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Timestamp: 2019-07-21 07:14:22+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 105
PRÓRROGA DE PLAZO DE APLICACIÓN DE COEFICIENTES DE DISTRIBUCIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
SUSPENSIÓN DE PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS PARA OPERACIÓN DE CASINOS DE JUEGO. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL.
Sesión 105ª, en martes 7 de diciembre de 2006
(Ordinaria, de 10.38 a 12.15 horas)
Prórroga de plazo de aplicación de coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal. Primer trámite constitucional12
Suspensión de proceso de otorgamiento de permisos para operación de casinos de juego. Primer trámite constitucional16
1.Oficio de S. E. la Presidenta de la República por el cual hace presente la urgencia de “discusión inmediata”, para el despacho del proyecto “sobre otorgamiento de permisos para operación de casinos de juego”. (boletín N° 470605)33
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, con modificaciones, los siguientes proyectos iniciados en moción:
2.Autoriza erigir un monumento en la localidad de Chañaral Alto, comuna de Monte Patria, en memoria de don Alejandro Chelén Rojas (boletín N° 391104)33
3.Autoriza erigir monumentos en memoria de los fallecidos en la tragedia de Antuco. (boletín N° 388204)34
4.Sanciona como delito el atentado a pedradas o de otra forma similar a
vehículos en marcha. (boletín N° 369815)35
5.Oficio del H. Senado por el cual comunica que ha aprobado las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto que autoriza erigir un monumento, en Valparaíso, en memoria del dibujante don RenzoPecchenino Raggi. (boletín N° 304004) (S)35
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado, en los mismos términos que la Cámara de Diputados, los siguientes proyectos:
6.Modifica el artículo 174 del Código Civil respecto del divorcio (boletín N° 413507)36
7.Modifica la ley N° 19.284, que norma la integración social de las personas con discapacidad. (boletín N° 314307)36
8.Modifica las leyes 19.378 y 19.813 y concede otros beneficios al personal de la atención primaria de salud. (boletín N° 463911)36
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los proyectos iniciados en moción que se indican, que autorizan erigir monumentos en los lugares que en cada caso se señala:
9.En la comuna de Providencia, en memoria de don Hernán Briones Gorostiaga. (boletín N° 446104) (S)37
10.En la comuna de Antofagasta, en memoria de don Andrónico Luksic Abaroa. (boletín N° 446004) (S)38
11.En la comuna de Santiago, en memoria de don Miguel Kast Rist. (boletín N° 465404) (S)39
12.En Santiago, en memoria de del cantautor y folklorista don Víctor JaraMartínez. (boletín N° 333504) (S)40
Oficios del H. Senado por los cuales comunica que ha aprobado los siguientes proyectos iniciados en moción:
13.Permite al Senado conocer las calificaciones de los miembros del Poder Judicial, cuando ejerza la facultad contenida en el artículo 51, número 9° de la Constitución Política de la República. (boletín N° 407007) (S)41
14.Modifica la ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, en materia de rechazo de instrumento de pago. (boletín N° 462907) (S)41
15.Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social recaído en el proyecto, con urgencia de “discusión inmediata”, que prorroga la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2006 para el año 2007. (boletín N° 470506)42
16.Certificado de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto, con urgencia de “discusión inmediata”, que prorroga la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2006 para el año 2007. (boletín N° 470506)43
17.Informe de al Comisión de Hacienda recaído en el proyecto con urgencia “suma”, que suspende el proceso de otorgamiento de permisos para operación de casinos de juego, correspondiente al año 2007. (boletín N° 470605)44
18.Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán; Bertolino; Estay; Lobos; Masferrer; Rossi; Silber; Vargas y de la diputada señora Rubilar, doña Karla, que modifica el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de precisar el tipo de informes y antecedentes específicos que deben proporcionar los organismos de la Administración del Estado, a requerimiento de la Cámara de Diputados o de sus organismos internos autorizados. (boletín N° 471407)46
19.Moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta y Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Aguiló, Ascencio, Ceroni, Núñez, Robles y Rossi, que modifica disposiciones sobre prostitución (boletín N° 471511)48
20.Oficio de la Corte Suprema por el cual remite su opinión respecto del proyecto que modifica el artículo 214 del Código Orgánico de Tribunales, con el objeto de obtener una mayor eficacia en la administración de justicia.
(boletín N° 460607)60
Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales remite copia de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad referidos a los siguientes artículos:
21.Artículo 4° de la ley N° 18.755, Ley Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para fines que indica, Rol N° °5522006, que incide en la causa Rol
N° 8.3352005, de la Corte de Apelaciones de Santiago. (Oficio N° 493)62
22.Artículos 12 y 14 de la ley N° 17.322, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para fines que indica, Rol N° 5762006, que incide en la causa rol N° 55652001, caratulada Administradora con Pie Systems Ltda., seguida ante el 8° Juzgado del Trabajo de Santiago. (Oficio N° 505)66
23.Artículo 6° letra B) N° 6 y 115 del Código Tributario, su declaración de admisibilidad y resolución que ordena dar traslado para fines que indica, Rol N° 6162006, que incide en la causa Rol N° 10.4392006, de la Octava Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos. (Oficio N° 530)68
24.Artículo 30 del Decreto Ley N° 3538, Rol N° 5462006, que incide en el procedimiento sumario Rol N° 90592006 del Octavo Juzgado de Letras en lo Civil de Santiago, en contra de la resolución N° 247, de la Superintendencia de Valores y Seguros. (Oficio N° 519), y70
25.Artículo 23, inciso segundo, de la ley N° 19.542, en los autos “Sociedad Visal Ltda. Con Empresa Portuaria de Arica”, sobre nulidad de Derecho
Público seguidos ante el primer Juzgado Civil de Arica, actualmente en apelación de la sentencia definitiva ante la Corte de Apelaciones de esa ciudad, formulado por el abogado don Rodrigo Muñoz Ponce, en los autos Rol N° 4672006. (Oficio N° 510)92
De la Comisión Especial Investigadora de ChileDeportes por el cual solicita el asentimiento de la Sala de la Corporación para sesionar los días jueves de cada semana, de 11 a 13 horas.
De la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la Central Pangue, por el cual solicita el asentimiento de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 12 de diciembre en curso, de 11,30 a 13 horas, para votar las conclusiones del referido informe.
Del Grupo Interparlamentario Chileno-Ucraniano por el cual comunica que procedió a designar como Presidente al Diputado señor Uriarte, y como Vicepresidentes a la Diputada señora Allende, doña Isabel, y a los Diputados señores Accorsi, Jarpa y Walker.
Del Presidente de la Corporación por el cual pone en conocimiento que la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento ha accedido a la solicitud de la Bancada de Renovación Nacional para que la Diputada señora Valcarce, doña Ximena, sea reemplazada por el Diputado señor Bertolino, en las reuniones del Parlatino que se efectuarán en Sao Paulo, Brasil, entre el 6 y el 9 de diciembre, de conformidad al Acuerdo Marco de Participación en Instancias Internacionales.
Diputado Monckeberg, don Nicolás, fiscalizar diversas irregularidades que se estarían cometiendo en la municipalidad de Maipú.
Diputado Sepúlveda, don Roberto, fiscalizar diversas irregularidades que se estarían cometiendo en la municipalidad de Maipú.
Diputado Alvarado, investigar materias vinculadas al ejercicio del cargo de Intendente de LaDécima Región, don Jaime Bertín.
Diputada Turres, implementación de ficha Familia, ex ficha CAS.
Diputado Alvarado, investigación multicancha construida en la población Cabo Vergara.
Diputado García, sobre investigación sumaria contra Alcalde de Vilcún, Patricio Villanueva, por trato indigno a los subalternos.
Proyecto de Acuerdo N° 193, reestudio de situación de Chile en el Mercosur.
Diputado Monsalve, causas de derrumbe que afectó a Ruta 160 y urgencia de licitación de esa ruta.
Diputado Venegas, don Samuel, construcción y mejoramiento de caminos en sectores rurales de la provincia de San Antonio.
Diputado Latorre, ítem presupuestario de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas y cambio de director de Obras de Vialidad de la Sexta Región.
Diputada Valcarce, construcción de embalse en Arica.
Diputado Palma, medidas por presuntas irregularidades que se habrían cometido en la Sociedad de Regantes Particulares del Río del Maule.
Diputado Burgos, diseño salida oriente Túnel San Cristóbal.
Diputado Quintana, interrupción de faenas en construcción de camino Selva Oscura y refuerzo de maquinaria de despeje en la región de la Araucanía afectadas por últimas nevazones.
Proyecto de Acuerdo N° 222, sobre Carretera Austral, Décima Región.
Diputado Rojas, comisiones de servicio de personal del Ministerio de Salud realizadas entre los días 16 y 20 de octubre.
Diputada Pacheco, apertura de compuertas de represa de Pangue y Ralco.
Diputado Jaramillo, proyectos de centrales hidroeléctricas de pasada en comunas de Panguipulli y de Río Bueno.
Diputado Díaz, don Eduardo, aumento de plazo de postulación a segunda fase del programa Orígenes.
Asistieron los siguientes señores diputados: (85)
--Eluchans Urenda, EdmundoUDIV15
--García-Huidobro Sanfuentes, AlejandroUDIVI32
--González Torres, RodrigoPPDV14
--Kast Rist, José AntonioUDIRM30
--Nogueira Fernández, ClaudiaUDIRM19
--Pascal Allende, DenisePSRM31
Con permiso constitucional no estuvieron presentes los diputados señores Olivares, Venegas, y señora Alejandra Sepúlveda.
En misión oficial no estuvieron presentes los diputados señores Álvarez-Salamanca, Ascencio, Bertolino, Burgos, Encina, Girardi y Urrutia.
El acta de la sesión 100ª se declara aprobada.
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión Especial Investigadora de ChileDeportes para sesionar los jueves de cada semana, de 11 a 13 horas.
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión Especial Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 12 de diciembre, de 11.30 a 13 horas, para votar las conclusiones del informe.
Señor Presidente, quiero que quede claro que no hubo acuerdo, a menos que su señoría solicite de nuevo el asentimiento de la Sala, para acceder a la petición de la Comisión Investigadora sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue.
La recabo de nuevo.
Si le parece a la Sala, se accedería a la petición de la Comisión sobre presuntas irregularidades en la apertura de las compuertas de la central Pangue para sesionar simultáneamente con la Sala el martes 12 de diciembre, de 11.30 a 13 horas, para votar las conclusiones del informe.
Señor Presidente, le solicito que nuevamente recabe el asentimiento de la Sala para que sesione la Comisión Investigadora de Chiledeportes todos los jueves simultáneamente con la Sala. Me parece insólito que alguien se oponga al avance de la investigación.
Además, si alguien se opone, podemos identificarlo.
A petición del diputado Barros, solicito nuevamente el asentimiento de la Sala para que la Comisión Investigadora de Chiledeportes sesione todos los jueves simultáneamente con la Sala, de 11 a 13 horas.
No doy el acuerdo, señor Presidente.
Señor Presidente, solicito que se pronuncie sobre la admisibilidad del proyecto que figura en el número 14 de la Cuenta.
Es completamente admisible, señor diputado.
Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que prorroga el plazo de aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2006 para el año 2007, con urgencia calificada de “discusión inmediata”.
Diputados informantes de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda son los señores Felipe Ward y Carlos
Montes, respectivamente.
- Mensaje, boletín N° 4705-06, sesión 103ª, en 5 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 2.
- Certificado de las Comisiones de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 15 y 16 de esta sesión.
Señor Presidente, el proyecto, de origen en mensaje, prorroga el plazo de aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante 2006 para 2007.
El modelo de financiamiento de las municipalidades considera entre sus principales ingresos el Fondo Común Municipal, definido en el artículo 122 de la Carta Fundamental como un “mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país”.
De acuerdo con el artículo 14 de la ley orgánica constitucional de municipalidades, su objetivo es garantizar el cumplimiento de los fines de los municipios y su adecuado funcionamiento.
El proyecto se enmarca en el contexto de la formulación de modificaciones a la actual estructura de distribución del Fondo Común Municipal, contenida en otro proyecto actualmente en estudio en la Comisión de Gobierno Interior.
El cálculo de nuevos coeficientes de distribución del Fondo no considera los efectos originados por la aplicación de la ley N° 20.033, ley de Rentas II, lo que podría provocar distorsiones. En especial, falta conocer el impacto de esa ley en variables tan importantes como los ingresos propios permanentes de cada municipio y la relación entre predios exentos y afectos al pago del impuesto territorial.
Se estima que la evaluación de los impactos permanentes por la aplicación de la ley de Rentas II tendrá lugar al término del ejercicio presupuestario 2006.
Si no contamos con los antecedentes técnicos y jurídicos vinculados al nuevo rediseño del Fondo Común Municipal, resulta aconsejable que durante 2007 se mantenga el actual esquema de distribución de aquél.
Para evitar fluctuaciones en los montos a percibir por concepto del Fondo, el proyecto establece una medida de compensación en beneficio de los municipios que reduzcan las cantidades estimadas para 2007 en relación con las percibidas durante 2006.
De acuerdo con lo que señala el inciso tercero del artículo único, mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior, el que será suscrito además por el ministro de Hacienda, se determinará el monto de la compensación para 2007.
En conformidad con el compromiso adoptado por el Ejecutivo en la Comisión de Gobierno Interior, el rediseño del Fondo Común Municipal con nuevas variables de distribución entraría a regir a contar del 1° de enero de 2008.
En síntesis, el artículo único del proyecto propone que los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal para 2007 sean los mismos que operaron para el año en curso, calculados en la forma que establece el artículo 38 del decreto del N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales.
Finalmente, hago presente que el proyecto, con urgencia calificada de “discusión inmediata”, fue aprobado en forma unánime por los miembros presentes en la Comisión en su sesión del martes 5 de diciembre.
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, me corresponde informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de “discusión inmediata”, que prorroga la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante el año 2006, para el año 2007.
El Fondo Común Municipal es un mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos entre las municipalidades que, desde su creación, ha jugado un papel muy importante para compensar y amortiguar las desigualdades existentes.
Los coeficientes de distribución, que expresan criterios sociales, económicos, territoriales y demográficos, han sido modificados de manera parcial en varias oportunidades, pero se encuentra pendiente su ajuste más global, a fin de reflejar de mejor forma la realidad de las comunas, que ha cambiado mucho desde los puntos de vista económico y social, y el impacto que tendrá la ley N° 20.033, denominada de Rentas Municipales II.
