Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020727.htm
Timestamp: 2020-03-31 01:42:20+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Sábado 27 Julio 2002
El País Vasco y la pesca lacustre
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 27 Julio 2002
Editorial ABC 27 Julio 2002
VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LA UPV
Editorial El Mundo 27 Julio 2002
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Julio 2002
M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Julio 2002
Maruri, o la persecución a un cura
Ernesto LADRÓN DE GUEVARA La Razón 27 Julio 2002
Las lecciones del PNV o Euskadi según Platón
L. R. DE GALARRETA El Correo 27 Julio 2002
JOSÉ MARÍA MUGURUZA/ABOGADO El Correo 27 Julio 2002
La juez da la razón a Edurne Uriarte y fija que le sea devuelta la cátedra de la UPV
MIKEL SEGOVIA El Mundo 27 Julio 2002
EDURNE URIARTE. Catedrática de la UPV: «Este proceso me afectó más que la bomba»
CARMEN GURRUCHAGA El Mundo 27 Julio 2002
Una tropelía anulada
GERMAN YANKE El Mundo 27 Julio 2002
NAIARA GALARRAGA | Bilbao El País 27 Julio 2002 El País Vasco y la pesca lacustre
El ultimátum que ha dado la unión tripartita, formada por el PNV, EA e IU/EB, con la abstención de Batasuna, al Gobierno español, en el sentido de que si en dos meses éste no transfiere las competencias todavía no desarrolladas en el Estatuto de Gernika serán asumidas entonces de forma unilateral por el Gobierno vasco, parece haber sorprendido a tirios y troyanos.
Y, sin embargo, era algo que pronto o tarde tenía que llegar.El nuevo Gobierno de Aznar dispone de ese tiempo para reflexionar sobre lo que debe hacer, porque se le empiezan a amontonar las islas perejiles. Y digo que era algo que pronto o tarde tenía que llegar, porque el mal no proviene de ahora sino de 1978, cuando se aprobó la Constitución con el nefasto Título VIII y su desarrollo descontrolado por los Estatutos de Autonomía.
La ambigüedad de este Título, su falta de sistematización en el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas que se creasen, era facilitar la escalada de las reivindicaciones de los partidos nacionalistas, especialmente en el País Vasco y Cataluña, aunque no exclusivamente. Es posible que la descentralización territorial que permite la Constitución haya sido un elemento de progreso para algunas de las regiones más atrasadas de España.Es posible, pero no es seguro. Lo que sí es seguro, en cambio, es que ese controvertido Título VIII no ha resuelto los problemas vasco y catalán, que arrastramos desde el siglo pasado, dando satisfacción a las aspiraciones autonómicas de estas regiones, pero al mismo tiempo integrándolas de forma definitiva en el Estado español.
Lo que ha sucedido es más bien lo contrario; el Título VIII ha fomentado el nacionalismo exigente, en lugar de moderarlo, porque su redacción, amplificada irresponsablemente por los Estatutos, permite una reivindicación sin fin de competencias hasta vaciar al Estado de aquellas que debe mantener siempre. Cuando se redactaron los Estatutos de Gernika y de Sau en el otoño de 1978, ni siquiera se había aprobado todavía la Constitución. En ambos casos, se trató de interpretar la Constitución de tal forma que cabía incluir hasta competencias que el Estado no puede perder nunca, gracias a esa ambigüedad del mencionado Título. Es más: los redactores de ambos Estatutos trataron de copiarse unos a otros para que no tuviese más competencias una región que la otra. Así, por poner un ejemplo gráfico, cuando se estableció en el artículo 9.17 del Estatuto catalán que es competencia exclusiva de Cataluña la regulación de la pesca lacustre -se supone que principalmente por la existencia del lago de Banyoles-, los homólogos vascos de los redactores catalanes decidieron también incluir esa competencia en el Estatuto de Gernika en su artículo 10.10. Por lo tanto, la competencia la tienen, pero lo que no parecen tener, si no me equivoco, son lagos con pesca, como el de Banyoles, a no ser que denominen así embalses o charcas.
Este singular ejemplo, nos demuestra la irracionalidad del Título VIII de la Constitución, la de los Estatutos y la forma en que se han ido desarrollando éstos. El galimatías que se ha creado es de tal categoría que en la actualidad no se sabe a ciencia cierta qué transferencias se han hecho a las respectivas comunidades autónomas. No es extraño así que uno de nuestros más prestigiosos catedráticos de Derecho Administrativo, Tomás Ramón Fernández, sugiriese hace poco en una reunión convocada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, a la que yo asistí, que era urgente y necesario crear un grupo de trabajo para conocer cuáles son las competencias que se han transferido a cada comunidad autónoma, porque no hay dos iguales. Tal desbarajuste comporta que se hagan leyes sobre materias que no se sabe si son competencia del Estado, de todas o de algunas comunidades autónomas.
A tal desconcierto autonómico ha contribuido sin duda también el Tribunal Constitucional, pues ante la falta de rigor de la Constitución y de los respectivos Estatutos se llegó a convertir en un legislador suplente, cuando no es ése el papel que le asigna la Norma Fundamental. En efecto, en los primeros años de su funcionamiento, el Tribunal fue pro autonomías, como si se hiciese eco de un complejo de culpabilidad provocado por el centralismo tradicional de nuestro país. Ahora, por el contrario, parece haber dado marcha atrás y se supone que trata de restringir los excesos autonómicos.
La consecuencia de todo lo dicho es que no se pueden transferir todas las competencias que especialmente se incluyeron en los Estatutos vasco y catalán como propias, salvo que se quiera dinamitar el Estado. Y ello por dos razones principales: por una parte porque, bien por ignorancia, bien por gula autonómica, se incluyeron competencias en ellos que el Estado no puede transferir. En la época en que se redactaron ambos Estatutos hubo partidos nacionales, como el propio PSOE, que reivindicaron el derecho de autodeterminación, naturalmente sin saber lo que ello comportaba, reconociendo más tarde su error al haber confundido ese término con el de autogobierno o autonomía. Esa ignorancia jurídico-política proyectó también su foco en la redacción de dichos Estatutos y ahora lo estamos pagando.
