Source: http://www.articulacionfeminista.org/a2/index.cfm?aplicacion=app003&cnl=74&opc=23
Timestamp: 2019-05-25 07:49:10+00:00

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BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 8
En febrero de 2011 se dictó sentencia en uno de los procesos penales con mayor cobertura mediática en la historia de Chile. María del Pilar Pérez fue condenada por lesiones graves en contra de la esposa de su hijo, parricidio en contra de su ex marido y su pareja al momento de la muerte, y robo con homicidio en contra del novio de su sobrina. En el proceso se probó la relación entre Mario Ruz y María del Pilar Pérez, el primero como autor material, la segunda como autora intelectual. Este caso suscita varias preguntas en torno a las razones que generaron interés público en el litigio: porque era mujer, porque cometió delitos contra miembros de su familia, o por la forma en la que el Ministerio Público presentó el caso en Tribunales.
No es posible realizar cambios sin justificación en la forma en la que se ofrecen tratamientos médicos
La Corte de Apelaciones de Concepción concedió el recurso de protección que interpuso una mujer con insuficiencia renal crónica de carácter terminal que desde hace diecinueve años recibe tratamiento de hemodiálisis en Concepción, para el cual el Hospital de Cañete la traslada en ambulancia tres veces a la semana. Interpuso el recurso cuando le informaron que no sería más traslada en ambulancia. La Corte consideró que la forma en que el tratamiento se ha llevado a cabo ha sido eficaz para garantizar la vida de la paciente y que considerando que no se argumentaron razones económicas que justificaran el cambio, se trata de una conducta arbitraria.
Corte Suprema concede indemnización por error en diagnóstico médico por falta de servicio inexcusable
El máximo tribunal desestima recurso de casación interpuesto por el Servicio de Salud de Viña del Mar y Quillota, confirmando las sentencias de primer y segundo grado que otorgaban indemnización de perjuicios al marido e hijas de una mujer que murió por causa de un cáncer no diagnosticado. La paciente había concurrido al hospital en consulta por un lunar. El médico tratante, desestimó la existencia de cáncer. Al poco tiempo, a raíz de otra intervención, se le detecta un melanoma, producto del cual muere. Para la Corte, la falta de diligencia del facultativo y su impericia en la forma de realizar los análisis redundaron en una prestación de servicios de salud ineficiente que no permitieron materializar los objetivos de la institución.
Ordena indemnizar daño moral por muerte de trabajador ocurrida en su lugar de trabajo
Hijas e hijo demandan indemnización de perjuicios por accidente laboral de su padre que le ocasiona la muerte por traumatismo craneoencefálico. El hombre trabajaba como auxiliar de bodega cuando se desprendió un portón metálico de gran altura, cayendo sobre él. La Corte Suprema confirma la sentencia de alzada estableciendo la responsabilidad de la empresa, que en sus dichos actuó negligentemente al no adoptar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud del trabajador fallecido y al ser la muerte del trabajador previsible y evitable de haberlas observado.
Indemnización por falta de aviso previo procede en caso de despido indirecto o terminación de la relación laboral por el trabajador
Mujer que hace efectivo el auto despido, es decir resuelve terminar la relación laboral, por incumplimiento de su empleador de las condiciones pactadas en su contrato, demanda el pago de la indemnización por falta de aviso previo. Concedida la demanda en primera y segunda instancia, el empleador interpone recurso de casación, argumentando que las normas que regulan dicha prestación sólo son aplicables en caso de despido por parte del empleador. La Corte Suprema confirma la sentencia casada, señalando que aunque haya sido la trabajadora quien terminó la relación laboral, ella debe ser indemnizada.
Carga de la prueba de quien alega discriminación por orientación sexual
La Corte Suprema de Perú confirma una sentencia que rechazó una demanda presentada por una persona homosexual que fue discriminada en un supermercado. Se reitera que en casos de discriminación como éste, la prueba de la conducta discriminatoria la tiene quien alega haber sido objeto de un trato diferenciado. Agrega que el trato diferenciado y la segmentación del mercado es una conducta lícita siempre que se justifique en una razón objetiva. Agrega que la "solicitud para que (la pareja) modificara su conducta", no constituye trato discriminatorio pues les permitieron permanecer en las instalaciones del local.
Homicidio en estado de emoción violenta al considerar las amenazas y violencia sufrida y la respuesta ineficaz del Estado
En Argentina, la Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la Provincia de Neuquén reformuló la calificación de un delito de homicidio a homicidio en estado de emoción violenta, ordenando la liberación de la imputada, con fundamento en la violencia física y psicológica que sufría la imputada. La mujer imputada ante el miedo de que su pareja concretara la amenaza de muerte que le había proferido, quemó la casilla en la que éste vivía, causándole la muerte. La Cámara de Apelaciones encontró que había dos expedientes de denuncias por violencia que ella había presentado que habían sido archivados injustificadamente dado que la violencia persistía. Agregó que la imputada temía que su pareja cumpliera la amenaza de muerte, lo que explica su actuación y demanda recalificar la conducta.
Cuenta Pública del Presidente de la Corte Suprema
El 1 de marzo de 2011, Milton Juica Arancibia, el Presidente de la Corte Suprema dio inicio al año judicial 2011 presentando la cuenta pública. A diferencia de otros años, esta vez la cuenta pública suscitó discusión y puso temas de discusión en la agenda pública. Por lo anterior, estimamos relevantes presentar aquellos que se relacionan directamente con la protección y garantía de los derechos de las mujeres, y que se vinculan con el trabajo de Corporación Humanas.
El Presidente de la Corte Suprema presentó los elementos de una discusión que data del año 2003, enfatizando que no se trata solamente de autonomía económica, sino también orgánico institucional. La autonomía es un elemento central para garantizar la independencia del poder judicial y para ello resulta clave la autonomía operativa que permitiría al propio Poder Judicial modificar su estructura para responder a los volúmenes de trabajo y la población residente en lugares específicos del territorio nacional. Actualmente cualquier modificación debe hacerse mediante ley, el Poder Judicial reclama la potestad de hacerlo por sí mismo.
Entrega de Títulos de Abogados
El Presidente Milton Juica reconoció el creciente aumento del número de hombres y mujeres que se titulan como Abogados, sin indicar si efectivamente la sociedad chilena demanda ese número de profesionales. No obstante indicó que existen grandes diferencias relativas al nivel de exigencia para conceder el título. Las facultades que tiene la Corte Suprema a este respecto son muy limitadas, por lo que indicó que si esto no cambia, sería deseable desvincular a la Corte Suprema de la responsabilidad de otorgar los títulos, ya que en la práctica su rol es esencialmente formal. Concluyó indicando que quienes están llamadas a asegurar el control de la calidad de sus egresados son las universidades mismas.
El Presidente de la Corte Suprema también mencionó un proyecto legislativo para la creación de tribunales especiales de control ético para los abogados. Actualmente, las personas afectadas por conductas anti-éticas deben acudir ante los tribunales ordinarios. En otras palabras, deben buscar representación legal para denunciar que fueron víctimas de faltas a la ética profesional por parte de un abogado. Se hizo un llamado a establecer un procedimiento sumario, que se inicie por petición de parte o de oficio, que no requiera de representación de un abogado, y que permita que una persona pueda denunciar una falta ética, y que se impongan las sanciones que correspondan.
Recientemente, se han creado en Chile tribunales especiales para la Defensa de la Libre Competencia, la Contratación Pública, Tribunales Tributarios, Tribunales Aduaneros, Tribunales de Propiedad Industrial y Tribunales Ambientales, todos ellos con competencias específicas, estructura y organización administrativa. Paradójicamente, estos tribunales gozan de la autonomía financiera que se niega al Poder Judicial, comenta el Presidente de la Corte Suprema.
Adicionalmente, se crearon sistemas de solución de conflictos que se denominan Panel de Expertos que resuelven asuntos jurisdiccionales, pese a estar fuera de la órbita jurisdiccional. Su creación se justifica por la especificidad y complejidad de los conflictos que dirimen. El Presidente Juica expresó su rechazo al surgimiento de estas alternativas que desconocen que los tribunales son quienes deben resolver los conflictos y que en caso de temas específicos, varios medios de prueba, entre ellos los peritos, pueden ilustrar al tribunal sobre temas particulares.
