle especialmente gravosa la
asistencia al lugar requerido, debería ponerlo previamente en conocimiento de la mutua, y podría ser dispensado de acudir de forma
directa a esa instalaciones médicas, o establecer el medio menos
molesto para el trabajador. Con respecto a ello, la Resolución dictada por el Instituto Nacional de Seguridad Social de 16 de junio
de 1997 (BOE 28-6-1997) que aunque dirigida a actuaciones de
los Equipos de Valoración de Incapacidades, puede resultar de referencia a actuaciones de las mutuas para el control sanitario de los
trabajadores en situación de baja, ante desplazamientos requeridos a los trabajadores:
Procedimiento para los supuestos en los que la persona citada a reconocimiento médico no pueda desplazarse al lugar de citación. Cuando la persona citada a reconocimiento o quien actúe en su nombre se ponga en
contacto telefónico con la Dirección Provincial del INSS, alegando que
por el estado del enfermo no pueda desplazarse al lugar de citación, el
facultativo podrá adoptar una de las siguientes decisiones:
–Que el facultativo se desplace al lugar donde se encuentra el enfermo,
informándole del día en que se producirá la visita y advirtiéndole que tendrá que presentar, en ese momento, un certificado del médico del Servicio Público de Salud que le atiende, donde se haga constar su imposibilidad de desplazarse.
–Que el enfermo se desplace al lugar de citación, utilizando el servicio
de ambulancia. En este caso, tanto si reside en la misma o en distinta localidad de la que es citado, se le informará que cuando se persone en el lugar
de citación deberá presentar un certificado del facultativo o centro sanitario que le atiende, donde haga constar la necesidad de utilizar este medio
de transporte, haciendo la advertencia de que si no lo aporta, los gastos
que se ocasionen por su traslado, correrán de su cargo.
La Dirección Provincial hará las gestiones que considere necesarias para
que pueda realizarse este servicio, informando al interesado de la fecha
prevista para efectuar el desplazamiento.
2. ¿Tiene derecho el trabajador a recuperar los posibles gastos
que se originen por los desplazamientos a las instalaciones
de la mutua?
Aunque sea una obligación que tiene el trabajador de someterse a la actuación de control por parte de la mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales establecida en la normativa, mediante los reconocimientos médicos y pruebas que se consideren necesarias, dentro del régimen de aplicación de la propia
prestación, se considera que tienen que correr de cuenta de la entidad interesada en las actuaciones de control los gastos que le suponga al trabajador el desplazamiento, cuando resulte necesario la utilización de medios de transporte extraordinarios (ambulancia o taxi)
por no ser posible la utilización de medios ordinarios de transporte, por el estado de salud o limitaciones que se encuentra el trabajador, o por la lejanía de su domicilio, pudiendo el trabajador
solicitar el reintegro a la mutua de los gastos causados. Este planteamiento tiene su fundamento en que al ser una actuación requerida por la entidad, será la misma la que tiene que correr con los
gastos que conlleva la decisión de control sobre la evolución de
la enfermedad del trabajador.
Los mismo será cuando la actuación de control que hiciera la
mutua fuera sobre una incapacidad temporal derivada del trabajo
cuya baja ha procedido de la actuación de los propios servicios sanitarios de la mutua, en caso de requerir al trabajador la comparecencia, tendría derecho el trabajador al reintegro por la mutua de
los gastos causados para acudir a revisión médica, siempre que esté
justificado la utilización del correspondiente medio de trasporte.
El Real Decreto 63/1995, de 20 de enero sobre asistencia sanitaria de la seguridad social, sólo incluye como prestaciones complementarias el transporte sanitario cuando se tenga que realizar a
través de ambulancia, para urgencia que implique riesgo vital o
daño irreparable para la salud física del interesado, o por incapacidad física del mismo u otra causa médica que a juicio del facultativo le impidan o incapaciten para la utilización del transporte
ordinario para desplazarse aun un centro sanitario o a su domicilio después de recibir la atención médica. Por una reciente sentencia
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (4232/2008), se ha considerado que cuando al trabajador se le ha requerido acudir a un
centro sanitario no le resulte posible utilizar el transporte ordinario, y deba desplazarse en taxi o vehículo particular, se debe de
resarcir al trabajador los gastos causados por el desplazamiento,
en base al principio de reparación integral del daño que inspira la
Puede servir como referencia por la similitud que representa, el
tratamiento que la disposición adicional cuarta de la OM de 18 de
enero de 1996, hace respecto al abono de gastos por comparecencias de trabajadores exigidas por los Equipos de Valoración de
Incapacidades para someterse a actuaciones de revisión médica.
En desarrollo de ésta disposición, la Dirección General del Instituto Nacional de Seguridad Social, dictó la Resolución de 16 de
junio de 1997 marcando las siguientes pautas de actuación:
Gastos de desplazamiento de personas residentes en la misma localidad
en que son citados a reconocimiento médico: A estos beneficiarios sólo
se les abonarán los gastos de desplazamientos producidos cuando el estado del enfermo requiera el uso de medios extraordinarios de transporte,
siendo necesario que tal extremo sea informado favorablemente por el
facultativo del INSS.
