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Timestamp: 2018-09-21 22:26:36+00:00

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﻿ Sentencia T-039 de febrero 9 de 2016
SENTENCIA T-39 DE 09 DE FEBRERO DE 2016
CONTENIDO:PRUEBAS TOXICOLÓGICAS A ESTUDIANTES EXIGEN AUTORIZACIÓN, ASÍ SEAN MAYORES DE EDAD. SE SEÑALA QUE ES NECESARIO CONTAR LA AQUIESCENCIA DEL ESTUDIANTE MAYOR DE EDAD O EL REPRESENTANTE LEGAL DEL MENOR O DEL INCAPAZ PARA REALIZAR EXÁMENES DE TOXICOLOGÍA, POR CUANTO DICHA OMISIÓN CONSTITUYE UNA VULNERACIÓN AL DERECHO A LA INTIMIDAD DEL ALUMNO. POR ELLO, SE TUTELA ESE DERECHO A UN ESTUDIANTE MAYOR DE EDAD QUE FUE PRESIONADO POR LAS DIRECTIVAS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CON NO PODER ASISTIR A CLASES SI NO ENTREGABA LOS RESULTADOS DE UN EXAMEN TOXICOLÓGICO QUE LE FUE REALIZADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA INTIMIDAD, REPRESENTANTE LEGAL DEL HIJO, ESTUDIANTE, DERECHOS DEL ESTUDIANTE, EXAMEN MÉDICO
Sentencia T-039 de febrero 9 de 2016
Ref.: Expediente T-5155837
1. Los hechos y la pretensión de amparo de la demanda(1).
— La situación académica de Daniel Felipe De La Cruz Calderón había sido tratada en reunión del comité de convivencia escolar el 9 de junio de 2015.
— Que el accionante entre 2014 y 2015 había acumulado incumplimientos al Manual de Convivencia y exhibía falta de compromiso con los deberes académicos.
— Que esta situación, junto con el posible consumo de estupefacientes, había motivado el envío del caso al comité de convivencia municipal, que había indicado que al ser mayor de edad, el accionante no podía permanecer escolarizado en la jornada regular para los niños, de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 del Manual de Convivencia de la institución.
— Se ofreció al estudiante la opción de matricularse en la jornada de adultos.
— No es razonable que se acumulen faltas de dos años lectivos, ni que las mismas sirvan como sustento para la decisión adoptada por la institución educativa.
— La institución admitió y dejó cursar parte del grado décimo al señor De La Cruz a sabiendas de que era mayor de edad, desconociendo el Manual de Convivencia, que ahora utiliza como justificación para la decisión que afecta al joven a la mitad del año lectivo.
— La jornada de adultos es nocturna (de 6:00 pm a 10:00 pm), lo que supone que la asistencia para el accionante se convertirá en un peligro para su integridad, teniendo en cuenta las amenazas de las que fue objeto y que aún no está claro quién fue el responsable de las mismas.
— El manual de convivencia prevé sanciones para el consumo o distribución de sustancias psicoactivas dentro de la institución, situación que no se ha verificado en el caso del señor De La Cruz.
— El consumo de sustancias psicoactivas haría parte de la esfera íntima del señor De La Cruz, por lo que la solicitud de realizarse pruebas toxicológicas vulnera sus derechos fundamentales. Aunado a esto, las solicitudes de la institución de esta clase de pruebas, expone al estudiante a señalamientos y discriminación.
2.1. No existe violación del derecho a la educación del señor De La Cruz, pues este ya es mayor de edad, la responsabilidad del Estado es asegurar la educación a los menores de edad y en el caso de los mayores de edad, la Institución cuenta con el programa de educación para adultos, que sería el indicado para el accionante. Al respecto, destaca que el artículo 50 de la Ley 115 de 1994, define la modalidad de educación para adultos como “aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”. En el mismo sentido, recordó lo establecido en el Decreto 3011 de 1997, que define en su artículo 2º esta modalidad educativa como “el conjunto de procesos y de acciones formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles grados de servicio público educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias técnicas y profesionales”.
2.2. Aclaró que el proceso de matrícula tiene lugar una sola vez al ingreso a un establecimiento educativo, aunque puede renovarse para cada periodo académico, de acuerdo a lo definido en el artículo 95 de la Ley 115 de 1994(3). En este sentido, al haber ingresado el accionante a sexto grado con 13 años de edad, se cumplió lo establecido en el artículo 14 d. del Manual de Convivencia.
2.4. Frente a las comunicaciones remitidas por la Institución a varias entidades como la Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía Municipal, la Personería Municipal o la Comisaría de Familia del Municipio, destaca que las medidas se adoptaron teniendo en cuenta los objetivos de prevención y garantía de derechos contemplados en la Ley 1620 de 2013, en especial lo relacionado con la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Sostiene que las acciones adelantadas por la institución educativa corresponden a “acciones de prevención”, tal como fueron definidas en el artículo 37 del Decreto 1965 de 2013(4), referidas al consumo de sustancias psicoactivas.
