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Timestamp: 2019-10-16 19:50:40+00:00

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Derecho a la intimidad de datos personales. Captación y derivación de comunicaciones para su observación remota a requerimiento del poder judicial. Privacidad de uso de internet y telefonía celular. | Derecho procesal | Derecho Constitucional
Derecho a la intimidad de datos personales. Captación y derivación de comunicaciones para su observación remota a requerimiento del poder judicial. Privacidad de uso de internet y telefonía celular. Causa "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986". Corte Suprema de Justicia de la Nación, rta. 24 de febrero 2009
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"Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/ amparo ley 16.986"
Vistos los autos: "Halabi, Ernesto c/ P.E.N. - ley 25.873 - dto. 1563/04 s/
amparo ley 16.986".
1°) Que Ernesto Halabi promovió acción de amparo reclamando que
se declare la inconstitucionalidad de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario
1563/04, en virtud de considerar que sus disposiciones vulneran las garantías
establecidas en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, en cuanto
autorizan la intervención de las comunicaciones telefónicas y por Internet sin que
una ley determine "en qué casos y con qué justificativos". Alegó que esa
intromisión constituye una violación de sus derechos a la privacidad y a la
intimidad, en su condición de usuario, a la par que menoscaba el privilegio de
confidencialidad que, como abogado, ostenta en las comunicaciones con sus
clientes (fs. 2/8).
2°) Que, al producir su informe, el Estado Nacional sostuvo que la
vía del amparo no resultaba apta para debatir el planteo del actor. Afirmó, además,
que la cuestión se había tornado abstracta en virtud del dictado del decreto
357/05, que suspendió la aplicación del decreto 1563/04, toda vez que con ello se
disipó la posibilidad de que exista un daño actual o inminente para el actor, o para
cualquier usuario del sistema (fs. 50/54).
3°) Que la magistrada de primera instancia hizo lugar a la demanda y
declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1° y 2° de la ley 25.873 y del decreto
1563/04. A ese efecto sostuvo que: a) no existió un debate legislativo suficiente
previo al dictado de la ley, la cual carece de motivación y fundamentación
apropiada; b) de los antecedentes de derecho comparado surge que diversas
legislaciones extranjeras tomaron precauciones para no incurrir en violaciones al
derecho a la intimidad Cpor ejemplo limitaron el tiempo de guarda de los datosC
que no fueron consideradas en este proyecto; c) las normas exhiben gran
vaguedad pues de sus previsiones no queda claro en qué medida pueden las
prestatarias captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización
judicial; d) aquéllas están redactadas de tal manera que crean el riesgo de que los
datos captados sean utilizados para fines distintos de los que ella prevé; e) el
Poder Ejecutivo se excedió en la reglamentación de la ley al dictar el decreto
1563/04 (fs. 70/78).
4°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal confirmó dicho pronunciamiento. Sin perjuicio
de advertir que el recurso de apelación del Estado Nacional exhibía defectos
técnicos que conducían a declararlo desierto, estimó que, por la trascendencia de
la cuestión debatida, correspondía tratar los argumentos desarrollados en defensa
de las normas impugnadas. Al respecto y, en primer lugar, aclaró que la
pretensión no se había tornado abstracta, pues la ley cuestionada seguía vigente
por el hecho de que el decreto 1563/04 que la reglamentó sólo había sido
suspendido "por tiempo indeterminado" mediante el decreto 357/05 sin que
hubiese sido "expulsado del plexo normativo vigente". En segundo término,
precisó que el planteo articulado no era meramente consultivo sino que existía un
interés jurídico concreto en cabeza del actor como usuario de distintos servicios de
telecomunicaciones y en su carácter de abogado. En cuanto a la viabilidad de la
acción de amparo, sostuvo que no existía en el caso otro remedio judicial más
idóneo para proteger los derechos invocados, además de que la cuestión no
requería una mayor amplitud de debate o prueba por resultar "prácticamente" de
puro derecho. Respecto del fondo del asunto, hizo suyos los argumentos
desarrollados por la jueza de grado a los que, con citas de jurisprudencia nacional
y extranjera, añadió consideraciones generales sobre el derecho a la intimidad y a
la inviolabilidad de la correspondencia, concluyendo que éstos debían primar Cen
situaciones como la que presenta el sub liteC más allá de que el objetivo general
de las normas impugnadas hubiera sido el de "combatir el flagelo de la
delincuencia". Subrayó que "en nada cambia la conclusión a la que se arriba que
la ley establezca (en su art. 3°) la asunción de responsabilidad por parte del
Estado por los eventuales perjuicios que se derivaren para terceros". Por lo
demás, estimó que la legitimación del actor "no excluía la incidencia colectiva de la
afectación a la luz del 2° párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional" por lo que
la sentencia dictada en tales condiciones debía "...aprovechar a todos los usuarios
que no han participado en el juicio" (fs. 109/116).
5°) Que contra esa decisión, el Estado Nacional interpuso el recurso
extraordinario de fs. 120/126 en el que invoca la existencia de cuestión federal,
arbitrariedad y gravedad institucional. El remedio ha sido concedido a fs. 156 y
resulta formalmente procedente toda vez que el agravio del recurrente pone en
cuestión la inteligencia que cabe atribuir a la cláusula del art. 43 de la Constitución
Nacional y la decisión es contraria a la validez del derecho que se fundó en ella y
es materia de litigio (art. 14, inc. 3°, de la ley 48). Por lo demás, cabe señalar que
el tema planteado tiene repercusión institucional, en la medida en que excede el
mero interés de las partes y repercute en un importante sector de la comunidad
por haberse sometido a debate la legitimidad de medidas de alcance general que
interesan a actividades cuyo ejercicio no es ajeno al bienestar común (confr.
doctrina de Fallos: 247:601 y, entre otras, causa F.1074.XLI "Fecred S.A. c/
Mazzei, Osvaldo Daniel y otro s/ ejecución hipotecaria", sentencia del 6 de mayo
de 2008). Es pertinente recordar que, según lo ha sostenido invariablemente en
sus pronunciamientos esta Corte, en la tarea de establecer la inteligencia de
preceptos constitucionales y de normas federales no se encuentra limitada por las
posiciones del tribunal apelado ni por los argumentos de las partes sino que le
interpretación que rectamente les otorgue (Fallos: 326:2880; 328:2694; 329:2876 y
3666, entre muchos otros).
6°) Que debe mencionarse que el Colegio Público de Abogados de la
Capital Federal y la Federación Argentina de Colegios de Abogados se
presentaron en autos adhiriendo a los planteos del actor (fs. 176/178 y 235/237,
respectivamente). A su turno, con arreglo a lo establecido en la acordada 30/2007,
el Tribunal llamó a una audiencia pública de carácter informativo, la que tuvo lugar
el 2 de julio de 2008 y en la cual las representaciones letradas de cada una de las
partes han sido interrogadas sobre diversos aspectos de la controversia, conforme
da cuenta el acta y el instrumento incorporados a este expediente.
exclusivamente a descalificar el efecto erga omnes que la cámara atribuyó a su
pronunciamiento. Al respecto señala que, sin perjuicio de la indudable dimensión
colectiva de los derechos debatidos en el caso, según las prescripciones
constitucionales, para conferir tal alcance al fallo era necesaria la participación del
Defensor del Pueblo de la Nación en el proceso, circunstancia que no se ha
producido. La pretensión fue deducida exclusivamente por un particular.
