Source: http://expertoenderecho.blogspot.com/2010/10/ley-no146-sobre-mineria-en-la-republica.html
Timestamp: 2017-11-23 11:14:26+00:00

Document:
V. 2017 / 11. EXPERTO EN DERECHO ® :: LEY NO.146 SOBRE MINERIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA
LEY NO.146 SOBRE MINERIA EN LA REPUBLICA DOMINICANA
MINERA DE LA REPÚBLICA DOMINICANA
DEL DOMINIO DE LAS SUBSTANCIAS MINERALES
Art. 1.- Las substancias minerales de toda naturaleza, que se encuentren en el suelo y el subsuelo del territorio nacional y en el suelo y subsuelo submarino del mar territorial, pertenecen al Estado.
Art. 2.- Para los fines de esta ley, se considerarán substancias minerales, cual que sea su origen o forma de yacimiento, el guano, las substancias fosfatadas, el mármol, el travertino, y demás rocas ornamentales, el ámbar, el grafito, el carbón de piedra, el lignito, las arenas silíceas, y metalíferas, el talco, el caolín y demás arcillas industriales, la sal, el yeso y otras substancias similares.
Art. 3.- El derecho de explorar, explotar o beneficiar las substancias minerales se adquiere originalmente del Estado, mediante concesiones o contratos otorgados conforme a las prescripciones de esta ley.
Art. 4.- El petróleo y demás hidrocarburos y las aguas minero-medicinales y las gravas y arenas que constituyen materiales de construcción quedan exceptuados de las disposiciones de esta ley, los cuales se rigen por leyes especiales.
Art. 5.- Las substancias minerales radioactivas también quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley, las cuales podrán explotarse y beneficiarse solamente mediante contratos especiales celebrados con el Estado.
Art. 6.- La concesión minera constituye un derecho distinto al de la propiedad de la tierra en que se encuentra, aunque aquella y ésta correspondan a una misma persona.
Art. 7.- La exploración, la explotación y el beneficio de las substancias minerales se consideran de utilidad pública e interés nacional y gozarán de preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno, excepto en los lugares especificados en el articulo 30 de la presente ley.
Art. 8.- Todos los concesionarios mineros quedan sometidos a la jurisdicción de las leyes y de los tribunales de la República, y cuando se trate de extranjeros, se considerará que han renunciado a toda reclamación diplomática sobre cualquier materia relativa a la concesión.
Art. 9.- Las concesiones mineras no podrán otorgarse a gobiernos extranjeros ni directamente ni por intermedio de personas físicas o jurídicas. En casos debidamente justificados y previa aprobación del Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo podrá celebrar acuerdos especiales con empresas mineras extranjeras parcial o totalmente estatales.
Art. 10.- La concesión minera se reputa un inmueble, incluyendo los bienes destinados a sus operaciones como las instalaciones, maquinarias, aparatos, instrumentos, vehículos, animales y cuantas cosas se utilicen para el fin económico de la concesión. aunque se hallen fuera de su perímetro.
Art. 11.- La concesión minera da derecho con carácter de exclusividad sobre todas las substancias que se encuentren dentro del perímetro de la misma, para explorarlas, explotarlas o beneficiarlas, de conformidad con las prescripciones de esta ley.
Sin embargo, la extracción de oro de los ríos y aluviones que se lleve a cabo por métodos rudimentarios manuales, se podrá realizar libremente, siempre que no interfiera con las operaciones de concesiones mineras.
Art. 12.- Las concesiones mineras no son susceptibles de división material y sólo admiten la virtual en acciones.
De las personas inhábiles
Art. 13.- No podrán ejercer los derechos que confiere la presente ley:
a) El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Secretarios de Estado, los jueces de la Suprema Corte de Justicia, los Senadores y Diputados, mientras ejerzan sus funciones y hasta seis meses después de hacer cesado en el desempeño de las mismas,
b) El Director General de Minería y los funcionarios y empleados de las dependencias estatales que intervengan en las actividades mineras o en su fiscalización, mientras ejerzan sus funciones o empleos y hasta seis meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos.
c) Los cónyuges y los ascendientes o descendientes en primer grado de las personas a que se hace referencia en este articulo.
Art. 14. La prohibición contenida en el artículo anterior no comprende los derechos sobre concesiones de exploración o explotación, ni las adquisiciones de cualesquiera derecho sobre minas, anteriores a la elección o nombramiento de los funcionarios o empleados a que se hace referencia, ni los derechos sobre minas que éstos o sus cónyuges adquieran por herencia o legado o que los cónyuges lleven al matrimonio.
Art. 15.- Una persona no podrá representar simultáneamente a dos o más personas físicas o jurídicas involucradas en un caso de litis en relación con un mismo terreno, cuando éstas tengan intereses contrarios.
Art. 16.- Serán nulas las solicitudes de concesiones mineras que infrinjan las disposiciones contenidas en este Capitulo.
De las Reservas Fiscales
Art. 17.- El Poder Ejecutivo podrá declarar la reserva fiscal de una zona minera determinada, para la realización de catastros mineros, para la exploración y evaluación de yacimientos de substancias minerales, para el establecimiento de explotaciones mediante contratos especiales, o por otros motivos de interés del Estado, respetando derechos previamente adquiridos. La suspensión total o parcial de la reserva fiscal, sólo podrá efectuarse por disposición legal oficial.
Art. 18.- Las reservas fiscales para fines de catastro, tendrán una duración máxima de dos años a partir de la fecha del Decreto del Poder Ejecutivo. Transcurrido este término, la reserva quedará automáticamente suspendida sin necesidad de un nuevo Decreto para el efecto.
Art. 19.- Cualquier explotación minera dentro de una zona de reserva fiscal, será otorgada mediante licitación pública y subsiguiente celebración de contratos especiales con el Estado. Las condiciones estipuladas en los contratos no podrán ser menos favorables al interés economice nacional que las establecidas en la presente ley.
Art. 20.- No podrán solicitarse concesiones mineras dentro del perímetro de una zona de reserva fiscal vigente, ya sea que el área solicitada se superponga total o parcialmente.
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y LA EXPLORACIÓN
Art. 21.- Los reconocimientos consisten en la búsqueda de indicios o manifestaciones de substancias minerales. Se distinguen dos tipos de reconocimientos:
a) Reconocimientos superficiales que se realizan en el terreno.
b) Reconocimientos aéreos por medio de métodos aerofotogramétricos, aerogeofísicos y otros, con el fin de levantar mapas y ubicar zonas favorables, dentro de grandes extensiones de terreno, para la ulterior exploración terrestre.
Art. 22.- Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, con excepción de las indicadas en el artículo 13, tienen derecho a efectuar libremente reconocimientos superficiales en todo el territorio de la República, fuera de las áreas sobre las cuales existan concesiones de exploración o explotación otorgadas con las limitaciones contenidas en esta ley.
Art. 23.- Se entiende que el derecho de libre reconocimiento superficial no faculta a nadie a violar la propiedad privada. Para realizar cualquier reconocimiento en el terreno privado será requisito indispensable la obtención de un permiso del dueño del terreno. Si éste fuere negado, se recurrirá al Director General de Minería, previa citación del propietario u ocupante del terreno, con miras de oír sus objeciones y autorizar o no el reconocimiento superficial.
Art. 24.- En caso de producirse daños a una propiedad en el curso de un reconocimiento superficial, el dueño u ocupante deberá recibir una justa indemnización siguiendo para ello el procedimiento establecido en los artículos 181 y 182 de esta ley.
Art. 25.- En el caso de que durante el reconocimiento superficial se encontrara alguna indicación de la presencia de substancias minerales, el interesado podrá denunciarla a la Dirección General de Minería. Esta denuncia acuerda un derecho de prioridad por treinta (30) días para solicitar una concesión de exploración o explotación, cumpliendo con los requisitos de esta ley, dentro del área delimitada por un circulo con radio de dos mil (2000) metros, cuyo centro será el sitio donde se descubrió el mineral.
Art. 26.- El reconocimiento aéreo es de competencia privativa del Estado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, con recomendación de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, podrá otorgar permisos especiales para efectuar reconocimientos aéreos.
De las Concesiones de Exploración
Art. 27.- La exploración consiste en la realización de trabajos en el suelo o el subsuelo, con el fin de descubrir, delinear y definir zonas que contengan yacimientos de substancias minerales, mediante investigaciones técnico-científicas, tales como geológicas, geofísicas, geoquímicas y otras, incluyendo perforaciones, muestreos, análisis y pruebas metalúrgicas, planos, construcciones de caminos y otros medios de acceso para tal fin,
Art. 28.- Es de interés primordial del Estado la exploración del territorio nacional, con el fin de descubrir yacimientos de substancias minerales para su ulterior explotación y aprovechamiento económico.
Art. 29.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio otorgará concesiones de exploración a las personas que las solicitaron de acuerdo con las condiciones y requisitos establecidos en esta ley.
Art. 30.- Dentro del área de poblaciones o donde existan cementerios, parques o jardines públicos no podrán realizarse trabajos mineros. Tampoco podrán realizarse esos trabajos en la proximidad de edificios, vías de comunicación, líneas de fuerza motriz, telegráficas o telefónicas, canales de riego, oleoductos, obras públicas de cualquier género y monumentos históricos, ni en la vecindad de fortalezas, polvorines o arsenales, excepto con autorización expresa del Poder Ejecutivo.
Art. 31.- La concesión de exploración da el derecho exclusivo para explorar las substancias minerales que se encuentren dentro del perímetro de la misma, por el término de tres (3) años computables a partir de la fecha de su otorgamiento.
Art. 32.- A una misma persona física o jurídica no podrá otorgársela en concesiones de exploración extensiones que sobrepasen las treinta mil (30,000) hectáreas mineras comprendidas en una concesión o en concesiones separadas.
