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Timestamp: 2018-08-17 03:06:08+00:00

Document:
Textos aprobados - Jueves 12 de octubre de 2006 - Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales - P6_TA(2006)0418
Procedimiento : 2006/2137(INI)
Ciclo relativo al documento : A6-0272/2006
Jueves 12 de octubre de 2006 - Bruselas Edición definitiva
Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales
Resolución del Parlamento Europeo sobre el seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales (2006/2137(INI))
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Informe sobre la competencia en los servicios profesionales"(COM(2004)0083),
– Vista la Comunicación de la Comisión titulada "Servicios profesionales – Prosecución de la reforma - Seguimiento del Informe sobre la competencia en los servicios profesionales", (COM(2005)0405),
– Vistos los artículos 6, 43, 45, 49 y 81 del Tratado CE,
– Vista su Resolución de 18 de enero de 1994 sobra la situación y la organización del notariado en los doce Estados miembros de la Comunidad(1) ,
– Vista su Resolución de 5 de abril de 2001 sobre escalas de honorarios y tarifas obligatorias para determinadas profesiones liberales, en particular los abogados, y sobre la función y la posición particulares de las profesiones liberales en la sociedad moderna(2) ,
– Vista su Resolución de 16 de diciembre de 2003 sobre las disposiciones en materia de mercado y competencia para las profesiones liberales(3) ,
– Vista su Resolución de 23 de marzo de 2006 sobre las profesiones jurídicas y el interés general en el funcionamiento de los sistemas jurídicos(4) ,
– Vista la Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados(5) ,
– Vista la Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título(6) ,
– Vista la Directiva 2003/8/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios(7) ,
– Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales(8) ,
– Vista la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sobre el Derecho de la competencia y la libre prestación de servicios en la Comunidad, teniendo en cuenta en particular las disposiciones nacionales sobre honorarios mínimos,
– Vista la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (9) ,
– Visto el estudio titulado "Economic impact of regulation in the field of liberal professions in different Member States", de enero de 2003, elaborado por el Institut für höhere Studien (IHS) por encargo de la Comisión,
– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0272/2006),
A. Considerando que el Consejo Europeo aprobó en marzo de 2000 en Lisboa un programa de reformas dirigido a convertir la UE para 2010 en "la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social", dentro del respeto del medio ambiente (estrategia de Lisboa),
B. Considerando que en el Informe del grupo de alto nivel presidido por Wim Kok, de noviembre de 2004, titulado "Hacer frente al desafío - La estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo", se subrayaba la importancia que reviste liberalizar la totalidad de los mercados y eliminar los procedimientos administrativos innecesarios para fortalecer la competencia,
C. Considerando que, en su evaluación intermedia de la estrategia de Lisboa, el Consejo Europeo determinó darle un nuevo impulso y orientarla hacia el crecimiento y el empleo, e invitó a los Estados miembros a que presentaran programas nacionales de reforma dirigidos a promover el crecimiento y el empleo,
D. Considerando que a los servicios, como motor principal del crecimiento en la UE, les corresponde un papel importante en la mejora de la competitividad de la economía europea,
E. Considerando que los servicios profesionales deben incluirse en los esfuerzos de reforma, pues son un sector clave de la economía europea,
F. Considerando que, en virtud del principio de subsidiariedad, corresponde a los Estados miembros decidir si desean regular las profesiones directamente mediante reglamentaciones nacionales o si prefieren permitir la autorregulación a cargo de los organismos profesionales,
G. Considerando que la Comisión inició hace varios años un diálogo con los Estados miembros y las organizaciones profesionales sobre la supresión de obstáculos a la competencia, que ha conducido a la adopción de medidas de liberalización y a nuevos esfuerzos de reforma,
H. Considerando que, según el principio de subsidiariedad, a los Estados miembros y sus organizaciones profesionales de los prestadores de servicios autónomos les corresponde una importancia destacada en la continuación de los esfuerzos de reforma,
I. Considerando que las organizaciones profesionales, otros organismos profesionales, las organizaciones de consumidores y usuarios y todas las partes interesadas pertinentes deben participar equilibradamente en el proceso,
J. Considerando que las asimetrías de información entre clientes y prestadores de servicios autónomos, el hecho de que pueda considerarse que determinados servicios profesionales aportan "bienes públicos" y el hecho de que la prestación de servicios profesionales pueda estar asociada a "externalidades" legitiman determinadas regulaciones ,
K. Considerando que los ejercicios de inventario en el ámbito de los servicios profesionales que encargó la Comisión en 2002-2003 no reflejan ya la situación actual en materia de reglamentación de los distintos Estados miembros lo que, por tanto, dificulta también la evaluación de los esfuerzos de reforma,
L. Considerando que la Comisión no ha abordado las repercusiones en términos de nuevos puestos de trabajo y de crecimiento adicional de una reforma sistemática y favorable a la competencia del sector de los servicios profesionales,
M. Considerando que definiendo objetivos e indicadores claros y fundamentándolos científicamente puede afianzarse el convencimiento de todos los participantes en el proceso de reforma acerca de la necesidad de los esfuerzos de reforma,
N. Considerando que la prioridad fundamental de la reforma debe ser un acceso más generalizado y sencillo por parte de los consumidores, garantizando al mismo tiempo la calidad de estos servicios y una buena relación entre costes y eficacia,
O. Considerando que todavía existen grandes diferencias en cuanto al grado de apertura al mercado alcanzado por las diferentes categorías profesionales,
