Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2016-0492_ES.html
Timestamp: 2019-11-14 07:13:28+00:00

Document:
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario
Ciclo relativo al documento : B8-0492/2016
Véase también la propuesta de resolución común RC-B8-0488/2016
tras la pregunta con solicitud de respuesta oral B8-0361/2016
sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))
Stelios Kouloglou, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Paloma López Bermejo, Patrick Le Hyaric, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Kostadinka Kuneva, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina, Lidia Senra Rodríguez, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli, Marisa Matias en nombre del Grupo GUE/NGL
Resolución del Parlamento Europeo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (2016/2662(RSP))
– Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos,
– Vistos los Convenios de Ginebra y otros instrumentos jurídicos en materia de Derecho internacional humanitario,
– Visto el artículo 208 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) relativo al principio de coherencia de las políticas en favor del desarrollo,
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores, de 8 de diciembre de 2009, sobre el fomento de la observancia del Derecho internacional humanitario,
– Vistas las Directrices actualizadas de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario(1),
– Vistos los Principios en materia de asociación de la Plataforma Humanitaria Mundial, de 12 de julio de 2007,
– Visto el informe del secretario general de las Naciones Unidas para la Cumbre Humanitaria Mundial, titulado «Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida», de 2 de febrero de 2016,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1998 (2011), de 12 de julio de 2011, y 2143 (2014), de 7 de marzo de 2014, relativas a la protección de los niños afectados por conflictos armados,
– Vista la Resolución A/RES/64/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 9 de julio de 2010, sobre el derecho a la educación en situaciones de emergencia,
– Vistas la Declaración sobre Escuelas Seguras, de mayo de 2015, abierta a la aprobación en la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras organizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega en mayo de 2015, y las Directrices conexas para proteger a las escuelas y universidades de la posibilidad de ser usadas con fines militares durante un conflicto armado,
– Vista la Resolución, de 10 de diciembre de 2015, de la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el fortalecimiento del cumplimiento del Derecho internacional humanitario,
– Vista su Resolución, de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen(2),
– Vista su Resolución, de 12 de febrero de 2015, sobre la crisis humanitaria en Irak y Siria, en particular en el contexto del Estado Islámico(3),
– Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2015, sobre la preparación para la Cumbre Humanitaria Mundial: retos y oportunidades para la ayuda humanitaria(4),
– Vista la pregunta al Consejo sobre los ataques a hospitales y escuelas, una violación del Derecho internacional humanitario (O-000063/2016 – B8-0361/2016),
A. Considerando que la comunidad internacional ha sido testigo de una terrible tendencia a atentar contra hospitales y escuelas en conflictos armados en el mundo;
B. Considerando que se está violando el Derecho internacional humanitario no solo en los conflictos en curso en Afganistán, Yemen y Siria, sino también en los conflictos que se prolongan desde hace tiempo en Palestina y en el Sáhara Occidental; que en agosto de 2014, Israel bombardeó una escuela de las Naciones Unidas que acogía a más de 3 000 personas desplazadas en la ciudad de Rafah en Gaza, acto que el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, denunció como criminal;
C. Considerando que la primera Cumbre Humanitaria Mundial se celebrará en Estambul los días 23 y 24 de mayo de 2016; que el secretario general de las Naciones Unidas, en su informe para la Cumbre Humanitaria Mundial titulado «Una humanidad: nuestra responsabilidad compartida», llama la atención sobre lo que él denomina «la erosión desvergonzada y brutal del respeto de las normas internacionales de derechos humanos y el derecho humanitario» en situaciones de conflictos armados, algo que amenaza con provocar una regresión a la era de las guerras sin límites; que, de acuerdo con el informe, el hecho de no exigir y promover el respeto de estos derechos y normas compartidas y de no apoyar el cumplimiento de la ley ni los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas contribuye a dicha erosión;
