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TEMA 3 - Otras consecuencias del delito [16090] | Derecho Penal: Parte General (UPF) | Unybook
TEMA 3 - Otras consecuencias del delito (2014)
TEMA 3 - Otras consecuencias del delito
Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito TEMA 3 – OTRAS CONSECUENCIAS DEL DELITO 3.1. Las medidas de seguridad. Régimen legal.
Las medidas de seguridad son medidas orientadas a la reinserción social o a la prevención de reincidencia de los delincuentes que a la sanción por cierto delito cometido. Las hay de 2 tipos: privativas de libertad (p.ej.: centros de desintoxicación) y no privativas de libertad (p.ej.: prohibición de conducción, tenencia de armas,...). El CP 1995 dedica el Título IV del Libro I a las medidas de seguridad.
3.1.1. Principios generales del sistema de medidas de seguridad Los principios generales de las medidas de seguridad se hayan, no sólo en el Capítulo I del Título IV del Libro I del CP (“De las medidas de seguridad en general”), sino que también se hallan en el Título Preliminar, al referirse a las “garantías penales” y a la “aplicación de la Ley penal”.
El TÍTULO PRELIMINAR extiende a las medidas de seguridad las garantías propias del principio de legalidad: • Art. 1.2: “Las medidas de seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos previamente en la Ley”.
• Art. 2.1: “Carecerán de efecto retroactivo las leyes que establezcan medidas de seguridad” (a excepción de las que favorezcan al reo).
• Art. 3: Extiende a las medidas de seguridad las mismas garantías jurisdiccionales y de ejecución que establece para las penas.
El Título Preliminar también proclama los principios que rigen los presupuestos materiales y los límites de las medidas de seguridad. Los presupuestos materiales que deben fundamentar la imposición de medidas son dos (art. 6.1 CP): A.
La peligrosidad criminal del sujeto.
La comisión de un delito previo. Ello excluye las medidas predelictuales à Antes de delinquir no hay medidas de seguridad aplicables como tales.
Los principios limitadores de la gravedad y duración de las medidas también son dos (art. 6.2 CP): A.
Éstas no podrán ser más gravosas que la pena correspondiente al delito previo realizado.
Éstas no podrán exceder del límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor.
Estos principios se desarrollan en el CAPÍTULO I DEL TÍTULO IV DEL LIBRO I del CP.
Los dos presupuestos fundamentales requeridos para las medidas de seguridad por el art. 6 se repiten en el art. 95, al exigir que concurran dos circunstancias esenciales: 1.
LECCIÓN 33 y 34 1 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito El principio limitador se concreta en 2 sentidos: Ø Se prohíbe la posibilidad de imponer una medida de seguridad privativa de libertad si el delito cometido no está castigado con una pena también privativa de libertad.
Ø El internamiento como medida de seguridad no podrá exceder en tiempo a la pena privativa de libertad que se habría impuesto en su lugar, si hubiera sido declarado culpable el sujeto.
3.1.2. Medidas de seguridad imponibles El CP distingue entre medidas privativas de libertad y medidas no privativas de libertad.
Las MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD que pueden imponerse son (art. 96.2 CP): v El internamiento en centro psiquiátrico o de educación especial: Podrá aplicarse al que sea declarado exento de responsabilidad criminal, por ser considerado enfermo mental o por sufrir cualquier otra anomalía o alteración psíquica que excluya impunidad. No se excluye el trastorno mental transitorio (art.
20.1 CP).
v El internamiento en centro de deshabituación: Está previsto para los declarados exentos de responsabilidad conforme al art. 20.2 CP.
v El internamiento en centro educativo especial: Está previsto para los declarados exentos de responsabilidad conforme al art. 20.3 CP.
Art. 20 CP: “Están exentos de responsabilidad criminal: 1. El que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el delito o hubiera previsto o debido prever su comisión.
3. El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.” Las mismas medidas podrán imponerse, en sus respectivos casos, además de la pena atenuada, a los semiimputables 1 a quienes se les aplique una eximente incompleta. Aun así, en estos casos, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá exceder a la de la pena prevista por el CP. Se estará en un sistema vicarial: En el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la pena. Una vez alzada la medida de seguridad y si con la ejecución de la 1 Consiste en la disminución de la culpabilidad.
