Source: https://es.scribd.com/document/265008607/Amparo-749-2014-Firmado
Timestamp: 2019-04-25 06:29:32+00:00

Document:
749-2014
Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia: San Salvador, a las ocho
horas y siete minutos del día diez de octubre de dos mil catorce.
Analizada la demanda de amparo presentada por el Crissia Esmeralda Pérez, en su
calidad de apoderada de una paciente del Hospital Nacional de Maternidad “Dr. Raúl
Arguello Escolán” (en adelante Hospital de Maternidad), a quien por motivos de
confidencialidad y en aras de proteger su derecho a la autodeterminación informativa –por
tratarse de datos sensibles en atención al art. 6 letra b de la Ley de Acceso a la Información
Pública– se identificará como “G.M.”, junto con la documentación que se anexa, se realizan
I. En síntesis, la apoderada de G.M. manifiesta que su representada es portadora del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH positivo), el cual le fue diagnosticado el 24-VI2010. Además, narra que en esa misma fecha, recibió su diagnóstico positivo para un
embarazo. Posteriormente, el 22-VII-2010 inició los controles médicos de su infección en
el Hospital Nacional de Maternidad.
El día 23-XII-2010, a las siete de la mañana, G.M. fue ingresada para dar a luz a su
hija por medio de cesárea. Según el escrito presentado, la paciente narra que desde su
ingreso al hospital, el personal de salud que la atendió le preguntó recurrentemente y con
insistencia si optaría por un procedimiento de esterilización, a lo que ella respondió
negativamente. La paciente recuerda que el personal de salud le hacía comentarios como
“mejor esterilícese, ya no puede tener más hijos por su estado –en referencia al VIH–”.
No obstante lo anterior, aproximadamente a las diez de la noche, alega que el
personal de salud le manifestó que “si no firmaba la autorización de esterilización no le
realizarían la cesárea”, condicionando así la atención de salud -tanto de ella como de su
hija-, al procedimiento de esterilización. La representante de la peticionaria señala que ante
esta circunstancia, su poderdante firmó un documento que se presume, fue una autorización
para el procedimiento sugerido.
Además, la abogada alega que G.M. no ha tenido acceso a su expediente médico ni
a las referencias respecto del personal que le atendió en esa ocasión. También la abogada
Pérez, en su calidad de apoderada, sostiene haber hecho dos solicitudes: la primera, de
fecha 4-IV-2014 dirigida a la autoridad demandada con la finalidad de que se le diera
acceso al expediente clínico de su mandante; y la segunda, de fecha 22-IV-2014 dirigida a
la oficina de acceso a la información pública del Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social para que proporcionase información documental y estadística que permitiera
identificar el protocolo, procedimientos y prácticas del referido nosocomio referente a los
derecho a la información y “a la toma de decisiones libres e informadas sobre su salud”. para lo cual se expondrán ciertas consideraciones sobre los derechos a la vida (1). razón por la cual el Estado es el principal obligado a procurar a los habitantes la conservación y defensa de su existencia física (art. pronunciadas en los Amps. 65 Cn. De igual forma en dicha jurisprudencia se ha acotado que la salud se proclama como un derecho fundamental. 1° Cn. y. que encuentran su sentido más explícito en la exigencia a los poderes públicos de que toda persona reciba primordialmente la asistencia médica y el tratamiento terapéutico adecuado para aliviar sus afecciones físicas y/o mentales. siendo una de estas condiciones la salud. En tales precedentes se acotó que el derecho a la vida comprende dos aspectos fundamentales: (i) el primero. así como los derechos reproductivos de su mandante. Determinados los argumentos expresados por la parte actora. acceso a la información pública y el derecho a la información en materia reproductiva (5). Es inherente a este derecho el deber de toda persona de velar por un bienestar físico y mental tomando medidas preventivas o de restablecimiento. igualdad. prevé que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y a su vez el inciso 3° del 2 . obstaculizar. Para precisar esta última perspectiva. 2 inc. derecho a la igualdad (3). respectivamente– ha señalado que del derecho a la vida depende el ejercicio y goce de otros derechos reconocidos en la Constitución. 1. 674-2006 y 348-99. con ello. La jurisprudencia constitucional –v. por lo que considera que la autoridad demandada incurrió en vulneraciones a los derechos fundamentales a la integridad física y moral. de manera indefectible resultan indispensables para el desarrollo normal y pleno del proceso vital. en cuanto este representa una de las condiciones esenciales que posibilita a los sujetos tener una existencia física digna y. 2.gr. y (ii) el segundo relacionado al derecho de estas a tener acceso a los medios.En virtud de los hechos descritos.M. desarrollar plenamente su personalidad y sus potencialidades. por lo que corresponde al Estado realizar las acciones positivas pertinentes para mejorar la calidad de vida de las personas. vulnerar o interrumpir el proceso vital de las persona. corresponde en este apartado exponer los fundamentos jurídicos de la resolución que se proveerá. las sentencias de fecha 16-XII-2007 y 4IV-2001. inherente a las personas. autodeterminación informativa (4). El art. referido al derecho a evitar la muerte. salud y derechos reproductivos (2). II. circunstancias o condiciones que les permitan vivir de forma digna. debe señalarse que el derecho a la vida comporta la necesidad de brindar a las personas condiciones mínimas que. la abogada Pérez alega que G. en virtud de su condición de portadora de VIH. A. lo cual implica la prohibición dirigida a los órganos estatales y a los particulares de disponer. razón por la cual tal derecho se encuentra estrechamente vinculado a otros factores o aspectos que coadyuvan con la procuración de la existencia física bajo estándares de calidad y dignidad.). fue víctima de un procedimiento de esterilización forzada. no discriminación y trato digno.
