Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2015/T-629-15.htm
Timestamp: 2017-10-20 10:38:25+00:00

Document:
T-629-15
Sentencia T-629/15
CARACTERIZACION DEL DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-En casos de interpretación irrazonable
El defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales es aquel que tiene lugar cuando la decisión cuestionada contiene errores derivados de una equivocada interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas. El defecto se estructura, en últimas, cuando el fallo cuestionado incurre en una irregularidad de alta trascendencia que obstaculiza o lesiona la efectividad de los derechos constitucionales. Esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos dos circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y alcance que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a resultados desproporcionados.
REQUISITO DE COTIZACIONES COMO CONDICION DE ACCESO A LA PENSION DE INVALIDEZ-Valoración en casos difíciles, cuando el afiliado no cumple a cabalidad el requisito, pero está muy próximo a satisfacerlo
REQUISITO DE FIDELIDAD PARA PENSION DE INVALIDEZ-Entidades prestadoras del servicio público de seguridad social no están autorizadas para exigir requisito de fidelidad por cuanto fue declarado inexequible en sentencia C-428 de 2009
ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por cuanto Tribunal incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable, al resolver el debate relativo al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de un examen mecánico del requisito de cotizaciones contemplado en la Ley 860 de 2003
PENSION DE INVALIDEZ PARA POBLACION JOVEN-Orden a Fondo de Pensiones reconocer y pagar pensión de invalidez
Referencia: Expediente T-4829851
Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de dos mil quince (2015).
1.3. Durante los tres años anteriores a la fecha de la estructuración de la invalidez, Jonatan había cotizado 48.14 semanas a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. Tales aportes son los únicos que efectuó durante toda su vida laboral, pues, para el momento del accidente, contaba solo con 20 años de edad.[1]
La solicitud de amparo.
3.2. La apoderada de Jonatan compareció al juzgado para rendir declaración juramentada con el objeto de corregir la acción de tutela. En la diligencia, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2014, la abogada explicó que el hecho vulnerador de los derechos fundamentales de Jonatan provenía de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga “al no cumplir los precedentes constitucionales e internacionales, y acogerse a la ley, cuando tenemos entendido que priman los precedentes constitucionales antes que la ley. El hecho generador se condensa en la sentencia 052, proferida por el Tribunal Superior de Buga, Sala Laboral, el 19 de julio de 2013, cuando no acató las recomendaciones de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral”.
Ante lo referido por la abogada, el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Palmira remitió la solicitud de protección constitucional a la Corte Suprema de Justicia.[2]
Expuso la accionada que dio cumplimiento al fallo de tutela y pagó transitoriamente la pensión, como lo prueba la comunicación que, con ese objeto, le envió a Jonatan el 11 de julio de 2012. Además, precisó que el derecho del accionante a obtener la prestación que en esta ocasión reclama ya fue resuelto por la jurisdicción ordinaria laboral, que la absolvió de responsabilidad al respecto. Tales circunstancias, afirmó, deberían conducir al rechazo de plano de la acción constitucional, pues, de lo contrario, podrían presentarse sentencias contradictorias entre sí, “lo cual ocasionaría para Protección una confusión respecto de cuál sentencia cumplir”[3].
3.5. A continuación, informó que Jonatan está afiliado a Protección S.A. desde el 25 de agosto de 2007 –siendo esta su vinculación inicial al sistema de pensiones-, con fecha de efectividad de la afiliación del 26 de agosto de 2007. Su eventual derecho a la pensión de invalidez se analizó considerando los requisitos legales correspondientes, encontrando que no cumplía con el relativo a haber cotizado cincuenta semanas dentro de los últimos tres años anteriores a la fecha de estructuración de su invalidez, toda vez que “de acuerdo con su historia laboral, en el mencionado periodo el accionante no contaba con el número de semanas exigido por la ley, por lo tanto no procede la pensión de invalidez reclamada”.[4]
3.6. En este punto, la AFP realizó un recuento normativo de los requisitos legales que determinan el reconocimiento de la pensión de invalidez. Citó, entonces, los artículos 13, 38, 39 y 72 de la Ley 100 de 1993 –con las modificaciones introducidas por las reformas pensionales correspondientes- y las Sentencias T-439 de 1996 y SU-111 de 1997, sobre el requisito de subsidiariedad de la acción de tutela.
Así las cosas, pidió considerar que obró de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales, pues atendió oportunamente al accionante, lo remitió para la calificación del estado de pérdida de la capacidad laboral, y analizó los requisitos pertinentes, concluyendo que había cumplido aquel relativo a reunir 50 semanas cotizadas durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. En todo caso, solicitó que, en el evento de que se decidiera condenar a la administradora a pagar alguna prestación económica por invalidez, la tutela se concediera “con efectos transitorios por el término de cuatro meses, mientras el accionante presenta demanda ordinaria laboral, para que se resuelva definitivamente si tiene derecho o no a la pensión de invalidez”.[5]
Ante tal situación, el Estado debería proteger a quien se encuentra en estado de debilidad manifiesta, porque se encuentra en situación de discapacidad permanente, no tiene otro medio de defensa -ya que agotó todas las vías ordinarias-, es una persona de escasos recursos económicos y, de no acceder a la pensión, se quedaría sin servicio de salud.
En particular, el Defensor se refirió al precedente contenido en la Sentencia T-138 de 2012.[6] De conformidad con lo señalado en esa providencia, precisó, es necesario analizar con flexibilidad aquellos casos en los que faltan pocas semanas para cumplir con el requisito de acceso a una pensión, pues “no puede abordarse de igual manera un expediente en el que haga falta más de la mitad de las semanas exigidas por la ley que uno en el que solo haga falta una semana”.[7]
Así las cosas, solicitó seleccionar el expediente para que la Corte analice si “se vulneran los derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social cuando se niega una pensión de invalidez, mediante la aplicación mecánica de las normas pertinentes, sin tener en cuenta las situaciones especiales de quienes ‘casi’ acreditan los requisitos para acceder a ese derecho y cuentan con un altísimo porcentaje de invalidez y, por este motivo, quedan en franca desprotección”.[8]
8. Durante el trámite de revisión constitucional, la magistrada sustanciadora[9] constató que la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga no se había pronunciado sobre los hechos y las pretensiones formuladas en la acción de tutela, pese a que fue notificada oportunamente por el juez constitucional de primera instancia. Así las cosas, la requirió para que se pronunciara al respecto y decretó las pruebas que consideró necesarias para resolver de fondo el asunto objeto de revisión.[10]
Así, dispuso oficiar a la AFP Protección S.A. para que certificara el total de semanas que Jonatan David cotizó a pensiones, precisando cuántas semanas cotizó cada año, desde la fecha de su afiliación, y para que remitiera copia del documento a través del cual analizó -como lo informó al contestar la acción de tutela- si “el accionante tenía o no derecho a la pensión de invalidez”, de aquel a través del cual le informó que no cumplía con los requisitos para el efecto y de la petición que la apoderada de Jonatan presentó en 2011, junto con una copia de la respuesta que le dio a dicha petición.
8.1. La respuesta de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga fue recibida en la Secretaría General de esta Corporación, vía fax, el 21 de julio de 2015. El documento de contestación, suscrito por el magistrado Marceliano Chávez Ávila, indica que la tutela es improcedente, considerando que la decisión objeto de reproche respetó los parámetros constitucionales y legales aplicables a la materia y que “el proceso laboral iniciado por el ahora accionante ya había sido objeto de amparo por vía de tutela, oportunidad en la cual la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia fechada el 26 de junio de 2013, ordenó proferir nueva sentencia en la que esta colegiatura debería tener en cuenta la prueba que estimó la honorable Sala como descartada”.[11]
Dicho esto, resaltó que Jonatan no interpuso recurso de casación contra la sentencia inicial (la de mayo 20 de 2013) ni contra la que la modificó tras el fallo de tutela (la del 19 de julio siguiente), pese a que tenía interés jurídico y económico para presentarlo. Bajo ese parámetro, la solicitud de amparo contraría el carácter residual y subsidiario que cobija el trámite constitucional, pues la decisión cuestionada no se discutió en el marco de los mecanismos judiciales idóneos para ello.
8.2. La AFP Protección intervino en el trámite de revisión a través de escrito del 21 de julio de 2015, mediante el cual remitió copia de los documentos solicitados por la magistrada sustanciadora.[12] Sin embargo, la entidad no certificó el total de semanas que Jonatan David cotizó a pensiones durante su vida laboral ni precisó cuántas de ellas fueron cotizadas cada año, como se le había solicitado en el auto del 10 de julio de 2015. Frente a ese particular, la AFP se limitó a remitir copia de la historia laboral del accionante.
Finalmente, precisó que la suspensión del pago de la pensión supuso que Jonatan perdiera su afiliación al servicio de salud y que tuviera que trasladarse al SISBEN. En la actualidad, lo atiende la empresa Saludcoop, que le presta servicios médicos pero no le suministra los medicamentos e insumos que requiere, lo cual le ha obligado a interponer acciones de tutela y a tramitar los incidentes de desacato correspondientes.
