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Timestamp: 2020-07-03 21:01:11+00:00

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Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 13 de Octubre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 245283474
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 13 de Octubre de 2010
Ponente: Alberto Cigarruista Cortez
El licenciado G.C.P., miembro de la firma forense CARREIRA PITTI P.C. ABOGADOS, en su condición de apoderado judicial de la República Bolivariana de Venezuela, ha presentado recurso de apelación contra el Auto No.70 de 17 de marzo de 2009, emitido por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario marítimo que le sigue a SUNBULK SHIPPING N.V. y VENCEMENT INVESTMENT.
En la parte resolutiva del auto impugnado se dice:
Por tanto quien suscribe, JUEZ DEL SEGUNDO TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ, en nombre de la República y por ministerio de la ley, RESUELVE (sic):
NO ADMITE el Proceso Ordinario Marítimo así como la Medida Cautelar de Secuestro ensayada por la República Bolivariana de Venezuela, representada en la presente causa por la Procuradora General de la República, Dra. G.G.A., contra SUNBULK SHIPPING N.V. y VENCEMENT INVESTMENTS.
ORDENA LA DEVOLUCIÓN a la parte demandante, a través de su apoderado judicial, las sumas consignadas en concepto de daños y perjuicios, al igual que para los gastos de conservación, custodia y mantenimiento del bien a secuestrar, una vez deducidos los gastos correspondientes.
Artículos 17, 178 acápite b de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, Reformada.
LCDA. G.A.A.
JUEZ DEL SEGUNDO TRIBUNAL
MARÍTIMO DE PANAMA
LCDO. NESSIM BARSALLO ABREGO
SECRETRIO JUDICIAL ENCARGADO"
(f.s 141-142)
Ahora, veamos las consideraciones expresadas por el Tribunal Marítimo en la resolución apelada y que lo llevaron a resolver el caso en la forma antes transcrita para, posteriormente, examinar los cargos que formula el apelante contra dicho fallo.
En lo medular, el Tribunal Marítimo refirió que luego de verificar los hechos de la demanda y conforme a lo expresado en el artículo 17 del Código de Procedimiento Marítimo, "se desprende que la causa de pedir, tiene su fuente en el ejercicio de una acción real consistente en la reivindicación por parte del Estado extranjero de un bien mueble, en este caso sobre la M/N EDALAN, dado que se pretende demostrar a través de dicha acción, la propiedad que tiene la República Bolivariana de Venezuela, sobre un bien cuya expropiación ha sido decretada por dicha República, contra los bienes propiedad de la empresa CEMEX VENEZUELA S. A.C.A., empresa que según señala el actor, fraudulentamente traspasó sus bienes a las empresas demandadas a objeto de que los mismos no le fueran expropiados, lo cual nada tiene que ver con el comercio, transporte y tráfico marítimo". Además, expresa que como consecuencia de lo anterior tampoco debía pronunciarse sobre el secuestro solicitado contra la M/N EDALAN, puesto que se trata de una medida cautelar accesoria al proceso principal y que el artículo 178, acápite b, de la Ley Marítima dispone que no pueden ser objeto de secuestro "cualesquiera naves afectas al servicio de un Estado, salvo que las mismas efectúen actividades propias del comercio marítimo", cuando de los mismos hechos de la demanda surge que dicho bien responde al servicio del Estado Venezolano, siendo no viable esa petición.
Esta S. ha podido observar que el apoderado judicial de la demandante para rebatir la resolución del Segundo Tribunal Marítimo fundamenta su recurso de apelación en dos supuestos errores que alega cometió dicho Tribunal, en cuanto a la calificación de la materia "no marítima" y en virtud de la actividad a que se dedica la nave, los cuales determina como sigue:
1) SOBRE LA NATURALEZA MARÍTIMA DE LA CAUSA.
Con relación a este punto, manifiesta la censura que el Tribunal Marítimo acierta al determinar la naturaleza de la acción, al señalar que es "una acción real consistente en la reivindicación por parte del Estado extranjero de un bien mueble,..."; pero, que se equivoca en cuanto a la calificación de la naturaleza de dicha acción, al afirmar que ésta (la acción) no tiene nada que ver con el comercio, transporte y tráfico marítimo.
