Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/97span/Nicaragua11.218b.htm
Timestamp: 2017-10-22 04:25:03+00:00

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Nicaragua 11.218b - Fondo
...la excepción de no agotamiento de los recursos internos, para ser oportuna, debe plantearse en las primeras etapas del procedimiento, a falta de lo cual podrá presumirse la renuncia tácita a valerse de la misma por parte del Estado interesado y que el Estado que alega el no agotamiento tiene a su cargo el señalamiento de los recursos internos que deben agotarse y de su efectividad.[6] (énfasis agregado).
96. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, la Comisión debe reiterar, asimismo, su doctrina con respecto a los delitos perseguibles de oficio, y es que tratándose de delitos de acción pública --y aún en los dependientes de instancia privada-- no es válido exigirle a la víctima o a sus familiares el agotamiento de los recursos internos, ya que es función del Estado preservar el orden público y, por ende, es su obligación actuar la ley penal promoviendo o impulsando el proceso hasta el final. Tal como lo ha expresado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la obligación de investigar "debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad".[7] Esto es, la obligación de investigar, procesar, y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos es un deber indelegable del Estado. Una consecuencia de ello es que el funcionario público, al contrario del particular, tiene la obligación legal de denunciar todo delito de acción pública que llegue a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones.
...cuando se invocan ciertas excepciones a la regla de no agotamiento de los recursos internos, como son la inefectividad de tales recursos o la inexistencia del debido proceso legal, no sólo se está alegando que el agraviado no está obligado a interponer tales recursos, sino que indirectamente se está imputando al Estado involucrado una nueva violación a las obligaciones contraídas por la Convención. En tales circunstancias la cuestión de los recursos internos se aproxima sensiblemente a la materia de fondo.[8]
La regla del previo agotamiento de los recursos internos en la esfera del derecho internacional de los derechos humanos, tiene ciertas implicaciones que están presentes en la Convención. En efecto, según ella, los Estados Partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (art. 1).[9]
102. El artículo 8 de la Convención Americana establece una serie de requisitos que deben observarse en las diversas etapas procesales a fin de que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales.[10] Dicho artículo comprende distintos derechos y garantías que provienen de un valor o bien jurídico común y que considerados en su conjunto conforman un derecho único no definido específicamente, pero cuyo inequívoco propósito es en definitiva asegurar el derecho de toda persona a un proceso justo.[11] Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado.[12]
103. Asimismo, es fundamental recordar que tanto el artículo 8 como el 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "constituyen condiciones necesarias para que los instrumentos procesales, regulados por la Convención, puedan considerarse como garantías judiciales".[13] Cabe señalar que "las garantías sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho".[14] El artículo 25.1 de la Convención Americana incorpora el principio reconocido en el derecho internacional de los derechos humanos, de la efectividad de los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar tales derechos.[15] Para que tal recurso exista, la Convención requiere que sea realmente idóneo a fin de establecer si se ha incurrido en una violación de los derechos establecidos en la Convención y proveer lo necesario para remediarla.[16]
104. Dentro de ese contexto, los órganos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos son competentes, de conformidad con el artículo 33 de la misma, para determinar si las acciones u omisiones de cualquier órgano del Estado, incluyendo el Poder Judicial, comprometen la responsabilidad de aquél en función de las obligaciones internacionales asumidas de buena fe al ratificar dicho instrumento internacional. En este sentido, la Comisión Interamericana está plenamente facultada para examinar si en un determinado proceso penal se respetaron las garantías judiciales establecidas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. La determinación de si un proceso judicial satisface los requisitos de los artículos 8 y 25 debe hacerse sobre la base de las circunstancias de cada caso en particular y examinando el proceso en su totalidad.[17]
De ninguna manera la regla del previo agotamiento debe conducir a que se detenga o se demore hasta la inutilidad la actuación internacional en auxilio de la víctima indefensa. Esa es la razón por la cual el artículo 46.2 establece excepciones a la exigibilidad de la utilización de los recursos internos como requisito para invocar la protección internacional, precisamente en situaciones en las cuales, por diversas razones, dichos recursos no son efectivos.[18]
121. Tanto la Comisión y Corte Europea de Derechos Humanos, como la Comisión Interamericana han establecido una serie de criterios, o consideraciones que deben tomarse en cuenta para determinar si en el caso concreto hubo, o no, retardo injustificado en la administración de justicia, "lo cual no impedirá que llegado el caso, uno solo de ellos pese decisivamente" (énfasis agregado).[19]
123. A fin de realizar un análisis apropiado de la complejidad del caso, es necesario referirnos a los antecedentes del mismo: la violación del derecho a la vida. En consecuencia, es necesario hacer una valoración objetiva de las características del hecho y de las condiciones personales de los presuntos imputados. En primer término estamos frente a una sola causa penal: el delito de homicidio, y en segundo lugar, una sola víctima. Dichas características hacen el presente caso no complejo y de fácil investigación. La doctrina adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Nº 10.037 (Firmenich)[20] es ilustrativa, ya que declaró inadmisible la denuncia debido a que las características propias del caso y la complejidad de las causas envueltas en su desarrollo, no constituían un retardo injustificado de la administración de justicia. Cabe señalar que en dicho caso el reclamante fue sometido a dos juicios por delitos diferentes
Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama "análisis global del procedimiento" (Motta, supra 77, párr.24; Eur. Court H.R., Vernillo judgment of 20 february 1991, Series A, no. 157). Aún cuando se excluyan la investigación policial y el plazo que empleó la Procuraduría General de la República de Nicaragua para formular acusación ante el juez de primera instancia, es decir, realizando el cómputo a partir del 23 de julio de 1991 fecha en que ese juez dictó el auto de apertura del proceso, hasta la actualidad en que todavía no se ha pronunciado sentencia firme, han transcurrido más de cinco años en este proceso, lapso que esta Corte considera que rebasa los límites de la razonabilidad prevista por el artículo 8.1 de la Convención.[21]
127. La Comisión [Europea] de Derechos Humanos señaló que "la complejidad y el volumen sólo se puede invocar si efectivamente han contribuido a la demora en la tramitación. En efecto, los procedimientos fueron complicados y largos, pero en este caso, las autoridades judiciales casi no realizaron ninguna actividad (...). En la sentencia final, dictada en 1980, se discutieron puntos muy difíciles, pero no se puede atribuir a la complejidad del caso la injustificada demora en la decisión final. Por lo tanto, la complejidad del caso no podía ser argumentada en contra del aplicante".[22]
128. La Comisión Europea de Derechos Humanos encontró que a pesar de que el caso fue particularmente complejo, no tenía razón el Gobierno en sostener que por esta razón se produjo una demora tan larga en el trámite judicial de la causa.[23]
132. La deficiente actuación judicial no termina ahí. La Comisión Interamericana debe manifestar, asimismo, que más de tres años para resolver un recurso de casación es a todas luces un tiempo irrazonable.[24] Dentro de este contexto, la Comisión debe poner de manifiesto que, Nicaragua, como Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene la obligación de organizar su sistema legal con el objeto de que sus tribunales cumplan con los requerimientos de una correcta administración de justicia, como es por ejemplo, la sustanciación de una causa con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un tribunal competente, independiente e imparcial, tal como lo estipula el artículo 8 del mencionado instrumento internacional.
136. La segunda condición que debe cumplir un proceso, para no resultar injusto o arbitrario, tiene que ver con la celeridad del mismo. En efecto, es de la esencia de la administración de justicia el que, para ser justa, ésta tiene que ser rápida. Una justicia lenta, o que se retarde indebidamente, es --por sí sola-- injusta. De nada le sirve al demandante o al demandado --en un proceso civil--, o al acusador o al acusado --en un proceso criminal--, que después de largo tiempo se acepten sus alegatos y se reconozcan sus derechos, si el mero transcurso del tiempo le ha ocasionado un daño irreparable, o si el haberse visto involucrado en un largo proceso ha perjudicado sus intereses (..). Además, con mucha frecuencia, el que puede esperar es quien se sabe derrotado y el que se beneficia con una decisión tardía; por el contrario, aquel a quien le asiste la razón --y cuyos derechos han sido lesionados-- no dispone de tiempo, y no puede esperar eternamente a que se restablezca la justicia.[25]
[6] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 26 de junio de 1987, Excepciones Preliminares, Caso Velásquez Rodríguez, pág. 38, párrafo 88.
[7] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia del 29 de julio de 1988, pág. 73, párrafo 177.
[8] Velásquez Rodríguez, Sentencia sobre Excepciones Preliminares del 26 de junio de 1987, párrafo 91, página 40.
[9] Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, supra 4, párrafo 91.
[10] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (arts. 27.2, 25 y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva O-C 9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A. No. 9, párrafo 27.
[11] Ver Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Golder, Sentencia del 21 de febrero de 1975, Series A, No. 18, párrafo 28, en relación al artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos, el que sustancialmente comprende los mismos derechos y garantías del artículo 8 de la Convención Americana.
[12] El derecho a un juicio justo está regulado en varios artículos de la Convención, a saber, 7, 8, 9, y 25.
[13] Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-9/87, cit.ut supra nota 1, párraf. 30.
[14] Corte Interamericana de Derechos Humanos Opinión Consultiva OC-8/87 del 30 de enero de 1987, El Habeas Corpus Bajo Suspensión de Garantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6), párr. 25.
[15] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-9/87, cit. ut supra 1, párr. 24.
[16] Idem, párr. 24.
[17] Ver la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos: Caso Barberá, Messegue y Jabardo, Sentencia del 6 de diciembre de 1988, Serie A, No. 146, párrafo 83; Caso Asch, cit. ut supra nota 9, párrafo 26; Caso Delta, cit. ut supra nota 9, párrafo 35.
[18] Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia sobre Excepciones Preliminares, párrafo 93, página 41.
[19] European Court of Human Rights, Eckle judgement of 15 July 1982, Series A. Nº 51; Zimmerman and Steiner judgement of 13 July 1983, Series A. Nº 66; European Commission of Human Rights, Decisions & Reports, Nº41, Strasburg, April 1985. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual 1988-1989, Caso Nº 10.037, "Firmenich".
[20] CIDH, Caso Nº 10.037, op.cit., pág.67.
[21] Corte I.D.H., Sentencia sobre el fondo del Caso de Jean Paul Genie Lacayo, 29 de enero de 1997, página 23, párrafos 80 y 81.
[22] European Commission of Human Rights, Decisions & Reports, Nº 41, Strasburg, April 1985, pág. 29, p. 104-105.
[23] European Commission of Human Rights, op. cit., pág. 30, p. 107.
[24] El Recurso de Casación fue interpuesto --por el abogado del responsable-- ante la Corte Suprema de Justicia el 22 de marzo de 1994.
[25] Héctor Faúndez Ledesma, Administración de Justicia y Derecho Internacional de los Derechos Humanos, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Comisión de Estudios de Postgrado, Instituto de Derecho Público, Caracas, Venezuela, 1992, pág. 270.

References: artículo 8
 artículo 8
 artículo 25
 artículo 33
 artículo 46
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 8