P. Considerando que la Directiva 2005/36/CE establece normas según las cuales los Estados miembros de acogida subordinan el acceso a una profesión regulada o su ejercicio en su territorio a la posesión de determinadas cualificaciones profesionales,
1. Acoge con satisfacción el diálogo entablado entre la Comisión, los Estados miembros y las organizaciones profesionales de los prestadores de servicios autónomos con el fin de eliminar las barreras a la competencia injustificadas o que perjudican la consecución del interés general y las normas desventajosas para los consumidores y, en definitiva, para los propios prestadores;
2. Pide a todos los participantes en el proceso de reforma que lo prosigan de forma constructiva;
3. Reconoce el derecho de regular sobre la base de peculiaridades tradicionales, geográficas y demográficas; a este respecto, destaca que deben elegirse aquellas normas que restrinjan la competencia lo menos posible y que en el sistema actual tienen que impulsarse los procesos de reforma en materia de contenidos con el fin de apoyar la consecución de los objetivos de Lisboa;
4. Alienta a los Estados miembros a que estudien de forma constructiva las experiencias prácticas de los procesos de reforma de otros Estados miembros en el ámbito de los servicios profesionales para poder aprovecharlas de la mejor manera posible para los esfuerzos de reforma propios;
5. Considera que la obligatoriedad de una tarificación fija o mínima y la prohibición de negociar honorarios en función de los resultados obtenidos podrían suponer un obstáculo a la calidad del servicio ofrecido a los ciudadanos y a la competencia; pide a los Estados miembros que superen estas obligaciones con medidas menos restrictivas y más adecuadas al respeto de los principios de no discriminación, necesidad y proporcionalidad, activando mecanismos de consulta con todas las partes interesadas;
6. Pide a la Comisión que garantice, en el sector de las profesiones liberales, el cumplimiento de las normas del Tratado relativas a la protección de la competencia y del mercado interior;
7. Opina que una autorregulación o una regulación eficaz y transparente de los prestadores de servicios autónomos, que calcule de antemano el efecto de sus intervenciones, las controle y, dado el caso, las corrija a posteriori , es un medio idóneo para atender a los requisitos derivados de la estrategia de Lisboa; considera que los Estados miembros deben ser responsables de controlar el alcance de la autorregulación nacional para evitar que perjudique los intereses de los consumidores o la realización del interés general;
8. Pide a los Estados miembros que garanticen el acceso y la movilidad en el ámbito de los servicios profesionales y que faciliten la transición desde la formación universitaria y post-universitaria a las profesiones;
9. Considera que, para reforzar las estructuras de la pequeña y mediana empresa, así como la capacidad innovadora y la competitividad de los servicios profesionales, es necesario eliminar las restricciones de las posibilidades de cooperación y favorecer el establecimiento de prestadores de servicios interprofesionales;
10. Considera importante reforzar las normas éticas y la protección de los consumidores en el ámbito de los servicios profesionales y apoya la adopción de códigos de conducta por parte de los prestadores de servicios profesionales, en cuya elaboración deben participar todas las partes interesadas pertinentes;
11. Destaca que puede prescindirse en una medida muy amplia de regulaciones especiales en materia de publicidad y que en el futuro éstas deberán limitarse a casos excepcionales debidamente justificados; señala asimismo que el mantenimiento de regulaciones especiales en materia de publicidad debe limitarse a casos excepcionales debidamente justificados y que la reducción de la regulación debe tener por objetivo permitir que los profesionales informen a los usuarios de los servicios que ofrecen a través de la publicidad, facilitando información a los consumidores sobre sus cualificaciones y especialidades profesionales y sobre la naturaleza y el coste de los servicios ofrecidos;
12. Pide a la Comisión que exponga las repercusiones en términos de nuevos puestos de trabajo y de crecimiento adicional que se esperan de una reforma sistémica favorable a la competencia del sector de los servicios profesionales;
13. Insta a la Comisión a que examine atentamente las diferencias que persisten en términos de apertura al mercado entre los diferentes tipos de categorías profesionales en cada Estado miembro y el impacto esperado de la plena eliminación de los obstáculos innecesarios a la competencia, incluida una evaluación de los impactos esperados en sectores profesionales que disponen de recursos limitados o están restringidos a determinadas regiones;
14. Alienta a la Comisión a que amplíe su análisis en lo referente a la subdivisión de la protección regulatoria según los diferentes grupos de consumidores, realizando estudios más precisos del ámbito de las pequeñas y medianas empresas, y a que tenga en cuenta y estudie con más precisión el hecho de que el sector público no es fuente de una demanda homogénea, sino que se divide en numerosas unidades pequeñas que demandan servicios profesionales de manera independiente y con intensidad diversa;
15. Señala que, en la subdivisión de la protección regulatoria según los diferentes grupos de consumidores, se pasa por alto que las reglamentaciones obtienen su legitimación de que la prestación de servicios profesionales puede entrañar "externalidades" y que determinados servicios profesionales pueden considerarse "bienes públicos";
16. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.
(1) DO C 44 de 14.2.1994, p. 36.
(2) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 364.
(3) DO C 91 E de 15.4.2004, p. 126.
(4) Textos aprobados, P6_TA(2006)0108.
(5) DO L 78 de 26.3.1977, p. 17.
(6) DO L 77 de 14.3.1998, p. 36.
(7) DO L 26 de 31.1.2003, p. 41.
(8) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
(9) DO L 149 de 11.6.2005, p.22.
Última actualización: 3 de mayo de 2007 Aviso jurídico

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