8°) Que para la dilucidación de este aspecto, según los propios
términos en que ha sido formulado el cuestionamiento, es necesario determinar
cuál es la naturaleza jurídica del derecho cuya salvaguarda se procuró mediante la
acción deducida, quiénes son los sujetos habilitados para articularla, bajo qué
condiciones puede resultar admisible y cuáles son los efectos que derivan de la
resolución que en definitiva se dicte.
9°) Que en materia de legitimación procesal corresponde, como
primer paso, delimitar con precisión tres categorías de derechos: individuales, de
incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, y de incidencia
colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.
En todos esos supuestos, la comprobación de la existencia de un
"caso" es imprescindible (art. 116 de la Constitución Nacional; art. 2 de la ley 27; y
Fallos: 310: 2342, considerando 7°; 311:2580, considerando 3°; y 326: 3007,
considerandos 7° y 8°, entre muchos otros), ya que no se admite una acción que
persiga el control de la mera legalidad de una disposición. Sin embargo es preciso
señalar que el "caso" tiene una configuración típica diferente en cada uno de ellos,
siendo esto esencial para decidir sobre la procedencia formal de pretensiones,
como se verá en los considerandos siguientes. También es relevante determinar si
la controversia en cada uno de esos supuestos se refiere a una afectación actual o
se trata de la amenaza de una lesión futura causalmente previsible.
10) Que la regla general en materia de legitimación es que los
derechos sobre bienes jurídicos individuales son ejercidos por su titular. Ello no
cambia por la circunstancia de que existan numerosas personas involucradas,
toda vez que se trata de obligaciones con pluralidad de sujetos activos o pasivos,
o supuestos en los que aparece un litisconsorcio activo o pasivo derivado de la
pluralidad de sujetos acreedores o deudores, o bien una representación plural. En
estos casos, no hay variación en cuanto a la existencia de un derecho subjetivo
sobre un bien individualmente disponible por su titular, quien debe,
indispensablemente, probar una lesión a ese derecho para que se configure una
cuestión justiciable.
A esta categoría de derechos se refiere el primer párrafo del artículo
43 de la Constitución Nacional en que encuentra cabida la tradicional acción de
amparo, instituida por vía pretoriana por esta Corte en los conocidos precedentes
"Siri" y "Kot" (Fallos: 239:459 y 241:291, respectivamente) y consagrada más tarde
legislativamente. Esta acción está destinada a obtener la protección de derechos
divisibles, no homogéneos y se caracteriza por la búsqueda de la reparación de un
daño esencialmente individual y propio de cada uno de los afectados.
11) Que los derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto
bienes colectivos (art. 43 de la Constitución Nacional) son ejercidos por el
Defensor del Pueblo de la Nación, las asociaciones que concentran el interés
colectivo y el afectado.
En estos supuestos existen dos elementos de calificación que
resultan prevalentes.
En primer lugar, la petición debe tener por objeto la tutela de un bien
colectivo, lo que ocurre cuando éste pertenece a toda la comunidad, siendo
indivisible y no admitiendo exclusión alguna. Por esta razón sólo se concede una
legitimación extraordinaria para reforzar su protección, pero en ningún caso existe
un derecho de apropiación individual sobre el bien ya que no se hallan en juego
derechos subjetivos. No se trata solamente de la existencia de pluralidad de
sujetos, sino de un bien que, como el ambiente, es de naturaleza colectiva. Es ne-
cesario precisar que estos bienes no tienen por titulares a una pluralidad
indeterminada de personas, ya que ello implicaría que si se determinara el sujeto
en el proceso éste sería el titular, lo cual no es admisible. Tampoco hay una
comunidad en sentido técnico, ya que ello importaría la posibilidad de peticionar la
extinción del régimen de cotitularidad. Estos bienes no pertenecen a la esfera
individual sino social y no son divisibles en modo alguno.
En segundo lugar, la pretensión debe ser focalizada en la incidencia
colectiva del derecho. Ello es así porque la lesión a este tipo de bienes puede
tener una repercusión sobre el patrimonio individual, como sucede en el caso del
daño ambiental, pero esta última acción corresponde a su titular y resulta
concurrente con la primera.
De tal manera, cuando se ejercita en forma individual una pretensión
procesal para la prevención o reparación del perjuicio causado a un bien colectivo,
se obtiene una decisión cuyos efectos repercuten sobre el objeto de la causa
petendi, pero no hay beneficio directo para el individuo que ostenta la legitimación.
En este tipo de supuestos, la prueba de la causa o controversia se
halla relacionada con una lesión a derechos sobre el bien colectivo y no sobre el
patrimonio del peticionante o de quienes éste representa.
Puede afirmarse, pues, que la tutela de los derechos de incidencia
colectiva sobre bienes colectivos corresponde al Defensor del Pueblo, a las
asociaciones y a los afectados, y que ella debe ser diferenciada de la protección
de los bienes individuales, sean patrimoniales o no, para los cuales hay una esfera
de disponibilidad en cabeza de su titular.
12) Que la Constitución Nacional admite en el segundo párrafo del
art. 43 una tercera categoría conformada por derechos de incidencia colectiva
referentes a intereses individuales homogéneos. Tal sería el caso de los derechos
personales o patrimoniales derivados de afectaciones al ambiente y a la com-
petencia, de los derechos de los usuarios y consumidores como de los derechos
de sujetos discriminados.
En estos casos no hay un bien colectivo, ya que se afectan derechos
individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, único o
continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una
causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos
la demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos
intereses, excepto en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay
una homogeneidad fáctica y normativa que lleva a considerar razonable la
realización de un solo juicio con efectos expansivos de la cosa juzgada que en él
se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del daño.
Sin embargo, no hay en nuestro derecho una ley que reglamente el
ejercicio efectivo de las denominadas acciones de clase en el ámbito específico
que es objeto de esta litis. Este aspecto resulta de gran importancia porque debe
existir una ley que determine cuándo se da una pluralidad relevante de individuos
que permita ejercer dichas acciones, cómo se define la clase homogénea, si la
legitimación corresponde exclusivamente a un integrante de la clase o también a
organismos públicos o asociaciones, cómo tramitan estos procesos, cuáles son los
efectos expansivos de la sentencia a dictar y cómo se hacen efectivos.
Frente a esa falta de regulación Cla que, por lo demás, constituye
una mora que el legislador debe solucionar cuanto antes sea posible, para facilitar
el acceso a la justicia que la Ley Suprema ha instituidoC, cabe señalar que la re-
ferida disposición constitucional es claramente operativa y es obligación de los
jueces darle eficacia, cuando se aporta nítida evidencia sobre la afectación de un
derecho fundamental y del acceso a la justicia de su titular. Esta Corte ha dicho
que donde hay un derecho hay un remedio legal para hacerlo valer toda vez que
sea desconocido; principio del que ha nacido la acción de amparo, pues las
garantías constitucionales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de
estar en la Constitución e independientemente de sus leyes reglamentarias, cuyas
limitaciones no pueden constituir obstáculo para la vigencia efectiva de dichas
garantías (Fallos: 239:459; 241:291 y 315:1492).
