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Timestamp: 2017-06-28 07:11:43+00:00

Document:
HABLA UBRIQUE HABLA: 23-feb-2013
LAS 103 PAGINAS PETICIÓN DE LIBERTA DE IVÁN RAMÍREZ AGUILAR "CASO TALIO" PRESENTADA EL VIERNES 22/02/2013 ANTE EL JUZGADO DE TELDE
TRIBUNAL DE JURADO 1/2011 SUMARIO 1/2010
ORIGEN: D.P. 342/2010 JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO NUMERO UNO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
URGENTE CAUSA CON PRESO
PIEZA DE SITUACION PERSONAL
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO DOS DE TELDE
(ANTIGUO JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NUMERO SIETE DE TELDE)
DON FRANCISCO CORNELIO MONTESDEOCA QUESADA, Procurador de los Tribunales en nombre y representación de DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, designado apud acta en ese Juzgado, y cuyas circunstancias personales constan suficientemente acreditadas en el procedimiento TRIBUNAL JURADO 1/2011, que dimana del SUMARIO 1/2010, que dimana de las D.P. 342/2010 del JUZGADO DE VIOLENCIA DE GENERO NUMERO UNO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ante el que comparezco y como mejor proceda en Derecho, respetuosamente, DIGO:
Por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de mi defendido DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, en base a las siguientes, ALEGACIONES
PRIMERA.- Esta parte se afirma y se ratifica en todas y cada uno de las alegaciones de nuestros escritos que constan en la pieza de situación personal de mi defendido. Tal como sostienen diversas resoluciones, fundamentalmente del T.C., y ello al amparo de la doctrina que emana del TEDH, que integran nuestro ordenamiento jurídico[1], debe recordarse que el art. 17 de la Constitución Española, reconoce el derecho de toda persona a la libertad, de manera que nadie podrá ser privado de ella sino en los supuestos establecidos en dicho precepto y en los casos y formas previstos en la ley. Los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal reguladores de la prisión provisional fueron reformados[2] con el fin de recoger los criterios que había establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional[3] en el sentido de que la medida cautelar de prisión provisional debe atender a un fin constitucionalmente legítimo, bajo los principios de necesariedad, proporcionalidad y subsidiariedad; no olvidemos, subsidiariedad.
El art. 505.2 de la LECRIM., tras la citada reforma, establece que la prisión provisional solo se adoptará cuando objetivamente sea necesaria, de conformidad con lo establecido en los artículos siguientes, y cuando no existían otras medidas menos gravosas para el derecho a la libertad a través de las cuales puedan alcanzarse los mismos fines que con la prisión provisional. Sigue estableciendo la LECRIM.[4], establece que la prisión provisional solo podrá ser decretada cuando concurran una serie de requisitos que se concretan en la existencia de hechos con apariencia de delito que lleve aparejada pena de prisión de dos o más años; que aparezcan motivos suficientes para entender al sujeto responsable de dicho delito, y que se persiga fin legítimamente previsto: riesgo de fuga, evitar la ocultación de pruebas, y en casos determinados, soslayar riesgo de reiteración delictiva y protección de bienes de la víctima. Todos ellos han de mantenerse mientras dure la medida cautelar de prisión provisional y, al resolver sobre cada una de sus prórrogas, el juez viene obligado a motivar la permanencia de los presupuestos que legitiman la misma. Y la existencia de requisitos legales vienen a plasmar positivamente la doctrina asentada del Tribunal Constitucional en materia de prisión provisional, basada en los principios de excepcionalidad, necesariedad y proporcionalidad, y no olvidemos proporcionalidad. De manera que el juez de instrucción está obligado a efectuar una ponderación en cada caso concreto de los intereses concurrentes, a fin de que la resolución refleje los presupuestos de la medida cautelar, no solo en cuanto a la proporcionalidad en función de la gravedad del hecho cometido, sino en cuanto a la necesariedad genérica y concreta de la adopción de la medida. Es decir, no bastan con que concurran indicios de la comisión de un delito grave, en los términos de los apartados 1º y 2º del art. 503.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sino que la medida ha de aparecer como necesaria para alcanzar alguno de los fines legalmente previstos en el apartado tercero. Y, aun concurriendo un fin constitucional y legalmente legítimo, que la medida de prisión resulte adecuada en atención a las circunstancias personales del imputado y que no exista otro medio menos gravoso para el derecho fundamental a la libertad; sobre ello han de versar los razonamientos jurídicos de toda resolución que acuerde la medida provisional de prisión. Y, desde este punto de vista, en el caso que nos ocupa, no se dan las exigencias en relación a las circunstancias personales de mi patrocinado y del transcurso del tiempo, que deben llevar al dictado de otras medidas cautelares menos gravosas para el imputado, como se ha hecho para la mayoría de los coprocesados de esta causa, a excepción de mi defendido y cuatro más. SEGUNDA.- Mi patrocinado, como mas adelante ampliaré es un ciudadano español, con arraigo socio-familiar y capacidad laboral, en la localidad de TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ).
Así pues para que la prisión provisional fuera presupuesto ineludible, la existencia en la causa de indicios racionales dela comisión de una acción delictiva –motivos bastantes, como se ha dicho-, para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra la que hay que mantener la prisión provisional. O sea, lleva MAS DE DOS AÑOS Y SIETE MESES EN PRISION.
El TEDH, diversas sentencias[5], declara que han de constatarse razonables sospechas de responsabilidad criminal, lo que ha de operar como “conditio sine qua non” de tal medida cautelar al afectar a uno de los derechos fundamentales de la persona, cual es la libertad, que en nuestro ordenamiento jurídico lo proclama el art. 17 de la Constitución española. Y ha de exigirse la existencia de tales indicios, pues hasta que el imputado no sea condenado, ha de ser considerado como no culpable, por lo que, gozando del derecho a la presunción de inocencia, en caso contrario se le estaría sancionando por medio de la prisión provisional.
En este sentido, la prohibición del art. 17 del CEDH[6], de realizar actos tendentes a la destrucción de derechos y libertades reconocidos en el Convenio, ha realizado por el TEDH, en numerosas Sentencias, a partir de la exigencia del respeto a la naturaliza o esencia de derechos concretos. En este sentido, cabe citar el caso Lawless c. Irlanda, el TEDH, establece que no puede ser entendida sensu contrario en el sentido de desposeer a las personas físicas, incluso a aquellas que hayan realizados actos contrarios al Convenio, de los derechos fundamentales reconocidos en esta norma europea. Por ello, y en su consecuencia, en el presente caso a mi cliente, se le está vulnerando como “standard” o nivel mínimo, la doctrina que emana del TEDH, que reitero, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico por su contexto constitucional y el tratamiento, de esta cuestión debe ser siempre moderada proporcionada y subsidiaria. El requisito “periculum in mora”, y para apreciar el “riesgo de fuga”, que mantiene el Fiscal habrán de tomarse en consideración, no sólo las características y la gravedad del delito imputado y de la pena con que se le amenaza, sino, además, las circunstancias concretas del caso y de las personales del imputado, como el arraigo familiar, profesional y social, los medios económicos de que dispongan, entre otros, según se expresa en la sentencia del Tribunal Constitucional 128/1995 [7] .
Al efecto no podemos obviar que la libertad provisional también tiene como finalidad evitar la fuga del imputado, y así se deduce del art. 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las comparecencias periódicas ante el órgano jurisdiccional operan como medio de control de que aquél permanezca constantemente a disposición judicial, y del art. 531 de la propia Ley Procesal, en cuanto que la cantidad y calidad de la fianza se han de fijar en atención a las circunstancias reveladoras del imputado en “ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial”. Dicho lo que antecede, es significativo en primer lugar el tiempo que ha transcurrido el imputado en prisión a tiempo de este escrito MAS DE DOS AÑOS Y SIETE MESES, y ante todo el importante arraigo del mismo tanto a nivel familiar, social y laboral, es ciudadano español, tiene familia, padres, hermanos, y un hijo, menor de edad al que no ve desde hace dos años y siete meses, domicilio en UBRIQUE (CADIZ), y trabajo estable y por tiempo indefinido en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA , ello al tiempo en que ya el acusado se ha mantenido en prisión que diluye los fines constitucionalmente exigibles, lleva a considerar que dicho riesgo ha quedado atenuado respecto del inicio de la instrucción y en relación al cálculo, probalístico que un eventual reproche penal pudiera dar a la conducta por la que se le imputa y que incluso se puede ponderar ello con la medida de libertad con prohibición de salir del país y retirada de pasaporte junto con obligación de presentaciones apud acta, en este momento procesal son suficientes a efecto de evitar que el imputado se sustraiga del proceso.
Todo lo cual determina no solo la oportunidad y legalidad de la adopción de libertad provisional, por cumplir todas y cada una de las exigencias legales y jurisprudenciales, sino también la proporcionalidad de la misma. TERCERA.- Es por tanto, doctrina pacífica y unánime, tanto del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y tal como constata la Comisión Europea de los Derechos del Hombre en la demanda núm. 14.437/90, Nicolau Morell Talamans y otros contra el Reino de España ante el T.E.D.H., por violación del artículo 5.3 del Convenio para la Protección de los Derechos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950 y, en el que resultó condenado el Reino de España por violación de dicho precepto, es decir, por vulneración del Derecho a la Libertad.[8] Hacemos nuestras las palabras reflejadas en el Auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz, el día 23 de diciembre de dos mil ocho en el que se pone en libertad a dos imputados. EN DICHO AUTO SE MANIFIESTA LITERALMENTE LO SIGUIENTE: “LA EXPERIENCIA VIENE DEMOSTRANDO ULTIMAMENTE QUE IMPUTADOS CONTRA LOS QUE EL FISCAL SOLICITA PENAS ELEVADAS, COMO LAS DEL CASO QUE NOS OCUPA, COMPARECEN AL JUICIO ORAL.
FRENTE AL RIESGO DE FUGA DERIVADO DE LAS POSILBES PENAS, TAMBIÉN HAY QUE SOPESAR LA POSIBILIDAD DE UNA SENTENCIA ABSOLUTORIA O UNA PENA INFERIOR A LA INSTADA, TAMPOCO INFRECUENTE. LA PRISIÓN PROVISIONAL DE QUIEN NO HA SIDO CONDENADO CAUSA UN PERJUICIO GRAVE, POR LO QUE HAY QUE ACUDIR A MEDIDAS MENOS DAÑINAS QUE IGUALMENTE GARANTICEN LA CELEBRACION DEL JUICIO Y EN SU CASO LA EJECUCION DE LA SENTENCIA.”.
CUARTA.- Hemos de reiterar también que el tiempo ya transcurrido, parece suficiente desde la perspectiva antes apuntada. El rigor exigible en la apreciación del fundamento de la prisión se incrementa con el paso del tiempo, sin que tan siquiera sea previsible la próxima celebración del juicio, como circunstancia que permitiría el mantenimiento de la medida. Como ya hemos adelantado en el presente escrito, es criterio de nuestro Tribunal Constitucional el considerar que el mero transcurso del tiempo en prisión provisional, supone una disminución del peligro de fuga, y dicho transcurso del tiempo determina la necesidad de ponderar, junto a la gravedad de la pena la naturaleza del delito, las circunstancias personales del caso, puede operar de forma distinta en el momento inicial de la adopción de la medida, que cuando se trata de decidir el mantenimiento de la misma al cabo de unos meses (SSTC 128/1995, de 26 de julio; 66/1997, de 7 de abril; 47/2000, de 17 de febrero; 35/2007l, de 12 de febrero). No existe tampoco posibilidad de que mi representado pueda interferir en la investigación, máxime cuando ésta está absolutamente concluida, sólo a expensas de que resuelvan recursos por denegaciones de pruebas interesadas por esta defensa, cuya dilación por parte del Juzgado, es absolutamente incomprensible ya que ahora se nos está proveyendo un recurso de apelación interpuesto por esta defensa, el pasado mes de julio de dos mil doce, y proveído con una grave dilación después de siete meses, Y AL DIA DE HOY NI SIQUIERA SE HA REMITIDO A LA AUDIENCIA.
Al amparo de los artículos 504 y 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se pude condicionar la puesta en libertad de mi representado mediante la fijación de comparecencias los días que para tal fin se establezcan para garantizar aquellos fines de una forma menos gravosa para los derechos fundamentales que le asiste a mi representado. Por el contrario, los que en ningún caso puede perseguirse con la prisión son fines punitivos o de anticipación de la pena (STC 41/1982). Su naturaleza cautelar es obvia, y por tanto, excepcional no pudiendo confundirse con una pena anticipada por mas que exista una insoslayable analogía como viene a afirmar la STS 128/95, de 26 de junio. QUINTA.- No queremos dejar de lado la aseveración inmotivada del peligro de fuga de mi representado, puesto que el mismo no es en absoluto real, téngase en cuenta la distancia, en tiempo, que el hecho nos separa de este momento, tiempo que por demás ha pasado en prisión preventiva mi representado y que alejan ese peligro de fuga y lo hacen inexistente teniendo en cuenta, además, el arraigo que dicha persona tiene en TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ), con familia, trabajo y demás.
A partir de aquí, los siguientes razonamientos del juez instructor no pueden ser menos válidos. Declara el auto que es precisa la situación de prisión provisional porque se persigue el siguiente fin, garantizar la disponibilidad del imputado a los llamamientos judiciales. Pero curiosamente, no indica los riesgos que pueda haber de que dicha disponibilidad fuera voluntariamente impedida por el imputado. No valora la existencia de ese riesgo de fuga, y teniendo en cuenta la permanencia en este estado de prisión preventiva, creemos que no le cabe a VSI pensar que pudiera evitar esa disponibilidad por las ventajas de la huida, sabiendo mi cliente que es absolutamente inocente.
Además, desde que se decretó la prisión provisional de DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, el día 14 DE JULIO DE DOS MIL DIEZ, ES DECIR HACE MAS DE DOS AÑOS Y SIETE MESES, han variado las circunstancias, tenidas en cuenta en aquél momento, y así habrá que valorar que han transcurrido desde que se acordó su privación de libertad, transcurso del tiempo que habrá de ser tenido en cuenta a la hora de decidir sobre el mantenimiento o no de la citada medida restrictiva de derechos.
SEXTA.- Reitero, una vez más, que a pesar de la amplia instrucción, fundamentalmente llevada a cabo por VSI, más de cien testigos, e innumerables pruebas periciales, hasta el momento presente, hay una AUSENCIA ABSOLUTA DE INDICIOS DE CRIMINALIDAD, en cuanto a que mi defendido, IVAN RAMIREZ AGUILAR haya participado, por acción o por omisión en la muerte de su esposa LAURA AROSTEGUI GONZALEZ. En el Acta de la celebración de la Audiencia Preliminar que regula los arts. 30 y 31 de la L.O.T.J., llevada a cabo en ese Juzgado, el pasado día 5 de octubre de dos mil doce, O SEA, HACE MÁS DE CUATRO MESES:
- En dicha audiencia preliminar, se han ordenado diligencias complementarias, interesadas por la acusación particular y popular y la defensa, que no el Fiscal, ”para el esclarecimiento del fallecimiento de LAURA AROSTEGUI”, y se inadmite alguna diligencia propuesta por la defensa, “ya que no esclarecerán si el fallecimiento de LAURA fue natural o provocado por un tercera persona”. - A continuación se acuerda por la acusación particular, popular el no dictado del Auto de apertura del juicio oral, la defensa interesa el sobreseimiento, y VSI acuerda “suspender el trámite previsto en el art. 32.1 de la L.O.T.J, a dictar Auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento, hasta que se practiquen las diligencias complementarias acordadas en este acto, al amparo de lo dispuesto en el art. 32.3 de la misma ley, tras de lo que se dará traslado a los médicos del IML, para modificar, rectificar o ratificar sus conclusiones, y a la vista de acuerdo de todas las partes se dará traslado por escrito, para que puedan modificar sus respectivos escritos de acusación y defensa que será de diez días por consenso entre las partes” .
O sea, después de MAS DE DOS AÑOS Y SIETE MESES, de estar privado mi cliente de libertad, que ha hecho el día 14 de febrero, LA JUEZ A QUO DUDA SI LA MUERTE DE LAURA FUE NATURAL O PROVOCADA, no entiendo con todos los respetos, qué hace mi patrocinado, preso. Ni entiendo que se argumente el riesgo de fuga o la posibilidad de influenciar en la instrucción, cuando ésta se ha practicado con graves indefensiones a esta defensa, que pondremos en antecedentes en el momento procesal oportuno, vía artículo 36.1 a) y b), si no se dicta como esperamos el sobreseimiento, respecto de mi defendido conforme al art. 637.1 y 2 de la Lecrim. y el art. 641.1 y 2 de la Lecrim., que se argumente, digo, la posibilidad de influenciar la instrucción cuando ésta está absolutamente acabada, y mal puede influir mi defendido en nada, entre otras cuestiones porque, esa influencia, aparte de ser inoperativa, es inútil e innecesaria porque a mi cliente NADA LE PERJUDICA lo instruido hasta ahora en la presente causa.
1.- SI DESDE EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2011, VIENE PROPONIENDO ESTA DEFENSA LA PERICIAL DE LOS PROFESORES, FRONTELA Y PEREZ-AGUA, ¿POR QUÉ NO SE NOS HA DADO LA OPORTUNIDAD DE HABER PARTICIPADO EN LA INSTRUCCIÓN DE ESTA CAUSA A PESAR DE NUESTROS MULTIPLES Y REITERADOS PEDIMENTOS? 2.- ¿POR QUE, PESE A LA BUENA FE DE ESTA DEFENSA DE ANUNCIAR CON TIEMPO SUFICIENTE CON OBJETO DE NO CAUSAR INDEFENSION A LAS ACUSACIONES, DE ADELANTAR QUE ACUDIRIA A LA AUDIENCIA PRELIMINAR CON LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, ÉSTOS EN FORMA LEGAL Y OPORTUNA Y ANTE LAS PARTES NO RATIFICARON Y/O AMPLIARON SU INFORME EN LA AUDIENCIA PRELIMINAR COMO ES PRECEPTIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, PARA SER SOMETIDOS A CONTRADICCION, Y POR SER UNA PRUEBA PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA POR ESTA DEFENSA Y NO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO POR PURO TRAMITE Y “A HURTADILLAS”?
3.- ¿POR QUE SE NOS MANIFESTO QUE ESA PRUEBA SE IBA A ACORDAR O NO DENTRO DE LA COMPARECENCIA DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR Y EN ESTA COMPARECENCIA SE NOS MANIFESTÓ QUE LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA PODIAN HABERSE RATIFICADO EN LA SECRETARIA DEL JUZGADO? ¿PARA ESA RATIFICACION, SIN MAS, HAN ACUDIDO ESOS FORENSES AL JUZGADO? ¿POR QUE SE NOS DICE UNA COSA Y DESPUES SE HACE OTRA? ¿POR QUE SE NOS IMPIDE DE FORMA Y MANERA SISTEMATICA EJERCER NUESTRO DERECHO DE DEFENSA PARA DESPUES HACER EN DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS LO QUE DICHOS PROFESORES HAN MANIFESTADO?
4.- ¿POR QUÉ SE ORDENO DAR TRASLADO A LAS ACUSACIONES A FIN DE EVACUAR SUS ESCRITOS DE ACUSACION, SIN QUE AQUELLA DILIGENCIA DE PRUEBA INTERESADA EN INSTRUCCIÓN FUERA PRACTICADA, CAUSANDOLE A ESTA DEFENSA LA MAS ABSOLUTA INDEFENSION EN LOS TERMINOS QUE LA DEFINE EL T.C., INTERESANTE RESULTA LA LECTURA DE LA STC DE 12/02/1996, AL REVELAR QUE “ LA INDEFENSIÓN CONSISTE EN UN IMPEDIMENTO DEL DERECHO A ALEGAR Y DEMOSTRAR EN EL PROCESO LOS PROPIOS DERECHOS Y EN SUS MANIFESTACIÓN MÁS TRASCENDENTE, ES LA SITUACIÓN EN LA QUE SE IMPIDE A UNA PARTE POR EL ÓRGANO JUDICIAL EN EL CURSO DE UN PROCESO, EL EJERCICIO AL DERECHO A LA DEFENSA, PRIVÁNDOLE DE SU POTESTAD PARA ALEGAR Y EN SU CASO JUSTIFICAR SUS DERECHOS E INTERESES PARA QUE LE SEAN RECONOCIDOS, O PARA REPLICAR DIALÉCTICAMENTE LAS POSICIONES CONTRARIAS EN EL EJERCICIO DEL INDISPENSABLE PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN”?
