Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/cm-i110303-op.html
Timestamp: 2017-01-24 12:38:56+00:00

Document:
Publicado en DOCM núm. 40 de 21 de Marzo de 2003
El artículo 122 del Real Decreto ley 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (BOE núm. 148, de 21/06/00), establece que la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión en su caso, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto, que definirá con precisión el objeto del contrato.
A estos efectos, por un lado, los artículos 127 y 128 de la misma Ley, determinan que los proyectos deberán sujetarse a las instrucciones técnicas que sean de obligado cumplimiento para las respectivas administraciones públicas y someterse al trámite de supervisión, previamente a su aprobación; y por otro, el artículo 135 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (BOE núm. 257, de 26/10/01) establece que los Departamentos que tengan a su cargo la realización de obras deberán establecer oficinas o unidades de supervisión de proyectos, salvo que, por el escaso volumen e importancia de las obras a realizar no se juzgue necesario su establecimiento, en cuyo caso se podrán acordar, por el titular del Departamento correspondiente, que las funciones de supervisión sean ejercidas por la oficina o unidad del Departamento que, por razón de la especialidad de su cometido, resulte más idónea a la naturaleza de las obras.
Corresponde al titular de la Consejería se Obras Públicas, de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 7/1997, de 5 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha (DOCM núm. 43, de19/09/97), entre otras funciones, ejercer la superior jefatura de todos los órganos administrativos de la Consejería.
En virtud de todo lo anterior, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27/11/92), se dicta la siguiente
1. Los proyectos de obras de edificación y urbanización, en materias atribuidas a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, promovidas por la Consejería de Obras Públicas, ya sea directamente o en virtud de Convenio con cualquier entidad de carácter público o privado, del que se derive la necesidad de la aprobación del proyecto por esta Consejería o por cualquiera de sus órganos Directivos Centrales o Delegados Provinciales, serán supervisados, cuando así venga determinado en aplicación de lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por la Sección de Asesoría Técnica y Supervisión adscrita al Servicio de Programación e Inversiones de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda. Dichas funciones serán desempeñadas bajo la superior dirección, criterios, coordinación y control del Jefe del Servicio citado.
2. Cuando concurran circunstancias excepcionales, se produzca una situación extraordinaria de acumulación de expedientes, o sea apreciada la urgencia en la tramitación de un expediente en concreto, se podrá acordar, mediante Resolución motivada de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, que las funciones de supervisión sean ejercidas por otra unidad administrativa de esa Dirección General o de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas que, por razón de la especialidad de su cometido, y por contar con técnicos adecuados para ello, resulte idónea a la naturaleza de las obras.
Norma 2ª La Sección de Asesoría Técnica y Supervisión, y las restantes unidades administrativas a la que se encomiende la supervisión de proyectos en virtud de lo dispuesto en el apartado segundo de la norma anterior, tendrán las siguientes funciones:
a) Verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica, que resulten de aplicaciones para cada tipo de proyecto.
c) Examinar que los precios de los materiales, y de las unidades de obra son los adecuados para la ejecución del contrato en la previsión establecida en el artículo 14.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
d) Verificar que el proyecto contiene el estudio de seguridad y salud o, en su caso, el estudio básico de seguridad y salud, e informar sobre si dicho documento es coherente con el contenido del proyecto y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra.
Norma 3ª Las unidades administrativas a las que se refiere la norma primera harán declaración expresa en sus informes de que el proyecto cuya aprobación o modificación propone, reúne cuantos requisitos son exigidos por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y por el Reglamento General de la misma, declaración que será recogida en la resolución de aprobación.
1. Las unidades administrativas a las que se refiere la norma primera deberán emitir su informe en el plazo máximo de un mes, salvo que por las características del proyecto, y previa autorización de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, se requiera otro mayor, contado a partir de la recepción del proyecto, una vez subsanados, en su caso, los defectos advertidos. Dicho informe habrá de incorporarse al expediente respectivo como documento integrante del mismo.
2. Los informes en los que se requiera la subsanación de defectos, indicarán con precisión el alcance de la modificación requerida y el precepto normativo infringido.
1. Cuando el proyecto no sea elaborado por técnicos de la Consejería, corresponde a los Delegados Provinciales de ésta proponer a la Dirección General de Urbanismo y Vivienda la designación, con carácter general o para cada proyecto en concreto, de la unidad administrativa o funcionaria a ella adscrito, dependiente de dicha Delegación Provincial, que ejercerá las funciones de dirección-coordinación de los trabajos de redacción de proyectos.
2. En el supuesto de que en la Delegación Provincial no sea posible disponer de funcionarios con la titulación académica adecuada que le capacite para ello, la Dirección General de Urbanismo y Vivienda designará a un técnico que la reúna y se encuentre adscrito al Servicio de la citada Dirección General, especializado en el área objeto de la contratación.