En varias ocasiones se ha prorrogado por un lapso limitado de tiempo la aplicación de los coeficientes existentes. Sin embargo, en la actualidad se encuentra en tramitación en la Comisión de Gobierno Interior un proyecto de ley que redefine los criterios con que se adoptan dichos coeficientes, a fin de mejorar la solidaridad intermunicipal.
La nueva prórroga que se propone es sólo para 2007, porque se supone que durante el próximo año se aprobará dicha iniciativa que, cuando se convierta en ley de la República, permitirá redefinir la distribución del Fondo.
Además, en el proyecto en estudio también se prorroga para 2007 el mecanismo, aprobado por ley no hace mucho, para compensar las caídas bruscas en los ingresos de los municipios en 2006 respecto de 2005 y que creó un fondo de compensación. De esa forma, los municipios mantendrán su estabilidad en relación con el aporte que reciben del Fondo Común Municipal.
La Comisión de Hacienda aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo hizo la Comisión técnica, por la unanimidad de sus miembros presentes, diputados señores Lorenzini (Presidente), Alvarado , Becker , Dittborn, Ortiz y quien habla.
Durante el estudio del proyecto, asistieron a la Comisión la subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart , y las asesoras de dicha cartera, señoras Tamara Agnic y Cecilia Valdés .
El informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos señala que la iniciativa no implica mayor gasto fiscal.
Señor Presidente, el objetivo del proyecto de ley en estudio es muy sencillo: prorrogar la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal vigentes durante 2006, para 2007. En consecuencia, le prestaremos nuestra aprobación.
Lo hacemos tal como se expresó en la Comisión de Gobierno Interior, en el entendido de que será la última vez que se recurra a ese tipo de prórrogas, que se vienen realizando desde 2003, porque es necesario establecer una normalización o regulación respecto de la aplicación, por ley, del Fondo Común Municipal.
Al respecto, se ha venido trabajando en la formulación de una propuesta de modificación a la actual estructura de distribución de dicho Fondo, iniciativa que se encuentra en estudio en la Comisión de Gobierno Interior, con participación de representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior y de la Asociación Chilena de Municipalidades. En consecuencia, una vez que sea ley de la República, establecerá una regulación prácticamente consensuada entre Gobierno y municipalidades.
El proyecto de rediseño considera como base de cálculo la información correspondiente al período 20032005, lo que podría significar que el resultado para los próximos años no tuviera en consideración los efectos originados por aplicación de la ley N° 20.033, de Rentas Municipales II, lo cual, sin duda, puede provocar ciertas inequidades, imperfecciones y distorsiones en la distribución del Fondo, como se afirma en el mensaje presidencial.
Por lo tanto, los impactos de la ley sólo podrán cuantificarse al término del ejercicio presupuestario 2006. En ese sentido, consideramos bastante escaso el tiempo de que se dispone para aplicar los nuevos coeficientes de distribución que se establecerán a contar del 1° de enero de 2007.
En el proyecto que se encuentra en trámite en la Comisión, que la Sala conocerá más adelante, se establecía la eliminación del 10 por ciento de distribución anual por conceptos de gestión y emergencia, y el aumento de 90 a 98 por ciento de la parte del Fondo destinada a redistribución de recursos entre comunas. Sin embargo, por indicación sustitutiva del Ejecutivo, se propone destinar el ciento por ciento a redistribución. Por lo tanto, la situación es diferente y debemos estudiarla con mucha calma.
La prórroga que se concede es muy importante. En el proyecto se prevé la posibilidad de que las municipalidades vean reducidas las cantidades por recibir del Fondo Común Municipal durante 2007, debido a la aplicación de los actuales coeficientes.
En consecuencia, por lógica y por justicia, se cubrirá el ciento por ciento de la posible reducción de esos ingresos, cuyos montos se determinarán por decreto supremo expedido a través del Ministerio del Interior, el que será suscrito además por el ministro de Hacienda, para mayor resguardo. Por lo tanto, no existirán perjuicios para las municipalidades que vieren reducida su participación en el Fondo.
En consecuencia, con los resguardos y garantías que expresé, anuncio el voto favorable de nuestra bancada.
Tiene la palabra el diputado Andrés Egaña .
Señor Presidente, una vez más se debe acondicionar el mecanismo de compensación del Fondo Común Municipal.
Como bien dijo el diputado Ojeda , esta situación se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. No hay que olvidar que hace años debió tramitarse, con discusión inmediata, un proyecto con iguales características.
En este caso, se pone en evidencia que el Ejecutivo no tiene entre sus prioridades el tratamiento de una materia tan relevante para las comunas. No hay medidas claras para la descentralización del país, de que tanto se habla, pues para ello es fundamental que las municipalidades, que son los entes que tienen mayor contacto con la comunidad, dispongan de los recursos necesarios para cumplir su labor.
Las cifras que dieron representantes del Ejecutivo en la Comisión son realmente preocupantes. Un alto porcentaje de municipalidades vive exclusivamente de lo que le llega a través del Fondo Común Municipal. A mi juicio, no ha habido voluntad ni decisión política para solucionar los problemas que año a año afectan a las distintas comunas, que fundamentalmente se originan por los déficit que produce la administración de la educación y la salud.
Se pretende corregir una situación puntual, pero no solucionar el problema de fondo. Por lo tanto, creo que el Ejecutivo y el Congreso deben asumir su responsabilidad y tomar las medidas del caso.
Repito, se trata de una solución momentánea, de parche, que no ataca el problema de fondo. Pero queda lanzado el desafío para que el Ejecutivo proponga una definitiva, total y permanente, de manera de no estar adecuando cada dos o tres años la legislación.
Sin embargo, de todos modos vamos a votar a favor.
Tiene la palabra el diputado Germán Becker .
Señor Presidente, la verdad es que el proyecto no tiene nada de nuevo. Hemos aprobado en varias ocasiones otros similares. Desde hace años estamos pidiendo al Ejecutivo que, de una vez por todas, se haga el rediseño de la distribución del Fondo Común Municipal, ya que con la modalidad que se aplica no se está cumpliendo con el objetivo de entregar a las comunas más pobres la cantidad que necesitan.
Además, según la práctica actual, el 10 por ciento no se distribuye de manera homogénea, sino de acuerdo a criterios que tienen que ver con preferencias del Ejecutivo.
Por lo tanto, esperamos que llegue el proyecto que solucionará el problema de manera definitiva. Mientras tanto, como se ha demorado demasiado su envío, debemos prorrogar la aplicación de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.
Obviamente, vamos a aprobar el proyecto, porque de lo contrario dejaríamos a los municipios sin presupuestos. Como dijo el diputado Egaña , varios dependen del Fondo Común Municipal, ya que les aporta el 80 por ciento de sus recursos.
Repito: vamos a aprobar el proyecto, pero por última vez, porque hay un acuerdo con la subsecretaria de Desarrollo Regional para que el próximo año se cambie, de una vez por todas, la modalidad de distribución.
Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Araya Guerrero, Pedro ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Cardemil Herrera, Alberto ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Correa De La Cerda, Sergio ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso, Roberto ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Enríquez-Ominami , Gumucio Marco ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Estay Peñaloza, Enrique ; Farías Ponce, Ramón ; Fuentealba Vildósola, Renán ; Galilea Carrillo, Pablo ; Goic Boroevic, Carolina ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Leal Labrín, Antonio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Paya Mira, Darío ; Recondo Lavanderos, Carlos ; Robles Pantoja, Alberto ; Rossi Ciocca, Fulvio ; Rubilar Barahona, Karla ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Suárez, Eduardo ; Silber Romo, Gabriel ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan , Eugenio ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Mühlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe.
Se encuentra en la tribuna de honor una delegación muy importante, encabezada por el pastor Vilson Synan , de la iglesia Santidad Pentecostal de Virginia, Estados Unidos, acompañado de su esposa, Carol Lee .
Los acompañan don Eduardo Durán Castro , pastor gobernante de la catedral evangélica de Santiago, y don José Paredes, pastor de la iglesia Metodista Pentecostal de Valparaíso .
Un gran saludo para todos ellos.
Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, de origen en una moción, con urgencia calificada de suma, que suspende el proceso de otorgamiento de permisos para operación de casinos de juego, correspondiente al año 2007.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Alberto Cardemil .
- Moción, boletín N° 4706-05, sesión 104ª, en 6 de diciembre de 2006. Documentos de la Cuenta N° 7.
- Primer informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 17, de esta sesión.
Debo hacer presente que dos señores diputados han formulado indicaciones durante el debate. Esto es posible cuando el proyecto tiene urgencia calificada de suma.
Tiene la palabra el diputado Alberto Cardemil .
Señor Presidente, la moción que dio origen al proyecto es de los diputados señores Lorenzini , Álvarez , Becker , Díaz, don Marcelo ; Duarte , Insunza , Jaramillo , Leal , Recondo y Rossi .
En ella se hace presente que el desarrollo del primer proceso de otorgamiento de permisos de operación de casinos de juego finalizado en las regiones Segunda, Tercera, Octava, Novena , Décima y Duodécima ha permitido advertir tanto a la autoridad encargada del mismo, como a todos los demás actores del sistema y a los parlamentarios, que la normativa que lo regula, esto es, la ley N° 19.995 y sus reglamentos, presentan algunos vacíos y deficiencias que resulta indispensable y conveniente perfeccionar y corregir.
Concordante con lo anterior, como les consta a los señores diputados, la Cámara acordó, con fecha 19 de octubre de 2006, crear una Comisión Especial Investigadora para, entre otros aspectos, evaluar en todos sus alcances las disposiciones de la referida ley, que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Se dio mandato a esa Comisión para proponer a la Corporación el establecimiento de normas o las modificaciones necesarias a la ley.
En conformidad con ello y atendido que de los 17 permisos de operación para casinos de juego que podían asignarse a lo largo del territorio nacional, excluida la Región Metropolitana, ya fue otorgado un número significativo y, a la fecha, quedan pendientes de resolución ocho solicitudes para cinco comunas del país, y dado que el trabajo de la Comisión investigadora no estará concluido sino hasta los primeros meses de 2007, los señores diputados autores de la moción consideran a mi juicio, con toda razón que es lógico, prudente y necesario suspender el segundo proceso de otorgamiento de dichos permisos, que debería iniciarse en enero del próximo año, con el objeto de corregir las deficiencias y suplir los vacíos que se han notado en la aplicación de la ley.
Precisan los diputados autores de la moción que, por una parte, se debe asegurar que un proceso de esta naturaleza garantice en mejores condiciones la consecución de los fines que el legislador tuvo presente con la dictación de la normativa correspondiente y, por otra, el resguardo del interés y la fe pública comprometidas.
El proyecto modifica los artículos 19 al 29 del título IV, párrafo 1°, de la ley N° 19.995, sobre otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, en relación con el proceso que debe iniciarse el primer bimestre de 2007.
Es importante dejar constancia, para los efectos constituciones, legales y reglamentarios, que la idea matriz o fundamental del proyecto en informe consiste en suspender el proceso de otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego que debiera iniciarse el primer bimestre de 2007, según lo prescribe expresamente el artículo 19 de la ley N° 19.995; que el proyecto no requiere, para su aprobación, quórum de ley especial y que fue aprobado en general y en particular, con la indicación, por la unanimidad de los diputados presentes en la Comisión de Hacienda: señores Alvarado , Becker , Dittborn , Lorenzini , Ortiz y quien informa.
Durante su estudio, asistieron a la Comisión las señoras María Olivia Recart , subsecretaria de Hacienda, y Tamara Agnic y Cecilia Valdés , asesoras de la cartera de Hacienda.
El proyecto de ley consta de un artículo único que reza lo siguiente:
“Artículo único.- Suspéndase, hasta el 30 de septiembre de 2007, la aplicación de lo dispuesto en los artículos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28 y 29 de la ley N° 19.995 y, consecuencialmente, de todas las normas reglamentarias relacionadas con el proceso de otorgamiento de permisos de operación para Casinos de Juego que debe iniciarse en el primer bimestre del año 2007.”
Presidió la sesión el diputado señor Lorenzini .
En nombre de la Comisión de Hacienda, encomiendo a la Cámara, con mucha fuerza, la aprobación de este proyecto de ley. No quiero ahondar en las razones para su aprobación por ser de sobra conocidas por los señores diputados y la opinión pública.
Señor Presidente, sin lugar a dudas, el proceso de adjudicación de licencias de casinos, a lo largo del país, no ha estado exento de una serie de dificultades, tanto en el ámbito administrativo como judicial. Por eso, el proyecto es de toda lógica, pues aplaza la entrega de licencias, contemplada para inicios de 2007, por un período prudente que permita modificar la legislación vigente y corregir aquellas falencias que se han detectado en el proceso.
Por esa razón, es sumamente importante suspender hasta septiembre de 2007 el proceso de otorgamiento de permisos. Así, el Ministerio de Hacienda tendrá suficiente tiempo para evaluar la ley vigente y presentar al Congreso las modificaciones necesarias para corregir sus vacíos y deficiencias.
Como diputado de la Décima Región, de las provincias de Chiloé y Palena , me interesa modificar la actual legislación, dada la discrecionalidad con que se han aplicado los criterios para el otorgamiento de permisos que en ella se establecen, no obstante ser estrictamente técnicos. Esos criterios han sido manejados por personas que integran el Consejo Resolutivo, me refiero al intendente regional, para despojarnos de la licencia de casino que, técnicamente, nos correspondía, según lo señalan los informes de la Superintendencia de Casinos de Juego al momento de ponderarse los diversos factores de evaluación para determinar la plaza a la que se le otorgaría el permiso para operar un casino de juego.
De acuerdo con esos análisis técnicos, la comuna de Castro, en la provincia de Chiloé, superaba lejos las ponderaciones que se hicieron a los que postulaban a licencias para la ciudad de Osorno. No obstante ese proceso, legítimo y técnicamente avalado por organismos externos a la Superintendencia de Casinos de Juegos y mandatados por ley para entregar su opinión, por un criterio discrecional, amplio, administrativo y a sugerencia del intendente regional, que fue concejal y gobernador de Osorno, se decide analizar las licencias que se postulaban en la Décima Región en el ámbito de una sola zona, situación que no ocurrió en ninguna otra parte del país.
