Source: http://hrlibrary.umn.edu/cases/S58-05.html
Timestamp: 2018-02-24 00:14:52+00:00

Document:
Leopoldo Garcia Lucero v. Chile, Caso 350/02, Informe No. 58/05, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.124 Doc. 7 (2005).
8. El 15 de marzo de 2005, se acusó recibo e la nota No. 059 fechada el 16 de febrero de 2005 por el Ministerio de Relaciones de Chile, a través de la cual el Estado presentó sus observaciones en las que se opuso al trámite de la petición. El 16 de marzo, la Comisión transmitió las partes pertinentes de la respuesta del Estado a los peticionarios para que presentaran las observaciones que consideraran pertinentes. La respuesta del Estado fue presentado fuera de plazo y el Estado no había solicitado una prorroga para contestar ni trató de justificar el atraso de su respuesta.[2]
9. El 19 de abril de 2005, los peticionarios presentaron sus observaciones a la respuesta del Estado. A través de esta comunicación, los peticionarios aclararon el alcance de su queja y reiteraron su posición respecto de la competencia de la Comisión para declarar la admisibilidad y estudiar el fondo del asunto. El 25 de mayo de 2005 se transmitió la información presentada por los peticionarios al Estado sin solicitar observaciones al respecto dado que las observaciones de los peticionarios reiteraron los argumentos planteados en la petición. No hubo más correspondencia con las partes desde esa fecha.
11. La petición alega que el 16 de septiembre de 1973, el señor García Lucero fue detenido arbitrariamente por Carabineros en la ciudad de Santiago. Denuncia que durante su detención inicial fue mantenido incomunicado y no se le informó sobre los cargos que presuntamente se le imputaban. La petición denuncia que el señor García Lucero fue torturado de varias maneras por miembros de Carabineros. Cada dos o tres horas le ataban las manos y los pies, le vendaban los ojos, golpeándole la cabeza y sumergiéndolo en agua. En una ocasión, cuando estaba cayendo casi inconsciente al suelo, uno de los Carabineros lo golpeó con un rifle en la frente, lo cual le produjo un corte que por poco le provoca la pérdida de su ojo. Se alega que hasta el día de hoy permanecen en su cara las cicatrices de esta lesión.
12. La denuncia expone que el señor García Lucero fue objeto de otras formas de tortura como ser sentado en una silla con manchas de sangre, las cuales, según los torturadores pertenecían a personas que previamente habían ejecutado y que si el señor García no confesaba su hija sería asesinada allí, enfrente suyo. De acuerdo con lo alegado por los peticionarios, tras dos días de torturas y tratos vejatorios continuos, la Policía trasladó al señor García Lucero al Estadio Nacional donde la tortura se intensificó. Una de las formas de tortura más frecuentes consistió en atarle las manos a un palo de madera elevado por una grúa. Otra forma reiterada era la aplicación de descargas eléctricas, primero lo sumergieron en un barreño de agua y después de sacarlo, aun con las ropas mojadas, se le aplicaba electricidad con un instrumento denominado la “picana”. El señor García Lucero fue detenido en el Estadio Nacional aproximadamente por dos meses sin tener contacto con su familia. Cuando su esposa averiguó finalmente donde se encontraba y fue a visitarlo, únicamente se le permitió ver al peticionario durante media hora antes de que fuera trasladado a “Chacabuco”, un campo de concentración en Antofagasta, ubicado a dos mil kilómetros de Santiago. Durante trece meses aproximadamente el señor García Lucero estuvo en detención en aquel lugar. Allí fue operado de una hernia en la ingle producto de las torturas de las que fue víctima.
13. La petición refiere además que en noviembre de 1974, el Ministerio del Interior emitió el primer decreto ordenando la expulsión de cien personas, incluyendo al señor García Lucero, del territorio chileno. En cumplimiento de este decreto, el señor García fue escoltado desde Tres Álamos al aeropuerto, el 12 de junio de 1975, de donde partió con su familia al Reino Unido, lugar donde han residido hasta la fecha. Hasta el día de hoy, el peticionario sigue sin capacidad de trabajar a consecuencia de las secuelas dejadas por las torturas a las que fue sometido mientras estuvo detenido durante quince meses en Chile.