Norma 6ª Las unidades de las Delegaciones Provinciales a los que se encomiende la dirección-coordinación de los trabajos, o, en su caso, el Servicio que corresponda de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, examinarán los estudios previos, anteproyectos y proyectos de obra de su competencia, así como las modificaciones de los mismos, recabando las aclaraciones, ampliaciones de datos o estudios, o rectificaciones que crean oportunas y exigiendo la subsanación o subsanando por sí mismos, los defectos observados. Todo ello, en su caso, a través de la figura del director-coordinador designado, y en los plazos y con los procedimientos que se establezcan en los Pliegos de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas de los contratos que se suscriban.
Norma 7ª Corresponde a los Delegados Provinciales de la Consejería de Obras Públicas expresarla conformidad de la Consejería a los estudios previos, anteproyectos y proyectos de obras de edificación y urbanización a los que se refiere la presente Instrucción, que se redacten en el ámbito territorial de su Delegación.
Dicha conformidad se refiere al cumplimiento de las condiciones establecidas para el desarrollo del proyecto, en cuanto a criterios generales de composición del edificio o urbanización (distribuciones, soluciones formales de fachadas y cubiertas, cuerpos de edificación, colores, materiales, acabados, ajardinamiento, amueblamiento urbano, señalización, etc.), desarrollo del programa de necesidades, y aprovechamiento de los terrenos. Supone, asimismo, la comprobación del contenido formal de los documentos del proyecto, sin que presuponga comprobación de su contenido material (incluida la comprobación aritmética), ni del cumplimiento de las instrucciones técnicas y restantes normas reguladoras de la materia, objeto de la supervisión.
Norma 8ª Corresponde a los Servicios de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda que por su especialización tengan encomendada la obra proyectada:
a) El desarrollo de las actuaciones preparatorias, tales como elaboración de estudios geotécnicos, o el análisis y determinación del aprovechamiento de los solares, a partir de los informes sobre las condiciones técnicas y urbanísticas de los terrenos emitidos por las Delegaciones Provinciales.
b) El establecimiento del programa de necesidades y las previsiones económicas globales de la promoción.
c) La coordinación de los trabajos de control de calidad o de asesoría especializada necesarios para el desarrollo de los proyectos.
d) Informar las propuestas de criterios y orientaciones de carácter técnico que se formulen para su inclusión en normas o instrucciones para la redacción de proyectos.
e) Proponer las bases de precios de los materiales y unidades de obra a utilizar en la redacción de proyectos, con carácter general, o específicamente en determinadas obras, en razón de circunstancias geográficas o coyunturales.
1. Será preceptivo, antes de la adjudicación de un contrato, el informe de la Sección de Asesoría Técnica y Supervisión o de la unidad administrativa que haya emitido el informe de supervisión de acuerdo a lo establecido en la norma primera de la presente Instrucción, cuando se admitan variantes propuestas por el posible adjudicatario en relación a los proyectos aprobados por la Consejería, cualquiera que sea la cuantía del contrato. Dicho informe versará sobre el contenido de las funciones definidas en los apartados a), c) y d) de la norma segunda de la presente Instrucción.
2. En el caso de obras contratadas por la Consejería de Obras Públicas, la Sección de Asesoría Técnica y Supervisión o las unidades administrativas a las que se refiere el apartado anterior, emitirán informe sobre la adecuación del plan de seguridad y salud establecido en el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, previamente a la aprobación de dicho plan.
Norma 10ª Cualquier otra función relativa a la redacción y supervisión de proyectos que no haya sido atribuida expresamente en esta Instrucción a las unidades responsables de la supervisión de proyectos a las que se refiere la norma primera de la misma corresponderán, en su ámbito territorial, a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Obras Públicas, o a los Servicios de la Dirección General de Urbanismo y Vivienda especializados en razón de la naturaleza de la obra, cuando dichas Delegaciones no dispongan de funcionarios con la titulación académica adecuada que les capacite para desempeñarlas.
Norma 11ª Los informes de supervisión de proyectos, y restantes funciones, encomendadas a las unidades de supervisión, que sean requeridos por otros organismos de la Administración Regional que no cuenten con medios para su realización, serán emitidos por la unidad administrativa que determine, mediante Resolución expresa, la Dirección General de Urbanismo y Vivienda, en razón de las especialización de la material de que se trate y de las circunstancias que concurran.
1. Lo establecido en la presente Instrucción será de aplicación en todos aquellos expedientes cuyos proyectos se encuentren pendientes de aprobación en el momento de su entrada en vigor.
2. La presente Instrucción surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

References: artículo 122
 Real Decreto 
 artículo 135
 Real Decreto 
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 128
 Resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 7
 Real Decreto 
 Resolución