En consecuencia, esas interpretaciones arbitrarias y discrecionales de la legislación, que este Congreso aprobó, han permitido acomodar las decisiones al gusto y al deseo de la autoridad política de turno de la región, lo que es inaceptable.
Como de los errores hay que aprender, debemos apoyar la suspensión del proceso de otorgamiento de licencias hasta septiembre del próximo año, ya que el espíritu de la ley de casinos persigue el desarrollo integral de las regiones y no satisfacer intereses políticos o personales de autoridades de turno.
Por lo tanto, nuestra bancada, la Unión Demócrata Independiente, votará a favor el proyecto.
Señor Presidente, sin el ánimo de anticipar la discusión que, en su momento, vamos a tener en la Sala cuando informe la Comisión Investigadora sobre Casinos de Juego, quiero dar algunos antecedentes que pueden justificar lo que hoy estamos intentando hacer.
Algunos de los invitados a la Comisión Investigadora se han referido a desiguales exigencias de cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley respecto del proceso que está en marcha; a la falta de transparencia en la etapa de precalificación de antecedentes y a la indebida reserva de antecedentes en el proceso de postulación. Otros, han citado la posición de alguna universidad contratada para asesorar, pero también para evaluar. Hemos recibido antecedentes de que alguna empresas postulantes han ofertado, por escrito, a algunos municipios, a algunos concejales, la entrega de iglesias y de teatros o la realización de actividades, pero con una cláusula, al final, que diría: “siempre y cuando, claro, ustedes que votan, me asignen el casino.”
También nos han hablado en la Comisión de la infidelidad de algunos funcionarios públicos que, no obstante conocer la falta del deber de veracidad de algunos de los participantes en distintos procesos en diversas regiones del país, ocultaron circunstancias e información. Se refieren a la torcida y falsa actuación del Consejo Resolutivo, etcétera. Es más, tengo en mi poder la respuesta que diera don Eduardo Urrejola , presidente subrogante del Consejo de Defensa del Estado, ante consultas de postulantes y de la Superintendencia de Casinos de Juego. En su resolución dice: “Las sociedades reclamantes no voy a citar los nombres han acreditado sus pagos, sus inscripciones, etcétera, y por lo tanto, los antecedentes aportados son correctos”. Contrario a lo que sostenía la superintendencia. En otro acápite señala: En conclusión, no se observa que las cláusulas tanto y tanto vulneren lo dispuesto en los artículos…, más aún, si se estima que estas sociedades recurrentes han cumplido los requisitos de inscripción y pago… Es decir, todo el proceso de licitación de casinos por eso constituimos la Comisión Investigadora adolece, a mi juicio, de arbitrariedades y discrecionalidades, lo que está en boca de la mayoría de los que han entregado sus informaciones en la Comisión.
Todo lo anterior obliga, a quienes participamos activamente en la formación de la ley de casinos, a un mea culpa, porque se trata de un negocio que requiere mucha transparencia. Uno de los principales postulantes ha expresado que este negocio adolece, a nivel mundial, de algunas debilidades. En su presentación nos dice: “No es un misterio para nadie que la actividad de los casinos ha sido utilizada en el extranjero para lavar dinero, blanquear capitales de origen ilícito, razón que justifica la intervención de todas las autoridades en estricta fiscalización.”
Por lo tanto, dado el marco jurídico que creamos, casi todos los permisos de operación de casinos otorgados han terminado en tribunales. Es decir, la ley adolece de algunas debilidades, de lagunas o de enfoques no concretos, por decirlo de una manera elegante. Por ejemplo, ¿cómo puede fiscalizar la Superintendencia de Casinos de Juego que para eso está si participa en el proceso y prácticamente decide a quien se le entrega la licencia? Es complicado entregar un permiso y después fiscalizarlo.
Si la inversión así lo señalan algunos proyectos de 20 30 ó 40 millones de dólares prometida, que no se hace en toda Sudamérica, no se realiza a los dos años siguientes de entregada la licencia, la multa es de un millón de dólares. Todos los casinos asignados hasta ahora son los que más inversión han prometido. Aquí falla algo en el sistema, porque el que promete más inversión, se lleva el casino. ¿Y cuál es la garantía, si después invierte dos millones de dólares y no hace el hotel ni desarrolla todo el ambiente? Apenas, un millón de dólares.
Hay que perfeccionar la ley. Lo hemos conversado con el Ejecutivo y, en esa circunstancia, es sano que suspendamos el proceso por unos 6 ó 9 meses, hasta que corrijamos la ley y mejoremos los reglamentos con el objeto de hacer este proceso más transparente, más creíble, más confiable. Eso nos parece absolutamente razonable, por lo que estimo que vamos a tener un apoyo unánime, pues no estamos afectando a ninguno de los actores y, por el contrario, se trata de una medida muy seria.
La Presidenta de la República enviará en los próximos días un proyecto sobre transparencia, información pública, probidad. Con esta moción estamos cooperando con esas medidas que tienden a evitar que se produzcan en el país lavado de dinero y otros ilícitos similares, muy habituales en el extranjero.
Adicionalmente, he presentado una indicación para suspender el proceso de otorgamiento de permisos para la operación de los casinos que están pendientes de resolución, que ascienden a tres, uno de los cuales fue objeto de una medida precautoria. La Comisión Investigadora determinará si se han cometido irregularidades en los que están resueltos. En caso de comprobarse que existieron irregularidades en esas asignaciones, terminarán en los tribunales. Eso es lo que estamos fiscalizando ex post, de acuerdo con nuestras atribuciones. Entiendo que la Superintendencia o el Consejo Resolutivo los asignarán en las próximas 48 horas, plazo que me parece insuficiente, porque da la impresión de que están tratando de otorgar esos permisos antes de que acabe diciembre, ya que después empezaría a regir el nuevo sistema, o que existen compromisos para entregarlos apresuradamente.
Señor Presidente, quizás la indicación debió decir que se entregarán esos permisos el 28 de diciembre por la mañana, ya que es buen día para hacerlo.
He formulado indicación para dar a lo menos noventa días a la Superintendencia y al Consejo Resolutivo para que analicen con calma el otorgamiento de los permisos de operación pendientes a los tres casinos, con absoluta prescindencia del llamado a licitación del próximo año, proceso que se postergará por nueve meses. Nos parece una medida de sana prudencia.
Insisto: no tomaremos ninguna medida respecto de los permisos ya otorgados; pero consideramos que es prudente tomarnos tres meses más para resolver los casos pendientes, lo que nos permitirá sacar conclusiones del debate que existe en el Congreso y de lo que resuelvan los tribunales en relación con los conflictos que se han producido hasta ahora, después de lo cual tomaremos la decisión que corresponde.
Llamamos a los diputados a que respalden el proyecto, porque transparentará el proceso hacia delante. Seguramente en enero podremos conocer, discutir y votar en esta Sala el informe de la Comisión Investigadora. Asimismo, la indicación que he formulado otorga un plazo adicional para que la Superintendencia y el Consejo Resolutivo no tengan que resolver el otorgamiento de los permisos pendientes el 28 de diciembre en la mañana.
Señor Presidente, junto con los diputados Uriarte , Recondo y Alvarado , hace más de cinco meses empezamos a pedir información sobre el proceso de otorgamiento de permisos para la operación de casinos de juego, debido a que recibíamos continuamente información, ratificada por los diputados que me antecedieron en el uso de la palabra, de que existían dificultades y muy serios y complejos problemas en dicho proceso, algunos de los cuales bordeaban la ilegalidad, tal como lo señalaron algunas informaciones de prensa y que acaba de ratificar hace un instante el diputado Lorenzini .
Por lo tanto, insistimos en la necesidad de que debe existir máxima información y transparencia. Parte de esa información fue entregada en su momento a la Comisión de Hacienda, presidida por el diputado Lorenzini ; pero el resto quedó en el limbo, y no se nos explicó lo que estaba ocurriendo, bajo el pretexto de que todavía el proceso estaba en marcha.
Cuando uno analiza ahora la situación, se da cuenta de la enorme cantidad de problemas que ha tenido este proceso y que sigue produciendo efectos. Por ejemplo, en Calama se negó el permiso para operación de casino a quien había hecho la mejor oferta y se le entregó a quien hizo una oferta más baja, lo que va a producir un tremendo perjuicio fiscal; el diputado Alvarado señaló lo que ocurrió en la Décima Región, y otros colegas manifestaron lo sucedido en las regiones Quinta y Sexta. Es decir, no cabe duda alguna de que el proceso ha sido extraordinariamente mal llevado. Lamentablemente, los casos en que los permisos fueron bien otorgados o en que no hubo críticas a todo el proceso que condujo finalmente a la entrega de esa licitación, constituyen la excepción.
Por lo tanto, no cabe duda de que el resultado de la evaluación que hará la Comisión Investigadora será una sola: el proceso ha sido muy mal llevado y tiene serios defectos.
Sin embargo, considero que la ley no tiene defectos serios, sino que algunos vacíos que debemos corregir, para lo cual presentamos un proyecto de ley con los diputados Ward , Uriarte , Alvarado y otros. Los problemas se han producido por la aplicación de la ley y las decisiones adoptadas por la Superintendencia en el otorgamiento de los permisos.
Por lo tanto, el resultado final es que se trata de un proceso mal llevado, que tiene consecuencias masivas, que va a producir problemas, que permitió judicializar casi todo el proceso, cuestión que siempre tratamos de evitar los diputados del período anterior. Además, queríamos que los casinos se distribuyeran adecuadamente en el país, lo que tampoco ha ocurrido. La acción del Consejo Resolutivo tampoco ha dado los resultados que esperábamos en su momento, ya que al principio le bastaba con otorgar el permiso a la oferta más alta, pero para lograr eso no necesitábamos un Consejo Resolutivo, sino que bastaba que alguien calculara matemáticamente quién había hecho la mejor oferta para otorgarle el permiso. Después, cambió su criterio, porque empezó a analizar algunas consideraciones que, a mi juicio, no corresponden al Consejo Resolutivo, como son la vigencia de un determinado estudio o de un plan regulador.
Raya para la suma, señor Presidente: no cabe la menor duda de que es un proceso muy mal llevado, respecto de una industria extraordinariamente compleja.
¿Por qué se demoró tanto el despacho de la ley de casinos? Porque en esta misma Sala existían posiciones totalmente distintas, ya que algunos diputados querían que se instalara un número ilimitado de casinos en todo el país, incluso abogaban por la existencia de máquinas tragamonedas, salas de ludo o de bingo en cualquier parte; mientras que otros colegas no querían ningún casino más.
Finalmente, el Congreso hizo un gran esfuerzo para despachar esa ley, que creó un Consejo Resolutivo que no ha tenido un feliz resultado.
Por lo tanto, no hay ninguna duda de que la ley no tiene mayores problemas, sino que su aplicación está llena de errores y equivocaciones. Es decir, se trata de un proceso muy mal llevado. Evidentemente, es necesario mejorar la ley en algunos aspecto, como definir qué pasa si alguno de los integrantes del Consejo Resolutivo se declara inhabilitado; qué sucede cuando se discute el rol de los cores en los consejos; qué pasa cuando un documento de estudio determinado del consejo es utilizado después por el Consejo Resolutivo, en circunstancias de que se trata de un documento meramente informativo. Es decir, hay una enorme cantidad de aspectos que profundizar.
El punto está en qué hacemos. Me parece extraordinariamente bueno lo que busca el proyecto, o sea, suspender el proceso de otorgamiento de permisos para operar casinos de juego respecto de esos tres casos en que no existe un gran avance. El problema está en si es adecuado, desde el punto de vista del derecho, este camino legislativo de suspender un proceso vigente.
Insisto, fui el primero que pidió información en la Comisión de Hacienda sobre esta materia. Probablemente, soy una de las personas que tiene más claro que este proceso ha sido mal llevado, pero la pregunta es si corresponde suspender un proceso vigente cuando se han presentado acciones ante los tribunales, los que podrían determinar ciertas medidas, como suspender o anular determinados actos e, incluso, que el incumplimiento de los plazos legales pueda llevar a la nulidad del proceso.
Por lo tanto, no me parece adecuado que, como Cámara de Diputados, nos involucremos en la suspensión de un proceso que se está desarrollado en este momento, en el cual no se han formulado objeciones respecto de algunos casos, pero que la resolución de otros se encuentra radicada en los tribunales de justicia. A pesar de que estoy de acuerdo con el fondo de la indicación, porque el proceso ha sido muy mal llevado, me parece que sentaríamos un muy mal precedente para el futuro, porque ¿qué pasaría el día de mañana si el Poder Legislativo suspende cualquier tipo de licitación o de contratación porque existen conflictos?
Sin embargo, eso no ocurre con el proyecto, dado que se refiere a un proceso que empezará el próximo año, por lo que no hay ningún derecho ni se han realizado avances al respecto. Por eso, podemos decir que nos vamos a tomar un tiempo antes de conceder esas nuevas autorizaciones.
Sin embargo, a pesar de que tenemos muy claro con el diputado Ward que este proceso ha sido muy mal llevado en Calama, lo que significará un duro golpe para esa ciudad, así como para el erario; o lo que ha ocurrido en Chiloé, que señaló el diputado Alvarado , y en otras regiones del país, me parece que la resolución respecto de los permisos pendientes es una materia propia de los tribunales de justicia. Considero que no es un camino adecuado suspender un proceso vigente por la vía legislativa, dado que crearía un complejo precedente.
Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que el proceso ha sido muy mal llevado. Es lamentable para el país, para las regiones y lo es más para una industria compleja como ésta. Ojalá que la Comisión Investigadora logre demostrar las responsabilidades políticas y los tribunales las jurídicas, que son enormes.
Comparto y apruebo plenamente el proyecto original, no así la indicación, porque no me parece el camino adecuado desde el punto de vista del derecho, por muy bien intencionada y apropiada que sea respecto del fondo.
Señor Presidente, agradezco al diputado señor Lorenzini por haberme considerado en la autoría de esta moción.
Por lo que ya escuchamos, la ley N° 19.995 es polémica y su aplicación habría perjudicado a las zonas que mencionaron los diputados Alvarado y Álvarez. Pero yo tengo que hablar por una zona que, en justicia, es beneficiada por la ley: Valdivia . Sin embargo, la transparencia es buena y es justo comentarlo para argumentar sobre el proyecto en discusión.
