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Timestamp: 2019-01-18 20:31:43+00:00

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﻿ SENTENCIA T-112 DE FEBRERO 15 DE 2002
SENTENCIA T-112 DE 15 DE FEBRERO DE 2002
CONTENIDO:EXTINCIÓN DEL DERECHO DE DOMINIO. COMPETENCIAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DURANTE DICHOS PROCESOS. PROTECCIÓN DE DERECHOS DE TITULARES LEGÍTIMOS Y DE TERCEROS DE BUENA FE.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA PROPIEDAD, EXTINCIÓN DE DOMINIO, DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, ACCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO, TERCERO ADQUIRENTE DE BUENA FE
Sentencia T-112 de febrero 15 de 2002
SENTENCIA NÚMERO T-112 DE 2002
Ref.: Expediente T-511344
Bogotá, D.C., febrero quince de dos mil dos.
En el proceso de revisión del fallo del 27 de agosto de 2001, adoptado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada, Caldas para resolver la acción de tutela instaurada por Fernando Navarro Gutiérrez como representante legal de las Sociedades Agrícolas Casa Nueva S.A. e Inmobiliaria El Pomar S.A. contra el director nacional de estupefacientes.
1. Los predios denominados Santa Cecilia o Santa Bárbara y Potosí o Primavera, ubicados en jurisdicción de los municipios de La Dorada, Caldas y Puerto Salgar, Cundinamarca, fueron dejados a disposición de la Dirección Nacional de Estupefacientes por la unidad especializada para la extinción de dominio y contra el lavado de activos de la Fiscalía General de la Nación, mediante oficio Nº 0286 del 24 de marzo de 1998, por estar vinculados al proceso de extinción de dominio Nº 0017 que se sigue contra los bienes de Gonzalo Rodríguez Gacha (1) .
(1) Cfr. folio 38.
2. Los predios en cuestión fueron entregados provisionalmente al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante actos administrativos números 1223 del 24 de agosto de 2000 y 1476 del 17 de noviembre de 2000 (2) .
(2) Cfr. folio 39.
3. Mediante oficio Nº 23994 del 2 de agosto de 2000, la Dirección Nacional de Estupefacientes, en uso de las facultades otorgadas por la Ley 333 de 1996, comunicó al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, que funcionarios de dicha dirección realizarían un inventario pormenorizado de los semovientes ubicados en las fincas Potosí y Santa Bárbara, así como en otros predios vinculados al proceso de extinción de dominio contra los bienes de Gonzalo Rodríguez Gacha (3) .
(3) Cfr. folios 139 a 149.
4. El 7 de septiembre de 2000, la Dirección Nacional de Estupefacientes firma el convenio interadministrativo de administración 017 de 2000, con el departamento de Cundinamarca, mediante el cual se trasladarían reses de distintos predios sometidos a extinción de dominio, incluidos los de los accionantes, con el fin de evitar la pérdida o venta de semovientes puestos a su disposición. Dicho convenio resultaba necesario, según la dirección, por lo oneroso de su administración y custodia (4) .
(4) Cfr. folios 139 y ss.
5. En oficio Nº 23995 del 2 de agosto de 2001, la Dirección Nacional de Estupefacientes comunicó a Carlos Alberto Rodríguez Castañeda, apoderado de la Sociedad Agrícola Casa Nueva S.A. el traslado de ganado ubicado en los predios Santa Bárbara o Santa Cecilia, a la Hacienda Vizcaya, en ejecución del Convenio 017 celebrado con la gobernación de Cundinamarca (5) .
(5) Cfr. folios 99 y 100.
6. El día 13 de agosto de 2001, tal como consta en el acta anexa al expediente (6) , la diligencia de inventario y traslado de los semovientes ubicados en el predio Santa Bárbara o Santa Cecilia prevista para esa fecha no se llevó a cabo, debido a las objeciones presentadas durante la diligencia por Fernando Navarro Gutiérrez, representante legal de la Sociedad Agrícola Casa Nueva S.A.
(6) Cfr. folios 101 a 103.