el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre éstos y a disponer de la información y de los medios para ello y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. con lo cual. Así. la potestad de decidir sobre la propia posibilidad de procrear está vinculada a otros derechos fundamentales tales como la autodeterminación (art. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que el acceso a servicios de salud reproductiva “involucra el derecho de acceder a la tecnología 3 . en dos aspectos: a) el reconocimiento y protección de la autodeterminación reproductiva.art. con el objeto de que se brinde a la población no solo las técnicas quirúrgicas.). principalmente. b) el derecho al acceso a servicios de salud reproductiva. los derechos reproductivos “se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos. que implica una habilitación para decidir libremente sobre la propia posibilidad de procrear. los derechos reproductivos se asocian. o bien ofrezcan a la persona – que se ve obligada a vivir con una enfermedad permanente– la posibilidad de tener la mejor calidad y alternativas de vida posible en tales circunstancias. el derecho a la salud. coacciones ni violencia. En general. Así. en cuanto representen una alternativa eficaz para el restablecimiento pleno de la salud.. se entiende que el contenido de los derechos reproductivos se concreta. por una parte. el derecho a la salud reproductiva se asocia directamente con el derecho a la salud (art. debido a los roles socialmente asignados–. de conformidad con lo establecido en los documentos de derechos humanos”. Por otro lado. que se traduce en acciones positivas por parte del Estado para garantizar que las personas puedan acceder a servicios de salud reproductiva. por su propia connotación. las personas mismas velen por su conservación y restablecimiento (Sentencia de 4-IV-2001. C. y. este concepto engloba una serie de derechos concretos que protegen tanto a hombres como a mujeres –aunque cobran especial relevancia para estas últimas en virtud de las características biológicas de cada uno y en muchos casos. considerados básicos o esenciales para tratar determinado padecimiento. por otro lado. sino también aquellos que surjan como nuevos aportes de las ciencias en la rama de la medicina. Y.). También se incluye su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir discriminación. medicamentos. B. métodos terapéuticos. tal y como lo planteó la Organización de Naciones Unidas en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994. a un aspecto prestacional. etc.) y la igualdad (art. en tanto que. 1° establece la relación obligacional que al respecto se genera desde un punto de vista dual. 3 Cn. Amparo 348-99). el que además del Estado. esto es. 2 Cn. De tal forma. exige que el tipo de asistencia médica que se ofrece en el sistema de salud del país se encuentre sometido a una continua revisión y actualización. 65 Cn. estos derechos se asocian a un aspecto individual de cada persona. Por su parte.
E. caso Artavia Murillo y otros vs. de forma deliberada y en condiciones distintas. aplicación y ejecución de la ley. A. La relación entre el proveedor de salud y el paciente. (iii) con pleno conocimiento del paciente de todas las alternativas a su disposición. es dinámica con un alto grado de vulnerabilidad para este último. En relación al derecho a la igualdad. Además. para constituir verdaderamente una decisión libre y voluntaria. de la asimetría de información que caracteriza a esta relación. lo cual no significa que. bajo criterios estrictamente objetivos y justificables a la luz de la misma Constitución. según el cual las mujeres gozan del derecho “a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información. no solo en función de la afecciones físicas y/o mentales que pueda padecer. se ha interpretado jurisprudencialmente que aquella se proyecta como principio constitucional y como derecho fundamental. mental y social. sino también por la marcada dependencia que existe por parte del paciente respecto del especialista en salud. a partir de lo establecido en el art. como principio de igualdad. el Estado. la igualdad se proyecta como el derecho fundamental a no ser arbitrariamente diferenciado.médica necesaria para ejercer ese derecho”. En virtud de la primera modalidad. pueda dar un trato dispar en beneficio de cualquiera de los sujetos involucrados. Costa Rica). D. en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos”. y. 4 . en la esfera jurídica de los individuos –la segunda modalidad–. (ii) que el proveedor de salud haya informado al paciente sobre los riesgos y beneficios de determinado procedimiento. en condiciones similares. y no de mera ausencia de enfermedades o dolencias. la citada Corte adopta un concepto amplio e integral de salud reproductiva –retomado de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de 1994–. 3 de la Constitución. 3. es decir. está obligado a garantizar a todas las personas. por una parte. la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. Por su parte. ha señalado que “[e]l derecho a la autonomía reproductiva está reconocido también en el artículo 16 literal “e” de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. se refiere a un proceso de comunicación y diálogo entre el paciente y el especialista en salud. en sus actividades de creación. el concepto de consentimiento informado implica más que una simple firma de autorización con la mera finalidad de eximir de responsabilidad al proveedor de un servicio de salud. (Corte Interamericana de Derechos Humanos. como resultado de. la dependencia del paciente respecto del proveedor de salud para recibir el tratamiento y/o procedimiento que necesita. y por otro. debe contar con los siguientes elementos: (i) no estar sujeto a amenazas o incentivos. A su vez. de acuerdo al cual “[l]a salud reproductiva es un estado general de bienestar físico. es preciso denotar que. un trato equivalente. Es por eso que. Por el contrario. que.
