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Timestamp: 2019-06-17 16:54:14+00:00

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Procesal – AUC Corrientes
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocó una resolución de primera instancia que había rechazado la pretensión dirigida a obtener el beneficio de justicia gratuita previsto en el artículo 53 de la Ley 24.240, señalando al admitir la irrestricta gratuidad del trámite procesal, que el beneficio de justicia gratuita incluye a la tasa de justicia pero no se agota en ella y que comprende a las costas, con un alcance similar al que se le otorga al beneficio de litigar sin gastos.
En la causa “San Miguel Martín Héctor y otros c/Caja de Seguros SA s/ ordinario”, la actora apeló la decisión de primera instancia que desestimó el pedido dirigido a obtener el “beneficio de justicia gratuita”, previsto por la ley 24.240, modificada por la ley 26.361.
Al analizar el presente caso, los jueces de la Sala F comenzaron señalando que “el último apartado del art. 53 de la ley 24.240 (T.O. por el art. 28 de la ley 26.361) dispone que las actuaciones judiciales que se inicien de conformidad con la presente ley en razón de un derecho o un interés individual gozarán del beneficio de justicia gratuita; facultando a la parte demandada para acreditar la solvencia del consumidor mediante incidente, en cuyo caso cesará el beneficio”.
Tras resaltar que “la cuestión aquí en debate debe abordarse con sujeción a las tendencias actuales que apuntan a facilitar el reclamo de los consumidores y usuarios, por las razones apuntadas, cuando se entable el vínculo jurídico que configura la relación de consumo (art. 3 LDC), en cuanto conviene a la efectiva vigencia de los derechos que tutela ese cuerpo legal”, los camaristas entendieron que “la literalidad del dispositivo del art. 53 en el aspecto que se examina, no habilita otra conclusión que admitir la irrestricta gratuidad del trámite procesal”, agregando que “el beneficio de gratuidad previsto en los arts. 53 y 55 de la LDC tiene un alcance o contenido similar en amplitud al beneficio de litigar sin gastos”.
Al hacer lugar al recurso presentado, los jueces explicaron con relación al alcance del beneficio de justicia gratuita, que éste debía ser interpretado en sentido amplio, comparando tal instituto con el beneficio de litigar sin gastos, resaltando que el beneficio de justicia gratuita incluye a la tasa de justicia pero no se agota en ella, sino que también comprende a las costas, con un alcance similar al que se le otorga al beneficio de litigar sin gastos.
En la resolución del 29 de junio último, los camaristas destacaron que debía tenerse en cuenta que “si se pretendiera limitar la exoneración sólo al pago de la tasa de justicia con exclusión de los gastos causídicos, esa interpretación conduciría a la afectación de las autonomías provinciales, soberanas en materia tributaria”, agregando que “el beneficio de justicia gratuita en el orden nacional puede identificarse -como ha quedado recién expuesto- con el beneficio de litigar sin gastos;; en las distintas provincias, habrá que estar a lo que allí se disponga respecto de la tasa judicial pero no respecto de las costas, por las que los consumidores y usuarios no deberían responder salvo que prosperara un incidente de solvencia”.
Por último, los magistrados determinaron que la promoción del incidente previsto en el artículo 78 y subsiguientes del ordenamiento procesal no resulta necesario para conceder la franquicia pretendida por los actores, debido a que el artículo 53 de la Ley de Defensa de la Competencia “no remite al ordenamiento procesal que rija en el lugar de tramitación del proceso, pues se ciñe a conferir la gratuidad sin otro aditamento ni exigencia”.
10/09/2010 Fuente: Abogados.com
Considerando que el trato equitativo y digno es unos de los derechos fundamentales de los consumidores, que no sólo tocan el aspecto comercial de la relación de consumo, sino que hace al respeto como persona de los individuos, y que paradójicamente, es uno de los derechos más fácilmente vulnerado, es que estimo oportuno y conveniente comentar el fallo “Cuello Fernando José c/ Telecom. – Personal S.A. s/ Daños y Perjuicios” pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia 24 Nominación en lo Civil y Comercial de Córdoba de fecha 29 de mayo de 2005.
Antes de considerar los hechos, es dable recordar que este derecho hace al reconocimiento de los consumidores como ciudadanos, tiene raigambre constitucional toda vez que el artículo 42 de la Constitución Nacional, reformulado en el año 1994 expresa “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos y a la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control”.
