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Timestamp: 2017-08-17 02:07:51+00:00

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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía - Histórico del BOJA Boletín número 99 de 27/05/2003
"LEY DE ORDENACION DE LOS TRANSPORTES URBANOS Y METROPOLITANOS DE VIAJEROS EN ANDALUCIA
Con esta Ley se pretende también regular los transportes urbanos, materia que quedó sin regulación legal como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional
118/1996, de 27 de junio. Esta Sentencia declaró
inconstitucionales los artículos de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres relativos a los citados transportes urbanos, al considerar autonómica la competencia para legislar sobre la materia.
La Ley se ha estructurado en un título preliminar, que contiene las grandes orientaciones de la misma, y seis títulos
dedicados, respectivamente, a los transportes urbanos y metropolitanos, al transporte de viajeros en automóviles de turismo, a los instrumentos de ordenación y coordinación, a las entidades de transporte metropolitano, a la financiación del sistema de transportes y al régimen de inspección y
En el título preliminar, además del objeto y ámbito de
aplicación de la Ley, se establecen como finalidad de la misma la promoción del transporte público y como principios de la actuación pública los de planificación, participación,
coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible.
De acuerdo con estos principios se pretende seguir avanzando en la consecución en Andalucía de un modelo de transporte
sostenible que, en línea con lo propuesto en el Libro Blanco del Transporte y las Resoluciones del Consejo de Transportes de la Unión Europea, contribuya al bienestar económico y social sin perjudicar la salud humana ni el medio ambiente. El modelo así definido persigue facilitar el uso del transporte público, especialmente por las personas con menos recursos para acceder al transporte privado, disminuir las barreras que impiden el acceso a las personas con movilidad reducida, así como mejorar el medio ambiente de nuestras ciudades.
2. Las aportaciones realizadas por la Junta de Andalucía para la financiación de los presupuestos de los Consorcios de Transporte Metropolitano tendrán la naturaleza de
transferencias de financiación, identificándose las mismas a favor de cada entidad en el estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y abonándose en función del calendario de pagos aprobado por la Consejería de Economía y Hacienda. A tal efecto, los Consorcios deberán elaborar anualmente un Presupuesto de Explotación y Capital, así como un Programa de Actuación, Inversión y Financiación correspondiente a cada ejercicio, para su integración en el correspondiente Anteproyecto de Presupuesto, debiéndose tener en cuenta, para la determinación de su contenido, estructura, tramitación y reajuste, el régimen previsto en los artículos 57 a 60, ambos inclusive, de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. Las cantidades percibidas por los Consorcios, en aplicación de lo dispuesto en el apartado anterior, serán objeto de reintegro a la Tesorería de la Junta de Andalucía en la medida en que sobrepasen el porcentaje de participación que la Junta de Andalucía tenga atribuido en los gastos corrientes o de capital del respectivo Consorcio. Así mismo, deberán
reintegrarse las transferencias de capital que reciban dichos Consorcios cuando no se hayan aplicado en el ejercicio en el que se concedieron, ni en el inmediato siguiente.
4. A los Consorcios de Transporte Metropolitano les será de aplicación, en cuanto a su régimen económico-financiero y presupuestario, de intervención y control financiero, el previsto en la legislación de régimen local, sin perjuicio de las funciones de control externo que realicen el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de Andalucía. En todo caso, la Intervención General de la Junta de Andalucía realizará el control financiero sobre los Consorcios en los términos y condiciones previstos en el artículo 85 de la citada Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
5. Anualmente, los Consorcios de Transporte Metropolitano remitirán a las Administraciones consorciadas las
correspondientes memorias de gestión económica y balance de actividad.
Artículo 28. Organos de los Consorcios de Transporte
1. La estructura, organización, competencias y régimen de funcionamiento de los órganos de los Consorcios se determinará en los correspondientes Estatutos.
2. En todo caso, los Estatutos deberán asegurar la
participación de los agentes sociales y económicos más
representativos, asociaciones de consumidores y usuarios, entidades vecinales y entidades representativas de las personas de movilidad reducida, a través de un órgano consultivo para la colaboración y consulta en el funcionamiento del sistema metropolitano de transportes.
3. Igualmente existirán comisiones técnicas como órganos de colaboración y consulta en cuestiones de carácter técnico y económico con la presencia de empresas operadoras y
Artículo 29. Adopción de acuerdos.
1. La adopción de los acuerdos en el seno del órgano rector de cada Consorcio se realizará con arreglo al sistema de
ponderación de votos que se establezca en los Estatutos del mismo.
2. La asignación de votos ponderados a los representantes de los municipios se efectuará teniendo en cuenta el peso relativo de la población de derecho de cada uno de ellos alcanzando en su conjunto, al menos, el 50% del total de votos ponderados del órgano rector.
3. A la Administración de la Junta de Andalucía le
corresponderán, al menos, el cuarenta y cinco por ciento de los votos ponderados. Las Diputaciones Provinciales y la
Administración del Estado, si participasen, se distribuirán el resto de los votos ponderados.
4. Estatutariamente se determinarán los supuestos en que se requiera una mayoría cualificada para la adopción de acuerdos, que incluirán, en cualquier caso, el establecimiento del marco tarifario y la integración de nuevos miembros.
Artículo 30. Creación, fines y participación.
1. Se crea el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles
Andaluces como una entidad de derecho público de las previstas en el artículo 6.1 b) de la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con administración autónoma y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines generales.
2. Son fines generales del Ente servir como instrumento para el desarrollo de las políticas del Consejo de Gobierno en materia de ferrocarriles y transportes ferroviarios.
De acuerdo con estos fines, el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces ejercerá y desarrollará las
competencias, potestades públicas, funciones y actuaciones que correspondan a la Junta de Andalucía en dichas materias, incluyendo especialmente las referidas a los servicios
ferroviarios regionales de altas prestaciones, que le sean atribuidas por el Consejo de Gobierno en los términos y con el alcance previsto en dicha atribución.
3. Asimismo, y con el alcance previsto en la atribución que le efectúe el Consejo de Gobierno, corresponderá al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces la ordenación del transporte ferroviario de mercancías y viajeros que tengan su origen y destino dentro del territorio de la Comunidad