Puntualiza el Presidente de la Corte Suprema agregando que actualmente la Academia Judicial, la judicialización de las controversias contencioso administrativas, y la reforma procesal civil son elementos que refuerzan la idea que “no hay ninguna materia que les pueda resultar ajena a los magistrados de la jurisdicción ordinaria”. En lugar de crear y poner en funcionamiento tribunales especiales, insiste en que el Poder Judicial con su cobertura nacional debiera asumir la competencia de estas materias.
Agregó que la Corte Suprema está de acuerdo con modificar la competencia de los Tribunales Militares en tiempo de paz, incluso con su eliminación.
El Presidente de la Corte Suprema se refirió a la modificación del recurso de queja en el año 1995, limitándolo a casos extraordinarios, en los que no era posible interponer otros recursos. No obstante, se critica un recurso sancionatorio que atenta contra la independencia judicial. Cuando se acoge el recurso de queja, se deben imponer medidas disciplinarias contra los jueces que adoptaron la decisión revocada. Las reformas procesales han omitido considerar su existencia, y actualmente el recurso de queja persiste como única opción de recurrir muchas resoluciones judiciales, por lo que el número de recursos de queja presentados ha aumentado.
El Presidente de la Corte Suprema destacó que el recurso de queja puede afectar procedimientos orales, y que la aplicación de este recurso a dichas reformas omitió considerarse. Adicionalmente estimó que “crea una incertidumbre respecto del trabajo realizado por los jueces, quienes teniendo independencia para decidir los conflictos basados en las convicciones que adquieren de los hechos y de la aplicación del derecho, pueden, sin embargo, ser censurados disciplinariamente por instancias superiores que tienen a veces criterios interpretativos distintos de quienes son sus subordinados.”
La calidad moral y la independencia judicial son el sustento de la legitimidad de la función judicial. Por ello, estima el Presidente Juica que “el recurso de queja, tal como existe en Chile, no es compatible con el ejercicio de la jurisdicción”, por lo que debe eliminarse antes de la reforma procesal civil.
La necesidad de revisar el sistema de calificaciones fue otro tema presentado por el Presidente de la Corte Suprema, quien considera que debe revisarse ya que resulta engorroso, y se crítica por su carácter altamente subjetivo.
Causas por violaciones de derechos humanos
Entendidas como las violaciones que ocurrieron durante la dictadura, el Presidente Juica reiteró la decisión de apoyar la investigación de los procesos abiertos y el juzgamiento de los responsables. Indicó que “la jurisdicción tiene el deber esencial de dar las respuestas que en ese tiempo no se dieron y por ello existe esta preocupación que insensiblemente algunos todavía no entienden.”
También mencionó que como jueces entienden la importancia de la función judicial como protección judicial contra las violaciones de derechos humanos. En este sentido, destacó esfuerzos recientes como un seminario sobre el rol del poder judicial en materia de igualdad y no discriminación. Agregó puntualizando en la difícil situación en la que se encuentran los pueblos indígenas en Chile y recordó las Reglas de Brasilia acordadas durante la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana de Poderes Judiciales en 2008, donde se mencionó las condiciones de vulnerabilidad en las que pueden encontrarse las comunidades indígenas y se recomendó la promoción de condiciones que les permitan ejercer sus derechos sin discriminación.
Ver la Cuenta Pública en:
http://www.poderjudicial.cl/modulos/Prensa_Com/CuentaPublica/PRE_cuenta_publica_2011.php?opc_menu=0&opc_item=1
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin No. 8 - 15/03/2011
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 7
La utilidad del recurso de protección
Una subteniente piloto de helicópteros de la Fuerza Aérea, destinada a la Misión de Paz en Haití, fue enviada a retiro como sanción por haber desobedecido la orden de “no compartir con los suboficiales”. El recurso de protección se rechaza por considerar que el acto es legal y que no es discriminatorio, dice expresamente la Corte de Apelaciones “tampoco divisa en ella un proceder caprichoso, contrario a la justicia, antojadizo o discriminatorio”, agrega por último que no hay prueba de la discriminación, excepto los dichos de la víctima. Este caso evidencia la necesidad de que los tribunales profundicen en el alcance y aplicación del concepto de discriminación y refleja la insuficiencia del recurso de protección, a propósito de la discusión sobre la necesidad de un recurso judicial especial en el proyecto de ley sobre no discriminación.
La inconstitucionalidad de las tablas de factores por riesgo y edad continúa discutiéndose ante el Tribunal Constitucional
Este es uno de los varios recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad resueltos por el Tribunal Constitucional, luego del fallo relativo a la constitucionalidad de las normas relativas a las tablas de ajuste de precio por edad sexo de los planes de salud de las ISAPRE. El fallo pone de presente que el efecto del fallo del TC sobre la constitucionalidad de dichas normas, que solamente se aplica a los contratos celebrados con posterioridad al fallo, deja en total desprotección a quienes tenían contratos con las ISAPRE. Esas personas deben acudir a los tribunales para interponer recursos de inaplicabilidad individuales que permitan que no se les aplique el ajuste de precio por edad y sexo a su plan de salud. Esta situación pone de presente la importancia de la discusión en torno a los efectos de los fallos de constitucionalidad y cuestiona el sentido de una decisión de inconstitucionalidad que permite que continúen vigente relaciones contractuales a partir de normas que fueron sacadas del ordenamiento jurídico por ser contrarias a la Constitución.
La posibilidad de sanción a escolares por ejercer la libertad de expresión en los medios sociales
La Corte Suprema acoge un recurso de protección de una sancionada por comunicarse en facebook con sus compañeros de curso empleando términos ofensivos contra profesoras del establecimiento de educación. Dado que la conducta es reincidente, la expulsan del colegio, ignorando el procedimiento y sanciones previstos en el reglamento. Aunque la Corte Suprema acoge el recurso, omite toda consideración relativa a la posibilidad de sanción por conductas desarrolladas fuera del establecimiento de educación, y sobre los límites al ejercicio de la libertad de expresión.
Corte Suprema niega fuero maternal a jueza embarazada
La Corte Suprema negó el reconocimiento al fuero a una jueza que fue desvinculada del poder judicial, como resultado de un proceso de calificación. La protección de la maternidad plasmada en instrumentos internacionales vinculantes para Chile fue desconocida privilegiando la aplicación de estatutos administrativos que ordenan la desvinculación inmediatamente, omitiendo el requisito de autorización judicial en caso de embarazo como una forma de protección.
¿Qué es el interés superior del menor en un caso de cuidado personal?
La Corte Suprema rechaza el recurso de casación presentado por una madre, que solicita se le otorgue el cuidado personal de su hijo, al cual había renunciado al momento de la separación. La madre busca que se aplique la regla del artículo 225 y por ello cuestiona que se le haya negado. La Corte Suprema determina que el interés superior del menor se satisface al dejarlo con su padre, ya que con éste se protege su derecho a desarrollarse en un hogar que le ofrezca seguridad y protección, que es donde ha crecido desde la separación de sus padres. Este fallo plantea que una vez la madre renuncia a la aplicación de la regla del artículo 225 y sus hijos viven con el padre, se privilegia la consideración de la estabilidad y protección en la que se encuentran, sobre otros elementos. En este caso, la Suprema define que el derecho a desarrollarse en un hogar con seguridad y protección es el interés superior del menor.
La Corte Suprema reconoce protección legal que ampara a las Trabajadoras de Casa Particular
En sentencia que resguarda la no discriminación en el empleo, el máximo Tribunal de la República declara la existencia del contrato de trabajo de una mujer que realizaba labores domésticas. La trabajadora había sido despedida intempestivamente y sin expresión de causa por la hija de su empleadora. La Corte rechaza el recurso presentado por la empleadora señalando que el despido es inexistente, declarando vigente el contrato. Con este fallo, la Suprema afirma la igual protección a todos los trabajadores en cuanto a la estabilidad en el empleo y la aplicación irrestrictas de las normas contractuales laborales.
Condena por delitos sexuales durante la represión en Argentina
En un proceso penal iniciado por denuncias de víctimas de violaciones a los derechos humanos, en una unidad militar que sirvió de centro de detención clandestino en 1976, se condena por delitos sexuales, concretamente abuso y violación. La sentencia hace hincapié en la invisibilización de los hechos, vinculándolos con la Recomendación del Comité de la CEDAW al Estado Argentino.
