Source: http://profesorgentile.com/n/el-poder-judicial-a-20-anos-de-la-reforma-constitucional-de-1994.html
Timestamp: 2018-08-18 04:38:41+00:00

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Sumario: I. Introducción. II. Que se mantuvo y que se omitió
cambiar. III El Consejo de la magistratura. IV. Selección de los jueces. V. Nombramiento y acuerdo de magistrados. VI. Nuevas designaciones. VII. Facultades disciplinarias. VIII. Remoción y destitución de jueces. IX. Nuevos órganos y funcionarios. X. Jurado de enjuiciamiento. XI. El Ministerio Público. XII. La justicia de la ciudad autónoma de Buenos Aires. XIII. La reforma del Poder Judicial de la Nación.
Dichas reformas se refieren a la forma de seleccionar, designar, sancionar y remover a los jueces; se crean el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de los jueces inferiores, que aunque propiamente no integran el Poder Judicial, en los términos del artículo 108 (que lo limita a “la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores”) tienen que ver con los jueces y con el funcionamiento judicial; se establece como órgano extra poder al Ministerio Público –fiscal y de la defensa-; y, además, se autoriza a la Ciudad de Buenos Aires para que en su “estatuto organizativo” (llamado desde su dictado Constitución) establezca "un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y de jurisdicción". Se traslada la administración del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura.
II. Qué se mantuvo y qué se omitió cambiar
2. Se mantiene el control de constitucionalidad difuso que ejercen los jueces siguiendo la doctrina del caso "Marbury versus Madison" fallado por la Corte Suprema de Estados Unidos en 1803, que implícitamente receptó nuestra Ley Fundamental, según lo entendía Juan Bautista Alberdi, aunque en el texto de 1853 nada se dice al respecto. Este criterio fue sostenido por la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema desde su creación como lo demuestran los fallos en los casos “Ríos” (Fallos, 1:32), “Sojo” (Fallos, 32:120) y “Elortondo” (Fallos, 33:162). Posterior a la reforma la Corte Internacional de Derechos Humanos agregará la doctrina del “control de convencionalidad” a partir del: “Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala” del 25/11/ 2003, Serie C; seguido del “CasoTibi vs. Ecuador”, del 7/9/ 2004; del “Caso Vargas Areco vs. Paraguay”, del 26/9/ 2006 y del “Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile”, del 26/9/2006
5. Debió fijarse el alcance de la "compensación" que los jueces perciben por los servicios que prestan y cuya intangibilidad es garantía de su autonomía, como disponía el artículo 96, hoy 110, y que ha llevado a interpretaciones polémicas como ha sido el de la actualización de dichas "compensaciones" en forma diferente que al resto de las remuneraciones del personal estatal, y la exención de los impuestos, a la renta y las ganancias, creando así odiosos privilegios que nada tienen que ver con la garantía de su independencia del poder político. Nos parece que lo correcto hubiera sido cambiar la palabra "compensación" por la de "remuneración", que usa el artículo 74 cuando se refiere a la retribución de los senadores y diputados, o "sueldo" que usa el 92 para el presidente y vicepresidente.
7. Se debió debatir y resolver sobre la discutida y perniciosa autarquía financiera de la Justicia, que ha sido declarada para el Ministerio Público en el artículo 120, mientras que respecto del Poder Judicial nada se dice en la Constitución, a pesar de haberse trasladado la administración de los recursos y la ejecución del presupuesto al Consejo de la Magistratura, como prevé el inciso 3 del artículo 114. El que debe fijar la remuneración o "compensación" de los jueces, como dice la Carta Fundamental, debe ser el Congreso como encargados de aprobar la ley de Presupuesto y no es conveniente delegarla en el Consejo de la Magistratura, ni en la Corte Suprema.
9. Aunque no se trate de un tema exclusivamente de los jueces, debió revisarse las causales de remoción por juicio político, y, ahora, del proceso ante el jurado de enjuiciamiento, aboliendo la diferencia que hacía el artículo 45, hoy 53, entre "delitos", en el ejercicio de sus funciones, y "crímenes" comunes, por anacrónica. Basta con decir "delitos", aunque se los pudo acotar también a los dolosos. Agregar la casual de "indignidad", para resguardar mejor el decoro de los funcionarios de esta jerarquía, hubiera sido importante como ya ocurrió en la Constitución de Córdoba en el artículo 119.
10. Debió suprimirse cuando se destituye a los acusados por juicio político la atribución del Senado de "declararles incapaces de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación", que establecía el artículo 51, hoy 60, ya que esto debe ser resuelto por los tribunales ordinarios luego de la destitución y en aplicación de las penas que establece el Código Penal, frente a conductas previamente tipificadas como delictuales. Lo paradójico es que esta declaración ha sido suprimida para el caso de los jueces inferiores, como puede verse en el artículo 115, lo que nos parece correcto, pero se mantiene respecto de los ministros de la Corte Suprema y demás funcionarios sometidos a juicio político, sin que existan razones que justifiquen la diferenciación. Debió preverse en el juicio político la posibilidad de que sean suspendidos los acusados por el Senado, como se lo facultó al Jurado de Enjuiciamiento a disponerlo por el artículo 115.
