Source: http://quantumconsultores.com/boletin-2da-quincena-de-noviembre-2016/
Timestamp: 2018-01-20 20:27:33+00:00

Document:
En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de noviembre de 2016.
1.- Se ha publicado el Decreto Legislativo que otorga facultades a la UIF para levantar el secreto bancario a fin de fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos.
Como parte de las facultades legislativas, el Ejecutivo ha emitido el Decreto Legislativo No. 1249 publicado con fecha 26.11.2016 como parte del tercer paquete de medidas económicas que buscan fortalecer la prevención, detección y sanción del lavado de activos. En ese sentido, entre sus principales disposiciones, se encuentran las siguientes:
La UIF-Perú, siempre que resulte necesario y pertinente en el caso que investiga, puede solicitar, al Juez Penal competente del lugar donde tiene su domicilio principal la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria.
El Juez Penal competente debe resolver la solicitud de la UIF-Perú en forma reservada y dentro de un plazo de 48 horas contado desde la presentación de la solicitud. Si la solicitud es rechazada procede recurso de apelación. Este recurso se tramita y resuelve dentro de un plazo de cuarentaiocho (48) horas de presentado el recurso.
En el caso que proceda la solicitud, las empresas del sistema financiero y la Administración Tributaria deben remitir a la UIF-Perú la información solicitada, dentro del plazo máximo de 30 días hábiles de emitida la orden judicial, salvo la disposición distinta del juez en atención a las características, complejidad y circunstancias del caso. La SBS establece mediante resolución la forma y condiciones en que debe proporcionarse la información así como las multas que correspondan a las empresas bajo su supervisión que incumplan con entregar la información requerida, efectúen su entrega parcial o tardía.
La información obtenida por la UIF-Perú solo puede ser utilizada en la investigación de los hechos que la motivaron y compartida con las autoridades competentes, encontrándose el titular y el personal de la UIF-Perú que hubiere tomado conocimiento de esta información, sujetos al deber de reserva de información.
Son sujetos obligados a informar y proporcionar información Los abogados y contadores públicos colegiados, que de manera independiente o en sociedad, realizan o se disponen a realizar en nombre de un tercero o por cuenta de este, de manera habitual, las siguientes actividades:
La norma en comentario entra en vigor el 27.11.2016.
2.- Modifican lugar de cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de los PRICOS Nacionales.
Mediante Resolución de Superintendencia N° 307-2016/SUNAT (23.11.2016) se ha modificado el lugar de cumplimiento de obligaciones formales y sustanciales de los PRICOS Nacionales.
El nuevo local es el ubicado en: Av. Paseo de la República 4728-4730, Miraflores.
3.- Fiscalización Parcial Electrónica: Aprueban disposiciones para la presentación de observaciones a la liquidación preliminar y del sustento de dichas observaciones.
Como se recordará el artículo 62-B del Código Tributario establece que, el inicio de la fiscalización parcial electrónica se da con la notificación de una liquidación preliminar del tributo a regularizar y los intereses respectivos, con el detalle de los reparos que originaron la omisión y la información analizada que sustenta la propuesta de determinación. Adicionalmente señala que, en el plazo de 10 días hábiles contados desde el día siguiente a la notificación, el deudor debe subsanar los reparos o sustentar sus observaciones a la liquidación preliminar y, de ser el caso, adjuntar la documentación que sustente dichas observaciones, en la forma y condiciones que la SUNAT establezca.
Mediante Resolución de Superintendencia 303-2016/SUNAT (22-11-16) se establecen las disposiciones que permitirán al deudor tributario presentar sus observaciones a la liquidación preliminar, el sustento de dichas observaciones y, de ser el caso, adjuntar la documentación que considere pertinente a través de SUNAT Operaciones en Línea.
Destacamos los aspectos más relevantes de la resolución comentada:
-Plazo para subsanar los reparos, presentar observaciones y sustento: 10 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a aquél en que la SUNAT deposita en el buzón electrónico la carta de inicio de la fiscalización parcial electrónica y la liquidación preliminar.