Como sabemos, la ley N° 19.995 fue ampliamente discutida en el Congreso. Allí estuvieron las posiciones que hoy volvemos a encontrar. Se enfrentaron intereses de todo orden, desde las posiciones regionalistas que estamos viendo ahora hasta los intereses de grupos económicos que desean manejar este lucrativo negocio. Seguramente de ahí surge la insatisfacción de algunos colegas.
Por lo anterior, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el pasado 19 de octubre la creación de una comisión investigadora del proceso de otorgamiento de permisos. Analizar la posibilidad de proponer modificaciones legales y reglamentarias a la normativa que hoy nos rige no es de importancia menor. Ahí estamos apuntando a lo que podría ser una corrección de las deficiencias de la ley N° 19.995.
En el inicio del proceso de funcionamiento de los casinos, programado para el primer bimestre del próximo año, no sólo están involucrados los intereses de las personas y grupos que se han hecho acreedores de los permisos, sino también los de las distintas comunidades y municipios que esperan beneficiarse enormemente. Se habla del turismo, de lo económico, en fin. Creo que todo tiene su límite. A lo mejor, hay que calmar las pasiones. Pero, reitero, la transparencia debe venir incluso de una zona beneficiada con el otorgamiento de los permisos para casinos. También estoy de acuerdo con la comisión investigadora. Lo dijo el diputado Lorenzini en su intervención: los tribunales están recogiendo demandas que tendrán que resolver en su momento. Además, seríamos tremendamente inconsecuentes con lo acordado por nosotros mismos si permitiéramos que se inicien procesos de funcionamiento de los casinos.
Con respecto a la existencia de vicios de procedimiento en el otorgamiento de dichos permisos, la razón indica prudencia. Son muchos los intereses, además de la fe pública comprometida en este proceso, tan largo y discutido.
Por ello, estimo que el proyecto debe ser aprobado por unanimidad en razón del interés nacional comprometido: la transparencia que tanto gusta y que tanto nos inquieta y que está detrás del trabajo que debemos realizar en forma seria.
Me alegro de ser parte de esta iniciativa, porque con eso damos claridad al mundo que ha sido “perjudicado”.
Señor Presidente, me uno a las expresiones formuladas en torno de la pertinencia y conveniencia de ampliar el plazo que establece el proyecto de ley impulsado por el diputado Lorenzini . Sin embargo, quiero hacer dos comentarios, a propósito de las intervenciones hechas en esta Sala. Los haré en el espíritu de prestigiar a la institución.
El hecho de que los integrantes de una comisión investigadora emitan juicios que son más bien parte de las conclusiones de la investigación, no contribuye a la seriedad ni al prestigio de la institución. Con mucha franqueza, hasta hoy, en las distintas comisiones hemos escuchado a todas las partes, y cada una considera que su proyecto es espectacular y que ha sido gravemente perjudicado por quienes han tenido que resolver la adjudicación a favor de otro.
Lo que hemos oído puede constituir antecedentes de juicio para la reforma judicial, para el perfeccionamiento de la ley.
En ese sentido, el presidente de la comisión investigadora, diputado Lorenzini , ha planteado sabiamente la conveniencia de postergar el llamado a una nueva licitación.
Pero también concuerdo con el diputado Álvarez en lo que tanto él como yo expresamos al empezar el trabajo en la comisión: creo que es extraordinariamente perjudicial para la Cámara involucrarse con licitaciones en desarrollo. Alterar, a través de procesos legislativos de la comisión investigadora, las facultades que la ley entrega a órganos autónomos del Estado, constituiría un pésimo antecedente y una muy mala señal desde el punto de vista de esa autonomía.
Por ello, votaré favorablemente el proyecto en su concepción original.
Señor Presidente, como todos saben, en la Cámara se constituyó una Comisión Investigadora sobre Casinos de Juego, en la que participamos junto a su Presidente, el diputado Lorenzini .
Hemos estado escuchando a muchos actores del rubro; hemos visto que la actual ley presenta algunas deficiencias que creemos importante solucionar. En verdad, no sólo la ley las tiene, sino también el reglamento. Además, la evaluación llevada a cabo por la Superintendencia no ha sido del todo clara ni diferenciadora entre las distintas propuestas de casinos. En términos simples, la Superintendencia sólo ha constatado si los proyectos ofrecen un restorán, sin evaluar si es de calidad. Asume que una granja agrícola es igual que un museo o una pinacoteca. Pienso que no ha definido adecuadamente criterios de diferenciación entre las distintas propuestas. Por lo tanto, hay un tema en el reglamento y en el proceso de evaluación; no sólo en la ley.
Por eso, varios diputados hemos presentado un proyecto para postergar hasta el 1 de octubre el nuevo proceso de licitación, que debía partir el 1 de enero. Es importante analizar la ley, su reglamento y todo el proceso de evaluación de la Superintendencia.
Eso afectará a tres o cuatro casinos, dependiendo de cuántos asigne la Superintendencia en la etapa que se está realizando actualmente. No incide mayormente en el proceso global, pero es importante que el proyecto se apruebe.
Sin embargo, ¿qué pasa con los tres o cuatro casinos que están por asignarse? No hablo de los diez ya asignados, cuyo proceso está terminado, sino de los que debe asignar la Superintendencia en este momento.
Al contrario de lo que decía el diputado Álvarez, creo que existen muchos argumentos para suspender el proceso de asignación que debe realizar la Superintendencia durante este mes.
El diputado Lorenzini formuló una indicación al proyecto con el objeto de postergar o dar más plazo a la Superintendencia de Casinos de Juego para realizar dicha asignación, a fin de considerar nuevos antecedentes, incluso, algunos que han ido saliendo del análisis de la Comisión Investigadora.
Con el diputado Pablo Galilea formulamos indicación para suspender la asignación de los tres o cuatro casinos que debía realizar la Superintendencia de Casinos de Juego durante los próximos días.
A nuestro juicio a diferencia del diputado Duarte , voy a emitir opinión respecto de cómo se ha llevado a cabo el proceso de licitación de casinos, en la asignación de los casinos se han utilizado distintos criterios, no se ha medido con la misma vara a todos los postulantes. Además, creemos que se han producido ciertas irregularidades, y voy a dar algunos ejemplos.
En la asignación del casino en la Octava Región, el llamado caso Walmart, la Superintendencia contrató a profesionales de la facultad de Arquitectura de la Universidad del Bíobío para evaluar los proyectos arquitectónicos. Después, mediante un oficio, instruyó a todas las ciudades postulantes para abstenerse de realizar, directa o indirectamente, por sí o por interpósita persona, ofrecimiento de donaciones, dádivas o regalías a las autoridades antes referidas, es decir, a todos los que habían participado en el proceso, entre ellos, la Universidad del Bíobío.
Por otra parte, tengo en mi mano un convenio entre la empresa Walmart y la Universidad del Bíobío, en que acuerdan evaluar la factibilidad de que Marina del Sol, o sea Walmart , efectúe un aporte vía donación conforme al programa de evaluación que se le abonará a la Universidad del Bíobío, todo ello, sujeto a la condición de que Marina del Sol se adjudique el proyecto de casinos. ¿Es esto una irregularidad o no lo es? Pienso que es absolutamente extraño que dicha entidad se haya adjudicado ese casino.
Entre los casinos que se asignarán ahora, antes de que la Superintendencia de Casinos de Juego diga quién va a ganar en la Sexta Región, les puedo asegurar que serán la empresa Cirsa , la cual cometió una grave irregularidad en el proceso.
En el informe preliminar que debían entregar todos los postulantes de casinos, debían señalar si tenían algún juicio pendiente en algún país por algún tipo de problemas relacionados con casinos. En su informe, Cirsa dice que no tiene problemas ni juicios pendientes. Sin embargo, una entidad que asesoró a la Superintendencia de Casinos de Juego determinó que había varios juicios. Por ejemplo, en Venezuela, con el Servicio de Impuestos Internos, por operación de salas ilegalmente; en Argentina, por tráfico de influencias; en Panamá, con el Servicio de Impuestos Internos; en España, juicio que lleva el juez Garzón , por lavado de dinero, etcétera, lo que no fue informado por Cirsa. No obstante, sigue postulando en un lugar privilegiado, puesto que se le asignará el casino en la Sexta Región que, por lo demás, es el más importante que se otorga, como es de conocimiento de todos mis colegas.
Existen muchas otras irregularidades y arbitrariedades, entre ellas, con la empresa Thunderbird y con una serie de otras empresas.
Por ello, no podemos aceptar que un proyecto que se aprobó con nuestro mejor esfuerzo y buena intención, al final, se distorsione de tal forma que las asignaciones se hagan al arbitrio del superintendente de Casinos de Juego. Por lo demás, recuerdo que, en esa oportunidad, se estableció en el proyecto un superintendente que era un verdadero zar de casinos. Afortunadamente, logramos constituir un consejo resolutivo; no obstante, aparentemente, lo que este último hace es aceptar la decisión del superintendente y asignar de acuerdo a lo que él indica.
Por lo anterior, existe gran preocupación de nuestra parte, pues vemos que este proceso ha sido bastante extraño, turbio, y no sabemos a qué conclusión se llegará a la Comisión Investigadora de Casinos de Juego. Pero ya hay muchos antecedentes que nos han permitido formular estas indicaciones para suspender la asignación, ojalá, de los tres casinos que se debe realizar en los próximos días.
Espero que mis colegas apoyen las indicaciones que hemos formulado al proyecto con los diputados Galilea y Lorenzini .
Señor Presidente, en primer lugar, me interesa dejar testimonio que votaré favorablemente la iniciativa de los señores parlamentarios, en orden a modificar distintas disposiciones de la ley N° 19.995.
Sin embargo, deseo intervenir en esta ocasión, fundamentalmente, para manifestar mi opinión contraria a la indicación formulada para suspender el proceso en marcha.
A mí me parece que es completamente inconveniente y muy poco serio que quienes integramos la Cámara de Diputados podamos interferir en un proceso en marcha. Las reglas están establecidas y considero inadecuado que se cambien cuando durante largos meses, los interesados, los participantes y la Superintendencia de Casinos de Juego han estado trabajando en dicho proceso.
Creo, además, que constituiría una pésima práctica legislativa, el que nosotros pudiésemos suspender procesos en marcha que tienen su cauce administrativo, incluso, con gran intervención de los tribunales de justicia. Nuestra responsabilidad, en este caso, es dejar que las instituciones que están a cargo del asunto den conclusión conforme a la ley al proceso que está en marcha. Muy distinto es modificar la ley, conforme a la moción, respecto de los procesos de licitación a partir del año 2007.
En consecuencia, votaré favorablemente la moción, pero votaré en contra la indicación, porque me parece que no corresponde y sería gravemente dañino para el prestigio de esta Corporación.
Señor Presidente, en primer lugar, concuerdo plenamente con lo señalado por mi colega Edmundo Eluchans , por cuanto considero inoportuno e inapropiado aprobar el proyecto, existiendo procesos en curso claramente establecidos, como él lo ha señalado. Pero, además, porque existe una normativa jurídica que está a disposición de quienes puedan sentirse perjudicados en sus intereses y derechos. Hay recursos legales que las personas pueden interponer y hay instancias administrativas a las cuales pueden recurrir.
En segundo lugar, hay una Comisión Investigadora de Casinos de Juego, cuya constitución aprobó esta Sala, para investigar sobre las concesiones y permisos que se han otorgado hasta hoy para operar casinos, las condiciones en que ellas se establecieron, y su legalidad. En fin, debe darnos a conocer, a raíz de la investigación que lleve a cabo, cuáles han sido sus conclusiones y qué vacíos presenta hoy la ley correspondiente, de manera tal que esta Cámara de Diputados pueda, por la vía parlamentaria y legislativa, hacer las modificaciones y correcciones pertinentes.
Al suspender un procedimiento en curso podríamos estar enviando una señal equivocada a la ciudadanía, sobre todo a las empresas que hoy están concursando para instalar los casinos autorizados, puesto que les estaríamos dando la oportunidad de “arreglar” sus antecedentes. Así, los que quedaron excluidos en el pasado, ahora tendrían el tiempo necesario para completar sus antecedentes, realizar los trámites pendientes y postular nuevamente.
Por las razones expresadas, voy a votar en contra de esta moción, especialmente porque considero que es inoportuna y no apunta realmente al fondo del asunto.
Por último, tiene la palabra el diputado señor Jaime Mulet .
Señor Presidente, me ha sorprendido un poco la tramitación de este proyecto.
Cuando hace algún tiempo se empezó a discutir el proyecto sobre otorgamiento de permisos de operación para casinos de juego, hice una serie de observaciones recuerdo que el diputado Maximiano Errázuriz , que hoy no está presente, también formuló reparos porque, sin duda por lo menos, es lo que pienso y creo que también otros parlamentarios, nos equivocamos al aprobar esa iniciativa que regula esta materia, puesto que, en lugar de beneficiar al país, le hicimos un grave daño.
Considero que la ley vigente ha dejado algunos vacíos que se han prestado para llevar a cabo prácticas que, por decir lo menos, atentan contra las buenas costumbres. He sido testigo de las presiones de que han sido objeto algunos concejales y consejeros regionales. Asimismo, he visto que detrás de todas las empresas hay equipos de lobby.
Todos sabemos que hacer lobby es una actividad lícita, aunque no regulada; no es ilegal, pero está al límite de la licitud, y todos conocen las presiones que se ejercen en virtud de ella. Hay equipos jurídicos de lobbistas, normalmente integrados por actores de Oposición y de Gobierno, que ejercen enormes presiones sobre quienes deben decidir sobre estas cuestiones tan complejas. Y digo que son complejas porque, en general, el negocio en cuestión no es muy limpio. Todo el mundo sabe que los negocios de juegos de azar se prestan para otro tipo de acciones. Así lo demuestran los estudios internacionales que existen sobre la materia.
Quiero decir una vez más que nos equivocamos cuando aprobamos la ley de casinos. Lo más grave de todo es que ha generado situaciones que facilitan la corrupción. Y lo digo claramente. Además, estamos en una discusión relacionada con un aparente mal uso de los recursos públicos está el caso de Chiledeportes y otros similares, situación que está siendo investigada por los tribunales de justicia. Creo que la relación con capitales privados, sin duda, genera situaciones oscuras.
