Source: https://beta.e-justice.europa.eu/37/ES/costs?SPAIN&init=true&member=1
Timestamp: 2020-08-15 20:09:22+00:00

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En esta página existe infomación disponible sobre el coste de los procedimientos en España.
Marco normativo que regula las tarifas de los profesionales de la justicia.
Información que deben suministrar los representantes legales
¿Cuando tiene que hacer frente la parte perdedora a las costas del procedimiento?
Costes de los expertos
Tarifas de los intérpretes y traductores
En España solo existe una categoría de Abogado, que puede intervenir, tras su colegiación, en todo tipo de procesos y ante todo tipo de Tribunales.
Los Abogados fijan sus honorarios de acuerdo a unas normas “orientativas” publicadas por cada colegio profesional. Estas normas parten de unos criterios generales para la confección de las minutas tales como complejidad del asunto, proporcionalidad… y son seguidas por todos a la hora de expedir sus minutas.
Por otro lado las normas siempre distinguen entre el orden jurisdiccional en el que se desarrolle el pleito.
Costes fijos en los procedimientos civiles
Costes fijos para litigantes en los procedimientos civiles
El artículo 241.1,1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge de manera expresa los honorarios de los letrados y de los procuradores para los supuestos en los que su intervención sea preceptiva como partida a ser incluida en la tasación de costas.
Establece la LEC que los abogados fijarán sus honorarios con sujeción a las normas reguladoras de su estatuto profesional.
Fase del procedimiento civil en el que hay que hacer frente a gastos fijos.
El cliente siempre está obligado al pago de los honorarios a su abogado y a la provisión de fondos a su procurador. Desde el inicio conoce la cuantía pero una vez terminado el pleito se conoce exactamente el montante de la minuta. El abogado y el procurador pueden reclamar al cliente, a través incluso de procedimientos privilegiados como la provisión de fondos (mientras dura el proceso) o la jura de cuentas (una vez finalizado).
En la práctica lo que suele ocurrir es que el cliente adelanta una cantidad al principio y después se espera a que exista pronunciamiento sobre la condena en costas. En el caso de que la otra parte deba abonar los honorarios, el Abogado y Procurador presentan sus minutas al juzgado, y una vez aprobadas son abonadas por la parte contraria.
Desde la Ley 10/2012 se ha impuesto la obligación de abono de una tasa judicial
¿Qué es una tasa judicial?
Es un tributo de carácter estatal que deben satisfacer en determinados supuestos las personas jurídicas, por acudir a los Tribunales y hacer uso del servicio público de la Administración de Justicia. La gestión de este tributo está legalmente encomendada al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La posibilidad de exigir el pago de estas tasas entró en vigor el 1 de abril de 2003, regulándose actualmente por la Ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Foreses. Esta Ley ha sido modificada en dos ocasiones; la primera por el Real Decreto-ley 3/2013, de 22 de febrero y la segunda, por el Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero. La novedad más importante de esta segunda modificación fue la supresión de la tasa judicial para las personas físicas en todas las jurisdicciones e instacias, ya que desde la entrada en vigor de la Ley de 2012 se había exigido tambien a las personas físicas.
Casos en los que es obligatorio abonar esta tasa (Hecho Imponible)
El artículo 1 de la Ley 10/2012 establece que la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social tiene carácter estatal y será exigible por igual en todo el territorio nacional en los supuestos previstos en esta Ley, sin perjuicio de las tasas y demás tributos que puedan exigir las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus respectivas competencias financieras, los cuales no podrán gravar los mismos hechos imponibles
¿Quién está obligado a pagar la tasa judicial?
Casos de exenciones:
Exenciones objetivas:
Exenciones subjetivas:
Las personas fisicas.
Costes fijos en procesos criminales.
Costes fijos para los litigantes en los procesos criminales.
La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula la material.
Toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que éste sea, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra medida cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho.
Para ejercitar el derecho concedido, las personas interesadas deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren y, en todo caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo.
Los que tuvieren reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, podrán valerse de abogado y procurador de su elección; pero en este caso estarán obligados a abonarles sus honorarios y derechos, como se dispone respecto de los que no tengan reconocido dicho derecho, salvo que los profesionales de libre elección renunciaran a la percepción de honorarios o derechos en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
Fase del proceso criminal en el que hay que hacer frente a los gastos fijos
El cliente siempre está obligado al pago de las minutas que se expiden una vez se finaliza el proceso. No hay adelanto previo de dinero cuando son de oficio porque se tramita normalmente la justicia gratuita a la vez.