Como prueba de lo manifestado, la abogada allegó al expediente una declaración juramentada que Jonatan rindió ante la Notaria Única del Círculo de Candelaria, en la que manifestó que vive bajo el mismo techo con su madre, Aydé Argeli Morales, y con su tía materna, María Ilia Morales, en la casa de esta última, quien es de profesión y ocupación modista. Jonatan declaró que “con el fin de obtener algunos ingresos, una vez al mes hacemos ventas de comidas, como arroz con leche, almuerzos, etc., y de esta manera sufragamos nuestras necesidades básicas, como alimentación, vestuario, servicios públicos, medicamentos, pañales, productos de aseo personal y todo aquello que la EPS no me cubre”.[13]
9. La Sala es competente para conocer del fallo objeto de revisión, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, en los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, y en cumplimiento del auto proferido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de esta corporación el once (11) de junio de dos mil quince (2015).
10.1. En primer lugar, del defecto en los que habría incurrido la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga al resolver la solicitud pensional en el marco del proceso ordinario. La tutela narra que, con el objeto de acceder a su pensión, Jonatan instauró una demanda ordinaria ante la jurisdicción laboral que fue fallada a su favor en primera instancia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira.[14] Tal decisión, sin embargo, fue revocada por la autoridad accionada, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, el 20 de mayo de 2013.
Jonatan promovió una acción de tutela contra el Tribunal, sobre el supuesto de que había incurrido en “una vía de hecho” al denegar la pensión con fundamento en el incumplimiento del requisito de cotizaciones, “sin mirar si se están violando los derechos fundamentales de una persona joven que requiere del mínimo vital para su subsistencia y la de su familia (…)”[15]. Esa tutela fue resuelta en primera instancia por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que concedió la protección reclamada, porque el fallo cuestionado “no contabilizó las cotizaciones de manera correcta, pues solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin discriminar los reportes que allí se encontraban”[16].
Para la Corte, la Sala incurrió en un defecto en la valoración de los reportes de las cotizaciones que “conllevó a una conclusión opuesta a lo que había razonado en la providencia”. Esto, a su vez, afectó el debido proceso de Jonatan y aparejó la vulneración de otras garantías, dado su evidente estado de indefensión[17]. Por esas razones, dejó sin efecto la sentencia acusada, esta es, la del 20 de mayo de 2013, para que se dictara decisión de reemplazo, teniendo en cuenta las consideraciones planteadas en la providencia de tutela.
10.2. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga impugnó la decisión de tutela[18], pero adoptó las medidas necesarias para cumplir con lo ordenado antes de que la impugnación fuera resuelta. Así, el 19 de julio de 2013, los magistrados Marceliano Chávez Ávila, Donald José Dix Ponnefz y Luis Felipe Salcedo Wagner se constituyeron en audiencia pública con el objeto de dar lectura a la sentencia de reemplazo.
En concreto, la abogada censuró que los magistrados del Tribunal de Buga no hubieran tenido en cuenta que el Estado y las entidades que integran el Sistema de Seguridad Social deben “actuar bajo principios de equidad, responsabilidad social, igualdad real y justicia material, generando un pacto solidario con aquel que ha caído en desventaja, en pro del principio de igualdad constitucional y protección real y efectiva del derecho a la seguridad social”[19]. Por eso, pese a haber acogido lo que en sede de revisión le ordenaron las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal no cambió su decisión inicial de negar el reconocimiento de la pensión de invalidez, dijo la abogada.
Ahora bien, siguiendo la exposición realizada en el acápite de antecedentes y de conformidad con la interpretación que hace la Sala de los fundamentos de la acción de tutela, el estudio material de la solicitud se centrará en establecer si la decisión censurada incurrió en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable al resolver el debate sobre el reconocimiento de la pensión de invalidez a partir de un estudio mecánico del artículo 1 de la Ley 860 de 2003 y del primer parágrafo de la misma disposición, que consagran, en su orden, las condiciones de acceso a la pensión de invalidez y a la pensión de invalidez para persona joven.
Criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
En aras de materializar tal aspiración, la procedencia de esas acciones se ha supeditado a unas hipótesis taxativas que han sido depuradas cuidadosamente por la jurisprudencia constitucional[20] y que apuntan a asegurar que la revisión por vía de tutela de las decisiones adoptadas por los órganos de cierre de la justicia ordinaria y administrativa se produzca, únicamente, frente a situaciones verdaderamente excepcionales, en las que se hayan afectado garantías fundamentales que hacen a la providencia respectiva incompatible con la Constitución. Esos requisitos de procedencia, formales y materiales, son los establecidos en la sentencia C-590 de 2005[21].
14. En suma, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la acción de tutela en contra de una sentencia judicial es procedente cuando: i) cumple los requisitos formales de procedibilidad, ii) se presenta alguna o algunas de las causales genéricas establecidas por la Corporación para hacer procedente el amparo material y, iii) se acredita la necesidad de intervención del juez de tutela, para evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental[22].
El defecto sustantivo como causal de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. La interpretación irrazonable como causa del defecto sustantivo.
15. El defecto sustantivo que hace procedente la acción de tutela contra providencias judiciales es aquel que tiene lugar cuando la decisión cuestionada contiene errores derivados de una equivocada interpretación o aplicación de las disposiciones jurídicas. El defecto se estructura, en últimas, cuando el fallo cuestionado incurre en una irregularidad de alta trascendencia que obstaculiza o lesiona la efectividad de los derechos constitucionales.[23]
Los supuestos que dan lugar a declarar la presencia del aludido defecto han sido estrictamente delimitados por la jurisprudencia constitucional. La Corte ha considerado que una providencia judicial incurre en un defecto sustantivo cuando: i) la autoridad judicial deja de valorar la norma aplicable al asunto objeto de estudio[24]; ii)
el juez apoya su decisión en una norma evidentemente inaplicable al caso concreto[25] (porque ya fue derogada y no produce ningún efecto en el ordenamiento jurídico, porque fue declarada inexequible[26], porque es claramente inconstitucional y el funcionario judicial se abstuvo de aplicar la excepción de inconstitucionalidad, porque su aplicación al caso concreto es inconstitucional[27] o porque, a pesar de estar vigente y ser constitucional, no se adecúa a la circunstancia fáctica a la cual se aplicó[28]); iii) el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes de las jurisdicciones constitucional y contencioso administrativa[29] y, finalmente; (iv) cuando la aplicación que hizo el juez de determinada disposición normativa resulta inaceptable, por ser producto de una hermenéutica abiertamente errónea o irrazonable.
16. Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.[30]
La preeminencia de esos principios de autonomía e independencia judicial cobra sentido ante la complejidad propia del proceso de aplicación del derecho. Dado que tal actividad exige la participación activa de la autoridad judicial en la interpretación del ordenamiento jurídico, es lógico que existan diversas posiciones sobre la norma jurídica aplicable a determinada situación de hecho y sobre las consecuencias que se derivan de ella.[31]
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas[32]. El carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a la administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores[33] y justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone, entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se encuentra la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y coherencia al ordenamiento jurídico.[34]
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto sustantivo por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo que ofrece la disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad. Sin embargo, el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial, sino, solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido, consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido contraevidente”.[35]
19. La segunda hipótesis de defecto sustantivo por interpretación irrazonable, a la que se alude como interpretación manifiestamente irrazonable o desproporcionada, involucra, también, una afrenta al principio de legalidad. Sin embargo, su nota particular está dada “por una mayor incidencia del desconocimiento de la Constitución, dado que la interpretación de la ley se traduce en defecto sustantivo debido a que en el proceso interpretativo se dejan de tomar en cuenta contenidos superiores que a la luz del caso concreto han debido guiar ese proceso y condicionar su resultado”[36].
Esto supone que aun aquellas interpretaciones de una disposición legal que resulten posibles puedan constituirse en un defecto sustantivo, si contravienen la Constitución, vulnerando derechos fundamentales. En esos casos, “el juez constitucional está en la obligación de adecuar el contenido de dicha norma legal y hacerla consonante con los fines y principios constitucionales”[37].
20. Por último, es preciso recordar que, salvo en casos de evidente arbitrariedad, es la parte actora la que tiene la carga de demostrar que la interpretación del juez es abiertamente irrazonable o arbitraria. En ese sentido, “se exige de quien presenta la tutela contra una decisión judicial una mayor diligencia pues el acto que impugna es nada menos que una decisión de un juez que ha estado sometida a todas las garantías constitucionales y legales existentes”.[38]
El requisito de cotizaciones como condición de acceso a la pensión de invalidez. Su valoración en casos difíciles, cuando el afiliado no cumple a cabalidad el requisito, pero está muy próximo a satisfacerlo.
