Source: http://noticias.juridicas.com/articulos/70-Derecho%20Militar/200907-78965324897521.html
Timestamp: 2013-06-19 03:11:43+00:00

Document:
Art�culos Doctrinales: Derecho Militar
De: Miguel Alía PlanaFecha: Julio 2009Origen: Noticias Jurídicas
1. Concepto de ROE.
Las Reglas de Enfrentamiento (“Rules of Engagement, ROE”) son aquellas órdenes del mando que determinan cuándo,
dónde, contra quién y cómo se usa la fuerza, incluso la letal, durante una operación militar1.
Mediante ellas se establece el uso legítimo, gradual y proporcionado de la fuerza para cada operación en la que participen unidades españolas, o, si se prefiere, las reglas
en virtud de las cuales se puede abrir fuego2.
A su vez, se entiende por operación militar el conjunto de actividades realizadas por unidades, coordinadas en tiempo, espacio y propósito, de acuerdo con lo establecido en una directiva u
orden, para el cumplimiento de una misión o cometido3.
Según el “Glosario de Términos Militares del Ejército de Tierra español” (documento “DO-005”)4,
1. Directivas emanadas por la autoridad militar para especificar las circunstancias y limitaciones en las que las fuerzas iniciarán o continuarán un enfrentamiento con otras fuerzas. Definen las
circunstancias, condiciones, grado y forma bajo las que se puede o no aplicar la fuerza. Están redactadas en forma de prohibiciones, limitaciones y autorizaciones, que regulan la aplicación
controlada de la fuerza. También es semejante definición contenida en el documento “D-CP-07”, de la Armada española, titulado “Manual
de Derecho Marítimo para Comandantes de Buques y Estados Mayores” (apartado 0541), de junio de 2005:
Las Reglas de Enfrentamiento (ROE) son directivas emitidas a las Fuerzas Militares que definen las circunstancias, condiciones, grado y manera bajo las cuales las fuerzas militares podrán emplear la
El término se ha incorporado a la doctrina militar española y su traducción del inglés nos permite comprender su doble perspectiva. Por un lado, “engagement”
quiere decir enfrentamiento, lucha, combate, y por ello el concepto se refiere a las reglas que debemos cumplir en el mismo; pero por otro lado “engagement”
también quiere decir compromiso, porque el mando se compromete a usar la fuerza, ya sea en caso de legítima defensa, ya sea en los casos y formas previstos para el cumplimiento de la misión y
solamente en tales casos y formas. Las ROE son por tanto un aspecto concreto de la acción de mando y, correlativamente, un asunto de disciplina, operatividad, planeamiento, doctrina y entrenamiento5.
Se pueden promulgar ROE para restringir acciones concretas o para ampliar los límites de una acción, y son la suma de varios factores, que incluyen el marco jurídico de las
operaciones, las instrucciones políticas y las consideraciones operativas que derivan de la propia misión6.
1.2. La Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar y las Reales Ordenanzas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero.
Las ROE se han recogido en la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, establece, en su artículo 4, regla sexta, lo siguiente:
Sexta.- En el empleo legítimo de la fuerza, hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que
participe. Además, son mencionadas en las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, en los siguientes artículos:
Artículo 42. Manejo y uso de las armas. Pondrá máxima atención en todo lo concerniente al manejo de
las armas, especialmente en la aplicación de las normas de seguridad, consciente de su gran importancia. Para hacer uso de ellas, se atendrá estrictamente a la normativa vigente,
órdenes recibidas y reglas de enfrentamiento.
Artículo 84. Uso legítimo de la fuerza. En el empleo legítimo de la fuerza, el militar hará un uso gradual y proporcionado de la misma, de acuerdo con las reglas de
enfrentamiento establecidas para las operaciones en las que participe.
Artículo 94. Respuesta ante situaciones cambiantes. El conocimiento y cumplimiento de las reglas de enfrentamiento le
permitirán hacer frente a las situaciones cambiantes de cada momento, debiendo estar preparado para asumir la protección de la población afectada y los riesgos consiguientes.
2. Requerimientos operacionales.
Las ROE poseen tres columnas básicas: los requerimientos operacionales, los políticos y los jurídicos. Los primeros establecen limitaciones concretas al ejercicio del mando,
puesto que determinan cómo, dónde, cuánto, cuándo y contra quién debe ser empleada la fuerza. Esto significa que catalogan una gama de acciones que van más allá
del mero empleo de la fuerza, y que se agrupan por actividades, combinando medidas permisivas y prohibitivas, más o menos violentas7,
en relación con una escala de incremento de la fuerza, desde las meras amenazas a las acciones de combate.
