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Timestamp: 2018-07-21 23:20:06+00:00

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La Corte Suprema | Patricia Casana de Burga - JDSupra
Esta ponencia no pretende ser un estudio exhaustivo del rol de la Suprema Corte. Sin embargo, en su calidad de propuesta sobre un tema concreto sometido a una comunidad académica, plantea un problema definido y no meramente especulativo, que tiene fundamento en la realidad --la crisis del Poder Judicial peruano y, en particular, de su Corte Suprema de Justicia-- respecto del cual es posible realizar un análisis crítico.
I. Introducción Esta ponencia no pretende ser un estudio exhaustivo del rol de la Suprema Corte. Sin embargo, en su calidad de propuesta sobre un tema concreto sometido a una comunidad académica, plantea un problema definido y no meramente especulativo, que tiene fundamento en la realidad --la crisis del Poder Judicial peruano y, en particular, de su Corte Suprema de Justicia--respecto del cual es posible realizar un análisis crítico. El sistema judicial peruano ha sido crónicamente ineficaz e ineficiente en su misión de proveer el servicio de administración de justicia que la Constitución le encarga; por ello, el Poder Judicial ha sido objeto de sucesivos procesos de reforma, todos fallidos. Los académicos y comentaristas se han enfocado en un análisis del marco legal y de teorías legales para explicar los fracasos y proponer soluciones. En lo que hay consenso es en que los jueces son el factor crítico en la reforma judicial. ii En nuestra opinión los jueces los supremos --con mayor razón--constituyen un factor clave de éxito, o fracaso, de cualquier proceso de cambio. En efecto, desde su posición, en el cúspide del Poder Judicial, son los llamados a ejercer un liderazgo efectivo y motivador que impulse el cambio. Se requiere una Corte Suprema conformada por vocales fuertes e independientes, fundamento del liderazgo requerido para encabezar la refundación del Poder Judicial “La sociedad está bien ordenada cuando los ciudadanos obedecen a los magistrados y los magistrados a las leyes." Solón La realidad descrita puede ser objeto de una discusión crítica situada en el contexto de un marco teórico, discusión que abordaremos desde el punto de vista del Derecho Comparado, producto de las ciencias jurídicas modernas. Si nuestra pretensión se satisface, debemos contribuir a un mejor conocimiento del tema investigado. Luego de una clasificación –dividiendo, distinguiendo y agrupando--optamos por comparar el régimen constitucional de la Suprema Corte de los Estados Unidos de América (EUA) y de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú. En esta microcomparación, como actividad de la razón, buscamos diferencias y semejanzas partiendo de una comparación del fenómeno objeto de estudio sobre la base de nuestra creencia según la cual el rol de la Suprema Corte es crucial para la existencia de la democracia y este es un rasgo tan importante iii que forma parte de nuestro esquema teórico general y orienta la identificación de aquello que consideramos esencial. La Reforma del Sistema Nacional de Administración de Justicia, nuevamente en el debate público, ha reabierto la discusión respecto a necesarios cambios constitucionales y legales que alcanzan a la Corte Suprema de Justicia. Es útil, entonces, acudir al Derecho Comparado como herramienta de apoyo en la búsqueda de soluciones prácticas a problemas complejos, trabajo inexcusable en razón de la tendencia hacia la unificación y armonización de la legislación a nivel mundial. Lo anterior no se ve empañado por el hecho que EUA es una república federal – con un sistema dual de tribunales estatal y federal--mientras Perú es una república unitaria; tampoco porque el sistema judicial de EUA se basa en la tradición del common law anglosajón –o derecho consuetudinario inglés--mientras que en Perú el sistema jurídico se funda en el sistema romano germánico1, teniendo en cuenta que asumimos que ésta es lo que en Derecho Comparado se denomina cross-cultural comparison. II. El ordenamiento constitucional, el equilibrio de Poderes y la estabilidad de la democracia La Constitución de los EUA, aprobada en la Convención de septiembre de 1787, prevé facultades legislativas conferidas a un Congreso, un poder Ejecutivo 1 Si bien es cierto la doctrina comparatista considera la homogeneidad entre ordenamientos o instituciones como requisito de la comparación, también lo es que se acepta también el estudio comparado entre ordenamientos heterogéneos cuidando de comprender las diferencias de fondo. iv investido en el presidente y el poder Judicial conferido a un Tribunal Supremo y a aquellos tribunales inferiores que el Congreso pueda establecer. La Constitución Política del Perú de 1993 estructura el Estado sobre la base de un Poder Legislativo, un Poder Ejecutivo y un Poder Judicial. Como vemos, ambos textos constitucionales contemplan la división de poderes, más apropiadamente denominada división de funciones en tanto se asume que el poder del Estado es uno e indivisible. La aludida división de funciones se presenta en ambos casos como fundamento de la democracia. Ambos países tienen un sistema de gobierno presidencialista. En el Perú el presidente de la República es elegido directamente por el pueblo, mientras que en EUA lo es semi-directamente a través de colegios electorales. La característica común entonces, dado el sistema de gobierno presidencialista, radica en la relativa independencia del presidente frente al Congreso, en el que reside el Poder Legislativo, el cual no puede vacarlo sin antes seguir un trámite constitucional nada sencillo. En ese contexto, a diferencia del sistema de gobierno parlamentarista en el que los miembros del Parlamento eligen al jefe de gobierno y éste es fuertemente controlado por dicho órgano, surge como necesario contrapeso en EUA y en Perú un Poder Judicial independiente y --por ende--fuerte, que efectúe el check and balance en relación con el Ejecutivo. v Un elemento adicional a contemplar es que en EUA el sistema electoral se sustenta en el bipartidismo2 –los partidos Republicano y Demócrata--y en un calendario electoral que favorece el cambio y la continuidad del sistema político3. Como señala Sardón: “El calendario electoral norteamericano implica que siempre --cada dos años--haya elementos – agentes políticos – de cambio y de continuidad en el sistema político. Pero, además, este calendario permite desarrollar un tempo político, ya que hay momentos fuertes y débiles en el proceso político. Momentos fuertes de cambio son aquellos en los que coinciden la elección presidencial con la renovación total de los representantes; momentos débiles, aquellos en que sólo hay las elecciones legislativas de mitad de período presidencial. Este calendario permite, en definitiva, que la nación norteamericana haya podido desarrollar esa ´eficiencia adaptativa´que Douglass North señala como clave del éxito económico (. . .)”4 Por su parte, en el Perú se discute incluso la propia existencia de un sistema de partidos en el sentido que si bien coexisten múltiples partidos y agrupaciones políticas, estos están fragmentados y polarizados y no cuentan con mecanismos formales de interacción productiva, imprescindibles en todo sistema. Todo ello, por cierto, en el marco de un sistema electoral que nos enfrenta a cambios drásticos cada cinco años, cuando los ciudadanos peruanos debemos elegir en un mismo acto y en el mismo año tanto al presidente de la República como a los miembros del Congreso. Sobre la base de lo antes expuesto, planteamos que es un imperativo contar con un Poder Judicial fuerte para atemperar los vaivenes de nuestro frágil 2 Aunque existen otros grupos y partidos minoritarios. 