Source: http://biotech.bioetica.org/new/patentes3.htm
Timestamp: 2017-07-22 22:39:20+00:00

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¿Qué es una Patente de Invención?Protección de CultivaresEconomía de la innovación en salud Introducción
Elementos básicos de la innovación y el acceso
El ciclo de innovación
Actores en el proceso de innovación
El impacto de los progresos científicos
Financiación pública y prioridades de investigación
Propuestas de política: financiación y establecimiento de prioridades
Propuestas de política pública: propiedad intelectual
Instrumentos de investigación y tecnologías básicas
Los sistemas de innovación en los países en desarrollo
Cambios en las políticas en materia de patentes
Patentes mancomunadas
Excepciones de investigación
Patentes en el sector público y las universidades
Fuente: Salud Pública, Innovación y Derechos de propiedad intelectual. Informe de la Comisión Organización Mundial de la Salud, 2006 [ver la
versión completa ]
La introducción de nuevos productos para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de enfermedades depende de una larga cadena de trabajos científicos de investigación y desarrollo. Las investigaciones básicas en el ámbito de las ciencias de la vida son el fundamento de toda innovación orientada al descubrimiento de nuevos productos sanitarios. En la mayoría de los países, las investigaciones básicas reciben el apoyo del gobierno y se realizan en universidades o institutos de investigación públicos o privados. Además, fundaciones privadas tales como el Wellcome Trust del Reino Unido o el Howard Hughes Medical Institute de los Estados Unidos, proporcionan un importante apoyo e impulso al esfuerzo investigador del entorno académico[1].
En los Estados Unidos, país líder en innovación biomédica, un informe seminal elaborado por Vannevar Bush en 1945 sentó las bases de las grandes inversiones públicas en investigaciones básicas a través de instituciones como los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de los Estados Unidos. Bush señaló que: El progreso en la guerra contra la enfermedad depende de que haya un flujo de nuevos conocimientos científicos… Esos conocimientos nuevos e indispensables sólo pueden adquirirse a través de las investigaciones científicas básicas1 más atrás. Muchos consideran a Bush el padre del «modelo lineal» de la innovación científica. La inversión pública en investigaciones básicas, sin preocupación inmediata por alcanzar objetivos comerciales o industriales, sería la mejor garantía de progreso técnico en el futuro: En gran medida, el progreso científico es fruto de la libre iniciativa de intelectos libres que trabajan al dictado de su curiosidad sobre temas de su elección a fin de explorar lo desconocido. Es preciso preservar la libertad de indagación en cualquier plan de apoyo del gobierno a la ciencia… . A pesar de la influencia que ha ejercido en todo el mundo, este modelo de innovación ha sido puesto en tela de juicio cada vez más en los últimos años por varias razones. En primer lugar, gran parte de las investigaciones básicas responden de hecho a perspectivas de aplicación práctica. Por ejemplo, en el siglo XIX, Louis Pasteur hizo descubrimientos científicos pioneros en el campo de la microbiología y la inmunología, pero también estaba claramente motivado por la necesidad de solucionar problemas médicos prácticos. A raíz de ello, Pasteur aportó al mundo, entre otras cosas, la pasteurización y la primera vacuna contra la rabia. Posteriormente, en 1888, se creó el Instituto Pasteur, como fundación privada, sin ánimo de lucro y concertada, para proseguir las investigaciones de Pasteur sobre las vacunas. En segundo lugar, los datos prácticos sobre la interacción entre las investigaciones básicas y la tecnología aplicada han apuntado a la necesidad de considerar a éstas interdependientes, pues en las prioridades científicas influye el análisis de las oportunidades de resolver los problemas humanos. Muchas de esas tendencias se observan en las ciencias de la vida. En los últimos años, la revolución de la biología molecular y el desarrollo de ramas de investigación científica totalmente nuevas, como la proteómica (la ciencia de las proteínas expresadas por los genes), han abierto perspectivas de lograr un proceso de innovación biomédica más eficaz y acelerado. En la práctica, como veremos en el capítulo 3, la transformación de las ciencias básicas todavía no ha dado lugar a una transformación comparable en el ritmo de innovación, que se mide, por ejemplo, por el número de nuevas moléculas de fármacos aprobadas por los organismos de reglamentación. Por lo tanto, existe toda una serie de factores científicos que influye en la manera en que los avances en las investigaciones básicas se convierten en productos necesarios para proteger y mejorar la salud humana. Como se señala en el capítulo anterior, el proceso de descubrimiento de medicamentos no se circunscribe al ámbito de la ciencia. Entraña una interacción compleja entre una amplia variedad de agentes económicos, sociales y políticos, entre ellos, los gobiernos (por ejemplo, a través de sus consejos de investigaciones sanitarias), fundaciones y otros órganos no gubernamentales, como la Fundación Bill y Melinda Gates en los Estados Unidos y el Instituto Pasteur en Francia, los investigadores de universidades e instituciones públicas de investigación, las empresas de biotecnología y las grandes compañías farmacéuticas. De especial importancia para el tema que estamos tratando son las alianzas publico-privadas, creadas para desarrollar medios de diagnóstico, vacunas y medicamentos destinados a satisfacer las necesidades de los países en desarrollo. Los gobiernos desempeñan un papel crucial, en la medida en que determinan los marcos normativos y proporcionan financiación e incentivos fiscales y de otra índole, mientras que los demás agentes, tanto del sector público como del privado, son elementos indispensables de este complejo sistema. Aquí pretendemos examinar los hechos relacionados con los aspectos científicos y las decisiones económicas y de política que hay que tomar. En particular, prestaremos atención a las cuestiones científicas, institucionales y financieras que se plantean entre la etapa de la investigación básica y la de identificación de compuestos prometedores con posibles efectos terapéuticos. º ¿Cuáles son las lagunas de este proceso en relación con las enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo? º ¿Qué medidas normativas habría que adoptar para colmar esas lagunas? Para abordar estas cuestiones, analizamos la experiencia y los hechos observados en el mundo desarrollado, en particular en los Estados Unidos, por su influencia predominante en la formulación de políticas en los demás lugares. No obstante, concedemos especial atención a lo que ello implica para los países en desarrollo. Elementos básicos de la innovación y el acceso Fuente[2].
Las ventas mundiales de productos farmacéuticos presentan un pronunciadísimo sesgo hacia los mercados del mundo desarrollado. El cuadro 1.4 indica que a los países en desarrollo, en los que se concentra más del 80% de la población mundial, corresponde sólo un 10% aproximadamente de las ventas mundiales. No obstante, en cuanto al volumen, la parte correspondiente a los países en desarrollo podría ser mucho mayor, pues los precios medios de los productos farmacéuticos suelen ser más bajos en estos países que en los países desarrollados. Sin embargo, en el panorama general se aprecian muy claramente las diferencias extremas que existen entre los países desarrollados y los países en desarrollo respecto del acceso a los productos de atención sanitaria. Es útil considerar las cuestiones planteadas desde dos perspectivas: la ausencia de demanda efectiva de productos y la ausencia de oferta. Demanda El problema fundamental es la ausencia de demanda efectiva en el mercado de los productos necesarios para prevenir, tratar o curar enfermedades que afectan a la población más pobre de los países en desarrollo. Por un lado, esto pone en evidencia que los pobres de los países en desarrollo carecen sencillamente de los tratamientos que necesitan, pese a soportar una carga de morbilidad mucho más elevada. Por otro, es también un indicador de cómo las estructuras de incentivos actuales animan a las empresas a invertir en la creación de productos destinados a quienes tienen poder adquisitivo, sobre todo en los países desarrollados. En el caso de las enfermedades de tipo I, como la diabetes y el cáncer, las empresas tienen un fuerte incentivo para invertir en el desarrollo de instrumentos de prevención, de diagnóstico y terapéuticos destinados a Europa, los Estados Unidos y otros mercados desarrollados. Para la población de los países en desarrollo, uno de los mayores problemas es el precio de los medicamentos y el costo general del tratamiento: los pacientes pobres pagan directamente la mayor parte de las veces, y los gobiernos por lo general carecen de los recursos o la voluntad necesarios para hacerse cargo del costo, total o parcial, de los medicamentos esenciales. Faltan, pues, incentivos para invertir en la búsqueda de intervenciones preventivas, curativas y de diagnóstico adoptadas acordes con los recursos y las condiciones sociales y económicas de los países en desarrollo. Según la CMS, si las fuerzas del mercado son el factor determinante, el volumen de investigación sobre las enfermedades de tipo II, como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis, será insuficiente y, en algunos casos, esa investigación no responde plenamente a las condiciones de morbilidad de los países en desarrollo. No ocurre así cuando hay una gran demanda de tratamientos y vacunas de los países desarrollados. Por ejemplo, los antirretrovirales no estarían ahora disponibles en los países en desarrollo sin los incentivos que ofrece la demanda de los países ricos. No obstante, este argumento no se aplica a la malaria ni a la tuberculosis, para las que la demanda de los países ricos es menor, y tiene que ver más con la profilaxis que con el tratamiento. Es importante tener en cuenta que el tipo o la cepa causante de la enfermedad a menudo no es el mismo en los países en desarrollo y en los países desarrollados (p. ej., en los países en desarrollo es común encontrar diferentes clades o subtipos del VIH, y el sistema inmunitario puede reaccionar de manera diferente a las vacunas contra la tuberculosis)[3], por lo que las soluciones en los países en desarrollo tal vez deban ser distintas. En el caso de los antirretrovirales, los fármacos disponibles actualmente, si se utilizan en las combinaciones apropiadas, pueden compensar esas diferencias. En el caso de las vacunas que necesitan los países en desarrollo, incluso para el VIH/SIDA, las fuerzas del mercado en general no han podido estimular la investigación y el desarrollo. Por esa razón, durante los últimos años han aparecido iniciativas internacionales orientadas a la obtención de vacunas (y tratamientos) adaptadas específicamente a las necesidades de los países en desarrollo. Además, puesto que ahora son tan comunes los casos de pacientes enfermos de tuberculosis y de VIH/SIDA al mismo tiempo, los nuevos tratamientos para la tuberculosis han de tener en cuenta las posibles interacciones con los antirretrovirales. En cuanto a las enfermedades de tipo III, como el dengue y la leishmaniasis, para las que no existe demanda de los países ricos, el problema de la ausencia de incentivos para la innovación es particularmente evidente. En algunos casos, como en el de la ivermectina para la oncocercosis, el producto se desarrolló en un principio para aplicaciones veterinarias y sólo últimamente se viene utilizando en el ser humano. Como se ha señalado antes, los tratamientos actuales, como el del melarsoprol para la enfermedad del sueño, tienen efectos secundarios graves. El problema principal es que las intervenciones clínica-mente eficaces o no existen o, si existen, son totalmente inadecuadas. Con respecto a todos los tipos de enfermedades, es preciso encontrar medios de alentar el desarrollo de tecnologías médicas apropiadas a las circunstancias de los países en desarrollo. En el desarrollo de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos se ha de tener en cuenta lo limitado de los recursos de esos países, los factores sociales y culturales que pueden afectar a la aceptabilidad y las consecuencias de los sistemas y la infraestructura de difusión inadecuadas. Por ejemplo, se estima que en los países en desarrollo menos del 3% de quienes necesitan audífonos los utilizan, ya que estos aparatos pueden costar entre US$ 200 y US$ 500. La creación de un modelo de audífono apropiado y asequible sería muy beneficiosa para las personas con problemas de audición[4].
Cuando no se tiene poder adquisitivo, ya se trate del gobierno como del paciente, el mercado no es un determinante adecuado del valor. Es probable, entonces, que se destinen demasiado pocos recursos a desarrollar medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas para atender a las necesidades de la población de los países en desarrollo, por no ser en absoluto rentables o bien porque la relación entre inversión y riesgo, con respecto al beneficio potencial, no resulta atractiva para el sector privado. El mercado y los incentivos que lo impulsan, como la protección mediante patente, no pueden subvenir por sí solos a las necesidades de salud de los países en desarrollo. Éste es el motivo principal de la aparición en los últimos años de nuevas iniciativas, como las alianzas publico-privadas. Oferta En la industria farmacéutica, el proceso de obtención de un producto comienza en general a partir de los resultados de la investigación básica, en gran parte realizada por instituciones de investigación del sector público y universidades, seguida de la síntesis, selección y prueba de posibles compuestos con efecto terapéutico (fase de «descubrimiento»). Posteriormente, los compuestos prometedores pasan por un periodo de nuevo desarrollo químico y farmacéutico, en el transcurso del cual se realizan pruebas para determinar la posible toxicidad del producto para el organismo y cómo éste lo absorbe y metaboliza. También es necesario realizar pruebas extensivas en modelos animales y, por último, en el ser humano (fase de «desarrollo»). Si el resultado de esas pruebas es satisfactorio y el producto cumple las normas establecidas por los organismos de reglamentación (es decir, es seguro, eficaz y de buena calidad), puede ponerse a disposición de los pacientes (fase de «difusión»). En cada una de las etapas de este proceso se produce, a su vez, un proceso de descarte, de manera que sólo un pequeño porcentaje de los compuestos examinados en la fase de descubrimiento llega a la fase de difusión. Incluso después de la entrega al público del producto, pueden realizarse nuevos ensayos con distintos fines, por ejemplo, para ampliar las indicaciones de uso de un producto o para determinar efectos secundarios más raros que tal vez sólo se manifiestan cuando el producto es utilizado por un gran número de personas. El descubrimiento y el desarrollo de fármacos, como se ve, es una actividad compleja, larga y costosa. Las cifras ampliamente difundidas respecto de una muestra de medicamentos producidos por la industria parecen indicar que el costo de desarrollar un nuevo medicamento es de US$ 800 millones, o incluso muy superior[5]. No obstante, en esas cifras se incluye el costo de los logros y de los fracasos, y el costo del capital, y han sido puestas en duda debido a la metodología utilizada para obtenerlas y porque no se ha podido efectuar una verificación independiente de los datos crudos[6]. En la figura, proporcionada por el Centre for Medicines Research International Ltd (CMRI) y basada en datos obtenidos por el CMRI de la industria, se muestra de forma diagramática el proceso de desarrollo, desde la perspectiva industrial, en un momento determinado[7].
