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Timestamp: 2019-10-21 04:46:42+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 445, de 05/11/2018
cve: BOCG-12-D-445
059/000009 Calendario de sesiones plenarias para el período septiembre-diciembre de 2018. Modificación... (Página3)
158/000052 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo, presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto... (Página3)
162/000762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en Canarias. Retirada... (Página5)
162/000832 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a suspender, de inmediato, las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso de armas a Arabia Saudí... (Página6)
162/000833 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la declaración de una moratoria industrial a las industrias pesadas contaminantes en la Bahía de Algeciras... (Página8)
162/000834 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino... (Página9)
162/000835 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al regreso y recuperación del Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona y viceversa con paradas en Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona... (Página10)
162/000836 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho... (Página11)
162/000837 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento del Institut Català de Finances como Establecimiento de Crédito Financiero... (Página12)
162/000838 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a solicitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y adherirse a los países que previamente lo han demandado... (Página14)
162/000839 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de la labor de las diputaciones provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social... (Página16)
162/000840 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al reconocimiento de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su defensa del Estado de Derecho en Cataluña... (Página17)
162/000841 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas con variaciones de la anatomía sexual... (Página19)
162/000842 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes y el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la transición energética... (Página20)
162/000843 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desarrollo de una política de tierras que garantice la gobernanza responsable y sostenible y que favorezca el acceso justo, así como la incorporación al campo y el relevo generacional... (Página22)
Relación de preguntas para respuesta escrita que han sido retiradas... (Página25)
232/000003 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad número 3865/2016, promovido por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 1, en conexión con el Título VI (artículos 127-133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ... (Página36)
233/000051 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 95/2018, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Logroño, en relación con la disposición adicional 9.ª (actual disposición adicional 7.ª) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por posible vulneración del artículo 106.2 de la Constitución española ... (Página37)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de la fecha, oída la Junta de Portavoces, ha acordado modificar el calendario de sesiones plenarias para el período de sesiones septiembre-diciembre de 2018, en el sentido de que la semana del 27 al 29 de noviembre no se celebre sesión plenaria.
158/000052
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Admitir a trámite y trasladar a la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a los efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En nombre de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones en el seno de la Cámara, presentar propuesta de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
En su comparecencia del pasado día 16 de octubre de 2018, el Sr. Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación hizo una invitación a los miembros de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, para que considerasen la oportunidad de contar con un instrumento que permitiese a los representantes de los distintos grupos hacer una reflexión conjunta sobre la necesaria actualización de la Ley 23/1998, de 23 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo así como del conjunto del ordenamiento que rige el sistema estatal de Cooperación, en la convicción de que la remisión a la Cámara, en el futuro, de un Proyecto de ley sobre esta materia solo tendría sentido si concitase un consenso amplio de los Grupos Parlamentarios. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo celebra sus treinta años de existencia y la Ley de Cooperación ha cumplido ya veinte años. En este espacio de tiempo se ha transformado profundamente el concepto de cooperación internacional y el contexto global en el que ésta tiene lugar.
La Agenda de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030 fue aprobada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015. Supone la renovación del compromiso adoptado por la Comunidad Internacional en el año 2000 cuando se suscribió la Declaración del Milenio con los 8 Objetivos del Milenio, con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones, pero al mismo tiempo se distancia de la pasada Agenda de Desarrollo por cuanto supone un cambio de paradigma. Se pretende un desarrollo sostenible mediante una Agenda universal, para todos los países y todas las personas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas que los integran, son de carácter transversal y están fuertemente interrelacionados. Este enfoque integral supone que, como condición necesaria para afrontar los complejos problemas globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden lograrse aisladamente, sino todos ellos conjuntamente, de manera coherente e interconectada, tanto en el interior de los Estados como en las relaciones entre Estados.
El concepto de desarrollo sostenible implica, pues, una dimensión transversal, de coherencia de todas las políticas para el desarrollo, de participación de todos los países, de todos los actores, de todas las personas. Naciones Unidas está llevando a cabo, en consecuencia, la reforma del sistema de desarrollo sostenible, que demanda el compromiso activo de nuestro país, que ha sido y debe seguir siendo un referente mundial en lo que a cooperación para el desarrollo se refiere. También la Unión Europea ha aprobado un nuevo consenso europeo sobre el desarrollo sostenible. No podemos quedarnos atrás.
El sistema español de cooperación y su normativa reguladora requieren también una profunda actualización para responder con mayor eficiencia y eficacia a los retos que la nueva Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible trae consigo, los contextos cambiantes de los países en desarrollo y el contexto propio de la cooperación española.
Son indudables los logros que se han producido bajo la vigencia del marco normativo existente, pero también deben evidenciarse las carencias y puntos débiles que posee el actual sistema de cooperación. Para ello es fundamental contar con la participación de autoridades y con expertos del sector de la Cooperación, con el objetivo de diseñar, con el máximo consenso posible, las líneas básicas de la normativa reguladora y de la arquitectura institucional del sistema de cooperación. Con estos trabajos parlamentarios se pretende que la iniciativa legislativa que en el futuro se considere oportuno emprender en esta materia sea lo más correcta posible, desde el punto de vista técnico, y que cuente, asimismo, con el máximo consenso, tanto de las distintas sensibilidades políticas como de los actores del sector de la Cooperación, para que pueda constituir un marco normativo eficaz y duradero.
Por todo lo expuesto, los Grupos Parlamentarios firmantes proponen la creación, en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, de una Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Analizar la actual normativa reguladora del sistema de cooperación internacional para el desarrollo, para proponer, mediante Informe, una actualización del mismo que garantice su eficacia y eficiencia en respuesta a los retos que trae consigo la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Para la elaboración de dicho Informe, en el seno de la Subcomisión se llevarán a cabo cuantas comparecencias sean necesarias para el adecuado desarrollo de sus trabajos. A tal fin, podrán comparecer autoridades competentes y expertos de entidades del sector de la cooperación, nacional e internacional, así como cuantas personas y organizaciones se estimen competentes en la materia.
Adicionalmente, para el correcto desarrollo de sus trabajos, los miembros de la Subcomisión podrán solicitar la documentación necesaria y se podrán organizar reuniones de trabajo o visitas.
La Subcomisión estará integrada por los representantes de cada uno de los Grupos parlamentarios conforme al Reglamento.
La Subcomisión deberá realizar el Informe correspondiente y presentar sus conclusiones a que se refiere el Apartado A) en un plazo máximo de seis meses desde su constitución.
Si así lo acuerda la Mesa, el mencionado Informe, una vez aprobado por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, junto con las conclusiones de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación.
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000762
Retirada de su Proposición no de Ley sobre las medidas urgentes para combatir el cambio climático en Canarias.
162/000832
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno, una Proposición no de Ley para suspender, de inmediato, las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso de armas a Arabia Saudí.
1. El Congreso de los Diputados ya se ha pronunciado contra las exportaciones de armamento a Arabia Saudí y países en conflicto armado y donde se violan los derechos humanos.
El pasado 21 de febrero de 2018 el Congreso de los Diputados aprobó la siguiente Proposición no de Ley en la Comisión de Defensa:
1. Asegurar que las exportaciones de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso respeten la legislación estatal y el derecho internacional sobre la materia.
2. Denegar las exportaciones de material de defensa, otro material y productos y tecnologías de doble uso a países en los que pudieran ser utilizados para la comisión de violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional.
3. Presentar un informe ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, antes de finalizar el año, en el que se detallen los criterios seguidos hasta la fecha a la hora de evaluar el riesgo antes de proceder a la autorización de operación con destinos preocupantes; aquellos en conflicto armado, con grave inestabilidad interna o en que se sospecha se producen violaciones de derechos humanos, así como información detallada en relación con dichas operaciones."
Tal como ponía de manifiesto la exposición de motivos, los últimos informes de "Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" ponen de manifiesto que Arabia Saudí es uno de los países donde más armamento se exporta: entre 2003 y 2016 exportó armas por un valor de 955 millones de euros; en 2016 exportó armas por un valor de 116,2 millones de euros y en 2017 exportó armas por un valor de 270,2 millones de euros.
Este es un país gobernado a través de una monarquía absoluta, con graves acusaciones de violación de los Derechos Humanos y al que además, en los dos últimos años, se considera que está apoyando a uno de los bandos de la guerra civil en Yemen, concretamente el bando del Gobierno, habiendo bombardeado a la población civil con la coalición regional que dirige. Este enfrentamiento bélico ha tenido como resultado la muerte de más de 10.000 personas, al menos 5.200 de ellas civiles, y también ha sido uno de los factores que han causado un hambre que afecta a 13 millones de personas y que ya ha provocado más de 50.000 muertos. En este sentido Naciones Unidas ha declarado que Arabia Saudí "podría haber cometido crímenes de guerra".
2. El 13 de septiembre, el Ministro de Asuntos Exteriores José Borrell anunció que España vendería las 400 bombas de precisión.
Diez días antes, la Ministra de Defensa Margarita Robles había anunciado que paralizaba la venta de las 400 bombas de precisión a Arabia Saudí, dando cumplimiento así a lo que especificaba la Proposición no de ley aprobada y a los tratados internacionales sobre venta de armas que España tiene firmados.
No obstante, el 13 de septiembre, el Ministro Borrell, en una declaración altamente subjetiva manifestó que no existía razón para no venderlas, ya que se trataba "de un armamento de precisión, que no produce efectos colaterales".
3. El Parlamento Europeo ya se ha pronunciado contra la venta de armas a Arabia Saudí.
El 4 de octubre el Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo se pronunció explícitamente respecto a la venta de armas a Arabia Saudí y otras fuerzas que intervienen en el conflicto yemení y concretamente el Pleno del Parlamento aprobó: "Insta a todos los Estados miembros de la Unión a que se abstengan de vender armas y cualquier equipo militar a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y cualquier miembro de la coalición internacional, así como al Gobierno yemení, y a todas las demás partes en el conflicto".
4. El caso de la tortura y muerte del periodista Jamal Khashoggi agrava la situación.
En línea con lo aprobado por el Parlamento Europeo y a raíz del caso Khashoggi, recientemente los países europeos han puesto de manifiesto el debate sobre la continuidad de las exportaciones a dicho país. El 21 de octubre de 2018, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció que frenaba la venta de armas a Arabia Saudí hasta que se aclarase la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi en el consulado saudí en Estambul. Además, Alemania, Francia y Reino Unido han exigido a través de un comunicado una investigación y los hechos que prueben la versión que defiende la monarquía saudí en relación a este hecho.
El Derecho Internacional y el estatal es muy claro en relación a la prohibición del comercio de armamento. Mientras el Tratado sobre el Comercio de Armas que prohíbe a los Estados transferir armas convencionales a otros países si saben que van a ser utilizadas para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra o facilitar su comisión, obliga a todos los gobiernos a evaluar el riesgo de transferir armas, municiones o componentes a otros países donde puedan ser utilizados para cometer o facilitar graves violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Los Estados también acordaron que, si ese riesgo fundamental es real y no puede mitigarse, la transferencia no se lleve a cabo.