Autónoma, aunque discurran sobre infraestructuras de
4. El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces tiene también entre sus fines el ejercicio de las funciones de control e inspección que correspondan a la Junta de Andalucía respecto de las concesiones otorgadas por ésta para la
construcción y explotación de las infraestructuras y servicios de transporte mediante ferrocarril metropolitano, declarados de interés metropolitano, que se le atribuyan por el Consejo de Gobierno, en los términos y con el alcance de la referida atribución.
a) La aprobación anual de las tarifas aplicables al servicio.
b) La autorización de cualquier modificación en las
características del servicio de la línea ferroviaria y, en especial, el calendario, horarios, frecuencias de servicio y marco tarifario.
c) La inspección del servicio en los términos establecidos en el reglamento de explotación.
d) El control de los parámetros de calidad y capacidad del servicio.
e) La materialización de las condiciones económico-financieras de la concesión en los términos previstos en los documentos contractuales.
f) Cualquier otra que se establezca en la correspondiente atribución del Consejo de Gobierno.
5. Para posibilitar la participación de las Administraciones Públicas y de las entidades representativas de intereses sociales en el ejercicio de las funciones de la Junta de Andalucía a que se refiere el apartado 4 del presente artículo, se constituirán en el seno del Ente órganos con competencias delegadas del Consejo Rector previsto en el artículo 31.3 de la presente Ley, referidas al ámbito objetivo y territorial que éste determine.
Artículo 31. Régimen general del Ente Público.
1. La estructura y funcionamiento del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces estará sometido a la presente Ley, a sus Estatutos y a las normas que se dicten en desarrollo de las mismas.
Cuando el Ente actúe en el ejercicio de las potestades
administrativas que tiene atribuidas, se regirá por la
legislación del transporte, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las demás normas de Derecho público que sean de aplicación. Los acuerdos de sus órganos de dirección en el ejercicio de las potestades administrativas pondrán fin a la vía administrativa salvo en materia sancionadora, en la que cabe recurso de alzada ante el titular de la Consejería a la que se encuentra adscrita la entidad.
Cuando el Ente no actúe en el ejercicio de potestades
administrativas estará sometido al Derecho privado, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación de contratos de las Administraciones Públicas.
2. El Consejo de Gobierno aprobará los estatutos del Ente incluyendo al menos la regulación concreta de sus órganos de dirección, participación y control, las competencias y
funciones que se le encomienden, el patrimonio que se le asigne para el cumplimiento de sus fines, los recursos económicos, el régimen relativo a recursos humanos, patrimonio y contratación, el régimen presupuestario, económico-financiero, de
intervención, control financiero y contabilidad, con
cumplimiento de lo dispuesto en los apartados siguientes.
3. Los órganos de Gobierno y dirección del Ente son el
Presidente, el Consejo Rector y el Director Gerente.
El Director Gerente será nombrado por el titular de la
Consejería a la que se encuentra adscrita la entidad y tendrá a su cargo la gestión ordinaria de las actividades de la empresa, en ejecución de los acuerdos y directrices del Consejo Rector, sin perjuicio de las competencias que le asigne la
correspondiente atribución.
4. El personal del Ente estará sometido al Derecho laboral y para su contratación se tendrán en cuenta los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
Al Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces se podrá incorporar personal al servicio de las distintas
Administraciones Públicas. A tal efecto, al personal
funcionario que se incorpore se le reconocerá el tiempo de servicio prestado en aquéllas, a efectos de la retribución que le corresponda en concepto de antig?edad, quedando en sus Cuerpos de origen en la situación de excedencia voluntaria, de acuerdo con lo establecido en el artículo 29.3 a) de la Ley
30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Respecto del personal laboral, será de aplicación lo dispuesto en la normativa aplicable sobre sucesión de empresas.
5. Los recursos de la entidad estarán constituidos por los bienes y valores que integren su patrimonio, los productos y rentas de su patrimonio y de los bienes que se le adscriban, los ingresos generados por el ejercicio de sus actividades y la prestación de sus servicios, las dotaciones presupuestarias que anualmente le asigne el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, las transferencias de financiación de las Administraciones Públicas y subvenciones que le sean concedidas y, en general, cualquier otro recurso que pudiera corresponderle conforme a la legislación vigente.
En caso de subrogación en la posición jurídica de la
Administración concedente respecto de contratos de explotación, las dotaciones presupuestarias que anualmente le asigne el presupuesto de la Comunidad Autónoma serán las necesarias para posibilitar el cumplimiento por el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces de las obligaciones económicas
derivadas de los mencionados contratos de explotación.
6. El régimen presupuestario, económico-financiero, de
contabilidad, intervención y de control financiero del Ente será el establecido en la Ley 5/1983, de 19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en las demás disposiciones que le sean de aplicación.
7. La constitución efectiva del Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces tendrá lugar en el momento de la entrada en vigor de sus Estatutos.
Artículo 32. Fuentes de financiación.
a) Los procedentes de las recaudaciones obtenidas directamente de los usuarios de los servicios y de la explotación de otros recursos de las empresas operadoras.
b) Las recaudaciones de tributos que se pudieran aplicar con esta específica finalidad.
c) Las aportaciones que pudieran realizar las distintas Administraciones Públicas de conformidad, en su caso, con los convenios y contratos que pudieran suscribirse.
d) Por cualquier otra forma prevista en el ordenamiento jurídico.
Artículo 33. Reparto de subvenciones e ingresos.
1. El correspondiente Consorcio de Transporte Metropolitano o, en su caso, el órgano de gestión del Plan fijará las cantidades a recibir por las empresas operadoras de transporte con arreglo a los criterios establecidos en el Plan de Transporte
Metropolitano, teniendo en consideración la exigencia de obligaciones de servicio público.
2. La distribución de las aportaciones o subvenciones recibidas de las distintas Administraciones corresponde, asimismo, al Consorcio de Transporte Metropolitano o, en su caso, al órgano de gestión del Plan de acuerdo con lo previsto en el mismo y en los contratos programas que a estos efectos pudieran
suscribirse con las empresas operadoras de transporte.
3. El reparto de los ingresos obtenidos por utilización de títulos multimodales de viaje se realizará atendiendo a los criterios objetivos establecidos en el Plan de Transporte Metropolitano.
