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Timestamp: 2020-02-24 17:01:14+00:00

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La Prueba Electrónica | Abogados Carranza
Enviado por amuro el Mié, 02/17/2016 - 12:52.
I.- Valor probatorio de los documentos electrónicos.
En este imparable proceso de digitalización en el que de manera irreversible e inmediata nos encontramos, y sobre todo tras la reciente entrada en vigor de la reforma de, entre otras, las Leyes de Enjuiciamiento Civil y de Enjuiciamiento Criminal (pretendiendo la incorporación del llamado expediente electrónico y regulando detalladamente las medidas de investigación criminal limitativas de los derechos reconocidos en el artículo 18 de la Constitución) adquiere especial relevancia el tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico de las soportes electrónicos y su valor probatorio. Pretendemos poner de manifiesto con claridad, cuál es la eficacia probatoria de los distintos instrumentos informáticos que esta sociedad digital introduce, obviando las dificultades existentes en relación con la concreta definición de prueba electrónica. A fin de ser eminentemente prácticos, consideraremos prueba electrónica a cualquier soporte o documento informático, incluyendo los auditivos, ópticos o multimedia.
Las posibilidades de comunicación electrónica existentes son muchas y muy variadas, incluso cambiantes (ver artículo 299,2 LEC). La problemática que esta situación, ya no tan novedosa, genera es muy amplia y diversa y puede afectar, entre otros instrumentos, a ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas informáticos, instrumentos de almacenamiento de datos y bases de datos. Las comunicaciones habituales a través de Redes Sociales, correos electrónicos o teléfonos móviles ocasionan diariamente numerosos conflictos probatorios que están dando lugar a una jurisprudencia no del todo uniforme. No obstante, lo cierto es que progresivamente el Derecho y la jurisprudencia, van aclarando y desarrollando criterios de interpretación cada vez más precisos, en consonancia también con la normativa europea más reciente, de la que es ejemplo el Reglamento (UE) nº 910/2014, de 23 de julio, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior –que deroga la Directiva 1999/93/CE que en nuestro ordenamiento fue traspuesta mediante la vigente Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica-. También la jurisprudencia aporta cada vez con mayor frecuencia novedosas interpretaciones y, en este sentido, es un ejemplo el contenido de la reciente sentencia de 12 de enero de 2.106, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre las comunicaciones electrónicas en el ámbito laboral.
Se trata ahora de conocer en la práctica cuáles son los principios básicos que rigen en nuestro Derecho, y en nuestra jurisprudencia, en relación con el valor probatorio de las comunicaciones electrónicas, entendidas en el sentido amplio referido anteriormente, dentro del proceso judicial. Obviamente, nos referimos a la validez como medio de prueba de correos electrónicos, pantallazos, SMS, whatsapp o cualquier otro sistema de mensajería instantánea, memorias USB, reproducciones en PDF, páginas web, etc.
Rigen los principios generales de aplicación para cualquier documento privado como medio de prueba (art. 326 LEC), aunque como veremos, existen especificidades propias de la naturaleza digital de estos soportes electrónicos –volatilidad, alterabilidad, vulnerabilidad, intangibiliad, etc.-.
II.- Presupuestos generales a tener en cuenta.-
Hay que estar de manera primordial a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto que con arreglo a su artículo 4, tiene carácter supletorio en todos los ámbitos jurisdiccionales (“En defecto de disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales y militares, serán de aplicación, a todos ellos, los preceptos de la presente Ley”). El artículo 325 de la LEC remite al artículo 268 para conocer la forma de presentación de los documentos privados, y el criterio general es el de la presentación original o mediante copia autenticada por fedatario público, bastando copia simple del documento privado, siempre que no sea cuestionada por las demás partes. Asimismo, el importante artículo 326 de la LEC reconoce fuerza probatoria a los documentos privados –principio de prueba plena en el proceso-, siempre que su autenticidad no haya sido impugnada por la parte a quien perjudique. Si se produce la impugnación, el que lo haya presentado podrá pedir el cotejo pericial de letras o proponer cualquier otro medio de prueba que resulte útil y pertinente al efecto. Si del cotejo o la prueba practicada no se dedujera la autenticidad del documento, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 334 de la LEC). En cualquier caso, hay que tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 268,3 de la LEC, que exige, cuando el original del documento privado se encuentre en un expediente, protocolo, archivo o registro público, que se presente copia autentica o se designará el archivo, protocolo o registro”, lo que hace que resulte más que conveniente designar ante cualquier comunicación electrónica, que por su propia naturaleza no se puede aportar en su soporte original, el elemento o equipo donde se encuentra, facilitando todos los datos necesarios para su identificación ante la eventualidad, previa impugnación, de tener que proceder a su análisis.
Por otro lado, no olvidar que resulta perfectamente posible la aportación al proceso como medio de prueba de cualquier instrumento de filmación, grabación y semejantes, como expresamente prevé, entre otros, el artículo 382 de la LEC, que se refiere a la reproducción de la palabra, el sonido y la imagen y de los instrumentos que permiten archivar y conocer datos relevantes para el proceso (Sección 8ª del capítulo VI del Título I del Libro II de la LEC). En general, resulta preferente la transcripción escrita de las palabras contenidas en este tipo de instrumentos, cuando sea posible, así como la aportación de los dictámenes y medios de prueba instrumentales que considere convenientes (la parte).
Resulta así especialmente importante saber cómo se aplican los criterios aludidos anteriormente a las diferentes comunicaciones electrónicas a las que nos estamos refiriendo a fin de garantizar los necesarios principios de integridad, autenticidad de origen, confidencialidad, licitud y no repudio (evitando pues la inseguridad, ante la falta de reconocimiento de la otra parte, que las posibilidades de manipulación existentes en el ámbito informático permiten). La aportación a un procedimiento de un correo o de cualquier otro tipo de soporte o documento electrónico, puede dar lugar a impugnar su autenticidad –es perfectamente posible generar digitalmente una supuesta comunicación inexistente e imprimirla en acreditación de la existencia supuestamente real de dicha comunicación- o también a que se considere ilícita (artículo 287 LEC) la obtención de la comunicación –violando derechos fundamentales que afecten al secreto de las comunicaciones o al derecho a la intimidad-.
