Source: http://yolycabrera.blogspot.com/2011/10/historia-de-las-prestaciones-sociales.html
Timestamp: 2018-02-22 08:31:54+00:00

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Yoly Cabrera: HISTORIA DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
“Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.”
Esta investigación se enfoca en un tema muy importante para los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, ya que en él se habla de las prestaciones sociales su importancia y forma de cálculo, al igual que la corrección monetaria y los intereses de Mora y las implicaciones económicas que esta generan sobre cada trabajador.
La importancia de este trabajo es que cada persona debe conocer todos los beneficios que nos otorgan las leyes venezolanas para el disfrute de nuestros deberes y derechos laborales.
El trabajo en Venezuela es un hecho social, la Carta Magna de 1.999 es de neto corte social. Su preámbulo recoge la búsqueda del bien común, la justicia social, el derecho al aseguramiento del trabajo y la preservación de los derechos humanos, y La Ley Orgánica del Trabajo (L.O.T) en el Artículo 2, nos garantiza que el Estado protegerá y enaltecerá el trabajo, amparara la dignidad de la persona humana del trabajador dictara normas para el mejor cumplimiento de su función como factor de desarrollo, bajo la inspiración de la Justicia Social de la equidad.
Las prestaciones sociales en el marco legal venezolano, son consideradas de manera puntual por la constitución de la república bolivariana de Venezuela en su artículo 92. Todo trabajador y trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los ampare en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborables de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
La liquidación de las prestaciones sociales es aquella indemnización que debe cancelarse a un trabajador como compensación por sus años de servicio al término de la relación laboral, esta compensación es en realidad la acumulación a través del tiempo de ciertos beneficios económicos establecidos en la ley tales como la antigüedad, las vacaciones, los bonos y el preaviso.
· Preaviso
Es el acto mediante el cual cualesquiera de las partes involucradas en una relación de trabajo por tiempo indeterminado, notifica a la otra su deseo de dar por finalizado el vinculo laboral la forma de dar el preaviso del patrono al trabajador debe ser por escrito explicando las causas, y no podrá después invocar otras causas. Art 105. (L.O.T).
Artículo 105. El despido deberá notificarse por escrito con indicación de la causa en que se fundamenta, si la hay. Hecha la notificación al trabajador, el patrono no podrá después invocar otras causas anteriores para justificar el despido la omisión del aviso escrito no impedirá al trabajador demostrar el despido por cualquier otro medio de prueba.
Articulo 43° preaviso: los trabajadores excluidos del régimen de estabilidad en el empleo en los términos del artículo 112 de la ley orgánica del trabajo y que fueren despedidos sin justa causa, así como aquellos afectados por despidos basados en razones económicas o tecnológicas, tendrán derecho al aviso previo a que se refiere el artículo 104 de dicha ley. Durante el lapso del preaviso a que se refiere el artículo 104 de la ley orgánica del trabajo, el trabajador disfrutará de licencias o permisos interdiarios remunerados de media jornada ininterrumpida, a fin de realizar las gestiones tendentes a obtener nuevo empleo. El patrono determinará la oportunidad del disfrute de la referida licencia o permiso.
Con respecto al patrono, el preaviso está establecido a su favor en el artículo 107 de la Ley Orgánica del Trabajo,
Con respecto al trabajador, el preaviso está establecido a su favor en el artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo,
Luego el artículo 36 del Reglamento de la LOT establece que "los trabajadores excluidos o trabajadoras excluidas del régimen de estabilidad en el empleo en los términos del artículo 112 de la Ley Orgánica del Trabajo y que fueren despedidos o despedidas sin justa causa, así como aquéllos afectados o aquéllas afectadas por despidos basados en razones económicas o tecnológicas, tendrán derecho al aviso previo a que se refiere el artículo 104 de dicha Ley" o en su defecto, el patrono se verá obligado a indemnizar al trabajador.
· Preaviso dado por el trabajador.
Artículo 106. El aviso previsto en el artículo 104 de esta ley puede omitirse pagando al trabajador una cantidad igual al salario del período correspondiente
"el trabajador deberá pagar al patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido en el lapso del preaviso" art 107 (L.O.T.). En caso de preaviso omitido, el trabajador deberá pagar al patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido en el lapso del preaviso.
De acuerdo al artículo 109 (L.O.T) cuando el trabajador sea justificadamente despedido (por algunas de las cosas enumeradas en el articulo 102 (L.O.T.), aquel deberá pagar al patrono como indemnización una cantidad equivalente al salario que le habría correspondido por el lapso del preaviso.
f) inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un (1) mes. La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador deberá, siempre que no exista circunstancias que lo impida, notificar al patrono la causa que lo
j) abandono del trabajo. De la misma forma, cuando el trabajador se retire justificadamente (por algunas de las causas de articulo 103 (L.O.T) el patrono deberá pagar lo correspondiente al preaviso.
Hay que tener en claro que la figura del preaviso que mencionan los artículos 104 y 107 (L.O.T), sólo se refieren a la relación de trabajo por tiempo indeterminado.
La institución legal del preaviso está fundamentalmente en la contratación individual por tiempo indeterminado; en los restantes convenios de diferentes tipos es improcedente ya que en ellos los concertantes anticipadamente la extinción del contrato.
Sin embargo el articulo 110 (L..O.T.), prevé aquellos casos en que algunas de las partes ponga fin a la relación de trabajo en este tipo de contrato.
Artículo 110. En los contratos de trabajo para una obra determinada o por tiempo determinado, cuando el patrono despida injustificadamente al trabajador o el trabajador se retire justificadamente antes de la conclusión de la obra o del vencimiento del término, el patrono deberá pagarle al trabajador, además de la indemnización prevista en el artículo 108 de esta ley, una indemnización de daños y perjuicios cuyo monto será igual al importe de los salarios que devengaría hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término. en caso de que el trabajador sin causa justificada ponga fin anticipadamente al contrato convenido por tiempo determinado o para una obra determinada, deberá pagar al patrono, por concepto de daños y perjuicios, una cantidad estimada prudencialmente por el juez, la cual no podrá exceder de la mitad (1/2) del equivalente de los salarios que le pagaría el patrono hasta la conclusión de la obra o el vencimiento del término. Quedan a salvo las acciones y defensas del derecho común.
El párrafo único del articulo 104 (L..O.T.), establece que en caso de ser omitido el preaviso, el lapso se computa en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales.
Ejemplo: un trabajador fue despedido injustificadamente después de haber prestado servicio durante 4 años, 5 meses y 15 días. El patrono omitió el preaviso, por lo tanto deberá pagar al trabajador la indemnización correspondiente. ¿Cuántos días de salario le corresponderán por la indemnización del preaviso omitido
Tiempo hasta la fecha de despido: 4 años 5 meses 15 días más: tiempo adicional por preaviso omitido 1 mes.
Total de antigüedad 4 años 6 meses 15 días la antigüedad definitiva resultó ser 4 años, 6 meses, 15 días por lo cual la antigüedad del trabajador pasa a ser de 5 años para efectos de prestaciones sociales.
