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Timestamp: 2020-07-14 06:39:56+00:00

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ANEXO . Acuerdo por el que se aprueba el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
Cuarto. Finalidad del Plan.
Quinto. Objetivos del Plan.
Sexto. Elección del Procedimiento.
Séptimo. Inclusión de consideraciones sociales en los pliegos.
Octavo. Criterios de adjudicación y criterios de desempate.
Noveno. Condiciones especiales de ejecución.
Décimo. Reserva de la posibilidad de participar en procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes.
Undécimo. Ejecución del contrato.
Duodécimo. Actividades de formación e información.
Decimotercero. Seguimiento de las actuaciones contenidas en el Plan.
Decimocuarto. Normas de desarrollo.
Decimoquinto. Vigencia.
Por otra parte, y de cara a promover una implementación efectiva en España de la Agenda 2030 y el avance en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, entre los que destacan importantes objetivos de carácter social, se aprobó por el Consejo de Ministros el 29 de junio de 2018, el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030. Este Plan de Acción prevé una estructura de gobernanza en la que destaca el recientemente creado Consejo de Desarrollo Sostenible como órgano asesor y de colaboración que servirá de cauce para la participación de la sociedad civil en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 ( Orden PCI/169/2019, de 22 de febrero). El Consejo lo preside el Alto Comisionado para la Agenda 2030 y se integra por 48 vocales representantes de la sociedad civil.
1. «Contratación pública estratégica socialmente responsable»: es aquélla que hace referencia al proceso a través del cual los órganos de contratación del sector público estatal contratan obras, suministros o servicios o celebran contratos de concesión de obras o de concesión de servicios tomando en consideración para el diseño de la licitación, la sustanciación del procedimiento correspondiente y durante la ejecución del contrato resultante de este procedimiento, criterios sociales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017.
2. «Comisión Interministerial»: la Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública creada mediante Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo.
3. «Plan»: el Plan para el impulso de la contratación pública socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017.
1. El Plan tiene como objetivo primordial impulsar la contratación pública estratégica socialmente responsable, fomentando el uso por parte de los órganos de contratación de todas las medidas que prevé la Ley 9/2017 en esta materia; tanto en la redacción de los pliegos, como en la sustanciación del procedimiento de licitación, como en la fase de ejecución del contrato correspondiente.
2. Asimismo el Plan pretende impulsar la creación de un grupo de trabajo que realice las tareas preparatorias necesarias para la aprobación del Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017; y que promueva la aprobación del Real Decreto que se contempla en el artículo 71.1 letra d) cuarto párrafo de la Ley 9/2017, entre otros aspectos del Plan.
a) Si bien tienen la consideración de ordinarios los procedimientos abiertos y restringidos, la adjudicación de contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV, entre los cuales se encuentran comprendidos servicios sociales, se hará por procedimiento restringido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 131.2 de la Ley 9/2017.
b) El procedimiento de licitación con negociación previsto en el artículo 167 podrá utilizarse en relación con los contratos de servicios sociales personalísimos que tengan por una de sus características determinantes el arraigo de la persona en el entorno de atención social, siempre que el objeto del contrato consista en dotar de continuidad en la atención a las personas que ya eran beneficiarias de dicho servicio.
1. Con carácter general el órgano de contratación deberá velar por la incorporación siempre que sea posible de consideraciones sociales al configurar la licitación en la forma establecida en este Plan y en la Ley 9/2017, en especial de acuerdo con lo establecido en sus artículos 122.2 y 124.
2. Definición del objeto: Los órganos de contratación definirán en los pliegos el objeto del contrato teniendo en cuenta las consideraciones sociales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 35.1.c) de la Ley 9/2017.
a) Características que merecen la consideración de prescripciones técnicas: En los contratos de obras, de suministro o de servicios podrá tener la consideración de prescripción técnica el conjunto de especificaciones técnicas en las que se definan las características requeridas de un material, producto o servicio, incluido el impacto social o laboral de dichos materiales, productos o servicios, la accesibilidad universal y diseño universal o diseño para todas las personas, en los términos establecidos en el artículo 125.1. letras a) y b) de la Ley 9/2017.
b) Definición de las prescripciones técnicas: Las prescripciones técnicas pueden referirse al proceso o método específico de producción o prestación de las obras, los suministros o los servicios requeridos, o a un proceso específico de otra fase de su ciclo de vida, según la definición establecida en el artículo 148 de la Ley 9/2017, incluso cuando dichos factores no formen parte de la sustancia material de las obras, suministros o servicios, siempre que estén vinculados al objeto del contrato y guarden proporción con el valor y los objetivos de este, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.2 de la Ley 9/2017.