D. Considerando que los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, las normas esenciales del Derecho internacional humanitario y los derechos humanos recogidos en los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales, deben estar en el centro de todas las acciones humanitarias; que se debe garantizar sin condiciones la protección de las personas desplazadas y debe prevalecer la independencia de la ayuda, es decir, que la ayuda esté libre de consideraciones políticas, económicas o de seguridad o de cualquier tipo de discriminación;
E. Considerando que el Derecho internacional humanitario, también denominado Derecho aplicable a los conflictos armados, tiene como objetivo atenuar los efectos de los conflictos armados protegiendo a quienes no participan en ellos y regulando los métodos y medios de combate;
F. Considerando que los hospitales y el personal médico están protegidos de forma explícita en el marco del Derecho internacional humanitario y que el ataque deliberado a civiles y a la infraestructura civil se considera una violación grave del Derecho internacional humanitario;
G. Considerando que las mujeres y los niños se enfrentan a mayores riesgos como consecuencia del desplazamiento y el colapso de las estructuras de protección y ayuda habituales; que el Derecho internacional humanitario requiere que se proporcionen sin discriminación todos los cuidados médicos necesarios a las niñas y mujeres violadas durante las guerras; que la Organización Mundial de la Salud considera que los abortos practicados en condiciones de riesgo son una de las tres causas principales de mortalidad materna; que la salud materna, la atención psicológica para las mujeres violadas y la educación y escolarización de los niños desplazados son los principales retos de los campos de refugiados;
H. Considerando que, desde el 14 de marzo de 2016, cincuenta y dos Estados —incluidos varios Estados miembros de la Unión, pero no todos— han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, tras la Conferencia de Oslo sobre Escuelas Seguras, celebrada en mayo de 2015;
I. Considerando que, al aprobar las Directrices de la Unión Europea para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, el Consejo de Asuntos Exteriores puso de relieve la importancia de abordar eficazmente las consecuencias de las violaciones graves, respaldando para ello la creación de mecanismos adecuados de asunción de responsabilidad, y destacó el papel crucial que puede desempeñar la Corte Penal Internacional (CPI) en aquellos casos en los que el Estado o los Estados en cuestión no puedan o no quieran ejercer su jurisdicción; las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes Grupos del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría ser de aplicación el Derecho internacional humanitario y, en esos casos, hacer las correspondientes recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario (punto15, letra a));
J. Considerando que, entre 2012 y 2015, el Comité Internacional de la Cruz Roja organizó un gran proceso de consulta sobre el modo de reforzar la protección jurídica de las víctimas de conflictos armados y mejorar la eficacia de los mecanismos de observancia del Derecho internacional humanitario;
K. Considerando que los Estados que participaron en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en diciembre de 2015 no fueron capaces finalmente de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo propuesto por la Conferencia y el Gobierno para reforzar la observancia del Derecho internacional humanitario; que el nuevo mecanismo propuesto habría implicado la convocatoria de una reunión anual de Estados parte en los Convenios de Ginebra; que los Estados participantes acordaron iniciar un nuevo proceso intergubernamental para encontrar vías de mejorar la aplicación del Derecho internacional humanitario con el fin de presentar los resultados en la próxima Conferencia Internacional, que tendrá lugar en 2019;
1. Expresa su consternación y su más profunda preocupación ante los ataques mortales contra hospitales y escuelas que se están produciendo con una frecuencia cada vez más alarmante en el contexto de conflictos armados en todo el mundo y que convierten a pacientes, estudiantes, personal médico y docente, trabajadores humanitarios y familiares en objetivos y en víctimas, al tiempo que las condenas internacionales raramente conducen a investigaciones independientes y a la exigencia de verdaderas responsabilidades a los responsables; insta a los Estados miembros, a las instituciones de la Unión y a la Vicepresidenta/Alta Representante a que reconozcan el verdadero alcance de esta emergencia y elaboren sin demora un plan de acción concreto, con plazos claramente definidos, con el fin de utilizar toda la influencia de la Unión y de sus Estados miembros para poner fin a estos abusos y violaciones;