Las vacaciones se definen como la interrupción de las actividades laborales por un periodo de tiempo determinado, siendo el tiempo de ausencia remunerado. una ves que el trabajador cumpla un año ininterrumpido al servicio del patrono, podrá disfrutar de un periodo de vacaciones remunerados de 15 días y por cada año de servicio tendrá derecho a un día adicional remunerado hasta un máximo de 15 días hábiles.
El pago de salario que corresponde a los días de vacaciones se deberá efectuar al inicio de ellos, adema de salario una bonificación especial para el trabajador equivalente a un mínimo de 7 días de salario más un día por cada año hasta llegar a un total de 21 días de salario.
Cuando el trabajador preste un servicio a 2 o más patrones deberá concedérsele el disfrute de las vacaciones cuando cumpla 1 año al servicio del patrono con el que tenga la relación más antigua.
Artículo 220. Si el patrono otorgare vacaciones colectivas a su personal mediante la suspensión de actividades durante cierto número de días al año, a cada trabajador se imputarán esos días a lo que le corresponda por concepto de sus vacaciones anuales de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. si de acuerdo con esta norma tuviere derecho a días adicionales de vacación, la oportunidad y forma de tomarlas se fijará como lo prevén las disposiciones de este capítulo. si el trabajador, para el momento de las vacaciones colectivas, no hubiere cumplido el tiempo suficiente para tener derecho a vacaciones anuales, los días correspondientes a las vacaciones colectivas serán para él de descanso remunerado y en cuanto excedieren al lapso vacacional que le correspondería, se le imputarán a sus vacaciones futuras.
Las vacaciones son irrenunciables, el trabajador esta en el derecho de tenerlas y el patrono en la obligación de dárselas. se deben cumplir de manera efectiva cada año, a menos que el trabajador solicite formalmente a su patrono la acumulación de vacaciones hasta un máximo de 3 periodos.
En lo que respecta a las vacaciones, son varios los aspectos que debe tener presente, el primero de ellos tiene que ver con el cobro y el disfrute efectivo al mismo tiempo tal como lo indica el artículo 222 de la ley en concordancia con el artículo 122 del reglamento de la ley
Artículo 222. El pago del salario correspondiente a los días de vacaciones deberá efectuarse al inicio de ellas. Cuando haya de pagarse además la alimentación o alojamiento o ambas cosas, su pago se hará también al comienzo de las mismas
Artículo 122.Repetición de lo pagado por vacaciones no disfrutadas: cuando se determine que el trabajador ha violado la prohibición establecida en el artículo 234 de la ley orgánica del trabajo, el patrono para el que preste sus servicios y que le haya pagado el salario correspondiente al disfrute vacacional, tendrá derecho a la repetición de lo pagado
Si el trabajador no goza de sus vacaciones en el periodo correspondiente, tendrá derecho a reclamar a su patrono nuevamente el pago y disfrute de éstas en cualquier momento.
Si el trabajador recibe como parte de su remuneración comida y/o alojamiento, estos deberá recibirlos igualmente en su periodo vacacional.
Asimismo, existe la posibilidad de acumular el descanso anual, cuando ello sea a solicitud del trabajador y hasta por un término de tres vacaciones, debiendo en todo momento existir la prueba escrita que sea el trabajador quien la solicita y no es por requerimiento del patrono.
Artículo 232. No se considerará como interrupción de la continuidad del servicio del trabajador para el goce del derecho a las vacaciones legales remuneradas, su inasistencia al trabajo por causa justificada; pero la concesión de la vacación anual podrá ser pospuesta por un período equivalente a la suma de los días que no hubiere concurrido justificadamente a sus labores. se considerará como causa justificada de inasistencia al trabajo, para los efectos de este artículo, la ausencia autorizada por el patrono, la ausencia debida a enfermedad o accidente o a otras causas debidamente comprobadas.
Artículo 235. El patrono llevará un “registro de vacaciones” según lo establezca el reglamento de esta ley
Cuando finaliza la relación laboral por causas diferentes al despido justificado antes de que el trabajador haya completado el nuevo año ininterrumpido de servicio, bien sea en el primer año o en los años siguientes de servicio, el trabajador tendrá derecho a que se le pague el equivalente a la remuneración que se hubiera causado en relación a las vacaciones anuales
La L.O.T obliga a las empresas a distribuir parte del enriquecimiento neto anual (artículo 174) entre todos sus trabajadores, por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio fiscal. estos beneficios líquidos son la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuesto sobre la renta.
Artículo 174. Las empresas deberán distribuir entre todos sus trabajadores por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio anual. a este fin, se entenderá por beneficios líquidos la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la ley de impuesto sobre la renta. a los efectos de este capítulo, se asimilarán a las empresas los establecimientos y explotaciones con fines de lucro.
La prestación por antigüedad es el beneficio que tiene derecho el trabajador y el cual recibe por la prestación de un servicio luego de tres meses ininterrumpidos de labores.
La prestación de antigüedad, según el artículo 108 de la L.O.T, puede tener dos destinos a solicitud del trabajador:
Anualmente se informará al trabajador sobre el monto de capital y los intereses. Asimismo, se entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. El trabajador, mediante manifestación por escrito, podrá capitalizar los intereses. Los intereses estarán exentos del impuesto sobre la renta, serán acreditados o depositados mensualmente y pagados al cumplir cada año de servicio, salvo que el trabajador, mediante información escrita decidiere capitalizarlo.
las pensiones escolares para él, su conyugue, hijos o con quien haga vida marital.
Artículo 108. Después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes. Después del primer año de servicio, o fracción superior a seis (6) meses contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley, el patrono pagará al trabajador adicionalmente dos (2) días de salario, por cada año, por concepto de prestación de antigüedad, acumulativos hasta treinta (30) días de salario.
El patrono deberá informar anualmente al trabajador, en forma detallada, el monto que le acreditó en la contabilidad de la empresa, por concepto de prestación de antigüedad. la entidad financiera o el fondo de prestaciones de antigüedad, según el caso, entregará anualmente al trabajador los intereses generados por su prestación de antigüedad acumulada. Asimismo, informará detalladamente al trabajador el monto del capital y los intereses.
Sustento legal de la salud ocupacional en Venezuela
• •Reglamento de la ley orgánica del trabajo.
• Ley orgánica del sistema de seguridad social (diciembre 2002) crea el régimen de seguridad y salud en el trabajo.
La constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 87 establece el deber que tiene el estado de adoptar medidas y crear instituciones que permitan el control, la promoción y prevención de condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados, de igual manera los artículos 118 y 308 expresan protección a las asociaciones cooperativas u otras formas asociativas.
Artículo 87: “(…) todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. el estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.”
Dicha norma se encuentra en estrecha relación con las previsiones de los artículos: 83 (el estado debe responder en materia de salud), 84 (derecho a la salud), 85 (financiamiento del sistema público de la salud), 86 (seguridad social), del mismo cuerpo normativo.
Con fundamento en la misma filosofía constitucional, la ley orgánica del sistema de seguridad social, publicada en la gaceta oficial de la República Bolivariana de Venezuela no.37.600, de fecha 30-12-2002, establece en su artículo 94 lo siguiente:
