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Timestamp: 2019-09-17 10:52:59+00:00

Document:
STC 39/2012, 29 de Marzo de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 379820218
Número de Recurso: 4893-2006
Sentencia citada en: 59 sentencias, 10 artículos doctrinales, un tema práctico
STC 039/2012
Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el día 3 de mayo de 2006, don José Javier Cuevas Rivas, Procurador de los Tribunales, y de don José Ignacio Gaztañaga Bidaurreta, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
El demandante de amparo fue condenado en las siguientes causas: En el sumario núm. 43-1988, procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, como autor de un delito de atentado, a la pena de veinte años y un día de reclusión mayor; como autor de un delito de asesinato frustrado, a la de dieciocho años de reclusión menor; y como autor de un delito de estragos, a la de diez años y un día de prisión mayor. En el sumario núm. 43-1988, procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 2, como autor de un delito de pertenencia a banda armada a la pena de ocho años de prisión mayor. En el sumario núm. 47-1987, procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 2, a la pena de veinte años de prisión, por un delito de atentado con resultado de muerte; a la pena de once años de prisión mayor, por un delito de asesinato frustrado; y a la pena de seis años de prisión menor por un delito de terrorismo con resultado de daños. En el sumario 50-1985, procedente del Juzgado Central de Instrucción núm. 5, como encubridor de tres delitos de asesinato, a la pena de cuatro años, dos meses y un día de prisión por cada uno de ellos.
En fecha 22 de octubre de 1996, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, en la ejecutoria derivada del sumario núm. 43-1988, seguida contra el demandante, dictó Auto acordando “acumular las condenas impuestas al penado… fijándose en una duración de treinta años de privación de libertad el tiempo total de cumplimiento de todas las penas privativas de libertad impuestas en las causas expresadas”.
Por Auto de 28 de mayo de 1997, dictado por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, por la que se aprobó el nuevo Código penal, se acordó “que no procede la revisión de las penas impuestas a JOSE IGNACIO GAZTAÑAGA BIDAURRETA, en la presente causa y en las demás indicadas en el antecedente de hecho segundo y en el Auto de fijación de límite de cumplimiento de 22-10-96”. En el fundamento de derecho segundo se indicaba: “Pese a que, aplicando el nuevo Código Penal, el límite de cumplimento sería de 25 años, no procede modificar las penas impuestas, pues ni lo ha solicitado el penado, ni ello le resultaría beneficioso pues comportaría la pérdida del derecho a obtener redenciones con posterioridad al 25 de mayo de 1996.”
El día 25 de enero de 2006, el Director del centro penitenciario de Albolote (Granada) interesó la aprobación del licenciamiento definitivo del recurrente para el día 29 de marzo de 2006, adjuntando una certificación en la que se hacía constar que el interno redime su pena por el trabajo desde el 3 de marzo de 1988, teniendo abonado hasta la fecha de cumplimiento un total de 4.375 días de redención. Igualmente se adjunta la liquidación de condena practicada, en la que se hacen constar los días de cumplimiento efectivo (6.575) y los días de redenciones ordinarias (2.614) y extraordinarias (1.761), lo que suma un total de 10.950 días de cumplimiento, treinta años, en la fecha indicada.
Mediante una providencia de fecha 3 de marzo de 2006, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional solicitó al centro penitenciario la elaboración de una nueva hoja de cálculo de condena, conforme a la doctrina de la STS 197/2006, de 28 de febrero.
El día 23 de marzo de 2006, la representación procesal del recurrente interpuso recurso de súplica contra la providencia de 17 de marzo de 2006, recurso que fue desestimado por Auto de 31 de marzo de 2006.
El día 31 de marzo de 2006 —antes de serle notificado el anterior Auto, que lo fue el día 7 de abril— el recurrente volvió a solicitar su licenciamiento definitivo por cumplimiento de la pena, afirmando haberla cumplido con exceso.