El día 10 de febrero de 1999, el Sr. FC, concurrió a las oficinas de Telecom.-Personal a fin de activar un aparato -que le había cedido un tercero- al denominado plan “llámame” ofrecido por la empresa. Luego de una tediosa espera de más de dos horas lo atiende una empleada a quien le requiere la tramitación de la cesión y habilitación del plan. La empleada le exige fotocopia del DNI del cedente para verificar la firma, y al responder el Sr. FC que carece de dicha fotocopia y que el cedente había viajado al exterior la misma le responde que nada puede hacer y “en esas condiciones no puede atenderlo”. El Sr. FC trata de explicarle y esto genera una reacción de la empleada que comienza a levantar la voz negándole al actor la posibilidad de realizar el trámite, pese a la insistencia y voluntad de éste para poder habilitar el servicio en ese aparato.
Cuando hablamos de un trato digno nos referimos al derecho “que tiene todo hombre a ser considerado como un fin en sí mismo” o también como “el derecho que tiene todo hombre a ser respetado como tal, es decir como ser humano con todos los atributos de su humanidad”.
El artículo 42 de la Carta Magna al utilizar la expresión “trato equitativo y digno”, se refiere a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. La dignidad es un principio elemental y de carácter supraestatal.
Sin embargo tenemos que hacer un distingo entre la falta de respeto sufrida por el cliente y la deficiente información brindada por la empresa que vulnera lo dispuesto por el artículo 4º de la ley 24.240 y el principio del artículo 3º que consagra el “favor consumidor”.
El magistrado al sentenciar señala que lo condenable es el “trato irrespetuoso”, “la falta de trato digno y equitativo”, descartando la posibilidad de incumplimiento contractual o daño material atento al hecho de que al momento de la demanda el servicio solicitado por el Sr. FC estaba en vigencia. Es decir que antes de entablar la demanda la empresa había cumplido con lo solicitado por el cliente.
Siguiendo una tendencia jurisprudencial cada vez más acentuada que tiende a considerar, dentro del ámbito de la responsabilidad contractual, al daño moral no sólo en su faz resarcitoria sino también en su faz sancionatoria, el sentenciante encuadra el perjuicio sufrido por el actor en la figura del daño moral -o sea- aquel dolor sufrido por una persona como consecuencia de un hecho ilícito de que es víctima produciendo una disminución en sus atributos o facultades morales”, como causa origen de la indemnización dispuesta en el fallo, reafirmándose este argumento en segunda instancia.
Otro punto interesante de la sentencia comentada, es como se enunció más arriba, la vinculación que realiza entre el trato digno y el deber de informar establecido en el artículo 4 de la LDC. La misma norma dice que este deber debe extenderse a “la naturaleza y demás las características de los bienes y servicios que adquiere”, ampliando su campo de acción a otros deberes u obligaciones accesorios o secundarios que acompañan al cumplimiento.
Al analizar la violación de la norma por parte de la empleada de la empresa demandada, es digno de destacar lo vertido por el Juez de primera instancia, al sostener que: “tal actividad (la información) no debía desplegarla si quiere. Ella estaba obligada a actuar de tal modo e informar de tal posibilidad al cliente (verificar firmas del cedente con la documentación en poder de la misma demandada), a los fines de allanarle el camino hacia la consecución del objetivo perseguido por el mismo; esto es la activación de la línea telefónica del celular cedido”.
Destacamos tanto en el actor como en los sentenciantes, en uno el valor de iniciar una demanda judicial denunciando el trato “incorrecto”, trato que por otra parte suele ser común y en la mayoría de las veces tolerado por los consumidores, que no lo consideramos lo suficientemente relevante para obtener un pronunciamiento favorable en sede judicial, y por el otro- del lado de la Justicia, valorar la relación de consumo en toda su extensión con su típica característica de la desigualdad entre las partes y en consecuencia exigirle con mayor rigor el cumplimiento de sus deberes a la parte más fuerte.
Es sumamente valioso que los tribunales recojan estos incumplimientos y establezcan la obligación a reparar, ya que si bien en la vida cotidiana son consideradas como “cuestiones pequeñas” hacen al reconocimiento del consumidor como sujeto de derecho.
