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Timestamp: 2018-07-22 18:02:39+00:00

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Congresos del PCC » Política Socioeconómica
En este largo proceso de construcción socialista Cuba, heredó una economía pequeña, abierta y subdesarrollada, con problemas estructurales y de dependencia externa. El país ha transitado por varias etapas, algunas marcadas por avances económicos y sociales, y otras en las que la supervivencia del proceso ha sido la cuestión fundamental.
Sin embargo, el elemento común ha sido el constante transitar por un camino autóctono y propio, donde los errores han sido comunes, pero también la apertura a novedosas vías para el desarrollo futuro también.
Detrás de todo este esfuerzo ha estado la Revolución como proceso histórico, el pueblo como protagonista y la dirigencia histórica como guía segura, pero sobre todo el Partido como tutor de un proceso que se puede caracterizar como único en el mundo.
La esencia de las transformaciones económicas más importantes en la primera década después del triunfo revolucionario estuvo en la necesidad de romper con la estructura agraria del país en aquel entonces.
Situación de la economía cubana antes de 1959 (en cifras)
El derecho al trabajo, la educación y la salud se convirtieron en premisas de la sociedad cubana. Esos esfuerzos permitieron librar al territorio del analfabetismo en 1961 y alcanzar para 1975, un total de 9.328 profesionales de la salud en todo el país, de 3.960 que existían en 1962.
Entre 1963 y 1970, el Producto Social Global aumentó un 51,8 por ciento, para una tasa media de crecimiento del 6,1 por ciento anual, el producto material a precios constantes promedió un incremento anual del 5,3 por ciento y la producción azucarera subió un 38,7 por ciento.
Todo ello fue posible a pesar del bloqueo de Estados Unidos, las acciones terroristas contra el país, y por otro lado el carácter mixto de la economía en la primera década de la Revolución. Hasta 1968 se desarrollaron de forma integrada el comercio mayorista y parte del minorista, las cooperativas y el sector privado que sostenía bodegas, kioscos, pequeños talleres, artesanos y productores individuales en el campo.
Entre los avances fundamentales desde el punto de vista económico en el período 1959-1970 se encuentran el incremento de la superficie agrícola cultivada, el desarrollo de mecanización de la cosecha cañera y el aumento de las producciones industriales como acero, oxígeno, pesticidas y energía eléctrica.
Desde la gestión económica, el Financiamiento Presupuestario y el Cálculo Económico coexistieron como los dos Sistemas de Dirección Económica durante el período de 1959 a 1967.
El primero, introducido en la mayor parte de la industria, era altamente centralizado y constituye el embrión del sistema de financiamiento presupuestario, impulsado por el Che por lo que se considera el primer esfuerzo de planificación centralizada de la economía que se conoce en el proceso revolucionario cubano.
El segundo se aplicaba a aquellos sectores de la industria donde no existía control de los recursos, como en la agricultura que era dependiente de factores naturales. De ahí que se le otorgaba mayor autonomía y menor grado de centralización del presupuesto.
Estos sistemas de control de la economía fueron sustituidos a finales de 1967 por el Sistema de Registro Económico que estuvo precedido por la erradicación de las formas mercantiles y la supresión de los cobros y pagos entre las unidades del sector estatal.
Sin embargo, en el orden social tomaron auge entre 1967 y 1969 tendencias negativas como la desvinculación del salario de la norma de producción y la eliminación de los intereses sobre los créditos y los impuestos que se cobraban al campesinado. Todo ello, unido a que no se tomó en cuenta el tema de la retribución con arreglo al trabajo provocó un exceso de dinero circulante paralelo a una escasez de oferta de bienes y servicios; propiciando las condiciones para el incremento del ausentismo y la indisciplina laboral.
En 1970, se inicia un proceso para la liquidación del exceso de dinero circulante. Como resultado de las discusiones en el XIII Congreso de la CTC en 1966, se vincula nuevamente al salario a la norma, se enfatiza en la necesidad de la contabilidad y reducción de los costos, y se dan una serie de pasos para la reducción de la política de gratuidades indebidas.
En 1972, Cuba ingresa al Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME), lo que significó el acceso a los insumos necesarios para los procesos productivos y a la vez contar con un mercado seguro para las producciones nacionales, incluso con precios preferenciales. De manera general entre 1971 y 1975 la economía cubana experimentó un crecimiento del 10 % anual.
Principales logros alcanzados desde el Triunfo de la Revolución hasta 1975.
A partir del análisis económico previo, se propone al I Congreso del PCC la adopción del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía (SDPE), que se comenzó a aplicar en enero de 1976, con la creación de la Comisión Nacional de Implantación del SDPE.
El sistema propuesto adoptaba las leyes económicas, como la ley del valor, retomaba los cobros y pagos entre las empresas estatales, y fomentaba las categorías mercantiles como instrumentos para medir el uso de los recursos productivos y controlar los gastos, las inversiones y la productividad de las empresas.
El SDPE tenía en cuenta que en aquellas empresas que producían más de lo que gastaban se dedicara una parte del aporte al colectivo de trabajadores, ya fuese para estimular a los más destacados o para solucionar problemas sociales como el tema de la vivienda.
Proponía una determinada autonomía en el uso y manejo de los recursos a las empresas. Mantenía el criterio de la economía planificada con dirección centralizada, cuyo objetivo principal era la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales del pueblo. Para la implantación del citado sistema se preveía, la creación de organismos como los Comités de Precios, Comité de Abastecimiento Técnico-Material, así como el Ministerio de Finanzas y Comisiones de Arbitraje.
Esos elementos fueron discutidos por las Comisiones de Sistema de Dirección de la Economía y de Directivas para el quinquenio 1976-1980 en el I Congreso del PCC, y luego de profundos debates quedaron aprobadas las tareas principales del quinquenio, entre las que se encontraba la implementación del SDPE. Los documentos que sustentaron las disposiciones aprobadas fueron las Resoluciones:
Sobre las Directivas para el desarrollo económico y social en el quinquenio 1976-1980
Luego del I Congreso del PCC culmina la fase de impulso inicial en que el centro de las actividades y la orientación de las inversiones estuvieron dirigidas fundamentalmente hacia el sector agropecuario, a la vez que se trabajaba en la creación de la infraestructura necesaria en obras hidráulicas, viales y otras construcciones con el propósito de crear la base y las condiciones para llevar a cabo el proceso de industrialización del país, tarea central de los planes de desarrollo y fomento de la economía nacional, a partir del quinquenio 1976-1980.
