Source: http://noticiasfueradefoco.blogspot.com/2007/
Timestamp: 2017-07-26 10:34:57+00:00

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F U E R A D E F O C O: 2007
El ministro Daniel Cuenca dispuso modificaciones en las áreas de Logística y Administración de la Jefatura de Policía de Santa Fe y en las Unidades Regionales de Rosario y La Capital. La movida busca profundizar el control sobre el manejo del dinero en la fuerza de seguridad. “Entendemos imprescindible empezar el año evaluando presupuestos”, dijo el funcionario al diario La Capital. El responsable político de esta tarea será el contador Oscar Biagioni que acompañó a Enrique Álvarez en el manejo de los fondos de la Policía y el Servicio Penitenciario durante la última gobernación de Carlos Reutemann. Este periodo estuvo marcado por la multiplicación de denuncias sobre corrupción policial. Organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión de 2001 manifestaron su preocupación por esta designación.El ministro de Seguridad de la provincia, Daniel Cuenca, dispuso modificaciones en las áreas de Logística y Administración de la Jefatura de Policía de Santa Fe y en las Unidades Regionales de Rosario y La Capital. Los relevos de funcionarios fueron justificados por la necesidad de evaluar la situación de los recursos asignados al sector. "Estaban previstos para marzo pero anticipamos los de áreas que manejan partidas porque entendemos imprescindible empezar el año evaluando presupuestos. Queremos establecer desde el primer día cuánto dinero disponemos y qué necesita la policía para funcionar" dijo el funcionario al diario La Capital.Los cambios empiezan por el Departamento Logística (D4) de la jefatura provincial que estará a cargo del comisario inspector Marcelo Ejido, en reemplazo del comisario general Armando Berraz. En la Dirección General de Administración de provincia, fue designada la comisaria Marcela Ortiz, en reemplazo del comisario general Omar Oneglia. Ambas dependencias son las encargadas de controlar el inventario y los balances de todas las unidades regionales. También fueron desplazados los habilitados de las jefaturas departamentales de Rosario y La Capital.Según Cuenca, los desplazamientos no implican objeción a quienes se van. "Simplemente pretendemos iniciar la gestión con funcionarios nuevos, lo que es propio de cualquier administración", aclaró.Lo cierto es que el manejo de dinero y la administración de los bienes en el ámbito de la policía provincial se encuentran bajo sospecha hace mucho tiempo. Solo basta con repasar las ediciones de los principales medios de la provincia para comprobar la acumulación de denuncias sobre compras de armamento y equipos, desvió de fondos para alimentos o adicionales, robo de combustible, etc.Por este motivo, la movida del ministro de Seguridad ha sido interpretada como un mensaje al interior de la fuerza respecto a las nuevas reglas que regirán la administración del presupuesto y los controles sobre el gasto, incluso, de gestiones anteriores. "En caso de advertir irregularidades las ordenaremos. Yo pretendo que mi propia gestión sea auditada", dijo Daniel Cuenca ante una pregunta de La Capital.Lo notable de esta decisión es que el responsable de la “planificación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria, financiera y de recursos humanos y físicos” del Ministerio de Seguridad – que incluye la Jefatura de Policía y sus unidades regionales – es el mismo funcionario que cumplió similares tareas para Carlos Reutemann, cuando el agente de la SIDE Enrique Álvarez estuvo al frente de la Subsecretaría de Seguridad Pública, durante la última gobernación del actual senador nacional.En efecto, el contador Oscar Marcos Biagioni fue designado recientemente como Subsecretario de Coordinación Técnica Administrativa del Ministerio de Seguridad (Decreto Nº 0042 del 12 de diciembre de 2007) con similares atribuciones a las que tuvo cuando fue Subsecretario de Logística del Ministerio de Gobierno entre los años 2000 y 2003. Si bien su cargo se ubica en una tercera línea de jerarquía dentro del organigrama ministerial – debajo de las secretarias de Seguridad Pública, Seguridad Comunitaria y Asuntos Penitenciarios – para la toma de decisiones reporta directamente con el ministro.Según la Coordinadora de Trabajo Carcelario (Balance de la Política de Seguridad – Año 2003), durante la segunda gobernación de Carlos Reutemann se consolidaron “mecanismos de supervivencia de estructuras corruptas” dentro de la Policía y se mantuvo “una jerarquía policial rígida, con sistemas de control interno corporativos y poco transparentes”. El diagnóstico se puede completar con la visión de la entonces Directora Provincial de Asuntos Internos, Leila Perazzo, que admitió su preocupación ante la prensa, porque “en los procedimientos por extorsión o exacciones ilegales encontramos que están cometiendo este delito – que siempre significa obtener dinero en forma ilícita – gente de toda la jerarquía, o sea que usted puede encontrar un cabo pidiéndole dinero a una persona para una prebenda como un comisario”.Ahora, con la nueva estructura orgánica del Ministerio de Seguridad (Decreto Nº 0024 del 11 de diciembre de 2007) el gobernador Hermes Binner y el ministro Daniel Cuenca, le asignaron al ex Subsecretario de Logística de Lorenzo Domínguez, Esteban Borgonovo y Carlos Carranza, varias funciones de importancia, entre ellas:- Asistir al Ministro en la coordinación del apoyo técnico administrativo orientando acciones para el logro de los objetivos fijados.- Entender y coordinar la formulación y ejecución del Presupuesto del Ministerio conforme las normativas vigentes.- Asistir en la racionalización de normas y procedimientos.- Entender en la planificación de la gestión administrativa, contable, presupuestaria, financiera y de recursos humanos y físicos de la jurisdicción.- Entender en las gestiones del uso del crédito, sus aplicaciones de gastos y demás relaciones técnicas en coordinación con el Ministerio de Economía y otras jurisdicciones del Estado Provincial.- Asumir la función de nexo con el Ministerio de Economía y demás jurisdicciones en todas las actividades atinentes a la administración financiera del Estado.Como se puede observar, el manejo de la “caja” del nuevo Ministerio de Seguridad pasa por el escritorio de un hombre que ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación dentro del estado santafesino.Pero el dato más preocupante son los hechos que ensombrecieron el paso de Oscar Biagioni por la Subsecretaria de Logística del Ministerio de Gobierno. Durante su gestión se multiplicaron los escándalos sobre compras de vehículos y pertrechos, desvió de fondos para alimentos o adicionales, robo de combustible, entre lo mas notable. En todos estos casos aparece un común denominador: la falta de transparencia en la gestión y el relajamiento del control interno. Precisamente los atributos que se busca resaltar en la nueva gestión de Daniel Cuenca.Incluso, algunos de estos antecedentes pueden encontrarse publicados en la página Web del Partido Socialista de Santa Fe. En el número 62 de la revista partidaria de octubre de 2005, se reproduce un artículo del periodista Luís Moro, donde se describe como un grupo de funcionarios de la gobernación de Carlos Reutemann desarrolló un sistema de compras destinado a favorecer a empresas familiares, que en parte pudo ejecutarse con la anuencia de Oscar Biagioni desde su estratégico cargo en el Ministerio de Gobierno. (Ver : Una gran Familia - Miembros del Tribunal de Cuentas y Proveedores del Estado)El caso fue denunciado en la justicia provincial por la AFIP y actualmente espera resolución en el juzgado de Instrucción de la 5ta. Nominación de la ciudad de Santa Fe.Si bien este hombre del justicialismo ha sabido cultivar el bajo perfil en todos estos años, su llegada al Ministerio de Seguridad ha provocado sorpresa en algunos sectores del Frente Progresista. En tanto, desde las filas socialismo no se han escuchado comentarios sobre las razones de la incorporación de Oscar Biagioni al elenco gubernamental. La única llamada de atención se escuchó la semana pasada en la reunión que los organismos de derechos humanos de la provincia tuvieron en la Casa Gris con el gobernador Hermes Binner. La representante de la Coordinadora de Trabajo Carcelario, fue la encargada de transmitir la inquietud que genera el regreso de este funcionario al manejo de un área tan sensible como es el presupuesto de seguridad. De la respuesta oficial aún nada se sabe.