Art. 33.- La hectárea minera, que es la unidad de medida de las concesiones de exploración, constituye un sólido de profundidad indefinida limitado en el terreno por los
cuatro planos verticales correspondientes a un cuadrado horizontal de cien (100) metros por lado.
Art. 34.- Los planos que delimitan las concesiones de exploración y de explotación constituirán figuras rectangulares con ángulos entrantes y salientes a noventa (90) grados, con la orientación que indique el interesado.
Art. 35.- El concesionario de exploración tiene la opción exclusiva de obtener dentro del área en exploración, concesiones de explotación, las cuales pueden ser solicitadas en cualquier momento dentro del término de la exploración, sometiéndose a los requisitos establecidos en esta ley.
Art. 36.- No será necesario para obtener una concesión de exploración, que se haya descubierto ningún mineral ni que se haya formulado anteriormente la denuncia de minerales a que se refiere el Artículo 25.
Art. 37.- Las concesiones de exploración o de explotación confieren derecho para realizar actividades mineras en todos los terrenos comprendidos dentro de su perímetro, con la obligación de indemnizar justamente al propietario del suelo o sus ocupantes, cualesquiera daños o perjuicios que se les ocasione, siguiendo el procedimiento establecido en los Artículos 181 y 182 de esta ley.
Art. 38.- Los propietarios de los terrenos que se encuentren dentro del perímetro que abarque una concesión de exploración, o sus ocupantes, no podrán oponerse a los trabajos que se realicen para fines de exploración cuando se cumpla lo dispuesto en los Artículos 181 y 182 de esta ley. Tampoco podrán oponerse los dueños u ocupantes de los terrenos contiguos a las áreas amparadas por concesiones de exploración al paso del concesionario y sus empleados para el acceso a esas áreas. En el caso de que éste sea negado, se obtendrá la autorización del Director General de Minería, previa citación del dueño u ocupante del terreno, para conocer las causas de la negativa y buscarle solución al problema que se haya planteado.
Art. 39.- El beneficiario de una concesión de exploración estará obligado a cumplir con las leyes y reglamentos sobre policía, sanidad, trabajo, seguro social y accidentes del trabajo y con las demás que le sean aplicables en razón de sus actividades.
Art. 40.- Durante el período de exploración, bajo pena de caducidad, no podrán realizarse labores de explotación y solamente con autorización expresa y en las condiciones que determine la Dirección General de Minería, podrán disponerse de las substancias minerales que eventualmente se extraigan.
Art. 41.- Cuando a pesar de la continuidad de trabajos y diligencias adecuadas, no se hayan definido zonas que contengan yacimientos de substancias minerales, el concesionario podrá solicitar una prórroga a la Dirección General de Minería, la cual, previo estudio del caso, concederá prórrogas hasta de un año por vez y en ningún caso hasta más de dos años adicionales al período de exploración establecido en el Artículo 31.
DE LA EXPLOTACIÓN Y BENEFICIO
De las Concesiones de Explotación
Art. 42.- Para los fines de esta ley, la explotación consiste en la preparación y extracción de substancias minerales de los yacimientos para su aprovechamiento económico.
Art. 43.- A una misma persona física o jurídica no podrá otorgársela en concesiones de explotación extensiones que sobrepasen las veinte mil (20,000) hectáreas mineras, comprendidas en una concesión o en concesiones separadas.
Para los fines de este artículo, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio podrá considerar como una misma persona jurídica a dos o más empresas de un mismo dueño o dueños.
Art. 44.- El concesionario de exploración, al solicitar la conversión de sus concesiones en una o más concesiones de explotación, podrá reducir el área explorada si así le conviene, pero en ningún caso podrán exceder las áreas seleccionadas para explotación en conjunto a más de veinte mil (20,000) hectáreas mineras, bajo pena de nulidad.
Art. 45.- La unidad de medida de las concesiones de explotación y la forma de los planos que la delimitan son las indicadas en el Artículo 33 y el Artículo 34, respectivamente.
Art. 46.- Cuando entre dos o más concesiones mineras vecinas quede un espacio libre que no permita completar una hectárea minera, ese espacio formará una demasía, la cual podrá ser otorgada por la Secretaría de Industria y Comercio al primero de los concesionarios colindantes que la solicite a la Dirección General de Minería.
Art. 47.- Antes de la expedición del título definitivo de una concesión de explotación, el interesado, previamente autorizado por el Secretario de Estado de Industria y Comercio, delimitará en el terreno el perímetro de la misma, mediante la colocación de hitos sólidamente construidos con una señal de identificación. Si los lados del rectángulo fueran muy extensos o no pudieren ser colocados los hitos, se construirán hitos testigos en las partes más salientes de la región. Este alinderamiento será verificado en el terreno por la Dirección General de Minería, la cual aprobará o instruirá la corrección previa de errores técnicos fundamentales si los hubiere.
Art. 48.- Los trabajos de explotación estarán sujetos a las restricciones enunciadas en el Artículo 30 de esta ley.
Art. 49.- La concesión de explotación da al concesionario el derecho exclusivo de explotar, beneficiar, fundir, refinar y aprovechar económicamente por un término de setenta y cinco (75) años las substancias minerales que extraiga dentro del perímetro de su concesión, a condición de cumplir con los requisitos establecidos en esta ley, Sin embargo, cada veinticinco (25) años el concesionario estará obligado a someterse al régimen impositivo previsto por la legislación minera que rija en ese momento.
Art. 5O.- El Estado otorgará concesiones de explotación por conducto de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, previo informe favorable de la Dirección General de Minería.
Art. 51.- Los concesionarios de explotación tendrán derecho de acceso al área de su concesión según lo indicado en el Artículo 64, dentro del perímetro de su concesión, con la obligación de indemnización indicada en los artículos 181 y 182.
Art. 52.- El concesionario de explotación estará obligado a cumplir con las leyes y reglamentos policiales, sanitarios, laborales, de seguro social, incluyendo los accidentes de trabajo y con las leyes y disposiciones sobre protección del medio ambiente, y con las demás disposiciones que sean aplicables a la actividad minera.
De las Plantas de Beneficio
Art. 53.- Para los fines de esta ley, se considerará planta de beneficio el establecimiento industrial, comprendiendo instalaciones y construcciones conexas en el que se realicen, sobre substancias minerales, operaciones de concentración mecánica o tratamiento minero -metalúrgico de cualquier tipo, incluyendo operaciones de fundición o de refinación, para obtener concentrados minerales y compuestos metálicos, metales, metaloides o minerales no metálicos susceptibles de ser aprovechados por otras industrias.
Art. 54.- para la instalación de una planta de beneficio no se requerirá ser concesionario de explotación si la substancia mineral será adquirida de terceros. Sin embargo, en estos casos se requerirá una autorización expresa de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, a la cual le serán sometidos los planos y especificaciones de la planta y otros informes que dicha Secretaría considere pertinentes, salvo datos relativos a procesos técnicos secretos.
Después de estudiar la documentación, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio autorizará o no la Instalación de la planta. El interesado autorizado someterá esos planos y especificaciones a las Secretarías de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones y de Salud Pública y Asistencia Social para los fines de la ley.
Art. 55.- No podrá instalarse una planta de beneficio en lugares en los cuales el funcionamiento de la misma, a juicio de la Secretaria de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, pueda afectar la salubridad de la región.
Art. 56.- En toda planta de beneficio se deberá evitar que las materias que se desprendan por las chimeneas causen perjuicio a terceros, para lo cual se procurará el aprovechamiento industrial de esa materia o se neutralizará el efecto nocivo de las mismas, a fin de evitar la contaminación del área.
Art. 57.- Los residuos del beneficio de substancias minerales se depositarán en terrenos propios de las empresas y las descargas fluidas de las plantas que puedan llegar a una vía fluvial, irán desprovistas de toda substancia nociva que pueda contaminar las aguas en forma perjudicial para su uso o consumo o para la fauna fluvial o marítima.
Art. 58.- Los propietarios de plantas de beneficio que adquieran sus materias primas de terceros gozarán de los derechos que esta ley concede a los concesionarios de explotación en la medida que sea necesario para sus propios fines incluyendo el derecho de solicitar la expropiación de terrenos y el de establecer servidumbres.
Art. 59.- En cuanto a incentivos fiscales todas las plantas de beneficios, sin excepción disfrutarán de los incentivos prescritos en esta ley. La Ley de Incentivo y Protección Industrial, en consecuencia, no será aplicable a las plantas de beneficio.
Art. 60.- Las plantas de beneficio o cualquier instalación que sirva a la explotación minera, se ajustará a las leyes sobre construcción, sanidad e higiene y a las demás disposiciones legales o reglamentarias aplicables a instalaciones industriales y a los reglamentos que al efecto dicte el Poder Ejecutivo.
El personal de trabajo de esas plantas estará sujeto a todas las disposiciones aplicables al personal de trabajo de las demás industrias del país.
La Dirección General de Minería deberá inspeccionar periódicamente las plantas de beneficio y sus instalaciones.
De los Derechos de los Concesionarios
Art. 61.- La Resolución de la autoridad competente respectiva, constituye el titulo que da derecho de explotar o beneficiar substancias minerales dentro de la concesión correspondiente.
Art. 62.- Ninguna autoridad podrá ordenar la suspensión de trabajos mineros dentro del área de una concesión, bajo sanción de pago de daños y perjuicios ocasionados al concesionario, salvo casos de invasión de área superficial o subterránea, o cuando así lo exija el orden público, y la salud y vida de los trabajadores.
Art. 63.- Para el usufructo del subsuelo podrá usarse el suelo aún no siendo propietario del terreno, ya sea éste el del Estado o de particulares, con la condición de resarcir daños y perjuicios que pudieran ocasionarse durante las operaciones mineras.
