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Timestamp: 2020-08-14 04:57:40+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 153, de 24/02/2009
031/000007 Composición de la Junta de Portavoces. Altas y bajas ...
041/000011 Baja de don Josep Sánchez i Llibre y designación de doña Inmaculada Riera i Reñé como Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de Economía y Hacienda ... (Página 7)
161/000798 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el reconocimiento y reparación de los ciudadanos Gustau Muñoz i Bustillo, Agustín Rueda Sierra y demás víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia de actuaciones realizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución española ... (Página 8)
161/000785 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la delegación de funciones a la Generalitat de Cataluña en materia de modificaciones de planta judicial ... (Página 9)
161/000786 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la participación de la Generalitat de Cataluña en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y sus rendimientos ... (Página 10)
161/000787 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña
en materia de recurso de casación, creación del Consejo de Justicia y normalización lingüística... (Página 10)
161/000788 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la asunción de competencias por parte de la Generalitat de Cataluña en materia de justicia de paz ...
161/000789 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre la asunción de competencias por parte de la Generalitat de Cataluña en relación al personal no judicial de la Administración de Justicia ... (Página 12)
161/000794 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Repu-blicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, contra la criminalización e ingreso en prisión de personas que venden copias de CDs y DVDs ... (Página 13)
161/000784 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, relativa a la realización de un convenio con el Ayuntamiento de Igualada de traspaso de la casa-cuartel de la Guardia Civil ... (Página 14)
161/000793 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas urgentes para mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas ... (Página 15)
161/000791 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el inicio de la ejecución de las obras del nuevo Puerto de Granadilla en Tenerife (Canarias) ... (Página 15)
161/000797 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para la reducción de las tarifas en aquellos servicios públicos que en el ejercicio 2009 están aplicando incrementos de precios superiores al IPC ... (Página 17)
161/000790 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la extensión del proyecto PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) a los centros de educación concertada ... (Página 18)
161/000792 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo ... (Página 19)
161/000782 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las PYMES ... (Página 20)
161/000799 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo del sector del granito ...
161/000800 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las ayudas al sector de la automoción ... (Página 21)
161/000795 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para la mejora del control de las importaciones de productos alimentarios procedentes de terceros países y mejora de su etiquetaje ... (Página 22)
161/000801 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las acciones piloto de pesca experimental... (Página 23)
161/000783 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para modificar el Plan de Acción 2009 para el apoyo y modernización de la universidad pública, con el fin de no discriminar las publicaciones de investigación en catalán, euskera y galego ... (Página 23)
161/000796 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas para recuperar la deducción fiscal adicional del 20 por ciento, aplicable a los gastos en actividades de I+D+i que las empresas subcontraten con universidades, OPIS y centros de innovación y tecnología ... (Página 24)
181/001320 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre actuaciones para evitar que los juzgados de la provincia de Cádiz sigan siendo de los más saturados ... (Página 26)
181/001274 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre valoración de las declaraciones del Sindicato Unificado de la Policía sobre que Algeciras (Cádiz) ha sido durante el 2008 la ciudad con mayor incremento de la delincuencia de la provincia ... (Página 26)
181/001275 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre valoración del Ministro del Interior de las declaraciones del Sindicato Unificado de la Policía sobre el alarmante incremento de los delitos de robos con violencia e intimidación en un 52,46 por ciento en el año 2008, en Algeciras (Cádiz) ... (Página 26)
181/001277 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre medidas previstas ante el aumento de los casos de adolescentes desaparecidas que se está produciendo ... (Página 26)
181/001283 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre medidas para mejorar la protección de las personas y empresas involucradas en la construcción de la Y vasca ... (Página 26)
181/001292 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre valoración del Gobierno sobre las incidencias, robos, hurtos y deficiencias de todo tipo puestas en manifiesto en la apertura de los cuatro nuevos centros penitenciarios ... (Página 27)
181/001304 Pregunta formulada por el Diputado don Jesús Vázquez Abad (GP), sobre motivos del retraso en el abono de conceptos salariales a los policías nacionales que prestan sus servicios de vigilancia en los edificios judiciales de la ciudad de Ourense ... (Página 27)
181/001284 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos González Serna (GS), sobre previsiones acerca de incluir el Corredor del Mediterráneo en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras ... (Página 27)
181/001293 Pregunta formulada por el Diputado don Sebastián González Vázquez (GP), sobre actuación prevista para mejorar el tramo de la carretera N-403, Puente de La Gaznata, en el término municipal de El Barraco, en la provincia de Ávila ... (Página 27)
181/001308 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto de autovía entre Ourense y Ponferrada (León) ... (Página 27)
181/001309 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto de autovía entre Ourense y Lugo...
181/001310 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto de línea de alta velocidad entre Ourense y Vigo (Pontevedra) ... (Página 28)
181/001311 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto de línea de AVE entre Ourense y Lugo ... (Página 28)
181/001312 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación del proyecto de acceso a la estación de Ourense comprendido dentro de la línea de alta velocidad Ourense-Santiago ...
181/001313 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación de ejecución de la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago (A Coruña) .... (Página 28)
181/001314 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre modelo ferroviario de transporte de mercancías previsto para Galicia ... (Página 28)
181/001318 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre conocimiento que tiene el Ministerio de Fomento de la insuficiencia de las medidas que se van a adoptar contra los accidentes marítimos ... (Página 28)
181/001276 Pregunta formulada por el Diputado don Ignacio Cosidó Gutiérrez (GP), sobre valoración de la situación y las perspectivas de futuro de la industria automovilística en Castilla y León ... (Página 29)
181/001307 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre medidas de impulso a la contratación en el sector comercial ... (Página 29)
181/001319 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Tarno Blanco (GP), sobre previsiones acerca de la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Sevilla para el impulso a la ampliación del Palacio de Congresos de la Ciudad de Sevilla (FIBES) ... (Página 29)
181/001287 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre criterio del Gobierno sobre la actuación de Salvamento Marítimo en el operativo del salvamento tras el naufragio del pesquero "Rosamar" ... (Página 29)
181/001288 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsiones de la Secretaría General del Mar para ayudar a los nuevos Proyectos piloto de Pesca Experimental ... (Página 29)
181/001289 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre previsión del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino en cuanto a solicitar de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, en el marco de sus competencias, la aprobación de Programas de Actuación de Flota (PAF) aprobados al amparo del Reglamento Comunitario 744 ... (Página 30)
181/001290 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre repercusión de la huelga de Inspectores de Pesca de la Administración General del Estado que mantiene este colectivo desde mayo de 2008, en lo referente al número de inspecciones, actas levantadas, etc ... (Página 30)
181/001291 Pregunta formulada por el Diputado don Joaquín María García Díez (GP), sobre valoración de la Secretaría General del Mar sobre el hecho de que algunas Comunidades Autónomas del Cantábrico complementen las ayudas nacionales por el cierre del caladero de la anchoa ... (Página 30)
181/001294 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de desarrollar un Plan de Apoyo al sector vacuno de carne, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC" ...
181/001295 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de desarrollar un Plan de Apoyo al sector vacuno de leche, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC"...
181/001296 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de desarrollar un Plan de Apoyo al sector ovino y del caprino, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC" ... (Página 30)
181/001297 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre medidas en relación con la aplicación de la nueva Política Agraria Común (PAC) al sector del tabaco ... (Página 31)
181/001298 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre programas o medidas a desarrollar y a financiar con cargo al modelo establecido en el artículo 68 de la nueva Política Agrícola Común (PAC) ... (Página 31)
181/001299 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de desacoplar las ayudas de primas de ovino, caprino y vacuno ... (Página 31)
181/001300 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de revisar el sistema de pago de los derechos de pago único ... (Página 31)
181/001301 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de elevar los límites inferiores para poder percibir los pagos directos de la nueva Política Agrícola Común (PAC) ... (Página 31)
181/001302 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca de la aplicación de los fondos procedentes de la modulación adicional prevista en la nueva Política Agrícola Común (PAC) ... (Página 31)
181/001303 Pregunta formulada por el Diputado don Alejandro Alonso Núñez (GS), sobre previsiones acerca del desarrollo de un Plan de Apoyo al sector del almendro y frutos de cáscara, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC" ... (Página 32)
181/001305 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre situación de la ejecución del proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ourense ... (Página 32)
181/001306 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre estado de ejecución del Pacto Ambiental de la Pizarra que se desarrolla en las comarcas de Valdeorras y Quiroga ... (Página 32)
181/001322 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Javier Floriano Corrales (GP), sobre valoración de la ejecución del Plan de Choque de Regadíos ... (Página 32)
181/001323 Pregunta formulada por el Diputado don Carlos Javier Floriano Corrales (GP), sobre realización de algún estudio, informe o análisis del trasvase de agua desde el embalse de Valdecañas, en el Tajo Medio, hasta la cuenca del río Segura ... (Página 32)
181/001278 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre detalle de la aportación española a la biblioteca virtual Europeana ... (Página 32)
181/001279 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre papel que desempeña el Programa Ibermedia en la consolidación del espacio audiovisual iberoamericano ... (Página 33)
181/001280 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre previsiones acerca de la puesta en marcha del nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel ... (Página 33)
181/001281 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre detalle del plan para la ampliación de espacios a disposición del Archivo Histórico Nacional ... (Página 33)
181/001282 Pregunta formulada por el Diputado don Rafael Simancas Simancas (GS), sobre criterios para la distribución de las ayudas del Ministerio de Cultura destinadas a la producción, distribución, creación y financiación cinematográfica en el ejercicio 2009... (Página 33)
181/001321 Pregunta formulada por el Diputado don Gaspar Llamazares Trigo (GER-IU-ICV), sobre puesta en marcha de la reflexión sobre muerte digna para garantizar el cumplimiento de la voluntad del paciente y la seguridad jurídica de los sanitarios en el tramo final de la vida ...
