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Timestamp: 2019-12-14 09:59:20+00:00

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Registro Oficial. 7 de FEBRERO del 2007 Suplemento
Miércoles, 7 de febrero de 2007 - R. O. No. 17
70 Renuévase por sesenta días más el estado de emergencia eléctrica declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1331 de 7 de abril del 2006, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 19 de abril del 2006.
71 Amplíanse los beneficios establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 2181, publicado en el Registro Oficial No. 435 de fecha 11 de enero del 2007, a los ecuatorianos afectados por Air Madrid.
72 Renuévase el estado de emergencia en las provincias de Tungurahua, Chimborazo y Bolívar con e1 propósito de que se proceda de manera inmediata a la construcción de los cuatro proyectos de viviendas a ser ejecutados en los sectores La Paz, en el cantón Pelileo; Río Blanco, en el cantón Baños; Penipe, en el cantón Penipe; y, Guano, en el cantón Guano.
73 Nómbrase al ingeniero Roque Hernández Luna, en calidad de Secretario Nacional de Telecomunicaciones.
74 Nómbrase al señor Byron Antonio Villacís Cruz, para desempeñar las funciones de Director General del Instituto Nacional de Estadística y Censos -INEC-.
0039-2006-RA Revócase la resolución pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil de Tungurahua y concédese el amparo constitucional formulado por Franklin Ernesto Robalino Guadalupe.
0108-2006-RA Confírmase lo resuelto en primer nivel y concédese el amparo constitucional planteado por Favio Ronald Miranda Tirado.
0429-05-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Angel Marcelo Negrete Miño.
0540-05-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Guillermo Quezada Terán, Gerente General de la Compañía de Economía Mixta TRIPLEORO C.E.M.
0576-05-RA Revócase la resolución pronunciada por el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo Nº 3 en la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Manuel Efraín Morocho Carchi y otros.
0630-2005-RA Declárase sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador General del Estado, en consecuencia, las partes estarán a lo resuelto por el Juez Segundo de lo Civil de Guayaquil.
0702-2005-RA Revócase la resolución subida en grado y concédese la acción de amparo propuesta por el señor Carlos Obando Segura.
0722-2005-RA Confírmase la resolución subida en grado y niégase la acción de amparo propuesta por Evaristo Miguel Morán Peñafiel y otros.
0732-2005-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese el amparo solicitado por Elvis Gabriel Vicuña Quinto.
0753-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese parcialmente el amparo constitucional solicitado por Angel Oswaldo Lincango Zanguña y otra.
0787-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de origen y niégase el amparo solicitado por el licenciado Dionisio Gonzabay Salinas y otro, por improcedente.
0822-2005-RA Revócase la resolución adoptada por el Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por José Gonzalo Jumbo Díaz.
0845-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por la ciudadana Concepción Llautong Arias.
0868-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese el amparo solicitado por Bertha Lucía Pomaquero Caín.
0874-2005-RA Revócase la resolución subida en grado que inadmite la acción propuesta por el licenciado Luis Quishpi Vélez, Presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano.
0881-2005-RA Confírmase la decisión del Juez Tercero de lo Civil de Chimborazo y dispónese el archivo de la causa en la acción de amparo constitucional propuesta por Efraín Dylan Gaucho Aucancela y otros.
0896-05-RA Revócase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por el ingeniero Byron Oña González, Gerente General de la Compañía Induvallas Cía. Ltda.
0933-2005-RA Confírmase la resolución del Juez Décimo Noveno de Naranjal y concédese parcialmente el amparo solicitado por Glenda Corina Chao Franco.
0940-05-RA Revócase la resolución venida en grado y concédese parcialmente la acción de amparo constitucional propuesta por el ciudadano Miguel Oña Calapaqui.
0976-2005-RA Confírmase la resolución del Juez Tercero de lo Civil de El Oro y niégase el amparo solicitado a nombre del señor José Ramón Vera.
1014-2005-RA Declárase sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Director Regional de la Procuraduría General del Estado en Cuenca en la acción de amparo constitucional propuesta por Lucila Pulla y otros.
0075-2006-HC Confírmase la resolución venida en grado y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto por el doctor Alfredo Calderón a favor de la señora Lourdes Cecilia Guamán Auzaka.
0949-2006-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por Roberto Fabián Naranjo Yépez, por improcedente.
0509-2005-RA Revócase la resolución del Juez de instancia y concédese la acción de amparo constitucional propuesta por la licenciada Pía del Rocío Aparicio Baidal.
0554-2005-RA Confírmase la resolución del Juez de origen e inadmítese el recurso de amparo constitucional propuesto por Asdrúbal Hipólito Tapia Gallegos.
0750-2005-RA Confírmase la resolución del Juez inferior y niégase el recurso de amparo constitucional propuesto por Carlos Augusto Vega Vega.
0023-2006-AA Concédese la presente acción de inconstitucionalidad propuesta por el señor Manuel Asadobay Paca, Secretario General del Comité de Empresa "Febrero 18" de los Trabajadores de la Empresa Metropolitana de Aseo, EMASEO y déjase sin efecto la absolución emitida por el Procurador General del Estado.
