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Timestamp: 2018-02-23 00:58:07+00:00

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Ley 12/2001, de 2 de julio, de la infancia y la adolescencia en Aragón - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 12/2001, DE 2 DE JULIO, DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA EN ARAGÓN (BOA DEL 20; BOE 8 DE AGOSTO)
Art. 1. Artículo bjeto
Art. 4. Interpretación de la Ley
Art. 5. Prioridad presupuestaria
Título II. Derechos de la infancia y la adolescencia y sus garantías (Arts. 6 a 19)
Capítulo I. De la prevención y garantías (Arts. 6 a 8)
Art. 6. Derechos de la infancia y la adolescencia
Art. 7. Prioridad y fines
Art. 8. Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos
Capítulo II. De los derechos de la infancia y la adolescencia (Arts. 9 a 19)
Art. 9. Derecho a ser bien tratado
Art. 10. Derecho a la identificación
Art. 11. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
Art. 12. Derecho a la información
Art. 13. Derecho a ser oído
Art. 14. Derecho a la libertad ideológica
Art. 15. Derecho de participación, asociación y reunión
Art. 16. Derecho a la libertad de expresión
Art. 17. Derecho a la integración
Art. 18. Derechos económicos y laborales
Art. 19. Derechos civiles y políticos
Capítulo III. Del derecho a la crianza y educación (Arts. 20 a 31)
Art. 20. El derecho a la educación
Sección 1.ª De los padres y otros responsables legales (Arts. 21 a 25)
Art. 21. Obligaciones de los padres
Art. 22. Del apoyo a la familia
Art. 23. Formación de los padres
Art. 24. Prestaciones económicas y apoyo técnico
Art. 25. Atención infantil en guarderías y otros centros
Sección 2.ª De los centros educativos (Arts. 26 a 28)
Art. 26. Centros de educación infantil
Art. 27. Promoción y garantía del derecho a la educación
Art. 28. Colaboración de los centros escolares
Sección 3.ª Del derecho a la cultura y a la adecuada utilización del ocio y el tiempo libre (Arts. 29 a 31)
Art. 29. El derecho a la cultura, ocio y tiempo libre
Art. 30. De la promoción de la cultura para los niños y adolescentes
Art. 31. De la promoción de la adecuada utilización del ocio y tiempo libre
Capítulo IV. Del derecho a la protección de la salud (Arts. 32 a 35)
Art. 32. Promoción y protección de la salud
Art. 33. Hospitalización de niños y adolescentes
Art. 34. Tratamiento y rehabilitación
Art. 35. Colaboración con las instituciones protectoras
Capítulo V. Del derecho a disfrutar de entornos saludables y a la adecuada distribución del espacio urbano (Arts. 36 a 38)
Art. 36. El derecho a disfrutar de entornos saludables
Art. 37. De la promoción de un medio ambiente natural y saludable
Art. 38. De la promoción de un entorno urbano adecuado
Capítulo VI. De la limitación de algunas actividades, medios y productos (Arts. 39 a 44)
Art. 39. Actividades prohibidas a los niños y adolescentes
Art. 40. Establecimientos y espectáculos
Art. 41. Publicaciones
Art. 42. Prensa y medios audiovisuales
Art. 43. Publicidad dirigida a los niños y adolescentes
Art. 44. Protección ante el consumo
Título III. De la protección social y jurídica de los menores (Arts. 45 a 77)
Capítulo I. Disposiciones generales (Arts. 45 a 55)
Art. 45. Finalidad
Art. 46. Medidas de protección
Art. 47. Principios de actuación
Art. 48. De los derechos de los menores protegidos
Art. 49. De la detección de las situaciones de riesgo y desamparo
Art. 50. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva
Art. 51. Evaluación de la situación
Art. 52. Trámite de audiencia
Art. 53. Notificación y comunicación al Ministerio Fiscal
Art. 54. De la no colaboración en la ejecución de las medidas
Art. 55. Asistencia y defensa letrada
Capítulo II. De las situaciones de riesgo (Arts. 56 a 58)
Art. 56. Situación de riesgo
Art. 57. Actuación ante la situación de riesgo
Art. 58. Colaboración en la ejecución de las medidas
Capítulo III. De las situaciones de desamparo (Arts. 59 a 77)
Sección 1.ª Del desamparo (Arts. 59 y 60)
Art. 59. Situación de desamparo
Art. 60. Declaración de la situación de desamparo
Sección 2.ª De la tutela (Arts. 61 y 62)
Art. 61. Tutela
Art. 62. Del cese de la tutela
Sección 3.ª De la promoción del nombramiento de tutor (Arts. 63)
Art. 63. De la promoción del nombramiento de tutor
Sección 4.ª De la guarda de menores (Arts. 64 y 65)
Art. 64. De la guarda
Art. 65. Guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan
Sección 5.ª De la guarda mediante acogimiento residencial (Arts. 66 a 69)
Art. 66. Acogimiento residencial en centro de protección de menores
Art. 67. Características de los centros de protección de menores
Art. 68. Centro de observación y acogida
Art. 69. Los acogimientos residenciales especiales
Sección 6.ª De la guarda mediante acogimiento familiar (Arts. 70 a 73)
Art. 70. Acogimiento familiar
Art. 71. Contenido
Art. 72. Modalidades de acogimiento familiar
Art. 73. Acogimiento provisional
Sección 7.ª De la adopción (Arts. 74 y 75)
Art. 74. De la adopción
Art. 75. De la adopción internacional
Sección 8.ª Procedimiento sobre acogimiento y adopción (Arts. 76 y 77)
Art. 76. Propuesta de acogimiento y adopción
Art. 77. Solicitantes
Título IV. De los menores en conflicto social (Arts. 78 a 81)
Art. 78. Menores en conflicto social
Art. 79. De la prevención y reinserción
Art. 80. De la ejecución de las medidas judiciales
Art. 81. De los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales
Título V. Distribución de competencias (Arts. 82 a 86)
Art. 82. Órganos competentes
Art. 83. Descentralización
Art. 84. Corporaciones locales
Art. 85. Instituto Aragonés de Servicios Sociales
Art. 86. Consejo Aragonés de la Adopción
Título VI. Plan Integral de atención a la infancia y adolescencia (Arts. 87 a 90)
Art. 87. Naturaleza y características
Art. 88. Contenido del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia
Art. 89. Elaboración y aprobación del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia
Art. 90. Comisión de seguimiento del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia
Título VII. Iniciativa social e instituciones colaboradoras (Arts. 91 a 95)
Art. 91. Fomento de la iniciativa social
Art. 92. Instituciones colaboradoras
Art. 93. Requisitos
Art. 94. Procedimiento para la habilitación
Art. 95. Contenido de la habilitación
Título VIII. Infracciones y sanciones (Arts. 96 a 105)
Capítulo I. Infracciones (Arts. 96 a 98)
Art. 96. Infracciones administrativas
Art. 97. Sujetos responsables
Art. 98. Reincidencia
Capítulo II. Sanciones administrativas (Arts. 99 a 101)
Art. 99. Sanciones administrativas
Art. 100. Acumulación de sanciones
Art. 101. Criterios de determinación de sanciones
Capítulo III. Procedimiento sancionador (Arts. 102 a 105)
Art. 102. Órganos competentes
Art. 103. Procedimiento aplicable
Art. 104. Prescripción
Art. 105. Caducidad
Título IX. De los registros (Arts. 106 a 108)
