Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-I/2013/as201321228.html
Timestamp: 2019-03-23 11:39:17+00:00

Document:
as201321228
Auto Supremo: 228/ 2013
Sucre: 8 de mayo de 2013
Expediente: CB-25-13-S
Partes: Claudina Felipe Lozano c/ Mario Cardozo Felipez y Damiana Espinoza Mérida
VISTOS: El recurso de casación en el fondo y en la forma de fs. 257 a 261 y vlta. de obrados, interpuesto por Claudina Felipe Lozano Vda. de Cardozo contra el Auto de Vista Nº 160/2012 de 26 de octubre 2012, cursante de fs. 252 a 253 vlta., pronunciada por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro el proceso de nulidad que sigue la recurrente contra Mario Cardozo Felipez y Damiana Espinoza Mérida, los antecedentes procesales; y:
Que, mediante Sentencia de 28 de octubre 2008, el Juez Segundo de Partido en lo Civil y Comercial de Quillacollo declaró probada la demanda de fs. 13 y 14 e improbadas las excepciones perentorias opuestas a fs. 19 y 20; en consecuencia declaró nulo y sin valor legal el documento de transferencia de 15 de octubre de 1979, así como la protocolización de 21 de octubre de 1998, disponiendo además la cancelación de su registro de Fojas y Partida Nº 5263 del Libro Primero de Propiedad de la Provincia Quillacollo de 6 de noviembre de 1998. De otro lado el A quo manifestó que no correspondía pronunciarse sobre la construcción realizada en el inmueble, por cuanto no fue objeto de demanda.
Deducida la apelación por la co demandada Damiana Espinoza Mérida, ésta fue remitida ante el Tribunal Ad quem, instancia que mediante Auto de Vista Nº 160/2012 de 28 de octubre 2012 anuló obrados hasta el decreto de admisión de la demanda que cursa a fs. 14 vlta., debiendo el A quo emitir la resolución correspondiente de remisión de obrados al Juez Agroambiental.
Por lo que la demandante conforme consta de fs. 257 a 261 y vlta., interpuso recurso de casación en el fondo y en la forma, mismo que se pasa a considerar y resolver.
1.- Acusa inobservancia y errónea aplicación del art. 39-I de la Ley sustantiva sobre la competencia e incompetencia, indicando que el art. 39-I de la Ley Nº 1715 establece la competencia de los jueces agrarios, la misma que se refiere al conocimiento de acciones reales, dentro las cuales no se encuentran la de conocer demandas de nulidad o de anulabilidad de contratos de transferencia, por cuanto la naturaleza de esta acción es de carácter personal; vale decir, que los actos jurídicos entre las partes sea por las causales de nulidad, anulabilidad, falta de capacidad, falta de consentimiento, falta de causa, ilicitud y las señaladas en la normas específica según el caso y la celebración del contrato, deben interpretarse en el tiempo y el espacio, de donde resulta que correspondía tramitarse conforme se hizo, es decir en el ámbito civil y no agrario.
2.- Refiere que la ley solo dispone para lo venidero y no tendrá carácter retroactivo, aspecto que se tiene señalado en el art. 256 de la Constitución Política del Estado; es decir que lo que se constituye en aplicación obligatoria es a partir de la fecha de publicación de la ley y en el caso presente al haberse determinado en el Auto de Vista que la autoridad agraria es competente para conocer el proceso de nulidad de documento, es ilegal porque los actos contractuales son anteriores a la vigencia de la Ley Nº 1715, por lo que no puede aplicarse de manera retroactiva a los supuestos hechos de nulidad.
3.- Indica también que no existió una correcta apreciación de las pruebas en las que claramente se demuestra que la transferencia del lote de terreno en litis fue efectuada cuando el padre de la recurrente estaba fallecido y de la que se rebeneficiaron dos menores de 4 y 10 años (y que además eran esposos) por la fecha en la que se suscribió dicha transferencia, con lo que demostró la ilegalidad con la que se actuó.