-Caso fortuito o fuerza mayor: Si el contribuyente no puede cumplir en el plazo antes señalado con subsanar los reparos, presentar observaciones o el sustento por razones de caso fortuito o fuerza mayor presentadas el último día del plazo, este se prorroga hasta el primer día hábil siguiente al cese de dichas razones.
-Solicitudes de prórroga: La solicitud de prórroga por parte del contribuyente no es aplicable en el caso de la fiscalización parcial electrónica, por lo que, en caso el deudor tributario la presente, se considera como no presentada.
-Medio para presentar las observaciones y sustento: Las observaciones a la liquidación preliminar y sustento se realiza a través de SUNAT Operaciones en Línea. Los escritos o cualquier otra documentación física presentada en las oficinas de la SUNAT se consideran como no presentada.
-Forma de presentación del sustento: El sustento puede presentarse a través del registro de un texto sustentatorio y/o en un archivo adjunto en formato PDF.
-Constancia de información registrada: Una vez registrada la información en SUNAT Operaciones en Línea, el sistema emitirá una constancia de información registrada, que podrá ser descargada en formato PDF y ser impresa.
– Modificación de la información registrada: El sujeto fiscalizado podrá sustituir, modificar, adicionar o eliminar información registrada hasta el último día hábil del plazo de 10 días (señalado en el punto 1). A tal efecto, debe ingresar nuevamente al sistema y generar una nueva constancia de información registrada. La SUNAT considerará válida la información que conste en la última constancia generada.
La norma bajo comentario entra en vigor el 23.11.2016.
I.- ¿Cuál es el alcance del artículo 61° de la LIR cuando señala que son computables a efecto de la determinación de la renta neta las diferencias de cambio “originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada” y aquellas diferencias de cambio que se produzcan “por razones de los créditos obtenidos para financiarlas”?
El Tribunal Fiscal en virtud de la RTF No. 08678-2-2016 (26.11.2016) ha sentado el siguiente precedente de observancia obligatoria:
“Las diferencias de cambio son computables en la medida que sean generadas por operaciones o transacciones en moneda extranjera que se encuentren vinculadas o relacionadas con la obtención de potenciales rentas gravadas o con el mantenimiento de su fuente generadora o por los créditos obtenidos para financiar tales operaciones, no obstante, tratándose de la diferencia de cambio que resulte de la expresión de saldos de tenencia de dinero en moneda extranjera (saldo de caja efectivo y saldo de dinero en Bancos), a la fecha de Balance General, así como en el caso de moneda extranjera por moneda nacional, no será necesario que el contribuyente sustente el origen de dichos importes de moneda extranjera”
Fluye de los fundamentos esbozados por el Tribunal Fiscal para establecer el criterio vinculante, lo siguiente:
-El primer párrafo del artículo 61° de la Ley del Impuesto a la Renta prescribe que, las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la renta neta.
-Cuando la LIR recoge el texto: “las diferencias de cambio originadas por operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada”, debe entenderse que el resultado de la operación de la que se derive la diferencia de cambio debe encontrarse gravado, siendo necesario acreditar la vinculación directa de dicha “operación”, que es la que genera la diferencia de cambio, con un resultado gravado. De manera que, solo existirá una ganancia o pérdida por diferencia de cambio computable en la medida que la operación o transacción tenga vinculación con una potencial renta gravada.
-No cabe entender que cuando se alude al término “operaciones que fuesen objeto habitual de la actividad gravada” se hace en un sentido general y que por ende sería suficiente acreditar la realización de la actividad principal generadora de renta gravada del contribuyente, pues no puede concluirse que por el solo hecho que la empresa realiza actividad generadora de renta gravada todas las diferencias de cambio registradas en su contabilidad constituirán resultados computables para fines del IR. Así, a guisa de ejemplo, no podría computarse la pérdida por diferencia de cambio que resulte de pasivos en moneda extranjera por gastos ajenos al giro del negocio.
-Lo expuesto en el apartado precedente no resulta aplicable para el caso de aquella diferencia de cambio que surge por:
Expresión del saldo de la cuenta Caja-Bancos (tenencia de dinero) en moneda extranjera, a la fecha de Balance General
Canje de moneda extranjera en moneda nacional
Vale decir que, no es necesario sustentar si dichos montos provinieron de operaciones destinadas a generar rentas gravadas o no gravadas, o de créditos para financiar dichas operaciones, a efectos de establecer si la diferencia de cambio vinculada con dichos montos en moneda extranjera es computable en su integridad o parcialmente, toda vez que dichos montos no pueden ser relacionados con operaciones específicas.
