Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4829&iu=0
Timestamp: 2018-02-25 11:30:47+00:00

Document:
Decreto 2737 de 1989 Nivel Nacional
Fecha de Expedición: 27/11/1989
Fecha de Entrada en Vigencia: 27/11/1989
Derogado por el art. 217, Ley 1098 de 2006 a excepción de los artículos 320 a 325 y los relativos al juicio especial de alimentos
En ejercicio de las facultades extraordinarias por conferidas por la Ley 56 de 1988 y oída la comisión asesora a que ella se refiere,
Ver la Ley 124 de 1994 , Ver el Decreto Nacional 1137 de 1999
ARTICULO 1º. Este código tiene por objeto:
ARTICULO 2º. Los derechos consagrados en la Constitución Política, en el presente código y en las demás disposiciones vigentes, serán reconocidos a todos los menores, sin discriminación alguna por razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición suya, de sus padres o de sus representantes legales. Ver el art. 1, Ley 12 de 1991
ARTICULO 3º. Todo menor tiene derecho a la protección, al cuidado y a la asistencia necesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, moral y social; estos derechos se reconocen desde la concepción.
Ver el Proyecto de Acuerdo Distrital 107 de 2002 , Ver el Proyecto de Acuerdo Distrital 161 de 2002
ARTICULO 4º. Todo menor tiene el derecho intrínseco a la vida y es obligación del Estado garantizar su supervivencia y desarrollo.
ARTICULO 5º. Todo menor tiene derecho a que se le defina su filiación. A esta garantía corresponde el deber del Estado de dar todas las oportunidades para asegurar una progenitura responsable.
ARTICULO 6º. Todo menor tiene derecho a crecer en el seno de una familia. El Estado fomentará por todos los medios la estabilidad y el bienestar de la familia como célula fundamental de la sociedad.
Son deberes de los padres, velar por que los hijos reciban los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo físico, intelectual, moral y social.
ARTICULO 7º. Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral. Esta será obligatoria hasta el noveno grado de educación básica y gratuita cuando sea prestada por el Estado.
ARTICULO 8º. El menor tiene derecho a ser protegido contra toda forma de abandono, violencia, descuido o trato negligente, abuso sexual y explotación. El Estado, por intermedio de los organismos competentes, garantizará esta protección.
ARTICULO 9º. Todo menor tiene derecho a la atención integral de su salud, cuando se encontrare enfermo o con limitaciones físicas, mentales o sensoriales, a su tratamiento y rehabilitación.
El Estado deberá desarrollar los programas necesarios para reducir la mortalidad y prevenir la enfermedad, educar a las familias en las prácticas de higiene y saneamiento y combatir la mal nutrición, otorgando prioridad en estos programas al menor en situación irregular y a la mujer en período de embarazo y de lactancia.
ARTICULO 10. Todo menor tiene derecho a expresar su opinión libremente y a conocer sus derechos. En consecuencia, en todo proceso judicial o administrativo que pueda afectarlo, deberá ser oído directamente o por medio de un representante, de conformidad con las normas vigentes.
ARTICULO 11. Todo menor tiene derecho al ejercicio de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión bajo la dirección de sus padres, conforme a la evolución de las facultades de aquél y con las limitaciones consagradas en la ley para proteger la salud, la moral y los derechos de terceros.
ARTICULO 12. Todo menor que padezca de deficiencia física, mental o sensorial, tiene derecho a disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad y a recibir cuidados, educación y adiestramiento especiales, destinados a lograr en lo posible su integración activa en la sociedad.
ARTICULO 13. Todo menor tiene derecho al descanso, al esparcimiento, al juego, al deporte y a participar en la vida de la cultura y de las artes. El Estado facilitará, por todos los medios a su alcance, el ejercicio de este derecho.
ARTICULO 14. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra la explotación económica y el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso para su salud física o mental, o que impida su acceso a la educación.
El Estado velará por que se cumplan las disposiciones del presente estatuto en relación con el trabajo del menor.
ARTICULO 15. Todo menor tiene derecho a ser protegido contra el uso de sustancias que producen dependencia. El Estado sancionará con la mayor severidad, a quienes utilicen a los menores para la producción y tráfico de estas sustancias.
Los padres tienen la responsabilidad de orientar a sus hijos y de participar en los programas de prevención de la drogadicción.
ARTICULO 16. Todo menor tiene derecho a que se proteja su integridad personal. En consecuencia, no podrá ser sometido a tortura, a tratos crueles o degradantes ni a detención arbitraria. El menor privado de su libertad recibirá un tratamiento humanitario, estará separado de los infractores mayores de edad y tendrá derecho a mantener contacto con su familia.
ARTICULO 17. Todo menor que sea considerado responsable de haber infringido las leyes, tiene derecho a que se respeten sus garantías constitucionales y procesales, así como a la asistencia jurídica adecuada para su defensa.
ARTICULO 18. Las normas del presente código son de orden público y, por lo mismo, los principios en ellas consagrados son de carácter irrenunciable y se aplicarán de preferencia a disposiciones contenidas en otras leyes.
ARTICULO 19. Los convenios y tratados internacionales ratificados y aprobados de acuerdo con la Constitución y las leyes, relacionados con el menor, deberán servir de guía de interpretación y aplicación de las disposiciones del presente código.
ARTICULO 20. Las personas y las entidades, tanto públicas como privadas que desarrollen programas o tengan responsabilidades en asuntos de menores, tomarán en cuenta sobre toda otra consideración, el interés superior del menor.
ARTICULO 21. Los jueces y funcionarios administrativos que conozcan de procesos o asuntos referentes a menores, deberán tener en cuenta, al apreciar los hechos, los usos y costumbres propios del medio social y cultural en que el menor se ha desenvuelto habitualmente, siempre que no sean contrarios a la ley.
ARTICULO 22. La interpretación de las normas contenidas en el presente código deberá hacerse teniendo en cuenta que su finalidad es la protección del menor.
ARTICULO 23. El bienestar familiar es un servicio público a cargo del Estado cuyos objetivos, además de los establecidos en otras normas, son los de fortalecer los lazos familiares, asegurar y apoyar el cumplimiento de los deberes y obligaciones de sus miembros, tutelar sus derechos y brindar protección a los menores.
ARTICULO 24. Los organismos administrativos y jurisdiccionales, contarán con el apoyo obligatorio de la fuerza pública, cuando ésta sea requerida para garantizar la eficacia de las medidas de protección adoptadas en beneficio del menor.
ARTICULO 25. Los medios de comunicación social respetarán el ámbito personal del menor, y por lo tanto, no podrán efectuar publicaciones, entrevistas o informes que constituyan injerencia arbitraria en la vida privada, la familia, el domicilio, las relaciones o las circunstancias personales del menor, ni podrán afectar su honra o reputación.
A los medios masivos de comunicación les está prohibida la difusión de cualquier programa o mensaje que atente contra la moral o la salud física o mental de los menores.
ARTICULO 26. El Estado, por medio de los organismos competentes, establecerá programas dedicados especialmente a la atención integral de los menores de siete años. Tales programas se realizarán con la activa participación de la familia y de la comunidad.
ARTICULO 27. El Estado, por medio de los organismos competentes, tomará todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar el tráfico y el secuestro de menores, y las adopciones ilegales.
ARTICULO 28. Se entiende por menor a quien no haya cumplido los dieciocho (18) años.
Cuando no haya certeza acerca de la edad de la persona que requiera la protección prevista en este código y se tengan razonables motivos de duda, el juez, antes de tomar las medidas aplicables a los mayores, la determinará mediante los medios de prueba legalmente establecidos.
De los menores en situación irregular
ARTICULO 29. El menor que se encuentre en algunas de las situaciones irregulares definidas en este título, estará sujeto a las medidas de protección tanto preventivas como especiales, consagradas en el presente código.
ARTICULO 30. Un menor se halla en situación irregular cuando:
1. Se encuentre en situación de abandono o de peligro.
2. Carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas.
3. Su patrimonio se encuentre amenazado por quienes lo administren.
4. Haya sido autor o partícipe de una infracción penal.
5. Carezca de representante legal.
6. Presente deficiencia física, sensorial o mental.
7. Sea adicto a sustancias que produzcan dependencia o se encuentre expuesto a caer en la adicción.
8. Sea trabajador en condiciones no autorizadas por la ley.
9. Se encuentre en una situación especial que atente contra sus derechos o su integridad.
Del menor abandonado o en peligro físico o moral
ARTICULO 31. Un menor se encuentra en situación de abandono o de peligro cuando:
2. Faltaren en forma absoluta o temporal las personas que, conforme a la ley, haya de tener el cuidado personal de su crianza y educación; o existiendo, incumplieren las obligaciones o deberes correspondientes, o carecieren de las calidades morales o mentales necesarias para asegurar la correcta formación del menor.
3. No fuere reclamado en un plazo razonable del establecimiento hospitalario, de asistencia social o del hogar sustituto en que hubiere ingresado, por las personas a quienes corresponde legalmente el cuidado personal de su crianza y educación.
4. Fuere objeto de abuso sexual o se le hubiere sometido a maltrato físico o mental por parte de sus padres o de las personas de quienes el menor dependa; o cuando unos u otros lo toleren.
7. Cuando su salud física o mental se vea amenazada gravemente por las desavenencias entre la pareja, originadas en la separación de hecho o de derecho, en el divorcio, en la nulidad del matrimonio, o en cualesquiera otros motivos.
PAR. 1º. Se presume el incumplimiento de que trata el numeral 2º del presente artículo, cuando el menor está dedicado a la mendicidad o a la vagancia, o cuando no convive con las personas llamadas por ley a tener su cuidado personal. Esta presunción admite prueba en contrario.
PAR. 2º. Para efectos de la situación prevista en el numeral séptimo del presente Artículo, se consideran como agravantes aquellos comportamientos de los padres que al intensificar la angustia y la incertidumbre inherentes a esta situación vayan en detrimento del menor. Igualmente constituye agravante el que cualquiera de los padres antes o después de la separación, del divorcio o de la nulidad del matrimonio, traten de influir en el menor con el propósito de suscitar aversión o desapego hacia alguno de sus progenitores.
ARTICULO 32. Toda persona que tenga conocimiento de la situación de abandono o peligro en que se encuentre un menor, deberá informarlo al defensor de familia del lugar más cercano o, en su defecto, a la autoridad de policía para que se tomen de inmediato las medidas necesarias para su protección.
ARTICULO 33. Los directores de hospitales públicos o privados y demás centros asistenciales están obligados a informar sobre los menores abandonados en sus dependencias o que ingresen con signos visibles de maltrato y a ponerlos a disposición del respectivo centro zonal o dirección regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dentro de los ocho (8) días siguientes a la ocurrencia del hecho.
ARTICULO 34. Los centros de salud y hospitales públicos y privados están obligados a dispensar, de inmediato, la atención de urgencia que requiera el menor, sin que se pueda aducir motivo alguno para negarla, ni siquiera el de la ausencia de los representantes legales, la carencia de recursos económicos o la falta de cupo.
ARTICULO 35. Sin perjuicio de las sanciones administrativas, civiles o penales a que hubiere lugar, el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los Artículos anteriores acarreará al director del respectivo centro asistencial, una multa de dos (2) a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales, impuesta por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
PAR.¿El director regional que imponga la sanción prevista en el presente Artículo, deberá informar a las autoridades competentes sobre los hechos que dieron lugar a su imposición, para la iniciación de las demás acciones correspondientes cuando fuere el caso.
ARTICULO 36. Corresponde al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por intermedio del defensor de familia del lugar donde se encuentre el menor, declarar las situaciones de abandono o de peligro, de acuerdo con la gravedad de las circunstancias, con el fin de brindarle la protección debida. Para este propósito, actuará de oficio o a petición de cualquier persona que denuncie la posible existencia de una de tales situaciones.
ARTICULO 37. El defensor de familia, de manera inmediata al conocimiento del hecho, abrirá la investigación por medio de auto en el que ordenará la práctica de todas las pruebas o diligencias tendientes a establecer las circunstancias que pueden configurar la situación de abandono o peligro del menor. En el mismo auto podrá adoptar, de manera provisional, las medidas a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º, 4º y 6º del Artículo 57. Las diligencias y la práctica de pruebas decretadas en el auto de apertura de la investigación, deberán ejecutarse dentro de un plazo máximo de veinte (20) días.
En el auto de apertura de la investigación ordenará la citación de quienes, de acuerdo con la ley, deban asumir el cuidado personal de la crianza y educación del menor, o de quienes de hecho lo tuvieren a su cargo, si se conociere su identidad y residencia.
PAR. Si como resultado de la investigación se estableciere que el menor ha sido sujeto pasivo de un delito, el defensor de familia formulará la denuncia penal respectiva ante el juez competente.
ARTICULO 38. El defensor de familia, antes de pronunciar su decisión, oirá el concepto de los profesionales que hacen parte del equipo técnico del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de la respectiva regional y entrevistará al menor sujeto de la protección, con el objeto de obtener la mayor certeza sobre las circunstancias que lo rodean y la medida más aconsejable para su protección.
ARTICULO 39. La citación se surtirá mediante notificación personal, dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del auto de apertura de la investigación.
Si los citados no se hallaren en la dirección que aparece en las diligencias, la citación deberá entregarse a la persona que allí se encuentre, quien firmará la copia. Si se negare a hacerlo, firmará un testigo que dará fe de ello. En todo caso la citación se fijará en la puerta de acceso al lugar y así se hará constar en la copia que se adjunte a la historia del menor.
ARTICULO 40. Si se desconoce el domicilio o residencia de las personas de quienes depende el menor, la citación se surtirá, dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de apertura de la investigación, mediante publicación o transmisión en un medio masivo de comunicación local o nacional que incluirá, en el primer caso y si es necesario, la fotografía del menor. Constancia de la publicación o transmisión se adjuntará a la historia del menor.
ARTICULO 41. Vencido el término de la investigación y practicadas todas las pruebas y diligencias ordenadas sin que ninguno de los citados se hiciere presente, el defensor de familia, mediante resolución motivada, declarará la situación de abandono o de peligro.
ARTICULO 42. Si dentro del término de la investigación a que se refiere el Artículo 37, las personas citadas se hacen presentes, el defensor de familia, mediante auto, podrá ampliarlo hasta por treinta (30) días para decretar y practicar las pruebas pedidas por los comparecientes y las que de oficio estimare pertinentes. Vencido este término el defensor de familia deberá pronunciar su decisión dentro de los quince (15) días siguientes.
ARTICULO 43. Cuando el defensor de familia establezca sumariamente que un menor se encuentra en situación de grave peligro, procederá a su rescate a efecto de prestarle la protección necesaria; y si las circunstancias así lo ameritan, ordenará, mediante auto, el allanamiento del sitio donde el menor se hallare, para lo cual podrá solicitar el apoyo de la fuerza pública, la cual no podrá negarse a prestarlo.
PAR. Para los efectos de este Artículo se entiende por peligro grave, toda situación en la que se encuentre comprometida la vida o la integridad personal del menor.
ARTICULO 44. Antes de proceder al allanamiento y registro del sitio donde se encuentra el menor, el defensor de familia deberá dar lectura del auto que ordena la diligencia, a quien se encuentre en el inmueble. Si los ocupantes al enterarse del contenido del auto, entregaren al menor sin resistencia o si se desvirtuaren los motivos que originaron la medida, el defensor de familia suspenderá la práctica del allanamiento.
ARTICULO 45. Si el defensor de familia no encontrare persona alguna en el inmueble para comunicarle el allanamiento, procederá a practicarlo.
ARTICULO 46. En la diligencia de allanamiento y registro prevista en los Artículos anteriores, deben evitarse las inspecciones inútiles y el daño innecesario a las cosas; en ningún caso se podrá molestar a los ocupantes del inmueble con acciones distintas a las estrictamente necesarias para cumplir su objetivo, cual es la protección inmediata del menor.
ARTICULO 47. Durante la diligencia de allanamiento y registro se levantará un acta en la que conste:
1. Si se surtió la comunicación del auto que la ordenó.
2. La identidad de las personas que ocupaban el inmueble.
3. Las circunstancias en que se encontró el menor y los motivos que fueron aducidos para explicar dichas circunstancias.
4. Los demás hechos que el defensor considere relevantes.
5. Las medidas provisionales de protección adoptadas.
ARTICULO 48. Los funcionarios administrativos que cumplan funciones policivas y los jueces deberán, a partir de la vigencia del presente código, practicar las pruebas decretadas por los jueces de menores o de familia o los defensores de familia que les sean solicitadas. La práctica de estas pruebas se sujetará a las normas del Código de Procedimiento Civil relativas a la comisión.
ARTICULO 49. La resolución en que se declare la situación de abandono o de peligro de un menor, deberá ser notificada personalmente, de acuerdo con los trámites del Artículo 39, a quienes hubieren comparecido. En la diligencia de notificación se indicarán los recursos que pueden interponerse contra la decisión del defensor.
ARTICULO 50. De no ser posible la notificación personal, ésta se hará por medio de edicto que deberá contener:
1. La palabra EDICTO, en letras mayúsculas, en la parte superior.
2. La información sobre la actuación de que se trata y el nombre de las partes, dejando a salvo la reserva sobre la identidad de los menores afectados, a menos que fuere absolutamente necesario identificarlos.
3. El encabezamiento y la parte resolutiva de la providencia.
4. La fecha y hora en que se fija y la firma del secretario.
El edicto se fijará en lugar visible del respectivo despacho por cinco (5) días, y en él se anotará, por el secretario, la fecha y hora de su desfijación y el original se agregará al expediente.
ARTICULO 51. Contra la resolución que declara la situación de abandono o peligro, proceden los siguientes recursos:
El de apelación para ante el correspondiente director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el mismo objeto.
ARTICULO 52. De los recursos de reposición y apelación deberá hacerse uso por escrito, en la diligencia de notificación o dentro de los tres (3) días siguientes a la misma o a la desfijación del edicto, según el caso, personalmente o mediante apoderado debidamente constituido.
ARTICULO 53. El recurso de apelación podrá interponerse directamente o en subsidio del de reposición.