3. Intervención de la Personería Municipal del Municipio de Tabio - Cundinamarca(5).
— El accionante fue admitido sin reparo alguno al año lectivo, a pesar de su mayoría de edad.
— No existe claridad sobre los indicios o pruebas que condujeron al Instituto a incluir en los listados de consumo de sustancias psicoactivas al accionante.
— La rectora del plantel “manifestó en el Consejo de seguridad del 2 de junio de 2015 que no dejará ingresar a los estudiantes que se nieguen a realizarse esta prueba [toxicológica] y que presuntamente consuman”.
— Que en caso de tenerse en cuenta faltas cometidas en años lectivos anteriores para la toma de medidas en el actual, se les estaría sancionando dos veces por los mismos hechos.
4.1. Primera Instancia. Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, sentencia del 13 de julio de 2015(6).
4.1.2. En este procedimiento no se quebrantó el derecho al debido proceso del actor, puesto que la medida se tomó, aparte de la consideración relacionada con la edad, como una medida de promoción de la convivencia escolar. Esto por cuanto el artículo 50.1 del Manual de Convivencia de la Institución dispone como factor de riesgo la “alta vulnerabilidad por la exposición a ambientes de consumo de sustancias psicoactivas como: Bebidas alcohólicas, tabaquismo y drogas (…)”.
4.2. Impugnación(7).
4.2.3. El criterio de edad no debe ser el único para definir el ingreso de un estudiante a un determinado grado o jornada. Al respecto el artículo 8º del Decreto 1860 de 1994 dispone que se debe tener en cuenta el desarrollo personal del educando. Aún más, el criterio de edad como requisito de ingreso a los grados que dispone el artículo 14 del Manual de Convivencia de la Institución resulta contraria a la Constitución y la ley.
4.3. Segunda instancia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, sentencia del 26 de agosto de 2015(8).
De otro lado, la argumentación expuesta por el accionante da cuenta de su invocación del derecho a la educación como vulnerado. En cuanto al caso concreto planteado por el accionante, la jurisprudencia ha establecido que una de las características básicas del derecho a la educación, consiste en que las prestaciones que se derivan del mismo se deben suministrar de manera continua o permanente(9), y se ha establecido que con el fin de garantizar dicha permanencia, la acción de tutela resulta ser el mecanismo eficaz e idóneo para hacerlo(10). Al respecto se ha dicho que “la jurisprudencia constitucional ha caracterizado a la educación como uno de los fines esenciales del Estado, como un derecho de especial protección por parte del mismo que tiene también la calidad de deber, del que depende la concreción de otros derechos fundamentales y que permite a sus titulares reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo”(11), y que “a pesar de que el derecho a la educación no se encuentra consagrado como [derecho fundamental], la Corte le ha otorgado ese carácter y, por consiguiente, lo ha calificado como fundamental, entre otros, en los siguientes eventos: (i) cuando quien exige la prestación del servicio es un menor de edad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Carta Fundamental, (ii) cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación apareja la amenaza o vulneración de otro derecho de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad o el debido proceso”(12).
En el presente caso es el Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca quien interpone la acción de tutela en representación de Daniel Felipe De La Cruz Calderón —mayor de edad—, razón por la cual su legitimación por activa fue cuestionada por el ad quem.
Al respecto, es necesario recordar lo dispuesto en el artículo 46 del Decreto 2591 de 1991 en el que se indica que “[e]l defensor del pueblo podrá, sin perjuicio del derecho que asiste a los interesados, interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que se lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión”(13), posibilidad que se contempla también en el artículo 10 de la misma norma. Lo anterior significa que mediando solicitud previa del interesado —que no implica la concesión de un poder—, se activa la posibilidad para el Defensor del Pueblo, sus asesores o asistentes(14) o delegados(15), de acudir en representación de las personas para la interposición de la acción de tutela, incluso en tratándose de un mayor de edad(16). En el presente caso, si bien no obra en el expediente prueba sobre la solicitud previa del señor De La Cruz, es posible presumir que este acudió a la Defensoría solicitando su intervención ante los jueces para la defensa de sus derechos fundamentales, aportó documentos y expuso su caso, situación que se evidencia en el detallado relato de los hechos y los documentos allegados al plenario, pues a ellos solo tendría acceso su titular.
