Source: https://www.icamalaga-blog.com/2018/
Timestamp: 2019-11-17 04:14:39+00:00

Document:
Icamalaga.es: 2018
Autora: Mª Isabel Carmona González
Abogada especialista en Derecho Digital
Miembro de la Sección de Derecho Digital e Innovación de Icamálaga
El desarrollo de la tecnología blockchain al que estamos asistiendo es imparable e inevitablemente surge la pregunta de si en este nuevo entorno en el que las transacciones se pueden llevar a cabo de manera autónoma, descentralizada, transparente, segura y sin intermediarios sus múltiples aplicaciones podrían funcionar sin la intervención de abogados.
¿Vamos a seguir siendo necesarios?
Aunque el avance del blockchain viene propiciado por su aplicación en el ámbito del fintech y las criptomonedas, sus cualidades impulsan su extensión a otros ámbitos como el de los llamados contratos inteligentes o smart contracts donde, pese a lo que en principio pudiera parecer, seguimos estando llamados a realizar un importante papel.
De forma muy simple definiríamos los smart contracts como unas instrucciones escritas en código informático que se autoejecutarán cuando se cumplan ciertas condiciones, sin intervención de intermediarios de confianza y usando la tecnología blockchain para registrar y ejecutar la transacción.
Estas características comportan indudables ventajas para los operadores en el tráfico aunque no eliminan la necesidad de disponer de asesoramiento jurídico, eso sí, cada vez más especializado y multidisciplinar, como podemos concluir tras considerar diversas cuestiones técnicas y jurídicas relacionadas con esta figura:
- Cuestiones derivadas de la propia tecnología blockchain:
Los errores de código o la inclusión en el mismo de cláusulas ilegales pasan a formar parte indisoluble del contrato y es preciso prever sus consecuencias.
Las posibles brechas de seguridad pueden producir una modificación indeseada del código y por ende del contrato.
La rigidez del algoritmo matemático hace que el smart contract no pueda adaptarse a situaciones que originen cambios sustanciales durante el periodo de vigencia del contrato.
La complejidad de la infraestructura de soporte conlleva mayores necesidades de computación tanto para el desarrollo de la actividad de minado como para el mantenimiento del sistema y un mayor coste energético.
La configuración "flexible" del sistema hace que los nodos puedan incorporarse o abandonarlo libremente, lo que en determinadas circunstancias podría poner en peligro la infraestructura.
-Cuestiones propiamente jurídicas.
Aunque conforme a nuestra normativa de contratos no aparecerían en principio dificultades para su validez legal en aplicación del principio de libertad de forma y de las reglas aplicables a la celebración de contratos por vía electrónica, si podrían encontrarse en relación a otros aspectos:
Dificultades de aplicación del smart contract en el mundo físico. Al tratarse de software pueden surgir determinados problemas a la hora de estructurar los términos de una transacción comercial que tengan lugar en el mundo físico.
En materia de responsabilidad surgen algunas de las cuestiones más interesantes. En primer lugar se hace necesario verificar que el código cumpla los requisitos establecidos por la legislación aplicable en materia de medioambiente, derechos sociales y laborales, derechos humanos, en materia de consumidores, etc.
Otra cuestión es la mayor responsabilidad legal que asumen los programadores a la hora de traducir un acuerdo a código ejecutable ya que, en la práctica, están tomando decisiones sobre las condiciones y la aplicación del acuerdo. Por otro lado ¿cómo se articularía su responsabilidad por la existencia de errores o vulnerabilidades en el programa?
Por último la descentralización dificulta establecer si hay alguna persona u organización detrás a la que imputar en última instancia la responsabilidad por una incorrecta o defectuosa prestación de los servicios o el incumplimiento de requisitos legales.
Los problemas en materia de privacidad pueden ser especialmente relevantes dada la propia naturaleza de la tecnología en la que se basa el smart contract.
El anonimato no es absoluto ya que en determinadas circunstancias sería posible revertirlo conectando a las partes con una determinada transacción.
La replicación de la información en todos los nodos aumenta los riesgos de brechas de seguridad (especialmente cuando la entrada de los mismos en el sistema no requiera el cumplimiento de requisitos o criterios de verificación).
La inmutabilidad de la cadena de bloques puede comprometer el ejercicio de derechos relacionados con la privacidad, especialmente en el caso de datos especialmente sensibles, dificultades para ejercitar el derecho al olvido o el derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en un tratamiento automatizado de datos.
Jurisdicción y ley aplicable. Su carácter descentralizado y eminentemente transfronterizo hace que las operaciones recogidas en los smart contracts puedan verse sometidas al ámbito de varias jurisdicciones o legislaciones aplicables.
Infracción de derechos de terceros. La inmutabilidad de la cadena de bloques dificulta encontrar soluciones cuando su configuración contenga una infracción de derechos de terceros (p.ej. operaciones sobre bienes o propiedad intelectual de terceros, etc).
La descentralización dificulta la verificación del cumplimiento de requisitos obligatorios en sectores regulados. Asimismo aparecen dificultades en el ámbito del control del blanqueo de capitales. Y por otra parte ¿sería necesario establecer requisitos para poder intervenir como minero en un sistema concreto y en su caso quien los determinaría?
En definitiva, estos instrumentos están abriendo un nuevo escenario para el que no existe actualmente una legislación específica y en el que estaremos abocados a trabajar de forma multidisciplinar, compaginando visión jurídica y técnica, al ser un ámbito en el que se hace evidente más que en ningún otro la necesidad del trabajo conjunto con otras disciplinas (p.ej. la configuración técnica del smart contract determina los elementos del contrato ya que lo negociado por las partes se introduce en el código y pueden surgir problemas a la hora de verificar que el programa contiene exactamente los términos acordados y que las consecuencias legales derivadas de su ejecución serán precisamente las queridas por las partes).
