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Timestamp: 2018-02-22 18:49:41+00:00

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La SCBA se Pronuncia en Contra del Tope a la Indemnización por Antigüedad Respecto de ocho Trabajadores que Dedujeron Incidente de Revisión en la Quiebra de la Empresa Empleadora
by Dra. Adela Prat on septiembre 30, 2014
QUIEBRA. INCIDENTE de REVISIÓN. Fallo de la SCBA.
TOPE INDEMNIZATORIO Indemnización por Antigüedad Art. 245 LCT .
Resolución 1050/1996 del MTEySS (reglamentaria del Art. 245 LCT) en función del Laudo 1/1975.
La SCBA “revocó” la Sentencia de la Cámara de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata.
Causa (…) – “Castiñeiras, Víctor Omar y ot. contra Frigorífico Mellino S.A. Quiebra – Inc. de pronto pago y verif. tardía” – SCBA – 10/09/2014. Publicado por elDial.com – AA8A5C, el 30/09/2014.
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, resolvió:
Rechazar el Recurso Extraordinario de Nulidad interpuesto, con costas a los recurrentes vencidos (conf. arts. 68 y 298, in fine del C.P.C.C.).
Asimismo, por mayoría, hacer lugar al Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley, interpuesto por los Incidentistas, y
Revocar la Sentencia de la Sala I de la Cámara Primera de Apelación Civil y Comercial de Mar del Plata, debiendo volver la causa al Tribunal de origen para que, con nueva integración, dicte una nueva, de acuerdo con la presente. Costas de todas las instancias, incluída esta sede casatoria, deben ser soportadas por su orden“ (art. 68, 2a pte, y 289, C.P.C.C.)
En la quiebra de “Frigorífico Mellino S.A.”, ocho (8) trabajadores, por medio de apoderado, iniciaron Incidente de Revisión, sosteniendo la inconstitucionalidad de la Resolución 1050/1996 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y del Laudo Arbitral 1/1975, que `imponía´ un tope indemnizatorio, y que les había sido aplicado, para determinar el valor de sus respectivas Indemnizaciones por Antigüedad, lo que entendían, vulneraba los Arts. 14 y 14 bis de la C.N.
Destacan que la remuneración principal de ellos, es un `porcentaje´ de producción de la Empresa; pero por otro lado, se limita o aniquila cuando existe despido arbitrario, porque, no lo computaron, para calcular la Indemnización por Antigüedad Art.245 LCT.
En efecto, las Indemnizaciones por Antigüedad fueron liquidadas con el tope, representado por el Laudo 1/1975. Así, por ejemplo, un trabajador cuyo promedio real de remuneraciones alcanzaba a $ 1.581,73; al calcular la Indemnización por Antigúedad con el tope del Laudo 1/1975, arrojaba $ 10.056,69. Y sin tope alcanzaba a $ 26.889,41.
De manera que la Indemnización por Antigüedad, calculada con el tope, impuesto por la Resolución ministerial y el Laudo respectivo, constituye para cada uno de los trabajadores, una quita superior al 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador, a que se refiere el Art. 245 LCT.
En suma el art. 245 atacado, es el redactado conforme el Art. 153 de la Ley 24.013, (Ley Nacional de Empleo)
Los ex trabajadores de la Empresa fallida, desarrollaban su actividad, a bordo de buques pesqueros de altura.
II. La Sentencia de la Cámara de Mar del Plata revocada por la SCBA.
La Sala I de la Cámara Primera de Apelación Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata, confirmó la sentencia que, a su turno, había desestimado los planteos de los incidentistas, referidos a la inconstitucionalidad de los decretos que establecen “topes” indemnizatorios, al crédito laboral, que se verificara en el proceso principal.