LECCIÓN 33 y 34 2 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito pena se pusiera en peligro la rehabilitación conseguida con la medida de seguridad, el Juez podrá suspender el cumplimiento del resto de la pena.
Las MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE LIBERTAD son: v La inhabilitación profesional: Puede aplicarse como medida de seguridad, privando al sujeto del derecho de ejercer determinado derecho o profesión, por un tiempo de 1 a 5 años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio o en relación con él, un hecho delictivo.
v La expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España (destierro): Expulsa al sujeto del territorio nacional por un periodo de tiempo determinado, sin que éste pueda exceder los 10 años.
v La libertad vigilada: La LO 5/2010 incorpora al CP esta nueva medida de seguridad. Nace del deseo de crear una medida apta, no sólo para inimputables o semiimputables, sino también a imputables peligrosos de criminalidad grave con posterioridad al cumplimiento de una pena privativa de libertad.
En caso de los imputables que ya han cumplido pena, la medida de libertad vigilada puede durar hasta 10 años; en los otros casos 5.
Su fundamento se basa en la necesidad de articular soluciones adicionales a la pena en supuestos especiales en los que ésta no resulta suficiente para excluir un elevado riesgo de reincidencia y con el objeto de garantizar la seguridad del resto de ciudadanos. Se basa en una refundición de medidas no privativas existentes anteriormente, junto con algunas nuevas reglas de conducta.
Los dos supuestos en los que se prevé la aplicación de la libertad vigilada a sujetos imputables se hallan previstos en los arts. 192.1 y 579.3 CP: delitos contra la libertad sexual y delitos de terrorismo respectivamente. El legislador predispone que a tales delincuentes se les aplique, después de la pena privativa de libertad, una medida de seguridad de libertad vigilada de 10 años si alguno de los delitos fuere grave o de 5 si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el Tribunal podrá imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor.
La libertad vigilada consiste en el sometimiento del condenado a control judicial mediante el cumplimiento de algunas de las siguientes reglas de conducta: a.
La obligación a estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan el seguimiento permanente.
La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio designado, cada cambio de lugar de residencia o puesto de trabajo.
La prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin previa autorización.
La prohibición de aproximarse a la víctima, sus familiares u otras personas que designare el Juez.
La prohibición de comunicarse con la víctima, sus familiares u otras personas que designare el Juez.
La prohibición de residir en determinados territorios.
LECCIÓN 33 y 34 3 Derecho Penal: Parte General i.
Tema 3 – Otras consecuencias del delito La prohibición a desempeñar ciertas actividades que puedan ofrecer o facilitar la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.
La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, educativos, etc.
La obligación de seguir tratamiento médico externo y periódico.
En cuanto al procedimiento de imposición de la libertad vigilada a sujetos imputables, el Juez o Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta. En caso de acumulación de penas y medidas, y de la imposibilidad de cumplimiento simultaneo, el reo las cumplirá de manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez pueda dictaminar lo contrario. A partir de la imposición de la medida, el Juez podrá modificar, reducir o dejar sin efecto la medida en función del posible pronóstico de reinserción del sujeto. En caso de incumplimiento de las reglas de conducta, se podrán modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas.
v La custodia familiar: El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia.
v La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores.
v La privación del derecho de tenencia y porte de armas.
3.1.3. Cesación, sustitución, suspensión y quebramiento de las medidas de seguridad Las medidas de seguridad privativas de libertad no tienen fijados límites de duración determinados numéricamente, sino que se deducen de los principios generales antes señalados, según los cuales las medidas no pueden durar más que la pena señalada al delito cometido ni exceder de lo necesario para prevenir la peligrosidad del autor. Además, las medidas de seguridad no privativas de libertad se agrupan en las que no pueden sobrepasar los 5 años y las que no pueden sobrepasar los 10.
La cesación de la medida deberá tener lugar en el momento en que el Juez o Tribunal sentenciador, a propuesta del Juez de Vigilancia, decrete el cese por haber desaparecido la peligrosidad criminal del sujeto (o por haber alcanzado el límite de tiempo correspondiente).
El Juez o Tribunal puede, en lugar de decretar la cesación, decidir en cualquier momento la sustitución de la medida impuesta por otra que estime más adecuada, entre las previstas para el supuesto de que se trate. La sustitución es plenamente reversible ante un avance negativo del sujeto.