-Cuando la LIR recoge el texto: “que se produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas”, debe entenderse que los créditos obtenidos (generadores de diferencias de cambio) también deben financiar a las operaciones destinadas a la obtención de potenciales rentas gravadas. Así, la razón del crédito obtenido debe ser la financiación de operaciones que potencialmente generen rentas gravadas o mantengan su fuente productora.
-Obtenido el financiamiento, los gastos (como el caso de “gastos financieros”) que dicho crédito genere no deben necesariamente ser deducibles en su integridad. Así, a guisa de ejemplo, parte del gasto podría no ser deducible si se exceden los límites fijados por el literal a) del artículo 37° de la LIR; pues ello no afectará en absoluto a la diferencia de cambio que se produzca.
I.- Se consulta si un peruano que reside en Brasil, pero que retorna al Perú para trabajar como dependiente en una empresa peruana, debe tributar su IR como un sujeto domiciliado en el ejercicio en que se produjo su retorno al Perú en aplicación de la cláusula de no discriminación prevista en el artículo 23 del CDI Perú-Brasil.
En relación a la consulta formulada, en el INFORME N° 144-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT concluyó como sigue:
La persona natural de nacionalidad peruana, domiciliada en Brasil, que retorne al Perú, deberá tributar el IR como un sujeto no domiciliado por el ejercicio en que se produjo su retorno, no siéndole aplicable la cláusula de no discriminación prevista en el apartado 1 del artículo 23 del CDI Perú-Brasil.
II.- ¿La transferencia de una “cuenta por cobrar a SUNAT” que lleva a cabo una empresa en liquidación con miras a la inscripción de su extinción en Registros Públicos -generada dicha “cuenta por cobrar” en virtud a un procedimiento de devolución de pago indebido o en exceso iniciado con antelación a la extinción de la empresa- a favor de uno de sus accionistas, puede ser cobrada por éste en caso resulte favorable el procedimiento de devolución de pago indebido o en exceso al amparo de lo previsto en el numeral 2 del artículo 108° del Código Procesal Civil?
En relación a la consulta formulada en el INFORME N° 155-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT concluyó como sigue:
No corresponde la aplicación del numeral 2 del artículo 108° del Código Procesal Civil[1] en un procedimiento de devolución de pagos indebidos o en exceso iniciado por una empresa antes de su extinción; sin embargo, aquel accionista que sea titular de las “cuentas por cobrar a la SUNAT” materia de dicho procedimiento, tendrá el derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho; por lo que de ser resuelto de manera favorable, podrá cobrar los tributos pagados en forma indebida o en exceso por la empresa
[1] Por la sucesión procesal un sujeto ocupa el lugar de otro en un proceso, al reemplazarlo como titular activo o pasivo del derecho discutido, lo que se presenta, entre otros casos, cuando al extinguirse o fusionarse una persona jurídica, sus sucesores en el derecho discutido comparecen y continúan el proceso.
III.- Convenio para evitar la doble imposición entre Perú y Suiza
En relación al INFORME N° 167-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT concluyó como sigue:
En el marco del convenio para evitar la doble imposición suscrito por el Perú con la Confederación Suiza, y en relación con los intereses generados por un préstamo de dinero realizado por una persona jurídica residente en Suiza, que no es banco, a una persona jurídica residente en Perú (empresas vinculadas), se consulta si el abono al fisco peruano efectuado por mandato expreso del segundo párrafo del artículo 76° de la Ley del Impuesto a la Renta, esto es cuando se ha contabilizado como gasto los intereses pero sin haber realizado su pago efectivo al no domiciliado, está sujeto a la tasa máxima de 15% establecida por el párrafo 2 del artículo 11° del citado convenio.
