Source: https://temasdederecho.wordpress.com/category/ensayos-y-monografias/derecho-administrativo/
Timestamp: 2017-06-29 12:18:01+00:00

Document:
Derecho Administrativo | Temas de Derecho
Archivo de la categoría: Derecho Administrativo
Los Recursos Administrativos y Contencioso-Administrativos
Deja un comentario	Existen dos categorías de recursos que pueden ser ejercidos con relación a los actos y operaciones de la Administración: los recursos administrativos y los recursos contenciosos.
Los recursos administrativos, son los medios de que disponen los interesados para obtener por la vía administrativa la reconsideración de aquellos actos que estimen contrarios a la ley, la equidad o la conveniencia colectiva. Los recursos administrativos son dos: el de reconsideración o reposición, o sea, la solicitud dirigida al propio autor del acto impugnado para que lo revoque o modifique, y el recurso jerárquico, o sea, la solicitud dirigida al superior, para que revise la decisión impugnada y la revoque o modifique.
Por el contrario, los recursos contenciosos son los medios de que disponen los interesados para someter ante un tribunal, en la forma legal, una pretensión jurídica, con la finalidad de que ésta sea satisfecha mediante una sentencia. Estos recursos se denominan contenciosos, porque en todos ellos, hay siempre un emplazamiento en virtud del cual quedan enteradas del procedimiento intentado todas las personas interesadas en oponerse a la pretensión del actor, y en hacer valer en el juicio sus puntos de vista. En principio, estos recursos provocan una contención.
Los recursos contenciosos, se plantean ante órganos jurisdiccionales, eso es, ante tribunales. El recurso contencioso, se puede fundar únicamente en infracciones de reglas de derecho. Las facultades del órgano jurisdiccional que conoce de un recurso contencioso son limitadas, y en ningún caso puede incurrir en ultrapetita, esto es, no puede conceder más de lo pedido por el recurrente. El pronunciamiento que se emite en relación con un recurso contencioso es una sentencia, provista de la autoridad de la cosa juzgada.
Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Administrativo, Derecho Contencioso Administrativo y está etiquetada con derecho administrativo, recurso de reconsideración, recurso jerárquico, recursos administrativos, recursos contencioso administrativos en 7 de noviembre de 2012 por Livia Hernández.	Principios Fundamentales del Derecho Público
Deja un comentario	El Derecho público es la parte del ordenamiento jurídico que regula las relaciones entre las personas y entidades privadas con los órganos que ostentan el poder público cuando estos últimos actúan en ejercicio de sus legítimas potestades públicas (jurisdiccionales, administrativas, según la naturaleza del órgano que las detenta) y según el procedimiento legalmente establecido, y de los órganos de la Administración pública entre sí.
En términos genéricos, se puede entender por principios fundamentales aquellos que, al caracterizar a una cosa, le dan de alguna manera su naturaleza específica.
Son principios fundamentales del Derecho Público, aquellas normas que por su naturaleza especial están destinadas a servir de conceptos básicos de esta “rama del saber jurídico” y que la diferencian de otros principios generales del Derecho aplicables en el campo del Derecho Privado.
Ahora bien, los principios del Derecho público pueden variar de un Estado a otro. Sin embargo, la doctrina jurídica moderna ha establecido dos de manera prácticamente unánime: el principio de legalidad, es decir, someter al Estado al cumplimiento del ordenamiento jurídico, y todos los principios para el mantenimiento del desenvolvimiento del Estado democrático, es decir, que permitan la mayor realización espiritual y material posible.
En Venezuela, las Leyes de la República se han encargado de definir estos principios que apuntan al ejercicio del Poder Público, básicamente la Carta Fundamental en el Título IV, Capítulo I (De las Disposiciones Fundamentales). Los más importantes de estos principios son:
Se encuentra establecido en el Artículo 137 de la Carta Magna venezolana, y es el principio según el cual toda actividad del Estado debe estar conforme con el Derecho del Estado.
