Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-01412-de-julio-23-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0102f721bb9303dae0530a01015103da&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-25 02:27:15+00:00

Document:
﻿ Sentencia 2001-01412 de julio 23 de 2015
SENTENCIA 2001-01412 DE 23 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR OMISIÓN DEL DEBER DE VIGILANCIA Y CUIDADO. EL ESTADO DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS DE QUE DISPONE PARA LOGRAR QUE EL RESPETO A LA VIDA Y DEMÁS DERECHOS DE LAS PERSONAS POR PARTE DE LAS DEMÁS AUTORIDADES PÚBLICAS Y PARTICULARES SEA UNA REALIDAD Y NO CONFORMARSE CON REALIZAR UNA SIMPLE DEFENSA FORMAL DE LOS MISMOS. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE DETERMINÓ QUE LA MUERTE DEL ALCALDE MUNICIPAL, ES IMPUTABLE AL ESTADO PORQUE, A PESAR DE SER CONOCEDOR DE LA DELICADA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO QUE VIVÍA EL MUNICIPIO, OMITIÓ CUMPLIR CON SU POSICIÓN DE GARANTE DE PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD POR EL QUE CLAMABA LA COMUNIDAD, DE TAL MANERA QUE ERA PREVISIBLE QUE LAS ACCIONES DE LOS VIOLENTOS PUDIERAN DIRIGIRSE EN CONTRA DEL MANDATARIO MUNICIPAL, EN SU CARÁCTER DE FIGURA POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ALCALDE, MUNICIPIO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Sentencia 2001-01412 de julio 23 de 2015
Expediente: 2700-12-33-1000-2001-01412-01 (33.546)
Actor: Jesús Antonio Perea Ríos y otros
Demandada: Nación - Ministerio de Defensa - Armada Nacional
La corporación es competente para conocer del asunto, en el grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, el 7 de febrero de 2006, por tratarse de un proceso de doble instancia, seguido contra la Nación - Ministerio de Defensa - Armada - Ejército - Policía Nacional, en el cual se condenó al pago de perjuicios materiales en cuantía total de $ 397.518.438, y morales por valor equivalente a 750 salarios mínimos legales mensuales vigentes(22), por la muerte del señor Henry Antonio Perea Torres.
Al tenor de lo previsto por el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo contenido en el Decreto-Ley 1 de 1984(23), la acción de reparación directa debía instaurarse dentro de los dos años siguientes al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.
En el sub examine la responsabilidad administrativa que se demanda se origina en la muerte del señor Henry Antonio Perea Torres, ocurrida el 18 de enero de 2001 y como quiera que las demandas posteriormente acumuladas se interpusieron el 1º de octubre de 2001(24). Y el 10 de diciembre de 2002(25), resulta evidente que la acción se propuso dentro del término previsto por la ley.
3.1. La responsabilidad de la parte demandada.
• Que el señor Henry Antonio Perea Torres falleció el 18 de enero de 2001, como consecuencia de heridas de arma de fuego que le produjeron “desconección (sic) cerebral”, tal como se desprende de lo consignado en el correspondiente protocolo de necropsia(26).
• Que el señor Henry Antonio Perea Torres tomó posesión como Alcalde del municipio de Juradó el 1º de enero de 2001, cargo que ejerció hasta el 18 de enero del mismo año, fecha en la que ocurrió el ataque que le causó la muerte, aspecto que fue certificado por la Secretaría de Hacienda del municipio de Juradó(27).
• Que aproximadamente a los 11:10 a.m. del 18 de enero de 2001, el señor Perea Torres fue sacado de su despacho por miembros del Frente 57 de las FARC y a las afueras de la alcaldía le fueron propinados dos disparos, “uno en la espalda y otro en la parte anteroposterior del cráneo”, circunstancias que fueron expuestas en certificación expedida por el personero municipal de Juradó(28), versión que es coincidente con la información suministrada por el comandante del Departamento de Policía del Chocó en oficio 0881 SIPOL-DECHO de 25 de agosto de 2001(29), en donde se expresó que “subversivos del frente 57 de las FARC, asesinaron al doctor Henry Perea Torres, Alcalde del municipio de Juradó, momentos en que ingresaba a su despacho”.
• Que en el mes de diciembre de 1999 el municipio de Juradó fue hostigado por porte del auto denominado grupo guerrillero FARC EP, situación de orden público que generó lo conformación de una misión humanitaria que produjo un informe de sus actividades realizadas entre el 10 y el 13 de enero de 2001, de donde se puede concluir que, desde el ataque armado a Juradó acaecido en el mes de diciembre de 1999, hasta la fecha en que fue asesinado su alcalde, el señor Henry Antonio Perea Torres, no hubo presencia de las fuerzas del orden.
En este sentido, en oficio 018, dirigido al fiscal departamental el 12 de junio de 2000, el personero municipal de Juradó, el presidente del comité de emergencia y el registrador municipal, expusieron lo siguiente(30):
“Con la presente nos permitimos comunicarles la grave situación de orden público que se está viviendo en este municipio, como consecuencia de la orfandad y nula presencia de las autoridades legítimamente constituidas para salvaguardar la honra y bienes de los ciudadanos.
Como es de su conocimiento pronto se realizarán los comicios electorales; teniendo en cuenta esta situación, estamos invocando la protección del derecho al sufragio contemplado en el artículo 2º del Decreto-Ley 2241 de julio del 86 (Código Electoral) donde manifiesta que las autoridades protegerán el ejercicio del derecho al sufragio, otorgando plenas garantías para que ningún grupo político saque ventajas sobre otros.