3 Elecciones presidenciales cada cuatro años, en años divisibles por cuatro, el primer martes de noviembre; todos los miembros de la Cámara de Representantes (435) cada dos años; un tercio de los miembros del Senado (100) cada dos años. 4 Sardón, José Luis. La Constitución Incompleta. Instituto Apoyo. Primera Edición, 1999. Página 43. vi sistema político y controlar los excesos del Ejecutivo bajo riesgo de continuar cíclicamente con la quiebra de nuestra débil democracia. Por ello, el ordenamiento constitucional peruano podría nutrirse en el ámbito del régimen constitucional de la Corte Suprema del ordenamiento constitucional de EUA, país en el que el judicial, encarnado en su Suprema Corte, se erige en el Primer Poder del Estado y es un elemento vital de equilibrio político. Como señala Lawrence Baum: “Los tribunales son una parte integrante del sistema político, lo que por definición implica que son instituciones políticas. Pero muchos piensan que los tribunales no son políticos en la forma en que, generalmente, nos referimos a la política: tales instituciones se encuentran al margen del proceso político y no son influidas por partidismos o cualquier consideración presumiblemente mezquina.”5 Kenneth Starr sostiene que la Suprema Corte de EUA es realmente primus inter pares en el sentido que es la rama con el rol “autoritario” de fijar las cuestiones vitales de hoy en día.6 No podemos decir lo mismo de nuestra Corte Suprema de Justicia, tantas veces llamada la cenicienta de los poderes públicos. "La Justicia es la reina de las virtudes republicanas y en ella se sostienen la igualdad y la libertad." Simón Bolívar 5 Baum, Lawrence. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Editorial Bosch. Barcelona, 1987. 6 Starr, Kenneth W. First Among Equals: The Supreme Court in American Life. New York, 2002. vii ¿Por qué el Perú ha cambiado doce o más veces de Constitución7 mientras que EUA mantiene vigente la de 1787, con sus enmiendas? ¿Qué rol ha cumplido y cumple la Corte Suprema de EUA en la vigencia de la Carta americana? Lo cierto es que mientras mejor se diseñe una Constitución de modo que defina de forma clara y eficiente cómo están conformados los poderes públicos –entre ellos el judicial--cómo se accede a ellos y qué facultades tienen, más se fortalece el régimen democrático. III. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América y la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú a) Origen constitucional.-La Constitución de EUA crea el Tribunal Supremo, quedando a discreción del Congreso la existencia de cortes inferiores8. En otras palabras, sólo el Tribunal Supremo encuentra un fundamento directo en el texto constitucional. Artículo III Sección 1.-“El Poder Judicial de los Estados Unidos será conferido a un Tribunal Supremo y en aquellos tribunales inferiores que el Congreso pueda, de tiempo en tiempo, ordenar y establecer. (. . .)9 La Constitución peruana contempla la existencia de una Corte Suprema a la que asigna la función jurisdiccional de fallar en casación o en última instancia 7 Algunos juristas sólo consideran las que efectivamente rigieron; otros incluyen estatutos dictados durante gobiernos de facto. 8 Ver Anexo Nº 1 9 The judicial power of the United States shall be vested in one Supreme Court and in such inferior courts that the Congress may from time to time ordain and establish. viii (Artículo 141). Establece también que la potestad de administrar justicia se ejerce por el Poder Judicial y que éste se integra por órganos jurisdiccionales establecidos con arreglo a la propia Constitución y a las leyes (Artículo 138). Agrega que el Poder Judicial está integrado también, además de los órganos jurisdiccionales, por órganos que ejercen su gobierno y administración, asignándole a la Sala Plena de la Corte Suprema el rol de órgano máximo de deliberación del Poder Judicial (Artículo 143). Como se aprecia, tanto la Constitución de EUA como la peruana contemplan expresamente la existencia de un Tribunal Supremo, dejando en manos del legislativo la creación de instancias inferiores. Sin embargo, en el primer caso se hace residir el poder judicial en el Tribunal Supremo mientras que en el segundo éste reside en el Poder Judicial en su conjunto, distinción quizás sutil pero que es señal de un distinto enfoque. Por otra parte, la Carta peruana asigna a los vocales supremos labores no únicamente jurisdiccionales, sino también de gobierno y administración, cuestión no contenida en la Carta de EUA. Los vocales supremos, reunidos en Sala Plena, o como integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial – contemplado en su Ley Orgánica—gobiernan y administran el Poder Judicial. No existe unanimidad respecto a qué se entiende por gobierno y administración del Poder Judicial. Algunos autores consideran que ambos términos no se refieren a otra cosa que una actividad administrativa. Sin embargo, otros ix distinguen un órgano de gobierno como algo diferente, y superior, a un órgano de administración.10 Independientemente de ello, lo cierto es que en el Perú vocales supremos --atosigados por expedientes11--a duras penas pueden con su carga jurisdiccional, mas tienen encomendadas funciones de gobierno y administración del Poder Judicial a través de las Salas Plenas. Ahora bien, la distinción entre la función jurisdiccional y la función de gobierno y administración que contiene la Carta de 1993 es un acierto en el sentido que ya es doctrina pacífica que dicha distinción es fundamental para cualquier proceso de modernización de la judicatura. Justamente, sobre la base de esta distinción, se erige la existencia de una Sala Plena como órgano máximo de deliberación y un Consejo Ejecutivo, contemplado en la Ley Orgánica del Poder Judicial, integrado no sólo por vocales supremos cuyo titular --el Presidente del Poder Judicial— es también titular del pliego del Poder Judicial. El sistema angloamericano de gobierno y administración tiene como eje la independencia de los jueces y tribunales, por lo que asigna esa función a los entes judiciales de mayor nivel. Sin embargo, dado que los jueces supremos en EUA cuentan con la potestad de aceptar o denegar las peticiones de revisión que se le plantean a través del certiorari12 la carga procesal que manejan es 10 Por ejemplo, Rafael Bielsa y Eduardo Graña. Justicia y Estado: A propósito del Consejo de la Magistratura. Ediciones Ciudad. Buenos Aires, 1996. Página 702. 