Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2015/as201510101.html
Timestamp: 2019-03-18 17:48:56+00:00

Document:
as201510101
AUTO SUPREMO Nº 101/2015-RRC
Sucre, 12 de febrero de 2015
Expediente : La Paz 141/2014
Parte imputada : Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y otro
Por memorial presentado el 27 de agosto de 2014 de fs. 892 a 917 vta., Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, interponen recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 06/2014 de 14 de febrero, de fs. 883 a 889, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal que se les sigue, por el Ministerio Público y Lucy Díaz Loza, en representación legal de la Sociedad Brinks Bolivia S.A., por la presunta comisión del delito de Hurto agravado, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 5) del Código Penal (CP).
El recurso de casación de referencia tuvo origen en los siguientes antecedentes:
En mérito a las acusaciones pública y particular (fs. 17 a 20 y 25 a 28), una vez desarrollada la audiencia de juicio oral, el Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, pronunció la Sentencia 19/2011 de 9 de diciembre (fs. 661 a 667), declarando a Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, culpables de la comisión del delito de Hurto, imponiéndoles la pena de reclusión de tres años al primero y cuatro años al segundo, más el pago de daños y perjuicios a favor de la víctima.
La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por los imputados (fs. 673 a 696 vta.), mereciendo el pronunciamiento del Auto de Vista 344/2012 de 24 de octubre, Resolución que recurrida de casación por los imputados, fue anulada por Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, que a su vez ordenó que el Tribunal de alzada dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable (fs. 868 a 879 vta.). En tal virtud, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de La Paz, emitió el Auto de Vista 06/2014, a través del cual emitió nueva Sentencia y falló declarando a los imputados: “culpables de pena y culpa” por la comisión del delito de Hurto, imponiéndoles la sanción de privación de libertad para Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua de dos años y ocho meses y para Ladislao Ángel Herbozo Vásquez de tres años; y, al pago de daños y perjuicios a la víctima, motivando la interposición del recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación interpuesto y del Auto Supremo 620/2014-RA de 4 de noviembre (fs. 974 a 978 vta.), se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Los recurrentes expresan, a título de “POBRE FUNDAMENTACIÓN, INSUFICIENCIA EN LA MOTIVACIÓN Y CONTRADICCIÓN DE LA SENTENCIA (…) BASADA EN HECHOS INEXISTENTES O NO ACREDITADOS O EN VALORACIÓN DEFECUTUOSA DE LA PRUEBA” (sic), de la que adolece la Sentencia 19/2011 y que denunció en el recurso de apelación restringida, considerando que inobserva el debido proceso en cuanto a la debida fundamentación afectando derechos constitucionales, resaltando a continuación el acápite referido a “…CONTRASTE INTELECTIVO DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR LAS PARTES…” (sic), aduciendo que el Tribunal Sexto de Sentencia, no fundamenta y menos expone la relación lógica y secuencial de cada prueba judicializada, efectuando a continuación un detalle de las mismas y aseverando que se contrapone a la sana crítica, afectando el debido proceso, la seguridad jurídica, el derecho a la defensa y sobre todo la presunción de inocencia, aspectos sobre los que el Tribunal de apelación, se limitó a señalar que la Sentencia, es la “…síntesis jurídica de lo alegado y probado por las partes no puede concebirse que esta carezca de fundamentación y motivaciones…” (sic).
Los recurrentes piden se admita el recurso y se declaren probados los extremos expuestos, disponiendo la nulidad del juicio a los fines de que otro Tribunal conozca el caso de autos.
Mediante Auto Supremo 620/2014-RA de 04 de noviembre de 2014, que cursa de fs. 974 a 978 vta., se determinó la admisión del recurso de casación interpuesto por los imputados Basilio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, únicamente para el análisis de fondo de su cuarto motivo.
II.1. De las acusaciones.
La representación del Ministerio Público mediante requerimiento de fs. 17 a 19 vta., acusó formalmente a Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ángel Herbozo Vásquez, por la comisión del delito de Hurto, previsto y sancionado por el art. 326 inc. 5) del CP, con la siguiente teoría fáctica: i) Que el 28 de abril de 2007, miembros del directorio de la SOCIEDAD BRINKS BOLIVIA S.A., a partir de una auditoría detectaron una diferencia de Bs. 80.000.- (ochenta mil bolivianos) al interior de la bóveda ubicada en la calle Conchitas esq. Landaeta Nº 798 zona San Pedro de la ciudad de La Paz; ii) Tal situación motivó la convocatoria del personal dependiente de la empresa, dónde Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, auxiliar de Tesorería, en conversación privada manifestó al Gerente de Seguridad, que desconocía sobre los Bs. 80.000.- faltantes; sin embargo, habría señalado que su persona y Ladislao Ángel Herbozo -también empleado de la empresa denunciante- habrían sustraído $us 20.000.- (veinte mil dólares estadounidenses), repartiéndose la suma en partes iguales; iii) Tales afirmaciones se encontrarían corroboradas por manuscritos labrados por el imputado Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, comprometiéndose a devolver el monto, aspecto que también se encontraría documentado en acta y en filmaciones de seguridad del circuito cerrado de la empresa.
