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Timestamp: 2018-08-19 01:39:41+00:00

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ESTUDIO JURIDICO 4 - Abogados - Asesoria en Valencia (Lucia Checa y Jose Checa Abogados): 07/01/2015 - 08/01/2015
En este mes de julio ha entrado en vigor la responsabilidad penal de las empresas por los delitos que cometan las personas que estén a su cargo ¿está su empresa preparada?
La reforma del Código Penal establece el deber de los administradores sociales de adoptar y ejecutar modelos eficaces de vigilancia y control para la prevención de delitos, cuyo cumplimiento exime de responsabilidad penal a la sociedad (Modelo de Prevención de Delitos).
Les recordamos que el pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del Código Penal que obliga a las empresas a adoptar medidas de vigilancia y castiga seriamente a las que no cumplan. Se trata de una cuestión de suma importancia para su empresa.
Básicamente, la reforma traspasa a las empresas la responsabilidad penal por los delitos cometidos “en nombre o por cuenta de éstas y, en su beneficio, por sus representantes legales y administradores de hecho o de derecho”. Asimismo hay responsabilidad si el delito lo cometen personas subordinadas a estos representantes o administradores por causa de “no haberse ejercido sobre ellos el debido, control atendidas las concretas circunstancias del caso”. La responsabilidad subsiste aunque no se pueda individualizar la persona física que cometió la acción delictiva.
· Repercusión con los clientes y proveedores y el prestigio de la sociedad.
· Entidades financieras que dificulten o nieguen la concesión de crédito u otras operaciones financieras.
· En caso de tratarse de una sociedad cotizada, consecuencias en el precio de la acción.
· Desprestigio social y empresarial en los medios de comunicación.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 31, 2015
En materia de revisión de la incapacidad existe una doble previsión legislativa: una declaración de incapacidad previsiblemente definitiva, y por ello extintiva de la relación laboral; y una declaración de incapacidad de probable revisión por mejoría y por ello suspensiva de la relación laboral. De acuerdo con la norma, si previsiblemente la situación del trabajador declarado en incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez puede ser objeto de revisión por mejoría, de tal manera que es posible que pueda reincorporarse al trabajo, subsiste la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante 2 años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.
Puede que se haya encontrado en situaciones en las que un/una trabajador/a haya estado de baja durante un tiempo, y posteriormente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le concediera la incapacidad permanente total. Y que un tiempo después, al cabo de un año o año y medio le revisen su incapacidad, y se resuelva que vuelve a ser apto para trabajar, enviándole una carta el INSS al empresario para comunicarle esta situación y exponiendo que le den de alta.
¿Es posible? ¿Qué hacer en esta situaciones de incapacidad revisada?
Nuestro ordenamiento laboral establece en supuestos de incapacitados permanentes que son revisados y les quitan el grado de incapacidad, que el trabajador, cuyo contrato se extinguió por la declaración de incapacidad permanente total o absoluta, puede incorporarse de nuevo a la empresa en alguna de las siguientes situaciones:
Si se considerase que la situación de incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez puede ser reversible, se estipulará la suspensión, de la relación laboral (no confundir con una extinción), con una reserva de puesto de dos años desde la declaración de la incapacidad.
Esta mejoría previsible deberá ser reconocida en la resolución inicial, marcando un plazo de revisión por posible mejoría en un pazo igual o menor a dos años, siendo la Seguridad Social la que informará al empresario de esta posibilidad.
Existencia de previsible mejoría en 2 años (art. 48.2 del Estatuto de los Trabajadores)
De acuerdo con la norma, si previsiblemente la situación del trabajador declarado en incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez puede ser objeto de revisión por mejoría, de tal manera que es posible que pueda reincorporarse al trabajo, subsiste la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante 2 años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la incapacidad permanente.
Así pues, en materia de revisión existe una doble previsión legislativa: una declaración de incapacidad previsiblemente definitiva, y por ello extintiva de la relación laboral; y una declaración de incapacidad de probable revisión por mejoría y por ello suspensiva de la relación laboral. Si no se declara la previsión de revisión por mejoría el trabajador pierde definitivamente el derecho a la reserva del puesto de trabajo y el INSS no puede acordar la revisión por mejoría hasta transcurridos 2 años desde que fue declarada la incapacidad.
Debe partirse que en la resolución por la que al trabajador o trabajadora se le concedió la incapacidad permanente absoluta, se fijó la revisión antes de 2 años, es decir, la suspensión de la relación laboral.
Si se declarara la invalidez de previsible mejoría y una revisión le pusiera fin, el empresario debería aceptar el reingreso del empleado, siempre que esa prueba se realizara en el plazo de dos años. El resultado de la misma puede publicarse más tarde sin problema, ya que la suspensión se prolongaría hasta entonces.
