Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2012-0086&language=ES
Timestamp: 2013-12-12 16:59:48+00:00

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INFORME sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos - A7-0086/2012
Procedimiento : 2011/2185(INI)Ciclo de vida en sesiónCiclo relativo al documento :
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30 de marzo de 2012PE 478.549v04-00 A7-0086/2012
sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos
– Visto el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto de 2010 (11501/2/11), publicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior el 26 de septiembre de 2011,
– Vistas las Conclusiones del Consejo, de 21 de febrero de 2011, sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia basadas en la libertad de religión o creencia, adoptadas en la sesión nº 3069 del Consejo de Relaciones Exteriores, celebrada en Bruselas el 21 de febrero de 2011,
– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula relativa a los derechos humanos y a la democracia en los acuerdos de la Unión Europea(1),
– Vista su resolución de 25 de febrero de 2010 sobre el 13º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (celebrado en Ginebra del 1 al 26 de marzo de 2010)(2),
– Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2010, sobre la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que se celebrará en Kampala, Uganda(3), las resoluciones y declaraciones aprobadas en la Conferencia de Revisión en Kampala, Uganda, que tuvo lugar del 31 de mayo al 11 de junio de 2011, y los compromisos asumidos por la UE,
– Vista su resolución de 17 de noviembre de 2011 sobre el apoyo de la UE a la Corte Penal Internacional: hacer frente a los retos y superar las dificultades(4),
– Vista la Decisión 2011/168/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la Corte Penal Internacional(5) y por la que se deroga la Posición Común 2003/444/PESC, y el plan de acción revisado,
– Vistas la Declaración de las Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, las actividades de los Representantes Especiales del Secretario General de las Naciones Unidas en relación con la situación de los defensores de los derechos humanos, las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos y su Resolución sobre las políticas de la Unión Europea en favor de los defensores de los derechos humanos, aprobada el 17 de junio de 2010(6),
– Vista su Resolución, de 5 de abril de 2011, sobre las prioridades y líneas generales del nuevo marco político de la UE para combatir la violencia contra las mujeres(7),
– Vista su resolución de 25 de noviembre de 2010 sobre la responsabilidad social de las empresas en los acuerdos de comercio internacional(8),
– Vista su Resolución, de 8 de junio de 2011, sobre la dimensión exterior de la política social, la promoción de las normas laborales y sociales y la responsabilidad social de las empresas europeas(9),
– Vista su resolución de 7 de julio de 2011 sobre las políticas exteriores de la UE en favor de la democratización(10),
– Vista su Resolución de 27 de octubre de 2011 sobre el Tíbet, en particular la inmolación de monjas y monjes(11),
– Vista su resolución de 5 de mayo de 2010 sobre los poderes de delegación legislativa(12),
– Vista la Declaración del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el uso de actos delegados en el futuro marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, adjunta a su resolución de 1 de diciembre de 2011 de 1 de diciembre de 2011, sobre el texto conjunto, aprobado por el Comité de Conciliación, del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) nº 1934/2006 del Consejo, por el que se establece un instrumento de financiación de la cooperación con los países y territorios industrializados y otros países y territorios de renta alta(13),
– Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la aplicación del Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes(14),
– Vista su Resolución, de 7 de octubre de 2010, sobre el Día Mundial contra la Pena de Muerte(15),
– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2010, sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2009) y la política de la Unión Europea al respecto(16),
– Vista la Resolución 17/13 sobre «La extrema pobreza y los derechos humanos», aprobada por el Consejo de Derechos Humanos el 14 de junio de 2011, junto con otras resoluciones pertinentes del Consejo de Derechos Humanos, – Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 13 de octubre de 2011, titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio» (COM(2011)0637),
– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas y procedimientos de ejecución comunes de los instrumentos de la Unión para la acción exterior (COM(2011)0842),
– Vista su Resolución, de 14 de diciembre de 2011, sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad(17),
– Vista la Comunicación de la Comisión Europea intitulada «Estrategia renovada de la UE para 2011-2014 sobre la responsabilidad social de las empresas» (COM(2011)0681) y el «Estudio sobre el marco legal en materia de derechos humanos y medio ambiente aplicable a las empresas europeas que operan fuera de la Unión Europea», realizado por la Universidad de Edimburgo en octubre de 2010,
– Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2010, sobre los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales internacionales(18),
– Vista su Recomendación destinada al Consejo, de 2 de febrero de 2012, sobre la aplicación de una política coherente respecto de los regímenes contra los cuales la UE aplica medidas restrictivas cuando sus líderes defienden sus intereses personales y comerciales dentro de las fronteras de la UE(19),
– Vista su Resolución, de 11 de mayo de 2011, sobre el desarrollo de la política común de seguridad y defensa tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa(20),
– Vistos todos los Convenios sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y sus protocolos facultativos(21),
– Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea(22),
J. Considerando que es necesario aprender de los fracasos pasados de la Unión Europea a la hora de reformar su acción exterior al tiempo que se consagran los derechos humanos y la democracia en el núcleo de sus políticas y de promover la transición en países con regímenes autoritarios y del apoyo de facto a esos regímenes, en particular cuando la preocupación por la estabilidad y la seguridad ha puesto en entredicho una política basada en principios para promover la democracia y los derechos humanos; considerando que estos fracasos muestran la necesidad de redefinir los instrumentos actuales de la UE al respecto y establecer nuevas herramientas, como la Dotación Europea para la Democracia —un instrumento experto, dinámico, ligeramente estructurado y, por tanto, rentable y eficaz en el proceso decisorio y de respuesta a disposición de la UE, capaz de utilizar perspectivas y conocimientos especializados sobre la situación local en los países afectados, a través de la cooperación directa con socios locales y el hermanamiento de socios europeos y locales, utilizando directamente o reasignando recursos de la UE, los Estados miembros y de otras fuentes, para apoyar la capacidad de la sociedad civil para la oposición democrática y los agentes políticos que luchan por el cambio democrático en países no democráticos y en transición, de forma recíprocamente segura y negable si fuera necesario;
3. Subraya igualmente que las políticas de la Unión deben ser fiables y ejemplares dentro de la Unión Europea, en línea coherente con los valores y principios fundamentales, a fin de maximizar la credibilidad de esta a nivel mundial y la eficacia de las políticas en materia de derechos humanos;
8. Apoya las negociaciones sobre la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos y lamenta la actitud obstruccionista de algunos Estados miembros, en particular Francia y el Reino Unido;
14. Celebra la importancia especial que se atribuye a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la Comunicación titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio(23), y subraya que la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la buena gobernanza, la paz y la seguridad son premisas necesarias y tienen una relación sinérgica y de mutuo refuerzo con el desarrollo, la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; reitera la importancia de una política de desarrollo orientada en los derechos humanos y pide a la UE que establezca objetivos específicos, cuantificables, factibles y con un plazo de cumplimiento en materia de derechos humanos y de democracia en sus programas para el desarrollo; pide a la UE que centre su ayuda al desarrollo en el fortalecimiento del desarrollo de la creación de instituciones y de la sociedad civil de los países beneficiarios, puesto que esos elementos son cruciales para la buena gobernanza, así como para asegurar la responsabilización y la apropiación de los procesos de desarrollo; pide que se refuercen las cláusulas sobre derechos humanos y condicionalidad en los programas financiados por la UE; pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que busquen nuevas vías de mejorar el engranaje entre los diálogos sobre derechos humanos con los países socios y la cooperación al desarrollo;
17. Reitera que el 70 % de las poblaciones pobres del planeta viven en zonas rurales y dependen directamente de los recursos naturales para su supervivencia y su bienestar y que los habitantes pobres de las zonas urbanas también dependen de estos recursos; pide a la UE que defienda el acceso de las poblaciones a los recursos naturales y vitales de sus países y el acceso a la tierra y a la seguridad alimentaria como un derecho fundamental; lamenta que un importante número de personas no tenga o haya dejado de tener acceso a determinados recursos básicos, como el agua; reclama atención a los derechos que figuran en el Pacto social de las Naciones Unidas, como el derecho a una alimentación adecuada, las normas sociales mínimas, el derecho a la educación, el derecho a la atención sanitaria, las condiciones de trabajo justas y favorables y el derecho a participar en la vida cultural deben recibir el mismo trato; El Informe anual de la UE de 2010 18. Resalta la importancia que tiene el Informe anual de la UE sobre los derechos humanos y la democracia para el análisis y la evaluación de la política de la UE en esta materia; lamenta que, por primera vez desde la presentación de los informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo, la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), por primera vez desde la presentación de los informes anuales sobre los derechos humanos en el mundo no hayan presentado este año el informe ante el pleno e invita firmemente a la Alta Representante a que, en el futuro, presente oportunamente dichos informes al Parlamento;
32. Recalca que para lograr un consenso sobre un mayor número de sus propuestas en el CDH, es necesario mejorar urgentemente la capacidad de toma de contacto de la UE, mediante el apoyo de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión para hacer presión en las capitales de terceros países con objeto de que apoyen las posiciones de la UE; acoge con beneplácito el enfoque a medio plazo de carácter más estratégico que ha adoptado el Consejo para preparar los períodos de sesiones del Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del Consejo; Política de la UE sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y la lucha contra la impunidad
Las políticas de la UE a favor de la democratización 37. Insiste en que los objetivos de desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad se encuentran entrelazados; reitera su convicción de que todas las acciones exteriores de la UE deben combinar una dimensión política que apoye el pluralismo, la democracia y el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho y una dimensión de desarrollo que se centre en el avance socioeconómicos de todos, incluida la erradicación de la pobreza y la lucha contra la desigualdad y las necesidades alimentarias básicas, con fundamento en el desarrollo sostenible; en este contexto, añade que los programas de ayuda al desarrollo de la UE deben incluir reformas concretas y sustanciales a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos, la transparencia, la igualdad entre los sexos y la lucha contra la corrupción en los países beneficiarios; señala asimismo que se deberían aplicar unas condiciones más estrictas y la suspensión de la ayuda en los países beneficiarios que ignoren manifiestamente los derechos humanos y libertades básicas y que no promulguen legislación que cumpla las obligaciones internacionales;