“se crea el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo responsable, en concordancia con los principios del sistema público nacional de salud, de la promoción del trabajo seguro y saludable; del control de las condiciones y medio ambiente de trabajo, de la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, de la promoción e incentivo del desarrollo de programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social, y el fomento de la construcción, dotación, mantenimiento y protección de la infraestructura recreativa de las áreas naturales destinadas a sus efectos y de la atención integral de los trabajadores ante la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad ocupacional y de sus descendientes cuando por causas relacionadas con el trabajo nacieren con patologías que generen necesidades especiales; mediante prestaciones dinerarias y no dinerarias, políticas, programas, servicios de intermediación, asesoría, información y orientación laboral y la capacitación para inserción y reinserción al mercado de trabajo; desarrollados por este régimen o por aquellos que establezca esta ley y la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.
Igualmente la ley orgánica del trabajo (1999) consagra, en la redacción amplia y genérica de los artículos 185, 236 y 237 respectivamente, la obligación de los patronos de garantizar condiciones de higiene y seguridad a sus trabajadores y adecuar los centros de trabajo en forma que éstos no se vean afectados física ni mentalmente.
La ley orgánica del trabajo establece en sus artículos 560 al 585 todo lo relativo a infortunios en el trabajo(vigentes hasta tanto no entre en funcionamiento la tesorería de seguridad social prevista en la ley orgánica del sistema de seguridad social, según lo establecido en la disposición transitoria sexta de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo), contempla la obligatoriedad de los empleadores del deber pagar a los trabajadores y aprendices, que les presten servicios las indemnizaciones previstas por el propio legislador o por el poder reglamentario, por las consecuencias que derivan de accidentes y enfermedades profesionales, ya sean estas consecuencias directas de la prestación del servicio mismo o con ocasión de éste; exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa, o por parte de los trabajadores o aprendices. la ley laboral recoge en su artículo 560, lo que se conoce en doctrina como la responsabilidad objetiva, también denominada “doctrina del riesgo profesional”, que hace procedente a favor del trabajador accidentado o enfermo, el pago de las indemnizaciones contempladas en la ley, independientemente de la culpa o negligencia del patrono o empresa, pero siempre condicionado a la presencia de un ineludible requisito de procedencia o presupuesto de hecho, como lo es la circunstancia de que el accidente o enfermedad a inden tal sentido, es necesario hacer referencia sobre el fundamento de la seguridad social.
Los doctores Guillermo Boggiano y Rafael Mújica destacan lo siguiente:
“El derecho a la indemnización que asistía al trabajador asalariado, como consecuencia de una contingencia surgida en su trabajo (principalmente en los casos de accidente), en los primeros tiempos de la era industrial, sólo descansaba en el principio de la “responsabilidad contractual”, inspirado por el derecho romano. Conforme con este principio, la persona que había sufrido un riesgo o una contingencia, sólo podía tener derecho al pago total o parcial del daño sufrido, si lograba probar que el patrón había cometido alguna falta.
Dentro de esa concepción era sumamente difícil y casi siempre imposible para el trabajador que había sufrido un accidente o para los sobrevivientes de dicho trabajador, comprobar la culpabilidad del patrono, y era por ello que, por regla general, quedaban sin ninguna protección.
Este criterio evoluciona con el progreso de los sistemas industriales de producción y como consecuencia surge el principio del “riesgo profesional”, por virtud del cual todo patrono está obligado a pagar al trabajador o sus sobrevivientes los daños ocasionados por un accidente de trabajo, haya tenido o no la culpa dicho patrono. como puede observarse, el asalariado, al prestar sus servicios, está expuesto a los riesgos propios de su trabajo, y es el patrono quien debe correr con el pago de las indemnizaciones cuando cualquier riesgo se produzca” (Boggiano, et al, 1972).
Los autores concluyen con el principio de la solidaridad social al exponer:
“modernamente, el derecho a la indemnización que tiene el trabajador asalariado se basa en el principio de la “solidaridad social”, ello teniendo en cuenta que el trabajador no trabaja solamente para un patrono o para una empresa, sino que con su trabajo y su esfuerzo aporta una contribución positiva a la sociedad para mejorar su economía. Por consiguiente, es la sociedad la que debe responder al trabajador o sus sobrevivientes en la reparación de todas las contingencias que éste sufra, aún cuando no sean consecuencias directas de su trabajo” (Boggiano, et al, 1972).
Tanto en la teoría del riesgo profesional como en la de la solidaridad social, la responsabilidad es objetiva. Basta que ocurra el accidente del trabajo para que surja la obligación del patrono o de la seguridad social de indemnizar al trabajador, según el caso, salvo los casos señalados por la misma ley.
Aparte de las indemnizaciones previstas por la ley orgánica del trabajo (criterio objetivo), el trabajador o sus familiares pueden reclamar indemnizaciones por concepto de daños materiales y morales de conformidad con el código civil cuando el accidente de trabajo es causado por un hecho ilícito del patrono.
La ley orgánica del trabajo, establece en su artículo 560, la responsabilidad objetiva del patrono, es decir, que él responde, salvo las excepciones, exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte de los trabajadores. sin embargo, la culpa grave del trabajador se asimila al dolo, intención. Lo que significa que si el accidente de trabajo se produce como consecuencia de culpa grave del trabajador, el patrono no responderá por las indemnizaciones.
Artículo 560: (L.O.T) “los patronos, cuando no estén en los casos exceptuados por el artículo 563, están obligados a pagar a los trabajadores y aprendices ocupados por ellos, las indemnizaciones previstas en este título por accidentes y por las enfermedades profesionales, ya provengan del servicio mismo o con ocasión directa de él, exista o no culpa o negligencia por parte de la empresa o por parte de los trabajadores o aprendices”.
Es importante destacar, que nuestra ley orgánica del trabajo en el artículo 561, en concordancia con el artículo 69 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, es clara al definir lo que se entiende como accidente de trabajo, cuando en forma consistente lo expresan los artículos 561 y 69 de las mencionadas leyes:
Artículo: 561 (L.O.T) “se entiende por accidente de trabajo todas las lesiones funcionales o corporales, permanentes o temporales, inmediatas o posteriores, o la muerte, resultantes de la acción violenta de una fuerza exterior que pueda ser determinada y sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. será igualmente considerada como accidente de trabajo toda lesión interna determinada por un esfuerzo violento, sobrevenida en las mismas circunstancias”
Artículo: 69 (LOPCYMAT) “se entiende por accidente de trabajo, todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo.
2. los accidentes acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo.
3. los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivo que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora, y exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido.