Fuente: Centre for Medicines Research International
Sin embargo, los costos directos de obtención de un fármaco en particular pueden ser muy inferiores en función del área terapéutica, la zona geográfica a la que está destinado y los requisitos reglamentarios. Ese es el caso, en particular, de los productos desarrollados por las asociaciones publico-privadas. Los datos disponibles sugieren que podrían ser capaces de desarrollar productos a un costo mucho menor de lo que puede hacerlo la industria farmacéutica por sí sola, en parte debido a la naturaleza de las enfermedades a las que van dirigidos y a las anteriores inversiones en investigación básica realizada en universidades, instituciones públicas de investigación y empresas farmacéuticas. Cualquiera que sea el costo exacto, para que estos productos lleguen a los países en desarrollo a un precio asequible es necesario reflexionar muy seriamente sobre la forma de reducir estos costos. Ello supone examinar detenidamente el proceso de desarrollo de productos, los diversos incentivos que ofrece el mercado o los gobiernos y la evolución de la estructura de la industria. Si no se hace todo lo posible para reducir el costo del desarrollo de nuevos productos, la posibilidad de que éstos sean accesibles a la mayoría de la población de los países en desarrollo se verá muy mermada. Además, es importante que las políticas velen por que toda disminución de los costos se transmita hasta los pacientes en forma de reducción de los precios. Pese a lo elevado de los costos y del riesgo, de 1995 a 2002 la industria farmacéutica fue la más rentable de los Estados Unidos, en términos de beneficio neto mediano después de impuestos como porcentaje de los ingresos. En 2003 decayó un poco, situándose en el tercer lugar, detrás de la minería, la producción de crudo y la banca comercial, pero mantuvo un margen de rentabilidad del 14%, tres veces superior a la mediana de todas las empresas incluidas ese año en la lista Fortune 500[8]. En un informe de 1993 de la Oficina de Evaluación Tecnológica de los Estados Unidos[9] figura un autorizado examen de los costos, los riesgos y las recompensas en I+D farmacéutico, así como una revisión de la bibliografía. Un importante aspecto, desde nuestro punto de vista, es que los mecanismos e incentivos del mercado, así como las decisiones que adoptan las empresas en materia de asignación de recursos, no generan la suficiente inversión en I+D dirigido específicamente a las necesidades de los países en desarrollo. Puesto que el mercado no consigue movilizar un volumen suficiente de inversiones en los productos que necesitan los países en desarrollo, deberán tomarse otras medidas para fomentar la innovación pertinente. Si bien es cierto que el sector farmacéutico a gran escala sigue siendo un socio importante en las alianzas publico-privadas, en la práctica existen numerosos marcos de colaboración con pequeñas empresas farmacéuticas o de biotecnología, institutos de investigación o universidades del sector público, organizaciones de investigación por contrato y otros interlocutores del sector público o privado de los países en desarrollo[10]. Ahora que la industria farmacéutica está intentando establecer alianzas más estrechas con estos otros actores del sector para reducir costos, las alianzas publico-privadas parecen estar a la cabeza del desarrollo de un nuevo modelo de actuación. No obstante, todavía se encuentran en una fase experimental, ya que su sostenibilidad sigue siendo incierta. Para responder a los problemas que plantea la falta de innovación sobre las enfermedades de los pobres, es necesario que los gobiernos mismos se involucren más en el proceso de búsqueda y aplicación de soluciones. La suficiencia del suministro depende, como mínimo, de dos factores: potenciar la eficacia del desarrollo de productos y mejorar su dirección, es decir, la medida en que se oriente hacia bienes sociales y no sólo hacia productos lucrativos. Por un lado, se plantea el reto de reducir el costo y el periodo de desarrollo, al objeto de crear mejores productos en menos tiempo y a menor costo, y por otro, la necesidad de fomentar un suministro sostenible en aquellas zonas en las que el mercado no lo ha logrado. Ya se han establecido alianzas para hacer frente a los importantes retos que plantean la tuberculosis, la malaria y el VIH/SIDA que, conjuntamente, afectan a millones de personas en todo el mundo, en particular en los países en desarrollo. Sin embargo, todavía no se ha encontrado un medio para poner a disposición de los países en desarrollo instrumentos nuevos o adaptados para la otra mitad de su doble carga: las enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares que, en muchos países, se suman a las enfermedades de la pobreza y paralizan los ya sobrecargados sistemas de salud. El problema económico es la falta de demanda efectiva de los productos sanitarios que necesitan los países en desarrollo. Esto significa que el mercado no logra estimular el desarrollo ni el suministro de estos productos, o su adaptación a las circunstancias de los países en desarrollo. Es responsabilidad de los gobiernos buscar soluciones al problema. El ciclo de innovación La representación del modelo industrial no se centra en el vínculo entre la investigación básica y la obtención de vacunas y medicamentos valiosos para la salud humana. Los componentes científicos y técnicos del proceso de descubrimiento y desarrollo son sólo un aspecto. El que el proceso completo resulte efectivamente en la puesta en circulación de productos necesarios para los pacientes pobres de los países en desarrollo a precios potencialmente asequibles, depende de un gran número de factores políticos, económicos, sociales y culturales.
Preferimos considerar que la innovación forma un ciclo. Ese ciclo es un esquema aplicable principalmente a los países desarrollados y las enfermedades que los afectan predominantemente, países en que la demanda efectiva y las necesidades de salud de la población coinciden más estrechamente. En el caso de afecciones como el cáncer y el asma, las mejoras incrementales son moneda corriente, y las empresas tienen una seguridad razonable de que los dispensadores de atención sanitaria y los pacientes van a adquirir sus productos. Ello constituye un incentivo económico y financiero básico para la innovación. Con independencia de los diversos problemas que se plantean en el ciclo de innovación, tanto los de naturaleza técnica como los relacionados con el marco regulador (que examinaremos en los siguientes capítulos), el ciclo funciona bastante bien para el mundo desarrollado y sustenta la innovación biomédica orientada a mejorar la salud pública. En cuanto a los países en desarrollo, en los que la demanda es escasa -pero no así la necesidad - apenas existen incentivos para crear intervenciones nuevas o modificadas, acordes con la carga de morbilidad y la situación de cada país. Esta realidad económica abre una brecha importante en el ciclo de innovación, ya que, o bien no existen productos en absoluto o, si existen, los esfuerzos que se realizan a nivel mundial para hacerlos más eficaces y asequibles en las comunidades más pobres suelen ser excesivamente escasos. En términos generales, el ciclo de innovación no funciona bien o no funciona en absoluto para la mayoría de los países en desarrollo. Para que el ciclo de innovación funcione en los países en desarrollo, es necesario mejorar la eficacia del proceso de innovación y resolver los problemas de orden técnico y normativo que se plantean en cada etapa del ciclo (descubrimiento, desarrollo y difusión). En las interfases entre las etapas del proceso, y en cada etapa, surgen problemas especiales. Por ejemplo, la mejora de los instrumentos de investigación y las tecnologías de plataforma podría contribuir en gran medida a racionalizar la innovación, tanto en el camino hacia la etapa de descubrimiento como en la propia etapa. Muchos de los enfoques empleados en la etapa de desarrollo prácticamente no han cambiado desde hace decenios. El marco regulador plantea problemas concretos en el proceso de desarrollo y respecto de la facilitación de la difusión. El propósito de nuestra investigación es buscar medios de mejorar el funcionamiento del ciclo de innovación para desarrollar y suministrar los productos de atención sanitaria que los pobres de los países en desarrollo necesitan. El Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos ha desarrollado un modelo similar, al que denomina proceso continuo de descubrimiento, desarrollo y difusión. Según el Instituto, «El proceso de investigación se extiende de forma continua desde el descubrimiento de nuevos conocimientos sobre el cáncer hasta el desarrollo de nuevas intervenciones y la difusión final de intervenciones nuevas más eficaces y seguras destinadas a todas las personas que las necesitan.»
Nuestro concepto de innovación considera el proceso como un ciclo constituido por tres grandes fases que se alimentan una a otra: descubrimiento, desarrollo y difusión, en contraste con la innovación entendida como un proceso enteramente lineal que culmina en el lanzamiento de un nuevo producto. En el ciclo de innovación, las necesidades de salud pública crean una demanda de productos de un tipo determinado, idóneos para el contexto médico, práctico o social propio del grupo en cuestión, y estimula la labor encaminada a desarrollar productos nuevos o mejorados. Por tanto, la tarea principal de la Comisión es examinar aquellas medidas que podrían resultar adecuadas en las distintas etapas del ciclo de innovación para promover una innovación sostenible del tipo que necesitan los países en desarrollo. Actores en el proceso de innovación En el presente informe se busca la mejor forma de orientar la innovación sanitaria en beneficio de los pobres. En las últimas décadas, el enfoque de la innovación ha sufrido cambios de importancia para cualquier debate acerca del acceso. La industria farmacéutica ha experimentado numerosas transformaciones a lo largo de sus más de cien años de existencia. Desde el principio, ha dependido en gran medida de los avances en el campo de la química y la biología, y se ha beneficiado de una relación simbiótica con los laboratorios de las instituciones académicas. Desde las boticas y las empresas químicas de finales del siglo XIX hasta los actuales gigantes multinacionales del sector farmacéutico, la estructura de la industria se ha adaptado a los cambios del mundo de la ciencia y se ha visto profundamente afectada por el entorno económico y reglamentario. Hoy, la industria farmacéutica mundial se ha centrado en la conversión de los descubrimientos científicos básicos, derivados en gran medida de la investigación básica de universidades e instituciones de investigación del sector público, en medicamentos y vacunas. Los resultados financieros de la industria farmacéutica dependen en mayor grado que los de muchas otras industrias de las políticas económicas aplicadas por los gobiernos, en particular el régimen de patentes, y de las disposiciones reglamentarias destinadas a velar por que los productos sean seguros, eficaces y de buena calidad. La investigación farmacéutica ha evolucionado, pasando de la dependencia de la extracción y concentración de útiles compuestos naturales y la creación de productos químicos sintéticos, a la posibilidad actual de relacionar la estructura química con la actividad farmacológica y bloquear así las vías patogénicas. Muy recientemente, la automatización de las actividades de laboratorio gracias a la química combinatoria y a técnicas de selección de alto rendimiento, al parecer, ha brindado la posibilidad de acelerar el descubrimiento de medicamentos, y ha dado lugar a la creación de enormes bibliotecas de las que pueden extraerse moléculas de grandísimo potencial. En la práctica, este enfoque aún no ha respondido a las expectativas. Durante los últimos años se ha producido un proceso de concentración de la industria farmacéutica mundial, impulsado en gran medida por la búsqueda de nuevos productos con potencial de desarrollo para alimentar sus cadenas de producción con el fin de mantener el crecimiento de los beneficios y las ventas. Las grandes empresas han crecido mediante fusiones y adquisiciones, pero a la vez han tratado de aumentar la productividad de la I+D interna a través de reorganizaciones estructurales. Al mismo tiempo, muchas grandes compañías farmacéuticas han asumido una función más concreta: un número mayor de productos potenciales se obtienen de empresas de biotecnología y otras empresas pequeñas mediante licencias, y las actividades de investigación clínica se encomiendan cada vez más a menudo a organizaciones de investigación especializadas; en los últimos años, ha ido en aumento el número de ensayos realizados en países en desarrollo, como la India y China. Se ha calculado que en 2001 un 35% de los medicamentos que se encontraban en la fase III de ensayos se habían obtenido mediante licencias o eran fruto de trabajos de investigación en colaboración, y en dos terceras partes de los ensayos clínicos participaban organizaciones de investigación por contrato[12]. El número de actores que intervienen en el proceso de I+D es ahora mayor, lo cual ha hecho que surjan nuevas oportunidades, pero también que resulte más complejo coordinar y negociar las actividades entre las diferentes partes de este sistema en constante evolución. Cabe subrayar que cada vez se recurre más en todas las etapas del ciclo de innovación a los conocimientos especializados en I+D de los países en desarrollo, tanto del sector público como del privado. Las iniciativas de colaboración internacionales están en aumento en el Brasil, China, la India y otros países. El ascenso de una industria de la biotecnología que suele englobar empresas surgidas de los laboratorios de universidades, ha brindado más oportunidades de descubrir nuevas clases de medicamentos y, sumado al nacimiento de empresas especializadas en ensayos clínicos, está dando lugar a importantes cambios en la estructura de la industria. Las propias universidades, especialmente en los Estados Unidos, se han convertido en actores decisivos en el proceso de desarrollo de nuevas biotecnologías. Los derechos de propiedad intelectual han sido cruciales para el desarrollo de las industrias de la biotecnología, y las universidades han constituido cada vez más amplias carteras de patentes. Cabe señalar en particular que, en los últimos 20 años, han surgido nuevos actores clave, y ha cambiado la función de otros. El sector de la biotecnología. En 1980, tres acontecimientos sentaron las bases para las aplicaciones industriales de la biotecnología en los Estados Unidos: la decisión del Tribunal Supremo en la causa Diamond v. Chakravarty[13] de aceptar la patentabilidad de los microorganismos modifi cados genéticamente; la Ley Bayh-Dole[14] que permite a las universidades obtener patentes sobre los productos de trabajos realizados con fondos federales; y el éxito de Genentech, la primera empresa de biotecnología cotizada en bolsa[15] La industria de la biotecnología, que ya cuenta con 1500 empresas en los Estados Unidos, ha traído consigo nuevas técnicas basadas en la genética y ha pasado a ser un importante colaborador estratégico de la industria farmacéutica. Por lo que respecta a las empresas de biotecnología, sus reivindicaciones de patentes sobre descubrimientos preliminares, como las secuencias genéticas, y las bases de datos que las facilitan, son medios imprescindibles para conseguir capital. La industria de los medicamentos genéricos. En los Estados Unidos, la Ley Hatch-Waxman[16] de 1984, redujo de forma importante los obstáculos reglamentarios a la comercialización de medicamentos genéricos tras la expiración de la patente sobre el producto original. En muchos países desarrollados hay ya pujantes fabricantes de genéricos y se ha abaratado el acceso a los medicamentos fuera de patente. En algunos países en desarrollo también ha surgido un sector genérico. La India, que hasta 2005 sólo permitía las patentes de procedimiento para la fabricación de productos farmacéuticos, se ha convertido en uno de los principales países productores y exportadores de principios activos y medicamentos a granel, así como de productos todavía sujetos a patente en otros países. China también ha sido durante un tiempo un gran proveedor de principios activos y medicamentos a granel. Los grupos de la sociedad civil, en particular los abogados que representan a pacientes con trastornos específicos. Estos grupos han ejercido presión sobre las empresas, tanto nacionales como internacionales, para que rebajen los precios o aceleren el desarrollo de productos, sobre los organismos de reglamentación para que aceleren el proceso regulador, y sobre los gobiernos para que proporcionen servicios de atención de salud adecuados[17].
