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Timestamp: 2019-03-21 20:01:13+00:00

Document:
201210-Sala Penal Segunda-2-242
AUTO SUPREMO Nº 242/2012-RRC
Expediente : Chuquisaca 7/2012
Parte Imputada : Apolinar Padilla Heredia
El recurso de casación interpuesto por Apolinar Padilla Heredia, cursante de fs. 597 a 611 vta., mediante el cual impugna el Auto de Vista 180/12 de 8 de agosto de 2012, que cursa de fs. 434 a 444, pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente, por la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).
Miguel Ángel Churruarrin Velasco, Fiscal de Materia, por requerimiento cursante de fs. 51 a 54, presenta acusación formal contra el imputado Apolinar Padilla Heredia, por la comisión del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, causa que radicó en el Tribunal de Sentencia de Padilla, instancia donde luego del desarrollo del juicio oral se dictó la Sentencia 003/2011 de 9 de noviembre, cursante de fs. 194 a 202, mediante la cual se declaró al imputado, autor de la comisión del delito acusado, condenándole a la pena privativa de libertad de diez años.
Notificado con la referida Sentencia, Apolinar Padilla Heredia, por memorial cursante de fs. 214 a 228, interpuso recurso de apelación restringida, el que fue resuelto por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que dictó el Auto de Vista 180/12 de 8 de agosto de 2012 (fs. 434 a 444), mediante el cual declaró IMPROCEDENTE los motivos del recurso de apelación restringida, consecuentemente confirmó la Sentencia.
El recurrente habiendo sido notificado con el Auto de Vista, interpuso el recurso de casación que es motivo de autos.
Expresa que, el Auto de Vista 180/12, fue emitido por un Tribunal ilegalmente conformado, lo que constituiría defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP); a este efecto señala que el Tribunal de alzada, donde radicó la causa en apelación, estuvo conformado por los Vocales Iván Sandoval Fuentes y Sandra Molina Villarroel, quienes intervinieron en la radicatoria y fundamentación oral del recurso, y que por sorteo, la causa pasó a conocimiento de la Vocal Sandra Molina Villarroel, como relatora, autoridad que presentó un proyecto que sólo respondía a uno de los agravios expuestos en su recurso, hecho que hubiera motivado la disidencia del otro Vocal; por ello mediante decreto de 8 de junio de 2012, se procedió a convocar a José Antonio Revilla Martínez, Vocal de la Sala Civil, quien junto al Vocal Iván Sandoval Fuentes, emitieron el Auto de Vista recurrido. Sobre este motivo, el recurrente precisa que como parte procesal le era imposible observar la convocatoria y/o recusar al Vocal José Antonio Revilla Martínez, por el simple hecho de que no tuvo conocimiento de la convocatoria y recién tuvo conocimiento de este acto procesal cuando fue notificado con el Auto de Vista impugnado; con ese antecedente, afirmando que se vulneró su derecho al debido proceso, a un juez natural, competente, independiente e imparcial.
Con respecto al segundo motivo del recurso, manifiesta que el Auto de Vista impugnado, en lo que respecta al primer motivo de la apelación restringida, lo hace con absoluta falta de fundamentación, pertinencia y congruencia, constituyendo defecto de la Sentencia y defecto absoluto conforme a lo previsto en los arts. 370 inc. 1) y 169 inc. 3) ambos del CPP, ya que no se hubiera resuelto los dos fundamentos alegados en dicho motivo, relacionados a la omisión en que hubiera incurrido el Tribunal de Sentencia al no establecer fundadamente cuáles fueron "los medios y circunstancias contenidos en los art. 308, 308 bis, 308 ter del CP", que fueron establecidos por el Tribunal sentenciador para concluir que concurre al caso concreto el delito de Abuso Deshonesto.
Como tercer motivo del recurso de casación acusa que el Auto de Vista recurrido, incurre en defecto absoluto al resolver el segundo motivo de la apelación restringida, vulnerando el debido proceso en su elemento de fundamentación, pertinencia, el principio tantum devolutum quatum apellatum, así como el derecho a la defensa, establecidos en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE), y 124 y 398 del CPP, porque en el segundo motivo de su recurso, hubiera planteado agravios de manera amplia, como ser: que el Tribunal de instancia se basó en prueba de cargo indirecta y referencial del hecho; que dicho Tribunal, omitió explicar de manera motivada y razonada cuál el valor que le asignó individualmente a la prueba testifical de descargo; que respecto a la prueba de cargo del Ministerio Público, el referido Tribunal hubiera realizado una descripción ligera y parcial, violando el art. 173 del CPP, lo propio respecto a las otras pruebas.
