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Timestamp: 2019-09-19 23:25:16+00:00

Document:
Resolución de TEAF Álava, 30-11-1999 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 30 de Noviembre de 1999
Núm. Resolución: R990071
A efectos del plazo de prescripción del derecho a liquidar el IVA debe tomarse como fecha inicial aquélla en la que finaliza cada período reglamentario de presentación de las correspondientes declaraciones-liquidaciones trimestrales, no la de presentación de la declaración-resumen anual. Se aplica el Régimen de Estimación Indirecta de Bases cuando la Inspección de Tributos no puede conocer las cuotas de IVA repercutido y soportado por falta de libros-registro.
En Vitoria-Gasteiz, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.- Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 80/96, interpuesta por D. , contra desestimación, presunta y, posteriormente, expresa mediante resolución de la Jefe de Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 17 de enero de 1996, del recurso de reposición impugnatorio de las liquidaciones núms. 95/302692 a 95/302689 practicadas por dicho tributo, ejercicios 1989 a 1992; cuantía: 4.224.878 pts.
Primero.-La Oficina Gestora dicta las liquidaciones arriba citadas por la actividad de transporte, basándose en el Acta emitida por la Inspección de Tributos en la que, ante la ausencia de contabilidad y de los Libros Registros del IVA, determina los rendimientos mediante el régimen de estimación indirecta de bases. Estas bases se concretan conforme al régimen simplificado, en el que el módulo personal empleado se fija en 9,56, 8,04, 8,39 y 7,84 para los ejercicios 1989 a 1992, respectivamente, atendiendo a las declaraciones de retenciones de rendimientos del trabajo que había presentado el interesado, desglosadas por las distintas actividades que realiza.
Segundo.- Contra las mismas, el Sr. formula recurso de reposición y contra la resolución que lo desestima, la presente reclamación económico-administrativa en la que solicita: 1.- Se declare prescrito el derecho a liquidar el ejercicio 1989 y los dos primeros trimestres de 1990. La sustenta en que se practicaron las liquidaciones cuando ya habían transcurrido cinco años, sin que dicho plazo se interrumpiese por las actuaciones inspectoras pues éstas se hallaron suspendidas durante prácticamente seis meses. Aduce que, en cualquier caso, se hallarían prescritos los dos primeros trimestres de 1989 porque el cómputo ha de iniciarse, no desde la finalización del plazo de la declaración-resumen anual -como afirma la Administración Tributaria-, sino desde la del trimestral; 2.- Por los ejercicios no prescritos, pide que la deuda tributaria se determine mediante el Régimen de Estimación Directa. Funda dicha petición en que resulta posible conocer las operaciones efectuadas al existir un cliente principal y al haber aportado las facturas, circunstancias éstas que hacen improcedente la aplicación del de Estimación Indirecta de Bases; y, 3.- Con carácter subsidiario propone que, de aplicarse el régimen simplificado, se ajuste el módulo personal empleado a los trabajadores que efectivamente destina a la actividad inspeccionada, y no a la totalidad de los trabajadores que figuran en las relaciones de retenciones, como hace la Inspección de Tributos. Al efecto aporta una relación de seguros sociales en la que figuran los asalariados que corresponden a las distintas actividades, a resultas de la admisión de la prueba que propone y que consiste en que la Seguridad Social certifique los períodos de cotización de los trabajadores.
Primero.-Las cuestiones a resolver consisten en si: 1º.- Ha prescrito el derecho de la Administración tributaria a liquidar los cuatro trimestres de 1989 y los dos primeros de 1990; 2º.- Resulta de aplicación el régimen de estimación indirecta seguido por la Inspección de Tributos; y 3º.- En caso de respuesta afirmativa a lo anterior, si la determinación de los rendimientos por el régimen simplificado del IVA sobre la base de las cifras relativas al módulo 1 -personal empleado- es o no correcta.