Las empresas operadoras de transporte contabilizarán los ingresos obtenidos y los costes incurridos en la prestación de servicios de interés metropolitano con arreglo a las normas establecidas al efecto por el Consorcio de Transporte
Metropolitano o, en su caso, por el órgano de gestión del Plan.
REGIMEN DE INSPECCION Y SANCIONADOR
Artículo 35. Ejercicio de la inspección.
1. Corresponde a las Administraciones competentes para el otorgamiento de las autorizaciones y concesiones para la prestación de los servicios de transporte de viajeros previstos en esta Ley y, en su caso, a las entidades públicas de
transporte metropolitano la inspección de dichos servicios.
4. La inspección podrá requerir la presentación de los
documentos a que se refiere el apartado anterior en las propias dependencias de la Administración cuando esta exigencia resulte necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la legislación de transportes.
Artículo 36. Infracciones: concepto y clasificación.
a) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades sujetos a concesión, autorización o licencia administrativa, la persona titular de la concesión, autorización o licencia.
a) La realización de transportes urbanos o metropolitanos de viajeros, o de actividades auxiliares o complementarias de los mismos, sin poseer el título administrativo habilitante para ello; o la prestación de dichos servicios, cuando para ello se requiera conjuntamente autorización, concesión o licencia faltando alguna de ellas, salvo lo dispuesto en el artículo 42
a) de la presente Ley.
b) La prestación de servicios en condiciones que puedan afectar a la seguridad de las personas por entrañar peligro grave y directo para las mismas, así como el exceso superior al 50% en los tiempos máximos de conducción o de conducción
ininterrumpida, y la minoración superior a dicho porcentaje de los períodos de descanso obligatorio.
f) La utilización de autorizaciones o concesiones expedidas a nombre de otras personas sin realizar previamente la
transmisión de las mismas de conformidad con lo establecido en esta Ley. La responsabilidad por esta infracción corresponderá tanto a los que utilicen títulos administrativos ajenos como a las personas a cuyo nombre figuren éstos, salvo que
demuestren que la utilización se ha hecho sin su
a) La realización de transporte con vehículos ajenos sobre los que no se tengan las condiciones de disponibilidad legalmente exigibles, así como utilizar para el transporte vehículos arrendados a otros transportistas o utilizar la colaboración de los mismos fuera de los supuestos o incumpliendo las
condiciones legalmente establecidas, salvo que deba ser considerada falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el párrafo a) del artículo 39 de esta Ley. En idéntica
infracción incurrirán los transportistas que actúen como arrendadores o colaboradores, incumpliendo las condiciones que les afecten.
e) La venta de billetes para servicios clandestinos y, en general, la mediación en relación con los servicios o
actividades no autorizados, salvo que se trate de una
infracción muy grave de las recogidas en el artículo 39 de esta Ley, cuando no se posea título habilitante para realizar actividades de mediación.
f) El incumplimiento del régimen tarifario. La responsabilidad corresponderá, en todo caso, al transportista y al
g) La carencia, o el inadecuado funcionamiento imputable al transportista o la manipulación del tacógrafo o del taxímetro, sus elementos u otros instrumentos o medios de control que obligatoriamente deban llevarse instalados en el vehículo.
i) El incumplimiento reiterado e injustificado de los horarios en los servicios en que éstos vengan prefijados con
j) Carecer del preceptivo documento en el que deben formularse las reclamaciones de los usuarios, negar u obstaculizar su disposición al público, así como la ocultación o demora injustificada de la puesta en conocimiento de la Inspección del Transporte Terrestre de las reclamaciones o quejas consignadas en aquél, de acuerdo con lo que reglamentariamente se
k) La contratación del transporte con transportistas o
intermediarios que no se hallen debidamente autorizados para realizar el mismo, siempre que la contratación global de la empresa alcance las magnitudes que reglamentariamente se determinen.
m) El exceso superior al 20% en los tiempos máximos de
conducción permitidos, salvo que dicho exceso deba ser
considerado falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el párrafo b) del artículo 39 de esta Ley.
n) La falta de atención a la solicitud de un usuario estando de servicio el vehículo.
o) La comisión de infracciones calificadas como leves por la presente Ley, si al cometer la acción u omisión ilícita su autor ya hubiera sido sancionado, en los doce meses
inmediatamente anteriores, mediante resolución firme en vía administrativa, por haber cometido una infracción de idéntica tipificación. No obstante, sólo procederá la calificación agravada prevista en el párrafo anterior cuando se den los supuestos previstos en el artículo 47 de esta Ley.
Artículo 41. Incumplimiento de las condiciones esenciales de la concesión o autorización administrativa.
a) El mantenimiento de los requisitos exigidos para el
e) La prestación del servicio con vehículos amparados por una autorización de transporte discrecional o licencia de ámbito territorial suficiente, salvo los casos expresamente
h) La realización del número de expediciones establecidas en el título concesional o en la autorización, así como la
disponibilidad sobre el número mínimo de vehículos que en aquéllos se determine, y el cumplimiento por dichos vehículos de las condiciones exigidas en los mismos.
i) La realización del servicio sin transbordar
injustificadamente a los usuarios durante el viaje.
m) En los transportes de uso especial de escolares, la
presencia de una persona idónea debidamente acreditada por el transportista o por la entidad contratante del transporte encargada del cuidado de los mismos, cuando ello resulte exigible.
n) Las demás que, por afectar a la configuración de la
naturaleza del servicio o actividad, a la delimitación de su ámbito o a los requisitos exigidos para su otorgamiento y realización, se determinen reglamentariamente.
q) En las autorizaciones de transporte discrecional de
viajeros, la no reiteración de itinerario, salvo los casos de transportes turísticos expresamente exceptuados.
2. Las normas reglamentarias y Ordenanzas Municipales
reguladoras de los servicios de transporte público de viajeros, así como los propios títulos habilitantes para la prestación de los mismos, podrán establecer otros requisitos adicionales que deban, asimismo, considerarse como condiciones esenciales de la autorización o licencia.
a) La realización de transportes o actividades auxiliares para los cuales la normativa reguladora de los transportes
terrestres exija la previa autorización administrativa, careciendo de la misma, siempre que se cumplan los requisitos exigidos para el otorgamiento de dicha autorización, la cual hubiera podido ser obtenida por el infractor.
c) No llevar en lugar visible del vehículo los distintivos exigidos por la normativa vigente, relativos al tipo de transporte que aquél esté autorizado a realizar, o llevarlos en condiciones que dificulten su percepción, así como la
