Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2007-00503-de-septiembre-13-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e8c77a896d950040e0430a0101510040&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-12 00:18:34+00:00

Document:
﻿ Auto 2007-00503 de septiembre 13 de 2013
AUTO 2007-00503 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO. MIENTRAS LA FUERZA MAYOR IMPLICA UN EVENTO AJENO AL SUJETO QUE CAUSA EL DAÑO, COMO UN HECHO DE LA NATURALEZA (UNA INUNDACIÓN, UN TERREMOTO, ETC.), EL CASO FORTUITO VERSA SOBRE UNA SITUACIÓN QUE NO HAYA SIDO PREVISTA PARA EL AUTOR DEL DAÑO (LA AVERIACIÓN DE UNA MÁQUINA, UN SECUESTRO ETC.), LO QUE, EN CONCLUSIÓN, CONLLEVA QUE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE DAN LUGAR A LA FUERZA MAYOR HAN DE SER IRRESISTIBLES Y LAS QUE DAN LUGAR AL CASO FORTUITO SERÁN IMPREVISIBLES. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, LA PÉRDIDA DE UN DOCUMENTO ES UN HECHO TOTALMENTE PREVISIBLE, POR LO QUE LA FALTA DE PRECAUCIÓN Y DILIGENCIA DEL RECURRENTE NO PUEDE SER ENTENDIDA COMO UN CASO FORTUITO, TODA VEZ QUE, A SABIENDAS DEL EXTRAVÍO, PUDO HABER SOLICITADO AL A QUO QUE OFICIARA A LA ENTIDAD DEMANDADA PARA QUE ALLEGARA EL DOCUMENTO AL EXPEDIENTE, CONTANDO CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA SOLUCIONAR EL HECHO QUE DIFICULTÓ ALLEGARLO EN DEBIDO TÉRMINO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL, PROCESO DE JURISDICCIÓN COACTIVA, CASO FORTUITO, FUERZA MAYOR
Auto 2007-00503 de septiembre 13 de 2013
Rad.: 250002326000 2007-00503 01 (46052)
Actor: José Aristidides Almonacid León y otros
Demandado: Beneficencia de Cundinamarca
Se pronuncia el despacho sobre la solicitud formulada por la parte demandante, en punto a que se disponga la práctica de unas pruebas en esta instancia.
El señor José Aristidides Almonacid León, actuando en nombre propio y como representante legal de Rodicars Ltda., impetró demanda en ejercicio de la acción contractual ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, el día 10 de septiembre de 2007.
Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, el actor expuso que la Beneficencia de Cundinamarca incumplió el contrato de arrendamiento que suscribió con José Aristidides Almonacid León y Rodicars Ltda., respecto del inmueble ubicado en la carrera 24 Nº 71-61 de Bogotá. El incumplimiento radicó, según dice la demanda, en que no se reconoció el pago de las mejoras que el demandante realizó sobre el inmueble; adicionalmente, en que no se asumió el pago de los honorarios a los abogados que ejercieron la defensa del mencionado inmueble, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único de la cláusula decimonovena del contrato de arrendamiento 005 de 1998; por otra parte, afirman los actores, que no se canceló el impuesto de valorización al IDU, viéndose el demandante en situación de asumir una obligación que no le correspondía; y, finalmente, no se reconocieron las pérdidas futuras y el good will adquirido durante 30 años de funcionamiento, de la empresa Rodicars Ltda.
Explicó la parte demandante que, inicialmente la Beneficencia de Cundinamarca y el señor Augusto Guevara Betancourt suscribieron un contrato de arrendamiento sobre un lote de terreno. En su calidad de arrendatario, el señor Augusto Guevara Betancourt subarrendó una parte del terreno a la empresa Rodicars Ltda., y para que esta última pudiera desarrollar su objeto social, debió efectuar unas mejoras que fueron declaradas mediante escritura pública 098 del 20 de enero de 1984 e inscritas en la matrícula inmobiliaria 50C-378618 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, D.C.
Sin embargo, el 4 de marzo de 1977, la Beneficencia de Cundinamarca efectuó la venta del terreno antes mencionado al señor Carlos Fidolo González Cuéllar mediante escritura pública 046 de esa fecha, en la Notaría 17 de Bogotá, pero en vista de que el señor González Cuéllar incumplió con el último pago del precio pactado en la compraventa, la Beneficencia de Cundinamarca nunca realizó la entrega material del inmueble, por lo que continuó arrendándolo al señor Augusto Guevara Betancourt.
A pesar de esto, el señor Carlos Fidolo González Cuéllar, en calidad de propietario del inmueble, mediante escritura pública 1088 del 30 de marzo de 1992 de la Notaría 38 de Bogotá, debidamente inscrita en el folio de la matrícula inmobiliaria 50C-378618, transfirió el dominio del terreno a título de venta a la empresa Super Bussiness Comerce Center Ltda. “Supercenter Ltda.”.