Y es que tal y como se ha establecido en la sentencia del día 8-III-2013. 3 de la Ley Suprema consagra tanto un mandato de respeto a la igualdad en la formulación de la ley –dirigido al Legislador y demás entes con potestades normativas– como un mandato en la aplicación de la ley –dirigido a las autoridades jurisdiccionales y administrativas–.– con un claro vínculo al derecho de acceso a la información. tales como la nacionalidad. Por otro lado. 2 Cn. y por otro. el poder de disposición de los datos personales se vuelve nugatorio si el titular de los mismos desconoce cuáles son los que poseen terceros.esto es. Cabe mencionar que del citado precepto constitucional pueden colegirse algunas situaciones en las que comúnmente se manifiesta la desigualdad. ha establecido que la autodeterminación informativa es un auténtico derecho fundamental. la citada jurisprudencia establece a su vez. su finalidad y la identidad del responsable del mismos. la incidencia del principio de igualdad en las funciones prestacionales del Estado. tanto en la formulación como en la aplicación de las leyes. sexo y religión. raza. B. a no ser injustificada o irrazonablemente excluido del goce y ejercicio de los derechos que se reconocen a los demás. 572007. “si las actividades del Estado tienen como un fin primordial garantizar el pleno desarrollo de la personalidad humana. ser informado plenamente sobre los aspectos relativos al tratamiento informático en el momento de la recolección de los datos. En dicha jurisprudencia. dicha enumeración no es taxativa. 4. puede operar como un derecho subjetivo a obtener un trato igual y a no sufrir discriminación jurídica alguna. Amp. pues pueden existir otros aspectos o motivos de discriminación. a pesar de que la Constitución no lo establece explícitamente. específicamente tratos diferenciados basados en criterios o factores. conocer la existencia de ficheros de datos de carácter personal. del proceso de Amp. quiénes los poseen y con qué fin. esto es. en tanto que. resulta imperioso mencionar que el art. este Tribunal determinó que el mandato de igualdad. Amp. 934-2007. los servicios que este presta para contribuir a tal objetivo tienen como destinatarios a todas las personas” sin hacer distinciones como las antes descritas. para lo cual el titular del derecho puede recabar la información oportuna de la base de datos que corresponda. se aclara que “[l]a autodeterminación informativa presupone que las personas tienen la capacidad de decidir y controlar las actividades 5 . es un principio general inspirador de todo el sistema de derechos fundamentales. Asimismo. –cuyo anclaje es el art. sobre todo cuando ello determina el goce y ejercicio de los derechos fundamentales. En ese orden de ideas. por un lado. en la resolución de fecha 1-VI-2011. el derecho a la autodeterminación informativa implica. a partir de la sentencia de 4-III-2011. por ello. 79-2010. a que no se dé un tratamiento jurídico diferente a quienes se encuentran en una misma situación si no existe una justificación objetiva y razonable de esa desigualdad establecida en la ley. En razón de lo anterior. al incidir en el ordenamiento jurídico. esta Sala. No obstante. En efecto.
