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Timestamp: 2020-04-03 18:28:58+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 134, de 20/06/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 134
- Por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público a fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales. Presentada por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 161/000147) ... (Página2)
- Sobre la actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/000400) ... (Página5)
- Sobre medidas para que las personas con discapacidad no vean mermada la cuantía de su pensión no contributiva de invalidez por convivir con otro beneficiario de este tipo de pensión. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000441) ... (Página8)
- Sobre medidas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000467) ... (Página11)
- Por la que se insta al Gobierno a colaborar en la financiación del Centro Deportivo Especializado para Personas con Discapacidad de Carranque (Málaga). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000503) ... (Página15)
- Sobre mejora y cumplimiento de la integración laboral de las personas con discapacidad prevista en la Lismi. Presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 161/000592) ... (Página17)
Se abre la sesión a las cuatro y diez de la tarde.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A MODIFICAR LA LEGISLACIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO A FIN DE ESTABLECER LA RESERVA DE UN PORCENTAJE, CON CARÁCTER DE MÍNIMO, DE LAS LICITACIONES A FAVOR DE CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y EMPRESAS DE INSERCIÓN QUE VINCULE A TODAS LAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS, TANTO ESTATALES COMO AUTONÓMICOS Y LOCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 161/000147).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comenzamos la sesión.
En primer lugar, antes de debatir el orden del día, les quería comunicar que recogí la placa del premio que nos dio el Consejo General del Poder Judicial, que he traído para compartir con todas sus señorías, con todos los miembros de la Comisión. Vinieron tres diputados de la Comisión cuando recogimos el premio y aquí está para que lo puedan ver todos.
El primer punto del orden del día es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, por la que se insta al Gobierno a modificar la legislación de contratos del sector público, a fin de establecer la reserva de un porcentaje, con carácter de mínimo, de las licitaciones a favor de centros especiales de empleo y empresas de inserción que vincule a todas las administraciones y entes públicos, tanto estatales como autonómicos y locales. Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: El desempeño de un trabajo adecuado es la mejor manera que tienen las personas con discapacidad para mejorar su calidad de vida y conquistar mayores cuotas de autonomía en su camino hacia una forma de vida independiente, por tanto, su inclusión laboral debe ser una prioridad y obligación legal de las administraciones públicas. Además de trabajar para conseguir el acceso al empleo ordinario de este colectivo, no debemos olvidar la importante labor de los centros especiales de empleo y de las empresas de iniciativa social dirigidas a grupos vulnerables.
No me voy a extender demasiado en toda la legislación. Ya conocemos la Directiva comunitaria 2004/18, en la que se dice que el empleo y la ocupación son elementos clave para garantizar la igualdad de oportunidades en beneficio de todos y contribuyen a la inserción en la sociedad. En este contexto -continúa- los programas de talleres y empleos protegidos contribuyen eficazmente a la inserción o reinserción de personas con discapacidad en el mercado laboral. Sin embargo, en condiciones normales de competencia, estos talleres pueden tener dificultades para obtener contratos. Conviene, por tanto -sigue-, disponer que los Estados miembros puedan reservar a este tipo de talleres el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido. También podría hablar de la disposición adicional quinta del reciente Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Primar a las empresas o entidades dedicadas a la inserción sociolaboral no supone competencia desleal ni
vulnera la libre concurrencia ni atenta contra los principios básicos de la contratación, sino que la acción positiva encuentra su sentido cuando determinadas personas o colectivos precisan de una especial protección, y se justifica además por diferenciarse de las empresas convencionales en su finalidad y resultados, poseyendo un mayor alcance que el de la mera rentabilidad económica por su naturaleza cívica y carácter social, que contribuyen al beneficio de la colectividad. Así lo ha sancionado reiteradamente la jurisprudencia. El Tribunal Constitucional, en las sentencias 128/1987, de 16 de julio y 5 de mayo, determinó que el principio de igualdad permite el tratamiento desigual ante situaciones de hecho desiguales, y la actuación de los poderes públicos para poner remedio a la situación de determinados grupos sociales en innegable desventaja en el ámbito laboral no puede considerarse vulneradora del principio de igualdad. La normativa de contratos del sector público pone a disposición de las administraciones públicas desde el año 2007 diversas herramientas para incorporar criterios sociales en la adjudicación de los contratos sometidos a su ámbito de aplicación. En la citada disposición adicional quinta se regula ya el contrato reservado como una posibilidad, pero no se establece como una obligación. Por tanto, depende de la Administración pública de que se trate la facultad de aplicar la reserva a un contrato o no hacerlo.
En este sentido, quisiera recordar que hay países que han ido más allá, estableciendo esta medida con carácter obligatorio, como el Reino Unido o algunos lugares de Estados Unidos, donde son numerosos los estados que han excluido expresamente a los centros especiales de empleo de la aplicación de procedimientos competitivos de contratación. Podríamos hablar, por citar solamente algunos, de los estados de Arizona, Arkansas, California, Colorado, Illinois, Maryland, Nebraska, Nevada, Texas, Virginia o Washington. Lo mismo ha sucedido en algunas de nuestras comunidades, como en Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana o la Comunidad Foral de Navarra, en las que distintas normas han establecido la reserva obligatoria de un porcentaje de adjudicación de contratos que oscila entre el 6 % y el 20 % de los que se celebren en su ámbito respectivo.
La situación actual de crisis está provocando la pérdida de actividad en los centros especiales de empleo, con la consecuente destrucción de puestos de trabajo. Entendemos que la iniciativa que presentamos es complementaria a las ya tomadas y va en el mismo sentido de frenar la destrucción de empleo protegido, ayudando de este modo a mantener las empresas que ofrecen trabajo a personas con discapacidad. Consideramos que sería muy positivo para el fomento de la actividad y el desarrollo de esta herramienta de integración social de la discapacidad que la potestad administrativa se convierta en obligación administrativa.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Para fijación de posiciones, comenzamos con el Grupo de La Izquierda Plural, en cuyo nombre tiene la palabra la señora García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Brevemente, como breve ha sido también la intervención del ponente, aunque sí que ha quedado perfectamente delimitada en sus términos. Nosotros compartimos lo que acaba de decir el grupo proponente de esta iniciativa cuando manifiesta que el empleo es lo más adecuado para la reinserción, en este caso de las personas con algún tipo de discapacidad, como creemos que también es lo mejor para cualquier otra persona. Reconocemos igualmente el trabajo que se ha ido realizando por los centros de empleo y la situación en la que se pueden encontrar en este momento. Nosotros también presentamos hoy otra proposición no de ley que va encaminada en la misma dirección y que recoge toda una serie de puntos que espero que el señor Cantó y su grupo apoyen a la hora de las votaciones, ya que creemos que es bastante más concreta en todos sus términos que la iniciativa que su grupo acaba de presentar. En cualquier caso -insisto-, reconocemos ambas cuestiones; una, que el empleo es lo más adecuado, sin lugar a dudas; y dos, el reconocimiento del trabajo que han realizado durante todo este tiempo los centros especiales de empleo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Por parte de Convergència i Unió daremos nuestro apoyo a la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, en el bien entendido que desde Convergència i Unió tradicionalmente hemos sido reivindicativos de estas cuestiones en beneficio de la inserción laboral de las personas que sufren algún tipo de discapacidad. Esta defensa la hemos mantenido en diferentes foros, y quisiera recordar que en la última legislatura solicitamos la adaptación de las diferentes normativas existentes y su adecuación a las normativas que afectan a las personas con discapacidad.
Queríamos también poner de manifiesto que la consecuencia previa a estas políticas de inserción son centros especiales de trabajo, a los cuales no debemos dejar de dar un apoyo que consideramos imprescindible, y aprovecho la ocasión para reivindicar los fondos precisos para que los centros especiales de trabajo puedan seguir haciendo esta función vital para la reinserción y la inserción laboral de las personas que sufren o que viven algún tipo de discapacidad. Además, entendemos que la inversión en estos centros especiales de trabajo no es un gasto, al contrario, constituye un ahorro porque revierte en políticas activas de ocupación y además garantiza la sostenibilidad de las personas por sus propios medios. Estamos de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley y por tanto la apoyaremos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Laura Seara.
La señora SEARA SOBRADO: Es cierto que la cuestión que trae esta tarde UPyD a debate a esta Comisión fue trabajada y debatida con intensidad durante la tramitación de la proposición de ley de adaptación de la normativa de la Convención de Naciones Unidas. Y sí se hicieron cambios en la Ley de Contratos del Sector Público; podemos recordar aquí ahora el artículo 18, que se trabajó en este sentido. Además, es verdad que el asunto ha sido tratado a través de otras iniciativas a lo largo de estos últimos años en esta Comisión y en el propio Pleno. No voy a aprovechar mi turno para contar todo lo que se ha hecho en los últimos años, porque se ha hecho mucho y se ha avanzado -acabo de hacer referencia a algunas modificaciones que se hicieron en la propia Ley de contratación pública-, pero sí hay cosas que usted mismo, señor proponente, menciona en la propia exposición de motivos, a la que me remito. Adelanto que vamos a votar a favor de esta iniciativa, que a lo mejor no compartimos en su totalidad o en el planteamiento completo, pero sí estamos completamente de acuerdo en el fondo de la misma. Además, creemos que hay que seguir dando pasos al frente en este ámbito, sin ninguna duda, como ya han manifestado otros portavoces de otros grupos políticos.
El Grupo de UPyD habla de los centros especiales de empleo en general, y aquí planteamos nosotros una pequeña sugerencia que creemos que es un sentir de una parte del sector. Es cierto que debemos tener en cuenta que en la mayoría de los países de nuestro entorno no se entiende el empleo protegido en manos de la iniciativa privada con ánimo de lucro; de hecho, el modelo en España serían las empresas de inserción, que tienen que ser mayoritariamente de entidades públicas o de entidades sociales sin ánimo de lucro. Y tal y como tenemos diseñados en nuestro país los centros especiales de empleo, la reserva de contratos públicos, tal y como se plantea en esta iniciativa, podría ir a parar a grandes empresas -no las voy a citar- que efectivamente tienen estos centros especiales de empleo; empresas con fines de lucro, porque no se diferencian de los centros que provienen de la iniciativa social. Entendemos, por tanto, que sería más oportuno que esta reserva quedara limitada a los centros especiales de empleo de iniciativa social, ya que en caso contrario probablemente podríamos estar hablando de un efecto llamada, como ocurrió con las medidas alternativas que se plantearon, que es verdad que generaron empleo -podríamos hablar ahora, si tengo un segundo, de este tema- pero que no tuvieron los resultados deseados en el ámbito de la contratación. Es verdad que la Lismi establece una regulación respecto de los centros especiales de empleo, el reglamento de los centros especiales de empleo se aprueba unos años después, en el año 1985, y las ayudas por las que estos centros se pueden beneficiar se regularon por una orden ministerial del 16 de octubre del año 1998. En el año 2000, por medio del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, se establecen las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento -y aquí está una parte importante del debate- de la cuota de reserva del 2 %. En ese real decreto se prevé que con carácter excepcional las empresas públicas y privadas que empleen a 50 o más trabajadores y trabajadoras podrán acogerse a medidas alternativas al cumplimiento de su obligación de emplear al menos un 2 % de trabajadores con discapacidad. Una de esas medidas es la celebración de un contrato mercantil o civil con un centro especial de empleo o con un trabajador o trabajador autónomo con discapacidad para el suministro de materias primas, maquinaria, bienes de equipo o cualquier otro tipo de bienes necesarios para el normal desarrollo de la actividad de la empresa que opta por esta medida.
Cuento esto porque todos sabemos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de las grandes empresas, que tienen centros especiales de empleo, que es loable cómo trabajan, pero sí tiene que tener el mismo tratamiento a la hora de acceder a la contratación pública un centro especial de empleo de iniciativa social vinculado al movimiento asociativo que un centro especial de empleo vinculado en este caso a una gran empresa. Es un poco lo que nosotros queremos comentar. No hemos presentado enmienda, ya que entendemos, como he dicho al principio, que hay que dar pasos al frente. Es verdad que este tema está encima de la mesa, está en la agenda de los colectivos de la discapacidad y por tanto no lo debemos pasar por alto.