BIABA EN VERSO
El alcohol y la violencia suelen ser una pareja perfecta. A diario las crónicas periodísticas lo reflejan. Pero hace varias décadas, y sin llegar al dramatismo de la actualidad, el periodismo solía mostrar a estas realidades con otro estilo… Durante 1931, el diario Santa Fe contenía una sección llamada “Acuarela rantifusa”, firmada por “Figarito” y que se dedicaba a contar notas de color, en general policiales, en verso y con humor. “Se la dieron a la gallega”, es una acuarela que describe un altercado entre la dueña de un cafetín y un borracho. Cayó al cafetín Quiroz Como decimos, en tranca, Y gritó: -¡Che, galleguita, A ver, servime una caña! -No pué zé, mi cabayero, Ustez ya ha pasao la raya. -¿La qué?... dejate de broma, Vamos a seguir la farra. Son los primeros versos. Continúa diciendo “La gallega” que no le iba a servir la caña, por temor a la multa de la policía. “Para usted no hay nada”, le dice. El hombre le contesta: -¡Qué no va a haber, rantifusa! ¡Y quien te mira la traza Para dártelas d’estrecha, Como si no te “manyara”! -Pa icirtelo más claro: Nadie el respeto me falta, Cuantimás cuando m’encuentro Con tó derecho en mi casa, De donde saldrá ya mismo O si no llamaré a un guardia. Y el hombre, Dionisio Quiróz, contestó: -Me gustás, pues no sos chueca Y caminás con las tabas, Pero como a mí ninguno M’echa, aunque sea una gaita Barajá este trompo en l’uña Y miralo como baila. Y ahí se armó: Empezó una feroz biaba Poniéndole a la gallega Overa negra la cara Afeitándole las mechas Con sus certeras trompadas. ¡Si unos clientes no intervienen Seguro la descalabra! Al rato no más cayeron Al ruido de las castañas Dos vigilantes grandotes A preguntar qué pasaba. La historia que relata Figarito termina diciendo: Y el guapo Quiroz salió Del brazo de los dos canas Rumbo a la comisaría De infantería reforzada Mientras tanto la Pilar Cinco litros preparaba De salmuera para hacerse Las curas en las que es práctica ¡Si sabrá lo que es sopapo! Categorías:
UN PASO ADELANTE Y MEDIO PARA ATRÁS
El Concejo Municipal se apresta a debatir el proyecto de ordenanza de acceso a la información pública enviado por el intendente Mario Barletta. Para ello es necesario el dictamen favorable de las comisiones de Cultura y Gobierno. La propuesta se ajusta a los requerimientos de numerosas organizaciones sociales que bregaron los últimos años por el reconocimiento de este derecho. Pero es necesario advertir que se introduce una cláusula restrictiva para los pedidos de información que involucren al cuerpo legislativo local.Los concejales del Frente Progresista se manifiestan optimistas y aseguran que es inminente la aprobación de la ordenanza que consagre el acceso a la información pública en la ciudad de Santa Fe. El mensaje del intendente Mario Barletta tiene reservado tratamiento preferencial para la sesión de esta semana, aunque, para ser debatido en el recinto requiere el dictamen previo de las comisiones de Cultura y Gobierno. De todos modos, el consenso existente entre las distintas bancadas, indica que la iniciativa saldrá aprobada más temprano que tarde.De concretarse esta decisión se estaría dando un paso importante hacia el mejoramiento de la calidad institucional, el fomento de la participación y la transparencia. Es importante destacar que el acceso a la información pública es un derecho que excede el reclamo puntual de los trabajadores de prensa y que su vigencia potencia las posibilidades de intervención ciudadana en el control de los actos de gobierno.El alcance social de este derecho fue puesto en evidencia en los últimos años por el Foro de Comunicación Santafesino, que junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil santafesina, impulsó ante autoridades locales y provinciales la sanción de normas que aseguren el acceso a la información pública sin restricciones.Fue así como el 7 de junio de 2006, en ocasión de conmemorarse el Día del Periodista, FOCOS presentó en el Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza sobre Libre Acceso a la Información Pública, que fue debatido con integrantes de todos los bloques legislativos y recibió despacho favorable de la Comisión de Cultura del cuerpo, para luego quedar bloqueado por falta de decisión política del justicialismo.Ahora se debe reconocer que el proyecto impulsado por el intendente Mario Barletta recoge la mayoría de las recomendaciones planteadas en su momento por las organizaciones de la sociedad civil santafesina.Sin embargo, es necesario advertir que el texto que impulsa el nuevo oficialismo contiene algunas cláusulas que pueden entorpecer el acceso a la información pública.Por un lado, el artículo 1º del proyecto sostiene que el “objeto” de la ordenanza es establecer “el marco general” para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, dejando para una posterior reglamentación la manera de ponerlo en práctica. Si bien la iniciativa plantea un plazo máximo de 90 días para esto, sería mucho más eficaz y transparente que la nueva ordenanza sea operativa desde el momento de su sanción, más allá de los ajustes instrumentales que el Intendente pueda resolver a medida que se va aplicando.Por otro lado, aparece como un dato preocupante, las restricciones que pueden surgir a los pedidos de información pública referidos al Concejo Municipal. En efecto, el artículo 14º del proyecto oficial indica que el cuerpo legislativo podrá reglamentar “cuestiones no contempladas” en la ordenanza votada, cuando esta posibilidad solo debería quedar limitada al establecimiento de los responsables y las dependencias encargadas de responder los requerimientos informativos.Pero más preocupante resulta, el segundo párrafo del citado artículo, donde se establece que: “Cuando la información solicitada competa al Honorable Concejo Municipal en su conjunto, se le dará el trámite parlamentario que corresponda”. Es decir, el pedido ingresa por Mesa de Entradas, es tratado como Peticiones Particulares en el recinto, luego se los envía a las comisiones, y si obtiene despacho favorable, finalmente es aprobado.En otras palabras, pueden responder cuando quieran o directamente no responder.De esta manera los pedidos de información al Concejo Municipal quedan sujetos a un procedimiento especial y restrictivo, diferente al que regiría para las otras dependencias de la administración municipal.Veamos algunos ejemplos. Si un ciudadano le pide al intendente la nómina de sus asesores, el gasto en movilidad de sus secretarios o las ausencias de los funcionarios a las reuniones de gabinete, Mario Barletta tendría un plazo de 15 días hábiles, con la posibilidad de otros 15 días de prórroga, para responder. Si la misma solicitud de información fuera presentada al Concejo Municipal, el artículo 14º de la ordenanza que están por aprobar los autoriza a responder en el plazo que quieran, e incluso no responder, si el trámite demora más de un año y pierde estado legislativo.Como se puede apreciar queda mucho camino por recorrer para desmontar los hábitos de la cultura del secreto y el ocultamiento, y producir verdaderos cambios en la relación del gobierno local con la sociedad.