Explica que la naturaleza mercantil del buque se demuestra por dos elementos: la actividad mercantil a la que está destinado el buque y su inscripción en el Registro Mercantil de Buques. Por tanto, estima que la manera como se adquiere la propiedad del buque, sea por un acto mercantil o civil, o por un acto de expropiación, como en este caso, no le quita al buque su condición de tal. Además, que "una vez que el Estado Venezolano adquirió la propiedad del buque y se percató de la existencia de un fraude documentario a través del cual la propiedad del buque fue traspasada, la acción reivindicatoria es marítima por la naturaleza mercantil del buque y por la naturaleza mercantil de los actos fraudulentos a través de los cuales se realizó el traspaso de la propiedad". Consecuentemente, expresa que el error de calificación incurrido por el Tribunal consiste en haber estimado que se le estaba sometiendo a su consideración el proceso expropiativo, cuando éste es propio de la jurisdicción interna de Venezuela, por cuyo medio dicho Estado adquirió la propiedad del buque. Así, entonces, afirma que posterior a ese proceso "ubicar el bien expropiativo y procurar su reivindicación es una acción que escapa al proceso expropiativo propiamente tal", alegando que la acción posterior de reivindicación sobre la propiedad del bien expropiado, tanto en Panamá como en Venezuela, es de naturaleza marítima por las dos razones que ha mencionado, es decir, primero, porque el buque es mercante por ser esa la actividad a la que se dedica y, segundo, porque los actos a través de los cuales se realizó "el traspaso fraudulento" de la propiedad son actos mercantiles marítimos, los cuales, según dice, concluyeron con la inscripción del buque en el registro naval mercantil panameño.
Finalmente, hace mención que en la Convención Internacional de Bruselas sobre el arresto de buques, por demanda marítima se entiende "las disputas sobre el título o propiedad de una nave", lo que permite colegir que la competencia sobre la materia demandada sí era procedente ante el Tribunal Marítimo y por ello debió ser acogida. De igual manera, indica que el no reconocimiento del derecho de reivindicación del Estado venezolano, implicaría "el desconocimiento de su accionar en el plano jurídico supranacional", cuestión que, a su entender, no pueden ni deben hacer los Tribunales panameños para evitar la competencia marítima del Tribunal.
2) SOBRE LA NATURALEZA MERCANTIL DE LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA LA NAVE.
Refiere el apelante su disconformidad con el fallo de la Juez Marítima, en cuanto a lo expresado respecto al artículo 178, acápite b, del Código de Procedimiento Marítimo, al señalar que en dicha norma se dispone que no pueden ser objeto de secuestro "cualesquiera naves afectas al servicio de un Estado, salvo que las mismas efectúen actividades propias del comercio marítimo", puesto que, según el apelante, la última parte de dicha normas es la que precisamente le daba la competencia de esta causa al Tribunal Marítimo, posibilitando, entonces, el secuestro negado. Reitera, además, que es la actividad desarrollada por el buque la que determina su naturaleza marítima, así como las inscripciones del buque en los registros navales, tanto en Venezuela como en Panamá, con las cuales, según dice, también se demuestra que el buque se dedicaba al transporte de cemento, actividad mercantil propia del bien expropiado. Por tanto, colige que el secuestro era procedente en atención al referido literal b, del artículo 178 ibídem, "toda vez que la nave actualmente no se encuentra al servicio del Estado Venezolano, sino que, como efecto directo de las fraudulentas operaciones registradas, la nave se encuentra al servicio de una empresa demandada, precisamente efectuando actividades propias del comercio marítimo", lo que, según dice, no permite la aplicación de esa norma al presente caso.
En consecuencia, pretende el impugnante que esta S., como tribunal de segunda instancia, revoque el auto apelado y, en consecuencia, ordene el secuestro de la nave para la adscripción de la competencia, así como la admisión de la demanda.
Como tribunal de apelación, esta Suprema Corporación de Justicia, luego de un análisis exhaustivo de lo expuesto anteriormente, coincide con el criterio de la juzgadora a-quo, ya que resulta evidente que en este caso no estamos ante una acción que surge de un acto referente al comercio, transporte y tráfico marítimo, según el amplio alcance que otorga el artículo 17 de la Ley 8 de 1982 al concepto de los actos que se consideran marítimos para efectos de la competencia atribuida a este tribunal.
