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Timestamp: 2019-01-19 23:17:58+00:00

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﻿ LEY 14 DE 1993
LEY 14 DE 06 DE JULIO DE 1993
LEY 14 DE 1993
ART. 4º—A partir del 1º de enero de 1984 para los fines de la formación y conservación del catastro, el avalúo de cada predio se determinará por la adición de los avalúos parciales practicados independientemente para los terrenos y para las edificaciones en él comprendidos.
ART. 5º—Las autoridades catastrales tendrán la obligación de formar los catastros o actualizarlos en el curso de períodos de cinco (5) años en todos los municipios del país, con el fin de revisar los elementos físico y jurídico del catastro y eliminar las posibles disparidades en el avalúo catastral originadas en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario.
El Gobierno Nacional determinará la proporción del reajuste para cada año a más tardar el 31 de octubre. Esta proporción no podrá se superior a la proporción del incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor que determine el Departamento Administrativo Nacional de Estadística para el período comprendido entre el 1º de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior.
ART. 7º—En aquellos municipios en los cuales no se hubiere formado el catastro con arreglo a las disposiciones de los artículos 4º, 5º y 6º de la presente ley, los avalúos vigentes se ajustarán anualmente hasta el 31 de diciembre de 1988, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre de cada año, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, el porcentaje de incremento no será inferior al cincuenta por ciento (50%) ni superior al noventa por ciento (90%) del incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, registrado para el período comprendido entre el 1º de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior.
ART. 10.—El Gobierno Nacional de oficio o por solicitud fundamentada de los concejos municipales, debido a especiales condiciones económicas o sociales que afecten a determinados municipios o zonas de éstos, podrá aplazar la vigencia de los catastros elaborados por formación o actualización, por un período hasta de un (1) año. Si subsisten las condiciones que originaron el aplazamiento procederá a ordenar una nueva formación o actualización de estos catastros.
Igualmente, por los mismos hechos y bajo las mismas condiciones del inciso anterior, el gobierno podrá, para determinados municipios o zonas de éstos, reducir el porcentaje de ajuste establecido en los artículos 6º y 7º de la presente ley.
PAR. 2º—Esta misma norma de avalúo, se aplicará en los casos de indemnización por ocupaciones de hecho y/o perjuicios causados con ocasión de la ejecución de obras públicas, considerados de utilidad pública e interés social. De la misma manera, los perjuicios de lucro cesante y daño emergente no podrán exceder el valor del interés bancario corriente, según certificación de la superintendencia respectiva, sobre el valor del inmueble o la parte de él afectada.
ART. 16.—Las autoridades catastrales podrán considerar como indicadores del valor real de cada predio las hipotecas, las anticresis o los contratos de arrendamiento y traslaticios de dominio a él referidos. Las entidades crediticias sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, las encargadas del registro de instrumentos públicos y las notarías quedan obligadas a suministrar a los encargados del catastro, las informaciones correspondientes cuando éstos los soliciten.
ART. 17.—A partir del 1º de enero de 1983, las tarifas del impuesto predial, incluidas todas las sobretasas municipales, serán fijadas por los concejos municipales y el del Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio.
Lo anterior sin perjuicio de que las entidades territoriales conserven las tarifas y sobretasas que en la fecha de promulgación de la presente ley tengan establecidas así excedan en conjunto el doce por mil (12‰). A la vivienda popular y a la pequeña propiedad rural destinado a la producción agropecuaria se les aplicarán las tarifas mínimas que establezca el respectivo concejo.
a) Del pago de intereses y sanciones de mora por la suma que adeuden hasta el 31 de diciembre de 1983 por concepto de impuesto predial, si presentan por primera vez la estimación del avalúo catastral y si es aceptado por la respectiva autoridad catastral antes del 31 de diciembre de 1984;
ART. 20.—Para el año gravable de 1983, la renta de goce consagrada en el artículo 70 del Decreto 2053 de 1974, se estimará en un seis por ciento (6%) del avalúo catastral o del costo del inmueble, cuando éste fuere superior, en la parte que exceda de $ 4.000.000. Este porcentaje será del siete por ciento (7%) para el año gravable de 1984 y del ocho por ciento (8%) para el año gravable de 1985 y siguientes.
