Source: http://www.rubenfigari.com.ar/analisis-critico-sobre-las-reformas-a-la-ley-de-ejecucion-de-la-pena-privativa-de-la-libertad-introducidas-por-la-ley-no-27-375-b-o-28072017/
Timestamp: 2019-02-16 18:04:27+00:00

Document:
Análisis crítico sobre las reformas a la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad introducidas por la Ley Nº 27.375 (B.O. 28/07/2017) – Ruben Figari
Publicado en noviembre 24, 2017 enero 5, 2019 por admin
Por Rubén E. Figari y Hernán D. Herrera
Sumario: § I.- Introducción. § II.- Reinserción social. § III.- Tratamiento. §IV.- Características régimen del progresivo. §V.- Promoción. § VI.- Igualdad y no discriminación. § VII.- Aplicación a los procesados. § VIII.- Derechos de la víctima. § IX.- Periodo de observación. § X.- Recaudos. § XI.- Periodo de tratamiento. § XII.- Trámite § XIII.- Periodo de prueba. § XIV.- Salidas transitorias. § XV.- Requisitos para acceder al régimen de salidas transitorias y de semilibertad. § XVI.- Modalidades § XVII.- Incumplimiento. § XVIII.- Supervisión. § XIX.- Semilibertad. § XX.- Requisitos. §XXI.- Evolución del tratamiento. §XXII.- Periodo de libertad condicional. §XXIII.- Trámite. § XXIV.- Tuición. § XXV.- Competencia. § XXVI.- Revocación. § XXVII.- Prisión discontinua y semidetención. § XXVIII.- Implementación. § XXIX.- Impedimentos al acceso de la libertad asistida. § XXX.- Listado. § XXXI.- Delitos Excluidos.§ XXXII.- Derivación. § XXXIII.- Régimen preparatorio para la liberación en los casos previstos en el art. 56 bis. § XXXIV.-Remisión de datos al Renabem. § XXXV.- Traslado de los internos. § XXXVI.- Recepción de visitas, correspondencia y comunicaciones telefónicas. § XXXVII.- Autorización en caso de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita. § XXXVIII.- Recursos y medios de los establecimientos. § XXXIX.- Reforma al art. 14 del C.P. § XL.- Registro de datos (Renabem). § XLI.- Revisión de la legislación y reglamentación penitenciaria e invitación a la CABA y las provincias para los mismos fines § XLII.- Complementaridad. § XLIII.- Sobre la vigencia temporal de la reforma. § XLIV.- Conclusiones.
Hay otros instrumentos que si bien no tienen una categoría de tratados se han convertido en reglas insoslayables a tener en cuenta: a) Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos de las Naciones Unidas que establecen: “Los reclusos pertenecientes a categorías diversas deberán ser alojados en diferentes establecimientos o en diferentes secciones dentro de los establecimientos, según su sexo y edad, sus antecedentes, los motivos de su detención y el trato que corresponda aplicarles”. b) Los principios básicos elaborados por la Organización de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos expresan que “con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos…”. c) Conjunto de Principios para la Protección de todas las Personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión prescribe que “Ninguna persona sometida a cualquier forma de detención o prisión será sometida a tortura o a tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes. No podrá invocarse circunstancia alguna como justificativo para la tortura o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. d) La regla 13 de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad establece que: “No se deberá negar a los menores privados de libertad, por razón de su condición, los derechos civiles, económicos, sociales o culturales que les correspondan de conformidad con la legislación nacional o el derecho internacional y que sean compatibles con la privación de la libertad”. e) Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores disponen que “Los menores confinados en establecimientos penitenciarios recibirán los cuidados, la protección y toda la asistencia necesaria – social, educacional, profesional, sicológica, médica y física – que puedan requerir debido a su edad, sexo y personalidad y en interés de su desarrollo sano”. f) Declaración sobre Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. g) Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes.-
II.- Reinserción social.