Un grupo de países en desarrollo, que comprende a Brasil, China, Cuba, India y varios más, está fomentando con éxito la capacidad innovadora en materia de investigaciones biomédicas, incluida la biotecnología. Estos países participan cada vez más activamente en las redes mundiales de I+D, en razón de sus conocimientos científicos y tecnológicos y sus ventajas de costos. Las universidades, especialmente en los Estados Unidos, donde se origina una proporción considerable de la financiación mundial procedente de los sectores privado y público destinada a las actividades de I+D en el ámbito de la salud, han registrado patentes como nueva forma de obtener ingresos y para fomentar la aplicación comercial. A lo largo de la evolución de la industria, los gobiernos han desempeñado un papel fundamental en la promoción de los resultados, estableciendo sistemas de incentivos, como los derechos de propiedad intelectual o las ventajas fiscales, y más directamente, financiando proyectos de investigación en las universidades o el sector público, y tomando decisiones sobre la adquisición de productos y los precios que están dispuestos a pagar. Además, los gobiernos proporcionan un marco regulador para velar por la calidad, eficacia y seguridad de los nuevos productos. El funcionamiento de estos organismos de reglamentación influye de forma importante en los incentivos a la inversión en el desarrollo de productos y en la rapidez con que los nuevos productos llegan al mercado o incluso en la posibilidad de que se comercialicen o no. Las políticas internas de los gobiernos en ámbitos tales como el de los derechos de propiedad intelectual se ven cada vez más afectadas por los acuerdos comerciales multilaterales y bilaterales. Las fundaciones sin ánimo de lucro, junto con los gobiernos y el sector privado, han desempeñado también un papel muy importante en la financiación de la investigación biomédica, en particular en los países desarrollados, y el Howard Hughes Medical Institute de los Estados Unidos y el Wellcome Trust del Reino Unido son buen ejemplo de ello. Una novedad muy importante en relación con las enfermedades que afectan especialmente a los países en desarrollo ha sido la aparición, en la pasada década, de alianzas publico-privadas para el desarrollo de productos. Estas nuevas alianzas se han formado de maneras diversas, pero generalmente con la destacada participación de fundaciones sin ánimo de lucro y de la industria, y a menudo con el apoyo de la OMS. Su principal fuente de financiación siguen siendo las instituciones sin ánimo de lucro, en particular la Fundación Bill y Melinda Gates. Han aumentado considerablemente el número de productos que se elaboran para combatir las enfermedades y trastornos que afectan predominantemente a los países en desarrollo. Fase inicial de las investigaciones El impacto de los progresos científicos La industria farmacéutica, tal como se conoce hoy en día, surgió hace más de un siglo gracias a los progresos básicos registrados en el campo de la química y la biología, unidos al desarrollo de la nueva disciplina de la farmacología. De hecho, la industria farmacéutica empezó como una nueva línea de producción de la industria química o del tinte. En el siglo XX, el descubrimiento de los antibióticos fue un elemento central del desarrollo de la industria. Se produjeron nuevos avances en el terreno de la biología, que a su vez permitieron comprender mejor el efecto de los medicamentos en el cuerpo. Por ejemplo, los científicos descubrieron la existencia de «receptores» en diferentes órganos del cuerpo a los que los agentes terapéuticos podían unirse e inducir así cambios deseables (por ejemplo, la disminución de la tensión arterial) o bloquear cambios indeseables (como el desarrollo de tumores). Asimismo, reconocieron el papel fundamental de las enzimas en la etiología de la enfermedad y, por ende, su función como dianas de medicamentos potenciales. En los últimos 30 años, los avances de la biología molecular han dado origen a la industria de la biotecnología y se han convertido en un motor clave de los métodos de I+D de la industria farmacéutica. Entre los resultados obtenidos cabe mencionar el desarrollo del ADN recombinante y, a partir de ahí, de proteínas y de anticuerpos monoclonales recombinantes. La eritropoyetina (EPO) es un ejemplo importante de hormona sintética obtenida mediante la tecnología del ADN recombinante para hacer frente a la carencia de EPO natural producida por el organismo, que provoca una disminución del número de glóbulos rojos. Se utiliza ampliamente en el campo de la medicina para tratar una serie de enfermedades graves, entre ellas, afecciones renales, diversos tipos de anemia y algunos tipos de cáncer, así como en la batalla contra el SIDA. La consecuencia más importante de estos avances científicos es seguramente la posibilidad de comprender la etiología de la enfermedad a nivel del gen y, sobre esa base, de determinar con mayor precisión la intervención médica óptima. La publicación del proyecto de secuencia del genoma humano en 2000 (ultimado en 2003) se vio acompañada de una ola de optimismo, pues parecía que esos avances acelerarían el descubrimiento de medios para diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades. Se pensó que la combinación de nuevas técnicas de secuenciación de genes, y la aparición de nuevas tecnologías para el descubrimiento de medicamentos, como la química combinatoria y la selección de alto rendimiento de compuestos, junto con las posibilidades de que en la fase inicial de las investigaciones se recurriera a la bioinformática podrían acelerar drásticamente el descubrimiento de nuevos medicamentos. Según uno de los investigadores que encabezaron el proyecto, «esta serie de instrumentos extraordinarios que está dando el proyecto del genoma acelerará de forma vertiginosa el proceso de descubrimiento, y veremos sus frutos en un plazo de tres a cinco años»[18].
Los años siguientes han demostrado que se han sobrevalorado las posibilidades de la genómica de transformar rápidamente el proceso de I+D y el descubrimiento de nuevos tratamientos. La abundancia de conocimientos genéticos nuevos más bien ha servido para subrayar la complejidad de la etiología de la enfermedad. Por ejemplo, en 1999, diez grandes empresas farmacéuticas y el Wellcome Trust crearon un consorcio[19] para encontrar y cartografiar 300 000 polimorfismos mononucleotídicos (SNP) comunes, esto es, alteraciones en la unidad estructural fundamental del ADN que pueden estar relacionadas con la etiología de enfermedades. De hecho, actualmente se piensa que, aunque existen más de 10 millones de SNP, sólo una parte de ellos está implicada en la etiología de las enfermedades. Se ha puesto en marcha un nuevo proyecto, denominado HapMap, con el apoyo del Consorcio SNP y otras empresas, cuyo objetivo es comparar las secuencias genéticas de diferentes personas para determinar las regiones cromosómicas que comparten variantes genéticas[20]. Ahora se ha creado otra iniciativa, denominada Structural Genomics Consortium (consorcio para la genómica estructural), con miras a determinar las estructuras tridimensionales de proteínas de importancia médica. Se espera que dicha iniciativa permitirá conocer mejor esas proteínas y proporcionará nuevas dianas para intervenciones terapéuticas, con lo que ofrecerá el marco estructural para el diseño racional de medicamentos nuevos o mejorados capaces de inhibir o mejorar la función de las proteínas[21].
Así pues, desenmarañar esta compleja red de información que relaciona la variación genética con enfermedades ha resultado más difícil – y llevará más tiempo – de lo que muchos creían en un principio. No obstante, toda esta nueva información debería terminar dando frutos, siempre y cuando se empleen los recursos humanos y financieros necesarios para convertir esos conocimientos fundamentales en intervenciones que permitan diagnosticar, prevenir y tratar enfermedades. Esta observación general sobre el impacto de la genómica también se aplica a las enfermedades que afectan en forma desproporcionada a los países en desarrollo. Por ejemplo, en 2002 se publicaron las secuencias genómicas tanto de la principal especie de mosquito responsable de la transmisión de la malaria (Anopheles gambiae) como del principal parásito (Plasmodium falciparum), lo que ha proporcionado un instrumento muy importante para encontrar nuevos métodos de tratamiento y, en particular, ha contribuido a que la Operación Medicamentos Antipalúdicos (OMA) incluya tres nuevos proyectos en su cartera de descubrimiento de medicamentos. Se han realizado ejercicios similares de secuenciación de numerosos patógenos. Por ejemplo, se han hecho grandes avances en cuanto a la comprensión de la patogenia micobacteriana gracias a la secuenciación del genoma de Mycobacterium tuberculosis en 1998. Los trabajos de investigación en este terreno se han visto impulsados en parte por la revolución genómica y han dado lugar a la elaboración de instrumentos que permiten suprimir e intercambiar genes entre micobacterias. La secuenciación del genoma de Mycobacterium tuberculosis también ha ayudado a los científicos a empezar a identifi car los genes que regulan la latencia de la tuberculosis[22].
No obstante, según la Iniciativa en pro de la Vacuna Antipalúdica, a corto plazo, los mapas genómicos no tendrán un impacto importante en el desarrollo de la vacuna antipalúdica: La cartografía del genoma del parásito causante de la malaria ha permitido encontrar varios miles de dianas potenciales para vacunas antimaláricas. Llevará varios años (y quizá décadas) de investigación evaluar esas dianas y convertir las más prometedoras en vacunas que se puedan evaluar. A corto plazo, la cartografía del genoma no tendrá un gran impacto en el desarrollo de la vacuna antipalúdica[23].
Recientemente se han publicado los genomas de los tres tripanosomas causantes de la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chagas y la leishmaniasis, fruto de una colaboración transnacional en que han participado, entre otros, investigadores de África y América del Sur. Aunque esos avances son fundamentales, el artículo de la revista Science que acompañaba a esa publicación ha resumido bien el dilema: Los genomas de los tres tripanosomas son interesantes de por sí, pero ¿cómo van a ayudar a luchar contra la enfermedad? Dada su evolución distinta, los tripanosomas presentan una plétora de dianas potenciales para medicamentos, y es casi seguro que los medicamentos potenciales están abandonados en las quimiotecas de las compañías farmacéuticas… Pero hacen falta recursos y un compromiso muchos mayores para transformar dianas de medicamentos en éxitos clínicos. Es evidente que la industria farmacéutica tradicional no se dedicará realmente a esta esfera, y que el actual sistema de promoción e incentivos en el mundo académico no puede atraer ni mantener los recursos humanos y financieros necesarios. Los consorcios evolucionan lentamente y a menudo se ven aquejados por problemas semejantes, agravados por el ego de los investigadores y los patrocinadores[24].
En el caso de la vacuna contra el VIH/SIDA, se ha reconocido en particular la necesidad de llevar a cabo investigaciones más coordinadas a escala mundial, centrándose en superar las principales dificultades científicas y operacionales que plantea convertir los conocimientos derivados de las investigaciones básicas en vacunas experimentales. En 2003, los líderes del G8 respaldaron la Agrupación Mundial para la Vacuna contra el VIH, inspirada en parte en el Proyecto del Genoma Humano, coordinado por el sector público[25]. Como ha señalado un representante de la Iniciativa internacional para una vacuna contra el SIDA: … existe una brecha enorme entre las investigaciones básicas y las actividades de desarrollo de productos (investigación aplicada y diseño de vacunas). Hacen falta mecanismos eficaces para movilizar a nivel mundial los conocimientos y las infraestructuras necesarios para elaborar un programa de trabajo que permita resolver los problemas relacionados con la investigación aplicada… Las soluciones a esos retos requerirán la participación multidisciplinaria de diversos sectores de la investigación del VIH y el diseño de vacunas; un compromiso a largo plazo de establecer un programa de trabajo sistemático para resolver problemas; y mecanismos creativos que vinculen a los especialistas en investigaciones básicas con los diseñadores de vacunas, en esferas tan variadas como la biología estructural, la cristalización robotizada, la glicobiología y las pruebas a gran escala en primates no humanos[26].
Cada una de las enfermedades e intervenciones (ya sea para diagnóstico, prevención o tratamiento) plantea sus propios retos científicos, pero existe un hilo conductor en casi todas las esferas relacionadas con las enfermedades que interesan a la Comisión. El hecho es que los avances de la ciencia biomédica, y en particular de la genómica, ofrecen perspectivas de progreso comparables en el descubrimiento de intervenciones nuevas y eficaces. La rapidez con la que esas perspectivas prometedoras se hagan realidad dependerá de la eficacia con que el mundo afronte los problemas relacionados con la ciencia, las instituciones y los recursos, sobre todo por lo que se refiere a las enfermedades y las afecciones que atañen a los países en desarrollo. Cambios institucionales Los adelantos en el proceso científico han estado estrechamente relacionados con cambios en las instituciones que han intervenido en ese proceso. Las instituciones existentes han tenido que adaptarse a esos adelantos, y al mismo tiempo han surgido nuevas instituciones para aprovechar sus trabajos. Como se ha señalado más arriba, las cuestiones fundamentales se plantean en la interfaz de lo que a menudo se denominan investigaciones básicas e investigaciones aplicadas. Según el enfoque de Vannevar Bush, las investigaciones básicas son consideradas una actividad guiada por la curiosidad (sin aplicación práctica), y las investigaciones aplicadas, aquéllas destinadas a una aplicación en particular (como la creación de un medicamento, una vacuna o una prueba de diagnóstico). La distinción entre esos dos tipos de investigaciones, siempre difícil de definir con precisión, se ha complicado aún más a raíz del desarrollo de la investigación basada en la genómica. Por ejemplo, de las investigaciones genómicas básicas pueden surgir directamente productos de gran utilidad (como una prueba de diagnóstico). Por eso quizá sea más útil distinguir entre investigación preliminar e investigación focalizada, ya que los productos de la investigación preliminar pueden incluir instrumentos de investigación o tecnologías básicas que los investigadores de la fase de investigación focalizada precisan para sus trabajos de I+D. Los instrumentos de investigación son difíciles de definir como una categoría debido a su heterogeneidad. Puede tratarse de objetos o de procesos utilizados en los laboratorios para el desarrollo de medicamentos, medios de diagnóstico u otras invenciones. Entre esos instrumentos se incluyen animales de laboratorio que pueden haber sido modificados genéticamente. Así, el «ratón de Harvard», modificado genéticamente para que fuera vulnerable al cáncer, es un conocido ejemplo de un instrumento de investigación animal que ha sido patentado en diversos países. Los instrumentos de investigación también pueden ser bases de datos: en el Centro Nacional de Información Biotecnológica, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, 200 000 investigadores solicitan a diario que se comparen las secuencias que han obtenido con las de GenBank, una base de datos sobre el ADN. Esta base de datos es de acceso gratuito, pero otras cobran por sus servicios. En general, los instrumentos de investigación son una línea celular, un agente vectorial, un anticuerpo, una proteína o un gen o su expresión, un método de detección, etc., y esos instrumentos también pueden estar o no estar patentados. Un ejemplo clásico es la tecnología del ADN recombinante, inventada en las Universidades de California y Stanford (conocida como Cohen-Boyer por el nombre de sus dos inventores), que es fundamental para proseguir la investigación sobre el ADN y que se utiliza en todas las esferas de la biomedicina. Esta tecnología, que fue patentada, ha sido objeto de numerosas licencias no exclusivas y ha reportado a esas universidades US$ 255 millones en derechos de licencias[27].
En el ámbito institucional, la interfaz investigación preliminar/investigación focalizada se sitúa entre la investigación fundamentalmente preliminar que llevan a cabo las universidades o institutos públicos de investigación, financiada en su mayor parte por gobiernos, y las entidades de investigación focalizada, que financia sobre todo el sector privado. Así pues, otra importante interfaz es la que existe entre las empresas de investigación del sector público y las del sector privado. A riesgo de simplificar en exceso la evolución histórica, se puede decir que la ciencia «básica» era considerada tradicionalmente la principal actividad del sector público o las universidades y la investigación «aplicada», la del sector privado. Al sector privado se encomendó la tarea de utilizar los conocimientos producidos por las universidades, que se proporcionaban gratuitamente, para ampliarlos y buscar aplicaciones comerciales. Los incentivos para el progreso científico en el sector público y universitario eran los sistemas consagrados de divulgación, publicación, examen colegiado y promoción, el prestigio asociado con ser el primero en hacer un descubrimiento y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. En el sector privado, aunque las personas actuaban movidas por muchos de los incentivos que animaban a los investigadores de las ciencias básicas, los principales incentivos para las empresas eran comerciales y financieros. Entre esos dos sistemas existía una relación simbiótica bien equilibrada[28]. Las universidades no sólo aportaban la erudición para seguir realizando progresos científi cos, sino también los especialistas que necesitaba el sector privado. En realidad, ésta ha sido siempre una imagen simplificada del proceso de innovación. Tradicionalmente, las universidades y los institutos públicos de investigación han participado en gran medida en la investigación focalizada, a menudo en colaboración con el sector privado. Por ejemplo, en los NIH, los trabajos de búsqueda de tratamientos contra la malaria dieron comienzo en el decenio de 1930, cuando esa enfermedad era todavía un problema de investigación importante para la salud pública en los Estados Unidos. De hecho, las investigaciones sobre la malaria y otras enfermedades tropicales se habían iniciado mucho antes en el Walter Reed Army Institute of Research, debido a los riesgos sanitarios a los que se enfrentaban las tropas estadounidenses en combate en el extranjero. Numerosos productos como las vacunas y los medicamentos antipalúdicos han sido desarrollados principalmente por el sector público, aunque en general la industria ha participado en las fases de desarrollo y difusión. En fecha más reciente, esa distinción se ha hecho cada vez menos clara. Por ejemplo, en 2005, los NIH otorgaron una importante subvención multianual a un consorcio de instituciones académicas para que diseñara, desarrollara y probara vacunas contra el VIH mejoradas, con ayuda de elementos que van desde el conocimiento básico de la respuesta inmunitaria del organismo en la primera fase de la infección por VIH hasta la realización de ensayos clínicos con vacunas experimentales contra el VIH[29]. Ese mismo año, la Fundación Bill y Melinda Gates, el Wellcome Trust y los Institutos Canadienses de Investigaciones Sanitarias concedieron subvenciones para «grandes retos», por un valor de casi US$ 500 millones, a 43 proyectos de 33 países para trabajos de investigación básica y aplicada. Por ejemplo, una de esas subvenciones se concedió a un consorcio internacional de universidades y empresas privadas para estudiar la biología fundamental de la latencia de la tuberculosis y desarrollar medicamentos para combatirla. Cuarenta de esas subvenciones recayeron en proyectos de institutos públicos de investigación o universidades y tres en proyectos de empresas farmacéuticas o de biotecnología del sector privado[30].