Bracho (2000), se refiere al principio de legalidad como “una consecuencia de la noción general de Estado de Derecho y establece una relación que algunos autores denominan auto vinculación: sujeción de las autoridades a sus propias normas”. (p. 64).
Además de consecuencia, constituye el pilar fundamental del Estado de Derecho y quien más directamente lo garantiza, siendo en gran medida los otros principios, sus subordinados lógicos, pues sin esta legalidad no podrían funcionar.
La consecuencia fundamental del principio de la legalidad es la nulidad o anulabilidad de los actos contrarios a la legalidad.
Lares (citado en Bracho, 2000), acota que la legalidad para el Derecho Público tiene un doble significado, a saber:
En sentido estricto: Sumisión de todos los actos estatales a la Ley, a la Legislación en sentido lato: la Constitución, las leyes y Reglamentos.
En sentido amplio: Sometimiento de los actos individuales y concretos, provenientes de una autoridad a las normas generales y abstractas, previamente decididas, sean o no de origen legislativo e inclusive provenientes de la misma autoridad; se le consagra en el Artículo 13 de la Ley Orgánica de procedimientos Administrativos.
Presunción de Legalidad de los Actos del Poder Público
En tanto no se demuestre la invalidez de un acto administrativo, tendrá pleno valor y producirá todos sus efectos, como si realmente estuviera perfectamente ceñido a las normas legales. Es una presunción iuris tantum, es decir, que admite pruebas en contrario, su establecimiento obedece a razones de orden práctico, para garantizar el funcionamiento de las actividades públicas.
De acuerdo a la doctrina, sólo puede sostenerse esta presunción cuando reúne condiciones mínimas de legitimidad.
Debiendo el acto:
-Venir de una autoridad legítima.
-No estar expresamente proscrito por la Constitución o las leyes.
-No ser de ejecución imposible.
-No implica la realización de un delito. No haber sido dictado por autoridad manifiestamente incompetente.
-No haberse apartado totalmente del procedimiento legal.
Se encuentra definido en la Constitución en su Artículo 137, cuando dispone: “La Constitución y la ley definirán las atribuciones de los órganos que ejercen el Poder Público, a las cuales deben sujetarse las actividades que realicen”.
Se entiende como la aptitud legal de los órganos del Estado, o en palabras, como el conjunto de facultades, de poderes y de atribuciones que le han sido legalmente asignadas para actuar en sus relaciones con los otros órganos del Estado y con los particulares.
Concede una facultad, pero establece una obligación y un límite dentro del cual puede actuar el órgano.
Caracteres de la Competencia según Brewer
-Requiere texto expreso, esto es, no puede ser deducida o extrapolada, debe ser establecida directamente en una norma.
-Está regulada por normas de orden público, es decir, no puede su ejercicio ser convenido a tenor de la noción de orden -público del Código Civil. “Artículo 6: No pueden renunciarse ni relajarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden público o las buenas costumbres”.
-Pueden establecer una mayor o menor libertad sobre la oportunidad o conveniencia de actuar (discrecionalidad).
-No puede ser libremente delegada en un funcionario inferior, se requiere que la Ley permita o autorice esa delegación.
Factores Condicionantes de la Competencia
Territorio: Circunscrita a un ámbito territorial determinado. Se es competente en un determinado lugar; Por ejemplo: Municipio Lagunillas.
Materia: Forma normal de la determinación, conjunto de actividades, tareas o sectores, que la Ley asigna a un órgano del Estado. Se es competente en determinada materia; Por ejemplo: la materia penal.
Grado: Hay competencia según el nivel. Se es competente dentro de una jerarquía.
Tiempo: Las competencias pueden ser temporales. Se es competente durante el período del ejercicio.
Es el principio con base en el cual la estructura de los órganos del poder público es piramidal, existiendo en la cima un órgano supremo que tiene poderes absolutos de dirección y vigilancia.