En caso contrario, se estaría incurriendo en un despido improcedente, aunque en su momento se hubiese entregado un finiquito.
Atención: Pueden proceder a una extinción por despido objetivo por causas organizativas o productivas o económicas, si acreditaran alguna de las causas específicas señaladas en el art. 52 del E.T., con el riesgo que si no se cumplieran las causas fijadas en la norma el despido sería improcedente, con derecho al abono de la indemnización correspondiente, descontándose tiempo que ha estado suspendida su relación laboral por la incapacidad permanente.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 30, 2015
Nuevo reglamento del IS y cambios en los del IRPF e IRNR
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 28, 2015
Llega el verano: ¿cuántos días de vacaciones corresponden a cada trabajador? ¿Cómo se fijan? ¿Cómo se retribuyen?
Las vacaciones anuales están estipuladas en un mínimo de 30 días naturales, es decir, 2,5 días por mes trabajado, en las que se incluyen los domingos y festivos. Además de poder disfrutarse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, cabe la posibilidad de dividirse en partes, siempre y cuando una de ellas dure más de dos semanas. Los tribunales han establecido que el periodo de descanso no puede iniciarse en día festivo o inhábil. De la misma forma, si las vacaciones coinciden con días no laborables, estos se computarán como tiempo de descanso cuando se cuenten como días naturales y no como días hábiles. En general, las vacaciones se deben disfrutar dentro del año natural en el que se devengan, por lo que el derecho a su disfrute caduca a 31 de diciembre de cada año.
Ahora que estamos en pleno verano, tanto si el periodo de vacaciones coincide con julio y agosto, que son las fechas más demandadas a lo largo del año, como si son en cualquier otro mes, cada empresario y trabajador debe conocer los días libres que le corresponden, así como algunas dudas que inevitablemente surgen en torno a las vacaciones del trabajador.
Atención. Los tribunales han establecido que el periodo de descanso no puede iniciarse en día festivo o inhábil. De la misma forma, si las vacaciones coinciden con días no laborables, estos se computarán como tiempo de descanso cuando se cuenten como días naturales y no como días hábiles.
Atención. De este modo, si su empleado estuvo de baja desde el 2 de junio hasta el 31 de diciembre de 2014 y en 2014 sólo hizo 15 días de vacaciones, deberá disfrutar de los 15 días restantes hasta como máximo el 30 de junio de 2016.
Cuando un trabajador es despedido, y no ha disfrutado de todas las vacaciones, la empresa procederá a pagarles las vacaciones no disfrutadas, y a cotizar por esos días. Por lo que al finalizar el contrato, so s tienen días de vacaciones no disfrutadas, se continuará de alta y cotizando esos días.
Sí. En el caso de que alguno de los trabajadores no disfrute de todos los días de vacaciones de 2014 por otros motivos (por ejemplo, porque le quedaban un par de días y pensó que los podría traspasar al año siguiente), ahora no podrá exigir su disfrute.
En general, las vacaciones se deben disfrutar dentro del año natural en el que se devengan, por lo que el derecho a su disfrute caduca a 31 de diciembre de cada año. Por tanto, salvo que pacten lo contrario, el trabajador habrá perdido el derecho a disfrutar los días pendientes, y el empresario tampoco deberá compensarle económicamente por esos días no disfrutados.
Atención. Si el sueldo de sus empleados está formado por una parte fija y una variable, deberá incluir en la nómina de las vacaciones un promedio de los conceptos variables que les haya estado abonando.
FOGASA. En caso de insolvencia de la empresa, al ser un concepto salarial, el FOGASA paga las vacaciones que se deberían haber pagado y que se adeudan, pero siempre con los límites que este organismo tiene.
Usted tiene un comercio de venta al público, y un cliente se ha presentado en su establecimiento para devolver un producto que compró hace unos días, exigiéndole que le devuelva el dinero... ¿Está obligado a aceptar?
Consumidores. Aunque la ley protege a los consumidores (personas que actúan al margen de una actividad comercial, empresarial o profesional), usted no está obligado a aceptar la devolución y el reintegro del precio . Una vez adquirido el producto, la compra es firme, y ninguna de las partes puede dejarla sin efecto unilateralmente. ¡Atención! No obstante, el consumidor goza de algunos derechos. Véalos a continuación.
Garantía. En la venta de productos a consumidores finales, la ley establece un plazo de garantía de dos años. Apunte. Si durante ese plazo aparece algún defecto, el consumidor puede exigir su reparación o solicitar la sustitución por uno nuevo. No obstante, si una de estas opciones es desproporcionada, debe acudir a la otra. En este sentido, una opción es desproporcionada si comporta costes no razonables para el vendedor teniendo en cuenta, por ejemplo, la relevancia del defecto.