utilización inadecuada de los referidos distintivos, salvo que ésta deba ser calificada como falta muy grave, de conformidad con lo previsto en el apartado c) del artículo 39 de la presente Ley.
d) Transportar mayor número de viajeros de los autorizados para el vehículo de que se trate, salvo que dicha infracción deba calificarse como muy grave, conforme a lo dispuesto en el párrafo b) del artículo 39 de la presente Ley.
e) Carecer de los preceptivos cuadros de tarifas, calendarios, horarios, avisos y otros de obligada exhibición para
conocimiento del público.
j) El exceso en los tiempos máximos de conducción permitidos, salvo que deba ser considerado falta grave o muy grave.
6. Realizar, sin causa justificada, cualquier acto que
distraiga la atención del conductor o entorpecer su labor cuando el vehículo se encuentre en marcha.
Cuando el hecho constitutivo de la infracción no pueda
conocerse por falta de signos externos, el cómputo se iniciará cuando éstos se manifiesten.
Artículo 44. Cuantías de las multas.
Artículo 45. Sanciones accesorias.
1. La comisión de las infracciones previstas en los párrafos a) y b) del artículo 39 de esta Ley podrá implicar,
independientemente de la sanción pecuniaria que corresponda, el precintado del vehículo con el que se realiza el transporte y la retirada conjunta de la correspondiente autorización o licencia, así como la clausura del local en el que, en su caso, vengan ejercitando las actividades, en ambos supuestos durante el plazo máximo de un año sin perjuicio del pago del salario o de las indemnizaciones que procedan y de las medidas que puedan arbitrarse para su garantía.
2. La infracción prevista en el párrafo f) del artículo 39 de la presente Ley, además de la sanción pecuniaria que
corresponda, llevará aneja la anulación de la correspondiente licencia o autorización; asimismo, cuando ésta estuviera otorgada en la modalidad de autorización a empresa sin
referirse a vehículo concreto, conllevará la anulación al titular administrativo de dicha autorización, de otra del mismo ámbito territorial o, subsidiariamente, dos del ámbito
territorial inmediatamente inferior.
5. Cuando, estando circulando el vehículo, sean detectadas infracciones que deban ser denunciadas de acuerdo con lo previsto en los párrafos a) y b) del artículo 39, y d) y m) del artículo 40, ambos de la presente Ley, podrá ordenarse la inmediata paralización del vehículo hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción, pudiendo la
Administración adoptar las medidas necesarias a fin de que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Artículo 46. Caducidad de concesiones y revocación de
Independientemente de las sanciones que correspondan de conformidad con esta Ley, el incumplimiento reiterado o de manifiesta gravedad de las condiciones esenciales de las concesiones o autorizaciones administrativas podrá dar lugar a la caducidad de la concesión o a la revocación de la
autorización, en ambos casos con pérdida de la fianza.
Artículo 47. Delimitación de la reincidencia.
- Los transportes de viajeros realizados con vehículos de capacidad igual o inferior a nueve plazas, incluido el
conductor.c) Cuando las infracciones se hayan cometido al realizar actividades que no consistan en la prestación material de servicios de transporte, pero que efectúe la misma empresa como complementarias a dicha prestación material, aun cuando los servicios estén sometidos a autorizaciones diversas y éstas no correspondan al mismo tipo de transportes, según lo que se dispone en el párrafo b) de este apartado.
d) Cuando las infracciones hayan sido cometidas con ocasión de servicios o actividades realizadas sin la cobertura del correspondiente título habilitante, siempre que aquéllas lo hayan sido al efectuar un mismo servicio o actividad,
entendiendo por tales las que deberían haberse realizado al amparo de un título habilitante único, o la prestación material de un mismo tipo de transporte, según lo que se dispone en el párrafo b) de este apartado.
2. No procederá la agravación prevista en los artículos 39 j),
40 p) y 45.3 de esta Ley, cuando la persona física o jurídica sancionada por las infracciones anteriores conforme a los párrafos a) y b) del apartado 2 del artículo 37 de la presente Ley acredite, en virtud de resolución judicial o
administrativa, que adoptó las medidas a su alcance para evitar su comisión.
Los órganos competentes para el otorgamiento de las
concesiones, autorizaciones o licencias de transporte de viajeros ejercerán la potestad sancionadora en relación con los servicios de su competencia. En la misma forma lo harán las Entidades de Transporte Metropolitano que ejerzan competencias sobre los servicios e instalaciones declarados de interés metropolitano.
Artículo 49. Exigencia de pago de sanciones.
2. Asimismo, la realización de dicho pago de sanciones será requisito necesario para que proceda la autorización
administrativa a la transferencia de los vehículos con los que se hayan cometido las infracciones correspondientes.
Artículo 50. Prescripción de las sanciones.
El plazo de prescripción de las sanciones será de tres años para las impuestas por la comisión de infracciones muy graves, dos años para las que se impongan por la comisión de
infracciones graves, y un año para las impuestas por
Disposición adicional primera. Transporte de mercancías y transporte privado complementario de viajeros.
Disposición adicional segunda. Compromisos de financiación.
En los convenios y contratos que se celebren para la
financiación, ejecución y explotación de infraestructuras de transporte de interés metropolitano podrán adquirirse por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía
compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios futuros por el número de anualidades y hasta el importe que determine el Consejo de Gobierno.
Disposición adicional tercera. Transporte por cable.
Las competencias en materia de transporte de personas por cable en estaciones de invierno o esquí se ejercerán por la Comunidad Autónoma de Andalucía con independencia de que las
instalaciones se ubiquen en uno o más municipios.
Disposición adicional cuarta. Infraestructuras de transporte y planeamiento urbanístico.
Será de aplicación a los proyectos de infraestructuras de transportes por ferrocarril metropolitano declarados de interés metropolitano lo dispuesto en los artículos 34, 35 y 39 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, debiendo en todo caso entenderse referidos a las
infraestructuras de transportes y a la Consejería competente en materia de transportes.
Disposición adicional quinta. Actualización de la cuantía de las sanciones.
Por acuerdo del Consejo de Gobierno se actualizarán las cuantías de las sanciones establecidas en la presente Ley, sin superar en ningún caso las variaciones experimentadas en el Indice de Precios al Consumo o sistema que lo sustituya, desde la fecha en que se realice la última actualización.
Disposición adicional sexta. Declaraciones de interés
Disposición adicional séptima. Derechos y obligaciones de los usuarios.
Disposición adicional octava. Identificación de los vehículos de transporte público interurbano regular de uso general de viajeros por carretera.