Y, por otra parte, porque la propia Constitución establece con claridad dos límites a las reivindicaciones de las comunidades autónomas. En primer lugar, el artículo 138.2 establece que «la diferencia entre los Estatutos de las diferentes Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos y sociales». Y, en segundo lugar, el 139.1 señala que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». Naturalmente, si analizáramos la aplicación de estos artículos en el País Vasco y Cataluña, nos llevaríamos alguna sorpresa.
Un ejemplo de lo que vengo diciendo nos lo ofrece la actual reivindicación del Gobierno vasco para obtener un sistema propio de Seguridad Social en razón de la competencia que viene recogida de forma ambigua en el artículo 18.2 del Estatuto de Gernika. Cae por su propio peso que el régimen de la Seguridad Social debe ser competencia exclusiva del Estado, con una caja única para todo el territorio estatal, a fin de mantener la igualdad de todos los españoles. Pero la confusa redacción del artículo 149.1.17 de la Constitución permitió que los Estatutos vasco y catalán se la asignasen ambiguamente como propia.
En definitiva, los marcos constitucional y estatutario, en materia autonómica, permiten la reivindicación constante de competencias por parte de las comunidades autónomas, lo que en los casos vasco y catalán significa «ir profundizando en el autogobierno» hasta llegar a reivindicar no sólo la reforma de los Estatutos para asumir más competencias, sino hasta propiamente el derecho de autodeterminación. Se suponía que nuestra incorporación a la Comunidad Europea reduciría estas apetencias desmesuradas para vaciar al Estado, puesto que gran parte de las normas que se aplican actualmente en España proceden de Bruselas. Pero no ha sido así, sino que lo que se quiere es aprovechar la irracionalidad de nuestras normas de desarrollo autonómico para fragmentar el Estado español y seguir perteneciendo a la Unión Europea pero con voz propia.
Sin embargo, como he dicho, todo esto se veía venir y así lo señalé en enero de 1981 en una conferencia, después publicada, en la que señalaba la necesidad de una ley de armonización que racionalizase el proceso autonómico que ya comenzaba a ser irracional.Porque con frecuencia los acontecimientos venideros proyectan su sombra antes de que sucedan. Poco después, siendo subdirector del Centro de Estudios Constitucionales, sugerí al ministro de la Presidencia la creación de una Comisión de Expertos para que elaborase un borrador de esa ley necesaria. Se creó dicha Comisión y su informe sirvió para elaborar la famosa LOAPA, que probablemente no acertó en la terapia necesaria y que provocó las iras de los nacionalistas vascos y catalanes, por lo que fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste la declaró en parte inconstitucional.Se perdió así la ocasión de racionalizar un proceso que hoy está desbocado y las consecuencias están a la vista: los nacionalistas vascos abiertamente, y los catalanes emboscadamente, quieren profundizar en su autogobierno y hasta llegar a la independencia por la vía del continuo enfrentamiento institucional.
En principio, seguir pidiendo competencias, incluso las que no están en los Estatutos, está en la lógica de cómo se redactaron éstos y el Gobierno tendrá que saber cómo torear este toro, pues se apoyan no sólo en la razón política, sino en parte en la jurídica.Pero, limitándonos al caso vasco, como ya he dicho aquí varias veces, los nacionalistas no pueden hablar por boca de todo el pueblo vasco. En primer lugar, porque cerca de la mitad de la población no está de acuerdo con sus tendencias soberanistas y desea seguir con el actual Estatuto (reformado o no) y la Constitución.Además, según nos señalan los sondeos, una parte sustancial de los que votan al PNV tampoco parece seguir esa tendencia de sus dirigentes. Y, en segundo, porque cualquier consulta popular en Euskadi hoy por hoy, mientras siga el terrorismo sangriento de ETA y el terrorismo verbal de sus sostenedores, invalida cualquier resultado sobre un mal llamado derecho de autodeterminación.No se pueden utilizar instrumentos democráticos allí donde la democracia es una parodia y no existe libertad, regla elemental que parece ignorar el actual Gobierno vasco. En suma, el flamante nuevo Gobierno del presidente Aznar está emplazado a resolver el ultimátum del tripartito vasco. El próximo curso político se presenta pleno de interés y el que ha terminado tampoco ha estado mal, como nos lo demuestra el reciente Debate del estado de la Nación.
La sentencia dictada por el juzgado número 4 de lo Contencioso de Bilbao en la que se anula la decisión de la Universidad del País Vasco(UPV) de desposeer de su cátedra a Edurne Uriarte es una buena noticia no sólo porque repara una injusticia, sino porque demuestra que, en medio del muchas veces insoportable acoso al que están sometidos en la sociedad vasca quienes no comulgan con el nacionalismo, nuestro Estado de Derecho tiene mecanismos para defender a los que puedan sufrir desprotección, tanto por parte de la universidad como del Gobierno vasco.
El pasado mes de febrero, la Comisión de Reclamaciones de la UPV aceptó el recurso del ex dirigente de HB Francisco Letamendia y desposeyó de su cátedra a Edurne Uriarte, destacada representante del Foro de Ermua y ahora presidenta de la Fundación por la Libertad.La universidad revocaba así el fallo del tribunal examinador que había concedido la oposición a Uriarte por su «excelente» informe, frente al presentado por Letamendia, «flojo» y «con baja calidad científica y enorme carga ideológica», a juicio de los catedráticos que evaluaron a los candidatos.
A pesar de que el rector de la UPV, Manuel Montero, manifestó entonces que la decisión se había tomado exclusivamente por razones académicas, el episodio vino precedido de amenazas y descalificaciones por parte de Letamendia y los medios afines a ETA hacia los miembros del tribunal examinador.
La sentencia dictada por la juez de Bilbao trasciende los límites de una reclamación meramente personal, como las que se pueden producir en otras universidades. Supone un serio varapalo para la Comisión de Reclamaciones y el rector de la UPV, al acusarles nada menos que de vulnerar el derecho constitucional de igualdad de acceso a la función pública de Uriarte por anular la decisión del tribunal examinador «sin existir manifiesta arbitrariedad en la adjudicación».