Ante la ausencia de las autoridades competentes (Ejército, Policía Nacional) se hacen presentes en la comunidad grupos al margen de la ley como: el bloque Elmer Cárdenas de la ACC y los frentes 34 y 57 de los FARC. Lo mismo que un grupo que últimamente ha desertado de la guerrilla formando su propia banda para sembrar el terror y pánico en la comunidad, colocando en peligro la vida de muchos ciudadanos y atentando contra los derechos humanos.
Ante este panorama desconcertante y sombrío consideramos que es una urgencia y palpitante necesidad la pronta y eficaz presencia de las autoridades legítimamente constituidas, que garanticen la convivencia pacífica y el normal desarrollo de los próximos comicios electorales”.
En el Oficio 0995 SIPOL-COMAN-DECHO de 7 de septiembre de 2001, el comandante del Departamento de Policía del Chocó, manifestó(31):
“Para el día 121299, fecha en la cual fue objeto de incursión subversiva de las FARC el municipio de Juradó, las instalaciones policiales se encontraban en buen estado, situación que permitió que 17 unidades de la Policía Nacional, al igual que la base de la Infantería de Marina, la cual contaba con un dispositivo aproximado de 175 militares que protegía esta localidad, no bastó para contener la arremetida de los bandoleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia, el cual dejó como resultado la muerte de 25 militares de la Infantería de Marina, el agente de la Policía Nacional Córdoba Nagles Henry, 19 heridos entre miembros de la fuerza pública, un oficial y dos suboficiales secuestrados, al igual que la destrucción total de la base de la Infantería de Marina, el Comando de la Policía Nacional y la pérdida del armamento de dotación de las dos unidades.
Referente al retiro de los uniformados de esta cabecera municipal, comunico a la señora peticionaria que, el 131299 fue retirado el personal atacado de este municipio, el cual obedeció a que en el lugar no existieran unas instalaciones que ofrecieran las condiciones mínimas de seguridad y salubridad para instalar el personal policial. Es de anotar que en el municipio de Juradó, la presencia de las FARC ha sido permanente desde la incursión subversiva, situación que no ha permitido la construcción del comando de Policía en ese lugar. Debido a esta problemática, se propuso adjudicar el contrato de construcción a ingenieros militares, quienes cuentan con los medios logísticos para desarrollar esta obra en Juradó.
Debido a la situación de orden público que vive el departamento del Chocó, y en especial el municipio de Juradó, no se puede enviar a este lugar 15 o 20 unidades policiales, debido a que serían presa fácil de la subversión, pues el comando del departamento cuenta con limitaciones tanto en humanos como logísticos que permitan diseñar un dispositivo de seguridad sólido con mayor número de hombres y con dotación logística adecuada para este lugar, que permitan realizar los controles en esta localidad”.
Por su parte, el comandante de la Armada Nacional, en oficio sin fecha 1893 CARMA-IGAR-DEJUR-930, expresó(32):
“Desde el 12 de diciembre de 1999, debido al cruento ataque sufrido por la Armada Nacional en el puesto de Juradó, protagonizado por el bloque noroccidental de las FARC quedaron destruidas las instalaciones militares por el accionar de los cilindros de gas, morteros y granadas que utilizaron dichos delincuentes y que además causó la muerte de veinticuatro (24) miembros de la institución y el secuestro de tres (3) más.
Por esos hechos se hizo necesario trasladar a los infantes de marina sobrevivientes a otras unidades de Infantería de Marina, pues lo que quedó del puesto no garantizaba las mínimas condiciones de seguridad y habitabilidad, constituyéndose en un grave e inminente riesgo por la vulnerabilidad a un nuevo ataque de la guerrilla de las FARC.
Sin embargo, la Fuerza Naval del Pacífico ha realizado con sus unidades navales, aeronavales y de Infantería de Marina, operaciones militares tanto en el casco urbano como en áreas rurales del municipio, en contra de los diversos agentes generadores de violencia.
La presencia física permanente en todos los municipios del área de jurisdicción de la Fuerza Naval del Pacífico, no es posible por limitación de instalaciones y de personal.
Actualmente la Armada Nacional está apoyando la construcción de una estación de Policía en el municipio de Juradó”.
De igual manera, en el “Informe de la Misión Humanitaria al municipio de Juradó, departamento del Chocó” se registró lo siguiente(33):
“(...) en materia de orden público, esta zona empezó nuevamente a convulsionar con la expansión del conflicto armado nacional, pues su posición geográfica y el hecho de ser corredor internacional, implica la facilidad de transportar armas, drogas y contrabando, razón por la cual se han presentado multiplicidad de violaciones de derechos humanos, especialmente los homicidios selectivos, los secuestros, las masacres y los desplazamientos.
Existió en la zona un batallón de la Armada compuesto por aproximadamente 300 hombres hasta diciembre de 1999, con ocasión de la toma guerrillera donde fueron sacrificados en un número mayor a 30 infantes de marina, hecho que obligó al levantamiento del apostadero.
Reunión en la Gobernación del Chocó, en Quibdó. Enero 10/01
(...) Los asesinatos, las muertes selectivas acaecidas desde hace varios años, evidencian la indefensión de la población a merced de cualquier actor armado.
Que no existe gobernabilidad, porque impera la ley del miedo, el señalamiento y la amenaza permanente a la población civil.
La ausencia del Estado en todas sus magnitudes, muchos de los funcionarios públicos no habitan la región y ejercen sus funciones a larga distancia, dejan a la población en manos de aquellos que con las armas quieren someterlos.