Capítulo I. Registro de protección de menores (Arts. 106 y 107)
Art. 106. Características y contenido
Art. 107. Efecto de la inscripción
Capítulo II. Del Registro de instituciones colaboradoras (Art. 108)
Art. 108. Características y contenido
Primera. Convenios con corporaciones locales
Segunda. Actualización de cuantías económicas y afectación de ingresos
Segunda. Autorización de desarrollo de convenios con la iniciativa social
La presente Ley pretende establecer un marco normativo general que garantice a los niños y adolescentes de la Comunidad de Aragón el ejercicio y desarrollo de los derechos que legalmente les corresponden.
Las Comunidades Autónomas asumieron las competencias en la protección y defensa de los intereses de los menores. Así, el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por Ley Orgánica 8/1982, de 10 de agosto, en su texto reformado por Ley Orgánica 5/1996, de 30 de diciembre, establece en su artículo 35.1.26.ª, 27.ª y 28.ª la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de asistencia, bienestar social, fundaciones de carácter benéfico, asistencial y similares que desarrollen principalmente sus funciones en Aragón, así como en la protección y tutela de menores.
Los padres o tutores representan el contexto normal de desarrollo del niño y son el primer nivel de responsabilidad que debe cubrir sus necesidades aplicando los recursos existentes en la sociedad. El entorno familiar constituye un nivel de apoyo inmediato al niño y a sus padres y, en caso necesario, es el primero en sustituirles en su función parental. Los sistemas públicos de salud, educación, acción social y justicia, de prestación obligatoria para las Administraciones públicas, en los términos que establecen las leyes, constituyen un tercer nivel de protección que debe ayudar a los padres a asegurar los derechos de sus hijos. Los servicios especializados de «protección de menores» deben actuar subsidiariamente cuando los anteriores niveles no sean suficientes para garantizar sus derechos. Todo ello con la garantía y la superior vigilancia del sistema judicial, con la consideración de los menores como sujetos de derechos y deberes y partícipes fundamentales de su desarrollo, y con la participación solidaria de la comunidad.
Así, para asegurar el desarrollo de los derechos de la infancia, se articularán los mecanismos necesarios de coordinación y colaboración de los distintos profesionales e instituciones, evitando la duplicidad de servicios y la disparidad de criterios. Las políticas de protección, mediante la elaboración de planes y leyes integrales, deben coordinar las distintas instituciones implicadas en el desarrollo de los derechos de los menores.
Se evoluciona de la «protección del menor» a la promoción y desarrollo de los derechos de los niños y adolescentes, en los que la protección social y jurídica del menor en situación de desamparo no es sino uno de sus apartados. Al afectar a derechos sustentados y promovidos por distintas Administraciones públicas, se necesita la coordinación de todas ellas en aras de una mayor eficacia.
El cambio que efectúa esta Ley al pasar de una concepción meramente de «protección», como existía hasta ahora, a una «promoción» y desarrollo de los derechos de todos los niños y adolescentes requiere de una Administración ágil y dinámica, por lo que parece oportuno incardinar toda esta actividad en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, organismo autónomo especializado en el bienestar social de todos los ciudadanos aragoneses, cuya actuación está regida por los principios de eficacia, simplificación, racionalización, descentralización, desconcentración de la gestión y participación de los interesados.
El proyecto de ley se estructura en ocho títulos. En el primero de los títulos establece las «Disposiciones Generales» relativas al objeto, ámbito de aplicación, principios de actuación e interpretación de la ley, así como a una declaración expresa de que esta materia deberá ser objeto de prioridad presupuestaria. La Ley será de aplicación en relación con todos los menores de edad.
El título segundo, dividido en seis capítulos, trata de los «Derechos de la infancia y la adolescencia y sus garantías », de manera que se distinga cada ámbito de actuación y las obligaciones de los responsables de los niños y adolescentes y de los diferentes poderes públicos en relación con cada uno de los derechos. El primer capítulo, sobre los derechos, los fines pretendidos y las medidas de garantía, es de aplicación general como garantía, fundamentalmente en su faceta de prevención.
Teniendo en cuenta el sentido más amplio del derecho a la educación, el capítulo tercero, «Del derecho a la crianza y educación», se estructura en tres secciones, puesto que este concepto se configura como responsabilidad tanto de los padres como de la administración educativa y, en general, de las Administraciones públicas que deben apoyar a los padres en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentar la perspectiva de una buena utilización del tiempo libre.
El capítulo cuarto está dedicado al «derecho a la protección de la salud», partiendo de la idea de que ésta depende de la promoción de estilos de vida saludables y de la prevención de la enfermedad. Asimismo, se hace hincapié en la necesidad de garantizar que, cuando los menores sean objeto de tratamiento, en la medida de lo posible, éste no dificulte su normal desarrollo, y, por otra parte, se especifica la responsabilidad de los servicios sanitarios ante situaciones de malos tratos.
El entorno, tanto desde el punto de vista del medio ambiente como del espacio urbano, es objeto del quinto capítulo. El título segundo termina con un sexto capítulo, referido a la «limitación de algunas actividades, medios y productos», limitación que tiene en cuenta la especial vulnerabilidad de los menores, especialmente en lo que se refiere a determinados establecimientos, espectáculos, publicidad, prensa, etcétera.
El título tercero, «De la protección social y jurídica de los menores», desarrolla en tres capítulos lo fundamental de la responsabilidad de la Administración con respecto a menores que se encuentren en situaciones de riesgo o de desamparo, dentro del marco del sistema público de servicios sociales. El capítulo primero establece las disposiciones comunes, definiendo los instrumentos de protección, los derechos específicos de los menores protegidos, los principios de actuación y, a continuación, aspectos concretos de los procedimientos: valoración, audiencia, notificaciones...
El segundo capítulo trata de las situaciones de riesgo, es decir de aquellas en las que las carencias o dificultades en la atención de las necesidades básicas de los menores no requieren su separación del medio familiar.
