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La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos | ASOCIACIÓN NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS ANAD
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
8 septiembre 2010 en 9:26 pm	· Filed under Abogados, Actualidad, América Latina, ANAD, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Constitución, Cultura, Derecho, derechos humanos, Internacional, justicia, Latinoamérica, Noticias, Opinion, Política, Reflexiones, Sociedad, Uncategorized, Varios
La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México vuelve a comportarse vergonzosamente y cínicamente mentirosa
Medardo Bañuelos Lagunes*
La Suprema Corte está analizando la Sentencia del 23 de noviembre de 2009 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de la desaparición forzada desde el año de 1974 del señor RADILLA PACHECO vs. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, y en donde el Estado Mexicano salió condenado.
Es una sentencia de 106 cuartillas, 392 párrafos y 18 Resolutivos en los que entre otras cuestiones determinó la CIDH, que el Estado Mexicano “17. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 365, 370, 375 y 385 de la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial, y el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 360 a 392 del mismo.”
También condenó a México a diversas reparaciones, dentro de ellas, las de “Reformas a Disposiciones Legales” que indudablemente son dentro del adjetivo coloquial utilizado por el ministro, “MORROCOTUDAS”, o de otra manera, de mucha importancia y de mucha dificultad., para un Estado que se ha empecinado en violar todos los derechos humanos, en criminalizar la protesta social y como buen aprendiz del pretexto y la farsa, en asesinar a los civiles “confundidos” con narcos y al rato, con guerrilleros.
Efectivamente, existe en la sentencia que se comenta, un capitulo especial denominado “XI, REPARACIONES, (Aplicación del artículo 63.1 de la Convención[1]), y más adelante, el inciso “C2. Reformas a disposiciones legales” con un subinciso por demás interesante llamado “i) Reformas constitucionales y legislativas en materia de jurisdicción militar”.
Aquí es donde se encuentra el principal problema del Estado Mexicano, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, esto es, del Presidente y de la Suprema Corte de Justicia, pero también queda incluido el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados y la de Senadores, todo el Estado.
De qué se trata, del “FUERO MILITAR”, de esa parte que contiene el artículo 13 de nuestra Constitución Política que dice: “…Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar…” y es aquí donde este personaje, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, se opone a que los militares sean juzgados por Tribunales del Fuero Común, con argumentos en que “…descalificó a la CIDH, al señalar: Poco le faltó para ordenar que se modificara la Constitución, pero para mí, lo que es el desborde más radical, y pienso yo que es inaceptable, es desechar la reserva expresa…” (Jesús Aranda, Periódico La Jornada, Miércoles 8 de septiembre de 2010, p. 5,) todo esto es por demás vergonzante y cínico, ya que no existe por parte del Estado Mexicano reserva alguna que se refiera al “Fuero Militar” como enseguida lo expongo.
De verdad es lamentable y me da vergüenza que un exponente máximo del Poder Judicial trampee así las cosas, esas, que son de leguleyos, que de acuerdo con la Real Academia Española, significa: “1. adj. Nic. discutidor. ; 2. m. y f. Persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente.; 3. m. y f. Nic. Persona que hace gestiones ilícitas en los juzgados.
De acuerdo con la información de la propia CIDH, México ratificó la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS “PACTO DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA” el dos de marzo del año de 1981.
México – 03/02/81 03/24/81 AD Si
Y tiene la siguiente reserva que transcribo literalmente para plena información y conocimiento de todo el mundo, también, del propio ministro:
Organización de los Estados Americanos (OEA en español OAS en ingles)
http://www.oas.org/juridico/spanish/firmas/b-32.html#M%C3%A9xico
1. Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62,1[2] de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 33[3] de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23 ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130[4], dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto activo, ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.
El Gobierno de México hace Reserva expresa en cuanto al párrafo 2 del Artículo 23, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 130, dispone que los Ministros de los cultos no tendrán voto pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.”
