Source: https://www.scribd.com/document/123005969/CONSTITUCION-DE-LA-II-REPUBLICA-ESPANOLA
Timestamp: 2019-01-23 01:05:47+00:00

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Constitucion Española II Republica 1931
Estatuto Autonomía CLM. Actualizado
Ley de Fomento y Regulacion de Las Microfinanzas - Aprobada
1. TITULO PRELIMINAR. Disposiciones generales 2. TITULO I. Organización nacional 3. TITULO II. Nacionalidad española 4. TITULO III. Los derechos y deberes de los españoles 5. TITULO IV. Las Cortes 6. TITULO V. Presidencia de la República
7. TITULO VI. Gobierno 8. TITULO VII. Justicia 9. TITULO VIII. Hacienda Pública 10. TITULO IX. Garantías y reforma de la Constitución
España, en uso de su soberanía, y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta CONSTITUCION. TÍTULO PRELIMINAR Disposiciones generales. Artículo 1º. España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. La bandera de la República Española es roja, amarilla y morada. Artículo 2º. Todos los españoles son iguales ante la ley. Artículo 3º. El Estado español no tiene religión oficial. Artículo 4º. El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones.
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Artículo 5º. La capitalidad de la República se fija en Madrid. Artículo 6º. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Artículo 7º. El Estado español acatará las normas universales del Derecho internacional, incorporándolas a su derecho positivo. TÍTULO I Organización nacional Artículo 8º. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Los territorios de soberanía del norte de Africa se organizarán en régimen autónomo en relación directa con el Poder central. Artículo 9º. Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo cuando funcionen en régimen de Concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento. Artículo 10º. Las provincias se constituirán por los Municipios mancomunados conforme a una ley que determinará su régimen, sus funciones y la manera de elegir el órgano gestor de sus fines político-administrativos. En su término jurisdiccional entrarán los propios Municipios que actualmente las forman, salvo las modificaciones que autorice la ley, con los requisitos correspondientes. En las islas Canarias, además, cada isla formará una categoría orgánica provista de un Cabildo insular como Cuerpo gestor de sus intereses peculiares, con funciones y facultades administrativas iguales a las que la ley asigne al de las provincias. Las islas Baleares podrán optar por un régimen idéntico. Artículo 11º. Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo político-administrativo dentro del Estado
presentarán su Estatuto con arreglo a lo establecido en el artículo 12. no podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. Tratados de paz. en su totalidad o parcialmente. sin perjuicio. régimen de Colonias y Protectorado. aquellos cuyos municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. b) Que lo acepten. Adquisición y pérdida de la nacionalidad y regulación de los derechos y deberes constitucionales. Artículo 14º. Si el Plebiscito fuere negativo. Representación diplomática y consular y. Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes condiciones: a) Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o. 16 y 18 de esta Constitución. declaración de guerra. c) Que lo aprueben las Cortes. en general. 3ª. 2ª. Son de la exclusiva competencia del Estado español la legislación y la ejecución directa en las materias siguientes: 1ª. sin perjuicio de la facultad que a las Cortes reconocen los artículos 15 y 16. y tampoco a las leyes orgánicas del Estado en las materias no transmisibles al poder regional. y el Estado español la reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. preceptos contrarios a la Constitución. por el procedimiento que señale la ley electoral. las atribuciones que se determinan en los artículos 15. por lo menos las dos terceras partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Relación entre las Iglesias y el Estado y régimen de cultos. cuando menos.español. En ningún caso se admite la Federación de regiones autónomas. y toda clase de relaciones internacionales. La condición de limítrofe no es exigible a los territorios insulares entre sí. Artículo 13º. Una vez aprobado el Estatuto. en el segundo caso. en caso alguno. En ese Estatuto podrán recabar para sí. Artículo 12º. . será la ley básica de la organización política administrativa de la región autónoma. Los estatutos regionales serán aprobados por el Congreso siempre que se ajusten al presente Título y no contengan. la del Estado en el exterior. de que puedan recabar todas o parte de las restantes por el mismo procedimiento establecido en este Código fundamental.
Ejército. 9ª. cuando las aguas discurran fuera de la región autónoma o el transporte de la energía salga de su término. Hacienda general del Estado. correos. Régimen arancelario. salvo las atribuciones que se reconozcan a los Poderes regionales. para coordinar la aplicación y resolver los conflictos entre las distintas legislaciones civiles de España. emigración y extranjería. Sistema monetario. sobre las siguientes materias: 1ª. la forma del matrimonio. la ordenación de los registros e hipotecas. personal. Abanderamiento de buques mercantes. . 7ª. 5ª. 13ª. social. Aduanas y libre circulación de las mercancías. mercantil y procesal. 11ª. La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la República. Jurisdicción del Tribunal Supremo.4ª. Legislación penal. Tratados de Comercio. Marina de guerra y Defensa nacional. inmigración. Defensa sanitaria en cuanto afecte a intereses extrarregionales. las bases de las obligaciones contractuales y la regulación de los Estatutos. telégrafos. en la medida de su capacidad política a juicio de las Cortes. emisión fiduciaria y ordenación general bancaria. 12ª. 14ª. y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución. Pesca marítima. 10ª. 6ª. Artículo 15º. cables submarinos y radiocomunicación. para garantizar su estricto cumplimiento y el de los Tratados internacionales que afecten a la materia. Corresponde al Estado español la legislación. Fiscalización de la producción y el comercio de armas. líneas aéreas. 17ª. Régimen de extradición. Defensa de la seguridad pública en los conflictos de carácter suprarregional o extrarregional. sus derechos y beneficios e iluminación de costas. Aprovechamientos hidráulicos e instalaciones eléctricas. 16ª. Deuda del Estado. Policía de fronteras. 18ª. Régimen general de comunicaciones. real y formal. y en cuanto a la legislación civil. 8ª. 15ª.