El señor Cantó alude a la importante normativa europea, que hace referencia a la trasposición que de algunas directivas se ha hecho en nuestro país y que en otros países de nuestro entorno es similar. Usted coge la parte buena en esa exposición de motivos, pero también hay otra doctrina que interpreta la normativa europea respecto de la contratación pública y la reserva social en la contratación pública en otro sentido. En todo caso, sea cual sea la interpretación, esta es una Comisión donde diputados y diputadas tomamos una decisión respecto de una iniciativa de impulso al Gobierno, como es una proposición no de ley, y por tanto entendemos que nuestro voto debe ser favorable, porque -insisto- siempre hay que seguir avanzando en una materia como esta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Alfonso Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: En principio, sobre la proposición no de ley presentada por el señor Cantó, de UPyD, que estamos debatiendo, quiero decir que una de las prioridades de la política social del Gobierno está claro que es la consecución de la plena incorporación al mercado de trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Como prueba de ello, entre los principales objetivos del Ejecutivo se encuentra la elaboración y tramitación de un nuevo
marco legal para la promoción laboral de las personas con discapacidad que facilitará su incorporación al mercado de trabajo, proporcionará una regulación de la relación laboral especial de los trabajadores en centros especiales de empleo y permitirá la adopción de medidas para la inserción laboral de las personas con especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo, entre otros aspectos.
El señor portavoz de UPyD insta al Gobierno a modificar la legislación existente en materia de contratos del sector público, pero quiero destacar lo reciente que es la normativa vigente, ya que el Real Decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, ha entrado en vigor en diciembre del año pasado. Por ejemplo, la disposición adicional cuarta -leo textualmente- sobre contratación con empresas que tengan en su plantilla personas con discapacidad o en situación de exclusión social y con entidades sin ánimo de lucro, cuyo primer apartado deriva de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En lo que se refiere a la disposición adicional quinta, la que se insta a reformar, dice que podrá reservarse la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos en los centros especiales de empleo o reservar su ejecución en el marco de programas de empleo protegido cuando al menos el 70 % de los trabajadores afectados sean personas con discapacidad. A nuestro juicio, el texto no debería ser modificado en un plazo tan corto desde su aprobación salvo por razones de suma urgencia, garantizando así la seguridad jurídica.
Termino mi intervención señalando, en relación con su petición de modificación de los conceptos de centro especial de empleo y programas de autoempleo protegido, que no debería definirse en una norma como la Ley de Contratos del Sector Público, sino en la normativa específica en materia de discapacidad, como es la Ley 13/1982, de 17 de abril, de Integración social de personas con discapacidad -Lismi-, que en su artículo 42 recoge dicha definición.
Por último, me gustaría recordar a sus señorías algunos de los compromisos del Gobierno en esta décima legislatura en materia de discapacidad. Destacamos la voluntad de elaborar una norma que unificará la normativa existente, proporcionando de este modo un nuevo impulso al marco legal de la discapacidad, entre otros, garantizando la promoción laboral de las personas discapacitadas. En cuanto a la ley de dependencia, he de decir que, aunque ha supuesto un avance considerable en la atención social a las personas que se encuentran en esta situación, tras cinco años de aplicación de la misma no se han cumplido las expectativas depositadas en ella. Su entrada en vigor de forma precipitada, con la necesidad de la normativa de desarrollo, ha hecho del procedimiento para acceder a las prestaciones un laberinto para los beneficiarios. Ante la situación descrita, la ministra Ana Mato ha asumido el compromiso de elaborar una normativa clara con criterios comunes para todas las comunidades autónomas para asegurar una atención integral y de calidad al usuario del sistema.
Por todo lo expuesto, nuestro voto será negativo.
- SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN ORTOPROTÉSICA DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/000400).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley, que presenta el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la actualización de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud. Para la defensa de dicha iniciativa tiene la palabra doña Concepción Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señorías, esta proposición no de ley que quedó sobre la mesa a petición nuestra en la última Comisión, creo que hoy es más actual que nunca. Desde la pasada legislatura, nuestro grupo parlamentario preguntaba reiteradamente al Gobierno de aquel momento cuándo pensaba traer la actualización del catálogo de prestaciones ortoprotésicas que nos había prometido, y siempre se nos decía que próximamente. Nuestro grupo preguntaba también reiteradamente por qué no se ponía en la comisión del comité asesor para la prestación ortoprotésica a los representantes del mundo de la discapacidad, que no estaban. Ha habido un cambio de Gobierno y nosotros volvemos a presentar aquí esa proposición no de ley con esas mismas reivindicaciones. Y digo que ahora quizá sea el momento más oportuno que nunca, porque la presentación del Real Decreto-ley 16/2002, de medidas urgentes, habla de las prestaciones ortoprotésicas y de que serán motivo también de copago por parte de los usuarios. Ayer por la tarde, a última hora, me llegó el borrador del proyecto de real decreto que desarrolla todo lo que tiene que ver con la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, y sinceramente desde nuestro grupo parlamentario creemos que ahora, si además se van a aplicar medidas de copago, es más necesario que nunca que este catálogo sea actualizado, se saque de ese catálogo todo lo que está desfasado, inútil -no se le puede dar a una persona unas prestaciones ortoprotésicas que no son útiles-, y en cambio tenemos que incluir en el mismo las últimas novedades que están en el sector.
No voy a definir nuestra posición sobre el real decreto y sobre lo que me parece el tema del copago o no en este tipo de prestaciones puesto que ya llegará el momento de hablar de ello y además haremos alegaciones al respecto; simplemente me centraré en la necesidad de que este catálogo se actualice lo más rápidamente posible. Ya sé que este borrador habla del
sistema común, de la cartera básica, de la cartera complementaria y de que todo esto se ha de actualizar, pero no solamente se ha de actualizar desde el Gobierno y las comunidades autónomas, que sí, que tienen que trabajar conjuntamente, sino que también debe contarse con el propio sector de la discapacidad y también debe contarse con la industria que produce todos estos elementos ortoprotésicos, que son los que están al día de las últimas novedades y saben lo que es lo mejor para estas personas con algún tipo de discapacidad. Si no se cuenta con ellos desde un principio y si en los ajustes de precios que se tendrán que hacer no se cuenta también, aparte de con las personas, con los usuarios, con la industria, probablemente esta actualización que hace tanto tiempo que estamos esperando no llegue a ser útil. Por eso traemos a votación nuestra propuesta, donde pedimos instar al Gobierno a promover las reformas normativas necesarias para actualizar esa prestación ortoprotésica. Hablábamos de formar un grupo de trabajo donde estuviera el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero donde se tuviera también en cuenta a las organizaciones de personas con discapacidad, de pacientes, y la representación del sector profesional ortoprotésico. No sé si va a dar tiempo a hacer grupos de trabajo, no lo sé, al ritmo que van los decretos y todo el desplegamiento, lo que sí mantenemos nosotros es nuestra propuesta de que se actualice lo más urgentemente posible, contando con todos, lo que necesita el mundo de la discapacidad para hacer su vida diaria y su día a día muchísimo más fácil y que además puedan tener una plena integración.
Quería agradecer todas las enmiendas que han hecho los diferentes grupos parlamentarios. Creo que son positivas y, antes de la votación, vamos a intentar hacer alguna transaccional entre todos para poderlas recoger y que sea lo más amplio posible el consenso.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado ocho enmiendas. Las primeras de ellas lo han sido por el Grupo Parlamentario de UPyD, en concreto la 1, 2, 5 y 6, y para su defensa tiene la palabra don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Estamos de acuerdo en que es necesaria y urgente la actualización de la prestación ortoprotésica. Afecta, según datos del Libro Blanco de la prestación ortoprotésica, ni más ni menos -en 2012-, a 3,8 millones de usuarios, de los cuales 1,1 millones presentan deficiencias osteoarticulares, y 245.000 secuelas de accidentes, además de otro millón y medio de personas que utilizan distintos productos de apoyo. Asimismo, es importante señalar que hay que tener en cuenta que la alta y cada vez mayor longevidad de la población va a impulsar el sector en los próximos años, sobre todo teniendo en cuenta que la tasa de envejecimiento española es una de las más altas del mundo. Sin embargo, paradójicamente, el gasto medio entre servicios, prótesis y productos de apoyo es de los menores de Europa en relación con la población. Existen también limitaciones que nos parecen injustificables en el catálogo nacional de prestaciones, como por ejemplo negar a los mayores de 16 años la prestación de audífonos. Por otro lado, creemos que tampoco es lógico que en la financiación de la prestación se exija en muchos casos su coste por adelantado, algo que no ocurre en ninguna otra prestación sanitaria. Las tarifas no se actualizan ni siquiera con la subida del IPC, por lo que existen grandes diferencias entre el precio real del producto y las ayudas asignadas a los usuarios. Y hay una obsolescencia, como se decía antes, de los catálogos de prestaciones ortoprotésicas y de productos de apoyo, lo que impide que las personas reciban productos de última tecnología o de materiales modernos, al estar excluidos de estos catálogos.
Solamente quiero hacer dos consideraciones. Convergència i Unió decía que se proponía la creación de un grupo de trabajo en el seno del consejo interterritorial, que nosotros creemos que ya existe, y consideramos fundamental que las organizaciones representativas de la discapacidad sean miembros de pleno derecho del comité asesor para la prestación ortoprotésica. Y dos, para nosotros, uno de los aspectos más importantes de la actualización de ese catálogo está relacionado con la unificación de la cartera de servicios para todas las comunidades autónomas. Hemos presentado dos enmiendas; se nos ha propuesto una transaccional y estamos de acuerdo con ella.
La señora PRESIDENTA: Posteriormente se han presentado dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Popular, la enmienda número 3 y la enmienda número 7. Para su defensa tiene la palabra don Francisco Vañó.
El señor VAÑÓ FERRE: Estaba transaccionando con la autora de la iniciativa parlamentaria, la señora Tarruella. Vaya por delante que en esta Comisión con todos los grupos en general tenemos fama de que hay una vocación de pacto, pero especialmente con CiU siempre procuramos hacer las cosas en sintonía, con lo cual quiero decirle que la iniciativa presentada a nosotros nos parece muy bien, con algún pequeño matiz, porque efectivamente hay que seguir avanzando en la concesión del catálogo ortoprotésico, que está pendiente todavía de actualizarse, y sobre todo de aclarar situaciones como la financiación, etcétera. De todos modos, vaya por delante, insisto, la sintonía con CiU, y especialmente con la diputada señora Tarruella, con la que procuramos hacer trabajos; de hecho, estamos en este momento buscando alguna solución para también, recogiendo otras enmiendas de otros grupos, ver cómo podríamos buscar la solución de transaccionar una enmienda.
Hay dos aspectos en la propuesta que hace el Grupo Catalán de Convergència i Unió: uno es la concesión del material ortoprotésico, y el otro es contar con representantes autorizados tanto del sector de la discapacidad como de fabricantes ortesistas y protesistas. Creo que es
el meollo de la cuestión que está implícito en la enmienda.
Quiero aludir a unas declaraciones aparecidas en el periódico digital Cermi.es, en las que se decía que el Ministerio de Sanidad y la Seguridad Social consultarán con el Cermi -o sea, que cuentan ya de antemano- el desarrollo reglamentario de la reforma sanitaria recientemente aprobada por el Gobierno en decreto ley, y el acuerdo entre el Cermi y la secretaria de Sanidad y Consumo para examinar el impulso a la nueva regulación de la atención a las personas con discapacidad. Entre ello, hay unos aspectos concretos, como son el carácter y actualización de la prestación ortoprotésica, la situación de enfermos crónicos en relación con la prestación farmacéutica, el transporte sanitario no urgente o la prestación sociosanitaria, que serán objeto de otros desarrollos posteriores, que también serán consultados con el Cermi. Es decir, vaya por delante que la vocación de llegar a acuerdos, de buscar el consenso con los representantes cualificados del sector existe.
