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Timestamp: 2020-05-27 02:53:56+00:00

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José Segura: «Los objetivos de renovables y eficiencia energética para 2030 son francamente decepcionantes»
5 noviembre, 2014 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
José Segura Clavell (Barcelona, 1944) es la voz socialista de la Energía en el Congreso. Diputado por Santa Cruz de Tenerife, exdelegado del Gobierno en Canarias durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero, este diputado atesora una amplia trayectoria política y académica en la que también se puede destacar su experiencia como alcalde de La Laguna y presidente del Cabildo Insular de Tenerife, así como su labor como profesor de termodinámica técnica, disciplina sobre la que ha escrito varios libros. Asimismo, fue ponente de la Ley del Sector Eléctrico, y en esta entrevista ejercita su capacidad de análisis sobre lo decidido en Bruselas.
ENERGÍA DIARIO.- Para empezar, ¿qué valoración general hace del Consejo Europeo sobre Energía y Clima que ha fijado los objetivos para 2030 en este ámbito?
La cumbre se ha saldado con un enorme fracaso al que contribuyó, y de forma muy notable, la incomprensible posición del Gobierno de España del Partido Popular. Como en tantas ocasiones, la Vieja Europa se ha acabado imponiendo a la Nueva Europa; el «status quo» y el inmovilismo han vencido a la modernidad y a la competencia.
ED.- ¿Qué papel piensa que desempeñó España en ese Consejo?
El Gobierno del PP jugó con la camiseta del Viejo Orden. Como país hemos cometido un gran error y decepcionado a nuestros aliados europeos más cercanos. Hemos fallado por nuestra falta de visión, nuestra arrogancia y nuestro alineamiento con los países más radicales en materia energética. No objetamos nada respecto al objetivo acordado de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un 40%, pero en lo que atañe a las energías renovables y a la eficiencia energética, creemos que España debería haber apoyado a países que demostraron más ambición como Alemania, Dinamarca o Portugal.
Nuestro país debía haber estado en ese grupo. Por conveniencia energética, dada la dependencia exterior de España, pero también por política industrial, porque seguimos siendo una potencia tecnológica en el sector renovable, muy especialmente en energía eólica. Así que en Europa nadie nos entiende. A pesar de tener una industria renovable fuerte y mayores recursos de viento y sol, no favorecemos su impulso y rechazamos las alianzas en este sentido que nos brindan otros países.
ED.- ¿Cómo valora el objetivo alcanzado respecto a las energías renovables de una cuota del 27% respecto al consumo total de energía en 2030 y el objetivo «indicativo» de carácter «no vinculante» de incrementar la eficiencia energética en un 27%?
Es francamente decepcionante: por un lado, se fija un 27% para renovables cuando debemos recordar que el Parlamento Europeo había aprobado un 30%; por otro lado, no hay objetivos vinculantes a nivel nacional sino que es un 27% que debe cumplir el conjunto de la Unión Europea. Dada esta particularidad, no se incentiva a que los Estados miembros implementen políticas en este sentido y cabe la posibilidad de que se alcance por inercia, sin necesidad de ninguna intervención adicional sobre los mercados, visto el grado de competitividad alcanzado por las energías renovables. En cuanto a la eficiencia energética, nos hubiera gustado que fuera vinculante y del 30%. Por tanto, el mensaje que Europa envía al mundo es tan tímido como preocupante.
Incrementar las interconexiones con Europa
ED.- En el último año, el Gobierno dio mucha importancia a potenciar las interconexiones con Francia para conectar nuestro sistema eléctrico y gasista con los países comunitarios. ¿Qué opina su partido en esta materia?
Desde el PSOE apoyamos esta pretensión del PP de tener más interconexiones con Europa. Con independencia de cuáles son los objetivos reales que hay detrás del interés del Gobierno, pensamos que el Mercado Europeo de la Energía no puede avanzar sin interconexiones.
ED.- ¿A qué objetivos reales se refiere?
Lo que el PP llama «hub» de gas se traduce en ser un agente comercial transitorio del gas de terceros, algo que puede tener mucho interés para un monopolio público que gestiona las redes de gas, pero que me parece de muy poca utilidad para el conjunto de los españoles. Lo que hay que buscar es de qué forma la posición española en Europa podría ayudar a que baje el precio del gas en España, que ha crecido más de un 54% desde 2007, incluso por encima de lo que ha subido la electricidad.
ED.- ¿Cómo valora entonces lo que se ha acordado en materia de interconexiones?
Los resultados han sido muy modestos. Y eso hay que reconocerlo. El Consejo Europeo se limitó a afirmar que tomará medidas para garantizar que el objetivo de un 10% de interconexiones eléctricas se cumpla, eso sí, en 2020: es decir, nada nuevo, puesto que ese objetivo ya estaba vigente desde hace años. Además, se afirma que este objetivo debe cumplirse a través del impulso a los Proyectos Comunes de Infraestructuras, otro instrumento que ya existía y en el que España ya ha incluido los proyectos que podía realizar.
ED.- ¿Cree que las negociaciones en el Consejo Europeo vuelven a dejar, una vez más, el asunto de las interconexiones en manos de una negociación bilateral entre España y Francia, reacia a potenciarlas?
Es que lo que se ha acordado en el Consejo Europeo no es nada que sea sustancialmente nuevo. Seguiremos en manos de la decisión de otros Estados y, a pesar de la innegable buena voluntad de la Comisión Europea para que así fuera. Además, lo cierto es que no se han conseguido objetivos vinculantes en esta materia, y menos el objetivo vinculante del 15% para 2030 que, según se nos había dicho, era clave para España. Tampoco Francia quiere asumir ningún compromiso vinculante.
ED.- Antes que los objetivos de 2030, estamos llegando a la mitad de una década en la que ya había unos objetivos fijados para 2020. ¿Qué lectura se puede realizar en la actualidad de la Estrategia 20/20/20?
Lo primero que hay que decir es que estamos en un momento de gran incertidumbre que está afectando a los modelos económicos establecidos para los sistemas energéticos. Desde luego, a nivel europeo, resulta necesario establecer una política energética que compatibilice la sostenibilidad con la competitividad porque hasta ahora sólo ha habido tímidos avances en cuanto a la sostenibilidad medioambiental pero no se han logrado los objetivos propuestos de competitividad y desarrollo industrial.
ED.- ¿En qué sentido considera que debería avanzar Europa?