El abono por utilización del taxi o ambulancia se justificará por factura,
si bien ésta podrá ser sustituida por un talón o ticket que deberá contener
Gastos de desplazamiento de personas residentes en distinta localidad de
la que son citadas a reconocimiento médico.
A estos beneficiarios, se les abonará el importe de los gastos de desplazamiento en medio de transporte ordinario, tanto de ida como de regreso.
Tendrán la consideración de transporte ordinario los siguientes medios de
En el caso de desplazamiento interinsular o entre las islas y la península,
el avión o barco en billete de clase turista.
Cuando no exista ninguno de estos medios de transporte ordinario o el
servicio no fuera diario, se abonará el importe del taxi o vehículo de alquiler hasta la estación de ferrocarril o autobús, puerto o aeropuerto de línea
regular más próximos.
El abono de todos estos gastos se justificará mediante la presentación del
billete, y, en su caso, factura del taxi o vehículo de alquiler que podrá ser
sustituida por un talón o ticket con los requisitos mínimos que se describen en el apartado anterior.
Cuando el estado del enfermo impida el desplazamiento en un medio de
locomoción ordinario, le serán abonados los gastos de desplazamiento en
taxi, siendo necesario el informe favorable del facultativo del INSS.
En el supuesto que se considere imprescindible acompañante, y así se informe por el facultativo del INSS, podrán ser abonados, siempre que el des21
plazamiento no se produzca en el mismo medio que el enfermo, los gastos de desplazamiento del acompañante en medio ordinario de transporte.
Los gastos de taxi se compensarán al interesado en razón al número de
kilómetros de desplazamiento, valorados como máximo de acuerdo con
las tarifas autorizadas oficialmente en las provincias o localidades afectadas. Asimismo, se abonará la permanencia del taxi en espera de efectuar
En este supuesto se podrá utilizar vehículo particular para los residentes
en aquellas localidades donde no exista un medio de transporte ordinario careciendo, además, de taxi o vehículo de alquiler.
Formalización del pago. Cuando se produzca un gasto por desplazamiento
de los indicados en el apartado anterior, el facultativo del INSS deberá certificar la fecha y duración del reconocimiento médico y, en su caso, la necesidad de que el paciente deba utilizar medio de transporte extraordinario
y tenga que ir acompañado, para lo cual se utilizará por triplicado el modelo oficial, que figura como anexo. El original y primera copia de este modelo se entregarán al interesado para que lo presente, junto con los justificantes de los gastos, en la Unidad de la Dirección Provincial competente para efectuar el pago o, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional, en la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, en su caso, que cubra la contingencia.
El importe de los gastos será reembolsado al enfermo, familiar, o quien lo
represente, en su caso, previa justificación de su identidad o representación. El abono de estos gastos, así como los que se originen como consecuencia del servicio de ambulancias, se efectuará preferentemente con
cargo al fondo de maniobra sin perjuicio de que sea posible, igualmente,
la utilización del circuito normal de pagos mediante transferencia.
3. ¿Que otras acciones puede emprender el trabajador?
Ante un posible comportamiento injustificado y de hostigamiento
que pudiera sufrir el trabajador por parte de la mutua y que pudiera ser probado, se debería de poner esa conducta abusiva en conocimiento de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social u órgano similar del respectivo Servicio Público de Salud.
Para la efectividad de su reclamación deberá formularse por escrito a los efectos que poder entablar el correspondiente procedimiento
posterior en caso de una resolución no adecuada al derecho que
pudiera asistirle.
En caso que la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se niegue a abonar al trabajador los gastos causados
por éstos desplazamientos, cuando por las particularidades anteriormente señaladas se hicieran necesarios, deberá formular la
correspondiente reclamación de cantidad, debidamente justificada con la documentación correspondiente ante la propia mutua.
En caso de no ser atendida se formulará demanda ante la Jurisdicción de lo Social.
4. ¿Qué otras acciones pueden emprender el Delegado de Prevención o los representantes legales de los trabajadores?
En estas situaciones resultan limitadas las acciones que los representantes pueden aplicar, salvo poner en conocimiento de la empresa esos hechos abusivos para su incidencia sobre la mutua, ya que
suponen situaciones no propicias para mantener un adecuado clima
laboral, imprescindible para una buena política en las relaciones
laborales que toda empresa anhela, teniendo presente que la opción
de concertar también la cobertura de enfermedad común, es prorrogable por periodos anuales según señala el art. 69.2 del Real
Decreto 1993/1995.
5. ¿El médico del Servicio Público de Salud que emitió el parte
de baja, puede hacer algo al respecto?
Ante el desarrollo de esas facultades de control por parte de
los médicos de la mutua conferidas por el ordenamiento, el medico del Servicio Público de Salud que emitió el parte de baja no
tiene facultades para interceder en las actuaciones que desarrollan el médico de la mutua. Únicamente se establece un procedimiento de actuación en el supuesto que el médico de la mutua
proponga el alta médica del trabajador, en cuyo caso el art. 14 de
la OM de 19 de junio de 1997 señala, que es preceptivo el informe previo del médico de salud que le dio la baja al trabajador,
por conducto de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad Social ante la cual se deberá realizar la correspondiente propuesta.
