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Quinto escrito de defensa de Yrigoyen, ante la Corte Suprema (1932) | Carlos Pistelli
Quinto escrito de defensa de Yrigoyen, ante la Corte Suprema (1932)
Carlos Pistelli ♦ 7 septiembre, 2017 ♦ Deja un comentario
Por ello todo credo de la ciencia política en la organización y perfeccionamiento sucesivo de los pueblos debe ser radical en su esencialidad, porque ésta es la más selecta condición de la vida.
De manera que siendo radical el concepto más interpretativo de la razón y de la conciencia superior, las naciones que puedan ostentar su desenvolvimiento y sus actividades con ese emblema, no hay duda en asegurar que han llegado a la culminación más alta de la vida.
http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2012/06/quinto-escrito-de-defensa-de-h-yrigoyen.html
Buenos Aires, 8 de Setiembre de 1932.
Excelentísima Suprema Corte:
He sido enterado por mi defensor, Dr. elle, de la resolución de Vuestra Honorabilidad desestimando el indulto que tan inopinadamente surgió en este proceso y lo califico así, dado los antecedentes al respecto.
Es público y notorio que el General Uriburu, en un discurso pronunciado, expresó que, si los partidos políticos le exigían la legalidad, se vería en el caso de traer nuevamente al gobierno al ex-presidente, que era la legalidad misma. Más tarde, en las oportunidades en que recibió a mi sobrino, le manifestó que se había visto obligado a disponer mi detención por motivos puramente de orden político, y al observarle que, no obstante esa afirmación, me había agraviado con las investigaciones hechas, le respondió que ésas eran imposiciones de la hora por que se pasaba; pero que él me conocía bien, y que, por otra parte, no se me había encontrado absolutamente nada que pudiera dar motivo al menor cargo en sentido alguno.
El 31 de Diciembre lo citó por última vez, y, en presencia de su hijo, doctor Alberto Uriburu, le notificó, para mi conocimiento, que estaba resuelta mi libertad, sin restricción alguna, esperando el momento más oportuno para evitar demostraciones públicas.
A todo lo que guardé silencio completo, sin dar la menor contestación, hasta que, dos meses después, una tarde se me comunicó que, en el término de dos horas, debía embarcarme en uno de los buques que me vigilaban, saliendo el viernes 19 de febrero, a las 15 horas, y llegando a la Capital recién el sábado a las 22 horas, por las razones que dejo referidas.
Recién entonces conocí por los diarios, el decreto de indulto, cuyos móviles yo no entraré a analizar, tanto más que nunca ventilé cuestión alguna con el general Uriburu, sino las referentes a las mortificaciones de que era víctima mi familia y yo, y dado que, sean cuales fueren los móviles que lo indujeron a esa determinación, siempre concluiría por el vacío de la nada; absolutamente nada.
La no aceptación por mi parte de ese indulto y el pronunciamiento de Vuestra Honorabilidad, reconociendo la facultad que me asiste de rechazarlo, importa el derecho, a la defensa, pero V. Honorabilidad resuelve -a la vez todo lo contrario en forma contraproducente que lo confirma en sus efectos, mucho más que el indulto mismo, puesto que concluye su dictamen con un párrafo inconcebible, cerrando la posibilidad de todos los esclarecimientos, sobre lo cual no me detendré jamás e insistiré siempre, con todos los medios apropiados y conducentes para llegar a la sabida solución, dejando bien establecida, como consta en autos, que esta osada acusación se inició después de haber rechazado la incitación de que me ausentara a Europa, previo compromiso escrito, de que no volvería hasta después de la organización de los poderes, y que surgió con todos los caracteres más oprobiosos de un juicio preconcebido de antemano, cuyas irregularidades en todo sentido he puesto consecutivamente en conocimiento de V. Honorabilidad, sin que jamás me oyera ni tuviera a bien hacerme llegar el menor indicio que ni siquiera en apariencia salvaguardara el precepto humano de «que es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos» sabiendo también Vuestra Honorabilidad, como digo, que la tramitación de este juicio se ha hecho contra procedimiento legal, y con la manifiesta intención de imputarme cualquier suposición delictuosa, para tenerme en ‘aquel cautiverio con las más severas vigilancias, en una prisión incalificable, ante el más elemental don de gente, de civilidad y de cultura y de las disposiciones constitucionales al respecto, en la que he permanecido 18 meses incomunicado, por haber asumido la actitud más augusta que conoce la historia humana en el ejercicio de la representación pública. Encontrándome realmente indefenso; puesto que a la vez se le mantenía preso e incomunicado a mi defensor, cuando era justamente primordial que V. Honorabilidad me llevara a sus estrados, a fin de que tuviera la posibilidad de ser atendido respecto a cualquiera gestión que hiciera en la situación por que pasaba, y poder revisar y analizar los expedientes a que aludía la infame acusación.
Es muy fácil desfigurar los hechos y los juicios y hacerlos irreverentes, cuando aquél a quien se refieren, se le tiene sojuzgado, encarcelado sistemáticamente en forma tan extremada —como he dicho— careciendo de todos los elementos, medios y resortes apropiados, con dificultades impositivas tales que aún para presentar la defensa, he tenido que esperar hasta meses, a fin de hacerla llegar hasta Vuestra Honorabilidad.
Pero Vuestra Honorabilidad, desoyó todo, y nada tomó en consideración, ni siquiera el recurso de habeas corpus presentado en dos oportunidades, quedando como un recuerdo perdurable la sorpresa de su negativa, al vulnerar ese divino recurso humano.
Y sólo mandó el ujier cuando ya se había propuesto hacer su pronunciamiento, apresurándose a resolver al margen de todas las cuestiones que he planteado, sin siquiera tomar en cuenta los fundamentos de ellas, que los envié a vuestra consideración, con todos los razonamientos correspondientes. Vuestra Honorabilidad ha procedido con una contradicción y desacuerdo jurídico tal, que las propias actitudes asumidas lo han puesto en evidencia, defraudando y quebrantando toda estructura constitucional y colocándose fuera de ella, hasta sobre los juicios que V. Honorabilidad ha omitido al analizar y juzgar al Gobierno Provisional diciendo «que ello no obstante, si normalizada la situación en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de «facto», los funcionarios que lo integran desconocieron las garantías individuales o las que de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la administración de la justicia, encargada de hacer cumplir ésta, las restablecería en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho».
Y bien, ¿un gobierno de hecho puede acusar y juzgar, vejando todas las majestades de los respetos humanos, haciéndola pasar por todos los martirios a otra situación del más puro derecho, y hasta despojarla de los jueces establecidos en la estructura del gobierno que sigue a la Nación, y V. Honorabilidad hacerse solidario y juez de esa iniquidad? La fuerza puede determinar un imperio de hecho, pero jamás desnaturalizar en sentido alguno los más puros atributos del derecho.
Pero aun suponiendo que fuera exacta la conclusión de V. Honorabilidad de que he presentado reclamaciones extemporáneamente cuando es absolutamente inexacto, como consta en las actuaciones, que tiene en su poder desde la primera que me puso en comunicación con Vuestra Honorabilidad en la que están testimoniadas todas las proposiciones que he sostenido, ¿ignora acaso V. Honorabilidad que el fundamento inmanente de la justicia y la razón del derecho fija en la ciencia correspondiente a sus aplicaciones, que puede agregarse a la secuela del juicio todos los elementos constitutivos especialmente respecto de la cuestión que se debate, y aun rever las causas para reparar o evitar pronunciamientos injustos e indebidos en todo sentido?
Vuestra Honorabilidad incurre en la temeridad de afirmar que he planteado fuera de tiempo las cuestiones previas, desconociendo la evidencia contraria, por la cual consta en la documentación que tiene en su poder, cuyas observaciones correspondientes, que las he presentado desde que pude llegar a V. Honorabilidad, en todas sus fases, requiriendo su pronunciamiento antes de entrar al fondo de la cuestión misma.
Y así he recordado y analizado el art. 95 de la Constitución, que establece la prohibición más terminante para que el Poder Ejecutivo intervenga en cuestiones judiciales y en consecuencia la incompetencia de V. Honorabilidad para entender en ellas, dado que sólo puede hacerlo en asuntos revestidos de las formas legales. He sostenido al mismo tiempo la ilegalidad de la Cámara Judicial, por las razones que he dejado claramente fundadas, aunque esa observación era innecesaria desde que V. Honorabilidad sabe cómo debe estar constituido un tribunal para sentirse caracterizado con el emblema de la justicia, tanto más que V. Honorabilidad ha fijado ya la jurisprudencia al respecto —como se lo ha recordado mi defensor.
Lo que debió hacer era resolver la cuestión y no sustraerse a ella, porque nunca tendrá explicación satisfactoria ni moral ni jurídica, sino todo lo contrario, el juez o el tribunal que rehúye una cuestión de incompatibilidad que se plantea, sobre todo, por la falta de integridad en su cuerpo homogéneo, y los sucesos que se han hecho públicos posteriormente dan toda la medida de la connivencia de esa Cámara.
Vuestra Honorabilidad, en vez de dar por resuelto que las cuestiones presentadas son extemporáneas, deduciéndose que pudiera entenderse que, haciendo alguna argucia leguleya, absolutamente extraña a todas mis modalidades, ha debido reconocer el fundamental carácter de esas cuestiones que entrañan todo el derecho público en el vital desenvolvimiento institucional de la Nación, tanto más que no están dilucidándose intereses personales sino las más altas representaciones y culminaciones del Estado, que por primera vez se han planteado, impulsados por sucesos jamás vistos. En cambio V. Honorabilidad, entregó a la malevolencia de los diarios, lo que por primera vez ha sucedido en los anales judiciales, el expediente que contenía la presentación directa ante V. Honorabilidad, y que con lógica ruindad truncaron, pretendiendo como única aspiración el sarcasmo de disminuirme o desfigurarme de cualquier manera y a todo trance.
Vuestra Honorabilidad ha pasado por alto las excepciones previas que he planteado desde el primer momento, como he dicho, que no pueden eludirse en ningún caso, porque ellas afectan categóricamente el fondo mismo de la cuestión. Sobre lo que los jueces han hecho, caso omiso, contando con la impunidad, pero que no creí nunca posible que la superioridad judicial pudiera nunca incurrir en la misma contravención.
Vuestra Honorabilidad, no ha podido, pues, entender en un asunto que venía fuera de las reglas legales que le están fijadas y que asume en sí la transgresión más palmaria de las prohibiciones y prevenciones constitucionales, comprometiendo la independencia del Poder Judicial. Si ello pudiera predominar, cardinales; y V. Honorabilidad habría incurrido, en resumen, en el atentado más flagrante contra todo lo estatuido en los mandatos de la potestad constitutiva.
En cumplimiento pues, de mi deber de hombre público y de gobierno a que los acontecimientos políticos que debía asumir como argentino, me llevaron, me siento inducido a hacer cuanto esté a mi alcance, cualquiera que sea la situación en que me encuentre, para no admitir ni dejar consentida ninguna claudicación al derecho público, consagrado con tantos y tan enormes sacrificios por el pueblo argentino, por lo que, en consecuencia, reitero a V. Honorabilidad en mérito de todos los elementos de juicios patentizados en la forma más acabada concebible, que obran en vuestro poder, la improcedencia y la insubsistencia de este proceso que constituye la violación a sabiendas, de las más imperativas prohibiciones de los mandatos públicos.
Dejo así subsistentes las excepciones previas que he tratado en sus aspectos esenciales, y ello, no obstante, por puro deber, repito, deseo hacerme cargo de los juicios de V. Honorabilidad con los cuales he creído dejar resuelta la cuestión.
