Source: http://justiciabol.blogspot.com/2017/05/
Timestamp: 2019-09-21 07:43:33+00:00

Document:
Justicia en Bolivia: May 2017
El magistrado suspendido de Tribunal Constitucional, Gualberto Cusi, dijo que escupió en la cara al diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Víctor Borda, "porque es un mentiroso".
“Borda durante todo mi proceso se dedicó a mentir y eso me cansó y por eso reaccioné de esa manera. Lo hice porque es un mentiroso”, dijo en declaraciones a radio Fides.
Ayer, Cusi escupió en la cara al diputado Borda, después de una discusión suscitada minutos después de que se suspendiera su audiencia en la Cámara de Senadores.
El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edgar Montaño, anunció este martes que el partido oficialista impugnará a exmagistrados del Órgano Judicial que presentaron su postulación ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para participar de la preselección de candidatos para las elecciones judiciales convocado para el 22 de octubre.
"Nosotros, el oficialismo, vamos a impugnar a esta gente, que lo único que ha hecho es hacer quedar mal a la justicia y que teniendo procesos tienen el cinismo de volver a presentarse", dijo.
Sin citar nombres, Ramos se refirió a las postulaciones de la exmagistrada del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, y del actual concejero del Tribunal Agroambiental, Bernardo Huarachi, quienes tuvieron en su contra denuncias por agresiones, mala gestión e incluso el inicio de un juicio de responsabilidades.
Mamani y Huarachi fueron electos por voto ciudadano en las elecciones judiciales de 2011. Huarachi presentó su candidatura la semana pasada al Tribunal Supremo de Justicia.
Huarachi fue denunciado en 2014 ante la Cámara de Diputados por dos magistradas del Tribunal Agroambiental que indicaron haber sido agredidas físicamente por el entonces presidente del Tribunal Agroambiental.
El mismo año, Huarachi fue denunciado por sus colegas por mala gestión.
En tanto que Mamani, quien presentó su postulación el viernes pasado al Tribunal Agroambiental, fue suspendida de sus funciones y acusada junto a otros exmagistrados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución al no haber dado curso a la designación de Eloy Toledo como juez.
Por ese caso, la Asamblea Legislativa inició en su contra un juicio de responsabilidades y Mamani renunció a su cargo.
El diputado del MAS, Lino Cárdenas, dijo que la Comisión Mixta de Constitución analizará esos casos una vez que se inicie la etapa de revisión de la documentación presentada por los postulantes.
"Obviamente cuando se tenga que revisar la documentación presentada, se tendrá que evaluar aspectos que tiene que ver con el comportamiento de carácter ético en el desenvolvimiento de sus funciones", señaló.
Luego de la etapa de inscripciones de los postulantes al Órgano Judicial y Tribunal Supremo de Justicia, que culminará el 9 de junio, se iniciará con la revisión de la documentación y de impugnaciones, en el marco de la preselección de candidatos que terciarán en los comicios judiciales de octubre próximo. (30/05/2017)
Las reglas para las elecciones judiciales de octubre fueron aprobadas por la sala plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Una de las principales definiciones es que el ciudadano emitirá cuatro votos en dos papeletas. En una estarán incluidos los votos para el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura; y en la otra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Para la elección de altas autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional se utilizarán dos papeletas de sufragio: una en circunscripción nacional para los candidatos al Consejo de la Magistratura y al Tribunal Agroambiental; la de circunscripción departamental para los candidatos al Tribunal Supremo de Justicia y al Tribunal Constitucional Plurinacional”, está escrito en el artículo 47 del referido reglamento.
El documento también explica la conformación de los distintos cuerpos judiciales; en el caso del TSJ será elegido magistrado titular el candidato que obtenga la mayoría simple de votos válidos de las dos listas. Si el elegido es hombre, la mujer más votada de su lista será la magistrada suplente. Si la elegida es mujer, el hombre más votado de su lista será el magistrado suplente. Cosa de equidad de género. La fórmula se repetirá para el TCP.
En el caso del Tribunal Agroambiental son cinco titulares y cinco suplentes y serán elegidos como titulares los cinco candidatos que obtengan el mayor número de votos válidos. Los suplentes serán los siguientes cinco en votación. Para el Consejo de la Magistratura será el mismo sistema. De ese modo se elegirá a las 52 autoridades judiciales de mayor jerarquía del país.
Para la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, será una sola papeleta, en la parte superior irán los candidatos al Agroambiental; en la parte inferior los del Consejo de la Magistratura; se deberá emitir un voto por cada columna.
Para el caso del TSJ y del TCP es otra papeleta pero por departamento; en la parte superior estarán los candidatos al Tribunal Supremo y deben figurar dos columnas, una de mujeres y otra de varones. El elector debe emitir un voto, para varón o mujer.
El TSE dispuso que los tribunales departamentales tendrán a disposición personal en las mesas. Estas personas deben encargarse de transmitir los resultados apenas se firme el acta y estarán autorizados a sacar una fotografía del acta.
Si las actas de cómputo departamental contienen errores de sumatoria, el TSE podrá corregir esas sumas, señala el artículo 76.
Si una persona no porta su carné de identidad, que es el único documento válido para votar, los jurados de mesa podrán autorizar su voto sin ese documento. Cada ciudadano que sea designado jurado electoral recibirá Bs 46.
Mientras en la Asamblea empezaron los problemas, porque el primer candidato en presentarse, también fue el primero en retirar su postulación y de ese modo el abogado Omar Durán puso en entredicho la ampliación del plazo de registro.