La acción de cumplimiento: un instrumento jurídico para reclamar el derecho a la participación política
Este fallo del Tribunal Constitucional peruano rechaza una demanda de cumplimiento presentada por una mujer que solicita la inscriban en el padrón de su comunidad campesina, a lo cual se niegan las autoridades comunales. El fundamento de la Corte es que las autoridades comunales no son funcionario o autoridad pública. La decisión deja a la mujer sin un recurso judicial para exigir la inscripción, lo cual a la vez repercute sobre su derecho a la participación política, en su condición de comunera calificada. El otro aspecto interesante de este fallo, es que ilustra el funcionamiento de un recurso constitucional que permite que los ciudadanos y ciudadanas acudan a los tribunales para exigir el cumplimiento de las normas.
La nueva Ley sobre Femicidio
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belén do Pará) utilizó el concepto de violencia de género para referirse a aquella violencia que afecta a las mujeres por el sólo hecho de ser tales. Aún cuando Chile ratificó esta Convención en noviembre de 1998, sólo ha generado ordenamiento jurídico interno para aquella violencia contra las mujeres que entra en el ámbito de la violencia intrafamiliar (Ley Nº 20.066), manteniéndose una deuda respecto del estándar internacional.
La entrada en vigencia de la nueva Ley de Femicidio, aún cuando no salda esta deuda, constituye un avance, ya que contribuye al reconocimiento de la violencia de género.
La Ley N° 20.480, que surge tras tres años de tramitación por el Congreso Nacional, tipifica el femicidio como aquel crimen cometido por actuales o ex cónyuges o convivientes cuando la víctima es una mujer. Además, introduce modificaciones al código penal, a la ley de violencia intrafamiliar y a la de tribunales de familia, provocando otros progresos referidos a: considerar la oposición expresada por la víctima en caso de violación; el margen conferido al/la juez/a para decidir investigar cuando el abuso sexual proviene del cónyuge; la posibilidad de acción legal cuando la mujer ha sido desfalcada por su marido; la inclusión de la oposición del ofensor a poner término a la relación amorosa como factor de riesgo; la obligación del condenado a presentarse regularmente ante la unidad policial como mecanismo de control; la consideración de anotaciones por VIF y no sólo condenas para calificar la irreprochable conducta anterior del ofensor; la ampliación del periodo de las medidas de protección de uno a dos años; y la obligación de los Tribunales de Familia de dictar medidas cautelares cuando constata la habitualidad de la violencia, lo que en la actualidad es facultad del Ministerio Público. No obstante estos avances, surgen dudas acerca de sus posibilidades de implementación y efectividad, ya que una vez más, se legisla sin otorgar recursos adicionales.
Vasto es el historial de lesiones graves, gravísimas e incluso femicidios que se han perpetrado a pesar de existir medidas de protección y cautelares otorgadas. Así también son muchos los casos de violencia intrafamiliar tramitados ante los Tribunales de Familia que se resuelven por la vía de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia, aún cuando la propia ley define que este es un recurso excepcional. Igualmente alta es la proporción de los casos de maltrato habitual remitidos al Ministerio Público que son desestimados, lo que implica que el procedimiento se considera concluido.
Los problemas reseñados dan cuenta de que ni la justicia ni la reparación están disponibles aún para las 250 mujeres que denuncian diariamente la violencia intrafamiliar, como tampoco para las que son víctimas de violencia en otros ámbitos. A pesar de la nueva ley, Chile se encuentra aún muy lejos de responder integralmente a su obligación de erradicar la violencia contra las mujeres.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin 7 - 01/03/2011
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 6
“Arrebato y Obcecación” una atenuante en casos de violencia intrafamiliar
La actitud del Estado en materia de violencia intrafamiliar debiera ser consistente. Es insuficiente con aumentar penas por conductas, cuando de manera simultánea se aplican atenuantes por ello. El siguiente caso, ilustra la necesidad de avanzar en interpretaciones judiciales que condenen y sancionen la violencia. El Código Penal establece como atenuante “obrar por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato y obcecación” (artículo 11 numeral 5). Su aplicación en casos de violencia intrafamiliar es cuestionable porque legitima las reacciones violentas como resultado del arrebato y la obcecación. Atenuar la pena por este motivo en casos de delitos en contextos de violencia intrafamiliar no es sino, legitimar la violencia, como lo ilustra esta sentencia. Razonamientos como el siguiente ilustran la problemática: el tribunal aplica la atenuante ya que en su testimonio la víctima dijo haberle dicho a su pareja que había tenidos relaciones sexuales con su amante: “siendo esta confesión de la ofendida, tan cruel, que más que decir la verdad, con lo que se justificó, fue una verdadera agresión al acusado, en lo más íntimo de su ser, como varón y como pareja, lo que provocó de inmediato su reacción con las consecuencias referidas”.
Diferencias en el tratamiento penal a delitos de violación y robo con violación. Fallo 1
Este es un caso de violador y abusador sexual en serie, acusado por varios delitos y condenado por algunos de ellos. La comparación de fallos contra personas que habían cometido varios ilícitos de similar naturaleza resulta útil para considerar las dificultades probatorias de los delitos sexuales. Este fallo debe leerse en conjunto con el siguiente.
Diferencias en el tratamiento penal a delitos de violación y robo con violación. Fallo 2
Esta sentencia se refiere a la comisión de 27 delitos contra mujeres, la mayoría de de ellos son robos con violación. Este fallo debe leerse en conjunto con el que anterior que se reseña para comparar la tipificación y punibilidad del robo con violación en relación, al abuso sexual y la violación. La comparación de fallos contra personas que habían cometido varios ilícitos de similar naturaleza resulta útil para considerar las dificultades probatorias de los delitos sexuales. La comparación de fallos contra personas que habían cometido varios ilícitos de similar naturaleza resulta útil para considerar las dificultades probatorias de los delitos sexuales.
Violencia Trasnacional. El Estado Chileno protege a toda mujer que resida en su territorio.
Mujer peruana, residente en Chile, víctima de violencia por parte de su conviviente, solicita al tribunal de familia la autorización para salir del país junto a su pequeña hija de dos años. La autorización es concedida por la jueza, quien basándose en los antecedentes sobre denuncias previas y condenas existentes en materia penal, estima que ambas estarán mejor lejos del agresor y con la familia de origen de la denunciante.
Una mujer menor de edad es raptada por su cuñado, quien la mantiene secuestrada durante 6 años entre Bolivia y Argentina. Durante este tiempo, ella es sometida a tratamiento como esclava sexual, siendo múltiples veces violada por su agresor, quedando embarazada dos veces. Actualmente vive con sus dos hijos. Este caso plantea las dificultades probatorias en casos de víctimas de violencia que sufrieron stress postraumático, ilustra también las dificultades de la persecución penal de delitos cometidos en zonas de frontera y pone el énfasis en las consecuencias de la falta de debida diligencia.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin 6 - 15/11/2010
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 4
Elementos para la Suspensión Condicional del la Sentencia en Proceso de Violencia Intrafamiliar
El fallo da cuenta de la aplicación estricta de la institución de la suspensión condicional de la sentencia, para la cual la ley exige que el Tribunal constate que el agresor reconoce haber cometido violencia. Este proceso exige la participación activa de un/a Consejero Técnico especializado, cuya opinión sirve de fundamento a la actuación judicial.
Los cambios de los planes de salud de las Isapres: un nuevo tema litigioso
Cada vez más chilenas y por más razones recurren a la justicia para resolver los conflictos con sus Isapres, solicitando la protección de su derecho a la propiedad, con relación a los términos y condiciones de sus contratos de seguro de salud. No se argumenta violación al derecho a la salud, en razón de su formulación en la Constitución Política Art. 19, num. 9º.
La profesional dio a conocer en un medio de comunicación escrito la “funa” que un grupo de personas realizaron a un funcionario público al que en un lugar del centro de Santiago, sindicaron como el asesino del canta autor Víctor Jara. La Corte reconociendo el derecho a la honra del querellante, estableció la primacía del derecho a la información de la periodista negando la posibilidad de existencia de los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de medio de comunicación social.
Corte de Apelaciones de Temuco califica de irracional y arbitraria actuación de policía frente a niña indígena de 10 años
Se observan avances en materia del reconocimiento del derecho a la no discriminación en el empleo en Argentina. El poder judicial está dispuesto a utilizar sus atribuciones constitucionales para modificar patrones socioculturales y eliminar prejuicios y discriminación en el acceso al empleo.