En segundo lugar, ayer casualmente daba a conocer la prensa el proyecto de real decreto por el que se regula la cartera común suplementaria de prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, y que se fijan las bases para el establecimiento de los importes máximos de financiación en la prestación ortoprotésica. Ayer casualmente -insisto- vio la luz en la prensa. En este sentido, quiero citar un párrafo concreto que dice: Este real decreto cuenta con el acuerdo previo del comité consultivo del Sistema Nacional de Salud, cuenta con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y en su tramitación se ha sometido a consultas de los sectores afectados y del consejo de consumidores y usuarios. Es decir, en el espíritu está la voluntad de consensuar. Puedo aludir -y además he pedido autorización en una entrevista que he tenido con la secretaria general de la Federación Española de Ortesistas y Protesistas- a que literalmente me ha dicho que respecto del proyecto de real decreto de fijación de precios máximos de la cartera común suplementaria del catálogo ortoprotésico, sobre el anexo con exención de productos y aportaciones del usuario -palabras textuales, que le he pedido permiso para utilizarlas-, dice: No está mal; no me lo esperaba. Espero que con esto podamos trabajar bien; con esto podemos trabajar. Es decir, hay una vocación de mejorar la situación. Creo que esto refleja cierto optimismo, que quiero trasladar a esta Comisión en el sentido de que hay vocación de mejorar la situación.
Por último, nosotros en un principio habíamos presentado una enmienda, que, insisto, estábamos tratando de consensuar buscando una transacción con Convergència i Unió y recogiendo también opiniones de otros grupos, de manera que se establezca una transacción que diga prácticamente lo que propone la proposición no de ley que presenta Convergència i Unió. A expensas de consultarla con otros grupos, prefiero esperar a llegar al acuerdo. Por lo tanto, una vez hablado, y visto si hay un consenso, daremos traslado de ello.
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, que son dos, la 4 y la 8, tiene la palabra la señora Gallego.
La señora GALLEGO ARRIOLA: A la proposición de la prestación ortoprotésica solo habíamos presentado una enmienda.
La señora PRESIDENTA: Ha habido un error en la numeración de las enmiendas. Es la misma enmienda, pero está numerada con el número 4 y con el número 8.
Para su defensa tiene la palabra la señora Gallego.
La señora GALLEGO ARRIOLA: Para el Grupo Parlamentario Socialista esta proposición no de ley es la línea de actuación que venía siguiendo el anterior Gobierno socialista en un tema que ha experimentado un gran avance en los últimos años. Hemos leído la comparecencia del anterior secretario general de Sanidad, el señor Martínez Olmos, en mayo de 2010 para informar sobre el catálogo ortoprotésico; y de su lectura sí que se deducen el trabajo intenso y los pasos dados para garantizar la atención integral y la continuidad de la asistencia prestada a las personas usuarias. Digo esto porque en esa comparecencia se hacía referencia al anexo VI del Real Decreto 1030/2006, que recoge la cartera de servicios de la prestación ortoprotésica, siendo uno de los más dilatados, en contraste con la normativa precedente de 2003, de 28 de mayo, en la que el artículo 17 narra de forma muy breve lo que es la prestación ortoprotésica. Pero lo que es más importante es que disponemos de una orden, concretamente la Orden 3422/2007, de 21 de noviembre, que desarrolla el procedimiento de actualización de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y que establece la forma en que se tramitan las solicitudes y señala la necesidad de llevar a cabo una evaluación técnica y económica de las tecnologías y de los procedimientos.
Gracias a este proyecto normativo, se incluyeron en la cartera de servicios las prótesis mioeléctricas para amputados unilaterales, y se clarificó la situación de los componentes externos de los implantes cocleares. Esta es la parte de la respuesta que se remitió a la pregunta de CiU el 6 de mayo. Para terminar, se reitera el compromiso de actualizar el catálogo ortoprotésico de forma progresiva y basado en la evidencia científica, contando, por supuesto, con la opinión de un gran número de técnicos y expertos de sociedades científicas, asociaciones de pacientes y usuarios. Por lo tanto, vamos a seguir en esa misma línea, porque forma parte de nuestra ideología, haciendo políticas sociales, y además asegurando su sostenibilidad y su eficiencia.
Contamos además con las asociaciones de usuarios -Cermi, Fedop-, que han elaborado el libro blanco de la prestación ortoprotésica, que sin duda va a ser de gran ayuda. Por lo tanto, es obligación del Gobierno hacer un esfuerzo permanente para poder responder a estas personas
con discapacidad, de tal manera que vamos a apoyar todos los avances e innovaciones que se vayan produciendo y que puedan ser incorporados y estar presentes en la cartera de prestaciones comunes del Sistema Nacional de Salud.
Es verdad que desde que se presentó esta proposición no de ley hasta ahora han pasado muchas cosas, y la verdad es que no muy buenas: se anunció el recorte adicional de los 10.000 millones de euros en sanidad y en educación y se ha convalidado el Real Decreto 16/2012 en el que se reclasifican las prestaciones y donde la prestación ortoprotésica está dentro de la cartera común supletoria, es decir, sin financiación; copago en las prestaciones ortoprotésicas, que coincide con el copago de los medicamentos; decreto que va a afectar muchísimo a los discapacitados físicos que van a necesitar estas prótesis externas, como silla de ruedas o como ortoprótesis; y que será un hachado para su integración social y laboral.
Pero no solo a nosotros nos parece mal esto, también le parece mal y una incoherencia al Cermi -ya hemos tenido ocasión de tener la comparecencia de su presidente en esta Comisión-, y también le parece mal a los 3,8 millones de personas con discapacidad. Porque en ese decreto no se han atendido a estas más de 7.000 asociaciones que le estaban diciendo al ministerio que no había motivos económicos estructurales para que el sistema de salud pagara su impacto, ya que el gasto es apenas apreciable. Además, como no se ha querido tramitar el real decreto ley como proyecto de ley susceptible de recibir una serie de enmiendas, este real decreto está haciendo aguas por todas partes porque a nadie le gusta. Se lo está pidiendo no solamente el Partido Socialista, sino las asociaciones de discapacitados, porque hay aspectos muy contrarios a la discapacidad; por ejemplo, que los discapacitados mayores de 26 años y que nunca hayan cotizado puedan quedarse fuera del sistema, a lo que hay que añadir el pago de prótesis y el pago del transporte no urgente.
Es verdad que ahora, ya lo ha dicho el portavoz del Partido Popular, hay un proyecto de real decreto, un borrador que vamos a estudiar con mucha atención y que va a sentar las bases para el establecimiento de estos importes máximos. Pero se podrían haber ahorrado todo este camino y haberlo hecho mejor desde el principio.
Nosotros, el Grupo Socialista, por coherencia política, por sensibilidad, por solidaridad con las personas, por ideología pedimos la creación de un grupo de trabajo -es la enmienda que nosotros habíamos realizado-, en el que se integren las organizaciones de personas con discapacidad, el sector profesional ortoprotésico, con el fin de seguir actualizando la prestación. Y lo que pedíamos era que fuera en el menor plazo posible, estableciendo el plazo máximo de un año, y que todas esas conclusiones se presentaran en el seno de esta Comisión. La portavoz de CiU presenta ahora una enmienda transaccional, que la estudiaremos; y votaremos en consecuencia.
La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el turno de enmiendas, pasamos al turno de fijación de posición. Para la fijación de su posición, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Ascensión De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Desde La Izquierda Plural compartimos, como dice la proposición no de ley en su exposición de motivos, la necesidad de renovar de manera urgente la cartera de prestaciones ortoprotésicas del Sistema Nacional de Salud, porque efectivamente están hoy en día muy lejos de las necesidades de las personas usuarias. Estamos absolutamente de acuerdo. Y también estamos de acuerdo con la necesidad de crear un grupo de trabajo, que apoyamos en el sentido de que en el menor tiempo posible presente esa adaptación de la nueva cartera.
Ahora, no podemos compartir, no estamos en absoluto de acuerdo, como ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, en los recortes sufridos y en la situación en la que se quedan muchísimos usuarios que ahora van a tener que repagar, porque en definitiva es un repago, y no se va a llevar a cabo la plena cobertura de las necesidades precisamente a las personas que más lo necesitan.
No obstante, se ha dicho aquí que se está intentando llegar a un acuerdo en una transaccional, que veremos cómo queda, y nuestro voto quedará supeditado a esa transaccional.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta proposición no de ley, para saber su postura ante las enmiendas, doña Concepción Tarruella tiene la palabra.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Hemos llegado a un acuerdo de una transaccional de todos los grupos políticos que han hecho alguna enmienda, en la que se dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a completar las reformas normativas necesarias para actualizar la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, en la que se tenga en cuenta la opinión efectiva de las personas con discapacidad y de pacientes y del sector profesional ortoprotésico en el menor plazo posible.
La señora PRESIDENTA: Posteriormente, en las votaciones se tendrá en cuenta la transaccional presentada, que ya la tenemos en la Mesa.
- SOBRE MEDIDAS PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO VEAN MERMADA LA CUANTÍA DE SU PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ POR CONVIVIR CON OTRO BENEFICIARIO DE ESTE TIPO DE PENSIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000441).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al tercer punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre medidas para que las personas con discapacidad no vean mermada la cuantía de su pensión no contributiva de invalidez por convivir con otro beneficiario de este tipo de pensión; proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta iniciativa tiene la palabra don Luis Tudanca.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: La proposición que ahora tratamos ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con el fin de avanzar en la compatibilidad de las pensiones no contributivas de personas con discapacidad. Es cierto que durante los últimos años se han ido produciendo avances importantes, significativos en cuanto a la protección de algunos colectivos que requieren especial atención en lo que se refiere a nuestro sistema de pensiones. La propia entrada en vigor de la Ley 26/1990 puso en marcha en nuestro país el sistema de las pensiones no contributivas, y durante más de dos décadas estas pensiones han ayudado a miles y miles de personas a tener una vida digna, desahogando la carga económica familiar y dando mayor autonomía a las personas receptoras. De esta forma, las pensiones no contributivas han servido para dar independencia económica a quien de otra forma le sería imposible tenerla, para aliviar el peso de gastos extraordinarios en economías domésticas que tienen un miembro con discapacidad, e incluso para impedir la absoluta pobreza, o incluso la marginalidad, de personas mayores o con discapacidad que no tienen ningún tipo de apoyo, ningún tipo de red social que les ampare.
Durante estos más de veinte años, esta ley ha sido reformada o concretada, desarrollada sustancialmente en varias ocasiones, a través, por ejemplo, de la Ley 4/2005, sobre efectos en pensiones no contributivas de los complementos que otorgan las comunidades autónomas; o la Orden 3113/2009, por la que se dictan normas de aplicación y desarrollo del reglamento que a su vez desarrollaba la ley. En esta legislación no se ha reformado lo dicho sobre incompatibilidades en el artículo 14 del Real Decreto 357/1991; en este artículo se establece una serie de reducciones en las pensiones no contributivas en el caso de que en la misma unidad familiar convivan más de un beneficiario con derecho a pensión no contributiva, una pensión de la misma naturaleza; y dado lo argumentado anteriormente, vemos que, en el caso de que dos personas perceptoras de una prestación no contributiva contrajesen matrimonio, dicha unión matrimonial supondría una reducción considerable de sus respectivas pensiones no contributivas.
En el caso de personas con discapacidad, dada la dificultad que tiene de por sí vivir con una discapacidad, tanto en ayudas técnicas como en adaptaciones y tratamientos médicos, esta medida supone un castigo aún mayor, un castigo adicional; un castigo que hace prácticamente imposible, desde el punto de vista económico, el matrimonio entre dos personas con discapacidad y su convivencia en un proyecto vital común en igualdad de condiciones con el resto de la población. Consideramos esta una medida que castiga el matrimonio o la convivencia efectiva entre personas perceptoras de una pensión no contributiva, y su independencia a la hora de hacer posible su proyecto de vida independiente, al establecer una recarga económica a dicho proyecto personal.