que tengan interés público (Sentencia de 24-IX-2010. Dicho estándar de calidad para la información pública se establece en función de las diversas finalidades que se persiguen mediante la transparencia y la publicidad. el derecho en cuestión tiene dos facetas: (i) una material. Inc. y (ii) otra faceta instrumental. Finalmente. este Tribunal reiteró que el derecho de acceso a la información tiene una condición indiscutible de derecho fundamental. pero además. de la República como forma de Estado− (art. 6 Cn. íntegra e imparcial. en el principio democrático del Estado de Derecho –vale decir. por una parte. 85 Cn. en la sentencia de 5-XII-2012. que tiene como presupuesto el derecho de investigar o buscar y recibir informaciones de toda índole. Entre los modos de ejercicio de esta faceta material del derecho a la autodeterminación informativa se resalta la libertad positiva de tener acceso a la información. que se caracteriza por establecer un derecho al control de la información personal sistematizada o contenida en bancos de datos o ficheros. oportuna. disponibilidad. prontitud. establece cierto estándar de calidad respecto de la información. A. administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz. 91-2007). pública o privada. arbitrario o inseguro sobre los fines…”. El art. sencillez.). B. ante la posibilidad del uso discriminatorio. 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que “[t]oda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada. 13-2012. 6 . reservada o confidencial) de una pieza de información. rendición de cuentas y un criterio de máxima publicidad ante la duda sobre la naturaleza (pública. facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad que se persigue. que impone a los poderes públicos el deber de garantizar la transparencia y la publicidad en la Administración.relacionadas con sus datos personales (individuales y familiares). entre otras cosas. De acuerdo a las citadas sentencias. y en algunos casos. integridad.). igualdad. Inc. y. sin sustentar interés o motivación alguna. relacionarlos y transmitirlos. así como la rendición de cuentas sobre el destino de los recursos y fondos públicos. el derecho de acceso a la información implica el derecho a recibir información generada y/o administrada por las instituciones públicas. anclado por una parte en el reconocimiento constitucional del derecho a la libertad de expresión (art. que confiere a su titular la facultad de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que le conciernen y los protege frente a la ilimitada capacidad de archivarlos. gratuidad. 5. 4 y 5 de dicha ley sostienen que la interpretación y aplicación de esa ley se regirá por los principios de máxima publicidad. De lo anterior se desprende que. Por su parte. determinando que esta debe ser. el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales. tales como la adecuada y libre formación de opiniones y criterios. por otra. veraz. los arts.
Más aún. pretende atacar los actos producidos por el Director del Hospital de Maternidad. funciones y presupuesto de operación e inversión del Estado. subsidios o contratos de cualquier tipo. 1. comprensible. si bien la abogada de la pretensora expone que se violaron los derechos fundamentales de su mandante a la integridad física y moral. en atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido para el Tribunal– y lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. III. Esencialmente. la misma fue exigida por las autoridades de la institución como condición previa para que la paciente y su hijo no nacido recibieran atención médica –todo ello. en atención al hecho que la peticionaria es portadora del VIH–. entonces. se encuentra la de la “transparencia activa”. los cuales derivaron en lo que ella describe como un procedimiento de “esterilización forzosa” puesto que. entre las múltiples obligaciones que genera el derecho a la información. 2. se estima pertinente. como de sus derechos sexuales y reproductivos–. igualdad. un derecho al acceso a la información en materia de derechos sexuales y reproductivos –como manifestación tanto del derecho a la información. a la salud o a la educación—. voluntaria e informada–. por lo menos en cuanto (a) la estructura. las autoridades han negado a G. el acceso a su expediente clínico. En ese orden. Expuestas las consideraciones jurisprudenciales que anteceden. se materializa en su esfera subjetiva. y (d) el procedimiento para interponer quejas o consultas. cuando el acceso a la información constituye una condicionante para el pleno ejercicio de otros derechos fundamentales. En vista de lo anterior.M. a pesar de que su mandante presumiblemente suscribió un acta de consentimiento. la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que. si existiere. se vuelve indispensable que el titular del mismo conozca todas las alternativas posibles (con sus riesgos y beneficios) –de tal forma que pueda hacer una decisión libre. la que atañe a la satisfacción de los derechos sociales como los derechos a la pensión. Conforme a lo anterior. Dicha información debe ser completa. (c) la oferta de servicios. reproductivos y de autodeterminación. realizar ciertas consideraciones referidas a los términos en que ha sido planteada la queja de la parte actora. si para el pleno ejercicio de los derechos sexuales. la apoderada de G. (b) la información que se requiere para el ejercicio de otros derechos—por ejemplo. derecho a la información y “a la toma de 7 . Además. señala que desde entonces. se puede concluir que. su garantía implica también facilitar el goce de tales derechos condicionados.M. beneficios. como en el presente caso la salud. consistente en “suministrar al público la máxima cantidad de información en forma oficiosa. no discriminación y trato digno. con un lenguaje accesible y encontrarse actualizada”.
