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Timestamp: 2019-05-24 21:41:08+00:00

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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 152 de 31/12/1999
El artículo 13.32 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuye a esta Comunidad Autónoma competencias exclusivas en materia de espectáculos, sin perjuicio de las normas del Estado. Asimismo, le atribuye, entre otras, competencia en materia de régimen local (art. 13.3 EAA), sanidad e higiene (art. 13.21 EAA), deporte y ocio (art. 13.31 EAA), casinos, juegos y apuestas (art. 13.33 EAA), medio ambiente(art.
15.1.7ª EAA), defensa del consumidor y el usuario(art.
18.1.6ª), urbanismo (art. 13.8 EAA), promoción y ordenación del turismo (art. 13.17 EAA), promoción y fomento de la cultura en todas sus manifestaciones y expresiones(art. 13.26 EAA), promoción de actividades y servicios de la juventud y la tercera edad (art. 13.30 EAA), publicidad(art. 13.32 EAA), fomento y planificación de la actividad económica (art.
18.1.1ª EAA), industria (art. 18-1-5ª EAA), y comercio interior (art. 18-1-6ª EAA).
Uno de los aspectos más importante de los espectáculos públicos y de las actividades recreativas es el que se refiere a las condiciones técnicas de los recintos, locales, establecimientos o instalaciones destinados a albergar la realización y
desarrollo de estas actividades. Por ello, en el Capítulo II de esta Ley se recogen los principios básicos que deben presidir e inspirar tanto la normativa reglamentaria que se dicte en desarrollo de esta Ley, como la concesión de las autorizaciones administrativas de los recintos, locales, establecimientos e instalaciones de pública concurrencia, con primacía, en todo caso, de la exigencia de condiciones técnicas idóneas de seguridad y salubridad de éstos, así como la evitación de ruidos y molestias que puedan originar su desarrollo en aquéllos.
12. La falta de dotación o inexistencia de las medidas
sanitarias previstas en las normativas aplicables a cada actividad recreativa o espectáculo público.
13. Carecer de impresos oficiales de quejas y reclamaciones, de acuerdo con los requisitos y en las condiciones exigibles en la normativa de aplicación en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, así como la negativa a facilitar su utilización a los espectadores, concurrentes o usuarios.
2. La falta de respeto a los espectadores, asistentes o usuarios por parte de los actuantes o empleados de los
espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la de aquéllos sobre estos últimos.
6. Cualquier incumplimiento a lo establecido en la presente Ley y a las prevenciones reglamentarias a las que se remite, en relación con la exigencia de la realización de determinadas actuaciones ante la Administración competente, plazos,
condiciones o requisitos para el desarrollo de la actividad o del espectáculo, no tipificados como infracciones muy graves o graves.
8. No exponer en lugares visibles desde el exterior, así como en el billete de entrada o localidad, los folletos o propaganda de los establecimientos destinados a la celebración de
espectáculos públicos y actividades recreativas, cuando así fuese exigible, la expresión "Prohibida la entrada a menores de edad".
a) Multa de cinco millones una pesetas (30.050,61 euros) a cien millones de pesetas (601.012,10 euros) para las
c) Apercibimiento o multa de hasta cincuenta mil pesetas(300,51 euros) para infracciones leves.
3. Si la infracción está tipificada como muy grave y los responsables hubieran sido sancionados mediante resolución firme en vía administrativa por la comisión de dos infracciones de idéntica tipificación dentro del plazo de un año, o la infracción cause un perjuicio a más de mil personas, la multa que se imponga podrá ser superior a cien millones de
pesetas(601.012,10 euros) hasta el límite de ciento cincuenta millones (901.518,16 euros), sin perjuicio de la clausura del establecimiento y la revocación de la autorización autonómica o autorización municipal, según los casos.
