Source: http://www.legaltoday.com/informacion-juridica/jurisprudencia/penal/sentencia-num-8332015-audiencia-provincial-madrid-seccion-17-29-12-2015
Timestamp: 2019-08-21 21:09:51+00:00

Document:
Marginal: PROV\2016\39109
Recurso de Apelación núm. 833/2015
DELITOS RELATIVOS A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL: Presunción de inocencia: vulneración inexistente: existencia de prueba: declaración testifical del representante legal de Telepizza corroborada por la documental consistente en los contratos firmados con el acusado.
La Sección 17ª de la AP de Madrid estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de fecha 13-04-2015, dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Móstoles, en el único sentido de modificar la responsabilidad civil derivada del delito.
" Ricardo , mayor de edad, carente de antecedentes penales, socio único y administrador de la empresa LAREY XXI SL, celebró en fecha 22 de marzo de 2002, un contrato de franquicia del sistema TELEPIZZA con la mercantil TELEPIZZA SAU, titular de la marca TELEPIZZA y de otras marcas conexas, que se encuentran debidamente registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas. El objeto del contrato era la explotación del sistema TELEPIZZA, en un establecimiento ubicado en la avenida de las Provincias nº 16 de la localidad de Fuenlabrada.
La causa estuvo paralizada durante 2 años y 7 meses aproximadamente, entre la remisión de las actuaciones al Juzgado de lo Penal y el dictado del auto de admisión de prueba, por causa no imputable al acusado. "
"CONDENO a Ricardo , como autor responsable de un DELITO CONTRA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, a UN AÑO DE PRISION, con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como a UN AÑO Y TRES MESES DE MULTA, a razón de seis euros diarios, con la consiguiente responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas; en concepto de responsabilidad civil, el condenado indemnizará a TELEPIZZA SAU por el importe de la contraprestación de la franquicia, desde la resolución del contrato, hasta julio de 2008 (fecha en la que se produjo el cese en la actividad), cantidad que se determinará en ejecución de sentencia, e igualmente indemnizará en la cantidad 144.492 euros en concepto de daños y perjuicios prevista como cláusula penal en la estipulación duodécima, apartado 2, del contrato de franquicia de 22 de marzo de 2002. Dichas cantidades devengarán el interés legal previsto en el art. 576 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) para el caso de mora procesal. "
El acusado se ha acogido en el acto del juicio oral a su derecho a no declarar, por lo que debe tenerse en cuenta la doctrina del TS recogida entre otras en Sentencia de fecha catorce de Octubre de dos mil quince (RJ 2015, 5029) . "como indicaba esta Sala, en la STS núm. 849/2014, de 2 de diciembre (RJ 2014, 6353) con cita de las SSTS 711/2014 de 15 de octubre (RJ 2014, 5601) y 487/2014, de 9 de junio (RJ 2014, 4223) , no posibilita su integración como indicio para obtener prueba de cargo, cuando al existente es insuficiente: De la aplicación que hace el Tribunal Constitucional de la doctrina procesal del Caso Murray (TEDH 1996, 7) se desprende que la jurisprudencia que sienta el TEDH no permite solventar la insuficiencia de la prueba de cargo operando con el silencio del acusado . La suficiencia probatoria ajena al silencio resulta imprescindible. Esto es: una vez que concurre prueba de cargo "suficiente" para enervar la presunción de inocencia es cuando puede utilizarse como un argumento a mayores la falta de explicaciones por parte del imputado. De lo contrario, advierte reiteradamente el Tribunal Constitucional, se correría el riesgo de invertir los principios de la carga de la prueba en el proceso penal. De modo que, tal como señala el supremo intérprete de la norma constitucional, el silencio del acusado puede servir como dato corroborador de su culpabilidad, pero no como medio para suplir o complementar la insuficiencia de prueba de cargo contra él."