Según el actor, el 5 de marzo de 1998 la Beneficencia de Cundinamarca suscribió el contrato de arrendamiento 005 con Rodicars Ltda., y en la cláusula octava de dicho contrato, se señala que las mejoras efectuadas en el terreno pertenecían a los arrendatarios, así como las acometidas eléctricas e hidráulicas, la instalación de las líneas telefónicas, construcciones de pisos, paredes, entre otros, y adicionalmente, en la cláusula decimonovena, el contrato consagró que en caso de perturbaciones al arrendatario, la Beneficencia de Cundinamarca “lo representará... ante cualquier litigio, obligándose a salir de la defensa judicial de las diferentes instancias corriendo por su cuenta el nombramiento de los profesionales del derecho”.
Pese a la estipulación de las cláusulas anteriores, el demandante dijo que tuvo que afrontar múltiples demandas en razón a que la sociedad Supercenter Ltda., reclamó el dominio del bien identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618, a través de la acción judicial de entrega del tradente al adquiriente. Adicionalmente, el IDU instauró un proceso coactivo respecto del inmueble mencionado, nombrándose un secuestre por cuenta del embargo efectuado, por lo que el actor tuvo que asumir el pago de la obligación de valorización y los honorarios del profesional encargado de ejecutar el secuestro del predio. En ninguno de los litigios la Beneficencia de Cundinamarca cumplió con su deber contractual consistente en asumir la defensa judicial del inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-378618.
Expuso el actor que, mientras se surtía el proceso judicial de entrega de inmueble del tradente al adquiriente, el día 30 de septiembre de 2002 la Beneficencia de Cundinamarca y Rodicars Ltda., suscribieron nuevamente un contrato de arrendamiento identificado con el número 77, por cinco años más, sobre el lote de terreno de matrícula inmobiliaria 50C-378618, y en dicho contrato, se señaló nuevamente que las mejoras pertenecían a los arrendatarios.
No obstante lo anterior, afirmó el demandante que el 20 de noviembre de 2006 la Beneficencia de Cundinamarca, mediante oficio 1611 solicitó a Rodicars Ltda., la entrega del local en arrendamiento al vencimiento del contrato. En consecuencia, el 21 de febrero de 2007, Rodicars Ltda., elevó una petición a la Beneficencia de Cundinamarca para que le reconociera el pago de las mejoras, se reembolsaran los dineros del pago de honorarios de los abogados que ejercieron la defensa judicial de Rodicars Ltda. y del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618, se reconociera el pago del impuesto de valorización cancelada al IDU, y se reconociera el good will y las pérdidas futuras de Rodicars Ltda.
En respuesta a tal petición, la Beneficencia de Cundinamarca denegó las solicitudes elevadas por el ahora demandante José Aristidides Almonacid León, desconociendo, según este, lo pactado en el contrato de arrendamiento 77 de septiembre 30 de 2002, por lo que se vio obligado a instaurar la presente acción contractual en procura de continuar ocupando el inmueble y obtener las indemnizaciones a que haya lugar.
A través de sentencia de 25 de mayo de 2012(1), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, denegó las pretensiones de la demanda, al considerar que no se acreditó el incumplimiento del contrato, toda vez que, a su juicio, el reconocimiento de mejoras requería una autorización previa por parte de la entidad demandada; por otra parte, el valor de los honorarios cancelados en los procesos judiciales de entrega del bien al adquiriente no se encontraba estipulado en el último contrato vigente y adicionalmente el actor no logró probar la obligación de la beneficencia de hacerse cargo del impuesto de valorización del IDU.
Con respecto a la pretensión de que se reconociera una suma por concepto de good will, pese a que se allegó un dictamen pericial que establecía un valor, el Tribunal estableció que la Beneficencia de Cundinamarca no había incumplido con el contrato de arrendamiento, razón por la cual, la entidad no tenía el deber de responder por el presunto daño alegado por el actor.
De otra parte, frente a la pretensión de declaración de incumplimiento del contrato de arrendamiento 77 del 30 de septiembre de 2002, suscrito entre la Beneficencia de Cundinamarca, “José Aristidides Almonacid León y Rodicars Ltda.”, la Sala estimó que dicha afirmación no era cierta, por cuanto el señor José Aristidides Almonacid León actuaba como Representante Legal de Rodicars Ltda., y lo hacía única y exclusivamente dentro del contrato de arrendamiento en mención, como Gerente y Representante Legal de Rodicars Ltda., de donde la legitimación por activa se predicaba de Rodicars Ltda., y no del señor José Aristidides Almonacid León.
3. El recurso de apelación y la solicitud incoada.
Mediante auto de 20 de febrero de 2013(2), el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, admitió el recurso de apelación incoado por la parte demandante en contra de la sentencia de 25 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión(3). En la sustentación del recurso, el actor solicitó que se decretaran y tuvieran como pruebas en esta instancia las que, a continuación, se enumeran y sobre las cuales se hará un pronunciamiento específico más adelante:
3.1. Oficiar a la Alcaldía Local de Barrios Unidos, para que remita copia auténtica de la Resolución 414 de mayo de 2010, por medio de la cual se resolvió la primera instancia de la querella policiva por infracción al régimen urbanístico 061 de 2008, así como copia auténtica de la resolución expedida por el Consejo de Justicia de Bogotá, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia resuelta por la Alcaldía Local mencionada.