La justificación del rector, quien alegó que no se había actuado por miedo a los radicales porque casos como el de esta profesora se dan en cualquier universidad, queda así en evidencia, ya que no es frecuente ni mucho menos que la Justicia se pronuncie sobre la vulneración de derechos fundamentales en el ámbito universitario.
Edurne Uriarte ha solicitado ser repuesta en su cátedra. Su valiente y decidida actitud de plantar cara al entorno etarra cobra una dimensión aún mayor si la comparamos con la de los responsables de la UPV -teóricamente encargados de defender la libertad de cátedra- que sucumbieron al miedo y prefirieron tomar una decisión injusta ante la presión de los matones.
La devolución de la cátedra de Ciencia Política a Edurne Uriarte es una buena noticia para todos los democrátas, pues con esta decisión del juzgado de lo contencioso administrativo numero 4 de Bilbao se abre una ventana a la libertad que había sido cerrada de un manotazo por los nacionalistas. La profesora Uriarte recupera el puesto que le corresponde en el foro universitario; podrá de esta forma enseñar con su ejemplo y con sus clases los principios de la democracia, del respeto y de la convivencia. Esta decisión de la justicia se ha convertido en una bocanada de aire fresco en un ambiente atormentado y contaminado por el pensamiento único del nacionalismo, que había intentado secuestrar la cátedra para sus intereses.
En este mismo sentido, hay que hacer notar que en la sentencia se afirma que la devolución de la cátedra deberá tener lugar de forma inmediata, puesto que se han violado derechos fundamentales. Esta afirmación, de gran trascendencia, es la confirmación de una evidencia: la falta de respeto total desde el mundo nacionalista hacia los derechos fundamentales. Dicho de otra forma, es la constatación de la persecución permanente que sufren todos aquellos que no militan en el nacionalismo y que no aceptan sus objetivos. Esta sentencia confirma, que la actitud de la Universidad del País Vasco para con aquellos profesores que discrepan de las directrices nacionalistas es impresentable en una sociedad que se califica de democrática. Los profesores que piensan "de otra forma" son perseguidos, calumniados y machacados. Esta persecución de los intelectuales y de los universitarios es, sin duda, una de las señales más claras de la degradación a la que han llegado aquellos que todo lo observan desde la óptica del nacionalismo. La devolución de la cátedra a Edurne Uriarte es una noticia reconfortante, en un ambiente de dictadura y terror que se permite desde el Gobierno vasco. La plaza recuperada por Edurne Uriarte, es una plaza recuperada para los principios democráticos. Una "Catedra para la libertad".
Por M. MARTÍN FERRAND ABC 27 Julio 2002
Antonio María Rouco, cardenal arzobispo de Madrid, ha expresado, desde Toronto, su cercanía con el párroco vasco Jaime Larrinaga. Eso está muy bien. La solidaridad ensancha el alma de las personas y es, cuando se ejerce con oportunidad, la forma más bella de la caridad que es, a su vez, la expresión más sutil del amor, en el que reside la primera esencia del cristianismo. Pero ocurre en la organización eclesial que el arzobispo de Madrid está tan lejos del párroco de la vizcaína Maruri como el de Münster, en la Renania-Westfalia. A la misma distancia orgánica que los prelados de Guatemala o Tokio. El superior jerárquico del amenazado cura vasco es Ricardo «Tal» Blázquez, que también está en Toronto; pero que, según parece, no puede hacer dos cosas al mismo tiempo: seguir el viaje de Su Santidad y cumplir con su obligación pastoral. No ha dicho ni mu.
Un párroco que debe sustituir un monaguillo con campanilla por un guardaespaldas con pistolón resultaría chusco de no ser previamente dramático: el síntoma de una enfermedad social y política que malresumimos con el nombre de nacionalismo. Dicen quienes le amenazan, desde un Ayuntamiento democrático (?) y con membrete oficial, que Larrinaga, que casualmente preside el Foro El Salvador, es franquista. Imaginemos que lo es. Y, ¿qué? ¿Es ese un fundamento para la amenaza y el acoso?
Fernando García de Cortázar, que también es parte del Foro El Salvador y que une a la gracia del Orden el talento científico del historiador, ha dicho, igualmente escandalizado por la lejanía del obispo Blázquez, que «a veces uno piensa si los pastores, más que proteger a las ovejas, cuidan a los lobos». Si se tratara de una elección, ya sería grave y traidor a su ministerio; pero, por lo que llevamos visto, ¿tiene capacidad ese pastor para distinguir un lobo de una oveja? El miedo, aun en su tremenda capacidad para la parálisis, no puede justificar que todo un obispo, responsable espiritual de su diócesis, deserte de manera tan notoria y cobarde de su obligación primera.
Sería de estudiar con atención, visto Ricardo Blázquez como uno de esos muñequitos que manejan los ventrílocuos -como el león de Mari Carmen o el Rockefeller de José Luis Moreno-, quién le sostiene, le acciona y le presta la voz y, si es caso, las ideas. Es magnífico. No mueve los labios y consigue que su personaje parezca real, hasta parece que respira. José María Aznar, con precisión terminológica, ha llamado nazis a los nacionalistas que, de puerta en puerta, persiguen y amenazan al párroco de Maruri. Lo son. Ese es el gran drama del problema español al que llamamos vasco, la ausencia democrática.
Ernesto LADRÓN DE GUEVARA es portavoz de Unidad Alavesa La Razón 27 Julio 2002
Goeebels consiguió en la Alemania nazi que la mentira repetida mil veces se convirtiera en verdad. Lo cierto es que algo tan absurdo y que va contra el derecho natural y los principios morales más primigenios como el nazismo, caló de forma estrepitosa en la sociedad alemana, para vergüenza de nuestra sociedad occidental.