Y es que, como efectivamente lo indica el fallo apelado, la causa de pedir persigue el reclamo del derecho de propiedad sobre el buque M/N EDALAN mediante la acción reivindicatoria, en razón de un Decreto Ley emitido por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, por el cual ordena la adquisición forzosa o expropiación de la empresa CEMEX VENEZUELA, S.A.C.A., sus filiales y afiliadas, así como de sus acciones, sus derechos y bienes muebles e inmuebles; formando dicha embarcación parte del patrimonio de esa persona jurídica. Ello es así porque, de manera clara, en los hechos de la demanda se dice que "se trata de una acción de reclamación del derecho de propiedad de naves actualmente registradas en Panamá", que fueron expropiadas por la República Bolivariana de Venezuela. Además, las declaraciones solicitadas en el libelo respectivo, también dan cuenta del tipo de reclamación que se pretende, cuyo tenor reza así:
"1. Ante el anuncio y el inicio del proceso de expropiación de la industria del cemento por parte del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, la sociedad CEMEX VENEZUELA, S.A.C.A., actuando a través de representantes no autorizados e ilegales, en asocio de SUNBULK SHIPPING N.V. y VENCEMENT INVESTMENTS, accionista mayoritario, iniciaron la transferencia de la posesión de la M/N EDALAN con miras a una transferencia de propiedad fraudulenta.
Habiendo participado en el proceso de expropiación y firmado un documento para "Ejecutar la Entrega y Control de las operaciones de Cemex Venezuela S.A.C.A. de conformidad con la Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas Productoras de Cemento", las sociedades mercantes CEMEX VENEZUELA S.A.C.A., SUNBULK SHIPPING N.V. y VENCEMENT INVESTMENTS pretenden transferir fraudulentamente la propiedad de M/N EDALAN, procediendo a su registro provisional en Panamá y gravándole con una hipoteca a favor de VENCEMENT INVESTMENT, siendo la suma de US$11,974.231.00 el precio de "venta".
Al momento de la transferencia de la posesión y de la transferencia fraudulenta de la propiedad del buque EDALAN, el mismo estaba registrado permanentemente en el Registro Venezolano, el cual a la fecha, no ha concedido la cancelación de dicho registro.
Al momento de la pretendida transferencia de la posesión y propiedad de la M/N EDALAN a favor de SUNBULK SHIPPING, N.V., la misma se hizo por un valor significativamente inferior al registrado en los libros de CEMEX VENEZUELA, la cual nunca recibió el pago del valor de dicho buque, ni tampoco ha percibido las sumas provenientes de su explotación comercial durante el período que ha estado privada de su posesión.
De acuerdo al Registro Venezolano, la M/N EDALAN se encuentra válida y legalmente registrada en Venezuela sin que su registro haya sido cancelado y es de propiedad de CEMEX VENEZUELA, S.A.C.A, por lo que el registro Panameño de dicho buque es nulo por carecer del requisito esencial de carecer (sic) de la cancelación del registro venezolano".
De lo transcrito, resulta más evidente que lo demandado escapa de la competencia de la jurisdicción marítima, puesto que, tal como se ha dicho en líneas anteriores, el conflicto sobre quién ostenta el dominio real del buque M/N EDALAN, por razón de la expropiación, no constituye una actuación jurídica de las contempladas en el artículo 17 de la Ley 8 de 1982 (hoy 19 del Texto Único de 2009), lo que impide a esta jurisdicción especial asumir su conocimiento y atención.
Cabe mencionar, asimismo, que la S. en cuanto a la interpretación del referido artículo 17 de la Ley especial marítima ha señalado:
"El artículo 17 del Código de Procedimiento Marítimo es la norma que establece la competencia del Tribunal Marítimo de Panamá, razón por la cual se reproduce su texto para mayor ilustración:
Artículo 17. Los Tribunales Marítimos tendrán competencia privativa en las causas que surjan de los actos referentes al comercio, transporte y tráfico marítimos, ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá.