IMPUGNARON LA FUSIÓN DE MULTICANAL Y CABLEVISIÓN
La empresa Decoteve S.A., licenciataria de un servicio mixto de televisión en la ciudad de Salta, presentó el 21 de diciembre una impugnación a los dictámenes de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia que habilitaron la fusión de Cablevisión, Multicanal, Teledigital y otras empresas, en beneficio del Grupo Clarín y el fondo de inversión norteamericano Fintech. Entre los argumentos la operadora de cable se señala la no consideración de las denuncias sobre supuestas conductas anticompetitivas presentadas contra estas sociedades comerciales.Decoteve S.A. presta un servicio de circuito cerrado comunitario de televisión y antena comunitaria de televisión en la ciudad de Salta. La empresa se encuentra asociada a la Cámara de Cableoperadores Independientes (CCI) que se ha opuesto desde el inicio al proceso de fusión entre Cablevisión y Multicanal, debido a las “graves consecuencias” que acarreará “al interés económico general” la mayor concentración económica en la televisión por cable.La CCI – entidad que agrupa a cuarenta empresas del interior - sostuvo en varios comunicados que la fusión de ambas operadoras en un mismo grupo económico profundizará el perjuicio a terceros mediante una "política de no competitividad", principalmente por la fijación de precios predatorios en determinadas plazas y la no venta de señales pertenecientes a productoras y/o distribuidoras que ambas empresas controlan.Estas prácticas no son nuevas en la televisión por cable y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tramitó numerosas denuncias al respecto. Una de ellas fue presentada a finales del año 2000, precisamente por Decoteve S.A, contra Pramer S.C.A por la negativa de esta a seguir proveyendo diversas señales de televisión para su emisión por el servicio de televisión domiciliaria en la ciudad de Salta.El conflicto giró en torno a la distribución del canal Torneos y Competencias, que en la ciudad de Salta, solo podía ser recibido por los abonados de Cablevisión. Un acuerdo comercial entre las partes evitó que el trámite llegara a la justicia.Ahora, la operadora salteña vuelve a la carga contra una decisión del estado nacional mucho más perjudicial para las empresas del sector. Decoteve S.A considera los dictámenes de los vocales y el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, emitidos el 7 de diciembre pasado, se hicieron “sin ponderar la totalidad de la información disponible, que de haber sido considerada, no permite la aprobación de la operación de concentración notificada”.Si bien en los dictámenes impugnados se plasma la preocupación existente con la operación de fusión, en cuanto a las características de concentración vertical y horizontal que representa su aprobación, la premura con que se trató el caso impidió que se tengan en cuenta la totalidad de las pruebas e información existentes en poder de la CNDC, donde constan las múltiples denuncias por conductas anticompetitivas de las empresas involucradas en la operación de concentración.Frente a esto, Decoteve S.A solicita - entre otras medidas – que se deje sin efecto la autorización de fusión y se convoque a una Audiencia Pública para dirimir el caso.Por su importancia transcribimos el texto completo de la impugnación presentada por Decoteve S.A. contra la fusión de Multicanal y Cablevisión.-----------------------------------------------------------------Buenos Aires, 21 de Diciembre de 2007Ref.: Expediente Nº S01:0373486/2006 (Conc. 596)DICTAMEN Nº 637IMPUGNA DICTAMENES Nº 637De mi consideración:Marcelo Ceferino Massatti, DNI: 18.287.784, en mi carácter de Apoderado de DECOTEVE SA. (en adelante, DECOTEVE) conforme se acredita con la documentación acompañada, con el patrocinio letrado de la Dra. Mariana Etcheverry, Tº97, Fº691, y constituyendo domicilio en Avenida Balbín 3311, PB, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me presento a Usted con el objeto de impugnar, en los términos del artículo 15 in fine del Anexo I del Decreto Nº 89/2001, reglamentario de la Ley 25.156, los dictámenes Nº 637, de fecha 7/12/2007, emitidos por los Señores Vocales Povolo y Guardia Mendonca y por el Señor Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (en adelante, La Comisión) en autos "GRUPO CLARIN SA, VISTONE LLC, FINTECH ADVISORY INC., FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC y CABLEVISION SA S/ NOTIFICACION ARTICULO 8º LEY 25.516 (CONC. 0596) del Registro del Ministerio de Economía y Producción.Dando cumplimiento con los recaudos mínimos exigidos por la norma citada, venimos a manifestar que:a) El presentante, Marcelo Ceferino Massatti, DNI, 18.287.784, viene en su carácter de Apoderado de DECOTEVE, con domicilio en Avenida Balbín 3311, PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a formular la presente impugnación;b) El denunciado es el GRUPO CLARIN SA, VISTONE LLC, FINTECH ADVISORY INC., FINTECH MEDIA LLC, VLG ARGENTINA LLC y CABLEVISION SA solicitante de la operación de concentración notificada.c) OBJETOEl objeto de la presente denuncia es IMPUGNAR los dictámenes Nº 637 de fecha 7/12/2007 emitidos por los vocales Povolo y Guardia Mendonca, y por el Señor Presidente de La Comisión, atento que ambos han sido emitidos sin ponderar la totalidad de la información disponible, que de haber sido considerada, no permite la aprobación de la operación de concentración notificada.A continuación se efectuará un relato de los hechos y pruebas en que se fundamenta la presente impugnación.d) HECHOSEl expediente Nº S01:0373486/2006 (Conc. 596) se inició con motivo de la notificación de la operación de concentración mediante la cual el GRUPO CLARIN SA y FINTECH ADVISORY INC. adquiere acciones por las que resultan titulares de aproximadamente el 60% y el 40% respectivamente de las acciones de CABLEVISION SA; y, a su vez, CABLEVISION SA adquiere el 98,54% de las acciones de MULTICANAL SA, el 99,98% de las acciones de TELEDIGITAL CABLE SA, y, a través de MULTICANAL SA, el 100% de PRIMERA RED INTERCATIVA DE MEDIOS ARGENTINOS (PRIMA).La notificación a La Comisión obedeció al volumen de negocios de las firmas involucradas y los objetos de las operaciones, que a nivel nacional superan el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($200.000.000) establecido en el artículo 8º de la Ley 25.516.Llevado a cabo el procedimiento establecido en la Ley 25.516, y basándose en la información y pruebas producidas en el mismo, La Comisión emitió dos dictámenes.Es así, que los vocales vocales Povolo y Guardia Mendonca, emiten el dictamen nº 637 por el cual aconsejan al Señor Secretario de Comercio Interior autorizar la operación de concentración, condicionando ésta al cumplimiento, durante dos (2) años a contar desde que la Secretaría de Comercio Interior autorice la operación, de una serie de obligaciones que han llamado "compromiso irrevocable de conducta" y que han sido propuestas por las partes notificantes.Llamativamente, el Dictamen de los vocales se aferra a ese "compromiso irrevocable de conducta" para garantizar o atenuar los efectos de concentración vertical y horizontal que significaría la concentración, debiendo las empresas involucradas en la operación cumplir con dicho compromiso POR EL PLAZO DE DOS AÑOS!!!.El otro dictamen es emitido por el Presidente de La Comisión quien, en disidencia con el dictamen suscripto por los vocales, expresa en su voto que la operación notificada podría ser aprobada pero solo teniendo en cuenta una serie de observaciones que, y a nuestro entender, NO PUEDEN SER salvadas con ese "compromiso irrevocable de conducta" que además ha sido propuesto por las mismas empresas notificantes.En ambos dictámenes, se plasma la preocupación existente con la operación notificada en cuanto a las características de concentración vertical y horizontal que representa aprobar la operación.Sin embargo, no se han considerado para la emisión de los Dictámenes la totalidad de las pruebas e información existentes y de cuya existencia conocen tanto La Comisión como las Partes notificantes, precisamente por tratarse de expedientes que actualmente se encuentran en tramite ante La Comisión, donde se han denunciado conductas anticompetitivas de las empresas involucradas en la operación de concentración, y que, a diferencia de la diligencia y premura para resolver que se le imprimió a esta solicitud de autorización, aún no han sido resueltos; pero lo que es peor, no fueron tenido en cuenta al emitir los Dictámenes objeto de impugnación, sobre todo en el Dictamen emitido por los vocales.Con el propósito de una clara exposición acerca de la información que no ha sido tenida en cuenta por los Vocales al emitir los dictámenes que se impugnan, es que éstos se tratarán por separado.d.1) Dictamen emitido por los vocales Povolo y Guardia Mendonca.i. Punto III. PROCEDIMIENTO: Nº 69 y Nº 76: rezan: "69: ….el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario solicitó la remisión de fotocopias íntegras de los presentes actuados. El día 13 de noviembre del mismo año se requirió a dicho Tribunal una prórroga del plazo otorgado atento la voluminosidad del expediente y el estado procesal del mismo". 