Una tercera decisión que en todo momento puede adoptar un juez es la de dejar en suspenso la ejecución de la medida (no llevarla a cabo durante un tiempo determinado, siempre inferior al que reste hasta el máximo señalado en la sentencia que lo impuso). La suspensión quedará condicionada a que el sujeto no delinca durante el plazo fijado y podrá dejarse sin efecto si se cometiere un delito o hubiere pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de otros delitos.
En caso de quebrantamiento de medidas de seguridad, debemos distinguir: § Medidas privativas de libertad à La evasión supone el reingreso del sujeto en el mismo centro del que se ha evadido o en otro que corresponda a su estado.
LECCIÓN 33 y 34 4 Derecho Penal: Parte General § Tema 3 – Otras consecuencias del delito Medidas no privativas de libertad à El juez puede acordar la sustitución de la quebrantada por una más acorde (p.ej.: internamiento), si el quebrantamiento demuestra su necesidad.
§ Quebrantamiento de la libertad vigilada à El juez puede modificar y agravar la medida, y llegar a entender el incumplimiento como un testimonio por un presunto delito del art. 468 CP.
3.2. Las consecuencias accesorias El CP destina el Título VI del Libro I a las consecuencias accesorias. Éstas incluyen el comiso de los instrumentos y efectos del delito y un elenco de medidas previstas para empresas, organizaciones, grupos o cualquier clase de entidades o agrupaciones de personas sin personalidad jurídica.
3.2.1. Comiso Es privación al delincuente de los instrumentos con que ejecuta el delito y de los efectos que provengan de él. No se considera “pena” ya que no cumple sus fines: ni a la prevención ni a la retribución. Tampoco obedece a la necesidad de tratar la peligrosidad del sujeto, como las medidas de seguridad.
Art. 127 CP: “1. Toda pena que se imponga por un delito o falta dolosos llevará consigo la pérdida de los efectos que de ellos provengan y de los bienes, medios o instrumentos con que se haya preparado o ejecutado, así como las ganancias provenientes del delito o falta, cualesquiera que sean las transformaciones que hubieren podido experimentar. Los unos y las otras serán decomisadas, a no ser que pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito que los haya adquirido legalmente.
[…] 3. Si por cualquier circunstancia no fuera posible el comiso de los bienes señalados en los apartados anteriores de este artículo, se acordará el comiso por un valor equivalente de otros bienes que pertenezcan a los criminalmente responsables del hecho.
4. Los que se decomisan se venderán, si son de lícito comercio, aplicándose su producto a cubrir las responsabilidades civiles del penado si la ley no previera otra cosa, y, si no lo son, se les dará el destino que se disponga reglamentariamente y, en su defecto, se inutilizarán. […]” Cabe añadir dos casos especiales de delitos donde el comiso modifica sus efectos: 1.
Comiso en supuestos y actividades cometidas en el marco de una organización terrorista o grupo criminal o de un delito de terrorismo: El Juez o Tribunal deberá ampliar el decomiso a los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización o grupo criminal o terrorista, o de un delito de terrorismo. Se entenderá que proviene de la actividad el patrimonio de todas y cada una de las personas condenadas por delitos cometidos en el seno de la organización o grupo criminal o terrorista o por un delito de terrorismo que sea desproporcionado con respecto a los ingresos obtenidos legalmente por cada una de dichas personas.
Comiso en caso de delito imprudente: En los casos de imposiciones de penas privativas de libertad superiores a 1 año por comisión de delito imprudente, el Juez o Tribunal podrá acordar la pérdida de los efectos que provengan del mismo, así como de los bienes, medios o instrumentos con que se haya ejecutado.
LECCIÓN 33 y 34 5 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito 3.2.2. Medidas aplicables a entidades sin personalidad jurídica Con el nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica se redefine el ámbito de aplicación que queda circunscrito a los casos de delitos o faltas cometidos en el seno, con colaboración o a través o por medio de empresas, organizaciones, grupos o cualquier otra clase de agrupación de personas que, por carecer de personalidad jurídica, no estén comprendidas en el artículo 31 bis CP (art. 129.1 CP). En tales casos el Juez o Tribunal podrá imponer motivadamente a dichas empresas, grupos, entidades o agrupaciones una o varias consecuencias accesorias a la pena que corresponda al autor del delito, con el contenido previsto en el art. 33.7. c) a g) CP. Podrá también acordar la prohibición definitiva de llevar a cabo cualquier actividad, aunque sea lícita. Según el nuevo art. 129.2 CP, las consecuencias accesorias a las que se refiere en el apartado anterior sólo podrán aplicarse a las empresas, organizaciones, organizaciones, grupos o entidades o agrupaciones cuando el CP expresamente lo prevea o cuando se trate de alguno de los delitos o faltas por los que el mismo permite exigir responsabilidad penal a la personas jurídicas”.