El alcalde de Maruri intoxica gravemente produciendo una infamia encubierta cuando acusa al cura de esa localidad de dañar la imagen de su pueblo. Don Jaime Larrínaga, el cura, no dijo nada que lesionara a su comunidad vecinal, a la que sirve como sacerdote. El alcalde o no sabe leer correctamente, cosa que no sería de extrañar, o desfigura intencionadamente la realidad ¬lo que es más grave¬, pues pone en boca del cura lo que era obra del periodista que redactó un reportaje sobre la situación en la que se desarrolla la política en muchos pueblos vascos, obviando que sólo se puede atribuir al entrevistado lo que se entrecomilla. Sin duda el periodista reflejó fielmente una verdad que se puede constatar con una mera gira por determinadas comarcas vascas. Al mencionado ayuntamiento nacionalista se le ha escapado la mano y trata de maquillar su torpeza incalificable de forma patosa, tergiversando las cosas y tratando de mancillar el buen nombre del párroco.
Resulta de una maldad incalificable tratar de estigmatizar al pobre cura por su opinión respecto a la falta de libertad y de justicia en la que se desarrolla la política vasca, así como al déficit de libertades que él mismo empieza a sufrir por tener criterio y opinión propia; y sobre todo por tener un compromiso para combatir la perversión moral en la que se encuentra la convivencia cotidiana en Euskadi. La denuncia, a modo de ejemplo, que don Jaime hizo en el periódico La Razón de que no se instalan cabinas en los recintos electorales, y que eso es muy grave desde un punto de vista democrático pues impide el secreto del voto, es una alarma justa. Lo igualmente alarmante es que no haya más ciudadanos que hayan puesto el grito en el cielo sobre ese particular, lo que demuestra que la libertad en ciertas comarcas vascas está bajo mínimos. Resulta insufrible e inasimilable la persecución a la que el Ayuntamiento de Maruri somete al sacerdote-presidente del Foro El Salvador mediante una carta remitida a todos los vecinos de ese municipio, sobrepasando lo que debe ser objeto de la función de ese ayuntamiento que no es otra que la de administrar los intereses de su vecindario y fomentar la convivencia pacífica y el pluralismo social y político, sin el cual no puede haber ni una mera coexistencia.
Conozco a Jaime Larrínaga pues colaboramos junto a otros representantes de asociaciones cívicas en la Plataforma Libertad, cuyo objetivo principal era predicar los valores cívicos y la tolerancia como pilares para construir una sociedad democrática. Puedo decir con conocimiento de causa que Jaime no tiene nada de franquista y que esa difamación hecha desde sede municipal resulta una patraña incalificable que sólo puede proceder de mentes perversas y ruines. Jaime es un buen cura cuya sensibilidad no puede soportar la vulneración de los derechos fundamentales de muchos ciudadanos vascos por el simple hecho de no ser nacionalistas. Es un sacerdote comprometido para que la sociedad sea plural y exista un marco mínimo de convivencia. Pienso que precisamente por el hecho de ser cura y predicar la verdad cristiana y el mensaje evangélico cumple con su obligación defendiendo este tipo de valores. Lo extraño, y la evidencia de que nos movemos en un mundo al revés en el País Vasco, es la equidistancia o el alineamiento de una parte del clero con los verdugos en lugar de con las víctimas. Por eso resulta una iniquidad insufrible para cualquier actitud humanitaria el déficit moral de los munícipes de Maruri o la de quienes les han mandado acosar al cura.
En cualquier zona de España el llamar franquista a alguien no deja de ser una simple afrenta o insulto, en el País Vasco, cualquiera que esté en sus sanos cabales sabe que esa mera mención es suficiente para que los que «menean el árbol», según expresión del señor Arzallus, te envíen a la eternidad. De ahí la especial gravedad de la misiva del ayuntamiento, que obliga a Jaime a llevar escolta.
Cada vez siento más náuseas de compartir ámbito político y geográfico con determinados especímenes de ideología cada vez más totalitaria. Termino con una cita de la carta fundacional que dio lugar al Foro El Salvador, y de la que es coautor Jaime Larrínaga, titulado «Manifiesto por la verdad, la justicia y el perdón en Euskadi»: «Como cristianos y personas libres, nos sentimos alarmados por la grave hegemonía del nacionalismo en la Iglesia vasca y el uso perverso que hoy se hace de la doctrina de la caridad y del perdón para amparar al fascismo de Eta y a sus cómplices políticos. Lamentamos lo desatendidos que hoy se encuentran por nuestra Iglesia los fieles que no son de ideología nacionalista y las propias víctimas del terrorismo. Y reclamamos con urgencia de esa misma Iglesia, a la que pertenecemos, un discurso que por fin concilie los valores cristianos con los derechos ciudadanos».
L. R. DE GALARRETA/PROFESORA DE PERIODISMO POLÍTICO El Correo 27 Julio 2002
El PNV lleva varias semanas en el púlpito. El Debate sobre el Estado de la Nación fue sólo una tribuna más desde la que impartir lecciones: al Gobierno español sobre la (in)constitucionalidad de la Ley de Partidos; a CiU, por su apoyo desleal a este mismo proyecto; a los miembros de la recién estrenada Fundación para la Libertad. Incluso a los perdedores del 13 de mayo les ha tocado aprender, en los últimos días, las claves de la victoria nacionalista en las pasadas elecciones autonómicas vascas.
¿Qué sería del País Vasco sin los maestros nacionalistas? Sabios y místicos, filósofos y políticos, directores espirituales, expertos legisladores, tutores morales y portavoces autorizados de la sociedad vasca, los dirigentes nacionalistas parecen estar revestidos de una suerte de omnisciencia que los convierte en portadores de la verdad absoluta, aquélla de la que los demás apenas vislumbramos una sombra. Lástima que el PNV no dedique un poco más de tiempo a estudiar sus propias lecciones. Una pena que sus dirigentes se empeñen en permanecer en la caverna de Platón y quieran condenar a todos los vascos a no advertir sino sombras y apariencias, en una visión sesgada, rígida y estrecha de la realidad.
