Source: http://cidh.org/annualrep/2003sp/Argentina.12257.htm
Timestamp: 2017-12-15 06:29:17+00:00

Document:
Argentina 12.257 Admisible
INFORME Nº 3/03*
1. El presente informe se refiere a la admisibilidad de la petición 12.257. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en lo sucesivo “Comisión Interamericana”, “Comisión” o “CIDH”) inició su tramitación tras recibir, el 19 de octubre de 1999, una petición presentada por Zulema Fátima Yoma, madre de Carlos Saúl Menem (hijo), y su abogada Ana María I. Herren (en lo sucesivo “los peticionarios”), contra la República Argentina (en lo sucesivo “Argentina” o “el Estado”).
2. Los peticionarios sostienen que el Estado argentino incurrió en responsabilidad internacional por supuestas violaciones de derechos humanos vinculadas con el fallecimiento de Carlos Saúl Menem (hijo), el 15 de marzo de 1995. En resumen, sostienen que el Estado no proporcionó a Carlos Saúl, entonces de 26 años de edad, las medidas de seguridad necesarias para el hijo del entonces Presidente de la Nación, en especial teniendo en cuenta que había recibido amenazas en relación con las funciones de su padre. Sostienen que el Estado no investigó la causa de la muerte con la debida diligencia ni proporcionó una eficaz protección y garantías judiciales al sustanciar esa investigación y los trámites judiciales conexos. Sostienen asimismo que el Estado es responsable por omisión de respetar la dignidad y la integridad personal de Carlos Saúl y de su madre, Zulema Yoma. Los peticionarios sostienen que los hechos alegados constituyen violaciones de los derechos a la vida, la integridad personal y la protección y garantías judiciales, reconocidos en los artículos 4, 5, 25 y 8 de la Convención Americana (en lo sucesivo “Convención Americana”), en conjunción con la obligación de respetar y garantizar derechos protegidos previstos en el artículo 1(1).
3. El Estado, por su parte, aún no se ha pronunciado sobre el fondo de las denuncias planteadas. En el curso de las actuaciones realizadas hasta la fecha se ha limitado, en gran medida, a dar cuenta de las negociaciones con los peticionarios destinadas a buscar soluciones a los problemas que éstos indicaron o a las medidas que ha adoptado para mantener informadas a las autoridades pertinentes sobre la petición y a procurar información en la esfera interna. No obstante sostiene que la petición es inadmisible porque aún no se han agotado los recursos internos disponibles.
4. Conforme a lo que más abajo se indica, y habiendo examinado el caso, la Comisión concluyó que es competente para entender en las denuncias de los peticionarios referentes a las violaciones de derechos alegadas con respecto a la investigación del fallecimiento de Carlos Saúl Menem (hijo) y denuncias conexas, y que el caso es admisible conforme a lo dispuesto en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
15. Los peticionarios sostienen que el 15 de marzo de 1995 Carlos Saúl salió de la Residencia Presidencial piloteando un helicóptero con la intención de viajar a Rosario. Lo acompañaba Silvio Héctor Oltra. Sostienen que los guardias asignados para acompañar a Carlos ese día no viajaron en el helicóptero por orden de su supervisor, y que no se asignó seguridad alguna al helicóptero. Sostienen que personal de seguridad presidencial debía seguir al helicóptero por tierra pero que dadas las declaraciones testimoniales contradictorias a este respecto, subsisten dudas acerca de los actos de los agentes en las horas anteriores y siguientes al momento en que el helicóptero se precipitó a tierra.
16. Los peticionarios sostienen que este hecho ocurrió aproximadamente a las 11:40 a.m., a lo largo de la ruta nacional 9 que enlaza a Buenos Aires con Rosario. Silvio Héctor Oltra falleció al caer el aparato. Carlos Saúl fue sacado de los restos de la aeronave y llevado al hospital. Los peticionarios señalan que según testigos, movía los brazos y la cabeza y hablaba. Los peticionarios sostienen que subsisten contradicciones acerca de qué autoridades llegaron primero a la escena de los hechos y por qué. Aducen demoras en el traslado y el hecho de que si bien existían diversas opciones para su traslado y tratamiento, en ambos aspectos se seleccionó la alternativa inadecuada. Sostienen que fue sacado de un respirador alrededor de 15 minutos antes de que falleciera, y que no se realizó una autopsia oportuna, porque el juez la consideró innecesaria, ni se tomaron fotografías del cadáver ni sus impresiones digitales. Afirman que si bien el examen externo realizado por el patólogo mencionaba como causa del deceso una fractura de cráneo, exámenes ulteriores aparentemente no dieron cuenta de esa fractura.