3. Información sobre obligaciones de carácter social o laboral: El pliego señalará el organismo u organismos de los que los candidatos o licitadores puedan obtener la información pertinente sobre protección del empleo, igualdad de género, condiciones de trabajo y prevención de riesgos laborales e inserción socio laboral de las personas con discapacidad, la obligación de contratar a un número o porcentaje específico de personas con discapacidad que serán aplicables a los trabajos efectuados en la obra o a los servicios prestados durante la ejecución del contrato; excepto cuando no sea posible señalar esta información, debiendo en este caso el órgano de contratación justificar en el expediente el motivo, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 129.1 de la Ley 9/2017.
4. Garantía definitiva: Los órganos de contratación incluirán en los pliegos correspondientes a licitaciones de contratos de suministros y de servicios la exención de la garantía definitiva para los licitadores que resulten propuestos adjudicatarios de aquéllos contratos que tengan por objeto la prestación de servicios sociales o la inclusión social o laboral de personas pertenecientes a colectivos en riesgo de exclusión social, salvo excepciones que habrán de justificar convenientemente en el expediente; todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 107.1 de la Ley 9/2017.
5. Prohibiciones de contratar: Los órganos de contratación indicarán a los candidatos o licitadores en los pliegos correspondientes a procedimientos distintos del procedimiento abierto simplificado, que la declaración responsable ajustada al modelo de documento europeo único de contratación comprende, entre otros extremos, la declaración de que no se encuentran incursos en la prohibición de contratar a que se refiere el artículo 71.1.d) de la Ley 9/2017 en lo referente a la cuota de reserva de puestos de trabajo del 2 por ciento para personas con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social; así como también comprende, entre otras, la declaración de no estar los candidatos o licitadores incursos en la prohibición de contratar que establece el artículo 71.1.b) de la Ley 9/2017 para las personas físicas o jurídicas que hubiesen sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de integración laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad, o de extranjería, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; o por infracción muy grave en materia laboral o social.
6. Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios: Cuando el objeto del contrato requiera de aptitudes específicas en materia social, de prestación de servicios de proximidad u otras análogas, en todo caso se exigirá como requisito de solvencia técnica o profesional la concreta experiencia, conocimientos y medios en las referidas materias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 90.3 de la Ley 9/2017.
7. Accesibilidad universal: En cuanto a la garantía de la accesibilidad universal en los procedimientos de contratación pública así como el diseño para todas las personas deberá tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 126.3 de la Ley 9/2017 respecto de la definición de las prescripciones técnicas, y en la disposición adicional decimoctava respecto de la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales de la Ley 9/2017; así como en la disposición adicional decimosexta relativa al uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley 9/2017, y en la disposición adicional cuadragésimo séptima que lleva por título Principios aplicables a los contratos de concesión de servicios del anexo IV y a los contratos de servicios de carácter social, sanitario y educativo del anexo IV.
8. Ofertas anormalmente bajas: Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que en virtud de lo dispuesto en el artículo 149.4, penúltimo párrafo de la Ley 9/2017 el órgano de contratación rechazará aquéllas ofertas que no cumplan las obligaciones aplicables en materia social o laboral.
9. Sin perjuicio de lo establecido en este apartado Sexto, en los procedimientos de licitación de contratos de concesión de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de carácter social del anexo IV, los órganos de contratación deberán tener en cuenta lo previsto en la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 9/2017.
1. La adjudicación de los contratos que de conformidad con lo dispuesto en los apartados primero y cuarto están sujetos a este Plan, se realizará utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio; excepto cuando no sea posible, debiendo en este caso el órgano de contratación justificar en el expediente el motivo que lo fundamenta, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley 9/2017.
2. Siempre y cuando los criterios de adjudicación cumplan los requisitos que establece el artículo 145.5 de la Ley 9/2017 (vinculación con el objeto del contrato; formulación objetiva con pleno respeto a los principios de igualdad, no discriminación, transparencia y proporcionalidad; que no confiera al órgano de contratación una libertad de decisión ilimitada; y garantizar una competencia efectiva), éstos deberán ser formulados incorporando consideraciones cualitativas que incluyan alguna o algunas de las características sociales del contrato que enumera el artículo 145.2, quinto párrafo de la Ley 9/2017, las cuales se refieren a las siguientes finalidades:
3. A los efectos de determinar si un criterio cualitativo de tipo social cumple el requisito de vinculación con el objeto del contrato los órganos de contratación tendrán en cuenta que no es necesario que un criterio de adjudicación se refiera a las características intrínsecas del producto, obra o servicio que constituye el objeto del contrato, sino que dicho criterio podrá referirse a las prestaciones que deban realizarse en virtud de dicho contrato, en cualquiera de sus aspectos y en cualquier etapa de su ciclo de vida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 145.6 y 148.1 de la Ley 9/2017.
4. En los contratos de servicios comprendidos en el anexo IV los criterios relacionados con la calidad deberán representar al menos el 51 por ciento de la puntuación asignable en la valoración de las ofertas, con arreglo a lo indicado en el artículo 145.4, segundo párrafo, de la Ley 9/2017.