El uso de los mejores medios, a través tales medidas, aumenta la efectividad de las operaciones, asegura que las hostilidades se someten al Derecho de los Conflictos Armados, especialmente en lo
relativo al principio de distinción entre civiles y combatientes; y reduce los daños colaterales en porcentajes aceptables a nivel político y de opinión pública,
ya sean sobre la población civil, ya sean sobre fuerzas propias o aliadas ("fratricidios" o bajas “blue on blue”8).
Se entiende por daño colateral el no intencionado, ocurrido como resultado del empleo de armamento; y por fratricidio, las muertes causadas en fuerzas propias y aliadas como consecuencia de
tales daños, al confundirlas con un blanco enemigo, aunque las definiciones del daño colateral son mucho más complejas, abundantes y prolijas9-10.
Las relaciones entre el daño colateral, el sistema de “targeting”, las ROE y el Derecho de los Conflictos Armados son muy importantes.
¿Qué se entiende por tal palabra inglesa? El empleo de fuego por unidades terrestres, navales o aéreas exige el cumplimiento de unos protocolos de actuación predeterminados.
La fuerza no es aplicada sin lógica ni proporcionalidad, según el libre albedrío de los comandantes militares y sus estados mayores, ni en conflictos bélicos clásicos ni en
operaciones de paz o de imposición de la paz11 contra cualquier tipo de objetivos (“targets”),
sino con los susceptibles de ser batidos, de acuerdo con la legalidad de los conflictos armados, que se definen como sigue:
A target is a geographical area, complex, or installation planned for capture or destruction by military forces.12
En el "Proceso de targeting" o de “Sincronización e Inteligencia de Objetivos”, mediante el que se localizan blancos, se analizan y se baten,
participan Asesores Jurídicos, con el fin de asegurar que la fuerza empleada, los métodos de combate y los objetivos batidos no son contrarios al Derecho de los Conflictos Armados, a
tenor del artículo 82 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra, de 197713.
Nos encontramos ante un aspecto propio de la función de Combate, Mando y Control, que implica a los Sistemas de Combate, Maniobra, Inteligencia y Apoyos de Fuego; y al Asesor Jurídico
3. Requerimientos políticos.
Las ROE son un instrumento usado para limitar la guerra, aislar un conflicto o prevenir la escalada de la violencia en un escenario concreto, que se debería basar en la legalidad internacional y
nacional del Estado de bandera14, la internacional general y en la específica de los conflictos
armados (en tierra, mar o aire)15. Sus requerimientos políticos y jurídicos determinan la
responsabilidad por el uso de las fuerza. Son una de las más importantes herramientas de control civil sobre el poder militar en una democracia: adquieren su máximo sentido en el marco de un Estado de Derecho, en el
cual el poder militar está sujeto al civil mediante el sometimiento a la ley, de tal manera que solamente corresponde a los militares desplegados en campaña cumplir las órdenes
que les dicta su gobierno, respecto a la situación concreta, pero no tomar decisiones políticas por sí mismos16.
Por todo lo anterior, el conocimiento de las ROE debe exigirse no solo a los militares implicados en una zona de operaciones, sino a todo responsable, políticos incluidos, del desarrollo y éxito
de una misión17.
4. Requerimientos legales.
4.1. Las ROE como conjunto de órdenes.
Las referencias jurídicas a las ROE quedan contenidas en el Derecho español, como se ha apuntado, en el artículo 4, regla sexta, de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera
Militar. Las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, previenen lo siguiente al respecto:
Este artículo debe relacionarse con el 4 del mismo cuerpo legal, que establece lo siguiente:
Veamos el régimen jurídico de las ROE. En primer lugar, hay que señalar que son una orden o conjunto de órdenes, lo cual se relaciona directamente con lo establecido en el artículo
19 de la Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre (Código Penal Militar), cuyo tenor literal es el siguiente:
Artículo 19. A los efectos de este Código orden es todo mandato relativo al servicio que un superior militar da, en forma adecuada y
dentro de las atribuciones que legalmente le corresponden, a un inferior o subordinado para que lleve a cabo u omita una actuación concreta.
