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Portada | Política Exterior | Violación en tiempos de guerra
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Investigadora de la división de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch (HRW).
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Palabras contra el delito. Manifestación de mujeres en denuncia de la violencia sexual en Darfur (Nairobi, 7 de diciembre de 2006). AP
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Ruanda, Yugoslavia, Liberia, Chechenia, Congo, Sudán, República Centroafricana… en todos los conflictos recientes las mujeres y las niñas han sufrido la violencia sexual como forma de tortura, humillación del enemigo o como un acto de genocidio para destruir un grupo étnico.
La violación o la amenaza de violación no deja a ninguna mujer indemne. Puede que escaseen las estadísticas, pero toda mujer o niña tiene una amiga o un familiar que ha sufrido la violencia sexual. Toda mujer o niña, sea cual sea su nacionalidad o credo, sabe que la violación es algo que podría sucederle.
No obstante, la legislación sobre violencia sexual en muchos países no refleja la condena general a la violación. En México, la violación de una hija adolescente por parte de su padre se considera voluntaria hasta que se demuestre lo contrario. Y en Etiopía, el abuso de una mujer a manos de su marido no se considera una violación. En la mayoría de los países del mundo, mujeres y niñas que declaran haber sido violadas son sometidas a un interrogatorio –con frecuencia intimidatorio– sobre su pasado sexual, la ropa que llevaban en el momento de la agresión y su actitud general con respecto al sexo. En esos casos, la ley y la forma en que se aplica reflejan el sentimiento dominante de que, aunque la “violación es algo malo”, las mujeres y las niñas en determinadas circunstancias deberían resignarse al sexo involuntario (esto es, a la violación), ya que su condición familiar, su atuendo o su actividad sexual anterior de algún modo manifiestan su conformidad general con el sexo en todo momento.
Parece que existe solamente un tipo de violación que cuenta con un auténtico consenso sobre su naturaleza indeseable: su uso como arma de guerra. Aun así, el historial a la hora de impedir las violaciones en tiempos de guerra es atroz. La violencia sexual dirigida a mujeres y niñas ha sido una característica prominente –y prominentemente horrenda– en todos los conflictos recientes y en las zonas de guerra una vez finalizados los enfrentamientos.
En un estudio de las Naciones Unidas realizado en 2005 en zonas afectadas por el conflicto de Costa de Marfil, los entrevistados calificaban el temor a la violencia sexual como uno de los principales problemas de seguridad, por encima de la extorsión, los trabajos forzosos, las amenazas, los asesinatos y otras formas de violencia física. Durante el conflicto armado en República Democrática del Congo y hasta la fecha, decenas de miles de mujeres y niñas han sido violadas o sometidas a violencia sexual. Algunas víctimas cuyos casos ha documentado Human Rights Watch tienen sólo tres años de edad.
El problema es omnipresente. Las organizaciones de derechos humanos y humanitarias hablan de violencia sexual en Afganistán, Burundi, Chad, Colombia, Costa de Marfil, Liberia, Perú, Ruanda, Sierra Leona, Sudán, Chechenia/ Federación Rusa, Uganda y la ex Yugoslavia, por mencionar sólo algunos países. Los medios de comunicación internacionales apenas se han hecho eco de las violaciones casi diarias e indecibles que se cometieron en tiempos de guerra y siguen cometiéndose en la actualidad en la RDC y en Darfur, (Sudán). En este país, ni el gobierno ni las fuerzas de paz internacionales son capaces de garantizar la protección de miles de mujeres y niñas que sufren violaciones y ataques brutales por parte de las fuerzas gubernamentales y de los grupos armados.
La mujer como territorio enemigoVivi Vivi Alto Alto HomeFacebook Vivi HomeFacebook Alto sdtrQh
De hecho, no existe ningún conflicto en la historia reciente en el que las mujeres y las niñas no hayan sido objeto de la violencia sexual, ya sea como una forma de tortura, como un método para humillar al enemigo o con vistas a propagar el terror y la desesperación. Existen varios motivos para el uso continuado y posiblemente en aumento de la violación como un arma de guerra.