4.1. En el artículo 67 de la Carta afirma sobre el derecho a la educación que es “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. En la jurisprudencia se han detallado los contenidos básicos del derecho a la educación, destacando que hacen parte del núcleo esencial del mismo las obligaciones de acceso y permanencia, a partir de una lectura del texto constitucional, y a partir de las observaciones del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de componentes de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad(17). Al respecto ha dicho la Corte:
“Para comprender el complejo panorama del derecho a la educación y en relación con el caso sometido a decisión, esta corporación debe resaltar el contenido de su núcleo esencial(18). Al respecto, se recuerda que la jurisprudencia de este tribunal estableció, en un primer momento, que la garantía de la educación estaba determinada por el acceso y permanencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución(19). Este contenido mínimo fue complementado a partir de la Observación General 13 del Comité DESC(20), para indicar que la plena realización del citado derecho impone la observancia de los siguientes componentes: (i) disponibilidad(21), (ii) accesibilidad(22), (iii) aceptabilidad(23) y (iv) adaptabilidad(24)”(25).
4.2. Se ha destacado especialmente en la jurisprudencia el carácter universal del derecho a la educación, que por su naturaleza, es el presupuesto para el ejercicio de otros derechos como el libre desarrollo de la personalidad (art. 15 Constitucional), el acceso a la cultura y la ciencia (arts. 70 y 71 Constitucional), la igualdad (art. 13 Constitucional) e incluso la dignidad humana (art. 1 Constitucional), en tanto la educación es el mecanismo por excelencia para el perfeccionamiento del hombre, la búsqueda del bienestar general y la distribución equitativa de las oportunidades(26).
“En este orden de ideas, siendo la educación un derecho-deber, el incumplimiento de las obligaciones correlativas a su ejercicio, como es el hecho de que el estudiante no responda a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por el reglamento, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso”(27).
“En este punto, se destaca la doble naturaleza del derecho a la educación, como derecho-deber, por virtud del cual la permanencia del estudiante se somete no sólo a la obligación de cumplir con las exigencias académicas dispuestas por la institución, sino también a la exigencia de acatar los reglamentos que contienen las normas que rigen su comportamiento en el entorno estudiantil, las cuales, como lo ha señalado la Corte, “no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar dentro de los límites constitucionales.”(28) En general, es claro que las prerrogativas que se derivan de la garantía de permanencia, sólo podrán hacerse exigibles cuando el alumno se somete a las condiciones de las cuales depende su ejercicio(29)”(30).
4.4. En otro aspecto relevante para el caso, la jurisprudencia ha establecido que el derecho a la educación y las prestaciones que se derivan del mismo se deben suministrar de manera continua o permanente(31), un contenido que se desprende no solo de la literalidad del artículo 67 Constitucional, sino de los ejes de adaptabilidad y accesibilidad del derecho analizado(32).
“En relación con el caso concreto, es necesario hacer alusión a la garantía de permanencia. Aunque la jurisprudencia se ha referido especialmente a la misma en el contexto de los menores de edad(33), su aplicación es genérica frente a todas las personas titulares del derecho a la educación. En este orden de ideas, se ha dicho que el derecho a la permanencia se traduce en la imposibilidad de excluir a un estudiante del sistema educativo, cuando dicha decisión no está directamente relacionada con el desempeño académico y/o disciplinario del alumno(34)”(35).
La protección de la permanencia y la continuidad resulta esencial para la realización del derecho a la educación, en tanto fraccionarlo o cercenarlo implica su vulneración(36). La jurisprudencia “definió que la permanencia era un aspecto fundamental para garantizar el núcleo esencial [del derecho a la educación] e implicaba el desarrollo del principio de continuidad en el servicio público de educación, según el cual, no puede interrumpirse el proceso educativo en forma arbitraria e intempestiva; sólo se podrá en los casos en que exista una causa legal justificable constitucionalmente”(37).
“No obstante, la permanencia dentro del sistema, depende también del alumno, toda vez que la educación tiene una doble connotación, pues es un derecho-deber que exige de los estudiantes el acatamiento de los reglamentos que las instituciones educativas profieran, los cuales contienen normas de comportamiento, que, a su vez, no pueden ser arbitrarias y se deben enmarcar dentro de los límites constitucionales”(38).
5. Los derechos al buen nombre y a la honra. Reiteración de jurisprudencia(39).
5.1. La Corte ha definido el buen nombre como “la buena opinión o fama adquirida por un individuo en razón de la virtud y el mérito, como consecuencia necesaria de las acciones protagonizadas por él”(40), es decir, la reputación de la persona derivada de la exteriorización de sus conductas(41). El derecho al buen nombre, consagrado en el artículo 15 de la Constitución(42), se relaciona entonces con la conducta que observe la persona dentro de la sociedad(43), “se configura como derecho frente al detrimento que pueda sufrir como producto de expresiones ofensivas o injuriosas o informaciones falsas o tendenciosas […y…] se lesiona por las informaciones falsas o erróneas que se difundan sin fundamento y que distorsionan el concepto público que se tiene del individuo”(44). En la Sentencia T-015 de 2015, la Corte Constitucional recordó que “[s]egún la Corte Interamericana de Derechos Humanos el buen nombre ‘es un derecho de valor porque se construye por el merecimiento de la aceptación social, esto es, gira alrededor de la conducta que observe la persona en su desempeño dentro de la sociedad’(45)”. Se ha dicho, igualmente, que el buen nombre “también tiene una cercana relación con la dignidad humana, en la medida en que, al referirse a la reputación, protege a la persona contra ataques que restrinjan exclusivamente la proyección de la persona en el ámbito público o colectivo”(46).