La acción del profesional fue rápidamente aprovechada por la oposición. Hasta ayer se inscribieron 170 postulantes a las Elecciones Judiciales. 38 de ellos para el Tribunal Constitucional; 75 postulantes al Tribunal Supremo de Justicia; 27 postulantes al Tribunal Agroambiental; 30 postulantes al Consejo de la Magistratura. Seis se identificaron como indígena originario campesino.
Un clima de incertidumbre vive el Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, debido a la renuncia de la actual presidenta Carmen del Río, quien pese a tener mandato hasta febrero de 2018, sería reemplazada en las próximas horas en una Sala Plena, por uno de los ahora vocales Félix Lanchipa y William Alave, dos exmagistrados del Órgano Judicial, según informaron a Erbol fuentes del Consejo de la Magistratura de Sucre.
El diputado suplente Rafael Quispe calificó de “escandalosa” la presencia de Lanchipa y Alave y de un “ridículo” el retorno a ambos a nivel de vocalías, tomando en cuenta que Lanchipa fue presidente del Tribunal Constitucional designado, mediante decreto por Evo Morales y Alave fue magistrado elegido en 2001 para el Tribunal Supremo de Justicia, aunque renunció para ser asesor jurídico en YPFB.
“Esto ya es una vergüenza, descaro y muestra cómo se manejan los puestos judiciales, donde ya no hay meritocracia, sino favoritismo político para continuar con el control del Órgano Judicial”, declaró Quispe, cuando se enteró que uno de exmagistrados sería el nuevo presidente del Tribunal Departamental.
De acuerdo con datos recogidos en fuentes del Consejo de la Magistratura de Sucre, Lanchipa y Alave retornaron en abril y lo hicieron con “bajo perfil” para cubrir acefalías de ese momento y completar los 24 vocales que tiene el Tribunal de Justicia más grande del país. El primero, actualmente, integra la Sala Civil Comercial 4ta y Alave la Sala Penal Segunda con sueldo en planilla de 17.000 bolivianos.
Quispe anunció que pedirá petición de informe escrito al Consejo para saber cómo es que dos exmagistrados volvieron con tanta facilidad a las funciones judiciales, cuál ha sido el proceso de selección y las notas obtenidas en exámenes orales y escritos, no solamente de ambos sino de los últimos vocales designados desde el Tribunal Supremo de Justicia.
El legislador entiende que hay un intento de consolidar la toma política de la presidencia del Tribunal porque todos saben que Lanchipa es militante del MAS y porque en esa condición fue candidato a magistrado y perdió, fue director de Diremar el 31 de octubre de 2011 en sustitución de Rubén Saavedra.
Se conoce también la vigencia convocatoria pública 02/2017 para 8 vocalías del Tribunal paceño en reemplazo de los ítems 722, 732, 731, 728, 724, 718, 734 y 719 que estaría ocupadas cuando se elijan a los reemplazados por el Tribunal Supremo de Justicia en base a una lista evacuada por el Consejo de la Magistratura.
EL DIARIO entrevistó al representante del Consejo de la Magistratura de La Paz, Williams Dávila, quien aseguró desconocer de la renuncia de la autoridad judicial y que Carmen del Rio debió presentar su renuncia en la sede de Gobierno. (Erbol)
Presentaron queja a varios ministerios Denuncia desestimada contra fiscal Blanco por corrupción
La denuncia presentada por el supuesto delito de consorcio de fiscales, encabezado por el fiscal departamental, Edwin Blanco, fue desestimada por un “error de forma”, informó Paola Cartagena, abogada del mayor de Policía, Freddy Valda, investigado por similar delito, quien asegura que el proceso fue forzado para alejarlo del cargo.
En contacto con EL DIARIO, la abogada explicó que en primera instancia el memorial había sido observado, porque el argumento de la denuncia no era claro, por lo que se otorgó 24 horas de plazo para subsanar el tema. El mismo debía ser presentado a hasta las 09.15 del viernes.
En efecto, el viernes la abogada volvió a presentarse con un nuevo memorial, pero el mismo no fue aceptado por la auxiliar, arguyendo “un error de forma”, indicó Cartagena.
La jurista señala que la funcionaria no tenía la facultad de realizar estas observaciones y que esta debía recibirlo pero actuó de esa forma. Por esta circunstancia, la abogada relató que rehízo el memorial, subsanando el error y fue presentado.
“Nos hemos presentado dentro del tiempo otorgado, pero fue desestimado por una funcionaria por una formalidad, ella debería haberme recibido, porque no está dentro de sus atribuciones revisar el contenido del memorial. Es el fiscal quien debe realizar las observaciones. Sin embargo, se negó a hacerlo y recién a las 11.15, después de mucha insistencia, nos ha recibido el memorial”, detalló Cartagena.
Indicó que luego, como esperaba, fue notificada con la desestimación de la denuncia.
Ante ello, adelantó que presentará una denuncia en contra de la asistente, ante el propio fiscal de ese despacho, Max Salazar.
En esta línea, aseguró que de todas maneras ya se han presentado copias de la denuncia contra el Fiscal Departamental, a varias instancias, como el Ministerio de Justicia, de Gobierno y la Asamblea Legislativa.
El mayor de Policía Fredy Valda fue jefe nacional de la Dirección Especial de Lucha Contra la Corrupción (Delcc) y retirado del cargo el 28 de noviembre, siendo enviado a la reclusión del penal de Patacamaya.
