Source: http://barrioautonomobelem.blogspot.com/2011/09/pidele-la-cndh-que-presente-accion-de.html
Timestamp: 2018-09-26 01:40:45+00:00

Document:
BARRIO AUTÓNOMO DE BELÉN: Pídele a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad contra la #LeyJavierDuarte / Compra masiva de Proceso equivale a censura: Artículo 19 / Veracruz: zona de silencio informativo: periodistas del país / Asesinan a María Elizabeth Macías, periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Pídele a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad contra la #LeyJavierDuarte / Compra masiva de Proceso equivale a censura: Artículo 19 / Veracruz: zona de silencio informativo: periodistas del país / Asesinan a María Elizabeth Macías, periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas
Pídele a la CNDH que presente acción de inconstitucionalidad contra la #LeyJavierDuarte
Acción promovida por ContingenteMX
En Veracruz fue aprobada una ley que atenta contra la libertad de expresión (Foto: Vive Aguascalientes)
El pasado martes 20 de Septiembre, el Congreso del Estado de Veracruz-Llave aprobó la propuesta del Lic. Javier Duarte Ochoa, gobernador de esa entidad, sobre la adición de un capítulo al código penal del estado, en donde se establece un delito denominado Perturbación del orden público. En el texto de dicho artículo se indica que se sancionará “A quien, por cualquier medio, afirme falsamente la existencia de aparatos explosivos u otros; de ataques con armas de fuego; o de sustancias químicas, biológicas o tóxicas que puedan causar daño a la salud, ocasionando la perturbación del orden público”
Por lo anterior, unamos esfuerzos y solicitemos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que presente una acción de inconstitucionalidad contra la aprobación de esta Ley.
Destinatario: Lic. Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
El que suscribe la presente, en pleno ejercicio de sus derechos constitucionales, solicita:
Que la Comisión Nacional de Derechos Humanos a su cargo, ejerza la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contemplada por el inciso g, fracción II del artículo 105 constitucional dentro del plazo de 30 días naturales siguientes, contra la publicación del Decreto por el que se adiciona un capítulo III al Título XXII y se adiciona el delito contenido en el artículo 373 “Perturbación del orden público” al Código Penal del Estado de Veracruz aprobado por el Congreso del Estado el martes 20 de septiembre de este año y publicado el mismo día en la Gaceta Oficial del Estado.
Se entiende que si bien existen límites a la libertad de expresión, en una sociedad democrática estos no deben constituirse en obstáculos para el ejercicio de la libertad misma que la vacíen de sentido como sucede en el caso concreto.
Consideró que el artículo 373 adicionado atenta contra la libertad de expresión consagrada en el artículo 6 constitucional, a saber: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público;…” por la siguientes razones:
1. Afirmar algo no implica la voluntad de difundir extensivamente y menos de perturbar el orden. Se puede afirmar al responder a una pregunta, también se puede afirmar algo al repetir lo que alguien más dijo, incluso una afirmación puede darse en un contexto privado.
2. Se exige de la simple afirmación de una idea un requisito obligatorio de veracidad sin el cual, la simple opinión equivoca no intencional sobre un hecho, puede ser penalizada.
3. No precisa los medios por los que se emite la idea, más aún, los abarca todos (“A quien por cualquier medio”). Un “medio” puede ser una conversación persona a persona, una llamada telefónica, un correo electrónico o cualquier comunicación en Internet: hasta una señal con las manos.
4. Al utilizar la palabra “otros” (aparatos) amplía las posibilidades de que “otros” “aparatos” puedan ser mencionados en una simple expresión o en el contexto de una expresión: con esto, podría caerse en el supuesto de perturbación del orden público.
5. La redacción del delito no califica sobre la intencionalidad de la conducta. Con dolo o sin él, la pena se impondría más bien por la magnitud de la perturbación causada e independientemente de la intención de generarla.