Las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, han recogido el concepto y el régimen
jurídicos de las órdenes, aplicable a las ROE, en sus artículos 45 a 50. Como toda orden, puede manifestarse externamente tanto en una prohibición concreta, en un mandato
positivo concreto o en una autorización de uso de las armas, en las circunstancias que se establezcan18.
En cualquier caso, conviene destacarse que las ROE no pretenden resumir los preceptos del Derecho de los Conflictos de Armados, cuyo conocimiento por parte de los militares se supone siempre19.
Al respecto, las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas de 2009 establecen, en dos artículos, lo siguiente:
Artículo 56. Responsabilidades penales graves en relación con los delitos contra el Derecho Internacional Humanitario. Será
consciente de la grave responsabilidad que le corresponde y asume para evitar la comisión, por las fuerzas sometidas a su mando o control efectivo, de los delitos de genocidio, lesa humanidad y
contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado.
Artículo 85. Principio de humanidad. Su conducta en el transcurso de cualquier conflicto u operación militar deberá ajustarse a las normas que resulten aplicables
de los tratados internacionales en los que España fuera parte, relativos al Derecho Internacional Humanitario.
Las nuevas Reales Ordenanzas contienen el capítulo VI, denominado “De al ética en operaciones”, que abunda en los principios señalados en los artículos
anteriores y “recuerdan” el sometimiento absoluto de las Fuerzas Armadas al Derecho Internacional Humanitario. Y decimos “recuerdan”
porque tal sometimiento deriva de los oportunos tratados internacionales de los que España es Parte, a tenor de lo establecido en el artículo 93 y siguiente de la Constitución,
pero no de la obligatoriedad jurídica determinada por un Real Decreto, como es el número 96/2009, de 6 de febrero.
Podemos relacionar las ROE con el concepto “instrucciones y órdenes del servicio” previsto en las principales normas orgánicas de la
Administración, regulado en el artículo 21.1 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Las ROE carecen de rango normativo independiente. No cabe que su contenido colisione con lo prescrito por los instrumentos convencionales sobre la materia en los que España es Parte o
con las normas que constituyen el núcleo del Derecho consuetudinario aplicable en los conflictos armados. El sometimiento de las ROE al Derecho es absoluto20.
Sería absolutamente imposible que las ROE derogaran el bloque normativo español o internacional sobre el uso de la fuerza y sus consecuencias. Es preciso traer a colación lo establecido
por las Reales Ordenanzas en su artículo 106:
Artículo 106. Deberes en relación con el Derecho Internacional Humanitario. El militar conocerá y difundirá, así como aplicará
en el transcurso de cualquier conflicto armado u operación militar, los convenios internacionales ratificados por España relativos al alivio de la suerte de heridos, enfermos o náufragos
de las fuerzas armadas, al trato a los prisioneros y a la protección de las personas civiles, así como los relativos a la protección de bienes culturales y a la prohibición o
restricciones al empleo de ciertas armas.
Es imposible que deroguen parte de la legalidad (española o internacional) porque no se encuentran recogidas entre las fuentes del Derecho español ni en el Internacional. Desde el punto de
vista de este último, no tienen carácter de fuente, según lo establecido en el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia; no forman obligaciones de
carácter convencional internacional ni son costumbre. La circunstancia de que esta categoría tampoco se incluya dentro de ninguna disposición interna, a excepción de la
remisión que se hace en la Ley de la Carrera Militar y en las nuevas Reales Ordenanzas de 2009, no permite darle, desde el punto de vista de nuestro Derecho, la consideración de norma jurídica.
De todo ello resulta que no se les pueda otorgar otra consideración que la concedida a las "órdenes de servicio"
en el ámbito administrativo tal y como se mantenía en una sentencia a la Corte Militar de Bélgica, de 24 de mayo de 199521.