Las notas al pie en esta transcripción de reserva, son del suscrito
Después de leer lo anterior, la pregunta que me surge y seguramente a ustedes también, es en donde se encuentra lo dicho por este señor Aguirre Anguiano de que se desechó “…la reserva expresa…”, ¿en donde está esa reserva señor ministro?, porque el señor ministro se refiere a una Reserva Expresa del Fuero Militar y ésta, NO EXISTE, entonces, Miente el señor ministro, falsea los hechos, aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente, con descuido, cuando por su cargo y la institución que representa junto con los otros 10 ministros, debía cuidar con el máximo de detalle su actuación, esto es lo vergonzante y más aun, cuando se trata de un foro internacional.
Y miren ustedes, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es muy puntual en cuanto a que SE DEBE IMPEDIR “…que elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”, transcribo textualmente para mayor claridad y que no nos engañen:
337. “Los representantes solicitaron a este Tribunal que ordene al Estado realizar una reforma al artículo 13[5] constitucional, que regula el fuero de guerra, en virtud de que, “[a]unque en principio el artículo pareciera no generar problema alguno, las interpretaciones que de éste se han hecho[,…] llevan a la necesidad de solicitar su reforma para alcanzar la precisión necesaria que impida que elementos del Ejército mexicano sean juzgados por tribunales militares cuando han cometido violaciones a los derechos humanos”.
338. “Para este Tribunal, no sólo la supresión o expedición de las normas en el derecho interno garantizan los derechos contenidos en la Convención Americana, de conformidad a la obligación comprendida en el artículo 2 de dicho instrumento. También se requiere el desarrollo de prácticas estatales conducentes a la observancia efectiva de los derechos y libertades consagrados en la misma. En consecuencia, la existencia de una norma no garantiza por sí misma que su aplicación sea adecuada. Es necesario que la aplicación de las normas o su interpretación, en tanto prácticas jurisdiccionales y manifestación del orden público estatal, se encuentren ajustadas al mismo fin que persigue el artículo 2 de la Convención[6]. En términos prácticos, la interpretación del artículo 13 de la Constitución Política mexicana debe ser coherente con los principios convencionales y constitucionales de debido proceso y acceso a la justicia, contenidos en el artículo 8.1 de la Convención Americana y las normas pertinentes de la Constitución mexicana.”
Para rematar la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le recuerda al señor ministro que: “cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.” Pues si señor, más clarito ni el agua.
Vuelvo a transcribir literalmente para que no queden dudas y para que no nos engañen:
339. “En relación con las prácticas judiciales, este Tribunal ha establecido en su jurisprudencia que es consciente de que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico[7]. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer un “control de convencionalidad” ex officio entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana[8].”
340. “De tal manera, es necesario que las interpretaciones constitucionales y legislativas referidas a los criterios de competencia material y personal de la jurisdicción militar en México, se adecuen a los principios establecidos en la jurisprudencia de este Tribunal, los cuales han sido reiterados en el presente caso (supra párrs. 272 a 277).”
341. “Bajo ese entendido, este Tribunal considera que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”
342. “No obstante lo anterior, la Corte declaró en el Capítulo IX de este Fallo, que el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana (supra párrs. 287 y 289). En consecuencia, el Estado debe adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales de la materia y de la Convención, de conformidad con los párrafos 272 a 277 de esta Sentencia.”
Siguen las ordenes de reformar la legislación, si señor ministro y también la CIDH puede ordenar reformas a nuestra Constitución Política, si señor, como lo señala el numeral “118” antes vertido, porque se está, señor ministro no en la trastienda, sino al frente, por favor, lea con cuidado el derecho internacional y esencialmente la Sentencia de merito.
Ahora, la Sentencia contra el Estado Mexicano, igualmente se encaminó contra el Código Penal Federal y cualquier otro que contenga la misma normatividad en iguales términos, ojo señores Legisladores, se trata de la Desaparición Forzada de Personas, he aquí su transcripción:
ii) “Tipificación adecuada del delito de desaparición forzada de personas: reforma al artículo 215-A del Código Penal Federal conforme a los instrumentos internacionales”
343. “Los representantes solicitaron a la Corte que ordene al Estado “[r]ealizar las medidas legislativas correspondientes para que adecue puntualmente su marco legal interno con sus compromisos internacionales en el ámbito interamericano de los derechos humanos”. La Comisión no presentó pretensión alguna al respecto. Por su parte, el Estado señaló que el Estado mexicano “[s]e encuentr[a] impulsando un proyecto de ley sobre desaparición forzada de personas que permita subsanar cualquier deficiencia en la armonización de la legislación mexicana con los estándares internacionales en la materia”.