Luego, un juez consideró la existencia de indicios en la comisión de los delitos de uso indebido de influencias y consorcio de jueces, fiscales, policías y abogados. Instruyó a que dos grupos policiales especializados acudan a un operativo montado, para aprehender a los litigantes que denunciaron al exfiscal anticorrupción Ángelo Saravia.
Valda afirma que Blanco y otros cuatro fiscales, además de cinco efectivos del orden y un abogado, montaron el caso para que deje de investigarse a fiscales corruptos de los que tiene información, datos que fueron informados a Blanco, pero este no realizó acción alguna sobre el particular.
Para el uniformado, ahora con detención domiciliaria por la imputación, la comisión de fiscales no presentó informes emitidos por los efectivos que realizaron, junto al exfiscal Sarabia, además que se inventaron hechos para vincularlo en el caso y así alejarlo de las investigaciones que conducía.
Valda sostuvo que las pruebas que develan estos hechos están en los mismos cuadernos de investigación en los que plasmaron sus actuados Blanco; los fiscales Ruddy Terrazas, Ramiro Jarandilla, Javier Flores, Daniel Ayala; los policías Henry Camacho Pérez, Romer Gonzalo Álvarez, Freddy Felipe Vargas, Henry Pinto, Felipe Almaraz y el abogado Saúl Villarpando.
Proceso de preselección Analista advierte riesgo en elecciones judiciales
Todo el proceso de la preselección de autoridades al Órgano Judicial amenaza con convertirse en una repetición mala y peor que la anterior elección judicial de 2011, tomando en cuenta que no existen filtros o controles para elegir a los mejores profesionales que puedan optar por estos cargos, afirmó el analista político Roger Cortez.
“Si en este proceso no hay filtros que le den confianza a la población el proceso se invalida en sí mismo y va a resultar un gran derroche para un gran capricho del Gobierno, con esto se está negando a la población una posibilidad de mínimo acceso a un sistema de administración de justicia que sea confiable”, puntualizó Cortez.
Cortez manifestó que en particular a la participación del sistema universitario en este proceso, el Gobierno debió implementar otros mecanismos para que se garantice contar con los mejores profesionales, que sean capaces de asumir los cargos de altas autoridades al Órgano Judicial.
“Esencialmente se debe implementar mecanismos para recuperar la confianza apaliada de la población, que cada vez está por los suelos, lo cual hace ver la incapacidad que tiene la Asamblea para corregir esta convocatoria”, mencionó.
A la vez, manifestó que la presencia del sistema universitario no garantiza que este proceso sea transparente, tomando en cuenta que existen conflictos internos y hasta el momento no se llevó a cabo la conferencia de universidades, el cual debe avalar las decisiones que tomó el comité ejecutivo de la universidad boliviana.
“Esto se ha frustrado de negro hemos ido a un oscuro infernal (…) la participación de la universidad no garantiza nada, como lo hizo notar la UMSA a través de su rector, denota que entre los delegados de la lista es muy poco conocida, además que hay problemas muy serios y las universidades no logran reunirse en su conferencia para tomar una posición definitiva y clara”, explicó.
Para cargos judiciales Postulan exmagistrados y funcionarios públicos
Las comisiones de constitución y justicia plural de la Asamblea Legislativa inscribieron a 167 postulantes para magistrados al Órgano Judicial, entre los cuales están exfuncionarios del Gobierno, ex y actuales concejeros de la justicia, entre ellos Bernardo Huarachi y Cristina Mamani.
De los 170 postulantes que se inscribieron en la Asamblea Legislativa para postular a altos cargos de la administración de justicia, se identificó por lo menos a tres exautoridades del Órgano Judicial y funcionarios públicos. Entre ellos está el actual magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), Bernardo Huarachi, quien presentó su candidatura la semana pasada para el Tribunal Supremo de Justicia.
Huarachi fue electo como magistrado del Tribunal Agroambiental tras obtener 292.740 votos en las elecciones judiciales del 2011. Tras su posesión, fue elegido para presidir esa instancia judicial por unanimidad.
En 2014, la entonces presidenta de la Cámara Baja, Rebeca Delgado, difundió la denuncia de dos magistradas del Tribunal Agroambiental que dicen haber sido agredidas físicamente por el presidente de esa entidad, Bernardo Guarachi.
Una de las magistradas agredidas, Deisy Villagómez, solicitó una audiencia a Delgado para hacerle conocer todas esas irregularidades.
Los magistrados de este tribunal son siete titulares: Bernardo Huarachi, Deysi Villagómez, Juan Ricardo Soto, Cinthia Armijo Paz, Javier Peñafiel Bravo, Lucio Fuentes y Paty Paucara Paco. Su gestión estuvo marcada por las pugnas internas y denuncias mutuas.
La crisis de esta entidad se profundizó en 2014, cuando cuatro de los siete magistrados resolvieron cesar de las funciones de presidente del TA a Huarachi, denunciaron mala gestión. Este en respuesta recurrió a mecanismos legales incluso a la Asamblea Legislativa con una denuncia.
Tras la postulación de Huarachi, surgieron críticas de oficialistas, tal es el caso del presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, que reprochó que el magistrado del Tribunal Agroambiental (TA) Bernardo Huarachi se postule al Tribunal Supremo de Justicia.
Otra de las exautoridades que fue observada por la presentación de su postulación es la de Cristina Mamani, autoridad suspendida del Consejo de la Magistratura, quien también tiene denuncias por lo que la Asamblea Legislativa inició un juicio de responsabilidades en su contra por no acatar una disposición. Para no enfrentar el proceso, Mamani renunció a su cargo.