43. Pide al Consejo, la Comisión y el SEAE que elaboren una estrategia política para cada misión de observación de las elecciones de la UE, que deberá ir acompañada de una evaluación de los avances democráticos alcanzados dos años después de la misión, para su presentación durante el debate del Parlamento sobre los derechos humanos con la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión; celebra el compromiso de la Alta Representante y Vicepresidenta de prestar especial atención en la observación electoral a la participación de las mujeres y las minorías nacionales, así como de las personas con discapacidad como candidatas y votantes(24);
51. Reitera que los derechos de la mujer deben ser una parte importante de los diálogos sobre derechos humanos que mantiene la UE y del diálogo político de la UE con los terceros países con los que ha celebrado acuerdos de cooperación o asociación, de conformidad con las cláusulas sobre derechos humanos de dichos acuerdos y que debe ampliarse la participación de la mujer tanto en la mesa de negociaciones como en papeles activos en las transiciones pacíficas; pide a la Comisión y al Consejo que adopten todas las medidas necesarias en caso de violación de estas cláusulas;
52. Lamenta que, a pesar de que todas las peticiones del Parlamento y otras instituciones internacionales, Mikhail Khodorkovsky fuera condenado en su segundo juicio, politizado y motivado de forma administrativa, en Rusia, país que no cumplía con los principios de un sistema judicial justo e independiente, violando gravemente de este modo los derechos humanos;
53. Pide que todas las relaciones contractuales con terceros países, tanto industrializados como en desarrollo, e incluso los acuerdos sectoriales, comerciales y de asistencia técnica o financiera, incluyan sin excepción cláusulas vinculantes formuladas claramente sobre derechos humanos y democracia; pide a la Comisión que garantice una aplicación más estricta de estas cláusulas; reitera la necesidad de desarrollar un catálogo único de valores de referencia en materia de derechos humanos y democracia, a efectos descriptivos y de evaluación, reconocido por todas las instituciones de la UE; propone que la aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos, junto con otros convenios internacionales esenciales en este ámbito, pueda constituir un elemento viable de dichos valores de referencia de la UE en materia de derechos humanos y democracia;
54. Pide a la Comisión que no dude en utilizar el mecanismo de suspensión para los acuerdos vigentes cuando se violen repetidamente las cláusulas sobre derechos humanos;
55. Recalca que la aplicación de esta cláusula, en su versión actual, en los Acuerdos de libre comercio que deben presentarse próximamente al Parlamento, ofrece a este último la oportunidad de examinar la posibilidad de establecer valores de referencia en materia de derechos humanos antes de la ratificación, a fin de lograr avances concretos y verificables en el ámbito de los derechos humanos; pide de nuevo a la Comisión a que redacte una nueva «cláusula modelo» que remita a las obligaciones internacionales de las partes, incluido un procedimiento de consulta, que especifiquen los mecanismos políticos y legales que deben utilizarse en caso de que una solicitud de cooperación sea suspendida debido a la violación repetida o sistemática de los derechos humanos en contravención del Derecho internacional; opina que el mecanismo de aplicación de la cláusula sobre derechos humanos y democracia tal como la solicita el Parlamento es la única forma de asegurar la verdadera aplicación de dichas cláusulas y debería considerarse un mecanismo de prevención y alerta, que establezca un diálogo entre la UE y el país socio y vaya seguido de un mecanismo de supervisión; recomienda que se elabore un sistema claro de sanciones, sin perjuicio de una posible la suspensión final; insiste firmemente en que es necesario que el Parlamento participe en el proceso decisorio, junto a la Comisión y al Consejo, a este respecto;
56. Reitera la necesidad de llevar a cabo un seguimiento eficaz de la aplicación de los compromisos asumidos en relación con el respeto y la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos; pide que se utilicen estudios de impacto en los derechos humanos y la democracia, además de los ya existentes sobre desarrollo sostenible, y que las evaluaciones y conclusiones que contengan se tomen en consideración en las negociaciones y se reflejen en los acuerdos definitivos; 57. Propone el uso de indicadores y criterios objetivos en los estudios de impacto sobre los derechos humanos y su valoración;
58. Espera que figure un exhaustivo capítulo en materia de derechos humanos, junto con asuntos sociales y medioambientales, en todos los futuros Acuerdos de libre comercio y, en el contexto de las negociaciones en curso, lamenta las objeciones a este principio que han expresado algunos países socios, como India y Canadá; pide que se refuerce el capítulo sobre desarrollo sostenible mediante la inclusión de un procedimiento de quejas abierto a los interlocutores sociales y la sociedad civil, la creación de un organismo independiente para resolver los conflictos pertinentes y la posibilidad de recurrir a un mecanismo de resolución de conflictos que prevea multas y la suspensión de las ventajas comerciales en caso de infracción grave de las normas medioambientales y laborales establecidas, y que sea equivalente a los mecanismos relativos a las disposiciones de acceso al mercado; subraya que deben fortalecerse aún más los mecanismos de supervisión y aplicación del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG+); pide que los objetivos de la responsabilidad social corporativa para las empresas europeas que operan en países con un sistema institucional débil tengan un carácter vinculante;
59. Considera que la «Primavera Árabe» ha servido para demostrar que hasta ahora las políticas de la UE para apoyar eficazmente el firme deseo del pueblo de tener democracia, respeto de las libertades fundamentales, justicia, un gobierno responsable y representativo en aquellos países en que ha sido denegado no han sido adecuadas; acoge por ello con satisfacción las comunicaciones conjuntas de la Comisión y la Alta Representante tituladas «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante», que expresa entre otras cosas, la necesidad de establecer la Dotación Europea para la Democracia, y «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo meridional», así como el enfoque adoptado, basado en compromisos compartidos y responsabilidad mutua en cuanto a los valores universales de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho, condiciones más estrictas basadas en incentivos, diferenciación de las políticas, el avance de la cooperación multilateral y subregional y el principio de una mayor participación de la sociedad civil; que la «Primavera Árabe» se convertiría en una paradoja si evolucionase en una dirección que niegue los derechos humanos fundamentales de las mujeres, los defensores de esos mismos derechos, las minorías religiosas y otros grupos sociales de los países en que se está produciendo dicha «Primavera»;
60. Considera que desde que comenzó la «Primavera Árabe», las ONG y los ciudadanos organizados en el país desempeñan un papel fundamental a la hora de movilizar a la población y de fomentar su participación en la vida pública, con la de informar a la población acerca de sus derechos y permitiéndoles comprender y aceptar la democracia; recalca que las prioridades del programa político para las futuras reformas deberá surgir de consultas participativas con las ONG y los defensores de los derechos civiles en el país; destaca la necesidad de apoyar también a los movimientos democráticos de los países vecinos del Este; celebra el nuevo enfoque de la PEV destinado a prestar un mayor apoyo a los socios que se dedican a construir una democracia profunda y sostenible, a apoyar el desarrollo económico integrador y a fortalecer las dos dimensiones regionales de la PEV;
61. Apoya un enfoque «más por más» basado en los resultados en consonancia con la nueva visión de la PEV; insiste en que la diferenciación debe basarse en criterios claramente definidos y valores de referencia que sean objeto de un seguimiento periódico, y propone que los valores de referencia establecidos en las Comunicaciones se consideren objetivos que deben complementarse con valores de referencia más concretos, cuantificables, viables y con un plazo establecido; pide al SEAE y a la Comisión que presenten una metodología clara y adecuada para evaluar el historial de los países de la PEV en materia de respeto y promoción de la democracia y los derechos humanos, que presenten informes periódicos a fin de sentar las bases para la asignación de fondos con arreglo al enfoque «más por más», y que incluyan estas evaluaciones en los informes anuales de situación; recalca que los fondos que no se pueden asignar ni transferir debido a una evaluación negativa se deberían redistribuir entre otros proyectos llevados a cabo en países socios de la vecindad europea, tanto del Este como del Sur;
62. Hace hincapié en la importancia crucial de que la sociedad civil participe y contribuya activamente a los procesos de gobernanza y transformación social, reconociendo la necesidad de incluir a representantes de los grupos de mujeres y minorías en dichos procesos, apoya firmemente un mayor compromiso con la sociedad civil en estos procesos, en términos de una difusión cada vez mayor y de una insistencia más firme a la hora de incluir las opiniones de la sociedad civil en la elaboración de políticas; celebra, en este sentido, todos los programas de la UE dirigidos a la formación de profesionales jóvenes y a la simplificación de programas de intercambio de estudiantes para nacionales de terceros países, ya que estos contribuyen de manera real al desarrollo de la sociedad civil; subraya la necesidad de una ayuda estructural y financiera independiente para la sociedad civil; considera que, en lo que respecta al proceso del EPU en el seno del CDHNU, los agentes locales e internacionales de la sociedad civil deberían participar en los informes de seguimiento de la PEV de la Comisión presentando por separado su propia evaluación para añadirla a estos informes; celebra los pasos dados hacia la creación del Mecanismo de la Sociedad Civil y la Dotación Europea para la Democracia, y pide que se les asigne una financiación sustancial en el próximo marco financiero plurianual; insiste en que, en el futuro, se debe entablar un diálogo con la sociedad civil a fin de que contribuya directamente a través de un «mecanismo institucionalizado de seguimiento de la sociedad civil»;
63. Manifiesta su profunda inquietud por el hecho de que cuatro países miembros de la Política de Vecindad Europea no hayan firmado el Protocolo opcional de la Convención contra la Tortura, que once países no lo hayan ratificado y que otros catorce no hayan notificado las medidas nacionales preventivas que contempla dicho Protocolo; pide a la UE que adopte medidas urgentes para subsanar esta situación; 64. Cree que la promoción y el apoyo de la no violencia refleja un valor internacional que debería constituir una prioridad para las políticas de la UE en materia de derechos humanos y democracia, especialmente considerando que la metodología no violenta da resultados efectivos y adecuados en términos de prevención de los conflictos y apoyo a la democracia, al Estado de Derecho y a la sociedad civil en todo el mundo; propone conceder a la no violencia un papel de relevancia y peso político en las políticas interiores y exteriores de la Unión Europea, prestando apoyo a aquellas iniciativas que puedan sostener y desarrollar el activismo no violento y pacífico en todo el mundo con la distribución de ayuda práctica en apoyo de los activistas no violentos y los defensores de los derechos humanos;
65. Señala que si bien la UE ha hecho firmes declaraciones políticas a favor de los derechos humanos, posteriormente se ha observado una dilución en el ciclo de programación, en el que los compromisos en esta materia desaparecen de los instrumentos concretos y las asignaciones sectoriales para los países; observa que, desgraciadamente, los derechos humanos y la democracia en ocasiones se han limitado al IEDDH en detrimento de su integración en todos los instrumentos;
66. Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión titulada «Programa para el Cambio» y el énfasis que hace esta en la interdependencia de los objetivos de desarrollo, democracia, derechos humanos, buena gobernanza y seguridad; celebra el mayor interés que se presta a los compromisos de los países socios en relación con los diversos instrumentos y modalidades a nivel nacional; al mismo tiempo, recalca la necesidad de eliminar el doble rasero actual y evitar que se aplique en el futuro; acoge con satisfacción que esta política se haya traducido en la Comunicación de la Comisión titulada «Perspectiva futura del apoyo presupuestario de la UE a terceros países», en la que se señala que solamente se prestará apoyo presupuestario general cuando los países socios se comprometan a cumplir las normas internacionales en materia de derechos humanos y democracia; pide a la Comisión y al SEAE que traduzcan este marco político en actividades concretas, operativas, cuantificables y con plazos establecidos, que lo integren en las distintas esferas de cooperación y lo acompañen con el refuerzo necesario de los marcos institucionales y las capacidades administrativas;