7. El representante de la Sociedad Agrícola Casa Nueva S.A., se opuso tanto a la realización del inventario como al traslado de las reses, utilizando para ello copia de la demanda de tutela presentada por él, ese mismo día, ante el Juzgado Civil del Circuito de Reparto de La Dorada, por supuesta violación del debido proceso, así como un incidente de desacato a la sentencia de tutela del 9 de febrero de 2000, del Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, pues según el representante de la sociedad, en la notificación de la diligencia de inventario y traslado se había incluido al predio San Fermín, el cual se hallaba amparado por dicha sentencia (7) .
(7) Cfr. folios 188 y ss. En dicha sentencia del Juzgado Primero Civil del Circuito de La Dorada, concedió la tutela para impedir el traslado y posterior remate de semovientes pertenecientes al predio San Fermín, propiedad de la Sociedad Macib S.A., otra de las empresas incluidas en el proceso de extinción de dominio de los bienes de Gonzalo Rodríguez Gacha y ordenó a la Dirección Nacional de Estupefacientes notificar debidamente cualquier diligencia o acto que se realice sobre los bienes del predio San Fermín, para que el administrador pueda ejercer su derecho a la defensa.
El 13 de agosto de 2001, Fernando Navarro Gutiérrez, representante legal de las Sociedades Agrícola Casa Nueva S.A. e Inmobiliaria El Pomar S.A., presentó acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, a fin de que se ampararan sus derechos al debido proceso (art. 29), a la igualdad (art. 13) y de propiedad (art. 58), alegando la existencia de vías de hecho ocurridas dentro del proceso de extinción de dominio Nº 017 que se sigue contra los bienes de Gonzalo Rodríguez Gacha.
Para el juez de instancia, si bien la Ley 333 de 1996 le concede facultades a la Dirección Nacional de Estupefacientes para la administración de bienes sometidos a extinción de dominio desde la iniciación misma del proceso, “toda determinación debe ser debidamente fundamentada, motivada y notificada a los propietarios de los mismos”. Por lo que decisiones como la enajenación de bienes fungibles, o que amenacen deterioro, o cuando fuere necesario darlos en administración o custodia a otras entidades sometidas a vigilancia estatal, requieren ser notificados a los propietarios de los mismos hasta tanto no exista sentencia en firme en su contra, a fin de que éstos los controviertan.
Según el Juez Segundo Civil del Circuito, no existían pruebas o conocimientos técnicos que hubieran servido a la Dirección Nacional de Estupefacientes para decidir si los bienes en cuestión eran o no fungibles, si amenazaban deterioro o si era necesario entregarlos para su administración por una entidad sometida a vigilancia estatal, cuando con ello se dañaba la unidad productiva del predio Santa Cecilia o Santa Bárbara. Por ello consideró que no existían razones válidas que justificaran la orden de traslado de los semovientes. Igualmente, afirmó el juez que a pesar del Convenio 017, en el cual no se incluye a los predios Santa Cecilia o Santa Bárbara y de la comunicación oficial de la Dirección Nacional de Estupefacientes para el traslado de las reses, no existían actos administrativos en los que se ordenara el traslado y que pudieran ser controvertidos por los propietarios de tales bienes, con lo cual se violaban los derechos al debido proceso y a la igualdad de las sociedades actoras.
El fallo que se revisa no fue oportunamente impugnado por las partes. Sin embargo, el 9 de octubre de 2001 la Dirección Nacional de Estupefacientes presentó escrito en el que expuso las razones por las cuales se justificaba la revisión de dicha sentencia por parte de la Corte Constitucional (8) . El expediente fue escogido para su revisión por medio de auto del 23 de octubre de 2001.
(8) Cfr. folios 182 a 187.
4. Criterios básicos de la doctrina constitucional en materia de igualdad en la aplicación de fallos de tutela a otros procesos, como quiera que el actor alega que en su caso se debe aplicar la sentencia del 9 de febrero de 2000 del Juzgado 3º Civil Municipal de La Dorada, Caldas, al resolver un caso sobre otro de los predios vinculados al proceso de extinción de dominio.
3. Competencias de la Dirección Nacional de Estupefacientes en materia de administración de bienes durante los proceso de extinción de dominio.