Esta vez, Mamani quiere ocupar un cargo en el Tribunal Agroambiental y para ello hizo llegar sus documentos ante la Comisión Mixta de Justicia Plural del Legislativo.
Fue elegida por voto en octubre de 2011 y estaba a punto de concluir su mandato, sin embargo, junto a sus excolegas Roger Triveño, Wilma Mamani y Freddy Sanabria fue denunciada por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución.
El ex director nacional de régimen penitenciario Ramiro Llanos Moscoso también presentó su postulación ante la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa para el Tribunal Constitucional Plurinacional.
Esta exautoridad fue elegida como titular de esa instancia en mayo de 2012 hasta noviembre de 2013. Como una medida inicial en su nuevo cargo intentó designar personal civil junto a los uniformados en los centros penitenciarios con la finalidad de vigilar a los internos a través de un control social.
Para el cumplimiento de esa tarea estableció que también era necesario implementar medidas de seguridad de tecnología avanzada, como cámaras de seguridad y bloqueadores de señal de teléfonos celulares, para evitar que los recintos penitenciarios “sigan siendo utilizados como centros para delinquir”.
En tanto, el abogado Omar Durán, postulante al Tribunal Supremo de Justicia, retiró ayer su candidatura de la Comisión de Constitución debido a la ampliación que determinó esta instancia para la presentación de postulaciones.
“Mi persona no se va a poner a competir con personas que se aventuran y demuestra irresponsabilidad al presentar recién su postulación, como si la justicia fuera una chacota. No deseo ser parte de esta situación (…) es por eso y otras razones que retiro mi postulación y solicito que me devuelvan los documentos presentados”, expresa la carta que presentó ante dicha Comisión.
Hasta las 19.00 de ayer se registraron 167 postulantes (55 en la Comisión de Justicia Plural y 112 en la Comisión de Constitución), de acuerdo con los datos oficiales.
Hasta el viernes se inscribieron 163 candidatos a magistrados y magistradas al Órgano Judicial, y el sábado lo hicieron cuatro.
Del total de postulantes, en el momento de inscribirse seis se autoidentificaron como indígena originario campesinos: 2 mujeres y 4 varones.
Del total de inscritos 38 postulan al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP); 74 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); 26 al Tribunal Agroambiental (TA) y 29 al Consejo de la Magistratura (CM).
De los 167 postulantes, 53 son mujeres y 114 varones.
La Asamblea Legislativa resolvió ampliar la presentación de postulaciones hasta el 9 de junio. Los interesados podrán inscribirse en el horario de 08.30 a 12.00 y de 14.30 a 19.00.
Las postulaciones presentadas hasta el viernes 26 quedan, y podrán complementar la documentación hasta el 9 de junio.
Gonzales a la oposición: No se van a cuotear cargos judiciales
El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, advirtió que no se logrará deslegitimar la preselección ni se permitirá el cuoteo de cargos para el Órgano Judicial.
La afirmación responde a las críticas de la bancada opositora a la ampliación para el registro de candidatos a magistradas y magistrados de los tribunales Constitucional, Supremo y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, hasta el 9 de junio de 2017.
“La oposición siempre va a encontrar un buen pretexto, un buen discurso para tratar de desestimar este proceso, pero tendrán que aguantar ahora este proceso como lo hemos definido, esta vez con un reglamento que garantiza la meritocracia”, aseguró.
En ese contexto, mostró recortes de publicaciones de prensa de 1999 que demuestran cómo es que los partidos de la coalición de Gobierno se distribuían los cargos en el Órgano Judicial.
“Recuerden cómo se decidían en aquellas oportunidades, a puertas cerradas, reuniones secretas, se vendían espacios, en fin, un cuoteo escandaloso, espantoso que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo nosotros ahora, que es un proceso transparente”, manifestó.
Hasta las 19.00 de ayer las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural registraron a 170 postulantes. De todos, seis se autoidentificaron como indígena originario campesinos, dos mujeres y cuatro varones.
Bernardo Huarachi Tola, electo en 2011 como magistrado del Tribunal Agroambiental (TA), se presentó este jueves en la Asamblea Legislativa para postularse al cargo magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Huarachi fue electo para el TA mediante voto popular hace seis años. Ahora pretende que la Asamblea lo vuelva a preseleccionar para ser candidato y acceder a un nuevo cargo judicial en las elecciones de octubre próximo.
Dicho magistrado fue presidente del TA y su retiro de este cargo estuvo envuelto en polémica, puesto que fue destituido en 2014 por sus colegas que denunciaron su mala administración./Erbol.
Aprueban en detalle proyecto del Código del Sistema Penal
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó ayer en detalle el Proyecto del Código de Sistema Penal, el documento está listo para ser remitido al pleno de la Cámara Baja para su tratamiento.
“La Comisión Constitución aprueba en detalle el proyecto de Código Sistema Penal, ahora se da lectura al informe”, se informó desde comunicación de la Cámara de Diputados.
El documento causó polémica principalmente con el artículo referido al aborto, aspecto defendido por la mayoría oficialista y rechazado por sectores como la plataforma por la “Vida y la Familia”, el Colegio Médico, iglesias y parlamentarios de la oposición.
Al respecto, la presidenta de la Comisión, Susana Rivero, dijo que el aborto está regulado y duramente castigado; sin embargo aprobaron nueve causales que podrían permitir el mismo, incluso en cualquier etapa de gestación.