Art. 64.- Durante la vigencia de concesiones de exploración y de explotación, el concesionario podrá construir edificios, campamentos, depósitos, oleoductos, instalar plantas de bombeo y de fuerza motriz, cañerías, líneas de transmisión eléctrica, líneas telefónicas y demás medios de comunicación; construir caminos y sistemas de transporte local, dentro de los límites de su concesión, sujetándose a las disposiciones de esta ley y de las demás leyes aplicables. Si la concesión es de explotación o de planta de beneficio, el concesionario podrá instalar también plantas de concentración y beneficio, plantas metalúrgicas, construir canales, oleoductos o gasoductos, muelles y otros sistemas de embarques y, en general, realizar las construcciones necesarias para el desarrollo racional de la explotación.
Art. 65.- El concesionario de exploración y de explotación podrá tener acceso al área de su concesión a través de terrenos del Estado, o de particulares, dentro o fuera del perímetro de la concesión, debiendo utilizar para ello la vía más adecuada y menos perjudicial a los terceros y cumplir con las disposiciones establecidas en esta ley.
Art. 66.- Los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio tienen derecho a solicitar la expropiación, previa indemnización correspondiente, con arreglo a la Constitución y a las leyes vigentes sobre la materia, del terreno que les sea indispensable, dentro o fuera del perímetro de la concesión, a juicio de la Dirección General de Minería, para los fines indicados en el Artículo 64 de esta ley.
Art. 67.- Los concesionarios de exploración, de explotación o de plantas de beneficio, tienen derecho a utilizar, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes sobre aguas y de protección del medio ambiente, las aguas fluviales que necesitaren para los fines de su concesión. Asimismo, podrán aprovechar las aguas que broten o aparezcan durante las operaciones mineras o que provengan del desagüe de las minas o de propiedades de terceros, teniendo prioridad de uso el concesionario que las descubrió.
Art. 68.- Los concesionarios y sus administradores, estarán obligados a cuidar que la vida y salud de los trabajadores no se pongan en peligro, ni se turbe la tranquilidad pública, ni se amenace la seguridad de las minas vecinas, o la firmeza de los terrenos y edificaciones de la superficie.
Art. 69.- Los concesionarios estarán obligados a comenzar los trabajos correspondientes, bajo sanción de caducidad, en los siguientes plazos:
a) Los de exploración, dentro de los seis (6) meses después de la fecha de otorgamiento de la concesión.
b) Los de explotación dentro de un año después de la fecha del otorgamiento de la concesión,
c) Los de plantas de beneficio, dentro de un año después de obtenida la autorización de instalación.
Art. 70.- Los concesionarios no podrán interrumpir
los trabajos indicados en los Artículos 27, 42 y 53 respectivamente, bajo sanción de caducidad, en los siguientes términos:
a) Los de exploración, por más de seis (6) meses continuos.
b) Los de explotación, por más de dos (2) años continuos.
c) Los de plantas de beneficio, por más de dos (2) años continuos.
Art. 71.- Si por causa de fuerza mayor comprobada, o por las condiciones económicas del mercado, la paralización de los trabajos hubiere de prolongarse más de los plazos establecidos anteriormente, la Dirección General de Minería concederá prórrogas sucesivas por iguales períodos, siempre que el concesionario justifique su solicitud.
Art. 72.- Los concesionarios presentarán a la Dirección General de Minería informes semestrales de progreso y anuales de operación, dentro de los treinta (30) días y noventa (90) días siguientes al período respectivo, bajo sanción de multa, incluyendo la siguiente información:
a) Los de exploración, en sus informes semestrales incluirán la secuencia de sus actividades y gastos efectuados; y en los anuales, informarán los resultados obtenidos durante el período, incluyendo muestreos, levantamientos y correlaciones geológicas, métodos de exploración
empleados para la localización y definición de yacimientos de substancias minerales.
b) Los de explotación, en sus informes semestrales resumirán el progreso de sus actividades y en los anuales, informarán formalmente sobre sus operaciones, incluyendo producción con datos estadísticos, desarrollo y preparación de el o de los yacimientos, reservas minerales, tonelaje extraído y beneficio durante el periodo y otros datos que la Dirección General de Minería requiera.
c) Los de las plantas de beneficio presentarán informes anuales de producción, incluyendo datos estadísticos de minas adquiridas de terceros y tonelaje tratado durante el periodo.
Art. 73.- Los concesionarios están obligados a tener un domicilio legal y un administrador o representante autorizado que se considerará siempre con todas las facultades necesarias para recibir y ejecutar las determinaciones que la autoridad competente, de acuerdo a lo establecido en esta ley adopte respecto a sus concesiones.
Art. 74.- Los concesionarios estarán obligados a ejecutar sus trabajos de acuerdo con métodos y técnicas que eviten daños al propietario de] suelo y a los concesionarios colindantes, y si estos se ocasionan están obligados a indemnizar cualquier daño o perjuicio que cause en la realización de dichos trabajos.
Art. 75.- Es obligación de todo concesionario el pago de las patentes anuales, regalías e impuestos sobre la renta que corresponda, bajo sanción de caducidad. El concesionario debe entregar a la Dirección General de Minería una constancia de dichos pagos.
Art. 76.- Los concesionarios estarán obligados a llevar libros de contabilidad formalizados, cumpliendo los requisitos y condiciones de las leyes vigentes sobre la materia.
Art. 77.- Los concesionarios están obligados a facilitar a los funcionarios debidamente autorizados de la Dirección General de Minería, el libre acceso a todas las instalaciones de su concesión y a proporcionar los datos técnicos y estadísticas que requieran.
Art. 78.- Los concesionarios concertarán con los dueños u ocupantes del terreno acerca de la extensión que necesiten ocupar para viviendas, almacenes, talleres, plantas de beneficio y fundición, depósitos de escombros, estanques de acumulación, purificación o recuperación de aguas; construcción de depósitos de desechos y escorias y otros usos análogos con destino exclusivo a la exploración, explotación y beneficio, Los concesionarios deberán también concertar con los dueños u ocupantes del suelo el uso de lo necesario para sus operaciones.
Art. 79.- Los caminos construidos para el servicio de la industria minera son de uso público. En aquellos casos en que dos o más concesionarios se beneficien con los mismos, se repartirán a prorrata los gastos de su conservación.
Art. 80.- Se permitirá a los concesionarios la entrada a las concesiones vecinas con la autorización de sus propietarios. Si estos la negaran, la otorgará la Dirección General de Minería en los siguientes casos:
a) Cuando exista fundada sospecha de que él vecino está extrayendo mineral de la concesión del impetrante.
b) Si se presume con fundamento que los trabajos del vecino pueden ocasionar por cualquier motivo, daño al impetrante.
CAPÍTULO IV De las Servidumbres
Art. 81 .- Los concesionarios de explotación tendrán derecho a establecer servidumbre, previa compensación si es requerida y mediante autorización de la Dirección General de Minería, de obras subterráneas a través de terrenos ajenos y a comunicarlas con la superficie, para el solo efecto de obtener la extracción más económica de los minerales o el desagüe o la ventilación de las obras mineras. Los gastos correrán por cuenta del concesionario beneficiado. En caso de encontrarse en dichos trabajos, mineral utilizable, éste será propiedad del concesionario de la mina sirviente, sin costo de su parte.
Art. 82.- Los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio tienen derecho a constituir, previa indemnización, en terrenos de propiedad ajena las servidumbres superficiales necesarias para las operaciones de su concesión, recabando la autorización correspondiente de la Dirección General de Minería.
Art. 83.- Todas las concesiones están sujetas a servidumbres de paso natural de las aguas procedentes de otras concesiones, hasta el desagüe general, siempre que dichas aguas tengan que pasar forzosamente por la concesión sirviente. Si para el curso de las aguas de una concesión por las labores de otra, hubiera necesidad de un canal especial, se construirá éste a costa de la concesión dominante.
Art. 84.- El propietario del terreno o sus causahabientes tendrán derecho dentro del término de un año a reivindicar total o parcialmente el terreno sirviente en los siguientes casos:
a) Cuando habiéndose autorizado las servidumbre, para la ejecución de alguna obra, no se diere principio a ésta, dentro del término de un año o se suspendiera la ejecución por el mismo término, salvo el caso de fuerza mayor o circunstancias atendibles, a juicio de la Dirección General de Minería.
b) Cuando la totalidad o parte del terreno sirviente se aplicare a uso distinto de aquel para el cual se autorizó la servidumbre; y
e) Cuando se extinga la concesión para cuyo beneficio se haya autorizado la servidumbre.
Art. 85. - En materia de servidumbre, regirán las disposiciones del Código Civil, salvo lo que de otro modo se dispone en la presente ley.
Art. 86.- En caso de desacuerdo entre las partes, serán considerados de utilidad pública para los efectos de expropiación, los terrenos necesarios para las construcciones indicadas en el Artículo 64 de esta ley, dentro o fuera del perímetro de la concesión. Asimismo podrá expropiarse al minero colindante el espacio necesario para establecer conductos o galerías subterráneas de desagüe o de transporte.
Art. 87.- Toda declaratoria de utilidad pública requerirá un Decreto del Poder Ejecutivo, quedando facultado el concesionario para realizar la expropiación, de acuerdo con la Ley del Dominio Eminente, según el procedimiento autorizado en favor del Estado y demás instituciones públicas.
Art. 88.- En caso de urgencia, el Decreto del Poder Ejecutivo que contenga la declaratoria de utilidad pública, podrá autorizar la ocupación de los terrenos que estrictamente necesiten los concesionarios, y fijará provisionalmente el valor de los terrenos a expropiar, valor que deberá ser consignado por el concesionario en favor
de los propietarios, sin perjuicio de la decisión definitiva que recayere sobre la evaluación de dichos terrenos.