En estos casos, el facultativo del Servicio Público de Salud dispone de diez días para pronunciarse al respecto contando a partir
de la fecha en que la propuesta de la mutua se haya puesto a disposición en la Inspección de Servicios Sanitarios. En el supuesto
que el facultativo en el plazo marcado de diez días no se pronuncie o se discrepara en el pronunciamiento efectuado, la Inspección
de Servicios Sanitarios, en el plazo de quince días deberá acordar
el alta del trabajador, comunicando la actuación realizada a la
mutua que hubiera realizado la propuesta.
Un trabajador se encuentra dado de baja por accidente laboral,
acude a la mutua y el facultativo de la misma propone darle de
alta. El trabajador no se encuentra recuperado para volver a su trabajo.
1. ¿Que puede hacer el trabajador?
No está previsto en la OM de 19 de junio de 1997 ningún trámite específico que posibilite de revisión de la decisión de alta
médica formulada por el médico de la mutua a un trabajador que
se encontraba de baja por causa de un accidente de trabajo, aunque no se haya recuperado según la apreciación del trabajador.
En esta situación el trabajador en un principio deberá de recibir el parte de alta, hacer constar su disconformidad en el Libro de
Reclamaciones que todas las instalaciones sanitarias deben disponer, y acudir a la empresa manifestando que aun no está recuperado e indicando las molestias que aun tiene. Lo más normal será
que la empresa manifieste al trabajador que no puede hacer nada
ya que el criterio médico es el que prevalece, y el trabajador al sentirse indispuesto para poder trabajar no le queda más solución que
acudir al médico del Servicio Público de Salud lo antes posible,
relatando su situación y las limitaciones que sufre de cara al trabajo.
En estos casos es casi seguro y así se debería proceder, que el
médico que atiende al trabajador de traslado del hecho a la Inspección de Servicios Sanitarios, o en su caso remita al trabajador
con el correspondiente informe a los servicios médicos de la
En el supuesto que el médico del Servicio Público de Salud le
diera la baja por causa común, deberá iniciar el trabajador un procedimiento de determinación de contingencia ante el Instituto
Nacional de la Seguridad Social de igual forma que lo señalado en
un anterior pregunta, a los efectos de declaración como de origen
laboral las limitaciones para poder trabajador que sigue sufriendo
y de las que aun no está recuperado.
2. ¿Puede hacer algo el Servicio Público de Salud para combatir el alta extendida por la mutua?
Remitiendo nuevamente a la OM de 9 de junio de 1997, el art.
10 no deja resquicio para un procedimiento ordinario de intervención del Sistema Público de Salud para valorar o en su caso
revisar actuaciones médicas realizadas por médicos de la mutua
por contingencias profesionales, causadas por accidente de trabajo, sin perjuicio de las vías extraordinarias que se podrían utilizar
a través de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Seguridad
Social, ya que siempre es una posibilidad que tiene el trabajador
a su alcance, proceder a la denuncia del hecho ante esa Inspección, ya que según el art. 12.7 del Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre, las mutuas quedan sometidas a la inspección y control de los mismos.
Ante situaciones especialmente significativas en la cuales puede
estar patente un claro abuso de derecho, cabria la denuncia de la
actuación de la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ante la Secretaria de Estado de la Seguridad Social órgano de la Administración General del Estado con competencias sobre
las mutuas, así como hacer constar la actuación de la mutua en el
Libro de Reclamaciones que obligatoriamente tiene que disponer
todas las instalaciones sanitaria de las misma según lo establece el
art. 12.7 del citado Real Decreto 1993/1995.
3. ¿Qué puede hacer el Delegado de Prevención y los representantes legales de los trabajadores?
Ante situaciones y conductas de las mutuas que claramente vulneran los derechos de los trabajadores, podrán denunciar los hechos
en la forma señalada en el punto anterior. Otra alternativa posible
puede ser a través de la organización sindical correspondiente,
manifestando esos hechos ante la Comisión de Control y Seguimiento establecida en el art. 37 del Real Decreto 1993/1995, de
la cual forman parte las organizaciones sindicales representativas
en el ámbito territorial de la mutua a los efectos del oportuno tratamiento, aunque la información a recibir será limitada sobre protocolo o procedimiento de actuación seguida en estos casos de
forma genérica, y por tanto con poca eficacia real sobre el fondo
La actuación inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social respecto a las mutuas queda limitada a las obligaciones de constitución, organización, gestión y funcionamiento, estando excluidas la inspección a los centros y servicios sanitarios y todo
lo relacionado con cuestiones de naturaleza sanitaria, según lo refleja el art. 54 del Real Decreto 1993/1995.
4. ¿Puede el trabajador desobedecer el alta médica y no acudir al trabajo?