181/001285 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre motivos de la eliminación en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 de la excepción a la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas antes de los diez años a las familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros ... (Página 34)
181/001286 Pregunta formulada por el Diputado don Pere Macias Arau (GC-CiU), sobre motivo de la supresión de la construcción de viviendas de protección oficial de hasta 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas o personas con discapacidad o dependientes a su cargo, en el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 ... (Página 34)
181/001317 Pregunta formulada por el Diputado don José Ignacio Landaluce Calleja (GP), sobre actuaciones sobre la supresión del fiscal exclusivo de violencia de género en el juzgado de Algeciras (Cádiz) ... (Página 34)
181/001315 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre posición del Gobierno en la Conferencia mundial de la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (ITIE) que se ha celebrado en Doha ... (Página 34)
181/001316 Pregunta formulada por el Diputado don Carles Campuzano i Canadés (GC-CiU), sobre compromisos que va asumir el Gobierno en la conferencia de reposición del Fondo Global contra el sida, la tuberculosis y la malaria, que se va a celebrar en Cáceres ... (Página 34)
120/000004 Acuerdo de la Mesa de la Cámara admitiendo el escrito presentado por don José María Carrasco Cano, Vicepresidente de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC), por el que se ejercita el trámite inicial de la iniciativa legislativa popular para la modificación del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, contra la morosidad ... (Página 35)
Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
031/00007
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds (031/000004)
Mes Titular Sustituto 1 Febrero 2009 a 31 Agosto 2009 D. Joan RIDAO I MARTÍN D. Joan HERRERA TORRES 1 Septiembre 2009 a 31 Enero 2010 D. Gaspar LLAMAZARES TRIGO D. Joan RIDAO I MARTÍN 1 Febrero 2010 a 31 Agosto 2010 D. Joan RIDAO I MARTÍN D. Gaspar LLAMAZARES TRIGO 1 Septiembre 2010 a 31 Enero 2011 D. Joan HERRERA TORRES D. Joan RIDAO I MARTÍN 1 Febrero 2011 a 31 Agosto 2011 D. Joan RIDAO I MARTÍN D. Joan HERRERA TORRES 1 Septiembre 2011 a Febrero 2012 D. Gaspar LLAMAZARES TRIGO D. Joan RIDAO I MARTÍN
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de la designación por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con fecha 10 de febrero de 2009, de doña Inmaculada Riera i Reñé como Portavoz de dicho Grupo en la Comisión de Economía y Hacienda y, como consecuencia, de la baja en dicho cargo de don Josep Sánchez i Llibre.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de febrero de 2009.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
161/000798
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del reglamento de la cámara, presenta la siguiente Proposicion no de Ley sobre el reconocimiento y reparación de los ciudadanos Gustau Muñoz i Bustillo, Agustín Rueda Sierra y demás víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia de actuaciones realizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución Española para su debate en Comisión.
Atendiendo al hecho que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura incluye en su artículo 10 reconocimientos y reparaciones a favor de aquellas personas fallecidas en defensa de la democracia en el periodo comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977.
Atendiendo al hecho que sólo a partir de la entrada en vigor de la Constitución Española puede afirmarse que el Estado español gozó del ordenamiento jurídico suficiente para garantizar la no vulneración de los Derechos Humanos cometidos durante décadas por la Dictadura franquista.
Atendiendo al hecho que la convocatoria y regulación de las elecciones generales celebradas el día 15 de junio de 1977 fue obra del segundo gobierno preconstitucional designado según la legislación vigente con Juan Carlos I como Jefe de Estado y Adolfo Suárez González como presidente a través del Real Decreto Ley 20/1977, de 18 de marzo.
Atendiendo al hecho que las elecciones convocadas para el 15 de junio de 1977 no gozaban primigeniamente del carácter de constituyentes.
Atendiendo, empero, al hecho que las Cortes elegidas por sufragio universal a raíz de la convocatoria de las elecciones decidieron iniciar, conforme a la posibilidad que contemplaba la Ley de Reforma Política aprobada en el mes de noviembre de 1976, la redacción de una Constitución que garantizara el marco de las libertades democráticas arrebatadas como consecuencia del golpe militar contra la Constitución republicana de 1931.
Atendiendo al hecho que en el período de tiempo establecido entre octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución Española sectores y grupos incardinados en la estructura funcionarial de la Dictadura o afines a las formaciones fascistas que habían formado parte de la estructura de poder protagonizaron actos de represión violenta y vulneración de los Derechos Humanos.
Atendiendo al hecho, como consecuencia de la coyuntura singular del momento histórico analizado, de las incapacidades manifiestas del aparato estatal naciente para investigar, dilucidar y depurar responsabilidades sobre las actuaciones arbitrarias que se hubieren podido cometer contra ciudadanos movilizados a favor de las libertades.
Atendiendo al hecho que la Constitución Española fue aprobada por las Cortes españolas el día 31 de octubre de 1978, refrendada el día 6 de diciembre y publicada en el Boletín Oficial del Estado el día 29 del mismo mes y año.
Atendiendo al hecho que, hasta el día de hoy, las víctimas de estos hechos, como los ciudadanos catalanes Agustín Rueda Sierra, fallecido como consecuencia de las torturas recibidas en la prisión de Carabanchel el día 14 de marzo de 1978 y Gustau Muñoz i Bustillo, muerto por disparo en la calle Ferran de la ciudad de Barcelona por un funcionario de policía el día 11 de septiembre, Diada Nacional de Catalunya, del mismo año, y tantos otros ciudadanos antifranquistas de las distintas nacionalidades del Estado español, no han sido objeto de la reparación
que debería exigir su contribución a la conquista de las libertades públicas democráticas.
Atendiendo al hecho que la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no incluye a los ciudadanos víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o de actuaciones protagonizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución Española.
Atendiendo al hecho de la pervivencia en el tiempo de la demanda de medidas reales y concretas a favor de la Verdad y la Justicia por parte de familiares y ciudadanos comprometidos en el fortalecimiento de los valores democráticos de la sociedad actual, cuya piedra angular viene constituida por el respeto a los Derechos Humanos como establece y manda la Constitución Española.
1. Preservar y honorar la memoria de los ciudadanos y ciudadanas antifranquistas víctimas de actos represivos protagonizados por funcionarios del Estado o consecuencia de actuaciones protagonizadas por grupos paramilitares ultraderechistas en el período comprendido entre el 6 de octubre de 1977 y la entrada en vigor de la Constitución Española.
2. Presentar en el plazo de seis meses un informe gubernamental sobre todos los casos acaecidos a fin y efecto de proceder al reconocimiento de las reparaciones que se derivasen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la delegación de funciones a la Generalitat de Catalunya en materia de modificaciones de Planta Judicial.
El Estatuto de Autonomía de Catalunya entró en vigor el 8 de agosto de 2006. Han transcurrido más de dos años y su desarrollo hasta el momento ha sido muy precario.
En relación al Título III del Estatuto, correspondiente al Poder Judicial en Catalunya, deben materializarse sus previsiones, especialmente en un momento en que es necesario adoptar medidas de mejora y de modernización en la Administración de justicia.
El Título III establece algunas competencias que, por su contenido y materia, requieren la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, como por ejemplo, en relación a descentralización del órgano de gobierno del Poder Judicial con la constitución del Consejo de Justicia, o a las nuevas competencias del Tribunal Superior de Justicia, o aquellas que hacen referencia al conocimiento de la lengua catalana por parte de jueces, magistrados y fiscales y a su acreditación a fin de hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos, entre otros supuestos.
Pero existen otras materias que no requieren reformas de orden legal y que únicamente dependen de la voluntad política para avanzar en su concreción. Entre ellas, las referentes a la delegación de funciones en materia de modificación de planta judicial que no requieren reforma judicial, de acuerdo con el artículo 107.2 del Estatuto, y que pueden corresponder a la Generalitat de Catalunya.
Desde la perspectiva de eficiencia administrativa, la delegación a la Generalitat de Catalunya de esta materia favorecerá poder decidir con mayor agilidad los órganos judiciales que son necesarios, su localización y ritmos de implantación, en base a criterios de proximidad, equilibrio territorial y de volumen de litigiosidad.
Por todo ello es necesario activar las previsiones estatutarias en materia de delegación de funciones sobre modificación de planta que no requiere reforma legislativa y por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, negociando de forma inmediata con la Generalitat de Catalunya el contenido estatutario en relación a la planta y demarcación judicial y, concretamente, a aquellos aspectos que no suponen modificación legislativa, con objeto de que la Generalitat
pueda, por delegación, efectuar aquellas modificaciones de planta con la urgencia y la inmediatez que necesita la Administración de Justicia, pudiendo crear nuevos juzgados y secciones judiciales donde sea necesario.
Esta delegación de funciones deberá ser efectiva en el primer trimestre de 2009."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la participación de la Generalitat de Catalunya en la gestión de las Cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales y sus Rendimientos.
El artículo 104 del Estatuto de Autonomía de Catalunya dispone que corresponden a la Generalitat de Catalunya los medios materiales de la Administración de Justicia en Catalunya que, en todo caso, incluyen "la participación en la gestión de las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos".
Históricamente las Comunidades Autónomas que ostentan competencias traspasadas en materia de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia han reclamado la capacidad para regular la adjudicación y la gestión de los depósitos y consignaciones en su ámbito.
No obstante, los sucesivos Gobiernos del Estado han negado esta posibilidad.
En este sentido, debe recordarse que el Pleno del Congreso de los Diputados instó al Gobierno, en una resolución aprobada en el año 1998, a reconocer a estas Comunidades Autónomas su capacidad para regular la adjudicación y para gestionar los Depósitos y Consignaciones Judiciales en su ámbito. Posteriormente, en el Debate de Política General de 1999, el Pleno del Congreso reiteró el contenido de la resolución aprobada el año anterior.
Asimismo, de forma adicional, debe considerarse la necesidad de transferir los ingresos financieros procedente de los depósitos y consignaciones que hasta ahora se han devengado desde la fecha de efectividad de los traspasos. A modo de ejemplo, en el caso de Catalunya se estima que el importe de los ingresos financieros correspondientes al periodo que va desde los traspasos de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia de la Generalitat de Catalunya hasta el año 2003 inclusive ascendían a 156.263,15 miles de euros.
De todo ello se deduce la necesidad de que, paralelamente al reconocimiento de la capacidad de regular la adjudicación y gestión de los Depósitos y Consignaciones Judiciales en sus respectivos ámbitos territoriales, se habiliten los créditos necesarios para transferir el importe recaudado y no satisfecho en concepto de ingresos financieros.
1. En el plazo de seis meses, reconocer e instrumentar con la Generalitat de Catalunya su participación en la gestión en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales y en sus rendimientos, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 104 de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya.
2. Proceder al abono a la Generalitat de Catalunya del importe correspondiente a los ingresos financieros producidos por los depósitos y consignaciones judiciales en su ámbito territorial desde la fecha de efectividad de los traspasos de medios materiales y económicos al servicio de la Administración de Justicia a la Generalitat de Catalunya."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre desarrollo de las previsiones del Estatuto de Autonomía de Catalunya en materia de recurso de casación, creación del Consejo de Justicia y normalización lingüística.
Para Convergència i Unió, la Administración de Justicia es una pieza fundamental del engranaje social, debe ser uno de los ámbitos más identificados con la comunidad a la que se presta el servicio público y responder a las necesidades de nuestros ciudadanos. La realización del derecho a la tutela judicial efectiva y el mismo desarrollo de la vida económica, social y política requieren una Administración de Justicia ágil, accesible y moderna.