En la sustentación de los recursos deberán expresarse, en forma clara y concreta, los motivos de la inconformidad y relacionarse las pruebas que se pretende hacer valer, indicando el nombre y dirección del recurrente.
ARTICULO 54. Los recursos de reposición y apelación se resolverán de plano salvo que, al interponerlos, se aleguen hechos nuevos directamente relacionados con el asunto o se pida la práctica de pruebas que tengan que ver con los hechos materia de la reclamación, a juicio del funcionario que decide sobre el recurso.
Concluido el término probatorio, dentro de los cinco (5) días siguientes se proferirá la decisión mediante resolución motivada que deberá ser notificada personalmente conforme al Artículo 39 y, en su defecto, en los términos del Artículo 50 del presente código.
ARTICULO 55. Las actuaciones ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son gratuitas y no requerirán la intervención de apoderado, no obstante, si el interesado quisiere hacerse representar, sólo podrá hacerlo mediante abogado inscrito.
ARTICULO 56. El control jurisdiccional de las decisiones que tome el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se sujetará a las normas del Código Contencioso Administrativo.
6. Cualesquiera otras cuya finalidad sea la de asegurar su cuidado personal, prever a la atención de sus necesidades básicas o poner fin a los peligros que amenacen su salud o su formación moral.
PAR. 1º. El defensor de familia podrá, al aplicar alguna de las medidas anteriores y sin perjuicio de las acciones judiciales pertinentes, fijar una cuota mensual con la cual los padres o las personas de quienes el menor dependa contribuirán al sostenimiento de éste mientras se encuentre bajo una medida de protección.
PAR. 2º. El defensor de familia podrá imponer al menor, con cualquiera de las medidas de protección, el cumplimiento de alguna de las reglas de conducta de que trata el Artículo 206 del presente código.
ARTICULO 58. Igualmente podrá el defensor de familia, con el objeto de garantizar una adecuada atención del menor en el seno de su familia, si es el caso, disponer que los padres o personas a cuyo cuidado esté el menor, cumplan algunas de las siguientes actividades:
ARTICULO 59. El defensor de familia, en cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, podrá modificar la medida decretada cuando las circunstancias lo requieran. Para este efecto podrá solicitar previamente al equipo interdisciplinario de la institución o del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, si lo hubiere, informe de los resultados del seguimiento realizado al menor y a su familia.
ARTICULO 60. La declaración de abandono en que se disponga como medida de protección establecida en el numeral 5º del Artículo 57 producirá, respecto de los padres, la terminación de la patria potestad del menor adoptable.
ARTICULO 61. La resolución por la cual se solicita la adopción como medida de protección del menor, sólo requerirá ser homologada por el juez competente cuando las personas a cuyo cargo estuviere el cuidado, la crianza y educación del menor, se hubieren opuesto a esta medida dentro del trámite administrativo en que se decretó, o dentro de los veinte (20) días siguientes a la fecha en que hubiere quedado en firme tal medida, término dentro del cual deberán presentar al defensor de familia las alegaciones y pruebas que sustenten la oposición a la medida decretada.
ARTICULO 62. La declaración de abandono prevista en el Artículo 60, una vez ejecutoriada, o la sentencia de homologación, si fuere el caso, deberá ser inscrita en el libro de varios de la notaría u oficina de registro respectiva.
ARTICULO 63. Vencido el término establecido en el Artículo 61, el defensor de familia, para los efectos de la homologación, remitirá al juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el menor, tanto el expediente como las nuevas alegaciones, si se hubieren presentado, para que éste, dentro de los quince (15) días siguientes, dicte de plano la sentencia de homologación.
ARTICULO 64. En firme la resolución que niega la solicitud de revocación, de modificación o terminación de la medida impuesta por el defensor de familia, queda agotado el trámite administrativo.
Los padres, o las personas que tengan el cuidado personal de la crianza y educación del menor, podrán solicitar al juez de familia o promiscuo de familia, la terminación de los efectos de las declaraciones hechas por el defensor de familia y la finalización de las medidas de protección adoptadas. Para este efecto deberán demostrar plenamente que se han superado las circunstancias que les dieron lugar y que hay razonables motivos para esperar que no volverán a producirse.
ARTICULO 65. De la acción prevista en el Artículo anterior conocerá, en única instancia, el juez de familia o promiscuo de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cargo se encuentre el menor.
ARTICULO 66. El actor en los procesos de que tratan los Artículos precedentes, deberá acreditar que han variado favorablemente para el menor las circunstancias que dieron lugar a las medidas de protección decretadas.
El juez señalará en el auto admisorio de la demanda la cantidad con la cual el demandante deberá contribuir al sostenimiento del menor mientras dure el proceso. Las sumas así depositadas, deberán ser entregadas a la persona o entidad que tenga el cuidado del menor, sin perjuicio de la subrogación de que trata el Artículo 81.
ARTICULO 67. La prevención o amonestación es una medida conminatoria por medio de la cual se exige a los padres, o a las personas de quienes el menor depende, el cumplimiento de las obligaciones que les corresponden.
PAR. De la diligencia de amonestación se elaborará acta suscrita por los que en ella intervinieron, en la que deberá constar:
1. Los hechos que dieron lugar a la conminación.
2. Las obligaciones que se imponen a los amonestados.
3. Las sanciones que origina el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia.
ARTICULO 68. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en la diligencia de amonestación, acarreará a los infractores la sanción de multa equivalente al valor de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal de multa. Esta sanción será impuesta por el defensor de familia mediante resolución motivada.
ARTICULO 69. En la resolución que define la situación del menor y se decrete la medida de amonestación, el defensor de familia dispondrá, si fuere el caso, el reintegro del menor a su medio familiar. De este reintegro se dejará constancia en el acta de la diligencia de conminación.
ARTICULO 70. Sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes, el defensor de familia podrá asignar provisionalmente la custodia o cuidado personal del menor a aquel de los parientes señalados en el Artículo 61 del Código Civil, que ofrezca mayores garantías para su desarrollo integral.
1. Multa de hasta cien (100) salarios mínimos diarios legales convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada salario diario mínimo legal de multa.
PAR. La reincidencia o la renuencia a darle cumplimiento a la orden de asignación de que tratan los Artículos anteriores, constituye causal de suspensión de la patria potestad.
ARTICULO 73. La colocación familiar consiste en la entrega de un menor que se encuentre en situación de abandono o de peligro, a una familia que se compromete a brindarle la protección necesaria, en sustitución de la de origen.
ARTICULO 74. La medida de colocación familiar se decretará por el menor término posible, de acuerdo con las circunstancias y objetivos que se persiguen, sin exceder de seis (6) meses. El defensor de familia podrá prorrogarla, por causa justificada, previo concepto favorable del jefe jurídico de la regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o de quien haga sus veces.
ARTICULO 75. Decretada la colocación familiar del menor, se hará entrega del mismo a los responsables del hogar sustituto, mediante acta que deberá contener:
ARTICULO 76. Las personas que reciben al menor en colocación familiar, estarán obligadas a:
1. Brindar al menor todos los cuidados necesarios para obtener su desarrollo integral en los aspectos físico, intelectual, moral y social.
ARTICULO 77. El incumplimiento de las obligaciones previstas en el Artículo anterior dará lugar a la pérdida de la calidad de hogar sustituto, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil a que el incumplimiento dé lugar.
ARTICULO 78. El defensor de familia podrá terminar la colocación o trasladará al menor de un hogar sustituto a otro, cuando las circunstancias aconsejen o hagan necesaria la modificación.
ARTICULO 79. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá asignar un aporte mensual al hogar sustituto, para atender exclusivamente los gastos del menor. Por consiguiente, el hogar sustituto no tendrá derecho a reclamar remuneración alguna por el cuidado del menor, ni por ello se configurará relación laboral o contractual onerosa con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTICULO 80. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar vigilará la destinación que los representantes del hogar sustituto den al aporte, pudiendo imponer sanción de multa hasta del doble del valor mensual asignado, a quienes incumplan lo dispuesto en el Artículo anterior.
ARTICULO 81. Mientras un menor permanezca en colocación familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se subrogará en los derechos del menor contra toda persona que conforme a la ley le deba los alimentos.
ARTICULO 82. La atención integral al menor en un centro de protección especial, es la medida por medio de la cual el defensor de familia ubica a un menor, en situación de abandono o peligro, en un centro especializado, que tenga licencia de funcionamiento otorgada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuando no sea posible la aplicación de alguna de las medidas señaladas en los Artículos anteriores.
PAR. Esta atención integral al menor podrá ser suministrada directamente por el instituto o mediante contrato con instituciones idóneas. Mientras un menor permanezca en un centro de protección especial, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se subrogará en los derechos del menor de conformidad con lo establecido en el Artículo 81.
ARTICULO 83. Entiéndese por atención integral, el conjunto de acciones que se realizan en favor de los menores en situación irregular, tendientes a satisfacer sus necesidades básicas y a propiciar su desarrollo físico y psicosocial, por medio de un adecuado ambiente educativo y con participación de la familia y la comunidad.
PAR. 1º. Para que el centro de protección especial cumpla su objetivo, debe ser abierto a la vida en comunidad, permitiéndole al menor participar en ella, en la medida de lo posible, y en actividades relacionadas con la salud, educación, capacitación y recreación, entre otras.
PAR. 2º. No obstante y en casos excepcionales, cuando se trate de un infractor a la ley penal menor de doce (12) años, la ubicación se hará en un centro de protección que le ofrezca atención especializada de acuerdo con su situación.
ARTICULO 84. El defensor de familia deberá practicar mensualmente visitas a las instituciones y hogares donde sean colocados los menores, con el fin de constatar la situación en que se encuentran, dejando constancia de la misma en la historia del menor.
ARTICULO 85. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creará o autorizará la creación de centros de emergencia para la recepción de menores extraviados, explotados, abandonados o maltratados. A estos centros se asignarán los defensores de familia que sean necesarios para que adelanten las diligencias pertinentes y adopten las medidas de protección reglamentadas en este código.
ARTICULO 86. Para el cumplimiento de las acciones consagradas en el Artículo anterior, la Policía Nacional prestará el apoyo requerido. Al efecto, destinará permanentemente y pondrá a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el personal especializado de agentes de policía de menores que sea necesario.
ARTICULO 87. Los centros de protección especial, tanto públicos como privados, deberán informar al instituto sobre los menores que se encuentren a su cuidado, dentro de los ocho (8) días siguientes a su ingreso, con el objeto de iniciar los trámites de protección.
El incumplimiento de esta disposición será sancionada por el instituto con la clausura temporal o definitiva del centro, sin perjuicio de las demás sanciones que los hechos vinculados a esa omisión puedan generar.
ARTICULO 88. La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza.
El inciso segundo del presente Artículo fue declarado exequible en Sentencia C-477 de 1999 de la Corte Constitucional, siempre y cuando se entienda que dichas normas también son aplicables a los compañeros permanentes que desean adoptar el hijo de su pareja.
ARTICULO 90. Pueden adoptar conjuntamente:
ARTICULO 91. No se opone a la adopción que el adoptante haya tenido, tenga o llegue a tener hijos legítimos, extramatrimoniales o adoptivos. El hijo de uno de los cónyuges podrá ser adoptado por el otro. El pupilo podrá ser adoptado por su guardador, una vez aprobadas las cuentas de su administración.
ARTICULO 92. Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de abandono, o aquellos cuya adopción haya sido consentida previamente por sus padres o autorizada por el defensor de familia cuando el menor no se encuentre en situación de abandono y carezca de representante legal.
Con todo, también podrá adoptarse al mayor de esta edad cuando el adoptante hubiere tenido el cuidado personal del adoptable antes de que éste cumpliera 18 años. El correspondiente proceso se adelantará ante el juez competente de acuerdo con el trámite señalado en el presente capítulo.
ARTICULO 93. Sólo podrán ser dados en adopción los menores indígenas que se encuentren abandonados fuera de su comunidad. Para este efecto, se consultará con la división de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno o el organismo o entidad que haga sus veces.
No obstante, aun en el evento previsto en este Artículo se procurará, en primer término, su reincorporación a la comunidad, siempre y cuando se le brinde la debida protección. En caso de que la situación de abandono se presente dentro de la comunidad a la cual pertenece el menor, se respetarán los usos y costumbres de ésta, en cuanto no perjudiquen el interés superior del menor.
ARTICULO 94. La adopción requiere el consentimiento previo de quienes ejercen la patria potestad, o el de uno de ellos a falta del otro, manifestado personalmente ante el defensor de familia, quien los informará ampliamente sobre las consecuencias e irrevocabilidad de la adopción.
El consentimiento del padre o madre menor de edad tendrá plena validez si se manifiesta con las formalidades señaladas en el inciso anterior.
A falta de las personas designadas en el presente Artículo, será necesaria la autorización del defensor de familia expresada por medio de resolución motivada.
Si el menor fuere púber será necesario, además, su consentimiento.
PAR. 1º. En todo caso, antes de transcurrido un (1) mes desde la fecha en que los padres otorgaron su consentimiento podrán revocarlo. Transcurrido este plazo el consentimiento será irrevocable.
PAR. 2º. Para los efectos del consentimiento a la adopción, se entenderá faltar el padre o la madre, no sólo cuando ha fallecido, sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental o grave anomalía psíquica certificada por la dirección de medicina legal, y en su defecto, por la sección de salud mental de los servicios seccionales de salud de la respectiva entidad territorial, a solicitud del defensor de familia.
ARTICULO 95. No tendrá validez el consentimiento que se otorgue para la adopción del hijo que está por nacer.
No se aceptará el consentimiento que se otorgue en relación con adoptantes determinados, salvo cuando el adoptivo:
1. Fuere pariente del adoptante hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
2. Fuere hijo del cónyuge del adoptante.
ARTICULO 96. La adopción requiere sentencia judicial. Una vez en firme, la sentencia que concede la adopción se inscribirá en el registro del estado civil, omitiéndose en aquélla y éste, el nombre de los padres con respecto de los cuales se destruye el vínculo.
Si la sentencia fuere favorable, los efectos de la adopción se surtirán desde la admisión de la demanda.
ARTICULO 97. Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo legítimo.
El adoptivo llevará como apellidos los del adoptante. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el juez encontrare justificadas las razones de su cambio.
ARTICULO 98. Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9º del Artículo 140 del Código Civil.
Empero, si el adoptante es el cónyuge del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su familia.
ARTICULO 99. Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación de sangre del adoptivo, ni reconocerle como hijo extramatrimonial. El adoptivo podrá, sin embargo, promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que le corresponda respecto de sus padres de sangre, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento de la adopción, no lo eran en realidad.
En el caso previsto en este Artículo, la prosperidad de las pretensiones del adoptivo hará que se extingan los efectos de la adopción, aunque el adoptante no hubiere sido citado al proceso.
ARTICULO 100. La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo, el adoptante y los parientes consanguíneos o adoptivos de éste.
ARTICULO 101. Las adopciones realizadas de acuerdo con la Ley 5ª de 1975, que no hubieren tenido la calidad de plenas, continuarán teniendo, bajo el imperio de este código, los mismos efectos que aquélla otorgaba a las calificadas de simples, pero la patria potestad sobre quienes fueron prohijados mediante adopción simple corresponderá al adoptante o adoptantes.
ARTICULO 102. Las adopciones simples, a que se refiere el Artículo anterior, tendrán los mismos efectos que este código atribuye a la adopción, cuando así lo solicite el adoptante o adoptantes ante el juez de familia competente, y se obtenga el consentimiento del adoptivo si fuere púber.
ARTICULO 103. A partir de la vigencia del presente código, elimínase la figura de la adopción simple y, en consecuencia, los procesos respectivos que no hubieren sido fallados se archivarán. Con todo, si los adoptantes manifiestan su voluntad de convertirla en la adopción reglamentada por el presente estatuto, el proceso continuará en los términos en él previstos.
ARTICULO 104. La adopción únicamente podrá ser solicitada por los interesados en ser declarados adoptantes, mediante demanda presentada por medio de apoderado ante el juez de familia del domicilio de la persona o entidad a cuyo cuidado se encuentre el menor. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecerá los casos excepcionales en que, por motivos de interés público o necesidad social, el defensor de familia, podrá apoderar a los adoptantes.
ARTICULO 105. A la demanda, con los requisitos y anexos legales, se acompañarán los siguientes documentos:
a) El consentimiento para la adopción, si fuere el caso;
b) El registro civil de nacimiento de los adoptantes y el del menor;
c) El registro civil de matrimonio o la prueba idónea de la convivencia extramatrimonial de los adoptantes, sin perjuicio de las que correspondan a los demás requisitos exigidos por este código;
d) La copia de la declaración de abandono o autorización para la adopción, según el caso;
e) La certificación, con vigencia no mayor de seis (6) meses, expedida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o una entidad autorizada para el efecto, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes, y constancia de la entidad respectiva sobre la integración personal del menor con el adoptante o adoptantes;
f) La solicitud de adopción suscrita por el adoptante o adoptantes, presentada personalmente por ellos;
g) El certificado vigente de antecedentes penales o policivos de los adoptantes, expedido por autoridad competente, y
PAR. Es prueba idónea de la convivencia prevista en el literal c) del presente Artículo, cualquiera de las siguientes:
ARTICULO 106. Si los adoptantes son extranjeros que residen fuera del país, deberán aportar, además, los siguientes documentos:
a) Certificación expedida por entidad gubernamental o privada oficialmente autorizada, donde conste el compromiso de efectuar el seguimiento del menor adoptable hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes;
b) Autorización del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del menor adoptable, y
c) Concepto favorable a la adopción, emitido por el defensor de familia con base en la entrevista que efectúe con los adoptantes y el examen de la documentación en que la entidad autorizada para efectuar programas de adopción recomienda a los adoptantes.PAR.¿Los documentos necesarios para la adopción serán autenticados conforme a las normas del Código de Procedimiento Civil, y no requieren de ratificación ulterior. Si no estuviere en español, deberán acompañarse de su traducción, efectuada por el Ministerio de Relaciones Exteriores o por un traductor oficialmente autorizado.