En primer lugar, y en cuanto a la confidencialidad, la jurisprudencia ha dejado claro que una vez enviado, por ejemplo, un correo electrónico, ya no le pertenece al emisor en tanto que los transmite o dirige a un receptor y, por tanto, una vez finalizada la comunicación en sí misma, no hay secreto de comunicaciones (ámbito penal), lo que no quiere decir que por el contenido de la comunicación, ésta pudiera afectar hipotéticamente al derecho a la intimidad o a la propia imagen (ámbito civil). En cualquier caso, y dejando a salvo exigencias de deontología profesional de comunicaciones entre letrados, la existencia de un acto de comunicación permite en principio a cualquier de los intervinientes la aportación a un procedimiento judicial de dicha comunicación. La clave radica en la apertura por el receptor de la comunicación electrónica, aunque se plantean numerosas cuestiones que evidencian todavía distintos criterios según la jurisdicción en que nos desenvolvamos, evidenciando siempre la dificultades que la compleja realidad impone a las exigencias derivadas de los derechos de intimidad y del secreto de las comunicaciones (reenvíos, cadena de custodia, intervención de terceros, comunicación remota o presencial, etc.).
Otra cosa muy distinta es la “intervención de las comunicaciones”, circunstancia que se da muy frecuentemente en el ámbito laboral cuando el empresario accede al contenido de los correos electrónicos de un trabajador sin su consentimiento. Aparece en este caso la doctrina de la “legítima expectativa de privacidad”, que permite en definitiva la renuncia a la privacidad, incluso mediante Convenio Colectivo, cuando se utilizan ordenadores, herramientas o medios informáticos de titularidad empresarial (por ejemplo, dirección de correo electrónico corporativa). Sin embargo, en el ámbito penal en el que rige la garantía y protección del artículo 18.3 de la Constitución, no es posible reconocer eficacia probatoria a la intervención de las comunicaciones, aunque se trate de correo corporativo, por cuanto que resulta preceptiva la autorización judicial para la injerencia y, por tanto, en el procedimiento penal la aportación de comunicaciones sin intervención judicial suponen a priori una violación de derechos fundamentales conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En segundo lugar, nos tenemos que referir de manera destacada a la firma electrónica y su eficacia probatoria. La firma electrónica, sea avanzada o no, tiene el efecto jurídico equivalente al de una firma manuscrita conforme a lo dispuesto en la Ley 59/2.003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica y en consonancia con el Reglamento de la UE nº 910/2014, de 23 de julio. Por tanto, cualquier documento con firma electrónica resulta perfectamente admisible como prueba en los procedimientos judiciales, acreditando inicialmente la identidad del firmante e integridad del mensaje electrónico por él firmado, sin perjuicio de que otros medios de prueba puedan desvirtuar su validez. En este sentido, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios en la Sociedad de la Información y el Correo Electrónico, reconoce con arreglo a lo dispuesto en el artículo 24.1, que si los contratos están firmados electrónicamente, se estará a lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica, aunque en otro caso, y en relación con la prueba de la celebración de los contratos suscritos en vía electrónica, se indica expresamente que se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.
En tercer lugar, nos referiremos a continuación al modo en que han de aportarse a los procedimientos las comunicaciones digitales.
III.- Cómo aportar a juicio las pruebas digitales.-
En cualquier caso, cualquier documento o comunicación electrónica -correo electrónico, whatsapp, SMS, etc.- debe aportarse al procedimiento como ya hemos dicho, siempre que sea posible, en soporte electrónico –copia digital- además de transcribir el texto en papel impreso donde conste, en su caso, la cabecera e incluso los mensajes encadenados a efectos de dar mayor verosimilitud. La acreditación de la autenticidad de un correo electrónico requiere conocer al menos los siguientes datos: el emisor, el equipo o servidor entrante y saliente, la fecha y hora de envío y recepción. De ahí, que resulte conveniente poner a disposición del órgano judicial estos datos, así como el equipo informático de donde procede la comunicación aportada, lo que permitiría su análisis si existiera impugnación (artículo 268 LEC). Se trata de aportar inicialmente, con independencia de la señalada posible impugnación de parte, más que indicios sobre la verificación de la identidad y realidad de un correo o comunicación electrónica.
Junto con los anteriores elementos, habrá que valorar la conveniencia de protocolizar notarialmente el mensaje o la comunicación electrónica o, incluso, acudir al Acta de Presencia notarial, que aunque no constituye en sí misma prueba indubitada de la realidad de la comunicación, sí dará fe y constatará la existencia en un determinado soporte de los datos esenciales de la comunicación (bandeja de entrada o carpeta electrónica, fecha de envío o recepción que figura, datos de emisor y receptor, número de teléfono móvil, texto de la comunicación, existencia del pantallazo...). Resulta aquí importante distinguir entre la protocolización del medio de prueba impreso ya anteriormente por el interesado (el Notario hará constar la identidad, el documento entregado y la fecha en que lo recibe, pero no la correspondencia del documento entregado con el contenido de la comunicación electrónica de que se trata –e-mail, página web, etc.-) y acta de presencia a que se refiere el artículo 199 del Reglamento Notarial, en la que el fedatario público protocoliza los documentos exhibidos al mismo tal y como resulten de su percepción –parecido en lo que ahora interesa, resulta el testimonio de exhibición del artículo 251 del Reglamento Notarial-. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que el Notario no acredita la autenticidad, veracidad o autoría del documento o soporte exhibido o protocolizado.