76. "Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Juzgado Civil y Comercial Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, requirió en forma urgente información acerca de las presentes actuaciones".Como puede observarse, no le ha sido brindada al Juez requirente la información solicitada en forma urgente, ni tampoco se le ha enviado copias del expediente, lo que conlleva que, se emita el dictamen sin haber cumplido con el requerimiento de un Juez Federal y sin tener en cuenta la totalidad de los hechos, incluyendo aquellos sometidos a la decisión del magistrado. Situación, que es de por si bastante irregular, si se tiene en cuenta que como todo organismo publico, La Comisión se encuentra obligada a colaborar con la Justicia.Sin importarles lo relevante del tema, considerando que en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario se encontraba en trámite un expediente del cual las Partes notificantes en autos eran conocedoras, han decidido omitir presentar la información solicitada.Asimismo, La Comisión también siguió adelante con el expediente dando al mismo una inusitada celeridad, desoyendo la orden de un Juez Federal requirente y sin hacer alusión alguna a lo tratado en el expediente en trámite en el Juzgado Federal Nº 1 de Rosario, lo que hace que, además, deba analizarse si no existió en este caso incumplimiento de los deberes de funcionario público.ii. Punto III. PROCEDIMIENTO: Nº 88: "Con fecha 5 de diciembre de 2007 se recibió declaración testimonial…; al Sr. Marcelo Ceferino Massatti, en su carácter de apoderado de la CAMARA DE CABLEOPERADORES INDEPENDIENTES, oportunidad en la que este último adjuntó una presentación realizando manifestaciones varias en consideración con la operación objeto de estos actuados…"La presentación efectuada en la audiencia mencionada, ya había sido presentada por la Cámara de Cableoperadores Independientes, sin embargo y por segunda vez, La Comisión no contempló la misma, y no la consideró al emitir el Dictamen que se objeta en esta oportunidad.iii. Punto IV. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACION SOBRE LA COMPETENCIA.Conforme reza el dictamen en el punto 105. "En virtud de las actividades en que se encuentran involucradas las Partes notificantes, esta Comisión Nacional ha podido identificar…la presencia de relaciones de naturaleza horizontal en los siguientes mercados: a) En los mercados de distribución de señales múltiples, particularmente por la integración entre las empresas CABLEVISION y MULTICANAL…."Para seguir diciendo en el punto 107. "La presente operación también da lugar a una amplia gama de relaciones de naturaleza vertical, entre las cuales esta Comisión entiende que merecen una especial atención, las que se verifican entre la producción de señales y contenidos de TV y la distribución de señales múltiples".Con relación a los contenidos y señales deportivas consistentes en emisiones de fútbol en vivo y en directo con participación de equipos argentinos de primera división A, el dictamen dice que, las empresas TRISA y TSC controladas por el grupo comprador tiene contratos de licencia exclusivos de largo plazo para los torneos organizados por la A.F.A., la F.I.F.A y otros, y que un insumo esencial para la producción de contenidos, especialmente en lo que se refiere a contenidos deportivos, es la titularidad de los derechos para la difusión de eventos deportivos; limitándose, simplemente, a decir: Punto 164: "Por todo lo expuesto… esta Comisión entiende que dentro del segmento de producción de contenidos y señales existe un mercado relevante de producto conformado por "las señales deportivas que emiten fútbol en vivo y en directo con participación de equipos argentinos de primera división A".No obstante ello, en el dictamen emitido no ha considerado información, que era de conocimiento de La Comisión y de las Partes notificantes, relativa a las señales comercializadas por el grupo adquirente.En este sentido, se proceden a citar diversos expedientes (en adelante, Los Expedientes) en los cuales DECOTEVE había denunciado mucho tiempo antes de la fusión conductas anticompetitivas relativas a la negativa, por parte de las empresas del grupo Clarín, de proveer a sus competidores las señales deportivas que emiten fútbol en vivo y en directo con participación de equipos argentinos de primera división A.Los Expedientes, que deben ser considerados como información incompleta al momento de emitir los dictámenes impugnados, son:a) C.625- Expediente Nº064-002013/2001 "Asociación de Fútbol Argentino, Torneos y Competencias S.A., Cablevisión S.a. y Dayco Holdings Ltd. s/ Infracción Ley 25.156": Denuncia presentada por DECOTEVE el 9 de Mayo de 2000 en la que se involucra a Cablevision S.A. y Multicanal S.A. en conductas anticompetitivas cometidas en la venta de señales deportivas;b) C.601- Expediente Nº 064-014256/2000 "Dayco Holding Ltd. s/ Infracción Ley 25.156": Cuyo contenido es similar a la C.625 antes citada;c) C.494- Expediente Nº 064-008009/2002 "Tele Red Imagen S.A. y Televisión Satelital Codificada S.A. s/ Infracción a la Ley 22.262": Denuncia presentada el 1 de Junio de 1999 contra TELRERED IMAGEN S.A. y TELEVISION SATELITAL CODIFICADA S.A. Por negativa de venta de las señales de fútbol de la Primera Division A al fijar un precio elevado y facilitar el posicionamiento de CABLEVISION en Salta en un típico caso de colusión.d) C.713 Expediente Nº 064-015220/2001 "Cablevisión S.A., Santa Clara de Asís S.A. y Enlaces S.A. (Ciudad de Salta) s/Infracción Ley 25.156": Denuncia presentada el 15 de Octubre de 2001 por Decoteve S.A. contra CABLEVISION y sus controladas SANTA CLARA DE ASIS S.A. y ENLACES S.A. por precios predatorios durante el período de Julio a Diciembre de 2001.En todos los expedientes citados, se han denunciado conductas anticompetitivas y sin embargo, no fueron considerados al momento de emitir el dictamen impugnado.Es de destacar, que en lo que respecta a los efectos verticales de esta operación el dictamen expresamente dice: Punto 237: "…si las empresas que se fusionan abastecen una proporción importante de un insumo que interviene en un mercado "aguas abajo" donde también participan, es posible que se afecte la competencia, si por ejemplo: estas empresas niegan a terceros no integrados el suministro de dicho insumo, discriminan con los precios, o producen un estrechamiento entre los precios de venta del producto y de compra del insumo que controlan, de modo que se haga inviable la ecuación económica del competidor no integrado y por lo tanto se lo excluya del mercado".Sin embargo, al analizar específicamente el tema en el punto 3.3.2 se limita a decir, "251: El factor atenuante que esta Comisión ha podido identificar es la existencia de un operador fuerte compitiendo en el mercado de la televisión paga…que eventualmente podría prescindir de las codiciadas señales de primera división…"Esa consideración, además de sorprendente, es inaceptable.Que La Comisión, que tiene a su cargo velar para que las concentraciones económicas no restrinjan la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general, aplicando para ello la Ley, se limite a realizar ese tipo de consideración es objetable.No menor es el punto 252 que reza: "Por otra parte, cabe destacar que en esta Comisión Nacional se encuentra tramitando un expediente que analiza específicamente la problemática en donde se ha desarrollado un extenso sumario e inclusive se ha imputado a los responsables por eventuales conductas anticompetitivas, por lo que cabe remitirse a dichas actuaciones, donde en su caso se resolverá respecto de la existencia de cualquier restricción a la competencia". (el subrayado es nuestro)Increíble. Y así, como si nada, sin siquiera citar el expediente del que refiere, cierra el tema en análisis relativo al mercado de señales deportivas que emiten fútbol en vivo y en directo y el mercado de la televisión paga, sin considerar, ni analizar, la información/documentación con la que cuenta en Los Expedientes, y de cuya existencia conocía.Otro punto por demás llamativo, resulta el llamado "compromiso irrevocable de conducta" que asumieron las Partes notificantes (ver punto 7 del dictamen) en donde, entre otras obligaciones, las Partes notificantes garantizan que POR EL PERIODO DE DOS AÑOS a contar desde la aprobación de la autorización: "a) Garantizar la libre disponibilidad de las señales televisivas que- en forma exclusiva- posean o comercialicen las empresas involucradas, en condiciones comerciales equitativas para todos aquellos operadores de televisión paga que así lo soliciten, sean o no competidores de CABLEVISION, TLEEDIGITAL CABLE S.A. y/o MULTICANAL S.A."Asombroso. Hace años que en Los Expedientes se viene denunciando la práctica anticompetitiva por parte de CABLEVISION y sus empresas vinculadas de no querer vender esas señales deportivas, y sin embargo, no solo no son considerados en forma previa a emitir el Dictamen por La Comisión sino que, además, se pretende hacer creer que se garantizará la libre disponibilidad de esas señales con un compromiso y solo por el plazo de dos años!!!Es inconcebible que se pretenda hacer valer un compromiso asumido por las partes para evitar que se configure una práctica exclusoria de la competencia, siendo ésta la conducta que, desde hace años, DECOTEVE viene denunciando en Los Expedientes.Pero lo más llamativo es que se haya aconsejado aprobar la operación notificada mediante un dictamen emitido el 7 de Diciembre y tomando como base para ello un "compromiso