17. Después que el aparato se precipitó a tierra se inició una investigación ante el Juzgado Nº 6 en lo Criminal y Correccional del Departamento Judicial de San Nicolás, y en virtud de que la judicatura federal es competente en materia aeronáutica, el caso fue transferido al Juzgado Federal de Primera Instancia de San Nicolás de los Arroyos. Los peticionarios sostienen que si bien los indicios llevaban a pensar en actos criminales, el juez encargado de la investigación llevó adelante esta última considerando exclusivamente la posibilidad de un accidente y desechó todas las pruebas que llevaban a pensar lo contrario.
18. Los peticionarios sostienen que el fuselaje del helicóptero tenía el orificio de un proyectil, pero que se descartaron los restos del helicóptero en forma inadecuada, precisamente para destruir esa y otras pruebas pertinentes. Señalan que la escena de los hechos no fue aislada prontamente; que nunca se hizo un inventario de las partes del helicóptero; y que las fotografías tomadas en la escena de los hechos fueron inadecuadas. El informe del perito designado inicialmente para examinar las partes del helicóptero fue presentado al juez de instrucción después de haber dado otro destino a las partes. Los peticionarios sostienen que si bien se inició una investigación judicial independiente con respecto a los trozos del helicóptero tras la intervención de Zulema Yoma como querellante privada, la indagatoria fue, en la práctica, tardía y que sólo llegó a recuperarse el 20% de los pedazos del helicóptero en el contexto de esa investigación. Sostienen que las irregularidades referentes a la transferencia y destrucción de las partes del helicóptero no fueron objeto de una debida investigación ni del procesamiento de los responsables. Se promovió a este respecto un juicio político contra el juez competente y el procesamiento del funcionario pertinente, pero se afirma que no se lograron resultados efectivos. Los peticionarios sostienen que los dictámenes periciales referentes al hecho lo atribuyeron al contacto del helicóptero con cables tendidos por encima de la ruta 9, sin investigar, ante todo, por qué el helicóptero tomó contacto con esos cables.
19. Los peticionarios han presentado una serie de alegaciones referentes a una subsiguiente autopsia de los restos de Carlos Saúl Menem, realizada por orden judicial el 12 de julio de 1996. Las alegaciones se refieren a lo que los peticionarios describen como extrañas anomalías con respecto al estado del ataúd y de los restos; contradicciones en las conclusiones con respecto a informes anteriores, elementos faltantes, tales como piezas dentales; problemas de identificación de los restos, y dictámenes periciales referentes a si todos los restos correspondían a la presunta víctima, o inclusive a una misma persona.
20. También presentaron una serie de alegaciones sobre ulteriores exámenes periciales realizados por un perito contratado privadamente y por la Gendarmería Nacional, sobre el 20% de las partes del helicóptero que pudieron ser recuperadas. La principal alegación es que algunas piezas presentaban perforaciones, y que al ser examinadas revelaron la presencia de las sustancias que contienen los proyectiles; a saber, plomo, antimonio, cobre y zinc, en las proporciones que corresponden a vainas de proyectiles, y trazas de fósforo que corresponderían a proyectiles incendiarios.
21. Los peticionarios sostienen que algunas personas que se ofrecieron como testigos o prosiguieron la teoría de un homicidio fueron amenazadas, presionadas o maltratadas. Indican asimismo que varias personas que tienen algún vínculo con el caso --un testigo del hecho, uno de los peritos y el presunto criminal que disparó contra ese perito, y varias otras personas-- fallecieron o fueron asesinadas en circunstancias extrañas.
22. En la petición se sostiene que Zulema Yoma fue objeto de presiones, actos irrespetuosos, maltratos y amenazas en su carácter de madre de Carlos Saúl y querellante privada. Los peticionarios subrayan que, dadas las contradicciones que contiene la información pertinente, hasta la fecha la Sra. Yoma no sabe si los restos que están en la tumba de Carlos Saúl son los de este último, ni si su cráneo se encuentra en esa tumba o en la Morgue Judicial.
24. En su respuesta a la petición, el Estado se ha limitado a objetar su admisibilidad sobre la base de que aún no se han agotado los recursos internos pertinentes. En diversos puntos ha indicado que se reserva el derecho de considerar el fondo del asunto en el estadio procesal pertinente.
25. En su primer escrito sobre cuestiones sustanciales, presentado el 12 de marzo de 2001, el Estado indicó que no se habían agotado los recursos internos. Su posición se basó, en este punto, en el hecho de que la Corte Suprema tenía ante sí un recurso extraordinario interpuesto por Zulema Yoma, en que se promovía la revocación de la decisión de octubre de 1998, por la que el juez actuante dispuso el archivo de la investigación referente al fallecimiento de su hijo.
28. Conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la Convención Americana, los peticionarios están legitimados para presentar una petición ante la Comisión. La petición de autos indica que la supuesta víctima y su madre estaban sujetos a la jurisdicción del Estado argentino a la fecha de los hechos aducidos. Con respecto al Estado, la Comisión señala que Argentina es un Estado parte de la Convención Americana, habiendo depositado en debida forma el instrumento de ratificación el 5 de septiembre de 1984. En consecuencia, la Comisión posee competencia rationae personae para entender en las reclamaciones presentadas. También posee competencia ratione materiae porque los peticionarios aducen violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana.