Que, el artículo 249 de\n la Constitución Política de la República\n establece la responsabilidad del Estado en la provisión\n del servicio público de fuerza eléctrica, el cual\n debe responder a los principios de eficiencia, responsabilidad,\n universalidad, continuidad y calidad;
Que, por disposición del\n artículo 1 de la Ley de Régimen del Sector Eléctrico,\n el suministro de energía eléctrica es un servicio\n de utilidad pública de interés nacional; por lo\n tanto, es deber del Estado satisfacer directa o indirectamente\n las necesidades de energía eléctrica del país,\n mediante el aprovechamiento óptimo de recursos naturales,\n de conformidad con el Plan Nacional de Electrificación;
Que, mediante Decreto Ejecutivo\n No. 1331, expedido el 7 de abril del 2006, publicado en el Registro\n Oficial No. 253 de 19 de abril del 2006, el Presidente Constitucional\n de la República declaró el estado de emergencia\n eléctrica en todo el territorio nacional por sesenta días,\n con el objeto de garantizar la continuidad y suministro de fuerza\n eléctrica;
Que, mediante decretos ejecutivos\n Nos. 1498-A, 1718, 1878 y 2100 expedidos el 5 de junio del 2006,\n el 3 de agosto del 2006, el 29 de septiembre del 2006 y el 27\n de noviembre del 2006, publicados en los registros oficiales\n Nos. 295, 338, 385 y 415 de 20 de junio del 2006, 21 de agosto\n del 2006, 26 de octubre del 2006 y 12 de diciembre del 2006,\n respectivamente, el Presidente Constitucional de la República\n renovó el estado de emergencia eléctrica por sesenta\n días adicionales, en cada ocasión;
Que, el sector eléctrico\n se encuentra en pleno período de estiaje, que se extiende\n desde octubre del año anterior y que se estima concluirá\n en marzo o abril del presente año, y que se caracteriza\n por un alto consumo de combustibles para la producción\n de las centrales termoeléctricas;
Que, se registra un elevado número\n de fallas forzadas en el sistema eléctrico colombiano\n que restringe sistemáticamente el abastecimiento de potencia\n y energía eléctricas desde ese país, situación\n que origina que se incremente aun más el alto consumo\n de combustibles, por la necesaria entrada de generación\n térmica local, para suplir esta restricción;
Que, se ha previsto la ejecución\n del mantenimiento del túnel de carga Fase AB de la central\n hidroeléctrica Paute, que infiere una indisponibilidad\n de 500 MW de potencia, en el período del 16 de febrero\n al 2 de marzo del 2007;
Que, a pesar de los continuos\n llamados a la ciudadanía, a través de los diferentes\n medios de comunicación, para conseguir el concurso de\n los usuarios del sistema, mediante acciones que conlleven el\n uso eficiente y el ahorro de la energía, realizados por\n las entidades estatales y las empresas distribuidoras, para procurar\n la reducción y evitar el dispendio de energía eléctrica,\n no, se ha obtenido los resultados esperados, habiéndose\n registrado en los últimos meses un acelerado incremento\n en el consumo de energía eléctrica en el país,\n con tasas promedio de crecimiento del orden del 9% con relación\n al año precedente;
Que, los directores ejecutivos\n de CONELEC y CENACE, mediante oficio CENACE 0315 de 18 de enero\n del 2007, ponen en conocimiento del Ministerio de Energía\n y Minas la situación actual del sector eléctrico\n y sugieren la expedición del decreto de emergencia por\n sesenta días adicionales, con el fin de evitar riesgos\n para el normal abastecimiento de la demanda de electricidad del\n país, y que permita extender el plazo para la venta de\n combustible a crédito a las generadoras termoeléctricas;
Que, mediante oficio No. 0006DM-005-SE\n 00700736 de 23 de enero del 2007, el Ministro de Energía\n y Minas, por las razones expuestas en el considerando anterior\n por el CONELEC y el CENACE y las que agrega en este oficio, somete\n a consideración del Primer Mandatario el proyecto de decreto\n ejecutivo que declararía la ampliación de emergencia\n del sector eléctrico por 60 días adicionales; y,
En ejercicio de las atribuciones\n previstas en los artículos 180, 181 y 182 de la Constitución\n Política de la República,
Art. 1.- Renuévese por\n sesenta días más el estado de emergencia eléctrica\n declarado mediante Decreto Ejecutivo No. 1331 de 7 de abril del\n 2006, publicado en el Registro Oficial No. 253 de 19 de abril\n del 2006, mismo que fue renovado mediante decretos ejecutivos\n números 1498-A, 1718, 1878 y 2100, expedidos el 5 de junio\n del 2006, el 3 de agosto del 2006, el 29 de septiembre del 2006\n y el 27 de noviembre del 2006, publicados en los registros oficiales\n Nos. 295, 338, 385 y 415 de 20 de junio del 2006, 21 de agosto\n del 2006, 26 de octubre del 2006 y 12 de diciembre del 2006,\n respectivamente, en los mismos términos y condiciones,\n con el objeto de garantizar la continuidad y suministro del servicio\n de fuerza eléctrica.
Art. 2.- El Ministerio de Economía\n y Finanzas dispondrá las medidas pertinentes, a fin de\n garantizar que las importaciones de combustibles que sean necesarias\n realizar, para la normal operación de todas las centrales\n termoeléctricas del país hasta superar la crisis,\n se las haga en la forma más oportuna y eficaz, a través\n de PETROECUADOR.