“No existe ningún artículo que promueva el aborto, el aborto está absolutamente regulado, duramente castigado, con más firmeza inclusive que el código del dictador Banzer, que nadie dijo nada. Lo que hace es permitir tres causales adicionalmente a las que ya están vigentes”, declaró ayer Rivero.
El miércoles, el vicepresidente Álvaro García Linera, coincidentemente con Rivero, aseguró que el proyecto de ley no pretende legalizar el aborto, sino que amplía las causales bajo las cuales se puede practicar el aborto.
De acuerdo con la propuesta, las causales en las cuales se podría permitir el aborto son: prevenir un riesgo presente o futuro en la vida de la mujer embarazada, prevenir un riesgo presente o futuro en la salud integral de la mujer embarazada, cuando se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, cuando el embarazo sea consecuencia de violación o incesto y cuando la embarazada sea niña o adolescente, menor de 18 años.
El documento aprobado en detalle por la Comisión tiene más de 600 artículos en las cuales se realizaron diferentes modificaciones pero manteniendo el fondo, informaron los legisladores.
Los jueces y fiscales visitan desde el lunes los penales de Cochabamba para acelerar los procesos de las personas que se encuentran detenidas preventivamente y no cuentan con una sentencia. Se trata del 70 por ciento de la población carcelaria.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmi Ruddy Siles, dijo que el propósito es resolver por la vía de procesos abreviados y medidas alternativas, las causas pendientes.
Los penales visitados fueron El Abra, San Sebastián y San Antonio. Para hoy se prevé la atención en San Pablo de Quillacollo y mañana en Arani.
Señaló que si bien no se cuenta con el registro de todas las causas atendidas y resueltas, los resultados preliminares son positivos.
El juez cautelar Penal No 1 de la EPI Norte, por ejemplo, Fernando Pérez, resolvió 16 procesos por las vías alternativas en El Abra.
La directora departamental de Régimen Penitenciario, Rocío Quillpidor, señaló la importancia de la actividad para reducir el hacinamiento en los penales. Recordó que en 2016, 80 personas lograron su libertad.
MOTÍN Quillpidor informó también que cerca al mediodía de ayer, las reclusas de San Sebastián se amotinaron en demanda del cambio de la gobernadora del recinto. Personal policial llegó al lugar para controlar la situación.
Aclaró que el problema fue controlado con el compromiso de que el Comando de Policía analice el reemplazo de la autoridad.
Insistió en que la vigilancia de la seguridad de los penales está a cargo de la Policía y no de Régimen Penitenciario.
No quiso precisar cuáles eran las denuncias de las internas y reiteró que se recuperó la calma en San Sebastián.
Los juzgados descentralizados descongestionan 31 por ciento de causas
Los dos juzgados descentralizados en las Estaciones Policiales Integrales (EPI) del norte y del sur descongestionan el 31 por ciento de todas las causas penales que llegan al Tribunal Departamental de Justicia.
De enero a abril, recibieron 2.223 procesos penales, de los cuales 704 fueron atendidos por los jueces de las EPI. Los restantes (1.519) fueron remitidos a los ocho juzgados que funcionan en el edificio central.
En muchos casos, la cantidad de las atenciones de los descentralizados duplican o triplican a los del centro. En la EPI Norte se atendieron 456 procesos y en el Juzgado de Instrucción Penal No 1 (del centro), por ejemplo, 131. En la EPI sur se recibieron 248 causas y en el Juzgado de Instrucción Penal No 3, 138.
El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmi Ruddy Siles, recordó que los juzgados se crearon con el fin de descongestionar la carga procesal y reducir la mora y retardación de justicia.
Estos problemas inciden en la cantidad de personas detenidas preventivamente sin sentencia, que llega al 70 por ciento de los reos que se encuentran en las cárceles de Cochabamba.
El juez de instrucción Penal No 1 de la EPI Norte, Fernando Pérez, dijo que una de las ventajas para la celeridad en el juzgado es la centralización, en un solo edificio, de todas las instancias de la administración de justicia: Ministerio Público, Defensa Pública, Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM).
Señaló que nunca se tuvo una suspensión de audiencia y en los casos en que no se presentó el fiscal, se lo fue a buscar a sus oficinas que quedan en la planta baja del edificio. Las causas atendidas van desde delitos de bagatela hasta robos y asesinatos.
El juez admitió que la cantidad de causas es elevada, mayor a cualquier otro juzgado de tipo penal de la ciudad. Una de las dificultades es la falta de un auxiliar. La solicitud del funcionario fue formalizada ante la Unidad de Políticas de Gestión del Consejo de la Magistratura. De esta manera se quiere evitar la mora judicial.
Recordó que su juzgado también funciona como el de Violencia hacia la Mujer. En los primeros cuatro meses del año se atendieron 319 denuncias. Su homólogo del Sur conoció 184 juicios de víctimas de agresiones.
DIFICULTAD En los últimos 15 días, la celeridad de la atención en la EPI Sur disminuyó debido a que el juez está de vacación. Los casos más graves fueron remitidos a los suplentes. Los funcionarios contaron que hay días que reciben hasta 50 expedientes.
Siles advirtió la necesidad de contar con ese juzgado. Adelantó que fue informado sobre un cambio en esa repartición y demandó que el Consejo de la Magistratura garantice el funcionamiento de la repartición. “Lo importante es que funcione ese estrado porque es parte del proceso de descongestionamiento judicial”.
Insistió en la necesidad del fortalecimiento de los juzgados descentralizados para mejorar la atención de los litigantes.
De acuerdo al artículo 183 de la Ley 025 del Órgano Judicial, la Unidad de Políticas de Gestión, dependiente del Consejo de la Magistratura, tiene la atribución de formular políticas de gestión judicial, de realizar estudios técnicos y estadísticos relacionados a las actividades del Órgano Judicial, de coordinar acciones para el mejoramiento de la administración de justicia y por otra parte conforme al manual de organización y funciones. Y de atender las necesidades y requerimientos del Tribunal, de acuerdo al flujo de causas que atiendan.
En la Estación Policial Integral (EPI) del Sur, funciona un Juzgado Civil y de Familias como parte del descongestionamiento de los juzgados.
﻿1.207 Procesos
De enero a abril, los juzgados cautelares penales y de violencia hacia la mujer de las Estaciones Integrales Policiales (EPI) atendieron 1.207 procesos, tanto penales como de agresiones de género.
﻿Se necesitan más ambientes
﻿El presidente del Tribunal Departamental de Justicia, Jimmi Ruddy Siles, señaló la necesidad de contar con infraestructura para instalar otros juzgados en las zonas más pobladas de la ciudad.
Dijo que se realizó la solicitud a la Alcaldía de Cochabamba, pero no se tuvo ninguna respuesta.
Para la autoridad, la descentralización de los servicios es una de las estrategias fundamentales para mejorar la atención del ciudadano porque los tiempos de los procesos se acortan y se recupera la credibilidad de la población.
Señaló la importancia de incrementar la cantidad de jueces. Admitió que los estrados judiciales se encuentran sobrecargados de procesos. Esta situación es más complicada en las provincias porque allí los juzgados son mixtos. Es decir, que las autoridades atienden hurtos, asesinatos, solicitudes de asistencia familiar y estafas, entre otros delitos.
El vicepresidente del Estado y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, Álvaro García, convocó este miércoles a la cuarta sesión ordinaria del Legislativo para, precisamente, “analizar” la ampliación del plazo para la presentación de postulaciones a las preselección rumbo a las elecciones judiciales de octubre. (25/05/2017)
El TSE fija 150 días para la elección de magistrados
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aprobó el calendario de 150 días para la administración del proceso de elección de 52 magistrados para el Órgano Judicial, desde el 22 de mayo hasta el 22 de octubre de 2017.
La presidenta de la máxima instancia electoral del país, Katia Uriona, confirmó que se administrará la elección de 26 magistrados y magistradas titulares y 26 suplentes para el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.
Por circunscripción departamental se elegirá a dos de cuatro candidatos (dos varones y dos mujeres) para el Tribunal Constitucional y para el Tribunal Supremo de Justicia. Del total de éstos, nueve serán titulares y nueve suplentes.
Por circunscripción nacional, para el Tribunal Agroambiental se seleccionará a cinco titulares y cinco suplentes, en tanto que para el Consejo de la Magistratura, por circunscripción nacional, a tres titulares y tres suplentes.
“En todos los casos, las candidaturas deben incluir 50 por ciento de postulantes mujeres y 50 por ciento de varones. Al mismo tiempo se debe prever la presencia de indígenas originarios campesinos”, precisó.
El Órgano Electoral aprobó el uso de dos papeletas, en las que se registrarán cinco votos: dos para el Tribunal de Justicia, uno para el Tribunal Constitucional, uno para el Agroambiental y uno para el Consejo de la Magistratura.
Los que obtengan el mayor número de votos serán titulares y los segundos, suplentes. Para ese propósito se habilitarán dos ánforas en cada mesa de sufragio.
Se aprobó el reglamento electoral que establece las disposiciones de administración del proceso, el régimen de prohibiciones y sanciones. Además se presentó el calendario, que prevé 60 actividades en 151 días, desde la convocatoria hasta elección.
Ésta fija el empadronamiento de los que votarán por primera vez y quienes cambiaron de domicilio, desde el 14 de julio hasta el 3 de agosto.
El 21 de julio se publicará la lista de las candidatas y candidatos que serán parte de la elección. El 8 de agosto se hará el sorteo público de ubicación en las papeletas.
Difusión de méritos para los postulantes
El calendario electoral prevé 42 días (del 7 de septiembre al 18 de octubre) para la difusión de los perfiles de los candidatos a los cargos para el Órgano Electoral y el Tribunal Constitucional a través de los medios de comunicación.
“Estamos trabajando un reglamento específico para la difusión, es una tarea que vamos a concluir la siguiente semana. Estamos contando con el apoyo de todos los tribunales departamentales, además del respaldo y acompañamiento de la Unesco para tener un reglamento que permita generar los mayores espacios de difusión de méritos de las candidatas y candidatos”, manifestó la presidenta del Órgano Electoral, Katia Uriona.
Finalmente señaló que el 19 de septiembre se realizará el sorteo de jurados electorales, y el 18 de octubre se inicia el silencio electoral.
Elecciones judiciales: debatirán más plazo para postulantes
"Tenemos información que hay en curso 300 trámites, a parte de los más de 20 inscritos que hay en la asamblea, los otros están en trámites en diferentes instancias", dijo en conferencia de prensa.
Explicó que "algunos de estos trámites tardan mucho. Los presidentes de las comisiones mixtas me han enviado una nota para ampliar una semana más el plazo para la inscripción, eso vamos a debatir el viernes".