Hay que lograr la consecución de un mercado interior europeo de la energía; estamos convencidos de que requiere un empeño político y económico fuerte de los Estados miembros pero hay que trabajar en esa dirección y en la integración completa de nuestro país en el mismo. Para ello España tiene que avanzar en el refuerzo de sus interconexiones con Europa a través de Francia: algo imprescindible para, en el caso del sector eléctrico, lograr una mayor integración de las energías renovables en el sistema y aliviar los problemas derivados del exceso de potencia; también relevante para el gas natural, puesto que supondría importantes beneficios en materia de seguridad y suministro para Europa en su conjunto, mediante la diversificación de las vías de entrada de abastecimiento de esta fuente energética frente a potenciales problemas de suministro dada la actual dependencia del gas ruso.
ED.- ¿Qué implicaría el mercado interior europeo de la energía?
Debo recordar en este punto las consideraciones de la Comisión Europa al respecto, en las que afirma que el mercado interior ayudará a la Unión Europea a llevar a cabo la transición necesaria: unos mercados que funcionen correctamente promuevan y respalden un cambio de sistemas de forma mucho más eficaz y económica que cualquier planificación central o reforma impulsada exclusivamente por subvenciones. Ahora bien, este cambio no puede hacerse sin una infraestructura moderna y debidamente integrada.
ED.- ¿Cómo cree que debería amoldarse España a ese escenario que defienden a nivel europeo?
La clave para España sería desarrollar una estrategia energética propia que no excluya ninguna tecnología y que incluya objetivos concretos a medio y largo plazo, con pautas claras sobre la ruta que se ha de seguir para alcanzarlos, habida cuenta de que dichos objetivos deben ser compatibles con el fortalecimiento del mercado interior. La definición de una estrategia energética en nuestro país nos traerá el beneficio derivado de la consolidación de unas bases que conducirán a una estabilidad regulatoria, imprescindible y que permitirá una mayor liberalización de los mercados, lejos del intervencionismo, con la participación del consumidor en el sector eléctrico.
http://archivo.energiapost.com/wp-content/uploads/2015/01/arton30348.jpg 300 600 admin http://www.energiapost.com/wp-content/uploads/2018/02/energia_post-1.png admin2014-11-05 12:07:042014-11-05 12:07:04José Segura: "Los objetivos de renovables y eficiencia energética para 2030 son francamente decepcionantes"
Isaac Pola: «La nueva estructura de peajes supondría una clarísima ruptura de la unidad de mercado por territorios y sin justificación»
23 octubre, 2014 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
La Ley de Metrología encerraba una enmienda que amenaza con provocar una guerra territorial en torno al precio del suministro eléctrico. El PP introdujo una disposición adicional para arrebatar a la CNMC la potestad para fijar las categorías tarifarias y otorgarle al Gobierno la vía libre para rebajar los peajes al nivel de tensión comprendido entre los 30 y los 36 kilovoltios (kV), anteriormente englobada en la media tensión (de 1 a 36 kV). Esta reconfiguración tiene como principal beneficiario a diversos grupos de consumidores industriales del País Vasco, lo que se ha interpretado como una forma de compensar el apoyo del PNV a la nueva Ley del Sector Eléctrico.
Por otra parte, esta reconfiguración no tiene financiación todavía, lo que conduce al aumento del déficit tarifario del sistema eléctrico o a la elevación de los costes de acceso a los clientes de otras estructuras tarifarias. Ante esta cuestión, que causa importantes disensiones, Pola expone cómo han sentado estas novedades en el seno del Principado, cuya base de tensiones para sus consumidores industriales es diferente.
Pregunta- La circular sobre peajes de la CNMC establece en su memoria que se han tenido en cuenta las aportaciones del Consejo Consultivo de la Electricidad, en el que están presentes las comunidades autónomas. ¿Podría explicarnos qué ocurrió en el Consejo previo a la citada circular?
No ha habido reunión física del Consejo Consultivo desde que se pasó de la Comisión Nacional de la Energía a la nueva CNMC, pero sí numerosísimas aportaciones de los que formamos parte del Consejo vía correo electrónico cumpliendo los plazos establecidos. Lo cierto es que tuvimos constancia por los medios de comunicación de ese replanteamiento que estaba haciendo el Ministerio de Industria a la CNMC en cuanto a la determinación de los peajes por niveles de tensión y, en concreto, en cuanto a separar de ese nivel que estaba establecido hasta ahora de 1 a 36 kV, una franja de 30 a 36 kV con la intención de rebajar los peajes a esta franja.
P- ¿Cómo valoran esta subdivisión de la media tensión?
Cada compañía distribuidora, en el diseño de sus redes, establece el nivel de tensión que cree oportuno en función de varios parámetros técnicos. No parece muy lógico establecer una discriminación dentro de ese rango de 1 a 36 kV en función de un criterio de la compañía distribuidora. El cliente solicita una potencia, un consumo determinado. Pero no interviene para nada en el diseño de qué nivel de tensión le va a aplicar la compañía distribuidora.
P- ¿Hasta que no lo vieron en los medios de comunicación no tuvieron constancia alguna?
Por medios oficiales ninguna. Lo que ha ocurrido es la siguiente secuencia: una serie de antecedentes que son muy importantes. En la nueva Ley del Sector Eléctrico, 24/2013 de 26 de diciembre, la Ley daba una serie de directrices y de características básicas de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución. Establece que estos peajes deben ser únicos para todo el territorio nacional. El 1 de febrero, el BOE publicó la orden de peajes para el año 2014 donde establece cuáles van a ser esos peajes por niveles de tensión y, dentro de esos tramos, sigue manteniendo que uno va de 1 a 36 kV. Pero el antecedente más relevante es la publicación el pasado 19 de julio en el BOE de la circular de la CNMC donde establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución.
P- ¿Qué establece esta metodología?
Define unas reglas explícitas para asignar los costes de transporte y distribución de forma transparente, no discriminatoria, técnica, objetiva y siguiendo criterios de eficiencia en el uso de las redes. Son directrices establecidas por la Directiva Europea 2009/72 y que otorgan al regulador esta función. Cabe destacar que aquí se vuelve a repetir la categoría de 1 a 36 kV. Pero 15 días antes, el 4 de julio, el Ministerio de Industria sometió a consulta de la CNMC una propuesta de real decreto por el que se regula la producción de energía eléctrica en los sistemas extrapeninsulares y añade una disposición final donde aparece la división del nivel de tensión en dos tramos, de 1 a 30 kV y de 30 a 36 kV.