Ejemplo 1. Un cliente compró un frigorífico de gama alta. Aunque funcionaba correctamente, tenía un problema estético (la puerta de la nevera y la del congelador no ajustaban por pocos milímetros). Apunte. En este caso se rechazó la sustitución del frigorífico por uno nuevo, pues la reparación podía solucionar fácilmente el problema.
Ejemplo 2. Si un cliente compra y paga un ordenador con una pantalla de 19” pero se le entrega uno con una pantalla de 17”, tiene derecho a la sustitución. ¡Atención! Aun así, debe actuar de buena fe. Si tarda más de dos meses en poner de manifiesto el error (ése es el plazo que le otorga la ley para reclamar una vez se da cuenta del defecto), el proveedor puede negarse a la sustitución y aceptar sólo una reducción proporcional del precio.
Por Internet. Donde el consumidor sí tiene un derecho absoluto de devolución (es decir, sin necesidad de alegar causa alguna) es en las compras por Internet y en las demás compras realizadas a distancia (por teléfono, fax...). La ley le otorga este derecho de desistimiento unilateral porque en estos casos no tiene acceso al producto hasta que no lo recibe. Apunte. Eso sí:
El consumidor tiene 14 días para ejercer ese derecho de desistimiento (a contar, en general, desde la entrega del producto).
Pero si el proveedor no le informa previamente de este derecho, el plazo de devolución pasa a ser de 12 meses.
Opción subsidiaria. Otro supuesto en el que el consumidor también tiene derecho a resolver la operación (es decir, puede devolver el producto y exigir la devolución del precio) se da cuando, tras optar por la reparación o la sustitución, éstas no se realizan en un plazo razonable (o se realizan y el producto sigue teniendo defectos). ¡ Atención! En este caso el consumidor podrá optar por una rebaja en el precio o por resolver el contrato (aunque si el defecto es de escasa relevancia, sólo podrá optar por la rebaja en el precio).
Voluntario. Usted también debería aceptar la devolución si voluntariamente ofrece a sus clientes este derecho. Apunte. En ese caso, usted es libre para fijar las condiciones en las que se podrá ejercer el derecho de devolución (por ejemplo, que no devolverá el dinero, sino un vale para consumir en su establecimiento).
Usted no está obligado a devolver el dinero porque el cliente cambie de opinión y deje de gustarle el producto. Sólo lo estaría si el producto se hubiese comprado por Internet, o si fuese defectuoso (en cuyo caso deben cumplirse unos requisitos).
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 25, 2015
Uno de sus comerciales va a estar todo el mes de agosto de vacaciones, por lo que no visitará a ningún cliente ni cerrará ninguna venta. En ese caso, ¿es válido que su empresa no le pague comisiones durante el mes de las vacaciones?
Vendedores. Su empresa cuenta con una red de comerciales a los que abona el salario base fijado en el convenio y las comisiones derivadas de las ventas cerradas durante el mes. ¡Atención! Durante el período vacacional, ¿qué salario deberá abonar a dichos trabajadores? ¿Y a los empleados que no perciben conceptos variables?
Trabajadores ordinarios
Conceptos fijos. A la hora de determinar el salario del mes de vacaciones, haga lo siguiente:
Acuda a su convenio y verifique si éste cuantifica el importe. En este sentido, el convenio colectivo de la construcción establece una cantidad fija a abonar durante las vacaciones.
Si su convenio no regula esta materia o prevé que se debe abonar el salario normal o habitual, incluya todos los conceptos que sus trabajadores perciben cada mes de forma ordinaria . Apunte. Así, aparte del salario base, englobe los complementos personales (como la antigüedad) o los complementos de puesto de trabajo (como la puntualidad, o el plus de nocturnidad si trabaja habitualmente en horario nocturno).
Extrasalariales. Ahora bien, no deberá incluir en el sueldo de las vacaciones todos los conceptos que abone a su plantilla. En concreto:
Excluya aquellos conceptos que tengan naturaleza extrasalarial, como las dietas o los gastos de locomoción. Apunte. Dichos conceptos se abonan para compensar gastos. Por tanto, al no tener la consideración de salario, no se deben pagar en las vacaciones.
Tampoco incluya las horas extras, ya que éstas no se realizan durante las vacaciones. Apunte. Además, dicho concepto –pese a tener naturaleza salarial– tiene carácter extraordinario, ya que sólo se abona cuando su empresa tiene pedidos inesperados o puntas de trabajo.