Condiciones de acceso a la pensión de invalidez. Previsiones normativas y jurisprudencia.
En ese escenario, el reconocimiento de la pensión quedó condicionado de la siguiente forma: quien persiguiera el reconocimiento de una pensión de invalidez causada por enfermedad debería acreditar la cotización de “50 semanas en los últimos tres años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración” y una fidelidad de cotización de al menos “el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió 20 años de edad y la fecha de la primera calificación del estado de invalidez”.[39] Quien, por su parte, reclamara la pensión por cuenta de una invalidez causada por un accidente solo tendría que demostrar que cotizó 50 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores al suceso invalidante.
22.2. El artículo 11 de la Ley 797 de 2003 fue declarado inexequible por vicios de procedimiento.[40] El legislador expidió, entonces, una nueva reforma pensional, que mantuvo la estructura de la disposición que la Corte declaró inexequible, pero hizo extensivo el requisito de fidelidad de aportes a quienes reclamaban la pensión tras sufrir una invalidez causada por un accidente.
22. Ese cambio en las condiciones de acceso a la pensión de invalidez dio lugar a numerosas controversias judiciales que, eventualmente, fueron conocidas por esta corporación en sede de revisión de tutela. Las Salas de Revisión que examinaron reclamos de reconocimiento pensional denegados en aplicación de las exigencias introducidas por la Ley 860 de 2003 coincidieron en inaplicar los nuevos requisitos y en amparar los derechos fundamentales de quienes obraban como accionantes en cada proceso, concediéndoles la pensión a la luz de las reglas contenidas en los regímenes pensionales anteriores, pese a ser la Ley 860 la normativa vigente y aplicable en cada caso concreto.
Todas las providencias, en efecto, consideraron que los nuevos requisitos de acceso a la pensión de invalidez trasgredían el principio de progresividad de los derechos sociales, afectaban de forma irrazonable y desproporcionada a sujetos de especial protección constitucional y que contradecían la Carta Política, pues, en principio, no se advertía que buscaran cumplir alguna finalidad constitucional. Las pensiones se concedieron, entonces, aplicando la excepción de inconstitucionalidad frente a las exigencias de densidad de cotizaciones y de fidelidad contempladas en el artículo 1º de la reforma.[41]
23. La situación cambió cuando los referidos requisitos fueron examinados en sede de control abstracto de constitucionalidad. La Sentencia C-428 de 2009[42] declaró inexequible el requisito de fidelidad con el sistema, previsto en los numerales 1º y 2º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, tras considerar que les imponía una carga adicional a los cotizantes que no estaba constitucionalmente justificada.[43] En cambio, declaró exequible el requisito de densidad de aportes, esto es, la exigencia de que el interesado en la pensión demostrara haber cotizado 50 semanas dentro de los tres años anteriores a la fecha en que se estructuró su invalidez.
En principio, varias Salas de Revisión se opusieron a esa posibilidad, siguiendo la línea de decisión fijada por la Sentencia T-485 de 2009[44]. El fallo, en efecto, fue el primero en señalar que, tras la decisión de constitucionalidad, el requisito de densidad de aportes no podía inaplicarse. La providencia advirtió que los pronunciamientos de tutela debían acompasarse a la luz de la sentencia de control abstracto, “teniendo en cuenta que la excepción de inconstitucionalidad pierde eficacia al existir un pronunciamiento que declare la exequibilidad de un precepto jurídico”.[45]
26. Tal posición, sin embargo, fue reevaluada en fallos posteriores. Decisiones más recientes han admitido que el examen que la Sentencia C-428 de 2009 hizo del requisito de densidad de cotizaciones en sede de control abstracto no impide inaplicarlo cuando se verifique que resulta inconstitucional, respecto de determinado caso concreto, por razones distintas a las valoradas en aquella ocasión por la Sala Plena.[46]
Jurisprudencia constitucional sobre la posibilidad de flexibilizar, en aplicación de los principios de equidad, solidaridad y proporcionalidad, el examen del requisito de densidad de cotizaciones cuando el afiliado está muy próximo a cumplirlo.
27. Una primera referencia a la discusión sobre la posibilidad de flexibilizar la verificación del cumplimiento del requisito de semanas cotizadas en aquellos casos límite en los que el afiliado estuvo a punto de satisfacerlo puede encontrarse en la Sentencia T-138 de 2012[47]. La providencia estudió el caso de una mujer, paciente de VIH/SIDA, que solicitó la pensión de invalidez tras haber perdido el 61% de su capacidad laboral. Su fondo de pensiones, sin embargo, se negó a reconocerle la prestación porque no había cotizado las 50 semanas exigidas por la Ley 860 de 2003. La mujer había cotizado 87 semanas al Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, 49 de ellas dentro de los tres años previos a la fecha de estructuración de su invalidez.
La magistrada planteó que todos aquellos casos en los que quien solicita la pensión de invalidez está “demasiado cerca” de cumplir ese requisito y enfrenta unas circunstancias particulares de vulnerabilidad deberían analizarse con cierta flexibilidad, en aplicación directa de los principios de dignidad humana, solidaridad y equidad. En su criterio, esos “casos extremos” deben estudiarse considerando: i) la cantidad de aportes que la persona realizó al sistema durante toda su vida laboral; ii) la necesidad de ponderar los principios constitucionales en conflicto y iii) que la fecha de estructuración contemplada en un dictamen de calificación de la invalidez puede ser revisada por el juez, cuando se haya producido por cuenta de una enfermedad crónica, congénita o degenerativa o existan controversias derivadas del enfoque social de la discapacidad.[48]
La Sentencia T-670 de 2013[49] verificó que el accionante había acumulado 20.42 semanas de aportes dentro de los tres anteriores a la fecha en que sufrió el accidente, 13.28 semanas dentro de los tres años previos a la fecha en la que fue calificado y 43.14 semanas dentro de los tres años inmediatamente anteriores a la fecha en que dejó de cotizar al sistema. Ante tales circunstancias, resolvió que el requisito había sido incumplido y denegó la protección constitucional solicitada.
El accionante, señaló finalmente, habría podido acceder a la pensión de invalidez bajo esos criterios, pues solo le hacían falta siete semanas para cumplir con el requisito de densidad de aportes, cotizó 114,86 semanas durante toda su vida laboral (más del doble exigido legalmente) y se encontraba en una condición de debilidad manifiesta.[50]
30. La Sentencia T-915 de 2014[51] fue la tercera que se refirió a la posibilidad de reconocer el derecho a la pensión de invalidez de una persona que no satisfizo plenamente el requisito de densidad de aportes exigido en la Ley 860 de 2003.
31. La Sentencia T-235 de 2015[52] reconoció la pensión de invalidez solicitada por una mujer de 33 años que había perdido el 67.47% de su capacidad laboral, sobre los mismos supuestos. Esta vez, la administradora del fondo de pensiones había negado el reconocimiento de la prestación porque la accionante solo había cotizado 48 semanas al sistema antes de la fecha de estructuración fijada en el dictamen de calificación.
-El artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue declarado exequible por la Sentencia C-428 de 2009, únicamente, por el cargo relativo a la infracción del principio de progresividad. Por consiguiente, puede ser inaplicado, por razones distintas, cuando se verifique que vulnera normas constitucionales en un caso concreto.
-Los jueces, las autoridades administrativas y los particulares que ejerzan funciones públicas son competentes para aplicar la excepción de inconstitucionalidad en esos casos, ya sea de forma oficiosa o a petición de parte.
-La inaplicación del requisito densidad de aportes, en ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad, exige realizar un juicio de ponderación entre i) la especial protección a las personas con discapacidad, la solidaridad, la equidad y los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital y ii) la eficiencia económica del sistema, el principio democrático que da un lugar preponderante al legislador en la configuración del derecho a la pensión y el principio de igualdad formal, que se ve restringido siempre que el juez crea una excepción para un caso concreto.[53]
-El juicio de ponderación implica que la necesidad de aplicar el requisito normativo de densidad de aportes resulte más intensa entre menos semanas haya cotizado el afiliado. En cambio, a mayor cercanía de las 50 semanas, ocurrirá una interferencia intensa en los derechos del afiliado que hará desproporcionado negarle la pensión. Tal situación aumenta la carga argumentativa del operador jurídico en uno y otro sentido.[54]
No ocurre lo mismo con respecto a la idea de que la posibilidad de aplicar esa excepción de inconstitucionalidad deba depender de un juicio de ponderación entre la eficiencia económica del Sistema de Seguridad Social y los principios constitucionales que fundamentan la especial protección de las personas con discapacidad. Frente a ese punto, la Sala Novena de Revisión reitera la posición que sobre el particular fijó la Sentencia T-832A de 2013[55]: el criterio de sostenibilidad no se aplica en la decisión de juicios concretos, como los contenciosos desarrollados en la jurisdicción ordinario o en el escenario de revisión de tutela, porque carece de jerarquía normativa suficiente para ser confrontado con los principios constitucionales fundamentales.[56]
36. La primera providencia que discutió el límite de edad al que la Ley 860 de 2003 supeditó el reconocimiento de la pensión de invalidez para persona joven fue la Sentencia T-777 de 2009[57]. La providencia estudió el caso de Nidia Johana Suárez, una joven de 23 años de edad que perdió el 76.45% de su capacidad laboral tras ser víctima de un accidente de tránsito.