Afirma el actor que como aún un existe sentencia en firme que haya declarado la extinción de dominio de los bienes de Gonzalo Rodríguez Gacha vinculados al proceso Nº 17, la Dirección Nacional de Estupefacientes no podía adoptar medidas como el traslado o enajenación de los mismos, y menos podía hacerlo sin notificación previa a sus propietarios, pues con ello vulneraba sus derechos constitucionales. Pasa la Corte a examinar las facultades de la Dirección Nacional de Estupefacientes dentro de este tipo de procesos.
1. Destinar en forma provisional bienes sobre los que se haya impuesto medida cautelar por estar vinculados a procesos de extinción de dominio (L. 333/96, art. 25, par. 1º), a entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas (9) . Cuando se trate de bienes rurales, con vocación rural y destinados a la producción agrícola y pesquera, serán destinados preferencialmente al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, (D. 182/98, art. 1º).
(9) Ley 333 de 1996, artículo 25. “PAR. 1º—Durante el desarrollo del proceso, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá destinar en forma provisional los bienes sobre los cuales esté vigente una medida cautelar, a las entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas. Los gastos de conservación estarán a cargo de la entidad destinataria. La Dirección Nacional de Estupefacientes tomará las medidas necesarias para garantizar que los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo productivos y generadores de empleo, para lo cual podrá recurrir al arrendamiento o fiducia de los bienes en caso de que la operación genere utilidades. Estos recursos deberán destinarse a la financiación de los programas sociales de que trata esta ley con preferencia en la circunscripción territorial en que se encuentran localizados. Preferencialmente en tratándose de bienes rurales con caracterizada vocación rural, una vez decretada su extinción pasarán de manera inmediata al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para ser aplicados a los fines establecidos en la Ley 160 de 1994 (negrilla fuera de texto).
2. Tomar las medidas necesarias para garantizar que los bienes objeto de destinación provisional continúen siendo productivos y generadores de empleo, tales como la celebración de contratos de arrendamiento o fiducia (L. 333/96, art. 25, par. 1º);
3. Enajenar los bienes fungibles o que amenacen deterioro (L. 333/96, art. 25, par. 2º) (10) , para lo cual observará los principios de transparencia, celeridad, eficacia, productividad, economía y moralidad descritos en las leyes 80 de 1993 y 489 de 1998 (D. 1461/2000, art. 5º) (11) .
(10) Ley 333 de 1996, artículo 25. De la creación del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado (...). PAR. 2º—Desde la providencia que ordena el trámite de extinción del dominio, la Dirección Nacional de Estupefacientes podrá enajenar los bienes fungibles o que amenacen deterioro. Respecto de los demás bienes, si se hiciere necesario en razón de lo oneroso de su administración y custodia, podrá celebrar contratos de administración con entidades públicas o privadas sometidas a vigilancia estatal. En el evento en que los bienes hubiesen sido enajenados y se ordenare su devolución mediante sentencia judicial debidamente ejecutoriada, el fondo reconocerá el precio de la venta con actualización de su valor, sin perjuicio de las acciones consagradas en la ley (negrilla fuera de texto).
(11) Decreto 1461 de 2000, artículo 5º. Principios para la enajenación. La Dirección Nacional de Estupefacientes en el proceso de enajenación de los bienes incautados, observará los principios de transparencia, celeridad, eficacia, productividad, economía y moralidad descritos en las leyes 80 de 1993 y 489 de 1998. En cuanto a los procedimientos se regirá por las normas del derecho privado.
5. Ejercer los actos necesarios para el correcto mantenimiento y conservación de los bienes, así como para su destinación, teniendo en cuenta su naturaleza, uso y destinación (D. 1461/2000, art. 2º, num. 1º) (12) .
(12) Decreto 1461 de 2000, artículo 2º. Reglas generales para la administración de bienes. La Dirección Nacional de Estupefacientes administrará los bienes de acuerdo con los distintos sistemas establecidos en la ley, ejercerá el seguimiento, evaluación y control y tomará de manera oportuna las medidas correctivas a que haya lugar para procurar la debida administración de los bienes. En ejercicio de dicha función le corresponde: 1. Ejercer los actos necesarios para la correcta disposición, mantenimiento y conservación de los bienes, de acuerdo con su naturaleza, uso y destino, procurando mantener su productividad y calidad de generadores de empleo.
