Source: https://tc.vlex.es/vid/1-2-15033826
Timestamp: 2019-10-14 08:30:32+00:00

Document:
STC 24/1988, 23 de Febrero de 1988 - Jurisprudencia - VLEX 15033826
STC 24/1988, 23 de Febrero de 1988
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 523/1986
1. Se reitera doctrina del Tribunal según la cual los recursos cuya interposición es exigible para entender agotada la vía judicial son los normal y claramente ejercitables. 2. En el marco de la ya amplia doctrina constitucional relativa al régimen de los emplazamientos en el proceso contenciosoadministrativo, se afirma ahora la necesidad de integrar debidamente -a la espera de una conveniente regulación legislativa- los intereses presentes, pues, junto al que indudablemente ostenta el potencial codemandado en acceder al proceso, es también digno atención el interés objetivo en no aumentar la complejidad y duración del procedimiento jurisdiccional, haciendo pesar sobre el Tribunal el deber de recabar datos de personas cuya identidad desconoce y también lo es, en fin, el interés del litigante de buena fe que obtuvo en su día Sentencia estimatoria de su pretensión frente a la Administración y para quien la garantía de seguridad que da la cosa juzgada no puede ponerse en entredicho a través de una torcida invocación del debido emplazamiento personal por quien conoció de otro modo la existencia del proceso y no actuó con la diligencia exigible para comparecer en el mismo. Sólo, en consecuencia, podrá considerarse afectado el derecho fundamental de quien, pese a derivar en su favor derechos del acto impugnado, no fue llamado por el Tribunal, conocedor de su existencia, a comparecer en un nuevo proceso de cuya iniciación o pendencia nada supo el interesado a través de otro medio extrajudicial.
En el recurso de amparo núm. 523/1986, interpuesto por el Procurador señor A. P., en nombre y representación de la Junta de Compensación Cerro de los Gamos y Compañía mercantil «Cerro de los Gamos, Sociedad Anónima», asistidas del Letrado don José L. Laso Martí nez, contra Sentencia de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid de 27 de enero de 1984, dictada en recurso contra resolución del Delegado del Gobierno en la Comisión del Area Metropolitana de Madrid.
Han sido parte en el asunto el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado ante el Tribunal Constitucional y, como codemandado, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, representado por el Procurador don Francisco G. y G.. Ha sido Ponente el Presidente de la Sala, don Francisco T. y V., quien expresa el parecer de la misma.
1. Con fecha 17 de mayo de 1986 quedó registrado en este Tribunal un escrito mediante el cual don Francisco . A. P., Procurador de los Tribunales, interpuso recurso de amparo constitucional en nombre y representación de la Junta de Compensación Cerro de los Gamos de la Compañía mercantil «Cerro de los Gamos, Sociedad Anónima», contra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid con fecha 27 de enero de 1984, en los autos 140/1981, iniciados por recurso del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón contra resolución del Delegado del Gobierno en la Comisión del Area Metropolitana de Madrid de 8 de octubre de 1979.
3. Por providencia del día 24 de septiembre de 1986 la Sección Segunda acordó tener por personados y partes en el procedimiento al señor L. E. y al Procurador don Francisco G. y G., éste en nombre y representación del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, así como acusar recibo a la Audiencia Territorial de Madrid de las actuaciones remitidas, dando vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que, por plazo común de veinte días, pudieran presentar las alegaciones pertinentes.
4. En sus alegaciones, la representación actora -tras recordar que el acto administrativo impugnado fue el aprobatorio de un plan de ordenación de iniciativa privada, actuando mediante el sistema de compensación- observó que la identidad de los promotores y de la Junta de Compensación constó en los autos del procedimiento contencioso-administrativo, pese a lo cual los hoy demandantes no fueron personalmente notificados para su eventual intervención procesal. El Tribunal a quo no intentó en ningún momento investigar el nombre de los promotores, que era perfectamente conocido, ni requirió tampoco a la Administración demandada para que notificara a los propietarios interesados, conculcando así el derecho fundamental declarado por el art. 24.1 de la Constitución y causando un daño patrimonial efectivo al dejarse sin efecto el plan parcial inicialmente aprobado. Se subrayó que los planes de ordenación de iniciativa privada, mientras se hallan vigentes, confieren derechos e intereses legítimos a favor de los promotores propietarios de los terrenos comprendidos dentro del mismo y a sus órganos de ejecución, y se citó la doctrina constitucional aplicable, de conformidad con la cual debió el Tribunal Contencioso-Administrativo emplazar personalmente a quienes -como los demandantes de amparo- eran titulares de derechos e intereses legítimos para el mantenimiento del acto y no limitarse al emplazamiento edictal previsto en el art. 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa. Por lo demás, el desconocimiento que los recurrentes de amparo tuvieron del fallo dictado por el Tribunal Contencioso-Administrativo impidió el cumplimiento de lo en aquél prescrito, pues en dicho fallo se recordó la exigencia de que los promotores del plan incorporasen el compromiso de los propietarios en orden a ceder el 10 por 100 del aprovechamiento medio a los municipios afectados y -desconociendo la Sentencia y el procedimiento al que la misma puso término- no pudieron los demandantes satisfacer lo así dispuesto.