Todas las materias que no estén explícitamente reconocidas en su Estatuto a la región autónoma. 10ª. se reputarán propias de la competencia del Estado. Régimen minero y bases mínimas sobre montes. 13ª. teléfonos y puertos de interés general quedando a salvo para el Estado la reversión y policía de los primeros y la ejecución directa que pueda reservarse. 4ª. El Estado podrá fijar. Artículo 17º. caza y pesca fluvial. conforme a lo que dispongan los respectivos Estatutos aprobados por las Cortes. 6ª. por medio de una ley. . agricultura y ganadería. Servicios de aviación civil y radiodifusión. podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas la legislación exclusiva y la ejecución directa. Régimen de Prensa. 3ª. Legislación de aguas. cuando así lo exigiera la armonía entre los intereses locales y el interés general de la República. Artículo 19º. Ferrocarriles. En las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores. Artículo 16º. Artículo 18º. Eficacia de los comunicados oficiales y documentos públicos. Régimen de seguros generales y sociales. salvo siempre la facultad del Estado para ejecutar por sí sus obras peculiares. Derecho de expropiación. 9ª. Asociaciones. 12ª. Pesas y medidas. 5ª. Corresponde al Tribunal de Garantías Constitucionales la apreciación previa de esta necesidad. Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. canales. reuniones y espectáculos públicos. carreteras. Bases mínimas de la legislación sanitaria Interior. En las regiones autónomas no se podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. 11ª. pero éste podrá distribuir o transmitir las facultades por medio de una ley. aquellas bases a que habrán de ajustarse las disposiciones legislativas de las regiones autónomas. delimitándose por la legislación la propiedad y las facultades del Estado y de las regiones. Socialización de riquezas naturales y empresas económicas. 8ª. en cuanto afecte a la defensa de la riqueza y a la coordinación de la economía nacional. 7ª.2ª.
de padre o madre españoles. excepto aquellas cuya aplicación esté atribuida a órganos especiales o en cuyo texto se disponga lo contrario. 2º. Son españoles: 1º. Las leyes de la República serán ejecutadas en las regiones autónomas por sus autoridades respectivas.Para la aprobación de esta ley se necesitará el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados que integren las Cortes. aun en los casos en que esta ejecución corresponda a las autoridades regionales. dentro o fuera de España. . Los nacidos. dos terceras partes de los electores inscritos en el censo de la provincia. por lo menos. El derecho del Estado español prevalece sobre el de las regiones autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas en sus respectivos Estatutos. Cualquiera de las provincias que forme una región autónoma o parte de ella podrá renunciar a su régimen y volver al de provincia directamente vinculada al Poder central. En las materias reguladas por una ley de Bases de la República las regiones podrán estatuir lo pertinente. 3º. Artículo 21º. siempre conforme a lo establecido en este Título. Artículo 20º. 4º. Los nacidos en territorio español de padres extranjeros. La extranjera que case con español conservará su nacionalidad de origen o adquirirá la de su marido previa opción regulada por las leyes de acuerdo con los Tratados internacionales. por ley o por ordenanza. Artículo 22º. El Gobierno de la República podrá dictar Reglamentos para la ejecución de sus leyes. Para tomar este acuerdo será necesario que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos y lo acepten. en los términos y condiciones que prescriban las leyes. TÍTULO II Nacionalidad Artículo 23º. siempre que opten por la nacionalidad española en la forma que las leyes determinen. Los nacidos en España de padres desconocidos. Los extranjeros que obtengan carta de naturaleza y los que sin ella hayan ganado vecindad en cualquier pueblo de la República.
además de los tres votos canónicos. 2º. las provincias y los Municipios. aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad. otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Artículo 25º.Una ley establecerá el procedimiento que facilite la adquisición de la nacionalidad a las personas de origen español que residan en el extranjero. la filiación. ni auxiliarán económicamente a las Iglesias. el sexo. TÍTULO III Los derechos y deberes de los españoles. Por entrar al servicio de las armas de una potencia extranjera sin licencia del Estado español. A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley. del presupuesto del Clero. Artículo 24º. El Estado no reconoce distinciones y títulos nobiliarios. no mantendrán. sin que pierdan ni modifiquen su ciudadanía de origen. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza. cuando así lo soliciten y residan en territorio español. podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. favorecerán. o por aceptar empleo de otro Gobierno que lleve anejo ejercicio de autoridad o jurisdicción. CAPÍTULO PRIMERO Garantías individuales y políticas. La calidad de español se pierde: 1º. la clase social. comprendido el Brasil. El Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. Asociaciones e Instituciones religiosas. Por adquirir voluntariamente naturaleza en país extranjero. Artículo 26º. las regiones. . Una ley especial regulará la total extinción. en un plazo máximo de dos años. En estos mismos países. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. si sus leyes no lo prohiben. las ideas políticas ni las creencias religiosas. se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América. la riqueza. Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan.
6ª. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. por sí o por persona interpuesta. La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política. el comercio o la enseñanza. Artículo 27º. Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. 4ª. dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de la detención. más bienes que los que. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. 3ª. salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros. Artículo 29º.Las demás Órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 1ª. Disolución de las que. Nadie será juzgado sino por juez competente y conforme a los trámites legales. 5ª. 2ª. Sólo se castigarán los hechos declarados punibles por ley anterior a su perpetración. por sus actividades. Nadie podrá ser detenido ni preso sino por causa de delito. Los bienes de las Ordenes religiosas podrán ser nacionalizados. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser. Artículo 28º. salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública. autorizadas por el Gobierno. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines de la Asociación. Prohibición de ejercer la industria. en cada caso. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia. Todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial. Incapacidad de adquirir y conservar. previa justificación. Inscripción de las que deban subsistir. . constituyan un peligro para la seguridad del Estado. Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente.
impongan las leyes. sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia ejecutoria. dentro de las setenta y dos horas de haber sido entregado el detenido al juez competente. Toda persona es libre de elegir profesión.Toda detención se dejará sin efecto o se elevará a prisión. . con evidencia de su ilegalidad. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme. por motivos económicos y sociales de interés general. Artículo 30º. El derecho a emigrar o inmigrar queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca. La resolución que se dictare será por auto judicial y se notificará al interesado dentro del mismo plazo. valiéndose de cualquier medio de difusión. El registro de papeles y efectos se practicará siempre a presencia del interesado o de una persona de su familia. Una ley especial determinará las garantías para la expulsión de los extranjeros del territorio español. de dos vecinos del mismo pueblo. y los agentes y funcionarios que las ejecuten. Artículo 34º. El domicilio de todo español o extranjero residente en España es inviolable. en su defecto. Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas. Artículo 33º. y. Se reconoce la libertad de industria y comercio salvo las limitaciones que. En ningún caso podrá recogerse la edición de libros o periódicos sino en virtud de mandamiento de juez competente. La acción para perseguir estas infracciones será pública. Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su residencia y domicilio. sin necesidad de prestar fianza ni caución de ningún género. a no ser que se dicte auto judicial en contrario. El Estado no podrá suscribir ningún Convenio o Tratado internacional que tenga por objeto la extradición de delincuentes políticosociales. sin sujetarse a la previa censura. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones. Nadie podrá entrar en él sino en virtud de mandamiento de juez competente. Incurrirán en responsabilidad las autoridades cuyas órdenes motiven infracción de este artículo. Artículo 32º. Artículo 31º.