6. Asegurar los bienes administrados (D. 1461/2000, art. 2º, num. 2º) (13) .
(13) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes (...). 2. Asegurar los bienes administrados.
7. Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de impuestos sobre los bienes objeto de administración (D. 1461/2000, art. 2º, num. 3º) (14) .
(14) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes (...). 3. Realizar las gestiones necesarias con las autoridades pertinentes, para el pago de impuestos sobre los bienes objeto de administración.
8. Realizar inspecciones oculares a los bienes administrados (D. 1461/2000, art. 2º, num. 4º) (15) .
(15) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes (...). 4. Realizar inspecciones oculares a los bienes administrados.
9. Actualizar, por lo menos cada tres meses, los inventarios y el avalúo de los bienes que le sean entregados provisionalmente (D. 1461/2000, art. 2º, num. 5º) (16) .
(16) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes. (...) 5. Actualizar, por lo menos cada tres meses, los inventarios y el avalúo de los bienes, relacionados por categorías, la situación jurídica y el estado físico de los bienes, de conformidad con lo previsto en el Decreto 306 de 1998. Para efectos de lo señalado en el presente numeral, la Dirección Nacional de Estupefacientes diseñará y aplicará una metodología para tener actualizado el valor de los bienes, teniendo en cuenta la depreciación.
10. Efectuar las provisiones necesarias en una subcuenta del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, para el evento en que se ordene la devolución de los bienes (D. 1461/2000, art. 2º, num. 6º) (17) .
(17) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes. (...) 6. Efectuar las provisiones necesarias en una subcuenta del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, para el evento en que se ordene la devolución de los bienes.
11. Ordenar la destrucción de insumos, sustancias precursoras y elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia si implican grave peligro para la salubridad y la seguridad pública (D. 1461/2000, art. 2º, num. 7º) (18) .
(18) ART. 2º—Reglas generales para la administración de bienes. (...) 7. La Dirección Nacional de Estupefacientes podrá ordenar la destrucción de los insumos, sustancias precursoras y elementos que puedan servir para el procesamiento de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia si implican grave peligro para la salubridad y la seguridad pública.
Desde la iniciación del proceso y una vez se encuentre ejecutoriada la providencia que decreta las medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio (L. 333/96, art. 15, lit. a)) (19) el poder de disposición de quien figura como titular de los bienes sobre los que recae la medida queda suspendido (L. 333/96, art. 24) (20) y a partir de ese momento tales bienes son entregados a la Dirección Nacional de Estupefacientes para su administración y destinación provisional, son sujeción a la Ley 333 de 1996 y los decretos que la reglamentan.
(19) Ley 333 de 1996, artículo 15. Del trámite. El trámite de la extinción del dominio en las actuaciones penales se surtirá en cuaderno separado y se adelantará de conformidad con las siguientes reglas: a) el fiscal que deba conocer de la acción de extinción del dominio, de oficio o por interposición de demanda, ordenará su iniciación mediante providencia interlocutoria apelable en el efecto devolutivo indicativa de los hechos en que se funda, los bienes y las pruebas o indicios, prevendrá sobre la suspensión del poder dispositivo y decretará la inmediata aprehensión y ocupación de las medidas preventivas pertinentes, si no se hubieren adoptado en la actuación penal; (...).
(20) Ley 333 de 1996, artículo 24. De la suspensión del poder dispositivo. Desde la providencia que ordena el trámite de extinción, no podrá adquirirse ni transferirse el dominio de los bienes provenientes de actividades ilícitas, ni constituirse derecho alguno, ni celebrarse acto, contrato o negocio jurídico alguno respecto de éstos, sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
Con el fin de proteger los derechos de quienes sean vinculados al proceso de extinción de dominio, así como de terceros de buena fe, la Ley 333 de 1996 garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, así como la reparación integral, bien sea a través de la devolución de los bienes o si ello no es posible, a través de una indemnización adecuada (21) . Entre otras garantías, el destinatario provisional deberá asegurar el bien contra todo riesgo y constituir una póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo de destinación (D. 306/98, art. 3º, num. 4º) (22) .