Implica para el órgano superior el poder de:
–Dar órdenes en forma específica o general mediante instrucciones y circulares.
–Emanar directivas para la orientación de su actividad.
-Vigilar sobre todos los actos de sus subordinados.
–Abocarse en previsión de la inercia.
-Sustituirse al órgano inferior en la hipótesis de inercia del mismo.
-Delegar al órgano inferior un acto que entra en su competencia, dentro de lo que la ley le permita.
-Anular o modificar motu proprio (iniciativa propia) o a instancia de parte, los actos de los órganos inferiores reconocidos ilegítimos o inoportunos.
-Resolver los conflictos de competencia de los órganos inferiores.
Se distingue en Derecho Público, el derecho que pueden tener los particulares por daños y perjuicios que le hayan sido causados por la responsabilidad del Estado, es decir, por la actuación ilegítima del Estado, de la Administración, de aquella otra que es debida por el Estado al titular de ciertos derechos que ceden ante el ejercicio legítimo de una potestad administrativa.
La Constitución de la república Bolivariana de Venezuela establece claramente el principio como una de sus bases constitucionales en el Artículo 6 “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables”.
Establece las condiciones en las que ésta procede:
Fija los mecanismos para la expropiación de bienes particulares:
Artículo 115. Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce o disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes.
Determina la responsabilidad por actos administrativos que lesionan situaciones jurídicas subjetivas: Artículo 140. “El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.
Se evidencia del TÍTULO I, de la Constitución, que señala taxativamente los PRINCIPIOS FUNDAMENTALES de la Carta Magna, los cuales están desarrollados, desde el artículo 1° al 9°. Estos Principios Fundamentales que cita la Constitución, se reproducen de la manera siguiente: Son derechos irrenunciables de la Nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad territorial, y la autodeterminación nacional.
Venezuela se constituye en un Estado democrático, social, de Derecho, de vida, libertad, justicia, igualdad, solidaridad, democracia, responsabilidad social, Derechos humanos, ética, y pluralismo político.
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y desarrollo de la persona, respeto a su dignidad, al ejercicio democrático de la voluntad popular, sociedad justa amante de la paz, prosperidad y bienestar del pueblo.
La República es un Estado federal descentralizado, de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, y corresponsabilidad.
La soberanía reside en el pueblo, (….) Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
El gobierno y las entidades políticas, son y serán siempre: Democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista, y de mandatos revocables.
Del estudio y análisis a los –Principios Fundamentales de la Constitución- se verifica, que los mismos se encuentran totalmente plasmados en la serie de artículos contenidos en el texto Constitucional. Artículos éstos, que literalmente los convierten en Reserva Democrática Constitucional, y que no podrán ser alterados, sin poner en peligro los postulados del sistema democrático de la República.
El Principio de Especialidad: Según el cual cada órgano debe actuar dentro de sus propias competencias.
La jerarquía superior que acuerda la Constitución a las normas de las leyes orgánicas sobre las leyes ordinarias se antepone a los demás principios de solución de colisión entre normas jurídicas, como son el principio de especialidad y el principio de posterioridad, a tenor de los cuales las normas especiales privan sobre las generales de igual jerarquía y las normas posteriores privan también sobre las normas anteriores de igual rango.
Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Administrativo y está etiquetada con actos del poder público, caracteristicas de la competencia, Derecho Público, factores de la competencia, grado, materia, presunción de legalidad, principio de competencia, principio de especialidad, principio de jerarquía, Principio de Legalidad, principio de responsabilidad del Estado, principios constitucionales, principios del derecho público, territorio, tiempo en 9 de octubre de 2012 por Livia Hernández.	Los Estados como Personas Territoriales del Derecho Público
Deja un comentario	Las personas o entidades públicas se dividen en territoriales y no territoriales. En las primeras, el territorio constituye un elemento esencial, y sobre él la entidad ejerce ciertos derechos. Estas entidades juegan un papel fundamental en la división territorial del Estado.