2. Condena los ataques contra hospitales y escuelas, prohibidos por el Derecho internacional, y reconoce que estos actos pueden constituir graves violaciones de los Convenios de Ginebra de 1949 y crímenes de guerra conforme al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional; manifiesta su convencimiento de que la protección de las instalaciones sanitarias y educativas como espacios neutros y protegidos durante las situaciones de conflicto armado depende de los resultados de unas investigaciones transparentes, independientes e imparciales sobre los ataques brutales que se hayan cometido y de la exigencia efectiva de asunción de responsabilidades por los crímenes perpetrados;
3. Recuerda que cualquier violación del Derecho internacional humanitario, como los ataques contra hospitales, constituye un crimen de guerra y, por tanto, debe ser investigado de manera exhaustiva e independiente;
4. Alienta a la Unión y a sus Estados miembros a que respalden el llamamiento del secretario general de las Naciones Unidas para que todos los Estados miembros de esta organización aprovechen la ocasión que les brinda la Cumbre Humanitaria Mundial para renovar su compromiso de proteger a los civiles y los derechos humanos de todos respetando las normas ya convenidas; destaca la importancia concedida por el secretario general de las Naciones Unidas al refuerzo de los sistemas internacionales judiciales y de investigación, incluida la Corte Penal Internacional, como complemento de los marcos nacionales, con objeto de poner fin a la impunidad de las violaciones del Derecho internacional humanitario;
5. Expresa su profunda preocupación por la situación humanitaria en Gaza y en el Sáhara Occidental ocupado; insiste en que la justicia y el respeto del Estado de Derecho son las bases indispensables para la paz y destaca la obligación de poner fin a la impunidad constante y sistemática de las violaciones del Derecho internacional;
6. Reconoce la importancia y el carácter único de las Directrices de la Unión para fomentar la observancia del Derecho internacional humanitario, ya que ningún otro Estado u organización ha adoptado un documento equivalente; manifiesta, no obstante, su preocupación con respecto a la eficacia de la aplicación de las Directrices de la Unión por parte de las instituciones y los Estados miembros de la Unión;
7. Pide a la Unión que promueva un consenso global en materia de acción humanitaria que reafirme los principios de la ayuda humanitaria y las obligaciones y los derechos con arreglo al Derecho internacional humanitario, al tiempo que garantice respuestas en materia de protección que se centren en las personas y se basen en los derechos humanos, y que haga que los Gobiernos rindan cuentas de sus funciones y responsabilidades en el ámbito de la protección de los ciudadanos; señala a la atención los efectos negativos de la politización de la ayuda humanitaria, y recuerda que la defensa de los principios humanitarios básicos y el compromiso continuo en su favor son esenciales para garantizar un espacio humanitario en zonas de conflicto;
8. Pide al Consejo de Asuntos Exteriores y a la Vicepresidenta/Alta Representante que velen por que las políticas y actuaciones de la Unión en materia de Derecho internacional humanitario se desarrollen de forma coherente y eficaz y que revisen la actual asignación de responsabilidades, según la cual la aplicación de las Directrices en materia de Derecho internacional humanitario incide ante todo en las competencias del Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público, presidido por la Presidencia del Consejo; destaca, en este contexto, que, en su punto 15, letra a), las Directrices de la Unión obligan a «los correspondientes grupos de trabajo del Consejo» a llevar a cabo un seguimiento de las situaciones en las que podría aplicarse el Derecho internacional humanitario y, en estos casos, formular recomendaciones para promover la observancia del Derecho internacional humanitario; pide a los correspondientes grupos de trabajo del Consejo que utilicen este mandato para abordar la actual crisis urgente de inobservancia;
