Source: http://espanito.com/magistrado-ponente-augusto-j-ibez-guzmn-aprobado-acta-n.html
Timestamp: 2018-11-15 06:39:19+00:00

Document:
Magistrado Ponente augusto j. IbáÑez guzmán aprobado Acta N
Impugnación 51062
A/. JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PARRADO
-SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS-
Aprobado Acta No. 372
Bogotá, D. C., dieciocho (18) de noviembre de dos mil diez (2010)
Se pronuncia la Sala sobre la impugnación presentada por JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PARRADO en contra del fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, Sala Penal, el 16 de septiembre de 2010, por medio del cual negó por improcedente la acción elevada en contra la Alcaldía Municipal e Inspección Rural de Policía de Puerto Gaitán, la Procuraduría Provincial y la Dirección Seccional de Fiscalías de Villavicencio, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural –INCODER- Regional Meta, ROSO ELÍAS STERLING TOVAR y CLAUDIO OTERO RAMOS, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, buen nombre, propiedad, mínimo vital, seguridad jurídica y buena fe.
Fueron reseñados en el fallo de primera instancia1, así:
“Expone el actor que el señor CARLOS ALBERTO TORRES DEVIA, le vendió los derechos posesorios y las mejoras del predio rural ‘LAURELES’, ubicado en la vereda Santa Helena en el Municipio de Puerto Gaitán, mediante compraventa realizada el 15 de junio de 2008, y desde entonces ejerce como señor y dueño sobre el predio. En el mes de febrero de 2009 los señores ROSO ELIAS STERLING TOVAR y CLAUDIO OTERO RAMOS, le reclamaron el predio los ‘LAURELES’ como de su propiedad y exhibieron tres resoluciones de adjudicación de baldíos dadas por el INCODER, esas resoluciones de la Oficina Enlace Territorial No. 8 corresponden a los números 0000134 y 0000138 del 29 de octubre, y 0000160 del 11 de noviembre, todas del 2004, resoluciones que fraccionan el predio ‘LOS LAURELES’ en extensiones ajustadas a la Unidad Agrícola (UAF), los cuales llamaron ‘LAURELES’, ‘VILLA CLAUDIA’ y ‘LA FONTANA’. Considera que dichos documentos de adjudicación están viciados de nulidad por cuanto incluyen falsedades ideológicas, así mismo los datos, afirmaciones y pruebas aportadas, lo cual no tuvo en cuenta el funcionario del INCODER, CARLOS A. PARDO ROMERO.
Por lo expuesto, el 24 de febrero de 2009, los señores mencionados iniciaron en su contra el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho ante la Alcaldía de Puerto Gaitán, donde le imputan cargos como invasor, y posteriormente en Resolución No. 008 del 24 de marzo de 2009, proferida por el señor Alcalde de ese municipio, ordena el lanzamiento del predio rural ‘LAURELES’. Agrega que el 19 de diciembre de 2009, presentó ante el INCODER, acción de Revocatoria Directa, la cual fue admitida y se encuentra en trámite.
Peticiona tutelar a su favor los derechos fundamentales invocados, en consecuencia, dejar sin efectos jurídicos la Resolución No. 008 del 24 de marzo de 2009, por la cual el Alcalde de Puerto Gaitán resuelve verificar su lanzamiento del predio citado, dándole un término de 10 días bajo la amenaza de ser desalojado con la fuerza pública, así mismo solicita que se ordene al INCODER adelantar el proceso de Revocatoria Directa con intervención del Ministerio Público y orden a la Fiscalía General de la Nación a fin de investigar los hechos que dieron origen a las resoluciones de adjudicación.”
II. RESPUESTAS DE LAS ACCIONADAS
1. La Fiscal Décima Seccional de Villavicencio concurrió, indicando que actualmente adelanta indagación en contra de David Alonso Vargas, Luis Orlando Álvarez Bernal y Ana Rosalba Gutiérrez, por la presunta comisión de los punibles de falsedad en documento público y fraude procesal; ejecutándose las gestiones del caso para corroborar los supuestos de la denuncia.