Así pues la respuesta al interrogante planteado al principio sería ¡por supuesto! si bien en el marco de un ejercicio de la profesión diferente y adaptado a nuevas metodologías para dar respuesta a riesgos legales específicos y novedosos.
- Los e-sports: retos jurídicos de esta nueva modalidad deportiva
- Pasar a la acción: III Encuentro Redes sociales y sector legal en Málaga
Imagen inicial: pexels
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Etiquetas: blockchain, derecho digital, innovación legal, smart contracts, TIC
Custodia compartida:un falso debate
Autor: Rafael Soto Rueda, abogado
Colegiado del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga
An International High Noon Divorce. Samuel T. Ehrhart
Nos encantan las etiquetas, fundamentalmente porque detrás de ellas creemos que existe eso que llamamos certeza, o…seguridad jurídica, ese concepto por el que se sacrifican tantas cosas.
La custodia ¿monoparental, compartida?
Da igual, es un debate falso, simplista, es un debate de formas, de nomenclaturas en el que no se aborda a mi juicio la raíz del problema., es un debate secuestrado por esa llamada seguridad jurídica y por el automatismo en las consecuencias de determinados conceptos jurídicos. La seguridad jurídica ha aportado y aporta fundamentalmente certeza. Certeza en cuanto a los resultados, a los conocimientos, certeza en cuanto al asesoramiento al cliente.
Si realmente nos creemos que cada familia es un mundo debemos exigirle al sastre que nos diseñe el traje que nos vaya bien, encorsetarnos a uno de los tres trajes disponibles en la tienda implicará que cuando salten las costuras será casi imposible meter la tijera y la aguja para poder adecuarlo (modificación de medidas) ya que para hacer eso necesitaríamos haber destrozado el traje (cambio sustancial de las circunstancias), por tanto si te aprieta un poco o si te queda corto no queda otra que interiorizar que la belleza está en el interior. Debemos poder exigir diseñar ese traje, probarlo y modificarlo si es necesario sin que suponga un trauma.
Esto provocaría tres cosas, la primera vértigo ante lo desconocido por esa querencia innata y en parte comprensible de que más vale malo conocido que bueno por conocer (algo de esto tiene la defensa a ultranza de algunos compañeros de la llamada seguridad jurídica) la segunda, no tanto una cantidad sino una calidad y desarrollo en los procesos de familia y la tercera, se obligaría a los tribunales a emitir sentencias motivadas conforme a lo que se haya debatido y acreditado en el periodo de prueba y no en base “a su criterio”, lo cual me lleva a preguntarme, ¿cuándo se ha pasado por parte de algunos tribunales de tener que valorar la prueba para decidir un asunto a sustituirlo por un “tener criterio”? ¿Se imaginan ir a un juicio de familia y no conocer el criterio del juez, o de que se tenga que debatir cada concepto jurídico y las consecuencias e idoneidad que dicha elección tiene para esa familia dicha elección?
La mayoría sabemos que, al menos en Málaga, una vez conocido el apellido de la mujer ya podemos intuir el resultado de la sentencia del pleito, con independencia del acto de la vista. No estoy descubriendo nada nuevo si sugiero que nuestra forma de negociar con un compañero o una compañera (si es de los que lleva familia habitualmente) cambia de manera sustancial si el pleito cae en un juzgado o en otro. Se ve que en ocasiones los criterios aligeran el nudo de la venda de nuestra venerada justicia.
Pero, insisto, el debate custodia monoparental versus custodia compartida es un debate ficticio fundamentalmente por dos razones:
Hacer depender dos elementos tan esenciales como el uso del domicilio familiar y la pensión de alimentos de la elección de una tipología de custodia secuestra un debate profundo y real de hacia dónde debiera dirigirse el derecho de familia y limita la posibilidad real de poder diseñar un sistema que se acomode a la realidad de cada familia concreta.
El manido y recurrente interés superior del menor, supone la otra gran ancla, a mi juicio, en cuanto a la evolución del derecho de familia. El derecho de familia gira ahora en base a la figura del interés superior del menor. Olvídense del código civil o sucedáneos, los nuevos criterios en familia han pasado a ser dos:
Lo que diga el niño, y si es a partir de 12 años, su palabra es ley, como en la ranchera.
Lo que diga el psicólogo que dice el niño con menos de 12 años. Sería importante saber cuáles son los criterios por los que se accede a la bolsa de psicólogos de los que se nutren los juzgados de familia, saber qué preparación y especialización tienen, en qué grado y cómo se acredita esta. Podríamos llevamos una sorpresa.
Hoy nos encontramos con que los menores tienen un decálogo de derechos que han de gestionar desde muy pequeños, los entiendan o no, se les pone el foco para que tomen decisiones que no debieran ser tomadas por niños. Una cosa es que la opinión de los menores sea importante y valorable, y otra cosa es que lo que determine, vincule y diseñe por décadas un núcleo familiar adulto sea la decisión de un niño de 13 años, y sabemos que eso sucede con demasiada frecuencia.
Si mi compañera y yo decidimos que mi hijo de 13 años no tenga móvil o que no vea determinadas películas, ¿por el hecho de dejar de ser pareja le damos a ese mismo niño de 13 años el poder y la responsabilidad de decidir con quién va a vivir o si quiere o no quiere ver a su padre o a su madre?
Honestamente en algún momento del camino nos hemos perdido.