Dicha documentación deja aflorar, que el acusado conocía que el contrato de franquicia estaba resuelto desde el día 27 de diciembre de 2007 y no obstante continuó utilizando la imagen de Telepizza, usurpando la marca pues conocía la titularidad de la misma sin tener autorización para ello y con la oposición de Telepizza , utilizando sus logos, rótulos publicidad, utilizando productos que no eran de Telepizza, sin que el acusado frente a todos estos datos haya ofrecido explicación alguna, alegando error invencible o vencible, que explica en que estaba pagando las cantidades, pero lo cierto es que la resolución del contrato de franquicia se realizó con su conocimiento y con su consentimiento, reforzado su conocimiento por los con los requerimientos notariales y burofaxes remitidos por la empresa, manteniendo el uso de la marca hasta que por el Juzgado Instructor en fecha 15 de julio de 2008 , acordó requerir al acusado para que cesara en su actividad, retirando los distintivos y cualquier referencia a la marca "Telepizza" , con apercibimiento de que en caso de no retirarlo se retiraría por un tercero: como tampoco puede ampararse en la presentación por el querellante de una demanda civil, pues si Telepizza no le facilitó ningún producto hasta la finalización del pleito civil, podía proveerse de otros productos ni utilizar los signos distintivos de la marca.
El acusado, frente a la prueba personal practicada y la documental expuesta , que acreditan la falta de autorización del acusado para seguir manteniendo el contrato de franquicia, y la utilización de la marca TELEPIZZA, no ha declarado en el plenario, y por lo tanto no ha ofrecido explicaciones sobre los hechos que se le imputan ni sobre el error que alega padeció , corroborando así con su silencio la certeza de los hechos que configuran la acusación, siendo correcta la calificación jurídica, que encaja de lleno en el artº 274.1 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) es la siguiente: "... el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo usurpe un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial encuentre registrado...". aplicado correctamente por la juez a quo.
El Tribunal Supremo en sentencia de fecha de 10 de Diciembre de 2008 (RJ 2008, 7758) , ha recogido que "La jurisprudencia de esta Sala viene sosteniendo desde que la pérdida de derechos -en el caso el derecho fundamental a ser enjuiciado en un plazo razonable o sin dilaciones indebidas , es decir, procesalmente inexplicables- sufrida como consecuencia del proceso es equivalente a los males sufridos como consecuencia del delito que, al menos desde el siglo XVII, es considerada una pena natural, que debe computarse en la pena estatal impuesta por el delito para mantener la proporcionalidad entre la gravedad de la pena (es decir: la pérdida de bienes o derechos) y el mal causado por el autor. Por lo tanto, esa pérdida de derecho debe reducir correspondientemente la gravedad de la pena adecuada a la gravedad de la culpabilidad, porque ya ha operado como un equivalente funcional de la pena respecto de una parte de la gravedad de la culpabilidad. A estos efectos da igual que la demora injustificada se produzca antes o después de que el juicio quede visto para sentencia. En la medida en que al acusado no le es exigible que actúe para interrumpir la prescripción del delito, su aquietamiento es irrelevante.
La solución, como se ha expuesto en otros precedentes ha sido considerada como adecuada reparación de la pérdida del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Todo ello, sin perjuicio del mal funcionamiento de la Justicia que toda dilación indebida del proceso conlleva. Ello no significa, como es claro, que se puedan confundir la reparación del mal funcionamiento de la justicia con la reparación de la pérdida del derecho fundamental que es función de los tribunales de la causa."