Por lo que afecta a la legislación española, la Ley 53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, contempla por primera vez el comercio exterior de material de defensa y de doble uso; en el preámbulo dice: España tiene el deber de asegurar que sus exportaciones son coherentes con los compromisos vigentes de conformidad con el Derecho Internacional y de manera que se garantice que dichas exportaciones no fomenten la violación de los derechos humanos, no aviven los conflictos armados ni contribuyan de forma significativa a la pobreza.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y en particular a los Ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores a:
1. Dar pleno cumplimiento a lo establecido en la Proposición no de Ley aprobada por la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el día 21 de febrero de 2018 relativa a la no las exportación de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso a países donde se violan los Derechos Humanos y comete o facilita una violación grave del Derecho Internacional (161/002204).
2. Suspender inmediatamente las exportaciones de material de defensa, el otro material o los productos y tecnologías de doble uso de armas a Arabia Saudí, incluyendo las de aquellas que ya han sido autorizadas, como es el caso de las 400 bombas de precisión, en el caso que no hayan sido entregadas todavía."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de octubre de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
162/000833
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno de la Cámara, relativa a la declaración de una moratoria industrial a las industrias pesadas contaminantes en la Bahía de Algeciras.
La contaminación es el principal problema ambiental al que se enfrenta la ciudadanía de la Bahía de Algeciras y su área de influencia, principalmente debido a la incidencia directa en la salud humana, pero también por su influencia en el desarrollo económico local. Respecto a la salud humana, las afecciones que causa están asociadas, principalmente, a los sistemas respiratorio y cardiovascular. Los grupos de población más afectados son las personas de avanzada edad, las mujeres embarazadas, los niños y las personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares crónicas. Y respecto al desarrollo económico local, influye de forma determinante en la implantación y crecimiento de actividades económicas sostenibles como la pesca y la acuicultura, el turismo o la agricultura y la ganadería.
En el Campo de Gibraltar existen 18 grandes instalaciones industriales concentradas en torno a la Bahía de Algeciras. La concentración industrial en un espacio tan reducido provoca un efecto acumulativo de emisiones en la zona que genera altas tasas de contaminación del aire de los municipios del Campo de Gibraltar y del agua de la Bahía de Algeciras.
La contaminación que ha generado el desenfrenado desarrollo industrial y portuario del Campo de Gibraltar tiene sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud humana. La emisión de sustancias tan contaminantes como el benceno, los PAHs (hidrocarburos aromáticos policíclicos) o las partículas en suspensión provocan afecciones sobre la salud humana como contraprestación a los beneficios económicos de las empresas instaladas en la zona. Diferentes estudios publicados por Joan Benach, epidemiólogo de la Universidad Pompeu i Fabra (Barcelona), demuestran que en la comarca del Campo de Gibraltar existen evidencias y datos alarmantes que apuntan a un mal estado de salud de la población. Por otro lado, la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB por sus siglas en inglés) publicó en octubre de 2016 un informe con el aval de la Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias (ERS por sus siglas en inglés) en el que analizaba la incidencia de la contaminación atmosférica sobre la salud de la población que vive en las zonas industrializadas. Se tomaron para ello los datos oficiales tanto de emisiones a la atmósfera de las industrias como de mortalidad y morbilidad facilitados por las administraciones competentes. Como resultado, en 2013, en la zona de la Bahía de Algeciras el informe considera que la central térmica de Los Barrios ocasionó 51 muertes prematuras, 35 casos de bronquitis crónica en adultos, 1.614 ataques de asma en niños y 17.752 días de trabajo perdido. Según el informe, todos estos casos están directamente relacionados con la exposición a contaminantes emitidos por esta central térmica, principalmente dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2) y monóxido de nitrógeno (NO). Además, el informe también calcula los daños económicos que provoca esta contaminación, cifrándolos en 2.424 millones de euros solo en 2013. El mismo informe concluye que la eliminación de estas industrias contaminantes y la apuesta por otras fuentes de energía no contaminantes reducirían en un 95 % los casos de muertes prematuras, enfermedades respiratorias y días de trabajo perdidos.
La misma Unión Europea (2000) reconoce el principio de cautela (o de precaución). Este principio, que se trata en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, hace referencia a un enfoque de la gestión del riesgo según el cual, en caso de que una política o acción pudiera causar daños a las personas o al medio ambiente, y no existiera consenso científico al respecto, la política o acción en cuestión debería abandonarse. Esta situación deberá revisarse conforme se disponga de nueva información científica.
El otro gran problema al que se enfrenta la población que vive alrededor de la Bahía de Algeciras es el desempleo. Según los datos recogidos en las memorias internas de la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGICG), la capacidad de generar empleo del actual tejido productivo centrado en la industria pesada contaminante está paralizada, es incapaz de generar empleo de calidad y estable, los datos sobre empleo directo que ofrece la Asociación señalan que se han perdido más de 700 empleos en
los últimos años. Ha caído de 5.021 empleos directos en 2010 a 4.318 en 2016, según la propia AGICG. Es un sistema productivo obsoleto e improductivo para el empleo y la riqueza económica en la zona.
Los altos índices de desempleo crónico (29 %) en la comarca y la precariedad laboral nos empujan hacia la necesidad de implantar un nuevo tejido económico e industrial que transforme lo que ahora existe. El desempleo y el trabajo precario (temporal y mal remunerado) provocan que los jóvenes bien formados de nuestra comarca emigren a otros países y comunidades del Estado español. En otros casos, el desempleo los empuja a una economía sumergida de catastróficas consecuencias como las que estamos viviendo: gran parte de la juventud se lanza a las redes del narcotráfico como forma de conseguir ingresos económicos. Existe una gran ausencia de oportunidades.
Por otro lado, el actual tejido industrial centrado en industrias pesadas muy contaminantes impide el desarrollo adecuado de otros sectores como son la agricultura, la ganadería, el turismo, la pesca y la acuicultura. En el caso de la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuicultura con los niveles de contaminación existentes es imposible producir bienes de consumo de calidad que puedan competir en los mercados nacionales e internacionales.
1. Aplicar una moratoria a las industrias pesadas contaminantes, estableciendo un plan de reconversión industrial aplicable de cara a la implantación de nuevas empresas que desarrollen actividad contaminante y a la ampliación de las ya presentes en la Bahía de Algeciras, mientras no se aclaren las causas de la elevada mortalidad y morbilidad en la zona.
2. Elaborar un plan integral de emergencias para la comarca del Campo de Gibraltar diseñado para funcionar en caso de episodios de contaminación por encima de los niveles permitidos.
3. Tomar como referencia, a todos los niveles competenciales, los datos aportados por la Organización Mundial de la Salud para delimitar los umbrales máximos para cada sustancia contaminante para no correr riesgos sanitarios.
4. Coordinar, desde los Ministerios de Industria, Comercio y Turismo, y de Transición Ecológica, con las Administraciones Públicas afectadas, los planes de reindustrialización de la comarca en el que se pongan los medios necesarios para sustituir progresivamente las industrias contaminantes y reemplazarlas por empresas tecnológicas sostenibles, desarrollar planes de formación en nuevas tecnologías para los jóvenes de la comarca e incentivar el aprovechamiento de los recursos de la zona para abrir el abanico de la economía local.
5. Poner en marcha medidas de empleo e inversiones en el Campo de Gibraltar en la regeneración del bosque mediterráneo, recuperación del litoral de la Bahía de Algeciras, eficiencia energética en edificios públicos, intervención social en el entorno urbano y uso público de espacios naturales del Campo de Gibraltar en colaboración con los colectivos sociales de la comarca que demandan estas iniciativas para la creación de empleo estable y de calidad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2018.-Noelia Vera Ruíz-Herrera y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000834
Antonio Roldán, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el desarrollo de un proyecto de ley para gestionar la configuración de las listas de empleo interino, para su debate en Pleno.
La oposición o concurso-oposición es un procedimiento selectivo en la que las personas concurren para conseguir una plaza laboral dentro de las Administraciones Públicas. La igualdad, el mérito y la capacidad son los principios que rigen el desarrollo del proceso.
Para garantizar el cumplimiento de los principios de libre concurrencia, igualdad, mérito, capacidad y publicidad recogidos en el artículo 55 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, el Gobierno desarrolló el Real Decreto 84/2018, de 23 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Sin embargo, una vez las personas aprueban la oposición sin llegar a obtener plaza, las condiciones para la configuración de las listas de interinos que podrán acceder a las bolsas de empleo no se encuentran reguladas a nivel nacional. Esta ausencia de legislación nacional ha permitido la existencia de numerosas diferencias entre CC.AA. en el procedimiento de asignación, más allá de los criterios de baremación de la experiencia como interino.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar una legislación que establezca un marco para que las Comunidades Autónomas desarrollen normativa que regule las listas de empleo de interinos y, en particular, los procedimientos para la configuración del listado y los criterios de ordenación de los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000835
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al regreso y recuperación del Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona y viceversa con paradas en Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona.
El 2 de agosto de 2015 se suprimió el Tren Hotel Granada-Barcelona, en cuyo itinerario también se prestaba servicio a las estaciones de Linares-Baeza, Alcázar de San Juan, Albacete, Almansa, Valencia, Castelló, Salou y Tarragona. Era un tren que se llenaba todas las noches y su supresión no tuvo nada que ver con las obras del AVE a Granada, sino que tuvo que ver con otras obras puntuales para el corredor Mediterráneo en la provincia de Castellón. Esas obras se terminaron, pero el tren no se restableció.
Este tren era un medio de transporte público, seguro, ecológico, social, eficiente y que vertebraba nuestro país, y fue eliminado con más de 80 % de ocupación, junto a la promesa incumplida de su reposición tras las obra. No hay justificación técnica ni económica para que no vuelva a implantarse una línea que se ha demostrado necesaria.
Se ha comprobado la necesidad que tiene nuestro país de generar una red complementaria a la de la Alta Velocidad, apoyada en las redes de tren convencional existentes. La propia Unión Europea (Tribunal de Cuentas de la UE en el mes de junio de 2018) ha puesto de manifiesto la ineficacia y la falta de sostenibilidad de la política de infraestructuras de los últimos años basada en la Alta Velocidad y que ha potenciado la conexión de algunas ciudades y, sin embargo, ha dejado aisladas a otras muchas poblaciones. Por ello, apoyar las líneas convencionales, como el Tren Hotel Alhambra, para su recuperación y mejora supone aumentar la integración del ferrocarril en la península y la articulación territorial.