6. Cuando se sucedan hechos de violencia se inhibirá el libre intercambio de información valiosa y oportuna para la seguridad de las personas, condición que integra el concepto de orden público como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva OC-5/85:
“… el mismo concepto de orden público reclama que, dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia, que no es concebible sin el debate libre y sin que la disidencia tenga pleno derecho de manifestarse. En este sentido, también interesa al orden público democrático -tal como está concebido por la Convención Americana- que se respete escrupulosamente el derecho de cada ser humano de expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto de recibir información.”
Por lo anterior, sostengo que de conformidad con los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales (artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros), que las restricciones a la libertad de expresión están justificadas en cada caso: solo de manera excepcional, en conductas determinadas y específicas, y no en definiciones amplias y generales como las descritas por el citado artículo 313.
México transcurre por un momento social difícil. No será con medidas draconianas o restrictivas del libre flujo de la información y de las opiniones, como podremos trascender esta complicada realidad de violencia respetando escrupulosamente nuestros derechos fundamentales. Atentamente
Compra masiva de Proceso equivale a censura: Artículo 19
MÉXICO, D.F. (apro).- La organización de derechos humanos Artículo 19 reprobó la compra masiva de la revista Proceso en Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla.
“(…) La compra masiva, así como el robo de ejemplares con el fin de evitar que lleguen a sus destinatarios es una modalidad de censura previa y en consecuencia una violación al derecho de la sociedad de allegarse de información de interés público, tal como lo establecen el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“En ese sentido ARTICLE 19 hace un llamado a los gobiernos estatales y federal para que cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen la libre difusión e ideas e información. Todo obstáculo o restricción realizados por personas privadas o por agentes estatales representan una violación a los principios que prohíben la censura previa”, insta la organización en un comunicado.
Este fin de semana fueron comprados de forma masiva 5 mil 400 ejemplares de Proceso en Veracruz. La desaparición del semanario coincidió con el reportaje principal de la revista, que denunciaba el reacomodo de los cárteles de la droga en dicho estado.
“La maniobra” es “cada vez más recurrente” contra la revista, advirtió Artículo 19.
Veracruz: zona de silencio informativo: periodistas del país
Comunicadores sufren acoso judicial y hay leyes especiales contra twitteros.
Xalapa, Ver., 26 de septiembre de 2011.- Cada día se vulnera más el derecho a la información de todos los mexicanos porque siguen creciendo las zonas de silencio informativo en la mayoría de las entidades del país, especialmente en el corredor de tierra caliente de los estados de Guerrero, Michoacán y Estado de México así como en los estados de Veracruz, Tamaulipas y una región de Chihuahua.
Lo anterior, como consecuencia de las amenazas, agravios y asesinatos que cometen no sólo criminales de la delincuencia organizada, sino también servidores públicos de todos los niveles.
Esa situación quedó de manifiesto en el pronunciamiento por la protección del ejercicio del periodismo en los estados de la república que firman organizaciones de periodistas y periodistas independientes de varios estados del país, que durante dos días se reunieron en la ciudad de México , en el Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Confirmaron, señalan, que a pesar de condiciones distintas que tienen para trabajar en cada entidad, padecen circunstancias comunes derivadas de la vulnerabilidad estructural de la mayoría de periodistas mexicanos, por la inexistencia de leyes que reconozcan sus derechos laborales y profesionales, por la debilidad jurídica para la protección del ejercicio, por malas prácticas de gobernantes, servidores públicos, elementos de las fuerzas de seguridad de todas las corporaciones y hasta de muchos empresarios de medios de prensa.
Señalan que las agresiones al ejercicio periodístico ocurren más fácilmente porque la vulnerabilidad de los periodistas mexicanos es más entre quienes realizan este trabajo en las entidades del país, porque padecen las condiciones más difíciles, especialmente los periodistas y radios indígenas y los reporteros gráficos de todos los medios.