16. El artículo 112, referido al juramento de los jueces de la Corte, debió suprimírsele la primera parte, cuando se refiere a la "primera instalación", ya que ello fue una disposición transitoria que carece de sentido mantenerla, como otras ya agotadas en su cumplimiento, que quedan en los artículos 46, 47 supra y 49 de la Constitución ahora vigente, que debieron ser suprimidas, por ser cláusulas muertas y por haber destinado el constituyente un lugar al final del articulado con diecisiete nuevas "Disposiciones Transitorias". Debió mantenerse la fórmula del juramento que dice: “administrando justicia bien y legalmente.”
18. Se mantuvo el inciso 19 del artículo 99 que establece que el Presidente puede designar en comisión jueces, sin acuerdo del Senado, cuando la vacante se produce estando en receso el Congreso y las mismas duran hasta la expiración de la siguiente Legislatura. Con la limitación del receso del Congreso a diciembre, enero y febrero ha perdido sentido, lo que estas designaciones podrían concretar designaciones con fines políticos.
Dicho organismo, que no tiene rango superior al de la Corte ni al de ningún otro tribunal de la República, es en realidad un órgano tan o más "extra poder" que el Ministerio Público, al que se lo ha ubicado en una Sección aparte, la Cuarta, pero se lo ha investido de una atribución muy importante, que es motivo de conflictos con los tribunales, especialmente con la Corte Suprema, cual es el de "Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia" (artículo 114, 3).
El Consejo se regula por una ley "especial", calificada innecesariamente de tal ya que la reforma no ha categorizado este tipo de leyes como diferente al resto de las que dicta el Congreso.
El Consejo está integrado "periódicamente", sin que la Ley fundamental defina plazos, por representantes de los órganos políticos resultantes de la elección popular, o sea la Cámara de diputados, el Senado y el Presidente de la República; de los jueces, de todas las instancias; de los abogados con matrícula federal; y por otras personas del "ámbito académico y científico", entendemos que referidas al derecho; sin establecer su número, formas de designación, requisitos para el ejercicio del cargo, y procedimiento, causales y organismo encargado de la remoción o destitución de dichos representantes.
Al Consejo de la Magistratura le corresponde "Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores" (artículo 114, 1), sin aclarar si los mismos son por antecedentes, por oposición, o de ambas maneras, y cuando habla de "magistraturas" -siendo consecuente con la denominación del órgano-, y no de jueces, deja la duda si su competencia alcanza a los integrantes del Ministerio Público, y en caso de que sí los alcanzara -lo que debería definir la ley especial reglamentaria- no entendemos porqué se lo incorporó en la Sección Tercera y no se lo ubicó como un órgano "extra-poder", como en realidad lo es, y no se previó entre sus integrantes a miembros del Ministerio Público, como se hizo con "los jueces de todas las instancias".
También le corresponde "Emitir propuestas en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores". Aquí vuelve a referirse a "magistrados" y no ha jueces, por lo que deja la duda si puede actuar en la designación de los miembros del Ministerio Público, que la Constitución en ninguna parte establece cómo y quién lo debe hacerlo.
Entre las atribuciones del presidente de la Nación, que prevé el artículo 99 inc. 4, está la de nombrar a los "magistrados" de la Corte Suprema de Justicia, usando la misma expresión que usaron los constituyentes de 1853 en el entonces artículo 83, que luego de la reforma de 1860 pasó a ser 86, quizás porque la Corte Suprema de Justicia, que preveía el artículo 91 después de 1860 pasó a ser 94, estaba "compuesta por nueve jueces y dos fiscales", por lo que podemos pensar que la designación de sus ministros, el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, cargos que se constitucionalizan con el Ministerio Público en el artículo 120, podrían estar comprendidos también en este procedimiento de designaciones, como lo establecieron las sucesivas leyes reglamentarias.
Cuando habla, a continuación, del nombramiento de los "jueces" de los tribunales federales inferiores, no usa la expresión "magistrados", por lo que debemos pensar que se quiso excluir las designaciones de fiscales o defensores inferiores. En este caso se requiere "una propuesta del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos". Esto último es obvio y una reiteración de lo que expresa el artículo 16, por lo que este criterio vale también para el nombramiento y acuerdo de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aunque no se lo haya dicho en el primer párrafo del inciso 4.
El Consejo de la Magistratura ejerce facultades disciplinarias sobre "magistrados", según el artículo 114,3, lo que fue precisado en las leyes especiales que lo reglamentaron -y no en los reglamentos que prevé el artículo 114,6- ya que esta delicada competencia debe circunscribirse a lo estrictamente administrativo y no puede inmiscuirse, directa o indirectamente, en las competencias jurisdiccionales, ni afectar la estabilidad en el cargo, la sede, el grado, ni la compensación o retribución de los magistrados. Aquí podrá aplicarse la ley de ética pública que el Congreso dictó según lo exige el artículo 36, en su última parte, y que para el caso de los jueces deberá prever, entre otros temas, el de sus relaciones con los medios de comunicación.