Esta propuesta no estaba argumentada en modo alguno con fundamentos técnicos que plantearan la necesidad de realizar esa división. Tampoco había ningún análisis del impacto de realizar esa división en la medida en que, si se va a proceder a rebajar los peajes a uno de esos subtramos, lógicamente habrá una repercusión para los demás peajes.
P- ¿Cuál considera que sería ese impacto?
Los peajes se deben diseñar, tal y como establece la propia Ley del Sector Eléctrico, de manera que se habilite un equilibrio entre ingresos y costes. Lógicamente si se disminuyen los peajes de un tramo, habrá que aumentarlos en otros. Naturalmente nosotros no estamos conforme con esa propuesta y la CNMC parece que tampoco. De hecho, 15 días después de la propuesta del Ministerio, la CNMC publicó su metodología en el BOE y mantuvo el nivel de tensión de 1 a 36 kV. Hay que tener en cuenta que en el Consejo Consultivo se produce un debate con un sustrato técnico y no parece muy normal plantear una subdivisión de los niveles de tensión sin mayor criterio. Desde luego, si el Ministerio quiso variar los peajes, este planteamiento no se volvió a trasladar al Consejo Consultivo de Electricidad.
P- En la memoria de la circular 3/2014 se especifica que varias de las partes presentes en el Consejo Consultivo hicieron diversas alegaciones para modificar esta estructura de peajes. ¿Le consta que el País Vasco, en relación con el acuerdo entre el PP y el PNV, fuera uno de los que presento alguna consideración?
No me consta explícitamente porque, al no haber tenido lugar una reunión física del Consejo, no tenemos constancia de las demás aportaciones. Es más que probable, desde luego, que el País Vasco reiterara la propuesta que ya había hecho en su día en la tramitación parlamentaria de la Ley del Sector Eléctrico. Lo que sí que nos consta es que representantes de las compañías eléctricas manifestaron su total oposición al respecto.
P- ¿Cómo afectaría esta decisión al Principado de Asturias y al resto de comunidades autónomas?
Supondría una clarísima ruptura de la unidad de mercado por territorios y que, por lo que sabemos, no tiene ningún soporte aparente ni justificación técnica razonable. Y, desde luego, no debería haberse tramitado así. El coste de la energía eléctrica es un factor determinante en la competitividad. Nos preocupa por tanto que esta decisión pueda afectar a la competitividad de nuestra industria y de nuestras empresas. No pedimos que tengan ningún privilegio pero tampoco queremos que tengan ninguna afectación negativa como consecuencia de esta circunstancia.
P- ¿Qué reclaman desde el Principado de Asturias?
Lo cierto es que la distribuidora mayoritaria en el País Vasco tiene un nivel de tensión de 33 kV, lo cual encaja en ese rango de 30 a 36. Por tanto, no nos parece razonable que una misma fábrica, con idénticas características y utilizando la misma maquinaria, tenga un coste de la energía eléctrica diferente por los peajes. Ahora que se habla tanto de proteger la unidad de mercado en el ámbito nacional, cuestión con la que estamos plenamente de acuerdo, no parece que esto vaya en esa línea cuando estamos utilizando un parámetro arbitrario, distribuido de forma desigual dentro del territorio nacional, para establecer estas diferencias.
P- ¿Consideran que es una cuestión de índole territorial? ¿Piden la equiparación por tensiones o territorios?
No, queremos defender la unidad de mercado. Por ejemplo, en Asturias el nivel de tensión habitual en nuestra distribuidora mayoritaria es de 24 kV. Además, hay otra distribuidora al margen de la mayoritaria que sí que tiene niveles de tensión de 30 kV, con los que suministra a aproximadamente una treintena de empresas. Consideramos que tampoco sería razonable que esa treintena de empresas, por encontrarse en un ámbito geográfico determinado, al que corresponde una compañía distribuidora determinada, tuvieran un precio de energía eléctrica diferente del que tienen al lado otras empresas por tener el suministro de otra compañía distribuidora.
P- ¿Qué actuación han realizado?
Hemos enviado una carta a la secretaría de Estado de Energía con fecha de 10 de octubre solicitando: en primer lugar, aclaraciones sobre qué procedimiento se está siguiendo para plantear este cambio en los peajes; en segundo lugar, queremos que se nos documente con qué criterios se plantea, que fundamento técnico sirve de base para hacer ese planteamiento; y también conocer su impacto porque rebajar los peajes a un determinado nivel de tensión debería suponer incrementar los peajes a otros niveles de tensión según figura en la Ley del Sector Eléctrico. Por último, advertimos que desde Asturias estaríamos en completo desacuerdo en el caso de que esto se confirmara porque si el criterio es que se le debe un favor al PNV, nos parece excesivo.
P- ¿Han hablado con alguna comunidad autónoma para hacer un frente común ante el Ministerio?
Lo hemos comentado extraoficialmente con otras comunidades autónomas que, lógicamente, están afectadas por este tema. Dado que este planteamiento no se nos ha trasladado a través de ningún conducto oficial, entiendo que cada comunidad hemos hecho nuestra gestión de manera individual, imagino que reclamando que nos aclare qué planeamiento es este. En caso de que así sea lo recurriremos oficialmente como es natural. De momento hemos solicitado las aclaraciones al Ministerio y, cuando las tengamos, actuaremos en consecuencia. Supongo que otras comunidades harán lo mismo.
P- ¿Qué interpretación realizan de la forma de actuar del Ministerio, introduciendo los cambios en la Ley de Metrología y en la regulación de sistemas extrapeninsulares?
Consideramos que es de una completa incoherencia. Presuntamente, la reforma del sector eléctrico, siguiendo lógicamente las directivas comunitarias, pretende incorporar transparencia, objetividad, uniformidad y sentido racional en todos estos planteamientos. No parece que éste sea un método ni transparente, ni objetivo ni racional. No parece muy lógico que habiéndose establecido una metodología en el mes de julio, meses después se decida cambiarlo a conveniencia del Gobierno. Hay una demanda recurrente por parte de nuestro sector empresarial al respecto de la seguridad jurídica y la certidumbre: no podemos estar continuamente sometidos al devenir de distintas disposiciones regulatorias que cambian de un día para otro sin, aparentemente, mayor criterio y mayor fundamento. Esperaremos a ver qué respuesta nos da el Ministerio de Industria pero no parece que éste sea un buen procedimiento ni un buen ejemplo para la unidad de mercado.
http://archivo.energiapost.com/wp-content/uploads/2015/01/arton30160.jpg 300 600 admin http://www.energiapost.com/wp-content/uploads/2018/02/energia_post-1.png admin2014-10-23 09:13:452014-10-23 09:13:45Isaac Pola: "La nueva estructura de peajes supondría una clarísima ruptura de la unidad de mercado por territorios y sin justificación"
David Robinson (III): “Hay que lograr que el mercado eléctrico y la lucha contra el cambio climático puedan convivir»
18 junio, 2014 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
David Robinson, autor del informe «Un análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea. Una perspectiva española«, augura en la tercera y última entrega de su entrevista en Energía Diario que los problemas serán más «serios» a medida que los efectos del cambio climático sean «más evidentes». Sobre las medidas de la Unión Europea, este investigador valora sobre todo la mayor innovación tecnológica y regulatoria en materia de des-carbonización y el que se utilice su influencia política en las negociaciones globales.