“la honra hace alusión al respeto que la persona merece por su propia condición de tal(47), “(…) entendiendo por ella, la estimación o deferencia con la que cada persona debe ser tenida por los demás miembros de la colectividad que le conocen y le tratan, en razón a su dignidad humana. Es por consiguiente, un derecho que debe ser protegido con el fin de no menoscabar el valor intrínseco de los individuos frente a la sociedad y frente a sí mismos, y garantizar la adecuada consideración y valoración de las personas dentro de la colectividad”.(48)”(49).
La Corte Constitucional estableció que la honra “se refiere a la valoración de comportamientos en ámbitos privados, así como la valoración en sí de la persona […y…] a la apreciación de la sociedad hacia una persona, a partir de su propia personalidad y comportamientos privados directamente ligados con ella”(50), y que se afecta “tanto por la información errónea, como por las opiniones manifiestamente tendenciosas respecto a la conducta privada de la persona o sobre la persona en sí misma”(51).
6.1. El artículo 15 de la Constitución dispone que “[t]odas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar”. Este es un derecho inalienable, imprescriptible y sólo susceptible de limitación por razones legítimas y debidamente justificadas constitucionalmente(52). La Corte Constitucional ha identificado dos facetas fundamentales del derecho a la intimidad, que consisten en el secreto de la vida privada, y en la libertad que tiene toda persona de tomar las decisiones que conciernen solo a su vida privada.
Su contenido esencial garantiza a toda persona la existencia de una esfera reservada que excluye la intromisión tanto del Estado como de otros particulares, sin autorización, y le permite actuar exclusivamente de acuerdo con la convicción propia, “sin más limitaciones que los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico”(53)
Para la Sala es evidente que el procedimiento utilizado en la aludida reunión, en que se obligó a la menor a exhibir parte de su cuerpo a sus padres y a las directivas y profesores del colegio, con el fin de establecer su supuesto embarazo, constituye un trato inhumano, cruel y degradante, que afectó igualmente el honor y el derecho a su intimidad (…)”(54).
En cuanto al primer punto, de las pruebas obrantes en el expediente se desprende que el colegio fue insistente en solicitar a la madre de la menor que le practicara exámenes de toxicología, con el fin de determinar la presencia de rastros de alcohol, sustancias alucinógenas o estupefacientes en su sangre. Así mismo, hizo toda clase de insinuaciones sobre su posible lesbianismo y su eventual vida promiscua, afirmaciones que llevaron a la señora Aracely Romero a practicar a su hija el examen de sexología, lo que, en criterio de la Corte, es notoriamente atentatorio de la intimidad personal de Daniela Giovanna Martínez”(55).
“Tal actuación, se repite, es atentatoria del derecho a la intimidad personal de Daniela Giovanna Martínez, quien no tenía por qué ser sometida a tal intromisión en los aspectos más íntimos y privados de su vida”(56).
La Corte Constitucional ha considerado que el contenido del derecho a la seguridad personal(57) se encamina a la protección de la integridad personal y la vida de quien lo invoca. En la jurisprudencia se ha identificado una faceta colectiva del derecho(58), al igual que una faceta individual, “que faculta a las personas para recibir protección adecuada por parte de las autoridades cuandoquiera que estén expuestas a riesgos excepcionales que no tienen el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad; en esa medida, el derecho a la seguridad constituye una manifestación del principio de igualdad ante las cargas públicas, materializa las finalidades más básicas asignadas a las autoridades por el Constituyente, garantiza la protección de los derechos fundamentales de los más vulnerables, discriminados y perseguidos, y manifiesta la primacía del principio de equidad”(59).
En tratándose de la faceta individual del derecho a la seguridad personal, se ha establecido la posibilidad de exigir de parte del Estado acciones positivas para conjurar una amenaza concreta contra la seguridad personal, destacando que tal actividad procede cuando se ha identificado un riesgo excepcional, es decir, aquellos que “no tiene el deber jurídico de tolerar, por rebasar éstos los niveles soportables de peligro implícitos en la vida en sociedad”(60).