Las inversiones ejecutadas en el quinquenio 1976-1980 ascendieron a 13.200 millones de pesos, alrededor de un 75 por ciento más que las del quinquenio anterior y el triple con respecto al 1966-1970. Del total invertido, se destinó a la industria un 35 por ciento, unos 4.570 millones de pesos, tres veces más que en el quinquenio anterior y 1.000 millones de pesos más que todo lo invertido en dicho sector en los 15 años anteriores a 1975.
La decisión adoptada no significaba que se desarrollara unilateralmente la industria, sin prestar atención a los restantes sectores de la economía nacional. Se trataba de que el eslabón fundamental en la reproducción del sistema pasaba a ser el sector industrial, como antes lo había sido la agricultura.
En ese sentido, las tareas principales de desarrollo económico en el periodo 1976-1980 se pueden resumir de la forma siguiente: desarrollo de un programa de inversiones industriales que generan exportaciones como la industria azucarera y la producción de níquel, mayor integración de la economía nacional y la consiguiente sustitución de importaciones, crecimiento de la producción agropecuaria del país, particularmente en cuanto a la quimización, regadío y mecanización, así como el aseguramiento de la base alimentaria nacional del ganado vacuno; creación de capacidades industriales en la rama alimentaria y textil, y la consolidación y ampliación de la industria de materiales de construcción.
Industrialización del país (1976-1980)
Fue necesario llevar adelante transformaciones en el aparato estatal, entre las que resaltan:
La adopción de la Constitución de la República de Cuba, en febrero de 1976.
La aplicación de la nueva división Político- Administrativa del país, en julio de 1976.
La constitución de los nuevos órganos del Poder Popular en el segundo semestre de 1976, hasta culminar con la proclamación de la Asamblea Nacional, el 2 de diciembre de ese año.
Esas transformaciones sobre la actividad del país incluyeron además la creación de nuevos organismos estatales y la reestructuración de los ya existentes, el establecimiento de las relaciones monetario-mercantiles y de un nuevo sistema de contabilidad, la implantación del sistema del presupuesto estatal, la implantación de un adecuado sistema de precios, la reestructuración y adecuación del sistema bancario, la elaboración y perfeccionamiento de una metodología de la planificación y de un sistema de estadísticas económicas, la organización de nuevas empresas, entre otros.
En 1980, se dictaron nuevas normas y la de mayor significación fue la aprobación de la Reforma General de Salarios, que sentó las bases indispensables para el desarrollo coherente de un sistema de estimulación material en el país. Ello permitió amortizar las deficiencias manifestadas hasta entonces por un débil desarrollo del proceso de vinculación del salario a las normas y deficiencias en el control de la disciplina laboral, así como insuficiencias en las normas jurídicas de este campo.
El salario medio creció un 9,6 por ciento para una tasa promedio del 1,8 por ciento anual, mientras que la circulación mercantil minorista crecía un 18 por ciento para un ritmo anual de 3,4 por ciento.
En el sector agropecuario se impulsó la creación del Mercado Libre Campesino, en 1980, atendiendo a que podía constituir una vía para incrementar la producción y surtido de los bienes de consumo para la población y a la vez estimular a los productores agrícolas.
Esa modalidad de mercado permitía que los excedentes del campesino individual, la cooperativa o el área de autoconsumo de la empresa estatal pudieran concurrir al mercado. Asimismo, liberaba de toda regulación oficial los precios de venta de la producción marginal o secundaria, permitiendo que se determinaran mediante el acuerdo entre vendedores y compradores, sin que por ello se renunciara a la facultad del Estado de establecer las medidas que estimara necesarias para evitar abusos o la distorsión del objetivo económico y social de ese mercado.
Dirigidos al fortalecimiento de la disciplina laboral en el país, se aprueban también en 1980 los Decretos Leyes 32 y 36 y por primera vez se regula la disciplina de los trabajadores públicos y de aquellos que ocupaban cargos dirigentes.
En ese periodo la evolución económica del país a partir de 1976, no estuvo exenta de dificultades que llevaron a la reconsideración de las metas acordadas en el I Congreso.
Entre los factores adversos estuvieron la caída del precio del azúcar, las fuertes sequías que afectaron al país durante tres años, la dependencia de la economía nacional del mercado capitalista mundial, y el deterioro de las relaciones económicas internacionales, que se hizo sentir en los crecientes intereses sobre la deuda exterior y en la elevación de los fletes en el transporte internacional. Asimismo, fue un periodo en el que el país se vio afectado en el sector agropecuario por enfermedades como la roya de la caña, el moho azul del tabaco y la fiebre porcina.
Sin embargo, Fidel sintetizaba en el informe Central rendido en el II Congreso: “El actual quinquenio 76-80, que está por finalizar, ha sido de extraordinarios avances en la organización de nuestra economía, en la lucha por crear las condiciones para una mayor eficiencia en el uso de nuestros recursos productivos, y también de logros significativos en nuestro desarrollo económico y en los propósitos de satisfacer cada vez más las necesidades de nuestro pueblo, aunque ha sido un período preñado de numerosas dificultades de carácter objetivo, tanto de orden interno como externo, que han impedido llegar a todo lo que nos hablarnos propuesto.”
El análisis realizado en el II Congreso se concluía sobre la aplicación de modo consecuente de la estrategia de desarrollo aprobada por el I Congreso del PCC, que situaba como centro la industrialización del país.