11 A la Corte Suprema ingresan aproximadamente 23,000 expedientes al año. 12 Los procesos judiciales se incian en una corte (trial court) cuya decisión puede ser apelada ante la corte de apelaciones (Court of Appeals). A su vez, la decision de la corte de apelaciones puede ser elevada a la Corte Suprema de EUA a través de un x razonable, por lo que pueden atender a las cuestiones administrativas sin menoscabo de la calidad de su trabajo jurisdiccional. b) Número de jueces supremos Ni la Constitución de EUA ni la peruana establecen el número de jueces supremos. Típicamente el tamaño de las cortes es cuestión librada a la ley. En general, podría decirse que a mayor número de jueces en una corte mayores son los costos de deliberación en los que se incurre, pero también lo es que las decisiones que tomen serán de mejor calidad. La primera Corte Suprema de EUA, en 1789, tuvo cinco jueces cuyas funciones incluían viajar por todo el país resolviendo casos en las cortes federales. En 1790 el Congreso amplió el número a seis y en 1807 lo elevó a siete, con el fin de aliviar el trabajo de los jueces por el aumento en el número de cortes federales. En 1837 el Congreso aumentó el número primero a ocho y después a nueve jueces supremos. En 1863 añadió un puesto más, pero lo abolió en cuanto un juez supremo falleció en 1865. El Congreso de 1867 redujo los puestos a siete únicamente con la finalidad de disminuir las posibilidades del presidente Andrew Johnson de nombrar nuevos supremos. Finalmente, en 1869 el Congreso retornó a las nueve posiciones y en 1891 derogó la carga de viajar a los circuitos federales. Hasta la fecha el número de jueces supremos en EUA se mantiene en nueve, quienes sesionan en banc; es decir, en pleno o colegiado. Petition for Writ of Certiorari, el cual la Corte puede aceptar o denegar. De lo cientos de pedidos de que recibe la Corte, deniega casi todos, excepto unos cien al año. xi Juez Supremo Nombrado por Desde John G. Roberts, Jr. Presidente Bush 29.09.05 John P. Stevens Ford 19.12.75 Antonin Scalia Reagan 25.09.98 Anthony M. Kennedy Reagan 26.09.86 David Heckett Souter Bush G.H.W. 18.02.88 Clarence Thomas Bush G.H.W. 09.10.90 Ruth Bader Ginsburg Clinton 23.10.91 Stephen G. Breyer Clinton 10.08.93 Samuel Anthony Alito, Jr. Bush G.W. 31.01.06 John G. Roberts, Presidente de la Suprema Corte En el Perú, el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que la Corte Suprema la integran dieciocho vocales supremos. Sin embargo, dicho cuerpo legal también permite la creación de Salas Supremas “Transitorias”, motivo por el cual se han designado aproximadamente veintiocho vocales supremos provisionales. Esta situación se perpetúa porque en lugar de atacar el problema por la raíz --excesiva carga procesal--se permite el acceso de una avalancha de expedientes y se convierte en permanente lo concebido como transitorio. xii Walter Vásquez Vejarano, Presidente de la Corte Suprema La Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Justicia (CERIAJUS) ha propuesto la reducción de la Corte Suprema a una sala única integrada por once vocales supremos que sea realmente una corte de casación, para lo cual – a nuestro juicio--sería imprescindible concederle la facultad del certiorari a los supremos, amén que –en puridad--esto tendría sentido en tanto dicho Supremo Tribunal recuperara su función de máximo intérprete de la Carta hoy en manos del Tribunal Constitucional. c) Facultades del Supremo Tribunal La Carta de EUA establece en la sección 2 de su artículo III que el Poder Judicial --que como hemos visto radica en el Tribunal Supremo--se extiende a todos los casos de derecho y equidad que surjan al amparo de la propia Constitución, las leyes de los EUA y los tratados, entre otros. xiii Lo cierto es que desde su creación en 1787, no fue sino hasta 1803 con el célebre caso Marbury vs. Madison13 que se afirmaron el poder y las facultades del Tribunal Supremo, erigiéndose como máximo intérprete de la Constitución y la ley federal. Esta posición fue posible aproximándose al texto de la Carta no desde el texto per se sino en el marco de su estructura e historia. El poder de revisión judicial o judicial review14 consagró la posición del Tribunal Supremo en la cima del sistema de justicia y afirmó su relevancia en general puesto que en toda democracia constitucional la Carta es la ley de leyes, obligatoria para los tres poderes del Estado y en todos los niveles. Entonces aquél dotado de la facultad de interpretarla cobra una importancia sin par puesto que puede declarar inconstitucionales los actos del Congreso o del presidente si exceden las facultades que la Constitución les otorga. El Tribunal Supremo de EUA es el árbitro de la Constitución: “The critical importance of Marbury is the assumption of several powers by the Supreme Court. One was the authority to declare acts of Congress, and by implication acts of the president, unconstitutional if they exceeded the powers granted by the Constitution. But even more important, the Court became the arbiter of the Constitution, the final authority on what the document meant. As such, the Supreme Court became in fact as well as in theory an equal partner in government, and it has played that role ever since.”15 13 Una sentencia de la Suprema Corte de EUA que estableció que ésta constituye un tercer poder con igual fuerza en el sistema de pesos y contrapesos (checks and balances). Lo que hizo en esencia el juez Marshall fue retirar de la corte el denominado activismo judicial, que consiste en utilizar la ley para influenciar en resultados políticos, y reemplazarlo por el deber de interpretar y proteger la Constitución. 14 Examen por las cortes de los actos del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y ramas administrativas del gobierno para asegurar que sean conformes a las provisiones constitucionales. Los actos que colisionen con la Constitución son inconstitucionales y por lo tanto nulos. 15 http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/democrac/9.htm xiv “(. . .) about the United States Supreme Court and the very unique role that the Court plays in our nation. This is a truly magnificent institution. It´s as powerful in its reach as the Congress of the United States and as influential over time as any presidential administration. (. . . ) The Supreme Court has a tremendous impact on everyday life. (. . . ) The Supreme Court can strike down a law enacted by the Congress and signed by the President. (. . . ) The Court can vitiate Executive action (. . . ) The Court also determines when individual constitutional rights supersede governmental action.”16 Este Tribunal tiene jurisdicción originaria en determinados casos; en otros actúa como tribunal de apelaciones. Lo cierto es que decide aproximadamente 100 de los 5,000 o más casos que se le presentan anualmente. Tiene la potestad de aceptar únicamente aquellos que considere relevantes y normalmente estos son aquellos que involucran trascendentales interpretaciones de la Constitución. La Constitución peruana faculta a la Corte Suprema a fallar en casación o en última instancia cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema, conforme a ley. Asimismo, le confiere la potestad de conocer en casación las resoluciones del fuero militar. Sin embargo, crea el Tribunal Constitucional (Artículo 201) como órgano constitucionalmente autónomo a cargo del control de la Constitución17 y un sistema electoral integrado por el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y el Registro de Identificación y Estado Civil. Al Jurado Nacional de Elecciones le compete administrar justicia en materia electoral (inciso 4 del artículo 178). 16 Feinstein, Dianne. US Senator. The United States Supreme Court: The Significant Impact for All Americans. Los Angeles County Bar Association and Public Counsel. 