ART. 23.—En el caso de los impuestos que administra la Dirección General de Impuestos Nacionales, cuando el avalúo catastral de los bienes inmuebles que tenga el carácter de activos fijos fuere superior al costo fiscal, dicho avalúo se tomará en cuenta para determinar:
c) Los patrimonios brutos, líquido y gravable, y
ART. 25.—Los avalúos elaborados con los procedimientos señalados en esta ley, no se aplicarán para la determinación del valor de bienes inmuebles en casos de compraventa, permuta o donación en que sean parte las entidades públicas, eventos en los cuales se aplicarán las disposiciones sobre el particular contenidas en el Decreto-Ley 222 de 1983 o las que en el futuro las modifiquen o sustituyan.
Cuando se trate de inmuebles procedente de la segregación de uno de mayor extensión, el certificado catastral exigido podrá ser el de inmueble del cual se segrega.
Cuando se trate de protocolizar escrituras que contengan contratos de compraventa de inmuebles que se vayan a construir o se estén construyendo, el notario exigirá copia debidamente sellada y radicada, de la solicitud de avalúo del correspondiente inmueble acompañada del certificado de paz y salvo del lote donde se va a adelantar o se está adelantando la construcción.
ART. 28.—Los registradores de instrumentos públicos estarán obligados a enviar a la oficina de catastro correspondiente, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes, la información completa sobre modificaciones de la propiedad inmueble ocurridas durante el mes anterior.
ART. 32.—El impuesto de industria y comercio recaerá, en cuanto a materia imponible, sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos.
ART. 33.—El impuesto de industria y comercio se liquidará sobre el promedio mensual de ingresos brutos del año inmediatamente anterior, expresados en moneda nacional y obtenidos por las personas y sociedades de hecho indicadas en el artículo anterior, con exclusión de: devoluciones —ingresos provenientes de venta de activos fijos y de exportaciones— recaudo de impuestos de aquellos productos cuyo precio esté regulado por el Estado y percepción de subsidios.
1. Del 2 al siete por mil (2-7 x 1.000) mensual para actividades industriales, y
2. Del 2 al diez por mil (2-10 x 1.000) mensual para actividades comerciales y de servicios.
ART. 34.—Para los fines de esta ley, se consideran actividades industriales las dedicadas a la producción, extracción, fabricación, confección, preparación, transformación, reparación, manufacture y ensamblaje de cualquier clase de materiales o bienes.
ART. 36.—Son actividades de servicios las dedicadas a satisfacer necesidades de la comunidad mediante la realización de una o varias de las siguientes o análogas actividades: expendio de bebidas y comidas; servicio de restaurante, cafés, hoteles, casas de huéspedes, moteles, amoblados, transporte y aparcaderos, formas de intermediación comercial, tales como el corretaje, la comisión, los mandatos y la compraventa y administración de inmuebles; servicios de publicidad; interventoría, construcción y urbanización, radio y televisión, clubes sociales, sitios de recreación, salones de belleza, peluquerías, portería, servicios funerarios, talleres de reparaciones eléctricas, mecánicas, automoviliarias y afines, lavado, limpieza y teñido, salas de cine y arrendamiento de películas y de todo tipo de reproducciones que contenga audio y vídeo, negocios de montepíos y los servicios de consultoría profesional prestados a través de sociedades regulares o de hecho.
ART. 37.—El impuesto de avisos y tableros, autorizado por la Ley 97 de 1913 y la Ley 84 de 1915 se liquidará y cobrará en adelante a todas las actividades comerciales, industriales y de servicios como complemento del impuesto de industria y comercio, con una tarifa de un quince por ciento (15%) sobre el valor de éste fijada por los concejos municipales.
ART. 38.—Los municipios solo podrán otorgar exenciones de impuestos municipales por plazo limitado, que en ningún caso excederá de diez años, todo de conformidad con lo planes de desarrollo municipal.
1. Las obligaciones contraídas por el gobierno en virtud de tratados o convenios internacionales que haya celebrado o celebre en el futuro, y las contraídas por la Nación, los departamentos o los municipios mediante contratos celebrados en desarrollo de la legislación anterior.