Los "miembros" de la Corte Suprema de Justicia siguen siendo pasibles de acusación ante el Senado, mediante el procedimiento del juicio político, de acuerdo al artículo 53 - 45 del anterior texto-, y de dicho procedimiento puede resultar la destitución del acusado, "y aún declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor, de confianza o a sueldo en la Nación", como dice el artículo 60, que antes llevaba el número 52.
El término "miembros" de la Corte es la misma expresión empleada por la Convención de 1853, que en el entonces artículo 41 hablaba de "los miembros de ambas Cámaras (suprimido luego de 1860), a los de la Corte Suprema de Justicia", que según el artículo 91 estaba compuesta "de nueve jueces y dos fiscales", por lo que dicha palabra debe considerársela en la ley que reglamente al Ministerio Público abarcadora de los magistrados que lo componen y que actúan por ante la Corte Suprema, como son el procurador general de la Nación y el defensor general de la Nación, y a quienes también hay que someter a juicio político, supliendo esta importante omisión de los constituyente de Santa Fe-Paraná.
Al Consejo de la Magistratura le corresponde "Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente", según dispone el inciso 5 del artículo 114, cambiando la terminología que usaban los antiguos artículo 45 y 52 (hoy 53 y 60). Mientras estos hablaban de "causas de responsabilidad", de "formación de causa" y de "destitución", en el texto reformado se habla de "apertura del procedimiento" y de "remoción", a más de omitirse, como dijimos antes, la declaración de incapacidad para ejercer cargos en la Nación.
Así para la incorporación de órganos como la Auditoría General de la Nación o el Defensor del Pueblo, que nada tienen en su estructura y funcionamiento de parlamentarios, en la Sección Primera del Poder Legislativo, aunque se los declare "de asistencia técnica del Poder Legislativo" (artículo 85) o "instituido en el ámbito del Congreso de la Nación" (artículo 86), se forzó el alcance de lo que puede alcanzar el concepto Poder Legislativo. Sin embargo se omitió incorporar dentro del mismo a la Comisión Bicameral Permanente, mencionada de paso en el artículo 99 inc.3, referido a los decretos por razones de necesidad y urgencia.
Su fallo, a diferencia de lo que expresa el artículo 60 respecto del juicio político, es irrecurrible y no tiene más efecto que destituir al acusado, si no es absuelto, y someterlo a la justicia ordinaria si fuere pasible de ello. Se fija también un plazo de caducidad del procedimiento de ciento ochenta días a partir de la decisión de abrir el procedimiento de remoción sin que se haya dictado el fallo, lo que marca otra diferencia con el juicio político. La integración y procedimiento del Jurado lo regula la misma ley "especial" que lo hace para el Consejo de la Magistratura.
El Ministerio Público incorporado a la Constitución como órgano "extra-poder", en el artículo 120 de la nueva Sección Cuarta, está compuestos por funcionarios que actúan por ante los tribunales federales . Se trata de un "órgano independiente con autonomía funcional", que se lo ha desvinculado de una larga y perniciosa dependencia del Poder Ejecutivo, sin incorporarlo al Poder Judicial, como aspiraban algunos autores, y a quién se le ha otorgado la "autarquía financiera", que no se le dio -entiendo que correctamente- al Poder Judicial, y tiene por función "promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República", omitiendo referir la que corresponde al ministerio pupilar, integrante como veremos también del Ministerio Público.
Su dirección es bicéfala porque está a cargo del Procurador General de la Nación, responsable del ministerio fiscal, y un defensor general de la Nación, que en realidad no defiende a la Nación, entendida como estado federal, que era una de las funciones de los fiscales antes de la reforma, sino que es cabeza del ministerio pupilar, en defensa de pobres, ausentes e incapaces. La ley reglamentaria 24.946 determina los demás miembros que lo integran, reconociéndoles la Constitución "inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones", pero nada se dice la Ley Fundamental de su estabilidad o periodicidad (me inclino decididamente por lo primero como indica la ley reglamentaria), la forma de designación, sanción o remoción, ni de las condiciones para el ejercicio del cargo, ni su posible vinculación con las competencias del Consejo de la Magistratura.
11. Derogar la obligación a depositar la $ 15.000.cuando se interpongan recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia, por denegación del recurso extraordinario.

References: artículo 108
 artículo 96
 artículo 74
 artículo 120
 artículo 114
 artículo 45
 artículo 119
 artículo 51
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 112
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 83
 artículo 91
 artículo 120
 artículo 16
 artículo 114
 artículo 114
 artículo 36
 artículo 53
 artículo 60
 artículo 41
 artículo 91
 artículo 114
 artículo 45
 artículo 99
 artículo 60
 artículo 120