Art. 89.- El terreno expropiado podrá ser reivindicado por el dueño del terreno por las mismas causas establecidas en el Artículo 84 de esta ley.
Art. 90.- En los casos de expropiación y una vez decretada la reivindicación de lo expropiado, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio tomando en cuenta las circunstancias que concurran y el tiempo de la ocupación, fijará la parte que el propietario o su causahabiente deberá devolver de la cantidad que hubiera recibido como precio de lo expropiado.
DE LA EXTINCION DE LAS CONCESIONES
Art. 91.- Los derechos de las personas físicas o jurídicas sobre concesiones de exploración y de explotación se extinguen por las siguientes causas: vencimiento, renuncia, nulidad y caducidad.
Art. 92.- Los derechos de concesiones de exploración se extinguen al cumplirse el periodo de tres años establecido en el Articulo 31 de esta ley, indefectiblemente, o al cumplir el periodo adicional de dos (2) años de prórroga debidamente autorizada, según lo prescribe el Artículo 41.
Art. 93.- Los derechos de concesiones de explotación vencen al término de los setenta y cinco (75) años establecido en el Articulo 49, y para los fines impositivos únicamente, al cumplirse los veinte y cinco (25) años desde la fecha de su otorgamiento.
De la Renuncia y Reducción
Art. 94.- El concesionario de exploración o de explotación tiene la facultad de renunciar durante la vigencia de su concesión a la totalidad o parte de la misma. El concesionario de exploración al solicitar una o más concesiones de explotación renunciará al área o áreas de sus concesiones que excedan a las veinte mil (20,000) hectáreas mineras establecidas como máximo en el artículo 43 de esta ley.
De la Nulidad y Caducidad
Art. 95.- Son nulas las concesiones otorgadas en contravención a las disposiciones expresas de esta ley. La nulidad procederá de oficio o por declaración de tercero. En consecuencia serán nulas:
a.- Las concesiones otorgadas a las personas inhábiles descritas en el Artículo 13.
b.- Las concesiones otorgadas directa o indirectamente a gobiernos extranjeros.
c.- Las concesiones otorgadas dentro del perímetro de zonas en reserva fiscal vigente, en toda la extensión que invadan.
d.- Las concesiones otorgadas dentro del perímetro de las concesiones preexistentes, o en trámite, incluyendo las áreas de denuncias vigentes, en toda la extensión en que las invadan.
e.- Las concesiones otorgadas a una misma persona física o jurídica en exceso de los límites máximos establecidos en los Artículos 32 y 43.
Art. 96.- La caducidad ocasiona la extinción de los derechos de concesiones de exploración y de explotación y se produce por las causas que se señalan en esta ley mediante documento expreso de la autoridad competente
Art. 97.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio declarará caducas las concesiones de exploración en los casos siguientes:
a) Por no haber iniciado la exploración definida en el Articulo 27 dentro de los seis (6) meses a que se refiere el inciso a) del Articulo 69
b) Por interrupción de labores por más de seis (6) meses continuos, contraviniendo lo dispuesto en el inciso a) del Articulo 70.
e) Por haber establecido el concesionario explotación formal en violación de lo dispuesto en el artículo 40.
d) Cuando no se ha pagado la patente minera anual.
e) Cuando no se haya cumplido con los trabajos programados.
f) Cuando se haya reincidido en faltas, no presentando los informes según lo establecido en los Artículos 72 y 192.
Art. 98.- La Secretaría de Estado de Industria y Comercio declarará caducas las concesiones de explotación por las causas siguientes:
a) Por no haber iniciado la explotación definida en el Artículo 42 dentro del término de un año a que se refiere el inciso b) del articulo 69
b) Por interrupción de labores por más de dos (2) años continuos, contraviniendo lo dispuesto en el inciso b) del Articulo 70.
c) Cuando no ha pagado la patente minera anual.
d) Cuando no se ha pagado la regalía establecida en el Articulo 119.
e) Si no se ha pagado, cuando sea aplicable, el impuesto sobre la renta.
f) Cuando ha cesado la producción comercial. Se considerará para estos fines que ha cesado la producción comercial cuando el concesionario venda productos minero-metalúrgicos sin que proporcione participación de beneficios al Estado por concepto de impuesto sobre la renta, por más de dos (2) años consecutivos.
g) Si dentro de los seis (6) meses siguientes al otorgamiento de la concesión de explotación las empresas extranjeras no han constituido una compañía dominicana, salvo demoras justificadas de trámite, o si les fuera negada la personalidad jurídica dominicana.
h) Cuando se haya rescindido en la no presentación de informes según lo establecido en los Artículos 72 y 192.
Art. 99. - En los casos de declaratoria de caducidad, el interesado podrá retirar del área de la concesión extinguida, dentro de los cuatro (4) meses siguientes, las instalaciones y equipos removibles al final de cuyo término perderá todo el derecho sobre ellos.
DE LOS CONTRATOS Y SOCIEDADES MINERAS
Art. 100.- Para los fines de esta ley se distinguen dos clases de contratos, los que se realizan con el Estado y aquellos estipulados entre particulares, reputándose los mismos actos de comercio y como tales sujetos a las disposiciones del Código de Comercio en lo que no se encuentra previsto en esta ley.
De los Contratos con el Estado
Art. 101.- Las concesiones otorgadas en conformidad con las prescripciones de esta ley son consideradas contratos de adhesión con el Estado
Art. 102.- En las zonas de reserva fiscal los contratos especiales concertados con el Estado incluirán:
a) Contratos de exploración e investigación minero metalúrgicas con organismos internacionales
b) Contrato de explotación y de beneficio de substancias minerales con personas particulares.
Art. 103.- El Estado también podrá contratar los servicios de entidades especializadas en exploración e investigaciones minero-metalúrgicas, mercadeo y otros aspectos de las actividades relacionadas con el aprovechamiento de las substancias minerales.
Art. 104.- Si a los concesionarios le conviniera convertir sus concesiones en contratos de explotación o plantas de beneficio, el Poder Ejecutivo podrá concertarlos solamente en condiciones más favorables al Estado que las que establece esta ley.
De los Contratos entre Particulares
Art. 105.- Se consideran contratos entre particulares relativos a la minería las transferencias de préstamos, hipotecas, prendas, constitución y disolución de sociedades, promesas de traspaso y otros que tengan por objeto directo la adquisición, comercio o disfrute de las concesiones de exploración, de explotación y de plantas de beneficio, o derechos inherentes a ellas.
Art. 106.- Los contratos que tengan validez ante terceros deberán estar inscritos en el Registro Público de derechos Mineros, Esta inscripción deberá ser hecha asimismo, en el Certificado de Titulo correspondiente cuando se trate de terrenos registrados conforme a la Ley de Registro de Tierras.
Art. 107.- Las concesiones y derechos mineros pueden ser transferidos, bien sea por acto entre vivos o por causa de muerte. El adquiriente tiene la obligación de inscribir su derecho en el Registro Público de Derechos Mineros para hacerlos oponible a terceros.
Art. 108.- Las transferencias de concesiones de explotación, así como los gravámenes deben efectuarse en favor de personas o entidades que reúnan las condiciones especificadas en esta ley, ajuicio de Secretaría de Estado de Industria y Comercio. Igual requisito es exigible para ser subastador o adjudicatario en un procedimiento de embargo inmobiliario, salvo el caso del acreedor titular del gravamen.
De las Compañías Mineras
Art. 109.- Las empresas extranjeras que soliciten concesiones de explotación y de plantas de beneficio deberán constituirse en compañías dominicanas llenando los requisitos pertinentes de las leyes de la República.
Art. 110.- Las empresas mineras extranjeras que quieran explorar en el país, harán reconocer su existencia jurídica. Al efecto, presentarán a la Dirección General de Minería los siguientes documentos debidamente legalizados y traducidos al español:
a) Escritura o instrumento de constitución,
b) Estatutos, si son exigidos en el país de origen.
c) Certificado de las acciones pagadas del capital autorizado.
d) Certificado de estar legalmente constituido de acuerdo con las leyes del país de origen. Además acreditarán un apoderado general con facultades amplias para sus tramites y negocios en la República y constituirán domicilio legal en el país.
Art. 111.- Mientras se realice el trámite de reconocimiento de personalidad jurídica en el país, en cumplimiento del Artículo 109 de esta ley, las empresas podrán obtener concesiones de explotación, demostrando haber cumplido con los requisitos señalados en los incisos c) y d) del artículo anterior. Si les fuera negado el reconocimiento de personalidad jurídica, las concesiones que hubieran obtenido caducarán ipso facto.
Art. 112.- Dos o más personas que no constituyen propiamente una sociedad organizada legalmente, serán solidariamente responsables por sus obligaciones frente al Estado. Para los efectos de caducidad, nulidad y cualquier otra disposición pertinente, las notificaciones efectuadas a uno de ellos, surtirán efecto para todos
Art. 113.- La tribulación de la industria minera al Estado consistirá en:
a) La patente minera anual.
b) La regalía sobre exportación de substancia minerales en su estado natural o en forma de concentrados de minerales metalíferos; y
c) El impuesto sobre la renta anual.
Art. 114.- La patente minera no es acreditable ni deducible. En cambio, la regalía sobre exportación de substancias minerales en su estado natural o en concentrados constituirá la tribulación mínima que perciba el Estado, y por lo tanto sólo será deducible del impuesto sobre la renta a pagar anualmente.
Art. 115.- Los concesionarios de exploración y de explotación están obligados, bajo sanción de caducidad, a pagar anualmente las patentes mineras establecidas en este Capitulo. El pago se efectuará en dos semestres fijos que correrán uniformemente para todos, del primero de enero al treinta de junio y del primero de junio al treinta y uno de diciembre de cada año. Los pagos se efectuarán por adelantado en la Colecturía de Rentas Internas en los meses de diciembre y junio de cada año en base a la cantidad de hectáreas mineras en ese momento adjudicadas al concesionario.