individual y colectivamente. La separación del servicio. Artículo 37º. con arreglo a las leyes. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada. El Estado podrá exigir de todo ciudadano su prestación personal para servicios civiles o militares. sin distinción de sexo. Artículo 39º.Artículo 35º. a los Poderes públicos y a las autoridades. infringe sus deberes con perjuicio de tercero. fijarán todos los años el contingente militar. son admisibles a los empleos y cargos públicos según su mérito y capacidad. con arreglo a la ley. tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes. Las Cortes. en todo el territorio . a propuesta del Gobierno. Las Asociaciones profesionales de funcionarios se regularán por una ley. salvo las incompatibilidades que las leyes señalen. conforme a las leyes del Estado. Estas Asociaciones podrán recurrir ante los Tribunales contra los acuerdos de la superioridad que vulneren los derechos de los funcionarios. Los funcionarios civiles podrán constituir Asociaciones profesionales que no impliquen injerencia en el servicio público que les estuviere encomendado. Artículo 42º. Artículo 38º. Todo español podrá dirigir peticiones. Los nombramientos. sociales o religiosas. las suspensiones y los traslados sólo tendrán lugar por causas justificadas previstas en la ley. Artículo 40º. 38 y 39 podrán ser suspendidos total o parcialmente. Si el funcionario público. No se podrá molestar ni perseguir a ningún funcionario público por sus opiniones políticas. Los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años. Una ley especial regulará el derecho de reunión al aire libre y el de manifestación. excedencias y jubilaciones de los funcionarios públicos se harán conforme a las leyes. 31. en el ejercicio de su cargo. Artículo 41º. 34. el Estado o la Corporación a quien sirva serán subsidiariamente responsables de los daños y perjuicios consiguientes. Queda reconocido el derecho de reunirse pacíficamente y sin armas. Los derechos y garantías consignados en los artículos 29. Los Sindicatos y Asociaciones están obligados a inscribirse en el registro público correspondiente. Su inamovilidad se garantiza por la Constitución. conforme determine la ley. Todos los españoles. Los españoles podrán asociarse o sindicarse libremente para los distintos fines de la vida humana. Artículo 36º.
A falta de convocatoria se reunirán automáticamente al noveno día.nacional o en parte de él. El plazo de suspensión de garantías constitucionales no podrá exceder de treinta días. Durante la suspensión regirá. economía y cultura. ni desterrarlos a distancia superior a 250 kilómetros de su domicilio. Si estuvieran disueltas. Las Cortes no podrán ser disueltas antes de resolver mientras subsista la suspensión de garantías. El Estado prestará asistencia a los enfermos y ancianos y protección a la maternidad y a la infancia. educar e instruir a sus hijos. . El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos. con alegación en este caso de justa causa. Cualquier prórroga necesitará acuerdo previo de las Cortes o de la Diputación Permanente en su caso. Artículo 43º. cuando así lo exija la seguridad del Estado. la ley de Orden público. CAPÍTULO II Familia. La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. el Gobierno dará inmediata cuenta a la Diputación Permanente establecida en el artículo 62. que resolverá con iguales atribuciones que las Cortes. ni en filiación alguna. asistir. en las actas de inscripción. por Decreto del Gobierno. Los padres están obligados a alimentar. haciendo suya la «Declaración de Ginebra» o tabla de los derechos del niño. y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges. en casos de notoria e inminente gravedad. Las leyes civiles regularán la investigación de la paternidad. En ningún caso podrá el Gobierno extrañar o deportar a los españoles. el Gobierno deberá convocarlas para el mismo fin en el plazo máximo de ocho días. Si las Cortes estuviesen reunidas. resolverán sobre la suspensión acordada por el Gobierno. El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes y se obliga subsidiariamente a su ejecución. Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto de los nacidos en él. para el territorio a que se aplique. Si estuviesen cerradas. No podrá consignarse declaración alguna sobre la legitimidad o ilegitimidad de los nacimientos ni sobre el estado civil de los padres.
paro forzoso. Artículo 47º. y gozará de la protección de las leyes. a menos que disponga otra cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. asegurará su celosa custodia y atenderá a su perfecta conservación. la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción. Artículo 46º. La República protegerá al campesino y a este fin legislará. las instituciones de cooperación. Artículo 45º. constituye tesoro cultural de la Nación y estará bajo la salvaguardia del Estado. que podrá prohibir su exportación y enajenación y decretar las expropiaciones legales que estimare oportunas para su defensa. La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna. y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. En ningún caso se impondrá la pena de confiscación de bienes. está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas. es una obligación social. El Estado protegerá también los lugares notables por su belleza natural o por su reconocido valor artístico o histórico.Artículo 44º. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten al interés común pueden ser nacionalizados en los casos en que la necesidad social así lo exija. El Estado organizará un registro de la riqueza artística e histórica. accidente. cooperativas de producción y consumo. entre otras materias. Toda la riqueza artística e histórica del país. Toda la riqueza del país. invalidez y muerte. sea quien fuere su dueño. indemnización por pérdida de las cosechas. sea quien fuere su dueño. Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad. Con los mismos requisitos la propiedad podrá ser socializada. la administración y los beneficios de las empresas. las condiciones del obrero español en el extranjero. El Estado podrá intervenir por ley la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran la racionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. las vacaciones anuales remuneradas. escuelas . La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización. en sus diversas formas. sobre el patrimonio familiar inembargable y exento de toda clase de impuestos. la participación de los obreros en la dirección. El trabajo. con arreglo a la Constitución y a las leyes. la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar. vejez. crédito agrícola. cajas de previsión. el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la protección a la maternidad.