Es por ello que, en relación al Título III del Estatuto, correspondiente al Poder Judicial en Catalunya, es necesario dar pasos en orden a su desarrollo, atendiendo, por un lado, a la falta de iniciativa del Gobierno del Estado, así como a la necesidad de acometer las medidas de mejora y de modernización en la Administración de Justicia.
El Título III establece algunas competencias que, por su contenido y materia, requieren de la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, como por ejemplo, en relación a descentralización del órgano de gobierno del Poder Judicial con la constitución del Consell de Justícia de Catalunya, a las nuevas competencias del Tribunal Superior de Justicia, o aquellas que hacen referencia al conocimiento de la lengua catalana por parte de jueces, magistrados y fiscales y a su acreditación a fin de hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos, entre otros supuestos.
Si bien en la anterior legislatura, el Consejo de Ministros aprobó diversos proyectos de Ley y se tomó en consideración una proposición de ley aprobada por el Parlament de Catalunya, en todos los casos las iniciativas legislativas caducaron con la disolución de las Cámaras.
Efectivamente, el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en materia de justicia de proximidad y Consejos de Justicia, presentado el día 29 de diciembre de 2005, después de 71 ampliaciones del plazo de presentación de enmiendas, finalmente caducó.
En el caso del Proyecto de Ley Orgánica por la cual se adaptaba la legislación procesal a la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, se reformaba el recurso de casación y se generalizaba la doble instancia penal, presentado el día 26 de diciembre de 2005, a pesar de que los distintos grupos parlamentarios pudieron formular las oportunas enmiendas al articulado, la iniciativa también caducó.
Por último, tomada en consideración la Proposición de Orgánica del Parlament de Catalunya de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y formuladas enmiendas, con fecha 22 de febrero de 2005, como el resto de iniciativas legislativas, caducó con el final de la legislatura.
Muy recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial, con un contenido muy similar a otro presentado en la anterior legislatura, con una leve diferencia: el texto presentado no incluye la reforma del recurso de casación. Es decir, de nuevo, se pone de manifiesto que no son una prioridad para el Gobierno las reformas legislativas necesarias para trasladar el contenido del Estatuto de Autonomía de Catalunya a las normas estatales, en este caso, iniciar el proceso para que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se constituya como última instancia judicial de los procesos iniciados en Catalunya.
En resumen, es del todo necesario y urgente activar las previsiones estatutarias en materia de Justicia, por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar antes de seis meses los Proyectos de reformas legislativas necesarias con objeto de que:
1. Los Tribunales Superiores de Justicia se constituyan como última instancia judicial de los procesos iniciados en el territorio de la respectiva Comunidad Autónoma en todas las jurisdicciones, reservando al Tribunal Supremo el recurso para la unificación de la doctrina en los supuestos en los que la del Tribunal Superior sea diferente a la del resto de Tribunales Superiores de Comunidades Autónomas y en relación únicamente al derecho común.
2. Se impulse la descentralización de las funciones del Consejo General del Poder Judicial en los territorios de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Administración de Justicia con la creación de los correspondientes órganos territoriales y la participación de Catalunya en el nombramiento de los miembros del Consell de Justícia de Catalunya, tal y como prevé su Estatuto de Autonomía aprobado hace más de dos años.
3. Se impulsen medidas para conseguir que, tanto los miembros de la carrera judicial y fiscal, como los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia con destino en las Comunidades Autónomas con lengua propia, cumplan con las respectivas previsiones estatuarias en relación al conocimiento de la lengua del territorio en el que presten sus servicios."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la asunción de competencias por parte de la Generalitat de Catalunya en materia de Justicia de Paz.
Pero existen otras materias que no requieren reformas de orden legal y que únicamente dependen de la voluntad política y del traspaso de fondos económicos para proceder a su cesión a la Generalitat. Entre ellas, la relativa a la Justicia de Paz, materia en la que la Generalitat, de acuerdo con el artículo 108 del Estatuto, ostenta competencias en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial, correspondiéndole hacerse cargo de las indemnizaciones de jueces y la provisión de medios necesarios para el ejercicio de sus funciones, así como la creación de las secretarías y su provisión.
La Justicia de Paz es uno de los instrumentos que más inciden en la resolución para alcanzar una mayor proximidad de la Administración de justicia a los ciudadanos, así como de optimización de recursos judiciales.
Por todo ello es necesario activar las previsiones estatutarias en materia de Justicia de Paz y por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, en el sentido de:
1. Negociar de forma inmediata con la Generalitat de Catalunya el traspaso de las competencias pendientes en materia de Justicia de Paz y, concretamente, a recibir las indemnizaciones que corresponden a los jueces, con objeto de que sea la Generalitat la Administración competente para otorgarlas.
2. Negociar de forma inmediata con la Generalitat de Catalunya el traspaso de las competencias pendientes sobre la creación y provisión de las secretarías de los Juzgados de Paz.
3. Impulsar que estas competencias pendientes sean efectivas desde el segundo semestre de 2009."
161/000789
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre la asunción de competencias por parte de la Generalitat de Catalunya en relación al personal no judicial de la Administración de Justicia.
El Título III establece algunas competencias que, por su contenido y materia, requieren la reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, como por ejemplo, en relación a descentralización del órgano de gobierno del Poder Judicial con la constitución del Consejo de Justicia, o a las nuevas competencias del Tribunal Superior de Justicia, o aquellas que hacen
referencia al conocimiento de la lengua catalana por parte de jueces, magistrados y fiscales y a su acreditación a fin de hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos, entre otros supuestos.
Pero existen otras materias que no requieren reformas de orden legal y que únicamente dependen de la voluntad política para iniciarlas. Entre ellas, las referentes a las competencias plenas en materia de personal no judicial, materia en la que la Generalitat, de acuerdo con el artículo 103 del Estatuto, ostenta competencias normativas, de ejecución y de gestión sobre dicho personal, en todos aquellos aspectos que no conforman el núcleo orgánico de su Estatuto jurídico, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este orden, existen dificultades evidentes para reducir el número de interinos entre el personal no judicial, hecho que dificulta la consecución de una Administración profesionalizada y eficaz. A este hecho debe añadirse, además, la lentitud en la convocatoria de oposiciones y concursos.
Por todo ello es necesario activar las previsiones estatutarias en materia de personal no judicial y por lo que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
1. Instrumentar las competencias y ceder las atribuciones que el Ministerio de Justicia mantiene en relación al personal no judicial de la Administración de Justicia en Catalunya.
2. Concretar y articular un acuerdo con el Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya para que éste pueda convocar y resolver todos los procesos de selección de personal no judicial, convocar y resolver todos los procesos de provisión de puestos de trabajo y convocar y resolver todos los procesos de promoción interna, aprobando previamente la oferta de ocupación pública.
La atribución de dichas competencias a la Generalitat de Catalunya no supondrá, en ningún caso, modificaciones en los derechos económicos, de carrera profesional y de previsión social que tuvieran previamente adquiridos el personal no judicial de la Administración de Justicia en Catalunya."
161/000794
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley contra la criminalización e ingreso en prisión de personas que venden copias de CDs y DVDs, sobre sus mantas, para su debate en la Comisión de Justicia.
El vigente artículo 270.1 del Código Penal establece que "será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios".
La exposición y venta de copias piratas son conductas realizadas por personas en situación de pobreza (denominados "manteros" o "top manta"), en muchas ocasiones inmigrantes que carecen incluso de la posibilidad legal de trabajar. Al tener previstas dichas conductas una pena de prisión, estos inmigrantes son expulsados, y de no llevarse a efecto la expulsión, no es infrecuente que terminen en la cárcel por conductas de tan ínfima lesividad y desvalor.
Desde luego que la propiedad intelectual e industrial son intereses necesitados y dignos de protección, pero ello no debe hacerse a costa de la criminalización e ingreso en prisión de quienes, por una insignificante cantidad de dinero, venden estas obras copiadas sobre sus mantas. El Derecho penal no puede ni debe criminalizar y condenar a prisión a estas personas. Se trata de una reacción desproporcionada, que lesiona buena parte de los principios del Derecho penal en un Estado social y democrático de Derecho y que, en cuanto criminaliza la pobreza, es una reacción tremendamente injusta.
En el marco de las reforma del Código Penal anunciada por el Gobierno resulta ineludible corregir las disfunciones y los desatinos ocasionados por la aplicación de los vigentes artículos 270.1 y 273.1, de forma que se pueda evitar la criminalización y el ingreso en prisión de las personas que venden CDs y DVDs en sus mantas. Existen razones constitucionales, jurídicas, económicas y éticas sobradas para justificar la reforma de los artículos citados en los que se vulneran principios constitucionales básicos del derecho penal, tales como el principio de subsidiariedad, principio de lesividad y el principio de proporcionalidad.
La desproporción del Código penal en este tema se aprecia incluso con más nitidez si comparamos la pena con que castiga tales conductas con la pena con que se
castigan otros delitos. No tiene lógica que el ofrecimiento en venta de unos DVDs tenga una pena que puede ser incluso superior a la de un robo con violencia o intimidación (ver art. 242.3: pena de uno a dos años, sin multa), o a la de algunos delitos de lesiones (art. 147.2). Además, las penas que se aplican son demasiado elevadas en relación con otras conductas descritas en el mismo Título XIII "delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico".
Tampoco es coherente que, estando ante unas defraudaciones patrimoniales, no se mantenga el paralelismo con las demás tipicidades en las que se protegen bienes jurídicos de la misma naturaleza: apropiación indebida, estafa, hurto, daños, defraudaciones de fluidos eléctricos y análogos.
Evidentemente, todos estos comportamientos son mucho más lesivos para los intereses particulares y para la sociedad que la venta de una película copiada. La corrección de este exceso es una exigencia que se deriva del principio constitucional de proporcionalidad.
Desde un punto de vista político criminal, las conductas de exposición y venta de CDs y DVDs pirateados, entre otras obras, son llevadas a cabo por personas en situación de pobreza que buscan en la venta ambulante -de cualquier mercancía, legal o ilegal- una mínima fuente de recursos para atender a sus necesidades más perentorias (alimentos, vivienda, vestido...).
Criminalizar estos comportamientos significa criminalizar la pobreza.
Castigar con pena de prisión a estas personas significa profundizar en la exclusión social.
Por estos motivos el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente
A abordar, en el marco de la próxima reforma del Código Penal, la modificación de los artículos 270.1 y 273.1 con el objetivo de evitar la criminalización y el ingreso en prisión de las personas que venden copias de CDs y DVDs, entre otras obras, sobre sus mantas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 ysiguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la realización de un convenio con el Ayuntamiento de Igualada de traspaso de la casa-cuartel de la Guardia Civil para su debate en la Comisión de Interior.