Art. 116.- Los concesionarios de exploración y de explotación pagarán la patente anual por hectárea minera de acuerdo con la siguiente escala:
Número total de hectáreas RD$ por hectárea minera
Adjudicadas Para Exploración Para Explotación
Hasta 1,000 0.10 0.20
Hasta 5,000 0.20 0.50
Hasta 10,000 0.40 0.80
Hasta 15,000 0.60 1.20
Hasta 20,000 1.00 2.00
Hasta 30,000 1.50
Art. 117.- Para los efectos del pago de las patentes mineras, la fracción de hectárea será considerada como una hectárea minera completa.
Art. 118.- Los concesionarios regidos por contratos anteriores que tengan la opción de acogerse parcialmente a las disposiciones en cuanto a patentes mineras pagarán RD$25.00 por hectárea minera en caso de que la extensión de sus concesiones sobrepase los limites establecidos en los Artículos 32 y 43.
De la Regalía o Impuesto Mínimo
Art. 119.- Las substancias minerales en su estado natural o en forma de concentrados de minerales metalíferos que se exporte, estarán sujeto a una regalía o impuesto mínimo del cinco por ciento (5%) del precio de venta FOB, puerto dominicano. El pago de la regalía se liquidará provisionalmente en la Oficina de Aduanas correspondiente, dentro de los diez (10) días después del embarque y estará sujeto a una liquidación definitiva dentro de los tres (3) meses de efectuada la exportación.
El precio de venta para la liquidación definitiva será determinado por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio con el Banco Central, en todos los casos el que sea más favorable al Estado, aprobando el precio de transferencia entre conjuntos económicos o fijándolo tomando en consideración las cotizaciones del mercado internacional, de acuerdo a la pureza y otras características del producto mineral exportado que aparezca en publicaciones internacionales dentro de los diez (10) días anteriores al embarque.
Art. 120.- La regalía del cinco por ciento (5%) sobre exportación podrá ser acreditada contra el pago del impuesto sobre la renta del mismo año fiscal. Cualquier exceso de la regalía sobre el impuesto sobre la renta de un año determinado no podrá acreditarse contra el pago del impuesto sobre la renta de años sucesivos.
Art. 121.- Las plantas de beneficio llamadas de fundición y de refinación, que exporten productos metalúrgicos en forma de compuestos metálicos, de metaloides y de metales no están sujetas al pago de la regalía de exportación del cinco por ciento (5%).
Art. 122. - Los concesionarios de explotación y los propietarios de plantas de beneficio, sólo podrán exportar su producción después de satisfacer la demanda del mercado dominicano. El precio de venta de los productos en el mercado dominicano será el precio FAS puerto dominicano determinado por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y el Banco Central conforme lo especificado en el segundo párrafo del Artículo 119.
Del Impuesto sobre la Rentas
Art. 123.- Por toda explotación y beneficio de substancias minerales nacionales, el Estado percibirá el cuarenta por ciento (40%) de la ganancia neta cada año. Este impuesto sobre la renta anual se liquidará de acuerdo con los procedimientos establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente en la fecha del otorgamiento de la concesión o de la firma del contrato, independientemente del impuesto sobre la renta personal de los dueños o accionistas de las empresas concesionarios.
Art. 124.- Para la determinación de la ganancia neta imponible el concesionario de explotación no podrá hacer ninguna deducción por concepto de agotamiento de la mina, El monto y los porcentajes de amortización de los gastos de exploración previos deberán ser aprobados por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio juntamente con el Banco Central de la República al otorgarse la concesión del contrato.
Art. 125.- En la determinación de la ganancia neta imponible se podrán deducir depreciaciones anuales de acuerdo con la siguiente escala:
Equipo de plantas de beneficio (Concentración, fundición y refinación) ............ 5%
Camiones, tractores y vehículos livianos ......................................................... 20%
Equipo pesado de mantenimiento de carreteras y de transporte (palas
mecánicas, grúas, tractores pesados) y equipo pesado en general............................ 10%
Edificios y otras construcciones de carácter permanente, salvo los indicados más
adelante ....................................................................................................................... 12%
Carreteras, muelles y obras portuarias, autopistas, ferrocarriles, transportadoras,
acueductos y oleoductos ............................................................................................. 10%
Equipo para trabajo subterráneo e instalaciones subterráneas ....................... 10%
Construcciones de carácter permanente como viviendas de obreros y técnicos para fines educativos o esparcimiento de los obreros y sus familias, incluyendo bibliotecas, escuelas, clubes, teatros y otras instalaciones de carácter cultural ........... 5%
Art. 126.- La depreciación acelerada para inversiones destinada a promover el desarrollo minero-metalúrgico sólo podrá ser concedida por el Poder Ejecutivo. Este privilegio estará específicamente descrito en el titulo de la concesión de explotación o contrato.
Art. 127.- La exención de impuesto sobre la renta sobre los ingresos que perciban entidades extranjeras por concepto de intereses ganados en operaciones de créditos minero-metalúrgicos, solo será otorgada por el Poder Ejecutivo.
Art. 128.- El impuesto sobre la renta de la industria minera se regirá en todo lo que no está especificado en esta ley por la Ley del Impuesto Sobre la Renta y sus reglamentos, vigentes en el momento del otorgamiento de la concesión o contrato.
CAPÍTU LO V
Art. 129.- Los concesionarios de exploración y exportación y los propietarios de plantas de beneficio gozarán de las exoneraciones o reducciones de impuestos o derechos que especifiquen sus concesiones, las cuales únicamente pueden recaer sobre la importación de maquinarias y equipos minero-metalúrgicos de cualquier clase, vehículos adecuados al trabajo proyectado, reactivos químicos y efectos de laboratorio, explosivos, combustibles (excepto gasolina), lubricantes, substancias y productos y todos los medios de producción que necesiten a juicio de la Secretaria de Estado de Industria y Comercio previa recomendación de la Dirección General de Minería para la exploración, explotación y beneficio de substancias minerales, siempre que no se produzcan en el país a precio y calidad razonables. Las exoneraciones otorgadas a los concesionarios de explotación y a los propietarios de plantas de beneficio tendrán vigencia por el término de veinticinco (25) años vencido el cual serán revisadas conforme a la política de exoneraciones que exista en ese momento.
Art. 130.- Los artículos importados libres de derecho no podrán ser vendidos en el país sino con arreglo a las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Art. 131.- La Junta Monetaria, excepcionalmente en los casos que juzgue de interés nacional, en beneficio de empresas mineras y metalúrgicas que requieran
inversiones en el país de más de veinte (20) millones de pesos, podrá dictar resoluciones que las exoneren del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la entrega de divisas autorizando en Banco Central a permitir que las divisas, provenientes de exportaciones de substancias o productos minerales, de los ingresos por concepto de préstamos y de seguros, así como de otros ingresos, puedan ser recibidos y aplicados directamente por un mandatario o fiduciario en el extranjero: a) Al pago de las obligaciones contraidas en moneda extranjera para la explotación y beneficio de substancias minerales, b) para cubrir gastos de construcción, mejoramiento, expansión y operaciones en moneda extranjera, c) al pago de dividendos de accionistas dominicanos en el exterior y d) a establecer reservas para los pagos antes mencionados.
Art. 132.- Los préstamos en moneda extranjera que hayan sido aprobados por la Junta Monetaria de conformidad con lo dispuesto en el párrafo c) del Artículo 3 de la Ley No. 251, del 11 de mayo de 1964, que se utilicen para el financiamiento de la explotación o beneficio de substancias minerales, no estarán sujetos a la limitación legal del tipo de interés.
De la Protección del Medio Ambiente y del Uso de Aguas
Art. 133.- Los residuos de la explotación y beneficio de substancias minerales se depositarán en terrenos propios del concesionario, y las descargas fluidas de las plantas que se arrojen a la atmósfera o a una vía fluvial, irán desprovistas de toda substancia que pueda contaminar el aire o las aguas en forma y cantidad perjudiciales para la vida animal y vegetal.
Art. 134.- Los concesionarios tendrán derecho a usar las aguas que discurren libremente por sus concesiones, ya sea para producir fuerza hidráulica o para cualquier otro uso aplicable a la exploración y beneficio de substancias minerales, con la obligación de restituirlas a su cauce después de usarlas, adecuadamente purificadas o libres de substancias nocivas para la vida animal o vegetal de la región.
Art. 135.- Si las aguas que necesite el concesionario fueren del dominio privado, podrá hacer uso de ellas previo acuerdo con el propietario o después de iniciados lo's trámites de expropiación correspondientes con la autorización expresa de la Dirección General de Minería. No procederá la expropiación de aguas cuando ella interrumpa o perjudique la provisión de agua potable a las poblaciones.
Art. 136.- Cuando el propietario del suelo deseare variar el curso de las aguas corrientes, lo hará saber a los concesionarios mineros de la región. Si éstos, en el transcurso de quince (15) días de su notificación, no se presentaran ante la Dirección General de Minería a reclamar el derecho a utilizarlas, se entenderá que lo renuncian.
Art. 137.- Comprobada la contaminación del aire o las aguas de una región por las Secretarías de Estado de Salud Pública y Asistencia Social y de Agricultura, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio a solicitud de la Dirección General de Minería ordenará la paralización de la operación causante. No podrá reiniciarse esta operación mientras no se verifique que se ha suprimido satisfactoriamente la causa de la contaminación.
Art. 138.- Si el aire o las aguas contaminadas causaren perjuicios a la población, a la agricultura o a la ganadería, el concesionario responsable esta obligado a indemnizar por los daños ocasionados.
