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Timestamp: 2019-11-15 06:20:33+00:00

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Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria. TÍTULO 1. Denominaciones de origen protegidas e indicaciones geográficas protegidas (Vigente hasta el 06 de Julio de 2014).
3.1 De conformidad con la normativa comunitaria, se entiende por denominación de origen protegida (DOP) la denominación utilizada para designar los productos agroalimentarios que proceden de un lugar o una zona geográfica determinados, o excepcionalmente de un país, que deban exclusivamente o fundamentalmente sus características al medio geográfico, teniendo en cuenta los factores naturales y humanos, y que sean producidos, transformados y elaborados en el lugar o la zona geográfica que da nombre a la denominación, incluidas las denominaciones tradicionales de productos agroalimentarios, geográficas o no, si cumplen los requisitos mencionados.
4.1 Las agrupaciones de productores y/o transformadores, o, en casos excepcionales cuando sólo exista un único productor, transformador o comercializador, las personas físicas o jurídicas podrán presentar ante el/la consejero/a de Agricultura, Ganadería y Pesca la solicitud de inscripción de una nueva DOP o IGP protegida en el Registro comunitario.
5.1 La solicitud de inscripción en el Registro comunitario de DOP e IGP debe acompañarse de la documentación siguiente:
6.1 La dirección general competente en materia de calidad agroalimentaria, estudiará la documentación presentada y en caso de que falten documentos los podrá solicitar, así como también los documentos y los informes complementarios o contradictorios que estime necesarios.
7.1 El consejo regulador podrá solicitar una modificación del pliego de condiciones o del reglamento por la evolución de los conocimientos científicos y técnicos o para establecer una nueva delimitación geográfica. La tramitación se hará delante del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, de acuerdo con lo que determina este Decreto, adjuntando el acuerdo de la comisión rectora correspondiente.
8.1 Cuando el Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca considere, de oficio, que el consejo regulador de la DOP o la IGP no puede garantizar el cumplimiento de las condiciones que establece el pliego de condiciones; o en el supuesto de que una agrupación o una persona física o jurídica interesada presente una solicitud de anulación de una DOP o IGP en el registro comunitario, debidamente motivada, deberá darse trámite de audiencia, si procede, al consejo regulador correspondiente por un período de quince días, para que haga las alegaciones que considere oportunas. Una vez transcurrido este plazo el/la consejero/a de Agricultura, Ganadería y Pesca, si lo considera procedente, dictará una resolución acordando la tramitación de la anulación en el organismo correspondiente.
Consejos reguladores de las DOP y las IGP
9.1 El consejo regulador de la DOP o la IGP es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia a la que se le atribuye la gestión de la DOP o la IGP. El consejo regulador tiene plena capacidad jurídica y de obrar para el desarrollo de sus funciones y autonomía económica en su gestión.
El ámbito de competencia del consejo regulador con respecto a zonas de producción, productos y personas o entidades, es el siguiente:
Los consejos reguladores de las DOP o IGP se rigen por lo que determinan la Ley 14/2003, de 13 de junio, de calidad agroalimentaria; este Decreto; el reglamento de la DOP o la IGP correspondiente, así como el resto de normativa que sea de aplicación.
Las finalidades del consejo regulador son:
13.1 Las funciones del consejo regulador son:
14.1 Se consideran sujetas al derecho administrativo las actuaciones de los consejos reguladores en materia de gestión de registros, régimen electoral, relaciones con la Administración de la Generalidad de Cataluña y otras que deriven de sus actuaciones sujetas a tutela administrativa.
15.1 El Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca, en el ejercicio de sus competencias, ejercerá la tutela sobre los consejos reguladores de las DOP o IGP.
16.1 El incumplimiento de las obligaciones que determina el artículo 13 de este Decreto pueden dar lugar a la apertura de un procedimiento para determinar la responsabilidad del consejo regulador.
17.1 Si de la instrucción del procedimiento por el incumplimiento de lo que establece el artículo 13 de este Decreto se desprende que concurren mala fe, incumplimiento deliberado, perturbación manifiesta del interés público o reiteración o reincidencia en el incumplimiento, estos pueden ser calificados como graves.
18.1 Los órganos que integran al consejo regulador son la comisión rectora, el/la presidente/a y cualquier otro que pueda crear la comisión de acuerdo con el reglamento de cada DOP o IGP.
19.1 Corresponde al/a la presidente/a:
Corresponde a los vocales técnicos velar para que los consejos reguladores cumplan la legislación y la normativa aplicable. A estos efectos anualmente deberán elaborar un informe sobre el funcionamiento del consejo regulador de acuerdo con el reglamento de la denominación y lo enviarán a la dirección general competente en materia de calidad agroalimentaria.
21.1 La comisión rectora efectuará una sesión con carácter ordinario al menos una vez al semestre. La periodicidad de las sesiones se especificará en el reglamento de la DOP o la IGP.
22.1 Para el cumplimiento de sus finalidades, el consejo regulador contará con el personal necesario, de acuerdo con las plantillas aprobadas por la comisión rectora, que figurarán dotadas en las partidas de su presupuesto.
El consejo tendrá un/a secretario/a, designado/a por el/la presidente/a del consejo regulador, escuchada la comisión rectora, de quien dependerá directamente, que tendrá como funciones específicas:
Los consejos reguladores deben comunicar al/a la directora/a general competente en materia de calidad agroalimentaria la composición de los órganos de gobierno respectivos, las modificaciones posteriores que puedan producirse, el nombramiento del secretario o secretaria y, si procede, su cese.