La jurisprudencia ha establecido a partir de la Sentencia T-339 de 2010, una diferenciación entre el concepto de riesgo y amenaza(61) y estableció la escala de riesgos y amenazas que se presenta a continuación:
1 . Nivel de riesgo: existe una posibilidad abstracta y aleatoria de que el daño a la vida o a la integridad personal se produzca. Este nivel se divide en dos categorías: a) riesgo mínimo: categoría hipotética en la que la persona sólo se ve amenazada por la muerte y la enfermedad naturales y; b) riesgo ordinario: se refiere a aquel riesgo que proviene tanto de factores internos como externos a la persona y que se deriva de la convivencia en sociedad. En este nivel de la escala, los ciudadanos deben soportar los riesgos que son inherentes a la existencia humana y a la vida en sociedad.
Cuando una persona pertenece a este nivel, no está facultada para exigir del Estado medidas de protección especial, pues su derecho a la seguridad personal no está siendo afectado(62), en la medida en la que el riesgo de daño no es una lesión pero sí, en el mejor de los casos, un riesgo de lesión.
2. Nivel de amenaza: existen hechos reales que, de por sí, implican la alteración del uso pacífico del derecho a la tranquilidad y que hacen suponer que la integridad o la libertad de la persona corren verdadero peligro. En efecto, la amenaza de daño conlleva el inicio de la alteración y la merma del goce pacífico de los derechos fundamentales(63), debido al miedo razonable que produce visualizar el inicio de la destrucción definitiva del derecho. Por eso, a partir de este nivel, el riesgo se convierte en amenaza. Dependiendo de su intensidad, este nivel se divide en dos categorías:
b) amenaza extrema: una persona se encuentra en este nivel cuando está sometida a una amenaza que cumple con todas las características señaladas anteriormente y además, el derecho que está en peligro es el de la vida o la integridad personal. De allí que, en este nivel, el individuo pueda exigir la protección directa de sus derechos a la vida y a la integridad personal y, en consecuencia, no tendrá que invocar el derecho a la seguridad como título jurídico para exigir protección por parte de las autoridades(64).
3. Daño consumado: se presenta cuando ya hay una lesión definitiva del derecho a la vida o a la integridad personal. En el evento de presentarse lo segundo, dicha lesión a la integridad personal también genera la protección especial no sólo frente a la integridad personal sino también frente a la vida”(65).
Al respecto, y de acuerdo con el precedente al que se hizo alusión anteriormente, la Sala reitera que este tipo de requerimientos implican una intromisión inaceptable en la esfera íntima del individuo, más aún cuando se trata de un adulto capaz de autodeterminarse y tomar decisiones de manera autónoma. Hay que anotar que las situaciones que pretendía escrutar la institución educativa están más allá del ámbito educativo y de la regulación del Manual de Convivencia pues, conviene recordar, al señor De La Cruz no se le encontró infringiendo ninguna norma estudiantil referida al consumo de drogas. Lo anterior implica que se actuó con base en un mero indicio, invadiendo ilegítimamente la esfera íntima del estudiante. En este sentido, la posición asumida por la Institución y la exigencia de la realización de las pruebas de toxicología implicaron una vulneración del derecho a la intimidad del estudiante que será corregida por esta Sala mediante la tutela del derecho a la intimidad y la orden para la institución y su rectora de abstenerse de exigir pruebas toxicológicas a sus estudiantes, en contra de su voluntad si son adultos capaces, o la de sus representantes legales(66) en caso de ser menores de edad o incapaces.
8.2.2. El restante manejo que se dio a la situación de sospecha sobre el consumo de sustancias psicoactivas no se presenta para la Sala como atentatoria de otros derechos fundamentales como la honra, el buen nombre, o la propia intimidad por revelación de circunstancias íntimas del señor De La Cruz. Así, la realización de los procedimientos consustanciales a las acciones de prevención contempladas en el Decreto 1965 de 2013, y la Ruta de Atención Integral para la convivencia escolar de la Ley 1620 de 2013, y el enteramiento de autoridades encargadas de brindar apoyo y atención a los involucrados no implica en este caso un impacto negativo frente a derechos fundamentales, sino por el contrario, el ejercicio de medidas conducentes a salvaguardar el proceso educativo y brindar al estudiante individualmente considerado y a la comunidad educativa, el apoyo y las herramientas para conjurar una situación que genera conflicto escolar. Así, exponer la situación de ciertos estudiantes con inconvenientes académicos o disciplinarios en escenarios como los comités municipales de convivencia escolar(67), o incluso en el Comité Escolar de Convivencia(68) no implica la revelación indiscriminada de datos o la puesta en tela de juicio del nombre o la honra del individuo. No sobra, sin embargo, advertir que los casos expuestos y tratados al interior de estos comités deben asegurar la confidencialidad y la mayor discreción con el fin de salvaguardar, en la mayor medida posible, la integridad de los involucrados en las discusiones. En este caso en concreto no se evidencia que hubiere habido indiscreción por parte de los comités involucrados en el caso, por lo que tampoco por esta vía se verifica la vulneración de los derechos al buen nombre, la honra o la intimidad del señor De La Cruz.