Bajo idéntico marco fáctico, Mario Eduardo Herrera Valdivia, en representación de la SOCIEDAD BRINKS BOLIVIA S.A., presentó acusación particular contra Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, por la comisión del delito de Hurto inmerso en el art. 326 del CP, consignando las agravantes de los incs. 5) y 6) del mismo artículo.
En juicio de reenvío, el Tribunal Sexto de Sentencia de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, por Sentencia 19/2011 de 9 de diciembre, declaró a los imputados “culpables de pena y culpa en el delito de HURTO” (sic), imponiendo la pena de privación de libertad de tres años en el caso de Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y cuatro años para el caso de Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, imponiendo a ambos imputados el pago de daños y perjuicios a ser calificados en ejecución de sentencia. De este fallo se extrae:
Como hechos probados se concluyó: 1) El 28 de abril de 2007, a momento de celebrarse una reunión de empleados en la empresa BRINKS, ante la diferencia de dinero en bóveda de Bs. 80.000.-, Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, quién cumplía labores de Auxiliar de Tesorería, solicitó entrevista particular con el gerente de seguridad y con Mario Herrera Valdivia, oportunidad dónde señaló no saber nada sobre ese dinero; empero, manifestó que sustrajo la suma de $us. 20.000 junto al coimputado Ladislao Ángel Herbozo Vásquez; 2) Se probó la sustracción de $us. 20.000, por parte de Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, pues ello se realizó en forma escrita en presencia de Mario Eduardo Herrera Valdivia y Orlando Quintana, este último Gerente de Seguridad; 3) Se comprobó que Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua manifestó al investigador asignado al caso, como a la Fiscal del proceso, su responsabilidad sobre los dineros; asimismo, este imputado condujo a aquellos con el fin de la devolución $us. de 10.000 (diez mil dólares estadounidenses) hasta su domicilio, sin haberse concretado la devolución; 4) Entre los imputados Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez no existe enemistad; 5) “Se ha probado que el acusado Ladislao Ángel Herbozo Vásquez en su calidad de cajero recontador, fue la persona que realizó el cambio de los billetes de un dólar por billetes de cien en dos paquetes, que hacen el total de $us 20.000 mil dólares” (sic); 6) Los $us. 20.000.- sustraídos corresponden a la bolsa de dinero rotulados con el Nº 1155410, sellada el 21 de abril de 2007, y cuyo destino era la ciudad de Santa Cruz; 7) Los imputados a momento de acceder al puesto laboral de la empresa BRINKS S.A., ofrecieron como garantía una letra de cambio por el monto de Bs. 50.000.- (cincuenta mil bolivianos), así como garantes personales.
En cuanto a los hechos no probados, no se comprobó que: a) La denuncia fuera simulada con el fin del cobro de seguro; b) El manuscrito atribuido a Basilio Colquehuanca Huayhua haya sido obtenido mediando presión, violencia o engaño; c) “…que los números de detalle de envío, referente a la detección anómala del envío de $us 700.000, a la ciudad de Santa Cruz no correspondan al mismo número de la bolsa de dinero” (sic); y, d) Que Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua fuera acompañado a su domicilio con el objeto de alertar a su garante.
Dentro de la fundamentación jurídica, el Tribunal de Sentencia, previa enunciación del art. 326 del CP, concluye: “…los sujetos activos del delito son los propios empleados de la empresa SOCIEDAD BRINKS BOLIVIA S.A., y que bajo el cargo de los mismos se halla la custodia, seguridad, recuento de los dineros y envío de remesas que manejan del sistema financiero, en la que ambos en forma planificada, deliberada decidieron tomar parte de esos dineros para sustraer la suma de $us 20.000 (…) cuando los propietarios de la sociedad no se hallaban bajo el control del dueño, que hacen que en la sociedad empleadora de los acusados se halla provocado el detrimento económico en su patrimonio…” (sic).
