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Timestamp: 2017-11-17 17:13:27+00:00

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GAFISUD/GAFILAT
Desde diciembre de 2000 Chile es miembro del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD), hoy Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), organización intergubernamental de base regional para promover la implementación y mejora continua de políticas para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. GAFILAT fue creado bajo el modelo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), organismo constituido por el G-7 en 1989 y al que actualmente pertenecen las 34 mayores economías del mundo.
GAFILAT está integrado por 16 países miembros: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Como observadores participan los Estados y organismos internacionales que prestan apoyo y cooperación técnica y financiera: Alemania, APG (Grupo Asia-Pacífico contra el Lavado de Activos), Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Canadá, CICAD (Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas), CTED (Dirección Ejecutiva del Comité Contraterrorista del Consejo de Seguridad de la ONU), Estados Unidos, España, Fondo Monetario Internacional, Francia, GAFI (Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero), GAFIC (Grupo de Acción Financiera del Caribe), Interpol, Portugal y UNODC (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito).
Al integrarse a GAFILAT, Chile asumió el compromiso de avanzar sostenidamente en la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, así como de profundizar los mecanismos de cooperación entre los países miembros.
Con la suscripción del memorándum de constitución, los miembros adhieren a las Cuarenta Recomendaciones del GAFI como estándar internacional contra el lavado de dinero y a las Nueve Recomendaciones Especiales del GAFIcontra el financiamiento del terrorismo. Periódicamente, los países se someten a Evaluaciones Mutuas, destinadas a verificar el grado de avance en la implementación de estos estándares.
Las Recomendaciones del GAFI requieren, entre otras materias, la tipificación del delito de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo; el establecimiento no solo del narcotráfico como delito base, sino también de otros delitos graves; la construcción de un sistema de prevención del delito que incorpore obligaciones para el sistema financiero y para otros agentes económicos, de identificación del cliente y comunicación de operaciones sospechosas; la incorporación en los sistemas legales de medidas que permitan perseguir eficazmente el delito en las fases de investigación y en el proceso; y el desarrollo de los más avanzados mecanismos de cooperación entre Estados para la investigación y persecución del delito.
En virtud del Capítulo VII (Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión) de la Carta de las Naciones Unidas, los Comités de Sanciones del Consejo de Seguridad puede adoptar medidas coercitivas para mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Esas medidas van desde sanciones económicas o de otra índole, que no suponen el uso de la fuerza armada, hasta la intervención militar internacional. Más información en https://www.un.org/sc/suborg/es El empleo de sanciones obligatorias tiene por objetivo ejercer presión sobre un Estado o entidad para que cumplan con los objetivos fijados por el Consejo de Seguridad, sin necesidad de recurrir al uso de la fuerza.
Con el fin de prevenir y reprimir el terrorismo y el financiamiento del terrorismo, así como prevenir, reprimir e interrumpir la proliferación de armas de destrucción masiva y su financiamiento, las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU referidas a la aplicación de sanciones para ello son:
1.-TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO:
1.1.-Comité del Consejo de Seguridad en virtud de las resoluciones 1267 (1999), 1989 (2011) y 2253 (2015) relativas al EIIL (Daesh), Al-Qaida y las personas, grupos, empresas y entidades asociadas
El Comité de Sanciones contra Al-Qaida fue establecido el 15 de octubre de 1999 en virtud de la resolución 1267, y ha sido modificado y fortalecido por diversas resoluciones posteriores, de modo que las sanciones abarcan a las personas y entidades asociadas con Al-Qaida dondequiera que se encuentren. VER MÁS
Sin embargo, el 17 de junio de 2011, el Consejo de Seguridad aprobó por unanimidad las resoluciones 1988 (2011) y 1989 (2011), con lo cual se separaron las medidas contra las personas y entidades asociadas con Al-Qaida, de las medidas contra las personas y entidades asociadas con los talibanes VER MÁS
No obstante, el 17 de diciembre de 2015, el Consejo de Seguridad aprobó la resolución 2253 (2015) para ampliar los criterios de inclusión en la lista de sanciones a las personas y entidades que apoyan al Estado Islámico en Irak y el Levante (EIIL, también conocido como Daesh). Por tal motivo, el Comité de Sanciones contra Al-Qaida 1267/1989 pasa a llamarse “Comité de Sanciones contra EIIL (Daesh) y Al Qaida 1267/1989/2253”, y la Lista de Sanciones contra Al-Qaida ahora se conoce como la “Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida”. VER RESOLUCIÓN
Lista de Sanciones contra el EIIL (Daesh) y Al-Qaida