La Policía Nacional, luego de la notificación de la providencia de segunda instancia (que tuvo lugar el 31 de ago./2015) envió 5 comunicaciones fechadas 2 y 3 de septiembre de 2015, en la que informa de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad del señor De La Cruz, como la implementación de patrullajes, revistas y rondas policiales en su lugar de residencia y la orden de brindarle asesoría y seguimiento(69). En este sentido se verifica que la situación de riesgo o amenaza se encuentra siendo manejada por la autoridad competente para valorarla. La orden analizada y las medidas que se han aplicado hasta el momento aparecen como apropiadas para el manejo de la situación del estudiante.
1. REVOCAR PARCIALMENTE la sentencia del 26 de agosto de 2015 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, para en su lugar TUTELAR del derecho a la intimidad del señor Daniel Felipe De La Cruz Calderón.
2. PREVENIR a la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Comercial José de San Martín de Tabio y a su rectora para que en el futuro se abstenga de exigir pruebas toxicológicas a sus estudiantes, en contra de su voluntad en caso de ser adultos, o la de sus representantes legales en caso de ser menores de edad o incapaces.
3. INSTAR a la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Comercial José de San Martín de Tabio a brindarle a Daniel Felipe De La Cruz Calderón las opciones más amplias posibles, de acuerdo con los reglamentos de la Institución, para continuar con su proceso formativo en la jornada nocturna, como aquella adecuada a su situación de mayoría de edad. Igualmente se INSTA a la Institución Educativa Departamental Instituto Técnico Comercial José de San Martín de Tabio a implementar medidas para prevenir el matoneo, la intimidación o la exclusión del accionante por parte de sus compañeros, profesores u otros miembros de la comunidad educativa.
4. CONFIRMAR Y REITERAR la orden Segunda de la sentencia del 26 de agosto de 2015 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Laboral, que dispuso:
5. Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase.
1 Cuaderno principal, folio 1-14. La acción de tutela fue interpuesta por el Defensor del Pueblo Regional Cundinamarca, Luis Mauricio Vesga Carreño, el 30 de junio de 2015, en representación de Daniel Felipe De La Cruz Calderón.
2 Cuaderno principal, folios 54-58.
3 L. 115/1994, art. 95: “Matrícula. La matrícula es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo. Se realizará por una sola vez, al ingresar el alumno a un establecimiento educativo, pudiéndose establecer renovaciones para cada periodo académico”.
4 D. 1965/13, art. 37: “Acciones del componente de prevención. Se consideran acciones de prevención las que buscan intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad educativa”.
5 Cuaderno principal, folio 37-40.
6 Cuaderno principal, folios 72-78.
7 Cuaderno principal, folios 82-91.
8 Cuaderno principal, folios 95-103.
9 El artículo 67 de la Constitución dispone, por ejemplo, que en el caso de los menores de edad se debe asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo: “(…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…)”.
10 El tema de la permanencia en el sistema educativo ha sido especialmente relevante en la jurisprudencia de esta Corte frente al tema del nombramiento de docentes suficientes para una adecuada prestación del servicio educativo. Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-305 de 2008, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, T-690 de 2012, M.P. María Victoria Calle y T-137/2015, M.P. María Victoria Calle.
11 Sentencia T-342/2015, M.P. Jorge Iván Palacio (resaltado fuera del texto original).
12 Sentencia T-642/2012, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes (resaltado fuera del texto original). Ver también Sentencia T-342/2015, M.P. Jorge Iván Palacio.
13 Subrayas fuera del texto original.
14 Cfr. D. 2591/91, art. 48.
15 Cfr. D. 2591/91, art. 49.
16 Cfr. Sentencia T-875/2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
17 En la Sentencia T-196 de 2011, M.P. Humberto Sierra Porto se señaló: “la jurisprudencia constitucional ha entendido que la educación comprende cuatro dimensiones de contenido prestacional, a saber: || (i) La asequibilidad o disponibilidad del servicio, que, de manera general, se refiere a la obligación del Estado de crear y financiar suficientes instituciones educativas para ponerlas a disposición de todos aquellos que demandan su ingreso a este sistema, lo que implica, entre otras cosas, el deber de abstenerse de impedir a los particulares fundar colegios, escuelas o cualquier tipo de centro educativo y la necesidad de asegurar la inversión en infraestructura para la prestación de este servicio; || (ii) La adaptabilidad, que se refiere a la necesidad de que la educación se adapte a las necesidades y demandas de los educandos y que se garantice la continuidad en la prestación del servicio; || (iii) La aceptabilidad, la cual hace alusión a la necesidad de asegurar la calidad de la educación que se imparte; || (iv) Y, finalmente, la accesibilidad, que se refiere a la obligación del Estado de garantizar el ingreso de todos en condiciones de igualdad al sistema educativo y al deber de facilitar tanto como sea posible el acceso al servicio desde el punto de vista geográfico y económico”.