La nueva política de infraestructuras debe suponer una nueva sensibilidad hacia el territorio y dar un nuevo rumbo a la actual dinámica de abandono de las líneas ferroviarias tradicionales y con un fuerte arraigo social. Para el actual Gobierno la reposición del Tren Hotel Granada-Barcelona debería ser el cumplimiento de una autoexigencia, porque ya es hora de que el Gobierno central recupere la conexión ferroviaria entre Granada y Barcelona a través del tren hotel de Renfe suprimido en 2015 y que el Ministerio de Fomento y Renfe deben dar la cara ante la sociedad poniéndolo en funcionamiento de nuevo.
Recuperar el Tren Hotel Alhambra entre Granada y Barcelona, suprimido el 2 de agosto de 2015, antes de 2019."
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2018.-Sergio Pascual Peña y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho.
Treinta años después del primer Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales (1988) parece necesario recordar que se trata del instrumento esencial de que se sirven tanto las Administraciones Públicas -para garantizar- como la ciudadanía -para ejercer y acceder a determinados derechos sociales-.
Se trata de una colaboración económica y técnica entre, principalmente, la Administración Central y Autonómica con las administraciones locales para el desarrollo de esta red local, así como un intercambio de información entre administraciones.
Desde 1988, se han ido sucediendo diferentes Planes Concertados anuales que comparten cuatro pilares fundamentales:
- La información y la orientación.
- La ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
- El alojamiento alternativo en casos de necesidad.
- La prevención y la inserción social.
Reconociendo fácilmente la importancia de estos cuatro pilares para la cohesión social, lo que resulta realmente impactante -e intolerable- es que la financiación de este instrumento ha sido inversamente proporcional a las necesidades de las personas. En un momento, año 2012, en que la situación de las familias en España es más grave que nunca y, por tanto, requiere más asistencia y ayudas para afrontar sus necesidades básicas, el Plan Concertado sufre un recorte de prácticamente el cincuenta por ciento respecto al año anterior. Esto es: mientras en 2011 se fijaron más de 86 millones de euros, el año siguiente la dotación cae hasta los 47 millones.
Sin embargo, el recorte más duro llegará en los siguientes ejercicios presupuestarios en los que el gobierno del Partido Popular lo hace disminuir hasta los 28 millones. Cantidad manifiestamente insuficiente para hacer frente a las necesidades de una gran parte de la población en situación de emergencia social (el 28,6 % de la población total) y en situación de pobreza severa (el 7,6 % de la población total).
En este contexto las entidades locales se han visto abandonadas por una Administración Central que, lejos de tomar en cuenta sus necesidades, ha optado por la asfixia económica de miles de ayuntamientos. Más aún, siendo la administración local la instancia más próxima y cercana a la ciudadanía y a sus necesidades, a finales de 2013 se aprueba la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que termina por desposeer a estas entidades de varias competencias y funciones en materia de Servicios Sociales, entre otras. Como era presumible, esto ha redundado en un grave deterioro de los servicios y, por ende, en un ejercicio precario de los derechos de ciudadanía.
A pesar de que esta norma ha sido anulada parcialmente por el Tribunal Constitucional, siguen vigentes muchos de los preceptos que impiden la prestación equitativa y eficaz de los servicios sociales a que se refiere el Plan Concertado. Por ello, es urgente proceder a su derogación inmediata de cara a dotar a las distintas y muy diferentes entidades locales de la posibilidad de atender a su población de manera diligente.
Es importante apuntar algunos datos en relación al impacto del Plan Concertado: a) la red está implantada en 5.610 municipios; b) debe atender a una población de 41,6 millones de habitantes (97 % de la población); c) 5,8 % millones de personas reciben alguna prestación básica a través de esta red; d) más de 29.000 personas trabajan centros de servicios sociales.
El pasado 9 de marzo de 2017 la Comisión de Sanidad aprueba una Proposición No de Ley que insta al Gobierno a, por una parte, recuperar y reforzar el Plan Concertado y, por otra, a tramitar, de forma inmediata, una modificación legislativa que devuelva urgentemente a las entidades locales las competencias en materia de prestaciones de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Ana Marcello Santos y Ana Belén Terrón Berbel, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000837
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa al reconocimiento del Institut Català de Finances como Establecimiento de Crédito Financiero.
Desde el inicio de la crisis financiera se ha producido en España el mayor proceso de concentración bancaria de Europa. Entre 2008 y 2014 los cinco mayores bancos pasaron de acaparar el 42 % de la cuota de mercado a hacerlo en un 58 %. En la actualidad, después de la venta del Banco Popular al Banco de Santander, esta concentración es aún más acentuada, aproximándose el 70 % la cuota de mercado está en manos de los cinco mayores bancos. Las cajas de ahorros, que suponían la mitad del sistema financiero español, fueron absorbidas por el sistema privado, mediante absorciones y compras, y con ayuda de dinero público. Estos movimientos no han contribuido más que a reducir la competencia en el sector, a concentrar el poder de mercado y la posibilidad de captura regulatoria.
El sector bancario sale de la crisis con unos balances aún precarios y en recomposición. Ello hace que los bancos aún se dediquen a reducir el riesgo de sus balances e invertir en activos libres de riesgo, que lo son gracias a los mecanismos de protección de los bancos centrales. Se podría afirmar pues que no se emplean a fondo en su función tradicional de provisión de crédito a la economía productiva destinado a la inversión, ni a la de provisión de crédito en condiciones razonables a los hogares.
Además, el alto grado de concentración da lugar a comportamientos oligopolísticos, y al aumento de la influencia política de estos grandes grupos. Es por tanto falaz decir que el sistema de cajas era un sistema ineficaz por ser altamente politizado y que ahora, este nuevo sistema con pocos agentes muy poderosos y con gran influencia política no lo es.
Es erróneo también afirmar que la banca privada funciona mejor que la banca pública dado que en los últimos años la rentabilidad se ha obtenido a cambio de subvenciones públicas sin precedentes, políticas monetarias extraordinarias y un ajuste laboral antisocial. El sector bancario privado sigue de hecho disfrutando de crédito subvencionado por parte del BCE por diferentes vías. Por una parte goza de la disposición de crédito a través de la línea oficial de crédito a tipos de interés extremadamente bajos. Además, está apoyado por un programa de compras de activos que afecta no solo a la deuda pública, sino también a la deuda privada de grandes empresas. A pesar de ello las tasas de rentabilidad (ROE) del sector bancario han declinado. El Banco de España calcula que el ROE es del 5,1 % para las entidades financieras españolas en 2015, muy por debajo del 12 % de media del periodo 2000-2008. Los niveles de solvencia también se ven dañados (10,7 % según la ratio CET 1), y a pesar del fuerte desapalancamiento, aún no ha conseguido superar sus problemas, como ha mostrado la crisis reciente del Banco Popular. La reactivación del negocio es débil y el riesgo de morosidad aún es alto (9,39 %, 2016, al nivel de 2012). Además, entre 2008 y 2015 un 27 % del empleo en el sector (se pasó de 271.000 empleados a 198.000), un 32 % de las oficinas han cerrado y han desaparecido el 15 % de las entidades financieras.
Es, por tanto, necesario reformar el sector, para que actúe con responsabilidad, sin los graves abusos hacia las personas clientes y el comportamiento especulativo que lo ha caracterizado. Entre los cambios que precisa este sector, por razones económicas, pero fundamentalmente democráticas, se han de plantear diferentes intervenciones, entre las que se incluyen reorientar el sistema crediticio hacia una misión social y un espíritu de servicio público, lo cual debe permitirle no sucumbir a comportamientos que perjudiquen a la mayoría. Para realizar este proceso es esencial que las entidades financieras que en la actualidad cuentan con mayoría de participación pública continúen en manos públicas y puedan aumentar su volumen y atribuciones.
El propio Banco Mundial lo reconoce en su informe Repensando el papel del Estado en las finanzas: "El positivo papel que han jugado los bancos públicos de varios países durante la crisis financiera para mantener el flujo de crédito [...] compensando parcialmente la reducción del crédito ofrecido por los bancos privados", así como: "La evidencia del papel contra-cíclico que han jugado varios bancos públicos durante la crisis".
España es uno de los pocos países de nuestro entorno que no cuenta con una banca pública. En Alemania un fuerte sistema bancario público de ámbito regional financia las necesidades de investigación e internacionalización de las empresas pequeñas y medianas con gran capacidad de innovación y exportación. La banca pública alemana también financia viviendas sociales e infraestructuras públicas, como escuelas, centros de tercera edad, etcétera. Actualmente la cuota de mercado de la banca pública alemana está en el 24 %.
A diferencia que en Alemania, Francia, Italia y muchos otros países, España no tiene banca pública con la que realizar políticas financieras e industriales de calado. Es de vital importancia que España ponga en marcha una banca pública regional, al estilo de Alemania, que le permita realizar tales políticas.
En las CC.AA. existen instrumentos financieros públicos de ámbito autonómico. En el caso de Cataluña es el Institut Català de Finances (ICF). El ICF fue creado por ley en 1985. Esta institución realiza su actividad crediticia sin licencia bancaria. Desde 2013 tal institución está operando de acuerdo con las normas regulatorias europeas, que el supervisor bancario acepta como adecuado para realizar actividad bancaria.
El ICF es considerado por el Banco de España una institución financiera no-monetaria, ya que no capta depósitos. Su mayor y único accionista es la Generalitat de Catalunya. Sin embargo, la deuda del ICF no computa como déficit ni deuda, ya que no depende del presupuesto, lo cual certifica su independencia. De hecho la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado) hace un seguimiento estrecho para certificar que esto es así.
El ICF se financia principalmente del Banco Europeo de Inversiones, a un tipo de interés un 2 % más caro que el Instituto Oficial de Crédito (Euribor + 1,4 %, mientras que el ICO Euribor -0,4 %), dado que el
ICF no tiene acceso al BCE. También se financia emitiendo pagarés (inversores cualificados) a través de Bolsa de Barcelona, a vencimientos a corto, y con financiación de banca privada. A pesar de no gozar de condiciones tan favorables como otras entidades sus resultados y su crecimiento avalan su buena gestión. Sus ratios de morosidad han mejorado durante la crisis. Además, la entidad ha desempeñado una función anticíclica. En la actualidad tiene 100 trabajadores y gestiona 2.600 millones de euros de balance. Además, realiza un seguimiento de inversión inducida y de los puestos de trabajo creados en las empresas que reciben crédito.
El ICF se distingue por valores que hacen que la entidad trabaje solo con actores económicos que quieran hacer inversiones a largo plazo (naves industriales, líneas de producción) con períodos de 10-15 años. Además el ICF podría firmar convenios de colaboración con Diputación, Ayuntamiento de Barcelona, Área Metropolitana, etc., para promover la actividad económica con espíritu de servicio público y en favor del interés general. Un ejemplo es la colaboración con el Departamento de Cultura, con el que en la actualidad hace préstamos participativos para financiar proyectos con alto contenido tecnológico en el ámbito de la cultura.