La Sentencia T-777 de 2009 advirtió que el asunto objeto de revisión debía analizarse a la luz de las particulares condiciones de existencia de la accionante, una mujer joven que, tras la muerte de su padre, se convirtió en la única fuente de ingresos de su grupo familiar, integrado por su madre y sus dos hermanos menores de edad. Esas circunstancias, y el hecho de que el accidente que sufrió le hubiera ocasionado la pérdida de su capacidad laboral, impidiéndole obtener los recursos que destinaba a satisfacer sus necesidades y las de su familia, exigían que su pretensión de reconocimiento pensional se valorara de conformidad con los principios constitucionales que vinculan al Estado con la protección de quienes, como ella, enfrentan circunstancias de debilidad manifiesta.[58]
La providencia indagó, entonces, por las razones que condujeron a que la pensión de invalidez para persona joven se consagrara a favor de los jóvenes menores de 20 años y no de los menores de 25, como lo habían hecho otras normas relativas a asuntos pensionales[59]. Sin embargo, encontró que la elección de ese límite de edad no se motivó debidamente. La ausencia de una “motivación clara y expresa por parte del legislador, tanto en la Ley 797 de 2003 (Artículo 11) como en la Ley 860 de ese mismo año (artículo 1°)”, sobre porqué se excluyó a los jóvenes menores de 25 años de ese tratamiento especial justificaba, a juicio de la Sala de Revisión, que el beneficio se extendiera a quienes quedaron en situación de invalidez cuando apenas estaban iniciando su vida laboral, como le ocurrió a la peticionaria.
Dado que, en ese sentido, el límite de edad contemplado por el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 860 de 2003 reflejaba un déficit de protección del segmento de la población joven que es mayor de 20 años en lo que tiene que ver con sus posibilidades de obtener una pensión de invalidez, el fallo lo inaplicó por inconstitucional y concedió la prestación pretendida, protegiendo, así, los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria. La providencia resaltó que, frente a casos similares, el referido requisito de edad no podría aplicarse en su sentido literal, sino dándole una interpretación conforme con los valores y principios de la Carta Política.
La Sentencia T-930 de 2012[60], por ejemplo, reconoció la pensión de invalidez de Manuel Alfonso Ramos, quien perdió el 65.75% de su capacidad laboral cuando tenía 23 años, tras sufrir un accidente de tránsito que le dejó secuelas de hemiparesia derecha. Su fondo de pensiones se había negado a concederle la prestación porque solo había acumulado 31.28 semanas de aportes dentro de los tres años anteriores al día en que se estructuró su invalidez. La Sala Primera de Revisión, sin embargo, explicó que la solicitud de reconocimiento pensional no debió estudiarse a la luz de la hipótesis general de acceso a la pensión de invalidez, contemplada en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, sino en el marco del parágrafo de la misma norma, que contempla la pensión de invalidez para persona joven. Como Manuel perdió su capacidad laboral cuando tenía 23 años, podía acceder a la prestación en las condiciones del parágrafo, inaplicando, por inconstitucional, el requisito de edad allí previsto.
38. Las sentencias T-1011 de 2012[61] y T-443 de 2014[62] llamaron la atención de las administradoras en el mismo sentido. La primera estudió el caso de Ana Lucía Rengifo, quien, con 23 años de edad, perdió el 50.15% de su capacidad laboral tras sufrir lupus eritematoso sistémico. La segunda, el de Erik Estrada, un joven de 21 años que sufrió un derrame cerebral mientras desempeñaba sus actividades laborales. Erik perdió el 67.53% de su capacidad laboral.
Ambas solicitudes pensionales se denegaron porque los peticionarios no acumularon 50 semanas de aportes dentro de los tres años previos al momento en que se estructuró su invalidez, sin considerar que, en tanto perdieron su capacidad laboral cuando apenas comenzaban a trabajar, podían acceder a una pensión de invalidez para persona joven, demostrando 26 semanas de cotización antes de la estructuración de su invalidez o de su declaratoria.[63]
Las sentencias censuraron que las administradoras de pensiones no hubieran llevado a cabo la verificación correspondiente, en contravía de la jurisprudencia constitucional que, al revisar casos similares, había considerado violatorio del debido proceso y de los derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y a la seguridad social resolver las controversias relativas al reconocimiento de una pensión de invalidez a partir de una lectura formal de las disposiciones normativas que la regulan. Las providencias insistieron, nuevamente, en la importancia de valorar las particulares condiciones de existencia de quienes reclaman tal prestación, sus circunstancias económicas, sociales y familiares y el hecho de que pertenezcan a grupos constitucionalmente protegidos.[64]
La Sentencia C-020 de 2015. El régimen especial de pensión de invalidez para persona joven y las realidades estructurales en las que se aplica.
39. El régimen especial de pensión de invalidez para persona joven consagrado en el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 fue examinado en sede de control abstracto de constitucionalidad por la Sentencia C-020 de 2015[65]. En esa oportunidad, la Corte se propuso resolver si el hecho de que el legislador hubiera definido una regla especial de adquisición de pensiones de invalidez para personas jóvenes, limitando su aplicación a los menores de 20 años de edad, vulneraba el derecho a disfrutar sin discriminaciones del servicio de seguridad social de quienes, siendo mayores de 20 años, podían considerarse razonablemente como jóvenes.
Cualquier limitación que se adoptara en ese contexto debía ser, por eso, debidamente motivada. No obstante, como lo había advertido ya la Sentencia T-777 de 2009, ni la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003 ni la de la Ley 860 de 2003 daban cuenta de las razones que habían conducido a que el régimen especial de acceso a la pensión de invalidez para personas jóvenes se diseñara, solamente, a favor de los menores de 20 años.[66] Verificado en esos términos que el legislador no había justificado ese tratamiento diferenciado, la Corte procedió a analizar si el mismo resultaba discriminatorio, en los términos planteados en la demanda.
La Corte rechazó ese argumento, básicamente, porque parte de una inferencia normativa que no corresponde con la situación real del mercado laboral colombiano. Que el Código Sustantivo del Trabajo considere capaces de trabajar a los mayores de 18 años no implica que los jóvenes inicien su vida laboral a esa edad. Tampoco ingresan a trabajar a los 15 años, porque el Código de Infancia y Adolescencia así lo permita. Por el contrario, indicó el fallo, “hay una colectividad en expansión que, por transitar en esa edad por una etapa de formación, no ingresa al mercado laboral en ese instante, ni tampoco a los dieciocho o los diecinueve años (…)”, sino al concluir su periodo de formación secundaria, tecnológica o profesional, lo cual puede ocurrir cuando superan los 20 años de edad.
La Sentencia C-020 de 2015 los estudió, aun en ese contexto, para esclarecer si en realidad justificaban el trato diferenciado previsto por el parágrafo acusado. Hechas las precisiones del caso, resolvió que no. El límite de 20 años al que el legislador condicionó el acceso a la pensión de invalidez para personas jóvenes no resultaba razonable a la luz del argumento empírico formulado por los intervinientes, pues, incluso, algunas de las conclusiones que estos derivaron de las cifras que presentaron resultaban contraevidentes.[67]
44. La Sentencia C-020 de 2015, en efecto, comienza por reconocer que “el control constitucional de la legislación no puede ser indiferente a las realidades estructurales en las cuales se ejerce”. Esto, en el marco del debate que plantearon las demandantes, exigía reconocer que el ingreso al mercado del trabajo suele estar cada vez más vinculado a la acreditación de destrezas, conocimientos y habilidades que solo se adquieren tras culminar cierto nivel de formación y capacitación. [68]
Sobre esos supuestos, declaró exequible el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en el entendido de que se aplique, en cuanto sea más favorable, a toda la población joven, definida razonablemente de conformidad con lo señalado en la jurisprudencia consistente de las distintas Salas de Revisión de la Corte.[69]
La procedibilidad formal de la acción de tutela.
46. Los jueces de instancia –las Salas Laboral y Penal de la Corte Suprema de Justicia- denegaron la protección reclamada por el peticionario con argumentos relativos a que la solicitud de amparo no cumplía el requisito de subsidiariedad exigible a las tutelas que se promueven contra una providencia judicial.
