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Timestamp: 2019-12-07 22:08:44+00:00

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﻿ SENTENCIA SP2230-2016/45.625 DE FEBRERO 24 DE 2016
SENTENCIA SP2230-2016 DE 24 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO PARA PROMOVER GRUPOS ARMADOS ILEGALES. SE PRECISA QUE HACE PARTE DE LOS DENOMINADOS TIPOS DE PELIGRO PRESUNTO, EN LOS QUE NO SE REQUIERE LA OBTENCIÓN DEL RESULTADO PROPUESTO PARA LA CONFIGURACIÓN DEL DELITO, PUESTO QUE EL LEGISLADOR HA PREVISTO LA POSIBILIDAD DE DAÑO DESDE SU CONFORMACIÓN A PARTIR DEL SIMPLE ACUERDO DE VOLUNTADES. DE ALLÍ QUE EN ESTA CLASE DE TIPOLOGÍA, NO BASTA CON REALIZAR EL PROCESO DE ADECUACIÓN TÍPICA PARA DAR POR ENTENDIDO EL JUICIO DE ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA, SINO QUE ES NECESARIO ESTABLECER LA EFECTIVA LESIÓN O PUESTA EN PELIGRO DEL BIEN JURÍDICO TUTELADO (ANTIJURIDICIDAD MATERIAL), YA QUE, DE NO VERIFICARSE DICHA PRESUNCIÓN LEGAL, QUE POR SUPUESTO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO, SE PODRÍA LLEGAR A CALIFICAR DE ANTIJURÍDICO UN COMPORTAMIENTO INOCUO, SIN ENTIDAD DELICTUAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN PENAL, CONSTREÑIMIENTO AL SUFRAGANTE, ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, TIPO PENAL, CONCIERTO PARA DELINQUIR, GRUPO ARMADO AL MARGEN DE LA LEY, DELITO DE PELIGRO PRESUNTO
Sentencia SP2230-2016/45.625 de febrero 24 de 2016
SP2230-2016
Rad. 45.625
Aprobado Acta Nº 046
Bogotá D.C., febrero veinticuatro de dos mil dieciséis.
77. Como es sabido, esta corporación acusó al procesado Axxx Rxxx Txxx, en condición de autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado para promover grupos armados ilegales, en razón de los apoyos electorales que habría recibido del ex cabecilla paramilitar Hxxx Gxxx Sxxx a. ‘Ex Pxxx’, durante su campaña a la reelección como concejal de Santa Marta en el año 2000 —período 2001-2003—, y de acuerdo con lo señalado en el auto por el cual la Corte reasumió la competencia de este juicio(31), también lo hizo cuando se postuló fallidamente a la Cámara de Representantes —período 2006-2010—, a cuyos cargos accedió, en el primer caso, de manera directa y en el segundo, en reemplazo de su titular Kxxx Lxxx Vxxx, tras haber ocupado el segundo renglón en la lista del movimiento político —Moral—.
78. De conformidad con las certificaciones expedidas por la secretaría de la Cámara, el acusado Rxxx Txxx fungió como congresista entre el 25 de septiembre de 2007 y el 21 de mayo de 2008, cuando fue suspendido del cargo en virtud de la medida de detención impuesta por esta colegiatura al interior de estas diligencias.
79. Ahora, no obstante que en la actualidad Rxxx Txxx no ostenta tal calidad, la Sala hubo de prorrogar el ejercicio de la competencia en este asunto(32), conforme al factor funcional derivado de la vigente interpretación del parágrafo del artículo 235 superior, en acatamiento de las directrices trazadas en los autos del 1º y 15 de septiembre de 2009(33), habida consideración que los nexos que se le atribuyen con grupos paramilitares, desde su postulación a la reelección al Concejo de Santa Marta en el año 2000, se hicieron extensivos en el tiempo hasta cuando accedió al cargo de Representante a la Cámara por el Departamento del Magdalena en el año 2007 y parte del 2008, como se indicó en el acápite precedente.
80. Los fundamentos que forjaron los precedentes de la actual orientación hermenéutica sobre los alcances del aludido parágrafo constitucional(34), estuvieron fincados en la necesidad de variar el criterio según el cual, la renuncia o dejación del cargo de congresista implicaba la pérdida automática del fuero y por ende, la competencia de esta corporación, sin adentrarse en el análisis relacional entre función y delito señalado explícitamente en la norma, situación que llevó a la Corte a establecer a partir de allí, que en tales circunstancias, esta colegiatura conservaría la potestad de investigar y juzgar a dichos ex funcionarios, siempre y cuando los punibles cometidos en desarrollo de su actividad legislativa, ‘propios y comunes’, tuvieran relación directa con la función desempeñada, o hayan sido consecuencia del ejercicio arbitrario, abusivo o desviado de las funciones deferidas en la Constitución o la ley.
81. Dicha prerrogativa, que desde el punto de vista político criminal propende por el correcto ejercicio de la función pública y su protección frente a conductas indebidas de terceros y de sus propios agentes (altos dignatarios del Estado), compete con exclusividad a esta corporación como máxima autoridad de la jurisdicción ordinaria, en atención a que sobre dichos servidores ha quedado confiada la labor de decidir sobre los asuntos en beneficio del interés general, en cuya privilegiada posición pueden o han podido comprometer la función pública, lesionando o poniendo en peligro la seguridad colectiva, que es uno de los bienes jurídicos más importantes protegidos por la ley.
82. De modo que, en tratándose de un delito de ejecución permanente, cuya finalidad consiste en auspiciar la existencia y accionar de un específico grupo armado irregular, obvio resulta concluir que el iter criminis se inició en el año 2000 y se prolongó hasta el año 2008, como expresión de un mismo propósito delictual, según lo estableció la Corte en el pluricitado auto proferido el pasado 17 de junio, con base en las manifestaciones de algunos testigos que llevaron a la Sala a reasumir el ejercicio de la competencia en este asunto.
83. Corolario de lo anterior, la Sala de casación penal de Corte Suprema de Justicia, acorde con el análisis del parágrafo del artículo 235 de la Constitución Política, es la autoridad competente para la investigación y juzgamiento de los congresistas que hubieren hecho dejación del cargo, por cualquier motivo, siempre que exista relación entre función y delito, tesis en la cual se ratifica en esta oportunidad, puesto que se repite, la conducta investigada tiene relación material y concreta con la función Congresual desempeñada por el acusado Rxxx Txxx.
El delito de concierto para delinquir agravado.
84. Al tenor de las reglas relativas al tránsito de leyes y el tiempo de su eficacia, en tratándose de los delitos de ejecución permanente, la ley penal aplicable es la que se hallaba vigente en el momento de la perpetración del último acto en el devenir criminal, dado que mientras el sujeto activo persiste en la realización de la conducta, ésta se adecúa sucesivamente a cuantas codificaciones hayan sido expedidas durante su ejecución.
85. De acuerdo con lo anterior, como los hechos investigados tuvieron ocurrencia entre los años 2000 y 2008, vale decir, en vigencia del Decreto-Ley 100 de 1980 y la Ley 599 de 2000, es esta última preceptiva la que se ajusta a los parámetros de legalidad para presidirlos, puesto que era la ley vigente para el día 3 de febrero de 2006, cuando se produjo la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona de las autodefensas, única referencia que se tiene acerca de la claudicación de su accionar delictivo y desde luego, de su condición beligerante o de amenaza de desestabilización colectiva.
86. La selección de la citada normativa, tuvo lugar en los autos en los que la Corte resolvió la situación jurídica y calificó el mérito de la instrucción en esta actuación, al considerar que si bien los hechos se iniciaron en vigencia del artículo 186 del citado Decreto 100 de 1980, modificado por el artículo 4º de la Ley 599 de 2000, que entró a regir el 7 de julio de esa anualidad, el mismo fue reproducido en similares términos por el artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002 —sin el aumento punitivo previsto en la Ley 1121 de 2006—,que además contempla una penalidad más favorable y por tanto, hizo más propicia su aplicación en forma retroactiva, cuya procedencia revalida la Sala en esta ocasión con carácter definitivo, conforme a la siguiente descripción:
“ART. 340.—Concierto para delinquir. Modificado Ley 733 de 2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Inciso segundo: “Cuando el concierto sea para (…), promover grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
87. Dicha hipótesis jurídica —concierto para delinquir agravado para promover grupos armados ilegales—, hace parte de los denominados tipos de peligro presunto, en los que no se requiere la obtención del resultado propuesto para la configuración del delito, puesto que el legislador ha previsto la posibilidad de daño desde su conformación a partir del simple acuerdo de voluntades. De allí que en esta clase de tipología, no basta con realizar el proceso de adecuación típica para dar por entendido el juicio de antijuridicidad de la conducta, sino que es necesario establecer la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado (antijuridicidad material), ya que, de no verificarse dicha presunción legal, que por supuesto admite prueba en contrario, se podría llegar a calificar de antijurídico un comportamiento inocuo, sin entidad delictual.
88. Por tal razón, para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y su discurrir en estado de convivencia pacífica, la mayoría de las legislaciones de los Estados demo liberales han confeccionado tipos penales que se ocupan no solo de las conductas que ocasionan un daño real y efectivo a los bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la seguridad pública, sino también de las que puedan llegar a producirlo, acentuando el juicio de desvalor fundante de la norma en la fase preparatoria del iter criminis (anticipación del momento consumativo de la conducta), con el fin de conferir categoría delictual a eventos que entrañen la posibilidad de un riesgo o peligro a la colectividad.
89. En la SP Nº 11247-2015 del 26 de agosto de 2015 (rad. 35.687), la Sala reiteró dicha doctrina, bajo los siguientes términos:
“De manera que, cuando el legislador advierte de ciertos actos preparatorios una manifiesta intención para la comisión de un delito(35), erige la norma de prohibición correspondiente mediante la anticipación de la barrera de protección del bien jurídico, quedando enfatizada la fórmula de derecho en dicha fase (preparatoria), bajo una doble dimensión, esto es, como principio de ejecución, y a su vez, el momento consumativo de la infracción (criterio finalístico de acción).
Así entonces, el desvalor de acción ínsito en las normas de prohibición queda representado en la idea negativa de ilicitud, en directa proporción con el mayor aporte de energías conturbadoras, mientras que el desvalor del resultado se fundamenta en el riesgo potencial o la afectación que pueda sufrir el bien jurídico tutelado, expresado por la capacidad de generar el estado de disfuncionalidad institucional (grado de intimidación calificada y colectiva).
32. De lo anterior se sigue que, en el proceso de construcción o configuración de los delitos de peligro común y mera conducta, la esencia de la tipicidad no depende de la producción del resultado perseguido por las organizaciones con fines paramilitares y, en general, de cualquier forma de asociación delictiva cuyo propósito sea la violación sistemática de la ley, lo que de suyo ya es delito, ya que es a partir de allí que subyace el desvalor del injusto”.
De la prescripción de la acción penal.
90. De acuerdo con las circunstancias de la dinámica procesal, la Sala se pronuncia a continuación sobre la solicitud elevada por la defensa técnica en su intervención en la vista pública, en punto a la declaratoria de la extinción de la presente acción penal por el fenómeno de la prescripción, toda vez que de haberse producido ésta, lo pertinente sería decretar la cesación de procedimiento y prescindir del análisis del acervo probatorio.
91. En efecto, según los cálculos de la defensa, el término previsto en el artículo 80 del Código Penal del Decreto 100 de 1980(36), para llevar el proceso hasta su finalización con la emisión de la respectiva sentencia ejecutoriada, se cumplió el día 25 de septiembre de 2014, en razón a que si el delito en cuestión, acaecido en el año 2000, tiene señalado como límite máximo doce (12) años de prisión, al cabo de los cuales prescribiría la acción penal en la etapa de la instrucción, dicho término se interrumpió con la ejecutoria de la acusación el día 25 de noviembre de 2008, quedando reducido ese guarismo a la mitad en la etapa del juicio, esto es, a seis (6) años, conforme al artículo 84 Ibídem, ya que, asevera, pese a que el acusado ostentaba la calidad de servidor público en ejercicio de sus funciones para cuando se le atribuye el hecho, ni la Corte, la fiscalía o el juzgado de conocimiento allegaron al proceso la prueba idónea respecto de dicha condición.
92. Admite el defensor que, aunque en las diligencias militan las actas de escrutinio y declaratoria de elección de la Registraduría que comprueban que el procesado fue elegido y en efecto fungió como concejal de Santa Marta —período 1998-2000—, no aparece la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral, que a la postre fue la autoridad que le confirió la condición de servidor público, amén que no existe prueba de que haya cometido el delito en ejercicio o por razón de las funciones, como tampoco se le imputó tal circunstancia en la acusación y por ende, acota, no es posible incrementarle la tercera parte al término de prescripción en la etapa del juicio, a la luz del artículo 82 del citado Decreto 100 de 1980, reproducido en idéntico sentido por el inciso 5 del artículo 83 de la Ley 599 de 2000.
93. De suerte que, para la defensa, de haberse acreditado suficientemente la calidad de servidor público de su prohijado para cuando se le atribuye la conducta ilegal, no le hubiera merecido ningún reparo el tópico en cuestión, ya que si la acusación cobró ejecutoria el 25 de noviembre de 2008, la acción penal prescribiría el 25 de noviembre de 2016 con el aumento de la tercera parte, mientras que por no estar acreditada dicha calidad, la acción prescribió el 25 de noviembre de 2014.
94. Pues bien, para no incurrir en extensas y retóricas consideraciones acerca del fenómeno de la prescripción de la acción penal, que la jurisprudencia de esta corporación tiene decantado con suficiencia, y que para la defensa es asunto bien conocido, lo primero que hay que referir es que para cuando se dice el acusado Rxxx Txxx realizó el delito que se le atribuye (elecciones al concejo del 2000), ostentaba la condición de servidor público en ejercicio de las funciones del cargo de concejal de Santa Marta —período 1998-2000—, de lo cual no hay duda puesto que así está demostrado en el proceso, así lo admite la defensa y en efecto, así también lo prevén los artículos 123 superior y 20 de la Ley 599 de 2000(37).
95. No obstante, como el propósito del letrado es desestimar la capacidad o suficiencia del medio probatorio por el que se comprobó la condición de servidor público de su patrocinado (actas de escrutinio y declaratoria de elección), necesario es recordar que a voces del artículo 237 de la Ley 600 de 2000(38), dicha condición no requiere ser determinada mediante prueba tarifada, vale decir, indefectiblemente con el acta de nombramiento y posesión, puesto que el proceso penal colombiano se rige por el principio de libertad probatoria(39), que autoriza demostrar a través de cualquier medio de convicción (confesión, testimonios, prueba pericial, documental o circunstancial), los elementos constitutivos de la conducta punible y la responsabilidad del procesado, entre otros aspectos, salvo que la ley exija prueba especial(40).
96. Acorde con lo anterior, la pretensión defensiva carece de fundamento, ya que, en primer lugar, los documentos que echa de menos no constituyen en el orden jurídico un requerimiento sine qua non para acreditar la calidad de servidor público del acusado, al punto que de haberse incorporado habrían tenido la misma trascendencia que las pruebas que le sirvieron de base para llegar a tal conclusión, esto es, la declaratoria de elección y las actas de escrutinio, instrumentos en los que ciertamente se basaron las autoridades para autorizarle el ejercicio del cargo de concejal durante el período 1998-2000, de cuya situación también da suficiente razón la copiosa prueba testimonial que obra en el proceso.
97. En segundo lugar, porque tal y como quedó dicho en el auto por el cual la Corte reasumió la competencia del presente juicio, el procesado también ostentó la calidad de servidor público cuando se dice ocupó la curul de Representante a la Cámara —período 2006-2010—, con el apoyo del grupo paramilitar liderado por a. ‘Ex Pxxx’, de cuya condición obra en el proceso la certificación expedida por la secretaría de la citada corporación(41).
98. En tercer lugar, porque si como se ha visto, el delito sub examine se estructura a través de una conducta de ejecución permanente, cuya ofensa al bien jurídico trasciende en el tiempo mientras no cesa el acuerdo ilegal, el mismo le es imputable al procesado, puesto que, se repite, los pactos que se le atribuyen con los paramilitares se iniciaron en el año 2000 y se extendieron hasta el año 2008(42), como expresión de un mismo propósito delictivo, por lo que no hay duda que dichos acuerdos tienen vinculación directa con las funciones desempeñadas.
99. Finalmente, el término de prescripción que se analiza, aplica con independencia de que en la acusación se haya tenido o no en cuenta una circunstancia modificadora de la pena, puesto que si bien, los parámetros de mayor o menor punibilidad pueden llegar a afectar la pena y desde luego a modificar el término prescriptivo, acorde con las modalidades indicadas en los artículos 55, 56, 57 y 58 del Código Penal, ciertamente obedecen a factores y fines diversos a los establecidos como plazo para el ejercicio del ius puniendi, cuya regulación tiene lugar con base en las disposiciones contenidas en el capítulo V Ibídem, una vez han sido ponderadas aquellas circunstancias.
100. En conclusión, como la resolución acusatoria cobró firmeza el día 25 de noviembre de 2008, y a partir de allí se inició de nuevo el cómputo del término de prescripción de la acción penal en la etapa del juicio, pero por un lapso igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal, esto es, del extremo máximo previsto en la respectiva disposición penal que es de 12 años, siendo la mitad seis (6) años, más el incremento de una tercera parte por la condición de servidor público del procesado, el término de prescripción queda establecido en ocho (8) años, que se cumpliría el día 25 de noviembre de 2016 y por tanto, para este momento procesal no ha fenecido la facultad punitiva del Estado.