En la excepción de incompetencia formulada, tuvo la oportunidad de resolverla en principio, confirmando que solo el Congreso puede ser juez de los poderes del gobierno, y que jamás el Poder Judicial puede juzgarlos, sin el pronunciamiento previo de aquél.
Ello tampoco puede desconocerlo V. Honorabilidad, porque el precepto está tan grabado en la Constitución, que no hay posibilidad alguna de la menor duda, siendo la base primordial de toda la estabilidad judicial correlativa. Tiene en sí tanta trascendencia, que es ya jurisprudencia universal.
De modo que no hay contrasentido mayor que el derivar esa potestad a la sanción de cualquier juez ordinario, cuando está resguardado tan a justo título y en mérito de todas las razones aducidas por el poder que, por sus orígenes representativos y su organización constitutiva, ofrece mayor suma de condiciones apropiadas para ejercerla, tal como lo dejo demostrado y de pública notoriedad.
Pero, aunque nuestra organización constitutiva no fuera tan expresiva en sus mandatos y en sus aplicaciones, siempre sería un ultraje y un avasallamiento a las majestades representativas de la Nación y el más irritante de los absurdos jurídicos el de dar por establecido que el Presidente pueda ser juzgado por cualquier miembro de la justicia ordinaria o inferior, y éstos no tengan más juez que el Congreso.
Y si llegara a consentirse en que un juez pueda procesar al Presidente de la República no excluye el derecho a las prescripciones fundamentales, ni puede trastrocar nunca, las facultades inherentes a los efectos de las garantías, y los respetos debidos al cargo.
Por otra parte, es una regla inconcusa que la justicia vive y perdura en el resguardo de las disposiciones y conceptos del tiempo en que la función se ha realizado, y ahí está la constatación de que todos somos iguales ante la ley.
Ese es el principio generador básico por el cual podemos desempeñar los cargos públicos con arreglo a las condiciones establecidas para ello; pero eso no quiere decir que todos debamos pasar por la justicia ordinaria necesariamente, sino en el concepto y en la forma fijada por los preceptos constitucionales.
Ese es el fundamento de justa y acertada razón humana que se aplica lo mismo en el orden de la justicia ordinaria y es bien sabido también que el que ha cometido algún acto punible, aunque reciba la condenación de la justicia posteriormente, la ley que regía en el tiempo en que el acto fijé cometido es la aplicable, salvo el caso en que una nueva ley haya surgido atenuando la culpabilidad.
Porque si los resguardos de una función pública desaparecieran con la terminación del período, y el ciudadano que la ha desempeñado estuviere expuesto a demandas judiciales con ese motivo, no habría gestionantes con respecto a los beneficios que hubieran solicitado del gobierno y que les hubieran sido denegados que por despecho, no buscaran recursos en los jueces, y aun las agrupaciones políticas por mero antagonismo.
Y dése cuenta V. H., el espectáculo que ofrecería ante el rango de la Nación, ver al Presidente que ha terminado su período, acometido por demandas de todo orden o tentativas de desautorización ante los tribunales ordinarios.
Y apercíbese V. Honorabilidad que esta recordación basta para comprender que los Constituyentes jamás soñaron con semejante derivación, sino todo lo contrario, y bajo todas las fases tiene su explicación satisfactoria, porque aun suponiendo que las disposiciones del derecho público no fuesen terminantes, como lo son, bastaría recordar que, cuando se establece un fuero institucional de cualquier naturaleza que sea, en caso de dudas sobre, facultades y términos, debe resolverse su interpretación en favor de la facultad conferida.
Esta afirmación se robustece tanto más teniendo presente que la Constitución asegura con garantías tales a los funcionarios aludidos, estableciendo que es indispensable para la acusación, la mayoría de dos tercios de votos e igual proporción de votos para que el Senado pueda hacer su pronunciamiento correlativo, y sólo por simple mayoría para denegar la acusación; y son bien lógicas esas condiciones por la alta caracterización de que en realidad deben estar revestidos los poderes.
Porque si fuera admisible que el Presidente pudiera ser juzgado indistintamente por los otros poderes, sin llenar debidamente los requisitos y formalidades establecidas, las agrupaciones antagónicas que no tuvieron los dos tercios exigidos para la acusación ante la Cámara, esperarían ansiosos para cualquier acusación ante los Tribunales, la terminación del período, incurriendo en una verdadera descomposición de la forma constitucional del gobierno y de la división de los poderes.
Por consiguiente ¿de dónde y de qué punto de partida deduce V. Honorabilidad, la facultad para que el P. Judicial pueda juzgar los actos del Presidente de la República, realizados en el desempeño de su cometido, cuando todas las disposiciones se identifican en el concepto que jamás puede el Presidente ser juzgado por la justicia ordinaria, sino cuando el Senado haya sancionado su desafuero?
Lo que afirma Calvo, en «Decisiones Constitucionales» al referirse a un fallo de los tribunales de Norteamérica de 1881, que dice: «El Presidente está exento del acto de habeas corpus, no porque esté encima de la ley o porque no pueda hacer mal, sino porque no puede responsabilizársele, sino por medio de la acusación y juicio político y permitir que el acto de hábeas corpus vaya a él encerraría la necesidad de castigarlo si rehusara obedecerlo, y semejante poder no lo tiene el Judicial.»
Y es el caso preguntarse ¿si el Congreso, que es juez único de los poderes del gobierno, no juzgare alguno de los representantes públicos que están bajo su órbita, porque no encontrare motivo para ello, podría hacerlo el Poder Judicial? Nunca jamás, como ya lo he dejado comprobado. Y ¿no existiendo el Congreso, podría creerse autorizado el Poder Judicial para arrogarse sus facultades o substituirlo al respecto, como es el caso presente? Nunca tampoco.
Y V. Honorabilidad no podrá justificar la derivación de facultades del poder del Congreso a las que corresponde al Poder Judicial, porque son dos entidades, dos proposiciones absolutamente distintas en la naturaleza originaria de su creación, estando bien trazado y definido el cometido de cada uno, como lo dejo superabundantemente demostrado en estas actuaciones, concluyendo con esa síntesis de Story: «Si hay un caso en que la uniformidad de interpretación deba parecer una cosa necesaria, seguramente es cuando se trata de la ley fundamental de un gobierno; de otra manera sucedería que al mismo tiempo un individuo estuviese ligado a ciertas reglas como magistrado y a otras diferentes como particular.»
Y sabe bien ese tribunal lo que consagra el axioma universal y perdurable de la comprensión humana de que lo que no dice nunca debemos entender que dice, así como lo que la ley dice no debemos interpretar en sentido contrario. Y agregaré también para los otros casos referidos, el principio de la razón moral y sus aplicaciones en el derecho penal, por el cual la santidad de los móviles y la sinceridad de las acciones se supone siempre, mientras no se demuestre lo contrario.
Pero imaginando la posibilidad de que pudiera haber juicios distintos en la apreciación de las medidas de gobierno, ¿es justo o apropiado resolver que hayan sido deliberadamente intencionadas en vez de ser un criterio distinto de apreciación o de concepto? Los funcionarios que hayan llenado ese cometido, ¿tienen por su notabilidad en la vida, la presunción en su favor o en contra de la vanidad y puridad que los haya inducido?
¿Y quién sería la autoridad que se creyera con poderes superiores morales, legales y jurídicos para resolver el caso?
Si la Nación ha investido a los magistrados de los tres poderes con el más alto grado de su majestad representativa, de tal manera que no hay otra autoridad, sino la Nación misma, para juzgar el desempeño de su funcionamiento ¿de dónde deduce V. Honorabilidad la pretensión de supremacía por la cual el Poder Ejecutivo está expuesto, por las más lógicas medidas de sus atribuciones a ser procesado?
Si la facultad constituye el derecho para hacer una cosa y no hay facultad superior a ella en el orden correlativo, es indudable que tiene en sí la razón determinante para ejercerla, tal como en forma tan convincente lo dilucida Story, cuyos juicios al respectó ya he dejado referidos, y como toda la civilización humana lo tiene bien establecido.
Si el Presidente de la República, en ejercicio del Poder Ejecutivo, con todas las atribuciones inherentes a su misión puede merecer el título de procesado por las lógicas actitudes asumidas en el desempeño del cargo, surge a mi espíritu como la más justa de las protestas, decir a Vuestra Honorabilidad en qué carácter de reo lo estará colocado V. Honorabilidad habiéndose hecho pasible de las responsabilidades que dejo anotadas, al entender en una cuestión falseada en sus orígenes, dándole carácter de delitos a simples medidas políticas y administrativas, dolosa por la tolerancia con los jueces y muy especialmente con la Cámara Judicial, que irremisiblemente está condenada en su actitud por las elementales nociones de probidad de justicia, fraudulenta en sus aplicaciones al dejar de lado las prohibiciones tan terminantes en el sentido de que el Presidente no debe ni puede nunca acusar y de que V. Honorabilidad no debe ni puede tampoco entender «sino sobre las controversias que la sean sometidas en las formas legales», y viciada por la intromisión de comisiones especiales, anónimas de toda función pública e irresponsables en consecuencia, reprobadas por la Constitución y anatematizadas universalmente, siendo por lo tanto en sí mismas verdaderos cuerpos de delitos, menoscabando la administración pública y vejando la majestad del gobierno, dando así la revelación más decadente y declinativa de la justicia; todo lo que debe quedar por siempre rotundamente condenado como un extravío inaudito contra el honor de la Nación.
Y francamente, no puedo substraerme al desencanto que me produce ver a la justicia superior de mi patria, ante la cual he vivido magnificando su emblema, caer en semejantes declinaciones.
Hablo con la inmutable serenidad que he tenido siempre para juzgar los acontecimientos públicos, cuando más profundos hayan sido sus aspectos y caracteres, y con todos los respetos debido a V. Honorabilidad desde que, sabiendo que allí, en el seno de esa magistratura hay espíritus discordantes con el mío y con el apostolado político que profeso, siendo así que vuestro ex presidente al frente del gobierno de la Nación, en su carácter de vicepresidente en ejercicio, depuso al único gobierno Radical de la República —el de San Luis— ejercido por el Dr. Esteban Adaro, sin justificación alguna que explicara semejante medida, de la. misma manera cerró el diario «La República», único órgano oficial de la Unión Cívica Radical en la Capital Federal, también sin causa alguna, que no fuera la orientación política de su credo y no sólo no pensé nunca en la recusación de ningún miembro de ese tribunal, sino que cuando mi abogado me habló al respecto, contestele que no creía que tuviese prevenciones y que si las hubiera, gentilmente se excusarían, así como si se sentían amistosamente vinculados a los acusadores, no tenia duda de que procederían de la misma manera; y cuya alta caracterización he demostrado igualmente al entregar a la decisión de V. Honorabilidad por et proyecto de ley que envié al Congreso, las divergencias sobre las diversas atribuciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo y al llevar ante vuestros juicios una de las cuestiones más importantes, la de la legislación nacional sobre los intereses patrimoniales de la soberanía de la Nación y al nombrar presidente de esa Suprema Corte, al miembro de ella, Dr. Figueroa Alcorta.
He dicho y demostrado de la manera más explícita y superabundante que la insólita pretensión de establecer que el Poder Judicial en cualquier caso y forma pueda juzgar a los poderes, importa desvirtuar la esencialidad originaria de la naturaleza misma de esos poderes y las condiciones únicas y más apropiadas que la inteligencia humana aplicó siempre como la más alta y justa comprensión.