Insistiendo en el carácter integral del enfoque del tratamiento de la infancia y la adolescencia, el título cuarto se refiere a «los menores en conflicto social», combinándose una referencia a la prevención con el ejercicio de las competencias de ejecución de medidas judiciales aplicables a menores infractores.
Reconociendo el importante papel, tanto desde el punto de vista de la participación y consulta como de la promoción de los derechos, que la iniciativa social tiene en el ámbito de la infancia y la adolescencia, la Ley también incluye un título referido a la «Iniciativa social e instituciones colaboradoras», en el que se regula qué tipo de actividades pueden realizar y las condiciones para llevar a cabo determinadas tareas que requieren expresa habilitación por parte de la Administración.
Artículo 1. Artículo bjeto.—	Es objeto de esta Ley asegurar la promoción y protección del ejercicio de los derechos reconocidos a los niños y adolescentes así como establecer mecanismos de coordinación de las actuaciones de las instituciones públicas y privadas dirigidas a la atención y desarrollo integral de los mismos.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.—	La presente Ley es de aplicación a todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en Aragón, independientemente de su situación legal, salvo que los mismos hayan alcanzado la mayoría de edad en virtud de la legislación civil aplicable.
Artículo 3. Principios de actuación.—	1. Los poderes públicos garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a la presente Ley.
Artículo 4. Interpretación de la Ley.—	La interpretación de la presente Ley, así como la de sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a la infancia y la adolescencia debe realizarse teniendo en cuenta el interés superior del menor y de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado español y, especialmente, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989.
Artículo 5. Prioridad presupuestaria.—	La Administración de la Comunidad Autónoma tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reinserción de la infancia y la adolescencia. Asimismo, los Ayuntamientos y, en su caso, los órganos comarcales deberán tener en cuenta tal prioridad, dentro de sus posibilidades y competencias. En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse afectado por falta de recursos básicos.
Artículo 6. Derechos de la infancia y la adolescencia.—	Los menores gozarán de los derechos individuales y colectivos que les reconocen la Constitución, los tratados, convenios y pactos internacionales ratificados por el Estado español, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, y la Carta Europea de los Derechos del Niño, así como el Código Civil, la Compilación del Derecho Civil de Aragón y las restantes normas del ordenamiento jurídico.
Artículo 7. Prioridad y fines.—	1. En la atención integral a los niños y adolescentes tendrán carácter preferente las actuaciones dirigidas a promover y asegurar el ejercicio de sus derechos y a prevenir las situaciones de riesgo o desamparo, así como las carencias afectivas, materiales o de cualquier índole que menoscaben su desarrollo.
Artículo 8. Medidas para garantizar el ejercicio de los derechos.—	1. Los menores tienen derecho a recibir de las Administraciones públicas competentes la asistencia necesaria para el efectivo ejercicio de sus derechos.
Artículo 9. Derecho a ser bien tratado.—	1. Los niños y adolescentes tienen derecho a ser bien tratados y a ser protegidos frente a cualquier forma de violencia, amenaza, abuso, abandono, negligencia, sustracción, traslado ilícito y secuestro, explotación laboral, económica y sexual y frente a cualquier forma de malos tratos.
Artículo 10. Derecho a la identificación.—	En los centros de atención sanitaria en los que se produzcan nacimientos se establecerán las garantías necesarias para la inequívoca identificación de los recién nacidos.
Artículo 11. Derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen.—	1. Los niños y adolescentes tienen derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Artículo 12. Derecho a la información.—	1. Los niños y adolescentes deben ser informados de sus derechos, haciéndolos comprensibles según su desarrollo evolutivo y madurez.
Artículo 13. Derecho a ser oído.—	1. Además de en los supuestos previstos legalmente, los niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados, de acuerdo con su edad y condiciones de madurez, independientemente de sus posibilidades de comunicación, tanto en el ámbito familiar como en todo procedimiento en el que estén directamente implicados y que conduzca a una decisión que les afecte en la esfera personal, familiar o social. En los procedimientos, los menores serán escuchados en comparecencia realizada de forma adecuada a su situación y a su desarrollo evolutivo. Las Administraciones públicas de Aragón velarán para que, en aplicación de este derecho, se cumplan las condiciones de discreción, intimidad, seguridad y ausencia de presión.
Artículo 14. Derecho a la libertad ideológica.—	1. Los menores tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión.
Artículo 15. Derecho de participación, asociación y reunión.—	1. Los niños y adolescentes tienen derecho a participar plenamente, de acuerdo con su capacidad y desarrollo evolutivo, en la vida social, cultural, artística y recreativa de su entorno, así como a una incorporación progresiva a la ciudadanía activa.
Artículo 16. Derecho a la libertad de expresión.—	1. Los menores gozan del derecho a la libertad de expresión en los términos constitucionalmente previstos. Este derecho incluye la libertad de recibir y difundir opiniones e ideas de todo tipo, ya sea oralmente, por escrito o mediante imágenes, de forma impresa, mediante soporte informático o de cualquier otra forma.
Artículo 17. Derecho a la integración.—	1. Los menores que residan o se encuentren transitoriamente en Aragón tienen derecho a la integración social, y, para ello, las Administraciones públicas de Aragón establecerán las medidas necesarias para facilitar a los menores su completa realización personal, su integración social y educativa y el ejercicio de sus derechos.
Artículo 18. Derechos económicos y laborales.—	Los menores deben ser protegidos de cualquier tipo de explotación económica o de cualquier trabajo que pueda ser peligroso, perjudicar a su salud o entorpecer su educación y formación o su desarrollo integral, de acuerdo con lo que establece la legislación laboral vigente.
Artículo19. Derechos civiles y políticos.—	Los menores tienen derecho a ejercer los derechos civiles y políticos sin más limitaciones que las fijadas por la legislación vigente.
Artículo 20. El derecho a la educación.—	1. Todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, tienen derecho a recibir una crianza y educación, en el seno de su familia y con la colaboración de las Administraciones públicas, que les garantice el desarrollo libre, integral y armónico de su personalidad.