67. Recomienda vivamente que en los futuros instrumentos de desarrollo se preste una atención especial a los programas temáticos, puesto que estos abordan en especial las cuestiones relativas a los derechos humanos a fin de promover puentes que se refuercen mutuamente entre el desarrollo y los derechos humanos;
68. Señala que, a fin de maximizar la coherencia y la eficacia, se requiere un enfoque estratégico para combinar los diferentes instrumentos geográficos y temáticos destinados a proteger y promover los derechos humanos, basado en un sólido análisis del contexto local que elimine el doble rasero actual y evite que se aplique en el futuro; celebra a este respecto el compromiso asumido en la Comunicación conjunta de 12 de diciembre de 2011 titulada «Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE - hacia un enfoque más eficaz» de tener en cuenta las estrategias nacionales de derechos humanos en los ciclos de programación y ejecución de la asistencia de la UE, e invita a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión a elaborar un método más detallado para aplicar este compromiso;
69. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión relativas a los instrumentos de acción exterior a partir de 2014, en particular la especial atención prestada a la necesidad de simplificar y flexibilizar los procesos decisorios que permitirán adoptar con mayor rapidez los programas anuales de acción y, por ende, la concesión de asistencia; valora las amplias consultas que tienen lugar dentro de la sociedad civil y confía en que los documentos finales reflejen las preocupaciones formuladas por todas las partes interesadas;
70. Celebra la aclaración de los objetivos del IEDDH y la actualización del ámbito de aplicación de éste, que refleja una mayor atención a los derechos económicos, sociales y culturales, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión o creencias y al apoyo a la democracia; aprecia la nueva posibilidad de conceder directamente subvenciones para financiar acciones en las condiciones o situaciones más difíciles, o para aumentar el apoyo a los defensores de los derechos humanos y a las organizaciones no registradas;
71. Subraya que es necesario respetar las prerrogativas del Parlamento en la programación del IEDDH y de los otros instrumentos, con especial incidencia en los derechos humanos y la democracia; por consiguiente, sostiene firmemente que los documentos estratégicos para estos instrumentos no pueden considerarse actos de aplicación y deben adoptarse de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 290 del TFUE sobre los actos delegados;
72. Celebra el resultado positivo de la Resolución 65/206 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 21 de diciembre de 2010, sobre la moratoria del uso de la pena de muerte, lo que pone de manifiesto el fortalecimiento del apoyo mundial a favor de su abolición y una creciente sensibilización entre los activistas, jueces, políticos y el público en general; celebra también el importante papel que desempeñó la UE para alcanzar esta victoria; espera una firme colaboración con los Estados miembros y el SEAE en la resolución de la Asamblea General de 2012;
73. Reitera que la UE se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia y pide a la UE que siga empleando la cooperación y la diplomacia en la vía hacia la abolición de dicha pena en todos los foros posibles en línea con las Directrices de la UE sobre la pena de muerte, y que además se garantice el pleno respeto del derecho a un juicio justo para todas y cada una de las personas que afronten su ejecución, sin el uso de la tortura ni de ninguna otra forma de maltrato empleada para obtener confesiones; recuerda que la Unión Europea es la principal donante de ayuda a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la pena de muerte; pide a la Comisión que mantenga la lucha contra esta pena cruel e inhumana entre las prioridades temáticas del IEDDH;
74. Destaca la importancia de que la UE siga supervisando las condiciones en que se llevan a cabo las ejecuciones en los países que todavía aplican la pena de muerte y apoye la reforma jurídica y constitucional en pro de la abolición total;
75. Pide a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, al SEAE y a la Comisión que ofrezcan orientaciones sobre una política exhaustiva respecto a los ciudadanos que se enfrentan a la pena capital en terceros países que incluya mecanismos eficaces para la identificación, prestación de asistencia jurídica e intervención legal de la UE;
76. Celebra la decisión de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, de modificar el Reglamento (CE) n° 1236/2005 y, por tanto, el refuerzo de los controles de la exportación de determinadas drogas que pueden utilizarse para ejecuciones y equipos que pueden usarse para la tortura; pide a la Comisión que aborde las lagunas que quedan en el Reglamento mediante la introducción de una cláusula general de uso final que prohíba la exportación de drogas que puedan utilizarse para torturas o ejecuciones;
77. Señala que en el 60 % del total de casos de violaciones de los derechos humanos, tanto dentro como fuera de conflictos armados, documentados por Amnistía Internacional, se han utilizado armas cortas y ligeras; reconoce las consecuencias especialmente graves de las armas cortas y ligeras en el disfrute de los derechos de los niños y la protección de los niños frente a la violencia; elogia el liderazgo mundial mostrado por la UE al adoptar una posición común legalmente vinculante sobre exportación de armas en 2008, pero señala que es necesario un mayor seguimiento de su aplicación a escala de la UE; insta a la UE a que muestre liderazgo durante el proceso para lograr un Acuerdo internacional sobre comercio de armas en la Conferencia de las Naciones Unidas de este año y a que vele por que se celebre un acuerdo sólido y legalmente vinculante;
78. Expresa su profunda preocupación por el uso de los niños como soldados; pide que la UE tome medidas inmediatas para su desarme, rehabilitación y reintegración como elemento básico de las políticas de la UE dirigidas al refuerzo de los derechos humanos, la protección de los niños y la sustitución de la violencia por mecanismos de resolución de conflictos políticos;
79. Pide a los Estados miembros que todavía no lo hayan hecho, que ratifiquen el Protocolo opcional de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, a fin de dar mayor coherencia a sus políticas interiores y exteriores;
80. Pide a todos los Estados miembros que intervengan activamente en la cuestión de los derechos humanos de los detenidos y la superpoblación de las prisiones dentro y fuera de la Unión Europea;
81. Subraya la importancia de reconocer formas de tortura y tratos degradantes en función del género (por ejemplo, la mutilación genital femenina y la violación) e insiste en que los esfuerzos coordinados de la UE que combaten la tortura aborden adecuadamente su dimensión de género;
82. Pide una vez más a la Comisión que incluya en el Reglamento (CE) nº 1236/2005 del Consejo sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, una cláusula de «uso final para infligir tortura» que permita a los Estados Unidos autorizar o denegar, sobre la base de información previa, la exportación de cualquier artículo que pueda ser utilizado a estos fines por sus usuarios finales previstos; insiste en la necesidad de prohibir no solo la exportación sino también la producción por parte de todos los Estados miembros de productos u objetos que puedan utilizarse con fines de tortura;
83. Recuerda el trágico caso de Sergey Magnitsky, que luchaba contra la corrupción de alto nivel y fue torturado hasta la muerte por funcionarios; lamenta que todavía no se haya resuelto el caso ni se haya castigado a los responsables de la muerte de Sergey Magnitsky; insta a las autoridades judiciales rusas a reanudar la investigación identificando y castigando a los culpables;
Los defensores de los derechos humanos 84. Celebra el compromiso político asumido por la UE para apoyar a los defensores de los derechos humanos, como elemento largamente consolidado de la política de relaciones exteriores de la UE en materia de derechos humanos, así como los numerosos ejemplos positivos de gestiones, observación de juicios, visitas a prisiones y otras medidas concretas realizadas por las misiones y delegaciones de la UE, como las reuniones periódicas institucionalizadas con defensores de los derechos humanos, pero mantiene su preocupación por la falta de aplicación de las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos en algunos terceros países; considera que la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión debería formular recomendaciones para redoblar los esfuerzos en aquellas misiones en que la aplicación ha resultado especialmente deficiente;
85. Insta a la UE y a sus Estados miembros a alentar que las misiones y delegaciones de la UE demuestren su apoyo y solidaridad con la labor realizada por los defensores de los derechos humanos y sus organizaciones, reuniéndose y colaborando activamente con ellos con regularidad e incorporando sus contribuciones al desarrollo de estrategias nacionales concretas sobre los derechos humanos y la democracia, y colaborando habitualmente con el Parlamento;
86. Reitera su llamamiento a la UE para que plantee sistemáticamente casos concretos de defensores de los derechos humanos en los diálogos en curso sobre derechos humanos que mantiene con esos terceros países en los que los defensores de los derechos humanos siguen siendo acosados y atacados;
87. Recalca la importancia de hacer un seguimiento sistemático de los contactos con la sociedad civil independiente, y que es necesario que los defensores de los derechos humanos tengan un acceso más directo y sencillo a las Delegaciones de la UE en países terceros; celebra la designación de funcionarios de enlace en las Delegaciones o embajadas de los Estados miembros para estos defensores, y subraya que se requieren funcionarios con experiencia y con la formación necesaria, cuyas funciones sean objeto de una difusión adecuada tanto al interior como al exterior; acoge con gran satisfacción que la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión haya indicado que siempre se reunirá con los defensores de los derechos humanos durante sus visitas a terceros países, y pide que todos los Comisarios con competencias en el ámbito de las relaciones exteriores sigan esta práctica, así como que se presenten informes al Parlamento sobre estos contactos; 88. Reitera su llamamiento en favor de una mayor cooperación interinstitucional en lo relacionado con los defensores de los derechos humanos; considera que un sistema de alerta común, basado en puntos de referencia, sería útil para la capacidad de respuesta de la UE y la coherencia entre las distintas instituciones ante crisis urgentes para los defensores de los derechos humanos, e invita al SEAE y a la Comisión a que examinen con más detenimiento esta opción con el Parlamento Europeo;
89. Se congratula el compromiso que ha asumido el Parlamento Europeo de mejorar la función del Premio Sájarov y de fortalecer la Red Sájarov e insiste en la importancia del papel que desempeña esta red en el fomento de la cooperación interinstitucional en apoyo de defensores de los derechos humanos de todo el mundo; insta a todas las instituciones de la UE a participar y cooperar en mayor medida y, en este contexto, celebra la referencia al Premio Sájarov en el Informe anual sobre los derechos humanos; insiste, no obstante, en su petición al Consejo y a la Comisión para que se mantengan en contacto con los candidatos y ganadores del Premio Sájarov a fin de garantizar el diálogo constante y la supervisión de la situación de los derechos humanos en sus respectivos países, de ofrecer protección a aquellos que sean objeto de una intensa persecución y presentar informes sobre ello al Parlamento Europeo;
90. Se compromete a incluir de forma más sistemática los derechos de las mujeres en sus debates y resoluciones sobre derechos humanos, y a utilizar la red del Premio Sájarov y en particular a sus ganadoras para que defiendan los derechos de las mujeres en todo el mundo;
91. Destaca los papeles, las experiencias y las contribuciones distintivos de las mujeres en el contexto de la paz y la seguridad; condena el uso de la violencia sexual en países como la República Democrática del Congo (RDC) y pide tolerancia cero para los que la cometen, en particular entre las fuerzas armadas y policiales en las misiones y operaciones con mandato de la UE; y destaca la importancia de garantizar el acceso de las víctimas a servicios de rehabilitación globales y multidisciplinares que incluyan cualquier combinación necesaria de atención médica y psicológica, además de servicios jurídicos, sociales, comunitarios, profesionales, educativos y ayuda económica provisional;