ARTICULO 107. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las entidades autorizadas por éste para adelantar programas de adopción preferirán, cuando llenen los requisitos establecidos en este código, las solicitudes presentadas por los colombianos a las presentadas por adoptantes extranjeros.
ARTICULO 108. Cuando la demanda sea presentada por el defensor de familia, deberá acompañarla de la autorización motivada del jefe de la sección o división jurídica de la respectiva regional. El juez dictará sentencia dentro de los diez (10) días siguientes, si estima que con la demanda se presentaron las pruebas suficientes para decretar la adopción.
Cuando la demanda fuere presentada por un apoderado particular se correrá traslado al defensor de familia por el término de cinco (5) días. Si el defensor se allanare a ella, el juez dictará sentencia dentro de los términos del inciso anterior.
Cuando el juez estime insuficiente las pruebas acompañadas, señalará un término máximo de diez (10) días para decretar y practicar las que considere necesarias. Vencido este término, el juez tomará la decisión correspondiente.
ARTICULO 109. De la sentencia que decrete la adopción deberá recibir notificación personal al menos uno de los adoptantes, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 116.
ARTICULO 110. Con autorización del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y por motivos justificados, se podrá solicitar la suspensión del proceso hasta por un término de tres (3) meses improrrogables.
ARTICULO 111. El incumplimiento injustificado, por parte del juez competente, de cualquiera de los términos establecidos en el Artículo 108, será causal de mala conducta que tendrá como sanción la destitución.
ARTICULO 112. La sentencia que decrete la adopción producirá todos los derechos y obligaciones propios de la relación paterno-filial y deberá contener los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya al acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. En la sentencia se omitirá el nombre de los padres de sangre si fueren conocidos.
La sentencia que resuelva sobre la adopción podrá ser apelada ante el tribunal superior del distrito judicial, de acuerdo con el trámite establecido en el Código de Procedimiento Civil, donde intervendrá el defensor de familia pero en ningún caso será objeto de consulta.
ARTICULO 113. Podrá pedirse la invalidez de la sentencia que decreta la adopción, mediante el ejercicio del recurso extraordinario de revisión reglamentado en el Código de Procedimiento Civil.
ARTICULO 114. Todos los documentos y actuaciones administrativas o jurisdiccionales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de treinta (30) años; de ellos sólo se podrá expedir copia por solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del defensor de familia, del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad o de la Procuraduría General de la Nación para efecto de las investigaciones a que hubiere lugar.
El funcionario que permitiere el acceso a los documentos aquí referidos o que expidiere copia de los mismos a personas distintas de las señaladas en este Artículo, incurrirá en causal de mala conducta que será sancionada con la destitución del cargo.
Con todo, cuando se presenten graves motivos que justifiquen el levantamiento de la reserva o se haya admitido el recurso extraordinario de revisión a que se refiere el Artículo 113, el tribunal superior del distrito judicial correspondiente al juzgado que decretó la adopción ordenará el levantamiento, previo un trámite incidental.
ARTICULO 115. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo anterior, todo adoptado tiene derecho a conocer su origen y el carácter de su vínculo familiar. Los padres juzgarán el momento y las condiciones en que no resulte desfavorable para el menor conocer dicha información.
PAR. El adoptado, no obstante, podrá acudir ante el tribunal superior correspondiente, mediante apoderado o asistido por el defensor de familia, según el caso, para solicitar que se ordene el levantamiento de la reserva y el acceso a la información.
ARTICULO 116. Si la adopción fuere conjunta y uno de los adoptantes falleciere antes de proferirse la sentencia, el proceso continuará con el sobreviviente que manifestare su voluntad de persistir en ella y sólo producirá efectos respecto de este último. En caso contrario, el proceso terminará.
Si la solicitud de adopción fuere hecha por un solo adoptante y éste muere antes de proferirse la sentencia, el proceso también terminará.
ARTICULO 117. Para permitir la salida del país de un menor adoptado, bien sea por extranjeros o por nacionales colombianos, deberá estar ejecutoriada la sentencia que decreta su adopción.
Las autoridades de emigración exigirán copia auténtica de la sentencia de adopción con la constancia de ejecutoria.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá asesorarse de organizaciones no gubernamentales que tengan como finalidad el cuidado de la niñez, para efectuar el seguimiento de los menores adoptados por extranjeros.
ARTICULO 118. Solamente podrán desarrollar programas de adopción el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las instituciones debidamente autorizadas por éste. Para efecto de lo dispuesto en el presente Artículo, por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a brindar hogar definitivo a un menor y comprende, principalmente, la recepción y cuidado del menor, la selección de los eventuales adoptantes y la presentación de la demanda respectiva.
ARTICULO 119. En cada regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar funcionará un comité que tendrá a su cargo, entre otras funciones, la selección de los eventuales adoptantes y la asignación de los menores beneficiarios de la adopción, cuando el programa sea adelantado directamente por esta entidad.
ARTICULO 120. En las juntas directivas de las instituciones autorizadas para ejecutar programas de adopción, habrá un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designado por el director general, el cual intervendrá con derecho a voz y voto.ARTICULO 121.¿El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá suspender, temporal o definitivamente, las adopciones con un país que no ofrezca garantía a la protección de los menores beneficiarios de la adopción.
El incumplimiento de la correspondiente decisión por parte de las instituciones que adelantan programas de adopción, acarreará la cancelación de la licencia de funcionamiento.
ARTICULO 122. Las licencias de funcionamiento de las instituciones que desarrollen programas de adopción sólo podrán ser otorgadas por el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mediante resolución motivada y de conformidad con la reglamentación que expida la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobación del Gobierno Nacional.
ARTICULO 123. El personal directivo de las instituciones de adopción deberá tener nacionalidad colombiana.
ARTICULO 124. Para efectos de la obtención de la licencia de funcionamiento, las agencias o sucursales de las instituciones privadas de adopción se considerarán como instituciones de adopción autónomas, sujetas a los requisitos y trámites establecidos en el presente código.
ARTICULO 125. Ni el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni las instituciones autorizadas por éste para desarrollar programas de adopción, podrán cobrar directa o indirectamente retribución alguna por la entrega de un menor para ser adoptado. En ningún caso podrá darse recompensa a los padres por la entrega que hagan de sus hijos para ser dados en adopción ni ejercer sobre ellos presión alguna para obtener su consentimiento.
PAR. Sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar, el incumplimiento de esta disposición acarreará la destitución del funcionario infractor, o la cancelación de la licencia de funcionamiento si el hecho se hubiere cometido por una institución autorizada para adelantar programas de adopción.
ARTICULO 126. La institución autorizada para adelantar programas de adopción garantizará plenamente los derechos de los menores susceptibles de ser adoptados, mientras permanezcan bajo su cuidado y no podrá entregarlos a persona alguna sin el cumplimiento de los requisitos consagrados en el presente capítulo.
ARTICULO 127. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar asesorará y supervisará las instituciones que adelantan programas de adopción y las casas de madres solteras.
Los funcionarios competentes tendrán libre acceso a los libros, expedientes y documentos de estas instituciones.
ARTICULO 128. En caso de incumplimiento o violación de las disposiciones establecidas en este código o en el reglamento que expida la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la aprobación del Gobierno Nacional, el director general aplicará a las instituciones a que se refiere el Artículo 118, según la gravedad de la falta, una de las sanciones administrativas que se describen a continuación:
2. Multa hasta de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales.
3. Suspensión de la licencia de funcionamiento, hasta por el término de un (1) año.
4. Cancelación de la licencia de funcionamiento.
5. Suspensión de la personería jurídica, hasta por el término de un (1) año.
6. Cancelación de la personería jurídica.
Del menor que carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas
ARTICULO 129. Se entiende que un menor carece de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas cuando, sin presentarse los supuestos para ser considerado en situación de abandono o de peligro, carece de medios para atender a su subsistencia, o cuando las personas a cuyo cargo esté su cuidado, se nieguen a suministrárselo o lo hagan de manera insuficiente.
ARTICULO 130. Al menor que carezca de la atención suficiente para la satisfacción de sus necesidades básicas se le prestará el concurso del Estado para imponer a los responsables de la obligación alimentaria el cumplimiento de la misma. Si la familia o los responsables de su cuidado personal carecieren de medios suficientes, esta atención le será dispensada por el Estado con el concurso de la familia y de la comunidad, de acuerdo con la situación en que se encuentre el menor.
ARTICULO 131. Las medidas de protección al menor que se encuentre en la situación prevista en este título, serán adoptadas a solicitud de quienes tengan a su cargo el cuidado personal de su crianza y educación, o de oficio. Con ellas se busca apoyar a la familia para la atención integral del menor, procurando no separarlo de su medio familiar.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, previa comprobación de las condiciones del menor, podrá:
1. Asesorar a quienes tengan el cuidado del menor en lo referente a posibles reclamaciones por alimentos en beneficio de aquél y a cargo de las personas llamadas por la ley a cumplir dicha obligación.
2. Vincularlo a los programas que en beneficio del menor desarrolle la entidad u otros organismos públicos o privados.
ARTICULO 132. Para hacer efectivas las reclamaciones de que trata el numeral primero del Artículo anterior, el defensor de familia promoverá en beneficio del menor, las acciones de alimentos que fueren necesarios, de conformidad con las reglas que se expresen en el capítulo siguiente.
Igualmente podrá el defensor de familia promover en beneficio del menor, cualesquiera otros procesos que fueren necesarios para obtener el pago de las mesadas alimentarias decretadas en su favor, incluyendo aquéllas que busquen la revocación o declaratoria de ser simuladas las enajenaciones hechas en perjuicio de los intereses del menor.
Ver Decreto 1524 de 2002
ARTICULO 133. Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto.
ARTICULO 134. Los créditos por alimentos en favor de menores pertenecen a la quinta causa de los créditos de primera clase y se regulan por las normas del presente capítulo y, en lo allí no previsto, por las del Código Civil y de Procedimiento Civil.
ARTICULO 135. La mujer grávida podrá reclamar alimentos respecto del hijo que está por nacer, del padre legítimo o del que haya reconocido la paternidad en el caso del hijo extramatrimonial.
ARTICULO 136. En caso de incumplimiento de la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia, o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor, o éstos de oficio. En la conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías y demás aspectos que se estimen necesarios.
ARTICULO 137. Si citada en dos oportunidades la persona señalada como obligada a suministrar alimentos al menor no compareciere, habiéndosele dado a conocer el contenido de la petición, o si fracasare la conciliación, el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos.
ARTICULO 138. Al ofrecimiento verbal o escrito de fijación o revisión de alimentos debidos a menores se aplicará, si hubiere acuerdo entre las partes, lo dispuesto en el Artículo 136 y si es rechazada la oferta, lo ordenado por el Artículo 137. En este último caso, el funcionario tomará en cuenta en su decisión los términos de la oferta y los informes y pruebas presentadas por el oferente para sustentar su propuesta.
ARTICULO 139. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Los representantes legales del menor, la persona que lo tenga bajo su cuidado y el defensor de familia podrán demandar ante el juez de familia o, en su defecto ante el juez municipal del lugar de residencia del menor, la fijación o revisión de alimentos, que se tramitará por el procedimiento que regulan los Artículos siguientes.
El juez, de oficio, podrá también abrir el proceso.
ARTICULO 140. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. La demanda deberá expresar el nombre de las partes, el lugar donde se les debe notificar, el valor de los alimentos, los hechos que le sirven de fundamento y las pruebas que se desean hacer valer. A la demanda se acompañarán los documentos que estén en poder del demandante.
La demanda podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario. En el último caso se extenderá un acta que firmarán éste y el demandante; igualmente, mediante acta el secretario corregirá la demanda que no cumpla los requisitos legales.
Si faltare algún documento que el demandante no esté en posibilidad de anexar a la demanda, el juez, previo informe del secretario, a solicitud de parte a de oficio, ordenará a la autoridad correspondiente que gratuitamente se expida y se remita al proceso.
ARTICULO 141. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. El juez admitirá la demanda, mediante auto que se notificará al demandado como disponen los Artículos 314 y 315 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, con la entrega de copia de la demanda o del acta respectiva, según fuere el caso, con el objeto de que el demandado la conteste dentro de los cuatro (4) días siguientes a la notificación.
Si faltare algún requisito de la demanda, el juez ordenará por auto de cúmplase que se subsane por escrito o por acta adicional, según el caso. Cuando el juez haya de promover de oficio este proceso, dictará un auto en que exponga los hechos de que ha tenido conocimiento y la finalidad que se propone. Este auto se notificará conforme a lo establecido en el presente Artículo.
ARTICULO 142. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. La contestación de la demanda podrá hacerse por escrito o verbalmente. En el último caso se extenderá un acta que firmarán el demandado y el secretario.
Con la contestación de la demanda deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en ella las demás pruebas que se pretenda hacer valer. Si se propusieren excepciones de mérito, se dará traslado de éstas al demandante por tres (3) días con el objeto de que pida las pruebas que estime convenientes en relación con éstas. En este proceso no podrán proponerse excepciones previas y los hechos que las configuran deberán alegarse haciendo uso del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda.
ARTICULO 143. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Vencido el término de traslado de la demanda y el de las excepciones de mérito, si se hubieren propuesto, el juez señalará fecha para la audiencia, por auto que no tendrá recursos, y prevendrá a las partes para que en ella presenten los documentos y testigos. La audiencia deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha del auto.
ARTICULO 144. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. En el auto que señale fecha para la audiencia, el juez, a petición de parte o de oficio, adoptará las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, con el fin de evitar nulidades y sentencias inhibitorias. En el mismo auto citará a las partes para que en ella absuelvan sus interrogatorios.
ARTICULO 145. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Para el trámite de la audiencia se aplicará, en lo pertinente, lo dispuesto en los parágrafos 2º y 3º del Artículo 101 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989 y si dentro de ella prospera la conciliación se regulará por lo previsto en el Artículo 136 de este código con la aplicación, para este efecto, del parágrafo 6º del precitado Artículo 101.
En la misma audiencia el juez decretará y practicará las pruebas pedidas por las partes o las que de oficio considere necesarias. Si no fuere posible practicarlas en su totalidad de inmediato, señalará el término para ello, que no podrá exceder de diez (10) días.
Las partes podrán presentar los documentos que no se hubieren anexado a la demanda o a su contestación, así como los testigos cuya declaración se hubiere solicitado, que no excederán de dos (2) sobre los mismos hechos.
ARTICULO 146. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Surtida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte (20) minutos a cada parte y proferirá la sentencia en la misma audiencia si ello fuere posible o en otra que convocará para dentro de los seis (6) días siguientes, en la que emitirá el fallo aunque no se encuentren presentes ni las partes ni sus apoderados.
Cuando la sentencia haya sido dictada por el juez municipal, en la misma audiencia se deberá decidir sobre la concesión del recurso de apelación que se hubiere interpuesto.
ARTICULO 147. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Durante la audiencia se utilizará el sistema de grabación magnetofónica o electrónica y en el acta se dejará constancia únicamente de quienes intervinieron en la audiencia, de los documentos que se hayan presentado, del auto que suspendió la audiencia, si es el caso, y se incorporará la parte resolutiva de la sentencia si se hubiera proferido verbalmente. Esta acta prestará mérito ejecutivo.
Cuando no fuere posible utilizar el sistema de grabación porque el juzgado carece de los elementos necesarios y las partes no lo proporcionaren, se utilizará la versión escrita mecanografiada.
Cualquier interesado podrá pedir al secretario la reproducción magnetofónica de las grabaciones, proporcionando los medios necesarios para ello. De las grabaciones se dejará duplicado que formará parte del archivo del juzgado.
ARTICULO 148. El juez podrá ordenar que se den alimentos provisionales desde la admisión de la demanda a solicitud de parte o de oficio, si con ésta aparece prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria, y se dará aviso a las autoridades de emigración del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, para que el demandado no pueda ausentarse del país sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación.
ARTICULO 149. Para los efectos de fijar alimentos en el proceso, el juez o el defensor de familia podrán solicitar al respectivo pagador o empleador, certificación de los ingresos del demandado, y a la administración de impuestos nacionales, copia de la última declaración de renta o, en su defecto, la respectiva certificación sobre ingresos y salarios, expedida por el respectivo patrono.
ARTICULO 150. Mientras el deudor no cumpla o se allane a cumplir la obligación alimentaria que tenga respecto del menor, no será escuchado en la reclamación de su custodia y cuidado personal ni en el ejercicio de otros derechos sobre el menor.
ARTICULO 151. La sentencia podrá disponer que los alimentos se paguen y aseguren mediante la constitución de un capital cuya renta los satisfaga; en tal caso, si el demandado no cumple la orden en el curso de los diez (10) días siguientes, el demandante podrá pedir al juez, en el mismo expediente, que decrete el embargo, secuestro y remate de bienes del deudor en la cantidad necesaria para la obtención del capital fijado, por el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía, sin la intervención de terceros acreedores.
ARTICULO 152. La demanda ejecutiva de alimentos provisionales y definitivos, se adelantará sobre el mismo expediente, en cuaderno separado, por el trámite ejecutivo de mínima cuantía en el cual no se admitirá otra excepción que la de pago.
ARTICULO 153. Sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase que convengan las partes o establezcan las leyes, el juez tomará las siguientes medidas durante el proceso o en la sentencia, tendientes a asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria:
1. Cuando el obligado a suministrar alimentos fuere asalariado, el juez podrá ordenar al respectivo pagador o al patrono descontar y consignar a órdenes del juzgado, hasta el cincuenta por ciento (50%) de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado, y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, luego de las deducciones de ley.
El incumplimiento de la orden anterior, hace al empleador o al pagador en su caso, responsable solidario de las cantidades no descontadas. Para estos efectos, previo incidente dentro del mismo proceso, en contra de aquél o de éste se extenderá la orden de pago.
ARTICULO 154. Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por virtud de una acción anterior fundada en alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez, de oficio o a solicitud de parte, al tener conocimiento del hecho en un proceso concurrente, asumirá el conocimiento de los distintos procesos para el solo efecto de señalar la cuantía de las varias pensiones alimentarias, tomando en cuenta las condiciones del alimentante y las necesidades de los diferentes alimentarios.