2. Las prohibiciones que consagra la Ley 26 de 1904; además, subisten(sic) para los departamentos y municipios las siguientes prohibiciones:
a) La de imponer gravámenes de ninguna clase o denominación a la producción primaria, agrícola, ganadera y avícola, sin que se incluyan en esta prohibición las fábricas de productos alimenticios o toda industria donde haya un proceso de transformación por elemental que éste sea;
b) La de gravar los artículos de producción nacional destinados a la exportación;
d) La de gravar con el impuesto de industria y comercio los establecimientos educativos públicos, las entidades de beneficencia, las culturales y deportivas, los sindicatos, las asociaciones de profesionales y gremiales sin ánimo de lucro, los partidos políticos y los hospitales adscritos o vinculados al sistema nacional de salud;
e) La de gravar la primera etapa de transformación realizada en predios rurales cuando se trate de actividades de producción agropecuaria, con exepción de toda industria donde haya una transformación por elemental que esta sea, y
ART. 41.—Los bancos, corporaciones de ahorro y vivienda, corporaciones financieras, almacenes generales de depósito, compañías de seguros generales, compañías reaseguradoras, compañías de financiamiento comercial sociedades de capitalización y los demás establecimientos de crédito que definan como tales la Superintendencia Bancaria e instituciones financieras reconocidas por la ley, son sujetos del impuesto municipal de industria y comercio de acuerdo con lo prescrito por esta ley.
a) Cambios. Posición y certificado de cambio;
b) Comisiones. De operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera;
c) Intereses. De operaciones con entidades públicas, de operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera;
d) Rendimiento de inversiones de la sección de ahorros;
e) Ingresos varios, y
f) Ingresos en operaciones con tarjetas de crédito.
a) Cambios. Posición y certificados de cambio;
c) Intereses. De operaciones en moneda nacional, de operaciones en moneda extranjera, de operaciones con entidades públicas, y
b) Comisiones;
6. Para almacenes generales de depósitos, los ingresos operacionales anuales representados en los siguientes rubros:
a) Servicio de almacenaje en bodegas y silos;
b) Servicios de aduanas;
c) Servicios varios;
d) Intereses recibidos;
8. Para los demás establecimientos de crédito, calificados como tales por la Superintendencia Bancaria y entidades financieras definidas por la ley, diferentes a las mencionadas en los numerales anteriores, la base impositiva será la establecida en el numeral 1º de este artículo en los rubros pertinentes.
9. Para el Banco de la República los ingresos operaciones anuales señalados en el numeral 1º de este artículo, con exclusión de los intereses percibidos por los cupos ordinarios y extraordinarios de crédito concedidos a los establecimientos financieros, otros cupos de crédito autorizados por la Junta Monetaria, líneas especiales de crédito de fomento y préstamos otorgados al Gobierno Nacional.
ART. 43.—Sobre la base gravable definida en el artículo anterior, las corporaciones de ahorro y vivienda pagarán en 1983 y años siguientes el tres por mil (3 x 1.000) anual y las demás entidades reguladas por la presente ley, el cuatro por mil (4 x 1.000) en 1983 y el cinco por mil (5 x 1.000) por los años siguientes sobre los ingresos operacionales anuales liquidados el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior al del pago.
PAR.—La Caja de Crédito Agrario Industrial y Minera y la Financiera Eléctrica Nacional no serán sujetos pasivos del impuesto de industria y comercio.
ART. 44.—Los establecimientos de crédito, instituciones financieras y compañías de seguros y reaseguros de que trata el presente capítulo que realicen sus operaciones en municipios cuya población sea superior a 250.000 habitantes, además del impuesto que resulte de aplicar como base gravable los ingresos previstos en el artículo 42 pagarán por cada oficina comercial adicional la suma de diez mil pesos ($ 10.000) anuales.
ART. 46.—Para la aplicación de las normas de la presente ley, los ingresos operaciones generados por los servicios prestados a personas naturales o jurídicas se entenderán realizados en el Distrito Especial de Bogotá o en el municipio según el caso, donde opere la principal, sucursal, agencia u oficinas abiertas al público. Para estos efectos las entidades financieras deberán comunicar a la Superintendencia Bancaria el movimiento de sus operaciones discriminadas por las principales, sucursales, agencias u oficinas abiertas al público que operen en los municipios, o en el Distrito Especial de Bogotá.
ART. 49.—Los vehículos automotores de uso particular serán gravados por los municipios por concepto del impuesto de circulación y tránsito de que trata la Ley 48 de 1968, con una tarifa anual equivalente al 2 por mil de su valor comercial.
