Source: http://paradaabogados.com/es/jrp/839-incongruencia-de-las-resoluciones-judiciales-y-nulidad-procesal
Timestamp: 2020-04-07 03:37:15+00:00

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en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
La Jurisprudencia Constitucional ha desarrollado asimismo el principio de congruencia en la Sentencia Constitucional Nº 0486/2010-R de 5 de julio, donde ha razonado que:
"El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la Resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia…".
Razonamiento que es reiterado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales Nº 0255/2014 y Nº 0704/2014. De donde se deduce que en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita”, que se produce al otorgar más de lo pedido; extra petita, al extender el pronunciamiento a cuestiones no sometidas a la decisión del Tribunal; y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
En este entendido, se ha orientado a través del Auto Supremo Nº 304/2016 que citando al Auto Supremo Nº 11/2012 de fecha 16 de febrero de 2012, señala:
“Que, Todo Auto de vista deberá circunscribirse a los puntos resueltos por el inferior y que hubieren sido objeto de la apelación conforme lo determina el art. 236 del Código de procedimiento Civil, toda vez que la infracción de este principio determina la emisión de fallos incongruentes como: a) Auto de Vista Ultra Petita, cuando el tribunal de alzada se pronuncia más allá del petitorio o los hechos; b) Auto de Vista extra petita, cuando el tribunal a quem se pronuncia sobre un petitorio o hechos no alegados; c) Auto de Vista citra petita, en el caso en que el tribunal de alzada omite totalmente el pronunciamiento sobre las pretensiones formuladas; d) Auto de Vista infra petita, cuando el tribunal a quem no se pronuncia sobre todos los petitorios o todos los hechos relevantes del litigio; omisiones y defectos del Auto de Vista que infringen el debido proceso.”.
En consecuencia de la revisión de los reclamos en la forma señalados supra, se tiene que el recurrente alega la falta de congruencia en la resolución de segunda instancia, en el entendido de que el Ad quem se habría pronunciado de manera oficiosa y de forma ultra petita en cuanto al pago de daños y perjuicios dispuesto favorablemente a la demandante, refiriendo que sobre el tema no existiría reclamo alguno de la parte demandada como para disponer su modificación, en el entendido que la parte afectada no hubiese interpuesto recurso de apelación sobre este tópico.
Sobre el particular corresponde señalar el entendimiento asumido en el punto III.2 de la doctrina aplicable al caso, en sentido que la congruencia es la correlación existente de lo solicitado y lo dispuesto; es decir que los Tribunales de segunda instancia deben circunscribirse a resolver los puntos que fueron objeto de apelación, caso contrario en el hipotético de desconocer ese marco de congruencia la resolución pecaría de ultra, citra o extra petita.
En el caso que nos ocupa, de la revisión minuciosa del recurso de apelación interpuesto por la demandada G.M.M., por memorial de fs. 253 a 257 vta., de obrados se evidencia que lo acusado resulta evidente, debido a que la parte demandada a tiempo de interponer el recurso de apelación señalado supra en contra de la Sentencia de primer grado; en ninguno de los puntos impugnados hacer referencia al tema de los daños y perjuicios dispuestos por el A quo en favor de la demandante; empero el Tribunal de Apelación de forma ultra petita ha procedido a revocar en parte la Sentencia. Actitud que no resulta viable, ya que; del análisis de la Sentencia y contrastación con el memorial de apelación, se advierte que sus reclamos giraban en todo a que la demandante debió interponer la acción de anulabilidad del documento por falta de consentimiento y no así la nulidad por no existir error esencial que recaiga sobre la naturaleza o el objeto del contrato, por otra parte cuestiona el hecho de que al haber la demandante transferido el 50% de sus acciones y derechos no tenía la facultad de pedir la nulidad de todo el documento y pedir la cancelación total de la su partida de registro, así como la aplicación el art. 1299 del Sustantivo Civil entre otros.
De ello se infiere que el Tribunal de segunda de forma ultra petita ha referido sobre este tópico señalando de manera textual que: “respecto de la existencia de daños y perjuicios a favor de la demandante, no se ha justificado tal situación, menos existe prueba alguna al respecto”, disponiendo en la parte resolutiva confirmar la Sentencia, “con la modificación que no procede el pago de daños y perjuicios a favor de la demandante”; determinaciones que; como se expuso que al no haber sido reclamadas en apelación, por sindéresis jurídica pecan de incongruentes, extremo que demuestra la vulneración del art. 236 del Código de Procedimiento Civil, haciendo viable la nulidad solicitada.
Por los fundamentos expuestos corresponde emitir Resolución en la forma prevista en el art. 220.III num. 2 inc .a) del Código Procesal Civil.
POR TANTO.- La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el art. 42.I num. 1) de la Ley del Órgano Judicial de 24 de junio de 2010, y art. 220.III num. 2 inc. a) del Código Procesal Civil (Ley Nº 439), ANULA el Auto de Vista de 10 de diciembre de 2015, que cursa de fs. 391 a 394, pronunciado por la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, cursante de fs. 391 a 394, disponiendo que el Ad quem sin espera de turno y previo sorteo dicte nuevo Auto de Vista de forma congruente en atención al recurso de apelación planteado, en sujeción al art. 265 del Código Procesal Civil y consideración a los fundamentos de la presente resolución.
(Auto Supremo 262/2017, del 09 de marzo del 2017)

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