De manera que la suspensión parcial de este proceso no resuelve nada. Soy partidario a lo mejor, ya no se puede hacer porque implicaría que el Estado debería asumir el pago de las indemnizaciones que corresponda otorgar de que no existan casinos en nuestro país o, por último, que sólo queden los que han funcionado históricamente.
Todo esto es más grave aún, si pensamos que aprobamos una ley que tenía por objeto promover el turismo y mejorar las condiciones de competitividad de las regiones turísticas con otros lugares del mundo, mediante la instalación de casinos. Pero todo esto se ha convertido en un oscuro negocio de casinos, y eso no me gusta. Se trataba de promover el desarrollo de San Pedro de Atacama, y terminamos con un casino en Calama que, seguramente, sólo servirá para esquilmar y tentar a los trabajadores que viajan desde otros lugares del país durante sus días de descanso. Nuestro deber como legisladores es tratar de ayudar a la gente y no abrir caminos para que la esquilmen. Lo mismo ocurrió en Atacama: lo lógico era instalar un casino en los balnearios de Caldera o Bahía Inglesa , pero éste quedó en Copiapó. En Aisén, que también es una zona turística, no se interesó nadie. Entiendo que en otros lugares del país han ocurrido situaciones similares.
Por eso, tengo muchas esperanzas en lo que pueda hacer la Comisión Investigadora sobre Casinos de Juego. Es necesario esperar sus conclusiones. Además, el superintendente de casinos seguramente se ha visto presionado por una ley que, en lugar de allanar el camino a las autoridades y facilitarles la forma de llevar a cabo un proceso de concesiones transparente, sólo les ha complicado más el problema.
Como considero que el Parlamento cometió un error al aprobar la ley de casinos, lo lógico sería, tal vez, anular las patentes entregadas y suspender el otorgamiento de nuevas patentes para evitar las situaciones de corrupción que están afectando con mucha fuerza a los estamentos políticos y decisorios de nuestro país, lo que, a mi juicio, constituye un hecho grave e irreversible. Nunca antes habíamos tenido problemas generados por un negocio que todo el mundo sabe que es complicado y que se presta para situaciones irregulares. De manera que preferiría conocer las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre Casinos de Juego y después legislar sobre la materia.
Por último, si es necesario, que se paguen las indemnizaciones que corresponda y que se caduquen las patentes que ya se han otorgado.
Varios señores diputados me han solicitado, debido a que ha sido objeto de tres indicaciones, dos de parlamentarios y una del Ejecutivo, que el proyecto vuelva a la Comisión de Hacienda.
Sin embargo, como tiene urgencia de discusión inmediata, estamos obligados a votarlo en la Sala de inmediato, con las indicaciones que se hayan presentado. Hicimos algunas gestiones para que el Ejecutivo retirara la urgencia; pero, por motivos prácticos, no fue posible.
Por lo tanto, corresponde votar en general el proyecto y, posteriormente, las indicaciones.
Se han registrado los pareos de los diputados señores René Manuel García con Juan Carlos Latorre ; Eduardo Díaz con Roberto Sepúlveda ; Manuel Rojas con Guido Girardi , y Nicolás Monckeberg con Jorge Burgos .
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
Accorsi Opazo, Enrique ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Araya Guerrero, Pedro ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Bustos Ramírez, Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Chahuán Chahuán Francisco ; De Urresti Longton Alfonso ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; Hales Dib Patricio ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Fuentealba Vildósola Renán ; Mulet Martínez Jaime
Se abstuvo el diputado señor Saffirio Suárez , Eduardo.
El señor Secretario va a dar lectura a la primera de ellas.
Indicación de su Excelencia la Presidenta de la República, que tiene por finalidad eliminar, en el artículo único del proyecto, las expresiones “21” y “28” y “29”, que vienen a continuación de los guarismos 20 y 27, respectivamente, y reemplazar la coma (,) que existe entre los guarismos “26” y “27” por una letra “y”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 26 votos; por la negativa, 36 votos. Hubo 5 abstenciones.
Accorsi Opazo, Enrique ; Bustos Ramírez, Juan ; De Urresti Longton, Alfonso ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Escobar Rufatt, Alvaro ; Espinosa Monardes, Marcos ; Farías Ponce, Ramón ; González Torres, Rodrigo ; Hales Dib , Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Quintana Leal, Jaime ; Sabag Villalobos, Jorge ; Soto González, Laura ; Sule Fernández, Alejandro ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan, Eugenio ; Valenzuela Van Treek, Esteban.
Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Becker Alvear, Germán ; Cardemil Herrera, Alberto ; Correa De La Cerda, Sergio ; Delmastro Naso, Roberto ; Dittborn Cordua, Julio ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Estay Peñaloza, Enrique ; Forni Lobos, Marcelo ; Fuentealba Vildósola, Renán ; Galilea Carrillo, Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Kast Rist, José Antonio ; Lorenzini Basso, Pablo ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa , Patricio ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Ojeda Uribe, Sergio ; Robles Pantoja, Alberto ; Rubilar Barahona, Karla ; Salaberry Soto, Felipe ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto, Germán ; Von Muhlenbrock Zamora, Gastón ; Ward Edwards, Felipe.
Araya Guerrero, Pedro ; Enríquez-Ominami, Gumucio Marco ; Jaramillo Becker, Enrique ; Mulet Martínez, Jaime ; Silber Romo , Gabriel.
En votación el artículo único del proyecto.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 2 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Araya Guerrero Pedro ; Bauer Jouanne Eugenio ; Becker Alvear Germán ; Bustos Ramírez Juan ; Cardemil Herrera Alberto ; Correa De La Cerda Sergio ; Delmastro Naso Roberto ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Espinoza Sandoval Fidel ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; Galilea Carrillo Pablo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Lorenzini Basso Pablo ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Muñoz D’Albora Adriana ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Quintana Leal Jaime ; Robles Pantoja Alberto ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Salaberry Soto Felipe ; Silber Romo Gabriel ; Soto González Laura ; Sule Fernández Alejandro ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Verdugo Soto Germán ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Walker Prieto Patricio ; Ward Edwards Felipe .
Fuentealba Vildósola Renán ; Mulet Martínez Jaime.
Pascal Allende Denise ; Valenzuela Van Treek Esteban.
Indicación de los diputados señores Becker y Galilea, para agregar al artículo único del proyecto el siguiente inciso segundo:
“Suspéndese, por igual plazo, la aplicación de lo dispuesto en el artículo 4° transitorio de la ley N° 19.995 y, consecuentemente, de todas las normas reglamentarias relacionadas con el proceso de otorgamiento de permisos de operación.”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 13 votos; por la negativa, 53 votos. Hubo 5 abstenciones.
Becker Alvear, Germán ; Chahuán Chahuán, Francisco ; Delmastro Naso , Roberto ; Galilea Carrillo, Pablo ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Lorenzini Basso, Pablo ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Mulet Martínez, Jaime ; Rubilar Barahona, Karla ; Silber Romo, Gabriel ; Valcarce Becerra, Ximena ; Vargas Lyng, Alfonso ; Verdugo Soto , Germán.
Accorsi Opazo, Enrique ; Alvarado Andrade, Claudio ; Álvarez Zenteno, Rodrigo ; Bauer Jouanne, Eugenio ; Bustos Ramírez, Juan ; Correa De La Cerda, Sergio ; Díaz Díaz, Marcelo ; Dittborn Cordua, Julio ; Duarte Leiva, Gonzalo ; Egaña Respaldiza, Andrés ; Eluchans Urenda, Edmundo ; Enríquez-Ominami Gumucio, Marco ; Escobar Rufatt, Alvaro ; Espinosa Monardes, Marcos ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Forni Lobos, Marcelo ; Fuentealba Vildósola, Renán ; García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro ; Goic Boroevic, Carolina ; González Torres, Rodrigo ; Hales Dib , Patricio ; Hernández Hernández, Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Leal Labrín, Antonio ; Masferrer Pellizzari, Juan ; Melero Abaroa, Patricio ; Meza Moncada, Fernando ; Monsalve Benavides, Manuel ; Montes Cisternas, Carlos ; Muñoz D’Albora, Adriana ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Lozano, Marco Antonio ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pascal Allende, Denise ; Quintana Leal, Jaime ; Robles Pantoja, Alberto ; Sabag Villalobos, Jorge ; Soto González, Laura ; Tarud Daccarett, Jorge ; Tohá Morales, Carolina ; Tuma Zedan , Eugenio ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Uriarte Herrera, Gonzalo ; Valenzuela Van Treek, Esteban ; Von Muhlenbrock Zamora, Gastón ; Walker Prieto, Patricio ; Ward Edwards, Felipe.
Araya Guerrero, Pedro ; Estay Peñaloza, Enrique ; Jaramillo Becker, Enrique ; Salaberry Soto, Felipe ; Sule Fernández, Alejandro.
El señor Secretario va a dar lectura a la tercera indicación.
Indicación del diputado señor Lorenzini, para introducir las siguientes modificaciones en la ley N° 19.995:
1.En la letra c) del artículo 4° transitorio, reemplázase la frase “270 días” por “500 días hábiles”.
2.En la letra d) del artículo 4° transitorio, reemplázase la frase “60 días”, por “200 días hábiles”.
3.En el inciso final del artículo 4° transitorio, reemplázase el guarismo “2007” por el guarismo “2008”.
Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 18 votos; por la negativa, 42 votos. Hubo 7 abstenciones.
Becker Alvear Germán ; Delmastro Naso Roberto ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro ; Espinosa Monardes Marcos ; Galilea Carrillo Pablo ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Lorenzini Basso Pablo ; Meza Moncada Fernando ; Monckeberg Bruner Cristián ; Robles Pantoja Alberto ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Sule Fernández Alejandro ; Valcarce Becerra Ximena ; Vargas Lyng Alfonso ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán.
Alvarado Andrade Claudio ; Álvarez Zenteno Rodrigo ; Bauer Jouanne Eugenio ; Correa De La Cerda Sergio ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Egaña Respaldiza Andrés ; Eluchans Urenda Edmundo ; Espinoza Sandoval Fidel ; Farías Ponce Ramón ; Forni Lobos Marcelo ; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro ; González Torres Rodrigo ; Hernández Hernández Javier ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Jaramillo Becker Enrique ; Jarpa Wevar Carlos Abel ; Jiménez Fuentes Tucapel ; Kast Rist José Antonio ; Leal Labrín Antonio ; Masferrer Pellizzari Juan ; Melero Abaroa Patricio ; Monsalve Benavides Manuel ; Montes Cisternas Carlos ; Mulet Martínez Jaime ; Nogueira Fernández Claudia ; Norambuena Farías Iván ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Ortiz Novoa José Miguel ; Pascal Allende Denise ; Quintana Leal Jaime ; Salaberry Soto Felipe ; Soto González Laura ; Tarud Daccarett Jorge ; Tohá Morales Carolina ; Tuma Zedan Eugenio ; Ulloa Aguillón Jorge ; Uriarte Herrera Gonzalo ; Valenzuela Van Treek Esteban ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe.
Accorsi Opazo Enrique ; Araya Guerrero Pedro ; Díaz Díaz Marcelo ; Estay Peñaloza Enrique ; Hales Dib Patricio ; Muñoz D’Albora Adriana ; Silber Romo Gabriel.
En consecuencia, queda aprobado en general y en particular.
Se levantó la sesión a las 12.15 horas.
Moción de los diputados señores Sepúlveda, don Roberto; Chahuán, Bertolino; Estay, Lobos, Masferrer, Rossi, Silber, Vargas y de la diputada señora Rubilar, doña Karla.
