Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/imprimir/sinopsis_pr.jsp?art=111&tipo=2
Timestamp: 2017-10-22 20:55:51+00:00

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Siendo preguntas e interpelaciones procedimientos de información o fiscalización, sus diferencias estriban más en elementos formales o cuantitativos que en puros elementos materiales o cualitativos. Las preguntas deben formularse respecto a cuestiones concretas y determinadas, o que no tengan una destacada importancia política, mientras que las interpelaciones tienen su campo de aplicación en las cuestiones de mayor trascendencia política o de contenido muy amplio, como son las que están relacionadas la acción política general o de un departamento.
Otros Parlamentos, como el español, diferencian a su vez entre las preguntas de contestación ante la Cámara y ante las comisiones.
La regulación de este tipo de preguntas es muy acertada pues se obliga a su exposición y contestación rápidas, evitando prolijidades y permitiendo la explanación de muchas en un reducido espacio de tiempo: su exposición debe ceñirse a la escueta y estricta formulación de una pregunta (art. 188.1), reduciéndose a cinco minutos (art. 188.3) el tiempo para los cuatro turnos en que puede dividirse cada una (exposición, contestación, réplica y dúplica). El Diputado y el Ministro interrogado pueden distribuir los dos minutos y medio que les corresponde como deseen entre sus dos turnos. Esta reglamentación ha sido completada por la Resolución de la presidencia del Congreso, de 18 de junio de 1996, sobre desarrollo del artículo 188 del Reglamento. Entre otras cosas se establece que el número máximo de preguntas a incluir en el orden del día es de veinticuatro y que cada grupo parlamentario tendrá derecho a incluir al menos una.
Además, esta resolución de 1996 introduce dos turnos especiales para las preguntas orales ante la Cámara. Ambos aparecen fuertemente protagonizados por los grupos parlamentarios. El primer turno especial persigue posibilitar un inmediato debate sobre acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros. A tal efecto se exige que la pregunta se presente por el grupo parlamentario antes de las veinticuatro horas del viernes en que el consejo ha tenido lugar, debiendo conllevar la sustitución de una de las preguntas incluidas en el turno ordinario de la sesión plenaria de la siguiente semana. El segundo turno especial se refiere a las preguntas de actualidad. Implica también la sustitución de una pregunta del turno ordinario a requerimiento de un grupo parlamentario. Pero tiene que afectar a hechos o circunstancias de especial actualidad o urgencia que no hayan podido ser objeto de pregunta en los plazos ordinarios. Tienen que presentarse antes de las doce horas del lunes de la semana en cuya sesión plenaria se pretenda exponerla. Y están sujetas a su aceptación unánime por la Junta de Portavoces y por el propio Gobierno.
Las preguntas orales en comisión pueden contestarse no sólo por los Ministros, como ocurre con las formuladas en el pleno, sino también por los secretarios de Estado y subsecretarios. No puede interpretarse esta regulación como una quiebra de la Constitución, en la medida que ésta sólo contempla la contestación por los miembros del Gobierno, pues se trata simplemente de una nueva vía abierta por el reglamento que no empece la aplicación en sus términos de la aquélla. Por lo demás, aquí los turnos de exposición se extienden ampliamente: nada menos que diez minutos para la exposición y otros tantos para la contestación y cinco minutos para las réplicas (art. 189) .
Las preguntas escritas son, con mucho, las más utilizadas en la práctica. La respuesta debe remitirse por el Gobierno dentro de los veinte días siguientes a su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, pero con posibilidad de prórroga a instancia del Gobierno. A título de sanción se dispone que, en caso de incumplimiento de dicho plazo, el Diputado puede interesar la inclusión de la pregunta en el orden del día de la siguiente sesión de la comisión competente (art. 190).
Un procedimiento especial se aplica a las preguntas dirigidas al ente Radiotelevisión Española. Las contesta su director general o un representante de su Consejo de Administración en el marco de la Comisión de control de RTVE. A tal efecto, debe tenerse en cuenta la disposición final quinta del Reglamento y la Resolución de la presidencia de 14 de diciembre de 1983.
La regulación del Reglamento del Senado de 1982 es muy parecida a la de la otra Cámara, razón por la que sólo nos referimos a los puntos en que existe alguna diferencia. Para las preguntas orales en sesión plenaria se reservan, en principio, los primeros sesenta minutos, lo que se interpreta referido a la primera de las sesiones semanales que celebra el Senado. Se obliga a formular las preguntas desde el escaño, otorgando tres minutos al Senador interrogante y otros tantos al Ministro que ha de responder (art. 167). Se prevé la presentación de preguntas urgentes, que se anteponen en su exposición a otras de fecha anterior (art. 163). Según la Norma supletoria de 6 de diciembre de 1984, estas preguntas deben presentarse antes de las doce horas del martes de la semana anterior a aquella en que se solicite su respuesta y, en casos excepcionales, pueden admitirse otras presentadas con tan sólo veinticuatro horas de antelación.