Hay que tener en cuenta el uso más generalizado del abogado de oficio. Entonces, si al cliente se le reconoce el beneficio de justicia gratuita, no debe pagar la minuta y se hace cargo el Estado salvo que el cliente venga a mejor fortuna en el plazo de tres años (suele ocurrir que no paguen nunca)
El Procurador al ser el representante de la parte tiene la obligación de informar al cliente de todas las actuaciones que se han llevado a cabo.
Tanto el abogado como el procurador tienen la obligación de informar al cliente siempre que sean requeridos para ello.
¿Dónde puedo encontrar información sobre los costes en España?
No existe una página específica donde encontrar información sobre los costes de lo procedimientos judiciales en España. No obstante, existen páginas Web, como las de los colegios de abogados, que ofrecen información sobre las tarifas de sus asociados.
¿En qué idiomas puedo obtener información sobre los costes en España?
La información suministrada suele estar en castellano. Es posible encontrar también información en las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas.
Además, algunas páginas, suministran cierta información en inglés.
http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroMediador
http://remediabuscador.mjusticia.gob.es/remediabuscador/RegistroInstitucion
Pueden ser mediadores las personas físicas que se hallen en pleno ejercicio de sus derechos civiles, siempre que no se lo impida la legislación a la que puedan estar sometidos en el ejercicio de su profesión.
Las personas jurídicas que se dediquen a la mediación, sean sociedades profesionales o cualquier otra prevista por el ordenamiento jurídico, deberán designar para su ejercicio a una persona física que reúna los requisitos previstos en la Ley.
El mediador deberá estar en posesión de título oficial universitario o de formación profesional superior y contar con formación específica para ejercer la mediación, que se adquirirá mediante la realización de uno o varios cursos específicos impartidos por instituciones debidamente acreditadas, que tendrán validez para el ejercicio de la actividad mediadora en cualquier parte del territorio nacional.
Es aquella persona física que, por reunir de forma concurrente los requisitos establecidos para ser mediador y los que la Ley Concursal exige en su artículo 27.1 para ser administrador concursal, puede ser designado como tal por Notarios o Registradores Mercantiles en los acuerdos extrajudiciales de pagos a que se refiere el Título X de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. También pueden ser mediadores concursales las personas jurídicas siempre que actúen en la mediación concursal mediante una persona física que reúna las anteriores condiciones.
La institución de mediación no podrá prestar directamente el servicio de mediación, ni tendrá más intervención en la misma que la que prevé la Ley.
¿Cómo se suministra esta información?
La Agencia Tributaria española ofrece esta información en su página Web.
¿Cuales son las tarifas aplicables?
En desarrollo del artículo 119 de la Constitución Española, es un trámite por medio del cual se reconoce, a quienes acrediten carecer de recursos económicos suficientes, una serie de prestaciones consistentes principalmente en la dispensa del pago de honorarios de Abogado y Procurador, de los gastos derivados de peritaciones, fianzas, etc.
A los anteriores derechos se han incorporado para los litigios transfronterizos y solamente para ellos (tras la reforma de la Ley de asistencia Jurídica Gratuita por medio de la Ley 16/2005, de 18 de julio, que la ha adaptado a la Directiva 2002/8/CE) los siguientes:
Gastos de desplazamiento si la comparecencia personal es necesaria.
Defensa por abogado y representación por procurador aun cuando no fuere necesaria si el tribunal lo indica para garantizar la igualdad de las partes.
En general pueden solicitarlo aquellos ciudadanos que, estando inmersos en cualquier tipo de procedimiento judicial o pretendiendo iniciarlo, carezcan de recursos económicos suficientes para litigar.
Para acceder a este reconocimiento, las personas jurídicas deberán contar con una base imponible en el Impuesto de Sociedades inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.
En cualquiera de los casos, se tendrán en cuenta otros signos externos que manifiesten la real capacidad económica del solicitante.
Existen excepciones para las personas físicas en función de discapacidades y/u otras condiciones familiares que permiten superar los límites de ingresos anteriormente citados. (Actualmente, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional vigésimo octava de la LPGE para 2009, durante el presente año 2009, el IPREM es de 7.381,33 euros anuales).
En concreto, tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita:
Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que residan en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Las siguientes personas jurídicas, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar:
Asociaciones de utilidad pública.
En el orden jurisdiccional social: los trabajadores y los beneficiarios del sistema de Seguridad Social.
