Source: http://www.pladepu.org/2014/04/no-esta-reforma-que-es-una.html
Timestamp: 2018-09-19 16:43:14+00:00

Document:
Plataforma en Defensa de lo Público: No a esta "reforma" que es una "contrarreforma": recorta derechos y participación
No a esta "reforma" que es una "contrarreforma": recorta derechos y participación
La inminente modificación de la Ley 7/2005, de la Función Pública de Castilla y León, que la JUNTA DE CONSEJEROS ha decidido “meter” dentro del Proyecto de Reforma de la Administración de la Comunidad de C. y L. y que se va tramitar, debatir y aprobar por el trámite de urgencia, introduce cambios de gran calado. Sobre ellos la Plataforma en Defensa de lo Público (PLADEPU), presenta aportaciones para el debate y defensa de los derechos de todos los empleados públicos, que reflejamos en los siguientes cuadros comparativos. Concientes de que hay muchas más opiniones y propuestas, promovemos el debate constructivo y unitario en asambleas generales a las que invitaremos (para que asistan), a los políticos de la Junta y de las Cortes y así tengan la oportunidad de escuchar a los empleados públicos y explicarnos qué van a votar en las Cortes.
Además de los artículos que la Junta propone reformar, reclamamos que se reforme el Art. 48. 2.- a) para que expresamente recoja que: “todos los concursos, sin excepción, serán convocados (como mínimo), anualmente y en los mismos se ofertarán, también sin excepción, todas las plazas vacantes en primera vuelta y a resultas todas las ocupadas. El plazo máximo para la resolución provisional será de 60 días y de 90 días para la definitiva”.
Artículo 11.4. Consejo de la Función Pública
Vigente Ley 7/2005 (Ley de Función Pública de Castilla y León)
Proyecto de “reforma” de la Junta
Valoración crítica y alternativas al Proyecto
b) Informar las decisiones relevantes en materia de personal que le sean consultadas por la Junta de Castilla y León o por el Consejero competente en materia de Función Pública.
c) Informar losplanes de empleo antes de su aprobación por la Junta de Castilla y León.
No existe justificación alguna para proponer un recorte de las funciones de más del 80% que la vigente Ley de Función Pública atribuye al Consejo de Función Pública y menos si tenemos en cuenta que es un órgano con “funciones de coordinación, consulta, asesoramiento y participación en la política de función pública”. Órgano en que la Administración-empresa tiene una amplísima mayoría sobre la representación de los empleados públicos.
¡Vaya forma de aplicar la tan cacareada transparencia, recortando atribuciones a un órgano de consulta y participación!
Por lo tanto se proponer mantener íntegramente la redacción actualmente vigente.
Artículo 22. Relaciones de puestos de trabajo
1.- Las relaciones de puestos de trabajo son el instrumento a través del cual la Administración materializa la ordenación de sus puestos de trabajo para una eficaz prestación del servicio público.
La creación, modificación y supresión de los puestos de trabajo se realizara a través de la relación de puestos de trabajo.
2.-La provisión de puestos de trabajo a desempeñar por personal funcionario o laboral y la formalización de nuevos contratos de trabajo de personal laboral requerirán que los puesto figuren detallados en las respectiva relaciones de puestos de trabajo y se realizarán con cargo a los créditos disponibles destinados a gastos de personal.
En el apartado 1 no se debe suprimir: “y establece los requisitos para el desempeño de cada puesto de trabajo, así como su valoración.”
Añadir un inciso al apartado 1 del proyecto sobre la obligación de modificar las RPT’s en el plazo de 3 meses cada vez que se haga una reestructuración orgánica de las Consejerías y dotar, en su caso, presupuestariamente tales modificaciones
Que no se suprima el apartado 3 de la vigente Ley de la Función Pública. Para los puestos de trabajo exceptuados de figurar en las RPT’s debe ser en todo caso obligatoria la propuesta motivada de la Consejería que precise cubrir el puesto y siempre se exigirá el informe favorable de la Dirección General de Presupuestos. Especialmente para estos tipos de contrataciones, la publicidad y la transparencia han de garantizarse en la ley.