14. Con posterioridad a estos hechos, el 8 de abril de 1978, el Gobierno Militar de la época emitió el Decreto Ley No. 2.191 (ley de auto amnistía) según el cual, alegan los peticionarios, los procedimientos judiciales se vuelven inútiles y carecen de efectividad y utilidad. Se aduce que los tribunales chilenos han aplicado reiteradamente dicho decreto y la Corte Suprema ha confirmado su constitucionalidad, eliminando de plano cualquier perspectiva de éxito de una apelación ante los tribunales internos, y erigiéndose por tanto, como obstáculo final para la obtención de algún tipo de reparación para el presente caso.
15. Según los peticionarios, después del reestablecimiento del régimen democrático en Chile en marzo de 1990, comenzó un período de transición que dio lugar a numerosas reformas dentro del sistema jurídico del país. Sin embargo, las medidas de reparación sobrellevadas por los gobiernos democráticos para las violaciones a los derechos humanos perpetradas en el pasado, no incluyeron a las personas sobrevivientes a las torturas, dejándolas desprovistas de un recurso legal y cualquier otro tipo de compensación. Así, en la actualidad las víctimas de tortura siguen sin tener acceso a la justicia y no han recibido compensación a través de ningún procedimiento o vía administrativa. Los peticionarios alegan que después de haber transcurrido más de quince años de la ratificación de la Convención Americana, el Estado no ha proveído un recurso efectivo a las víctimas de la tortura, incumpliendo sus obligaciones internacionales.
16. Los peticionarios consideran que, a pesar de que el Gobierno de Chile el 10 de noviembre de 2004 publicó un informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (“Comisión Valech”), en el cual la presunta víctima aparece incluida en la nómina de personas reconocidas como víctimas, dicho informe en si mismo no se considera como una medida integral de reparación, como tampoco se consideran las medidas que éste propone. Específicamente, el informe de la Comisión Valech revela las atrocidades relatadas por más de 35 mil chilenos, incluyendo más de tres mil mujeres que fueron violadas, pero omite los nombres de los torturadores. El 24 de diciembre de 2004 se adoptó la ley Nº 19.992, “Ley de reparación a Víctimas reconocidas de prisión política y Tortura” la cual establece una pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas en el “Listado de prisioneros políticos y torturados” del Informe Valech. Esa ley especifica que la pensión establecida “será incompatible con aquellas otorgadas en las leyes números 19.234, 19.582 y 19.881, pudiendo quienes se encuentren en tal situación optar por uno de estos beneficios en la forma que determine el Reglamento”.
a) la no derogación—y consecuente mantenimiento en vigencia— del Decreto-Ley Nº 2.191 de Amnistía que se dictó para sí mismo el gobierno militar, pero cuya vigencia y aplicación ha continuado durante el Gobierno democrático, inclusive después de que Chile ratificara la Convención Americana y asumiera el compromiso de cumplirla;
b) la falta de juzgamiento, identificación de los responsables, y sanción a los autores de estos hechos, que se inicia durante el Gobierno militar y continúa durante el Gobierno democrático y constitucional., y,
c) la falta de reparación civil para las víctimas de tortura y, hasta hace 4 meses, de cualquier reconocimiento oficial y posibilidad de compensación administrativa
22. En virtud de los hechos y consideraciones relatadas, la petición solicita que se declare la admisibilidad del caso por las violaciones a las garantías judiciales y recurso judicial de Leopoldo García Lucero, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1(1) y 2 del mismo Instrumento.
25. El Estado sostiene que esta reserva es válida conforme a las reglas establecidas por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al no ser ésta incompatible con el objeto y fin de la Convención Americana. Así, esta reserva validamente hecha por el Estado impone dos límites a la competencia de la Comisión para el conocimiento de peticiones individuales “una restricción ex ratione temporis y la segunda, una ex ratione materiae”.
26. En el presente caso, el Estado argumenta que se aplica el primero de los límites que corresponde a que el reconocimiento de competencia a los órganos de supervisión se realizó desde el depósito del instrumento de ratificación hacia delante, con expresa exclusión de situaciones cuyo principio de ejecución datara de una fecha anterior al 11 de marzo de 1990.