Modifica el artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de precisar el tipo de informes y antecedentes específicos que deben proporcionar los organismos de la Administración del Estado, a requerimiento de la Cámara de Diputados o de sus organismos internos autorizados. (boletín N° 4714-07)
“Con motivo de los graves focos de corrupción que han sido descubiertos recientemente y que han afectado a diversos organismos dependientes de la administración estatal, hechos que han sido discutidos públicamente, dada la conmoción que han causado en la comunidad nacional, se han efectuado diversas propuestas en orden a evitar la reiteración de estos hechos, dado que afectan la confianza y el prestigio de la función pública. En este mismo orden de ideas, por disposición de S.E., la Presidenta de la República, se conformó un grupo especializado de trabajo que tuvo por finalidad formularle un conjunto de proposiciones conducentes a favorecer la eficiencia, objetividad, responsabilidad pública y calidad profesional de la gestión del Estado, lo cual favorecerá la probidad y transparencia de la gestión pública y modernización estatal. Este grupo de trabajo ha concluido asimismo que “el acceso a la información pública es una herramienta crecientemente importante a nivel mundial para mejorar la transparencia y probidad de la gestión pública. Inhibe y disuade malas prácticas, motiva desempeños probos y eficientes y favorece control social respecto de los actos de administración. Es, finalmente, parte sustantiva de la libertad de expresión y de la participación ciudadana en cuanto permite a las personas participar en el debate público debidamente informadas”. En lo que respecta a las proposiciones en materia de transparencia, esta comisión señala que “La transparencia activa se expresa en el deber de los órganos del Estado de poner a disposición del público, sin mediar requerimiento expreso, información relevante sobre su gestión.” Para dicho propósito, los integrantes del citado grupo de trabajo, proponen que los organismos estatales, publiquen en forma permanente o periódica, sin necesidad de petición previa, y en forma accesible al público, en general, toda la información relativa a su estructura interna, jerarquías, atribuciones, responsabilidades, presupuesto y otros aspectos patrimoniales y financieros; la referida a las contrataciones de bienes, servicios y personas, transferencias que realicen a terceros; la relativa a los contratistas y a quienes reciban remuneraciones del Estado, con indicación de sus respectivos números de rol único tributario, y de los socios o accionistas principales y de los contratistas; los objetivos y metas institucionales para cada ejercicio y el reporte acerca del cumplimiento de los correspondientes al ejercicio anterior y las normas, regulaciones, actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros. En lo que concierne a las medidas de transparencia pasiva o régimen de acceso a la información pública, los comisionados establecen en su informe, como uno de los principios básicos, en que debe descansar este acceso, el de transparencia, que consiste en que toda la información en poder de los órganos del Estado es o se presume pública a menos que esté sujeta a restricciones que puedan perjudicar la seguridad nacional, la defensa nacional, la salud pública nacional, las relaciones internacionales o de los intereses económicos del país y aquella cuya publicación implique un riesgo para la vida, seguridad, salud o a las legítimas expectativas de privacidad de una persona, la comercial o financiera de terceros que merezca protección y la que pueda ir en desmedro de la aplicación de las leyes, especialmente en lo relativo a la prevención, investigación o prosecución de un crimen. También se considera como principios básicos, de acuerdo a este informe, el de máxima divulgación, en virtud del cual, los órganos del Estado deberán siempre entregar información en los términos más amplios, excluyendo sólo aquella parte de la información sujeta a excepción legal expresa y el de prohibición de silencio, que se materializa en la obligación de los órganos del Estado de responder siempre ante solicitudes de información, y el omitir una respuesta oportuna, sea positiva o negativa, originará sanciones. Por último, y en lo que esta materia se refiere, los integrantes del aludido grupo de trabajo, proponen la creación de un órgano autónomo, eventualmente de rango constitucional, que será encargado de promover, difundir y garantizar el derecho de acceso a la información, que cuente con los recursos humanos, financieros y logísticos adecuados para cumplir sus funciones, de acuerdo a la experiencia internacional existente al respecto, avalada por al menos 17 países que ya cuentan con un organismo de estas características. Si bien concordamos con estas proposiciones, que en forma integrada con otras medidas, tanto de carácter administrativo como legal, permitirán evitar sucesos tan lamentables como los que la opinión pública ha debido presenciar en el último tiempo, consideramos que el Congreso Nacional, en su carácter de Poder Legislativo, debe también adecuar su legislación orgánica constitucional, en lo que dice relación con los informes que puedan solicitar a los organismos del Estado. El artículo 9° de la mencionada ley N° 18.918, establece en su inciso primero, que “los organismos de la Administración del Estado deberán proporcionar los informes y antecedentes específicos que les sean solicitados por las Cámaras o por los organismos internos autorizados por sus respectivos reglamentos, con excepción de aquéllos que por expresa disposición de la ley tengan el carácter de secretos o reservados”. Su inciso segundo señala el procedimiento de entrega de tales antecedentes o informes, cuando éstos tengan el carácter de secretos o reservados. Normalmente, las solicitudes de este tipo de informes y antecedentes, en lo que se refiere a la Cámara de Diputados, se hacen, en conformidad a las disposiciones de los artículos 293 y 294 del Reglamento de la Cámara, o a través de las Oficinas de Informaciones de las cámaras, conforme a lo establecido en el artículo 5° de la ley N° 13.609. Sin embargo, consideramos que debe modificarse la forma actual en que está redactado el citado artículo 9°, dada la amplitud de sus términos, a fin de que no se preste a equívocos o a interpretaciones diversas, de modo que involucre todos los aspectos atingentes a la función pública.
En mérito a lo expuesto, sometemos a la aprobación de la Cámara de Diputados, el siguiente PROYECTO DE LEY:
Artículo único: Sustitúyese el texto del inciso primero del artículo 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, por el siguiente: “Los organismos de la Administración del Estado deberán proporcionar todos los informes y antecedentes específicos que les sean requeridos, y sin que la enumeración siguiente sea taxativa, se refieran a su estructura interna, individualización completa de funcionarios, jerarquías, atribuciones, responsabilidades, presupuesto y otros aspectos patrimoniales y financieros; a contrataciones de bienes, servicios y personas, transferencias que realicen a ter-ceros; nómina de contratistas y a quienes reciban remuneraciones del Estado, con indicación de sus respectivos números de rol único tributario, y de los socios o accionistas principales y de los contratistas; los objetivos y metas institucionales para cada ejercicio y el reporte acerca del cumplimiento de los correspondientes a ejercicios anteriores y las normas, regulaciones, actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros.”
Moción de las diputadas señoras Saa, doña María Antonieta, y Muñoz, doña Adriana, y de los diputados señores Aguiló, Ascencio, Ceroni, Núñez, Robles y Rossi.
Modifica disposiciones sobre prostitución (boletín N° 4715-11)
“La prostitución ha existido en diversos períodos históricos, desde la Antigüedad hasta la Época Contemporánea. Su inicio, en especial la prostitución femenina, es coincidente con la aparición del modelo patriarcal de la familia, basado en la potestad del hombre y de su poder económico. No se tienen antecedentes de dicha actividad en la etapa previa al patriarcado, la etapa matri-igualitaria, que es la basada en la relación de igualdad entre los sexos. En la Antigüedad no existía prostitución ni en Finia (Escandinavia), ni Escitia (Rusia), ni Bretaña, ni Irlanda, ni Etruria, ni Locria (sur de Italia), ni Esparta, ni Megara, ni Cantabria, ni la península Ibérica, ni Libia, ni el noreste de la India, ni Tibet, todas sociedades con sistema matri-igualitario, donde la mujer gozaba de una amplia libertad sexual; pero si existía en diversas ciudades de Asia y Europa, caracterizados por un sistema patriarcal, en especial en toda la extensión de diversos imperios y ciudades como China, India, Persia, Asiria, Babilonia, Judea, Cartago, Macedonia, Roma, Atenas, Tracia, entre otras. Existían diversas formas de prostitución femenina; destacando en Babilonia un carácter sagrado o religioso; en Atenas las hetairas, eran un tipo especial de mujeres que podían incluso acceder a cierto grado de influencia, generalmente como concubinas o confidentes; en Roma, por su parte, dicho oficio era tolerado, pero se establecían ciertas restricciones como el no poder casarse con hombres revestidos de autoridad o dignidad, aunque en la práctica podían ser concubinas de éstos. Fue en la Edad Media, en que se planteó una política de mayor represión, que comenzó en la Alta Edad Media y luego en la Baja Edad Media, sancionando penalmente a los alcahuetes con penas de azotes e incluso a galeras si eran reincidentes, o si prostituían a sus hijas, aunque en la práctica no se aplicaban estas penas con frecuencia y muchas veces se toleraba el proxenetismo, sobretodo si quienes ejercían la prostitución eran mayores de edad. En los Tiempos Modernos continuó la práctica de la prostitución, teniendo también un cierto y restringido desarrollo la prostitución masculina, especialmente en Francia. Las legislaciones de los países establecían penas cuando se favorecía la prostitución de menores con habitualidad. Tal como se señalara precedentemente, en la actualidad la prostitución es una realidad, tanto en lo que respecta a su ejercicio por parte de personas mayores como menores de edad. Este oficio ha sido tradicionalmente ejercido por mujeres, aunque en forma gradual y un tanto mas generalizada en las últimas décadas lo llevan a cabo también hombres, lo que se explica por el aumento del poder adquisitivo de las mujeres; además existe la prostitución homosexual ejercida también por hombres y mujeres. En la forma tradicional o clásica, en prostíbulo o casa de tolerancia, a la actividad se le reviste de reunión social. Esta sigue siendo la modalidad predominante en ciudades pertenecientes a sectores rurales. A ésta se le suman nuevas modalidades en las ciudades más grandes o grandes urbes, como la de los saunas o casas de masajes que tienen una característica más individual de atención y la modalidad independiente, está la de las call-girls o call-boys, según el caso, turismo sexual, novias y novios (excepcionalmente) por encargo, dándole al fenómeno una dimensión internacional. Cualquiera sea su forma, ésta se lleva a cabo en un local especializado, hotel o el domicilio del cliente. La oferta de los servicios mencionados precedentemente en un mundo cada vez globalizado, se produce en diarios, periódicos y en internet. El abogado Manuel Angel González Jara en su libro “El Delito de Promoción o Facilitación de Corrupción o Prostitución de Menores”, define la prostitución como “aquella actividad en que una mujer o un hombre, mediante un precio, se entrega sexualmente a quien la o lo solicite.” La socióloga Teresa Lastra define el comercio sexual como “ la relación contractual que se establece entre quien demanda y quien ofrece un servicio sexual, estableciéndose previamente el lugar, el precio y el tiempo que tomará dicha relación. En esta relación pueden participar terceras personas, dueños/as o administradores/as de locales, etc.”. Un estudio realizado en Madrid y Barcelona por la socióloga Milagro Rodríguez Marín señala que el mayor porcentaje de las trabajadoras sexuales o prostitutas está en el rango de edad entre los 14 y 35 años. Una encuesta efectuada en Santiago de Chile por la educadora Virginia Peralta de la Vicaría Zona Centro a trabajadoras sexuales cuyo promedio de edad era de 29 años, un 60% eran solteras, un 27% casadas, y 11% separadas, demuestra que la causa mas frecuente de la prostitución es la necesidad económica; un 33% de las entrevistadas son madres solteras, un 17% abandonadas por su marido, un 8% abandonadas por sus padres, y un 5% víctimas de un atentado sexual; un 79% tiene interés en capacitarse laboralmente para cambiar de oficio. La socióloga Paulina Vidal Pollarolo y la psicóloga Carla Vidal Pollarolo en un estudio para el Instituto de la Mujer, recopilaron antecedentes de datos secundarios otorgados por la Brigada de Delitos Sexuales de la Policía de Investigaciones, los que señalan que las mujeres que ejercen la prostitución pertenecen mayoritariamente a los estratos medio, medio-bajo y bajo ( las pertenecientes al estrato medio-alto son las menos), con nivel de escolaridad básico, medio y en menor proporción universitario; un 27% ejercen su oficio en casas de masajes, un 25% son independientes, un 18% asiladas en prostíbulos, un 14% bailarinas de cabaret, un 10% de callejeras, 4% de copetineras (que ejercen en bares o lugares de seducción). Cabe destacar que no todas las bailarinas de cabaret o vedettes ni tampoco las copetineras, ejercen la prostitución. Los clientes de todas las formas de prostitución mencionadas anteriormente, pertenecen a todos los estratos socioeconómicos. La investigación de la socióloga Teresa Lastra y de las monitoras Eliana Dentone y Raquel Igor consistió en realizar un diagnóstico a través de un cuestionario a 50 mujeres adultas que ejercen el comercio sexual en la comuna de Rancagua. Los rangos de edad son entre los 18 y 52 años y mayoritariamente entre los 23 y 27 años; un 74% de ellas son solteras; sólo un 2 % no tienen estudios y el resto tiene escolaridad básica o media; un 56% no vive con sus hijos; en cuanto al tipo de vivienda, un 58% vive de allegada en casa de tolerancia, un 24% vive allegada en otras casas y sólo un 14% vive en forma independiente; en cuanto a su lugar de actividad, un 76% lo realiza en casa de tolerancia, un 16% en local, que es un lugar muchas veces con patente de restaurante al cual la mujer acude algunas horas al día, en la calle 6%, sin perjuicio de llevar al cliente a algún prostíbulo del sector; la edad de inicio en la actividad es mayoritariamente entre los 18 a 20 años; el motivo que lleva a ejercer la actividad es ser madre soltera 32%, abandono del marido 24%, abandono de los padres 20%, atentado sexual 20%; los principales problemas en la actividad son detenciones 72%, aplicación de multas 50%, los clientes 34%, dueños de casas y locales 12%, problemas sanitarios 4%; las principales recomendaciones que hacen a las autoridades son el término con el maltrato de la policía, un 76%, no cobrar multas 64%, no cobrar en favores sexuales 40%. En lo que se refiere a la prostitución masculina, un estudio de los Oficiales de Carabineros Guillermo Havliczek y Jorge Aguirre señala que la edad promedio de los trabajadores sexuales o prostitutos fluctúa entre los 18 y 35 años, pertenecen mayoritariamente a los estratos medio y bajo, su modalidad es en casa de masajes, independientes, show femeninos o bailarines de cabaret, ocasionales o asistentes a locales de seducción; su nivel de escolaridad es básico, medio y en menor proporción universitario (cabe destacar que no todos los bailarines de show femeninos o vedettos, ni asistentes a locales de seducción ejercen la prostitución, solo un porcentaje de éstos); en cambio las clientas pertenecen básicamente a los estratos alto y medio respectivamente. La socióloga Daniela Cerva Cerna, en su memoria de investigación para la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, señala que una de las características más relevantes que tiene la prostitución masculina heterosexual, es que se trata de una actividad extremadamente encubierta, ello debido al temor de que exista una persecución social, legal, o policial en su contra; en dicho estudio se entrevistaron a 9 hombres que ejercen el comercio sexual, la mayoría de Santiago, de éstos un tercio provienen de agencias, otro tercio son independientes y otro tercio trabajan en show femeninos o bailarines de cabaret; cubren un rango de edad de 22 a 36 años, siendo la media 25 años; pertenecen a los estratos medio y medio-bajo, excep cionalmente uno de ellos pertenece al medio-alto; un tercio vive solo, un quinto con pareja sin que ésta sepa su oficio, casi la mitad vive con sus madres, en algunos casos también padres; en ninguno de los casos los familiares saben su real actividad; la modalidad que no llevan a cabo bajo ninguna circunstancia es la callejera, la cual es ejercida únicamente por homosexuales. Existe también la prostitución homosexual, ejercida por hombres y mujeres aunque mayoritariamente por aquellos, generalmente travestis, con modalidades similares a las antes señaladas, incluyendo la de tipo callejera. El periodista Eduardo Blaustein en un artículo sobre prostitución masculina para la revista argentina Luna señala que los prostitutos o trabajadores sexuales en la ciudad de Buenos Aires son un 50% homosexuales, un 27% bisexuales y un 23% heterosexuales. El antropólogo Néstor Perlongher, citado por dicho periodista, señala que entre las diferencias de la prostitución de ambos sexos, la femenina es más institucionalizada que la masculina, ésta tiene un carácter más provisional; a su vez, la femenina tiene proporcionalmente más proxenetas que la masculina. La modalidad homosexual es la que tiene una mayor sanción social. Los estudios en esta materia, si bien indican una realidad, a la vez reflejan una cifra oscura en lo que respecta a su ejercicio por parte de menores de edad. Otra realidad, que conlleva un gran dramatismo, lo constituye el ejercicio forzado de la. prostitución cuyas victimas son personas mayores y menores de edad de ambos sexos, aunque por regla general son mujeres. Este tipo de prostitución implica un atentado en contra de la dignidad de la persona, por esto en la segunda mitad del siglo XIX, se creó la Asociación Internacional para Combatir la Trata de Mujeres y Niños. Ello fue reafirmado en la Conferencia Internacional de París (Francia) en 1902 y la de Ginebra (Suiza) en 1921, en que se recomienda a los Estados a que tomen medidas para perseguir y castigar a quienes mediante violencia o engaño indujeren a mujeres a practicar la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero. En 1949, se aprobó por parte de las Naciones Unidas el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, el cual prohibe expresamente el tráfico ,o la, prostitución forzada de mujeres y niños. En 1975 la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol dio a conocer un informe para la Asamblea General del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas celebrado en Buenos Aires (Argentina). Kathleen Barry ,escritora norteamericana, en su libro “la esclavitud sexual de la mujer”, citando dicho informe, señala que sobre la base de informaciones proporcionadas por policías de 69 países se establecen varias corrientes internacionales de trata de mujeres: una corriente se origina en América Latina, pasa por Puerto Rico, se dirige hacia Europa meridional y Oriente Medio, otra corriente va desde Asia sudoriental hacia el Oriente Medio y a Europa central y septentrional, un mercado regional europeo alimenta a países de ese continente parcialmente originado en América Latina, otro corriente va desde Europa a países de Africa occidental y mercado regional árabe, el éxodo de refugiados africanos a Europa ha incluido también mujeres que se han dedicado a la prostitución. Son pocos los países que escapan a la trata internacional que no sólo se limita a una corriente que va del sur menos desarrollado al norte mas desarrollado, sino en diversas direcciones que desplazan no solo a mujeres adultas, sino también jóvenes e incluso menores. El Plan Mundial de Acción para la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer de Naciones Unidas celebrada en Copenhague (Dinamarca) en 1980, consideró a la prostitución forzada como una nueva forma de esclavitud.
