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Timestamp: 2020-08-12 23:41:06+00:00

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El COGITI organizó el III Foro de asesores jurídicos de los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales | COGITI
El COGITI organizó el III Foro de asesores jurídicos de los Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales Asesores jurídicos de los distintos Colegios de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales volvieron a debatir y poner en común los temas que preocupan a la profesión en la actualidad, en el marco de las terceras jornadas, organizadas por el COGITI el pasado viernes 19 de junio, y que en esta ocasión, debido a las medidas distanciamiento, se celebraron de forma telemática. Previamente, asistieron a las conferencias que ofrecieron Victoria Ortega Benito, presidenta de Unión Profesional y del Consejo General de la Abogacía Española, y José Antonio Galdón, presidente de COGITI.
José Antonio Galdón y Victoria Ortega participaron en la jornada, celebrada por vía telemática.
La jornada comenzó con las palabras del presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España (COGITI), José Antonio Galdón Ruiz, quien dio la bienvenida a los asistentes, y presentó a la prestigiosa ponente. Victoria Ortega, además de los cargos citados anteriormente, ostenta también los de Vicepresidenta Primera del Consejo Europeo de las Profesiones Liberales y Vicepresidenta de la Organización Mundial de las Profesiones Liberales. También es consejera del Consejo de Estado y miembro de la Comisión General de Codificación.
Durante su ponencia, Victoria Ortega hizo un repaso por la historia y las funciones de Unión Profesional, entidad asociativa formada por 34 consejos generales y colegios profesionales de ámbito nacional, que representa a unos mil colegios territoriales, y cuenta con una base de 1 millón 300 mil colegiados, de los ámbitos jurídico, sanitario, económico, social, científico, arquitectura, ingenierías y docentes. Se trata, por tanto, de una estructura con carácter interdisciplinar, que tiene entre sus pilares la defensa de la cultura y los valores de los profesionales en la sociedad.
El sector de servicios tiene un subsector de servicios profesionales que son las profesiones colegiadas, y que generan el 11% del valor añadido bruto en la economía. Un total de 600.000 profesionales trabajan por cuenta propia y están adscritos al régimen especial de trabajadores autónomos (RETA), y otros 180.000 aproximadamente a otras mutualidades alternativas.
Ortega recordó que Unión profesional ha celebrado este año su 40 aniversario, y que la asociación se creó en el marco de la Constitución Española. Su base fundamental es el interés general, lo que afecta, a su vez, al tema de la colegiación.
Asimismo, destacó las dos funciones determinantes de las organizaciones colegiales: la deontológica y la formación continua, e incidió en la necesidad de propiciar una verdadera interlocución y colaboración entre dichas organizaciones y los organismos públicos. “Unión Profesional quiere avanzar en este tema, ya que si se consiguiera sería muy positivo para la propia ciudadanía, pero lo cierto es que cuesta que esta interlocución sea fluida”, señaló.
La presidenta se refirió también a la necesaria independencia del trabajo profesional, a la autonomía facultativa, y a la responsabilidad que ambas conllevan, así como al control que se ejerce por parte de las instituciones colegiales. Además, destacó que en la actualidad Unión Profesional no solo está llevando a cabo actuaciones en el marco de la Unión Europea, sino también en la Unión Mundial de Profesiones Liberales.
En cuanto a la deontología, la presidenta de UP quiso hacer una mención expresa, con una doble vertiente: la definición y aprobación de un código deontológico, y la consecuente potestad disciplinaria.
En este sentido, indicó que el código deontológico tiene como norma la tipicidad, la legalidad y la publicidad. “La deontología tiene que moverse en el ámbito de la didáctica y fundamentalmente en el ámbito de la prevención de conductas transgresoras. Pero, además de ello, en el ámbito de las profesiones tiene que conllevar un plus de exigencia dentro del desarrollo de la actividad profesional. Es algo más que un código de buena conducta, son normas coercitivas directamente relacionadas con el derecho sancionador”.
“Para ello, es necesario que las empresas y el empleador (consumidor, paciente o cliente) tengan el convencimiento de que hay que respetar a los profesionales y asegurarse de que cumplan con las normas colegiales que definen lo que es el ejercicio profesional”, expresó. En mayo de 2019 entró en vigor un nuevo código deontológico, en el seno de Unión Profesional.
Otro aspecto que quiso destacar, durante su intervención, es el de la colegiación obligatoria, “que no siempre se cumple y esto es un problema”. En su opinión, “es el empleador, público o privado, el primer interesado en comprobar y exigir la colegiación, aunque solo sea por un tema de cobertura de seguros”.
“Nos hemos encontrado con la problemática de un ejercicio irregular a través del intrusismo, con unas consecuencias importantes. También se ha tratado mucho la figura de la colegiación de oficio, cuyo diseño ha planteado determinadas dificultades”, explicó.
Por su parte, la formación continua constituye otra de las funciones primordiales de las organizaciones colegiales. En este sentido, ha subrayado que el COGITI ha sido pionero en el desarrollo profesional continuo (DPC), como sistema de garantía para la sociedad y para dar valor a la formación y a la experiencia adquirida a lo largo de la vida. Su sistema de DPC fue homologado por UP, “que justifica una de las funciones esenciales de las instituciones colegiales”.
Para terminar su intervención, Victoria Ortega habló sobre la Ley de Colegios Profesionales. “En 2014 tuvo lugar una reforma, que tenía su origen en el mandato de la Ley Ómnibus de 2009, y que dependiendo de las profesiones, creaba una incertidumbre grande”.