9. Recuerda la posición adoptada en las Directrices de la Unión según la cual debería estudiarse la posibilidad de acudir, cuando proceda, a la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE), creada conforme al Protocolo adicional I de las Convenciones de Ginebra de 1949, que puede contribuir a fomentar el respeto del Derecho internacional humanitario a través de su capacidad de investigación y de sus buenos oficios; constata que no se ha recurrido a los servicios de dicha comisión e insta al Consejo, a los Estados miembros y al Servicio Europeo de Acción Exterior a que valoren seriamente acudir a ella, por primera vez desde su creación, a fin de abordar los ataques a hospitales y escuelas como una situación de crisis urgente relativa al respeto de las normas del Derecho internacional humanitario;
10. Observa con preocupación el espacio institucional limitado de que dispone actualmente la comunidad internacional para abordar problemas comunes relativos a la aplicación del Derecho internacional humanitario; lamenta, en este sentido, el fracaso de los Estados participantes en la XXXII Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, celebrada en diciembre de 2015, a la hora de alcanzar un acuerdo sobre un nuevo mecanismo que habría reforzado el sistema de gobernanza del Derecho internacional humanitario por medio de una reunión anual de los Estados para mejorar el diálogo y de un sistema de información periódica sobre la conformidad de las normas nacionales con el Derecho internacional humanitario; pide a la Unión y a sus Estados miembros que se esfuercen por alcanzar un mejor resultado en el próximo proceso intergubernamental;
11. Pide un compromiso mundial para garantizar la seguridad de las mujeres y niñas desde el inicio de cada situación de emergencia o crisis, atendiendo al riesgo de violencia sexual y de género, reforzando la sensibilización, actuando para enjuiciar a los autores de dicha violencia y asegurando el acceso de mujeres y niñas a todos los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto en condiciones de seguridad, en las crisis humanitarias, en lugar de perpetuar lo que equivale a un trato inhumano, tal como requiere el Derecho internacional humanitario y prevén los Convenios de Ginebra y sus Protocolos adicionales;
12. Recuerda que la situación de inestabilidad que se registra actualmente en Afganistán, Yemen, Irak y toda la región de Oriente Próximo y del Norte de África (MENA) es fruto de determinadas políticas de los gobiernos, así como de la Unión, incluidas las políticas comerciales; recuerda que el fundamentalismo y la violencia son el resultado de la desigualdad y la pobreza;
13. Pide a la Unión y a sus Estados miembros que cumplan sus compromisos en el ámbito de la política de desarrollo y respeten el artículo 208 del TFUE, que establece que «la Unión tendrá en cuenta los objetivos de la cooperación para el desarrollo al aplicar las políticas que puedan afectar a los países en desarrollo»;
14. Rechaza el concepto de cooperación civil y militar, ya que entraña el incalculable riesgo de que civiles y trabajadores humanitarios sean utilizados para lograr objetivos militares, pone en peligro la neutralidad, la independencia y la imparcialidad de las organizaciones civiles, de desarrollo y humanitarias, algo que constituye una condición previa para la prestación efectiva de ayuda, y puede originar ataques contra ONG y organizaciones de ayuda; pide, por tanto, que se establezca una separación estricta entre operaciones civiles y militares en todos los ámbitos y recuerda que la gran mayoría de organizaciones de ayuda (humanitaria) hacen hincapié en su independencia e imparcialidad, tal como se contempla en el Código de conducta del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y las ONG en las operaciones de ayuda en caso de catástrofes;
15. Señala con gran preocupación el aumento de las intervenciones militares y del enfoque militar en los conflictos, y critica vehementemente el papel que han desempeñado las distintas intervenciones occidentales de los últimos años en el fomento de la radicalización de los conflictos en la región; subraya que no existe una solución militar para los conflictos en la región; aboga por una política exterior de la Unión de carácter puramente civil y pacífico;
16. Rechaza que se utilice el concepto de «responsabilidad de proteger» como pretexto para el uso unilateral de la fuerza;
17. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al representante especial de la Unión para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los Estados miembros de las Naciones Unidas.
Textos Aprobados, P8_TA(2015)0459.

References: RESOLUCIÓN 
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