Todo ello no obstante Vuestra Honorabilidad sin el pertinente raciocinio y a puro predominio del hecho, quiere dejar resuelta la tesis contraria.
En vez de analizar con estricto juicio los mandatos superiores de la Nación, asumiendo las actitudes que le correspondían y resolviéndolas como preceptos y conceptos constitutivos que es el radio de sus facultades, ha incurrido, en su acordada de fecha 14 de septiembre de 1931, en un superficial análisis de las mías, que las asumí precisamente con tanta elevación de miras y sentimientos, como jamás se han producido, actitud tan generosa y tan plausible en todo sentido para no exponer a la Nación a una contienda cuyas proporciones quién sabe hasta dónde habrían llegado, teniendo que batirse el pueblo argentino contra sus propios armamentos, que constituyen el resguardo natural de su defensa permanente, e impulsado por todas las consideraciones que he dejado expuestas y que la Nación recibió con pleno y sereno dominio en sí misma para afrontar en todo momento la situación Que los supremos deberes de su derecho le señalaron. Quise colocarla en una lógica igual a la que en nombre de ella había llevado al mundo. Y pensando que, aunque hubiera que realizar nuevas comprobaciones democráticas en sus legales ejercicios, era un rasgo excelso en el sentido de evitar los sacrificios irreparables, para convertirlos en acontecimientos de meritorias y honrosas enseñanzas en los escenarios de la vida pública.
Si V. Honorabilidad en vez de diluirse en todo sentido y en forma en el gobierno provisional, hubiera hecho que su Presidente asumiera el P. Ejecutivo tal como lo dispone la ley del año 68, que interpretando con tanto acierto, el mandato constitucional y el verdadero significado de los sucesos, dice así:
«Artículo 1° —En caso de acefalía de la República, por falta de presidente y vicepresidente de la Nación, el Poder Ejecutivo será desempeñado en primer lugar por el presidente provisorio del Senado, en segundo lugar por el presidente de la Cámara de Diputados, y a falta de éstos por el presidente de la Suprema Corte.
Artículo 2°—Treinta días antes de terminar el período de las sesiones ordinarias, cada Cámara nombrará su presidente para los efectos de esta ley.
Artículo 3° — El funcionario llamado a ejercer el Poder Ejecutivo Nacional, en los casos del artículo 1° convocará al pueblo de la República, a una nueva elección de presidente y vicepresidente, dentro de los 30 días siguientes a su instalación en el mando, siempre que la inhabilidad de aquéllos sea perpetua.
Artículo 4° — El funcionario que haya de ejercer el Poder Ejecutivo en los casos del artículo 1° de esta ley, al tomar posesión del cargo; ante el Congreso, y en su ausencia ante la Corte Suprema de Justicia, prestará el juramento que prescribe el artículo 80 de la Constitución».
Artículo 5° — Comuníquese».
Si vuestro presidente hubiera asumido el poder, cumpliendo con tan sagrado como imperativo mandato, tal como se lo hice decir con mi abogado insistentemente desde el primer momento que pude ponerme en comunicación con él, y como lo fija la ley tan previsora, como estrictamente apropiada al caso, el trance por que pasaba la Nación se habría solucionado dentro de las reglas preceptivas, quedando así de inmediato con sus gobiernos reconstruidos y con su seguridad pública y privada en completa tranquilidad y desenvolvimiento. Se habrían evitado las persecuciones, los martirios y suplicios de que ha sido víctima la opinión nacional que me llevó al gobierno, así como los dolores, angustias y mortificaciones de sus hogares, y yo no habría sufrido las penas irreparables en mi familia y los crueles sufrimientos a que he estado sometido y el inicuo proceso del cual V. Honorabilidad se ha hecho resorte adecuado, no se hubiera urdido. La Nación habría demostrado que estaba garantizada por el imperio de sus propios mandatos, dando una comprobación de sus capacidades para todos los resguardos, porque la más ala caracterización y espectabilidad de los pueblos consiste en la honradez política que los rige y en esas rectitudes y probidades es donde está el honor y la respetable autoridad de los gobiernos.
Por otra parte, V. Honorabilidad, en vez de examinar la cuestión dentro de su órbita jurisdiccional, se ha derivado, como ya lo he dicho, en un análisis de mis actitudes, y ha sacado argumento para las conclusiones de esa acordada, de que «he deseado, ante los sucesos producidos, que ellos fueran beneficiosos para el país», confundiendo mis juicios eminentemente políticos con los suyos, que deben ser únicamente judiciales.
Desde luego, que sí, que eso es lo que he deseado, porque mi anhelo es siempre la paz, la prosperidad y la grandeza de la Nación; y si yo hubiera estado libre, lo habría hecho público, tratando de contribuir a la tranquilidad nacional.
He dicho más: que si hubiera una entidad política que fuera capaz de sobrepasar las culminaciones de la Unión Cívica Radical, bienvenida sea ella porque la generosidad de la que simbolizamos, tiene su espíritu siempre expandido al reconocimiento de todos los plausibles concursos nacionales.
Esos juicios que Vuestra Honorabilidad ha vertido a mi respecto, están no solamente fuera de la cuestión en sí misma, sino que contienen apreciaciones muy distintas de los fundamentos de mi vida pública, por lo que V. Honorabilidad debe guardarme los más pundonorosos y altos respetos, tal como yo los he tenido por V. Honorabilidad a quien le he dado el mayor rango posible, como a la suprema autoridad de Justicia de la Nación. Tanto más que no son las investiduras de los cargos públicos las que caracterizan el verdadero significado de la personalidad humana, sino que, ante todo, el concepto debe basarse en las calidades propias de los que la desempeñan y fundamentan, ni tampoco las circunstancias y las contingencias que se cruzan en los escenarios de la vida, pueden alterar o variar esa lógica de la imperturbable razón humana.
Soy un hombre cabal en todo sentido, que he realizado mi vida en absoluta identidad, enseñando y ejemplarizando siempre, sin que en ningún caso de ella se haya cruzado el menor resplandor contrario al respecto y he desempeñado el gobierno con todos los fervores que me indujeron aceptarlo, de tal manera como no hubo ni habrá ninguno superior, planeando y proyectando los más complejos e importantes problemas, porque conozco bien la ciencia del gobierno de las sociedades y de las instituciones que las rigen. Y aunque de todo ello tengo la más evidente razón, mi espíritu se subleva cuando una perfidia infame pretende desvirtuar esas sagradas consagraciones y no me he de substraer jamás en ninguna de las responsabilidades inherentes a las actitudes asumidas y he de reclamar siempre su justa solución.
Si he recordado que al Congreso pertenece todo lo que se refiere al Poder Ejecutivo, ha sido al sólo objeto de demostrar que la Constitución acentuadamente no ha querido mezclar la acción concurrente y derivada de nada que pudiera en definitiva resultar que el Poder Ejecutivo quedara indistintamente sujeto a los otros poderes, y que todo cuanto se refería al Presidente, estaba exclusivamente comprendido en las facultades del Congreso.
Hay tal contraste y discrepancia entre el genio de la Nación, afrontando con la más notoria elevación de miras, la reparación de todos los desastres que gravitaron durante tanto tiempo sobre su originaria eminencia en forma, como nunca se dilucidaron y resolvieron con mayor exactitud en las proposiciones planteadas y en la rectitud de sus aplicaciones; y la declinación de V. Honorabilidad al no tener más raciocinio que presentar que el derrumbamiento de la estructura de la justicia en una organización constitutiva, que me induce recordarle siquiera sea someramente, la intensidad de la obra realizada.
El apostolado político que condensó toda una época de denodados esfuerzos hacia la fundamental reparación que ha realizado, vino a la vida pública en una unidad de doctrina tan pensada y sentida, que no obstante el maremágnum de sucesos que debió disipar en su camino, fue siempre el mismo en el llano que en la cumbre, como lo patentizan las comprobaciones de sus múltiples actividades, sin variantes ni confusiones algunas, inalterables en el concepto como en la acción.
Reparador y reformador ante todo, no fue el resultado de improvisaciones que son de impresión pasajera y generalmente se derivan a situaciones acomodaticias, o desaparecen por propia inconsistencia ; sino una reafirmación vivificante de afinidades nativas, que cuando todas las instituciones morales, políticas, económicas y financieras cayeron resonantemente, surgió de la vida misma de la Nación, a corregir los desconciertos, la inmensidad de los desconciertos que la flagelaban y la llevaron a las extremas crisis sociales y positivas, comprometiendo la ley superior de sus destinos.
Esa es la verdad incontrastable, revestida de tal caracterización que no hay malignidad humana que pueda desvirtuarla.
Dogma absoluto, de admirable excelencia en los anales de los esfuerzos reconstituyentes, su enseña debía elevarse por sobre todos los destinos, señalando siempre la orientación bien definida y las purezas de sus normas, sin declinaciones algunas, en los más exactos términos de su verdadera significación y con una autoridad inherente y apropiada hacia la consumación de su patricio mandato para lo que se requerían sabidurías, abnegaciones, sacrificios, y sobre todo, integridades y probidades absolutas.
Así he afrontado la obra con las más clarividentes concepciones y con las más serenas y elevadas actitudes, manteniéndose instable en sus conceptos y con pleno estoicismo en sus adversidades, como absolutamente magnánima en sus triunfos, debía bastarse a sí misma, sobrellevando todas las inclemencias y todas las impiedades del camino, en una línea de conducta impertérrita hacia sus luminosas finalidades.
Sufrió muchas intemperies y pasaron muchas nieblas sobre la frente de los soñadores, desde que se sintiera el imperioso deber de afrontar la restauración de la patria, por la que se insumieron vidas, abnegaciones y sacrificios múltiples, sin miraje de compensación alguna, sino templadas por la belleza de tan sublime idealidad, manteniéndose siempre incólume en sus credos, perseverando en ellos hasta alcanzar la más resonante y gloriosa solución, sin la menor sombra en sentido alguno y sin, rozar con ningún móvil distinto o extraño la excelsitud de sus propósitos.
Tal como se planteó en los clásicos manifiestos del 90, 93 y 905, y en la consecutiva documentación pública de las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, y como lo reiteró ante el señor vicepresidente de la República en ejercicio de la presidencia, doctor Pellegrini, en la memorable reunión a que convocara a un número de ciudadanos de las distintas representaciones públicas, a la que asistí conjuntamente con él doctor Oscar Liliedal, respondiendo a la invitación que el Señor Presidente hiciera a la Unión Cívica Radical, y en la que se encontraban el general Mitre, el doctor Aristóbulo del Valle, Manuel Quintana, más otros señores, y en la cual debí rebatir y refutar la proposición de concordancia que para evitar la contienda electoral, propusiera el señor Presidente como solución patriótica, tan nefasta en la vida representativa de la Nación, y a la que se adhirió incondicionalmente —dijo—el General Mitre.
Pero, ante los opuestos razonamientos con que dilucidé la cuestión, desentendiendo totalmente sobre ella, no insistieron en la proposición formulada, limitándose el doctor Pellegrini a expresar que, como podía colocarse en la situación a que yo me refería, cuando como Presidente estaba sintiendo sobre su rostro el calor de una revolución y que era precisamente de mi partido, a lo que contesté en síntesis: que se colocara el Presidente en la línea de conducta que le marcaba la Constitución y sus leyes correlativas y que estuviera seguro de que tendría en la institución cívica que representábamos el primer factor de la tranquilidad y de la seguridad pública.
El General Mitre no insistió y por el contrario hizo manifestaciones visibles de asentimiento a los juicios que yo había emitido, formulando después elogiosas manifestaciones a mi respecto.