3.2. Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - zona Centro, a efectos de que remita copia auténtica de la matrícula inmobiliaria 50C-378618, en donde consta la anotación 32, a través de la cual se registró el fallo proferido por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de simulación 1994-09080, adelantado por el Banco Ganadero —hoy BBVA Colombia— contra Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., por medio del cual se ordenó desanotar la compraventa realizada sobre el predio de la matrícula, acto que se llevó a cabo entre Carlos Fidolo González y Supercenter Ltda.
3.3. Oficiar al Juzgado 21 Civil Municipal de Descongestión, para que remita un informe sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado 2002-1596, instaurado por Humberto Albarracín Albarracín contra Rodicars Ltda., cuyo conocimiento, inicialmente estuvo a cargo del Juzgado 8 Civil Municipal. El recurrente solicitó que, en particular, se certificaran los siguientes aspectos:
a. El estado actual del proceso.
b. La relación de las pretensiones de la demanda.
c. La relación de las excepciones formuladas en la contestación.
d. La existencia actual de construcciones o no sobre el inmueble objeto de ese proceso.
e. La demolición que se hizo sobre las construcciones existentes en dicho inmueble.
f. Las razones por las cuales el demandado no paga el canon de arrendamiento.
g. Quiénes son las partes del proceso.
h. El motivo de la desvinculación de la llamada en garantía Beneficencia de Cundinamarca.
3.4. Oficiar al Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, para que remita copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del proceso ordinario de simulación de compraventa 1994-09080, instaurado por el Banco Ganadero —hoy BBVA Colombia— contra Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda. Igualmente, para que remita copia auténtica del recurso extraordinario de casación promovido por los demandados, así como de la sentencia proferida en Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se resolvió no casar la providencia recurrida.
3.5. Oficiar al Tribunal Superior de Bogotá y/o Corte Suprema de Justicia, para que remita copia auténtica de la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso penal por fraude procesal 11001-3104-048-2009-00243-02.
3.6. Oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que remita copia auténtica de la demanda y la contestación presentada dentro de la acción de reparación directa radicada bajo el número 2008-689, instaurada por Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., contra la Beneficencia de Cundinamarca.
3.7. Oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que remita copia auténtica de la demanda, de la contestación, de la sentencia de primera instancia y del recurso de apelación formulado por la entidad accionada dentro de la acción popular que cursa en la Sección Primera de esa corporación, identificada con el 2006-00059-04, instaurada por Constanza Hernández contra la Beneficencia de Cundinamarca y otros.
3.8. Tener como prueba la certificación expedida por el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, con fecha de 3 de marzo de 1998, documento que allegó con el escrito de sustentación del recurso de alzada.
3.9. Realizar una inspección judicial sobre el inmueble de matrícula inmobiliaria 50C-378618, ubicado en la carrera 24 Nº 71-61 de Bogotá, D.C.
4. El régimen aplicable.
En el presente caso, en cuanto hace al marco jurídico que regula la práctica de pruebas en segunda instancia, contenido en los artículos 212 inciso 4º y 214 del Código Contencioso Administrativo —D.L. 1/84—, que consagran la oportunidad para formular la correspondiente solicitud y los casos en que, de manera taxativa, es procedente su decreto, se tiene que tales disposiciones señalan:
“ART. 212.—(...)
Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso, podrán pedir pruebas, que solo se decretarán en los casos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo”.
“ART. 214.—Cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretaran únicamente en los siguientes casos:
1) Cuando decretadas en primera instancia, se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió, pero solo con el fin de practicarlas o de cumplir los requisitos que les falten para su perfeccionamiento.
2) Cuando versen sobre hechos acaecidos después de trascurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos.
3) Cuando se trate de documentos que no pudieron aducirse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.
Para resolver lo que en derecho corresponda, se agruparán las pruebas solicitadas que tienen en común el mismo objeto, según lo señalado expresamente por la parte actora, en los siguientes términos:
5.1. Con el objeto de acreditar que el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-378618, se encontraba construido al momento de la diligencia de entrega judicial realizada a favor de Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., y que en dicha diligencia se entregó únicamente el terreno, mas no las mejoras, puesto que estas siempre fueron propiedad de los arrendatarios.
Sobre este particular, la parte actora solicitó:
5.1.1. Oficiar a la Alcaldía Local de Barrios Unidos, para que remita copia auténtica de la Resolución 414 de mayo de 2010, por medio de la cual se resolvió la primera instancia de la querella policiva por infracción al régimen urbanístico 061 de 2008, así como copia auténtica de la Resolución expedida por el Consejo de Justicia de Bogotá, por medio de la cual se confirmó la decisión de primera instancia resuelta por la alcaldía local mencionada.
Para sustentar esta petición, el recurrente se fundamentó en el numeral 2º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, en virtud del cual señaló que la mencionada querella inició en el año 2008 y el presente proceso en el 2007 y que por tal razón, en cuanto a esta prueba se refiere, la petición se encuadra en la norma citada.
