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Timestamp: 2018-07-20 04:06:32+00:00

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Ley 6/2006 de 12 de abril, balear de caza y pesca fluvial. TÍTULO II. DE LA CAZA.
1. La gestión sostenible del patrimonio faunístico y sus hábitats queda calificada de interés público. La práctica de la caza, con sus componentes ambientales, culturales, sociales y económicos, forma parte de dicha gestión sostenible, y debe contribuir al equilibrio entre la fauna, el medio natural y las actividades humanas con el objetivo de un equilibrio agro-silvo-cinegético.
2. El principio del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables condiciona el uso y la explotación de éstos. Como contrapartida de este aprovechamiento sostenible de las especies la caza de las cuales está autorizada, los cazadores tienen la obligación de contribuir a la gestión equilibrada de los ecosistemas. La caza se ejerce en condiciones compatibles con los usos no consuntivos de la naturaleza, respetando el derecho de propiedad.
Artículo 5 Acción de cazar
Se considera acción de cazar, a los efectos de lo dispuesto en esta ley, la ejercida por las personas mediante el uso de artes, armas, animales o medios apropiados para buscar, atraer, perseguir o asediar animales de pelo o pluma de especies cinegéticas, con la finalidad de darles muerte, apropiárselos o facilitar su captura a un tercero. Incluye también el control de especies.
Artículo 6 Cazador
6. El ejercicio de la caza con armas de fuego por parte de menores de edad mayores de 14 años, requiere que éstos, además de estar en posesión de la autorización especial para el uso de armas y el resto de documentación preceptiva para la práctica de la caza, vayan acompañados de un cazador mayor de edad autorizado a tal efecto por los responsables legales del menor, que debe estar en posesión de la licencia de armas y del resto de documentación preceptiva para la práctica de la caza, que los controle y se responsabilice de ellos sin alejarse.
Artículo 6 redactado por el apartado 2 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 7 Derechos y deberes del cazador
g) Conocer la clasificación cinegética de los terrenos donde practica la caza así como disponer de las autorizaciones expedidas por los titulares que corresponda.
Artículo 7 redactado por el apartado 3 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 8 Piezas de caza
1. Son especies objeto de caza, y por tanto, se considerarán piezas de caza, los animales salvajes, asilvestrados o liberados con esta finalidad, declarados como tales en la relación aprobada reglamentariamente por la consejería competente en materia de caza.
2. La condición de piezas de caza no es aplicable a los animales salvajes domesticados mientras se mantengan en este estado.
3. La caza, la captura y el control de especies exóticas introducidas en el medio natural o domésticas asilvestradas podrán ser autorizados de acuerdo con las condiciones y los procedimientos previstos reglamentariamente.
4. Las piezas de caza se clasifican en dos grupos: caza mayor y caza menor, según relación aprobada reglamentariamente.
Artículo 9 Propiedad de las piezas de caza
1. Cuando la acción de cazar se ajusta a las prescripciones de esta ley, el cazador adquiere la propiedad de las piezas de caza mediante la ocupación. Se entienden ocupadas las piezas de caza desde el momento de su muerte o captura.
2. El cazador que hiera una pieza en terreno donde le sea permitido cazar, tiene derecho a cobrarla, aunque ésta entre o caiga en terreno distinto. Cuando éste esté cerrado, sometido o no a régimen cinegético especial, necesita permiso del titular de la finca, del titular del aprovechamiento o de la persona que los represente. Aquél que se niegue a conceder el permiso de acceso está obligado a librar la pieza, herida o muerta, siempre que sea encontrada y pueda ser cogida.
3. En terrenos abiertos, sean o no cotos, donde el cazador no tenga derecho a cazar, no es necesario el permiso referido en el apartado anterior.
4. En todos los casos, el cazador debe entrar en terrenos donde no tiene derecho de caza a cobrar la pieza, solo, sin armas ni perros, y solamente podrá hacerlo si aquélla se encuentra en un lugar visible desde el límite. En caso de que el cazador esté solo y no pueda por tanto abandonar el arma, deberá entrar con ésta descargada y sin llevar encima la munición.
5. Cuando haya dudas respecto a la propiedad de las piezas de caza, se deben aplicar los usos y las costumbres del lugar. En su defecto, la propiedad corresponde al cazador que las hubiera matado cuando se trate de caza menor, y al autor de la primera sangre cuando se trate de caza mayor. No obstante, en el caso de aves al vuelo, la propiedad de la pieza corresponde al cazador que la haya abatido.
Artículo 10 Clasificación de los terrenos
A efectos de la presente ley, el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears se clasifica en terrenos cinegéticos y terrenos no cinegéticos.
Artículo 11 Terrenos cinegéticos
1. Los terrenos cinegéticos son los que, sujetos a las condiciones determinadas a efectos de la presente ley y, en especial, a las de los planes técnicos de aprovechamientos cinegéticos, resultan hábiles para la práctica de la caza.
2. Son terrenos cinegéticos:
a) Los cotos de caza.
b) Las zonas de caza controlada.
c) Los terrenos gestionados de aprovechamiento común.
3. Los cotos de caza se clasifican de acuerdo con la siguiente tipología:
a) Cotos de sociedades locales.
b) Cotos particulares.
c) Cotos sociales.
d) Cotos públicos.
e) Cotos intensivos.
Artículo 12 Disposiciones comunes a los cotos de caza
11. Queda prohibida cualquier práctica contraria a la protección, al fomento, a la gestión y al aprovechamiento ordenado de las especies objeto de actividad cinegética.
Artículo 12 redactado por el apartado 4 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 13 Cotos de sociedades locales
7. Los cotos de sociedades locales podrán incluir, bajo la misma matrícula, diferentes terrenos no continuos sometidos al aprovechamiento de la sociedad de cazadores local, con superficies continuas mínimas de 20 hectáreas.
Artículo 13 redactado por el apartado 5 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 14 Cotos particulares
6. La transmisión de titularidad de un coto particular, en caso de que éste coincida con el titular de los terrenos, se efectúa a petición del nuevo con la presentación de los documentos acreditativos de la transmisión. Si el coto está integrado por fincas de distinta titularidad, el cambio de titularidad se tendrá que acreditar con la voluntad de la mayoría, o si ésta falta, la titularidad se transferirá a favor de quién acredite la mayor representación. En caso de transmisión mortis causa será necesario acreditar la voluntad de la mayoría absoluta de titulares de los terrenos a favor del nuevo titular cinegético.
Artículo 14 redactado por el apartado 6 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013 Téngase en cuenta la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio), que establece que: "Los cotos y los refugios de fauna creados con fecha previa a la entrada en vigor de esta ley, así como los que resulten de éstos por segregación siempre que conserven la misma matrícula, no tienen que ajustarse a los mínimos de superficie establecidos en los artículos 14 y 23 de la presente ley, respectivamente. No obstante este hecho, cuando como consecuencia de segregaciones posteriores a la entrada en vigor de esta ley un coto o refugio de fauna pase a tener menos de 10 Ha será dado de baja de oficio."
Artículo 15 Cotos sociales
1. Se denominan cotos sociales de caza aquellos cuya titularidad cinegética corresponde a la administración pública, autonómica o local, y que responden al principio de facilitar el ejercicio de la caza, en régimen de igualdad de oportunidades, a todos los cazadores.
2. El ejercicio de la caza en estos cotos se reglamentará de tal forma que, con la previa adopción de las medidas precisas para asegurar la conservación y el fomento de las especies, todos los cazadores que lo soliciten y cumplan las normas que en cada caso se establezcan, puedan tener la oportunidad de practicar la caza en dichos cotos.