344. “En la presente Sentencia la Corte estableció que el artículo 215 A del Código Penal Federal, que sanciona el delito de desaparición forzada de personas, no se adecua plena y efectivamente a la normativa internacional vigente sobre la materia (supra párr. 324). Por tal motivo, el Estado debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para compatibilizar dicha tipificación penal con los estándares internacionales, con especial atención a lo dispuesto en el artículo II de la CIDFP, de conformidad con los criterios ya establecidos en los párrafos 320 a 324 del presente Fallo. Esta obligación vincula a todos los poderes y órganos estatales en su conjunto. En tal sentido, el Estado no debe limitarse a “impulsar” el proyecto de ley correspondiente, sino asegurar su pronta sanción y entrada en vigor, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico interno para ello.”
No es inaudito el comportamiento del veterano ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, panista y de ultraderecha, ese que defendió al “gober precioso” en el caso de la periodista Lidia Cacho en el asunto de pederastia y que se propuso anular la despenalización del aborto aprobado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el mismo que se refirió a los militares enfermos del VIH (síndrome de inmunodeficiencia adquirida también denominado Sida) haya en el 2007, como el que “son “un severo problema bacteriológico”, primero para la comunidad castrense, y después para todos los demás” (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/161896.html, Carlos Avilés, El Universal, Lunes 25 de agosto de 2008) y por supuesto también se opuso al matrimonio entre personas del mismo género y el derecho de adopción por parte de los mismos.
Lo que sorprende es su facilidad para mentir a la opinión pública en defensa de sus ideas retrogradas, ahora, como siempre, defendiendo el fuero militar en cuestiones que nada tienen que ver con el mismo, ya que se trata de civiles que el propio ejercito ha matado.
La Sentencia a que nos venimos refiriendo no es nueva, se emitió el 23 de noviembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, lo novedoso como ya lo hemos leído, es QUE SE VENCE EL PLAZO para que el Estado Mexicano cumpla con la misma y bueno, está una propuesta diferente a la de SS Aguirre Anguiano, la del Ministro José Ramón Cossío Díaz, que indica que se cumpla con tal Sentencia. Basta de violaciones, exigimos un Estado de Derecho real y con Justicia Social.
*Director de Logística de la Revista ANAD
Miembro del Consejo Editorial de la Revista Internacional “Derechos Sindicales Internacionales”
[1] El artículo 63.1 de la Convención dispone que:
[2] Artículo 62
[3] Capítulo III, De Los Extranjeros, Artículo 33. Son extranjeros los que no posean las calidades determinadas en el artículo 30. Tienen derecho a las garantías que otorga el Capítulo I, Título Primero, de la presente Constitución; pero el Ejecutivo de la Unión tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional, inmediatamente y sin necesidad de juicio previo, a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente.
[4] “…Artículo 130. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley.
…” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
[5] Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.
[6] Cfr. Caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, supra nota 54, párr. 207; Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 83, y Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 118.
[7] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 124, y Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173.
[8] Cfr. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile, supra nota 19, párr. 124; Caso La Cantuta Vs. Perú, supra nota 51, párr. 173, y Caso Boyce y otros Vs. Barbados. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, párr. 78. El Tribunal observa que el control de convencionalidad ya ha sido ejercido en el ámbito judicial interno de México. Cfr. Amparo Directo Administrativo 1060/2008, Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, sentencia de 2 de julio de 2009. En tal decisión se estableció que: “los tribunales locales del Estado Mexicano no deben limitarse a aplicar sólo las leyes locales sino que quedan también obligados a aplicar la Constitución, los tratados o convenciones internacionales y la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros organismos, lo cual los obliga a ejercer un control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas y las supranacionales, como lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación […]”.

References: artículo 63
 artículo 13
 artículo 62
 artículo 33
 Artículo 23
 Artículo 130
 Artículo 23
 Artículo 130
 artículo 13
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 13
 artículo 57
 artículo 215
 artículo 215
 artículo 63
 Artículo 62
 Artículo 33
 artículo 30
 Artículo 13