Acceso carnal con persona incapaz de resistir
La Corte Suprema de Colombia reitera su jurisprudencia en materia del acceso carnal con persona incapaz de resistir, reconociendo que es posible estar en dicha condición producto del consumo de alcohol, la falta de sueño y el desarrollo de actividad física.
Cuentas Públicas en la Justicia Penal
El 15 de abril, el Fiscal Nacional Sabas Chauán Sarrás, presentó la cuenta pública del Ministerio Público, como se lo ordena Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público]. Paula Vial Reynal, la Defensora Nacional, presentó la cuenta pública de la Defensoría Penal Pública el 28 de mayo]. Estos ejercicios de transparencia y control político y ciudadano permiten conocer, no sólo, la gestión realizada a partir de información cuantitativa, sino también delinear los proyectos y preocupaciones centrales de dos organismos que juegan un papel fundamental en la administración de justicia penal, y que por lo tanto tienen un impacto significativo en los derechos humanos de las mujeres, ya sea como autoras o víctimas de delitos.
Las cuentas públicas dan cuenta de la gestión realizada, relevando la perspectiva y preocupaciones de las instituciones. Este sucinto análisis de las cuentas públicas de la Fiscalía y la Defensoría se hace a partir de una perspectiva de género. Qué es y cómo se manifiesta la persecución penal y la defensa penal considerando las diferencias de género? Considera o se preguntan la Fiscalía y la Defensoría por la presencia de mujeres fiscalas y defensores, en qué niveles se desempeñan? Qué dificultades se consideran o preocupan a la institución con respecto a las mujeres?
Aspectos directamente vinculados con género y derecho penal, son aquellos que se refieren a delitos cuyas víctimas o autoras son mayoritariamente mujeres, aunque no se expresa en ningún momento en la cuenta pública. Las cifras presentadas no están desagregadas por sexo, desconociendo las diferencias de género en materia de autores y víctimas del delito. Menos aún se consideran las diferencias de género en la persecución penal. Esta situación obliga a concentrarse en aquellos aspectos mencionados en la cuenta pública referidos a delitos en los que las víctimas son mayoritariamente mujeres, hecho que se omite de la presentación, estos son los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.
Con respecto a la violencia intrafamiliar, se omiten considerar diferencias relevantes en cuanto a si ésta se comete como delito autónomo (parricidio, lesiones, etc.) o si se trata del delito de maltrato habitual que tiene que ser calificado en la jurisdicción de familia para que ingrese al sistema penal. Esta diferenciación es fundamental en la discusión en torno a la respuesta estatal a la violencia intrafamiliar.
Dentro de la eficiencia en la persecución penal se mencionan los proyectos internacionales, destacando el Proyecto contra la Trata de Personas entre el Ministerio Público, la Agencia de Cooperación Alemana GTZ y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional AGCI, que se encuentra en curso. Estos avances dan cuenta de las dificultades de una adecuada persecución penal de delitos que se cometen en dos Estados. La protección a las víctimas de trata es un elemento central, por lo que este desarrollo se considera como un elemento positivo en materia de género, dado que las mujeres y las niñas son la mayoría de las víctimas de este delito.
Otro aspecto destacado que contiene elementos de género, aunque tampoco se especifica, son la sistematización y actualización de las normas internas del Ministerio Público para unificar los criterios de actuación en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas; y los relativos a los delitos en contexto de violencia intrafamiliar. El esfuerzo por consolidar y unificar los criterios del Ministerio Público es una iniciativa positiva, que debieran resultar en garantías de no discriminación para las víctimas y los imputados.
Con respecto al fortalecimiento de la coordinación interinstitucional se mencionan los acuerdos operativos conSERNAM, SENAME y los Centros de Salud Comunales, en materia de violencia intrafamiliar.
En materia de mejoramiento de la gestión administrativa se omite todo análisis de género con respecto a la presencia de mujeres en las Fiscalía, en los diversos niveles de la organización. También se omite considerar un análisis de género relativo a las imputadas y a las víctimas.
Estas omisiones reflejan la ausencia de consideraciones de género en la gestión administrativa del Ministerio Público. La misma omisión se observa con respecto a las víctimas y testigos, tanto en atención como en protección. Se mencionael PROGRAMA OPA, (Orientación, Protección y Apoyo), dirigido a buscar su cooperación para ejercer la acción penal pública y alcanzar buenos resultados procesales, a partir de una relación más cercana. También aquí se constata la omisión en materia de consideraciones de género.
Por último, en su cuenta pública, el Ministerio Público enumera propuestas de modificaciones legales que tienen incidencia en temas de género. La primera se refiere a los delitos sexuales, concretamente a la modificación delDecreto Ley N° 409 y el Decreto Supremo N° 64 en relación con la aplicación efectiva de las penas accesorias en materia de delitos sexuales, para excluir a los condenados por estos delitos sexuales, del beneficio de solicitar el indulto de las penas accesorias y eliminar sus antecedentes penales, o en su defecto, a los reincidentes. La segunda se refiere al establecimiento de un sistema de suplencia para fiscales que deban ausentarse de sus labores (especialmente por pre y post natal y licencias por más de 30 días), para evitar el atraso de la tramitación de los casos a su cargo.
http://www.fiscaliadechile.cl/cuentaspublicasministerio/2010/index.html
La Defensoría Penal Pública
En el 2009, la Defensoría mantuvo el eje de su gestión en la calidad en la prestación del servicio de defensa penal. En principio en todos los aspectos presentados y destacados como actividades realizadas no se destaca alguno que claramente tenga incidencia en materia de género. No obstante, al analizar la memoria anual y ver la información presentada se observa la inclusión de una perspectiva de género de manera transversal en el trabajo que realiza la Defensoría. Las cifras se desagregan por sexo, por ejemplo. Asimismo, al analizar el aumento del número de ingresos por lesiones, se considera el impacto de la ley de violencia intrafamiliar.
Expresamente se indica que uno de los objetivos de gestión en el 2009 fue la inclusión de una “perspectiva de género en la formación y capacitación de sus abogados/as, funcionarios/as y auxiliares sobre los derechos de las mujeres, así como ampliar y mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de justicia, ya que la realidad muestra que han sido especialmente vulnerables en el resguardo de sus derechos como usuarias del sistema penal, encontrándose en situación de mayor invisibilidad cuando están en conflicto con la ley.” Concretamente, se elaboraron materiales de promoción de derechos de las mujeres usuarias del servicio de defensa penal; se ofreció un módulo de capacitación en defensa penal con enfoque de género. Asimismo, se mejoró el Sistema Informático de Gestión de Defensa Penal, para incluir información sobre violencia intrafamiliar; se diseñaron indicadores de inspección con enfoque de género y se realizaron estudios en materia de legítima defensa en el contexto de violencia intrafamiliar y otro sobre abortos e infanticidios en la reforma procesal penal[1].
En la presentación de la cuenta pública, la Defensora Nacional consideró la composición de su equipo de trabajo diferenciado por sexo, reconociendo como un problema la ausencia de Defensoras Regionales mujeres.
http://www.dpp.cl/Documentos/cuenta_publica/20100528.06050444MEMORIA_2009.PDF
Sin desconocer las funciones diferenciadas de la Fiscalía y la Defensoría, es importante destacar los avances y resultados concretos de la inclusión de una perspectiva de género de manera transversal dentro de un organismo público que hace parte del aparato estatal en materia de justicia, lo cual tiene un impacto directo sobre sus usuarios y usuarias. La protección de los derechos humanos de las mujeres es más efectiva y completa en la medida en que se incorpora un enfoque de género en la gestión pública y en el derecho penal.
La revisión de las dos cuentas públicas de manera conjunta destaca las diferencias significativas en materia de género, las cuales se reflejan en el trabajo que realizan y cómo lo realizan. Una forma empírica y casuística de confirmarlo es en los fallos penales del Observatorio de Sentencias.
[1] Ley 16.940. Artículo 21.- El Fiscal Nacional rendirá cuenta de las actividades del Ministerio Público en el mes de abril de cada año, en audiencia pública.
En la cuenta se referirá a los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el período, incluyendo las estadísticas básicas que las reflejaren, el uso de los recursos otorgados, las dificultades que se hubieren presentado y, cuando lo estime conveniente, sugerirá las políticas públicas y modificaciones legales que estime necesarias para el mejoramiento del sistema penal, para una efectiva persecución de los delitos, la protección de las víctimas y de los testigos, y el adecuado resguardo de los derechos de las personas.