Lista de Sanciones por Resolución ONU 1988, sobre talibanes
1.2.- Comité contra el Terrorismo en virtud de las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005)
El Comité contra el Terrorismo, basándose en lo dispuesto en las resoluciones 1373 (2001) y 1624 (2005) del Consejo de Seguridad, trabaja para fortalecer las capacidades de los Estados Miembros de las Naciones Unidas para combatir las actividades terroristas dentro de sus fronteras y en todas las regiones. Este Comité se creó tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América.
La resolución 1373 (2001), aprobada de manera unánime el 28 de septiembre de 2001, insta a los Estados Miembros a adoptar una serie de medidas destinadas a reforzar su capacidad jurídica e institucional para combatir las actividades terroristas. VER MÁS
2.-PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA:
2.1.- Comité contra la No Proliferación en virtud de la resolución 1540 (2004)
El 28 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la resolución 1540 (2004), en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. En dicha resolución se afirma que la proliferación de las armas nucleares, químicas y biológicas, así como sus sistemas vectores, constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales. VER MÁS
2.2.- Resolución 1718 (2006) relativa a la República Popular Democrática de Corea
Reafirmando que la proliferación de armas nucleares, químicas y biológicas y de sus sistemas vectores constituye una amenaza a la paz y la seguridad internacionales, el 14 de octubre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU condenó –a través de la Resolución 1718- el ensayo nuclear anunciado por la República Popular Democrática de Corea el 9 de octubre de 2006, exigiendo que no haga nuevos ensayos nucleares ni lanzamientos de misiles balísticos. VER MÁS
Lista de Sanciones por Resolución ONU 1718, sobre Corea del Norte
2.3.- Resolución 1737 (2006) relativa a la República Islámica de Irán
Reafirmando su adhesión al Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares, y recordando el derecho de los Estados Partes a desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos, sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II del Tratado, el 23 de diciembre de 2006 el Consejo de Seguridad de la ONU decidió –a través de la Resolución 1737- que Irán debía suspender sin más demora las actividades nucleares estratégicas desde el punto de vista de la proliferación. Las sanciones impuestas sobre Irán fueron levantadas el 16 de enero de 2016, tras la firma de un acuerdo entre los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto, debido a que Irán cumplió con todas las obligaciones impuestas a su programa nuclear, en un acuerdo suscrito en julio de 2015.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) agrupa a los gobiernos comprometidos con los principios de la democracia y la economía de mercado para:
Apoyar un crecimiento económico sostenible.
Elevar el estándar de vida.
Ayudar a otros países a desarrollar su economía.
La OCDE ofrece a los gobiernos un ambiente donde comparar sus experiencias en materia de políticas públicas, buscar respuestas a problemas comunes, identificar buenas prácticas y coordinar sus políticas nacionales e internacionales.
Políticas contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
En años recientes, la OCDE ha incluido en sus áreas de trabajo temáticas relacionadas con el combate al lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. En ese marco, ha tenido especial preocupación por el combate a la corrupción, mediante la dictación en 1997 de la Convención para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales.
Con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación de esta Convención contra el cohecho, el gobierno chileno ha emitido los siguientes documentos relacionados:
La convención exige que el cohecho sea considerado un delito precedente del lavado de activos en las legislaciones nacionales, así como que se establezca la responsabilidad penal de las personas jurídicas por la comisión del delito.
Con el fin de mantener un seguimiento tanto de los avances, como de la implementación de las recomendaciones realizadas a cada país que ha firmado o adherido a la convención, la OCDE estableció el Grupo de Trabajo contra el Cohecho, que realiza un acucioso trabajo de examen de los países adherentes.
Asimismo, el Comité de Asuntos Fiscales (CAF) de la OCDE ha incluido la temática del lavado de activos como parte de su preocupación por los delitos tributarios, considerando que el Grupo de Acción Financiera FATF/GAFI los categorizó en 2012 como delitos base de blanqueo de fondos. En octubre de 2010 fue constituida una Fuerza de Tarea sobre Delitos Tributarios y Otros Delitos, dependiente del CAF. Su propósito es mejorar la cooperación entre las administraciones tributarias y las Unidades de Inteligencia Financiera, a fin de hacer más efectivo el combate al lavado de activos. Un ejemplo de ello es la elaboración del Manual sobre Lavado de Dinero para Fiscalizadores Tributarios.

References: resolución 
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 RESOLUCIÓN

 Resolución 
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