En otras palabras, la Cámara provincial, rechazó el pedido de “inconstitucionalidad“, que en la Quiebra del epígrafe, formularon ocho (8) empleados, respecto de la Resolución 1050/1996 del MTEySS de la Nación, que establece el “tope indemnizatorio“ para el personal marítimo, con arreglo al Art. 245 LCT, incluída modificación dispuesta por la Ley 24.013 (Ley Nacional de Empleo).
Sí, declaró la inconstitucionalidad del Art. 245 de la LCT.
Teniendo en cuenta los parámetros consignados por la CSJN, en el precedente “Villarreal c/ Rommers“, interpretó – sobre la base de las conclusiones sentadas en el Informe Pericial Contable – que “…el monto indemnizatorio verificado oportunamente por los incidentistas, producto de aplicar el tope fijado por el Art. 245 LCT, no conduce a resultados irrazonables, por lo que no advirtió la vulneración de los Arts. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional.”
El letrado apoderado de los ocho (8) Incidentistas, impugnó dicho pronuciamiento, mediante Recurso Extraordinario de Nulidad y de Inaplicabilidad de Ley. En este último, invoca la infracción de los Arts. 14, 14 bis, 18, 28 y 99 inc. 2 de la C.N.; 39, 168 y 171 de la Constitución provincial, y Art. 16 del Código Civil; Arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 255 inc. 5, 474 del C.P.C.C., y 245 de la LCT .
Alega que el fallo en crisis `no se expidió´ sobre inconstitucionalidad de la Res. Gral. 1050/1996 del MTEySS de la Nación, que al reglamentar el Art. 245 LCT, determina un `tope´ en la indemnización del trabajador.
Bajo este enfoque, enumera los ítems que juzga `omitidos´:
a) El tope propuesto por el Síndico y aplicado por la Cámara – establecido en la Res. ministerial en función del Laudo Arbitral 1/1975, que vincula al S.O.M.U. (Sindicato de Obreros Marítimos Unidos) con la Cámara de Armadores de Buques Pesqueros de Altura, “no computa” el salario de producción, que el Laudo estipula.
Y establece un salario menor al mínimo vital y móvil, que es el salario constitucional.
b) La Sindicatura realizó pagos de Indemnizaciones, dentro de la Quiebra, sin computar el tope de la Resolución 1050/96 , infringiendo el principio de la pars condicio creditorum, para otros trabajadores de la misma categoría.
c) A raíz de ello, la Res. MTEySS 1050/96 deviene inconstitucional, en su parte pertinente, por violación de los Arts. 14, 14 bis, 28 y 99 inc. 2, de la C.N.
III. Voto por unanimidad en la Sentencia de SCBA. Rechazo del Recurso E. de Nulidad
“La Resolución MTEySS – expuestas las razónes por las que la Cámara considera improcedente el planteo de inconstitucionalidad – no debía el recurrente rebatir analizar cada uno de los argumentos invocados por los peticionantes de tal declaración, siendo suficiente que la pretensión articulada sea resuelta“.
“Bajo este prisma, se torna aplicable la doctrina de esta Corte, en cuanto señala, que el Art. 168 de la Constitución provincial, apunta a la omisión de una cuestión `esencial´, y no a la forma como fuere resuelta“.
“Por ello, corresponde el rechazo del Recurso Extraordinario de Nulidad, porque los temas cuya preterición se denuncia, fueron abordados por la Alzada, y los argumentos que se alegan, se vinculan más al `mérito´de la decisión, que a la ausencia de su tratamiento, siendo `ajeno´ al ámbito del presente Recurso, tanto el acierto con que se haya analizado el asunto, como la forma en que fuera encarado.”
IV. Voto de la mayoría de la SCBA que hace lugar al Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley
“Se hace lugar el Recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto, y se revoca la Sentencia de Cámara, debiendo volver la causa al Tribunal de origen para que, con una nueva integración, dicte una nueva, de acuerdo con la presente.”