Bien lo señalan De La Fuente – Salduna que a través de la idea de resocialización no se trata de imponer un determinado sistema de valores o un modo de pensar al condenado, transformándolo en un mero objeto despojado de dignidad. Es menester que el condenado debe conservar, pese a su condena, todos los derechos inherentes al ser humano, de modo que hay que reconocer que resulta plenamente libre para tener sus propias convicciones y sistema de valores. “En definitiva, no debe buscarse a través del fin de prevención especial de la pena una especie de “lavado de cerebro” o “tratamiento compulsivo” del condenado, sino algo mucho más moderado”. Desde luego, que dado el principio de progresividad que propone la ley depende no solamente del establecimiento carcelario sino también del condenado un pronóstico de reinserción social. En ese aspecto se habla del “concepto” –el art. 101 establece que “el interno será calificado, asimismo, de acuerdo al concepto que merezca. Se entenderá por concepto la ponderación de su evolución personal de la que sea deducible su mayor o menor posibilidad de adecuada reinserción social” y el art. 104 consigna: “la calificación de concepto servirá de base para la aplicación de la progresividad del régimen, el otorgamiento de tareas transitorias, semilibertad, libertad condicional, libertad asistida, conmutación de pena e indulto”–.-
Se ha considerado a esta norma como una de las más importantes de la ley 24.660 y por ende, al no sufrir cambios por la nueva ley, básicamente establece los límites y sentido de la intervención estatal en la aplicación del régimen penitenciario, en su configuración y puesta en marcha de los programas de tratamiento. Se separa el conjunto de actividades que no son obligatorias – las terapéuticas que están diseñadas a colaborar en el proceso de resocialización – de las que sí lo son ([5]). De esta manera se distingue el conjunto de normas que regulan al régimen penitenciario en todos sus aspectos, del tratamiento de actividades terapéutico – asistenciales que están orientadas a colaborar en el proceso de resocialización del condenado.-
IV.- Características del régimen progresivo.
V.- Promoción.
Al decir de Mafelli Caffarena – Alderete, “todas aquellas decisiones que implican la modificación sustancial de los aspectos cualitativos de la sanción penal, sin dudas, deben estar incluidas dentro de las facultades jurisdiccionales del órgano de ejecución. El avance y retroceso de los internos por los distintos períodos de atenuación de las condiciones de encierro, la concesión de salidas transitorias, semilibertad, prisión domiciliaria, libertad condicional; la sustitución de la pena por trabajos comunitarios, la revisión de sanciones disciplinarias, el contralor de las condiciones de detención y los traslados de internos de un establecimiento a otro, en tanto resultan ser cuestiones que afectan de manera directa el aspecto cualitativo de la pena, no pueden ser otra cosa que objeto de una decisión de carácter jurisdiccional. Así entendida, la judicialización del proceso de ejecución no sólo implica la creación de mecanismos procesales para el control de la ejecución de la condena, sino también permitir que el interno pueda defenderse cuando la pena de prisión no se ejecute de acuerdo a su finalidad constitucional. Es el juez de ejecución, en consecuencia, quien debe actuar como defensor de los derechos fundamentales de todos los internos y de la Constitución Nacional, haciendo respetar las finalidades allí enunciadas y actuando también, en su caso, como órgano administrativo titular de iniciativas frente a la administración penitenciaria” ([11]).-
VI.- Igualdad y no discriminación.
VII.- Aplicación a los procesados.
VIII.- Derechos de la víctima.
IX.- Periodo de observación.
X.- Recaudos.
XI.- Periodo de tratamiento.
XII.- Trámite.
XIII.- Periodo de prueba.
XIV.- Salidas transitorias.
XV.- Requisitos para acceder al régimen de salidas transitorias y de semilibertad.
Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución: a) Penas mayores a diez (10) años: un (1) año desde el ingreso al período de prueba – en la norma anterior se exigía una pena temporal sin la accesoria del art. 52 del C.P que abarcaba la mitad de la condena –. b) Penas mayores a cinco (5) años: seis (6) meses desde el ingreso al período de prueba – penas perpetuas sin la accesorio del art. 52 del C.P: quince años decía la norma anterior –. c) Penas menores a cinco (5) años: desde el ingreso al período de prueba – accesoria del art. 52 del C.P cumplida la pena: tres años, determinaba el artículo anterior –.