Por otro lado, la aplicación del SDPE permitió identificar las dificultades para trabajar en función de su erradicación y lograr una mayor eficiencia en la producción social y en la creación de ciertas condiciones favorables para la aplicación de la estrategia del desarrollo económico del país, pero también quedaría demostrado en la práctica que implantó mecanismos que reflejaban concepciones erróneas en la política económica diseñada en esos años y cuyos efectos negativos se evidenciarían en el siguiente quinquenio.
Ver Resolución sobre el Sistema de Dirección y Planificación de la Economía del II Congreso.
Desde la perspectiva de la estrategia de desarrollo, el período 1981-1985 no aporta diferencias esenciales con el anterior, porque continúa ejecutando sus acciones a partir de la Estrategia de desarrollo perspectivo económico y social de Cuba para el año 2000, que comenzó a elaborarse en el año 1978 y se aprobó en el II Congreso del PCC.
Por tanto, los objetivos esenciales a alcanzar durante el quinquenio se resumen en:
Desarrollar eficientemente el sector industrial
Fortalecer y extender el movimiento cooperativista en el campo.
Consolidar el SDPE
Impulsar la organización del trabajo y los salarios
Aplicar la política de ahorro basada en normas
Obtener una tasa de crecimiento del 5 por ciento promedio anual para el producto social global y la renta nacional
Lograr un ritmo de crecimiento de las exportaciones superior a las importaciones
En el orden del crecimiento económico este período resultó ser el de mejor resultado de los años de Revolución. El crecimiento del Producto Social Global alcanzó una tasa anual del 8,5 por ciento, o sea un 3,5 por ciento más que lo programado.
Aumentó el sector industrial en un 6.9 por ciento, volumen de inversiones que representó el 36,3 por ciento de la inversión bruta realizada en el país durante la etapa y un incremento del 40, sobre la cifra alcanzada entre 1976 y 1980. La industria azucarera fue la que concentró los mayores esfuerzos.
También creció la construcción en 8.6 por ciento, aunque otra metas quedaron rezagadas, en especial la eficiencia del proceso inversionista, además de la efectividad de los fondos básicos y la evolución del sector externo. En el quinquenio 1981-1985 las exportaciones aumentaron sólo en un 58 por ciento mientras que las importaciones lo hicieron en un 71. El intercambio comercial fundamentalmente se realizaba con el campo socialista.
En lo interno se agudizaron las adversas condiciones climáticas, destacándose las estragos de la sequía desatada en mayo de 1983, y del huracán “Kate”, a finales de 1985, mientras que desde el punto de vista externo la coyuntura internacional tampoco resultó favorable, al desatarse una nueva crisis económica entre 1980 y 1982, cuyas negativas consecuencias se intensificaron con el recrudecimiento del bloqueo económico norteamericano.
La Política económica reconocía la importancia fundamental del crecimiento de la productividad del trabajo como elemento determinante en la eficiencia económica. Así, en el quinquenio 1981-1985 la productividad creció a un ritmo promedio anual de 5,2 por ciento, y se adoptaron diferentes medidas con vistas a rebasar las insuficiencias de planificación como elemento central del SDPE.
En ese sentido se destacan los Programas de Medidas del Partido y el Gobierno como instrumentos de dirección para asegurar los objetivos económicos y sociales de los años 1983 y 1984, aprobados en los Plenos XI y VIII del Comité Central del PCC en los años 1982 y 1983, respectivamente.
Esos Programas descentralizaban las tareas económicas, sociales y políticas como una forma de asegurar el desarrollo integral del país en el año correspondiente y constituían un instrumento de trabajo más eficiente para controlar de forma centralizada aquellas actividades que resultaban determinantes para alcanzar objetivos priorizados.
Se constituyó entonces el Grupo Central Estatal, encargado de velar por el cumplimiento de las medidas adoptadas. Se orientó básicamente a la búsqueda de una mayor efectividad en los mecanismos de planificación y la definición de prioridades para hacer frente al desbalance financiero externo que enfrentó el país en esos años.
En 1982 se aprueba el Decreto Ley 50 para regular la inversión extranjera y en 1984 se crea el mercado paralelo.
El problema esencial de la economía del país en el quinquenio 1981-1985 radicó en que, aunque hubo un crecimiento más que aceptable, se presentaron serias deficiencias en los procedimientos de la planificación real, y la exportación de bienes y servicios, así como la sustitución de importaciones, fueron insuficientes según las aspiraciones previstas. Además, faltó la necesaria integralidad entre los elementos puramente económicos y sus componentes político-sociales.
Desde el punto de vista social se instituyó el Médico de la familia, iniciativa que repercutió favorablemente en los servicios médicos de la población, al resolver los problemas presentados en materia de atención primaria en los policlínicos del país, así como las dificultades de las consultas externas y cuerpos de guardia.
Se avanzó en la construcción de viviendas, tanto las edificadas por el Estado como las que construyeron las cooperativas y la población por esfuerzos propios que ascendieron en total a la cifra de 335.000.
Sin embargo, la hiperbolización de las relaciones monetario-mercantiles y la errónea utilización de los instrumentos para materializarla, como la reforma de salarios y precios, se señalan entre los problemas esenciales que propició el desajuste de los precios ajenos a la oferta y demanda, y la proliferación del burocratismo.
Esos problemas se unieron a otros exógenos como el aumento de las tasas de interés a pagar por la deuda cubana y la baja posterior de los precios del azúcar, a diferencia de lo ocurrido a inicios del período y los efectos de la crisis económica internacional de principios de los años 80 en una economía tan abierta al exterior como la cubana. Ya en 1982 el país había serios problemas de liquidez, que obligaron a renegociar el pago de la deuda externa.
De manera general los debates durante el III Congreso giraron en torno al ahorro de los recursos disponibles y la eficiencia económica
Como resultado son aprobados los Lineamientos económicos y sociales para el quinquenio 1986-1990 buscándose restablecer la capacidad de pago del país, ahorro de los recursos disponibles, promoción de nuevos fondos exportables y sustitución de importaciones sobre todo del área de las economías de mercado.