EN INNUMERABLES OCASIONES EL TC HA RECONOCIDO LAS INTERRELACIONES ENTRE LA INDEFENSIÓN CONTEMPLADA EN EL ART. 24 DE LA CE Y EL DERECHO A LA PRUEBA CUYA PRIVACIÓN PUEDE CONSTITUIR INDEFENSIÓN.
POR OTRA PARTE, SE ESTÁ DESATENDIENDO EL ART. 384 EN RELACIÓN CON EL 396 DE LA LECRIM., “EL PROCESADO PODRÁ, DESDE EL MOMENTO DE SERLO ACONSEJARSE DE LETRADO, Y VALERSE DE ÉL PARA INSTAR LA PRONTA TERMINACIÓN DEL SUMARIO, BIEN PARA SOLICITAR LA PRÁCTICA DE DILIGENCIAS QUE LE INTERESEN, Y PARA FORMULAR PRETENSIONES QUE AFECTEN A SU SITUACIÓN”.
EL DERECHO A LA DEFENSA DE VALERSE DE TODOS LOS MEDIOS PROBATORIOS, PERTINENTES Y NECESARIOS, Y AUN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS, Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, EXIGE QUE SE RESPETE DESDE LA FASE DE INSTRUCCIÓN DE FORMA ESCRUPULOSA EL DERECHO QUASI ABSOLUTO QUE TIENE LA DEFENSA A LA PRUEBA, PARA EL SOSTÉN DE SUS TESIS EXCULPATORIAS, TAL Y COMO PREDICAN NUMEROSAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO ENTRE OTRAS LA DEL 24 DE OCTUBRE Y 9 DE DICIEMBRE DE 1.994.
MUCHO MÁS SI TENEMOS EN CUENTA QUE DICHAS DILIGENCIAS PREVIAS CUYA UNIÓN INTERESAMOS A LAS PRESENTES ACTUACIONES, ESTÁN ÍNTIMAMENTE RELACIONADAS CON ESTE ASUNTO, YA QUE ESTA PARTE CON SU PRÁCTICA INTENTA ACREDITAR LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONCURRÍAN EN MI DEFENDIDO EL DÍA DE LOS HECHOS.
5.- ¿POR QUÉ AHORA CON LA GRAVE DILACION QUE SUPONE PARA LA CAUSA, SE EFECTUA LO QUE YA ESTA DEFENSA APORTÓ, CUANDO PUDO, EL 17 DE AGOSTO DE 2012, EL INFORME Y LAS CONCLUSIONES, QUE NADIE DISCUTE, DE LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA? DIGO QUE NADIE DISCUTE, PORQUE, NADIE HA QUERIDO NI ESCUCHARLOS NI CONTRADECIRLOS “NI DUDAN DE QUE EL INFORME ESTA ELABORADO POR ELLOS Y QUE LO HAN REALIZADO SIGUIENDO ESCRUPOLOSAMENTE CON LO DISPUESTO EN LA LEY”, Y ENCIMA SE ADHIEREN AL MISMO EN EL SENTIDO DE PRACTICAR DILIGENCIAS QUE ORDENABAN PRACTICAR SENDOS DOCTORES, EN SUS CONCLUSIONES, LO QUE ASIMISMO ASUME VSI. 6.- ¿POR QUÉ DESDE EL 17 DE AGOSTO DE 2012, Y A LA VISTA DEL INFORME APORTADO NO SE LE HA DADO TRASLADO DE OFICIO A LOS FORENSES PARA QUE ELLOS PUEDAN RECTIFICAR, MODIFICAR O RATIFICAR SUS CONCLUSIONES? 7.- ¿POR QUÉ HAY QUE ESPERAR A QUE SE REALICEN LAS DILIGENCIAS COMPLEMENTARIAS PARA QUE LOS FORENSES PUEDAN RECTIFICAR, RATIFICAR O MODIFICAR SUS CONCLUSIONES? ¿ES QUE ACASO YA CON EL INFORME DE LOS DOCTORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, NO PUEDEN LO FORENSES EMPEZAR A PENSAR SI RECTIFICAN, ESTE GRAVE ASUNTO?
8.- ¿ES QUE A LOS CUATRO FORENSES NO LES HA QUEDADO CLARO, POR LO QUE DICE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA DE MADRID, Y EL INSTITUTO MILITAR DE LA FARMACIA PARA LA DEFENSA, QUE LAURA AROSTEGUI NO MURIO INTOXICADA POR TALIO, LO QUE YA HA AFIRMADO LA FISCAL EN INNUMERABLES OCASIONES?
9.- ¿ES QUE A LOS CUATRO FORENSES NO LES HA QUEDADO CLARO QUE LOS ANSIOLÍTICOS BENZODIACEPINICOS, MIDAZOLAM TETRAZEPAM, MYOLASTAN, (PARACETAMOL, PERFALGAN), ESTRICTAMENTE PROHIBIDO POR ORDENES MEDICAS, MORFINA, Y QUE LOS BARBITURICOS LE FUERON EXPRESAMENTE ADMINISTRADOS (CONSTA POR ESCRITO EN LA HISTORIA CLINICA) EN DOSIS TERAPEUTICAS, EN OTRO CASO, EN DOSIS RESIDUALES, A LA FALLECIDA POR LOS MEDICOS DEL HOSPITAL INSULAR DE GRAN CANARIA?
10.- ¿ACASO LOS FORENSES NO HAN LEIDO LA HISTORIA CLINICA DE LAURA? PREGUNTO. ¿ACASO LOS FORENSES NO HAN LEIDO LA HISTORIA DE SALUD DE LAURA? PREGUNTO ¿ACASO LOS FORENSES NO HAN VISTO Y ANALIZADO TODOS Y CADA UNO DE LOS INFORMES QUE OBRAN EN LA CAUSA ELABORADOS POR LABORATORIOS, QUE HA ORDENADO LA JUEZ DE INSTRUCCIÓN, Y NO ESTA DEFENSA? ¿ACASO LOS FORENSES DUDAN DE LA PROFESIONALIDAD DE LOS TECNICOS A LOS QUE VSI HA REMITIDO LAS MUESTRAS DEL CADAVER DE LAURA? PREGUNTO.
11.- ¿ACASO LOS FORENSES IGNORAN LOS PARAMETROS DEL PECTIDO C O PECTIDO DE CONEXIÓN, Y LA PROINSULINA QUE HACEN QUE LA CAUSA DE LA MUERTE NO SEA POR INSULINA EXOGENA?
12.- ¿ACASO LOS FORENSES IGNORAN QUE EN LA HISTORIA CLINICA LOS MEDICOS YA MANIFIESTAN QUE LAURA NO FALLECIO POR INSULINA EXOGENA?
13.- ¿ACASO LOS FORENSES DESCONOCEN LA MANIFESTACION DE LA MEDICO QUE VIO IN SITU EL OJAL CUTANEO DICIENDO QUE ERA SIN APARECIENCIA DE PUNCION, PARA QUE ELLOS AFIRMEN QUE ES COMPATIBLE CON PUNCION POR AGUJA POR INYECCION?
14.- ¿ACASO LOS FORENSES IGNORAN QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA EN EL ESTUDIO DE LAS LINEAS MES, APUNTABAN A UN DOBLE MOTIVO, PROBABLE INTOXICACION O PATOLOGICOS? ¿POR QUE SE QUEDAN CON EL PRIMER ARGUMENTO Y NO CON EL SEGUNDO? 15.- ¿CONOCEN LOS FORENSES LAS ALOPECIAS PRODUCIDAS POR UNA INTOXICACION DE TALIO? ¿EL HIRSUTISMO ES COMPATIBLE CON LA INGESTA DE TALIO?
16.- ¿HAY DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER INFORME PROVISIONAL DE AUTOPSIA Y EL SEGUNDO INFORME DEFINITIVO DE AUTOPSIA SALVO QUE LO FIRMEN DOS TECNICOS MAS, Y HAY DIFERENCIA ENTRE EL SEGUNDO Y EL TERCERO, A PESAR DE TODO LO EXPUESTO?
17.- ¿PARTICIPO LA DRA. CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ EN LA AUTOPSIA UNICA PRACTICADA A LAURA? 18.- ¿CONOCEN LOS FORENSES LO QUE LA DOCTORA CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ HA DECLARADO EN AUTOS?, ¿CONOCEN LOS FORENSES QUE LA FISCAL A PESAR DE QUE DIGA QUE NO HA DICHO NUNCA NI VSI TAMPOCO QUE LA MUERTE DE LAURA FUE PROVOCADA POR LO QUE HAN DICHO LOS FORENSES HASTA AHORA, MANTIENEN EN SU ESCRITO DE ACUSACION LA TESIS DE LOS FORENSES, DESDE MI PUNTO DE VISTA Y CON LOS MAXIMOS DE LOS RESPETOS, LAMENTABLEMENTE ERRONEA?
19.- ¿POR QUE EN SU DIA SE LE VOLVIO A CAUSAR EVIDENTE INDEFENSION A ESTA DEFENSA AL NO PODER CONTRADECIR A LOS FORENSES, REALIZANDOSE EL ACTO POR VIDEOCONFERENCIA, BIEN AVANZADA LAS 13:00 HORAS DE LA MAÑANA, PARA DECLARAR IMPERTINENTE TODAS LAS CUESTIONES PLANTEADAS POR LA DEFENSA SUMIENDOLA EN UNA PROFUNDA Y LAMENTABLE INDEFENSION?. ¿POR QUE ESA OBSTINACION DE ACUDIR AL JUICIO ORAL, Y NO DE SOBRESEER CUANDO NO HAY NINGUN INDICIO, MAS AL CONTRARIO EXISTE PRUEBA DE LA ABSOLUTA NO PARTICIPACION DE MI DEFENDIDO EN EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA? ¿QUÉ SE PRETENDE CON TODO ESTO?
20.- ¿ACASO LOS FORENSES DESCONOCEN TODO LO QUE PREGUNTO? Y SI LO DESCONOCEN, QUE SERIA POR OMISION, Y SI LO SIGUEN AFIRMANDO QUE SERIA POR ACCION, ¿PUEDEN SEGUIR MANIFESTANDO QUE LA CAUSA DE LA MUERTE DE LAURA ES UNA POLINTOXICACION, BARBITURICOS, ANSIOLITICOS, INSULINA Y TALIO?
21.- ¿POR QUÉ por S.S se deniega la prueba por considerarla inútil habida cuenta la informado por el INT, delegación de Canarias en el dictamen L-10-00432, al no poder contribuir al esclarecimiento de la causa de la muerte de Doña Laura Aróstegui González?
Cuando lo cierto es que la utilidad de la prueba propuesta no ha sido puesta en duda por e INT delegación de Canarias, más al contrario podemos leer en el oficio de 5 de noviembre de 2012 que “En contestación a su oficio, recibido el pasado 17 de octubre, por el que se solicita se practique estudio genético para determinar si familiares de Laura Aróstegui González padece alguna enfermedad hereditaria relacionada con el almacenamiento del glucógeno, le informo que EN EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES NO SE REALIZAN ESTOS ESTUDIOS”, predicándose por tanto la imposibilidad de llevarla a cabo en la sede de tal organismo por carencia de medios técnicos, no su inutilidad para el fin propuesto. No entendemos cómo se puede calificar de inútil la prueba ordenada por el solo hecho de sacar unas conclusiones de la negatividad del estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología que según manifiesta el Profesor Frontela Carreras, en el Informe que obra en poder de VSI, se manifiesta que tal conclusión, con los debidos respetos, es absurda, y no entiende esta defensa que se haya calificado de inútil continuar con el estudio genético interesado y acordado en su día, cuando el órgano al que tengo el honor de dirigirme ni siquiera se ha asesorado para calificar de inútil el estudio genético, por peritos técnicos en la materia. El primer paso dado, en cuanto a la negatividad del almacenamiento de glucógeno es un protocolo a seguir previo al estudio genético. Sigue manifestando esta defensa por voz del Profesor Frontela, que no se confiaba en que la tinción PAS diera resultados positivos, sino que es una prueba preceptiva a realizar, y ello no descarta que la fallecida hubiera padecido una enfermedad de almacenamiento de glucógeno. Hacemos nuestros el contenido íntegro y las conclusiones del primer informe y de la ampliación del mismo que obra en el Juzgado. Y vaya por delante que no es esta defensa la que tiene que demostrar de qué falleció Laura Aróstegui González, no tenemos que demostrar de qué enfermedad natural falleció Laura Aróstegui González, nuestra exclusiva misión es acreditar que no falleció de una muerte homicida, y eso se ha efectuado, es más, nos atrevemos a decir que son las acusaciones las que tienen que probar que Laura falleció por muerte homicida, y eso no está probado. Es más, se aportó una información suplementaria, por la que se nos dice “Para conocer más sobre el diagnóstico genético de la glucogénesis, nos hemos puesto en contacto con la Asociación Española de Enfermos de Glucogenosis, que nos ha remitido para obtener más información al siguiente enlace: http://www.glucogenosis.net/laboratorios.htm.
También puede obtenerse información en: www.orphanet.org. Dentro de esta página, que también está en español, se puede buscar por nombre de enfermedad y, una vez mostrada la información y pulsando sobre el link de la enfermedad buscada, aparece otra página con la información, y en la parte derecha, en información adicional, pueden localizarse los Recursos Sanitarios para esta enfermedad, una descripción de la mutación y otras informaciones. En el menú de la derecha, donde dice Recursos Sanitarios, seleccionando Test Diagnósticos, aparecen los laboratorios por países. En España hay pocos laboratorios y, al parecer, ninguno de ellos investiga sobre toda las glucogenosis...”
Reafirmándose la inicial afirmación acerca de que la práctica de la prueba genética interesada no puede practicarse en el organismo por carecer de medios técnicos para su realización, en modo alguno se alude por los técnicos del INT a una supuesta inutilidad del estudio genético en orden al esclarecimiento de la causa del fallecimiento de Laura Aróstegui González. La prueba se consideró necesaria en su momento, de ahí su admisión, por lo que debe practicarse, al concurrir las mismas circunstancias que confluían ya en la comparecencia del art. 30 LOTJ, y sí en ese momento se consideró pertinente, y ninguna circunstancia sobrevenida ha surgido desde entonces, es evidente que no debe quebrantarse el derecho de esta defensa, y del resto de las partes personadas en el procedimiento, de que se proceda según lo acordado; la congruencia de la decisión adoptada por S.S el 5 de octubre de 2012, exige que la prueba se practique.
Para ello además contamos con la información que nos traslada el INT delegación de Canarias, en relación a los laboratorios que llevan a cabo este tipo de estudios en nuestro país, Y ASÍ INTERESAMOS EXPRESAMENTE SE ORDENE QUE EL ESTUDIO GENETICO DE DETERMINACION DE PADECIMIENTO DE FAMILIARES DE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ DE LA ENFERMEDAD HEREDITARIA RELACIONADA CON EL ALMACENAMIENTO DE GLUCOGENO SE LLEVE A CABO EN ALGUNO DE LOS CENTROS SIGUIENTES, LOS QUE SE CITAN EN EL INFORME DE LOS PROFESORES FRONTELA Y PEREZ-AGUA, QUE YA ADELANTABAN QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, NO REALIZARÍA DICHOS ESTUDIOS, POR TENERSE QUE REALIZAR EN CENTROS MUY ESPECIALIZADOS DE TIPO GENETICOS, A SABER: - EL DEL PROFESOR CARRACEDO, DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA.
- O EN CELLMARK, INGLATERRA. EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA CITA LOS SIGUIENTES: CENTRO DE GENETICA MOLECULAR-GENETAQ, calle Frailes nº 28 de Málaga, LABORATORI DE METABOLOPATIES DEL HOSPITAL UNIVERSITARI VALL DE HEBRON, AREA MATERNO INFANTIL, Polígono Vall d´Hebrón 119-129, LABORATORIO DE DIAGNOSTICO MOLECULAR-DIVISION DE BIOMEDICINA, SISTEMAS GENOMICOS S.L, Ronda G. Marconi, nº6 de Paterna, INSTITUTO DE MEDICINA GENOMICA, calle Catedrático Agustín Escardino, nº9 parque Científico de la Universidad de Valencia, Paterna y CENTO DE DIAGNOSTICO DE ENFERMEDADES MOLECULARES DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID, FACULTAD DE CIENCIAS, calle Francisco Tomás y Valiente nº7, Cantoblanco.
Tal y como expone Don Luis Frontela Carreras en el avance de ampliación del informe pericial de esta parte de 24 de julio de 2012, que fue unido a la causa mediante escrito de 12 de noviembre, no tiene ningún valor el que haya sido negativa la detección del glucógeno en las muestras estudiadas por el Instituto Nacional de Toxicología porque las investigaciones se han realizado de vísceras del cadáver y no de biopsias tomadas, por ejemplo por punción hepática, cuando Laura se hallaba aun con vida.
Es muy importante tener en cuenta que al fallecer una persona, por el proceso de la agonía, sea corta o larga, se consume el glucógeno que tuviese almacenado en vida, bien de forma natural o a causa de su enfermedad. Al haberse realizado el estudio del PAS en muestras tomadas postmortem, era de esperar que el glucógeno ya no existiría, aun padeciendo la enfermedad de almacenamiento del glucógeno, por haberlo consumido el cuerpo en el curso de la agonía, mientras fallecía.
Desde hace más de un siglo se conoce que en el momento de la muerte se consume el glucógeno que pueda haber almacenado en el hígado, y eso es, o debe ser, de conocimiento general de todo médico forense, por lo que sacar conclusiones de la negatividad del estudio realizado por el Instituto Nacional de Toxicología es absurdo, porque, para que tenga el máximo valor este estudio, debería efectuarse en muestras tomadas estando viva la persona, mediante punción biopsia del hígado, afirmaciones que el Doctor Don Luis Frontela apoya en bibliografía contrastada médico-científica.
Así cita al profesor Dérobert en su obra Médecine Légale, escrita en el año 1974, en la que claramente indica: El examen del hígado puede aportar dos testimonios en cuanto a la duración de la agonía; 2) Un aspecto histoquímico: la ausencia de Glucógeno hepático y, en las dos últimas líneas de la página 132 de la obra: La mayor parte del glucógeno del hígado desaparece, por consiguiente, en el curso de la agonía (subrayado en color rojo).
Y en lo publicado en el año 2004 en la obra medicina legal y toxicología de los profesores Gisbert Calabuig y Villanueva Cañadas, el libro que si no todos, prácticamente todos los médicos forenses españoles conocen. En la página 243, se lee: Entendemos por agonía los últimos momentos de la vida;…2. En los órganos se demuestra el proceso agónico por una autolisis rápida del páncreas y suprarrenales y pérdida del glucógeno hepático.
Y por qué razón interesó nuestro perito la realización del análisis a sabiendas de que el resultado pudiera ser negativo, la respuesta nos la ofrece el Doctor Don Luis Frontela, al afirmar en el avance de ampliación del Informe pericial, que “Por supuesto que, aun sabiendo que la reacción podría haber sido negativa, porque Laura hubiese perdido el glucógeno en el momento de la muerte (que era lo esperado o habitual), éramos partidarios de realizar este estudio porque era el más sencillo y previo antes de efectuar complejos estudios genéticos y mutacionales y hubiese podido dar resultado si la muerte hubiese sido fulminante.”
Y todo ello para concluir que “Por lo tanto, la negatividad en muestras tomadas postmortem de la existencia de glucógeno, no descarta que el fallecimiento de Laura haya sucedido por enfermedad de almacenamiento de glucógeno o variantes similares. Hay que tener muy en cuenta que, conforme indicamos en nuestra conclusión vigésima primera de nuestro informe de fecha 24 julio de 2012, "había que ponerle apellidos a la enfermedad", es decir matizar que tipo de enfermedad, entre las múltiples que han podido producir hipoglucemia y los síntomas que padeció Laura, condujo a su fallecimiento.”