Se formulan diversas consultas sobre el beneficio tributario aplicable a los Gastos en Proyectos de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica otorgado por la Ley No. 30309, Ley que promueve la Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación Tecnológica
En relación al INFORME N° 170-2016-SUNAT/5D0000, SUNAT concluyó como sigue:
Los gastos directamente asociados al desarrollo de un proyecto de I+D+i devengados, a partir del ejercicio 2016 y del ejercicio en el que se presente la solicitud de calificación, en un ejercicio anterior al de la calificación de dicho proyecto por el CONCYTEC, son deducibles para efectos de la determinación del impuesto a la renta de este último ejercicio (el de la calificación), con la deducción adicional del 75% o 50% (según corresponda) de tales gastos.
Siendo que solo pueden deducirse los referidos gastos en el ejercicio en que se obtenga la calificación en mención, y toda vez que esta solo puede otorgarse hasta el ejercicio 2019, tales gastos podrán deducirse, como máximo, en este ejercicio, siempre que en él se haya otorgado dicha calificación.
Los gastos directamente asociados al desarrollo de un proyecto de I+D+i que se hubieran producido en un ejercicio anterior al de la presentación de la solicitud de calificación ante el CONCYTEC, no son deducibles con el beneficio previsto en la Ley N.° 30309.
Los gastos directamente asociados al desarrollo de proyectos de I+D+i que constituyan para sus perceptores rentas de segunda, cuarta o quinta categoría, devengados antes del ejercicio en que el CONCYTEC otorgue la calificación serán deducibles a partir del ejercicio en que esta haya sido otorgada, no habiéndose establecido como requisito para ello que tales rentas hayan sido pagadas antes del vencimiento de la presentación de la declaración jurada anual del ejercicio correspondiente.
Los gastos directamente asociados al desarrollo de un proyecto de I+D+i son aquellos que guardan una relación de manera directa e inmediata con la realización o ejecución de las actividades que constituyen en sí mismas el objeto o materia de dicho proyecto; de tal manera que solo se encuentran en la relación en mención dos elementos: los gastos en cuestión y las referidas actividades, siendo la relación que los une la utilización de los primeros en la ejecución o realización de las segundas, sin que exista elementos intermedios en dicha relación.
Están excluidos de ser considerados gastos directamente asociados al desarrollo del proyecto, aquellos que guardan una relación de manera directa e inmediata con la realización o ejecución de actividades que no constituyen en sí mismas el objeto o materia del proyecto de I+D+i; tales como, actividades: a) Ajenas al objeto o materia del proyecto de I+D+i. b) De apoyo indirectas que no constituyen I+D+i en sí mismas. c) Posteriores a la obtención de aquello que sea resultado de la I+D+i. La determinación de si algún gasto puede calificar como directamente asociado al desarrollo de un proyecto de I+D+i debe analizarse en cada caso en particular, considerando los criterios antes señalados.
La aplicación de uno u otro porcentaje por la deducción adicional en cuestión (75% o 50% de los gastos en I+D+i) depende de si los proyectos a los cuales están asociados son realizados directamente por el contribuyente o mediante centros de I+D+i domiciliados en el país, o mediante centros de I+D+i no domiciliados en el país, respectivamente.
A efecto de gozar de dicho beneficio, los contribuyentes deberán llevar cuentas de control por cada proyecto que desarrollen, debiendo sustentar los gastos en los que incurran.
El contribuyente que en el ejercicio 2016 desarrolla un proyecto de I+D+i, para lo cual ha adquirido un activo intangible de duración limitada que es afectado a las actividades de I+D+i: (i) No debe amortizar conforme a lo dispuesto por el inciso g) del artículo 44° de la LIR los gastos de I+D+i relacionados con dicho activo, que no constituyen el precio pagado por su adquisición. (ii) Goza de la deducción adicional a que se refiere la Ley N.° 30309, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 3° de esta ley; siendo que la deducción en cuestión y la del importe desembolsado por la adquisición del activo intangible está sujeta a los requisitos previstos en el inciso g) del artículo 44° de la LIR.
I.- ¿Cuándo se puede emplear la frase “por consumo” en las Boletas de Venta a fin de sustentar gasto para fines del Impuesto a la Renta?