En mi opinión realmente no hemos llegado a creernos eso de que cada familia es un mundo, ni que para atender al interés superior del menor hay que ir al caso concreto, bajar escalones hasta llegar a entender el funcionamiento de cada familia, es mentira, eso queda muy bien en determinadas foros, pero la realidad del día a día los juzgados de familia, es la de una sastrería con tres tipos de trajes., en los que con independencia de peso, talla, o volumen has de entrar…así estallen las costuras.
En definitiva considero que deberíamos reflexionar sobre algunos conceptos, algunas formas de interpretar el derecho de familia, quizás con una mirada más panorámica, analizando mejor el paisanaje con el que trabajamos, aunque esto nos lleve más tiempo y trabajo, y sin barreras ni límites auto impuestos que solo logran diseños uniformes y carentes de brillo y color.
Familia es apasionante, es cercano y emocionalmente agotador, es frustrante y a veces maravilloso, es cambiante, es familia.
Si te gustó esta entrada, tal vez te gustará leer:
- La vivienda conyugal: últimas sentencias del Tribunal Supremo
- Bienestar psicológico de los hijos ante la ruptura de pareja
Imagen inicial: Samuel D. Ehrhart [Public domain], via Wikimedia Commons
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Etiquetas: custodia compartida, derecho de familia, menores, pensión de alimentos
Cinco razones para no perderte el 14º Congreso Jurídico de Icamálaga
Quedan pocos días para nuestro 14º Congreso jurídico de la Abogacía Icamálaga y queremos recordaros por qué no debéis faltar a esta nueva edición, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
1.Porque es una de las citas más relevantes del panorama jurídico en España.
Con una participación estimada de más de 1.700 congresistas, el Congreso se ha consolidado como uno de los eventos de referencia del panorama jurídico dentro de nuestro país y sigue aumentando su repercusión fuera de nuestras fronteras. Precisamente la apuesta por la internacionalización se acentúa este año con dos ponencias en inglés, a cargo de Xabier Agirre Aramburu (Corte Penal Internacional) y Juan Ignacio Signes de Mesa (Tribunal de Justicia de la Unión Europea). Este año, entre las autoridades que asistirán a la inauguración estarán la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda.
2. Porque cuenta con un programa científico de máximo nivel.
El programa está dividido en 28 secciones, comisiones y subcomisiones, que dan contenido a más de 70 ponencias, además de la intervención del Grupo de Abogados Jóvenes. En esta edición se van a abordar asuntos de actualidad como las apuestas legales deportivas, la internacionalización de los despachos de abogados, la gestación por sustitución o gestación subrogada, el sistema de pensiones, la defensa de la Constitución a través del Derecho Penal, la reforma del impuesto de sucesiones y donaciones, el derecho al honor y la libertad de expresión en redes sociales, los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores o la perspectiva de género en el enjuiciamiento penal.
Queremos destacar también la ponencia que la Comisión de Conciliación e Igualdad presentará en la mesa institucional: Cómo gestionar la conciliación en los despachos de abogados, con Roberto Martínez, director de la Fundación MásFamilia.
Podéis consultar el programa aquí y también un pequeño avance que algunas de las Secciones han preparado en vídeo aquí
3. Porque este año, ¡nos traemos el Colegio al Congreso!
Los distintos departamentos y servicios estarán a disposición de todos los participantes en nuestro stand, convertido en Punto de información general, en un turno de atención al público que podéis consultar aquí
4. Porque podrás colaborar con distintas iniciativas solidarias.
En el marco de la política de Responsabilidad Social Corporativa, se ha aumentado el espacio solidario del Congreso, que cuenta en esta ocasión con las siguientes iniciativas:
Campaña de donación de sangre, en colaboración con el Centro Regional de Transfusión Sanguínea (CRTS)
Campaña “Kilo solidario”
Colaboración con Aldeas infantiles SOS
Colaboración con el Grupo Animalista de Benalmádena
Colaboración con Atenpace, Asociación para la ayuda a la atención al paralítico cerebral, mediante la venta del libro de nuestra compañera María Jesús Montero Gandía “Del derecho y del revés”. Los derechos de esta obra, una colección de relatos sobre el día a día de la abogacía, se destinan íntegramente a la asociación Atenpace.
5. Porque contaremos con Victor Küppers para la sesión de clausura.
Gracias a Altermutua podremos disfrutar de la conferencia de clausura a cargo de Victor Küppers, quien incidirá en la importancia de la actitud frente a la vida, aspecto clave en la psicología positiva y determinante para la gestión del estrés y la ansiedad.
El Congreso es además una gran oportunidad para intercambiar experiencias y conocimientos en un ambiente distendido. Queremos compartirlo con todos a través de nuestras redes sociales, y esperamos que nos ayudéis participando en Twitter e Instagram con la etiqueta #14AbogacíaMLG. Precisamente sobre Instagram tendremos alguna sorpresa que os contaremos en los próximos días.
IMPORTANTE: Aún podéis inscribiros de forma presencial, el día 18 de octubre, a partir de las 8:00h, en la sede del Congreso (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga)
¡Nos vemos en el 14º Congreso jurídico de Icamálaga!
http://www.14congresojuridicoicamalaga.es
www.icamalaga.es
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Etiquetas: #14AbogacíaMLG, congresos, congresos formación, desarrollo profesional, profesión, responsabilidad social corporativa, sector legal, tendencias
Tratamiento de los gastos de comunidad e IBI en la liquidación de gananciales
Que la atribución del uso de la vivienda familiar es uno de los caballos de batalla en cualquier proceso matrimonial no es algo que nos sorprenda, pero también hay otras cuestiones “menores” que son objeto de discusión tanto en el momento del proceso puro y duro de separación o divorcio o en el posterior proceso de liquidación de la sociedad de gananciales.