Asimismo, dará a conocer los criterios de actuación del Ministerio Público que se aplicarán durante el período siguiente.
[2] Ley 19.718. Artículo 7°.- Corresponderá al Defensor Nacional:
k) Llevar las estadísticas del Servicio y elaborar una memoria que dé cuenta de su gestión anual. Para este efecto, publicará a lo menos un informe semestral con los datos más relevantes e incluirá en la memoria información estadística desagregada de los servicios prestados por el sistema en el ámbito regional y nacional. Estos antecedentes serán siempre públicos y se encontrarán a disposición de cualquier interesado, sin perjuicio de lo cual una copia de la memoria deberá ser enviada al Presidente de la Cámara de Diputados, al Presidente del Senado, al Presidente de la Corte Suprema, al Ministro de Justicia y al Ministro de Hacienda.
[3] La edición número seis de la colección “Estudios y Capacitación” contiene el estudio “Evaluación de las concepciones de género de los/as defensores/as penales públicos.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin No. 4 - 08/07/2010
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 3
Tutela laboral protege a mujer musulmana discriminada
Esta es una decisión emblemática que refleja los alcances y potencialidades de la reforma a la justicia laboral, en particular en materia de procedimientos de tutela. Se trata de un precedente significativo en materia de discriminación por motivos religiosos contra una mujer musulmana. La decisión fue apelada por la demandada.
Universalismo vs. relativismo cultural en la justicia penal: indígena aymara procesada por la muerte de su hijo
Este caso pone a prueba la capacidad del sistema de administración de justicia para juzgar a una mujer aymara acusada de abandono de niño en lugar solitario seguido de muerte, obstrucción de la justicia e incesto. Se refleja en la sentencia la discusión entre universalismo y relativismo cultural aplicada al concepto de madre, a su deber de cuidado y a lo que significa abandonar. Refleja la aplicación del Convenio 169 de la OIT en la justicia penal.
La Corte Suprema rechaza invitación a participar en la mesa de trabajo creada para estudiar cómo se dará cumplimiento a recomendaciones de la CIDH en el caso Atala
La decisión del Pleno de la Corte Suprema de marginarse de participar en la mesa de trabajo es ilustrativa del rol que entiende que cumple. Se observa que la Corte Suprema no entiende que es responsable por el fallo emitido y que tiene un rol que cumplir además de administrar justicia en casos individuales.
El derecho a la reparación de las viudas de los desaparecidos durante la dictadura no prescribe
Se revocan los fallos anteriores, estableciendo la imprescriptibiidad de la acción de la cónyuge de una persona desaparecida durante la dictadura, para ser reparada. La Corte Suprema determina que no es aplicables la regla sobre prescripción de la acción contractual o extra contractual del artículo 2497 del Código Civil. Cita instrumentos internacional vinculantes para Chile y fallos del sistema interamericano como fundamento de la decisión.
Tercera Sala de la Corte Suprema declara arbitrarias las alzas unilaterales de precios en planes de salud
En jurisprudencia uniforme, la citada sala del máximo Tribunal, declara improcedente el mayor cobro realizado por las Instituciones de Salud Previsional, proyectando mayores gastos para sus afiliadas. Para la Corte el contrato de salud previsional reviste características de orden público y sus prestaciones son de jerarquía constitucional.
Una vez que se ha legislado permitiendo el matrimonio entre personas del mismo sexo, la controversia se traslada a los tribunales. Esta sentencia da cuenta de la controversia entre la justicia civil y administrativa para conocer un recurso de nulidad contra un matrimonio entre dos mujeres.
Interrupción del Embarazo autorizada judicialmente
La utilidad e importancia de permitir la interrupción del embarazo en el caso de mujeres víctimas de violencia se constata en casos como éste, donde además se considera la desigualdad en el acceso a servicios médicos.
Hurto, género y persecución penal en Chile
Claudia Castelletti F. y Luis Vial R.
Depto. de Estudios de la Defensoría Nacional
La reforma del sistema de justicia penal ha obligado a sus operadores a revisar diversos temas relativos a derechos fundamentales, tales como la igualdad entre hombres y mujeres, consagrado en el art. 19 N° 2 de la Constitución.
Aunque tradicionalmente se ha considerado al Derecho penal como neutro ante diferencias de género, a poco andar nos percatamos que existen notorias diferencias respecto de los delitos de hombres y mujeres que son judicializados y perseguidos por el Ministerio Público.
La creación de fiscalías especializadas y la persecución sistemática de cierto tipo de delitos, reforzada por cambios legales, provoca repercusiones sociales en términos de “género” que no son tomadas en cuenta al diseñar una determinada política criminal.
En primer lugar, de acuerdo a cifras de un reciente estudio estadístico de la Defensoría Penal Pública (DPP) entre noviembre de 2005 y noviembre de 2006, las mujeres representaban un 14,5% de las personas atendidas por dicho servicio, lo que muestra un aumento significativo ya que el año 2001 las mujeres imputadas no superaban el 10%. Así, se ha comenzado a hacer notar que uno de los grupos vulnerables en el sistema penal es el de la mujer, razón por la cual la incorporación de la perspectiva de género al análisis de las normas penales resulta un imperativo, pues ciertas formas de comportamiento se comprenden mejor bajo esa óptica.
La “visibilización” de las mujeres en los delitos de tráfico (microtráfico) a fines de los años noventa destruyó un mito, fuertemente arraigado en el sentido común, que los delitos de mujeres eran fundamentalmente “pasionales”, como infanticidio, aborto y homicidio. Hoy es necesario deshacerse de estos prejuicios y hacerse cargo de las consecuencias prácticas de la persecución penal derivadas de la importante participación de mujeres en el pequeño delito, especialmente del hurto.
En efecto, el estudio citado de la DPP indica que en los 12 meses anteriores al 30 de noviembre de 2006 un 34,8% de los delitos atendidos por la DPP y en los que participaron mujeres fueron por hurto, confirmando una progresión de éste en la población femenina imputada desde el año 2001. Lo siguen, en el mismo período, las lesiones (12,8%) y, muy lejos, los delitos de la Ley de Drogas (6,7%).
De su lado, los delitos en que participaron los hombres y que fueron atendidos por la DPP son de aquellos en que se ejerce algún tipo de violencia como robos (17%) y lesiones (15,9%), seguidos de los delitos contra la Ley de Tránsito (12,3%).
A pesar de la diferencia del tipo de delito en que la defensa ha sido asumida por un defensor público, entre ambos sexos los índices de prisión preventiva son similares (17,6% para hombres y 15,4% para las mujeres).
Esta diferencia nos hace indispensable recordar que el 30 de diciembre de 2006 fue publicada la ley 20.140, que sanciona con mayor severidad el hurto estableciendo, incluso, normas especiales de reincidencia. Si consideramos que más de un tercio de aquellos que son atendidos por la DPP corresponden a mujeres, un aumento de la dureza de la punición a este delito importa sancionar con mayor dureza, principalmente, a mujeres.
Creemos que si pretendemos impulsar la equidad de género es necesario adoptar medidas para compensar las desventajas históricas y sociales que impiden que mujeres y hombres se beneficien de la igualdad, pues de acuerdo con los arts. 1.1 y 5.2 de la CPR, es obligación del Estado promover acciones positivas a favor de los grupos que se encuentran en desventaja, como son las mujeres imputadas.
Si bien no es objeto de esta columna hacer un análisis dogmático de la ley en comento, ni de la mujer y el sistema criminal, lo que pretendemos es poner de relieve algunos temas en los que es indispensable, al menos, tener presente el análisis de género al momento de tomar decisiones sobre, entre otros temas revelados por la doctrina (vid. Larrauri): salidas alternativas; prisión preventiva; calificación judicial de los requisitos de la legítima defensa y de la determinación de la pena; preocupación de la mujer-madre para los efectos de la concesión de medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de la libertad; la mujer embarazada; mujer con hijos; abandono de sus parejas y familias con la consiguiente dificultad a acceder a beneficios intrapenitenciarios; la existencia de un menor número de cárceles de mujeres, su falta de acondicionamiento y lejanía, y la dificultad de reinserción.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin No. 3 - 28/05/2010
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 2
Exequatur de divorcio por mutuo acuerdo en el extranjero exige también cese de la convivencia
Las y los chilenos y extranjeros que hayan residido en Chile y se hayan casado en el país, enfrentan el costo y dificultades de verse obligados a divorciarse en su país de residencia actual y en Chile. Esto segundo es el resultado del rechazo de exequatur de sentencias de divorcio con fundamento en la diferencia entre las causales establecidas en otros países y en Chile. Mantener una interpretación estricta de las causales que rechaza el exequatur en casos como éste, termina siendo una forma de restringir aún más el divorcio en Chile. Sería deseable que se consideraran los argumentos del voto disidente en futuros casos.
