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Timestamp: 2020-07-16 01:46:32+00:00

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Omisión a la asistencia familiar: revocan resolución que revocó la suspensión de la pena | LP
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Fundamento destacado: Quinto.- Analizamos que en el acta de la audiencia de juicio inmediato el ahora impugnante consignó en sus generales de ley tener como documento nacional de identidad xxxx y tener el estado civil de casado, datos que coinciden con su ficha de Reniec de fojas 118, y tener dos hijas; datos generales que tampoco han sido cuestionados en forma negativa ni positiva por la Fiscalía. Que de lo expuesto líneas arribas conceptuamos que si bien es cierto el sentenciado no cumplió con las reglas de conducta mensual de concurrir al biométrico esto se encuentra justificado con la constancia laboral presentada la que no ha tenido cuestionamiento alguno; de otro lado a los dos días de la revocación de la pena suspendida ha cumplido con cancelar el íntegro del 50 por ciento adeudado por lo que en nuestro concepto estaría incurso dentro de la excepción que señala la Sentencia Casatoria N° 131-2014, Arequipa de fecha 20 de enero de 2016 fundamento 19[1].
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES
Jueces Superiores: Cavero Nalvarte/Tapia Cabañin/ Chamorro García
Ministerio Público: Quinta Fiscalía Superior Penal de Lima
Imputados: xxxx
Agraviado: Menor de iniciales M.A.M
Materia: Apelación de resolución que declara fundado revocar la suspensión de la pena.
VISTOS Y OÍDOS: En audiencia pública la apelación interpuesta por la defensa Técnica del sentenciado xxxx contra de la resolución N° 15 de fecha 28 de febrero de 2017 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Delitos de Flagrancia y otros que aplican el D.L. 1194 que dispone REVOCAR la suspensión de la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución convirtiéndola en pena de carácter efectiva a la persona del sentenciado xxxx en la instrucción que se le siguió por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Marcelo Moreno Arenaza; interviniendo como Directora de Debates la Señora Juez Superior Chamorro García; y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Es materia de apelación la Resolución N° 15 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Delitos de Flagrancia y otros que aplican el D.L. 1194 que despacha la magistrada Jessica Shirley Camacho Reyes que dispone REVOCAR la suspensión de la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución convirtiéndola en pena de carácter efectiva a la persona del sentenciado xxxx en la instrucción que se le siguió por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Marcelo Moreno Arenaza.
II. AGRAVIOS DE LA DEFENSA TÉCNICA DEL SENTENCIADO
SEGUNDO: Los agravios de la defensa técnica del sentenciado xxxx formalizados en su recurso de apelación así como en esta instancia se sustentan en que: mediante sentencia de conformidad de fecha 05 de octubre de 2016 el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de Lima, emitió sentencia en contra de xxxx por la comisión del delito contra la Familia – Incumplimiento de Obligación Alimentaria, en agravio de Marcelo Moreno Arenaza, imponiéndole un año y nueve meses de pena privativa de Libertad, sujeto a reglas de conducta impartidas por el Órgano Jurisdiccional entre las cuales se encontraba reparar el daño ocasionado a través del pago de los devengados en la forma y plazo acordados es decir en cancelar con fecha 06 de octubre de 2016 la suma de S/1250.00 y con fecha 28 de Octubre la suma de S/1250.00 a favor del menor agraviado, todo ello bajo apercibimiento de procederse con lo previsto en el Art. 59° inciso c) del Código Penal.
CUARTO: Que se desprende de autos que mediante sentencia de fecha 05 de octubre de 2016 se dictó sentencia de terminación anticipada contra la persona de xxxx a la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el término de un año de pena privativa de libertad, fijando como reparación civil la suma de seiscientos soles y las pensiones devengadas de un mil novecientos soles haciendo un total de S/2500.00 que serían canceladas en dos cuotas de S/ 1250.00 soles los días 06 y 28 de octubre de 2016 respectivamente mediante depósitos en la cuenta de ahorros N° 19322677921089 Banco de Crédito a nombre de Jessica Karina Arenaza Torres madre del menor agraviado Marcelo Moreno Arenaza; así también se impuso las reglas de conducta siguientes: a) la prohibición de ausentarse del lugar de su residencia sin previa autorización judicial. B) Comparecer de manera mensual al local del Juzgado encargado de la ejecución de la sentencia (Juzgado de Investigación Preparatoria), a fin de informar y justificar sus actividades, debiendo hacerlo el primer día hábil de cada mes que correspondiente. C) No volver a cometer delito doloso.