Nota: Téngase en cuenta para fines de límite de deducción del gasto sustentado en Boletas de Venta lo estipulado en el penúltimo párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta
El Tribunal Fiscal, mediante RTF 12034-5-2015, concluye que, sólo respecto de negocios que brindan el servicio de expendio de comidas y bebidas, tales como restaurantes, cafés y bares, les resulta permitido el empleo de la frase “por consumo” sin tener la obligación de detallar en las Boletas de Ventas que emitan el bien o servicio prestado como lo exige el artículo 8, 3.7, del Reglamento de Comprobantes de Pago y no como sucedió en el caso en controversia en el que las Boletas de Venta fueron emitidas por otro tipo de establecimientos, tales como bodegas y establecimientos de venta de abarrotes.
En consecuencia, aquellas Boletas de Venta observadas por SUNAT durante la fiscalización al no cumplir con lo previsto en el numeral 3.7 del artículo 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago no sustentaban gasto deducible a tenor de lo señalado en el inciso j) del artículo 44° de la LIR.
II.- ¿Puede un contribuyente sustentar la utilización de Medios de Pago en virtud a la documentación elaborada por su Proveedor en virtud de la cual se pretenda “demostrar” que se le canceló a este último su acreencia?
En el caso en controversia, SUNAT reparó el crédito fiscal (IGV) del contribuyente, por cuanto éste no acreditó, mediante el uso de Medios de Pago, la cancelación de su obligación frente a su proveedor, por la compra de ciertos bienes.
El contribuyente manifestó que había realizado depósitos en cuenta del proveedor, pero que no conservaba los “vouchers de depósito”, toda vez que por su naturaleza, éstos se deshacían. Sin perjuicio de ello, y a fin de acreditar que sí realizó el pago de su obligación mediante abono en cuenta, presentó un “resumen de depósitos bancarios” así como un “resumen kardex de pago” de su proveedor; en virtud a dichos resúmenes se exhibió lo siguiente:
Detalle de las operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio fiscalizado
Relación de comprobantes de pago
Números de cuentas bancarias y números de documentos mediante los cuales se había realizado el pago, su origen y los montos imputados
SUNAT consideró que los citados documentos no acreditaban el uso de Medios de Pago
El Tribunal Fiscal, según RTF 1133-4-2016, falló en contra del contribuyente, bajo el razonamiento siguiente:
-Los documentos presentados no acreditan, per se, el empleo de Medios de Pago, aun cuando hayan sido elaborados por el proveedor, toda vez que éstos únicamente contienen una relación de datos que no se encuentran acompañados de documentación que la sustente. En ese sentido, carecen de la categoría de “documento” al que alude el artículo 233 del Código Procesal Civil.
-La utilización de los medios de pago pudo haberse acreditado con la presentación de los vouchers de los depósitos en efectivo en las cuentas (corriente o de ahorro) del proveedor, considerando que la recurrente alegó haber utilizado los depósitos en cuenta.
-Respecto de la “conservación de los vouchers de depósito debido a su naturaleza” (por cuanto dichos “vouchers” tienden a deshacerse en el tiempo) es obligación del contribuyente adoptar las medidas de precaución para el caso y conservar el contenido de los mismos en un material diferente.
I.- ¿En alguna oportunidad la SUNAT actuó de acuerdo a Ley al imponer la multa por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el numeral 2 del artículo 175° del Código Tributario por no llevar el contribuyente el Libro de Inventario y Balances de acuerdo a las disposiciones del artículo 37° del Código de Comercio?
La empresa San Gabriel SA judicializó la controversia tributaria referida a la imposición de la multa por la comisión de la infracción tributaria tipificada en el numeral 2 del artículo 175° del Código Tributario (llevar los libros y registros de contabilidad sin observar la forma y condiciones establecidas en las normas correspondientes) respecto del Libro de Inventarios y Balances.
En las dos instancias judiciales, el fallo resultó adverso a la empresa, esto es, se mantuvo la multa impuesta por SUNAT. La empresa en mención interpone recurso de casación ante la Corte Suprema.