El Dr. del Valle se concretó a decir que coincidía en gran parte con mi pensamiento, pero que creía que había momentos en la vida de los pueblos, en que los Presidentes podían y hasta debían consultar a los ciudadanos que creyeron más capacitados. Le observé que condecía con ese raciocinio y que me lo explicaba muy bien cuando sucesos de un orden inesperado o extraordinario, requerían una mayor consulta de juicio superior, pero de ninguna manera cuando se trataba de elementales reglas de gobierno para garantir y cumplimentar el ejercicio del derecho electoral.
Como algunos de los otros señores nos preguntaron si podíamos atender proposiciones, les hice presente, que nuestra misión estaba definida por las consideraciones aducidas.
Así terminó la conferencia, siendo despedidos por el Señor Presidente y demás señores con toda cordialidad y que dejo referida más o menos en los términos con que se hizo pública en toda la prensa.
Quedó así confirmada ante la más alta autoridad del gobierno, que no había ventaja ni beneficio que pudiera desviar ala Unión Cívica Radical de la suprema idealidad, con que desde su punto de partida, emprendía la ímproba empresa de la reparación fundamental de la Nación.
Concurrió generosamente a la vida electoral con la legislación del régimen, pero aleccionada por los sucesos, pudo apercibirse de que por ese camino no iría sino a todos los desmedros y a todos los desencantos públicos, y entonces resolvió renunciar a las representaciones oficiales que tenía, reconcentrándose hacia la abstención, manteniendo su altiva protesta y dando los motivos de su recogimiento, que duró dos años en una serena contemplación de los sucesos y la decisión de no salir de ella, sino para afrontar y abordar comicios honorables y garantizados.
Más tarde, en el curso de los sucesos, estando en ejercicio del P. Ejecutivo, como vicepresidente de la Nación, vuestro ex-presidente, doctor Figueroa Alcorta, fui invitado por intermedio del señor Francisco Villanueva a conferenciar con el Señor Presidente. Va reproducida aquí la información que pasé a la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical, dándole cuenta de las cuestiones dilucidadas con el señor Presidente.
«Buenos Aires, diciembre de 1909 — Honorable Convención Nacional de la Unión Cívica Radical.
Tengo el honor de poner en conocimiento de V. Honorabilidad, que he celebrado dos conferencias con el Sr. Presidente de la República, a su pedido. En la primera, que fue a principio del aria 1907, me manifestó que era el objeto de ella, saludarme y cambiar ideas sobre algunos puntos relativos a la ley de amnistía y de interés general.
Refiriéndose a la gestión que en ese momento hacía el Comité Popular «Pro Amnistía», para que el gobierno dejara sin efecto la disposición ministerial por la cual se había suprimido la antigüedad de los jefes y oficiales y se negaba el alta a los otros —contra todos los términos de la ley de amnistía y del decreto reglamentario— se expresó diciendo: que al resolver esa cuestión se le presentaba al gobierno algunos inconvenientes, y entre ellos, el de que oficiales del ejército, hacían sentir, que habiendo sido sostenedores, no podían quedar en iguales o peores condiciones de los que lo habían combatido.
Creí de mi parte, que no debía en forma alguna hacer una discusión sobre mejor derecho y concretándome a dejar establecido el justo concepto de la actitud de los jefes y oficiales revolucionarios, le respondí: que el gobierno podía resolver ese asunto con los elementos de juicio que creyera más acertados, pero que le recordaba sus espontáneas declaraciones, por las cuales nos había hecho saber su deseo de que los jefes Y oficiales se reincorporasen al ejército, asegurándonos que lo harían en sus mismas jerarquías, sin restricción ni prevención alguna, y en iguales condiciones que todos los demás, y que ese era el espíritu y la letra de la ley y decretos respectivos, como una alta medida política de gobierno, según fueron sus fundamentos.
Agregué: que si el gobierno dejaba subsistente aquella resolución ministerial, creía interpretar la opinión de la Unión Cívica Radical, diciéndole también que lo miraría como una declinación de su primer propósito, de un agravio hecho a designio.
Apercibido el señor Presidente de la importancia del asunto, quedó en que él mismo se abocaría a la solución, y así lo hizo días después, restableciendo la antigüedad de los oficiales, pero dejando a algunos de ellos fuera de los auspicios de la ley.
Pasando en seguida a otro orden de conversación, recayó ella sobre las vigilancias y persecuciones, y como por indicación del señor Presidente se me hubieron levantado ostensiblemente las que se tenían conmigo, le hice presente que haría bien en generalizar esa medida, para todos los ciudadanos de la Nación, evitándoles esas mortificaciones, y con ese motivo el derroche de los dineros públicos, puesto que la Unión Cívica Radical, aun cuando estaba dispuesta a ir cien veces más a la prueba, y al sacrificio, si sus deberes así se lo imponían, no preparaba en esa hora labor revolucionaria, sino de amplia reorganización, esperando el cumplimiento de las promesas del señor Presidente para entrar al ejercicio pacífico de la acción cívica.
Sobre este punto giró entonces el mayor tiempo de la entrevista, en la que le hice todos los argumentos que creí oportunos para persuadirlo a la realización de esas empresas en su más alto concepto, como ineludible necesidad de una reacción general, cierta y eficiente, que produciría incalculables beneficios a la República, tan pronto como ella se iniciara.
El señor Presidente me observó que cómo sería posible esa reacción dentro de las formas legales. Le contesté que notara cuáles habían sido las formas legales que lo habían llevado a la Presidencia, para demostrarle que si no se había tenido presente entonces, menos se podían invocar para sustraerse a las más legítimas y augustas reclamaciones del bien público.
Dijo entonces el señor Presidente que, por otra parte, no era tan mala la situación; teniendo en cuenta que se trataba de un país nuevo y en formación.
Repliqué que si bien no teníamos más de un siglo de existencia, ella era de tradiciones tan colosales y desenvolvimientos tan vastos, que a esta hora deberíamos estar en la escena del mundo como factor concurrente a la obra universal, no ya por asimilación, sino por propia identificación civilizadora.
Y además, le dije, en lo que convino el señor Presidente, que uno de los errores más grandes de los gobiernos, era el de pretender convertirse en tutores de los pueblos.
El señor Presidente, reconociendo y valorando la sinceridad, el patriotismo y la justicia que animaban nuestros móviles, reiteró las promesas que públicamente tenía hechas, y así terminó la conferencia.
En la segunda que se realizó en los primeros días de enero de 1908, comprendí, desde luego, que el señor Presidente había variado en su tendencia manifestada de buscar la mejor forma de conseguir la reacción, pues se expresó diciendo: Que su gobierno había hecho cuanto le había sido dado y que continuando en ese camino, el que le sucediera seguiría mejorando el estado político de la República.
Aun cuando mi primera impresión fue la de escucharle, sin hacerle réplicas, desde que no me llevaba ninguna misión, dándome cuenta de que el silencio podía ser interpretado como un asentimiento tácito, le manifesté que, para emitir opiniones en asuntos de interés público, debía expresarme ampliamente y sin reato alguno y que deseaba saber si así podríamos hacerlo.
A su Contestación, plenamente afirmativa, le hice sentir entonces que creía traslucir su pensamiento de inferir a la Nación el nuevo agravio de su antecesor.
Díjele que tal actitud implicaba en primer término el olvido de todas sus promesas públicas, reiteradamente hechas, por las cuales había requerido insistentemente tiempo y espera para poderlas realizar.
Le hice después todas las consideraciones que creí conducentes y que se desprenden y surgen de la atentatoria situación política que viene atravesando el país y llegué a la conclusión de que si fuera posible admitir que faltara a esas promesas y a esos compromisos tan solemnemente contraídos, por los cuales había conseguido mantener a la opinión pública en la expectativa, abocaría a la Nación a nuevos, grandes y dolorosos sacudimientos, pues debiera tener bien presente —lo que es lógico y evidente y enseña la experiencia humana— que los pueblos, cuanto más avanzan en la civilización, menos posible es que vivan tranquilos y en la prosperidad, fuera de los auspicios de sus instituciones y el ejercicio de sus derechos.
Que no debiera dudar entonces que el país se desangraría ya en su gobierno o después de su gobierno, tantas veces como fuera necesario, hasta alcanzar la paz de la normalidad de su vida institucional.
Que tuviera presente que los destinos de la República estaban en sus manos y en consecuencia, la feliz y gloriosa oportunidad de evitar tan enormes males, iniciando una era de inmensos bienes.
Que si así no lo hacía podía estar seguro de que viviría profundamente arrepentido, presenciando el desgarramiento de la patria, maldecido por la opinión pública y despreciado por las generaciones venideras.
Le dije, además, que, no tenía motivo alguno para apartarse del cumplimiento de esas reclamaciones, porque la opinión nacional lo había dejado en completa libertad de acción, sin que pudiera invocar en su descargo la menor .preocupación de protesta armada, desde que la Unión Cívica Radical, si bien cada vez más decidida para alcanzar los fines de su convocatoria, no hacía sino condensar sus fuerzas, esperando la ansiada hora del ejercicio regular de los derechos políticos.
El señor Presidente aceptó esas aseveraciones, reconociendo su exactitud; y con ese motivo entró en algunas apreciaciones respecto del Partido, declarando: Que no había tratado ciudadanos más altruistas ni patriotas ni de más alto pensamiento, y que no existía en el mundo un movimiento de opinión con ideales tan elevados y tan dignos de respeto y consideración.
Pero que era preciso convenir también que entre las exigencias de la opinión y la realidad del gobierno, había mucha distancia, la que sin duda alguna conocían bien los hombres de la Unión Cívica Radical, y suponía que era por ello que no querían formar parte del gobierno.
Repliquéle que estaba en un error, puesto que al contrario, cada vez que soportábamos una nueva adversidad la lamentábamos, tanto más cuanto se alejaba la, hora de los gobiernos libres de la República, que patentizarían la notable y trascendental diferencia de ellos, con esto de transgresiones a la Constitución y las leyes, de usurpación del poder público y de indignidad y de oprobio, que pesan sobre el honor argentino desde hace 30 años y por cuya desaparición clamorean los pueblos y se centuplican los sacrificios, habiendo llegado a concebir la esperanza de que durante su gobierno se auspiciaría la reacción tan fervorosamente deseada.
A esto agregó el señor Presidente que haciendo uso de la franqueza con que estábamos hablando se permitía decirme que había un poco de lirismo en nosotros.
Le respondí que ese juicio era según desde el punto de vista en que se miran las distintas actitudes de la vida, y que desde el suyo era lógico que así pensara.
Pero que estuviese convencido de que todos y cada uno de nosotros, sabíamos bien que, cuando menos, valíamos tanto como todos y cada uno de los demás, siéndonos muy fácil comprender, cómo se entraba y salía de los gobiernos, utilizando todas sus ventajas y beneficios.
Que, cuando a todo eso habíamos declinado en términos tan irrevocables, debía pensar que estábamos poseídos de sagradas y profundas convicciones y sentimientos, hacia el bien público, a los intereses generales y a los destinos permanentes de la República.
Me preguntó luego el señor Presidente qué era, en síntesis, lo que entonces yo le pedía: que principie el señor Presidente, le dije, por hacer quemar en la plaza pública, sí cabe, todos esos registros que son el cuerpo de delito político y la viva demostración de sus impudicias, como la primera satisfacción a los anhelos públicos, y después de haber levantado un nuevo registro verdaderamente puro y legal, dé las garantías inherentes al ejercicio de la soberanía nacional.