Pregunta- ¿Cuáles son los principales desafíos de la política energética a nivel europeo?
Hay que reconocer que en la Unión Europea hay una contradicción entre la política de liberalización y la política de lucha contra el cambio climático. En lo que respecta a la liberalización, que es la base del mercado único europeo, la idea es que los precios de mercado estén enviando señales correctas al inversor y al consumidor; en consecuencia: los precios reflejarán los costes de las actividades reguladas, es decir, el transporte, la distribución, y los costes de las actividades en régimen de competencia, incluyendo el mercado mayorista y de suministro eléctrico.
Sin embargo, sobre el cambio climático, la política llevada hasta ahora implica que los Gobiernos se inclinan por apoyar tecnologías específicas; eso distorsiona el mercado a largo plazo (inversión) y a corto plazo. Habrá que buscar entonces un nuevo marco mayorista y minorista que permita la descarbonización del sector eléctrico y que haga que el mercado eléctrico y la lucha contra el cambio climático puedan convivir porque con el planteamiento actual no son compatibles. Por otro lado, habrá que introducir mayor transparencia en cuanto a los precios y los costes; sobre todo aclarar quién está pagando los costes y quién está recibiendo los beneficios de los precios que se están pagando.
P- Efectivamente, las políticas de Energía y Clima han incrementado los costes del sistema eléctrico. ¿Cómo se podrían reducir esos costes?
Hay que empezar a preguntarse si, de todos los costes que están recuperándose a través de la tarifa eléctrica, algunos se pueden financiar mediante impuestos generales o en base al contenido de dióxido de carbono. Si los precios reflejan costes que no son sólo del sector eléctrico y tienen un interés social relevante, cobra sentido económico que estos costes también se paguen a través de impuestos, no sólo por la tarifa eléctrica.
Es evidente que si el precio se incrementa por costes que no son del sistema sino de otras políticas, se está enviando una señal equivocada al consumidor. Por ello, si el precio eléctrico sube mucho, eso daría lugar a que los consumidores consuman menos o intenten retirarse del sistema totalmente y consumir su propia generación para así evitar seguir pagando esos costes.
Otra cosa es como tratar de reducir los costes: hay que tratar de fomentar más la competencia en todo el sector. Por ejemplo, si el Gobierno quiere apoyar tecnologías bajas en emisiones de CO2, debería utilizar subastas para elegir la tecnología que pueda hacerlo al mínimo coste.
P- Repasando escritos recientes suyos, presta mucha atención a los países emergentes, ¿Cree que los esfuerzos sobre Energía y Clima en occidente sirven ante el incremento de emisiones que se ha producido como consecuencia del auge de estas economías, China e India fundamentalmente?
Hay que reconocer que Europa, Japón y Estados Unidos han sido los principales responsables del incremento de emisiones de CO2 históricamente. De alguna forma, tienen una responsabilidad. No obstante, es cierto que para tener un impacto relevante hay que hablar y contar con China e India, y tratar el problema del incremento de las emisiones contaminantes y del peso del carbón en su mix energético. Considero que el esfuerzo en Europa es menos relevante en términos cuantitativos: no radica tanto en bajar sus emisiones sino que es mucho más importante en términos de innovación y de desarrollo de tecnologías que puedan aprovecharse en otros lugares del mundo para bajar las emisiones y reemplazar al carbón, por ejemplo, a través de renovables, eficiencia energética… Además, Europa debe impulsar sistemas regulatorios como el de compraventa de emisiones de CO2 y, sobre todo, utilizar su influencia política en las negociaciones globales que, en principio, deberían llegar a una conclusión en París en 2015.
P- Y si las negociaciones no fructifican y no ofrecen un resultado esperanzador, ¿Augura tensiones internacionales provocadas por esta cuestión?
Es evidente que habrá problemas y estos problemas serán mucho más serios a medida que el impacto del cambio climático sea más evidente. La gran esperanza ahora es que China ya está haciendo un esfuerzo muy importante para reducir sus emisiones aunque están creciendo mucho más que en otras partes del mundo y siguen consumiendo muchísimo carbón para su crecimiento económico. Pero se lo están tomando más en serio porque ya lo ven como un problema nacional, no sólo como una obligación a nivel internacional. Además, también en Estados Unidos hay mayor conciencia de que hay que actuar, lo cual es importante. Por ello, soy más bien optimista, pero Europa debe seguir siendo un líder en las negociaciones sobre cambio climático.
En este enlace puede visualizar el vídeo completo de la entrevista a David Robinson.
http://archivo.energiapost.com/wp-content/uploads/2015/01/arton28657.jpg 300 600 admin http://www.energiapost.com/wp-content/uploads/2018/02/energia_post-1.png admin2014-06-18 13:08:572014-06-18 13:08:57David Robinson (III): “Hay que lograr que el mercado eléctrico y la lucha contra el cambio climático puedan convivir"
David Robinson (II): «El precio de la electricidad que están pagando los consumidores domésticos se debe en gran parte a decisiones políticas»
13 junio, 2014 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
Después de la primera parte de la entrevista, tratamos con David Robinson la evolución de los precios a los distintos tipos de consumidores en España, punto central del informe que ha presentado bajo el título “Un análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea. Una perspectiva española«. Este investigador también ofrece su visión sobre la comparación de precios entre los países de la Unión Europea y diversas recomendaciones de política energética y tarifaria.
Pregunta- ¿Cómo valora el nuevo método de fijación de precios al consumidor que sustituye a la fijación de un precio para el trimestre como se hacía mediante las subastas CESUR?