En las entidades no territoriales el territorio no es un elemento esencial; es solamente el espacio físico donde puede la entidad ejercer su actividad.
Ahora bien, en el caso del derecho público venezolano son entidades territoriales:la República, los Estados y los Municipios, siendo los Estados los que interesan en el presente informe.
Se desprende de todo lo anterior que los Estados de la unión venezolana no son simples divisiones geográficas y administrativas dela República, cada uno de ellos tiene personalidad jurídica, es decir, es un sujeto de derecho, lo que significa que cada Estado tiene capacidad jurídica para adquirir bienes y toda clase de derechos, para contraer obligaciones y comparecer en juicio, como demandante y como demandado.
Los estados son las entidades políticas que componenla Nación, señaladas en el ordinal 1º del artículo 19 del Código Civil, en la enumeración de personas jurídicas. Es por ello que los Estados son, personas jurídicas públicas.
Asimismo,la Constitucióndela República Bolivarianade Venezuela, establece en su Artículo 16 que “Con el fin de organizar políticamentela República, el territorio nacional se divide en el de los Estados, el del Distrito Capital, el de las dependencias federales y el de los territorios federales. El territorio se organiza en Municipios”.
Soberanía y Autonomía De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 159 dela Constitución, los Estados son entidades autónomas e iguales en lo político, con personalidad jurídica plena, y quedan obligados a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional.
La Constituciónvenezolana dictada en1864, araíz del triunfo dela Revolución Federal, y casi todas las que la siguieron hasta la de 1936, inclusive, declararon que los Estados se reservan la soberanía no delegada expresamente en el Poder dela Unión. Entales Constituciones se acogió, pues la doctrina de la distribución de la soberanía entre el Estado Nacional y los Estados integrantes dela Unión.
Enla Constituciónactual, igual que en las de 1947 y 1953, no se habla de soberanía de los Estados. El texto constitucional se limita a proclamar la autonomía de los Estados. La autonomía consiste en la aptitud para darse sus propias normas de gobierno y administración dentro de los límites fijados por el pacto fundamental. No creemos que en ningún régimen federal pueda hablarse con propiedad de la soberanía de los Estados, ya que es rasgo esencial del federalismo que los Estados se den sus propias instituciones, sin intervención del poder central, pero con sujeción al pacto federal, y esto último basta para descartar la idea de soberanía.
Reparto de Competencias En el Estado Federal, escribe Linares Quintana (citado en Lares, 2001), las atribuciones políticas esenciales están distribuidas o repartidas en dos órdenes gubernativas diferentes: el gobierno central y los gobiernos locales, que coexisten, armónica y coordinadamente dentro del mismo territorio.
En efecto, bajo el sistema federal, los poderes de gobierno y administración están divididos entre el gobierno nacional y los gobiernos de los Estados, por lo cual ofrece capital importancia la determinación exacta de la esfera de actividad atribuida a cada una de estas entidades. El reparto de competencias entre el poder nacional y el poder de los Estados es el problema más importante para resolver a la hora de organizar un Estado federal. Los criterios seguidos para el establecimiento del deslinde de competencias han sido los siguientes: 1º) Enumeración de todas las materias sobre las que se confiere competencia al poder nacional por un lado, y a los gobiernos estatales por el otro; 2º) Enumeración de las materias atribuidas al gobierno nacional, y reserva de los poderes remanentes a los gobiernos estatales; 3º) Enumeración de las materias que corresponden al gobierno de los Estados y reserva de las materias no enumeradas al gobierno nacional.
En Venezuela se ha acogido el segundo de los criterios expuestos, esto es, el de la enumeración de materias atribuidas al poder nacional y de reserva a los Estados de las materias no enumeradas.