Que más que como Presidente, como argentino, debía reconocer que cuando el país había pasado treinta años fuera de sus derechos electorales, no podía volver a ellos sino en condiciones legales y honorables, so pena de que la calamidad que, únicamente era de los gobiernos, se convirtiera en fatalidad nacional, y cayéramos entre nosotros mismos y ante el mundo entero en pleno y total desconcepto. Y que si, desgraciadamente, para la Nación y para él mismo no se decidía a responder a las legítimas exigencias públicas, como tanto lo había asegurado, que se recogiese entonces, y dejase que los pueblos mismos produjesen la reacción; esto es, que se colocara en la misma situación que lo hizo el doctor del Valle, presidiendo el ministerio de Gobierno del doctor Sáenz Peña; y cuarenta y ocho horas después tendría ocasión de darse exacta cuenta de la insensatez de los que acudían a la mesa de su gobierno a descontar como en una banca los Estados de la República, pero que luego no procediera como aquel gobierno, haciendo ahogar en sangre, con las armas de la Nación, los esfuerzos libertarios.
La Constitución es lo único que me detiene para eso —respondió el señor Presidente.
A esto le contesté que tenía que recordarle, nuevamente, que no conocía ningún gobierno de origen constitucional enla República.
Convengo en ello —me dijo el señor Presidente— pero soy un hombre de ley, y eso me detiene para proceder en aquel sentido.
Olvida el señor Presidente que eso es, precisamente, lo que somos nosotros, y es en nombre de esa Ley Suprema que requerimos la reparación nacional, cuya necesidad ha reconocido y prometido satisfacer. Me respondió que lo pensaría y que daría oportunamente la contestación.
A esto le dije que se apercibiera que jamás un problema más grande había tenido sobre su frente, y que le pedía que su contestación fuera terminante, tal como lo requerían la magnitud y la gravedad del asunto.
Así lo comprendo y así lo haré, concluyó diciéndome el señor Presidente. Más tarde me remitió copia de las comunicaciones y proyecto de ley electoral que había enviado al Congreso y que tengo el honor de acompañar, transmitiéndome todo género de seguridades de que sería ley antes de que llegara la hora de la elección del Poder Ejecutivo Nacional.
Es éste el resumen de las conferencias tenidas con el señor Presidente, a las que asistí, como lo he hecho siempre que cualquier funcionario o, ciudadano me las ha solicitado.
Creo haber interpretado al Partido con las opiniones vertidas, los juicios formulados y las reclamaciones hechas, asumiendo en este caso, como en todos, las responsabilidades consiguientes.
Presento a V. Honorabilidad mis mayores respetos y consideraciones.»
Ante ella, la Convención resolvió nombrar una comisión que llegara hasta el señor Presidente, a fin de conocer el resultado de los proyectos enviados al Congreso. El señor Presidente contestó a la comisión, que no obstante todas sus insistencias, no había podido conseguir que el Congreso los sancionara.
Posteriormente, y ya designado candidato a presidente, el doctor Roque Sáenz Peña me requirió por intermedio del doctor Manuel Paz, conferenciar respecto a la situación política de la República, que rehusé reiterando lo que ya habíamos conversado en otras oportunidades, la incompatibilidad de cualquier comunidad política. Al conocer mi contestación díjole al doctor Paz, que se daba cuenta que yo resistía todo propósito de acción conjunta, lo que era lamentable, porque él había pensado siempre que juntos cambiaríamos la faz de la República.
Pero ante nuevas insistencias que hiciera, asentí a que conversáramos, y al ofrecerme participación en el gobierno, sin restricción alguna a los efectos de que yo pudiera realizar todos los bienes que me proponía para la Nación, pedile que apartara de su pensamiento toda suposición al respecto, porque eran insalvables mis determinaciones. Agregándole que lo único que la Unión Cívica reclamaba, eran comicios honorables y garantidos, sobre la base de la reforma electoral.
El doctor Sáenz Peña no había pensado en esa reforma de inmediato, sino en. la concurrencia de la Unión Cívica, Radical a la labor del Gobierno que iba a presidir; pero planteaba la cuestión como indispensable, para que esta poderosa fuerza saliera de la animada abstención y protesta en que estaba colocada, convino en ello. Y dándome cuenta de que deseaba hacer públicos sus ofrecimientos, le insinué que los concretara por escrito si le parecía bien, para llevarlo a las altas direcciones de la Unión Cívica Radical, lo que hizo, condensándolo en la forma siguiente, más o menos: «Que deseando demostrar la decisión que lo animaba para dar garantías públicas, le ofrecía a la Unión Cívica Radical, participación en los ministerios e intervención en la reforma electoral que debía llevarse a cabo».
La alta dirección contestó sin discrepancia alguna, rehusando participación en el gobierno, por ser contrario a sus reglas de conducta, y aceptando la intervención que se le ofrecía en la reforma electoral.
Fue entonces que entré a dilucidar detenidamente sobre la nueva legislación indicando todas las disposiciones de que está comprendida, como las más eficientes contra las inveteradas perversiones en que se realizaba el ejercicio cívico y democrático de la Nación, desde gran parte de su vida, y sobre las que ya había deliberado en términos generales, como lo dejó referido con vuestro ex Presidente en ejercicio entonces de la Presidencia de la Nación, es decir, en los años 1907 y 1908; siendo todas ellas aceptadas por el doctor Sáenz Peña, después de ligeras observaciones.
La primera fue sobre el uso del padrón militar, y al explicarle que el alcance de esa medida no tenía más objeto que el de contribuir a la mayor seguridad en la legalidad de la inscripción, convino en ella desde luego.
En cuanto a la intervención de los jueces en la legislación electoral, me observó que no impresionaba bien esa ingerencia, pero haciéndole presente que se apercibiera de la trascendencia del pensamiento que teníamos por delante, que constituía el problema primordial acaso de la honra de los pueblos, y mucho más el de los regidos por instituciones como las nuestras, sin cuya base no habrá más honestidad ni legalidad porque ésa es la médula de toda índole sana y pura de la vida común, como estimulante para todas las rectas y benéficas acciones; y que no habiendo en la vida pública de esa hora ninguna otra entidad oficial que ofreciera las garantías conducentes al respecto, era presumible pensar al menos que los jueces, por su alejamiento de las palpitaciones diarias en la política, eran los únicos que podrían ofrecerlas.
Por lo que estuvo también de acuerdo, acentuando sus observaciones únicamente, en lo que se refería a la representación del sistema proporcional, diciéndome que eso era lo único sobre lo que disentía, porque estaba seguro que el Congreso no habría de votarlo, y porque él también creía que el pensamiento constitutivo de la Naciónfue siempre el de que hubiera dos grandes fuerzas nacionales y nada más.
Hícele presente entonces, que no obstante ese raciocinio, creía que debía darse representación eleccionaria a las minorías, como una demostración de mayor cultura; y buscando la mejor forma adaptable recordé que en Inglaterra a través del tiempo, se había fijado las dos terceras partes para la mayoría y una tercera parte para la minoría, lo que aceptó sin más observación.
Los últimos puntos en que también estuvimos de acuerdo, fue el del voto universal y obligatorio conviniendo en que el voto público era inherente a la condición de virtual dignidad ciudadana, pero, considerando que establecerlo secretó era una medida apropiada e indispensable para iniciar la verdadera puridad representativa democrática definitiva en la Nación y en resguardo de todos los ciudadanos que por cualquier circunstancia de predominios o de precios no pudiendo ejercer con verdadera independencia esos derechos o estuvieran expuestos a medidas perjudiciales de cualquier sentido, convinimos en que fuera secreto.
Así terminó la deliberación de los temas principales que debiera comprender la ley, quedando en que el gobierno le daría la orientación correspondiente, y sobre la base de que cualquiera que fuera el resultado en el Congreso de las reformas, el Poder Ejecutivo intervendría todas las provincias en la hora de la renovación de sus poderes, como la medida lógicamente indispensable a los efectos de los comicios y la seguridad y tranquilidad de su concurrencia, fuera con la ley reformada o con la existente o con la de cada una de las provincias.
Quedó así la expectativa pública a la mira de lo que resolviera el Congreso, sin mayores probabilidades desde que los proyectos de reforma enviados por el doctor Figueroa Alcorta —entonces en ejercicio de la Presidencia de la Nación— no habían sido ni siquiera atendidos.
En ese intervalo se produjeron conflictos internos en el gobierno de Santa Fe, interviniendo la provincia el Poder Ejecutivo de la Nación, ante cuya medida la Unión Cívica Radical resolvió concurrir a esos comicios, por las garantías que le ofrecía la intervención, previo requerimiento al Señor Presidente, en el sentido de saber si ese acto de gobierno era una simple medida de complacencia hacia la., Unión Cívica Radical, o realmente el principio de la política de gobierno prometida a lo que contestó de inmediato el Señor Presidente, afirmativamente, que era el punto inicial de la intervención a toda la República.
Y fue entonces cuando la Unión Cívica Radical resolvió afrontar la contienda triunfando en ella, no obstante todos los inconvenientes que tuvo que soportar, demostrando que en la abstención como en la acción sus ensueños patricios hacia las grandes soluciones se mantenían en todo vigor.
Correspondiéndole a Córdoba en el orden correlativo prefijado la renovación de sus poderes, como la intervención no se hacía efectiva, no obstante la proximidad de los comicios, la mesa directiva del Comité Nacional resolvió solicitar audiencia a fin de oír al Señor Presidente al respecto, quien confirmó la seguridad de que la intervención iría.
Pero, como corrieron los días sin aparecer el decreto correspondiente, volvió de nuevo la dirección a inquirir del señor Presidente el apremia de su resolución, porque el retardo había creado una expectativa dudosa en la opinión de esa provincia, reiterando el Señor Presidente la seguridad absoluta de la medida; que sería tomada de inmediato.
Ante tan terminantes declaraciones, se trasladó a Córdoba la representación del Comité Nacional fijada y nos encontramos ya en la tarea de las instrucciones correspondientes al acto, cuando malhadadamente llegó la inesperada noticia negativa de que fuimos enterados por la actitud de los adversarios que salieron a la calle festejando la solución contraria que como es natural, asombró el ánimo de las direcciones radicales y de la multitud de delegaciones del interior de la provincia, que se encontraba en los salones del Comité.
No pudo ser más ingrata la impresión causada en todos, estando tan convencidos de que asistiríamos a la contienda bajo la garantía de las autoridades nacionales; pero antes de tomar ninguna medida, resolvimos un momento de meditación, esperando a la vez que alguna noticia oficial nos llegara sobre tan sorpresivo cambio, y así se disolvió la asamblea, para volver a congregarse horas más tarde.
Nuestra primera impresión fue estampar la protesta pública, pero ante el problema a cuya solución estábamos congregados de tan vital importancia para la Nación, y bien compenetrados siempre de que las grandes cuestiones que afectan la vida de los pueblos no deben resolverse por la incongruencia de trances o percances que se crucen en el camino, sino por la lógica impertérrita de las leyes naturales y legítimas que fundamentan la vida de ellos, de acuerdo con esas convicciones, que fueron siempre nuestro credo de vida, y pensando también en una transición que me ponía en una disidencia tan inesperada el doctor Sáenz Peña, por las calidades tan correctas que le reconocía y de las que tantas demostraciones me había dado a través del tiempo, significándome un aprecio sincero y respetuoso, pues varias veces en el curso de la vida llegó a mí, siempre con propósitos sanos, no me quedó duda de que algún suceso de salud, de orden moral o físico, era la causante de tan inusitada actitud.