(21) ART. 11.—Del debido proceso. En el ejercicio y trámite de la acción de extinción del dominio se garantizarán el debido proceso, el derecho de defensa y la plenitud de las formas propias del mismo.
ART. 12.—De la protección de derechos. Durante el procedimiento se garantizarán y protegerán los derechos de las personas y de los terceros, para cuyo efecto no podrá declararse la extinción del dominio: 1. En detrimento de los derechos de los titulares legítimos y terceros de buena fe. 2. Si no estuvieren probadas las circunstancias contempladas en la ley. 3. Si no se hubiere garantizado el debido proceso y el derecho de defensa. 4. En todos los casos se respetarán el principio de la cosa juzgada. PAR.—Los titulares de derechos o los poseedores de los bienes objeto de la acción de extinción del dominio, así como los terceros, podrán comparecer al proceso dentro de las oportunidades procesales previstas en esta ley para el ejercicio de sus derechos de defensa. En todo caso, los que no comparezcan están representados por un curador ad litem, sin perjuicio de que, en el evento de no comparecer durante el trámite por razones no atribuibles a su culpa o dolo, puedan en cualquier tiempo antes del fallo interponer las acciones y recursos legales que consideren pertinentes para la defensa de sus derechos.
(22) Decreto 306 de 1998, artículo 3º. Una vez cumplidos los requisitos anteriores, para la destinación provisional de los bienes a las entidades oficiales o instituciones de beneficio común legalmente reconocidas, salvo aquellos que por disposición legal tengan destinación específica, la Dirección Nacional de Estupefacientes llevará a cabo el siguiente procedimiento: (...) 4. El acto administrativo mediante el cual se entregue el bien en calidad de destinatario provisional, deberá indicar:
• Condiciones de la tenencia relativas a la conservación y cuidado del mismo, para lo cual el destinatario deberá asegurar contra todo riesgo el bien y construir una póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto administrativo de destinación.
“Debe destacarse que los parágrafos 1º y 2º del artículo 25 acusado [L. 333/96] se limitan a establecer las reglas aplicables de manera provisional a los bienes objeto del proceso, mientras éste se adelanta, así como a contemplar la posibilidad de enajenación de los bienes fungibles o que amenacen deterioro, y ello por razones de prevalencia del interés público y con el objeto de asegurar la función social de la propiedad, impidiendo que en el curso del trámite judicial se genere la práctica inutilidad de los bienes cuya extinción se propone, sobre la base de su origen ilícito” (23) .
(23) Corte Constitucional, Sentencia C-374 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
Cuando se opta por la destinación provisional, quienes reciben los bienes, tienen todos los derechos, atribuciones y facultades, así como las obligaciones, deberes y responsabilidades de los depositarios judiciales o secuestres que determinan las leyes (D. 1461/2000, art. 20) (24) , con lo cual se les otorga la discrecionalidad necesaria para una adecuada administración de tales bienes, al tiempo que se dejan salvaguardado los derechos de titulares legítimos y terceros de buena fe (25) .
(24) Decreto 1461 de 2000, artículo 20. Derechos, atribuciones, facultades, deberes y responsabilidades de los depositarios y destinatarios provisionales. Los destinatarios o depositarios provisionales de los bienes materia de comiso o incautación tendrán todos los derechos, atribuciones y facultades y estarán sujetos a todas las obligaciones, deberes y responsabilidades, que para los depositarios judiciales o secuestres determinan las leyes, debiendo rendir cuenta mensual de su administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes. La dirección podrá relevarlos cuando la adecuada administración de los bienes lo exija. Este organismo comunicará a las autoridades encargadas de llevar registro de los bienes, su decisión sobre asignación provisional y las que la modifiquen o corroboren. Sobre las facultades y obligaciones de los secuestres ver los artículos 2273 a 2281, del Código Civil y 682 a 689, de Código de Procedimiento Civil.