Como se recordará, la sentencia que ahora se cuestiona –del 19 de julio de 2013- fue adoptada por el Tribunal Superior de Buga en reemplazo de otra –del 20 de mayo de ese mismo año- que la Sala Laboral de la Corte Suprema dejó sin efectos tras constatar que había incurrido en una irregularidad probatoria. La Corte verificó que el fallo del 20 de mayo descartó que Jonatan tuviera derecho a la pensión de invalidez sin comprobar, debidamente, cuántas semanas de aportes había acumulado dentro de los tres años anteriores al 23 de mayo de 2009, cuando perdió su capacidad laboral de forma definitiva y permanente. Por esa razón, le ordenó proferir una nueva sentencia que diera cuenta de los aportes efectuados.
47. Precisado esto, la Sala debe aclarar que comparte la perspectiva planteada en el fallo constitucional de segunda instancia –el de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia- en relación con que la tutela objeto de estudio cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Buga el 19 de julio de 2013 por dos motivos distintos: porque no cumplió con lo que ordenó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el fallo de tutela de junio 26 de 2013 y porque denegó la pensión ante el incumplimiento del requisito de cotizaciones, sin valorar las circunstancias de vulnerabilidad que enfrenta Jonatan debido a las limitaciones físicas que padece y a la imposibilidad de acceder a un empleo que le permita procurarse algún tipo de ingreso.
La sentencia, en su parte motiva, advirtió que el tribunal “no contabilizó las cotizaciones de manera correcta, pues solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin discriminar los reportes que allí se encontraban” y concluyó que tal defecto en la valoración probatoria afectó el debido proceso y otras garantías del peticionario, dado su evidente estado de indefensión. Además, destacó la especial responsabilidad que tienen los jueces frente a la solución de controversias que, como las pensionales, impactan en las garantías fundamentales de sujetos de especial protección constitucional. En el marco de esas afirmaciones, el alcance de la orden impartida por el juez de tutela y su cumplimiento por parte del Tribunal Superior de Buga podrían ser objeto de múltiples interpretaciones.[70]
En esos términos, parecería que la solicitud de amparo se formuló un año y dos meses después del momento en que la autoridad judicial accionada denegó que el accionante tuviera derecho a la pensión de invalidez. No obstante, la Sala no puede pasar por alto que Protección S.A. solo dejó de consignarle a Jonatan la prestación en julio de 2014 ni que fue tal circunstancia –la suspensión efectiva del pago de la pensión- la que lo sumió en el estado de desprotección que lo motivó a promover la tutela contra la decisión judicial que le denegó ese derecho.
La administradora impugnó el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Palmira porque Jonatan “cumple con el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral, [pero] no cumple con el de las cincuenta (50) semanas cotizadas, necesarias si se tiene en cuenta que para la fecha de la estructuración contaba con más de 20 años”.[71] El Tribunal accionado revocó el fallo de primer grado sobre ese supuesto, y considerando que Jonatan tampoco cumplió con el requisito de cotizaciones exigido en el primer parágrafo del artículo 1º de la Ley 860 de 2003 para acceder a la pensión de invalidez como persona joven.
La tutela no cuestiona una irregularidad procesal ni se dirige contra un fallo de tutela.
Como se recordará, el fallo de tutela había dejado sin efectos la providencia que la accionada había proferido el 20 de mayo de 2013 –denegando el reconocimiento de la pensión de invalidez- porque “no contabilizó las cotizaciones de manera correcta, pues solo hizo un pronunciamiento insular a la prueba, sin discriminar los reportes que allí se encontraban”[72].
La nueva sentencia incluyó una relación pormenorizada de las cotizaciones que Jonatan David efectuó durante toda su vida laboral. A la luz de las pruebas allegadas al expediente, el fallo discriminó los aportes de la siguiente manera[73]:
Periodo aporte
Días aportados
Semanas entre mayo 23 de 2008 y mayo 23 de 2009
-Es la normativa vigente a la fecha de estructuración de la invalidez la que regula las condiciones de acceso a la prestación reclamada. Dado que la invalidez del demandante se estructuró el 23 de mayo de 2009, su pensión debe examinarse a la luz de las exigencias de la Ley 860 de 2003.
-La Sentencia C-428 de 2009 encontró ajustado a la Constitución el requisito de densidad de aportes que consagra esa normativa. Posteriormente, en Sentencia T-113 de 2010[74], la Corte Constitucional precisó que esa decisión prima sobre las providencias de sus salas de revisión que inaplicaron, antes, el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 en casos concretos.
-El demandante solo cotizó al Sistema General de Seguridad Social en vigencia de la Ley 860 de 2003. Por eso no es viable aplicar, en su caso, el principio de condición más beneficiosa.
-El demandante no demostró que hubiera aportado más de 48.14 semanas al sistema. Eso significa que incumplió, de entrada, el requisito de densidad de cotizaciones al que la Ley 860 de 2003 condiciona el reconocimiento de la pensión.
Estudio de la solicitud de reconocimiento pensional. La inaplicación, en el caso concreto, del requisito de que las 26 semanas de aportes necesarias para obtener la pensión de invalidez para persona joven se coticen dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que se estructuró la invalidez del afiliado.
62. El relato efectuado en la solicitud de amparo y las pruebas que se allegaron al expediente dan cuenta de que Jonatan David Chaves Morales fue calificado por la Junta Regional de Invalidez del Valle del Cauca el 20 de noviembre de 2009, con una pérdida del 88.05% de su capacidad laboral, tras haber sufrido un accidente de tránsito que le dejó secuelas de traumatismo en la médula espinal.[75]
66. La Sala comparte el criterio planteado por las Salas de Revisión que han dado cuenta de la carga argumentativa que incumbe a los jueces –y a las administradoras de fondos de pensiones- al analizar controversias de esas características. El requisito de cotizaciones puede, en efecto, ser flexibilizado, atendiendo a las circunstancias particulares que se hayan presentado en el caso concreto. Lo que no se comparte es que la decisión que se adopte al respecto deba partir de un ejercicio de ponderación entre los principios constitucionales que protegen a las personas con discapacidad y la sostenibilidad económica del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
La Sala, como se anticipó, reitera en este punto la posición consignada en la Sentencia T-832A de 2013 respecto de la imposibilidad de subordinar “la realización de las metas esenciales del Estado y la protección efectiva de los derechos fundamentales” al criterio de sostenibilidad fiscal. En lugar de ello, propone, ahora, que el estudio de casos de esta naturaleza –los de quienes “casi” logran reunir las cotizaciones necesarias para obtener la pensión de invalidez- se diriman considerando el esfuerzo económico que les supuso a estas personas acumular tal cantidad de aportes, dadas sus particulares condiciones de existencia.
67. Jonatan habría podido obtener su pensión de invalidez en esas condiciones, teniendo en cuenta el alto porcentaje de pérdida de su capacidad laboral, el hecho de que esta se hubiera producido como consecuencia de un hecho imprevisto –un accidente de tránsito- y su imposibilidad de solventar sus necesidades básicas a través de ingresos distintos a aquellos que obtendría por cuenta de la pensión que solicita. (Al respecto es preciso recordar que, en sede de revisión, Jonatan explicó que vive en la casa de una tía materna y que su madre no puede trabajar porque se dedica, de tiempo completo, a brindarle la atención que requiere, dado su delicado estado de salud. Sus necesidades de alimentación, vestuario, servicios públicos, insumos y medicamentos las satisface con los ingresos que la familia obtiene, esporádicamente, realizando ventas de comida).
Partiendo del cálculo de semanas cotizadas que realizó la autoridad judicial accionada en la sentencia objeto de estudio, habría que precisar, primero, que el accionante acumuló 48.18 semanas de aportes durante toda su vida laboral y que esas cotizaciones se efectuaron entre 2007 y 2008, esto, antes de la fecha en que perdió su capacidad laboral (23 de mayo de 2009) y de aquella en que la fue calificado (20 de noviembre del mismo año). Dado que no efectuó aportes posteriores al momento en que sufrió el accidente de tránsito, no tiene sentido valorar el cumplimiento del requisito de semanas cotizadas desde el año inmediatamente anterior a la fecha de la calificación.
La fecha de que debe tomarse como referencia para realizar el examen pertinente es el 23 de mayo de 2009, es decir, la fecha en que Jonatan perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. La providencia judicial mencionada refiere, sin embargo, que dentro del periodo comprendido entre el 23 de mayo de 2008 y el 23 de mayo de 2009 Jonatan solo acumuló 16.14 semanas de cotizaciones. Lo anterior, a partir de un cálculo realizado con fundamento en el reporte de cotizaciones allegado por Protección S.A. al proceso ordinario, que no fue controvertido por la parte demandante.[76]
La Sentencia C-020 de 2015 consideró que tal hipótesis resultaba problemática, a la luz de las cifras que se aportaron para sustentarla. Los datos reflejaban, por ejemplo, que “las mujeres con diecinueve años de edad sí tienden a reunir en promedio este número de cincuenta semanas en tres años anteriores y consecutivos”, mientras que, en promedio, “los menores de veinte años, sean hombres o mujeres, no tienden a reunir veintiséis semanas en un mismo año”.[77] Ante tal escenario, la Sala Plena resolvió que debían ser los jueces quienes establecieran quién puede ser considerado como persona joven en cada caso concreto.