De la lectura de la Sentencia de Casación No. 14587-2014 Lima (30.12.2015) fluye que, el contribuyente alegó lo siguiente:
La indebida aplicación de los artículos 6° y 13° de la Resolución de Superintendencia 234-2006/SUNAT, toda vez que, tanto en 1ra como 2da instancias judiciales se ha reconocido que los artículos 6° y 13° de la Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT no estaba vigente y que, según SUNAT, fue la norma que se violó; entonces, resulta incierta la comisión de la infracción imputada, esto es, no se tiene claro qué infracción se cometió.
Indebida aplicación del artículo 38° del Código de Comercio[1], toda vez que se trata de un libro (Libro de Inventarios y Balances) que cuenta con características especiales.
Afectación al debido proceso, toda vez que no se han merituado las pruebas ofrecidas máxime si para resolver el litigio se debió analizar si se vulneró el artículo 37° del Código de Comercio[2].
La Corte Suprema compartió el criterio de la segunda Instancia en virtud de la cual se resolvió que la empresa incumplió con la obligación contenida en el artículo 37° del Código de Comercio, vale decir, debió llevar el libro de inventarios y balances conforme a lo estipulado en el citado artículo. En cuanto a la aplicación de la Resolución de Superintendencia No. 234-2006/SUNAT, la Corte la consideró impertinente.
[1] El artículo 38 del Código de Comercio alude al contenido del Libro Diario.
[2] El artículo 37 del Código de Comercio alude al contenido del Libro de Inventarios y Balances.
I.- SUNAFIL brindará apoyo a la Unidad de Inteligencia Financiera en el marco del acuerdo de aplicación de Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social
En la edición del 16 de noviembre del 2016 del Diario Oficial El Peruano se ha publicado el texto del Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, el cual fue ratificado mediante Decreto Supremo 052-2016-EF.
Dicho Convenio tiene por objeto uniformizar el marco normativo y garantizar los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias en materia de pensiones, prestaciones de invalidez, vejez, supervivencia, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos.
II.- Eliminan procedimiento sobre Registro de Contratos y Convenios ante el MTPE
A través de un reciente comunicado, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo informa que por efecto de la Tercera y Quinta de las Disposiciones Complementarias Modificatorias del Decreto Legislativo No. 1246 (publicado el 10.11.2016) se elimina la obligación de registrar los contratos de trabajo sujetos a modalidad y los convenios de modalidades formativas laborales ante la Autoridad Administrativa de Trabajo.
De ese modo, quedan sin efecto las obligaciones contenidas en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del ministerio tales como:
Procedimiento Nº 38: Registro de Contratos Sujetos Modalidad.
Procedimiento Nº 108: Autorización, Registro y Prórroga de Jornada Formativa en Horario Nocturno.
Procedimiento Nº 109: Registro y Prórroga de Convenio de Aprendizaje.
Procedimiento Nº 110: Registro y Prórroga de convenios de prácticas profesionales.
Procedimiento Nº 111: Registro y Prórroga de Convenios de Capacitación Laboral Juvenil.
Procedimiento Nº 112: Registro y Prórroga de Convenio de Pasantías.
Procedimiento Nº 113: Registro y Prórroga de Convenios de la Actualización para la Reinserción Laboral.
III.- Las investigaciones sobre prevención, detección y sanción de Lavado de Activos
Mediante Decreto Legislativo No. 1249, publicado el 26 de noviembre de 2016, se ha modificado la Ley No. 27693 (Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera). En materia laboral, se establece que en el ejercicio de la función de Supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Superintendencia de Banca y Seguros podrá solicitar el apoyo de SUNAFIL
I.- Interrupciones de labores en el Poder Judicial por huelga, no suspenden el devenir prescriptorio, salvo que sean invocadas por producirse el día de vencimiento del plazo prescriptorio
Mediante Casación Laboral No. 15037-2014 LA LIBERTAD de fecha 15 de junio de 2016, la Corte Suprema determinó que las interrupciones de labores en el Poder Judicial por huelga de sus trabajadores no suspenden el decurso del plazo prescriptorio, salvo que sean invocadas por producirse el día del vencimiento del plazo de prescripción.