En primer lugar, se reconoce cada vez más que la violación seguirá entendiéndose como un método eficaz para desalentar al enemigo mientras se siga considerando a las mujeres subordinadas y desiguales respecto a los hombres, también en tiempos de paz. Las mujeres, percibidas como apéndices del hombre, se convierten en un símbolo de la propiedad personal del enemigo y de su honor, y sus cuerpos se convierten en territorio enemigo que hay que ocupar. Un sanitario de Darfur me dijo que antes creía que los combatientes violaban a las mujeres por placer sexual. Pero luego vio que los atacantes marcaban a las mujeres de las que habían abusado con sus cuchillos y que otros combatientes no solían violar a las mujeres marcadas. “Ya habían sido conquistadas”, precisaba. “Ya no eran mujeres honorables, no valían ni para ser arrebatadas al enemigo”. A la luz de esto, es evidente que una política preventiva al menos parcialmente efectiva sería el fomento de una igualdad más generalizada, sobre todo en lo relativo a la condición de la mujer en su familia y sus comunidades.
En segundo lugar, se reconoce cada vez más que la violación en tiempos de guerra es una extensión de la violencia sexual contra las mujeres en tiempos de “paz”, cuando la impunidad de los agresores es la norma más que la excepción. En 2006, en el primer estudio sobre la violencia contra las mujeres, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, llegaba a la deprimente conclusión de que los Estados obvian “en un grado inaceptable” su deber de prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.
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El fracaso de la prevención es claro: la violencia sexual constituye un problema grave casi en todas partes. Y aunque la falta de unas estadísticas gubernamentales como es debido impide evaluar detalladamente por qué no se juzga y se castiga a los autores de la violencia sexual, muchos Estados reconocen el gran desfase entre las violaciones reales, las documentadas y las demandas judiciales que logran salir adelante.
Como es lógico, el éxito de las iniciativas de prevención y el procesamiento judicial están intrínsecamente vinculados: que no se emprendan acciones legales, algo condenable en sí mismo, también tiene un impacto en las iniciativas para impedir la violencia en el futuro. Y no prevenir la violencia contribuye a su normalización y, por tanto, a un índice todavía más bajo de denuncias y juicios. Como se señalaba en el informe del secretario general: “Cuando el Estado no hace responsables a los artífices de la violencia y la sociedad autoriza explícita o tácticamente esa violencia, la impunidad no sólo anima a cometer otros abusos, sino que también da a entender que la violencia del hombre contra la mujer es algo aceptable y normal”.
La violencia sexual en una situación de conflicto no es una excepción: las campañas de prevención se quedan cortas y a los agresores a menudo se les permite continuar impunemente con sus abusos. Es más, algunos se fomentan. A principios de 2008, el gobierno sudanés nombró a un conocido líder de la milicia janjaweed, Musa Hilal, asesor especial del presidente. El departamento de Estado de Estados Unidos consideraba a Hilal uno de los seis líderes milicianos presuntos responsables de delitos graves en Darfur, entre ellos la violencia sexual, y tiene una prohibición para viajar por parte de la ONU. Su ascenso supone una bofetada para las víctimas de Darfur. Es un recordatorio descorazonador para las víctimas de todo el mundo de que la justicia brilla por su ausencia.
Una legislación de más peso
Sin embargo, hay también buenas noticias. Durante la pasada década se han dado pasos importantes a escala internacional para establecer una normativa y condenar las violaciones en tiempos de guerra. A comienzos de los años noventa, los tribunales creados expresamente por el Consejo de Seguridad recibieron la orden de juzgar los delitos contra la ley humanitaria internacional en la ex Yugoslavia y Ruanda. Los estatutos de los tribunales creados para juzgar lo sucedido en esos dos conflictos incluían, por primera vez y de manera específica, la violación como crimen contra la humanidad.
Los avances normativos de los dos estatutos especiales del tribunal se consolidaron en 1998 con el Estatuto de Roma, que instauraba la Corte Penal Internacional (CPI). En este tratado internacional, la definición de crímenes contra la humanidad también incluye “la violación, la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y la esterilización forzados, o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” cuando “se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil”.
Cabe señalar que el Estatuto de Roma clarificaba que los autores serán considerados responsables de lo que para algunos sería “un desafortunado subproducto de la guerra”, el argumento de que “los chicos siempre se comportan como chicos”, para justificar las violaciones en conflictos bélicos. Aunque el autor de crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra sólo puede ser acusado de un delito cometido con “intencionalidad y conocimiento”, según la definición del estatuto, esta intencionalidad o conocimiento incluye la mera conciencia de que el crimen se produciría en el transcurso normal de los acontecimientos. En otras palabras, el Estatuto de Roma no sólo desecha la justificación de que “los chicos siempre se comportan como chicos”, sino que la convierte en una prueba potencial de intención: si un superior sabe que sus soldados probablemente van a violar a civiles en el transcurso de los acontecimientos, según la doctrina de la responsabilidad de mando, él puede ser responsable ante la ley por no hacer nada por evitarlo.