El Estado podrá mantener o crear en ellas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. La República protegerá en términos equivalentes a los pescadores.prácticas de agricultura y granjas de experimentación agropecuarias. El Estado atenderá a la expansión cultural de España estableciendo delegaciones y centros de estudio y enseñanza en el extranjero y preferentemente en los países hispanoamericanos. a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana. El Estado ejercerá la suprema inspección en todo el territorio nacional para asegurar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este artículo y en los dos anteriores. obras para riego y vías rurales de comunicación. de enseñar sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos. La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. Artículo 50º. La enseñanza será laica. que establecerá las pruebas y requisitos necesarios para obtenerlos aun en los casos en que los certificados de estudios procedan de centros de enseñanza de las regiones autónomas. y ésta se usará también como instrumento de enseñanza en todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las regiones autónomas. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado. Artículo 49º. La expedición de títulos académicos y profesionales corresponde exclusivamente al Estado. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada. Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas. profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios públicos. La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza. Artículo 48º. y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. el contenido de los planes pedagógicos y las condiciones en que se podrá autorizar la enseñanza en los establecimientos privados. Una ley de Instrucción pública determinará la edad escolar para cada grado. hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana. Se reconoce a las Iglesias el derecho. . la duración de los períodos de escolaridad. sujeto a inspección del Estado. Los maestros. de acuerdo con las facultades que se concedan en sus Estatutos.
que reúnan las condiciones fijadas por la ley Electoral. a lo sumo. La potestad legislativa reside en el pueblo. Tanto el Congreso como la Diputación Permanente. a partir de la fecha en que la Cámara hubiere acusado recibo del oficio correspondiente. Los Diputados sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Artículo 54º. Los Diputados son inviolables por los votos y opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. habrán de verificarse las nuevas elecciones. El Congreso se reunirá a los treinta días. que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los Diputados. Toda detención o procesamiento de un Diputado quedará sin efecto cuando así lo acuerde el Congreso. Sesenta días. exponiendo los fundamentos que considere pertinentes. representan a la Nación. Artículo 52º. contados a partir de la fecha en que fueron celebradas las elecciones generales. Artículo 55º. La detención será comunicada inmediatamente a la Cámara o a la Diputación Permanente. La duración legal del mandato será de cuatro años. una vez elegidos. . sin distinción de sexo ni de estado civil. Artículo 56º. Los Diputados. según los casos antes mencionados. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años. Los Diputados serán reelegibles indefinidamente. o la Diputación Permanente cuando las sesiones estuvieren suspendidas o la Cámara disuelta. después de la elección. Transcurridos sesenta días. sin tomar acuerdo respecto del mismo. se entenderá denegado el suplicatorio. después de expirar el mandato o de ser disueltas las Cortes. podrán acordar que el juez suspenda todo procedimiento hasta la expiración del mandato parlamentario del Diputado objeto de la acción judicial. si está reunido. directo y secreto. lo comunicará así al Congreso. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal. igual. así como su retribución. Si algún juez o Tribunal estimare que debe dictar auto de procesamiento contra un Diputado.TÍTULO IV Las Cortes Artículo 51º. Artículo 53º. como máximo. La ley determinará los casos de incompatibilidad de los Diputados. Al terminar este plazo se renovará totalmente el Congreso.
De los casos de suspensión de garantías constitucionales previstos en el art. Las Cortes se reunirán sin necesidad de convocatoria el primer día hábil de los meses de Febrero y Octubre de cada año y funcionarán. En ningún caso podrá autorizarse. 2º. 3º. . De las demás materias en que el Reglamento de la Cámara le diere atribución. Las Cortes disueltas se reúnen de pleno derecho y recobran su potestad como Poder legítimo del Estado. la obligación de convocar las nuevas elecciones. y los decretos dictados en virtud de las mismas se ajustarán estrictamente a las bases establecidas por el Congreso para cada materia concreta. El Congreso de los Diputados tendrá facultad para resolver sobre la validez de la elección y la capacidad de sus miembros electos y para adoptar su Reglamento de régimen interior. Artículo 59º. Estas autorizaciones no podrán tener carácter general. aumento alguno de gastos. en proporción a su fuerza numérica. Esta Diputación tendrá por Presidente el que lo sea del Congreso y entenderá: 1º. desde el momento en que el Presidente no hubiere cumplido. De lo concerniente a la detención y procesamiento de los Diputados. 4º. de 21 representantes de las distintas fracciones políticas. Artículo 60º. 42. durante tres meses en el primer período y dos en el segundo. acordado en Consejo de Ministros. El Congreso designará de su seno una Diputación Permanente de Cortes. Artículo 62º. sobre materias reservadas a la competencia del Poder legislativo. por lo menos.Los acuerdos de la Diputación Permanente se entenderán revocados si reunido el Congreso no los ratificara expresamente en una de sus veinte primeras sesiones. El Gobierno y el Congreso de los Diputados tienen la iniciativa de las leyes. Artículo 57º. Artículo 61º. compuesta. en esta forma. 80 de esta Constitución relativos a los decretos-leyes. El Congreso podrá reclamar el conocimiento de los decretos así dictados. El Congreso podrá autorizar al Gobierno para que éste legisle por decreto. para enjuiciar sobre su adaptación a las bases establecidas por él. como máximum. De los casos a que se refiere el art. dentro de plazo. Artículo 58º.