Proyecto de ley que permite la distribución de la anticoncepción de emergencia es declarado constitucional por el TC
Requerido por la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, el Tribunal declaró por 8 votos a favor y uno en contra, la constitucionalidad del proyecto de Ley sobre Información, Orientación y Prestaciones en materia de Regulación de Fertilidad. La decisión que permitió la promulgación de la ley, contribuye ciertamente al avance en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres chilenas.
Para el máximo Tribunal, la forma importa más que el fondo.
Profesora que fue despedida con infracción al procedimiento legal, debe permanecer separada de sus funciones sin percibir las indemnizaciones que le corresponderían, por cuanto la corte de casación, estima no tener la competencia para actuar. De acuerdo a los ministros, la cuarta sala aunque reconoce la existencia del vicio, se habría encontrado impedida de entrar en el análisis de fondo solicitado por cuanto la impugnación de la docente no hizo referencia expresa a determinados artículos del Código Civil.
Corte Suprema exige a Ministerio de Salud proporcionar medicamento a mujer con cáncer mamario
Ministerio de Salud se negó a proveer el medicamento por su elevado costo y por no estar considerado en el Fondo Nacional de Salud. Esta repartición argumentó además que no es labor del Servicio de Salud, financiar medicamentos, sino que prestar servicios médicos asistenciales. El Supremo tribunal, reproduciendo el fallo de la Corte de Apelaciones de Rancagua, ordenó al Ministerio de Salud, entregar gratuitamente el medicamento Herceptin, a doña Jésica Moreno Gómez, por el tiempo que lo prescriba su médico tratante.
Acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir - Sentencia 32872 del 24 febrero de 2010
Delimitar cuándo la víctima se encuentra en incapacidad de resistir y cuándo se aprovechan de esta situación para abusar de ella sexualmente es un punto de debate en la jurisprudencia sobre delitos sexuales. En este fallo la Corte Suprema estableció que se incurre en el delito de acto sexual o acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, quien aprovechándose de su autoridad, cargo, posición o carácter, coloca a la víctima en cualquier estado de inconsciencia, incapacidad o inferioridad psíquica, y con ello, le impide comprender el acto o acceso cometido, cuya connotación sexual o carnal deberá valorarse en atención de parámetros de orden objetivo (como factores sociales, culturales o empíricos) y de ninguna manera en función de estados subjetivos, pensamientos, emociones, suposiciones o creencias de cualquiera de los sujetos involucrados.
Ciertamente el terremoto que remeció a Chile el 27 de febrero, produjo profundos cambios en el país. De magnitud 8.8 Richter, una duración de 200 segundos, y abarcando 600 kilómetros de extensión, sacudió la geografía causando diversos estragos entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía.
El sismo y posterior tsunami que asoló las costas, paralizó las vidas de muchos chilenos/as, alcanzando en sus efectos a la administración de Justicia que se ha visto impedida de desempeñar el mandato Constitucional de ser “pronta y cumplida”.
Edificios de tribunales de las zonas afectadas resultaron con graves daños estructurales, lo que dificultó el normal desenvolvimiento de 70 juzgados, deteniéndose -en algunos casos- su función por la imposibilidad de acceder a los expedientes. El feriado judicial que debía concluir el 1 de marzo se extendió de facto en dichos tribunales, manteniendo en statu quo la tramitación de las causas.
Jueces/as no han podido cumplir con la obligación de asistir diariamente a sus despachos; funcionarias/os del Poder Judicial, abogados/as, y quienes tienen interés en litigios, se mantienen en la incertidumbre, a la espera del término de un inesperado y largo feriado judicial.
Ejecutivo, Legislativo y Judicial han debido tomar acciones para restablecer la quebrantada normalidad. El Pleno de la Corte Suprema tomó conocimiento de los informes de su presidente Milton Juica, y de los ministros Hugo Dolmestch, Rosa Maggi y Patricio Valdés respecto del catastro realizado en Rancagua, Talca, Chillán y Concepción; y determinó entregar a cada Corte de Apelaciones la búsqueda de soluciones para el funcionamiento de los tribunales afectados. Igualmente ofició al Ministerio de Justicia para iniciar la tramitación de un proyecto de ley con el objeto de mantener en curso los plazos pendientes para diligencias y ejercicio de acciones y derechos.
El 17 de marzo, el Ejecutivo ingresó con suma urgencia al Congreso Nacional el proyecto solicitado, que será aplicable a las regiones de El Maule, Bío-Bío y Metropolitana, extendiendo los referidos plazos en 30 días.
El proyecto, aprobado por la unanimidad de los Senadores, contempla un procedimiento excepcional para la solicitud de declaración de muerte presunta de las personas desaparecidas en la catástrofe, que abrevia los plazos del período de desaparición; y beneficia a los familiares con privilegio de pobreza.
Sin embargo, los esfuerzos por retornar a la normalidad no permiten presagiar una “pronta y cumplida” resolución de las innumerables demandas que como consecuencia del terremoto serán ingresadas a los tribunales siniestrados. Propietarios de inmuebles destruidos versus inmobiliarias y constructoras, aseguradoras contra asegurados, arrendadores y arrendatarios, beneficiarios de servicios básicos sin suministro; víctimas de saqueos y otros delitos a la propiedad; trabajadores desempleados y en especial aquellas en que familiares reclaman la responsabilidad del Estado por la muerte de sus seres queridos; requerirán de estructuras eficientes que las acojan y que garanticen el efectivo ejercicio de sus derechos.
La emergencia ocasionada por el sismo evidenció la necesidad de contar con recintos adecuados; y sobre todo hizo patente la urgencia de modernizar la forma en que se imparte justicia en algunas sedes. Prontos a la celebración del bicentenario, el trabajo con expedientes de papel se hace insostenible y la reforma civil un avance ineludible.
Cabe esperar que las soluciones adoptadas para superar la crisis, contemplen la coordinación necesaria para la aplicación de políticas transversales que impliquen tanto condiciones materiales de seguridad, cuanto de dignidad para los intervinientes en los diferentes procedimientos. La Justicia para ser “pronta y cumplida” ha de velar por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas contenidos en las Garantías Constitucionales y en los tratados y Convenciones de Derechos Humanos ratificados.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin No. 2 - 14/04/2010
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Hurto, género y persecución penal en Chile -
Máximo tribunal niega a mujer enferma de cáncer acceso a tratamiento médico paliativo
Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó dar el tratamiento paliativo para el cáncer que sufre Virginia Marcell; caso que tuvo amplia difusión a través de la prensa nacional. A partir de un informe médico de la Universidad de Chile, la Corte confirmó el carácter paliativo del tratamiento, estableciendo que quien atenta contra la vida no es el Ministerio de Salud al negarle el tratamiento, sino la enfermedad que padece
Suprema niega reparación económica a familiares de detenido desaparecido
La Corte Suprema, como Corte de Casación, no da lugar a la reparación solicitada por la cónyuge e hija de un detenido desaparecido por estimar que la acción se encontraba prescrita. Aplica las normas civiles ordinarias, desconociendo lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República de Chile, la Convención Americana de Derechos Humanos, los Convenios de Ginebra y la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El fallo se acordó con el voto disidente del Ministro señor Haroldo Brito, quien consideró el derecho a reparación como un derecho fundamental.
Indemnización por daño moral: máximo tribunal prioriza dignidad de la trabajadora y pone limites al empleador
La Corte Suprema concede indemnización por daño moral en juicio laboral a trabajadora que, al volver de su licencia maternal, le habían sido variadas sus funciones. El tribunal aplicó las normas del Código Civil, bajo el principio de que “no puede existir daño sin reparación”. Argumenta que el derecho fundamental del trabajador al respeto de su dignidad como ser humano, es un límite a las facultades del empleador y que éste debe entenderse incorporado al contrato en virtud del Art. 1546 del Código Civil.