Estoy a favor de que los consumidores reciban una señal de mercado y el mercado horario me parece una señal relevante. También me parece excelente que haya muchas alternativas de contratos. Dicho esto, es importante que los consumidores entiendan cada uno de los tipos de oferta: si el consumidor elige pagar un precio horario, es el consumidor el que asume el riesgo de la volatilidad de los precios. Si, por otra parte, la alternativa que le ofrece una compañía es un contrato con un precio anual, para todo el año, es esta compañía la que va a asumir el riesgo de garantizar un precio: por eso el precio anual, a priori y como se está diciendo, sería más alto bajo esta fórmula que lo que se espera de un contrato basado en un precio horario. Hay una labor importante de información previa para que no haya sorpresas y evitar problemas futuros.
P- ¿Qué dificultades hay para realizar dentro de la Unión Europea comparaciones entre los diferentes precios de la electricidad?
Los datos de Eurostat son problemáticos porque no son homogéneos. Uno de los principales problemas es que algunos de los costes de la política pública en algunos países se definen como impuestos, gravámenes y cargas; en otros países se incluyen en el concepto de energía; en otros en el concepto de redes. Por estar en los diferentes componentes del precio según la metodología de Eurostat, es muy difícil efectuar una comparación de estos costes.
Eso lleva a pensar, en el caso español y a primera vista sin profundizar más allá, que el coste de la distribución parezca muy alto comparado con otros países pero, en realidad, no es cierto, dado que la comparación se efectúa a nivel europeo incluyendo otros costes regulados, de forma que, además del coste del transporte y la distribución, en España incluye también básicamente los costes de las políticas públicas. Sería mucho mejor que hubiera homogeneización de los conceptos de precio.
P- Entonces, en lo que respecta a las actividades de generación y distribución, ¿Cómo es nuestro sistema eléctrico de eficiente en comparación con otros países de Europa?
Por lo que he podido ver en un primer análisis, comparando el coste de la distribución según la liquidación española y el coste de distribución según los datos de Eurostat, puedo decir que los costes de la distribución (por kWh) en España están muy por debajo de la media europea. En cuanto a la generación, se puede decir que el mercado mayorista en España está en la línea de los demás mercados mayoristas a nivel europeo.
Consumidores industriales y consumidores domésticos
P- Respecto a los consumidores industriales, existe una creencia generalizada de que los precios de la electricidad en España son superiores a los de los países de nuestro entorno ¿Qué ha podido concluir en este apartado?
La comparación de los precios a los consumidores industriales a nivel europeo es difícil por los problema derivados de la metodología empleada, como le decía anteriormente. A veces, en los precios notificados a Eurostat, no se incluye el precio real pagado por el consumidor después de diferentes tipos de apoyo a la industria, en términos de descuentos o exenciones, que no son visibles por tanto en los datos de Eurostat. Si en las comparaciones nos atenemos a los datos de Eurostat, para los grandes consumidores industriales España está en el puesto 17 de 27 países; hay 16 países con precios más altos para estos consumidores. Para los industriales de tamaño medio, hay 8 países con precios más altos. Por ello, los grandes consumidores están en una situación mejor que los más pequeños consumidores de España.
P- ¿Cómo están evolucionando los precios de la electricidad y sus distintos componentes en España?
En general, desde finales de 2007 se ha visto un incremento importante en los precios para todos los consumidores, pero este incremento se ha concentrado sobre todo para los consumidores domésticos, para los que el componente que más ha crecido es el de la «cuña gubernamental». De hecho, si miras el coste de la distribución, del transporte y mercado mayorista, es decir, los costes tradicionales del sector, han subido mucho menos o no han subido en relación a lo que ha subido el precio final. Por eso lo llamo cuña gubernamental.
P- Como concluye en su estudio, España tiene uno de los precios eléctricos para consumidores domésticos más altos de la Unión Europea. ¿A qué se debe?
Sobre todo, a decisiones políticas sobre el reparto de los costes, tanto de la red como de las políticas públicas. Entonces podemos hablar de dos causas fundamentales: los consumidores domésticos han visto subir mucho su contribución a financiar los costes de las políticas públicas mientras que para los grandes consumidores industriales su participación en la recuperación de estos costes ha sido mucho menor. La segunda es que los domésticos no pueden recuperar el IVA, y los industriales sí que pueden. Esta combinación de no poder recuperar los costes del IVA más su mayor contribución a financiar los costes de las políticas públicas hacen que los precios hayan subido en mayor medida para los consumidores domésticos que para los consumidores industriales.
P- Precisamente el IVA es parte de la factura y muchos ciudadanos españoles no entienden de qué se compone el recibo que pagan. ¿Podría indicarnos cómo es la composición de la tarifa eléctrica, en términos de costes de acceso y consumo?
Para resumirlo brevemente, en una factura de 100 euros, aproximadamente 40 euros son para la generación de energía para el suministro. Este 40% corresponde al mercado eléctrico. Todo lo demás, un 60%, no está sujeto a la disciplina del mercado: 10% para las redes y el resto, el 50% que queda, es para los costes de política pública e impuestos.
P- ¿Es una tarifa regresiva en términos de eficiencia? ¿Qué piensa acerca de que se incremente de forma extraordinaria el peso en la factura eléctrica del término de potencia?
Hay dos aspectos que valorar. En este caso, uno tiene que ver con reflejar la estructura de costes del sector, que son mayormente fijos. Por eso tiene sentido enviar la señal al consumidor de que la parte fija es más grande de lo que era antiguamente. Pero la otra parte tiene que ver con la preocupación que tiene el Gobierno de recuperar los costes fijos del sistema porque cuando el consumo baja, por la recesión o porque los consumidores deciden producir por sí mismos, se reducen los ingresos que llegan al sistema de la venta de electricidad. Por ello, si pasas una parte de la recuperación de costes a lo que es la parte fija, en principio, aseguras una mayor recuperación de los costes. No obstante, si la parte fija está relacionada con la potencia contratada, el consumidor tendría un incentivo para bajar la potencia contratada.
P- ¿Cómo se debe articular la distribución de los distintos costes entre los distintos consumidores, sin afectar a la competencia, competitividad, garantizando la inversión y evitando subsidios cruzados?
La clave está en reconocer que hay costes fijos que no tienen que ver con el sistema y que el Gobierno va a decidir como asignarlos. Habrá riesgos de no poder recuperar estos costes fijos en la medida en que el Gobierno los vaya asignando a consumidores que de alguna forma tienen la alternativa de salirse del sistema y de acudir al autoconsumo. Por ello, hay que averiguar hasta qué punto estos costes tienen que recuperarse mediante el precio eléctrico. El Gobierno tiene que ser transparente sobre quien está pagando estos costes y evitar seguir enviando señales a los consumidores de dejar el sistema completamente, o porque son industrias que no pueden competir o porque son consumidores que deciden autoconsumir a través de su propia generación.