El Ministerio Fiscal no propuso prueba alguna por cuanto que no había alegado la existencia de ese conocimiento o de falta de diligencia. La representación del Ayuntamiento de Pozuelo, por su parte, propuso prueba documental a obtener del ilustrísimo señor R. M. M., del excelentísimo señor C. O. T., U. y V., y . J. R. E. U. colaboradoras de la Comunidad Autónoma de Madrid y del Ilustrísimo señor S. G. del propio Ayuntamiento de Pozuelo.
La representación de las recurrentes comienza por puntualizar que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento de Pozuelo se reducen a una certificación del Registro Mercantil sobre fecha de constitución de la Sociedad «Cerro de los Gamos, Sociedad Anónima», y composición de su Consejo de Administración; otra del Registro de Entidades Urbanísticas colaboradoras de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que se hace constar la fecha de inscripción de la Junta de Compensación Cerro de los Gamos y la composición de su Consejo Rector y, por último, escrito del señor A. del propio Ayuntamiento, según el cual con posterioridad a 31 de diciembre de 1981 la Junta no ha realizado actuación alguna ni presentado ningún escrito solicitando la gestión.
11. En sesión del día 1 de febrero el proyecto de Sentencia presentado por el Ponente Magistrado don Francisco R. L. quedó en minoría. Asumió la Ponencia el Presidente de la Sala, quien presentó otro texto de la misma para nueva deliberación y votación que tuvo lugar el día 15 de febrero de 1988.
2. Tal pretensión no es otra -como se dijo- que la de que, declarando la nulidad de la Sentencia de 27 de enero de 1984, de la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, reconozcamos el derecho de quienes recurren a haber sido personalmente emplazados en un procedimiento cuya iniciación y pendencia dicen haber ignorado y en el que se juzgó de la conformidad a Derecho de un acto del que derivarían para las Entidades demandantes derechos o intereses legítimos. Ese acto -la Resolución de 8 de octubre de 1979 del Delegado del Gobierno en la Comisión de Planeamiento y Coordinación del Area Metropolitana de Madrid (COPLACO)- fue, efectivamente, declarado nulo por aquella Sentencia judicial, ignorada por los actores -como la pendencia misma del proceso con ella culminado- hasta que recibieron el escrito de 29 de abril de 1986, en el que la Consejería para la Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid les habría hecho saber su existencia. Por ello -porque los demandantes, siendo entonces conocidos o conocibles para el Tribunal, no fueron personalmente emplazados-, se habría violado, al resolverse el proceso sin su presencia, el derecho de aquéllos enunciado en el art. 24.1 de la Constitución.
4. Distinta, sin embargo, fue la posición que pudo haber ocupado en el proceso que antecede, de haber comparecido en el mismo, la Compañía mercantil «Cerro de los Gamos, Sociedad Anónima», demandante también de amparo, pues esta Sociedad -según ha quedado dicho- fue la redactora y promotora inicial del Plan Parcial cuya aprobación administrativa se controvirtió en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Pozuelo Alarcón. Lo relevante no es tanto, en este momento, determinar si para la actora nació entonces de aquella Resolución aprobatoria del Plan un derecho subjetivo que habría podido dar lugar a su comparecencia en el proceso contencioso, como demandada. Importa sólo advertir el nacimiento en favor de la actora, y en mérito de la Resolución citada, de una situación jurídica favorable en la que se actualizaba, para la recurrente, la previsión legislativa en orden al reconocimiento de la iniciativa privada en materia de planificación urbanística (arts. 52 y siguientes del Real Decreto 1.346/1976). Confirmación y efecto de esta situación jurídica fue, por lo demás, el tenor mismo del fallo al que se llegó en la Sentencia de 27 de enero de 1984 -ahora impugnada-, pues allí no se limitó el Tribunal a quo a declarar la nulidad de la Resolución que tuvo por cumplida una condición cuya satisfacción pesaba sobre la Compañía «Cerro de los Gamos», sino que se reseñaron expresamente los términos en que tal condición habría de cumplirse, de conformidad con la legalidad aplicable, por la Entidad promotora del Plan Parcial.