2005. www.feinstein.senate.gov/05speeches/s-supreme-ct.htm. 17 La derogada Carta de 1979 creó el Tribunal de Garantías Constitucionales, antecedente del Tribunal Constitucional. xv A diferencia de lo que sucede en EUA, en Perú es el Tribunal Constitucional, y no la Corte Suprema, el máximo intérprete de la Constitución. El referido Tribunal conoce en instancia única la acción de inconstitucionalidad; en última instancia las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data y acción de cumplimiento y los conflictos de competencia o de atribuciones asignadas por la Constitución.18 Este Tribunal está compuesto por miembros elegidos por el Congreso de la República y la confianza en sus fallos se debe basar en su neutralidad e independencia con respecto del poder político. Si sus decisiones se perciben por la ciudadanía como sustentadas en preferencias de índole político y no en la Constitución y la ley su credibilidad y legitimidad se ven profundamente afectadas.19 La Constitución contempla el control difuso de la Constitución a cargo del Poder Judicial cuando en el segundo párrafo de su artículo 138 establece que en todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera. Sin embargo, este control difuso que ostentan los jueces de todos los niveles según la Constitución peruana no equipara en modo alguno al Tribunal Supremo de EUA con la Corte Suprema peruana. 18 Los miembros del Tribunal Constitucional son elegidos por el Congreso de la República con el voto favorable de los dos tercios del número legal de sus miembros. Para ser miembro del Tribunal se exigen los mismos requisitos que para ser vocal de la Corte Suprema. (Artículo 201 de la Constitución). 19 Actualmente preside el Tribunal Constitucional el magistrado Víctor García Toma, ex partidario del APRA --partido de gobierno. Antes lo presidió el magistrado Javier Alva Orlandini, ex partidario de Acción Popular. xvi “(. . . ) en el Perú la víctima favorita de los propulsores de los organismos constitucionalmente autónomos ha sido y es el Poder Judicial. La introducción en nuestro ordenamiento constitucional de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Jurado Nacional de Elecciones y, peor aún, el mal llamado Sistema Electoral, conciente o inconcientemente, ha debilitado la jerarquía institucional del Poder Judicial. Los peruanos podemos discutir cuál es el primer poder del Estado, si es el Congreso o el Ejecutivo, pero todos tenemos claro que el último es el Poder Judicial”20 No es extraño que el Poder Judicial peruano no pueda ser un contrapeso para el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, cuando debiera serlo tanto como en el sistema parlamentarista lo son –entre parlamento y gobierno--el voto de censura y la disolución parlamentaria. Si lo fuera, tal vez tendríamos fallos como United States vs. Nixon (1974)21 o Bush vs. Gore (2000)22. Lo último no es posible porque es el Jurado Nacional de Elecciones y no el Poder Judicial quien tiene jurisdicción en materia electoral. La Corte Suprema ni siquiera es una corte de casación en sentido estricto en tanto llegan a su conocimiento toda suerte de procesos lapidando prácticamente a los vocales supremos con la carga procesal, lo que se pretende paliar mediante la creación de Sala Supremas “Transitorias”, las que de transitoriedad no tienen nada puesto que se perpetúan. Además, no se realizan los Plenos Casatorios necesarios para que su jurisprudencia sea vinculante. 20 Sardón de Taboada, José Luis. “Estado de Derecho Barroquismo Constitucional” en Advocatus. Nº 12. 2005-I. Página 464. 21 El Tribunal Supremo falló en contra de Nixon y lo obligó a entregar las cintas del caso Watergate. 22 El Tribunal Supremo decidió la elección y el Vicepresidente Gore no tuvo más remedio que aceptarlo. xvii “Recordemos, solo por citar un ejemplo, que la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, tuvo una producción jurisdiccional ascendente a 3,324 resoluciones, durante el año dos mil cinco, y ese mismo año, ingresaron 1,485 recursos de casación, a lo que se agregan apelaciones, quejas de casación, entre otros procesos, sumando un carga de 1, 973 expedientes, a lo que se añade los procesos judiciales de años anteriores. Es evidente, que se requiere entonces, la descongestión judicial urgente de la Corte Suprema, a fin de que pueda cumplir su rol vertebral: de fijar precedentes jurisprudenciales.”23 Desde el punto de vista según el cual la democracia constitucional es un mecanismo que busca satisfacer los intereses individuales a través de acciones colectivas, se trataría de una relación principal – agente, en la cual el principal son los ciudadanos y los agentes o representantes los agentes políticos. En este esquema la revisión judicial cumple el rol de asegurar que tales agentes políticos satisfagan los intereses de su principal, respetando la Constitución. La cuestión es ¿Tener una Corte Constitucional elegida por el Congreso que ejerza el control constitucional en instancia única o definitiva? ¿Tener una Corte Suprema que sea el máximo intérprete de la Carta? A favor de la primera posición se esgrime la especialización. No es difícil ser renuente a otorgarle tal facultad a una Corte Suprema devaluada, sobrecargada y falta de credibilidad. Sin embargo, si esta situación se revirtiera podría comprenderse que la especialización también es posible en una Corte Suprema conformada por vocales de primer nivel dotados del certiorari. De hecho, elegir un sistema centralizado, descentralizado o mixto depende de la tradición legal y el nivel de confianza en los jueces ordinarios. 23 Távara Córdova, Francisco A. Ponencia sustentada en la “Séptima Conferencia Anual sobre Asuntos Legales y Políticas Públicas en las Américas”, organizada por la Universidad de Florida. 26 de mayo del 2006. www.justiciaviva.org.pe/entrevis.htm xviii “In new democracies there may be particular reasons to distrust a decentralized system. After all, the judiciary was typically trained, selected, and promoted under the previous regime. While some judges may be closet liberals, there is little ability to ensure that these judges will wield power in a decentralized system. Furthermore, there is significant popular distrust of the judiciary. Giving the ordinary judiciary the power of constitutional review risks dragging the prestige of the constitution down to the level of the adjudicators in the public eye. Setting up a specialized body, by contrast, designates constitutional adjudication as a distinct, important function”24 (El resaltado es nuestro) Lo cierto es que en el Perú los “señores del derecho”25 son los magistrados del Tribunal Constitucional porque “(. . . ) hay una gran invasión del derecho constitucional que penetra por todos los poros en las restantes disciplinas y enérgicamente en el territorio procesal”.26 d) Presupuesto La Constitución de EUA no contiene ninguna norma relativa al presupuesto para el Poder Judicial o el Tribunal Supremo. Para el año fiscal 2007 la Corte Suprema de EUA ha solicitado un presupuesto de US$ 76.6 millones, un aumento del 16% en relación con el año 2006. “Reconociendo la separación de facultades, de conformidad con la Constitución Política, entre los tres poderes del gobierno federal, el Congreso le ha conferido al Poder Judicial autoridad para preparar y administrar su propio presupuesto. La Oficina Administrativa, después de 24 Ginsburg, Thomas. “Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts”, Global Jurist Frontiers. Vol. 1: Nº 2, Article 2. pp. 12-13. 25 Pegoraro, Lucio y Angelo Rinella. Introducción al Derecho Público Comparado. Palestra. Lima, 2006. Página48. 26 Morello, Augusto M. La Corte Suprema en Acción. Abeledo-Perrot. 