27. Para el Estado chileno, esta decisión de soberanía no pretende desconocer la utilidad de los mecanismos de la Comunidad Internacional para atender estas situaciones, pero trasunta el convencimiento de que es la población chilena y sus órganos democráticos los llamados, en primer lugar, a intentar resolver las heridas dejadas por las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen militar. El Estado igualmente explicó que “la inclusión de la reserva no implica que los hechos anteriores a 1990 fueran inoponibles al Estado en cuanto entidad ininterrumpida”.
29. La Comisión, previamente al análisis de la admisibilidad de la denuncia, considera necesario aclarar que los peticionarios en el presente caso no denuncian la alegada detención ilegal, tortura y expulsión del señor Leopoldo García Lucero de Chile, hechos que habrían sido practicados por agentes del Estado durante el régimen militar, sino cuestionan primordialmente la falta de acceso a una reparación civil para las víctimas de tortura, sobre todo después del reconocimiento de la responsabilidad estatal por los casos de tortura documentados en el Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura. Los peticionarios señalan que dicha Comisión ofrece una posibilidad de obtener una compensación económica a las victimas de la tortura sistemática del régimen militar pero falla en considerar circunstancias agravantes como diferenciar entre aquellas victimas que quedaron incapaces de trabajar por causa de la tortura o aquellas personas que además de torturadas fueron expulsadas y que residen en países donde la subsistencia diaria es económicamente más costosa que en Chile.
30. Los peticionarios se encuentran facultados por el artículo 44 de la Convención Americana para presentar denuncias ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima al señor Leopoldo García Lucero, respecto de quien Chile se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Chile es un Estado parte en la Convención Americana desde el 21 de agosto de 1990, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo. Por lo tanto la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición.
31. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de Chile, Estado parte en dicho tratado. El peticionario alega que el Estado chileno es responsable del pago de reparaciones en su favor que tengan en cuenta el costo de vida más alto al que se vio obligado a sufragar en el Reino Unido, tras haber sido ilegalmente expulsado de Chile, lo cual también le impidió trabajar para mantener las necesidades de su familia. En el paso, la Comisión ha decidido varios casos en los cuales encontró que la expulsión de nacionales chilenos por su propio Estado era contraria a los derechos establecidos por la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.[4] En consecuencia, el hecho de que el señor García se encuentre en el Reino Unido como resultado de una acción estatal debe ser tenido en consideración
32. La Comisión posee competencia ratione temporis, porque no se ha solicitado a la Comisión que se pronuncie sobre los hechos anteriores al 21 de agosto de 1990. El principal argumento presentado en la respuesta del Estado del 18 de febrero de 2005, es que Chile no es responsable, en el marco de la Convención Americana, de violaciones supuestamente cometidas en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y 11 de marzo de 1990. En este contexto, durante sus alegatos de admisibilidad, los peticionarios aclararon el alcance de su petición, excluyendo de la misma las alegaciones referidas a estos hechos[5]. La Comisión considera que el caso de autos las alegaciones sólo se refieren a hechos ocurridos después del 21 de agosto de 1990.
33. El Estado salvadoreño interpuso una excepción preliminar de incompetencia ratione temporis de la Corte Interamericana en el caso Serrano Cruz, parecida a la respuesta del Estado chileno en el presente caso. En Serrano Cruz, el Estado solicitó que, con base en su declaración de reconocimiento de la competencia contenciosa del tribunal, la Corte Interamericana no conozca los hechos anteriores a la fecha en que reconoció la jurisdicción obligatoria del tribunal y aquellos cuyo principio de ejecución se hubiera dado también con anterioridad al depósito de la declaración de reconocimiento.[6] La Corte Interamericana interpretó esa declaración no como una “reserva” sino como “una limitación temporal” respecto de los casos que podrían someterse al conocimiento del tribunal, excluyendo de su competencia hechos o actos anteriores a la fecha del depósito de la declaración y admitiendo hechos que supuestamente habrían ocurrido con posterioridad al reconocimiento de la competencia del tribunal, como hechos relacionados con la falta de una investigación penal o civil para determinar lo sucedido.[7]
46. El artículo 46(1)(b) de la Convención establece que toda petición debe presentarse dentro de un plazo de seis meses contado a partir de la fecha en que se haya notificado a los peticionarios de la sentencia definitiva que agota los recursos internos.