Igualmente es esencial observar, sobre todo con respecto a los accidentes de trabajo, que se entienden por tales no solamente los que ocurren en los locales de trabajo o durante el horario de la jornada, sino todos aquellos que se produzcan con ocasión directa del servicio, como por ejemplo cuando el trabajador, fuera del local de la empresa y antes o después de su horario, se encuentre, cumpliendo una tarea en interés del patrono, asistiendo a un curso de adiestramiento, etc.
Con respecto a las enfermedades profesionales las mencionadas leyes establecen en sus artículos 561 (L.O.T) y 70 (LOPCYMAT) respectivamente que:
Artículo: 561 (L.O.T) “se entiende por enfermedad profesional un estado patológico contraído con ocasión del trabajo o por exposición al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar; y el que pueda ser originado por la acción de agentes físicos, químicos o biológicos, condiciones económicas o metereológicas. Factores psicológicos o emocionales, que se manifiesten por una lesión orgánica, trastornos enzimáticos o bioquímicos, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes, contraídos en el ambiente de trabajo…”.
Artículo: 70 (LOPCYMAT) “se entiende por enfermedad ocupacional, los estados patológicos contraídos o agravados con ocasión del trabajo o exposición al medio en el que el trabajador o la trabajadora se encuentre obligado a trabajar, tales como los imputables a la acción de agentes físicos y mecánicos, condiciones disergonómicas, meteorológicas, agentes químicos, biológicos, factores psicosociales y emocionales que se manifiestan por una lesión orgánica, trastornos funcionales o desequilibrio mental, temporales o permanentes.
Señala la misma L.O.T en su artículo 563, lo siguiente “quedan exceptuados de las disposiciones de este título y sometidos a las disposiciones del derecho común, o las especiales que les conciernan, los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que sobrevengan:
1. cuando el accidente hubiese sido provocado intencionalmente por la victima;
2. cuando el accidente sea debido a fuerza mayor extraña al trabajo, si no se comprobare la existencia de un riesgo especial;
3. cuando se trate de personas que ejecuten trabajos ocasionales ajenos a la empresa del patrono;
4. cuando se trate de personas que ejecuten trabajos por cuenta del patrono en sus domicilios particulares; y
5. cuando se trate de los miembros de la familia del propietario de la empresa que trabajen exclusivamente por cuenta de aquel y que viven bajo el mismo techo”.
De la norma trascrita, se desprende que sólo en estos casos la empresa no responde a las indemnizaciones laborales contempladas en la L.O.T
Cuando la empresa no cumple con las normas establecidas en el ordenamiento jurídico está obligada a responder frente a los trabajadores que hayan sido víctimas de un accidente o enfermedad profesional, por ejemplo si una compañía contrata los servicios de un trabajador para que realice distintos tipos de labores dentro de la empresa y entre ellos está hacerle el mantenimiento a todas las maquinarias, y por la subordinación que le debe a su patrono los cumple y le sucede un accidente de trabajo, el trabajador podrá demandar a la empresa en atención a lo expuesto anteriormente.
Es decir, al darse un accidente de trabajo, porque el mismo sobrevino en el curso del trabajo, el cual ocurrió motivado a las condiciones de inseguridad e higiene industrial, a la falta de precaución que debió tomar el patrono como era su obligación, al igual que la falta de instrucción, la cual se le debió dar al trabajador, se le imputa al empleador por cuanto la ley es clara y precisa al establecer las responsabilidades de los patronos y empleadores. dice el artículo 236 de la ley orgánica del trabajo: “el patrono deberá tomar las medidas que fueren necesarias para que el servicio se preste en condiciones de higiene y seguridad que respondan a los requerimientos de la salud del trabajador…” , y ese artículo a que alude es el 185 ejusden reza “ el trabajo deberá prestarse en condiciones que: a) permitan a los obreros y empleados su desarrollo físico y síquico normal; b) les dejen tiempo libre suficiente para el descanso y cultivo intelectual y para la recreación y expansión lícita; c) presten suficiente protección a la salud y a la vida contra enfermedades y accidentes; y d) mantengan el ambiente en condiciones satisfactorias”.
Estos artículos los refuerza la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, en sus artículos 1 y 2, aún cuando ésta misma ley, refiere en su artículo 41 lo dispuesto en el reglamento de las condiciones de higiene y seguridad industrial en el trabajo, el cual establece en su artículo 2 lo siguiente: “los patronos están obligados a hacer del conocimiento de los trabajadores, tanto los riesgos específicos de accidentes a los cuales están expuestos, como las normas esenciales de prevención”.
Como ha de verse de lo supra transcritos artículos se infiere que el patrono o empleador es el responsable de tomar las medidas de seguridad y asimismo lo establece la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo cuando pauta en el artículo 56: “son deberes de los empleadores y empleadoras, adoptar las medidas necesarias para garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de salud, higiene, seguridad y bienestar en el trabajo, así como programas de recreación, utilización del tiempo libre, descanso y turismo social e infraestructura para su desarrollo en los términos previstos en la presente ley y en los tratados internacionales suscritos por la república, en las disposiciones legales y reglamentarias que se establecieren, así como en los contratos individuales de trabajo y en las convenciones colectivas(…)”.
La empresa al no dar cumplimiento a estas obligaciones que le imponen los mencionados artículos, al no tomar ninguna medida de seguridad para evitar el accidente ocurrido al trabajador, poner en peligro la integridad física de sus trabajadores, debido al hecho ilícito por parte del patrono al violar las disposiciones anteriormente mencionadas, da lugar a responsabilidades administrativas, penales y civiles derivadas de dicho incumplimiento, con su respectiva sanción, debido a las incapacidades sufridas e indemnizaciones equivalente al salario de acuerdo a los establecido en los artículos 130 y 131 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo.
Igualmente, el trabajador víctima de un accidente profesional o enfermedad profesional, puede demandar a la empresa causante del hecho, los daños morales ocasionados por la relación de trabajo.
Existen dos corrientes en materia de accidentes y enfermedades profesionales que imperan dentro de la legislación laboral venezolana, estas son:
1. la doctrina de la responsabilidad objetiva o teoría del riesgo profesional que contempla el artículo 560 de la ley orgánica del trabajo y
2. la doctrina de la responsabilidad subjetiva prevista en el artículo 129 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, conforme a la cual se sanciona al empleador que ha tenido una participación culposa en la ocurrencia del daño, pues conociendo el riesgo o peligro no lo corrigió o no envió el trabajo en esas condiciones de siniestro muy factible.
En este segundo caso, el patrono debe indemnizar los daños sufridos por el trabajador afectado, a manera de sanción, pero fundamentalmente en el aspecto de los daños materiales, es decir, directamente relacionados con el daño o lesión física y en función directa a su magnitud, salvo el supuesto del artículo 71 en concordancia con el artículo 130 y 131 de la mencionada ley que cuantifica el monto de la prisión y de la indemnización, en los casos de alteración de la integridad emocional y psíquica del trabajador, derivada de secuelas o deformidades permanentes que vulneran la facultad humana más allá de la simple pérdida de su capacidad de ganancias (lucro cesante), abriéndose de inmediato y en forma adicional o complementaria, el campo de la indemnización de los daños morales, con arreglo a las disposiciones del derecho común (artículos 1.185 y 1.196 del código civil venezolano).