Art. 3.- PETROCOMERCIAL mantendrá\n el crédito para la provisión de combustible para\n la normal operación de todas las centrales termoeléctricas\n del país que incluye la generación térmica\n de las empresas distribuidoras y de la CATEG, con cargo al déficit\n tarifario de generación estimado por el CENACE y el CONELEC.\n Este crédito será asignado con cargo a la partida\n presupuestaria Subsidio Empresas Eléctricas que el Ministerio\n de Economía y Finanzas debe incorporar en el Presupuesto\n del Gobierno Central del año 2007.
Por tanto facúltase al\n Ministerio de Economía y Finanzas compensar las deudas\n recíprocas y correlacionadas de las empresas distribuidoras,\n empresas generadoras térmicas y PETROECUADOR por el período\n comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2007.
Art. 4.- PETROCOMERCIAL entregará\n combustible a crédito a las empresas generadoras de electricidad\n que aún no tengan vencidas sus facturas, empresas y montos\n que serán determinados por el CENACE y el CONELEC.
Art. 5.- De la ejecución\n del presente decreto que entrará en vigencia a partir\n de la fecha de su suscripción, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial, encárguese a los ministros de\n Economía y Finanzas, de Energía y Minas, al Consejo\n Nacional de Electricidad, CONELEC, al Directorio del Fondo de\n Solidaridad, al Presidente Ejecutivo de PETROECUADOR y a las\n máximas autoridades de las diferentes entidades y organismos\n de la Administración Central.
Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, 26 de enero del 2007.
f.) Rafael Correa Delgado, Presidente\n Constitucional de la República.
f.) Ricardo Patiño, Ministro\n de Economía y Finanzas.
f.) Alberto Acosta, Ministro\n de Energía y Minas.
Es fiel copia del original.-\n Lo certifico.
f.) Pedro Solines Chacón,\n Subsecretario General de la Administración Pública.
Que, mediante Decreto Ejecutivo\n No. 2378 B, publicado en el Suplemento del Registro Oficial número\n 527 de 5 de marzo del 2002, se creó el Programa de Ayuda,\n Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos y sus\n Familias, como un organismo de derecho público adscrito\n al Ministerio de Relaciones Exteriores, con el propósito\n de asistir a los emigrantes ecuatorianos;
Que, el Programa de Ayuda, Ahorro\n e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos cuenta con\n recursos en la partida presupuestaria No. 1120-0000-A131-000-00-00¬-58-02-04-008-1,\n financiada con recursos de autogestión dentro del presupuesto\n del Ministerio de Relaciones Exteriores;
Que, mediante Decreto Ejecutivo\n No. 2181 de 29 de diciembre del 2006, publicado en el Registro\n Oficial No. 435 de fecha 11 de enero del 2007, se autoriza al\n Ministerio de Relaciones Exteriores para que, en forma prioritaria\n y emergente, utilice los recursos de la partida presupuestaria\n mencionada en el considerando anterior, por un monto de US $\n 1'000.000,00 para que en coordinación con el Programa\n de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos\n y sus Familias, provea de transporte aéreo de retorno\n a España, vía vuelos "charter" a los\n emigrantes ecuatorianos que llegaron al Ecuador desde el 20 de\n noviembre del 2006 hasta el 16 de diciembre del 2006 y que se\n hubieren perjudicado con el cese de operaciones de la aerolínea\n Air Madrid, de forma que puedan retornar a España en forma\n inmediata, cuyo retorno estuvo previsto hasta el 6 de enero del\n 2007;
Que, el Ministerio de Economía\n y Finanzas, con oficio No. MEF-SGJ-2006-1751 del 22 de diciembre\n del 2006, emitió informe favorable al aludido decreto;
Que, los representantes directos\n de los perjudicados por Air Madrid en las reuniones sostenidas\n con el Ministerio de Relaciones Exteriores han solicitado que\n se amplíe el plazo considerado en los artículos\n 2 y 5 del Decreto Ejecutivo No. 2181, publicado en el Registro\n Oficial No. 435 de fecha 11 de enero de 2007, para abarcar a\n todas las personas que se estima han sido afectadas por Air Madrid;
Que, la Embajada del Ecuador\n en España, mediante correo electrónico número\n 071/2007 de 19 de enero del año en curso, ha informado\n de nuevas alternativas para el retorno de los perjudicados por\n la suspensión de vuelos de Air Madrid, mismas que abaratan\n sustancialmente los costos de las ofertas recibidas por parte\n de las empresas interesadas en efectuar los vuelos "charter";\n y,
En ejercicio de la atribución\n que le otorga el numeral 9 del artículo 171 de la Constitución\n Política de la República y la letra g) del artículo\n 11 del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Ampliar los\n beneficios establecidos en el Decreto Ejecutivo No. 2181, publicado\n en el Registro Oficial No. 435 de fecha 11 de enero del 2007,\n a los ecuatorianos afectados por Air Madrid, que compraron su\n boleto de viaje antes del 16 de diciembre del 2006 e ingresaron\n al Ecuador vía Air Madrid hasta dicha fecha, cuyos retornos\n estuvieron previstos hasta el 15 de febrero del 2007.