El recurrente fundamenta su demanda de amparo en la vulneración de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), a la legalidad (art. 25.1 y 2 CE), a la libertad (art. 17.1 CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).
Por providencia de 14 de diciembre de 2006, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), conceder a la parte demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda [art. 50.1 c) LOTC].
Por providencia de 6 de marzo de 2007, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite de la demanda así como, a tenor de lo establecido en el art. 51 LOTC, requerir atentamente a la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para que remitiera testimonio de las actuaciones correspondientes a la ejecutoria núm. 43-1988, interesando al tiempo que se emplazara a quienes fueron parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que pudiesen comparecer en el recurso de amparo.
Mediante otra providencia de la misma fecha se acordó formar la correspondiente pieza separada de suspensión y, de conformidad con lo previsto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y al recurrente en amparo para que alegaran lo que estimasen pertinente en relación con la petición de suspensión interesada. Evacuado dicho trámite, mediante Auto de 16 de abril de 2007, la Sala Segunda acordó denegar la suspensión solicitada.
A través de una diligencia de ordenación de 10 de mayo de 2007 se acordó tener por personado y parte al Abogado del Estado y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio público por término de veinte días, dentro de los cuales podrían presentar las alegaciones que estimasen pertinentes, conforme a lo establecido en el art. 52.1 LOTC.
El día 1 de junio de 2006 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito del Abogado del Estado, en el que manifiesta que no formula alegaciones, aunque solicita que se le notifique en su día la Sentencia.
La representación procesal del demandante de amparo formuló sus alegaciones mediante escrito que tuvo su entrada en el Registro de este Tribunal el día 13 de junio de 2007, en el que sustancialmente reproduce los argumentos ya expuestos en la demanda.
El día 25 de junio de 2007 presentó sus alegaciones el Ministerio Fiscal, interesando la estimación del amparo solicitado, por entender que las resoluciones recurridas han vulnerado los derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE), a la legalidad penal (art. 25.1 CE) y a la libertad personal (art. 17.1 CE).
El presente recurso de amparo se dirige contra el Auto de la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 31 de marzo de 2006, que desestima el recurso de súplica contra la providencia de 17 de marzo de 2006, por la que se deniega el licenciamiento definitivo del demandante de amparo, propuesto por el centro penitenciario de Albolote para el día 29 de marzo de 2006, y se ordena la elaboración de una nueva hoja de cálculo, de conformidad con la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en la STS 197/2006, de 28 de febrero, según la cual y modificando el criterio de cómputo anteriormente aplicado, se establece que los beneficios penitenciarios y, en concreto, las redenciones de penas por el trabajo, han de computarse sobre cada una de las penas impuestas y no sobre la condena refundida.
En la primera de las quejas articuladas en la demanda, bajo la invocación de los derechos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), se denuncia la indefensión generada por el hecho de que la primera de las resoluciones recurridas se adoptó sin dar audiencia a las partes, pese a introducir una perspectiva jurídica novedosa en el cómputo de las redenciones de penas por el trabajo. Esta queja ha de ser inadmitida, al concurrir respecto de ella el óbice procesal de falta de invocación ante los órganos de la jurisdicción ordinaria [art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC)]. En efecto, de la mera lectura del recurso de súplica interpuesto contra las providencias dictadas sin darle audiencia se desprende que el recurrente articuló una serie de motivos de recurso para oponerse a esa nueva perspectiva jurídica en el cómputo de las redenciones (lo que excluiría, como señala el Ministerio Fiscal, la indefensión denunciada), pero no denunció entonces indefensión alguna, trayéndose ahora per saltum en amparo. Hemos de recordar que la razón que sustenta la exigencia de invocación tempestiva de la supuesta vulneración de derechos fundamentales reside en la necesidad de preservar el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional, de modo que sirve a la articulación de la función de protección de los derechos fundamentales que cumplen tanto la jurisdicción ordinaria como la jurisdicción constitucional. Se trata de un requisito según el cual, con carácter previo a la interposición del recurso de amparo constitucional, ha de darse oportunidad a los órganos jurisdiccionales ordinarios de reparar la vulneración supuestamente cometida a través de la inserción en el proceso judicial del problema constitucional objeto del recurso de amparo (por todas, entre las más recientes SSTC 132/2006, de 24 de abril, FJ 3; y 7/2007, de 15 de enero, FJ 3).