El apartado 2 del artículo comentado trata de garantizar una vía para que las Cámaras puedan dirigir mociones al Gobierno, impidiendo que los reglamentos parlamentarios puedan limitar esta posibilidad. No ha de olvidarse que las mociones, si bien no son ius cogens, tienen al menos una fuerza moral respecto al Gobierno, por lo que si éste no cumple lo en ellas dispuesto podrá ser acusado ante la opinión pública de no respetar la voluntad de los representantes populares. En definitiva, puede producirse una sanción política, no jurídica.
La STC 40/2003, dictada en un relación con un recurso de amparo que el Alto Tribunal estima contra la inadmisión de una proposición no de ley por la Mesa del Parlamento del País Vasco, ha avalado la existencia de consecuencias únicamente políticas de las mociones. Así, la Sentencia define la capacidad de promover este tipo de iniciativas como la "posibilidad de promover la deliberación y toma de posición de la Cámara sobre un determinado asunto e instar la adopción de instrucciones, directrices o mandatos, carentes de efectos jurídicos vinculantes, dirigidos, en lo que aquí interesa, a sujetos u órganos que no forman parte de la Cámara que los adopta y, a través de aquella posibilidad o facultad de propuesta, participar en la función de dirección e impulso político y en el control de la acción del Gobierno".
Pero es claro que, a través de la constitucionalización de las mociones ordinarias, no se ha pretendido establecer un cauce adicional para exigir responsabilidad política al Gobierno. Sólo la aprobación de una moción de censura o la pérdida por el Gobierno de una cuestión de confianza obliga a éste a dimitir (art. 114). La simple aprobación de una moción contraria a la postura gubernamental no lleva aparejada esta sanción.
No obstante, la aprobación de una moción discordante con la posición del Gobierno puede dejar a éste en situación desairada que le lleve voluntariamente a dimitir, en uso de la facultad contenida en el artículo 101.1. Esta dimisión, repetimos, nunca será obligada jurídicamente, pero podrá adoptarse libremente por el Presidente del Ejecutivo cuando estime que el resultado de la votación ha dejado al gabinete en una situación precaria.
Sin embargo, como demuestran los veinticinco años de vida constitucional, resulta difícil que en la práctica pueda aprobarse una moción que resulte gravemente comprometedora o desfavorable para la postura del Gobierno, único supuesto que explicaría la dimisión voluntaria, habida cuenta que la estricta disciplina de los grupos parlamentarios produce una homogeneidad entre el Gobierno y la mayoría de la Cámara. Ésta difícilmente aprobará una moción que resulte perjudicial para el Gobierno, al que apoya.
El Reglamento del Congreso de los Diputados regula separadamente las proposiciones no de ley (arts. 193-195), que no son otra cosa que mociones desligadas de toda interpelación previa, y las mociones propiamente dichas, que son las presentadas como conclusión del debate de una interpelación previa (art. 184). Sin duda, el deseo de ser respetuosos con la previsión del artículo constitucional estudiado explica el matiz diferencial. Pero que entre las dos figuras no existe diferencia básica lo revela el que el artículo 184.3 se remite al régimen de las proposiciones no de ley para el debate y votación de las mociones.
La regulación de las mociones propiamente dichas refleja el generalizado predominio de los grupos parlamentarios en la vida interna de las asambleas. Así como las interpelaciones pueden presentarse por cualquier Diputado, las primeras quedan reservadas al grupo parlamentario interpelante o a aquel al que pertenezca el firmante de la interpelación. De otra parte, la moción, una vez admitida, debe incluirse en la siguiente sesión plenaria, con la particularidad de que pueden presentarse enmiendas hasta seis horas antes del comienzo de la misma. Esta posibilidad también existe en el caso de las proposiciones no de ley, confirmando así su común naturaleza. El debate se sustancia en la intervención de los representantes de los grupos que hubiesen presentado enmiendas, seguida de aquellos que no lo hubiesen hecho. El grupo proponente de la proposición no de ley (y de la moción) tiene derecho a manifestar si acepta alguna de las enmiendas presentadas. Si es así, la proposición no de ley (o la moción) se entiende corregida en el sentido postulado por la enmienda o enmiendas y, acto seguido, se somete a votación por la Cámara.
Por su lado, el Reglamento del Senado de 1982 mantiene a favor del interpelante la facultad de presentar una moción (art. 173.2). No estableciéndose una norma peculiar al efecto, estas mociones deben tramitarse con arreglo a las normas generales de este tipo de actos parlamentarios. Sin embargo, la Norma supletoria de la presidencia del Senado, de 30 de noviembre de 1993, introduce una regulación específica, caracterizada por la reducción de la duración de los turnos de palabra en comparación con los de las mociones generales.

References: Resolución 
 artículo 188
 resolución 
 Resolución 
 artículo 101
 artículo 184