Source: https://www.mundojuridico.info/delito-de-sustraccion-de-menores/
Timestamp: 2019-03-19 16:17:27+00:00

Document:
El delito de sustracción de menores está castigado con la pena de prisión de 2 a 4 años e inhabilitación de la patria potestad de 4 a 10 años.
Hablamos del delito de sustracción de menores cuanto el autor es cualquiera de los progenitores.
El artículo 225 bis del Código Penal establece:
Audiencia Provincial de Murcia (Sección 3ª), Auto 1.12.2017:
“Sentado lo anterior, compartimos la decisión del Juez Instructor, por cuanto el sujeto activo del delito solo puede ser el progenitor que no ostente la titularidad de la custodia del menor y ello porque así se desprende claramente de la Exposición de Motivos de la Ley 9/2002 de 10 de diciembre, que introduce el delito de sustracción de menores del artículo 225 bis Código Penal, cuando dicha Exposición señala que:
“resulta necesario prever una respuesta penal clara distinta del delito de desobediencia genérico, para aquellos supuestos donde quien verifica la conducta de sustracción o de negativa a restituir al menor es uno de los progenitores, cuando las facultades de inherentes a la custodia del menor han sido atribuidas al otro “.
Cierto es que del texto de la ley, de las tres posibles conductas que describe el párrafo segundo del art. 225 bis, únicamente en la conducta tipificada en el art. 225 bis 2, 1 (” el traslado de un menor de su lugar de residencia sin el consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda y custodia”) se hace referencia expresa a que el sujeto activo del delito solo puede ser el progenitor que no tiene la custodia del menor.
Sin embargo, la dicción amplia y clara de la Exposición de Motivos justifica que la Doctrina y la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales se hayan pronunciado en el sentido de que también en casos descritos en el nº 2 del art. 225 bis 2, es decir, “la retención de un menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa ” y del nº 3 del mismo precepto, que prevé el supuesto de ” cuando el menor sea trasladado fuera de España o fuere exigida una condición para su restitución “, el sujeto activo del delito solo puede ser el progenitor no custodio, veáse en este sentido la Sentencia de la AP Madrid (Sección 15ª), núm. 131/2017, de 27 de Febrero.
Así las cosas, dado que en supuestos de defectuosa técnica legislativa ha de adoptarse la interpretación más favorable, no resulta posible perseguir penalmente los hechos expuestos en la denuncia, sin forzar el tipo penal más allá de lo que se infiere de la tipificación de las conductas punibles y el bien jurídico que tutela la norma penal, la protección del menor determinada jurisdiccionalmente, su bienestar determinado judicialmente, no los derechos paternofiliales, por lo que no puede equipararse a efectos punitivos la conducta de sustracción del progenitor custodio y la del no custodio, obviando los principios de legalidad y de taxatividad.
En el presente caso, examinadas las actuaciones procede confirmar el sobreseimiento decretado por cuanto el supuesto traslado de residencia de la menor a Miami ha sido efectuado por la progenitora custodia y no consta que ésta haya dificultado la relación o visitas del padre con la menor.”
Juzgado de lo Penal nº 1 de Granada, sentencia 18.07.2018:
“Los hechos probados constituyen dos delitos de previstos en el artículo 225 bis 1 del Código Penal de los que responde como autora la acusada.
El artículo citado establece pena de prisión de dos a cuatro años para el progenitor que sin causa justificada, sustrajere a su hijo menor, entendiendo por sustracción el traslado del mismo de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quién conviva habitualmente o de la persona o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda y custodia ( 225, bis 2 1º); o la retención de un menor incumpliendo gravemente una resolución judicial o administrativa. (art 225, bis 2 2º).
Del tenor de estos dos últimos párrafos, se deriva que el delito se puede cometer tanto en los casos en que se incumple una resolución judicial o administrativa que atribuya la guarda y custodia a un determinado progenitor, como en aquellos otros en que uno de los progenitores custodios simplemente traslada al menor de su lugar de residencia sin consentimiento del otro progenitor con quién conviva habitualmente.
En este caso, la acusada, incurre en delito por las dos modalidades, pues consuma la modalidad del párrafo 1º en un primer momento, en mayo de 2016, cuando traslada a los menores desde Italia, donde residían habitualmente en compañía de ella y el padre, a España, bajo el pretexto de ver al resto de sus familiares, pero adopta la decisión de no volver ni devolverlos a aquel país, aunque al otro progenitor se la va manifestando de forma progresivamente meditada, primero bajo el achaque de no hallarse bien, para al fin manifestarle de forma expresa que no iba a volver con los niños.
Posteriormente, el 11 de julio de 2017, consuma el párrafo 2º, cuando hay una resolución judicial firme del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada que le impone la inmediata devolución de los menores, y, de forma deliberada y consciente, vuelve a mostrar su voluntad de no entregarlos. Esta voluntad la vuelve a expresar el 26 de julio, no acudiendo a la entrega en el punto de encuentro que se le señalaba por el Juzgado, como ya había adelantado que haría en una comparecencia ante los medios de comunicación, donde otra persona, que al parecer había asumido el papel de asesora, exhibía esta última resolución.”
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References: artículo 225
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 resolución 
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