Al volver nuevamente al Comité con algunos miembros de la dirección, sentimos desde la calle una palpitación de vida muy distinta de aquélla en que lo habíamos dejado, y efectivamente las delegaciones por acción espontánea, habían reaccionado de tal manera, que nos recibieron expresándonos el deseo de afrontar los, comicios cualesquiera que fuera el desamparo a que estuviéramos expuestos.
Expréseles que me llenaba de satisfacción oírles, porque ése era mi pensamiento, con el cual venía dispuesto a exhortarles en este sentido.
Pero mi determinación tuvo en esos breves momentos de raciocinio, toda el lógico alcance en el sentido de afrontar de nuevo la contienda electoral hasta terminarla, cualesquiera que fueran las vicisitudes a que nos viéramos abocados, y así fijé la ruta que dilucidé detenidamente con todas las representaciones de la Unión Cívica Radical, hasta la terminación de la obra.
Referir las irregularidades que a la sombra de la decepción sufrida y de la impunidad consiguiente debió soportar la Unión Cívica Radical, no es este limitado espacio el apropiado para hacerlo, pero todas ellas fueron bien públicas en esa hora y quedaron consignadas en los documentos correspondientes.
Por las cuales no solamente sufrió la Unión Cívica Radical en el acto eleccionario las agresiones y fraudulencias de todo orden, sino que, no obstante ellas, habiendo triunfado en los comicios, lo que era en el ambiente electoral y público; días después tomaron presos en la noche a todos los fiscales radicales, que custodiaban las urnas, sin que razones que expusieran para convencerlos de la misión que estaban ligando, y por otra parte era bien conocida del gobierno y propia del acto electoral realizado, fueran óbice para detenerlos en el plan concertado, siendo libertados al siguiente día, después de haber cometido el manipuleo de las urnas, en el recinto donde se encontraban —una sección de la Casa de Gobierno— pero que, en la premura con que debieron proceder, no lo completaron faltándoles un elector en la asamblea, que nada significó, pues contaba con la impunidad en todas sus resoluciones.
Como la policía de Córdoba no les inspirara mayor confianza, llevaron de esta Capital cien hombres del Escuadrón de Seguridad, que extendieron día y noche sobre el Comité Radical, tratando de reprimir la indignación que la voz de los concurrentes hacía pública ante la falsificación seguramente consumada.
Todo lo que comprobó e hizo público la Unión Cívica Radical, indicando hasta las urnas de los pueblos que habían sido violadas, adulterando el resultado y quedando desde ese momento a la expectativa de la nueva renovación del período de gobierno, que los puso en descubierto, constatando la evidencia de dónde habían sido los fraudes, y ganando en esa elección por miles de votos, porque ya no fue posible un atentado tan descarado como el anterior, dado que la Unión Cívica Radical había avanzado moral y realmente en su acentuación por todos los ámbitos de la República y la reforma electoral había sido sancionada .
No habiendo recibido ninguna comunicación del señor Presidente de la Nación, resolví a mi vez guardar absoluto silencio, pero un, tiempo después, encontrándose en Rosario con el doctor Ricardo Caballero, se interesó vivamente por, saber de mí; y con ese motivo la conversación se refirió a Córdoba, sobre el cual el Sr. Presidente trató de explicarse diciendo que no había mandado la intervención, porque el partido adversario al nuestro le imputaba que con esa medida quedaba entregado a los radicales, pero el doctor Caballero le observó la falta de fundamento al respecto, puesto que la autoridad nacional iba allí, como estaba resuelto, a garantizar y asegurar la tranquilidad y el orden del acto comicial en igualdad de condiciones para todos los concurrentes.
El señor Presidente concluyó expresándole el deseo de que, al menos, yo supiera que esa omisión le había causado muchas amarguras y desvelos.
Sobre lo que no me quedó duda alguna, confirmándose el juicio de que razones del carácter a que me he referido lo hubieran inducido a obrar de distinta manera de lo que había prometido con tanta decisión y sanidad de propósitos.
Así debimos asumir también, en las mismas condiciones de desamparo, la contienda renovadora del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, en donde, justo es decirlo, fueron respetados por el gobierno, su partido y la prensa sin irreverencias algunas, y en general también en los comicios, siendo proclamado el mismo día de la elección el triunfo de la Unión Cívica Radical, y aceptado por los adversarios sin hesitación alguna, lo que me es satisfactorio dejarlo confirmado, como lo dije entonces.
Los esfuerzos subsiguientes se extendieron luego sobre la elección presidencial, como la culminación de las pruebas decisivas y concluyentes que debieran de llenar de claridades infinitas todos los horizontes sin garantías algunas. Así quedó extinguida toda una época de desdoros y descréditos que tan enormes daños y perjuicios causaron a la Nación, por el empuje incontrastable y el impulso poderoso de una ética política cuyos rasgos de luz vivificante perdurarán mientras la patria tenga vida en la eternidad.
Intensa y penosa fue la contienda, porque teniendo un vasto fundamento como desiderátum, un pensamiento superior y preparado a todas sus dilucidaciones reclamaba una rígida austeridad para llevarlo a cabo, desde que debía vencer la poderosa imposición de un régimen adueñado de todos los poderes del gobierno de la Nación, devorado por todas la perversiones públicas y refractario a las legales concitaciones, más a las agrupaciones conniventes, que merodeaban a su sombra, que aparecieron y desaparecieron según sus propias contingencias, con sucesivas denominaciones y valiéndose de todos los viciados resortes que tuvo la vida electoral pasada, como quedó siempre bien comprobado.
Era de esperarse que así fuera, porque una fuerza nacional que se levanta para realizar una acción reconstructiva a base de pura fundamentación moral y política, en un ambiente lleno de perversiones, tiene siempre la oposición de todas las agrupaciones militantes y utilitarias.
Requería un carácter inquebrantable en la contienda, irreductible en la adversidad y magnánimo en la victoria. Un alma limpia, de virtudes preclaras en las cuales se estrellarán los dardos de todos los prejuicios, los extravíos y las perfidias. Una plena conciencia del deber y un gran espíritu de sacrificio, de forma, que por su identificación poderosa, desprendida y abnegada, no tuviera nunca que postular fuera de su seno, nada que pudiera comprometerla en cualquier sentido que fuera.
A todo lo que respondió gallardamente en el curso de los sucesos, fueran cuales fuesen las vicisitudes y los infortunios que impusieron sus cruzadas, con una hidalguía y don de gentes admirable y sin castigos, ni prisiones, persecuciones, acusaciones o penurias algunas a que fue siempre refractaria.
Simbolizando los actos de la vida electoral, más puros y austeros de que haya memoria, inspirándolos siempre con las actitudes apropiadas cualesquiera que fueran las vicisitudes porque debió pasar para realizarlas. Y con todo el fervor de sus idealidades pregonó, alcanzó y culminó el cetro de las libertades cívicas que constituyen el fundamento básico de la normalidad representativa, sin la cual todo es vano y falsario en la vida de los pueblos.
A ella se debe las medidas conducentes a la depuración y extinción de los vicios y perversiones electorales, y de todos los abominables aspectos que ofrecieron los comicios del pasado, generalmente epilogados en sangre; la aplicación de conceptos de comicios honorables y garantizados haciendo que ellos sean motivo de un ambiente de ejercicio plácido de la vida cívica y hasta de atracción pública en todo sentido, a la inversa del pasado que fueron días tristes y hasta aciagos, y presagiantes siempre de sombrías soluciones: a ella se debe, en fin, la eficacia y rectitud para cumplimentarla en él sistema de gobierno republicano y de sus principios democráticos lealmente ejercitados, de lo que había carecido la Nación durante toda su vida.
Tiene así la inmensa resonancia histórica de haber implantado estrictamente la legalidad de la vida electoral, que es uno de los títulos más honrosos de la cultura humana.
En la determinante de esa poderosa entidad tiene proezas las más deslumbrantes y esclarecidas en la rectitud cívica y en la austeridad democrática, demostrando siempre su compenetración y fervoroso patriotismo para asumir la experimentación concordante con sus soluciones.
La vida, pues, de solidaridad nacional más absoluta que pueda concebirse, surgió en la patria con la Unión CívicaRadical, y fue fervientemente consagrada en una confusión de actitudes, todas conducentes a la realización del gran concepto, poniéndose en realidad a la vanguardia de todas las reformas políticas en una jerarquía de apreciaciones tan importantes que se afianzaron consecutivamente, siendo una de las más acentuadas exteriorizaciones de la psicología humana, para demostrar hasta dónde llega la ponderación de las capacidades de los pueblos cuando están inflamados por profundos credos y se mantienen en la fe sagrada de sus profecías.
A ella se debe, como ya lo he dicho, la consolidación definitiva de la unidad y solidaridad nacional, que no obstante todas las sanciones del pasado en su prosecución no se había logrado, en realidad, y perduraba en grado latente el antagonismo entre los pueblos, cuyo último estallido fueron los memorables y dolorosos sucesos de sangre en la contienda del 80.
Así es que la vida propiamente propulsora, germinadora de todos los bienes, extinguidora de todos los males, como la dignificación política en sus condensaciones generales en el país, fue obra única y exclusivamente de la Unión Cívica Radical, expandiéndose uniformemente por; todos los ámbitos de la Nación.
No fueron, en consecuencia, los poderíos y los cargos públicos, ni las confabulaciones en sentido alguno los que llevaron a las soluciones al credo político profesado, sino, repítolo, las integridades, probidades, sacrificios, abnegaciones y desprendimientos.
Porque no es la política militante instintivamente aprovechadora y de circunstancias en los escenarios de la vida que propulsa la prosperidad de los pueblos.
Son las comunidades originarias que fundamentan su vida en los principios de las leyes inmutables y consagran su acción a todos los beneficios públicos, los factores que constituyen la base de la ventura y felicidad de las naciones; y dado que lo que no nace movido por los mismos estímulos no se identifica jamás y en definitiva incurren en perturbaciones o declinaciones que constituyen rémoras en el desenvolvimiento progresivo para concluir siempre por chocantes antagonismos o desapariciones lógicas.
Sin esa primordial consistencia no hay nada exacto y duradero sino que todo es incierto o perturbador, motivando alteraciones consecutivas y haciendo cada vez más insolubles los problemas correspondientes.
Hemos venido al escenario político de la Nación, sabiendo bien que nuestra patria había, sido sacrificada en el pasado de los tiempos, y que corrernos por esa senda aprovechando sus riquezas importaba la abdicación de todo concepto de solidaridad de vida tradicional de la posibilidad de reparar por poderosos esfuerzos la inmensidad de males.
Por todo ello era indispensable un acontecimiento histórico de inconfundible significado y éste el que vino en tiempo y razón y si pudiera ser sofocado o desviado por cualquier causa que fuera, no volverá a .reaparecer, porque las leyes inmanentes de la vida, han fijado bien ante la razón humana que los movimientos de opinión que aparecen como mandatos superiores en determinadas épocas de la existencia y son tronchados o frustrados por el imperio de fatales o malditas torpezas de cualquier naturaleza que sean, no vuelven más nunca. Surgen así otros porque esa es la marcha rutinaria y degenerativa, pero simuladores plagiadores, envueltos en convencionalismos que son los aspectos más falsarios y negativos del pensamiento justo y recto.
Y no puede haber nada más atentatorio y revelador de descreimientos que la pretensión y tendencia de descalificar a esta ilustre y patriótica institución cívica, que surgió tan conceptuosa como no hubo ninguna superior.