101. Ahora bien, como quiera que los pactos o acuerdos que se dice se suscitaron entre el político investigado y los miembros de los grupos privados de autodefensa, tuvieron lugar en el marco del denominado conflicto armado en Colombia, el análisis del injusto penal ha de ser determinado en ese mismo contexto, a partir de la génesis de las organizaciones delincuenciales de autodefensa, como sigue a continuación.
La conformación de grupos armados ilegales(43).
102. En efecto, el fenómeno paramilitar en Colombia, de cuyo origen se tienen comprobadas referencias a partir de la década de los años ochenta, tuvo como cimiento el propósito de algunos ganaderos, comerciantes, agricultores, campesinos, estudiantes y personas de diversa ideología y condición social, de unirse para conformar rudimentarios ejércitos privados de autodefensa, con el fin de reaccionar y contrarrestar con las armas el maniobrar de los grupos subversivos que habían tomado posición de los territorios abandonados a su suerte por el Estado, utilizando como métodos de financiación el terrorismo, el secuestro, la extorsión, el hurto, el desplazamiento, la desaparición forzada, el cultivo y comercialización de sustancias psicotrópicas, entre otros graves atentados a los derechos humanos, so pretexto de reivindicar las condiciones de desigualdad social.
103. En la medida en que los grupos de autodefensa se fueron afianzando en los lugares desde donde dispusieron la lucha antisubversiva, en especial en la región del Magdalena Medio, en donde en tiempo récord recuperaron el terreno perdido y generaron una situación de facto para suplir la autoridad estatal, al igual que sus adversarios, lo hicieron en un escenario de violencia generalizada, utilizando ejércitos de milicianos para suprimir a sangre y fuego cualquier elemento perturbador que amenazara el logro de sus designios, al punto de llegar a convertirse en una verdadera afrenta para la población civil, dada la forma cruel y despiadada como se impusieron durante el recrudecimiento del llamado conflicto armado ilegal. Para entonces, dichas agrupaciones ya tenían ganado el mote de ‘paramilitares’, operando como verdaderas estructuras organizadas de poder, con autonomía e independencia financiera y militar.
104. La consolidación económica y militar y el alto grado de aceptación en las comunidades, llevó a las cabezas visibles de dichas agrupaciones, a confederarse bajo el rótulo de ‘Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá’ (ACCU), que posteriormente se mutaron en ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC), a través de una serie de reuniones en las que diseñaron las disposiciones tácticas de lo que sería su plataforma política, concebida para maniobrar los hilos del poder local, regional y nacional con sus propios representantes, en cuya empresa se vincularon simpatizantes de todo orden, esto es, locales y foráneos, sin distingo partidista, concepción ideología, programas de gobierno o antecedentes electorales y, bajo las huestes de los tradicionales movimientos políticos y otros que se conformaron para tal propósito.
105. Dichas alianzas o coaliciones, se desarrollaron al amparo de los denominados ‘comités políticos’ o asambleas rotativas convocadas por los cabecillas paramilitares en época de elecciones, las cuales estuvieron conformadas por milicianos rasos y líderes comunitarios que se encargaron de orientar a las comunidades a votar por los candidatos afectos a la causa paramilitar, a quienes dotaron de logística y recursos financieros para garantizar su elección, con la obligación de reciprocidad, o en su defecto, a participar de la burocracia con la promesa de ser lanzados como candidatos únicos o la mejor opción en los comicios venideros, según sus condiciones.
106. La Sala ya se había ocupado del tema en la Sentencia de única instancia de fecha 18 de enero de 2012 (rad. 32.764), señalando que:
(…) “El sincronizado esquema se edificó sobre un juego antidemocrático consistente en capitalizar los niveles de aceptación que la organización ostentaba en las clases populares, a quienes vendían una especie de adoctrinamiento alrededor de la idea de renovación de las viejas prácticas políticas, mientras que en las élites, [líderes políticos, candidatos y/o servidores públicos], ofrecían posibilidades de éxito, a través de ayuda financiera, electoral y la intimidación a la población civil, convirtiéndolos en sus representantes en el Congreso, con compromiso de reciprocidad.
(…). Ese escenario de puertas para adentro, repárese en el plano ideológico, estaba dispuesto para tres designios: [1] la consolidación política y militar de la organización armada ilegal, [2] su promoción en el ámbito nacional, y, [3] filtrar el cuerpo legislativo. Cometidos que se cumplieron a través de una ofensiva sin precedentes en las plazas públicas de los municipios de todo el territorio nacional y la celebración de reuniones con líderes políticos y candidatos que se hallaban en actividad proselitista, en su alucinada carrera por hacerse al poder.
(…) La empresa así concebida despertó el interés de no pocos miembros de la clase política, que viendo en la causa paramilitar una oportunidad para garantizar su permanencia en cargos de elección popular, obtener representatividad en la campaña proselitista venidera, el fortalecer los partidos políticos nacientes, o terreno abonado para aspirar a futuras candidaturas —necesidad, conveniencia o simpatía—, lo que por los canales democráticos les era difícil alcanzar, optaron por adherirse a ellos a través de alianzas y coaliciones, generando una desbandada de candidatos de otros partidos hacia sus huestes, sin ninguna motivación ideológica o interés en desarrollar un programa político determinado, pues de lo que se trataba era de obtener beneficio personal”.
107. Tan cierto es lo que se acaba de enunciar, que para inicios del presente milenio, cuando las organizaciones paramilitares habían evolucionado como estructuras fuertemente jerarquizadas y aspiraban a obtener reconocimiento y legitimación por parte del Gobierno Nacional de turno, sus principales dirigentes se ufanaban de detentar el control militar, económico, político y social de las regiones a su merced, incluso, de haber profanado el Congreso de la República con el 30% de sus miembros.
108. De allí que, como lo ha venido sostenido esta corporación, el alto grado de peligro e intimidación que representa para la comunidad la simple conformación de dichas organizaciones criminales, demanda que tal proceder sea tratado como un delito sui generis de violencia, puesto que al quedar en sus manos el control del poder público mediante acciones fraudulentas, en principio violentas y luego por consenso, se produce una quiebra de los mecanismos de participación ciudadana y las instituciones democráticas, semillero de injusticia social, inequidad, corrupción, desempleo y desplazamiento, entre otras nefastas manifestaciones de violencia que superan las fronteras de una lesión particular, y que por supuesto, ameritan ser enfrentadas a través de la tipología en cuestión.
109. Por manera que, quienes se adscribieron al proyecto político de los grupos paramilitares capaces de cometer graves crímenes contra la humanidad, pactando acuerdos y coaliciones con sus miembros para acceder a ocupar cargos burocráticos y de elección popular, no solo coartaron la libertad de participación de otros ciudadanos en los asuntos del Estado, con posibilidad de plantear ideas y propuestas de contenido social y democrático, ajenas a los intereses de dichas empresas criminales, sino que contribuyeron de esa particular manera a promover sus condiciones de subsistencia y accionar, poniendo en grave peligro el bien jurídico de la seguridad pública, que es justamente la acción descrita como delito en el inciso 2º del artículo 340 de la Ley 599 de 2000.
110. Determinados los fundamentos básicos del proceso de adecuación típica del comportamiento en cuestión, y aclarado el tema de la prescripción, procede la Sala a evaluar los medios de prueba legal y oportunamente allegados a la actuación, conforme a las reglas de la sana crítica, en orden a emitir el fallo que en derecho corresponda, el cual ha de ser condenatorio, en cuanto exista certeza sobre la conducta punible y la responsabilidad del procesado, a las voces del artículo 232 de la Ley 600 de 2000.
Acerca del conflicto paramilitar en la Sxxx Nevada de Santa Marta.
111. De las primigenias labores de investigación desplegadas por la Corte, en orden al esclarecimiento de estos acontecimientos, de los que se tuvo conocimiento a principios de este milenio, se pudo apreciar que el Departamento del Magdalena fue otro de los escenarios del conflicto armado durante el tiempo en que se consolidó el mal llamado proyecto militar y político de las autodenominadas ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC). Prueba de ello, es que dicho departamento ostenta uno de los más altos índices de personas procesadas y condenadas dentro de las investigaciones que se han iniciado por la denominada ‘parapolítica’, en las que se han visto involucradas connotadas autoridades señaladas de connivencia con dichas organizaciones criminales.
112. Las incipientes manifestaciones de violencia que abonaron el camino para el surgimiento del fenómeno paramilitar en esa jurisdicción, se remontan a los años setenta de la pasada centuria, con la aparición de grupos de inmigrantes y lugareños que se dedicaron al contrabando de hidrocarburos y de mercancías por los puertos naturales, al igual que al control de los cultivos de marihuana y hoja de coca sobre el relieve montañoso de la Sxxx Nevada de Santa Marta (Magdalena), en donde las condiciones climatológicas y su excelente ubicación geográfica hacen propicia la siembra, recolección y transformación de esos productos.
113. Las exorbitantes ganancias generadas por la práctica indiscriminada de esas actividades ilegales, despertó la codicia de algunos malhechores que se empecinaron en monopolizar por la fuerza las rutas del contrabando y el narcotráfico, originando otras formas de criminalidad como el cobro de vacunas, la extorsión, el sicariato y las denominadas bandas de forajidos como ‘Los Caporos’, ‘Los Combos’, ‘Los Chamizos’, ‘Los Guachaqueros’, ‘El Clan de los Rxxx(44)’, etc., cuya conformación se atribuye en su gran mayoría al reconocido ex jefe paramilitar Hxxx Gxxx Sxxx, alias ‘Ex Pxxx’, quien para entonces descollaba como el principal mercader y benefactor de dichas actividades en aquella jurisdicción.
114. En palabras del mismo Gxxx Sxxx, se trataba de un campesino iletrado y andariego, oriundo de la región del Viejo Caldas, de donde salió huyendo de la guerra civil partidista de los años cincuenta para establecerse en la vereda El Mamey del corregimiento de Guachaca, ubicada en la vertiente nororiental de la Sxxx Nevada de Santa Marta (parte alta), en donde se inició como labriego y llegó a ostentar tal influencia en las comunidades, que se dio a conocer como un audaz y temerario defensor de los necesitados que vivía escondido en las montañas al margen de la ley, merced a lo cual conformó un ejército de combatientes con el apoyo de sectores campesinos, indígenas y esbirros, para afrontar con las armas algunas escaramuzas subversivas y en especial, para custodiar sus actividades ilegales.
115. El carácter despótico y violento con que Gxxx Sxxx se manifestó contra todo el que quiso oponerse a sus imposiciones, esto es, a la idea de armarse para realizar actividades asociadas con el crimen organizado y el floreciente negocio del narcotráfico, lo llevaron a detentar la suprema autoridad civil, política y militar de la zona y de contera, a la práctica de conductas concupiscentes, en especial con las niñas, al punto de llegar a convertirse en el amo y señor de la zona bajo los alias de ‘El Pxxx, ‘El Cucho’, ‘Taladro’ y ‘Capo de la Cocaína’, entre otros.
116. De acuerdo con las constancias procesales, el poderío de a. ‘Ex Pxxx’ se extendió a lo largo y ancho de la jurisdicción del corregimiento de Guachaca, que comprende más de un centenar de asociaciones comunitarias discriminadas entre caseríos, veredas, provincias, comarcas y comunas estratificadas en la zona 99, localizadas en la parte nororiental del Departamento del Magdalena, entre las estribaciones de la Sxxx Nevada, limítrofes con el departamento de La Guajira (parte alta), cuya población está dividida entre campesinos y aborígenes; y otras provincias y caseríos aledaños a la troncal del Caribe (parte baja), próximos al casco urbano de la ciudad de Santa Marta, en donde Gxxx Sxxx también ejerció influencia, caso específico de los barrios Bonda, Tayrona, Santafé, Garagoa y el mercado público(45).
117. Entre las veredas, provincias, comarcas y caseríos más importantes del corregimiento de Guachaca se destacan: Colinas de Calabazo, Quebrada del Sol, Machete Pelado, Casa Verde, Tinajas, Cañaveral, Chimila, Luz del Mundo, Pueblo Nuevo, el Campano, el Mamey, Honduras, La Esmeralda, Marquetalia, Mendihuaca, La Aguacatera, Paz del Caribe, Perico Aguado, La Tagua, Don Dxxx, Buritaca, San Martín, Palomino, La Línea, Casa de Tabla, Bonda, Linderos, La Gaira, Girocasaca, La Revuelta, Chontico, Aguas Frías, Minca, La Estrella y Los Naranjos, que según la mayoría de los testigos, para inicios de la presente centuria contaban con un censo electoral aproximado a los doce mil votantes, lo que hacía y hace de esas comunidades un importante fortín electoral para los intereses de los políticos de la región.
118. En ese contexto, Gxxx Sxxx hizo de la región de Guachaca su base de operaciones militares y para preservar sus intereses lujuriosos y lucrativos(46), desprovistos de componentes ideológicos o altruistas, se adscribió a las fuerzas de protección que para entonces despuntaban y en efecto, fundó las denominadas autodefensas Campesinas del Mamey(47), que posteriormente se mudaron en Autodefensas Campesinas del Magdalena y La Guajira (ACMG), las cuales operaron a través de los frentes Resistencia Tayrona y Contrainsurgencia Wayúu, conformados por brigadas paramilitares de más de un millar de hombres, dedicados al crimen generalizado y al mercado mundial de las drogas, al mejor estilo de las mafias corporativas permanentes.
119. A partir del presente milenio, dichas agrupaciones criminales finalmente quedaron sometidas al dominio y señorío de la cúpula del Bloque Norte de las autodefensas, en cabeza de Cxxx Gxxx, Sxxx Mxxx Gxxx y Rxxx Txxx Pxxx, alias ‘Jxxx’, quienes en desarrollo del proyecto de expansión paramilitar propiciado por las autodenominadas Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), le declaran la guerra a Gxxx Sxxx y lo someten a sus condiciones, sin despojarlo de la posición de comandante político de su propia agrupación.
120. La pugna que condujo a la fusión de tales agrupaciones, se ha atribuido a diferentes circunstancias, entre ellas, a la guerra librada con ‘El Clan de los Rxxx’ que operaba en mancomunidad con Hxxx Gxxx, ya porque éste se negó a entregar a Los Cxxx a uno de sus miembros que había osado quedarse con dineros del narcotráfico y estaba involucrado en una masacre en la que perecieron algunos agentes de la DEA y otros de la Policía Nacional(48), ora porque a. ‘Ex Pxxx’ se rehusó a plegarse al proyecto de las autodefensas y compartir su poderío económico, producto de la actividad criminal y del narcotráfico en la zona.
121. Según consta en el proveído por el cual la fiscalía resolvió la situación jurídica a Axxx Sxxx Sxxx Cxxx, alias ‘Jxxx’ o ‘Axxx’, jefe de sicarios, finanzas y segundo al mando de Gxxx Sxxx(49), luego del cruento enfrentamiento librado entre los grupos de autodefensa, el 24 de febrero de 2002 se suscribió un acuerdo de paz entre los Cxxx y Gxxx Sxxx, en el cual se dio por terminado el conflicto, permitiendo que este último continuara usurpando la autoridad en la región de Guachaca.
122. Se señala en el proveído en cita, que a juicio de alias ‘Jxxx o Axxx’, el déficit financiero que se produjo al interior de los grupos en oposición durante la disputa por el poder económico y territorial, fue superado a través de una ofensiva direccionada a la comisión de los delitos de extorsión y el cobro generalizado de vacunas en el casco urbano del Distrito Cultural y Turístico de Santa Marta, para lo cual se valieron de un ejército de informantes y sicarios encargados de ejecutar a quienes no accedieran a ‘contribuir con los propósitos de la organización’.
123. Consta igualmente en el proceso, que con el advenimiento del Bloque Norte se produjo un alarmante deterioro social y se acrecentaron los niveles de violencia en Guachaca y los sectores urbanos de Santa Marta, con el beneplácito de Gxxx Sxxx, de quien se afirmó(50), pese a que siguió regentando el control de la zona, hizo caso omiso de los desmanes cometidos por el grupo vencedor y el ‘pueblo debió pagar por ello’, incluso, hasta cuando se produjo la desmovilización del grupo en febrero de 2006, a consecuencia de lo cual, alias ‘Ex Pxxx’ fue extraditado a los Estados Unidos en el mes de mayo de 2008, para responder por delitos asociados al narcotráfico(51).
124. Dado que en los planes del Bloque Norte no estaba el de usurpar el señorío que Gxxx Sxxx ostentaba en la franja territorial de Guachaca, éste continuó ejerciendo total hegemonía en las comunidades, con inusitado desprecio por la vida de los aldeanos y una palmaria inmoralidad que se vio reflejada en la actividad política, en cuyo proyecto puso especial atención, haciendo uso de una aviesa coartada consistente en participar de manera personal o a través de sus prosélitos, en los ‘comités políticos’ convocados durante los procesos electorales, para compeler a los presidentes de las juntas comunales y a los líderes locales, a que orientaran a las comunidades a votar por los candidatos que hubieran recibido su ‘aval’ o ‘autorización’ para hacer proselitismo allí, ‘so pena de atenerse a las consecuencias’.