Por último, aportar un dictamen pericial, supone introducir en el proceso un medio de prueba (artículos 335 y ss. LEC) que en este caso adquiere especial importancia debido a las características propias de la “prueba electrónica”, permitiendo incorporar al procedimiento una cualificada forma de acreditar en principio los elementos esenciales de la comunicación electrónica aportada, así como la autenticidad de la misma, aunque obviamente pueda resultar impugnada y contradicha y, en definitiva, valorada con arreglo también a las normas de la sana crítica (artículo 348 LEC). De ahí que entendamos que resulta preferible utilizar los dictámenes periciales como auxiliares en relación con el resto de evidencias probatorias aportadas al proceso, entre las que también adquieren relevancia las testificales que puedan trasladar también al juzgador la convicción de la realidad del mensaje o la comunicación. Por supuesto, que también cabe la utilización, según los casos, del resto de los medios de prueba admitidos por nuestro derecho, como son el reconocimiento judicial o el interrogatorio de parte.
En resumen, hay que aportar la prueba en soporte documental impreso, además del soporte digital correspondiente, y junto a ello, y según la relevancia y el caso concreto que nos ocupe, acompañar todas las evidencias o corroboraciones que nos garanticen una justa y racional valoración de la autenticidad de la prueba aportada. Para ello, como hemos visto, resulta más que aconsejable acudir además a la protocolización notarial y al dictamen pericial informático, sin perjuicio de utilizar también, si es posible, la prueba de testigos, el interrogatorio de parte y, en último término, el reconocimiento judicial. De cualquier modo, insistimos en la necesidad de aportar todo tipo de evidencias (contraseñas utilizadas, números de teléfonos móviles, titularidad de los mismos, servidor y/o equipo informático, fotografías y pantallazos, oficios a compañías, etc., etc.).
En definitiva, se trata de llevar al proceso todo tipo de evidencias que permitan trasladar al órgano judicial la necesaria convicción sobre la autenticidad de la prueba electrónica aportada. La dificultad para acreditar fehacientemente la autenticidad de la misma –dificultad intrínseca a la naturaleza digital del soporte electrónico- y ante la hipotética impugnación de la contraparte, requiere un especial esfuerzo probatorio que permita finalmente una racional y correcta aplicación de las consabidas reglas de la sana crítica.
-IV.- Referencia a la Jurisprudencia de aplicación.-
Jurisprudencia penal.-
-STS, de 19 de mayo de 2.015, Recurso 2387/2014.
Se pronuncia sobre el valor probatorio de las comunicaciones y medios de mensajería instantánea, así como sobre la necesidad de prueba pericial y la carga de la prueba:
-STS, de 4 de diciembre de 2.015, Recurso 10447/2015.
Derecho a la Intimidad y Secreto de las Comunicaciones. Esta sentencia cita numerosa jurisprudencia del Tribunal Constitucional y analiza el derecho a la intimidad y su relación con el secreto de las comunicaciones, en su relación con el uso de los ordenadores y las comunicaciones electrónicas en general. Invocando la STC 173/2011, 7 de noviembre, se dice lo siguiente:
“En aquella ocasión el Tribunal Constitucional ya advirtió del significado de los derechos que convergen en la utilización de un ordenador, como instrumento para la navegación por Internet y como medio para hacer realidad las comunicaciones telemáticas: "... si no hay duda de que los datos personales relativos a una persona individualmente considerados, a que se ha hecho referencia anteriormente, están dentro del ámbito de la intimidad constitucionalmente protegido, menos aún pueda haberla de que el cúmulo de la información que se almacena por su titular en un ordenador personal, entre otros datos sobre su vida privada y profesional (en forma de documentos, carpetas, fotografías, vídeos, etc.) -por lo que sus funciones podrían equipararse a los de una agenda electrónica-, no sólo forma parte de este mismo ámbito, sino que además a través de su observación por los demás pueden descubrirse aspectos de la esfera más íntima del ser humano. Es evidente que cuando su titular navega por Internet, participa en foros de conversación o redes sociales, descarga archivos o documentos, realiza operaciones de comercio electrónico, forma parte de grupos de noticias, entre otras posibilidades, está revelando datos acerca de su personalidad, que pueden afectar al núcleo más profundo de su intimidad por referirse a ideologías, creencias religiosas, aficiones personales, información sobre la salud, orientaciones sexuales, etc. Quizás, estos datos que se reflejan en un ordenador personal puedan tacharse de irrelevantes o livianos si se consideran aisladamente, pero si se analizan en su conjunto, una vez convenientemente entremezclados, no cabe duda que configuran todos ellos un perfil altamente descriptivo de la personalidad de su titular, que es preciso proteger frente a la intromisión de terceros o de los poderes públicos, por cuanto atañen, en definitiva, a la misma peculiaridad o individualidad de la persona. A esto debe añadirse que el ordenador es un instrumento útil para la emisión o recepción de correos electrónicos, pudiendo quedar afectado en tal caso, no sólo el derecho al secreto de las comunicaciones del art. 18.3 CE (por cuanto es indudable que la utilización de este procedimiento supone un acto de comunicación), sino también el derecho a la intimidad personal ( art. 18.1 CE ), en la medida en que estos correos o email, escritos o ya leídos por su destinatario, quedan almacenados en la memoria del terminal informático utilizado. Por ello deviene necesario establecer una serie de garantías frente a los riesgos que existen para los derechos y libertades públicas, en particular la intimidad personal, a causa del uso indebido de la informática así como de las nuevas tecnologías de la información".