La resolución del Parlamento Europeo publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 11 de Junio de 1986, señala lo siguiente para la trata de personas, prostitución y prostitución infantil:
“Pide a los Gobiernos que en la próxima reunión del Consejo, aprueben una declaración sobre medidas comunitarias para combatir la trata de mujeres que preferentemente habrán de abarcar programas preventivos que se creen para las mujeres (y así también para sus familias) posibilidades alternativas de obtención de ingresos y la persecución penal de quienes trafican con mujeres; Pide a las autoridades de los Estados miembros que investigue el alcance de este problema en sus países y que, en consecuencia, se comuniquen mutuamente la información obtenida con vistas a divulgar los resultados de estas investigaciones aumentando el conocimiento público del problema y facilitando la cooperación entre las autoridades nacionales (Brigadas Contra el Vicio, Autoridades de Inmigración, Extranjería, Policía) para combatir esta trata y localizar a los responsables; pide también el establecimiento de una asistencia adecuada y de estructuras de acogida para las víctimas de tal trata, proporcionándoles protección contra las represalias, especialmente disponiendo una línea telefónica de ayuda en que las mujeres puedan usar su lengua materna; sigue considerando absolutamente necesario que las mujeres puedan presentar denuncia sin exponerse al peligro de una expulsión; Insta a los gobiernos nacionales de los Estados miembros de los que proviene la demanda de mujeres a que repartan a través de sus embajadas en los países de suministro, avisos, indicaciones y material informativo, así como a que apoyen financieramente los centros de asesoramiento de esos países; Pide a los Estados miembros que definan claramente el concepto de turismo del sexo para su zona, que prohiban todos los establecimientos que abastecen el turismo del sexo y que concierten acuerdos con otros países y además, pide a las autoridades nacionales que declaren ilegales todas las formas de turismo del sexo y su publicidad; Pide urgentemente a aquellos Estados miembros que aun no lo hayan hecho que firmen y ratifiquen el Convenio de las Naciones Unidas para la Represión de la Trata de Personas y de la Prostitución Ajena, sin que su política al respecto y su legislación se dirijan contra las mujeres afectadas.
Llama la atención sobre la hipocresía de aquellas sociedades que condenan y penalizan a las prostitutas, mientras que sus clientes, últimos responsables de la frecuencia de este fenómeno, no tiene mancha, ni estigma, ni persecución que temer. Dada la existencia de la prostitución pide a las autoridades nacionales de los Estados miembros que tomen las medidas legales necesarias para:
a. despenalizar el ejercicio de esta profesión;
b. garantizar a las prostitutas los derechos de que disfrutan otros ciudadanos;
c. proteger la independencia, salud y seguridad de quienes ejercen esta profesión;
d. reforzar las medidas que puedan tomarse contra los responsables de coacciones o agresiones a las prostitutas (trabajadoras sexuales), en especial aquellos que fuerzan a las mujeres a practicar la prostitución para su propio beneficio económico;
e. apoyar a los grupos de autoayuda de prostitutas (trabajadoras sexuales) y pedir a la policía y a las autoridades judiciales que proporcionen mejor protección a las prostitutas (trabaja-doras sexuales) que deseen entablar demandas contra proxenetas para reducir su miedo de ser amenazadas por ellos; Considera que la política de los Estados miembros con respecto a la prostitución debería incluirse en el marco de una política de emancipación y que cuando se establezcan medidas políticas que conciernan a la prostitución, las mujeres afectadas deberían incorporarse a las deliberaciones; Considerando que la existencia de la prostitución constituye una forma mas de explotación de las mujeres, invita a las autoridades de los Estados miembros a adoptar las medidas sociales y jurídicas necesarias para: a. prevenir socialmente la prostitución de las mujeres jóvenes y facilitar la reinserción laboral y social de las personas prostituidas; b. sancionar severamente a quienes induzcan a las niñas y adolescentes a la prostitución; Insta a las autoridades de los Estados miembros para que apoyen a las organizaciones dirigidas a evitar que las mujeres se dediquen a la prostitución o a ayudar a aquellas que ya la ejercen a abandonar dicha profesión; Llama la atención especialmente sobre el problema de la prostitución relacionada con las drogas entre muchachas a menudo muy jóvenes y pide el establecimiento de programas de ayuda especial destinado a:
a. ayudarles a romper el hábito de la drogadicción y
b. prepararlas para otros empleos.
Pide que se elabore rápidamente un estudio que analice este dramático fenómeno en cada Estado miembro”. Es importante señalar que inicialmente los Tratados señalaban la expresión “trata de blancas”, lo cual además de tener un contenido altamente racista, constituye un eufemismo que oculta una de las mayores perversiones existentes en la actualidad, dado que el tráfico incluye a personas, a seres humanos de diversos grupos étnicos y de ambos sexos, aunque cuantitativamente la mayor cantidad de víctimas sean mujeres muchas de las cuales son niñas, y por esta razón se hace mención específica al tráfico de mujeres. Reafirma lo señalado precedentemente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de la Mujer, aprobada por la Organización de Esta-dos Americanos en Belem do Pará (Brasil) en 1994, la cual se refiere a cualquier acción o conducta basada en su género que cause daño o sufrimiento fisico, psicológico o sexual a la mujer, tanto en el ámbito público como privado. También es coincidente, lo aprobado por el Parlamento Europeo con la opinión de trata-distas del derecho penal como Luis Cousiño Mac Iver, Luis Jiménez de Asua y Enrico Alta-villa, quienes citados por Manuel Angel Gonzalez Jara, manifiestan lo siguiente sobre estos delitos Luis Cousiño Mac Iver señala: “La prostituta no comete un delito al entregarse aunque sea mediante un precio, y la ficción legal no puede crear artificialmente una figura delictiva que no corresponda a una norma de cultura; por otra parte mientras las costumbres no permitan las uniones libres, no es posible contener el instinto sexual con vallas de fierro y es necesario buscar la forma de satisfacerlo. En último término, este sistema fomenta la prostitución clandestina, e incontrolada”. Luis Jiménez de Asua señala: “Con el abolicionismo se libera a la prostituta de sus explotadores. Ella no delinque por ejercer sus menesteres, aunque así lo estimen algunas legislaciones”. “En el seno comprensivo de las sociedades contemporáneas, se abre ruta la piedad por la mujer arrastrada a su oficio por necesidades censurables del hombre que la sedujo. Por todo ello me he adscrito desde hace muchos años, con decidido entusiasmo al régimen abolicionista de la prostitución reglamentada”. “El abolicionismo reclama, como inherente a su esencia, el castigo de los tratantes de mujeres, proxenetas y rufianes”. Enrico Altavilla señala: Los traficantes de mujeres y rufianes son individuos violentos, “desprovistos de todo sentimiento moral, con frecuencia, capaces de todo delito, desde el robo hasta el asesinato”. Las más diversas legislaciones, tipifican el delito de favorecimiento de la prostitución de menores de edad por el sólo hecho de serlo, y de personas mayores o menores cuando hubiese alguna forma de coacción como violencia, intimidación o engaño, incluyendo además la satisfacción de deseos propios o ajenos. La legislación francesa establece penas que van de los 5 años a reclusión perpetua; la italiana de 4 a 12 años; la española de 4 a 6 años; la brasileña de 4 a 10 años; la peruana de 4 a 12 años; la argentina de 4 a 15 años. La legislación chilena, en cambio, tipifica el promover, que significa tomar la iniciativa a cooperar, o facilitar, que significa poner a disposición de la persona los medios con la finalidad de que él o la menor se prostituya; sin embargo, señala, además, “para satisfacer deseos de otro”, y siempre que lo haga con abuso de autoridad o confianza o con habitualidad, término de suyo ambiguo, que puede significar una reiteración de dos, tres o más veces, quedando en definitiva a criterio del juez, lo que es o no habitual. De esta manera, si se da el cumplimiento de estos requisitos, se le impone al hechor una pena de presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiún a treinta unidades tributarias mensuales, faltando éstos no se configura el delito. Sin embargo, cabe destacar que no hay ninguna disposición que sancione las formas coactivas de violencia, intimidación o engaño o con abuso de autoridad o confianza, cuando el delito se cometiere en contra de una persona mayor de edad o menor sin los requisitos antes enumerados, generando una desprotección en contra de la víctima, que sólo podría reclamar por una coacción que está tipificada como falta con una pena mínima. Esta situación de forzamiento a ejercer dicha actividad es de suma gravedad porque se somete a la víctima en forma permanente a diversos atentados sexuales, contituyendo un disvalor mayor que la violación, abuso sexual, estupro, acoso sexual, considerados éstos en forma separada, debido a que se cometen reiteradamente todos ellos en forma continuada en el tiempo. Esto es lo que los Tratados y Convenios Internacionales han definido como esclavitud sexual, constituyendo un atropello a los derechos humanos fundamentales de la persona, siendo un deber imperativo de los Estados reprimir dicho delito. Cabe destacar que en la legislación chilena hubo una reciente modificación que creó el delito de trata de personas, el cual se tipificó como “él que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de presidio menor en su grado máximo y multa de veinte unidades tributarias mensuales”, esta pena pecuniaria es menor que la establecida para el favorecimiento de la prostitución. No obstante, la pena será de presidio mayor en cualquiera de sus grados, si la víctima fuere menor de edad, se ejerciere violencia o intimidación, engaño, abuso de autoridad o confianza, si el autor fuere ascendiente, descendiente, marido, hermano, tutor, curador o encargado de la educación de la víctima, se valiere del estado de desamparo económico de la víctima o existiere habitualidad en la conducta del agente. La norma descrita como resultado de una reforma parcial (paralela a la de los demás delitos sexuales), en general es concordante con lo establecido en las legislaciones del derecho comparado. Respecto al delito antes mencionado, en relación a la tipificación por parentesco, la norma hace referencia sólo al marido no contituyendo calificación cuando lo comete la mujer, para hacerlo concordante con aquella que permite la separación o divorcio no vincular bajo la causal tentativa de uno de los cónyuges para prostituir al otro, que vino a reemplazar a aquella que hacía referencia al marido respecto de la mujer. También, para una concordancia genérica y a la vez empírica, debiera incorporarse al conviviente como calificante. En relación a la penalidad, hay que tener presente que se trata de un crimen internacional de lesa humanidad, en que la mayor gravedad de la prostitución forzada a nivel internacional, se produce en contra de la víctima una transculturación de ella, o sea además del hecho altamente reprochable como es verse expuesta a todo tipo de atentados sexuales, en que muchas veces reviste el carácter de tortura sexual, se le inserta en una cultura distinta a la de su origen, lo cual agrega un disvalor aún mayor. En el caso de este delito, por regla general, el hechor obra con habitualidad y también en contra de menores de edad; esto de suyo constituye un disvalor, pero la conducta es aún reprobable, si además el hechor obra mediante alguna forma de coacción, como violencia, intimidación, engaño, abuso de autoridad o confianza, o por el hecho de ser cónyuge o pariente, dado que esa realidad debiera otorgarle a la víctima.especial protección y no valerse de ella para cometer un delito repudiable como éste. Es por ello que considerando la punibilidad actual, presidio mayor en cualquiera de sus grados, en esta moción se propone, mantenerla en términos generales, pero se precisa, en forma más específica, las distintas circunstancias con el objeto de establecer una jerarquía en relación a las más gravosas y respecto de éstas últimas aumentar el mínimo; por otro lado, se elimina en ambas, el límite máximo. De esta manera queda la penalidad como sigue: la figura genérica básica cuando se cometiere en contra de una persona mayor de edad sin que concurra alguna circunstancia calificante, con presidio menor en su grado máximo. Si la víctima fuere un menor o si el agente fuere habitual o se aprovechare del desamparo económico de la víctima, con presidio mayor en su grado mínimo, eliminando los dos grados superiores en relación a la actualmente vigente y si concurriere coacción o fuere pariente con presidio mayor en su grado medio. El límite mínimo aumenta en un grado, pero, a la vez, disminuye también en un grado el límite máximo de la actualmente vigente, que en todo caso es menor al homicidio calificado. Debido a las características infames y brutales de este delito, que a la víctima la reduce a una muerte en vida, propia de una esclavitud sexual, debe considerársele entre los delitos más graves, razón por la cual debe exigirse el cumplimiento de los dos tercios de la pena para optar a la libertad condicional. Lo anterior significa un importante paliativo a la situación descrita para el favorecimiento de la prostitución, por cuanto se castiga penalmente no sólo una conducta reprobable, sino una de las mas graves del código penal, por las implicancias que tiene para la víctima. Sin embargo, esta sanción sólo opera cuando tiene un carácter internacional, subsistiendo la impunidad si ésta se produce dentro del territorio nacional, generando un vacío en la legislación chilena. Si dicho tráfico, se produce únicamente al interior del país, en que también puede haber una transculturación en contra de la víctima, sólo que en este caso tendría un carácter nacional, y ello ocurre cuando a ella se le traslada forzozamente a zonas geográficas muy distantes de su lugar de origen, el delito también queda revestido de una gravedad especial. Si se establece una jerarquía de dos delitos muy graves como los ya señalados, el de la trata de personas es de mayor gravedad aun, por tener un carácter internacional, lo que significa que ambas penas, al menos en su forma calificada, deben ser altas, sobre todo teniendo como base la punibilidad actual, que es de presidio mayor en cualquiera de sus grados, estableciendo entre ambas una cierta jerarquía, tanto para la privativa de libertad como para la accesoria de multa. La mayor gravedad lo es también en relación a los demás delitos de carácter