Segúnla Constituciónde 1864, «los Estados que forman la unión venezolana reconocen recíprocamente sus autonomías, se declaran iguales en entidad políticas y conservan en toda su plenitud la soberanía no delegada expresamente en esta, Constitución» (Artículo 12). Esa disposición aparece corroborada por el Artículo 90 de esa misma Constitución, que expresa: «Todo lo que no esté expresamente atribuido ala AdministraciónGeneraldela Uniónen esta Constitución, es de la competencia de los Estados».
El citado principio sólo se eclipsó enla Constituciónde 1953, conforme a la cual competía al poder nacional toda materia no atribuida enla Constitucióna otros poderes (numeral 20, Artículo 60).
Enla Constituciónactual se reconoce el poder de los Estados en las materias no enumeradas, al disponer que «todo lo que no corresponda, de conformidad con esta Constitución, a la competencia nacional o municipal» es la competencia de cada Estado.
Materias de la Competencia de los Estados
Corresponde a la competencia exclusiva de los Estados, conforme al artículo 164 dela Constitución: a) Dictar su Constitución para organizar los poderes públicos; b) La organización de sus Municipios y demás entidades locales y su división político-territorial; e) La administración de sus bienes y la inversión y la administración de sus recursos, incluso de los provenientes de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se le asignen como participación en los tributos nacionales; d) La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes nacionales y estadales; e) El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción; f) La organización de la policía y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal; g) La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos del papel sellado, timbres y estampillas; h) La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales; i) La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales; j) La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial; k) La competencia residual, esto es, todo lo que no corresponde, de conformidad conla Constitución, a la competencia nacional o municipal.
Organización de los Poderes Públicos Corresponde a los Estados, organizar sus poderes públicos conforme a los principios establecidos por el pacto fundamental de la unión. El Consejo Legislativo de cada Estado dicta una Constitución y algunas leyes que la complementan en lo relativo a la organización del gobierno, tales comola Ley Orgánica de Régimen Político yla Leyde Juramento de Empleados públicos. De acuerdo conla Ley Orgánicade Descentralización anteriormente citada, el Consejo Legislativo deberá dictar leyes sobre las materias transferidas al poder de los Estados. Conviene observar que las Constituciones Estada1es son dictadas conforme al procedimiento ordinario instituido en los Estados para la formación de las leyes; por lo tanto, no existe supremacía de dichas constituciones estadales sobre las demás leyes dictadas por los Consejos Legislativos. Las constituciones de los Estados son leyes ordinarias de igual rango de las demás leyes sancionadas por dichos Consejos.
Existe, en cambio, preeminencia o supremacía dela Constitucióndela Repúblicasobre las constituciones y demás leyes de los Estados. Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia declarar la nulidad total o parcial de las leyes estadales, entre las cuales quedan incluidas las constituciones de los Estados, cuando colidan conla Constitucióndela República.
Como esta Constitución traza las líneas esenciales de la organización de los poderes públicos de los Estados, los Consejos Legislativos sólo tienen competencia para desarrollar aquellos principios, nunca para modificarlos, menos aun para contrariados, de donde deriva una casi uniformidad en la organización de los poderes públicos de los diversos Estados.
Los Poderes Públicos de los Estados Los Poderes Públicos de los Estados son: el Legislativo y el Ejecutivo.
No hay Poder Judicial de los Estados, pues la administración de justicia corresponde, segúnla Constitución, a la competencia del Poder Nacional. Por lo tanto, los tribunales que actúan en los Estados son órganos del Poder Nacional.
Tampoco pertenece a los Estados el Poder Municipal, pues este es independiente del Poder Nacional y del Poder de los Estados. Sobre estas cuestiones elementales en algunos Estados las constituciones contienen expresiones inexactas, pues en ellas se incluyen al poder judicial y al poder municipal como ramas integrantes del poder público de los Estados.