Las empresas farmacéuticas pueden llevar a cabo o patrocinar investigaciones básicas, como es el caso del Consorcio SNP. Los adelantos de la biotecnología han llevado a pensar que la genómica puede tener un gran valor comercial. Así, un importante cambio en la interfaz investigación preliminar/investigación focalizada ha sido la aparición de la industria biotecnológica como uno de los principales contribuyentes al proceso de I+D en la biomedicina. El auge de la industria biotecnológica se debe, en gran medida, a los cambios concomitantes que se han producido en las universidades, de donde han surgido muchas nuevas empresas de biotecnología. Dada la naturaleza de la revolución científica, se ha dado un gran valor a la interdisciplinariedad. Las nuevas disciplinas, como la bioinformática, la proteómica y la expresión genómica, que también es necesario vincular con la química, requieren una acción coordinada por parte de múltiples y diversos actores, a nivel horizontal y vertical. Si esos actores trabajan en instituciones distintas, tanto públicas como privadas, es necesario encontrar un medio para que lleven a cabo transacciones eficaces entre sí. Los derechos de propiedad intelectual, las licencias y los contratos son la moneda de cambio de esas transacciones. Cambios de política
En los Estados Unidos, varios acontecimientos económicos y jurídicos interrelacionados contribuyeron a consolidar nuevas disposiciones institucionales en materia de I+D. Un célebre fallo del Tribunal Supremo en 1980, en relación con el caso Diamond contra Chakrabarty, confirmó la patentabilidad de las invenciones genéticas (en este caso se trataba de una bacteria manipulada genéticamente capaz de descomponer el petróleo bruto)[31]. La aplicación del sistema de patentes de esta manera facilitó la elaboración de un modelo empresarial viable para la industria biotecnológica. Aunque el desarrollo de productos generadores de ingresos estaba lejos del alcance de numerosas empresas, éstas podían recaudar dinero o producir valor, gracias al registro de patentes de tecnologías genéticas básicas. Las nuevas empresas tienen más patentes biotecnológicas que las grandes empresas farmacéuticas[32].
Ese mismo año, la ley Bayh-Dole permitió a las universidades registrar patentes basadas en invenciones derivadas de investigaciones financiadas con fondos públicos, con el fin de estimular la continuación del desarrollo y la aplicación de tecnologías basadas en la investigación universitaria. Esta transferencia de tecnología, como se denomina en los Estados Unidos, ha dado lugar a un rápido aumento de las patentes registradas por las universidades, y ha creado una nueva fuente de ingresos potenciales a través de la concesión de licencias. La mayoría de las patentes que se registran en las universidades estadounidenses están relacionadas con la biomedicina, en parte debido a la enorme cantidad de fondos de los NIH de los depende gran parte de la investigación universitaria, y en parte a que al valor comercial potencial de las patentes es superior que en la mayor parte de los demás sectores. De hecho, en los Estados Unidos, la Universidad de California es la entidad que posee el mayor número de patentes sobre ADN, seguida del Gobierno de los Estados Unidos, a través de los NIH. Las instituciones públicas europeas y estadounidenses poseen el 30% de todas las patentes de secuencias de ADN registradas entre 1996 y 1999[33].
En este nuevo entorno, las universidades y las instituciones públicas se han convertido en importantes actores en el terreno del registro de patentes y la concesión de licencias relacionadas con la I+D biomédica. En los Estados Unidos, y cada vez más en otros países, las universidades se dedican activamente a registrar patentes y a hacer valer sus derechos al respecto, incluso con acciones judiciales[34]. Los investigadores de las universidades reciben una parte de los ingresos por concesión de licencias, y también pueden desempeñar una doble función en las nuevas empresas que han surgido de su universidad. Así pues, no sólo se ha desdibujado la interfaz entre la investigación preliminar y la investigación focalizada, sino que también ha cambiado la función relativa de las diferentes partes de esa interfaz, ya sean personas o instituciones.
La investigación preliminar en los sectores público y privado ha dependido tradicionalmente de que se mantuviera una combinación adecuada de competencia y colaboración científicas. La competencia por llegar a ser la primera persona o el primer equipo en alcanzar un objetivo particular constituye un poderoso incentivo para el progreso. Buen ejemplo de ello fue la carrera entre un consorcio del sector público y una empresa privada por secuenciar el genoma humano. Otro ejemplo fue la rápida secuenciación del genoma del virus del SRAS en 2003. No obstante, como demuestra también el caso del genoma humano, la colaboración entre distintos equipos, el intercambio de conocimientos y el interés por evitar la duplicación innecesaria son factores importantes que contribuyen al avance de la ciencia tanto en los trabajos de investigación sin fines de lucro como en los orientados a obtener beneficios. Los recientes cambios en el marco normativo influyen en el equilibrio entre colaboración y competencia. En particular, el incentivo de la patente puede facilitar la divulgación temprana de información científica que de otro modo se habría mantenido en secreto y, por consiguiente, puede alentar la innovación competitiva. Sin embargo, la búsqueda de patentes y de financiación comercial puede favorecer el secretismo – en lugar del intercambio de conocimientos –, lo que exacerba la rivalidad y frena la colaboración entre los grupos de investigación. Un comportamiento demasiado competitivo puede ser contraproducente para los trabajos de investigación en general, como también puede serlo la carencia de comportamiento competitivo. En efecto, existen varias actividades de colaboración importantes entre empresas privadas, fundaciones e instituciones del sector público, como el Consorcio SNP. Esas actividades suelen estar orientadas a las investigaciones preliminares o básicas, que son imprescindibles para facilitar el desarrollo ulterior de productos. Así pues, las empresas son conscientes de que, en determinadas fases del ciclo de innovación, les beneficia colaborar para llegar a unos conocimientos preliminares que necesitarán todas las partes, lo que a su vez será útil para acelerar la aplicación de nuevas tecnologías en pro de la salud humana. Asimismo, como ocurre con el Proyecto del Genoma Humano del sector público, los conocimientos generados gracias a esa colaboración se suelen hacer públicos directamente, lo que significa que todos los científicos tienen libre acceso a ellos y que los datos como tales no pueden ser patentados.
Lo contrario ocurre con las quimiotecas de las empresas farmacéuticas, que son consideradas un secreto comercial. Los archivos anotados de compuestos de propiedad de la empresa son uno de los elementos más importantes de la fuerza competitiva de una empresa. Esas quimiotecas pueden contener un millón de compuestos, naturales y sintéticos, y se ponen a prueba repetidamente contra nuevas dianas terapéuticas. Dado su valor potencial para los mercados de los países desarrollados, las empresas no suelen dar un acceso amplio a sus bibliotecas de moléculas, incluso a investigadores del sector público o del sector sin ánimo de lucro que estudian enfermedades de valor comercial escaso o nulo. Algunas universidades han puesto a punto también bibliotecas de compuestos de libre acceso. Facilitar acceso a esas bibliotecas puede entrañar un elevado costo de oportunidad para las empresas que compiten en el mercado de la investigación, aunque se haya llegado a acuerdos en circunstancias adecuadas (véase el recuadro 2.1). La selección de alto rendimiento de valoraciones biológicas utilizando los compuestos de esas quimiotecas podría proporcionar datos esenciales para compuestos potencialmente eficaces. Hay que tomar medidas para tratar de superar las dificultades planteadas hasta la fecha para acceder a este recurso, encontrando la manera de reunir a los investigadores de enfermedades desatendidas y las empresas que tienen las quimiotecas. Sólo si se adoptan enfoques novedosos será posible que las entidades privadas, públicas y sin ánimo de lucro amplíen sus investigaciones sobre las enfermedades desatendidas y que se siga garantizando al mismo tiempo la protección de esos valiosos recursos de las empresas. Financiación pública y prioridades de investigación La distribución de los fondos es el factor que determina principalmente los resultados de las investigaciones. A escala mundial, los gobiernos financian la inmensa mayoría de las fases iniciales de investigación a través de organismos equivalentes al Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido o los NIH de los Estados Unidos. Según las estimaciones del Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias, en 2001 el gasto mundial del sector público en investigaciones sanitarias ascendió en total a casi US$ 47 000 millones (cuadro 2.1), de los cuales cerca de US$ 29 000 millones (un 61%) fueron gastados en los Estados Unidos, fundamentalmente por los NIH. Se calcula que el gasto del sector público en los países en desarrollo ascendió a unos US$ 2500 millones[35].
Estimación de los fondos destinados a actividades de I+D en materia de salud en 2001 a nivel mundial (en miles de millones de us$)[36]
No obstante, estas cifras son sólo indicativas e incluyen los gastos correspondientes a todas las fases de investigación, desde la de descubrimiento a la de difusión. Según una estimación rigurosa realizada recientemente de todos los tipos de investigación biomédica en los Estados Unidos, en 2004, tan sólo en este país, el gasto en I+D ascendió a US$ 94 300 millones. De ese total, US$ 54 000 millones representan el gasto de las empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos y US$ 37 400 millones el de los gobiernos federal, estatales y locales. Los US$ 2500 millones restantes corresponden a entidades sin ánimo de lucro. El gasto total en los sectores público y privado casi se ha duplicado en los diez últimos años[37].
Cabe hacer dos preguntas importantes acerca de la financiación: º ¿De cuántos fondos se dispone y cómo se distribuyen entre los distintos tipos de enfermedades o las distintas esferas de investigación? º ¿Cómo influyen los financiadores en el contenido y la realización de las investigaciones? Una característica importante de la financiación pública de la I+D es que está determinada fundamentalmente por las prioridades nacionales. Así, las prioridades de financiación de la I+D en el sector público de los países desarrollados estarán necesariamente condicionadas por la carga de morbilidad de esos países (principalmente, enfermedades de tipo I y VIH/SIDA) y por la búsqueda de soluciones que estén en consonancia con los recursos de que disponen para encontrar nuevos métodos de diagnóstico, prevención y tratamiento. Aunque resulta difícil obtener cifras exactas, es probable que el desfase que existe a nivel mundial en la investigación financiada con fondos públicos en relación con las necesidades sanitarias de los países en desarrollo siga la misma tendencia que el desfase mundial que existe en la financiación privada impulsada por las fuerzas del mercado. Algunos países desarrollados muestran interés por la sanidad internacional, interés que se remonta a principios del siglo XX por lo que se refiere a las antiguas potencias coloniales como Francia y el Reino Unido. En esos casos, la infraestructura para la investigación de enfermedades que afectan principalmente a los países en desarrollo sigue siendo sólida, y existen vínculos entre los investigadores de distintas partes del mundo en desarrollo. Por ejemplo, el Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido tiene una importante cartera de investigaciones relacionadas con los países en desarrollo. En 2002-2003, el Consejo destinó unos £ 22,5 millones a las investigaciones de ese tipo, lo que representó más del 6% de sus gastos totales. En 1993, se autorizó a los NIH de los Estados Unidos a que llevaran a cabo investigaciones sobre enfermedades tropicales, cuando hasta entonces toda investigación de ámbito internacional tenía que resultar específicamente beneficiosa para los ciudadanos estadounidenses. En uno de nuestros estudios se calculó que la proporción del gasto en I+D sobre enfermedades tropicales correspondiente a los NIH había aumentado hasta US$ 1000 millones en 2004 (un 4% del gasto total en I+D), mientras que en el decenio de 1990 esa proporción era muy inferior al 1% de una inversión total mucho menor[38].
Una de las razones de esta tendencia favorable es que la experiencia reciente ha demostrado la indivisibilidad de las prioridades sanitarias. Con el proceso de mundialización y la creciente movilidad de los habitantes del mundo entero, no se puede considerar que ninguna enfermedad infecciosa esté limitada geográficamente. Las tendencias demográficas y económicas han incrementado la vulnerabilidad a las epidemias (como el SRAS, la tuberculosis, la gripe o la gripe aviar), que podrían afectar a millones de personas del mundo desarrollado y en desarrollo. Aparte de las enfermedades infecciosas, preocupa la cuestión del rápido aumento de las tasas de enfermedades no transmisibles. Algunas de estas enfermedades se pueden tratar con medicamentos antiguos relativamente baratos (por ejemplo, diuréticos para reducir la tensión arterial). Sin embargo, muchos de los tratamientos más nuevos contra el cáncer y las enfermedades cardiovasculares que pueden ser beneficiosos para los pacientes del mundo en desarrollo resultan caros y difíciles de distribuir. En estos casos, además de los tratamientos, otros enfoques, como unos medios más baratos de diagnóstico precoz y las investigaciones epidemiológicas sobre la etiología y las estrategias de prevención, podrían dar resultados más positivos en cuanto a mejoras sanitarias en los países en desarrollo. Por tanto, las prioridades con respecto a las investigaciones sobre las enfermedades de tipo I, desde la perspectiva de los países en desarrollo con sus problemas de falta de recursos, sean probablemente distintas de las de los países desarrollados.
En lo que atañe a las enfermedades de tipo II, como la tuberculosis o la malaria, es preciso integrar la búsqueda de soluciones aplicables al mundo en desarrollo en la fase más temprana de la investigación. Según la Alianza Mundial para el Desarrollo de Medicamentos contra la Tuberculosis: Tenemos una doble tarea: acelerar la labor de investigación y desarrollo y garantizar la asequibilidad de los medicamentos desarrollados, especialmente en los países más empobrecidos con una elevada carga de tuberculosis[39].
Las organizaciones como la Alianza Mundial para el Desarrollo de Medicamentos contra la Tuberculosis intervienen principalmente en la fase de desarrollo del ciclo de innovación, pero la cuestión de encontrar el modo más eficaz de traducir los resultados de las investigaciones básicas en productos de atención de salud utilizables se plantea a lo largo de todo el ciclo de investigación. El Consejo de Investigaciones Médicas del Reino Unido lo dejó muy claro en una reciente declaración relativa a la visión de futuro: No obstante, hay que encontrar el equilibrio adecuado entre la rentabilidad a corto plazo y la promoción del desarrollo a largo plazo de las ciencias básicas, que se traducirá con el tiempo en mejoras de la salud y el bienestar. Por tanto, prevemos que las investigaciones a las que presta apoyo el Consejo de Investigaciones Médicas tendrán una pertinencia cada vez mayor en relación con las enfermedades, y que se otorgará más prioridad a los enfoques translacionales en la interfaz investigaciones básicas/clínicas[40].