ARTICULO SEGUNDO.- Además\n de los vuelos "charter" que contempla el artículo\n 3 del Decreto Ejecutivo No. 2181, publicado en el Registro Oficial\n No. 435 de fecha 11 de enero del 2007, se faculta al Ministerio\n de Relaciones Exteriores para que conjuntamente con el Programa\n de Ayuda, Ahorro e Inversión para los Migrantes Ecuatorianos\n y sus Familias, proceda a asignar a los beneficiarios, en caso\n de ser necesario y así convenir a los intereses del Estado\n por su menor costo, boletos individuales en líneas aéreas\n comerciales que operen en el mercado y ofrezcan mayores ventajas\n como las anunciadas en el quinto considerando del presente decreto\n ejecutivo. Para este efecto, se contará con los recursos\n asignados en el Decreto 2181, por un millón de dólares,\n en la partida No. 1120-0000-A131-000-00-00-58-02-04-008-1, financiada\n con recursos de autogestión, dentro del presupuesto del\n Ministerio de Relaciones Exteriores.
ARTICULO TERCERO.- En lo demás\n ratifícase en todas sus partes el Decreto Ejecutivo No.\n 2181 del 29 de diciembre del 2006, publicado en el Registro Oficial\n No. 435 de fecha 11 de enero del 2007, en lo que no se opusiere\n al presente decreto ejecutivo.
ARTICULO CUARTO.- De la ejecución\n de este decreto, que entrará en vigencia a partir de su\n expedición, sin perjuicio de su publicación en\n el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Relaciones\n Exteriores y al Directorio del Programa de Ayuda, Ahorro e Inversión\n para los Migrantes Ecuatorianos y sus Familias.
Dado en el Palacio Nacional,\n en Quito, a 26 de enero del 2007.
f.) María Espinosa Garcés,\n Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.
Que mediante Decreto Ejecutivo\n No. 1914 de 11 de octubre del 2006, publicado en el Registro\n Oficial No. 383 de 24 de octubre del 2006, se amplió el\n estado de emergencia en beneficio de los cantones Quero, Cevallos,\n Mocha, Pelileo y Tisaleo y, en los sectores de Juive Grande y\n Pondoa de la provincia de Tungurahua y, en Penipe y Guano de\n la provincia de Chimborazo, debido a la destrucción sufrida\n por esas zonas a consecuencia de la erupción del volcán\n Tungurahua;
Que la situación de emergencia\n y de desastre persiste en las zonas, antes indicadas y los pobladores\n de esas áreas continúan viviendo en condiciones\n precarias en albergues y en refugios improvisados que no reúnen\n las condiciones necesarias para que desarrollen sus actividades\n y sus vidas de una manera digna y decorosa;
Que el Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda viene tramitando para superar su estado de\n calamidad cuatro proyectos de viviendas que serán ejecutados\n en los sectores La Paz, en el cantón Pelileo, Río\n Blanco, en el cantón Baños, Penipe, en el cantón\n Penipe; y, Guano, en el cantón Guano que serán\n destinadas para los damnificados de las provincias de Tungurahua\n y Chimborazo;
Que una de las políticas\n de Estado es la de servir y brindar asistencia a los más\n necesitados y pobres del país;
Vista la solicitud a la Ministra\n de Desarrollo Urbano y Vivienda, constante en los oficios MIDUVI-D-MADP-07-No.\n 00000021 de 24 de enero del 2007 y MIDUVI-D-MADP-07-No. 00000020\n de 22 de enero del 2007; y,
En ejercicio de las atribuciones\n que le confieren los artículos 180 y 181 de la Constitución\n Política de la República,
Artículo 1.- Renuévese\n el estado de emergencia en las provincias de Tungurahua, Chimborazo\n y Bolívar con el propósito de la que se proceda\n de manera inmediata a la construcción de los cuatro proyectos\n de viviendas a ser ejecutados en los sectores La Paz, en el cantón\n Pelileo, Río Blanco, en el cantón Baños,\n Penipe, en el cantón Penipe, y, Guano, en el cantón\n Guano, que serán destinadas para los damnificados del\n volcán Tungurahua.
Artículo 2.- Disponer\n que la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda concluya los\n procesos de construcción de viviendas para los damnificados\n en los nuevos asentamientos territoriales destinados para el\n efecto, adoptando de inmediato las acciones que fueren indispensables\n para contrarrestar los daños ocasionados en dichas provincias,\n como consecuencia de la actividad volcánica del Tungurahua,\n y precautelar la integridad y supervivencia de los moradores\n de dichas zonas.
Artículo 3.- Autorizar\n a la Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda proceda a la contratación\n de las viviendas y utilizar los recursos financieros destinados\n para el efecto, exceptuado de procedimientos precontractuales,\n conforme dispone el artículo 6, letra e) de la Ley de\n Contratación Pública.
Artículo 4.- De la ejecución\n del presente decreto que entrará a regir desde la presente\n fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro\n Oficial, encárguese la Ministra de Desarrollo Urbano y\n Vivienda.