Al respecto, encuentra el despacho que, si bien es cierto a través de las resoluciones solicitadas se pretende demostrar que sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-378618 hubo construcciones hasta mucho tiempo después de que fuera entregado en una diligencia judicial llevada a cabo por el Juzgado 16 Civil Municipal de Bogotá, tal hecho fue materia de otras pruebas durante la primera instancia a petición de la parte actora. En este sentido se decretaron y practicaron las que a continuación se enuncian:
• Fotocopia autenticada del contrato de arrendamiento del 5 de marzo de 1998(4); fotocopia autenticada del contrato 77 del 30 de septiembre de 2002(5); fotocopia autenticada del contrato aclaratorio 1 al contrato principal 77 de 2001(6), todos suscritos entre la Beneficencia de Cundinamarca y Rodicars Ltda.
• Fotocopia autenticada de la diligencia de entrega de bien inmueble con matrícula inmobiliaria 50C-378618 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá(7); fotocopia autenticada de continuación de diligencia de entrega del inmueble ya mencionado(8); fotocopia autenticada de entrega (lanzamiento) despacho comisorio 071258 del Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá(9); fotocopia autenticada de diligencias de entrega (lanzamiento) de locales que ocupaban el lote de terreno en mayor extensión del que hace parte el lote de terreno donde funcionaba la sociedad Rodicars Ltda.(10)
• Original del avalúo corporativo de mejoras 001-2008(11).
• Dictamen pericial practicado por el avaluador designado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, para el efecto(12).
Así las cosas, dado que respecto del mismo objeto se decretaron y practicaron los reseñados medios demostrativos que obran en el expediente, la prueba solicitada en esta oportunidad resulta innecesaria ante la existencia de aquellos, razón que lleva al despacho a negar la solicitud.
5.1.2. Realizar una inspección judicial sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618, con el objeto de mostrar los vestigios de lo que, afirmó, fue la bodega construida en suelo ajeno y el lugar donde funcionó el taller automotriz de Rodicars Ltda., prueba que, si bien fue solicitada en primera instancia, no fue decretada por el tribunal a quo.
Tal como lo reconoce la parte actora, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la práctica de la inspección solicitada para, en su lugar, decretar la realización de un dictamen pericial(13), decisión que tiene sustento legal en inciso 3º del artículo 244 del Código de Procedimiento Civil(14).
En estas condiciones, no es dable al despacho acceder a la solicitud, toda vez que la práctica de pruebas en segunda instancia se encuentra restringida a los casos previstos de manera taxativa en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo y lo pedido no encuadra en el presupuesto indicado por el solicitante en referencia al numeral 1º de dicha norma, puesto que se trata de pruebas decretadas en primera instancia y, como se observa, la que aquí se pide no fue ordenada por el a quo.
5.2. Con el objeto de acreditar que Supercenter Ltda., nunca fue propietaria del bien y que este se encuentra a nombre de Carlos Fidolo González, por causa de una simulación que se ocultó al momento de la contestación de la acción contractual de la referencia.
En este sentido, la parte actora solicitó:
5.2.1. Oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá - zona Centro, para que remita copia auténtica de la matrícula inmobiliaria 50C-378618, en donde consta la anotación 32, en la que se registró el fallo proferido por el Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, dentro del proceso de simulación 1994-09080, adelantado por el Banco Ganadero —hoy BBVA Colombia— contra Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., en el cual se ordenó desanotar la compraventa del predio de la matrícula que se llevó a cabo entre Carlos Fidolo González y Supercenter Ltda.
Argumentó el demandante que las circunstancias que rodean la solicitud de esta prueba se adecúan a lo previsto en el numeral 2º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que la anotación 32, la cual pretende destacar en esta instancia, fue realizada con posterioridad a la oportunidad procesal para pedir pruebas en primera instancia.
Al respecto, se tiene que dicha prueba, solicitada y decretada en primera instancia, fue expedida el 5 de septiembre de 2007 y en ella constan 29 anotaciones, la última de las cuales tiene fecha de 10 de noviembre de 2006(15), sin embargo, la parte demandada allegó copia auténtica actualizada de la misma prueba, expedida el 29 de mayo de 2012, en la que se advierte un total de 34 anotaciones, dentro de las cuales puede observarse que la anotación 32 tiene fecha de 30 de agosto de 2010(16).
Habida cuenta de lo anterior, y teniendo en cuenta que el término para aportar pruebas en primera instancia venció el 4 de agosto de 2008(17), considera el Despacho que, en efecto, la anotación 32 es un hecho acaecido con posterioridad a la oportunidad probatoria de primera instancia, por lo que al encuadrar dentro del presupuesto legal invocado, se procederá a decretar la prueba solicitada.
5.2.2. Oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que remita copia auténtica de la demanda y contestación de la acción de reparación directa radicada bajo el 2008-689, instaurada por Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., contra la Beneficencia de Cundinamarca. Esto con el objeto de probar que la entidad demandada conocía de tiempo atrás que Supercenter Ltda., no era propietaria del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618.