La Sentencia T-777 de 2009 examinó el caso de Nidia Johanna Suárez, quien perdió su capacidad laboral a los 23 años, cuando se desempeñaba como asesora económica de la Corporación Dominicana Opción Vida, Justicia y Paz. La Sentencia T-930 de 2012, el de Manuel Alfonso Ramos, quien tenía 21 años cuando sufrió el accidente de tránsito que le causó su invalidez. Manuel obtuvo su pensión gracias a que su empleador, la compañía Ingeniería y Ambiente Ltda., cuando continúo cotizando al sistema de seguridad social entre la fecha del accidente y aquella en la que efectivamente se calificó la pérdida de su capacidad laboral.[78]
Cuestión final. La AFP Protección incumplió, en el caso concreto, su deber de respetar el componente sustancial del derecho de petición al responder la solicitud de reconocimiento pensional formulada por el accionante.
79. La jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que el componente sustancial del derecho de petición implica que las solicitudes formuladas por los ciudadanos deben ser resueltas de fondo, de manera “clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado”. La Sentencia T-395 de 2008[79] señaló, al respecto, que “[D]ar una respuesta de fondo a una petición propuesta por un particular, impone a la administración el deber de adelantar un proceso analítico y detallado que integre en un respuesta un proceso de verificación de hechos, una exposición del marco jurídico que regula el tema sobre el cual se está cuestionando, para luego de su análisis y confrontación, concluir con una contestación plena que asegure que el derecho de petición se ha respetado y que el particular ha obtenido la correspondiente respuesta, sin importar que la misma sea favorable o no a sus intereses”.
Ante las dudas verificadas al respecto, esta Sala le solicitó a la AFP Protección S.A. certificar “el total de semanas cotizadas a pensiones por Jonatan David Chaves Morales, precisando cuántas semanas cotizó cada año, desde la fecha de su afiliación”. La administradora, sin embargo, se limitó a dejar constancia “de que en sus registros figuran los aportes obligatorios relacionados en el documento adjunto (estado de cuenta), a favor del afiliado (a) Jonatan David Chaves Morales”.[80]
Primero.- Revocar la sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el diez (10) de febrero de dos mil quince (2015), que confirmó, en segunda instancia, la sentencia del veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce (2014) mediante la cual la Sala de Casación Laboral de esa corporación denegó la acción de tutela promovida por Jonatan David Chaves Morales contra la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga. En su lugar, conceder el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la seguridad social y al mínimo vital del accionante, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Dejar sin valor y efecto la sentencia adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga el 19 de julio de 2013, dentro del proceso ordinario iniciado por Jonatan David Chaves Morales contra la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección.
Tercero.- Ordenar a la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección S.A. que, dentro de las 48 horas siguientes a la fecha en que se comunique la presente providencia, reconozca y pague a Jonatan David Chaves Morales la pensión de invalidez a la que tiene derecho, considerando que efectuó más de 26 semanas de cotizaciones antes de la fecha en que perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. El pago comprenderá las mesadas que la AFP dejó de consignar desde la fecha en que suspendió el cumplimiento del amparo transitorio reconocido en 2012 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira. En el evento en que el accionante haya hecho uso de la devolución de saldos contemplada en el artículo 72 de la Ley 100 de 1993, Protección S.A. podrá descontar dicho valor proporcionalmente, sin que la deducción mensual pueda superar el 25% de un salario mínimo legal mensual vigente.
Cuarto. Compulsar copias de la presente providencia a la Superintendencia Financiera, para lo de su competencia, de conformidad con lo establecido en la parte motiva de esta providencia.
[1] El accionante nació el nueve (9) de mayo de 1989.
[2] El Juzgado explicó que la decisión de remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia no obedecía a una aplicación de las reglas de reparto –situación en la que, de conformidad con lo dispuesto por la Corte Constitucional, no es posible la declaratoria de incompetencia- sino a que, en el contexto de la declaración de la apoderada, el extremo pasivo del trámite de tutela estaría en la Sala Laboral del Tribunal Superior de Buga, es decir, en una autoridad judicial de mayor jerarquía. Así las cosas, la determinación adoptada obedecía a la necesidad de respetar la jerarquización y la organización de la administración de justicia.
[3] Folio 26, Cuaderno 2 del trámite de primera instancia.
[4] La AFP recordó que, en el régimen de ahorro individual, el afiliado es quien construye su propia pensión, con los aportes que tenga en su cuenta, a diferencia de lo que ocurre en el régimen de prima media con prestación definida, donde existe un fondo común que subsidia las pensiones que se vayan generando día a día. Advirtió, así mismo, que “dada la insostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones, se hizo necesario (sic) una reforma pensional a través de la Ley 100 de 1993, la Ley 797 de 2003, la Ley 860 de 2003 y demás normas que las han reglamentado, con el fin de buscar una solución que ayudara a so pesar (sic) las cargas económicas que debía asumir el Estado, creándose entonces un sistema donde tanto el empleador como el trabajador y el independiente construyeran su propia pensión, en el régimen de prestación definida a través de un fondo común en el que se depositan todos los aportes que hace los afiliados y en el régimen de ahorro individual mediante una cuenta de ahorro individual en la que el afiliado con su aporte y el de su empleador construyen la pensión” (Folio 26, Cuaderno 2 del trámite de primera instancia).
[5] Folio 34 del cuaderno 2 de primera instancia.
[7] Folio 9 del cuaderno de revisión constitucional.
[8] Folio 4 del cuaderno de revisión constitucional.
[9] Myriam Ávila Roldán, magistrada sustanciadora (e).
[10] Auto del 10 de julio de 2015.
[11] Folios 23 y 24 del cuaderno de revisión constitucional.
[12] En cumplimiento del auto del 10 de julio de 2015, la AFP allegó al expediente “i) copia de la historia laboral del actor; ii) copia de la comunicación de fecha 23 de agosto de 2011, a través de la cual se resolvió la solicitud pensional; iii) copia del comunicado de fecha 11 de julio de 2012, por medio del cual se reconoció la pensión de invalidez de manera transitoria; iv) copia del derecho de petición de fecha 26 de enero de 2011, obrante en la base de datos de la entidad y v) copia de la respuesta al derecho de petición de fecha 27 de enero de 2011” (Folios 25 al 54 del cuaderno de revisión constitucional).
[13] Folio 64 del cuaderno de revisión constitucional.
[14] La decisión se adoptó mediante sentencia del 31 de enero de 2012 (Folios 14 a 28 del primer cuaderno de primera instancia).
[15] Folio 38 del primer cuaderno de primera instancia.
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013, Rad. 32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. (Folios 37 a 44 del primer cuaderno del trámite de primera instancia).
[18] La decisión adoptada por la Sala Laboral en primera instancia fue confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de providencia del 24 de septiembre de 2013. La Sala Penal consideró “clara la omisión del tribunal de realizar un pormenorizado análisis de cada uno de los reportes obrantes en el expediente que daban cuenta de los periodos cotizados por el actor, para concluir con un argumento genérico el incumplimiento de las semanas necesarias para el reconocimiento de la pensión de invalidez”. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, septiembre 24 de 2013, Aprobado en acta Nº 314. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. (Folios 49 a 64 del primer cuaderno del trámite de primera instancia).
[19] Escrito de solicitud de tutela. Folio 90 del primer cuaderno del trámite de primera instancia.
[20] Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-006 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes), C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández); T-079 de 1993 (M.P. Eduardo Cifuentes) y T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes), relativas a la doctrina de la vía de hecho judicial; posteriormente, las sentencias SU-014 de 2001 (Álvaro Tafur) y T-1180 de 2001 (Marco Gerardo Monroy) plantearon la posibilidad de que se produjeran fallos judiciales que, sin ser arbitrarios y caprichosos, llevaran a la vulneración de derechos fundamentales. Finalmente, la doctrina de las causales genéricas de procedencia se establecieron los fallos T-441 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre), T-771 de 2003 (Marco Gerardo Monroy) y T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny), doctrina que fue sistematizada por la sentencia de Sala Plena C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba), que en esta ocasión se reitera.
[22] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba) y T-701 de 2004 (Rodrigo Uprimny).
[23] El defecto sustantivo, como causal genérica de procedencia de la acción de tutela ha sido ampliamente estudiado por la Corte. Para una exposición completa del tema, ver los fallos SU-159 de 2002 (Manuel José Cepeda), C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-462 de 2003 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-018 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T-757 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas).
[24] Cfr. Sentencia T-573 de 1997 (M.P. Jorge Arango Mejía).
[25] Sobre el particular, además de la ya citada sentencia C-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), pueden consultarse, entre varias, la sentencia T-008 de 1998 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
[26] Cfr., la sentencia C-984 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra).