Actualmente, el ICF está trabajando con la Asociación Europea de Bancos Públicos (AEBP), adaptándose a sus estándares para poder ser finalmente un banco público. Para crear un banco del ICF debería constituirse como Sociedad Anónima. Por esta razón se podría decir que el ICF está bajo la regulación de un banco, aunque actúa y se le considera un fondo de inversión. Por esta razón el ICF es considerado "banca en la sombra", dado que no reporta las estadísticas al Banco de España (BdE). Si el BdE supervisara su actividad el ICF dejaría de ser banca en la sombra.
Una opción para que ello sucediera y el ICF pudiera devenir un banco sería que adquiriera un estatus similar al ICO. El ICO está supervisado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que tiene un convenio de supervisión con el BdE. El ICO ha tenido que adaptar los órganos de gobierno a tal supervisión, pero no lo ha hecho tanto como el ICF.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones necesarias para que el Institut Català de Finances sea considerado un Establecimiento Financiero de Crédito en el ámbito de la ley española, y sea supervisado por el IGAE, pasando a ser el primer exponente de un nuevo sistema de banca pública autonómica en el Estado, que tenga como prioridad financiar proyectos de infraestructuras y equipamientos públicos y proyectos empresariales de largo plazo, dentro de una política industrial coherente, que favorezca a las Pymes. Estas medidas deberían contribuir a poner en marcha un nuevo modelo de desarrollo que reduzca el desempleo y sea sostenible económica y ecológicamente. Asimismo, se crearán líneas financieras especiales para sujetos económicos excluidos del sistema financiero."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000838
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a solicitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y adherirse a los países que previamente lo han demandado, para su debate en Pleno.
La comunidad internacional alcanzó un hito histórico cuando se adoptó, el 17 de julio de 1998, el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), donde se juzgarían las violaciones más graves, cometidas por individuos, en contra del Derecho Internacional: genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma entró en vigor el 1 de julio
de 2002, tras su ratificación por 60 países, entre ellos España (el 24 de octubre de 2000) y en la actualidad ya son 124 los países que lo han ratificado. El entonces Secretario General de la ONU, Kofi Annan, lo consideró "un paso gigantesco en favor de los Derechos Humanos universales".
En este sentido, el artículo 7 del Estatuto de Roma señala como crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.
El 4 de marzo de 2009, la Corte dictó orden de arresto contra el Presidente sudanés, Omar al Bachir, por crímenes de guerra y lesa humanidad perpetrados contra la población civil de la región de Darfur entre abril de 2003 y julio de 2008. Fue la primera orden dictada contra un Presidente en ejercicio. Con posterioridad, el líder libio Muamar al Gadafi, se convirtió en el segundo jefe de Estado con una orden de detención, que se archivó tras su fallecimiento durante la revuelta de Libia en el 2011. La Corte ha dictado dos sentencias condenatorias hasta el momento: La primera declaraba culpable a Thomas Lubanga (jefe de un movimiento rebelde en la República Democrática del Congo), el 10 de julio de 2012; la segunda condenaba a Germain Katanga (líder de la Fuerza de Resistencia Patriótica en Ituri, República Democrática del Congo) en 2014.
Según una investigación solicitada por la Organización de Estados Americanos (OEA), hay "fundamento suficiente" para considerar que los ataques a la población civil venezolana, desde al menos febrero de 2014, constituyen "crímenes de lesa humanidad" conforme al Estatuto de Roma, que rige la CPI.
El citado informe de los expertos independientes, elaborado a partir de decenas de testimonios, describe un patrón de "ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil" como parte de una "política de Estado" contra los críticos de Maduro. Incluye "detenciones masivas, desapariciones forzosas, asesinatos, torturas, violaciones y otros actos de violencia sexual". Los expertos señalan a once individuos -Maduro y altos cargos de su Gobierno y de las fuerzas de seguridad- como responsables penales. Las cifras son escalofriantes: 131 ejecuciones extrajudiciales, 8.292 homicidios, 12.000 detenciones arbitrarias o 289 denuncias de tortura.
El exministro de Canadá, Irwin Cotler, uno de los tres expertos encargados de elaborar el informe, determinó que en Venezuela se han cometido al menos cinco de los crímenes de lesa humanidad definidos por la CPI. Estos son:
1. Asesinato: según el Estatuto, forma parte como "ataque contra una población civil" de conformidad con la política de un Estado o de una organización cometer ese ataque o para promover esa política. Según el informe de la OEA, al menos 6.000 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales de grupos paraestatales o conectados con el Estado.
2. Encarcelamiento u otra privación grave a la libertad física: el panel de expertos independientes de la OEA contabilizó 12.000 detenciones arbitrarias desde 2014. Todos bajo un aparente ataque generalizado y sistemático de quienes se sospecha están en contra del Gobierno.
3. Torturas: la Corte la define como "causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control". El informe de la OEA registró al menos 289 casos.
4. Persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos: "Se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo", se lee en el Estatuto.
5. Desaparición forzada de personas: el Estatuto indica que es la aprehensión, la detención o el secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización o apoyo, la cual se niega a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de esas personas con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley.
Además, el pasado 26 de septiembre, seis países, Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, pidieron a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que, tras evaluar la información de que se disponga, inicie una investigación sobre la comisión de crímenes de lesa humanidad que habría tenido lugar en Venezuela bajo el Gobierno del Presidente Nicolás Maduro, desde el 12 de febrero de 2014. La misiva precisó que la investigación debe determinar si se acusa a una o varias personas por la posible comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelación u otra privación grave de libertad física, tortura, violación, persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos y desaparición forzada de personas.
El último caso de máxima preocupación por parte de España es la muerte del opositor venezolano, Fernando Albán, al caer desde un décimo piso de la comisaría en la que se encontraba del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) el pasado día 8 de octubre en Caracas. Es el tercer preso político que muere desde 2015 en las instalaciones del Sebin en circunstancias aún no esclarecidas.
Recientemente, presentamos otra Proposición No de Ley para instar al Gobierno a liderar las negociaciones y actuaciones de la comunidad internacional en el seno de la UE, Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos para condenar la dictadura de Venezuela, sancionar al régimen de Maduro, pedir la liberación de todos los presos políticos, contribuir a la estabilización de la región de América Latina atendiendo especialmente a través de la ayuda humanitaria las necesidades básicas de los exiliados venezolanos a los países vecinos y favorecer su retorno, aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España que les conceda un permiso de residencia temporal, así como promover la convocatoria y celebración de unas elecciones democráticas, libres y justas para recuperar la libertad y la estabilidad económica, política y social.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar la investigación de los crímenes de lesa humanidad de Venezuela ante la Corte Penal Internacional y adherirse a los países que previamente lo han demandado."
162/000839
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la labor de las diputaciones provinciales y la necesaria adopción de medidas que incrementen su eficiencia para promover la cohesión social, para su debate en Pleno.
Las entidades locales son una parte esencial de nuestro modelo territorial, la más cercana al ciudadano y la más próxima a su vida cotidiana, y representan en sí mismas un agente imprescindible para la cohesión social. Entre esas entidades destacan los municipios, que son el reflejo de nuestra demografía, de sus peculiaridades y de sus problemas, y constituyen, además, la primera referencia del sector público para toda la sociedad española, razón por la cual debe defenderse la importancia de los mismos.
Ese papel de respaldo a los municipios, en el ejercicio de sus competencias y cometidos, fue perfectamente asumido por las diputaciones provinciales, en aquellos casos en que tienen dificultades para responder por sí mismos a los servicios que deben prestar. Y no precisamente para sustituir su papel -especialmente en las capitales de provincia-, sino para asistir en sus funciones.
Así, la labor de coordinación territorial de las diputaciones de Cabildos y Consells Insulares, de auxilio a los pequeños y medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad, de impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia municipal, que no podrían ofrecer muchos ayuntamientos de forma autónoma, ha sido definitiva para la gestión y autonomía local.
Por ello, debemos tener claro que las diputaciones provinciales cumplen un papel fundamental, prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los pequeños y medianos municipios, en especial a los menores de veinte mil habitantes, que es donde concentran su actuación.
En este sentido, las diputaciones desarrollan actividades culturales, deportivas, sociales y turísticas con un presupuesto muy ambicioso. Hacen realidad multitud de cosas que nunca harían ni el Estado ni las comunidades autónomas, ya sea en materia de promoción económica, de fomento del empleo, de inversiones en pavimentación, saneamiento, alcantarillado, arreglo de edificios u obras urgentes no programadas, entre otras muchas.
Además, en lo que respecta al mundo rural, evitan su despoblación y mantienen la vertebración que llevan haciendo desde hace dos siglos, garantizando así que los quince millones de españoles que viven en ese ámbito tengan los mismos derechos que el resto, asegurando así el principio de igualdad.
Por otra parte, estas instituciones no suponen ningún problema financiero para el Estado, dado que la gran mayoría de ellas se encuentran en superávit. Por tanto, defender su supresión, como hacen algunos, argumentando un ahorro económico, es tanto como defender la supresión de servicios públicos, ya que en realidad su coste tendría que asumirse por otras administraciones.
Es más, es un hecho objetivo y fundamental el que son precisamente las administraciones locales las que cumplen en materia de déficit y deuda. Son las que tienen superávit, las que se gestionan bien, las que no hacen política partidista. A cualquier municipio le llegan fondos, ayudas e inversiones de la diputación, sea el alcalde del color político que sea.
Por eso, en base a lo que acabamos de exponer, aquellos que plantean la desaparición de las diputaciones están confundiendo a la sociedad, ya que en realidad no es éste su objetivo principal, sino que su fin último es, por puro interés electoral, que desaparezcan los municipios y las provincias.
En consecuencia, es obligado defender las diputaciones provinciales, así como el mundo rural español, por respeto además a las personas que viven en los pequeños y medianos municipios. Constituyen una garantía para la igualdad de los españoles y no tendría sentido cambiar algo que funciona bien, como las diputaciones. Y es que cambiar por cambiar no conduce a ninguna parte, es necesario preservar lo bueno y lo que es útil.
2. Continuar dotando a las diputaciones provinciales de las mejoras necesarias para una mayor eficacia y eficiencia en la gestión y prestación de sus servicios, con unas estructuras ágiles, modernas y transparentes. E, igualmente, para que se mantengan como entes prestadores de servicios y promotores de cohesión social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000840
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su defensa del Estado de Derecho en Cataluña, para su debate en Pleno.
Con motivo del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, se ha vuelto a repetir la brutal campaña de acoso del independentismo a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) destinados en Cataluña, con nuevas escenas de agresiones a los agentes por el simple hecho de realizar su labor y defender el Estado de Derecho o ejercer su derecho de manifestarse por las calles de Barcelona.