El trabajador para no acudir al trabajo debe disponer necesariamente de un motivo justificado avalado por una prueba fehaciente que lo acredite, no siendo admisible por el trabajador una
vez recibida el alta medica del médico de la mutua de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales, por su propia apreciación
considere que todavía no esta recuperado y no acuda a trabajar,
aunque así fuera. De adoptar esta decisión podrá verse afectado
por una medida sancionadora de la empresa, que pudiera conllevar incluso a un despido en conformidad con el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores, con el riesgo que supone para el trabaja27
dor como demandante ante el Juzgado de lo Social, tener que probar que las ausencias al trabajo están motivadas por causas justificadas.
La actuación más adecuada que debería seguir el trabajador
cuando se encontrara en esta situación, es en la forma ya explicada en la primera pregunta del presente punto. En caso que la imposibilidad de acudir a la empresa para realizar su trabajo sea patente a causa del estado en que se encuentra, deberá contar con una
nueva baja y en caso de negativa por parte del médico de la mutua,
con la baja de médico del Servicio Público de Salud, procediendo en estas situaciones que el médico de salud lo ponga en conocimiento de la Inspección Sanitaria como ya se ha señalado en un
En el supuesto que el trabajador aun indispuesto se haya reincorporado a su centro de trabajo a pesar de las molestias y limitaciones que todavía sufre, o por el efecto de la medicación que está
tomando, cuando por su condición profesional tenga que realizar
tareas que al no estar plenamente recuperado pudiera propiciar un
accidente o agravarse las lesiones que sufre, podrá negarse a su realización ejercitando su derecho establecido en el art. 21 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, dando previamente conocimiento de la decisión a su superior jerárquico, e informando a los
delegados de prevención sobre esa situación.
En todo caso, las limitaciones físicas que el trabajador sufre le
convierten de forma temporal en un trabajador especialmente sensible ante determinados riesgos, ante lo cual se deben adoptar por
la empresa las obligaciones que señala el art. 25 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, proyectándose hacia la misma, a través de su servicio de prevención la obligación de evaluar el puesto que trabajo que va a desarrollar a los efectos de valorar su adecuación a las limitaciones que en su salud presenta, asumiendo las
responsabilidades señaladas como infracciones graves o en su caso
muy graves, establecidas en el art. 12.7 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, Ley de Infracciones y Sanciones en el
Orden Social, cuando se compruebe la adscripción del trabajador
a puesto de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con
sus características personales, previa comprobación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a la que se debería de acudir
por parte del propio trabajador o por los representantes legales tan
pronto se produzca la situación analizada.
Un trabajador acude al Servicio Público de Salud (médico de cabecera) por que no se encuentra bien. Tras algunas pruebas y revisión de su historial clínico-laboral, el facultativo tiene fundadas
sospechas de que la enfermedad tiene su origen en el trabajo que
ha desarrollado durante su vida laboral.
1. ¿Que puede hacer el trabajador si está en activo y trabajando en la empresa donde presuntamente ha contraído estas
Según establece el art. 5 del Real Decreto 1299/2006, de 10 de
noviembre por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesional y se establecen criterios para su notificación y registro de
las mismas, cuando los facultativos del Sistema de Nacional de
Salud con ocasión de sus actuaciones profesionales, tuvieran conocimiento de la existencia de una enfermedad profesional de la
incluidas en los anexos de propio Real Decreto, lo deberá comunicar a través del organismo competente de cada Comunidad Autónoma a la entidad gestora (el Instituto Nacional de la Seguridad
Social), o en su caso a la entidad colaboradora de las contingencias profesionales (la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales).
En estos casos la situación más frecuente es que el médico de
medicina general envíe al trabajador al especialista del Servicio
Público de Salud, y ante determinadas enfermedades derive al enfermo a un organismo especializado en el diagnostico de enfermedades profesionales, como son los incluidos en el organigrama del
Instituto de Salud Carlos III, el Instituto Nacional de Silicosis, como
centro de referencia respecto a enfermedades profesionales que
afectan al sistema cardiorrespiratorio, el Centro Nacional de Especialidades Quirúrgicas (Pabellón 8 de la Facultad de Medicina de
la Universidad Complutense), etc.
También cabe la posibilidad que el médico del Servicio Público de Salud cuando apreciara que la causa de la enfermedad pudiera estar relacionada con el trabajado realizado, como actualmente así está reflejado en el art. 5 del Real Decreto 1299/2006, que
dirija al trabajador hacía los servicios médicos de la mutua, la cual
valorará la situación bien por los propios medios, o con el apoyo
de las instituciones sanitarias ya señaladas.
En el caso que la mutua de accidentes de trabajo y enfermedad
profesional diagnostique de forma directa y rápida que la enfermedad que sufre el trabajador como enfermedad profesional, al estar
recogida en los anexos que se establecen a estos efectos por el Real
Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, deberá emitir el correspondiente parte de enfermedad profesional conforme el modelo
establecido en dicho reglamento. Es posible que el facultativo de
la mutua que atiende al trabajador, necesite pruebas específicas o
el apoyo de instituciones sanitarias especializadas anteriormente
Cuando el trabajador se encuentre incapacitado para trabajar
antes del diagnostico definitivo, debería pasar a la situación de
observación de enfermedad profesional, en la cual podrá permanecer por un periodo máximo de seis meses prorrogables a otros
seis más, cuando se estime necesario para el estudio y evolución
de la enfermedad como señala el art. 128 del Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social. La decisión de la prórroga
la adoptará el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a través
del pronunciamiento del Equipo de Valoración de Incapacidades.