Una de las reivindicaciones de la ciudad de Igualada ha sido la cesión de la antigua caserna de la Guardia civil situada en el barrio de Set Camins. Dicho barrio ha experimentado un notable crecimiento los últimos años, crecimiento que no ha ido acompañado de los necesarios servicios y equipamientos públicos debido a la falta de espacio público suficiente para dotarlos.
El Ayuntamiento de la ciudad tendría que poder situar en la zona un gran centro cívico, con espacio para las personas de la tercera edad, biblioteca y sala de estudio, espacio de ocio para la gente joven, sala de exposiciones y conferencias y en donde además situar pisos de protección oficial para la gente joven con dificultades de acceso a la vivienda y un parque. Es decir un espacio vertebrador de la vida social de esta zona de la ciudad.
No obstante, el único espacio en el que se pueden situar los nuevos servicios municipales son las actuales instalaciones de la Casa-Cuartel que ocupan una superficie de 700 m2 de suelo útil, y que han quedado casi en desuso por el despliegue de los Mossos d'Esquadra en la comarca de l'Anoia.
Actualmente la Casa-Cuartel de la Guardia civil situada en la calle de les Comes, es un edificio propiedad del Estado español, y dispone de diferentes dependencias y una cuarentena de viviendas destinadas a las familias de los agentes, de las que sólo se usan una pequeña parte, debido a que desde el despliegue de los Agentes de la policía autonómica, la Guardia civil, conserva básicamente las competencias, en la intervención de armas y control aduanero.
El Ayuntamiento de Igualada, que cedió en 1196 dicho espacio a la Dirección General del Patrimonio del Estado para el uso del Cuerpo Nacional de Policía del Estado, ante la falta de espacios públicos ha propuesto a la Delegación del Gobierno en Cataluña el traslado de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil, y de otras dependencias estatales, tales como las de la Policía Nacional, o la delegación de Hacienda, a un nuevo emplazamiento de la ciudad, ofreciendo como punto de partida una permuta de unos terrenos donde poder situar estos equipamientos, y permitir, de esta forma al Estado, seguir prestando dichos servicios a los ciudadanos y al Ayuntamiento de Igualada, disponer de suelo suficiente en varios enclaves de la ciudad para destinarlos a equipamientos, parque y a vivienda protegida.
En fecha de 16 de diciembre de 2008, el Pleno del Ayuntamiento de Igualada aprobó por unanimidad una moción de apoyo a dicho proyecto.
Realizar, en un plazo no superior a seis meses, un convenio de traspaso de la Casa-Cuartel de la Guardia Civil con el Ayuntamiento de Igualada, para que sea destinado su terreno a la construcción de equipamientos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000793
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para mejorar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas, para su debate en la Comisión de Economía y Hacienda.
La compleja situación de nuestra economía está arrojando un importante volumen de impagos, retrasos y prórrogas en la liquidación de facturas vencidas que afecta, evidentemente, a todos los sectores industriales y que cuestiona la supervivencia de una cantidad importante de pequeñas y medianas empresas.
La transposición a nuestro marco legislativo del espíritu previsto en la Directiva 2000/35/CE para hacer menos vulnerables a los operadores económicos reduciendo el período de pago aplazado, acabó por permitir un pacto contrario para excluir el pago a 30 días previsto como genérico en la Ley 3/2004 contra la morosidad en las operaciones comerciales.
Reducir razonablemente el período de pago aplazado pretende minorar la vulnerabilidad de los operadores económicos con menor capacidad financiera, pequeñas empresas y autónomos, que son los que indirectamente financian a sus clientes, entre los que se encuentran corporaciones industriales, cadenas de distribución, o promotoras y constructoras, que han sido capaces de negociar plazos muy superiores a los recomendados en aquella Directiva.
Esta dilación provoca situaciones dramáticas cuando se producen impagos ya que, como consecuencia del contrato, los proveedores y subcontratistas han venido prestando servicios, ejecutando obras y entregando materiales o productos a cuenta de medios de pago con vencimientos muy superiores a los de su finalización de ejecución de contrato.
Nuestro marco legal ha permitido unos usos comerciales de dilación en el pago a los proveedores y subcontratistas, en muchas ocasiones de más de 180 días, que les dejan en una situación de desamparo al verse muchos de ellos inmersos ahora entre dos frentes. De una parte, la de los procedimientos concursales y las reclamaciones judiciales de los medios de pago devueltos y, de otra, la imposibilidad de descontar en las entidades financieras el papel comercial.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar urgentemente las medidas oportunas para:
- Promover la reducción del plazo de pago habitual entre empresas determinando un plazo de pago máximo y considerar cualquier acuerdo contractual que lo supere como abusivo.
- Crear un Observatorio oficial de la morosidad para informar sobre la evolución de los plazos de pago, en el que participarán los agentes sociales.
- Estudiar la implantación de procedimientos de reclamación simplificados para las deudas de bajo importe, con el fin de obtener procesos más rápidos y ágiles en la reclamación de esas deudas.
- Modificar la legislación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para permitir que las empresas, y en particular las de pequeña dimensión, puedan aplazar el pago del tributo hasta el cobro real de sus facturas.
- Establecer mecanismos para reducir la morosidad de las Administraciones Públicas y organismos oficiales, en paralelo a la necesaria mejora de la suficiencia financiera de dichas Administraciones y, en particular, de las Corporaciones Locales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000791
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el inicio de la ejecución de las obras del nuevo Puerto de Granadilla en Tenerife (Canarias), para su debate en la Comisión de Fomento.
El proyecto de construcción de nuevo puerto de Granadilla de Abona (Tenerife) ha suscitado un amplio rechazo en Canarias, con las mayores movilizaciones sociales de la historia reciente en dicha comunidad y 56.086 firmas ciudadanas que avalaron una Iniciativa Legislativa Popular.
Ese amplio rechazo social se fundamenta en que dicha instalación portuaria resulta innecesaria para atender las necesidades actuales y futuras previsibles de la isla; la dudosa viabilidad, operatividad y competitividad del puerto proyectado; la existencia de alternativas viables para el desarrollo portuario en la isla mediante la ampliación del Puerto de Santa Cruz de Tenerife; su impactó socio-económico en el sector turístico y, sobre todo, por su fuerte impacto ambiental con grave afectación del Lugar de Interés Comunitario (LIC) "Sebadales del Sur" protegido en el ámbito de la directiva Hábitat por la Unión Europea.
Pese a ello, las obras del nuevo puerto de Granadilla podrían iniciarse el 13 de febrero de 2009, según declaraciones del Presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife.
La construcción del Puerto de Granadilla resulta innecesaria ya que el Puerto de Santa Cruz de Tenerife tiene capacidad operativa para mover al año 618.000 contenedores siendo así que en 2008 transitaron menos de 400.000 con un descenso respecto del año anterior del 18,8 por ciento.
Del mismo modo, resulta que en la actualidad se están ejecutando obras en la Dársena del Este de dicho Puerto de Santa Cruz de Tenerife cuya ampliación permitirá incrementar en, al menos, otros 600.000 contenedores/años su capacidad operativa llegando por tanto a duplicarla.
Según un estudio encargado por la Autoridad Portuaria en 2004, la previsión de tráficos para el 2020 asciende a 1.160.000 contenedores, volumen plenamente asumible por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife.
La existencia de alternativas viables técnicamente para el desarrollo portuario de Tenerife sin necesidad de construir el Puerto de Granadilla mediante la ampliación sucesiva del Puerto de Santa Cruz de Tenerife ha sido avalada con una propuesta firme suscrita en 2005 por cuatro ex-Presidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife.
Por su parte, resulta cuestionable la viabilidad, operatividad y competitividad del Puerto proyectado en el litoral de Granadilla ya que, según informes técnicos, se trata de una zona azotada por fuertes vientos que en un promedio de 116 días al año imposibilitarían o dificultarían las maniobras de los buques, lo que incide en su misma operatividad y competitividad frente a otras instalaciones portuarias.
En el contexto de la actual crisis económica, la construcción del Puerto de Granadilla lejos de representar una inversión pública generadora de empleo constituye, antes al contrario, una pérdida evidente de oportunidades en la creación de trabajo asociada a una verdadera inversión productiva. Efectivamente, partiendo del Estudio de Seguridad y Salud para la construcción del dique de abrigo del puerto de Granadilla, presupuestado en 112 millones de euros, se prevé la creación de 45 puestos de trabajo para cuatro años. Lo que supone que la creación, en fase de construcción, de cada puesto de trabajo presupone una inversión de 622.000 euros. Esa misma inversión pública vinculada al desarrollo de propuestas más intensivas en la generación de empleo como los comprendidos en los fondos extraordinarios del Plan de Empleo del Estado podría generar más de 700 puestos de trabajo en actuaciones y proyectos de mayor utilidad social y económica.
La construcción del Puerto de Granadilla producirá un grave impacto ambiental con la afección de especies, espacios naturales protegidos así como el Lugar de Interés Comunitario L.I.C. "Sebadales del Sur" en el marco de la Red Natura 2000. Precisamente, en razón de dicho impacto la Comisión Europea emitió el 6 de noviembre de 2006 su "Dictamen de la Comisión con arreglo al artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre la "Solicitud del Reino de España en relación con el proyecto de construcción del nuevo puerto de Granadilla (Tenerife)". Dicho dictamen declara dicho proyecto como de "interés público de primer orden" a los efectos de la Directiva Hábitats, y establece una serie de medidas compensatorias derivadas de la afección ambiental.
Más recientemente, la Comisión Europea, tras recabar con carácter "urgente" información y explicaciones a las autoridades españolas y canarias sobre la situación actual, puede llegar a modificar su Dictamen si se desprendiera que el mencionado dictamen se emitió partiendo de datos falsos, inexactos ylo incorrectos. Con lo que el inicio de las obras del puerto de Granadilla sin remitir previamente dicha información, o sin esperar respuesta a la misma por parte de la Comisión Europea, en caso de haber sido remitida, constituye una grave ilegalidad ya que en caso de modificar la Comisión Europea su Dictamen quedarían dichas obras sin adecuada cobertura jurídica pasando a vulnerarse la Directiva Hábitats.
La Autoridad Portuaria de Santa Cruz ha sido recientemente condenada por el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife por Sentencia núm. 48/2009 de 30 de enero de 2009, que vino a estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Plataforma Ciudadana en Defensa del Puerto de Santa Cruz frente a la decisión de dicha Autoridad de denegar documentos sobre las obras del Puerto de Granadilla.
