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Timestamp: 2018-02-25 19:31:22+00:00

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Sentencia A.P. Valladolid 428/2013 de 13 de diciembre. Falta contra las personas. Indemnización. Error en la valoración de la prueba. Pena. Multa. Desestimación - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia A.P. Valladolid 428/2013 de 13 de diciembre
Falta contra las personas: Lesiones. Valoración de la prueba: Examen del alcance del recurso de apelación y de los requisitos necesarios para proceder a una revisión que no concurren en este caso. Pena: No resulta desproporcionada la impuesta. Cuota multa: Examen de la doctrina referida a la fijación del nivel mínimo, resultando adecuada la fijada en sentencia.
SENTENCIA: 00428/2013
Rollo: 0001038 /2013
Órgano procedencia: JDO. INSTRUCCION n.º 1 de VALLADOLID
Procedimiento de origen: JUICIO DE FALTAS 254/2013
En VALLADOLID a trece de Diciembre de dos mil trece.
EL Ilmo. D. Fernando Pizarro García, magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid, ha visto en grado de apelación, sin celebración de vista pública, el presente procedimiento penal de Juicio de Faltas, seguido contra doña Tomasa, siendo partes en esta instancia, como apelante, la referida acusada y, como apelado, el Ministerio Fiscal.
1.- El Juez de Instrucción núm. Uno de Valladolid, con fecha 25 de septiembre de 2013 dictó sentencia en el Juicio de Faltas de que dimana este recurso, resolución en la que se declararon como hechos probados los siguientes:
"Se declara probado que el día 13 de febrero de 2013 en avenida del Mundial 82 de Valladolid Tomasa golpeó a Evangelina, causándole lesión que precisó para curar de asistencia de urgencia, tardando en hacerlo 7 días, 5 de ellos impeditivos."
2. - La expresada sentencia en su parte dispositiva dice así:
" CONDENAR a Tomasa como autor/a responsable de una falta contra las personas ya definida y en virtud de lo que antecede a la pena de multa de 50 días con cuota día de 5 euros estableciendo para el caso de impago de la misma y una vez hecha excusión de sus bienes un día de arresto sustitutorio en Centro Penitenciario por cada dos cuotas dejadas de abonar, a que indemnice al/la denunciante en 455 euros y a SACYL en 100.40 euros, condenándole igualmente al abono de las costas causadas."
3.- Notificada mencionada sentencia, contra la misma se formalizó recurso de apelación por doña Tomasa, que fue admitido en ambos efectos, y practicados los trámites oportunos, fueron elevadas las actuaciones a este Tribunal, donde se registraron, se formó el rollo de Sala y se turnaron de ponencia.
HECHOS PROBADOSSe aceptan, en lo sustancial, los hechos declarados probados en la sentencia de instancia.
Primero.—Como primer motivo del recurso alega la apelante error en la valoración de la prueba, aduciendo al respecto que el juez a quo incurre en tal error al considerar acreditado que agrediera a Evangelina y le causara las lesiones reflejadas en el parte medico.
Antes de dar respuesta a tal alegación, parece oportuno recordar que, si bien es cierto que, como ha reiterado el Tribunal Supremo, el recurso de apelación constituye un mecanismo que posibilita un nuevo examen de la causa y el control por parte del Tribunal ad quem tanto de la determinación de los hechos probados hecha por el juez a quo como la aplicación del derecho objetivo efectuada por el mismo, no lo es menos que no cabe, por el contrario, efectuar igual afirmación en lo que respecta a la revisión en vía de apelación de la apreciación probatoria efectuada en primera instancia, extremo en el que aparece una limitación cuya razón estriba en una más que asentada doctrina jurisprudencial -de reproducción ociosa por ser sobradamente conocida- de la que cabe subrayar dos aspectos:
En primer lugar, que, cuando la cuestión debatida a través de recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juzgador de instancia en uso de las facultades que le confiere nuestro Ordenamiento Jurídico (artículos 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y artículo 117.3 de la Constitución Española) y sobre la base de la actividad desarrollada en el juicio oral, la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se somete conducen a que, por lo general, deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hecha por el Juez a cuya presencia se practicaron, y ello, porque es dicho Juzgador a quo quien goza del privilegio de intervenir en la práctica de la prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente las pruebas (ya sean las de la instrucción, las anticipadas, las preconstituidas, o las del artículo 730 de la Ley Procesal Penal), todo lo cual, sin duda alguna, tiene una trascendencia fundamental en lo que afecta a la prueba testifical (modo de narrar los hechos, expresión, comportamiento, dudas, rectificaciones, vacilaciones, seguridad, coherencia etc.) y a la del examen del acusado, y no tanto respecto de la valoración del contenido de documentos o informes periciales, pues en principio nada obstaría una nueva valoración de los mismos en la segunda instancia.