Con el fin de promover la utilización de los transportes públicos y facilitar al usuario la identificación de la red autonómica de transportes interurbanos de viajeros, todos los vehículos que presten el servicio interurbano de transporte regular de uso general, además de la señalización obligatoria prevista en la legislación general de transportes, deberán disponer de unos requisitos de imagen comunes. Los plazos, las condiciones, características de color y rotulación se
concretarán reglamentariamente, de manera que al menos los nuevos vehículos que se adscriban a las respectivas concesiones se identifiquen conforme al citado Reglamento desde su entrada en vigor.
Disposición adicional novena. Modificaciones puntuales de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
"La red de carreteras de Andalucía está formada por las siguientes categorías:
b) La red provincial, compuesta por la red comarcal y la red local."
Como consecuencia de lo anterior, se modifican los artículos 4,
9, 17, 55 y 56 de la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía, suprimiéndose las denominaciones de categorías de carreteras que en ellos se contempla por las previstas en el artículo 3.2 con la nueva redacción dada y suprimiéndose igualmente el párrafo final del apartado primero del artículo
Disposición transitoria primera. Autorización de transporte interurbano y licencia municipal de transporte urbano.
La exigencia de autorización de transporte interurbano y licencia municipal simultáneas a que se refiere el artículo
15.1 de esta Ley no será de aplicación para las personas físicas o jurídicas que en el momento de entrada en vigor de la misma sean titulares únicamente de licencia municipal. Dichas personas podrán continuar realizando el transporte urbano para el que estuvieran autorizadas y, en su caso, solicitar la autorización de transporte interurbano, siendo de aplicación para el otorgamiento de ésta las reglas previstas en la presente Ley.
4. En aquellos ámbitos territoriales donde se encuentren constituidos los Consorcios a que se refiere el apartado anterior para la gestión unitaria de los servicios de taxi y estén creados o se creen Consorcios de Transporte Metropolitano de los previstos en el título IV, éstos podrán delegar el ejercicio de sus funciones en materia de Areas Territoriales de Prestación Conjunta en los referidos Consorcios de taxis, conforme a lo establecido en el artículo 18.3 de la presente Ley.
Disposición transitoria tercera. Concesiones interurbanas preexistentes en ámbitos municipales.
A la entrada en vigor de la presente Ley, las actuales
concesiones preexistentes de transporte regular de viajeros por carretera permanentes y de uso general de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía que se desarrollen íntegramente dentro de un mismo término municipal, continuarán explotándose por sus adjudicatarios, pudiendo los respectivos Ayuntamientos subrogarse en los derechos y obligaciones que, como Ente concedente, tiene la Junta de Andalucía. De no acordarse dicha subrogación por el respectivo Ayuntamiento, la explotación de los servicios continuará manteniéndose bajo la titularidad de la Junta de Andalucía hasta que finalice el plazo de validez de cada una de las concesiones otorgadas.
Disposición transitoria cuarta. Planes Intermodales de
Disposición transitoria quinta. Distribución de ingresos en los Consorcios de Transporte Metropolitano.
En todo lo no previsto en esta Ley se estará a lo dispuesto en la legislación vigente reguladora de los transportes
interurbanos por carretera y ferrocarril.
Efectivamente, considerando por un lado la competencia
autonómica en materia de ferrocarriles y de transportes mediante ferrocarril, en materia de transportes interurbanos, así como en materia de obras públicas de interés autonómico, y por otro la competencia municipal respecto del transporte urbano de viajeros, se efectúa la delimitación competencial con pleno respeto a la autonomía local.
En este sentido se afirma la competencia municipal respecto de los servicios de transporte mediante ferrocarril urbano no declarados de interés metropolitano y la competencia autonómica respecto de servicios de transporte mediante ferrocarril, incluido el urbano, que se declare de interés metropolitano. La afirmación de las competencias autonómicas se entiende sin perjuicio de una voluntad decidida de posibilitar la
participación del resto de Administraciones Públicas en su ejercicio, en mayor o menor medida de acuerdo con las
circunstancias concurrentes, a través del Consorcio de
Transportes Metropolitanos o de la Entidad Pública de Gestión.
Además de los servicios de transportes, pueden tener la consideración de interés metropolitano los tráficos, las instalaciones intermodales de transporte y las redes viaria y ferroviaria en la medida en que sirvan a los servicios de interés metropolitano, aunque físicamente no se extiendan más allá de un término municipal. No se trata de extender la calificación de interés metropolitano a todas las
infraestructuras existentes en un ámbito metropolitano, sino de incidir únicamente en aquéllas que juegan un papel
significativo en el sistema de transporte metropolitano, y en la medida en que jueguen dicho papel. Por otra parte, la declaración del interés metropolitano se desvincula de la aprobación del Plan de Transporte Metropolitano.
Se ha considerado necesario incluir, en un título separado, el título II, la regulación del transporte de viajeros en
vehículos de turismo, en tanto que presenta elementos tanto de transporte urbano como interurbano. En tal sentido se
establecen determinaciones sobre las licencias de autotaxis y su régimen jurídico, sobre supuestos especiales de demanda de transportes, y sobre el establecimiento de Areas Territoriales de Prestación Conjunta en las zonas en que exista interacción e influencia recíproca entre los servicios de varios municipios.
Sevilla, 12 de mayo de 2003
Presidente de la Junta de Andalucía Los Programas Coordinados de Explotación son instrumentos que pretenden resolver los problemas de coordinación entre líneas urbanas e interurbanas dentro de un mismo espacio urbano.
La Ley regula también los principales aspectos procedimentales de la elaboración y aprobación de los instrumentos de
ordenación y planificación de los transportes, garantizando en todo caso la participación de los agentes sociales y económicos más representativos y la cooperación de las Administraciones interesadas.
El título IV se dedica a las Entidades de Transporte
Metropolitano, distinguiéndose entre los Consorcios de
Transportes, integrados por las Administraciones concernidas, para llevar a cabo la ordenación, coordinación y, en su caso, gestión de los transportes en los ámbitos metropolitanos y el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces.
En cuanto a este último, se crea mediante la presente Ley una entidad de derecho público cuyo régimen de actuación se adecua a la satisfacción de los intereses públicos en juego. Se establece en primer lugar un principio de descentralización funcional y, sobre todo, de eficacia no sólo en el ejercicio de potestades y competencias administrativas sino también en el desarrollo de actividades prestacionales vinculadas al