Respecto al cuarto motivo del recurso, denuncia que el Auto de Vista impugnado, incurre en defecto absoluto al resolver el tercer motivo de su apelación restringida, vulnerando el debido proceso en su elemento a la fundamentación y derecho a la defensa, señalando que denunció que la Sentencia no contenía fundamentación en cuanto a los elementos del delito (tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad), y en cuanto a la autoría, que no fundamentó conforme al art. 124 del CPP, y que tales cuestionamientos no fueron resueltos por el Tribunal ad quem.
Como quinto motivo del recurso, denuncia que el Auto de Vista impugnado, nuevamente incurre en defecto absoluto, al resolver el cuarto motivo de la apelación restringida, vulnerando el debido proceso en su elemento a la fundamentación razonable, en lo que respecta a su denuncia en sentido de que el Tribunal de Sentencia, de oficio incluyó hechos que no estaban descritos en la acusación pública, situación prohibida por determinación del art. 342 del CPP.
Como un último motivo del recurso de casación, denunció que el Auto de Vista objetado, al resolver el quinto motivo de su recurso de apelación restringida, vulneró el debido proceso en su elemento a la fundamentación y motivación razonable, así como al derecho a la defensa, en lo que respecta a su denuncia en sentido de que el Tribunal de Sentencia violó el principio de inmediación y el derecho a la defensa, porque valoró la declaración de la menor víctima que no fue prestada en juicio, sino ante los peritos psicólogos, sin que su declaración haya sido sometida a la inmediación ni el contradictorio, y que tal prueba fue valorada para emitir la Sentencia condenatoria.
El recurrente solicita que, el Tribunal Supremo de Justicia, deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, estableciendo doctrina legal aplicable, y disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, emita nueva resolución con la debida fundamentación respondiendo de manera racional y congruente sobre cada una de las cuestiones planteadas.
Mediante Auto Supremo 215/2012-RA de 6 de septiembre, este Tribunal declaró admisible el recurso de casación interpuesto por Apolinar Padilla Heredia.
II.1. Juicio oral y Sentencia
El Ministerio Público, presentó acusación formal contra Apolinar Padilla Heredia, por la comisión del delito previsto y sancionado por el art. 312 del CP, causa que fue radicada en el Juzgado de Sentencia de Padilla, donde se desarrolló el juicio oral y concluido el mismo se dictó la Sentencia 003/2011 de 9 de noviembre, mediante la cual se declaró al imputado autor de la comisión del delito acusado, imponiéndole la pena de privación de libertad de diez años.
II.2 Apelación restringida y su Resolución
El recurso de apelación restringida interpuesto por Apolinar Padilla Heredia, exponiendo los siguientes motivos: a) Defecto de la Sentencia previsto en el art. 370 inc. 1) del CPP, por errónea aplicación de la Ley Sustantiva Penal; b) Sentencia basada en valoración defectuosa de la prueba, previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, por violación a los art. 173, 124 y 359 del CPP; c) Defecto de Sentencia previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, por insuficiente fundamentación de la Sentencia, en violación del art. 124 del mismo Código y 115.II de la CPE; d) Defecto absoluto previsto por el art. 169 inc. 3) de la Ley Adjetiva Penal, por violación al principio de congruencia previsto en el art. 362 y la prohibición prevista en el art. 342 párrafo tercero, ambos del CPP como elemento del debido proceso protegido por el art. 115 de la CPE; y, e) Defecto absoluto de Sentencia previsto por el art. 169 inc. 3) del CPP, por violación del art. 330 de la referida Ley Adjetiva Penal.
Los memoriales que cursan de fs. 231 a 235 y 237, mediante los cuales Miguel Ángel Churruarrin Velasco, Fiscal de Materia y Félix Ovando Hinojosa, respectivamente, responden al recurso de apelación restringida, pidiendo que la misma sea rechazada.
