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«Sexo, mentiras y cintas de video» | blogespierre - pedro j. canut
«Sexo, mentiras y cintas de video»
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On enero 25, 2011,	Posted by Pedro J. Canut ,	In haciendo amigos,¿corruptela?,	With 6 Comments
Percibo el cálido aliento de la Sra. Sinde y el Sr. Pons (los González) en la nuca desnuda de internautas y sitios web; preámbulo de una noche de sexo extremo hasta la extenuación … hasta la extenuación de los censores … y se avecina más sexo inconsentido; más violaciones a esta cibersociedad civil y a quienes intentamos crear en libertad.
Oigo las mentiras de las grandes empresas del Poder en España afirmando sin rubor que se han preservado las garantías constitucionales que (todavía) mantenía la Ley 34/2002 … cuando lo cierto es que el juez de lo contencioso (que no de lo civil, que no de lo penal) queda relegado a mamporrero de la S.S.
Y sólo me queda ver una y otra vez aquellas viejas y desgastadas cintas de video que la industria cultural nos vendió con la promesa de eternidad del soporte … como los DVD´s …
El apego a lo “cool”, y a las multinaciones “made in USA” bien defendidas por su gobierno (Wikileaks dixit) han llevado al centro derecha a abrazar al centro izquierda (será que los centros se tocan) en este enésimo ataque a la libertad … ¡ pero si hasta han introducido una líneas para vulnerar la protección de datos personales !
Con amargura, mis queridos “guruses” ¿notáis el cálido aliento en la nuca?
Disposición adicional nueva. Modificación de la compensación equitativa por copia privada.
Dos. Se introduce un nuevo apartado segundo del artículo 8 Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, con renumeración correlativa de los actuales 2, 3, 4 y 5:
2. Los órganos competentes para la adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior, con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial de acuerdo con lo previsto en el apartado primero del artículo 122bis de la Ley reguladora de la
Jurisdicción contencioso-administrativa. Una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación.
«El Ministerio de Cultura, en el ámbito de sus competencias, velará por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico.»2
1. Se crea en el Ministerio de Cultura la Comisión de Propiedad Intelectual, como órgano colegiado de ámbito nacional, para el ejercicio las funciones de mediación y arbitraje, y de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual que le atribuye la presente ley.
1.° En su función de mediación:
Se considerará que todas las partes aceptan la propuesta a que se refiere el párrafo anterior, si ninguna de ellas expresa su oposición en un plazo de tres meses. En este supuesto, la resolución de la Comisión surtirá los efectos previstos en la Ley 6012003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y será revisable ante el orden3 jurisdiccional civil. La propuesta y cualquier oposición a la misma se notificará a las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2.° La Comisión actuará en su función de arbitraje:
b) Fijando una cantidad sustitutoria de las tarifas generales, a los efectos señalados en el apartado 2 del artículo anterior, a solicitud de la propia entidad de gestión afectada, de una asociación de usuarios, o de una entidad de
radiodifusión, siempre que éstas se sometan, por su parte, a la competencia de la Comisión con el objeto previsto en el párrafo a de este apartado.
3º En el ejercicio de sus funciones para la fijación de cantidades sustitutorias de tarifas, la Comisión valorará, el criterio de utilización efectiva, por el usuario, del repertorio real de titulares y obras o prestaciones que gestionen las entidades y la relevancia y utiilización en el conjunto de la actividad del usuario.
4° La Sección Primera de la Comisión estará formada por tres miembros nombrados por el Ministro de Cultura, a propuesta de los Subsecretarios de los Ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual. Los Ministerios de Cultura y Economía y Hacienda nombrarán, conjuntamente, al Presidente de la Sección Primera. La Sección se regirá por lo establecido en el presente texto y, supletoriamente, por las previsiones de la Ley 4
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
En el plazo improrrogable de dos días siguientes a la recepción de la notificación de la resolución de la Comisión y poniendo de manifiesto el expediente, el Juzgado convocará al representante legal de la Administración, al Ministerio Fiscal y a los titulares de los derechos y libertades afectados o a la persona que éstos designen como representante a una audiencia, en la que, de manera contradictoria, el Juzgado oirá a todos los personados y resolverá en el plazo improrrogable de dos días mediante auto. La decisión que se adopte únicamente podrá autorizar o 6
denegar la ejecución de la medida.»