Puso de manifiesto también la posibilidad de que ese derecho ceda en presencia de otros intereses constitucionalmente protegibles, a la vista del carácter no ilimitado o absoluto de los derechos fundamentales, de forma que el derecho a la intimidad personal, como cualquier otro derecho, puede verse sometido a restricciones ( SSTC 98/2000, de 10 de abril, FJ 5 ; 156/2001, de 2 de julio, FJ 4 ; 70/2009, de 23 de marzo , FJ 3). Así, aunque el art. 18.1 CE no prevé expresamente la posibilidad de un sacrificio legítimo del derecho a la intimidad -a diferencia de lo que ocurre en otros supuestos, como respecto de los derechos reconocidos en los arts. 18.2 y 3 CE -, su ámbito de protección puede ceder en aquellos casos en los que se constata la existencia de un interés constitucionalmente prevalente al interés de la persona en mantener la privacidad de determinada información”.
... se recuerda que, como dice la STC 173/2011, de 7 de noviembre "... el consentimiento eficaz del sujeto particular permitirá la inmisión en su derecho a la intimidad, pues corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno ( SSTC 83/2002, de 22 de abril, FJ 5 ; 196/2006, de 3 de julio , FJ 5), aunque este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento ( STC 159/2009, de 29 de junio , FJ 3). Ahora bien, se vulnerará el derecho a la intimidad personal cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto «aún autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida» ( SSTC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2 ; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5 ; 70/2009, de 23 de marzo , FJ 2). En lo relativo a la forma de prestación del consentimiento, hemos manifestado que este no precisa ser expreso, admitiéndose también un consentimiento tácito. Así, en la STC196/2004, de 15 de noviembre, en que se analizaba si un reconocimiento médico realizado a un trabajador había afectado a su intimidad personal, reconocimos no sólo la eficacia del consentimiento prestado verbalmente, sino además la del derivado de la realización de actos concluyentes que expresen dicha voluntad (FJ 9). También llegamos a esta conclusión en las SSTC 22/1984, de 17 de febrero y 209/2007, de 24 de septiembre, en supuestos referentes al derecho a la inviolabilidad del domicilio del art. 18.2 CE , manifestando en la primera que este consentimiento no necesita ser «expreso» (FJ 3) y en la segunda que, salvo casos excepcionales, la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar no podrá entenderse como un consentimiento tácito (FJ 5) ".
-STS 342/2013, 17 de abril.
"... el acceso de los poderes públicos al contenido del ordenador de un imputado, no queda legitimado a través de un acto unilateral de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El ordenador y, con carácter general, los dispositivos de almacenamiento masivo, son algo más que una pieza de convicción que, una vez aprehendida, queda expuesta en su integridad al control de los investigadores. El contenido de esta clase de dispositivos no puede degradarse a la simple condición de instrumento recipiendario de una serie de datos con mayor o menor relación con el derecho a la intimidad de su usuario. En el ordenador coexisten, es cierto, datos técnicos y datos personales susceptibles de protección constitucional en el ámbito del derecho a la intimidad y la protección de datos (art. 18.4 de la CE). Pero su contenido también puede albergar - de hecho, normalmente albergar información íntimamente ligada al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. El correo electrónico y los programas de gestión de mensajería instantánea no son sino instrumentos tecnológicos para hacer realidad, en formato telemático, el derecho a la libre comunicación entre dos o más personas. Es opinión generalizada que los mensajes de correo electrónico, una vez descargados desde el servidor, leídos por su destinatario y almacenados en alguna de las bandejas del programa de gestión, dejan de integrarse en el ámbito que sería propio de la inviolabilidad de las comunicaciones. La comunicación ha visto ya culminado su ciclo y la información contenida en el mensaje es, a partir de entonces, susceptible de protección por su relación con el ámbito reservado al derecho a la intimidad, cuya protección constitucional es evidente, aunque de una intensidad distinta a la reservada para el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones. En consecuencia, el acceso a los contenidos de cualquier ordenador por los agentes de policía, ha de contar con el presupuesto habilitante de una autorización judicial. Esta resolución ha de dispensar una protección al imputado frente al acto de injerencia de los poderes públicos. Son muchos los espacios de exclusión que han de ser garantizados. No todos ellos gozan del mismo nivel de salvaguarda desde la perspectiva constitucional. De ahí la importancia de que la garantía de aquellos derechos se haga efectiva siempre y en todo caso, con carácter anticipado, actuando como verdadero presupuesto habilitante de naturaleza formal.
La ponderación judicial de las razones que justifican, en el marco de una investigación penal, el sacrificio de los derechos de los que es titular el usuario del ordenador, ha de hacerse sin perder de vista la multifuncionalidad de los datos que se almacenan en aquel dispositivo. Incluso su tratamiento jurídico puede llegar a ser más adecuado si los mensajes, las imágenes, los documentos y, en general, todos los datos reveladores del perfil personal, reservado o íntimo de cualquier encausado, se contemplan de forma unitaria.
Y es que, más allá del tratamiento constitucional fragmentado de todos y cada uno de los derechos que convergen en el momento del sacrificio, existe un derecho al propio entorno virtual. En él se integraría, sin perder su genuina sustantividad como manifestación de derechos constitucionales de nomen iuris propio, toda la información en formato electrónico que, a través del uso de las nuevas tecnologías, ya sea de forma consciente o inconsciente, con voluntariedad o sin ella, va generando el usuario, hasta el punto de dejar un rastro susceptible de seguimiento por los poderes públicos. Surge entonces la necesidad de dispensar una protección jurisdiccional frente a la necesidad del Estado de invadir, en las tareas de investigación y castigo de los delitos, ese entorno digital".
-STS de 16 de junio de 2.014.
“...resultando, a tal efecto, imprescindible, como decimos, la autorización y el control que sólo el Juez puede dispensar en nuestro ordenamiento, incluso según la legislación laboral, que al menos aparentemente sigue el mismo criterio de clara vocación judicial (vid. art. 76.4, en relación con el 90.2 y 4 de la Ley 36/2011, de 10 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción social, en cuya concreta interpretación y alcance no nos compete entrar aquí).