vulnere u obstaculice el ejercicio de sus derechos fundamentales. Amp. pronunciada en el amparo con referencia 549-2000. Por otra parte. pareciera que además de los antes denunciados. el cual. no hayan desaparecido -es decir. la Sala señaló la importancia de establecer los parámetros en virtud de los cuales pueda determinarse la actualidad del agravio para salvaguardar la seguridad jurídica. resulta pertinente hacer ciertas consideraciones respecto de la actualidad del agravio de trascendencia constitucional planteado por la apoderada de la demandante. debe producirse con relación a disposiciones de rango constitucional -elemento jurídico.M. para la procedencia de la pretensión de amparo es necesario que el actor se autoatribuya alteraciones difusas o concretas en su esfera jurídica. pronunciada en el amparo con referencia 795-2006. Asimismo. en atención al principio iura novit curia –el Derecho es conocido para el Tribunal– y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Procedimientos Constitucionales. 1. de los argumentos de la abogada de la parte actora se deduce que. específicamente.decisiones libres e informadas sobre su salud”. en la resolución de fecha 19-XI-2002. a saber: el actual y el futuro. deberá entenderse que también pudieron resultar afectados los derechos de autodeterminación informativa y el derecho de acceso a la información en materia reproductiva. Al respecto. en términos generales. en la sentencia de fecha 16-XI-2012. entendidos estos últimos como la dificultad o imposibilidad para 8 . no obstante el tiempo transcurrido entre el momento en que ocurrió la vulneración de derechos fundamentales que se alega y el de la presentación de la demanda de amparo.. En ese sentido. 242009. permanezcan en el tiempo. En ese sentido. la autoridad demandada también pudo haber incurrido en vulneraciones a los derechos de autodeterminación informativa y acceso a la información en materia reproductiva (como manifestación del derecho de acceso a la información pública) de G. IV. lo que en términos generales se denomina "agravio". En la resolución de fecha 27-I-2009. es posible afirmar que el agravio es de tipo actual cuando. esta Sala ha precisado que el proceso de amparo persigue que se imparta a las personas protección jurisdiccional contra cualquier acto u omisión de autoridad que estimen inconstitucional y que. se dijo que. derivadas de los efectos de la existencia de una presunta acción u omisión. para el presente caso. a su vez. como manifestación del derecho de acceso a la información pública. se ha sostenido -v.y generar una afectación difusa o personal en el ámbito jurídico del justiciable -elemento material-.los efectos jurídicos directos de dicha transgresión en la esfera particular de la persona que solicita el amparo. En cuanto al agravio de tipo actual.gr. y derechos reproductivos.que el ámbito temporal en el que puede aparecer o enmarcarse el agravio en cuestión se divide en dos rubros.
se puede entender que al momento de la presentación de la demanda. sin importar el plazo transcurrido entre el acto del cual deriva el agravio.si el lapso transcurrido entre el momento en que ocurrió la vulneración a los derechos fundamentales y el de la presentación de la demanda no sea consecuencia de la mera inactividad de quien se encontraba legitimado para promover el respectivo proceso de amparo. la peticionaria aún gozaría de su capacidad reproductiva de no ser por el acto impugnado. Por otra parte. consecuentemente. 9 . y que la demanda mediante la cual se ha dado inicio al presente proceso de amparo fue presentada a la Secretaría de este Tribunal el 23-IX-2014. en atención a la naturaleza del derecho sujeto de protección jurisdiccional en el presente caso –el derecho a la salud–.se entendería que ya no soporta en su esfera jurídica. es el derecho a la salud –en su manifestación como derecho a la salud reproductiva–. en especial. tal y como lo afirma la peticionaria. desarrollar plenamente su personalidad y sus potencialidades. al menos de manera directa e inmediata. se observa en primer lugar. A. atendiendo a lo establecido en la jurisprudencia de esta Sala. Por lo tanto. Máxime cuando se hace referencia a transgresiones de carácter irreversible. En ese sentido. independientemente de espaciamiento temporal entre el acto reclamado y la búsqueda de tutela jurisdiccional por parte del mismo. B. partiendo de la anterior definición. que el elemento material del agravio que aparentemente se le ha ocasionado ha perdido vigencia. se advierte que el acto reclamado en la presente demanda se materializó el día 23-XII-2010. y la presentación de la demanda de amparo. por un lado. el agravio de transcendencia constitucional alegado goza de actualidad. Sin embargo. cualquier transgresión a este derecho deriva en una afectación que permanece en la esfera subjetiva de derechos de la persona a lo largo del tiempo. al considerar las circunstancias fácticas planteadas por la parte actora. por lo que. debe advertirse que la salud representa una de las condiciones esenciales que posibilita a los sujetos tener una existencia física digna y. para determinar si un agravio posee actualidad se deberá analizar -atendiendo a las circunstancias fácticas de cada caso concreto y. pues en el caso de no encontrarse objetivamente imposibilitado para requerir la tutela de sus derechos y haber dejado transcurrir un plazo razonable sin solicitar su protección jurisdiccional -volviendo con ello improbable el restablecimiento material de dichos derechos. se observa que la demandante se encontraba en la etapa temprana de su edad reproductiva al momento de llevarse a cabo el acto reclamado. Entonces. que el derecho que se considera vulnerado en este caso. sin perjuicio de circunstancias eventuales e inciertas que pudiesen haber afectado a la demandante. con ello. a la naturaleza de los derechos cuya transgresión se alega. En el caso concreto. Es decir que. 2.continuar ejerciendo materialmente las facultades subjetivas derivadas de un derecho del cual se tiene o se ha tenido su titularidad. los efectos negativos que la actuación impugnada le ha causado y.