No tener causa abierta donde interese su detención u otra condena pendiente, total o parcialmente – en este aspecto el requisito no ha cambiado salvo el agregado de “total o parcialmente” –.
Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación, durante el último año contado a partir de la petición de la medida. Para la concesión de salidas transitorias o la incorporación al régimen de semilibertad deberá merituarse la conducta y el concepto durante todo el período de condena, debiendo ser la conducta y el concepto del interno, durante al menos las dos terceras partes de la condena cumplida al momento de peticionar la obtención de los beneficios, como mínimo Buena conforme a lo dispuesto por el artículo 102 – el anterior dispositivo requería la posesión de conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el tiempo de internación – .
Contar con informe favorable del director del establecimiento, del organismo técnico-criminológico y del Consejo Correccional del establecimiento, respecto de su evolución y sobre el efecto beneficioso que las salidas o el régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado – anteriormente se requería el merecimiento por parte del organismo técnico – criminológico y del consejo correccional del establecimiento, concepto favorable respecto a la evolución del interno y respecto también al efecto beneficioso que la salida o régimen de semilibertad puedan tener para el futuro personal, familiar y social del condenado –.
No encontrarse comprendido en los supuestos del artículo 56 bis de la presente ley ([26]), norma que se analizará ut-retro.
En los casos de las personas condenadas por los delitos previstos en el artículo 128 tercer párrafo ([27]), 129 segundo párrafo ([28]) y 131 ([29]) del Código Penal, antes de adoptar una decisión, se requerirá un informe del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución y se notificará a la víctima o su representante legal que será escuchada si desea hacer alguna manifestación. El interno y la víctima podrán proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados a presentar su propio informe.-
XVI.- Modalidades.
XVII.- Incumplimiento.
XVIII.- Supervisión.
XIX.- Semilibertad.
XX.- Requisitos.
XXI.- Evolución del tratamiento.
XXII.- Periodo de libertad condicional.
Al decir de De la Fuente – Salduna la libertad condicional se erige en la esencia de la etapa final del régimen de progresividad permitiendo al condenado recuperar la libertad antes del vencimiento de la pena, sometiéndose al cumplimiento de determinadas condiciones que establece el art. 13 del C.P.. Con esta liberación anticipada se da como una especie de premio a aquella persona que demostró una evolución satisfactoria en el régimen carcelario y paralelamente se lo incentiva a continuar observando una buena conducta en el ámbito libre, orientado todo ello a la prevención especial. Se ha entendido en forma prácticamente unánime en la doctrina que la libertad condicional no es una simple gracia o beneficio excepcional que se le concede al condenado, sino que una vez cumplidos ciertos parámetros legales se convierte en un derecho que no puede ser negado en forma discrecional por el juez. Por otra parte, el hecho de que cese el régimen carcelario, en el sentido que el interno recupera efectivamente su libertad, forma parte del cumplimento de la pena porque el cumplimento de ciertas condiciones o reglas de conducta impuestas, también constituyen penas ([33]).-
XXIII.- Trámite.
XXIV.- Tuición.
XXV.- Competencia.
XXVI.- Revocación.
XXVII.- Prisión discontinua y semidetención.
XXVIII.- Implementación.
XXIX.- Impedimentos al acceso de la libertad asistida.
Empero, el hecho de tacha de arbitrariedad tampoco es motivo para considerar que el instituto adolezca de requisitos que van más allá de lo temporal pues, como aseveran López – Machado con quienes coincide Pinto, la libertad asistida no puede ser concedida de modo general a partir de una verificación de la exigencia temporal, pues de razonar de dicha forma, la intervención del magistrado no tendría sentido, pues el instituto sería factible de ser regulado de modo directo por la autoridad penitenciaria tal como si se tratara de una agotamiento de la condena ([45]).-
XXX.- Listado.