SECCIÓN 1.ª DE LOS PADRES Y OTROS RESPONSABLES LEGALES
Artículo 21. Obligaciones de los padres.—	1. Incumbe a los padres o a quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar el deber primordial de crianza y educación de los niños y adolescentes. Los padres son titulares del derecho y la obligación de relacionarse con sus hijos menores y de visitarlos, aunque no convivan con ellos.
Artículo 22. Del apoyo a la familia.—	1. Con el fin de evitar el deterioro del entorno familiar y de cubrir las necesidades básicas de los niños y adolescentes, las Administraciones públicas establecerán los programas sociales y facilitarán los apoyos necesarios para que la responsabilidad de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar pueda ser cumplida de forma adecuada.
Artículo 23. Formación de los padres.—	1. Las Administraciones públicas ofrecerán a los padres, a quienes vayan a serlo y a quienes puedan ejercer funciones parentales los medios de información y formación necesarios para que puedan cumplir adecuadamente con sus responsabilidades.
Artículo 24. Prestaciones económicas y apoyo técnico.—	1. Las familias o las personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los niños y adolescentes podrán ser objeto de ayuda en forma de prestaciones económicas o apoyo técnico.
Artículo 25. Atención infantil en guarderías y otros centros.—	1. Las guarderías, jardines de infancia y otros centros o servicios que atienden a menores de seis años y que no imparten educación infantil, cualquiera que sea su denominación o titularidad, deberán:
SECCIÓN 2.ª DE LOS CENTROS EDUCATIVOS
Artículo 26. Centros de educación infantil.—	La Administración de la Comunidad Autónoma, en colaboración con las Administraciones locales, creará una red de centros de educación infantil para menores de tres años con el fin de contribuir al desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de la infancia, de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
Artículo 27. Promoción y garantía del derecho a la educación.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma, en defensa del derecho a la educación de los niños y adolescentes, asegurará el acceso a la educación de todos los menores en igualdad de condiciones.
2. Las Administraciones públicas colaborarán con la familia en el proceso educativo de los menores y garantizarán la existencia de un número de plazas suficiente en los centros de educación infantil, primaria y secundaria, así como de medios humanos, materiales y de transporte para asegurar una atención escolar de calidad. También garantizarán la existencia de un número suficiente de plazas accesibles para aquellos alumnos con discapacidades y dispondrán de los recursos técnicos y de transporte adaptado para su escolarización.
Artículo 28. Colaboración de los centros escolares.—	1. Los responsables de los centros escolares y el personal educativo de los mismos están obligados a colaborar con las familias y los servicios municipales y con las instituciones protectoras de menores para garantizar la escolarización obligatoria y combatir el absentismo escolar.
SECCIÓN 3.ª DEL DERECHO A LA CULTURA Y A LA ADECUADA UTILIZACIÓN DEL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE
Artículo 29. El derecho a la cultura, ocio y tiempo libre.—	Los niños y adolescentes tienen derecho a participar plenamente en la vida cultural y artística, al descanso y esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad como elementos esenciales para su educación y desarrollo como ciudadanos conscientes y responsables.
Artículo 30. De la promoción de la cultura para los niños y adolescentes.—	1. Las Administraciones públicas respetarán y promoverán el derecho de los niños y adolescentes a participar plenamente en la vida cultural y artística, fomentando las iniciativas sociales relativas a dicho ámbito dirigidas a los menores.
Artículo 31. De la promoción de la adecuada utilización del ocio y tiempo libre.—	1. Las Administraciones públicas garantizarán el acceso de los niños y adolescentes, sin discriminación alguna, a los recursos y actividades lúdicas que sean apropiados para su edad, desarrollo y condiciones personales. Asimismo, promocionarán el asociacionismo y la participación de los niños y adolescentes mediante la educación en el tiempo libre, desarrollando, para tal finalidad, equipamientos, servicios y programas públicos de carácter socioeducativo dirigidos a toda la población infantil, adolescente y juvenil.
Artículo 32. Promoción y protección de la salud.—	1. Todos los niños y adolescentes tienen derecho a la promoción y protección de la salud y a la atención sanitaria, de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 33. Hospitalización de niños y adolescentes.—	La hospitalización de los niños y adolescentes en Aragón se efectuará de acuerdo con los siguientes principios:
Artículo 34. Tratamiento y rehabilitación.—	Las Administraciones públicas establecerán los medios necesarios para que todos los niños y adolescentes que se encuentren en Aragón puedan recibir tratamiento y rehabilitación en centros adaptados a sus necesidades de las secuelas que hayan podido tener por causas congénitas, accidentes o enfermedad, comprendiéndose tanto los aspectos físicos como los psíquicos y sociales.
Artículo 35. Colaboración con las instituciones protectoras.—	1. Los niños y adolescentes que sufran malos tratos físicos o psíquicos en el seno de su familia, institución o entorno recibirán protección especial de carácter sanitario, asistencial y urgente, según requiera cada caso específico.
Artículo 36. El derecho a disfrutar de entornos saludables.—	1. Los niños y adolescentes tienen derecho a conocer, disfrutar y desarrollarse en un medio ambiente adecuado y saludable.
Artículo 37. De la promoción de un medio ambiente natural y saludable.—	Las Administraciones públicas, para garantizar a los niños y adolescentes el ejercicio del derecho a un medio ambiente natural y saludable, promoverán:
Artículo 38. De la promoción de un entorno urbano adecuado.—	Las Administraciones públicas velarán para que:
d) Se facilite la participación de los niños y adolescentes en el diseño de los espacios públicos, y, en especial, aquellos de uso específico de menores.
Artículo 39. Actividades prohibidas a los niños y adolescentes.—	Los niños y adolescentes no podrán realizar, aun con el consentimiento de sus padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, las actividades siguientes:
Artículo 40. Establecimientos y espectáculos.—	1. A fin de garantizar una más correcta protección de los niños y adolescentes en su relación con los establecimientos y espectáculos públicos, se prohíbe:
