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Timestamp: 2020-06-04 15:59:44+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2007-17987
Documento BOE-A-2007-17987
«BOE» núm. 246, de 13 de octubre de 2007, páginas 41718 a 41719 (2 págs.)
BOE-A-2007-17987
La Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, estableció, en su disposición adicional decimoctava, indemnizaciones en favor de quienes hubieran sufrido privación de libertad en establecimientos penitenciarios, por supuestos contemplados en la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, así como de sus cónyuges en caso de fallecimiento, siempre que concurrieran determinados requisitos, como los de edad y tiempo mínimo de prisión. Posteriormente, con fundamento en la Recomendación 6/1996, de 4 de enero, del Defensor del Pueblo, la mayoría de las Comunidades Autónomas han regulado la concesión de indemnizaciones o ayudas, en favor de quienes sufrieron prisión por hechos incluidos en la Ley de Amnistía, con exigencia de unos requisitos diferentes en lo relativo a la edad, tiempo de prisión o beneficiarios. La Ley 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en su disposición adicional décima, estableció la no sujeción al impuesto de estas indemnizaciones. Con ocasión de la reforma operada por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, estas indemnizaciones quedaron sometidas al impuesto, al derogarse íntegramente la citada Ley 18/1991 y no estar incluidas en la nueva Ley de forma expresa como rentas exentas. La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, en su artículo 7. u), vuelve a incluir como rentas exentas las indemnizaciones previstas en la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas para compensar la privación de libertad en los supuestos de la Ley de Amnistía. Por su parte, en la disposición adicional decimonovena de la citada Ley se establece el abono de una ayuda, exenta de tributación, en favor de las personas que hubieran percibido dichas indemnizaciones desde 1 de enero de 1999 hasta 31 de diciembre de 2005, cuantificada en el 15 por ciento de las cantidades que, por tal concepto, los perceptores hubieran consignado en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de cada uno de dichos períodos impositivos. A su vez, la misma norma remite a una Orden del Ministro de Economía y Hacienda la regulación del procedimiento, las condiciones para la obtención de las ayudas y el órgano competente para su reconocimiento y abono. Para llevar a efecto tales previsiones y en uso de las atribuciones conferidas en la citada disposición adicional decimonovena, apartado uno, con la aprobación previa de la Ministra de Administraciones Públicas y de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:
Asimismo serán beneficiarios de las ayudas aquellas personas que fueron objeto de un procedimiento de comprobación o investigación administrativa en relación con las indemnizaciones percibidas, para quienes se tomará en consideración la cantidad regularizada por dicho concepto mediante la liquidación practicada por la Administración, siempre que dicha liquidación hubiera adquirido firmeza. 2. En el caso de que las personas a que se refiere el número anterior hubieran fallecido, podrán beneficiarse de las ayudas sus herederos, siempre que acrediten la cuantía consignada en la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del fallecido, por el concepto de la indemnización reconocida. El ejercicio de la acción por uno de los herederos redundará en beneficio de los demás que pudieran existir, quedando liberada la Administración de cualquier obligación con ellos, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercer los herederos entre sí.
Asimismo, en dicho impreso el solicitante autorizará a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas para que verifique el contenido de la declaración ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de las Comunidades Autónomas del País Vasco o Foral de Navarra, cuando la autoliquidación del citado impuesto se hubiera presentado en sus respectivos territorios y, además, tuvieran atribuida la competencia para la exacción del citado impuesto en el período impositivo correspondiente. En el supuesto de que la indemnización hubiera sido concedida por una Comunidad Autónoma, las solicitudes deberán ir acompañadas de copia fehaciente de la resolución de reconocimiento de la indemnización, o certificación acreditativa de dicho reconocimiento, expedida por el órgano concedente. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas del Ministerio de Economía y Hacienda y podrán presentarse en los registros y oficinas que determina el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. En el caso de que la ayuda la soliciten los herederos del beneficiario de las indemnizaciones que hubiera fallecido, además del documento a que se refiere el número anterior, deberán aportar:
b) El cónyuge viudo acreditará su condición de heredero presentando certificado literal de matrimonio con el fallecido, emitido en fecha posterior a la defunción. Cuando el solicitante sea hijo del beneficiario de la indemnización, deberá aportar el Libro de Familia en el que conste su filiación o el certificado literal de su nacimiento del Registro Civil, para acreditar su condición de heredero. c) Cuando el solicitante sea un heredero distinto de los mencionados en el párrafo b) anterior, certificado de última voluntad del fallecido, junto con una copia del testamento o, en su defecto, declaración de herederos abintestato.
Con objeto de agilizar la tramitación de estas ayudas, tanto las peticiones de certificación como las remisiones de las certificaciones solicitadas se realizarán telemáticamente por lotes en ficheros en formato XML, que garanticen la autenticidad, confidencialidad e integridad de la información transmitida. La Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas dictará resolución de conformidad con la citada certificación, que tendrá el carácter de informe preceptivo y determinante a efectos de lo dispuesto en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 2. El plazo máximo en el que deberá notificarse la resolución que se adopte será de seis meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, el interesado podrá entender estimada su solicitud por silencio administrativo, en los términos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

References: artículo 7
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 artículo 42
 resolución 
 artículo 43