Una de esas cuestiones “menores” suele ser quién paga el Ibi, el seguro o las cuotas de comunidad de la vivienda ganancial, si el que tiene atribuido el uso, o si lo pagan ambos, y si posteriormente es o no reclamable al otro lo que se haya pagado por uno solo de ellos, tenga o no atribuido el uso de la misma.
Pues bien, como siempre el Tribunal Supremos nos va aclarando todas estas cuestiones, y así en su reciente sentencia de fecha de 27 de junio de 2018( id. cendoj 28079110012018100380), ha unificado doctrina.
Atendiendo al criterio de las cuotas de comunidad ordinarias, la Audiencia provincial de Madrid estableció que “«es jurisprudencia pacífica y unánime en las audiencias provinciales que los gastos de la Comunidad de Propietarios aunque sean responsabilidad de ambos cónyuges, por ser la casa ganancial, al estar atribuido su uso a los menores y a la madre en sentencia, las cuotas ordinarias cubren servicios que únicamente benefician a los menores y a la madre, porque se corresponden con la utilización y servicio del piso, como gastos inherentes a la ocupación del mismo, deben abonarlos quien habita el inmueble y los utiliza, beneficiándose de los mismos, estando la esposa obligada a soportarlos al ostentar el uso y disfrute de la vivienda familiar. Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 22.ª, entre otras de fecha 23-4-2013 , 18-12-2012 , 12-11-2012 », pero la esposa no conforme recurre en casación argumentando, entre otras las sentencias de esta sala de 25 de mayo de 2005 , 1 de junio de 2006 , 20 de junio de 2006 y 18 de junio de 2008 ,en referencia a que los gastos de comunidad de la vivienda son a cargo de los titulares y han de incluirse en el pasivo de la sociedad de gananciales, y el Tribunal Supremo le da la razón al considerar que:
“Hemos de partir de la distinción entre gastos que se derivan del uso del inmueble y gastos correspondientes a la propiedad del inmueble. Respecto de los primeros (como son los referidos a servicios de luz, agua, gas, teléfono...), lógicamente han de ser asumidos por el cónyuge usuario, si bien una parte proporcional habría de ser computada como gasto de los hijos a los efectos de la fijación de la pensión de alimentos. En relación con los gastos derivados de la propiedad, como son los de comunidad y el impuesto sobre bienes inmuebles, que tienen carácter "propter rem", corresponden al propietario. A falta de acuerdo o determinación en las medidas definitivas ha de considerarse que la deuda va unida a la propiedad del inmueble. La cuestión aparece clara en relación con los impuestos que gravan el inmueble, como es el IBI, ( STS de 563/2006, de 1 de junio ).
En cuanto a los gastos de comunidad, esta sala ha considerado en sentencia 373/2005, de 25 de mayo , que «la contribución al pago de los gastos generales constituye una obligación impuesta no a los usuarios de un inmueble, sino a sus propietarios, y, además, su cumplimiento incumbe a éstos no sólo por la utilización de sus servicios, sino también para la atención de su adecuado sostenimiento- se estima porque la participación en tiempo y forma en los gastos comunes, en bien del funcionamiento de los servicios generales, es una de las obligaciones del comunero, y los desembolsos derivados de la conservación de los bienes y servicios comunes no susceptibles de individualización repercuten a todos los condóminos». Dicha doctrina ha sido seguida, entre otras, por la sentencia de esta sala 588/2008, de 18 junio , y de la misma cabe extraer que, salvo previsión expresa en contrario en la sentencia que fija las medidas definitivas -lo que no ocurre en este caso- los gastos de comunidad correspondientes a la vivienda familiar han de ser a cargo de la sociedad de gananciales cuando sea titular de la misma con independencia de a quién se haya atribuido el uso tras la ruptura matrimonial.”
Por tanto, en el derecho, y más en el matrimonial, lo que se considera “jurisprudencia pacífica y unánime”, (sic sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid), no lo parece tanto, y en consecuencia, si en las medidas provisionales definitivas o en las acordadas en el convenio regular no se especifica quién se obliga al pago, y añado, sin o con derecho de reembolso posteriormente en la liquidación de gananciales, el que paga la comunidad de propietarios o el Ibi o el seguro ostentará un derecho de crédito contra el otro cónyuge que debe ser incluido en la liquidación de gananciales en la partida del pasivo.
Teniendo en cuenta que hay comunidades muy altas y que llegar al proceso de inventario es tras muchos años de proceso, las cantidades a reclamar no serán nimias, así que tomemos nota, diferenciemos en los convenios los conceptos de: gastos de comunidad, ordinarios y extraordinarios; de IBI; de seguros de la vivienda de forma clara y con renuncia en su caso a reclamarlas por el que las paga, o a solicitarlo así en las medidas provisionales y definitivas, pues a la vista de esta sentencia, de no haberse acordado nada al respecto, la obligación es de ambos propietarios y el que paga todo puede repetir al otro comunero.
Oído al parche, compañeros.
-Últimas resoluciones del Tribunal Supremo en materia de pensiones compensatorias
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Etiquetas: derecho de familia, gastos de comunidad, ibi, liquidación sociedad de gananciales, vivienda conyugal
Las incidencias urbanísticas del anteproyecto de ley que modifica la Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía
Autor: Gonzalo García Weil, abogado
Responsable de Formación continua en el Colegio de Abogados de Málaga
La Sevilla del Siglo XVI
El BOJA del pasado 7 de marzo publica la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Dirección General de Bienes Culturales y Museos, por la que se somete al trámite de información pública el anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
El plazo de información pública es de 20 días contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el BOJA.
