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Timestamp: 2019-03-24 20:22:54+00:00

Document:
RCL 2001\1663 Legislación
BOE 7 julio 2001, núm. 162, [pág. 24769];
Regula la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios y la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad
La Ley 55/1999, de 29 de diciembre (RCL 1999, 3245 y RCL 2000, 606), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 21 , encomienda al Gobierno la regulación de dos aspectos diferenciados en relación con los penados: por un lado, le habilita para articular la relación laboral de carácter especial de los penados que realicen actividades laborales en talleres penitenciarios, contemplando, además, un marco de protección de Seguridad Social de este colectivo acorde con sus especiales características. Y así mismo, determina que a las cotizaciones a la Seguridad Social que hayan de efectuarse por las contingencias cuya cobertura se establezca, se les aplicarán las bonificaciones generales que se otorguen a favor de los trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral o las que específicamente se fijen para este colectivo. Por otro lado, le habilita para regular la protección de Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad.
Así mismo, la Ley 14/2000, de 29 de diciembre (RCL 2000, 3029), de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en su artículo 24, apartado cuarto , introduce una nueva disposición adicional trigésima en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (RCL 1994, 1825), por la que se establecen determinadas bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social por los conceptos de recaudación conjunta, respecto de los penados que realicen actividades laborales en instituciones penitenciarias, y declara aplicables a las cuotas empresariales por contingencias comunes las bonificaciones generales que se otorguen a la contratación de trabajadores con especiales dificultades de inserción laboral. Por otro lado, la citada Ley 14/2000, en su disposición adicional trigésima primera (actualmente derogada), declaró aplicable el Programa de Fomento del Empleo al colectivo anteriormente mencionado, y prorrogó el Programa para el año 2000 establecido en el artículo 28 de la Ley 55/1999, hasta el 17 de mayo de 2001. El Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo (RCL 2001, 568), de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y Mejora de su Calidad, incluye nuevamente al colectivo citado en el Programa de Fomento de Empleo para el año 2001, derogando el anterior.
El primer aspecto, es decir, la relación laboral especial de los internos en los centros penitenciarios tiene como antecedentes próximos el artículo 25.2 de la Constitución (RCL 1978, 2836; ApNDL 2875), en cuanto que establece el derecho de los condenados a penas de prisión a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, el capítulo II del Título II , y en particular el artículo 27.2 , de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre (RCL 1979, 2382; ApNDL 11177), General Penitenciaria, que establece que el trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado y, por otro lado, el párrafo c) del apartado primero, del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (RCL 1995, 997), que enuncia como relación laboral de carácter especial la de los penados en las instituciones penitenciarias.
Estas previsiones fueron desarrolladas en el capítulo IV del Título V del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febreroRCL 1996, 521, 1522).
En virtud del Real Decreto citado anteriormente y del Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo (RCL 1995, 848), de regulación del Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias, éste y el organismo autonómico equivalente tiene atribuidas, entre otras funciones, la gestión del trabajo de los internos.
En cuanto al segundo aspecto, esto es, la regulación de la protección de la Seguridad Social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad, se debe tener presente que una de las novedades más importantes del sistema de penas de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777), del Código Penal, es la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Con ella se evita alguno de los inconvenientes de las penas privativas de libertad, como la separación del delincuente de la sociedad, y, al mismo tiempo, se le hace partícipe de intereses públicos, al tener que cooperar con actividades que tienen ese carácter.
El Real Decreto 690/1996, de 26 de abril(RCL 1996, 1617, 2150), por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de arresto de fin de semana, además de establecer las circunstancias de ejecución de esta pena, aporta a la definición de la misma, por una parte, que la actividad de utilidad pública a la que se preste la colaboración personal tenga «interés social» y «valor educativo», haciendo énfasis en la prevención especial, y, por otra parte, que «sirva de reparación para la comunidad perjudicada», es decir, que sirva como retribución por el delito cometido.
Artículo 1.Ámbito de aplicación y exclusiones.
5. Las cuestiones litigiosas derivadas de los conflictos individuales que se promuevan por los internos trabajadores encuadrados en la relación laboral especial penitenciaria se regirán por el Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril(RCL 1995, 1144, 1563). Para demandar al Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente, será requisito previo haber reclamado en vía administrativa en la forma establecida en el artículo 69 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral y en el artículo 125 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (RCL 1992, 2512, 2775 y RCL 1993, 246), de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 2.Sujetos de la relación laboral.
Artículo 3.Acceso a los puestos de trabajo.
Artículo 4.Objeto y finalidad de la relación laboral.
Artículo 5.Derechos laborales.
Artículo 6.Deberes laborales.
Artículo 7.Inicio y duración de la relación laboral.
Artículo 8.Promoción en el trabajo.
Artículo 9.Suspensión de la relación laboral.
Artículo 10.Extinción de la relación laboral.
Artículo 11.Organización y dirección del trabajo.
4. La actividad desarrollada en los talleres penitenciarios estará sometida a la normativa correspondiente en materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de las adaptaciones que fueren necesarias en función de las especifidades del medio penitenciario.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado segundo de este artículo, en el caso de que el trabajo se organice en colaboración con personas físicas o jurídicas del exterior, éstas vendrán obligadas a asegurar que se cumplan las obligaciones, de evaluación de riesgos y planificación de su prevención en el trabajo, de formación preventiva y de cumplimiento de las medidas preventivas que correspondan en función de la actividad desarrollada, de acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 1995, 3053), de Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo estarán obligadas a respetar la intimidad y dignidad del interno trabajador, a conservar adecuadamente las instalaciones que ocupe, a colaborar con el Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias u órgano autonómico equivalente en cuantos aspectos e informaciones le sean requeridas y, en general, a cumplir los compromisos acordados en el acuerdo de colaboración suscrito por ambas partes.
Artículo 12.Control de la actividad laboral.
Artículo 13.Participación.
Artículo 14.Movilidad.
Artículo 15.Régimen retributivo.
Artículo 16.Pago de las retribuciones.
Artículo 17.Tiempo de trabajo.
Artículo 18.Permisos e interrupciones.
Artículo 19.Acción protectora de la Seguridad Social.
Artículo 20.Afiliación, altas, bajas y cotización.
Artículo 21.Obligación de cotizar.
Modificado por art. único de Real Decreto 2131/2008, de 26 diciembre (RCL 2009, 117).
Artículo 22.Protección de la Seguridad Social.
Artículo 23.Relaciones jurídicas de Seguridad Social.
a) El Decreto 573/1967, de 16 de marzo(RCL 1967, 612; NDL 24648), por el que se asimilan a trabajadores por cuenta ajena, a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, a los reclusos que realicen trabajos penitenciarios retribuidos.
b) Los artículos 134 a 152 , ambos inclusive, del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero (RCL 1996, 521, 1522).
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo anterior, respecto de las cotizaciones a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta se aplicará con efectos desde el día 1 de enero de 2001.

References: artículo 21
 artículo 24
 Real Decreto 
 artículo 28
 artículo 25
 artículo 27
 artículo 2
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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Artículo 1
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 artículo 69
 artículo 125

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Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

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Artículo 20

Artículo 21
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Artículo 22

Artículo 23
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