(25) Sobre la protección de los derechos de terceros de buena fe, la Corte dijo lo siguiente en la Sentencia C-539 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo “En ese orden de ideas, el cumplimiento de la regla de justicia plasmada en el artículo 34 de la Constitución, aunque tiene su expresión en el plano patrimonial y no en el penal, como lo ha manifestado esta Corte, mal podría llevarse a cabo mediante un sistema legal que presumiera la mala fe de las personas o que les impusiera la carga de probarla, cuando es el Estado —titular de la acción de extinción del dominio— el que corre con ella. Por lo cual debe la Corte reiterar que los titulares de la propiedad y otros derechos reales, aun sobre bienes en cuyo origen se encuentre alguno de los delitos por los cuales puede incoarse tal acción, se presume que lo son en verdad y que han actuado honestamente y de buena fe al adquirir tales bienes, de lo cual se desprende que en su contra no habrá extinción del dominio en tanto no se les demuestre a cabalidad y previo proceso rodeado de las garantías constitucionales que obraron con dolo o culpa grave”.
Durante el trámite de la extinción de dominio son varios los actos que pueden dictar las autoridades. Por un lado están las providencias propias del proceso de extinción de dominio, mediante las cuales se declara la iniciación del proceso de extinción de dominio, se determinan los bienes contra los cuales procede la medida de administración provisional, se notifica a titulares y se emplaza a terceros, cuyo trámite está regulado por las normas especiales de la Ley 333 de 1996 y en lo no regulado por ésta, por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, Código Contencioso Administrativo y Código de Procedimiento Penal, según lo establece el artículo 30 de la Ley 333 de 1996 (26) .
(26) Ley 333 de 1996, artículo 30. De la integración. En los aspectos no contemplados en esta ley se aplicarán las disposiciones de los códigos de Procedimiento Penal, de Procedimiento Civil y Contencioso Administrativo, en lo que sean compatibles con la naturaleza del proceso y las actuaciones que se realicen en el mismo.
4. Criterios básicos de la doctrina constitucional en materia de debido proceso administrativo.
Como lo ha reiterado esta corporación, el contenido y alcance del derecho fundamental al debido proceso no se agota en el marco de las controversias judiciales, pues también se aplica a otro tipo de situaciones que incluyen toda actuación administrativa (C.P., art. 29, inc. 1º). Esta descripción amplia del debido proceso ya ha sido expresada por la Corte Constitucional en los siguientes términos:
“La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva a la categoría de derecho fundamental, un derecho de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original propio del derecho al debido proceso. En efecto, se distinguía entre una y otra realidad jurídica, en tanto ese derecho buscaba, en sus primeros tiempos asegurar la libertad física, y, sólo gradualmente se extendió a procesos de naturaleza no criminal, a las demás formas propias de cada juicio, según el texto constitucional anterior; ahora, sigue aumentando su espectro este derecho, que comprende como el más la necesidad de consultar el principio de legalidad en las actuaciones públicas judiciales y en adelante las administrativas, ampliando su ámbito garantizador” (27) .
(27) Corte Constitucional, Sentencia T-552 de 1992, M.P. Fabio Morón Díaz. En esta oportunidad, la Corte Constitucional protegió el debido proceso del peticionario ordenando “al señor inspector del Rodadero, Magdalena, o a quien corresponda el cumplimiento de la medida de policía proferida mediante la resolución del 8 de agosto de 1991 por la secretaría distrital de Santa Marta: Statuo quo y restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban al momento de practicar la inspección judicial en el predio denominado “Cartago”, en el sector del aeropuerto de esta jurisdicción".
"Estos elementos, tanto procedimentales como sustanciales, estructuran la garantía del debido proceso. Sin embargo, de cada relación de poder, según los bienes jurídicos en juego, las partes, el marco jurídico en el que está inserta dicha relación y el contexto real de la misma determinan la manera como estos elementos han de ser regulados y aplicados para que se respete el debido proceso. Por ejemplo, en materia penal, las exigencias del debido proceso son mucho mayores que en otras materias, aún afines, como la disciplinaria; Igualmente, el debido proceso judicial es generalmente más riguroso que el debido proceso administrativo. Así, desde el punto de vista constitucional la cuestión central a determinar se resume en la siguiente pregunta: ¿cuál es el proceso debido dadas las características de la relación de poder que surge del caso, la importancia de los bienes jurídicos en juego, la situación de los posibles afectados, el marco jurídico de la relación y el contexto real en el cual se ha de tomar la decisión? Después de establecer constitucionalmente cuál es el proceso debido es posible determinar si se violó el debido proceso en el caso concreto" (28) .