Despejado este grupo de quejas de carácter procesal articuladas como primer motivo de amparo, en los restantes motivos se denuncia desde diversas perspectivas constitucionales la cuestión de fondo, esto es, la aplicación al presente caso de un nuevo criterio jurisprudencial en la interpretación de los arts. 70.2 y 100 CP 1973, y concordantes del reglamento penitenciario, en relación con el cómputo de la redención de penas por el trabajo. Frente al criterio anteriormente aplicado, conforme al cual los días redimidos por trabajo se descontaban del límite máximo de cumplimiento una vez operada la refundición o acumulación de condenas, el Tribunal Supremo, en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero, estableció que el beneficio de la redención de penas por el trabajo consagrado en el art. 100 CP 1973 ha de aplicarse no a ese máximo de cumplimiento, sino a cada una de las penas impuestas en las diversas condenas, de modo que la forma de cumplimiento de la condena total se producirá del siguiente modo: “se principiará por el orden de la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que procedan con respecto a una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida la primera, se dará comienzo a la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se alcancen las limitaciones impuestas en la regla segunda del art. 70 del Código penal de 1973. Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena total resultante” (fundamento jurídico cuarto). Un cambio de doctrina cuya aplicación al presente caso por la Audiencia Nacional implica que, si bien conforme al cómputo de las redenciones de penas por trabajo aplicado hasta ese momento, el recurrente habría extinguido ya su condena y debería haber obtenido la libertad el día 29 de marzo de 2006 (según se desprende de la propuesta de licenciamiento definitivo enviada inicialmente por el centro penitenciario al órgano judicial el día 25 de enero de 2006), en aplicación del nuevo criterio la pena no se extinguiría hasta el día 21 de marzo de 2018.
También debe rechazarse la denunciada vulneración del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por aplicación retroactiva del art. 78 CP 1995, tanto en su redacción inicial como en la dada al mismo por la Ley Orgánica 7/2003, precepto en el que el legislador estableció que para determinados supuestos de acumulación de penas el Juez o Tribunal sentenciador “podrá acordar que los beneficios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refiera a la totalidad de las penas impuestas” (art. 78.1 CP). Prescribiendo, en relación a supuestos de acumulación de varias penas especialmente graves la obligatoriedad de realizar ese cómputo referido a la totalidad de las penas impuestas; preceptividad que, sin embargo, admite algunas excepciones (art. 78.2 y 3 del Código penal actual). Pues bien, ni las resoluciones recurridas, ni la doctrina del Tribunal Supremo invocada en ellas aplican retroactivamente dicho precepto (que, por otra parte, no hace referencia a la redención de penas por trabajo, puesto que dicha redención desaparece en el Código penal de 1995), sino la normativa vigente en el momento de comisión de los hechos por los que el recurrente fue condenado (arts. 70.2 y 100 CP 1973), si bien con una nueva interpretación de la misma que, ciertamente, acoge el criterio de cómputo consagrado expresamente en el art. 78 CP 1995, pero argumentando que tal interpretación era posible a la vista del tenor literal de los arts. 70.2 y 100 CP 1973. Por tanto, teniendo en cuenta el razonamiento de los órganos judiciales y los preceptos que se aplican, la queja carecería de base fáctica, pues la prohibición de irretroactividad de la ley penal desfavorable consagrada en el art. 25.1 CE tiene como presupuesto fáctico la aplicación retroactiva de una norma penal a hechos cometidos previamente a su entrada en vigor (por todas, SSTC 21/1993, de 18 de enero, FJ 4; 43/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 20/2003, de 20 de febrero, FJ 4; y 116/2007, de 21 de mayo, FJ 9).