La urgencia de la construcción de un puesto de Policía, para lo cual se requiere la presencia permanente de la Fuerza Naval del Pacífico, que garantice la construcción de la obra, tanto la gobernación, como la Vicepresidencia de la República, van a darle seguimiento a esta urgente necesidad.
Reunión con los comandantes de la Naval del Pacífico en bahía Solano. Enero 11/01
Los comandantes de la Naval, explicaron a los participantes de la misión sus actividades, operaciones militares en su jurisdicción, expresando sus limitaciones: pocos hombres, pocos recursos para realizar operaciones militares de mayor efectividad, las condiciones climáticas que afectan la salud de los miembros de la naval y que obstaculiza las labores y operaciones, al igual que lo extenso del territorio al cual le tiene que brindar seguridad (...).
Los comandantes de la Naval solicitan a los organismos nacionales presentes, ayuden a gestionar la construcción del puesto de Policía, el apoyo con recursos, para poder hacer mayores recorridos de vigilancia.
La población exige que la Naval, haga más presencia en Juradó, que vigile y acompañe las embarcaciones que transportan los alimentos para evitar que los para militares atenten contra ellas. De igual manera piden el regreso de la fuerza pública al municipio de Juradó.
Reunión con los pobladores del municipio de Juradó. Enero 12/01
Manifestaron la necesidad de que la fuerza pública haga presencia en la zona y le brinde seguridad. Pero que más seguridad, es la presencia de la autoridad civil y el desarrollo de programas de interés social.
Los organismos del Estado se comprometieron a gestionar la construcción del puesto de Policía de manera urgente y a gestionar igualmente la permanencia continua de la Armada Nacional.
La Defensoría adelantará gestiones tendientes a crear una casa de justicia en Juradó, mientras vuelve la fuerza pública.
La Infantería de Marina se comprometió a hacer los respectivos patrullajes marítimos y a acompañar las embarcaciones que provean de alimentos al municipio”.
Previamente al análisis de los supuestos de responsabilidad aplicables al caso concreto, en relación con la imputación jurídica del daño, debe decirse que la Sala Plena de la Sección, en sentencia de 19 de abril de 2012(34), unificó su posición para señalar que, al no existir consagración constitucional de ningún régimen de responsabilidad en especial, corresponde al juez encontrar los fundamentos jurídicos de sus fallos, por lo que los títulos de imputación hacen parte de los elementos argumentativos de la motivación de la sentencia. En este sentido se expuso:
De cara a lo anterior, con fundamento en lo expuesto en los antecedentes de la demanda narrados al inicio de esta providencia y en el material probatorio relacionado, es posible concluir que la imputación de responsabilidad a la entidad pública demandada en el presente asunto debe realizarse bajo el título de falla en el servicio, porque si bien no se demostró que en la producción del daño interviniera activamente un servidor público, sí está acreditado que no se le brindó a la víctima la protección que demandaba, deber que de haberse cumplido bien hubiera podido interrumpir el proceso causal generador del daño.
Tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, ha considerado la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta corporación que los mismos son imputables al Estado cuando en la producción del hecho intervino la administración, a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio, como en los eventos en los cuales el hecho se produce con la complicidad de miembros activos del Estado, o cuando la persona contra quien iba dirigido el acto había solicitado protección a las autoridades y éstas no se la brindaron o porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó ninguna actuación dirigida a su protección(35).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 2º de la Constitución, la razón de ser de las autoridades públicas es la de defender a todos los residentes en el país y de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Omitir el cumplimiento de esas funciones no sólo genera responsabilidad personal del funcionario sino además responsabilidad institucional, que de ser continua pone en tela de juicio su legitimación. Por lo tanto, el Estado debe utilizar todos los medios de que dispone para lograr que el respeto a la vida y demás derechos de las personas por parte de las demás autoridades públicas y particulares sea una realidad y no conformarse con realizar una simple defensa formal de los mismos(36).
En relación con la responsabilidad del Estado por omisión, se ha considerado que para la prosperidad de la demanda es necesario que se encuentren acreditados los siguientes requisitos: a) la existencia de una obligación legal o reglamentaria a cargo de la entidad demandada de realizar la acción con la cual se habrían evitado los perjuicios(37); b) lo omisión de poner en funcionamiento los recursos de que se dispone para el adecuado cumplimiento del deber legal, atendidas las circunstancias particulares del caso; c) un daño antijurídico, y d) la relación causal entre la omisión y el daño(38).
Frente a este último aspecto, con apoyo en la doctrina, que a su vez se inspiró en la distinción realizada en el derecho penal entre delitos por omisión pura y de comisión por omisión, se precisó que en este tipo de eventos lo decisivo no es la existencia efectiva de una relación causal entre la omisión y el resultado, sino la omisión de la conducta debida, que de haberse realizado habría interrumpido el proceso causal impidiendo la producción de la lesión(39).
La responsabilidad patrimonial del Estado por omisión del deber de vigilancia y cuidado que debía brindar de manera prevalente sobre algunas personas ha sido declarada en repetidas oportunidades, por ejemplo, por la muerte de destacados exfuncionarios o líderes políticos, como los señores Hernando Baquero Borda(40), Enrique Low Murtra(41), Juan Jaime Pardo Leal(42) el exconcejal del municipio de Girón, Santander Carlos Alberto Carvajal Chacón(43) y el exsenador Manuel Cepeda Vargas(44).
No obstante, cabe señalar que igualmente se ha considerado que a pesar de que es deber del Estado brindar protección a todas las personas residentes en el país, no le son imputables todos los daños a la vida o a los bienes de las personas causados por terceros, porque las obligaciones del Estado son relativas(45), en tanto limitadas por los capacidades que en cada caso concreto se establezcan, dado que “nadie está obligado a lo imposible”(46). Aunque, se destaca que esta misma corporación en providencias posteriores ha aclarado que la relatividad de las obligaciones del Estado no excusa su incumplimiento, sino que debe indagarse en cada caso si en efecto fue imposible cumplir aquéllas que en relación con el caso concreto le correspondían(47).