Esto es precisamente lo que justifica esta proposición del Grupo Parlamentario Socialista que ahora debatimos y por la que desde luego, siempre dentro del marco del Pacto de Toledo, se pretende promover las modificaciones legislativas oportunas con el fin de que se permita la compatibilización efectiva de dos pensiones no contributivas en el caso de convivencia efectiva de dos personas con discapacidad, sin que ello suponga reducción alguna de las percepciones que recibe cada uno de los beneficiarios.
Precisamente esta proposición va en la línea de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo que se aprobaron en la pasada legislatura, en la que en la recomendación específica sobre discapacidad se establece que se han de intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente cubiertas de las personas con discapacidad y sus familiares en materias tales como las pensiones no contributivas.
Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, y yo espero que a lo largo de la tarde podamos llegar a una transacción. Dicha enmienda, en la que valoro, desde luego, la mejor intención, entiendo que vacía absolutamente de contenido la propia proposición, y esperamos llegar a un acuerdo que nos satisfaga a todos.
Probablemente esta proposición no afectará a un gran número de personas, pero consideramos que en el difícil momento que estamos atravesando es una cuestión de justicia que ayudará a personas que ya de por sí tienen muchas dificultades, y confío en que esta proposición logre un acuerdo mayoritario y el respaldo mayoritario de los grupos.
La señora PRESIDENTA: Antes de iniciar el turno de enmiendas, quería comentar a sus señorías que, viendo el ritmo de la Comisión, pienso que no se votará antes de las seis y cuarto de la tarde. Como sé que existen otras comisiones que se están celebrando, lo digo a efectos de sus agendas, de sus horarios.
Seguimos en esta tercera proposición no de ley, a la que se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra doña María Teresa Cobaleda.
La señora COBALEDA HERNÁNDEZ: El Grupo Popular ha presentado una enmienda que creemos que vendría a mejorar técnicamente la propuesta presentada por el Grupo Socialista que, como ya nos ha dicho su portavoz, hace referencia a la pensión no contributiva
por discapacidad, y en concreto en el caso de que dos o más perceptores vivan dentro de la misma unidad familiar.
Como saben sus señorías, en este caso la cuantía de la pensión se ve reducida, como nos ha dicho y como se recoge en la exposición de motivos, porque resulta que se supone que la convivencia de dos o más pensionistas no contributivos en el mismo domicilio permite que determinados gastos necesarios para la vida diaria lleguen a ser compartidos. Este hecho se convierte en una causa que vendría a justificar que la cuantía asignada a cada uno de los pensionistas de las pensiones se vea reducida en función de determinadas reglas y fórmulas que aparecen recogidas en el artículo 145 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, con el límite de acumulación de recursos que viene recogido en el artículo 144 de este mismo texto.
Por eso, el carácter de nuestra enmienda tiene como objeto ampliar y mejorar la propuesta del Grupo Socialista. Nuestra enmienda insta al Gobierno a velar, en el marco del Pacto de Toledo, por la capacidad adquisitiva de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas de invalidez. El texto presentado por el Grupo Popular no entraría en contradicción con el método de concesión de prestaciones económicas de carácter asistencial por parte de la Administración. Y es que, como saben sus señorías, cuando se trata de otorgar por parte de la Administración prestaciones económicas de carácter asistencial, el requisito de rentas que se aplica con carácter general para su concesión tiene en cuenta los recursos de la unidad familiar en la que se integran los posibles beneficiarios, como es el caso de las prestaciones de naturaleza no contributiva, tanto de jubilación como de invalidez. Lo mismo sucede con el complemento de las pensiones mínimas, que varía también dependiendo de las circunstancias familiares y de recursos de los beneficiarios, como pueden ser las prestaciones por hijo a cargo, que están sujetas a límite de recursos económicos, en el caso de que los hijos sean menores de dieciocho años.
La propuesta de nuestra enmienda viene en la línea de apoyo y de impulso relevante hacia las políticas sociales por parte del Gobierno. Y no olvidemos que este Gobierno, nada más llegar, lo que hizo fue actualizar las pensiones, unas pensiones que, como sabemos, se habían congelado por parte del anterior Gobierno. Recordemos además los compromisos adoptados por la ministra de Sanidad y Servicios Sociales en su primera comparecencia en el Congreso el pasado 1 de febrero, cuando aseguraba que el Gobierno tiene la intención de dar un impulso al marco legal de promoción laboral, dirigido a personas con discapacidad, actualizando la Lismi, es decir, la Ley de integración social de personas con discapacidad, que, como bien sabemos todos, ahora cumple treinta años de vigencia. Y es que, como nos dijo el presidente del Cermi, el señor Pérez Bueno, cuando compareció en esta Comisión el pasado 16 de mayo, la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo un objetivo prioritario, aun admitiendo que ha habido significativos avances en España gracias a la Lismi y a otras leyes relacionadas.
Creemos que nuestra enmienda mejora el texto presentado por el Grupo Socialista, porque supondría velar por la capacidad adquisitiva de las personas con discapacidad que reciben pensiones no contributivas de invalidez, y también dentro del marco del Pacto de Toledo. Nuestra enmienda estaría en la línea del impulso relevante que el Gobierno pretende realizar para mejorar las políticas destinadas a la discapacidad. Y por eso queremos invitar a todos los demás grupos a que consideren y apoyen nuestra propuesta.
La señora PRESIDENTA: Para el turno de fijación de posición, en primer lugar tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de UPyD, don Antonio Cantó.
Estamos de acuerdo con la PNL. La cuantía de las pensiones no contributivas se eleva aproximadamente a 300 euros mensuales, es casi ridícula, por lo que nosotros consideramos que no parece muy razonable que además se reduzca por pertenecer a una misma unidad familiar, no solo en un matrimonio, sino cuando haya, por ejemplo, dos hijos con discapacidad. Es muy complicado, es muy difícil lograr la autonomía personal con estos ingresos. Por lo tanto, nosotros apoyaremos esta iniciativa.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posición, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural tiene la palabra doña Caridad García Álvarez.
La señora GARCÍA ÁLVAREZ: Puestos a elegir verbos, en cuanto a lo que se refiere a esta proposición no de ley y a lo que he podido escuchar por anteriores portavoces, prefiero el verbo tramitar dentro del marco del Pacto de Toledo que el verbo velar. Porque tramitar significa una concreción, y velar simplemente que estaremos pendientes de ver lo que pasa, con lo cual yo sinceramente prefiero el verbo tramitar en ese sentido.
Yo creo que en el fondo todos y todas estamos de acuerdo. Lo que pasa es que, por cuestiones que son ajenas a lo que se está debatiendo aquí en esta Comisión, se ponen trabas a que esta proposición no de ley siga adelante. Nosotros, como decía también el portavoz que me ha precedido, vamos a apoyar esta proposición no de ley porque consideramos -como consideramos, y además es que lo creo así firmemente, todos y todas las que estamos aquí- que la situación de una persona con discapacidad en un ambiente familiar como se ha mencionado antes no se vea alterada porque haya varios hijos o porque quiera tener un futuro esa persona, porque estamos hablando -siempre aquí lo reconocemos- que los discapacitados son personas
como cualquiera de las que estamos aquí aunque tengan una serie de dificultades añadidas, pero personas con los mismos derechos y los mismos deberes y obligaciones que los que estamos aquí. Es verdad que en cuanto a los derechos todavía les queda mucho por conseguir, y si le ponemos trabas a cuestiones como esta todavía van a tardar mucho más en conseguirlo.
Por eso yo, desde mi modesta opinión, no habiendo presentado enmiendas y no siendo tampoco ni la persona ni el grupo proponente de esta proposición no de ley, le pediría al Grupo Popular que retirara las trabas que pone, porque no tienen sentido, y que todos juntos apoyáramos esta proposición.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Aparte de todo lo que se ha dicho, que podemos compartir por parte de nuestro grupo parlamentario, quisiéramos añadir además un elemento más para que esta proposición no de ley fuese aprobada por mayoría, puesto que estamos ante una difícil situación económica, en la que los gastos necesarios que a lo mejor en su día podían ser mejor soportados por parte de familias, y por tanto se permitía que se viesen reducidas las prestaciones no contributivas que se percibían, hoy en día, por motivos económicos precisamente de la grave crisis que nos afecta, estos gastos necesarios o bien son más caros, o bien hay que pagarlos si antes eran gratuitos o se obtenían de una forma más beneficiosa económicamente.
Lo que quiero decir es que vamos a intentar introducir un elemento, un coeficiente corrector para que las personas que no lo tienen tan fácil no se vean además penalizadas por el hecho de tener que reducir dentro de la unidad familiar las prestaciones no contributivas que perciben. Además, va a favor del modelo social que defendemos también en Convergència i Unió, que es el modelo de familia como la primera base de solidaridad existente ahora mismo, y más en estos momentos de crisis, con lo cual veamos esta proposición no de ley como un coeficiente corrector también en beneficio de las personas que tienen alguna discapacidad.
La señora PRESIDENTA: Finalizando el debate de esta proposición no de ley, le pregunto al representante del Grupo Parlamentario Socialista, don Luis Tudanca, en relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, si la acepta o no.
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Ya dije, señora presidenta, en mi intervención, que la enmienda no puede ser asumida. En todo caso, en aras del consenso y del respaldo que ha tenido del resto de los grupos, haremos todos los esfuerzos para una transacción, que intentaremos hacer llegar a la Mesa lo antes posible.
La señora PRESIDENTA: Perfecto. Antes de la votación, nuevamente le preguntaré si han llegado a algún acuerdo.
- SOBRE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LAS TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000467).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día, que es una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular sobre medidas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida.
Para su defensa tiene la palabra doña Marta Torrado.
La señora TORRADO DE CASTRO: Señorías, dado el ingenio requerido, a menudo nos sorprende la actitud de ciertos individuos que de una u otra forma esquivan las normas establecidas para acceder a los objetivos de una forma privilegiada: desde el avispado que sigilosamente gana puestos en la cola del cine a los grandes evasores o falsificadores convertidos en fuentes de inspiración para guionistas y novelistas.
Es curioso que, cuando la mayoría somos víctimas de sus tretas, habitualmente puedan despertar simpatía e incluso admiración. Y es que si de algo carece la picaresca es de escrúpulos. Así lo demuestra el asunto sobre el que versa la proposición no de ley que hemos presentado desde el Grupo Parlamentario Popular: la falsificación de tarjetas de aparcamiento para vehículos que transportan a personas con discapacidad física. La evidente desventaja que encuentran las personas con movilidad reducida en el desarrollo de las actividades cotidianas se agudiza a la hora de acceder a los espacios y servicios comunitarios.
Esta realidad se ha recogido y amparado en el artículo 14 de nuestra Constitución, que consagra el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley, así como también el artículo 49, que establece la obligatoriedad de todos los poderes públicos de desarrollar políticas de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos. La Ley 19/1982, de 4 de abril, de Integración Social del Minusválido, conocida popularmente como Lismi, que ha aparecido a lo largo de esta tarde en esta Comisión, se ha citado en alguna ocasión, concreta con más minuciosidad las actuaciones a llevar a cabo para el desarrollo de estos principios constitucionales. Es precisamente en su artículo 60 donde establece las medidas que los ayuntamientos deberán adoptar para facilitar el estacionamiento de los vehículos que transportan a personas con problemas graves de movilidad. Ese fue el origen de la proliferación en nuestras calles y aparcamientos de zonas reservadas para personas con discapacidad,
que de forma incorrecta se conocen como aparcamientos para minusválidos. Plenamente concienciados, la mayoría de los conductores respetaron esta señalización, pero fueron muchos los que la ignoraron voluntariamente, o quizás involuntariamente.