El anteproyecto se puede consultar a través de la web .Las alegaciones pueden presentarse, además de en el registro de entrada de la Consejería de Cultura y por los medios que señala el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante correo electrónico dirigido a informacionpublica.dgbcym.ccul[@]juntadeandalucia.es
Para el legislador andaluz la experiencia acumulada en la aplicación, de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, aconsejan modificar determinados aspectos "para mejorarla, optimizarla y adecuarla a necesidades que han surgido en su aplicación desde la entrada en vigor hace más de diez años y, del mismo modo, adaptarla a recomendaciones internacionales en materia de protección de bienes Patrimonio de la Humanidad"
A continuación destacamos algunas de las modificaciones de índole o alcance urbanístico que se proponen:
1.- Con la nueva redacción a los apartados 1, 2 y 3 del artículo 13, se regula un breve procedimiento para la declaración de los bienes muebles, las actividades de interés etnológico (ambas categorías se incorporan al Inventario con esta modificación) y los bienes inmuebles, como integrantes del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz, que prescinda de trámites innecesarios, y al mismo tiempo, posibilitar que la incorporación a los catálogos urbanísticos de los municipios se realice de manera inmediata sin tener que esperar a la elaboración o modificación de los mismos, fijándose un plazo máximo de 2 años desde la publicación de la resolución en que se les reconozca como integrantes del patrimonio histórico andaluz para la aprobación definitiva de la innovación (en el supuesto de ser necesaria) y sin que dicha obligación pueda quedar excusada por la existencia de un planeamiento contradictorio con la protección de los bienes incluidos en el Inventario, ni por la inexistencia de planeamiento que contemple a los referidos bienes.
2.- Se incluye una Subtipología de “paisaje cultural” dentro de la figura de Zona Patrimonial (adaptación a la Convención Europea del Paisaje , Florencia, año 2000 y al Convenio Europeo del Paisaje del Consejo de Europa del año 2000).
3.- Prohibición de alineaciones nuevas, alteraciones en la edificabilidad, parcelaciones ni agregaciones en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, hasta la aprobación definitiva del planeamiento con los contenidos del artículo 31 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, al objeto de armonizar esta Ley con la legislación estatal de patrimonio histórico, hecho que ha sido puesto de manifiesto en diversas sentencias judiciales.
4.- Se modifica el artículo 33 para dar satisfacción a una demanda reiterada de simplificar y agilizar el trámite de autorización administrativa de obras o actuaciones en el patrimonio histórico, de esta manera se suprime la necesidad de autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico para la realización de obras interiores, siempre que no afecten al subsuelo, a la estructura y configuración arquitectónica y a elementos decorativos del patrimonio histórico, y afecten a inmuebles comprendidos en el entorno de un Bien de Interés Cultural y en inmuebles incluídos en Conjuntos Históricos, Sitios Históricos, Zonas Arqueológicas, Lugares de Interés Etnológico, Lugares de Interés Industrial o Zonas Patrimoniales, que no estén inscritos individualmente en el Catálogo General del Patrimonio Andaluz.
5.- Obligación de la presentación de una evaluación de impacto patrimonial a los titulares de cualquier proyecto que incida en elementos del Patrimonio Mundial situados en Andalucía.
6.- En las demoliciones de inmuebles incluidos en "Lugares de Interés Industrial" será necesaria, en determinadas circunstancias, la autorización de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico.
7.- Se procede a una delegación de competencias en los ayuntamientos con plan urbanístico de los previstos en el artículo 30 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, que podrán autorizar directamente, en aras a una mayor agilización y simplificación de la tramitación administrativa, las obras y actuaciones que cumplan con el planeamiento urbanístico aprobado y que afecten a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sus entornos, reservándose sólo la Consejería competente en materia de patrimonio histórico la competencia para autorizar las obras y actuaciones en Monumentos, Jardines Históricos y Zonas Arqueológicas.
8.- Se modifica el artículo 59.2 de modo que la excavación arqueológica se entienda hasta la profundidad a la que se esté afectando al subsuelo en cualquiera de los sistemas de cimentación existentes que sea necesario, para evitar una mayor afección al subsuelo del que contempla el aprovechamiento urbanístico, que puede irrogar daños irreversibles al patrimonio arqueológico existente en dicho subsuelo.
9.- Se modifica el régimen sancionador (nueva redacción a los artículos 109, 110, 112, 118 y 119 del Titulo XIII), para, de esta forma, atender a lo establecido en materia de régimen sancionador por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que establece en su artículo 29.3 que en la imposición de las sanciones por las Administraciones Públicas se deberá observar la debida idoneidad y necesidad de la sanción a imponer y su adecuación a la gravedad del hecho constitutivo de la infracción.
Se establece un plazo de seis meses para la resolución y notificación del procedimiento sancionador.
En cuanto a la prescripción de las sanciones, se adapta a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, (por ejemplo el "dies a quo" será desde el día siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolución por la que se impone la sanción o haya transcurrido el plazo para recurrirla).
Como a todo anteproyecto de ley, le queda por delante el tradicional recorrido legislativo en el que suelen producirse modificaciones de mayor o menor calado, pero con este breve estudio del mismo he querido adelantar las modificaciones de índole o alcance urbanístico que conllevará la modificación la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía.