XXXI.- Delitos Excluidos.
Si hay un precepto que conspira contra todo lo que se ha postulado en el art. 1º de la presente ley y de la 24.660 con la reforma de la 25.948 es justamente este art. 56 bis que impide otorgar los beneficios comprendidos en el período de prueba a los condenados por los siguientes delitos: a) todos los homicidios agravados previstos en el art. 80 del C.P. – anteriormente se incluía solamente el contemplado en el art. 80 inc. 7º del C.P. (homicidio criminis causae) –; b) delitos contra la integridad sexual, previstos en los artículos 119 – abuso sexual, abuso sexual gravemente ultrajante, abuso sexual con acceso carnal y agravantes –, 120 – abuso sexual aprovechando la inmadurez de la víctima –, 124 – abuso sexual con resultado de muerte –, 125 – promoción y facilitación de la corrupción y sus agravantes –, 125 bis – promoción y facilitación de la prostitución –, 126 – agravantes del artículo anterior –, 127 – rufianería y agravantes –, 128 primer y segundo párrafos – producción, financiación, divulgación y distribución de material pornográfico y tenencia del mismo material para distribución y comercialización –, y 130 – rapto – del C. P. – anteriormente estaba previsto sólo el caso del art. 124 –; c) privación ilegal de la libertad coactiva, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 142 bis, anteúltimo párrafo – idéntico texto al anterior –, del C.P.; d) tortura seguida de muerte, artículo 144 ter, inciso 2 – no previsto en el anterior texto –, del C.P.; e) delitos previstos en los artículos 165 y 166, inciso 2, segundo párrafo – robo agravado por homicidio y robo con arma de fuego – del C. P. – el segundo caso no estaba contemplado en la anterior redacción –; f) secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida, conforme a los supuestos previstos en el artículo 170, antepenúltimo y anteúltimo párrafos – muerte no querida por el autor y muerte causada intencionalmente –, del C.P. – en el texto anterior se preveía el caso del art. 170 anteúltimo párrafo –; g) delitos previstos en los artículos 145 bis y ter – trata de personas y agravantes – del C.P. – no previstos en el anterior texto –; h) casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies – terrorismo – del C. P. – tampoco previsto en el texto anterior –; i) financiamiento del terrorismo, previsto en el artículo 306 del C. P. – no contemplado en el texto anterior –; j) delitos previstos en los artículos 5° – los casos contemplados en los incs. a) / e) y los restantes párrafos –, 6° – introducción al país de estupefacientes fabricados o en cualquier etapa de fabricación, precursores químicos o cualquier materia prima destinada a su fabricación o producción y sus segundo y tercer párrafos – y 7° – organización y financiación de cualquier actividad ilícita a lo que aluden los arts. 5 y 6 y los arts. 865 inc. h) y 866 de la ley 22.415 – de la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace – no previsto en el anterior texto – y k) delitos previstos en los artículos 865 – casos contenidos en los arts. 863 y 864 y sus agravantes –, 866 – en los casos previstos en los arts. 863 y 864 cuando se trate de estupefacientes en cualquier etapa de elaboración o precursores químicos y segundo párrafo – y 867 – en los casos de los arts. 863 y 864 cuando se tratare de sustancias nucleares, explosivos, agresivos químicos o materiales afines, armas, municiones o materiales que fueren considerados de guerra o sustancias o elementos que por su naturaleza, cantidad o características pudieren afectar la seguridad común salvo que el hecho configure delito al que correspondiere una pena mayor – del Código Aduanero – no previsto en el anterior texto –. El último párrafo no ha variado con respecto al texto anterior del art. 56 bis.-