Por desgracia, pese a una atención cada vez mayor y a una mejor normativa en este ámbito, el historial de procesamientos, condenas y, en última instancia, prevención es pésimo.
Los tribunales especiales de Ruanda y la ex Yugoslavia han acusado a algunos individuos de delitos que implicaban violación o agresión sexual, y ambos han creado jurisprudencia. Por ejemplo, en las resoluciones de estos tribunales, se determinó por primera vez en un tribunal internacional que la violación y la esclavitud sexual eran crímenes contra la humanidad, y que la violación podía constituir un acto de genocidio si se producía con la clara intención de destruir a un grupo étnico. La jurisprudencia ha contribuido también a una definición más moderna de violación y violencia sexual como un atentado contra la integridad física. Previamente, la principal definición de violación en tiempos de guerra era la de las Convenciones de Ginebra, en las que la violencia sexual se consideraba únicamente una violación del honor y la decencia. Esta definición respalda de manera tácita la idea de que, en cierto sentido, las mujeres son especialmente importantes como símbolos de los valores de la comunidad, más que como seres humanos individuales.
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No obstante, los tribunales especiales no han cumplido las expectativas que despertaron. Ni siquiera sus fallos favorables mitigan la desconexión existente entre la realidad y la legislación. Mientras las investigaciones independientes, las noticias y los testimonios de las víctimas de Ruanda y la ex Yugoslavia confirman el uso extendido de la violación en los conflictos de estos países, las acusaciones de estos tribunales y, todavía más, las condenas por cargos de violación han sido deplorablemente escasas.
Todavía es pronto para juzgar en qué grado la CPI ha estado a la altura de su potencial para procesar la violación en tiempos de guerra, sobre todo porque la Corte todavía no ha iniciado su primer juicio. La CPI ha dictado órdenes de arresto para presuntos autores de delitos en tres países en conflicto: RDC, Uganda y Sudán (Darfur). Ha abierto una cuarta investigación en República Centroafricana y ha empezado a prepararse para su primer proceso judicial (contra uno de los tres acusados de RDC), que dará comienzo en breve. Varias organizaciones de defensa de los derechos humanos y medios de comunicación independientes han documentado la utilización de la violación como arma de guerra en los cuatro conflictos examinados por la Corte. La capacidad de este tribunal para aplicar penas en estos casos dependerá en parte de las pruebas que recabe su grupo fiscal, y en parte de si se estructura la investigación de modo que puedan obtenerse los indicios necesarios. Lo primero es una cuestión de habilidad; lo segundo, de voluntad política: ambas cosas se pondrán a prueba durante los próximos dos años.
Pero ningún actor internacional ha tenido tanto poder para hacer algo sobre la violación en tiempos de guerra ni un historial tan decepcionante como el Consejo de Seguridad de la ONU. El resto de este artículo explorará qué lo motiva y qué puede y debe hacerse al respecto.
Las buenas intenciones de la ONU
El Consejo de Seguridad se rige por la Carta de la ONU para abordar situaciones que supongan una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Tiene poder para castigar a aquellos países que libren una guerra sin una verdadera causa –particularmente si no es en defensa propia– o mediante métodos ilegales, como la utilización de niños-soldado y, por supuesto, el uso de la violación como arma de guerra. Pese a este mandato, el Consejo ha hecho poco hasta la fecha por impedir las violaciones en tiempos de guerra o por castigar a los Estados donde se cometen con conocimiento de las autoridades. De hecho, puede parecer que en ocasiones ha evitado hacerlo conscientemente.
Con sus palabras e intenciones, el Consejo de Seguridad ha señalado claramente la necesidad de abordar con contundencia las violaciones perpetradas en conflictos. En 2000, el Consejo adoptó un programa para tratar el vínculo entre su mandato y la forma en que las mujeres y las niñas se ven afectadas por los conflictos de manera distinta a los hombres y los niños. Este programa forma parte de la resolución 1325/2000, que incluye un llamamiento urgente a poner fin a la impunidad de la violencia sexual y una apelación al sistema de la ONU para recabar información sobre cuestiones relacionadas con mujeres y niñas en conflictos y a facilitarla al Consejo de Seguridad.