De acuerdo con el apartado 3º del precepto “la clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas por el Juez Instructor como medidas cautelares durante la instrucción de la causa a los efectos establecidos en este artículo y con límites señalados en el artículo 33.7”.
Art. 33.7 CP: “Las penas aplicables a las personas jurídicas, que tienen todas la consideración de graves, son las siguientes: a) Multa por cuotas o proporcional.
g) Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años. La intervención podrá afectar a la totalidad de la organización o limitarse a alguna de sus instalaciones, secciones o unidades de negocio.
El Juez o Tribunal, en la sentencia o, posteriormente, mediante auto, determinará exactamente el contenido de la intervención y determinará quién se hará cargo de la intervención y en qué plazos deberá realizar informes de seguimiento para el órgano judicial. La intervención se podrá modificar o suspender en todo momento previo informe del interventor y del Ministerio Fiscal. El interventor tendrá derecho a acceder a todas las instalaciones y locales de la empresa o persona jurídica y a recibir cuanta información estime necesaria para el ejercicio de sus funciones. Reglamentariamente se determinarán los aspectos relacionados con el ejercicio de la función de interventor, como la retribución o la cualificación necesaria. La clausura temporal de los locales o establecimientos, la suspensión de las actividades sociales y la intervención judicial podrán ser acordadas también por el Juez Instructor como medida cautelar durante la instrucción de la causa.” LECCIÓN 33 y 34 6 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito 3.3. Las causas de extinción de la responsabilidad criminal 3.3.1. Extinción de la responsabilidad penal Está regulado en el Título VII del Libro I CP. La extinción de la responsabilidad penal ocurre cuando deja de existir una obligación previamente contraída, en este caso la del cumplimiento de una pena. Las causas de extinción penal presuponen la existencia de un hecho punible, entendiendo como a tal un hecho típicamente antijurídico y personalmente imputable en el que no concurren causas de exclusión de la punibilidad.
Las causas de extinción de la responsabilidad penal vienen enumeradas en el art. 130 CP. Todas presuponen la existencia de un hecho delictivo. Unas presuponen la imposición de la pena (cumplimiento de la condena, remisión definitiva de la pena y prescripción de la pena), pero otras actúan antes de la condena (prescripción del delito) y otras pueden concurrir tanto antes como después de la misma (indulto).
Muerte del reo: La muerte del sujeto del delito puede tener lugar antes o después de su condena; siempre lleva consigo la extinción de la responsabilidad penal. P.ej.: Se excluye la transmisión a los herederos la responsabilidad penal pero esto no sucede con la civil.
Cumplimiento de la condena: La responsabilidad penal es como una deuda que se paga y extingue con el cumplimiento de la misma. El cumplimiento de las penas privativas de libertad no se alcanza con la libertad condicional, sino que aún debe transcurrir un tiempo. Para el cumplimiento de la condena no es necesario que se cumpla la parte de la condena referida a las costas ni la que declara la responsabilidad civil.
Remisión definitiva de la pena: Supuesto en que, habiéndose decretado la suspensión de la ejecución de la pena, transcurre satisfactoriamente el plazo de suspensión y se obtiene la remisión definitiva.
Indulto: Puede extinguir la responsabilidad penal. Debe ser concedido por el Rey, ejerciendo el derecho de gracia, sin poder autorizar indultos generales. El indulto extingue la pena, total o parcialmente pero no sus efectos à No se eliminan los antecedentes penales.
Perdón del ofendido: Habrá de ser otorgado de forma expresa antes de que se haya dictado sentencia, a cuyo efecto el Juez o Tribunal sentenciador deberá oír al ofendido por el delito antes de ordenar la ejecución de la pena. La eficacia del perdón se reserva, actualmente, a ciertos casos: los delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio, los delitos contra el honor y las faltas perseguibles a instancia de la parte.