ferrocarril y al transporte ferroviario. En segundo lugar, se considera este ente como instrumento idóneo para posibilitar la participación del resto de Administraciones Públicas, y compatibilizar la defensa de los intereses públicos con las necesidades de especialización del personal y de financiación ágil y diferenciada que exigen sus fines generales. Finalmente, para utilizar, sin desconocer la tutela del interés público ni la sujeción al nuevo marco normativo en materia de contratación y transportes, los instrumentos de derecho privado.
El Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces
posibilita la participación de las distintas Administraciones Públicas y de las entidades representativas de intereses sociales en el control, inspección y sanción de los servicios de transporte mediante ferrocarril metropolitano declarados de interés metropolitano. Tal participación en el ejercicio de dichas competencias se articula mediante la constitución de órganos con competencias delegadas del Consejo Rector del citado Ente Público.
Por último, la Ley se cierra con un título VI, dedicado al régimen de inspección y a las infracciones y sanciones. Además la Ley cuenta con cinco disposiciones adicionales, cinco transitorias, la derogatoria única y dos finales que
complementan la regulación de la misma.
La presente Ley será de aplicación a los transportes públicos urbanos y metropolitanos de viajeros que se presten
íntegramente en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en otras
disposiciones de carácter sectorial.
Artículo 3. Finalidad y principios de la actuación pública.
1. Las Administraciones Públicas competentes promoverán la adecuada satisfacción de las necesidades de transporte de los ciudadanos en Andalucía, en condiciones idóneas de equidad social, solidaridad territorial, seguridad y accesibilidad a las personas con movilidad reducida. A tal fin se promoverán los transportes públicos como medio preferente para los desplazamientos cotidianos y se potenciará la creación de sistemas de transportes que faciliten su acceso y disfrute por los ciudadanos, rigiéndose por los principios de planificación, participación, coordinación y cooperación, en el marco de un desarrollo sostenible.
3. Corresponden a la Comunidad Autónoma las siguientes
d) La planificación, ordenación y gestión de los servicios e infraestructuras de transporte mediante ferrocarril
metropolitano, entendido como modo de transporte, declarados de interés metropolitano.
Artículo 5. Definiciones y clasificaciones.
Artículo 6. Protección de los usuarios.
Artículo 8. Normativa aplicable.
Artículo 9. Modalidades de gestión.
La prestación de los servicios públicos de transporte urbano regular de uso general se realizará por empresa pública o privada, en régimen de concesión o por otros modos de gestión, en los términos previstos en la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, en materia de
transportes y de régimen local.
Artículo 10. Coordinación de servicios regulares.
1. No existirán prohibiciones de coincidencia entre servicios urbanos regulares permanentes o temporales de viajeros de competencia municipal. No obstante, cuando para atender adecuadamente las necesidades de los usuarios sea preciso el establecimiento, modificación o ampliación de servicios regulares de transportes urbanos de viajeros que incluyan tráficos coincidentes con los que tengan autorizados con anterioridad otros servicios regulares de transporte
interurbano, será necesaria la justificación de la
insuficiencia del servicio preexistente y la previa
comunicación a la Administración o Entidad concedente de éste y a la empresa concesionaria del servicio interurbano
A los efectos previstos en este apartado, tendrán la
consideración de tráficos coincidentes los que se realicen entre paradas, o puntos próximos a las mismas, en las que el servicio interurbano estuviera autorizado a tomar y dejar viajeros.
2. En caso de incumplimiento del procedimiento anterior, el establecimiento, modificación o ampliación de servicios regulares de transporte urbano de viajeros en autobús
coincidentes con otros interurbanos preexistentes, a que se refiere el apartado anterior, determinará la obligación, por parte de la Administración actuante respecto de los servicios urbanos, de compensar a los titulares del servicio interurbano cuando se vea afectado el equilibrio económico de su concesión.
3. En aquellas zonas en que existan núcleos de población dependientes de diferentes municipios no integrados en ámbitos de transporte metropolitano, y que presenten problemas de coordinación entre redes de transporte, la Consejería
competente en materia de transportes podrá establecer, de acuerdo con las Administraciones titulares de los servicios afectados, un régimen específico que garantice su coordinación. Esta, en su caso, podrá llevarse a cabo a través de la creación de una entidad pública en alguna de las formas previstas en el ordenamiento vigente.
Artículo 11. Servicios discrecionales en autobús.
1. Para la realización de servicios de transporte discrecional urbano de viajeros en autobús será necesaria la previa
obtención de la correspondiente autorización.
2. Los titulares de autorizaciones de transportes
discrecionales interurbanos de viajeros en vehículos con una capacidad superior a nueve plazas, incluido el conductor, otorgadas por la Administración General del Estado o la Administración de la Junta de Andalucía, estarán facultados para prestar servicios urbanos discrecionales en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. A los efectos de esta Ley se consideran ámbitos
metropolitanos los constituidos por municipios contiguos y completos entre los cuales se produzcan influencias recíprocas entre sus servicios de transportes derivadas de su
interrelación económica, laboral o social. Su delimitación territorial se realizará por el Consejo de Gobierno, oídas las Entidades Locales afectadas.
Artículo 13. Interés metropolitano.
1. Podrán declararse, total o parcialmente, de interés
metropolitano los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones necesarios para la constitución y gestión del sistema de transporte metropolitano, cuando resulten
imprescindibles para la prestación coordinada de los servicios, la obtención de economías de escala, o la aplicación de un sistema tarifario integrado.
3. En el caso de los servicios e infraestructuras a que se refiere el artículo 4.3 d) de esta Ley, la declaración de interés metropolitano se efectuará por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería competente en materia de
transportes, previo informe de las Administraciones Públicas afectadas.
La declaración de interés metropolitano de servicios e
infraestructuras de transporte mediante ferrocarril
metropolitano que se encuentren en explotación requerirá acuerdo previo con la Administración pública titular del mismo.
4. La desclasificación de los servicios, tráficos,
infraestructuras e instalaciones de interés metropolitano corresponderá al Consejo de Gobierno, oídas las
Administraciones afectadas.
DEL TRANSPORTE DE VIAJEROS EN AUTOMOVILES
Artículo 14. Licencias de autotaxi.
1. La prestación de servicios de transporte urbano de viajeros en automóviles de turismo de hasta nueve plazas, incluido el conductor, precisará la previa obtención de la correspondiente licencia otorgada por el Ayuntamiento o, en su caso, por el ente que resulte competente en el supuesto de Areas