Artículo 41. Publicaciones.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma protegerá a los niños y adolescentes de las publicaciones que fomenten o inciten a la violencia, la xenofobia, la discriminación sexual o tengan un contenido pornográfico.
Artículo 42. Prensa y medios audiovisuales.—	1. La prensa y los medios audiovisuales, en especial aquellos textos, espacios o programas a los que los niños y adolescentes les dedican especial atención, deben favorecer los objetivos educativos y el desarrollo integral de los mismos, potenciando los valores humanos y los principios democráticos. Los medios de comunicación social que emiten o tienen difusión en Aragón deben tratar con especial cuidado toda información que vaya dirigida o afecte a los niños y adolescentes.
Artículo 43. Publicidad dirigida a los niños y adolescentes.—	1. La publicidad dirigida específicamente a los niños y adolescentes deberá estar sometida a límites reglamentariamente establecidos que obliguen a respetar los siguientes principios de actuación:
b) No se explotará la inexperiencia o credulidad de los niños y adolescentes o la especial confianza que éstos tienen en sus padres, profesores o tutores. Las representaciones de objetos deberán reflejar la realidad de su tamaño, movimiento, prestaciones y demás atributos. Los anuncios deberán hacer indicación del precio del objeto anunciado.
Artículo 44. Protección ante el consumo.—	1. Las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deben velar porque los derechos de los niños y adolescentes, como colectivos de consumidores, gocen de defensa y protección especial.
Promocionarán la información y la educación para el consumo y velarán por el estricto cumplimiento de la normativa aplicable en materias de seguridad y publicidad, defendiendo a los menores de las prácticas abusivas.
Artículo 45. Finalidad.—	La protección de menores es el conjunto de actuaciones que, en el marco del sistema público de servicios sociales, tiene como finalidad prevenir, detectar y corregir las situaciones de riesgo y de desamparo, mediante la integración del menor en grupos naturales de convivencia, en condiciones básicas suficientes que posibiliten su participación en la vida familiar, económica, social y cultural, y su desarrollo integral como persona.
Artículo 46. Medidas de protección.—	Son instrumentos de la protección de menores:
Artículo 47. Principios de actuación.—	1. La protección social y jurídica de los menores deberá responder, además de a los enunciados en el artículo 3, a los siguientes principios:
Artículo 48. De los derechos de los menores protegidos.—	1. Se garantizará el ejercicio de todos los derechos reconocidos universalmente y de los recogidos en esta Ley, con la única limitación que pueda imponerse por resolución judicial.
Artículo 49. De la detección de las situaciones de riesgo y desamparo.—	1. Las Administraciones públicas, dentro de sus competencias, deberán desarrollar las actuaciones necesarias para la detección de las situaciones de riesgo y desamparo de los menores.
Artículo 50. Obligaciones de los ciudadanos y deber de reserva.—	1. Toda persona, y, en especial, quien por razón de su profesión tenga noticia de una situación de riesgo o desamparo, lo pondrá en conocimiento de la entidad pública competente en materia de protección de menores, garantizándosele durante todo el procedimiento la debida reserva y el anonimato, y sin perjuicio de la obligación de prestar el auxilio inmediato que precise y de las comunicaciones procedentes a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal.
2. Las autoridades y las personas que por su profesión o función conozcan el caso actuarán con la debida reserva. Están especialmente obligadas a guardar secreto de la información que obtengan y de los datos de filiación de los menores las personas que intervengan en el procedimiento de constitución de acogimientos y propuestas de adopción, evitando especialmente en este último caso que la familia de origen conozca a la adoptiva. No obstante, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá facilitar al adoptante, así como a quienes tengan al menor en acogimiento familiar preadoptivo, la información disponible sobre la familia natural del menor que resultase precisa en interés de la salud y desarrollo del mismo.
Artículo 51. Evaluación de la situación.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, estará obligada a verificar con la mayor celeridad posible la situación denunciada y a adoptar las medidas necesarias para resolverla en función del resultado de aquella actuación.
Artículo 52. Trámite de audiencia.—	1. En los procedimientos para la declaración de la situación de riesgo o de desamparo, así como para la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección, se dará audiencia previa al menor si tuviere doce años cumplidos o suficiente juicio y, siempre que sea posible, a los padres o a quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar.
Artículo 53. Notificación y comunicación al Ministerio Fiscal.—	1. Las resoluciones que se adopten en el procedimiento de declaración de la situación de riesgo o de desamparo y en la aplicación, modificación y cese de las medidas de protección serán motivadas y deberán ser notificadas a los padres o a quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, e inscritas en el Registro de protección de menores. Siempre que no sea contrario al interés del menor, se les informará en el plazo de cuarenta y ocho horas, de forma presencial y de modo claro y comprensible, sobre las causas que dieron lugar a la intervención y los posibles efectos de la decisión adoptada por la Administración.
Artículo 54. De la no colaboración en la ejecución de las medidas.—	Si los padres, quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar o cualquier otra persona impidieran el estudio o la ejecución de las medidas de protección, se solicitará del Ministerio Fiscal o de la autoridad judicial la adopción de las medidas necesarias para hacerlas efectivas, sin perjuicio de las intervenciones inmediatas que fueren necesarias en caso de peligro para la integridad del menor.
Artículo 55. Asistencia y defensa letrada.—	1. Los Letrados de los Servicios Jurídicos podrán representar y defender en juicio a los menores tutelados por la Administración de la Comunidad Autónoma. A estos efectos será precisa la previa solicitud de quien ejerza la tutela del menor en nombre de la Administración de la Comunidad Autónoma y la autorización del Director General de Servicios Jurídicos.
Artículo 56. Situación de riesgo.—	Se consideran situaciones de riesgo aquellas en las que, por circunstancias personales o sociofamiliares, se ven obstaculizados el desarrollo integral del niño o adolescente y el ejercicio de sus derechos y que no requieren su separación del medio familiar.