En el caso concreto, como ya se señaló, se considera que la muerte del Alcalde del municipio de Juradó, señor Henry Antonio Perea Torres, es imputable al Estado porque, a pesar de ser conocedor de la delicada situación de orden público que se vivía en dicho municipio, omitió cumplir con su posición de garante para prestar el servicio de vigilancia y seguridad por el que clamaba la comunidad, tal como se demostró en el expediente, de manera que, ante un cuadro de anarquía como el que revelan las pruebas relacionadas en precedencia, en especial el aludido informe de la misión humanitaria, era previsible que las acciones de los violentos pudieran dirigirse en contra del mandatario municipal, en su carácter de figura política, quien, al igual que el resto de la población, se encontraba a merced de los grupos armados al margen de la ley que tenían el control del territorio, esto debido a la total ausencia de las fuerzas del orden, aspecto que aparece señalado por los mismos comandantes de la Policía y la Armada Nacional.
En este sentido, vale la pena reiterar, in extenso, los consideraciones que hiciera esta Subsección cuando se pronunció sobre la responsabilidad patrimonial derivada de la muerte del Alcalde del municipio de Jambaló en hechos ocurridos el 19 de agosto de 1996, homicidio perpetrado en similares circunstancias a las del presente caso. Expuso la Sala(48):
“Para el caso sub examine, el daño resulta imputable por omisión a la Policía y Ejército Nacional, toda vez que esas entidades se encontraban en posición de garantes(49) en relación con la protección a la vida e integridad del Alcalde de Jambaló, señor Marden Arnulfo Betancur Conda, puesto que resultaba ampliamente conocida la situación de violencia que imperaba en el año 1996 en el citado municipio de Jambaló, Cauca, producto de la masiva presencia en la zona de un grupo subversivo (ELN).
Ciertamente, la masiva presencia subversiva y, por ende, la situación de riesgo y violencia generalizada era conocida por las autoridades civiles municipales y departamentales, pues como la propia Policía Nacional lo reconoce, no había presencia de la fuerza pública en esa región, por cuanto “la zona tenía y continúa teniendo marcada influencia bandolera y no era procedente la prestación del servicio”. En consecuencia, si bien la Policía Nacional desconocía la existencia de amenazas específicas o concretas en relación con el Alcalde Municipal Marden Arnulfo Betancur Conda, lo cierto es que sí era consciente del riesgo al cual se encontraban sometidos los funcionarios, autoridades locales y, en general toda la población de Jambaló, debido a la abundante presencia subversiva armada en esa localidad.
Bajo esa perspectiva, el estado total de indefensión en el que se vio sumida la víctima, no sólo facilitó sino que además incrementó en altísimas proporciones, sin lugar a dudas, la consumación de tan execrable crimen, lo cual resulta reprochable desde todo punto de vista. En consecuencia aunque el crimen del señor Betancur Conda fue perpetrado por un tercero, su muerte no le es ajena a la entidad demandada y no constituye, por tanto, una causa extraña que permita su exoneración de responsabilidad.
Por consiguiente, el daño antijurídico deviene imputable a las entidades demandadas, toda vez que la fuerza pública estaba en el deber, en virtud de su posición de garante, de evitar el resultado que en virtud del conocimiento y las reglas de la experiencia era esperable, esto es que el grupo subversivo que operaba en la zona atentara contra la vida e integridad del señor Alcalde Marden Arnulfo Betancur Conda y, comoquiera que esa intervención no se produjo, se configuró una omisión, lo cual, sin anfibología alguna, fue determinante en la producción del daño, circunstancia que desencadena una responsabilidad de tipo patrimonial de la administración pública, máxime si esa circunstancia configuró un desconocimiento del deber de seguridad y protección, lo cual no es otro cosa que una clara falla del servicio.
Para el presente caso, el sustrato de la obligación de resarcir el daño irrogado se encuentra en el desconocimiento del deber de protección y seguridad que le asiste a las autoridades públicas y, de manera particular, a los militares y policiales de salvaguardar los derechos, bienes e intereses legítimos de los asociados, en los términos establecidos en el artículo 2º de la Carta Política, desconocimiento que llevó a que se produjera el execrable homicidio del referido Alcalde Municipal de Jambaló, en la forma en que se precisó anteriormente; así pues, no se trata de una abstracta atribución o de un genérico e impreciso deber de protección, sino de un grave incumplimiento por parte de la administración pública, respecto de la obligación de protección y seguridad para con el referido funcionario público quien se encontraba en un inminente riesgo.
En casos como el presente, en los cuales se ha declarado la responsabilidad patrimonial del Estado por la falta a sus deberes de protección y seguridad para con los ciudadanos, la Sala Plena de esta corporación se ha pronunciado con palabras y pensamientos que hoy nuevamente se reiteran, según los refleja la sentencia del 30 de octubre de 1990(50), en lo cual se sostuvo:
“La protección que a la vida, honra y bienes de los ciudadanos deben las autoridades, según el artículo 16 de la Constitución —principio que viene consagrado desde 1886— no puede concebirse jamás como estática, es decir, que no puede aceptarse que los organismos policivos sean sujetos pasivos entregados a la espera imposible de la petición de protección por parte del miembro de la comunidad que la necesita, sino que por el contrario deben observar una actitud de permanente alerta determinada por las circunstancias de cada momento que viva la colectividad y tomar la acción que corresponda motu proprio cuando la situación azarosa de perturbación en un caso dado la hagan aconsejables respecto de una o determinadas personas en razón de la influencia que tales circunstancias obren sobre ellas por la posición que ocupan en la vida social” (resaltado del texto original)” (se resalta).