Bajo el rótulo de “…FUNDAMENTACIÓN E IMPOSICIÓN DE LA PENA O DOSIMETRÍA PENAL” (sic), la Sentencia previa reminiscencia a factores sobre delimitación de la pena, señala que deben tomarse en cuenta aspectos atenuantes que sean conducentes a la disminución de la sanción penal y aspectos agravantes, “que hagan que la pena tenga mayor a lo mínimo señalado por la ley penal” (sic); bajo tal introducción inscribe como atenuantes: 1) Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua no registra antecedentes penales; 2) “…como una forma de arrepentimiento al inicio de la investigación reconoció en forma libre y voluntaria haber sustraído la suma de $us 20.000 (…) conjuntamente el otro acusado Ángel Herbozo…” (sic); y, 3) No se halló atenuante en relación al imputado Ángel Herbozo Vásquez. En cuanto a las agravantes se señaló: i) Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, conjuntamente Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, dilataron el proceso desde su inicio hasta su conclusión, al no presentarse deliberadamente o acudiendo de forma separada, o bien sin ser acompañados de abogado defensor; ii) A pesar de manifestar Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, tanto al investigador como a la fiscal asignada, como a superiores de la empresa, su intención de devolver la suma de $us 10.000, hasta la conclusión del juicio, tal hecho no se materializó; iii) Sobre Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, pesó la declaratoria de rebeldía de 11 de diciembre de 2009; y, iv) Sobre “…el acusado Ladislao Ángel Herbozo no demostró su arrepentimiento menos la intención de devolver el dinero sustraído de la Sociedad Brinks S.A.” (sic).
Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, opusieron recurso de apelación restringida (fs. 673 a 696), exponiendo los argumentos que se sintetizan seguidamente:
Puntualizan que el juicio de reenvío, llegó a su conclusión luego de ochenta y cinco señalamientos de audiencia, lesionando los principios de continuidad, inmediación y celeridad, contraviniendo el principio de continuidad del juicio oral previsto por los arts. 335 y 336 del CPP; señalando que tal situación afecta su derecho a la seguridad jurídica, a la defensa y al debido proceso, pues en el trayecto del tiempo, los testigos propuestos no pudieron atestar.
Invocando el art. 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); arts. 1, 8, 92, 346 y 356 del CPP, señalaron que el derecho a ser oído, en el caso de Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, fue restringido por el Tribunal de Sentencia, pues su última intervención fue coartada con el argumento de que se estaba retrotrayendo a momentos procesales ya vencidos. Los apelantes calificaron este hecho como actuar poco ético por parte de los miembros de ese Tribunal.
Los apelantes reclamaron defecto de sentencia correspondiente a los incs. 4), 5) y 6) del art. 370 del CPP; bajo el siguiente orden, en lo relevante:
La introducción de un manuscrito realizado por Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua identificado como “MP-5”, sin haberse tenido presente el derecho a la inviolabilidad de correspondencia prescrito en el art. 25 de la CPE; que aquél fue obtenido ilegalmente pues trastocó el derecho a la privacidad, ya que el imputado narró al Tribunal de juicio las condiciones en las que ese manuscrito fue labrado (mediando presión y ante promesas incumplidas por parte de funcionarios de BRINKS, sin presencia de abogado defensor); empero, no se tomaron en cuenta esas cuestiones; en relación a la prueba “MP-4” (acta de registro de lugar del hecho), no contenía todas las formalidades exigidas por norma al no estar presente uno de los imputados; de igual forma se valoró la documental signada como “MP-9” (informe técnico del registro del lugar del hecho), el Ministerio Público no garantizó la igualdad entre partes; con referencia a la prueba “MP-12” (expedientes personales de los imputados) se las exhibió ante el Tribunal de Sentencia sin consentimiento de sus titulares, reclamando la conculcación de su derecho a la dignidad, más cuando esos documentos fueron presentados sin previo requerimiento fiscal u orden judicial.
Los apelantes reclamaron que la Sentencia que los condenó se basó en una superficial fundamentación, dado que las conclusiones asumidas en su texto no contienen relaciones lógicas y secuenciales de cada una de las pruebas, tal es el hecho de cómo no se percató la ausencia de $us. 20.000 de la remesa con destino a Santa Cruz, si hasta el propio denunciante fue gerente de la empresa en esa ciudad; asimismo, cuestionan la afirmación de la sustitución de dos “fajos” de billetes de un dólar, si por las condiciones de seguridad de la empresa los empleados son requisados tanto a su ingreso como a su salida; que si bien el video de seguridad demostraría el cómo se realizó la sustracción de los dineros; empero, ello no se vio refrendado por las atestaciones de cargo; tampoco se demostró que la empresa haya operado algún tipo de acción (disciplinaria, civil, etc.), por el hecho de que la supuesta sustracción no fue alertada por los funcionarios de seguridad.