ARTICULO 155. Cuando no fuere posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso se presumirá que devenga al menos el salario mínimo legal.
ARTICULO 156. Cuando a los padres se imponga la sanción de suspensión o pérdida de la patria potestad, no por ello cesará la obligación alimentaria. Esta obligación termina cuando el menor es entregado en adopción.
ARTICULO 157. Los alimentos que se deben de acuerdo con este código se entienden concedidos hasta que el menor cumpla dieciocho (18) años.
ARTICULO 158. El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que debe alimentos no puede oponer al demandante en compensación lo que el demandante le deba a él.
ARTICULO 159. No obstante lo dispuesto en el Artículo precedente, las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho de demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse, con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar el deudor.
Del menor amenazado en su patrimonio por quienes lo administran
ARTICULO 160. Siempre que quien tenga la administración de los bienes de un menor, en su condición de padre, tutor o curador, ponga en peligro los intereses económicos puestos bajo su cuidado, el defensor de familia deberá promover, en beneficio del menor, el proceso o procesos judiciales tendientes a la privación de la administración de sus bienes, o la remoción del guardador, en su caso, y los encaminados a obtener la reparación del perjuicio a que hubiere lugar.
Si en desarrollo de esta atribución el defensor de familia demandare a quien ejerce la patria potestad sobre el menor, no le será necesaria la autorización de que trata la última parte del Artículo 305 del Código Civil.
ARTICULO 161. El defensor de familia, en los eventos contemplados en el Artículo anterior, podrá solicitar al juez competente, mientras dura el proceso, la suspensión provisional de las facultades de disposición y de administración de los bienes del menor y el nombramiento de un administrador de los mismos con sujeción a los requisitos legales. El juez también podrá decretar la suspensión de oficio, en los casos en que lo considere conveniente.
ARTICULO 162. Cuando el peligro para los intereses económicos del menor provenga del desacuerdo de los padres acerca de los actos de administración de los bienes del hijo, podrá el defensor de familia citar a ambos padres a una audiencia en la cual cada uno expondrá sus razones. Aunque el defensor no podrá en estos casos dirimir la controversia, estará facultado para promover el proceso de que trata el Artículo 160, en caso de encontrar inconveniente para el menor la conducta de cualquiera de los padres.
Ver Resolución Alcaldía Mayor 57 de 2003
ARTICULO 163. Ningún menor podrá ser declarado autor o partícipe de una infracción que no esté expresamente consagrada en la ley penal vigente al tiempo en que se cometió, ante juez competente previamente establecido y mediante el procedimiento señalado en este código.
ARTICULO 164. Igual que en todos los demás procesos, en aquellos donde se involucre un menor se respetarán las garantías procesales consagradas en la Constitución y en las leyes, especialmente las que se refieren a la presunción de inocencia, al derecho de defensa y a ser informado de las circunstancias de su aprehensión.
ARTICULO 165. Para todos los efectos, se considera penalmente inimputable el menor de dieciocho (18) años.
ARTICULO 166. El menor infractor de doce (12) a dieciocho (18) años deberá estar asistido durante el proceso por el defensor de familia y por su apoderado (si lo tuviere)*. Los padres del menor podrán intervenir en el proceso.
La expresión: "si lo tuviere" fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-817 de 1999.
ARTICULO 167. Los jueces de menores o los promiscuos de familia conocerán en única instancia de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los mayores de doce (12) años y menores de dieciocho (18) años, con el objeto principal de lograr su plena formación y su normal integración a la familia y a la comunidad.
Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-19 de 1993, siempre que se interprete y aplique en el sentido de que los procesos relativos a menores infractores de la ley penal son de única instancia cuando en ellos NO se decrete o imponga una medida privativa de la libertad. En caso contrario, se estará a lo dispuesto por la Convención de Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de 1991.
ARTICULO 168. Los jueces de menores y los promiscuos de familia contarán con la colaboración de un equipo interdisciplinario, que orientará al juez sobre la medida más conveniente para el menor y trabajará con éste y con su familia durante la ejecución de las medidas.
PAR. El equipo al servicio de los juzgados de menores y los promiscuos de familia de que trata el presente Artículo, estará integrado al menos por un médico, un sicólogo o sicopedagogo y un trabajador social.
ARTICULO 169. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 165, los defensores de familia conocerán de las infracciones a la ley penal en que intervengan como autores o partícipes los menores de doce (12) años, con la finalidad de ofrecerles la protección especial que su caso requiera y procurar su formación integral. También conocerán de las contravenciones en que intervengan como autores o partícipes los menores de dieciocho (18) años.
En desarrollo de su actuación, el defensor de familia obrará de acuerdo con el procedimiento señalado en los capítulos segundo y tercero del título segundo y tomará las medidas que considere pertinentes, consagradas en el Artículo 57, declarando si fuere el caso la situación de abandono o peligro del menor.
Cuando se trate de menores que tengan limitaciones físicas, mentales o sensoriales, procurará el defensor que la medida se cumpla en establecimientos especializados que le permitan remediar o mejorar su condición.
ARTICULO 170. Cuando en la investigación de una infracción adelantada por los jueces ordinarios, resultare comprometido un menor de dieciocho (18) años y mayor de doce (12) años, deberán ser enviadas copias de lo pertinente, inmediatamente, al juez competente. Si el menor se encuentra detenido, deberá ser puesto en forma inmediata a su disposición o a la del centro de recepción o establecimiento similar donde esté separado de los infractores mayores de edad.
La violación de esta disposición hará incurrir en causal de mala conducta al funcionario responsable de su ubicación.
ARTICULO 171. Al momento del reparto se preferirá, para el trámite del proceso, el juzgado de menores o promiscuo de familia que haya conocido anteriormente de infracciones cometidas por el mismo menor, siempre que los hechos que les den origen hayan ocurrido dentro del territorio de su jurisdicción.
ARTICULO 172. Prohíbese la conducción de los menores inimputables mediante la utilización de esposas o amarrados o por cualquier otro medio que atente contra su dignidad. La violación a esta disposición hará incurrir al infractor en causal de mala conducta que será sancionada con la destitución, decretada por el respectivo superior, sin perjuicio de la sanción penal a que hubiere lugar si el menor fuere víctima de otros hechos que constituyan delito.
ARTICULO 173. La acción civil para el pago de perjuicios ocasionados por la infracción cometida por el menor deberá promoverse ante la jurisdicción civil, de acuerdo con las normas generales.
PAR. Para este efecto, los juzgados civiles podrán solicitar copia de la parte resolutiva del fallo del juez competente en que se declare a un menor autor o partícipe de una infracción penal, con el solo objeto de fundamentar la acción civil correspondiente.
ARTICULO 174. Las actuaciones judiciales o administrativas a que se refiere el presente título serán secretas. En consecuencia, no podrán expedirse certificaciones de las diligencias practicadas durante el proceso.
La violación de esta disposición hará incurrir al funcionario responsable en causal de mala conducta sancionada con la pérdida del empleo.
El inciso primero fue declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-19 de 1993.
ARTICULO 175. No obstante lo dispuesto en el Artículo anterior, cuando hubieren intervenido mayores de edad y menores inimputables en la comisión de un hecho sancionado como delito o contravención, a las autoridades respectivas se remitirá copia de la parte pertinente de sus actuaciones.
ARTICULO 176. Los juzgados de menores deben estar ubicados, en lo posible, en sitios diferentes a aquéllos donde estén ubicados los juzgados penales ordinarios.
Las diligencias en que deban participar los menores se llevarán a cabo, preferencialmente, en el sitio en donde éstos se encuentren y no se autorizará su traslado a juzgados ordinarios.
ARTICULO 177. Cuando un juez ordinario deba recibir declaración de un menor infractor que se encuentre privado de la libertad, se trasladará al sitio donde se encuentra el menor para efectuar la diligencia, o comisionar, si fuere el caso, al correspondiente juez de menores o promiscuo de familia para efectos de realizar la diligencia.
ARTICULO 178. Cuando el juez de menores o el promiscuo de familia del lugar donde ocurrió el hecho tenga conocimiento de oficio, o por denuncia o informe de terceros, que un menor de dieciocho (18) años y mayor de doce (12) años, ha incurrido en cualquiera de las conductas señaladas por la ley como delito, iniciará la correspondiente investigación, aplicando en forma provisional, si fuere el caso, las medidas que estime necesarias para la protección del menor consagradas en el Artículo 204.
ARTICULO 179. El juez, antes de abrir la investigación, podrá ordenar la práctica de diligencias previas con el fin de determinar si realmente se ha cometido la infracción a la ley penal y si hay serios indicios para atribuir al menor la autoría o participación en ella.
PAR. Si de la indagación preliminar resultare que no hay mérito para iniciar la investigación, el juez, mediante auto, se abstendrá de iniciar el proceso y si encuentra que el menor está en situación de peligro o abandono, lo remitirá al defensor de familia del lugar de su residencia, para lo de su competencia.
ARTICULO 180. Si el hecho ocurrió en un municipio o corregimiento en donde no haya juez de menores o promiscuo de familia, el juez municipal o en su defecto el funcionario de policía con intervención del defensor de familia o un defensor designado de oficio, iniciará inmediatamente la investigación del caso, estableciendo la personalidad del menor, sus condiciones socio-familiares, la naturaleza de su conducta y las circunstancias que en ella concurrieron y además proveerá lo necesario para su cuidado personal, evitando la ubicación o envío a establecimiento carcelario. El menor podrá ser entregado a sus representantes legales o parientes más cercanos con el compromiso de presentarlo ante el juez competente una vez le sean remitidas las diligencias. La actuación deberá ser enviada dentro del plazo máximo de ocho (8) días.
PAR. Cuando el infractor sea menor de doce (12) años, el juez lo remitirá inmediatamente al defensor de familia para lo de su competencia.
ARTICULO 181. Durante el proceso, el juez competente podrá comisionar fuera del territorio de su jurisdicción a los jueces de menores o de familia, de circuito, de instrucción criminal o municipales para la ejecución de las diligencias ordenadas dentro del proceso.
ARTICULO 182. En el proceso se investigará especialmente:
1. Si realmente se infringió la ley penal y si el menor es autor o partícipe.
2. Los motivos determinantes de la infracción.
3. El estado físico, mental, edad del menor y sus circunstancias familiares, personales y sociales.
El presente numeral fue declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-19 de 1993.
4. La capacidad económica del menor y de sus padres o personas de quienes dependa y la solvencia moral de éstos.
5. Si se trata o no de un menor en situación de abandono o peligro.
ARTICULO 183. Cuando el menor sea aprehendido en el momento de cometerse la infracción o el juez así lo disponga, deberá ser conducido, preferiblemente, por la policía de menores, a un centro especializado de recepción de menores que ofrezca las debidas seguridades.
PAR. 1º. Donde no existiere este centro especializado, los menores deberán permanecer en un sitio seguro e independiente de los de detención para mayores de edad, determinado por el alcalde del municipio.
ARTICULO 184. Los menores deberán ser puestos a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión.
Declarado exequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-19 de 1993, siempre y cuando se interprete y aplique en el sentido de que el menor deberá ser puesto a disposición del juez o autoridad competente el primer día hábil siguiente a la fecha de su aprehensión, a menos que ese término exceda el de 36 horas establecido en la Constitución Nacional. En este caso, deberá ponerse a disposición de una autoridad competente, que tome las medidas temporales correspondientes, mientras pueda concurrir el juez especializado de menores.
ARTICULO 185. Presente el menor ante el juez, éste procederá a escucharlo en presencia del defensor de familia y su apoderado (si lo tuviere)*, con el objeto de establecer en forma sumaria las causas de su conducta y las circunstancias personales del menor. La intervención del apoderado no desplazará al defensor de familia.
ARTICULO 186. Si el menor no ha sido presentado ante el juez, éste lo citará y en caso de renuencia, podrá ordenar su comparecencia, preferiblemente con el concurso de la policía de menores.
ARTICULO 187. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de la exposición del menor, el juez, con base en los elementos de juicio acerca de la situación familiar y la personalidad del menor, resolverá de plano su situación y adoptará en forma provisional las medidas a que se refiere el Artículo 204 y, si fuere el caso, ordenará el envío del menor a un centro de observación que ofrezca las debidas seguridades.
Antes de tomar cualquier medida, el juez deberá en todos los casos entrevistar personalmente y en forma privada al menor, con el objeto de indagar su historia personal, su personalidad y las circunstancias socio-familiares que le rodean. El inciso final fue declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-19 de 1993.
ARTICULO 188. Durante la etapa de observación, si hubiere sido decretada, la cual no podrá ser superior a sesenta (60) días, el menor sólo podrá salir del centro con causa justificada y previa autorización del juez. Allí se le practicarán por el equipo interdisciplinario los exámenes pertinentes y se llevará a cabo el informe social relativo al medio familiar.
El juez, de oficio o a solicitud del director del centro de observación podrá prorrogar la medida por causa justificada hasta por treinta (30) días. Dentro de los plazos anteriores, el director enviará al juez un diagnóstico sobre la personalidad y condiciones del menor. De este diagnóstico correrá traslado al defensor de familia con el objeto de que emita su concepto dentro de los tres (3) días siguientes.
PAR. La recepción y la etapa de observación se cumplirán en centros especializados que se establecerán por las entidades territoriales con la asesoría y el apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTICULO 189. Cuando el menor sea entregado a sus padres o a las personas de quienes dependa o a sus familiares o a un hogar sustituto, el equipo interdisciplinario del juzgado o del centro zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, deberá prestar la asesoría y efectuar el seguimiento que garantice la eficacia de las medidas adoptadas.
ARTICULO 190. Desde la apertura de la investigación o de la indagación preliminar, el juez podrá ordenar la práctica de todas las pruebas que estime convenientes o que los interesados soliciten dentro del proceso, siempre y cuando no atenten contra la dignidad del menor.
En este caso serán admisibles todos los medios de prueba autorizados por el Código de Procedimiento Penal y ellos tendrán el valor que en él se les asigna.
ARTICULO 191. Cuando hayan concluido las diligencias señaladas en los Artículos anteriores, se correrá traslado por el término de cinco (5) días al defensor de familia y al apoderado, (si lo hubiere)*, para que emitan por escrito su concepto.
La expresión: "si lo hubiere" fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-817 de 1999.
ARTICULO 192. Surtido el traslado se declarará el cierre de la investigación y dentro de los tres (3) días siguientes el juez señalará día y hora para la audiencia, diligencia privada en la cual se harán las consideraciones, alegatos y peticiones que los interesados estimen pertinentes en relación con los hechos que originaron la investigación. La audiencia se celebrará con la asistencia del menor, del defensor de familia, del apoderado del menor, de sus padres o las personas de quienes dependa y, cuando sea el caso, del director de la institución a cuyo cargo se encuentra el menor.
PAR. Cuando sea necesario tratar asuntos que puedan afectar al menor, el juez podrá disponer su retiro transitorio de la diligencia.
ARTICULO 193. En cualquier estado del proceso en que aparezca plenamente comprobado que el hecho típico no ha existido, o que el menor no lo ha cometido, o que la ley no lo considera como infracción penal, o que la acción penal no podía iniciarse o proseguirse, o se advierta una cualquiera de las causales de justificación del hecho o de inculpabilidad, el juez, previo concepto del respectivo defensor de familia, dictará auto que así lo declare y ordenará cesar el trámite del proceso.
Si el menor se encuentra a disposición del juzgado, el juez deberá resolver su situación teniendo en cuenta sus condiciones personales y familiares.
Si el juez encuentra que el menor está en situación de abandono o peligro, remitirá el caso al defensor de familia.
ARTICULO 194. Oídos el concepto y las peticiones de los presentes, en el mismo acto de la audiencia o dentro de los ocho (8) días siguientes, dictará el juez la sentencia en la que tomará una de las medidas consagradas en este código.
ARTICULO 195. En la sentencia, el juez establecerá sin formalismos y con precisión:
1. Los hechos que han quedado probados.
2. La responsabilidad del menor.
3. Los fundamentos de derecho que considere adecuados a la calificación y demostración de la infracción o de la investigación.
4. Las conclusiones de los estudios sobre la personalidad y situación socio-familiar del menor.
5. La medida o medidas de rehabilitación que se adopten en relación con el menor.
ARTICULO 196. En cualquier estado del proceso, si el juez establece la existencia de un hecho que constituya delito cometido por mayores de dieciocho (18) años, deberá dar traslado inmediato al juez competente.
ARTICULO 197. En cualquier estado del proceso, los jueces de menores y de familia y los defensores de familia podrán designar, de oficio o a solicitud de parte, como peritos, consultores oficiales o privados para el asesoramiento en las decisiones de fondo que lo requieran y para la ejecución de las medidas que se tomen en beneficio del menor.
Esta asesoría será gratuita y de obligatorio cumplimiento para la persona designada. La negativa o la renuencia a prestarla será sancionada por el juez con multas de uno (1) a diez (10) salarios mínimos legales mensuales.
ARTICULO 198. Si dentro de un mismo proceso aparecen implicados varios menores y no se logra vincularlos a todos, se dictará la providencia respecto de los que hayan comparecido y se continuará la correspondiente investigación con respecto de los demás en cuaderno separado.
Pasado un año sin que se hubieren vinculado los menores ausentes, se archivará temporalmente el expediente.
ARTICULO 199. La sentencia y las medidas provisionales se notificarán personalmente al defensor de familia, al menor, al apoderado (si lo tuviere)*, a los padres y a los representantes legales. Para la notificación se emplearán los medios legales señalados en los Artículos 39 y 50 de este código.
Cuando el menor no estuviere en institución, se le citará en compañía de sus padres para informarles de la decisión adoptada por el juez.
Las notificaciones personales se harán en el término de cinco (5) días después de proferida la decisión.
ARTICULO 200. Cuando las personas citadas al despacho del juez no concurran sin justa causa, podrán ser sancionadas con multas de un (1) día a cien (100) días de salario mínimo legal, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario, de acuerdo con la capacidad económica del citado, pudiendo el juez además acudir a la fuerza pública para hacer efectiva la citación.