El Consejo de la Unión Europea, atento a esta situación, en el año 1998 realiza una recomendación a todos los Estados miembros sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, reconociendo que es necesaria una tarjeta que tenga un formato uniforme en todo el territorio, de manera que dichas personas puedan disfrutar en todo el territorio comunitario de las facilidades a que da derecho según el país en el que se encuentren. Esta iniciativa permitió que las comunidades autónomas derivaran a los ayuntamientos la tramitación y la concesión de estos documentos, y ha llevado consigo la implantación de las tarjetas comunitarias en la práctica totalidad del territorio nacional. Hasta aquí, todo loable.
Pero, como les decía al principio, la picaresca no tiene escrúpulos, y la experiencia ha demostrado la facilidad de usar de forma fraudulenta estos documentos. Algunas personas, en plenas facultades físicas, escanean, fotocopian o usan incorrectamente estas tarjetas, en ocasiones de sus propios familiares, utilizándolas de forma indebida en los aparcamientos habilitados para aquellas personas que tienen grandes dificultades a la hora de realizar traslados en nuestras ciudades y municipios. Por eso esta realidad hace necesaria la implantación de un sistema de seguridad que impida o al menos dificulte al máximo la falsificación de estos documentos.
Me gustaría ponerles como ejemplo mi ciudad, Valencia, de la que he sido concejala de Bienestar Social durante muchos años. Allí pusimos en marcha estas tarjetas (Muestra una tarjeta), que seguramente muchos de ustedes conocerán, y además en estas tarjetas, que están ya en muchas ciudades y en muchos ayuntamientos de nuestro país, precisamente atendiendo a la demanda y a la sugerencia de las asociaciones de personas con discapacidad, ideamos un holograma, que es este pequeñito que está aquí -que luego si quieren se lo puedo enseñar-, que en este caso concreto tiene el escudo del Ayuntamiento de Valencia. Con este holograma que hemos puesto, que apenas cuesta 16 céntimos, estamos consiguiendo que estas tarjetas no se puedan falsificar, puesto que al fotocopiarlas, el holograma sale en un color diferente, y por lo tanto hace mucho más fácil poder detectar esa posible falsificación.
Señorías, las administraciones públicas, atendiendo a nuestra Constitución, han de trabajar para erradicar las desigualdades entre los ciudadanos y garantizar sus derechos, especialmente los de aquellos que más lo necesitan. Por eso desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos prioritario poner en marcha los sistemas de seguridad que garanticen el uso adecuado de las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida; y a hacerlo con pleno respeto por parte del Gobierno a las competencias constitucionales y estatutarias atribuidas a las comunidades autónomas.
Por ello pedimos el apoyo de todos los grupos parlamentarios para instar al Gobierno a promover la implantación de sistemas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad reducida, promoviendo que estos documentos incorporen elementos identificadores que dificulten el falseamiento de las mismas.
Termino ya, señora presidenta, agradeciendo a todos los grupos políticos que han presentado enmiendas, también a CiU, y espero que al resto de grupos parlamentarios, sus aportaciones. Quiero decirle que hemos llegado a una enmienda transaccional que enseguida acercaré a la Mesa. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. La primera de ellas, por el Grupo Parlamentario de UPyD. Para su defensa tiene la palabra don Antonio Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señora Torrado, votaremos a favor, como no puede ser de otra forma. Ya hemos negociado la transaccional con usted. Simplemente quiero hacer un par de apreciaciones: para nosotros es importante -ya estamos otra vez con lo de siempre- que la tarjeta debería ser la misma, con todos los mismos derechos y obligaciones, en todo el Estado español. No es lógico que una discapacidad reconocida en un ayuntamiento o en una comunidad no lo sea en otra y que provoque sanciones con procedimientos de reclamación que ignoran la discapacidad porque son iguales que los de las personas sin discapacidad. Sería necesario adoptar la misma tarjeta y normativa que se ha consensuado para Europa, a través de la recomendación del propio Consejo de la Unión Europea sobre creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Quizá habría que recordar un informe de Cocemfe, esta vez sobre Cantabria, pero creo que es extrapolable, en el que se hacía una encuesta y se decía: más del 50 % de las personas encuestadas considera insuficientes las plazas de aparcamiento reservado que hay en su localidad. Además, se añade la agravante de que se encuentran a menudo con vehículos estacionados, sin tener esa tarjeta esos vehículos. Asimismo, el 30 % considera que no están bien señalizadas las plazas de aparcamiento. Y el 68 % de las personas encuestadas consideran útil que exista un único modelo de tarjeta, como decía yo antes, sobre la base de la recomendación de mínimos que realiza la Unión Europea. Cuento esto solamente para identificar puntos de mejora.
Me parece que también es importante fomentar la expedición de tarjetas temporales. Quisiera decir a la señora Torrado que estamos de acuerdo y estamos contentos con esa tarjeta que se ha creado en el Ayuntamiento de Valencia, la conocemos y esperamos que siga evolucionando. Como usted sabe probablemente,
Cocemfe pide un poquito más, pide que se instaure en esa tarjeta un chip para que sea más complicado, y esta vez ya imposible, la falsificación. No debe de costar casi nada más. Y creo que, felicitándoles por la iniciativa, estaría bien dar un pasito más.
También es importante fomentar la expedición de tarjetas temporales para las personas que sufren de movilidad reducida durante un tiempo limitado, por ejemplo, cuando se padecen lesiones de extremidades inferiores, posoperatorios que generen dificultad en la movilidad, personas mayores con dificultades, en este caso sus familiares, pueden necesitar aparcar durante pequeños intervalos para su recogida y entrega en el domicilio familiar, etcétera.
Pero, como he dicho, votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: La segunda enmienda ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra doña Esperanza Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Señorías, compartimos con el grupo proponente su interés para avanzar en encontrar soluciones y evitar esta picaresca, este fraude; antes lo estábamos hablando, se nos ocurrían las mismas palabras, y tendría gracia si no fuera porque luego perjudica a las personas que tienen el derecho que les da su situación para poder estacionar y facilitar así su movilidad por el territorio. Es verdad que hemos de avanzar también hacia un sistema identificatorio más avanzado tecnológicamente, y con esto dificultar más la falsificación y favorecer, por tanto, la identificación y la movilidad.
A pesar de que vamos a votar afirmativamente puesto que hemos llegado a un acuerdo de enmienda transaccional con la diputada portavoz del PP, sí quiero manifestar que dudábamos; no por darle una negativa a la proposición no de ley, pero si una abstención, porque analizando cómo está el tema competencial, vemos que queda en manos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, y que las comunidades han establecido un sistema con unos costes grandes o pequeños -más grandes que pequeños- para garantizarlo. Me he entretenido en estudiar cómo lo hacen en Andalucía, en Madrid, en Cataluña o en Valencia, por ejemplo, y los mecanismos organizativos que se utilizan. Y es común utilizar un mismo tipo de documentación y normativa, sin que se aprecie que existen diferencias de criterios. Por tanto, es verdad que tendemos a aunarnos más de lo que nos parece. A veces pensamos que nos asentamos mucho en las diferencias entre comunidades autónomas, y a veces no es tanto. En la mayoría, la tarjeta habilita para aparcar en la localidad de cada persona y también en el resto del territorio de cada comunidad autónoma. En el caso de Madrid es curioso e interesante a la vez, porque han aprobado recientemente 488 medidas para las personas con discapacidad en general, entre las que se encuentra modernizar el sistema de tarjeta de aparcamiento, con un chip ya incluido, con unos costes -todo el paquete- que irían a 1.600 millones de euros. Hablo de una comunidad que no es la mía y que me parece que está bien ilustrar cuando esto se ha hecho por consenso con las diferentes entidades de discapacidad. Por tanto, aquí hay un compromiso de las comunidades autónomas y una competencia clara.
A mí me hubiera gustado más, señora Torrado, que en este tema hubiéramos instado a la comisión sectorial sencillamente a llegar a un acuerdo y a que trabajasen en encontrar una forma unitaria para toda España. Yo también estoy de acuerdo, porque al fin y al cabo hablamos de favorecer la máxima movilidad, pero no tanto con el enunciado que ha planteado, sobre todo porque aquí hay dos cuestiones. La primera de ellas es preservar el ámbito competencial, porque a mí me parece que la cooperación circular entre comunidades autónomas y Estado es buena y es una práctica en la que hemos de ir avanzando. Y la segunda es que, cuando instamos al Gobierno central a hacer cualquier cosa que implique un coste para las comunidades autónomas, es decir, para otro, es más sencillo, y aquí también debería haber un compromiso económico por parte del Estado. En cualquier caso, me parece mejor la intención que no poner un obstáculo, se lo digo sinceramente. Por tanto, mi grupo está de acuerdo en que este tema se lleve también a la comisión sectorial y que se homologuen criterios, si es que existen disparidades, pero sobre todo que se garantice que la movilidad se pueda asegurar por todo el territorio español; y mucho más adelante también lo será en Europa, porque de eso se trata, de que sea en Europa, y que en todo caso se valoren los costes que conlleva la nueva adaptación.
Acabo, señora presidenta, diciendo que hemos acordado una transaccional que nos parece que facilita el voto afirmativo en aras de ese interés superior, que es facilitar las cosas a un sector, como decía la compañera de Izquierda Unida, con alguna dificultad, en el que hoy están unos pero en el que mañana también podemos estar cada uno de nosotros.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra doña Ascensión De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Señora presidenta, desde La Izquierda Plural, entendiendo que hay que llevar a cabo las medidas necesarias para que el uso del derecho de estacionamiento llegue de manera efectiva a quien lo tiene, o sea, a su beneficiario, lo que no hemos escuchado aquí a la hora de hacer la exposición en defensa de la proposición no de ley es una relación objetiva de los datos, de cuántos pícaros y pícaras pueden estar de alguna manera cometiendo irregularidades en este aspecto como para que -nosotros tenemos serias dudas- sea una de las principales preocupaciones, en este caso la falsificación de las tarjetas de estacionamiento
para las personas con dificultad de movilidad. Porque yo creo que lo que realmente nos consta, que lo que realmente le preocupa a las personas con diferentes capacidades no es tener falsificadas sus tarjetas de estacionamiento, sino encontrar uno; en muchas localidades el problema es que no se encuentra un estacionamiento para las personas que sí que lo necesitan. Esto es una realidad. También se encuentran con el problema de que muchas veces no pueden salir ni de sus casas en muchas de las localidades en las que las competencias las tienen los ayuntamientos por los problemas de accesibilidad, la falta de cota cero en las calles, etcétera.
Desde La Izquierda Plural creemos que el número de plazas de estacionamiento es muy limitado y que habría que hacer hincapié en ese tipo de cosas que sí facilitarían de alguna manera que las personas con dificultades de movilidad pudieran tener el derecho a circular libremente por las calles. También sabemos que en las competencias de las comunidades autónomas se cumplen rigurosos requisitos para poder acceder y tener el grado de discapacidad que permite el acceso a este tipo de tarjetas. Nos consta que son muy pequeños los datos que se han dado y creemos que esta proposición no de ley debería haber sido muchísimo más amplia, atendiendo efectivamente a la movilidad de las personas con diferentes capacidades que lo necesiten.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Tarruella.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Nuestro grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a esta proposición no de ley, no porque el tema no sea interesante, sino porque nos parece que ya se ha hablado del mismo otras veces. Yo recuerdo que en la pasada legislatura se propuso desde esta Comisión que se sancionara, incluso con la retirada de puntos del carné, a las personas que aparcaran sus vehículos en sitios de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y que en realidad no les correspondía, y este debate ha salido muchas veces en esta Comisión.
Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo en la propuesta de que se debe hacer alguna cosa para que el derecho de estas personas con movilidad reducida a disponer de plazas de aparcamiento autorizadas realmente sea solamente para ellas. Quiero recordar que el número de plazas que se otorgan en cada lugar, así como el sitio donde van ubicadas, es una competencia totalmente municipal. Una cosa es que la persona que tenga una dificultad, una movilidad reducida, pida a su ayuntamiento tener cerca de su vivienda o de su trabajo una plaza, que generalmente todos los municipios le conceden, pero los sitios, los lugares y el número de plazas es a los ayuntamientos a quienes les corresponde, así como la vigilancia de las mismas. A mí me preocupa más incluso la vigilancia que la uniformidad de estos modelos y de la etiqueta que podamos poner. Yo estoy de acuerdo en que si hay un modelo generalizado es mucho más fácil de identificar, pero creo que no hace falta incluso ni que fuera el mismo, aunque este es un tema a tratar en el consejo sectorial, como muy bien decía la diputada Esperanza Esteve, porque si una comunidad autónoma tiene un modelo que funciona, que va bien y que es reconocido, y otra tiene otro, mientras ese modelo se pueda intercambiar y sea reconocido en todas ellas, pues ya está bien. De todas las maneras, no vamos a poner pega en este sentido, sino que a nosotros lo que nos gusta más es que se controlen estas tarjetas, se controle que las personas que las utilizan sean las que corresponde, que puede ser poniendo el número de la matrícula del coche, alguna foto en la parte posterior, o de la manera que en cada lugar o en cada comunidad o ayuntamiento les parezca más adecuado y sea más asumible por sus costes. Por eso a nosotros la enmienda que hacía el Grupo Socialista nos gustaba, porque decía: si se ha de implantar un tema común en todos los sitios, pues muy bien, que se hagan cargo también de su coste en los sitios correspondientes, si es que se tiende a hacerlo. Pero vuelvo a repetir que a nosotros nos preocupa su cumplimiento.
A la compañera del Grupo Mixto que ha hablado le querría decir que ya sé que la picaresca a veces no nos gusta reconocerla y nos gustaría que todo el mundo fuera mucho más colaborador. Pero desgraciadamente tengo que decirle que una media de dos o tres veces por mes se denuncia por parte de los propios usuarios en una ciudad como la mía, pequeña, encontrar plazas ocupadas por gente que no les corresponde en las puertas de oficinas de farmacia o de otros sitios que hay reservadas y que, cuando van ellos a hacer uso de esas plazas, están ocupadas por gente que no tiene su tarjeta, con lo que se produce una mala utilización de esas tarjetas. Por tanto, todo lo que sea para mejorar que se les facilite y se les respete los sitios de aparcamiento de movilidad reducida a las personas que lo necesiten, contará con nuestro apoyo.
La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el debate de esta proposición, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Marta Torrado, me hace llegar una transaccional cuyo texto leo y que será el que se someta posteriormente a votación: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar, en coordinación con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, el desarrollo de tarjetas de aparcamiento para personas con discapacidad al modelo europeo, creando una tarjeta con los mismos derechos y obligaciones en todo el territorio nacional, adoptando la normativa que se ha consensuado para Europa a través de la recomendación del propio Consejo de la Unión Europea sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Promover la implantación de sistemas de seguridad en las tarjetas de estacionamiento para vehículos que transportan a personas con movilidad
reducida, promoviendo que estos documentos incorporen elementos que dificulten el falseamiento de las mismas (holograma, chip, etcétera). Este será el texto que se someta a votación.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A COLABORAR EN LA FINANCIACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO ESPECIALIZADO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE CARRANQUE (MÁLAGA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000503).
La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el punto 4.º del orden del día, pasamos al punto 5.º, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a colaborar en la financiación del centro deportivo especializado para personas con discapacidad de Carranque (Málaga). Para la defensa de esta iniciativa, tiene la palabra don Miguel Ángel Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, el deporte es un elemento de inserción social y de desarrollo personal, determinante en la calidad de vida de todas las personas. La práctica deportiva resulta fundamental en el mantenimiento de la salud y se constituye en un factor corrector de desequilibrios sociales, ya que contribuye al desarrollo de la igualdad, creando hábitos favorecedores de la inserción social, y mediante su desarrollo en equipo fomenta la solidaridad. El deporte es un camino para que las personas con discapacidad busquen o restablezcan el contacto con el mundo que les rodea. Se debe perseguir la integración de todas las personas discapacitadas a través del deporte y estimular el afán de superación que puedan tener. El deporte y la actividad física son generadores de un capital social porque su práctica supone un incremento de la capacidad de interrelación social a través de los puntos de encuentro y contribuyen al desarrollo de redes sociales debido al entorno inclusivo en el que se realizan las actividades. La práctica de deporte y actividad física en entornos inclusivos es un instrumento de cohesión social muy válido.
Se entiende por deporte adaptado aquella actividad físico-deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales. Son muchos los beneficios tanto personales como sociales del deporte adaptado a nivel terapéutico, recreativo o competitivo, que contribuye en la rehabilitación; es decir, favorece el proceso continuo destinado a evitar o restablecer una capacidad disminuida, en la normalización o proceso por el que se trata de hacer normal la manera de vivir de una persona discapacitada, en la autonomía personal o capacidad de actuar por uno mismo sin dependencia ajena, en la integración social, es decir, en reducir las situaciones de minusvalía, fomentando los cambios y favoreciendo las igualdades sociales. Pero también sirve para impulsar y potenciar el afán de superación personal, y colabora en la supresión de barreras arquitectónicas, psicológicas y sociales, así como en la mejora de la autoestima y el desarrollo personal.
La Convención de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, de 13 de diciembre de 2006, ratificada por el Congreso el 23 de noviembre de 2007, establece en su artículo 30.5 sobre participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte; y también señala que, a fin de que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y deportivas, los Estados adoptarán las medidas pertinentes para alentar y promover la participación en la mayor medida posible de las personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los niveles; asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas personas y de participar en dichas actividades, y a ese fin alentar que se les ofrezca, en igualdad de condiciones con los demás, instrucción, formación y recursos adecuados; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas; asegurar que los niños y niñas con discapacidad tengan igual acceso que los demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema escolar; asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas, de esparcimiento y deportivas.
Los primeros pasos en la práctica de deportes por personas con las capacidades disminuidas se dan tras la II Guerra Mundial, utilizando inicialmente el deporte como un medio más para la rehabilitación. En 1960 se organizan las primeras Paraolimpiadas. Este fenómeno fue creciendo, hasta llegar al nivel actual, en el que cada día la participación de personas con discapacidad en el deporte está bastante normalizada, y se practican multitud de disciplinas a niveles recreativos y competitivos. Nuestro país se ha consolidado como una de las grandes potencias mundiales en el concierto del deporte paralímpico, entendiendo este término como la expresión al más alto nivel de las capacidades que tienen determinados deportistas que secundariamente presentan alguna discapacidad física, psíquica o sensorial.
El deporte de alta competición, a través de los valores que transmite y de su espectacularidad, es un vehículo de concienciación social, de afirmación de la diferencia y de respeto a la pluralidad que puede hacer cambiar la percepción y la actitud de la sociedad. El éxito de los deportistas paralímpicos en las competiciones de alto nivel y la difusión mediática del mismo representa una motivación para niños y niñas o jóvenes deportistas de base con discapacidad.
La Junta de Andalucía, con el propósito de garantizar desde las administraciones públicas, especialmente en los ámbitos sanitario, educativo, deportivo y de política social, el acceso y la práctica de la actividad física adaptada y deportiva de las personas con discapacidad, se ha marcado tres grandes objetivos. Primero, generalizar la práctica del deporte y la actividad física para los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad, con preferencia en un entorno inclusivo y en un marco próximo a su contexto social y familiar; segundo, garantizar el acceso y el uso y disfrute en el diseño de las instalaciones deportivas; y tercero, impulsar la formación inicial y continua especializada en actividad física y de deporte adaptado. En este sentido, para dar cumplimiento a los mismos, la Consejería de Cultura y Deporte considera que sería necesaria la creación de un centro debidamente adaptado y dotado de un conjunto de instalaciones diseñadas con el objetivo fundamental de atender la especialización técnica de los deportistas con discapacidad motora, intelectual o sensorial desde su inicio a temprana edad y durante las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo, hasta su consolidación como deportistas de alto nivel. La ubicación ideal para ese centro en Andalucía sería la ciudad deportiva de Carranque, de Málaga, por las razones que se exponen a continuación, y sería el primer centro de estas características en toda España.
La ciudad deportiva de Carranque, gestionada por la Consejería de Cultura y Deporte, es actualmente uno de los complejos deportivos más importantes de Andalucía por su dimensión, posición estratégica dentro de la ciudad, variada oferta deportiva y programas deportivos a todos los niveles, desde el deporte base hasta el de alto nivel. La ciudad deportiva de Carranque, además, se ve especialmente complementada con el colindante Instituto Andaluz del Deporte, encargado de desarrollar las competencias de la consejería sobre formación deportiva e investigación, estudio, documentación y difusión de la ciencia de la actividad física y del deporte. Esta instalación no solo cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de este tipo de actuaciones, sino también con la experiencia para su ejecución. El centro deportivo especializado para personas con discapacidad que impulsa la Consejería de Cultura y Deporte lo compondría un conjunto de instalaciones diseñadas con el objetivo fundamental de atender la especialización técnica de los deportistas con discapacidad motora, intelectual o sensorial desde su inicio, a temprana edad y durante las diversas etapas de su perfeccionamiento deportivo hasta su consolidación como deportistas de alto nivel.
Debe destacarse que para conseguir una mayor rentabilidad social, dicho centro no se reservaría exclusivamente al deporte de rendimiento adaptado, sino que el conjunto de sus instalaciones se pondría también a disposición del deporte base de personas con discapacidad, que contarían así con un establecimiento deportivo totalmente adecuado a su práctica deportiva. El centro, además de las instalaciones y el espacio deportivo existentes en la ciudad deportiva, tendría unas nuevas instalaciones adecuadas para el entrenamiento y perfeccionamiento de deportistas de alto nivel con discapacidad, con una residencia para albergar a deportistas -están previstas unas 50 habitaciones-, unidades de apoyo a la docencia, área de medicina deportiva, y las dependencias necesarias para coordinar la parte técnica, administrativa y económica de los programas de tecnificación que desarrollaría el centro.
Respecto de la nueva área deportiva, su diseño permitiría la práctica de la mayoría de las especialidades exclusivas del deporte adaptado, como boccia o goalball. El carácter versátil y adaptable a diferentes funciones y actividades deportivas posibilitaría, además de un uso exclusivo de las dependencias, la realización de programas de tecnificación específicos. La construcción del centro y las reformas necesarias en las instalaciones existentes estarían promovidas por la Junta de Andalucía, y deberían contar con el apoyo y colaboración del Consejo Superior de Deportes, el Comité Paralímpico Español, además de la fundación ONCE y federaciones españolas y andaluzas de deportes para personas con discapacidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista trae esta tarde esta proposición no de ley, en la cual se insta al Gobierno a colaborar, a participar en la financiación del centro deportivo especializado para personas con discapacidad de Carranque, en Málaga, que sería, insisto, el primero en España de estas características.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado ninguna enmienda. Por lo tanto, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, el señor Cantó, en representación del Grupo Parlamentario de UPyD.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Antes de nada, quiero aclarar que vamos a votar a favor, pero, con todos mis respetos, no entiendo muy bien esta proposición no de ley aquí en el Parlamento. Nos parece que es una loable iniciativa, pero lo entendemos menos, o yo lo entiendo menos viniendo precisamente del Partido Socialista, que gobierna en Andalucía. Consideramos que no se debería entrar a discutir aquí iniciativas localistas y que sería más adecuado discutirlas, en este caso en las instancias andaluzas, autonómicas o municipales. Pero, insisto, con todos los respetos, hecha esa salvedad, votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María Dolores Bolarín.
