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Timestamp: 2020-02-19 13:57:36+00:00

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Reglamento 1/1995, de 7 de junio, de la Carrera Judicial. (Vigente hasta el 14 de marzo de 2001)
Vigencia desde 13 de julio de 1995. Esta revisi�n vigente desde 13 de julio de 1995hasta 14 de marzo de 2001.
CAPÍTULO II. INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE JUEZ MEDIANTE OPOSICIÓN LIBRE.
SECCIÓN I. CONVOCATORIA DE LA OPOSICIÓN.
SECCIÓN II. REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES.
CAPÍTULO IV. INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL POR LA CATEGORÍA DE MAGISTRADO.
CAPÍTULO IV. PRUEBAS DE ESPECIALIZACIÓN COMO JUEZ DE MENORES.
CAPÍTULO V. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA EL CAMBIO DE ORDEN JURISDICCIONAL.
TÍTULO III. DE LA VALORACIÓN DEL IDIOMA Y DEL DERECHO FORAL Y PROPIO EN LOS CONCURSOS PARA ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.
TÍTULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SOBRE CUESTIONES QUE AFECTAN AL ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS.
TÍTULO V. DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTES Y JUECES SUSTITUTOS.
TÍTULO VI. DE LOS JUECES EN RÉGIMEN DE PROVISIÓN TEMPORAL.
TÍTULO VII. DE LA CONFECCIÓN DE LOS ALARDES.
TÍTULO VIII. DE LA FORMA DE DISTRIBUCIÓN ENTRE TURNOS Y PROVISIÓN DE VACANTES DE LA CATEGORÍA DE MAGISTRADO CORRESPONDIENTES A LOS TURNOS DE PRUEBAS SELECTIVAS DE PROMOCIÓN Y DE CONCURSO ENTRE JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA.
TÍTULO IX. DEL TIEMPO MÍNIMO DE PERMANENCIA EN EL DESTINO POR PARTE DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.
CAPÍTULO II. PROCEDIMIENTO DE LOS CONCURSOS REGLADOS.
CAPÍTULO III. SOLICITUD DE PROVISIÓN DE PLAZAS Y DE CARGOS DE NOMBRAMIENTO DISCRECIONAL.
CAPÍTULO IV. EXCEDENCIA VOLUNTARIA.
CAPÍTULO V. EXCEDENCIA FORZOSA.
CAPÍTULO VI. SUSPENSIÓN DE FUNCIONES.
CAPÍTULO VII. REINGRESO AL SERVICIO ACTIVO.
CAPÍTULO VIII. CAMBIO DE SITUACIÓN.
CAPÍTULO I. EL DEBER DE RESIDENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS.
CAPÍTULO II. LOS PERMISOS.
CAPÍTULO III. LAS LICENCIAS POR RAZÓN DE MATRIMONIO.
CAPÍTULO IV. LAS LICENCIAS EN CASO DE PARTO Y ADOPCIÓN.
CAPÍTULO V. LAS LICENCIAS POR ENFERMEDAD.
CAPÍTULO VI. LAS LICENCIAS PARA REALIZAR ESTUDIOS.
CAPÍTULO VII. LICENCIAS POR ASUNTOS PROPIOS.
CAPÍTULO VIII. LICENCIAS EXTRAORDINARIAS.
CAPÍTULO II. ACTIVIDADES PÚBLICAS.
CAPÍTULO III. ACTIVIDADES PRIVADAS.
TÍTULO XIV. DEL ESCALAFÓN.
TÍTULO XV. DE LA FORMA DE CESE Y POSESIÓN EN LOS ÓRGANOS JUDICIALES.
I. El presente Reglamento se dicta en ejecución de lo establecido en la disposición final primera de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, según la cual el Consejo General del Poder Judicial procederá a dictar en el plazo de seis meses, en el ámbito de la potestad que le corresponde, los Reglamentos necesarios para el desarrollo de la Ley Orgánica del Poder Judicial, modificada por la presente Ley . Entre las materias a que se refiere el artículo 110 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se encuentran distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la Carrera Judicial por parte de los Jueces y Magistrados que la integran, aspectos todos ellos cuya regulación, dentro de los límites establecidos en el artículo 110, número 2, párrafo primero, de la propia Ley Orgánica, se lleva a cabo por medio del presente Reglamento.
II. El Título dedicado a la selección para el ingreso en la Carrera Judicial desarrolla los criterios y sistemas de ingreso en dicha Carrera, a los que se refieren los artículos 301 a 315 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, regulación que se complementa mediante las pertinentes normas de organización y procedimiento que permitan hacer operativos los mismos.