1. Sin perjuicio de las sanciones pecuniarias previstas en el artículo anterior, la corrección de las infracciones
tipificadas en la presente Ley podrá llevar aparejada las siguientes sanciones accesorias:
2. Decretada la clausura de un establecimiento dedicado a espectáculos públicos o a actividades recreativas, únicamente procederá la interrupción de la ejecución de dicha sanción cuando, previa autorización administrativa otorgada a solicitud del propietario, se acredite que en los mismos se va a
desarrollar una actividad económica distinta de las que son objeto de la presente Ley. En tal supuesto, el tiempo durante el cual se desarrolle la mencionada actividad no será computado a los efectos del cumplimiento de la sanción.
3. En los casos de reincidencia que afecten de forma grave a la seguridad de las personas o bienes, condiciones de salubridad del establecimiento público, o denoten reincidencia en el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre de
aquéllos, la suspensión y clausura a que se refieren las letras
b) y c) del número 1 del presente artículo podrán ser de cinco años y un día a diez años por infracciones muy graves y hasta cinco años por infracciones graves.
1. Serán responsables de las infracciones tipificadas en la presente Ley, atendiendo a cada caso, los que realicen las acciones y omisiones tipificadas como infracción en la misma. En particular, los artistas, ejecutantes o intervinientes en el espectáculo o actividad recreativa, los espectadores y
asistentes como público, los empleados, revendedores de localidades y la persona física o jurídica titular de las empresas y actividades mencionadas.
2. No obstante lo anterior, el titular de la empresa o
actividad será responsable administrativamente de las
infracciones cometidas por los empleados o por las terceras personas que, sin estar vinculadas laboralmente a la misma, realicen prestaciones de índole mercantil comprendidas en los servicios contratados con ella por haberse establecido así en los contratos que suscriban o en virtud de lo dispuesto en la normativa de aplicación.
3. Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a varias personas conjuntamente, responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. Asimismo, serán
responsables subsidiarios de las sanciones impuestas a las personas jurídicas, que hayan cesado en sus actividades, los administradores de las mismas.
2. Si los referidos daños o beneficios fueren de poca entidad, la sanción podrá imponerse dentro de la escala inmediatamente inferior, siempre que no concurran en su comisión la
reiteración del infractor, la producción de daños y perjuiciosa terceros ni afecten a la seguridad de las personas. La toma en consideración de estas circunstancias sólo procederá si, previamente, no han sido tenidas en cuenta para determinarla infracción sancionable.
3. Cuando los responsables de las infracciones hayan sido sancionados mediante resolución firme en vía administrativa por las mismas infracciones tipificadas en los artículos 20 y 21, y la comisión de las dos infracciones se haya producido dentro del plazo de un año, o los posibles perjudicados fuesen más de mil personas, la multa a imponer podrá ser la correspondiente a la escala inmediatamente superior a la que inicialmente correspondería a la infracción cometida. La toma en
consideración de esta circunstancia sólo procederá si,
previamente, no ha sido tenida en cuenta para determinar la infracción sancionable.
Artículo 27. Responsabilidad derivada de la infracción. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, las responsabilidades
administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con las exigencias al infractor de la reposición de la situación alterada por el mismo a su estado originario, así como con la indemnización por los daños y perjuicios.
a) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la imposición de multas de 50.000.001 pesetas
(300.506,06 euros) a 150.000.000 de pesetas (901.518,16 euros), así como cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley.
En materia de espectáculos taurinos se estará al régimen de competencias establecido en su normativa específica para la imposición de la sanción accesoria prevista en el artículo
23.1.d) de la presente Ley.
c) El titular de la Dirección General de Espectáculos Públicos, Juego y Actividades Recreativas cuando se proponga la
imposición de multas de hasta 10.000.000 de pesetas (60.101,21 euros) y cualquiera de las sanciones accesorias previstas en esta Ley, salvo la establecida en el artículo 23.1.d).
d) Los titulares de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía cuando se proponga la imposición de multas por infracciones graves y muy graves hasta 8.000.000 de pesetas (48.080,97 euros) y la suspensión de las autorizaciones hasta seis meses de duración, así como la imposición de multas hasta
50.000 pesetas (300,51 euros) y sanción de apercibimiento por infracciones leves.
3. Sin perjuicio de lo previsto en los apartados anteriores, y en las condiciones previstas en el artículo 60 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos competentes de la Administración de la Junta de Andalucía asumirán la competencia de incoación, instrucción y resolución de los procedimientos sancionadores, cuya
competencia corresponda a los municipios, en el supuesto de la falta de actuaciones de éstos ante la denuncia presentada ante ellos por los ciudadanos y una vez instados a actuar por los órganos competentes de la Comunidad Autónoma.
4. De conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, los órganos competentes de la Administración municipal remitirán a los de la Administración de la Junta de Andalucía copia o, en su caso, extracto comprensivo delos procedimientos sancionadores que inicien sobre la materia sometida a la presente Ley, dentro de los diez días siguientes a la fecha de adopción del acuerdo de iniciación de los mismos.
2. En el supuesto de que se siga un procedimiento penal sobre los mismos hechos se suspenderá la tramitación del
procedimiento administrativo hasta que recaiga la oportuna resolución judicial firme. En función de las circunstancias del caso concreto y del contenido de la sentencia o resolución judicial que estimase que no ha habido delito ni falta de índole penal, el procedimiento sancionador se podrá reanudar tomándose como base, en su caso y a los efectos del
procedimiento administrativo sancionador, los hechos que los juzgados o tribunales hubieren declarado como probados.
1. Sin perjuicio de las sanciones que en su caso proceda imponer, podrá adoptarse como medidas provisionales la
suspensión temporal de las autorizaciones o la clausura preventiva de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos o al desarrollo de actividades recreativas, cuando el procedimiento sancionador haya sido iniciado por la presunta comisión de infracciones graves o muy graves previstas en esta Ley.
2. No obstante lo anterior, el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador acordará la adopción de tales medidas en los casos de presunto incumplimiento grave de las debidas condiciones de seguridad, higiene o de normal
tranquilidad de las personas y vecinos, así como por carecer o no tener vigente el contrato de seguro colectivo de accidentes previsto en la presente Ley, manteniéndose la efectividad de tales medidas en tanto no se acredite fehacientemente la subsanación o restablecimiento de los presuntos
1. Al objeto de asegurar la eficacia de lo dispuesto en el artículo 8.1 de la presente Ley, se anotarán en el registro administrativo correspondiente todas las infracciones y sanciones impuestas mediante resolución firme en vía
administrativa y en las condiciones y requisitos que
reglamentariamente se determinen tanto para el régimen de anotaciones como para el funcionamiento y organización del mismo.
3. A tales efectos, la cancelación se producirá, de oficio por la Administración o a instancia del interesado, cuando
a) Que durante el plazo de un año para las infracciones leves, tres años para las graves o cuatro años para las muy graves, no haya sido sancionado como consecuencia de una infracción tipificada en la presente Ley, computándose dichos plazos desde la fecha en que hubiere adquirido firmeza envía administrativa la resolución sancionadora.
c) Tener abonadas las indemnizaciones que se hayan derivado civil o penalmente, a favor de terceras personas, como
consecuencia de la comisión de la infracción.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para que actualice
periódicamente, con el límite de las variaciones del Indice de Precios al Consumo desde la entrada en vigor de esta Ley o desde la anterior actualización, las cuantías de las multas previstas en la misma, adecuando en consecuencia las cuantías previstas en el artículo 22 para definir la competencia sancionadora.
2. La Comisión está integrada por representantes de la
Administración autonómica y de la Administración de los municipios andaluces; su presidencia corresponde al titular de la Consejería de Gobernación y Justicia. El Consejo de Gobierno regulará por decreto, su composición y funcionamiento.
c) Calendario y protocolo de actuación en las inspecciones o comprobaciones a desarrollar. El Gobierno de la Comunidad Autónoma remitirá al Parlamento el Plan General de Inspección, así como informará periódicamente del cumplimiento y
2. El incumplimiento de lo previsto en el número anterior constituirá infracción administrativa en los términos
prevenidos en el artículo 19.12 de la Ley.
1. En el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la normativa reglamentaria de desarrollo de la presente Ley, referida específicamente a cada tipo de espectáculo o actividad recreativa, los titulares de establecimientos públicos
portátiles o no permanentes afectados por la misma deberán proceder a la adaptación de los mismos de acuerdo con los requisitos y condiciones técnicas de seguridad, de higiene, sanitarias, de vibraciones y de nivel de ruidos exigidos en la normativa estatal, autonómica o municipal que en ese momento les sea de aplicación. En aquellos casos en los que no sea posible culminar la adaptación en dicho período, podrá
solicitarse, con justificación suficiente, una ampliación del mismo, pudiendo acordarse dicha ampliación hasta un máximo de otro año.
2. Los edificios, establecimientos públicos declarados de interés cultural, los que tengan estructura o carácter
tradicional y los situados en edificios incluidos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o sujetos a cualquier tipo de protección establecida en la legislación del Patrimonio Histórico, en los que se desarrollen espectáculos o actividades sometidas al ámbito de aplicación de la presente Ley, tendrán un tratamiento singularizado por parte de las Administraciones competentes en cuanto a su adaptación a las medidas técnicas de seguridad, de accesibilidad y de protección contra incendios exigibles.
A tal fin, por las Administraciones competentes se
establecerán, para cada caso, las medidas alternativas que se estimen necesarias a fin de suplir y corregir aquellos aspectos estructurales o técnicos de difícil o imposible adaptación, siempre que sea posible garantizar con el establecimiento de tales medidas la total seguridad de personas y bienes.
En cualquier caso, cuando los espectáculos y actividades recreativas se celebren en edificios que formen parte del Patrimonio Histórico Andaluz, el otorgamiento de las
correspondientes autorizaciones o licencias estará sometido al cumplimiento de la normativa en la materia y a las condiciones establecidas en las normas de protección de ese Patrimonio.
Unica. 1. Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan o contradigan a lo previsto en la presente Ley.
2. En tanto no sean dictadas las específicas normas
reglamentarias de desarrollo, serán aplicables las normas actualmente vigentes en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas, con su respectivo rango, en lo que no se opongan o contradigan a lo previsto en la presente Ley.
disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente Ley.
Asimismo, se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones de carácter reglamentario sean precisas para la regulación y ordenación administrativa de los
espectáculos taurinos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
En tanto que por la Comunidad Autónoma de Andalucía no sea promulgada a nivel autonómico la normativa aplicable a los espectáculos taurinos, la preparación, organización y
celebración de los mismos, así como su régimen sancionador, se regirán por lo previsto en su normativa específica, aplicándose ésta en lo que no se oponga o contradiga a las disposiciones de la presente Ley y demás normativa de aplicación en materia de espectáculos públicos.
La presente Ley entrará en vigor una vez transcurridos veinte días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía¯.
Presidente de la Junta de Andalucía Finalmente, la presente Ley contiene en su último capítulo la regulación de las infracciones y procedimientos a los que ha de ajustarse el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración en esta materia, y que, con garantía delos principios constitucionales de legalidad y tipicidad, califica con mayor rigor la falta o carencia de las condiciones técnicas de seguridad de los recintos, locales, establecimientos o instalaciones, así como las perturbaciones de la pacífica convivencia ciudadana frente a otras conductas u omisiones ilegítimas de relevancia menor. Al propio tiempo, se dota a la Administración actuante de los suficientes márgenes de maniobra y mecanismos legales para atemperar o ponderar el ejercicio de esta potestad sancionadora, sin olvidar el ocasional
endurecimiento de las correcciones aplicables a las situaciones de habitual resistencia al cumplimiento del Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas en
Asimismo, mediante la presente Ley se amplía el marco
competencial de los municipios en materia sancionadora, y se les dota de los medios jurídicos necesarios para combatir eficazmente las puntuales situaciones abusivas originadas por determinados establecimientos públicos respecto de la pacífica y tranquila convivencia de los vecinos; por ello, se reconoce legalmente la competencia de los municipios para acordar la suspensión y revocación de las autorizaciones o incluso, en su caso, la clausura de locales y establecimientos públicos por la comisión de faltas graves.
1. La presente Ley tiene por objeto, en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
regulación de todas las actividades relativas a la organización y celebración de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como la regulación de las condiciones técnicas y de seguridad que deben reunir los establecimientos públicos donde aquéllos se celebren o realicen.
espectáculo público toda función o distracción que se ofrezca públicamente para la diversión o contemplación intelectual y que se dirija a atraer la atención de los espectadores. Asimismo, se entenderá por actividad recreativa el conjunto de operaciones desarrolladas por una persona natural o jurídica, o por un conjunto de personas, tendente a ofrecer y procurar al público, aislada o simultáneamente con otra actividad distinta, situaciones de ocio, diversión, esparcimiento o consumición de bebidas y alimentos. Igualmente, se entenderá por
establecimientos públicos aquellos locales, recintos o
instalaciones de pública concurrencia en los que se celebren o practiquen espectáculos o actividades recreativas.
3. La presente Ley será de aplicación a los espectáculos o actividades recreativas que se celebren o practiquen,
independientemente de su titularidad, en establecimientos públicos, aun cuando éstos se encuentren situados en espacios abiertos, en la vía pública, en zonas marítimo-terrestres o portuarias, o en cualesquiera otras zonas de dominio público.
4. Sin perjuicio del cumplimiento de las normas aplicables en materia de orden público y de seguridad ciudadana, quedan excluidas del ámbito de aplicación de la presente Ley, en lo referente a la preceptiva obtención de las de autorizaciones, las celebraciones de carácter estrictamente privado o familiar, así como las que supongan el ejercicio de derechos
fundamentales en el ámbito laboral, político, religioso, sindical o docente. No obstante lo anterior, los recintos, locales, establecimientos o instalaciones donde se realicen estas actividades deberán reunir las condiciones de seguridad exigidas en esta Ley y en las normas que la desarrollen.
1. La celebración o práctica de cualquier espectáculo público o actividad recreativa no incluido en el apartado 4 del artículo anterior que se desarrolle dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluidas las zonas de dominio público, en
establecimientos públicos fijos o no permanentes, requerirá la previa obtención de las licencias y autorizaciones
administrativas previstas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las específicas que requiera el tipo de actuación.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, requerirá la previa autorización del órgano
competente la modificación o alteración sustancial de las condiciones de seguridad exigibles, así como la modificación de las condiciones de la autorización previstas en el siguiente apartado.
3. Las autorizaciones deberán señalar, de forma explícita, a sus titulares el tiempo por el que se conceden, los
espectáculos públicos o actividades recreativas que mediante las mismas se permiten, y el establecimiento público en que pueden ser celebrados o practicados, así como el aforo
permitido en cada caso.
5. La autorización concedida para espectáculos o actividades recreativas a realizar en acto único se extinguirá
automáticamente con la celebración del hecho o actividad autorizada en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
6. Excepto en el supuesto previsto en el apartado anterior, las autorizaciones administrativas concedidas para la celebración de espectáculos o realización de actividades recreativas podrán ser renovadas por sus titulares siempre que reúnanlos
requisitos exigibles al tiempo de solicitarse dicha renovación.
8. Reglamentariamente, se establecerá el procedimiento
administrativo para la obtención de las autorizaciones y licencias previstas en la presente Ley.
10. En todo caso, se entenderán desestimadas las solicitudes de autorización cuando hubiese transcurrido el plazo establecido reglamentariamente para resolver y no hubiese recaído
Resolución expresa del órgano competente.
e) Cuando con su celebración se atente a los derechos de las personas reconocidos en el Título I de la Constitución
2. Los Delegados de la autoridad presentes en la celebración de los espectáculos públicos o en las actividades recreativas podrán proceder a su suspensión, previo aviso a los
organizadores, cuando concurran razones de máxima urgencia apreciadas por ellos en los supuestos contemplados en el apartado anterior. Cuando se aprecie peligro inminente, esta medida podrá adoptarse sin necesidad de previo aviso.