La realización con tinción de PAS en las secciones de hígado del cadáver era por tanto bajo el criterio del Doctor Frontela preceptiva, LO QUE NO DESCARTA QUE LAURA AROSTEGUI HUBIESE PADECIDO UNA ENFERMEDAD DE ALMACENAMIENTO DE GLUCOGENO, tal y como se ha querido interpretar.
Y además concluye el informe aportado por esta defensa el 12 de noviembre de 2012, las siguientes conclusiones:
Primera.- Como manifestamos en nuestro informe de fecha 24 de julio de 2012 nuestra referencia D 214/11, el fallecimiento de Laura Aróstegui González, no fue de etiología homicida, sino de muerte natural, por enfermedad. Segunda.- No tiene ningún valor el que haya sido negativa la detección del glucógeno en las muestras estudiadas por el Instituto Nacional de Toxicología porque las investigaciones se han realizado en vísceras del cadáver y siempre, al fallecer una persona, por mor de la agonía, sea corta o prolongada, el organismo consume el glucógeno que tuviese almacenado en vida y ya no es detectable, aunque se hubiese depositado elevada cantidad en el curso de la enfermedad. Tercera.- Para detectar el glucógeno que tenía depositado Laura, se tenían que haber dispuesto de muestras, por ejemplo de hígado, tomadas en vida, mediante punción biopsia. Cuarta.- Como hemos indicado en anteriores informes, el profundizar en la enfermedad que padeció Laura Aróstegui González requeriría, probablemente especializados estudios genéticos, no al alcance de cualquier laboratorio.
Quinta.- Reiteradamente hemos solicitado que nos envíen secciones de todas las vísceras, unas teñidas con hematoxilina-eosina, otras con Tricrómico y otras sin teñir, para ser estudiadas por nuestros equipos. Advirtiendo que de cada una de las vísceras que hay, se pueden obtener cientos de secciones, por lo que siempre quedarían depositadas, en el Centro donde se hallen la mayor parte de las muestras.
En este sentido debemos reiterar que la cuestión que tratamos es eminentemente científica y médica, es una materia de la que necesita S.S auxilio de peritos expertos conocedores de la praxis médica-forense.
En cualquier caso se pone de manifiesto la pertinencia de la prueba propuesta, dirigida al esclarecimiento de la causa del fallecimiento de Laura Aróstegui González. Se nos dice que en cualquier caso la prueba se deniega, sin perjuicio de que la parte la practique a su costa y la aporte antes del juicio, lo que nos sorprende habida cuenta que esta defensa ha impugnado en el procedimiento de forma reiterada la decisión de S.S de denegar la entrega de muestras biológicas, incluso pende la resolución del Recurso de Apelación interpuesto por esta parte en fecha 23 de julio de 2012, frente al Auto de 13 de julio de 2012, por el que en definitiva se interesa la entrega de muestras a los peritos de esta parte en la forma y manera que éstos han solicitado para que el análisis se haga observando el método empírico habitual de la doctrina médico-forense. Si el criterio de S.S es la facilitación de los medios necesarios para la práctica de la prueba, lo conveniente sería que de oficio se acordase la entrega de las muestras, de la forma y manera solicitada, en reiteradas ocasiones, y que se pormenoriza en el mencionado Recurso de Apelación frente al Auto de 13 de julio de 2012, pendiente de resolución.
PIDO A VSI, QUE POR LA GRAVEDAD DE ESTE ASUNTO, ESTA DEFENSA OBTENGA POR UNA VEZ, RESPUESTAS A TODAS ESTAS INTERROGANTES PORQUE ESTE ASUNTO ES GRAVE.
SEPTIMA.- Desde el 13 de julio de 2010, fecha en la que se acordó la detención de mi defendido hasta el día de hoy, el devenir instructor de la causa, permite a esta defensa sostener, LA TOTAL AUSENCIA DE INDICIOS RACIONALES DE CRIMINALIDAD PARA PODERLE IMPUTAR AL SR. RAMIREZ AGUILAR UNA CONDUCTA HOMICIDA. ENTIENDE ESTA DEFENSA Y LO ACREDITA, QUE SE ESTA PRODUCIENDO Y GRAVISIMO PERJUICIO A MI DEFENDIDO, MANTENIENDOLE EN PRISION.
Dice el artículo 503 de la LECRIM que para acordar la prisión provisional o prorrogarla deben concurrir motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la persona contra quien haya de dictarse el auto de prisión. Una vez más afirma esta defensa que la presente causa está llena de opiniones contradictorias, sospechas, conjeturas, y dicho sea con los debidos respetos y en términos de defensa, los acusadores públicos y privados, obvian, para mantener la prisión provisional, que la Juez a quod, ha decretado.
¿CUÁL ES LA CAUSA DEL FALLECIMIENTO DE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ?. AL DIA DE HOY, AFIRMA ESTA DEFENSA QUE LA CAUSA SIGUE SIENDO DESCONOCIDA.
¿DE QUÉ FORMA HA COADYUVADO IVAN RAMIREZ AGUILAR AL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA?. LO AFIRMAMOS ROTUNDAMENTE, MI CLIENTE NO TIENE PARTICIPACION ALGUNA EN EL FALLECIMIENTO DE SU MUJER.
¿POR QUÉ RAZON, CUAL ES EL MÓVIL, QUE MOTIVOS PESABAN SOBRE IVAN RAMIREZ AGUILAR PARA COADYUVAR AL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA?. NINGUNO, A PESAR DE TODO LO INVESTIGADO, SIEMPRE HEMOS SABIDO QUE ES INEXISTENTE.
¿EXISTE ALGUNA PRUEBA DIRECTA QUE VINCULE A MI DEFENDIDO CON EL FALLECIMIENTO DE SU ESPOSA?. NO EXISTE, NI PRUEBA DIRECTA, NI CIRCUNSTANCIAL NI INDICIARIA, SOLO SOSPECHAS O CONJETURAS SESGADAS DE LA CAUSA.
Esta defensa solo puede concluir que a mi defendido se le mantiene en prisión por la muerte de Doña Laura González Aróstegui, por ser la persona más cercana a la misma, al ser su esposo, y por ser de profesión enfermero y por tanto atribuirle un conocimiento de los efectos perjudiciales que para el organismo ocasionan la ingesta de fármacos , que él nunca administró, que se afirma por los forenses no pautados, lo que no obedece a la realidad, Y POR UN PRIMER ANALISIS DEL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA. SERVICIO DE TOXICOLOGIA, CUYO RESULTADO INICIAL DE POSITIVO AL TALIO, HA SIDO DESMENTIDO, POR EL MISMO CENTRO QUE LO EMITIO Y POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA DE MADRID, LOS NIVELES DE TALIO, SE SITUAN EN VALORES CONSIDERADOS COMO NORMALES. En esta fase del proceso, cuando ya la acusación particular, popular y el Ministerio Fiscal han emitido el escrito de acusación, se ve obligado esta defensa A EVACUAR SU ESCRITO DE CONCLUSIONES PROVISIONALES, CUANTO NI TAN SIQUIERA NUESTROS PERITOS HAN PODIDO EVACUAR SU INFORME, POR CASUSAS AJENAS A ESTA DEFENSA. Y a además queremos manifestar que se ha emitido por las acusaciones unas conclusiones incompletas de lo que obra en autos en cuanto al fallecimiento de la esposa de mi cliente; y aun siendo esto muy grave, y no hay una sola prueba que determine la posible culpabilidad de mi patrocinado. Es más, dichas afirmaciones han sido ya resueltas a favor de mi defendido y no obstante de una manera segada se sigue manteniendo, la acusación del mismo; cuando la realidad jurídica de hecho es otra bien distinta, eso no se debe obviar, porque la Ley dice, que los funcionarios públicos han de consignar y apreciar tanto las circunstancias adversas, como las favorables; las primeras, son inexistentes y las segundas, se han obviado en esta causa desde el principio de la instrucción.
Por ello va a analizar esta defensa de la manera más breve posible las bases, de presupuesto del “FUMUS BONI IURIS” en las que se sustenta hasta ahora para el no mantenimiento de la situación personal de DON IVAN RAMIREZ AGUILAR.
OCTAVA.- AUSENCIA DE INDICOS CIERTOS DE MUERTE DE ETIOLOGIA HOMICIDA Y ORIGEN POR INTOXICACION MEDICAMENTOSA.
No existen en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente a mi defendido IVAN RAMIREZ AGUILAR. Este punto, es reconducible al presupuesto “fumus boni iuris”, que opera como presupuesto en el proceso civil y que la jurisprudencia y la doctrina han extrapolado al proceso penal. Para el análisis de la cuestión, se hará un resumen de los informes periciales practicados en la causa, partiendo del informe provisional de autopsia, del que se inicia la investigación. EL PRIMER INFORME RELEVANTE ABRE EL SUMARIO, ES EL DE AUTOPSIA PROVISIONAL de fecha 13 de julio de 2010 que consta en los folios 1 al 10 ó 2 al 11, según se lea, cuyo Testimonio interesamos, donde en la conclusión cuarta, se dice “que de la historia clínica aportada por el hospital se desprenden igualmente indicios claros por intoxicación por talio de tipo crónico, (el subrayado es nuestro), así como por otros medicamentos no administrados por otros facultativos médicos ni respondiendo a ninguna necesidad terapéutica”. Es decir se nos dice que el origen de las sospechas de una muerte por intoxicación parten de un juicio clínico que advierte la ingesta tóxico de un metal pesado: el talio.
Sucede que tal conclusión, la de la autopsia, las conclusiones médicas legales allí insertas, han quedado absolutamente desvirtuadas por el devenir de la causa: Porque el siguiente informe, de las actuaciones judiciales, es el Centro Militar de Farmacia de la Defensa, Servicio de Toxicología, 8 de julio de 2010, antes de la muerte de la esposa de mi defendido, con positivo a talio en orina, y con positivo a talio en el pelo, tal informe, obra en los folios 404 a 406,. En dicho informe existe un positivo a Talio en orina, dentro de la normalidad, 0,5 (0-1) y 8.80 superior al valor de referencia, en pelo (0-2), que “por si misma no indica toxicidad al talio” sic, folio. 4820.
INFORME DEL SERVICIO DE QUÍMICA CLÍNICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO MATERNO INFANTIL, FOLIOS 417 A 422. Positivo a opiáceos, barbitúricos, y benzodiacepinas. Todos pautados según consta en la historia clínica, aunque se diga lo contrario, con la gravedad que ello conlleva, a excepción del barbitúrico tiopental, administrado en una dosis residual.
Informe que obra en la causa emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias , de fecha 24 de junio de 2010, antes de la muerte de la esposa de mi defendido que examina suero de la fallecida, positivo a nordiacepam, midazolam, morfina y codeína. Folios 502 a 505. Se afirma por los forenses que tales fármacos no estaban pautados. LA REALIDAD ES OTRA, EN LA HISTORIA CLINICA, TOMO 3, APARECE DE FORMA Y MANERA CLARA Y PRECISA, Y ASI LO HAN MANIFESTADO DISTINTOS MEDICOS QUE ATENDIERON A LA FALLECIDA, QUE LA PRESENCIA DE TALES FARMACOS FUERON PAUTADOS A LA FALLECIDA. LA CODEINA, QUE ES UN ALCALOIDE NATURAL DEL OPIO, MORFINA; CON PROPIEDADES ANTITUSIVAS, SE LO ADMINISTRABA LA FALLECIDA EN SU CASA EN FORMA DE JARABE, DE FORMA INICUA ABSOLUTAMENTE PARA LA SALUD, APARECE EN LA LISTA DE FARMACOS. VER ACTA DE ENTRADA Y REGISTRO, FOLIOS 20 A 27. El siguiente informe es examen pediátrico realizado al menor IVAN RAMIREZ AROSTEGUI, DE FECHA 29 DE JULIO DE 2010. folio 2.411. CUYO TESTIMONIO INTERESAMOS. ESTE INFORME MERECE ATENCION. RESULTA QUE EN LAS ACTUACIONES EXISTE UN AUTO DE FECHA 22 DE JULIO DE 2010 FOLIO 394-397, EN EL QUE VSI, EN PRESENCIA DEL FORENSE SR. TAPIA, RECIBE UNA LLAMADA TELEFONICA DE LA DR. CARMEN ROSARIO PEREZ ORTIZ, Y LE INFORMA QUE HA TENIDO CONOCIMIENTO DEL ESTADO DEL MENOR HIJO DE LA FALLECIDA Y MI DEFENDIDO, VISTO CON UN ASPECTO DESMEJORADO, TEZ BLANQUECINA Y ADORMEDIDO. LA POLICIA INFORMA QUE UNA VECINA INFORMA QUE EL NIÑO TIENE MALA CARA, PALIDO Y CASI SIEMPRE DORMIDO ETC…(LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SE HICIERON ECO DEL CASO DEL TALIO, A MI CLIENTE, CON RESPETO, “LE CRECIAN LOS ENANOS”) PUES BIEN, ESTE INFORME UNA SEMANA DESPUES DESCRIBE AL MENOR CON PIEL MORENA, PELO EN BUENA CALIDAD , COLABORADOR ALEGRE ETC… Y LE TOMAN TODO TIPO DE MUESTRAS POR ORDEN DE VSI. EL RESULTADO, DESPUES SE VERA, NEGATIVO A TODO TIPO DE TOXICOS.
El siguiente informe, que obra en la causa, es el emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010, que examina uñas, y concluye que se aprecian bandas de color claro y opaco, que según la bibliografía puede ser debida a diversos procesos tanto intoxicaciones, como patológicos, folios 2.932 a 2.936 de las actuaciones, NO ALCANZA HA ENTENDER ESTA DEFENSA Y LO MANIFESTAMOS CON EL MAXIMO DE LOS RESPETOS, COMO LOS FORENSES EN SU INFORME DE AUTOSIA DEFINITIVO, CITANDO ESTE INFORME DEL INT. DE MADRID, (HAY MUCHOS MAS DE ESTE MISMO ORGANISMO, Y NO LOS MENCIONAN) PUEDEN CONCLUIR …”APUNTA A INTOXICACION POR TALIO”
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 que examina cabello, y concluye, que en ninguno de ellos se visualiza alteraciones estructurales relacionadas por la intoxicación por talio, folios 2.937 a 2.940. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2010 que examina cabello, uñas, pelo, sangre, orina, agua, tanto de la fallecida, como de mi defendido, IVAN RAMIREZ AGUILAR, y concluye, que los niveles de talio encontrados en las muestras se sitúan en los rangos de valor considerados como normales, folios 2.941 a 2.944. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 que examina cabello, hígado y riñón, de la fallecida, y concluye, que las concentraciones encontradas de los elementos analizados se situó en los intervalos normales, AL TALIO con excepción del mercurio, cuya concentración es ligeramente superior, pero ese pequeño incremento no se considera significativo, folios 3.018 a 3.021. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el SEGUNDO EMITIDO POR EL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA, SERVICIO DE TOXICOLOGÍA, DE FECHA 18 DE AGOSTO DE 2010, QUE EXAMINA MUESTRAS OBTENIDAS DESPUES DE LA MUERTE, examina pelo, y uñas, de la fallecida, y concluye que el nivel de todos los metales pesados, es considerado absolutamente normal, incluido el talio, y a excepción del mercurio, QUE NO ES SIGNIFICATIVO Y que en uñas es también absolutamente normal. Folios 3.033 a 3.041. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2010 que examina cabello, hígado y riñón, de la fallecida, y concluye, que las concentraciones encontradas de los elementos analizados, TALIO se situó en los intervalos normales, con excepción del mercurio, cuya concentración es ligeramente superior, pero ese pequeño incremento no se considera significativo, folios 3.042 a 3.048. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Madrid, que examina agua Aquarel, concentración del talio dentro de la normalidad, folios 3.358 a 3.360. ESTA AGUA ES RECOGIDA Y ANALIZADA COMO SOSPECHOSA QUE DABA MI DEFENDIDO A SU ESPOSA. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2010. que examina agua, concentración del talio dentro de la normalidad, folios 3.361 a 3.363. ESTA AGUA ES RECOGIDA Y ANALIZADA COMO SOSPECHOSA QUE DABA MI DEFENDIDO A SU ESPOSA. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2010 que examina casi todas las vísceras, con la conclusión de que en el caso que nos ocupa, el fallo multiorgánico no parece tener un origen séptico, folios 3.598 a 3.606.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por LA COMISARIA GENERAL DE LA POLICÍA CIENTÍFICA, DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2010 que examina los restos de la rampa del desagüe de la rejilla y líquidos de la arqueta de la casa de mi defendido, que concluye que las muestras no detectan interés toxicológico, folios 4.756 a 4.757. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 que examina sangre, ropa y hisopo bucal de mi defendido, con resultado negativo, folios 4.578 a 4.763. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
Comparecencia que efectúa DON JAVIER TAPIA CHINCHON, el 7 de noviembre de dos mil diez, folios 4.793 a 4.796. Especial significación tiene, la comparecencia efectuada por el forense, en el folio que se indica. En la misma, se describe, los resultados post mortem unidos en el procedimiento tanto, por el Instituto Militar de Farmacia de la Defensa como por el Instituto Nacional de Toxicología de Madrid, y se alude al estudio de las líneas mess, en uñas, enviados pre mortem, por el Centro Militar de Farmacia de la Defensa (ojo, que este informe habla de un posible proceso, TANTO DE INTOXICACIÓN, COMO PATOLÓGICO), pero se insiste en el proceso toxicológico, unido al análisis pre mortem, del talio hallado en vello pubiano, 8.8, y a pesar todo lo anteriormente expuesto, el forense dice que “LE IMPIDE SEGÚN SU LEAL SABER Y ENTENDER, DESCARTAR EL TALIO COMO POSIBLE AGENTE TÓXICO”, y solicita aclaraciones, que constan en los números uno, dos, tres, cuatro, pero sin embargo, y sin saber aún el resultado de esas aclaraciones, que ya veremos más adelante cuáles han sido, el forense considera que hay que darle mas valor a las muestras obtenidas, en vida, que después de la muerte. ( CON LOS DEBIDOS RESPETOS, NO SABE ESTA DEFENSA PARA QUE PIDE ACLARACIONES, SI YA EMITE UN PARECER, QUE INEXPLICABLEMENTE, Y LO MANIFESTAMOS CON LOS DEBIDOS RESPETOS, SE MANTIENE)
INFORME DEL CENTRO MILITAR DE LA FARMACIA DE LA DEFENSA, SERVICIO DE TOXICOLOGÍA, DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIEZ, que aclara, que la primera analítica en sí misma no indica toxicidad, en la segunda analítica no se detectan concentraciones anormales de talio. Folios 4.818 a 4.820 CUYO TESTIMONIO INTERESAMOS. Dicho informe, determina: que en la primera analítica, se detecta una concentración de talio en pelo, de 8.8 ng/kg, QUE POR SI MISMA NO INDICA TOXICIDAD AL TALIO. Aunque superior al valor de referencia. El que apareciera en vello púbico y no en orina, indicaba que la exposición, no era reciente. El vello público tenía una concentración por encima de lo considerado habitual. (Ojo, anteriormente, se afirma lo mismo, y se manifiesta QUE POR SI MISMA NO INDICA TOXICIDAD AL TALIO). En las muestras de agosto, no se detectan concentraciones anormales. TENIENDO EN CUENTA, LA RELATIVAMENTE BAJA CONCENTRACIÓN, ENCONTRADA ORIGINALMENTE EN VELLO PÚBICO, PODRÍA JUSTIFICAR LAS CONCENTRACIONES DE TALIO NORMALES EN RIÑÓN E HÍGADO, pero no se encuentra ninguna explicación, a no encontrar una concentración de talio por encima de lo normal en ninguna de las secciones longitudinales del cabello recibido. La presencia de mechas no debería tener ninguna influencia en la detección o no del talio. El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA DE 25 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, por error en la primera página se indica, 2010. que examina plasma, orina y lavado gástrico, positivo a tiopental, a pentobarbital en orina, a midazolan, a morfina y a dos metabolitos del metamizol (nolotil), folios 5.365 a 5.368.