Entre $ 1.200.001 y $ 2.000.000 de valor comercial: veinte por mil
$ 2.000.001 o más de valor comercial: veinticinco por mil
Entre $ 350.001 y 700.000 de valor comercial: doce por mil
d) Los bicicletas, motonetas y las motocicletas con motor hasta de 185 c.c. de cilindrada;
ART. 52.—Cédese el impuesto de timbre nacional de que trata el artículo 50 de esta ley a los departamentos, intendencias, comisarías y al Distrito Especial de Bogotá; en consecuencia, dicho impuesto será recaudado por las referidas entidades territoriales.
Sin embargo, los departamentos podrán convenir con los municipios capitales de departamento y con aquellos donde existan secretarías de tránsito clase A, formas de recaudación delegada del tributo.
ART. 53.—Para la determinación del valor comercial de los vehículos automotores, el Instituto Nacional del Transporte, Intra, establecerá anualmente una tabla con los valores correspondientes. Para vehículos no contemplados en esta tabla, el propietario deberá solicitar el valor comercial al Intra.
ART. 55.—Los impuestos de circulación y tránsito y de timbre nacional sobre vehículos tendrán límites mínimos anuales de doscientos pesos ($ 200) y ochocientos pesos ($ 800), respectivamente.
ART. 56.—Los recaudos que los departamentos, intendencias, comisarías y el Distrito Especial de Bogotá obtengan por el impuesto previsto en el artículo 50 de esta ley, deberán destinarse por lo menos en un 80% a gastos de inversión y/o servicios de la deuda contratada para inversión.
ART. 58.—Los municipios en donde no existan secretarías de tránsito clase A recaudarán el impuesto municipal de circulación y tránsito a que se refiere el artículo 49 de esta ley por intermedio de sus tesorerías.
ART. 59.—A partir del año de 1984, los valores absolutos a que se refieren los artículos 50 y 55 de esta ley se reajustarán anualmente en el porcentaje señalado por el Gobierno Nacional en el año inmediatamente anterior para el impuesto sobre la renta y complementarios.
ART. 61.—La producción, introducción y venta de licores destilados constituyen monopolios de los departamentos como arbitrio rentístico en los términos del artículo 31 de la Constitución Política de Colombia. En consecuencia, las asambleas departamentales regularán el monopolio o gravarán esas industrias y actividades, si el monopolio no conviene, conforme a lo dispuesto en esta ley.
Las intendencias y comisarías cobrarán el impuesto de consumo que determine esta ley para los licores, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros.
ART. 62.—Los vinos, los vinos espumosos o espumantes, los aperitivos y similares nacionales serán de libre producción y distribución, pero tanto estos como los importados causarán el impuesto nacional de consumo que señala esta ley.
ART. 63.—En desarrollo del monopolio sobre la producción, introducción y venta de licores destilados, los departamentos podrán celebrar contratos de intercambio con personas de derecho público o de derecho privado y todo tipo de convenio que, dentro de las normas de contratación vigentes, permita agilizar el comercio de estos productos.
ART. 65.—Los impuestos de consumo cuyas tarifas se determinan en el artículo 66 de esta ley, serán pagados a los departamentos, intendencias y comisarías por los productores o introductores según el caso.
Las asambleas departamentales y los concejos intendenciales y comisariales expedirán las normas pertinentes para reglamentar los aspectos administrativos del recaudo del gravamen de consumo y aquellas que sean necesarias para asegurar su pago, impedir su evasión y eliminar el contrabando de los productos de que trata esta ley.
ART. 66.—El impuesto de consumo sobre licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, se determina sobre el precio promedio nacional al detal en expendio oficial o en defecto de éste, del primer distribuidor autorizado, de la botella de 750 mililitros de aguardiente anisado nacional, según lo determine semestralmente el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.
Las tarifas par botella de 750 mililitros o proporcionalmente a su volumen, serán las siguientes:
3. El 5% para vinos, vinos espumosos o espumantes y aperitivos y similares extranjeros.
ART. 67.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 63 de esta ley, los departamentos, intendencias y comisarías no podrán establecer gravámenes adicionales sobre la fabricación, introducción, distribución, y venta y consumo de licores, vinos, vinos espumosos o espumantes, aperitivos y similares, nacionales y extranjeros, bodegajes obligatorios, gastos de administración o cualquier otro gravamen distinto al único de consumo que determina esta ley.