Adicionalmente a lo anterior, debe decirse que, aunque la presencia de las Fuerzas Armadas en el municipio no garantizaba en términos absolutos que el hecho dañoso se hubiera podido impedir, lo cierto es que la falta del pie de fuerza facilitó el accionar de los delincuentes, pues el alcalde constituía un blanco fácil de la delincuencia organizada y de los grupos al margen de la ley.
Por consiguiente, se impone concluir que en el sub judice concurren los elementos necesarios para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado a causa de los daños sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte del señor Henry Antonio Perea Torres, sin que la entidad demandada hubiere acreditado la existencia de una causa extraña que pudiere eximirla de responsabilidad por ese hecho.
En consecuencia, todas las razones hasta ahora expresadas servirán de apoyo para confirmar la declaración de responsabilidad patrimonial dispuesta en la sentencia consultada.
En este punto, la Sala debe precisar que en razón a que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada no hay lugar a incrementar las indemnizaciones otorgadas por el tribunal a quo.
4.1. Perjuicios morales reconocidos a los demandantes.
Según se acreditó en el presente asunto, el daño que se imputó a la entidad demandada en la sentencia de primera instancia se produjo por la muerte del señor Henry Antonio Perea Torres, en las circunstancias descritas en la parte considerativa de este proveído, todo lo cual produjo a los demandantes, sin duda, una afección moral que debe ser indemnizada.
Ahora bien, descendiendo al caso concreto, se tiene que dentro del expediente se encuentra debidamente acreditada la legitimación material de los demandantes, en tanto su parentesco fue establecido con los respectivos registros civiles de matrimonio y nacimiento(51), documentos que prueban debidamente el vínculo familiar entre ellos, parentesco que, unido a las reglas de la experiencia, permite inferir el dolor moral que aquellos sufrieron con la muerte de aquél.
En estas condiciones, habrá lugar a confirmar la decisión adoptada en la sentencia consultada respecto del reconocimiento, a título de daño moral, de los montos establecidos para cada uno de los demandantes, no sin antes advertir que el salario mínimo legal mensual vigente, de conformidad con la posición reiterada de la Sala y la Sección(52), corresponderá al de la fecha de ejecutoria de esta providencia y no al de la fecha del pago efectivo, como lo había señalado el a quo; además, los errores de simple transcripción en los nombres de dos de los actores(53) serán subsanados en esta oportunidad, habida cuenta de que el fallo consultado no tiene firmeza jurídica y le corresponde a la Sala decidir sobre su conformidad con el derecho aplicable.
Así mismo, lo dispuesto en los ordinales séptimo o décimo primero de la parte resolutiva del fallo consultado, relativos al reconocimiento de personería adjetiva a los apoderados de las partes no será objeto de pronunciamiento ni de transcripción en la parte resolutiva de esta providencia, toda vez que se trata de aspectos procesales que ya han surtido sus efectos en el expediente y que no se relacionan con el fondo del asunto que se consulta en esta oportunidad, por lo que, en gracia de brevedad, se entienden incorporados a la decisión.
Teniendo en cuenta que en el proceso se demostró debidamente la legitimación material de la esposa y los hijos de la víctima, así como el ingreso que esta devengaba al momento de su muerte(54), es claro que aquellos sufrieron un perjuicio derivado de la falta de ayuda económica que en vida les prodigaba el señor Perea Torres, por lo que encuentra la Sala que la liquidación realizada por el a quo se ajusta a los criterios fijados en la jurisprudencia de esta corporación en relación con el lucro cesante.
De otra parte, si bien la Sala encuentra conforme a derecho este aspecto de la sentencia de primera instancia, habrá de modificarlo para efectos de reliquidar los perjuicios materiales reconocidos en dicho fallo, en cuanto se refiere a la actualización monetaria a valor presente, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales recientes(55) sin que esto suponga, en modo alguno, desconocer que el grado jurisdiccional de consulta se surte a favor de la entidad pública condenada, para lo cual se aplicará la fórmula utilizada reiteradamente por esta corporación para actualizar la renta.
Rh: Renta histórica que se va a actualizar (en este caso, la suma reconocida por el tribunal a quo)
Ipc (f): Es el índice mensual de precios al consumidor final, es decir, el último conocido a la fecha en que se realiza la actualización (jun. 2014: 116.91);
Ipc (i): Es el índice mensual de precios al consumidor inicial, es decir, el que correspondió a la fecha desde la cual se va a realizar la actualización (feb. 7/2006 - 85.11).
• Lucro cesante para Genith Garrido Arriaga
Ra = $ 357.594.551
• Lucro cesante para Henry Manuel Perea Garrido
Ra = $ 83.004.292
• Lucro cesante para Omar Andrés Perea Bustamante
Ra = $ 53.791.567
• Lucro cesante para Helberth Jesús Perea Bermúdez
Ra = $ 51.654.479
1. MODIFICAR la sentencia consultada, esto es, la proferida el 7 de febrero de 2006, por el Tribunal Administrativo del Chocó, lo cual en su parte resolutiva quedará así:
PRIMERO. Declarar no probada la excepción de hecho de un tercero, formulada por la accionada Policía Nacional, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Declárase administrativamente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada - Ejército - Policía Nacional de los hechos y perjuicios sufridos por los demandantes como consecuencia de la muerte violenta del señor Henry Antonio Perea Torres, ocurrida el 18 de enero de 2001, en el municipio de Juradó - Chocó.