1.º En el ejercicio de sus competencias en materia portuaria, adoptar medidas cautelares urgentes que eviten el inicio de las obras del nuevo puerto de Granadilla o, en su caso, determinantes de su paralización hasta que la Comisión Europea examine las informaciones suplementarias urgentes solicitadas y decida, en su caso, la modificación de su Dictamen de 6 de noviembre 2006 emitido con arreglo al artículo 6, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, sobre la "Solicitud del Reino de España en relación con el proyecto de construcción del nuevo puerto de Granadilla (Tenerife)".
2.º En el ejercicio de sus competencias en materia de protección ambiental, adoptar medidas cautelares urgentes que eviten el inicio de las obras del nuevo puerto de Granadilla o, en su caso, determinen su paralización hasta que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino resuelva la petición de inclusión en el correspondiente Catálogo estatal de todas las praderas de fanerógamas marinas de Canarias en la lista de Hábitats en peligro de desaparición, así como la inclusión de las praderas de fanerógamas marinas de la Macaronesia en la lista del anexo 1 como Hábitat prioritario de la Directiva Hábitats.
3.º En el ejercicio de sus facultades de control interno de legalidad y fiscalización económico-financiero, abrir una investigación oficial acerca de la legalidad del proceso de licitación de las obras del nuevo Puerto de Granadilla y la regularidad de su financiación.
4.º Revisar, junto con las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma de Canarias, la utilidad, necesidad y oportunidad de la construcción del nuevo puerto de Granadilla."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.- Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.-Joan Herrera Torres, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000797
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Fomento, la siguiente Proposición no de Ley para la reducción de las tarifas en aquellos servicios públicos que en el ejercicio 2009 estan aplicando incrementos de precios superiores al IPC.
Según el Instituto Nacional de Estadística (INE) la tasa interanual del Índice de Precios al Consumo (IPC) general en el mes de diciembre fue del 1,4 por ciento, Como es conocido, este índice no sirve únicamente para medir el crecimiento de los precios de un conjunto de productos que los consumidores adquieren de manera regular sino que determina una gran parte de los incrementos salariales aplicables el año siguiente y se utiliza como cláusula general de revisión en numerosos servicios, tanto públicos como privados.
Queda claro que el crecimiento del IPC en el mes de diciembre tiene una incidencia en la renta disponible de las familias a lo largo del año siguiente, en tanto que determina el crecimiento de los ingresos de los asalariados. Por su parte, el poder adquisitivo de las familias será superior en tanto el menor sea el incremento de los precios de los productos de compra regular a lo largo del año siguiente. En este aspecto, el incremento de tarifas de los servicios públicos no debería mermar el poder adquisitivo de las familias.
Para el año 2009, algunos servicios públicos dependientes de la Administración General del Estado han aplicado incrementos superiores al 1,4 por ciento respecto a las tarifas aplicadas el año 2008. Un ejemplo son los incrementos aplicados por RENFE a los billetes de cercanías (incremento del 6,28 por ciento), regionales (incremento del 5 por ciento) y de alta velocidad (un 4 por ciento). También los peajes dependientes del Estado se han incrementado por encima del IPC, concretamente un 4,46 por ciento de media, y los envíos estatales de cartas y postales de hasta 20 gramos de peso se incrementan un 3,22 por ciento.
Este incremento desproporcionado de tarifas para el año 2009, en un momento de dificultad económica, no ayuda a las familias ni a fidelizar a los usuarios de estos servicios. Al contrario, las Administraciones Públicas deben fomentar el incremento del número de usuarios a base de ajustar los precios e incrementar la calidad mediante la realización de las inversiones necesarias. Esta política debería permitir en un futuro reducir el déficit de algunos de los servicios mencionados.
Ante la crisis económica y la bajada momentánea de la gasolina es cuando más se debe fomentar el transporte público y no justo lo contrario. Los servicios de cercanías se incrementan 3 veces más que el IPC pero los problemas y retrasos, especialmente en Catalunya, continúan invariables.
Tampoco los servicios de correos son un modelo de calidad en el servicio y las vías peaje
son todavía puntos de paso obligatorios para muchos ciudadanos que no tienen alternativas viables para su movilidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reducir las tarifas aplicables para el año 2009 de los servicios públicos dependientes de la Administración General del Estado (servicios ferroviarios, peajes autopistas, servicio postal...) que han incrementado sus precios por encima del IPC del año 2008, con el objeto de aplicar un incremento general en las tarifas 2009 del 1,4 por ciento."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Educación, Política Social y Deporte, la siguiente Proposición no de Ley relativa a la extensión del proyecto PROA a los Centros de Educación Concertada.
El Plan PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo), es un proyecto de cooperación territorial entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y las Comunidades Autónomas, que "pretende abordar las necesidades asociadas al entorno sociocultural del alumnado mediante un conjunto de programas de apoyo a los centros educativos".
Según establece también el propio programa del Ministerio, dicho plan "ofrece recursos a los centros educativos para que, junto a los demás actores de la educación, trabajen en una doble dirección: contribuir a debilitar los factores generadores de la desigualdad y garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social. Se persiguen tres objetivos estratégicos: Lograr el acceso a una educación de calidad para todos, enriquecer el entorno educativo e implicar ala comunidad local".
El Plan consta de tres programas:
1. Programa de acompañamiento escolar en centros de educación primaria.
2. Programa de acompañamiento escolar en centros de educación secundaria.
3. Programa de apoyo y refuerzo a centros de educación secundaria.
Mediante estos planes, numerosas escuelas e institutos públicos participan del programa PROA y reciben una aportación económica destinada al refuerzo escolar para los alumnos que presenten necesidades socioeconómicas y dificultades de aprendizaje.
Dichas necesidades educativas especiales pueden provenir por causas internas en las condiciones físicas e intelectuales o por dificultades o carencias en el entorno socio-económico y cultural, por una historia de aprendizaje desajustada o por una incorporación tardía en el sistema educativo, caso por ejemplo que a menudo se da en la incorporación de alumnos procedentes de la inmigración en el sistema educativo.
Dado que la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales se corresponsabiliza tanto en la enseñanza pública como en la concertada, es necesario no restringir estos recursos a los centros públicos y ampliar estas ayudas a los centros concertados que también acogen alumnado con necesidades socioeconómicas y dificultades de aprendizaje, máxime cuando todavía no se ha desarrollado el artículo 117 de la Ley Orgánica de Educación que prevé incorporar la dotación del módulo para los centros privados concertados que escolaricen alumnos con necesidad específica de apoyo educativo en proporción mayor a la establecida con carácter general o para la zona en la que se ubiquen.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar los recursos y prever en las condiciones de los programas del Proyecto PROA (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo) que los centros de enseñanza concertada también puedan ser beneficiarios de las ayudas económicas que otorga dicho programa, destinado a contribuir a debilitar los factores generadores de la desigualdad en la educación y a garantizar la atención a los colectivos más vulnerables para mejorar su formación y prevenir los riesgos de exclusión social, en la medida que también los centros de enseñanza
concertada participan y contribuyen a la consecución de dichos objetivos."
161/000792
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes para paliar la situación de las familias especialmente afectadas por el desempleo, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
A comienzos del año 2008, el desempleo en nuestro país se situaba en el entorno del 8,6 por ciento de la población activa. Durante ese año el paro aumentó en casi un millón de personas, según el registro del INEM, y en 1.239.000 según la Encuesta de Población Activa (EPA).
Las previsiones del Gobierno sobre la evolución del desempleo durante este año y los próximos 2010 y 2011, pueden ser relativamente optimistas, al menos si las comparamos con las que realiza la Comisión Europea y con el análisis de la mayoría de expertos.
Mientras el Gobierno estima que el desempleo aumentará hasta el 15,6 por ciento de la población activa en 2009 y el 15,7 por ciento en 2010, y que retrocederá hasta el 14,9 por ciento en 2011, la Comisión Europea lo eleva al 16,1 por ciento en 2009 y hasta el 18,7 por ciento en 2010, sin adelantar su pronóstico para el año 2011. El principal motivo de esta disparidad radica en que la Comisión Europea estima que la crisis será más profunda en España de lo que plantea el Gobierno y, fundamentalmente, que nuestro país tardará más en iniciar su recuperación.
Todo ello significa que, si tomamos las previsiones del Gobierno, nos encontraríamos al final del período considerado con, aproximadamente, 1.400.000 parados más con relación a comienzos del año 2008, y si consideramos las previsiones de la Comisión Europea sumaríamos 2.350.000 desempleados más a finales de 2010. En todo caso, siendo un hecho evidente que la crisis es en nuestro país más grave que en la mayoría de los países europeos y sus consecuencias sobre el empleo mucho más profundas, no será difícil superar la cifra de 4 millones de parados en 2009.
Los últimos datos estadísticos conocidos reflejan que 827.000 familias tienen a todos sus miembros en desempleo, y es más que probable que cerca de 1,5 millones de parados no tengan ningún tipo de prestación por desempleo a la vuelta de pocos meses.
Abordar este complicado panorama exige nuevos enfoques para situar la creación de empleo y la mejora de nuestra protección social en el centro de los objetivos de la política económica. Considerando, además, que la recuperación de nuestra economía sólo será sostenible si invertimos ahora en un nuevo modelo económico donde el apoyo a la economía real en sectores no especulativos y de futuro, la suficiencia y progresividad de los ingresos públicos, el reforzamiento del papel de lo público, y el empleo de calidad, han de ser vectores prioritarios.
Dentro de la necesaria mejora de nuestra protección social es hoy una prioridad ampliar la cobertura de la prestación por desempleo ante el aumento de las cifras de paro y en previsión de que la crisis económica se prolongue en el tiempo, y coordinar con el conjunto de Administraciones Públicas otro tipo de prestaciones para proteger las situaciones sociales más deficitarias.
Estas medidas, además de de justificarse socialmente, son también eficientes contra la crisis económica al suponer un apoyo a la demanda, al dirigirse a colectivos con escasa capacidad de ahorro y, por tanto, elevada propensión a consumir.
- Reponer las prestaciones contributivas por desempleo que hubieran consumido los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo de suspensión temporal.
- Ampliar la cobertura de la prestación asistencial por desempleo a los desempleados que carecen de responsabilidades familiares y no son mayores de 45 años, y a aquellos que, no teniendo derecho a prestación contributiva, carecen de responsabilidades familiares y no han cotizado un mínimo de 6 meses.
- Crear un Fondo destinado a las Comunidades Autónomas para que éstas, en el marco de sus competencias, puedan complementar las rentas mínimas de inserción."