Estos daños morales derivados del hecho ilícito patronal generador del accidente o enfermedad (participación culposa, sea por negligencia, por impericia, o por imprudencia del patrono; o simplemente, participación intencional que adicionalmente conlleve, la figura de las lesiones u homicidio intencionales, previstas en el código penal venezolano), se mantienen en el campo de la responsabilidad civil extracontractual, surgida con ocasión de la contractual laboral y se presumen juris et de jure, tan pronto como ha quedado establecida la relación de causalidad entre el hecho imputable al patrono y el daño sufrido por el trabajador; de allí que lo desvirtuable sea la relación con el daño material, pues para ello se requieren las pruebas determinantes; pero una vez establecida la conexión directa con el daño material, el daño moral se presume sin admisión de prueba en contrario, quedando simplemente el monto de la indemnización al prudente criterio del juez, que es el sujeto llamado a estimarlo.
El daño moral es una figura prevista desde hace mucho tiempo en la legislación de casi todos los países del mundo y en relación a la cual existe abundante doctrina y jurisprudencia, tanto en el campo civil como en el penal. en atención a ello podemos comentar lo siguiente:
El daño moral, se le denomina “premium dolores” o dolor interno, para hacer referencia específica al precio o monto de la indemnización acordada a manera de reparación del sufrimiento espiritual o moral padecido por la víctima de un hecho o acto culposo o intencional, trátese o no de un delito.
El daño puede clasificarse en:
1. daño patrimonial:
a. material strito sensu.
b. emergente: damnun emergens.
c. lucro cesante: lucrum cessans.
2. daño no patrimonial:
b. corporal.
El daño emergente es la disminución que ocasiona en el patrimonio el daño material o corporal sufrido por la víctima, es decir, al reclamo de las cantidades invertidas en la reparación de algo.
El lucro cesante en cambio, está representado por la imposibilidad de incrementar el patrimonio (carencia de patrimonio), como consecuencia del daño sufrido. Es el caso de un trabajador que sufre un accidente de trabajo que le ocasiona una incapacidad total y permanente y lo imposibilita para seguir trabajando, situación ésta que le impide seguir obteniendo ingresos monetarios o lo que es lo mismo, mejorar o incrementar su patrimonio.
El artículo 1.273 del código civil venezolano contiene los daños anteriormente mencionados, cuando dice: “los daños y perjuicios se deben generalmente al acreedor, por la pérdida que haya sufrido, y por la utilidad de que se le haya privado, salvo las modificaciones y excepciones establecida a continuación.”
En relación al daño moral, el diccionario enciclopédico de derecho usual dice:
“el daño moral es la lesión que sufre una persona en su honor, reputación, afectos o sentimientos, por la acción culpable o dolosa de otra” (cabanellas, 1973).
“…la legislación, la doctrina y la jurisprudencia referente al daño moral, tratan principalmente situaciones relacionadas con los daños a la imagen o reputación provenientes de imputaciones lesivas a la responsabilidad y capacidad profesional de los sujetos; o bien los sufrimientos morales derivados de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales mereciendo particular atención en este punto y en cuanto a la legislación venezolana se refiere, la prevención contenida en el parágrafo tercero del art. 33 de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente del trabajo, que regula el supuesto atinente a la sanción aplicable cuando la secuela o deformaciones permanentes provenientes de accidentes o enfermedades profesionales vulneran la facultad humana del trabajador, más allá de la simple pérdida de su capacidad de ganancias; y también los daños colaterales que en algunos casos se producen en la esfera espiritual de un trabajador sorpresivamente despedido sin justa causa, y/o cuando este despido coloca al sujeto en situación de imposibilidad de cumplir obligaciones económicas que, por ejemplo, lo llevan a perder su vivienda; situación ésta que, tanto antes como después de semejante pérdida, coloca y mantiene a la persona y a su grupo familiar en un estado emocional caracterizado por un intenso sufrimiento moral” (Mille m., 2003).
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contiene una serie de disposiciones que se relacionan directa o indirectamente con la materia atinente a los daños morales y su reparación, entre estas disposiciones cabe citar a los artículos siguientes: art. 19, según el cual el estado garantizará a toda persona el goce y servicio de los derechos humanos; art. 20, que consagra el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad; art. 21, referente al principio de igualdad y no discriminación; art. 30, conforme al cual el estado tendrá la obligación de indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que le sean imputables, y a sus derechohabientes, incluido el pago de daños y perjuicios, debiendo conectarse esta disposición con la prevista en el art. 140, según el cual el estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable .
En materia laboral, es muy frecuente que ocurran accidentes de trabajo o surjan enfermedades profesionales como consecuencias del incumplimiento (intencional o culposo = hecho ilícito) de disposiciones relacionadas con la higiene y seguridad industrial imputable al patrono, o bien imputable al propio trabajador siniestrado, o responsable del daño sufrido por otros trabajadores.
· nuestro ordenamiento jurídico posee una serie de preceptos legales de suma importancia que obligan a las empresas a dar cumplimiento a las condiciones mínimas de higiene y seguridad social, que permitan lugares seguros de trabajo, que se establezcan sistemas de prevención social para evitar posibles accidentes o enfermedades profesionales, y así evitar el pago de las indemnizaciones respectivas.
· en caso que el trabajador sufra un accidente o enfermedad profesional, podrá demandar las indemnizaciones que le correspondan por ante los tribunales del trabajo, ya sea tanto por la responsabilidad objetiva prevista en la ley orgánica del trabajo, por daños materiales tarifados y daño moral, como por la indemnización establecida en la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo, así como también, si logra probar los extremos que conforman el hecho ilícito, la indemnización material que supera las indemnizaciones antes mencionadas.
· igualmente si el trabajador prueba o demuestra el hecho ilícito del patrono, cuya indemnización repara integralmente el daño material producido, el juez deberá condenar solamente la diferencia entre la indemnización que procede por el daño material tarifado por las leyes especiales y lo demandado por daño emergente y lucro cesante.
En Venezuela ocurren 2.760 muertes cada año producto de los accidentes de trabajo. Lamentablemente no se manejan aún cifras exactas del número de muertes por enfermedades ocupacionales.
Entre las enfermedades ocupacionales, las afecciones músculo esqueléticas, fundamentalmente de columna, las lumbalgias y hernias discales se han convertido en el principal problema de salud que aqueja a los trabajadores venezolanos. También la sordera profesional por la exposición al ruido de las máquinas, las dermatosis (específicamente las dermatitis por contacto) y las enfermedades respiratorias como el asma ocupacional y la neumoconiosis, continúan ocupando un lugar preponderante.
Por otra parte están las afecciones de la esfera mental, como el estrés laboral, la fatiga ocupacional, el burn out (síndrome de agotamiento profesional) y el mobbing (acoso psicológico) que a su vez pueden producir trastornos gastrointestinales e hipertensión arterial. Otros males que se convierten en desafíos para la salud, higiene y medicina ocupacional en Venezuela son el cáncer ocupacional, y los efectos del trabajo sobre la reproducción (abortos, malformaciones).