- Las nuevas notificaciones electrónicas de la Ley 39/2015 y su importancia para los abogados
Imagen inicial: atribuída a Alonso Sánchez Coello [Public domain], via Wikimedia Commons
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Etiquetas: BOJA, derecho administrativo, Ley del Patrimonio Histórico de Andalucía, urbanismo
Día Internacional de la Mujer: por la igualdad real
"La mejor manera de cambiar una sociedad es a través del ejemplo". Son palabras de Inmaculada Atencia, vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, en el acto celebrado ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer. En su intervención destacó también que la actual Junta de Gobierno de la institución colegial, presidida por el decano, Francisco Javier Lara, es la primera paritaria en los 241 años de historia de la corporación, y que también es la primera vez que una mujer ocupa el cargo de vicedecana. “Os animo a que seamos ejemplo en el día a día”, ha señalado Atencia a las asistentes, al tiempo que ha resaltado todos los avances que se han conseguido en las últimas décadas.
Por su parte, Isabel Ferrer, miembro de la comisión de Derechos Humanos del Colegio, ha resaltado la importancia de la educación en igualdad y ha agradecido especialmente la presencia de profesoras y estudiantes en el acto.
En el acto de ayer se leyeron reseñas biográficas de mujeres que han destacado por sus aportaciones en los ámbitos jurídico, médico, científico, político o artístico, y han participado autoridades como la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga, Lourdes García Ortiz; representantes de los grupos municipales del Ayuntamiento de Málaga, la presidenta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes, Mara Monreal; la inspectora de la Policía Nacional Susana Prieto, abogadas, periodistas, la jugadora del Málaga CF Femenino Adriana Martín, profesoras, estudiantes y miembros de colectivos sociales, como Málaga Acoge. También han participado diputadas de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, la directora del Centro de Formación y la Defensora del Colegiado.
Podéis ver las fotos del acto aquí
La vicedecana se ha referido a la brecha salarial como uno de los caballos de batalla para conseguir una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y ha manifestado que, para atajarla, lo primero es ser conscientes de que existe. Compartimos su discurso durante un reciente acto celebrado en La Térmica (Centro de Cultura contemporánea de la Diputación de Málaga) con motivo del Día Internacional de la Igualdad salarial.
- La mujer en la abogacía
- Conciliación familiar y abogacía
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Etiquetas: 8 de marzo, brecha salarial, conciliación, Día Internacional de la Mujer, igualdad
Influencia de la liquidación de la sociedad de gananciales en la pensión compensatoria
Imagen de la serie Divorce
En junio de 2012 analizaba aquí las sentencias que dictó Doña Encarnación Roca en esta misma materia, pero creo que es necesario abordar nuevamente este interesante tema, puesto que acaba de dictarse, el día de los enamorados, una nueva sentencia del Tribunal Supremo, (Id Cendoj: 28079110012018100078), en virtud de la cual vuelve a reiterarse la doctrina de la extinción de la pensión compensatoria cuando se produce la liquidación de la sociedad de gananciales y el cónyuge beneficiario de la pensión compensatoria percibe bienes en exclusiva, le produzcan rentas o no, pues puede venderlos en último caso.
La STS de fecha 24 de noviembre de 2011 establecía que “a partir del momento de la adjudicación ostenta la titularidad exclusiva de los bienes adjudicados, lo que le va a permitir una gestión independiente. Por ello es también adecuado que se acuerde una pensión temporal, tal como ha efectuado la sentencia recurrida.”, ello sin perder de vista cuáles fueron los argumentos en los que se fundó la concesión de dicha pensión, y si ha habido alteración cabe la supresión limitación temporal, como ocurrió en el caso que culminó con esta sentencia.
Posteriormente la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de abril de 2017 procedió a rebajar la pensión compensatoria al haberse fijado aquella cuando la esposa carecía de ingresos, y ahora se le presumen tras la liquidación de gananciales:
"Téngase en cuenta que cuando se fijó la pensión ella carecía de ingresos, pues la explotación ganadera familiar la siguió administrando y gestionando el demandante. Sin embargo ahora, tras la liquidación de la sociedad de gananciales y adjudicación de bienes a ella, sí tiene ingresos que pueden rentar las fincas adjudicadas y, además, 210.000.-€ en metálico que sería la pensión de 1200.-€ mensuales durante 14 años. Por tanto esta circunstancia es sustancial y relevante para la modificación del quantum de la pensión".
Pero la actual sentencia de 14 de febrero de 2018 parece que da un paso más al frente y establece la supresión de la pensión compensatoria lisa y llanamente como consecuencia de la liquidación y adjudicación de los bienes al beneficiario de la misma.
Así nos dice que:
“A la vista de la doctrina mencionada, en interpretación de los arts. 97 y 101 del Código Civil , debemos declarar que procede la extinción de la pensión compensatoria al cesar la causa que la motivó, cual es la desaparición de la situación de desequilibrio.
Tras la liquidación de la sociedad de gananciales, la indivisión que afectaba a la titularidad de los bienes, ha devenido en atribución exclusiva de la propiedad y uso de los bienes adjudicados, con lo que los bienes han pasado a ser productivos para cada uno de los cónyuges, pudiendo disponer de los mismos, ya vendiéndolos o explotándolos, con lo que se aseguran una situación de estabilidad económica que se aproxima bastante a la existente antes de la separación conyugal y divorcio, con lo que al desaparecer la situación de desequilibrio, procede declarar extinguida la pensión compensatoria, al infringirse en la sentencia recurrida el art. 101 del C. Civil.”
Pero además, esta sentencia “en cuanto declara extinguida la pensión compensatoria·”, establece que “los efectos lo serán desde la fecha de la sentencia del juzgado ( art. 774.5 LEC ) ( sentencia 388/2017, de 20 de junio ), precepto éste aplicable al no poder equiparar la pensión compensatoria con la pensión de alimentos, por su diferente naturaleza jurídica.” .