ARTICULO 201. Las medidas de rehabilitación impuestas al menor cesarán, se modificarán o suspenderán:
1. Por el cumplimiento del objetivo propuesto.
2. Por la imposición de una medida posterior dentro de diferente proceso.
3. Por haber llegado el menor a la edad de dieciocho (18) años.
4. Por haber quedado a disposición de la justicia ordinaria, en razón de una infracción penal cometida después de cumplida la edad de dieciséis años.
En ningún caso la medida de rehabilitación podrá ser superior a tres (3) años.
El numeral 4 fue declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-19 de 1993.
ARTICULO 202. El juez o el defensor de familia que no resolviere la situación del menor dentro de los términos señalados en este título, incurrirá en causal de mala conducta.
De las medidas y su cumplimiento
ARTICULO 203. En la ejecución de las medidas, los menores tendrán derecho:
1. A recibir información sobre:
a) Sus derechos, por parte de las personas o funcionarios que los tengan bajo su responsabilidad;
b) Los medios de reeducación y las etapas previstas para su reintegro al medio familiar, y
c) El régimen interno de las instituciones que los acojan, especialmente en relación con las conductas sancionables y las medidas disciplinarias que puedan serle aplicadas.
2. A que se le mantenga preferiblemente en su medio familiar y que sólo cuando éste no sea adecuado, o la personalidad del menor lo determine, se produzca su ubicación institucional, que deberá cumplirse en las condiciones más apropiadas para su formación integral.
3. A recibir los servicios de salud, sociales y educativos adecuados a su edad y circunstancias, prestados por personal con la formación profesional requerida.
4. A comunicarse reservadamente con el defensor de familia, su apoderado, el juez de menores o de familia.
5. A comunicarse libremente con sus padres o guardadores, salvo prohibición expresa del juez, con fundamento en el interés superior del menor.
6. A que se le mantenga separado de los infractores mayores de edad, en todas las etapas del proceso y en el cumplimiento de las medidas.
7. A que su familia sea informada sobre su situación y sobre los derechos a que se refiere este Artículo.
ARTICULO 204. Establecida plenamente la infracción, el juez competente podrá aplicar una o varias de las siguientes medidas, procurando, en cuanto fuere posible, que éstas se cumplan en el medio familiar o dentro de la jurisdicción a la cual pertenece el menor, y con carácter eminentemente pedagógico y de protección:
1. Amonestación al menor, y a las personas de quienes dependa.
3. Libertad asistida.
4. Ubicación institucional
5. Cualquiera otra medida que contribuya a la rehabilitación del menor.
PAR. 1º. Las medidas podrán ejecutarse directamente por el juez o por conducto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la intervención de la familia y, en cuanto sea posible, con la participación de la comunidad.
PAR. 2º. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Servicio Nacional de Aprendizaje y las entidades territoriales cofinanciarán la creación, organización y funcionamiento de instituciones y servicios necesarios para la reeducación del menor infractor y el cumplimiento de las medidas a que se refiere este Artículo.
PAR. 3º. Si la infracción se hubiere derivado del incumplimiento de las obligaciones que corresponden a los padres o guardadores, o éstos fueren renuentes a colaborar en su rehabilitación, el juez competente les impondrá multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios legales, a favor del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con destino a los programas de reeducación. La multa puede ser convertible en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario mínimo legal.
ARTICULO 205. La amonestación es la llamada de atención que el juez hace al menor, a sus padres o personas de quienes dependa, sobre la falta cometida, exhortándolos para que en lo sucesivo acaten y respeten las normas familiares y de convivencia social.
La amonestación se hace con la entrega del menor, si es el caso, a sus padres, guardadores o personas de quienes dependa, cuando el ambiente familiar garantice su formación integral y las circunstancias y naturaleza de la infracción lo aconsejen. Si es pertinente se establecerá además la obligación de realizar el seguimiento adecuado del caso, por parte del equipo interdisciplinario del juzgado o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTICULO 206. La imposición de reglas de conducta podrá hacerse conjuntamente con la amonestación o la libertad asistida. Éstas consisten en obligaciones y prohibiciones específicamente determinadas en la providencia. En particular, podrán imponerse medidas de carácter pedagógico como:
1. La obligación de asistir a determinados centros educativos o de trabajo.
2. La obligación de realizar determinadas tareas de reconocido interés comunitario.
3. La obligación de participar en organizaciones creativas para el manejo del tiempo libre.
4. La prohibición de acudir a determinados lugares o tratar con determinadas personas.
5. La obligación de asistir a cualquiera de los programas de que trata el Artículo 58 de este código.
ARTICULO 207. La medida de libertad asistida consiste en la entrega del menor a sus representantes legales, parientes o personas de quienes dependa, con la obligación de aceptar los programas, la orientación y el seguimiento del juzgado o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por conducto de funcionarios delegados para el efecto y el compromiso de presentarse periódicamente ante el juez. Los funcionarios delegados para el cumplimiento de la medida de libertad asistida, deberán escogerse entre profesionales y personas con conocimientos y aptitudes en el tratamiento de menores.
ARTICULO 208. La ubicación institucional será decretada por el juez cuando no sea recomendable aplicar alguna de las otras medidas a que se refiere el Artículo 204, por las características de la personalidad del menor y su medio familiar, la naturaleza de la infracción y las circunstancias en que se cometió. Esta medida se cumplirá en una institución pública o privada, con régimen abierto, semicerrado o cerrado, según el caso.
Si estando el menor en la institución se ausentare o se evadiere, el director deberá dar aviso inmediato al juez, quien solicitará a la policía de menores su concurso para su localización y comparecencia, con el fin de que se cumpla la medida decretada o se envíe al menor a otra institución, según las circunstancias.
ARTICULO 209. Será obligatoria la ubicación del menor en una institución de carácter cerrado, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de una infracción a la ley penal, cometida mediante grave amenaza o violencia a las personas.
2. Por reiterada comisión de infracciones penales.
3. Por incumplimiento injustificado de la medida anteriormente impuesta.
PARÁGRAFO. El Estado establecerá instituciones cerradas en las cuales deberán adelantarse los programas de rehabilitación para los menores infractores, de tal manera que su ubicación obedezca o criterios de edad, madurez psicológica y otros que garanticen la eficacia de las medidas correctivas y de readaptación que se adopten. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar apropiará en su presupuesto las partidas anuales necesarias para atender el funcionamiento de estas instituciones, con la cofinanciación de la Nación, los departamentos, municipios y demás entidades territoriales, y de las otras instituciones mencionadas en el parágrafo 2º del Artículo 204. Ver Sentencia de la Corte Constitucional 490 de 2002
ARTICULO 210. Las instituciones deberán funcionar en locales adecuados, con personal capacitado en el área social o con amplia experiencia en pedagogía reeducativa.
La escolarización, la capacitación profesional y la recreación, serán obligatorias en los centros de permanencia de los menores.
Las instituciones de reeducación prestarán especial atención al grupo familiar del menor, conservando y fomentando los vínculos familiares y preparando el hogar para el reintegro del menor a su medio.
ARTICULO 211. Cuando se trate de menores que tengan deficiencias físicas, sensoriales o mentales, o sean adictos a sustancias que produzcan dependencia, procurará el juez que la medida se cumpla en establecimiento que disponga de servicio especializado para brindar al menor la asistencia que le sea necesaria en estos casos.
Podrá igualmente el juez, como medida posinstitucional, ubicar al menor en residencias de egreso que le permitan realizar en forma gradual el reintegro a su medio social, cuando careciere de familia o ésta no le ofreciere un ambiente adecuado.
ARTICULO 212. Siempre que el juez competente considere que los padres o guardadores de los autores o partícipes de una infracción a la ley penal han incurrido en una de las causales establecidas por la ley para suspender o privar la patria potestad o la guarda, podrá decretarla, previa comprobación de la causal. En la providencia que ponga fin al proceso, aplicará al menor una de las medidas consagradas en el Artículo 204, determinando la cuota mensual con que deberán contribuir los padres al sostenimiento del menor.
ARTICULO 213. En cualquier etapa del proceso, el juez determinará la cuota mensual con que deberán contribuir los padres o guardadores al sostenimiento del menor.
ARTICULO 214. La cuota que se recaude con fundamento en el Artículo anterior, se entregará a la entidad que adelante el respectivo programa. Cuando dicha suma se entregare a personas naturales, se destinará exclusivamente al sostenimiento y educación del menor. Su depósito se hará por el juzgado correspondiente, utilizando los servicios del Banco Popular o la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero.
ARTICULO 215. Para hacer efectiva la cuota señalada por el juez, éste podrá decretar el embargo de la remuneración del obligado hasta concurrencia de la cuota señalada. Si fuere asalariado, la orden de retención respectiva se comunicará al pagador o patrono de la empresa donde el obligado preste sus servicios. En todo caso la copia de la providencia prestará mérito ejecutivo.
ARTICULO 216. Las decisiones del juez competente en que se impongan las medidas contempladas en el Artículo 204, no tendrán carácter definitivo y podrán ser modificadas o dejadas sin efecto por el juez, de oficio o a instancia del defensor de familia, de su apoderado, de sus padres o del director del centro donde se encuentre el menor, si es el caso.
PAR. En cumplimiento de esta disposición, el juez revisará de oficio, al menos cada tres (3) meses, las medidas impuestas, solicitando para ello la colaboración de los equipos interdisciplinarios del juzgado o de las entidades del sistema de bienestar familiar.
ARTICULO 217. Si estando vigente la medida el menor cumpliere dieciocho (18) años, ésta continuará en vigor hasta obtener su rehabilitación, pero no se prolongará más allá de la fecha en que éste cumpla veintiún (21) años.
En ningún caso podrán cumplirse estas medidas en sitios destinados a infractores mayores de edad.
ARTICULO 218. Mientras el menor se encuentra en el centro de observación o bajo medida de ubicación institucional cerrada o semicerrada, las salidas de éste se harán con autorización del juez, quien velará por que se cumplan en la institución los fines de la medida y con este objeto realizará visitas por lo menos una vez al mes.
El incumplimiento de las órdenes del juez, acarreará al responsable de la infracción una multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos legales diarios, sin perjuicio de que el juez informe de estos hechos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para la aplicación de sanciones a la entidad, si a ello hubiere lugar.
ARTICULO 219. De acuerdo con las circunstancias, se podrá prolongar la estancia del infractor en el establecimiento especial, hasta los veintiún (21) años, tomando en cuenta la naturaleza de la infracción, la conducta del mismo y su condición personal.
PAR. 1º. Si el menor detenido o condenado, es adicto a sustancias que producen dependencia, será enviado para su tratamiento a un establecimiento especializado que ofrezca las debidas seguridades y el tiempo que permanezca allí será computado para efectos del cumplimiento de la pena.
Del menor que carece de representante legal
ARTICULO 220. Corresponde al defensor de familia promover los procesos judiciales encaminados a la provisión de la guarda general del menor que carezca de representante legal y otorgar, cuando sea el caso, la autorización para su adopción.
Esta facultad del defensor no impedirá que los parientes del menor o cualesquiera otras personas autorizadas por la ley para ello, promuevan el respectivo proceso de guarda.
ARTICULO 221. El defensor de familia podrá promover en beneficio del menor que carezca de representante legal las acciones pertinentes.
Del menor que presenta deficiencia física, sensorial o mental
ARTICULO 222. Para efectos de este título, se entiende por menor deficiente aquel que presenta limitación temporal o definitiva de su capacidad física, sensorial o mental que dificulte o imposibilite la realización autónoma de las actividades cotidianas y su integración al medio social.
ARTICULO 223. La atención de los menores deficientes compete prioritariamente a la familia, y complementaria y subsidiariamente al Estado, en los términos de este código.
En este orden el menor tiene derecho a recibir la educación especializada, la capacitación laboral que corresponda y las demás actividades de rehabilitación requeridas.
La renuencia u oposición injustificada de los padres o guardadores a cumplir las obligaciones señaladas en el inciso anterior, será sancionada con multas de uno (1) a doscientos (200) salarios mínimos legales diarios, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario mínimo legal de multa, conforme a las normas del presente código, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de protección que sean necesarias.
ARTICULO 224. Para la debida protección y rehabilitación de los menores con deficiencias físicas, mentales o sensoriales y en procura de garantizar su igualdad con todos los demás, el Estado:
1. Vigilará el cumplimiento, por parte de la familia, de las obligaciones que le corresponden en orden a lograr la rehabilitación del menor, con pleno respeto por la dignidad humana para que pueda gozar de los privilegios y beneficios que le permitan el ejercicio igualitario de los derechos fundamentales, y colaborará con ella en la efectividad de estos objetivos.
2. Propiciará, con la participación de los ministerios de Educación Nacional, de Salud y demás organismos competentes, los programas dirigidos tanto a la prevención de la deficiencia mediante campañas educativas y profilácticas, como a la rehabilitación de los deficientes, y con la promoción de la educación especial, la integración a la educación regular, la creación de talleres para su capacitación, la recreación, así como las olimpiadas especiales y demás medios dirigidos a la rehabilitación integral de los deficientes.
ARTICULO 225. Los deficientes se clasifican en severos, moderados y leves según el grado de la deficiencia. El comité nacional para la protección del menor deficiente reglamentará esta clasificación para los efectos de las medidas de protección que se deban aplicar.
ARTICULO 226. Los ministerios de Salud y Educación Nacional coordinarán con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar las acciones encaminadas a la protección del menor deficiente. Cuando las personas de quienes el menor depende lo maltraten, encierren o se opongan injustificadamente a que el menor reciba atención, quien tenga conocimiento de dicha situación lo informará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para lo de su competencia.
ARTICULO 227. Toda edificación pública o abierta al público que se construya a partir de la vigencia de este código, estará dotada de facilidades de acceso y tránsito para menores con deficiencia física.
PAR. La autoridad competente no otorgará licencia de construcción, si en los planos de la obra no se cumple con lo estipulado en este Artículo.
Las vías públicas deberán ser provistas de señalización preventiva para información de los conductores en áreas de frecuente tránsito de menores, especialmente de aquéllos que padezcan deficiencias.
Del comité nacional para la protección del menor deficiente
ARTICULO 228. Créase el comité nacional para la protección del menor deficiente, con el objeto de orientar y promover las acciones de prevención y rehabilitación del menor que presenta deficiencia física, sensorial o mental, adscrito al Ministerio de Salud.
ARTICULO 229. El comité nacional para la protección del menor deficiente estará integrado por:
- El Ministro de Salud, quien lo presidirá, o su delegado.
- El Ministro de Trabajo y Seguridad Social o su delegado.
- El director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado.
- Un representante del Instituto Nacional de Sordos.
- Un representante del Instituto Nacional de Ciegos.
- Dos representantes de las organizaciones privadas oficialmente reconocidas que adelantan programas de rehabilitación, designados por el Presidente de la República.
PAR. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, organizará y ejercerá la secretaría técnica del comité. Para el efecto el director general designará el funcionario encargado de cumplir esa función.
ARTICULO 230. Son funciones del comité de protección del menor deficiente:
a) Proponer proyectos dirigidos a la prevención, detección, promoción, educación, tratamiento, rehabilitación e investigación, en el campo de los menores deficientes;
b) Formular recomendaciones a la administración pública a través de los órganos correspondientes, para la elaboración y aprobación de los programas de inversión y funcionamiento en el campo de los menores deficientes;
c) Proponer programas entre los organismos competentes del sistema nacional de salud para prevenir y detectar deficiencias mentales, físicas y sensoriales con especial atención a la asistencia perinatal y primera infancia dentro del marco de los programas institucionales en el campo materno-infantil;
d) Promover la organización de aulas públicas y privadas para educación especial de los menores deficientes, al igual que su integración al sistema educativo regular y a los talleres vocacionales con la colaboración del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA;
e) Fomentar el desarrollo de las políticas de seguridad social y de subsidio familiar, entre otras, dirigidas a proteger en forma especial a los menores deficientes y a dar orientación y apoyo a la familia de la cual dependen;
f) Propiciar la coordinación de las actividades que en el campo de los menores deficientes cumplen los organismos públicos y privados;
g) Promover la formación de personal profesional, técnico y auxiliar de las actividades y disciplinas cuyo objeto sea la rehabilitación de los menores deficientes;
h) Promover a través de los sectores públicos y privados investigaciones científicas dirigidas a buscar el mayor conocimiento de esta problemática;
i) Promover una mayor divulgación sobre las deficiencias de menores de manera que contribuya a crear una conciencia colectiva, que facilite la participación de la comunidad en la prevención y solución de estos problemas;
j) Elaborar su propio reglamento, y
k) Crear comités regionales, asignarles funciones y determinar sus integrantes.
ARTICULO 231. Los consejos directivos de las cajas de compensación familiar deberán establecer programas de prevención, tratamiento, educación especial y rehabilitación para los menores deficientes que de acuerdo con la ley se hallen inscritos en las mismas y destinarán en su presupuesto, prioritariamente, los recursos necesarios; así mismo establecerán programas de orientación y asistencia sicológica para sus familias.
La Superintendencia de Subsidio Familiar velará por el cumplimiento de esta obligación y aplicará las sanciones por su incumplimiento.
ARTICULO 232. Cuando el menor sufra de severa deficiencia mental permanente, sus padres, o uno de ellos, o el defensor de familia, deberán promover el proceso de interdicción, antes de cumplir aquél la mayoría de edad, para que a partir de ésta se le prorrogue indefinidamente su estado de sujeción a la patria potestad por ministerio de la ley.
ARTICULO 233. La sujeción a la patria potestad prorrogada terminará:
1. Por la muerte real o presunta de ambos padres o del hijo.
2. Por la adopción del hijo.
3. Por haberse declarado la rehabilitación del interdicto.
Si al terminar la sujeción a la patria potestad prorrogada subsistiere la deficiencia mental grave, se constituirá la guarda.