Artículo 23. Tramitación y aprobación de las relaciones de puestos de trabajo
El procedimiento para la tramitación de las relaciones de puestos de trabajo se realizará en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente. En todo caso, se garantizará la negociación con los representantes de los empleados públicos de los criterios generales que han de servir de base para la ordenación específica de los puestos de trabajo, y en particular las normas que fijen los criterios en materia de acceso, carrera, provisión, de sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos y las relativas a la determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.
2.- No obstante lo anterior, las modificaciones en las relaciones de puestos de trabajo tan sólo exigirán para ser sometidas a su aprobación, del informe de las consejerías competentes en materia de función pública y de presupuestos, cuando, concurra alguno de los siguientes supuestos:
Cuando su contenido íntegro resulte de la ejecución de una resolución judicial firme,
Cuando consista en la supresión de puestos de trabajo declarados a extinguir, Cuando la modificación consista exclusivamente en la alteración de la adscripción orgánica como consecuencia de la reestructuración de Consejerías o del cambio de sus estructuras orgánicas.
3.- Las relaciones de puestos de trabajo se aprobarán por acuerdo de la Junta de Castilla y León, a propuesta de la consejería competente en materia de función pública. Su publicidad se garantizará a través de la incorporación de sus contenidos actualizados en el Portal de Gobierno Abierto de la página web de la Junta de Castilla y León, sin perjuicio de la notificación a los interesados.
En el párrafo segundo del apartado 1 debe desaparecer a partir de: “y en particular…”. RAZONES:
Este precepto al introducir la remisión reglamentaria para la elaboración de las RPT’s (como es lógico), pero al no precisar que tendrá rango de decreto, abre la puerta para que sean reguladas por simple acuerdo de la Junta de Consejeros todas las materias de este párrafo (que es el objetivo oculto de esta modificación). Rebajando y degradando el nivel normativo, la seguridad jurídica y nuestro derecho a defensa judicial efectiva, de materias tan importantes como: el acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo, planes e instrumentos de planificación de los recursos humanos y la “determinación” y aplicación de las retribuciones complementarias. Materias éstas que deben tener rango de Ley y de Decreto. Además limita la negociación con los representantes de los empleados públicos a “los criterios generales”.
Se debe añadir en el apartado tercero la obligatoriedad, en todo caso, del preceptivo informe del Consejo de la Función Pública. Informe que ha de recoger los votos en contra y abstenciones, así como su motivación y será publicado en el BOCYL junto con la exposición de motivos. Cada vez que se modifique las RPTs de una o varias Consejerías, se procederá a la publicación completa de la misma con especificación de las modificaciones en el BOCYL, con independencia de su “visualización actualizada” en la web.
Las RPTs, nuevas, reformadas, ampliadas o modificadas, se aprobarán por decreto.
Artículo 24. Contenido de las relaciones de puestos de trabajo
a) Órgano o dependencia al que se adscribe, localidad o localidades de desempeño, y, en su caso, demarcación.
c) Grupo o grupos de clasificación profesional, los cuerpos, escalas o especialidad, y, en su caso, categoría profesional y especialidad, a que estén adscritos.
d) Requisitos exigidos para su desempeño, especificando si corresponde a funcionario o personal laboral así como la posibilidad, en su caso, de desempeño por personal de otras Administraciones Públicas.
e) Indicación del contenido esencial del puesto.
En el apartado 1, de deben mantener los apartados c) y d) de la actual ley. Y Añadir en el b): “con indicación del contenido esencial del puesto“.
Se debe suprimir el punto 2 en su contenido íntegro. RAZONES: evitar la opacidad de las funciones, retribuciones o formación de los puestos de trabajo y del personal que los ocupa. Por supuesto, también en los de libre designación. Ahí es más importante todavía saber “quien es quien”, “por qué” y “para qué le paga la sociedad”.