III. Respecto de las pruebas selectivas para promoción y especialización de Jueces y Magistrados previstas en el Capítulo II del Título I del Libro IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la redacción de los preceptos reglamentarios correspondientes pretende conseguir la adquisición de una formación complementaria por parte de aquellos miembros de la Carrera Judicial que aspiran a acceder a un nuevo destino en el que, por la naturaleza del orden jurisdiccional en el que se integra, van a llevar a cabo la aplicación del Derecho a determinadas materias litigiosas que hacen necesaria la posesión por el titular del órgano jurisdiccional de unos conocimientos de carácter especializado. Por otra parte, en el artículo 311.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la redacción dada a dicho precepto por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, se establece por vez primera la posibilidad de acceso a la Carrera Judicial de los miembros del Ministerio Fiscal con al menos un año de servicios efectivos, mediante pruebas de especialización en los órdenes contencioso-administrativo y social.
IV. El artículo 341.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial obliga a la determinación reglamentaria de los criterios de valoración sobre el conocimiento del idioma y del Derecho civil especial o foral de las Comunidades Autónomas, como mérito preferente en los concursos para la cobertura de destinos judiciales dentro del territorio respectivo. El Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo de 23 de octubre de 1991, aprobó el correspondiente desarrollo reglamentario del citado precepto, que fue posteriormente dejado en suspenso por un nuevo Acuerdo de 15 de enero de 1992.
V. El Título IV del presente Reglamento establece normas complementarias de las contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, reguladoras de determinados procedimientos administrativos, que se inspiran en los mismos principios que consagra la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Así es como se hace referencia en el texto reglamentario a la aportación de documentos; se dispone que los efectos de la falta de resolución expresa respecto de dichos expedientes sean estimatorios, si bien en determinados supuestos serán desestimatorios con el fin de impedir que pueda producirse el reconocimiento de derechos cuando se carece de los requisitos exigidos para ello, singularmente en aquellos casos que han de producir consecuencias económicas u organizativas que, por su incidencia en el gasto público y en el sistema de organización del Consejo General del Poder Judicial, han de entenderse exceptuados del criterio general de estimación presunta; se establecen plazos para la resolución de los expedientes cuya duración ha sido determinada de acuerdo con las peculiaridades y trámites necesarios en cada tipo de expediente; se prevé la ampliación de plazos mediante acuerdo expreso; se regulan, por último, los requisitos necesarios para la eficacia de las resoluciones presuntas y el fin de la vía administrativa.
VI. En lo referente al régimen jurídico de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, contenido anteriormente en el Acuerdo de 15 de julio de 1987, por el que se establecía la Reglamentación sobre Jueces en régimen de provisión temporal, Magistrados suplentes y Jueces sustitutos, el presente Reglamento se atiene a la nueva regulación legal contenida en la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, y desarrolla la misma en función de la experiencia habida como resultado de la tramitación de los expedientes de nombramiento de Magistrados suplentes y Jueces sustitutos.
VII. Respecto del nombramiento de Jueces en régimen de provisión temporal, sin perjuicio de su carácter legal a extinguir, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, la materia estaba regulada por Acuerdo del Pleno del Consejo General del Poder Judicial de 15 de julio de 1987. El tiempo transcurrido y las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 16/1994, relativas a designación y cese de estos Jueces, requieren una nueva regulación que se adecue a las nuevas exigencias legales.
VIII. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo del día 21 de febrero de 1990 ( Boletín Oficial del Estado de 7 de marzo), dictó las normas con arreglo a las cuales habían de confeccionarse los alardes previstos en el artículo 317, párrafos 3 y 4, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para dejar constancia, cuando en un órgano jurisdiccional se produzca un cambio de titular, del estado en que se encuentra el Juzgado o Tribunal y del volumen de trabajo pendiente, con el objeto de asegurar el adecuado funcionamiento del órgano jurisdiccional de que se trate. El contenido del referido Acuerdo de 21 de febrero de 1990, al que viene a sustituir la presente normativa, se corresponde en líneas generales con el contenido del anterior texto reglamentario.
IX. La aplicación de lo previsto en el artículo 311 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de forma que la efectividad de los distintos procedimientos de incorporación a la Carrera Judicial no suponga un perjuicio para la continuidad de la Administración de Justicia en las circunscripciones en que se produzcan las vacantes correspondientes a estos turnos de provisión, hace necesario establecer con carácter general criterios para la distribución de tales vacantes en términos que permitan su provisión y desempeño efectivo a la mayor brevedad posible, lo que necesariamente obliga a interpretar dicho precepto orgánico con referencia a vacantes en abstracto y no a destinos judiciales concretos. A tal fin, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial adoptó, en sesión celebrada el 27 de mayo de 1986, un Acuerdo reglamentario tendente a regular la indicada materia, que fue modificado posteriormente por Acuerdo de 12 de febrero de 1992.