Salarios ligados a objetivos
Conceptos variables. Vea cómo realizar el cálculo si cuenta con empleados cuyo salario está formado por una parte fija y una parte variable (por ejemplo, unas comisiones por ventas):
Incluya los conceptos fijos siguiendo las reglas indicadas en los puntos anteriores.
E incluya también los conceptos variables . ¡Atención! Compruebe si su convenio indica la forma de abonarlos (por ejemplo, el convenio de la industria textil prevé que se debe efectuar el promedio de los incentivos de los tres meses anteriores). Si su convenio no establece nada, calcule la media del último año.
Argumentos. Según los tribunales [Tribunal de Justicia de la UE 22 de mayo de 2014; Audiencia Nacional 17 de septiembre de 2014] , el salario de las vacaciones debe ser comparable al de un mes normal de trabajo. En caso contrario, el trabajador podría ser disuadido de ejercer su derecho a disfrutar de las vacaciones.
Recomendaciones. Tenga en cuenta esta regla al pactar comisiones y reduzca su porcentaje; así evitará que, al tener que pagarlas durante el mes de descanso, acaben siendo superiores a las previstas. De este modo, si quería pactar una comisión del 10% para unas ventas de 220.000 euros al año (11 meses x 20.000 euros cada mes), pacte una comisión del 9%. Así pagará una comisión de 1.800 euros al mes; y al pagar también esa cantidad en agosto, acabará abonando 19.800 euros anuales, comisión similar a la inicialmente prevista.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 24, 2015
Es frecuente que un trabajador deje una empresa y monte otra por su cuenta, y que a continuación contacte con clientes de su antigua empresa para intentar captarlos... ¿Qué se puede hacer en estos casos?
Trabajador que marcha
Experiencia. En principio, es lícito que un trabajador se vaya de una empresa y constituya otra dedicada a la misma actividad (o pase a trabajar para una empresa de la competencia). Apunte. Si ese trabajador no firmó un pacto de no competencia una vez acabado su contrato, es lógico que aproveche los conocimientos y experiencia adquiridos para seguir realizando su actividad.
Competencia desleal. No obstante, contactar con los clientes de la anterior empresa puede ser considerado competencia desleal, en cuyo caso podrá exigir que cese en los contactos, e incluso podrá reclamar una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Apunte. ¿En qué ocasiones se considera que utilizar el listado de clientes de la anterior empresa es competencia desleal?
Secretos. Muchas empresas alegan que el listado de clientes es un secreto empresarial, y que el trabajador no puede aprovecharse de él sin autorización. ¡Atención! No obstante, estas reclamaciones no suelen prosperar:
El listado debe tener valor comercial por sí mismo. No tiene dicho valor, por ejemplo, un listado público de empresas de un determinado sector.
Además, es necesario que la empresa haya tomado medidas para mantener dicha información en secreto. ¡Atención! Las empresas suelen perder estos pleitos porque no tomaron ninguna medida en este sentido.
Consejo. Por tanto, cuando contrate a un trabajador que tenga acceso a datos de clientes:
Firme un compromiso de confidencialidad en el que el trabajador se comprometa a no utilizar para otros fines esa información (listado de clientes, precios aplicados, etc.). Así podrá demostrar que el trabajador tenía un deber de reserva, y que usted tomó medidas para proteger la información.
Asimismo, para trabajadores que puedan ser un competidor potencial (comerciales, técnicos especialistas...), firme un pacto de no competencia para cuando éstos dejen la empresa. ¡Atención! No obstante, como contraprestación, usted deberá satisfacerles una indemnización de una cuantía adecuada, que tenga en cuenta la duración del pacto y el salario que cobraba el trabajador.
En principio permitido... El intento de captar la clientela de la antigua empresa es lícito (pues forma parte de la libre competencia). Apunte. No obstante, según cómo se realice, puede suponer un acto de competencia desleal (en cuyo caso la anterior empresa podría exigir el cese de esa captación y una indemnización adicional):
Confusión o engaño. Si el trabajador intenta confundir o engañar a los clientes para que se vayan con él. Apunte. Por ejemplo, les indica que la antigua empresa ha cerrado (cuando no es verdad) y que le ha pasado a él su actividad; o utiliza la marca o signos distintivos de la antigua empresa para inducir a error.
Denigración. También es desleal que se denigre a la antigua empresa con información falsa (por ejemplo, indicando que dicha empresa tenía muchas reclamaciones por prestar un mal servicio o por vender productos defectuosos).
Es lícito que un trabajador realice la misma actividad y compita por los mismos clientes. Pero incurrirá en competencia desleal si se aprovecha de secretos empresariales o si capta clientes de forma desleal (por ejemplo, con engaños).