“Ahora está en proceso de evaluación por parte de la Comisión interministerial, que tiene como misión fundamental determinar las profesiones reguladas, lo cual tiene una gran trascendencia. Las perspectivas no están muy claras, y a ello se suma además la directiva de proporcionalidad, cuya transposición al derecho interno no acaba de clarificar la situación”, señaló.
Sin embargo, a su juicio, “una cosa quedó clara en todos estos intentos de tramitación de anteproyectos, y es la necesidad de lograr un amplio consenso. Este texto es vital para las profesiones, y es fundamental también que haya una interlocución con los poderes públicos. De una forma u otra somos el enlace y la correa de transmisión con los ciudadanos frente a dichos poderes, que han de ser conscientes de esa necesidad”.
“En ese trabajo estamos los presidentes y los decanos que formamos parte de Unión Profesional, y muy especialmente José Antonio Galdón, que tiene un papel fundamental dentro de la asociación, ya que ésta no sería lo que es hoy sin su trabajo”, concluyó.
Ponencia de José Antonio Galdón, presidente del COGITI
La jornada continuó con la ponencia de José Antonio Galdón, presidente del COGITI, que habló sobre la propuesta de reforma del Real Decreto 1393/2007, de 19 de octubre, por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales.
Desde 2007 ha habido nueve reformas incorporadas al citado real decreto. “La esencia que nos ha afectado durante este tiempo es que conforme a ese real decreto se establece una estructura de tres niveles o ciclos académicos: grado (que da acceso a la profesión), máster (de especialización académica) y doctorado”, indicó.
El título de Ingeniero Técnico Industrial ha pasado a ser una titulación de grado de 240 CTS y tiene que cumplir la Orden CIN/351/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.
Asimismo, explicó cómo se puede acceder al máster, en función de la Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. En este sentido, los artículos más controvertidos son el 4.2.1 y el 4.2.3.
Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 2012 que declara nulo el artículo 4.2.1, en base a que el real decreto 1393/2007 dice en el artículo 15, apartado 4, que “Cuando se trate de títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas en España, el Gobierno establecerá las condiciones a las que deberán adecuarse los correspondientes planes de estudios, que además deberán ajustarse, en su caso, a la normativa europea aplicable. Estos planes de estudios deberán, en todo caso, diseñarse de forma que permitan obtener las competencias necesarias para ejercer esa profesión. A tales efectos la Universidad justificará la adecuación del plan de estudios a dichas condiciones”.
Y el artículo 16, que en su primer apartado establece que “Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”.
De este modo, no se pueden obtener competencias sin un título universitario que lo respalde; es decir, sin tener un título previo, de Grado, no se puede acceder al máster de Ingeniería Industrial.
Sin embargo, ¿qué ha estado ocurriendo? En base al artículo 4.2.2 de la citada Orden CIN, las Escuelas que solo ofertaban el título de Ingeniero Industrial, crearon de forma artificial el título de Gado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, con el objetivo de mantener su estructura organizativa, pero se trata de un título sin atribuciones profesionales, sin demanda en el mercado de trabajo, y que única y exclusivamente sirve para el acceso al Máster de Ingeniero Industrial. “Esta titulación tiene muchas limitaciones y es un engaño para los alumnos, pues tienen derecho a saber qué titulaciones tienen atribuciones profesionales y cuáles no”, explica Galdón.
Surgieron, además, numerosas titulaciones de Grado en Ingeniería que no dan acceso a la profesión por cuanto no cumplen la Orden CIN 351/2009 (habilitante para la profesión de ingeniero técnico industrial). “Como los alumnos, poco a poco, están decidiendo no realizar el Máster en Ingeniería Industrial, y la demanda ha bajado mucho en todos los centros universitarios, con lo que no son capaces de cubrir la oferta, algunas universidades Politécnicas, las denominadas UP4, están tratando de cambiar el modelo para consolidar el Máster de Ingeniero Industrial”, afirma Galdón.
El COGITI ha recurrido estas órdenes de acceso en un par de ocasiones, pero el proceso judicial se ha archivado por “causas sobrevenidas”, pues afecta solo a un curso en concreto, en el momento de interponer el recurso.
“Estas universidades obligan a los alumnos a hacer el máster, pero es un interés propio y exclusivo de la universidad. Los alumnos tienen que cursar un año y medio o dos años más para tener las atribuciones profesionales”, señala.
Esta situación se está “contagiando” al resto de escuelas universitarias, porque es una forma de obtener más financiación, y “lo están haciendo de espaldas a la sociedad”.
Modificaciones propuestas en el borrador del Real Decreto 1393/2007
Con las modificaciones propuestas en el borrador, se está dejando la puerta abierta para que en los casos en que una titulación de grado tenga 180 créditos, las Universidades puedan arbitrar ofertas formativas al máster complementario al grado, para que la formación generalista de estos grados pueda completarse en su caso con la mayor especialización del máster. Además, se plantea la posibilidad que de forma excepcional, se podrá acceder a las enseñanzas de máster sin haber finalizado los estudios de grado, habiendo superado, al menos, 180 créditos de dichos estudios.
Por todo ello, el COGITI exige que se reserve el nombre de Graduado/a en Ingeniería, únicamente a las titulaciones que cumplan las diferentes órdenes CIN que definen los planes de estudios conducentes a las profesiones reguladas
Tras la intervención del presidente del Consejo General, se presentó la nueva base de datos jurídica del COGITI, y a continuación se llevó a cabo la parte más técnica y propia de los asesores jurídicos de los Colegios, que fue coordinada por José Miguel Castillo y Pilar Colombo, asesores jurídicos del COGITI, para tratar de coordinar todas las actuaciones que ocupan a la institución en la actualidad.

References: Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 4
 real decreto 
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 4
 Real Decreto