La eficacia de las garantías sustantivas y procesales debe ser
armonizada con el ejercicio individual de los derechos que la Constitución también
protege como derivación de la tutela de la propiedad, del contrato, de la libertad de
comercio, del derecho de trabajar, y la esfera privada, todos derechos de ejercicio
privado. Por otro lado, también debe existir una interpretación armónica con el
derecho a la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien sea perjudicado por
una sentencia dictada en un proceso en el que no ha participado (doctrina de
En la búsqueda de la efectividad no cabe recurrir a criterios
excesivamente indeterminados alejados de la prudencia que dicho balance exige.
13) Que la procedencia de este tipo de acciones requiere la
verificación de una causa fáctica común, una pretensión procesal enfocada en el
aspecto colectivo de los efectos de ese hecho y la constatación de que el ejercicio
individual no aparece plenamente justificado. Sin perjuicio de lo cual, también
procederá cuando, pese a tratarse de derechos individuales, exista un fuerte
interés estatal en su protección, sea por su trascendencia social o en virtud de las
particulares características de los sectores afectados.
que causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.
peticionar, como ocurre en los casos en que hay hechos que dañan a dos o más
personas y que pueden motivar acciones de la primera categoría. De tal manera,
la existencia de causa o controversia, en estos supuestos, no se relaciona con el
daño diferenciado que cada sujeto sufra en su esfera, sino con los elementos
homogéneos que tiene esa pluralidad de sujetos al estar afectados por un mismo
considerado aisladamente, no justifique la promoción de una demanda, con lo cual
podría verse afectado el acceso a la justicia. Sin perjuicio de ello, como se
anticipó, la acción resultará de todos modos procedente en aquellos supuestos en
los que cobran preeminencia otros aspectos referidos a materias tales como el
ambiente, el consumo o la salud o afectan a grupos que tradicionalmente han sido
entendido como el de la sociedad en su conjunto. En tal sentido, los artículos 41,
42 y 43, párrafo segundo, de la Constitución Nacional brindan una pauta en la lí-
nea expuesta.
14) Que la pretensión deducida por el abogado Ernesto Halabi puede
ser calificada como un supuesto de ejercicio de derechos de incidencia colectiva
referentes a los intereses individuales homogéneos definidos en los considerandos
12 y 13 de este pronunciamiento.
En efecto, el pretensor interpuso acción de amparo en virtud de
considerar que las disposiciones de la ley 25.873 y de su decreto reglamentario
1563/04 vulneran los derechos establecidos en los artículos 18 y 19 de la Carta
Constitucional en la medida en que autorizan la intervención de las comunicacio-
nes telefónicas y por Internet sin determinar "en qué casos y con qué justificativos"
esa intromisión puede llevarse a cabo. La referida intervención importa una
violación de sus derechos a la privacidad y a la intimidad, y además pone en serio
riesgo el "secreto profesional" que como letrado se ve obligado a guardar y
garantizar (arts. 6° inc. f, 7°, inc. c y 21, inc. j, de la ley 23.187). Su pretensión no
se circunscribe a procurar una tutela para sus propios intereses sino que, por la
índole de los derechos en juego, es representativa de los intereses de todos los
usuarios de los servicios de telecomunicaciones como también de todos los
Como se anticipó en el considerando 7°, corresponde resolver el
alcance del pronunciamiento. Al respecto, este Tribunal considera cumplidos los
recaudos que, para las acciones colectivas, se delinean en esta sentencia.
En efecto, existe un hecho único Cla normativa en cuestiónC que
causa una lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales.
La pretensión está concentrada en los efectos comunes para toda la
clase de sujetos afectados, con lo que se cumple el segundo requisito expuesto en
el considerando anterior. La simple lectura de la ley 25.837 y de su decreto
reglamentario revela que sus preceptos alcanzan por igual y sin excepciones a
Finalmente, hay una clara afectación del acceso a la justicia, porque
no se justifica que cada uno de los posibles afectados de la clase de sujetos
involucrados promueva una demanda peticionando la inconstitucionalidad de la
norma, con lo que se cumple el tercero de los elementos señalados en el con-
siderando anterior.
Por lo demás, esta Corte estima que, dado que es la primera
oportunidad en la que se delinean los caracteres de la acción colectiva que tiene
por objeto la protección de derechos individuales homogéneos y que no existe una
reglamentación al respecto, cabe ser menos riguroso a la hora de evaluar el resto
de los recaudos que habrá que exigir en lo sucesivo en los procesos de esta
naturaleza. En estas condiciones, se considera que ha existido una adecuada
representación de todas las personas, usuarios de los servicios de
telecomunicaciones Cdentro de los que se encuentran los abogadosC a las que se
extenderán los efectos de la sentencia.
Para arribar a esta conclusión se tiene en cuenta la publicidad que se le
dio a la audiencia celebrada ante esta Corte, como también la circunstancia de
que la declaración de inconstitucionalidad de la ley 25.873 se encuentra firme y
que el decreto reglamentario 1563/04 ha sido suspendido en su vigencia.
Asimismo, se consideran las presentaciones que, en apoyo de la pretensión del
demandante, han realizado como Amigos del Tribunal, la Federación Argentina de
Colegios de Abogados y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal que
comparecían para evitar "las nefastas consecuencias que para todos los
habitantes de nuestro país y en particular para los abogados matriculados en
nuestro colegio traería aparejada la subsistencia formal de las normas
cuestionadas" (fs. 215/216 y 235/237). Similares consideraciones fueron
realizadas en la audiencia celebrada ante el Tribunal por los oradores de esas dos
instituciones (fs. 347/357).
15) Que la conclusión mencionada no puede ser objetada so
pretexto de que la acción colectiva prefigurada en la referida cláusula
constitucional no encuentre, en el plano normativo infraconstitucional, un carril
procesal apto para hacerla efectiva. Ese presunto vacío legal no es óbice para que
los jueces arbitren las medidas apropiadas y oportunas para una tutela efectiva de
los derechos constitucionales que se aducen vulnerados. Ha expresado el Tribunal
al respecto que basta la comprobación inmediata de un gravamen para que una
garantía constitucional deba ser restablecida por los jueces en su integridad, sin
que pueda alegarse en contrario la inexistencia de una ley que la reglamente: las
garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de
estar consagradas por la Constitución e independientemente de las leyes re-
glamentarias. En apoyo de tal afirmación, esta Corte sostuvo que ya a fines del
siglo XIX señalaba Joaquín V. González: "No son, como puede creerse, las
'declaraciones, derechos y garantías', simples fórmulas teóricas: cada uno de los
artículos y cláusulas que las contienen poseen fuerza obligatoria para los
individuos, para las autoridades y para toda la Nación. Los jueces deben aplicarla
en la plenitud de su sentido, sin alterar o debilitar con vagas interpretaciones o
ambigüedades la expresa significación de su texto. Porque son la defensa perso-
nal, el patrimonio inalterable que hace de cada hombre, ciudadano o no, un ser
libre e independiente dentro de la Nación Argentina" ("Manual de la Constitución
argentina", en "Obras completas", vol. 3, Buenos Aires, 1935, núm. 82; confr., ade-
más, núms. 89 y 90). Los preceptos constitucionales tanto como la experiencia
institucional del país reclaman de consuno el goce y ejercicio pleno de las
garantías individuales para la efectiva vigencia del Estado de derecho e imponen a
los jueces el deber de asegurarlas (confr. causa "Siri", Fallos: 239:459).