En el BOE de 11 de julio de 2015 se ha publicado el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio, por el que se aprueba el nuevo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades consecuencia de la publicación de la nueva Ley 27/2014 del Impuesto, para revisar totalmente la norma reglamentaria anterior.
En muchos aspectos el desarrollo reglamentario es similar al anterior, pero encontramos novedades interesantes en la documentación de las operaciones vinculadas –muy exigente para entidades con importe neto de la cifra de negocios superior a 45 millones y menor para las pymes-, en la nueva exigencia para las multinacionales de la información país a país, que entrará en vigor en 2016, y en la adaptación de las normas reglamentarias en el régimen de consolidación fiscal al nuevo perímetro del grupo y, en el de reestructuración, a la aplicación, salvo opción en contra, del régimen.
El nuevo Reglamento entró en vigor el 12 de julio de 2015, y será de aplicación a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2015, excepto la regulación sobre información país por país sobre entidades y operaciones vinculadas que entrará en vigor en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016.
En el caso de personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 45 millones de euros, la información y documentación específica sobre operaciones vinculadas establecidas en Reglamento resultarán de aplicación para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2016. En los períodos impositivos que se inicien en 2015, dichas personas o entidades estarán sometidas a las obligaciones de documentación establecidas en el antiguo Reglamento del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio.
¿Qué podemos destacar del nuevo Reglamento?
Sin entrar en detalle en la regulación del nuevo Reglamento, las principales novedades o aspectos más significativos los podemos resumir en los siguientes:
· Método de imputación temporal en el ámbito contable distinto al del devengo
Se establece el procedimiento a seguir para aquellos supuestos en que el contribuyente utilice un método de imputación temporal en el ámbito contable distinto al del devengo, procedimiento que es similar al previsto en el Reglamento anterior. Así, las entidades deberán presentar una solicitud ante la Administración tributaria con al menos seis meses de antelación a la conclusión del primer período impositivo respecto del que se pretenda que tenga efectos. Se elimina la posibilidad de que la Administración apruebe un criterio alternativo al propuesto por el sujeto pasivo, pudiendo solamente estimar o desestimar lo propuesto.
Destaca la supresión del tratamiento de las instalaciones técnicas y de la previsión hasta ahora existente de que para un mismo elemento patrimonial no se pueden aplicar, ni simultánea ni sucesivamente, distintos métodos de amortización, así como la posibilidad de presentar planes especiales de amortización en cualquier momento dentro del plazo de amortización del elemento patrimonial (el anterior Reglamento establecía el plazo de los tres meses posteriores al inicio del plazo de amortización).
· Información y documentación operaciones vinculadas
Información país a país (exigible en ejercicios iniciados a partir de 01-01-2016):
ü Será exigible a las entidades residentes en territorio español dominantes de un grupo (en el sentido de que tengan el control sobre otras de acuerdo al art. 42 del Código de Comercio y con independencia de la residencia y de la presentación de cuentas consolidadas) y a las residentes que sean dependientes, directa o indirectamente, de una no residente que no sea al mismo tiempo dependiente de otra, en determinadas circunstancias como que la no residente no tenga obligación de presentar esta información donde reside.
ü La información solo es exigible a esas entidades cuando el importe neto de la cifra de negocios de las entidades que forman el grupo, en los 12 meses anteriores al período impositivo, sea como poco de 750 millones de euros.
ü La información se dará, de forma agregada, por cada país o jurisdicción, comprendiendo datos como ingresos brutos del grupo, con distinción de los obtenidos con entidades vinculadas, resultados antes de impuestos, Impuesto sobre Sociedades pagados y retenciones, activos o plantilla media.
ü El plazo para presentar la información concluye a los 12 meses desde la finalización del período impositivo.
Documentación específica total
Como establece la Ley del Impuesto, la documentación específica de operaciones vinculadas solo la han de cumplimentar, totalmente, las entidades con un importe neto de la cifra de negocios de 45 o más millones de euros. En estos casos deberán cumplimentar lo siguiente:
ü Información relativa al grupo: estructura del mismo, la relativa a sus actividades, la correspondiente a los intangibles, actividad financiera y la situación financiera y fiscal.
ü Información específica del contribuyente: información del contribuyente como organigrama, actividades y competidores; información de operaciones vinculadas, con descripción de las mismas, las personas o entidades con las que se realizan, análisis de comparabilidad, método aplicado, etc.; y la información económico-financiera del contribuyente.