La demandante no fue objeto de emplazamiento personal en el recurso interpuesto, el 31 de enero de 1981, por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, limitándose entonces la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial a disponer, en su providencia de 5 de febrero del mismo año, la publicación del anuncio de la interposición del recurso en el «Boletín Oficial del Estado», publicación que se produjo con fecha 1 de abril de 1981. Y es claro, sin embargo, que para la Sala juzgadora, debió ser notorio, desde las primeras etapas del proceso, no sólo la existencia de un promotor privado en el origen del procedimiento en cuyo curso se adoptó el acto impugnado, sino la misma identidad de la Empresa que demanda. Sin necesidad, en efecto, de obtener tal identificación a partir de los datos obrantes en el expediente administrativo, le habría bastado a la Sala con dar la debida relevancia jurídico-procesal a lo que constaba en el texto mismo de la Resolución objeto de recurso, de 8 de octubre de 1979, en cuyo encabezamiento se reseñó que el acto se refería al Plan Parcial de Ordenación Cerro de los Gamos, promovido por don Juan M. G. M. como representante de las Compañías mercantiles «Cerro de los Gamos, Sociedad Anónima», y «Los Caleros, Sociedad Anónima».
Importa recordar para ponderar estos alegatos, dos circunstancias que merecen aquí relevante consideración. Ante nosotros se ha acreditado, en primer lugar, que la persona que actuara en el procedimiento administrativo que antecede como representante de la Compañía mercantil que hoy demanda -don Juan M. G. M.- ostentó también la presidencia de la Junta de Compensación Cerro de los Gamos, Junta constituida ante Notario el día 13 de julio de 1982 y aprobada por la COPLACO con fecha 14 de octubre del mismo año.
Las consideraciones anteriores llevan estrechamente a la denegación del amparo. La grave irregularidad procesal en la que incurrió la Sala Tercera de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid al no emplazar personalmente a la actora no deparó, sin embargo, la indefensión en ésta, pues no es reconocible tal lesión cuando quien dice haberla sufrido no supo o no quiso defender, pudiendo haberlo hecho, los propios derechos e intereses comprometidos por una impugnación de cuya ulterior tramitación ni debió permanecer ignorante ni cabe razonablemente concebir que así se mantuviera. En definitiva, y como en otras ocasiones hemos dicho (por todas, STC 150/1986, 27 de noviembre, fundamento jurídico 2.°), el amparo constitucional no se puede conceder, en supuestos como el presente, cuando quien lo pide se halla situado, por voluntad propia, en una posición de apartamiento del proceso, incompatible con la alegación de indefensión después deducida. No verificada aquí tal indefensión, no cabe sino rechazar los pedimentos de la actora.
Voto particular que formula el Magistrado don Francisco R. L. a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 523/1986
Los codemandados, a quienes ofrecimos la posibilidad de hacerlo, no han acreditado que hubiera adquirido la actora aquel conocimiento sobre el proceso en curso que habría de desvirtuar su queja en éste. Sí han subrayado, ciertamente, que tal conocimiento pudo con facilidad haberse obtenido en razón del mismo tráfico jurídico al que la Sociedad demandante se dedicaba y también por medio de la presencia de ésta en la Junta de Compensación Cerro de los Gamos, cuyo Consejo fue presidido por don Juan M. G. M., como representante de la Compañía que recurre, propietaria de terrenos comprendidos en el polígono cuya urbanización se proyectó a su instancia. A partir de estos datos, sin embargo, no puede alzarse la deducción que, con fuerza de presunción, se nos propone, pues falta entre tales circunstancias y el hipotético conocimiento del recurso el enlace preciso y directo que la Ley en este punto reclama (art. 1.253 del Código Civil).
STSJ Navarra 423/2001, 17 de Diciembre de 2001
SAP Cuenca 27/1999, 25 de Febrero de 1999
STSJ Andalucía , 19 de Septiembre de 2002

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución