Source: http://www.slideshare.net/delDespojoCrnicas/corte-interamericana-sentencia-histrica-a-favor-del-pueblo-sarayaku
Timestamp: 2015-09-05 09:33:59+00:00

Document:
Corte interamericana sentencia histórica a favor del pueblo sarayaku
Gincana da copa – ciclo ii tarde
by andersonreginato
Muzika na filmu by Dusica Manojlovic
by sprendimaslt
Corte Interamericana Sentencia histórica a favor del pueblo SarayakuLa CONAIE frente a la sentencia de la Corte Interamericana de DerechosHumanos en el Caso SarayakuLa CIDH notificó hoy, 24 de julio, de 1012, la Sentencia del Caso Sarayaku. Finalmentese hizo justicia declarando la ilegalidad de la concesión petrolera a favor de latransnacional CGC ante el peligro que representaba dicho acto administrativo delEstado, pues ponía en riesgo tanto la vida de los comuneros, del territorio y del PuebloKichwa Sarayaku, y en consecuencia, se pone de manifiesto la responsabilidad delEstado en el cometimiento de esta ilegalidad.El valor de la Sentencia no solo radica en el reconocimiento de los derechos del PuebloSarayaku y el establecimiento de la responsabilidad del Estado; ante todo es un ejemplohistórico sobre la validez de la lucha organizada y consciente de los compañeros ycompañeras de Sarayaku, en estos largos años de lucha, tuvieron que enfrentar a lasautoridades locales, pero sobre todo a la transnacional petrolera y a las autoridadesnacionales que siempre actuaron a favor de la empresa. La unidad y la movilizaciónpermanente pudieron más que todo el poder del capital.La Sentencia sienta las bases de jurisprudencia para el Derecho nacional e internacional,la Obligatoriedad de la Consulta Previa, libre e informada de manera coordinada con lospueblos; la inalienabilidad de la propiedad de los territorios de los pueblos ynacionalidades; y la obligatoriedad del Estado hacia el reconocimiento y respeto de losDerechos de los pueblos y nacionalidades indígenas y los instrumentos internacionales.La obligatoriedad de la Consulta Previa; esta debe ser realizada por Estado, y que elsujeto consultado es la Comunidad, el pueblo o la nacionalidad afectada, a través de suspropias formas institucionales y de gobierno interno del pueblo. Cualquier otro acto oevento con miembros de la misma organización, que no son órganos de gobiernointerno propio, ni fuera convocado de manera coordinada la Consulta Previa, sera nulo,como determina la Sentencia de la CIDH.Desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, hacemos elllamado al Estado Ecuatoriano que cumpla con la sentencia y repare inmediatamente 2.
todos los daños al pueblo Sarayaku. Y está en la obligación ineludible de respetar ydefender los derechos colectivos, si no lo hace debe responder por su negligencia.Esta victoria del Pueblo Sarayaku es de todos los pueblos y nacionalidades de Ecuadory Latinoamérica, y nos sentimos reconocidos en su lucha y victoria, porqueparticipamos en ella. Este es el camino que seguiremos reforzando en defensa de losderechos de los pueblos indígenas ante las amenazas de políticas extractivistaspetroleras y mineras, que privilegian el interés del capital antes que el derecho de losseres humanos y de la naturaleza.Felicitamos al Pueblo Kichwa de Sarayaku por su victoria y ejemplo, esto nos sirve pararenovar los deseos y esfuerzos en la lucha por la defensa de las demás pueblos ynacionalidades amenazadas por el modelo extractivista, vigente en estos momentos enEcuador y a nivel Internacional.“Esto no es el fin,es el inicio de una nueva vida, de un nuevo pensamiento y una nuevaactitud con amor y respeto a la vida” Edwin Valle.Por el Consejo de GobiernoHUMBERTO CHOLANGOPresidente de la CONAIE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR SENTENCIA DE 27 DE JUNIO DE 2012 (Fondo y Reparaciones)En el Caso del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, la Corte Interamericana deDerechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana”, “la Corte”, o “elTribunal”), integrada por los siguientes jueces: Diego García-Sayán, Presidente; Manuel E. Ventura Robles, Vicepresidente; Leonardo A. Franco, Juez; Margarette May Macaulay, Jueza; Rhadys Abreu Blondet, Jueza; Alberto Pérez Pérez, Juez; 3.
Eduardo Vio Grossi, Juez, ypresentes además, Pablo Saavedra Alessandri, Secretario, y Emilia Segares Rodríguez, Secretaria Adjunta,de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobreDerechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”) y conlos artículos 31, 32, 42, 65 y 67 del Reglamento de la Corte 1 (en adelante “elReglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:1 Reglamento de la Corte aprobado por el Tribunal en su LXXXV Período Ordinario de Sesionescelebrado del 16 al 28 de noviembre de 2009; el cual aplica al presente caso, de conformidad con elartículo 79 del mismo. Según el artículo 79.2 de dicho Reglamento, “[c]uando la Comisión hubieseadoptado el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención con anterioridad a la entrada envigor del presente Reglamento, la presentación del caso ante la Corte se regirá por los artículos 33 y 34del Reglamento anteriormente vigente. En lo que respecta a la recepción de declaraciones se aplicaránlas disposiciones del presente Reglamento”. Por ende, en lo que se refiere a la presentación del caso,son aplicables los artículos 33 y 34 del anterior Reglamento, aprobado por la Corte en su XLIX PeríodoOrdinario de Sesiones. 4.
CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR Tabla de contenidoI INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA........................... 7II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE..................................................................................... 8III COMPETENCIA......................................................................................................................... 13IV RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL ............................... 14V EXCEPCIÓN PRELIMINAR .................................................................................................... 17VI PRUEBA....................................................................................................................................... 18 A. PRUEBA DOCUMENTAL, TESTIMONIAL Y PERICIAL ..................................................................... 19 B. ADMISIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.................................................................................... 19 C. ADMISIÓN DE LAS DECLARACIONES DE PRESUNTAS VÍCTIMAS Y DE LA PRUEBA TESTIMONIAL Y PERICIAL .................................................................................................................... 21 D. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE DE MEDIDAS PROVISIONALES .................................................... 22 E. VALORACIÓN DE LA DILIGENCIA DE VISITA AL TERRITORIO SARAYAKU .................................... 23VII HECHOS ...................................................................................................................................... 23 A. EL PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU .......................................................................... 23 B. LAS EXPLORACIONES DE PETRÓLEO EN ECUADOR ..................................................................... 25 C. ADJUDICACIÓN DE TERRITORIOS AL PUEBLO KICHWA DE SARAYAKU Y LAS COMUNIDADES DEL RÍO BOBONAZA EN MAYO DE 1992........................................................ 26 D. CONTRATO DE PARTICIPACIÓN CON LA EMPRESA CGC PARA LA EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS Y EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO EN EL BLOQUE 23 DE LA REGIÓN AMAZÓNICA ....................................................................................................... 28 E. HECHOS ANTERIORES A LA FASE DE PROSPECCIÓN SÍSMICA E INCURSIONES EN EL TERRITORIO DEL PUEBLO SARAYAKU ................................................................................... 30 F. RECURSO DE AMPARO ................................................................................................................ 33 G. HECHOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE PROSPECCIÓN SÍSMICA O EXPLORACIÓN PETROLERA DE LA EMPRESA CGC A PARTIR DE DICIEMBRE DE 2002 ................................................................................................................... 34 H. ALEGADOS HECHOS DE AMENAZAS Y AGRESIONES EN PERJUICIO DE MIEMBROS DE SARAYAKU ........................................................................................................................... 39 G. HECHOS POSTERIORES A LA SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES DE LA EMPRESA CGC .......................................................................................................................................... 41VIII FONDO......................................................................................................................................... 43 VIII.1 DERECHOS A LA CONSULTA Y A LA PROPIEDAD COMUNALINDÍGENA ................................................................................................................................................. 43 A. ALEGATOS DE LAS PARTES ............................................................................................................. 44 A.1 Derecho a la Propiedad , en relación con la Obligación de Respetar los Derechos , la Libertad de Pensamiento y de Expresión y los Derechos Políticos. ................................................................................................................. 44 A.2 Derecho de Circulación y de Residencia ................................................................................ 47 A.3 Derechos Económicos, Sociales y Culturales ........................................................................ 48 A.4 Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno ............................................................ 48 5.
A.5 Obligación de Respetar los Derechos ..................................................................................... 49 B. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA CONSULTA EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD COMUNAL E IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO SARAYAKU ................................................................................................................... 50 B.1 El derecho a la protección de la propiedad comunal indígena ............................................... 50 B.2 La relación especial del Pueblo Sarayaku con su territorio .................................................... 51 B.3 Medidas de salvaguarda para garantizar el derecho a la propiedad comunal ......................... 53 B.4 La obligación del Estado de garantizar el derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku ................................................................................................................................. 54 B.5 Aplicación del derecho a la consulta del Pueblo Sarayaku en este caso ................................ 67 a) La consulta debe ser realizada con carácter previo ............................................................ 68 b) La buena fe y la finalidad de llegar a un acuerdo .............................................................. 70 c) La consulta adecuada y accesible ...................................................................................... 75 d) Estudio de Impacto Ambiental .......................................................................................... 78 e) La consulta debe ser informada ......................................................................................... 79 B.6 Los derechos a la consulta y a la propiedad comunal en relación con el derecho a la identidad cultural ................................................................................ 80 B.7 Deber de adoptar disposiciones de derecho interno ............................................................... 84 B.8 Derecho de Circulación y de Residencia ................................................................................ 86 B.9 Libertad de Pensamiento y de Expresión, Derechos Políticos, y Derechos Económicos, Sociales y Culturales ........................................................................................ 86 B.10 Conclusión ............................................................................................................................ 87 VIII.2 DERECHOS A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA LIBERTAD PERSONAL ....................................................................................................... 88 A. ALEGATOS DE LAS PARTES ............................................................................................................. 88 A.1 Derecho a la vida .................................................................................................................... 88 A.2 Derechos a la libertad e integridad personales ....................................................................... 89 B. CONSIDERACIONES DE LA CORTE ................................................................................................... 91 B.1 En relación con los explosivos sembrados en el territorio Sarayaku .................................... 91 B.2 Alegadas amenazas a miembros del Pueblo Sarayaku .......................................................... 93 B.3 Alegadas agresiones y detención ilegal y restricciones a la circulación por el Río Bobonaza ..................................................................................................................... 94 VIII.3 DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LAPROTECCION JUDICIAL ...................................................................................................................... 96 A. ALEGATOS DE LAS PARTES ............................................................................................................. 96 B. CONSIDERACIONES DE LA CORTE ................................................................................................... 97 B.1 Sobre la obligación de investigar .......................................................................................... 99 B.2 Sobre el recurso de amparo ................................................................................................. 100IX REPARACIONES(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) ........................... 102 A. PARTE LESIONADA ....................................................................................................................... 103 B. MEDIDAS DE RESTITUCIÓN, SATISFACCIÓN Y GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN ............................... 103 B.1 Restitución ............................................................................................................................ 105 B.2 Garantías de no repetición .................................................................................................... 107 a) Debida consulta previa ..................................................................................................... 107 b) Regulación en el derecho interno de la consulta previa ................................................... 108 6.
c) Capacitación a funcionarios estatales sobre derechos de los pueblos indígenas. ................................................................................................................................ 108 B.3 Medidas de satisfacción ........................................................................................................ 109 a) Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional ................................. 109 b) Publicación y radiodifusión de la sentencia ..................................................................... 109 C. INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA POR DAÑOS MATERIALES E INMATERIALES ............................. 110 C.1 Daño Material ....................................................................................................................... 110 a) Alegatos de las partes ...................................................................................................... 110 b) Consideraciones de la Corte............................................................................................. 112 C.2 Daño Inmaterial .................................................................................................................... 113 a) Alegatos de las partes ...................................................................................................... 113 b) Consideraciones de la Corte............................................................................................. 115 D. COSTAS Y GASTOS ....................................................................................................................... 115 D.1 Alegatos de las partes ........................................................................................................... 115 D.2 Consideraciones de la Corte ................................................................................................. 116 E. REINTEGRO DE LOS GASTOS AL FONDO DE ASISTENCIA LEGAL DE VÍCTIMAS .............................. 118 F. MODALIDADES DE CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS ORDENADOS .................................................... 118 G. MEDIDAS PROVISIONALES ............................................................................................................ 119X PUNTOS RESOLUTIVOS ....................................................................................................... 119 7.
I INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA1. El 26 de abril de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (enadelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) presentó ante el Tribunal, deconformidad con los artículos 51 y 61 de la Convención, una demanda en contra de laRepública del Ecuador (en adelante “el Estado” o “el Ecuador”) en relación con el caso12.465. La petición inicial fue presentada ante la Comisión el 19 de diciembre de 2003por la Asociación del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta), el Centro de DerechosEconómicos y Sociales (en adelante “CDES”) y el Centro por la Justicia y el DerechoInternacional (en adelante “CEJIL”). El 13 de octubre de 2004 la Comisión aprobó elInforme de Admisibilidad No. 62/042, en el cual declaró el caso admisible, y el 18 dediciembre de 2009 aprobó, en los términos del artículo 50 de la Convención, el Informede Fondo No. 138/093. La Comisión designó como delegados a la señora Luz PatriciaMejía, Comisionada, y al señor Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y comoasesoras legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta,Isabel Madariaga y Karla I. Quintana Osuna, abogadas.2. De acuerdo con la Comisión, el caso se refiere, entre otros temas, alotorgamiento por parte del Estado de un permiso a una empresa petrolera privada pararealizar actividades de exploración y explotación petrolera en territorio del PuebloIndígena Kichwa de Sarayaku (en adelante “Pueblo Sarayaku” o “el Pueblo” o“Sarayaku”), en la década de 1990, sin que se hubiere consultado previamente con éste2 En este informe, la Comisión rechazó la excepción de falta de agotamiento de recursos de lajurisdicción interna interpuesta por el Estado y concluyó que era competente para examinar los reclamospresentados por los peticionarios sobre la alegada violación de los artículos 4, 5, 7, 8, 12, 13, 16, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, en concordancia con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, y que lapetición era admisible conforme a los requisitos establecidos en los artículos 46 y 47 de la ConvenciónAmericana. Cfr. Informe de Admisibilidad 62/04, expediente de Prueba, tomo 1, folios 71 a 90.3 En el Informe de Fondo la Comisión concluyó que el Estado es responsable por la violación delos derechos reconocidos en las siguientes disposiciones: el artículo 21, en relación con los artículos 13,23 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku; losartículos 4, 22, 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de losmiembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku; el artículo 5 en relación con el artículo 1.1 de la ConvenciónAmericana, en perjuicio de Hilda Santi Gualinga, Silvio David Malaver Santi, Laureano Gualinga, EdgarGualinga Machoa, José Luís Gualinga Vargas, Victoria Santi Malaver, Marco Gualinga, Héctor SantiManya, Marco Santi Vargas, Alonso Isidro Gualinga Machoa, Heriberto Gualinga Santi, Jorge SantiGuerra, Aura Cuji Gualinga, María Angélica Santi Gualinga, Clotilde Gualinga, Emerson AlejandroShiguango Manya, Romel F. Cisneros Dahua, Jimy Leopoldo Santi Gualinga, Franco Tulio Viteri Gualingay Cesar Santi, todos miembros del Pueblo Sarayaku. Asimismo, la Comisión consideró que el Estado esresponsable por el incumplimiento de las disposiciones del artículo 2 de la Convención Americana.Finalmente, la Comisión señaló que no contaba con los elementos probatorios suficientes parapronunciarse respecto de la alegada violación de los artículos 7, 12, 16, 19, 24 y 26 de la ConvenciónAmericana, o del artículo 13 de Protocolo de San Salvador. En este informe, la Comisión hizo lassiguientes recomendaciones al Estado: 1) adoptar las medidas necesarias para garantizar y proteger elderecho de propiedad del Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku y sus miembros, respecto de su territorioancestral, garantizando la especial relación que mantienen con su territorio; 2) garantizar a losmiembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku el ejercicio de sus actividades tradicionales de subsistencia,retirando el material explosivo sembrado en su territorio; 3) garantizar la participación significativa yefectiva de los representantes indígenas en los procesos de toma de decisiones, acerca del desarrollo yotros temas que los afectan a ellos y a su supervivencia cultural; 4) adoptar, con la participación de losPueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho ala consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanosinternacionales; 5) reparar en el ámbito individual y comunitario las consecuencias de la violación de losderechos enunciados; 6) adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcanhechos similares, conforme al deber de prevención y garantía de los derechos fundamentalesreconocidos en la Convención Americana. Cfr. Informe de Fondo 138/09, expediente de Prueba, tomo 1,folios 3 a 69. 8.
y sin su consentimiento. Así, se iniciaron las fases de exploración petrolera, inclusivecon la introducción de explosivos de alto poder en varios puntos del territorio indígena,creando con ello una alegada situación de riesgo para la población, ya que durante unperíodo le habría impedido buscar medios de subsistencia y le habría limitado susderechos de circulación y de expresar su cultura. Además, el caso se refiere a la alegadafalta de protección judicial y de observancia de las garantías judiciales.3. Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare laresponsabilidad internacional del Estado por la violación: a) del derecho a la propiedad privada, reconocido en el artículo 21, en relación con los artículos 13, 23 y 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo indígena de Sarayaku y de sus miembros; b) del derecho a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, contemplados en los artículos 4, 8 y 25, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio del Pueblo y de sus miembros; c) del derecho de circulación y residencia reconocido en el artículo 22, en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, en perjuicio de los miembros del Pueblo; d) del derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de veinte miembros del Pueblo Kichwa de Sarayaku4; e) del deber de adoptar disposiciones de derecho interno reconocido en el artículo 2 de la Convención Americana, yFinalmente, la Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado determinadas medidasde reparación.4. La demanda fue notificada al Estado y a los representantes5 el 9 de julio de2010. II PROCEDIMIENTO ANTE LA CORTE A. Medidas Provisionales5. El 15 de junio de 2004 la Comisión sometió a consideración de la Corte unasolicitud de medidas provisionales a favor del Pueblo Sarayaku y sus miembros, deconformidad con los artículos 63.2 de la Convención y 25 del Reglamento de la Corte.4 A saber: Hilda Santi Gualinga, Silvio David Malaver Santi, Laureano Gualinga, Edgar GualingaMachoa, José Luís Gualinga Vargas, Victoria Santi Malaver, Marco Gualinga, Héctor Santi Manya, MarcoSanti Vargas, Alonso Isidro Gualinga Machoa, Heriberto Gualinga Santi, Jorge Santi Guerra, Aura CujiGualinga, María Angélica Santi Gualinga, Clotilde Gualinga, Emerson Alejandro Shiguango Manya, RomelF. Cisneros Dahua, Jimy Leopoldo Santi Gualinga, Franco Tulio Viteri Gualinga y Cesar Santi.5 La referida demanda fue recibida primeramente en la Secretaría de la Corte Interamericana (enadelante “la Secretaría”) vía facsimilar el 26 de abril de 2010, sin sus anexos. La demanda original, susapéndices y anexos, así como las respectivas copias fueron recibidos en la Secretaría el 17 de mayo de2010. 9.
El 6 de julio de 2004 el Tribunal ordenó medidas provisionales6, que se encuentran aúnvigentes7. B. Procedimiento6. El 10 de septiembre de 2010 el señor Mario Melo Cevallos y CEJIL,representantes del Pueblo Sarayaku para este caso (en adelante “los representantes),presentaron ante la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante“escrito de solicitudes y argumentos”), en los términos del artículo 40 del Reglamentode la Corte. Los representantes coincidieron sustancialmente con lo alegado por laComisión, solicitaron al Tribunal que declare la responsabilidad internacional delEstado por la alegada violación de los mismos artículos de la Convención Americanaseñalados por la Comisión Interamericana, con alcances más amplios, y alegaron que elEstado también había violado: a) el derecho a la cultura, reconocido en el artículo 26 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros del Pueblo Sarayaku, y b) el derecho a la integridad personal y el derecho a la libertad personal, contemplados en los artículos 5 y 7 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, así como el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “CIPST”), en perjuicio de cuatro dirigentes de Sarayaku detenidos ilegalmente el 25 de enero de 2003 por efectivos militares.En consecuencia, solicitaron a la Corte que ordene al Estado diversas medidas dereparación, así como el pago de costas y gastos.7. Asimismo, en dicha oportunidad solicitaron acogerse al Fondo de AsistenciaLegal de Víctimas de este Tribunal (en adelante “el Fondo de Asistencia Legal”) “paracubrir algunos costos concretos relacionados con la producción de prueba durante elproceso del presente caso ante la Corte”, los cuales especificaron y, posteriormente,presentaron elementos probatorios en relación con la carencia de recursos económicosde las presuntas víctimas para solventar dichos costos.8. Mediante Resolución de 3 de marzo de 2011, el Presidente de la Corte (enadelante “el Presidente”) declaró procedente la solicitud interpuesta por las presuntasvíctimas, a través de sus representantes, para acogerse al Fondo de Asistencia Legal(supra párr. 7), y aprobó que se otorgara la asistencia económica necesaria para lapresentación de un máximo de cuatro declaraciones.9. El 12 de marzo de 2011 el Estado presentó ante la Corte su escrito deinterposición de excepción preliminar, contestación a la demanda y observaciones alescrito de solicitudes, argumentos y pruebas (en adelante “contestación a la demanda”).En dicho escrito, el Estado interpuso una excepción preliminar de falta de agotamiento6 Cfr. Asunto Pueblo Indígena Sarayaku. Medidas Provisionales respecto de Ecuador. Resoluciónde la Corte de 6 de julio de 2004. Disponible enhttp://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sarayaku_se_01.pdf7 Mediante resoluciones de 17 de junio de 2005 y de 4 de febrero de 2010, la Corte ratificó lavigencia de las medidas provisionales respecto de la República del Ecuador. Resoluciones disponibles enhttp://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sarayaku_se_02.pdf yhttp://www.corteidh.or.cr/docs/medidas/sarayaku_se_04.pdf 10.
de los recursos de jurisdicción interna. El Estado designó como Agentes a los señoresErick Roberts Garcés, Rodrigo Durango Cordero y Alfonso Fonseca Garcés.10. Los días 18 y 19 de mayo de 2011 la Comisión Interamericana y losrepresentantes presentaron, respectivamente, sus observaciones a la excepciónpreliminar interpuesta por el Estado y solicitaron a la Corte que la desestime.11. El 17 de junio de 2011 el Presidente de la Corte dictó una Resolución8, mediantela cual ordenó recibir declaraciones rendidas ante fedatario público (afidávit) por docepresuntas víctimas, propuestas por los representantes, un testigo propuesto por el Estadoy seis peritos propuestos por los representantes. Asimismo, mediante dicha Resoluciónel Presidente convocó a las partes a una audiencia pública y realizó determinacionesrespecto del Fondo de Asistencia Legal.12. La audiencia pública sobre excepción preliminar y eventuales fondo yreparaciones fue celebrada los días 6 y 7 de julio de 2011, durante el 91° PeríodoOrdinario de Sesiones de la Corte, realizado en su Sede9. En la audiencia se recibieronlas declaraciones de cuatro miembros del Pueblo Sarayaku, dos testigos propuestos porel Estado, un perito propuesto por la Comisión y un perito propuesto por losrepresentantes, así como los alegatos finales orales de los representantes y el Estado, ylas observaciones finales orales de la Comisión.13. Por otra parte, el Tribunal recibió escritos de amicus curiae de: 1) la Clínica deDerechos Humanos de la Facultad de Derecho de Seattle University10; 2) la ClínicaJurídica de la Universidad de San Francisco de Quito11; 3) el Centro de DerechosHumanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador12; 4) AmnistíaInternacional13; 5) la “Alianza Regional por la Libre Expresión e Información”14; 6) las8 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kíchwa de Sarayaku vs. Ecuador. Resolución del Presidente de laCorte de 17 de junio de 2011. Disponible enhttp://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/Sarayaku_17_6_11.pdf9 A esta audiencia comparecieron: a) por la Comisión Interamericana: Luz Patricia Mejía,Comisionada, y Karla Quintana Osuna, asesora; b) por los representantes: el señor José María GualingaMontalvo, Presidente de Sarayaku, el señor Mario Melo, abogado, y Viviana Kristicevic y Gisela de León,de CEJIL; y por el Estado: Erick Roberts Garcés, Agente, Alonso Fonseca Garcés, Agente Alterno, DoloresMiño Buitrón, María del Cisne Ojeda y el Coronel Rodrigo Braganza, asesores. Además, asistieron a estaaudiencia los siguientes miembros del Pueblo Sarayaku: Eriberto Benedicto Gualinga Montalvo, FrancoTulio Viteri Gualinga, Hernán Malaver, Jorge Malaver, Sandra Gualinga, Bolivar Luis Dahua Imunda,Sabine Bouchat, Catalina Santi Gualinga, Carlos Wilfrido Carrasco Castro, Clever Fransisco Sando Mitiap,Carlos Santiago Mazabanda Calles, y Cristina Corina Gualinga Cuji.10 Escrito presentado por Thomas Antkowiak y Alejandra Gonza el 29 de abril de 2011.11 Escrito presentado por Marcel Jaramillo y Elizabeth Rodríguez el 30 de junio de 2011.12 Escrito presentado por David Cordero Heredia, Coordinador del Centro de Derechos Humanos,Harold Burbano, Asesor Jurídico, y Mónica Vera, Asesora Jurídica el 5 de julio de 2011.13 Presentado por Susan Lee, Directora para América, el 14 de julio de 2011.14 Escrito presentado por Karina Banfi, Secretaria Ejecutiva, el 19 de julio de 2011. Además,adhirieron Manfredo Marroquín, Director Ejecutivo de Acción Ciudadana de Guatemala; Nery MabelReyes, Presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador; Juan Javier Zeballos Gutiérrez, DirectorEjecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia; Álvaro Herrero, Director Ejecutivo de laAsociación por los Derechos Civiles de Argentina; Edison Lanza Robatto, Director Ejecutivo del Centro deArchivo y Acceso a la Información Pública de Uruguay; Elizabeth Ungar Bleier, Directora Ejecutiva de laCorporación Transparencia por Colombia; Katya Salazar, Directora Ejecutiva de la Fundación para elDebido Proceso de los Estados Unidos; Andrés Morales, Director Ejecutivo de la Fundación para laLibertad de Prensa de Colombia; Moises Sanchez Riquelme, Director Ejecutivo de la Fundación ProAcceso de Chile; César Ricaurte, Director Ejecutivo de Fundamedios de Ecuador; Miguel Ángel PulidoJiménez, Director Ejecutivo de Fundar, Centro de Análisis e Investigación de México; Ezequiel FranciscoSantagada, Director Ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambiental de Paraguay; AlejandroDelgado Faith, Presidente del Instituto de Prensa y Libertad de Expresión de Costa Rica; Ricardo Uceda, 11.
señoras Luz Ángela Patiño Palacios y Gloria Amparo Rodríguez y el señor Julio CesarEstrada Cordero; 7) el señor Santiago Medina Villareal y la señora Sophie Simon; 8) laClínica Internacional de Derechos Humanos “Allard K. Lowenstein” de la Facultad deDerecho de Yale University15, y 9) la organización “Forest Peoples Programme”16.14. El 5 y 8 de agosto de 2011 el Estado y los representantes presentaron,respectivamente, sus alegatos finales escritos, y el día 8 del mismo mes y año laComisión presentó sus observaciones finales escritas. Mediante nota de Secretaría de 19de agosto de 2011, y siguiendo instrucciones del Presidente, se otorgó un plazo para quese presentaran las observaciones que estimaran pertinentes a los anexos remitidos porlos representantes y el Estado.15. Mediante nota de Secretaría de 19 de agosto de 2011 se informó al Estado,siguiendo instrucciones del Presidente, y de conformidad con el artículo 5 delReglamento de la Corte sobre el Funcionamiento del Fondo de Asistencia Legal deVíctimas, las erogaciones realizadas en aplicación de dicho Fondo en este caso,otorgándole un plazo improrrogable hasta el 2 de septiembre de 2011 para presentar lasobservaciones que estimare pertinentes. El Estado no presentó observaciones.16. El 1 de septiembre de 2011 los representantes y el Estado presentaron susobservaciones sobre anexos a los alegatos finales de la otra parte. El 2 de septiembre de2011 la Comisión Interamericana manifestó, inter alia, que no tenía observaciones a losanexos presentados por los representantes y, en relación con los remitidos por el Estado,observó que “varios de éstos son extemporáneos”, por lo que solicitó su rechazo sinespecificar a cuales documentos se refería.17. Mediante nota de Secretaría de 6 de septiembre de 2011 se informó a losrepresentantes, siguiendo instrucciones del Presidente, que sus manifestaciones yalegatos que no se referían específicamente a la admisibilidad o contenido de losdocumentos aportados por el Estado con sus alegatos finales escritos eran inadmisibles,por lo que no serían considerados por la Corte. En la misma nota se informó al Estado,siguiendo instrucciones del Presidente, que su escrito de observaciones era inadmisible,puesto que el Estado había presentado alegatos que no se referían específicamente a losanexos remitidos por los representantes17. C. Diligencia de visita al Pueblo Sarayaku18. En su escrito de alegatos finales de 5 de agosto de 2011, el Estado reiteró unasolicitud expresada durante la audiencia pública, para que la Corte “efect[uara] unavisita de campo a las Comunidades del Río Bobonaza [con la finalidad de que aquélla]pud[iera] reconocer en el terreno las complejidades jurídicas y socio-ambientales delcaso materia de esta litis”. Además, durante la audiencia, una de las presuntas víctimas,Director Ejecutivo del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, y Mercedes de Freitas, Directora Ejecutiva deTransparencia Venezuela.15 Escrito presentado por James J. Silk, Director y Profesor de Derecho, y Allyson A. McKinney el21 de julio de 2011.16 Escrito presentado por Fergus MacKay el 22 de julio de 2011.17 Los anexos de los representantes únicamente pretendían sustentar sus solicitudes sobre costasy gastos, por lo que se informó, además, que la admisibilidad y, en su caso, valor probatorio de losreferidos anexos serían decididos por el Tribunal en sentencia. 12.
la señora Ena Santi, solicitó a la Corte que se constituyera en Sarayaku18. El 28 deseptiembre de 2011 el Presidente Constitucional del Ecuador, señor Rafael CorreaDelgado, se dirigió al Presidente de la Corte para “ratificar y formalizar la invitaciónhecha por los agentes del Estado en las audiencias celebradas en San José de Costa Rica[…] [para] que la Corte Interamericana efect[uara] una visita oficial [a su país]”.Posteriormente, siguiendo instrucciones del Presidente de la Corte, se dio oportunidad ala Comisión y a los representantes para que presentaran sus observaciones al respecto.19. Mediante Resolución de 20 de enero de 2012 del Presidente de la Corte 19, deconformidad con los artículos 4, 15.1, 26.1, 26.2, 31.2, 53, 55, 58 y 60 del Reglamentode la Corte y en consulta con los demás miembros de la Corte, se resolvió comisionar auna delegación del Tribunal encabezada por el Presidente para realizar una visita alterritorio del Pueblo Sarayaku en el Ecuador20. Además, se desestimó una solicitud delEstado en cuanto a la realización de un peritaje adicional.20. Dicha visita tendría el propósito de realizar “diligencias encaminadas a obtenerinformación adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y lugares en quehabrían ocurrido algunos de los hechos alegados”. Asimismo, “[c]onforme al principiodel contradictorio y en aras de mantener el equilibrio procesal, [se indicó que] la visitase realizar[ía] con la participación de representantes de las presuntas víctimas, de laComisión Interamericana y del Estado, si lo estima[ban] necesario”. Finalmente, seseñaló que “la diligencia in situ se llevar[ía] a cabo en lugares del territorio […]Sarayaku en que se alega[ba] ocurrieron hechos incluidos en el marco fáctico delcaso”21.21. Por primera vez en la historia de la práctica judicial de la Corte Interamericana,una delegación de Jueces realizó una diligencia en el lugar de los hechos de un casocontencioso sometido a su jurisdicción. Así, el 21 de abril de 2012 una delegación de laCorte, acompañada por delegaciones de la Comisión, de los representantes y del Estado,visitó el territorio del Pueblo Sarayaku22. A su llegada, las delegaciones fueron recibidas18 “[E]l Estado dice que ha dado proyectos en beneficio de Sarayaku. El Estado dio sí algunosproyectos […] pero tampoco lo cumplió […]. Están invitados a Sarayaku para verificar como está lasituación de los proyectos que ha dado el Estado” (Minuto 49.05 – 49.25 de la grabación, parte 3).“Señores jueces de la Corte Interamericana, estoy invitando para que lleguen a Sarayaku para queverifiquen in situ las obras del Gobierno, a ver si hay una pista hermosa, linda, hecha por el Estado, sihay puentes acabados, y todas aquellas obras que dicen haber dado al Pueblo de Sarayaku. Lleguenhasta allá, les vamos a esperar […]” (Minuto 55.00 a 55.22 de la grabación)19 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kíchwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de laCorte de 20 de enero de 2012. Disponible en http://corteidh.or.cr/docs/asuntos/sarayaku1.pdf20 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kíchwa de Sarayaku vs. Ecuador. Resolución del Presidente de laCorte de 20 de enero de 2012, párr. 17.21 En la resolución se consideró que, “si bien el Estado solicitó una visita a ‘las Comunidades delRío Bobonaza’, el caso sometido a conocimiento del Tribunal se refiere a hechos que se alega ocurrieronen el territorio Sarayaku y en zonas aledañas”, por lo que se decidió circunscribir la referida diligencia devisita a su territorio, lo que no se ve afectado por el hecho de haber visitado también la comunidad quehabita el sector denominado Jatun Molino, ante una propuesta de los representantes y el Estado en esesentido (Escrito de los representantes de las presuntas víctimas de 20 de febrero de 2012 y escrito delEstado de 13 de marzo de 2012). Al respecto, la Corte considera necesario aclarar que el objeto delpresente caso ha sido determinar si el Estado es responsable por alegadas violaciones a la ConvenciónAmericana en perjuicio del Pueblo Sarayaku. El Tribunal no ignora que este pueblo indígena se encuentraen un territorio donde existen otras comunidades indígenas y que, naturalmente, existen relacionesentre las mismas y pueden confluir intereses convergentes y divergentes o derechos de las otrascomunidades. No obstante, no le corresponde a este Tribunal, en el presente caso, realizar otrasdeterminaciones respecto de otras comunidades, poblaciones o personas que no sean la que ha actuadocomo peticionaria en este caso.22 La delegación del Tribunal que efectuó la visita estuvo integrada por el Presidente de la Corte,Juez Diego García-Sayán, la Jueza Rhadys Abreu Blondet, el Secretario Pablo Saavedra Alessandri y los 13.
por numerosos miembros del Pueblo Sarayaku. Luego de cruzar el Río Bobonaza encanoas, se dirigieron a la casa de la asamblea del Pueblo (Tayjasaruta), donde fueronrecibidos por el señor José Gualinga, Presidente, los kurakas, los yachaks y otrasautoridades y miembros del Pueblo. Estaban presentes, además, representantes de otrasnacionalidades indígenas del Ecuador. Allí la delegación de la Corte escuchó numerosasdeclaraciones de miembros de Sarayaku, entre ellos jóvenes, mujeres, hombres,ancianos, niñas y niños de la comunidad23, quienes compartieron sus experiencias,percepciones y expectativas acerca de sus modos de vida, cosmovisión y lo que hanvivido en relación con los hechos del caso. El Presidente de la Corte también otorgó lapalabra a los representantes de las delegaciones, quienes dieron sus puntos de vista. Enese momento, el Secretario Jurídico de la Presidencia, doctor Alexis Mera, efectuó unreconocimiento de responsabilidad del Estado (infra párrs. 23 y 24). Por último, lasdelegaciones realizaron un recorrido a pie por el Pueblo, específicamente en Sarayakucentro, cuyos miembros compartieron varias expresiones y rituales culturales. Además,las delegaciones realizaron un sobrevuelo del territorio, durante el cual se observaronlugares en que ocurrieron hechos del caso. Posteriormente, las delegaciones sedirigieron hacia la población de Jatun Molino, donde escucharon a algunas personas dellugar. III COMPETENCIA22. La Corte Interamericana es competente, en los términos del artículo 62.3 de laConvención, para conocer el presente caso, en razón de que el Ecuador es Estado Parteen la Convención Americana desde el 28 de diciembre de 1977 y reconoció lacompetencia contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.abogados de la Secretaría, Olger I. González Espinosa, coordinador, y Jorge Errandonea. Asimismo, porparte del Estado del Ecuador estuvieron presentes el Secretario Jurídico de la Presidencia de laRepública, doctor Alexis Mera; la Ministra de Justicia, doctora Johana Pesántez, el Vicecanciller, doctorMarco Albuja, el Secretario Ejecutivo del ECORAE, antropólogo Carlos Viteri, entre otros funcionariosestatales. Por la Comisión Interamericana estuvieron presentes las abogadas Isabel Madariaga y Karla I.Quintana. Además, estuvieron presentes el señor Mario Melo y la señora Viviana Kristicevic, por parte delos representantes.23 Entre otras, se escucharon las declaraciones de Narsiza Gualinga, Delegada de Shiwakocha;Holger Cisneros, Delegado de Shiwakocha; Franco Viteri, Delegado de Pista; Digna Gualinga, Delegadode Pista; Lenin Gualinga, Delegado de Pista; Cesar Santi, Delegado de Sarayakillu; Isidro Gualinga,Delegado de Kali Kali; y Siria Viteri y Ronny Ávilez, por los jóvenes de Sarayaku. 14.
IV RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL23. Durante la diligencia de visita efectuada por la Corte al territorio de Sarayaku,luego de escuchar las declaraciones de varios miembros del Pueblo, el Presidente de laCorte otorgó la palabra al señor Secretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de laRepública del Ecuador, Alexis Mera, quien hizo la siguiente manifestación: […] les voy a decir una cosa, no sólo a título personal, sino [a] nombre del Presidente Correa, quién me pidió que viniera […] yo no me siento que estamos enfrentados. ¿Por qué? Porque todas las cosas que se han denunciado en esta jornada, todos los testimonios, todos los actos invasivos de la extracción petrolera que se produjeron en el año 2003, el gobierno no los quiere confrontar. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003 y quiero que se lo diga y se me entienda con claridad. El gobierno reconoce la responsabilidad. Por lo tanto, todos los actos que se produjeron, los actos invasivos, los actos de las fuerzas armadas, los actos en contra de la destrucción de ríos, son temas que condenamos como gobierno y que creemos que hay derecho a la reparación. Por lo tanto, yo invito a la contraparte, que nos sentemos a tratar de hablar de las reparaciones. Toda reparación que haya que hacer a la comunidad, el Estado está dispuesto a realizarlo. Y esto lo digo de la manera más frontal. Tal es así que esta audiencia fue hecha por pedido del propio Presidente de la República: el propio Presidente pidió por escrito al Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que venga para constatar la situación del pueblo Sarayaku y también para constatar que este gobierno fue el que expulsó a la petrolera CGC. Nosotros cuando llegamos hace 5 años encontramos que había todos estos incidentes y había todos estos malestares y había un problema grave en el bloque, y nosotros, como ustedes saben, hemos expulsado a la compañía petrolera CGC. Ya no está explotando. Y no habrá explotación petrolera aquí mientras no haya una consulta previa. Ahí veía los que llegaban acá a visitar, que decían “no a la ronda 23”. […] No hay una nueva ronda que se inicie mientras no haya una consulta informada. ¿Y que es esa consulta? Tiene que ver especialmente con lo que hablaba de la contaminación: qué es lo que no debe contaminarse, porque 15.
no pueden contaminarse los ríos y las comunidades por la acción del petróleo; no puede haber contaminación, no puede permitirse una explotación petrolera que contamine. Y también tiene que hablarse acerca de la situación de las comunidades; ¿cómo está la situación de salud? ¿cómo está la situación de la educación? Podríamos aquí, en un momento en que se discuta el tema petrolero, podrían aquí venir los mejores médicos a tratar a las madres de familia, tener los mejores equipos de salud, los mejores profesores que vengan de Quito si va a haber dinero con la explotación petrolera. La explotación petrolera debe beneficiar a las comunidades. Lo que pasa es que ancestralmente el Estado ha estado a las espaldas de los pueblos indígenas. Esa es la realidad histórica de este país: como ha estado a espaldas a los pueblos indígenas, la explotación petrolera se ha hecho en perjuicio de las comunidades, pero ese régimen no lo queremos, no lo quiere el gobierno, y por lo tanto no vamos a hacer ninguna explotación petrolera a espalda de las comunidades sino con el diálogo que habrá en algún momento, si es que decidimos iniciar la explotación petrolera o pensar en una explotación petrolera aquí. No va a haber ningún desarrollo petrolero sin un diálogo abierto, franco; no un diálogo hecho por la petrolera, como siempre se ha acusado. Nosotros hemos cambiado la legislación para que los diálogos sean desde el gobierno y no desde el sector extractivo. Por lo que en definitiva, señor Presidente, le agradezco que me haya concedido la palabra. Vuelvo a repetir que el Estado reconoce la responsabilidad, está dispuesto a llegar a cualquier arreglo de reparación y finalmente una reflexión final: ya esa visión de que nos acusan los demandantes de “malos”... Yo me acuerdo de que el señor Cisneros decía que nosotros somos los “malos”… yo no lo veo así, yo creo que ha habido sufrimientos que deben repararse. Y finalmente, en lo que respecta a los conocimientos ancestrales, yo aquí veo a la dirigencia indígena. Deberíamos trabajar juntos para demandar a las empresas que se roban los derechos ancestrales de las comunidades indígenas, deberíamos en un momento entrar en un diálogo, franco, para establecer y que no se permita que todos estos conocimientos que ha habido en estas comunidades se los roben otras personas y se hagan millonarias, en algún momento deberíamos conversar del tema. Gracias señor Presidente.24. Luego de estas manifestaciones, el Presidente de la Corte otorgó la palabra a losmiembros del Pueblo Sarayaku, a sus representantes para este caso y a la ComisiónIntermaericana, quienes presentaron sus observaciones al respecto. Inmediatamente 16.
después de la asamblea, miembros del Pueblo Sarayaku comunicaron que éste habíadecidido esperar la sentencia de la Corte.25. El 15 de mayo de 2012, luego de la diligencia en el territorio y delreconocimiento de responsabilidad, el Estado manifestó que “la declaración pública [delSecretario de Asuntos Jurídicos de la Presidencia] es por sí sola y de manera previa unafórmula de reparación de derechos humanos, enmarcada en lo establecido por el artículo63. 1 de la Convención Americana”, y solicitó a la Corte que “trasmita oficialmente estaposición, que permitirá eventualmente a las partes avanzar en entendimientos puntualesy técnicos sobre reparaciones o aspectos de fondo según el caso”. La Comisión y losrepresentantes no presentaron observaciones al respecto.26. De conformidad con los artículos 62 y 64 del Reglamento24, y en ejercicio de suspoderes de tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden públicointernacional que trasciende la voluntad de las partes, incumbe al Tribunal velar porquelos actos de allanamiento resulten aceptables para los fines que busca cumplir elSistema Interamericano. En esta tarea no se limita únicamente a constatar, registrar otomar nota del reconocimiento efectuado por el Estado, o a verificar las condicionesformales de los mencionados actos, sino que los debe confrontar con la naturaleza ygravedad de las violaciones alegadas, las exigencias e interés de la justicia, lascircunstancias particulares del caso concreto y la actitud y posición de las partes25, demanera tal que pueda precisar, en cuanto sea posible y en el ejercicio de sucompetencia, la verdad de lo acontecido26.27. La Corte constata que, en el presente caso, el reconocimiento de responsabilidadha sido efectuado por el Estado en términos amplios y genéricos. Corresponde entoncesal Tribunal otorgar plenos efectos al acto del Estado y valorarlo positivamente por sutrascendencia en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, enparticular por haber sido efectuado en el propio territorio Sarayaku en el marco de ladiligencia efectuada en este caso. Así, tal reconocimiento representa para la Corte unaadmisión de los hechos contenidos en el marco fáctico de la demanda de la Comisión27,24 Estas normas del Reglamento de la Corte establecen: “Artículo 62. Reconocimiento. Si eldemandado comunicare a la Corte su aceptación de los hechos o su allanamiento total o parcial a laspretensiones que constan en el sometimiento del caso o en el escrito de las presuntas víctimas o susrepresentantes, la Corte, oído el parecer de los demás intervinientes en el proceso, resolverá, en elmomento procesal oportuno, sobre su procedencia y sus efectos jurídicos”. “Artículo 64. Prosecución delexamen del caso. La Corte, teniendo en cuenta las responsabilidades que le incumben de proteger losderechos humanos, podrá decidir que prosiga el examen del caso, aun en presencia de los supuestosseñalados en los artículos precedentes”.25 Cfr. Caso Kimel Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de mayo de 2008.Serie C No. 177, párr. 24 y Caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 31 de agosto de 2011. Serie C No. 232, párr. 25.26 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparacionesy Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párr. 17 y Caso Contreras y otros Vs. ElSalvador, párr. 25.27 Por otro lado, el Estado se ha referido a procesos penales abiertos contra miembros deSarayaku, en relación con supuestos hechos de violencia y con un supuesto hurto de 150 kg. deexplosivo pentolita, por lo cual uno de esos miembros de la comunidad habría sido penalmentecondenado. A su vez, manifestó que “entre el 22 de noviembre de 2002 y el 25 de enero de 2003 fueronsecuestrados 29 trabajadores vinculados a CGC” (f.492, t 2). Además, alegó que los miembros deSarayaku estarían obteniendo beneficios económicos con la existencia del explosivo pentolita en suterritorio. Al respecto, la Corte precisa, una vez más, lo establecido desde la primera sentencia dictadaen un caso contencioso: que no es un tribunal penal o una instancia que analiza o determina laresponsabilidad criminal, administrativa o disciplinaria de los individuos (Cfr. Caso Velásquez RodríguezVs. Honduras. Fondo. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 134 y Caso López Mendozavs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2011. Serie C No. 233,párr. 98.). De tal manera, aún si se ha aportado información, tales hechos estarían fuera del objeto delpresente caso. En consecuencia, la Corte no tomará en consideración alegatos sobre la culpabilidad o 17.
así como de los hechos pertinentes presentados por los representantes que los aclaren oexpliquen28. Asimismo, resalta el compromiso manifestado por el Estado relativo aimpulsar las medidas de reparación necesarias en diálogo con el Pueblo Sarayaku.Todas estas acciones por parte del Ecuador constituyen una contribución positiva aldesarrollo de este proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención29y, en parte, a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas deviolaciones de derechos humanos30.28. Por último, si bien ha cesado la controversia, la Corte procederá a ladeterminación puntual de los hechos ocurridos, toda vez que ello contribuye a lareparación de las víctimas, a evitar que se repitan hechos similares y a satisfacer, ensuma, los fines de la jurisdicción interamericana sobre derechos humanos31. Además, laCorte abrirá los capítulos correspondientes para analizar y precisar en lo quecorresponda el alcance de las alegadas violaciones y, al estar aún pendiente ladeterminación de las reparaciones, resolverá lo conducente. V EXCEPCIÓN PRELIMINAR (Falta de agotamiento de los recursos internos)29. El Estado alegó que el Pueblo Sarayaku interpuso un recurso de amparoconstitucional el 27 de noviembre de 2002 en contra de la empresa CGC y de susubcontratista “Daymi Services S.A.”, el cual habría quedado inconcluso por falta deacción de los propios recurrentes, es decir, el Pueblo Sarayaku, por lo que éstos noinocencia de miembros del Pueblo Sarayaku respecto de actuaciones irregulares que les hayan sidoimputadas, por no conformar el objeto del presente caso.28 En el escrito de solicitudes y argumentos, los representantes hicieron referencia a una serie dehechos no incluidos en la demanda presentada por la Comisión. Es jurisprudencia reiterada del Tribunalque las presuntas víctimas y sus representantes pueden invocar la violación de otros derechos distintosa los ya comprendidos en la demanda, siempre y cuando se circunscriban a los hechos ya contenidos enésta, la que constituye el marco fáctico del proceso ante la Corte. Lo anterior no precluye la posibilidadde exponer aquellos hechos que permitan explicar, aclarar o desestimar los que han sido mencionadosen la demanda (Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 defebrero de 2003. Serie C No. 98, párrs. 153 y 154 y Caso Forneron e hija Vs. Argentina. Fondo,Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril de 2012 Serie C No. 242, párr. 17), o bien, los hechossupervinientes, que podrán ser remitidos al Tribunal en cualquier estado del proceso antes de la emisiónde la sentencia. En definitiva, corresponde a la Corte decidir en cada caso acerca de la procedencia dealegatos de tal naturaleza en resguardo del equilibrio procesal de las partes (Cfr. Caso de la “Masacre deMapiripán” Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 15 de septiembre de 2005. SerieC No. 134, párr. 58, y Caso Tores Millacura y otros Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 26 de agosto de 2011. Serie C No. 229, párr. 52). Por lo tanto, el Tribunal no considerarálos hechos alegados por los representantes que no conforman el marco fáctico o sobre hechos que no losexpliquen o aclaren, ni se referirá a los alegatos de derecho formulados por los representantes respectode hechos que excedan ese marco fáctico.29 Cfr. Caso del Caracazo Vs. Venezuela. Fondo. Sentencia de 11 de noviembre de 1999. Serie CNo. 58, párr. 43 y Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentenciade 27 de abril de 2012 Serie C No. 241, párr. 19.30 Cfr. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr. 18, y Caso Contreras y otros Vs. ElSalvador, párr. 26.31 Cfr. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 denoviembre de 2008. Serie C No. 190, párr. 26 y Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia, párr. 153. 18.
habrían prestado las facilidades ni la colaboración necesarias para el trámite ágil yeficiente del recurso. El Estado agregó que las partes fueron convocadas a una audienciapública el día 7 de diciembre de 2002, día en que compareció la demandada principal enel proceso, la empresa CGC, pero ningún representante de Sarayaku lo hizo, por lo que,según la Ley de Control Constitucional vigente en aquel momento, el recurso se tuvopor desistido. Por otro lado, el Estado manifestó que las presuntas víctimas tenían a sudisposición recursos adecuados para solucionar esta situación, tales como una queja antela Comisión de Recursos Humanos del Consejo Nacional de la Judicatura o un “juiciode recusación al juez que conoció la causa”. Al respecto, la Comisión manifestó, interalia, que durante el trámite del caso ante ella, el Estado efectivamente interpuso lareferida excepción, pero que, contrariamente a lo que alega ante la Corte, en esaoportunidad el Estado manifestó que el recurso de amparo no era adecuado y eficaz parasolucionar la situación, pues el amparo no estaba concebido para impugnar un contratode concesión petrolera, que debía ser impugnado a través de un recurso contencioso-administrativo, por lo que en su Informe 62/04 concluyó que el recurso de amparo eraadecuado según la legislación ecuatoriana aplicable al caso y que resultaba aplicable laexcepción prevista en el artículo 46.2.c) de la Convención, por la falta de resolución yefectividad del recurso. Por ende, la Comisión solicitó que, en virtud del principio deestoppel, la excepción interpuesta debe ser declarada improcedente. Por su parte, losrepresentantes coincidieron con la Comisión, presentaron otros alegatos y solicitaron ala Corte desestimar esta excepción.30. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 42.6, en concordancia con lo previsto enlos artículos 61, 62 y 64, todos de su Reglamento, la Corte estima que, al haberefectuado un reconocimiento de responsabilidad en el presente caso, el Estado haaceptado la plena competencia del Tribunal para conocer del presente caso, por lo que lainterposición de una excepción preliminar de falta de agotamiento de los recursosinternos resulta, en principio, incompatible con el referido reconocimiento32. Además, elcontenido de dicha excepción se encuentra íntimamente relacionado con el fondo delpresente asunto, en particular en lo referente a la alegada violación de los artículos 8 y25 de la Convención. En consecuencia, la excepción planteada carece de objeto y no esnecesario analizarla. VI PRUEBA31. Con base en lo establecido en los artículos 46, 47, 48, 50, 51, 57 y 58 delReglamento, así como en su jurisprudencia relativa a la prueba y su apreciación33, laCorte examinará y valorará los elementos probatorios documentales remitidos por la32 Cfr. Caso de la “Masacre de Mapiripán” Vs. Colombia. Excepciones Preliminares. Sentencia de 7de marzo de 2005. Serie C No. 122, párr. 30, y Caso de las Masacres de Ituango Vs. Colombia.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 148,párr. 104. Véase, en similar sentido, Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela.Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150,párr. 50, y Caso Vélez Loor vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr.27.33 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones yCostas. Sentencia de 25 de mayo de 2001, Serie C No. 76, párr. 51 y Caso Forneron e hija Vs.Argentina, párr. 10. 19.
Comisión, los representantes y el Estado en diversas oportunidades procesales, así comolas declaraciones de las presuntas víctimas y testigos, y los dictámenes pericialesrendidos mediante declaración jurada ante fedatario público y en la audiencia públicaante la Corte. Para ello, el Tribunal se atendrá a los principios de la sana crítica, dentrodel marco normativo correspondiente34. A. Prueba documental, testimonial y pericial32. El Tribunal recibió diversos documentos presentados como prueba por laComisión Interamericana, los representantes y el Estado, adjuntos a sus escritosprincipales. Asimismo, el Tribunal recibió las declaraciones rendidas ante fedatariopúblico (afidávit) por cuatro presuntas víctimas35, a saber: Sabine Bouchat, BerthaGualinga, Franco Viteri y José Gualinga, todos miembros de Sarayaku, y de seisperitos: Rodolfo Stavenhagen, Alberto Acosta Espinosa, Víctor Julio López Acevedo,Bill Powers, Shashi Kanth y Suzana Sawyer.33. La Corte hace constar que, en su escrito de 23 de junio de 2011, losrepresentantes manifestaron que habían “decidido presentar las declaraciones escritas”de cuatro de las presuntas víctimas y “desistir de la presentación” de las declaracionesde otras ocho presuntas víctimas, todas requeridas mediante la Resolución delPresidente de 17 de junio de 201136. Una vez que la presentación de una declaración hasido ordenada por el Presidente, la presentación de esa prueba deja de estar adisposición de las partes, por lo que no presentarla requiere de la respectivajustificación. De tal manera, la falta de presentación de la prueba únicamente puedeafectar, en su caso, a la parte que injustificadamente dejó de hacerlo.34. En cuanto a la prueba evacuada en audiencia pública, la Corte escuchó lasdeclaraciones de las siguientes presuntas víctimas: don Sabino Gualinga, líder espiritual(Yachak), Patricia Gualinga, dirigente de mujeres y familia, Marlon Santi, ex Presidentede la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador –CONAIE- y exPresidente de Sarayaku, y Ena Santi, todos miembros de Sarayaku. Además, escuchócomo testigos a Oscar Troya y David Gualinga (ofrecidos por el Estado) y a dos peritos(ofrecidos por la Comisión y los representantes): James Anaya, actual Relator Especialde Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, y al antropólogo y abogado RodrigoVillagra Carrón37. B. Admisión de la prueba documental35. En el presente caso, como en otros, el Tribunal admite el valor probatorio deaquellos documentos remitidos por las partes en la debida oportunidad procesal, asícomo aquellos relativos a hechos supervinientes remitidos por los representantes y por34 Cfr. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 8de marzo de 1998. Serie C No. 37, párr. 76 y Caso Forneron e hija Vs. Argentina, párr. 10.35 El Estado no remitió la declaración jurada del testigo Rodrigo Braganza, ofrecida por aquél yordenada mediante la Resolución del Presidente del Tribunal de 17 de junio de 2011 (supra párr. 11).36 Los representantes no presentaron las declaraciones juradas de Mario Santi, Felix Santi, IsidroGualinga, Eriberto Gualinga, Marcia Gualinga, Bolivar Dahua, Eliza Cisneros y Reynaldo Gualinga,ofrecidas por ellos y ordenadas mediante la Resolución del Presidente del Tribunal de 17 de junio de2011 (supra párr. 11).37 Cfr. Caso Pueblo Indígena Kíchwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Resolución del Presidente de laCorte de 17 de junio de 2011. 20.
la Comisión Interamericana, que no fueron controvertidos ni objetados, ni cuyaautenticidad fue puesta en duda, exclusivamente en la medida en que sean pertinentes yútiles para la determinación de los hechos y sus eventuales consecuencias jurídicas38.36. En cuanto a las notas de prensa presentadas por las partes y la Comisión juntocon sus distintos escritos, este Tribunal ha considerado que podrán ser apreciadascuando recojan hechos públicos y notorios o declaraciones de funcionarios del Estado, ocuando corroboren aspectos relacionados con el caso. El Tribunal decide admitir losdocumentos que se encuentren completos o que, por lo menos, permitan constatar sufuente y fecha de publicación, y los valorará tomando en cuenta el conjunto del acervoprobatorio, las observaciones de las partes y las reglas de la sana crítica39.37. Con respecto a algunos documentos señalados por las partes por medio deenlaces electrónicos, el Tribunal ha establecido que si una parte proporciona al menos elenlace electrónico directo del documento que cita como prueba y es posible acceder aéste, no se ve afectada la seguridad jurídica ni el equilibrio procesal, porque esinmediatamente localizable por el Tribunal y por las otras partes40. Además, en estecaso, no hubo oposición u observaciones de las otras partes sobre el contenido yautenticidad de tales documentos.38. Por otro lado, la Corte observa que, junto con las observaciones a la excepciónpreliminar interpuesta por el Estado, los representantes remitieron varios anexos encarácter de “prueba superviniente” y presentaron un documento titulado “Estudio dePoblamiento Tradicional, Poblacional y de Movilidad del Pueblo Originario Kichwa deSarayaku”41.39. Con respecto a la oportunidad procesal para la presentación de pruebadocumental, de conformidad con el artículo 57.2 del Reglamento, aquélla debe serpresentada, en general, junto con los escritos de sometimiento del caso (demanda), desolicitudes y argumentos o de contestación, según corresponda. No es admisible laprueba remitida fuera de las debidas oportunidades procesales, salvo en los supuestosexcepcionales establecidos en el referido artículo 57.2 del Reglamento, a saber, fuerzamayor, impedimento grave o si se trata de un hecho ocurrido con posterioridad a loscitados momentos procesales.40. En este sentido, el Tribunal observa que el Estado remitió diversos documentosjunto con sus alegatos finales escritos. Los representantes alegaron que todos esosdocumentos serían inadmisibles y que varios de ellos fueron presentados de formaextemporánea, lo cual no fue justificado por el Estado en alguna de esas situacionesexcepcionales y, más aún, que los documentos presentados se encontraban a disposicióndel Estado desde antes de su escrito de contestación. Igualmente, la Comisión solicitó ala Corte rechazar algunos de estos documentos por haber sido remitidos de formaextemporánea, pero sin especificar a cuáles documentos se refería. Al respecto, este38 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo Vs. Honduras, párr. 140 y Caso Forneron e hija Vs.Argentina, párr. 12.39 Cfr. Caso Velásquez Rodríguez, Fondo Vs. Honduras, párr. 146 y Caso Pacheco Teruel y otrosVs. Honduras, párr. 12.40 Cfr. Caso Escué Zapata Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio de2007. Serie C No. 165, párr. 26 y Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012. Serie CNo. 240, párr. 68.41 Cfr. “Estudio de Poblamiento Tradicional, Poblacional y de Movilidad del Pueblo OriginarioKichwa de Sarayaku” del año 2011 (expediente de prueba, Tomo 18, folios 9932 a 9988). 21.
Tribunal considera que no corresponde admitir aquellos documentos presentados por elEstado en sus alegatos finales escritos que no hubiesen sido presentados en el momentoprocesal oportuno42.41. En cuanto a los anexos presentados por los representantes junto con lasobservaciones a la excepción preliminar, el Tribunal observa que en el escrito desolicitudes y argumentos, los representantes señalaron que “el Pueblo [Sarayaku]esta[ba] llevando a cabo un proceso de censo, [y que] el mismo […] [sería] aportadoante la […] Corte tan pronto esté disponible”. Por ende, la Corte considera admisible elreferido estudio, en el entendido que el mismo no estaba aún disponible y que ademáshabía sido referido en el escrito de solicitudes y argumentos. En cuanto a los demásanexos presentados por los representantes junto con las observaciones a la excepciónpreliminar, la Corte únicamente admitirá aquellos documentos que sustenten hechossupervinientes.42. Por otra parte, los representantes remitieron, con sus alegatos finales escritos,comprobantes de gastos de litigio relacionados con el presente caso. El Tribunal sóloconsiderará aquellos documentos que se refieran a solicitudes de costas y gastos en quelos representantes alegaron haber incurrido con ocasión del procedimiento ante estaCorte, con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de solicitudes yargumentos. C. Admisión de las declaraciones de presuntas víctimas y de la prueba testimonial y pericial43. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones y dictámenes rendidos porlas presuntas víctimas y peritos en audiencia pública y mediante declaraciones juradas,en cuanto se ajusten al objeto definido por el Presidente en la Resolución que ordenórecibirlos (supra párr. 11) y al objeto del presente caso, los cuales serán valorados en elcapítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos del acervo probatorio43.Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal, las declaraciones rendidas por laspresuntas víctimas no pueden ser valoradas aisladamente sino dentro del conjunto de laspruebas del proceso, ya que son útiles en la medida en que pueden proporcionar mayorinformación sobre las presuntas violaciones y sus consecuencias 44. Éstos seránvalorados en el capítulo que corresponda, en conjunto con los demás elementos delacervo probatorio y tomando en cuenta las observaciones formuladas por las partes45.44. El Estado remitió, junto con su lista definitiva de declarantes, un documentotitulado “Informe Antropológico Protocolizado” suscrito por el señor Borris AguirrePalma, quien fue originalmente ofrecido como perito por el Estado en su contestación.Al enviarlo, el Estado manifestó que lo hacía “sobre el objeto aprobado por la Corte”.Según consta en la Resolución del Presidente de 17 de junio de 2011, dicho peritaje nohabía sido requerido por la Corte ni por su Presidente. El referido documento suscrito42 Los anexos al escrito de alegatos finales del Estado que no serán considerados porextemporáneos son los anexos 1a 5, 13 a 17, 28, 32 y 39 a 45.43 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No.33, párr. 43 y Caso Pacheco Teruel Vs. Honduras, párr. 13.44 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo, párr. 43 y Caso Forneron e hija Vs. Argentina, párr.13.45 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo, párr. 43 y Caso Forneron e hija Vs. Argentina, párr.13. 22.
por el señor Aguirre Palma, remitido por el Estado como un peritaje, no fue presentadocomo prueba documental en el momento procesal oportuno, ni puede ser consideradocomo un peritaje, pues no fue requerido por el Tribunal o su Presidente, ni fueproducido de acuerdo con las disposiciones contenidas en los artículos 41.1.b, 46 y 50del Reglamento en materia de ofrecimiento, citación y comparecencia de declarantes.En consecuencia, tal documento no es admisible.45. Asimismo, esta Corte hace constar que no fue remitida la declaración del señorRodrigo Braganza, ofrecida por el Estado como testigo y requerida en el puntoresolutivo primero de la Resolución del Presidente de 17 de junio de 2011. El Estadoacreditó al señor Braganza como parte de la delegación que lo representaría en laaudiencia46, lo cual fue objetado por los representantes durante la reunión previa a lamisma por considerar que había sido convocado como testigo. El señor Braganzaparticipó, como parte de la delegación acreditada por el Estado, en la presentación delos alegatos finales orales del Estado durante la audiencia pública, refiriéndose al temade la pentolita enterrada en el territorio del Pueblo Sarayaku. Los representantesmanifestaron en sus alegatos finales que lo anterior no debería ser valorado por la Corte.Por lo tanto, al haberse presentado como parte de la delegación del Estado, la Corteestima que las expresiones del señor Braganza no constituyen elementos de pruebapropiamente dichos sino alegatos de parte.46. En lo que se refiere a la declaración en audiencia del señor Oscar Troya, testigopropuesto por el Estado, el Tribunal pone de manifiesto que al contestar una pregunta delos representantes durante su testimonio en audiencia, el mismo señor Troya aceptó quehabía estado presente en la sala de audiencia mientras se recibían las declaraciones delas presuntas víctimas, testigos y peritos. Corresponde a las partes comunicar a lostestigos que ofrecen las reglas de comparecencia ante la Corte. La Corte considera queesa conducta, además de afectar el principio de equilibrio procesal entre las partes en elprocedimiento, contraviene lo dispuesto en el artículo 51.6 del Reglamento de la Corte.Por ende, la Corte no admite el testimonio del señor Oscar Troya. D. Valoración del expediente de medidas provisionales47. En su demanda, bajo la sección “valoración de la prueba” del capítulo de“fundamentos de hecho”, la Comisión Interamericana tuvo en cuenta que ante ellaestuvo en trámite el expediente sobre medidas cautelares y que se encontraban entrámite las medidas provisionales ordenadas por la Corte. Luego, consideró que elEstado, “como parte en ambos procedimientos, ha tenido la oportunidad de controvertiry objetar las pruebas aportadas por los peticionarios y, por tanto, existe un equilibrioprocesal entre las partes”, por lo que incorporó al acervo probatorio “las pruebasaportadas por las partes en el procedimiento de medidas cautelares y provisionales”. Porsu parte, los representantes han hecho numerosas referencias en sus solicitudes yargumentos a las medidas provisionales o a documentos aportados en el marco de lasmismas. Por otro lado, el Estado ha alegado en su contestación que los informes que haenviado referentes a las medidas provisionales “deben ser valorados como prueba afavor del Estado por la Corte Interamericana”.48. Esta Corte recuerda que el objeto del procedimiento de medidas provisionales,de naturaleza incidental, cautelar y tutelar, es distinto al de un caso contencioso, tantoen los aspectos procesales como de valoración de la prueba y alcances de las46 El Estado solicitó su acreditación por escrito de 5 de julio de 2011. 23.
decisiones47. No obstante, a diferencia de otros casos48, las presuntas víctimas delpresente caso han sido también beneficiarias de esas medidas de protección, es decir, elgrupo concreto o potencial de los beneficiarios es idéntico al grupo de personasconformado por las presuntas víctimas. Además, el objeto de las medidas provisionalescoincide con muchos de los aspectos del fondo de la controversia. De tal manera, losescritos y documentación presentados en el procedimiento de medidas provisionalesserán considerados parte al acervo probatorio del presente caso, según hayan sidooportuna, específica y debidamente referidos o identificados por las partes en relacióncon sus alegatos. E. Valoración de la diligencia de visita al territorio Sarayaku49. Con respecto a la diligencia in situ (supra párrs. 18 a 21) encaminada a obtenerinformación adicional acerca de la situación de las presuntas víctimas y lugares en quehabrían ocurrido algunos de los hechos alegados en el presente caso, la informaciónrecibida será valorada en consideración de las circunstancias particulares en la quefueron producidos. De ese modo, de acuerdo con la jurisprudencia de este Tribunal, lasdeclaraciones rendidas por las personas que fueron escuchadas no pueden ser valoradasaisladamente sino dentro del conjunto de las pruebas del proceso, ya que son útiles en lamedida en que pueden proporcionar mayor información sobre las alegadas violaciones ysus consecuencias49.50. En lo que respecta a la información recibida en Jatun Molino, la Corte la hatomado como información contextual pero no hará determinación alguna respecto deesa comunidad (supra párr. 20). VII HECHOS A. El Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku5051. La nacionalidad Kichwa51 de la Amazonía ecuatoriana comprende dos Pueblosque comparten una misma tradición lingüística y cultural: el Pueblo Napo-Kichwa y el47 Cfr. Caso Perozo y otros vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 28 de enero de 2009. Serie C No. 195, párr. 69 y Caso Fernández Ortega y otrosVs. México. Excepcion Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010.Serie C No. 215, párr. 70.48 Cfr. Caso Ríos y otro vs. Venezuela. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.Sentencia de 29 de enero de 2009. Serie C No. 194, párr. 58 y Caso Perozo y otros, párr. 69. Véaseasimismo, Caso Torres Millacura Vs. Argentina, párr. 55 y Caso Familia Barrios Vs. Venezuela, párr. 6.49 Cfr. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú, Fondo, párr. 43 y Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile, párr.25.50 La mayor parte de los hechos de esta sección no han sido controvertidos y surgenprincipalmente de un Informe antropológico-jurídico de FLACSO sobre los impactos sociales y culturalesde la presencia de la compañía CGC en Sarayaku de mayo de 2005. FLACSO, Sarayaku: el Pueblo delCénit, 1ª Edición, CDES-FLACSO, Quito, 2005 (expediente de Prueba, tomo 8, folios 4224 y ss). Además,se cita otra prueba relevante según sea necesario. 24.
Pueblo Kichwa del Pastaza. La autodefinición de los Kichwa de la provincia de Pastazacomo Runas (personas o seres humanos) marca su adscripción y pertenencia al mismoespacio identitario intraétnico frente a los otros Pueblos indígenas no Kichwa52. Segúnel Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (“CODENPE”)53,los Kichwa de la Amazonía se han organizado en diferentes federaciones. El PuebloKichwa de Sarayaku y otros grupos kichwa-hablantes de la provincia de Pastaza formanparte del grupo cultural de los Canelos-Kichwa, quienes forman parte de una culturaemergente surgida de una mezcla de los habitantes originales de la zona norte delBobonaza54.52. El Pueblo Kichwa de Sarayaku se encuentra ubicado en la región del EcuadorAmazónico, en el área del bosque tropical, en la provincia de Pastaza, en diferentespuntos y en las riberas del Río Bobonaza. Su territorio se localiza a 400 m.s.n.m., a 65km de la ciudad de El Puyo. Es uno de los asentamientos Kichwas de la Amazonía demayor concentración poblacional y extensión territorial, que según censo del Pueblo secompone de alrededor de 1200 habitantes. El entorno territorial del pueblo Sarayaku esuno de los que ofrecen mayor biodiversidad en el mundo. El pueblo de Sarayaku estáformado por cinco centros poblados: Sarayaku Centro, Cali Cali, Sarayakillo,Shiwacocha y Chontayacu. Estos centros no constituyen comunidades independientes,sino que están adscritos al Pueblo de Sarayaku y en cada uno existen grupos de familiasampliadas o ayllus, los que a su vez están divididos en huasi, que son los hogaresformados por una pareja y sus descendientes. Esto pudo ser parcialmente observado porla delegación de la Corte en su visita.53. El territorio donde se encuentra ubicado el Pueblo de Sarayaku es de difícilacceso. El desplazamiento entre Puyo –la ciudad más cercana– y Sarayaku,dependiendo de las condiciones climáticas, demora entre 2 y 3 días por vía fluvial através del río Bobonaza y aproximadamente ocho días por vía terrestre. Para ingresar alterritorio Sarayaku, sea por vía fluvial o terrestre, necesariamente se debe hacer por laParroquia Canelos. Asimismo, en Sarayaku existe un espacio para el aterrizaje deaviones pequeños, si bien la utilización de ese medio de transporte resulta onerosa.54. Los Sarayaku subsisten de la agricultura familiar colectiva, la caza, la pesca y larecolección dentro de su territorio de acuerdo con sus tradiciones y costumbresancestrales. Un promedio del 90% de sus necesidades alimenticias son satisfechas conproductos provenientes de su propia tierra y el 10% restante con bienes que provienendel exterior de la comunidad.55. En lo que concierne a la organización política, desde 1979 Sarayaku tiene unEstatuto inscrito ante el Ministerio de Bienestar Social, que integra autoridades comoPresidente, Vicepresidente, Secretario y Vocales. A partir del año 2004, Sarayaku fuereconocido como Pueblo Originario Kichwa de Sarayaku. En la actualidad, lasdecisiones sobre temas importantes o de especial trascendencia para el Pueblo se toman51 El artículo 83 de la Constitución establece que los Pueblos indígenas se autodefinen comonacionalidades de raíces ancestrales. Cfr. Constitución Política de la República de Ecuador (expediente dePrueba, tomo 8, folio 4079).52 Cfr. Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, (expediente de Prueba,tomo 8, folios 4169 y ss) y Ministerio de Educación y Cultura de Ecuador, “Nacionalidad Kichwa de laAmazonía”, (expediente de Prueba, tomo 8, folios 4190 y ss).53 El Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODENPE, fue creadomediante Decreto Ejecutivo No. 386, publicado en el Registro Oficial No. 86 del 11 de diciembre de1998.54 Cfr. Consejo de Desarrollo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, folios 4169 y ss. 25.
en la tradicional Asamblea comunitaria55, denominada Tayja Saruta-Sarayacu56, queademás constituye la máxima instancia de toma de decisiones. Además, se encuentraorganizado bajo un Consejo de Gobierno integrado por líderes tradicionales de cadacomunidad (kurakas o varayuks), autoridades comunitarias, ex dirigentes, mayores,sabios tradicionales (yachaks) y grupos de asesores y técnicos de la comunidad. Esteconsejo tiene capacidad de decisión en cierto tipo de conflictos internos y externos, perosu tarea principal es servir de interlocutor con los actores externos a Sarayaku sobre labase de las decisiones tomadas en asamblea.56. La organización del Pueblo Kichwa de Sarayaku forma parte de la CoordinaciónKichwa de Pastaza. Es también parte de la Confederación de las NacionalidadesIndígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE) y de la Confederación deNacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE).57. De acuerdo con la cosmovisión del Pueblo Sarayaku, el territorio está ligado aun conjunto de significados: la selva es viva y los elementos de la naturaleza tienenespíritus (Supay)57, que se encuentran conectados entre sí y cuya presencia sacraliza loslugares58. Únicamente los Yachaks pueden acceder a ciertos espacios sagrados einteractuar con sus habitantes59. B. Las exploraciones de petróleo en Ecuador58. Según señaló el Estado, a partir de la década de 1960 el Estado intensificó eldesarrollo de la actividad hidrocarburífera, concentrando su interés en la RegiónAmazónica del Ecuador. El Estado manifestó al respecto que en 1969 se descubrieronlas primeras reservas de crudo liviano en la zona nororiental y tres años más tardecomenzó su exportación, con lo que dicha región “cobró gran importancia geopolítica yeconómica transformándose de un ‘mito’ a un espacio estratégico nacional”. De acuerdocon lo manifestado por las partes, durante la década de los años 1970 Ecuador vivió uncrecimiento acelerado de la economía nacional, un aumento vertiginoso en lasexportaciones60 y un fuerte proceso de modernización de la infraestructura en lasciudades principales.59. Según fuera señalado por el Estado, en ese particular momento histórico seadoptaron medidas orientadas al control absoluto del recurso petrolero desde una55 La organización política del Pueblo Kichwa de Sarayaku ha sido reconocida por el SecretarioEjecutivo del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), medianteacuerdo 24 del 10 de junio del 2004. Véase informe antropológico-jurídico de FLACSO, folios 4226 y4227.56 Las Asambleas son convocadas para la elección de autoridades, presentación de los resultadosde sus gestiones, toma de decisiones que le atañen a todo el Pueblo y para resolver cierto tipo deconflictos internos. Es importante señalar que los conflictos internos son manejados por varias instanciasprevias antes de llegar a la Asamblea. Solamente aquellos conflictos de mucha gravedad llegan hastaesta instancia. Estos conflictos son de dos tipos: la muerte de un miembro de la asociación y elincumplimiento de las disposiciones de la Asamblea. Véase informe antropológico-jurídico de FLACSO(expediente de prueba, folio 4273).57 Cfr. Declaración jurada de José María Gualinga Montalvo de 27 de junio de 2011 (expediente dePrueba, tomo 19, folios 10014 y ss).58 Cfr. Testimonio de Sabino Gualinga y peritaje de Rodrigo Villalba ante la Corte durante laaudiencia pública celebrada los 6 y 7 de julio de 2011.59 Cfr. Testimonios rendidos por Sabino Gualinga y Rodrigo Villalba ante la Corte durante laaudiencia pública celebrada los 6 y 7 de julio de 2011.60 Cfr. Alberto Acosta, “Preparémonos para lo que se avecina. En el Oriente es un Mito”, 1ªEdición, Abda Yala/CEP, Quito, 2003 (expediente de Prueba, tomo 1, folio 392). 26.
perspectiva nacionalista y bajo la filosofía de la “seguridad nacional”, concepcióneconómica-política desde la cual el sector petrolero era definido como un áreaestratégica. En aquel entonces “las variables ambiental[es], étnica[s] y cultural[es] noeran motivo de discusión política”. De acuerdo a lo señalado por los representantes, laexplotación petrolera habría provocado un costo ambiental de grandes magnitudes quesignificaría, entre otros, derrames de grandes cantidades de petróleo crudo,contaminación de las fuentes hídricas por desechos de la producción de hidrocarburos yquemazones al aire libre de importantes cantidades de gas natural. Además, esacontaminación medioambiental habría generado riesgos para la salud de las poblacionesde las zonas petroleras del Oriente ecuatoriano61.60. En la actualidad, Ecuador ocupa el quinto lugar como productor de petróleo, y elcuarto como exportador, entre los países de América Latina. De acuerdo a cifras delMinisterio de Energía y Minas de Ecuador, para el 2005 las ventas de crudo generabanaproximadamente un cuarto del Producto Interno Bruto (PIB) del país y los ingresos porpetróleo solventaban cerca del 40% del presupuesto nacional62. C. Adjudicación de territorios al Pueblo Kichwa de Sarayaku y las Comunidades del Río Bobonaza en mayo de 199261. El 12 de mayo de 1992 el Estado adjudicó, a través del Instituto de ReformaAgraria y Colonización (IERAC), en la provincia de Pastaza y en forma indivisa, unárea singularizada en el título que se denominó Bloque 9, correspondiente a unasuperficie de 222.094 Ha.63 o 264.625 Ha.64, a favor de las comunidades del RíoBobonaza65, entre las cuales se encuentra el Pueblo Kichwa de Sarayaku 66. Dentro deese Bloque 9, el territorio Sarayaku consiste en 135.000 Ha. En efecto, el 10 de junio de2004 el Secretario Ejecutivo del CEDENPE (institución estatal adscrita a la Presidencia61 Cfr. Miguel San Sebastian y Anna-Karin Hurtig, “Oil exploitation in the Amazon basin ofEcuador: a public health emergency” (2004) 15: 3 Rev Panam Salud Publica/Pan Am J Public Health(expediente de Prueba, tomo 8, folios 4326 y ss). Por ejemplo un estudio de 2003, elaborado porFLACSO y PETROECUDARO, da cuenta de la realización de tres investigaciones sobre los efectos de lasexploraciones y explotaciones de petróleo en Ecuador. Según el estudio, los mayores impactos socio-ambientales provocados por las actividades petroleras en el Ecuador resultan de la llamada “era Texaco”(1967-1992). Aída Arteaga, “Indicadores de gestión e Impactos de la actividad petrolera en la RegiónAmazónica Ecuatoriana” en Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador, 1ª Edición, FLACSO –PETROECUDARO, Quito, 2003 (expediente de Prueba, tomo 11, folio 6904).62 Cfr. Empresa Petrolera de Ecuador (PETROECUDARO), Informe estadístico 1972- 2006, del año2006 (expediente de Prueba, tomo 8, folio 4354).63 Cfr. Certificación notarial de 26 de mayo de 1992 de la inscripción de la adjudicación de 12 demayo de 1992 (expediente de Prueba, tomo 14, folios 8621 a 8623).64 Cfr. Expediente de Prueba,- tomo 14, folio 8631. Según el Estado, con fecha 11 de mayo de2005, “se eleva a escritura pública la minuta de Hipoteca Abierta, sobre el inmueble otorgado a lasComunidades del Rió Bobonaza mediante adjudicación realizada por el IERAC el [12] de mayo de 1992 einscrita el 26 del mismo mes y año, correspondiente a la superficie de doscientos setenta y cuatro milsesicientos veinti cinco hectáreas. Esta escritura fue otorgada entre la organización "Tayac Apu delterritotio Ade la Nacion Originaria del Pueblo Kichwa de Sarayaku (Tayjasaruta)", y el Instituto para elEcodesarrollo de la Región Amazónica (ECORAE) con el fin de garantizar la ejecución del proyectodenominado Ampliación de la Pista Aérea de la Comunidad de Saraya[k]u”.65 Cfr. Según el Estado, entre las comunidades del Río Boboneza se encuentran: Sarayacu,Sarayaquillo, Cali Cali, Shigua Cucha, Chintayacu, Niwa Cucha, Palanda, Teresa Mama, Ramizuna,Tahuay Nambi, Palizada, Mimo, Tishin, Mangaurco, Hoberas, Santo Tomas, Puca Urcu, Liz Pungo, YandaPlaya, Chiyun, Playa, Shawindia, Upa, Lulun, Huagra, Cucha, Tuntun Lan, Llanchamacocha, AltoCorrientes, Papaya, Cabahuari, Masaranu.66 Cfr. Registro de la Propiedad de Puyo, Pastaza. Adjudicación de tierras a favor de lascomunidades Río Bobonaza, Puyo 26 de mayo de 1992 (expediente de Prueba, tomo 14, folios 8616 yss; expediente de Prueba, tomo 8, folios 4374 y ss, y tomo 10, folios 6005 y ss). 27.
de la República competente en temas indígenas) registró el Estatuto del PuebloOriginario Kichwa de Sarayaku (Acuerdo No 24), cuyo artículo 47.b) establece “[e]lterritorio del Pueblo Kinchwa de Sarayaku y sus recursos naturales comprendidas en[la] superficie del bloque 9, cohabitado con el pueblo kichwa de Boberas, de las cualescorresponde a Sarayaku, aproximada y tradicionalmente 135.000 hectáreas, así comolos bienes que se hacen referencia en el artículo 45 y 46 de este Estatuto, [d]ejandoconstancia que estas dimensiones territoriales pudieren aumentarse en el futuro”67.62. Del mismo modo, de conformidad con el título, la adjudicación se realizó deacuerdo con las siguientes disposiciones: “a) La presente adjudicación se inspira en el triple propósito de proteger los ecosistemas de la Amazonía ecuatoriana, de mejorar las condiciones de vida de los miembros de las comunidades indígenas y de precautelar la integridad de su cultura [;] b) esta adjudicación no afecta en modo alguno, a las adjudicaciones anteriormente hechas a personas o instituciones cuya validez se ratifican por este acto, ni los asentamientos y posesiones de los colonos realizados con anterioridad a la presente fecha ni el libre tránsito por las vías acuáticas y terrestres existentes o que se construyan en el futuro, de acuerdo con la legislación nacional [;] c) esta adjudicación no limita la facultad del Estado de construir vías de comunicación, puertos, aeropuertos y demás obras de infraestructura necesarias para el desarrollo económico y seguridad del país [;] d) el Gobierno Nacional, sus instituciones y la fuerza pública tendrán libre acceso a las zonas adjudicadas para el cumplimiento de las acciones previstas en la Constitución y leyes de la República [;] e) los recursos naturales del subsuelo pertenecen al Estado y este podrá explotarlos sin interferencias dentro de las normas de protección ecológica [;] f) el Gobierno Nacional, a fin de proteger la integridad social, cultural, económica y ambiental de las comunidades adjudicatarias, tendrá los planes y programas que, al efecto, serán elaborados por las respectivas comunidades indígenas y presentados a consideración del Gobierno [, y]67 Cfr. El artículo 3 de ese Acuerdo señala que "El Consejo de Gobierno del Pueblo originarioKichwa de Sarayaku y que constan en este registro, tendrán todos los derechos, garantías y atribucionesestablecidos en la Constitución política de la República del Ecuador, para los pueblos indígenasautodefinidos como nacionalidades de raíces ancestrales. Además, “Art. 48. DEL TERRITORIO: a) Loslímites del Pueblo Kichwa de Sarayaku, son los que constan en la providencia de adjudicación dictadapor el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria (IERAC) el 12 de mayo de 1992 e inscrita el 26 de losmismos mes y año y mediante providencia de rectificación del 23 de julio de 1992, inscrita el 21 deagosto del mismo año; otorgada por el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, sin perjuicios delterritorio comprendido dentro de los límites históricos tradicionales existentes. Así como también todaextensión que pudiera sumar en el futuro". Este documento consta en el expediente ante la Corte, yaque fue incorporado junto con la Autoevaluación Comunitaria de los Impactos Sufridos por el PuebloKichwa de Sarayaku debido al Ingreso de la Petrolera CGC en su Territorio (anexo 3 de 21 de enero de2008 presentado por los representantes de los beneficiarios de las medidas provisionales, expediente demedidas provisionales en el asunto Pueblo Indígena de Sarayacu (Ecuador), tomo 6, folio 1464). Véaseasimismo FLACSO. Sarayaku: el Pueblo del Cénit, pág. 16 (expediente de Prueba, tomo 11, folio 6626). Recommended
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