16) Que es innegable, entonces, que una inteligencia dinámica del
texto constitucional, superadora de una concepción pétrea de sus directivas,
conlleva la posibilidad de encontrar en él los remedios adecuados para cada una
de las circunstancias que está llamado a regir. En ese sentido ha observado tam-
bién el Tribunal que la Constitución, que es la ley de las leyes y se halla en el
cimiento de todo el orden jurídico positivo, tiene la virtualidad necesaria de poder
gobernar las relaciones jurídicas nacidas en circunstancias sociales diferentes a
las que existían en tiempo de su sanción. Este avance de los principios
constitucionales, que es de natural desarrollo y no de contradicción, es la obra
genuina de los intérpretes, en particular de los jueces, quienes deben consagrar la
inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para que fue dictada la
Constitución. Entre esos grandes objetivos y aun el primero entre todos, está el de
"asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino"
(Preámbulo). De ahí que la Constitución está dirigida irrevocablemente a asegurar
a todos los habitantes "los beneficios de la libertad" y este propósito, que se halla
en la raíz de nuestra vida como Nación, se debilita o se corrompe cuando se
introducen distinciones que, directa o indirectamente, se traducen en obstáculos o
postergaciones para la efectiva plenitud de los derechos (confr. causa "Kot",
Fallos: 241:291).
jurisdiccional que esté a la altura de la evolución de las instituciones y a las
exigencias actuales de la sociedad, no puede pasar desapercibida a los
magistrados la experiencia recogida en otros sistemas jurídicos. Al respecto, en lo
que aquí interesa, resulta ilustrativo traer a colación que en los Estados Unidos de
Norteamérica, a partir de las directivas del Bill of peace del siglo XVII, mediante la
labor jurisprudencial, se ha delineado la institución de las class actions cuya
definición conceptual quedó plasmada en las Federal Rules of Civil Procedure de
1938 y que ha experimentado una evolución posterior mediante numerosas
decisiones judiciales hasta obtener contornos más precisos en las Federal Rules
de 1966. La Regla 23 (Equity Rule 23) de ese ordenamiento determinó que uno o
más miembros de una clase puede demandar o ser demandado como parte en
representación de todos cuando: 1) la clase es tan numerosa que la actuación de
todos es impracticable, 2) existen cuestiones de hecho y de derecho comunes a la
clase, 3) las demandas o defensas de las partes representantes son típicas de las
demandas o defensas de la clase, y 4) las partes representantes protegerán los
intereses de la clase justa y adecuadamente. El juez debe admitir la pretensión
deducida por parte de un representante de la clase, efectuando un adecuado
control de su representatividad y de la existencia de una comunidad de intereses.
La decisión que se adopta tiene efectos erga omnes.
En el contexto de la citada disposición es posible distinguir tres tipos
de acciones: la primera diseñada para los supuestos en que el ejercicio individual
de las pretensiones mediante procesos individuales resulte perjudicial para el en-
juiciado o para los miembros del colectivo por crear el riesgo de sentencias
contradictorias o disímiles respecto de los sujetos individuales, que impongan
comportamientos incompatibles a la parte opuesta del grupo o que, en la práctica,
sean dispositivas de los intereses de otros miembros no partes, o que sus-
tancialmente menoscaben o eliminen la posibilidad de proteger sus intereses. El
segundo tipo es aquél concerniente a los supuestos en que la contraparte del
grupo ha evidenciado una conducta positiva u omisiva por motivos vinculados a
aquél, lo que torna apropiado una resolución condenatoria o declarativa que
involucre a todo el conjunto. El tipo restante se presenta cuando el juez otorga
primacía a los puntos fácticos o jurídicos comunes a los integrantes del grupo por
sobre cualquier cuestión que afecte sólo a sus miembros individuales, de manera
tal que la acción del colectivo es siempre superior a la acción individual.
18) Que cabe hacer presente, asimismo, la regulación vigente en
España que, aunque circunscripta al ámbito de los consumidores y de los
usuarios, presenta una singular solución para los problemas que generan la
participación, la legitimación procesal y los alcances de las decisiones en las
demandas de contenido colectivo. En efecto, la Ley de Enjuiciamiento Civil
española (n° 1 del 7 de enero de 2000; BOE núm. 7, del 8 de enero de 2000, pág.
575-728, corrección de errores BOE núm. 90, del 14 de abril de 2000, pág. 15278
y BOE núm. 180, del 28 de julio de 2001, pág. 27746) reconoce la calidad de parte
procesal ante los tribunales civiles a los "grupos de consumidores o usuarios
afectados por un hecho dañoso cuando los individuos que lo compongan estén
determinados o sean fácilmente determinables". El grupo podrá demandar en
juicio cuando se constituya con la mayoría de los afectados (art. 6°, inc. 7°). En
esas condiciones, la norma otorga legitimación para la tutela de los intereses
colectivos no sólo a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las
entidades legalmente constituidas que tengan por objeto la defensa o protección
de éstos sino, además, a los propios grupos de afectados (art. 11, inc. 2).
En referencia también a los derechos e intereses de los
consumidores, el ordenamiento legal de Brasil prevé una acción civil colectiva de
responsabilidad por daños individualmente sufridos cuya articulación puede ser
ejercida en juicio en forma individual o a título colectivo. La normativa autoriza la
defensa colectiva para los supuestos de intereses o derechos difusos
transindividuales de naturaleza indivisible de que sean titulares personas
indeterminadas y relacionadas por circunstancias reales; los intereses o derechos
colectivos transindividuales de naturaleza indivisible de que sea titular un grupo,
categoría o clase de personas relacionadas entre sí o con la parte contraria por
una relación jurídica base; y los intereses o derechos individuales homogéneos,
por los que se entienden los resultantes de origen común (arts. 81, 91 y ss. del
Código de Defensa del Consumidor, ley 8078, del 11 de septiembre de 1990).