Compensación Económica Post Divorcio: Reconocimiento Al Trabajo Reproductivo
La Corte Suprema desarrolló los elementos de la compensación económica, reconociendo el vacío legal al definir su naturaleza. Advierte que dicha compensación (o indemnización) no corresponde al dinero que la mujer podría haber recibido si hubiese trabajado fuera del hogar común o de haberlo hecho en mayor medida, y que no se trata de una forma de indemnizar una ganancia probable, sino que es una forma alternativa que busca mitigar una situación económica desfavorecida de quien tiene derecho a ella. En cada caso, el juez debe apreciar la situación particular, el pasado de los cónyuges y las situaciones del futuro.
Justicia no acoge recursos de protección presentados por alza en el precio de los planes de salud de las ISAPRES
La Corte Suprema determinó que adecuar los precios de los planes de salud por factor etáreo y de sexo está contemplado dentro de la tabla de factores de riesgos que hacen parte de dichos programas y niega que se trate de un acto arbitrario, incluso en los casos en los que no se informa debidamente a la asegurada/o al momento de hacer el incremento de los aranceles. Durante el 2009, llamó la atención el ingreso de recursos de protección por este motivo que impactaron en el volumen de causas tramitadas.
Derecho a investigar paternidad como elemento del derecho a la identidad
Tribunal acoge demanda de impugnación de paternidad. Aplica la ley de filiación, los principios del derecho a la identidad y el interés superior de los menores. El fallo da primacía a la verdad biológica por sobre el reconocimiento realizado por el padre, expresando que la búsqueda de la verdadera filiación forma parte de los derechos esenciales de la persona humana y garantiza a su vez, el ejercicio integral del conjunto de los derechos que les corresponden.
Cinco Ministras en la Corte Suprema
Sin duda, el hecho destacado en materia de altas cortes en Chile durante el año 2009 es, el nombramiento de cuatro mujeres en la Corte Suprema de Justicia, las que se suman a la Ministra Margarita Herreros Martínez. Las nuevas Ministras son Gabriela Pérez Paredes, Sonia Araneda Briones, Rosa Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías. Se trata de un momento histórico, ya que por primera vez, cinco de los veintiún ministros de la Corte Suprema, son mujeres.
Las Ministras de la Corte Suprema fueron nombradas por la Presidenta de la República Michelle Bachelet de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República. El proceso de cada nombramiento se inicia con una nómina de cinco personas que la misma Corte propone, de la cual el o la Presidenta elige un nombre que se somete a la aprobación del Senado. Para que la persona designada por el Ejecutivo sea ratificada por el Legislativo, se requiere dos tercios de los votos de los asistentes a una sesión especial. Si el Senado no aprueba la propuesta de el o la Presidenta, la Corte Suprema propone un nuevo candidato para completar nuevamente la quina y volver a someterlo al escrutinio del Senado. La Constitución exige que cinco de los miembros de la Corte Suprema sean abogados, que no hayan pertenecido a la administración de justicia, cuya quina se elabora a partir de un concurso público. Otro rasgo interesante del nombramiento de ministros en Chile es que cuando se trate de proveer un cargo de los 16 ministros que provienen del poder judicial, es obligatorio incluir en la quina al ministro o ministra con mayor antigüedad de las Cortes de Apelaciones del país. Es importante notar que durante los gobiernos de la Concertación, la máxima autoridad del país ha nominado alternadamente candidatos/as que convocan las sensibilidades de las coaliciones políticas de la Concertación o de la Alianza, logrando así el apoyo de dos tercios de los asistentes en el Senado.
Cuando Bachelet asumió el poder, solamente una mujer había sido nombrada en la Corte Suprema, María Antonia Morales, nombrada en octubre de 2001, junto con Mónica Maldonado como Fiscal de la Corte Suprema. Ellas fueron las primeras mujeres nombradas en la Corte Suprema en la historia de Chile.
Margarita Herreros fue designada por la Presidenta Bachelet, y ratificada por el Senado en Mayo de 2006. Gabriela Pérez Paredes fue nombrada para suceder a la Ministra Morales en mayo de 2007. Sonia Raneda Briones fue ratificada por el Senado en septiembre de 2007. En mayo de 2009, fue ratificada por el Senado Rosa Maggi Ducommun. Por último, en noviembre de 2009, fue aprobada la nominación de la quinta mujer en la Corte Suprema. Se trata de Rosa Egnem Saldías. Las cinco ministras de la mujer desarrollaron su vida profesional al interior del poder judicial.
La señal que ha dado la Presidenta Bachelet es importante. En un país donde la mitad de los estudiantes de derecho son mujeres, y donde las mujeres participan y se destacan en las diversas áreas del ejercicio profesional, era inexplicable que no estuvieran presentes en el máximo tribunal. La poca presencia de mujeres en la Corte Suprema reflejaba una forma de discriminación, no en la norma, sino en su aplicación. Es decir, discriminación en el resultado. Este cambio es el resultado de la inclusión de mujeres en las quinas que propone la Corte Suprema, y en su nominación por la Presidenta Bachelet. La tendencia que estableció la Presidenta Bachelet debiera mantenerse en el gobierno de Sebastián Piñera que se inicia en Marzo. No obstante, es importante destacar que aún falta que se nominen mujeres dentro de las quinas de abogados que no hacen parte del poder judicial.
La llegada de mujeres a la Corte Suprema es importante en términos sumbólicos. La presencia de mujeres no necesariamente garantiza la inclusión de una perspectiva de género en la función judicial. No obstante, es un paso importante, que les permite a ellas y a las demás mujeres preguntarse qué aporte como mujeres y para las mujeres, pueden hacerse desde la administración de justicia en Chile.
.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletín Nº1 CHILE Observatorio de Sentencias Judiciales -
BOLETIN DE JURISPRUDENCIA Nº 5
Se anula el fallo contra la pastora aymara condenada por el delito de abandono de menor.
Mediante un recurso de nulidad se invalida el fallo condenatorio contra Gabriela Blas Blas a partir de la aplicación del principio de razón suficiente, como elemento del principio de la sana crítica. Si bien, se hizo justicia en un fallo cargado de prejuicios de género en torno al rol de una madre y a las circunstancias en que ocurrieron los hechos, se hecha de menos una discusión en torno a cuál es “la conducta normal de una madre independiente de su origen étnico”, elemento central en el razonamiento del tribunal.
El Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad de la norma que facultaba a las Isapres a fijar las tablas de factores por sexo y edad mediante la cual se fijaba el precio de los planes de salud.
A partir de un examen de inconstitucionalidad, que inició el Tribunal Constitucional de oficio, se declaró la inconstitucionalidad de la norma. No obstante, se establece que el fallo solamente tiene efectos hacia el futuro, pese a reconocer que la norma viola derechos fundamentales. El fallo que considera los argumentos desarrollados por el mismo tribunal en sus fallos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, considera la CEDAW y la posibilidad de examinar la constitucionalidad por discriminación directa e indirecta. Sin embargo, establece que el fallo solamente tiene efectos hacia el futuro, pese a reconocer que viola derechos fundamentales, con lo cual todas las mujeres que mantengan sus planes de salud quedan sujetas a tablas de factores por sexo y edad que las discriminan. Si cambian de planes de salud, deben aceptar nuevas condiciones contractuales, perdiendo la antigüedad y el derecho a tratamiento médico por enfermedades adquiridas que quedarían exentas de cobertura en un nuevo plan por tratarse de preexistencias.
La mujer que desempeñó labor remunerada durante el matrimonio tiene derecho a compensación económica en caso de divorcio.
De acuerdo con la Corte Suprema, el menoscabo económico se produce aún cuando la mujer hubiera trabajado algunos años durante el matrimonio y, su situación patrimonial al término de éste, fuera equivalente a la de su marido, puesto que la dedicación al cuidado de los hijos y del hogar común, afectó su situación en materia previsional. El máximo tribunal, haciendo una correcta interpretación de las normas, revoca los fallos de primera y alzada, señalando claramente que la compensación económica “representa la concreción del principio de protección del cónyuge más débil, consagrado en el artículo 3° de la Ley N°19.947, desde que el mismo pretende evitar o paliar los efectos derivados de la falta de equivalencia patrimonial y de perspectivas económicas futuras producidas entre los cónyuges”.
Igualdad malentendida: Corte Suprema afirma que una alumna no vidente es “igual” a otra que puede ver.