Los Tribunales Marítimos también tendrán competencia privativa para conocer de las acciones derivadas de los actos de que trata el párrafo anterior, ocurridos fuera del ámbito señalado en el inciso anterior, en los siguientes casos:
Cuando las respectivas acciones vayan dirigidas contra la nave o su propietario y la nave sea secuestrada dentro de la jurisdicción de la República de Panamá como consecuencia de tales acciones.
Cuando el Tribunal Marítimo haya secuestrado otros bienes pertenecientes a la parte demandada, aunque ésta no esté domiciliada dentro del Territorio de la República de Panamá.
Cuando la parte demandada se encuentre dentro de la jurisdicción de la República de Panamá y haya sido personalmente notificada de cualesquiera acciones presentadas en los Tribunales Marítimos.
Cuando una de las naves involucradas fuere de bandera panameña, o la ley sustantiva panameña resultare aplicable en virtud del contrato o de lo dispuesto por la propia ley panameña, o las partes se sometan expresa o tácitamente a la jurisdicción de los Tribunales Marítimos de la República de Panamá.
Lo preceptuado en el presente artículo se entiende sin detrimento de la competencia que tiene la Autoridad Portuaria Nacional para conocer y decidir, por la Vía Administrativa, los procesos que se originen por accidentes de buques que afecten a las instalaciones y demás facilidades portuarias dentro de los recintos portuarios.
La disposición legal transcrita divide la competencia del Tribunal Marítimo de Panamá en dos categorías: 1) La competencia privativa en las causas que surjan de los actos que se refieran al comercio, transporte y tráfico marítimos, ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá; y, 2) La competencia privativa para conocer de las acciones derivadas de los actos que se refieren al comercio, transporte y tráfico marítimos, ocurridos fuera del territorio de la República de Panamá; siempre y cuando concurra alguno de los supuestos descritos en los cuatro ordinales que contiene dicha norma. (Fallo de 28 de septiembre de 1995).
Así, entonces, queda claro que los Tribunales Marítimos panameños sólo tienen competencia privativa en las causas que surjan de los actos ocurridos dentro del territorio de la República de Panamá, en su mar territorial, las aguas navegables de sus ríos, lagos y en las del Canal de Panamá, referentes al comercio, transporte y tráfico marítimo; empero, la acción reivindicatoria del buque, de la forma como se plantea en la presente demanda, no se subsume a ninguno de esos supuestos de competencia marítima.
Por otra parte, en cuanto la solicitud de secuestro contra la nave M/N EDALAN y que, según el apelante, ésta era procedente porque se trata de un buque mercante que aparece inscrito en los registros mercantiles de Venezuela y Panamá, que está desempeñando actividades propias del comercio marítimo, la Sala estima que tampoco le asiste razón al apelante, pues, tal como lo ha referido la Jueza Marítima en el fallo apelado, el secuestro constituye una medida cautelar accesoria a la pretensión principal, por lo cual mal podría accederse a ella cuando precisamente lo pretendido es una situación ajena a la jurisdicción marítima. Además, el hecho que se trate de una nave dedicada al comercio marítimo, por sí sólo no representa la única razón para adscribir la competencia del Tribunal Marítimo en este caso, menos cuando la causa de pedir, como se ha dicho anteriormente, pretende una situación jurídica distinta y que no involucra actividad alguna propia del comercio y tráfico marítimo.
Por tanto, como corolario del razonamiento que antecede, esta Superioridad es del criterio que la decisión adoptada por la Juez de primera instancia resulta ajustada a Derecho, por lo que deben desecharse las censuras expuestas en la apelación promovida por la parte demandante.
En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el Auto No. 70 de 17 de marzo de 2009, emitido por el Segundo Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario marítimo que la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA le sigue a SUNBULK SHIPPING N.V. y VENCEMENT INVESTMENT.
Las obligantes costas a cargo de la apelante se fijan en la suma de Doscientos Balboas (B/.200.00).
ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ
HARLEY J. MITCHELL D. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN
Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1 de Noviembre de 2005 (caso Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (Pleno), de 01 de Noviembre de 2005)
Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 27 de Agosto de 1999 (caso Conflicto de competencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Primera de lo Civil -, de 27 de Agosto de 1999)

References: resolución 
 artículo 17
 artículo 178
 resolución 
 artículo 178
 artículo 178
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 17
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Artículo 17