En la tercera y definitiva parte de la entrevista, David Robinson aborda el futuro y los dilemas de la política energética desde una perspectiva europea y global, con la descarbonización y la lucha contra el cambio climático como uno de los elementos más decisivos a la hora de configurar el horizonte de este sector.
http://archivo.energiapost.com/wp-content/uploads/2015/01/arton28600.jpg 300 600 admin http://www.energiapost.com/wp-content/uploads/2018/02/energia_post-1.png admin2014-06-13 09:50:182014-06-13 09:50:18David Robinson (II): "El precio de la electricidad que están pagando los consumidores domésticos se debe en gran parte a decisiones políticas"
David Robinson (I): «El Gobierno de España va más hacia una intervención del mercado que a favorecer la competencia»
9 junio, 2014 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
David Robinson es doctor en Economía e investigador en el Oxford Institute for Energy Studies. Acaba de presentar su informe «Un análisis comparativo de los precios de la electricidad en la Unión Europea. Una perspectiva española» y, además de las conclusiones de su trabajo, ofrece también su opinión sobre las noticias más relevantes del sistema eléctrico en el último año.
Pregunta- El informe que presentó recientemente indica que 51 de cada 100 euros de la factura obedecen a costes de las políticas públicas. ¿Cuáles son esos costes y esas políticas? ¿Qué es la ‘cuña gubernamental’, un concepto que introduce en sus estudios?
La cuña gubernamental se deriva de decisiones tomadas por los gobiernos que impactan sobre el precio de la electricidad. En concreto, dentro de la cuña gubernamental, estamos hablando de impuestos que no son recuperables para el cliente doméstico, como es el caso del IVA y del impuesto sobre la electricidad. A estos impuestos debemos añadir otros costes también dentro de esta cuña gubernamental, llamados de acceso, que incluyen el coste de apoyar las energías renovables, la cogeneración, la política regional (en referencia al coste de los sistemas extrapeninsulares, para que los consumidores de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias paguen el mismo precio por la electricidad que un consumidor de la Península), el coste del apoyo al carbón. En definitiva, la cuña gubernamental tiene que ver tanto con los impuestos como con estos otros costes, y ambos son los que se han incrementado mucho en los últimos años.
P- Estos costes se han visto afectados por las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno. ¿Cree que la llamada reforma energética, aún en vías de aprobación por parte del Gobierno, conseguirá sus objetivos?
Estamos hablando de costes que se vienen arrastrando históricamente, desde hace años, y que en el fondo son obligaciones que recaen sobre los consumidores o, en su defecto, sobre los contribuyentes españoles van a tener que afrontar durante muchos años. La clave de las medidas puestas en marcha es reconocer que la cuña gubernamental no va a bajar por la reforma eléctrica y que, quizás, en todo caso, no va a subir.
P- ¿Cree que desde las autoridades europeas se vigila cómo se ha desarrollado esta reforma y se puede intervenir presionando hacia una reforma que afecte a como es la «cuña gubernamental» en España?
Hay que distinguir dos aspectos. Uno es el de los costes que ahora se recuperan a través de la tarifa y que habrá que plantear si se pueden pasar algunos de estos costes a los Presupuestos Generales del Estado o que se financien mediante impuestos sobre emisiones contaminantes o fórmulas semejantes. En este sentido, si la Comisión Europea quisiera influir en el reparto de estos costes, podría dar su apoyo a la reforma fiscal en los términos propuestos por el Comité de Expertos que consiste en un impuesto medioambiental que supondría que todas las tecnologías con emisiones de carbono tengan que pagar algo.
El segundo aspecto, que sí que tiene ya el apoyo de la Comisión Europea, es limitar la capacidad de los gobiernos para fijar apoyos económicos a las energías, por ejemplo, a las renovables, y más todavía en lo que se refiere a ayudas estatales. La cuestión es que la Comisión Europea está intentando frenar el crecimiento de la cuña, pero a la vez es muy difícil evitar que exista; por tanto, el problema radica en quién debe pagar la cuña gubernamental.
P- ¿En qué dirección van las medidas puestas en marcha por el Gobierno en lo que respecta al mercado eléctrico?
El Gobierno español va más en la dirección de una intervención del mercado que a favor de la competencia. Me gustaría que se favoreciera un mercado mayorista que funcionara mejor y que enviara señales a los consumidores y a los inversores en la generación; así podrían decidir en qué tecnología quieren invertir y, tomando ciertos riesgos, apostar en consecuencia por la tecnología que ellos consideran mejor. El nuevo sistema para la generación en lo que se refiere a los activos regulados, lo que haces es fijar una “una rentabilidad razonable” a todos, quita ese incentivo de elegir y acertar con la tecnología que finalmente puede ser la buena.
P- Otro problema del sistema eléctrico es el déficit de tarifa, ¿cómo explica el proceso que ha derivado en una deuda acumulada de 30.000 millones de euros?
El origen de esta deuda lo podemos encontrar en la combinación del control de precios con la introducción en la tarifa de diferentes políticas de apoyar a grupos industriales, a renovables, a la cogeneración, a diferentes regiones del país… que son decisiones políticas que han llevado a una regulación poco acertada que tiene costes muy altos. En lugar de pasar todos estos costes al cliente final, como políticamente era muy difícil hacerlo, lo han dejado acumular. Por tanto, la responsabilidad, creo yo, está con los Gobiernos, no con un Gobierno solo sino con todos los que lo han dejado acumular.
Distorsión en el mercado eléctrico
P- ¿Cómo valora que el nuevo sistema de retribución para las actividades reguladas se rija por el concepto de rentabilidad razonable sobre una inversión realizada y no sobre la energía que produce y aporta al sistema?
Entiendo que el Gobierno tenía la obligación de buscar una fórmula para evitar que subiera más el déficit tarifario. No hablamos de bajar el déficit acumulado sino de evitar que crezca más. No estoy a favor de un marco que cambia las condiciones que afrontan las compañías que ya habían hecho sus inversiones; se está creando una imagen de España en el exterior que es problemática para el futuro de la inversión.