Expuso el recurrente que no tuvo conocimiento sobre la posición jurídica asumida por la Beneficencia frente a la propiedad simulada de Supercenter Ltda. como consecuencia del ocultamiento de información por parte de los demandados al contestar la demanda en el presente asunto, motivo por el cual, la prueba solicitada encuentra soporte en el numeral 3º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, en tanto que no pudo ser allegada por obra de la parte contraria.
Sobre este aspecto, considera el despacho que si bien la doctrina(18) y la jurisprudencia de esta corporación se han pronunciado sobre la necesidad que tiene el recurrente de demostrar, aunque sea sumariamente, los hechos que dan lugar a la fuerza mayor, al caso fortuito o a la obra de la parte contraria(19), la prueba aquí solicitada posee la particular característica de acreditar por sí misma la “obra de la parte contraria”, toda vez que dentro de la contestación que obra en el proceso del cual se está solicitando copia auténtica será posible evidenciar el conocimiento que tenía la Beneficencia de Cundinamarca sobre la titularidad del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618, conocimiento que no habría manifestado en el actual proceso, por lo que le hizo imposible al recurrente suministrar tal información, razón por la cual, la exigencia de una prueba distinta para demostrar el ocultamiento de información por parte de la Beneficencia de Cundinamarca resultaría ser una prueba imposible, dadas las circunstancias del caso, por lo que el despacho considera justificado, de manera excepcional, eximir esta solicitud de los requerimientos doctrinales y jurisprudenciales anteriormente citados y, en consecuencia, proceder a decretarla.
5.2.3. Oficiar al Juzgado 31 Civil del Circuito de Bogotá, para que remita copia auténtica de las sentencias de primera y segunda instancia dictadas dentro del proceso ordinario de simulación de compraventa 1994-09080 instaurado por el Banco Ganadero —hoy BBVA Colombia— contra Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda. Igualmente, para que remita copia auténtica del recurso extraordinario de casación promovido por los demandados y la sentencia proferida en Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la cual se resolvió no casar la sentencia recurrida.
Lo que pretende el recurrente al solicitar esta prueba, es demostrar que Carlos Fidolo González Cuéllar y Supercenter Ltda., nunca fueron titulares del dominio del predio identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618 y que, según adujo, trataron de evitar el registro de los fallos en dicha matrícula, razones que impidieron el suministro de la información dentro del término probatorio de primera instancia.
En sustento de su petición, la parte demandante indicó que la solicitud de esta prueba se encuentra amparada en el numeral 3º del artículo 214, al no haber podido suministrar esta información dentro del término correspondiente por culpa de la parte contraria, ya que los demandados pudieron haberlo hecho al momento de la contestación de la demanda.
Como prueba sumaria del hecho a demostrar, o sea, de la obra de la parte contraria, el recurrente hizo mención a un memorial que se encuentra dentro del proceso de simulación que pretende hacer valer como prueba, en el que según él, consta el dolo de su contraparte.
Tras advertir la similitud de objeto entre esta solicitud y la que antecede, el cual es demostrar el dolo de la contraparte al ocultar información a la justicia y al actor, considera el despacho que se torna innecesario acceder al decreto de la presente petición, toda vez que, por tratarse del mismo objeto, resulta redundante y suficientemente ilustrado, por lo que se dispondrá a negar esta solicitud.
5.2.4. Oficiar al Tribunal Superior de Bogotá y/o Corte Suprema de Justicia, para que remitan copia auténtica de la sentencia de segunda instancia dictada dentro del proceso penal por fraude procesal 11001310404820090024302, con el objeto de demostrar que la venta del inmueble identificado con la matrícula 50C-378618, fue simulada; que a partir de la simulación se inició un proceso ejecutivo ante el Juzgado 18 Civil del Circuito promovido por Carlos Fidolo González Cuéllar contra Supercenter Ltda., y que la demanda de restitución que hoy soportan Rodicars Ltda. y José Aristidides Almonacid León, deriva del pleito simulado que cursó en el Juzgado 18 Civil del Circuito de Bogotá.
La prueba fue pedida con fundamento en el numeral 2º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, sin embargo, la solicitud no contiene elementos suficientes que permitan establecer con certeza, los hechos que el actor pretende demostrar, en efecto ocurrieron con posterioridad a la oportunidad para pedir pruebas, razón por la cual se negará el decreto de la prueba aquí solicitada.
5.3. Con el objeto de probar el incumplimiento del contrato de arrendamiento entre la Beneficencia de Cundinamarca y Rodicars Ltda., al no cumplir con la obligación de la defensa de los intereses reconocidos al interior del mismo.
Sobre este particular, se solicitaron las siguientes pruebas:
5.3.1. Oficiar al Juzgado 21 Civil Municipal de Descongestión, para que remita un informe sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado 2002-1596 de Humberto Albarracín Albarracín contra Rodicars Ltda., cuyo conocimiento estuvo a cargo del Juzgado 8 Civil Municipal. El recurrente solicitó que se certificaran los siguientes aspectos:
g. Quienes son las partes del proceso.