de conducta" que, conforme surge del expediente, fuera presentado a La Comisión un día antes, el día 6 de Diciembre de 2007.La celeridad impresa es inusual sobre todo si se toma en cuenta que hace años que Los Expedientes, ofrecidos como prueba, se encuentran en trámite y aún no han sido resueltos.d.2) Dictamen emitido por el Señor Presidente de L Comisión, Licenciado Sbatella.Este dictamen, a diferencia del emitido por los vocales, efectúa una serie de observaciones para garantizar a futuro la mejora en las condiciones de competencia en los mercados de servicios de televisión por cable, de Internet y de provisión de señales y contenidos televisivos.Con buen criterio, expresa que la operación tiene características de una concentración de tipo horizontal y de tipo vertical.En lo que respecta a los efectos horizontales, al considerar que los servicios de televisión por cable deben definirse con un alcance geográfico local, concluye que de la información recabada en el expediente existen varios municipios en los cuales tanto MULTICANAL como CABLEVISION proveen el servicio de televisión por cable existiendo en todos ellos una importante superposición de redes.Pero además, evalúa que la operación notificada podría tener efectos horizontales en algunos mercados de provisión de señales y contenidos televisivos, debido a que MULTICANAL y CABLEVISION se encuentran verticalmente integrados con proveedores de dichos contenidos y señales.Y aquí, una vez más, volvemos sobre el punto de los contenidos deportivos que en forma exclusiva comercializan a través de empresas vinculadas y que se han negado sistemáticamente a brindar a la competencia.Prueba de ello son Los Expedientes que ni siquiera han sido valorados al emitir el dictamen que se impugna.Reza el dictamen en el punto 1.3. Efectos verticales sobre los mercados de señales y contenidos televisivos punto 10. "La operación bajo análisis no solo generará algunos efectos horizontales sobre los mercados de provisión de señales y contenidos televisivos sino que, y muy principalmente, tiene impacto sobre las relaciones verticales que se producen en dichos mercados. Esto se debe a que tanto Multicanal como Cablevisión son al mismo tiempo operadores de sistemas de televisión por cabe y proveedores (directo o indirectos) de señales y contenidos televisivos que se utilizan como insumos para la provisión del servicio de televisión por cable.(las negritas y subrayado son nuestras)Para seguir diciendo en el punto 11, que los principales efectos verticales de la operación sobre los mercados de provisión de señales y contenidos televisivos son dos:1) la integración vertical de las señales y contenidos controlados por el grupo Clarín, accionista mayoritario de Multicanal, con el sistema de televisión por cable controlado por Cablevisión, y;2) la integración vertical de las señales y contenidos controlados por Cablevisión con el sistema de televisión por cable de Multicanal.Respecto del primer efecto, la integración vertical de las señales y contenidos controlados por Cablevisión con el sistema de televisión por cable de Multicanal, el dictamen dice que, si bien los actuales controlantes de Cablevisión (los grupos Hichs y Liberty Media) venderán sus participaciones en dicha empresa, MANTENDRAN LAS ACCIONES QUE POSEEN EN LAS PRINCIPALES EMPRESAS PROVEEDORAS DE SEÑALES Y CONTENIDOS, como por ejemplo I-Sat y FOX.En lo que respecta al segundo efecto, la integración vertical de los proveedores de señales y contenidos controlados por el grupo Clarín, (los principales que son Artear y LAS SEÑALES VINCULADAS AL GRUPO TORNEOS Y COMPETENCIA), dice el dictamen que este efecto ¡AUMENTARÁ CONSIDERABLEMENTE!, teniendo en cuenta la adquisición del paquete de control de Cablevisión por parte del grupo Clarín.Para reafirmar lo dicho, el dictamen sigue diciendo, Punto 13. "El caso del grupo de contenidos de Torneos y Competencias, en cambio, parece representar una amenaza competitiva mayor, puesto que se trata de un grupo de compañías (principalmente Tele Red Imagen SA –TRISA y Televisión Satelital Codificada SA – TSC) que controla, todas las transmisiones de los partidos de fútbol del campeonato argentino de primera división. Este hecho parece haber convertido a las dos señales principales de este grupo (que son los canales TyC Sport y TyC Max) en verdaderos "canales estrella", que sirven para diferenciar significativamente a los operadores de televisión por cable que ofrecen dichos canales de los que no los ofrecen. Esta Comisión ha señalado que el fútbol es el deporte más importante de la Argentina y que no representa para sus seguidores una sustitución significativa con otros deportes y se transforma en un insumo fundamental para el operador de TV paga".En este sentido, cita a pie de página con el numeral 8: "En la Concentración 378, ha señalado que dentro del segmento de producción de contenidos y señales existe un mercado relevante de producto conformado por "las señales deportivas que emiten fútbol en vivo y en directo con participación de equipos argentinos de primera división A"Luego, al final del Punto 16 reza "…en "Decoteve c/TRISA y TSC" el caso concluyó con un compromiso de las partes que acordaron resolver la situación de mutuo acuerdo. En este último caso, asimismo, esta Comisión consideró que la conducta anticompetitiva había quedado acreditada y que tenía la potencialidad de generar un perjuicio al interés económico general". (el subrayado y la negrita nos pertenece).Como se puede apreciar, nuevamente, el dictamen reconoce expresamente que el efecto de integración vertical AUMENTARA CONSIDERABLEMENTE; pero sin embargo, ha decidido no considerar Los Expedientes.Debe quedar claro que no se trata de una POSIBILIDAD que el efecto de integración vertical denunciado AUMENTE CONSIDERABLEMENTE con la autorización de la operación notificada, sino que ANTES DE SER AUTORIZADA quedó EFECTIVAMENTE PROBADA QUE LA CONDUCTA DE LAS PARTES ERA ANTICOMPETITIVA y que, para los operadores que no formaban parte del grupo, implicaba la posibilidad de "cierre del mercado" de los contenidos ligados con el fútbol argentino.Para concluir, el Dictamen manifiesta que "32. En el caso de las señales y contenidos vinculados con el grupo Torneos y Competencias, en cambio, la operación tiene la potencialidad de generar un refuerzo de posición dominante de dicho grupo en lo que se refiere a los contenidos relacionados con el campeonato argentino de fútbol, que podría restringir la competencia con los operadores de televisión por cable que compiten con Multicanal y Cablevisión…este problema ameritaría recomendar que la nueva entidad consolidada se desprenda de los activos y participaciones societarias directas e indirectas que posee actualmente en las empresas del grupo Torneos y Competencias (es decir, TRISA, TSC y las señales TyC Sports y TyC Max)".(las negritas y el subrayado nos pertenece)Como puede apreciarse, el Dictamen con buen criterio observa que el grupo consolidaría su carácter de posición dominante de autorizarse la operación notificada, lo que generaría una grave inseguridad jurídica para el resto de los actores del mercado y un perjuicio del interés económico general.Sin embargo, el Dictamen aconseja autorizar la operación notificada TENIENDO EN CUENTA UNA SERIE DE OBSERVACIONES; entre otras, la transcripta arriba (punto 32 del Dictamen).Es por ello que, encontrándose pendiente de resolución y en trámite ante esa Comisión, la totalidad de Los Expedientes denunciados en esta presentación, todos los que tratan de prácticas anticompetitivas ejercidas por las empresas del grupo Clarín, y referidas a los contenidos relacionados con el campeonato argentino de fútbol, es que impugnamos por el presente el dictamen emitido por los vocales Povolo y Guardia Mendoza y el dictamen emitido por el Sr. Presidente de La Comisión, Licenciado Sbatella, en atención a no haber sido considerada la totalidad de la información existente en Los Expedientes y de la cual tanto esa Comisión como las Partes notificantes tenían conocimiento.e) DERECHOConforme expresa el último párrafo del dictamen suscripto por el Presidente de La Comisión, los dictámenes fueron efectuados valorando como sustento fáctico la descripción y documentación presentada por las partes, siendo de aplicación, si los hechos fueran falsos o incompletos, el artículo 15 in fine del Anexo I del Decreto Nº 89/2001, reglamentario de la Ley 25.156.Es por ello, y siendo que la emisión de ambos dictámenes se ha fundado en información falsa e incompleta, sin considerar el contenido y la falta de resolución de Los Expedientes, venimos por el presente a impugnar en los términos del el artículo 15 in fine del Anexo I del Decreto Nº 89/2001, reglamentario de la Ley 25.156, ambos dictámenes.Conforme se probó en el presente, no han sido valorados la totalidad de los hechos que, de haber sido evaluados, hubieran impedido que se aconsejara la aprobación de la operación notificada.Ello motiva la presente impugnación con el objeto de que, evaluada la información omitida, La Comisión revise los dictámenes que se impugnan y, en consecuencia, desaconseje la autorización de la operación.f) RESERVA DE DERECHOSDECOTEVE hace expresa reserva del derecho a ampliar los argumentos desarrollados en la presente impugnación y a aportar toda clase de pruebas que considere