TERCERO. Como consecuencia de la declaración anterior, CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada - Ejército - Policía Nacional a pagar a cada uno de los demandantes: Jesús Antonio Perea Ríos y Victoria Torres Perea (en su calidad de padres); Genith Garrido Arriaga (cónyuge), y a los menores Henry Manuel Perea Garrido, Omar Andrés Perea Bustamante y Helberth Jesús Perea Bermúdez (hijos), a título de perjuicios morales, la cantidad equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
CUARTO. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada - Ejército - Policía Nacional, a pagar a los demandantes: Helberth Antonio Perea Torres, Elizabeth Perea González y Adela Perea Mosquera (hermanos) a título de perjuicios morales, la cantidad equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
QUINTO. CONDÉNASE a la Nación - Ministerio de Defensa - Armada - Ejército - Policía Nacional a pagar a cada uno de los demandantes por perjuicios materiales (indemnización debida y futura), los siguientes valores: Genith Garrido Arriaga (Esposa) $ 357.594.551; Henry Manuel Perea Garrido $ 83.004.292 (Hijo), Omar Andrés Perea Bustamante $ 53.791.567 (Hijo), y Helberth Jesús Perea Bermúdez $ 51.654.479 (Hijo).
SEXTO. Niéganse las pretensiones al accionante Eugenio Torres Hurtado de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
(...) DÉCIMO SEGUNDO. Sin costas.
DÉCIMO TERCERO. Cúmplase lo ordenado en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
DÉCIMO CUARTO. Consúltese con el superior si no fuere apelada”.
2. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 114 del Código General del Proceso y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas a los apoderados judiciales que han venido actuando.
(22) De conformidad con lo previsto en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, tal como fue modificado por el artículo 57 de la Ley 146 de 1998 prevé que serán consultables las sentencias dictadas en primera instancia que no fueren apeladas e impongan condena en concreto que exceda de 300 salarios mínimos mensuales legales, que para la fecha en la cual fue proferida la sentencia equivalían a $ 122.400.000.
(23) Normatividad aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
(24) Folio 69, cuaderno principal 1.
(25) Folio 2, cuaderno 2.
(26) Folios 102 y 103, cuaderno principal 1.
(27) Folio 106, cuaderno principal 1.
(28) Folio 101, cuaderno principal 1.
(29) visible de folios 124 a 126, cuaderno principal 1.
(30) Folio 111, cuaderno principal 1.
(31) Folios 127 y 128, cuaderno principal 1.
(32) Folios 129 y 130, cuaderno principal 1.
(33) Folios 112 a 121, cuaderno principal 1.
(35) Esta Subsección en sentencia de 11 de julio de 2012, expediente 180012331000 1998 00149 01 (24.627) expresó: “(...) En uno y otro caso, la omisión de las autoridades competentes, consistente en no brindar la protección necesaria para salvaguardar la vida e integridad de las personas, hace responsable a la administración de los daños que se ocasionen a éstas.
Sin embargo, debe hacerse claridad acerca de que no es viable atribuirle a la administración una posible deficiencia en la seguridad, extendiendo el deber de las autoridades a una misión objetiva de resultado traducida en que no se produjera ningún acto que afectara el orden social, deseo si bien loable dentro de cualquier sistema de gobierno, resulta imposible de lograr, ni siquiera con los mayores esfuerzos y medidas extremas.
Lo que sí es procedente, es que si la administración cuenta con un mínimo de conocimiento acerca de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentra determinada persona —Bien porque aquella lo puso de presente y solicitó protección o, porque dicha situación era en tal grado ostensible, que demandaba el despliegue oficioso de actividades tendientes a conjurar o resistir el peligro que sobre ella se cernía—, el deber genérico de protección y seguridad se concreta y exige una conducta activa de la administración, que de omitirse, permite que se declare su responsabilidad por el daño derivado de la materialización del peligro”. Así mismo pueden consultarse las sentencias de 16 de julio de 1996, expediente 422; de 11 de diciembre de 1990, expediente 5417; 21 de marzo de 1991, expediente 5595; 19 de agosto de 1994, expediente 9276 y 8222; 13 de octubre de 1994, expediente 9557; 2 de febrero de 1995, expediente 9273; 16 de febrero de 1995, expediente 9040; 30 de marzo de 1995, expediente 9459; 27 de julio de 1995, expediente 9266; 15 de agosto de 1995, expediente 10.286; 6 de octubre de 1995, expediente 9587; 14 de marzo de 1996, expediente 11.038; 29 de marzo de 1996, expediente 10.920; y 29 de agosto de 1996, expediente 10.949, 11 de julio de 1996, expediente 10.822, 30 de octubre de 1997, expediente 10.958, entre muchas otras.
(36) En sentencia de 15 de febrero de 1996, expediente 9940 la Sección Tercera expuso: “Se ha dicho que al Estado se le deben exigir los medios que corresponden a su realidad, haciendo caso omiso de las utopías y de la concepción ideal del Estado perfecto, omnipotente y omnipresente. A esto se ha llamado la teoría de la relatividad del servicio, a fin de no pedir más de lo posible, pero con la mismo lógica debe concluirse que el Estado debe todo cuanto esté a su alcance”. Dicho criterio fue reiterado por la Sección en sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20.511.
(37) Sentencia del 23 de mayo de 1994, expediente 7616.
(38) Sentencia de 26 de septiembre de 2002, expediente 14.122.