Así, el pasado día 29 de septiembre en Barcelona, una multitud de violentos ataviados de simbología independentista no sólo trataron de impedir una manifestación de miembros de las FCSE, sino que además insultaron, amenazaron e, incluso, agredieron a los mismos. Hechos similares -y también presuntamente delictivos- ocurrieron en los días posteriores, con el intento de asalto al Parlament de Cataluña por los radicales y el posterior enfrentamiento con los Mossos d'Esquadra.
Una vez más, los adeptos a Torra y Puigdemont siguen incitando al linchamiento policial, incurriendo así en la tipología de delito de odio ideológico que recoge el artículo 510 del Código Penal. Ningún miembro de la Generalitat de Cataluña ha condenado estos hechos, es más, los alientan con sus declaraciones. Mientras tanto, los miembros de las FCSE siguen sufriendo lo indecible por el mero hecho de hacer su trabajo, siendo perseguidos, insultados, vejados, calumniados, agredidos y humillados.
Es importante señalar que durante estos meses diversas resoluciones judiciales han desmontado las mentiras del independentismo intentando legitimar el discurso ante la comunidad internacional de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuaron de forma desproporcional el 1-O del año pasado, habiéndose archivado ya, en distintos juzgados, nada menos que cuarenta y tres denuncias contra la Policía y la Guardia Civil.
Cabe recordar además que el clima de hostilidad que actualmente estamos viviendo se rebajó notablemente durante el periodo en que estuvo en vigor el artículo 155 de la Constitución, bajo el mandato del Gobierno del Partido Popular. En efecto, durante ese tiempo se devolvió la normalidad y la estabilidad a Cataluña, y se contrarrestaron las repercusiones políticas del desafío soberanista.
Sin embargo, tras el levantamiento de dicho artículo 155, la situación dista mucho de ser "asumible", ya que ha empeorado ostensiblemente al encontrar acomodo el separatismo en la estrategia de supervivencia del actual Gobierno central. La realidad en Cataluña se acerca mucho más a un escenario dominado por dinámicas fascistas, esas que culpan a la víctima, incumplen la ley, señalan a traidores y se justifican en nombre del pueblo. A lo que se suma el hecho de que hasta la economía catalana ha vuelto a deteriorarse después de la recuperación que se había vuelto a iniciar con el anterior Gobierno del Partido Popular.
Si después de agredir a policías que se manifestaban en Barcelona, de cortar carreteras y vías de tren, de ultrajar la bandera de España y de enfrentarse violentamente a los Mossos d'Esquadra, el presidente de la Generalitat anima a los terroristas de los CDR a "seguir presionando" y a quebrantar la ley al rememorar lo que fue un intento de golpe de Estado al orden constitucional, la única respuesta digna y admisible en un Estado de Derecho es la aplicación del Código Penal y del artículo 155 de la Constitución. Y es que estas explosiones de violencia generadas por los independentistas constituyen una humillación a la democracia española que no puede volver a repetirse.
Por esta razón, es primordial que la justicia actúe contra los autores de estas agresiones para que el peso de la ley recaiga sobre ellos, para que no vuelva a ocurrir semejante barbarie en Cataluña ni en ninguna otra comunidad autónoma sin que tales actos queden impunes, y también para mostrar al exterior que España es un país democrático y moderno donde lo único que prima es el imperio de la ley.
1. Su apoyo explícito y respaldo incondicional a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que velan por la defensa y protección de los derechos y libertades, y en especial a aquellos destinados en la Comunidad Autónoma de Cataluña que han resultado heridos en diversos incidentes -víctimas de los radicales independentistas-, con el deseo de su pronta recuperación.
2. Su enérgica condena y repulsa al acoso intolerable al que están siendo sometidos los agentes por parte de los independentistas que, una vez más, dan muestras de su intolerancia y fanatismo, y que ponen en peligro la convivencia y seguridad de la ciudadanía, concretamente de la catalana.
3. Continuar aplicando con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, con el objeto de proteger la seguridad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de
la propia ciudadanía en general, garantizando así el libre ejercicio de sus derechos y libertades frente a agresiones, vejaciones, persecuciones y humillaciones."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2018.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000841
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre violaciones de los derechos humanos de los niños y niñas con variaciones de la anatomía sexual.
Las personas intersex nacen con variaciones de la anatomía sexual, que incluyen genitales atípicos, órganos atípicos productores de hormonas sexuales, respuesta atípica a las hormonas sexuales, configuración genética atípica y/o características sexuales secundarias atípicas. Aunque los niños intersex pueden enfrentar varios problemas, en el "mundo desarrollado" los más acuciantes son las mutilaciones genitales intersex (MGI), que inexplicablemente continúan ocurriendo, lo que representa un problema distinto y único que constituye violaciones significativas de los derechos humanos.
Las prácticas de MGI incluyen cirugías genitales cosméticas no consentidas, médicamente innecesarias, irreversibles y otros procedimientos médicos nocivos. Además, no existe evidencia de su beneficio para los niños afectados, y son fundamentados en creencias y normas sociales y culturales. Las formas típicas de MGI incluyen "masculinización" y "feminización", cirugía genital "correctiva", procedimientos de esterilización, imposición de hormonas, exámenes genitales forzados, dilataciones vaginales, exposición médica, experimentación humana y la negativa para proporcionar la atención médica necesaria. Las prácticas de MGI causan dolor y sufrimiento grave, tanto físico como mental, de por vida, incluyendo pérdida o deterioro de la sensibilidad sexual, cicatrices dolorosas, relaciones sexuales (coito) dolorosas, incontinencia, estenosis uretral, deterioro o pérdida de la capacidad reproductiva, dependencia de por vida a hormonas artificiales, índices significativamente elevados de comportamiento autodestructivo y tendencias suicidas, sufrimiento y trauma mental de por vida, incremento en la ansiedad sexual, menor actividad sexual e insatisfacción con los resultados funcionales y estéticos.
La Convención de los Derechos del Niño (CDN), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación sobre la mujer (CEDM), la Convención Contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (CCT), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (PDCP), el Relator Especial de la ONU sobre Tortura (RET), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP), el Consejo de Europa (CdE) y otros, han reconocido constantemente que las prácticas de MGI son una violación del derecho internacional y han pedido una legislación para (a) poner fin a la práctica, (b) garantizar la reparación e indemnización y (c) proporcionar acceso a asesoramiento gratuito.
Durante 25 años, las personas intersex han denunciado públicamente que la MGI es dañina y traumática, una forma de mutilación genital y abuso sexual infantil, además de un tipo de tortura o maltrato. Por ello, han solicitado una legislación adecuada con el fin de prevenir y garantizar soluciones.
El informe temático de ONG elaborado por las ONG internacionales intersex StopIGM.org / Zwischengeschlecht.org y Brújula lntersexual, en colaboración con niños y niñas y adultos intersex y padres y madres de niños y niñas intersex de España, muestra que los médicos en clínicas universitarias públicas españolas frecuentemente realizan prácticas de MGI, que incluyen cirugías genitales cosméticas no consentidas, médicamente innecesarias e irreversibles, procedimientos de esterilización y otros tratamientos dañinos para niños y adolescentes intersex, que los supervivientes han descrito como mutilación genital y tortura.
Hoy en día, todas las formas típicas de prácticas de MGI todavía son realizadas en España, facilitadas y pagadas por el Estado a través del Sistema Nacional de Salud pública (SNS). Los padres y los niños son mal informados, condenados al secreto, aislados y privados de un apoyo adecuado.
A pesar de las continuas críticas públicas a la práctica en España por sobrevivientes de MGI y expertos legales, hasta el día de hoy, el Estado no solo falla en tomar medidas legislativas, administrativas u otras acciones para prevenir la práctica, sino que, de hecho, la financia directamente a través del Sistema Nacional de Salud pública (SNS) y mediante la financiación de las clínicas universitarias públicas y hospitales pediátricos que practican la MGI.
Por lo tanto, España incumple sus obligaciones en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño, en concreto con la Observación General Conjunta CDN-CEDM 18/31, y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño, que en sus Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de España, en el apartado 24, en referencia a las prácticas nocivas en relación a la violencia contra la infancia, dice textualmente: "El Comité recomienda que el Estado parte prohíba la aplicación de tratamientos médicos o quirúrgicos innecesarios en el caso de los niños intersexuales, cuando esos procedimientos conlleven el riesgo de causar daños y puedan ser aplazados sin consecuencias hasta que el niño pueda participar activamente en el proceso de adopción de decisiones. También recomienda que el Estado parte garantice que los niños intersexuales y sus familias reciban asesoramiento y apoyo apropiados."
Por todo ello, el Grupo Parlamentario presenta la siguiente
a) Impulse la adopción de las medidas legislativas necesarias para prohibir explícitamente el tratamiento médico o quirúrgico innecesario durante la infancia o niñez para garantizar la integridad corporal, la autonomía y la autodeterminación a los niños y niñas afectados, y proporcione a las familias con niños y niñas intersex la asesoría y apoyo adecuados.
b) Impulse la adopción de las medidas legislativas necesarias para proporcionar reparación a las víctimas de dicho tratamiento, incluyendo una indemnización adecuada y una rehabilitación lo más completa posible, y lleve a cabo una investigación de incidentes de tratamiento quirúrgico, y otros tipos de tratamientos médicos, realizados en niños y niñas intersexuales sin consentimiento informado.
c) Eduque y capacite a los y las profesionales médicos, psicológicos y educadores en el tema de la intersexualidad, en las consecuencias de las intervenciones quirúrgicas innecesarias y otras intervenciones médicas dirigidas a niños intersexuales, proporcionando la formación que sea necesaria en colaboración con las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-María del Mar García Puig y Sofía Fernández Castañón, Diputadas.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000842
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes y el desarrollo de nuevas competencias profesionales vinculadas a la transición energética, para su debate en el Pleno de la Cámara.
Según el Avance del Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) correspondiente al año 2017, las emisiones de CO2 crecieron en España un 4,4 % en 2017 con respecto al año anterior, alcanzando las 338,8 millones de toneladas de CO2 equivalente. Por su parte, datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente apuntan que durante el periodo 1990-2015 la Unión Europea redujo sus emisiones un 24 % mientras que en España experimentaron un aumento del 17 % siendo el tercer país
europeo donde más habían crecido. Si bien descendieron durante los años de recesión económica, a partir de 2013 volvieron a aumentar coincidiendo con la vuelta al crecimiento económico.
De acuerdo a los datos disponibles, la razón principal que explica esta subida está en el aumento de un 18,8 % de las emisiones procedentes de la generación de electricidad, debido a la mayor producción en centrales de carbón y ciclos combinados, unido a una caída de un 49 % en la producción hidráulica en un año marcado por la sequía. Unas cifras que revelan que por un lado es necesaria una mayor penetración de las fuentes renovables en el mix energético y que por otro España no puede seguir fiando los buenos o malos resultados de la trayectoria de emisiones a las condiciones climatológicas. En este contexto, la ausencia de políticas decididas para rebajar las emisiones hace que estas fluctúen en función de la variabilidad del clima o de la mayor o menor actividad económica.