Ya el anterior texto era criticado, más allá de las argumentaciones de política criminal que se hayan tenido en cuenta, por las razones que se han invocado al principio del comentario de este artículo y por contradecir principios constitucionales referidos al régimen progresivo para todos los condenados. Otros han postulado directamente la inconstitucionalidad de dicho artículo basándose en los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional – art. 75 inc. 22 de la C.N. – CADH y el PIDCP ([48]). También ha cosechado sendas críticas de De la Fuente – Salduna con argumentos parecidos a los expuestos, aunando que se debería establecer un límite a la perpetuidad de la pena considerando que los plazos previstos por el art. 13 del C.P. para la obtención de la libertad condicional son sumamente extensos al extremo de excluir directamente la libertad condicional en dichos supuestos ([49]).-
La inconstitucionalidad del art. 56 bis de la anterior ley fue declarada, por ej. por la C. Casación Penal – Sala IV – “Soto Trinidad, Rodolfo Ricardo s/recurso de casación”, causa N° 675/2013, 20/12/2013; C. Penal Federal – Sala II –, “Arancibia, Mario Jorge s/legajo de ejecución penal”, Reg. n° 438/2016, 10/06/2016 (mayoría); C. Casación Penal Federal, sala IV – 30/12/2014 – M. M., M. S. s/ recurso de casación e inconstitucionalidad; C. Casación Penal Federal, sala IV – Lemes Mauro Ismael s/ rec. de casación – 6/03/15 www.pjn.gov.ar. Asimismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente “Nápoli” – CSJN, “Napoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis del C.P.”, 22/12/98 –, sostuvo que el legislador no puede limitar institutos vinculados a la libertad en base a la naturaleza del delito. Ello tiene sustento en los arts. 5.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 1° de la Ley n° 24.660 en cuanto establecen que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los/las condenados/as sin distinción ([51]). –
XXXII.- Derivación.
XXXIII.- Régimen preparatorio para la liberación en los casos previstos en el art. 56 bis.
XXXIV.-Remisión de datos al Renabem.
XXXV.- Traslado de los internos.
XXXVI.- Recepción de visitas, correspondencia y comunicaciones telefónicas.
XXXVII.– Autorización en caso de enfermedad, accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a visita.
XXXVIII.- Recursos y medios de los establecimientos.
XXXIX.- Reforma al art. 14 del C.P.
XL.- Registro de datos (Renabem).
XLI.- Revisión de la legislación y reglamentación penitenciaria e invitación a la CABA y las provincias para los mismos fines.
Evidentemente, la presente ley pretende unificar el contenido estructural del régimen de ejecución penitenciario a nivel nacional. Respecto a esta cuestión, seguimos la opinión de Zaffaroni – Slokar – Alagia, quienes bregan por la tesis del estándar federal mínimo – que puede ser superado por las provincias –; así, la legislación nacional de ejecución tiene el carácter de “marco garantizador mínimo” a partir del cual las provincias pueden avanzar en el reconocimiento de mayores derechos y garantías a las personas privadas de la libertad pero nunca legislar en forma más restrictiva. Por lo que no resulta factible que las provincias realicen modificaciones a su antojo suprimiendo beneficios o restringiendo los reglamentados en la ley 24.660, de lo contrario se afectaría el principio de igualdad.-
XLII.- Complementaridad.
XLIII.- Sobre la vigencia temporal de la reforma.
XLIV.- Conclusiones.
El sistema penitenciario refleja una tensión dialéctica permanente entre el garantismo y la defensa social, en otros términos, da cuenta de una antinomia entre las exigencias preventivas – esto es, las necesidades de los individuos, que sufren la pena – y las necesidades de la colectividad – expresadas en la necesidad de aplicar un castigo –. Esta tensión, subyace en el actual texto de la ley de ejecución penal cuando señala como fines de la institución carcelaria la reinserción y su custodia en un establecimiento. La búsqueda de un punto de equilibrio entre ambos extremos es una exigencia del Estado de Derecho que no puede ignorar la sanción – como un fenómeno socio – jurídico ineludible – y la condición de persona del condenado, quien no puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.-
[2]ALDERETE LOBO Rubén en ZAFFARONI Eugenio (dirección)-DE LANGHE Marcela (coordinación) “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ley 24.660. Ejecución de la pena privativa de la libertad” Nueva serie, t. 15, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 189.