C. que según la abogada Pérez derivaron en la realización de un procedimiento descrito como “esterilización forzosa” sobre su mandante. por una parte. pues alega que los proveedores de salud del Hospital de Maternidad condicionaron el acceso de la paciente y su hijo no nacido a la atención médica. se concluye que este Tribunal se encuentra habilitado para controlar la constitucionalidad de la actuación cuestionada. y acceso a la información en materia reproductiva. corresponden a solicitudes de acceso a la información clínica de la demandante. integridad física y moral. VI. una vez delimitado el acto impugnado y los motivos de inconstitucionalidad que se arguyen. 304-2010. En definitiva. sin que ello signifique adelantar opinión alguna sobre el fondo de la cuestión controvertida. a pesar de mediar una supuesta acta de consentimiento. el fumus boni iuris hace alusión –en términos generales– a la apariencia fundada del derecho y su concurrencia en el caso concreto se obtiene analizando los hechos alegados por las partes con las restantes circunstancias que configuran la causa. D. se analizarán las posibles vulneraciones de trascendencia constitucional derivadas de la falta de acceso de la peticionaria y su apoderada a sus expedientes médicos en virtud de una posible afectación a su derecho a la autodeterminación informativa. corresponde en este apartado examinar la posibilidad de decretar una medida precautoria en el presente amparo. lo cual habría vulnerado sus derechos a la salud reproductiva como manifestación del derecho a la salud-. a la previa firma de una autorización. a saber: la probable existencia de un derecho amenazado –fumus boni iuris– y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso –periculum in mora–. no discriminación y trato digno. Ahora bien. Acotado lo anterior y habiéndose constatado que la demanda cumple con los requisitos mínimos de admisibilidad y procedencia establecidos por la legislación procesal y jurisprudencia aplicable. Además. pronunciada en el Amp. se observa que las posibles vulneraciones a otros derechos fundamentales de la peticionaria. debido a que se observa actualidad en el agravio respecto de la esfera jurídica de la peticionaria con relación al acto reclamado. en virtud de que. resulta necesario señalar que la adopción de una medida cautelar en un proceso de amparo se apoya sobre dos presupuestos básicos. Raúl Arguello Escolán”. Por 10 . igualdad. Dichas actuaciones son atribuidas al Director del Hospital Nacional de Maternidad “Dr. con arreglo a las circunstancias expuestas. V. Además. Al respecto. las cuales fueron planteadas el 4-IV-2014. la misma fue suscrita por la paciente bajo condiciones coercitivas. En relación con los presupuestos antes mencionados. tal como se sostuvo en la resolución del 23-X-2010. derivados de la falta de acceso de esta y su apoderada a su expediente médico. su admisión se circunscribirá al control de constitucionalidad de las acciones llevadas a cabo por el Director del Hospital de Maternidad. lo que permite formular una respuesta jurisdiccional afirmativa a la viabilidad jurídica de estimar la pretensión.
En ese sentido. resulta pertinente solicitar la opinión técnica del presente caso a: (i) el Fiscal General de la República. Si bien el acto impugnado en el caso concreto de la paciente G. Adicionalmente. que podrían derivar en vulneraciones generalizadas y sistemáticas de trascendencia constitucional. el art. en la que no existen efectos que sean susceptibles de ser suspendidos mediante la adopción de una medida cautelar. y. ordenar la suspensión de los efectos del acto reclamado.Cn. constituye un acto consumado e irreversible. En el presente caso existe apariencia de buen derecho en vista de que la abogada de la parte actora invoca y justifica la presunta vulneración a derechos de rango constitucional y la exposición de circunstancias fácticas y jurídicas en que se hace descansar aquélla. 2. VII. ya que la admisión de la demanda se ha circunscrito a un hecho consumado e irreversible. 3. la descripción fáctica de la demanda sugiere la posibilidad de que existan protocolos. establece que: “Será procedente ordenar la suspensión provisional inmediata del acto reclamado cuando su ejecución pueda producir un daño irreparable o de difícil reparación por la sentencia definitiva”. por lo que. 4. a quien le corresponde velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos (art.M. 194 romano I ordinal 1° Cn.otra parte. este Tribunal considera pertinente solicitar al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. el Tribunal considera pertinente solicitar información a aquellas instituciones que forman parte del Ministerio Público y a otras instituciones. el periculum in mora –entendido como el peligro en la demora– importa el riesgo de que el desplazamiento temporal del proceso suponga un obstáculo real para la materialización efectiva de las consecuencias derivadas de una eventual sentencia.). 20 L. directrices o practicas -o la ausencia de ellas-. a quien le corresponde defender los intereses del Estado y la sociedad (art. directrices y protocolos para los procedimientos de esterilización de pacientes con VIH –tanto mujeres como 11 . a criterio de esta Sala resulta procedente hacer requerimientos de informes a distintas autoridades del Ministerio Público y otras instituciones a fin de poder identificar la posible existencia de afectaciones de rango constitucional asociadas al caso en cuestión. deberá requerírsele a la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social que informe a este Tribunal si existen normas. impidiendo de esta forma la plena actuación de la actividad jurisdiccional. en este caso. Aunado a lo anterior. por lo que resulta improcedente. 193 inciso 1° Cn. respecto del trato de pacientes con VIH en circunstancias similares a las de la demandante. Pese a ello. que informe sobre la existencia o no de otras denuncias similares a la planteada por la parte actora respecto de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos de los miembros de las personas portadoras de VIH. no se observa que exista un efectivo peligro en la demora. en orden a delimitar los términos del debate y brindar una tutela integral sobre los derechos fundamentales en cuestión. Lo anterior.). En ese sentido.Pr. (ii) al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. por las siguientes razones: 1. Por otro lado.