En el Congreso se emitió la Resolución sobre el Perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía, puesto que a partir de la implantación del SDPE se había operado una transformación importante en la economía nacional expresada en ritmo de crecimiento y eficiencia; este se dirigirá a “profundizar la aplicación del centralismo democrático en todas las instancias y eslabones del proceso de dirección, con el objetivo primordial de lograr un aumento general de la eficiencia económica”. (1)
A partir del profundo análisis del III Congreso, 1986 es un año que marca el inicio del Proceso de Rectificación de errores y tendencias negativas, que constituyó uno los objetivos más importantes del trabajo del PCC y que tuvo una significación mayor en cuanto a la conducción y los instrumentos de la política económica en la búsqueda de mayores niveles de eficiencia y eficacia, sobre la base de fortalecer el socialismo cubano.
En la prioridad para evaluar y enfrentar los problemas de la economía, se establecen diversas adecuaciones que se concebían desde inicio de la década de los años 80, como la intensificación del desarrollo científico productivo que incluía las nuevas industrias biotecnológica y farmacéutica, con lo cual se definía la ciencia como palanca de desarrollo del país.
Es con ese propósito que en 1986 se crea el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología y otros centros de investigación que conformarían el Polo Científico cubano.
Asimismo se eliminaron los mercados agropecuarios, considerados entidades deformadoras, y se procedió a la reanimación de la industria de materiales de la construcción y creación de los contingentes de trabajo como nueva forma organizativa de producción basada en la movilización y motivación social.
Se rescató el trabajo voluntario y se revitalizó la organización de microbrigadas para la construcción de viviendas.
En cuanto al desarrollo social se impulsaron diferentes proyectos como el Plan Turquino, y en 1987 que potencia el desarrollo integral en zonas montañosas del país. En la rama turística, se establece en 1990 la primera inversión de capital mixto con la inauguración del hotel “Sol Palmeras” en Varadero, negocio conjunto con el grupo hotelero español Sol Meliá.
Acciones económicas ejecutadas en el periodo
Sin embargo, ya desde 1986 se había producido una ruptura irreversible con las metas para el quinquenio 1986-1990, marcando el inicio de un periodo de estancamiento en el plano económico.
El año 1987 estuvo marcado por factores externos como fueron la caída del precio del petróleo, que afectó los ingresos por reexportación a partir de 1986, y la violenta depreciación del dólar, que elevó la cotización de las monedas libremente convertibles con que operaba Cuba, encareciendo el comercio y elevando el nivel de endeudamiento.
Los acontecimientos en el ámbito internacional como la desintegración del campo socialista y particularmente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, así como la desaparición del CAME, incidieron de forma directa y abrupta en la economía nacional. Como consecuencia Cuba declaró el Período Especial en tiempo de paz.
De ahí que en el quinquenio la economía no creció y el país arriba a los años noventa con una situación económica compleja tanto en el ámbito económico como en el político.
Esas condiciones conllevaron a que en el IV Congreso del PCC se atendiera la necesidad de una reorganización del aparato de administración central y territorial del Estado para buscar una mayor eficacia en su actividad.
Sobresalió en el análisis la necesidad de una eficiente explotación de las instalaciones turísticas y de continuar trabajando en el desarrollo de los polos turísticos, considerados instrumentos importantes para la captación de divisas.
Se reiteró la necesidad el saneamiento de la economía interna, con incidencia de las finanzas, la circulación monetaria, los precios, subsidios y el redimensionamiento industrial, así como incentivar la sustitución de importaciones y reducir las no necesarias e impulsar las exportaciones tradicionales como la industria azucarera, los cítricos y el níquel.
La discusión en el Congreso sobre esos tópicos conllevó a la aprobación de la Resolución sobre el Desarrollo Económico del País, con el objetivo preeminente de salvar la Patria, la Revolución y el Socialismo y continuar avanzando en el proceso de rectificación en el Período Especial, todo eso orientado a alcanzar la independencia económica y seguir adelante en la construcción de la nueva sociedad.
Asimismo, se aprobó la Resolución que facultaba al Comité Central del Partido para tomar decisiones en correspondencia con la situación que vivía el país.
Si bien la Resolución Económica del IV Congreso trazó las líneas en la política, su aplicación requería el consenso popular en circunstancias de creciente agudización de la crisis económica y de esfuerzos por minimizar su impacto negativo.
Un mérito indiscutible de Fidel fue apreciar el momento y el modo en que los cambios no solo eran aconsejables desde el punto propiamente económico, sino comprendidos y aceptados por la mayoría del pueblo.
En tales condiciones serían inevitables efectos graves sobre la economía, como la disminución en la generación de electricidad, una mayor reducción en el transporte, la paralización de importantes actividades económicas o sociales y una reducción mayor del nivel de vida del pueblo.
Por tanto, la estrategia de supervivencia y desarrollo asumida a partir de 1990 impulsó en el orden socioeconómico interno, un grupo de cambios y medidas que se instrumentaron de forma paulatina, congruentes con la estrategia adoptada para preservar los avances sociales logrados por la Revolución, aunque tuvo un costo negativo en el orden sociopolítico porque menoscabó el principio socialista de cada cual según su capacidad y a cada cual según su trabajo.
Medidas adoptadas durante el Periodo Especial
De forma sintética dicha estrategia se resumía en tres aspectos:
Llegar a un punto en que empezaran a mejorar las condiciones de vida de la población.
Preservar la Patria, la Revolución y el Socialismo
Esa estrategia se basó en el desarrollo de programas sectoriales:
Programa de la agroindustria azucarera.
Programa de Biotecnología, Industria Médico-Farmacéutica y Equipos Médicos.
Los cambios en el sector externo fueron los primeros en llevarse a la práctica por la fuerte influencia del comercio exterior y las relaciones externas sobre el proceso de reproducción de la economía cubana. Por ello, en julio de 1992 la Asamblea Nacional aprobó las reformas constitucionales que dieron motivo a la reestructuración y flexibilización del comercio exterior y de las relaciones económicas externas.
Se comenzó a incentivar la apertura a la inversión de capitales extranjeros en busca de nuevas áreas de desarrollo y nuevos mercados, utilizando para ese fin diferentes modalidades de asociación, como empresas mixtas, producciones cooperadas, acuerdos de comercialización y cuentas de participación.