[5] SALT Marcos “Los Derechos fundamentales de los reclusos en la Argentina” en RIVERA BEIRAS Iñaki – SALT Marcos “Los derechos fundamentales de los reclusos. España y Argentina” 1ª reimpresión, Ed. Editores del Puerto, Buenos Aires, 2005, ps. 226/231.
[6] Dictamen elaborado por el Área Cárceles de la Asociación Pensamiento Penal y en el que participaron HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa en “Observaciones y Críticas al Proyecto de Reforma de la ley 24.660” www.pensamientopenal.com.ar
[9] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[10] MAPELLI CAFFERANA Borja – ALDERETE LOBO Rubén, Manual Regional de buenas prácticas Penitenciarias, Ed. Programa EUROsociAL, Madrid, España, 2015, p. 83.
[11] MAPELLI CAFFERANA Borja – ALDERETE LOBO Rubén (ob. cit., p. 85 y sgtes).
[12] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[16] Ver FIGARI Rubén “Somero análisis de la ley de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos (LEY 27.372)” en www.pensamientopenal.com.ar, elDial.com – DC23C9; www.terragnijurista.com.ar; y Revista de Derecho Penal y Criminología, Ed. La Ley. año VII, número 9 octubre 2017.
[18] PINTO Ricardo en ZAFFARONI Eugenio (dirección)-DE LANGHE Marcela (coordinación) (ob. cit. t. 15, p. 257) citando a LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo “Análisis del régimen de ejecución penal” Ed. Fabián Di Placido, Buenos Aires, 2004, p 92
[19] JIMÉNEZ María – MANSILLA Matías “La mentada progresividad del régimen penitenciario ¿En qué consiste la ejecución de la pena privativa de libertad?”, publicado el 25/10/2017 en la Revista Jurídica El Dial.com, DC2420, Biblioteca Jurídica On line, Editorial Albrematica S.A., Buenos Aires, 2017.
[22] CORBO Pablo – FUSCO Lorena “Ejecución de la Pena Privativa de la libertad” en D’ALESSIO Andrés (Director) DIVITO Mauro (Coordinador), (ob. cit. t. III, p 1273).
[23] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. p. 100)
[25] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[30] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[34] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[36] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[37] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. ps. 157/158)
[39] CORBO Pablo – FUSCO Lorena en D’ALESSIO Andrés (Director) DIVITO Mauro (Coordinador), (ob. cit. t. III, p. 1293)
[40] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. p. 160)
[41] JIMÉNEZ María – MANSILLA Matías “La mentada…”, (ob. cit. El Dial.com, DC2420)
[42] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[43] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. ps. 183/187)
[45] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. p. 187); PINTO Ricardo en ZAFFARONI Eugenio (dirección)-DE LANGHE Marcela (coordinación) (ob. cit. t. 15, p. 299)
[46] LOPEZ Axel – MACHADO Ricardo (ob. cit. p. 187)
[47] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[49] DE LA FUENTE Javier – SALDUNA Mariana en ZAFFARONI Eugenio (dirección)-DE LANGHE Marcela (coordinación) (ob. cit. t. 15, ps. 388/389)
[50] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar)
[57] HUÑIS Magalí – BRICCOLANI Guadalupe – PETRONE Camila – PEREYRA Paulo – BOGADO María – POLO Lourdes – MOLLIS Santiago – ZERBINO Larisa (ob. cit. www.pensamientopenal.com.ar).
Publicado en www.pensamientopenal.com.ar; elDial.com – DC245E; Revista Jurídica Región Cuyo – Argentina – Número 4 – Mayo 2018, www.terragnijurista.com.ar
Entrada anterior:Anterior SOMERO ANÁLISIS DE LA LEY DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITOS (LEY 27.372).
Siguiente entradaSiguiente La obligación de notificación a la víctima en los términos de los arts. 5 inc. l) ley 27.372 y 80 inc. g) C.P.P.N es materia jurisdiccional.

References: artículo 102
 artículo 56
 artículo 128
 artículo 142
 artículo 144
 artículo 170
 artículo 41
 artículo 306