Prescripción del delito y prescripción de la pena: La primera supone el transcurso de un plazo determinado tras la comisión del delito, sin que éste sea juzgado; la segunda, el transcurso de cierto tiempo desde la imposición de la pena, o tras una interrupción de su cumplimiento, sin que se cumpla.
Ambas se basan en un fundamento material à La falta de necesidad de la pena tras el transcurso de cierto tiempo. La prescripción del delito también se basa en un fundamento procesal (las dificultades de prueba que determina el transcurso del tiempo).
Los plazos fijados son más breves para la prescripción del delito que para la prescripción de la pena. Los plazos fijados para la prescripción del delito son: -­‐ 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años.
-­‐ 15 años, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión de 10 a 15 años, o inhabilitación por más de 10 años.
LECCIÓN 33 y 34 7 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito -­‐ 10 años, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación de 5 a 10 años.
-­‐ 5 años en los restantes delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año.
-­‐ 1 año, en los delitos de injuria y calumnia.
-­‐ 6 meses, en las faltas.
Los plazos fijados para la prescripción de la pena (ya impuesta por sentencia firme) son: -­‐ 30 años, en penas de prisión por más de 20 años.
-­‐ 25 años, en penas de prisión de 15 a 20 años.
-­‐ 20 años, en penas de inhabilitación por más de 10 años y en las de prisión de 10 a 15 años.
-­‐ 15 años, en penas de inhabilitación de 6 a 10 y en penas de prisión de 5 a 10 años.
-­‐ 10 años, en las restantes penas graves.
-­‐ 5 años, en las penas menos graves.
-­‐ 1 año, en las penas leves.
Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el art. 614, no prescriben en ningún caso. Tampoco lo hacen los delitos de terrorismo (si causan la muerte de una persona).
Los plazos se computan de fecha a fecha, sin contar número de días. El término de la prescripción del delito empieza a correr desde la comisión de la infracción punible. El tiempo de prescripción de la pena comienza a correr desde la fecha de la sentencia firme o desde el quebrantamiento de la condena (suspensión).
La prescripción se interrumpe des del momento en que el procedimiento se dirige contra el culpable. El TS y el TC discrepaban sobre qué había de entenderse por dirigirse el procedimiento contra el culpable à El TS entendía que el procedimiento se dirigía contra el culpable con la mera presentación de la denuncia o de la querella; el TC entendía que era preciso un acto de decisión judicial, es decir, que se admitiera a trámite la denuncia o la querella interpuesta.
En la modificación del CP de 2010, se establece un sistema de interrupción de prescripción que intenta satisfacer a ambas doctrinas.
o Se adopta la postura del TC al establecer que para que se interrumpa la prescripción es preciso el dictado de una resolución judicial, añadiéndose que dicha resolución debe ser motivada y que debe indicar cuáles son los indicios racionales de criminalidad existentes contra el culpable. Es preciso un acto judicial de dirección del procedimiento contra un sujeto determinado. En cuanto al grado de determinación del sujeto: ♣ No es precisa la determinación nominal del sujeto.
♣ La interrupción de la prescripción no puede alcanzar a sujetos ajenos a la organización o grupo de personas a quien se atribuye el hecho y, por tanto, a aquellos que no estén determinados inicialmente.
o Para dar satisfacción a la jurisprudencia del TS, se establece un período de suspensión del cómputo de la interrupción de la prescripción, de tal forma que si la resolución motivada antes dicha se dicta en un determinado plazo (6 meses en caso de delito y 2 meses en caso de falta) a LECCIÓN 33 y 34 8 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito contar des de la presentación de la denuncia o la querella, los efectos interruptivos se retrotraen a la fecha de dicha presentación. La suspensión se condiciona a 3 requisitos: ♣ La notitia criminis debe formalizarse mediante denuncia o querella.
♣ La determinación del sujeto imputado debe ser concreta.
♣ Se debe presentar ante un órgano judicial, sea competente o no para el esclarecimiento de los hechos.
Las medidas de seguridad prescriben a los 10 años si son privativas de libertad superiores a 3 años, y a los 5 años si son privativas de libertad iguales o inferiores a los 3 años o tuvieran otro contenido. El tiempo de la prescripción se computa des del día en que queda firme la resolución en que se impone la medida o, en caso de cumplimiento sucesivo, des de que deba empezar a cumplirse. Si el cumplimiento des posterior al de una pena, el plazo se computa des de la extinción de ésta.