En el supuesto que la mutua no reconozca que la enfermedad
que sufre el trabajador sea de origen laboral, a pesar de los informes médicos que el trabajador dispone, éste deberá formular una
solicitud de determinación de contingencia ante el Instituto Nacio32
nal de Seguridad Social, el cual se pronunciará a través del dictamen-propuesta emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades al igual que en otras ocasiones ya señaladas, pudiendo seguirse a continuación la vía jurisdiccional ante el Juzgado de lo Social,
en caso de disconformidad por algunas de las partes del contenido de la resolución dictada.
También la solicitud del pronunciamiento por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social puede ser formulada por el Servicio de Público de Salud según se establece en el art. 4.1.a del
Real Decreto 1300/1995.
¿Que puede hacer el trabajador si está trabajando en otra
empresa donde presuntamente ha contraído estas dolencias?
Al igual que en punto anterior, después de la valoración o diagnostico a través de los facultativos del Servicio Público de Salud,
cuando que se tenga claro que las dolencias que sufre el trabajador son de origen profesional y no han sido contraídas en la empresa en la actualmente está trabajando, el propio Servicio Público de
Salud o en su caso el mismo trabajador, deberán solicitar la iniciación de un procedimiento de determinación de contingencia por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a los efectos de que
se declare el origen profesional la enfermedad que sufre el trabajador previo dictamen-propuesta emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades, y la entidad que resulte responsable de las
prestaciones y demás responsabilidades que de la enfermedad profesional se generan: atención sanitaria, prestaciones económicas por
incapacidad laboral y prestaciones recuperadoras.
¿Que puede hacer el trabajador si está desempleado?
Después del diagnostico que se emita a través de los facultativos del Servicio Público de Salud del cual se desprenda que la perdida de salud que sufre el trabajador tiene su origen en el trabajo
realizado antes de ser desempleado, por la misma vía señalada con
anterioridad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social resolverá la determinación de contingencia solicitada en base al dictamenpropuesta emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades,
y determinará la entidad responsable de las prestaciones que se derivan de la enfermedad profesional.
¿Que puede hacer el trabajador si está jubilado?
Al estar jubilado el trabajador por razón de edad, no se encuentra ya como sujeto sobre el que se le puede proyectar la acción protectora del sistema de Seguridad Social por este tipo de contingencias, aunque resulte ser beneficiario de prestaciones desde otra
condición diferente a la que tenia como trabajador por cuenta ajena
en su condición de jubilado. En este caso, desde la óptica de seguridad social no tiene la posibilidad que con éxito pueda entablar
ninguna acción de reclamación de origen de contingencias.
2. En los supuestos contemplados ¿qué puede hacer el delegado
de prevención y los representantes de los trabajadores?
Los delegados de prevención representan plenamente a los trabajadores que pertenecen a la plantilla del centro de trabajo ante
la empresa, pudiendo incidir en todos aspectos relacionados con
sus derechos y solicitar información sobre el posible origen de la
supuesta enfermedad que está sufriendo y los factores que han podido provocarlas derivados de sus instalaciones o procesos productivos, pero todo ello contando con la correspondiente autorización
expresa concedida por parte del trabajador afectado, al incidir su
actuación sobre datos sanitarios de naturaleza personal aportados
voluntariamente por el enfermo, información que está sujeta al derecho de intimidad de la persona, reconocido en el art. 18.1 de la
Constitución. Los delegados de prevención en este caso podrán
desarrollar una investigación sobre el posible origen de la enfermedad que sufre el trabajador con la colaboración del servicio de
prevención para la vigilancia de la salud, dentro de sus limitaciones en razón de la materia, pudiendo poner a disposición del trabajador las conclusiones que afectan a su persona.
En la primera de las situaciones es clara la participación a la
que tienen derecho los delegados de prevención a favor de un trabajador al que representan. Por el contrario no creemos que ocurra en la segunda situación, porque aunque haya sido trabajador
de la empresa en época anterior, ya no trabaja en la misma y por
ello no mantiene ninguna vinculación en ninguna de sus vertientes.
Aunque resulte posible que los delegados de prevención, conociendo la posible enfermedad que sufre una persona que con anterioridad fue trabajador de la empresa y pudieran analizar a través
de la documentación que dispongan o la que tenga la empresa la
obligación de facilitar su acceso, las condiciones de trabajo que
pudieron incidir en pasado de forma negativa en la salud del que
fue su compañero (estudios ambientales que se pudieran disponer
durante el tiempo que estuvo trabajado, resultado de los controles
periódicos de las condiciones, y el resto de la documentación preceptiva señalada en el art. 23.1 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales), ya que también en base a esos antecedentes pudieran estar interesados en analizar como aquella situación puede afectar a corto o medio plazo igualmente a otros trabajadores que continúan trabajado, la información obtenida y todo que conozcan del
desarrollo de sus facultades establecidas en el art. 36 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, debe de ser tratada con el necesario sigilo profesional, estando prohibida su difusión o para un tratamiento diferente a las competencias a desarrollar para ese momento, y por lo tanto no podrá ser facilitada información a una persona que ya no mantiene vinculo laboral con la empresa y que no
está representada por esos delegados. Otra situación distinta será
cuando los delegados de prevención fueran requeridos por un órgano judicial para prestar declaración de lo conocido por desarrollo
de sus facultades, ante un procedimiento que en sede judicial se
estuviera tramitando.