La Corte Suprema que solo podrá ser considerada como causal de prórroga del día de vencimiento del plazo prescriptorio, es decir que solo si el día en que fatalmente se cumple el plazo, no es posible ejercer el derecho de acción por encontrarse los órganos jurisdiccionales en huelga, se admitirá la prórroga del plazo de prescripción hasta el rimer día útil de levantada la medida de fuerza sindical; pero no podrá aceptarse que se acumule como períodos de suspensión de la prescripción aquellos días en que la atención en el Poder Judicial estuvo paralizada por huelgas y luego fueron reanudadas las labores, sin que el día de reinicio se cumpliera plazo de prescripción alguno.
La Corte Suprema exhortó que los accionantes, incluyendo los trabajadores sean diligentes al momento de postular sus procesos judiciales.
II.- Alcances de los beneficios otorgados por un Laudo Arbitral suscrito por un Sindicato Minoritario de la empresa
El presente caso versa sobre un trabajador que solicitó un incremento remunerativo que había sido otorgado a un grupo de trabajadores de un sindicato de la empresa. En primera instancia se declaró infundada la demanda bajo el argumento de que no existía razón objetiva para que al trabajador se le otorgara el incremento, toda vez que no había participado en el proceso de negociación colectiva. La Sala Superior revocó la apelada y declaró fundada en parte la demanda, tras considerar que los beneficios le correspondían al trabajador a partir de su afiliación al sindicato y no desde la fecha en que se suscribió el laudo arbitral. Se sustentó en las razones siguientes: El laudo restringía sus efectos a las partes, al momento de llevarse a cabo la negociación colectiva el trabajador no formaba parte del sindicato, el sindicato no era mayoritario, conforme a los artículos 9° y 42° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, los acuerdos o laudos de los sindicatos minoritarios únicamente comprometen y benefician a sus afiliados. El trabajador presentó Recurso de Casación alegando la inaplicación del artículo 41° y la interpretación errónea de los artículos 9° y 42° de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo (ámbito de eficacia personal de los convenios colectivos).
La Corte suprema mediante Sentencia de Casación No. 12885-2014-CALLAO, pub.licada el 31 de octubre de 2016, señaló que la Sala Superior no ha incurrido en las infracciones normativas denunciadas por considerar que ell sindicato que suscribió el laudo arbitral es minoritario, tal como lo reconoce el demandante.
En tal sentido, se puede inferir que el ámbito de aplicación personal de dicho laudo se circunscribe, coherentemente, a los afiliados de dicho sindicato, esto es, nos encontramos ante un convenio de eficacia limitada; por lo tanto, los beneficios señalados en el laudo arbitral son de aplicación sólo para los afiliados al sindicato, así como los que se incorporen con posterioridad.
La Corte se sustentó en que la legislación laboral nacional acoge el régimen de pluralidad sindical y el sistema de mayor representatividad, lo que significa que el sindicato más representativo, es decir, aquél que afilie a la mayoría absoluta de trabajadores de un ámbito determinado, ejerce la representación de éstos y de todos los trabajadores de dicho ámbito (afiliados y no afiliado), en cambio, el sindicato que no cuenta con dicha mayoría solo asume la representación de sus afiliados.
Cuando el convenio colectivo ha sido celebrado por un organización sindical de representatividad limitada, la misma que no goza de la representatividad de la mayoría de los trabajadores, no pueden extenderse los efectos del convenio de este sindicato a los no afiliados del mismo, pues permitirlo desalentaría la afiliación, en tanto los trabajadores preferirían no afiliarse a una organización sindical, pues de igual modo gozarían de los beneficios pactados en los convenios colectivos que celebre dicho sindicato.
El caso es el siguiente: Se trata de la demanda interpuesta por el sindicato de una empresa de cerámicos que solicita la nulidad de diversos artículos del reglamento interno de trabajo. Entre estos se encontraba el artículo 34, donde se establecía que: “En los horarios establecidos por la empresa no está incluido el tiempo que requiere el trabajador para cambiarse la ropa por el uniforme que le otorga la empresa, tanto para la hora de ingreso como para la salida, por tal motivo se entenderá que el trabajador debe desarrollar una labor efectiva desde la hora de ingreso hasta el término de la jornada. El tiempo utilizado para el cambio de ropa no es considerado como sobretiempo”.