19) Que en lo referente al derecho argentino, esta Corte ha advertido
en otras ocasiones que el propio texto constitucional autoriza el ejercicio de las
acciones apropiadas para la defensa de intereses colectivos con prescindencia de
las figuras expresamente diseñadas en él o en las normas procesales vigentes. Es
oportuno recordar, en ese sentido que, al interpretar el ya tantas veces
mencionado art. 43 de la Constitución Nacional, el Tribunal admitió que la
protección judicial efectiva no se reduce únicamente al amparo strictu sensu sino
que es susceptible de extenderse a otro tipo de remedios procesales de carácter
general como Cen esa ocasiónC el hábeas corpus colectivo, pues es lógico
suponer que si se reconoce la tutela colectiva de los derechos citados en el
párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución otorga las mismas he-
rramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa en especial, no
precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla (Fallos:
328:1146, considerandos 15 y 16). Por lo tanto, frente a una situación como la
planteada en el sub examine, dada la naturaleza de los derechos en juego, la
calidad de los sujetos integrantes del colectivo y conforme a lo sostenido
reiteradamente por esta Corte en materia de interpretación jurídica, en el sentido
de que, además de la letra de la norma, debe tenerse en cuenta la finalidad per-
seguida y la dinámica de la realidad, es perfectamente aceptable dentro del
esquema de nuestro ordenamiento que un afectado, el Defensor del Pueblo o
determinadas asociaciones deduzcan, en los términos del ya citado segundo
párrafo del artículo 43, una acción colectiva con análogas características y efectos
a la existente en el derecho norteamericano (confr. fallo referido, considerando 17
20) Que no obstante ello, ante la ya advertida ausencia de pautas
adjetivas mínimas que regulen la materia, se torna indispensable formular algunas
precisiones, con el objeto de que ante la utilización que en lo sucesivo se haga de
la figura de la "acción colectiva" que se ha delineado en el presente fallo se
resguarde el derecho de la defensa en juicio, de modo de evitar que alguien pueda
verse afectado por una sentencia dictada en un proceso en el que no ha tenido la
asumir su representación y la existencia de un planteo que involucre, por sobre los
homogéneas a todo el colectivo. Es esencial, asimismo, que se arbitre en cada
caso un procedimiento apto para garantizar la adecuada notificación de todas
aquellas personas que pudieran tener un interés en el resultado del litigio, de
manera de asegurarles tanto la alternativa de optar por quedar fuera del pleito
como la de comparecer en él como parte o contraparte. Es menester, por lo
demás, que se implementen adecuadas medidas de publicidad orientadas a evitar
la multiplicación o superposición de procesos colectivos con un mismo objeto a fin
de aventar el peligro de que se dicten sentencias disímiles o contradictorias sobre
idénticos puntos.
21) Que a esta altura de la exposición se impone recordar que el
apelante centró sus agravios en el aspecto de la sentencia mediante el cual la
cámara procuró reforzar la virtualidad de su decisión atribuyéndole carácter erga
omnes. En razón de ello, para dar una respuesta definitoria a la impugnación
articulada es conveniente remarcar, como conclusión de lo que se lleva dicho, que
el fundamento de esa amplitud de los efectos de la decisión no se halla sólo en la
búsqueda, por parte del juzgador, de arbitrios tendientes a superar el escollo
derivado de la arraigada concepción individualista en materia de legitimación. El
verdadero sustento de la proyección superadora de la regla inter partes,
determinante de la admisibilidad de la legitimación grupal, es inherente a la propia
naturaleza de la acción colectiva en virtud de la trascendencia de los derechos que
por su intermedio se intentan proteger. Tal estándar jurídico, como se ha
expresado, reconoce su fuente primaria en el propio texto constitucional y, lejos de
ser una construcción novedosa, aparece como una institución ya arraigada en el
ordenamiento normativo vigente. En efecto, las regulaciones especiales que
instauran instrumentos de carácter colectivo para obtener reivindicaciones en
materia de defensa a los usuarios y consumidores y en lo atinente a daño
ambiental, prevén expresamente soluciones de la índole referida. Así el art. 54,
párrafo segundo, de la ley 24.240 establece que "la sentencia que haga lugar a la
pretensión hará cosa juzgada para el demandado y para todos los consumidores o
usuarios que se encuentren en similares condiciones, excepto de aquellos que
manifiesten su voluntad en contrario previo a la sentencia en los términos y
condiciones que el magistrado disponga". De un modo semejante, el art. 33, in
fine, de la ley 25.675 dispone que "la sentencia hará cosa juzgada y tendrá efecto
erga omnes, a excepción de que la acción sea rechazada, aunque sea parcial-
mente, por cuestiones probatorias".
22) Que para concluir y, sin perjuicio de las limitaciones con que ha
quedado abierta la jurisdicción de esta Corte según lo indicado en el considerando
7°, es conveniente dar una ligera mirada sobre el tema planteado como cuestión
de fondo pues, como se ha expuesto a lo largo de este pronunciamiento, lo
referente a la admisibilidad de la acción colectiva, a la legitimación para
interponerla y a la proyección de los efectos de la sentencia que en su cauce se
dicte, depende fundamentalmente de la índole del derecho que por ese medio se
procura resguardar. La tacha de inconstitucionalidad deducida en la demanda que
abrió este proceso recayó sobre la ley 25.873 y su reglamentación. Esa norma
legal incorporó a la ley 19.798 Cde regulación del servicio de telecomunicacionesC
los artículos 45 bis, ter y quáter que, en síntesis, prevén que: a) los prestadores de
telecomunicaciones deberán disponer de los recursos humanos y tecnológicos
necesarios para la captación y derivación de las comunicaciones que transmiten,
para su observación remota a requerimiento del Poder Judicial o el Ministerio Pú-
blico de conformidad con la legislación vigente; b) los costos deberán ser
soportados por los prestadores y el servicio deberá estar disponible en todo
momento; c) los prestadores deberán registrar y sistematizar los datos filiatorios y
domiciliarios de sus usuarios y clientes y los registros de tráfico de comu-
nicaciones para su consulta sin cargo por parte del Poder Judicial o el Ministerio
Público; d) esa información deberá ser conservada por diez años; e) el Estado
Nacional asume la responsabilidad por los eventuales daños y perjuicios que
pudieran derivar para terceros de la observación y utilización de la información
obtenida por el mecanismo previsto. A su turno, el decreto 1563/04 reglamentó la
norma legal pero su aplicación fue suspendida más tarde por el decreto 357/05. El
tribunal a quo observó al respecto Cmediante un señalamiento que ha quedado
firme ante la ausencia de agravioC que la suspensión del reglamento no implicó su
exclusión del ordenamiento jurídico y, por ende, el precepto resulta susceptible de
ocasionar una afectación actual o inminente a los derechos del actor. Tal
dispositivo, en lo que interesa, determina que la Dirección de Observaciones
Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) será el órgano
encargado de realizar las interceptaciones y que los prestadores deberán obtener
los recursos para realizarlas y mantenerlas en confidencialidad.
23) Que el fallo recurrido, en el tramo que también ha adquirido
carácter inamovible por no haber merecido objeciones del apelante, confirmó por
sus fundamentos la decisión dictada en primera instancia con lo cual la
declaración de inconstitucionalidad de las normas quedó sustentada, entre otros
extremos valorados, en que: a) las previsiones de la ley exhiben vaguedad en sus
previsiones de las que no resulta claro en qué medida pueden las prestatarias
captar el contenido de las comunicaciones sin la debida autorización judicial, y b)
tal como está redactada la norma, existe el riesgo de que los datos sean utilizados
para fines distintos que aquéllos en ella previstos.