1989. Página 104. xix consultar con los tribunales y los diferentes comités de la Comisión Judicial, prepara una propuesta de presupuesto para el sistema judicial para cada año fiscal, basándose en gran parte en las fórmulas de cálculo de personal y recursos que se determine sean necesarios. (. . . ) se envía directamente al Congreso con documentación de apoyo. De conformidad con la ley, el Presidente debe incluir, dentro del presupuesto, la propuesta judicial sin cambiarla” (el resaltado es nuestro)27 La Constitución Política del Perú de 1979 estableció en el segundo párrafo de su artículo 238 que el presupuesto del Poder Judicial no sería menor del dos por ciento del presupuesto para gastos corrientes del gobierno central, lo que a tenor de la sexta disposición transitoria de la misma Carta debía cumplirse progresivamente. Este fue un intento por reforzar la independencia de la judicatura; sin embargo, ello nunca se cumplió por lo que el profesor Domingo García Belaúnde bien pudo decir que es un poder menesteroso y sus órganos de gestión son una suerte de mendicantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo.28 La Carta de 1993 no repite la previsión del segundo párrafo del artículo 238 de la derogada en cuanto a un porcentaje mínimo del presupuesto de la República asignado al Poder Judicial. Sin embargo, sí prevé en su artículo 145 que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta ante el Congreso. Lo usual es que el Poder Ejecutivo reciba el proyecto de presupuesto del Poder Judicial y lo presente “recortado” al Congreso. Esta costumbre fue desafiada 27 El Sistema Federal Judicial en los Estados Unidos. Presentación para Jueces y Personal Administrativo del Ramo Judicial en Países Extranjeros. Folleto elaborado por la Oficina Administrativa de los Tribunales de EUA. Thurgood Marshall Federal Judiciary Building. Washington D.A., 2000. www.us.courts.gov/library 28 García Belaúnde, Domingo. “La reforma del Poder Judicial en el Perú”. En: Ius et Veritas. Nº 17, año IV, 1993. Página 68. xx por el Poder Judicial cuando en defensa de sus fueros interpuso una contienda de competencia contra el Poder Ejecutivo, la que fue declarada fundada por el Tribunal Constitucional y, en consecuencia, dicho Tribunal estableció que es competencia del Poder Judicial presentar su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo, sin que éste último lo modifique, para su posterior sustentación ante el Congreso de la República.29 El Tribunal Constitucional considera que, teniendo en cuenta el diseño de las relaciones de los Poderes del Estado desarrolladas por la Constitución a partir del principio de separación de poderes, para que el Poder Judicial pueda cumplir adecuadamente con sus funciones básicas y las obligaciones que se derivan del artículo 139.° de la Constitución –de tal forma que el Estado peruano pueda configurar un sistema de justicia que garantice la vigencia de los derechos humanos y un adecuado servicio al usuario del sistema, y de este modo generar la confianza necesaria de los ciudadanos en los Tribunales–, es indispensable que se mantenga la independencia del Poder Judicial frente a los otros Poderes del Estado. Dichos mandatos constitucionales determinan que el Poder Judicial también participe en el proceso de elaboración de la Ley de Presupuesto. Para estos efectos, la Constitución establece, en el artículo 145.°, que el Poder Judicial presente su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustente ante el Congreso de la República y, conforme al artículo 80.° de la misma norma, que sea el Presidente de la Corte Suprema quien sustente el pliego correspondiente al Poder Judicial. (. . . ) el Poder Ejecutivo alega que la incorporación del proyecto del Poder Judicial en el proyecto general de presupuesto sin que el Ejecutivo lo modifique, vulneraría el principio de unidad presupuestal reconocido por el artículo 77.° de la Constitución y violaría la exclusividad que le corresponde al Poder Ejecutivo, conforme al primer párrafo del artículo 78.° de la Constitución. El Tribunal Constitucional no comparte dicha tesis. (. . . ) (. . . ) lo mismo puede afirmarse con relación al Poder Judicial, porque en última instancia lo que plantea la Constitución, respecto al tema presupuestario, es que los Poderes del Estado concierten una equitativa asignación de los recursos públicos a través de todo el proceso presupuestario, tanto en la etapa de formulación del proyecto general – que deberá presentar el Ejecutivo– como en el momento de discusión y posterior aprobación por parte del Congreso de la República.30 29 Expediente N.° 004-2004-CC/TC. Sentencia del 31 de diciembre del 2004. 30 Expediente N.° 004-2004-CC/TC. Sentencia del 31 de diciembre del 2004 xxi En cuanto al presupuesto de la Corte Suprema éste ha sido incrementado significativamente entre 1999 y el 2004 (18.3, 24.0, 27.4, 26.3, 31.0 y 32.4)31 Igualmente, los ingresos de los vocales supremos se incrementaron notablemente: o S/. 6,695 (1995) o S/. 12,435 (1997) o S/. 14,865 (1999) o S/. 26,10032 (2001) No obstante ello, podemos afirmar que la situación de dependencia del Poder Judicial frente al Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo subsiste, aunque los vocales supremos han adoptado una actitud más firme en la defensa de sus fueros. Como muchos recordarán, el Presidente del Poder Judicial, doctor Walter Vásquez Vejarano, encabezó el año pasado una publicitada vigilia de magistrados, en las puertas del Palacio de Justicia, reclamando mayor presupuesto para el Poder Judicial y en defensa de este Poder del Estado.33 e) Ingreso a la judicatura suprema La forma de designación de los jueces es muy importante y el diseño del sistema de nombramientos se mide en razón de si maximiza o no la posibilidad de nombrar jueces que interpretarán la Constitución y las leyes de manera 31 Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAFSP). 32 Remuneración (S/. 6,700), Bono Jurisdiccional (S/. 5,670), Gastos Operativos (13,730) 33 http://www.justiciaviva.org.pe/justiciamail/jm0227.htm xxii imparcial y justa. El mecanismo de selección debe ser capaz de dotar a los jueces de independencia y flexibilidad, a la vez que asegura su accountability. La Constitución de EUA no establece ningún requisito que deban satisfacer los postulantes a jueces supremos. Usualmente el presidente propone al candidato (nomination) sobre la base de su ideología, el estado al que pertenece, sus antecedentes, entre otros. El Senado confirma al candidato (confirmation) --no es usual que lo rechace--y el presidente hace el nombramiento formal (appointment). “El criterio principal para ser nombrado juez son los éxitos académicos y profesionales. A los candidatos a la judicatura no se les administran pruebas. Más bien, quien aspira a una judicatura debe completar un formulario muy extenso que establece detalladamente sus cualificaciones y éxitos profesionales, incluyendo aspectos tales como el trasfondo académico, la experiencia laboral, artículos publicados, actividades intelectuales, causas legales que haya gestionado y actividades extracurriculares. Los candidatos serán objeto de entrevistas, investigaciones y preguntas complementarias minuciosas.”34 Por ejemplo, en la última designación del juez supremo Samuel Alito, de 55 años de edad35 y número 110 en la historia de EUA, se produjo una votación del Senado de 58 a favor y 42 en contra (uno de los márgenes de victoria más ajustados en la historia reciente). El ahora juez supremo Alito se presentó ante el Comité Judicial del Senado durante 18 horas y respondió preguntas formuladas básicamente por los 34 El Sistema Federal Judicial en los Estados Unidos. Op. Cit. Página 14. 