Del menor adicto a sustancias que producen dependencia
ARTICULO 234. Los menores adictos a sustancias que produzcan dependencia, serán sometidos a tratamiento tendiente a su rehabilitación, por iniciativa del juez o del defensor de familia o de quien tenga su cuidado personal. Los costos que ello ocasione, serán asumidos por los padres o las personas de quienes el menor dependa y en su defecto, por el Ministerio de Salud en coordinación con los organismos públicos o privados que realicen programas especiales de rehabilitación.
ARTICULO 235. Los directores y maestros de establecimientos educativos que detecten entre sus educandos casos de tenencia, tráfico o consumo de sustancias que produzcan dependencia, están obligados a informar a los padres y al defensor de familia para que adopten las medidas de protección correspondientes. En ningún caso los menores rehabilitados podrán ser privados del acceso a los establecimientos educativos.
ARTICULO 236. El Gobierno Nacional adelantará de manera continua, a través de los organismos competentes, campañas preventivas tendientes a crear en la familia y en la comunidad, conciencia sobre los efectos nocivos del uso de sustancias que producen dependencia, especialmente en la juventud.
Del menor trabajador en condiciones no autorizadas por la ley
ARTICULO 237. Se entiende por menor trabajador en condiciones no autorizadas por la ley, al menor de doce (12) años en cualquier caso de ocupación laboral y a quien, siendo mayor de esta edad pero menor de dieciocho (18) años, fuera de las excepciones contempladas en este título, desempeñe actividades laborales expresamente prohibidas por la ley.
ARTICULO 238. Los menores de dieciocho (18) años necesitan para trabajar autorización escrita del inspector del trabajo o, en su defecto, de la primera autoridad local, a solicitud de los padres y, a falta de éstos, del defensor de familia.
Prohíbese el trabajo de los menores de catorce (14) años y es obligación de sus padres disponer que acudan a los centros de enseñanza. Excepcionalmente y en atención a circunstancias especiales calificadas por el defensor de familia, los mayores de doce (12) años podrán ser autorizados para trabajar por las autoridades señaladas en este Artículo, con las limitaciones previstas en el presente código. Texto Subrayado declarado INEXEQUIBLE por Sentencia C-170 de 2004; el texto en cursiva, fue declarado EXEQUIBLE de manera condicionada en la misma Sentencia.
ARTICULO 239. La contratación de menores indígenas, se rige por las normas de su legislación especial y a falta de ellas por las que sean pertinentes del Código Sustantivo del Trabajo y por las consagradas en este código.
PAR. Para contratar a un menor indígena se necesita la autorización del gobernador del cabildo indígena, o de la autoridad tradicional de la comunidad respectiva.
En su defecto, la autorización será otorgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, previa solicitud de la oficina de la comisión de asuntos indígenas del Ministerio de Gobierno.
Sin en el lugar de la contratación no existe oficina del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ni autoridad indígena, la autorización la otorgará la oficina de la comisión de asuntos indígenas; la cual deberá informar a la dependencia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social más cercana, para lo de su competencia.
ARTICULO 240. Si durante las diligencias previas a la autorización para trabajar o en desarrollo de su labor de vigilancia, los funcionarios competentes del trabajo, o los jueces de menores o de familia establecen que el menor se encuentra en situación de peligro o de abandono, lo reportarán de inmediato al defensor de familia con el objeto de que se tomen las medidas de protección pertinentes.
ARTICULO 241. El menor deberá demostrar su edad, mediante la presentación del registro civil de nacimiento o de la tarjeta de identidad.
PAR. Cuando el menor carezca de registro civil, el defensor de familia, a petición de aquél, deberá solicitar su inscripción en la notaría u oficina de registro respectiva, para lo cual llenará los requisitos de ley.
El funcionario competente para expedir el registro deberá atender de inmediato la solicitud del defensor de familia expidiéndolo en forma gratuita.
Jornada de trabajo y salario
ARTICULO 242. La duración máxima de la jornada de trabajo del menor se sujetará a las siguientes reglas:
1. El menor entre doce (12) y catorce (14) años sólo podrá trabajar en una jornada máxima de cuatro (4) horas diarias, en trabajos ligeros.
2. Los mayores de catorce (14) y menores de dieciséis (16) años sólo podrán trabajar en una jornada máxima de seis (6) horas diarios.
3. La jornada de trabajo del menor entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, no podrá exceder de ocho (8) horas diarias.
4. Queda prohibido el trabajo nocturno para los trabajadores menores. No obstante, los mayores de dieciséis (16) años y menores de dieciocho (18) años podrán ser autorizados para trabajar hasta las ocho (8) de la noche siempre que no se afecte su asistencia regular a un centro docente, ni implique perjuicio para su salud física o moral.
ARTICULO 243. El menor trabajador tendrá derecho al salario, prestaciones sociales y demás garantías que la ley concede a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años.
El salario del menor trabajador será proporcional a las horas trabajadas.
ARTICULO 244. El menor trabajador tendrá derecho a la capacitación y se le otorgará permiso no remunerado cuando la actividad escolar así lo requiera.
ARTICULO 245. Los menores no podrán ser empleados en los trabajos que a continuación se enumeran, por cuanto suponen exposición severa a riesgos para su salud o integridad física:
3. Trabajos subterráneos de minería de toda índole y en los que confluyen agentes nocivos, tales como contaminantes, desequilibrios términos, deficiencia de oxígeno a consecuencia de la oxidación o la gasificación.
4. Trabajos donde el menor de edad esté expuesto a ruidos que sobrepasen ochenta (80) decibeles.
5. Trabajos donde se tenga que manipular con sustancias radiactivas, pinturas luminiscentes, rayos x, o que impliquen exposición a radiaciones ultravioletas, infrarrojas y emisiones de radiofrecuencia.
8. Trabajos de basurero o en cualquier otro tipo de actividades donde se generen agentes biológicos patógenos.
10. Trabajos de pañoleros o fogoneros, en los buques de transporte marítimo.
11. Trabajos de pintura industrial que entrañen el empleo de la cerusa del sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dichos elementos.
13. Trabajos en altos hornos, hornos de fundición de metales, fábricas de acero, talleres de laminación, trabajos de forja, y en prensa pesada de metales.
15. Trabajos relacionados con cambios, de correas de transmisión, aceite, engrasado y otros trabajos próximos a transmisiones pesadas o de alta velocidad.
16. Trabajos en cizalladoras, cortadoras, laminadoras, tornos, fresadoras, troqueladoras, y otras máquinas particularmente peligrosas.
17. Trabajo del vidrio y alfarería, trituración y mezclado de materia prima; trabajo de hornos, pulido y esmerilado en seco de vidriería, operaciones de limpieza por chorro de arena, trabajo en locales de vidriado y grabado, trabajos en la industria cerámica.
18. Trabajo de soldadura de gas y arco, corte con oxígeno en tanques o lugares confinados, en andamios o en molduras precalentadas.
20. Trabajo en aquellas operaciones y/o procesos en donde se presenten altas temperaturas y humedad.
21. Trabajos en la industria metalúrgica de hierro y demás metales, en las operaciones y/o procesos donde se desprende vapores o polvos tóxicos y en plantas de cemento.
22. Actividades agrícolas o agroindustriales que impliquen alto riesgo para la salud.
23. Las demás que señalen en forma específica los reglamentos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Facultad desarrollada por la Resolución del Min. Protección 4448 de 2005
PARÁGRAFO. Los trabajadores menores de dieciocho (18) años y mayores de catorce (14), que cursen estudios técnicos en el Servicio Nacional de Aprendizaje o en un instituto técnico especializado reconocido por el Ministerio de Educación Nacional o en una institución del sistema nacional de bienestar familiar autorizada para el efecto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o que obtengan el certificado de aptitud profesional expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, podrán ser empleados en aquellas operaciones, ocupaciones o procedimientos señalados en este Artículo, que a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, puedan ser desempeñados sin grave riesgo para la salud o la integridad física del menor mediante un adecuado entrenamiento y la aplicación de las medidas de seguridad que garanticen plenamente la prevención de los riesgos anotados.
Ver el Proyecto de Acuerdo Distrital 82 de 2002
ARTICULO 246. Queda prohibido a los trabajadores menores de dieciocho (18) años todo trabajo que afecte su moralidad. En especial les está prohibido el trabajo en casas de lenocinio y demás lugares de diversión donde se consuman bebidas alcohólicas. De igual modo se prohíbe su contratación para la reproducción de escenas pornográficas, muertes violentas, apología del delito u otros semejantes.
ARTICULO 247. La persona que tenga conocimiento de la participación de menores de edad en la realización de los trabajos prohibidos en ese capítulo, deberá informar al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para la aplicación de las sanciones a que haya lugar.
ARTICULO 248. Se entiende por trabajo independiente de menores el que ellos realicen sin que medie relación de dependencia o subordinación. Para desempeñar un trabajo independiente el menor requerirá autorización en los términos del Artículo 238.
Las prohibiciones establecidas para el desempeño de las actividades remuneradas en los Artículos anteriores, se aplican también al trabajo independiente. Los inspectores de trabajo conocerán de las infracciones a estas normas, sin perjuicio de la facultad de los defensores de familia para asumir la protección de estos menores cuando se configuren situaciones irregulares de conformidad con el presente código.
ARTICULO 249. El menor trabajador independiente podrá obtener su afiliación al Instituto de Seguros Sociales, de acuerdo con el régimen establecido para el trabajador independiente mayor de edad.
ARTICULO 250. El Gobierno Nacional protegerá, fomentará y estimulará el trabajo asociado en que participen menores de dieciocho (18) años y mayores de doce (12) en condiciones de socios y no de dependientes.
Para todos los efectos legales, se entiende por trabajo asociado el que realiza toda organización cuyo objeto social estatutario o fáctico, lo constituya la producción, transformación, distribución o venta de bienes o la prestación de servicios con fines económicos solidarios, en la que todos los socios integrantes aportan su trabajo.
ARTICULO 251. Los menores de dieciocho (18) años y mayores de dieciséis (16) años, se tendrán por emancipados y plenamente capaces para los efectos de dirigir y administrar empresas asociativas y cooperativas, obtener personería jurídica y ejercer su representación legal.
ARTICULO 252. En ningún caso la seguridad social y las demás garantías otorgadas a los trabajadores mayores de dieciocho (18) años, podrán ser disminuidas cuando se trate de trabajadores menores de edad.
ARTICULO 253. Todo empleador que tenga a su servicio menores de dieciocho (18) años, tiene la obligación de afiliarlos al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad de previsión respectiva, a partir de la fecha en que se establezca al contrato de trabajo o la relación laboral.
ARTICULO 254. Para la afiliación al Instituto de Seguros Sociales del menor trabajador, bastará la presentación de su documento de identificación y, en su defecto, de copia del registro civil de nacimiento.
Una vez realizada la afiliación, el Instituto de Seguros Sociales deberá expedir al menor en carné, con el cual se identificará a fin de recibir los servicios de que trata el presente título.
ARTICULO 255. Efectuada la afiliación, el menor tendrá derecho a todas las prestaciones económicas y de salud que otorga el Instituto de Seguros Sociales o la entidad de previsión respectiva, de conformidad con lo contemplado en sus reglamentos.
ARTICULO 256. Cuando por omisión del empleador, el trabajador menor de dieciocho (18) años de edad no se encuentre afiliado al Instituto de Seguros Sociales o a la entidad de previsión respectiva y el menor sufriere accidente de trabajo, enfermedad profesional, enfermedad general o se encontrase en período de maternidad, tendrá derecho, desde el momento de su vinculación con el patrono, a las prestaciones económicas y de salud que consagran los reglamentos en favor de los beneficiarios y de los derecho-habientes.
PAR. 1º. Las prestaciones de salud de que trata el presente Artículo las suministrará el Instituto de Seguros Sociales en forma inmediata, obligándose el menor o sus familiares, dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes, a demostrar su vinculación con el patrono a través de cualquier medio idóneo aceptado por el Instituto de Seguros Sociales. Si esto no es posible para el menor, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social establecerá dicha vinculación.
PAR. 2º. Las prestaciones económicas las pagará el Instituto de Seguros Sociales una vez el menor haya comprobado su vinculación en la forma prevista en el parágrafo anterior.
ARTICULO 257. El Instituto de Seguros Sociales recuperará el costo de los servicios de que trata el Artículo anterior directamente del empleador, para lo cual la cuenta de cobro que formule contra éste, prestará mérito ejecutivo.
Si el menor no tuviere el vínculo laboral invocado, sus padres o las personas de quienes dependa estarán obligadas al pago de las sumas de que trata el inciso anterior, sin perjuicio de las sanciones por falsedad u otras conductas ilícitas que se configuren.
ARTICULO 258. En los lugares del territorio nacional donde el Instituto de Seguros Sociales no haya extendido sus servicios, los patronos están obligados a otorgar las prestaciones consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo en favor de los menores. Esta obligación dejará de estar a cargo del patrono cuando las contingencias sean asumidas por el Instituto de Seguros Sociales.
ARTICULO 259. La cotización para los trabajadores menores de catorce (14) años y mayores de doce (12) años de edad, estará a cargo exclusivo del patrono. Para los demás se seguirán las normas generales.
ARTICULO 260. Además de las prohibiciones contenidas en el Artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo y de las establecidas en el presente código, no se podrá despedir a trabajadoras menores de edad cuando se encuentren en estado de embarazo o durante la lactancia, sin autorización de los funcionarios encargados de la vigilancia y control del trabajo de menores. El despido que se produjere sin esta autorización no produce efecto alguno.
Igualmente se prohíbe a los empleadores de trabajadores menores de dieciocho (18) años de edad, trasladarlos del lugar de su domicilio, sin el consentimiento de sus padres o guardadores o, en su defecto, del defensor de familia, salvo temporalmente y sólo cuando se trate de participar en programas de capacitación.
ARTICULO 261. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social visitará regular y periódicamente, a través de los funcionarios de inspección y vigilancia, las empresas para establecer si tienen a su servicio menores trabajadores y si se cumplen las normas que los protegen.
ARTICULO 262. El Ministerio de Trabajo y seguridad social impondrá a quienes violen las disposiciones vigentes sobre el trabajo de menores de edad, multas sucesivas por el equivalente de uno (1) hasta cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con destino a los programas de capacitación dirigidos a menores en situación irregular.
ARTICULO 263. La reincidencia será sancionada cada vez con multas no superiores al doble de la anterior, sin que el monto de cada una exceda de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales.
Cuando se trate de una empresa que haya puesto en peligro la vida del menor o atente contra la moral o las buenas costumbres, la sanción podrá consistir en el cierre temporal o definitivo del establecimiento, a juicio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según la gravedad de la falta.
Aplicabilidad normas laborales
ARTICULO 264. Las normas laborales sustantivas y de procedimiento que rigen las relaciones laborales para adultos, se aplicarán al trabajo del menor en cuanto no sean contrarias a las señaladas en el presente código.
Situaciones especiales que atentan contra los derechos y la integridad del menor
ARTICULO 265. El que ejerza la mendicidad valiéndose de un menor o lo facilite a otro con el mismo fin, o de cualquier otro modo trafique con él, incurrirá en prisión de uno (1) a cinco (5) años.
La pena contemplada en el presente Artículo se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando:
1. Se trate de menores de doce (12) años.
2. Cuando el menor esté afectado por deficiencias físicas o mentales que tiendan a producir sentimientos de conmiseración, repulsión u otros semejantes.
ARTICULO 266. Será competente para conocer de este delito el juez municipal del lugar donde se cometió el hecho.
ARTICULO 267. Al que promueva o realice la adopción de menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes, o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción, o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor, se le impondrá sanción de uno (1) a cinco (5) años de prisión.
Esta pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes:
1. Cuando el hecho se realice con ánimo de lucro.
2. Cuando el partícipe se aproveche de su investidura oficial o de su profesión para realizar el hecho, caso en el cual se le impondrá, además, como pena, la pérdida del empleo y la prohibición de ejercer la profesión hasta por cinco (5) años.
ARTICULO 268. Las entidades vinculadas a los hechos previstos en el Artículo anterior serán sancionadas por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Si las circunstancias lo ameritan se podrá decretar también, de oficio o a solicitud del juez del conocimiento, la suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento o de la personería jurídica por la entidad que la hubiere otorgado.
ARTICULO 269. Será competente para conocer del delito previsto en el Artículo 267, el juez penal del circuito del lugar donde se cometió el hecho. El procesado no tendrá derecho a libertad provisional.
ARTICULO 270. Cuando el delito de inasistencia alimentaria se cometa contra un menor, la pena será de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y multa de uno (1) a cien (100) días de salario mínimos legales.
Además de lo previsto por el Artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, el juez, al otorgar la libertad provisional, determinará las garantías que deban constituirse para el cumplimiento de la obligación alimentaria.
ARTICULO 271. Cuando el sujeto pasivo del delito de inasistencia alimentaria sea un menor, la investigación se iniciará de oficio y será desistible por una sola vez. Será competente para conocer de este delito el juez municipal de la residencia del titular del derecho.
ARTICULO 272. El que causare maltrato a un menor, sin llegar a incurrir en el delito de lesiones personales, será sancionado con multa de uno (1) a cien (100) días de salario mínimo legal, convertible en arresto conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 del Código Penal, sin perjuicio de las medidas de protección que tome el defensor de familia.
PAR. Para efectos del presente Artículo un menor se considera maltratado cuando ha sufrido violencia física o psíquica, o cuando se le obligue a cumplir actividades que impliquen riesgos para su salud física o mental o para su condición moral o impidan su concurrencia a los establecimientos educativos.
ARTICULO 273. Será competente para conocer de esta contravención la comisaría de familia del lugar donde se cometió el hecho y en su defecto, el alcalde o el inspector de policía.
ARTICULO 274. Cuando el sujeto pasivo de cualquiera de los delitos establecidos en el título XI del libro 2 del Código Penal sea un menor de edad, en la investigación respectiva podrá estar asesorado por un médico, psicólogo u otro profesional idóneo designado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, por solicitud del juez que conoce del hecho punible.