3. En los supuestos contemplados ¿qué debe hacer la mutua de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales?
En el primer caso, la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales puede que reconozca de forma automática que la enfermedad que sufre el trabajador como profesional, al
estar recogida en los anexos que se establecen a estos efectos por
el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre y deberá emitir
el correspondiente parte de enfermedad profesional conforme el
modelo establecido en dicho reglamento, o bien necesite pruebas
específicas o el apoyo de instituciones sanitarias especializadas anteriormente referidas, lo que implicará, en el caso que el trabajador
está incapacitado para trabajar, el inicio de un proceso de baja por
observación de enfermedad profesional que como máximo tendrá
una duración de seis meses prorrogables, tras decisión de Instituto Nacional de Seguridad Social, con informe favorable del Equipo de Valoración de Incapacidades.
En el supuesto que la mutua no reconozca que la perdida de
salud que sufre el trabajador sea enfermedad profesional a pesar
de los informes médicos que se disponen, cuando la iniciativa no
parta del Servicio Público de Salud como sería lo más propio, el
trabajador deberá formular solicitud de determinación de contingencia ante el Instituto Nacional de Seguridad Social, el cual se pronunciará a través del dictamen-propuesta emitido por el Equipo de
Valoración de Incapacidades, y en caso de disconformidad sobre
la resolución del Instituto Nacional de Seguridad Social por cualquiera de las partes (trabajador o mutua), se deberá continuar en
la vía jurisdiccional ante el Juzgado de Social.
En el supuesto que el origen de la enfermedad en base a los diagnósticos con los que cuenta el trabajador, se localice en una empresa anterior en la que estuvo trabajando diferente a la que actualmente presenta sus servicios, la mutua con la que tiene cobertura
concertada la empresa del trabajador donde presta sus servicios,
considerará casi siempre que la perdida de salud no es una enfermedad profesional cuya cobertura le corresponda, sin que el tra36
bajador pueda vincular directamente a la anterior mutua al no estar
en la plantilla de una empresa asociada. En este caso el trabajador
deberá iniciar el procedimiento de determinación de contingencias
ya referido en anteriores ocasiones, o ser la propia mutua quién lo
inicie al estar afectada directamente por la situación que se presenta, según el art.4.1.c del Real Decreto 1300/1995.
4. ¿Tiene el trabajador derecho a alguna indemnización por los
daños sufridos en su salud?
El trabajador tiene en todos estos supuestos analizados al igual
que cuando ha sufrido un accidente, la posibilidad de exigir responsabilidades civiles por los daños sufridos por ocasión del trabajo realizado. Las vías que puede utilizar son varias: exigencia de
responsabilidad contractual (de naturaleza laboral), la responsabilidad civil extracontractual, y la responsabilidad civil derivada de
La primera de ellas nos parece la más factible y rápida ya que
es solo necesario demostrar que los mismos han derivado por un
incumplimiento empresarial del deber de seguridad establecido en
el art. 4.2.d del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art.
14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del cual deriva
una responsabilidad de naturaleza contractual, que deberá exigirse ante el Juzgado de lo Social contra la empresa, siguiendo los trámites de procedimiento establecidos en el Real Decreto Legislativo 2/1995. El inconveniente que presenta, es que la cuantificación
indemnizatoria es más baja de la que se viene establecido por la
vía de responsabilidad civil, ya que se está deduciendo lo percibido en concepto de prestaciones de Seguridad Social como consecuencias del accidente.
Resulta importante el giro que ha representado la literalidad del
art. 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales al señalar
que el empresario deberá adoptar “cuantas medidas sean necesarias para la seguridad y la salud de los trabajadores”, determina37
ción que refleja un principio de responsabilidad cuasi-objetiva. Por
el hecho de ser la propia actividad empresarial la generadora del
riesgo desde su poder de dirección y con las facultades de organización, está obligado a disponer de aquellas medidas para que
el accidente o la enfermedad no ocurran en términos absolutos, y
donde el requisito de culpa está manifestado en no haber adoptando las medidas necesarios para evitar el daño, como está obligado. Hay que entender, salvo en caso de fuerza mayor o imprudencia temeraria del trabajador, que el hecho de producirse un accidente de trabajo implica que no se han adoptado las medidas necesarias para que ese suceso no hubiera ocurrido. La situación de riesgo que ha provocado ese accidente de trabajo o una enfermedad
profesional debió ser prevista mediante la puesta en práctica de las
técnicas de identificación y evaluación establecidas en propia normativa, y frente a los riesgos detectados y evaluados adoptar las
medidas operativas adecuadas para su eliminación completa o al
menos a reducirlos a niveles triviales.