La señora BOLARÍN SÁNCHEZ: Quiero comenzar mi intervención recordando a sus señorías que el principio rector de nuestro partido en esta Comisión ha sido,
es y será el acuerdo, pero siempre que este sea posible y no se utilice la discapacidad como vía para obtener beneficios políticos.
Coincidimos con ustedes en valorar y promocionar el deporte como una virtud para el bienestar de la sociedad, y somos conscientes de los especiales beneficios que reporta la práctica del mismo a las personas discapacitadas, pero desde el Consejo Superior de Deportes se entiende que la dedicación exclusiva de un centro de estas características a deportistas con discapacidad pudiera ir en contra del proceso de integración.
Me tomaré la libertad de contextualizar la petición de su partido. Todo se remonta a ocho días antes de las elecciones generales, cuando doña Trinidad Jiménez, conocedora de la profunda gravedad de la situación económica del país, prometió financiación para la construcción de un centro deportivo en Málaga. No solo eso, sino que además la exministra aseguró que este sería asumido por el Estado, la Junta de Andalucía y el Comité Paralímpico. Y como era de esperar, tras la promesa llegó el anuncio, y fue el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, el señor Alonso, el responsable de comunicar hace escasamente tres meses que el centro contará con una inversión de 7 millones de euros, y que además su construcción podría empezar a ejecutarse este año.
No sabemos si ustedes realmente son conscientes de lo que se está pidiendo y de la situación que en este momento tenemos. No obstante, el Gobierno, consciente de la actual situación económica y de la grave crisis, en un ejercicio de responsabilidad, ha elaborado unos presupuestos regidos por la austeridad y el principio de eficiencia. Por eso ahora debemos centrarnos en lo práctico y posible. Una de las prioridades de la política social del Gobierno es impulsar la participación de las personas con discapacidad en actividades recreativas de esparcimiento y deportivas en igualdad de oportunidades con los demás ciudadanos, por lo que se valora positivamente cualquier medida dirigida a promover el acceso al deporte de las personas con discapacidad. Además, quiero recordar que nuestro partido está apoyando la candidatura olímpica con sus correspondientes Juegos Paralímpicos, porque somos conscientes de que la discapacidad no debe ser un límite, porque a los discapacitados lo que no les falta es voluntad física y moral. Por último, diré que vamos a trabajar para consolidar la plena autonomía de las personas más vulnerables, entre las que se encuentran aquellas con alguna discapacidad. Para ello, el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad ha diseñado una estrategia transversal como mejor fórmula para la consecución de la plena autonomía e inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, y dos serán las herramientas. La primera la estrategia española sobre discapacidad de 2012 a 2020; la segunda, un plan de acción de 2012 a 2015. Además, se está trabajando en la elaboración de una norma que unifique la normativa existente que, entre otros aspectos, garantizará el pleno acceso de las personas discapacitadas en todos los ámbitos, incluido el deportivo.
Mi grupo parlamentario considera que el contexto económico actual exige realizar los mayores esfuerzos posibles, requiriendo para ello la optimización de los recursos existentes. Y aunque compartimos el espíritu de la proposición no de ley, no podemos asegurar la colaboración en la financiación.
Señorías, está en la voluntad del Gobierno continuar trabajando en estos procesos de integración de deportistas y discapacidad e intentaremos llegar a un acuerdo entre todos los grupos.
- SOBRE MEJORA Y CUMPLIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PREVISTA EN LA LISMI. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL. (Número de expediente 161/000592).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, punto 6.º, proposición no de ley sobre mejora y cumplimiento de la integración laboral de las personas con discapacidad prevista en la Lismi. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural,y para su defensa tiene la palabra doña Ascensión De las Heras.
La señora DE LAS HERAS LADERA: Hace apenas unos días, señoras y señores diputados, se ha conmemorado el treinta aniversario de la Lismi en esta Cámara, y nos debe servir para valorar con veracidad y rigor su auténtico cumplimiento. Debemos, por tanto reconocer lo andado respecto a la integración de personas con discapacidad, a la vez que somos capaces de ser exactos en el análisis y en la crítica. Así, parece que ha sido generalizado admitir el incumplimiento de la Lismi de manera objetiva y profunda. Tal vez pudo valernos en un primer momento la consideración de la Lismi como una ley avanzada en su tiempo, y le dimos un margen prudencial para implantarse en una sociedad incipientemente democrática. Pero han pasado treinta años y treinta años después no es posible mantener ese discurso. Por ello hemos de deducir que su incumplimiento forma parte de las carencias con las que siempre ha contado nuestro Estado del bienestar. Todo parece indicar que la filosofía coherente de la Lismi, que nos demandaba un equilibrio social consistente en el proceso profundo de avance económico y de modernización de las administraciones públicas, no se ha producido en nuestro país y nos hemos tomado la norma como una mera sugerencia dentro de las buenas intenciones enmarcadas en un ámbito democrático. Pero el que la Lismi se haya quedado en papel mojado supone que un importante colectivo social ha quedado en la marginalidad del sistema laboral y falto de recursos
fundamentales para su integración y normalización. Incluso en la época de bonanza vivida en España con lo que todas y todos llamamos ya el pelotazo, salvo en muy pocas excepciones se nos olvidó o nos olvidamos de las personas con discapacidad.
La solución que se intentó implantar con la aprobación del Real Decreto 364/2005, que permite los centros especiales de empleo, que hay que decir que hoy en día dan trabajo a casi 50.000 personas, hay que decir también que implica un modelo de empleo protegido de por vida si no se impulsa su papel puente en la consecución del empleo de manera plena. Mucho nos tememos que en una situación de crisis como la actual esto lleve a su mantenimiento e incluso a su crecimiento. Ahora bien, sus condiciones laborales y sociales deben ser mejoradas cualitativa y cuantitativamente. El doble rol de las asociaciones representativas del sector como patronales y reivindicativas de la problemática del sector, doble papel, supone un freno real a la libre sindicación y a la defensa de los derechos de estos trabajadores, en buena parte, todas y todos lo sabemos, personas con discapacidad intelectual que sufren situaciones de precariedad muy severas. Las medidas sustitutorias del cumplimiento del porcentaje obligado de puestos de trabajo que deben ocuparse por las personas con discapacidad han sido utilizadas abusivamente y poco controladas por las administraciones públicas, y por ello creemos que se impone una modificación urgente que palíe definitivamente esta situación. Además, la Lismi debe adaptarse a la Convención de Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad, que obliga a un esfuerzo claro de adecuación de los procedimientos de selección del personal y en especial de las pruebas destinadas al colectivo de la discapacidad intelectual. Debemos, por tanto, superar los obstáculos que nos impiden avanzar enteros en esa meta de la integración laboral que la nueva norma internacional quiere potenciar, y lo debemos hacer con vigor y con voluntad política. Hoy, ya lo he dicho, en la situación de crisis en la que nos encontramos es absolutamente imprescindible dar un giro a las políticas de empleo del sector y fijar los mecanismos excepcionales que resulten útiles para no profundizar más en la marginación y exclusión social de las personas con diferentes capacidades. Si condenamos a estas personas a depender de medidas asistenciales cada vez menos consistentes, como sociedad estaremos optando por una calidad de vida ínfima e injustificable para este sector de población que es muy vulnerable.
La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa tiene la palabra doña Lourdes Ciuró.
La señora CIURÓ I BULDÓ: En relación con la propuesta que nos presentan, en Convergència i Unió podemos convenir, y de hecho lo hacemos, en que la Lismi, si bien fue una ley que hace treinta años supuso un después a las políticas de integración de las personas que tenían una minusvalía -en aquel momento así se llamaba-, hoy discapacidad, una ley importante puesto que permitió un desarrollo, una inclusión y unos avances muy importantes para estas personas, a nivel de integración laboral de las personas con discapacidad el objetivo no se ha desarrollado tal y como el legislador pretendía y ha habido unos vacíos de cumplimiento que han imposibilitado la plena integración de estas personas, que era lo que perseguía el espíritu del legislador y el espíritu de la ley.
Treinta años después la Lismi se está reformando y hará un avance legislativo importante en esta Cámara. Las circunstancias que rodean la elaboración de esta nueva Lismi son sensiblemente diferentes de las que llevaron a la elaboración y aprobación de la Lismi en su día; básicamente están marcadas por la grave crisis económica. En este sentido, se están afrontando grandes reformas a nivel de todo el Estado para dar salida al país de la crisis, entre ellas la reforma laboral, y desde Convergència i Unió hemos presentado al grupo proponente una enmienda que es una reiteración de la presentada en su día al proyecto de ley de reforma laboral, y que lo que pretende es instar al Gobierno para que en el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral se elabore un proyecto de ley de promoción de la inclusión laboral de personas con discapacidad; es decir, me remito al texto que tienen todas sus señorías. Nos gustaría que esta enmienda se pudiese aceptar, puesto que ello permitiría una debate mucho más amplio y sereno en el marco de un proyecto de ley quizá mucho más extenso y que permitiese la colaboración de todos los grupos, y seguramente avanzar y mejorar el texto de la proposición no de ley. Por tanto, nos gustaría saber cuál es la opinión del grupo proponente a dicha enmienda.
La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, en primer lugar por el Grupo Parlamentario de UPyD tiene la palabra el señor Cantó.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Las medidas que se proponen en esta proposición no de ley están bien y es un poco lo de siempre; lo más importante que yo destacaría, si se me permite, es que es necesaria, tal y como pidió el Cermi en el aniversario de la Lismi, la aprobación de un nuevo modelo de inclusión laboral de los ciudadanos con discapacidad; es la gran demanda del sector para esta legislatura, ya que la Lismi, que es la que regula los aspectos laborales del colectivo, no da más de sí con los treinta años que lleva a sus espaldas y debe, por tanto, modificarse y adaptarse a los nuevos tiempos y necesidades. La legislación nueva tendría que conseguir incrementar la actividad de las personas con discapacidad del 36 % actual al 40 % en 2015, y al 50 % en 2020, según el Cermi. Es necesario apelar también a
las cláusulas sociales para que en las licitaciones se tenga en cuenta si en las empresas hay o no contratación de personas con discapacidad y la posibilidad de premiar a quienes hacen más esfuerzo en ese sentido. Está recogido en la PNL, pero en un octavo punto, y es esencial, además de una gran demanda del colectivo.
Es necesario, en penúltimo lugar, mantener en esta coyuntura actual todos los incentivos a la contratación estable de personas con discapacidad, ya que el acceso a un puesto de trabajo estable es la mejor forma de fomentar la integración social de los discapacitados.
Por último, he de decir que el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, don Juan Manuel Moreno Bonilla, ya anunció que el Gobierno pondría en marcha las medidas que sean necesarias para el cumplimiento de la incorporación laboral de al menos un 2 % de los discapacitados en las empresas con más de 50 trabajadores. Creemos que esto también es fundamental.
La señora PRESIDENTA: Ahora le toca el turno al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña Gracia Fernández Moya.
La señora FERNÁNDEZ MOYA: Señorías, en el informe mundial de 2011 sobre la discapacidad de la Organización Mundial de la Salud se sintetizan las mejores pruebas científicas sobre cómo pueden superarse los obstáculos a los que se enfrentan las personas con discapacidad en varios ámbitos, entre ellos el empleo. Dichas medidas recogen las leyes contra la discriminación, medidas de incentivos fiscales y financiación para adaptaciones razonables, formación interprofesional, formación inter pares, tutorías, intervención temprana, etc.
Las políticas en materia de discapacidad se dirigen a la garantía de la igualdad de oportunidades, a evitar la exclusión social y a fomentar el bienestar básico de un colectivo de personas que representa el 9 % de la población. Recientemente, como ya se ha comentado, se ha celebrado el 30.º aniversario de la aprobación de la Ley de Integración Social de los Minusválidos, que se aprobó en 1982. La Lismi es la primera ley aprobada en España con carácter general y sistemático dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y sus familias, y ha estado vigente, con sucesivas modificaciones de distinto calado, desde su adopción por las Cortes Generales hace treinta años. En un documento hecho público recientemente, el Cermi la ha señalado como la base para todos los avances en materia de derechos e inclusión producidos desde entonces.