Sin embargo, con la puesta en marcha del instituto nacional de prevención, salud y seguridad laboral (INPSASEL), por primera vez el país contará con un sistema de vigilancia y control de las condiciones de trabajo que prestará atención integral a los trabajadores y trabajadoras venezolanas.
El INPSASEL instituto autónomo adscrito al ministerio del trabajo, es el organismo encargado de ejecutar las políticas del estado en materia de salud y seguridad en el trabajo.
La corrección monetaria es una indemnización establecida por el deterioro del valor adquisitivo de la moneda a consecuencia de la inflación.
Este articulo de la L.O.P.T, autoriza aplicar al crédito reconocido en la sentencia los intereses de mora y la corrección monetaria, pero solo a partir de la ejecutoriedad del fallo y no desde la fecha de la exigibilidad del crédito ni de la admisión de la demanda o la notificación del demandado para la audiencia preliminar. Tal circunstancia se debe al hecho que las obligaciones laborales no son cuantitativamente ciertas si no a partir de la sentencia definitiva o a partir de que la experticia complementaria que las liquide.
La indexación judicial es un método que comienza a ser aplicado por los tribunales de instancia a partir de una decisión emanada de la sala de casación civil, mercantil y laboral de la corte suprema de justicia, dictada en fecha 17 de marzo de 1993 (caso camillius lamorell contra machinery care), siendo el ponente de la misma, el Dr. Rafael Alfonso Guzmán
Durante años 1961-1985, éste era un método inaplicable e inaceptable por parte de los órganos jurisdiccionales. es a raíz de la sentencia del 17 de junio de 1986, emanada de la corte primera en lo contencioso administrativo, cuando por primera vez, aunque de manera tímida, se define la diferencia que en realidad afecta la medida del valor de los bienes por el transcurso del tiempo.
Posteriormente, en fecha 28 de octubre de 1987, esa misma corte dicta otra sentencia en donde se estima que la depreciación del bolívar es un hecho notorio a partir del 18 de febrero de 1983, sostiene la corte suprema de justicia que la indemnización que no tome en consideración el fenómeno inflacionario debe ser calificada como injusta.
En sentencia de fecha 14 de febrero de 1990, la sala de casación civil de la corte suprema de justicia expresa:
“la indemnización de los daños y perjuicios es una obligación de valor; la indemnización, para ser justa, debe aplicársele el ajuste monetario (indexación); y la evaluación del daño debe hacerse en el instante en que el valor hubiese sido tasado para el momento de haberse producido el daño”. ((Jurisprudencia de la corte suprema de justicia, no. 2 de febrero, 1990, pp. 138).
En sentencia de 5 de diciembre de 1990, la sala político-administrativa de la corte acoge, por primera vez, un método para medir la intensidad del fenómeno inflacionario y su efecto sobre el poder adquisitivo de nuestro signo monetario, con el objeto de lograr una justa indemnización.
Análisis jurisprudencial en materia laboral (la indexación o corrección monetaria) a la luz de un enfoque ius-realista igualmente, sigue insistiendo la sala, en sentencia dictada el 30 de septiembre de 1992, sobre la inflación como un hecho notorio y el efecto que produce sobre el valor adquisitivo de la moneda como un hecho que podía inferir el juez mediante la aplicación de una máxima de experiencia.
El método llamado de “la indexación judicial" debe restablecer la lesión que realmente sufre el valor adquisitivo de los salarios y prestaciones del trabajador por la contingencia inflacionaria, corriendo la injusticia de que el pago impuntual de las prestaciones del trabajador se traduzca en ventaja del moroso, y en daño del sujeto legalmente protegido con derecho de ellas.
“Por otra parte, el uso del método indexatorio tendría el saludable efecto de acortar los juicios y también de evitar a retardar maliciosamente el proceso.
“en definitiva, la justificación del método de indexación judicial está en el deber que tiene el juez de lograr a través de la acción indemnizatoria que la víctima obtenga la reparación real y objetiva del daño sufrido.
Los intereses de mora no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste, por lo que el reclamo de dichos intereses generados por la tardanza en el pago de las prestaciones sociales, debe necesariamente computarse después de la extinción de la relación de trabajo, pues se trata de un interés moratorio causado por una tardanza culposa del patrono en no cumplir con su obligación patrimonial frente a su trabajador, que consiste en el pago oportuno de las prestaciones sociales, una vez finalizada su relación laboral.
El artículo 92 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, y, toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
Los intereses de mora contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela deben ser acordados aún de oficio por el juez, no sólo porque la constitución lo contemple expresamente, sino porque las cantidades que adeuda el patrono al trabajador, con ocasión de la finalización del vínculo laboral se convierten en deudas de valor y, como tales, tienen un tratamiento diferente y especial en un derecho social, como es el derecho del trabajo, no se requiere exigir su pago, sino que éste procede automáticamente por el hecho de la mora en que ha incurrido el patrono, al no pagar oportunamente los montos adeudados al trabajador, sólo que en caso de mora no se trata del restablecimiento del valor de la moneda por la desvalorización, sino que el patrono pague un interés por usar, utilizar un dinero que no es suyo, sin autorización de su propietario –que es el trabajador- y sin participación de éste en los beneficios que obtenga el patrono-, estos intereses de mora, en materia del trabajo, son por la merma que sufre el patrimonio del trabajador con motivo de la depreciación monetaria, y constituye un principio constitucional de obligatoria imposición, aunque de fácil evitación: basta que el patrono pague puntualmente sus obligaciones laborales frente al trabajador, para que no tenga que pagar intereses de mora. Así se decide los intereses de mora se calcularán con base a la tasa establecida por el banco central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales.
El experto calculará los intereses de mora desde el 01 de febrero de 1997 hasta el 30 de diciembre de 1999 con base al interés legal del 3% anual de acuerdo con el artículo 1746 del código civil y desde el 31 de diciembre de 1999 de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hasta la fecha del pago de la obligación
Los intereses de mora se calcularán con base a la tasa establecida por el banco central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales.
Si el tribunal encargado de la ejecución no designara como experto a un funcionario público, los honorarios del experto serán con cargo del demandado
NUEVO CRITERIO EN MATERIA DE CORRECCIÓN MONETARIA,
INTERESES MORATORIOS E INDEXACIÓN LABORAL
En decisión N° 1841 de fecha once (11) de noviembre de 2008, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
(En el caso José Surita contra Maldifassi & Cia, C.A.) Estableció un nuevo criterio en materia de corrección monetaria, intereses moratorios e indexación laboral. En ese sentido los criterios establecidos son del siguiente tenor:
1. Indexación e Intereses moratorios causados por falta de pago de prestación de antigüedad: Su cómputo debe hacerse desde la finalización de la relación de trabajo, con independencia de la oportunidad elegida por el trabajador para reclamar sus derechos judicial o extrajudicialmente.
2. Indexación de otros conceptos laborales: El cómputo debe efectuarse tomando como inicio la fecha de la notificación de la demanda (en el nuevo proceso) o la citación (en el proceso derogado) y como fecha máxima hasta que la sentencia quede definitivamente firme, excluyendo los lapsos sobre los cuales la causa se haya paralizado por acuerdo entre las partes, por hechos fortuitos o de fuerza mayor, tales como la implementación de la LOPT y por vacaciones judiciales. Con excepción del daño moral, este criterio también resulta aplicable en materia de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales
3. Casos en los que no procede corrección monetaria y/o indexación:
En las acciones de mero certeza o de mero declaración y en los juicios de estabilidad.
4. En caso de no cumplimiento voluntario: Se ratifica el contenido de lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; a saber: “En caso de que el demandado no cumpliere voluntariamente con la sentencia, procederá el pago de intereses de mora sobre las cantidades condenadas, las cuales serán calculadas a la tasa de mercado vigente, establecida por el Banco Central de Venezuela para los intereses sobre prestaciones sociales y correrán desde la fecha del decreto de ejecución, hasta la materialización de ésta, entendiéndose por esto último, la oportunidad del pago efectivo, en el lapso establecido en la presente Ley. Igualmente, procederá la indexación o corrección monetaria sobre las cantidades condenadas, la cual debe ser calculada desde el decreto de ejecución hasta su materialización, entendiéndose por esto último la oportunidad de pago efectivo”.
Los informes prácticos son todos aquellos que hace el patrono para introducir las normativas, incidentes laborales, calificaciones de despidos o algún otro informe requerido en la relación laboral enmarcado en las leyes de las leyes
Los informes teóricos, son todos aquellos donde se plasman las normas y procedimientos para resguardar los beneficios del patrono y del trabajador
CALCULOS DE PRESTACIONES SOCIAL
En el caso del trabajador despedido, permanecerá en su cargo durante el tiempo del preaviso de forma remunerada, pero si el patrono omitiese el preaviso (art. 104, parágrafo único), el lapso correspondiente se computará en la antigüedad del trabajador para todos los efectos legales. También puede omitirse legalmente el preaviso que establece el artículo 104 de la LOT computando el lapso correspondiente en la antigüedad del trabajador (art.104, parágrafo único) o mediante el pago de una cantidad igual al salario del período correspondiente (artículo 106), en ambos casos es termin siendo el mismo.
Según el artículo 219 de la LOT, el trabajador tiene el derecho a un período 15 días hábiles de vacaciones remuneradas una vez que cumpla 1 año de trabajo ininterrumpido. El artículo señala además que en los años sucesivos tendrá derecho de un día adicional de vacaciones por cada año de servicio, hasta un máximo de 15 días hábiles. En el parágrafo único del mismo artículo señala también que el trabajador podrá prestar servicio en los días de disfrute vacacional a que pueda tener derecho conforme a su antigüedad, pero tendrá derecho al pago del salario adicional por ocasión del trabajo prestado.
La fórmula para calcular los días: 15 + (años de servicio - 1)
La fórmula para calcular la remuneración: (salario diario de ese año) x (días hábiles)
Bsf. 654,45
Bsf. 698,08
Bsf. 741,71
Bsf. 828,97
Bsf. 1047,12
La fórmula para calcular los días: 7 + (años de servicio - 1)
Bsf. 305,41
Bsf. 349,04
Bsf. 392,67
Bsf. 479,93
El artículo 224 establece que cuando por cualquier causa termine la relación de trabajo sin que el trabajador haya disfrutado de las vacaciones a que tiene derecho, el patrono deberá pagarle la remuneración correspondiente a cualquier período vacacional no disfrutado, incluyendo los bonos vacacionales.
La fórmula para el cálculo de los días feriados:
(Salario diario de ese año) x 3
Si al momento de finalizar la relación laboral no ha concluido el cierre del ejercicio de la empresa es necesario realizar el cálculo de las utilidades pendientes del año para sumarlas a las prestaciones liquidables.
Formula sugerida para el Cálculo de las Utilidades:
El trabajador tiene además el derecho de solicitar un anticipo de hasta 75% de lo acreditado o depositado por antigüedad, para satisfacer obligaciones derivadas de la adquisición de vivienda, liberación de hipotecas o gravámenes, pensiones escolares y gastos por atención médico-hospitalaria.
Calculo de Indemnización por despido injustificado
Aquellos trabajadores permanentes o contratados bajo el régimen de estabilidad laboral previsto en el artículo 112 de la LOT, no pueden ser despedidos sin justa causa. Sin embargo en caso de materializarse un despido injustificado, el patrono se verá obligado a resarcir al trabajador con las indemnizaciones adicionales por antigüedad, despido injustificado y sustitutiva del preaviso previstas en los artículos 108, 110 y 125 de la LOT, calculadas hasta la fecha en que tal despido se materialice. Así mismo, las liquidación de las prestaciones sociales deberá ser calculada en base a la misma fecha.
El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez salarios mínimos.
Calculo de Indemnizaciones en caso de accidente o enfermedades profesionales
Los artículos 571 al 574 de la Ley Orgánica del Trabajo (1997), tipifican los derechos que tienen los trabajadores en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, por las incapacidades totales o absolutas permanentes, temporales absolutas, las incapacidades parciales permanentes y las incapacidades parciales temporales. Determinando que en los casos en que se produzca la incapacidad absoluta y permanente, el trabajador lesionado, tendrá derecho a una indemnización equivalente al salario de dos (2) años. Y determina el artículo de la precitada ley, que dicha indemnización no excederá de la cantidad equivalente a veinticinco (25) salarios mínimos, sea cual fuere la cuantía del salario.
Haciendo la salvedad que en el artículo 578, se establece que cuando los patronos responsables de los accidentes o enfermedades profesionales tengan hospitales, clínicas o establecimientos análogos, declarados suficientes por el Ministerio del ramo de la salud para prestar la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica al que se refiere el artículo 577, tendrán la obligación de prestar la asistencia que fuese necesaria a dichos trabajadores en sus establecimientos, y las víctimas, no podrán pretender que les sea prestada en otra parte.
Estableciéndose en el artículo 579, que los patronos quedan exentos de responsabilidad alguna por lo que respecta a la asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, cuando, las víctima del accidente de trabajo y/o enfermedad profesional se negasen reiteradamente a someterse a las disposiciones, regímenes y tratamientos que indiquen los facultativos que presten la asistencia médica debida. Finalmente, en esta Ley del trabajo en su artículo 584, determina que cuando el trabajador, como consecuencia del accidente o enfermedad, no pueda desempañar su trabajo anterior, pero sí otro cualquiera, el patrono está obligado a proporcionárselo, si fuere posible, y con este objeto está facultado para hacer los traslados de personal que sean necesarios.
El trabajo es una de las bases fundamentales de la creación de la riqueza de las naciones, del bienestar y desarrollo de las sociedades, y, en fin, de la estabilidad y la paz social.
En Venezuela el trabajo es un hecho social, la Carta Magna de 1.999 es de neto corte social. Su preámbulo recoge la búsqueda del bien común, la justicia social, el derecho al aseguramiento del trabajo y la preservación de los derechos humanos, bajo el signo de una democracia participativa y protagónica, y un Estado de justicia social.
En el artículo 92 de la misma se expresa:
Esto da un apoyo al trabajador y tiene implicaciones económicas y sociales muy positivas, ya que se encuentran resguardados en la Ley y cada trabajador y trabajadora puede contar con un dinero cada fin de año que le ayude a cubrir las necesidades del momento, puede tener unas vacaciones que lo ayuden en su esparcimiento y descanso mental y unas prestaciones de antigüedad, ya que el trabajo que se hace por años siempre tendrá una compensación monetaria y social y al envejecer queda resguardado por el Seguro Social. Al igual que si se llega a tener una enfermedad ocupacional o un accidente las indemnizaciones también favorecen el entorno económico de la persona que no esté apta para el trabajo y en sus últimas consecuencias al morir no deja desamparada a su familia ya que sus beneficios sociales no se pierden sino pasan a manos de su conyugue e hijos.