Por tanto, y a modo de conclusión, parece que el Tribunal Supremo comienza a establecer una posibilidad, cada vez más clara, de solicitar la extinción de la pensión compensatoria tras la liquidación de gananciales, y la consolidación de la doctrina de los efectos retroactivos de la extinción desde la fecha de la sentencia de instancia.
-La vivienda conyugal: últimas sentencias del Tribunal Supremo
-Las barbies y el Derecho de familia
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Etiquetas: derecho de familia, jurisprudencia TS, liquidación sociedad de gananciales, pensión compensatoria
El problema de la prueba y cuantificación del daño moral en la indemnización por daños a animales.
Autora: Carmen Andrey Martín, abogada
El vínculo de afectividad que podemos llegar a tener con nuestra mascota puede ser tan intenso como el que tengamos con un familiar. Una afirmación innegable y creo que, a estas alturas, socialmente más que aceptada. De esta forma, a la hora de reclamar una indemnización por daños ocasionados a nuestras mascotas es precisamente el daño moral el que mayor relevancia adquiere para determinar el quantum indemnizatorio:
En cuanto a los gastos veterinarios o aquellos ocasionados por deshacerse del cuerpo del animal en caso de muerte la postura mayoritaria de los jueces pasa por no incluir gastos de alimentación y cuidados veterinarios, en cuanto son necesarios e indispensables para la propia tenencia del animal y no derivan del accidente o hecho en cuestión que haya motivado la petición de indemnización. En cuanto a los segundos sí que suelen incluirse, salvo los gastos de incineración, sobre los que hay mayor discusión, encontrando posiciones más dispares en los tribunales.
Si hablamos de una responsabilidad contractual es posible que en el contrato se haya especificado la cantidad a indemnizar en caso que el animal sufra daños o incluso la muerte. En este caso habrá que estar a lo acordado pero, en función de las circunstancias del caso concreto, en ocasiones será posible también añadir una indemnización por daño moral.
Si hablamos de una responsabilidad extracontractual habrá que ver si hemos pagado alguna cantidad para adquirir al animal: en caso afirmativo esta cuantía será fácilmente acreditable mediante ticket o factura de compra y concretará una cuantía específica. Ahora bien, ¿Y si no lo hemos comprado? ¿El no tener valor de adquisición implica que el animal no tenga valor ninguno? Obviamente esto no tendría sentido. Los jueces suelen tener en cuenta también otros parámetros como la edad, raza o, si ha recibido adiestramiento (pensemos en caballos de monta o halcones de cetrería), tiempo y materiales empleados en el mismo, etc...
Vamos incluso un paso más allá: si existe una propuesta de reforma legislativa que aboga por considerar a los animales como “seres vivos dotados de sensibilidad” no tiene mucho sentido tratarlos como “mercancías” a la hora de fijar su valor económico en base a facturas de compra o depreciaciones existentes en el mercado por el paso del tiempo. Esto nos lleva a la reflexión inicial: es el carácter moral del daño, y no el material, el imperante en este tipo de situaciones.
Su importancia, no obstante, es directamente proporcional a la dificultad de probar la existencia del daño y la cuantificación del mismo. ¿Cómo pueden resolverse ambas dificultades?
El baremo de accidentes de tráfico, que se usa como criterio orientador para otros supuestos fuera de los expresamente contemplados parece evidente que no tiene cabida en relación a este tema.
Una posibilidad es, en caso que exista una reclamación por daños materiales, unir la del daño moral a modo de porcentaje de la cantidad correspondiente a los materiales. No me parece personalmente una opción adecuada en este caso, dado el planteamiento del que parto: no solo es posible, sino que así ocurrirá en la mayoría de los casos, que el daño moral sea mayor que el material o incluso que este último no exista siquiera. En mi opinión son conceptos independientes.
La opción más razonable bajo mi punto de vista es cuantificar la petición en base a la jurisprudencia existente, aplicándola cuando sea posible, por analogía, a las circunstancias de nuestro caso concreto: por ejemplo, el extravío del animal por varios días o una larga enfermedad puede claramente causar sufrimiento y padecimiento psicológico a su dueño. Lo mismo digo si este último se ve obligado a presenciar la muerte violenta del animal, y esto como meros ejemplos. También parece claro que, cuanto más tiempo se haya convivido con el animal, mayor será el vínculo de afectividad con su dueño y, en definitiva, se irá incrementando la cantidad a reclamar. Otros criterios pueden ser también el tipo de animal del que hablemos: en principio no parece que podamos establecer la misma relación de afectividad con un perro que con el típico pez de colores. E incluso si hablamos del mismo tipo de animal cabe hacer distinciones: ¿Cuál es el daño moral del dueño por la pérdida de un perro guardián del ganado? No parece que pueda ser el mismo que aquel que convive con el animal (más aún si es por largo período de tiempo) y lo tiene perfectamente integrado en su núcleo familiar.
Otra opción: solicitar al juez que establezca una indemnización por daño moral en base a criterios de equidad, sin determinar una cantidad específica en nuestra demanda. Personalmente prefiero la opción anterior ya que, si bien es innegable que nuestra petición va a tener un marcado carácter subjetivo, ello no es obstáculo para que sea razonable; además, le podremos ofrecer al juez una relación más detallada de las circunstancias de nuestro caso que deben ser tenidas en cuenta para valorar económicamente ese daño moral.
En cualquier caso está claro que, dada la ausencia de un baremo que aporte seguridad jurídica a la hora de cuantificar este daño moral, serán los jueces los que analizarán el caso concreto y fijarán la indemnización en consecuencia.