29. La Comisión tiene jurisdicción temporal para entender en las reclamaciones. La petición se basa en hechos que datan de marzo de 1995, fecha del fallecimiento de Carlos Saúl Menem. Los hechos alegados se produjeron, por lo tanto, con posterioridad a la entrada en vigor de las obligaciones del Estado como Parte de la Convención Americana. Además, dado que en la petición se aducen violaciones de derechos protegidos en el marco de la Convención Americana que tuvieron lugar en el territorio de un Estado Parte, la Comisión concluye que posee competencia ratione loci para tomar conocimiento de la misma.
30. El artículo 46 de la Convención Americana establece que para que un caso pueda ser admitido es preciso que “se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos”. Este requisito se ha establecido para garantizar al Estado la posibilidad de resolver disputas dentro de su propio marco jurídico.
31. La única objeción a la admisibilidad de la petición de autos planteada por el Estado se refiere al cumplimiento del requisito que antecede. El Estado sostiene que la decisión de octubre de 1998, que dispuso el archivo de la investigación, no impide a la madre de la víctima solicitar la reapertura del caso, en tanto pueda presentar nuevas pruebas. A juicio del Estado, este mecanismo sigue estando disponible, es efectivo y no ha sido agotado.
32. Los peticionarios sostienen que invocaron los recursos jurídicamente disponibles. Señalan que en relación con los hechos denunciados, Zulema Yoma ha actuado como querellante privada en cinco procesos judiciales, referentes, respectivamente, a la investigación de la causa del fallecimiento de Carlos Saúl, a la desaparición de pruebas del expediente judicial; a la sustracción de efectos personales en el período en que Carlos se encontraba dentro del helicóptero que había caído a tierra; a la violación de su tumba; y a la denuncia tendiente a promover el juicio político del juez encargado de la investigación. Sostienen, sin embargo, que esas investigaciones han sido tan deficientes, irregulares y lentas que no han suscitado aclaración alguna y que ha sido imposible lograr que alguna de ellas llegue a conclusiones definitivas.
37. Conforme a lo dispuesto por el artículo 46(1)(b) de la Convención, toda petición debe ser presentada oportunamente para que pueda ser admitida, a saber, dentro de un plazo de seis meses contados a partir de la fecha en que la persona o entidad denunciante haya sido notificada de la decisión definitiva a nivel nacional. La norma de los seis meses confiere certeza y estabilidad legales una vez adoptada una decisión. Esta norma no se aplica cuando haya sido imposible agotar los recursos internos por omisión del debido proceso, denegatoria de acceso a recursos o demoras injustificadas en el dictado de una sentencia definitiva. Para casos de ese género, el artículo 32(2) del Reglamento de la Comisión establece que el plazo de presentación debe ser razonable, a juicio de la Comisión, contándose a partir de la fecha en que se haya producido la supuesta violación de derechos, considerando las circunstancias de cada caso específico. Esta norma no se aplica tampoco cuando las alegaciones se refieren a una situación continua, es decir cuando se sostiene que los derechos de la víctima están siendo afectados en forma incesante.
38. Con respecto a este requisito, la Comisión señala que la petición de autos fue presentada ante la Comisión en 1999, mientras la Sra. Yoma realizaba la apelación de la decisión de 1998 que dispuso el archivo de la investigación. Ese proceso de impugnación finalizó con el rechazo del recurso pertinente por parte de la Corte Suprema, en 2001. Puesto que la investigación constituye un componente principal de la denuncia de los peticionarios, la Comisión concluye que la petición fue presentada oportunamente. Además, dadas las conclusiones referidas en la sección que antecede, referentes a los recursos internos, y las alegaciones de los peticionarios de que el caso implica una denegación de justicia de carácter continuo, la Comisión considera que la petición fue presentada dentro de un plazo razonable dadas las circunstancias específicas del caso.
39. El artículo 46(1)(c) de la Convención Americana establece que la admisibilidad de una petición está sujeta al requisito de que el asunto “no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional” y el artículo 47(d) establece que la Comisión debe declarar inadmisible toda petición que “sea sustancialmente la reproducción de una petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión, u otro organismo internacional”. En el caso de autos, las partes no han aducido, ni los procedimientos indican que esté presente, ninguna de esas dos causales de inadmisibilidad.
1. Declarar admisible el caso de autos en cuanto se refiere a presuntas violaciones de los derechos reconocidos en los artículos 4, 5, 8, 25 y 1(1) de la Convención Americana con respecto al fallecimiento de Carlos Saúl Ménem (hijo), y los esfuerzos de Zulema Yoma tendientes a la realización de una investigación completa.

References: artículo 1
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 32
 artículo 46
 artículo 47