35 En la lista corta de nominados figuraba Miguel Estrada de 44 años de edad, lo que demuestra que no hay una edad mínima de 45 años como en Perú para ser candidato a juez supremo. xxiii Demócratas que le requieriron acerca de su posición respecto de cuestiones altamente controversiales (aborto, poderes del Ejecutivo y libertades civiles, entre otros). Como corolario, Alito se presentó a sí mismo como un juez open minded que no tiene otra agenda que la defensa de the Rule of Law.36 El Comité Judicial del Senado también condujo una semana de audiencias durante las cuales recibió testimonios a favor y en contra de la designación de Alito. Juez Supremo Samuel Alito Como vemos, la designación de los jueces supremos en EUA es abiertamente política y pública. Esto lejos de generar problemas y caos debilitando la 36 El Rule of Law es un principio según el cual la autoridad gubernamental es legítimamente ejercitada sólo si es conforme con las leyes y exigida (enforced) de acuerdo a los procedimientos previamente establecidos. Este principio tiene como objetivo salvaguardar al pueblo contra un gobierno arbitrario. Samuel Rutherford fue uno de los primeros autores que teorizó acerca de los fundamentos del Rule of Law en su obra Lex, Rex (1644); posteriormente lo hizo Montesquieu en The Spirit of the Laws (1748). xxiv autoridad judicial tiene como resultado que una vez nombrados formalmente los supremos sean los más poderosos y respetados de los jueces.37 Tengamos en cuenta que un presidente en EUA sólo puede ser reelegido una vez, de modo que a lo sumo su mandato durará ocho años, mientras que los supremos que pudiera haber nominado son vitalicios. Por su parte, la Carta peruana sí contempla requisitos para acceder a la Corte Suprema, especificados en el artículo 147: o Ser peruano de nacimiento. o Ser ciudadano en ejercicio. o Ser mayor de cuarenta y cinco años o Haber sido magistrado de la Corte Superior o Fiscal Superior durante diez años, o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante quince años. Además, la Carta peruana establece que el Consejo Nacional de la Magistratura se encarga de la selección y el nombramiento de los jueces (Artículo 150). Este órgano constitucionalmente autónomo nombra a los vocales supremos, los ratifica (o no) cada siete años y puede también destituirlos. (Incisos 1, 2 y 3 del artículo 154).38 37 Por ejemplo, el presidente Roosevelt designó a Oliver Wendell Holmes como juez supremo. Años después en una causa contra los monopolios que interesaba al programa de Roosevelt Holmes votó en contra de los intereses del presidente. En otro caso, cuando en 1952 se cuestionó la confiscación de las principales plantas siderúrgicas por el presidente Truman, el Supremo Tribunal votó contra el presidente por 6 a 3, dos de los votos en contra provinieron de supremos designados por Truman. El juez Warren, designado por Eisenhower, votó contra las posiciones del presidente muchas veces. En el caso Watergate, tres de los cuatros supremos que habían sido designados por Nixon votaron contra él y el cuarto se inhibió. 38 La Constitución de 1979 establecía que el presidente de la República nombra a los magistrados a propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura y el Senado ratifica los nombramientos de los magistrados de la Corte Suprema (Artículo 245). Sin embargo, dicha Carta no otorgaba al Consejo Nacional de la Magistratura la potestad de destituir a los vocales supremos, respecto de quienes recibía denuncias sobre su actuación, las calificaba, las cursaba al xxv De acuerdo al Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de Jueces y Fiscales --aprobado por Resolución Nº 989-2005-CNM y rectificado por Resolución Nº 1000-2005-CNM--los postulantes a vocales supremos deben pasar por tres etapas, la primera de evaluación curricular, la segunda un examen escrito (prueba psicotécnica, psicológica y de conocimientos) y la última –aprobadas las dos primeras— de entrevista personal. Los pesos son diferenciados y para vocal supremo se consideran los siguientes: o Calificación curricular – Peso 439 o Examen escrito – Peso 240 o Entrevista personal – Peso 241 La entrevista personal es grabada, pudiendo cualquier ciudadano solicitar una copia de la grabación al Secretario General del Consejo, previo abono de los derechos que fija el Texto Único de Procedimientos Administrativos de dicho ente. Además, podrán ser televisadas previas gestiones del Consejo ante el canal del Estado. Además, se dispone la publicación del currículum vitae de los postulantes en la página web del Consejo y los ciudadanos que lo crean conveniente pueden presentar tachas contra las candidaturas. Fiscal de la Nación si había presunción de delito y a la propia Corte Suprema para la aplicación de medidas disciplinarias. 39 Se valoran los siguientes aspectos sobre un puntaje máximo de 100: a) Aspecto académico (30), b) Capacitación (10), c) Publicaciones en Derecho (25), d) Idiomas (2.5), c)Informática (2.5) y Experiencia profesional (30). 40 Ver Anexo Nº 2 41 Se ha criticado el alto grado de subjetividad en la entrevista personal. Ver, por ejemplo, Pásara, Luis. Ideoneidad en los criterios de selección utilizados por el Consejo Nacional de la Magistratura. Justicia Viva. Lima, 2003. Página 15. xxvi No es materia de esta ponencia examinar la eficiencia y la eficacia del Consejo Nacional de la Magistratura en su función de selección y nombramiento de vocales supremos. Sin embargo, es de público conocimiento la serie de cuestionamientos que ha sufrido este organismo constitucionalmente autónomo; en particular durante todo el período en el que destituía jueces a través de resoluciones inmotivadas. f) Duración del cargo La duración del cargo es uno de los elementos clave a tomar en cuenta en relación con la independencia judicial. La Constitución de EUA establece que: Artículo III Sección 1.-(. . . ) Los Jueces del Tribunal Supremo y de los Tribunales menores desempeñarán su cargo mientras observen buena conducta (. . . ) En consecuencia, el nombramiento de los jueces supremos es vitalicio. La inamovilidad judicial que se les confiere proviene del Act of Settlement42 inglesa y sólo pueden ser destituidos a través del impeachment por fallo condenatorio del Congreso por traición, cohecho y otros delitos o faltas graves43. Además, pueden cesar por renuncia. 42 El Act of Settlement fue dictada por el Parlamento inglés en 1701 para fines de establecer la línea de sucesión al trono en el Commonwealth. Además, se incluyeron otras ocho previsiones; entre ellas que “Judges's commissions are valid quamdiu se bene gesserint (during good behaviour), and if they do not behave themselves they can be removed only by both Houses of Parliament.” 