Por esta visión afirman que se requieren, no sólo medidas de seguridad como reacción rápida ante amenazas o riesgos inminentes, sino también leyes, políticas públicas y planes nuestros para la protección correctiva y preventiva en todos los aspectos.
A ellos, dicen, les preocupa sobremanera tres asuntos contingentes; la descomposición acelerada de las garantías para ejercer el periodismo en Veracruz, el enfoque de las investigaciones por los feminicidios de las periodistas Marcela Yarce y Rocío González en el Distrito Federal, y las intenciones en el Congreso de la Unión de constreñir más la libertad de expresión y la libertad de prensa en las propuestas de Ley de Seguridad Nacional y de reformas al Código Federal de Procedimientos Penales y leyes orgánicas, como de la Armada.
Entre otras cosas, se comprometieron a promover en cada entidad la construcción de comités de protección los propios periodistas, como primera instancia de auxilio, para atender colegas en riesgo y gestionar que sean atendidos sin dilación por los órganos de gobierno responsables de garantizar la seguridad.
También, a impulsar redes estatales de periodistas y de organizaciones, especialmente en espacios electrónicos, y promover uno o varias conexiones nacionales hasta contar con una red de redes de alerta temprana y de reacción rápida ante riesgos y amenazas.
Asimismo, demandaron al gobierno federal una reunión inmediata con el Secretario de Gobernación y el Procurador General de la República para examinar el estado en que se encuentra el llamado mecanismo federal de protección a periodistas, para examinar los casos de riesgos que se tienen en diversas entidades de la república y conocer los avances en las investigaciones de los asesinatos de los periodistas del año 2000 a la fecha.
Demandaron la atención también de los gobiernos estatales a coadyuvar pronta y diligentemente con las instancias federales de protección o de organizaciones civiles para atender casos de periodistas o medios de prensa en riesgo con medidas cautelares y de seguridad.
Demandaron de los Congresos estatales a descongelar iniciativas o acelerar procesos sobre leyes de protección y/o fomento de los derechos del ejercicio del periodismo en cada entidad y que consideren la realización de una reunión cumbre de las legislaturas interesadas en acelerar esos trabajos.
Los periodistas manifiestan que en los últimos meses se ha vivido una escalada de violencia extrema en contra de las y los compañeros periodistas que ejercen su profesión en el estado de Veracruz; asesinatos, desapariciones, amenazas, agresiones, actos de intimidación e incluso violencia institucional en forma de descalificaciones a periodistas en riesgo, acoso judicial y leyes especiales contra twitteros.
“Frente a ello el gobierno de Veracruz está cayendo en el delito de omisión por no realizar medidas efectivas que frenen esta escalada; su responsabilidad no radica en negar o desmentir estos hechos lacerantes e indignantes, sino en actuar con políticas publicas claras de prevención e investigación de los hechos que claramente atentan contra toda la sociedad veracruzana al acallar y cerrar los canales de información y comunicación a los que tienen derecho”.
Mencionan también que hay evidencia de un éxodo irrefrenable de periodistas de Veracruz, y esto es otra muestra alarmante de que en dicha entidad no existen las condiciones mínimas para ejercer el periodismo.
“Urgimos y exigimos al gobierno de Javier Duarte que de inmediato investigue y castigue a los responsables de todos y cada uno de estos hechos, que garantice el ejercicio profesional de las y los periodistas en todo el territorio estatal y sobre todo que asuma su responsabilidad de cara a la nación sin minimizar o negar esta verdad tan dolorosa”.
Firman periodistas de 13 entidades de la República asistentes al Seminario Nacional por leyes y mecanismos de protección en los estados de la república, convocado por la Casa de los Derechos de los Periodistas.
Alerta: Asesinan a María Elizabeth Macías, periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas.
México, 26 de septiembre, 2011 (CEPET)

References: Artículo 19
 Artículo 19
 artículo 105
 artículo 373
 artículo 373
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 313
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 19
 Artículo 13
 Artículo 19