La doctrina francesa abunda en esta idea y mantiene que son actos administrativos unilaterales o actos jurídicos adoptados unilateralmente por una autoridad administrativa, sometidos al
Derecho y que afectan, por ello, a los derechos y deberes de determinadas personas (los militares concernidos e incluso “el enemigo”)
sin que se haya contado con su consentimiento22. En análogo sentido, para la doctrina norteamericana son lo que
denomina “administrative regulations”23. En nuestra opinión, consisten en el ejercicio concreto de una
potestad administrativa (el mando, a través de una orden) consistente de ordenar un comportamiento (activo o pasivo) para circunstancias especificas que implica una estandarización
técnica24. A mayor abundamiento, serían manifestación de los principios de eficacia y eficiencia en el funcionamiento de la
Administración, recogidos en el artículo 3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
4.2. La responsabilidad jurídica derivada de las ROE.
Las ROE contienen tres facetas: el control político del uso de la fuerza, la legalidad de la regulación y, por último, el establecimiento de la responsabilidad que cada escalón de la
estructura operativa tendrá en la toma de decisiones y en su ejecución. En expresión penal, las ROE determinan los espacios legales en los que el ejercicio de la fuerza comprende un
uso ilícito de las armas. Según el Derecho español, la desobediencia a las ROE supondría la responsabilidad prevista en el artículo 102 del Código
Penal Militar, cuyo tenor literal es el siguiente:
El militar que se negare a obedecer o no cumpliere las órdenes legítimas de sus superiores relativas al servicio que le corresponde será castigado con la pena de tres meses y un día
Estos hechos, cometidos en tiempo de guerra, estado de sitio, frente a rebeldes o sediciosos o en situación peligrosa para la situación del buque o aeronave, serán castigados con la
pena de diez a veinticinco años de prisión.
Si la desobediencia consistiera en rehusar permanentemente el cumplimiento de las obligaciones militares, se impondrá la pena de dos años y cuatro meses a seis años de prisión
y la pérdida de empleo.
El militar que, en el ejercicio de sus funciones y sin causa justificada, empleare u ordenare ejercer contra cualquier persona violencias innecesarias para la ejecución de un acto de
servicio que deba realizar u ordenare, permitiere o hiciere uso ilícito de las armas será castigado con la pena de cuatro meses a cuatro años de prisión.
A su vez, si se incumplieran las ROE y se produjeran daños, entrarían en juego otras consideraciones, posibles concursos, absorción de delitos, etc., y podríamos encontrarnos
ante delitos contra las leyes o usos de la guerra (artículo 69 y siguientes del Código Penal Militar); abuso de autoridad (artículo 103 y siguientes); incumplimiento de los deberes
inherentes al mando (artículo 130 y siguientes); delitos contra la eficacia en el servicio (artículo 155 y siguientes), etc.; e incluso la aplicación del Código Penal Común.
5. Fuentes y contenido: “la fórmula DAMP”.
Las ROE se establecen bien antes del diseño de una operación, mediante la redacción previa de un catálogo general (denominado “SROE”
o “Standing ROE”), del que luego se elegirán las que se consideran más adecuadas, bien mediante su redacción para una operación
específica25. En cualquier caso, ya se elijan de entre las posibles de un catalogo previo, ya se creen ad hoc, su redacción es responsabilidad
del mando operacional y se elaboran o eligen en fase de planeamiento, con intervención del Asesor Jurídico26,
una vez fijados el concepto de la misión, después de establecido el marco legal en que debe desenvolverse y tras definirse los objetivos político-estratégicos a alcanzarse27.
Forma parte del oportuno Plan de Operaciones (“OPLAN”, “Operation Plan”) anterior al despliegue de la misión, confirmado en la Orden de
Operaciones (“OPORD”, “Operation Order”) una vez se hayan desplegado las unidades en la zona de operaciones, y en posteriores órdenes menores o fragmentarias (“FRAGO”,
“Fragmentary Order”).
Los códigos de ROE (SROE) actualmente en vigor son los siguientes: para la NATO, el documento MC 362/1 "NATO Rules of Engagement",
de 30 de junio de 2003 (este documento es de libre acceso); para la Unión Europea, el EUMC Mtg Doc 67/1/05 REV1, de 20 de febrero de 2006; y para Naciones Unidas, el documento UN
MD/FGS/0220.0001(2000) “UNDPKO, Guidelines for the Development of Rules of Engagement for Peace Keeping Operations”. Actualmente, el Estado Mayor de la Defensa está trabajando en un catálogo
general de ROE españolas que todavía no ha visto la luz28.