92. Celebra que la UE se encuentre a la vanguardia de la aplicación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las resoluciones conexas; insta al Consejo, a la Comisión y al SEAE que redoblen sus esfuerzos para colmar la brecha entre las políticas y la práctica, y pide a los Estados miembros que todavía no lo han hecho, que adopten con carácter urgente Planes Nacionales de Acción a tal fin;
93. Acoge con agrado la creación de ONU-Mujeres e insta a la UE a colaborar estrechamente con esta institución a nivel internacional, regional y nacional para promover el respeto de los derechos de las mujeres; pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las mujeres en situaciones de conflicto tengan un acceso apropiado a los sistemas públicos de atención sanitaria y a una adecuada asistencia ginecológica y obstétrica, tal como los define la Organización Mundial de la Salud; subraya en particular la necesidad de promover la educación en materia de salud y programas adecuados de salud sexual y reproductiva, que ocupan un lugar destacado en la política de desarrollo y de derechos humanos de la UE hacia países terceros;
94. Acoge con satisfacción la Carta de la Mujer de la Comisión, que promueve la igualdad de género tanto a escala comunitaria como a nivel internacional, y el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo para el período 2010-2015, y pide que se redoblen los esfuerzos destinados a alcanzar los ODM en materia de igualdad de género y salud materna;
95. Se muestra preocupado por que en Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas no haya realizado una investigación sobre las denuncias de agresión sexual de mujeres manifestantes, incluidas las denominadas «pruebas de virginidad» y las amenazas de muerte a mujeres manifestantes;
96. Acoge con satisfacción la especial importancia concedida al empoderamiento de las mujeres por parte de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión, y le pide que institucionalice el Grupo de trabajo informal interinstitucional sobre mujeres, paz y seguridad, mediante la designación de una presidencia de tiempo completo para este, que actúe igualmente como punto de referencia en materia de género en el SEAE, como parte de la asignación de recursos humanos y financieros adecuados para esta tarea;
97. Pide a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión que promueva la igualdad de oportunidades equilibrada desde el punto de vista geográfico y de género en el SEAE, como se establece en el Estatuto de los funcionarios; insta a la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión y a los Estados miembros a que propongan candidatas de alto nivel para puestos de dirección de la SEAE y la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD); acoge con satisfacción los avances logrados en el contexto de las misiones de la PCSD en lo relativo a las designaciones de asesores de género en casi todas las misiones y la formación interna; pide al Consejo que incluya una referencia a la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus decisiones relativas a los mandatos de las misiones; recomienda que todos los Estados miembros impartan módulos de formación normalizados sobre cuestiones de género a todo el personal militar y civil destinado a las misiones antes de que tengan lugar estas;
98. Celebra la adopción del histórico Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, que crea un amplio marco para prevenir la violencia, proteger a las víctimas y poner fin a la impunidad, y pide a todos los Estados miembros y a la UE que firmen y ratifiquen sin demora dicho Convenio;
99. Condena sin paliativos la mutilación genital femenina por ser una práctica anacrónica y una violación brutal de la integridad de mujeres y niños, que debe combatir con leyes que proscriban esa práctica; rechaza firmemente cualquier referencia a prácticas culturales, tradicionales o religiosas como factor atenuante; insta a la Comisión a que preste especial atención a estas prácticas tradicionales nocivas en su estrategia para luchar contra la violencia hacia las mujeres; pide al SEAE que desarrolle una serie de instrumentos específicos sobre esta cuestión como parte de su estrategia de aplicación de las Directrices de la UE relativas a los derechos de los niños y la violencia contra las mujeres; felicita a los Jefes de Gobierno africanos por haber adoptado, en la Cumbre de la Unión Africana de julio de 2011, una Decisión en apoyo de una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que prohíbe la mutilación genital femenina en todo el mundo, del mismo modo, condena y solicita medidas concretas para luchar contra las formas de trato cruel, inhumano y degradante como el aborto forzado y la esterilización forzada;
100. Condena sin paliativos el matrimonio forzoso, una violación de los derechos humanos establecida en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; pide al Consejo que incluya las cuestiones de los «matrimonios forzosos» y el aborto «selectivo en función del sexo del feto» en las directrices de la UE sobre violencia contra mujeres y niñas; invita a la Comisión y al Consejo a que elaboren métodos de recogida de datos e indicadores sobre estos fenómenos, e insta al SEAE a que incluya estas cuestiones en el desarrollo y aplicación de las estrategias nacionales sobre derechos humanos; solicita a los Estados miembros que, en relación con el asunto de los «matrimonios forzosos» adopten y hagan cumplir legislación que prohíba el matrimonio forzoso y desarrollen la posibilidad de adoptar una definición común, establecer planes de acción nacionales e intercambiar buenas prácticas.
101. Recuerda que la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre la mortalidad y morbilidad maternas prevenibles y los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo del Milenio reafirman que el acceso a la información, a la educación y a la atención sanitaria constituyen derechos humanos básicos; destaca que, en consecuencia, la UE debería desempeñar un papel esencial para asegurarse de que las mujeres no mueran durante el embarazo; pide que el Programa de Acción de El Cairo se aplique en su política de derechos humanos y desarrollo, a fin de promover la igualdad de género y los derechos de las mujeres y los niños, en especial la salud y los derechos sexuales y reproductivos;
102. Condena con firmeza toda persecución basada en la religión o creencias; mantiene su compromiso con el ejercicio de la libertad de religión en todos los lugares del mundo como parte de la intensificación de los esfuerzos de la UE en su actuación bilateral y multilateral; reitera su preocupación en lo que concierne al respeto pleno y efectivo del derecho a la libertad de religión para todas las minorías religiosas en una serie de terceros países; reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que desarrollen urgentemente un conjunto de herramientas para hacer avanzar el derecho a la libertad de religión o creencias en la política exterior de la UE que incluya mecanismos para identificar su infracción y medidas que la UE debería aplicar en estos casos, y a que hagan participar al Parlamento, a las organizaciones de la sociedad civil y a los medios académicos en su elaboración; acoge con satisfacción las acciones emprendidas por la UE en diversos foros de las Naciones Unidas contra la intolerancia y la discriminación por motivos de religión o creencias, y su inquebrantable posición de principio contra las resoluciones sobre la lucha contra la difamación de las religiones; sostiene que la libertad de reunión es un aspecto fundamental del derecho a la libertad de religión o de creencias y subraya que el registro de grupos religiosos no debe ser un requisito previo para la práctica de la fe; pide a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE que proporcione al Parlamento datos precisos y fiables sobre las violaciones de la libertad de religión o creencias en la Unión Europea y que informe sobre cómo podrían eliminarse dichas violaciones;
103. Subraya en particular la importancia de entablar un diálogo constructivo con la Organización de Cooperación Islámica (OCI) sobre este tema; pide al Consejo y a la Comisión que presten especial atención a la aplicación del derecho a la libertad de religión o creencias en los países candidatos y los países de la PEV, especialmente a tenor de la Primavera Árabe; expresa su profunda preocupación por el creciente número de actos de intolerancia y discriminación en varios países; condena enérgicamente todos los actos de violencia dirigidos contra cristianos, judíos, musulmanes y otras comunidades religiosas, así como todas las formas de discriminación e intolerancia basadas en la religión o las creencias contra creyentes, apóstatas y no creyentes; hace hincapié, una vez más, en que el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión es un derecho humano fundamental(25); reconoce la creciente necesidad en una serie de países de esfuerzos iniciativas de transformación de conflictos y reconciliación que incluyan el diálogo interreligioso a varios niveles e insta a la UE ya a la AR/VP a hacer frente al contenido discriminatorio e incendiario. por ejemplo, en los medios de comunicación, y la cuestión de los obstáculos a la libre profesión de fe en sus diálogos con terceros países; considera que en terceros países donde las minorías religiosas, incluidos los cristianos, tienen que afrontar estas violaciones de sus derechos, estos problemas no se pueden resolver protegiendo y aislando a los cristianos «de» las sociedades que les rodean y creando de este modo «sociedades paralelas» insta al SEAE y los Estados miembros de la UE, a la luz de los recientes acontecimientos que se han producido en países como Egipto, Indonesia y Nigeria, a aplicar medidas concretas que contribuyan a impedir que surja un ciclo de violencia;
104. Invita al SEAE a que desarrolle una capacidad permanente en la Dirección General de Asuntos Mundiales y Multilaterales para integrar la cuestión de la libertad de religión o creencias en todas las direcciones y unidades geográficas, así como para establecer un vínculo entre esta cuestión y la promoción de los derechos humanos en general dentro de la misma DG y para hacer avanzar la cuestión en las organizaciones internacionales y multilaterales; alienta al SEAE que informe anualmente acerca de los progresos logrados en la libertad de religión o creencias en el mundo;
105. Invita al SEAE y otras instituciones de la UE a combatir prácticas inaceptables como las conversiones forzosas y la pena/castigo para los casos de la llamada «apostasía», presionando a terceros países, como por ejemplo, Arabia Saudí, Irán y Pakistán, que todavía realizan este tipo de prácticas, para que las eliminen; pide una posición igualmente firme contra la instrumentalización de las leyes sobre la blasfemia con el fin de perseguir a miembros de minorías religiosas;
106. Invita a las instituciones competentes a que cooperen estrechamente con la Comisión de los Estados Unidos sobre Libertad Religiosa Internacional en los foros bilaterales y multilaterales, como por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
107. Condena todas las formas de violaciones de los derechos humanos cometidas contra personas discriminadas por motivos de empleo y descendencia, y el limitado acceso a la justicia que tienen las víctimas; pide a la UE y a sus Estados miembros que aprueben los principios y directrices de las Naciones Unidas para la eliminación efectiva de la discriminación basada en el empleo y la ascendencia;
108. Celebra que la UE concluyera la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como la adopción de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, en particular la esfera de acción 8; condena todas las formas de discriminación basadas en la discapacidad y pide a todos los Estados que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad; señala que la UE también debe supervisar la aplicación de dicha Convención en su propio territorio; lamenta la inacción de la UE con respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad en el contexto de la Estrategia UE-África;
109. Hace hincapié en que las comunidades de minorías nacionales tradicionales tienen necesidades específicas distintas a las de otros grupos minoritarios y en que es necesario salvaguardar la igualdad de trato de estas minorías con respecto a la educación, la atención sanitaria, los servicios sociales y otros servicios públicos, señala igualmente la necesidad de promover en todos los ámbitos de la vida económica, social, política y cultural la igualdad plena y eficaz entre las personas que pertenecen a una minoría nacional y aquellas que pertenecen a la mayoría;