Personalmente, preferiría que no sea el Gobierno quien decida cuánto van a ganar los diferentes inversores sino más bien el mercado quién lo decida, y que sean los inversores los que decidan si quieren tomar riesgos. En consecuencia, prefiero que en vez de tener garantizado un retorno que el Gobierno decide que es razonable, tener un retorno basado más bien en precios de mercado y que el mercado sea diseñado correctamente de forma que los inversores puedan tomar decisiones respecto a invertir en favor de una tecnología o de otra.
P- En España, la configuración de la tarifa y de los costes, ¿producen subsidios cruzados entre distintos tipos de tecnologías de generación y/o entre distintos tipos de actividades?
Cualquier sistema que paga parte de la generación fuera del mercado está creando una distorsión y, esencialmente, estamos ante un problema de y para el mercado. El mercado no puede funcionar bien si los precios de mercado no reflejan los costes del sistema. Si el coste del sistema está fuera del mercado, se está creando una distorsión. Es muy difícil para los que están dentro del mercado recuperar sus costes si los que están dentro con ellos también están recibiendo un dinero fuera. En fin, hay una distorsión y es algo que habrá que cambiar. Cosa diferente es hablar de subsidios cruzados.
P- En lo que se refiere a la formación de precios, ¿cuál es el efecto de las tecnologías renovables en cuanto a los subsidios que reciben y su impacto en el suministro? ¿se compensa con la presión a la baja por su entrada en los mercados de generación?
No he hecho un cálculo del efecto neto de cada tecnología: ni del impacto que tienen sobre el coste total del sistema por los subsidios que reciben, ni del impacto que pueden tener sobre el precio mayorista. En principio, si reciben un apoyo económico, esto sube el coste del sistema pero, supuestamente, en la medida que baja el precio del mercado mayorista, puede compensarse con ese incremento de costes. Realmente, es muy difícil hacer un análisis conjunto de todo esto y lo cierto es que no lo he hecho. Además, si se incluye el exceso de capacidad del sistema y la caída de la demanda, es más difícil aún determinar qué explica cada cosa. Dicho esto, resulta evidente que las energías que tienen un coste más alto, por kw/hora, es más probable que conlleven un incremento de los costes del sistema.
En la segunda parte de la entrevista, David Robinson expone cómo ha evolucionado el precio de la electricidad en España para los diferentes tipos de consumidores y el papel que están jugando en los precios las actividades de generación y distribución.
http://archivo.energiapost.com/wp-content/uploads/2015/01/arton28526.jpg 300 600 admin http://www.energiapost.com/wp-content/uploads/2018/02/energia_post-1.png admin2014-06-09 13:20:362014-06-09 13:20:36David Robinson (I): "El Gobierno de España va más hacia una intervención del mercado que a favorecer la competencia"
Pablo Dorronsoro (II): «No es la reforma definitiva; queda abierta a una litigiosidad extrema y tiene mal futuro»
20 diciembre, 2013 /0 Comentarios/en Entrevistas /por admin
Pregunta- En los últimos años, la normativa que afecta a todo el sector eléctrico, especialmente a las energías renovables, ha experimentado numerosos cambios. ¿Qué consecuencias tiene esta situación desde un punto de vista jurídico?
En mi opinión, la doctrina que hasta ahora sigue el Tribunal Supremo es una interpretación acorde con su jurisprudencia anterior en cuanto a las posibilidades que tenía el Gobierno de modificar la normativa. Lo que ocurre es que la potestad administrativa de regular, cuando se ejercita, se puede hacer bien, mal o regular. Cuando uno cambia el régimen tantas veces en tan poco tiempo, en el fondo está realizando un ejercicio abusivo de su facultad y da lugar a normas que son arbitrarias en sentido jurídico. La facultad de regular es legal, sí, prevista por nuestro ordenamiento jurídico, pero se está ejercitando de una manera desordenada y traspasando sus límites, causando un perjuicio que no se debería causar. Son cambios cuantitativos que acaban siendo cualitativos: una reforma puede estar bien hecha, la segunda también, pero la sexta reforma en tres años ya no puede estar bien hecha: no puede ser. Desde luego creemos que nos acercamos mucho al límite; esperamos que el Supremo llegue a reconocerlo.
P- ¿Cree que llegará pronto ese reconocimiento?
Lo que yo creo es que cada vez estamos más cerca del límite. Lógicamente se ve que el Supremo tiene en cuenta otras cosas como el déficit tarifario y la crisis económica. Pero tampoco podemos ignorar que los recortes cada vez se acercan más al núcleo de la rentabilidad y de la supervivencia de las instalaciones de fuentes renovables; se ha reducido paulatinamente la rentabilidad de este tipo de instalaciones y esta última reforma puede ser la que dé ya la puntilla a muchas de ellas, por lo que estamos llegando a un escenario totalmente distinto al que había antes. A no ser que se ajuste muchísimo en el tema de las instalaciones tipo y la rentabilidad razonable, esta reforma no va a dejar a muchos productores otra opción que recurrir o cerrar sus instalaciones.
P- ¿Puede el Gobierno encontrarse con una auténtica judicialización de la reforma como consecuencia de los múltiples litigios que tendrá que afrontar? ¿Qué órgano judicial es el competente para sentenciar en los diferentes procesos?
El Gobierno puede encontrarse con varios escenarios. A nivel nacional, el último órgano que decide es el Tribunal Supremo salvo que se consiga argumentar que hay una infracción de derecho constitucional y sea el Tribunal Constitucional. En lo que respecta al Derecho de la Unión Europea, los particulares tienen poco margen de actuación: sólo pueden hacer denuncias y que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción que, en ese caso, sí que puede llevar a un cambio total de régimen si se decide a actuar contra España. Por último, queda la vía de los inversores internacionales; de hecho, llevar a un Estado ante un tribunal internacional de arbitraje sólo está al alcance de los grandes fondos de inversión. Estos inversores internacionales sí que pueden hacer prevalecer en estas instancias otros conceptos frente a la rentabilidad razonable como la protección a las inversiones o el tratamiento equitativo y justo al inversor. Y esta vía del arbitraje será cada vez más utilizada por los fondos inversores extranjeros.
Panorama «turbulento» para el Gobierno
P- Aunque el Supremo diera por buenos los cambios regulatorios. ¿Pueden sufrir el Gobierno y su reforma un revés en instancias internacionales?
No tengo ninguna duda de que el panorama que afrontará el Gobierno será muy turbulento. Que en alguna de estas instancias haya alguna resolución que cambie el sentido que hasta ahora ha seguido el Tribunal Supremo y que considere que los cambios regulatorios que ha habido en España violen algún tipo de principio, bien sea de protección a las inversiones internacionales o bien sea de derecho comunitario, no es descartable en absoluto. De hecho, los arbitrajes internacionales que España tiene pendientes van en esa dirección. Cuando será finalmente y qué se dictaminará, es complicado de determinar a priori ya que cada caso es distinto y hay muy poca doctrina acumulada en este caso de supuestos en derecho internacional.