125. Así lo hizo saber desde el destierro la principal testigo de cargo, Mxxx Pxxx Oxxx Rxxx, quien hubo de incorporarse al programa de protección de la fiscalía para concurrir a estrados y desvelar(52), que como lugareña y presidente de la junta de acción comunal de la vereda Colinas de Calabazo(53) y otros cinco caseríos en los que gozaba de reconocimiento y aceptación, tuvo acceso a los agudos problemas que aquejaban a la población y entre otras situaciones, pudo advertir que en los designios de Gxxx Sxxx no estaba involucrada la lucha antisubversiva ni el bienestar de las comunidades, sino el negocio del narcotráfico(54), la vacuna, la extorsión y la cooptación del poder político y militar de la zona, para lo cual recurrió a toda suerte de crimines (masacres, muerte selectiva y sacrificio de personas perpetradas incluso en las escuelas públicas de la región), con el fin de generar terror en la población y someterla a sus condiciones.
126. Frente a lo que la generalidad de testigos refirieron con reserva y eufemísticamente como ‘directrices’, ‘consejos’, ‘orientaciones’, ‘sugerencias’, ‘consensos’ y/o ‘proposición’ de candidatos de alias ‘Ex Pxxx’, para la testigo Oxxx Rxxx se trataba de ‘componendas y órdenes’ dadas en el escenario de ‘una verdadera olla podrida’, en la que se cometieron toda clase de crímenes para imponer su voluntad. En confirmación de sus asertos, relató que el ajusticiamiento de su cónyuge, miliciano del Frente Resistencia Tayrona(55), junto con tres de sus sobrinos, se produjo para presionarla a que desistiera de impulsar en las comunidades el programa de ‘Familias Guardabosques’, implementado por el Gobierno Nacional para la erradicación y sustitución del cultivo ilícito de hoja de coca en la región, de cuya actividad derivaba su sustento el 70 % del campesinado y de la cual a. ‘Ex Pxxx’ obtenía un alto porcentaje por concepto de la siembra, transformación, transporte y comercialización.
127. Reveló la testigo en cita, que no obstante haber sido víctima de secuestro y desplazamiento por oponerse a las iniquidades de a. ‘Ex Pxxx’(56), éste se abstuvo de ordenar su ajusticiamiento dado que estaba participando en un proceso reconocido por la comunidad, en el que ‘todos los políticos de la región debían contar con su aval en cada una de las elecciones locales celebradas entre 1990 y 2004(57)’, circunstancia que persistió hasta cuando a. ‘Jxxx’ tomó posesión de la zona y replicó el proyecto político implantado por sus pares en otras partes de la geografía nacional, de cara a las negociaciones con el gobierno de turno, durante lo que se puede catalogar como el período de búsqueda de la salvaguarda jurídica del paramilitarismo en Colombia, bajo la autoproclamación de ‘Autodefensas Unidas de Colombia’ (AUC).
128. En punto al desenmascaramiento de los propósitos del plan político urdido por a. ‘Ex Pxxx’ y sus secuaces, consistente en maniobrar a su voluntad las elecciones locales con los políticos de sus afectos, la deponente Mxxx Oxxx trajo a colación las expresiones utilizadas por aquél en su contexto, señalando que ‘en cada campaña nos reunía a los líderes comunales y nos advertía que no nos comprometiéramos con ningún candidato, ya que era él quien decía por quién votar’, para que ‘no se fueran a llevar sus votos así no más, sin compromisos’, puesto que, ‘nadie se le iba a volar de la escuadra’, al paso que su segundo al mando, esto es, a. ‘El Cxxx’, vociferaba que para ‘ganar terreno político, necesitaban tener gente en el Congreso, los concejos, alcaldías y gobernaciones’.
129. Adujo igualmente la aludida testigo, que para las elecciones al Concejo de la ciudad de Santa Marta del año 2001, ‘les habían dado la orden de votar por su compadre (de a. ‘Ex Pxxx’) Exxx Gxxx Fxxx, el ex candidato Rxxx de Jxxx Mxxx y su amigo Axxx Rxxx’, lo cual también hicieron en otras contiendas electorales con ‘Vxxx, Cxxx Zxxx, Txxx Lxxx y Mxxx Pxxx Vxxx’.
130. De seguida, la antedicha testigo reveló lo que otros testificantes expresaron con reserva, que el modus operandi en materia electoral consistía en entregar a los líderes comunales los números de los tarjetones con los nombres de los aspirantes afectos a la causa paramilitar que tuvieran la mejor opción en las urnas y, ‘nosotros los repartíamos (…) porque ya venían dados los nombres de los candidatos, o alias ’El Cxxx(58) y Jxxx Mxxx lo hacían a nombre de la organización. (…). Era una presión constante, todos salían elegidos. (…). La presión más fuerte fue para el Senado de Mxxx Pxxx Vxxx (…), porque las votaciones no eran libres(59) y los líderes no teníamos posesión de la zona’, señaló.
131. El acusado Axxx de Jxxx Rxxx Txxx, pese a ser oriundo de la ciudad de Medellín (Antioquia), en donde vivió su infancia en condiciones de pobreza, para el año de 1968 se trasladó a la ciudad de Santa Marta (Magdalena), en búsqueda de mejores oportunidades de vida y ciertamente, luego de realizar algunas labores en la construcción y la pesca lugareña, emprendió junto con su progenitora un negocio de venta de comestibles en un quiosco en las playas de El Rodadero, que posteriormente se convirtió en un pequeño restaurante, cuyas ganancias le dejaron margen para incursionar en negocios de la construcción a menor escala.
132. Para la década del ochenta, Rxxx Txxx inició su itinerario en la vida pública respaldando la candidatura al Concejo de algunos líderes políticos de la ciudad de Santa Marta, hasta llegar a ubicarse como suplente de uno de ellos en el año de 1995, por el lapso de tres meses en que duró la licencia de su titular.
133. Con mayor fuerza política, el ex funcionario investigado decidió lanzarse como candidato principal en las elecciones al Concejo de Santa Marta del año de 1997 —período 1998-2000—, saliendo elegido con 1.338 votos, que lo persuadieron al final del ciclo a buscar la reelección en los comicios de octubre del año 2000 —período 2001-2003—, en donde logró renovar la credencial de cabildante con 2.499 votos, pese a lo cual renunció al cargo en el año 2002 para aspirar a la alcaldía de la capital del Departamento del Magdalena, en las elecciones del año 2003 —período 2004-2007—.
134. Según palabras del acusado, cuando se hallaba en plena campaña a la alcaldía de Santa Marta, las cuadrillas del Bloque Norte que ya habían irrumpido en la Costa Caribe con alias ‘Jxxx’ a la cabeza, le exigieron que renunciara a esa postulación para dar vía libre a la candidatura de Jxxx Fxxx Zxxx Rxxx a. ‘Cxxx Zxxx’(60), frente a lo cual aquél se negó sin haberse arredrado y llegó hasta el final de la contienda con 16.854 votos, que no le alcanzaron para vencer a su opositor, quien obtuvo 47.824 sufragios.
135. Finalmente, el enjuiciado se postuló a la Cámara de Representantes por el Departamento del Magdalena en las elecciones del año 2006, bajo las huestes del Movimiento de Renovación y Acción Laboral —MORAL—, que tuvo como cabeza de lista a la Cámara a Kxxx Pxxx Lxxx Vxxx y al condenado líder político Mxxx Pxxx Vxxx para el Senado, obteniendo 9.485 votos en el departamento, de los cuales logró 6.380 en Santa Marta, que también le fueron insuficientes para alcanzar un escaño en dicha corporación.
136. Sin embargo, ante la dejación del cargo por parte de la recién elegida representante Kxxx Lxxx Vxxx, a quien esta corporación suspendió de su ejercicio el 25 de septiembre de 2007, con ocasión de la medida detentiva que le impuso por el delito de concierto para delinquir agravado, por el que finalmente fue condenada, Rxxx Txxx fue llamado a suplir la curul en su reemplazo, al quedar ubicado en el segundo renglón de la lista, en orden de votación.
137. En lo que concierne a los nexos de amistad y los apoyos electorales que se dice fueron prodigados al ex candidato Rxxx Txxx por parte de Gxxx Sxxx, no obstante que éstos lo negaron, señalando el primero, que el trato con el ex cabecilla se debió al simple reconocimiento de su obra como líder político, mientras que el segundo, admitió que se trataba de su amigo personal, a quien llamaba ‘Axxx’ por la simpatía y afecto que le merecía al momento de reconocer su gestión pública, la testigo Mxxx Oxxx Rxxx los refutó(61), indicando que no solo los había observado reunidos en dos ocasiones en la parte alta de Guachaca, sino que el cabecilla paramilitar les hablaba de él ‘diciendo que lo apreciaba y que era de sus afectos’, y que en una reunión de líderes políticos de la región celebrada antes del año 2000 (para cuando el acusado se postuló a la reelección en el concejo), había ordenado votar por él, lo que también hizo alias ‘El Cxxx’ en otro encuentro celebrado en el corregimiento de La Tagua.
138. Enfatizó la citada deponente, en que desde el año de 1994, a. ‘Ex Pxxx’ imponía sus candidatos y prohibía a los líderes comunitarios hacer compromisos con otros aspirantes, al punto que en una ocasión quiso ella respaldar a un postulante ajeno a los intereses de aquél y fue rechazado con el argumento de que, ‘aunque todos los políticos podían hacer proselitismo, él decidía por quién votar luego de conversar con los candidatos que a su criterio constituían la mejor opción para el bienestar de la región’, bajo la categórica exhortación de que: ‘el que manda aquí soy yo y no apoyo a Concejales de otras zonas por nada del mundo’, ilustrando aquélla que en efecto, Gxxx Sxxx apoyaba al también confeso paramilitar Hxxx Ixxx Rxxx Axxx a. ‘Nxxx’ y al acusado Axxx Rxxx.
139. Añadió Mxxx Oxxx, que con posterioridad a las elecciones al Concejo (sin indicar de qué año), alias ‘Ex Pxxx’ hizo un comentario en el sentido de que ante la carencia de trayectoria política del otrora aspirante Rxxx Txxx, lo había apoyado en su postulación al Concejo de Santa Marta ‘que se dio’, en donde si bien no le tributaron la totalidad de la votación, si le aportaron una parte y la otra a su compadre Exxx Gxxx Fxxx (también electo en el año 2000), ‘comprometiéndose a apoyarlo a la alcaldía de otra manera, ya que en esa iba con ‘Cxxx Zxxx’(62), pese a que Hxxx había dicho que nunca votaría por él’.
140. Ante el cuestionamiento de la defensa material y técnica, acerca de la supuesta contradicción en que había incurrido la testigo al señalar inicialmente que en las elecciones a la alcaldía de Santa Marta del año 2003, las autodefensas se habían comprometido con a. ‘Cxxx Zxxx’ y luego haber afirmado que también habían apoyado la aspiración del acusado en esas mismas elecciones, Mxxx Oxxx aclaró que eso fue cierto, puesto que de todas maneras ‘la orden era que teníamos que apoyar a Rxxx Txxx’, señalando que, ‘en esas elecciones no salió electo, pero nosotros votamos por él, le pusimos transporte y logística’ (habla del trasteo de cerca de mil votos) (…), ‘incluso en Santa Marta orientamos a las comunidades a votar por él, y si no sacó mucha votación fue porque la gente no supo cómo votar, porque no entendían el tarjetón’(63).
141. Aludiendo a la severidad con que a. ‘Ex Pxxx’ impartía sus instrucciones, y lo mendaz que había sido cuando salió a negar en estrados que le había puesto votos a Vxxx y al otrora candidato Axxx Rxxx, la testigo en cita corroboró que aunque el cabecilla se había comprometido con la candidatura de a. ‘Cxxx Zxxx’ para la alcaldía de Santa Marta del año 2003, les recriminó a los líderes comunales por no haberlo apoyado con suficiencia en esos comicios, bajo la imprecación de que: ‘qué había pasado con dicha votación, soy amigo personal de Axxx, no nos comprometemos con él del todo, lo que se haga fuera de mis parámetros se paga, es responsabilidad de cada uno’, agregando que, ‘si no cumplíamos con las órdenes nos sometíamos a sus pronunciamientos fuertes y severos’, porque, ‘nosotros los líderes teníamos que rendirle cuentas a Gxxx’.
142. Y, para demostrar cuán importante era para Gxxx Sxxx negar los cargos de este proceso, la tantas veces referida deponente indicó que hasta se atrevió a declarar ante la Corte que no la conocía, no obstante que ella había ejercido su liderazgo político en la zona por más de siete años y la mayoría de los lugareños y testigos en este proceso la identifican como tal en la vereda Colinas de Calabazo, merced a lo cual se había reunido con aquél en las fincas de Casa Verde y Machete Pelado y además, porque ‘cuando tuvimos problemas personales y me mató a mi esposo y mis tres sobrinos’, ella presentó una denuncia en contra de su hijo Mxxx Gxxx, de la cual tuvo conocimiento el preboste paramilitar.
143. Acerca de los períodos en los que se dice Gxxx Sxxx apoyó las candidaturas del acusado, si bien es cierto la testigo Mxxx Oxxx no dio fechas exactas y aun cuando, en uno de sus testimonios señaló ‘que para las elecciones del año 2000 no nos nombraron a Axxx para nada’, para la Sala no se trata de una contradicción sino de una confusión de fechas generada por el transcurso del tiempo, puesto que, en primer lugar, no se tienen referencias sobre ayudas al procesado en los comicios al concejo de 1997, en segundo lugar, la testigo siempre ha sostenido que los auxilios se prestaron antes y durante los comicios al cabildo del año 2000, para cuando las autodefensas dividieron la votación entre él y Exxx Gxxx Fxxx, y en tercer lugar, los asertos de la declarante han sido corroborados por otros testigos, quienes no solo se refirieron sobre el respaldo al acusado durante la reelección al concejo en el año 2000, sino también durante sus fallidas candidaturas a la alcaldía en el 2003 y la Cámara en el 2006, de cuyos testimonios nos ocuparemos a continuación.
144. En efecto, el testigo Rxxx Oxxx Cxxx(64), residente en Guachaca entre los años 2000 y 2004, quien por haber fungido como presidente de “Asoprec”, asociación de 102 juntas de acción comunal de la Sxxx Nevada de Santa Marta, corregidor en cinco ocasiones y una como concejal suplente de Exxx Gxxx Fxxx(65), distinguió a Gxxx Sxxx desde 1990 como un reconocido paramilitar, del que dijo no haber recibido amenazas por esbozar sus criterios, aunque admitió que las decisiones de la comunidad debían ser ratificadas por él, al punto ‘que las autodefensas habían dividido la votación entre Vxxx y Pxxx’, sin referir las fechas de los comicios electorales en que se habrían presentado dichas ayudas.
145. En desarrollo de sus disertaciones, el testigo Oxxx Cxxx exclamó que, ¡nadie puede decir que Gxxx Sxxx era un líder social y no un paramilitar!, ya que, ¡El que iba a Guachaca sabía quién era!’ Seguidamente reconoció que ‘el procesado era amigo personal de Gxxx Sxxx’, a quien la comunidad que él representaba le colaboró con cerca de mil votos de opinión en la campaña a la Cámara de Representantes del 2006, sin que hubiese obtenido la curul que luego ocupó en reemplazo de su titular, desconociendo que haya tenido nexos con el citado ex cabecilla o si se reunieron durante esa campaña, pero sostuvo que durante los comicios a la alcaldía, ‘le dijeron que se retirara y que debía esperar otro período’.
146. En la diligencia de ampliación de testimonio, Oxxx Cxxx dijo ser amigo del procesado, quien a su parecer gozaba de mucha aceptación en las comunidades y que, aunque en las asambleas se escogían los candidatos democráticamente y los llevaban a donde a. ‘Ex Pxxx’, éste nunca los impuso y tampoco supo que hubiera apoyado al acusado.
147. En esa misma línea testificó Pxxx Axxx Rxxx Rxxx, líder de la vereda Quebrada del Sol en donde se desmovilizó a. ‘Ex Pxxx’, señalando que previo a cada debate electoral ‘se podía advertir la presencia de los políticos que iban a entrevistarse y plantearle a Gxxx Sxxx cómo podían ayudar en el caso de salir electos’ y, tras evaluar la mejor propuesta y el candidato más conveniente para el bienestar de la comunidad, ‘se enviaba la información a los líderes y éstos iniciaban el trabajo en la comunidad’.
148. Rememoró Rxxx Rxxx, haber observado a Axxx Rxxx subir a la vereda y haber sido apoyado en la campaña a la Cámara en el año 2006, en la que pese a haberse comprometido a levantar y arreglar colegios y vías, ‘no hubo nada’, resultando perdedor en esa contienda, aunque no le consta que haya tenido nexos con Hxxx Gxxx, no obstante referir que éste apoyaba a ‘todos los candidatos y todos le consultaban y obedecían’.
149. En la diligencia de ampliación de su testimonio, se ratificó de lo dicho, aduciendo que el respaldo brindado al procesado por la comunidad, no tuvo injerencia paramilitar.
150. A petición de la defensa unificada, entiéndase, el procesado y su defensor, el testigo Rxxx Rxxx fue escuchado de nuevo en la vista pública, en cuyo escenario aseveró ‘que Gxxx Sxxx no intervenía en las decisiones políticas de la región’, al punto de ser considerado como un líder más de la comunidad que asistía a las reuniones, pero que jamás sugirió por quién votar y tampoco lo escuchó aludir a favor del acusado.
151. Al ser cuestionado por el defensor para que explicara qué quiso decir cuando afirmó que ‘vi pasar a Axxx hacía arriba’, Rxxx Rxxx expresó que se refería a que ‘subía a otras veredas sin saber su destino’, indicando a continuación, que las decisiones políticas estaban a cargo de los líderes comunales, quienes se reunían, escuchaban las propuestas y escogían los candidatos. Frente a las imputaciones elevadas por la testigo Mxxx Oxxx, las refutó indicando que en Guachaca no hubo trasteo de votos en las cantidades en que ella aludió.