110. Pide a la UE que aliente a los gobiernos de los países en desarrollo a que lleven a cabo una reforma agraria con el fin de garantizar los títulos de propiedad de tierras de las poblaciones autóctonas, los pueblos nómadas y los pequeños y medianos agricultores, en particular las mujeres, y de evitar las prácticas de apropiación de tierras de las grandes empresas; insta a la UE a que reafirme el derecho de acceso a los recursos naturales, en particular para los pueblos nativos y autóctonos, en la negociación de acuerdos comerciales; alienta a todos los Estados miembros a que sigan el ejemplo de Dinamarca, España y los Países Bajos y ratifiquen el Convenio 169 de la OIT sobre los pueblos indígenas y tribales, a fin de mostrar su decisión de ofrecerles protección tangible; apoya las campañas actuales y continuas para lograr la ratificación y aplicación del Convenio 169 de la OIT por parte de Estados no signatarios como forma de reforzar los derechos de los pueblos indígenas, defender los valores del Convenio 169 de la OIT y demostrar el compromiso de la UE con el multilateralismo y las Naciones Unidas;
111. Recomienda iniciativas para que la legislación de la UE garantice que se presta atención a la política de derechos humanos y a los instrumentos de cooperación de la UE para eliminar la discriminación por motivos de casta y medidas en los países afectados por el sistema de castas, entre ellos, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán, Sri Lanka y Yemen;
112. Cree que se debería incrementar el presupuesto de las líneas de financiación, tanto las nuevas como las ya existentes, del apoyo a la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, en particular los procedentes de comunidades indígenas; considera que dichas líneas deberían demostrar su capacidad para responder de forma flexible y ágil a situaciones de crisis allí donde puedan surgir y optimizar su rentabilidad y sus efectos;
113. Recuerda a Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y a la necesidad de garantizar la protección más completa de los derechos consagrados en ella y evitar su erosión; celebra la adopción, de 19 de diciembre de 2011, por parte de la Asamblea General, del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y pide al Consejo y a la Comisión que agilicen los esfuerzos por lograr la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño y sus Protocolos facultativos y promover su aplicación eficaz; pide, asimismo, medidas decisivas para promover la aplicación de las Directrices de la UE relativas a la promoción y protección de los derechos del niño y la estrategia de la UE para combatir todas las formas de violencia contra los niños; pide a la Alta Representante y Vicepresidenta (y/o al Servicio Europeo de Acción Exterior) que incluya en los Informes anuales de la UE sobre los derechos humanos una sección acerca de los derechos de los niños; 114. Destaca el grave problema que existe en varios países del África subsahariana consistente en acusar a niños de brujería, lo que tiene serias consecuencias que van desde la exclusión social al infanticidio y el asesinato ritual de niños como sacrificios; señala que el Estado tiene la responsabilidad de proteger a los niños contra todas las formas de violencia y abusos y, por consiguiente, insta al SEAE a que preste especial atención a la protección de los niños de todas las formas de violencia y a la suerte que corren estos niños en los diálogos sobre derechos humanos con los gobiernos de dichos países y en la programación de los instrumentos financieros exteriores;
115. Subraya que la libertad de expresión y la independencia y pluralismo de los medios de comunicación son elementos esenciales de una democracia sostenible que maximizan la participación de la sociedad civil y promueven el empoderamiento de los ciudadanos; pide por ello un mayor apoyo en el ámbito de la promoción de la libertad de los medios de comunicación, la protección de los periodistas independientes, la reducción de la brecha digital y la facilitación del acceso a Internet;
116. Insta al Consejo y a la Comisión a que incluyan en las negociaciones de adhesión diálogos sobre los derechos humanos y en cualquier contacto relativo a los derechos humanos, el llamamiento para que se ponga fin a todo discurso de odio en los medios de comunicación; 117. Observa que Internet, junto con las redes sociales, tanto en conexión privada como en línea, se han convertido en uno de los vehículos más importantes a través de los cuales las personas ejercen su derecho a la libertad de opinión y expresión, y que ha desempeñado un papel crucial en el fomento de los derechos humanos, la participación democrática, la rendición de cuentas, la transparencia, el desarrollo económico y la aparición de nuevas formas de vida pública; señala, al mismo tiempo, la necesidad de que no se ataque la dignidad de las personas y condena cualquier trato diferenciado en las redes sociales; aboga por la adopción de reglamentos específicos de la UE y acuerdos con terceros países que limiten el acceso a la comunicación y la información a través de la censura, el bloqueo de la red o la supeditación de la libertad de información a los intereses empresariales; se congratula del potencial que Internet y las redes sociales han tenido en el desarrollo de la primavera árabe; pide un mayor seguimiento del uso de Internet y nuevas tecnologías en regímenes autocráticos que pretendan limitarlos; pide un mayor apoyo en el ámbito de la promoción de la libertad de los medios de comunicación, la protección de los periodistas y autores de blogs independientes, la reducción de la brecha digital y la facilitación del acceso sin restricciones a la información y la comunicación y el acceso libre de censura a Internet (libertad digital);
118. Toma nota del potencial que Internet y las redes sociales han tenido en el desarrollo de la primavera árabe; señala, no obstante, que también se puede hacer un uso indebido de las TIC con el fin de violar los derechos humanos y las libertades fundamentales y pide, en consecuencia, un mayor seguimiento del uso de Internet y nuevas tecnologías en regímenes autocráticos que pretendan limitarlos; acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión sobre la «estrategia de no desconexión»; la invita a presentar, a más tardar durante 2013, propuestas de reglamentación inteligentes, como una mayor transparencia y rendición de cuentas para las empresas establecidas en la UE, a fin de mejorar el control de la exportación de productos y servicios destinados a bloquear sitios Web, realizar vigilancia masiva, controlar todo el tráfico de Internet y las comunicaciones (móviles), acceder ilegalmente a conversaciones privadas y transcribirlas, filtrar resultados de búsquedas e intimidar a los usuarios de Internet, incluidos los defensores de los derechos humanos; considera que las telecomunicaciones y los proveedores de Internet deben aprender de sus errores pasados, como la decisión de Vodafone de ceder a las exigencias de las autoridades egipcias en las últimas semanas del régimen de Mubarak para que suspendieran servicios, difundieran propaganda a favor del gobierno y vigilasen a los opositores y a la población de forma general, así como las decisiones de las sociedades de otros Estados miembros que vendieron tecnologías de la información y las telecomunicaciones a terceros países, como Libia o Túnez, entre otros; considera que las telecomunicaciones y los proveedores de Internet y los desarrolladores de software deben aprender de sus errores pasados, y deberían colaborar con los responsables de la elaboración de políticas, las ONG y los activistas en un diálogo abierto con objeto de establecer normas comunes mínimas para las evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos y una mayor transparencia;
119. Acoge con agrado la inclusión de una prohibición de la exportación de tecnologías y servicios en las medidas restrictivas de la UE contra las autoridades que gobiernan en Siria; señala que esta prohibición debería convertirse en un precedente para futuras medidas restrictivas contra otros regímenes represivos, en particular frente a Irán; observa, sin embargo, que las políticas de la UE deberían ser precisas para resultar eficaces y no perjudicar a los defensores de los derechos humanos;
120. Señala que las nuevas tecnologías permiten igualmente a los testigos y defensores de los derechos humanos recoger información y compartir documentación sobre los abusos de los derechos humanos que podría utilizarse más tarde para obtener justicia para las víctimas; acoge con satisfacción las iniciativas de múltiples partes interesadas y los códigos de conducta como la Iniciativa de Red Global (Global Network Initiative); observa, no obstante, que la supervisión democrática y la defensa y promoción de los derechos fundamentales son tareas básicas del gobierno; pide a la Comisión que apoye el desarrollo y difusión de tecnologías de seguridad digital para promover el empoderamiento de los defensores de los derechos humanos a través de mecanismos seguros de recogida, codificación y almacenamiento de esta información sensible y el uso de la tecnología de «nube» para garantizar que estos materiales no puedan ser descubiertos y borrados;
121. Recuerda que la UE se ha fijado el objetivo de promover la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en sus políticas exteriores y celebra el llamamiento para adaptar mejor los enfoques europeo y mundial en materia de RSC;
122. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que estas empresas que dependen de los Derechos nacionales o europeo no incumplan los derechos humanos ni las normas sociales, sanitarias y medioambientales que se les imponen cuando se establecen o llevan a cabo sus actividades en un país tercero;
123. Recuerda asimismo que el apoyo a los derechos humanos y la democracia está estrechamente vinculado a la promoción de la transparencia y la buena gobernanza; en este sentido, opina que los paraísos fiscales y las jurisdicciones extraterritoriales perjudican a la lucha contra la corrupción y la rendición de cuentas política en los países en desarrollo; pide que la UE fomente la ratificación y la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en la UE y a escala mundial en el contexto del apoyo de la UE a los programas de buena gobernanza en terceros países;
124. Elogia a la UE por el apoyo que presta al desarrollo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y su adopción por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos; acoge con beneplácito la reunión inaugural del Grupo de trabajo sobe empresas y derechos humanos, celebrada del 16 al 20 de enero de 2012, y pide a la UE que continúe apoyando y contribuyendo al mandato de este órgano; destaca el papel fundamental de las instituciones nacionales de derechos humanos y la cooperación de estos órganos en la UE y los países vecinos al avanzar en la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos como se reconoce, entre otros lugares, en la Resolución 17/4 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; celebra las iniciativas destinadas a la transferencia de buenas prácticas, la coordinación y el fomento de la cooperación entre la UE y las instituciones nacionales de derechos humanos de los países vecinos, como el programa de cooperación entre Defensores del Pueblo de países de la Asociación Oriental para el periodo 2009-2013, establecido conjuntamente por los Defensores del Pueblo de Polonia y de Francia con miras a aumentar la capacidad de las oficinas de los Defensores del Pueblo, los órganos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales de los países de la Asociación Oriental para proteger los derechos individuales y edificar Estados democráticos fundamentados en el Estado de Derecho; subraya la necesidad de que estas acciones se coordinen dentro de la UE y de que las instituciones de la UE aprovechen la experiencia adquirida con ellas;
125. Celebra el compromiso asumido por la UE de trabajar en 2012 con las empresas y partes interesadas para elaborar orientaciones sobre derechos humanos para los sectores industriales y las PYME, basadas en los Principios Rectores de las Naciones Unidas; hace hincapié en la importancia de que participen los subcontratistas y los proveedores; pide a la Comisión que cumpla su compromiso de publicar, antes de que finalice 2012, un informe sobre las prioridades de la UE en la aplicación de estos Principios y, a continuación, publique informes periódicos de situación; insiste en que todas las empresas europeas deberían asumir la responsabilidad de respetar los derechos humanos definidos en los Principios Rectores de las Naciones Unidas; pide a los Estados miembros que elaboren, antes de que finalice 2012, planes nacionales para su aplicación;
126. Considera que la divulgación por parte de las grandes empresas de información social y medioambiental, incluidos sus efectos en los derechos humanos, es crucial para la transparencia y para su eficacia; celebra la intención del Consejo Internacional de Informes Integrados (International Integrated Reporting Council - IIRC) de desarrollar un marco integrado de informes aceptado a nivel mundial;