Debía fundamentarse una política eminentemente científica por su propia consistencia, democráticamente representativa como la expresión más simbólica del pensamiento originario.
Había que reconstruir la Nación en todas sus fases y en todas sus actitudes con la más señalada acentuación de esa superior idealidad que llevará en sí la misma todas las calidades concurrentes a la realización de un concepto tan profundo, que sólo por esa magnitud de eficiencia pudo incorporar a la nacionalidad a su propia natividad y a su lógica grandeza, como he dicho poniéndola plenamente encuadrada dentro de sus estatutos y colocándola ante el mundo con toda la autoridad correlativa en el desenvolvimiento universal.
De otra manera, todo hubiera seguido siendo falsario, como menoscabante y la propia acción del tiempo no hubiera servido sino para alejarla de esa definitiva finalidad.
Esa es la histórica reparación que ha alcanzado soluciones de ponderación tal como nunca se conocieron mayores, llevada a cabo a puro rigor de principios y austeridad de carácter y a pura conjunción de sacrificios todos, siendo la única orientación exacta, eficaz y plausible para la consumación de su patricio mandato.
Su gravitación fue el impulso poderoso y de absoluta conformidad con la idealidad profesada, sin que ninguna medida coercitiva pudiera influir para debilitar sus consagraciones, cuanto mayores fueran las dificultades más decisivos se hicieron los esfuerzos para contrarrestarlos.
Obra tan fecunda, culminada en la forma más generosa y noble de las calidades que dignifican a las entidades humanas, estuvo garantizada siempre por la excelsitud de sus propios atributos. No la computó en su irradiación ni por las adversidades, sino en la profecía de una fe omnímoda jurada ante los altares de la patria y sentida con los fervores de los mandatos inmanentes que en definitiva son los que iluminan la vida humana hacia los destinos superiores, que abarcó casi medio siglo, con tan conceptuosa significación que pudo consolidarse en toda su trayectoria, con una progresión de ética moral y científica tan armónicas como jamás se había concebido, por lo cual no hay nada más que la Nación, misma en su unidad absoluta, en su probidad plena y en su evidencia absoluta.
Si la Nación no hubiera alcanzado la reconstrucción política tal como fue planteada, habría quedado tronchada en su infinita grandeza.
Todo lo que va justamente condensado, con sintético acierto histórico en el mensaje siguiente, siendo aprobado por el Congreso el año 24 y que fue el punto de partida de este incalificable proceso, cuyas referencias quedan ya ampliamente tratadas. Dice así el mensaje:
«Al Honorable Congreso de la Nación Argentina:
Surgidos a la emancipación por la obra ciclópea de los creadores de la nacionalidad, organizadas las instituciones tras largas y sangrientas luchas, el país no obstante, no pudo llegar al verdadero ejercicio de ellas y como consecuencia de ese estado de anormalidad cayó por fin bajo el poderío del régimen que ha perturbado durante tan largos años y causado todos los desastres conocidos. El pueblo de la República se debatió imperturbablemente y sin desfallecimiento por la reconquista de los derechos conculcados a fin de recobrar la plenitud de su soberanía. Esa cruzada libertadora constituyó un acontecimiento de trascendental importancia, que tal como fuera consagrado por el sentimiento nacional debe serlo hoy por los poderes constituidos. La magnitud de esa hora está evidenciada por la grandeza de las soluciones alcanzadas.
Es, pues, llegada la hora de que se caractericen como la definición de, una época extraordinaria de enseñanzas imperecederas que han permitido al fin poder presentar a la Nación este cuadro de contrastes entre ese pasado de derrumbamientos morales y positivos y el presente lleno de esplendores en todas las manifestaciones de la vida.
Esa obra registra en su historia los movimientos armados de 1890, 1893 y 1905, en que tomaron parte jefes, oficiales y soldados del ejército y de la armada, que en la adversa suerte sufrieron el castigo que les oponía la opresión y perdieron sus grados o retardaron sus promociones. Hoy que vivimos bajo los auspicios de la gloriosa culminación de aquellos esfuerzos, justo es discernir a esos militares el homenaje a que se han hecho acreedores. El Poder Ejecutivo ha reparado en la medida de sus facultades los daños de aquel castigo impuesto al patriotismo; pero es necesario que la Nación, libre ya, reconozca, en el órgano de una ley especial la eminencia de sus servicios. Consagramos así por este proyecto de ley, lo más puro e inmortal de la vida de las generaciones para perpetuo ejemplo y definitivo arquetipo de la estirpe nacional.
Y mientras llegue la hora de las perdurables simbolizaciones de los gloriosos acontecimientos, sancione desde ya V. Honorabilidad este voto que palpita en los corazones argentinos como justo tributo a los que todo lo dieron por la redención de la patria, hoy que la contemplamos en el pleno ejercicio de su soberanía y cuando a la sombra de la paz ha resuelto felizmente todos los problemas que tan hondamente gravitaron sobre ella».
Yo concebí esa magna finalidad patriótica desde los albores de mi vida y durante toda mi existencia la he nutrido con las experiencias humanas y con los clásicos pensadores que iluminaron consecutivamente mi frente.
Porque cuando penetré de lleno a la historia que profundicé y enseñé en la cátedra durante muchos años, pude apercibirme de que la Nación no se realizaba con su nativa expansibilidad ni en sus irradiaciones y tomando el sentido verdadero de la responsabilidad de los sucesos, ya en su propia psicología como en la legislación comparada, se acentuó mi convencimiento que los retardos de su constitución orgánica y de su general desenvolvimiento no eran la resultante natural y lógica, con arreglo a sus capacidades, impuesta a la labor de los pueblos en sus distintas etapas, sino la perturbación de ellos por las causas que son bien conocidas.
De los tres períodos en que se concreta la vida de las naciones, el primero su independencia y emancipación, es tan luminoso que, sin duda alguna, no habrá otro con mayores esplendores.
El segundo, o sea la organización y constitución, lleno de contratiempos, vicisitudes y contrastes dolorosos más que todo por la sangre vertida y justo es reconocer que por ella han pasado otras naciones en ese período, por más que la nuestra tuvo que soportarlo, sin duda, muy cruentamente, pero que debemos mirar —como lo ha dicho Estrada— con profundo respeto, porque está escrita con la sangre de nuestros hermanos y porque, como lo dice la filosofía política, uno de los errores del espíritu humano es el de detenerse y estancarse a recriminar los hechos ya producidos, cuando lo que debe hacerse es examinarlos al solo objeto de la reparación indispensable para seguir adelante. Esa fue siempre mi manera de pensar y sentir con que me incorporé a la acción pública definitivamente y llevando en mi espíritu una impresión generosa para juzgar los acontecimiento los que consideré como lógicos de las tareas de la organización y así lo enseñé en la cátedra y lo he hecho impertérritamente como consta en todas mis actividades públicas.
Y el tercero, la reparación fundamental que consideré siempre como imperioso deber para la reivindicación y restauración de la nacionalidad.
Así, cuando la descomposición estalló con todos los descreimientos y sin reatos algunos, constituyéndose en régimen y volcándose en él las agrupaciones y todas las tendencias partidarias en una unidad usufructuaria, sin reparo alguno me recogí a meditar sobre el problema que tan inaudita atentado presentaba a la consideración del juicio supremo de la patria, profundizando e ilustrando mi espíritu en todo cuanto debiera en su hora dar la solución.
Esa tarea abarcó todo el tiempo corrido desde el 80 al 90 y al aparecer las concitaciones públicas que sobrevinieron, e incorporarme a ellas dije a la alta dirección de la que formaba parte, que no concurriría a la acción pública para cambiar un gobierno por otro, sino en pos de una primordial transformación que consideraba indispensable. La reivindicación moral y política de los fueros de la Nación y la declinación por mi parte de toda función de gobierno fue el objetivo sustancial y la síntesis definitiva de mi credo; con -ese postulado fundamental y con esa definición personal, tracé el rumbo de actividades, de todo lo que oportunamente hizo pública -manifestación el Dr. Aristóbulo del Valle, en la siguiente relación de sucesos:
«Sr. Director de «La Prensa»: Deliberadamente he guardado silencio algunos días sobre la alusión hecha a mi amigo Dr. Hipólito Yrigoyen, en una discusión del Comité de la Unión Cívica Radical, esperando que él mismo desautorizara la equivocada versión; pero el tiempo transcurrido me induce a pensar que la gentileza de su carácter le habrá aconsejado reserva, y yo, por mi parte, entiendo que le debo testimonio público de todo lo sucedido. Con tal objeto, le ruego quiera facilitar el espacio que requiere la publicación de estas líneas en las columnas de «La Prensa».
Cuando escribí una breve narración de los sucesos en que había intervenido personalmente y que se relacionaban con la revolución de julio, para el libro titulado: «Origen, organización y tendencia de la Unión Cívica», dije lo siguiente:
Nos habíamos preocupado en sesiones anteriores de la designación del jefe de policía. Al principio pensamos en el Sr. don Emilio Castro, pero después decidimos unánimemente, por indicaciones del General Campos, que ocupara ese puesto el Dr. H. Yrigoyen, cuyas condiciones personales y conocimientos de la policía, le indicaba con ventaja sobre cualquier otro para desempeñarla en los primeros momentos. Cuando el doctor Yrigoyen supo su designación, manifestó que aceptaba, como una imposición de su deber, y sólo para permanecer al frente de esa repartición los días que durase el movimiento revolucionario.
Ahora voy a agregar algunos detalles, ya que me vuelvo a ocupar de este asunto, que si no toca el honor, puede lastimar en la susceptibilidad legítima de un caballero, que es severamente escrupuloso en los asuntos que atañen a su decoro
El doctor H. Yrigoyen se entendió directamente conmigo cuando se incorporó al movimiento revolucionario y al hacerlo me pidió con insistencia que no le economizara peligros, pero que tuviera siempre presente que no aceptaría cargos públicos algunos, y más tarde, al saber que había sido designada por la junta revolucionaria para ponerse al frente de la policía, no solamente me manifestó la resolución de no aceptar ese puesto, sino que me hizo un cargo amistoso por haber consentido su designación, diciéndome: “No quiero ocupar puestos públicos de ninguna especie, pero aun cuando fuera otro mi deseo, siento incompatibilidad de corazón y de cabeza con el Jefe de policía, y ustedes deben de imponerme su aceptación”.
Como el nombramiento había sido hecho después de madura reflexión, teniendo en cuenta la situación delicadísima en que íbamos a entrar, que reclamaba al frente de esa institución un hombre de energías y de levantado carácter, que pudiera garantizar la tranquilidad social durante el período revolucionario la junta insistió en su nombramiento y fue entonces que Yrigoyen declaró que aceptaría el puesto, por aquellas consideraciones, como una imposición del deber y con la condición expresa y terminante de que únicamente se le impondría ese sacrificio durante los días de la revolución. Poco después la junta revolucionaria llamó a su seno al Dr. Yrigoyen para que tomara parte en sus deliberaciones.
Así se produjeron los hechos, y cumplí mi deber despejando definitivamente una alusión que cualquiera que sea la circunstancia que se le atribuya, es contraria a la verdad, sin olvidar por eso, que en circunstancias semejantes los cargos públicos no significan beneficios, sino responsabilidades y convencido de que Yrigoyen había aceptado ese puesto, u otro, con la serena independencia de su espíritu, según el propio criterio de su deber, en una situación suprema por la patria, fuera quien fuere el que refrendase su nombramiento. Esa es mi convicción íntima y lo afirmo en el conocimiento que tengo de su carácter tan austero como altivo. Su amiga affmo. A. del Valle, enero 15 de 1892».