152. Por su parte, el líder político y presidente de la junta de acción comunal (JAC) de la vereda Buritaca, Axxx Sxxx Mxxx Txxx, concuerda con los testigos atrás citados, ‘en que Gxxx Sxxx mantenía nexos con los políticos de la región’, pero al igual que aquellos, niega que hubiera impuesto candidatos; no empece, dijo haber escuchado de los mandos medios de la agrupación, ‘que había que apoyar al procesado al concejo’.
153. Posteriormente, en la diligencia de ampliación de testimonio, Mxxx Txxx sostuvo que si bien no fue amigo de Axxx Rxxx, lo acompañó en su aspiración a la Cámara del año 2006, a título personal, sin injerencia paramilitar, aseverando que los mandos medios llevaban mensajes de Gxxx Sxxx y en muchos casos utilizaban su nombre para falsear sus órdenes. Recordó igualmente que alias ‘El Cxxx’ hizo recomendaciones para apoyar a algunos candidatos por orden de a. ‘Ex Pxxx’, pero sin presionar a la población.
154. A instancias de la unidad de defensa, el testigo Mxxx Txxx concurrió de nuevo a estrados en la audiencia pública, en la que respondió al interrogatorio señalando que a. ‘Ex Pxxx’ reunía a los líderes comunales en época de elecciones para enseñarles el perfil de los candidatos y convocarlos a votar por la mejor opción, o en su defecto, cuando el cabecilla hacía acuerdos con alguno de ellos, ponía en consideración su nombre a título de ‘sugerencias o consejos’, indicando que el nombre del procesado no fue insinuado y por el contrario, éste fue perjudicado cuando se le exigió claudicar en las elecciones a la alcaldía.
155. Agregó que como las convocatorias de a. ‘Ex Pxxx’ ‘no dejaban de ser amenazantes’, se cuidó de asistir a ellas y que, ‘cuando concurrió lo hizo sin presión alguna’. En lo que atañe al trasteo de votos referido por la testigo de cargo Mxxx Pxxx, negó que haya sido masivo y seguidamente adujo que cuando ésta asistía a los comités políticos, se encargaba de dividir a las personas y sabotear las reuniones.
156. De otro lugar, el testigo Dxxx de Jxxx Axxx Pxxx, líder político y presidente de la JAC de la vereda La Esmeralda, admitió haber apoyado al enjuiciado en las elecciones al concejo del año 2000 y a la Cámara del año 2006, ‘como resultado de los acuerdos pactados en los diferentes comités políticos convocados por a. ‘Ex Pxxx’, en donde éste instaba a los líderes comunales a unificarse en torno a los candidatos de la región, para ‘que tuvieran representación y poder exigirles’, señalando que tales proposiciones eran recibidas a título de ‘consejos’ o ‘sugerencias’, como cuando propuso el nombre de ‘Axxx’ por haber colaborado en la construcción ‘del puente que se cayó’, refiriéndose a que había colapsado.
157. Reseñó Axxx Pxxx, que con la reunificación de las autodefensas bajo la mampara del Bloque Norte, se marcó la presencia paramilitar en la zona y a. ‘Ex Pxxx’ siguió al mando hasta el final de la desmovilización, no obstante, ante la magnitud de la violencia, ‘le pedimos al gobierno que le diera trato preferencial para que no lo salpicaran de crímenes contra la humanidad’.
158. En la diligencia de ampliación de testimonio, Axxx Pxxx ratificó que los apoyos dados a las candidaturas de Axxx Rxxx al concejo en el año 2000, a la alcaldía en el año 2003 y a la Cámara en el 2006, no se llevaron a cabo bajo presión y que, aunque jamás lo observó en compañía del cabecilla paramilitar, en una reunión celebrada en el año 2000, éste hizo una manifestación en el sentido de que ‘había que elegirlo para cualquier corporación’, lo cual ‘había tomado como un consejo’.
159. En la sesión de audiencia pública, el testigo Axxx Pxxx dio a conocer que las reuniones rotativas celebradas en época de elecciones en la parte alta de Guachaca, eran ‘montadas’ por Gxxx Sxxx y que en efecto, éste concurría para instarlos a que se organizaran como regiones y se abstuvieran de pactar compromisos al margen de los comités políticos, no obstante, expresó que, a su juicio, esas alocuciones eran simples ‘sugerencias’. Al referirse nuevamente a las elecciones a la Cámara del año 2006, inusitadamente relató que el respaldo dado al procesado no fue el resultado de una decisión de ‘comité sino personal’, en la que un grupo de amigos dispusieron algunos vehículos y brindaron comida y dormida a los votantes.
160. Tal contrariedad de pareceres, motivó al fiscal de la causa a cuestionar a Axxx Pxxx sobre si la decisión de apoyar al acusado había surgido de alguno de los comités políticos, o había sido el fruto de una decisión personal, y al no obtener una explicación satisfactoria y advertir que el testigo se esforzaba por evadir el tema, lo inquirió sobre si tenía problemas de memoria, lo que el testigo admitió como cierto diciendo que se trataba de un asunto sin importancia. Con esa respuesta, el representante del Ministerio Público se vio movido a dejar constancia argumentada de que el testigo podía estar incurso en el delito de falso testimonio y ante ello, no se hizo esperar la intervención de la defensa material y técnica, quienes en el acto recusaron al procurador, aduciendo que se había parcializado en contra del procesado al emitir juicios de valor que no le concernían.
161. Para la Sala, no hay duda que el acalorado debate debió ser conjurado por el director de la audiencia, impidiéndole al representante del Ministerio Público una intervención en tal sentido, puesto que en realidad no era el momento adecuado y tampoco estaba autorizado para hacer juicios de valor, al punto que fue removido del proceso por sus superiores. No obstante, al ponderar en este momento la actitud del testigo, no es difícil colegir de su parte un claro e insensato propósito de modificar sus dichos para enmendar y exentar el apoyo electoral conferido al acusado de los acuerdos pactados en los comités políticos, que en su opinión eran convocados por a. ‘Ex Pxxx’ y que como se ha dicho, era el escenario en que éste imponía los candidatos de sus afectos.
162. Entre tanto, el testigo Hxxx Vxxx Mxxx, con más de treinta años en Guachaca, unas veces con la reserva y el temor de quien convive con el tirano y otras, con el pundonor del que se resiste a sus inicuos dictámenes, refirió en su primera salida procesal sobre los excesos cometidos por el grupo liderado por a. ‘Ex Pxxx’ y sus nexos con la clase política, desde cuando fungió como máximo cabecilla y hasta cuando fue absorbido por el Bloque Norte al mando de a. ‘Jxxx’.
163. Al igual que sus antecesores, el testigo en cita relató los hechos en el contexto de la guerra paramilitar, indicando que los candidatos regionales acudían donde a. ‘Ex Pxxx’, ‘no precisamente a hablar de política’, y al referirse a las reuniones que había observado entre el condenado líder político Mxxx Pxxx Vxxx y Hxxx Gxxx desde el año de 1992, expresó que éste sugería a los candidatos y los líderes comunales disponían sobre su elección, ’pero eso era puro cuento (…), el mensaje era: ¡Ya saben por quién votar! (…), pero yo no les servía porque no acataba lo que los paracos hacían. (...). ¡Yo no me dejo dominar por nadie! (...). ¡Yo qué patrón ni qué nada!, acotó.
164. Recordó igualmente Vxxx Mxxx, que el procesado Axxx Rxxx estuvo postulado al concejo y que cuando lo hizo para la alcaldía, buscó ayuda pero le informaron que se habían comprometido con otro candidato, y que al final había sido amenazado. En relación con la candidatura al Congreso, añadió que le habían dicho que el acusado había ido a hablar con a. ‘Ex Pxxx’ y acto seguido señaló: ‘vi a Axxx cuando iba para arriba, no sé si habló con Hxxx o si buscó apoyo para el Congreso, él estuvo buscando apoyo a la Cámara’. Concluyó exponiendo que el acusado ‘siempre tuvo la intencionalidad de simpatizarse con ‘Ex Pxxx’.
165. Durante la diligencia de ampliación de testimonio en la instrucción, el declarante Hxxx Vxxx aseguró que no tuvo nexos con Axxx Rxxx, y que tampoco lo había visto en Guachaca en compañía de Gxxx Sxxx durante las elecciones a la Cámara. En cuanto a la testigo de cargo Mxxx Pxxx Oxxx, señaló haberla conocido, pero indicó que ésta había testificado en contra del procesado de manera falaz.
166. La Sala también ordenó escuchar al testigo Mxxx Dxxx Rxxx Mxxx(66), líder comunitario de las veredas Tinajas y Cañaveral, de quien se puede decir, es el que mejor interpreta lo sucedido en Guachaca. Al respecto, refirió que a su llegada al citado corregimiento en el año 2004, pudo advertir toda una cultura del paramilitarismo, al punto que se dedicó a estudiar el tema desde cuando Hxxx Gxxx incursionó en la región, señalando que éste hacía presencia en las reuniones y que en efecto, ‘se apoyaban a los políticos como si fuera una apuesta’, caso de ‘Pxxx Vidal, Txxx Lxxx, Cxxx Zxxx y Axxx Rxxx al concejo y al Congreso’, de quien aseveró, los votos que consiguió en la región fueron ‘votos de amistad’.
167. Con ese mismo juego de palabras, recordó el testigo Rxxx Mxxx, que en las elecciones del año 2006 habían apoyado a ‘Pxxx al Senado y a Axxx a la Cámara’(67), puesto que pertenecían a la misma línea política y habían participado en reuniones con algunos líderes comunales, señalando que ‘el apoyo estuvo fraccionado (…), el apoyo sale de una reunión con Gxxx y se convierte en un compromiso, no como una amenaza sino como lo mejor para la región (…), nunca se amenazó a nadie (…), en Guachaca el que no tuviera el apoyo paramilitar no obtenía votación masiva, ya que siempre se requería el aval de Hxxx Gxxx. (…). A Gxxx Sxxx se le debía cumplir por parte de los candidatos (…), Hxxx tenía maquinaria amarilla (pesada) para que los políticos hicieran obras (…)’.
168. Aseguró el testigo Rxxx Mxxx, que los líderes políticos de Guachaca le habían puesto votación al procesado a la Cámara, y que en efecto ‘había tenido conversaciones con Hxxx (…), de ello tuve conocimiento directo (…), es como de la casa (…), no hizo un buen concejo (…), siempre fue amigo de la región (…), en mi vereda apoyamos a Axxx. (…). ¡Los contactos con Hxxx inciden en la gente! (…), para que a usted lo apoyaran ya había previo compromiso con Hxxx. (…). ¡Yo me basé en eso! (…). ¡Le estábamos apostando a un ganador y no a un ahogado! (…). ¡Tienen la bendición de Hxxx y ya! (…). ¡Le apostábamos al ganador, el ganador era el abanderado de Hxxx!’, concluyó.
169. Añadió el testigo Rxxx Mxxx en su ampliación de testimonio, no constarle nada sobre reuniones entre el político acusado y a. ‘Ex Pxxx’ y que, aunque ello pudo ser posible, insistió en que el respaldo que se le prodigó durante las elecciones al concejo y a la Cámara no fue masivo sino a medias y sin presión, no obstante, trajo a colación una expresión del ex cabecilla cuando en una ocasión dijo: ¡Vamos a apoyar a Axxx a ver si nos cumple! Dicha exclamación a su entender fue como si dijera: ¡Apostémosle a él! (...), pues, ‘dependiendo de quien venía la manifestación, para algunos era una buena referencia (...), no fue una imposición, muchos no votaron por él’.
170. Explicó además el citado Rxxx Mxxx, que las relaciones entre Axxx Rxxx y el cabecilla paramilitar Gxxx Sxxx eran amigables, y que el respaldo había sido libre y dentro de la democracia, aunque admitió que ‘nunca escuchó sus planteamientos políticos’. Finalmente, señaló a la testigo Mxxx Pxxx como una victimaria que siempre actuó con doble moral.
171. El testificante Cxxx Axxx Pxxx Axxx, oriundo de Guachaca y presidente de la JAC de la vereda Paz del Caribe (parte alta), retrotrajo su exposición a los albores del conflicto armado, señalando que las autodefensas sustituyeron la autoridad estatal en la zona para implantar la cultura del paramilitarismo, actuando como ‘el padre que corrige al hijo y le dice qué tiene que hacer. (…) ¡Era el dominio total de Gxxx Sxxx! (…). La gente se acostumbró a que la sometieran (…), teníamos una zona roja y como no había inversión social, el campesinado se dedicó a la siembra de hoja de coca’, dijo.
172. Ilustró aún más el citado Pxxx Axxx, que al haberse superado la confrontación ente Hxxx Gxxx y el grupo liderado por a. ‘Jxxx’, al parecer éstos habían pactado entre cuatro o cinco mil votos en las elecciones (sin indicar el período), y que para la escogencia de candidatos se escuchaban sus propuestas y se iban con el que creían era el mejor, ‘pero siempre fallaban’. Adujo igualmente, que habían apoyado a Mxxx Pxxx Vxxx y que Axxx Rxxx fue un amigo más de la región. Al respecto indicó: ‘supe que lo apoyaron al Concejo (...), fue a hablar con Hxxx porque era el conducto regular (…), todo político debía hablar con él, éramos muy organizados y así respaldábamos la mejor propuesta.’ (…). Finalizó su primera intervención, señalando que no conoció a la testigo Mxxx Pxxx.
173. En la diligencia de ampliación de testimonio, Cxxx Axxx Pxxx admitió que el procesado Axxx Rxxx había solicitado colaboración durante las elecciones al Concejo de Santa Marta, y que para ello hacía presencia en las reuniones, aunque no le consta que haya tenido nexos con Gxxx Sxxx. No obstante, adujo que le causó extrañeza que aquél se hubiera lanzado a la Cámara, y que si bien es cierto, le aconsejaron apoyarlo, no lo presionaron para ello, ‘porque a su juicio, no hubo represión por política’.
174. Durante la vista púbica, Pxxx Axxx expuso haber ejercido su liderazgo político en Guachaca entre los años 1998 y 2006, insistiendo en que Gxxx Sxxx no impuso candidatos ni convocó a reuniones y que, ‘pese a que el paramilitarismo era una realidad que no se podía esconder, puesto que no había otra autoridad a quien acudir, las decisiones se tomaban de manera autónoma’, al punto que apoyó al acusado en las elecciones del año 1999. Finalmente, ante una pregunta del fiscal, en contravía de lo afirmado en sus primeras intervenciones, sostuvo que Gxxx Sxxx no mencionó al acusado y tampoco incidió en las elecciones a su favor y, frente a lo expresado por la testigo Mxxx Oxxx, la contradijo sosteniendo que nunca se trató el tema de traslado de votantes a Santa Marta.
175. En su orden, el miliciano Axxx Sxxx Sxxx Cxxx(68), alias ‘Jxxx’ o ‘Axxx’, quien fungió como jefe de sicarios y representante político de Hxxx Gxxx Sxxx entre los años 2000 y 2002(69), refirió que como segundo al mando del Frente Resistencia Tayrona, ‘debía cuidar que los políticos cumplieran el conducto regular de entrevistarse con el cabecilla paramilitar antes de cada elección, para que una vez presentaran sus propuestas, éste las pusiera en consideración de las comunidades, quienes al final tomaban las decisiones’.
176. Indicó el testigo Sxxx Cxxx, que pese a haber sido amigo personal del procesado, de quien dijo ‘había ido varias veces a hacer propuesta’, amén de asegurar que conoció a los líderes políticos Kxxx Lxxx y Mxxx Pxxx Vxxx, advirtió que no los había apoyado en ninguna de sus candidaturas y tampoco supo que se haya pedido colaboración en tal sentido, aunque consideró que eso pudo suceder, dado que existían otras formas de llegar a la base de a. ‘Ex Pxxx’, concluyendo que no conoció a la testigo Mxxx Pxxx Oxxx.
177. Por su parte, el testigo Jxxx Mxxx Rxxx, propietario de un inmueble en la vereda Colinas de Calabazo, en su única salida procesal en la fase de instrucción, aseveró que era de público conocimiento ‘el dominio total ejercido en la zona por parte de Hxxx Gxxx’, al punto que la población aprendió a vivir en medio de la violencia generada por los paramilitares, ‘quienes mandaban a subir a las personas so pena de declararlas objetivo militar’. Explicó asimismo que no asistió a la reunión de Quebrada del Sol, pero que se trató de un acto abierto al público, programado por la paz de la región, y que si bien, conoció al acusado cuando fue Concejal, no votó por él.
178. En similares términos declaró en el sumario el abogado Dxxx Hxxx Sxxx Mxxx, quien dijo haber compartido curul con el acusado en el cabildo de Santa Marta y haberlo apoyado a la alcaldía, merced a la aceptación que tenía en los sectores populares, sin que hubiese notado alguna intromisión paramilitar ya que, al contrario, escuchó decir que a. ‘Jxxx’ había impartido la orden de retirar su postulación en esa contienda.
179. El mismo razonamiento puede aplicarse al también profesional del derecho Axxx Sxxx Kxxx, quien tras aludir, en la instrucción y juzgamiento, sobre los lazos de amistad con Rxxx Txxx y el respaldo que le prodigó en las elecciones a la alcaldía de Santa Marta en el año 2003, en las que no advirtió situaciones de carácter ilegal ni nexos con el cabecilla Hxxx Gxxx, al punto que fue presionado a declinar esa postulación por orden de a. ‘Jxxx’, concluyó su primera intervención señalando que la comunidad había tolerado la presencia de las autodefensas en la zona, aunque no tuvo conocimiento de injerencias de a. ‘Ex Pxxx’ en asuntos de política.