(39) “...conforme a los principios decantados por la jurisprudencia nacional, la relación de causalidad sólo tiene relevancia para el derecho cuando responde a criterios de naturaleza jurídica, más allá de la simple vinculación física entre un comportamiento y un resultado; así, no parece necesario recurrir al análisis de la “virtualidad causal de la acción”, propuesto por el profesor Entrena Cuesta, para reemplazar el citado elemento de la obligación de indemnizar, sin perjuicio de que dicho análisis resulte útil para demostrar, por la vía de un argumento activo, el nexo adecuado existente entre la omisión y el daño producido. A ello alude, precisamente, la determinación de la posibilidad que tenía la administración para evitar el daño”. Sentencia de 21 de febrero de 2002, expediente 12.789.
(40) Sentencia de 15 de febrero de 1996, expediente 9940. Dijo la Sala en esa oportunidad: “la administración a pesar de la gravedad de las amenazas que lanzaron las organizaciones criminales contra la vida de la víctima y la de sus familiares, ésta se quedó corta en las medidas que adoptó a pesar de contar con los recursos humanos y técnicos para ofrecer la adecuado protección”.
(41) Sentencia de 19 de junio de 1997, expediente 11.875. Dijo la Sala: “La declaratoria de responsabilidad en contra de la Nación a través del Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, proviene de haberse demostrado en el proceso que no dieron cumplimiento a su función, como organismos de seguridad del Estado, de proteger la vida del doctor Enrique Low, que por especiales circunstancias se encontraba amenazado de tiempo atrás, desde cuando ocupó la cartera de justicia”.
(42) Sentencia de 30 de octubre de 1997, expediente 10.958. En esa oportunidad dijo la Sala: “El carácter de líder de la oposición, presidente de un partido político perseguido y diezmado violentamente, debería, por esa sola circunstancia, ser suficiente para que el doctor Pardo Leal recibiera del Estado a través de la Policía Nacional y demás organismos de seguridad, sin necesidad de requerimiento previo, la protección adecuada para garantizarle la vida, si no de manera absoluta, al menos en el mayor grado posible”.
(43) Sentencia de 5 de marzo de 1998, expediente 10.303, Dijo la Sala: “los esfuerzos para salvaguardar su vida e integridad fueron insuficientes frente a ese estado excepcional de franco peligro vivido, si se tienen en cuenta sus antecedentes políticos como miembro del partido denominado Unión Patriótica que por aquella época era objeto de múltiples e implacables persecuciones y atentados así corno que era de pleno conocimiento de los pobladores y de las autoridades municipales las numerosas amenazas e intimidaciones existentes en contra del mencionado concejal”.
(44) Sentencia de 20 de noviembre de 2008, expediente 20.511.
(45) Precisión realizada por la Sala en providencia de 10 de agosto de 2000, expediente 11.585.
(46) Así, por ejemplo, en sentencia de 11 de octubre de 1990, expediente 5737, dijo la Sala “Es cierto que en los términos del artículo 16 de la Constitución Política las autoridades están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y que a partir de este texto se fundamente la responsabilidad del Estado, pero también lo es que esa responsabilidad no resulta automáticamente declarada cada vez que una persona es afectada en tales bienes pues la determinación de la falla que se presente en el cumplimiento de tal obligación depende en cada caso de la apreciación a que llegue el juzgador acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, como se hubieren sucedido los hechos así como de los recursos con que contaba la administración para prestar el servicio, para que pueda deducir que la falla se presentó y que ella no tiene justificación alguna, todo dentro de la idea de que “nadie es obligado a lo imposible”. Así lo ha reconocido en varias oportunidades esta Sala y al efecto puede citarse la sentencia del 7 de diciembre de 1977 en donde dijo: “Hay responsabilidad en los casos en que la falta o falla administrativa es el resultado de omisiones actuaciones, extralimitaciones en los servicios que el Estado está en capacidad de prestar a los asociados, mas no en los casos en que la falta tiene su causa en la imposibilidad absoluta por parte de los entes estatales de prestar un determinado servicio” (exp. 1564, Actor: Flota La Macarena, Anales, Segundo Semestre 1977, pág. 605). Si bien es cierto que en esta materia el juez de la administración debe tener en cuenta que “la pobreza [del Estado] no lo excusa de sus obligaciones”, ello no quiere decir que en cada caso concreto no deba tener en cuenta por ejemplo, las disponibilidades con que pueda disponer el ente demandado para cumplir con las funciones que le correspondan, como sería en eventos como de sub lite, la consideración de la imposibilidad de tener fuerza policial disponible en forma más o menos permanente en cada una de las cuadras en que están divididas las avenidas, calles y carreras de una ciudad como Bogotá y con mayor razón cuando una parte importante de aquella tiene que ser destacada en un lugar donde se estén desarrollando desórdenes o tumultos. Con esto, naturalmente no se quiere significar que la apreciación del juez sobre las anotadas circunstancias de tiempo, modo y lugar deba ser benigna (por el contrario, debe ser rigurosa), pero sin olvidar la máxima expuesta acerca de la no obligatoriedad a lo imposible y teniendo siempre presente que dicha máxima jamás debería utilizarse para justificar una indefensión de la administración al deber de protección a la vida de los ciudadanos, valor fundamental de un Estado de derecho”.