Ante esa propuesta, el senador de Unidad Demócrata (UD), Arturo Murillo, afirmó que hasta el momento ninguno de los inscritos es una "eminencia" en materia jurídica. Consideró la falta de aspirantes una oportunidad para dar confianza a la población frente al proceso.
"Tenemos una escuálida lista de postulantes que se ha registrado, pero, con las disculpas a ellos, ninguno es una eminencia en el derecho, que necesitamos en este momento para refundar la justicia en nuestro país", aseveró el opositor.
El viernes la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) convocó a una sesión que abordará la "preselección de autoridades judiciales". Ese mismo día debe concluir el proceso de registro de los postulantes ante las comisiones mixtas de diputados y senadores.
Según la convocatoria, realizada por el presidente nato de esa instancia, el objeto de la cita es el "tratamiento del proceso de preselección" de los candidatos. Hoy el Tribunal Supremo Electoral lanzará la convocatoria para los comicios, previstos, por ahora, para el 22 de octubre.
El diputado de Unidad Demócrata (UD), Wilson Santamaría, dijo a EL DEBER hace días que si no se reúne el número adecuado de postulantes, la convocatoria debería ser declarada "desierta".
La Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) definirá en esta jornada si continúa o no el proceso, debido a que su rector, Waldo Albarracín, advirtió demasiadas "susceptibilidades" en algunas acciones dentro del proceso.
La Asamblea Legislativa requiere como mínimo 192 candidatos para iniciar el proceso de preselección de magistrados para el Órgano Judicial. Hasta ayer se inscribieron 23 abogados y abogadas.
“Estamos a la expectativa de que se completen los números mínimos para iniciar este proceso de preselección. Debemos tomar en cuenta que en los anteriores procesos, como de 2011, se registraron 400 postulantes, esperemos que esa cifra se repita para la preselección”, manifestó la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra.
A tres días de que venza el plazo para el registro se inscribieron 23 candidatos: Willy Calle Mamani (OR), Bergman Cuéllar Araúz (BE), Emilio Calle García (indígena originario) e Iván Sandra Tapia Pinto (OR) para el Tribunal Constitucional.
En tanto que para el Tribunal Supremo: Benigno Omar Durán Rojas, Ernesto Félix Mur (TJ), Loida Iriarte (TJ), Vianey Méndez (CH), Juan Tomás Mostacedo (CH), Constancio Alcón Paco (LPZ), Lourdes Yolanda Barragán Careaga (CH), Adriana Saenz Quisbert (Pando), José Romero Sandoval (LPZ), Iván Sandoval Fuentes (CH), Hernando Aguilar Martínez (CH), Nelma Teresa Tito Araujo (PT) y Jesús Martínez Subirana (BE).
Para el Agroambiental: Mauricio Rojas Orellana y Elvira Lucía Achu Quispe.
Para el Consejo de la Magistratura: Percy Ronald Rodríguez, Juan Velásquez Chaure, Marisol Camargo Flores, Ricardo Price Puña y Edme Castillo.
Pese a ser contados, tanto el Órgano Judicial que aglutina al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA) y el Consejo de la Magistratura (CM); como también el Tribunal Constitucional Plurinaciona (TCP), tiene inscritos sus respectivos postulantes para ser electos como altas autoridades de justicia, el próximo 22 de octubre, vía voto popular.
Informe en detalle. En total son cinco postulantes, según reporte de Comisión Mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional ALP. Ellos son: Omar Durán Rojas, Ernesto Félix Mur y Loida Rita Iriarte Ramos al TSJ; Mauricio Rojas Orellana al TA; y Willy Calle Mamani como primero al TCP.
Por un lado, Iriarte es la primera mujer en inscribirse, en tanto que Calle procede de las comunidades indígenas aymaras de Jach'a Carangas del departamento de Oruro. El viernes se cierra el registro.
Elecciones judiciales Convocatoria sería declarada desierta por falta de asistencia
La convocatoria para la preselección de candidatos al Órgano Judicial puede ser declarada desierta si no se cuenta con la cantidad mínima de participantes, tomando en cuenta que se deben elegir a 96 aspirantes para las cuatro instancias de la justicia para que sean habilitados a las elecciones del 22 de octubre.
“Si no se cumple con la cantidad mínima de postulantes para cada una de las instancias del Órgano Judicial, esta convocatoria puede declararse desierta, tal como el propio reglamento prevé debe iniciarse una nueva invitación. por ejemplo: en el caso del Tribunal Supremo de Justicia se necesita elegir a 9 titulares y 9 suplentes, por lo menos deben existir al menos 36 candidatos para que se inicie el proceso de depuración, lo mismo sucede con las otras instancias”, explicó el diputado de Unidad Demócrata Wilson Santamaría.
Según el artículo 22 del Reglamento de Preselección de los Candidatos a Magistrados, establece que esta se puede declarar desierta cuando no se cumpla con el mínimo de os aspirantes a cada instancia del Órgano Judicial.
Ante estas declaraciones, la diputada del Movimiento al Socialismo (MAS), y presidenta de la Comisión de Constitución, Susana Rivero, señaló que la oposición continúa “saboteando” el proceso de preselección al manifestar que no se presentarán más candidatos y que esta convocatoria debe ser declarada desierta.
“Ahora siguen estropeando el proceso de manera abierta al decir que no se presentarán más candidatos, cuando aún contamos con una semana, el sábado se dará el informe oficial y estoy segura que sobrepasarán nuestras expectativas”, expresó.