127. Acoge con satisfacción el estudio de «Edimburgo» sobre las deficiencias de gobernanza en la UE sobre empresas y derechos humanos, encargado por la DG Empresa, y pide a la Comisión que presente propuestas legislativas en respuesta a dicho estudio; pide en particular a la UE que vele por que las víctimas de abusos de las empresas de la UE en terceros países tengan acceso a mecanismos de reclamación y justicia en los Estados miembros, como en el reciente caso de la empresa Trafigura;
128. Toma nota de que las empresas transnacionales recurren cada vez con más frecuencia a empresas privadas militares y de seguridad, lo que en ocasiones ha dado lugar a violaciones de los derechos humanos cometidas por el personal de estas empresas; considera que es necesario que la UE adopte medidas de regulación, incluido un amplio sistema normativo para la constitución, registro, autorización, seguimiento e información de dichas empresas; pide a la Comisión que proponga una Recomendación que prepare el camino para una Directiva destinada a armonizar las medidas nacionales que regulan los servicios de estas empresas privadas militares y de seguridad, que incluya a los proveedores de servicios y la adquisición de servicios, y que redacte un Código de conducta que allane el camino para una Decisión para regular la exportación de los servicios de estas empresas a países terceros; pide que la VP/AR presente al Parlamento información detallada sobre la contratación de empresas privadas militares y de seguridad en misiones de la PCSD y la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y que especifique los requisitos profesionales y las normas exigidas a los contratistas, las normativas aplicables y las responsabilidades y obligaciones legales que se les imponen así como los mecanismos de seguimiento;
129. Apoya la incorporación de cada vez más mujeres en los consejos de administración de las empresas a nivel nacional, europeo e internacional;
130. Reitera su llamamiento al Consejo y a la Comisión para que asuman las resoluciones y otras comunicaciones del Parlamento de manera sistemática, y respondan a ellas de manera sustancial; propone que el Parlamento considere la creación de un mecanismo sistemático que asegure un seguimiento más eficaz y tangible de sus decisiones;
131. Reconoce la necesidad de integrar las cuestiones relacionadas con los derechos humanos a través de los trabajos de todas las comisiones y delegaciones parlamentarias que se ocupan de las relaciones exteriores, entre otras cosas aplicando las recomendaciones procedentes de informes elaborados por grupos de trabajo ad hoc del Parlamento Europeo; recomienda que todas las diputadas y diputados al Parlamento Europeo se reúnan sistemáticamente con defensores de los derechos humanos durante las misiones oficiales a terceros países, incluso con activistas encarcelados siempre que sea posible, a fin de darles una mayor visibilidad; celebra la decisión de aumentar los recursos de que dispone la Subcomisión de Derechos Humanos a la vista de los cambios derivados del Tratado de Lisboa;
132. Acoge con satisfacción la Decisión adoptada por su Mesa el 12 de diciembre de 2011 de crear una Dirección de Apoyo a la Democracia dentro de la DG de Políticas Exteriores para racionalizar y dar coherencia a los trabajos del Parlamento en materia de promoción de la democracia;
133. Acoge con gran satisfacción el examen de la política de la UE sobre derechos humanos y democratización esbozada en la Comunicación conjunta de 12 diciembre 2011, por considerar que implica una revisión positiva de las posibilidades de la UE; pide a los Estados miembros de la UE que participen plenamente en este proceso y apliquen sus resultados en sus acciones nacionales y a nivel europeo;
134. Apoya que la Comunicación se base en los conceptos de universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y centre la acción de la UE en la promoción del cumplimiento de los compromisos y obligaciones de terceros países en virtud de los derechos humanos internacionales y el Derecho humanitario, e intente reforzar el sistema internacional de justicia;
135. Reconoce, tras la Primavera Árabe, el interés que se concede a los enfoques «ascendentes» a medida así como la necesidad de situar el respeto de los derechos humanos en el centro de la política exterior de la UE; por tanto, recalca que la UE debe apoyar e implicar a los gobiernos, los parlamentos y la sociedad civil en el proceso de respeto y control de los derechos humanos; considera que la UE debe aprender de sus errores pasados, como por ejemplo, el hecho de que hasta el inicio de la guerra civil en Libia se celebraron negociaciones sobre un acuerdo marco y un acuerdo de readmisión con este país, sobre las cuáles no se informó adecuadamente al Parlamento Europeo, a pesar de que existían evidencias del asesinato de 1 200 presos más de una década antes y un sinfín de casos de tortura, desapariciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales; al mismo tiempo, insiste en que la asociación de la UE en los procesos de democratización y la prosperidad económica del Sur ha de desarrollarse paralelamente a sus compromisos en los países vecinos del Este; señala que los fondos que no se puedan asignar ni transferir a los países vecinos europeos debido a una evaluación negativa, se deberían redistribuir entre otros proyectos que se lleven a cabo en países socios de la Vecindad Europea, tanto del Este como del Sur;
136. Pide un avance rápido, transparente e incluyente hacia una ambiciosa estrategia común final de la UE que contemple acciones, calendarios y responsabilidades claros, elaborada con la aportación de todas las partes interesadas para poner en acción el «hilo conductor»; se compromete a hacer una contribución positiva junto con el Consejo a este proceso interinstitucional, en un principio por medio de la presente resolución y posteriormente mediante una resolución parlamentaria; considera que este proceso debería concluir en un acuerdo de las instituciones para adoptar una estrategia común que defina claramente el papel y las responsabilidades de cada institución, y evalúe continuamente su aplicación, incluso en relación con las directrices;
137. Considera que determinadas acciones planteadas en la Comunicación deberían avanzar simultáneamente con los progresos hacia una estrategia general, en concreto, la designación de un Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos que tenga un destacado perfil público y experiencia internacional en la promoción de los derechos humanos internacionales; la creación de un Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos del Consejo permanente con sede en Bruselas que acuerde rutinariamente conclusiones sobre la situación de los derechos humanos en determinados países tras los diálogos en esta materia; y el establecimiento de un calendario para la creación de los centros de referencia sobre derechos humanos de las Delegaciones de la UE y la designación de funcionarios de enlace con los defensores de los derechos humanos en todos los terceros países;
138. Celebra la importancia que concede la Comunicación a las estrategias de derechos humanos específicas para cada país; considera que debería existir un modelo inicial común para garantizar un nivel de coherencia y que la consulta es necesaria en todos los casos; subraya que el valor potencial de las estrategias solamente se alcanzará si su importancia se reconoce en todo el espectro de las relaciones bilaterales con los distintos países y si tienen la flexibilidad necesaria para responder de forma coherente a la evolución de la situación de los derechos humanos;
139. Apoya la propuesta personal de la Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisión de tres temas para las acciones colectivas específicas de las instituciones en los próximos tres años; pide criterios claros para el proceso actual y futuro mediante el cual se eligen estos temas; pide que se aclare la forma en que estas campañas permitirán avanzar en ámbitos concretos sin prejuzgar el amplio compromiso de la UE con todas las obligaciones en materia de derechos humanos;
140. Destaca la importancia que se concede en el examen a la sociedad civil en tanto que auténtico socio en la aplicación de la estrategia de la UE sobre derechos humanos y no simplemente en la ejecución de los proyectos; reconoce la especial importancia que revisten los defensores de los derechos humanos en este proceso; pide a la UE que reconozca todas las posibilidades de los distintos actores sociales para cambiar la situación de los derechos humanos en un país y para ofrecer una base amplia de apoyo a su labor;
141. Expresa su particular preocupación por la degradación de la situación en Turquía y por el aumento de la represión contra los defensores de derechos humanos, la oposición al gobierno, incluidos los representantes políticos, los sindicalistas, los periodistas y los artistas, y en particular contra la comunidad kurda;
142. Apoya el concepto de «democracia profunda» de la UE desarrollado por la Alta Representante; lamenta que este concepto no incluya criterios de no discriminación e igualdad de género; insta al SEAE a que integre plenamente parámetros y valores de referencia de lucha con la discriminación a fin de prestar especial atención a la cuestión de los derechos de las mujeres y las minorías y su participación en la política y la ciudadanía en pie de igualdad;
143. Señala que siguen existiendo grandes desafíos en lo relativo a la inadecuación de los actuales Diálogos sobre derechos humanos y el seguimiento y aplicación de las cláusulas en esta materia; reitera que estas cláusulas deben incluirse igualmente en todos los acuerdos comerciales y sectoriales;
144. Coincide en que la «diplomacia digital» es una herramienta novedosa y muy útil; pide al SEAE que elabore directrices claras para sus delegaciones sobre la forma de utilizar mejor los medios de comunicación social y para el desarrollo de un directorio de estos medios para los actores de la UE actualizado periódicamente;
145. Señala que algo menos de la mitad de los cien mayores actores económicos del mundo son actualmente empresas privadas; felicita a la Comisión por su ambiciosa y progresista Comunicación sobre la RSE de 2011 y su claro apoyo al desarrollo de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, que deben ocupar el centro de la nueva estrategia;
146. Reconoce que la Comisión acepta la necesidad de que todas las actividades antiterroristas se realicen dentro del pleno respeto de los derechos humanos y el Derecho humanitario y de los refugiados; subraya que este principio debe formar parte de los debates sobre todas las nuevas medidas antiterroristas dentro de la UE y con los países socios; reafirma que la política antiterrorista de la UE debería hacer referencia concretamente a la prohibición absoluta de la tortura en el contexto de la lucha antiterrorista, como se reconoce en las Conclusiones del Consejo de 29 de abril de 2008;
147. Celebra que se reconozca la necesidad de abordar las violaciones de los derechos humanos dentro de los Estados miembros y de garantizar que la UE cumpla sus obligaciones internacionales para consolidar su credibilidad; pide que se conceda al Grupo de Trabajo «Derechos Fundamentales, Derechos de los Ciudadanos y Libre Circulación de Personas» (FREMP) un amplio mandato para examinar violaciones y buscar remedios;
148. Considera que la lucha contra la impunidad es un ámbito prioritario de la acción de la UE; considera que la actualización de los instrumentos de la UE sobre la CPI que tuvo lugar en 2011 constituye un avance considerable que debe reflejarse en una estrategia progresista de la UE sobre derechos humanos; 149. Considera que una revisión clara del papel que desempeñan los funcionarios de las oficinas regionales y los grupos de trabajo del Consejo y de lo que significa esta estrategia para su labor cotidiana forma parte de la construcción de una verdadera cultura de derechos humanos y democracia, en particular a través de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos;
150. Pide que se incremente considerablemente el papel del Parlamento Europeo en la promoción de la transparencia y rendición de cuentas para la aplicación de la estrategia de la UE sobre derechos humanos; reitera que el Informe anual que presenta el Consejo no representa en sí mismo un mecanismo de rendición de cuentas; reitera las recomendaciones sobre integración que formuló el Parlamento en sus anteriores Informes anuales y en el documento del Comité Político y de Seguridad (CPS) de 1 de junio de 2006 sobre la integración de los derechos humanos en la PESC y otras políticas de la UE, que aún no se ha aplicado en su totalidad; * * *
151. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior, a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos, a las Naciones Unidas, al Consejo de Europa y a los gobiernos de los países y territorios mencionados en ella.
DO C 290E de 29.11.2006, p. 107.
DO C 348E de 21.12.2010, p. 6.
DO C 161E de 31.5.2011, p. 78.