De la Tramitación de Solicitudes de Concesiones Mineras
Art. 139.- Las solicitudes de concesiones de exploración y de explotación así como las de autorizaciones para instalación de plantas de beneficio, deberán ser presentadas ante la Dirección General de Minería por el interesado o por un apoderado que acredite su mandato mediante acto auténtico o legalizado por notario.
Art. 140.- Todas las solicitudes serán inscritas en la Dirección General de Minería en el acto mismo de su presentación y en presencia del interesado, sin perjuicio de que no surta efecto si no llenan los requisitos prescritos en esta ley.
La inscripción se hará en un libro especial aparte de los del registro Público de Derechos Mineros, indicando la fecha y hora exacta de su presentación y se le devolverá al interesado una copia de la solicitud firmada por el funcionario actuante y el Director o Subdirector de Minería.
Art. 141.- La solicitud inscrita que llene los requisitos prescritos en esta ley, únicamente otorga preferencia para la tramitación correspondiente con respecto a las solicitudes posteriores.
Art. 142.- Si se presentaran simultáneamente dos o más solicitudes de exploración y/o de explotación relativas a un mismo terreno, se hará una inscripción provisional de ellas, con un mismo número de orden, fijándose además, en los originales y en las copias una nota de que la inscripción es provisional y está sujeta a revisión. La Dirección General de Minería procederá a hacer dicha revisión en el orden siguiente:
a) En igualdad de condiciones se dará preferencia a las presentadas por personas físicas o jurídicas dominicanas.
b) Se dará preferencia a las solicitudes de concesión de explotación sobre las de exploración, siempre que estén debidamente justificadas.
Si todas las solicitudes son de la misma clase y en las mismas condiciones, se hará un sorteo delante de los interesados, levantándose la correspondiente acta, para determinar a cual se le debe dar curso, salvo que la preferencia fuere determinada por convenio entre los interesados.
Del Procedimiento para Obtener
Art. 143.- La solicitud de una concesión de exploración se presentará en original y cinco copias, debidamente firmadas y rubricadas en cada página por el solicitante. El original llevará un sello de Rentas Internas de dos pesos oro (RD$2.00) y la instancia especificará:
1.- Nombre, nacionalidad, domicilio, profesión,
número de la Cédula de Identificación Personal del solicitante o del apoderado, quien exhibirá el Poder Especial correspondiente. Si se trata de una persona jurídica, depositará los documentos que acreditan su existencia y siendo extranjera cumplirá los requisitos establecidos en el Articulo 110 de esta ley.
2.- Nombre que tendrá la concesión.
3.- Lugar en que se ubicará, indicando provincia, municipio, sección y paraje.
4.- Descripción del punto de partida que se encontrará necesariamente dentro o en el perímetro de la concesión, determinando la dirección y distancia del mismo al punto de referencia indubitado y fijo; esa distancia no será menor de cincuenta (50) metros ni mayor de quinientos (500) metros, debiendo ser visible uno del otro. El punto de referencia deberá estar relacionado con tres o más visuales de dirección a puntos topográficos característicos del lugar y/o a puntos de triangulación si los hubiere en la región, o definiendo este punto de referencia de manera técnicamente aceptable para que pueda ser repuesto en caso de desaparición
5.- El número de hectáreas mineras dentro de los limites fijados en esta ley.
6.- Un delineamiento de la clase de trabajo de exploración que llevará a cabo inicialmente, indicando el o los minerales que pretende explorar.
7.- Tres o más referencias sobre la solvencia moral, la capacidad técnica y económica del solicitante
8.- Nombres de la concesiones y de los concesionarios colindantes si los hubiere, y
9.- Nombres del propietario y ocupantes del suelo. Art. 144.- A la solicitud el peticionario agregará:
1.- El plano de la concesión que solicita en original y cinco (5) copias con los datos señalados en el artículo anterior, excepto de los incisos Nos. 6 y 7 levantado en escala, desde 1:5,000 hasta 1:20,000, indicando el norte magnético o astronómico el perímetro de la concesión en líneas llenas, las concesiones colindantes en líneas punteadas y detalles topográficos fundamentales en esquema, como ríos, cumbres, farallones, caminos, quebradas, lagos, y cuanto elemento topográfico fisionomice claramente la región pedida.
2.- Una copia de la parte del mapa topográfico en escala 1:50,000 indicando la localización geográfica del área de la concesión, especificando el nombre, número, serie y edición de las hojas correspondientes. En caso de no existir estos mapas topográficos en la región o no estar disponibles, podrá adjuntarse un mapa de orientación indicando la localización de la concesión en la República Dominicana.
3. Dos (2) recibos de pago de una Colecturía de Rentas Internas de diez pesos oro (RD$10.00) para cubrir el pago del registro del otorgamiento de la concesión en la Dirección General de Minería y su publicación en la Gaceta Oficial. En caso de que la concesión no fuere otorgada, estos valores serán considerados gastos de trámite.
Art. 145.- La Dirección General de Minería revisará la solicitud dentro del término de diez (10) días laborables siguientes a su inscripción, si la encontrara completa ordenará: a) que se publique una copia de la solicitud en su Tabla de Avisos o un extracto en su Boletín de Concesiones Mineras, a fin de que surta efecto de citación para los que se crean con derecho a oponerse a ella, b) al mismo tiempo que se publique, a costa del solicitante, el extracto de la solicitud en un diario de circulación nacional por dos veces, la segunda publicación a los diez (10) días de la primera.
Art. 146.- Transcurridos treinta (30) días después de la segunda publicación sin haberse suscitado oposición, la Dirección General de Minería verificará en el terreno la existencia de los puntos de partida y de referencia, el rumbo y distancia entre los mismos.
Art. 147.- Comprobada la existencia del punto de referencia indubitado y fijo, así como del punto de partida del plano de la concesión en el terreno verificado favorablemente el requisito del inciso 7 del Artículo 143 la Dirección General de Minería recabará del solicitante el recibo de pago de la patente establecida en esta ley.
Art. 148.- Cumplidos los requisitos del trámite, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio dictará la resolución de otorgamiento que constituirá el título de la concesión de exploración ordenando su inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros su publicación en la Gaceta Oficial y la entrega de su original con el plano anexo contrafirmado al concesionario.
Art. 149.-Las solicitudes de concesiones de explotación contendrán los requisitos especificados en los Artículos 143 y 144 de esta ley con las siguientes modificaciones:
a) Si el solicitante fuere una compañía extranjera presentará la documentación requerida en el Articulo 111 de esta ley.
b) Presentará un informe de evaluación del o los yacimientos de substancias minerales existentes dentro del perímetro de la concesión, incluyendo el estimado de las reservas y el programa de trabajo para su aprovechamiento económico anexando los planos correspondientes.
c) El plano de la concesión estará confeccionado en escala desde 1:1,000 hasta 1:10,000
Art. 150.- La Dirección General de Minería revisará e instruirá la publicación de las solicitudes de concesión de explotación dentro de los plazos establecidos en el Artículo 145.
Art. 151.-Al término de los treinta (30) días después de la segunda publicación sin haberse suscitado oposición la Dirección General de Minería verificará en el terreno la existencia de los puntos de partida y de referencia, el rumbo y distancia entré los mismos. Asimismo, dentro de estos treinta (30) días debe verificar las referencias indicadas en el inciso 7 del Artículo 143 y calificar el informe de evaluación requerido en el inciso b) del Articulo 149,
Art. 152.- La Dirección General de Minería si encontrara completa y acorde con las prescripciones de esta ley la solicitud de explotación, le remitirá con su dictamen a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
Art. 153.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio si encontrara satisfactoria a los intereses nacionales la solicitud de explotación la remitirá para su aprobación al Poder Ejecutivo.
Art. 154.- Una vez aprobada la solicitud por el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio instruirá a la Dirección General de Minería que proceda a
a) Autorizar al solicitante que, dentro de treinta (30) días laborables o el que en exceso de dichos treinta (30) días fuere necesario a juicio de dicha Dirección General, llevar a cabo el alinderamiento de la concesión establecido en el Artículo 47 de esta ley.
b) Verificar en el terreno los límites de la concesión, instruyendo la corrección de errores técnicos fundamentales si los hubiere.
c) Notificar al solicitante el pago de la patente correspondiente al vigente y al próximo semestre.
Art. 155.- La Secretaría de Estado de Industria y Comercio, cumplidas satisfactoriamente las diligencias del artículo anterior, dictará la Resolución de otorgamiento que constituirá el título de la concesión de explotación, ordenando su inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros, su publicación en la Gaceta Oficial y la entrega de su original al concesionario con plano anexo contrafirmado.
Del Perfeccionamiento y Desestimación de las
Art. 156.- Si con motivo del trámite y estudio de las solicitudes de concesión de exploración o de explotación, la Dirección General de Minería o la Secretaria de Estado de Industria y Comercio necesitaron datos, informes o trabajos complementarios pedirán exclusivamente los indispensables para la resolución del caso y el solicitante estará obligado a suministrarlos dentro del plazo que señale, bajo pena de ser declarado renunciante.
Art. 157.- Cuando la solicitud o la tramitación sean defectuosas por violación a esta ley o a su Reglamento, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio o la Dirección General de Minería desaprobarán el expediente, siempre que la violación sea imputable al solicitante. Si la violación no es imputable al solicitante, se ordenará la reposición del expediente en lo que tuviere defectuoso.
De la Reposición y Corrección del
Art. 158.- Cuando el beneficiario extravíe el titulo de la concesión de exploración o de explotación, lo comunicará por escrito a la Dirección General de Minería y solicitará que el Registro Público de Derechos Mineros le expida un duplicado del mismo, previa publicación de un aviso en un periódico de circulación nacional, que contenga las menciones esenciales del título, con la circunstancia de la pérdida o extravío. La Dirección General de Minería, vencido un plazo de quince (15) días sin oposición alguna, expedirá el duplicado correspondiente.