5. Sin perjuicio de lo establecido en este apartado Séptimo, en los procedimientos de licitación de contratos de concesión de servicios del anexo IV y de contratos de servicios de carácter social del anexo IV, al establecer los criterios de adjudicación de los contratos los órganos de contratación deberán tener en cuenta lo previsto en la disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 9/2017. Así los órganos de contratación podrán referir los criterios de adjudicación a aspectos tales como: la experiencia del personal adscrito al contrato en la prestación de servicios dirigidos a sectores especialmente desfavorecidos o en la prestación de servicios de similar naturaleza en los términos establecidos en el artículo 145; la reinversión de los beneficios obtenidos en la mejora de los servicios que presta; el establecimiento de mecanismos de participación de los usuarios y de información y orientación de los mismos.
6. Los órganos de contratación promoverán el establecimiento en los pliegos de alguno de los criterios de desempate que establece el artículo 147.1 de la Ley 9/2017 sin perjuicio de establecer adicionalmente algún criterio que permita resolver todos los empates, como el sorteo.
1. Los órganos de contratación incorporarán en los pliegos al menos una de las condiciones especiales de ejecución de las listadas en el artículo 202.2, tercer párrafo, de la Ley 9/2017.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 202.3 de la Ley 9/2017, a la condición especial de ejecución que se introduzca en los pliegos en cumplimiento de lo previsto en el apartado anterior en todo caso se le podrá atribuir en éstos el carácter de obligación contractual esencial a los efectos de lo previsto en el artículo 211.1, letra f), de la Ley 9/2017. Con esta finalidad los pliegos deberán formular esta condición especial de manera precisa, clara e inequívoca, no siendo admisibles cláusulas de tipo general, de acuerdo con lo indicado en el artículo 211.1, letra f), segundo párrafo, de la Ley 9/2017.
1. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposición adicional cuarta y en el artículo 99 de la Ley 9/2017:
a) Términos de la reserva de contratos y lotes: Los órganos de contratación aplicarán porcentajes mínimos de reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos o de determinados lotes de los mismos a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y a empresas de inserción, regulados, respectivamente, en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, y en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta consideración, o un porcentaje mínimo de reserva de la ejecución de estos contratos en el marco de programas de empleo protegido, a condición de que el porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situación de exclusión social de los Centros Especiales de Empleo, de las empresas de inserción o de los programas sea el previsto en su normativa de referencia y, en todo caso, al menos del 30 por 100.
b) Porcentajes aplicables: Estos porcentajes, hasta que se apruebe el Acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017, serán los que resulten de lo dispuesto en la citada Ley.
c) Creación de un grupo de trabajo: En el seno de la Comisión Interministerial se constituirá un grupo de trabajo, el cual, en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha de su primera reunión, deberá realizar los trabajos preparatorios necesarios para la adopción por parte del Consejo de Ministros del Acuerdo a que se refiere la disposición adicional cuarta de la Ley 9/2017.
2. Reserva de contratos y de lotes prevista en la disposición adicional cuadragésima octava de la Ley 9/2017: Adicionalmente los órganos de contratación podrán reservar a las organizaciones que cumplan los requisitos que establece la disposición adicional cuadragésima octava en su apartado 2 el derecho a participar en los procedimientos de licitación de los contratos de servicios de carácter social que enumera el anexo IV bajo unos determinados códigos CPV, siempre y cuando su duración no exceda de tres años
1. Obligación de seguimiento general de la ejecución del contrato: Los órganos de contratación tomarán las medidas pertinentes para garantizar en la ejecución de los contratos que los contratistas cumplen las obligaciones aplicables en materia social o laboral, en los términos que establece el artículo 201 de la Ley 9/2017.
2. Subcontratación: Los pliegos les indicarán a los candidatos o licitadores que en el caso de subcontratar parte de la ejecución del contrato, es el contratista principal el que asume la total responsabilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia social o laboral a que se refiere el artículo 201 de la Ley 9/2017, con arreglo a lo previsto en el artículo 215.4 de la Ley 9/2017.
3. Contratistas que estuvieron incursos en presunción de anormalidad: Los órganos de contratación deberán establecer mecanismos adecuados para realizar un seguimiento pormenorizado de la ejecución de los contratos que le hubieran sido adjudicados a una empresa que hubiese estado incursa en presunción de anormalidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.7 de la Ley 9/2017.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 131
 artículo 167
 artículo 35
 artículo 125
 artículo 148
 artículo 126
 artículo 129
 artículo 107
 artículo 71
 artículo 42
 Real Decreto 
 artículo 71
 artículo 90
 artículo 126
 artículo 149
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 145
 artículo 147
 artículo 202
 artículo 202
 artículo 211
 artículo 211
 artículo 99
 Real Decreto 
 artículo 201
 artículo 201
 artículo 215
 artículo 149