El 5 de septiembre de 1995 es aprobada la Ley No. 77 de la Inversión Extranjera, que rebasaba el Decreto-Ley No. 50 del año 1982, y que contiene las normas generales que regulan la inversión extranjera en Cuba, bajo tres figuras esenciales: Empresa Mixta, Contrato de Asociación Económica Internacional y Empresa de Capital Totalmente Extranjero.
La industria turística recibió un impulso significativo llegando a ser el sector de mayor dinamismo financiero para el país, con lo que ya para 1996 el turismo ingresó 1.380 millones de dólares como beneficio bruto. Además, estimuló en más del 60 por ciento las producciones nacionales para su abastecimiento.
Por otro lado, la crisis económica de los años noventa impactó desfavorablemente a la agroindustria azucarera cubana, lo que trajo como consecuencia la falta de aseguramientos fundamentales, la pérdida de un mercado seguro y a precios preferenciales. Eso originó pérdidas significativas en los niveles de ingresos por exportación, que afectó la capacidad financiera del país y obligó a comercializar el azúcar en el mercado libre fuera de los mercados preferenciales.
Para 1995 se produce un pico de descenso productivo, pero ya para la zafra 1995-1996 se observó un repunte, al alcanzar 4,4 millones de toneladas de azúcar crudo. No obstante, la recuperación del sector no fue completa y para finales de los noventa la producción de azúcar se encontraba por debajo de los 4 millones de toneladas. En esta década, a esa situación se unió una baja importante de los precios del azúcar en el mercado internacional.
En el sector agropecuario se transformaron las granjas estatales en cooperativas de producción agropecuarias (UBPC), se entregaron tierras en usufructo para ciertos cultivos y nuevamente se creó el Mercado Agropecuario con precios de libre formación.
Se le entregaron a los trabajadores alrededor de 3 millones de hectáreas de tierra en usufructo, en el área cañera y en la agricultura en general; además de que se les suministró maquinarias, insumos y créditos financieros como capital inicial de producción.
Igualmente, se impulsó la agricultura urbana como una alternativa para sustituir las importaciones de alimentos que venían del campo socialista y los productos que se obtenían de la industria nacional. Para ello, la respuesta inmediata fue la parcelación de la tierra, primero en forma espontánea, por parte de la población de la Ciudad de La Habana y después, a partir de 1994 de forma organizada y centralizada por el Estado, como una opción para incrementar la disponibilidad de alimentos en el país.
Entre otras medidas estuvo la legalización de la circulación del dólar, se autorizaron las remesas, se crearon las Casas de Cambio S.A. (CADECA) y se permitieron las cuentas bancarias en esas monedas, así como una red de tiendas para su captación por el Estado.
En el ámbito social se elaboraron medidas, por la vía del subsidio estatal, para mantener los empleos y los ingresos de los trabajadores, a pesar de que sus empresas estaban paralizadas, por la vía del subsidio estatal, y se realizó un ajuste gradual del empleo por medio de un proceso de redimensionamiento de las capacidades existentes. En ese sentido, se dio un mayor espacio para el trabajo por cuenta propia, dirigido a ampliar las alternativas de empleo a la población.
En otro orden, los bienes de consumo disponibles se trasladaron casi en su totalidad al sistema de racionamiento, para tratar de garantizar una distribución equitativa.
Desde el punto de vista institucional se aplicó una reducción de los ministerios y organismos centrales del Estado, se reorganizaron las empresas estatales y se reestructuró el sistema financiero-bancario, con la creación de un Banco Central y la diversificación de las instituciones bancarias y de sus funciones. Se modernizó el sistema de contabilidad, se creó la Oficina Nacional de Auditoría y la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT).
En el sector energético también se hicieron evidentes las afectaciones de la crisis económica en el país, lo que provocó un llamado a crear una conciencia de ahorro de energía, y por ello comenzaron a emitirse diferentes programas electroenergéticos.
Surge así en el año 1997, el Programa de Ahorro de Electricidad en Cuba, que contribuyó a reducir las tasas de crecimiento que en esos momentos registraba el consumo y la máxima demanda del sistema.
En 1997 mejoró la eficiencia energética por primera vez desde que se inició la recuperación económica, creciendo el consumo un 2 por ciento, es decir, ligeramente menos que el Producto Interno Bruto.
Los primeros signos del proceso de recuperación económica del país comenzaron a dar señales desde 1994 con un crecimiento del 0,2 por ciento del Producto Interno Bruto. A pesar de la mayor caída del PIB en la historia revolucionaria, de alrededor de 35 por ciento entre 1989 y 1993, con las medidas internas que se tomaron, se incrementó 21 por ciento entre 1993 y 1999.
Ese análisis se reflejó en la Resolución Económica del V Congreso que resumió las transformaciones que tuvieron lugar como estrategia de supervivencia durante el Período especial en tiempo de paz, con el objetivo de hacer mínimas las afectaciones a la población.
Las nuevas formas de operar de la economía se han ido construyendo en un proceso aún no concluido que busca, a nivel macro y a nivel micro y para todas las organizaciones, lograr exitosamente un proceso de perfeccionamiento de la gestión estratégica y operativa para elevar su desempeño de manera integral.
En la Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de Cuba, en su acápite II se plantea:
“La eficiencia es, por tanto, el objetivo central de la Política Económica pues constituye una de las mayores potencialidades con que cuenta el país. Hacer un mejor uso de los recursos, elevar la productividad del trabajo, alcanzar mejores resultados con menos costos tendrá un efecto positivo en nuestro balance financiero, facilitando la participación en el comercio internacional y en el acceso a los mercados de capital e inversiones”.
Por otra parte, entre los elementos que deben sustentar tal declaración se asegura que: “El empleo de técnicas modernas de dirección empresarial, adecuadas a nuestras características y basadas en las mejores y más avanzadas prácticas contemporáneas, así como el amplio uso de todas las posibilidades de las tecnologías y servicios de información y las telecomunicaciones, deben constituir prioridad del país a los fines de garantizar la mayor eficiencia en la gestión y los procesos productivos.”