Segundo.- De conformidad con lo dispuesto en los arts. 64.a) de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, y 31.3 y 4 del Reglamento de la Inspección de los Tributos, de 9 de diciembre de 1986, el derecho de la Administración a determinar la deuda mediante la correspondiente liquidación prescribe a los cinco años, y la paralización injustificada de las actuaciones inspectoras por más de seis meses no interrumpe el cómputo de ese plazo.
En este caso, el procedimiento ante la Inspección no ha estado paralizado ese tiempo, como implícitamente reconoce el interesado cuando utiliza la expresión 'practicamente seis meses', pues el plazo más largo entre dos actuaciones es el que ha transcurrido entre el 27 de septiembre de 1994 y el 22 de marzo de 1995, lo que determina que no deba tenerse en cuenta su alegación, porque en cuestión de plazos, sean civiles o administrativos, no existe el recuento por aproximación, sino las reglas estrictas del art. 5 del Código Civil.
Confirmado que el plazo de cinco años se interrumpió válidamente cuando se notificó al afectado que iba a ser sometido a inspección, es decir, el 19 de septiembre de 1994, que ha de tomarse como hito final, la fecha inicial del mismo es aquélla en la que finaliza cada período reglamentario de presentación de las correspondientes declaraciones trimestrales -art. 65 de la citada Norma Foral General Tributaria- esto es, 25 de abril, julio, octubre y 30 de enero, porque trimestral es el período de liquidación establecido en el art. 172.5 del Reglamento del impuesto, en la redacción que le dio el Decreto Foral 957/87, de 15 de septiembre, y porque la declaración resumen anual, que toma la Inspección, tiene una significación principalmente estadística -Exposición de Motivos del Decreto Foral 1376/86, de 24 de diciembre, que aprueba el modelo 390-. En consecuencia, el derecho a liquidar el impuesto del primero y del segundo trimestre de 1989 prescribió el 26 de abril y el 26 de julio de 1994, respectivamente, lo que conlleva que la liquidación relativa al ejercicio 1989 deba ser anulada.
Tercero.-Una vez determinado que la prescripción afecta únicamente a los dos primeros trimestres del ejercicio 1989, ha de examinarse si para los restantes trimestres estaba justificada la aplicación del régimen de estimación indirecta.
El art. 48 de la Norma Foral General Tributaria de Álava y el 64 del Reglamento de la Inspección contemplan dicho régimen como subsidiario de los de determinación directa o estimación objetiva, y establecen como presupuestos básicos para su aplicación el que sea imposible a la Administración conocer los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de las cuotas o rendimientos porque, entre otras causas, se haya incumplido sustancialmente las obligaciones contables. El apartado 2.a) del citado artículo del Reglamento dispone que se entiende que existe dicho incumplimiento cuando el interesado haya omitido la llevanza de la contabilidad o de los registros establecidos por las disposiciones fiscales.
En el caso que nos ocupa, no es sostenible la alegación de que la Inspección de Tributos podía perfectamente determinar la deuda tributaria mediante el examen de las facturas aportadas -habida cuenta que la mayor parte de las mismas correspondían a un cliente- pues, salvo que junto a las mismas se hubiesen aportado los obligatorios Libros-Registros del IVA, resultaba imposible conocer todas las operaciones efectuadas y, en consecuencia, determinar el importe total repercutido y soportado. La inexistencia de los Libros-Registros constituye un evidente supuesto de incumplimiento sustancial de las obligaciones contables que impide la comprobación o contraste con lo reflejado en los libros registros citados.