Con esta prueba se pretende demostrar que en la actualidad se encuentra en curso el proceso de restitución de inmueble arrendado 2002-1596 de Humberto Albarracín Albarracín contra Rodicars Ltda., que la restitución versa sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618 y que el inmueble está demolido en su totalidad.
Según la parte recurrente, la solicitud de la presente prueba encuentra fundamento jurídico en las previsiones de los numerales 1º y 2º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, por lo que entrará el despacho a estudiar si la prueba se encuentra enmarcada dentro de estas disposiciones legales.
De antemano, se destaca que el objeto de esta prueba no puede ser demostrar el estado actual del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618, comoquiera que en esta providencia se ha hecho mención a que tal hecho se encuentra ampliamente demostrado con otros elementos probatorios, por lo que la solicitud se ha de limitar a probar que el proceso de restitución de inmueble arrendado 2002-1596 de Humberto Albarracín Albarracín contra Rodicars Ltda. se encuentra aún vigente y que el litigio versa sobre el inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50C-378618.
Ahora bien, en cuanto a los fundamentos jurídicos invocados, se tiene que en relación al numeral 1º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, la prueba aquí pedida fue formulada con la demanda y posteriormente decretada, pero dejada de practicar sin culpa de la parte que la pidió, como consta en el expediente(20), razón por la cual se enmarca dentro del precepto legal invocado.
Por otra parte, respecto al numeral 2º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, es evidente que por tratarse de un proceso judicial que en la actualidad está en litigio, existen actuaciones que no pudieron haberse allegado a este proceso en el término destinado para tal fin, por imposibilidad de tiempo y espacio, circunstancia que igualmente encuadra dentro del supuesto legal invocado.
Así las cosas, la solicitud se encuentra ajustada a los supuestos legales que el recurrente aduce como sustento jurídico, por lo que resulta procedente su decreto en esta instancia.
5.3.2. Oficiar al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que remita copia auténtica de la demanda, de la contestación, de la sentencia de primera instancia y del recurso de apelación formulado por la Beneficencia de Cundinamarca dentro de la acción popular que cursa en la Sección Primera de esa corporación, cuyo proceso está identificado con el 2006-00059-04 instaurada por Constanza Hernández.
El objeto de esta solicitud se dirige a demostrar que la Beneficencia de Cundinamarca incumplió con lo pactado en los contratos de arrendamiento que recaen sobre el inmueble identificado con la matrícula inmobiliaria 50C-378618, al no defender los intereses reconocidos a los arrendatarios, tal y como estaba estipulado.
En sustento de su petición, el actor adujo la conducencia de la prueba, toda vez que, según él, se enmarca dentro de los supuestos del numeral 3º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, no obstante, no sustentó el supuesto de hecho de la norma cuyo efecto jurídico persigue y tampoco señaló si se trataba de fuerza mayor, caso fortuito, u obra de la parte contraria, por lo que debe reiterarse lo dicho anteriormente en relación con la carga que recae sobre el recurrente, consistente en sustentar sumariamente el hecho por el cual invoca las circunstancias del precepto jurídico anteriormente citado, razón por la cual se procederá a negar el decreto de la solicitud incoada.
5.4. Con el objeto de acreditar que la Beneficencia de Cundinamarca se abrogó la calidad de poseedora del inmueble, desconociendo que lo había vendido a Carlos Fidolo González Cuéllar.
Para el efecto, allegó con la solicitud de pruebas el siguiente documento:
5.4.1. Certificación expedida por el gerente general de la Beneficencia de Cundinamarca, con fecha de 3 de marzo de 1998.
Con dicho documento, la parte actora pretende demostrar que la Beneficencia de Cundinamarca se abrogó la calidad de poseedora del inmueble de matrícula 50C-378618, desconociendo que lo había vendido a Carlos Fidolo González Cuéllar.
Su petición se edifica en el numeral 3º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, para lo cual se adujo que el documento no pudo ser suministrado oportunamente, toda vez que la sociedad Rodicars Ltda., tuvo que desalojar el inmueble arrendado, debido a que en la preparación de la salida de sus bienes muebles, con ocasión de la diligencia de entrega a favor de Carlos Fidolo González(21) y de la diligencia de lanzamiento(22), el documento que aquí se allega fue extraviado, configurándose, según el recurrente, un caso fortuito que imposibilitó allegar la prueba dentro del término correspondiente en primera instancia.
Al respecto, el despacho considera necesario realizar puntuales precisiones sobre el concepto de caso fortuito, toda vez que “como lo dijo la Sala en sentencia de fecha 27 de mayo de 2004, para que pueda tenerse a un hecho como caso fortuito o fuerza mayor, el juez debe valorar una serie de elementos de juicio, que lo lleven al convencimiento de que tiene en realidad esas connotaciones, pues un determinado acontecimiento no puede calificarse indefectiblemente por sí mismo como fuerza mayor, sino que es indispensable ponderar todas las circunstancias que lo rodearon”(23).
Frente al concepto de caso fortuito existen dos teorías, la primera denominada unitaria de la causa extraña, la cual considera que la fuerza mayor y el caso fortuito son un solo concepto que hace referencia a aquellos imprevistos que no pueden resistirse, como un naufragio o un terremoto(24)(25).