Las políticas adoptadas recientemente por los NIH también hacen hincapié en la investigación translacional. En particular, la «Roadmap Initiative» de los NIH tiene por objeto llevar a cabo una ambiciosa reestructuración de los métodos de las investigaciones básicas. El primer componente de esa iniciativa está destinado a crear nuevas vías de descubrimiento. Entre los principales elementos de este componente cabe señalar el estudio de las proteínas expresadas por genes, así como de las redes y los componentes metabólicos en las células. Los NIH también desarrollarán bibliotecas de moléculas para facilitar la selección de dianas de medicamentos y compuestos, se centrarán en la biología estructural y fomentarán el desarrollo de la bioinformática, la biología computacional y la nanomedicina. Un segundo componente está destinado a promover la investigación interdisciplinaria y la asunción de riesgos (a través de un nuevo sistema de incentivos) y un tercero se centra en la transformación de las investigaciones clínicas[41].
Si bien esas iniciativas se centran generalmente en la manera de mejorar las ciencias básicas para facilitar el descubrimiento y el desarrollo ulterior, este replanteamiento del proceso es importante para hacer frente a los problemas sanitarios que aquejan a los países en desarrollo. Por ejemplo, las similitudes (u homologías) en la estructura del ADN o las proteínas pueden contribuir en gran medida a encontrar compuestos y dianas de medicamentos para enfermedades de origen común. Además, como cada vez hay más bases de datos y se desarrollan programas informáticos, se puede utilizar la bioinformática, entre otros medios, para investigar las homologías. Por ejemplo, en el marco de sus investigaciones con fines comerciales, Novartis encontró una nueva diana antibacteriana (para las infecciones respiratorias) que la bioinformática demostró que también estaba presente en el agente patógeno de la tuberculosis. El Instituto Novartis de Enfermedades Tropicales de Singapur está estudiando este resultado[42]. Las homologías pueden ser importantes también por otro motivo: las investigaciones sobre enfermedades desatendidas, como la tuberculosis, pueden presentar ventajas para las enfermedades para las que existe un importante mercado rentable. Por ejemplo, un nuevo medicamento (actualmente sometido a ensayos) contra la diarrea relacionada con el SIDA y la diarrea infantil prevalente en los países en desarrollo también puede ser útil para combatir el síndrome del colon irritable, para el que existe un mercado grande y rentable en el mundo desarrollado[43].
Este debate se basa en gran medida en la experiencia de los países desarrollados, ya que es en ellos donde se han llevado a cabo la mayoría de las actividades de I+D hasta el momento, y donde se han formulado respuestas normativas. Los países en desarrollo, aunque en circunstancias muy distintas, quizá puedan aprovechar la experiencia de los países desarrollados a la hora de adoptar sus propias decisiones de política. Algunos países en desarrollo cuentan con una sólida infraestructura científica, que se basa en gran medida en el desarrollo de la capacidad del sector público, y destinan muchos recursos a la investigación biomédica. Sin embargo, una aplicación ciega del modelo lineal y la escasa participación del sector privado en actividades de I+D les han impedido traducir la capacidad científica en innovaciones útiles. Eso ha dado lugar a un modelo que no está bien adaptado a la aplicación y la comercialización de sus posibles invenciones. En la mayoría de países en desarrollo examinados para la preparación de este informe, el sector privado ha sido hasta hace poco una fuente de innovación poco importante en el campo de la biomedicina. Algunos países que disponen de una infraestructura científica bien desarrollada están tratando ahora de elaborar nuevas políticas para impulsar la innovación. El desafío que se plantea a todos los países en desarrollo es ajustar las políticas de innovación a su situación particular. Propuestas de política: financiación y establecimiento de prioridades El análisis anterior abarca toda una serie de cuestiones científicas, técnicas, institucionales y financieras que pueden afectar a los progresos de la fase inicial de investigación. A continuación, examinamos propuestas de política concretas que tienen por objeto colmar las diversas lagunas del proceso actual. En los últimos años han aumentado considerablemente los fondos destinados a actividades de I+D en beneficio de países en desarrollo. También ha crecido el interés de los financiadores públicos de los países desarrollados por la investigación preliminar y la investigación focalizada. En efecto, se calcula que las fundaciones sin ánimo de lucro han aportado a las alianzas publico-privadas desde su creación, hace casi diez años, hasta finales de 2004 US$ 900 millones para el desarrollo de productos, sin incluir iniciativas como la de «grandes retos», mencionada anteriormente, ni las recientes inversiones de los NIH en el desarrollo de una vacuna contra el VIH/SIDA. Como hemos visto, se plantean muchos problemas para convertir los avances en el conocimiento del genoma – que son muy amplios – en diagnósticos, vacunas y tratamientos que se ajusten al perfil de morbilidad y a los limitados recursos de los países en desarrollo. Para conseguirlo, es preciso destinar más recursos a los trabajos translacionales para esas indicaciones en el ámbito de la proteómica, la genómica estructural, la bioinformática, la biología computacional y la nanotecnología. En informes recientes sobre la investigación sanitaria para el desarrollo se han formulado una serie de recomendaciones en materia de corrientes de recursos y de coordinación. En 1990, la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo recomendó a los gobiernos que invirtieran un 2% del presupuesto nacional de salud en lo que llamó investigaciones nacionales esenciales en salud, y a los países donantes, que destinaran un 5% de la ayuda para proyectos de salud en los países en desarrollo a investigaciones y al fortalecimiento de la capacidad de investigación. Por último, recomendó la creación de un mecanismo internacional que supervisara los progresos realizados y garantizara una mayor coherencia a las investigaciones sobre problemas sanitarios de los países en desarrollo, y que también fuera capaz de movilizar más fondos a largo plazo en apoyo de esas investigaciones[44].
En informes posteriores (como el de la Comisión sobre Macroeconomía y Salud, CMS) se han hecho llamamientos análogos sobre la necesidad de más recursos y de una serie de servicios que quizá se podrían prestar mejor a nivel mundial que local. En 2005, los Estados Miembros de la OMS aprobaron una resolución en la Asamblea Mundial de la Salud en la que se instaba a los Estados Miembros a que «estudien la posibilidad» de aplicar la recomendación (en materia de financiación) formulada por la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo en 1990[45]. Las recomendaciones más ambiciosas de la CMS, en las que ésta pedía la creación de un nuevo Fondo Mundial de Investigaciones en Salud, dotado de US$ 1500 millones anuales y un incremento equivalente de las sumas que se conceden a través de los canales existentes a organismos como la OMS o las alianzas publico-privadas, no se han materializado. A pesar de los signos alentadores que se han observado recientemente en los gobiernos y las fundaciones, hay que realizar muchas más investigaciones en lo que atañe a la interfaz investigación preliminar/investigación focalizada, dada la importancia que reviste traducir los avances científicos prometedores en productos necesarios para combatir los problemas de salud de los países en desarrollo. Ésta no es sólo una cuestión de dinero. Ya se ha señalado la necesidad de lograr un equilibrio adecuado entre competencia y colaboración. En principio no es deseable duplicar los esfuerzos, pero es necesario hacerlo en cierta medida para mantener la competencia. La tensión entre una coordinación y una colaboración deseables, por un lado, y una competencia igualmente deseable, por otro, es inherente a la investigación. Las iniciativas como la Agrupación Mundial para la Vacuna contra el VIH tratan de conciliar esos objetivos, que pueden ser contradictorios. Lo que también está claro es que puede ser necesario adoptar un enfoque diferente para el diagnóstico, la prevención o el tratamiento de las distintas enfermedades. Por consiguiente, resulta imposible definir prioridades que no sean muy generales si no se considera la situación concreta de cada indicación y cada intervención. Aun así, es inevitable que haya opiniones divergentes, aunque igualmente legítimas, sobre las prioridades respecto de cada enfermedad. En todas las esferas interviene un conjunto muy heterogéneo de académicos, pequeñas y grandes empresas farmacéuticas o de biotecnología, gobiernos en calidad de donantes de ayuda o consejos de investigaciones médicas, fundaciones y grupos de pacientes y de la sociedad civil. Una solución consiste en celebrar reuniones más organizadas de intercambio de información y de coordinación con ese propósito. Un buen ejemplo de ello es la Alianza Alto a la Tuberculosis, una red de organizaciones internacionales, países, donantes públicos y privados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y particulares que han manifestado su interés en trabajar juntos para lograr un objetivo común. Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los principales actores en las fases iniciales de la investigación sanitaria, en los países en desarrollo y en los desarrollados, son los gobiernos, como financiadores, y los consejos de investigaciones médicas (o sus equivalentes), como entidades responsables de llevar a la práctica los programas de investigación, ya sea directamente o financiando a terceros. El gasto de los gobiernos de los países desarrollados en I+D sobre salud varía mucho de un país a otro: mientras que en los Estados Unidos representa más del 0,2% del PNB, en Europa el gasto medio supone sólo el 0,05% del PNB. El promedio en los países de la OCDE es de aproximadamente un 0,1% del PNB y en los países en desarrollo el gasto medio en I+D relacionada con la salud es muy inferior[46].
En interés de todos los países, hay que promover las investigaciones sanitarias orientadas a atender las necesidades de los países en desarrollo en materia de salud y fijar metas al respecto. 2.1 Los gobiernos de los países desarrollados deberían tener debidamente en cuenta ese objetivo en sus políticas de investigación. En particular, deberían tratar de definir estrategias explícitas de I+D y destinar un porcentaje cada vez mayor de los fondos que invierten en actividades de I+D en salud a las necesidades sanitarias de los países en desarrollo, haciendo especial hincapié en las investigaciones preliminares y translacionales. 2.2 Los países en desarrollo deberían establecer, aplicar o reforzar un programa nacional de investigaciones sanitarias, en que se prevean las mejores prácticas para la realización y gestión de las investigaciones, con el apoyo político necesario y financiación a largo plazo. Es cierto que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de establecer las prioridades en materia de investigación. Sin embargo, el análisis que hemos hecho de las necesidades pone de relieve una serie de cuestiones que tal vez merezcan una prioridad más alta en el trabajo de reflexión de los consejos de investigación y los gobiernos. 2.3 Los gobiernos y los financiadores deben prestar atención a la investigación preliminar que hace posible y respalda la adquisición de nuevos conocimientos y tecnologías que facilitarán el desarrollo de nuevos productos, en particular, medicamentos, vacunas y pruebas de diagnóstico, adaptados a los problemas sanitarios que afectan a los países en desarrollo. También hay que tener en cuenta que actualmente los instrumentos de investigación disponibles en esas esferas son insuficientes, como técnicas para conocer las nuevas vías hacia los descubrimientos, sistemas mejores para utilizar la bioinformática, modelos animales más adecuados y otras tecnologías orientadas a enfermedades específicas. 2.4 A la hora de abordar las necesidades sanitarias de los habitantes de los países en desarrollo, es importante buscar fórmulas novedosas para combatir las enfermedades de tipo I, así como las de tipo II y III. Los gobiernos y los financiadores deben conceder mayor prioridad a la lucha contra las enfermedades de tipo I en los países en desarrollo, cuyo impacto no cesa de aumentar, y, por medio de la innovación, a la búsqueda de medios asequibles y tecnológicamente adecuados para su diagnóstico, prevención y tratamiento. 2.5 La OMS debería adoptar medidas para que las quimiotecas sean más accesibles, de manera que se puedan encontrar compuestos potenciales que permitan hacer frente a enfermedades que afectan a los países en desarrollo. 2.6 La OMS debería invitar a representantes del mundo académico, pequeñas y grandes empresas farmacéuticas y de biotecnología, gobiernos en su calidad de donantes de ayuda o consejos de investigaciones médicas, fundaciones, alianzas publico-privadas y grupos de pacientes y de la sociedad civil a participar en un foro permanente, con miras a lograr un intercambio de información más organizado y una mayor coordinación entre los diversos actores. Propuestas de política pública: propiedad intelectual El presente informe trata de determinar el modo de promover la innovación relacionada con las enfermedades prevalentes en los países en desarrollo. Hay varias cuestiones sobre la propiedad intelectual que guardan relación con la fase de descubrimiento, como la apropiación de los resultados de la investigación preliminar, las políticas en materia de patentes de las universidades y las instituciones de investigación, la protección de las bases de datos y el reconocimiento de los conocimientos tradicionales que se puedan utilizar para desarrollar nuevos medicamentos y la compensación por los mismos. En este capítulo se tratan sólo las dos primeras cuestiones. El papel de las patentes A la protección mediante patente se le han atribuido tradicionalmente diversas funciones, siendo la más ampliamente reconocida la función incentivadora. Esta justificación se basa en la hipótesis de que, a falta de una protección mediante patente, los inventores no podrían disfrutar de los beneficios que reportan sus creaciones intelectuales, lo cual tendría consecuencias negativas respecto de los incentivos a la innovación para la sociedad en su conjunto. Habría menos innovación de la que sería de desear. Así pues, la sociedad acuerda otorgar un monopolio durante un tiempo limitado sobre las nuevas invenciones, suponiendo que las ventajas de la innovación en cuestión compensarán con creces los costos anejos al aumento de los precios al consumo a raíz del monopolio otorgado[47]
La justificación de las patentes se basa en el supuesto implícito de que éstas se aplican en un contexto económico y tecnológico en el que pueden fomentar la innovación, sobre todo por parte del sector privado. Pero la validez de esa suposición depende del contexto, por ejemplo, de la naturaleza de la empresa de que se trate[49]. Puede que la suposición sea correcta en general en los países desarrollados y en unos pocos países en desarrollo que disponen del capital y la capacidad innovadora necesarios, pero no ocurre así en los países en desarrollo que carecen de una infraestructura científica y tecnológica adecuada y de un sector privado capaz de innovar. Se supone también que la sociedad en general saldrá beneficiada de las innovaciones actuales y futuras. Sin embargo, cuando la mayor parte de los consumidores de productos sanitarios son pobres, como lo es la inmensa mayoría de la población de los países en desarrollo, los costos del monopolio asociados a las patentes pueden limitar la asequibilidad de los productos sanitarios patentados que necesita la población pobre si no se aplican otras medidas para reducir los precios o aumentar la financiación. Por consiguiente, el efecto global de los regímenes de propiedad intelectual depende del contexto (la repercusión en un país tal como la India puede diferir de la que tengan en Tailandia o en Ghana). Otra posible función de las patentes es la función transaccional. La disponibilidad de protección mediante patente se considera una condición previa necesaria, en algunos casos, para la aparición de nuevos mercados para los abastecedores de tecnología y tecnología especializada. Pero no siempre es así, ya que existen otros mecanismos, como el plazo de entrega y las ventajas respecto a la curva de aprendizaje, que en algunos sectores son más importantes que las patentes. La existencia de protección mediante patente de los insumos de un proyecto de investigación en colaboración se suele considerar como un factor que facilita la colaboración entre empresas en materia de I+D (p. ej., cuando una empresa otorga una licencia respecto de una invención patentada a otra empresa con más capacidad para ponerla en el mercado). En la práctica, las funciones incentivadora y transaccional están entrelazadas, ya que las patentes facilitan la decantación de los beneficios entre los contribuyentes en favor de una corriente de investigación determinada. Esto, a su vez, afecta al alcance de los incentivos disponibles para los sucesivos inventores. La concesión de derechos de patente puede limitar la duplicación de la actividad innovadora, preservando al mismo tiempo, en algunos casos, incentivos suficientes para el ulterior desarrollo de productos bajo control del titular de la patente. Algunos estudios han mostrado que una protección fuerte y amplia, en particular de las investigaciones preliminares, podrían también disuadir a sucesivos innovadores de llevar a cabo innovaciones derivadas e incrementales, lo cual obstaculizaría el progreso tecnológico.