Constituye reiterada doctrina de este Tribunal que el principio de seguridad jurídica consagrado en el art. 9.3 CE y el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) impiden a los Jueces y Tribunales, fuera de los casos expresamente previstos en la ley, revisar el juicio efectuado en un caso concreto, incluso si entendieran con posterioridad que la decisión no se ajusta a la legalidad, pues la protección judicial carecería de efectividad si se permitiera reabrir el debate sobre lo ya resuelto por una resolución judicial firme en cualquier circunstancia. Un efecto que puede producirse no sólo en los supuestos en que concurran las identidades propias de la cosa juzgada formal, sino también cuando se desconoce lo resuelto por una resolución firme en el marco de procesos que examinan cuestiones que guardan con aquélla una relación de estricta dependencia, aunque no sea posible apreciar el efecto mencionado de cosa juzgada. Así se afirma expresamente, entre otras, en las SSTC 219/2000, de 18 de septiembre, FJ 5; 151/2001, de 2 de julio, FJ 3; 163/2003, de 29 de septiembre, FJ 4; 200/2003, de 10 de noviembre, FJ 2; 15/2006, de 16 de enero, FJ 4; 231/2006, de 17 de julio, FJ 2; y 62/2010, de 18 de octubre, FJ 4. En tal sentido hemos dicho que “[n]o se trata sólo de una cuestión que afecte a la libertad interpretativa de los órganos jurisdiccionales, sino de salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma determinada que no puede desconocerse por otros órganos judiciales (y menos aún si se trata del mismo órgano judicial) sin reducir a la nada la propia eficacia de aquélla. La intangibilidad de lo decidido en resolución judicial firme, fuera de los casos legalmente establecidos es, pues, un efecto íntimamente conectado con la efectividad de la tutela judicial tal como se consagra en el art. 24.1 CE, de tal suerte que ésta es también desconocida cuando aquélla lo es, siempre y cuando el órgano jurisdiccional conociese la existencia de la resolución firme que tan profundamente afecta a lo que haya de ser resuelto” (SSTC 58/2000, de 25 de febrero, FJ 5; 219/2000, de 18 de septiembre, FJ 5; 151/2001, de 2 de julio, FJ 3; 163/2003, de 29 de septiembre, FJ 4; 15/2006, de 16 de enero, FJ 4; 231/2006, de 17 de julio, FJ 2; y 62/2010, de 18 de octubre, FJ 4).
El demandante se encuentra cumpliendo condena por varias causas penales detalladas en el antecedente segundo. Por Auto de 22 de octubre de 1996, las referidas penas fueron acumuladas en aplicación del art. 70.2 CP 1973, estableciéndose en dicha resolución como tiempo global de cumplimiento el de treinta años de privación de libertad.
Desde la fecha en que fueron dictados el Auto de 28 de mayo de 1997 y la providencia de 27 de junio de 1997, no existe constancia en las actuaciones de ninguna decisión de los órganos judiciales o de la administración penitenciaria de la que pueda desprenderse otro criterio en el cómputo de las redenciones por el trabajo.
Sin embargo, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no aprobó dicho licenciamiento definitivo, sino que —como se expuso en los antecedentes— solicitó al centro penitenciario la elaboración de una nueva hoja de cálculo de condena, conforme a la doctrina de la STS 197/2006, de 28 de febrero, que modifica el criterio seguido anteriormente para el cómputo de los beneficios penitenciarios y las redenciones de pena por el trabajo, ordenando al centro penitenciario que, en aplicación de ese nuevo criterio, atendiera a la fecha resultante de la liquidación de la condena practicada el 26 de febrero de 1997, según la cual la pena se extinguiría el 21 de marzo de 2018.