Art. 159.- La Dirección General de Minería a petición del concesionario, podrá corregir administrativamente y, sin perjuicio de tercero, los errores materiales que hubiere en un título minero, siempre que la corrección no afecte la localización ni extensión de la concesión en conformidad con los datos del Registro Público de Derechos Mineros.
Art. 160.- Cuando excepcionalmente un título de concesión minera adolezca de claridad en lo que respecta a la localización del área de concesión en el terreno, podrá solicitar el concesionario, que se precise la identificación del terreno concedido, a su costa. En este caso, la solicitud se formulará , presentará y tramitará como las de una nueva concesión, extendiéndose al solicitante copia certificada de las constancias respectivas, como perfeccionamiento de su título defectuoso.
Art. 161.- Las solicitudes de ampliación de áreas de concesiones mineras, se formularán y tramitarán en la misma forma que la concesión originaria.
Del Procedimiento para la Autorización de Instalación de Plantas de Beneficio
Art. 162.- La solicitud para la instalación de plantas de beneficio que utilicen materia prima adquirida de terceros, se presentará a la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, por intermedio de la Dirección General de Minería, y deberá contener los siguientes datos:
1.- Nombre, nacionalidad, domicilio, profesión, número de la Cédula Personal de Identidad del solicitante o apoderado, quien mostrara el Poder correspondiente. Si se tratara de una persona jurídica depositará los documentos que acreditan su existencia y siendo extranjera cumplirá con la disposición del Artículo 109.
2.- Ubicación de la planta con indicación del municipio y provincia. 3.- Clase de minerales a tratarse y su procedencia,
4.- Capacidad de la Planta expresada en toneladas métricas por día. 5.- Método de tratamiento que se empleará,
6.- Esquema o circuito de tratamiento.
7.- Superficie del terreno necesario para su instalación indicando nombre del propietario del suelo.
8.- Monto de la inversión que realizará; y
9.- Plazo previsto para iniciar y concluir las obras.
Art. 163.- La Dirección General de Minería remitirá la solicitud a la Secretaria de Estado de Industria y Comercio acompañada de un informe en el que incluya recomendaciones para la calificación técnica de la planta propuesta.
Art. 164.- De no existir observaciones, o subsanadas éstas, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio autorizará la solicitud, previa aprobación del Poder Ejecutivo.
Del Registro Público de Derechos Mineros
Art. 165.- La Dirección General de Minería tendrá un Registro Público de Derechos Mineros, cuya organización y funcionamiento estarán sujetos a las disposiciones de esta ley y su Reglamento. Se inscribirán en este Registro:
1.- Las concesiones de exploración, concesiones o contratos de explotación y las autorizaciones de instalación de plantas de beneficio, otorgados conforme a las prescripciones de esta ley, cuyo registro se efectuará antes de la entrega del título al concesionario.
2.- Las reducciones o ampliaciones de áreas de concesiones, las prórrogas, las renuncias, nulidades y caducidades.
3.- Los poderes que se refieren a actuaciones mineras.
4.- Todos los contratos relativos a negocios mineros, tales como transferencias, mutaciones, ya sea por venta, sucesión, donación u otro documento
traslativo de propiedad e igualmente arrendamientos, préstamos, hipotecas y contratos de promesas de traspasos.
5,- Los contratos de constitución, modificación o disolución de sociedades o de compañías que adquieran o soliciten derechos sobre exploración, explotación y beneficio de substancias minerales.
6.- La constitución de servidumbre convencionales, legales, reconocidas por decisiones jurídicas irrevocables.
7.- Las expropiaciones que se lleven a cabo de acuerdo con esta ley. 8.- Las disposiciones relativas a zonas declaradas de reserva fiscal.
Art. 166.- Mientras los actos o contratos no se inscriban en el Registro Público de Derechos Mineros no podrán oponerse en contra de terceros. Esta inscripción deberá ser hecha, asimismo, en el Certificado de Título correspondiente cuando se trate de terrenos registrados conforme a la ley del Registro de Tierras.
Art. 167.- No dejarán de hacerse las inscripciones ordenadas en el artículo 165 aunque otras leyes dispongan la inscripción de los mismos actos en otro registro.
Art. 168.- No podrá rehusarse la inscripción de los documentos que se presenten, sino en los siguientes casos:
1.- Cuando adolecieron de algún vicio legal por razón de la forma de los mismos.
2.- Cuando de las constancias que ya obran en el Registro resultara la improcedencia de la nueva inscripción.
3.- Cuando el acto o contrato no fuere de los que están sujetos al registro conforme a la Ley, y
4.- Cuando tratándose de actos o contratos que consten en documentos privados, las firmas de las partes no estuvieron debidamente legalizadas.
Art. 169.- Para los efectos del Registro, los documentos procedentes del extranjero deberán ser legalizados de acuerdo con las leyes dominicanas y traducidos al español por el interprete judicial.
Art. 170.- Los derechos que se deriven de actos o contratos relativos a una concesión minera, se acreditarán con la constancia respectiva del Registro Público de Derechos Mineros. Las concesiones y contratos que no estén inscriptos en dicho registro no perjudicaran a terceros.
Art. 171.- Toda persona perjudicada por una inscripción, modificación, rectificación o cancelación hecha en el Registro Público de Derechos Mineros, sin que haya mediado decisión de la autoridad competente conforme a lo prescrito en esta ley o a decisión judicial, podrá impugnarla ante los tribunales correspondientes dentro de los dos (2) años que sigan al registro de aquella. En el juicio será parte demandada el Encargado de Registro Público de Derechos Mineros.
Art. 172.- En todo procedimiento judicial, relativo a la inscripción, modificación, rectificación o cancelación de registros, será citada como parte la persona en cuyo perjuicio aparezca el procedimiento.
Art. 173.- Cualquier persona podrá examinar el Registro Público de Derechos Mineros y sus archivos, y solicitar a su costa, copia certificada de las inscripciones y
documentos existentes. Igualmente podrá pedir certificación de que con respecto a una inscripción determinada, no hay otras posteriores, o de que cierta inscripción no existe causando estas certificaciones un derecho a razón de RD$2.00 por hoja pagaderos en sellos de Rentas Internas.
Art. 174.- Para proceder a la subasta de una concesión minera o de planta de beneficio, será requisito indispensable la expedición por la Dirección General de Minería, de un Certificado sobre los antecedentes que obren en el Registro Público de Derechos Mineros de su dependencia, con relación a la concesión y afectaciones que aparezcan inscritas en cuanto a la mina.
Art. 175.- La inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros de los documentos a que se refiere el Artículo 165, causarán un derecho de diez pesos oro (RD$10.00), excepto la inscripción de la de las transferencias de derechos sobre concesiones de exploración que causará un derecho de cien pesos oro (RD$100.00), y la inscripción de transferencias de concesiones de explotación y de plantas de beneficio causará un derecho de doscientos pesos oro (RD$200.00)
Art. 176.- El Registro Público de Derechos Mineros llevará, por lo menos, los siguientes libros:
1.- Un libro de registro de concesiones de exploración, de explotación y de autorizaciones de instalación de plantas de beneficio.
2.- Un libro de registro de contratos, mutaciones y gravámenes sobre propiedad o derechos mineros.
3.- Un libro de reducciones, ampliaciones, prórrogas, renuncias, nulidades y caducidades.
4.- Un libro de poderes.
5.- Un libro donde se inscriban los documentos constitutivos de las empresas que tengan o soliciten concesiones mineras.
6.- Un libro de expropiaciones.
7.- Un libro relativo a reservas fiscales.
Del Ejercicio de Derechos y
Art. 177.- Las oposiciones a las solicitudes de concesiones mineras, aduciendo derechos adquiridos, se interpondrán ante la Dirección General de Minería dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la segunda publicación del extracto de la solicitud en un diario de circulación nacional. Si dentro de ese término no se hubiese formulado oposición, podrá admitírsela aún en el acto de verificación en el terreno del plano de la concesión.
Art. 178.- En caso de que se otorgue una concesión minera que invada el área de una concesión vigente, el titular de ésta podrá ejercitar en los tribunales ordinarios las acciones interdictables para proteger la posesión de su derecho y las ordinarias para obtener la anulación de la concesión invasora en cuanto a la extensión de dicha invasión, aún cuando no haya hecho oposición dentro de[ expediente o le haya sido denegada.
Art. 179.- Toda oposición deberá formularse por escrito indicando las razones en que se funda, acompañada de la documentación que ofrece en prueba. El oponente señalará domicilio para recibir notificaciones.
Art. 180.- La Secretaria de Estado de Industria y Comercio al revisar un expediente examinará la oposición alegada y resolverá a la luz de las prescripciones de esta Ley, denegando o aceptando la oposición, procediendo al otorgamiento instruyendo la corrección o cancelación de la solicitud, según fuere el caso.
Del Procedimiento de la Indemnización
Art. 181.- Por los daños y perjuicios previsibles, antes de iniciar un trabajo en el curso de una exploración, de una explotación o en el beneficio de substancias minerales, los concesionarios acordarán con los dueños u ocupantes legítimos del suelo el monto de las indemnizaciones, depositando en la Dirección General de Minería los contratos respectivos. En caso de que estos contratos no se presentaran, o en su reemplazo, la autorización escrita del propietario del suelo o de sus ocupantes legítimos, legalizadas su firma o sus huellas digitales por una Notario Público, la Dirección General de Minería determinará el monto de una fianza para asegurar el pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios inevitables, Esta fianza deberá ser depositada en una Colecturía de Rentas Internas, en las proporciones que les corresponda según lo fijado por la Dirección General de Minería sin perjuicio de que los interesados puedan recurrir a los tribunales competentes en caso de disconformidad.