A veces sólo se trata de mirar alrededor con un poquito de atención. Las imágenes del aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, del enfrentamiento entre el alcalde de Vitoria y el concejal batasuno, del párroco amenazado o de Ana Urchueguía cruzada de brazos sin poder salir del Ayuntamiento, por poner algunos ejemplos recientes. La alcaldesa socialista gobierna en Lasarte con una mayoría absoluta que se repite y se consolida elección tras elección. Pero, en el mundo al revés del País Vasco, eso no es una garantía. En el mundo de las sombras, la minoría impone a la mayoría su propia ley, la del terror. En el mundo de las sombras, la normalidad se distorsiona hasta el punto de que el partido gobernante pretende mantener a la vez la defensa de la legalidad de los radicales abertzales -su impunidad para amenazar y extorsionar- con la defensa de las víctimas de estas mismas amenazas. En el mundo de las sombras, el gobierno quiere consultar a los ciudadanos por el futuro del país sin poner los medios necesarios para que los representantes legítimos de los ciudadanos ejerzan sus funciones en libertad. En este mundo al revés, el presidente del EBB se atreve a afirmar sin pudor que «al PNV lo han echado de España» y acto seguido los consejeros vascos anuncian que aplicarán las competencias que aún quedan por transferir, en un gravísimo e imprudente alarde de artificio, soberbia y bravuconería pocas veces visto en la historia de la democracia de este país.
Las elecciones del 13 de mayo no constituyeron en sí mismas un fracaso para los constitucionalistas -no se puede en ningún modo hablar de plataforma de perdedores - aunque sí tuvieron consecuencias negativas para el PP y el PSOE. En primer lugar, porque las expectativas creadas en la opinión pública resultaban muy superiores a la realidad. En segundo, porque los datos electorales, como consecuencia lógica de esta expectativa, se tradujeron en una fuerte desmoralización de cargos públicos, militantes activos, afiliados e incluso votantes en el País Vasco. En tercer lugar, porque el apoyo del resto de España hacia los vascos dio paso en muchos casos a una actitud fría y displicente, fruto de la decepción y el desconcierto. Por último y más grave, porque durante largos meses el PNV ha ostentado el liderazgo en el mensaje y la iniciativa entre los partidos con representación en el Parlamento vasco, con el resultado de que, dentro de la caverna, sólo se ha escuchado el eco de la voz nacionalista más radical.
Evidentemente, el PNV forma parte de lo vasco , pero no se identifica con la realidad vasca en su totalidad, por mucho que sus líderes así nos lo quieran hacer creer. La pluralidad en Euskadi se ha puesto tantas veces de manifiesto -sin ir más lejos, en todas las convocatorias electorales de la historia de la democracia- que se ha convertido en uno de los rasgos más característicos de esta tierra. Sin embargo, mientras el PNV siga actuando como único portavoz de lo vasco , factótum de las aspiraciones y de la voluntad de los vascos, seguiremos viendo sólo sombras, porque sus tesis resultan cada vez más excluyentes. Rompen con el Gobierno central, con el PP europeo, con el nacionalismo catalán, con el empresariado vasco. Rompen con las instituciones alavesas, con los propios líderes nacionalistas que, como Emilio Guevara, se atreven a poner en duda la trayectoria y la estrategia recientes del Euskadi Buru Batzar. Pretenden ahora, por las bravas o «de hecho y de facto», dice Madrazo, superar el Estatuto e incluso quebrar el propio marco legal de la Constitución... Y porque, aún peor tratándose de un partido en el Gobierno, tratan de excluir a todos aquellos vascos que rechazan el nacionalismo radical que optó por la estrategia de Estella hace casi cinco años. Parece entonces que tendremos que consolarnos con las excelentes relaciones que mantiene el lehendakari con Cuba. Y con el Frente Polisario.
En estas últimas semanas, probablemente por la proximidad de las elecciones municipales, el mundo parece haber vuelto a despertar. Se abre la polémica sobre las listas electorales, sobre la imposibilidad de presentar candidaturas en muchos lugares del País Vasco. Pasó el estupor en las filas del PP vasco y Mayor Oreja se queda. Parece que los titubeos en el PSOE han sido atajados a partir de su apoyo firme a la Ley de Partidos. Resurge la movilización y comienzan a organizarse actos de desagravio para con las víctimas, sus familiares y todos los que se ven de algún modo amenazados.
La recuperación de las manifestaciones sociales no en contra del nacionalismo, sino a favor de la libertad en el País Vasco, de la convivencia plural, del respeto a los derechos democráticos de todos los ciudadanos por igual, tiene un efecto positivo evidente. Pero hay que evitar el efecto perverso que ya demostraron actos similares en las pasadas elecciones autonómicas: la imagen de atrincheramiento, de intolerancia con el nacionalismo, tan bien aprovechada por el PNV para mostrar la intransigencia con lo vasco por parte del «excluyente nacionalismo español» que, a decir de Anasagasti, «ataca al PNV con más dureza que a ETA, y pasa del antiterrorismo al antinacionalismo y de ahí, al antivasquismo». Los jeltzales dominan con maestría el lenguaje de las sombras.
La presencia en los diferentes actos de nacionalistas de prestigio y el reconocimiento sin complejos de las tradiciones vascas y de los símbolos aceptados democráticamente en Euskadi, como la lengua y la bandera, deberían tratar de hacer ostensible la lógica identificación entre las tesis de los partidos constitucionalistas y las de muchos ciudadanos vascos. El ofrecimiento del ex consejero nacionalista Joseba Arregi de ir en las listas del PP y del PSE en las municipales vascas es quizá la mejor prueba de que muchos nacionalistas entienden que no hay ideología que valga cuando está en juego el derecho a la vida, a la libertad de expresión, a la seguridad, de una parte de la población. Eso es precisamente lo que se les reprocha a los dirigentes nacionalistas. Y sí, claro, con más dureza que a ETA. Porque a ETA, un grupo de terroristas inmersos en una espiral de violencia y locura asesina, resulta difícil, y sobre todo absolutamente ineficaz, reprocharle nada. Lo realmente lamentable, y desolador, es que haya que explicar a los jeltzales que los derechos fundamentales de los ciudadanos son una prioridad en el ejercicio de la política.