(28) Corte constitucional, Sentencia T-945 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. En esta oportunidad la Corte denegó la tutela interpuesta por una supuesta violación al debido proceso administrativo por parte de la dirección seccional de la administración judicial de Antioquia y del Instituto Colombiano de Estudios Técnicos y en el exterior, Icetex, que ordenaron la retención del salario de uno de los deudores solidarios de un crédito educativo para garantizar su pago, sin que se le informara previamente de tal actuación al deudor solidario.
Según lo que establece el Decreto 1458 de 1997, corresponde al director nacional de estupefacientes como responsable del fondo para la rehabilitación y la lucha contra el crimen organizado, realizar los actos y operaciones necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 333 de 1996 y en el Decreto 1458 de 1997 (29) .
(29) Decreto 1458 de 1997, artículo 11. Son funciones de director nacional de estupefacientes en relación con el fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado: 1. Realizar las actuaciones que demande el funcionamiento y administración del fondo. 2. Recaudar y administrar los recursos financieros en efectivo, títulos valores o cualquier otro documento representativo de dinero, que resulten o se obtengan de la aplicación de la Ley 333 de 1996. 3. Administrar los bienes muebles e inmuebles que sean colocados a disposición de la entidad, en aplicación de lo dispuesto por la Ley 333 de 1996. 4. Efectuar la asignación provisional de los bienes y recursos que sean colocados a disposición de la entidad. 5. Dictar los reglamentos que se requieran para el buen funcionamiento del fondo, de conformidad con las disposiciones legales, previo concepto favorable del consejo nacional de estupefacientes. 6. Constituir apoderados para la defensa de los intereses del fondo. 7. Llevar las cuentas y elaborar los informes que se deriven de las operaciones del fondo. 8. Reconocer y pagar, con cargo a los recursos del fondo, el precio de los bienes que hayan sido enajenados, de conformidad con el inciso 2º del parágrafo 2º del artículo 25 de la Ley 333 de 1996. 9. Celebrar contratos de fiducia y arrendamiento de bienes. 10. Rendir al presidente de la República, al Ministro de Justicia y del Derecho y al consejo nacional de estupefacientes los informes de administración del fondo, cuando le sean solicitados. 11. Las demás que se relacionen con la administración del fondo. Parágrafo. El director nacional de estupefacientes solamente podrá delegar en los funcionarios del nivel directivo de la entidad, la realización y ejecución de actos para el cumplimiento de la función de administración del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado".
Como quiera que el director general de estupefacientes debe realizar los actos y operaciones necesarios para el cumplimiento de sus funciones como administrador provisional de los bienes vinculados a un proceso de extinción de dominio (30) , dichas actuaciones deben ser comunicadas a los articulares que puedan verse afectados por sus decisiones para que interpongan los recursos previstos en las leyes especiales. Contra tales decisiones, según lo que establece el artículo 12 del Decreto 1458 de 1997, sólo cabe el recurso de reposición (31) . Así que el debido proceso aplicable a los actos de administración que debe ejercer la dirección para garantizar que los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio "continúen siendo productivos y generadores de empleo" (32) es el señalado en las normas especiales que rigen la materia.
(30) Decreto 1458 de 1997, artículo 8º. El director nacional de estupefacientes representará para todos los efectos legales al fondo para la rehabilitación y la lucha contra el crimen organizado y podrá realizar los actos y operaciones necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en la Ley 333 de 1996 y el presente decreto.
(31) Decreto 1458 de 1997, artículo 12. Contra las decisiones que adopten el consejo nacional de estupefacientes y el director nacional de estupefacientes en relación con el fondo, sólo procederá el recurso de reposición.
(32) Ley 333 de 1996, artículo 25, parágrafo 1º.
Decisiones como la realización del inventario y el traslado o posible enajenación de semovientes de predios vinculados a procesos de extinción de dominio, son simples actos de administración que están dentro de las competencias que tiene el director nacional de estupefacientes como administrador del fondo. Para ejercerlas legalmente, debe comunicárselas a aquellas personas que puedan verse afectadas directamente por esa decisión. Así sucedió en el presente caso, ya que al actor no sólo le fue comunicada la diligencia sino que además estuvo presente en la misma (33) .