Es evidente que la no desconexión del crecimiento económico de las emisiones hace que el esfuerzo para cumplir los compromisos internacionales sobre reducción de emisiones requiera de medidas contundentes de mitigación y adaptación al cambio climático. El Acuerdo de París sobre el Clima de 2015, que obliga a reducir las emisiones un 40 % en 2030 con respecto a 1990, confirma la Comunicación de la Unión Europea de 8 de marzo de 2011 sobre la "Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva 2050" con objetivos sectoriales. Así mismo, las agencias internacionales (IRENA, AIE, REN21) insisten en que para cumplir estos compromisos es imprescindible aumentar el porcentaje de renovables en energía primaria del 15 % de 2017 al 65 % en 2050. Y, en general, las inversiones deberán dirigirse hacia un objetivo de renovables del 75-80 % para 2030 y del 100 % para 2050.
En los últimos años se ha venido observando cómo algunos países eran capaces de lograr un desacoplamiento absoluto de las emisiones contaminantes del Producto Interior Bruto. Mientras sus emisiones descendían, el PIB aumentaba y por tanto la ratio emisiones/PIB también descendía. Este debería ser el camino a seguir por parte de la economía española.
Es imprescindible consolidar la transición energética y fomentar un cambio de modelo productivo que permita compaginar crecimiento económico y sostenibilidad, teniendo en cuenta que los mercados ya vienen orientándose hacia ello y que la primera inversión energética mundial son las energías renovables y las tecnologías energéticas inteligentes (más de 333.000 millones de dólares en el año 2017).
La sostenibilidad debe actuar como el nuevo viento de cola de la economía española y por ello debe aprovecharse tanto el reciente acuerdo de las instituciones europeas para establecer un objetivo del 32 % del consumo final de renovables en 2030 (14 % en el transporte) como la nueva directiva de eficiencia energética de edificios, con el objetivo de que actúe como la mejor política anticíclica. Distintas entidades españolas han anticipado que mayores objetivos de renovables pueden atraer hasta 100.000 millones de euros de inversión y la creación de 132.000 nuevos empleos.
Un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) afirma que las acciones para limitar la temperatura del planeta y para luchar contra el cambio climático facilitarán la creación de 24 millones de nuevos empleos en todo el mundo para el año 2030 y compensarán la pérdida de 6 millones de empleos relacionados con el abandono del petróleo y del carbón. En concreto, la OIT señala que las políticas de sostenibilidad aplicadas en los sectores de la energía, el cambio de mix energético, el impulso de los vehículos eléctricos, la eficiencia energética de los edificios, la agricultura y la economía circular crearán cuatro nuevos empleos por cada uno que se pierda por el abandono de los combustibles fósiles.
El desarrollo de las medidas incluidas en las directivas de renovables y eficiencia energética y su revisión por parte de las instituciones europeas van a orientar las futuras inversiones y oportunidades de empleo. Así, la transición energética se convierte en una oportunidad para la creación de empleo de calidad asociado a nuevas especializaciones productivas y a nuevos modelos de negocio que requieren de competencias que deberán introducirse en las políticas de empleo. Entre las nuevas especializaciones y modelos pueden destacarse: estrategias de rehabilitación energética integradas en la ordenación del territorio [el autoconsumo, autoconsumo compartido, sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración, automatización y monitorización (TICs) del consumo de energía e infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico integradas en la red y los edificios (V2G)]; redes de distribución cerradas para zonas industriales, agrarias, comerciales o con servicios compartidos y contratación de líneas directas; nueva edificación y rehabilitación de la existente; aplicación de criterios de alta eficiencia energética en la contratación pública; supresión de barreras que menoscaben la eficiencia energética e impidan la participación del consumidor en la gestión de la demanda y en el sistema eléctrico; desarrollo del autoconsumo, autoconsumo compartido y almacenamiento descentralizado en viviendas y edificios; mercados regionales y locales de calor y frío, etc.
Todas las actividades arriba mencionadas requerirán perfiles educativos que el actual sistema no puede proveer. En a actualidad, no existen suficientes referentes formativos que permitan aprovechar las oportunidades que representan para el empleo las nuevas profesiones ligadas a la transición energética y que serán imprescindibles para desconectar el crecimiento de las emisiones. Por ello, será igualmente necesario garantizar oportunidades de formación específica que facilite el acceso a los nuevos empleos creados al albur de la transición energética, impulsando la integración de esas nuevas competencias en los sistemas educativos y de Formación Profesional.
En resumen, la transición energética se convierte en una oportunidad para el cambio de modelo productivo, así como para la creación de empleo de calidad asociado a nuevas especializaciones productivas y a nuevos modelos de negocio que requieren competencias que deberán introducirse en las políticas educativas y de empleo.
1. Impulsar, en el marco de la transición energética, las medidas legislativas necesarias que favorezcan la desconexión del crecimiento económico de las emisiones contaminantes. En este sentido, se impulsarán las medidas necesarias para que la economía española lleve a cabo un cambio de orientación hacia sectores de mayor valor añadido y empleo de calidad, vinculando las nuevas formas de utilizar la energía con la sostenibilidad ambiental y la mejora de la competitividad.
2. Impulsar las medidas legales necesarias para garantizar unas cualificaciones profesionales específicas que faciliten el acceso a las oportunidades del empleo creado al albur de la transición energética, impulsando, en cooperación con las comunidades autónomas y las universidades, la integración de las siguientes competencias y ocupaciones en los sistemas educativos y de formación profesional:
a) Instalador especialista en autoconsumo con almacenamiento y microrredes en edificios, pequeñas y medianas empresas y explotaciones agrarias.
b) Especialista en rehabilitación energética y edificios de consumo de energía casi nulo, con integración de renovables y dispositivos inteligentes.
c) Especialista en redes urbanas eficientes de calefacción y refrigeración con energías renovables, como biomasa o geotermia, y redes cerradas.
d) Gestor energético especializado en auditorías, certificación energética de edificios y evaluación de proyectos de eficiencia energética.
e) Gestor de vehículos eléctricos e infraestructuras de recarga en edificios y aparcamientos.
f) Técnico en gestión de la demanda, servicios energéticos, dispositivos inteligentes, y agregadores que faciliten la participación de los consumidores en el mercado eléctrico.
g) Especialista en huella de carbono y economía circular.
3. Impulsar, en cooperación con las oficinas de empleo de las comunidades autónomas, la creación de políticas activas de empleo centradas en la adquisición de competencias profesionales asociadas a las nuevas especializaciones productivas y a los nuevos modelos de negocio derivados de la transición energética."
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000843
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, sobre el desarrollo de una política de tierras que garantice la gobernanza
responsable y sostenible y que favorezca el acceso justo, así como la incorporación al campo y el relevo generacional.
En el año 2006 se celebró la Conferencia Mundial por la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, organizada por la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) en Porto Alegre, Brasil. Tras la Conferencia fue aprobada una declaración y plan de acción 1 que constituyó un nuevo punto de partida para las políticas de tierra a nivel mundial. En el año 2008, numerosas organizaciones internacionales y la propia FAO alertaron sobre un nuevo fenómeno emergente conocido como "Acaparamiento de Tierras" que se vivía principalmente en África y América Latina, pero que pronto se extendió al continente asiático y finalmente a Europa. Como consecuencia de ello, la FAO impulsó la elaboración de "las Directrices sobre Gobernanza Responsable de la Tierra" 2, aprobadas finalmente en el año 2011, y que fueron suscritas por la mayoría de los estados del mundo, entre los que se encuentra tanto la Unión Europea como agrupación de estados, como el propio estado español. El 10 de noviembre de 2016 el Parlamento Europeo presentó un informe de auto iniciativa sobre la realidad de la tierra en Europa, en el cual participaron numerosos expertos y organizaciones. Este proceso culminó con la aprobación en el Parlamento Europeo de la "Resolución sobre la situación de la concentración de tierras agrícolas en Europa", constituyendo un primer paso en el objetivo de aprobación de una Directiva Marco.
Este informe muestra cómo la propiedad de la tierra en Europa se ha vuelto tan desigual que, en algunos países y/o regiones como es el caso de Extremadura, alcanza indicadores similares a los de Brasil, Colombia y las Filipinas. Mientras que en la UE se registran unos 12 millones de fincas, las grandes fincas, que solo representan el 3 % del total, controlan el 50 % de todas las tierras de cultivo. Entre el año 2007 y 2010 las explotaciones familiares europeas (aquellas que tienen menos de 100 ha) perdieron el control sobre el 17 % de la tierra agrícola. A esta realidad hay que sumar la constancia de que los procesos de acaparamiento de tierras ya son una realidad en Europa y comprobamos cómo las grandes corporaciones se apropiaron en los últimos cinco años de grandes cantidades de tierra; por ejemplo, de 800.000 ha en Rumanía, lo que equivale aI 8 % de todas las tierras de cultivo, o cerca de 1.000.000 ha en Hungría, lo que equivale al 17 % de las tierras de cultivo. Pero, además, la tierra agraria cede frente a otros usos, como muestra por ejemplo el hecho de que en Francia se perdieran 227.200 ha, lo equivalente a todo el territorio de Luxemburgo. Esta transferencia en los usos del suelo está ligada en muchos casos a procesos especulativos. Esta pérdida de suelo agrario frente a otros usos artificiales tiene impactos directos sobre el cambio climático, fenómeno que se ve agravado si añadimos la pérdida de fertilidad de los propios suelos productivos.
La tierra ha sido y es uno de los elementos con más fuerza movilizadora de todos los tiempos. Las aspiraciones en torno a la tierra han estado detrás de la mayoría de las organizaciones y movimientos agrarios y campesinos. La tierra es uno de los elementos básicos sobre los que se configura la realidad del medio rural y del sector agropecuario. Analizar la estructura de la tierra nos arroja elementos básicos para comprender la realidad socioeconómica del medio rural y definir políticas de futuro para el sector agropecuario. Los datos sobre la estructura de la tierra, el acceso y control sobre ella, nos hablan de la justicia o injusticia en el campo, del equilibrio territorial, de sostenibilidad e incluso de viabilidad o no de las explotaciones agrarias. Abordar las políticas de tierras y las medidas para garantizar el acceso y su distribución, tiene además un impacto directo sobre una distribución justa de la Política Agraria Común, puesto que los pagos desacoplados tienen como principal referencia la dimensión de las explotaciones. Las políticas de tierras siempre han ocupado un papel central en las políticas agrarias; sin embargo, hace ya algunas décadas que salieron de la agenda política del Ministerio de Agricultura.