Art. 182.-Por daños y perjuicios imprevisiblemente ocasionados, las personas afectadas podrán obtener de los concesionarios el monto de las indemnizaciones correspondientes, siguiendo el procedimiento delineado en el Artículo anterior.
CAPÍTULO III Procedimiento de Renuncia y Reducción
Art. 183.- La renuncia establecida en el Artículo 94 debe ser comunicada por escrito a la Dirección General de Minería y debe estar acompañada de los documentos contentivos de los resultados de estudio y trabajos efectuados dentro del área renunciada, así como de un recibo expedido por la Colecturía de Rentas Internas por valor de diez pesos oro (RD$10.00) para su publicación en la Gaceta Oficial.
Art. 184.- Antes de aceptarla renuncia, la Dirección General de Minería examinará el Registro Público de Derechos Mineros para ver si existen o no acreedores, socios o arrendatarios de la concesión. Si los hubiere, los emplazará para que en el término de
quince (15) días hagan valer sus derechos. Si estos derechos fueren fundados podrá desestimar la renuncia.
Art. 185.- Si se tratara de una reducción o renuncia parcial del área de una concesión, ésta debe ser comunicada por escrito a la Dirección General de Minería, cumpliendo con los requisitos del Articulo 183 y adjuntando, además, un nuevo plazo de la concesión indicando los límites del área retenida en líneas llenas y los del área renunciada en líneas punteadas. Antes de aceptar la reducción la Dirección General de Minería ordenará la verificación de los linderos en el terreno, a costa del concesionario.
El Procedimiento de Caducidad y Nulidad
Art. 186.- Cuando se presentaran las causas especificadas en los Artículos 97 y 98, la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, antes de dictar la caducidad, requerirá mediante notificación al concesionario que en un plazo de treinta (30) días laborables subsane la falta ocurrida, Transcurrido dicho plazo dictará mediante una resolución la caducidad, la cual será publicada en la Gaceta Oficial. Si la causa fuera la falta de pago de impuestos devengados, éstos deberán ser pagados con un diez por ciento (10%) de recargo.
Art. 187.- La nulidad procederá de oficio o por declaración de terceros. En ambos casos la Secretaria de Estado de Industria y Comercio, examinará el expediente de exploración o de explotación y comprobada la falta ordenará de inmediato la anulación correspondiente, participándola al interesado y publicándola en la Gaceta Oficial, si se tratare de una concesión vigente.
TITULO XIl
De las Sanciones y Juicios
Art. 188.- Los que realicen exploraciones y explotaciones mineras sin tener la concesión o contrato que esta ley requiere, serán castigados con multas de cincuenta pesos oro (RD$50.00) a dos mil pesos oro (RD$2,000.00) y se pronunciará la confiscación de las obras que hayan realizado y de los minerales que se hubiesen extraído.
Art. 189.- Al que destruya o cambie de lugar los hitos o señales que, en la superficie del terreno o en el interior de las labores demarquen los límites de una concesión, se le aplicarán las sanciones que establece el Artículo 456 de( Código Penal.
Art. 190.- La resistencia injustificada de los particulares, que impida o tenga por objeto impedir las operaciones encomendadas a los peritos, o a los inspectores, se castigará con prisión de diez (10) días a tres (3) meses y multa de veinticinco pesos oro (RD$25.00) a cien pesos oro (RD$100.00).
Art. 191.- El Director de Minería o cualquier subalterno que intervenga en la tramitación de un expediente de concesión minera que incurriera en falsedad será pasible de las penas establecidas para esta clase de delitos en el Código Penal.
Art. 192.- Cuando no se presentaran informes semestrales de progreso y anuales de operaciones dentro de los términos establecidos en el Artículo 72, la Dirección General de Minería podrá otorgar por escrito un término adicional de treinta (30) días y en caso de falta, notificará al concesionario con un tercer término de treinta (30) días para que subsane la falta bajo pena de caducidad si hubiere reincidido.
Art. 193.- Con excepción de los juicios penales correccionales que serán de competencia de los Juzgados de Paz, los juicios que se susciten con motivo de la aplicación de esta ley, o sobre cualquiera de los derechos y obligaciones que él establece, son de la competencia de los Juzgados de Primera Instancia en sus atribuciones comerciales.
Art. 194.- La Dirección General de Minería es el organismo estatal encargado de promover el desarrollo de! país y de salvaguardar el interés nacional en todo lo concerniente a la industria minero-metalúrgica, cualquiera que sea su organización o dependencia en la Administración Pública y la naturaleza del caso que lo requiera Sus funciones fundamentales son de carácter técnico-cientifico y administrativo-legales,
Art. 195.- Las atribuciones técnico científicas de la Dirección General de Minería incluirán
a) Realizar investigaciones dentro de campo de la geología y disciplinas afines, que contribuyan al conocimiento, desarrollo y conservación de los recursos minerales del país,
b) Coordinar labores en relación con las investigaciones señaladas precedentemente que lleven a cabo entidades nacionales, internacionales o extranjeras, para alcanzar la más efectiva utilización de las mismas, con el objeto de obtener el aprovechamiento científico e intensivo de los recursos minerales.
e) Organizar y fomentar el adiestramiento en el campo de las disciplinas y técnicas geológicas, dentro y fuera de las investigaciones y trabajos que realice la Dirección General de Minería, con el objeto de mejorar la capacidad científica y técnica de profesionales jóvenes dominicanos.
d) Evaluar la disponibilidad comercial de los recursos minerales.
e) Estudiar y resolver factores técnicos y económicos que presenten problemas para el desarrollo de recursos minerales.
f) Proveer asesoramiento sobre la industria minero-metalúrgica del país; y
g) Velar por la higiene y seguridad de las explotaciones mineras.
Art. 196.- Las atribuciones administrativo-legales de la Dirección General de Minería incluirán:
a) Hacer cumplir las leyes, reglamentos y contratos que rijan las actividades minero-metalúrgicas en el país.
b) En relación con la atribución básica anterior la Dirección General de Minería podrá practicar cuantas veces lo juzgue conveniente y con la amplitud que el caso lo requiera, inspecciones a trabajos en superficie o subterráneos de
cualquier concesión, como asimismo, para la identificación y verificación de linderos e hitos en el terreno.
c) Someter a consideración del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, los proyectos de reglamento que se consideren necesarios para la correcta interpretación y aplicación de esta ley.
d) Asistir al Gobierno, juntamente con el Banco Central, en asuntos relativos a la comercialización y exportación de productos mineros y rnetalúrgicos.
Art. 197.- La Dirección General de Minería estará integrada del modo siguiente:
a) Una Dirección a cargo de un Director asistido por un Subdirector quien lo sustituirá interinamente en caso de ausencia, incapacidad o muerte.
b) Una sección de concesiones y Catastro Minero.
c) Una sección de Investigaciones Geológicas Mineras.
d) Una sección Jurídica de la que dependerá el Registro Público de Derechos Mineros.
e) Una sección de Fiscalización de Impuestos.
f) Y las demás dependencias que establezca el Poder Ejecutivo, con solicitud justificada del Director General de Minería, a través de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio.
Art. 198.- Se crea un fondo especializado de un cinco por ciento (5%) de los ingresos anuales que perciba el Estado por concepto del impuesto sobre la renta pagado para promover el desarrollo de las actividades mineras en el país por los concesionarios de explotación y de plantas de beneficio, el cual será administrado por la Secretaría de Estado de Industria y Comercio, según lo disponga el Poder Ejecutivo.
Disposiciones Especiales y Transitorias.
Art. 199.- Las solicitudes de permisos de exploración y de concesiones de explotación en trámite a la fecha de la publicación de esta ley, deberán ajustarse a las condiciones y requisitos establecidos en la misma.
Art. 200.- Las concesiones o contratos de explotación, así como los permisos de exploración que estuviesen en vigor en la fecha de la publicación de la presente ley, continuarán rigiéndose por la Ley o los contratos en virtud de los cuales hayan sido otorgados, pero el concesionario podrá dentro de un plazo de seis (6) meses, solicitar del Secretario de Estado de Industria y Comercio, por conducto de la Dirección General de Minería, que autorice que su concesión o permiso se rija conforme a esta ley y su Reglamento, con renuncia expresa a cualquier disposición o ley que pudiere favorecerle anteriormente y que no estuviera prevista en la presente ley.
La autorización, previa inscripción en el Registro Público de Derechos Mineros, se publicará en la Gaceta Oficial.
Art. 201.- La presente ley deroga tos las disposiciones legales y reglamentarias que le sean contrarias y especialmente la Ley Minera No. 4550, del 23 de septiembre de 1956.
DADA en !a Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los doce (12) días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno (1971); años 128 de la Independencia y 108 de la Restauración,
Atilio A. Guzmán Fernández,
Caridad R. de Sobrino,
Francisco Leonidas Pequero H.,
DADA en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los veintiséis (26) días del mes de mayo del año mil novecientos setenta y uno (1971), años 128 de la Independencia y 108 de la Restauración.
Miguel A. Acta Fadul
Secretario Ad.Hoc
En ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 55 de la Constitución de la República:
PROMULGO la presente Ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento.
DADA en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los cuatro (4) días del mes de junio del año mil novecientos setenta y uno, año de la Independencia y 107 de la Restauración.

References: artículo 13
 Artículo 25
 Artículo 31
 Artículo 33
 Artículo 34
 Artículo 30
 Artículo 64
 Resolución 
 Artículo 64
 Artículo 64
 Artículo 84
 Artículo 41
 artículo 43
 Artículo 13
 artículo 40
 Artículo 42
 Artículo 109
 Artículo 119
 Artículo 3
 Artículo 143
 resolución 
 Artículo 145
 Artículo 143
 Artículo 47
 Resolución 
 resolución 
 Artículo 109
 artículo 165
 Artículo 165
 Artículo 94
 resolución 
 Artículo 456
 Artículo 72
 artículo 55