Las ROE, dado su carácter sensible, son materia clasificada, con lo que su estudio concreto, salvo para el personal de cada misión, está vedado, con la excepción del documento MC 362/1
(que es de libre acceso), lo cual es otro razonamiento que permite afirmar que no son una norma jurídica. No obstante, podemos deducir cómo fueron las establecidas por las fuerzas españolas
desplegadas en Irak, por el testimonio del entonces Ministro Defensa, Federico Trillo-Figueroa29,
recogidas en su comparecencia ante el Congreso de Diputados de julio de 2003. En ella, señalaba lo siguiente:
Señoras y señores diputados, señor presidente, uno de los aspectos de mayor relevancia e importancia en las operaciones de este
tipo lo constituye, sin ninguna duda, lo que se denomina en técnica militar reglas de enfrentamiento —más conocidas como ROES—. A pesar de que esta misión no tiene como
finalidad la confrontación, el planeamiento militar y la lógica prudencia aconsejan definir con claridad unas reglas que establezcan las condiciones en las que la fuerza puede ser
empleada. Su contenido, evidentemente, estará en consonancia con los compromisos internacionales y la legislación española. Estas reglas serán establecidas por el jefe del Estado Mayor
de la Defensa y autorizadas por el ministro de Defensa, y regularán la actuación de las unidades españolas en la zona, durante la operación.
Como es natural, las reglas que se establezcan no deberán entrar en conflicto con las que pueda establecer una autoridad en el área de operaciones —la autoridad—, y han de permitir el
cumplimiento de la misión de manera compatible con la máxima protección de la integridad física de los componentes del contingente. Protección esta que constituye, sin duda, la
prioridad número uno para el Gobierno de la nación. Estas reglas de comportamiento, cuya redacción está ya avanzada, establecen unos condicionantes, que resumimos a
continuación. En primer lugar, la misión encomendada no es en ningún caso de confrontación, sino de contribución a la seguridad y estabilidad en Irak. Segundo,
las unidades españolas no estarán nunca obligadas a ejecutar cometidos que pudieran constituir un quebrantamiento del derecho internacional ni de las leyes españolas. Tercero, el
derecho a la autodefensa individual estará garantizado por medio del empleo de la mínima fuerza, que debe entenderse como aquella que, incluyendo la letal, se limita en su nivel y
proporcionalidad, así como en su duración e intensidad. Los procedimientos a emplear serán conformes con la normativa de la Alianza Atlántica y adaptados a la situación.
La aplicación de estas reglas —ROES— deberá contemplar la observancia de los derechos humanos y el respeto a la propiedad privada. El plan de operaciones contendrá la
prohibición del uso de cualquier tipo de minas antipersona, bajo cualquier circunstancia. Además —y entre otras—, en el comportamiento del contingente se seguirán las
siguientes directrices: el respeto y la consideración de las costumbres locales, y muy especialmente de las de carácter religioso.
También podemos citar el caso de las ROE previstas para el contingente español de la misión de Naciones Unidas en Líbano (FINUL), respecto a las cuales, el entonces Ministro de Defensa, José
Antonio Alonso, declaró ante el Congreso de los Diputados que eran claras, detalladas y robustas para proporcionar un grado aceptable de seguridad y protección a la Fuerza así
como la necesaria libertad de acción30.
Las ROE tienen un contenido mínimo, cuya determinación pasa por la aplicación de la denominada “fórmula DAMP”,
acrónimo que obedece a las siguientes consignas31:
Devuelva el fuego. Vd. siempre tiene derecho a repeler actos hostiles con la	fuerza necesaria.
Anticipe	el ataque. Sea el primero en usar la fuerza pero solamente si	percibe claros indicios de intentos hostiles.
Mida	la cantidad de fuerza a utilizar, si las circunstancias lo permiten
Proteja con uso de fuerza mortífera sólo la vida humana y la	propiedad designada por su comandante.
Siempre se debe tener presente el derecho a la legítima defensa en caso de agresión. La NATO establece claramente que la legítima defensa es un derecho universalmente reconocido tanto a unidades, al
personal militar y al civil (sea de la organización o no, pues en determinadas circunstancias se deben proteger a las “personas calificadas con un estatuto especial”,
como diplomáticos, personal sanitario, refugiados, etc.). El uso de la fuerza en este caso debe reunir los siguientes requisitos:
Necesaria, lo cual implica que sea imprescindible para asegurar la legítima defensa.
Proporcional, acorde con la percepción del nivel de la amenaza que se plantee.
Ante ataque inminente, de forma manifiesta e inmediata.
Comprende también la “legítima defensa ampliada”, que permite actuar a las fuerzas NATO en defensa de sus aliados, cuando hayan sido éstos los atacados y no las fuerzas que
ejercen el derecho.