Para decidir en ese sentido, el Dr. Pettigiani afirmó “surge entonces que la indemnización determinada conforme al tope impuesto por la Resolución del MTEySSN conforme el Laudo Arbitral 1/1975, constituye para cada uno de los actores – excepto uno de ellos – una quita superior al 33% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual, del trabajador, a la que se refiere el primer párrafo, del Art. 245.”
Concluyó su voto puntualizando “por razones de celeridad y economía procesal, resulta prudente hacer operativa la doctrina acuñada por la CSJN al respecto, y resolver que `corresponde´ aplicar la limitación a la base salarial prevista en los párrafos segundo y tercero del Art. 245 LCT, sólo hasta el 33% de la mejor remuneración normal y habitual computable“ (cons. 12)
– Voto del Dr. Héctor Negri
“Estimo que asiste razón a los recurrentes, en cuanto plantean que el tope a la base salarial que, confirmando la Sentencia de Primera Instancia, aplicó la Cámara, con apoyo en el Art. 245 de la LCT y en la Res. 1050/1996 del MTEySSN resulta `inconstitucional´, por lo que no debe ser utilizado en perjuicio de los actores (ver mis votos en las causas L. 75.293, “Ludueña“, sent., 27/12/2002; L. 74.564, “González Vitela“, sent. del 29/10/2003; L. 76.376, “Montero“, sent. 01/04/2004; L. 87.782, “Leoni“, sent. 08/11/2006; L. 85.181, “Varano“, sent. 23/05/2007; L. 98.497, “Giménez“, sent. 13/07/2011; L. 102.173, “Dickson“, sent. 30/11/2011; L. 94.532, “Zerbo“, sent. 29/02/2012; L. 99.257, “Díaz“, sent. 11/04/2012; L. 99.621, “Kieczur“, sent. 16/05/2012, entre muchas más)“
“En la especie resulta `confiscatoria´ la aplicación del tope máximo establecido en el Art. 245 LCT (texto según Art. 153 Ley 24.013), en cuanto a la base que refiere en su primer párrafo, tornándose violatoria de los principios consagrados en los Arts. 14 bis – que establece la protección contra el despido arbitrario – y 17 – que consagra el derecho de propiedad – de la Constitución Nacional (conf. L. 79.366, sent. 28/06/2006)
“En consecuencia, al resultar inconstitucional la aplicación del tope indicado, la indemnización debe ser calculada tomando como la mejor remuneración mensual, normal y habitual, devengada por el trabajador, a la que hace referencia el primer párrafo del Art. 245 LCT, sin reducción alguna (conforme mis votos en las Causas citadas y lo expuesto recientemente en la C. 94.734, “Soto Paredes“, sent. 16/04/2014).
– Voto en disidencia del Dr. Soria
Consideró – al igual que el Dictamen de la Procuración General, firmado por el Dr. De Oliveira – que el Recurso de Inaplicabilidad de Ley fue `mal concedido´ en la instancia de origen.
Para así concluír, partió de considerar, la doctrina legal imperante en torno a la interpetación del Art. 278 del C.P.C.C., según el cual, la determinación del monto del juicio – en relación a la admisibilidad del Recurso en análisis – en los supuestos de litisconsorcio activo facultativo, debe considerarse el importe reclamado individualmente por cada uno de los accionantes, y la decisión favorable a su concesión, estará dada por la circunstancia de que el valor del litigio considerado para alguno de ellos, supere el monto mínimo, previsto en la normativa procesal de referencia.
Finalmente añadió que “el valor de lo cuestionado por cada uno de los integrantes del litisoconsorcio activo facultativo, representado por la diferencia existente entre los montos de las acreencias verificadas en concepto de despido, con arreglo al tope indemnizatorio previsto en el Art. 245 LCT, según reforma introducida por el Art. 153 de la Ley 24.013, mediante los guarismos que arroja la Resolución 1050/96, con relación al Laudo Arbitral 1/1975, y los pretendidos sin el tope, alcanza y, mucho menos, excede la restricción económica, a que alude el Art. 278 LCT. “
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