Dado en el Palacio Nacional,\n en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de enero\n del 2007.
f.) María de los Angeles\n Duarte Pesantes, Ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Que, de conformidad con el cuarto\n artículo innumerado, inciso segundo, agregado por el artículo\n 10 de la Ley No. 94 que reformó la Ley Especial de Telecomunicaciones,\n se establece que la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones\n estará a cargo del Secretario, que será nombrado\n por el Presidente de la República; y,
En ejercicio de la facultad que\n le confiere el artículo 171, numeral 10 de la Constitución\n Política de la República,
Artículo 1.- Nombrar al\n señor ingeniero Roque Hernández Luna, en calidad\n de Secretario Nacional de Telecomunicaciones, ejerciendo las\n funciones que le reconoce la Ley Especial de Telecomunicaciones.
Artículo 2.- Este decreto\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Dado, en el Palacio Nacional,\n en Quito, a 26 de enero del 2007.
En consideración a la\n terna presentada por el doctor Fander Falconí, Secretario\n Nacional de Planificación y Desarrollo- Presidente del\n Consejo Nacional de Estadísticas y Censos, mediante oficio\n No. SENPLADES-0-07-28 del 17 de enero del 2007; y,
En ejercicio de la facultad que\n le confiere el artículo 171 numeral 10 de la Constitución\n Política de la República, artículo 11 de\n la Ley de Estadísticas, publicada en el Registro Oficial\n No. 82 de 7 de mayo de 1976 y el Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva,
ARTICULO PRIMERO.- Nombrar al\n señor Byron Antonio Villacís Cruz, para desempeñar\n las funciones de Director General del Instituto Nacional de Estadística\n y Censos -INEC-.
ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto\n entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin\n perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
No. 0039-2006-RA
En el caso signado con el No.\n 0039-06-RA
ANTECEDENTES: El señor\n Franklin Ernesto Robalino Guadalupe, comparece ante el Juez Cuarto\n de lo Civil de Tungurahua y deduce acción de amparo constitucional\n en contra del señor Director Ejecutivo (e) del Servicio\n Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP, en la cual\n impugna el acto administrativo contenido en la Acción\n de Personal No. 163-PER-2005 de 16 de mayo de 2005. Manifiesta\n en lo principal lo siguiente:
Que, el 24 de enero de 2005,\n mediante Acción de Personal emitida por el Director Ejecutivo\n del SECAP, recibió el nombramiento de Director Técnico\n de Área - Gestión Estratégica de Políticas,\n Normas y Reglamentos de Capacitación y Formación\n Profesional CEFIA AMBATO.
Que, de acuerdo a lo que dispone\n el artículo 93 literal b) de la Ley Orgánica de\n Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación\n y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público,\n el cargo de Director Técnico de Área no es un cargo\n excluido de la carrera administrativa.
\n Que, no ha sido notificado con el despido, pero el Director Ejecutivo\n (e) mediante Acción de Personal encarga la Dirección\n Técnica de Área con su mismo número de partida\n presupuestaria, a la ingeniera Leonor Eugenia Morales Pazmiño.
Que, el Decreto Ejecutivo dictado\n por el Presidente de la República, no puede ser aplicado\n a los organismos autónomos como el SECAP.
Que, el personal de la Contraloría\n General del Estado que se encuentra realizando la auditoria al\n SECAP CEFIA-AMBATO, posterior al Decreto Ejecutivo No. 12, le\n sigue reconociendo como Director del Área de la Institución\n y que además la Asociación de Empleados del SECAP\n Ambato, certifica que perteneció a la Asociación\n desde el 22 de marzo del 2004 al 16 de mayo del 2005.
Que, mediante memorando interno\n No. 228-SECAP AJ 2005 de 17 de mayo del 2005, el Director Técnico\n de Asesoría Jurídica, le solicita información\n acerca de un trámite administrativo, considerándolo\n todavía Director Técnico de Área SECAP CEFIA\n AMBATO.
Que, en memorando No. DGRH-2005-251,\n el Director encargado le comunica "De conformidad con lo\n dispuesto en el Decreto Ejecutivo No. 12 el 22 de abril del 2005,\n publicado en el R.O. del 29 de abril del 2005 expedido por el\n Presidente Constitucional de la República, Dr. Alfredo\n Palacio, en cuyo artículo primero se establece que se\n dejan sin efecto todos los nombramientos de los funcionarios\n de libre remoción, los contratos de servicios profesionales\n y ocasionales suscritos por el gobierno del Presidente Ing. Lucio\n Gutiérrez, desde el 15 de enero del 2003 hasta el 20 de\n abril del 2005 y lo señalado posteriormente en el Oficio\n No. 2005-10-102-SGA del 28 de abril del 2005, suscrito por el\n Dr. Luis Herrería Bonnet, Secretario General de la Administración\n Pública, en el sentido de que aquellos empleados y servidores\n públicos que no hayan dado cumplimiento con las disposiciones\n impartidas en el decreto antes referido, quedan destituidos del\n cargo, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes a que\n hubiere lugar, en mi calidad de Director Ejecutivo (E), agradeceré\n a usted entregar la documentación y bienes que hayan estado\n a su cargo y custodio de manera inmediata, así como los\n respectivos informes de su gestión."
Que, se está violando\n garantías constitucionales consagradas en los artículos\n 23, 24 y 35 de la Constitución Política de la República\n del Ecuador.