En lo que se refiere al no cumplimiento de la firma en el control biométrico durante los meses de noviembre a diciembre de 2016, efectivamente resulta cierto y de público conocimiento de la ciudadanía de la paralización de las labores de los servidores judiciales a nivel nacional. En lo que se refiere a los meses de Enero y febrero de 2017 que efectivamente el apelante no se acercó para registrar su firma lo ha justificado en su escrito de apelación que ello aconteció por haber estado laborando fuera de la ciudad capital y ha adjuntado unas constancia de la empresa MC Car Center S.A.C en la que se señala que xxxx con documento nacional de identidad 42853407 ha estado laborando en dicha empresa como apoyo en el área de soporte técnico desde el 10 de octubre de 2016 al 24 de febrero del año en curso, consignando como dirección de la empresa Av. Huamán N° 576, Urb. Vista Alegre – Víctor Larco – Trujillo, documento que no ha sido cuestionado por las partes.
Analizamos que en el acta de la audiencia de juicio inmediato el ahora impugnante consignó en sus generales de ley tener como documento nacional de identidad 42853407 y tener el estado civil de casado datos que coinciden con su ficha de Reniec de fojas 118, y tener dos hijas; datos generales que tampoco han sido cuestionados en forma negativa ni positiva por la Fiscalía. Que de lo expuesto líneas arribas conceptuamos que si bien es cierto el sentenciado no cumplió con las reglas de conducta mensual de concurrir al biométrico esto se encuentra justificado con la constancia laboral presentada la que no ha tenido cuestionamiento alguno; de otro lado a los dos días de la revocación de la pena suspendida ha cumplido con cancelar el íntegro del 50 por ciento adeudado por lo que en nuestro concepto estaría incurso dentro de la excepción que señala la Sentencia Casatoria N° 131-2014, Arequipa de fecha 20 de enero de 2016 fundamento 19[1].
Por las consideraciones expuestas, las señoras Jueces Superiores que suscriben, integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima, RESUELVEN: por mayoría REVOCAR la resolución N° 15 emitida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente de Delitos de Flagrancia y otros que aplican el D.L. 1194 que despacha la magistrada Jessica Shirley Camacho Reyes que resuelve revocar la suspensión de la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución convirtiéndola en pena de carácter efectiva a la persona del sentenciado xxxx en la instrucción que se le siguió por el delito contra la Familia – Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Marcelo Moreno Arenaza; y REFORMÁNDOLA dispusieron que continua vigente contra el sentenciado la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida, levantándose las órdenes de captura vigentes en contra del sentenciado; en consecuencia cumpla el A quo con proceder conforme a sus atribuciones; notifíquese y devuélvase.
Primero.- Que conforme se verifica en el auto expedido por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente, obrante en el cuaderno de debate de Fs. 174 a 175, la revocatoria de la pena suspendida de un año y nueve meses para convertirla en efectiva, ha obedecido a dos factores: a). que el condenado xxxx no aperturó la Ficha de Reglas de Conducta (Fs.165), no obstante que la sentencia se expidió el 05 de octubre del 2016-la huelga judicial se materializó desde el 22 de noviembre hasta el 31 de diciembre del 2016-, ni acudió los meses de enero y febrero del 2017 para registrar su firma, y b) no cumplió con el pago de S/. 1,250.oo, que comprendía el 50% de la Reparación civil y pensiones alimenticias devengadas, contenidas en dicha sentencia, la misma que quedo consentida, y donde se estableció taxativamente que: (sic) “… en caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se procesa conforme a lo señalado en el Art. 59° inciso 3 del Código penal, previo requerimiento de la parte legitimada-Ministerio Púbico”; requerimiento que fue activado por dicha Institución.