Artículo 57. Actuación ante la situación de riesgo.—	La apreciación de la situación de riesgo conllevará la elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social individualizado y con indicación de plazos para su ejecución, que, en todo caso, deberá recoger las actuaciones y recursos necesarios para su eliminación, manteniendo al menor en su entorno familiar.
Artículo 58. Colaboración en la ejecución de las medidas.—	Los padres o quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar están obligados a colaborar activamente, según su capacidad, en la ejecución de las medidas de protección indicadas en la resolución de la situación de riesgo. La negativa a la colaboración podrá dar lugar a la declaración de desamparo, si así lo requiere la evolución de la situación de riesgo y la protección del menor.
Artículo 59. Situación de desamparo.—	1. Se considera situación de desamparo la que se produce de hecho a causa del incumplimiento, o del imposible o inadecuado ejercicio de los deberes de protección establecidos por las leyes para la guarda de los menores, cuando éstos queden privados de la necesaria asistencia moral y material.
Artículo 60. Declaración de la situación de desamparo.—	1. Reglamentariamente se regulará el procedimiento para declarar la existencia de una situación de desamparo mediante resolución motivada, previo informe del equipo interdisciplinar, y que acuerde la medida de protección que corresponda.
SECCIÓN 2.ª DE LA TUTELA
Artículo 61. Tutela.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, asume por ministerio de la Ley la tutela de los menores en situación de desamparo.
Artículo 62. Del cese de la tutela.—	1. La tutela ejercida por la Administración de la Comunidad Autónoma sólo podrá cesar en los siguientes supuestos:
SECCIÓN 3.ª DE LA PROMOCIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE TUTOR
Artículo 63. De la promoción del nombramiento de tutor.—	La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, y cuando no haya designación de autoridad familiar, promoverá el nombramiento de tutor cuando existan personas que puedan asumir la tutela en beneficio del menor en situación legal de desamparo, conforme a las normas civiles aplicables.
SECCIÓN 4.ª DE LA GUARDA DE MENORES
Artículo 64. De la guarda.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, asumirá la guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar, por acuerdo judicial o en función de la tutela por ministerio de la ley, en los supuestos y con el alcance establecidos en la legislación civil aplicable.
Artículo 65. Guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan.—	1. La guarda a solicitud de los padres o de quienes les sustituyan en el ejercicio de las funciones propias de la patria potestad o autoridad familiar tendrá carácter temporal y tenderá en todo momento a la reintegración del menor en su familia de origen.
SECCIÓN 5.ª DE LA GUARDA MEDIANTE ACOMIENTO RESIDENCIAL
Artículo 66. Acogimiento residencial en centro de protección de menores.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia, acordará el acogimiento residencial cuando el resto de los instrumentos de protección resulten imposibles, inadecuados o insuficientes.
8. Al menos durante el año siguiente a la salida de los menores de un centro de protección, la Administración de la Comunidad Autónoma efectuará un seguimiento de aquellos al objeto de comprobar que su integración sociolaboral sea correcta, aplicando las ayudas técnicas o económicas necesarias. Para ello, se podrá recabar la colaboración de los servicios sociales comunitarios gestionados por entidades locales, así como de cualesquiera otros organismos e instituciones.
Artículo 67. Características de los centros de protección de menores.—	1. Son centros de protección de menores los destinados al desarrollo integral de la personalidad de los mismos, acogiendo, cuidando y educando a los que por motivos de protección deban ser separados temporal o definitivamente de su núcleo familiar o entorno social.
a) Su dimensión y número de plazas serán los precisos para que puedan fomentar las relaciones personales y la madurez afectiva. A tal objeto, se procurará que sean centros de dimensiones y número de plazas reducidas. Reglamentariamente se establecerá el número máximo de plazas de cada centro.
Artículo 68. Centro de observación y acogida.—	1. Es el centro de protección destinado a la acogida y observación del menor, mientras se realiza el estudio de su situación y de las medidas más adecuadas para su protección. La estancia de un menor en un centro de observación y acogida no será superior a dos meses.
Artículo 69. Los acogimientos residenciales especiales.—	1. El acogimiento residencial de menores con graves deficiencias o discapacidades físicas o psíquicas o alteraciones psiquiátricas que estén sujetos a protección se realizará en centros específicos, con la correspondiente autorización judicial en su caso.
SECCIÓ 6.ª DE LA GUARDA MEDIANTE ACOGIMIENTO FAMILIAR
Artículo 70. Acogimiento familiar.—	El acogimiento familiar es una medida de protección que proporciona al menor un núcleo de convivencia familiar, en sustitución o como complemento del propio, bien sea de forma temporal, para su reinserción en su familia de origen o para su adaptación a la familia que lo vaya a adoptar, o bien de forma permanente, cuando la edad u otras circunstancias del menor y su familia así lo requieran.
Artículo 71. Contenido.—	El acogimiento familiar produce la plena participación del menor en la vida de familia e impone a quien lo recibe las obligaciones establecidas en la legislación civil aplicable, así como la de respetar los acuerdos recogidos en el documento de su formalización.
Artículo 72. Modalidades de acogimiento familiar.—	1. El acogimiento familiar podrá adoptar las modalidades de acogimiento familiar simple, acogimiento familiar permanente y acogimiento familiar preadoptivo, con el alcance y efectos que para estas modalidades se regulan en las normas civiles aplicables.
Artículo 73. Acogimiento provisional.—	1. Si los padres o personas que ejerzan la autoridad familiar o tutores no consienten o se oponen al acogimiento, éste sólo podrá ser acordado por el Juez. No obstante, junto a las modalidades de acogimiento establecidas en los artículos anteriores, la entidad pública podrá acordar el acogimiento provisional en los casos y en la forma regulados por la legislación civil aplicable.
SECCIÓN 7.ª DE LA ADOPCIÓN
Artículo 74. De la adopción.—	1. La adopción se ajustará a lo establecido por la legislación civil aplicable.
Artículo 75. De la adopción internacional.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a través del Departamento competente por razón de la materia, ejerce las funciones y competencias en materia de adopción internacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente y en los convenios internacionales aplicables.
SECCIÓN 8.ª PROCEDIMIENTO DE AGOMIENTO Y ADOPCIÓN