[27] Cfr. sentencia SU-1722 de 2000 (M.P. Jairo Charry Rivas). Tal es el caso por ejemplo de las decisiones judiciales en las que se viola el principio de “no reformatio in pejus”.
[28] Sentencia SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda).
[29] Sentencia C-462 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre.
[30] Constitución Política, Artículo 230.
[31] La Corte ha distinguido entre las disposiciones jurídicas (texto legal o enunciado normativo) y el producto de su interpretación (norma jurídica o contenido normativo) y, sobre la base de esa distinción, ha entendido que una misma disposición puede contener diversas normas jurídicas y que una misma norma jurídica puede estar contenida, a su vez, en diversas disposiciones. (Sentencia T-259 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[32] Sentencias T-1031 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[33] Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales, los principios y los fines del estado (parte dogmática). T-1001 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).
[34] Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a la realidad social, entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de legalidad”.
[35] Cfr. Sentencia T-1045 de 2008
[37] El defecto sustantivo por interpretación manifiestamente irrazonable o desproporcionada se encuentra íntimamente ligado con el criterio hermenéutico de interpretación conforme, según el cual, la interpretación de la totalidad de los preceptos jurídicos debe hacerse de tal manera que se encuentre en armonía con las disposiciones constitucionales. En esa dirección la Sala Tercera de Revisión en sentencia T-191 de 2009 (M.P. Luis Ernesto Vargas) manifestó lo siguiente: “Así pues, el principio de interpretación conforme encuentra su fundamento en la supremacía y jerarquía normativa máxima de la Constitución Nacional, a partir de cuya premisa se deriva que toda interpretación jurídica debe arrojar un resultado que no sólo no debe ser contrario, ni solamente permitido, sino más allá debe estar ajustado a la Constitución Política”.
[38] Sentencia T-230 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño).
[39] Ley 797 de 2003, artículo 11.
[40] Sentencia C-1056 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
[41] En ese sentido, pueden revisarse, entre otras, las sentencias T-1291 de 2005 (M.P. Clara Inés Vargas), T-043 de 2007 (Jaime Córdoba Triviño), T-641 de 2007 (M.P. Jaime Araujo Rentería), T-069 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda), T-103 de 2008 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) y T-145 de 2008 (M.P. Nilson Pinilla).
[42] M.P. Mauricio González Cuervo.
[43] Para la Corte, supeditar el reconocimiento de la pensión de invalidez a esa exigencia imponía una barrera de acceso al beneficio que resultaba regresiva y que, de todas maneras, no conducía a realizar ningún de los fines previstos en la Carta. La sentencia, en efecto, concluyó que “el requisito de fidelidad contemplado en la norma analizada, tanto en su numeral 1º como en el 2º, deben ser declarados inexequibles, puesto que no se logró desvirtuar la presunción de regresividad y justificar la necesidad de la medida de acuerdo con los fines perseguidos por la misma”.
[44] M.P. Jorge Iván Palacio.
[45] Las Sentencias T-905 de 2009 (M.P. Mauricio González Cuervo), T-951 de 2009 (M.P. Jorge Iván Palacio), T-718 de 2010 (M.P. María Victoria Calle), T-826 de 2010 (Jorge Pretelt) y T-036 de 2011 (M.P. Humberto Sierra) denegaron el amparo reclamado en cada caso con apoyo en esos argumentos.
[46] La Sentencia T-062A de 2011 (M.P. Mauricio González Cuervo) determinó que el requisito de densidad de cotizaciones contemplado en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 podía inaplicarse, incluso, por razones asociadas a la infracción del principio de progresividad de los derechos sociales, esto es, por el cargo valorado por la Sentencia C-428 de 2009. El fallo sostuvo que la decisión adoptada sobre ese particular en sede de control abstracto no descartaba que el requisito de densidad de cotizaciones pudiera resultar contrario al principio de progresividad del derecho a la seguridad social en casos concretos. Así, tras advertir que los regímenes pensionales relativos al reconocimiento de la pensión de invalidez establecieron “nuevos requisitos a los aportantes al sistema sin que se haya establecido ningún régimen de transición en relación con las pensiones de invalidez”, dio cuenta de la posibilidad de “aplicar el régimen pensional anterior que resulta más favorable, inaplicando para el caso la normatividad legal vigente para la fecha de estructuración de la invalidez”.
[47] M.P. Humberto Sierra Porto.
[48] En los términos de la aclaración, el primer aspecto supone valorar que algunas personas que no alcanzaron a acumular 50 semanas de aportes antes de que se estructurara su invalidez realizaron, sin embargo, una cantidad de cotizaciones durante toda su historia laboral que acredita que cumplieron solidariamente con el sistema. Estas personas deberían recibir el mismo trato que reciben quienes satisfacen a cabalidad el requisito de densidad de cotizaciones, y acceder, en consecuencia, a la pensión, si sufren un evento o una enfermedad que les impida ejercer su trabajo. El segundo punto exige reconocer que el requisito legal de densidad de aportes que determina el acceso a la pensión puede ser inaplicado, a través de la figura de la excepción de inconstitucionalidad, cuando se verifique, en el marco de un ejercicio de ponderación, que la afectación que conceder la pensión en esas condiciones representa para la eficacia económica del sistema de pensiones se justifica, en tanto favorece otros principios, como la especial protección de la que son titulares las personas con discapacidad, la solidaridad, la equidad y los derechos fundamentales a la seguridad social en pensiones y al mínimo vital. En tercer lugar, la aclaración menciona que los jueces deberían valorar los casos límite de quienes “casi” cumplen el requisito de densidad de cotizaciones teniendo en cuenta que los dictámenes de calificación de la invalidez pueden no reflejar las reales circunstancias en las que el afiliado perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva. Es preciso considerar, entonces, que el sistema objetivo de calificación de la invalidez puede ser objeto de ajustes razonables, que valoren que la discapacidad puede originarse en diversas situaciones, asociadas a cuestiones médicas o sociales.
[50] Explica el salvamento que el accionante perdió su capacidad laboral en un porcentaje alto (72.25%); que tenía apenas 31 años; estaba a cargo de sus hijos menores de edad y de su compañera sentimental y pertenecía al estrato 1, según algunos de los documentos que aportó al expediente).
[51] M.P. María Victoria Sáchica.
[52] M.P. Martha Victoria Sáchica.
[53] En este punto en particular, el fallo remite a la Sentencia T-915 de 2014 (M.P. María Victoria Sáchica).
[54] Siguiendo esa línea argumentativa, el fallo censuró que el fondo accionado hubiera adoptado su decisión sobre el reconocimiento de la pensión con apoyo en un examen formal del requisito de densidad de cotizaciones. En su criterio, la entidad debió considerar el impacto desproporcionado que la aplicación mecánica de esa exigencia tenía frente a los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones de dignas de un sujeto de especial protección constitucional, como la accionante.
[55] M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[56] El fallo explicó que la cláusula de Estado Social de Derecho, los fines esenciales del Estado y los derechos fundamentales integrados en la parte dogmática de la Constitución priman sobre los criterios de sostenibilidad, pues estos últimos se subordinan a los primeros en tanto mecanismos de realización o efectividad de aquellos. Por eso, los criterios de sostenibilidad “no pueden suponer una injerencia indebida en el ámbito de autonomía e independencia reservado por la Constitución a los jueces de la República al momento de aplicar el ordenamiento jurídico y resolver los casos concretos sometidos a su escrutinio” (resaltado del original). La Sala Novena de Revisión explicó, en línea con los fundamentos de la Sentencia C-128 de 2012, que la única incidencia que el criterio de sostenibilidad fiscal tiene en la actividad judicial se da luego de proferida y ejecutada la sentencia, cuando, eventualmente, se inicie un incidente de impacto fiscal contra la misma. El hecho de que no sea al juez, sino el legislador, quien ejerce funciones de planeación y ordenación del gasto público, impiden que el primero subordine a criterios financieros la aplicación del derecho. Su deber consiste en “aplicar el ordenamiento jurídico de conformidad con la Constitución, inaplicar la legislación en los eventos en que sus preceptos quebranten abiertamente la norma suprema, e integrar el ordenamiento jurídico colmando los vacíos de regulación o salvando las contradicciones presentes en las cláusulas legislativas, de acuerdo con los principios protectores del derecho del trabajo y la seguridad social, entre ellos el de la condición más beneficiosa al afiliado o beneficiario de la seguridad social.”
[57] M.P. Jorge Iván Palacio.
[58] Respecto de este punto, el fallo expuso lo siguiente: “La necesaria valoración de elementos como el principio de igualdad y del mínimo vital de la actora resalta la relevancia constitucional del problema planteado y obliga a que el juez constitucional se pronuncie respecto de la aplicación de las disposiciones legales en este caso concreto, sobre todo buscando que la misma se haga en concreción del principio de interpretación conforme a la Constitución, de manera que se tengan en cuenta valores y principios constitucionales que necesariamente deben iluminar la lectura de las disposiciones legales. Esto, aunado a la especial situación de debilidad manifiesta, y al estado de sujeto de especial protección que reviste la accionante, hace necesario desplegar el contenido material, real y efectivo de los principios de solidaridad e igualdad que ilustran nuestra Carta Magna (….)”.