convenientes a la defensa de sus derechos e intereses.g) MEDIDA CAUTELAREn virtud de los hechos denunciados y de la verosimilitud del derecho alegado, DECOTEVE solicita que mientras dure la sustanciación de la presente impugnación y de cada uno de Los Expedientes, se suspendan los efectos de los dictámenes 637, de fecha 7/12/2007, emitidos por los Señores Vocales Povolo y Guardia Mendonca y por el Señor Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, para así evitar un perjuicio irrevocable a mi representada.La verosimilitud del derecho se encuentra probada con la falta de ponderación por parte de los Vocales, de la existencia de Los Expedientes, en forma previa a la emisión de los dictámenes.Asimismo, el peligro en la demora, está dado por la amenaza del daño irreparable que se le produciría a mi representada si el Sr. Secretario de Comercio Interior dictara resolución aprobatoria de la concentración informada, sin ponderar adecuadamente la existencia de las conductas denunciadas en Los Expedientes y tomando como recomendación los dictámenes que han sido dictados sin ponderar la totalidad de la información disponible.A los fines de garantizar adecuadamente a las empresas afectadas por la medida cautelar solicitada, DECOTEVE ofrece caución juratoria.h) PETITORIOComo ha quedado demostrado, de autorizarse la operación notificada se producirían efectos tanto horizontales como verticales que afectan a la competencia y vulneran el artículo 7 de la Ley 25.156.El llamado "compromiso irrevocable de conducta", propuesto por los propios involucrados y aceptado sin mas por Vocales dictaminantes, no garantiza en lo más mínimo que los efectos tan temidos no se produzcan.En Los Expedientes, aún sin resolución por parte de La Comisión pese al tiempo que ha transcurrido desde su presentación, ha quedado demostrada la conducta anticompetitiva en perjuicio del interés económico general llevada a cabo por las empresas que solicitan la autorización; sin embargo, ninguno de ellos ha sido evaluado por esa Comisión ni aportados por Las Partes notificantes como antecedentes de hecho que deben ser tenidos en cuenta en forma previa a autorizarse o rechazarse la operación de concentración.Todo ello, motiva la presente impugnación de los dictámenes aprobatorios de la operación notificada.Siendo que la emisión de los dictámenes nº 637 se ha fundado en información falsa e incompleta, venimos por el presente a impugnarlos en los términos del el artículo 15 in fine del Anexo I del Decreto Nº 89/2001, reglamentario de la Ley 25.156, solicitando en consecuencia no se haga lugar a la autorización de la operación notificada.Asimismo, dada la envergadura del tema y el interés económico general que, de autorizarse la operación notificada, se vería afectado, solicitamos de La Comisión que en los términos del artículo 38 y concordantes de la Ley 25.156 y su decreto reglamentario, se convoque a Audiencia Pública en las presentes actuaciones, a fin de que todos los interesados, en especial los usuarios de los servicios de radiodifusión afectados por la operación notificada, puedan expresar sus opiniones y salvaguardar sus derechos.Por todo lo expuesto, solicito a Usted que:1. Tenga por presentada la presente impugnación y por parte a DECOTEVE;2. Tenga por denunciado el domicilio real y por constituido domicilio especial,3. Oportunamente, se dejen sin efecto los dictámenes impugnados.4. Cautelarmente, se conceda la medida precautoria solicitada.5. Se convoque a Audiencia Publica en los términos del artículo 38 y concordantes de la Ley 25.156.Sin otro particular, lo saludo a Usted muy atentamente.Dr. Marcelo MassattiDirector EjecutivoGrupo TVSA
DEMANDAN A LA COMUNA DE LOS AMORES POR SUBSIDIOS NO RENDIDOS
Por resolución de la Fiscalía de Estado la actual conducción comunal deberá devolver fondos no rendidos de subsidios correspondientes a gestiones anteriores. “Si el gobierno no nos ayuda tendremos que cerrar la comuna” dijo el actual presidente comunal Omar Walker. La comuna iniciará acciones legales contra la ex presidente comunal Sandra Reschia. Por Marcelo Manzatto. La administración de Sandra Reschia hasta el 2001 al frente de la Comuna de Los Amores, en el norte del departamento Vera, dejó su herencia. La provincia, a través de una resolución de la Fiscalía de Estado, ha notificado a las actuales autoridades comunales que han iniciado los trámites correspondientes con el objetivo de lograr la devolución de dinero con motivo de subsidios no rendidos por aquélla conducción. “Cuando se nos notificó del reclamo y que debíamos devolver un dinero por subsidios no rendidos viajamos a Santa Fe y estuvimos reunidos con autoridades gubernamentales que hoy ya no están en el gobierno para ver como podíamos resolver la situación. Quedé a la espera de una liquidación que indique de cuanto es el reclamo final. Ahora están los nuevos funcionarios de gobierno y todavía no hemos ido a plantear está situación con las nuevas autoridades”, dijo Omar Walker, actual presidente comunal. Si bien la suma parece insignificante, para la comuna puede llegar a significarle el presupuesto de un año entero. Walker afirmó que todavía no tienen el monto final del reclamo que se tramita en dos demandas por separado, pero según sus estimaciones el mismo estaría cercano a los 300 mil pesos. Según dijo a FM Activa el actual presupuesto anual que está ejecutando la comuna asciende a 280 mil pesos, por lo que sí la cifra final es la que indico el funcionario, la deuda reclamada representa el presupuesto de 12 meses de la comuna. “Nosotros esperamos poder llegar a un acuerdo que convenga a las dos partes porque de otra manera no nos va a quedar otra que entregar la llave de la comuna e irnos a casa porque se va a poder funcionar. Si no nos ayudan tendremos que cerrar la comuna” aseguró Walker. El actual presidente comunal acaba de iniciar su cuarto periodo y los reclamos de la provincia corresponden a subsidios no rendidos por la anterior gestión a la actual, la que hasta el 2001 encabezó la polémica Sandra Reschia. Corresponden a subsidios otorgados a esa administración y nunca rendidos, la mayoría de ellos son fondos que le fueron entregando para la reparación y acondicionamiento de vías para la rehabilitación del servicio ferroviario que llega desde la provincia del Chaco. No solo los subsidios no fueron rendidos, sino que las obras que se había comprometido a hacer entre las localidades de Los Amores y Cañada Ombú se hicieron parcialmente o nunca se hicieron. Dicho servicio recién pudo ser habilitado en el pasado mes octubre. Por último Omar Walker confirmó a FM Activa que junto al resto de los integrantes de la comisión comunal resolvieron que una vez que se les notifique el monto total de la deuda iniciarán una demanda civil y penal contra la ex presidenta comunal. Obras Mientras espera la resolución final de la demanda, Walker indica con orgullo algunos logros de su administración. Entre ellos mencionó que están construyendo 20 viviendas de un plan provincial más otras 18 que se hacen con fondos de la comuna. Las mismas están próximas a finalizarse y espera poder estar entregándolas en los primeros meses del 2008. Con estás viviendas llegarán a las 70 construidas durante su gestión algo que no tiene antecedentes en el distrito. También informó que por medio del programa de obras menores están construyendo 1.500 metros de vereda, han construido cordón cuneta y se procedió a la instalación de alumbrado público en las dos principales calles del pueblo.
El despecho de una mujer en Corrientes metió en apuro a seis congéneres en estos días. ¿Cómo se vengaban las mujeres cuando no había Internet? Después de esta historia, bendita la tecnología. “Dominada por el odio se armó y agredió la hombre que la había amado no ha mucho”, es el título de una nota policial del diario El Orden en 1930. “Es la historia de siempre”, reflexiona: “Dos enamorados que creen entenderse, que hacen promesas y después, al cabo de un tiempo, comienzan las diferencias porque ya ha existido mucha intimidad”. Los protagonistas del hecho eran la señorita Josefa Silva, de 17 años y José Bastín, de 24. “Dicen que hace días la menor Silva recibió una noticia que le causó impresión. Se le decía que su novio la dejaría, que ya se había cansado de ella. Y recordó las promesas hechas en momentos de ilusiones”. “Ella entendía que el hombre se había burlado de ella y que no debía continuar las relaciones, pero, eso sí, él debía darle una explicación”, dice la crónica. Y los hechos son relatados así: “Ayer por la mañana llegó al domicilio de la menor Silva, Bastín. Estaban de acuerdo para entrevistarse. Eran entonces las 10 y 10 de la mañana. Hablaron un buen rato. Todo hace creer que ella recriminó su conducta a Bastín. Este se habría resuelto a dar por terminadas las relaciones. Eso la llenó de odio, le dio coraje y la menor se resolvió a todo. Después de una disputa cuando Bastín intentó retirarse, Josefa Silva, desenfundando un cuchillo, lo atacó. Le hundió el arma, produciéndole tres heridas”. En el momento de que llegaba la autoridad policial ella “estaba presa de una agresividad suma”. Se oyeron las palabras “No se va a burlar de mí…”. La conclusión del diario: “Ello nos demuestra lo que puede la mujer cuando se ve dominada por el odio cuando se cree ofendida, víctima de una burla que no se olvida”.