X. A la hora de asegurar la necesaria estabilidad en la provisión de plazas de Jueces y Magistrados, en el Estado actual de la plantilla de la Carrera Judicial y de desarrollo de la Planta Judicial, se considera suficiente establecer un tiempo mínimo obligatorio de permanencia en el destino de dos o tres años, según que el destino haya sido forzoso o voluntario, sin perjuicio de las modificaciones que resulten procedentes si circunstancias posteriores aconsejan establecer un lapso temporal de mayor duración, respetando las excepciones derivadas de la provisión de plazas por el mecanismo previsto en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
XI. Hasta la fecha no ha existido una regulación específica del procedimiento seguido en los concursos de carácter reglado, si bien a través de las bases de las convocatorias se han ido consolidando distintas normas de procedimiento, oportunamente conocidas por todos los miembros de la Carrera Judicial, dado el carácter público de la convocatoria y de la resolución del concurso. El papel fundamental que juegan las bases de la convocatoria pública del concurso, que según reiterada doctrina jurisprudencial actúan como Ley de éste, ha puesto de manifiesto la necesidad de establecer, en ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial, no sólo las normas procedimentales del concurso, sino también los elementos que han de contener aquellas bases y los criterios a los que han de responder, definidos en términos generales y abstractos.
XII. La regulación legal de las diversas situaciones que, en relación con el servicio, pueden afectar a los miembros de la Carrera Judicial en la Ley Orgánica del Poder Judicial, responde al criterio básico de homologación con las normas comunes que rigen para los servidores públicos en su conjunto, manteniendo tan sólo aquellas peculiaridades que se derivan de su específica función. El artículo 348 y siguientes de la citada Ley Orgánica del Poder Judicial, y alguna otra disposición aislada, como la contenida en el artículo 311.4 de misma, en la redacción dada por la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, regulan las situaciones administrativas de Jueces y Magistrados, y se prevé el desarrollo reglamentario de aspectos auxiliares, los documentos que deberán acompañarse, y los informes que, en su caso, han de ser interesados, en los supuestos de reingreso al servicio activo de excedentes y suspensos con carácter definitivo.
XIII. El Consejo General del Poder Judicial, en su Acuerdo de 28 de junio de 1989, modificado en parte por un nuevo Acuerdo de 12 de febrero de 1992, procedió al desarrollo del régimen reglamentario de las licencias y permisos, respondiendo a la necesidad de regular aquellos aspectos sustantivos que requerían su acogida en una norma jurídica, tales como la problemática del Juez único en su circunscripción, los permisos por asuntos propios, el tratamiento específico de los Jueces y Magistrados con destino en la Comunidad Autónoma de Canarias, las licencias extraordinarias destinadas a facilitar los cometidos de los órganos rectores de las Asociaciones Judiciales o el adecuado tratamiento de los específicos permisos de la mujer Juez o Magistrada. La experiencia ha puesto de manifiesto, con todo, que no existía una regulación reglamentaria que comprendiera todos los posibles supuestos del citado régimen jurídico de licencias y permisos y que la regulación precedente necesitaba algunas matizaciones.
XIV. La Ley Orgánica 1/1985, de 18 de enero, de Incompatibilidades del personal al servicio del Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, componentes del Poder Judicial y personal al servicio de la Administración de Justicia, Tribunal de Cuentas y Consejo de Estado, en su artículo único, somete al personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial y a los componentes del Poder Judicial al régimen de incompatibilidades establecido por la Ley 53/1984, de 26 de diciembre. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Capítulo II del Título II de su Libro IV, relativo a las incompatibilidades y prohibiciones, en lo que respecta a la posibilidad de ejercicio de otro empleo o profesión retribuida por Jueces y Magistrados, se remite a lo dispuesto en la legislación sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
XV. El artículo 300 de la Ley Orgánica del Poder Judicial impone la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial apruebe, al menos cada tres años, el escalafón de la Carrera Judicial, que comprenderá los datos personales y profesionales que se establezcan reglamentariamente. En ejercicio de la potestad reglamentaria atribuida al Consejo General del Poder Judicial, por Acuerdo de 7 de julio de 1993 se aprobó el Reglamento sobre el contenido del escalafón general de la Carrera Judicial.
Sin embargo, el decisivo papel que desempeña el escalafón en la resolución de concursos reglados, cuyo principio básico es la preferencia escalafonal aunque no sea el único, ha puesto de manifiesto la necesidad de completar los datos profesionales de los miembros de la Carrera Judicial, consignando los servicios prestados por los Magistrados especialistas del orden contencioso-administrativo, social y asimilados a estos últimos, y de establecer normas procedimentales relativas a las reclamaciones que formulen los miembros de la Carrera Judicial contra el escalafón publicado en el Boletín Oficial del Estado , completando así el contenido del Acuerdo reglamentario de 7 de julio de 1993.

References: artículo 110
 artículo 110
 artículo 311
 artículo 341
 resolución 
 resolución 
 artículo 317
 artículo 311
 artículo 118
 resolución 
 artículo 348
 artículo 311
 artículo 300
 resolución