EL GOBERNADOR COMO JEFE DEL EJECUTIVO ESTADAL Y AGENTE DEL PODER NACIONAL
En cada Estado el Jefe del Poder Ejecutivo es el Gobernador.
La Constitucióndela Repúblicaen el primer aparte del artículo 160 establece que el Gobernador será elegido por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten.
Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de veinticinco años y de estado seglar, es decir, no ser ministro de ningún culto.
Entre las atribuciones y deberes de los Gobernadores, segúnla Constituciónde los Estados, se destacan las siguientes: nombrar y remover los funcionarios de su dependencia cuya designación no estuviere atribuida a otra autoridad, sin perjuicio de lo que dispongan las leyes sobre carrera administrativa; presentar al Consejo Legislativo un informe sobre su administración durante el año inmediatamente anterior; presentar al Consejo Legislativo el proyecto de Ley de Presupuesto; ejercer la potestad reglamentaria respecto a las leyes dictadas por el Consejo Legislativo; decretar créditos adicionales; convocar al Consejo Legislativo a sesiones extraordinarias; decretar obras públicas del Estado y emprenderlas por administración directa o mediante la celebración de contratos con empresas constructoras; negociar los empréstitos que el Estado requiera para su desarrollo económico, con las limitaciones y requisitos establecidos enla Ley Orgánicadela Administración Financieradel Sector Público; crear, modificar o suprimir servicios públicos en receso del Consejo Legislativo, y previa autorización dela Comisión Delegadao Permanente, en caso de urgencia comprobada; ejercer la suprema inspección de la policía del Estado.
El Gobernador, como jefe del ejecutivo, es el jefe dela Administracióny como tal, el superior jerárquico de los órganos y funcionarios adscritos a ella.
Ahora bien, de conformidad conla Ley Orgánicade Descentralización, Relimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, en su Capítulo VI “De los Gobernadores como Agentes del Ejecutivo Nacional”, establece en su Artículo 22 que “El Gobernador, además de ser el Jefe del Ejecutivo de su Estado, es agente del Ejecutivo Nacional en su jurisdicción y como tal le corresponde:
1. Cumplir y hacer cumplirla Constitucióny Leyes dela República, y ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional;
2. Colaborar con el Poder Publico Nacional en la realización de los fines del estado venezolano;
3. Coordinar la acción de las diversas dependencias dela Administración PublicaNacional, Central o Descentralizada, que actúen en su jurisdicción;
4. Participar en los órganos del sistema nacional de planificación del desarrollo económico y social;
5. Participar en los órganos del sistema nacional de regionalización administrativa y actuar como agente del proceso de regionalización; y,
6. Cumplir las demás funciones que le atribuyan las leyes y le encomiende el Ejecutivo Nacional.
Lares, Eloy. (2001). Manual de Derecho Administrativo. Caracas: Universidad Central de Venezuela.
Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Administrativo y está etiquetada con competencias de los estados, ejecutivo estadal, estados, estados territoriales, gobernador, organización poderes públicos, personas territoriales de derecho público, poderes públicos de los estados, soberanía y autonomía de los Estados en 4 de junio de 2012 por Livia Hernández.	Consejos Estadal y Local de Planificación Pública
Compártelo:FacebookTwitterCorreo electrónicoMásGoogleTumblrRedditPinterestLinkedInMe gusta:Me gusta Cargando...	Esta entrada se publicó en Derecho Administrativo, Derecho Constitucional y está etiquetada con consejo de planificación, consejo local de planificación, descentralización, política nacional de descentralización, sistema nacional de planificación en 4 de junio de 2012 por Livia Hernández.	Navegador de artículos

References: Artículo 137
 Artículo 13
 Artículo 137
 Artículo 6

Artículo 115
 Artículo 140
 artículo 1
 artículo 19
 Artículo 16
 artículo 159
 Artículo 90
 Artículo 60
 artículo 164
 artículo 160
 Artículo 22