47. En la petición bajo estudio, la Comisión ha establecido la renuncia tácita del Estado chileno a su derecho de interponer la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos, por lo que no resulta aplicable el requisito del artículo 46(1)(b) de la Convención Americana. Sin embargo, los requisitos convencionales de agotamiento de recursos internos y de presentación dentro del plazo de seis meses de la sentencia que agota la jurisdicción interna son independientes. Por lo tanto, la Comisión Interamericana debe determinar si la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
48. La situación del señor García Lucero es distinta a la que vivieron los chilenos que fueron torturados pero no expulsados de Chile. En el segundo de los supuestos, sería razonable esperar que la presunta víctima hubiera agotado los recursos de jurisdicción interna dentro del plazo de los seis meses siguientes a la fecha de su notificación. Sin embargo, en el presente caso los hechos revelan que el señor García Lucero fue tan gravemente torturado que estuvo física y sicológicamente incapacitado para trabajar, fue incapaz de aprender inglés a pesar de haber estado viviendo en Gran Bretaña por casi 30 años, y sus persistentes esfuerzos por ser compensado demuestran la precaria situación financiera en la que se encuentra. En consecuencia, la Comisión considera que no es razonable exigir que una persona en dichas condiciones viaje desde el Reino Unido a Chile e inicie demandas judiciales para perseguir reparaciones cuando ninguna persona en la misma situación del señor García Lucero ha sido reparado en virtud de tal decisión judicial. Finalmente, el Estado chileno, recién en el año 2004 empezó a reconocer la situación de las personas que sufrieron tortura en las cárceles y centros de detención en Chile en los años 1970 y la ley Nº 19.992, la cual establece una pensión de reparación para víctimas de la prisión política y tortura, recién fue emitida en diciembre de 2004, aproximadamente 30 años después de la perpetración de los hechos. En consecuencia, la Comisión Interamericana concluye que la petición bajo estudio fue presentada dentro de un plazo razonable.
48. No surge del expediente que la materia de la petición se encuentre pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, ni que reproduzca una petición ya examinada por éste u otro órgano internacional. Por lo tanto, corresponde dar por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 46(1)(c) de la Convención.
49. La Comisión toma nota de que en la petición se plantean cuestiones referentes a la supuesta denegación de justicia por la falta de reparación civil de una víctima de graves violaciones a sus derechos humanos que habrían sido cobijadas por impunidad penal a través la aplicación de una ley de amnistía. Los peticionarios alegan que la Convención Americana garantiza a toda persona el acceso a la justicia para reivindicar los derechos violados. Por tanto, la Comisión concluye que en la denuncia de los peticionarios se describen actos que, de ser probados, podrían configurar violaciones a los derechos protegidos por los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con las obligaciones de los artículos 1 (1) y 2, por lo cual se han cumplido los requisitos del artículo 47(b).
1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en concordancia con los artículos 1(1) y 2 del mismo instrumento.
[2] El artículo 30(3) del Reglamento de la Comisión prevé: “El Estado presentará su respuesta dentro del plazo de dos meses contados desde la fecha de transmisión. La Secretaría Ejecutiva evaluará solicitudes de prórroga de dicho plazo que estén debidamente fundadas. Sin embargo, no concederá prorrogas que excedan de tres meses contados a partir de la fecha del envío de la primera solicitud de información del Estado.” La Comisión debería no tomar en cuenta una respuesta extemporánea del Estado, pero en este caso, por la trascendencia del tema, la tomará en consideración.
[3] Cf. Comunicación de los peticionarios fechada el 15 de abril de 2005 y recibida por la Secretaría Ejecutiva el 19 de abril de 2005, la cual no ha sido contestada por el Estado chileno después de su respuesta del 15 de marzo de 2005.
[4] Véase por ejemplo, Resolución Nº 10/856, Caso Nº 8095 (Chile), 5 de marzo de 1985; Resolución Nº 11/85, Caso Nº 9269 (Chile), 5 de marzo de 1985.
Los actos u omisiones que el peticionario somete al análisis de la Comisión han sido cometidos tras la ratificación chilena de la Convención, que de acuerdo con la respuesta del Gobierno de fecha 15 de marzo de 2005, es a partir del momento en que “puede responder por los hechos cometidos bajo su imperio”.
[6] Corte IDH. Caso de las Hermanas Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentencia (fondo) 23 de noviembre de 2004.

References: artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 30
 Resolución 
 Resolución