Sería importante una actuación previa por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la cual quede probada la existencia de un incumplimiento preventivo sobre un determinado
agente de riesgo relacionado de forma directa con la enfermedad
sufrida por ese trabajador en concreto, lo que facilitaría mucho el
éxito de la demanda, o bien si se comprobó en su momento la existencia de una situación de incumplimiento preventivo que, con toda
seguridad, propiciaba científicamente la aparición de la enfermedad sufrida por el trabajador aunque no se refiriera la actuación
inspectora a ese trabajador en concreto, situación que resulta más
difícil de relacionar la causa-efecto, que en supuestos de accidentes de trabajo en los cuales el acontecimiento lesivo que le provoca el daño ésta claramente identificado con una condición material de trabajo.
En el supuesto que sobre hechos relacionados con la enfermedad no se hayan desarrollados actuaciones por la Inspección, siempre queda al trabajador formular su demanda en base a los estudios higiénicos que la empresa ha debido de realizar a través de
su servicio de prevención, el resultado de sus pruebas de vigilancia de la salud a las que fue sometido, y las evaluaciones higiénicas donde se terminen las concentraciones ambientales de las sustancias que pudieron propiciar la enfermedad profesional, y todo
ello pueda demostrar la presencia de los agentes causantes de la
enfermedad en el centro de trabajo mientras el trabajador desarrolló
su actividad laboral en esa empresa. Otra cuestión es la forma o
modo a través de la cual puede acceder a esa documentación preventiva y someterla al estudio previo de su defensa antes de formular la correspondiente demanda.
La causa por la que Inspección de Trabajo y Seguridad Social
ante una enfermedad profesional o un accidente grave no haya
actuado, es por desconocimiento al no haberse comunicado el accidente o desconocerse la enfermedad. Sería aconsejable que el trabajador o los representantes legales de los trabajadores, delegados
de prevención, o sindicatos, siempre que ocurra un accidente o
se diagnostique una enfermedad profesional en un trabajador que
puede que puede tener sus consecuencias, acudan ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social mediante la presentación
de un escrito donde se interese una actuación inspectora sobre esos
hechos, a los efectos de garantizar la participación de la Administración en tutela de derechos legítimos. La Inspección podrá iniciar actuaciones aun después de un tiempo de ocurrir el accidente o la enfermedad, y en caso de comprobar incumplimientos levantar Acta de Infracción siempre que no haya trascurrido el periodo
de prescripción que señala la normativa; en caso de infracciones
graves será de tres años, y de cinco años en infracciones muy graves de conformidad con el art. 4 del Real Decreto Legislativo
La responsabilidad civil extracontractual se tiene que demandar
ante el Juzgado de la jurisdicción civil (Juzgado de Primera Instancia)
en base los arts. 1902 y 1903 Código Civil que establece “el que
por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o
negligencia, está obligado a reparar el daños causado”. El inconveniente que tiene además de una mayor lentitud procedimental,
es una mayor dificultad para poder relacionar el daño concreto sufrido por el trabajador con un comportamiento culposo o imprudente
de una persona que no esté vinculada con el trabajador con el contrato de trabajo, y por tanto esa conducta sobre la que se proyecta la responsabilidad, estará más difusa de la que representa el deber
de seguridad absoluto (salvo fuerza mayor o conductas de imprudencia temeraria del trabajador) que tiene la empresa hacía el trabajador por el señalado art. 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A su favor está la mayor cuantía indemnizatoria que
por ésta vía se vienen estableciendo.
La vía penal también sería una opción posible para obtener una
indemnización en base a lo establecido en el art.109 del Código
Penal, cuando se pueda demostrar que el origen de los daños sufridos, son consecuencia de conductas tipificadas como delitos y faltas. Resultaría una elección bastante más dificultosa y lenta para
llegar con éxito a la pretensión indemnizatoria, por las imputaciones
personales sobre la que se proyecta la responsabilidad penal. Después del tiempo que ha podido transcurrir desde los hechos determinantes de la enfermedad, junto a las dudas razonables que se
puede existir sobre su origen, está la nebulosa que dentro de la
estructura empresarial puede presentarse, para quedar probadas las
conductas delictiva de las personas concretas que fueron los causantes de los daños en la salud del trabajador, al igual que ocurre
con la responsabilidad extracontractual que se dirige por la vía civil.
5. ¿Existe otro procedimiento para que el trabajador o su familia (en caso de fallecimiento) puedan percibir prestaciones
económicas de la Seguridad Social en mayor cuantía, cuando hayan sufrido un accidente o enfermedad?
También sería posible iniciar un procedimiento para conseguir
el recargo de prestaciones económicas, cuando se pueda demostrar la existencia de incumplimientos preventivos que sean causa
directa del daño sufrido por los trabajadores, tanto en caso de accidentes como de enfermedades. El incremento de las prestaciones
económicas será a cargo exclusivo del empresario en favor del trabajador o de sus familiares en caso de fallecimiento, estando establecido en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social,
que el incremento estará comprendido entre un 30% a 50%.