Estas disposiciones, que buscan elevar la calidad de vida del trabajador, concretan en la práctica, los supremos derechos humanos del venezolano y de quienes conviven con él en este país: el derecho a la vida (por cuanto al tener acceso a un empleo digno, puede subsistir o existir, junto a los suyos); el derecho a la salud (pues con su salario puede obtener alimentos, medicinas, ropas, etc. que lo proteja plenamente, aparte de su acceso a la seguridad social); derecho a una vivienda (porque con empleo tendrá mayor oportunidad de obtenerla, a través de su salario, prestaciones o caja de ahorro, o por lo menos de exigir de su sindicato el acceso a cooperativas para adquirirla); derecho a la educación (porque tendrá acceso a planes de capacitación del INCE, la obtención de becas para él y sus hijos conforme al respectivo convenio colectivo de trabajo, etc.); derecho al desarrollo de su personalidad (a través de los planes de creación y recreación que deben existir en empresas y sindicatos, incluso con la asesoría del Instituto Nacional de Creación y Recreación de los Trabajadores (INCRET), instituto dependiente del Ministerio del Trabajo, para desarrollar actividades como: bibliotecas, teatros, grupos corales, planes vacacionales, etc., que incluso generan actividad cultural y turística); y así, una gran cantidad de derechos que se hacen realidad evidente
El preaviso es el acto mediante el cual cualesquiera de las partes involucradas en una relación de trabajo por tiempo indeterminado, notifica a la otra su deseo de dar por finalizado el vinculo laboral.
Las utilidades es la distribución de parte del enriquecimiento neto anual de la empresa (artículo 174) entre todos sus trabajadores, por lo menos el quince por ciento (15%) de los beneficios líquidos que hubieren obtenido al fin de su ejercicio fiscal. Estos beneficios líquidos son la suma de los enriquecimientos netos gravables y de los exonerados conforme a la Ley de Impuesto Sobre la Renta.
Todos estos son beneficios que tienen los trabajadores y trabajadoras venezolanos y se encuentran consagrados en la Constitución de la República Bolivariana De Venezuela. Todos estos beneficios traen al trabajador implicaciones económicas positivas ya que son parte de dinero que van acumulando de su jornada de trabajo diario.
Las indemnizaciones son el resarcimiento de un daño o perjuicio que puede correr el trabajador en el lugar de trabajo por medio de un accidente o una enfermedad ocupacional la cual es un estado patológico contraído con ocasión del trabajo o por exposición al ambiente en que el trabajador se encuentre obligado a trabajar, otra forma de indemnizar al trabajador es por un despido injustificado.
Todos estos beneficios sociales y económicos con los que cuenta el trabajador están resguardados en la Carta Magna y en su artículo 92 Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata. Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozarán de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal.
La corrección monetaria es una indemnización establecida por el deterioro del valor adquisitivo de la moneda a consecuencia de la inflación y los interese de mora
no son más que la consecuencia de la falta de pago oportuno, del retardo o la mora en la cual incurre el patrono en pagar al trabajador sus prestaciones sociales, al finalizar la relación laboral, dado el uso por el empleador de un capital perteneciente al trabajador, el cual generará intereses a favor de éste.
· Ley Orgánica de Trabajo L.O.T
· Ley del reglamento de la LOT (2006)
· Ley orgánica procesal del trabajo (2002),
· Ley Orgánica de Prevención Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo LOPCYMAT
· www.espaciosjuridicos.com
· guia.mercadolibre.com.ve/calculo-preaviso-y-prestaciones-sociales
· www.bcv.org.ve/cuadros
· www.venelogia.com
· www.vialegal.com.ve
· www.gobiernoenlinea.ve
· www.tecnoiuris.com/venezuela
"El patrono dará cuenta a la respectiva Inspectoría del Trabajo
dentro de los cuatro (4) días continuos de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad."
Artículo 565 de la L.O.T.
2. CÉDULA DE IDENTIDAD:
a) VENEZOLANO b) EXTRANJERO
7. ZURDO DERECHO
a) CASADO b) SOLTERO
c) VIUDO d) DIVORCIADO e) OTRO
9. CATEGORÍA DE OCUPACIÓN:
a) EMPLEADO b) OBRERO c) OTRO
10. SUELDO O SALARIO:
11. OFICIO U OCUPACIÓN:
a) ANALFABETA b) PRIMARIA c) SECUNDARIA
d) TECNICA e) SUPERIOR
13. ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA:
AÑOS__________ MESES________
14. HORARIO DE TRABAJO:
15. NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS EL DÍA QUE OCURRIO EL ACCIDENTE:
16. DIRECCIÓN DE HABITACIÓN:
b) MUNICIPIO:
c) PARROQUIA:
d) LOCALIDAD:
1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:
2. NÚMERO DE LA EMPRESA:
3. NÚMERO DEL R.I.F:
4. NÚMERO DEL N.I.T:
5. NÚMERO DEL I.V.S.S.:
6. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:
7. DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:
2. NÚMERO DEL ESTABLECIMIENTO:
4. TOTAL DE TRABAJADORES:
6. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:
IV.- DATOS RELATIVOS AL ACCIDENTE
1. LUGAR Y DIRECCIÓN DONDE OCURRIÓ EL ACCIDENTE:
4. DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE. ¿CÓMO OCURRIÓ?.
5. PARTE DEL CUERPO LESIONADA:
6. NATURALEZA DE LA LESIÓN:
7. MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO: a) OFICINA b) TALLER O FABRICA c) CARRETERA
d) CONSTRUCCIÓN e) OTRO
8. PROCESO DE TRABAJO:
9. ACTIVIDAD QUE REALIZABA:
10. TIPO DE ACCIDENTE:
11. AGENTE MATERIAL:
12. TRATAMIENTO: a) QUIRURGICO b) NO QUIRURGICO
13. DURACIÓN DE LA INCAPACIDAD LABORAL (DÍAS) :
14. EXTENSIÓN DEL ACCIDENTE: a) MORTAL b) NO MORTAL
15. NOMBRE DEL TESTIGO:
15.1. C.I:
16. NOMBRE DEL TESTIGO:
16.1. C.I:
17. INSTITUTO U HOSPITAL DONDE FUE ATENDIDO: a) I.V.S.S. b) CENTRO PRIVADO c) OTRO
FECHA DE DECLARACIÓN ANTE LA INSPECTORIA:
FIRMA DEL ACCIDENTADO:
Enero 16,74 39.362 05/02/2010 18,96
Diciembre 16,97 39.344 12/01/2010 18,94
Noviembre 17,05 39.323 08/12/2009 18,84
Octubre 17,62 39.300 05/11/2009 20,35
Septiembre 16,58 39.281 08/10/2009 18,62
Agosto 17,04 39.259 08/09/2009 19,56
Julio 17,26 39.239 11/08/2009 20,01
Junio 17,56 39.217 09/07/2009 20,41
Mayo 18,77 39.193 04/06/2009 21,54
Abril 18,77 39.174 08/05/2009 21,46
Marzo 19,74 39.155 07/04/2009 22,37
Febrero 19,98 39.135 10/03/2009 22,89
Enero 19,76 39.114 05/02/2009 22,38
Publicado por Yolenny Cabrera en 19.10.11
aurea gonzalez 17 de febrero de 2013, 23:38
como me comunico contigo tengo un caso emblematico de prestaciones sociales por incapacidas contra polisucre mi correo felixaurea@hotmail.com
maria perdomo 20 de julio de 2016, 20:56
HOLA COMO ESTAS? UNA CONSULTA UN TRABAJADOR LABORA DESDE EL AÑO 1992 EN UNA EMPRESA XXX, EN ESTA FECHA FUE DESPEDIDO POR CAUSA JUSTA....LA PREGUNTA Y DUDA ES CUANDO EMPIEZA LA ANTIGUEDAD PARA EL CALCULO DE SUS PRESTACIONES? DESDE EL AÑO 1992? O DESDE EL 19 DE JUNIO DE 1997? TENGO ESA DUDA ALLI. DE ANTEMANO MIL GRACIAS

References: Artículo 2
 artículo 92

Artículo 105
 artículo 112
 artículo 104
 artículo 104
 artículo 107
 artículo 104
 artículo 36
 artículo 112
 artículo 104

Artículo 106
 artículo 104
 artículo 109

Artículo 110
 artículo 108

Artículo 220
 artículo 222
 artículo 122

Artículo 222

Artículo 122
 artículo 234

Artículo 232

Artículo 235

Artículo 174
 artículo 108

Artículo 108
 artículo 87

Artículo 87
 artículo 94
 artículo 560
 artículo 560

Artículo 560
 artículo 563
 artículo 561
 artículo 69
 artículo 563
 artículo 236
 artículo 41
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 560
 artículo 129
 artículo 71
 artículo 130
 artículo 1
 artículo 92
 artículo 1746
 artículo 92
 artículo 185
 artículo 104
 artículo 219
 artículo 224
 artículo 112
 artículo 578
 artículo 577
 artículo 579
 artículo 584
 artículo 92
 artículo 92

Artículo 565