En este punto, también señalaron que el hecho de que la atestación de la Fiscal Rosario Durán Castro, diera cuenta de que el imputado Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, se apersonó ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCC) con el fin de devolver $us. 10.000, sea corroborada por las documentales “MP-2” y “MP-3”, no demuestran de modo alguno que hayan sido los imputados quienes hayan sustraído dineros de instalaciones de la empresa BRINKS S.A.; en cuanto a la declaración testifical de Carlos José Bravo Camacho, que gravitó en torno al no cumplimiento de protocolos de manejo de dinero en esa empresa, el Tribunal de juicio realizó una ligera valoración, pues no cuestionó el por qué ese testigo al ser el encargado de video-seguridad, no dio aviso al resto del personal sobre las irregularidades que hubiera percatado, también se omitió considerar la calidad de funcionario dependiente de aquel testigo.
Los apelantes también reclamaron la ausencia de fundamentación para desestimar lo depuesto por la testigo Carla Gonzáles Galvez y sobre la ausencia en la fundamentación de las pruebas “MP-1”, “MP-6”, “MP-7”, “MP-8”, “MP-9” y “MP-11”; refutaron los informes policiales codificados como “MP-10” y “MP-11”, en sentido de que los mismos se evacuaron previo a la emisión de un informe por parte del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF); acusaron contradicción entre las boletas “PQ-7” y “PQ-8”, pues el primero da cuenta de la boleta de envío Nº 1165410, inherente a la suma de $us. 70.000 (setenta mil dólares estadounidenses), y la segunda (de la cual se denunció el dinero faltante) correspondiente al Nº 1155410.
Denunciaron violación al derecho a la defensa ya que el Tribunal de juicio rechazó la proposición de inspección técnica ocular como prueba extraordinaria con la explicación de que la misma no fue ofrecida en el momento procesal oportuno.
Bajo el apartado intitulando “MALA SUBSUNCIÓN DE AGRAVANTES RESPECTO A LOS HECHOS” (sic), apoyados en la comprensión del Auto Supremo 728 de 26 de noviembre de 2004, los apelantes señalaron que, se los condenó por la agravante del inc. 5) del art. 326 del CP; es decir, por sustracción de cosas que se encuentran fuera del control del dueño, situación que no condice con la relación fáctica vista en juicio, pues por políticas de seguridad de la empresa los dineros nunca están fuera del control del dueño.
Los apelantes señalaron en relación a las agravantes consideradas por el Tribunal de juicio, que las mismas conculcaron la garantía de presunción de inocencia, pues se asumió un criterio, sobre la no devolución de los dineros, pese a que la propia Sentencia no tenía calidad de ejecutoriada.
Concluyen solicitando que el Tribunal de grado disponga la nulidad de juicio, debiendo otro tribunal conocer el caso de autos.
Anulado el Auto de Vista 344/12 de 24 de octubre de 2012, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista 06/2014 de 14 de febrero, bajo los argumentos sintetizados a continuación:
Previa relación de antecedentes procesales, el Auto de Vista ahora recurrido manifiesta, respecto a la continuidad del juicio, que durante la tramitación del juicio oral, se procedió a suspender la audiencias encuadrándose al art. 335 CPP, por inasistencia de los abogados defensores, otras veces por la ausencia del representante del Ministerio Público o Jueces ciudadanos, incluso por la ausencia de los propios imputados, suspensiones que se dieron precisamente para garantizar el ejercicio del derecho a la defensa técnica y material de los imputados y no vulnerar los derechos y garantías constitucionales; concluyendo que no se puede anular el proceso por esos motivos.
Respecto a que el Tribunal le hubiera coartado el ejercicio de su derecho a la última palabra en el juicio al imputado Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, el Auto de Vista señala que el recurrente no habría invocado precedente contradictorio, menos explica el agravio emergente del defecto o las consecuencias procesales que tengan connotaciones de orden constitucional.
En relación al reclamo de falta de fundamentación, en contravención al art. 124 del CPP, el Tribunal de alzada señala que la fundamentación constituye la parte más importante de la Sentencia, por lo que no puede concebirse una Sentencia sin fundamentación y motivación, una eventual omisión de estos aspectos constituiría defecto absoluto, implicando que el Juez no habría razonado la prueba tal cual corresponde al sistema acusatorio; concluye indicando que: “en el presente caso se cumple con la fundamentación” (sic).