En relación con los aspectos reseñados resulta oportuno señalar que
las comunicaciones a las que se refiere la ley 25.873 y todo lo que los individuos
transmiten por las vías pertinentes integran la esfera de intimidad personal y se
encuentran alcanzadas por las previsiones de los artículos 18 y 19 de la
Constitución Nacional. El derecho a la intimidad y la garantía consecuente contra
su lesión actúa contra toda "injerencia" o "intromisión" "arbitraria" o "abusiva" en la
"vida privada" de los afectados (conf. art. 12 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos y art. 11, inc. 2°, de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos Ctratados, ambos, con jerarquía constitucional en los términos del art.
75, inc. 22, de la Constitución NacionalC y art. 1071 bis del Código Civil).
24) Que, en sentido coincidente, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos tiene dicho que el poder del Estado para garantizar la
seguridad y mantener el orden público no es ilimitado, sino que "su actuación está
condicionada por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos que
se encuentren bajo su jurisdicción y a la observación de los procedimientos
conforme a Derecho (...) con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente
definidos en la misma" (Corte Interamericana de Derechos Humanos. Serie C, n°
100, caso "Bulacio v. Argentina", sentencia del 18 de septiembre de 2003, ptos.
124 y 125; ver Fallos: 330:3801).
Acerca de estas situaciones este Tribunal ha subrayado que sólo la
ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que
medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la
sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen (Fallos: 306:1892;
316:703, entre otros). Es en este marco constitucional que debe comprenderse, en
el orden del proceso penal federal, la utilización del registro de comunicaciones
telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un
juez competente mediante auto fundado (confr. art. 236, segunda parte, del
Código Procesal Penal de la Nación, según el texto establecido por la ley 25.760),
de manera que el común de los habitantes está sometido a restricciones en esta
esfera semejantes a las que existen respecto a la intervención sobre el contenido
de las comunicaciones escritas o telefónicas. Esta norma concuerda con el
artículo 18 de la ley 19.798 que establece que "la correspondencia de
telecomunicaciones es inviolable. Su interceptación sólo procederá a reque-
rimiento de juez competente".
En idéntico sentido, el Tribunal Constitucional de España, mediante
su sentencia del 5 de abril de 1999 (STC 49/1999), con cita del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos (TEDH), ha sostenido que "si el secreto pudiera alzarse
sobre la base de meras hipótesis subjetivas, el derecho al secreto de las
comunicaciones (...) quedaría materialmente vacío de contenido". Así, el TEDH
acepta como garantía adecuada frente a los abusos que la injerencia sólo pueda
producirse allí donde "existan datos fácticos o indicios que permitan suponer que
alguien intenta cometer, está cometiendo o ha cometido una infracción grave"
CCaso K., núm. 51C o donde existan "buenas razones" o "fuertes presunciones"
de que las infracciones están a punto de cometerse (TEDH S 15 jun. 1992, caso L,
núm. 38).
25) Que la libertad, en cada una de sus fases, tiene su historia y su
connotación (Fallos: 199:483); de ahí que las consideraciones en particular sobre
el tema en discusión deban mantener un muy especial apego a las circunstancias
del caso. El Tribunal tiene dicho que los motivos que determinan el examen de la
correspondencia en el caso de un delincuente, pueden diferir de los referentes a
un quebrado, a un vinculado al comercio, a un sujeto de obligaciones tributarias,
etc.; por ello ha interpretado que el art. 18 de la Constitución no exige que la
respectiva ley reglamentaria deba ser "única y general" (Fallos: 171:348;
318:1894, entre otros).
Cabe recordar que en el precedente de Fallos: 318: 1894 (en el voto
de los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano) se afirmó que, para restringir
válidamente la inviolabilidad de la correspondencia, supuesto que cabe
evidentemente extender al presente, se requiere: a) que haya sido dictada una ley
que determine los "casos" y los "justificativos" en que podrá procederse a tomar
conocimiento del contenido de dicha correspondencia; b) que la ley esté fundada
en la existencia de un sustancial o importante objetivo del Estado, desvinculado de
la supresión de la inviolabilidad de la correspondencia epistolar y de la libertad de
expresión; c) que la aludida restricción resulte un medio compatible con el fin
legítimo propuesto y d) que dicho medio no sea más extenso que lo indispensable
para el aludido logro. A su vez, fines y medios deberán sopesarse con arreglo a la
interferencia que pudiesen producir en otros intereses concurrentes.
26) Que lo resuelto en el sub lite por los jueces de la causa se ajusta
a los requisitos que conforman el estándar enunciado y que imponen la aplicación
de criterios de interpretación restrictivos en el examen de las intercepciones de las
comunicaciones personales. Tal como ha sido apreciado por los magistrados de
los tribunales intervinientes en las instancias anteriores, es evidente que lo que las
normas cuestionadas han establecido no es otra cosa que una restricción que
afecta una de las facetas del ámbito de la autonomía individual que constituye el
derecho a la intimidad, por cuanto sus previsiones no distinguen ni precisan de
modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las
interceptaciones, toda vez que no especifican el tratamiento del tráfico de informa-
ción de Internet en cuyo contexto es indiscutible que los datos de navegación
anudan a los contenidos. Se añade, a ello, la circunstancia de que las normas
tampoco prevén un sistema específico para la protección de las comunicaciones
en relación con la acumulación y tratamiento automatizado de los datos persona-
les. En suma, como atinadamente ha sido juzgado en autos, resulta inadmisible
que las restricciones autorizadas por la ley estén desprovistas del imprescindible
grado de determinación que excluya la posibilidad de que su ejecución concreta
por agentes de la Administración quede en manos de la más libre discreción de
estos últimos, afirmación que adquiere primordial relevancia si se advierte que
desde 1992 es la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, que actúa
bajo la órbita del poder político, la que debe cumplir con los requerimientos que
formule el Poder Judicial en orden a la interceptación de comunicaciones
telefónicas u otros medios de transmisión que se efectúen por esos circuitos. Ello
es así por cuanto, en el marco de la transferencia de la prestación del servicio de
telecomunicaciones de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones a
licenciatarias privadas, el decreto 1801/1992 dispuso que la Dirección de
Observaciones Judiciales de aquella empresa estatal pasara a depender de la
SIDE, a los fines de cumplir con dichos requerimientos de los jueces.
27) Que, por lo demás, no cabe perder de vista que ha sido el propio
legislador quien, al establecer en el artículo 3° de la ley 25.873 la responsabilidad
estatal por los daños y perjuicios que pudieran derivar para terceros de la
observación y utilización de la información obtenida, ha reconocido que el sistema
de captación, derivación y registro de comunicaciones que implementó podría no
respetar las garantías mínimas exigibles para tan drástica injerencia en la esfera
íntima de los particulares.
28) Que, cabe aclarar, que la Dra. Highton de Nolasco deja a salvo
su opinión respecto a la legitimación del Defensor del Pueblo de la Nación para la
defensa de intereses individuales homogéneos puramente patrimoniales (conf.