Los problemas y retos relacionados con la tierra son evidentes en España. Un estudio recientemente publicado 3 en el que se analiza la estructura de la tierra en nuestro país, muestra datos reveladores de la magnitud del problema. El número de explotaciones agrarias se ha reducido un 23,2 % en los últimos 10 años; ello significa que se han perdido más de 300.000 explotaciones agrarias, lo que equivale a 82 explotaciones diarias. La Superficie Agrícola Utilizada (SAU) ha disminuido un 9,2 % en
1 Ver Informe de FAO sobre la Conferencia. http://ftp.fao.org/docrep/fao/meeting/011/j8160s.pdf
2 Ver documento completo. http://www.fao.org/docrep/016/i2801s/i2801s.pdf
3 Fernández, F. y Soler, C. Estructura de la Propiedad de la Tierra en España. Marzo 2016.
los últimos 10 años, lo que equivale a una disminución de 2,4 millones de hectáreas. Es decir, se pierden 659 Ha de SAU por día. El cambio en los usos del suelo es un problema evidente que nos aleja de los objetivos de sostenibilidad. En los últimos 10 años, más de un millón de las hectáreas de tierra agrícola que se han perdido, han sido reorientadas hacia otros usos artificiales como el desarrollo inmobiliario, la construcción de grandes infraestructuras o la primacía de proyectos mineros o turísticos; pero, además, en torno a 1,5 millones de hectáreas han sido totalmente abandonadas. En los últimos años el tamaño de las explotaciones se ha incrementado en un 18 %, pero este incremento ha sido además muy desigual puesto que el tamaño de las explotaciones más grandes ha crecido el 30 % y el de las pequeñas, tan solo un 4 %.
La evolución de la estructura de la propiedad de la tierra en España consolida su condición de desigualdad. El 50,8 % de las explotaciones más pequeñas tan solo disponen de un 4,3 % de la tierra agraria; mientras que las grandes, con un tamaño medio de 256 ha, y que solo representan el 5,17 % de las explotaciones, disponen del 55,1 % de la tierra útil. Las 1.097 explotaciones más grandes de España, manejan la misma tierra que 642.000 explotaciones, es decir en torno a 2 millones de hectáreas, lo que tiene importantes repercusiones en la distribución de la PAC. En este contexto, Comunidades Autónomas como Extremadura y Andalucía destacan por su condición secular de desigualdad, pero a ellas se han sumado otras Comunidades Autónomas como Castilla y León, Castilla-La Mancha y Aragón, que superan con creces la media nacional y cuya causa está sobre todo en el despoblamiento del medio rural. En el lado contrario, Galicia o Canarias siguen concentrando niveles de minifundismo difícilmente sostenibles. Mientras tanto, en Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha continúan existiendo cerca de 800.000 trabajadores y trabajadoras, jornaleros y eventuales del campo, una parte de los cuales aspira a poder instalarse como agricultor a título principal.
La protección del suelo agrícola se ha convertido en un reto que adquiere importancia fundamental cuando hablamos de los suelos fértiles periurbanos y situados en las vegas de los ríos. La defensa de la tierra fértil que rodea a las ciudades tiene mucho que ver con la expansión del fenómeno urbanístico, y en los últimos años ha aglutinado importantes movimientos sociales y municipales que han comenzado a articular propuestas.
Los problemas relacionados con la estructura de la tierra tienen claramente que ver con las dificultades de relevo generacional en el sector. El 61,2 % de la tierra está en manos de personas de más de 55 años, mientras que las personas de menos de 35 años tan solo poseen el 4,5 % de la tierra. Las dificultades en el acceso a la tierra son evidentes en el momento de la instalación o incorporación al sector. Un 62 % de los jóvenes que se instalan declaran que su principal problema ha sido el acceso a la tierra, y un 83 % de las personas que quieren instalarse y no lo consiguen declaran que la razón ha sido la imposibilidad de acceder a tierra adecuada. Pero, además, continúa persistiendo una desigualdad de género importante y es que la tierra está en manos masculinas; tan solo el 23,07 % de la tierra está en manos de mujeres, y además, sus parcelas son un 44 % más pequeñas que las de los hombres.
Mientras tanto, y según la Encuesta sobre el Precio de la Tierra editada por el Ministerio de Agricultura, el precio de la tierra agraria se ha incrementado entre 1997 y 2014 en un 208 %, haciendo prácticamente imposible a una persona, y más si es joven o no viene del sector, acceder a la tierra. La definición del precio de la tierra tiene naturalmente que ver con el mercado de la tierra, con la actualización de los tipos contractuales utilizados, con la política fiscal existente sobre este recurso y también, de nuevo, con la expectativa de cobro de ayudas procedentes de la PAC.
La imagen básica de la realidad de la tierra en España no quedaría completa sin analizar la tierra agraria que es propiedad pública. En concreto, se trata de alrededor de 1.764.006 ha, es decir, el 7,4 % de la superficie agraria útil con diversas calidades y posibilidades, pero que en todo caso representan una oportunidad para utilizarla de una forma social y económica activa. Es necesario tener en cuenta que la titularidad pública dentro de cada una de las Comunidades Autónomas es diversa, y así encontramos tierras que son propiedad de Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Entidades Locales Menores, Ministerios y Organismos Autónomos del Estado, lo que hacen que cualquier actuación que se pretenda llevar a cabo en el ámbito territorial encuentre barreras derivadas de esta circunstancia.
En los últimos años se han puesto en marcha diversas iniciativas que pretenden dinamizar la estructura de la tierra y favorecer el acceso a ella. Se trata de Bancos de Tierra, Fondos de Tierra Agraria, Parques Agrarios y otras fórmulas que suman hasta un total de 68 iniciativas diferentes. Su puesta en marcha se ha impulsado desde diferentes instancias administrativas. Algunas se han puesto en marcha desde
Comunidades Autónomas, siendo la más antigua la del Banco de Tierras de Galicia; otras desde Diputaciones Provinciales, desde Mancomunidades de Municipios como el Banco de Tierras del Bierzo, y otras desde Ayuntamientos o desde entidades privadas. Pero, además, en los últimos seis meses se han aprobado iniciativas no legislativas y mociones para la puesta en marcha de Bancos de Tierra en Aragón, Murcia o Comunidad Valenciana. Estas fórmulas han sido ya desarrolladas con éxito en otros países de nuestro entorno como es el Caso de "Terre d'liens" en Francia, o la "Agencia Pública para la Gestión de Tierras" de Austria y de Alemania.
1. Crear una Comisión Interministerial, coordinada desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que analice la realidad de los problemas y tensiones que actúan sobre la tierra agraria, y que ponga las bases de una política de tierras incorporada a las funciones del Ministerio de Agricultura.
2. Hacer un inventario, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con el resto de organismos públicos, de las tierras de titularidad pública existentes en este momento, y su situación a los efectos de poder impulsar con ellas un Fondo de Tierras coordinado adecuadamente, respetando siempre las circunstancias concretas que existan, y las competencias autonómicas en la materia.
3. Estudiar la creación de una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que, al modo de las existentes en otros países de nuestro entorno, actúe de forma coordinada con los Bancos y Fondos de Tierra ya existentes en el ámbito de las Comunidades Autónomas, comarcales o municipales, favoreciendo el acceso de manera especial a jóvenes y mujeres.
4. Reformar la Ley del Suelo de manera que se actualicen y recojan nuevas figuras de protección del suelo agrario y del suelo de alto valor agrológico.
5. Estudiar y proponer las medidas relacionadas con el Derecho Agrario, el Derecho Civil, la fiscalidad, y el mercado de la tierra que permitan dinamizar el acceso justo y democrático 'a un recurso esencial para el desarrollo del sector agropecuario."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2018.-Diego Cañamero Valle y Eva García Sempere, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Núm. expte.: 184/003119
Núm. registro: 109618
Fecha registro: 26/10/2018
Autor iniciativa: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS) Tundidor Moreno, Victoria Begoña (GS)
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas previstas ante el aumento de la inseguridad y de los robos en casas habitadas y locales comerciales de la provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/005722
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incrementar el número de efectivos necesarios en las comisarías de la Costa del Sol.
Núm. expte.: 184/005725
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre normativa que va a aprobar el Gobierno para solucionar la jornada de trabajo, los turnos y la cobertura de la plantilla de la Policía Nacional en Málaga.
Núm. expte.: 184/006263
Núm. registro: 109621
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas tomadas por el Gobierno para hacer frente al incremento de la criminalidad en la provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/006282
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para hacer frente a la falta actual de efectivos de la Guardia Civil en la comarca de la Axarquía (Málaga), y concretamente en los puestos de los municipios de Torrox y del Algarrobo.
Núm. expte.: 184/006283
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para la convocatoria de las plazas vacantes de la Guardia Civil en la comarca de la Axarquía, provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/006807
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incrementar la plantilla de guardias civiles, ante la reciente oleada de robos producidos en el municipio de Algarrobo (Málaga).
Núm. expte.: 184/007021
Núm. registro: 109503
Fecha registro: 25/10/2018
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS) Díaz Trillo, José Juan (GS)
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre falta de plantilla en la Policía Nacional, así como implantación de una nueva jornada laboral.
Núm. expte.: 184/008414
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre variación de la plantilla de la Policía Nacional en la localidad de Antequera desde el año 2011.
Núm. expte.: 184/008415
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre opinión del Gobierno sobre la plantilla de la Policía Nacional en la localidad de Antequera.
Núm. expte.: 184/008416
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incrementar la plantilla de la Policía Nacional de Antequera ante la declaración del Sitio de Los Dólmenes de Antequera como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Núm. expte.: 184/008417
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incrementar la plantilla de la Policía Nacional de Antequera ante la futura apertura del cercano centro penitenciario Málaga II.
Núm. expte.: 184/008418
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre catálogo de Puestos de Trabajo de la Policía Nacional en la localidad de Antequera.
Núm. expte.: 184/009838
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre conocimiento por el Gobierno de si el aumento de la criminalidad en Málaga está relacionado con la falta de efectivos policiales en la provincia.
Núm. expte.: 184/009840
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre razones que explican que no se haya aumentado la plantilla de policías nacionales en el municipio de Marbella, cuando su población ha crecido exponencialmente.
Núm. expte.: 184/009841
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre razones por las que durante el verano se produce una disminución de los efectivos policiales en la Costa del Sol, cuando siempre se produce un importante incremento de la población debido al turismo.
Núm. expte.: 184/012359
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre número de efectivos de la Policía Nacional en el término municipal de Marbella.
Núm. expte.: 184/015107
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversiones realizadas en las casas cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga en los últimos diez años.
Núm. expte.: 184/015161
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre variación del número de agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil desde el año 2011.