(47) En sentencia de 14 de mayo de 1998, expediente 12.175, dijo la Sala: “...si bien es cierto esta corporación ha sostenido que dentro de la filosofía del Estado social de derecho no es posible responsabilizar al Estado colombiano por todo tipo de falencias que las circunstancias de pobreza del país evidencian en multitud de casos “pues el juez tiene que ser consciente de la realidad social en que vive, y no dejarse deslumbrar por el universo que tienen las palabras o conceptos políticos o jurídicos”, de allí no puede seguirse, como corolario obligado, que los daños que padecen los ciudadanos por vivir expuestos a situaciones de peligro permanente hayan de quedar siempre librados a la suerte de cada cual. En efecto, las implicaciones y el grado de compromiso que el Estado constitucional contemporáneo exige para todas las autoridades públicas supone un análisis de cada caso concreto en procura de indagar si la denominada falla del servicio relativa, libera a éstas de su eventual responsabilidad. Dicho en otros términos, no es aceptable que frente a situaciones concretas de peligro para los ciudadanos, estudiadas y diagnosticadas de vieja data, pueda invocarse una suerte de exoneración general por la tan socorrida, como real, deficiencia presupuestal”.
(48) Sentencia de 11 de agosto de 2011, expediente 19001-23-31-000-1998-58000-01 (20325), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(49) Al respecto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha determinado: “En una teoría de la imputación objetiva construida sobre las posiciones de garante, predicable tanto de los delitos de acción como de omisión, la forma de realización externa de la conducta, es decir, determinar si un comportamiento fue realizado mediante un curso causal dañoso o mediante la abstención de una acción salvadora, pierde todo relevancia porque lo importante no es la configuración fáctica del hecho, sino la demostración de si una persona ha cumplido con los deberes que surgen de su posición de garante. Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa.
“(...) En una grave violación a los derechos fundamentales, la conducta del garante que interviene activamente en la toma de una población, es similar a la de aquel que no presta la seguridad para que los habitantes queden en una absoluta indefensión. En virtud del principio de igualdad, cuando la acción y la omisión son estructural y axiológicamente idénticas, las consecuencias deben ser análogas: Si la conducta activa es ajena al servicio, también deberá serlo el comportamiento omisivo. Un miembro de la fuerza pública puede ser garante cuando se presenten cualquiera de los dos fundamentos de la responsabilidad explicados: creación de riesgos para bienes jurídicos o surgimiento de deberes por la vinculación a una institución estatal. Las Fuerzas Militares tienen la obligación absoluta de impedir el desconocimiento del derecho internacional humanitario (restricción absoluta aun frente a los estados de excepción según lo dispone el artículo 214 de la Constitución) y los derechos que, conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia, no pueden ser suspendidos durante tales estados. Permitir que ocurran, sea porque activamente intervienen en ellas o porque omiten el deber estatal de proteger a los asociados en sus derechos, constituye una flagrante violación a la posición de garante de las condiciones mínimas y básicas de la organización social y, por lo mismo, nunca podrán considerarse como un acto relacionado con el servicio. En suma, desde el punto de vista estrictamente constitucional, resulta claro que las Fuerzas Militares ocupan una posición de garante para el respeto de los derechos fundamentales de los colombianos. La existencia de esa posición de garante significa que el título de imputación se hace por el delito de lesa humanidad, o en general por las graves violaciones a los derechos humanos, sin importar la forma de intervención en el delito (autoría o participación), o el grado de ejecución del mismo (tentativa o consumación) o la atribución subjetiva (dolo o imprudencia). Las estructuras internas de la imputación no modifican la naturaleza del delito realizado; estas no cambian porque el interviniente (para el caso, quien omite) se limite a facilitar la comisión de un hecho principal, o porque no se alcance la consumación del hecho”. Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
(50) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de octubre de 1990, expediente 029, Actor: Ligia Calderón de Córdoba, M.P. Simón Rodríguez Rodríguez.
(51) Los que obran en copia auténtica de folios 70 a 80, cuaderno 1, expediente 2001 01412 y 2 del cuaderno 1, expediente 2002 01480.
(52) En este sentido, entre otras, se pueden consultar las sentencias proferidas por esta Subsección de 9 de julio de 2014, expediente 25000-23-26-000-1998-02225-01 (29.404) de 11 de junio de 2014, expediente 25000 23 26 000 2001 02488 al (27.722); de 11 de junio de 2014, expediente 25000 23 26 000 2005 02760 01 (38.662); de 30 de abril de 2014, expediente 25000-23-26-000-1997-13712-01 (25.085); de 9 de abril de 2014, expediente 25000-23-26-000-2000-02191-01 (28.738); de 30 de octubre de 2013, expedientes acumulados 250002326000 199800970 01 y 250002326000 199802673 01 (27.277). En igual sentido, la sentencia proferida por la Sala Plena de la Sección Tercera el 28 de abril de 2014, expediente 730012331000200101548 01 (25718).
(53) En algunos apartes de la parte resolutiva del fallo consultado se consignó erróneamente que unos de los beneficiados con la condena eran “Omar Andrés Perea Bustamante” y “Helbert de Jesús Perea Bermúdez”, cuando en realidad se trata de Omar Andrés Perea Bustamante y Helbert Jesús Perea Bermúdez.
(54) De conformidad con el certificado expedido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Juradó, visible a folio 106 del expediente 2001 01412.
(55) Al respecto, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 8 de junio de 2011, expediente 22.131 y del 23 de junio de esa misma anualidad, expediente 20.324, entre otras. Para la actualización de la condena se tendrá en cuenta el lPC certificado por el DANE, generado con la metodología Base 2008, por ser lo aplicable a la fecha y contener el ajuste de los índices hacia el pasado, cobijando la época en que se impuso la condena de primera instancia, criterio expuesto en sentencia de 7 de julio de 2011, expediente 20724.

References: artículo 136
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 16
 artículo 114
 artículo 37
 artículo 184
 artículo 57
 artículo 308
 artículo 16
 artículo 214