Además refirió, de cara al desalojo, que éste debería esperar a que se resolviera el trámite administrativo de revocatoria directa que adelanta el INCODER.
2. El Alcalde Municipal de Puerto Gaitán señaló que, la acción de tutela sólo procede de manera excepcional tratándose de procesos policivos y ante la presencia de vías de hecho, las cuales descarta, comoquiera que se surtió el trámite legal procedente para el caso y el cual concluyó con la resolución de lanzamiento.
Igualmente mencionó que el actor ya había acudido a la acción de tutela, la cual conoció el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B –en sede de impugnación- al confirmar el fallo negativo del Tribunal Administrativo del Meta.
3. La Coordinadora de la Oficina Jurídica del INCODER indicó que, actualmente se está adelantando –por petición del actor- el procedimiento de revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación cuestionadas.
4. La Procuradora Provincial de Villavicencio, refirió que de acuerdo con el Decreto 162 de 2000, no le compete actuar ante los procesos que adelanta el INCODER, sino lo es la Procuraduría Ambiental.
La Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Villavicencio declaró improcedente la petición de amparo, al considerar que:
(i) La queja, encaminada a dejar sin efectos la Resolución Número 008 del 24 de marzo de 2009, ya fue objeto de análisis en pretérita oportunidad en sede constitucional; de manera que no resulta viable pronunciarse sobre la misma al mostrarse temeraria. Y,
(ii) Frente a la pretensión elevada por cuenta del INCODER y la Fiscalía General de Nacional, encontró que éstas han venido siendo atendiendas el caso de acuerdo con sus funciones las acciones procedentes; y por ello, mal haría el juez de tutela en inmiscuirse en asuntos propios de otras autoridades.
III. DE LA IMPUGNACIÓN
JORGE ALBERTO RODRÍGUEZ PARRADO, insististe en los planteamientos de su demanda tutela; además, imploran la suspensión de la diligencia de lanzamiento, hasta tanto las autoridades competentes revoquen los títulos viciados de nulidad.
Es competente la Sala para decidir sobre el recurso interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito de Villavicencio conforme a lo dispuesto en el numeral 2° del Artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
Prima facie advierte la Corte que se impone la confirmación a la decisión objeto de repudio al compartir plenamente las razones expuestas en el mismo.
i) Temeridad de la Tutela
De acuerdo con el artículo 86 Superior toda persona tiene derecho a promover solicitud de amparo a los derechos fundamentales que considere conculcados cuando carezca de otro medio de defensa judicial o aún cuando existiendo éste, se le invoque a fin de evitar un perjuicio irremediable.
Empero, la existencia del derecho y la carencia de formalidades en su interposición, no habilita demandas sucesivas con identica pretensión, pues conforme prevé el artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 Reglamentario de la Acción de Tutela, se habilita la posibilidad de calificar de temeraria una demanda ante la presentación injustificada de solicitudes por la misma persona o su representante, ante varios jueces o tribunales y con identidad de hechos, cuya consecuencia inmediata es su rechazo o la decisión desfavorable de todas las solicitudes.
Y es que la interposición paralela o sucesiva de varias demandas, con identidad de argumentos, constituye un acto de deslealtad de la persona que contraviene el derecho de acceso a la administración de justicia, al desconocer que es un deber suyo respetar o acatar lo decidido en el fallo judicial.
Además, una actitud de esa naturaleza configura un abuso de los propios derechos y es contraria al deber que toda persona tiene de colaborar con la justicia, al distraer el aparato judicial de asuntos que han de ser resueltos oportuna y cumplidamente para provocar nuevos pronunciamientos sobre hechos ya decididos anteriormente, con lo cual se afectan los principios de economía y celeridad.