Efectivamente, la realidad de los resultados del 13 de mayo es una e incuestionable. Pero los datos electorales tienen una lectura muy diferente del reflejo al que tratan de exponernos. En las elecciones de 1986, con un censo menor, el PNV obtuvo más votos que en 2000 con un censo mayor. No es que en el EBB no lo sepan, es que no lo dicen. Pero les preocupa. La prueba son las reacciones furibundas y absolutamente desmedidas de ¡todos! los portavoces jel-tzales en los últimos días y su afán por recuperar la voz y la iniciativa en la política vasca y nacional, a golpe de ultimátum: Anasagasti, Egibar, Imaz, Arzalluz pugnan por subir al púlpito. También Ibarretxe, siempre más moderado. Quizá porque hubo una vez en la que el entonces candidato a lehendakari prometió demasiado. Prometió, incluso, conducirnos a todos fuera de la caverna.
La velocidad con que se producen acontecimientos significativos en la sociedad vasca, como los ocurridos esta semana con el profesor Francisco Llera y el párroco de Maruri, empuja a uno a hacer pública su opinión en los medios de comunicación quizá con excesiva frecuencia. Pero, en la situación en que vivimos, creo que todos los esfuerzos de clarificación son pocos, por lo que no quiero regatear mi modesta aportación a este objetivo.
Totalitarismo viene de totus (todo) y es un concepto que se aplica a los regímenes políticos que, en lugar de limitarse a desarrollar sus funciones de liderazgo y gestión de los intereses comunitarios, tratan de imponer su propia ideología de una forma excluyente mediante su omnipresencia dominante en todas las actividades sociales.
Es evidente que una concepción de la política de estas características choca frontalmente con la idea de libertad. Una sociedad debe ser libre para desarrollar sus energías de una forma espontánea, sin más condicionamientos que los que se derivan del imperio de la ley y los ideológicos que cada uno quiera asumir. En ningún caso, ni los poderes públicos, ni los partidos políticos deben interferir en este proceso fuera del ámbito de acción que les es propio. Es la misma sociedad la que debe crear y fortalecer sus propias estructuras para el mejor desarrollo de sus actividades, potenciar las iniciativas del poder político o defenderse de él si fuera preciso. Sin embargo, otra vez tengo que constatar con pena que en nuestro país está ocurriendo precisamente lo contrario.
Llevamos ya casi veinticinco años bajo la hegemonía de un nacionalismo con tendencia creciente al totalitarismo. Un nacionalismo que tiene dos brazos: una vanguardia terrorista que es ETA, que pretende imponer su proyecto político mediante la exterminación física de quienes no se someten a él, y un enorme poder institucional detentado por el Partido Nacionalista Vasco, que lo utiliza al servicio de las mismas reivindicaciones políticas.
No queremos decir con esto que entre ETA y el PNV exista una unidad de acción, ni que éste último tenga implicaciones de ninguna clase en las actividades terroristas de áquella, aunque no las combate con todos los medios a su alcance, pero sí se da una convergencia evidente en sus objetivos, como ha quedado demostrado en las últimas resoluciones del Parlamento vasco. En definitiva, poder institucional y poder fáctico al servicio de un objetivo común, que no es otro que la construcción de un Estado independiente llamado Euskalherria. Confluencia de poderes que manifiesta, además, una tendencia creciente al totalitarismo. Veamos algunas muestras de ello.
El profesor Francisco Llera acaba de anunciar su marcha a Estados Unidos, al no poder soportar la falta de libertad en su actividad académica. Si recordamos lo ocurrido anteriormente con Edurne Uriarte, Mikel Azurmendi, etcétera, en todos los casos por no someterse al imperio nacionalista, no creo que pueda ponerse en duda la influencia de éste mismo en el mundo universitario.
¿Y qué decir del mundo sindical, dominado en nuestro país por los sindicatos nacionalistas ELA y LAB? ¿O de las organizaciones empresariales, muchas de ellas cautivas de las subvenciones y beneficios fiscales que reciben de las Instituciones gobernadas por el PNV? ¿O de esa organización de emakumes, cuyo nombre no recuerdo en este momento, cuya influencia educativa en las familias todos sabemos que es determinante? ¿O de la red de ikastolas públicas, que, sin llegar a ser como se dice a veces con exageración escuela de terroristas, sí son germen de educación nacionalista? ¿O de los batzokis y herriko tabernas, que más que sedes de partidos políticos son centros de convivencia que sirven para alimentar sentimientos nacionalistas y antiespañoles?
A todo esto llamo yo totalitarismo y la consecuencia, como manifestaba el profesor Llera esta misma semana, es que son ya aproximadamente doscientas mil personas las que se han ido a vivir fuera del País Vasco. Y la mayoría de ellas, personas de alta cualificación, que buscan simplemente libertad. La cifra me ha dejado estupefacto y permite empezar a pensar que no es tan utópica la pretensión de ETA de obligarnos a abandonar el país a todos los que no compartimos la ideología nacionalista.
¿Es capaz la sociedad vasca de articular una defensa ante esta ofensiva totalitaria, que desprecia las ideas y sentimientos de la mitad de sus componentes? No soy amigo de ejercicios de adivinación, pero tengo la convicción de que la lucha por la libertad triunfa siempre, de que se producirá una rebelión democrática de la que emergerá una alternativa de gobierno respetuosa con los derechos y libertades de todos.
No va a ser fácil, porque nada permite alimentar la esperanza de que los nacionalistas vayan a modificar su estrategia, por lo que todo el que quiera defender su libertad, tendrá que luchar por ella. Pero, sobre todo, más que pensar en el resultado, estamos ante una cuestión de dignidad personal y de solidaridad con tantas personas que lo están pasando mal. Para todos, felices vacaciones y un ratito para la reflexión.