Sin embargo, las medidas para respaldar estas buenas intenciones han sido escasas. Desde 2000, cada mes de octubre el Consejo ha celebrado el aniversario de la resolución 1325 anunciando la importancia de la perspectiva sexual en su labor, y luego prácticamente la ha ignorado el resto del año. A modo de ejemplo, desde 2000, de las más de 30 resoluciones aprobadas sobre la situación en la RDC –un conflicto marcado por unos altos niveles de violencia sexual–, menos de cinco hacen referencia a la resolución 1325 y, por tanto, aunque sea de manera indirecta, a la importancia de proteger a las mujeres. Asimismo, en el caso de Sierra Leona, de las más de 20 resoluciones refrendadas desde 2000, sólo una menciona la resolución 1325. Sudán parece haber sido la excepción a esta norma: la 1325 aparece en una mayoría abrumadora de las resoluciones aprobadas por el Consejo de Seguridad en relación con la violencia en Darfur.
En parte, el Consejo se ve obstaculizado por una falta de información. La preponderancia y las pautas de la violación y la violencia sexual tienen, por lo general, una presencia escasa en los informes que el Consejo de Seguridad encarga y recibe de las oficinas sobre el terreno de la ONU. Existen dos razones que lo explican. En primer lugar, el Consejo a menudo no solicita que se incluya información sobre delitos sexuales en los informes: un primer error crucial. En segundo lugar, incluso cuando el Consejo pide específicamente información sobre las violaciones y los abusos sexuales (y, con frecuencia, cuando los informes independientes han descubierto que la violación y la violencia sexual están omnipresentes sobre el terreno), los partes remitidos sobre países concretos suelen guardar silencio respecto al asunto.Vivi Vivi Alto Alto HomeFacebook Vivi HomeFacebook Alto sdtrQh
Pese a no disponer de información por escrito, podría hacerse más. Cuando el Consejo de Seguridad delibera sobre una situación determinada, sus miembros son libres de formular preguntas sobre el impacto diferencial de dicha situación en mujeres y niñas. Dado que casi todos los conflictos relevantes para el mandato del Consejo han conllevado o conllevan cierto grado de violencia sexual y otros efectos diferenciales en las mujeres y las niñas, las preguntas de esta naturaleza deberían convertirse en un elemento habitual de los debates, pero no es así.
Además, no existe un verdadero ánimo entre los miembros del Consejo por hacer algo al respecto de la información que sí reciben sobre las violaciones y la violencia sexual en siuaciones de guerra. Sin duda, la resolución 1325 garantiza la legitimidad de cualquier acción que quiera emprender el Consejo, pero no exige ninguna.
A consecuencia de ello, en varios casos el órgano máximo de la ONU ha optado por no actuar, pese a contar con información creíble sobre violaciones y violencia sexual que suponen una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Éste fue el caso, por ejemplo, durante los debates de julio de 2007 sobre la renovación del mandato de la misión de la ONU en Costa de Marfil. Aunque había recibido información acerca de unos niveles intolerablemente elevados de violencia sexual y de género, el Consejo adoptó un nuevo mandato que sólo contenía una referencia genérica a la necesidad de abordar esta cuestión.
Por el contrario, en el caso de RDC, el Consejo de Seguridad trató en diciembre de 2007 las abrumadoras pruebas sobre violencia sexual y de género de una manera específica, ordenando una revisión exhaustiva de las campañas de la ONU para impedir la violencia sexual y responder de forma adecuada. Para ello solicitó a la oficina del secretario general que aportara información trimestral sobre estas iniciativas.
La preocupación del Consejo de Seguridad por las situaciones relacionadas con la violencia sexual y de género y las acciones emprendidas en unos casos que suponen amenazas para la paz y la seguridad internacionales parece fluctuar y depender más de consideraciones políticas que de la grave naturaleza de los abusos. De hecho, la tibia atención del Consejo a las violaciones y la violencia sexual podría ser un síntoma de un problema más acuciante: la arraigada renuencia a abordar las violaciones, lo cual refleja el hecho de que los gobiernos nacionales no juzgan ni abordan la violencia contra las mujeres de una manera general. Resulta desalentador que algunos miembros del Consejo de Seguridad, sobre todo Rusia, China (permanentes) y Suráfrica (hasta finales de 2008) a veces describan la violación en conflictos bélicos como un problema que no compete al Consejo o que carece de una definición adecuada en la legislación. Aunque estas dos acusaciones son manifiestamente incorrectas, podría argüirse que parte de la inacción del Consejo significa que no comprende el verdadero impacto de la violación en la guerra ni su estrecha relación con la cuestión más general de la paz y la seguridad.