Documentación simplificada (si el importe neto de la cifra de negocios es menor de 45 millones de euros)
No es posible simplificar la documentación cuando se trata de operaciones específicas como las realizadas por empresarios en módulos, de transmisión de negocios, las de transmisión de acciones o participaciones, las de transmisión de inmuebles (parece que se relaja lo dispuesto en la ley, “operaciones sobre inmuebles”) y operaciones sobre activos intangibles.
ü Contenido simplificado: Descripción de las operaciones, identificación de las personas o entidades vinculadas, método de valoración utilizado y comparables obtenidos y comparables obtenidos y valor o rango de valores derivados del método de valoración.
ü Contenido super simplificado para pymes: las entidades que cumplan los requisitos para aplicar el régimen de empresas de reducida dimensión podrán cumplir con esta obligación utilizando un modelo normalizado aprobado por Orden Ministerial, sin tener que aportar los comparables.
ü La nueva documentación, con respecto a la normativa anterior, se exigirá en períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2016, y en los iniciados en 2015 se exigirá la documentación prevista en la normativa antigua.
No se tendrán que documentar las siguientes operaciones:
Las operaciones entre entidades de un grupo de consolidación fiscal, las operaciones con sus miembros de las AIE y de las UTE salvo que se hayan acogido a la exención de las rentas obtenidas en el extranjero, las OPV u OPA y a las operaciones realizadas con la misma persona o entidad vinculada, siempre que el importe de la contraprestación del conjunto de operaciones no supere 250.000 euros.
Se introducen términos como “comprobación de operaciones vinculadas” (en lugar de “comprobación del valor normal de mercado”) que nos indican que, además de que la Administración pueda comprobar los valores, también podrá comprobar la calificación de las operaciones; se elimina toda referencia a la tasación pericial contradictoria, así como la mención a la incompatibilidad entre recurso de reposición y reclamación económico-administrativa cuando las partes afectadas por la comprobación no se ponen de acuerdo; y se reconoce explícitamente que la Administración debe realizar el ajuste bilateral, aunque también lo puede llevar a cabo el contribuyente, con carácter previo, en la autoliquidación.
Como la Ley prevé que no se realice dicho ajuste cuando se proceda a la restitución patrimonial entre las personas que intervienen en la operación, se concreta que, para que esto se aplique, habrá de justificar la restitución antes de que se dicte la liquidación que lo regularice.
Acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas
También se puede solicitar el acuerdo para el cálculo de las rentas estimadas por operaciones con establecimientos permanentes en el extranjero.
En el contenido del acuerdo se pueden recoger asunciones críticas que, en caso de producirse, condicionan la aplicación del acuerdo en los términos que se detallen en el mismo.
Documentación de operaciones con personas o entidades no vinculadas residentes en paraísos fiscales
• Se elimina la no exigibilidad de documentación de aquellas operaciones realizadas con la misma persona o entidad cuyo importe conjunto no supere los 250.000 Euros.
• Se exceptúan de esta obligación las transacciones llevadas a cabo con entidades que cumplan los dos requisitos siguientes: a) que residan en un Estado miembro de la Unión Europea o en Estados integrantes del Espacio Económico Europeo con los que exista un efectivo intercambio de información en materia tributaria; y b) que el contribuyente acredite que las operaciones responden a motivos económicos válidos y que esas personas o entidades realizan actividades económicas.
· Valoración de proyectos de investigación científica e innovación tecnológica
Se regula el procedimiento para la obtención de acuerdos previos de valoración de gastos correspondientes a proyectos de investigación científica e innovación tecnológica, que las personas o entidades que tengan el propósito de realizar dichas actividades pueden solicitar a la Administración tributaria.
Se establece que en el caso de que se aprobase otra propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada, se requiere que sea aceptada por el contribuyente.
Se elimina el límite temporal de vigencia de la Resolución (antes no podía ser superior a 3 años).
· Valoración de activos intangibles
Se regula el procedimiento para la obtención de acuerdos previos de valoración o de calificación y valoración de rentas procedentes de determinados activos intangibles que podrán solicitar con carácter previo a la realización de las operaciones susceptibles de acogerse a la reducción prevista en la Ley del Impuesto para las rentas procedentes de la cesión del derecho de uso o de explotación de patentes, dibujos o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, de derechos sobre informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas que cumplan determinados requisitos.
En concreto, destacamos como modificaciones:
• Se elimina la referencia a que podrá requerirse al solicitante para que, en su caso, subsane errores o complete la solicitud disponiendo para ello de un plazo de 10 días y archivando las actuaciones sin tener por presentada la solicitud en caso de no atender el citado requerimiento.
• Se matiza que en el caso de que se aprobase otra propuesta de valoración que difiera de la inicialmente presentada, ésta debe ser aceptada por el contribuyente.