Las patentes también cumplen una función divulgadora. La divulgación de la información técnica que de lo contrario se mantendría en secreto, es un aspecto importante de la investigación científica y del desarrollo, y actúa a modo de quid pro quo de la protección jurídica en el marco de la negociación entre el inventor y la sociedad. Es necesario que la información divulgada en las especificaciones de las patentes permita que una persona calificada reproduzca el invento. En la práctica, también pueden requerirse conocimientos prácticos, conocimientos especializados y tecnología auxiliar para lograrlo. Las limitaciones del proceso de examen de la patente y la calidad de la información divulgada por el solicitante impiden en algunos casos que se reproduzca el invento. Por último, las patentes son valiosas por su función señalizadora. La posesión de una patente puede servir para señalar la capacidad innovadora de una empresa y aumentar sus posibilidades de conseguir el capital necesario, especialmente a través de la financiación con capital riesgo. Esta función ha sido particularmente importante en el sector de la biotecnología, en el que la obtención de financiación para iniciar un proyecto depende de su capital intelectual protegido. La legislación sobre patentes es, por naturaleza, territorial, y su aplicación refleja las necesidades y circunstancias nacionales. Si cambian las circunstancias, entre otras cosas por causa de avances económicos y tecnológicos, puede que haya que adaptar el sistema. El funcionamiento del sistema de patentes ha sido objeto de numerosos estudios y exámenes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en recientes trabajos académicos e informes de la Comisión Federal de Comercio y de la Academia Nacional de Ciencias, se han analizado los diversos modos de operación del sistema de patentes en el país[50][51][52]. En parte a raíz de esos estudios, y por la presión ejercida por diversos estamentos de la industria, se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley para llevar a cabo una serie de reformas en el sistema estadounidense[53].
El sistema de patentes está sometido a presiones en algunas jurisdicciones, sobre todo en relación con la adaptación a nuevas tecnologías, como los programas informáticos y la biotecnología. Los bajos niveles de patentabilidad en algunas jurisdicciones y las deficiencias de los mecanismos para examinar las patentes han propiciado la proliferación de patentes de mala calidad o de dudosa validez
Una cuestión clave para la investigación que nos ocupa es saber en qué medida el sistema de patentes alienta la innovación en las industrias biotecnológica y farmacéutica. En el caso de los países en desarrollo que son miembros de la OMC, el Acuerdo sobre los ADPIC proporciona un marco de normas mínimas de protección de la propiedad intelectual, aunque los países menos adelantados (PMA) pueden optar por retrasar su aplicación (en el sector farmacéutico, al menos hasta 2016). Las consecuencias de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC en los países en desarrollo, sobre todo en lo que atañe al acceso a los medicamentos, han sido objeto de controversia. El Acuerdo sobre los ADPIC deja a los países bastante libertad en la aplicación de sus leyes sobre patentes, siempre que cumplan las normas mínimas, especialmente los criterios de patentabilidad establecidos en el Acuerdo. Dado que los beneficios y los costos de las patentes se distribuyen de manera desigual entre los países, en función de su nivel de desarrollo y su capacidad científica y tecnológica, ahora éstos pueden diseñar sus propios sistemas de patentes buscando un equilibrio óptimo entre los beneficios y los costos, de acuerdo con las circunstancias de cada uno. De esta manera, los países en desarrollo pueden establecer según sus propios métodos la definición de invención, los criterios de patentabilidad que ésta debe cumplir, los derechos conferidos al titular de la patente y las excepciones a la patentabilidad que se permiten, siempre que sean compatibles con los artículos pertinentes del Acuerdo (en el caso de los miembros de la OMC). El Acuerdo les permite asimismo excluir de la patentabilidad, si así lo desearan, los métodos terapéuticos para el tratamiento de personas y las nuevas indicaciones de productos conocidos que equivalgan a un método terapéutico. Como también se reconoció en la Declaración de Doha, los países pueden, por distintos motivos, prever medidas como las importaciones paralelas, el uso por el gobierno y la concesión de licencias obligatorias. Sin embargo, está aumentando el número de acuerdos bilaterales y de libre comercio que incluyen niveles de protección más elevados que erosiona esas flexibilidades. Al respecto, varias resoluciones adoptadas por los Estados Miembros de la OMS en 2003 y 2004 subrayan la importancia de las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los ADPIC. En una resolución adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004 se insta a los Estados Miembros ... a que en los acuerdos comerciales bilaterales tengan en cuenta las flexibilidades previstas en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio y reconocidas por la Declaración relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública adoptada por la Conferencia Ministerial de la OMC[54].
En el contexto de la investigación que nos ocupa, cabe subrayar que cuando el poder adquisitivo del mercado es muy limitado, como ocurre en el caso de las enfermedades que afectan a millones de personas pobres en los países en desarrollo, las patentes no suponen un factor decisivo ni son eficaces para fomentar las actividades de I+D o introducir nuevos productos en el mercado. Además, como la mayoría de los pobres de los países en desarrollo deben hacer frente a los gastos de tratamiento con sus limitadísimos ingresos, a diferencia de lo que ocurre con la población de la mayoría de los países desarrollados, en los que los gobiernos y los planes de seguro privados o públicos desempeñan un papel fundamental, deben tenerse muy en cuenta las repercusiones que las patentes o incluso otras políticas puedan tener en los precios. La interacción de los derechos de propiedad intelectual y las patentes con otras políticas, nacionales e internacionales, es muy compleja. Aunque las políticas en materia de derechos de propiedad intelectual son de ámbito nacional, también tienen repercusiones internacionales, que ahora se ponen de manifiesto en el Acuerdo sobre los ADPIC y en muchos otros acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales. A nivel nacional, los efectos de los derechos de propiedad intelectual pueden verse afectados por otras muchas políticas, entre ellas las relativas a la competencia, la fijación de precios de los productos farmacéuticos, y las compras del sector público. Los derechos de propiedad intelectual tienen una importante función que cumplir fomentando la innovación en materia de los productos de atención sanitaria en los países que disponen de capacidad financiera y tecnológica, y en relación con productos para los que existen mercados que rinden beneficios. En los países en desarrollo, la posibilidad de obtener una patente contribuye poco o nada a la innovación si el mercado es demasiado pequeño o la capacidad científica o tecnológica es inadecuada. Sin precios diferenciales o reducidos, las patentes pueden favorecer el incremento del precio de los medicamentos que necesitan los pobres de esos países. Aunque el equilibrio de los costos y los beneficios de las patentes varía entre países, conforme a su nivel de desarrollo y a su infraestructura científica y tecnológica, la fl exibilidad incorporada al Acuerdo sobre los ADPIC permite a los países buscar un equilibrio más apropiado a sus circunstancias particulares. Instrumentos de investigación y tecnologías básicas En nuestras consultas hemos observado también que es necesario seguir investigando para desarrollar los instrumentos de investigación necesarios para facilitar la innovación. Por ejemplo, existe una amplia demanda de modelos animales mejorados que reproduzcan de forma más parecida la manera en que una enfermedad que se esté investigando afecta al hombre. También se ha señalado a nuestra atención la preocupación que suponen las posibles restricciones al acceso a los instrumentos de investigación. En la siguiente cita se describe típicamente el caso en que la protección de los instrumentos de investigación por derechos de propiedad intelectual puede constituir un problema: … la reciente proliferación de derechos de propiedad intelectual en el campo de la investigación biomédica deja entrever una tragedia diferente, una situación de derechos exclusivos («anticomunes») en que se infrautilizan los ya escasos recursos porque demasiados propietarios pueden ponerse obstáculos unos a otros. La privatización de la investigación biomédica se debe llevar a cabo con mayor cuidado, a fin de que se mantenga tanto la investigación preliminar como el desarrollo de productos de elaboración más avanzada. De lo contrario, una mayor cantidad de derechos de propiedad intelectual podría dar lugar, paradójicamente, a una disminución del número de productos útiles para mejorar la salud humana[55].
Según se desprende de la información disponible hasta la fecha, que procede principalmente de los Estados Unidos, en los países desarrollados los investigadores del sector público y del sector privado han encontrado diversas maneras de afrontar el nuevo entorno. Entre las soluciones de trabajo se incluyen la concesión de licencias, el desarrollo de invenciones en torno a patentes, la infracción de patentes (a menudo alegando una excepción de investigación), el desarrollo y uso de instrumentos públicos y la impugnación de patentes ante los tribunales. Los cambios acaecidos en el entorno institucional, como el endurecimiento de las normas sobre concesión de patentes de genes introducidas por la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos y las directrices elaboradas por los NIH para fomentar las buenas prácticas en materia de patentes y licencias, parecen haber reducido algo más la amenaza de ruptura y las restricciones de acceso, aunque la situación sigue siendo incierta. Con todo, no cabe duda de que las diversas soluciones de trabajo citadas entrañan costos, ya sea en tiempo o en dinero, o en ambos[56]. Según un estudio reciente elaborado por investigadores de universidades, gobiernos y organizaciones sin ánimo de lucro de los Estados Unidos, las dificultades de acceso a los materiales (por ejemplo, datos o líneas celulares) pueden tener consecuencias más importantes para la realización de investigaciones que las propias patentes[57].
Además, en un reciente informe de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos sobre este tema se llegó a la conclusión siguiente: El comité observó que el número de proyectos notificados como abandonados o retrasados como consecuencia de dificultades de acceso a las tecnologías era pequeño, como también lo era el de ocasiones en que los investigadores revisan sus protocolos para evitar problemas relacionados con la propiedad intelectual o en que tienen que incurrir en gastos elevados para obtener la propiedad intelectual. Por consiguiente, de momento parece que el acceso a invenciones patentadas o el aporte de información a las investigaciones biomédicas rara vez impone una carga importante a los investigadores biomédicos. Sin embargo, por diversas razones, el comité llegó a la conclusión de que el panorama de las patentes, que se está complicando ya en áreas tales como las de la expresión génica y las interacciones entre proteínas, se podría complicar y agravar considerablemente en el futuro. En consecuencia, el comité formuló una serie de recomendaciones para afrontar «el entorno cada vez más problemático para la investigación en genómica y proteómica que resulta del aumento de conocimientos, del número de solicitudes de registro de patentes y de las restricciones que se imponen a la disponibilidad de información y de recursos y del acceso a ellos»[58].
Un caso especial es el de las pruebas de diagnóstico genético, que se pueden usar con fines clínicos o para proseguir investigaciones. Por tanto, tienen una doble naturaleza, al ser un producto final y al mismo tiempo un instrumento de descubrimiento. Según una encuesta realizada en más de 100 laboratorios estadounidenses, las prácticas en materia de patentes y licencias en este terreno habían tenido un impacto negativo en el uso clínico y en el desarrollo de nuevas pruebas genéticas. Los autores no manifestaron su opinión sobre si, para empezar, las patentes en esta esfera eran o no fundamentales para el desarrollo de pruebas genéticas[59].
En una encuesta realizada en Suiza se determinaron los obstáculos a las investigaciones derivados de la protección mediante patente. Los encuestados se mostraron partidarios de que se introdujera una excepción para el uso clínico de las pruebas genéticas o algún medio que obligara a conceder licencias no exclusivas, sobre una base razonable[60].
Los hechos señalados más arriba se refieren a las investigaciones en general con un posible valor comercial. Es probable que los costos de transacción tengan mayor peso para quienes trabajan con recursos limitados en proyectos sobre enfermedades que afectan en particular a países en desarrollo. Cabe destacar el caso de la Iniciativa en pro de la Vacuna Antipalúdica, promovida por la organización no gubernamental sin ánimo de lucro Programa de Tecnología Sanitaria Apropiada (PATH). El Programa trata de desarrollar una vacuna contra la malaria, pero se halla ante más de 20 patentes relacionadas con el antígeno MSP-1 que se solapan parcialmente, lo que supone invertir mucho tiempo y dinero[61]. Un representante de esa organización ha señalado lo siguiente: ¿Por qué no se aclara la situación de la propiedad intelectual en lo que atañe al MSP-1 por medio de los canales tradicionales, como la transferencia de tecnología y los tribunales? Los conceptores que quieran asegurarse de tener los derechos para utilizar el antígeno MSP-1 tendrían que obtener licencias de al menos ocho organizaciones. Aunque en teoría esto es posible, una transacción para obtener una licencia de este tipo llevaría años, requeriría una cantidad importante de tiempo de personal y costaría cientos de miles de dólares en honorarios de abogados. Si bien las empresas emprenden habitualmente esas actividades para productos comerciales, los aspectos económicos relacionados con las vacunas antipalúdicas hacen que los conceptores se muestren más reacios a invertir en ese proceso tan engorroso de adquisición de tecnología[62].
Ahora bien, nuestros estudios no pusieron de manifiesto casos tan complejos (entre las alianzas publico-privadas) en otros campos de investigación relacionados con los países en desarrollo[63]. Algunas de esas alianzas han señalado que sus mandatos filantrópicos pueden ser útiles para alentar a las empresas a conceder licencias de su propiedad intelectual con mayor facilidad y a un costo inferior que si se tratara de un intercambio comercial. Por consiguiente, es difícil sacar conclusiones válidas generales a partir de los elementos de que disponemos. Asimismo, existen muy pocos datos empíricos sobre el impacto de las patentes de instrumentos de investigación en el campo de la biomedicina en los propios países en desarrollo. Hacen falta más experiencia y más investigaciones empíricas. El impacto de esas patentes podría ser mayor que en los países desarrollados, pues las instituciones de investigación o las empresas de los países en desarrollo suelen carecer de la capacidad jurídica y negociadora necesaria para entablar negociaciones complejas, así como de la flexibilidad organizacional y los fondos para pagar derechos de licencia, cuando lo exigen los titulares de patentes. Una encuesta realizada para nosotros acerca de 103 empresas de la India reveló que entre las 13 variables que pueden determinar el abandono de proyectos de I+D por la industria farmacéutica india, la dificultad de acceder a tecnologías básicas patentadas por causa de problemas contractuales es la que probablemente más repercuta en la decisión de una empresa de abandonar un proyecto de esa índole[64].