PRIVILEGIOS PARA REPRESORES: EN SANTA FE TAMBIÉN SE CONSIGUE
La muerte por envenenamiento del represor Héctor Febres y los recientes datos acerca de las comodidades de su “prisión”, reavivaron la polémica acerca de las condiciones en que están detenidos los acusados de crímenes de lesa humanidad. Víctor Hermes Brusa está internado desde hace diez días, ahora en un sanatorio privado. Como un hotel cinco estrellas fue calificado el lugar de detención de Héctor Febres. Su muerte en circunstancias más que dudosas pone otra vez en debate los privilegios de que gozan los represores por crímenes de lesa humanidad. En Santa Fe, el lugar elegido es el Cuartel de Bomberos, donde “gozan de un régimen totalmente abierto, tienen visita, nadie registra qué le llevan”, aseguró a Fuera de Foco Daniel García, uno de los querellantes en la causa que investiga el terrorismo de estado en esta parte del país. En Bomberos sólo queda Eduardo “Curro” Ramos, porque desde hace diez días Víctor Hermes Brusa está internado. A diferencia de cualquier preso común, estuvo unas pocas horas en la Sala Policial del Hospital Cullen. Ahora, se recupera de un caso de deshidratación que demora bastante en revertir, en un sanatorio privado. García, como otros querellantes y testigos, no pueden ocultar su preocupación por el caso Febres, que se suma a la prolongada desaparición de Jorge Julio López. “Tienen que ir a una cárcel común, independientemente de la edad que tengan, y si tienen alguna dolencia existe una sala policial con la custodia suficiente que para eso está. Los demás presos comunes cuando tienen alguna dolencia van a la sala policial y así tendría que ser”, manifestó. En ese sentido también se mostró intranquilo acerca de las condiciones en que viven los detenidos con prisión domiciliaria; ni Mario Facino, ni Juan Perizotti, ni Eduardo Ramos, ni Juan Orlando Rolón tienen, según García, consigna policial; “el teniente coronel Domingo Marcelini está con prisión domiciliaria en Mendoza y acá no se tiene la más mínima idea de qué es lo que hace o deja de hacer. Nuestras presentaciones o pedidos respecto a esto han chocado constantemente contra un muro, no hemos podido lograr absolutamente nada”. ¿Hay riesgos en Santa Fe? Consultado acerca de que sucesos similares a los ocurridos con Febres puedan reproducirse en Santa Fe ante la cercanía del juicio oral, García recordó que en junio pasado, cuando le fue revocada la prisión domiciliaria al fallecido Nicolás Correa, “su casa fue atacada por un extraño, que no se llevó nada y que a las hijas les hizo mención de temas de la causa. Entonces esto realmente nos preocupa porque en cualquier momento sucede una cosa similar acá en Santa Fe”. “Nuestros presos están exactamente igual que Febres”, reiteró. “La gran mayoría está en prisión domiciliaria, nadie controla esa prisión domiciliaria, en su momento hicimos presentaciones, mantuvimos reuniones con el ministro Rosúa, y cuando se hablaba de todo el tema de seguridad nuestra, por amenazas o intimidaciones, la posición nuestra era que había que cuidarlos a ellos, que eran los capaces de producir estas cosas y mantener algún tipo de registro de quién los visita, de qué manera, en qué horarios”. Categorías:
Los trabajadores nucleados en ADUL se adherirán al paro convocado por la Conadu Histórica el próximo miércoles ante la explosión en la Universidad de Río Cuarto. Aseguran que en Santa Fe, no ocurrió una tragedia “por suerte”. Durante la jornada del miércoles los docentes afiliados a ADUL se convocan en Asamblea en el Octógono de la Facultad de Ingeniería Química en el marco del paro de 24 horas dispuesto por la Mesa Ejecutiva de la Conadu Histórica. La medida, que fue declarada ante la explosión en la Universidad Nacional de Río Cuarto, tiene sus demandas en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral. Julio Flores, secretario de Acción Social del gremio santafesino, aseguró a Fuera de Foco que están trabajando “en condiciones de riesgo”. “Hay medidas de seguridad que no han sido tomadas, se está trabajando con material inflamable, tóxico, no están habilitadas las escaleras de incendio”. Agregó que la instalación eléctrica tiene 30 años de antigüedad y que existen escapes. El dirigente de ADUL señaló además que se realizaron múltiples reclamos, entre ellos el traslado del Instituto de Tecnología de Alimentos, cuya planta piloto fue reubicada desde un lugar descampado a una manzana céntrica. “Lo mismo la planta piloto de Ingeniería Química, que está funcionando en una manzana densamente poblada, como es la del Santiago del Estero, Obispo Gelabert, San Jerónimo y San Martín, está con muchos edificios, hay un sanatorio cerca. Queremos alertar porque si no se toman las medidas a tiempo puede suceder una catástrofe”, añadió. Flores finalizó diciendo que se produjeron incidentes en los últimos tiempos que no pasaron a mayores; sin embargo afirmó: “Hemos tenido suerte, pero el riesgo latente está siempre”.
Frente a la imposibilidad conocer los balances del gremio de los periodistas, el Foro de la Comunicación Santafesino inició un pedido de acceso a la información en el Ministerio de Trabajo de la Nación. La respuesta fue positiva y los documentos obtenidos permiten vislumbrar un panorama preocupante en la Asociación de Prensa de Santa Fe. Existe un fuerte déficit operativo, deudas por juicios y aportes patronales, subsidios estatales y vínculos poco claros con el sector patronal. El diagnóstico se agrava con la errática política gremial de la entidad conducida por Eduardo Burba.Recientemente, desde el Foro de la Comunicación Santafesino, expresábamos nuestra preocupación por la reticencia de la actual conducción de la Asociación de Prensa de Santa Fe para informar sobre la situación patrimonial y económica de la entidad gremial.Como trabajadores de prensa y afiliados a la APSF solicitamos en varias oportunidades que se nos brinde una copia de los balances correspondientes a los ejercicios 2005-2006 y 2006-2007. La única respuesta obtenida fue una información parcial con datos irrelevantes acerca del último ejercicio concluido.Frente a esta evidente falta de transparencia crecieron nuestras dudas respecto a la situación patrimonial y económica de la entidad así como acerca del destino y eficiencia en el manejo de los fondos aportados por los afiliados.Fue así que resolvimos iniciar un trámite de “acceso a la información” ante la delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación – organismo de control de las entidades sindicales – invocando el Decreto 1172/03 que establece el libre acceso a la información pública en la órbita del Poder Ejecutivo Nacional.Elegimos este camino ante la negativa de la conducción encabezada por Eduardo Burba, Rubén Álvarez y Mario Galoppo, de permitirnos conocer la verdadera situación económica y patrimonial de la APSF. Esta actitud poco transparente es coherente con otra metodología empleada por esta “dirigencia” que en varias ocasiones ha convocado “asambleas” a escondidas de los trabajadores y afiliados. Precisamente en una esas “asambleas” se aprobaron la Memoria y Balances del último año.Lamentablemente nuestras sospechas quedaron confirmadas cuando pudimos acceder a la información solicitada en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los datos consignados en los balances de la Asociación de Prensa de Santa Fe ponen en evidencia una mala administración de los recursos de los afiliados y la carencia de una política de crecimiento.Fuerte déficit. El ejercicio finalizado en abril de 2007 arrojó un resultado negativo de más del 13 por ciento. Desde el punto de vista económico el porcentaje representa un fuerte déficit comparado con la totalidad de los ingresos disponibles. Además significa que los gastos superan a los ingresos en una proporción importante. En efecto, el total de gastos fue de 105.075,62 pesos, los recursos llegaron a 92.898,34 pesos y el déficit al final del ejercicio llegó a 12.177,28 pesos.Desde el punto de vista del estado de situación patrimonial los resultados de este año también fueron negativos. El total del pasivo corriente superó largamente al activo corriente. Según consta en el balance, el primero fue de 47.972,20 pesos mientras el segundo llegó a 25.508,35 pesos.La mala administración genera un aumento de los gastos. Un ejemplo de ello es la decisión de no realizar todos los aportes sociales del personal de la entidad en el momento que corresponde. Este criterio obligó a suscribir un plan de pago de la AFIP. Estos planes son caros e incrementan el volumen de los desembolsos que deben realizarse por la acumulación de los altos intereses. Además, continua la incidencia de un juicio laboral perdido, con su correspondiente aumento en los gastos.Política expulsiva. Contradiciendo la necesidad de aumentar la cantidad de afiliados aportantes, en noviembre de 2006, la conducción de la APSF resolvió dar de baja a los trabajadores que se encontraran en mora de pago de su cuota sindical. Esta decisión fue escasamente informada – sección edictos del vespertino local – y afecta principalmente a los periodistas que desarrollan sus labores de manera precarizada sin un empleo formal. La misma no puede desvincularse de las elecciones para renovación de Comisión Directiva en 2008.Subsidios y otros ingresos. En 2006 y 2007 la mala administración se tapó recurriendo a subsidios del gobierno provincial obtenidos gracias a las vinculaciones políticas con la gestión saliente. También fueron importantes los ingresos consignados como “suscripción portal”. En este último caso se debe señalar la controversial presencia de un auspicio de LT9 Radio Brigadier López. Reiteramos que la conducción de la APSF debe aclarar la naturaleza de esta relación.Es importante señalar que el artículo 17º del estatuto de la APSF impide “recibir ilícitamente subvenciones directas o indirectas de los empleadores durante el ejercicio de cargos sindicales o con motivo de ellos”. Es de público conocimiento que algunos integrantes de la Comisión Directiva cumplen sus tareas periodísticas en el ámbito de la administración pública provincial.Todos estos datos fueron extraídos de los balances de la entidad. Balances que ponemos a disposición de todos los afiliados y trabajadores de prensa interesados en consultar o conocer la totalidad de la información contenida en los mismos.Lamentamos que la “conducción” de la APSF haya resuelto retacear o negar la posibilidad de acceder a esta información para que los afiliados puedan conocer la verdadera situación de la entidad.Advertimos que la recuperación económica y patrimonial de la Asociación de Prensa de Santa Fe no puede apoyarse en la dádiva oficial o en la expulsión de los afiliados. Es necesario rectificar este rumbo, ampliar la legitimidad de nuestro gremio y profundizar el sentido de pertenencia de los trabajadores.