· Regímenes especiales
Se mantiene, sin modificaciones sustanciales, el desarrollo reglamentario de los siguientes regímenes especiales: (i) el régimen fiscal de determinados contratos de arrendamiento financiero, (ii) el régimen de entidades de tenencia de valores extranjeros y (iii) el de los partidos políticos.
El régimen de las entidades navieras en función del tonelaje también se mantiene en los mismos términos que en el Reglamento anterior, salvo en lo que se refiere a la solicitud, prórroga o renuncia del citado régimen especial, que de acuerdo con el régimen anterior tenía que presentarse con, al menos, 3 meses de antelación al inicio del período impositivo y que ahora puede presentarse en cualquier momento antes de la finalización del periodo impositivo.
En relación con los demás regímenes especiales destacan los siguientes aspectos:
• Con respecto a las agrupaciones de interés económico (AIE) españolas y europeas y a las uniones temporales de empresas (UTE) se modifica el contenido de la información a suministrar junto con la declaración del Impuesto por estas entidades en consonancia con las modificaciones introducidas por la Ley. De este modo, incorpora como novedades las siguientes:
o (i) Se especifican las personas o entidades a las cuáles se realiza la imputación de rentas de las cuales debe informarse: aquellas que ostenten los derechos inherentes o la cualidad de socio o empresa miembro que sean residentes en territorio español o no residentes con establecimiento permanente en el mismo.
o (ii) Por otro lado, se actualizan los conceptos correspondientes a las cantidades que, de acuerdo con la nueva LIS, deben ser objeto de imputación. Así, además de los conceptos ya previstos en el anterior Reglamento se añade, como cantidades objeto de imputación, la referencia expresa a (i) los gastos financieros netos no deducidos por la entidad, a (ii) la reserva de capitalización no aplicada por la entidad, y a (iii) la reserva de nivelación para minorar o incrementar la base imponible.
• Con relación al régimen de consolidación fiscal, se sustituyen, en consonancia con la modificación legal del perímetro de consolidación (que ahora puede abarcar a sociedades residentes en España aunque dependan de una no residente), las referencias a la entidad dominante por la entidad representante en cuanto a la manifestación de que se cumplen los requisitos para aplicar el régimen, cuando se opta a él, a la entidad a la que se realiza la comunicación por la Administración del número del grupo fiscal otorgado y a que dicha opción se ha de comunicar a la Delegación de la AEAT del domicilio fiscal de la entidad.
o Si la dominante no es residente en territorio español, en la comunicación de la opción será preciso identificar a la entidad dominante del grupo fiscal e incluir un documento en el que se designe a la representante.
o Se obliga a comunicar el porcentaje de los derechos de voto mantenidos por la entidad dominante en todas las entidades del grupo.
o Se suprime el detalle de competencias de inspección de los grupos fiscales, haciendo una remisión a las normas de la estructura orgánica de la AEAT.
• Con relación al régimen de fusiones, escisiones, aportaciones de activos, canje de valores y cambio de domicilio social de una Sociedad Europea o una Sociedad Cooperativa Europea de un Estado miembro a otro de la Unión Europea, destaca la desaparición de la opción por la aplicación del régimen de las operaciones de reestructuración que ha supuesto con carácter general, una minoración de las obligaciones formales para el sujeto pasivo. En lo que se refiere a la comunicación de la realización de operaciones de reestructuración que debe realizarse a la Agencia Tributaria, el Reglamentos establece lo siguiente: (i) Se efectuará, con carácter general, por la entidad adquirente, salvo que la misma no sea residente en territorio español, en cuyo caso se hará por la entidad transmitente. Si tanto la entidad adquirente como la entidad transmitente son no residentes en territorio español, la comunicación se efectuará por los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes en territorio español. En caso contrario, la comunicación la realizará la entidad transmitente. (ii) En cuanto al plazo para efectuar la comunicación, se mantiene en los tres meses siguientes a la fecha de inscripción de la escritura pública en que se documente la operación. No obstante, en aquellas operaciones en las que la entidad adquirente y la transmitente no sean residentes en territorio español, se prevé que la comunicación se pueda realizar en el plazo previsto para la presentación de declaraciones o autoliquidaciones correspondientes a los socios de la entidad transmitente, siempre que sean residentes en territorio español. En caso contrario, se aplicará el plazo de los tres meses.
Con carácter general el porcentaje de retención será del 19% (con las matizaciones que haremos a continuación respecto al año 2015) excepto en relación con:
o procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, que se mantiene en el 24% y;
o Premios de loterías y apuestas que, por su cuantía, estuvieran sujetos y no exentos del gravamen especial de determinadas loterías y apuestas, que será del 20%.