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Industria, Turismo y Comercio, la siguiente Proposición no de Ley de simplificación administrativa y fiscal de la producción de energía mediante fuentes renovables en el ámbito doméstico y de las PYMES.
En un momento en que es necesario intensificar las acciones dirigidas al ahorro y a la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables, entre otros como consecuencia de los compromisos internacionales asumidos por el Gobierno en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y como estrategia de lucha contra el cambio climático, desde las Administraciones públicas se pone de manifiesto la necesidad de que la ciudadanía tome conciencia en su vida diaria de todas aquellas medidas que pueden adoptarse en esta materia, especialmente en los hogares.
De este modo, se realizan actuaciones relacionadas con el fomento de electrodomésticos y lámparas eficientes, campañas de sensibilización y formación sobre el correcto uso de electrodomésticos, calefacción y refrigeración, se elaboran manuales de consejos para el ahorro de energía en el hogar, etc. Y ello parece adecuado, pero, por otro lado, cuando el ciudadano opta por producir electricidad limpia en el ámbito doméstico, la complejidad burocrática y las obligaciones administrativas que conlleva significan, en muchos casos, un encarecimiento económico y desincentivador de la iniciativa.
En el caso, además, de que se pretenda incorporar sistemas de producción de energía para su conexión en la red, las dificultades se multiplican.
Presentación de declaración censal, alta en el Impuesto sobre Actividades Económicas, obtención del Código de Actividad y Establecimiento, licencia de obras y licencia de actividad, legalización de la instalación mediante la autorización administrativa previa, certificación de instalaciones eléctricas, acta de puesta en marcha, negociación con la empresa eléctrica distribuidora para establecer el punto de conexión, inscripción en el Registro Especial de Producción de Energía Eléctrica, declaración y liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, etc. Estos son algunos de los trámites que deberán realizar, gastos que deberán abonar y obligaciones que deberán asumir un particular o una pequeña y mediana empresa que pretendan instalar en su domicilio o establecimiento algún sistema de producción de energía eléctrica mediante fuentes renovables y evacúe a la red parte de la energía que genere y no consuma.
En ambos casos, tanto si nos referimos a emplazamientos aislados de la red como mediante instalaciones conectadas a red, la carga burocrática desincentiva la voluntad de los ciudadanos de abastecer con energía limpia a sus domicilios. Habiendo manifestado el Gobierno su voluntad de presentar un proyecto de ley de eficiencia energética y energías renovables, debe acometerse la adopción de medidas de simplificación administrativa en este ámbito.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir, en el futuro Proyecto de Ley de eficiencia energética y energías renovables, medidas destinadas a potenciar la producción de energías renovables en los hogares y PYMES y, en su caso, su conexión a la red. En especial insta al Gobierno a simplificar los trámites y obligaciones fiscales y administrativas, en el ámbito de sus competencias, que deben cumplimentar las personas y empresas productoras de energías renovables que deseen vender sus excedentes a la red".
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000799
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa al apoyo del sector del granito, para su debate en Comisión.
La industria española dedicada a la actividad de transformación y elaboración de la piedra natural en general y del granito en particular, es un referente de carácter mundial en el sector de la piedra. En la última década, esta industria ha acometido importantes inversiones en investigación tecnológica e innovación de los procesos productivos, que se ha traducido en la obtención de un producto de gran calidad con un elevado nivel de competitividad en el mercado internacional.
El peso del sector de la piedra natural, donde se engloba el granito, en nuestra economía en términos de PIB es del 0,30 por ciento en 2007. La importancia de este sector se comprueba por el número de empleos que generó en 2006, 12.127 trabajadores en el sector extractivo y de 30.515 en la industria de la piedra natural.
Aproximadamente el 92 por ciento de la empresas dedicadas a la extracción son PYMEs y así como el 98 por ciento en la industria de la piedra natural.
La actual evolución de la crisis económica ha llevado a este sector a una difícil situación que se muestra por los malos resultados obtenidos en 2008. Además, las previsiones para los próximos años no son muy positivas al ser una industria muy integrada dentro de un sector, como es de la construcción, que está experimentando una profunda recesión.
Al mismo tiempo, se está experimentando una mayor competición con la producción procedente de países emergentes, como es el caso de China, que está sujeta a normativas distintas a la española y de la Unión Europea en diversos ámbitos como el medioambiental, el laboral o el fiscal, que les permite producir con menores costes y, por tanto, aumentar su nivel de competitividad.
1. Rebaje el Impuesto sobre sociedades facilitando la competitividad de nuestras pequeñas y medianas empresas en el exterior estableciendo el tipo impositivo especial para estas empresas en el 20 por ciento.
2. Apoye la creación de una Sociedad de Garantía Recíproca para el sector minero no energético.
3. Tome las medidas adecuadas para elaborar un plan internacional de promoción de la piedra natural y, en particular del granito, de fabricación española mediante campañas publicitarias, ferias, etc."
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.-Javier Jorge Guerra Fernández, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las ayudas al sector de la automación, para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio.
La situación de crisis que sufre la economía española es hoy una realidad patente. La caída del crecimiento del Producto Interior Bruto y el aumento del desempleo han dado lugar a una brusca revisión importante del cuadro macroeconómico previsto por el Gobierno para el ejercicio 2008.
Esta negativa situación no afecta sólo al sector de la construcción, sino al sector servicios, y desde luego, al sector industrial. De hecho, el sector de la automoción se ha visto especialmente afectado por la crisis que atraviesa la economía nacional.
Prueba de ello es que más de 50.000 empleos están viéndose afectados por la crisis en el sector de la automoción entre las empresas fabricantes de vehículos, las distribuidoras, y la industria auxiliar de componentes.
El pasado mes de diciembre las ventas de automóviles cayeron un 49.9 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior, lo que significa la tercera mayor caída de la historia, y el año 2008 cerró con una caída total de ventas del 28 por ciento respecto a 2007.
Este sector es uno de los sectores de peso en nuestro tejido industrial, y tiene una gran importancia por su capacidad de generar renta y empleo en la economía nacional, más aún si se considera a la industria auxiliar del sector de la automoción.
Si bien es claro que relanzar la economía española requiere adoptar un conjunto de medidas que incrementen la productividad del tejido productivo español, las particulares condiciones que afectan a este sector, recomiendan adoptar medidas para minimizar los efectos de la actual crisis económica en el sector de la automoción y para reactivar su actividad.
Por ello, el Grupo Parlamentario Popular propone la bonificación por dos años del importe del impuesto de matriculación en un 100 por ciento para los vehículos menos contaminantes aún sometidos a tributación. A su vez, y de forma complementaria, se propone recuperar y ampliar las ayudas contenidas en el Plan Prever para automóviles que dio tan buen resultado en las legislaturas de gobierno del Partido Popular.
La presente Proposición no de Ley propone además crear una línea de crédito lCO-PYME para las empresas que necesiten adquirir vehículos industriales para el buen funcionamiento de su actividad, de tal manera que se renueve el parque móvil de vehículos industriales mejorando la seguridad en las carreteras y la mejora del medio ambiente al ser más eficientes.
Asimismo, se propone el aplazamiento durante un período de 2 años de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas del sector de la automoción, de tal manera que mejoren su situación financiera de corto y
medio plazo, factor que está asfixiando a muchas empresas y que puede llevar a despidos en el sector.
Finalmente, y en línea con las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular, se pretende recuperar las deducciones por inversiones en l+D+i en el Impuesto sobre Sociedades, ya que es una necesidad acuciante en los momentos actuales.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, formula la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte urgentemente las siguientes medidas para reactivar el sector de la automoción:
1. Bonificación temporal del 100 por ciento del importe de la cuota del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte durante dos años a los vehículos menos contaminantes aún sujetos a tributación.
2. Recuperación y ampliación de las deducciones en el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte contenidas en el anterior Plan Prever para vehículos, ampliando hasta los 1.000 euros el importe de la deducción, y permitiendo que también se pueda aplicar esta deducción (con un máximo de 500 euros) en el caso de compra de vehículos de turismo usados cuyo período de matriculación no exceda de un año, para así fomentar también la compra de los vehículos de Kilómetro cero.
3. Creación de una línea de crédito ICO-PYME para la adquisición de vehículos industriales que sean de primera matriculación.
4. Aplazamiento por un período de dos años de las cuotas de la Seguridad Social para las empresas del sector de la automoción.
5. Recuperación de las deducciones por inversiones en I+D+i en el Impuesto sobre Sociedades."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-Fátima Báñez García, Diputada.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000795
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, una Proposición no de Ley para la mejora del control de las importaciones de productos alimentarios procedentes de terceros países y mejora de su etiquetaje.
La Comunidad Europea ha ido estableciendo un conjunto de normas, requisitos y obligaciones (fitosanitarias, medioambientales, de bienestar animal,...) a la producción agraria, los cuales superan las exigencias de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y de la Organización Mundial del Comercio (OMC), situando las exigencias europeas a la producción en los niveles más altos del mundo, no obstante, la información sobre estas características no es conocida de forma veraz y entendedora por parte de los consumidores.
Además, hace tiempo que los agricultores y ganaderos constatan que no hay un control efectivo de las importaciones y de las preferencias comunitarias, lo que comporta una situación de competencia desleal de las producciones de terceros países respecto a las producciones europeas. Es necesario que la Administración haga cumplir las normativa comunitaria reforzando los controles en frontera tanto en medios materiales y humanos y así se respeten los contingentes de importación estipulados por la UE, se respeten la normativa relativa a los precios de entrada, se controlen las condiciones fitosanitarias, los requisitos mínimos de calidad y los niveles de residuos de los productos importados procedentes de terceros países. Siendo conscientes que actualmente, las normas sobre comercio internacional lo dificultan, es necesario continuar trabajando para que los productos provenientes de terceros países tengan las mismas exigencias y garantías que las que tenemos para productos producidos en la Unión Europea. Por ejemplo: es preciso exigir la trazabilidad en el etiquetaje de los productos, o también, es preciso que se acuerde cuales son los productos fitosanitarios permitidos durante el proceso de producción. Sin estas garantías no se debería permitir la entrada de estos productos en territorio europeo.
Centrándonos en el etiquetaje podría ser un primer paso que los consumidores fueran conocedores de la normativa de producción bajo la que se han producido los productos alimentarios que consumen, lo cual a su vez permitiría que los agricultores y ganaderos de la Unión Europea vieran reconocidos su esfuerzo en pro de la mejora de la calidad y seguridad de los productos alimentarios.