1. Para lograr la debida ejecución de los actos dictados por los órganos competentes en aplicación de la presente Ley, se podrán imponer multas coercitivas en los términos del artículo
99 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 5. Competencias de la Administración autonómica. Sin perjuicio de cualesquiera otras competencias que tengan atribuidas, corresponderá a los órganos de la Administración de la Comunidad Autónoma:
1. Aprobar mediante Decreto el catálogo de espectáculos, actividades recreativas y tipos de establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, especificando las
diferentes denominaciones y modalidades que se someterán a las preceptivas licencias y autorizaciones.
4. Establecer los horarios de apertura y cierre de los
establecimientos públicos sujetos a la Ley, o incluidos en el ámbito de aplicación de la misma.
9. Las funciones de policía de espectáculos públicos y
actividades recreativas, sin perjuicio de las que les
correspondan a los municipios, así como la inspección y control de los establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuando el otorgamiento de las autorizaciones sea competencia de la Administración autonómica.
No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6.8 de la presente Ley, le corresponderá a la
Administración autonómica la inspección y control de los espectáculos o actividades recreativas que se desarrollen en establecimientos públicos de aforo superior a setecientas personas.
11. El ejercicio, de forma subsidiaria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, de las competencias de policía y la actividad inspectora que en esta materia corresponda a los municipios, que tras haber sido instados para ello por los órganos competentes de la Consejería de
Gobernación y Justicia no se hayan ejecutado.
13. Informar preceptivamente los proyectos de disposiciones municipales que incidan en los horarios de apertura y cierre de los establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente Ley, en los casos en que el Ayuntamiento sea
competente para regular los mismos.
3. La concesión de las autorizaciones de instalación de atracciones de feria en espacios abiertos, previa comprobación de que las mismas reúnen las condiciones técnicas de seguridad para las personas, a tenor de la normativa específica
4. El establecimiento de limitaciones o restricciones en zonas urbanas respecto de la instalación y apertura de los
establecimientos públicos sometidos al ámbito de la presente Ley, de acuerdo con lo establecido en la misma y en el resto del ordenamiento jurídico aplicable.
8. Las funciones ordinarias de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas que competan a los municipios, sin perjuicio de las que correspondan a la Administración
autonómica, así como la inspección y control de los
establecimientos públicos destinados a la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuando el otorgamiento de las autorizaciones sea competencia de la Administración municipal.
1. Respecto de determinados tipos de espectáculos públicos o actividades recreativas, podrá establecerse reglamentariamente que las empresas, de conformidad con la normativa aplicable a los vigilantes de seguridad y agentes autorizados, dispongan de servicio de vigilancia o de especiales medidas de seguridad al objeto de mantener el buen orden en el desarrollo del
espectáculo o de la actividad recreativa de que se trate. A tales efectos, los municipios podrán desarrollar los
reglamentos dictados por la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Sin perjuicio de las específicas condiciones establecidas en la normativa reguladora de los juegos y apuestas, se podrán establecer por los titulares de establecimientos públicos condiciones objetivas de admisión. Estas condiciones, que deberán ser aprobadas expresamente por los órganos de la Administración competentes para otorgar las preceptivas autorizaciones o licencias, en ningún caso podrán ser
contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución española, suponer un trato discriminatorio o arbitrario para los usuarios, o colocarlos en situaciones de inferioridad, indefensión o agravio comparativo con otros asistentes o espectadores.
A tal fin, las condiciones de admisión deberán figurar
debidamente visadas y aprobadas, de forma fácilmente legible, en lugar visible a la entrada y, en su caso, en las taquillas y en todos los puntos de venta de entradas o localidades de los referidos establecimientos públicos. También deberán figurar las condiciones de admisión, de forma fácilmente legible, en la publicidad o propaganda del espectáculo o actividad recreativa de que se trate, así como en las localidades o entradas del mismo.