3.3.2. Los antecedentes penales y su cancelación Aunque el reo cumpla la pena impuesta o vea extinguida ésta por otra causa de las enumeradas en el art. 130 CP, sigue estando sometido a un efecto de la pena: los antecedentes penales. Éstos suponen la inscripción en el Registro Central de Penados y Rebeldes de la pena impuesta.
La función de los antecedentes es doble. Por una parte, han de ser tenidos en cuenta en ulteriores aplicaciones de la ley penal, ya sea para verificar la concurrencia de la agravante de reincidencia en un delito posterior, para impedir la suspensión de la ejecución de una pena o para impedir la sustitución de las penas privativas de libertad por una menor. Por otra parte, los antecedentes penales pueden impedir el acceso a un cargo público, la obtención de pasaportes, permisos de armas, etc., y su conocimiento por los particulares puede condicionar la concesión de un empleo.
Los antecedentes penales constituyen un obstáculo para la reinserción social. Con objeto de limitar sus efectos negativos para el condenado, la ley prevé que se puedan cancelar. Deben concurrir una serie de requisitos generales: A.
Tener satisfechas las responsabilidades civiles provenientes de la infracción, excepto en los supuestos de insolvencia declarada por el Juez o Tribunal.
Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el culpable, los siguientes plazos: 6 meses para las penas leves, 2 años para las penas que no excedan de 12 meses y delitos imprudentes, 3 años para las restantes penas menos graves y 5 años para las penas graves.
3.4. La responsabilidad civil derivada de delito Además de penas y medidas de seguridad, la comisión de un delito puede acarrear una tercera consecuencia jurídica: la responsabilidad civil derivada de delito. La comisión de un delito puede ocasionar un daño patrimonial y/o moral en la víctima u otros perjudicados. El autor del delito deberá: • Reparar el daño económico causado o • Indemnizar los perjuicios mediante el pago de una cantidad.
LECCIÓN 33 y 34 9 Derecho Penal: Parte General Tema 3 – Otras consecuencias del delito El CP regula la responsabilidad civil derivada de delito y ésta se ventila en el mismo proceso penal. Ello resulta coherente con la consideración de dicha responsabilidad como un tercer instrumento de la política criminal. Por lo tanto, la responsabilidad civil derivada de delito pertenece al Derecho penal.
En la actualidad, se contempla la reparación económica del daño causado como una de las exigencias que impone una adecuada consideración de la víctima (y no sólo del delincuente) como uno de los protagonistas centrales del delito è La Política Criminal no debe preocuparse sólo del delincuente, sino también de satisfacer a la víctima.
El CP español de 1995 da algún paso en la dirección de permitir la sustitución de penas pecuniarias o de otro tipo por prestación de reparación a la víctima. Sin embargo, la utilización político-criminal de la responsabilidad civil derivada de delito no debe cambiar su naturaleza conceptual, que es de carácter civil. Es preciso recurrir al Derecho civil para llenar las lagunas de la regulación del CP.
La diferencia de naturaleza de la responsabilidad penal y la civil derivada de delito se observa con la comparación del sentido de ambas: Ø La pena se prevé como consecuencia de la infracción de la norma que prohíbe penalmente realizar el delito.
Ø La responsabilidad civil derivada de delito no exige, necesariamente, la infracción de la norma que prohíbe delinquir. A diferencia de la pena, la responsabilidad civil derivada de delito no ha de verse como un castigo por la infracción de una norma, sino como la reparación de un daño que trata de restablecer la situación alterada por éste.
Si por Derecho penal se entiende el conjunto de las prescripciones penales en sentido estricto, las prescripciones reguladoras de la responsabilidad civil derivada de delito no pueden considerarse parte del Derecho penal. Ello no obsta a que pueda resultar oportuno contemplarla des de el prisma de los intereses de la Política Criminal como una arma civil a utilizar en el tratamiento del delito.
LECCIÓN 33 y 34 10 ...
DERECHO PENAL PARTE GENERAL - TEMA 44: OTRAS CONSECUENCIAS DEL DELITO (2016) Apunte
Dret Penal: Part General - Tema 3 (2017) Apunte
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