Providencia de 10 de enero de 2012 (fs. 252), por la que el Ad quem, observó el recurso de apelación restringida, con respecto al segundo motivo del recurso. Notificado con esta observación, el imputado a través de su apoderado Edward Milton Ibarra Peñaranda, presentó el memorial cursante de fs. 261 a 269.
La providencia que cursa a fs. 270, mediante la cual se radicó la causa y se señaló audiencia única y exclusivamente para la fundamentación oral complementaria.
Acta de Audiencia Pública de fundamentación oral complementaria del recurso de apelación restringida (fs. 282 a 284).
Auto de Vista 49/12 de 6 de febrero de 2012 (fs. 285 a 293), que fue dejado sin efecto mediante Auto Supremo 58/2012 de 30 de marzo, cursante de fs. 384 a 388.
Providencia de 13 de abril de 2012 (fs. 403) pronunciada por el Presidente de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por la cual en cumplimiento del Auto Supremo 58/2012, ordenó al apelante subsane las observaciones realizadas al recurso de apelación restringida.
Memorial cursante de fs. 419 a 426, por el cual se subsana la observación y mereció la providencia de 23 de abril de 2012 (fs. 427).
Acta de audiencia de fundamentación oral complementaria cursante de fs. 431 a 432.
Nota de sorteo de expediente (fs. 432 vta.), en el que consta que Sandra Molina Villarroel, fue designada como Vocal relatora del proyecto del Auto de Vista.
Providencia de 8 de junio 2012 (fs. 433), por la cual la Vocal Sandra Molina Villarroel, dispone que: "En merito a que no existe los votos suficientes para emitir Resolución, estando declarado en comisión el Dr. Carlos Bernal Tupa, Vocal de la Sala Social y Administrativa, se convoca al Dr. Jose Antonio Revilla, vocal de turno de la Sala Civil Primera de este Tribunal Departamental de Justicia y sea con noticia de sujetos procesales" (sic) convocó a José Antonio Revilla Martínez, Vocal de Turno de la Sala Civil Primera, providencia con la que fue notificada la mencionada autoridad, pero no así las partes.
Auto de Vista 180/12 de 8 de agosto de 2012 (fs. 434 a 444), por el cual se declaró Improcedente los motivos del recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia; Resolución que está rubricada por los Vocales Iván Sandoval Fuentes de la Sala Penal Primera y José Antonio Revilla Martínez de la Sala Civil Segunda.
Memorial que cursa a fs. 449, mediante el cual el imputado solicita explicación y complementación del Auto de Vista ahora impugnado, solicitud que fue contestada mediante la providencia cursante a fs. 450.
III.1. Del principio de publicidad vinculado al derecho a defensa
Los arts. 178.I y 180.I de la CPE, como uno de los pilares en los que se sustenta la potestad de impartir justicia en la jurisdicción ordinaria, instituye al principio de publicidad, que en materia procesal penal, conforme concluyó el Tribunal Constitucional se constituye: "...como una garantía para el individuo sometido a juicio, que es parte en el proceso o víctima de ella, como instrumento de control de la actividad jurisdiccional y como una concepción de la democracia y el Estado de Derecho, es un principio informador de todo el ordenamiento jurídico y de los actos jurídicos. Sin publicidad, la Ley o el acto jurídico se reputa inexistente, no constituye un mero formalismo del que se puede prescindir por criterio del juzgador; es más en el proceso penal se hace más evidente, por tratarse del instrumento más peligroso de lesión de los derechos y libertades fundamentales, por esa razón, la exigencia de publicidad es mucho más radical en el proceso penal que en cualquier otro" Sentencia Constitucional (SC). 1106/2004-R de 14 de julio.
Este principio se encuentra estrechamente vinculado al derecho a defensa, por ello, de conformidad a este principio y lo dispuesto por el art. 160 del CPP, todas la resoluciones judiciales deben ser puestas en conocimiento de las partes, para que estas puedan hacer uso de los recursos y medios que la ley les franquea para hacer valer sus derechos; la inobservancia de este acto procesal vulnera derechos y garantías constitucionales que según dispone el art. 169 inc. 3) del CPP, constituye defecto absoluto no susceptible de convalidación.