3. La gestión y administración de estos cotos corresponde a la administración que sea titular de los mismos, mediante el correspondiente plan cinegético, que deberá aprobar la consejería competente en materia de caza. La administración titular del coto efectúa los gastos precisos para atender al establecimiento y a la protección, la conservación y el fomento adecuados de la riqueza cinegética y fija el importe para practicar la caza en dichos cotos.
4. El establecimiento de estos cotos puede llevarse a cabo sobre aquellos terrenos, constituyan o no coto de caza, que para esta finalidad puedan quedar a disposición de la administración declarante; bien porque sean titularidad de la misma, bien por ofrecimiento de los titulares o bien mediante contratación con este fin.
5. En estos cotos, el 80 por ciento de los permisos se otorgan con carácter preferente a los cazadores residentes en la isla en la que están localizados, y pueden tener prioridad los cazadores residentes en el término municipal en el que se ubiquen, en especial para las modalidades tradicionales de caza. Los cazadores autonómicos deben abonar un 80 por ciento del importe de los permisos fijados para los que no tengan esta condición.
6. Cuando en un coto social haya terrenos enclavados no cinegéticos cuya superficie total no exceda del 15 por ciento del coto establecido, la consejería competente en materia de caza podrá acordar, con la previa incoación del expediente oportuno y con audiencia de los interesados, la inclusión forzosa de estos terrenos en el coto social con iguales derechos y obligaciones que los integrados en éste.
Artículo 16 Cotos públicos
Son cotos públicos los terrenos de titularidad pública, cuyo ente propietario los destine a la práctica cinegética con carácter social en su ámbito de actuación. Podrá gestionarlos por sí mismo o a través de una sociedad local de cazadores.
La extensión de los cotos públicos debe ser superior a 100 hectáreas.
Reglamentariamente se fijarán las condiciones para la declaración y gestión de estos cotos.
Artículo 17 Cotos intensivos
1. Se entiende por coto intensivo de caza aquel que disponga de un plan técnico de caza de régimen intensivo, a efectos de la explotación comercial de autorizaciones diarias, con la previa acreditación que el titular de la explotación cinegética la ejerce como una actividad empresarial y cuenta con todas las autorizaciones y declaraciones de actividad pertinentes. Se deber acreditar la oferta comercial de las mencionadas autorizaciones.
2. El régimen de explotación de los cotos intensivos se fundamenta con carácter prioritario, en la liberación periódica de piezas de caza criadas en cautividad, con el objetivo de incrementar de forma artificial su capacidad cinegética. El consejero competente en materia de caza está habilitado para resolver sobre los períodos de caza, controles cinegéticos, requisitos para la realización de liberaciones y frecuencia y marcado de las mismas, si procede.
3. La extensión de los terrenos sometidos a esta figura debe ser superior a 100 hectáreas e inferior a 250 hectáreas, para evitar un exceso de presión sobre la fauna. En el caso de que la propiedad supere esta extensión, el resto podrá ser declarado refugio, o bien constituir un coto particular o agregarse a éste.
Artículo 18 Zonas de caza controlada
1. Son terrenos de caza controlada aquellos que, sin formar parte de cotos o refugios, son declarados como tales por la consejería competente en materia de caza por razones de protección, conservación, fomento y aprovechamiento ordenado de los recursos cinegéticos.
En estas zonas pueden practicar la caza los cazadores expresamente autorizados por la consejería, directamente o a través de la sociedad gestora de estos terrenos. Gozarán de preferencia en éstos los propietarios de los terrenos acogidos a esta figura.
2. El expediente de adscripción de terrenos al régimen de caza controlada se puede iniciar de oficio o a propuesta de una sociedad de cazadores, y debe incluir el trámite de audiencia a los titulares de los terrenos y el informe del respectivo consejo insular de caza. La aprobación del expediente requiere, como mínimo, el acuerdo expreso de los propietarios del 20 por ciento de los terrenos o la no oposición de los que posean un 75 por ciento de los mismos, con los trámites establecidos en el artículo 13.2 La declaración se efectúa por resolución del consejero competente en materia de caza y se debe publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. La adscripción de terrenos a este régimen no puede ser inferior a cuatro años en el caso de caza menor y a seis en el de caza mayor.
4. La superficie de las zonas de caza controlada no puede ser inferior a 50 hectáreas.
5. El desarrollo del Plan técnico de caza de estos terrenos será competencia de la consejería competente en materia de caza, que lo gestionará de forma directa, a través de otras administraciones o de una sociedad local de cazadores.
6. En caso de que la planificación y la gestión cinegética de estos terrenos sea efectuada por una sociedad local de cazadores, ésta debe ser seleccionada mediante concurso público, en el cual tendrán preferencia las sociedades locales del municipio o de los municipios donde se ubique la zona de caza controlada, con el pliego de condiciones que establezca la consejería, que debe contener las medidas jurídicas, técnicas, sociales y económicas que procedan. La sociedad adjudicataria asume los gastos y las responsabilidades de la gestión, y debe constituir una fianza como garantía de su desarrollo.
7. Los titulares de los terrenos sometidos a este régimen pueden formar parte de la sociedad gestora adjudicataria, abonando una cuota no superior al 75 por ciento de la establecida para el resto de socios.
8. El ejercicio de la caza en los terrenos sometidos a este régimen es posible mediante autorizaciones otorgadas por la consejería competente en materia de caza o la sociedad de cazadores gestora. En este caso, deben reservarse un mínimo del 25 por ciento de éstas para cazadores no socios, repartidos a lo largo del período de caza, otorgados por la consejería competente en materia de caza. El importe de estos permisos quedará establecido en el correspondiente plan técnico, percibido por la consejería competente en materia de caza y abonado a la sociedad gestora.
9. Si el aprovechamiento de los terrenos sometidos al régimen de caza controlada supone beneficios, éstos se deben repartir entre los titulares de los terrenos, en función de la superficie de sus fincas.
10. En caso de disolución de la sociedad gestora antes del plazo de adscripción de los terrenos al régimen de caza controlada, la consejería competente en materia de caza asume su gestión, y la sociedad pierde la fianza depositada al efecto.
11. El incumplimiento del Plan técnico de los terrenos de caza controlada comportará la apertura de expediente, que puede resolver su desafección y su adscripción a terrenos no cinegéticos.
Artículo 19 Terrenos gestionados de aprovechamiento común
1. Los consejos insulares, los ayuntamientos y las sociedades locales de cazadores pueden gestionar cinegéticamente terrenos de su ámbito de actuación para su aprovechamiento común, mediante el correspondiente plan técnico, que se tramitará y aprobará según lo dispuesto en el artículo 25.
2. La consejería competente en materia de caza establece el marco general para la planificación y el aprovechamiento cinegéticos de estos terrenos.
3. Todos los cazadores con la documentación en vigor pueden ejercer la caza en estos terrenos, con autorización de la entidad que los gestione.
4. Reglamentariamente, se determinarán los procedimientos de declaración y señalización que les sean de aplicación.
Artículo 20 Terrenos cinegéticos en espacios naturales protegidos