– FARINA, Juan M. “Contratos Comerciales Modernos” Astrea. Bs.As. 1997.
– FARINA, Juan M. “Defensa del Consumidor y del Usuario”. Astrea. Bs. As. 1995
– GHERSI-WEINGARTEN “Defensa del Consumidor”. Ed Nova Tesis. Bs. As. 2005.
– LORENZETTI, Ricardo Luis, “Consumidores”. Rubinzal y Culzoni”. Santa Fe. Argentina. 2003.
– LORENZETTI, Ricardo Luis, SCHOTZ, Gustavo Juan. “Defensa del Consumidor” Ed. Abaco de Rodolfo Desalma. BS. As. 2003.
– LOWENROSEN, Flavio I. “La dignidad, derecho constitucional de los usuarios y consumidores.-www.eldial.com.ar
– MAC DONALD, Andrea Fabiana “Los efectos del daño moral en el consumidor en el caso “Risso Domínguez Carlos J. c/ Aguas Argentinas SA s/ daños y perjuicios”. www.eldial.com.ar.
– MOSSET. ITURRASPE, Jorge. “Defensa del Consumidor” Ley 24.240. 2ª edición. Rubinzal y Culzoni. Santa Fe. Argentina. 2003.
Ekmekdejian, Miguel Angel. “El valor de la dignidad y la Teoría del Orden Jerárquico de los Derechos Individuales” en Los valores en la Constitución Argentina”. Coord. Germán J. Bidart Campos. Ediar. Bs. As. 1999.
Santos Briz, Jaime “Los contratos civiles” Nuevas Perspectivas. Granada, Comares. 1992.-
“La información es el tema, el gran asunto de los tiempos modernos que el Derecho recoge” Lorenzetti, (Defensa del Consumidor” Rubinzal y Culzoni, p.78; La información es fundamental en todas las etapas de la negociación, desde los preliminares hasta la extinción del contrato; Stiglitz , “La información como deber precontractual” en JA 1997-II-764; ” La información es un bien que tiene un valor jurídico y consecuentemente protección jurídica” CNCom Sala B ED 9/9/98)
Lovece Graciela, en “Defensa del Consumidor” obra dirigida por Ghersi-Weingarten Nova Tesis. Bs.As. 2005. p.43.
CNac.Com. Sala C 20/5/96 JA 1996III-300; Cannizaro, Juan c/ Bco. Mercantil LL 1998-B-156. Cit. Ponencia Camino, Giuffo, Iribarne, Louge “Los daños punitivos en las relaciones de consumo…” VII Congreso Internacional de Derecho de daños. www.aaba.org.ar/bi20n.
Este es un punto aún debatido ya que como bien señala Lorenzetti, la cuestión de la responsabilidad civil en el ámbito del Derecho del Consumidor ha tenido un desarrollo importantísimo en los últimos años. Desde una posición basada en la responsabilidad contractual (Lopez Cabana, LLoveras) a otra etapa de responsabilidad por productos (objetiva, Santos Briz) se ha llegado a una posición que sostiene la Autonomía teórica está aún en período de elaboración. Esta última posición entiende que la clásica división entre responsabilidad contractual y extracontractual va siendo superada ya que el ámbito de responsabilidad es autónomo, por ejemplo la prescripción no es ni de 10 ni de 2 años sino de tres años. Tampoco existe la separación de obligaciones de medio y de resultado; las nociones son miradas desde el consumidor por eso se usan términos como “expectativa creada” o “seguridad esperada”. Lorenzetti, “Consumidores” ob. Cit.
PROTECTORA “ASOCIACIÓN DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR INFORMA: Fuente Andrea I. Imbrogno Universidad Nacional del Centro.
Fallo CSJN: “Grupo Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares”. aplicación de la disposición contenida en el artículo 161 de la ley 26.522.
Buenos Aires, 5 de octubre de 2010 Vistos los autos: “Grupo Clarín y otros S.A. s/ medidas cautelares”.
Que mediante sentencia del siete de diciembre de 2009 (fs. 286/292), el Juez de primera instancia hizo lugar a la petición cautelar “ordenándose la suspensión provisional respecto de la actora de la aplicación de los arts. 41 y 161 de la ley 26.522…”.