Bastará. el 15 por 100 de los electores. cuando el voto de censura no fuere aprobado por la mayoría absoluta de los Diputados que constituyan la Cámara. El pueblo podrá asimismo. Las mismas garantías se observarán respecto a cualquier otra proposición que indirectamente implique un voto de censura. ni las leyes tributarias. ejerciendo el derecho de iniciativa. las de ratificación de Convenios internacionales inscritos en la Sociedad de las Naciones. Artículo 66º.Artículo 63º. No podrán excusar su asistencia a la Cámara cuando sean por ella requeridos. por lo menos. los proyectos de ley necesarios para la ejecución de sus preceptos. No podrá dictarse ley alguna en contradicción con dichos Convenios. aunque no sean Diputados. Todos los Convenios internacionales ratificados por España e inscritos en la Sociedad de las Naciones y que tengan carácter de ley internacional. siempre que lo pida. presentar a las Cortes una proposición de ley. en plazo breve. Esta proposición deberá ser comunicada a todos los Diputados y no podrá ser discutida ni votada hasta pasados cinco días de su presentación. El pueblo podrá atraer a su decisión mediante «referéndum» las leyes votadas por las Cortes. . los Estatutos regionales. si no hubieran sido previamente denunciados conforme al procedimiento en ellos establecido. con las firmas de cincuenta Diputados en posesión del cargo. al Congreso de los Diputados. No serán objeto de este recurso: la Constitución. Artículo 65º. Todo voto de censura deberá ser propuesto. Artículo 64º. el Gobierno presentará. que habrá de acomodarse a lo que en aquéllos se disponga. para ello. El Congreso podrá acordar un voto de censura contra el Gobierno o alguno de sus Ministros. No se considerará obligado a dimitir el Gobierno ni el Ministro. en forma motivada y por escrito. La iniciativa de la denuncia habrá de ser sancionada por las Cortes. se considerarán parte constitutiva de la legislación española. que lo solicite el 15 por 100 del Cuerpo electoral. El Presidente del Consejo y los Ministros tendrán voz en el Congreso. las leyes complementarias de la misma. Una vez ratificado un Convenio internacional que afecte a la ordenación jurídica del Estado.
c) Los miembros de las familias reinantes o ex reinantes de cualquier país. que no podrán ser alterados durante el período de su magistratura. Artículo 71º. conforme al procedimiento que determine la ley. Sólo serán elegibles para la Presidencia de la República los ciudadanos españoles mayores de cuarenta años que se hallen en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos. los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos. La ley determinará su dotación y sus honores. cuando menos. sea cual fuere el grado de parentesco que les una con el jefe de las mismas. La elección de nuevo Presidente de la República se celebrará treinta días antes de la expiración del mandato presidencial. Prestada esta promesa. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios igual al de Diputados. Artículo 68º. Artículo 67º. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. solemnemente reunidas. No podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos: a) Los militares en activo o en la reserva. El Presidente de la República no podrá ser reelegido hasta transcurridos seis años del término de su anterior mandato. .Una ley especial regulará el procedimiento y las garantías del «referéndum» y de la iniciativa popular. igual. Artículo 73º. TÍTULO V Presidencia de la República. directo y secreto. Artículo 70º. Los compromisarios serán elegidos por sufragio universal. ni los retirados que no lleven diez años. se considerará iniciado el nuevo período presidencial. fidelidad a la República y a la Constitución. en dicha situación. Artículo 72º. El mandato del Presidente de la República durará seis años. El Presidente de la República prometerá ante las Cortes. Artículo 69º. Al Tribunal de Garantías Constitucionales corresponde el examen y aprobación de los poderes de los compromisarios. b) Los eclesiásticos.
pudiendo el Presidente acordar que los proyectos de decreto se sometan a las Cortes. en tal caso será convocada la elección de nuevo Presidente en el plazo improrrogable de ocho días. b) Conferir los empleos civiles y militares y expedir los títulos profesionales. conservan sus poderes. si ésta quedara vacante. de acuerdo con las leyes y los reglamentos. todos aquellos que exijan para su ejecución medidas de orden legislativo. d) Ordenar las medidas urgentes que exija la defensa de la integridad o la seguridad de la Nación. Una vez aprobados por el Parlamento. a partir de la clausura de la Conferencia en que hayan sido adoptados. de dieciocho meses. en general. aun estando disueltas. c) Autorizar con su firma los decretos. a los Ministros. e) Negociar. refrendados por el Ministro correspondiente. Artículo 76º. los de comercio. si creyere que se oponen a alguna de las leyes vigentes. Habrá de separarlos necesariamente en el caso de que las Cortes les negaren de modo explícito su confianza. y se celebrará dentro de los treinta siguientes a la convocatoria. firmar y ratificar los Tratados y Convenios internacionales sobre cualquier materia y vigilar su cumplimiento en todo el territorio nacional Los Tratados de carácter político. Del mismo modo. . y. quien será sustituido en las suyas por el Vicepresidente del Congreso. A los exclusivos efectos de la elección de Presidente de la República. el Presidente de la República suscribirá la ratificación. conforme a los requisitos del artículo siguiente.Artículo 74º. dando inmediata cuenta a las Cortes. Los proyectos de Convenio de la organización internacional del Trabajo serán sometidos a las Cortes en el plazo de un año y. le sustituirá en sus funciones el de las Cortes. para su registro. y firmar la paz. Artículo 75º. En caso de impedimento temporal o ausencia del Presidente de la República. sólo obligarán a la Nación si han sido aprobados por las Cortes. a propuesta de éste. las Cortes. conforme a lo establecido en el artículo 68. en caso de circunstancias excepcionales. que será comunicada. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al Presidente del Gobierno. a la Sociedad de las Naciones. los que supongan gravamen para la Hacienda Pública o individualmente para los ciudadanos españoles y. el Presidente del Parlamento asumirá las funciones de la Presidencia de la República. Corresponde también al Presidente de la República: a) Declarar la guerra. previo acuerdo del Gobierno.