En torno a defectos en la sentencia relativos a la introducción y valoración de las pruebas consistente en la declaración testifical realizada ante el Ministerio Público, por Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y declaración del encargado de videos, señalan los de grado que esas pruebas por sí solas no constituyen medios de prueba, sino que necesariamente tienen que ser ratificadas en juicio ante el Juez o Tribunal de Sentencia, a más que en su momento se debió plantear su exclusión probatoria.
Sobre la aplicación de atenuantes y agravantes, el Tribunal de alzada establece que: “…si bien se ha perpetrado el delito de hurto, nos e ha probado que se encontraban a momento del hecho fuera del alcance del dueño o tenedor legítimo, ya que tanto las conclusiones de la Sentencia, así como los hechos probados y no probados inmersos en su redacción, no establecen la presencia de la agravante prevista en el Art. 326 Inc. 5 del Código Penal, por lo que la pena a ser aplicada debe basarse en el tipo penal probado, cual es el delito de Hurto” (sic). Es así que analizando la edad, la situación económica y los antecedentes de los imputados, con base al art. 413 del CPP, declara admisible y procedente la apelación formulada por la defensa en este motivo.
En consecuencia, concluye dictando nueva Sentencia, por la que declara a los acusados, culpables de pena y culpa del delito de Hurto previsto y sancionado por el art. 326 del CP, imponiéndoles la pena de privación de libertad de dos años y ocho meses a Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua, y tres años a Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, más el pago de daños y perjuicios a la víctima, que se calificarán en ejecución de Sentencia.
III. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Y VERIFICACIÓN DE DEFECTUOSA FUNDAMENTACIÓN
Habiendo sido admitido el recurso de casación por la vía de la flexibilización, corresponde emitir pronunciamiento de fondo, dentro de los límites establecidos en el Auto Supremo de admisión 620/2014-RA de 4 de noviembre, por lo que con carácter previo, a los efectos señalados, se establecen las bases legales que servirán de sustento a la presente Resolución.
III.1.1. Obligación de los Tribunales de emitir resoluciones fundadas en derecho y motivadas adecuadamente.
Las resoluciones, para su validez y eficacia, requieren cumplir determinadas formalidades, dentro las cuales se encuentra el deber de fundamentarlas y motivarlas adecuadamente; debiendo entenderse por fundamentación la obligación de emitir pronunciamiento con base en la ley y por motivación, el deber jurídico de explicar y justificar las razones de la decisión asumida, vinculando la norma legal al caso concreto; al respecto, el Auto Supremo 111/2012 de 11 de mayo, señaló que: “Este deber se halla sustentado en el principio lógico de la razón suficiente; al respecto, Juan Cornejo Calva, en su publicación ‘Motivación como argumentación jurídica especial’, señala: ‘El derecho contemporáneo ha adoptado el principio de la Razón Suficiente como fundamento racional del deber de motivar la resolución judicial. Dicho principio vale tanto como principio ontológico cuanto como principio lógico. La aplicación o, mejor, la fiel observancia, de dicho principio en el acto intelectivolitivo de argumentar la decisión judicial no solamente es una necesidad de rigor (de exactitud y precisión en la concatenación de inferencias), sino también una garantía procesal por cuanto permite a los justificables y a sus defensores conocer el contenido explicativo y la justificación consistente en las razones determinantes de la decisión del magistrado. Decisión que no sólo resuelve un caso concreto, sino que, además, tiene impacto en la comunidad: la que puede considerarla como referente para la resolución de casos futuros y análogos. Por lo tanto, la observancia de la razón suficiente en la fundamentación de las decisiones judiciales contribuye, también, vigorosamente a la explicación (del principio jurídico) del debido proceso que, a su vez, para garantizar la seguridad jurídica.
En definitiva, es inexcusable el deber de especificar por qué, para qué, cómo, qué, quien, cuando, con que, etc., se afirma o niega algo en la argumentación de una decisión judicial en el sentido decidido y no en sentido diferente. La inobservancia del principio de la razón suficiente y de los demás principios lógicos, así como de las reglas de la inferencia durante la argumentación de una resolución judicial, determina la deficiencia en la motivación, deficiencia que, a su vez, conduce a un fallo que se aparta, en todo o en parte, del sentido real de la decisión que debía corresponder al caso o lo desnaturaliza. Esa deficiencia in cogitando, si es relevante, conduce a una consecuencia negativa que se materializa en una decisión arbitraria’ ".