D.2080.XXXVII ADefensor del Pueblo de la Nación c/ E.N. - PEN- dtos. 1570/01 y
1606/01 s/ amparo ley 16.986", sentencia del 26 de junio de 2007).
En las condiciones expuestas y por los fundamentos que anteceden,
corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de recurso.
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara procedente el
recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Con costas. Notifíquese
y, oportunamente, devuélvase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I.
HIGHTON de NOLASCO - CARLOS S. FAYT (en disidencia parcial)- ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- JUAN CARLOS MAQUEDA - E.
RAUL ZAFFARONI - CARMEN M. ARGIBAY (en disidencia parcial).
-//-DENCIA PARCIAL DE LOS SEÑORES MINISTROS DOCTORES DON ENRI-
QUE SANTIAGO PETRACCHI Y DOÑA CARMEN M. ARGIBAY
1°) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal confirmó el pronunciamiento de primera
instancia que había hecho lugar a la acción de amparo entablada por Ernesto
Halabi y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.873 (arts. 1° y 2°) y del decreto
2°) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación interpuesto
por el Estado Nacional por considerar que el memorial del recurrente no cumplía
con los recaudos exigidos por la ley procesal, en razón de que el Estado se limitó
a reiterar planteos anteriores que habían sido pormenorizadamente rechazados
por la jueza interviniente. No obstante ello, entendió que la trascendencia de la
cuestión debatida justificaba el tratamiento de los argumentos invocados en favor
de la legitimidad de la normativa impugnada.
3°) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las condiciones
de admisibilidad de la vía del amparo, convalidó los fundamentos de la instancia
anterior relativos a la inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las comu-
nicaciones previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos, puso de relevancia
la ausencia de un debate legislativo suficiente en una materia tan sensible, la
necesidad de que una norma de tales características sea motivada y fundada, la
peligrosa vaguedad de muchas de sus previsiones, la dificultad para separar los
"datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo cierto de que
los datos registrados sean indebidamente utilizados. Con relación al argumento
del Estado relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al interés de
la comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben prevalecer sobre los intereses
meramente individuales o sectoriales, la cámara destacó la significación que
adquiere la protección del ámbito de privacidad en el marco de los estados de
derecho. Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser invadido por el
Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces de demostrar
que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia sociedad" (fs. 113
vta.), y la sola invocación de la finalidad de "combatir el delito" no basta para
"convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un sistema inquisitivo
en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas para su eventual
observación remota" (fs. 114).
4°) Que, por último, con relación al alcance de la sentencia, el a quo
explicitó las razones por las cuales el fallo debe aprovechar a todos los usuarios
que no han participado en el juicio, en razón de que el carácter colectivo de la
controversia tiene como consecuencia lógica necesaria que el control de
constitucionalidad ejercido tendrá "alcance colectivo para todos los usuarios que
se encuentren en la misma condición que el actor" (fs. 115).
5°) Que este último aspecto de la decisión fue el que motivó el
recurso extraordinario del Estado Nacional (fs. 120/126), concedido a fs. 156.
En dicha presentación, el recurrente se limita a manifestar su
disconformidad con la interpretación de la sentencia en punto a la dimensión
colectiva del interés invocado por el amparista, y nada dice en defensa de la
constitucionalidad de las normas en debate. Esta cuestión, por lo tanto, ha queda-
do excluida de la jurisdicción apelada del Tribunal.
6°) Que, de acuerdo con lo argumentado por el Estado Nacional, la
cámara realizó una errónea interpretación del art. 43 de la Constitución Nacional,
en tanto el carácter colectivo de un derecho no autorizaría al tribunal a dictar una
sentencia de alcance general si quien acciona no es el Defensor del Pueblo ni una
asociación protectora de los derechos de los usuarios y consumidores. Según su
punto de vista, el resultado del pleito sólo podría aplicarse al caso del afectado en
particular y "bajo ningún punto de vista puede hacerse extensivo a la sociedad
7°) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que sus
sentencias producen efectos solamente respecto de quienes han revestido el
carácter de partes en el juicio, y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros
que han permanecido ajenos a él (Fallos: 321:1252 y sus citas Cconsiderando 18
del voto del juez PetracchiC), tal aseveración reviste el carácter de principio
general. En efecto, cuando la naturaleza de la pretensión invocada impide, fáctica
o jurídicamente, restringir el alcance de lo decidido a las partes intervinientes en el
juicio, dicha regla debe ceder. De otro modo, la tutela de derechos reclamada no
podría hacerse efectiva, y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la
acción de amparo (conf. Fallos: 322:3008, esp. considerandos 12 y 13 de la disi-
dencia del juez Petracchi, y sus citas).
8°) Que, en este sentido, resulta incomprensible la pretensión de la
recurrente dirigida a que los efectos de lo decidido en la presente causa se limiten
al amparista, pues CsostieneC "no existe imposibilidad de excluirlo a él de la
aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la
normativa en general". En efecto, tal afirmación prescinde del carácter indivisible
de la materia en discusión. Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista,
puede ser vista como un bien propio de cada individuo en particular, no se trata en
el caso de un reclamo de protección limitado a un cierto espacio físico o a algún
aparato de comunicación en particular. Por el contrario, lo que entra en juego es el
derecho a la privacidad en el ámbito de las telecomunicaciones. Ello, por
definición, presupone la interacción con otros interlocutores, cuya ausencia de
protección Cpor ser ajenos al juicioC derivaría, necesariamente, en el fracaso de la
protección al amparista mismo. Desde este punto de vista, la necesidad de
protección invocada no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. En
consecuencia, al no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento
alguno acerca de cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante
manteniendo la injerencia a la privacidad de terceros, ajenos al pleito, pero
potenciales interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su
fundamentación de entidad suficiente como para impedir su procedencia.
9°) Que, por lo mismo, frente a la ausencia de argumentos relativos a
cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso particular sin
vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte relación directa e
inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpretación restrictiva de los
alcances del art. 43 de la Constitución Nacional propuesta por la recurrente (conf.,
entre muchos otros, Fallos: 329:2060, 4535; 330:4399).
Por ello, oída la señora Procuradora Fiscal, se declara improcedente el
recurso extraordinario. Sin costas en atención a la naturaleza de la cuestión
debatida. Hágase saber y, oportunamente, devuélvase. ENRIQUE SANTIAGO
PETRACCHI - CARMEN M. ARGIBAY.
11) Que la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Halabi y declaró la inconstitucionalidad de la ley 25.873 (arts. 11 y 21) y del de-
creto 1563/04.