La segunda teoría, nominada teoría dualista(26) y que ha tenido mayor acogida en la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de la tesis anterior, sostiene que los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito son conceptos divididos e independientes(27), y así lo explica en los siguientes términos:
“Si bien la ley ha identificado los fenómenos de fuerza mayor y de caso fortuito, la jurisprudencia nacional ha buscado distinguirlos: en cuanto a la jurisdicción de lo contencioso administrativo concierne, dos concepciones se han presentado: la de considerar el caso fortuito como el suceso interno, que por consiguiente ocurre dentro del campo de actividad del que causa daño, mientras que la fuerza mayor es un acaecimiento externo ajeno a esa actividad; y la que estima que hay caso fortuito cuando la causa del daño es desconocida”(28).
Tal precedente indica, en otras palabras, que mientras la fuerza mayor implica un evento ajeno al sujeto que causa el daño, como un hecho de la naturaleza (una inundación, un terremoto, etc.), el caso fortuito versa sobre una situación que no haya sido prevista para el autor del daño (la averiación(sic) de una máquina, un secuestro etc.)(29), lo que, en conclusión, conlleva que las circunstancias que dan lugar a la fuerza mayor han de ser irresistibles y las que dan lugar al caso fortuito serán imprevisibles(30). Estos criterios son determinantes a la hora de calificar un hecho y establecer sus connotaciones.
Ahora bien, las reiteraciones jurisprudenciales del Consejo de Estado en relación a la fuerza mayor y al caso fortuito(31) se constituyen en insumo para el estudio del presente caso, por lo que pasará el despacho a considerar si existe o no un caso fortuito que apoye el presente requerimiento.
De este modo se tiene que el documento que se pretende hacer valer en esta instancia fue expedido el 3 de marzo de 1998 y, presuntamente, no pudo ser allegado oportunamente por la manifestación de un caso fortuito derivado de la imposibilidad en la que se vio el actor, al extraviar el documento en medio del desalojo que realizó con ocasión de unas diligencias de entrega y lanzamiento.
Al respecto, recuerda el despacho que el elemento determinante del caso fortuito es la imprevisibilidad del hecho que impide el correcto actuar y para este caso se tiene que la pérdida del documento en mención es un hecho totalmente previsible, por lo que la falta de precaución y diligencia del recurrente no puede ser entendida como un caso fortuito(32), toda vez que, a sabiendas del extravío, pudo haber solicitado al a quo que oficiara a la entidad demandada para que allegara el documento al expediente, contando con el tiempo suficiente para solucionar el hecho que dificultó allegarlo en debido término.
De otra parte, es del caso reiterar nuevamente, la existencia de la carga que tiene el recurrente de probar sumariamente el supuesto de hecho de la norma cuyo efecto persigue, máxime cuando invoca una de las causales del numeral 3º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, dentro de las cuales se encuentra el caso fortuito, ya que revisado el libelo del recurso de alzada, se evidencia que el actor hizo caso omiso a esta exigencia.
Por lo anterior, es dable concluir que en este caso no se configuraron los elementos requeridos para el decreto de pruebas en segunda instancia con base en el numeral 3º del artículo 214 del Código Contencioso Administrativo, en la jurisprudencia del Consejo de Estado(33), y en la doctrina(34), pues como se vio, la parte actora no demostró los hechos imprevisibles que dieron lugar al caso fortuito y tampoco se observa que se den los criterios que lo configuran, por lo que se procederá a negar el decreto de esta solicitud.
1. OFÍCIESE a la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ - ZONA CENTRO, a efectos de que REMITA copia auténtica de la matrícula inmobiliaria 50C-378618.
2. OFÍCIESE al JUZGADO 21 CIVIL MUNICIPAL DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ, para que REMITA un informe sobre el proceso de restitución de inmueble arrendado, radicado con el 2002-1596, instaurado por HUMBERTO ALBARRACÍN ALBARRACÍN contra RODICARS LTDA., cuyo conocimiento estuvo a cargo del JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTÁ. Dicho informe debe suministrar los siguientes aspectos:
3. OFÍCIESE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, para que REMITA copia auténtica de la demanda y contestación de la demanda, dentro del proceso de reparación directa radicado con el número 2008-689 de CARLOS FIDOLO GONZÁLEZ CUÉLLAR y SUPERCENTER LTDA., contra la BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA.
4. SE NIEGA el decreto de las demás pruebas solicitadas por el recurrente, conforme a la parte motiva de esta providencia.
Consejero: Hernán Andrade Rincón.
(1) Por medio de edicto fijado el 1º de agosto de 2012 obrante a folio 132 del cuaderno de segunda instancia.
(2) Obrante a folio 172 del cuaderno de segunda instancia.
(3) Inciso 4º, articulo 212 del Decreto 1 de 1984: “Las partes, dentro del término de ejecutoria del auto que admita el recurso (de apelación), podrán pedir pruebas, que solo se decretaran en los casos previstos en el artículo 214 del Código Contencioso Administrativo”.