III.1.2. Control de legalidad y logicidad de la Sentencia.
Conforme la reiterada doctrina legal establecida por el máximo Tribunal de Justicia, se ha dejado sentando que el sistema recursivo contenido en el Código de Procedimiento Penal, fue establecido con la finalidad de que los sujetos procesales, que se consideran agraviados con la emisión de un fallo, puedan acudir ante un Tribunal superior a efectos de hacer valer sus pretensiones, efectivizándose así las garantías jurisdiccionales, principios y garantías constitucionales contenidos en los arts. 109, 115, 116 y 180.I.II de la CPE, relativos a los arts. 8.2 inc. h) de la Ley 1430 de 11 de febrero de 1993 (Pacto de San José de Costa Rica), y art. 14 núm. 5 de la Ley 2119 de 11 de septiembre de 2000 (Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
En etapa de alzada, la normativa procesal penal, establece que el recurso de apelación restringida constituye el único medio para impugnar la Sentencia; consecuentemente, el control de la legalidad ordinaria y logicidad del fallo de mérito, debe ser ejercido por el Tribunal de apelación conforme disponen los arts. 51 inc. 2) del CPP y 58 inc. 1) de la Ley del Órgano Judicial (LOJ). Debe añadirse que este control debe estar sustentado en la Ley, observando, siempre conforme lo alegado en el recurso de alzada, que la Sentencia haya incurrido en los defectos descritos en el art. 370 del CPP, que pudieran tener como consecuencia la configuración de defectos absolutos inconvalidables por vulneración a la normativa penal sustantiva o adjetiva y con ella infracción de derechos y garantías establecidas en la Constitución Política del Estado.
III.1.3. Sobre la defectuosa valoración de la prueba, su formulación y control.
La denuncia por defectuosa valoración de la prueba, defecto de Sentencia descrito en el inc. 6) del art. 370 del CPP, como norma habilitante, debe encontrarse vinculada a la infracción del art. 173 del mismo cuerpo legal; es decir, a la vulneración de las reglas de la sana crítica, que son aquellas que conoce el hombre común (sentido común - conocimiento adquirido por cualquier persona de forma espontánea como verdad irrefutable); las reglas de la ciencia, entre las cuales la más aplicada es la de la psicología, que en el caso del juzgador requiere conocimientos mínimos (se aplican cuando el juzgador observa comportamientos); además de las reglas de la lógica (la lógica de lo razonable); es decir, las reglas de la identidad, de contradicción, del tercero excluido o de razón suficiente, para crear un razonamiento debidamente estructurado. Lo que implica, que quien alegue defectuosa valoración de la prueba, debe brindar información necesaria que posibilite identificar cuál de las reglas del recto entendimiento humano fueron infringidas o soslayadas, señalando de forma ineludible, cuáles las afirmaciones o hechos contrarios a la experiencia común, cuáles los hechos no ciertos en los que se sustenta el fallo, de qué manera los medios de prueba fueron valorados indebidamente, cuáles las conclusiones que demuestren cosa diferente a la que se tuvo como cierta con base en ellos, cuál el o los elementos analizados arbitrariamente; de modo que únicamente planteado en esos términos el recurso, es posible el control sobre la valoración de la prueba, control que debe ser ejercitado sobre la logicidad de la Sentencia, teniendo como circunscripción lo argumentado en el recurso.
El Tribunal de Sentencia, establece la existencia del hecho y la culpabilidad del procesado, mientras que los Tribunales de alzada tienen como objetivo verificar si el iter lógico expresado en la fundamentación del fallo se encuentra acorde con las reglas del recto entendimiento humano; analizando si la motivación es expresa, clara, completa y emitida con arreglo a las normas de la sana crítica, cuales son, la lógica, la experiencia común y la psicología, controlando si las conclusiones obtenidas responden a las reglas del recto entendimiento humano, sin que para ello les esté permitido ingresar a una reconsideración de los hechos o de las pruebas, de ahí que alegar como motivo del recurso de apelación restringida, la infracción a las reglas de la sana crítica, obliga al impugnante a señalar cuáles son
las normas del correcto entendimiento humano inaplicadas o aplicadas erróneamente, expresando las partes de la sentencia en las que consta el agravio.