Finalmente, si el contenido de las ROE conculca el Derecho Español, es posible denunciar unilateralmente su aplicación, de tal manera que la autorización o prohibición concreta no
vincularía a las fuerzas españolas. Ello recibe el nombre de “caveat” o suspensión.
Miguel Alía Plana.32
Artículo 45 de las nuevas Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero; DE LAS RIVAS ARAMBURU, I. (2008), Reglas de enfrentamiento (ROE) Práctica
Jurídica, en www.legaltoday.com/index.php/practica-juridica/militar/reglas-de-enfrentamiento-roe;
y DE LAS RIVAS ARAMBURU, I. (2007), Las ROE salen del armario, Ejército, nº 794.
MARTINS, M.S. (1994), Rules of Engagement for Land Forces: A Matter	of Training, Not Lawyering, Military Law Review, vol. nº 143, en www.jagcnet.army.mil;
y CENTER FOR LAW AND MILITARY OPERATIONS & JOINT FORCE JUDGE ADVOCATE (2002) Operational	Law Handbook 2002, The Judge Advocate General´s Legal Center &
School (US Army), Charlottesville, en www.jagcnet.army.mil.
EJÉRCITO DE TIERRA, (1996), Empleo de la Fuerza Terrestre(DO1-001), Dirección de Servicios Técnicos del Ejército, Madrid.
EJÉRCITO DE TIERRA, (1999), Glosario de Términos Militares (DO2-005), Dirección de Servicios Técnicos del Ejército, Madrid.
HOEGE, H. H. (2002), ROE… also a Matter of Doctrine, The Army Lawyer, Department of the Army Pamphlet 27-50-353 (June 2002), en www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/06-2002.pdf.
SAGEN, S. D. (1991), "Rules of Engagement," Security Studies, vol. 1, nº 1 (Autumn), p. 80.
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ROACH, J. A. (1983), "Rules of Engagement," Naval War College Review, (Jan.-Feb); y MARTINS, M.S. (1994), op. cit.
MALDONADO GARCÍA, E., Buscando la interoperabilidad: la identificación
en combate en operaciones multinacionales (2004), Escuela Superior de las FAS, Madrid, Monografía del Curso de Estado Mayor 2003-2004.
“…collateral damage is unintentional damage or incidental damage affecting
facilities, equipment or personnel occurring as a result of military actions directed against targeted enemy forces or facilities”. Cf. USAF INTELLIGENCE TARGETING GUIDE,
Air Force Pamphlet 14-210 (1 February 1998), en www.fas.org/irp/doddir/usaf/afpam14-210/part20.htm.
Sobre el daño colateral, cf. REYNOLDS, J. D. (2005), Collateral damage on the 21st century battlefield: enemy exploitation of the
law of armed conflict, and the struggle for a moral high ground, Air Force Law Review (Winter), en http://findarticles.com/p/articles/mi_m6007/is_56/ai_n14700122;
y SHAW P. M. (1997), Collateral Damage and the United States Air Force, Thesis, School of Advanced Aerospace Studies, Air University, en http://handle.dtic.mil/100.2/ADA391809.
Para	el US Department of Defense (DoD), se define como “...unintentional or incidental injury or damage to persons or objects that would not
be lawful military targets in the circumstances ruling at the time. Such damage is not unlawful so long as it is not excessive in light of the overall military advantage anticipated from the attack”
Cf. DOD 1-02 (Dictionary of Military and Associated Terms).
El	Derecho de los Conflictos Armados es de aplicación a las	fuerzas de mantenimiento de la paz, como ha manifestado la NATO, la UE o Naciones Unidas, cuyo Boletín al respecto es un
documento de referencia muy importante. Cf. “Boletín del Secretario General. Observancia del derecho internacional humanitario por las fuerzas de las Naciones Unidas”, documento ST/SGB/1999/13,
de 6 de agosto de 1999.
AIR LAND SEA APPLICATION CENTER (1997), Targeting, The Joint Targeting Process and Procedures for Targeting Time Critical Targets, ALCA Center, Langley.
Relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales.
El Estado de bandera es aquel que cede tropas en una mission internacional, como, por ejemplo, España en una misión de la ONU o la NATO.
MILLER, E.S. (2003), Interoperability of Rules of Engagement in Multinational Maritime Operations, Center for Naval Analyses, Alexandria.