El régimen de los terrenos cinegéticos en el seno de espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres, o de la legislación autonómica correspondiente, y de los inscritos en la Unión Europea como zona de especial protección para las aves, se regula por lo que disponen los planes o instrumentos específicos de ordenación, uso y gestión del espacio natural correspondiente, en el marco de las disposiciones generales que les afecten.
6. A pesar de lo que se dispone en este artículo, en los tramos de torrentes incluidos en cotos de cualquier categoría puede practicarse la caza, excepto en los casos en que la consejería competente en materia de caza dicte resolución en sentido contrario, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Un tramo de torrente se considera incluido en un coto cuando forman parte del mismo sus dos márgenes.
Artículo 21 redactado por el apartado 7 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
1. El resto de terrenos no comprendidos en la sección 1ª quedan sustraídos de forma permanente a los aprovechamientos cinegéticos.
2. Son terrenos no cinegéticos:
b) Las zonas inhábiles de caza.
8. La declaración de un refugio de fauna estará vigente en tanto se mantengan los requisitos y se cumplan las obligaciones establecidas en esta ley y en la normativa que la desarrolla.
Artículo 23 redactado por el apartado 8 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013 Téngase en cuenta que la disposición adicional primera de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio), establece que: "Los refugios de fauna existentes previamente a la entrada en vigor de esta ley procederán a ser matriculados de oficio por parte de la administración competente en materia de caza. El trámite de oficio no exime a los titulares del pago de la correspondiente tasa de matrícula anual y otras tasas, en su caso." Téngase en cuenta la disposición adicional tercera de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio), que establece que: "Los cotos y los refugios de fauna creados con fecha previa a la entrada en vigor de esta ley, así como los que resulten de éstos por segregación siempre que conserven la misma matrícula, no tienen que ajustarse a los mínimos de superficie establecidos en los artículos 14 y 23 de la presente ley, respectivamente. No obstante este hecho, cuando como consecuencia de segregaciones posteriores a la entrada en vigor de esta ley un coto o refugio de fauna pase a tener menos de 10 Ha será dado de baja de oficio."
Artículo 24 Zonas inhábiles de caza
El resto de terrenos carentes del plan previsto en el artículo 33 de la Ley 4/1989, de protección de los espacios naturales, de la flora y la fauna silvestres, constituyen zonas inhábiles de caza, siempre y cuando se mantenga la falta de planificación.
De la planificación y la ordenación cinegéticas
Artículo 25 Planes técnicos de caza
1. Se entienden por planes técnicos de caza los instrumentos de gestión de los que deben disponer todos los terrenos cinegéticos de las Illes Balears, cuya finalidad es planificar, durante su vigencia, el aprovechamiento sostenible de sus recursos cinegéticos.
2. Dentro de la finalidad citada en el apartado anterior, el objetivo de los planes técnicos de caza es regular la intensidad de la caza, sus modalidades y las medidas de gestión de la fauna cinegética, así como las repoblaciones y liberaciones, en conformidad con lo dispuesto reglamentariamente.
3. Reglamentariamente, se establece el contenido, la tipología, la vigencia y la tramitación de los planes, así como los procedimientos para su seguimiento y revisión.
4. Los planes técnicos de caza que supongan aprovechamientos por encima de los de carácter general, deben destinar obligatoriamente parte del terreno a zonas de reserva o a otras medidas de fomento de las especies silvestres, tal como se establezca reglamentariamente.
5. Los planes técnicos de caza debidamente aprobados serán obligatorios para los interesados y para la administración y permitirán el ejercicio de la caza dentro del terreno cinegético de acuerdo con lo que éstos establezcan.
6. El ejercicio de la caza en ausencia del preceptivo plan técnico de caza o el incumplimiento de éste se considera infracción administrativa.
Artículo 26 Planes comarcales de aprovechamiento cinegético
1. En aquellas comarcas donde haya distintos cotos que constituyan una unidad bio-ecológica, la consejería competente en materia de caza puede exigir a los titulares cinegéticos de éstos que confeccionen juntamente un plan comarcal de aprovechamiento cinegético. Una vez que el plan sea aprobado, sus prescripciones serán de obligado cumplimiento. Si transcurriera el plazo concedido para la presentación del plan sin que se hubiera dado cumplimiento al requerimiento de la consejería competente en materia de caza, ésta podrá establecerlo con carácter obligatorio, con la previa audiencia de los interesados.
2. Los titulares cinegéticos de los vedados particulares contiguos podrán redactar planes comarcales de aprovechamiento cinegético con carácter general o para la especie o las especies cuya gestión cinegética pueda beneficiarse de esta figura.
3. Reglamentariamente se determinarán el contenido, el procedimiento de aprobación, la vigencia y los efectos de los planes comarcales de aprovechamiento cinegético, sin perjuicio de otros posibles aspectos a regular, de acuerdo con la naturaleza y la finalidad de estos planes.
4. En caso de incumplimiento de las previsiones del plan y constatada la existencia de impactos ecológicos o económicos a causa de un exceso de densidad de las piezas de caza, la consejería competente en materia de caza podrá desarrollar las medidas previstas en el plan, con la previa comunicación a los titulares cinegéticos.
De la ordenación cinegética
Artículo 27 Orden general y resolución anual de vedas
1. La consejería competente en materia de caza, una vez escuchados los consejos insulares de caza y el Consejo Balear de Caza, debe aprobar la Orden general de vedas, en virtud de la cual deben determinarse los aprovechamientos cinegéticos, las limitaciones generales en beneficio de la fauna y las medidas preventivas de control aplicables sobre el ejercicio de la caza.
2. La aplicación de la Orden de vedas se hace efectiva anualmente con una resolución del consejero competente en materia de caza, que aplica los criterios de ésta a las particulares circunstancias y al calendario anual, igualmente escuchados los consejos de caza. Determina, como mínimo, los periodos y días hábiles de caza para las diferentes especies de las Illes Balears y las distintas modalidades de caza; puede fijar igualmente el número máximo de capturas permitidas por cazador y día o temporada.
3. La publicación de la resolución anual de vedas debe hacerse con una antelación mínima de 15 días respecto a la fecha de iniciación de la época hábil de caza.
De los requisitos, las licencias, las pruebas de aptitud y las autorizaciones
Artículo 28 Requisitos para el ejercicio de la caza
3. Podrá exonerarse al cazador de llevar encima algunos de los documentos relacionados en el primer punto de este artículo cuando sea posible verificar sobre el terreno la tenencia del documento vigente, y la administración competente disponga de los medios técnicos para hacerlo.
Artículo 28 redactado por el apartado 9 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 29 Licencias
12. La consejería competente en materia de caza puede establecer acuerdos con otras comunidades autónomas para el reconocimiento de la validez en los territorios respectivos de las licencias de caza expedidas por cualquiera de las dos administraciones.
Artículo 29 redactado por el apartado 10 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
6. Los infractores sancionados por faltas muy graves previstas en esta ley deben pasar por las pruebas de aptitud para poder obtener nueva licencia de caza.
Artículo 30 redactado por el apartado 11 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 31 Autorizaciones para cazar
6. El titular del coto podrá delegar, previa comunicación escrita al consejo insular correspondiente, la expedición de autorizaciones de caza en la persona que considere oportuno.
Artículo 31 redactado por el apartado 12 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
De los medios y las modalidades de caza