En sentencia de veintiuno de abril de dos mil quince (RJ 2015, 1860) , se recoge "Cuando se trata de la atenuación por la existencia de dilaciones indebidas , la Jurisprudencia ha vinculado la atenuación a la necesidad de pena, que se considera debilitada si el transcurso del tiempo es relevante y si las particularidades del caso lo permiten, en atención a la gravedad de los hechos y a las circunstancias concurrentes --en este sentido, las SSTS 1432/2002, de 28 de Octubre(sic) (RJ 2002, 8274) ; 835/2003, de 10 de Junio (RJ 2003, 4399) y 892/2004, de 5 de Julio (RJ 2004, 4445) --. Asimismo, la jurisprudencia la ha relacionado con el perjuicio concreto que para el acusado haya podido suponer el retraso en el pronunciamiento judicial -- SSTS 1583/2005, de 20 de Diciembre (RJ 2006, 686) ; 258/2006, de 8 de Marzo (RJ 2006, 2237) ; 802/2007, de 16 de Octubre (RJ 2007, 7313) ; 875/2007, de 7 de Noviembre (RJ 2008, 1081) y 929/2007, de 14 de Noviembre (RJ 2008, 257) , entre otras--. Ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta al determinar las consecuencias que en la pena debe tener la existencia de un retraso en el proceso que no aparezca como debidamente justificado.
Pues bien, desde esta perspectiva se ha aplicado la cualificación con rebaja de un grado en dilaciones de nueve años -- SSTS 655/2003 (RJ 2003, 4722) y 506/2002 (RJ 2002, 4337) --; de ocho años -- STS 291/2003 (RJ 2003, 5150) --; de ocho años -- STS 71/2009 (RJ 2009, 826) --; de cuatro años y ocho meses -- STS 238/2010 (RJ 2010, 2423) -- y con penados semejantes -- STS 128/2008 (RJ 2008, 2698) --.
En el caso de autos se trata de dos años lo que solo puede valorarse como atenuante ordinaria. "
"Esta Sala viene considerando la cosa juzgada como cuestión que, aunque de orden procesal, puede ser discutida en trámite casacional, y ya la Sentencia de 24 de noviembre de 1987 (RJ 1987, 8590) , declaró que aquélla constituía una verdadera causa de no punibilidad, semejante a la prescripción, a la amnistía o indulto, que ausente del artículo 112 del CP 1973 (RCL 1973, 2255) , aparece sin embargo junto a éstos, como artículo de previo pronunciamiento en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEG 1882, 16) . Ha de afirmarse que la misma es una consecuencia inherente al principio " non bis in idem ", el cual ha de entenderse implícitamente vinculado a los principios de legalidad y tipicidad de las infracciones, incluido en el artículo 25 de la Constitución Española (RCL 1978, 2836) . En suma, un derecho fundamental que impide castigar doblemente por un mismo delito, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Constitución Española , en relación con el artículo 14.7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (RCL 1977, 893) , según el que, nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto en virtud de sentencia firme "de acuerdo con la Ley de Procedimiento Penal de cada país". A diferencia de lo que ocurre en otras ramas del derecho, la única eficacia que produce la cosa juzgada material en el ámbito penal, es la preclusiva o negativa, lo que significa que no se puede seguir otro procedimiento de semejante orden penal sobre el mismo hecho y respecto de la misma persona, cuando la causa criminal fue resuelta con anterioridad por sentencia firme o resolución similar. Asimismo, frente a la identidad subjetiva, objetiva y de causa de pedir exigida en el ámbito civil, se han restringido los requisitos para apreciar la cosa juzgada en el orden penal, bastando los dos primeros, careciendo de significación, al efecto, tanto la calificación jurídica como el título por el que se acusó, cuando la misma se base en unos mismos hechos. Tal doctrina está totalmente consolidada por una jurisprudencia muy reiterada, pudiendo citarse entre otras las Sentencias de 16 de febrero (RJ 1995, 1176) y 30 de noviembre de 1995 (RJ 1995, 8330) , 17 octubre (RJ 1994, 8016) y 12 de diciembre 1994 (RJ 1994, 9374) , 20 junio (RJ 1997, 4853) y 17 noviembre 1997 (RJ 1997, 8050) , y 3 de febrero (RJ 1998, 937) y 8 de abril de 1998 (RJ 1998, 4697) ."

References: resolución 
 resolución 
 artículo 112
 artículo 666
 artículo 25
 artículo 10
 artículo 14
 resolución