Entre los enfoques que se utilizan o se considera utilizar para afrontar esos problemas, cabe citar los siguientes: º cambios en las políticas en materia de patentes, o directrices destinadas a promover un comportamiento más adecuado por parte de los participantes en el sistema; º patentes mancomunadas para facilitar el acceso a las tecnologías necesarias; º excepciones de investigación en el derecho de patentes para reducir el riesgo de infracción en la esfera de la I+D; º concesión de licencias obligatorias para permitir el acceso a las tecnologías básicas. Los sistemas de innovación en los países en desarrollo En los últimos años se ha debatido mucho acerca de las formas apropiadas de fomentar la innovación, sobre todo en el mundo desarrollado. El modelo lineal, que se examina en el capítulo siguiente, según el cual las universidades o las instituciones de investigación públicas se dedicaban a la investigación básica o fundamental y el sector privado recogía y desarrollaba lo que era susceptible de aplicación comercial, se considera ahora anticuado. Uno de los motivos de este cambio de opinión es el gran número de actores que participan ahora en las distintas etapas del proceso de innovación, como las empresas de biotecnología y las organizaciones de investigación por contrato. Otro es el reconocimiento de la necesidad de una interacción mucho mayor, de diversas maneras, entre esos participantes. Por ejemplo, las universidades y las empresas farmacéuticas pueden realizar o patrocinar la investigación básica. Al mismo tiempo, las universidades y las instituciones de investigación públicas se encargan también del desarrollo de productos con aplicación comercial más o menos directa (ya sea como insumo para nuevas investigaciones o como una tecnología médica acabada), respecto de los cuales luego pueden conceder licencias de exportación a terceros. Todo ello apunta a la necesidad de un enfoque de «sistemas», en el que se haga hincapié en las redes y los esfuerzos coordinados para dotar de eficacia a las actividades de I+D. En el contexto concreto de la ciencia en África, en un editorial reciente se señalaba lo siguiente: El nuevo enfoque considera que la ciencia forma parte de un sistema de innovación que contiene numerosos bucles de retroinformación y oportunidades de interactuar con la sociedad en general. Estas características posibilitan que las prioridades científicas sean seleccionadas conforme a las prioridades sociales y económicas (por ejemplo, recurriendo a la «prospectiva tecnológica» para determinar la asignación de los recursos de investigación). El nuevo paradigma no considera la ciencia como un fin en sí misma, sino que sitúa cada uno de los aspectos de la ciencia en un contexto social. Las instituciones y los programas de investigación y la formación de los investigadores responden a este enfoque. La labor de los científicos se valora no sólo por su mérito intelectual, sino también por su posible contribución a la atención de las necesidades sociales y económicas de la sociedad (por ejemplo, por el número de patentes que ha propiciado). Asimismo, el proceso de establecimiento de prioridades se ha convertido en un diálogo público entre los investigadores y la comunidad en general. No hace falta mucha imaginación para darse cuenta de que este nuevo «modo 2» de ciencia es el más adecuado para satisfacer las necesidades de África y, desde luego, de la mayoría de los países en desarrollo. El tipo de ciencia que se necesita como componente central de la estrategia de desarrollo no es aquel que responde a la curiosidad intelectual (cuya importancia no se puede negar), sino a la necesidad social. Las prioridades de la investigación no deben determinarse por el probable número de publicaciones en las revistas de las instituciones académicas, sino por su pertinencia para esa necesidad. Tampoco las tasas de publicación, aun cuando sigan cumpliendo una importante función, deberían ser el principal determinante del éxito profesional en el mundo académico. Los países en desarrollo, que hasta ahora han dependido en gran medida de las investigaciones del sector público, pueden aprovechar esta perspectiva para desarrollar sus propios sistemas de innovación. Según ha señalado el Asesor de Ciencia y Tecnología de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD): La capacidad científica y tecnológica en relación con la salud no puede, pues, reducirse al equipo, la financiación y el número de investigadores y técnicos del sector. Es la configuración de políticas, organizaciones, recursos no humanos, y el contexto general para generar, adquirir y aplicar los conocimientos científicos y la innovación tecnológica conexa que permitan determinar y resolver problemas sanitarios concretos. La capacidad es fruto de procesos interactivos de creación, movilización, utilización, mejora o actualización, y conversión de conocimientos especializados / competencias, instituciones y contextos. No consiste en actividades y productos aislados[65].
En efecto, los países en desarrollo tienen una rica fuente de conocimientos médicos, constituida por lo que comúnmente se conoce como «conocimientos tradicionales», orales o escritos, que abarcan sistemas de tratamiento y el conocimiento acerca de las propiedades curativas de las plantas y recursos genéticos. Existe la oportunidad de utilizar mucho mejor estos conocimientos, como fuente de tratamientos y para acelerar el desarrollo de nuevos productos «modernos» basados en los ingredientes de los tratamientos «tradicionales» de eficacia reconocida. Cambios en las políticas en materia de patentes Los países pueden adoptar diferentes enfoques con respecto a las patentes. Por otra parte, el Acuerdo sobre los ADPIC, en el artículo 27.1, obliga a los países a otorgar patentes en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva (es decir no sean evidentes) y sean susceptibles de aplicación industrial concreta (es decir, sean útiles). Sin embargo, permite diversas exclusiones de patentabilidad, por ejemplo de inventos o genes que no satisfagan esos criterios. Pueden excluirse de la patentabilidad las plantas y los animales, excepto los microorganismos, y los procesos no biológicos o microbiológicos. El Acuerdo no especifica cómo deben definir los países qué es un «invento», ni cómo hay que interpretar los criterios de patentabilidad (es decir, el carácter de novedoso, inventivo o de no evidente, y la utilidad o aplicabilidad industrial). La conveniencia de restringir la patentabilidad de los descubrimientos genéticos se deberá determinar en función de las circunstancias de cada país. Por ejemplo, los países que son fundamentalmente usuarios de instrumentos de investigación basados en genes que están patentados en otros países podrían promover el uso de esos instrumentos restringiendo su patentabilidad, y los países con más capacidad en el ámbito de la genómica podrían favorecer una interpretación menos estricta de la patentabilidad. En caso de concederse las patentes, pueden limitar el alcance de lo que se asegura haber inventado. La política en materia de patentes en este campo debe tener por objeto facilitar las actividades de investigación y desarrollo de productos sanitarios. Un ejemplo de adaptación institucional a los cambios del entorno técnico es el anuncio hecho en 2001 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos de nuevas directrices sobre los marcadores de secuencias expresadas (pequeños trozos de ADN que ayudan a identificar el momento en que determinados genes se expresan en células). Esas directrices establecen especificaciones más rigurosas con respecto a lo que constituye «utilidad» y ofrecen orientación a los examinadores de patentes sobre cómo aplicar el criterio de la utilidad a las invenciones biotecnológicas[66]. En esos casos, sólo se puede determinar la patentabilidad si en la solicitud de patente se expone una utilidad concreta, sustancial y creíble. El objetivo de esta nueva norma es evitar que se concedan patentes a invenciones para las que sólo se describe una aplicación hipotética. La introducción de estos criterios más estrictos puede ser una de las razones por las que últimamente ha disminuido el volumen de solicitudes de patentes en esta esfera. Así, En los Estados Unidos, la «utilidad» hace referencia al criterio de patentabilidad, lo que, en líneas generales, significa que la invención debe demostrar algún uso potencial. En la mayoría de los demás países, el criterio es la demostración de «aplicabilidad industrial». La Directiva CE de 1998 relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas no se ha aplicado de la misma manera en todos los países de la Unión Europea. A diferencia de la mayoría de los demás países, Francia y Alemania han introducido normas que limitan el alcance de la protección mediante patente de las secuencias de genes humanos al uso concreto descrito en la solicitud de patente, de modo que queda excluida la protección de futuros usos, todavía sin descubrir. Esto se debe a que una protección amplia puede desfavorecer a quienes deseen trabajar a partir de la invención, mientras que las reivindicaciones más limitadas pueden facilitar su uso en fases posteriores. También se plantea la cuestión de si se debería permitir o no que se patente un nuevo uso ulterior[67].
Los países también pueden considerar la posibilidad de adoptar directrices u otros medios para fomentar o imponer políticas en materia de patentes y licencias que promuevan la innovación. En 2004, los NIH introdujeron en los Estados Unidos un proyecto de directrices («mejores prácticas») sobre el registro de patentes y la concesión de licencias de invenciones genéticas fi nanciadas con sus propias subvenciones. En lo que atañe a las patentes, en las directrices se establece que hay que considerar si: … el sector privado tiene que realizar importantes trabajos de investigación y desarrollo ulteriores para que la invención tenga una aplicación práctica y comercial. Se debe tratar de conseguir la protección de la propiedad intelectual cuando esté claro que hará falta una inversión del sector privado para desarrollar la invención y darle una amplia difusión. En cambio, cuando no se requieran inversiones importantes en otros trabajos de investigación y desarrollo, como ocurre con gran cantidad de materiales y tecnologías de investigación, las mejores prácticas establecen que casi nunca debería solicitarse la protección mediante patente[68].
Por lo que respecta a las licencias, las directrices presentan un conjunto de principios más amplios en que se respalda la concesión de licencias no exclusivas como norma general. En los casos en que las licencias exclusivas puedan ser necesarias para promover el desarrollo ulterior, las directrices indican que habría que tener cuidado de que la licencia se conceda sólo en la esfera concreta en la que trabaja el licenciatario, para evitar que se bloqueen otros ámbitos de investigación en que se pueda usar la misma tecnología. Por otra parte, establecen que debería considerarse la posibilidad de incluir disposiciones concretas para proteger en mayor medida la investigación y la salud pública. Por ejemplo, una licencia podría reservar el derecho a utilizar una invención en organizaciones de investigación sin ánimo de lucro para fines de investigación o educativos[69].
Los gobiernos pueden optar por permitir o no que se patente material genético. 2.7 Con las políticas sobre patentes y licencias, los países deberían tratar de aumentar al máximo la disponibilidad de innovaciones, incluidos los instrumentos de investigación y las tecnologías básicas, para desarrollar productos de interés para la salud pública, en particular para enfermedades prevalentes en los países en desarrollo. Los organismos públicos de financiación deberían adoptar medidas para que se sigan prácticas razonables en materia de patentes y licencias con respecto a las tecnologías derivadas de los recursos financieros que proporcionan, a fin de promover las innovaciones focalizadas en la esfera de los productos sanitarios. Patentes mancomunadas Según las conclusiones de un informe sobre las patentes mancomunadas y las patentes biotecnológicas, preparado en 2000 por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, «El uso de patentes mancomunadas en el ámbito de la biotecnología podría ser de interés tanto para el sector público como para el sector industrial privado, es decir, se daría una situación en que ambos saldrían ganando»69 más atrás. Entre las ventajas que se atribuyen a la adopción de este enfoque con respecto a las licencias cabe citar la rapidez para obtener derechos sobre una tecnología patentada mediante mecanismos centralizados de concesión de licencias, el reparto de los riesgos asociados a las actividades de investigación y desarrollo y la eliminación de las patentes de bloqueo o la acumulación de licencias y, por consiguiente, el fomento de una acción concertada. Así pues, las patentes mancomunadas podrían ser muy útiles en el caso de las tecnologías especialmente importantes para los países en desarrollo, ya que la ausencia de fuertes incentivos de mercado podría favorecer la concertación de acuerdos que, en otras circunstancias, serían más difíciles de alcanzar. Por otra parte, se podría promover la investigación con poco margen orientado a los problemas de las personas pobres. También se ha propuesto el uso de patentes mancomunadas para el desarrollo de vacunas, habida cuenta de la gran cantidad de productos que son propiedad de diferentes entidades y, por tanto, de la complejidad que entraña buscar, localizar y obtener licencias de tecnologías patentadas. Se han creado patentes mancomunadas en la industria de los aparatos electrónicos de consumo, en particular en relación con el establecimiento de normas industriales. No obstante, la industria de la biotecnología es muy diferente de la de la electrónica. En un informe de la OCDE se señalaba lo siguiente: Sin embargo, la industria farmacéutica biotecnológica puede ser radicalmente distinta del sector de la electrónica. No es una industria en la que definir normas sea importante, y tampoco importa mucho garantizar la interoperabilidad de las tecnologías, en particular en el desarrollo de productos terapéuticos. El valor de las empresas está estrechamente relacionado con su propiedad intelectual, de ahí su preocupación por protegerse. Existe la posibilidad de que surjan desacuerdos entre los asociados con respecto al valor de las diferentes patentes de una mancomunidad, y los actores dominantes podrían no tener sólidos incentivos para asociarse a ella. Si se pueden definir un campo de aplicación limitado y las patentes esenciales, vale la pena considerar la aplicación del modelo de patentes mancomunadas en el terreno de la biotecnología… No cabe duda de que es necesario seguir analizando la idoneidad de las patentes mancomunadas para las patentes de biotecnología, así como la función de los poderes públicos en su promoción[70].
La vacuna contra el SRAS es un ejemplo concreto en el que las patentes mancomunadas de un campo determinado podrían ser factibles en el ámbito de la biotecnología. A raíz del brote de SRAS en 2003, numerosos institutos de investigación, principalmente del sector público, se apresuraron a secuenciar el genoma del virus del SRAS y a solicitar las patentes correspondientes. Algunas de las partes propusieron establecer patentes mancomunadas para favorecer el desarrollo de un tratamiento o de una vacuna[71].
2.8 Las patentes mancomunadas de tecnologías básicas pueden ser útiles en algunos casos para promover la innovación de interés para los países en desarrollo. La OMS y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) deberían considerar la posibilidad de desempeñar una función más destacada en la promoción de los acuerdos al respecto, en particular para luchar contra las enfermedades que afectan en forma desproporcionada a los países en desarrollo. Excepciones de investigación En el artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC se autoriza el uso de excepciones limitadas, que podrían aplicarse, entre otras cosas, al tema de los instrumentos de investigación: Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de los derechos exclusivos conferidos por una patente, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de la patente ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular de la patente, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros. En la mayoría de los países europeos existen excepciones a los actos realizados en privado y con fines no comerciales, y a la experimentación sobre el objeto de una invención, incluso con fines comerciales. En cambio, en los Estados Unidos no existen excepciones legales equivalentes, ni siquiera para fines no comerciales o relacionados con la investigación. No obstante, en el pasado, los tribunales han reconocido en general cierto margen para «la realización o utilización de una invención patentada con fines puramente experimentales, sin ninguna intención de sacar beneficios ni ventajas prácticas…». En el año 2002, esta excepción se interpretó en un sentido estricto en el caso de Madey contra la Universidad de Duke. Fundamentalmente el tribunal declaró que, dado que la actividad («business») de la Universidad de Duke era la investigación y la enseñanza, no cabía una excepción de infracción, pues el uso de la invención patentada era desarrollar esa actividad. El tribunal no consideró un factor determinante si el usuario actuaba con o sin fines de lucro[72]. Aunque no se señaló en el fallo, la consecuencia era que, como las universidades son actualmente usuarias habituales de patentes y licencias y entablan acciones judiciales para hacer respetar sus derechos de patente, no sería coherente que trataran de mantener excepciones similares para sus propias actividades3434 más atrás.
Por tanto, existen muchas variantes de la manera en que las excepciones de investigación permitidas en virtud del Acuerdo sobre los ADPIC son aplicadas en los diferentes países y de la interpretación que le dan los tribunales. En este contexto, lo fundamental es encontrar la forma de garantizar que no se frenen las investigaciones incrementales que puedan ser importantes para la salud humana. El alcance de la excepción de investigación debe considerarse sobre esta base. Ha surgido un vivo debate, en particular en los Estados Unidos, sobre el alcance adecuado de las excepciones de investigación. En 2004, las Academias Nacionales de Ciencias (NAS) de los Estados Unidos publicaron un informe sobre el sistema de patentes estadounidense, en que se recomendaba introducir en el país una excepción oficial de investigación con fines no comerciales[73]. Esta cuestión ocupa un lugar destacado en las consultas para la elaboración de un informe de las NAS sobre las patentes de ADN y las proteínas, que deberá sustituir al informe anterior[74]. La Asociación Americana del Derecho de Propiedad Intelectual (AIPLA) reafirmó la necesidad de una excepción de investigación, pues su ausencia en los Estados Unidos constituía un obstáculo para el progreso de la ciencia y podía hacer que algunos tipos de experimentación se llevaran a cabo en otros países[75].