La Audiencia devuelve la cátedra a Uriarte, que la perdió por la presión de un ex diputado de EH
La profesora dice que Letamendia organizó una campaña política tras ser derrotado académicamente
Una sentencia ha declarado nula la decisión de la Comisión de Reclamaciones de la Universidad del País Vasco (UPV), que rechazó la concesión de la cátedra de Ciencia Política a Edurne Uriarte y se la otorgó a Francisco Letamendia. La juez considera que la Comisión de Reclamaciones no puede revisar el criterio técnico adoptado por la de Evaluación. Uriarte expresó, tras conocer la noticia, su satisfacción por el fallo de la juez y añade que desconoce qué hará ahora Letamendia «porque es quien organizó una campaña política cuando él fue derrotado académicamente».
L. R. N. - Bilbao.- La Razón 27 Julio 2002
El juzgado de lo contencioso administrativo numero 4 de Bilbao ha dictado una sentencia por la que la profesora Edurne Uriarte deberá ser repuesta en su plaza de catedrática de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (UPV). Según la sentencia la Comisión de Reclamaciones y el rector de la UPV vulneraron el derecho constitucional de igualdad de acceso a la función pública de Uriarte al no ratificar la propuesta de la Comisión de Evaluación para que esta profesora ocupara la Cátedra.
La profesora Edurne Uriarte ha recuperado la cátedra que le había arrebatado la Comisión de Reclamaciones en favor de Francisco Letamendia. Dicha comisión otorgó a Uriarte la cátedra de Ciencia Política con tres votos a favor y dos en contra, en detrimento de Letamendia, que recurrió ante la Comisión de Reclamaciones. Ésta cambió el primer dictamen y dio la cátedra a Letamendia, profesor titular de Ciencias Políticas de la UPV y ex diputado de HB lo que provocó un agrio enfrentamiento con Uriarte, que fue objeto de un atentado fallido de Eta.
La juez considera que la Comisión de Reclamaciones no puede revisar el criterio técnico adoptado por la de Evaluación, tal y como esgrimió Uriarte al recurrir a los tribunales ordinarios, porque ésta «pondera los méritos de los solicitantes». Cambiar la decisión inicial supone «sustituir el criterio técnico de la Comisión Evaluadora» sin fundamento legal.
Por su parte, Uriarte expresó ayer, tras conocer la noticia, su satisfacción por el fallo de la juez ya que, en su opinión, admite que la consiguió «con todo el rigor y limpieza». «Confirma lo que dijimos en su día desde yo misma hasta muchos catedráticos y profesores Ciencia Política, que es que el concurso se había celebrado con todas las garantías y con todo el rigor de un concurso de cátedra y que lo gané con todo ese rigor y limpieza académica».
Uriarte espera que la Universidad acepte la resolución judicial y recordó que tanto el rector, Manuel Montero, como el vicerrector, Víctor Urritia, aseguraron, en su día, que «iban a esperar a la decisión judicial y que la iban a aceptar». «Por lo tanto, me extrañaría y llamaría la atención que recurrieran», agregó. Sin embargo, la docente desconoce si el profesor Francisco Letamendia, recurrirá la decisión judicial. «Lo que pueda hacer esta persona, lo desconozco, porque es quien organizó una campaña política cuando él fue derrotado académicamente», manifestó.
El PP del País Vasco también ha recibido con «satisfacción» la sentencia que reconoce los derechos de la profesora Edurne Uriarte. El parlamentario popular Iñaki Ortega declaró que «los tribunales han corregido una injusticia que habían permitido y amparado tanto el Rectorado de la Universidad del País Vasco como el Gobierno de Vitoria». Ortega afirmó que la sentencia judicial restituye a Uriarte «unos derechos que le habían sido conculcados, ante la inhibición y el colaboracionismo de la UPV y el departamento de Educación».
La Comisión de Reclamaciones le retiró la plaza tras la protesta de Letamendia - La sentencia considera probado que en la oposición se violaron los principios de igualdad, mérito y capacidad
BILBAO.- Un juzgado de Bilbao ha resuelto que la profesora de la Universidad del País Vasco (UPV), Edurne Uriarte, recupere la Cátedra de Ciencia Política que le fue concedida en primera instancia por el tribunal de la oposición y que, tras la reclamación presentada por el otro candidato, Francisco Letamendia, le fue retirada por la Comisión de Reclamaciones de la UPV.
Uriarte presentó en febrero una demanda ante los tribunales contra esta decisión, y una solicitud para que quedara en suspenso la decisión de retirarle la cátedra y no proveer la plaza convocada.
La medida de la comisión se basó en la supuesta «falta de coherencia» entre los criterios que marcó el tribunal de la oposición al valorar a los dos candidatos y los juicios que emitió en su resolución.La Comisión concluyó que la resolución del tribunal de la oposición por la que se concedía la cátedra a Uriarte estaba «poco motivada».
La demanda se basaba en que para tomar dicha decisión la Comisión de Reclamaciones había aplicado un artículo de la Ley de Reforma Universitaria «que es inconstitucional». Además, consideraba que «se habían violado los principios de igualdad, mérito y capacidad para acceder a la Función Pública».
Lesión a derechos
En la resolución dictada por la juez también se señala que a pesar de que este tipo de disputas se engloban dentro del apartado «asuntos de personal», en este caso se ha seguido un procedimiento extraordinario para juzgarlo «por tratarse de un caso que presupone la existencia de supuestas lesiones a los Derechos Fundamentales»:
La juez establece también que la sentencia se debe ejecutar de forma inmediata, aunque de manera provisional, ya que aún cabe recurso por parte de la UPV. La dirección de la Universidad ayer no quiso emitir ninguna valoración a la resolución judicial, ya que aún no existía constancia oficial.
Fuentes universitarias apuntaron que si bien en un primer momento la postura de la UPV fue la de respetar las decisiones tanto del tribunal de la oposición como de la Comisión de Reclamaciones, e incluso se anunció que se respetaría la resolución judicial, ahora se apunta que dadas las consideraciones que se hacen en la sentencia, se esperará a estudiarla con detenimiento para decidir si se recurrirá o no.