En el caso de autos, el recurrente en el primer motivo del recurso de casación, denuncia que el Auto de Vista impugnado, fue dictado por un Tribunal ilegalmente conformado y que como procesado le era imposible observar la convocatoria y/o recusar al Vocal José Antonio Revilla Martínez, porque no tuvo conocimiento de la convocatoria de éste y que tomó conocimiento de ese actuado procesal recién cuando fue notificado con el Auto de Vista recurrido; concluye afirmando que estas actuaciones procesales vulneran sus derechos al debido proceso, a la defensa y los principios rectores de la jurisdicción ordinaria contenida en el art. 180 de la CPE, constituyendo defecto absoluto insubsanable.
Mediante Auto Supremo 215/2012-RA de 6 de septiembre, este Tribunal Supremo, ante la denuncia de vulneración de derechos fundamentales que constituyen defecto absoluto, consideró admisible este motivo del recurso en uso de los presupuestos de flexibilización; con ese antecedente corresponde verificar si lo denunciado por el recurrente es evidente, en esa labor se puede verificar que el Ad quem, por providencia de 8 de junio de 2012, al no existir los votos suficientes para emitir resolución convocó a José Antonio Revilla Martínez, Vocal de turno de la Sala Civil Primera, ordenado que sea con noticia de los sujetos procesales; ahora bien, de antecedentes, se advierte que no se cumplió con la notificación de las partes con esta convocatoria, restringiéndoles que puedan hacer uso de los recursos que les otorga la ley, como la recusación si consideraban que existía una causal para ello. Consecuentemente, es cierto la denuncia que realiza el recurrente, que se lesionó su garantía del debido proceso, en cuanto corresponde a su derecho a la defensa, puesto que no tuvo conocimiento de la decisión del Tribunal de alzada, de convocar a otro Vocal para dirimir la resolución, cuartándosele con esta omisión el derecho de hacer uso de los recursos que le franquea la ley, como el de observar esta convocatoria o recusar al convocado; constituyendo esta omisión un defecto absoluto no susceptible de convalidación conforme previene el art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración de los arts. 178 y 180 de la CPE, además un desconocimiento de la SC 0858/2003-R de 24 de junio, que sobre el particular concluyó: "Por otra parte, de conformidad al principio de publicidad, todos los actos procesales deben ser puestos en conocimiento de las partes a efecto de que puedan utilizar los recursos y medios que la Ley les franquea para hacer valer los derechos que estiman les asisten (...) al no haberse notificado al recurrente (ni a su contraparte) con la convocatoria que se hizo a la vocal JMP para formar Sala y al haberse emitido directamente el auto de vista impugnado en la presente acción, se ha lesionado el derecho a la defensa de REBR, por cuanto el mismo materialmente se ha encontrado en la imposibilidad de impugnar -si así consideraba conveniente- la convocatoria a través del recurso de recusación y expresar las razones por las que consideraba que la vocal convocada debía haber sido apartada del conocimiento del asunto".
La falta de notificación a las partes con la providencia de 8 de junio de 2012, tiene como inevitable consecuencia la reposición de obrados hasta que el Tribunal de alzada cumpla con la notificación con el citado actuado procesal, entonces por lógica consecuencia el Auto de Vista impugnado, carece de eficacia jurídica, situación que impide a este Tribunal Supremo, ingresar al análisis de los restantes motivos del recurso de casación.
Respetando el principio de publicidad que está estrechamente vinculado a la garantía del debido proceso y al derecho a la defensa, por la trascendencia de los procesos penales en los que se encuentran comprometidos derechos fundamentales tales como la libertad; ante una disidencia se hace ineludible la obligación que tiene el Tribunal de alzada, de notificar a las partes con la convocatoria de un otro Vocal para la resolución del recurso, esto con la finalidad de garantizar que las partes puedan hacer uso de los recursos que les faculta la ley, como la recusación si consideran que existe una causal para ello.
Se deja en indefensión a las partes cuando el Tribunal de alzada, omite notificar a las partes con la resolución que convoca al Vocal dirimente, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación, conforme se interpreta del art. 169 inc. 3) del CPP, por vulneración de derechos y garantías constitucionales.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 180/12 de 8 de agosto de 2012, cursante de fs. 434 a 444, disponiendo que la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida.

References: resolución 
 Resolución

 Resolución 
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