ARTICULO 275. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por conducto del defensor de familia, será parte en los procesos que se adelanten por los hechos punibles previstos en este capítulo. Para estos efectos, el funcionario que conozca del asunto dará aviso a la oficina respectiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Organismos de protección del menor y la familia
Del sistema nacional de bienestar familiar y del defensor de familia
ARTICULO 276. El sistema nacional de bienestar familiar y su órgano rector, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se rigen por las leyes 75 de 1968 y 7ª de 1979, las que las modifican o adicionan, sus decretos reglamentarios y las normas del presente código. Ver la Ley 75 de 1968
1. Invertir en interés de la institución familiar y del menor en los asuntos judiciales y extrajudiciales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 11 del Decreto 2272 de 1989 y en el presente código.
2. Asistir al menor infractor en las diligencias ante el juez competente y elevar las peticiones que considere conducentes a su rehabilitación.
3. Citar al presunto padre para procurar el reconocimiento voluntario de un hijo extramatrimonial.
e) Regulación de visitas, crianza, educación y protección del menor.
Fracasada la conciliación o al no poderse llevar a cabo y en caso de urgencia, el defensor de familia podrá adoptar las medidas provisionales que sean necesarias, sin perjuicio de la competencia atribuida a los jueces sobre las materias citadas en este numeral.
5. Conocer y decidir los asuntos relacionados con menores que requieran protección por hallarse en cualquiera de las situaciones irregulares establecidas en este código.
6. Conceder permiso a menores para salir del país, de acuerdo con lo establecido para el efecto por el presente código.
7. Presentar las denuncias penales ante las autoridades competentes por la comisión de delitos donde aparezca como ofendido un menor.
8. Autorizar la adopción del menor en los casos señalados por la ley.
9. Solicitar la inscripción o corrección del nacimiento en el registro del estado civil, de los menores de dieciocho (18) años en situación irregular.
10. Solicitar la práctica de los exámenes antropoheredobiológicos para preconstituir la prueba en los procesos de filiación.
11. Solicitar a las entidades oficiales y privadas las certificaciones, informes, dictámenes y demás pruebas necesarias para el cumplimiento de sus funciones.
12. Otorgar autorización para la venta de inmuebles de menores en los casos señalados por la Ley 9ª de 1989 de reforma urbana, siempre que no se vulneren los derechos del menor.
13. Conocer privativamente de las infracciones a la ley penal en que incurran los menores de doce (12) años y de las contravenciones cometidas por menores de dieciocho (18) años.
14. Ejercer las funciones de policía señaladas en este código.
15. Emitir los conceptos en las actuaciones judiciales o administrativas ordenados por la ley.
16. Solicitar a los jueces y funcionarios administrativos, la práctica de pruebas que sean necesarias en el cumplimiento de sus funciones.
17. Las demás que expresamente le señale este código, la ley o la dirección general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
ARTICULO 278. Para ser defensor de familia se requiere, además de ser ciudadano en ejercicio:
1. Ser abogado inscrito.
2. Tener especialización en derecho de familia o de menores, o experiencia no inferior a dos (2) años en actividades relacionadas con el derecho de familia o de menores.
3. No tener antecedentes penales ni disciplinarios, y observar conducta ejemplar.
PAR. Los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y especialmente el defensor de familia, durante las actuaciones o audiencias que se celebren en el cumplimiento de las funciones consagradas en este código, podrán utilizar el sistema de grabación magnetofónica o electrónica y en el acta se dejará constancia únicamente de quienes intervinieron en la audiencia, de los documentos que se hayan producido y de las decisiones tomadas.
Quienes tengan interés legítimo podrán pedir reproducción magnetofónica de las grabaciones, proporcionando los medios necesarios para el efecto. La reproducción será autorizada por el defensor de familia respectivo.
Las grabaciones se conservarán en el archivo de la entidad.
ARTICULO 279. Las decisiones del defensor de familia por medio de las cuales culmine una actuación administrativa, son resoluciones. Las demás actuaciones las surtirá a través de autos.
Contra las resoluciones proceden los recursos de reposición, apelación y queja de acuerdo con el procedimiento señalado en los Artículos 52 y siguientes del presente código; respecto de los autos solamente procede el recurso de reposición.
PAR. Los defensores de familia podrán sancionar a los particulares que no tramiten oportunamente las solicitudes hechas por éstos en ejercicio de sus funciones, con multas sucesivas de uno (1) a cien (100) salarios diarios mínimos legales. Si el renuente fuere un funcionario público, dará aviso al respectivo superior y al Ministerio Público.
ARTICULO 280. Los defensores de familia, en los casos de protección, deberán declararse impedidos cuando concurra alguna de las causales de recusación señaladas en el Código de Procedimiento Civil para los jueces. Igualmente y por las mismas causales podrán ser recusados por los interesados en la actuación.
PAR. Cuando un defensor de familia se declare impedido, deberá expresar los hechos en que se fundamenta su impedimento, para que se estudie y decida de conformidad.
ARTICULO 281. Formulado el impedimento o la recusación, el director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, previo concepto del jefe jurídico o del funcionario que haga sus veces, decidirá sobre su aceptación dentro de los tres (3) días siguientes a la formulación del impedimento o recusación. En caso afirmativo, en el mismo acto administrativo, contra el que sólo cabe el recurso de reposición, se designará el defensor que deba reemplazar al funcionario.
De la policía de menores
Ver el Decreto Distrital 415 de 1994
ARTICULO 282. La policía de menores es un cuerpo especializado de la Policía Nacional encargado de auxiliar y colaborar con los organismos destinados por el Estado a la educación, prevención y protección del menor. Está integrada por oficiales, suboficiales, agentes y personal civil.
ARTICULO 283. La policía de menores funcionará en todo el territorio nacional y dependerá de las unidades orgánicas policiales. Su acción se coordinará con los organismos y establecimientos destinados por el Estado a la protección del menor.
ARTICULO 284. La dirección y administración de la policía de menores corresponderá a la dirección general de la Policía Nacional, por conducto del órgano competente.
ARTICULO 285. Los objetivos de la policía de menores estarán orientados prioritariamente a defender, educar y proteger al menor y a brindar el apoyo a los organismos destinados o autorizados por el Estado para el cumplimiento de las actividades mencionadas.
ARTICULO 286. El personal de la policía de menores además de los requisitos establecidos en la ley y en los reglamentos, deberá llenar los siguientes:
1. Ser bachiller.
2. Tener formación en las disciplinas propias del derecho de familia y protección de menores.
3. Intachable conducta social, moral y familiar.
4. No tener antecedentes penales ni disciplinarios.
La prueba de la formación a que se refiere el numeral 2º del presente Artículo consistirá en un certificado expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, la dirección docente de la Policía Nacional o una universidad oficialmente reconocida.
ARTICULO 287. La Policía Nacional organizará, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras entidades idóneas, los cursos necesarios para capacitar el personal que desempeñe las funciones propias de la policía de menores.
ARTICULO 288. Son funciones de la policía de menores:
1. Cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones que sobre protección de menores impartan los organismos del Estado.
2. Desarrollar en coordinación con otras entidades, actividades educativas y recreativas tendientes a lograr la formación integral del menor.
3. Controlar e impedir el ingreso y permanencia de menores en expendios de licores u otros lugares públicos o privados que atenten contra su integridad física o moral.
4. Impedir la posesión o comercialización de escritos, audiovisuales, imágenes, material pornográfico y otras publicaciones que puedan afectar la formación moral del menor.
5. Proteger a los menores que se encuentren abandonados, extraviados, dedicados a la vagancia, ejerciendo o siendo utilizados en la mendicidad o que sean víctimas del maltrato o se encuentren en cualquiera de las situaciones irregulares previstas en este código, preferiblemente conduciéndolos a las comisarías de familia, centros de recepción o a las instituciones de protección para que queden bajo la tutela de los defensores de familia.
6. Informar a los organismos y establecimientos destinados a la educación, prevención y protección, sobre circunstancias que fomenten la depravación, deshonestidad, insalubridad y demás factores que coloquen al menor en situación irregular.
7. Colaborar con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en la vigilancia de las actividades laborales de los menores de edad y sus condiciones de trabajo, con el objeto de proteger su salud física o moral.
8. Inspeccionar los locales de diversión y en general todos los lugares en donde se desarrollen espectáculos públicos que constituyan oportunidades que atenten contra la integridad moral o la salud física o mental de los menores, ya sea de oficio o por solicitud del juez, el defensor de familia o del respectivo comandante de la unidad policial.
9. Vigilar el desplazamiento de menores dentro del país y hacia el exterior, especialmente en los aeropuertos y terminales de transporte.
10. Apoyar con programas de educación y recreación a las instituciones encargadas de la vigilancia de menores infractores.
11. Cuando las circunstancias lo exijan, encargarse de la vigilancia de menores infractores en centros especializados.
12. Las demás que le competan de conformidad con el presente código o con otras disposiciones que regulen la protección del menor y de su familia.
PAR. Las funciones señaladas en este Artículo, en la medida en que no puedan ser atendidas por la policía de menores, serán asumidas por los demás miembros de la institución y de los organismos de seguridad.
ARTICULO 289. Los comandantes de estación y subestación, de acuerdo con su competencia, podrán ordenar el cierre temporal de los establecimientos abiertos al público de acuerdo con los procedimientos señalados en el Código Nacional de Policía, en cumplimiento de las funciones establecidas en los numerales 3º y 4º del Artículo anterior.
ARTICULO 290. Salvo circunstancias excepcionales determinadas por la dirección general de la policía, los miembros de la policía de menores que hayan sido debidamente seleccionados y capacitados en la especialidad, no podrán ser destinados a actividades diferentes a las señaladas en el presente código.
ARTICULO 291. A partir de la vigencia del presente código, la Policía Nacional en los programas de formación y capacitación para oficiales, suboficiales y agentes, incluirá la cátedra de derecho de familia y de menores.
De la procuraduría delegada para la defensa del menor y de la familia
ARTICULO 292. Adiciónase el Artículo 2º de la Ley 25 de 1974, con el siguiente numeral:
17. Procuraduría delegada para la defensa del menor y de la familia.
17.1. Sección de vigilancia judicial.
ARTICULO 293. Adiciónase el Artículo 3º de la Ley 25 de 1974, con el siguiente numeral:
17. Procuraduría delegada para la defensa del menor y de la familia:
1. Procurador delegado
2. Abogado asesor
grado 19.
4. Abogado visitador
grado 17.
2. Mecanógrafo
PAR. Además de las calidades exigidas por la ley, para ser designado en propiedad en alguno de los cargos de procurador delegado, abogado asesor, abogado visitador, se requiere tener especialización en derecho de familia o de menores, o haber desempeñado los cargos de juez del circuito, juez de menores, juez de familia o defensor de familia por un lapso no menor de dos (2) años.
ARTICULO 294. La procuraduría delegada para la defensa del menor y de la familia, además de las funciones que se derivan de la Constitución Política y de la ley, cumplirá las siguientes:
1. De vigilancia judicial en los juzgados de familia y de menores, sin perjuicio de la competencia atribuida a las procuradurías regionales, oficinas seccionales y al respectivo agente del Ministerio Público.
2. De vigilancia administrativa sobre los defensores de familia.
PAR. La vigilancia judicial se extenderá a los tribunales de distrito, en los eventos que se relacionen con las competencias de los juzgados de menores y de familia.
Ver el Acuerdo Distrital 10 de 1995, Ver el Acuerdo Distrital 54 de 2002
ARTICULO 295. Créanse las comisarías permanentes de familia de carácter policivo, cuyo número y organización serán determinados por los respectivos concejos municipales o distritales.
Estas comisarías funcionarán durante las veinticuatro (24) horas del día en los municipios donde la densidad de población y la problemática del menor lo requieran, a juicio del respectivo concejo municipal o distrital.
ARTICULO 296. El objetivo principal de estas comisarías, es colaborar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con las demás autoridades competentes en la función de proteger a los menores que se hallen en situación irregular y en los casos de conflictos familiares.
ARTICULO 297. Las comisarías permanentes de familia, hacen parte del sistema nacional de bienestar familiar y estarán a cargo de un comisario de familia designado por el alcalde mayor en el caso del Distrito Especial de Bogotá o por el respectivo alcalde en los demás municipios del país, (con el carácter de empleado público de libre nombramiento y remoción.)*
La comisaría contará preferentemente con un médico, un sicólogo, un trabajador social y los demás funcionarios que determine el respectivo concejo municipal o distrital.
La Policía Nacional prestará su colaboración permanente al comisario respectivo.
El texto entre paréntesis fue declarado Inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-406 de 1997.
ARTICULO 298. El comisario de familia deberá ser ciudadano en ejercicio, abogado inscrito, especializado en derecho de familia o de menores o con experiencia no inferior a un (1) año en la materia, de intachable conducta moral, social y familiar y sin antecedentes penales o disciplinarios.
ARTICULO 299. Son funciones de las comisarías de familia:
1. Recibir a prevención denuncias sobre hechos que puedan configurarse como delito o contravención, en los que aparezca involucrado un menor como ofendido o sindicado, tomar las medidas de emergencia correspondientes y darles el trámite respectivo de acuerdo con las disposiciones del presente código y de los de Procedimiento Penal, Nacional, Departamental, Municipal o Distrital de Policía, y de las demás normas pertinentes, el primer día hábil siguiente al recibo de la denuncia.
2. Aplicar las sanciones policivas de acuerdo con las facultades previstas en este código y las que le otorgue el respectivo concejo municipal o distrital.
3. Efectuar las comisiones, peticiones, práctica de pruebas y demás actuaciones que le soliciten el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los funcionarios encargados de la jurisdicción de familia, en todos los aspectos relacionados con la protección del menor y la familia que sean compatibles con las funciones asignadas.
4. Practicar allanamientos para conjurar las situaciones de peligro en que pueda encontrarse un menor, cuando la urgencia del caso lo demande, de oficio o a solicitud del juez o del defensor de familia, de acuerdo con el procedimiento señalado para el efecto por este código.
5. Recibir a prevención las quejas o informes sobre todos aquellos aspectos relacionados con conflictos familiares, atender las demandas relativas a la protección del menor, especialmente en los casos de maltrato y explotación, y atender los casos de violencia familiar, tomando las medidas de urgencia que sean necesarias, mientras se remiten a la autoridad competente.
6. Las demás que le asigne el concejo municipal o distrital y que sean compatibles con la naturaleza policiva de sus responsabilidades.
Ver la Resolución de la Fiscalía General de la Nación 3604 de 2006
De la responsabilidad de los medios de comunicación
ARTICULO 300. A través de los medios de comunicación no podrán realizarse transmisiones o publicaciones que atenten contra la integridad moral, psíquica o física de los menores, ni que inciten a la violencia, hagan apología de hechos delictivos o contravencionales, o contengan descripciones morbosas o pornográficas.
ARTICULO 301. En la transmisión o publicación de los hechos delictivos en los que aparezca involucrado un menor como autor, partícipe o testigo de los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni divulgar datos que lo identifiquen o puedan conducir a su identificación.
Esta misma prohibición se aplica a los casos en que el menor es víctima de un delito, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a establecer su identidad o la de su familia si ésta fuere desconocida. En cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-19 de 1993.
ARTICULO 302. Por los medios de comunicación no podrán realizarse transmisiones o publicaciones que inciten al menor al uso de drogas o sustancias nocivas para la salud o estimulen su curiosidad por consumirlas.
ARTICULO 303. No podrán realizarse ni transmitirse producciones de audiovisuales sonoras o impresas para cine o televisión, en los que un menor interprete personajes o situaciones que atenten contra su integridad moral, psíquica o física.
ARTICULO 304. El Consejo Nacional de Televisión o el organismo que haga sus veces deberá clasificar la programación que se transmita por los medios de radiodifusión o televisión, durante la franja familiar, así:
1. Aquellos programas que pueden ver los menores de edad sin restricción alguna.
2. La programación que deben ver con la orientación de los padres o de un mayor de edad.
3. Aquella que sólo pueden ver los mayores de edad.
ARTICULO 305. El Ministerio de Comunicaciones, el Ministerio de Gobierno y el Instituto Nacional de Radio y Televisión, de oficio o a solicitud de parte, según el caso, sancionará a los responsables de las infracciones establecidas en los Artículos anteriores, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones vigentes y según la gravedad de la falta, así:
1. Con multas de tres (3) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
2. Con suspensión de la concesión o de la licencia de circulación otorgada para la prestación del servicio.
3. Con la cancelación de la concesión o de la licencia de circulación.
ARTICULO 306. La infracción a las disposiciones anteriores, hará responsables, solidariamente, a los titulares de la concesión del servicio de radiodifusión sonora, o el concesionario del espacio de televisión, según el caso, y al director del respectivo programa.
Cuando se trate de publicaciones, responderán solidariamente el autor del escrito, el director de la publicación y el propietario del medio.
ARTICULO 307. Todos los ciudadanos y en especial los defensores de familia, están obligados a informar al Ministerio de Comunicaciones, al Ministerio de Gobierno o al Instituto Nacional de Radio y Televisión, según el caso, las infracciones a las disposiciones anteriores en las que incurran los medios de comunicación.
ARTICULO 308. A partir de la vigencia del presente código, el director general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será miembro del Consejo Nacional de Televisión. La comisión para la vigilancia de la televisión estará integrada además por un representante del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar designado por el director general de la entidad.
ARTICULO 309. Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión sonora y espacios de televisión, deberán incluir una cláusula en donde se estipule que el concesionario se obliga a ceder espacios de su programación para transmitir programas de educación dirigidos a los menores de edad y a aquéllos que tengan a su cargo su custodia y cuidado.
PAR. En el pliego de condiciones de la licitación de espacios de televisión, deberán reservarse cinco (5) minutos semanales para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, destinados a la educación familiar, a la difusión de los derechos del menor y a campañas preventivas.
ARTICULO 310. El gobierno podrá disponer del tiempo de dos (2) horas determinado en la cláusula presunta de reserva consagrada en el Artículo 198 del Decreto 222 de 1983, para efectos de autorizar la transmisión de programas institucionales sobre derechos y deberes familiares en relación con el menor colombiano, cuando la naturaleza e importancia de la transmisión lo justifiquen.
ARTICULO 311. Todo menor tiene derecho a recibir la educación necesaria para su formación integral. Ésta será obligatoria hasta el noveno grado de educación básica y gratuita cuando sea prestada por el Estado.