5. Igualmente, estarán sujetos a la obtención de la
correspondiente autorización municipal o autonómica, conforme a lo dispuesto en los artículos 5 y 6, aquellos establecimientos públicos que, pese a encontrarse autorizados, se vayan a destinar ocasional o definitivamente a otra modalidad distinta de aquélla para la que originariamente lo fueron.
2. Cuando para la celebración de un espectáculo o para el desarrollo de una actividad recreativa se utilizasen
estructuras no permanentes o desmontables, éstas deberán reunir igualmente las necesarias condiciones técnicas que garanticen la seguridad, higiene, accesibilidad y confortabilidad para las personas, y ajustarse, de acuerdo con el apartado anterior, a las disposiciones establecidas sobre condiciones de protección contra incendios en los edificios.
Si dichas estructuras se ubican en zonas o parajes naturales, los organizadores estarán obligados a dejarlo, una vez
desmontadas, en similares condiciones a las previamente existentes a su montaje.
3. En ningún caso se podrá otorgar la licencia de apertura o autorización para celebrar un espectáculo o realizar una actividad recreativa en tanto no se haya comprobado por la Administración competente que el establecimiento público cumple y reúne todas las condiciones técnicas exigibles de acuerdo con la normativa vigente que resulte de aplicación, estando obligado el titular de la actividad, o en su caso el
organizador del espectáculo, al mantenimiento y observancia permanente de las condiciones técnicas en virtud de las cuales se concedió la autorización.
4. La inactividad o cierre, por cualquier causa, de un
establecimiento público durante más de seis meses determinará la suspensión de la vigencia de la licencia de apertura, hasta la comprobación administrativa de que el local cumple las condiciones exigibles.
Cuando se considere necesario podrá, motivadamente, requerirse la comparecencia de los interesados en la sede de la
inspección, al objeto de practicar las diligencias que se determinen en la correspondiente citación.
3. El resultado de la inspección deberá consignarse en acta, de la que se entregará copia al interesado. En ella, el interesado podrá hacer constar su disconformidad con los datos y
circunstancias contenidas en la misma. Dicha acta se remitirá al órgano administrativo competente a los efectos que procedan.
No obstante lo anterior, reglamentariamente se determinarán las condiciones, garantías o fianzas y requisitos que han de cumplirse y prestarse en los espectáculos públicos y
actividades recreativas que, ya sea de forma habitual u ocasional, sean organizados por personas físicas o jurídicas.
Artículo 13. Registro de Empresas y Organizaciones de
1. La Junta de Andalucía dispondrá de un Registro de Empresas y Organizadores de Espectáculos Públicos y Actividades
Recreativas, adscrito a la Consejería competente por razón de la materia, cuyas características y funcionamientos e
a) A adoptar y a mantener íntegramente todas aquellas
condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias y de nivel de ruidos que se establezcan con carácter general o sean fijadas específicamente en las correspondientes autorizaciones municipales y, en su caso, autonómicas.
f) A evitar la producción de ruidos y molestias del
establecimiento público con ocasión de la celebración de espectáculos públicos o desarrollo de actividades recreativas.
g) A guardar, en todo momento, el debido respeto y
consideración al público asistente.
i) A cumplir las prevenciones que se establezcan respecto de la adecuada conservación de los espacios naturales protegidos que puedan verse afectados por los espectáculos públicos o
actividades recreativas, así como en la restante normativa en materia de protección del medio ambiente.
Artículo 15. Derechos de los espectadores y asistentes. Además de los que tengan reconocidos en la correspondiente normativa, especialmente en materia de defensa de los
consumidores y usuarios, los espectadores y asistentes a los espectáculos públicos y actividades recreativas tendrán los siguientes derechos:
a) A que el espectáculo o la actividad recreativa se
desarrolle, se ofrezca y se reciba por los asistentes en las condiciones y en la forma en que se hayan anunciado por la empresa.
b) A la devolución, en los términos que reglamentariamente se determinen, de las cantidades satisfechas por la localidad o billete y, en su caso, de la parte proporcional del abono cuando el espectáculo sea suspendido o sea modificado en sus aspectos esenciales, todo ello sin perjuicio de las
reclamaciones que, conforme a la legislación civil o mercantil, pudieran plantear.