III.- Enfermedad Profesional: Responsabilidad Civil del Empleador – Procedencia del pago de la indemnización por daños y perjuicios
Mediante Casación No. 6443-2015-Ica, publicado el 31 de octubre de 2016, se cuestionó si el empleador es responsable civil por el daño ocasionado por una enfermedad profesional; y, cómo se determina dicha responsabilidad.
La enfermedad profesional puede definirse como todo aquel estado patológico crónico o temporal que afecta la salud física o mental del trabajador, cuyo origen se encuentra en la naturaleza de las labores realizadas por él o en el medio donde desempeña dichas labores. En ese sentido, cuando se celebra un contrato de trabajo, verbal o escrito, se origina como obligación principal del empleador, la de pagar la remuneración correspondiente y respecto al trabajador la de efectuar la prestación personal de sus servicios; sin embargo, estas no son las únicas obligaciones que se originan en dicho contrato, sino también otras, como es el caso del deber de seguridad o protección que tiene el empleador frente a sus trabajadores, cuyo cumplimiento resulta trascendental, toda vez que previene los riesgos profesionales.
Si bien las medidas de seguridad e higiene laboral se encuentran contenidas mayormente en normas legales y reglamentarias, ello no desvirtúa el carácter contractual del cual se encuentra revestido el deber de seguridad y salud en el trabajo, pues estos se originan como consecuencia del contrato laboral o con ocasión de su ejecución; por lo tanto, en tanto el empleador es el responsable del control y la forma cómo se desempeñan las labores dentro del centro de trabajo, la responsabilidad que se le atañe es la responsabilidad civil contractual, conforme a lo establecido en el Titulo IX del Libro VI del Código Civil sobre “inejecución de obligaciones”.
Para la determinación de la responsabilidad civil deben concurrir cuatro factores: La conducta antijurídica, el daño, el nexo causal y los factores de atribución. En la responsabilidad civil por enfermedades profesionales, los citados factores se manifiestan de la siguiente manera:
– Conducta antijurídica: La antijuridicidad de la conducta es típica porque implica el incumplimiento de una obligación inherente al contrato de trabajo, como es el brindar al trabajador las condiciones de higiene y seguridad que le permitan ejercer sus labores sin perjudicar su salud. Es por este motivo que en principio existe la presunción de responsabilidad patronal por las enfermedades profesionales que el trabajador adquiere en su centro laboral.
– Daño: En los casos de enfermedades profesionales la responsabilidad contractual comprende tanto el daño patrimonial, moral, emergente y lucro cesante.
– Nexo causal: En el ámbito laboral, la relación causal exige, en primer lugar, la existencia del vínculo laboral. En segundo lugar, que la enfermedad profesional se produzca como consecuencia de la ejecución del trabajo realizado en mérito a ese vínculo laboral. Para que exista nexo causal es necesario que afirmar que el estado patológico del trabajador es una consecuencia necesaria de las circunstancias ambientales en que laboró; sin embargo, si se tratara de enfermedades no relacionadas con el trabajo no existiría posibilidad de reclamar indemnización alguna al empleador.
– Factores de atribución (dolo, culpa inexcusable y leve):
Dolo: El dolo debe entenderse como la conciencia y voluntad del empleador de no cumplir las disposiciones contractuales sobre seguridad y salud en el trabajo.
Culpa inexcusable: La culpa inexcusable está referida a la negligencia grave por la cual el empleador no cumple las obligaciones contractuales en materia de seguridad laboral.
Culpa leve: Se configura en caso el trabajador no pruebe el dolo o la culpa inexcusable y el empleador no acredite que actuó con diligencia debida. En ese supuesto la culpa leve se presumirá y corresponderá a favor del trabajador el pago de una indemnización.

References: resolución 
 Resolución 
 artículo 62
 Resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 37
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 108
 artículo 108
 artículo 76
 artículo 11
 artículo 44
 artículo 3
 artículo 44
 artículo 37
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 44
 artículo 233
 artículo 175
 artículo 37
 artículo 175
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 37
 artículo 37
 Resolución 
 artículo 38
 artículo 37
 artículo 41
 artículo 34