Y, en segundo término, que, consecuentemente con lo expuesto, cabe concluir que sólo es posible revisar la apreciación probatoria hecha por el Juez de instancia en los siguientes casos: 1.º, cuando con carácter previo al proceso valorativo no exista prueba objetiva de cargo válidamente practicada, en cuyo caso se vulnera el principio de presunción de inocencia; 2.º, cuando, existiendo tal prueba, la apreciación de la misma no dependa sustancialmente de la percepción directa o inmediación que el Juez tuvo con exclusividad, es decir, cuando no dependa de la credibilidad de los testimonios o declaraciones oídos solamente por el Juzgador, y 3.º, cuando un ponderado y detenido examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador de instancia de tal magnitud -razonamiento absurdo, ilógico, irracional o arbitrario-, que haga necesaria, empleando criterios objetivos y no interpretaciones discutibles y subjetivas, una modificación de los hechos declarados probados en la sentencia, labor de rectificación esta última que, además, será más difícil cuanto más dependa la valoración probatoria a examinar de la percepción directa que se tiene en la instancia, pero no imposible cuando las pruebas valoradas se hayan practicado sin observancia de los principios constitucionales o de legalidad ordinaria. Es por ello por lo que sí la prueba ha respetado los principios de constitucionalidad y legalidad ordinaria y su interpretación no llega a conclusiones notoriamente ilógicas o incongruentes por contrarias a las evidencias de su resultado, el Tribunal ad quem no debe alterar las apreciaciones llevadas a cabo por el Juzgador a quo en la valoración de la misma pues una cosa es el derecho a la presunción de inocencia y otra distinta el derecho al acierto del Juez cuando interpreta la norma y valora la prueba.
Partiendo de la recordada doctrina jurisprudencial, el motivo ahora analizado no ha de tener acogida por cuanto quien ahora resuelve en esta alzada estima que la sentencia apelada es consecuencia de una prueba en cuya valoración no se aprecia aquel claro error que, habida cuenta su magnitud y diafanidad, haría necesaria una modificación de la realidad fáctica establecida en dicha resolución, no pudiendo, por ello, acoger la tesis del apelante por cuanto el mismo, sin poner de manifiesto qué pruebas de carácter objetivo demuestran un posible error en la valoración de la prueba, se limita a sustituir la credibilidad que, tras valorarlas con las ventajas que le proporcionó la inmediación, le merecieron al juez de Instancia las manifestaciones de Evangelina y de los testigos Julio y Enma por las que le merecen al propio apelante, sustitución que no resulta posible por cuanto ello implicaría modificar una realidad fáctica (la establecida en la sentencia apelada) sobre la base, no de un manifiesto o claro error en la valoración de la prueba, sino de la interpretación subjetiva que la parte apelante hace de una prueba no practicada ante quien ahora resuelve (de cuyo alcance queda fuera uno de los elementos claves para su interpretación o valoración como es la inmediación), no quedando sino subrayar, [a] que las lesiones que le fueron diagnosticadas a Evangelina son compatibles con la agresión de la que ella dice haber sido objeto por parte de Tomasa; [b] que el lapso de tiempo trascurrido entre el encuentro de Evangelina y Tomasa y el momento en el que ésta recibió asistencia médica no es significativo si se tiene en cuenta que las sufridas por la primera no eran lesiones que precisaran de una asistencia médica urgente; [c] que ninguna prueba o indicio hay en autos que induzca a pensar que las lesiones de Evangelina tuviera alguna de aquellas otras causas que se sugieren en el recurso (una caída, otra pelea o un accidente de tráfico), y [d] que, si bien es cierto que la credibilidad del testigo Julio podría se valorada con cierta reserva a la vista de su relación de amistad con Enma, no lo es menos que no ocurre lo mismo con la de la otra testigo que compareció en el acto de la vista, testigo a la que ninguna razón hay para suponer mendaz y que, en lo esencial, confirmó la versión que de los hechos dieron Tomasa y Julio.