2.9 Los países en desarrollo deben estudiar qué clase de excepción de investigación convendría introducir en su legislación, teniendo en cuenta sus circunstancias, para impulsar la investigación y la innovación relacionadas con la salud. Licencias obligatorias En la mayoría de los países, la ley permite a los gobiernos conceder licencias obligatorias por diversos motivos, como en los casos en que el desarrollo de un campo de investigación de importancia para la salud humana podría verse frenado como consecuencia de las actividades de titulares de patentes. Por ejemplo, en el Reino Unido, la Ley de patentes confiere amplios poderes que, si bien rara vez se usan, pueden solucionar esas situaciones. El párrafo 1 del artículo 48A de esa ley se refiere, por ejemplo, a los siguientes casos: negativa del propietario de la patente a otorgar una o varias licencias en condiciones razonables… impedimento u obstáculo a la explotación… de cualquier otra invención patentada que suponga un destacado avance técnico de considerable importancia económica en relación con la invención para la que se concedió la patente en cuestión[76].
Existen disposiciones similares en muchos otros países. En los Estados Unidos, la Ley de patentes no prevé licencias obligatorias como tales, pero sí unos derechos análogos, conocidos como derechos de intervención (march-in rights), que se aplican únicamente cuando el gobierno federal participa en la financiación de una invención (sección 203)[77]. Tras una encuesta realizada a empresas de biotecnología e institutos de investigación, el Instituto Federal Suizo de Propiedad Intelectual concluyó que «los encuestados, y en particular los institutos de investigación, acogerían con agrado un sistema de licencias obligatorias en los casos manifiestos de posición monopolista»[78].
2.10 Los países deberían incluir en sus legislaciones poderes que permitan hacer uso de las licencias obligatorias, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo sobre los ADPIC, en los casos en que éstos pudieran servir, entre otros medios disponibles, para promover, entre otras cosas, las investigaciones que estén directamente relacionadas con los problemas de salud que afectan a los países en desarrollo. Patentes en el sector público y las universidades Como se ha señalado anteriormente, en virtud de la Ley Bayh-Dole de 1980 de los Estados Unidos, se permitió a las universidades patentar invenciones basadas en investigaciones financiadas por el gobierno federal, en el supuesto de que ello facilitara la comercialización de la investigación y acelerara la innovación. Posteriormente, la mayoría de los países del mundo desarrollado ha adoptado políticas similares. En los países en desarrollo más avanzados tecnológicamente también existen bastantes hechos que dan fe de esta actividad de registro de patentes. Por ejemplo, el Consejo de Investigaciones Científicas e Industriales de la India aplica, desde hace tiempo, una política de registro de patentes de invenciones y, en los últimos años, China ha fomentado activamente el registro de patentes entre sus institutos de investigación y universidades. Este fenómeno ha propiciado un debate general en los Estados Unidos y en otros países desarrollados sobre si la aplicación de un sistema destinado a estimular las actividades de I+D y comercialización en el sector privado se podría extender a los sectores público y universitario[79]. Un ejemplo típico en que se aplicaría este sistema sería el de una universidad que descubre un medicamento potencial pero no tiene la capacidad ni los recursos necesarios para someterlo al proceso de ensayos clínicos y comercializarlo. En ese caso, una licencia exclusiva en favor de una empresa farmacéutica podría fomentar el proceso de desarrollo. De no contar con un acceso exclusivo a la tecnología, posiblemente la empresa no estaría dispuesta a asumir el riesgo de invertir los recursos necesarios para desarrollar el medicamento hasta obtener un producto comercializable. Por ejemplo, en 1985, la Universidad de Yale recibió una patente por el descubrimiento del d4T para el tratamiento del virus del SIDA. Unos años más tarde, dicha universidad concedió una licencia exclusiva a los laboratorios Bristol-Myers Squibb para que usaran esta propiedad intelectual para el desarrollo de Zerit®. En 1994, casi 10 años después de haber obtenido la patente, la FDA aprobó el uso de Zerit® para el tratamiento de la infección por VIH/SIDA. Según un punto de vista divergente, en la mayoría de los casos sería más útil para la transferencia de tecnología y la aplicación comercial dar la difusión más amplia posible a los conocimientos mediante su publicación. En lo que atañe a numerosas tecnologías, en particular las básicas, que distan de ser un producto final potencial, la concesión de una licencia exclusiva podría restringir la difusión y el uso de la tecnología en cuestión, y de aumentar el precio del producto final si no hay competencia. La «teoría pura» de Bayh-Dole es que se sacarían mayores ventajas de las licencias exclusivas que de las no exclusivas, en la práctica, más de la mitad de las licencias expedidas por las universidades estadounidenses son de carácter no exclusivo[80]. Si bien la divulgación de una invención en una patente permite que otros accedan a información que, de lo contrario, no se habría publicado, tratar de conseguir una patente también puede retrasar la publicación de una investigación. Por otra parte, todo apunta a que, por término medio, los ingresos netos obtenidos de las patentes y las licencias por las universidades de los Estados Unidos constituyen una contribución muy pequeña a la financiación total de la investigación. No obstante, unas cuantas instituciones han sacado buen provecho de un número relativamente pequeño de invenciones que han resultado interesantes desde un punto de vista comercial[81].
Numerosas instituciones siguen la política de realizar investigaciones para el bien público. Por ejemplo, la red de centros internacionales de investigación agrícola (el Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional) aplica una política en materia de propiedad intelectual, cuyo principio subyacente es «adoptar todas las medidas posibles para facilitar el acceso a los productos de la investigación en beneficio del público, en particular en los países en desarrollo», aunque reconoce también que puede haber circunstancias excepcionales en que sea necesario hacer valer la propiedad intelectual para alcanzar sus objetivos[82].
A nuestro modo de ver, es preciso analizar la cuestión de la concesión de patentes sobre investigaciones financiadas con fondos públicos teniendo en cuenta los siguientes aspectos: ¿Cómo deberían los países en desarrollo, en particular aquellos en los que el sector público es el principal reservorio de capacidad innovadora, formular sus políticas en materia de propiedad intelectual con respecto a la I+D del sector público? ¿Pueden aprender algo de la experiencia de los países desarrollados? En los países desarrollados, como los Estados Unidos, ¿la práctica del registro de patentes en el sector público tiene consecuencias para la investigación sobre problemas de salud concretos de los países en desarrollo? En caso afirmativo, ¿qué consecuencias tiene en las políticas? Países en desarrollo Los países en desarrollo, incluso los que tienen una infraestructura científica y médica relativamente bien desarrollada, deben hacer frente a circunstancias muy distintas de las que se dan en los Estados Unidos y otros países desarrollados. La mayoría de los países desarrollados ha tratado de emular las políticas derivadas de la Ley Bayh-Dole de diferentes maneras[83], pero el éxito de las mismas en los Estados Unidos se debe, en gran parte, a los arreglos específicos del país y se basa en su singular sistema de enseñanza superior y en la interacción de larga data entre universidades y empresas[84].
Conceder mucha importancia a las patentes y las licencias como medios para garantizar la transferencia de tecnología, frente a la publicación y el intercambio abierto de conocimientos, puede repercutir negativamente, entre otras cosas, en las investigaciones sobre salud pública84 más atrás. Dado que las perspectivas económicas son mejores para los productos que tendrán un mercado en los países desarrollados, esto puede hacer que la financiación de la investigación se desvíe aún más de los problemas de salud pública de los países en desarrollo. Por tanto, hay que velar por que las prioridades de investigación, especialmente las que podrían beneficiar directamente a los pobres, no se vean distorsionadas por tratar de obtener mayores ingresos por medio de las licencias. 2.11 Los países en desarrollo deberían asegurarse de que las prioridades de investigación de sus universidades y organizaciones públicas de investigación sean acordes con sus necesidades en materia de salud pública y los objetivos de la política pública, en particular la necesidad de llevar a cabo investigaciones innovadoras que puedan contribuir a resolver los problemas de salud de sus poblaciones. Eso no significa que no deban respaldar las investigaciones relacionadas con la salud que se ajusten a sus objetivos industriales o de exportación y que puedan contribuir a una mejora de la salud pública en otros países. Países desarrollados Dado que la mayoría de las actividades de I+D relacionadas con la salud se llevan a cabo en países desarrollados, es importante saber cómo pueden afectar las normas en materia de propiedad intelectual de los países desarrollados a las actividades de I+D relacionadas con los problemas sanitarios de los países en desarrollo. Debido a la falta de una verdadera excepción de investigación en los Estados Unidos, como se ha visto más arriba, las universidades y los gestores de tecnología han estudiado formas creativas que puedan promover las investigaciones ulteriores, principalmente sobre las enfermedades que afectan a los países en desarrollo. Por ejemplo, una importante universidad estadounidense (Stanford) ha propuesto el texto que figura a continuación como medio estándar para garantizar la libertad de las universidades, las organizaciones de investigación del sector público u otras organizaciones como las alianzas publico-privadas de poder utilizar algunas tecnologías que han sido objeto de una patente y, posteriormente, de una licencia por parte de un instituto sin ánimo de lucro. (Las entidades no lucrativas) conservan el derecho, en su propio nombre y en el de las demás instituciones académicas de investigación sin fines lucrativos, de explotar la patente objeto de una licencia y de usar la tecnología para cualquier fin, incluidas las investigaciones patrocinadas y las colaboraciones. El licenciatario acuerda que, no obstante cualquier otra disposición del presente Acuerdo, no tiene derecho a aplicar la patente objeto de licencia contra ninguna de esas instituciones. (Las entidades no lucrativas) y cualquier otra institución de ese tipo tendrán derecho a publicar la información contenida en la tecnología o en una patente objeto de licencia[85].
Sin embargo, hay que reconocer que las condiciones que figuran en un acuerdo sobre concesión de licencias, además de las condiciones estándar, como la exclusión mencionada anteriormente, pueden ser un elemento disuasorio para algunos posibles licenciatarios. Con todo, respaldamos el principio de acceso y, como se ha señalado más arriba, las universidades y los organismos públicos de investigación también pueden recurrir a directrices como las establecidas por los NIH para facilitar innovaciones ulteriores. Hay una serie de casos en que las universidades han concedido licencias de tecnologías en condiciones favorables a empresas sin ánimo de lucro. Por ejemplo, Yale concedió una licencia a la empresa farmacéutica sin fines de lucro One World Health para que desarrollara nuevos azoles para el tratamiento de la enfermedad de Chagas[86]. La Universidad de California (Berkeley) también ha otorgado una licencia coexclusiva libre de regalías a la misma organización y a una joven empresa universitaria de biotecnología para que desarrollen una tecnología prometedora para la producción de tratamientos contra la malaria basada en la artemisinina. Por otra parte, la Alianza Mundial para el Desarrollo de Medicamentos contra la Tuberculosis ha negociado una serie de acuerdos con la Universidad Johns Hopkins y con la Universidad de Illinois, entre otras[87].
Las universidades han desempeñado un importante papel en el desarrollo – fundamentalmente con fondos públicos – y el registro de patentes de compuestos (así como de otras pruebas, dispositivos e instrumentos), que se han convertido en medicamentos y otros productos muy vendidos. Por ejemplo, la Universidad de Yale publica periódicamente su lista de proyectos de investigación de productos farmacéuticos. En abril de 2005, ésta incluía 28 compuestos distintos, entre los que el Zerit® ocupaba el primer puesto[88]. La Universidad del Estado de Florida solicitó una patente sobre un método para fabricar un medicamento contra el cáncer, del que después se concedió una licencia a Bristol-Myers Squibb para que produjera el Taxol[89]. En 2005, Gilead Sciences pagó US$ 525 millones a la Universidad de Emory para comprar los futuros derechos de la patente de otro antirretroviral. Según un estudio mencionado por los NIH, los trabajos de investigación fi nanciados con fondos públicos contribuyeron a desarrollar 15 de los 21 medicamentos introducidos entre 1965 y 1992 con mayor impacto terapéutico. En cuanto a los demás (como el AZT o el flucanozol), los NIH desempeñaron un papel importante en la financiación de la investigación o los ensayos iniciales[90].
La cuestión que se plantea en este contexto es si las universidades de los países desarrollados deberían tener la responsabilidad de garantizar, en la medida de lo posible, que sus políticas en materia de patentes y licencias no sólo facilitaran las actividades de I+D de interés para los países en desarrollo, sino también el acceso a los medicamentos en esos países. Por ejemplo, en el caso del Zerit®, los estudiantes de Yale organizaron protestas en 2000-2001, con el apoyo de organizaciones no gubernamentales como Médecins Sans Frontières, en las que reclamaban que la universidad tomara medidas para permitir la importación por Sudáfrica de versiones genéricas menos costosas del Zerit®. Como la universidad había concedido a Bristol-Myers Squibb una licencia exclusiva, no tenía influencia sobre la situación en Sudáfrica. Finalmente, los laboratorios Bristol-Myers Squibb redujeron sus precios en Sudáfrica y prometieron no entablar acciones judiciales contra los fabricantes de genéricos[91].
Estas experiencias han hecho que algunos consideren qué medidas concretas convendría adoptar con respecto a las políticas en materia de patentes y licencias de las universidades, a fin de facilitar el acceso de los países en desarrollo a nuevas tecnologías médicas. Por ejemplo, un grupo de presión denominado Universities Allied for Access to Essential Medicines pide a las universidades: 1) que adopten un lenguaje para las licencias que facilite el acceso de los países de ingresos bajos y medios a los medicamentos y las tecnologías sanitarias resultantes de las investigaciones de las universidades; 2) que midan el éxito de las actividades de transferencia de tecnología en función del grado en que facilitan el acceso a nivel mundial, y 3) que promuevan la investigación de enfermedades que afectan principalmente a los pobres del mundo (a las que se conoce como enfermedades desatendidas, dada la incapacidad de las fuerzas del mercado de estimular las actividades de investigación y desarrollo) y que encuentren vías de colaboración con entidades que traten de desarrollar medicamentos para esas enfermedades sin fines lucrativos[92].
Como subgrupo de la influyente Association of University Technology Managers de los Estados Unidos se ha creado una entidad llamada Technology Managers for Global Health, cuyo cometido es tratar de que se adopten arreglos análogos[93]. Un proyecto llevado a cabo bajo la égida de la Asociación Estadounidense para el Progreso de la Ciencia, «Science and Intellectual Property in the Public Interest», está estudiando cuestiones similares, entre otras, la posibilidad de recurrir a la «concesión de licencias humanitarias» como medio para facilitar el acceso a tecnologías y medicamentos nuevos[94].
2.12 Las universidades y las instituciones públicas de investigación de los países desarrollados deberían estudiar seriamente la posibilidad de adoptar iniciativas destinadas a garantizar que el acceso a los resultados de las actividades de I+D relacionados con los problemas de salud de los países en desarrollo y a los productos derivados de ellas se vea facilitado por políticas y prácticas adecuadas en materia de licencias. NOTAS:
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