De la lectura de los datos que acaban de exponerse se desprende que, como sostiene el recurrente, a lo largo de toda la ejecutoria (desde que comenzó a redimir el día 3 de marzo de 1988 y hasta el dictado de la providencia de 3 de marzo de 2006), el cómputo de las redenciones de pena por trabajo se ha venido realizando sobre el límite máximo de cumplimiento de treinta años, del que se descontaban tanto los días de cumplimiento efectivo como los redimidos por trabajo, plasmándose dicho criterio en los cálculos periódicos elaborados por los centros penitenciarios, hasta llegar a la liquidación de condena sobre cuya base se realiza la propuesta de licenciamiento definitivo por el centro penitenciario de Albolote.
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, anular la providencia de 17 de marzo de 2006 y el Auto de 31 de marzo de 2006, dictados ambos por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, retrotrayendo las actuaciones al momento anterior al pronunciamiento de la primera de las resoluciones, para que se dicte la resolución que proceda en términos respetuosos con los citados derechos fundamentales, de conformidad con lo establecido en los fundamentos jurídicos 7 y 8.
Dada en Madrid, a veintinueve de marzo de dos mil doce.
Voto particular concurrente que formula el Magistrado don Pablo Pérez Tremps a la Sentencia dictada en el recurso de amparo avocado núm. 4893-2006.
Este recurso de amparo es el primero de una serie de asuntos en los que se ha sometido a la consideración del Tribunal Constitucional la aplicación realizada por diversas resoluciones judiciales de la nueva doctrina jurisprudencial sentada por la STS 197/2006, de 28 de febrero, sobre el cómputo de la redención de penas por el trabajo. La conclusión de la posición mayoritaria ha sido que concurre una vulneración de los derechos del demandante a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y a la libertad personal (art. 17.1 CE), desde la perspectiva del derecho a la intangibilidad, por haberse desconocido la existencia de una previa resolución judicial firme sobre la revisión de la condena que hizo aplicación de un criterio de cómputo de las redenciones diverso y más favorable que el de las resoluciones ahora impugnadas en amparo. Este criterio de la intangibilidad, pero vinculado exclusivamente a la existencia del Auto por el que se acuerda la refundición de condenas, es el que también ha llevado al Ministerio Fiscal a solicitar el otorgamiento del amparo en la mayor parte de los recursos de amparo en que se plantea esta cuestión.
El significado prevalente de la libertad, las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (art. 9.3 CE), el mandato constitucional expreso para que la regulación del ejercicio de los derechos fundamentales se realice “sólo por ley” (art. 53.1 CE), y el propio tenor del art. 17.1 CE —“nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley”— determinan que este Tribunal haya destacado la relevancia que adquiere la garantía legal en el diseño constitucional de protección del derecho a la libertad no sólo frente a los aplicadores del derecho sino también al propio legislador. Así, se ha señalado que cualquier decisión que suponga una privación de libertad debe ajustarse estrictamente a las previsiones legales y resultar compatible con la finalidad perseguida de evitar que las personas sean privadas de su libertad sin la necesaria cobertura legal (por todas, STC 57/2008, de 28 de abril, FJ 2 y STEDH de 28 de marzo de 2000, Baranowski c Polonia, § 51), y también se ha destacado, en lo que se refiere a la actividad legislativa, que la regulación de las situaciones que excepcionalmente habilitan a la privación de libertad debe abordarse por el legislador con la debida precisión para que exista una previsibilidad objetiva que dote de una razonable certeza al ejercicio de dicho derecho, concluyendo que “la Ley no podría, desde luego, configurar supuestos de privación de libertad que … por su grado de indeterminación crearan inseguridad o incertidumbre insuperable sobre su modo de aplicación efectiva” (STC 341/1993, de 18 de noviembre, FJ 5). Más contundente, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos insiste en que cuando se trata de una privación de libertad, es especialmente importante respetar el principio general de la seguridad jurídica, siendo esencial que las condiciones de la privación de libertad estén claramente definidas en la legislación para hacer previsible su aplicación y dar cumplimiento a la garantía legal establecida por el Convenio, que exige que toda legislación sea suficientemente accesible, precisa y previsible para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad, permitiendo que el ciudadano —en su caso, con el oportuno asesoramiento jurídico— prevea, hasta un grado razonable conforme a las circunstancias del caso, las consecuencias que pueden derivarse de un acto concreto (por todas, SSTEDH de 17 de diciembre de 2009, M. c. Alemania, § 90; y 8 de septiembre de 2011, Oshurko c. Ucrania, § 98).