Señala que conforme se tiene en el recurso de apelación presentado por la demandada, en momento alguno pidió la nulidad de obrados, sin embargo el Auto de Vista otorga hechos que jamás se solicitaron, por lo que el Ad quem habría incurrido en la causal prevista en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil.
Por lo anterior, la recurrente solicita que se case el Auto de Vista.
En reiterados Autos Supremos emitidos tanto por la extinta Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como el Tribunal Supremo al presente, se ha afirmado que el recurso de casación previsto por el art. 250 del Código de Procedimiento Civil tiene trascendental importancia para dar solución a los conflictos procesales; toda vez que planteado en contra del Auto de Vista es porque tienen la firme convicción que el Ad quem ha infringido leyes expresas y terminantes por lo que impetran la nulidad o la casación del auto recurrido; a tal efecto los arts. 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil, marcan los dos objetivos que persigue el recurso de casación: El primero, busca invalidar una Sentencia o Auto de Vista cuando en ellas se hubiese infringido una ley sustantiva expresa, para que el Tribunal de casación dicte resolución en el fondo aplicando correctamente la norma infringida, a esto la doctrina llama recurso de casación en el fondo o recurso de casación propiamente dicho que se interpone para proteger la defensa del derecho sustantivo que pretende lograr la correcta aplicación de la ley sustantiva en los fallos judiciales. El segundo, busca subsanar los defectos procesales anulando las resoluciones recurridas cuando se hubiera violado en su tramitación las formas esenciales del proceso, en este caso estamos frente a un recurso de casación en la forma o recurso de nulidad propiamente dicho. Asimismo, se ha dejado claramente establecido que ante la resolución del Ad quem que anula obrados, únicamente corresponde interponer recurso de casación en la forma a los fines de que se establezca si la nulidad dispuesta por el tribunal de alzada se enmarca a lo normado y a los principios que rigen la materia de nulidades.
En el sub lite si bien la recurrente desarrolló en el recurso presentado cuestiones que hacen al fondo y posteriormente en un solo punto un aspecto referido a la forma, al presente se dejará de lado todo aquello fundamentado en el fondo toda vez que el Ad quem a tiempo de emitir el Auto de Vista, no ingresó a realizar un análisis sobre el fondo de la litis, procediendo a anular obrados por considerar que no era competente el juez en materia civil para dilucidar lo demandado, sino el juez agrario. Y habiéndose referido la recurrente a una sola causal en la forma, nos avocaremos a resolver la misma.
En ese sentido, conforme señala la demandante en su recurso respecto a que el Ad quem hubiera incurrido en la causal de nulidad prevista en el art. 254 num. 4) del Código de Procedimiento Civil, al haber otorgado más de lo pedido, ya que la apelante en momento alguno solicitó la nulidad de obrados; sin embargo el Tribunal de Alzada conforme el argumento que se especifica en el Auto de Vista recurrido, anuló obrados; al efecto y revisados los antecedentes debemos señalar que:
La causa principal versa sobre la nulidad del documento de transferencia de un lote de terreno de 846 m², ubicados en la zona de Collpapampa-Tiquipaya 3ª Sección de la Provincia Quillacollo del Departamento de Cochabamba, que hubieran realizado los señores Hilarión Felipe Gonzáles y Fortunata Lozano Romero (padres de la demandante) a favor de Mario Cardozo Felipez y Damiana Espinoza Mérida de Felipez, según documento de 15 de octubre de 1979. De lo que se infiere que al ser la nulidad una acción de carácter personal, ésta de manera correcta se tramitó ante juez competente; es decir ante un juzgado en materia civil, no interesando que los efectos de la resolución recaigan sobre un inmueble agrario.