1. Aumentar la dotación de recursos humanos y materiales destinados a los servicios de control de las
importaciones de productos alimentarios de terceros países y solicitar también dicho incremento a todos los países miembros de la Unión Europea
2. Hacer respetar rigurosamente la normativa en materia de etiquetaje, calidad, comercio y defensa de los consumidores, así como reforzar los controles, inspecciones y sanciones a los que incumplen, en coordinación con las comunidades autónomas.
3. Mejorar la coordinación en las actuaciones de inspección entre las diferentes administraciones (Unión Europea-Estado-Comunidades Autónoma-Municipios).
4. Regular la obligación de incluir, en las etiquetas de los productos alimentarios, cuáles han sido las exigencias de regulación sobre producción de alimentos bajo las que han sido producidos (Unión Europea, FAO o OMC).
5. Aumentar la colaboración con las comunidades autónomas en las campañas de información a los consumidores sobre el etiquetaje en los productos."
161/000801
El Grupo Parlamentario Popular, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a las acciones piloto de pesca experimental, para su debate en Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino a través de la Secretaría General del Mar (antes Secretaría General de Pesca Marítima) ha promovido tanto en la pasada legislatura como en la presente, la realización de múltiples proyectos piloto de pesca experimental encomendando su realización a armadores nacionales.
La adjudicación de los diferentes proyectos ha sido realizada de forma discrecional por la Secretaría General del Mar, lo que ha originado malestar por esta forma de proceder en el sector pesquero en general y particularmente en las asociaciones representativas de éste.
Es objetivo de esta iniciativa lograr una mayor transparencia así como obtener un mejor rendimiento en la aplicación de los fondos públicos, dando así cumplimiento a la normativa que regula los procedimientos concursales.
Por otra parte se hace imprescindible para el mejor aprovechamiento de los recursos pesqueros y evitar prácticas de sobreexplotación de los caladeros, disponer de los resultados de estas campañas de manera que sean de fácil acceso a todos los interesados.
- Publicar las acciones piloto de pesca experimental que tenga previsto realizar el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino previa valoración con las asociaciones representativas del sector e informe del Instituto Español de Oceanografía en cuanto a su adecuación e idoneidad.
- Incorporar a esta publicación el gasto máximo admisible por campaña, cuantificada por la Subdirección General de Economía Pesquera de la Secretaría General del Mar.
- Que la asignación de las acciones piloto de pesca experimental se realice, a parte de cumplir con la normativa comunitaria, mediante concurso público de acuerdo con la ley 30/2007 de contratos del sector público y la Ley 38/2003 general de subvenciones.
- Modificar la Orden Ministerial de abril de 2000 sobre ayudas financieras para la realización de proyectos piloto de pesca experimental, en la que se incorporen los baremos objetivos de selección del armador más idóneo para realizar la acción piloto.
- Poner a disposición de las asociaciones y organismos interesados los resultados de las acciones piloto y colgar estos en la página Web del Ministerio."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Joaquín García Díez, Diputado.-María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Ciencia e Innovación, una Proposición no de Ley para modificar el Plan de Acción 2009 para el apoyo y modernización de la Universidad Pública, con el fin de no discriminar
las publicaciones de investigación en Catalán, Euskera y Galego.
El Consejo de Ministros del pasado viernes día 30 de enero aprobó las actuaciones incluidas en el Plan de Acción 2009 destinada a fortalecer la educación y proyectos de investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales.
Entre las acciones previstas en este ámbito, destaca una actuación pionera, dotada con cinco millones de euros, que permitirá proyectar internacionalmente la investigación en ciencias sociales y humanas que se publican en español.
También se prevé la creación de un grupo de alto nivel formado por expertos de diversas disciplinas humanísticas, que abordará específicamente los retos de las ciencias humanas y sociales, poniendo especial énfasis en su papel esencial en nuestra sociedad.
Ignoramos el motivo por el cual la dotación se hace en exclusiva para la investigación publicada en español, ya que ello supondrá favorecer, antes a equipos de otros países que utilizan el español como lengua oficial, que los españoles que utilizan alguna de las otras lenguas oficiales del Estado para dichas investigaciones y comunicaciones.
Por todo ello el Grupo el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
Modificar el Plan de Acción 2009 para el apoyo y modernización de la Universidad pública española, con el fin de evitar que las actuaciones destinadas a fortalecer las enseñanzas y proyectos de investigación en el ámbito de las humanidades y las ciencias sociales se limite a apoyar la investigación publicada en español, ampliándose dichas actuaciones a las publicaciones efectuadas en las demás lenguas oficiales del Estado: Catalán, Euskera y Gallego."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
161/000796
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y de acuerdo con lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión en la Comisión de Ciencia e Innovación, una Proposición no de Ley para recuperar la deducción fiscal adicional del 20 por ciento, aplicable a los gastos en actividades de I+D+i que las empresas subcontraten con Universidades, OPIS y Centros de Innovación y Tecnología.
Los objetivos de Lisboa exigen reforzar las políticas destinadas a incrementar los gastos en actividades de I+D+i y a mejorar los mecanismos de transferencia de conocimiento entre universidades y centros públicos de investigación y las empresas.
En los últimos años las políticas fiscales dirigidas a fomentar las actividades de I+D+i se han concentrado en los incentivos del Impuesto sobre Sociedades, concretamente en la deducción para incentivar la realización de actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, que tiene el objetivo de contribuir a paliar el importante déficit tecnológico y de investigación de nuestras empresas, déficit que dificulta su competencia en un mercado cada vez mas globalizado.
La regulación de incentivos fiscales a las actividades de I+D+i en España empieza el año 1995 con la aprobación de la Ley 43/1995 del Impuesto sobre Sociedades donde éstas tienen un reconocimiento expreso. El año 1999 se incrementan las cuantías de las deducciones y se incorpora el concepto de deducciones aplicables a la innovación tecnológica. El año 2003, mediante el Real Decreto 1432/2003, se permitió que los sujetos pasivos aportaran informes motivados relativos al cumplimiento de los requisitos científicos y tecnológicos exigidos en la Ley y vinculantes para la Administración Tributaria.
Esta dinámica de incremento de las deducciones y de mejora de las garantías tributarias que permiten aplicar las deducciones sufrió una modificación relevante mediante la Ley 35/2006 que modifica el Impuesto de Sociedades. Dicha Ley reduce los incentivos a las actividades de I+D+i en un coeficiente del 0,92 para el año 2007 y del 0,85 para años posteriores; introduce un nuevo incentivo en forma de bonificaciones a las cotizaciones de la Seguridad social correspondientes al personal investigador (40 por ciento) que son incompatibles con la aplicación de las otras reducciones fiscales; y como principal y más relevante de las novedades que incorpora la ley, deroga el artículo 35 del texto refundido de la Ley, es decir de las deducciones fiscales por I+D+i, a partir del año 2012.
Recientemente, la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria, ha suprimido la deducción adicional del 20 por ciento sobre
los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo contratados con universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología, y la deducción adicional del 15 por ciento por actividades de innovación tecnológica en el mismo supuesto, sin que se hayan logrado los objetivos que motivaron su creación.
Esta modificación trae causa en la Sentencia de 13 de marzo de 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, por la cual el Tribunal declara que España incumplía las obligaciones relativas a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios, al mantener en vigor un régimen de deducción de los gastos correspondientes a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que es menos favorable para los gastos realizados en el extranjero que para los gastos realizados en España, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.
Entre otros extremos, el Tribunal entiende que la redacción del artículo 35 de la mencionada Ley preveía un régimen de deducción fiscal más favorable para los gastos correspondientes a actividades de I+D+i encargadas a universidades y organismos reconocidos y registrados en España, conforme a la legislación española, sin posibilidad de extender el mismo régimen a actividades subcontratadas con instituciones del resto de la Unión Europea. Por ello, estos beneficios fiscales se consideran contrarios a la normativa europea.
Pero el Tribunal declara que "Para alcanzar el objetivo de garantizar que la deducción fiscal por los gastos correspondientes a actividades de I+D+I subcontratadas con centros de innovación y tecnología sólo se conceda en los casos en que estos centros ejercen una actividad seria y eficaz avalada por su reconocimiento, el Reino de España podría conceder el régimen de deducción fiscal cuando estas actividades son realizadas por centros de innovación y tecnología que hayan obtenido un reconocimiento similar en otro Estado miembro de la Unión Europea o del EEE, a reserva de que las autoridades españolas verifiquen la existencia y las condiciones de este reconocimiento (...)" (Fundamento Jurídico 41).
La Ley 4/2008 dispone, en este ámbito, la supresión completa del régimen, sin atender a la posibilidad que el mismo Tribunal apunta en la Sentencia, Es decir, extender el régimen fiscal a la subcontratación de dichas actividades a centros que hayan obtenido el similar reconocimiento por parte de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de la verificación de la existencia y condiciones de dicho reconocimiento por parte de la Administración tributaria española. El Gobierno, a pesar de poder modificar el régimen actual en este sentido y con pleno respeto a la normativa comunitaria, ha preferido suprimir el beneficio fiscal que hasta ahora potenciaba la transferencia científica y tecnológica en el orden interno.
Precisamente en un período de recesión económica y con unas expectativas negativas de crecimiento, se hace aún más necesario favorecer la competitividad de las empresas españolas y promover la transferencia de conocimientos por el desarrollo de actividades de I+D+i que realizan las universidades, OPIs y centros de innovación y tecnología a las empresas, uno de los problemas endémicos de nuestro sistema económico.
Se debe, por ello, potenciar una política de promoción de la colaboración de los sectores públicos y privados en el proceso innovador. Las actividades científicas y tecnológicas se enfrentan a graves dificultades para encontrar instrumentos de financiación adecuados y las deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades han devenido una fuente importante como instrumento de fomento de la transferencia de conocimiento.
Por todo ello, con el objeto de fomentar la competitividad de las empresas españolas, así como la relación permanente entre conocimiento y empresa, especialmente en una coyuntura económica como la actual, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta la siguiente
1. Manifiesta la conveniencia de potenciar la transferencia de conocimientos entre Universidad y Empresa en el ámbito de las actividades de I+D+i.
2. Insta al Gobierno a recuperar la deducción adicional del 20 por ciento de los gastos correspondientes a proyectos de investigación y desarrollo y del 15 por ciento de los correspondientes a actividades de innovación tecnológica, para los gastos contratados con universidades, organismos públicos de investigación o centros de innovación y tecnología, previstos en el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, con anterioridad a la Ley 4/2008, extendiendo el régimen a las actividades contratadas con los mismos organismos que hayan obtenido el similar reconocimiento por parte de otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de la verificación de la existencia y condiciones de dicho reconocimiento por parte de la Administración tributaria, de acuerdo con la previsión del fundamento jurídico 41 de la Sentencia de 13 de marzo de 2008 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas."