“ROE have a two-way function. First, they are intended to make sure that military operations are consistent with policy objectives; civilian
leaders can review the ROE to determine if they are too violent, too risky, or result in too much collateral damage. Secondly, ROE are intended to provide a dear set of guidelines for the commander and
his troops, under die presumption that the military's role is to carry out orders and not make policy decisions”. Cf. BERKOWITZ, B. D., (1994), Rules of engagement for U.N. peacekeeping forces in Bosnia, Orbis, (Fall),
en http://findarticles.com/p/articles/mi_m0365/is_n4_v38/ai_16443484.
ROACH, J.	A. (1983), op. cit., p. 46.
MILLER,	Eric S.,op cit., p. 9.
DE LAS RIVAS ARABURU, I., (2008), op. cit.
PERRY, R. M. (1999), Striking the Balance: Airpower Rules of Engagement in Peace Operations, School of Advanced Airpower Studies, Air
University, Alabama, p. 9.
DE LAS RIVAS ARABURU, I. (2008), op. cit.
“Ainsi les ROE peuvent-elles être assimilées à un acte administratif unilatéral ou, plus précisément à
un «un acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative, portant sur l’ordonnancement juridique et affectant les droits ou les obligations des tiers sans
leurconsentement.»”. Cf. GRANET, M. B (ed. al.) (2004), L’environnement juridique des forces terrestres dans les opérations extérieures, Ministère de la Défense, París,
CENTER	FOR LAW AND MILITARY OPERATIONS & JOINT FORCE JUDGE ADVOCATE(2007), Rule of Law Handbook. The Judge Advocate General´s Legal Center &
School (US Army) Charlottesville, p. 59.
TARRÉS VIVES, M. (2003), Normas técnicas y ordenamiento jurídico, Tirant Lo Blanc, Valencia.
BENNETT, D. A., y MACDONALD, A. F. (1995), Coalition Rules of Engagement, Joint Forces Quarterly (Summer); y WOMACK, S. (1996), Rules of Engagement in Multinational Operations", Marine Corps Gazette, February, 1996.
Que en España solamente puede ser un oficial auditor del Cuerpo Jurídico Militar, no un mero oficial de estado mayor, a tenor del artículo 37 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la
Carrera Militar; y del artículo 1 de la Ley 52/1997, de 27 noviembre, de Régimen de la Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas.
MARTINEAU, F. (2004), The Rules of Engagement in Ten Questions”, Doctrine, nº 4 (Septembre), en
www.cdef.terre.defense.gouv.fr/publications/doctrine/doctrine04/Us/doctrine04_US.pdf.
FERNÁNDEZ TRESGUERRES, J. A. (2007), Reglas de Enfrentamiento (ROE), XVème Congrès International de Défense Sociale, Le Droit Pénal entre la guerre et la
paix: Justice et coopération pénale dans les interventions militaires internationales, en www.defensesociale.org/xvcongreso/informacion_fr.php.
Comparecencia del señor ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez Conde), a petición propia, para informar sobre el acuerdo del
Consejo de Ministros celebrado el día 11 de julio relativo al envío de contingente de tropas a Irak. (Número de expediente 214/000191), Diario
de Sesiones del Congreso de Diputados, año 2003, VII legislatura, nº 799, p. 25220 y sis.
MINISTERIO DE DEFENSA, Nota de Prensa del Ministerio de Defensa (jueves, 07/09/2006), Misión de Naciones Unidas en Líbano, en
www.mde.es/NotasPrensa?accion=1&id_nodo=4072&id_nota=1131.
MARTINS, M. S. (1994), op. cit., p. 86.
El autor es comandante auditor del Cuerpo Jurídico Militar, doctor en Derecho, Periodismo y Filosofía, master en Relaciones Internacionales y diplomado por Naciones Unidas en Mando
de Operaciones de Paz. Ha participado en misiones internacionales en la Antigua Yugoslavia, Irak y Pakistán.

References: Real Decreto 
 artículo 4
 Real Decreto 

Artículo 42

Artículo 84

Artículo 94
 artículo 82
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo
19

Artículo 19
 Real Decreto 

Artículo 56

Artículo 85
 artículo 93
 artículo 21
 artículo 106

Artículo 106
 artículo 38
 artículo 3
 artículo 102

Artículo 45
 Real Decreto 
 artículo 37
 artículo 1