Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A272-07.htm
Timestamp: 2017-11-21 06:16:31+00:00

Document:
A272-07
Auto 272/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA-Congestión judicial no se encuentra dentro de las causales por las cuales le es permitido a un Juez abstenerse en el conocimiento de una acción de tutela
Referencia: expediente ICC-1157
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto y Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto
Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007).
1.- El señor Manuel Antonio Botina interpone acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Nariño, ante el Juez Penal del Circuito de Pasto (Reparto). El accionante señala que, el 7 de mayo de 2007, interpuso un derecho de petición ante la entidad accionada con el fin de obtener el reconocimiento de su pensión, solicitud que a la fecha no ha sido resuelto.
2.- Mediante Auto del 27 de agosto de 2007, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, se declaró incompetente en el conocimiento del asunto, al señalar que existe un problema de distribución en la oficina de reparto que ha llevado a “el desmedido ingreso de acciones de tutela al Despacho que impiden el normal e integral funcionamiento del Juzgado (…) ha obligado a Juez y empleados a dedicar la totalidad del tiempo laboral a atender el procedimiento de dichas acciones con el consiguiente atraso de los procesos penales a cargo.” En consecuencia, ordena la devolución a la Oficina Judicial de la acción interpuesta por el señor Manuel Antonio Botina, junto con 4 procesos más, con el fin de que fueran repartidos entre todos los despachos que tuvieran la categoría del circuito, sin consideración a su especialidad.
3.- El proceso fue repartido, nuevamente, al Juzgado Cuarto Contencioso Administrativo de Pasto, el cual, mediante providencia del 29 de agosto de 2007, ordenó la devolución del expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto. Lo anterior, al señalar que la congestión judicial no es una razón establecida en el Decreto 1382 de 2000, para abstenerse de conocer las acciones interpuestas por los ciudadanos. Así mismo, considera que el demandante eligió la justicia penal para el conocimiento de su amparo, y por tanto, no es posible variar el trámite en la jurisdicción contenciosa.
4.- El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, mediante Auto del 30 de agosto de 2007, considera que las razones esgrimidas son válidas, toda vez que la forma en que la Oficina Judicial está realizando el reparto, congestiona en gran medida el trabajo del Despacho. En consecuencia, remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto presentado.
Sin embargo, en el asunto bajo estudio se observa que no se presenta conflicto alguno, toda vez que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto no alega la falta de competencia para conocer la acción, sino se limita a hacer consideraciones sobre la congestión de su Despacho.
3.- En este marco, esta Corporación debe reiterar[3] que, de conformidad con el artículo 86 de la Carta Política, todos los jueces son competentes para conocer de acciones de tutela, la cual es a prevención conforme lo dispone el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, preceptos éstos que difieren de lo consagrado por el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 que establece reglas de simple reparto y no de competencia.[4]
4.- En efecto, tal y como se señaló en el Auto 009A de 2004[5], el Decreto 1382 de 2000 se ocupa de reglamentar el proceso administrativo del reparto de las acciones de tutela, entre los diferentes despachos judiciales que en virtud del artículo 86 de la Constitución Política son competentes.
5.- En este sentido, el momento procesal en que las normas del Decreto 1382 de 2000 son aplicables es cuando se va efectuar el trámite administrativo de reparto. Así mismo, las reglas de reparto pueden aplicarse, excepcionalmente, en un momento posterior; por ejemplo, cuando una vez hecho el reparto, y sin poner en riesgo los derechos fundamentales del accionante, el Juez advierte que se le remitió el proceso en virtud de un “error manifiesto” sobre quien era el accionado, o existe una manifiesta incompetencia para el trámite de la acción.[6]
6.- Establecido lo anterior, se observa que la congestión judicial no se encuentra dentro de las causales por las cuales le es permitido a un juez de la República abstenerse en el conocimiento de una acción de tutela, y por tanto, el juez tiene la obligación constitucional y legal de dar trámite al amparo interpuesto.
7.-Por otra parte, se tiene que el Decreto 1382 de 2000 señala las reglas de reparto entre los jueces para el conocimiento de una acción de tutela, según la naturaleza jurídica de las partes demandadas, sin embargo, deja en libertad al accionante de elegir, tanto la jurisdicción que desea conozca el asunto, como la especialidad de los jueces (penal, administrativo, civil, laboral).
8.- Sobre este particular ha precisado la Corte que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente.”[7]
9.- Por lo anterior, el Juzgado Segundo Penal del Circuito no puede abstenerse en el conocimiento de la acción de tutela interpuesta por Manuel Antonio Botina, sin desconocer sus obligaciones constitucionales.
PRIMERO: Por las consideraciones expuestas, ABSTENERSE de conocer la situación planteada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto, y en consecuencia, REMITIR el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por Manuel Antonio Botina contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Nariño, al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto.
SEGUNDO: Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tengan conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.
Salvamento de Voto al Auto 272 de 2007
Referencia: ICC-1157
Conflicto de competencia entre el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto y Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pasto.
De otra parte, la Ley 270/96 -Estatutaria de la Administración de Justicia-, al regular la competencia de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le asignó en el numeral 2 del artículo 112, esta función: "Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, y entre éstas y las autoridades administrativas a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales, salvo los que se prevén el artículo 114, numeral tercero, de esta ley y entre los Consejos Seccionales o entre dos salas de un mismo Consejo Seccional." Disposición que fue objeto de revisión constitucional por esta Corte en la sentencia C-037/96, siendo declarada exequible, y se viola en esta oportunidad. En cuanto al punto de conflictos entre jueces y tribunales o entre distintos tribunales, no se hizo ningún análisis, simplemente se afirmó:
[3] Cfr. Auto 015A de 2005 M.P. Alvaro Tafur Galvis.
[5] M.P. Manuel Jose Cepeda.
[6] Ver entre otros el Auto 073 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) La Corte decidió en este conflicto de competencia, “(…) teniendo en cuenta (i) que el actor dirigió la petición de tutela al Tribunal Contencioso Administrativo de Boyacá, (ii) que la misma fue repartida a la Sala Tercera de Decisión del referido Tribunal, (iii) que la norma aplicable es la del primer inciso del numeral 1º del artículo 1º del decreto 1382 de 2000 (competencia para conocer de tutelas interpuestas contra autoridades administrativas), y (iv) que la entidad demandada es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Dirección ejecutiva de la Administración Judicial (entidad del orden nacional), (…) [ordenar] a la Sala Tercera de Decisión del Tribunal de Boyacá, asumir de forma inmediata el conocimiento de la solicitud de tutela (…)” presentada por la accionante.
[7] Corte Constitucional. Auto 277 de 2002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[8] Normatividad que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte integran el denominado bloque de constitucionalidad.

References: artículo 86
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 112
 artículo 114
 artículo 1