Esta defensa, afirma con absoluta rotundidad, que no encuentra ninguna explicación lógica y plausible que se acerque a la realidad de lo realmente instruido en la presente causa, cuando se afirma por acción o por omisión, que estos y otros medicamentos no estaban pautados, cuando en la historia clínica, a saber, folios 588, 585, 602, 598, 587, 586, 899, 600, 597, 535, 601, 535, 596, 584, 583, 651, 510, 514, 487, 486, 485, 484, 483, 482, entre otros, se analizan de forma y manera continuada desde el 16 de mayo de dos mil diez, hasta el día 11 de julio del año 2010, que a la desgraciadamente fallecida esposa de mi defendido, se le administra, como posteriormente detallaremos, todo tipo de ansiolíticos, benzodiacepínicos, todo tipo de mórfico e hipnóticos, que en el informe médico forense definitivo, se afirma, por acción o por omisión, que no tenía pautado. (Midazolam en sangre no pautado, así como codeína y morfina en la orina no empleados en la intubación, se describe asimismo llamando la atención la presencia de paracetamol, estrictamente prohibido por órdenes facultativas médicas y pautado los días, 16, 17, 18, 19, 24 de mayo y 7, 8 y 9 de julio de 2010 (Perfalgan, lo que denota o bien un absoluto desconocimiento de los fármacos, o bien un absoluto desconocimiento de la farmacognosia y farmacodinámica, y por acción o por omisión, se realizan esas manifestaciones tan graves en un caso como el que nos ocupa. Asimismo, se habla de un consumo habitual de al menos quince meses anteriores a su fallecimiento que sugiere la administración exógena de tetrazepam y Midazolam, ambos benzodiacepínicos, que sugieren un desconocimiento de la administración de myolastan (benzodiacepínico) pautado el 6 de mayo, entre otros, del dos mil diez, por el Doctor Victor Manuel Martín Hernández, folios 5.397 de las actuaciones, lo que demuestra una infravaloración o desconocimiento de aspectos de toxicocinética, por parte de quien afirma lo que afirma en un asunto tan grave como el que nos ocupa, y con un desconocimiento supino, de la administración del Midazolam, que aparece reiteradamente en la historia clínica, con respeto y en animo de defensa, mas en un asunto como este.
Mención aparte merece cuando se describen los informes por los forenses, hirsutismo, que justo lo contrario de lo que responde a una intoxicación por talio. El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA 25 DE MARZO DE DOS MIL ONCE, que examina suero y orina, tiopental, midazolan, morfina, y metabolitos del nolotil y paracetamol, folios 5.369 a 5.372. Huelga decir, QUE EL PARACETAMOL, ESPECIALMENTE PROHIBIDO, LE FUE ADMINISTRADO, siempre pautado, CON EL FÁRMACO PERFALGAN, EN REITERADAS OCASIONES, E INCLUSO PROHIBIDO, LOS DÍAS 7, 8 Y 9 DE JULIO. VER HISTORIA CLÍNICA DE ESTOS DÍAS, FOLIOS 484, 485, 486. El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, DE FECHA 8 DE ABRIL DE DOS MIL ONCE, QUE EXAMINA ORINA, HECES, AGUA Y SANGRE, DIVERSAS VÍSCERAS, UÑAS Y PELO, POSITIVO A MORFINA, A MIDAZOLAN, AL METABOLITO, METABIZOL, NOLOTIL, PENTOBARBITAL Y TETRAZEPAN, folios 5.373 a 5.377. Los mismos comentarios anteriores. La presencia de pentobarbital es residual, y no alcanza a entender en esta maraña, cómo un medicamento de uso hospitalario, nunca administrado por mi defendido a su esposa, no aparezca en principio en la historia clínica, con ese u otro componente, insistiendo que la dosis residual, que describió el Jefe de UMI, en modo alguno, es tóxico, ni produce la muerte de nadie, y menos de la esposa de mi defendido, después de haberle administrado otros potentes hipnóticos como el propofol, mórficos, benzodiacepinas, paracetamol prohibido etc. El siguiente informe que obra en la causa, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE CANARIAS, de fecha 8 de abril de dos mil once, que examina agua sin interés toxicológico, folios 5.378 a 5.379. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias, de fecha 8 de abril de dos mil once, que examina sangre, orina, cabello y uñas del menor, IVAN RAMIREZ AROSTEGUI, resultado negativo, sin interés toxicológico, folios 5.380 a 5.381. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
El siguiente informe que obra en la causa, es el emitido por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Canarias, de fecha 8 de abril de dos mil once, que examina botella de agua, sin interés toxicológico folios 5.382 a 5.383. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
OFICIO DE LA HISTORIA DE SALUD DE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ, FOLIOS 5.389 A 5.400. Nos remitidos a lo anteriormente expuesto. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
INFORME DEL INSTITUTO MILITAR DE LA DEFENSA, DE EXAMEN DE UÑAS, DE IVAN RAMIREZ AROSTEGUI, RESULTADO NADA ANÓMALO, de fecha 26 de julio de dos mil once, folios 5.718 a 5.722. ESTE INFORME NO LO CITA NADIE, NI LOS FORENSES EN SU AUPTOSIA DEFINITIVA.
INFORME DE AUTOPSIA DEFINITIVA, folios 5.733 a 5.767. LAS APRECIACIONES A LA AUTOPSIA DEFINITIVA, SE ENCUENTRAN A LO LARGO DEL PRESENTE RECURSO, QUERIENDO SIGNIFICAR ADEMÁS, A SABER: QUE NO ES CIERTO QUE EL MIDAZOLAM NO ESTUVIERA PAUTADO.
QUE NO ES CIERTO QUE LA CODEINA, QUE ES UN METABOLITO DE LA MORFINA, Y QUE APARECIA ENTRE LOS MEDICAMENTOS, ABSOLUTAMENTE INICUOS ENCONTRADOS EN EL DOMICILIO DE MI CLIENTE, Y DE SU ESPOSA DESGRACIADAMENTE FALLECIDA, ENTRE ELLOS, DIAZEPAM, NOLOTIL, MYOLASTAM, ARGILOC, PAUTADOS EN LA HISTORIA DE SALUD, ASI COMO OTROS MEDICAMENTOS COMO EL JARABE CODEINA, QUE SE ADQUIERE SIN RECETA Y ES INICUO, TERMANGIL,(PARACETAMOL,) PAUTADO EN EL HOPITAL Y PROHIBIDO POR ESTE, DE IGUALES CARACTERISTICA, Y OTROS, DE CONTENIDO ABSOLUTAMENTE INICUOS.
QUE NO ES CIERTO, LO QUE SE AFIRMA EN EL INFORME MEDICO FORENSE DE QUE SE OBJETIVO UNA BUENA RESPUESTA A LA ADMINISTRACION DE NALOXONA Y ANEXATE, POR LO QUE OBRA ACREDITADO EN EL FOLIO 4.996, LA MEDICO BARAJÓ “UN ACV (ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR) O QUE SE HAYA TOMADO ALGO “PERO NO RESPONDIO COMO TENIA QUE HABER RESPONDIDO A LA NAXOLONA Y A LA ANEXATE.”
QUE NO ES CIERTO QUE EL ORIGEN TOXICO MULTIPLE SE DEBA, A LA POLIINTOXICACION, DE INSULINA, DE LA QUE YA HABLAREMOS, BENZODIAZEPINAS Y BARBITURICOS. QUE NO ES CIERTO QUE NO SE LE HUBIERA PAUTADO, PARACETAMOL, ESTRICTAMENTE PROHIBIDA POR ORDENES FACULTATIVAS, PUES A PESAR DE ELLO, SE LE ADMINISTRO Y PAUTO. QUE NO ES CIERTO QUE NO SE LE HUBIERA PAUTADO BENZODIACEPINICOS, MORFINA, TETRAZEPAM, MYOLASTAM, ETC. POR LO QUE POSTERIORMENTE Y CON DETENIMIENTO SE ANALIZARA.
QUE NO PUEDE AFIRMARSE QUE EL OJAL CUTANEO DE FLANCO LUMBAR IZQUIERDO, REVELA TRAYECTO PUNZANTE, MUY FINO, “COMPATIBLE” CON PUNCION POR MEDIO DE AGUJA DE INYECCION, PORQUE DE LO INSTRUIDO NO QUEDA ACREDITADO. NI QUEDA TAMPOCO ACREDITADO, QUE MI DEFENDIDO, PRODUJERA EL HIPOTETICO PUNZAMIENTO. RESULTA INCREIBLE, QUE LA DOCTORA BEATRIZ DEL AMO NOLASCO, MANIFIESTE, QUE UN ENFERMERO LE ADVIRTIO EL HEMATOMA EN EL FLANCO IZQUIERDO, COMPROBO LA ZONA ENROJECIDA Y UN PEQUEÑO HEMATOMA, PERO NO HABIA APARIENCIA DE PUNCION, FOLIOS 3.184, 3.184 BIS y 3.185. QUE NO ES CIERTO, POR LO QUE OBRA EN LA CAUSA, QUE EL ESTUDIO DE LAS LINEAS MESS, POST MORTEM, (AHORA NO IMPORTA EL POST O EL PRE MORTEM), (AFIRMANDOSE POR ARSENICO O FLUORURO, QUIMIOTERAPIA, PROCESOS PATOLOGICOS, DE TIPO DE INSUFICIENCIA RENAL O CARDIACA QUE SI DESGRACIAMENTE TENIA LA FALLECIDA, SE DEBA O, “APUNTE A INTOXICACION DEL TALIO”, CON INDEPENDENCIA DE LOS MILIMETROS, QUE SE ANALIZAN. QUE NO ES CIERTO QUE EL RESTO DE LOS ASPECTOS, EXTERNOS DEL CADAVER DE LA FINADA FUNDAMENTALMENTE EL EXAMEN DEL CABELLO, VELLO PUBICO, SE CORRESPONDA CON UNA MUERTE PRODUCIDA POR UNA INTOXICACION POR TALIO, CUANDO SE DESCRIBE HIRSUTISMO, QUE ES TODO LO CONTRARIO, Y REITERO, DEMUESTRA Y LO MANIFESTAMOS CON EL MAXIMO DE LOS RESPETOS UNA INFRAVALORACION O DESCONOCIMIENTO DE ASPECTO DE TOXICOCINETICA.
QUE NO ES CIERTO, QUE NO SE LE HAYA PAUTADO TODO LO QUE SE MANIFIESTA EN EL INFORME DEFINITIVO DE AUTOPSIA, INCLUIDO EL PARACETAMOL, Y EL AMINOGLUCIDO ANTIBIOTICO AMIKACINA, POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO. Y QUE NO ES CIERTO EN MODO ALGUNO QUE TAMPOCO TUVIERA PAUTADO TETRAZEPAM, DIAZEPAM, POR LO MANIFESTADO.
l. SI EL FRACASO MULTIORGANICO SE DEBIA A UNA POLIINTOXICACION DE ESAS SUSTANCIAS, Y LA MUERTE FUE VIOLENTA Y HOMICIDA, (LO DICEN LOS FORENSES , NO ESTA DEFENSA) LO QUE NO ES CIERTO ES, QUE LA PRODUJERA MI DEFENDIDO, PORQUE ES OBVIO QUE DE LA HISTORIA CLINICA, SE DEDUCE TODO LO CONTRARIO, SI ES VIOLENTA Y HOMICIDA, BUSQUESE E INVESTIGUESE A LOS RESPONSABLES.
EL SIGUIENTE INFORME QUE OBRA EN LA CAUSA, ES EL EMITIDO POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA Y CIENCIAS FORENSES DE MADRID, DE FECHA 16 DE JUNIO DE DOS MIL DOCE, de orina, sangre, humor vítreo y riñón, positivo a amikacina en dosis terapéuticas. Reiterar que la amikacina, antibiótico aminoglúcido descrito por los forenses fue pautado el día 9, 10 y 11 de julio, folios 482, 483 y 484.
EN LAS MUESTRAS DE CABELLO, EN NINGUNO DE ELLOS SE HAN VISUALIZADO ALTERACIONES EXTRUCTURALES RELACIONADAS CON LA INTOXICACION POR TALIO, NI A LA FALLECIDA, NI A MI CLIENTE NI A SU HIJO.
EN LAS MUESTRAS DE UÑAS, PELO, SANGRE ORINA Y AGUA,LOS NIVELES DE TALIO ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS SE SITUAN EN EL RANGO DE VALORES CONSIDERADOS COMO NORMALES; SE HAN ENCONTRADO NIVELES DE MERCURIO LIGERAMENTE SUPERIORES A LOS NORMALES, Y CORRESPONDE A UNA SOBREEXPOSICION O CONTAMINACION DE LAS MUESTRAS QUE NO SE RELACIONAN CON CUADROS TOXICOS. LA POSIBILIDAD DE QUE EL MERCURIO ENCONTRADO FUESE EL RESULTADO DE LA TRANSFORMACION DEL ISOTOPO RADIOACTIVO TALIO 21 QUEDA DESCARTADA; LOS RESULTADOS DEL RESTO DE ELEMENTOS ANALIZADOS: ARSENICO, BARIO, BISMUTO, CADMIO, COBALTO, CROMO, ESTRONCIO, MANGANESO, MOLIBDENO, PLOMO, SELENIO Y ZINC, NO SON SIGNIFICATIVOS.
TALES RESULTADOS SON INDISCUTIBLES, y especialmente relevante el informe unido a las actuaciones, obran unidos los informes emitidos por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, sobre estudios de uñas, estudio morfológico de pelos, análisis químico toxicológico, sobre pelo, uñas, muestra de sangre, de orina, de agua, de riñón y de hígado, de la fallecida, Doña Laura González, dictamen nº M10-08613, complementario con el informe toxicológico evacuado por el Centro Militar de la Defensa, Servicio de Toxicología.
EN LAS MUESTRAS DE UÑAS, PELO, SANGRE ORINA Y AGUA,LOS NIVELES DE TALIO ENCONTRADOS EN LAS MUESTRAS SE SITUAN EN EL RANGO DE VALORES CONSIDERADOS COMO NORMALES; SE HAN ENCONTRADO NIVELES DE MERCURIO LIGERAMENTE SUPERIORES A LOS NORMALES, Y CORRESPONDE A UNA SOBREEXPOSICION O CONTAMINACION DE LAS MUESTRAS QUE NO SE RELACIONAN CON CUADROS TOXICOS; LA POSIBILIDAD DE QUE EL MERCURIO ENCONTRADO FUESE EL RESULTADO DE LA TRANSFORMACION DEL ISOTOPO RADIOACTIVO TALIO 21 QUEDA DESCARATADA; LOS RESULTADOS DEL RESTO DE ELEMENTOS ANALIZADOS: ARSENICO, BARIO, BISMUTO, CADMIO, COBALTO, CROMO, ESTRONCIO, MANGANESO, MOLIBDENO, PLOMO, SELENIO Y ZINC, NO SON SIGNIFICATIVOS. IGUALMENTE LOS ANALISIS DE HIGADO Y RIÑON.
Pero es que además Igualmente se unió análisis del Servicio de Bioquímica del complejo hospitalario Universitario Insular materno infantil, de fecha 9 de julio de 2010 y por último nuevo informe del mismo servicio hospitalario de fecha 11 de julio de 2010 , que, resumidamente, alertan de la existencia de barbitúricos, los tres días, y además el día del fallecimiento, 11 de julio, benzodiacepinas y opiáceos.
Pero es que en aquellos días a los que se refieren los informes del servicio de bioquímica antes indicados, es importante reseñar que:
Todos y cada uno de los médicos bajo cuya supervisión se encontró el tratamiento médico y hospitalario de la fallecida, Ángel Villanueva Ortiz, Guillermo Pérez Acosta, Cristina Rodríguez Escot, José Luciano Santana Cabrera, César Francisco Díaz Mendoza, Cristina Rodríguez Guedes, y Carmen Rosario Pérez Ortiz, HAN CONFIRMADO QUE A LA FALLECIDA SE LE PRESCRIBIO Codeína (que es un derivado de la morfina, INICUO, QUE APARECE EN CUALQUIER JARABE QUE SE TOME COMO ANTITUSIVO Y QUE ESTABA EN CASA DE LA FALLECIDA), Benzodiacepinas (midazolam o nordiazepam), y Diazepam (valium) y morfina, incluso, un enfermero de la U.M.I., manifiesta que en los análisis aparecen benzodiacepinas y opiáceos que son falsos positivos porque se le administraron para la intubación de la paciente. NO ALCANZA HA ENTENDER ESTA DEFENSA COMO EN EL INFORME A AUTOPSIA DEFINITIVA SE AFIRMA, ENTRE OTRAS CUESTIONES, QUE ESOS MEDICAMENTOS, NO HAN SIDO PAUTADOS, PORQUE PAUTADOS SI LO HAN SIDO, UNA LEGIÓN DE MEDICOS MANIFIESTAN QUE LE FUERON ADMINISTRADOS A LA ESPOSA DE MI DEFENDIDO POR ELLOS EN SU TRATAMIENTO HOSPITALARIO, COMO NO PODIA SER DE OTRA MANERA, Y POR LO QUE OBRA EN LA HISTORIA CLINICA.
Y SE INSISTE ADEMAS EN LA PRESENCIA DE ESOS MEDICAMENTOS QUE USARON EN LA TERAPIA DE LA DESGRACIDAMENTE FALLECIDA ESPOSA DE MI DEFENDIDO, APARECE EN LOS INFORMES TECNICOS EN UNAS DOSIS RESIDUALES Y NO TOXICAS. Y SI FUERAN TOXICAS, EL RESPONSABLE O RESPONSABLES, SERA CUALQUIERA MENOS MI DEFENDIDO IVAN RAMIREZ AGUILAR, ANTE TAL CUMULO DE DATOS OBJETIVOS, NOS PREGUNTAMOS, SI A DIA DE HOY SE PUEDE SOSTENER QUE LAURA AROSTEGUI GONZALEZ FALLECIERA POR UNA INTOXICACION MEDICAMENTOSA POR FARMACOS ADMINISTRADOS SIN PRESCRIPCION FACULTATIVA, ASI COMO POR METALES PESADOS, TALIO.
A ESTE RESPECTO, EN FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2010, SE emite UN NUEVO INFORME POR EL CENTRO MILITAR DE FARMACIA DE LA DEFENSA, SERVICIO DE TOXICOLOGIA, AL PARECER DILIGENCIA ACORDADA POR SS, A INSTANCIAS DEL FORENSE SR: TAPIA Y CUYO OBJETO ERA ACLARAR LAS DIFERENCIAS EXISTENTES ENTRE EL PRIMER INFORME EMITIDO POR ESE ORGANISMO Y LAS CONCLUSIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGIA, AL QUE ANTES HEMOS HECHO REFERENCIA, ACLARACION QUE ANTES DE EFECTUASE, NO SERVIA PARA NADA.