(4) Folios 3 a 5 del cuaderno 2.
(5) Folios 7 a 10 del cuaderno 2.
(6) Folio 10 del cuaderno 2.
(7) Folios 53 a 59 del cuaderno 1.
(8) Folios 60 a 83 del cuaderno 1.
(9) Folios 84 a 94 y 373 a 387 del cuaderno 1.
(10) Folios 95 a 126 y 388 a 415 del cuaderno1.
(11) Folios127 a 160 del cuaderno 1.
(12) Cuaderno 8.
(13) Auto de 6 de noviembre de 2008 proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada, obrante a folio 245 del cuaderno 1.
(14) “El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que para la verificación de los hechos es suficiente el dictamen de peritos...”.
(15) Obra en folios 46 a 49 del cuaderno 2.
(16) Este documento obra en el expediente en folios 113 a 116 del cuaderno 11.
(17) Como consta en folio 244 del cuaderno 1.
(18) Betancur Jaramillo Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. Séptima Edición 2009. Pág. 395. “... la parte interesada en la concesión de este período y por la causal analizada (D. 1/84, art. 214, num. 3º), deberá acompañar prueba sumaria de la circunstancia o circunstancias que le impidieron aducir la prueba en la etapa mencionada. No bastará la simple aseveración del hecho impediente...”. Paréntesis fuera de texto.
(19) En auto del 27 de noviembre de 2009, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejero ponente: Héctor J. Romero Díaz, radicado 17117, indicó que no acreditar las circunstancias que configuran la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, no da lugar al decreto de la prueba así pedida en segunda instancia.
(20) En auto de 6 de noviembre de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada, radicado 2007-00503, obrante a folios 245 a 246, vto. del cuaderno 1, se decretaron las pruebas solicitadas en la demanda y en la corrección de la demanda, sin embargo, revisado el expediente en su totalidad, se evidencia que la prueba no fue practicada.
(21) Inicio de la diligencia obra a folios 53 a 59 del cuaderno 1, su continuación obra a folios 60 a 83 del cuaderno 1.
(22) Diligencia de lanzamiento realizada por el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Bogotá obrante a folios 84 a 94 y 373 a 387 del cuaderno 1, y diligencia de lanzamiento de locales que ocupaban el lote de terreno donde funcionaba Rodicars Ltda. obrante a folios 95 a 126 y 388 a 415 del cuaderno 1.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié, Sentencia 14847 de 26 de septiembre de 2007.
(24) Sección Tercera de la Corporación en sentencia del 2 de mayo de 2002, Expediente 13477, consejera ponente María Elena Giraldo G: “En la legislación colombiana la Ley 95 de 1890 define el caso fortuito junto con la fuerza mayor como el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc. (art. 1º).
Esa disposición se redactó, como lo dice la doctrina, bajo el concepto de la teoría unitaria de la causa extraña, esto es, la tendencia que acepta la identidad entre el caso fortuito y la fuerza mayor, utilizada por nuestra jurisprudencia civil —mayoritaria— al considerar que no son conceptos separados sino elementos de una noción (...)”.
(25) Peirano Facio Jorge, Responsabilidad extracontractual, segunda edición, Editorial Temis S.A., págs. 456 y 463, Bogotá, Colombia, 2004.
(26) Peirano Facio Jorge, Responsabilidad extracontractual, segunda edición, Editorial Temis S.A., pág. 459, Nº 250, Bogotá, Colombia, 2004.
(27) Sección Tercera de la corporación en sentencia del 2 de mayo de 2002, Expediente 13477, C.P. María Elena Giraldo G.: “En esta jurisdicción de lo contencioso administrativo, a diferencia de lo anterior, la aplicación y el tratamiento de ambas figuras no ha sido monista sino dual, esto es bajo la consideración dividida e independiente de cada una de esas figuras jurídicas hasta el punto de considerar que de estas solo estructura causa extraña la fuerza mayor”.
(28) Consejo de Estado, Sala de consulta y Servicio Civil, concepto de 29 de enero de 1993. Expediente 7635. Actor: Ana Delia Bohórquez Martínez.
(29) Sentencia de 2 de agosto de 2007, Consejo de Estado, Sección Cuarta, C.P. Ligia López Díaz, radicado 15190.
(30) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto de 12 de diciembre de 2006, Expediente 1792, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
(31) Sentencia 11842 de 19 de julio de 2000, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sentencia 14847 de 26 de septiembre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Sentencia 14667 de 3 de mayo de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Consulta 1792 de 12 de diciembre de 2006, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
(32) Nemo auditur propiam turpitudinem allegans.
(33) Sentencia 11842 de 19 de julio de 2000, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Sentencia 14847 de 26 de septiembre de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Sentencia 14667 de 3 de mayo de 2007, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. Consulta 1792 de 12 de diciembre de 2006, Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
(34) Betancur Jaramillo Carlos. Derecho Procesal Administrativo. Señal Editora. Séptima edición, 2009, pág. 395.

References: Resolución 
 resolución 
 artículo 214
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 214
 artículo 244
 artículo 214
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