43 El único juez supremo que ha sido objeto de impeachment fue Samuel Chase, quien no fue removido de su cargo porque fue absuelto por el Senado. xxvii De los jueces supremos americanos se dice que “Raramente dimiten y nunca mueren”, pues son muy longevos. “Other things being equal, it is argued , the longer the term of appointment, the freer a judge will be in exercising discretion. The longer the appointment, the more independent a judge can be of prevailing political sentiment. We should thus expect longer terms to correlate with politicians who value judicial accuracy and independence.”44 Por su parte, la Constitución peruana establece que el Estado garantiza a los magistrados judiciales su permanencia en el servicio, mientras observen buena conducta e idoneidad propias de su función (inciso 3 del artículo 146). La Carta de 1993 fija una edad mínima para acceder a una vocalía suprema: ser mayor de 45 años (inciso 3 del artículo 147). No fija tal requisito para acceder a la judicatura en instancias inferiores, dejando librada la edad mínima a su establecimiento por ley. Entonces, bien podríamos colegir que la Constitución ha querido establecer un mínimo, pero no un máximo, de edad para ser vocal supremo. Sin embargo, este tema no es discutido por los jueces supremos. La propia Ley Orgánica del Poder Judicial establece que es derecho de los magistrados “La estabilidad en el cargo, de acuerdo a la Constitución y las leyes” (Inciso 2 del artículo 186) Como vemos, la previsión constitucional del inciso 3 del artículo 146, que podría interpretarse como una garantía de cargo vitalicio, es interpretada en el Perú en el sentido que tal permanencia se acota por la ley que determina el 44 Ginsburg, Thomas. “Economic Analysis and the Design of Constitutional Courts”, Global Jurist Frontiers. Vol. 1: Nº 2, Article 2. Pag.21 xxviii límite de edad para ejercer función pública. Los vocales supremos se retiran al cumplir 75 años de edad. Para concluir este apartado podemos resaltar que en EUA se activa el proceso de selección de un juez supremo cuando uno de los nombrados fallece, renuncia o ha sido destituido (cosa que no ha sucedido hasta la fecha con ningún juez supremo). En el Perú el proceso de selección se activa cuando el Consejo Nacional de la Magistratura convoca a concurso, para cuyo efecto debe considerar las plazas vacantes y las plazas nuevas que se presenten, información que de acuerdo a la ley orgánica de dicho organismo constitucionalmente autónomo debe remitirle el presidente de la Corte Suprema. g) Remuneración La Constitución de EUA establece en la sección 1 del artículo III que los “Los Jueces del Tribunal Supremo (. . . ) recibirán retribución por sus servicios, la cual no podrá ser reducida durante su cargo”. (El subrayado es nuestro) La independencia judicial es garantizada principalmente por las funciones de carácter vitalicio que tienen los jueces y por el hecho que su remuneración no puede ser rebajada, ni por el presidente ni por el Congreso. “Los jueces federales perciben salarios y prestaciones laborales fijados por el Congreso, los cuales son comparables a los percibidos por los miembros del Congreso y otros funcionarios gubernamentales de antigüedad.” “Los jueces (. . . ) pueden dedicar tiempo al servicio público y a actividades educativas. En efecto, los jueces federales tienen la distinguida reputación de prestar servicios a la abogacía mediante sus escritos, oratoria y enseñanza. (. . . ) El ingreso percibido por actividades xxix extrajudiciales tales como la enseñanza se limita al 15 por ciento del salario del juez”.45 En el caso peruano, la Carta establece que el Estado garantiza a los magistrados judiciales una remuneración que les asegure un nivel de vida digno de su misión y jerarquía (inciso 4 del artículo 146). A diferencia de la Constitución de EUA no contempla que dicha remuneración no podrá ser reducida. Ahora bien, el artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece los derechos de los magistrados contempla que estos deben: Inciso 5.-Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía la que no puede ser disminuida de manera alguna. Para estos fines se toma en cuenta lo siguiente: a) El haber ordinario de los Vocales de la Corte Suprema, es siempre igual al que perciben los Senadores o Diputados. La homologación funciona automáticamente, para cuyo efecto los Tesoreros de las Cámaras, producido cualquier reajuste en los haberes, bonificaciones y asignaciones de los Parlamentarios, comunican de inmediato al Presidente de la Corte Suprema, quien dicta la resolución de homologación correspondiente. La resolución antes señalada es puesta en conocimiento del Director del Tesoro Público para su debido cumplimiento. El 3 de octubre del 2006 el Congreso de la República aprobó la autógrafa de ley que propone modificar el literal “a” del inciso 5 del artículo 186 y el artículo 193 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de adecuar los ingresos que por todo concepto perciben mensualmente los magistrados supremos, norma que de promulgarse rebajaría el ingreso de los vocales supremos de 26,000 a 15,600 nuevos soles, monto igual al que perciben los congresistas. 45 El Sistema Federal Judicial en los Estados Unidos. Op. Cit. Página 16. xxx Ante los reclamos del presidente del Poder Judicial, parece que el presidente de la República observará la autógrafa de ley, mientras congresistas del partido de gobierno se anticipan señalando que: "El fondo de la ley no será cambiado por ningún motivo y los magistrados supremos sólo ganarán 15,600 soles en total", declaró Aurelio Pastor, presidente de la comisión parlamentaria a la agencia Andina.46 De este modo, mientras que los peruanos observamos la contienda entre los vocales supremos y los congresistas en EUA el juez supremo Stephen G. Breyer resalta que: “Las protecciones que otorga a los jueces el Artículo III de la Constitución, por el cual se establece el Poder Judicial, constituyen la base fundamental de la independencia judicial en Estados Unidos. Según este artículo los jueces federales continuarán en sus funciones mientras observen buena conducta y recibirán una remuneración por sus servicios que no será disminuida durante el tiempo en que ocupen su cargo. Estas garantías impiden que el Congreso o el presidente influyan en forma directa en los resultados de los procesos judiciales con la amenaza de remoción de jueces o de reducción de sus salarios.”47 IV. Conclusiones 1. La Constitución de EUA regula el Poder Judicial en sólo tres secciones contenidas en el artículo III. Por su parte la Constitución peruana lo regula en el Título IV “De la Estructura del Estado”, Capítulo VIII “Poder Judicial a través de los artículos 138 a 149. Esta profusión de regulación constitucional en el caso peruano, sin embargo, no garantiza en la 46 http://www.terra.com.pe/noticias/articulo/html/act610785.htm 47 www.democracy.gov/dd/esp_democracy_dialogues/esp_courts xxxi práctica uno de los elementos esenciales de la judicatura y, en especial de la judicatura suprema; esto es, la independencia. 2. La Carta de EUA no contempla organismos constitucionalmente autónomos como son los creados por la Constitución peruana: Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, Banco Central de Reserva, Ministerio Público, entre otros. Sin embargo, pareciera que no hacen falta en el diseño constitucional de EUA para conducir los asuntos públicos y defender las libertades individuales. Por su parte la Corte Suprema peruana ha sido desmembraba restándole jurisdicción en materia constitucional (como máximo intérprete o árbitro de la Carta) y en materia electoral; además la Constitución peruana consagra el fuero militar respecto del cual la Corte Suprema sólo conoce en casación y considera necesaria la existencia de un Defensor del Pueblo. ¿No será todo este diseño constitucional sino una expresión de la desconfianza en el Poder Judicial y, en particular, en su Corte Suprema para hacer respetar el Estado de Derecho? 