PUES BIEN EN EL CITADO INFORME SE CONCLUYE LO QUE VENIAMOS APUNTANDO, CON EL DEVENIR DE LA CAUSA PUEDE ASEGURARSE QUE LA MUERTE DE LA ESPOSA DE NUESTRO DEFENDIDO NO SE DEBE A UNA INTOXICACION, Y POR ENDE A UNA INTOXICACION POR TALIO, ESTO HA QUEDADO DESCARTADO. Y ES QUE BASTA CON LEER LAS CONCLUSIONES DE ESTE ULTIMO INFORME QUE DICE: “EN LAS MUESTRAS RECIBIDAS EN AGOSTO NO SE DETECTARON CONCENTRACIONES “ANORMALES” DE TALIO EN NINGUNA DE LAS DISTINTAS MUESTRAS RECIBIDAS. EL EFECTO DE DISTRIBUCION EN EL ORGANISMO JUNTO CON LA ELIMINACION NATURAL Y FORZADA DEL MISMO QUE HUBIERAN PODIDO SUFRIR, TENIENDO EN CUENTA LA RELATIVAMENTE BAJA CONCENTRACION ENCONTRADA ORIGINALMENTE EN VELLO PUBICO, PODRIA JUSTIFICAR LAS CONCENTRACIONES DE TALIO NORMALES EN HIGADO Y RIÑON, PERO NO SE ENCUENTRA NINGUNA EXPLICACION A NO ENCONTRAR UNA CONCENTRACION DE TALIO POR ENCIMA DE LO NORMAL EN NINGUNA SE LAS SECCIONES LONGITUDINALES DEL CABELLO RECIBIDO. LA PRESENCIA DE MECHAS NO DEBERIA TENER NINGUNA INFLUENCIA EN LA DETECCION O NO DEL TALIO.” Y ANTES SE AFIRMA QUE EN LA PRIMERA ANALITICA SE DETECTA UNA CONCENTRACION DE TALIO EN EL PELO QUE POR SI MISMA NO INDICA TOXICIDAD.
No alcanza a entender esta defensa y lo decimos que el mayor de los respetos, porque este informe, que aclara, todo lo anterior, y disipa el fallecimiento por envenenamiento de talio y otros metales pesados, y por una intoxicación medicamentosa, cuando la presencia de los fármacos en los análisis está justificada por el tratamiento hospitalario pautado, se sigue sosteniendo tal causa de fallecimiento.
Desde entonces hasta ahora los dictámenes emitidos por el INT tanto de la sede en Madrid como de la sede en Santa Cruz de Tenerife, exhaustivos, PRACTICADOS SOBRE MUESTRAS ORGANICAS, PELO, UÑAS, ORINA, SANGRE, ETC..., QUE OBRAN EN LA CAUSA, HAN CONFIRMADO QUE ES IMPOSIBLE SOSTENER CON UN CRITERIO CIENTIFICO RACIONAL QUE LA ESPOSA DE MI DEFENDIDO FALLECIERA POR LA INTOXICACION MULTIPLE, ANTES DICHA.
A mayor abundamiento, el informe de autopsia judicial definitivo, folios 6.788 a 6819 (Tomo XVI) DICTAMINA LA SIGUIENTE CAUSA EFICIENTE del fallecimiento: POLIINTOXICACION DE LAS SIGUIENTES SUSTANCIAS: BARBITÚRICOS (TIOPENTAL), ANSIOLÍTICOS BENZODIACEPÍNICOS (MIDAZOLAM Y TETRAZEPAM), NO PAUTADOS SEGÚN LOS FORENSES POR NINGÚN FACULTATIVO DURANTE EL INGRESO DE LAURA, INSULINA Y TALIO. En relación a los fármacos, pautados, LO DIGAN LOS FORENSES O NO, QUE FALTAN A LA REALIDAD DE LO REALMENTE ACONTECIDO, POR ACCIÓN O POR OMISIÓN, en un asunto tan grave como el que nos ocupa, seguiremos el orden cronológico marcado por la estancia hospitalaria de la finada, desgraciadamente, así:
A) El primer proceso hospitalario abarca desde el 15 de mayo hasta el 28 de junio de 2010;( ver folio 2825 de a actuaciones) el proceso de asistencias es el siguiente:
Medicamentos administrados según gráfica: 16 de mayo: dolantina ½ ampolla + dolantina ½ ampolla (folio 588 gráficas).
17 de mayo: Perfalgan de 1 gr. cada 6 horas. (folio 587 de las graficas).
18 de mayo: Perfalgan 1 gramo.(FOLIO 585 DE LAS GRAFICAS).
19 DE MAYO: Emotidato 20M MIDAZOLAN DE 5 MR.+MIDAZOLAN DE 5 MR.(FOLIO 585 y 586 DE LAS GRAFICAS).
Medicamentos administrados según gráfica: 20 de mayo: dolantina ½ ampolla + valium (10 mg); vía intravenosa y Midazolan (FOLIO 602 DE LAS GRAFICAS).
21 de mayo: cloruro mórfico + midazolam + mímbex; perfusión continua en vía intravenosa. (FOLIO 599 DE LAS GRAFICAS).
22 de mayo: cloruro mórfico + midazolam + propofol; perfusión continua en vía intravenosa. (FOLIO 600 DE LAS GRAFICAS).
23 de mayo: midazolam+propofol; perfusión continua en vía intravenosa. (FOLIO 597 DE LAS GRAFICAS).
24 de mayo: cloruro mórfico (5 mg) + tranquimazín (0,25 mg) + cloruro mórfico (4 mg) + tranxilium (50 mg) + propofol + midazolam (en parada cardiorespiratoria) + tranxilium (50 mg-cada cuatro horas) + bolos extras de propofol; intravenosa y sublingual. (FOLIO 535 y 601 DE LAS GRAFICAS).
25 de mayo: propofol + midazolam; intravenoso y tranxilium 25 mg. (FOLIO 596 DE LAS GRAFICAS)
30 de mayo: tranxilium 25 mg. (FOLIO 584 DE LAS GRAFICAS).
31 de mayo: tranxilium 25 mg. (FOLIO 583 DE LAS GRAFICAS).
d) Permanece en la UMI hasta el día 2 de junio a las 14:43 horas por nuevo traslado a Medicina Interna.
e) Permanece en Medicina Interna hasta las 09:29 horas del día 3 de junio por nuevo traslado a la UMI.
3 de junio, equipo de parada: midazolam (10 mg)+mioflex (50 mg); intravenoso (folio 651 y 651 vto. gráficas-equipo de paradas).
f) En la UMI hasta el 10 de junio a las 13:38 horas por traslado a Medicina Interna.
g) En MIR hasta el día 28 de junio cuando es dada de alta.
Medicamentos administrados: 5 de julio: midazolam (7+5 mg)+ mimbex (8+4 mg)+cloruro mórfico (3 mg)+ midazolam + mimbex + cloruro mórfico+ midazolam + bolos de cloruro mórfico +midazolam +bolos de cloruro mórfico+ midalozam + nimbex; intravenoso en parada cardiorespiratoria. (FOLIO 510 y 514 DE LAS GRAFICAS).
6 de julio: cloruro mórfico + midazolam + valium (10 mg); intravenoso en parada cardiorespiratoria. (FOLIO 487 DE LAS GRAFICAS).
7 de julio: cloruro mórfico + midazolam; intravenoso en paradacardiorespiratoria (folio 486 gráficas) y PERFALGAN DE 1 GR.. (FOLIO 486 DE LAS GRAFICAS).
8 de julio: cloruro mórfico + midazolam; intravenoso en paradacardiorespiratoria Y PERFALGAN DE 1 GR. . (FOLIO 485 DE LAS GRAFICAS.
9 de julio: cloruro mórfico + midazolam; intravenoso en paradacardiorespiratoria (Folio 485 gráficas) Y AMIKACINA (FOLIO 484 DE LAS GRAFICAS).
10 de julio: AMIKACINA (FOLIO 483 DE LAS GRAFICAS).
11 de julio: AMIKACINA (FOLIO 483 DE LAS GRAFICAS).
¿QUE SON ESTOS FÁRMACOS PAUTADOS?
1_Dolantina, opioide sintetico(petidina).
2 Cloruro morfico, clorhidrato de morfina.
3 Valium (diazepan) una benzodiacepina muy efectiva.
4 Emotilato, un hipnotico, inductor a la anestesia y sedacion.
5 Tranquimazin, (aprazoalam) una benzodiacepina muy efectiva.
6 Propofol, un potente anestesico, contraindicado a la depresion cardio-respiratoria.
7 Midazolan una bezodiacepina de uso ospitalario potente y efectiva.
8 Tranxilium, una benzodiacepina.
9 Perfalgan, un paracetamol, pautado los dias 16 17, 18, 19 y 24 de mayo, asi como los dias 7, 8 y 9 de julio de 2010 (lo tenia prohibido sic. Historia clinica e informe del los forenses.).
10 Amikacina, antibiotico uso hospitalario aminoglucido, los dias 9,10 y 11 de julio.
11. Mioflex (metocarbamol) depresor general del SNC(sistema nervioso central).
12 Myolastan (tetrazepan) bezodiacepina. (pautado en la historia de Salud de la desgraciadamente fallecida, y muy querida esposa de mi defendido) folios 5389 a 5400., cuyo testimonio interesamos.
En conclusión, si lo afirmado por los forenses, en sus conclusiones definitivas es cierto, es mas que obvio, que mi cliente y defendido IVAN RAMIREZ AGUILAR, no participó en el fallecimiento de su querida esposa LAURA RAMIREZ AROSTEQUI. Y si por el contrario, lo que afirman los forenses no fuera cierto, o no obedeciera a la realidad por acción o por omisión, es evidente que mi cliente es absolutamente inocente del gravísimo delito que se le imputa. Y que tanto daño y dolor se le esta causando y ahora se puede remediar, que no se alargue ese sufrimiento que le ha arruinado moral y físicamente, profesional y patrimonialmente, y lo que es más grave, desde el punto familiar, por un empecinamiento en que mi cliente sea señalado, a lo peor para el resto de su vida como el presunto asesino del talio, y esto que afirmo parece que nadie lo quiere ver, a excepción de esta defensa. NOVENA.- AUSENCIA DE INDICIOS CIERTOS QUE PERMITA SOSTENER LA INTOXICACION POR SUMINISTRO DE INSULINA EXOGENA A LA FALLECIDA.
Y es que habida cuenta de que los informes científicos han descartado la existencia de una intoxicación por metales pesados, particularmente talio, o medicamentosa, se inició otra línea distinta de investigación, dado que la primera ya apuntada no tiene visos de sostenerse, que parecía apuntar la existencia de hipoglucemias, que pudieran haberse provocado mediante un suministro exógeno de insulina; y a pesar de que en la historia clínica, y así lo argumentan muchos facultativos; no se descartó; y lo que aún es peor, no se estudió la existencia de una enfermedad rara, síndrome de la beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío. Y decimos no se estudió, porque era necesario haber efectuado un estudio previo, jamás realizado y NUNCA SE HA DETECTADO INSULINA EXOGENA EN LA FALLECIDA. Se aludía al resultado de una analítica realizada el día 20 de mayo que detecta la presencia de cifras elevadas de insulina, y distintos médicos, han objetivado:
v Sin embargo se obvia que la propia Doctora Marrero, endocrina a preguntas de este Letrado afirmó que, EN RELACION A LA DIFERENCIA EN LOS NIVELES DE INSULINA ENTRE LAS DOS ANALITICAS, MANIFIESTA QUE PUDIESE HABER UN ERROR EN LA DILUCION. Sin obviar además que la conclusión final de todas las manifestaciones prestadas por la doctora Marrero Arencibia, es que NO PUEDE DECIR QUE LA INSULINA FUESE EXOGENA.
v Pero es que además, declaró el doctor Martín Roque, también Endocrino, que A LA PREGUNTA DE SI TIENE LA SEGURIDAD ABSOLUTA DE QUE EL CUADRO DE HIPOGLUCEMIA ERA DEBIDO A LA INSULINA EXOGENA, MANIFIESTA QUE ATENDIENDO A ESOS DOS PARAMETROS, LA NO SUPRESION DEL PEPTIDO C Y LA PROINSULINA, MANIFIESTA QUE NO, y a la pregunta de si cabía un error en las diferencias de los resultados de las analíticas obrantes en los folios 814 y 870 manifiesta que COMO CABER, CABE LA POSIBILIDAD.
v Finalmente declara el Doctor Rodríguez Pérez, también Endocrino, que relata que LA SOSPECHA SOBRE LA INSULINA EXOGENA NO ESTABA CONFIRMADA EN ESE MOMENTO. QUE HABIA RESULTADOS QUE NO ERAN CONCORDANTES CON EL CUADRO DE HIPOGLUCEMIAS POR ADMINISTRACION EXOGENA DE INSULINA. QUE CONSIDERARON QUE LA ENFERMEDAD DE LA PACIENTE NO ERA ENDOCRINOLOGICA, Y FUE ENTOCES DERIVADA A MEDICINA INTERNA. QUE NO SON CAPACES A DIA DE HOY DISTINGUIR CON EXACTITUD LAS DIFERENCIAS ENTRE LA INSULINA EXOGENA Y ENDOGENA, QUE SON PARECIDAS. QUE LOS VALORES DE PEPTIDO C Y LA PROINSULINA OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS SI BIEN ERAN BAJOS NO ESTABAN TODO LO SUPRIMIDOS, QUE SE REQUERIAN PARA PODER DECIR A CIEN POR CIEN QUE SE TRATABA DE INSULINA EXOGENA.
Con el resultado de las declaraciones le sorprende a esta defensa la reiterativa alusión a los niveles de insulina de la esposa de mi defendido, cuando, ni siquiera puede asegurarse que tales diferencias se debieran a un error en la analítica, cuando los médicos no pueden asegurar que la insulina fuese exógena, y cuando además en las actuaciones se ha descartado que la causa del fallecimiento fuese una hipotética intoxicación por suministración de insulina exógena, sobre la que nada se ha probado.
Porque es evidente que, primero la esposa de mi defendido no falleció por la administración de insulina exógena, ni puede asegurarse que origina los niveles de insulina, ni siquiera pueden asegurar que tal nivel de insulina se deba a la administración de insulina exógena. NADA DE ESO SE HA ESTUDIADO, NI SIQUIERA OTROS PADECIMIENTOS, QUE PROVOCARAN ESOS INDICES ANOMALOS INCIALES DE LA FALLECIDA, QUE PUEDEN DEBERSE A OTRAS ENFERMEDADES.
Hay que afirmar de manera rotunda y clara que en este cúmulo de buscar algo por donde no se encuentra nada, se alude a la insulina como exógena, en un componente más, de esa de esa intoxicación que presuntamente causa la muerte de LAURA GONZALEZ AROSTEGUI.
Con independencia de que farmacológicamente es conocido por el mundo no médico que la insulina produce hipoglucemia, hay también muchas enfermedades orgánicas, que pueden cursar hipoglucemia, a saber, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, la insuficiencia hepática, la anorexia nerviosa. Y dentro del campo de la endocrinología, no sólo desde la vertiente de las alteraciones del metabolito, por déficits Hormonales se llega a situaciones de hipoglucemia, así también la producen la hormona del crecimiento por la carencia de HGH, conduce a hipoglucemia. El cortisol, produce hipoglucemia, y a la fallecida se le administra corticoides, por una posible insuficiencia suprarrenal. Con las catecolaminas, sucede algo parecido. El glucagón, es una hormona que eleva la glucosa en sangre, se le administró, obviamente si falta habrá una hipoglucemia. Nada de esto se ha descartado en el presente asunto. Hay hipoglucemias por déficits enzimáticos hereditarios, que los técnicos endocrinos que declararon respecto a este asunto, manifestaron que no se le efectuó a LAURA GONZALEZ AROSTEGUI, un estudio a este respecto, que puede determinar intolerancia a la fructosa o a la beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío. Esa beta oxidación de los ácidos grasos de debut tardío, después de una serie de alteraciones orgánicas, acaban con problemas cardíacos y muerte. Por tanto, por lo que obra en las actuaciones, y por el deficiente estudio respecto de datos no concluyentes, en cuanto a la administración de insulina exógena, descartado por los endocrinos que han declarado, no se puede afirmar de manera rotunda, clara y determinante, como se necesita en un proceso penal para acusar a una persona de un delito tan grave como un asesinato que esa no determinada insulina exógena tuviera influencia, en la muerte de LAURA. Y si la tuvo, ninguna participación, puede imputársele a mi defendido. DECIMA.- AUSENCIA DE DATOS O ELEMENTOS OBJETIVOS Y CIERTOS QUE PERMITAN DEDUCIR LA EXISTENCIA DE UN MOVIL QUE JUSTIFIQUE LA EXISTENCIA DE UNA CONDUCTA HOMICIDA.
Esta defensa entiende que desde el comienzo de la instrucción se palpa la necesidad por parte de la fuerza actuante, de buscar un culpable, de reunir un cumulo de sospechas para imputar a mi defendido, de encontrar cual es el móvil que justificaría la participación criminal de mi defendido en la muerte de su esposa. Eso seria licito, no que no lo es, es buscar un chivo expiatorio.
Tras la práctica de las pruebas encaminadas al esclarecimiento de ese móvil, se llega a una conclusión, no existe ese motivo por la sencilla razón que mi defendido es inocente.
Así, se ha investigado en primer término, de un posible móvil económico; completamente absurdo e insostenible, manifestado con vehemencia y con respeto, en ánimos de defensa, a tal objeto se recibe declaración por la policía a Doña Carmen Natalia González Quintana, directora de una sucursal de Caja Madrid sita en la calle Fernando Guanarteme 111-113 que manifiesta: que al recibir esta información, recordó que el día 12 de julio del 2010, realizó una llamada a un cliente que resultó ser el llamado Iván Ramírez Aguilar; que realizó esta llamada por trámites normales de la oficina, que cree recordar que se trataba del cobro de un recibo; que la declarante en esta conversación le preguntó si tenía conocimiento de que su mujer la llamada Laura Aróstegui tenía algún seguro de vida, QUE IVÁN LE RESPONDIÓ QUE DESCONOCÍA SI TENÍA CONTRATADO ALGÚN SEGURO; que en esta entidad solo aparece un seguro de vida llamado Seguro de Vida Renta Caja Madrid contratado por la llamada Laura Aróstegui González, que este seguro fue contratado el día 26 de diciembre de 2003 continuando en vigor actualmente, que el número de póliza es el 0002276836. Que este seguro tenía una prima anual 30,68, que los beneficios son una cantidad 125 euros mensuales durante diez años y una prima de una capital adicional de 750 euros, que las condiciones son las estándar de un seguro de vida, que no ha nombrado a ningún beneficiario.”
Por no referirnos a la declaración de la SRA. AROSTEGUI HEREDIA, de que a IVAN le habían avisado que existe un seguro de vida, que por convenio laboral tenía la finada con el Hospital Dr. Negrín, algo absolutamente normal que aparece en cualquier convenido colectivo que se precie, y que nada le preocupaba en esos dolorosos momentos a mi defendido.
Por último se alude a la existencia de problemas económicos en el matrimonio, a la existencia de diversas deudas, cuando lo cierto es que SE UNIO A LA CAUSA Oficio policial 18 julio 2011, nº 21.367/11 de remisión informe patrimonial y documentación, Brigada Provincial de Policía Judicial Unidad, U.D.E.F,. EN LA CAUSA, FINALIZA EL INFORME PATRIMONIAL DICIENDO: “LOS DATOS ESTUDIADOS Y ANALIZADOS HASTA EL MOMENTO NO ARROJAN POR SI MISMO UN RESULTADO CONCLUYENDO EN ARAS A LA SOSTENIBILIDAD DE UN POSIBLE MOVIL ECONOMICO QUE PUDIERA SUBYACER EN LAS PRESENTES DILIGENCIAS INCOADAS POR VI”.
Se ha investigado la posible existencia de motivos derivados de una relación sentimental mantenida por nuestro representado en el pasado, TESIS INCRIMINATORIA QUE SE ABANDONO HABIDA CUENTA QUE LA DECLARACION DE Doña María Mercedes Gil González, enfermera del Hospital de Urgencias del Hospital Insular, que afirma QUE CON IVÁN TUVO UN ROMANCE, QUE SOLO SE VIERON TRES O CUATRO VECES EN EL HOSPITAL Y ALGÚN OTRO DÍA LO LLEVÓ A SU CASA EN COCHE. QUE LA RELACIÓN DURÓ UN MES Y MEDIO Y FUE A FINALES DEL AÑO 2005. Es evidente que tratar de relacionar la muerte de la esposa de mí defendido con la existencia de esta relación mantenida hace cinco años y que duro un mes y medio; resulta inane y carente de fundamento, por no usar otros epítetos dado el asunto que se instruye.