ART. 69.—Quedan vigentes las normas sobre el impuesto a las ventas aplicables a los licores, vinos, vinos espumosos o espumantes aperitivos y similares y aquellas relativas a la cesión de este impuesto, así como el gravamen de fomento para el deporte de que trata el literal b) del artículo 2º de la Ley 47 de 1968 y todas las normas relacionadas con el impuesto a las cervezas, excepto la prohibición de gravar la industria y el comercio cerveceros con el impuesto de industria y comercio.
ART. 70.—El Gobierno Nacional, en desarrollo de la potestad reglamentaria y teniendo en cuenta las normas técnicas del Ministerio de Salud y del Icontec, definirá qué se entiende por licores, vinos, aperitivos y similares, para los efectos de esta ley.
ART. 71.—El control sanitario de los productos a que se refiere esta ley se ejercerá por el Ministerio de Salud, de conformidad con las leyes vigentes y con los reglamentos que expida el gobierno para garantizar la salubridad pública.
ART. 72.—A partir de la vigencia de esta ley quedan derogadas la leyes 88 de 1923, 34 de 1925, 88 de 1928, 47 de 1930 y los decretos 2956 de 1955 y 131 de 1958 y todas las demás normas contrarias a lo dispuesto en este capítulo.
ART. 73.—El consumo de cigarrillos de fabricación nacional, contengan o no insumos importados, causará en favor de los departamentos, intendencias y comisarías, un impuesto equivalente al 100% sobre el precio de distribución, el cual se establecerá conforme a lo dispuesto en el Decreto Extraordinario 214 de 1969.
PAR.—El Departamento de Cundinamarca y el Distrito Especial de Bogotá continuarán distribuyendo el producto de este impuesto según lo establecido en el artículo 3º del Decreto 3258 de 1968.
ART. 79.—Sobre el precio establecido en el artículo 74, los cigarrillos de producción extranjera pagarán un impuesto adicional del diez (10%) por ciento que se regulará conforme a lo dispuesto en la Ley 30 de 1971.
ART. 82.—Los cigarrillos extranjeros importados del exterior a la Intendencia de San Andrés y Providencia pagarán a favor de ésta un impuesto único del treinta por ciento (30 %) sobre el valor CIF determinado en la forma prevista en el artículo 74 en puerto del archipiélago. Los cigarrillos nacionales que se introduzcan a la intendencia pagarán un impuesto único del veinte por ciento (20%) sobre el precio de fábrica.
ART. 83.—Deróganse los impuestos establecidos en el artículo 2º del Decreto 1626 de 1951, el artículo 7º de la Ley 4ª de 1963, la letra a) del artículo 6º de la Ley 49 de 1967; la Ley 36 de 1969 y las demás normas contrarias a éste capítulo.
ART. 84.—Los impuestos de consumo a la gasolina-motor en favor de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá, será del 0.6 por mil para el año de 1984, del 1 por mil para el año de 1985 y del 2 por mil para los años de 1986 y siguientes, y se liquidará sobre el precio de venta del galón, al público.
ART. 85.—Los distribuidores al por mayor serán responsables del pago del impuesto a que se refiere el artículo anterior y estarán obligados a retenerlo en la fuente y a consignarlo dentro de los 30 días siguientes al mes en que se haya distribuido, a orden de las entidades beneficiarias.
ART. 86.—El subsidio a la gasolina-motor en favor de los departamentos y del Distrito Especial de Bogotá sobre el precio de venta del galón será del 0.9 por mil para el año gravable de 1984 y de 1.8 por mil a partir de 1985.
ART. 87.—Los recaudos provenientes del impuesto de consumo y subsidio a la gasolina-motor, sólo podrán ser invertidos en construcción de vías, mejoramiento y conservación de las mismas y en planes de electrificación rural.
ART. 89.—Los impuestos nacionales que por esta ley se ceden a las entidades territoriales adquirirán el carácter de rentas de su propiedad exclusiva a medida en que las asambleas, concejos intendenciales y comisariales y el Concejo Distrital de Bogotá, en lo de su competencia, los vayan adoptando dentro de los mismos términos, límites y condiciones establecidos por esta ley.
Dada en Bogotá, D.E., 6 de julio de 1983.

References: artículo 70
 artículo 42
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 31
 artículo 66
 artículo 63
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 74
 artículo 74
 artículo 2
 artículo 7
 artículo 6