Artículo 76. Propuesta de acogimiento y adopción.—	1. El acogimiento, tanto en su formalización como en su cese, se regulará de acuerdo con la legislación civil aplicable.
Artículo 77. Solicitantes.—	1. Podrán solicitar la inscripción en el libro de solicitantes, acogimientos y adopciones del Registro de protección de menores las personas que reúnan los requisitos previstos en la normativa vigente.
Artículo 78. Menores en conflicto social.—	Se considerarán menores en conflicto social, a los efectos de la presente Ley, aquellos niños y adolescentes que pudiesen encontrarse en riesgo de causar perjuicios a sí mismos o a otros, así como aquellos a los que les fuera aplicable la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Artículo 79. De la prevención y reinserción.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma dará prioridad a las actuaciones preventivas, incidiendo en los factores de riesgo que originan la marginación y la delincuencia, y promocionará los servicios y programas que apoyen la atención del menor en su entorno, mediante actuaciones específicas de ocio, formación, promoción ocupacional, empleo, convivencia familiar y otras que contribuyan a la adecuada socialización del menor.
Artículo 80. De la ejecución de las medidas judiciales.—	1. Corresponderá a la Administración de la Comunidad Autónoma, a través del órgano competente por razón de la materia:
Artículo 81. De los centros de internamiento para el cumplimiento de medidas judiciales.—	1. Las medidas de internamiento, así como la ejecución de los internamientos cautelares, se realizarán en centros propios de la Comunidad Autónoma de Aragón, salvo que en interés del menor se considere otro centro como más adecuado, previa autorización del Juez que haya dictado la sentencia.
Artículo 82. Órganos competentes.—	Corresponde a la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón la competencia en materia de protección y de ejecución de medidas de reforma de los menores, que ejercerá a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la materia.
Artículo 83. Descentralización.—	1. Los principios de universalidad e igualdad en el ámbito de actuación de los servicios públicos exigen que se garantice a todos los usuarios, menores y familias el ejercicio de sus derechos, sin posible discriminación por el lugar de residencia.
Artículo 84. Corporaciones locales.—	1. Corresponde a las corporaciones locales, a través de los servicios sociales comunitarios, realizar las funciones de prevención, información, promoción y reinserción social en materia de menores, así como de colaboración con la Administración de la Comunidad Autónoma en la orientación y seguimiento de los casos que requieran su intervención en el propio medio.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma prestará la necesaria cooperación técnica y financiera para el efectivo cumplimiento de estas funciones, atendiendo fundamentalmente la asunción por la correspondiente corporación local de las funciones siguientes:
a) El seguimiento de la escolarización, con especial atención a la prevención del absentismo escolar.
Artículo 85. Instituto Aragonés de Servicios Sociales.—	1. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, adscrito al Departamento competente por razón de la materia, tendrá, en el marco de esta Ley, como objetivos básicos:
a) Promover políticas integrales de atención a la infancia y la adolescencia.
Artículo 86. Consejo Aragonés de la Adopción.—	1. El Consejo Aragonés de la Adopción, como órgano adscrito al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, estará compuesto por:
a) El Consejero responsable en materia de menores o persona en quien delegue, que lo presidirá.
2. El Consejo tendrá competencia para:
a) Acordar la formalización de los acogimientos realizados con consentimiento de los padres o tutores del menor.
Artículo 87. Naturaleza y características.—	El Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia es el instrumento básico para la planificación, ordenación y coordinación de los recursos, objetivos y actuaciones que en materia de infancia y adolescencia se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Aragón. Este Plan será vinculante para todas las Administraciones públicas e instituciones privadas que desarrollen actuaciones en esta materia en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Artículo 88. Contenido del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia.—	El Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia contemplará en su redacción, al menos, los siguientes extremos:
Artículo 89. Elaboración y aprobación del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia.—	1. La elaboración del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia corresponde al Gobierno de Aragón, a través del órgano competente por razón de la materia, que procederá a su redacción de conformidad con las directrices que hayan sido establecidas en esta materia por el Gobierno de Aragón.
Artículo 90. Comisión de seguimiento del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia.—	Para el análisis del desarrollo del Plan, así como para la presentación de iniciativas y sugerencias en el ámbito de la infancia y la adolescencia, se constituirá la Comisión de seguimiento del Plan Integral de atención a la infancia y la adolescencia, cuya composición y funciones se determinarán reglamentariamente.
Artículo 91. Fomento de la iniciativa social.—	1. La Administración de la Comunidad Autónoma facilitará cauces de participación a las entidades sin ánimo de lucro en órganos de carácter consultivo, para asesorar en materia de atención a la infancia, proponiendo actuaciones que puedan dar respuesta a las nuevas necesidades planteadas.
Artículo 92. Instituciones colaboradoras.—	1. Son instituciones colaboradoras las asociaciones, fundaciones u otras entidades privadas que hayan sido reconocidas o acreditadas por la Administración autonómica para desempeñar actividades y tareas de atención integral a los menores.
Artículo 93. Requisitos.—	1. Las instituciones que deseen ser habilitadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales como instituciones colaboradoras de integración familiar o como entidades colaboradoras de adopción internacional deberán reunir los siguientes requisitos:
Artículo 94. Procedimiento para la habilitación.—	1. El procedimiento para la concesión de la habilitación se regulará reglamentariamente.
Artículo 95. Contenido de la habilitación.—	1. La habilitación deberá expresar con claridad las funciones para las que resulta autorizada la institución correspondiente y el régimen jurídico de su ejercicio.
3. Las entidades colaboradoras de adopción internacional podrán ser habilitadas para realizar las funciones de mediación en la adopción internacional de acuerdo con la legislación vigente y su reglamentación específica.