En este sentido, la estrategia cubana quedó bien explícita en dicha Resolución Económica en octubre de 1997, así como en la trascendente decisión de implementar un proceso de perfeccionamiento empresarial, cuyas bases fueron cuidadosamente diseñadas y que se ha puesto en marcha.
Con la implantación del perfeccionamiento empresarial, se pretende en medida creciente objetivos importantes en las cuestiones relativas al conocimiento, las tecnologías, los procesos de innovación y la competitividad, orientados hacia el desarrollo. La primera evidencia y logro de ese proceso es el diseño de organizaciones eficientes, flexibles, aptas para emprender un proceso de transformaciones continuas con el objetivo de alcanzar estadios superiores.
En la Resolución Económica aprobada en el V Congreso se decidió que la Política Económica, una vez atendidos los impactos y desequilibrios más urgentes provocados por la crisis de principios de los noventa, debía iniciar una nueva etapa, que tendría como objetivo central alcanzar la eficiencia económica, en sus aspectos energético, material y financiero, y, entre sus principales objetivos, abarcaría aspectos estructurales de la economía como la diversificación, crecimiento y dinamización de las exportaciones, el desarrollo de la base alimentaria de la población; la coordinación de políticas específicas y la utilización de instrumentos económicos y jurídicos más complejos y eficaces.
El cumplimiento de esos objetivos signó en buena medida las actividades partidistas luego del V Congreso. Sin embargo, los complejos problemas económicos derivados del entorno internacional, a finales de la década de 1990 y el primer decenio del 2000, así como los que en el orden interno se presentaron, condujeron a reorientar algunas políticas.
En ese sentido, el entorno internacional se caracterizó por la existencia de una crisis estructural sistémica, con la simultaneidad de las crisis económica, financiera, energética, alimentaria y ambiental.
Cuba, con una economía abierta y dependiente de sus relaciones económicas externas, no estuvo exenta de los impactos de dicha crisis, manifestados en la inestabilidad de los precios de los productos que intercambia, en la demanda para sus productos y servicios de exportación, y en mayores restricciones en las posibilidades de obtención de financiamiento externo.
Entre 1997 y 2009, las variaciones de precios en las exportaciones y las importaciones produjeron una pérdida neta para el país por 10,149 millones de pesos, en relación con los niveles de 1997. En promedio, el poder de compra de las exportaciones de bienes se deterioró un 15 %.
En el orden interno, se intensificaron factores negativos para el desarrollo económico como baja eficiencia, descapitalización de la base productiva y la infraestructura, envejecimiento y estancamiento en el crecimiento poblacional.
La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) confirmó que Cuba contaba en el 2009 con una población de 11,2 millones, y de ella el 17,4 por ciento era mayor de 60 años. (3)
Por otra parte, a partir de 1999 aparecen señales que indican el comienzo de un reajuste funcional, nuevamente hacia formas más centralizadas de dirección de la economía. El punto culminante de ese proceso es la creación de la Cuenta Única del Estado y de la Comisión de Asignación de Divisas, con lo cual hacia 2003 se identifica una elevada centralización de los mecanismos de asignación y utilización de las divisas.
Esa medida buscaba ganar en eficiencia en el uso de las escasas divisas con que contaba el país producto de la crisis económica mundial; además de que significó la disponibilidad a corto plazo de una cantidad importante de divisas para la economía nacional.
Positivamente, desde finales del año 2004, se abrieron para Cuba nuevas posibilidades de inserción internacional en los marcos de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), que potenciaron las fuentes de ingresos provenientes de la prestación de servicios, fundamentalmente los servicios médicos a Venezuela y a otros países de la región. Asimismo, se incrementaron de manera sustancial las relaciones comerciales y financieras con otros países, entre los que se destacan China, Vietnam, Rusia, Angola, Irán, Brasil y Argelia.
Sin embargo, en el funcionamiento de la economía a partir del año 2005 se evidenciaron las limitaciones para enfrentar el déficit de la cuenta financiera de la balanza de pagos, las retenciones bancarias de transferencias al exterior y el elevado monto de los vencimientos de la deuda, lo que generó una gran tensión en el manejo de la economía nacional.
Por ello, se adoptaron diversas medidas en los primeros años del segundo quinquenio de la década del 2000, que esencialmente reafirmaban los objetivos planteados por la Resolución Económica del V Congreso, pero redirigían la política socioeconómica en función de los nuevos contextos.
Entre esas acciones estuvieron fortalecer la institucionalidad, incluyendo la reorganización del Estado y el Gobierno; priorizar el crecimiento y la diversificación de exportaciones y la sustitución de importaciones, para lo cual se implementaron esquemas cerrados de financiamiento que permitieron hacer uso de las divisas de forma descentralizada; revisar y reorientar la política inversionista para darle mayor integralidad, evitar la inmovilización de recursos y otras ineficiencias, para lo cual se redistribuyeron los créditos externos disponibles hacia los objetivos que a corto plazo tuvieran mayor efecto en la balanza de pagos; reprogramar los pagos de la deuda externa; transformar estructural y funcionalmente el sector agropecuario, con la emisión del Decreto-Ley 259 sobre la entrega de tierras estatales ociosas en usufructo, con el objetivo de elevar la producción de alimentos y reducir su importación; y, con la finalidad de aligerar la carga al Estado en algunos servicios, e iniciar experimentos como la sustitución de comedores y transportes obreros por otras modalidades y el arrendamiento de barberías, peluquerías y taxis a empleados en esas actividades.
Aún tomadas esas disposiciones, los principales problemas que limitaban el desempeño de la economía cubana no fueron resueltos debido al complejo panorama de crisis económica nacional e internacional que se mantuvo en los años finales de la década del 2000, en el cual se incluyen los daños a la economía cubana ocasionados por 16 huracanes entre 1998 y 2008, con pérdidas calculadas en 20.564 millones de dólares.