Yo vine así al movimiento nacional con el cerebro caldeado en la inculcación de un ensueño infinitamente superior e irreductible y con mi alma inflamada hacia todas las justas y legítimas grandezas de mi patria, y en ese propósito santo y puro, que he mantenido incólume, está toda la savia de mi vida.
He vivido las horas de mi destino con la conciencia plena de los deberes que me deparaba.
Quise condensar en una síntesis reparadora todas las desgracias públicas orientando la redención de mi patria en los principios inmanentes que vislumbra el espíritu humano.
En la realidad pública argentina había que salvar en su esencia todos los atributos de los valores morales, debiendo enaltecerlas en razón inversa del descenso que acusaba el culpable desdén de sus postulados, simbolizándola en una, conceptuosa idealidad, que tremolara bien alto la enseña redentora, definiendo la pauta y fijando la línea. Mantener la austera conciencia nacional en la vigilia constante para salvaguardar por el esfuerzo supremo en progresión ascendente la restauración de todos los fueros y prerrogativas de la Nación. Con este concepto afronté en toda la amplitud de sus comprensiones y en toda la medida de sus energías, la patriótica tarea, orientando y vivificando el sentimiento nacional, con mis juicios y mis actitudes, con la noción clara de la hora histórica y la visión de la ruta que señalaban los acontecimientos que dilucidé amplia y persistentemente en todas las direcciones dé la Unión Cívica Radical y con los hombres más notables del régimen político contra el cual debíamos asumir la vasta tarea; llegando a las conclusiones más satisfactorias que pensamiento superior humano alguno haya alcanzado y a las soluciones más benéficas en el desenvolvimiento político, sociológico, económico y financiero de la Nación.
De manera que mi labor política mi ha sido una acción común cualquiera, no motivada por tendencias algunas, sino que mis consagraciones han sido únicamente hacia la Nación sin que en ningún momento me haya desviado esa orientación permanente y definitiva, ni haya tenido la menor vacilación al respecto, cuya labor he realizado en todos los casos, con la mayor altura y la más absoluta unidad de acción en una nitidez de rectitudes lógicas y concordantes, por más que como es público y notorio tuve consecuentemente todos los ofrecimientos que los hombres más notables del régimen en el gobierno o fuera de él me hicieron reiteradamente, como es de pública notoriedad.
El primer ofrecimiento que se me hizo, fue el del presidente doctor Luis Sáenz Peña, por intermedio del doctor Aristóbulo del Valle, de todo el ministerio, sobre la base de que yo formaría parte de él —que rehusé—, contestándole que no habíamos venido al escenario político de la Nación bus,- cando ministerios ni gobiernos, como bien lo sabían ellos, así como no acepté los ofrecimientos que los doctores Ugarte, Sáenz Peña y Pellegrini, alternativamente me hicieron del gobierno de Buenos Aires.
En otra ocasión; cuando el doctor Figueroa Alcorta, al frente entonces del Poder Ejecutivo Nacional, me hizo ofrecer por intermedio del doctor Benito Villanueva, el predominio electoral de las provincias de Córdoba y Buenos Aires, con el propósito —según manifestó— de destruir la influencia política del doctor Ugarte en Buenos Aires, y del general Roca en Córdoba, lo rehusé terminantemente no obstante todas sus insistencias, a objeto de demostrar que con esas provincias, cuya opinión era de la Unión Cívica Radical, quedaría imperando ésta —en toda la República— lo que era realmente exacto.
Así también cuando el general Roca me hizo ofrecer insistentemente la Presidencia de la Nación, sobre la base de que haría deponer al Dr. Figueroa Alcorta, rehusé de la misma manera el ofrecimiento.
Tampoco acepté, por razones de otro orden, la candidatura a gobernador, cuando la Unión Cívica Radical llegó al gobierno de la provincia de Buenos Aires, después de una solemne contienda revolucionaria, para lo que fui elegido unánimemente por la Convención, porque he creído siempre que es incompatible con los principios democráticos, el caso, en que el mismo ciudadano que organiza las fuerzas revolucionarias y las lleva a la acción, concluye por ser el gobernante del pueblo en cuyo seno se han producido esos acontecimientos. Igual actitud asumí más tarde cuando fui proclamado candidato a senador.
Conformando estos juicios de ética política, el manifiesto con que la Unión Cívica Radical fue a la revolución del 4 de febrero declaró que ninguno de los que firmaban ese documento ocuparía cargo alguno en el gobierno.
Todo lo que fue notorio y está asentado en los diarios correspondientes, de esas horas, y en los documentos que oportunamente di a la publicidad.
Tuve, como, dejo dicho, los ofrecimientos más amplios de los adversarios políticos, que rehusé inalterablemente porque iba hacia una finalidad infinitamente superior, y porque no hubiera aceptado jamás un gobierno que adoleciera del fundamento y de la razón determinante de su existencia, ni por esas sendas habría llegado la Nación a las solemnes y grandes soluciones que se han alcanzado, sino que habría incurrido en sorprendentes des-vados del sublime apostolado que ha tenido magnificencias tales y tantas, que la han transformado evidentemente en todas sus fases, fijando impertérritamente la legalidad representativa y la exactitud del sistema que nos rige, por lo que ante todo había que producir la reconstrucción política sobre la base originaría de las justas y legales representaciones democráticas.
Del mismo modo, nunca acepté composiciones de lugar, para ninguno de los componentes de la Unión CívicaRadical, no obstante que me fueron ofrecidos cargos públicos para ellos por los gobiernos, y especialmente por el doctor Roque Sáenz Peña.
Ningún radical, asimismo, me hizo jamás la menor insinuación en el sentido de ocupar puesto alguno.
Si ésa hubiera sido la tendencia de mi espíritu, la misma composición de la Suprema Corte, sería de una comunidad armónica con mis credos.
Pero, repito, refractario mi espíritu a esas modalidades, jamás me habrá sentido V. Honorabilidad, con esa tendencia, sino con la de darle, como he dicho, ante la Nación, por mis actitudes, el mayor rango posible, como la suprema autoridad de justicia de nuestra patria, y llevando a la austeridad de sus juicios las cuestiones más importantes de la vida del Estado.
Ese monumento cívico de trascendencia tan definida en la marcha del perfeccionamiento de la vida de la Nación; esta reconstrucción fundamental de todo su organismo, esta escala de lineamientos ascendentes siempre, que constituye la demostración de la intensa labor que ha debido llevarse a cabo para la normalización de la vida en todas sus irradiaciones, esta magistral obra en fin, de interpretación meridiana en su magno significado, que ha condensado todos los esplendores de la espiritualidad nacional, es la que ha sido vilipendiada y defraudada por Vuestra Honorabilidad, con un proceso a todas luces inaudito.
Sobre esta enorme suma de consagraciones y realizaciones superiores, es que V. Honorabilidad, ha pretendido hacer su pronunciamiento, sin considerar la cuestión en su verdadero concepto institucional, ni en su estructura orgánica, y cerrando en cuanto ha podido hacerlo toda dilucidación, desnaturalizando las reglas del derecho público, con juicios e irreverencias a mi respecto, tan falsarias en su razón de ser como abusivas por el predominio de la fuerza y el sometimiento y la abdicación de V. Honorabilidad, llegando a afirmar que he Presentado las cuestiones, fuera de tiempo, lo que es absolutamente incierto, como lo testimonia toda Mi documentación que V. Honorabilidad tiene en su poder.
Piense V. Honorabilidad que sólo es eminente de entidad que, con las propias calidades con la Divina Providencia la ha invertido, va marcando jalones en su trayectoria e iluminándola en un orden siempre ascensional hacia todas las cumbres, y respetable es la entidad que en ningún momento de la vida ha dejado de serlo sino que en su marcha, acentúa cada vez más ese concepto, con integridad, probidades, y magnanimidades absolutas, y ésa es la lumbre que ilumina todo el tránsito de mi desenvolvimiento en cualquiera de las esferas de las actividades que he asumido.
Piense también que el imperio del hecho, está siempre vencido por la razón del derecho y en definitiva condenado por la sanción de la virtud y la justicia.
No me cierre V. Honorabilidad, sus estrados como lo ha hecho hasta hoy y déme todas las justas amplitudes para esclarecer en todas sus lucideces la cuestión suscitada tan intencionada como malévola, contra el gobierno que he ejercido; y hágase cargo de las cuestiones que le he planteado rebatiéndolas como le parezca, pero no eludiéndolas, tal como lo ha hecho.
Y permítame el más primordial derecho de defensa, que, en este caso es la investigación documentativa de toda la administración del gobierno que he desempeñado, sobre los puntos que han servido de pretexto para mantener al «procesado» dos años, hasta ahora, en un encierro, el más indigno y vituperable en que haya sido colocado un ciudadano que jamás tuvo nada que hacer con las demandas de la justicia, y que no ha tenido los cargos públicos como refugio o recurso propio para nada ni nadie, sino que fue al gobierno a llenar un cometido histórico, a consolidar la obra legendaria realizada por la Nación a culminar uno de sus más grandiosos y nobles gestos, con la visión genial de sus destinos.
A enseñar las austeras comprensiones de las éticas políticas, a ejemplarizar con sus actitudes el respeto de todas las instituciones de la ciencia del gobierno, y a trabajar, haciéndole cuantiosos bienes, así como a restaurar en la medida de lo posible, gran parte de su patrimonio defraudado durante tanto tiempo, y que, por la sanción de V. Honorabilidad, ha dado respecto de una de sus fuentes de riquezas, cuya gestión la presentó oportunamente a V. Honorabilidad lo pone de nuevo en pleno desamparo de las garantías del Estado.
Mi labor de gobierno, en medio de hondas perturbaciones, fue enorme como idealidad infinita y como eficiencia múltiple en todas las esferas, por lo que no hay un solo paraje de la Nación que no tenga recordaciones gratas y saludables dé acción reparadora y benéfica, ni un solo acontecimiento internacional en el cual no haya dejado recuerdos imperecederos, por las actitudes asumidas, ora en el orden general, ora en los sucesos de nuestra América, en comunidad con nuestra madre patria, y en la unidad por siempre de la raza.
Y a más de todas las funciones que afronté y abordé, hice también un gobierno protector para todas las pobrezas o indigencias.
He desempeñado el cargo, pues, como las circunstancias de la hora en que lo asumí, reclamaba la Nación, sin prevenciones algunas, pero con una definición de conceptos inconfundibles en su esencia y aplicación; sin afinidades en ningún caso; pero con una ecuanimidad y circunspección inalterables en la línea de conducta trazada, con un solo punto de mira: la nacionalidad en faz culminante y grandiosa.
Y termino contestando a las irreverencias de V. Honorabilidad, sean cuales fueren los eventos de sus definitivas soluciones, que la Nación no tuvo jamás hijo más patriota que yo, ni más augusto en las idealidades de ese concepto, y que afrontara con más consagraciones los acontecimientos de su vida y lo, esclareciera con más esplendores y fulguraciones.
Reitero, pues, la gestión de nulidad de este juicio, por las justísimas razones que dejo expuestas en, cuanto a la incompatibilidad de V. Honorabilidad para atender en él, y como cuestión previa la de haberse substraído a las prohibiciones terminantes fijadas en la Constitución que he dejado examinadas, haciendo extensiva, por puro deber, esta observación respecto a la constitución de esa Corte, con motivo de las dos últimas designaciones con que fue integrada.
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Artículo 3
 artículo 1

Artículo 4
 artículo 1
 artículo 80

Artículo 5
 resolución 
 resolución