En el artículo 25 del Reglamento de Preselección señala que para el Tribunal Constitucional Plurinacional y para el Tribunal Supremo de Justicia, se requieren cuatro postulantes por cada departamento, llegando a un total de 36 aspirantes a nivel nacional.
En el caso del Tribunal Agroambiental se requieren hasta 14 candidatos; para el Consejo de la Magistratura se requieren 10 postulantes. En todas las instancias debe garantizarse la participación de mujeres en un 50 por ciento y la representación de candidatos de origen indígena campesino.
Hasta ayer, las comisiones de Justicia y Constitución de la Asamblea Legislativa registró a 13 postulantes: para el Tribunal Supremo de Justicia existen 9 candidatos; 3 postulantes para el Tribunal Constitucional Plurinacional; un aspirante para el Tribunal Agroambiental. No hay candidatos para el Consejo de la Magistratura.
Vianey Méndez Soliz, que es una de las postulantes para el Tribunal Supremo de Justicia, indicó que es abogada desde hace ocho años, oriunda del departamento de Chuquisaca, señaló que tuvo dificultades para obtener los certificados de antecedentes del Ministerio de Justicia y de Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap).
Emilio Calle Mamani, postulante al Tribunal Constitucional Plurinacional, se autoproclamó indígena originario, es del departamento de Oruro, señaló que realizó estudios relacionados a la justicia, pero no es abogado de profesión.
“No soy abogado, pero fui autoridad indígena en la comunidad a la que pertenezco, por lo tanto tengo conocimiento de la justicia, eso me permite postularme al Órgano Judicial”, indicó calle.
Emilio Calle García
Willy Calle Mamani
Bergman Cuellar Araoz
Benigno Omar Duran Rojas
Loida Rita Iriarte Ramos
Vianey Méndez Soliz
Juan Tomas Mostacedo Martinez
Constancio Alcón Paco
Adriana Sáenz Quisbert
Mauricio Javier Rojas Orellana
“No tenemos absolutamente una causa de 2011 (...) de la misma manera; de todas las contenciosas administrativas que nos dejaron, quedan muy pocas que son aproximadamente unas 700 pero que según los cálculos que tenemos, de acuerdo al cronograma, hasta julio habríamos concluido y con una conferencia de prensa vamos a mostrar al pueblo boliviano que ya no tenemos causas de lo que fue extinta la Corte Suprema de Justicia”, manifestó.
El fiscal Max Fernando Copa, fue a aprehendido el pasado fin de semana y llevado a proceso por denuncias en su contra, planteado por un maestro jubilado, quien le acusa de practicar mala administración de justicia, desaparición y sustracción de un cuaderno de investigaciones, pese haber recibido de la ex fiscal Abigail Saba.
El fiscal de Oruro, Franz Ochoa, dijo que la audiencia de medidas cautelares contra su colega fiscal, fue sustanciada el domingo 21 de mayo por el juez Sergio Vázquez del Juzgado 3ro en lo Penal, quien resolvió otorgarle detención domiciliaria, el arraigo, fianza personal, presentación de dos garantes personales, presentación semanal ante la fiscalía y no tomar contacto con la víctima y la oficina anticorrupción.
Señaló que la denuncia del maestro, quien acusa a Copa de favorecer a la persona que propició la vulneración a sus derechos por infundadas acusaciones sobre un delito que no cometió, y qu en reiteradas ocasiones habría manifestado que el cuaderno de investigaciones se había extraviado, que no se le había entregado.
Sobre la resolución del juez Ochoa sostuvo que el Ministerio Público no está de acuerdo, toda vez que la solicitud fue detención preventiva en el penal de Oruro, por lo que la fiscalía anticorrupción presentará una apelación, además que no es el único caso de denuncia contra Copa sino que en el régimen disciplinario se ventilan otras 20 denuncias por diferentes faltas. (22/05/2017)
El abogado Willy Calle se inscribió este domingo para postular al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con quien, hasta la fecha, suman cinco los aspirantes a un cargo del Órgano Judicial, con miras a las elecciones de octubre.
"#Ahora Se inscribe el primer postulante al #TCP, Willy Calle Mamani, por el departamento de #Oruro", publicó la Cámara de Diputados, en su cuenta en Twitter.
Calle tiene 17 años de experiencia como abogado, ocho de juez y siete de defensor público, según la información de la Cámara Baja.
El registro de postulantes estará abierto hasta el próximo 26 de mayo en las oficinas de la Comisión Mixta de Constitución y de la Comisión Mixta de Justicia Plural, ambas de la Asamblea Legislativa. (22/05/2017)
Legislativo recibió ocho inscritos para las judiciales; ninguno para el Concejo de Magistratura
Elecciones judiciales Magistratura facilitará información de antecedentes de los postulantes
Elecciones judiciales UMSA en duda para selección de magistrados
Para el lunes próximo, está programada una reunión entre los 11 delegados de universidades estatales, en la que se trazarán los lineamientos con los que participarán en el proceso.
Al respecto, Albarracín indicó que no asistirá y pedirá que el representante de la UMSA de La Paz, Alberto Luna Yáñez, no se presente a esta convocatoria
“Nosotros estamos optimistas y creemos que en la última semana se van a presentar los candidatos, tenemos información del Ministerio de Defensa, Contraloría, Ministerio de Justicia, que hay centenares de personas que están recabando los antecedentes demandados en la convocatoria y sólo falta que recojan los documentos”, explicó.

References: artículo 47
 artículo 76
 artículo 183
 artículo 22
 artículo 25
 resolución