180. Pese a lo anterior, el testigo Sxxx Kxxx aludió a algunos comentarios en el sentido de que la votación del otrora candidato acusado habría tenido alguna injerencia paramilitar, lo cual atribuyó a su arrojo por haber retado a la clase política tradicional, por cuyo ‘atrevimiento estaba pagando el precio de verse involucrado en este proceso, pese a que para el año 2000 le estaba vedado ingresar a Guachaca’, acotó. De tal aseveración, el testigo hubo de corregirse al ser cuestionado para que explicara sus dichos, indicando que en realidad no le constaba que hubiera sido así, pero de lo que si sabía era que el procesado ‘combatía a las autodefensas’.
181. A su turno, el líder de la vereda Mendihuaca, Ixxx Oxxx Cxxx(70), recordó que durante los años 2004 y 2008 en que ejerció el liderazgo político, no advirtió la presencia del acusado en la zona y que para las elecciones al concejo del año 1999, en las que lo apoyó con el aporte de una valla publicitaria, cuando no se le reprochan nexos ilegales, lo observó haciendo proselitismo en la parte sur de Guachaca, esto es, en la Gaira, Cristo Rey y La Paz, para cuando se perfilaba como el amigo de los pobres, desconociendo que haya tenido amistad con Gxxx Sxxx o que éste haya forzado a la población a votar por él, ya que, considera, ‘la política era una actividad desinteresada’ y las reuniones eran públicas, sin que hubiese tenido conocimiento de la actividad política del acusado en la zona norte de Guachaca, negando que hubiera sido registrado en el video que obra en el compendio.
182. Durante la fase sumarial, la Sala ordenó trasladar a esta actuación copia del testimonio del ex concejal y extraditado paramilitar Hxxx Ixxx Rxxx Axxx(71), alias ‘Nxxx’(72), quien refirió haber realizado actividades proselitistas junto con el líder político Vxxx Lxxx y fungir como asistente personal de Gxxx Sxxx desde el año 2003, en asocio con a. ‘El Cxxx’, en cuyo contexto admitió haber convocado a los líderes comunales a participar en reuniones en las que ‘hubo presión intimidatoria de algunos’, y que aunque conoció al acusado Rxxx Txxx porque participó en la política de Santa Marta, aseguró no tener trato personal con él y tampoco recuerda a la testigo Mxxx Pxxx Oxxx, pese a que ésta lo había señalado de haber participado en reuniones con Vxxx Lxxx y Gxxx Sxxx, al paso que dijo conocer a Mxxx Pxxx Vxxx, de quien dijo no participó en la actividad política.
183. En el juicio oral, el testigo Rxxx Axxx ratificó los nexos con el procesado hasta el año 2011, señalando haberlo conocido como concejal y candidato a la alcaldía, en cuyos comicios dijo haber realizado su actividad sin presiones y, cuando se le cuestionó sobre si alias ‘Ex Pxxx’ determinaba las candidaturas, a regañadientes dijo desconocer tal circunstancia, aunque admitió ‘que la comunidad de Guachaca estaba dominada por las autodefensas, al punto que habían suplantado la autoridad en sus funciones sociales y de seguridad’, concluyendo que perteneció al grupo político de a. ‘Cxxx Zxxx’, que al igual que él, fue condenado por paramilitarismo.
184. Por su parte, el veterano ex jefe de las autodefensas del Magdalena Medio, Rxxx Mxxx Ixxx Axxx, alias ‘Ex Vxxx’, aseveró en su única salida testimonial en la instrucción, haber concurrido a la reunión de Quebrada del Sol en el año 2005, por solicitud que le hiciera Gxxx Sxxx, para convocar al comisionado para la paz de la época, con el fin de pedirle que accediera a su inclusión en el programa de justicia y paz, situación que no fue posible por cuanto, según le dijeron, alias ‘Jxxx’ no le suministró las coordenadas precisas al piloto del helicóptero en el que se movilizaba el representante del gobierno.
185. Rememoró Ixxx Axxx, que al llegar a la parte montañosa de la Sxxx Nevada, observó una romería de indígenas sin advertir la presencia de políticos, pero seguidamente y de manera contradictoria, admitió haber notado una estrecha relación de amistad entre el político acusado y Gxxx Sxxx, quien le comentó que ‘era su mano derecha’, sin saber si tal amistad se vio reflejada en apoyos paramilitares. No obstante, alias ‘Ex Vxxx’ trajo a colación al acusado en otro escenario, señalando que para cuando los sobrinos de a. ‘Ex Pxxx’ habían ido a su finca en el municipio de Doradal, para pedirle que organizara la visita del comisionado para la paz a Guachaca, asistieron en compañía de una persona con el nombre de Axxx Rxxx, quien le comentó que para entonces se postularía a la alcaldía, pero al ponerle de presente el video de la reunión de Quebrada del Sol, dijo no reconocer al procesado como el que había concurrido a Doradal.
186. El testigo Cxxx Gxxx Hxxx Lxxx, de profesión economista, dijo conocer el origen popular del procesado, merced a lo cual accedió a coordinar su campaña a la Cámara en el año 2006. Frente a los hechos investigados indicó que no observó ni le consta que el acusado hubiera recibido apoyo de a. ‘Ex Pxxx’, lo que a su parecer se vio reflejado en el precario respaldo que obtuvo en Guachaca, aunque admitió que no lo había acompañado a sus correrías por las veredas de la Sxxx Nevada. Refiriéndose al desarrollo político en la región, el deponente expresó que para entonces, ‘ya se sabía quiénes eran los ganadores antes de verificarse las elecciones’.
187. En esa misma línea se expresaron los testigos Hxxx Sxxx Yxxx de Lxxx, Rxxx Cxxx Gxxx, Cxxx Mxxx Vxxx Cxxx, Sxxx Lxxx Mxxx de Dxxx, Axxx Qxxx Dxxx, Jxxx Mxxx Hxxx Cxxx, Gxxx Axxx Hxxx Pxxx, Cxxx Vxxx, Luz Mxxx Bxxx Txxx Lxxx, Vxxx Cxxx Fxxx Bxxx, Jxxx Exxx Nxxx Fxxx y Axxx Rxx Dxxx Oxxx, quienes pese a participar en las campañas políticas del acusado o haber compartido curul con él en el Concejo de Santa Marta, no aportaron información relevante a la investigación, más allá de relievar su conducta, trayectoria política y desempeño como funcionario público.
188. Por su lado, Jxxx Luís Cxxx Mxxx(73), a. ‘Exxx Rxxx’, ex combatiente del Frente Resistencia Tayrona entre los años 2001 y 2003(74), al ser inquirido por haber involucrado al acusado en la declaración que rindió ante la Unidad de derechos humanos de la fiscalía el 16 de noviembre de 2006 (cuyas copias fueron trasladadas a esta actuación), respondió que se trató de un equívoco al aludir a un comentario de a. ‘Lx Mxxx’, señalando que pese a conocer a Axxx Rxxx en Santa Marta y haberlo visto en Guachaca realizando actividades lícitas, no le consta que haya tenido nexos con a. ‘Ex Pxxx’ ni sobre el trasteo de votos denunciado, aunque admitió que para entonces habían utilizado vehículos para transportar personas a la parte urbana, ‘sin saber si tenían inscritas sus cédulas’, ya que ‘se trataba era de cumplir las órdenes de que la gente evacuara hacia abajo (…), mandaban camionetas y carros a la troncal del Caribe’.
189. Dada la importancia que para la Corte representó el testimonio de Cxxx Mxxx(75), la defensa unificada, requirió su ampliación en la vista pública, no obstante, cuando el juez de la causa le solicitó que explicara los nexos que había atribuido al acusado con las autodefensas en la unidad de derechos humanos de la fiscalía, éste trató por todos los medios de justificarlos modificando sus dichos, indicando inicialmente no haber sido testigo directo de ello, ora que se trató de un comentario de a. ‘Lx Mxxx’ y finalmente, que había sido ‘inducido en error por la funcionaria que trató de enredarme al preguntarme por los políticos que conocía y entre ellos mencioné a Axxx, pero yo quería hablar era de Exxx Gxxx y Axxx Cxxx (…), dije otros nombres y escribieron los que quisieron’, aseguró el testigo en esta oportunidad.
190. Dichas afirmaciones exacerbaron de nuevo el debate en el juicio oral, puesto que cuando el procesado y su defensor las invocaron como acciones arbitrarias de la fiscalía para engañar al testigo, exigiéndole se ratificara, Cxxx Mxxx adujo que había sido obra de un magistrado auxiliar de la Corte, quien a través de unos sabuesos le había ofrecido la salida del país a cambio de involucrar falazmente a Axxx Rxxx.
191. Tal señalamiento fue desvirtuado en el acto por la fiscal de la causa, quien intervino para llevar al testigo a confrontar sus propios dichos, hasta demostrar que se trató de una vil invención, puesto que ciertamente no aludió ni existen evidencias de tal ofrecimiento, como que ni siquiera fue inquirido por una funcionaria, mientras que su decir de que ‘el encausado había sido otro de los políticos al servicio de las autodefensas’, se probó que tuvo lugar en el contexto de una pregunta genérica de un fiscal, en cuyo relato el testigo se explayó para hacer tal aseveración de manera espontánea.
192. Nótese entonces, cómo, del propio examen de la defensa se pudo llegar a descubrir que tal era el interés de Cxxx Mxxx en pretender introducir una postura contraria a la expuesta en la unidad de derechos humanos de la fiscalía, que terminó atrapado en sus propias falsedades, con lo cual, antes que debilitar los cargos que pesan en contra del acusado, los fortaleció, tal cual lo hizo la testigo Rxxx Lxxx Sxxx, conocida como ‘LX Cxxx’, quien, contra toda evidencia, negó su participación en los comités políticos y hasta la condición de paramilitar de Hxxx Gxxx, pese a que el testigo Dxxx de Jxxx Axxx la había señalado como otra líder que concurría a las asambleas en las que se transmitían las órdenes del cabecilla, quien como se sabe, era públicamente reconocido como el jefe de las milicias en el Departamento del Magdalena.
193. Igual proceder se advierte del testimonio de Exxx Exxx Gxxx(76), quien tras aludir en sus salidas procesales a su prolijo pasado laboral en el sector público y haber compartido curul con el acusado en el cabildo de Santa Marta en el año 2000, amén de haberlo acompañado en las elecciones a la alcaldía y a la Cámara, ‘sin haber participado de sus correrías por Guachaca’, al ser inquirido por la defensa para que dijera si le había pedido a la testigo Mxxx Oxxx interceder a su favor con a. ‘Ex Pxxx’ para que lo apoyara, tal como ella lo afirmó en uno de sus testimonios, respondió que en efecto, aquélla había ido a su lugar de trabajo para ‘hablarle de un señor en tono amenazante’, pero negó que hubiese hecho tal pedimento, afirmando que la testigo le mintió a la Corte, como lo hizo cuando habló del supuesto trasteo electoral y la votación paramilitar en favor del acusado, muy seguramente en búsqueda de protección u otros intereses.
194. Al final de su declaración en el juicio, Exxx Gxxx reconoció que los aldeanos y algunos políticos acudían a Gxxx Sxxx como si fuera ‘dios’, pese a que se trataba de un iletrado, enfatizando en que los paramilitares tenían fincado su interés en la política y ‘quien no estuviera con ellos era ajusticiado’, pero a continuación expresó que aquél no intervino en favor del procesado, concluyendo en que ‘el Estado fue el culpable de lo que sucedió en Santa Marta’, y que para entonces, ‘la registraduría estaba en manos de los delincuentes’.
195. Asumiendo la misma actitud de los testigos atrás señalados, el declarante Hxxx Pxxx Oxxx, líder comunal de las veredas de Aguas Frías y Cañaveral, en represalia con la testigo Mxxx Oxxx Rxxx por haber aseverado que lo había visto en algunas reuniones políticas en las que a. ‘Ex Pxxx’ entregó dádivas para apoyar a sus candidatos, se dedicó a controvertirla bajo el insubstancial recurso de negar su participación en las reuniones en las que hizo presencia Gxxx Sxxx.
196. En ese mismo sentido testificó Jxxx Jxxx Rxxx Hxxx, quien tras reconocer que no le hizo campaña política al acusado en el sector de Guachaca, manifestó que durante las elecciones a la alcaldía de Santa Marta del año 2003, el acuerdo era votar por a. ‘Cxxx Zxxx’ y ‘matar a Axxx’, al punto que, según él, a. ‘Ex Cxxx’ lo había desterrado de la zona por considerarlo una traba para los intereses de las AUC’. De tal manifestación no existe referencia alguna en el proceso, ni siquiera de boca del procesado.
197. Finalmente, del testimonio de Yxxx Exxx Gxxx(77), se aprecia con mayor nitidez el temor que aquejaba a los aldeanos para deponer en torno a lo que realmente sucedía en Guachaca, dado que al ser interrogada sobre si Gxxx Sxxx sugería a los líderes los candidatos por los que se debía votar, respondió, utilizando el mismo léxico discrepante de los demás testigos, que en efecto, ‘era informada de los candidatos que se iban a presentar’, a continuación, ‘que no puede admitir que se haya sentado con a. ‘Ex Pxxx’ (…), ‘pero se sabía que los candidatos llegaban donde él’ (…), aunque, ’de Axxx no dijeron nada’. Seguidamente agregó, ‘el último gobernador fue presentado por Gxxx, pero era únicamente para tratar temas electorales (…), nunca vi pasar a Axxx para arriba. (…) Gxxx mandaba en la zona (…), estaba muy pendiente de la comunidad y nos mandaba a acudir a las reuniones (…), citaba a reuniones para saber cómo manejábamos el dinero’ (…).
198. Prosiguió la testigo Gxxx de Cxxx en referencia a. alias ‘Ex Pxxx’: ‘sugería a ciertas personas diciendo, ¡Miren las opciones y díganle a las comunidades por quién votar! Frente al interrogante de si se trataba de sugerencias o condiciones, la testigo se mostró dubitativa y continuó: ‘votábamos por quien reuniera las mejores condiciones y eso finalmente lo decidía él, porque al final yo entendía que ‘sugerir’ era ‘decidir’, así lo entendía yo y todos los líderes de la región, uno no se metía en problemas porque ese era otro cuento’ (destacado de la Sala).
199. Como viene de verse, la síntesis de los pasajes más relevantes de los testimonios recepcionados a lo largo del proceso, sirven a la Sala para varios propósitos, a saber: primero, para colmar las expectativas de la defensa material y técnica, en punto a que sean estimados en el contexto de los episodios investigados; segundo, para comprender el comportamiento de los testigos en estrados y el significado de sus expresiones y finalmente, para desvelar la compleja situación de seguridad en que se encontraba atrapada la comunidad de Guachaca, la manera como se desenvolvieron las actividades políticas allí y desde luego, para vislumbrar los pactos o acuerdos que el acusado Axxx Rxxx Txxx realizó con el paramilitar Hxxx Gxxx Sxxx.
200. Así pues, lo primero que se advierte de dicha reseña testifical, es que la supuesta lucha antisubversiva sobre la que se edificó el accionar del grupo liderado por a. ‘Ex Pxxx’, constituyó remedio pasajero y contraproducente para las comunidades bajo su dominio, dado que con la implantación de su autoridad con ejércitos de violentos, sojuzgaron a sus pobladores y tras tomar el control territorial de la zona, intensificaron el estado de zozobra e intimidación colectiva y con ello, procedieron a replicar el proyecto político de las autodenominadas AUC, que buscaban entre otros designios, el reconocimiento político del gobierno de turno para acceder a las bondades del proceso de justica y paz que se avecinaba.
201. Para la consecución de dicho cometido, Gxxx Sxxx se adscribió al plan antidemocrático iniciado por sus pares en otras jurisdicciones y en efecto, gracias a su doble dimensión de dirigente comunitario y cabecilla paramilitar, se propuso cooptar a los líderes políticos de la región con el fin de lanzarlos con su ‘aval’ en las diferentes justas electorales, quedando éstos a su merced en orden a respaldar toda acción que pudiera favorecer sus intereses.
202. De esa innegable realidad expuesta, también se desprende que los políticos que aspiraron obtener el respaldo de las comunidades de Guachaca y algunos sectores urbanos de Santa Marta, debieron contar con la aprobación de a. ‘Ex Pxxx’, y que la participación del acusado Rxxx Txxx en dicho entramado societario, no ha sido el producto de la actitud mezquina de la Corte para dañar su carrera política, producir estadísticas o falsos positivos judiciales, ni de las conjeturas que a. ‘Lx Mxxx’ le habría divulgado al miliciano Cxxx Mxxx, ora del crédito conferido a algunos escritos apócrifos y mucho menos de la inventiva de la testigo de cargo Mxxx Oxxx Rxxx, como insistentemente lo ha sostenido la defensa unificada, sino el resultado del análisis racional del acervo probatorio que atestigua dicho acaecer y el padrinazgo que a. ‘Ex Pxxx’ le dispensó durante gran parte de su trayectoria política, esto es, desde la campaña a la reelección como concejal de Santa Marta en el año 2000, a la alcaldía del año 2003 y a la Cámara de Representantes del 2006.
