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Timestamp: 2017-01-17 10:52:30+00:00

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El caso se refiere a la responsabilidad internacional debido a la modificación en el régimen de pensiones que Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra venían disfrutando conforme a la legislación peruana hasta 1992, así como por el incumplimiento de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional del Perú que ordenaron al Estado realizar determinados pagos a su favor. Palabras Claves:
Derechos económicos, sociales y culturales, Garantías judiciales y procesales, Propiedad privada, Protección judicial, Seguridad social Ver jurisprudencia relacionada
Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 21 (Derecho a la propiedad privada) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 26 (Desarrollo progresivo) , Artículo 8 (Garantías Judiciales) Otro(s) tratado(s) interamericano(s)
- Los hechos del presente caso se iniciaron el 26 de febrero de 1974 cuando se emitió el Decreto-Ley Nº 20530 titulado “Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles Prestados al Estado no comprendidos en el Decreto-Ley 19990”. Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra trabajaron en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y cesaron después de haber prestado más de 20 años de servicios en la Administración Pública. - El personal de la SBS se encontraba dentro del régimen laboral de la actividad pública, hasta que mediante una ley en 1981, se dispuso que el personal se encontraría comprendido en el régimen laboral de la actividad privada, salvo los trabajadores comprendidos en el Decreto Ley 20530. Las cinco personas eligieron continuar con el régimen del D.L. 20530 conforme al cual, el Estado reconoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable. - Las nivelaciones se efectuaron de manera sucesiva y periódica, cada vez que se producía un incremento por escala en las remuneraciones de los trabajadores y funcionarios activos. En abril de 1992 la SBS suspendió el pago de la pensión del señor Bartra y redujo el monto de la pensión de los demás pensionistas en aproximadamente un 78%, sin previo aviso ni explicación alguna.
- Petitorio de la CIDH: La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado por la presunta violación de los derechos reconocidos en los artículos 21, 25 y 26 de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento en perjuicio de Carlos Torres Benvenuto, Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y Maximiliano Gamarra Ferreyra. - Fecha de la audiencia ante la Corte IDH: 3 de septiembre de 2002
El Estado realizó un reconocimiento de responsabilidad internacional, el cual fue aceptado por la Corte IDH Análisis de fondo
147. Los derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la situación general prevaleciente. 148. Es evidente que esto último es lo que ocurre en el presente caso y por ello la Corte considera procedente desestimar la solicitud de pronunciamiento sobre el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales en el Perú, en el marco de este caso.
- Decide que el Estado debe pagar, a las cuatro víctimas y a la viuda del señor Maximiliano Gamarra Ferreyra la cantidad de US$ 3.000,00 (tres mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de daño inmaterial. El Estado deberá proceder a cumplir con lo establecido en el presente punto resolutivo en un plazo máximo de un año contado a partir de la notificación de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas. - Decide que el Estado deberá pagar la cantidad total de US$ 13.000,00 (trece mil dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de gastos y la cantidad total de US$ 3.500,00 (tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América) por concepto de costas.
- Declara que los pagos de la indemnización por concepto de daño inmaterial y el de las costas y gastos establecidos en la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas, no podrán ser objeto de impuesto o tasa actualmente existente o que pueda decretarse en el futuro. - Declara que el Estado deberá cumplir la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de ésta. - Declara que, en caso de que el Estado incurriese en mora, deberá pagar un interés sobre la cantidad adeudada que corresponderá al interés bancario moratorio en el Perú. - Decide que supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal aplicación a lo dispuesto en ella. Dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, el Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas tomadas para darle cumplimiento a la Sentencia de Fondo, Reparaciones y Costas.
(i) De conformidad con lo señalado en los Considerandos pertinentes de la presente Resolución, se encuentran pendientes de cumplimiento los siguientes puntos resolutivos de la Sentencia: a) ”realizar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones pertinentes a los responsables del desacato de las sentencias judiciales emitidas por los tribunales peruanos en el desarrollo de las acciones de garantía interpuestas por las víctimas” (punto resolutivo sexto de la Sentencia de 28 de febrero de 2003), y b) establecer “las consecuencias patrimoniales que pudiera tener la violación al derecho a la propiedad privada, […], en los términos de la legislación interna, por los órganos nacionales competentes” (punto resolutivo quinto de la Sentencia de 28 de febrero de 2003). (ii) Toda medida que adopte el Estado con respecto a las pensiones de las cinco víctimas del presente caso debe respetar lo establecido en la Sentencia de la Corte, en particular en los párrafos 102, 103, 115 y 116, en el sentido de que, de conformidad con los artículos 21 y 25 de la Convención Americana, las víctimas del presente caso tienen el derecho adquirido a recibir una pensión de cesantía nivelada de acuerdo al DecretoLey Nº 20530 y el derecho a que se cumplan las sentencias de garantía resueltas a su favor, así como que las eventuales reducciones a los montos de las pensiones deben realizarse de conformidad con los parámetros convencionales aplicables.
(i) Requerir al Estado del Perú que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento señalados en el párrafo declarativo primero de esta Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (ii) Solicitar al representante de las víctimas que, a más tardar el 1 de febrero de 2012, presente la información que le fue requerida en el Considerando 29 respecto del cumplimiento del punto resolutivo quinto de la Sentencia. (iii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 15 de marzo de 2012, un informe detallado y actualizado en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento, así como que presente la información solicitada sobre los hechos relativos a una nueva reducción de las pensiones de las víctimas del presente caso, de conformidad con lo establecido en los Considerandos 33 a 36 y en los puntos declarativos de la presente Resolución. (iv) Solicitar al representante de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que presenten las observaciones que estimen pertinentes al informe del Estado mencionado en el punto resolutivo anterior, en los plazos de cuatro y seis semanas, respectivamente, contados a partir de la recepción del mencionado informe. (v) Continuar supervisando los puntos pendientes de cumplimiento de la Sentencia de fondo, reparaciones y costas de 28 de febrero de 2003. (vi) Disponer que la Secretaría de la Corte notifique la presente Resolución al Estado, al representante de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2014. Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported

References: Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 21
 Artículo 25
 Artículo 26
 Artículo 8
 artículo 68
 Resolución