Artículo 16. Obligaciones de los espectadores y asistentes. Los espectadores y asistentes tendrán las siguientes
b) Cumplir los requisitos y condiciones de seguridad y de respeto a los demás espectadores y asistentes, actuantes y empleados que establezca la empresa organizadora del
espectáculo o titular de la actividad recreativa.
Artículo 17. De las prohibiciones a los espectadores y
1. Son infracciones administrativas en materia de espectáculos públicos y actividades recreativas las acciones u omisiones tipificadas en la presente Ley. Las disposiciones
reglamentarias de desarrollo podrán introducir especificaciones de las citadas infracciones en los términos previstos en el artículo 129.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
1. La apertura o funcionamiento de establecimientos públicos, fijos o no permanentes, destinados a la celebración de
espectáculos o actividades recreativas, careciendo de las correspondientes licencias o autorizaciones, cuando se
produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
2. La dedicación de los establecimientos públicos a la
celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas distintos de aquéllos para los que estuvieren autorizados, así como excederse en el ejercicio de tales actividades, de las limitaciones fijadas en las correspondientes autorizaciones, cuando se produzca situación de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
3. La celebración o realización de espectáculos públicos o actividades recreativas sin la preceptiva autorización
administrativa municipal o autonómica y con ello se produzcan situaciones de grave riesgo para los bienes o para la seguridad e integridad física de las personas.
4. La modificación de las condiciones técnicas de los
establecimientos públicos, sin haberse obtenido previamente la correspondiente autorización administrativa, siempre que tales modificaciones creen situaciones de grave riesgo para la seguridad e integridad física de las personas o bienes.
5. La celebración de un espectáculo o ejercicio de una
actividad recreativa quebrantando la suspensión o prohibición previamente decretada por la autoridad competente.
6. Omisión sustancial de las medidas de seguridad establecidas en la normativa vigente y, en su caso, en las autorizaciones municipales o autonómicas correspondientes, así como el mal estado de los establecimientos públicos que disminuya
gravemente el grado de seguridad exigible para las personas o bienes.
14. Permitir el acceso a los establecimientos públicos
destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas de personas que exhiban prendas, símbolos u objetos que inciten a realizar actividades contrarias a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y, en especial, a la violencia, xenofobia o, en general, a la discriminación.
5. Permitir el consumo de bebidas alcohólicas o de tabaco a menores de edad en los establecimientos públicos sometidos al ámbito de aplicación de esta Ley, así como permitir, de forma general, la venta y consumo de bebidas alcohólicas a cualquier persona en espectáculos públicos o actividades recreativas que, de manera específica, lo prohíban en sus reglamentos
6. Fumar o tolerar fumar en los lugares donde estuviere prohibido dentro de los establecimientos públicos dedicados a la celebración de espectáculos o a la realización de
7. La realización de actividades de publicidad de los
espectáculos públicos o actividades recreativas que resulten falsas o engañosas, de modo que puedan inducir a confusión al público sobre su contenido o carácter.
9. La utilización de las condiciones de admisión de forma discriminatoria, arbitraria o con infracción de las
disposiciones que lo regulan, por parte de los titulares o empleados de los establecimientos destinados a espectáculos públicos o actividades recreativas.
BOJA nº 152 de 31/12/1999

References: artículo 13
 resolución 
 resolución 

Artículo 27
 artículo 130
 artículo
23
 artículo 23
 artículo 60
 resolución 
 artículo 56
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 19

Resolución 
 artículo
99

Artículo 5
 artículo 6
 artículo 60

Artículo 13

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17
 artículo 129