«5. Los actos administrativos dictados por la Agencia Española de Protección de Datos, Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Económico y Social, Instituto “Cervantes”, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, directamente, en única instancia, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.»
Actualización 30 de enero: La intervención judicial de la que presumen l@s González (Sinde y Pons) se reduce a que “El Juzgado, en el plazo de 24 horas siguientes a la petición y, previa audiencia del Ministerio Fiscal, dictará resolución autorizando la solicitud efectuada siempre que no resulte afectado el artículo 18 apartados 1 y 3 de la Constitución.”
Los apartados 1 y 3 del artículo 18 de la Carta Magna se refieren a la protección del “derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”; asi como al “secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.”
Es decir, salvo en estos supuestos tasados, el Juez de Lo Contencioso SIEMPRE validará la actuación de la S.S.
… por ello sospecho que la “dimisión-pataleta” de Don Alex de la Iglesia no es sino una pose de cara a la galería para refrendar las falsedades de los dos grandes partidos en esta cuestión.
← y, de reypronto, Feliz Navidad El pensamiento único no está por encima de la Ley →
Tweets that mention «Sexo, mentiras y cintas de video» -- Topsy.com dice:
25/1/2011 a las 11:38 pm
[…] This post was mentioned on Twitter by Antonio Fumero, fernand0 and Javi Ruiz San Miguel, sbs reader. sbs reader said: «Sexo, mentiras y cintas de video» http://goo.gl/fb/GLTu5 […]
26/1/2011 a las 10:22 am
Pedro, se agradecerían algunas pinceladas sobre las consecuencias de la Ley. En la modificación de la Ley 30/1992 y de la Ley 60/2003 se afirma que la sección 2ª de la CPI “podrá adoptar las medidas para que se interrumpa la prestación de un servicio “. Lo que no acabo de pillar es el cambio del papel del juez respecto al ordenamiento anterior, así como las posibilidades de defensa vs. la “de causar un daño patrimonial”. Respecto a lo último, DEDUZCO que se asume automáticamente que cualquier contenido accesible desde un sitio web y mediante un vínculo a otro espacio web donde aloja los contenidos va a generar daño patrimonial. ¿Cómo se puede demostrar tu inocencia? ¿O no se puede?
Y por último: ¿Se aplica el principio de igualdad ante la ley? ¿Google borrará de su caché los vínculos a cualquier contenido protegido por copyright? Si no es así, ¿Cómo se puede aplicar la nueva herramienta contra sitios web?
La verdad es que el texto es un bonito ejercicio de oscurantismo y falta de precisión, al menos para un lego tratando inútilmente de deducir.
26/1/2011 a las 10:32 am
prometo un análisis en detalle para el fin de semana. En cualquier caso, el resumen es que todo el proceso sigue quedando en vía administrativa (con pinceladas contencioso-advas 😉 )
26/1/2011 a las 10:49 am
Lo que más me ha sorprendido es que el gran perjudicado es el hosting en España, que queda en una situación de indefensión brutal mientras las webs de enlaces pueden usar el sencillo expediente de sacar el hosting a las chimbambas
Romeo666 dice:
26/1/2011 a las 3:35 pm
Buenas,he leido el texto entero,y o hay que desencriptarlo o yo simplemente no me entero,una simple pregunta ¿se supone que pueden cerrar webs con hostings en España no?en ese caso cambiando de hosting a uno estranjero seria suficiente para que las autoridades no pudiesen meter las narices no?Ademas las webs que ya estan funcionando fuera de España (Taringa,htcmania,thephoneclub,etc etc)tampoco sepodrian tocar no?Muchas gracias y perdon por mi ignorancia.
30/1/2011 a las 6:50 pm
no depende tanto del hosting – que también – como del domicilio social de la empresa titular de la web.

References: artículo 8
 artículo 122
 resolución 
 resolución 
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 artículo 18
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