(33) Cfr. folios 99 a 103.
Al aplicar los anteriores criterios a las decisiones que toma de oficio el director nacional de estupefacientes como administrador del fondo para la rehabilitación y la lucha contra el crimen organizado, encuentra la Corte que el artículo 12 del Decreto 1458 de 1997 establece que contra las decisiones que adopten el Consejo Nacional de Estupefacientes y el director nacional de estupefacientes en materia de administración provisional de bienes vinculados a procesos de extinción de dominio, sólo procede el recurso de reposición (34) .
(34) Según el artículo 12 del Decreto 1458 de 1997, “por el cual se reglamenta el funcionamiento del fondo para la rehabilitación, inversión social y la lucha contra el crimen organizado, y se dictan disposiciones en materia de destinación de bienes", contra las decisiones relacionadas con el manejo del fondo que adopten el director nacional de estupefacientes y el Consejo Nacional de Estupefacientes sólo procede el recurso de reposición en vía gubernativa.
En el presente proceso, el director nacional de estupefacientes formalizó la destinación provisional de varios de los bienes vinculados al proceso de extinción de dominio contra Gonzalo Rodríguez Gacha, a través del Convenio 017 celebrado con la gobernación de Cundinamarca, y comunicó al representante legal de la Sociedad Agrícola Casa Nueva acerca de la realización del inventario y traslado de los semovientes, a través del oficio 23995 del 2 de agosto de 2000 y éste estuvo presente en la diligencia (35) . Estos actos administrativos fueron comunicados al actor y nada impide al actor controvertirlos. Por lo cual, en el caso presente, no evidencia la Corte que el director nacional de estupefacientes haya desconocido el debido proceso administrativo que prevén la Ley 333 de 1996 y sus decretos reglamentarios y por el contrario, su actuación se ajustó a los principios y reglas establecidas en ellos.
(35) Cfr. folios 99 a 103.
5. El derecho de propiedad y la protección constitucional a través de la acción de tutela.
“La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad, la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dentro de este marco general, el reconocimiento de la propiedad, entendido como un derecho fundamental se presenta siempre que sea ejercido dentro de los límites que imponen las leyes y el orden social. No puede alegarse la violación de un derecho, en este caso la propiedad, cuando existe duda sobre la adquisición o la licitud del objeto que se busca amparar” (36) .
(36) Corte Constitucional, Sentencia T-506 de 1992, M.P. Ciro Angarita Barón. En este mismo sentido, la Corte ha reiterado lo siguiente: “Si bien el carácter de fundamental del derecho a la propiedad privada es relativo, la Corte Constitucional ha reconocido que, en los casos en los que su desconocimiento conduzca a la vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y a la dignidad humana, éste adquiere el carácter de derecho fundamental”. (Sent. T-125/94, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). “El derecho a la propiedad, sólo puede tutelarse cuando de su violación se desprenda claramente que también se vulnera otro derecho fundamental —vida, salud, seguridad social, etc.—, cuya efectividad debe restablecerse con urgencia, pues de lo contrario, los efectos de la conculcación incidirían desfavorablemente en la supervivencia del afectado y sus legitimarios o en las condiciones que la hacen digna”. (Sent. T-483/94, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
6. El derecho a la igualdad y la aplicación de un fallo de tutela de instancia.
1. REVOCAR PARCIALMENTE el fallo del 27 de agosto de 2001 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada (Caldas) y, en consecuencia, denegar la tutela de los derechos al debido proceso y a la igualdad.
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo del 27 de agosto de 2001 del Juzgado Segundo Civil del Circuito de La Dorada (Caldas) que declaró improcedente la acción de tutela para la protección del derecho de propiedad de las Sociedades Agrícola Casa Nueva S.A. e Inmobiliaria El Pomar S.A.

References: artículo 25
 artículo 25
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 24
 artículo 3
 artículo 25
 artículo 20
 artículo 34
 artículo 30
 artículo 30
 resolución 
 artículo 11
 artículo 25
 artículo 12
 artículo 8
 artículo 12
 artículo 25
 artículo 12
 artículo 12