En el orden contencioso - administrativo: los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, aun cuando no residan legalmente en territorio español, tendrán derecho a la asistencia letrada y a la defensa y representación gratuita en todos aquellos procesos relativos a su solicitud de asilo y Ley de Extranjería, (incluida vía administrativa previa).
Requisitos para poder solicitar el beneficio de justicia gratuita
Que los recursos e ingresos económicos computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar no superen el doble del IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud.
Que, aun superando el doble del IPREM, los recursos no excedan del cuádruplo del IPREM y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, atendiendo a las circunstancias de familia del solicitante, número de hijos o familiares a su cargo, estado de salud, minusvalía, obligaciones económicas, costes derivados de la iniciación del proceso u otras circunstancias y, en todo caso, cuando el solicitante ostente la condición de ascendiente de una familia numerosa de categoría especial, decida conceder excepcionalmente el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
Que se litigue en defensa de derechos e intereses propios.
Que se trate de Asociaciones declaradas de Utilidad Pública o de Fundaciones inscritas en el Registro Administrativo correspondiente.
Que su base imponible en el Impuesto sobre Sociedades sea inferior a la cantidad equivalente al triple del IPREM en cómputo anual.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género, las mujeres víctimas de este tipo de violencia tienen reconocida la asistencia letrada inmediata e integral, no sólo en todos los procesos judiciales, sino también en los procedimientos administrativos (incluidos por tanto las diligencias policiales) que tengan su causa fundamentada en la violencia de género, hasta la total ejecución de sentencia, sin necesidad de tramitar previamente la solicitud de asistencia jurídica gratuita. Ello significa que el incidente de justicia gratuita no obstaculizará nunca al derecho a la defensa y a la tutela judicial efectiva, la cual ha de prestarse a la víctima con independencia de que la solicitud de gratuidad no haya sido promovida, aunque, eso sí, en el bien entendido de que esa gratuidad sólo se dará en el caso en el que, "a posteriori" y en el curso ya del procedimiento judicial, la interesada acredite que efectivamente concurren los presupuestos que para el reconocimiento del derecho a la misma exige la normativa general que es la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y su Reglamento, modificada aquella en tal sentido por la Disposición Final Sexta de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
En material civil, la Ley de Enjuiciamiento Civil trata de la condena en costas en los artículos 394 a 398.
En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho.
Si fuere parcial la estimación o desestimación de las pretensiones, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad, a no ser que hubiere méritos para imponerlas a una de ellas por haber litigado con temeridad.
Cuando se impusieren las costas al litigante vencido, éste sólo estará obligado a pagar, de la parte que corresponda a los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, una cantidad total que no exceda de la tercera parte de la cuantía del proceso, por cada uno de los litigantes que hubieren obtenido tal pronunciamiento; a estos solos efectos, las pretensiones inestimables se valorarán en 18.000 euros, salvo que, en razón de la complejidad del asunto, el tribunal disponga otra cosa.
En ningún caso se impondrán las costas al Ministerio Fiscal en los procesos en que intervenga como parte.
Los expertos que intervienen en el proceso se denominan peritos. Existe un Registro de Peritos Judiciales en cada Tribunal Superior de Justicia.
El artículo 241.1.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil recoge como concepto específico a incluir en la tasación de costas los “derechos de peritos y demás abonos que tengan que realizarse a personas que hayan intervenido en el proceso”. Se refiere a los gastos ocasionados por las personas que, no siendo parte en el proceso, tengan algún gasto por acudir a él para prestar un servicio.
El Artículo 243 de la LEC establece que en todo tipo de procesos e instancias, la tasación de costas se practicará por el Secretario del tribunal que hubiera conocido del proceso o recurso. No se incluirán en la tasación los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, ni las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito.
El Secretario Judicial reducirá el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel, cuando los reclamados excedan del límite de la tercera parte de la cuantía del proceso y no se hubiese declarado la temeridad del litigante condenado en costas.
Tampoco se incluirán las costas de actuaciones o incidentes en que hubiese sido condenada expresamente la parte favorecida por el pronunciamiento sobre costas en el asunto principal.
Los existe una tarifa oficial aplicable a las traducciones e interpretaciones juradas. Los intérpretes jurados fijarán libremente los honorarios que deban percibir por sus traducciones, pero estarán obligados a comunicar a la oficina de interpretación de lenguas y a la correspondiente subdelegación del Gobierno las tarifas que apliquen. Dicha comunicación deberá hacerse en el mes de enero de cada año.
Informe de España sobre el Estudio sobre Transparencia de Costes (640 Kb)

References: artículo 241
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 119
 artículo 241
 Artículo 243