Pero independientemente de que el Consejo de Seguridad no secunde su declaración de intenciones de abordar la violencia sexual con medidas concretas debido a la falta de información, a la incomprensión o una falta de voluntad, la solución está, al menos en parte, en revelar los hechos: informar sobre la preponderancia real de la violación y la violencia sexual en los conflictos, sobre el modo en que la mutilación del cuerpo de mujeres y niñas se emplea como arma de guerra, y revelar a aquellos miembros del Consejo de Seguridad que siguen negándose a actuar.
El primer paso debe ser recabar información de manera más sistemática. Quienes trabajan en misiones de la ONU sobre el terreno en situaciones de conflicto están demasiado ocupados en su tarea y, además, muchas de estas misiones funcionan con unos fondos limitados teniendo en cuenta el alcance del mandato. Sin embargo, en el nivel más básico, las misiones de la ONU deberían recabar información sobre la violencia sexual contra mujeres y niñas. La prevención de esa violencia posiblemente haya estado siempre implícita en cualquier mandato de la ONU, sobre todo tras la resolución 1325. En este sentido, en su esfuerzo por obtener información sobre las violaciones perpetradas en un conflicto, el Consejo de Seguridad debe insistir en que las misiones cumplan los mandatos ya existentes.
En un sentido más práctico, una mera referencia a los mandatos existentes es una respuesta frívola al verdadero desafío de la obtención de información. En 2005, el Consejo de Seguridad pretendió resolver un problema similar sobre la violación de los derechos infantiles en situaciones de conflicto armado poniendo en marcha un mecanismo de control e información dedicado especialmente al uso de niños-soldado. Aunque el mecanismo todavía está en sus comienzos, se ha topado con múltiples desafíos; incluidos problemas de financiación y de personal, cuestiones de protección y preocupaciones éticas sobre el aprovisionamiento de servicios a los niños que los necesitan. Pero pese a estos problemas logísticos, el mecanismo del Consejo de Seguridad respecto a la utilización de niños-soldado ha tenido unos éxitos notables en su corta existencia. La valiosa experiencia de este mecanismo debe tenerse en cuenta cuando el Consejo se disponga a abordar con mayor intensidad el problema de las violaciones en tiempos de guerra.
Un segundo paso esencial es el análisis y el impulso estructural. En el pasado, dicho impulso ha provenido de diversos mecanismos: representantes especiales del secretario general, grupos de trabajo, equipos de expertos o reuniones especiales e informes específicos. En el caso de las violaciones en conflictos bélicos, la preponderancia y la naturaleza omnipresente del problema justifican un seguimiento y un control permanentes. En concreto, HRW cree que las lagunas del Consejo de Seguridad en el planteamiento de la violación y la violencia sexual podrían sortearse a través de un organismo subsidiario permanente y un mecanismo vinculado directamente al Consejo, con la misión de informar y controlar casos de violencia sexual y de género.
Una acción más contundente del Consejo de Seguridad no pondrá fin a la violencia sexual que se produce en los conflictos, del mismo modo que el control más sistemático sobre la utilización de niños-soldado no ha suprimido esta práctica abominable. Sin embargo, la experiencia demuestra que las condenas, la denuncia y la posible imposición de sanciones tienen un impacto en las acciones de las partes en conflicto.
Para las mujeres y las niñas que temen sufrir violaciones y abusos sexuales o que los padecen a diario en los conflictos continuados de Afganistán, Costa de Marfil, RDC, Darfur y otros lugares, las buenas intenciones reiteradas en las resoluciones de la ONU y las declaraciones presidenciales son casi insultantes cuando no vienen respaldadas por acciones. Estas mujeres y niñas no necesitan que las autoridades de la ONU y los diplomáticos les digan que lo que sufren es atroz, que supone una amenaza para sus vidas y que está mal. No necesitan palabras que describan su dolor. Necesitan hechos. Ha llegado el momento de que el Consejo de Seguridad acepte el reto de poner fin a las violaciones en los conflictos bélicos.
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