En un fallo eminentemente discriminatorio, la Corte Suprema deniega el recurso de protección interpuesto por una estudiante no vidente quien se vio imposibilitada de rendir la prueba de selección universitaria, por no existir una versión de ella en Braille. Argumentando justamente en base a la igualdad: “todos deben ser tratados de un mismo modo”; el Tribunal, atenta contra esta última, olvidando que el derecho lo mandata a la consecución de ella precisamente cuando existe diversidad. En el caso concreto, dado que la alumna evidentemente no es una “igual”, tomando en cuenta su diversidad – que en este caso es una incapacidad- debió garantizar su derecho a rendir la PSU en plena igualdad de condiciones con todos los estudiantes videntes. El principio de no discriminación, implica tratar equitativamente a quienes están en situación de igualdad y dar un trato diferenciado a quienes se encuentran en una situación de desigualdad, dependiendo de determinados criterios. Se trata de un concepto corrector de la igualdad en la medida que primero sitúa a los sujetos en su realidad socio-política y económica para luego hacer el juicio de comparación que se requiere.
Mujer que opta por cuidar a su hijo durante el matrimonio sufre menoscabo económico
Uniformando el criterio de su jurisprudencia, la Corte Suprema acoge un recurso de casación interpuesto por una mujer a quien los tribunales de fondo negaron compensación económica, argumentando que las labores de cuidado del hijo y hogar común que ella realizó se encontrarían “cubiertas por el deber legal y moral de los padres de velar por la crianza de sus hijos”. La sentencia del máximo tribunal condena la interpretación de los jueces de San Miguel, que estimaron que “si bien, la cónyuge dejó de desarrollar actividad remunerada como lo hacía antes de contraer matrimonio, dedicándose en cambio al cuidado del hijo común, tal circunstancia constituyó una opción de vida y no una imposición del demandado”, por desvirtuar el sentido y alcance de los artículos 61 y 62 de la ley de matrimonio civil.
Ausencia de motivación en una decisión judicial
La Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (OCMA) se pronuncia sobre la motivación de un fallo relativo a violencia contra la mujer, como elemento del derecho al debido proceso
Privación de libertad de mujeres madres
La Cámara Penal y Contravencional de San Luis pondera los derechos de una mujer madre procesada por robo calificado, otorgándole la detención domiciliaria, considerando el interés de su hijo menor de edad.
Las Isapres y el esperado fallo del Tribunal Constitucional.
El 6 de agosto, el Tribunal Constitucional (TC) resolvió sobre la constitucionalidad del artículo 38 ter de la ley 18.933, de Isapres. El proceso se inició de oficio, luego de haber declarado inaplicable la norma en las sentencias roles 976, 1218, 1273 y 1287, en razón de vulnerar ésta, en los casos concretos, las garantías establecidas en los numerales 2, 9 y 18 de la Carta Política.
La decisión del TC en orden a revisar la norma, originó revuelo ciudadano y por cierto, preocupación en los sectores empresariales vinculados a las Isapres,por lo que la prensa - y el propio Tribunal en las audiencias públicas- fueron testigos de la postura del Ejecutivo, la de algunos parlamentarios y la de diferentes corrientes denunciantes, detractoras, defensoras y hasta de algunas alarmistas, que vaticinaban un derrumbe total de la institucionalidad en caso de que el precepto fuera derogado.
Para Corporación Humanas, el anuncio del proceso de revisión de la constitucionalidad de la norma, implicó la oportunidad de expresar ante esta excelentísima magistratura, la posición del derecho internacional en relación a la igualdad y no discriminación en casos en que se aplican diferencias arbitrarias entre hombres y mujeres.
Argumentando en base al desarrollo del concepto de igualdad en las distintas fuertes normativas internacionales, se solicitó, en audiencia pública, la derogación del artículo 38 ter, por establecer éste diferencias discriminatorias para las mujeres.
En efecto, a pesar de la amplitud en el tratamiento de los diversos órganos jurisdiccionales internacionales, es posible extraer ciertos parámetros que permiten afirmar que si bien el concepto de igualdad admite diferencias de trato, la distinción que efectúa la norma, no puede ser discriminatoria. Para el derecho internacional una distinción es discriminatoria cuando no tiene justificación objetiva y razonable, no persigue un fin legítimo; o cuando existiendo un fin legítimo, no se encuentra una relación razonable de proporcionalidad entre ese fin y los medios utilizados para alcanzarlo.
Por ello, las exclusiones normativas fundadas en la raza, el origen nacional o étnico, el sexo y la religión, deben ser observadas con mayor prolijidad para determinar la legitimidad del fin y la razonabilidad de la relación de ese fin y los medios empleados para lograrlo.
Así, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “se espera un tratamiento equitativo de la ley para hombres y mujeres, a menos que se hayan aducido motivos justos, legítimos y razonables imperiosos para justificar una diferencia de tratamiento” [1].
Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció que “las distinciones previstas en la ley y basadas en criterios relativos a la condición como, por ejemplo, la raza o el sexo, necesariamente dan lugar a un examen minucioso” en el cual “se tendrían que esgrimir razones de peso para justificar una distinción basada exclusivamente en el sexo”[2].
La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido un criterio estricto en materia de igualdad entre hombres y mujeres, por lo que requiere que existan razones de gran importancia para justificar distinciones basadas en el sexo, señalando que en otros casos le bastaría la existencia de un interés legítimo.
Por último, la Corte Suprema estadounidense ha elaborado el concepto de “categoría sospechosa”, que implica que tratándose de distinciones normativas basadas en la etnia, el género, la religión o la nacionalidad; el legislador deberá demostrar la existencia de “razones públicas imperativas”, más allá de lo “razonable”, “oportuno” o “conveniente”. Para este órgano sentenciador, cuando se está frente a la categoría sospechosa como método, se instala una verdadera presunción de inconstitucionalidad respecto del objetivo perseguido por el Estado y/o el legislador.
Sin embargo, pese a esta argumentación y a aquella que manifestaran desde el punto de vista del derecho constitucional académicos expertos[3], el TC no eliminó la posibilidad de discriminar a las mujeres, pues al no manifestarse frente a todo el articulado rechazando la categoría sospechosa, abre la posibilidad a que la nueva normativa que se dicte aplique nuevamente el factor sexo y mantenga la arbitrariedad.
En definitiva la sentencia del Tribunal Constitucional sólo invalida los numerales 1, 2, 3 y 4 del inciso tercero del artículo 38 ter de la citada ley, declarando el tribunal que “son incompatibles con el derecho a la igualdad ante la ley, especialmente entre hombres y mujeres, y lesionan, asimismo, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la seguridad social” y que “tampoco cumplen lo dispuesto en el inciso cuarto del numeral 9º del artículo 19 de la Carta Fundamental, en orden a fijar “las condiciones” del deber preferente del Estado de garantizar la ejecución de las acciones de salud.”
El TC, en un fallo tibiamente salomónico desperdició la posibilidad de incorporar el desarrollo jurisprudencial internacional, dando la clara señal de que el contralor constitucional chileno no permitirá la aplicación de normas que contengan distinciones arbitrarias. Este fallo, deja abierta la puerta a que la nueva normativa de Isapres -de iniciativa del Ejecutivo- aplique, nuevamente, el factor sexo como categoría de distinción, perpetuándose las iniquidades actuales que afectan a las mujeres afiliadas al sistema de Isapres. Corresponderá nuevamente al TC pronunciarse sobre la constitucionalidad de la norma, cuando ella sea aprobada por el parlamento, por lo que esperamos que en tal ocasión ampare a las mujeres de toda posibilidad de discriminación.
[1]CIDH, María Eugenia Morales de Sierra v Guatemala. Caso 11.626. Informe Nº28/98, párr. 36.
[2]Ver CIDH, Consideraciones sobre la compatibilidad de las medidas de acción afirmativa concebidas para promover la participación política de la mujer con los principios de igualdad y no discriminación” en el Informe Anual de la CIDH 1999, OEA/Ser.L/V/II.106, dic. 13 de abril de 2000, capítulo VI, sección II, punto B.
[3] Pablo Contreras Vásquez, Gonzalo García Pino, Tomás Jordán Díaz, Álvaro Villanueva Roja, abogados y profesores de Derecho Constitucional.
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.uri', '', 'width=780,height=580,scrollbars' )">Boletin 6 -

References: artículo 225
 artículo 225
 Artículo 21
 Artículo 7
 artículo 2497
 resolución 
 artículo 5
 artículo 3
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 38
 artículo 19