El análisis de las resoluciones a partir de la formulación de una crítica al sistema de valoración de la prueba, requiere un alto nivel de tecnicidad y fundamentalmente un adecuado manejo de las leyes del pensamiento; así, los profesionales que asisten en los procesos donde se pretende criticar la actividad valorativa del titular del órgano jurisdiccional, requiere un especial manejo de principios tales como el de razón suficiente, de identidad, contradicción, del tercer excluido, etc.; de igual manera, las máximas de experiencia que son las obtenidas de la observación de la realidad, y que comprueban que ciertos hechos o sucesos se comportan reiteradamente de determinada manera, son parámetros básicos que nos permiten explicar la ocurrencia de ciertos fenómenos cuya extensión, notoriedad, regularidad e identidad, han permitido convertirlos en estándares generales para la comprensión de acontecimientos suscitados a lo largo del tiempo” (Las negrillas son nuestras).
III.1.4. Sobre el planteamiento de los recursos.
Si bien es cierto que la exigencia de fundamentación y motivación de las Resoluciones, constituye una obligación inexcusable para la autoridad que emite un fallo, es también cierto que esta exigencia es atinente en igual medida al recurrente, quien en procura de una resolución favorable, debe redactar el recurso de forma clara, precisa, pertinente, verificando que el memorial se encuentre estructurado y compuesto de un esquema lógico-jurídico coherente, que permita entender con claridad la pretensión, permitiendo con ello delimitar en la dimensión exacta los motivos o causales del recurso, a efectos de que el Tribunal de impugnación pueda resolver sobre denuncias concretas y no sobre supuestos respecto a la pretensión del recurrente, lo contrario, podría significar que la reclamación no sea atendida por incoherente, vaga o imprecisa; o, conducir a error al Tribunal de impugnación en cuanto a la reclamación, por lo que el recurrente, debe argumentar el recurso identificando claramente los hechos que causaron su planteamiento, los que deben estar apoyados en la norma legal vigente y motivados de forma objetiva; de lo contrario, se configura en un recurso subjetivo, caprichoso y dilatorio, toda vez que se debe tomar en cuenta que son los argumentos del recurso los que delimitan el ámbito de pronunciamiento, pero a la vez, implica autolimitación de la pretensión recursiva.
Habiendo sido admitido vía flexibilización el recurso de casación formulado por los imputados Basilio Egedio Colquehuenca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez, corresponde emitir pronunciamiento, a cuyo fin se tiene presente que ambos denuncian que, uno de los motivos de la apelación restringida fue la insuficiente fundamentación en la Sentencia 19/2011 de 9 de diciembre, respecto a la prueba testifical y documental producida en juicio, aspecto sobre el cual el Tribunal de apelación se habría limitado a señalar que: “no puede concebirse que esta carezca de fundamentación y motivaciones” (sic), situación que ha decir de los recurrentes vulneraría el debido proceso y la seguridad jurídica.
Analizados los antecedentes del proceso, se evidencia que la denuncia de los recurrentes está dirigida a la falta de consideración y valoración de las declaraciones de los testigos Mario Eduardo Herrera Valdivia, Carlos José Bravo Camacho, la Fiscal de Materia Rosario Durán Castro y Carla Gonzales Gálvez, además de las literales MP 2, MP 3, MP 4, MP 1, MP 6, MP 7, MP 8, MP 9, MP 10, MP 11, PQ 10, PQ 2, PQ 3, PQ 7 y PQ 8, verificándose de los antecedentes, que respecto a esta temática, el Tribunal de alzada luego de señalar que la fundamentación y motivación componen la parte más importante de la Sentencia, y su eventual omisión constituye defecto absoluto, concluyó señalando por un lado que en el presente caso se cumplió con la fundamentación y por otro, que la parte recurrente no explicó la posible contradicción, vulneración o agravios, en cuanto se refieren a una de las declaraciones testificales y que se debió plantear la exclusión probatoria; extremos que resultan acordes a los antecedentes, habida cuenta que de la revisión de la Sentencia emitida por el Tribunal de mérito, se evidencia que en el capítulo IV bajo el epígrafe de: “CONTRASTE INTELECTIVO DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFERTADOS POR LAS PARTES EN COMUNIDAD” (sic), se procedió a la valoración y fundamentación extrañada por la parte recurrente; y, que el cuestionamiento que efectuaron ante el Tribunal de apelación, fue formulado de forma subjetiva, refiriendo circunstancias o hechos, sin atacar la logicidad o el razonamiento errado de la Sentencia y sin identificar cuáles de las reglas de la sana crítica fueron obviadas o erróneamente aplicadas, tampoco estableció cuál fue el hecho no cierto, o cuál la afirmación imposible o contraria a las leyes de la lógica o a la experiencia, cuál o cuáles fueron los medios probatorios analizados arbitraria o erróneamente, el por qué considera que no se aplicaron las reglas de la sana crítica, como se desarrolló precedentemente en el apartado III.1.3; consecuentemente, ante el yerro en el planteamiento que resultó general y subjetivo, el Tribunal de alzada, estableció que la Sentencia cumplió con la debida fundamentación, dentro los márgenes delimitados por las propias denuncias.