Por consiguiente, bien claro ha de quedar que en el ámbito del procedimiento penal, el que a nosotros compete, para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución, resultará́ siempre necesaria la autorización e intervención judicial, en los términos y con los requisitos y contenidos que tan ampliamente se han venido elaborando en multitud de Resoluciones por esta Sala, a partir del importante Auto de 18 de Junio de 1992 (caso "Naseiro " ), cualquiera que fueren las circunstancias o personas, funcionarios policiales, empresarios, etc., que tales injerencias lleven a cabo.
Lo que por otra parte, obvio es recordarlo, operará́ tan sólo respecto a lo que estrictamente constituye ese "secreto de las comunicaciones" , es decir, con exclusión de los denominados "datos de tráfico" o incluso de la posible utilización del equipo informático para acceder a otros servicios de la red como páginas web, etc., de los mensajes que, una vez recibidos y abiertos por su destinatario, no forman ya parte de la comunicación propiamente dicha, respecto de los que rigen normas diferentes como las relativas a la protección y conservación de datos ( art. 18.4 CE ) o a la intimidad documental en sentido genérico y sin la exigencia absoluta de la intervención judicial ( art. 18.1 CE ).
-Auto Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2013.
Se refiere a las condiciones para la validez de las intervenciones telefónicas por medio de “whatsapp” y siguiendo la doctrina constitucional, considera que no se vulnera el secreto de las comunicaciones si el acceso a las aplicaciones del teléfono móvil, se hace previa autorización judicial mediante auto debidamente fundado y referido al encendido del teléfono y con el fin de comprobar y reseñar datos sobre las comunicaciones existentes vía SMS, MMS, Whatsapp, datos de contacto de la agenda, etc. El problema pues está en el libre acceso al contenido del teléfono, fácilmente manipulable sin control judicial.
Jurisprudencia civil.-
-Sentencia de 30 de enero de 2.014, Audiencia Provincial de Lleida, Sección 2ª.
“En cuanto al valor probatorio de los correos electrónicos que han sido impugnados por la demandante (documentos nº 2 y 4 de la contestación a la demanda) hay que tener en cuenta que el art. 326-3 de la LEC remite a lo establecido en el art. 3 de la Ley de Firma Electrónica para los supuestos en que se impugne la autenticidad de un documento electrónico (o cuando lo pida la parte a quien interese la eficacia de dicho documento), y de ello deriva la recurrente que al haber impugnado los correos electrónicos aportados como documentos nº 2 y 4 el valor probatorio de los mismos es nulo, dado que no se ha procedido por la demandada en la forma que ordena el art. 3-8 de la Ley 59/2..3, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica , que establece las necesarias comprobaciones de la autenticidad, que corresponde hacerlas a quien ha presentado el documento.
Sin embargo hay que tener en cuenta que en uno y otro correo -documentos nº 2 y 4 de continua referencia- no se contiene ninguna firma electrónica, ni reconocida ni avanzada, constando únicamente el nombre del remitente al final del mismo, pero no su firma electrónica, y el art. 3-8 de la citada Ley 59/2003 se refiere a la impugnación de la autenticidad de la firma electrónica reconocida, y el párrafo último del mismo art. 3-8 a la impugnación de la firma electrónica avanzada, con las que se hayan firmado los datos incorporados al documento electrónico, remitiéndose en éste último caso a lo establecido en el art. 326-2 de la LEC , que se refiere al supuesto de impugnación de la autenticidad de los documentos privados en general.
Por tanto, el referido art. 3-8 se refiere a las comprobaciones para constatar que se trata de una firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido y que cumple todos los requisitos y condiciones establecidos legalmente para este tipo de certificados, así como que la firma se ha generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma electrónica. En el presente caso no estamos ante documento firmados electrónicamente, y aunque mediante informe pericial informático pueda comprobarse la autenticidad y efectiva procedencia de un correo electrónico impreso en papel, ello no determina que la falta de un informe de ese tipo excluya por completo el valor probatorio del documento privado impugnado, según se deriva del propio art. 326-2 de la LEC y de la doctrina jurisprudencial sobre la materia.
En este sentido, sobre el art. 326 de la LEC y el valor probatorio de los documentos privados dice la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de julio de 2011 que "....para que un documento privado no sea idóneo para constituir medio de prueba es preciso que sea inauténtico, es decir, no provenga de su autor, de modo que no haya coincidencia entre el autor aparente y el autor real. Cuando un documento privado sea impugnado por la parte contraria a quien lo presentó, que lo estima perjudicial a sus intereses, a la parte que lo aportó al proceso le incumbe la carga de probar la autenticidad, lo que no obsta a que la otra parte pueda también intentar acreditar la inautenticidad. Si se demuestra la falta de autenticidad el documento carece de eficacia probatoria y si se acredita que es auténtico es plenamente idóneo para probar "per se". Cuando no se pudiere deducir la autenticidad o no se hubiere propuesto prueba alguna, esto es, no consta que sea auténtico, pero tampoco inauténtico, el tribunal lo valorará conforme a las reglas de la sana crítica. Para acreditar la autenticidad puede utilizarse cualquier medio de prueba e incluso presunciones, en cuyo caso, la naturaleza de la prueba es la propia del medio empleado y no la del documento objeto de prueba".
Por tanto, aunque en el presente caso se han impugnado los documentos nº 2 y 4 de la contestación y la parte demandada no ha propuesto prueba pericial para acreditar la autenticidad de esos correos electrónicos, conforme a la doctrina expuesta ello no excluye que el juzgador de instancia pueda valorar tales documentos conforme a las reglas de la sana crítica, pudiendo otorgarles relevancia siempre que existan en el proceso otros elementos de juicio susceptibles de ser valorados con aquél, conjugando así su contenido. En similar sentido se pronuncian ante la impugnación de correos electrónicos las sentencias de la Audiencia Provincial de La Rioja, sec. 1ª de 10-5-2013 , SAP de Madrid, sec. 28ª, de 13-1-2012 y SAP de Granada, sec,. 3ª, de 10-5-2013, esta última con cita de otras resoluciones de la jurisprudencia menor que siguen el mismo criterio”.