181/001320
¿Qué actuaciones piensa acometer el Ministerio de Justicia para evitar que los juzgados de la provincia de Cádiz sigan siendo de los más saturados de España?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Valoración del Gobierno sobre las declaraciones del Sindicato Unificado de la Policía, sobre que Algeciras (Cádiz) ha sido durante el 2008 la ciudad con mayor incremento de la delincuencia de la provincia.
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2009.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Valoración del Ministro del Interior sobre las declaraciones del Sindicato Unificado de la Policía, sobre el alarmante incremento de los delitos de robos con violencia e intimidación en un 52,46 por ciento en el año 2008, en Algeciras (Cádiz).
¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de los casos de adolescentes desaparecidas que se está produciendo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
Diputado don Carlos González Serna
¿Qué medidas prevé adoptar el Gobierno de España, en colaboración con el Gobierno vasco, para mejorar la protección de las personas y empresas involucradas en la construcción de la Y vasca?
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2009.-Carlos González Serna, Diputado.
181/001292
¿Qué valoración hace el Gobierno de las incidencias, robos, hurtos y deficiencias de todo tipo puestas en manifiesto en la apertura de los cuatro nuevos centros penitenciarios?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de enero de 2009.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/001304
Diputado don Jesús Vázquez Abad
¿Cuáles han sido los motivos que han provocado el retraso en el abono de conceptos salariales (pago guardias fin de semana) a los policías nacionales que prestan sus servicios de vigilancia en los edificios judiciales de la ciudad de Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Jesús Vázquez Abad, Diputado.
¿Tiene previsto el Gobierno incluir el Corredor del Mediterráneo en la próxima revisión del Plan Estratégico de Infraestructuras?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de febrero de 2009.-Carlos González Serna, Diputado.
181/001293
Don Sebastián González Vázquez, Diputado por Ávila, perteneciente al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 189 del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de formular la siguiente pregunta al Gobierno de la que desean obtener respuesta oral en la Comisión de Fomento.
¿Tiene previsto el Ministerio de Fomento alguna actuación para mejorar el tramo de la carretera N-403, Puente de La Gaznata, en el termino municipal de El Barraco, en la provincia de Ávila?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2009.-Sebastián González Vázquez, Diputado.
181/001308
Diputado don Celso Delgado Arce
¿Cuál es la situación del proyecto de Autovía entre Ourense y Ponferrada?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Celso Delgado Arce, Diputado.
181/001309
¿Cuál es la situación del proyecto de Autovía entre Ourense y Lugo?
181/001310
¿Cuál es la situación del proyecto de Línea de Alta Velocidad entre Ourense y Vigo?
181/001311
¿Cuál es la situación del proyecto de Línea de AVE entre Ourense y Lugo?
181/001312
¿Cuál es la situación del proyecto de acceso a la estación de Ourense comprendido dentro de la Línea de Alta Velocidad Ourense-Santiago?
181/001313
¿Cuál es la situación de ejecución de la Línea de Alta Velocidad entre Ourense y Santiago?
181/001314
¿Qué modelo ferroviario de transporte de mercancías tiene el Gobierno para Galicia?
181/001318
Tiene conocimiento el Ministerio de Fomento de que las medidas contra los accidentes marítimos que se van a adoptar no son suficientes y que parece olvidar el Convenio Internacional de Titulación, Formación y Guardias para Gente de Mar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2009.-José Ignacio Landaluce Calleja, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio
¿Cómo valora el Gobierno la situación y las perspectivas de futuro de la industria automovilística en Castilla y León?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Ignacio Cosidó Gutiérrez, Diputado.
181/001307
Diputado don Carlos Delgado Arce
¿Qué medidas de impulso a la contratación en el sector comercial implementará el Gobierno?
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2009.-Carlos Delgado Arce, Diputado.
181/001319
Diputado don Ricardo Tarno Blanco
¿Tiene previsto el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, dentro de las funciones que le confiere el artículo 10 del Real Decreto 432/2008 de 12 de abril por el que se reestructurarán los departamentos ministeriales la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de Sevilla para el impulso a la ampliación del Palacio de Congresos de la Ciudad de Sevilla (FIBES)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2009.-Ricardo Tarno Blanco, Diputado.
¿Considera el Gobierno que Salvamento Marítimo actuó de forma adecuada en el operativo del salvamento tras el naufragio del pesquero "Rosamar"?
Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2009.-Joaquín García Díez, Diputado.
181/001288
¿Cuáles son las previsiones de la Secretaría General del Mar para ayudar a los nuevos Proyectos piloto de Pesca Experimental?
181/001289
¿Tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Medio Marino solicitar de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, en el marco de sus competencias, la aprobación de Programas de Actuación de Flota (PAF) aprobados al amparo del Reglamento Comunitario 744?
181/001290
¿Cuál es la repercusión de la huelga de Inspectores de Pesca de la Administración General del Estado que mantiene este colectivo desde mayo del 2008, en lo referente al número de inspecciones, actas levantadas, etcétera?
181/001291
¿Qué valoración merece a la Secretaría General del Mar el que algunas CCAA del Cantábrico complementen las ayudas nacionales por el cierre del caladero de la anchoa?
181/001294
¿Tiene previsto el Gobierno, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC", desarrollar un Plan de Apoyo al sector vacuno de carne?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Alejandro Alonso Núñez, Diputado.
181/001295
¿Tiene previsto el Gobierno, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC", desarrollar un Plan de Apoyo al sector vacuno de la leche?
181/001296
¿Tiene previsto el Gobierno, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC", desarrollar un Plan de Apoyo al sector del ovino y del caprino?
181/001297
¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno en relación con el sector del tabaco con la aplicación de la nueva PAC"?
181/001298
¿Qué programas o medidas concretas se van a desarrollar y a financiar con cargo al modelo establecido en el artículo 68 de la nueva Política Agrícola Común (PAC)?
181/001299
¿Piensa el Gobierno tomar la decisión de desacoplar las ayudas de primas de ovino, caprino y vacuno?
181/001300
¿Tiene previsto el Gobierno revisar el sistema de pago de Ios Derecho de Pago Único?
181/001301
¿Tiene previsto el Gobierno elevar los límites inferiores (100 ? o inferior a una hectárea) para poder percibir los pagos directos de la nueva Política Agrícola Común (PAC)?
181/001302
¿Cuál es la previsión del Gobierno en relación con la aplicación de los fondos procedentes de la Modulación adicional prevista en la nueva Política Agrícola Común (PAC)?
181/001303
¿Tiene previsto el Gobierno, tras la aprobación del "Chequeo Médico de la PAC", desarrollar un Plan de Apoyo al sector del almendro y frutos de cáscara?
181/001305
¿Cuál es la situación de ejecución del Proyecto de la estación depuradora de aguas residuales de Ourense?
181/001306
¿Cuál es el estado de ejecución del Pacto Ambiental de la Pizarra que se desarrolla en las Comarcas de Valdeorras y Quiroga?
181/001322
Diputado don Carlos Floriano Corrales
¿Qué valoración hace el Gobierno de la ejecución del Plan de Choque de Regadíos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de febrero de 2009.-Carlos Floriano Corrales, Diputado.
181/001323
¿Ha realizado este Gobierno algún estudio, informe o análisis del trasvase de agua desde el embalse de Valdecañas, en el Tajo Medio, hasta la Cuenca del río Segura?
Diputado don Rafael Simancas Simancas
¿En qué consiste la aportación española a la biblioteca virtual Europeana?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2009.-Rafael Simancas Simancas, Diputado.
¿Cuál es el papel que juega el Programa Ibermedia en la consolidación del espacio audiovisual iberoamericano?
¿Qué previsiones tiene el Gobierno para la puesta en marcha del nuevo Museo Nacional de Etnografía en Teruel?
¿En qué consiste el plan en marcha para la ampliación de espacios a disposición del Archivo Histórico Nacional?
¿Cuáles son los criterios para la distribución de las ayudas del Ministerio de Cultura destinadas a la producción, distribución, creación y financiación cinematográfica en el ejercicio 2009?
181/001321
Grupo Parlamentario ER-IU-ICV
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Sanidad y Consumo
¿Ha puesto en marcha el Gobierno o piensa hacerlo durante esta Legislatura, la anunciada reflexión sobre muerte digna, habida cuenta de que casos como los de Eluana Englano, Ramón Sampedro e Inmaculada Echevarría, reclaman protocolos de actuación, así como modificaciones legales y del Código Penal, al objeto de garantizar el cumplimiento de la voluntad del paciente y la seguridad jurídica de los sanitarios en el tramo final de la vida?
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2009.-Gaspar Llamazares Trigo, Diputado.
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Vivienda
Diputado don Pere Macias Arau
A la Ministra de Vivienda:
¿Cuáles son los motivos que han comportado la eliminación, en el nuevo Plan de vivienda 2009-2012, de la excepción a la prohibición de transmitir o de ceder el uso de las viviendas antes de los 10 años a las familias numerosas que necesiten adquirir una vivienda de mayor superficie por el incremento del número de miembros de su unidad familiar; u otra vivienda más adecuada a sus necesidades específicas, por discapacidad sobrevenida de uno de sus miembros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2009.-Pere Macias Arau, Diputado.
¿Cuáles son los motivos que han comportado la supresión de la construcción de viviendas de protección oficial de hasta 120 metros cuadrados, cuando se trate de familias numerosas o personas con discapacidad o dependientes a su cargo, en el nuevo Plan de vivienda 2009-2012, aprobado el 24 de diciembre de 2008?
181/001317
Piensa acometer el Ministerio de Igualdad algún tipo de actuación sobre la supresión del fiscal exclusivo de Violencia de Género en el Juzgado de Algeciras (Cádiz).
181/001315
¿Qué posición ha mantenido el Gobierno en la Conferencia Mundial de la Iniciativa para la transparencia de la industria extractiva (ITIE) que se ha celebrado en Doha?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2009.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
181/001316
¿Qué compromisos va asumir el Gobierno en la conferencia de reposición del Fondo Global contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, que se va a celebrar en Cáceres?
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 2008.-Carles Campuzano i Canadés, Diputado.
120/000004
AUTOR: Don José María Carrasco Cano, Vicepresidente de la Asociación Española de Proveedores Impagados de la Construcción (AEPIC).
Proposición de Ley de modificación del artículo 4 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, contra la morosidad.

References: artículo 68
 artículo 4
 artículo 97
 artículo 193
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 193
 artículo 107
 artículo 193
 artículo 104
 resolución 
 resolución 
 artículo 104
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 108
 resolución 
 artículo 193
 artículo 103
 artículo 270
 artículo 193
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 117
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35
 Real Decreto 
 artículo 189
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 68
 artículo 4