La iniciación del procedimiento de solicitud del recargo se realizará ente el Instituto Nacional de la Seguridad Social, resolviendo en base al dictamen- propuesta emitido por el Equipo de Valoración de Incapacidades, resolución que será recurrible ante el Juzgado de lo Social por las partes afectadas por la misma. Corresponde su iniciación tanto al trabajador accidentado o enfermo, o
a sus familiares en caso de haber fallecido, como a la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social. Siempre que la Inspección de Trabajo Seguridad Social, levante un acta de infracción por un incumplimiento preventivo que tenga como consecuencias directas un
accidente o enfermedad profesional, deberá iniciar de oficio la
correspondiente solicitud del recargo de prestaciones económicas.
Un trabajador que se encuentra dado de baja para el trabajo por
accidente no laboral. Esta preocupado por las consecuencias que
sufrirá si tarda tiempo en recuperarse para poder trabajar.
¿Que tiempo máximo puede permanecer en esta situación?
¿Puede prorrogarse el tiempo inicial?
La acción protectora por las contingencias de accidente no laboral, que deriven en una situación de baja por incapacidad temporal, está establecida en el art. 128.1.a de la Ley General de la Seguridad Social, teniendo un tratamiento igual que la que produce por
enfermedad común, con la única diferencia que no se exige periodo previo de cotización cuando el hecho causante sea un accidente
no laboral, mientras que para la enfermedad común es requisito
necesario para poder acceder a la prestación, disponer de un mínimo de cotización de 180 días en los cinco años inmediatamente
anteriores al hecho causante.
La duración de la situación de incapacidad temporal será como
máximo de doce meses, prorrogables seis meses cuando se presuma que durante ese tiempo el trabajador puede ser dado de alta
por curación, estableciéndose en la nueva redacción del art.
128.1.a en su segundo párrafo de la Ley General de la Seguridad
Social, introducida por la disposición adicional 48.1 de la Ley
30/2005, de 29 de diciembre, que el Instituto Nacional de la Seguridad Social será el único competente para reconocer una situación de prorroga.
El procedimiento establecido es el que señala el art.7 del Real
Decreto 575/1997, a través de un informe del médico del Servicio
Público de Salud, en el que se describan las dolencias que sufre el
trabajador, las limitaciones de su capacidad funcional, así como la
presunción de que en el plazo de seis meses puede ser dado de
alta por curación. El Instituto Nacional de la Seguridad Social recibido el informe de los Equipos de Valoración de Incapacidades,
podrán: reconocer la situación de prórroga propuesta con un límite de seis meses más, determinar la iniciación de un expediente de
incapacidad permanente, o bien emitir alta a los exclusivos efectos de la prestación económica por incapacidad temporal. En caso
de una nueva baja posterior por parte de los facultativos del Servicio Público de Salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social
será el único competente para determinar si la nueva baja médica
tiene o no efectos económicos cuando se produzca en un plazo
de seis meses posteriores a la alta médica producida por la misma
o similar patología.
Cuando haya transcurrido el plazo de doce meses de duración
de la incapacidad temporal y el trabajador continúe incapacitado
para poder trabajar, y no se produzca solicitud de prórroga por no
estimarse por el médico del Servicio Público de Salud la posibilidad de recuperación en el plazo máximo de seis meses establecido para ello, se procederá al alta en la situación de incapacidad temporal con propuesta de incapacidad permanente, siguiendo percibiendo las prestaciones económicas que le corresponden
hasta la declaración de la situación por el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, previo dictamen-propuesta del Equipo de Valoración de Incapacidades.
El mismo tratamiento se dará cuando al trabajador no se le haya
concedido la prorroga de la situación de incapacidad temporal por
el Instituto Nacional de la Seguridad Social, o concedida la prorroga se haya agotado el período máximo de seis meses y se efectúe propuesta de incapacidad permanente. Cuando se produzca
estas situaciones, según establece el art.131 bis de la Ley General
de Seguridad Social, se examinará en el plazo máximo de tres meses
el estado del incapacitado a efectos de su calificación, en el grado
que corresponda, como inválido permanente. En estos casos la
empresa dejara de tener obligaciones de cotización sobre el trabajador, y por tanto el pago de la prestación durante el periodo de
calificación le corresponde de forma directa a la entidad gestora
(Instituto Nacional de la Seguridad Social).
Cuando trascurrido el plazo máximo de dieciocho meses el trabajador continúa incapacitado para trabajar aunque no se aprecie
que su situación pudiera implicar una incapacidad permanente, en
estos casos procederá al alta a los exclusivos efectos económicos
tal como señala el art. 128.1.a de la Ley General de la Seguridad
Social. El art.131 bis de la Ley General de Seguridad Social establece que si continúa la necesidad de tratamiento médico por no
ser definitivas las reducciones anatómicas o funcionales que presente el trabajador, se valorará y calificará la situación de incapacidad permanente en el grado que corresponda en un plazo de tres
meses, declarando la situación revisable en el plazo de seis meses.
PROCEDIMIENTO IT - Universidad de Málaga
DECLARACIÓN DE ACCIDENTE:Todos los datos personales serán
Reclamación previa ante la entidad gestora de la seguridad social
Solicitud de Asistencia Sanitaria.cdr

References: Resolución 

Real Decreto 
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