Desde esta perspectiva de control, debe repararse en la circunstancia indubitada de que la aplicación realizada en las resoluciones judiciales sobre el cómputo de la redención de penas supone la ruptura de una inveterada jurisprudencia sobre el particular cuando, incluso, la normativa a interpretar ya ha sido derogada. Ha sido el propio Tribunal Supremo el que ha reconocido en la primera resolución en que sostiene este cambio de criterio jurisprudencial —STS 197/2006, de 28 de febrero—, dictada diez años después de que los preceptos han sido derogados y se mantienen en vigor sólo en lo que resulta más favorable a los condenados, que durante toda la vigencia del Código penal de 1973 la interpretación jurisprudencial unánime e indiscutida de la normativa referida al cómputo de la redención de penas por el trabajo era que este beneficio penitenciario se abonaba a partir del máximo de cumplimiento efectivo de la pena y no respecto de cada una de las penas individualmente considerada. Esta circunstancia, además, es avalada tanto por el hecho de que también era una interpretación pacífica doctrinalmente, como por la realidad de que la Administración penitenciaria, aun cuando no hubiera todavía una decisión judicial concreta sobre ese particular, venía practicando el abono conforme a dicha interpretación.
Voto particular concurrente que formula la Magistrada doña Adela Asua Batarrita a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 4893-2006 al que se adhiere el Magistrado don Luis Ignacio Ortega Álvarez.
Mi discrepancia básica se refiere a la insuficiente fundamentación que ofrece la Sentencia para rechazar la alegación sobre la vulneración del derecho fundamental a la legalidad penal ex art. 25.1 CE, queja que a mi juicio debiera haberse estimado en base a los argumentos que mantuve en la deliberación en el Pleno. En la conculcación de la legalidad penal se condensa la afectación nuclear a la seguridad jurídica y a la garantía reforzada de certeza en la interpretación y aplicación de las leyes penales, que en este caso deriva en la lesión del derecho a la libertad personal (art. 17 CE).
La clarificación de los problemas que plantea el presente amparo, requiere algunas precisiones previas sobre las peculiaridades del antiguo Código penal en materia de cumplimiento de condenas, a fin de poder avanzar en el razonamiento sobre los déficits constitucionales de la controvertida interpretación y sobre su incidencia en la garantía de la seguridad jurídica y en el principio de separación de poderes, que también se proyectan como limitación a la interpretación judicial de la ley en observancia del derecho fundamental consagrado en el art. 25.1 CE.
Podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos condenados a pena de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de la pena impuesta, previa aprobación por el Juez de Vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se le contará también para acceder a la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efectos de liquidación de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad.
No podrán redimir pena por el trabajo: 1º. Quienes quebranten la condena o intentaran quebrantarla, aunque no logren su propósito. 2º. Los que reiteradamente observen mala conducta durante el cumplimiento de la condena.
La cuestión aquí debatida, la constitucionalidad de un cambio de criterio sobre los parámetros que marcan la contabilidad del cumplimiento de las penas, debe analizarse atendiendo al fundamento material del derecho consagrado en el art. 25.1 CE porque tal cambio de criterio altera de forma sustancial la previsión racionalmente fundada sobre la duración efectiva de la pena que la persona condenada pudo establecer al comenzar su ejecución. El acceso al conocimiento seguro de la duración de la pena, su previsibilidad conforme a las pautas vigentes no sólo en el momento de aplicación de la ley sino en el de los hechos enjuiciados, son elementos que pertenecen al núcleo del derecho fundamental a la ley previa, cierta, precisa, tanto respecto a los delitos como respecto a las consecuencias punitivas correspondientes. Y en el contexto de las singularidades del Código penal de 1973 este conocimiento cierto debe abarcar no sólo el límite nominal del quantum de dicho cumplimiento sino también su traducción correspondiente en un límite efectivo de menor duración por el acortamiento derivado del abono del tiempo redimido por trabajo conforme a las reglas del art. 100.
La limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, pudieran haberse enjuiciado en uno solo.
(Cursiva añadida).
La mayoría de los magistrados ha considerado que la única queja atendible, que fundamenta la estimación del presente amparo, es la que denuncia la vulneración del art. 24.1 CE por afectación a la intangibilidad de las resoluciones judiciales. No hay duda de que la aplicación de una nueva interpretación in malam partem, que altera drásticamente los parámetros del cómputo de los días de condena cumplida, conmueve como mínimo la seguridad jurídica en su vertiente procesal de la intangibilidad de las resoluciones judiciales. Pero nuestra Sentencia condiciona la apreciación de la intangibilidad a la constatación de una explícita referencia en las resoluciones judiciales a la operatividad de la redención de penas por el trabajo sobre el límite de los treinta años establecido en el art. 70.2 CP 1973, adoptando un concepto de intangibilidad tan restringido que reduce notablemente la proyección de su campo de garantía, lo que no se cohonesta bien con nuestra propia doctrina que viene cifrando su finalidad en “salvaguardar la eficacia de una resolución judicial que, habiendo adquirido firmeza, ha conformado la realidad jurídica de una forma determinada que no puede desconocerse por otros órganos judiciales” (por todas, baste citar la STC 58/2000, de 25 de febrero, FJ 5; y la reciente STC 62/2010, de 18 de octubre, FJ 4). Por ello se niega en la Sentencia que pueda atribuirse al Auto de acumulación un efecto de intangibilidad respecto a la aplicación del art. 100 en relación al art. 70.2, rechazando los argumentos del Ministerio Fiscal que basaban en la intangibilidad del referido Auto su posición favorable a la estimación del amparo. La concurrencia, en el presente recurso, de un Auto de revisión que sí contiene una referencia explícita a la aplicación del referido art. 100 al caso, acaba constituyendo el único elemento sobre el que la Sentencia funda el reconocimiento de la lesión constitucional de la libertad personal (art. 17.1 CE) por vulneración de la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Auto de revisión en el que se decide mantener la aplicación del Código penal de 1973 por resultar más favorable pese a la menor duración nominal (veinticinco años) de la condena que correspondería con el nuevo código de 1995, dada la operatividad de la redención de penas por el trabajo en el sistema de 1973 (ratio decidendi).
El conjunto de los razonamientos expuestos conduce, a mi juicio, de forma patente, a concluir que la interpretación aplicada por remisión a la doctrina sentada en la STS 197/2006 puede calificarse de imprevisible porque adiciona al tenor literal de la ley una exigencia no incluida en ella, como es la de que el cumplimiento de la condena deba realizarse en toda su extensión “en un centro penitenciario”, excluyendo con ello la regla general del Código penal de 1973 de redención de penas por trabajo. Asimismo, resulta incoherente en el contexto del sistema normativo del Código penal de 1973 y aboca a resultados incongruentes en la selección de la norma aplicable. A ello se une que la fundamentación material aducida en apoyo del cambio de criterio, aunque resulte más ajustada a criterios de justicia material y de técnica legal, no se cohonesta con las premisas político-criminales que inspiraban la redención de penas por trabajo y las pautas sistemáticas y técnicas del aquel Código penal ya derogado, que es el aplicado al supuesto que motiva este recurso de amparo.
STSJ Castilla-La Mancha 92/2006, 12 de Junio de 2006
STS 1/2018, 10 de Enero de 2018
ATS, 7 de Septiembre de 2015
STSJ Canarias 664/2011, 4 de Mayo de 2011
STSJ Galicia , 5 de Mayo de 2005
AAP Barcelona 4/2016, 11 de Enero de 2016

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