DO C 59E de 28.2.2012, p. 150.
DO L 76 de 22.3.2011, p. 56.
DO C 236E de 12.8.2011, p. 69.
DO C 176E de 16.6.2011, p. 25.
DO C 34E de 3.2.2011, p. 186.
DO C 240E de 18.8.2011, p. 52.
DO C 291E de 4.10.2011, p. 238.
DO C 48E de 18.2.2012, p. 239.
DO C 81E de 15.3.2011, p. 6.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0533.
DO C 236E de 12.8.2011, p. 107.
DO C 371E de 20.12.2006, p. 5.
DO C 93E de 25.3.2011, p. 200.
DO C 34E de 3.2.2011, p. 195.
Textos Aprobados, P7_TA(2012)0018.
Textos Aprobados, P7_TA(2011)0228.
Convención contra la Tortura, Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
«Derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE - Hacia un enfoque más eficaz», Comunicación conjunta de 12 de diciembre de 2011.
OPINIÓN de la Comisión de Desarrollo (1.3.2012)
sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2010 y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos
1. Celebra la importancia especial que se atribuye a los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho en la Comunicación titulada «Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio(1), y subraya que la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la buena gobernanza, la paz y la seguridad son premisas necesarias y tienen una relación sinérgica y de mutuo refuerzo con el desarrollo, la reducción de la pobreza y la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;
2. Insta a la UE a realizar esfuerzos adicionales, a incorporar más eficazmente los derechos humanos y la democracia en la cooperación para el desarrollo y a velar por que los programas de desarrollo de la UE contribuyan al cumplimiento por parte de los países socios de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos; pide igualmente que los derechos humanos y la democracia sean integrados en los programas que vinculan la ayuda, la rehabilitación y el desarrollo (estrategia LRRD), por su importancia vital en el proceso de transición de la emergencia humanitaria al desarrollo;
3. Considera que deben aprenderse las lecciones derivadas de los levantamientos populares del norte de África a favor del cambio democrático para hacer frente a los problemas subyacentes, que incluyen un alto desempleo, la subida de los precios de los alimentos, la corrupción persistente, la denegación de los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos sociales y económicos, así como una participación limitada de los ciudadanos en los procesos decisorios a través del diálogo;
4. Destaca la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos, incluidos tanto los derechos que figuran en el Pacto social de las Naciones Unidas, como el derecho a una alimentación adecuada, las normas sociales mínimas, el derecho a la educación, el derecho a la atención sanitaria, las condiciones de trabajo justas y favorables y el derecho a participar en la vida cultural, que deben recibir el mismo trato; resalta, a tal respecto, la importancia del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que debe tomarse en consideración de conformidad con el artículo 21 del Tratado de Lisboa, que inaugura el capítulo titulado «Disposiciones generales relativas a la acción externa de la Unión»;
5. Reitera la importancia de una política de desarrollo orientada en los derechos humanos y pide a la UE que establezca objetivos específicos, cuantificables, factibles y con un plazo de cumplimiento en materia de derechos humanos y de democracia en sus programas para el desarrollo;
6. Insta a la UE a que aplique los principios del Convenio de Aarhus de 1998 sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente para garantizar la transparencia y el acceso del público a la información, facilitando así que los parlamentos, la sociedad civil y otras partes interesadas ejerzan su obligación de control en nombre de la buena gobernanza;
7. Acoge con satisfacción la nueva estrategia expuesta en la «Comunicación conjunta sobre derechos humanos y democracia en el centro de la acción exterior de la UE - Hacia un enfoque más eficaz»(2), conforme a la cual la cooperación para el desarrollo forma parte de un enfoque integrado sobre derechos humanos a través de todo el conjunto de las políticas de la UE;
8. Toma nota de que el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo en 2010 no incluye una sección específica sobre desarrollo; subraya, en particular después de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y teniendo en cuenta la actual estrategia integrada en materia de derechos humanos, que el Informe anual debería dedicar una sección temática a los «derechos humanos y el desarrollo»;
9. Recomienda vivamente que en los futuros instrumentos de desarrollo se preste una atención especial a los programas temáticos, puesto que estos abordan en especial las cuestiones relativas a los derechos humanos a fin de promover puentes que se refuercen mutuamente entre el desarrollo y los derechos humanos;
10. Solicita una mayor complementariedad y coherencia en la programación de proyectos y acciones del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), y el resto de Instrumentos Financieros;
11. Pide a la UE que centre su ayuda al desarrollo en el fortalecimiento del desarrollo de la creación de instituciones y de la sociedad civil de los países beneficiarios, puesto que esos elementos son cruciales para la buena gobernanza, así como para asegurar la responsabilización y la apropiación de los procesos de desarrollo; pide que se refuercen las cláusulas sobre derechos humanos y condicionalidad en los programas financiados por la UE;
12. Considera que el apoyo presupuestario debería estar más estrechamente relacionado con el historial en materia de derechos humanos y la situación de la gobernanza de los países beneficiarios; reitera su llamamiento para que se establezcan criterios más detallados a este respecto para la concesión de apoyo presupuestario;
13. Pide un aumento de la financiación para la aplicación de los mecanismos europeos de apoyo a la democracia y los derechos humanos, ya que se trata de una expresión concreta de la voluntad de la UE de promover la democracia y los derechos humanos en el contexto de su cooperación con terceros países;
14. Recalca que la UE debería velar por que sus acciones en el ámbito de la política de desarrollo, la consolidación de la paz, la prevención de conflictos y la seguridad internacional se refuercen mutuamente; subraya en este contexto que es necesario concebir estrategias adecuadas para los países en situación de fragilidad;
15. Subraya que el derecho al desarrollo es un elemento clave para controlar la coherencia de la política de desarrollo;
16. Pide al Servicio Europeo de Acción Exterior y a la Comisión que busquen nuevas vías de mejorar el engranaje entre los diálogos sobre derechos humanos con los países socios y la cooperación al desarrollo.
OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (1.3.2012)
para la Subcomisión de Derechos Humanos
sobre el Informe anual sobre los derechos humanos en el mundo (2010) y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las implicaciones para la política estratégica de la UE en materia de derechos humanos
Ponente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
La Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género pide a la Subcomisión de Derechos Humanos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:
– Vistas la Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de emergencia o de conflicto armado de las Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad 1325 (2000) y 1820 (2008),
– Vistas las Directrices de la Unión Europea sobre la violencia contra las mujeres y la lucha contra todas las formas de discriminación contra ellas,
– Visto el «Documento orientado a la acción relativo a la intensificación de la dimensión exterior de la UE en materia de actuación contra la trata de seres humanos: Hacia una acción mundial de la UE contra la trata de seres humanos»,
– Vista la Carta de la Mujer de la Comisión Europea,
– Vistas la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre medidas para combatir la discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género (CM/Rec(2010)5) y la recomendación y la resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre esta misma cuestión (Recomendación 1915 y Resolución 1728, respectivamente),
A. Considerando que los derechos de la mujer reconocidos en los convenios internacionales y normativas legales deben convertirse sistemáticamente en la piedra angular de todas las relaciones bilaterales, en particular con aquellos terceros países con los que la UE ha celebrado acuerdos de asociación y cooperación;
B. Considerando que la violencia y/o discriminación contra las mujeres no puede justificarse por ningún motivo político, religioso o cultural;
C. Considerando que el término violencia contra las mujeres ha de entenderse como todo acto de violencia en función del género que dé o pueda dar lugar a daños físicos, sexuales o psicológicos o al sufrimiento de la mujer, incluidas las amenazas de llevar a cabo dichos actos, coacción y privación arbitraria de libertad, ya sea que tenga lugar en la vida pública o privada;
D. Considerando que resulta inaceptable que la violencia sexual en forma de violaciones étnicas y en masa, trata de seres humanos y otras formas de abuso sexual de mujeres y niños se siga utilizando como táctica de guerra por parte de las fuerzas armadas en regiones en conflicto en todo el mundo, particularmente como «botín de guerra» y explotación de las situaciones de conflicto por parte de los perpetradores de actos de violencia sexual; considerando que las Naciones Unidas han tipificado la violación en tiempos de guerra como «crimen de lesa humanidad» y que desde 2008, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ha comprometido a luchar contra la violencia sexual como práctica de guerra;
E. Considerando que la importancia de la participación de las mujeres y de la perspectiva de género sobresale por el hecho de que cuando un mayor número de mujeres se implican en la resolución de conflictos y en procesos de consolidación de la paz, desempeñan un papel clave en las negociaciones de paz y se amplía el alcance de la reconstrucción, la rehabilitación y la consolidación de la paz;
F. Considerando que siguen cometiéndose abusos contra las mujeres, que a menudo no se denuncian porque se producen dentro del seno familiar;
1. Acoge con satisfacción la Carta de la Mujer de la Comisión Europea, que promueve la igualdad de género tanto a escala comunitaria como a nivel internacional, y el Plan de Acción de la UE sobre igualdad de género y capacitación de las mujeres en la cooperación al desarrollo para el período 2010-2015, y pide que se redoblen los esfuerzos destinados a alcanzar los ODM en materia de igualdad de género y salud materna;
2. Subraya en particular la necesidad de promover la educación en materia de salud y programas adecuados de salud sexual y reproductiva, que ocupan un lugar destacado en la política de desarrollo y de derechos humanos de la UE hacia países terceros;
3. Pide a la Comisión y al Consejo que garanticen que las mujeres en situaciones de conflicto tengan un acceso apropiado a los sistemas públicos de atención sanitaria y a una adecuada asistencia ginecológica y obstétrica, tal como los define la Organización Mundial de la Salud;
4. Expresa su profunda preocupación por la discriminación y violencia doméstica por motivos de género, arraigadas tanto en las zonas urbanas como rurales en diversos países terceros, por los altos índices de violencia sexual y violaciones de mujeres y niñas en Sudáfrica, por la inadecuación de las investigaciones (que a menudo se enfrentan al obstáculo de la discriminación de género), por los obstáculos para acceder a la asistencia sanitaria, y por las demoras en la administración de tratamiento médico a las víctimas;
5. Pide que se tengan más en cuenta los derechos de las mujeres en todas las políticas e instrumentos financieros de la acción exterior a fin de mejorar la integración de la perspectiva de género a través de programas geográficos y temáticos, así como la coordinación entre los instrumentos; Opina que la igualdad entre hombres y mujeres, y la protección de los derechos humanos de las mujeres deben estar plenamente consagradas en todos los ámbitos pertinentes de la política de acción exterior de la UE y en todas las actividades y programas que formen parte de ella;
6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan activamente la no discriminación con referencia al sexo, la raza, el origen étnico, la religión o las creencias, la discapacidad, la edad y la orientación sexual en su política exterior, incluso mediante el Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH);
7. Acoge con satisfacción la «herramienta» adoptada en 2010 por el grupo de trabajo del Consejo sobre derechos humanos para prestar asistencia a las instituciones de la UE, a los Estados miembros, a las delegaciones y otros órganos para permitirles responder de forma activa a las violaciones de los derechos humanos de los LGBT; pide a la Comisión que aborde las causas estructurales que dan lugar a dichas violaciones;