Cuando no se halle reunido el Congreso. Artículo 79º. El Presidente de la República no podrá firmar declaración alguna de guerra sino en las condiciones prescritas en el Pacto de la Sociedad de las Naciones. El Presidente de la República no podrá cursar el aviso de que España se retira de la Sociedad de las Naciones sino anunciándolo con la antelación que exige el Pacto de esa Sociedad. el Presidente de la República habrá de estar autorizado por una ley para firmar la declaración de guerra. El Presidente de la República podrá convocar el Congreso con carácter extraordinario siempre que lo estime oportuno. expedirá los decretos. Podrá suspender las sesiones ordinarias del Congreso en cada legislatura sólo por un mes en el primer período y por quince días en el segundo. y su vigencia estará limitada al tiempo que tarde el Congreso en resolver o legislar sobre la materia. Artículo 78º. registrados en la Sociedad de las Naciones. y sólo una vez agotados aquellos medios defensivos que no tengan carácter bélico y los procedimientos judiciales o de conciliación y arbitraje establecidos en los Convenios internacionales de que España fuere parte. Los decretos así dictados tendrán sólo carácter provisional. podrá estatuir por decreto sobre materias reservadas a la competencia de las Cortes. Cuando la Nación estuviera ligada a otros países por Tratados particulares de conciliación y arbitraje. 58. o cuando lo demande la defensa de la República. a los efectos que en él se previenen. Los Tratados y Convenios secretos y las cláusulas secretas de cualquier Tratado o Convenio no obligarán a la Nación. siempre que no deje de cumplirse lo preceptuado en el art. Artículo 77º. reglamentos e instrucciones necesarios para la ejecución de las leyes. el Presidente. El Presidente de la República.Los demás Tratados y Convenios internacionales ratificados por España. en los casos excepcionales que requieran urgente decisión. también deberán ser registrados en la Sociedad de las Naciones. votada por mayoría absoluta. sujetándose a las siguientes condiciones: . a propuesta del Gobierno. El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato cuando lo estime necesario. consignada en una ley especial. Artículo 80º. se aplicarán éstos en todo lo que no contradigan los Convenios generales. con arreglo al artículo 18 del Pacto de la Sociedad. Cumplidos los anteriores requisitos. y mediante previa autorización de las Cortes. a propuesta y por acuerdo unánime del Gobierno y con la aprobación de los dos tercios de la Diputación permanente. Artículo 81º.
a) Por decreto motivado. . esta misma Asamblea elegirá el nuevo Presidente. La iniciativa de destitución se tomará a propuesta de las tres quintas partes de los miembros que compongan el Congreso. Artículo 84º. Los compromisarios reunidos con las Cortes decidirán por mayoría absoluta sobre la propuesta de éstas. Los Ministros que refrenden actos o mandatos del Presidente de la República asumen la plena responsabilidad política y civil y participan de la criminal que de ellos pueda derivarse. Artículo 85º. que las someta a nueva deliberación. y desde este instante el Presidente no podrá ejercer sus funciones. En el plazo de ocho días se convocará la elección de compromisarios en la forma prevenida para la elección de Presidente. en mensaje razonado. Artículo 83º. decidirá si procede acusar al Presidente de la República ante el Tribunal de Garantías Constitucionales. Serán nulos y sin fuerza alguna de obligar los actos y mandatos del Presidente que no estén refrendados por un Ministro. En el caso de segunda disolución. Si volvieran a ser aprobadas por una mayoría de dos tercios de votantes. dentro del plazo de quince días. La ejecución de dichos mandatos implicará responsabilidad penal. El Presidente promulgará las leyes sancionadas por el Congreso. El Presidente podrá ser destituido antes de que expire su mandato. Si la ley se declara urgente por las dos terceras partes de los votos emitidos por el Congreso. b) Acompañando al decreto de disolución la convocatoria de las nuevas elecciones para el plazo máximo de sesenta días. Artículo 82º. por acuerdo de las tres quintas partes de la totalidad de sus miembros. El Congreso. En caso contrario. el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver sobre la necesidad del decreto de disolución de las anteriores. Si la Asamblea votare contra la destitución. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las cortes llevará aneja la destitución del Presidente. El presidente de la República es criminalmente responsable de la infracción delictiva de sus obligaciones constitucionales. contados desde aquel en que la sanción le hubiere sido oficialmente comunicada. quedará disuelto el Congreso. el Presidente quedará obligado a promulgarlas.
podrá nombrar uno o más Ministros sin cartera. a propuesta del Presidente del Consejo. el Tribunal resolverá si la admite o no. Artículo 92º. Artículo 89º. elaborar los proyectos de ley que haya de someter al Parlamento. Una ley de carácter constitucional determinará el procedimiento para exigir la responsabilidad criminal del Presidente de la República. Los miembros del Gobierno tendrán la dotación que determinen las Cortes. ni intervenir directa o indirectamente en la dirección o gestión de ninguna empresa ni asociación privada. dictar decretos. destituido. Le afectan las mismas incompatibilidades establecidas en el art. por las infracciones de la Constitución y de las leyes. . A los Ministros corresponde la alta dirección y gestión de los servicios públicos asignados a los diferentes Departamentos ministeriales. el Presidente quedará. Artículo 90º. el Congreso ejercerá la acusación ante el Tribunal de Garantías Constitucionales en la forma que la ley determine. Los miembros del Consejo responden ante el Congreso: solidariamente de la política del Gobierno. el Congreso quedará disuelto y se procederá a nueva convocatoria. ejercer la potestad reglamentaria. 70 para el Presidente de la República. individualmente responsables. desde luego. El Presidente del Consejo de Ministros dirige y representa la política general del Gobierno. El Presidente del Consejo y los Ministros son. Corresponde al Consejo de Ministros. en el orden civil y en el criminal. Si la acusación no fuese admitida. e individualmente de su propia gestión Ministerial. El Presidente de la República. procediéndose a nueva elección. y la causa seguirá sus trámites. En caso de delito. también. Mientras ejerzan sus funciones. Artículo 87º. TÍTULO VI Gobierno Artículo 86º. Artículo 91º. principalmente. Artículo 88º. El Presidente del Consejo y los Ministros constituyen el Gobierno. En caso afirmativo.Mantenida la acusación por el Congreso. no podrán desempeñar profesión alguna. y deliberar sobre todos los asuntos de interés público.
todas las La jurisdicción penal militar quedará limitada a los delitos militares. leyes de reforma judicial y de los Códigos de procedimiento. además de sus facultades propias. El cargo de presidente del Tribunal Supremo sólo requerirá: ser español. Se exceptúa el caso de estado de guerra. atribuciones y funcionamiento serán regulados por dicha ley. Artículo 95º. que serán reguladas por las leyes. Artículo 97º. cuya composición. Los jueces son independientes en su función. Una ley especial regulará la creación y el funcionamiento de los órganos asesores y de ordenación económica de la Administración. del Gobierno y de las Cortes. Quedan abolidos todos los Tribunales de honor. tanto civiles como militares. El presidente del Tribunal Supremo será designado por el Jefe del Estado.Artículo 93º. Artículo 96º. No podrá establecerse fuero alguno por razón de las personas ni de los lugares. Entre estos organismos figurará un Cuerpo consultivo supremo de la República en asuntos de Gobierno y Administración. mayor de cuarenta años y licenciado en Derecho. a propuesta de una Asamblea constituida en la forma que determine la ley. La República asegurará a los litigantes económicamente necesitados la gratuidad de la Justicia. El presidente del Tribunal Supremo tendrá. las siguientes: a) Preparar y proponer al Ministro y a la Comisión Parlamentaria de Justicia. a los servicios de armas y a la disciplina de todos los Institutos armados. Sólo están sometidos a la ley. Le comprenderán las incapacidades e incompatibilidades establecidas para los demás funcionarios judiciales. TÍTULO VII Justicia Artículo 94º. El ejercicio de su magistratura durará diez años. La Administración de Justicia comprenderá jurisdicciones existentes. . con arreglo a la ley de Orden público. La Justicia se administra en nombre del Estado.
. entre elementos que no ejerzan la Abogacía. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.b) Proponer al Ministro. No se concederán indultos generales. del fiscal. cuya designación. magistrados y funcionarios fiscales. magistrados y fiscales en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas. Artículo 100º. a la Comisión Parlamentaria de Justicia. sin que ello implique asiento en la Cámara. los ascensos y traslados de jueces. Artículo 104º. de acuerdo con la Sala de gobierno y los asesores jurídicos que la ley designe. de modo permanente. con voz y voto. cuya organización y funcionamiento serán objeto de una ley especial. que contendrán las garantías necesarias para que sea efectiva la independencia de los Tribunales. Los jueces y magistrados no podrán ser jubilados. Artículo 102º. suspenderá el procedimiento y se dirigirá en consulta al Tribunal de Garantías Constitucionales. La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposiciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad reglamentaria. ni trasladados de sus puestos. Artículo 98º. Artículo 101º. separados ni suspendidos en sus funciones. Artículo 103º. La responsabilidad civil y criminal en que puedan incurrir los jueces. Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el Parlamento. sino con sujeción a las leyes. La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República será exigida por el Tribunal de Garantías Constitucionales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador. podrá indultar el Presidente de la República. El pueblo participará en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado. En los delitos de extrema gravedad. será exigible ante el Tribunal Supremo con intervención de un Jurado especial. de la Junta de Prisiones o a petición de parte. capacidad e independencia regulará la ley. y contra los actos discrecionales de la misma constitutivos de exceso o desviación de poder. El presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal general de la República estarán agregados. previo informe del Tribunal Supremo y a propuesta del Gobierno responsable. Cuando un Tribunal de Justicia haya de aplicar una ley que estime contraria a la Constitución. Artículo 99º. Se exceptúa la responsabilidad civil y criminal de los jueces y fiscales municipales que no pertenezcan a la carrera judicial.
La vigencia del Presupuesto será de un año. a las Cortes. su aprobación.Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia. el proyecto de Presupuestos generales del Estado para el ejercicio económico siguiente. Para cada año económico no podrá haber sino un solo Presupuesto. Artículo 110º. Artículo 105º. a juicio de la mayoría absoluta del Congreso. Si no pudiera ser votado antes del primer día del año económico siguiente se prorrogará por trimestres la vigencia del último Presupuesto. podrá autorizarse un Presupuesto extraordinario. Las cuentas del Estado se rendirán anualmente y censuradas por el Tribunal de Cuentas de la República. Las Cortes no podrán presentar enmienda sobre aumento de créditos a ningún artículo ni capítulo del proyecto de Presupuesto. a no ser con la firma de la décima parte de sus miembros. Artículo 108º. sin que estas prórrogas puedan exceder de cuatro. Su aprobación requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso. La ley organizará Tribunales de urgencia para hacer efectivo el derecho de amparo de las garantías individuales. El Gobierno presentará a éstas. Todo español tiene derecho a ser indemnizado de los perjuicios que se le irroguen por error judicial o delito de los funcionarios judiciales en el ejercicio de sus cargos. para su vigencia. y no requerirá. éste. la promulgación del Jefe del Estado. los de carácter ordinario. comunicará a las Cortes las infracciones o responsabilidades ministeriales en que a su juicio se hubiere incurrido. El Presupuesto general será ejecutivo por el solo voto de las Cortes. tanto en ingresos como en gastos. En caso de necesidad perentoria. TÍTULO VIII Hacienda Pública Artículo 107º. Artículo 109º. y en él serán incluidos. La formación del proyecto de Presupuestos corresponde al Gobierno. sin perjuicio de la efectividad de sus acuerdos. . en la primera quincena de Octubre de cada año. El Estado será subsidiariamente responsable de estas indemnizaciones. conforme determinen las leyes. Artículo 106º.
créditos o suplementos de crédito para cualquiera de los siguientes casos: a) Guerra o evitación de la misma. podrá el Gobierno conceder. se entenderán autorizadas las operaciones administrativas previas. Las autorizaciones al Gobierno en este respecto se limitarán. en su caso. Sus preceptos sólo regirán durante la vigencia del Presupuesto mismo. no podrán existir los créditos llamados ampliables. .Artículo 111º. incluso el tipo nominal de interés. Artículo 116º. Artículo 114º. El Presupuesto no podrá contener ninguna autorización que permita al Gobierno sobrepasar en el gasto la cifra absoluta en él consignada. Los créditos consignados en el estado de gastos representan las cantidades máximas asignadas a cada servicio que no podrán ser alteradas ni rebasadas por el Gobierno. Nadie estará obligado a pagar contribución que no esté votada por las Cortes o por las Corporaciones legalmente autorizadas para imponerla. cuando se considere necesaria. Por excepción. d) Compromisos internacionales. cuando así lo estimen oportuno las Cortes. El Presupuesto fijará la Deuda flotante que el Gobierno podrá emitir dentro del año económico y que quedará extinguida durante la vida legal del Presupuesto. cuando las Cortes no estuvieren reunidas. No obstante. y. Artículo 112º. En consecuencia. b) Perturbaciones graves de orden público o inminente peligro de ellas. Artículo 113º. habrá de contener las condiciones de éste. c) Calamidades públicas. impuestos y tasas y la realización de ventas y operaciones de crédito. de la amortización de la Deuda. pero no podrán exigirse ni realizarse sin su previa autorización en el estado de ingresos del Presupuesto. a las condiciones y al tipo de negociación. se entenderán autorizadas con arreglo a las leyes en vigor. Salvo lo dispuesto en el artículo anterior. contendrá solamente las normas aplicables a la ejecución del Presupuesto a que se refiera. La exacción de contribuciones. bajo su responsabilidad. Artículo 115º. La ley de Presupuestos. toda ley que autorice al Gobierno para tomar caudales a préstamo. ordenadas en las leyes. Las leyes especiales determinarán la tramitación de estos créditos. salvo caso de guerra.