Cuarto.-Procede, por tanto y una vez determinada la procedencia de utilizar el Régimen de Estimación Indirecta de Bases, entrar en el análisis de las cifras imputadas por la Inspección en el módulo 1 -personal empleado- del régimen simplificado. Éstas se han obtenido a resultas de las propias declaraciones tributarias (relaciones anuales de retenciones del trabajo) efectuadas por el interesado, en las que, aparte de las retribuciones brutas y retenciones de sus empleados, concretan cuáles son los que corresponden a cada una de las actividades que desarrolla y, por tanto, cuáles correspondían a la de transporte. Examinadas dichas declaraciones, así como las copias de las nóminas que obran en el expediente y las relaciones nominales de trabajadores y de los boletines de cotización a la Seguridad Social, aportadas en esta instancia por el reclamante, cabe afirmar que, efectivamente y tal como alega, las cifras del módulo discutido se obtenían de la suma de todos los trabajadores de las distintas actividades.
Por lo expuesto, la Inspección debió imputar a la actividad de transporte única y exclusivamente aquellos empleados que, de acuerdo con las citadas acreditaciones, figuraban adscritos a dicho negocio, a los que a partir del 5 de octubre de 1989 hubo de añadir, tal como manifiestó el interesado en vía de gestión, los que correspondían a la actividad de reparación de automóviles concluida en dicha fecha. Al respecto cabe señalar que, si bien es cierto que incluyó estos últimos en el módulo controvertido, no lo es menos que, por lo que respecta al ejercicio 1989, aplicó la unidad a cada uno de los tres trabajadores, lo cual es erróneo si se considera que se incorporaron a la actividad inspeccionada el último trimestre de 1989. En consecuencia, la cifra imputada -3- ha de minorarse en 2,25 dado que debía haberse computado 0,75 (0,25 por cada trabajador) en lugar de aquélla.
El hecho de que el actuario haya incluido inadecuadamente en la actividad inspeccionada a los trabajadores que a continuación se relacionan supone que las cifras imputadas por el módulo 1 se reduzcan en, además de la cifra anterior relativa al ejercicio 1989, los que siguen:
EJERCICIO TRABAJADORES. ACTIVIDAD. CIFRA IMPUTADA.
1989 L.C. Venta de piensos 0,61
M.M. Venta de piensos 0,62
Ejercicio 1989:1,23
1990 L.C. Venta de piensos 0,22
M.M. Venta de piensos 0,65
Ejercicio 1990:0,87
1991 L.C. Agricultura 0,04
M.S. Agricultura 0,45
M.M. Agricultura 0,46
Ejercicio 1991:1,60
1992 M.S. Agricultura 0,54
M.M. Agricultura 0,50
M.M. Venta de piensos 0,67
Ejercicio 1992:1,71
Quinto.-Por todo lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte la reclamación económico-administrativa, declarando prescrito el derecho de la Hacienda Foral a determinar la deuda tributaria de los dos primeros trimestres de 1989, y, ordenar a la misma gire liquidaciones que minoren las cifras del módulo personal empleado del régimen simplificado (Antecedente de Hecho Primero) en: 6,31 (1,23 -por personal incorrectamente adscrito- + 2,25 -exceso imputado a los trabajadores transferidos de la actividad de reparación de automóviles- +2,50 -reajuste por los trimestres prescritos- + 0,33 -correspondiente a un asalariado (I.S.) adscrito a la actividad inspeccionada durante los trimestres prescritos-) para el ejercicio 1989; 0,87, en el ejercicio 1990; 1,60, en el ejercicio 1991; y 1,71, en el ejercicio 1992.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 80/96, interpuesta por D. , contra desestimación, presunta y, posteriormente, expresa mediante resolución de la Jefe de Sección del Impuesto sobre el Valor Añadido, de 17 de enero de 1996, del recurso de reposición impugnatorio de las liquidaciones núms 95/302.692 a 95/302.689 practicadas por dicho tributo, ejercicios 1989 a 1992;RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:
Primero.-Anular los actos administrativos impugnados, por no ser conformes a derecho;
Segundo.-Declarar prescrito el derecho de la Administración Tributaria a liquidar los dos primeros trimestres de 1989, y
Tercero.-Ordenar a la Oficina Gestora dicte liquidaciones por los trimestres no prescritos ajustándose a lo dispuesto en el Fundamento de Derecho Quinto.
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