sexual, incluso mas que la violación, por cuanto éste es un hecho que importa un disvalor, pero que se comete una vez, en cambio, los otros por su naturaleza son reiterativos de uno o varios delitos sexuales en forma permanente, causando un daño mucho mayor a la víctima. Debe esta circunstancia tenerse presente en la imposición de la pena, teniendo como base la asignada a ambos delitos de presidio mayor en cualquiera de sus grados, en consecuencia, si ese es el rango mínimo asignado al favorecimiento de la prostitución, para hacerlo concordante con el de la trata de personas, se establece para las formas coactivas o un parentesco determinado una pena de presidio mayor en sus grados mínimo a medio, en tanto esa misma circunstancia para la trata de personas se propone la mitad superior, sin perjuicio de eliminar los rangos máximos para uno y otro delito, y en el caso de la multa, ésta debe ser mayor para la trata de personas y no a la inversa, como es en la actualidad, por esto se propone veinte a treinta y quince a treinta unidades tributarias mensuales respectivamente. A su vez, se mantiene la pena para la figura básica de la trata de personas, presidio menor en su grado máximo, pero en el favorecimiento de la prostitución debe considerarse que de no exigirse habitualidad en su figura básica, la penalidad en este caso, debe ser concordante con el estupro de prevalimiento, debido a que coincide con aquella circunstancia de abusar del grave desamparo en que se encuentra la víctima, o sea presidio menor en sus grados medio a máximo. En resumen, los delitos de favorecimiento de la prostitución y trata de personas, en comparación con el estupro de prevalimiento y homicidio simple y calificado, en cuanto a la aplicación de la pena que se propone queda como sigue: El favorecimiento de la prostitución en su figura básica en contra de un menor es coincidente con el estupro de prevalimiento e inferior en grado al homicidio simple y calificado. La figura calificada del favorecimiento de la prostitución es equivalente al homicidio simple pero inferior al homicidio calificado. La trata de personas en su figura básica es equivalente estupro de prevalimiento en su mitad superior y cuando es en contra de menor es equivalente al homicidio simple e inferior al homicidio calificado. La figura calificada de la trata de personas es equivalente al homicidio simple en su mitad superior, es coincidente con el homicidio calificado solo en su rango mínimo, pero es inferior de uno a tres grados en toda su extensión. De esta manera se mantiene una proporcionalidad de acuerdo a su gravedad de los delitos mencionados. Respecto a las políticas de Estado frente a la prostitución, existen cuatro regímenes: régimen de libertad o dejar hacer, régimen prohibitivo, régimen reglamentarista, régimen abolicionista. En el régimen de libertad, el Estado no asume medida alguna; en el régimen prohibitivo, el Estado prohíbe toda actividad y reprime a quienes la ejercen y a todo aquel que tenga algún tipo de participación; el régimen reglamentarista, acepta la prostitución, pero se reglamenta su ejercicio; el régimen abolicionista por su parte, pretende la abolición de todo reglamento que diga relación con ella. El régimen de libertad o dejar hacer no existe en país alguno; en tanto el régimen prohibicionista es propio de algunos países musulmanes fundamentalistas como las legislaciones saudiárabe, yemenita, iraní, entre otras; no obstante, la tendencia en el derecho comparado occidental, es a abolir toda reglamentación, tal es el caso de las legislaciones alemana, holandesa, italiana, entre otras. La legislación española, por su parte, si bien prohíbe las mancebías y casas de tolerancia, abolió las sanciones a quien ejerce la prostitución, siempre que no constituya un acto lúbrico o exhibicionismo obsceno ante menores de dieciséis años o deficientes mentales; la legislación argentina expresamente señala, que el simple ejercicio de la prostitución en su casa, en forma individual e independiente sin afectar el pudor público no constituye delito, pero una disposición municipal de Buenos Aires prohíbe la prostitución callejera, homologando a las normas existentes en algunas ciudades norteamericanas, que sancionan tanto a quien ejerce el comercio sexual como al cliente. La legislación chilena, por su parte es reglamentar Lista al señalar que se llevará una estadística sanitaria de las personas que se dedican al comercio sexual, pero es prohibitiva al señalar que no se permitirá su agrupación en prostíbulos cerrados o casas de tolerancia. Con respecto a esto último, se podría interpretar que si se sanciona únicamente el favorecimiento de la prostitución de menores de edad, significa que la prohibición antes señalada se debiera referir únicamente a cuando en las casas de tolerancia o prostíbulos hubiese menores de edad, restringiendo el criterio prohibicionista. En consecuencia, no sólo existe contradicción de dos normas en un mismo artículo, que por un lado no penaliza el ejercicio de la prostitución, sólo exigiendo una estadística sanitaria y por el otro, prohíbe las casas de tolerancia, sino también da la posibilidad de interpretaciones distintas de una misma norma, lo que trae aparejado una aplicación diferencial o discriminatoria por parte de la autoridad administrativa o policial, según el caso. Al respecto cabe tener presente que la prostitución constituye una realidad, que no se va a derogar ni por decreto, ni con represión por parte de la autoridad; una persecución sistemática a los locales en que se ejerce, sólo logra un aumento de la práctica clandestina sin control alguno, lo cual en este caso tiene consecuencias mucho más graves para la población, como el contagio de enfermedades venéreas o de sida, tanto por parte de quien realiza el comercio sexual como del cliente o clienta, quien a su vez expone también a su cónyuge, pareja o grupo familiar; además una política represiva incentiva específicamente la modalidad de la prostitución callejera, que conlleva el riesgo ya mencionado desde el punto de vista de la salud pública, pero además expone tanto a quienes ejercen el comercio sexual como a los clientes, a ser víctimas de hurto, robo o asalto e incluso violación u otro atentado sexual por parte de delincuentes, que es precisamente lo que la autoridad no desea se produzca; entonces lo aconsejable para la sociedad es evitar la práctica clandestina. La ambigüedad de la legislación chilena actualmente en vigencia, permite en la práctica una represión indiscriminada en contra de la prostitución, sin diferenciar cuáles son efectivamente las conductas que revisten de mayor gravedad, como objetivamente la constituyen las formas coactivas de su ejercicio, las cuales carecen de sanción efectiva. A esto cabe agregar una inadecuada tipificación de los delitos respecto de los y las menores de edad, que en la práctica, bajo ciertas circunstancias, no implica sanción, aunque haya formalmente una penalidad relativamente alta. Significa, además, que las más de las veces el hecho queda impune, negando en este caso la protección especial que se le debe a los y las menores de edad.
Desde el punto de vista de la norma jurídica, se debe tener presente la necesidad de establecer una especial protección a los y las menores. Por esto, se debe sancionar a quien favorezca la prostitución de menores sin la exigencia de habitualidad, sea para satisfacer deseos ajenos o propios, dado que en la práctica esta última circunstancia, la de los deseos propios, se constituye en un resquicio para evitar sanción a quien lo comete. Para los y las mayores de edad que tienen el suficiente juicio y discernimiento como para dedicarse o no a una determinada actividad, la protección para quien ejerce la prostitución es establecer una punición efectiva cuando hubiesen formas coactivas en su ejercicio. El precisar la norma que establece la prohibición de la existencia de casas de tolerancia o prostíbulos asegura a su vez una debida protección a la población tanto desde el punto de vista de salud pública como de seguridad ciudadana. Para concordar lo antes señalado, se hace aconsejable explicitar aquella norma que señala una sanción genérica para el favorecimiento de la prostitución de menores, entonces lo lógico es que la prohibición rija cuando hay menores en los prostíbulos o casas de tolerancia. Un aspecto formal es el que también señala la legislación chilena y se refiere a la tipificación como falta al que infringiere el reglamento de policía en lo concerniente a mujeres públicas. En la época de la dictación del Código Penal, el contexto familiar era eminentemente patriarcal, reservando la labor pública a los hombres y la privada referida al ámbito doméstico a las mujeres, salvo que éstas se dedicaran a la prostitución y sólo en ese caso se consideraba respecto de ellas como oficio público, de esta manera ser hombre público y mujer pública tenía una connotación diametralmente opuesta. Hoy en día, en cambio, como producto de una masiva incorporación de la mujer en el mundo del trabajo, se ha establecido una evolución en el lenguaje y la connotación de hombre o mujer público/a se refiere a aquella labor o cargo generalmente de elección popular que detente o ejerza. una persona en beneficio o al servicio de la sociedad. En este contexto, dicha expresión, por la carga negativa que conlleva, importa una ofensa a la consideración de la mujer por la discriminación lingüística que ello implica, siendo necesaria una inmediata modificación que deba referirse a quienes ejerzan el comercio sexual. Luis Cousiño Mac Iver, Luis Jiménez de Asúa y Enrico Altavilla, penalistas, antes citados, resumen una adecuada concordancia jurídica entre la trata de personas, el favorecimiento de la prostitución mediante alguna forma de coacción, el ejercicio de la prostitución y la forma particular de prostitución infantil, estableciendo que todos estos delitos deben tener un tratamiento jurídico que sea capaz de diferenciar una y otra situación, estableciendo una jerarquía de sanción penal para las conductas de mayor gravedad, a la vez se proteja adecuadamente a los y las menores. Esto es concordante con lo señalado en los Tratados y Convenios Internacionales, así como en el derecho comparado, a la vez que recoge la evidencia empírica y aplica un criterio humano al fenómeno de la prostitución o comercio sexual, teniendo siempre presente que quien la practica es un ser humano y una persona sujeto de derechos. Para establecer una adecuada concordancia con lo anterior, la legalidad que adquiere el trabajo sexual en casas de tolerancia o prostíbulos en que trabajan personas adultas y en la penalización de la prostitución de menores de edad. Por razones de comisión de delitos: prostitución de menores, drogas, etc. corresponda la vigilancia a Carabineros o la Policía de Investigaciones, y, asimismo, a la autoridad sanitaria, en el entendido que esa fiscalización o vigilancia, tiene un carácter preventivo con la finalidad de controlar las diversas enfermedades de transmisión sexual.
En lo que respecta al delito de ofensas al pudor con hechos de grave escándalo o trascendencia, como la falta de ofensas al pudor con actos o dichos deshonestos, constituyen tipos penales abiertos, los cuales permiten la arbitrariedad y abuso en su fiscalización por parte de las fuerzas del orden y seguridad pública, que se traduce en detenciones fundadas en la estigmatización y discriminación hacia las trabajadoras sexuales o trabajadores sexuales, en su caso. El conjunto de las disposiciones señaladas precedentemente están orientadas a debilitar el trabajo sexual o prostitución callejera, que significa un problema no solo para los vecinos de los sectores aledaños, sino también para quienes ejercen el comercio sexual, en lo que res-pecta a su propia seguridad al verse expuestas/os a ser víctimas de la delincuencia; todo lo cual permite un mejor control sanitario y el fortalecimiento de las políticas públicas del Ministerio de Salud dirigidas a la prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Sida y otras. Se deja constancia que el presente proyecto de ley fue elaborado por el asesor parlamenta-rio Leonardo Estradé-Bráncoli; el abogado Alberto Espinoza Pino; la asistente social Mariela Muñoz Mansilla; la Presidenta del Sindicato Nacional Independiente Angela Lina Eliana Dentone y sus integrantes Marisol Poblete y Mariela Cerda. En mérito a lo antes expuesto, se propone al H. Congreso Nacional el siguiente:
ARTÍCULO PRIMERO: Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:
1. Reemplázase el artículo 367 por el siguiente: “Art. 367. El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad, se le impondrá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo y multa de diez a veinte unidades tributarias mensuales. Cualquiera sea la edad de la víctima, la pena será de presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de quince a treinta unidades tributarias mensuales cuando mediare violencia, intimidación, engaño, abuso de autoridad o confianza, como también si el autor fuere ascendiente, descendiente, a fin en los mismos grados, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador, o encargado de la educación de la víctima...”. Introdúcense en el artículo 367 bis las siguientes modificaciones:
a. Entre las palabras “veinte” y “unidades”, agréganse las palabras “a treinta”.
b. Sustitúyese el inciso segundo por el siguiente: “No obstante, se impondrá en los siguientes casos, la pena de presidio mayor en su grado mínimo, si concurrieren los números primero, quinto o sexto; y presidio mayor en su grado medio, si concurrieren los números segundo, tercero o cuarto.”.
c. Sustitúyese el número 4 por el siguiente: “Si el autor fuere ascendiente, descendiente, a fin en los mismos grados, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o encargado de la educación de la víctima.”.
Derógase el artículo 373 Reemplázase el artículo 495 N° 5 por el siguiente: “5. El que públicamente ejecutare actos de connotación sexual”.
ARTÍCULO SEGUNDO: En el inciso segundo del artículo 3° del Decreto Ley N° 321, sobre Libertad Condicional, entre las palabras “de” y “parricidio” intercálase las palabras “trata de personas”
ARTÍCULO TERCERO: En la letra e del artículo 4° de la ley N° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares entre las palabras “de” y “parricidio”, intercálese las palabras “trata de personas”. ARTÍCULO CUARTO: En el inciso primero del artículo 41, agrégase en el artículo 41 del Código Sanitario, la siguiente frase final, pasando el punto (.) a ser coma (,): “cuando en éstos hubiere menores de edad.”.

References: artículo 174
 artículo 51
 artículo 9
 artículo 214
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 122
 artículo 14
 artículo 38
 resolución 
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 9
 resolución 
 artículo 367
 artículo 367
 artículo 373
 artículo 495
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 41
 artículo 41