Derechos y obligaciones de los inscritos a los registres de las denominaciones de origen protegidas o indicaciones geográficas protegidas
25.1 Todos los operadores que lo soliciten y que cumplan los requisitos de carácter general y los específicos que establece el reglamento de cada DOP o IGP, tienen el derecho de ser inscritos en los registros del consejo regulador correspondientes y el derecho de uso de la denominación.
26.1 Las personas físicas o jurídicas inscritas en los registros quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones del reglamento de la DOP o la IGP, el resto de normativa que le sea de aplicación y a los acuerdos tomados por la comisión rectora.
27.1 Para controlar la producción, la elaboración, el envasado y la expedición, así como los volúmenes de existencias, si procede, y todo lo que sea necesario para acreditar el origen y la calidad del producto amparado, las personas físicas o jurídicas titulares de plantaciones, explotaciones ganaderas o empresas productoras, envasadoras o transformadoras-comercializadoras estarán obligadas a presentar al consejo regulador las declaraciones de producción del producto amparado de la manera que determine el consejo regulador.
28.1 Todas las personas físicas o jurídicas titulares de bienes inscritos en los registros de la DOP o la IGP y sus plantaciones, cultivos, explotaciones ganaderas, instalaciones y productos, estarán sometidas al control y certificación realizado por el consejo regulador o por la entidad que contrate, para verificar que el producto que ampara la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida cumple los requisitos de este Decreto o del reglamento correspondiente y sin perjuicio de las competencias del Departamento de Agricultura, Ganadería y Pesca.
29.1 En el caso de abandonar la producción, la elaboración, la transformación o la comercialización del producto amparado los operadores deberán comunicarlo al consejo regulador por escrito, dejar de utilizar la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida y devolver al consejo regulador todas las etiquetas y documentos de la denominación o indicación que no se hayan utilizado.
Los nombres con los que figuran inscritos en los registros del consejo regulador de cada DOP o IGP, así como las marcas, los símbolos, los emblemas, las leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda que se utilice aplicada a los productos protegidos por la DOP o la IGP no podrán ser utilizados bajo ningún concepto, ni siquiera por los mismos titulares, en la comercialización de otros productos no amparados, sin perjuicio de las excepciones que estime el consejo regulador con la solicitud previa del interesado al consejo regulador, que lo podrá aprobar en caso de que entienda que su aplicación no causa perjuicio a los productos amparados.
31.1 En el etiquetado figurará impreso, de manera obligatoria y destacada, el nombre de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, el logotipo de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida que incluirá la mención consejo regulador, y el logotipo comunitario, la marca comercial, la información obligatoria establecida en las normas generales de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimentarios además de los datos que, con carácter general, determine la legislación vigente. De manera optativa se podrá indicar el nombre de la entidad de certificación.
32.1 El proceso electoral de los órganos de los consejos reguladores de las DOP o IGP se rige por lo que establecen la Ley de calidad agroalimentaria; este Decreto; los reglamentos de las DOP o IGP, y supletoriamente por la normativa electoral general.
33.1 La convocatoria de elecciones a órganos de gobierno corresponde al/a la presidente/a del consejo regulador, y el período de elección de los órganos de gobierno es de cuatro años.
34.1 A los efectos de la elección de los miembros de los órganos de gobierno de los consejos reguladores de las DOP o IGP, deberán elaborarse censos específicos de los diferentes registros que lleve el consejo, de acuerdo con los datos que figuran y necesariamente los siguientes:
35.1 Tendrán la condición de elector y elegible las personas físicas mayores de edad o jurídicas que estén inscritas en los registros correspondientes del consejo regulador antes de la convocatoria de las elecciones a los órganos de gobierno de cada DOP o IGP y que estén al corriente de las obligaciones económicas hacia el consejo regulador.
Una vez publicado el censo electoral provisional habrá un plazo de quince días naturales para presentar reclamaciones ante la junta electoral de la DOP o la IGP correspondiente, que deberá resolver en un plazo de cinco días. Contra esta resolución se podrá recorrer ante la Junta Electoral de Cataluña en el plazo de cinco días, que deberá dictar resolución en el plazo de cinco días, después del cual la junta electoral de la denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida deberá publicar el censo definitivo.
37.1 Con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad del proceso electoral, la administración electoral de cada DOP o IGP estará constituida por:
38.1 Las candidaturas para cada censo se presentarán por medio de solicitud dirigida a la junta electoral de cada denominación de origen dentro del plazo de diez días contado desde el día de exposición del censo definitivo.
39.1 Podrán proponer candidaturas a los censos correspondientes las federaciones representativas del mundo agrario cooperativo, las organizaciones profesionales agrarias y las organizaciones empresariales.
40.1 La mesa electoral deberá llenar la documentación siguiente:
Control y certificación de productos amparados por las DOP o IGP
41.1 El control y la certificación de los productos amparados por una DOP o IGP pueden ser efectuados:
En el caso de que el control y la certificación de productos amparados lo efectúe el mismo consejo regulador deberá cumplir las condiciones siguientes:
En caso de que el control y la certificación sea realizado por una entidad independiente de certificación deberán cumplirse las condiciones siguientes:
Las obligaciones de las entidades de control y certificación son las que se determinan en el artículo 84 de este Decreto.
Con carácter excepcional, la certificación podrá ser efectuada por un organismo público cuándo:
45.1 En caso de incumplimiento de las obligaciones que tienen asignadas las entidades de control y certificación, el/la directora/a general competente en materia de calidad agroalimentaria comunicará a la entidad, por medio de resolución de advertencia, las irregularidades detectadas, la norma infringida, así como los medios de prueba que han servido a la Administración para comprobar las irregularidades.

References: resolución 
 artículo 13
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 artículo 84
 resolución