203. En efecto, no obstante las marcadas diferencias socio-culturales que caracterizan a los testigos que concurrieron a estrados, algunos con estudios superiores y otros con muy escasa instrucción académica, se advierte sin dificultad alguna una peculiaridad, y es que todos ostentan un buen nivel de discusión política y suficiente capacidad de comprensión sobre la problemática de Guachaca, lo cual tiene su explicación en que muchos residieron y tuvieron arraigo allí y otros, porque han fungido como líderes cívicos, presidentes de juntas de acción comunal, activistas políticos y representantes de sus comunidades en los comités políticos convocados por las autodefensas, ora porque otros hicieron parte de la organización criminal liderada por a. ‘Ex Pxxx’.
204. De esa diversidad de facetas de los testigos en cita, también se puede colegir que quienes no convivieron bajo el círculo de influencia de a. ‘Ex Pxxx’, depusieron sin recelo, mientras que otros, por haber estado sometidos a su dominio y autoridad, siguieron las reglas de obediencia y parquedad que rigen esta clase de sucesos y en efecto, utilizaron un lenguaje tímido pero palmariamente explícito para relievar la manera como el ex cabecilla determinaba las candidaturas de los políticos en las asambleas (por sí mismo o mediante la instrumentalización de los líderes comunales), y cómo aquéllos acudían a sus huestes para obtener su beneplácito; al paso que quienes formaron parte de las tropas milicianas, incurrieron en serias contradicciones y falsedades al intentar encubrir la realidad de lo ocurrido mediante la modificación de sus dichos.
205. Con lo anterior también queda claro, que aunque no faltaron expresiones de reverencia, ocultación y hasta de justificación del proceder de a. ‘Ex Pxxx’, en particular por quienes se dejaron seducir por su potestad, todos los testigos están de acuerdo en que obedecían a la idea común de que sus designios constituían órdenes dadas en el contexto de la guerra paramilitar, no en vano el perturbador se había labrado el prestigio de persona cruel y despiadada que no dudaba en quitar del paso a sus opositores, como sucedió con los candidatos que osaron postularse sin su ‘aval’, quienes se vieron expuestos al destierro o a ser declarados objetivo militar, tal cual lo reveló la testigo de cargo Mxxx Oxxx Rxxx.
206. De allí que, cuando los predichos líderes sociales se refirieron con fidelidad a lo sucedido en Guachaca y sobre las causas del pensar y obrar de a. ‘Ex Pxxx’, cuando se les cuestionó sobre si éste proponía o imponía candidatos, se nota en ellos una evidente predisposición a responder con apariencia, señalando en su mayoría, que si bien, los comités políticos eran ‘montados’ por aquél para que ellos escogieran los candidatos ‘en condiciones de máxima libertad de elección’, en realidad eran conscientes de que se los estaban imponiendo, incluso, a quienes ellos repudiaban por sus malas obras y el incumplimiento de sus promesas, como sucedió con el ex miliciano Hxxx Ixxx Rxxx, alias ‘Nxxx’, el ex candidato Exxx Gxxx Fxxx y el propio Rxxx Txxx, quien admitió no ser de los afectos de los aldeanos y éstos por su parte le reprocharon haber construido ‘el único puente que se cayó’, ya porque ‘no hizo un buen concejo’, ora porque ‘siempre tuvo la intencionalidad de simpatizarse con El Pxxx’, o porque ‘no gozaba de aprecio en Guachaca’, etc.
207. Tal forma de ejercer el control social y político al margen de la ley, se ve reflejado en todos los expedientes en los cuales se han visto inmiscuidos otros justiciables que sostuvieron alianzas con a. ‘Ex Pxxx’(78), de quien se ha dicho ‘mandaba en la región, ejercía controles, dirigía el personal encargado de su seguridad y autorizaba el acceso y circulación de ciudadanos(79)’ y además, que la conformación de las asambleas para la selección de los candidatos aliados a la causa paramilitar, era de su exclusivo resorte, y que su presencia allí no era meramente ornamental, sino que tenía como propósito precisar a los aludidos líderes locales a apoyarlos y promoverlos en las comunidades, ‘so pena de atenerse a las consecuencias’.
208. Esos mismos referentes probatorios permiten asentir a la Sala, que el querer apartar de la campaña a la alcaldía de Santa Marta del año 2003 al ex candidato acusado, tuvo como propósito paramilitar facilitar la aspiración de Jxxx Fxxx Zxxx a. ‘Cxxx Zxxx’, dentro de una coyuntura de transmisión de poder, en la que a. ‘Jxxx’, bien pudo llegar a imponer la voluntad del grupo vencedor para lanzar candidaturas únicas, pero no por ello quedan desvirtuados los nexos que se predican de Rxxx Txxx con a. ‘Ex Pxxx’, como lo ha venido sosteniendo la defensa unificada, dado que los mensajes enviados por Txxx Pxxx en tal sentido no tuvieron ninguna incidencia, al punto de que el procesado llegó hasta el final de la contienda sin ninguna consecuencia, mientras que a. ‘Cxxx Zxxx’ salió electo, según se comprobó, con el apoyo del propio Gxxx Sxxx, cuando ya se había sometido a las condiciones del Bloque Norte(80).
209. Sin embargo, en gracia de discusión, al margen de que a. ’Jxxx’ hubiera impuesto su voluntad(81), que hubiese estado midiendo fuerzas con Gxxx Sxxx, o que éste estuviera preparando al procesado para futuras postulaciones, como se dice lo había prometido, el hecho cierto es que Rxxx Txxx siempre anduvo bajo su sombra desde que aspiró a la reelección en el concejo en el año 2000, hasta su candidatura a la Cámara en el año 2006, que como se sabe, resultó fallida, quizá por su mala reputación en Guachaca, por falta de reconocimiento y trayectoria política en Santa Marta, o simplemente porque no obtuvo el apoyo ‘masivo’ paramilitar para ser lanzado como la mejor opción frente a otros aspirantes a nivel departamental, circunstancias que en manera alguna le restan entidad delictual a los inicuos vínculos con el reconocido ex jefe de las autodefensas.
210. Ello por cuanto, a pesar de haberse revelado que la votación obtenida por el acusado tuvo injerencia paramilitar(82), no es posible negar el voto de opinión a su favor y tampoco es coherente tratar de escindir la votación de la parte alta con la parte baja de Guachaca, puesto que se trata de todo un territorio dominado por Gxxx Sxxx, el cual se extiende desde la troncal del Caribe hasta la frontera con el departamento de La Guajira, incluidos algunos barrios de la ciudad de Santa Marta, en donde se brindó apoyo simultáneo a varios candidatos.
211. Por tales razones, y para zanjar cualquier inquietud al respecto, dichos guarismos no fueron tomados por la Corte como soporte de la medida detentiva ni de la acusación en este evento, puesto que, si bien, los mismos pueden llegar a constituir un referente objetivo para demostrar los ilícitos acuerdos entre los políticos y los paramilitares, cuando son ostensiblemente sospechosos y tienen asidero en otras evidencias, por sí mismos no pasan de ser un simple dato estadístico sin capacidad para explicarlos y deducir la comisión del delito de concierto para delinquir agravado, el que por tener como esencia del reproche la acción dirigida a la lesión o puesta en riesgo del bien jurídico tutelado, también es posible acreditar a través de otros medios de prueba o parámetros objetivos.
212. Tal ha sido el criterio de la Corte desde el inicio de estas investigaciones, el cual fue reiterado en el Auto AP-1658 de 2015. Acta 114, rad. 35.687, en los siguientes términos:
“(…) 65. Al respecto, hay que señalar que las ocasiones en que la Corte se ha pronunciado acerca de los resultados electorales en el ejercicio de la actividad probatoria, en especial en materia de ‘parapolítica’, éstos han sido traídos como simples datos estadísticos, sin más mérito que el de servir de fuente de información y por tanto, con importancia relativa al momento de entrar a demostrar los clandestinos acuerdos para promover a un grupo ilegal, habida cuenta que la verdad de los hechos no puede quedar supeditada al vaivén de esos guarismos y mucho menos asumirlos como indicios de responsabilidad penal, bajo el equivocado y peligroso expediente de tacharlos de ‘atípicos’, sin ninguna base objetiva.
(…) 66. Por ello, para evitar caer en oscuras consideraciones, la Sala ha prevenido sobre la necesidad de tener en cuenta algunas variables o concausas que pueden llevar a conclusiones disimiles y contradictorias, aunque no suspicaces, como los sistemas de listas cerradas y/o con voto preferente, fuerzas y antecedentes electorales, tendencias ideológicas, pactos y alianzas con otros grupos políticos, índice poblacional, etc., de manera tal, que los resultados electorales per se no pueden constituir prueba de responsabilidad penal, salvo que posean la capacidad persuasiva para probar el desvalor de una acción, siempre que concurran en su respaldo otros medios de prueba o referentes objetivos que indiquen un aumento o disminución de votación con carácter sospechoso” (resaltado de la Sala).
213. Además, porque cuando un político se reúne de manera subrepticia con el cabecilla de una agrupación al margen de la ley y obtiene su ‘aval’, ‘beneplácito’ o ‘recomendación’ para participar en un proceso electoral, tal acto constituye la prueba inconcusa de su ‘vinculación’, ‘pertenencia’ y ‘permanencia’ al servicio de la organización y desde luego, del acuerdo base del punible de concierto para delinquir agravado, el cual no necesariamente tiene que verse reflejado en los resultados electorales, puesto que como se vio, no fue uno sino varios los candidatos que recibieron su apoyo, sin perderse de vista que aquéllos se cuidaron de no dejar vestigios que los pudieran delatar, como en efecto sucedió con dichos guarismos y otras circunstancias anejas, que por obvias razones quedaron cobijadas bajo el manto de la clandestinidad.
214. Al respecto, en el Auto del 15 de febrero de 2007(83), la Sala señaló que:
‘(…), quien accede a la función pública merced al poder corrupto o intimidante de la organización paramilitar, o quien lo intenta, se convierte en miembro de ella y participa desde su particular posición en el desarrollo del proyecto delincuencial, asumiendo el rol que le corresponde dentro de la división de trabajo diseñado por la empresa criminal’ (resaltado de la Sala).
215. Finalmente, acerca de la presentación de candidaturas simultáneas sin la garantía del privilegio paramilitar en las urnas, debe insistirse en que ese no ha sido un tema novedoso para la Corte, sino que el mismo ha sido objeto de análisis en diferentes oportunidades(84), en cuya determinación se alude al despliegue de una serie de acciones fraudulentas de otros frentes de autodefensa para manipular los comicios electorales, coincidentes con las acá expuestas, que ciertamente fueron convertidas en modelo orientador de su proyecto político a nivel nacional, como se señala a continuación:
‘(…) 31. El trabajo para cumplir esos acuerdos, (…) se inició en el año 2000, cuando la organización tenía el control político y militar de la zona, a través de una maniobra consistente en patrocinar a todos los candidatos, midiendo su grado de aceptación para al final otorgar el privilegio paramilitar a quien obtuviera mayor respaldo en las bases sociales, de manera que los aspirantes quedaran comprometidos en un juego en el que la organización ‘apostaba a todos y ganaba con cualquiera’.
(…) 32. En atención a que cada candidato y dirigente contemplaba la posibilidad de triunfar en las urnas, la organización no podía tomar partido por uno de ellos, o exigir que otro abandonara la contienda, pues, en primer lugar, ellos también esperaban que las fuerzas se fueran agrupando en torno al candidato de su predilección, en este caso del xxx y, como segunda opción, en el evento de que eso no sucediera, por x o y razones, podían seguir apostando con los demás candidatos.
(…) 33. Que en ninguna de ellas se hubiese convenido la preferencia del sindicado xxx, no presupone una vana postulación de su candidatura, como lo pretende hacer ver la defensa y el Ministerio Público, cuando aducen no encontrar una explicación lógica de cómo se podría beneficiar el procesado en un proceso en donde no tenía la posibilidad de ganar.
(…) 34. Esa situación fue explicada en detalle por a. Ex Axxx, señalando que los beneficios se podían extender o proyectar hacía el futuro y, que si bien, todo estaba dispuesto para xxx en aquella ocasión, como en efecto sucedió, muy seguramente porque el grupo de xxx había invertido más recursos, de todas maneras no podían dejar que las cosas se les saliera de las manos desechando alguna campaña.
(…) 36. La Corte ya se había ocupado del tema relacionado con nexos entre políticos y miembros de autodefensa, en eventos de candidaturas con el aval paramilitar sin el privilegio de la mejor opción, a partir de las categorías dogmáticas de los modelos de construcción finalista, en cuyo proceso de configuración no se requiere la producción del resultado (efectos electorales), ya que como se vio líneas arriba, lo que constituye la esencia del reproche es la acción dirigida a la lesión o puesta en riesgo del bien jurídicamente tutelado.
(…) 37. Igualmente se dijo en aquella oportunidad, que el hecho era posible explicarlo también desde una perspectiva puramente objetiva, fundada en el principio de confianza concertada, según la cual, los candidatos que no lograban el mejor reconocimiento en las comunidades pasaban a ocupar cargos en las administraciones o quedaban enlistados con la garantía de acceso preferencial en los próximos comicios, con significativos acumulados electorales y reconocimiento de opinión, lo que, además, permitía a las AUC afianzar las alianzas con todas las fuerzas políticas, que es quizá lo que pasa por alto el señor representante del Ministerio Público, cuando asegura que los resultados de los apoyos no se vieron porque el sindicado perdió la Gobernación.
(…) 55. Así las cosas, (…) la indeterminación de las precisas circunstancias modales que rodearon la realización de la conducta punible, carecen de entidad suficiente para enervar el juicio de tipicidad de la conducta investigada y, admitir una tesis contraria, conllevaría al absurdo de dejar por fuera del ámbito de prohibición, eventos en los que no obstante haberse configurado los acuerdos de voluntad ilícitos, no sea posible determinar con precisión el monto de los recursos, su registro en los libros contables, lugares y fechas de reuniones, etc., solución inaceptable que se contradice con la real dimensión normativa y los hechos del proceso’ (negrillas de la Sala).
216. Así las cosas, en conformidad con lo expuesto, se puede concluir preliminarmente, que las revelaciones que hizo la testigo de cargo Mxxx Pxxx Oxxx Rxxx sobre la participación del acusado en la conspiración criminal que se le endilga con el cabecilla a. ‘Ex Pxxx’, no solo tuvieron acreditación y complementación con los testimonios arriba señalados, sino que quedaron reflejadas en un cúmulo de circunstancias o verdades deducidas de otros hechos verídicos, que únicamente pueden entenderse como obra suya en momentos en que era normal esta clase de componendas o exigencias para los políticos de la región, quienes debieron contar con la aquiescencia de aquél para postularse en los diferentes certámenes electorales.
217. Así es que, más allá del reconocimiento que a. ‘Ex Pxxx’ hizo sobre la gestión pública del acusado Rxxx Txxx, refulgen otros hechos que los vinculan con sentido de pertenencia a la causa paramilitar, tales como sus expresiones de respaldo en pasadas y futuras candidaturas, las órdenes y directrices impartidas en los comités políticos para que los líderes comunales promovieran sus postulaciones(85), las amonestaciones a éstos por no haber procedido conforme a sus designios, su inclusión en la lista a la Cámara en el movimiento político del que sus principales integrantes han sido condenados por vínculos con el mismo a. ‘Ex Pxxx’(86), sus manifestaciones de afecto y confianza hacía ‘Axxx’, el ejercicio de la actividad política de éste en la zona alta de Guachaca, en donde fue visto en compañía del cabecilla en busca de su respaldo electoral, etc., son circunstancias o parámetros objetivos que ponen de manifiesto su contribución al paramilitarismo.
218. Pero eso no es todo, patentiza el compromiso penal del acusado Axxx Rxxx, en el grado de certeza, la prueba documental a que alude el registro fílmico (video) que obra en autos, el cual escenifica su presencia en la reunión de Quebrada del Sol compartiendo la mesa principal con Gxxx Sxxx e Ixxx Axxx, alias ‘Ex Vxxx’, quien admitió haber sido encargado de convocar al comisionado para la paz de la época, en aras de iniciar los diálogos previos a la desmovilización del Frente Resistencia Tayrona liderado por a. ‘Ex Pxxx’, quien para el efecto le había enviado como emisarios para tal cometido a sus sobrinos a una finca en Doradal (Antioquia).
219. La importancia probatoria del citado registro fílmico, no reside en el hecho de que la mentada reunión hubiese tenido carácter público u oficial, que hubiera asistido o no el representante del gobierno, quién la persona que convocó al acusado Rxxx Txxx, y mucho menos por el supuesto sano interés de éste en querer servir de veedor u observador de los acuerdos que pudieran salir de allí, como equivocadamente lo ha venido sosteniendo la defensa unificada, pues, en primer lugar, no hay duda que se trató de una reunión política convocada por los ex jefes de las autodefensas, como todas las realizadas para ese entonces(87), que de haber hecho parte de la agenda estatal, lo obvio era que se hubiera reprogramado con posterioridad ante la no asistencia del citado comisionado para la paz.
220. En segundo lugar, porque el acusado no contaba con autorización (tácita o expresa) de ninguna autoridad y tampoco poseía mayor relevancia en el concierto público local, seccional o nacional para agenciarse como tal y en último lugar, de lo que se puede observar allí es, a no dudarlo, la simpatía e inocultable cercanía que le asistía con a. ‘Ex Pxxx’, a quien acompañó en su recorrido por la población y luego tomó asiento justo a su lado en la mesa principal de anfitriones, lo que un improvisado observador no hubiera hecho con tanto comedimiento y compromiso, al punto que el citado Ixxx Axxx hubo de expresar, refiriéndose a la amistad que observó entre aquéllos y lo que al respecto le informó otro miliciano, que el enjuiciado fungía como la ‘mano derecha de Hxxx’ y que se mantenía muy ‘devoto a él’ (88).