Núm. expte.: 184/015905
Núm. registro: 109620
Autor iniciativa: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS) Serrada Pariente, David (GS)
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión realizada en la mejora de las instalaciones de cuarteles de la Guardia Civil durante el año 2017.
Núm. expte.: 184/016006
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversiones realizadas en comisarías de la Policía Nacional en la provincia de Málaga durante el año 2017.
Núm. expte.: 184/016022
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversiones realizadas en la mejora de las instalaciones de cuarteles de la Guarida Civil durante el año 2017 en la provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/016028
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión realizada por la Diputación de Málaga y el Ministerio del Interior desde la firma del convenio de colaboración para la mejora de las casas cuartel de la Guardia Civil.
Núm. expte.: 184/016029
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas para reforzar la colaboración entre Interior y la Diputación de Málaga sobre seguridad ciudadana.
Núm. expte.: 184/016412
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre recaudación de los radares de Tráfico instalados en carreteras de competencia autonómica desde el año 2012.
Núm. expte.: 184/016919
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre valoración del incremento de 15 % en la delincuencia en Estepona (Málaga) en el primer semestre de 2017.
Núm. expte.: 184/016920
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para reducir la delincuencia en Estepona.
Núm. expte.: 184/018079
Núm. registro: 109619
Autor iniciativa: Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS) Tundidor Moreno, Victoria Begoña (GS) Torres Mora, José Andrés (GS)
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de incrementar los efectivos de la plantilla de la Policía Nacional en Marbella y San Pedro Alcántara, tras los sucesos acaecidos en el último mes.
Núm. expte.: 184/018346
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre presupuesto destinado a obras de mejora en cuarteles de la Guardia Civil en los años de 2012 a 2017.
Núm. expte.: 184/018347
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversiones ejecutadas en obras de mejora en cuarteles de la Guardia Civil en los años de 2012 a 2017.
Núm. expte.: 184/018355
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre presupuesto destinado a obras de mejora en comisarías de Policía Nacional en los años 2012 a 2017.
Núm. expte.: 184/018356
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversiones ejecutadas en obras de mejora en comisarías de Policía Nacional en los años 2012 a 2017.
Núm. expte.: 184/019642
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión realizada en materia de comisarías de policía desde el año 2011.
Núm. expte.: 184/019643
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión realizada en materia de construcción de comisarías de policía desde el año 2011.
Núm. expte.: 184/020696
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de nuevos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/020742
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión prevista en mejora de cuarteles, así como inversión realizada desde el año 2012 en la provincia de Málaga.
Núm. expte.: 184/020743
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión prevista en mejora de cuarteles, así como inversión realizada desde el año 2012.
Núm. expte.: 184/020756
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre inversión realizada en cuarteles de la Guardia Civil desde el año 2011.
Núm. expte.: 184/020786
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que el Ministerio del Interior no ofrece opciones para renovar los DNI electrónicos posteriores a abril de 2015.
Núm. expte.: 184/032184
Núm. registro: 108573
Fecha registro: 22/10/2018
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para iniciar las obras para un espacio en el puerto de Málaga para atender a los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas.
Núm. expte.: 184/032380
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre poder adquisitivo que han perdido los becarios universitarios en los dos últimos cursos.
Núm. expte.: 184/032382
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de aprobar que las matrículas universitarias de la UNED estén bonificadas al 99 % para aquellos alumnos que aprueben en primera convocatoria.
Núm. expte.: 184/032386
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas previstas para reducir el precio de los medicamentos que en el año 2012 retiró del Sistema Nacional de Salud.
Núm. expte.: 184/032387
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivo de la negativa del Gobierno a que puedan ser expuestas las tablas originales de Lex Flavia en el Museo de Málaga.
Núm. expte.: 184/032609
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre mantenimiento por el Gobierno que el CIS de Málaga no está masificado, cuando tiene una capacidad de 409 internos y actualmente hay 424.
Núm. expte.: 184/032610
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de atender la demanda del reconocimiento de las enfermedades profesionales de las camareras de piso.
Núm. expte.: 184/032613
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de elaborar una mayor y mejor regulación del trabajo de las camareras de piso.
Núm. expte.: 184/032619
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre razones por las que el Gobierno ha vuelto a aplazar que la mili compute para cobrar pensión, después de que la reforma de las prestaciones de 2011 diese un año al Ejecutivo para establecer un sistema de compensación a la Seguridad Social.
Núm. expte.: 184/032620
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre variación de la proporción de hogares con riqueza neta igual o superior a un millón de euros desde el año 2011 hasta el año 2017.
Núm. expte.: 184/032621
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre variación del hecho de que la CNMC haya llevado hasta la justicia europea el quitarle funciones a través de un Real Decreto.
Núm. expte.: 184/032622
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de que las mujeres que cumplieron "el servicio social femenino" igualen sus derechos con los hombres que hicieron la mili a efectos de acceder a la jubilación parcial o anticipada.
Núm. expte.: 184/032819
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones del Gobierno acerca de cambiar su actitud y apostar por la línea ferroviaria, tras la reunión de más de 500 empresarios para exigir a Fomento más inversión en el tren Bobadilla-Algeciras.
Núm. expte.: 184/032826
Núm. registro: 108574
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre recibimiento por el cementerio nuclear de El Cabril de residuos radiactivos de Garoña, así como, en su caso, motivos por los que el Gobierno se niega a responder cuántos bidones y kilos ha recibido desde el año 2012.
Núm. expte.: 184/032960
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre contratos firmados desde el 1-1-2018.
Núm. expte.: 184/032968
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas previstas en relación con los delitos por acoso sexual a menores en internet.
Núm. expte.: 184/032969
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre medidas que está adoptando el Gobierno ante la contaminación por plástico.
Núm. expte.: 184/032974
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre cambios previstos para facilitar las transferencias de cuotas de caballa (verdel o xarda) cantábrica.
Núm. expte.: 184/032984
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre fecha previstas para concretar la distribución por comunidades y provincias del Plan de inversión privado de carreteras anunciado.
Núm. expte.: 184/033147
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que se contemplan 1,3 millones en los Presupuestos si el Gobierno sabía que en 2018 no podían comenzar las obras de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga.
Núm. expte.: 184/033148
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre compromiso existente en cuanto a fechas para iniciar las obras de la Biblioteca Pública del Estado de Málaga.
Núm. expte.: 184/033357
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre descarte por el Gobierno de la realización del paseo marítimo de Torre del Mar a corto y medio plazo.
Núm. expte.: 184/033360
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que no existe ningún compromiso para iniciar actuaciones dentro del Plan contra el Ruido en urbanizaciones próximas a las carreteras nacionales.
Núm. expte.: 184/033815
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre campañas específicas dirigidas al turismo senior en Europa para el año 2018.
Núm. expte.: 184/034029
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que se ha retrasado hasta el año 2019 la aprobación por el Consejo de Ministros de la Declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves.
Núm. expte.: 184/034044
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre fecha prevista para finalizar el pago de las expropiaciones a realizar para el acceso norte al aeropuerto de Málaga.
Núm. expte.: 184/034092
Núm. registro: 108575
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre ganancias de las empresas de productos homeopáticos con la medida aprobada de vender dichos productos en las farmacias.
Núm. expte.: 184/034095
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que si los productos homeopáticos no curan se van a vender en las farmacias como si fuesen medicamentos.
Núm. expte.: 184/034215
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que se ha retrasado la fecha de aprobación del Parque Nacional de Sierra de las Nieves hasta el año 2019.
Núm. expte.: 184/034217
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivo por el que los trabajadores españoles son los únicos de la Unión Europea que perderán poder adquisitivo en el año 2018.
Núm. expte.: 184/034233
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de que el "servicio social femenino" que equivalía al "servicio de las armas" de los hombres cuente para la jubilación anticipada.
Núm. expte.: 184/034247
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre explicación del hecho de que los autónomos españoles que se jubilan sean los que menos cobran en Europa.
Núm. expte.: 184/034262
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que el Gobierno elude responder sobre las causas por la que los salarios siguen estancados, mientras el PIB crece más del 3 %.
Núm. expte.: 184/034281
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre variación del precio medio de la matrícula universitaria desde el año 2012.
Núm. expte.: 184/034321
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que se niega el Gobierno a responder sobre la retribución del Sr. Andrés Ayala como Consejero de ADIF.
Núm. expte.: 184/034395
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que el salario de las grandes empresas crece la mitad que en los convenios colectivos pactados.
Núm. expte.: 184/034425
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos de la negativa del Gobierno de responder sobre la previsión de construcción de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros en Andalucía.
Núm. expte.: 184/034429
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre criterios del Gobierno para plantear una propuesta de normativa dirigida a permitir que AENA pueda contratar quedando fuera de las exigencias de la Ley de Contratos del Sector Público.
Núm. expte.: 184/034448
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre incidencia de la inclusión de la Concepción en el Pacto Nacional del Agua en el retraso del inicio de las obras del recrecimiento.
Núm. expte.: 184/034770
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre motivos por los que no existe control de las empresas que tienen actualmente un Protocolo de Acoso, así como de las que carecen de él.
Núm. expte.: 184/035487
Núm. registro: 109502
Autor iniciativa: Antón Cacho, Javier (GS)
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre días y horarios de apertura real de atención al público de los cuarteles de la Guardia Civil en la provincia de Soria durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
Núm. expte.: 184/035488
Objeto iniciativa: Retirada de su pregunta sobre gestión de la distribución de los efectivos del Cuerpo de la Guardia Civil en los cuarteles en la provincia de Soria durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre.
232/000003
Sentencia dictada por el citado Tribunal en el recurso de inconstitucionalidad número 3865/2016, promovido por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 1, en conexión con el título VI (artículos 127-133) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como voto particular formulado a la misma.
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 3865-2016 interpuesto por la Letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en representación de este, contra el art. 1, en conexión con el Título VI (arts. 127 a 133), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas. Ha sido Ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
Dada en Madrid, a 17 de octubre de 2018.
233/000051
Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 95/2018, planteada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Logroño, en relación con la disposición adicional 9.ª (actual disposición adicional 7.ª) del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por posible vulneración del artículo 106.2 de la Constitución española, así como votos particulares formulados a la misma.
En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 95-2018, promovida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Logroño en relación con el apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional 9.ª del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación
de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Han comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja, la Real Federación Española de Caza y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Antonio Narváez Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.
Desestimar la cuestión de inconstitucionalidad y declarar que el apartado trigésimo del artículo único de la Ley 6/2014, de 7 de abril, que modifica la disposición adicional 9.ª (actual disposición adicional 7.ª) del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, no es inconstitucional interpretado en los términos del fundamento jurídico 6.

References: Real Decreto 
 artículo 106
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 191
 artículo 193
 artículo 55
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 7
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 510
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 155
 Real Decreto 
 artículo 106
 Real Decreto 
 Real Decreto