Designará concreta y específicamente los recursos con que sea dotada. Otorgará a la Caja la plena autonomía de gestión. responsabilidad económica del Tesoro. directa o indirectamente. Artículo 118º. Del resultado de esa censura conocerán las Cortes. De idénticas garantías disfrutará. en general. con jurisdicción en todo el territorio de la República. El Tribunal de Cuentas de la República es el órgano fiscalizador de la gestión económica. toda operación que implique. Los créditos necesarios para satisfacer el pago de intereses y capitales se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos del Presupuesto y no podrán ser objeto de discusión Mientras se ajusten estrictamente a las leyes que autorizaron la emisión. siempre que se dé el mismo supuesto. . Fijará la Deuda o Deudas cuya amortización se le confíe. Se establece. Toda operación que infrinja este precepto será nula y no obligará al Estado a su amortización ni al pago de intereses. competencia y funciones. TÍTULO IX Garantías y reforma de la Constitución Artículo 121º. Sus conflictos con otros organismos serán sometidos a la resolución del Tribunal de Garantías constitucionales. Dependerá directamente de las Cortes y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el conocimiento y aprobación final de las cuentas del Estado.Artículo 117º. 3ª. La Deuda pública está bajo la salvaguardia del Estado. un Tribunal de Garantías constitucionales. Las cuentas se someten al Tribunal de Cuentas de la República. Ni los recursos ni los capitales de la Caja podrán ser aplicados a ningún otro fin del Estado. Artículo 120º. Toda ley que instituya alguna Caja de amortización. que tendrá competencia para conocer de: a) El recurso de inconstitucionalidad de las leyes. Artículo 119º. Una ley especial regulará su organización. 2ª. El presupuesto anual de la Caja necesitará para ser ejecutivo la aprobación del Ministro de Hacienda. se ajustará a las siguientes normas: 1ª. El Gobierno necesita estar autorizado por una ley para disponer de las propiedades del Estado y para tomar caudales a préstamo sobre el crédito de la Nación.
d) El examen y aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presidente de la República. 3º. . Compondrán este Tribunal: Un presidente designado por el Parlamento. 100. Artículo 122º. sea o no Diputado. El Gobierno de la República. e) La responsabilidad criminal del Jefe del Estado. El presidente del Tribunal de Cuentas de la República. f) La responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo y del Fiscal de la República. del Presidente del Consejo y de los Ministros. Toda persona individual o colectiva. aunque no hubiera sido directamente agraviada. Un representante por cada una de las Regiones españolas.b) El recurso de amparo de garantías individuales. Cuatro profesores de la Facultad de Derecho. Dos Diputados libremente elegidos por las Cortes. El presidente del alto Cuerpo consultivo de la República a que se refiere el art. c) Los conflictos de competencia legislativa y cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí. elegido en la forma que determine la ley. 2º. Son competentes para acudir ante el Tribunal de Garantías Constitucionales: 1º. Las Regiones españolas. Los jueces y tribunales en el caso del art. 93. El Ministerio fiscal. 5º. Dos miembros nombrados electivamente por todos los Colegios de Abogados de la República. designados por el mismo procedimiento entre todas las de España Artículo 123º. cuando hubiere sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades. 4º.
acorde con la reforma. la propuesta señalará concretamente el artículo o los artículos que hayan de suprimirse. b) A propuesta de la cuarta parte de los miembros del Parlamento. decidirá sobre la reforma propuesta. reformarse o adicionarse. quedará automáticamente disuelto el Congreso y será convocada nueva elección para dentro del término de sesenta días. En cualquiera de estos casos. y actuará luego como Cortes ordinarias. La Cámara así elegida. establecerá las inmunidades y prerrogativas de los miembros del Tribunal y la extensión y efectos de los recursos a que se refiere el art. Acordada en estos términos la necesidad de la reforma.Artículo 124º. seguirá los trámites de una ley y requerirá el voto. Artículo 125º. Palacio de las Cortes Constituyentes a 9 de Diciembre de 1931. durante los cuatro primeros años de vida constitucional. y la mayoría absoluta en lo sucesivo. La Constitución podrá ser reformada: a) A propuesta del Gobierno. de las dos terceras partes de los Diputados en el ejercicio del cargo. . en funciones de Asamblea Constituyente. 121. votada por estas Cortes. Una ley orgánica especial.
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 Artículo 33
 Artículo 32
 Artículo 31
 Artículo 37
 Artículo 39
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 Artículo 38
 Artículo 40
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 Artículo 46
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 Artículo 50
 Artículo 49
 Artículo 48
 Artículo 54
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 Artículo 55
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 Artículo 51
 Artículo 53
 Artículo 59
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 Artículo 62
 Artículo 57
 Artículo 61
 Artículo 58
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 Artículo 64
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 Artículo 67
 Artículo 73
 Artículo 70
 Artículo 72
 Artículo 69
 Artículo 76
 Artículo 75
 artículo 68
 Artículo 79
 Artículo 78
 Artículo 77
 Artículo 80
 artículo 18
 Artículo 81
 Artículo 84
 Artículo 85
 Artículo 83
 Artículo 82
 Artículo 92
 Artículo 89
 Artículo 90
 Artículo 87
 Artículo 86
 Artículo 91
 Artículo 88
 Artículo 95
 Artículo 97
 Artículo 96
 Artículo 94
 Artículo 100
 Artículo 104
 Artículo 102
 Artículo 98
 Artículo 101
 Artículo 103
 Artículo 99
 Artículo 110
 Artículo 105
 Artículo 108
 Artículo 107
 Artículo 109
 Artículo 106
 Artículo 116
 Artículo 114
 Artículo 112
 Artículo 113
 Artículo 115
 Artículo 118
 Artículo 121
 resolución 
 Artículo 120
 Artículo 119
 Artículo 122
 Artículo 123
 Artículo 125