221. La antedicha prueba de cargo conserva inmutable su valor incriminatorio, pese a los esfuerzos de los milicianos por negar el apoyo dado al acusado Axxx Rxxx, en especial a. ‘Ex Pxxx’, quien al igual que lo hizo con el ex Senador condenado Mxxx Pxxx Vxxx(89), fincó su credibilidad aduciendo no tener motivos para encubrirlo y poner en riesgo la pena alternativa de ocho años de prisión, máxime cuando ya había denunciado a su compadre Exxx Gxxx Fxxx y a otros políticos con mayor jerarquía, puesto que al revisar los expedientes en donde éste ha rendido testimonio respecto a aquél, se aprecia que inicialmente lo hizo al interior del radicado 27.199, en donde en efecto, además de atreverse a negar que conoció a la testigo Mxxx Oxxx Rxxx, hizo lo propio respecto de los apoyos que se dice prodigó a su amigo ‘Axxx’, posición que hubo de mantener en este proceso con la finalidad de perfilarse con coherencia en el escenario de justicia y paz.
222. La idea de que Gxxx Sxxx fuese acogido por la justicia transicional con credibilidad, también llevó a que Ixxx Axxx a. ‘Ex Vxxx’, y los prosélitos Axxx Sxxx Cxxx, Jxxx Lxxx Cxxx Mxxx y Hxxx Ixxx Rxxx(90) a. ‘Nxxx’, lo respaldaran mintiendo y retractándose de sus dichos, negando incluso la intromisión de aquél en las decisiones políticas de la región, ora aduciendo que no habían apoyado a reconocidos líderes políticos como Mxxx Pxxx Vxxx, de quien afirmaron puerilmente que no había participado en política (como también lo hizo el testigo Dxxx Sxxx Mxxx) y, entre otras inventivas, negaron conocer a Mxxx Oxxx Rxxx, a quien quisieron desmentir tachándola de mendaz sobre la forma como reveló se imponían los candidatos en Guachaca, incluso le atribuyeron algún interés en obtener beneficios judiciales, no obstante saberse que para cuando rindió su testimonio en este proceso, ya hacía parte del programa de víctimas y testigos de la fiscalía (desde finales de 2005).
223. Ahora bien, pese a las graves contradicciones y mentiras en que incurrieron los testigos atrás señalados, debidamente documentadas en el proceso, la defensa material y técnica se ha empecinado en conferirles crédito para tratar de sacar avante su tesis estimativa del caso, en especial, para desmentir a la testigo Mxxx Oxxx Rxxx, acudiendo al deleznable subterfugio de tomar de dichos testimonios (y de la generalidad de los que fueron aducidos en el proceso), únicamente lo que favorece a sus pretensiones, desechando sin recato todo aquello que compromete la responsabilidad del acusado, con absoluto desconocimiento de las reglas y principios que sobre el tema de la valoración probatoria, imponen al juez y a las partes la obligación de apreciarlos en todo su conjunto, conforme a su estricto contenido, dimensión fáctica y/o coherencia intrínseca(91).
224. De modo que, advierte la Sala, el valor de la prueba no puede surgir de la lectura particular y subjetiva de quien la pretende hacer valer en el proceso, sino de lo que objetivamente expresa el medio probatorio en su debido contexto, y todavía más, de su cotejo con los demás medios de prueba y las circunstancias concurrentes, máxime cuando muchos de los testigos en este asunto han utilizado como efugio para protegerse de eventuales represalias, ora para generar duda y favorecer los intereses jurídicos del procesado, un discreto pero comprensible código de expresión, mientras que otros, han incurrido en manifiestas inconsistencias y hasta han alterado el sentido de sus dichos, que amerita que sean justipreciados con mayor rigor, conforme a las reglas de la sana crítica probatoria.
225. Bajo tales parámetros, no es razonable pretender la ajenidad de Rxxx Txxx en los hechos investigados, como lo hace la defensa unificada (entiéndase el procesado, su vocero y el defensor), con base en el testimonio de Jxxx Gxxx Mxxx Lxxx(92), alias ‘Cxxx Txxx’, por haber expresado que como ex jefe de un frente paramilitar con influencia en algunos municipios del Departamento del Magdalena, todos los políticos debían contar con su autorización para ingresar a la zona, en cuya labor no conoció sobre apoyos o directrices en favor del acusado, soslayando que este ex miliciano aseveró no haber incidido en los límites temporo-espaciales del eje central de Guachaca ni en el distrito de Santa Marta, al punto de reconocer que no distinguió a alias ‘Ex Pxxx’ ni al procesado, de manera que en tales circunstancias, su testimonio carece de relevancia probatoria para los efectos de este proceso.
226. Tampoco es acertado pretender romper los nexos que unen al acusado con a. ‘Ex Pxxx’, haciendo creer el vocero que cuando éste señaló a alias ‘Nxxx’ como la persona que había invitado a Rxxx Txxx a la reunión de Quebrada del Sol, no se refería a su lugarteniente Hxxx Ixxx Rxxx Axxx, sino a otra persona, cuando ha sido el único ex miliciano conocido con ese mote, el que ciertamente fungía como su asistente personal, cuya función era, entre otras, servir de enlace entre el estamento superior y los políticos de la región, además de mantener la disciplina de los líderes comunales transmitiéndoles las órdenes para que asistieran a las asambleas, en las que admitió, ‘hubo presión intimidatoria de algunos’.
227. De igual forma, constituye un desacierto pretender rebatir los cargos de la acusación con base en las declaraciones de Axxx Sxxx Kxxx, quien contra toda verdad aludió a Rxxx Txxx como un ‘combatiente del paramilitarismo’, que por haberse atrevido a enfrentar en las urnas a la dirigencia política tradicional del Magdalena, se le había prohibido el ingreso a Guachaca y que por ello no había hecho parte de los acuerdos que Gxxx Sxxx realizaba con los políticos de la región, puesto que ni el mismo acusado ha admitido tamaña intrepidez y por el contrario, está demostrado que peregrinaba a sus expensas en búsqueda del voto de esas comunidades, al punto de habérsele filmado en su compañía en el encuentro de Quebrada del Sol, en momentos en que dichos nexos eran fundamentales para sus designios políticos, tal cual fue advertido por el representante del ente acusador en su intervención en la vista pública.
228. En ese mismo orden de ideas, contradicen abiertamente los postulados de la lógica, el sentido común y las reglas generales de la experiencia, los argumentos defensivos enderezados a rotular a Gxxx Sxxx como un simple ‘líder comunal’ en Guachaca, a quien, según se le quiere hacer ver, hacía presencia en las asambleas locales para ‘sugerir’ a los líderes veredales a los candidatos que a su juicio representaban la mejor opción para las comunidades, cuando en realidad está demostrado que bajo su señorío, esto es, como un auténtico comandante paramilitar con un ejército de irregulares a su servicio, se cometieron graves infracciones a los derechos humanos para interferir los debates electorales en la región, en su obstinado propósito de seleccionar, postular e imponer sus propios candidatos en las comunidades.
229. Por ese mismo razonamiento, es apenas inexplicable para la Sala, que testigos que hicieron parte de proyectos políticos y sociales en Guachaca, admitiendo que pudieron ignorar las causas del accionar paramilitar y sobre las restricciones o ‘avales’ impuestos por a. ‘Ex Pxxx’ a los diferentes candidatos, no hubieran advertido la coacción que éste ejerció en las comunidades y en las asambleas políticas en las que ellos intervinieron, v.gr., quienes solapadamente y a espaldas de la realidad negaron tal intrusión, ya como lo hizo Cxxx Axxx Pxxx, quien además de haberse retractado de la afirmación de que el cabecilla había apoyado al acusado, aseveró que ‘en Guachaca no hubo represión por política’, ora como lo sostuvo Jxxx Jxxx Rxxx Hxxx, quien se atrevió a señalar que había existido un acuerdo para votar por a. ‘Cxxx Zxxx y matar a Axxx’, cuando ni el mismo procesado ha admitido un amenaza en tal sentido.
230. De otro lugar, no resulta plausible que como sustento de la teoría sobre la inconsistencia de la prueba de cargo, ora para plantear el in dubio pro reo, la defensa unificada haya traído las expresiones de un ex magistrado auxiliar que luego de dejar de prestar sus servicios a la corporación, concedió una entrevista radial para decir que había sido precisado a resolver la situación jurídica del otrora sindicado Rxxx Txxx con medida de aseguramiento, cuando a su parecer no había prueba para ello, puesto que, tal como lo señaló el juez de la causa, dichas expresiones no pasaron de ser simples opiniones de quien no fue testigo de los hechos, y en tal sentido, agrega la Sala, las mismas carecen de fundamento y base fáctica para enervar las decisiones que bajo estrictos parámetros de legalidad ha venido tomando, las que ahora ratifica en sede de esta sentencia, al determinarse por los suscritos, a quienes corresponde con exclusividad valorar la esencialidad de la prueba, el compromiso penal del acusado en los hechos investigados, en sumo grado, durante la fase probatoria del juicio.
231. No obstante, de tal proceder surge la necesidad de advertir, que las entrevistas y declaraciones que los funcionarios y empleados del poder judicial confieren motu proprio a los medios de comunicación sobre los asuntos a su cargo, v. gr., acerca de los hechos del proceso, las decisiones judiciales y en general, de todo aquello que se les ha confiado por razón de sus funciones, con o sin reserva judicial, no tienen efectos jurídicos vinculantes ni constituyen parámetros de validez para objetar, desvirtuar o contradecir la mismidad e inmaculación de la prueba aducida a la actuación, ni las determinaciones funcionales.
232. Resta decir acerca de las asiduas imprecaciones de la defensa unificada, que cuestionar la autoridad judicial de la Corte atribuyéndole, sin base demostrativa alguna y mediante un juicio éticamente incorrecto, una supuesta manipulación de testigos o el ignominioso carácter arbitrario e inquisitivo para afectar la carrera política del acusado, ora para producir estadísticas o falsos positivos a sus expensas, no constituye argumento válido para discrepar de la valoración probatoria, contradecir la prueba de cargo o demeritar las decisiones judiciales adversas a sus intereses, en tanto que tal postura no responde a una estrategia razonable y cuando menos probable procesalmente, ya que la única manera de discutir tales aspectos, es demostrando las falencias en que haya podido incurrir el investigador o juzgador, ejercicio que no satisfizo la defensa y por ende, tamaña insolvencia, releva a la Sala de ofrecer respuesta sobre situaciones insulsas, de contenido eminentemente fáctico, o de otras que ya fueron resueltas durante el acontecer procesal.
233. Por lo demás, extraña a la Corte que durante el decurso de la actuación, la defensa unificada no haya tenido reparos acerca de la aplicación del sistema procesal de la Ley 600 del 2000, pero ahora, cuando las condiciones le son desfavorables, venga a despotricar de su eficacia, olvidando que su observancia es consecuencia de una exigencia de orden constitucional, so pena de vulnerar el principio de legalidad del procedimiento, que la Corte Constitucional ya consideró no es violatorio del debido proceso ni del derecho de defensa(93).
234. Así entones, la conclusión condenatoria a la que se arriba, ha sido el fruto del examen individualizado de cada uno de los testigos que declararon, de la confrontación de sus dichos con los demás medios de prueba y las circunstancias objetivas que rodearon el caso y desde luego, de su valoración en forma global, lo que, en definitiva, dio al traste con la presunción de inocencia del acusado, en un escenario de estricto respeto de los derechos y garantías que le asisten a las partes, de lo cual atestiguan los representantes de la fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, respectivamente, quienes no en vano han solicitado una decisión de idéntica naturaleza, acorde con lo que enuncia el acervo probatorio militante en el proceso.
235. De manera que, concluye la Sala, al quedar demostrado, más allá de toda duda, que el acusado Axxx de Jxxx Rxxx Txxx efectivamente celebró acuerdos con el extraditado paramilitar Hxxx Gxxx Sxxx, alias ‘Ex Pxxx’, bajo la modalidad de conducta dolosa, en su propósito de lograr su relección al Concejo municipal de Santa Marta del año 2000, y durante sus fallidas candidaturas a la alcaldía de Santa Marta en año 2003 y a la Cámara de Representantes en el 2006, no queda más remedio que declarar que lo hizo con plena capacidad de comprensión sobre el injusto penal de concierto para delinquir agravado para promover grupos armados ilegales, y sobre las consecuencias que de tal acto se derivaban.
Calificación jurídica definitiva
236. El comportamiento en cita, tiene adecuación típica en el libro 2º, título XII, artículo 340 inciso 2º del Código Penal, modificado por el artículo 8º de la Ley 733 de 2002, bajo la siguiente descripción comportamental:
“ART. 340.—Concierto para delinquir. Modificado L. 733/2002. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a seis (6) años.
Inciso segundo: “Cuando el concierto sea para cometer delitos de (…), o para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
237. A efectos de cuantificar la sanción a imponer al condenado Axxx Rxxx, se ha de partir del quantum asignado al delito en cuestión, que contempla una pena de prisión que oscila entre 6 a 12 años, correspondientes a los extremos mínimos y máximos de 72 y 144 meses, y una multa de 2.000 a 20.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, respectivamente.
238. El ámbito punitivo fijado en precedencia, de acuerdo con los parámetros señalados en los artículos 60 y 61 de la Ley 599 de 2000, queda dividido en cuartos de la siguiente manera, a saber: i) Cuarto mínimo: Prisión entre 72 y 90 meses y multa de 2.000 a 6.500 smlmv ii) Primer cuarto medio: Prisión entre 90 meses, 1 día y 108 meses y multa de 6.500 a 11.000 smlmv iii) Sxxx cuarto medio: Prisión entre 108 meses, 1 día y 126 meses y multa de 11.000 a 15.500 smlmv iv) Cuarto máximo: Entre 126 meses, 1 día y 144 meses de prisión y multa de 15.500 a 20.000 smlmv
239. Ahora bien, como quiera que en el calificatorio no se atribuyó al condenado ninguna de las circunstancias de mayor punibilidad previstas en el artículo 58 del Código Penal y por el contrario, sí concurre en su favor la de menor punibilidad estipulada en el numeral 1º del artículo 55 del Código Penal de 2000, referida a la carencia de antecedentes penales, el quantum punitivo debe determinarse dentro del cuarto mínimo que oscila entre 72 y 90 meses y multa de 2.000 a 6.500 smlmv.
240. Respetando dicho marco punitivo, deberá ponderarse la gravedad de la conducta objeto de reproche en sede culpabilidad (promoción de grupos armados ilegales), en directa correspondencia con la intensidad del dolo puesta en su realización, de donde surge clara la afectación a los intereses colectivos, habida consideración que el sujeto activo hubo de traicionar la confianza depositada en él como representante del establecimiento y ciudadano respetuoso del derecho, con el fin de interferir el normal desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana con el concurso de un grupo al margen de la ley, persiguiendo exclusivos propósitos personales, ajenos a los fines del Estado social y democrático de derecho, con lo cual produjo un real e inminente riesgo del bien jurídico de la seguridad pública, que amerita imponerle el extremo mayor dentro del cuarto mínimo, que corresponde a 90 meses de prisión y 6.500 salarios mínimos legales mensuales de multa.
241. Finalmente, al tenor de lo establecido en el artículo 52 del Código Penal, la Sala impondrá al acusado Axxx Rxxx Txxx, la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas estipulada en el artículo 44 Ibídem, en lo que atañe a la facultad de elegir y ser elegido, para ejercer cualquier otro derecho político, función pública, dignidades y honores que confieren las entidades oficiales que no comporten el ejercicio de una función pública, por un tiempo igual al de la pena privativa de la libertad impuesta.
242. Lo anterior, sin perjuicio de la inhabilidad intemporal o vitalicia de que trata el inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, modificado por los actos legislativos 01 de 2004 e inciso 4º del 01 de 2009(94), respectivamente, que le impiden ‘inscribirse como candidato a cargos de elección popular, ser elegido, ser designado servidor público y contratar con el Estado, directamente o por interpuesta persona’, la cual opera de pleno derecho para quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por ‘delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, entre otros(95).
243. No hay lugar a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta al acusado Axxx Rxxx Txxx, en primer lugar, porque no se cumple con el requisito objetivo de que trata el artículo 63 del Código Penal, que sólo autoriza la concesión del subrogado frente a la imposición de penas no superiores a 3 años y, en segundo lugar, porque a pesar de la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 1709 de 2014, que permite su concesión frente a penas que no excedan de cuatro (4) años de prisión, es claro que en este evento también supera dicho quantum punitivo y además, el delito por el que se procede se encuentra excluido de los beneficios y subrogados penales en el artículo 68A de la Ley 599 de 2000, adicionado por el artículo 32 de la citada Ley 1709 de 2014, lo que excusa a la Sala de hacer el análisis del factor subjetivo.
244. En relación con dicha figura jurídica, prevista en el artículo 38 de la Ley 599 de 2000 como un mecanismo sustitutivo de la prisión en establecimiento carcelario, debe la Sala señalar que tampoco hay lugar a su concesión desde la perspectiva de la normatividad vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos, ni luego de su adición bajo las disposiciones de la Ley 1709 de 2014.
