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Timestamp: 2020-01-23 20:22:15+00:00

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▷ Veto del TC a partidos políticos: no a elaboración de perfiles ideológicos
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El pasado 22 de mayo de 2019, tras varios meses de reflexión sobre el asunto, el Tribunal Constitucional puso fin a una de las polémicas más recientes en materia de Protección de Datos Personales, en este caso, en referencia al denominado spam político .
Un caso polémico que recuerda al famoso escándalo que salpicó los tabloides de buena parte del mundo por el uso indebido de la información personal de aproximadamente 50 millones de usuarios de Facebook por parte de la empresa Cambridge Analytica, que había creado una maquinaria para manipular las decisiones de los votantes en las elecciones de países como EEUU, UK o Argentina.
Bajo la atenta mirada de numerosos críticos con el famoso artículo 58 bis de la LOREG, el Pleno del Tribunal de Garantías, en una durísima sentencia, ha declarado -por unanimidad- inconstitucional y nulo el apartado 1 del art. 58 bis de la LOREG, que daba carta blanca a los partidos políticos a recoger en internet datos personales relativos a las opiniones políticas de los ciudadanos y en definitiva hacer un verdadero perfilado ideológico de dichas bases de datos que permitiese a los partidos políticos enviar publicidad personalizada.
El Artículo 58 bis de la LOREG
Imaginemos que si un votante demuestra en redes una especial sensibilidad o interés por una política económica, social o asunto concreto, los partidos políticos podrían haberle enviado publicidad personalizada basada en las opiniones, interacciones o cualquier dato vertido en la red de redes, lo que suponía una verdadera injerencia en la vida ordinaria de las personas.
El apartado 1 del artículo 58 bis, se añadía a la LOREG mediante una polémica enmienda presentada por el PSOE, y respaldada por el resto de grupos políticos en el Congreso, a través de la disposición final tercera de la nueva LOPDGDD.
Los partidos políticos, de conformidad con el polémico artículo, podían recopilar datos personales de los ciudadanos en las páginas web o redes sociales para perfilar ideológicamente a los potenciales votantes y, de un modo Orwelliano, enviarles publicidad electoral sin su consentimiento expreso, lo que generó un verdadero revuelo entre juristas expertos en la ley de protección de datos, las noticias jurídicas y ciudadanos que criticaron duramente el uso de los datos personales de los ciudadanos con estos fines e iniciaron una campaña bajo el ‘hashtag’ #NoConMisDatos para que el Defensor del Pueblo presentase el Recurso de inconstitucionalidad. A este respecto, en otro artículo de nuestro blog, ya os dimos alguna idea sobre cómo evitar que los partidos políticos recopilen tus datos.
Finalmente, fue presentado en lo que se conoció en redes sociales como “el primer recurso tuitero” dado que fueron los propios ciudadanos quienes presionaron al Defensor del Pueblo para que presentase el recurso de inconstitucionalidad frente a la inclusión del polémico artículo que contaba, no obstante, con el beneplácito de buena parte de los partidos políticos.
Cabe recordar, que al respecto de esta polémica, la propia Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), emitió en su día un informe en el que analiza la polémica disposición adicional tercera (el famoso art. 58 bis). En dicho informe, la AEPD entiende que la modificación de la LOREG, debería ser objeto de una interpretación restrictiva, porque se trataría de un tratamiento de datos que excepciona la regla general recogida en el artículo 9 del RGPD, el cual prohíbe el tratamiento de categorías especiales de datos personales tales como opiniones políticas.
Además, la AEPD afirma al respecto del propio artículo 58 bis que este no puede interpretarse de tal que manera que dicha interpretación suponga una vulneración de Derechos Fundamentales reconocidos en la Constitución Española (CE).
La AEPD señalaba en su momento que los partidos políticos, sólo estarían habilitados para realizar tratamientos sobre opiniones políticas cuando estas opiniones queden amparadas bajo el derecho fundamental a la libertad de expresión pero en ningún caso quedaría amparado un tratamiento de opiniones políticas que emplease tecnologías big data o inteligencia artificial.
La reciente sentencia, estima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, el pasado 5 de marzo de 2019, que defendía que dicho artículo era contrario a la libertad ideológica, a la normativa europea de protección de datos personales (RGPD), a la libertad de expresión, el derecho de participación política, y que consideraba este artículo como un “peligro”.
La Sentencia indica que el legislador en la redacción del artículo no indica la concreta finalidad o bien constitucional que justifica una restricción tan notable a un derecho fundamental como es la protección de datos personales ni tan siquiera detalla un escenario de supuestos y condiciones regladas en las que se ofrezca al interesado la suficiente seguridad jurídica para conocer el marco de tal restricción limitativa de un derecho fundamental.
La sentencia, hace referencia continua a la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que considera que cualquier actividad de tratamiento debe ser realizada bajo los principios de transparencia, proporcionalidad y calidad de los datos y en todo caso garantizando el acceso de los interesados a la tutela judicial efectiva , fundamentos y principios recogidos en el RGPD.
El Tribunal Constitucional entiende que son tres las vulneraciones al artículo 18.4 de la CE, en relación con el artículo 53.1 CE, violaciones que son “autónomas e independientes entre sí, todas ellas vinculadas a la insuficiencia de la ley y que sólo el legislador puede remediar”.
En concreto, las tres vulneraciones señaladas por el Tribunal, serían:
La disposición legal recurrida no determina por sí misma la finalidad del tratamiento de datos personales que revelen opiniones políticas, más allá de la genérica mención al “interés público”
La disposición legal impugnada no limita el tratamiento regulando pormenorizadamente las restricciones al derecho fundamental.
La disposición legal no ofrece garantías suficientes destinadas a la protección de derechos fundamentales.
Las dos primeras vulneraciones de inconstitucionalidad están íntimamente relacionadas. La falta de reglas precisas y claras sobre las precisas condiciones en las que se basa el tratamiento de los datos personales relativos a las opiniones políticas de los internautas no contribuye a identificar la finalidad de la restricción del derecho fundamental que se reconoce a los partidos políticos. Tampoco el legislador indica las finalidades del tratamiento de opiniones políticas, requisito previo para realizar cualquier tratamiento o qué concreto bien constitucionalmente protegido motiva la actividad de tratamiento que en este caso restringe gravemente un Derecho Fundamental.
Puede consultar el contenido íntegro de la Sentencia en el siguiente enlace:
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References: artículo 58
 Artículo 58
 artículo 58
 artículo 9
 artículo 58
 artículo 18
 artículo 53