Como consecuencia del régimen transitorio previsto en la Ley y las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del IRPF y otras medidas de carácter económico, el porcentaje de retención general del 19% será:
• Del 20% desde el 1 de enero de 2015 hasta el 11 de julio de 2015.
• Del 19,5% desde el 12 de julio hasta el 31 de diciembre de 2015.
Además: se especifica que en el caso del arrendamiento o subarrendamiento de inmuebles urbanos, la base de retención estará constituida por todos los conceptos que se satisfagan al arrendador. También se recoge en la norma reglamentaria que en el caso de premios de lotería y juegos “oficiales” la retención se practicará sobre el premio sujeto y no exento.
De ESTUDIO JURIDICO4- CHECA ABOGADOS en julio 23, 2015
Subvenciones 2015 trabajadores y socios de cooperativas y sociedades laborales Comunitat Valenciana – resumen -
PLAZO SOLICITUDES 2015: 2 meses desde 10-07-2015.
Bases: Orden 36/2010. Base 2.1 a) (DOGV 09-09-2010)
Convocatoria 2015: Rsl 22-06-2015 (DOGV 09-07-2015)
OBJETO: facilitar la participación de los trabajadores en las cooperativas y sociedades laborales valencianas, mediante subvenciones a los trabajadores que accedan a la condición de socios trabajadores o de trabajo de dichas empresas
La base 2.1.a de la Orden 36/2010 establece que podrán acogerse a las ayudas en la misma reguladas y que son objeto de la presente convocatoria, las personas vinculadas por un contrato de trabajo de carácter indefinido con la cooperativa o sociedad laboral que se hayan convertido, en el ejercicio anual correspondiente y hasta la fecha de solicitud de subvención, en socios trabajadores o de trabajo de la misma empresa, mediante ingreso como socias de ella y la suscripción de las aportaciones obligatorias, cuotas de ingreso, acciones o participaciones en dichas empresas, según proceda.
Entre otros requisitos de los solicitantes:
· Estar vinculada laboralmente, mediante contrato de carácter indefinido a una cooperativa o sociedad laboral, con una antigüedad no inferior a seis meses, contados en la fecha de adquisición de la condición de socio.
· Haberse convertido, durante el ejercicio en que se convoque la ayuda y hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de subvención, en socio trabajador o de trabajo de la empresa para la que realice su actividad laboral.
· Para el caso de prestar servicios en una sociedad laboral, la persona solicitante deberá haber adquirido en ese mismo periodo, en propiedad, un número de acciones o participaciones que no resulte inferior al que, con anterioridad a su adquisición, perteneciese al socio trabajador con menor participación en el capital de la sociedad.
· Para el caso de cooperativas, la persona solicitante deberá suscribir y desembolsar, durante el ejercicio en que se convoque la ayuda y hasta la fecha de presentación de la correspondiente solicitud de subvención, aportaciones obligatorias a capital social por el importe establecido para ellas en los estatutos sociales de la cooperativa o en los acuerdos debidamente adoptados por la asamblea general de la cooperativa, siempre que dichas aportaciones sean exigibles, sin excepción alguna, a todos los socios trabajadores o de trabajo de la cooperativa. Las aportaciones en concepto de cuota de ingreso serán subvencionables sólo cuando se hayan desembolsado con anterioridad por todos los demás socios trabajadores o de trabajo de la misma cooperativa.
· Asumir la obligación de mantenerse, al menos durante cinco años, como socio trabajador o de trabajo de la empresa, sin que durante ese periodo pueda transferir la posesión o propiedad de las acciones o participaciones o transmitir a otra persona las cuotas de ingreso o aportaciones obligatorias hechas a capital social de la cooperativa, salvo excepciones.
a) El gasto necesario para acceder a la condición de socio trabajador en cooperativas y sociedades laborales preexistentes, de trabajadores, vinculados por contrato de trabajo de carácter indefinido con la misma cooperativa o sociedad laboral en la que se integran como socios trabajadores o de trabajo.
· Será subvencionable, siempre que su importe exceda de 3.000 euros, la cantidad efectivamente pagada en el ejercicio a que se refiera cada convocatoria con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, en concepto de precio de adquisición de las acciones o participaciones de la sociedad laboral o en concepto de aportación obligatoria o cuota de ingreso a la cooperativa. Se establecen límites en función del valor de las participaciones o del desembolso efectuado.
· Además, serán subvencionables los gastos de notaría y registro exigidos por las normas de aplicación, así como los impuestos que graven directamente los pagos y que el solicitante haya satisfecho en el mismo periodo citado en el párrafo precedente.

References: resolución 
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 Real Decreto 
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