Descendiendo al caso, se tiene que mediante fallo del 19 de mayo de 2009 (Radicado 2009-00166-00) el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta se pronunció sobre la demanda de tutela que presentó el actor contra el Municipio de Puerto Gaitán, el Departamento del Meta y la Procuraduría General de la Nación, por cuyo medio cuestionaba la determinación de lanzamiento que ahora, nuevamente discute. Decisión que fue confirmada por el Consejo de Estado mediante proveído del 1º de julio de 2009.2
Y en el que se consideró:
“Así las cosas, para la Sala es claro que no hay lugar a acceder al amparo invocado, toda vez que ninguno de los cargos expuestos por el accionante tiene vocación de prosperidad, debido a que el Alcalde del municipio de Puerto Gaitán como autoridad ante la cual se tramita el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, se limitó a cumplir con la normatividad vigente aplicable al caso, al igual que las demás autoridades accionadas (…)”3
Luego frente a la legalidad de la resolución mediante la cual se ordena el lanzamiento es dable predicar la temeridad de la acción pues el sustrato del asunto, como fue anunciado por el a quo, fue analizado en anterior oportunidad por el juez constitucional.
ii) Actuación en curso
Por otra parte, comparte plenamente la Sala, la argumentación del a quo de cara a la imposibilidad del juez de tutela de inmiscuirse en asuntos que resultan ajenos a la violación de derechos fundamentales, ya sean de estirpe administrativa o jurisdiccional, y máxime, cuando se encuentra en trámite las respectivas acciones.
En efecto, se insiste, lejos está de ser llamado el juez constitucional a revisar las distintas decisiones judiciales o administrativas cuando les persista inconformidad a las partes con las que les resultan adversas a sus intereses o no atienden de manera inmediata sus pedimentos, que es justamente la situación planteada por el libelista al no haberse acogido, de un lado, sus argumentos tendientes a demostrar la falsedad y/o nulidad de los títulos de adjudicación de predios que reprocha; y por otro, la existencia de una conducta punible que lleve al juzgamiento de los sujetos activos de la misma.
De manera que resulta desafortunado que pretenda el actor a través de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, utilizarla como un instrumento adicional a los ordinarios previstos en cada procedimiento, mediante el cual sea posible prolongar los debates jurídicos propios de las instancias ordinarias o reabrir los oportunamente concluidos en ellas; o quizá suplantar los mecanismos ordinarios que se le ofrecen.
Se impone advertir, como con insistencia la Sala lo ha venido refiriendo en su labor de juez de tutela, que constituye el proceso –administrativo o jurisdiccional- el escenario natural al interior del cual se impone debatir las inconformidades –a través de los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes-, no siendo la acción de amparo un mecanismo paralelo al cual se pueda concurrir cuando se resistan las partes a aceptar lo resuelto por el juez natural y menos aún frente a procesos en trámite, como que la jurisprudencia decantada de la Corporación en múltiples pronunciamientos así lo ha venido señalando.
Nada más alejado de la realidad que el planteamiento del demandante en sede de tutela, como que de aceptarse apuntaría inequívocamente a crear una tercera instancia en todas y cada una de las actuaciones judiciales, lo que riñe abiertamente con la filosofía que de siempre ha inspirado el trámite de la acción protectora de derechos fundamentales y de la misma legalidad en los trámites de los procesos. Y un argumento adicional para predicar la deslegitimidad de la propuesta de ataque: ello significaría vaciar de contenido las distintas jurisdicciones.
Así las cosas, debe esperar el petente la definición de las acciones que ha emprendido, al no advertirse la presencia de un perjuicio irremediable, puesto que de existir se vería reflejado en la diligencia de lanzamiento; empero, como se anunció al inicio de este acápite, escapa al conocimiento de la presente acción al ya haber sido sometida a control constitucional.
Las anteriores razones llevan a la Corte a confirmar integralmente el fallo objeto de repudio.
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo recurrido.
SEGUNDO.- Notifíquese de acuerdo con lo previsto en el artículo 30 del decreto 2591 de 1991.
TERCERO.- Ejecutoriada esta decisión, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
SIGIFREDO ESPINOSA PÈREZ ALFREDO GÒMEZ QUINTERO
1 Fol. 319 cno. Tribunal
2 Véase Fol. 224 cno. anexo
3 Fol. 230 ibídem

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 artículo 86
 artículo 38
 resolución 
 artículo 86
 artículo 30