Además, es pertinente resaltar, que este motivo ya fue sometido a análisis y consideración por este Tribunal, como consecuencia de la formulación del recurso de casación interpuesto por los imputados respecto al Auto de Vista 344/12 de 24 de octubre de 2012 de fs. 790 a 793, verificándose que los recurrentes bajo el título “Que, respecto a la POBRE FUNDAMENTACIÓN, INSUFICIENCIA EN LA MOTIVACION Y CONTRADICCION DE LA SENTENCIA LA MISMA QUE ES BASADA EN HECHOS INEXISTENTES O NO ACREDITADOS O EN VALORACIÓN DEFECTUOSA DE LA PRUEBA” (sic), plantearon exactamente los mismos argumentos que formulan en el presente recurso, tal como se advierte de la comparación de los respectivos memoriales, resultando que el contenido cursante de fs. 837 a 842 vta. del anterior recurso, fue repetido en su integridad de fs. 908 vta. a 913 vta. en el escrito del recurso de casación sujeto al presente análisis; ahora bien, la conclusión asumida en el párrafo anterior, es coherente con la determinación asumida anteriormente por este Tribunal, que a través del Auto Supremo 267/2013-RRC de 17 de octubre, resolvió declarar infundado el mismo motivo argumentando que: “El juicio de control de legalidad destinado a verificar la correcta aplicación del sistema de la sana crítica en la valoración probatoria a momento de la resolución de los recursos de apelación restringida, no está destinado a revertir un razonamiento a partir de una simple afirmación o hipótesis, sino a demostrar que su elaboración es carente de un sentido lógico que conduzca a un absurdo como resultado, o que las conclusiones arribadas sean imposibles. Dicho de otro modo si se pretende desestimar alguna conclusión en una sentencia, no es adecuado partir de esa propia conclusión para especular sobre un hipotético resultado, tal como ocurre en autos, donde los recurrentes proponen que el faltante de Bs. 80.000.- (emergentes de la auditoria) son dependientes a los $us. 20.000, reputados como sustraídos, pretendiendo que necesariamente la existencia de la primera suma dependa de la existencia de la segunda; o bien, el hecho de que el no haber iniciado un proceso civil o administrativo al personal de seguridad de la empresa, pueda ser alegato que destruya alguna de las conclusiones del Tribunal de Sentencia; tales aspectos por una parte no atacan el razonamiento por el que el Tribunal de alzada llegó a las conclusiones de la Sentencia, pues no oponen cuál sea el error lógico, cuál de las premisas asumidas constituya una falacia que determine un resultado falso, o bien cuál fuera la incoherencia del razonamiento que determine un resultado absurdo en las conclusiones arribadas por el Tribunal de Sentencia. Similar situación concurre en el planteamiento de que por encontrarse pendiente la recepción de un informe del IDIF, necesariamente esta expectativa por sí misma sea suficiente para desestimar los informes policiales consignados en las pruebas “MP-10” y “MP-11”, más aun cuando, la Sentencia no valora estas pruebas independientemente del resto de los elementos probatorios, sino de manera integral con la prueba “PQ-6”, finalizando en otorgar una secuencia de cómo hubiera acontecido el actuar de los imputados.
Ahora bien, el Auto de Vista impugnado, ante los mismos reclamos, se abstuvo de otorgar análisis, al estar aquellos relacionados con la base fáctica del proceso que no son susceptibles de análisis, posición que comporta una línea afín con los precedentes invocados, en cuanto significa la limitación y el ámbito sobre la resolución de aspectos que incumban nueva valoración de la prueba y cuestiones sobre los hechos que fueron base del juicio oral, debiendo su labor circunscribirse, como ya se adelantó, a realizar un control sobre los razonamientos por los que el juzgador asumió una decisión y si los mismos se sujetaron al sistema de la sana crítica”; en cuyo mérito, el presente recurso de casación deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por los artís. 184. 1 de la CPE y 42.I.1 de la LOJ y 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación, interpuesto por Basilio Egedio Colquehuanca Huayhua y Ladislao Ángel Herbozo Vásquez.

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