18 Esta corporación en la Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, advirtió que: “La estructura interna de los derechos fundamentales consta de un núcleo esencial, una zona complementaria y una zona complementaria extendible. El núcleo esencial de los derechos fundamentales es la ‘parte del derecho que tiende a la satisfacción de las necesidades básicas de su titular. Esta parte otorga diversos derechos subjetivos fundamentales, de aplicación directa e inmediata y protegidos por acción de tutela contra la acción u omisión de autoridades públicas y de particulares. Limita la discrecionalidad de los órganos políticos porque no es negociable en el debate democrático”.
19 Véanse, entre otras, las Sentencias T-290 de 1996, T-571 de 1999, T-1677 de 2000, T-698 de 2010, T-845 de 2010, T-551 de 2011, T-423 de 2013, T-423 de 2013 y T-660 de 2013. Sobre la materia, el artículo 67 de la Constitución establece que: “(…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. (…)” (se resalta fuera del texto original).
20 Véanse, entre otras, las Sentencias T-734 de 2011, T-810 de 2013 y T-458 de 2013.
21 “Debe haber instituciones y programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.”. Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 6.
22 “Las instituciones y los programas de enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte. La accesibilidad consta de tres dimensiones que coinciden parcialmente: No discriminación. La educación debe ser accesible a todos, especialmente a los grupos no vulnerables de hecho y de derecho, sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos (véanse los párrafos 31 a 37 sobre la no discriminación); Accesibilidad material. La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia); Accesibilidad económica. La educación ha de estar al alcance de todos. Esta dimensión de la accesibilidad está condicionada por las diferencias de redacción del párrafo 2 del artículo 13 respecto de la enseñanza primaria, secundaria y superior: mientras que la enseñanza primaria ha de ser gratuita para todos, se pide a los Estados Partes que implanten gradualmente la enseñanza secundaria y superior gratuita. Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 6.
23 “La forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas que el Estado apruebe en materia de enseñanza (véanse los párrafos 3 y 4 del artículo 13)”. Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 6.
24 “La educación ha de tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”. Observación General 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, párrafo 6.
25 Sentencia T-531/2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero.
26 Cfr. Sentencias T-531/2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero, T-064/2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza, T-202/2000, M.P. Fabio Morón Díaz.
27 Sentencia T-435/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
28 Sentencia T-423 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
29 Sentencias T-143 de 1992, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-393 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
30 Sentencia T-531/2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
31 El art. 67 de la Constitución dispone, por ejemplo, que en el caso de los menores de edad se debe asegurar la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo: “(…) Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo (…)”.
32 Al respecto se dijo en la Sentencia T-743/2013, M.P. María Victoria Calle, lo siguiente: “De acuerdo con lo que esta corporación ha expuesto en dichas providencias, siguiendo los lineamientos que la Carta Política y el bloque de constitucionalidad contemplan sobre la materia, es posible concluir que la garantía del componente de adaptabilidad de la educación le impone al Estado colombiano obligaciones de cumplimiento inmediato entre las que se cuentan las de velar por la prestación eficiente y continua del servicio educativo; asegurar la permanencia de los niños y las niñas en la educación pública, básica y gratuita; prohibir y eliminar toda forma de discriminación que atente contra la permanencia de los niños y niñas en el sistema escolar y asegurar el debido proceso en la imposición de sanciones” (subrayas fuera del texto original) Ver también, Sentencia T-660/2013, M.P. Luis Ernesto Vargas. De otro lado, en Sentencia T-306/2011, M.P. Humberto Sierra Porto, se señaló que el componente de permanencia pertenece al eje de accesibilidad, en los siguientes términos: “(ii) Accesibilidad material: “La educación ha de ser asequible materialmente, ya sea por su localización geográfica de acceso razonable (por ejemplo, una escuela vecinal) o por medio de la tecnología moderna (mediante el acceso a programas de educación a distancia)”[citando al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 13 “El derecho a la educación”, párr. 6]. La obligación estatal es garantizar, por los medios más adecuados, que el servicio educativo sea accesible desde el punto de vista físico, lo que hace parte del mandato contenido en el inciso 5 del artículo 67 que prescribe que el Estado debe asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo” (subrayas fuera del texto original).