Y es que se ha tratado de dibujar una relación entre mi defendido y su esposa que lejos de desarrollarse en un marco conflictivo, responde a un perfil de absoluta normalidad, es más, envuelta en una relación de auténtico amor y respeto, y para llegar a tal conclusión basta con referenciar las declaraciones testificales practicadas en la causa, QUE AHORA NO VAMOS A REPRODUCIR, PORQUE ENTRE OTRAS CUESTIONES YA ADVIERTE ESTA DEFENSA QUE ESE MOVIL TAMBIEN SE HA ABANDONADO POR LAS ACUSACIONES.
Como no podía ser de otro modo, puesto que la declaración de los psiquiatras que entrevistan a la esposa del SR. RAMIREZ AGUILAR, la doctora Elisa Martín Gamero, que manifiesta que LAURA DIJO QUE EN NINGUN MOMENTO NADIE LE HABIA DICHO DIRECTAMENTE LO QUE SE PENSABA Y QUE SI ALGUIEN LE DECIA QUE SU MARIDO LE ESTABA INTENTANDO HACER DAÑO, ELLA LO DENUNCIARIA. QUE NO DUDA PARA NADA CON LA PERSONA CON LA QUE VIVIA, y la del Doctor Manuel Rodríguez González, especialista en psiquiatría se entrevistó también con la fallecida Y EXPONE QUE LE HIZO SABER A LAURA QUE HABIA SOSPECHAS DE QUE ELLA ESTABA TOMANDO MEDICACION Y UNA DE LAS COSAS QUE MAS HACIAN SOSPECHAR ESTO ERA LA PROPIA ACTITUD FRIA E IMPASIBLE DE LA PACIENTE. LAURA SE ENFADO MUCHO Y DIJO QUE IBA A PEDIR EL ALTA VOLUNTARIA E IRSE A OTRO HOSPITAL PORQUE EN EL INSULAR NO SABIAN LO QUE TENIA. QUE LA INDIGNACION DE LAURA LE PARECIO REAL Y NO FINGIDA. QUE LAURA LE DIJO QUE ERA ENFERMERA Y QUE SI QUISIERA MATARSE YA LO HUBIERA HECHO. QUE EL DECLARANTE LE PREGUNTO SI ELLA SOSPECHABA DE SU MARIDO Y LAURA LE DIJO QUE NO.
Y además lo dicen los múltiples testigos que trataron a la fallecida durante su estancia hospitalaria. Si esta persona se ha convenido y acreditado que guardó sus facultades plenas e intactas, si era consciente de su situación clínica, si había sido advertida de las sospechas que circundaban sobre su esposo, como es posible que no advirtiese algún tipo de conducta por parte de Iván Ramírez Aguilar, que le hiciese al menos recelar de su comportamiento. Nada de eso sucedió, más al contrario, lo que sucedió FUE LA PLENA CONFIANZA DE LA FALLECIDA HACIA NUESTRO CLIENTE. En este sentido debemos manifestar que el propio padre de la fallecida, Don Antonio González Gómez, en la declaración prestada en sede policial, el día 14 de julio de 2010, ya decía que NO HABIA OBSERVADO NINGUN TIPO DE CONFLICTO O DISPUTA ENTRE IVAN Y SU HIJA, MANTENIENDO AMBOS UNA RELACION BASTANTE CORDIAL.
Javier Rodríguez González, primo hermano de la fallecida, también en sede policial, y ese mismo día, declara que POR COMENTARIOS QUE LE HACIA AL DECLARATE SU PRIMA LAURA, LA RELACION CON SU MARIDO IVAN ERA BUENA.
Además se ha acreditado que mi mandante y su esposa, se habían inscrito en la mencionada bolsa de A.T.S./D.U.E. de trabajo del Servicio de Murciano de Salud, lugar al que el matrimonio pretendía trasladar su residencia; tal y como declaro mi defendido el pasado 26 de noviembre, acreditando que ambos tenían la intención de abandonar su trabajo y residencia en Gran Canarias, acreditativo además que el proyecto de vida de mi defendido y su esposa era común, y armonioso.
UNDECIMA.- En otro orden de cosas, se ha pretendido extraer del comportamiento de mi defendido durante la estancia hospitalaria de su esposa, un indicio de su participación criminal en el fallecimiento de ésta. Particularmente se acude a dos datos recurrentes: las visitas al servicio de farmacología y horario de visitas, y a su comportamiento durante las crisis agudas de la enfermedad.
Así las cosas, en el auto de 16 de julio de 2010, que acordó la prisión provisional, se aludía a que el imputado había reconocido que en cierta ocasión le había puesto una vía a su esposa, y a que había cogido medicamentos de la UMI, y a este respecto se ha justificado por la declaración de Pedro Antonio Delgado Lamas, enfermero de la UMI del Hospital Insular que aclaró que fue la Doctora Consolación Morillo quien se lo prescribió, lo que ésta confirmó en su declaración.
Esta circunstancia comprobada justifica la dispensación de suero intravenoso y la existencia de la punción que aparece en el cuerpo de la esposa de mi defendido. Pero es que además está directamente relacionado con la supuesta extracción de medicamentos de la UMI por parte de mi representado.
De la totalidad de los testigos que han declarado en las actuaciones directamente relacionados con la UMI del Hospital Universitario materno insular, NINGUNO DECLARA HABER PRESENCIADO SI IVAN RAMIREZ SUMINISTRA MEDICAMENTOS A SU ESPOSA; A LO SUMO SE ASEGURA QUE fue visto en su poder con dos bolsas de suero, y ampollas de Vitamina C Y Dopamina; todo ello absolutamente inocuo para la salud de cualquiera, el propio acusado manifiesta que es cierto, en el primer caso para tratar el proceso diarreico y por consejo de la Doctora Morillo, según hemos visto anteriormente, y en el segundo caso, para eliminar manchas de sangre de la ropa.
Resulta que el testigo Raúl Falcón Moreno, de las actuaciones, al igual que el imputado, enfermero de profesión, afirma que NO ES PRACTICA HABITUAL PERO QUE EL PERSONAL SABE QUE TANTO LA VITAMINA C COMO LA DOPAMINA SIRVEN PARA ELIMINAR MANCHAS DE SANGRE. En lo que respecta a la presencia de mi defendido en el hospital junto a su esposa el día de los hechos, pues a esta circunstancia se alude en el auto de prisión provisional, mi defendido declaró que ES INCIERTO QUE LA NOCHE ANTES DEL FALLECIMIENTO FUERA AL HOSPITAL, QUE ESA NOCHE NO TENIA RESTRICCION DE ACCESO, QUE NO SALIO DE CASA, QUE NO ES CIERTO QUE LA NOCHE DEL FALLECIMIENTO ESTUVIERA EN LA UMI QUE SALIO DE SU CASA A LAS OCHO Y MEDIA DE LA MAÑANA, PARA IR AL HOSPITAL, LE DEJO ROPA, LE DIO UN BESO Y SE VOLVIO A CASA.
Y la totalidad de lo asegurado por el SR. RAMIREZ AGUILAR está corroborado por los sanitarios que trabajaron esa madrugada del día 11 de julio; la auxiliar de enfermería, Doña María del Pilar Mateo Sosa, DICE QUE ESA MAÑANA VIO ENTRAR A IVAN EN LA UMI FUERA DEL HORARIO DE VISITAS ENTRA LAS 8.15 Y LAS 9.00 DE LA MAÑANA AUNQUE NI PUEDE PRECISAR LA HORA EXACTA, Y QUE ESTUVO CINCO MINUTOS.
De acuerdo con lo expuesto, esta defensa considera que no existe material, directo o indiciario suficiente para motivar el mantenimiento de la situación personal de nuestro defendido.
Ninguna de las afirmaciones del imputado se han visto contradichas por las pruebas que se han practicado en la causa, es más se han visto confirmadas.
Y es que volvía a apuntarse a los extremos relativos a la estancia de mi cliente junto a su esposa en los episodios de agravamiento de su salud. Parece obviarse que ya en el primer ingreso, el ocurrido el día 15 de mayo, es mi defendido quien alerta a los servicios ambulatorios del 112 del estado de gravedad de su esposa, en otras palabras, quien evita el fallecimiento es él, lo que no se compadece con una conducta homicida, desde luego, se permite esta parte poder afirmar que si no es por la intervención de mi defendido DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, la vida de su esposa hubiera corrido serio peligro, y una vez más podemos afirmar que IVAN salvó la vida de LAURA, en mas de una ocasión.
Pero es que esa conducta no fue aislada, y ya lo dijimos en el escrito de libertad desestimado.
v En fecha 2 de diciembre de 2010, declara en sede judicial, Yeray Gabriel Santana Padilla, que en relación al agravamiento de salud de Laura el día 19 de mayo, manifiesta que SI DIJO EN SU DECLARACION POLICIAL QUE ESE DIA RECIBIO UNA LLAMADA DE IVAN DESDE LA PLANTA. ESE DIA LAURA SE ENCONTRABA EN ESTADO GLASGOW 4, EN ESTADO COMATOSO GRAVE. QUE ES CIERTO QUE CUANDO LLEGO A PLANTA SE ENCONTRO A IVAN LLORANDO EN UNA ESQUINA Y A LA DOCTORA FAYNA ATENDIENDO A LAURA EN LA HABITACION. QUE ESE DIA SE SALTARON EL PROTOCOLO PORQUE IVAN ERA COMPAÑERO, PERO QUE LO NORMAL ES QUE SI ALGUIEN LLAMA DESDE FUERA A LOS MEDICOS DE LA UMI ESTOS NO SE MOVILIZAN.
Es decir, también el día 19 de mayo, está acreditado que FUE IVAN RAMIREZ AGUILAR QUIEN DESDE LA HABITACION DE PLANTA DONDE ESTABA SU ESPOSA, EN UN ESTADO COMATOSO GRAVE, LLAMO URGENTEMENTE A LOS MEDICOS DE LA UMI PARA QUE ESTOS LA ATENDIESEN, ES DECIR INTERVINIENDO DECISIVAMENTE PARA VOLVER A EVITAR LA MUERTE DE SU ESPOSA. Nuevamente volvemos a insistir, esta conducta no se compadece con la de un homicida, en esta ocasión reiteramos si no es por la intervención de mi defendido saltándose todos los protocolos habidos y por haber, vuelve IVAN a salvar la vida de LAURA. Lo que se pretende hilar con la restricción del horario de visitas a mi defendido, cuando lo cierto es que los propios médicos responsables de la paciente han manifestado que tal prohibición no fue determinante, por lo que no puede asegurarse que desobedeciera tal mandato, además de no olvidar que precisamente el día del fallecimiento de la esposa de mi defendido, estuvo algo más de 5 minutos en el hospital, según ratificó el testigo Ariadne Méndez Santana, el pasado 25 de noviembre en esa sede judicial, para llevarle un pijama y darle un beso, lo que éste presenció sin advertir alguna conducta sospechosa de mi representado, y eso ocurre alrededor de las 9:00 ó 9:30 de la mañana.
Y no olvidemos que la crisis que sufre Laura el día de su fallecimiento comienza a las 12:30 de la mañana, es decir tres horas y media después de haber estado mi cliente en su compañía durante cinco minutos, y según el testigo Ariadne Méndez Santana, para darle un beso y llevarle un pijama, PORQUE EL ASI LO PUDO PRESENCIAR.
De todo lo expuesto se colige que, EN PRIMER LUGAR NO EXISTE PRUEBA SUFICIENTE QUE PERMITA AFIRMAR QUE NOS ENCONTREMOS ANTE UNA MUERTE HOMICIDA, Y EN SEGUNDO LUGAR, NO EXISTEN INDICIOS SUFICIENTES DE CRIMINALIDAD QUE PERMITAN SOSTENER QUE MI DEFENDIDO HA PARTICIPADO EN ESA SUPUESTA MUERTE HOMICIDA.
REITERO, tiene familia, y un hijo de corta edad que a buen seguro le impedirían la sustracción de la acción de la justicia, entre otras razones PORQUE ES INOCENTE.
1. SE HA INVESTIGADO, LAS TELEFONOS DE MI DEFENDIDO Y SU ESPOSA, SU PATRIMONIO,SU ORDENADOR, RESULTADO NINGÚN INTERES PARA LA CAUSA.
2. SE HA ANALIZADO EL CABELLO DE MI DEFENDIDO, Y EL DE SU HIJO MENOR, CON OTROS FUIDOS, SALIVA, UÑAS, SANGRE, HECES ETC, RESULTADO NEGATIVO.
3. SE HA INVESTIGADO, SU CASA, LAS ARQUETAS DE LA MISMA, LAS TAQUILLAS DE MI CLIENTE Y SU ESPOSA, EL AGUA QUE LAURA BEBIA, RESULTADO NEGATIVO.
4. SE LE HA INVESTIGADO SU VIDA PRIVADA, SUS HIPOTETICAS INFIDELIDADES, SU COMPORTAMIENTO CON SU ESPOSA, RESULTADO NEGATIVO.
5. LO UNICO QUE SE HA LOGRADO ES ARRUINAR, FISICAMENTE, MORALMENTE, PATRIMONIALMENTE, PROFESIONALMENTE Y FAMILIARMENTE LA VIDA DE MI DEFENDIDO.
DECIMOTERCERA.- Insistimos en que esta parte considera que al día de hoy, no se dan los requisitos necesarios para el mantenimiento en prisión de nuestro representado, según la reiterada doctrina y jurisprudencia del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional, por la que se establece que la prisión provisional ha de aplicarse como última ratio y no es más que una técnica, entre otras, para garantizar el eficaz ejercicio del ius puniendi, y en cuanto es la de más grave incidencia, con el contenido de privación de libertad que la misma comporta, ha de concebirse en su adopción como una medida de estricta necesidad y de aplicación subsidiaria, al reputarse ineficaz otra de menor intensidad coactiva; provisional, en cuanto puede ser revisada, y regida por el principio de proporcionalidad (SSTC 9/1994 y 128/1995) que, de una parte, limita su duración máxima, y de otra, sólo es permisible cuando la gravedad de los delitos lo requiere, para asegurar el proceso. En suma, se trata de una medida cautelar que ha de reputarse excepcional. Como ha declarado el TC en numerosas sentencias, 32/1987, 13/1994.
Pero, sobre todos ellos, se destaca en la actualidad que la prisión provisional ha de tener como finalidad, exclusivamente, el prevenir ciertos riesgos relevantes para el proceso y, en su caso, para la ejecución del fallo, como expone la STC 40/1987, a saber, el peligro de huida del imputado o la obstrucción de la instrucción pena y, en un plano distinto, la reiteración delictiva, sin que puedan perseguirse con aquéllas fines de anticipación de la pena – STC 41/1982- o de impulsar la investigación del delito u obtener pruebas o declaraciones, ya que con tales fines la privación de la libertad excedería de los límites constitucionales. La jurisprudencia del T.C. exige, además, que la prisión provisional cumpla una finalidad constitucionalmente legítima[9]. Una de esas finalidades, la primordial, es asegurar la continuidad del procedimiento penal, del que la medida cautelar es adjetiva. Y para valorar si se da o no esa finalidad, es esencial considerar la existencia de peligro de fuga del imputado. Y para apreciar dicho peligro de fuga, habrán de tomarse en consideración las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado, como el arraigo familiar, y social, las conexiones con otros países, los medios económicos de que disponga, entre otros, según se expresa en la STC 128/1995, siguiendo la doctrina del TEDH en SS de 26 de junio de 1991.
Sobre el riesgo de fuga, como presupuesto habilitante de la prisión provisional, la citada Sentencia del T.C. nº 47/2000 tiene en cuenta dos factores: uno, de carácter eminentemente objetivo, constituido por la gravedad del delito imputado y de la consiguiente pena posible, que justifica la inicial adopción de la medida atendiendo a tales datos; y el segundo, subjetivo, que ha de tener en cuenta el trascurso del tiempo como factor mitigador del criterio anterior y que obliga, transcurrido un cierto tiempo de prisión preventiva, a tomar en cuanta las circunstancias personales del inculpado para valorar la necesidad de mantenimiento de dicha medida. Aplicando al presente caso la doctrina expuesta con anterioridad, podemos afirmar que el SR. RAMIREZ AGUILAR no va a tratar de obstruir la instrucción penal del presente procedimiento, y teniendo en cuenta que es de nacionalidad española, con domicilio en TELDE (GRAN CANARIA) y UBRIQUE (CADIZ), donde reside toda su familia, por lo que se puede afirmar que mi defendido tiene suficiente arraigo personal, familiar y social, por lo que nada hace pensar que con su inasistencia va a tratar de impedir la celebración del juicio oral, ni que vaya a tratar de eludir la acción de la justicia, por lo que solicitamos la libertad de mi representado, ya que el mantenimiento de su prisión provisional sería abiertamente contrario a los principios de excepcionalidad, subsidiariedad, y sobre todo provisionalidad, que deben presidir dicha institución. DECIMOCUARTA.- Según la Sentencia del Tribunal Constitucional de 10 de Mayo de 1989: "La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión provisional y la completa libertad, que trata de evitar la ausencia del imputado, que quedará así a disposición de la autoridad judicial y a las resultas del proceso, obligándose a comparecer periódicamente. Dicha medida está expresamente prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y viene determinada por la falta de presupuestos necesarios para la prisión provisional, que puede acordarse con o sin fianza (art.529), debiendo el inculpado prestar obligación apud acta de comparecer en los días que le fueren señalados por la resolución correspondiente y, además, cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal que conozca de la causa".
En lo relativo a la subsidiariedad de la libertad provisional respecto de la prisión provisional, que se recoge abiertamente en el propio artículo 529 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 4 de febrero de 2000. En este Auto se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto que acordaba la libertad provisional sin fianza, por el cual solicitaba la medida cautelar de prisión preventiva.
El interés de este auto respecto al punto señalado, estriba en que la Sala defiende la aplicabilidad de la libertad provisional en el caso concreto, negando la concurrencia de los presupuestos necesarios para la adopción de la prisión preventiva. DE LO QUE SE CONCLUYE QUE LA MEDIDA CAUTELAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, QUEDA ESTRECHAMENTE RELACIONADA A LA PRISIÓN PREVENTIVA, HASTA TAL PUNTO, QUE CARECE DE PRESUPUESTOS PROPIOS Y DIFERENCIADOS DE AQUELLA, CONSTITUYENDO AMBAS MEDIDAS LAS DOS CARAS DE UNA MISMA MONEDA.
Tradicionalmente las medidas cautelares penales se clasifican en dos grandes grupos:
- Medidas cautelares reales, que son aquellas que mediante la limitación de disponibilidad de ciertas cosas, pretenden asegurar la ejecución de los pronunciamientos patrimoniales que pudiera contener la sentencia.
- Medidas cautelares personales, cuya finalidad se restringe a pretender asegurar la sujeción del imputado al proceso y, en su caso, la presencia del presunto autor del hecho ante el órgano jurisdiccional, ya sea para garantizar la declaración ante el Juez Instructor, o para evitar sus inasistencia y consecuente frustración de la celebración del juicio oral ante el juzgador.
Unas y otras se diferencian por el objeto al que afectan, mientras las primeras se ciernen sobre la esfera patrimonial del imputado, las segundas van más allá afectando derechos fundamentales. LA LIBERTAD PROVISIONAL, SE CONCEPTÚA COMO UNA MEDIDA CAUTELAR PERSONAL, Y COMO TAL INCIDE DIRECTAMENTE EN LA ESFERA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO, EN CONCRETO, DESPLIEGA SUS EFECTOS SOBRE EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE CONSAGRA EL DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE RESIDENCIA Y CIRCULACIÓN POR EL TERRITORIO NACIONAL.
No podemos obviar la repercusión que la medida cautelar de libertad provisional tiene sobre el derecho a la libertad, que en términos generales se proclama en el artículo 17 de la C.E., aunque sea indirectamente. COMO YA SE HA EXPUESTO AL HABLAR DEL CONCEPTO DE LA LIBERTAD PROVISIONAL, ÉSTA ES UNA MEDIDA CAUTELAR INTERMEDIA ENTRE LA PRISIÓN PROVISIONAL Y LA COMPLETA LIBERTAD, Y EL PROPIO ARTÍCULO 528 DISPONE QUE LA PRISIÓN PROVISIONAL SÓLO DURARÁ LO QUE SUBSISTAN LOS MOTIVOS QUE LA HAYAN OCASIONADO, Y SI NO SE RESPETA LO DISPUESTO EN ESTE ARTÍCULO, SE CONCULCA EL DERECHO A LA LIBERTAD PRESCRITO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA C.E.