Territoriales de Prestación Conjunta a las que se refiere el artículo 18 de esta Ley. Dichas licencias corresponderán a una categoría única denominándose licencias de autotaxis.
2. Los servicios de transporte en automóviles de turismo se autorizarán, como norma general, para cinco plazas incluido el conductor, y tendrán carácter discrecional, debiéndose
realizar, con la salvedad prevista en el apartado siguiente, mediante la contratación global por el transportista de la capacidad total del vehículo.
3. No obstante, en aquellos casos en que se justifique
suficientemente que la demanda de transporte no se encuentra debidamente atendida con los servicios de transporte regular y discrecional existentes en el municipio de que se trate, la licencia municipal y, en su caso, la autorización de transporte interurbano podrán otorgarse para vehículos de capacidad superior a cinco plazas, incluido el conductor, e incluso admitirse la contratación por plazas con pago individual. Reglamentariamente se determinarán los supuestos en los que procede la autorización de cobro por plaza con pago individual, el aumento de plazas y el procedimiento a seguir al efecto.
Artículo 15. Régimen jurídico de las licencias de autotaxi.
1. Para la realización de transportes discrecionales en automóviles de turismo será preciso, como regla general y salvo lo dispuesto en los apartados siguientes, obtener
simultáneamente la licencia municipal que habilite para la prestación de servicios urbanos y la autorización que habilite para la prestación de servicios interurbanos.
2. El régimen de otorgamiento, utilización, modificación y extinción de las licencias municipales de transporte urbano en vehículos de turismo, así como el de prestación del servicio en el municipio, se ajustará a sus normas específicas,
establecidas mediante la correspondiente Ordenanza Municipal, de acuerdo con la normativa autonómica y estatal en la materia.
3. Sólo podrán otorgarse licencias municipales sin el
otorgamiento simultáneo de la correspondiente autorización de transporte interurbano, cuando en el correspondiente expediente quede suficientemente acreditada la necesidad y rentabilidad del servicio con carácter estrictamente urbano.
En este supuesto no podrá otorgarse al titular de la licencia municipal autorización de transporte interurbano hasta que hayan transcurrido cinco años desde el otorgamiento de aquélla, siendo en todo caso exigible la debida justificación de la procedencia de dicho otorgamiento.
a) Que haya sido denegada, o no haya recaído resolución expresa en el plazo de tres meses a partir de la petición, la
correspondiente licencia municipal de transporte urbano.
b) Que los vehículos estén residenciados en núcleos de
población de menos de 5.000 habitantes.
c) Que el número de vehículos residenciados en el municipio de que se trate, provistos de la preceptiva licencia de transporte urbano y autorización de transporte interurbano, sea
insuficiente para satisfacer adecuadamente las necesidades públicas de transporte interurbano, debiendo quedar dicha circunstancia plenamente justificada en el expediente.
5. La pérdida o retirada por cualquier causa legal de la licencia de transporte urbano o de la autorización de
transporte interurbano conllevará la cancelación de la otra licencia o autorización que debe acompañarla, salvo en los casos en que, dándose las circunstancias previstas en los apartados 3 y 4 de este artículo, la Administración competente sobre éstas decida expresamente su mantenimiento.
6. Para el otorgamiento simultáneo de las licencias de
transporte urbano y de las autorizaciones de transporte interurbano y para la apreciación de los supuestos en los que tal otorgamiento no procede conforme a los apartados 3 y 4 de este artículo, se seguirá el procedimiento que
a) Predeterminación del número máximo de licencias de autotaxis en cada uno de los distintos municipios, en función de su volumen de población u otros parámetros objetivos, teniendo en cuenta los estudios técnicos municipales que valoren la necesidad y conveniencia de ampliar o no el número de
b) Transmisión de las licencias municipales y forma de llevarla a efecto, pudiéndose establecer limitaciones a dicha
transmisión, así como las normas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto a favor de las Administraciones que las otorgaron.
d) Posibilidad de establecimiento de un régimen de
incompatibilidades de los titulares de las licencias o límites en el número de conductores.
e) Cualquier otra materia que afecte al otorgamiento,
modificación o extinción de las licencias, así como al régimen de prestación de los servicios.
Artículo 16. Inicio de los transportes interurbanos.
1. Como regla general, los servicios interurbanos en vehículos de turismo deberán iniciarse en el término municipal del Ayuntamiento que haya expedido la licencia o en el que
estuviera residenciada la autorización de transporte
interurbano cuando ésta hubiera sido expedida sin la previa existencia de licencia municipal, de conformidad con lo previsto en el artículo anterior. A estos efectos, se entenderá que el origen
o inicio del transporte se produce en el lugar en que son recogidos los pasajeros de forma efectiva.
Artículo 17. Supuestos especiales de demanda.
En aquellos supuestos específicos en que se genere una demanda de transportes que afecte a varios municipios y las necesidades de transporte no se hallen suficientemente atendidas con los titulares de las autorizaciones y licencias de automóviles de turismo residenciados en el municipio en que tales puntos estén situados, o se den otras circunstancias de carácter económico o social que así lo aconsejen, la Consejería competente en materia de transportes o, en su caso, el Consorcio de
Transporte Metropolitano, previa audiencia de los municipios afectados y de las asociaciones representativas del sector, podrán establecer un régimen específico que permita a vehículos residenciados en otros municipios realizar el transporte con origen en dichos puntos.
Artículo 18. Areas Territoriales de Prestación Conjunta.
1. En las zonas en las que exista interacción o influencia recíproca entre los servicios de transporte de varios
municipios, de forma tal que la adecuada ordenación de tales servicios trascienda el interés de cada uno de ellos, la Consejería competente en materia de transportes podrá, con la participación de las Entidades Locales afectadas y en la forma que se determine reglamentariamente, establecer o autorizar Areas Territoriales de Prestación Conjunta. En ellas los vehículos debidamente autorizados estarán facultados para la prestación de cualquier servicio urbano o interurbano que se realice íntegramente en su ámbito, incluso si excede o se inicia fuera del término del municipio en que esté residenciado el vehículo.
2. Las autorizaciones para realizar servicios en las Areas Territoriales de Prestación Conjunta sustituirán a las
licencias municipales, teniendo a todos los efectos análoga consideración a éstas, y serán otorgadas por la entidad competente para el establecimiento del Area, o por la que designen las normas reguladoras de ésta.