[59] La sentencia recordó que, por ejemplo, el legislador extendió los beneficios de la pensión de sobrevivientes hasta el momento en que los jóvenes estudiantes cumplan 25 años de edad; momento en el cual se presume que están preparados para iniciar su vida laboral y para asumir directamente el pago de los aportes al sistema de la seguridad social integral.
[60] M.P. María Victoria Calle
[62] M.P. María Victoria Calle.
[63] Inaplicado el requisito de edad que supeditaba el reconocimiento de la pensión de invalidez para persona joven a los menores de 20 años, las providencias verificaron que ambos accionantes podían acceder a la prestación en las condiciones previstas en el primer parágrafo del artículo 1º de la Ley 860 de 2003. Ana Lucía había cotizado 34 semanas al sistema general de seguridad social dentro del año previo a la fecha en que se estructuró su invalidez. Erik, por su parte, había cotizado 49 semanas al sistema dentro del año inmediatamente anterior a la fecha en que perdió su capacidad laboral de forma permanente y definitiva.
[64] En el mismo sentido, pueden revisarse las sentencias T-819 de 2013 (M.P. Mauricio González Cuervo) y T-580 de 2014 (M.P. Gloria Stella Ortiz).
[65] M.P. María Victoria Calle Correa.
[66] Al respecto, sostuvo la Sala Plena: “De todo lo anterior puede inferirse entonces que el legislador fijó un límite de edad para definir el universo de destinatarios del tratamiento especial previsto en la norma demandada, pero que a la previsión de ese parámetro de edad no sólo no subyace una deliberación especial y particular del Congreso, sino que de hecho no se advierte que hubiera argumentos en su respaldo. Esto ya había sido advertido por la Corte Constitucional en la sentencia T-777 de 2009, primera en una línea de pronunciamientos jurisprudenciales que han inaplicado de forma sostenida el límite de edad que contempla el parágrafo acusado, y lo han extendido conforme a la universalidad del servicio de seguridad social hacia personas también consideradas razonablemente como jóvenes, aunque no sean específicamente jóvenes menores de veinte años de edad”.
[67] La sentencia Corte advirtió, por ejemplo, que las cifras aportadas no descartaban que toda la población con menos de 20 años tuviera pocas o nulas probabilidades de cumplir con la regla general de 50 semanas de aportes en los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez. Según los datos de Asofondos, las mujeres con diecinueve años de edad sí tendían a reunir en promedio esas cincuenta semanas en tres años anteriores y consecutivos. Los datos demostraban, así mismo, que los menores de veinte años, fueran hombres o mujeres, no tendían a reunir veintiséis semanas de aportes en un mismo año. Esto sugeriría que el beneficio de acceso a la pensión ideado por el legislador es aparente y realmente escaso o insuficiente.
[68] El fallo le atribuye tal circunstancia al tránsito de sociedades puramente rurales hacia colectividades fundamentalmente urbanas y a las transformaciones industriales, tecnológicas e informáticas experimentadas al interior de estas últimas. Tal transición, sostuvo, ha conducido a que el intervalo entre la niñez y la vida adulta, conceptualmente cubierto en el ámbito laboral y de la seguridad social en pensiones de invalidez por el concepto “juventud”, tienda a ser cada vez más amplio, en tanto el acceso al mercado laboral exige “un espacio de formación y capacitación superior en términos temporales e intelectuales al que antes era necesario para efectos equivalentes en sociedades industrial y tecnológicamente menos complejas, con una división elemental y naturalmente más simple y básica del trabajo”.
[69] El criterio de decisión acogido por el fallo de constitucionalidad ha sido aplicado por las sentencias T-128 (M.P. Jorge Iván Palacio) y T-182 (M.P. María Victoria Sáchica) de 2015.
[70] El fallo de tutela proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2013 realiza importantes consideraciones acerca los deberes que surgen para los funcionarios judiciales encargados de resolver controversias pensionales, de cara a la adopción de fallos que aseguren que el derecho sustancial prime sobre las formalidades procesales y que garanticen la prevalencia de un orden justo, en los términos previstos en la Constitución. Al respecto, la sentencia señaló lo siguiente: “(…) lo referido adquiere connotación en la discusión de derechos sociales como los de las pensiones, dado que los jueces son los convocados legal y constitucionalmente a efectivizarlos, en el entendido de que esa prestación es la que garantiza a sectores de la población, sumidos en las contingencias de la invalidez y la vejez, o a quienes ante el advenimiento de la muerte de quien procuraba el amparo afectivo y económico, suplir sus necesidades y, en muchos casos, dar apoyo a su familia. En ese contexto, la adopción de una decisión, sin ningún miramiento por aquel al que se aplica, conlleva una injusticia extrema, que no es posible admitirse, ni avalarse, porque sin duda trasgrede las obligaciones superiores, de manera que, en excepcionales eventos, es posible que la herramienta de la tutela remedie tales situaciones contrarias al ordenamiento constitucional” El resaltado es de esta Sala de Revisión. (Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013, Rad. 32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón).
[71] Sentencia Nº 027 del 20 de mayo de 2013, Radicado 76-520-31-05-003-2011-00021-01. Acta de Aprobación Nº 016. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, Sala Primera de Decisión Laboral.
[72] Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, junio 26 de 2013, Rad. 32812. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. (Folios 37 a 44 del primer cuaderno del trámite de primera instancia).
[73] La providencia contrastó la información contenida en la historia laboral que Protección S.A. allegó al expediente con la consignada en un documento adjunto a la demanda. Al respecto, indicó lo siguiente: “En ese sentido, tenemos la historia de cotizaciones del actor al fondo de pensiones demandado, que aparece a folios 8 a 10 aportados por el accionante, pero de los cuales no se conoce su autor, y 86 a 88, allegados por la parte pasiva, la cual sería la historia a tener cuenta en atención al artículo 269 del C.P.C., aplicable a esta clase de asuntos por remisión expresa del artículo 145 del CPT y s.s., no obstante el contenido de ambos documentos en cuanto al número de semanas cotizadas por aquel es el mismo”. (Proceso ordinario laboral promovido por Jonatan David Chaves Morales, contra la Administradora de Fondos y Cesantías Protección 2011-00021-01, Folio 80 del cuaderno de primera instancia).
[74] M.P. Mauricio González Cuervo.
[75] Folios 10, 11 y 12 del cuaderno de primera instancia.
[76] La Sala resalta este aspecto considerando que la providencia judicial cuestionada valoró, apoyándose en la historia laboral aportada al proceso ordinario, cotizaciones de 30 días en mayo, junio y agosto de 2008, y 16 días de aportes en septiembre del mismo año. Tal información contrasta con el relato que la apoderada judicial de Jonatan efectuó en la acción de tutela, cuando dijo que su representado había trabajado durante 2009, realizando oficios varios en Metálicas Mundial Ltda., actividad que, según dijo, realizó hasta ocho días antes de la fecha en que sufrió el accidente de tránsito. También contrasta con una certificación que la abogada hizo llegar a la Corte durante el trámite de revisión constitucional. El documento, suscrito por una representante del Departamento de Gestión Humana de la referida compañía, indica que Jonatan David trabajó en la empresa “desde el 23 de agosto de 2007 hasta el 16 de septiembre de 2008, con un contrato a término fijo inferior a un año, desempeñando el cargo de oficios varios, devengando un salario mínimo de mensual de $ 461.500” (Folio 65 del cuaderno de revisión constitucional). Tal afirmación sugeriría que Jonatan tuvo una vinculación laboral superior a un año, en virtud de la cual pudo haber cotizado al menos cuatro semanas más –las de julio de 2008- durante el año anterior a la fecha en que se estructuró su invalidez, que las que la Sala Laboral accionada tuvo en cuenta para efectos de calcular, en el marco de los datos consignados la historia laboral, si podía acceder a la pensión de invalidez para persona joven. Como, en todo caso, las conclusiones que en este sentido formuló la autoridad judicial accionada no fueron controvertidas por el peticionario, ni se acusó al fallo de incurrir en un defecto fáctico, la Sala no se pronunciará sobre este aspecto.
[77] Sentencia C-020 de 2015, fundamento jurídico 46.
[78] Cfr. Fundamento jurídico 40 de la presente providencia.
[79] M.P. Humberto Sierra Porto. Sobre el mismo asunto pueden revisarse las Sentencias T-691 de 2010, T-161 de 2011 (M.P. Humberto Sierra Porto) y los autos 320 de 2013 y 259 de 2014 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
[80] Folios 45 y 46 del trámite de revisión.

References: artículo 1
 artículo 11
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 artículo 72
 Artículo 230
 artículo 4
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 269
 artículo 145