El próximo lunes los abogados de la profesora presentarán un escrito ante el rector de la UPV, Manuel Montero, para solicitar que Uriarte tome posesión de la cátedra, «de forma inmediata», y reclamar «los atrasos generados desde octubre de 2001, cuando se le concedió la plaza».
Ayer recibió la noticia de que le devolvían la cátedra de Sociología en la Universidad del País Vasco. La misma que la Comisión de Reclamaciones concedió a otro profesor de ese centro: Francisco Letamendia Ortzi. Alegaba éste que su currículo académico era, por ser más extenso, mejor que el de Uriarte. Ahora, la justicia ha colocado las cosas en su sitio al restituir en su puesto a la catedrática Edurne Uriarte.
Pregunta.- ¿Cómo ha recibido la sentencia?
Respuesta.- Con una enorme alegría después de lo que tuve que vivir en febrero y antes, porque no sólo se produjo una injusticia ante el comité de reclamaciones sino que sufrí una campaña terrible del mundo radical y del nacionalismo en general.
P.- Y esto, después de que la fortuna acudiera en su ayuda cuando ETA le puso una bomba en un ascensor de la Universidad?
R.- Sí, pero todo este proceso me afectó mucho más que lo de la bomba porque lo viví como un proceso en el que tuve suerte y nada más, pero esto fue largo y muy duro comprobar lo que significa una campaña de acoso. Sin embargo, todo esto tuvo una parte positiva y fue que nada más conocerse que la Comisión de Reclamaciones había dado la razón a Letamendia, empecé a recibir llamadas de toda España para felicitarme y para darme su apoyo.
P.- Usted destaca la campaña de acoso y derribo del mundo nacionalista, pero el rector de la UPV, Manu Montero, tampoco estuvo muy fino.
R.- El rector no supo defender mis derechos ni los del director del Departamento, Francisco Llera y creo que lo sucedido entonces ha sido determinante en su marcha a la universidad de Georgetown.
P.- Usted ha ganado en la vía de protección de los Derechos Fundamentales, que se ha pronunciado con mucha rapidez.
R.- Es una de sus características, que resuelve pronto y esto ha resuelto la incertidumbre.
P.- Lo más probable es que ahora recurran la Universidad o el propio Letamendia.
R.- Si, pero eso no es obstáculo para que yo tome posesión de la cátedra.
P.- Pero, pardójicamente, usted puede no aparecer por clase porque forma parte de los titulares que tienen profesor sustituto para evitar que tengan rutinas diarias.
R.- Y porque la Universidad asume que no puede garantizar nuestra seguridad dentro del recinto.
Al menos una tropelía ha quedado anulada. La sentencia que devuelve la cátedra a Edurne Uriarte tiene una doble virtualidad. De un lado, hace justicia y restituye en su puesto a quien un Tribunal académico había considerado merecedora del mismo, lo que resultaba evidente para cualquier observador sereno, sin necesidad de ser miembro del claustro de la degradada Universidad del País Vasco.Lo agradecerán los alumnos que no estén ya atrofiados intelectualmente.Pero la sentencia sirve también para demostrar, una vez más, la falacia del nacionalismo que, como paradigma del totalitarismo, quiere controlarlo y contaminarlo todo bajo la apariencia de un pretendido orden legal.
Hubo que escuchar mucha verborrea cuando una fantasmagórica Comisión de Reclamaciones -que le sirvió al rector Montero para no mostrarse como realmente es, es decir, irresponsable- despojó a Uriarte de su cátedra para dársela, saltándose las reglas y el sentido común, al ideólogo nacionalista Francisco Letamendia. Hubo que soportar, como tantas veces hay que hacerlo con el nacionalismo, la acusación de que la politización y el atropello están del lado de quienes en el País Vasco defienden la libertad. Como para conseguir lo que desean los nacionalistas no hay pudor que valga, querían hacer creer a los ilusos -que allí son bastantes, ciertamente- que una pandilla de españolistas intentaba hacer catedrática a una amiga como parte de una ofensiva política.Hasta Montero quiso imponer entonces la idea de que su Universidad -en la que tiene más importancia hacer patria que descubrir la verdad- había restaurado el error de los miembros del Tribunal con escrupuloso respeto a la ley.
Pues ya se ha visto, como no podía ser menos, que no es así, que se conculcan Derechos Fundamentales, como cada jornada, y se pretende presentar a las víctimas como verdugos. El País Vasco es el paraíso de la mentira y quienes intenten retirar alguno de los velos que lo protegen (ya sean profesores universitarios, periodistas o curas) sólo tienen un modo de evitar el atropello y la escolta: marcharse. El triunfo legal de Edurne Uriarte tendrá que ser acompasado con buenas dosis de valentía, de la que ya ha hecho gala reiteradamente.
Si la arriesgada defensa de las libertades que Uriarte hace cotidianamente sirve para ejemplo de timoratos, la sentencia debería servir para ejemplo de navegantes pusilánimes: no hay acoso al nacionalismo, sino la voluntad de que la ley sea respetada. Es el nacionalismo el que, con una impunidad que debe terminar, acosa a quien se le opone. A pesar de todo, los más pusilánimes, antes del naufragio definitivo, pedirán, con apariencia de muy buena voluntad, que los jueces demuestren que son vascos y dependan del Gobierno de Ibarretxe.
NAIARA GALARRAGA | Bilbao El País 27 Julio 2002
La magistrada ha dado la razón a la flamante presidenta de la Fundación para la Libertad, quien presentó un recurso contra la UPV y contra Letamendia. La juez reconoce, como reclamaba la defensa de Uriarte, que la Comisión de Reclamaciones 'no es un órgano técnico' y que 'se ha excedido en los límites legales y constitucionales' al no ratificar la propuesta del tribunal del concurso -otorgar la cátedra a Uriarte- 'sin existir manifiesta arbitrariedad en la adjudicación'. La comisión de quejas optó por dejar vacante la plaza al estimar que el tribunal no había motivado suficientemente su decisión, argumento rechazado por la juez.

References: artículo 9
 artículo 10
 artículo 138
 artículo 18
 artículo 149
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