Los padres tendrán derecho de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, respetando los principios consagrados en este código.
PAR. Los menores pertenecientes a las comunidades indígenas tienen derecho a que la educación que reciben del Estado o de particulares respete sus tradiciones, su lengua y las normas protectoras de su cultura de acuerdo con la legislación vigente para estas comunidades.
ARTICULO 312. Los padres o quienes tengan al menor bajo su cuidado, tienen la obligación de vincularlo a los establecimientos educativos públicos o privados, con el objeto de que reciban la educación a que se refiere el Artículo anterior.
La violación de esta disposición sin causa justificada, será sancionada con multa de uno (1) a sesenta (60) salarios diarios mínimos legales convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario. La sanción será impuesta a prevención por el comisario de familia, el defensor de familia, el alcalde municipal o su delegado, o el inspector de policía.
En caso de incumplimiento reiterado de esta obligación, la autoridad que conozca del hecho lo comunicará al defensor de familia con el objeto de que se tomen las medidas de protección pertinentes.
ARTICULO 313. Los directores de los centros educativos velarán por la permanente asistencia del menor a su establecimiento, procurarán evitar que se presente la deserción escolar e investigarán las causas de la misma, si ésta se presentare.
ARTICULO 314. Para el cumplimiento del Artículo anterior, el director del establecimiento educativo citará a los padres del menor cuando se presenten dos (2) o más ausencias injustificadas en el mes.
Si se establece que el responsable es el padre, el director del establecimiento remitirá el informe a la autoridad competente para que se apliquen las sanciones contempladas en este capítulo.
Si el responsable fuere el menor se le amonestará y se exhortará a los padres; si persistiere la conducta, el director del centro remitirá el menor al defensor de familia, con el objeto de que se adelanten las diligencias de protección pertinentes.
ARTICULO 315. Cada establecimiento de enseñanza tendrá una asociación de padres de familia del plantel, para facilitar la solución de los problemas individuales y colectivos de los menores y propiciar acciones tendientes al mejoramiento de su formación integral y a la participación en actividades que involucren a los asociados en el desarrollo responsable de la crianza, cuidado de los hijos, mejoramiento de su comunidad y del proceso educativo.
ARTICULO 316. A partir del primer grado, la familia, la defensa del medio ambiente, y la instrucción cívica serán objeto prioritario de estudio en las áreas de ciencias sociales con el fin de orientar a la juventud en el verdadero sentido de los deberes familiares y de sus obligaciones como ciudadanos.
PAR. 1º. Las escuelas del Estado incorporarán en sus programas de estudio, la enseñanza en áreas que le permitan al escolar, al terminar su ciclo de educación básica, desempeñar un oficio o vincularse a labores productivas de acuerdo a la actividad laboral de la región.
PAR. 2º. El Servicio Nacional de Aprendizaje desarrollará programas especiales para la capacitación de menores en los términos y condiciones que determine el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ARTICULO 317. Los directores de los centros educativos organizarán programas institucionales de asesoría sicológica y programas extracurriculares con objetivos de recreación, desarrollo de actividades deportivas y uso creativo del tiempo libre por medio de organizaciones juveniles.
ARTICULO 318. El Ministerio de Educación Nacional establecerá un programa nacional de cursos de superación y nivelación de la etapa escolar primaria, para menores que por su edad estén atrasados con relación al promedio del curso al cual deben ingresar.
Este programa tendrá como objetivo facilitar a los menores que hubieren interrumpido el ciclo escolar, su incorporación sin traumatismos al nivel de conocimientos exigidos para el mismo.
ARTICULO 319. Los directores de los centros educativos públicos y privados no podrán imponer sanciones que comporten escarnio para el menor o que de alguna manera afecten su dignidad personal.
La expulsión del alumno de un centro de educación básica o media, sea público o privado, sólo podrá ser impuesta con fundamento en una causal previamente establecida en su reglamento y con autorización de la asociación de padres de familia del plantel. La contravención a lo dispuesto en el presente Artículo originará para el autor de la conducta una sanción de multa de treinta (30) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales diarios, impuesta a prevención por el comisario de familia, el defensor de familia, el alcalde municipal o su delegado o el inspector de policía. Si se trata de establecimiento público, el responsable incurrirá, además, en incumplimiento de funciones sancionable de acuerdo con las normas administrativas y disciplinarias vigentes.
Prohibiciones y obligaciones especiales
ARTICULO 320. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Se prohíbe la entrada de menores a salas de cine, teatros o similares donde se presenten espectáculos con clasificación para mayores y el alquiler de películas de vídeo clasificadas para adultos.
ARTICULO 321. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. La violación de lo dispuesto en el Artículo anterior acarreará al propietario del establecimiento o responsable de la explotación, multa de treinta (30) a trescientos (300) salarios mínimos legales diarios y suspensión de la licencia de funcionamiento hasta por un año, sanciones que serán impuestas a prevención por el comisario de familia, el alcalde municipal o su delegado o el inspector de policía, de oficio o a solicitud del inspector de cine.
ARTICULO 322. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Prohíbese la entrada de menores de catorce (14) años a las salas de juegos electrónicos.
Declarado exequible por la Corte Constitucional por las razones expuestas en la Sentencia C-5 de 1993.
ARTICULO 323. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Prohíbese la venta de bebidas alcohólicas a menores y su ingreso a sitios de diversión donde se presenten espectáculos que atenten contra su integridad moral o su salud física o mental.
ARTICULO 324. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. La violación de las disposiciones consagradas en los Artículos 322 y 323, acarreará al propietario del establecimiento o responsable de su explotación, multa de treinta (30) a trescientos (300) salarios mínimos legales diarios, impuesta a prevención por el comisario de familia, el alcalde municipal o su delegado o el inspector de policía.
ARTICULO 325. Derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012. Prohíbese la venta, préstamo o alquiler a menores de edad de cualquier tipo de material pornográfico.
La violación de esta disposición, acarreará al propietario o responsable del establecimiento, multa de treinta (30) a trescientos (300) salarios mínimos legales diarios, impuesta a prevención por el comisario de familia, el alcalde municipal o su delegado o el inspector de policía.
ARTICULO 326. No se podrá expulsar del hogar al hijo menor, ni impedir en forma injustificada su reintegro al mismo.
Quien incumpla lo establecido en el presente Artículo, será sancionado con multa de uno (1) a cien (100) salarios mínimos diarios, convertibles en arresto a razón de un (1) día por cada día de salario de multa.
Cuando se tratare de menor en estado de gravidez o que presente deficiencia física, sensorial o mental, o se encuentre en tratamiento médico, la sanción a que se refiere el presente Artículo no será inferior a treinta (30) salarios mínimos diarios legales convertibles en arresto en la proporción señalada en el presente Artículo.
La sanción será impuesta a prevención por el comisario de familia o el defensor de familia, según el caso, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar.
ARTICULO 327. La persona que encuentre a un menor extraviado está en la obligación de entregarlo inmediatamente a sus padres, si fueren conocidos. En caso contrario deberá informar de inmediato a la autoridad competente y entregarlo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en un término no superior a diez (10) días.
El que en forma injustificada incumpla con lo previsto en este Artículo incurrirá, siempre que su conducta no constituya delito, en multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales diarios, impuesta por el defensor de familia.
ARTICULO 328. Los embajadores y cónsules colombianos, acreditados en el exterior, cuando de ello hubieren tenido noticia, reportarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar los casos de menores colombianos que se encontraren internos en instituciones penitenciarias, correccionales o de protección, sea que dichos menores tengan o no representante legal y con el objeto de dispensarles la protección necesaria.
ARTICULO 329. En los espectáculos de carácter cultural, deportivo y recreacional, aptos para menores, los empresarios o responsables de la presentación concederán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en las respectivas regionales, en forma gratuita, el cinco por ciento (5%) de las entradas por cada presentación con destino a los menores que se encuentran con medidas de protección.
El incumplimiento de lo establecido en este Artículo dará lugar a multas sucesivas de uno (1) a cuarenta (40) salarios mínimos mensuales legales.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar establecerá el procedimiento para hacer efectiva esta concesión.
ARTICULO 330. A partir de la vigencia del presente código, todos los programas de las facultades de derecho, deberán contener una cátedra específica de derecho de menores.
TÍTULO CUARTIO
ARTICULO 331. Además de los casos consagrados en este código, el defensor de familia podrá imponer multa de uno (1) a cien (100) días de salario mínimo legal, convertibles en arresto de un (1) día por cada día de salario, a las personas que citadas por éste, por segunda vez, se abstuvieren de comparecer sin causa justificada.
En caso de renuencia del particular, además de la posibilidad de imponer nuevas multas, podrá el defensor de familia solicitar la colaboración de la fuerza pública para obtener la comparecencia del citado o la ejecución de la decisión administrativa correspondiente.
ARTICULO 332. Los dineros recaudados por concepto de las multas contempladas en este código, ingresarán al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con destino a los programas de protección especial que adelanta la entidad en beneficio del menor infractor.
PAR. Exceptúase de esta disposición el valor de las multas impuestas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, cuyo producto deberá destinarse a la capacitación de menores en situación irregular.
ARTICULO 333. Las multas a las que se refiere el presente código, prestan mérito ejecutivo y se impondrán mediante resolución motivada que se notificará personalmente al infractor. Contra ella proceden los siguientes recursos:
a) Si la multa fuere de treinta (30) salarios diarios mínimos legales o menos, sólo procederá el recurso de reposición, y
b) Si la multa tuviere un valor superior a treinta (30) salarios diarios mínimos legales, además del recurso de reposición proceden el de apelación o el de queja ante el superior jerárquico del funcionario correspondiente.
ARTICULO 334. Las multas que impongan las jueces se regirán por lo que dispongan las respectivas normas procesales.
ARTICULO 335. Contra las multas que impongan los ministros del despacho, los directores de establecimientos públicos, los alcaldes y los comisarios de familia, sólo procederá el recurso de reposición.
ARTICULO 336. Para el trámite de los recursos que se surtan ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se aplicarán en lo pertinente los Artículos 52 y siguientes del presente código. Los recursos que se interpongan ante las demás entidades en aspectos reglamentarios por este código, se sujetarán a los procedimientos propios de cada organismo.
De los permisos para salir del país
ARTICULO 337. Todo menor puede obtener pasaporte y salir del país con sus padres o con el padre supérstite o con su representante legal, sin que sea necesario acreditar documento diferente al registro civil de nacimiento en el caso de los padres biológicos o adoptivos, o copia auténtica de la providencia que confiere la representación legal o copia auténtica de la sentencia de adopción ejecutoriada o registro de defunción de quien faltare, si es el caso. Ver el art. 9 del Decreto 2150 de 1995
ARTICULO 338. Cuando un menor vaya a salir del país con uno de los padres o con persona distinta a los representantes legales, deberá obtener previamente el permiso de aquél con quien no viajare o el de aquéllos, debidamente autenticado ante notario o autoridad consular.
ARTICULO 339. El defensor de familia otorgará de plano el permiso al menor para salir del país, cuando el padre que pretende salir con el menor demuestre respecto del otro padre cualquiera de las siguientes situaciones:
1. La nulidad, divorcio o separación de cuerpos en donde exista pronunciamiento respecto al ejercicio de la patria potestad a favor de quien viaja con el menor.
2. La terminación de la patria potestad.
PAR. En los casos de adopción se observará lo previsto en el Artículo 117 del presente código.
ARTICULO 340. Corresponde además al defensor de familia del lugar de residencia del menor, conceder permiso a éste para salir del país cuando carezca de representante legal; se desconozca su paradero; no se encuentre en condiciones de otorgarlo o se halle en la situación consagrada en el Artículo 94 de este estatuto.
ARTICULO 341. El representante legal del menor o la persona de quien dependa, presentará ante el respectivo funcionario petición escrita expresando con claridad y precisión los hechos y circunstancias que la motivan, el tiempo de permanencia del menor en el exterior y las personas que puedan declarar sobre la veracidad de los hechos objeto de la petición.
A la solicitud se anexará copia del registro civil de nacimiento del menor, de matrimonio de sus padres, o de defunción según el caso y las demás pruebas que se pretenda hacer valer.
ARTICULO 342. El defensor de familia hará conocer al interesado el contenido y alcances del Artículo 182 del Código Penal, dejando constancia de esta diligencia.
ARTICULO 343. El defensor de familia, de inmediato ordenará la citación a los padres o guardadores, la práctica de una investigación socio-familiar y las demás pruebas conducentes. La investigación socio-familiar se practicará dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha del auto. El representante legal se citará mediante aviso que se publicará por una sola vez en un periódico de amplia circulación.
ARTICULO 344. Si durante el trámite de las diligencias se presenta oposición al permiso por uno de los representantes legales del menor, se suspenderá la actuación y se dará aplicación al Artículo 348 de este código.
ARTICULO 345. Surtido el trámite anterior, durante los cinco (5) días siguientes el defensor de familia producirá su decisión mediante resolución motivada, que deberá ser notificada personalmente y contra la cual caben los recursos consagrados en el Artículo 51 del presente código.
ARTICULO 346. En firme la resolución que concede el permiso, se enviarán copias al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la división de extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.
ARTICULO 347. La autorización para salir del país tendrá una vigencia de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de expedición de la resolución.
ARTICULO 349. La jurisdicción de familia conocerá de los asuntos de menores, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2272 de 1989 y en el presente código.
ARTICULO 350. En las actuaciones judiciales que versen sobre las materias reguladas por este código se aplicarán, salvo disposición especial en contrario, las siguientes reglas:
1. El juez deberá adoptar las medidas previstas en este código, las cautelares y comunes consagradas en el Código de Procedimiento Civil y todas aquellas que estime necesarias para la gratuita y rápida solución de los procesos; la protección de los derechos humanos y de los aquí establecidos para el menor de edad, y la guarda de reserva de copias y de publicidad de las actuaciones judiciales y prejudiciales, so pena de incurrir en mala conducta en caso de mora o negligencia grave en detrimento de los intereses del menor.
Podrá comisionarse para la práctica o el cumplimiento de las medidas cautelares o de protección del menor, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o a la entidad pública competente, a entidades especializadas y reconocidas, o a instituciones o personas particulares de buen crédito.
2. Las partes y sus apoderados, así como las demás personas vinculadas en una u otra forma con el proceso, además de los deberes legales especiales, deberán actuar durante aquél, aún en la defensa de sus derechos, con el respeto oportuno y eficaz de los derechos ajenos y, ante todo, de la dignidad y derechos del menor, quien en todo caso será protegido en sus intereses por el defensor de familia aun cuando concurra el representante legal. El incumplimiento de estos deberes, salvo norma especial diferente, lo sancionará el juez con multa de dos (2) a cinco (5) salarios mínimos mensuales, con la suspensión de los derechos del infractor hasta por dos (2) meses, o con la extinción de los mismos, según la gravedad de la falta y previo el trámite de un incidente.
3. En los asuntos de familia en que se encuentren involucrados menores y que de acuerdo con su naturaleza se tramitan por el proceso verbal sumario establecido en el Decreto 2282 de 1989 y en la reclamación de alimentos establecida en este código, procederá la acumulación de pretensiones, procesos o actuaciones a que haya lugar.
4. Ante el incumplimiento de las decisiones sobre custodia o cuidado personal ordenada por el juez competente, éste podrá aplicar lo dispuesto en el Artículo 72 del presente código.
ARTICULO 351. Créanse dentro de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los siguientes cargos:
84 defensores de familia
código 3125
60 secretarios,
70 profesionales universitarios
grado 06.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar destinará los cargos a que se refiere el presente Artículo, al cumplimiento de las funciones establecidas en este código. El director general podrá distribuir los cargos de acuerdo con las necesidades del servicio.
ARTICULO 352. El gobierno realizará las operaciones presupuestales y de crédito necesarias para la cumplida ejecución del presente código.
ARTICULO 353. Derógase la Ley 83 de 1946, el Artículo 48 de la Ley 75 de 1968, la Ley 5ª de 1975, la Ley 20 de 1982, el Decreto 1818 de 1964, el Artículo 28 del Decreto 522 de 1971, los Artículos 112 y 221 del Código Nacional de Policía, el Decreto 752 de 1975, el capítulo segundo del título cuarto del libro tercero del Código de Procedimiento Penal relativo a los juicios ante los jueces de menores y demás disposiciones que le sean contrarias.
ARTICULO 354. El presente código entrará a regir a partir de la fecha de su publicación y su vigencia se iniciará, con excepción de las normas contenidas en la sección quinta del capítulo cuarto del título segundo, el 1º de marzo de 1990.
En las actuaciones y procesos iniciados antes del 1º de marzo de 1990 de los que trata el presente código, los recursos interpuestos, la práctica de las pruebas decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o principió a surtirse la notificación.
Dado en Bogotá, D.E., a 27 de noviembre de 1989

References: Artículo 57
 resolución 
 Artículo 37
 resolución 
 Artículo 39
 resolución 
 resolución 
 Artículo 39
 Artículo 50
 Artículo 206
 Artículo 57
 resolución 
 Artículo 60
 Artículo 61
 resolución 
 Artículo 81
 resolución 
 resolución 
 Artículo 61
 Artículo 81
 resolución 
 Artículo 140
 Artículo 116
 Artículo 108
 Artículo 113
 resolución 
 Artículo 118
 Artículo 136
 Artículo 137
 Artículo 101
 Artículo 136
 Artículo 101
 Artículo 305
 Artículo 160
 Resolución 
 Artículo 165
 Artículo 57
 Artículo 204
 Artículo 204
 Artículo 58
 Artículo 204
 Artículo 204
 Artículo 204
 Artículo 204
 Resolución 
 Artículo 238
 Artículo 59
 Artículo 267
 Artículo 443
 Artículo 49
 Artículo 11
 Artículo 2
 Artículo 3
 Resolución 
 Artículo 198
 resolución 
 Artículo 117
 Artículo 94
 Artículo 182
 Artículo 348
 resolución 
 Artículo 51
 resolución 
 Artículo 72
 Artículo 48
 Artículo 28