Artículo 56. Sistemas de provisión de carácter temporal
2. Cuando un puesto de trabajo quede vacante podrá ser cubierto, en caso de urgente e inaplazable necesidad, en comisión de servicio con carácter voluntario, con un funcionario que reúna los requisitos establecidos para su desempeño en la relación de puestos de trabajo.
4. El personal funcionario de carrera en comisión de servicios percibirá las retribuciones correspondientes alpuesto de trabajo que realmente desempeñe.
En el apartado 2 se propone añadir: “De existir una pluralidad de solicitudes para la cobertura de la plaza, el órgano competente requerirá a los solicitantes la presentación de la documentación acreditativa de méritos. Se otorgará la comisión de servicios al funcionario que haya obtenido mayor puntuación, utilizando para ello como baremo el establecido en el último concurso ordinario y general”. Tanto la decisión de la cobertura como la resolución serán públicas.
Para el apartado 3 proponemos nueva redacción: “Todos los puestos de trabajo cubiertos temporalmente en comisión de servicios, serán incluidos sin excepción, en la siguiente convocatoria por el sistema que corresponda”.
Debe añadirse en el apartado cuarto: “respetando las retribuciones correspondientes a su grado personal consolidado en el supuesto de que sean superiores a las correspondientes al puesto desempeñado en comisión de servicios y/o adscripción provisional”. RAZONES: El proyecto, tal como está redactado, parece que fulmina la consolidación del grado personal, ya que si se “pierde” por una comisión de servicios, ¿se perderá por optar a otra plaza en concurso?.¡Curiosa forma de entender la carrera profesional y el derecho a la promoción profesional y personal! ¿Y de suprimir la consolidación del complemento de alto cargo, “curiosamente”, se han “olvidado”?
Artículo 56 bis. Atribución de funciones
1.- Se podrá atribuir a los funcionarios el desempeño de funciones, tareas o responsabilidades distintas a las que correspondan al puesto de trabajo que desempeñen siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grado o categoría. La atribución se limitará a los supuestos en que las necesidades del servicio lo justifiquen, para la realización de tareas que no estén asignadas específicamente a los puestos incluidos en las relaciones de puestos de trabajo, o cualesquiera otras que por causa de su mayor volumen temporal u otras razones coyunturales no puedan ser atendidas con suficiencia.
2.- La atribución de funciones podrá mantenerse durante el tiempo indispensable para atender tal circunstancia. No obstante, transcurrido el plazo de dos años desde el acuerdo de atribución de funciones, el funcionario afectado podrá solicitar la revocación de la atribución encomendada.
3.-Mientras dure tal situación continuará percibiendo las retribuciones correspondientes a su puesto de trabajo, sin perjuicio las indemnizaciones por razón de servicio a que pudiera tener derecho.
Supresión íntegra del apartado 1. RAZONES:
El funcionario se integra en la carrera administrativa con un cierto nivel de seguridad jurídica garantizado por ley y sabe lo que va a hacer y para quien va a hacerlo.
Si las RPTs están bien hechas y actualizadas, no habrá tarea alguna no contemplada en ellas y no se harán tareas no recogidas en las mismas.
Respecto del apartado 2, la atribución de funciones debería llamarse, más propiamente “atribución temporal de tareas”, limitarse a un año y exclusivamente a aquellos supuestos coyunturales de necesidades del servicio por mayor volumen temporal o necesidades de producción y como supuestos tasados. Y, en todo caso, deberá preverse mediante un sistema objetivo que siga el orden de voluntariedad y sorteo, si no hubiere personas voluntarias. En todo caso, cuando suponga desplazamiento fuera del término municipal, conllevará indemnización por desplazamientos, compensación por el exceso del tiempo en los desplazamientos o gastos de vivienda, en su caso, etc.
Publicado por Plataforma DEPU en 0:07

References: resolución 

Artículo 11

Artículo 22

Artículo 23
 resolución 

Artículo 24

Artículo 56
 resolución 

Artículo 56