-Sentencia de 16 de octubre de 2.015, Audiencia Provincial de Granada, Sección 4ª.
“…de Whatsapp (folios 47 y ss), que nada acreditan y que resultan, además, desvirtuados a través de la testifical de D….
De ello resulta, segundo motivo, que la sentencia ha efectuado una acertada valoración probatoria pues, aun cuando por virtud del presente recurso de apelación la Sala cuenta con la facultad de revisar con plena Jurisdicción, el material probatorio aportado al proceso, tal actuación debe partir de la consideración de que cuando la cuestión debatida por la vía del recurso de apelación es la valoración de la prueba llevada a cabo por el Juez de primer grado, sobre la base de la actividad desarrollada en el acto del juicio, debe partirse, en principio, de la singular autoridad de la que goza la apreciación probatoria realizada por quien ha presidido el acto solemne del juicio, en el que adquieren plena efectividad los principios de inmediación, contradicción, concentración y oralidad. Afirmación a la que debemos añadir la consideración de que el uso que haya hecho Juez de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas en el juicio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente la sentencia ( STC 17-12-85 , 23-6-86 , 13-5-87 , 2-7-90, 4-12-92 y 30-10-94, entre otras) únicamente deba ser rectificado, bien cuando en verdad sea ficticio o bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones ponga de relieve un manifiesto y claro error del Juzgador "a quo" de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgo de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada. (SAP Pontevedra 14-7-11). Creemos que en el caso enjuiciado, la valoración probatoria efectuada es plenamente conforme a derecho, y compartida por la Sala…”
-Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, Sección 2ª, de 25 de febrero de 2.008.
“Es importante señalar que en el caso presente las pruebas documentales a las que se ha negado validez por el actor, están constituidas por copias privadas obtenidas de documentos electrónicos (e-mails o correos electrónicos) que no consta que posean firma electrónica reconocida, y que han sido obtenidas a través de la impresora de un ordenador. Y a la vista de todo lo anterior, es importante discernir si lo que se impugna por la actora y apelante es el propio documento original conservado en los registros electrónicos de la parte demandada, o la falta de correspondencia entre las copias unidas a las actuaciones (los documentos 2 a 7 y 15 a 17 aportados por la demandada) y el original.
De la contemplación de los CD's aportados junto con las actuaciones, en los que se recogen los dos actos de audiencia previa celebrados en este proceso, resulta que la razón por la que se impugnan los documentos 2 a 7 y 15 a 17 aportados por la demandada "es tanto el contenido como el documento en sí porque son documentos preconstituidos por la parte; ...lo impugnamos tanto en su contenido como en la forma; ...están elaborados por el demandado y son simplemente alegaciones del demandado"; esto es, se niega la veracidad de su contenido y se achaca su confección a la otra parte sin intervención de la actora. Y ello ha de conectarse con el hecho de que, según la demandada, se trataría de documentos electrónicos privados confeccionados por la demandada, dentro de los cuales se incluirían lo que se dicen ser sus contestaciones a comunicaciones del actor respecto de las comisiones y descuentos que se le habían realizado en las nóminas de Abril y Mayo y a la ausencia de pago del parámetro fijo de su retribución, de los que se ha aportado al proceso una copia privada no adverada por ningún medio, lo que les da el mero carácter de documentos privados procedentes de la demandada.
A partir de esta constatación, y a la vista de que ni se ha practicado en la primera instancia prueba alguna que advere los documentos impugnados por el actor en el acto de la audiencia previa, se está en el caso de estudiar si la valoración que de ellos realiza el Juez de la anterior instancia es correcta, ajustada a la Ley y a las reglas de la lógica. Para ello, a la vez que no hay inconveniente en reconocer que es práctica común en las empresas el mantener comunicaciones internas a través del correo electrónico, el fax u otras tecnologías, se tiene en cuenta también que en el presente caso no consta que estén amparadas por firma electrónica avanzada las comunicaciones que se dicen mantenidas entre las dos partes en litigio, siendo posible su manipulación”.
Reitera esta sentencia la doctrina del Auto del Tribunal Supremo 855/10, reconociendo el valor probatorio del correo electrónico certificado electrónicamente por parte de un prestador de servicos de certificación) frente al e-mail normal.
Jurisprudencia social.-
-STS de 26 de septiembre de 2.007, dictada en unificación de doctrina.
“En el caso del uso por el trabajador de los medios informáticos facilitados por la empresa pueden producirse conflictos que afectan a la intimidad de los trabajadores, tanto en el correo electrónico, en el que la implicación se extiende también, como ya se ha dicho, al secreto de las comunicaciones, como en la denominada "navegación" por Internet y en el acceso a determinados archivos personales del ordenador. Estos conflictos surgen porque existe una utilización personalizada y no meramente laboral o profesional del medio facilitado por la empresa. Esa utilización personalizada se produce como consecuencia de las dificultades prácticas de establecer una prohibición absoluta del empleo personal del ordenador -como sucede también con las conversaciones telefónicas en la empresa- y de la generalización de una cierta tolerancia con un uso moderado de los medios de la empresa. Pero, al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que se trata de medios que son propiedad de la empresa y que ésta facilita al trabajador para utilizarlos en el cumplimiento de la prestación laboral, por lo que esa utilización queda dentro del ámbito del poder de vigilancia del empresario, que, como precisa el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores, implica que éste "podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales", aunque ese control debe respetar "la consideración debida" a la "dignidad" del trabajador.