Que, fundamentado en el artículo\n 95 de la Ley Suprema, solicita se deje sin efecto la Acción\n de Personal No. 163-PER-2005 del 16 de mayo del 2005 y se lo\n reintegre a su puesto de Director Técnico de Área\n del Departamento de Gestión Estratégica de Políticas,\n Normas y Reglamentos de Capacitación y Formación\n Profesional CEFIA AMBATO.
En la audiencia pública\n el abogado defensor del actor, ofreciendo poder o ratificación,\n se reafirmó en los fundamentos de hecho y de derecho de\n la demanda.
El abogado defensor del Director\n Ejecutivo (e) del Servicio Ecuatoriano de Capacitación\n Profesional SECAP, ofreciendo poder o ratificación, manifestó\n que de acuerdo a lo señalado en los artículos 71\n y 22 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del Sector Público, para ingresar a un puesto en el sector\n público se requiere en forma previa haber cumplido con\n el concurso de méritos y oposición, con excepción\n de los funcionarios que son de libre nombramiento y remoción.\n Que, el actor mediante Acción de Personal No. 020-PER-2005\n de 24 de enero de 2005, obtuvo un nombramiento provisional, lo\n que de conformidad con lo que establece el artículo 18\n de la Ley de Servicio Civil, se contrapone con las disposiciones\n de los artículos 71 y 22. Que, el recurrente fue designado\n en el cargo de Director Técnico de Área Gestión\n Estratégica de Políticas, Normas y reglamentos\n de Capacitación y Formación Profesional, CEFIA\n AMBATO, percibía una remuneración unificada de\n mil dólares, por lo que podía ser removido de su\n cargo sin que se requiera en forma previa establecer ningún\n tipo de procedimiento o acaso sumario administrativo que está\n reglamentado y se lo aplica a los empleados y funcionarios que\n no son de libre remoción, por lo que el Decreto Ejecutivo\n No. 12 expedido por el Presidente de la República, era\n aplicable al caso, como lo señala la SENRES en oficio\n SENRES-JUR-2005-0010314 del 24 de mayo del 2005. Que, la Procuraduría\n General del Estado, dando contestación a la consulta realizada\n por la Ministra del Ambiente, manifiesta en el oficio No. 0017194\n del 10 de junio del 2005, que los Directores Técnicos\n de Área de los Distritos Regionales de dicho Ministerio\n eran funcionarios de libre nombramiento y remoción. Por\n lo expuesto solicitó se niegue el improcedente recurso\n de amparo constitucional propuesto.
No comparece a la audiencia el\n Director Regional Centro de la Procuraduría General del\n Estado.
El Juez Cuarto de lo Civil de\n Tungurahua resolvió desechar la acción de amparo\n constitucional formulada; y, posteriormente concedió el\n recurso de apelación interpuesto por el actor.
PRIMERO.- Que, el Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad\n con lo que disponen los artículos 95 y 276 número\n 3 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto\n en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Control\n Constitucional.
SEGUNDO.- Que, no se ha omitido\n solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución\n de la causa, por lo que se declara su validez.
TERCERO.- Que, la acción\n de amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el\n Art. 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, tiene un propósito cautelar\n traducido en objetivos de protección destinados a cesar,\n evitar la comisión o remediar las consecuencias de un\n acto u omisión ilegítima que viole derechos constitucionales\n protegidos, por lo que es condición sustancial de esta\n acción analizar la conducta impugnada de la autoridad\n y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la\n protección de los derechos constitucionales vulnerados,\n cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la\n tutela constitucional efectiva que la acción de amparo\n garantiza. En este sentido es de valor sustantivo y condición\n de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad\n en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad\n efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía\n de los derechos constitucionales violentados.
CUARTO.- Que, un acto de autoridad\n pública es ilegítimo cuando ha sido dictado sin\n competencia, o sin observar los procedimientos establecidos en\n el ordenamiento jurídico, o cuando su contenido es contrario\n a dicho ordenamiento, o cuando ha sido dictado sin fundamento\n o suficiente motivación.
QUINTO: Que, el acto impugnado\n consta en la Acción de Personal Nro. 163-PER-2005 del\n 16 de Mayo del 2005, mediante la cual se encarga a Leonor Eugenia\n Morales Pazmiño las funciones de Director Técnico\n de Área, lugar de trabajo Ambato, de conformidad con el\n artículo 133 de la Ley Orgánica de Servicio Civil\n y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación\n de las Remuneraciones del sector Público, en concordancia\n con el artículo 238 del Reglamento a la citada Ley. La\n indicada Acción de Personal guarda relación con\n la comunicación, Memorando Nro. DGRH 2005-251 de la misma\n fecha en el que se hace referencia expresa y explícitamente\n al Decreto 12 del 22 de abril del 2005, por el que, se dejan\n sin efecto todos los "nombramientos de los funcionarios\n de libre remoción" expedidos desde el 15 de enero\n del año 2003 por el Gobierno del Ing. Lucio Gutierrez,\n señalándose que, mediante Oficio Nro. 2005 102-\n SGA, suscrito por el Dr. Luis Herrería Bonnet, Secretario\n General de la Administración Pública, se indica\n que: "aquellos empleados y servidores públicos que\n no hayan dado cumplimiento con las disposiciones impartidas en\n el decreto antes referido, quedan destituidos del cargo, sin\n perjuicio de las acciones legales pertinentes a las que hubiere\n lugar", por lo que, "agradeceré a usted entregar\n la documentación y bienes que hayan estado a su cargo\n y custodio de manera inmediata, así como los respectivos\n informe de su gestión". Por tanto, corresponde analizar\n dos situaciones: a) si la función que ostenta es la de\n aquellas de libre nombramiento y remoción; b) si la acción\n de personal y el memorando que están vinculados se encuentran\n debidamente motivados y se ajustan al derecho.