Artículo 32 Utilización de los medios de caza
1. Para el ejercicio de la caza en las Illes Balears, únicamente se pueden utilizar armas, animales, artes y otros medios materiales reconocidos expresamente en esta ley o en las disposiciones que la desarrollen.
2. Reglamentariamente se detallarán los animales, artes u otros medios materiales cuya utilización requiera autorización especial con el correspondiente permiso, y no esté permitida sin haber estado previamente contrastados por la consejería competente en materia de caza mediante los correspondientes precintos. A tales efectos y de la misma forma, se establecerán las normas de homologación y contraste aplicables.
Artículo 33 Utensilios, armas, municiones, calibres y dispositivos auxiliares
b) Otros dispositivos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 33 redactado por el apartado 13 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 34 Perros
1. El ejercicio de la caza con perros sólo podrá llevarse a cabo en los terrenos y la época en los que el cazador esté facultado para ello.
2. La utilización de perros para cazar y el tránsito de perros sueltos por el medio rural se acomodará a los preceptos que se dicten por resolución del consejero competente en materia de caza. Éstos no serán aplicables a los perros que sean utilizados por pastores y ganaderos para la custodia y el manejo de su ganado.
3. Los propietarios o las personas encargadas de los perros deben evitar que éstos transiten sin control en el medio rural, previniendo la generación de daños o molestias a la fauna, a sus crías o a sus huevos y deben responder de los daños que los perros provoquen.
4. Los propietarios estarán igualmente obligados a cumplir la normativa aplicable en materia de registro, identificación y vacunación de sus perros.
5. La consejería competente en materia de caza, en el ámbito de sus funciones, promoverá la conservación y el fomento de las razas de perros de caza propias de las Illes Balears (eivissenc, mè i rater) con la reglamentación que les sea favorable y quedará facultada para establecer acuerdos con las sociedades privadas que tengan establecida esta finalidad en sus estatutos.
6. La consejería competente en materia de caza podrá autorizar campos de adiestramiento y entrenamiento de perros en terrenos cinegéticos, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.
Artículo 35 Modalidades tradicionales
1. Se reconocerá reglamentariamente el carácter tradicional de las modalidades de caza que se practican desde tiempos inmemoriales en cada una de las Illes Balears, siempre que tengan un carácter selectivo y no masivo.
2. Tienen, en todo caso, el reconocimiento de tradicionales, las modalidades de caza que se practican en la comunidad autónoma con peculiaridades locales y que son: la caza de tordos a coll, de conejos con perros ibicencos y con perros de Menorca, de cabras con lazo y de perdices amb bagues.
3. Las modalidades tradicionales propias deben ser objeto de especial regulación y protección administrativa.
Artículo 36 Otras modalidades tradicionales
1. La cetrería, el uso del hurón para la caza de conejos y la perdiz con reclamo serán objeto de regulación específica, que tendrá en cuenta, además de las condiciones y limitaciones reglamentariamente establecidas, los criterios definidos en los apartados siguientes.
2. La práctica de la cetrería requiere la tenencia de licencia preceptiva y credencial de cetrería expedida por la consejería competente en materia de caza. En relación con este último documento, los propietarios de las aves utilizadas en cetrería deben acreditar su origen legal, tenerlas inscritas en el registro específico de la consejería competente en materia de caza y deben estar identificadas individualmente.
3. La consejería competente en materia de caza puede establecer los requisitos para estas modalidades de caza, licencias o autorizaciones específicas, así como la identificación de los animales usados para esta finalidad y la limitación de su número.
4. La caza de perdiz con reclamo queda limitada a seis semanas anuales y debe practicarse a más de 100 metros del límite del terreno cinegético, excepto acuerdo escrito entre cotos colindantes, cuyos titulares podrán abolir entre ellos esta limitación.
Apartado 4 del artículo 36 redactado por el apartado 14 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 37 Procedimientos prohibidos para la captura de animales de caza
1. Con carácter general, queda prohibida la tenencia, utilización y comercialización de todos los procedimientos masivos o no selectivos para la captura o muerte de los animales de caza, en particular los venenos o las trampas, así como de todos aquellos que puedan causar localmente la desaparición o turbar la tranquilidad de las poblaciones de una especie.
2. Quedan prohibidos los siguientes procedimientos para la captura de animales de caza:
a) Lazos, anzuelos, ballestas, así como todo tipo de trampas y cepos, incluidos fosos, losetas, nasas y similares, con la excepción de la captura de cabras con perros y lazo, en vivo.
b) Cualquier tipo de procedimiento que implique el uso de liga y sustancias adhesivas.
c) Cualquier tipo de reclamo para especies protegidas, vivo, naturalizado o artificial; animales vivos mutilados o cegados, usados como reclamo o cebo y cualquier tipo de reclamo mecánico, eléctrico o electrónico, incluidos las grabaciones y los chips electrónicos, para cualquier especie.
d) Aparatos electrocutantes o paralizantes.
e) Luces, faros, linternas, espejos o cualquier fuente luminosa artificial o visor que permita el tiro nocturno.
f) Cualquier tipo de red o artefacto que requiera, para su funcionamiento, el uso de mallas, como son las redes de tierra, redes japonesas o verticales y redes cañón.
g) Cualquier tipo de cebo, gas o sustancia tóxica, paralizante o tranquilizante, y sustancias atractivas o repulsivas, así como los explosivos.
h) Vehículos de cualquier tipo, aeronaves, automóviles y embarcaciones.
3. A pesar de lo dispuesto en el apartado anterior, la caza tradicional de tordos a coll, la caza de perdiz con reclamo y la caza amb bagues, podrán ser autorizadas en los términos previstos reglamentariamente, de acuerdo con el régimen excepcional establecido en la Directiva 79/409/CE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres.
Artículo 38 Prohibiciones de carácter general
28. Incumplir cualquiera otro precepto o limitación de esta ley o que para su desarrollo se fije reglamentariamente.
Artículo 38 redactado por el apartado 15 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 39 Autorizaciones excepcionales para el control de especies
1. Excepcionalmente, previa autorización de la consejería competente en materia de caza, pueden quedar sin efecto las prohibiciones establecidas en los artículos 33.1, 33.3, 37 y 38 (a excepción de los puntos 12, 13, 21, 26 y 27), si no hay otra solución satisfactoria y concurre alguna de las circunstancias siguientes:
a) Si de la aplicación de la prohibición se derivan efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de las personas.
c) Para prevenir perjuicios importantes en los cultivos, en el ganado y en los bosques.
d) Para fines de investigación o educación, de repoblación o de reintroducción, así como para la cría en cautividad orientada a los fines mencionados.
e) Para prevenir accidentes en relación a la seguridad aérea y vial.
f) Para permitir, en condiciones estrictamente controladas y mediante métodos selectivos y tradicionales, la captura, la retención o cualquier otra explotación prudente de determinadas especies no catalogadas, en pequeñas cantidades y con las limitaciones precisas para garantizar su conservación.
g) Para proteger la flora y la fauna.
h) Para combatir enfermedades o epizootias que afecten a las especies cinegéticas.
2. La autorización administrativa prevista en el apartado anterior debe estar motivada y especificará:
a) Las especies a las que se refiera.
b) Los medios, las instalaciones o los modos de captura o muerte autorizados y sus límites, así como el personal autorizado.
d) Los controles que se ejercen.
3. El método o medio autorizado debe ser proporcionado al fin perseguido.