Por el contrario, las medidas de control sobre los medios informáticos puestos a disposición de los trabajadores se encuentran, en principio, dentro del ámbito normal de esos poderes: el ordenador es un instrumento de producción del que es titular el empresario "como propietario o por otro título" y éste tiene, por tanto, facultades de control de la utilización, que incluyen lógicamente su examen. Por otra parte, con el ordenador se ejecuta la prestación de trabajo y, en consecuencia, el empresario puede verificar en él su correcto cumplimiento, lo que no sucede en los supuestos del artículo 18, pues incluso respecto a la taquilla, que es un bien mueble del empresario, hay una cesión de uso a favor del trabajador que delimita una utilización por éste que, aunque vinculada causalmente al contrato de trabajo, queda al margen de su ejecución y de los poderes empresariales del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores para entrar dentro de la esfera personal del trabajador.
El control del uso del ordenador facilitado al trabajador por el empresario no se regula por el artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, sino por el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y a este precepto hay que estar con las matizaciones que a continuación han de realizarse. La primera se refiere a los límites de ese control y en esta materia el propio precepto citado remite a un ejercicio de las facultades de vigilancia y control que guarde "en su adopción y aplicación la consideración debida" a la dignidad del trabajador, lo que también remite al respeto a la intimidad en los términos a los que ya se ha hecho referencia al examinar las sentencias del Tribunal Constitucional 98 y 186/2000. En este punto es necesario recordar lo que ya se dijo sobre la existencia de un hábito social generalizado de tolerancia con ciertos usos personales moderados de los medios informáticos y de comunicación facilitados por la empresa a los trabajadores. Esa tolerancia crea una expectativa también general de confidencialidad en esos usos; expectativa que no puede ser desconocida, aunque tampoco convertirse en un impedimento permanente del control empresarial, porque, aunque el trabajador tiene derecho al respeto a su intimidad, no puede imponer ese respeto cuando utiliza un medio proporcionado por la empresa en contra de las instrucciones establecidas por ésta para su uso y al margen de los controles previstos para esa utilización y para garantizar la permanencia del servicio. Por ello, lo que debe hacer la empresa de acuerdo con las exigencias de buena fe es establecer previamente las reglas de uso de esos medios -con aplicación de prohibiciones absolutas o parciales- e informar a los trabajadores de que va existir control y de los medios que han de aplicarse en orden a comprobar la corrección de los usos, así como de las medidas que han de adoptarse en su caso para garantizar la efectiva utilización laboral del medio cuando sea preciso, sin perjuicio de la posible aplicación de otras medidas de carácter preventivo, como la exclusión de determinadas conexiones. De esta manera, si el medio se utiliza para usos privados en contra de estas prohibiciones y con conocimiento de los controles y medidas aplicables, no podrá entenderse que, al realizarse el control, se ha vulnerado "una expectativa razonable de intimidad" en los términos que establecen las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 25 de junio de 1997 (caso Halford) y 3 de abril de 2007 (caso Copland) para valorar la existencia de una lesión del artículo 8 del Convenio Europeo par la protección de los derechos humanos.
La segunda precisión o matización se refiere al alcance de la protección de la intimidad, que es compatible, con el control lícito al que se ha hecho referencia. Es claro que las comunicaciones telefónicas y el correo electrónico están incluidos en este ámbito con la protección adicional que deriva de la garantía constitucional del secreto de las comunicaciones. La garantía de la intimidad también se extiende a los archivos personales del trabajador que se encuentran en el ordenador. La aplicación de la garantía podría ser más discutible en el presente caso, pues no se trata de comunicaciones, ni de archivos personales, sino de los denominados archivos temporales, que son copias que se guardan automáticamente en el disco duro de los lugares visitados a través de Internet. Se trata más bien de rastros o huellas de la "navegación" en Internet y no de informaciones de carácter personal que se guardan con carácter reservado. Pero hay que entender que estos archivos también entran, en principio, dentro de la protección de la intimidad, sin perjuicio de lo ya dicho sobre las advertencias de la empresa. Así lo establece la sentencia de 3 de abril de 2007 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando señala que están incluidos en la protección del artículo 8 del Convenio Europeo de derechos humanos "la información derivada del seguimiento del uso personal de Internet" y es que esos archivos pueden contener datos sensibles en orden a la intimidad, en la medida que pueden incorporar informaciones reveladores sobre determinados aspectos de la vida privada (ideología, orientación sexual, aficiones personales, etc). Tampoco es obstáculo para la protección de la intimidad el que el ordenador no tuviera clave de acceso. Este dato -unido a la localización del ordenador en un despacho sin llave- no supone por sí mismo una aceptación por parte del trabajador de un acceso abierto a la información contenida en su ordenador, aunque ello suscite otros problema en los que en este recurso no cabe entrar sobre la dificultad de la atribución de la autoría al demandante”.
-Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 12 de enero de 2.016, Sección cuarta. (Caso Barbulescu v. Rumanía).-
En el ámbito laboral, con menor rigor que en el penal, está garantizado a priori el secreto de las comunicaciones que consagra el artículo 18,3 de la Constitución, así como la interceptación de las mismas, lo que supone en sentido amplio la imposibilidad de apertura de correspondencia o correo electrónico y cualquier otro medio de mensajería. No obstante, esta sentencia, coincidente en lo esencial con nuestra jurisprudencia, interpreta estas garantías constitucionales a la luz del denominado poder de dirección y obligaciones laborales, sin perjuicio del debido respeto a los derechos fundamentales y la dignidad del trabajador.
El Tribunal Europeo considera que la monitorización ha sido proporcional y razonable y que prevalece el derecho de la empresa a comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales frente al derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del empleado, sin que se contravenga artículo 8 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.