Debe tomarse en cuenta que la Ley N° 1715 conocida por Ley INRA creó la Judicatura Agraria con jurisdicción y competencia para la resolución de conflictos emergentes de la posesión y derechos de propiedad agraria; es decir, eran competentes únicamente para conocer las acciones de carácter real sobre la propiedad agraria hasta noviembre del año 2006 cuando se promulga la Ley N° 3545 que modifica la Ley N° 1715 y en cuyo art. 39 num. 8) de la Ley Nº 1715 la jurisdicción agraria ahora tiene competencia para: “Conocer otras acciones reales, personales y mixtas derivadas de la propiedad, posesión y actividad agraria”; sin embargo de ello el Tribunal de Segunda Instancia, no advirtió que la demanda fue interpuesta en febrero del año 2005; es decir antes de la modificación del art. 39 de la Ley N° 1715, por lo que la competencia del juez que tramitó la causa no podía de manera alguna ser cuestionada ni mucho menos sancionada con la nulidad de obrados hasta la admisión de la demanda, equivocando la determinación respecto a que al tratarse de la nulidad de transferencia de un predio agrario debe ser un juez en materia agraria quien resuelva la controversia, cuando no estaba en discusión si éste era una propiedad agraria o urbana, sino se trata de una demanda de nulidad de transferencia.
A mayor abundamiento habrá que referir que cuando el juez de la causa rechazó la admisión de la acción reconvencional de usucapión alegando que el objeto de la litis sería propiedad agraria, aplicando la nueva línea jurisprudencial respecto a la determinación de que si un bien inmueble es o no de característica agraria o urbana, fijó audiencia de inspección, en el que pudo corroborar que el lote de terreno del que se solicita la nulidad de su transferencia no tenía uso agrícola, sino urbano por una parte; el Ad quem a tiempo de resolver en segunda instancia, advirtió que dicho lote de terreno es netamente de uso agrícola porque no cuenta con una Resolución u Ordenanza Municipal debidamente homologada en la que se establezca el uso de suelo correcto por lo que anuló obrados por no ser competente el juez ordinario para conocer el caso, sin considerar que ante tal situación existe jurisprudencia constitucional que permite al juez de la causa definir la competencia del mismo, es así que la SC-0378/2006-R de 18 de abril 2006 que menciona: “… la autoridad judicial frente a semejante disyuntiva, a los efectos de determinar la jurisdicción aplicable debe partir del concepto de si la propiedad inmueble está destinada al uso de vivienda en centros poblados o urbanos, en cuyo caso se aplicarán las normas del Código Civil y la competencia será de los jueces ordinarios; o si por el contrario, se trata de la propiedad inmueble destinada a la producción agrícola y/o pecuaria sujeta al régimen de la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, en cuyo caso la competencia será de los jueces y tribunales agrarios…”.
Finalmente, señalar que si bien la nulidad de obrados no fue solicitada por la parte apelante, sin embargo, la observación de la competencia del juez A quo realizada de oficio por el Tribunal de alzada es una atribución y deber al mismo tiempo que no está condicionada al reclamo de las partes, toda vez que al ser la competencia una cuestión de orden publico su consideración y análisis por parte de los tribunales de instancia se ejerce de oficio, razón por la cual el Auto de Vista recurrido no puede ser considerado como incongruente o extra petita. Sin embargo como se señaló anteriormente en el caso concreto, el Tribunal de alzada indebidamente anuló obrados por considerar que el juez A quo actuó sin competencia.
Por lo anterior corresponde que este Tribunal resuelva conforme prevé los arts. 271 num. 3) y 275 del adjetivo civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42 parágrafo I, núm. 1) de la Ley del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) y 275 del Código de Procedimiento Civil, ANULA el Auto de Vista Nº 160/2012 de 26 de octubre 2012 cursante de fs. 252 a 254. de obrados, disponiendo que sin espera de turno y previo nuevo sorteo el Tribunal de Segunda Instancia en virtud a los fundamentos expuestos dicte nuevo Auto de Vista en apego a lo previsto en el art. 236 del Código de Procedimiento Civil.
Conforme prevé el art. 17 parágrafo IV de la Ley Nº 025, hágase conocer la presente resolución al Consejo de la Magistratura a los fines consiguientes de ley.

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