8. Reitera que los derechos de la mujer deben ser una parte importante de los diálogos sobre derechos humanos que mantiene la UE y del diálogo político de la UE con los terceros países con los que ha celebrado acuerdos de cooperación o asociación, de conformidad con las cláusulas sobre derechos humanos de dichos acuerdos y que debe ampliarse la participación de la mujer tanto en la mesa de negociaciones como en papeles activos en las transiciones pacíficas;; pide a la Comisión y al Consejo que adopten todas las medidas necesarias en caso de violación de estas cláusulas;
9. Manifiesta su profunda preocupación por el aumento de la violencia de género en muchas partes del mundo, que es uno de los síntomas de la crisis mundial, y especialmente por el incremento de feminicidios (homicidios de mujeres y niñas) perpetrados en algunos países latinoamericanos, que tienen lugar en un contexto de violencia generalizada y de discriminación estructural; condena firmemente todos los tipos de violencia de género y el crimen aberrante del feminicidios, así como la impunidad que gozan estos crímenes, la cual sirve para impulsar aún más a los asesinos;
10. Pide a la Comisión y al SEAE que perfilen con claridad sus responsabilidades respectivas y coordinen las acciones pertinentes de las delegaciones de la UE con las de las embajadas de los Estados miembros en los países interesados con vistas a convertir la declaración de la Vicepresidenta y Alta Representante Catherine Ashton sobre el feminicidio en políticas concretas dotadas de recursos suficientes, pide asimismo a la Comisión que preste apoyo político y financiero a la labor del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en lo relativo al feminicidio y que contribuya a la ejecución de sus sentencias;
11. Apoya a los Estados latinoamericanos para que cumplan su obligación de diligencia debida en la prevención, atención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación del feminicidio; pide a la Comisión que plantee sistemáticamente este tema en los diálogos políticos, en especial en los diálogos existentes sobre derechos humanos, y que ofrezca su colaboración en la búsqueda de soluciones para eliminar la violencia contra las mujeres y el feminicidio en el contexto de las asociaciones birregionales;
12. Insta por ello a la Comisión y al Consejo a que sigan alentando a terceros países a incluir de forma expresa los derechos de las mujeres en su legislación, para garantizar el respeto de estos derechos y para aplicar políticas y mecanismos acordes con la perspectiva de género a fin de que las mujeres puedan participar en mayor medida en los procesos decisorios en la vida pública, ya sea política, económica o social;
13. Pide a la Comisión que centre la atención en el problema de los derechos de la mujer en las negociaciones con todos los países candidatos, sin excepción; que recuerde a las autoridades turcas que la persistente gravedad de la violencia contra la mujer, incluyendo los asesinatos «de honor» y los matrimonios precoces y forzados, sigue siendo un importante problema para Turquía; que deje de pasar por alto la ineficacia de las reparaciones, la clemencia y la negligencia en materia de imposición de castigos efectivos por parte de las autoridades turcas a los autores; que inste al Gobierno turco a acelerar las reformas, a introducir programas de igualdad y contra la violencia de género en todos los niveles del sistema educativo y a capacitar a los funcionarios públicos, la policía, el poder judicial y la sociedad civil y que pida a Turquía que aplique políticas eficaces de prevención, protección y persecución y presente avances tangibles en materia de respeto y aplicación de los derechos de la mujer; Mantiene además que Turquía debe cumplir s obligaciones internacionales derivadas de, por ejemplo, la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Programa de Acción de El Cairo, la Plataforma de Acción de Beijing y la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas;
14. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden la violencia contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de los derechos humanos perpetradas a nivel internacional, en especial en el contexto de la asociación bilateral y los acuerdos comerciales internacionales en vigor y en proceso de negociación;
15. Subraya que entre los objetivos del diálogo político debería figurar igualmente la retirada de todas las reservas respecto a la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la ratificación de su protocolo facultativo por parte de todos los países socios;
16. Reconoce el papel positivo que desempeña el IEDDH en la protección de los derechos de las mujeres y de los defensores de los derechos de estas, y acoge con beneplácito las campañas regionales y temáticas de sensibilización que se han organizado para luchar contra los estereotipos, la discriminación y la violencia doméstica, de acuerdo con la directrices de la UE sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, sobre la violencia contra las mujeres en conflictos, los matrimonios forzosos y precoces, la mutilación genital femenina y la participación de las mujeres en el proceso democrático;
17. Insta no obstante a la Comisión a hacer un mayor uso de este instrumento para acabar con todas las formas de violencia física, social y psicológica contra las mujeres, y que adopte medidas dirigidas a reforzar los derechos de la mujer y su posición en la sociedad;
18. Destaca la necesidad de redoblar esfuerzos para eliminar, tanto a nivel del terreno como mediante políticas, la mutilación genital femenina, así como todas las tradiciones y prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas, y recalca que dichas prácticas constituyen una grave violación de los derechos humanos y de la integridad física de las mujeres y niñas; pide a los Estados miembros que adopten la iniciativa de las Naciones Unidas de instituir un día mundial contra la mutilación genital femenina;
19. Expresa su apoyo a todas las mujeres del mundo que luchan por los derechos de la mujer y toma nota en particular de los recientes acontecimientos ocurridos en Arabia Saudita, donde un número creciente de mujeres conduce coches y lucha por su igualdad;
20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que revisen y mejoren de forma significativa las disposiciones en materia de igualdad de género en el contexto de las relaciones exteriores establecidas en la propuesta para un nuevo marco financiero plurianual 20142020;
21. Pide a la Comisión que cree un observatorio europeo sobre la violencia contra las mujeres;
22. Recuerda que la Directiva 2004/81/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de violaciones en masa, la trata de personas y otras formas de abuso sexual a mujeres y niños, o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes y la Directiva 2009/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular constituyen herramientas útiles para la protección de las víctimas de la trata y deberían aplicarse plenamente;
23. Subraya que la falta de registro de los niños, en particular de las niñas, es la primera violación de sus derechos; pide por ello a la Comisión que preste apoyo, en caso necesario, al registro de los nacimientos en terceros países; hace hincapié en la necesidad de incorporar el reconocimiento del derecho de la madre a recibir protección y apoyo, y a cuidar y criar a sus hijos, así como de fomentar la salud de las mujeres y la seguridad económica;
24. Pide que se preste una mayor atención y se asigne una mayor financiación a aquellos programas cuyo objetivo es garantizar el acceso a la educación de todas las niñas (teniendo en cuenta que mantener a las niñas en el sistema educativo es la piedra angular para establecer sociedades con más igualdad de género), promover la independencia económica de las mujeres y reducir la explotación sexual de mujeres y niñas en todo el mundo;
25. Recalca que trabajar a favor de un mayor acceso a los derechos y servicios de salud sexual y reproductiva es un elemento importante para la salvaguardia de los derechos humanos de las mujeres; pide a la UE, en este contexto, que redoble sus esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio en lo que se refiere a la salud materna, incluso a través del acceso a la información, la contracepción moderna y toda una serie de servicios de salud reproductiva; insiste en que la Comisión persiga este objetivo en todas sus acciones internacionales de política de desarrollo;
26. Reconoce la función que desempeñan el IEDDH y otros instrumentos en la construcción de la democracia en terceros países y recuerda que la democracia implica la plena participación de las mujeres en la vida pública, como se observa tras la Primavera Árabe y se establece en los instrumentos internacionales y regionales, como el Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, en relación con los derechos de las mujeres en África; 27. Apoya a la Comisión en el ámbito de la atención sanitaria, en especial respecto a la prevención del VIH y el SIDA y le pide que refuerce la necesidad de educación sanitaria, sobre todo para mujeres embarazadas o durante la lactancia;
28. Celebra la presencia de un experto en cuestiones de género en la mayoría de las misiones de observación de elecciones de la UE y la atención prestada a la participación de las mujeres en los procesos electorales, y pide que se adopten las medidas necesarias para garantizar su inclusión en todas las misiones de observación de elecciones de la UE;
29. Pide que las conclusiones de los informes de las misiones de observación de elecciones de la UE sobre la participación política de las mujeres en los procesos electorales deriven en programas geográficos y temáticos en los países correspondientes;
30. Acoge con agrado la creación de ONU-Mujeres e insta a la UE a colaborar estrechamente con esta institución a nivel internacional, regional y nacional para promover el respeto de los derechos de las mujeres;
31. Insiste en que las mujeres deben tener el control sobre sus derechos sexuales y reproductivos, en particular mediante el acceso fácil a la anticoncepción y el aborto; señala que el derecho a la salud reproductiva es un elemento integral de los derechos humanos; destaca que los derechos reproductivos se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libremente y con responsabilidad el número de hijos que desean tener, la diferencia de edad entre ellos y el momento de tenerlos, y a disponer de la información y medios para poder hacerlo, y el derecho a alcanzar el mejor nivel de salud sexual y reproductiva, y que incluyen el derecho de todos a tomar decisiones sobre reproducción sin discriminación, coacción ni violencia (definición de la OMS);
32. Apoya firmemente la inclusión, en las misiones que se lleven a cabo en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en las delegaciones de la UE, de asesores en cuestiones de género o de coordinadores de género, e insta a la Alta Representante y Vicepresidenta a dotarlos de recursos y de un nivel de autoridad adecuados;
33. Solicita un apoyo específico del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para la recopilación, el procesamiento y la difusión de prácticas eficaces en materia de integración de la dimensión de género en la aplicación de los indicadores de Beijing en el ámbito de los derechos de las mujeres;
34. Se compromete a incluir de forma más sistemática los derechos de las mujeres en sus debates y resoluciones sobre derechos humanos, y a utilizar la red del Premio Sajarov y en particular a sus ganadoras para que defiendan los derechos de las mujeres en todo el mundo;
35. Pide a la Comisión que luche contra el aborto selectivo en función del sexo del feto y el infanticidio de niñas y otras tradiciones dañinas que aún permanecen en muchas sociedades y fomentan la imagen de que las hijas constituyen una carga y los hijos son proveedores de sustento; pide a la Comisión que utilice su presupuesto de asistencia y desarrollo a tal fin;
36. Pide a la Comisión que trabaje para evitar la selección del sexo con discriminación de género, no mediante restricciones al acceso a los servicios y tecnología de salud reproductiva, sino mediante la intensificación de esfuerzos para poner fin a la discriminación estructural contra mujeres y niñas, y también mediante la abolición de leyes de discriminación por sexos, el empoderamiento de mujeres y niñas a través de la educación, la consideración de políticas sobre aspectos como herencias, dotes, financiación de la tercera edad y otras cuestiones de seguridad personal y políticas para determinar el apellido;
37. Pide a la Comisión Europea que promueva la participación activa de las ONG que se dedican a la promoción de los derechos y condiciones de las mujeres en todos los programas de cooperación y desarrollo.
Última actualización: 11 de abril de 2012Aviso jurídico

References: resolución 
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 artículo 290
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 artículo 16
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 resolución 
 artículo 21
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