3. La Administración competente para el establecimiento o autorización del Area Territorial de Prestación Conjunta lo será también para realizar, con sujeción a la normativa general, cuantas funciones de regulación y ordenación del servicio resulten necesarias. Dicha Administración podrá delegar el ejercicio de sus funciones en un ente consorcial constituido al efecto, en los órganos rectores designados por las normas reguladoras del Area, en alguno de los municipios integrados en la misma, o en otra entidad pública.
DE LOS INSTRUMENTOS DE ORDENACION
Y COORDINACION
Artículo 20. Contenido del Plan de Transporte Metropolitano.
e) Determinaciones de ordenación y coordinación de los
servicios, infraestructuras, tráficos, instalaciones y red viaria de interés metropolitano.
h) Supuestos de revisión del Plan y determinación de
modificaciones que no suponen revisión.
Artículo 21. Elaboración, aprobación y revisión del Plan.
1. La elaboración y aprobación inicial del Plan de Transporte Metropolitano y de sus revisiones se realizará por la
Consejería competente en materia de transportes a propuesta, en su caso, del consorcio a que se refiere el título IV de esta Ley, y su aprobación definitiva corresponderá al Consejo de Gobierno mediante decreto, oídas las Corporaciones Locales interesadas y previo informe de los órganos consultivos de ámbito autonómico en las materias de ordenación del territorio y transportes. Las modificaciones que no supongan revisión del Plan serán aprobadas por la Consejería competente en materia de transportes a propuesta, en su caso, del Consorcio de
Artículo 22. Vigencia y efectos.
2. La ejecución de obras, proyectos o actuaciones, así como la ordenación, gestión y prestación de los correspondientes servicios que incidan en las infraestructuras, tráficos, instalaciones y servicios de interés metropolitano, se
adecuarán a los objetivos y criterios funcionales establecidos en el Plan de Transporte Metropolitano.
3. Las directrices generales de ordenación y coordinación de los servicios, las infraestructuras, el tráfico y las
instalaciones de transporte contenidas en el Plan serán expresamente tenidas en consideración para la planificación y programación de infraestructuras de transporte, la ordenación de los transportes y del tráfico y, en general, la realización de actuaciones que incidan en el sistema de transporte
metropolitano dentro del ámbito del Plan.
9. Si resultare necesario, el Consejo de Gobierno, oídas las entidades de transporte metropolitano y, en su defecto, oídas las Administraciones Locales afectadas, llevará a cabo las medidas pertinentes para hacer cumplir las precisiones
contenidas en el Plan de Transporte Metropolitano. En caso de grave incumplimiento del Plan, el Consejo de Gobierno lo pondrá en conocimiento del Parlamento de Andalucía, dando cuenta de las soluciones adoptadas y proponiendo, en su caso, la adopción de las disposiciones legislativas que resulten necesarias.
10. La aprobación de los Planes de Transporte Metropolitano implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y adquisición de derechos
correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres.
Artículo 23. Concepto, contenido y aprobación.
3. Los Programas Coordinados de Explotación serán propuestos por las Administraciones Locales competentes y su aprobación se producirá a través del oportuno convenio con la Junta de Andalucía, debiendo garantizarse en su elaboración la audiencia del concesionario del servicio regular interurbano.CAPITULO III
Artículo 24. Finalidad y contenido.
1. Las Administraciones Públicas podrán suscribir convenios de colaboración para la ejecución y financiación de las
infraestructuras destinadas a la prestación de servicios de transporte de interés metropolitano.
2. Igualmente, podrán suscribir contratos-programa para contribuir a la financiación de los servicios de transporte de interés metropolitano. Dichos contratos-programa se
establecerán por las Administraciones entre sí o por éstas y las entidades de transporte metropolitano.
Artículo 25. Concepto y creación.
1. La ordenación y coordinación de los transportes en cada uno de los ámbitos metropolitanos delimitados y la gestión del correspondiente Plan de Transporte Metropolitano podrá llevarse a cabo por un consorcio con las facultades necesarias para garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de
2. La creación de cada Consorcio de Transporte Metropolitano se realizará mediante el acuerdo de las Administraciones Locales, Autonómica y, en su caso, del Estado, y la aprobación de los correspondientes Estatutos con arreglo a lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 7/1993, de 27 de julio, de Demarcación Municipal de Andalucía y en la presente Ley.
3. Podrán integrarse en el Consorcio todas las Corporaciones Locales incluidas en el ámbito metropolitano delimitado. Las Administraciones integradas en el Consorcio asumirán el compromiso de mantener su participación en el mismo por un plazo mínimo de ocho años.
La renuncia a la participación en el Consorcio no afectará a la coordinación de los servicios urbanos de transportes ni al cumplimiento del Plan de Transporte Metropolitano en la ordenación, planificación y gestión de los servicios de transporte de interés metropolitano. En todo caso, debe preverse en los Estatutos la forma de cumplir los compromisos económicos adquiridos.
Artículo 26. Competencias.
1. Los Consorcios de Transporte Metropolitano podrán asumir el ejercicio de las competencias de ordenación, coordinación, control, inspección y sanción respecto de los servicios, tráficos, infraestructuras e instalaciones declarados de interés metropolitano, con excepción de los previstos en el párrafo segundo del artículo 13.3 de esta Ley, así como el ejercicio de las competencias de ordenación y coordinación del resto de los transportes que se desarrollen en los ámbitos metropolitanos delimitados, todo ello en los términos
establecidos en el Plan de Transporte Metropolitano y sin perjuicio de las previsiones expresas de la presente Ley.
2. Los Estatutos de cada Consorcio concretarán la extensión de las competencias que se asuman por los mismos.
Artículo 27. Recursos de los Consorcios de Transporte
1. El presupuesto de los Consorcios se financiará mediante las transferencias y aportaciones realizadas por las
Administraciones Públicas y las empresas operadoras que actúen en el ámbito de los mismos, las rentas de su patrimonio y cualesquiera otros ingresos que se les asignen en sus
BOJA nº 99 de 27/05/2003

References: artículo 85

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30
 artículo 6
 artículo 31

Artículo 31
 artículo 29

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 35

Artículo 36
 artículo 42
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 resolución 
 artículo 47

Artículo 41
 artículo 39
 artículo 39

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 39
 artículo 40

Artículo 46

Artículo 47
 artículo 37
 resolución 

Artículo 49

Artículo 50
 artículo 3
 artículo
15
 artículo 18

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 13
 artículo 4

Artículo 14
 artículo 18

Artículo 15
 resolución 

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 artículo 36

Artículo 26
 artículo 13

Artículo 27