Y DEL MISMO MODO OCURRE CON LA LIBERTAD PROVISIONAL PUES EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 528 DE LA LECRIM, OBLIGA AL JUEZ A PONER EN LIBERTAD AL PRESO "EN CUALQUIER ESTADO DE LA CAUSA EN QUE RESULTE SU INOCENCIA" LO CUAL VIENE A SIGNIFICAR QUE CUANDO DECAIGAN LOS PRESUPUESTOS QUE FUNDAMENTARON LA ADOPCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE LIBERTAD PROVISIONAL DEBERÁ TAMBIÉN DEPONERSE AQUELLA MEDIDA, PUES DE LO CONTRARIO SE ESTARÁ VULNERANDO EL DERECHO A LA LIBERTAD DEL ARTÍCULO 17 C.E. EL CUAL ESTABLECE: "TODA PERSONA TIENE DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD. NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD, SINO CON LA OBSERVANCIA DE LO ESTABLECIDO EN ESTE ARTÍCULO Y EN LOS CASOS Y EN LA FORMA PREVISTOS EN LA LEY".
La configuración de estos principios básicos es eminentemente jurisprudencial. No encontramos ningún artículo en la LECrim que recoja la enumeración y trate sobre el contenido de los principios básicos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de acordar una medida cautelar, si bien de la lectura de los artículos 528 y 529 de la LECrim puede inferirse el espíritu de los mismos.
El Auto del Tribunal Constitucional de 9 de Diciembre de 1987, en su fundamento jurídico primero expone: "Las medidas cautelares responden, dentro del proceso, a la necesidad o conveniencia de asegurar la efectividad del pronunciamiento futuro del órgano jurisdiccional. Revisten, por consiguiente, un carácter instrumental esto es, de subordinación respecto de la definitiva resolución sobre el fondo y, son esencialmente temporales, guardando relación con la pendencia del proceso al que se conectan. La adopción de tales medidas corresponde a los órganos judiciales competentes, sin que pueda negarse la legitimidad de tal facultad (regulada en los artículos 334 y ss. de la LECrim, entre otros textos), tanto si viene impuesta con carácter reglado, como si responde al ejercicio de una prudencia discrecional que forma parte de la función de juzgar".
EN ESTRECHA RELACIÓN CON ESTE PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD SE HALLA LA NOTA DE VARIABILIDAD O PROVISIONALIDAD, A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN EL ARTÍCULO 528 DE LA LECRIM.[10] EN IGUAL SENTIDO EL ARTÍCULO 539 DEL MISMO CUERPO LEGAL DISPONE EN SUS PRIMEROS APARTADOS.[11] En este punto resulta de interés el Auto de la Audiencia Provincial de Huesca de 14 de julio de 1997 por el que se confirma la decisión del Juzgado de Instrucción de modificar la prisión provisional del acusado y decretar la libertad provisional del mismo.
La resolución viene motivada de la manera que sigue: "Que como señalan las Sentencias del Tribunal Constitucional entre otras de 3/1992 (RTC 1992\3), 241/1994 (RTC 1994\241), 128/1995 (RTC 1995\128) y 62/1996 (RTC 1996\62), la adopción de la medida de prisión provisional supone una limitación particularmente gravosa del derecho fundamental a la libertad personal sancionado en los apartados 1.º y 7.º del artículo 17 de la Constitución (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) y esta esencial circunstancia lleva consigo que la citada medida sea concebida como de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos. Por ello la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional debe siempre efectuarse en el sentido más favorable a la libertad del inculpado.
El artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal autoriza al Juzgado a decretar la libertad del inculpado en el supuesto en que, aunque el delito tenga señalada una pena superior a la de prisión menor, el inculpado carezca de antecedentes penales, se pueda creer fundadamente que no tratará de sustraerse a la acción de la justicia y además el delito no haya producido alarma social ni sea de los que se cometan con frecuencia en el territorio. Sobre todos estos datos se destaca como base esencial, según expone la Sentencia del Tribunal Constitucional 40/1987 (RTC 1987\40), el peligro de huida del imputado o la obstrucción de la instrucción penal, sin que con la misma puedan perseguirse otros fines como la anticipación de la pena, y como señala la Sentencia del Tribunal Constitucional de 128/1995 la ponderación entre los requisitos de la prisión provisional y el derecho a la libertad es diferente según el momento en que deba disponerse, ya que puede operar de forma distinta en el momento inicial de la adopción de la medida que cuando han transcurrido ya varios meses”.
El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de 22 de enero de dos mil dos resuelve sustituir la prisión provisional acordada por la prestación de fianza dineraria o aval bancario con la obligación de acudir cada mañana al Juzgado de Guardia de la ciudad de su residencia, fundamentando tal decisión del siguiente modo: "Pues bien, en este caso si bien la prisión provisional sería formalmente inobjetable por exponer el instructor los motivos de su perduración, y si incluso estuvo certeramente acordada en su momento por devenir como absolutamente necesaria al inicio de la instrucción, tras el examen pormenorizado del caso, simplemente limitado a la cuestión de mantener o dejar sin efecto la medida cautelar que está definida –no cabe olvidarlo– como excepcional y de grave injerencia en un derecho fundamental básico (art. 17 CE (RCL 1978\2836 y ApNDL 2875)), la Sala considera que tal medida debe ahora verse posibilitada de ser sustituida por otras de menor incidencia en la libertad del imputado.
La sugerencia final del Fiscal sobre los malos tiempos que corren para poner en libertad a todo preso, no puede tenerse como baza –ciertamente insólita– ni tan siquiera acusarse como presión exógena, ya que, no siendo motivo conectado a la causa, no pueden los componentes de la Sala ni de ningún Tribunal regirse por patrones semejantes –como pueden suponer las partes– cuando han de decidir responsablemente, con el cuidadoso examen del caso particular, sobre la privación de libertad de quien no haya perdido la condición constitucional de inocente (art. 24 CE).(…)" EL SUBRAYADO ES NUESTRO. "(…)Como ya se ha dicho, el paso del tiempo es un factor tenido en cuenta para cuestionarse la oportunidad de la prisión, así como el avance de la instrucción sin posibilidad de ser entorpecida por el imputado.
Al igual, se tiene en cuenta la prevención de una reiteración delictiva que haya de ser conjurada.
En este caso, se nos muestran tales factores como obvios en cuanto a la innecesidad de preservar tales bienes.
Con lo anterior es de tener en cuenta, la fatalidad del espontáneo y absurdo inicio del hecho. Y en cuanto a la personalidad del autor del hecho delictivo, no estamos ante un perverso delincuente, mas al contrario, se trata de un policía con un historial desbordado de felicitaciones.
Por lo que se refiere al arraigo social y familiar del preso, constituye el ejemplo más evidente que pudiere buscarse. Se trata de un funcionario, con familia (mujer y dos hijos, el menor de cinco años). El argüir que por tratarse de un policía, puede componer más fácilmente su fuga, nos parece de escaso fundamento.
Pero finalmente, no cabe olvidar que Pablo S. se entregó voluntariamente; bien que tras huir de inmediato y deshacerse de la pistola, pero rectificando a las pocas hasta colaborar en el hallazgo del arma, posiblemente tras constatar con algo más de serenidad lo sucedido, su alcance y consecuencias. Y para afrontarlo se puso a disposición de la Justicia. A la vista de este dato, se hace complicado ver un alto grado de riesgo de fuga.
Naturalmente, es inocultable que los hechos son graves, y por ello existirá el enjuiciamiento oportuno, con la consiguiente responsabilidad, pero los matices del caso, que jamás pueden obviarse a la hora de aplicar las normas, nos determinan a posibilitar el preservar parcialmente la libertad de Pablo S., permitiéndole sustituir la prisión provisional por otras medidas de seguridad que, conjugando su derecho a la libertad ex art. 17 CE permitan la personal sujeción cautelar a la suerte de la causa".
Por último, y sin embargo como más significativo debemos destacar la concurrencia del principio de excepcionalidad que debe presidir toda resolución jurisdiccional que entrañe una restricción de derechos fundamentales, como es el caso de la medida cautelar que consiste en la libertad provisional.
Así la Sentencia del Tribunal Constitucional de 2 de Julio de 1982, establece en su fundamento jurídico segundo que: "La institución de la prisión provisional situada entre el deber estatal de perseguir eficazmente el delito, por un lado, y el deber estatal de asegurar el ámbito de la libertad del ciudadano, por otro, viene delimitada en el texto de la CE por las afirmaciones contenidas en: a) el artículo 1.1 consagrando el Estado social y democrático de derecho que "propugna como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político"; b) en la sección primera, capítulo 2º, del título I, el artículo 17.1, en que se establece que "toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad sino con observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la Ley", y c) en el artículo 24.2, que dispone que todos tienen derecho "a un proceso público sin dilaciones indebidas...y a la presunción de inocencia.
El mandato constitucional español relativo a los principios de libertad y seguridad encuentra sus precedentes en las Constituciones Españolas de 1812 (artículo 290), de 1837 (artículo 7),de 1845 (artículo7), de 1868 (artículo 2), de 1873 (artículo 4), de 1876 (artículo 4) y de 1931 (artículo 29) y en los instrumentos internacionales siguientes: Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 9), Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (artículo 5) y Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 9). Todos los textos - internos e internacionales – valoran cono esenciales los principios de libertad y seguridad, y en lógica coherencia con el mandato constitucional español reseñado, al consistir la prisión provisional en una privación de libertad, debe regirse por el principio de excepcionalidad, sin menoscabo de su configuración como medida cautelar y adoptada mediante resolución judicial motivada(...)".
Del mismo modo la Sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de Marzo de 1987 en su fundamento de derecho segundo dispone: "Los órganos procesales han partido del carácter procesal, y no sancionador, de la prisión provisional, y de las decisiones judiciales relativas al mantenimiento de la misma, en cuanto que dirigidas tan sólo a la preparación y aseguramiento del buen fin de la causa criminal. Sin embargo, el que la prisión provisional no sea una sanción ni pueda utilizarse como tal, no significa que no suponga en sí misma una restricción a la libertad, y que la decisión del Juez al respecto no incida sobre el estatuto de libertad del inculpado. Poniendo en conexión la presunción de inocencia y la inviolabilidad de la libertad personal, nuestra jurisprudencia ha señalado que "al consistir la libertad provisional en una privación de libertad, debe regirse por el principio de excepcionalidad". Este carácter excepcional exige la aplicación del criterio hermeneútico del favor libertatis, lo que supone que la libertad del imputado en el curso del proceso debe ser respetada, salvo que se estime indispensable por razones de cautela o de prevención especial, la pérdida de libertad, y ello dentro de los límites legales establecidos al efecto; dicha excepcionalidad tiene también su reflejo, en caso de sucesión de normas, en la decisión de la Ley aplicable al adoptar el Juez una decisión de mantener la situación de prisión provisional, y la consiguiente denegación de la libertad".
También la Sentencia de 8 de Marzo de 2001 de la Audiencia Provincial de Burgos, hace especial hincapié en este punto, al exponer: "Que la medida de prisión preventiva tiene un carácter de excepcionalidad frente a la normal situación de libertad, con o sin fianza del acusado, excepcionalidad que dimana expresa y directamente de la propia Constitución y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que en su artículo 9.3 señala que "la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general" exigiéndose por ello proporcionalidad y no arbitrariedad en su adopción, rigiendo en la interpretación de los artículos 503 y ss de la LECrim los principios materiales y formales que en caso de duda debe decretarse la libertad ("in dubio pro libertate") y de que la interpretación de la prisión provisional debe de verificarse de forma restrictiva ("excepto strictissmae interpretaciones este") principios que imponen resolver las dudas a favor de la libertad con o sin fianza y en contra de la prisión”.
La primera razón, básica y fundamental, para adoptar la medida cautelar de libertad provisional, es como claramente prescribe el artículo 528 de la LECrim la falta de motivos para acordar la prisión provisional. De lo cual se deduce que el espíritu de la ley procesal, a mi modesto entender, no es tan garantista con los derechos fundamentales de los ciudadanos como parece, pues por muchos que sean los esfuerzos interpretativos a los que recurramos, lo cierto es que en la LECrim, la prisión provisional aparece como la regla general y la libertad provisional como la excepción; SERRA DOMINGUEZ, lo reconduce a una cuestión de perspectivas "en cuanto si consideramos que la situación normal del procesado es la de prisión provisional, evidentemente la libertad provisional debe ser reputada como un beneficio; pero si permitimos que la libertad del procesado no debe ser restringida sino en los límites mínimos indispensables, hay que concluir que la libertad provisional debe ser considerada como la regla general y la prisión provisional, como un excepción a dicha regla general".
Este carácter supletorio o subsidiario que tiene la libertad provisional respecto de la prisión provisional viene puesto de manifiesto en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 16 de Enero de 2001, dispone en su fundamento de derecho único que: "La libertad provisional es una medida cautelar intermedia entre la prisión y la libertad, y tiene por ello sus propios presupuestos que son los previstos en el artículo 529, distintos de los de la prisión provisional. Es decir, dada su posición intermedia entre prisión provisional y libertad completa, se ha de adoptar en aquellos supuestos en que la falta de presupuestos o requisitos necesarios para la prisión provisional aconsejaban la sumisión del inculpado a la autoridad judicial mediante la adopción de una medida asegurativa, con fianza o sin fianza, y en su caso las oportunas comparecencias apud acta".
Partiendo de esta base, es decir, de ver si concurren o no presupuestos que legitimen la adopción de la medida cautelar de prisión provisional después, el juzgador deberá atender a la concurrencia de aquellos presupuestos que la ley señala y que son:
1- Comisión de un hecho delictivo, pues el artículo 529 LECrim establece: "Cuando el procesado lo fuere por delito", con lo cual los Juicios de Faltas quedan excluidos de esta tutela cautelar.
2- Gravedad de la pena, el artículo 529 exige que la pena señalada fuere de prisión menor o inferior.
3- Antecedentes del imputado y circunstancias del hecho (requisitos establecidos por el mismo artículo 529 por remisión negativa al artículo 492.3, ambos de la LECrim.
4- La Ley Orgánica 10/1984 de 26 de Diciembre introdujo un nuevo criterio a tener en cuenta: la alarma social generada. 5- Motivos bastantes para creer responsable criminalmente a la persona a la que se somete a la libertad provisional. Este punto sería reconducible al presupuesto del "fumus boni iuris" que opera como presupuesto en el proceso civil y que la jurisprudencia y la doctrina han extrapolado al proceso penal en los términos que ahora pasaremos a analizar. Se hace necesario subrayar en este punto, que así como en el proceso civil el fumus boni uris viene necesitado de un indicio de prueba, preferiblemente documental que lo acredite,; en el proceso penal, la procedencia de su acuerdo se sustenta en el Auto de procesamiento, que según el artículo 384 LECrim: "Desde que resultare del sumario algún indicio racional de criminalidad contra determinada persona, se dictará auto declarándola procesada y mandando que se entiendan con ella las diligencias en la forma y del modo dispuesto en este título y en los demás de esta Ley".
6- También es exigencia constitucional la concurrencia del "periculum in mora", que vendría a integrarse con la consecución de los fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, entre los que se destaca, por lo que aquí interesa, el de conjurar el riesgo de sustracción a la justicia, esto es el riesgo de fuga.
En coherencia con la esta configuración legislativa de los presupuestos que deben concurrir para la adopción de la medida cautelar de libertad provisional, encontramos el Auto de la Audiencia Provincial de León de 9 de junio de 1999, en cuyo fundamento de derecho cuarto dispone: "Examinando el recurso y ponderados todos los elementos y circunstancias que concurren en el caso la Sala no puede ratificar la medida adoptada por el Juez de Instrucción en orden a mantener la situación de prisión provisional al imputado, y ello en base a las siguientes consideraciones; en el caso que nos ocupa no existe riesgo de fuga del imputado, que está perfectamente integrado en el núcleo en el que vive y tiene, según los testimonios aportados un alto apoyo familiar y social, además tiene una pequeña explotación ganadera que constituye su sustento (arraigo profesional) sin que conste o aparezca como probable que pueda huir al extranjero; lo que induce a esta Sala al convencimiento de que no se sustraerá a la acción de la justicia, es decir está asegurada la celebración del juicio y en su caso el cumplimiento de la pena. No tiene el acusado antecedentes penales, estando, según nos indica la defensa y el Ministerio Fiscal prácticamente concluida la instrucción, lo que comporta que no sea necesario el aseguramiento de la instrucción respecto a la consecución o destrucción de pruebas.
Respecto a las circunstancias del delito cometido y cuya concurrencia exige la libertad provisional con fianza, la alarma social es un concepto indeterminado, que se suele identificar con supuestos que atenten contra la seguridad ciudadana; en este caso, es posible que existiera una alarma social inicial, que justificase se acordara la medida de prisión en un primer momento; sin embargo dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos, es fin legítimo perseguido con tal medida la preservación del orden público, tan sólo puede considerarse como suficiente y pertinente cuando la puesta en libertad supusiera una alteración o perturbación del orden público, …”.
Sin embargo, y a pesar de que al amparo del artículo 529 y 492.3 de la LECrim, así como de la LO 10/1984 de 26 de Diciembre esta es la configuración legislativa de los presupuestos que deben concurrir para la adopción de la medida cautelar de libertad provisional se puede observar que no toda la jurisprudencia es unánime en lo que respecta al tratamiento de los citados presupuestos. Ya que es jurisprudencia reiterada la remisión a los presupuestos del fumus boni iuris y el periculum in mora, propios del proceso civil. Y así lo reconoce la Sentencia de 15 de Abril de 2002 de la Audiencia Provincial de Toledo, en cuyo fundamento de derecho primero establece: "En consonancia con estos caracteres, la jurisprudencia constitucional ha reconocido la obligada concurrencia de dos presupuestos o requisitos esenciales, por lo demás comunes a cualquier otra medida cautelar, pero cuya presencia ha de ser examinada sin perder de vista aquellos caracteres y fines que singularizan esta medida gravemente limitativa de la libertad personal: el "fumus boni iuris" que descansa en la existencia de razonables sospechas o, dicho de otro modo, racionales indicios o motivos bastantes (art. 503 LECrim)de la comisión de un delito de cierta entidad por el destinatario de la medida; y el "periculum in mora", que se integra con la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, como son el de conjurar el riesgo de sustracción a la acción de la Justicia o de obstrucción de la instrucción penal (Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 28 de Marzo de 1990, 12 de Diciembre de 1991 y 26 de Enero de 1993; y Sentencias del Tribunal Constitucional de 3 de Marzo de 1993, de 26 de Julio de 1995, 15 de Abril de 1996 y 20 de Mayo de 1997, entre otras).
En el mismo sentido, cabe citar el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 21 de enero de 1997, que en su fundamento de derecho segundo expone:
"En relación a la prisión provisional como medida cautelar restrictiva de un derecho fundamental para su adopción han de concurrir dos presupuestos fundamentales:
1. «el fumus boni iuris».
2. «periculum in mora».
El «fumus boni iuris» consiste en un juicio de imputación o de fundada sospecha de la participación del imputado en el hecho punible, desde un punto de vista formal, y desde un punto de vista material, no es suficiente la imputación de cualquier delito, sino de un delito castigado con pena privativa superior a prisión menor/equivalente, en la actualidad, a tres años de prisión, según la disposición transitoria 11.1, c) del NCP (RCL 1995\3170 y RCL 1996\777). Es decir, la existencia de indicios racionales de una imputación de especial gravedad.
Este criterio ha de ser conjugado con el del «periculum in mora». El peligro de fuga ha sido señalado tanto por la jurisprudencia del TEDH como del TC como el criterio fundamental para justificar la adopción de tal medida, sin la fundada sospecha de peligro de fuga del imputado no puede acordarse la prisión provisional.