planificar. integridad física y moral. emitida en el Amp. 5. y derechos reproductivos y sobre todo. que el presente caso conlleva aspectos ético-jurídicos relacionados al tratamiento de pacientes portadores del VIH. bajo consulta directa o por iniciativa propia”. Finalmente. multidisciplinario e independiente que brinda apoyo técnico al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. dictar las normas pertinentes. Esta Sala advierte además. es pertinente requerir a la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador (CNBES) – organismo de “utilidad pública” según sus estatutos– que se pronuncie respecto de la existencia de recomendaciones y protocolos para los procedimientos de esterilización de personas portadoras de VIH. 934-2007. es un organismo plural. según resolución ministerial n° 212 del 21-X-2012. un informe respecto a las acciones por parte de la institución que preside con relación a las recomendaciones hechas por el Procurador de Derechos Humanos en su resolución de fecha II-V-2014. VIII. 6. una de las principales funciones que la jurisdicción constitucional desarrolla en la tramitación de los procesos de su competencia es despejar con carácter definitivo el conflicto constitucional que se ha planteado. solicitarle a la señora Ministra de Salud Pública y Asistencia Social. y casos análogos al de la demandante. en caso afirmativo. puesto que a dicha Secretaría de Estado le corresponde determinar. en virtud de la naturaleza del agravio a tales derechos fundamentales. Lo anterior puesto que dicha Comisión. Además. y como función “a) Emitir informes. el cual tiene como objetivos: “a) asesorar al Gobierno. organizar. la posibilidad de que estas supuestas transgresiones puedan estarse llevando a cabo de forma sistemática y generalizada en contra de las personas con VIH positivo. los cuales son propios de la bioética –entendida como el estudio de las implicaciones morales y sociales e las nuevas tecnologías que resultan del avance de la ciencia–. propuestas y recomendaciones en temas de agenda nacional con implicaciones bioéticas y sociales. coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas a la salud –art. Por tanto.hombres-. 1. con relación al expediente SS-0545-2012 de dicha institución. Tal como se acotó en la sentencia de 4-III-2010. en orden a dar una tutela pronta. las organizaciones sociales y otros grupos de interés sobre problemas que competen a la bioética […] c) Publicar y divulgar recomendaciones sobre cuestiones bioéticas que tengan influencia en la actividad normativa…”. debe tomarse en cuenta que la cuestión objeto de conocimiento de este Tribunal –la presunta violación a los derechos a la salud. y ejecutar la política nacional en materia de salud. y el tratamiento de embarazos de mujeres portadoras de VIH y. cuál es su contenido. deben hacerse ciertas consideraciones respecto a la tramitación del presente proceso de amparo y la concentración de sus actos procesales. el tratamiento de embarazos de mujeres portadoras de VIH. Esta función pacificadora de la interpretación 12 . 40 y 41 del Código de Salud y 42 del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo– . especialmente con relación a los procedimientos de esterilización y tratamiento de embarazos de estos pacientes.
con el único objeto que se pronuncie respecto a la existencia o no del acto reclamado. es decir. como tal. lleva consigo indudablemente importantes consecuencias. como el reconocimiento a dicha Sala de una capacidad de innovación y autonomía procesal. Ahora bien. En ese sentido. flexible y garantista. El hecho de que la Ley de Procedimientos Constitucionales. el art. sí le posibilita dar respuesta a las lagunas existentes y a la acomodación de los procesos mediante la aplicación directa de las demandas que cada derecho o disposición constitucional reporta para su adecuada y real protección. Sin embargo. Luego de estas afirmaciones. lo que implica que en la práctica este informe no sea rendido efectivamente a las 24 horas de admitida la demanda y se retarde con ello la siguiente etapa procesal. En otras palabras.Pr. es una normatividad derivada y al servicio del Derecho Constitucional material. el auto que confirma o revoca la medida 13 . puede ocurrir que la notificación de dicho auto se demore ante la cantidad de asuntos pendientes por comunicar. son funciones que le corresponden al propio tribunal constitucional. en adelante L. principalmente por su carácter preconstitucional.Cn. no contenga una regulación apropiada de los cauces procesales que la Sala de lo Constitucional deba utilizar para la real actualización y concreción constitucional. y evitar el ritualismo y las interpretaciones que supediten la eficacia del derecho a aspectos puramente formales o literales.. también la tramitación del proceso de amparo debe realizarse en función del derecho que pretende tutelar. 2. prevé que en la resolución donde se admita la demanda. puede concluirse que el Derecho Procesal Constitucional. dinámico. Desarrollar los contenidos constitucionales por medio de la interpretación del Derecho Procesal Constitucional y afirmar con ello la singularidad de los procesos constitucionales. también responda real y efectivamente a ésta. lejos de ser entendido en un sentido meramente privatista. sin necesidad de fundamentar nada al respecto. no implica la alteración o anulación de los cauces mediante los cuales se ejercen las competencias que por Constitución le corresponden.constitucional obliga a que el estatuto jurídico-procesal que desarrolla las actuaciones del máximo intérprete de la Constitución. el Derecho Procesal Constitucional debe ser entendido como un derecho al servicio del cumplimiento de la Constitución y. dada su especial posición dentro del sistema judicial y la necesidad de flexibilidad y capacidad de adaptación de la Constitución. 21 L. Si bien esta capacidad de la Sala. se pida un primer informe al sujeto pasivo del amparo –a rendir en un plazo de 24 horas.Cn. lo que implica que su estructura debe responder como una verdadera garantía que atienda tanto a las demandas formuladas por los particulares (tutela subjetiva de derechos fundamentales) como a las exigencias generales del Estado Constitucional de Derecho (defensa objetiva de la Constitución).Pr.