Segundo.- Que el marco de imputación del Ministerio Público contenido en la referida sentencia contra xxxx, es el no haber cumplido con los pagos por concepto de alimentos a favor de su menor hijo, el mismo que fue acordado en la Audiencia única del 11 de noviembre del 2014, tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro (Exp. N° 0213-2014-0), en el cual se llegó a un acuerdo Conciliatorio con la denunciante Jessica Karina Arenaza Torres en calidad de apoderada de su menor hijo Marcelo Moreno Arenaza, por dicho acuerdo el imputado xxxx se comprometía a pagar en la cuenta de la denunciante respecto de los meses de noviembre y diciembre del año 2014 que correspondían a las pensiones mensuales del Colegio (S/. 400.00 soles), además debía depositar dicha suma de dinero durante los meses que no se pague pensión de colegio, a ello se agregaba el compromiso de pagar los gastos por lonchera del menor ascendente a la suma de S/. 50.00 soles semanales, a excepción de los meses de enero y febrero; sin embargo el imputado no cumplió con efectuar los pagos correspondientes a las pensiones de los meses de noviembre -diciembre del año 2014, y de enero y febrero del 2015, lo que suma S/. 1,600.oo soles. Asimismo, no cumplió con pagar los conceptos de lonchera contabilizados a partir de la celebración de la Audiencia única (11 de noviembre del 2014), adeudando tres semanas al mes de noviembre, lo que hace un total de S/. 150.00, y de tres semanas del mes de diciembre(S/.150.oo), lo que suman S/. 300.oo soles, haciendo un total de S/.1,900.oo soles, suma que fue aprobada como liquidación de pensiones devengadas mediante la resolución DIEZ del 04 de mayo del 2015, expedido por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro, liquidación correspondiente al período desde el mes de noviembre del 2014 hasta febrero del 2015, el mismo que fue requerido al imputado con la misma resolución y apercibimiento de remitirse copias al Ministerio Público con la Resolución DOCE del 02 de junio del 2015.
b) en lo concerniente a que se debió imponer una medida menos gravosa, como los incisos 1 ó 2 del Art. 59 del Código Penal y no el 3)., cabe puntualizar que la sentencia conformada de manera taxativa consignó que de incumplirse las reglas de conducta, se procedería conforme al inciso 3). del Art. 59 del Código Penal, esto es, la revocatoria de la suspensión de la pena; y si bien la Defensa alega la Casación N° 656-2014 ICA de la Sala Penal permanente aduciendo que está en la decisión del Juez optar por cualquiera de los presupuestos, dicha casación en el fundamento Quinto establece: “A modo de conclusión se puede establecer que la aplicación de los efecto del incumplimiento de las reglas de conducta, previsto en el artículo 59 del Código Penal, deberá darse conforme a la propia norma a manera discrecional del Juez. Es decir, según el caso concreto está en la decisión del Juez Penal optar por cualquiera de los tres supuestos, sin la necesidad de que se exija una secuencia prelativa. No se puede exigir al Juez Penal a imponer dichos efectos de manera correlativa, cuando es algo expresamente contrapuesto con la norma, más aún que se contrapone con el sentido de ésta….”; máxime que también el Tribunal Constitucional se ha pronunciado que las tres alternativas a que se contrae el Art. 59 del C.P. no obliga al Juez a aplicar tales alternativas en forma sucesiva, sino que ante el incumplimiento de las reglas de conducta impuestas, la suspensión de la ejecución de la pena pueda ser revocada sin necesidad de que previamente sean aplicadas las dos primeras alternativas. STC N° 01474-2010-PHC/TC PIURA Nicanor Lara Elías (03/09/10) fundamento 5; y STC 04649-2014-PHC/TC La Libertad, Juan José Fajardo Bizama (25/05/16), fundamento 3.
Décimo.- que, adicionalmente al considerando precedente, cabe señalar que los recaudos acompañados en la apelación como el voucher de Depósito en cuenta de Ahorros MNA en el Banco de Crédito por S/. 1,250.oo hecho el 02/03/2017 a la cuenta de Arenaza Torres Jessica Karina (Fs.183), así como la Constancia elaborada por MC car center S.A.C. a favor de xxxx (Fs. 185), no resultan merituables, a tenor de lo que preceptúa el art. 409 del Código Procesal Penal, en lo que se refiere a que la impugnación confiere al Tribunal competencia solamente para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.
Por estos fundamentos, MI VOTO es porque se CONFIRME el auto apelado que revoca la suspensión de la pena de un año y nueve meses de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución, convirtiéndola en pena de carácter efectiva, e ,integrándose, impuesta a xxxx, en la sentencia del 05 de octubre del 2016, como autor del delito contra la familia en la modalidad de Omisión de Asistencia Familiar (previsto en el primer párrafo del artículo 149 del Código penal) en agravio de Marcelo Moreno Arenaza, con lo demás que contiene:
Robo agravado: alcances y significado de la agravante «a mano armada»...
Lex - 2 abril, 2019

References: resolución 
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 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 59
 artículo 149