-Una mano, una pata
- Presentamos la Sección de Derecho y Bienestar Animal
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Etiquetas: daño moral, Derecho y Bienestar Animal, indemnización, responsabilidad civil
The Dinner Horn (Blowing the Horn at Seaside) Winslow Homer
En los asuntos de derecho de familia la importancia de la rapidez del proceso es crucial, pero es obvio que, por mucho que sea rápido, los meses pasan aún más veloces tanto para el que precisa de alimentos como para el que paga unos alimentos indebidamente, pero el que no paga y espera la resolución puede encontrarse con la sorpresa de tener que pagar los atrasos.
Ante ello, el artículo 148 del Código civil establece la posibilidad de reclamarlos desde la interposición de la demanda, pero para evitar equívocos, hay que tener muy claro dos situaciones bien distintas y no confundir aquellos supuestos en los que los alimentos se fijan por primera vez ( en pleitos matrimoniales o reclamaciones puras de alimentos) de aquellos en los que lo que se discute es su extinción o modificación de la cuantía, tanto para reducir como para elevar los ya fijados previamente en una resolución judicial.
Pues bien, el Tribunal Supremo desde el año 2014, en sus sentencias de 26 de marzo y 19 de noviembre estableció una doctrina jurisprudencial según la cual:
En el primer caso debe estarse a la doctrina sentada en sentencias de 14 de junio 2011, 26 de octubre 2011 y 4 de diciembre 2013 , según la cual "debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad en situaciones de crisis del matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1 CC , de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda". Sin duda esta regla podría tener excepciones cuando se acredita que el obligado al pago ha hecho frente a las cargas que comporta el matrimonio, incluidos los alimentos, hasta un determinado momento, con lo que, sin alterar esta doctrina, los efectos habrían de retrotraerse a un tiempo distinto, puesto que de otra forma se estarían pagando dos veces.
En el segundo caso, esto es, cuando lo que se cuestiona es la eficacia de una alteración de la cuantía de la pensión alimenticia ya declarada con anterioridad, bien por la estimación de un recurso o por un procedimiento de modificación, la respuesta se encuentra en la propia STS de 26 de marzo de 2014, Rec. n° 1088/2013 , que, tras analizar la jurisprudencia aplicable, fija como doctrina en interés casacional que "cada resolución desplegará su eficacia desde la fecha en que se dicte y será solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de la interposición de la demanda, porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación, y las restantes resoluciones serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las citadas anteriormente" . Dicha doctrina se asienta en que, de una parte, el artículo 106 del Código Civil establece que los "los efectos y medidas previstas en este capítulo terminan en todo caso cuando sean sustituidos por los de la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo", y de otra, el artículo 774.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dispone que "los recursos que conforme a la Ley se interpongan contra la sentencia no suspenderán la eficacia de las medidas que se hubieran adoptado en ésta", razones que llevan a la Sala a entender que cada resolución habrá de desplegar su eficacia desde la fecha en que se dicte, siendo solo la primera resolución que fije la pensión de alimentos la que podrá imponer el pago desde la fecha de interposición de demanda (porque hasta esa fecha no estaba determinada la obligación), no así las restantes resoluciones que modifiquen su cuantía (sea al alza o a la baja), las cuales solo serán eficaces desde que se dicten, momento en que sustituyen a las dictadas anteriormente.
Pues bien, siendo dicha doctrina no discutida, el Tribunal Supremo en la reciente sentencia de fecha 20 de diciembre de 2017 (Id Cendoj: 28079110012017100652) analiza un supuesto realmente “novedoso”, por cuanto que, sin modificar la doctrina antes expuesta y que cita literalmente en la sentencia, accede a mantener la retroactividad de los alimentos en un procedimiento de modificación de medidas y que los alimentos fijados se retrotraigan a la fecha de la interposición de la demanda.
La peculiaridad de este asunto no es otra que, el hijo, antes de presentarse la demanda pasa a convivir con el padre, el cual tenía la obligación por sentencia de pagar una pensión alimenticia a la madre.
Por tanto, el Tribunal Supremo entiende, con buen criterio, que en este supuesto no estamos en el caso de una alteración de la cuantía de una previa pensión, sino ante el establecimiento de una nueva pensión alimenticia, esta vez con cargo a la madre, por lo que entiende procede mantener la retroactividad de su pago desde la fecha de la interposición de la demanda.
Nada se dice en la sentencia que comentamos respecto de qué ha ocurrido con las mensualidades que se han devengado durante el proceso judicial y a las que estaba obligado el padre a pagar conforme al 240 de la LOPJ, pero entendemos que al retrotraer los efectos, hay una “compensación” al amparo del artículo 151 del CC, aunque en dicho artículo expresamente se prohíba. ¿Y si le hubieran ejecutado operaría la devolución?. Cuestiones jurídicas que quedan por resolver.
Curioso, pero coherente, y como siempre el Derecho de Familia sigue siendo el más cercano a la realidad social, aunque sigan quedando cuestiones pendientes, pero eso, como dijo Michael Ende: “esa es otra historia”.
- Abuelos "responsables"
- Pensión mínima de alimentos: unificación de doctrina
Imagen inicial: Winslow Homer [Public domain], via Wikimedia Commons
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Etiquetas: alimentos, derecho de familia, jurisprudencia TS, pago de alimentos, tribunal supremo
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 artículo 16
 artículo 13
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 artículo 33
 artículo 30
 artículo 59
 artículo 29
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 artículo 148
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 artículo 106
 artículo 774
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 artículo 151