Artículo 96. Infracciones administrativas.—	1. Son infracciones administrativas a la presente Ley las acciones y omisiones dolosas o imprudentes tipificadas en este artículo.
ñ) Aplicar por parte de los titulares de centros o servicios las ayudas o subvenciones públicas a finalidades diferentes de aquellas para las que hubieran sido otorgadas, cuando no se deriven responsabilidades penales.
Artículo 97. Sujetos responsables.—	Son responsables las personas físicas o jurídicas a las que sean imputables las acciones u omisiones constitutivas de infracciones tipificadas en esta Ley.
Artículo 98. Reincidencia.—	Se produce reincidencia cuando el responsable de la infracción haya sido sancionado mediante resolución firme por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza en el plazo de un año, a contar desde la notificación de aquélla.
Artículo 99. Sanciones administrativas.—	Las infracciones tipificadas en el presente título serán sancionadas de la forma siguiente:
Artículo 100. Acumulación de sanciones.—	1. Cuando los responsables de las infracciones graves o muy graves sean los titulares de centros o servicios de atención a menores, reconocidos como instituciones colaboradoras, podrán acumularse a las sanciones previstas en el artículo anterior una o varias de las sanciones siguientes:
Artículo 101. Criterios de determinación de sanciones.—	Calificadas las infracciones, la cuantía de la sanción se determinará en atención a la reiteración de las mismas, al grado de intencionalidad o negligencia del infractor, a la gravedad de los perjuicios causados a los menores y a la relevancia o transcendencia social que hayan alcanzado.
Artículo 102. Órganos competentes.—	Los órganos competentes para imponer sanciones y los límites máximos de las mismas son los siguientes:
Artículo 103. Procedimiento aplicable.—	1. Las infracciones de los preceptos de la presente Ley serán objeto de las correspondientes sanciones administrativas, previa instrucción del oportuno expediente y sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que puedan concurrir.
5. Toda persona que detecte hechos que pudieran ser constitutivos de delito o falta deberá ponerlos en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Artículo 104. Prescripción.—	1. Las infracciones tipificadas como leves en esta Ley prescribirán al año; las graves, a los tres años, y las muy graves, a los cinco años, a contar desde el momento en que se hubiera cometido la infracción.
Artículo 105. Caducidad.—	Se declarará la caducidad si, transcurrido un año desde la iniciación del expediente, no hubiese recaído resolución, salvo que dicha demora se deba a causas imputables a los interesados o a la concurrencia de un procedimiento sancionador o de un procedimiento en la jurisdicción penal por los mismos hechos.
Registro de protección de menores
Artículo 106. Características y contenido.—	1. El Registro de protección de menores será central y único, y tendrá carácter reservado.
5. Reglamentariamente se regulará la organización y funcionamiento de los registros, debiendo quedar garantizados:
a) El derecho a la intimidad y la obligación de reserva respecto a las inscripciones.
Artículo 107. Efecto de la inscripción.—	1. Sólo las personas que figuren inscritas en este Registro podrán realizar acogimientos o ser propuestas como adoptantes.
Artículo 108. Características y contenido.—	1. El Registro de instituciones colaboradoras es público y en él constarán dos libros separados: el libro de instituciones colaboradoras de integración familiar y el libro de entidades colaboradoras de adopción internacional. En ellos deberán estar inscritas todas aquellas instituciones y entidades que hayan sido habilitadas por la Administración autonómica.
Disposición adicional primera. Convenios con corporaciones locales.—	En ejecución de lo dispuesto en el Título V de la presente Ley, la Administración de la Comunidad Autónoma incluirá la asunción de funciones en materia de infancia y adolescencia, así como su financiación y coordinación, en los convenios que firme con las corporaciones locales para el mantenimiento y desarrollo de los servicios sociales de base.
Disposición adicional segunda. Actualización de cuantías económicas y afectación de ingresos.—	Se faculta al Gobierno de Aragón a actualizar anualmente las cuantías económicas máximas señaladas para las multas en el artículo 99 de la presente Ley. Los ingresos que se obtengan por la recaudación de las sanciones pecuniarias establecidas en esta Ley estarán afectados a los programas de gasto en materia de atención integral a los menores.
Disposición derogatoria única. Cláusula derogatoria.—	Queda derogada la Ley 10/1989, de 14 de diciembre, de Protección de Menores, de la Comunidad Autónoma de Aragón, así como cualquier otra disposición de igual o inferior rango que se oponga a lo establecido en la presente Ley.
Disposición final primera. Entrada en vigor.—	La presente Ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el «Boletín Oficial de Aragón».
Disposición final segunda. Autorización de desarrollo de convenios con la iniciativa social.—	Se faculta al Instituto Aragonés de Servicios Sociales para suscribir, mantener y desarrollar los convenios suscritos por la Administración de la Comunidad Autónoma con entidades de la iniciativa social para el ejercicio de las funciones de protección de menores.
Disposición final tercera. Desarrollo reglamentario.—	El Gobierno de Aragón, en el plazo de un año, deberá desarrollar reglamentariamente lo previsto en la presente Ley para hacer posible su completa aplicación.

References: artículo 35

Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

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Artículo 18

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Artículo 23

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Artículo 39

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Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47
 artículo 3

Artículo 48
 resolución 

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 resolución 

Artículo 59

Artículo 60
 resolución 

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 68

Artículo 69

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Artículo 71

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Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

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Artículo 81

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Artículo 83

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Artículo 85

Artículo 86

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Artículo 88

Artículo 89

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98
 resolución 

Artículo 99

Artículo 100

Artículo 101

Artículo 102

Artículo 103

Artículo 104

Artículo 105

Artículo 106

Artículo 107

Artículo 108
 artículo 99