Segundo.—Como segundo motivo del recurso se alega infracción, por aplicación, indebida, del artículo 617.1 del Código Penal, alegación para cuya desestimación es suficiente la remisión a la conclusión obtenida en el fundamento de derecho anterior puesto que, como en el mismo se razona, puede considerarse acreditada la concurrencia en la conducta de la acusada/apelante de los elemento que integran el indicado tipo penal.
Tercero.—Se alega también por la apelante que la sentencia apelada infringe el artículo 638 por cuanto la pena impuesta (multa de cincuenta días) "no parece proporcional ni a la gravedad de los hechos [...] ni a la situación personal" de Tomasa.
Tampoco este motivo ha de tener acogida por cuanto, siendo facultad del juzgador (conforme dispone el citado artículo 638) la determinación o individualización de las penas correspondientes a las faltas, el ejercicio que dicha facultad haga aquel sólo puede ser revisado cuando se haga del mismo un ejercicio inmotivado o arbitrario, supuestos que no se dan en el caso de autos puesto que, por una parte, el juzgador impuso la indicada pena "en atención al modo de producirse los hechos", y, por otra, vista la entidad de las lesiones causadas, habrá de convenirse en que la referida pena no resulta arbitraria o desproporcionada.
Cuarto.—Como último motivo del recurso se alega que la cuota de multa impuesta (cinco euros) no parece proporcional a la situación económica de Tomasa.
Antes de dar respuesta a dicha alegación, parece conveniente recordar que, según ha reiterado el Tribunal Supremo, a fin de evitar que se vacíe de contenido el sistema de penas establecido en el Código Penal convirtiendo la pena en algo meramente simbólico mediante la imposición de penas pecuniarias realmente irrisorias, debe tenerse en cuenta, por una parte, que el reducido nivel mínimo de la cuota de multa establecido en el artículo 50.4 del referido Código debe quedar reservado para casos extremos de indigencia o miseria, y, por otra, que, fuera de esos casos extremos, y habida cuenta la amplitud de los límites cuantitativos previstos en el artículo 50.4 del Código penal (de dos a 400 euros), la imposición de una cuota diaria comprendida en lo que podría considerarse el teórico "tramo mínimo" de esa previsión, por ejemplo en seis euros (como en este caso) resulta procedente a pocos que sean los ingresos del condenado cuando, bien por la cuantía verdaderamente reducida de la cuota (seis euros), bien por los pocos días de sanción (cuarenta y cinco), el total de la multa a satisfacer es verdaderamente nimio, hasta el punto de que su rebaja podría incurrir en la pérdida de toda eficacia preventiva de dicha pena, concluyendo dicho Tribunal que dentro del marco penológico que se establece en el artículo 50.4 del Código punitivo (de dos a 400 euros), la cifra de seis euros, ciertamente próxima al mínimo legal, no puede considerarse jurídicamente improcedente cuando el condenado no sea una persona menesterosa o indigente.
Partiendo de la doctrina jurisprudencial antes recordada, el motivo ahora analizado no ha de tener favorable acogida toda vez que, por una parte, ninguna razón hay para considerar que la acusada se encuentre en estado de indigencia (nada se alega por ella a este respeto), y, por otra, la cuantía total de la multa a satisfacer por la apelante es escasa (250 euros) y, en último extremo, podría Tomasa solicitar abonarla fraccionadamente.
Quinto.—- Procede imponer a la apelante las costas de esta instancia.
Que, desestimando el recurso interpuesto por doña Tomasa contra la sentencia dictada en el Juicio de Faltas seguido ante el juzgado de Instrucción núm. Uno de Valladolid bajo el núm. 254/13, debo confirmar y confirmo dicha resolución, imponiendo al expresado apelante las costas de esta instancia.

References: resolución 
 artículo 117
 artículo 730
 artículo 617
 artículo 638
 artículo 638
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50