Cn.).Pr. debiendo el juez concentrar en una misma sesión todos los actos que sea posible realizar. contra el Director del Hospital Nacional de Maternidad “Dr. 22. Tiénese a la abogada Crissia Esmeralda Pérez como apoderada de la señora G. De igual manera. deberá solicitarse a la autoridad demandada que rinda su respectivo informe en un plazo de cinco días hábiles. sino también sobre los fundamentos y las razones en que apoye la constitucionalidad del acto o la inexistencia del mismo. contestando la demanda. 11 del Código Procesal Civil y Mercantil –C. este plazo de tres días empieza a contar al día siguiente a aquel en que se notifica efectivamente la resolución.Cn. en la calidad antes descrita.Pr. justificada por la urgente necesidad de dar una pronta respuesta a la reclamación de tutela de los derechos fundamentales en juego en el presente caso. 2.M. 20. Por todo lo expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 12.Pr. Este segundo informe deberá rendirse en un plazo de tres días –según lo prevé el art. 21. Trasladando dichas nociones a este caso. 19. que habrá una concentración de actos procesales. Expuesto lo anterior. pues se le requiere al Fiscal General de la República su intervención directa en defensa de los intereses del Estado y de la sociedad (art. 193 ord. este Tribunal considera pertinente omitir los traslados a la Fiscal de Corte –previstos en la L. esta Sala RESUELVE: 1. exponiendo los fundamentos de su posición incluyendo además información respecto de las directrices. sus fundamentos y la resistencia de las autoridades demandadas. en virtud de los derechos fundamentales en riesgo y de las características propias del caso. procurará en una misma resolución todos los puntos pendientes. para tener oportunamente delimitadas las actuaciones reclamadas. el art. 3. 21 y 26 L. Por otro lado.. y ante la necesidad de procurar celeridad en la tramitación de este proceso. Y es que. Raúl Arguello Escolán”. afirmando o negando los hechos. 18. asimismo.. es pertinente que en esta resolución se requieran los informes a los que se refieren los arts. ya no simplemente para que la autoridad se pronuncie sobre la existencia o no del acto u omisión reclamados. por las supuestas vulneraciones a los derechos a la salud reproductiva –como manifestación del 14 .C. es decir. Cn..cautelar adoptada y que manda a pedir un segundo informe al sujeto pasivo. Admítese la demanda incoada por la abogada Pérez. 26 L.M. 23 y 79 inciso 2º de la Ley de Procedimientos Constitucionales. en virtud de haber acreditado de forma debida la personería con la que actúa en el presente proceso.Pr. 1º Cn. lineamientos y prácticas para el tratamiento de mujeres portadoras del VIH en estado de embarazo. de aplicación supletoria de los procesos constitucionales establece que los actos procesales se realizarán con la mayor proximidad temporal entre ellos.
Requiérase a la Ministra de Salud Pública y Asistencia Social y a la Comisión Nacional de Bioética de El Salvador –CNBES–. directrices y protocolos para los procedimientos de esterilización de mujeres. afirmando o negando los hechos. exponiendo los fundamentos de su posición. y autodeterminación informativa de su mandante. cuál es su contenido. que provean su opinión técnica respecto del caso. Tome nota la Secretaria de esta Sala del lugar señalado por la apoderada de la demandante para recibir actos procesales de comunicación. 9. todo ello en el plazo de cinco días hábiles. en un plazo de cinco días hábiles. Rinda informe la autoridad demandada. en el plazo de cinco días hábiles. 15 .derecho a la salud-. derecho de acceso a la información. que informen a este Tribunal sobre la existencia de normas. 3. Notifíquese. en caso afirmativo. Identifique la autoridad demandada el lugar o medio técnico por el cual desean recibir los actos procesales de comunicación. 6. en el plazo de cinco días hábiles. no discriminación y trato digno. integridad física y moral. 7. Requiérase al Fiscal General de la República y al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 8. contestando la demanda. 5. igualdad. 4. Requiérase al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos que informe sobre la existencia o no de otras denuncias similares a la planteada por la parte actora respecto de violaciones a los derechos reproductivos de los miembros de las personas portadoras de VIH. y el tratamiento de embarazos de mujeres portadoras de VIH y.
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