21) Que el a quo declaró desierto el recurso de apelación interpuesto
cuestión debatida justificaba el tratamiento de los argumentos invocados a favor
31) Que, en este orden de ideas, luego de examinar las condiciones
de admisibilidad de la vía de amparo, convalidó los fundamentos de la instancia
anterior relativos a la inadmisibilidad constitucional de las injerencias en las
comunicaciones previstas por dicha normativa. Entre otros aspectos, puso de
relevancia la ausencia de un debate legislativo suficiente en una materia tan
sensible, la necesidad de que una norma de tales características sea motivada y
fundada, la peligrosa vaguedad de muchas de sus previsiones, la dificultad para
separar los "datos de tráfico" del contenido mismo de la comunicación y el riesgo
cierto de que los datos registrados sean indebidamente utilizados. Con relación al
argumento del Estado relativo a que las normas en cuestión se dirigen a atender al
interés de la comunidad en su totalidad, y que, por ello, deben prevalecer sobre
los intereses meramente individuales o sectoriales, la cámara destacó la
significación que adquiere la protección del ámbito de privacidad en el marco de
los Estados de derecho. Dicho ámbito de privacidad CseñalóC sólo puede ser
invadido por el Estado "sobre la base de ponderadísimos juicios que sean capaces
de demostrar que las restricciones conciernen a la subsistencia de la propia
sociedad" (fs. 113 vta.), y la sola invocación de la finalidad de "combatir el delito"
no basta para "convertir a todos los habitantes de la Nación en rehenes de un
sistema inquisitivo en el que todas sus telecomunicaciones pueden ser captadas
para su eventual observación remota" (fs. 114).
41) Que, por último, con relación al alcance de la sentencia, el a quo
explicitó las razones por las cuales el fallo debía aprovechar a todos los usuarios
constitucionalidad ejercido tenga "alcance colectivo para todos los usuarios que se
encuentren en la misma condición que el actor" (fs. 115).
51) Que este último aspecto de la decisión fue el que motivó el
61) Que, de acuerdo con lo argumentado por la demandada, la
71) Que si bien es cierto que este Tribunal tiene dicho que sus
carácter de partes en el juicio y no pueden aprovechar ni perjudicar a los terceros
podría hacerse efectiva y se vulneraría el principio mismo del que ha nacido la
81) Que en este sentido no puede perderse de vista el carácter
invocado por el actor para demandar, toda vez que la condición de ciudadano
alegada resulta determinante en orden a la delimitación del ámbito de aplicación
de la solución a la que se arribó en autos. Ello es así, en la medida en que el
actor, en tal carácter, integra el pueblo, en cuanto sustancia del Estado,
basamento humano de la sociedad política. Se trata del "pueblo" en los términos
del art. 11 de la Constitución Nacional, esto es, "no [Y] como formación natural, ni
cultural ni espiritual, sino como pueblo del Estado [Y] (Fallos: 312:2110, voto del
juez Fayt). No es el pueblo en el Estado, es decir, la población, la masa de
habitantes, sino [Y] [aquellos] para quienes 'el ser y modo de ser del Estado
desembocan constantemente en una decisión de deber ser' y que 'participan,
pues, con actividad consciente, en la conservación y formación del Estado' (Heller,
Hermann, Teoría del Estado, 30 ed., F.C.E., México, 1955)" (Fallos: 317:711,
disidencia del juez Fayt).
Se trata, en definitiva, de la noción de pueblo políticamente integrado
a partir de una unidad, ya sea étnica, histórica o cultural. Luego, a ello ha de
agregarse la dimensión comunicacional tal como se manifiesta en el contexto
actual del nuevo orden mundial, determinado por la revolución tecnológica y la
globalización. Ambos aspectos, en cuanto fenómenos transformadores del marco
que le era propio a las comunicaciones, son aspectos de los que no puede
prescindirse para una adecuada decisión del caso.
En ese contexto, el actor se encuentra inmerso en una realidad
social, esto es, en una unidad de naturaleza, y cultura, condicionada más que
nunca por la total conexión a la que hacía referencia Hermann Heller (Teoría del
Estado, 20 ed., F.C.E., México, 1947, p. 93). Ello es así en el entendimiento de
que, en definitiva, esa realidad social no es sino acción social, tanto individual
como colectiva, en unidad dialéctica inseparable que, por lo tanto, no puede ser
construida partiendo de individualidades insularmente separadas. Por el contrario,
en ese marco, el sujeto es el centro de vivencias y actos de la realidad social; ello,
no sin comunicación con el exterior sino sólo en su reciprocidad con otros sujetos,
"de tal suerte que el yo no puede concebirse sin su correlato [Y] en recíproca
En tales circunstancias, toda acción individual del hombre no
produce sino "una conexión y con sentido". Ello es así, en la medida en que un
acto en particular, de tal suerte condicionado, no da lugar a un simple agregado de
formaciones individuales en relación entre sí, sino que produce un todo coherente
y ordenado (Heller, Hermann, ob. cit., p. 103).
Luego, aun cuando de todas las acciones particulares que a diario se
ejecutan en incesante repetición sólo percibimos una relación concreta entre dos
personas, resulta innegable la recíproca interpenetración en razón de la cual todos
esos actos trabajan, aunque inconscientemente, por una unidad ordenada de
acción social. De resultas de ello, el individuo no puede ser aislado ni puede ser
considerado como una "sustancia", pues "sólo en intercambio con otros se hace
individuo humano" (Heller, Hermann, ob. cit., p. 112 y ss.)
91) Que, en el caso específico de autos, es evidente que estas
circunstancias se ponen de manifiesto de forma indubitable, en la medida en que
el contexto de las telecomunicaciones opera como un escenario singular en el que
cada individuo del grupo deviene portador de una mediación social que se
expande en todas las direcciones. Se produce así, más que nunca en toda la
historia, aquel enlace simultáneo por el que, finalmente, cada uno se halla unido
con los demás por una conexión, aun cuando ésta no siempre es necesariamente
consciente (Heller, Hermann, ob. cit., p. 113).
10) Que, en este sentido, resulta incomprensible la pretensión de la
al amparista, pues CsostieneC "no existe ninguna imposibilidad de excluirlo a él de
la aplicación de la normativa sin que ello implique que no se deba aplicar la
normativa general". En efecto, tal afirmación prescinde del carácter indivisible de la
materia en discusión. Si bien la "privacidad", desde cierto punto de vista, puede
ser concebida como un bien propio de cada individuo en particular, no se trata en
Desde este punto de vista, la necesidad de protección invocada
no podría ser restringida a la "propia" esfera de privacidad. En consecuencia, al
no haber sido invocada por la recurrente razón o argumento alguno acerca de
cómo sería posible satisfacer la pretensión del reclamante manteniendo la
injerencia a la privacidad de terceros ajenos al pleito, pero potenciales
interlocutores, el recurso extraordinario presenta falencias en su
relativos a cómo podrían ser restringidos los efectos de la sentencia al caso
particular sin vulnerar la protección de la privacidad pretendida, no se advierte
relación directa e inmediata entre lo resuelto en estos actuados y la interpreta-
ción restrictiva de los alcances del art. 43 de la Constitución Nacional,
propuesta por la recurrente (conf., entre muchos otros, Fallos: 329:2060, 4535,
330:4399).
debatida. Hágase saber, y oportunamente, devuélvase. CARLOS S. FAYT.
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DERE 08 a CR Materia
Asociación Mutual Asís Contra Cubilla (RESUMEN ) PAGARE de CONSUMO

References: resolución 
 artículo
43
 resolución 
 artículo 43

artículo 18
 artículo 3