245. En efecto, no obstante que el artículo 23 de la citada Ley 1709 de 2014, adicionó el 38B al texto original del artículo 38 de la Ley 599 de 2000, que limitaba la concesión del citado beneficio a los delitos cuya sanción mínima fuera de cinco (5) años o menos, haciéndola extensiva a los punibles cuya pena mínima sea de ocho (8) años o menos, lo que prima facie permitiría su aplicación al punible de concierto para delinquir agravado que tiene señalada una pena mínima de seis (6) años de prisión, también lo es que el mismo fue excluido de dicho beneficio por su propia naturaleza en los artículos 28 y 32 de la aludida Ley 1709 de 2014, a través de los cuales adicionó los artículos 38G y 68A a la Ley 599 de 2000, respectivamente, lo que en definitiva impide la posibilidad legal de otorgar al condenado el sustituto de la prisión domiciliaria.
De la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave
246. La consagración de dicho mecanismo sustitutivo de la ejecución de la pena privativa de la libertad, se encuentra explícita en el artículo 68 de la Ley 599 de 2000, bajo el requerimiento de que un médico legista especializado, determine ‘que el condenado padece una enfermedad muy grave, incompatible con el desarrollo de su vida en reclusión formal’.
247. En orden a determinar la procedencia de dicho instituto, debe recordar la Sala, que durante la etapa de la causa, el juzgado de conocimiento concedió a Rxxx Txxx la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria con base en el numeral 3º del artículo 362 de la Ley 600 de 2000(96), al diagnosticársele por parte de su médico tratante, esto es, el cardiólogo hemodinamista(97), según fue autorizado por el Instituto de Medicina Legal —con ocasión de una intervención programada y para efectos de una posterior valoración(98)—, que en efecto se hallaba en ‘un estado grave de salud y ante la posibilidad de presentar muerte súbita debido al nivel alto de catecolamina circulante, por ser portador de una enfermedad grave y tratarse de un paciente de alto riesgo cardiovascular, portador de una patología crónica como es la arterioesclerosis coronaria’, que para entonces requería un tratamiento ‘en un medio libre de situaciones de estrés, en un entorno familiar y bajo manejo sicoterapéutico continuo’.
248. De acuerdo con el citado parte médico, que como se dijo sirvió de base para conceder al procesado la sustitución de la detención preventiva por domiciliaria, en esta oportunidad la Sala lo hace extensivo para autorizarle la ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, acorde con el citado artículo 68 del Código Penal, en tanto que la patología que le fue dictaminada por un médico especialista, indica que se trata de una enfermedad de carácter grave.
249. Lo anterior, por cuanto, de soslayarse dicha patología sin sustento en un nuevo dictamen forense, para en su lugar proceder a revocar al acusado el beneficio de la libertad provisional concedida en Auto del 10 de diciembre de 2009(99), en orden a hacer efectiva la ejecución de la pena impuesta, se podría poner en riesgo su vida e integridad personal, por lo que las normas relativas a los derechos humanos aconsejan, que para prevenir tal eventualidad le sea concedido el instituto aludido, y una vez sean remitidas las diligencias al funcionario que ha de vigilar el cumplimiento de la pena, realice a la mayor brevedad posible el procedimiento de seguimiento periódico, ordenando una nueva valoración por un especialista del Instituto Nacional de Medicina Legal, en aras de establecer la evolución de la enfermedad dictaminada al condenado en su oportunidad, o en su defecto, si la misma es compatible con la reclusión efectiva.
250. Para tal efecto, el penado deberá prestar caución prendaria, que se considera garantizada con la que sufragó al momento de obtener la sustitución de la medida de detención y la libertad provisional, no obstante, deberá firmar el acta de compromiso a que se refiere el numeral 3º del artículo 38 del Código Penal(100).
251. No hay lugar a la condena por daños materiales y morales derivados del hecho punible, en la medida que no se demostró la causación concreta de los mismos en desmedro de persona alguna determinada.
252. La Sala ha sostenido que la Ley 906 de 2004, asigna a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad la competencia para conocer de la fase de ejecución del fallo cuando se trate de condenados que gozan de fuero constitucional y que, la segunda instancia corresponde al respectivo juez de conocimiento. Se dispondrá entonces remitir el proceso al reparto de los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad correspondiente.
1. DECLARAR que en este asunto no ha operado el fenómeno de la prescripción de la acción penal, por las razones expuestas en el cuerpo de este proveído.
2. CONDENAR al ex Representante a la Cámara Axxx de Jxxx Rxxx Txxx, de condiciones civiles y personales conocidas, a la pena principal de 90 meses de prisión y multa de 6500 smlmv, junto con la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la sanción principal, como autor responsable del delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promover grupos armados al margen de la ley, previsto en el artículo 340 inciso 2º de la Ley 599 de 2000.
3. DECLARAR que el sentenciado Axxx Rxxx Txxx no tiene derecho al sustituto de la prisión domiciliaria, ni a la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta, abonándole eso sí como parte cumplida de la misma, el tiempo en que estuvo detenido por razón de este proceso.
4. AUTORIZAR al sentenciado Rxxx Txxx la ejecución de la pena privativa de la libertad en su lugar de residencia, acorde con el artículo 68 del Código Penal, en atención al dictamen que reposa en las diligencias, debiéndose proceder por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad, conforme se indicó en el cuerpo de esta determinación.
Para materializar el beneficio, el condenando prestará caución prendaria, que se considera garantizada con la que sufragó para obtener su libertad provisional, debiendo eso sí firmar el acta de compromiso a que se refiere el numeral 3º del artículo 38 del Código Penal.
5. DECLARAR que no hay lugar a condena al pago de daños y perjuicios.
6. En firme esta providencia, remítase la actuación al juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad —reparto— para que asuma su competencia.
8(sic). La Secretaría de la Sala enviará las copias del presente fallo a las autoridades que menciona el artículo 472 del Código de Procedimiento Penal.
(31) Auto del 17 de junio de 2015.
(32) En el aludido Auto del 17 de junio 2015.
(33) CSJ. Sala de casación penal, 2009, radicados 31.653 y 27.032, respectivamente.
(34) “La relación del delito con la función pública tiene lugar cuando se realiza por causa del servicio, con ocasión del mismo o en ejercicio de funciones inherentes al cargo; esto es, que la conducta tenga origen en la actividad congresional, o sea su necesaria consecuencia (…), de tal suerte que resulta factible que el comportamiento o iter criminal pueda iniciarse antes de acceder a la curul (…) sin que por ello se pierda la condición de aforado para efectos penales.
(…) En tal caso, la investidura y la tarea desarrollada en el Congreso por el aforado no resultan ajenas a ese hecho fundacional concreto, o en otras palabras, no se puede sostener que ese manejo proselitista previo no tiene relación con las funciones desempeñadas, cuando no se duda que las dichas funciones representan cumplimiento de lo pactado previamente” (CSJ. Sala de casación penal, 2009, radicados 31.653 y 27.032, respectivamente).
(35) Para Carrara, en principio, los actos preparatorios son impunes por ausencia de peligro actual, salvo que se puedan tener como actos de ejecución de la conducta punible, cuando de ellos se pueda advertir la comisión de un delito.
(36) Vigente para la época de la comisión de los hechos.
(37) “Artículo 20. Ley 599 de 2000. Servidores públicos. Para todos los efectos de la ley penal, son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios...”.
“Artículo 123 superior. Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución…”.
(38) Al igual que acontece en la Ley 906 de 2004.
(39) “ART. 237.—Libertad probatoria. Los elementos constitutivos de la conducta punible, la responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los derechos fundamentales”.
“ART. 238.—Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba”.
(40) Auto del 21 de abril de 2010, rad. 32618; 4 de mayo de 2010, rad. 34003; 5 de agosto del mismo año, rad. 33048 y de 10 de noviembre de 2005, rad. 20174.
(41) Fl. 12 del cuaderno 1.
(42) Cuando cesó en el ejercicio del cargo.
(43) Las fuentes de los referentes históricos sobre el fenómeno paramilitar, provienen de la prueba documental procedente de la fiscalía 20 delegada de la unidad de derechos humanos y DIH, algunos documentos de dominio público que hacen parte de la memoria histórica de la nación, como informes de inteligencia, archivos periodísticos y decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia y entre otras, el portal “www.verdadabierta.com/. Hxxx Gxxx: máquina de guerra en la Sxxx Nevada de…”.
(44) Dirigido por el miliciano Adán Rxxx Mendoza, alias ‘El Nxxx Axxx’, quien inicialmente delinquió junto con Gxxx Sxxx y posteriormente se enfrentó a él durante la guerra con el Bloque Norte de las AUC.
(45) Dichos barrios fueron señalados como de influencia del Frente Tayrona en el radicado 3.416.
(46) Según la testigo Mxxx Pxxx, Machete Pelado era el lugar de asentamiento de Gxxx Sxxx en lo militar y en lo que tenía que ver con el narcotráfico y que, por ende, allí recibía a los políticos que se reunían con él.
(47) Tomado del documento “Dinámica reciente de la confrontación armada en la Sxxx Nevada de Santa Marta”, del observatorio del programa presidencial de derechos humanos y DIH, publicado por la vicepresidencia de la Republica, en su página www.vicepresidencia.gov.co y del escrito “Ilegalidad, control local y paramilitares en el Magdalena”, con autoría de Pxxx Zxxx.
(48) Se trataba de Jxxx Axxx Mxxx, quien protagonizó los hechos el 11 de noviembre de 2001 en Mendihuaca.
(49) Cuyas copias fueron incorporadas a estas diligencias a los fls. 23 y ss. del cuaderno 1.
(50) Por parte de la testigo Mxxx Pxxx Oxxx Rxxx.
(51) Se afirma que fue uno de los últimos grupos armados ilegales de autodefensa que depusieron las armas durante el proceso de desmovilización.
(52) Tanto en los testimonios trasladados del radicado 26.470 como en los que rindió en este expediente.
(53) Caserío ubicado en la troncal del Caribe, estratégico para las AUC porque desde allí se informaba sobre la presencia de las autoridades a los milicianos que se encontraban en la parte alta de Guachaca.
(54) Sobre el particular, la testigo señaló en su ampliación de testimonio del 15 de marzo de 2008, que Gxxx Sxxx tenía su base de operaciones en la parte montañosa de la Sxxx Nevada de Santa Marta, en donde no solo era visitado por todos los políticos sino que también era un epicentro de laboratorios de cocaína.
(55) Alias ‘El Tonto’, encargado de cobrar vacunas a los comerciantes de Santa Marta. (fl. 31 del cuaderno 1).
(56) En el testimonio vertido por Mxxx Pxxx Oxxx en una sesión de audiencia dentro del radicado 26.470, señaló haber sido secuestrada por ‘Jxxx’ y liberada por la presión que ejerció la comunidad.
(57) La testigo limita su conocimiento al año 2004, por cuanto en ese año tuvo que salir desplazada de la región de Guachaca.
(58) La testigo se refiere a miliciano Jxxx del Cxxx Gxxx Axxx, quien ocupó la comandancia política del Frente Resistencia Tayrona desde el año 2002, según él mismo lo ha referido en otras investigaciones.
(59) Testimonio trasladado del radicado 26.470 (fl. 118-1).
(60) Condenado por el delito de concierto para delinquir agravado, por su relación con grupos paramilitares.
(61) En testimonios rendidos ante esta corporación los días 5 de marzo y 15 de mayo de 2008, dentro de estas diligencias.
(62) Electo en el año 2003.
(63) Testimonio del 15 de mayo del 2008.
(64) Señalado como ‘parasito de la política’, próximo a las autodefensas lideradas por Hxxx Gxxx Sxxx, al interior del radicado 27.199, seguido al ex congresista Mxxx Pxxx Vxxx.
(65) Compadre de a. ‘Ex Pxxx’.
(66) En la fase de indagación, por cuanto no se le escuchó en la audiencia.
(67) Al igual que lo hizo dentro del radicado 27.190.
(68) Testimonio recepcionado en la fase de indagación preliminar el 12 de marzo de 2008.
(69) Miliciano que para el momento de rendir su testimonio se hallaba privado de la libertad por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, el cual fue reemplazado en el cargo de comandante político del Frente Resistencia Tayrona por a. ‘El Cxxx’ a partir del año 2002.
(70) A quien se le recepcionaron testimonios en las etapas de instrucción y juzgamiento.
(71) Del radicado 26.470.
(72) Extraditado hacia los Estados Unidos en el año 2007.
(73) Testimonio rendido en el sumario el 18 de septiembre de 2008.
(74) Admitió haber cumplido labores de patrullero, vigía de cultivos de hoja de coca y escolta de a. ‘Lx Mxxx’.
(75) Durante el lapso en que el proceso estuvo a cargo de la corporación.
(76) Dicho testigo rindió testimonio en la instrucción y juzgamiento (Fls. 280 del cuaderno Nº 2 y 275 del cuaderno Nº 4).
(77) Líder comunal y Presidente de la JAC de la vereda Los Naranjos a partir del 2002.
(78) Candidatos a concejos, alcaldías, gobernaciones y al Congreso de la República, v.gr., (radicados 26.470, 27.190, 32.99 y con absoluta coincidencia dentro del radicado 33.416, entre otros).
(79) Radicado 32.996.
(80) El fallo de condena en contra del líder político a. ‘Cxxx Zxxx’, tuvo como fundamento sus nexos con a. ‘Ex Pxxx’.
(81) En la citada campaña a la alcaldía de Santa Marta.
(82) Los 58 votos obtenidos en Guachaca para la reelección al concejo del año 2000, 1.338 y 2.499 votos en Santa Marta en esas mismas elecciones, 16.854 alcanzados en su candidatura a la alcaldía del año 2003 y 9.485 en el Departamento del Magdalena en su aspiración a la Cámara del 2006.
(83) CSJ AP, radicado 26.470.
(84) CSJ AP., marzo 6 de 2013, radicado 35.744.
(85) Reelección al concejo del 2000, a la alcaldía de 2003 y a la Cámara de Representantes del 2006.
(86) Movimiento de Renovación y Acción Laboral - ‘MORAL’, del cual resultó condenado su cabeza de lista al Senado Mxxx Pxxx Vxxx, al igualo que su fórmula a la Cámara de Representantes Kxxx Lxxx Vxxx.
(87) Al igual que la reunión de Machete Pelado referida dentro del radicado 32.996.
(88) Testimonio rendido el 29 de agosto de 2008, min. 57:08 a 57:46. Allí, Ixxx Axxx se refiere a la amistad que observó entre Rxxx y Gxxx Sxxx, y al diálogo que sostuvo con uno de los integrantes de las autodefensas que asistió a ese acto, quien le advirtió sobre la cercanía y el trato que ese grupo le dispensaba al procesado.
(89) Radicado 27.199.
(90) A algunos de los cuales se les compulsó copias dentro de esta actuación para que se les investigue por falso testimonio.
(91) ART. 238. Apreciación de las pruebas. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica.
El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba.
“ART. 277.—Criterios para la apreciación del testimonio. Para apreciar el testimonio, el funcionario tendrá en cuenta los principios de la sana crítica y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, a la personalidad del declarante, a la forma como hubiere declarado y las singularidades que puedan observarse en el testimonio.
(92) Declaración 24 de septiembre de 2008. Este desmovilizado conocido con el alias de ‘Cxxx Txxx’, dirigió uno de los frentes del Bloque Norte de las autodefensas que hizo presencia en la zona bananera del Departamento del Magdalena.
(93) Sentencia C-934 de 2006.
(94) También prevista en el estatuto anticorrupción en el artículo 1º de la Ley 1474 de 2011.
(95) CSJ Casación junio 19 de 2013, radicado 36.511 y Sentencia C-630 de 2012.
(96) Fls. 14 y ss. del cuaderno 4.
(97) De la unidad cardiovascular del Caribe, departamento de hemodinamia (Fl. 136 del cuaderno 4).
(98) A fls. 400 y ss. del cuaderno 3, reposa el dictamen provisional del Instituto de Medicina Legal practicado el 30 de abril de 2009, sobre el estado de salud del acusado, en el que concluye que no presenta vestigios de una enfermedad grave e incompatible con el régimen carcelario, pero reconoce los ‘procedimientos operatorios pendientes a practicarle por médicos cirujanos, aconsejables para garantizar el acceso rápido y oportuno a su servicio de salud, mediante controles frecuentes y estrictos por su especialista tratante, además de seguir las recomendaciones con respeto de su manejo’, el cual fue complementado con el dictamen del médico especialista obrante en el citado fl. 136 del cuaderno 4, practicado el 27 de noviembre de 2009.
(99) Fl. 140 del cuaderno 4. La cual fue objeto de reposición y apelación por parte del representante del Ministerio Público, habiendo sido ratificada mediante proveídos del 5 de marzo de 2010 por el juzgado de conocimiento (Fl. 200 del cuaderno 4) y octubre 8 de 2010 por el Tribunal Superior de la ciudad de Santa Marta (cuaderno separado).
(100) Fls. 19, 24, 77 y 143 del cuaderno 4.

References: artículo 235
 artículo 235
 artículo 186
 artículo 4
 artículo 340
 artículo 8
 artículo 80
 artículo 84
 artículo 82
 artículo 83
 artículo 237
 resolución 
 artículo 83
sui generis
 artículo 340
 artículo 232
in dubio
 artículo 340
 artículo 8
 artículo 58
 artículo 55
 artículo 52
 artículo 44
 artículo 122
 artículo 63
 artículo 29
 artículo 68
 artículo 32
 artículo 38
 artículo 23
 artículo 38
 artículo 68
 artículo 362
 artículo 68
 artículo 38
 artículo 340
 artículo 68
 artículo 38
 artículo 472
 artículo 1