Se valora también la existencia de una política interna de prohibición específica, con conocimiento del trabajador, y que la transcripción de dichas comunicaciones personales se utilizó sólo en la medida necesaria para acreditar que el empleado había utilizado los medios de la empresa para fines personales durante su jornada. Resulta así coincidente en esencia con nuestra jurisprudencia, que hace hincapié especial en la necesidad de que el empresario, en el ejercicio de sus facultades de autoorganización, dirección y control fije las condiciones de uso de los medios informáticos asignados por la empresa al trabajador (se requerirán instrucciones, órdenes o protocolos de utilización y prohibición de uso extralaboral), lo que supone, sin afectar a los derechos fundamentales constitucionalmente protegidos, una facultad de vigilancia sobre el cumplimiento de dichas condiciones de uso.
-STS, Sección 1ª, de fecha 24 de marzo de 2.015.
“…porque hay que partir del principio, sostenido en la sentencia del TC referida y recogido en la de instancia, de que "como sucede con todos los derechos, el de libertad sindical no es un derecho ilimitado", resultando igualmente intemporal sus afirmaciones de que "sobre el empresario pesa el deber de mantener al sindicato en el goce pacífico de los instrumentos aptos para su acción sindical siempre que tales medios existan, su utilización no perjudique la finalidad para la que fueron creados por la empresa y se respeten los límites y reglas de uso" y de que "tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado como herramienta de la producción, no podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado para el mismo, ni pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical, debiendo emplearse el instrumento de comunicación, por el contrario, de manera que permita armonizar su manejo por el sindicato y la consecución del objetivo empresarial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo esta última función en caso de conflicto. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos".
Sobre esta base doctrinal, no cabe olvidar que en la sentencia recurrida, según se ha apuntado ya, se declara, al valorar la prueba pericial practicada a instancias de la parte actora, que quedó acreditado que la operativa del sistema es bloquear el acceso de las cuentas que realicen envíos masivos con incumplimiento de las normas de funcionamiento, sin que se alce el bloqueo hasta que el infractor se comprometa a respetar las normas de acceso (tercer fundamento de derecho), dándose por probado previamente (hecho cuarto) que la empresa tiene elaborado un documento denominado "política de uso de correo electrónico corporativo" en cuyo apartado 3.2.4 y en relación con el número de destinatarios de mensaje, se indica que será limitado por la organización con objeto de amoldarlo a la capacidad de los servidores y líneas de comunicación, disponiéndose, en fin, en el 3.2.5 que aunque se prevé la posibilidad de realizar envíos masivos de correos electrónicos a un número de destinatarios superior al permitido, ello será cuando se soliciten a través de la unidad de soporte DSI o por correo a una determinada lista y que una vez validado se podrá proceder al envío, reservándose la empresa el derecho de atender o denegar esas peticiones, con cuanto de más se precisa en dicho ordinal fáctico.
De todo ello se infiere que existe una regulación específica en la materia que debe ser observada mientras se mantenga, y que finalmente en ella queda igualmente especificado (apartado 4) que "el incumplimiento de las normas contenidas en la presente política del uso del correo electrónico determinará la utilización por parte de Aena de las restricciones que considere oportunas", lo que, en definitiva, viene avalado por la referida doctrina constitucional cuando dice que resultaría lícito desde esa suprema perspectiva que la empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos, y que no teniendo fundamento el derecho en una carga empresarial expresamente prescrita en el ordenamiento, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar gravámenes adicionales para el empleador.
Los límites, pues, existen y su observancia parece necesaria o cuanto menos oportuna cuando se da también por probado (hecho sexto) que del 17 al 19 de abril se enviaron correos a un total de 11.406 direcciones y que el incremento de destinatarios viene dado por el hecho de que hay usuarios que reciben el correo hasta cinco veces, una aparente desmesura que puede justificar en principio el bloqueo del acceso, reiterado en otras posteriores ocasiones por igual o similar razón, según se relata en los ordinales sucesivos hasta el décimo, siendo asimismo de recordar que según nuestra propia jurisprudencia (SSTS de 3 de mayo de 2.011 y 17 de mayo de 2.012) es factible imponer limitaciones si la que se ha establecido no es desproporcionada ni un medio de impedir el uso del derecho sindical, que es lo que en este caso acontece, por todo lo cual el motivo y el recurso han de decaer”.
-Auto del TS, Sección 1ª, de fecha 10 de noviembre de 2.015.
“…ni la prueba en cuestión es la misma -prueba videográfica, con imágenes pero sin sonido en el caso de autos, y grabación electrónica de voz en el de referencia-, ni las circunstancias concurrentes guardan ningún relación. Así en el caso de referencia se pretende con base en esta prueba variar los hechos probados fijados en la instancia, pero dándose la circunstancia de la grabación ni siquiera fue objeto visionado o escucha en el acto del juicio oral, no habiendo intervención alguna de las parte al tiempo de su práctica como prueba, ni éstas formularon alegaciones o puntualizaciones tendentes a su derecho, que pudieran afectar a la formación de la convicción judicial, por lo que aquel medio de prueba no quedara sometido a una valoración libre conforme a las reglas de la sana crítica, ya que ni siquiera se practicó y ello con la aquiescencia de la empresa. Por lo que entiende la Sala que la posterior reproducción de las imágenes o las voces por el Tribunal de suplicación, que ignora la caracterización física de los intervinientes en el juicio, sus voces, y carece, también, de las explicaciones o puntualizaciones que pueden expresar las partes, hace prácticamente imposible que sin el complemento de la correspondiente pericial se pueda efectuar una valoración correctiva de la efectuada en la instancia”.
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References: artículo 18
 artículo 299
 artículo 4
 artículo 325
 artículo 268
 artículo 326
 artículo 268
 artículo 382
 artículo 18
 artículo 11
 artículo 24
 artículo 199
 artículo 251
 resolución 
 artículo 18
 resolución 
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 18
 artículo 20
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 18
 artículo 8