De ahí que, durante los dos últimos años de la década del 2000, se propuso la implementación de otras medidas, proceso actualmente en curso.
Entre esas nuevas acciones estuvieron explotar las tierras todavía ociosas, que constituyen cerca del 50 por ciento de la tierra cultivable del país; buscar fuentes de financiamiento alternativas para detener el proceso de descapitalización de la industria y la infraestructura productiva del país; eliminar las “plantillas infladas” en todas las esferas de la economía y producir una reestructuración del empleo, incluidas fórmulas no estatales, aplicando un tratamiento laboral y salarial a los trabajadores interruptos que elimine los procedimientos paternalistas; incrementar la productividad del trabajo, y elevar la disciplina y el nivel de motivación del salario y los estímulos, eliminando el igualitarismo en los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso; incrementar sostenidamente y diversificar las exportaciones de bienes y servicios, así como, reducir la elevada dependencia importadora con vistas a revertir la situación financiera externa; otorgar mayores facultades, en los marcos del plan, a las empresas, e impulsar con efectividad la iniciativa de los territorios para potenciar de manera sostenible su desarrollo económico; y realizar los estudios para la eliminación de la dualidad monetaria.
En la convocatoria al VI Congreso de la máxima organización política cubana, se plantea que la reunión se concentrará en la solución los problemas de la economía y en las decisiones fundamentales de la actualización del modelo económico nacional. Para ello, serán adoptados los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
En el “Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social”, documento partidista debatido de forma previa a la cita por parte de toda la militancia y el pueblo cubano, se declara como eje conductor de la actualización del modelo económico que “la política económica en la nueva etapa se corresponderá con el principio de que sólo el socialismo es capaz de vencer las dificultades y preservar las conquistas de la Revolución, y que en la actualización del modelo económico, primará la planificación y no el mercado.”(2).
Fue el 19 de Abril de 2011 cuando el VI Congreso del Partido aprobó entre sus acuerdos los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Ellos fueron aprobados por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su séptimo período de sesiones correspondiente a la Séptima Legislatura de este Órgano, en agosto del propio año.
Sin embargo, áun se desconoce un concepto sobre la actualización del modelo económico, más allá de que sustenta la propiedad social sobre los recursos y lo que se modifica es el sistema de gestión económica. Entre los debates que lleva el próximo VII Congreso del PCC es precisamente dicha concpetualización, como constraste de las llamadas reformas económicas.
Durante el quinquenio 2011-2016 siguiendo la implementación de los Lineamientos Económicos y Sociales, el partido y gobierno cubanos continuaron aplicando medidas encaminadas a fortalecer el funcionamiento del Sector No Estatal de la economía, a dinamizar el sector agrícola, a crear las bases para el perfeccionamiento de la gran empresa estatal, el desarrollo de las cooperativas urbanas, al estudio para la implementación de los mercados mayoristas, a la conceptualización del futuro modelo económico cubano, entre otras. En este sentido, se destaca el fortalecimiento del vínculo entre los decisores y la academia, a través de la solicitud de cooperación para el estudio de temas económicos complejos que se pondrán en marcha en el futuro cercano.
Se priorizó la estimulación de la empresa estatal socialista como forma principal en la economía nacional, pero también a las empresas de capital mixto, las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, los usufructuarios de tierras, los arrendadores de establecimientos, los trabajadores por cuenta propia y otras formas que pudieran contribuir a elevar la eficiencia del trabajo social. Sin embargo, la contradicción entre la eficiencia de la empresa estatal y del sector privado o cuentapropista, aparejado con una apertura enla brecha poblacional de aquellos con mayores poderes adquisitivos y los de menos ingreso a pesar de aportar en áreas clave a la sociedad como la educación, el periodismo, entre otros, y manifestaciones de corrupción en el sector estatal, cooperativo y privado, han constituido temas de debate en el seno de la militancia del PCC.
Durante el VI Congreso del PCC, se analizó la necesidad de continuar propiciando la participación del capital extranjero, como complemento del esfuerzo inversionista nacional, en aquellas actividades que sean de interés para el país.
En 2014 se aprobó la Ley 118 de Inversión Extranjera, cuyo objetivo es asegurar que la atracción del capital extranjero contribuya a la recuperación de la economía nacional y al desarrollo social del país sobre la base de la protección y el uso racional de los recursos humanos y naturales y del respeto a la soberanía e independencia nacionales.
La mejora de la cuenta corriente por incremento de las exportaciones facilitó el avance en la regularización de pagos a acreedores extranjeros. Luego de más de seis años de déficit en la balanza de pagos y retenciones bancarias de transferencias al exterior se evidenció un proceso de reordenamiento de la deuda externa del país. De manera particular resalta el acuerdo alcanzado con el Club de París logrado a finales del 2015.
En términos de política fiscal, se mantuvo el proceso de reducción de gastos y de mayor control en el manejo de los recursos, lo que se pudo observar en las partidas de gastos del presupuesto. La Contraloría General de la República, que ha supervisado la contabilidad gubernamental, continuó la realización de auditorías a empresas estatales y mixtas y dirigió la realización del ejercicio nacional de comprobación interna, a partir de los documentos aprobados para el Control Interno, orientados a frenar la corrupción y el desvío de los recursos estatales.
Se promulgó la nueva Ley 113 del Sistema Tributario en 2012 aunque su implementación ha sido flexible según el principio de gradualidad y teniendo en cuenta las particulares condiciones socieconómicas cada año. Sin embargo, su propósito de incrementar la producción nacional a partir de una mayor autonomía otorgada a un grupo de empresas en el país, anque el pronóstico de ingreso aún no se comporta según lo previsto. En este sentido se ha analizado la importancia de la sustitución del impuesto de circulación por el impuesto sobre las ventas para un conjunto de productos, lo cual se espera que ofrezca la posibilidad de influir positivamente sobre la relación de cobros y pagos, al gravar el producto en el momento de su comercialización.