SEXTO.- Que la norma del Decreto\n Ejecutivo No. 12, emitido por el Presidente de la República,\n el 22 de abril del 2005, que en su parte pertinente dispone "ARTÍCULO\n PRIMERO.- Dejar sin efecto todos los nombramientos de los funcionarios\n de libre nombramiento y remoción, los contratos de servicios\n personales y ocasionales y dar por terminadas las comisiones\n de servicios institucionales, expedidas y ejecutadas por el Gobierno\n del destituido Presidente de la República, Ingeniero Lucio\n Gutiérrez Borbúa, desde el 15 de enero del 2003\n hasta el 20 de abril de2005.()", siendo funcionarios de\n libre nombramiento y remoción, según dispone el\n Art. 93 de la LOSCCA, entre otros, "los titulares y segundas\n autoridades de las instituciones del Estado, los titulares de\n los organismos de control y las segundas autoridades de estos\n organismos; los secretarios generales; los coordinadores generales;\n coordinadores institucionales; intendentes de control; los asesores;\n los directores, gerentes y subgerentes que son titulares o segundas\n autoridades de las empresas o instituciones del Estado".\n En el caso analizado el funcionario que impugna, según\n el nombramiento otorgado en su favor, es el de Director Técnico\n de Área - Gestión Estratégica de Políticas,\n Normas, y Reglamentos de Capacitación y Formación\n Profesional -CEFIA- Ambato", nombramiento que, aunque corresponde\n a la nominación genérica de "Director"\n no es de aquellos "directores, gerentes y subgerentes que\n son titulares o segundas autoridades de las empresas o instituciones\n del Estado", según exige el Art. 93 de la LOSCCA,\n razón por la cual, no le es aplicable la norma que se\n invoca y por tanto tampoco está entre los funcionarios\n señalados en el Decreto Ejecutivo Nro. 12 que nos remite\n a los funcionarios de "libre nombramiento y remoción".
SÉPTIMO.- Que el pronunciamiento\n del Procurador General del Estado que se invoca por parte del\n SECAP es claro respecto a entender que, efectivamente, el señalamiento\n constante de la Ley sobre la nominación de Directores,\n Gerentes, Asesores, "no es taxativa sino conceptual, ejemplificativa;\n y en consecuencia, cualquiera que sea la nomenclatura en cada\n institución de aquellas que se menciona en el Art. 102\n (actual 101 de la misma), debemos entender que en tanto el cargo\n que ocupe determinado servidor se adecue a una de las condiciones\n de dicho artículo, tal cargo es de libre nombramiento\n y remoción () Concordante con lo anterior, la letra d)\n del Art. 11 de la citada Ley Orgánica, define a los puestos\n de libre nombramiento y remoción, como los expedidos a\n favor de los servidores que tienen a su cargo la dirección\n política, estratégica y administrativa de las instituciones\n del Estado, determinadas en el literal b) del Art. 93 y 94 de\n la LOSCCA (actuales Arts. 92 y 93 respectivamente)". En\n el orden material, conceptualmente entendida, como corresponde\n la norma invocada, los Directores de Área, encargados\n de labores técnicas específicas, no son ni pueden\n asimilarse a funcionarios de libre nombramiento y remoción,\n pues no son primeras ni segundas autoridades, ni por lo tanto,\n está en su responsabilidad la dirección política,\n administrativa ni estratégica de sus instituciones, que\n es la condición por la que tales nominaciones se corresponden\n con la exigencia legal. Entender de otro modo la norma en referencia\n implicaría que la sola nominación hace la carrera\n administrativa, con lo cual actuales Gerentes y Jefes que pasen\n a llamarse, por ejemplo, "lideres", estarían\n amparados por la carrera administrativa, mientras que, una Secretaría,\n por ejemplo, que pase a llamarse Coordinadora, dejaría\n de estar amparada por la Ley, lo cual, obviamente es absurdo.
OCTAVO: Otra de las alegaciones\n que hace el SECAP en defensa de lo actuado señalan que\n el funcionario impugnante no ha ingresado al servicio civil por\n concurso, tal como manda la Ley. Al respecto, bien vale dejar\n constancia de lo siguiente: a) Que la autoridad nominadora es\n la responsable de la emisión de los actos, sin que se\n le pueda ni deba atribuir al funcionario ni al servidor público,\n las faltas, ilegalidades en las que incurra la administración;\n b) Que, habiéndose generado derechos a favor del administrado,\n no puede la administración, por sí misma, revocar\n los actos que ha expedido; y, c) Que la acción de personal\n analizada ni el memorando al que se ha hecho referencia, en ningún\n caso, hacen mención ni se remite a esta supuesta ilegalidad\n de la nominación por lo que su invocación es impertinente\n ni ha servido para la decisión adoptada.