En el caso concreto, efectivamente concurren requisitos de la comisión de un delito por el acusado, lo que de ningún modo «per se» pudiera dar lugar a la adopción de la medida cautelar de prisión provisional de no apreciarse la existencia del segundo de los requisitos antes señalados al que la jurisprudencia ha dotado de una especial relevancia, peligro de fuga, que no puede evidenciarse en el caso concreto y que implicará que se estime el recurso de apelación y se acuerde la libertad del acusado".
La Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de Julio de 1996 también parte del reconocimiento de dos presupuestos básicos de toda medida cautelar, esto es el fumus boni iuris y el periculum in mora, pero su mayor interés radica en el tratamiento de un nuevo elemento, cuyo alcance es equiparable al de los presupuestos de las medidas cautelares, y que por tanto debe ser tenido en cuenta por el Juzgador a la hora de decantarse por una u otra medida cautelar, o por ninguna. Este elemento a tener en cuenta es el del momento procesal o tiempo transcurrido desde el inicio el procedimiento. Establece la Sentencia que: "dos presupuestos que tradicionalmente deben concurrir en la adopción de cualquier tipo de medida cautelar, esto es, la existencia del fumus boni iuris y del periculum in mora, presupuestos éstos cuya concurrencia debe ser examinada sin perder de vista que la adopción de esta singular medida cautelar supone una limitación particularmente gravosa del derecho fundamental a la libertad personal (STC 71/1994, fundamento jurídico 7.), y que esta esencial circunstancia impone unos requisitos añadidos que determinan que tal medida sea concebida como «una medida de aplicación excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de fines constitucionalmente legítimos» (STC 128/1995,fundamento jurídico 3.).
Por otra parte, debe tenerse muy en cuenta, que de conformidad con la doctrina del T.E.D.H.[12] y de este Tribunal (STC 128/1995), que, la intensidad del juicio de ponderación, entre estos requisitos de la prisión provisional, de un lado, y el derecho a la libertad del imputado, de otro, que ha de efectuar el Juez de Instrucción es diferente según el momento procesal en que deba disponer o ratificar la prisión provisional, ya que la ponderación de los elementos determinantes de la constatación del riesgo de fuga «puede operar de forma distinta en el momento inicial de la adopción de la medida, que cuando se trata de decidir el mantenimiento de la misma al cabo de unos meses>> (STC 128/1995,fundamento jurídico 4., último párrafo. Así, en aquella Sentencia se distinguían con nitidez dos momentos procesales distintos, determinantes del juicio de ponderación: el momento inicial de la instrucción y el de una instrucción ya avanzada. En relación con el inicio de la instrucción, afirmaba dicha Sentencia que «la necesidad de preservar los fines constitucionalmente legítimos de la prisión provisional -por ejemplo, evitar la desaparición de pruebas-, así como los datos de los que en ese instante cuenta el instructor, pueden justificar que el decreto de la prisión se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena» (párrafo último del fundamento jurídico 4. de la STC 128/1995); no obstante, el transcurso del tiempo modifica estas circunstancias y ello determina que en los momentos ya no iniciales de la instrucción deban ponderarse también otros datos relevantes. Así, en estas actuaciones posteriores al inicio de la investigación judicial, y en la medida que la instrucción avanza, «al constatar la existencia de este peligro (de fuga), debería, en todo caso, tomarse en consideración,
además de las características y gravedad de la pena con que se le amenaza, las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado...(ya que ese dato objetivo inicial y fundamental (de la gravedad del delito y de la pena), no puede operar como único criterio -de aplicación objetiva y puramente mecánica- a tener en cuenta al ponderar el peligro de fuga, sino que debe ponerse en relación con otros datos relativos tanto a las características personales del inculpado -como el arraigo familiar, profesional y social, las conexiones en otros países, los medios económicos de los que dispone, etc.-, como las que concurren en el caso enjuiciado» (STC 128/1995, fundamento jurídico 4., penúltimo párrafo). Abundando en esta idea de valoración de las concretas circunstancias del caso que debían ser examinadas en la estimación del eventual peligro de fuga cuando la prisión provisional se acuerda o subsiste en una instrucción ya avanzada, en aquella Sentencia se añadía la del tiempo
transcurrido en situación de prisión preventiva (pues a mayor tiempo sucedido en esta situación, menor será el peligro de fuga en la medida en que habrán disminuido también las consecuencias punitivas que pueda sufrir el preso), si bien este último extremo carece de relevancia en el caso que nos ocupa, pues la demandante recurre una inicial decisión de prisión provisional y no, como ocurría en el caso resuelto por la STC 128/1995, una decisión de mantenimiento de dicha situación.
6. En el presente recurso de amparo la recurrente no dirige reproche alguno (fuera naturalmente de las alegaciones sobre la supuesta infracción de la presunción de inocencia que, como se ha dicho, por estar pendientes de decisión en el Tribunal Supremo, este Tribunal no puede entrar a conocer) contra el fumus boni iuris o juicio de imputación, ya que es consciente de que medida cautelar ha sido dictada con simultaneidad a su condena a una pena de prisión grave, de nueve años, por la comisión de un delito igualmente grave, cual es el tráfico de estupefacientes en una modalidad típica cualificada. El reproche se dirige hacia la incorrecta apreciación, por la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, del fin constitucionalmente legítimo, perseguido con la adopción de la medida, que, según se cita expresamente en las resoluciones impugnadas, no es otro que el de conjurar el peligro de huida de la recurrente en amparo, ante la gravedad de la pena impuesta.
A este respecto aduce la demandante como elemento nuclear de su pretensión de amparo que las resoluciones recurridas han infringido la doctrina sustentada en nuestra STC 128/1995 al no haber tomado en consideración las circunstancias personales de la recurrente, tales como el haber cumplido a lo largo de todo el proceso penal con todas las contracautelas inherentes a la libertad provisional (fianza y comparecencia apud acta), el poseer arraigo personal y familiar en la isla, derivado, entre otras circunstancias, de su condición de madre de tres hijos o de la posesión de domicilio conocido en Mallorca".
Una vez comprobada la concurrencia de estos presupuestos iniciales, el órgano jurisdiccional deberá comprobar si además existen otras circunstancias, circunscritas al caso concreto que aconsejen o desaconsejen la adopción de la medida. Es más, de la doctrina jurisprudencial que pasamos a exponer que las circunstancias del caso concreto pueden llegar a determinar la aplicación o inaplicación de la medida sin quedar el Juez vinculado por lo que hemos tenido a bien en calificar como, presupuestos iniciales.
En este punto, es de la máxima ilustración lo dispuesto en el Auto de 8 de Marzo de 2001 de la Audiencia Provincial de Burgos, en cuyo Fundamento de Derecho segundo se expone claramente su alcance, al disponer: "En el presente caso concurren los presupuestos establecidos en el artículo 503 de la LECrim para decretar la prisión provisional, como expresamente se señala por la Juez instructora (…). Sin embargo, también debe tenerse en cuenta que de lo actuado se deduce: a)la negación de la autoría que de forma continuada realiza M.C.P.A. b)la actitud cooperadora que durante la Instrucción de la causa ha mantenido, compareciendo siempre que ha sido llamada en la Instrucción y accediendo a someterse a la prueba de la parafina indicada, así como a la extracción de cabello para análisis comparativo de ADN con las muestras de colillas de cigarros y chicle encontrados en el lugar de los hechos (cuyo resultado no consta todavía aportado a las actuaciones), c)un indicio consistente en el resultado de la prueba de parafina realizado sobre la persona de ésta, resultado que es impugnado por su defensa, d) carencia de antecedentes penales previos en la imputada y e) arraigo de la misma en la ciudad de Burgos, con domicilio y trabajo conocido, circunstancias que inducen a esta Sala a considerar inexistente el peligro de fuga durante la instrucción del procedimiento.
No obstante deberán establecer las medidas adecuadas para asegurar la efectiva comparecencia de la imputada ante el Juzgado Instructor cuantas veces fuere llamada para ello y en su momento ante el Tribunal del Jurado para la celebración del correspondiente Juicio Oral, por ello la fianza carcelaria debe ser adecuada a esta finalidad y proporcionada a la gravedad del delito existente, pena con la que se encuentra castigado y posibilidades económicas de M.C.P.A., considerando esta Sala como ajustada a derecho la de DIEZ MILLONES DE PESETAS en cualquiera de las modalidades admitidas en derecho.
La prestación de la fianza citada deberá de venir acompañada de la obligación de comparecer semanalmente ante el Juzgado Instructor y, en su caso, ante esta Sala una vez conclusa la tramitación de la fase instructora, así como la prohibición de salida del territorio nacional, debiendo darse las órdenes policiales oportunas, y la obligación de comunicar al Juzgado Instructor cualquier desplazamiento dentro de España y cambio de domicilio, aún cuando sea temporalmente.
ESTIMAR EL RECURSO DE QUEJA interpuesto por la representación de M.C.P.A. contra el auto de fecha 4 de Enero de 2000 por el que desestimaba el recurso de reforma interpuesto contra el auto de prisión provisional sin fianza de fecha 20 de Diciembre de 2000, y reformar el referido auto en el sentido de sustituir la situación personal de prisión provisional sin fianza por la de PRISIÓN PROVISIONAL ELUDIBLE CON LA PRETSACIÓN DE FIANZA CARCELARIA DE DIEZ MILLONES DE PESETAS (10.000.000.- ptas.) EN CUALQUIERA DE LAS MODALIDADES ADMITIDAS EN DERECHO, CON OBLIGACIÓN DE COMPARECER, EN SU CASO, UNA VEZ A LA SEMANA ANTE EL ÓRGANO QUE TRAMITE EL PROCEDIMIENTO, PROHIBICIÓN DE ABANDONAR EL TERRITORIO NACIONAL Y OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL ÓRGANO JUDICIAL CUALQUIER DESPLAZAMIENTO DENTRO DE ESPAÑA Y CAMBIO DE DOMICILIO AÚN CUANDO LO FUESE CON CARÁCTER TEMPORAL".
En el Auto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 4 de julio de dos mil, se dedica especial atención a la enumeración y tratamiento de los presupuestos que deben concurrir para la adopción de la medida cautelar de libertad provisional. El auto resuelve un recurso de súplica por el cual se combate la desestimación de la libertad provisional solicitada respecto de la inculpada. Las alegaciones consistían en que la Sala basaba el riesgo de fuga en la nacionalidad colombiana o en tener vinculaciones con súbditos colombianos, amén de que la gravedad de la pena no era suficiente, para fundamentar el mantenimiento de una medida tan grave. La Sala, tal y como se desprende de sus fundamentos de derecho segundo y tercero, resolvió en el siguiente sentido: "En el presente supuesto nos encontramos con un evidente riesgo de fuga y debe recordarse asimismo que el Tribunal Constitucional ha puesto especial acento en la necesidad de distinguir nítidamente dos momentos procesales diversos a la hora de hacer el juicio de ponderación sobre la presencia de los elementos determinantes de la constatación del riesgo de fuga: el momento inicial de adopción de la medida y aquel otro en que se trata de decidir el mantenimiento de la misma ya avanzada la investigación. Citando la doctrina del TEDH (S. 27 junio 1968 –Asunto Neumeister c. Austria– S. 10 noviembre 1969 –Asunto Matznetter– S. 27 agosto 1992 –Asunto Tomasi c. Francia– y 26 enero 1993 –Asunto W. c. Suiza.–), el Tribunal Constitucional ha reiterado que si en un primer momento cabría admitir que para preservar los fines constitucionales legítimos de la prisión provisional su adopción inicial se lleve a cabo atendiendo solamente al tipo de delito y a la gravedad de la pena, el transcurso del tiempo modifica estas circunstancias y por ello en la decisión de mantenimiento de la medida deben ponderarse inexcusablemente los datos personales del preso preventivo así como los del caso concreto (SSTC 128/1995, 62/1996, 66/1997 [RTC 1997\66] y 156/1997).
Especialmente importante es la enumeración de elementos para la valoración del riesgo de huida que realiza la sentencia de 27 de junio de 1968 (caso Neumeister). Tras declarar que la apreciación de este criterio no puede basarse exclusivamente en el temor a la gravedad de una eventual condena, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que «hay otras circunstancias, referentes especialmente al carácter del interesado a su moralidad, a su domicilio, profesión, recursos, lazos familiares y de cualquier naturaleza con el país en que está procesado, que pueden confirmar el peligro de fuga o bien que no se justifica la detención provisional» (F. 10).
a) El grado detención de oposición del imputado a la detención (caso Stogmuller). b) La falta de arraigo, vínculos o integración social en el país en que se está en situación de prisión provisional (casos Stogmuller, B contra Austria, y Vand der Tang contra España). c) Las circunstancias de la detención (caso Matznetter). d) Los viajes al extranjero y los contactos con éste (casos Matznetter y B contra Austria).
Aplicando la jurisprudencia anterior, en el presente caso, y como señala el auto recurrido, de las diligencias de investigación practicadas resultan indicio bastante de la participación de Claudia Patricia C. S. en unos hechos que tienen señalada una previsible pena a imponer elevada; suponiendo ello un estímulo importante para sustraerse a la acción de la justicia.
Además, el arraigo a que alude la procesada no son sino meras alegaciones sin acreditación alguna, que en nada sirven para estimar un apreciable riesgo de sustracción a la acción de la justicia, puesto que la imputada ha estado requisitoriada en la presente causa, lo cual relacionado con los indicios de su participación en un presunta red de tráfico de drogas en conexión con personas de diversa nacionalidad, lo que le permitiría, en su caso, una mayor facilidad de huida, nos llevan a la conclusión de que el riesgo de fuga es evidente. Todo ello hace que proceda mantenerse la medida de prisión provisional acordada por el auto recurrido".
De lo expuesto podemos concluir que para la adopción de toda medida cautelar se hace necesaria la existencia de "fumus boni iuris" y "periculum in mora”, que de otro lado, el momento procesal en que nos encontremos también influirá de manera determinante en la imposición de una u otra medida, y finalmente las circunstancias del caso concreto, o mejor dicho, las circunstancias del imputado, van a configurarse como imprescindibles, por cuanto que aunque de los restantes presupuestos podamos concluir la idoneidad de la prisión preventiva como medida a aplicar, estas circunstancias pueden justificar la procedencia de la libertad provisional sin motivar ningún género de reproche legalista, pues es doctrina sentada por el Tribunal Constitucional apoyada en los principios básicos que informan la adopción de esta medida cautelar.
EN APOYO A NUESTRA PETICION, SE ADJUNTA AL PRESENTE ESCRITO, 4.246 FIRMAS, SALVO ERROR U OMISION. Por lo expuesto es procedente y,
SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por presentado este escrito, se digne admitirlo, ordene su unión a los autos de su razón, tenga por hechas las anteriores manifestaciones, lo admita, y de contrario imperio acuerde, en el sentido de decretar la libertad y la excarcelación de mi defendido DON IVAN RAMIREZ AGUILAR, CON O SIN FIANZA, y en el caso acordarse ésta que sea adecuada a los escasos medios económicos que en el concurre, con la obligación apud acta de comparecer ante el Juzgado cuando así lo determine, y por las veces que considere necesarias, y si estas no se considerasen lo suficientemente garantizadas, adopte la retirada del pasaporte, o presentación con la periodicidad que determine VSI, en la Comisaría de Policía, u otras dependencias de Fuerzas o Cuerpos de la Seguridad del Estado, de su respectiva residencia. Por ser de Justicia que respetuosamente pido en Telde a 21 de febrero de dos mil trece. Ldo.: JOSE ALVAREZ DOMÍNGUEZ
Col. 1.094
[1] La integración del CEDH, a nivel interno, lo es a partir de su publicación oficial e impuesta por el art. 96.1 de la CE. El mandato constitucional asimismo y con referencia, al art. 10.2 de la CE, deviene la necesidad de interpretar los derechos y libertades conforme a los Tratados Internacionales ratificados por España.
Asimismo, el art. 46 del CEDH, establece que cada Estado puede declarar como obligatoria y de pleno Derecho, la jurisdicción del Tribunal, para todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del Convenio de Roma. [2] Por la L.O. 13/2003
[3] (SSTC 128/95, 66/97, 47/2000)
[4] El articulo 503.
[5] Caso Tomasi. Caso W. contra Suiza. Caso Bouamar c.Belgica. Caso Weeks C. Reino Unido. Caso Engel c. Holanda. Caso Ciulla c. Italia. Caso Witold Litwa c. Polonia. Caso Wemhoff c. Alemania. Caso Letellier c. Francia. Caso Imre c. Hungría. Caso Stögmuller c. Austria. Caso I.A. c. Francia. Caso Wilde, Ooms y Versyp c. Bélgica. Caso D.N. c. Suiza. Caso Ciulla c. Italia. Caso N.C. c. Italia.
[6] Art.1 párrafo 1º de la C.E. “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico, la libertad, como la justifica como la igualdad y el pluralismo político”
[7] Siguiendo la doctrina del TEDH en sentencias de 26 de Junio de 1991, caso Seteller, 27 de Agosto de 1992, caso Tomasi, y 26 de Enero de 1933, caso W. contra Suiza.
[8] En la página 12 de su decisión afirma: “50.- La Comisión recuerda que, si bien la existencia y persistencia de indicios graves de culpabilidad respecto a un inculpado, constituyen sin duda elementos pertinentes, no legitiman ellos solos el mantenimiento en prisión. En efecto, hasta su condena un acusado se presume inocente, y la finalidad o el objeto del artículo 5.03 es imponer la puesta en Libertad Provisional en el momento en que el mantenimiento de la prisión deja de ser razonado (TEDH, caso Nenmister, 27 de junio de 1968). A estos efectos, pertenece a la autoridad Judicial vigilar, sobre todo, que no se debilite tal presunción, prolongado la prisión de forma que aparezca como una pena anticipada, mas que como una necesidad dictada por la preocupación de garantizar a la vez el normal desarrollo de la instrucción y la competencia del acusado ante los jueces”.
“51.- La Comisión recuerda igualmente que si la persistencia de razones plausibles para sospechar de la persona en prisión de haber cometido un delito, es una condición sine qua non de la regularidad del mantenimiento en prisión, pasado un cierto tiempo ya no es suficiente”.
[9] Así, sentencias T.C. 66/07, 67/97, 47/2000.
[10] "LA PRISIÓN PROVISIONAL SÓLO DURARÁ LO QUE SUBSISTAN LOS MOTIVOS QUE LA HAYAN OCASIONADO. EL DETENIDO O PRESO SERÁ PUESTO EN LIBERTAD EN CUALQUIER ESTADO DE LA CAUSA EN QUE RESULTE SU INOCENCIA".
[11] "LOS AUTOS DE PRISIÓN Y LIBERTAD PROVISIONALES Y DE FIANZA SERÁN REFORMABLES DURANTE TODO EL CURSO DE LA CAUSA. EN SU CONSECUENCIA, EL IMPUTADO PODRÁ SER PRESO Y PUESTO EN LIBERTAD CUANTAS VECES SEA PROCEDENTE, Y LA FIANZA PODRÁ SER MODIFICADA EN LO QUE RESULTE NECESARIO PARA ASEGURAR LAS CONSECUENCIAS DEL JUICIO".
[12] (Sentencia de 27 de junio de 1968 –Asunto Neumeister c. Austria 4, de 10 de noviembre de 1969 -Asunto Matznetter-, de 27 de agosto de 1992 –Asunto Tomasi c. Francia 4 y de 26 de enero de 1993 -Asunto W. c. Suiza-)

References: resolución 
 resolución 
 artículo 5
 artículo 36
 resolución 
 artículo 503
e contrario
 resolución 
 artículo 529
 ARTÍCULO 19
 artículo 17
 ARTÍCULO 528
 ARTÍCULO 17
 ARTÍCULO 528
 ARTÍCULO 17
 resolución 
 ARTÍCULO 528
 ARTÍCULO 539
 resolución 
 artículo 17
 artículo 504
 resolución 
 artículo 1
 artículo 17
 artículo 24
 resolución 
 artículo 9
in dubio
 artículo 528
 artículo 529
 artículo 529
 artículo 529
 artículo 529
 artículo 492
 artículo 384
 artículo 529
 artículo 503
e contrario
 artículo 5