4. En cualquier caso, finalizada la acción, la persona autorizada debe presentar en la consejería competente en materia de caza, en el plazo que al efecto se le indique, la información sobre los resultados obtenidos, el número de ejemplares capturados y todas aquellas circunstancias de interés que se hayan producido.
Artículo 40 Caza con fines científicos
1. La consejería competente en materia de caza puede otorgar autorización especial para la caza y captura con fines científicos de especies silvestres, así como para la investigación, la observación, la filmación o la fotografía de nidos, crías, guaridas o colonias de especies protegidas. Dicha autorización tiene carácter obligatorio para la realización de las actividades relacionadas en el presente apartado.
2. El otorgamiento de esta autorización es personal e intransferible, en el caso de investigación, y requiere de aval de una institución científica directamente relacionada con la actividad del peticionario, la cual es responsable subsidiaria de cualquier infracción que éste cometiera.
3. El contenido de la autorización de caza con fines científicos debe recoger los elementos siguientes: fines de la actividad y destino de la piezas capturadas, las especies y el numero de ejemplares capturables, días y horas hábiles para la caza, métodos y medios de caza autorizados, terrenos donde se permite practicar la caza científica y plazo de vigencia de la autorización.
Artículo 41 Anillado de aves y marcado de animales silvestres
1. La consejería competente en materia de caza dirige los programas y las actividades relacionados con el anillado de aves y marcado de animales silvestres con fines científicos o cinegéticos, y regula todo lo referente a la confección, distribución y recepción de anillas y marcas, así como la práctica del anillado o marcado, incluidos los aparatos emisores y las marcas visuales. A los efectos indicados, debe establecer la necesaria coordinación con las entidades científicas reconocidas y con otras administraciones.
2. El anillado de aves y el marcado de animales silvestres será objeto de regulación reglamentaria, donde se indicarán los objetivos, las condiciones, los conocimientos, las limitaciones, las características y las autorizaciones necesarios para estas actividades.
3. Es obligatorio comunicar a la consejería competente en materia de caza o a las entidades reconocidas como colaboradoras en anillado científico, la captura o el hallazgo de un ave anillada o de cualquier animal marcado.
Artículo 42 Explotación industrial o comercial de la caza
1. Se entiende por explotación industrial de la caza la orientada a la producción y la venta de las piezas de caza, vivas o muertas, y puede llevarse a cabo en granjas cinegéticas o en cotos particulares o intensivos de caza. En ambos casos, son requisitos de obligado cumplimiento contar con la previa autorización de la consejería competente en materia de caza y cumplir las condiciones fijadas en la misma.
2. La consejería competente en materia de caza establece qué especies pueden ser producidas y comercializadas y las condiciones genéticas que se deben cumplir en cada caso.
3. La comercialización de las piezas de caza, vivas o muertas, se debe someter a las disposiciones de esta ley y se reglamentará adecuadamente, con el fin de que se garantice tanto la procedencia de las piezas como la época de su captura.
4. En el caso de comercializarse la carne de los animales de caza silvestre con vistas a su puesta en el mercado para el consumo humano, los animales una vez muertos y su carne se manipularán de acuerdo con la normativa en vigor.
Artículo 43 Granjas cinegéticas
1. Se considerará granja cinegética todo establecimiento cuyo fin sea la producción de especies cinegéticas, autóctonas o alóctonas, para su comercialización, vivas o muertas, o su liberación con independencia de que en el mismo se desarrolle su ciclo biológico o sólo alguna de sus fases.
2. Se consideran granjas los establecimientos o instalaciones donde se mantengan más de cinco parejas o diez individuos de una especie cinegética.
3. El régimen de autorización y funcionamiento de estos establecimientos será el regulado reglamentariamente. En todo caso:
a) El establecimiento de una granja cinegética requiere previa autorización de la consejería competente en materia de caza, con independencia de otras autorizaciones concurrentes. Para otorgarla se exigirá el cumplimiento de las condiciones técnicas, sanitarias y medioambientales en los términos reglamentarios establecidos al efecto.
b) El traslado, la ampliación, la modificación sustancial de las instalaciones o el cambio de los objetivos de producción precisan de autorización administrativa de la consejería competente en materia de caza.
c) Las granjas cinegéticas llevarán a cabo un programa de control zootécnico-sanitario.
d) Los titulares de estos establecimientos tienen la obligación de llevar un libro registro en el cual deben constar los datos que reglamentariamente se determinen.
e) Las granjas cinegéticas deben someterse a los controles sanitarios y cinegéticos que se establezcan, y deben permitir el acceso y facilitar el trabajo al personal de los organismos competentes.
Artículo 44 Zonas de emergencia cinegética temporal
Cuando la abundancia de una determinada especie cinegética en una comarca resulte especialmente peligrosa para las personas o perjudicial para la agricultura, la ganadería, la flora o para la propia caza, la consejería competente en materia de caza, con la previa consulta con el consejo insular de caza que corresponda y la audiencia de los titulares cinegéticos, una vez efectuadas las comprobaciones oportunas, puede declarar dicha comarca zona de emergencia cinegética temporal y determinar y aplicar las medidas tendentes a la eliminación del riesgo y a la reducción de las poblaciones de la citada especie.
Artículo 45 Protección de los cultivos
3. En el supuesto que la producción agrícola, ganadera o forestal de una finca se vea perjudicada por las piezas de caza, la consejería competente en materia de caza, a instancia de parte, debe realizar una evaluación de las circunstancias, así como de sus repercusiones, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de esta ley puede autorizar al titular del coto, al propietario o el agricultor con conocimiento del titular del coto, a adoptar medidas extraordinarias de carácter cinegético para el control de la especie o las especies que ocasionen estos perjuicios. La administración cinegética o agraria podrá aplicar directamente las medidas de control necesarias, previa comunicación al titular.
Artículo 45 redactado por el apartado 16 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 46 Enfermedades y epizootias
1. Los titulares de los cotos de caza, los titulares de granjas cinegéticas, los poseedores de especies cinegéticas en cautividad, así como los cazadores, que tengan conocimiento o sospecha de la existencia de epizootias y zoonosis, tienen la obligación de comunicar esta circunstancia, en el plazo máximo de cinco días hábiles desde la fecha de su detección, a la consejería competente en materia de caza o, en su defecto, a las autoridades o a sus agentes, que deben trasladar inmediatamente su comunicación a dicha consejería.
Esta obligación no afecta a las epizootias y zoonosis de carácter general como la mixomatosis y la hemorragia vírica.
2. La consejería competente en materia de caza, en colaboración con los organismos o departamentos administrativos responsables en materia de agricultura y de sanidad, debe adoptar las medidas necesarias para paliar los efectos de epizootias y zoonosis y su transmisión a otras especies.
3. Una vez diagnosticada la enfermedad y determinada la zona afectada, los titulares de los terrenos cinegéticos quedan obligados a observar las medidas al efecto aprobadas por la administración competente.
Del transporte y la comercialización de piezas de caza
Artículo 47 Transporte, comercialización y liberación de piezas de caza vivas
1. En relación con las piezas de caza vivas o sus huevos, sólo podrán comercializarse las especies comercializables en aplicación del artículo 42, y siempre que procedan de granjas cinegéticas, cotos particulares o cotos intensivos de caza autorizados para esta práctica.
2. El transporte de las piezas de caza vivas, o de sus huevos, con destino al territorio de las Illes Balears, requiere la previa autorización de la consejería competente en materia de caza. La solicitud de esta autorización corresponde al destinatario y el transportista llevará copia de la misma durante todo el trayecto.
3. Los embalajes o cualquier otro elemento de características similares utilizados para el transporte de las piezas de caza objeto de comercialización, deben llevar, en un lugar visible, etiquetaje en el que conste la denominación de la granja cinegética o terreno cinegético de origen, su número de registro y la granja cinegética o el terreno cinegético de destino.
4. La liberación de piezas de caza vivas precisa, en todo caso, la previa autorización de la consejería competente en materia de caza, que sólo se otorga para especies propias de las Illes Balears. En el supuesto que aquella tenga lugar sin haberse obtenido la mencionada autorización, y sin perjuicio de la incoación del expediente sancionador pertinente, la consejería competente en materia de caza puede adoptar las medidas oportunas para su eliminación y repercutirán en el infractor los gastos generados.
Artículo 48 Transporte y comercialización de piezas de caza muertas
1. Durante la época de veda quedan prohibidos el transporte y la comercialización de piezas de caza muertas, excepto en los casos de autorización expresa de la consejería competente en materia de caza, la cual se extiende habiendo acreditado previamente la obtención legal de aquellas, de conformidad con los preceptos de la presente ley.
2. A pesar de la prohibición general establecida en el apartado anterior, ésta no afectará al transporte y a la comercialización de piezas de caza muertas procedentes de granjas cinegéticas o bien de cotos particulares o intensivos de caza autorizados para comercio de caza, siempre que el transporte vaya acompañado en todo momento de la documentación acreditativa del origen y la posesión legal de las piezas transportadas y éstas estén provistas del etiquetaje y de los precintos que definan y garanticen su origen.
3. La consejería competente en materia de caza podrá exigir, de acuerdo con las condiciones y los procedimientos determinados por resolución del consejero, que los cuerpos o trofeos de las piezas de caza capturadas en las Illes Balears vayan marcados o precintados, y que el transporte de piezas de caza de cualquier procedencia vaya acompañado de un justificante acreditativo de su origen y posesión legal.
4. En el caso de comercializarse la carne de los animales de caza silvestre con vistas a su puesta en el mercado para el consumo humano, se manipulará de acuerdo con la normativa sanitaria en vigor.
Artículo 49 Animales domésticos similares a los silvestres
La circulación y la venta de animales domésticos, vivos o muertos, susceptibles de confundirse con sus similares silvestres, están permitidas en todo momento. No obstante, durante el período de veda será preciso cumplir las condiciones que se señalen reglamentariamente, sin perjuicio de las disposiciones normativas aplicables en materia de protección de los animales domésticos.
Artículo 50 Responsabilidad por daños
6. En el caso de daños a la agricultura, el perjudicado debe comunicarlos con carácter inmediato a la consejería competente en materia de caza y a la competente en materia de agricultura, la que los peritará en presencia de los posibles responsables y de los técnicos en materia cinegética. El acta quedará a disposición de las dos partes, para el procedimiento civil que pueda derivarse.
Artículo 50 redactado por el apartado 17 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 51 Seguro obligatorio
1. Todo cazador con armas debe concertar un contrato de seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de daños a las personas con motivo del ejercicio de la caza, de acuerdo con las normas sectoriales del Estado en materia de seguros, sin perjuicio de asegurar cualesquiera otras responsabilidades al amparo de la legislación civil y penal.
2. No se permite la práctica de la caza con armas sin la existencia del mencionado contrato con plenitud de efectos.
De la administración y la vigilancia de la caza
De la administración cinegética
Artículo 52 Representación y competencia
El Gobierno de las Illes Balears ejercerá sus competencias para la aplicación de esta ley a través de la consejería competente en materia de medio ambiente, excepto las que, para actividades concretas, se atribuyen expresamente a otros departamentos.
Artículo 53 Consejo Balear de Caza y consejos insulares de caza
1. El Consejo Balear de Caza y los consejos insulares de caza se adscriben a la consejería competente en materia de caza en calidad de órganos colegiados asesores en materia cinegética, que deben ser escuchados en todos aquellos supuestos establecidos al efecto en esta ley o en otras normas sectoriales de aplicación.
2. Su composición y régimen de funcionamiento serán los que reglamentariamente se determinen.
Artículo 54 Comisión de caza mayor y homologación de trofeos
2. Su composición y su régimen de funcionamiento serán los que determine reglamentariamente el consejero competente del Consejo de Mallorca. El resto de consejos insulares podrán designar un vocal.
Artículo 54 redactado por el apartado 18 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 55 De las entidades colaboradoras, Federación Balear de Caza y sociedades de cazadores
1. La consejería competente en materia de caza podrá otorgar la condición de entidad colaboradora a asociaciones o sociedades relacionadas con la caza o la fauna, con las condiciones que se establezcan por resolución del consejero.
2. Las entidades colaboradoras gozarán de preferencia en la concesión de subvenciones para el desarrollo de sus actividades.
3. La Federación Balear de Caza y las asociaciones de cazadores tienen el carácter de entidades colaboradoras con la consejería competente en materia de caza, en materias de gestión cinegética, conservación de las especies de caza y de fomento de la formación y las buenas prácticas cinegéticas.
Apartado 3 del artículo 55 redactado por el apartado 19 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
4. Las sociedades de cazadores pueden ser privadas o locales. Las privadas no tienen ninguna limitación específica y se rigen por la normativa aplicable, con carácter general, en materia asociativa; y las locales deben tener ámbito geográfico relativo a un municipio o a un núcleo de población, carácter no lucrativo y cumplir los requisitos que se establezcan reglamentariamente en cuanto a su organización y funcionamiento.
5. Las sociedades locales de cazadores que cumplan las condiciones al efecto establecidas reglamentariamente por la consejería competente en materia de caza, tendrán reconocida su función social y se beneficiarán de las ayudas que sean establecidas con esta finalidad.
De la policía y la vigilancia de la caza
Artículo 56 Autoridades competentes y personal colaborador
6. Los agentes de la autoridad con sus auxiliares, en el ejercicio de sus funciones de vigilancia, inspección y control y en su ámbito territorial de actuación, pueden identificar a los practicantes de las actividades objeto de regulación por la presente ley y tienen derecho de acceso a todo tipo de terrenos rurales, cinegéticos o no cinegéticos, tanto cerrados como abiertos, sin aviso previo, así como a las instalaciones, recintos cerrados, vehículos, recipientes y cualquier otro elemento relacionado con las materias reguladas en esta ley, con todos los elementos auxiliares para el desarrollo de su tarea. En el caso del domicilio, el acceso se llevará a cabo de acuerdo con la legislación vigente.
Artículo 56 redactado por el apartado 20 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 57 Celadores privados de caza y celadores federativos de caza
1. La consejería competente en materia de caza nombrará y acreditará celadores privados de caza y celadores federativos de caza, a propuesta de los titulares de cotos de caza, refugios de fauna o zonas de caza controlada, y de la Federación Balear de Caza, respectivamente, y previa superación de las pruebas de aptitud correspondientes, que serán determinadas por disposición reglamentaria.
2. Reglamentariamente, se establecerán las condiciones para el nombramiento y la acreditación de dichos celadores, que se formalizarán por medio del pertinente documento oficial, que tendrá una vigencia limitada y determinará los terrenos para los cuales será válido.
3. Durante el ejercicio de sus funciones, los celadores mencionados deben llevar encima, además del documento acreditativo de su nombramiento, los distintivos del cargo y los que identifiquen los terrenos en donde estén facultados para actuar, de conformidad con la tipología, las características y las condiciones que reglamentariamente se determinen.
4. Los celadores privados de caza y los celadores federativos de caza están obligados a formular, a la mayor brevedad posible, las denuncias por hechos presuntamente constitutivos de infracción de la normativa vigente de caza que observen dentro de su ámbito territorial de actuación, aportando pruebas o testimonios de éstos, así como a colaborar con los agentes de la autoridad en materia cinegética, los cuales tendrán igualmente el deber de auxiliarlos en sus funciones.
5. Los celadores privados de caza y los celadores federativos de caza quedan sometidos a la disciplina y la jurisdicción de la consejería competente en materia de caza, por su condición de agentes auxiliares de ésta en aplicación de la presente ley.
Artículo 58 Ejercicio de la caza por parte del personal de vigilancia
1. Los agentes de la autoridad y sus auxiliares no pueden cazar durante el ejercicio de sus funciones.
2. No obstante, pueden llevar a cabo acciones cinegéticas en las situaciones especiales previstas en los artículos 39 o 45, encomendadas o autorizadas expresamente por la consejería competente en materia de caza.
Artículo 59 Procedimiento sancionador y competencia
1. Las acciones u omisiones contrarias a lo dispuesto en la presente ley tipificadas en los artículos 73 a 75, dan lugar a la exigencia de responsabilidades por parte de la consejería competente en materia de caza, sin prejuicio de las que se pudieran generar conforme a lo dispuesto en la legislación penal, civil o de otra naturaleza.
2. La incoación e instrucción de los expedientes sancionadores por presuntas infracciones previstas en la presente ley corresponde al servicio competente en la materia y su resolución al director general competente en materia de caza y pesca fluvial, de conformidad con el procedimiento previsto con carácter general para la administración de las Illes Balears, sin perjuicio de la posible regulación reglamentaria de un procedimiento específico que desarrolle esta ley.
3. La competencia para la imposición de sanciones administrativas referidas en esta ley, corresponde al director general competente en materia de caza y pesca fluvial.
Artículo 60 Suspensión del procedimiento administrativo
1. Cuando una infracción puede ser constitutiva de delito o falta sancionable penalmente, se deben trasladar inmediatamente al Ministerio Fiscal la denuncia o las actuaciones administrativas, suspendiéndose éstas hasta el momento en que la resolución penal recaída adquiera firmeza, sin perjuicio de la adopción por la autoridad administrativa competente de las medidas cautelares que procedan.
2. La sanción de la autoridad judicial excluye la imposición de sanción administrativa por los mismos hechos.
3. En caso de no estimarse la existencia de delito o falta penal, se debe continuar la tramitación del expediente administrativo hasta su resolución basándose, en su caso, en los hechos que el órgano judicial competente haya considerado probados.
4. La tramitación de diligencias penales interrumpe la prescripción de las infracciones.
1. Es pública la acción para exigir ante las administraciones públicas la observancia de lo establecido en la presente ley y en las disposiciones que la desarrollen y ejecuten.
2. A efectos de la tramitación de la acción pública ejercida por particulares, éstos deben fundamentar suficientemente los hechos que supongan la infracción. Si la administración, con las diligencias preliminares pertinentes, considera que no existen pruebas suficientes se archivará el expediente.
Artículo 62 Registro de infractores
1. Se crea el Registro de infractores de caza y pesca fluvial de las Illes Balears, dependiente de la consejería competente en materia de caza, en el cual se deben inscribir de oficio a las personas que hayan sido sancionadas por resolución firme, administrativa o judicial, en expediente incoado como consecuencia de la infracción en las disposiciones de la presente ley.
2. En este registro debe figurar la siguiente información: datos del denunciante, tipo de infracción, su calificación, fecha de la resolución sancionadora, sanciones impuestas y otras medidas adoptadas como indemnizaciones, privación de licencia de caza y/o inhabilitación.
3. Los infractores cuya responsabilidad se haya extinguido tendrán derecho a la cancelación de sus antecedentes y a ser dados de baja de oficio en el Registro de infractores, cuando se hayan cumplido los requisitos reglamentarios o bien haya transcurrido el plazo previsto para la reincidencia.
4. La organización y el funcionamiento del Registro de infractores se establecerá por resolución del consejero competente en materia de caza.
5. Las inscripciones y variaciones que se produzcan en el asentamiento del Registro de infractores serán remitidas al Registro Nacional de Infractores de Caza y Pesca.
6. La consejería competente en materia de caza puede acordar mecanismos de coordinación con otras comunidades autónomas para la efectividad del Registro de infractores, en términos de reciprocidad.
Tipología y prescripción de las infracciones
Toda acción u omisión tipificada en esta ley que vulnere sus prescripciones y disposiciones, es constitutiva de infracción que generará responsabilidad administrativa, sin perjuicio de la responsabilidad exigible en vía penal, civil o de otro orden.
Artículo 64 Clasificación de infracciones administrativas
Las infracciones administrativas previstas en la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.
1. Las infracciones previstas en la presente ley prescribirán: a los tres años, las muy graves; a los dos años, las graves; y a los seis meses, las leves.
2. El plazo de prescripción de las infracciones comienza a contarse desde el día en que la infracción se ha cometido. En el caso de infracciones derivadas de una actividad continuada, la fecha inicial del cómputo es la de fin de la actividad o la del último acto en que la infracción se haya consumado.
Interrumpirá el plazo de prescripción el inicio, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador. Este plazo se reanudará si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al presunto responsable.
La imposición de las sanciones previstas en la presente ley requiere la incoación e instrucción del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente de aplicación.
Artículo 67 Graduación de sanciones
3. Cuando un solo hecho sea constitutivo de dos o más infracciones, se impondrá la sanción que corresponda a la infracción de mayor gravedad en la mitad superior de su cuantía o en grado máximo en caso de reincidencia, estimándose la concurrencia con las otras infracciones como un elemento a considerar en la graduación de la sanción a imponer. Cuando en la comisión de la infracción hayan intervenido diferentes personas y no sea posible determinar el grado de participación de cada una, responderán de forma solidaria de las infracciones que hayan cometido y de las sanciones e indemnizaciones que, en su caso, se impongan.
Artículo 67 redactado por el apartado 21 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
1. Las sanciones derivadas de las infracciones previstas en la presente ley prescriben: a los tres años, para las infracciones muy graves; a los dos años, para las infracciones graves; y al año, para las infracciones leves.
2. El plazo de prescripción de las sanciones comienza a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiere firmeza la resolución por la cual se impone la sanción. Interrumpe la prescripción la iniciación, con el conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecución, y vuelve a transcurrir el plazo si aquel estuviera paralizado durante más de dos meses por causa no imputable al infractor.
Artículo 69 Reparación de daños e indemnizaciones
1. Las sanciones son compatibles con la exigencia al infractor de la reposición de la situación alterada por él mismo a su estado original, así como la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.
2. La cuantía de las indemnizaciones aplicables será determinada por el baremo de valoraciones de las especies de fauna silvestre establecido por la consejería competente en materia de caza, mediante resolución publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
3. Los titulares de los terrenos cinegéticos pueden solicitar de la consejería competente en materia de caza la reversión a su favor de las indemnizaciones en los casos en que se consideren afectados directamente por el daño producido.
Artículo 70 Decomisos
6. En las resoluciones de los expedientes sancionadores se decidirá sobre el destino de los decomisos, acordándose su destrucción, alienación o devolución a sus propietarios, en función de las características de éstos y de las circunstancias de la infracción.
Artículo 70 redactado por el apartado 22 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 71 Retirada, devolución de armas y prohibición de uso para la caza
6. A los efectos de agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores y la devolución de los decomisos, en su caso, en el caso de no reincidentes, una vez iniciado el expediente, la administración competente en materia de caza podrá efectuar la devolución del arma una vez el interesado haya satisfecho un rescate que no será retornable de 300 euros por cada arma, siempre que no haya indicios de infracciones muy graves. El impago por parte del infractor dentro del período voluntario de la sanción impuesta supondrá el nuevo decomiso del arma, que no será devuelta hasta el cierre del expediente.
Artículo 71 redactado por el apartado 23 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Con el fin de conseguir el cumplimiento de las resoluciones sancionadoras, y de conformidad con lo que dispone la legislación de procedimiento administrativo común, pueden imponerse, con aviso previo, multas coercitivas con lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo ordenado, de duración no inferior a quince días hábiles, la cuantía de las cuales no debe superar el límite máximo de 300 euros diarios para cada una.
De las infracciones y la cuantía de las sanciones
Son infracciones muy graves las contravenciones a los artículos correspondientes de esta ley, que se enumeran a continuación:
1. Utilizar o permitir utilizar cebos envenenados en un coto de caza, de manera que ocasionen o puedan ocasionar la muerte de especies catalogadas como amenazadas.
2. Destruir, derribar, retirar, desplazar, deteriorar, modificar o alterar intencionadamente la señalización cinegética de un coto ajeno, refugio o zona de caza controlada.
3. Cazar o destruir especies amenazadas.
4. Cazar con medios o procedimientos prohibidos reglamentariamente para la captura de animales de caza por su carácter masivo o no selectivo.
5. Disparar dentro de zonas de seguridad.
6. Cazar o llevar armas u otros medios de caza preparados para su uso en un espacio natural protegido donde esté prohibido hacerlo o en refugios de fauna.
7. Cazar teniendo retirada la licencia de caza o estando inhabilitado por sentencia judicial o resolución administrativa firme.
8. Incumplir, por parte del titular, el plan técnico de un coto intensivo en detrimento de sus recursos cinegéticos o biológicos. En este caso, el coto puede ser cerrado por el plazo de un año.
9. Transportar, comercializar o liberar piezas de caza vivas, incluidos los huevos de aves, sin autorización, si su valor comercial supera los 500 euros.
10. Instalar granjas cinegéticas sin autorización, así como incumplir las condiciones fijadas y las obligaciones al efecto establecidas en la presente ley, en detrimento de los recursos cinegéticos o biológicos.
11. Comercializar piezas de caza portadoras de enfermedades epizoóticas, incumpliendo las prescripciones de esta ley y de la normativa aplicable en materia de sanidad animal.
12. Cometer un hecho calificable como grave, habiendo sido sancionado dos veces en los últimos dos años por infracciones graves a la presente ley.
13. Participar en la comercialización, publicitar, organizar, llevar a cabo, cooperar o promover cualquier acto conducente a cacerías fraudulentas o ilegales, aunque no exista ánimo de lucro, o no se haya consumado el hecho de cobrar la pieza. Punto 13 del artículo 73 introducido por el apartado 24 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
48. Tener los perros de caza en condiciones inadecuadas según prevé la normativa sectorial vigente.
Artículo 74 redactado por el apartado 25 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Las sanciones correspondientes a infracciones en aplicación de los apartados 2 y 6 de este artículo se fijarán dentro del tercio superior de la cuantía establecida.
Artículo 75 redactado por el apartado 26 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013
Artículo 76 Cuantía de las sanciones de caza e inhabilitación por puntos
8. Los consejos insulares, por vía reglamentaria, podrán establecer un sistema de penalización por puntos para la retirada de la licencia de caza y para los plazos de inhabilitación para obtenerla, en relación con las infracciones tipificadas en la presente ley.
Artículo 76 redactado por el apartado 27 del artículo primero de la Ley [BALEARES] 3/2013, 17 julio, de modificación de la Ley 6/2006, 12 abril, balear de caza y pesca fluvial, y modificada por la Ley 6/2007, 27 diciembre, de medidas tributarias y economico-administrativas («B.O.I.B.» 30 julio)Vigencia: 31 julio 2013

References: Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18
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Artículo 19
 artículo 25

Artículo 20
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Artículo 21

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 33

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27
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Artículo 28

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Artículo 29

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

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Artículo 32

Artículo 33

Artículo 33

Artículo 34
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Artículo 35

Artículo 36
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Artículo 37

Artículo 38

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Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45
 artículo 39

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Artículo 46

Artículo 47
 artículo 42

Artículo 48
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Artículo 49

Artículo 50

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Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 54

Artículo 55
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Artículo 56

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Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59
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Artículo 60
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Artículo 62
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Artículo 64

Artículo 67

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Artículo 69
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Artículo 70

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Artículo 71

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 artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

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