NOVENO: Que no deja de ser importante\n destacar que la remoción del funcionario impugnante no\n se origina en un acto administrativo concebido y dirigido al\n mismo funcionario sino que se expresa en una acción de\n personal de encargo a otro funcionario designada para ocupar\n su función, mientras que el impugnante recibe un memorando\n en el que se le impone entregar sus bienes e informar de la gestión\n que se ha cumplido; sin que, por tanto, se haya expedido una\n disposición en su contra sino que se han desarrollado\n un conjunto de manifestaciones que culminan en su remoción,\n sin permitirle el ejercicio de sus más elementales derechos,\n ni siquiera el del conocimiento claro de lo ocurrido.
DÉCIMO: Que evidentemente\n la conducta de la administración viola los derechos constitucionalmente\n protegidos, especialmente lo dispuesto en el Art. 35 de la Constitución\n en relación con el Art. 124 y en relación con los\n numerales 26 y 27 del Art. 23 de la Constitución.
Por todo lo expuesto, en ejercicio\n de sus atribuciones,
1.- Revocar la Resolución\n pronunciada por el Juez Cuarto de lo Civil de Tungurahua, y en\n consecuencia, conceder el amparo constitucional formulado por\n Franklin Ernesto Robalino Guadalupe;
2.- Dejar a salvo los derechos\n de la administración pública para declarar y proponer\n la acción de lesividad de acuerdo con la Ley;
3.- Devolver el expediente al\n Juzgado de Origen para los fines pertinentes; y,
4.- Publicar la presente resolución\n en el Registro Oficial.- Notifíquese".
f.) Dr. Santiago Velázquez\n Coello, Presidente.
Razón: Siento por tal,\n que la resolución que antecede fue aprobada por el Tribunal\n Constitucional con siete votos a favor correspondientes a los\n doctores Jorge Alvear Macías, Ricardo Chiriboga Coello,\n José García Falconí, Tarquino Orellana Serrano,\n Carlos Soria Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo y Santiago Velázquez\n Coello y dos votos salvados de los doctores Jacinto Loaiza Mateus\n y Juan Montalvo Malo, en sesión del día martes\n nueve de enero de dos mil siete.- Lo certifico.
f.) Dr. Juan Carlos Calvache\n Recalde, Secretario General.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES\n JACINTO LOAIZA MATEUS Y JUAN MONTALVO MALO EN EL CASO SIGNADO\n CON EL NRO. 0039-2006-RA.
Quito D. M., 09 de enero de 2007.
Con los antecedentes constantes\n en la resolución adoptada, nos separamos de la misma por\n las siguientes consideraciones:
PRIMERA.- Que, el Tribunal Constitucional\n es competente para conocer y resolver el presente caso de conformidad\n con lo que disponen los artículos 95 y 276 número\n 3 de la Constitución, en concordancia con lo dispuesto\n en el artículo 62 de la Ley Orgánica del Control\n Constitucional.
SEGUNDA.- Que, no se ha omitido\n solemnidad sustancial alguna que pueda incidir en la resolución\n de la causa, por lo que se declara su validez.
TERCERA.- La acción de\n amparo constitucional, de acuerdo con lo establecido en el Art.\n 95 de la Constitución y Art. 46 de la Ley Orgánica\n del Control Constitucional, tiene un propósito tutelar\n traducido en objetivos de protección destinados a cesar,\n evitar la comisión o remediar las consecuencias de un\n acto u omisión ilegítima que viole derechos constitucionales\n protegidos, por lo que es condición sustancial de esta\n acción analizar la conducta impugnada de la autoridad\n y, como consecuencia, establecer las medidas conducentes a la\n protección de los derechos constitucionales vulnerados,\n cuyo daño grave o inminencia de daño, imponga la\n tutela constitucional efectiva que la acción de amparo\n garantiza. En este sentido es de valor sustantivo y condición\n de procedencia del amparo la verificación de la ilegitimidad\n en la que haya incurrido la autoridad pública y la posibilidad\n efectiva de la tutela que la acción promueve para garantía\n de los derechos constitucionales violentados.
CUARTA.- Que, un acto de autoridad\n pública es ilegítimo cuando ha sido dictado sin\n competencia, o sin observar los procedimientos establecidos en\n el ordenamiento jurídico, o cuando su contenido es contrario\n a dicho ordenamiento, o cuando ha sido dictado sin fundamento\n o suficiente motivación.
QUINTA: El acto impugnado consta\n en la Acción de Personal Nro. 163-PER-2005 del 16 de Mayo\n del 2005, mediante la cual le encarga a Leonor Eugenia Morales\n Pazmiño las funciones de Director Técnico de Area,\n lugar de trabajo Ambato, de conformidad con el artículo\n 133 de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones\n del sector Público, en concordancia con el artículo\n 238 del Reglamento a la citada Ley.
SEXTA.- Que el acto impugnado\n

References: resolución 
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 artículo 249
 artículo 1
 artículo 171

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 artículo 6

Artículo 4
 artículo 171

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 171
 artículo 11
 artículo 93
 artículo 18
 artículo 62
 artículo 133
 artículo 238
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 artículo 62