P- La Ley del Sector Eléctrico se encuentra en la recta final de su tramitación parlamentaria. ¿Qué plazos tiene que afrontar el conjunto de la reforma?
La Ley del Sector Eléctrico será el paraguas que cobije al resto de normas jurídicas de rango inferior que desarrollan diferentes aspectos del sector eléctrico: como el nuevo régimen para las renovables, los cambios en transporte y distribución, autoconsumo, interrumpibilidad, etc. Básicamente, se trata de sustituir completamente un sistema por otro. Estamos hablando de 14 normas de diferente rango que se tienen que ir aprobando de forma concatenada después de la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico. Por lo que sabemos, el Real Decreto de Renovables se aprobará dos meses después de la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico. A partir de ahí, se iniciará un periodo de tres meses para la publicación de las órdenes ministeriales que fijarán las diferentes instalaciones tipos y, de nuevo, habrá otro periodo de tres meses para solicitar su adecuada inclusión en un régimen u otro. Será el momento en el que empiece la aplicación normal de las normas, con las liquidaciones que realice la CNMC y que recibirán los diferentes sujetos del sector.
P- ¿Cuáles son los momentos clave para los que quieran recurrir la nueva normativa?
El momento de la aprobación de la Ley del Sector Eléctrico es trascendente, pero al particular le interesa más la normativa intermedia: se trata de los reales decretos y las órdenes ministeriales, que se pueden recurrir directamente por los particulares en el plazo de dos meses desde su publicación ante el Tribunal Supremo, que tarda relativamente poco en resolver. A mi juicio, a la hora de presentar un posterior recurso, lo verdaderamente fundamental de esta reforma serán las órdenes ministeriales que fijen las diferentes instalaciones tipo y las resoluciones de inclusión o no inclusión de cada instalación en cada uno de esos tipos, que también son susceptibles de recurso contencioso-administrativo. Esperar a las liquidaciones para recurrirlas, como se ha venido haciendo, yo creo que no queda justificada la complejidad del recurso a presentar teniendo en cuenta que se tiene la alternativa de recurrir directamente el Real Decreto y la Orden Ministerial.
P- ¿Podemos descartar que toda la reforma esté lista para el 1 de enero?
La Ley del Sector Eléctrico estará aprobada para esa fecha; el conjunto de reales decretos va a ser muy difícil; pero, desde luego, las órdenes ministeriales que se planean para después del real decreto de renovables no estarán preparadas y ese será el principal problema porque lo que demuestra el hecho de que haya un nuevo real decreto de renovables es que hay problemas de calado que el Ministerio no acierta a resolver: es un cambio de criterio que tiene implicaciones para los demás instrumentos de la reforma por lo que tendremos más retrasos.
Reforma con «evidente mal futuro»
P- ¿Sabe de algún otro país de nuestro entorno que haya llevado a cabo una actuación de este tipo y con estas consecuencias?
No se conoce nada parecido: no sólo por encontrar una rentabilidad referenciada en un bono sino también, entre otras cosas, por los efectos retroactivos de la reforma. Ya se desprende de algún informe emitido por la propia CNE: esta reforma es totalmente exótica, absolutamente novedosa y creada en España. Esto también indica que intentar crear un sistema para los próximos 20 años, cuando te lo inventas de la noche a la mañana, prácticamente en muy poco tiempo y sin contar con las opiniones de los agentes del sector, es evidente que no son los mimbres de una reforma sólida del sistema eléctrico.
P- Antes de que retirara 3.600 millones de euros destinados a hacer frente al déficit tarifario, el Ministerio insistía en que la reforma reparte los daños de forma equilibrada en la lucha contra esta deuda entre Gobierno, consumidores y agentes del sector. ¿Cómo valora el criterio utilizado?
Más que el equilibrio hay otros criterios que deberían haber primado desde un principio como el respeto a las legítimas expectativas que uno tiene en el futuro. No se trata solamente de tenemos un agujero que hay que cubrir y todo el mundo tiene que aportar su parte; también existe el respeto a la palabra dada y a los compromisos adquiridos. Lo que se tendría que crear es una estructura que, solucionando el problema que tenemos, no limite absolutamente las posibilidades de inversión en este sector para los próximos 30 años. El único criterio entonces no puede ser el del reparto. Habrá que buscar otras fórmulas alternativas que permitan el respeto a los principios elementales de seguridad jurídica y confianza legítima para todos los implicados, desde luego productores y consumidores incluidos. El hecho de que el sufrimiento sea repartido no hace que la reforma sea buena.
P- ¿Qué valoración hacéis de que se haya resaltado un conflicto entre Unesa y las renovables y haya voces que reclamen una transferencia de rentas entre tecnologías para hacer frente a las primas renovables?
Desde luego en el sector hay intereses enfrentados, aunque posiblemente no sean tantos ni tan enfrentados como se quiere presentar. Evidentemente, cada actor tiene su reforma ideal en la cabeza y son visiones que en algún punto pueden chocar. No es exclusivo del sector eléctrico. Lo que tiene que hacer el regulador es ser capaz de organizar el sector de tal manera que prevalezcan los intereses generales. Está claro que el Estado tiene que tener en cuenta las ventajas que ofrecen las energías limpias frente a las que contaminan: hay que ofrecer los incentivos correctos a través de una valoración adecuada de las externalidades que unos y otros producen; no parece que el camino ideal sea una transferencia de rentas porque no crea incentivos en favor de la eficiencia. Así que organizar un modelo serio de energía eléctrica sobre esta base no es posible. Hay que recordar que la prima es el mal menor: una subvención a una tecnología hasta que pueda defenderse en el mercado.
P- ¿La reforma es la definitiva?
Muy probablemente no será la reforma definitiva porque no lo ha sido ninguna de las que se han hecho hasta ahora; hemos ido de reforma en reforma, de parche en parche, y todas han tenido el objetivo de atajar el déficit tarifario y todas han fracasado. Por otro lado, la forma en la que se ha llevado a cabo dice mucho sobre su carácter definitivo: una reforma en la que no hay ningún acuerdo con las diferentes partes del sector, no es una reforma definitiva, sino una reforma abierta a una litigiosidad extrema y que evidentemente tiene mal futuro.
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