33 Sentencia T-428 de 2012, M.P. María Victoria Calle Correa.
34 Sentencia T-698 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez. Véanse también las Sentencias T-853 de 2004 y T-203 de 2009.
35 Sentencia T-531/2014, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez (subrayas fuera del texto original).
36 Cfr. Sentencia T-137/2015, M.P. María Victoria Calle.
37 Sentencia T-660/2013, M.P. Luis Ernesto Vargas.
38 Sentencia T-046/2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
39 Se retoman las consideraciones consignadas por la Sala Segunda de Revisión en la Sentencia T-688/2015, M-P. Mauricio González Cuervo.
40 Sentencia T-411/1995.
41 Cfr. Sentencia C-442/2011.
42 Constitución Política, art. 15 “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. (…)” (subrayas fuera del texto original).
43 Corte Constitucional. Sentencia T-1319 de 2001.
44 Sentencia C-489/2002.
45 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Fontevecchia y D´Amico vs Argentina. Sentencia del 29 de noviembre de 2001.
46 Sentencia C-442/2011.
47 Sentencia T-411 de 1995 reiterada en la Sentencia C-442 de 2011.
48 Sentencia T-411 de 1995.
49 Sentencia T-914/2014.
50 Sentencia C-442/2011.
52 Sentencia T-517 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
53 Sentencia T-435/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
54 Sentencia T-412/1999, M.P. Antonio Barrera Carbonell (subrayas fuera del texto original).
55 Sentencia T-435/2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil (subrayas fuera del texto original).
57 Este derecho fue calificado por la jurisprudencia como derecho constitucional fundamental. Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-719/2003, M.P. Manuel José Cepeda; T-524/2005, M.P. Humberto Sierra Porto; T-496/2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño; T-1101/2008, M.P. Humberto Sierra Porto; T-339/2010, M.P. Juan Carlos Henao; T-728/2010, M.P. Luis Ernesto Vargas; T-190/2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza.
58 En la Sentencia T-719/2003, M.P. Manuel José Cepeda se dijo, por ejemplo, que “la seguridad aparece en nuestra Constitución bajo la forma de un derecho colectivo, es decir, un derecho que asiste en forma general a todos los miembros de la sociedad, quienes se pueden ver afectados por circunstancias que pongan en riesgo bienes jurídicos colectivos tan importantes para el conglomerado social como el patrimonio público, el espacio público, la seguridad y salubridad públicas, la moral administrativa, el medio ambiente o la libre competencia económica (C.P. art. 88)”.
59 Sentencia T-719/2003, M.P. Manuel José Cepeda.
61 En la Sentencia T-339/2010, M.P. Juan Carlos Henao se dijo que “En esta medida, el riesgo es siempre abstracto y no produce consecuencias concretas, mientras que la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de señales o manifestaciones que hagan suponer que algo malo va a suceder. En otras palabras, la amenaza supone la existencia de “signos objetivos que muestran la inminencia de la agravación del daño”. Por este motivo, “cualquier amenaza constituye un riesgo pero no cualquier riesgo es una amenaza””.
62 Esto es así si se parte de que el derecho a la seguridad personal es aquel que faculta a las personas que están sometidas a amenazas a obtener protección especial por parte del Estado.
63 Como se verá más adelante, dependiendo de la intensidad de la amenaza, se vulneran diferentes derechos fundamentales. En el nivel de amenaza ordinaria, se vulnera el derecho a la seguridad personal mientras que el nivel de amenaza extrema, también se inicia la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal.
64 Así, en el nivel de amenaza ordinaria, otros derechos, diferentes a la vida y a la integridad personal, pueden estar siendo afectados como, por ejemplo, el derecho a la libertad en el caso de una amenaza de secuestro.
65 Sentencia T-339/2010, M.P. Juan Carlos Henao.
66 Categoría que comprendería a los padres titulares de la patria potestad o los tutores sobre los menores, o bien los curadores en caso de menores adultos o incapaces.
67 Respecto del mismo se establecen como funciones en la Ley 1620 de 2013, las siguientes:
“ART. 10.—Funciones de los comités municipales, distritales o departamentales de convivencia escolar. Son funciones de estos comités, en el marco del Sistema Nacional:
11. Las demás que defina el Comité Nacional de Convivencia”.
68 Respecto del mismo se establecen como funciones en la Ley 1620 de 2013, las siguientes:
“ART. 13.—Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del comité:
7. Hacer seguimiento al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia que hace parte de la estructura del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, de los casos o situación es que haya conocido el comité.
PAR.—Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar”.
69 Cuaderno principal, folios 109-113.

References: artículo 14
 artículo 50
 artículo 2
 artículo 95
 artículo 14
 artículo 37
 artículo 50
 artículo 8
 artículo 14
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 10
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 13
 artículo 67