En cuanto a la política cambiaria, hay que destacar que se mantiene la existencia de la doble circulación del CUC y el CUP. Las autoridades bancarias cubanas trabajan en propuestas que lleven a una necesaria y gradual unificación monetaria y cambiaria, pero aún no han dado a conocer el momento inicial de ese proceso, lo que tiene que ver con la complejidad del tema y que se necesita, ante todo, un mayor avance en la esfera productiva de la economía.
Permanece vigente el gravamen del 10% sobre el dólar norteamericano aunque el canciller cubano a propósito de las medidas del presidente Obama el 15 de marzode 2016, expresó la decisión de suspender la aplicación de dicho impuesto pero solo entrará en vigor cuando Cuba compruebe que finalmente ha cesado la persecución a sus transacciones financieras en el mundo.
Para el reordenamiento institucional, se crearon nuevas entidades económicas como BIOFARMACUBA, el Instituto de la Aeronáutica Civil de Cuba (IACC) se incorporó al Ministerio de Transporte, se fundó el Ministerio de Industria y el de Energía y Minas, para desarrollar funciones estatales en las actividades petroleras, energía eléctrica y minería. Se convirtió el Ministerio de Azúcar en el grupo AZCUBA, que solo tiene funciones empresariales, entre otras acciones encaminadas al perfeccionamiento funcional de los órganos de dirección y sus respectivas estructuras.
En lo relativo a la política social, se propuso fortalecer el papel del salario en la sociedad, para lo cual era necesario reducir gratuidades indebidas y subsidios personales excesivos, estableciendo compensaciones a las personas necesitadas. Entre las principales acciones puestas en vigor con mayor impacto para la población estuvieron el incremento de salario a los médicos, a los deportistas y la aprobación de la Resolución No. 17/2014, relativa al pago por respultados aplicado al sistema empresarial cubano.
De modo general, los Lineamientos de la Política Económica y Social que se decidieron en el VI Congreso del PCC sobre la base de los debates populares generados al respecto, respondieron al principio de que en la política económica propuesta está presente que el socialismo es igualdad de derechos e igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, no igualitarismo. El trabajo es a la vez un derecho y un deber, motivo de realización personal para cada ciudadano, y deberá ser remunerado conforme a su cantidad y calidad.
En los últimos dos años, es decir en 2011 y 2012, la economía cubana creció en un contexto marcado por la gradual aplicación de una serie de medidas concretas para actualizar el modelo económico. Una noticia alentadora en 2015 fue el 4% del crecimiento del PIB, la cifra más alta del quinquenio. Sin embargo, en la evaluación realizada durante XIII Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en enero de 2016, se conoció que se había implementado el 21 % de los 313 Li­nea­mien­­tos y se encuentra en proceso el otro 77 %. Y, aunque se reconoció el avance de las medidas tomadas, también se advirtió que éstas todavía no han tenido un impacto real en la economía familiar.
La implementación de los Lineamientos económicos y sociales avanza con amplios desafíos y una elevada complejidad del modelo económico que se pretende construir, pero con el enorme reto de cubrir, en un tiempo político, las demandas y necesidades de la población cubana, que aunque ha tenido amplias garantías sociales, ha vivido en sus últimos 25 años en un “Periodo especial” que ha contraido sus perspectivas de calidad de vida y urante el cual ha aflorado una crisis de valores morales y sociales que han sostenio la ideología de la Revolución Cubana.
El 19 de Abril de 2011 en la clausura al VI Congreso del Partido el compañero Raúl expresó: “Para alcanzar el éxito en esta cuestión estratégica y en las demás, es preciso que de inmediato nos concentremos en hacer cumplir los acuerdos de este Congreso, bajo un denominador común en nuestra conducta: “el ORDEN, la DISCIPLINA y la EXIGENCIA”.
Consulte además: Materialización de política económica y social 2011-2016 implementando los Lineamientos
(1) Resoluciones aprobadas por el III Congreso del Partido Comunista de Cuba. Resolución sobre el Perfeccionamiento del Sistema de Dirección y Planificación de la Economía. Ciudad de La Habana: Editora Política, 1986. p.30.
(2) Partido Comunista de Cuba. Proyecto de Lineamientos de la Política Económica y Social. [En Línea] Disponible en: http://www.pcc.cu/congresos_asamblea/vi_congreso/proyecto-lineamientos-pcc.pdf [Consultado en: 20 de enero de 2010].
(3) ONE. Envejecimiento, políticas públicas y Desarrollo en América Latina. Retos presentes, necesidades futuras. Cuaderno de estudios: Población y Desarrollo, 2010. Disponible en: www.one.cu/publicaciones/cepde/cuaderno3/articulo_2_envejecimiento.pdf
CIP. 50 Aniversario de la Revolución Cubana. Sitio oficial. [en línea] Disponible en: http://revolucioncubana.cip.cu
Herrera Sorzano, Angelina. Impacto de la agricultura urbana en Cuba. En: Novedades en Población. Revista especializada en temas de población. Año 5, no. 9, 2009.
Informe Central. I Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editorial Pueblo y Educación. La Habana, 1975.
Informe Central: Tercer Congreso del Partido Comunista de Cuba. Editora Política, La Habana, 1986.
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Núñez Betancourt, Alberto. “El Congreso de Todos” Periódico Granma. 4 de febrero de 2011. Página 3. [En Línea] Disponible en: http://www.granma.cubaweb.cu/2011/02/04/pdf/todas.pdf[Consultado en: 23 de febrero de 2010].
Pérez Villanueva, Omar Everleny. Estrategia económica: Medio siglo de socialismo. En: Cincuenta años de la economía cubana. Editorial Ciencias Sociales, 2010. p. 1-24.
Resolución Económica del V Congreso del PCC. En: Partido Comunista de Cuba. Sitio Oficial. [en línea] Disponible en: http://www.pcc.cu/
Rodríguez, José Luis. Estrategia del desarrollo económico en Cuba. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1990.
Triana, Juan. Cuba: transformación económica 1990-1997: supervivencia y desarrollo en el Socialismo Cubano. Tesis para optar por el grado de Doctor en Ciencias de la Información. Universidad de La Habana. Facultad de Economía, 1997.

References: Resolución 
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