Pero todos estamos de acuerdo en que tenemos que seguir mejorando y esta iniciativa que se nos presenta va en esta línea. Por tanto, mostramos nuestro apoyo; no estamos totalmente de acuerdo en el aspecto técnico de algún punto concreto, pero sí en el fondo, ya que plantea avances, revisiones y nuevos proyectos que pueden significar mejoras sustanciales en las contrataciones, en el acceso a plazas específicas, etcétera. Con el apoyo a esta iniciativa queremos ser coherentes, ya que para el Grupo Socialista el bienestar y los derechos de las personas con discapacidad son una prioridad, del mismo modo que lo fueron para el Gobierno socialista durante las dos legislaturas anteriores, en las que se desplegó un enorme esfuerzo con medidas enfocadas hacia estos objetivos. Entre ellas y rápidamente, desde 2004 a 2008 el aumento del empleo de personas con discapacidad en un 10 %, gracias a la mejora de las bonificaciones a la contratación y aprobación de la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad; se aprobó la ley que reconoce la lengua de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, que atiende una reivindicación histórica de un colectivo que supera el millón de personas, y que también les facilita su adaptación a puestos de trabajo y mejora su calidad de vida. En los años 2008 a 2011, a pesar de todas las dificultades, el Gobierno realizó un importante esfuerzo y se siguieron produciendo avances, como la estrategia española sobre discapacidad, la estrategia global de acción para el empleo de personas con discapacidad 2008-2012, la Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras.
En el momento actual es motivo de preocupación el impacto de la crisis en la situación de las personas con discapacidad, que se intensifica de manera dramática como consecuencia de las políticas que está desarrollando el Gobierno. Quiero hacer especial mención, aunque ya se haya dicho en otras intervenciones, a los recortes que supone el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, puesto que es una suma de obstáculos que se les ponen a las personas que pueden acceder a un empleo. Las consecuencias que tendrá para las personas son especialmente significativas en el colectivo de las personas con discapacidad. Este recorte dificultará la integración, tanto en lo que se refiere a la inserción social como en el mercado laboral. Nos preocupa que además su vulnerabilidad sea aún mayor si reúne otros requisitos (más obstáculos), como enfermos crónicos, o que necesiten transporte sanitario programado. Como decía el presidente del Foro Español de Pacientes, el doctor Albert Jovell, está claro que en la situación crítica de las familias esta medida puede añadir vulnerabilidad a la vulnerabilidad. Una referencia a la importancia de hacer todas las revisiones y previsiones de integración laboral de las personas discapacitadas con una visión de género, ya que dentro de la propia discapacidad hay grupos especialmente excluidos que necesitan una acción más positiva y un enfoque más diferenciado, una mirada con gafas color violeta de la igualdad. Es el caso de las mujeres con discapacidad, que suponen el 60 % de las personas con discapacidad. Termino con la frase del profesor Stephen Hawking: "La discapacidad no debería ser un obstáculo para el
éxito". Por supuesto, nuestro grupo no va a poner ningún obstáculo para ello.
La señora PRESIDENTA: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Concepción González Gutiérrez.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Señora De las Heras, créame que nada me hubiera gustado más que poder apoyar sus propuestas y cuantas propuestas pudieran beneficiar a las personas con discapacidad. Lo que usted propone, le aseguro, no beneficia, más bien todo lo contrario; y le voy a explicar.
Empezaré recordándoles que la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad dejó muy claro en su comparecencia -y no solo en sus discursos, sino también en sus obras- el importante compromiso que tienen este Gobierno y el Grupo Popular con las personas que tienen discapacidad. Y el mismo compromiso con la Ley de Dependencia y Discapacidad; su preocupación por estas personas no induce a error, salvo que la malevolencia esté presente, preocupación y compromiso que comparte, como les he dicho, este grupo. No lo duden.
Debo señalar, señorías, que en el elenco de medidas propuestas figuran competencias de distintos ministerios: Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De la redacción de su PNL, me parece entrever, señoría, que está redactada en una legislatura anterior. Le explico: proponen reformas legislativas que ya se han llevado a cabo, por ejemplo, el texto nos habla del proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención Internacional de Personas con Discapacidad -proyecto de ley-, y me sorprende que el Partido Socialista no se haya fijado en que no es un proyecto de ley, sino ya una ley, la Ley 26/2011, de 1 de agosto. No podemos aprobar, señorías, lo que ya está aprobado. Seguro que están todas sus señorías de acuerdo conmigo. Se proponen además medidas que ya están abordadas en esta ley, como son las reservas en las ofertas de empleo público y las que deben ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. Están ya aprobadas. Otras medidas de las que ustedes proponen serían incluso contrarias a la propia legalidad. Su propuesta quiere establecer un salario mínimo de convenio de 1.100 euros para la figura del operario de los centros especiales de empleo. Señorías, estaríamos atentando contra el artículo 82 del Estatuto de los Trabajadores, que exige que, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, el salario mínimo interprofesional se fije según los siguientes criterios: el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento en la participación del trabajo y de la renta nacional y, por último, que se tenga en cuenta la coyuntura económica general. Es este el contexto donde ha de debatirse el establecimiento de un salario mínimo para los operarios de los centros especiales de empleo. No es cuestionable. No se puede cuestionar en esta Comisión ni en este Parlamento no cumplir la legalidad vigente, ¿verdad? Creo que estaremos todos de acuerdo. Ustedes saben muy bien que en todos los convenios va implícito el cumplimiento de la legalidad vigente. En la Lismi también, así lo contempla el artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores.
Me gustaría que sus señorías tuvieran en cuenta que está en trámite, como bien ha dicho otro grupo parlamentario, el proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, y este es el marco más adecuado para abordar medidas relativas a la contratación en general y de las personas con discapacidad en particular. Ya los grupos han presentado enmiendas. En concreto, existe una con un fin bien claro: las políticas activas de empleo de las personas con discapacidad. Comprobarán ustedes que las medidas para favorecer el empleo de las personas con discapacidad constituyen uno de los objetivos prioritarios de este Gobierno y del Grupo Popular. Decir lo contrario sería atreverse a negar la evidencia, que también pudiera ser, que también pudiera ser. Si no es suficiente, les recuerdo que se ha constituido un grupo de trabajo con participación de las comunidades autónomas con el fin de analizar y elaborar un diagnóstico de la experiencia de los centros de empleo. Convendrán ustedes conmigo en la conveniencia de conocer el resultado antes de tomar decisiones que pudieran ser equivocadas.
En cuanto a la cuarta medida, señora De las Heras, que propone su texto, debo decirle, porque seguro que va a ser de su interés y le va a complacer tanto como a mí, que el sistema selectivo del concurso oposición que se utiliza para la fase de oposición del colectivo con discapacidad intelectual tiene temarios adaptados a estas personas, realizados para una lectura fácil y que son conocidos por todos los opositores. Fíjese, señoría, la fase oposición de la última oferta pública de empleo, 54 plazas, ha tenido un resultado altamente satisfactorio; han superado este ejercicio un 87% de los opositores presentados. Se ha realizado esta prueba el pasado 19 de mayo, hace escasamente un mes.
También les quiero hacer partícipes del premio otorgado por la Fundación Conecta al departamento competente dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, precisamente por el proyecto Programa de adaptación de pruebas selectivas de la Administración pública a personas con discapacidad intelectual. Comprenderán, señorías, que son razones suficientes, aunque no las he relatado todas, para no poder apoyar su PNL. Señora De las Heras, no debemos probar a hacer experimentos con lo que ha demostrado que tiene calidad y excelencia. Tampoco podemos apoyar medidas que ya han sido aprobadas u otras que son contrarias a la ley.
En cuanto a los recortes, de los que estamos aburridos de oír hablar al Partido Socialista y que vuelve en esta Comisión a traer a colación porque dice este grupo que
le preocupan, yo creo que no oye el que no escucha o el que no quiere oír. Mire, yo voy a poner un ejemplo muy sencillo que todos vamos a comprender: cuando una persona tiene un cáncer y no se le diagnostica y no se le trata, cuando pasan siete años ese cáncer está expandido por todo el cuerpo y las medidas para poder salvar a esta persona son una cirugía invasiva, una quimioterapia, algo muy lesivo y que a todo el mundo le preocupa y le duele. Señoría, eso es lo que hemos tenido en España: siete años de un cáncer que ahora tenemos que curar entre todos. Le ruego que recapacite...
La señora PRESIDENTA: Señora González Gutiérrez, lleva consumido el doble del tiempo que le corresponde. Se lo hemos permitido porque se estrena usted en esta Comisión, pero le ruego que vaya terminando.
La señora GONZÁLEZ GUTIÉRREZ: Gracias por su benevolencia, sé que me he excedido, pero le agradezco a usted y a todos los grupos su atención.
La señora PRESIDENTA: Una vez finalizado el debate de todas las proposiciones no de ley del orden del día, vamos a proceder a la votación.
Dijimos que sería a partir de las seis y cuarto y son las seis y trece minutos, por lo que vamos a esperar cuatro o cinco minutos para que puedan estar todas sus señorías. (Pausa).
Mientras, les hago partícipes de un nuevo premio que le han dado a esta Comisión. El premio nos lo da la Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia y lo recogeré este sábado en nombre de todas sus señorías. Si algún diputado quisiera asistir a la recogida y celebración, le ruego que me lo haga llegar para confirmar la asistencia.
Vamos a proceder ya a las votaciones.
La señora TARRUELLA TOMÀS: Señora presidenta, una cuestión de orden. En la proposición no de ley 6.ª, querríamos votar separadamente el parágrafo que habla de la negociación colectiva y lo demás conjuntamente.
La señora PRESIDENTA: Entiendo que la señora De las Heras no admite la enmienda de Convergència i Unió, pero sí que se vote por separado un punto. ¿Es así? (Asentimiento). Pues así se hará.
Votación de la proposición no de ley 1.ª, de Unión Progreso y Democracia. No se ha presentado ninguna enmienda y se vota en sus términos.
Proposición no de ley 2.ª, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Existe una transaccional que ya se ha leído por la proponente y que es la que procedemos a votar.
Proposición no de ley 3.ª, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para que las personas con discapacidad no vean mermada la cuantía de su pensión no contributiva de invalidez por convivir con otro beneficiario de este tipo de pensión. ¿Existe una transaccional?
El señor TUDANCA FERNÁNDEZ: Lo hemos intentado pero no hemos llegado a un acuerdo, por lo que pido que se vote en sus propios términos.
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley 3.ª, que se vota en sus propios términos.
Proposición no de ley 4.ª, del Grupo Parlamentario Popular. Hay una transaccional que ha sido leída a la finalización del debate y que es la que se somete a votación.
Ruego a sus señorías un poco de silencio porque si no es imposible seguir las votaciones de una manera normal.
Votación de la proposición no de ley 5.ª, del Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos ya que no existe ninguna enmienda.
Votación de la proposición no de ley 6.ª, de La Izquierda Plural, sobre mejora y cumplimiento de la integración laboral de las personas con discapacidad prevista en la Lismi. Votamos primero los puntos 1, 2 y 3. ¿Es así, señora De las Heras?
La señora DE LAS HERAS LADERA: En realidad solo se va a votar por separado el punto que dice: Establecer un salario mínimo de convenio de 1.100 euros para la figura de operario de los centros especiales de
empleo que dignifique la situación social de las personas con discapacidad disponiendo los medios para ello.
La señora PRESIDENTA: Están todos los grupos parlamentarios enterados de qué es lo que se va a votar? (Asentimiento.)
Procedemos a la votación del punto leído por la proponente de esta PNL.
Sometemos a votación el resto de la proposición no de ley de La Izquierda Plural.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado

References: Real Decreto 
 artículo 18
 Real Decreto 
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 artículo 42
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 artículo 17
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 artículo 14
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 artículo 145
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 artículo 14
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