Que la Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 13 de mayo de 2010, confirmó la resolución apelada únicamente en cuanto ordena Ala suspensión de la aplicación del articulo 161 de la ley 26.522 respecto de las empresas actoras…”(fs. 556/559).
Que en el fundamento de la medida cautelar, se sostuvo que hay un cambio de las reglas de juego y se somete a la demandante a una desinversión forzada en un plazo sorpresivo, breve y fatal, y que el peligro en la demora, base de la decisión cautelar, aparece Aconfigurado en forma patente respecto del artículo 161 impugnado, pues el breve plazo establecido para concretar la obligación de desinversión forzosa para el tipo de empresas de que se trata -aún cuando sea computando a partir del cumplimiento de los pasos que indica la norma-, hace altamente improbable que se llegue a tiempo en el esclarecimiento de los derechos mediante sentencia a dictarse en el procedimiento judicial ordinario” (fs. 558 vta.).
5) Que esta medida cautelar es sustancialmente diferente de la resuelta por este Tribunal en el caso T.117.XLVI. “Thomas, Enrique c/ Estado Nacional s/ amparo” (sentencia del 15 de junio de 2010). En el citado precedente, se trataba de una cautelar que suspendía de modo general los efectos de ley 26.522, resolución que alcanzaba a todos los sujetos comprendidos en su ámbito de aplicación, mientras que en el presente, en cambio, se trata de la impugnación de la brevedad del plazo de un año fijado por la ley para desinvertir y con relación a un solo sujeto. A ello cabe agregar que, mientras en el fallo citado se invocó la legitimación de un diputado nacional para impugnar el trámite legislativo de la norma, en este caso se argumenta la afectación directa del derecho de propiedad por parte de su titular.
Que sobre la materia resulta propicio recordar los términos del señero precedente de Fallos: 137:352 suscripto por los jueces Bermejo, González del Solar, Figueroa Alcorta y Méndez. Allí se sostuvo que “…según se ha establecido reiteradamente por esta Corte, tratándose de abrir una tercera instancia, el legislador sólo la autoriza respecto de las sentencias definitivas y por tales se entienden las que dirimen la controversia poniendo fin al pleito, o haciendo imposible su continuación, o sea, como lo expresaba la Ley de Partidas, aquélla ‘que quiere tanto dezir como juyzio acabado que da en la demanda principal fin, quitando o condenando al demandado’ (Ley 2 in fine, Título 22, Partida 3ra.; Fallos: 126:297, entre otros)”. En efecto, es característico de la sentencia definitiva -como sostenían Imaz y Rey- que después de dictada, el derecho discutido no puede volver a litigarse (“Recurso Extraordinario”, 2da. ed., Nerva, Buenos Aires, 1962, pág. 199).
7) Que, en la búsqueda de armonía y equilibrio en la decisión, el criterio de la falta de sentencia definitiva aplicable al caso, debe complementarse con otra regla tradicional de esta Corte, que el tribunal de grado deberá tener en cuenta, y que consiste en que la medida cautelar no debe anticipar la solución de fondo ni desnaturalizar el derecho federal invocado. La presente medida, si bien no adelanta decisión sobre la obligación de desinvertir fijada por el artículo 161 de la ley 26.522, suspende el plazo de un año fijado por dicha norma. Si se tiene en cuenta que la medida se dictó el 7 de diciembre de 2009 “hasta tanto recaiga pronunciamiento en la acción de fondo a promoverse”, podría llegar a presentarse una situación de desequilibrio. En efecto, si la sentencia en la acción de fondo demorara un tiempo excesivo, se permitiría a la actora excepcionarse por el simple transcurso del tiempo de la aplicación del régimen impugnado, obteniendo de esta forma por vía del pronunciamiento cautelar, un resultado análogo al que se lograría en caso de que se acogiera favorablemente su pretensión sustancial en autos. Por esta razón, no sólo debe ponderarse la irreparabilidad del perjuicio del peticionante de la medida, sino también el del sujeto pasivo de ésta, quien podría verse afectado de manera irreversible si la resolución anticipatoria es mantenida “sine die”, de lo cual se deriva que la alteración del estado de hecho o de derecho debe encararse con criterio restrictivo [Fallos 331:941].

References: resolución 
 artículo 53
 resolución 
 artículo 78
 artículo 53
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 161
 resolución 
 artículo 161
 resolución 
in fine
 artículo 161
 resolución