3. Dos son elementos clave diferenciadores en la estructura constitucional que rige para los jueces supremos. Mientras en EUA son vitalicios y su remuneración no puede ser rebajada durante su cargo, en el Perú se jubilan por límite de edad a los 75 años, están sujetos a ratificación cada siete años por el Consejo Nacional de la Magistratura (órgano constitucionalmente autónomo cuya independencia política está en duda) y sus remuneraciones pueden ser rebajadas por el Congreso de la República. xxxii 4. En cuanto al ingreso a la judicatura suprema, la Carta de EUA no prevé requisitos que deban satisfacer los candidatos, a diferencia de la Constitución peruana que establece los de nacionalidad por nacimiento, ciudadanía, edad y experiencia en la judicatura, abogacía o cátedra universitaria en materia jurídica. Sin embargo, la mayor regulación no ha asegurado una mejor composición de la Corte Suprema, problema que nos deriva a otro que no es materia de esta ponencia y es el relativo a la calidad de la enseñanza del Derecho en el Perú y, por supuesto, la crisis de valores. 5. La Constitución de EUA al igual que la peruana crea o instituye el poder judicial; sin embargo, la primera lo hace radicar en el Tribunal Supremo, mientras la segunda en el Poder Judicial en su conjunto. 6. La Suprema Corte de los EUA está compuesta por nueve jueces vitalicios encargados de decidir acerca de las cuestiones más trascendentes para la vida diaria de los norteamericanos, las que radican esencialmente en la interpretación de su Constitución. Ha demostrado ser una Corte poderosa, confiable y de alto prestigio. Cuenta con el certiorari como mecanismo para decidir acerca de los casos que merecen ser atendidos en esa instancia suprema. La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú está compuesta por dieciocho vocales supremos titulares y varios provisionales. Sufre el descrédito y la deslegitimación que el Poder Judicial arrastra desde hace décadas, aunque en grado mayor por ser percibida --en su calidad de ente máximo de dicho Poder del Estado--como la responsable del desgobierno y la mala calidad del servicio de Justicia. Es, además, una xxxiii Corte sobrecargada de minucias, con expedientes atiborrados en sus anaqueles y con la sombra de la corrupción rondando cada resquicio. 7. Aunque no lo hemos mencionado en el cuerpo de esta ponencia, resaltamos en este apartado la trascendencia de contar con una Corte Suprema excepcional con mayor urgencia en razón de la globalización. El Derecho Internacional contemporáneo y la devaluación de la soberanía en campos particularmente claves como las telecomunicaciones, la informática y otros, ensancha el campo del Derecho Internacional y frente a esta situación es la Corte Suprema la llamada a fijar criterios, fruto de la interpretación, para lo cual es indispensable acudir al Derecho Comparado.48 Lo cierto es que las dudas jurídicas domésticas o internas implican cada vez más el conocimiento del Derecho Internacional o extranjero y, en asuntos constitucionales, las decisiones de cortes extranjeras son muy útiles al ofrecer puntos de comparación. “El análisis comparativo es importante para la tarea de interpretar Constituciones y aplicar los derechos humanos. Seremos los perdedores si nos negamos a lo que otros puedan enseñarnos para erradicar actos contra las mujeres, las minorías y otros grupos vulnerables.” Ruth Bader Ginsburg, Juez Supremo de los EUA.49 “En este mundo interconectado, el tribunal más prestigioso del mundo tiene que dar ejemplo abriéndose a las corrientes positivas 48 Sin embargo, sobre un puntaje de 100 en la evaluación curricular de los postulantes a vocales supremos en el Perú se asigna al conocimiento de idiomas un puntaje máximo de 2.5. Por su parte el juez supremo de EUA Stephen Breyer ha puesto de relieve que cinco de los nueve integrantes de la Suprema Corte apoyan el Derecho Internacional Comparado para interpretar la Constitución de EUA. 49 Peraza Parga, Luis. “La justicia transnacional en la Suprema Corte de los Estados Unidos”. www.ripj.com xxxiv internacionales a la hora de interpretar una Constitución con una antigüedad de más de dos siglos”.50 8. Como conclusión general nos atrevemos a afirmar que la Constitución de EUA es un documento bien diseñado que provee un balance adecuado entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es lo suficientemente flexible para alcanzar las metas de la Federación y, a la vez, suficientemente limitado como para permitir la protección de los derechos individuales. En suma, su valor radica tanto en lo que dice como en lo que calla. La posición tan importante que ocupa la Suprema Corte de EUA se debe en gran medida al compromiso de los ciudadanos de dicho país con el Rule of Law y con la defensa de un sistema de gobierno constitucional. El pueblo de los EUA ha demostrado día a día a lo largo de siglos su compromiso fuerte y serio con la defensa de su Constitución y tal exigencia ha calado hondo en los jueces y en los supremos en particular.51 Por el contrario, nuestra débil democracia se ha sustentado en una serie de textos vulnerados y quebrados cíclicamente, con la intermitencia de gobiernos de facto. La Constitución peruana no es interiorizada como nuestra Constitución, sino como un documento renovable y cambiable cuya parte dogmática es una utopía y cuya parte orgánica requiere 50 Op. Cit. 51 Montesquieu en El Espíritu de las Leyes sostiene que toda forma de gobierno puede estar caracterizada por la pasión fundamental que lleva a los súbditos a obrar de acuerdo con las leyes establecidas y, en consecuencia, permite durar a todo régimen político. “Montesquieu entiende por virtud no la virtud moral, que es una disposición meramente individual, sino una determinación que vincula íntimamente al individuo al todo del que forma parte. En diversas ocasiones la llama ´amor a la patria´”. Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Fondo de Cultura Económica. México, 2004. Página 130. xxxv ajustes para dotar a nuestra República de ese balance que tanto requerimos. En ese contexto, requerimos una Corte Suprema poderosa, prestigiosa e incorruptible, compuesta por una sala única de once vocales –como propone la CERIAJUS—y con facultades de certiorari, que sea el supremo intérprete de la Carta. Esta Corte Suprema sería un pilar para la estabilidad política y democrática de nuestro país, sustento del desarrollo sostenible, que es a su vez fundamento de la lucha contra la pobreza y que abre una posibilidad para que todos los peruanos alcancemos una vida digna que nos permita aspirar a la felicidad. Bibliografía Baum, Lawrence. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos de Norteamérica. Editorial Bosch. Barcelona, 1987. Bielsa y Eduardo Graña. Justicia y Estado: A propósito del Consejo de la Magistratura. Ediciones Ciudad. Buenos Aires, 1996. Bobbio, Norberto. La teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Fondo de Cultura Económica. México, 2004. Feinstein, Dianne. US Senator. The United States Supreme Court: The Significant Impact for All Americans. Los Angeles County Bar Association and Public Counsel. 2005. www.feinstein.senate.gov/05speeches/s-supreme-ct.htm. García Belaúnde, Domingo. “La reforma del Poder Judicial en el Perú”. 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References: artículo 29
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 artículo 139
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 artículo 80
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 Resolución 
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 artículo 146
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 artículo 186
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 artículo 186
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 artículo 193