La designación de Agustín Bassó como jefe de los fiscales santafesinos tuvo al momento de su entrevista con los legisladores algunas expresiones cuanto menos desafortunadas, que retrotraen la mirada hacia la historia reciente del Poder Judicial de la provincia. Cuando se entrevistaba con los legisladores en septiembre último, el flamante Procurador de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia tuvo al menos dos expresiones que dejaron boquiabiertos a muchos, excepto a los legisladores. Ni oficialistas ni opositores repreguntaron y parecieron no asombrarse. Pocos días antes, la diputada Alicia Gutiérrez había publicado una nota de opinión cuestionando justamente su pasado como juez de la última dictadura y posibles vínculos con la derecha peronista de los 70. Cuando el diputado Aldo Strada lo interrogó sobre este tema, introduciendo la pregunta acerca de su amistad con Víctor Hermes Brusa, respondió: “No soy amigo del doctor Brusa”. Y agregó, brutalmente: “Aunque sea me gustaría que me den el Falcon verde para salir a secuestrar gente, porque con mi auto no voy a salir, porque ya han dicho que integraba los grupos de tareas. Yo creo que se están confundiendo de persona... (…) No soy yo. Se equivocan, por eso voy a reclamar el Falcon verde para salir en el grupo de tareas...” La otra frase que increíblemente pasó desapercibida ante los asambleístas fue: “Todos juramos por lo que se nos pone adelante”, dijo Agustín Bassó. Aludía sin ponerse colorado a su asunción como juez de Primera Instancia del Crimen en Melincué, el 12 de abril de 1978. Bajo su mano no estaba la Constitución, sino el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional que regía las decisiones de la dictadura más sanguinaria de nuestro país. La provincia de Santa Fe tiene una historia, poco difundida, acerca de la subordinación de los jueces a cualquier libro que se les ponga adelante, sea o no la Constitución. Algunos de los actores de lo que sucedió hace casi 40 años son los mismos que formaron parte este año del gobierno que propuso como jefe de los fiscales a un hombre que renegó de la Carta Magna.Un paréntesis para la Constitución En junio de 1968 todo el país estaba convulsionado. Santa Fe no era la excepción. A punto de cumplirse dos años de la “Revolución Argentina”, se acercaba otro aniversario que ponía en tensión al gobierno ejecutor de la “Noche de los Bastones Largos”. En Santa Fe y Rosario se preparaban actos conmemorativos al cincuentenario de la Reforma Universitaria. La policía rosarina, a cargo del comandante mayor de Gendarmería (R) Abel Horacio Verdaguer emitió una prohibición para los actos, acatando órdenes de autoridades locales y nacionales. En la ciudad del sur, la Comisión de Homenaje decidió apelar la medida. Encontró un juez que sin necesidad de meditar demasiado recordó que no estaba vigente el estado de sitio, por lo que dio curso favorable al recurso de amparo y ofició a la Policía Provincial. El juez en lo Civil y Comercial Raúl Gardella fue desoído; los integrantes de la Comisión, que contaba entre sus miembros a uno de los firmantes del Manifiesto Liminar, fueron increpados por la policía. El juez se dirigió al lugar para aclararle a la policía que el acto estaba autorizado. Como respuesta, se le dijo que había “órdenes superiores”. El Dr. Gardella insistió, y se produjeron incidentes con detenidos y heridos. Decidió labrar un acta, teniendo como testigos, además de sus funcionarios judiciales, a los doctores Oscar Borgonovo, Alberto Natale y Rafael Martínez Raymonda. Otra comisión, también en Rosario, preparaba otro acto que, aunque había sido prohibido, igualmente estaba amparado por otro juez, en este caso el Dr. Armando Frávega. El magistrado se allegó hasta el lugar con el fiscal y su secretaria: las mismas respuestas, pero con incidentes más graves. Un agente policial agredió al fiscal y fue detenido por orden del juez. Frávega no habrá salido de su asombro. Caminó unos metros y se encontró con el joven vicepresidente del Colegio de Abogados de Rosario, el Dr. Roberto Rosúa, designado por la institución para velar por el cumplimiento del acto. Rosúa se comunicó telefónicamente con el Dr. Virgilio Sánchez Almeyra, integrante de la Corte Suprema de Justicia santafesina. El juez se dio por enterado. El lunes 17 de junio la Corte emitió una acordada avalando lo resuelto por los magistrados Gardella y Frávega, ya que “aún para el supuesto extremo de que lo ordenado fuera contra derecho, los magistrados son responsables en otro ámbito de lo que deciden, sin que quepa discutirles ni el alcance de sus resoluciones ni la oportunidad de ellas, y menos su legalidad”. Con este resguardo, los dos jueces impusieron arresto a varios funcionarios policiales por la “gravísima índole de la desobediencia en que incurrieron”. El comandante Verdaguer fue castigado con 15 días de arresto y el comisario Alfredo Bagli con 14. Verdaguer resistió. Difundió un comunicado en el que se sentaba sobre su posición: se sometía, decía, al Estatuto Revolucionario, no a la Constitución, porque de ella “han surgido entes extraños, como extremismos, etcétera, que se ciernen amenazadoramente sobre la existencia del país; el Estatuto es el paréntesis necesario para contrarrestarlos” En la capital provincial los incidentes se producían. Hubo detenidos, entre ellos Carlos Narvaja, secretario general del Centro de Estudiantes de Derecho, Carlos Contín y Marcelo Stubrin, tras varias asambleas en las facultades de Ciencias Jurídicas e Ingeniería Química y el Instituto del Profesorado Básico. Mientras el gobierno a cargo del contralmirante Eladio Modesto Vázquez rumiaba las apelaciones a las decisiones de Frávega y Gardella, y designaba nuevo Ministro de Gobierno, a nivel nacional se tomaban medidas más drásticas, quizás el huevo de la serpiente del actual Poder Judicial Santafesino. A través de una “ley”, la 17.782, el gobierno de la “Revolución Argentina” intervino al Poder Judicial de Santa Fe. Los fundamentos estuvieron a cargo del ministro del Interior Guillermo Borda y decían:El pueblo de la República ha visto con estupor que dos jueces de la provincia de Santa Fe, después de hacer lugar a un recurso de amparo destinado a posibilitar la realización de un acto prohibido por el Poder Ejecutivo, se pusieron al frente de una manifestación inequívocamente política, no sólo por sus finalidades, sino también por las personas que la encabezaban (…). Si bien el respeto por la independencia del Poder Judicial es el basamento ineludible del estado de derecho, no es menos cierto que tal respeto sólo es debido en orden a las atribuciones propias de dicho poder. Si, por el contrario, este pretende inmiscuirse en lo que son atributos de los otros poderes del Estado, éstos tienen el deber constitucional de impedir tales excesos. Pues no hay que confundir independencia del Poder Judicial, con gobierno de los jueces (…). En ningún momento podría el Poder Ejecutivo declinar su esencial atributo de mantener el orden; mucho menos podría hacerlo en momentos como el presente, en que muchos países son sacudidos por una ola de violencia instrumentada por minorías extremistas, que persiguen la disolución y la anarquía (…). Si sólo se tratara de una actitud aislada de los aludidos magistrados, el problema debía haberse resuelto por la vía normal de su enjuiciamiento. Pero ha existido otro hecho más grave aún; la Suprema Corte provincial, lejos de condenar la reprobable conducta, la ha apoyado con una declaración pública realmente insólita, pues los tribunales de justicia no pueden hacer manifestaciones respecto del derecho que asiste a quienes se encuentran en conflicto, sino en el expediente en el cual la cuestión está planteada y en el momento de dictar sentencia. Pero el aludido tribunal, en lugar de esperar las actuaciones que debían llegarle por vía de apelación, ha hecho, fuera del expediente, una declaración que además de importar un juzgamiento, tiene un significado político evidente Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia renunciaron en masa. Los doctores Raúl Sala, José Pérez Martín, Virgilio Sánchez Almeyra y Roque Sanguinetti, junto al procurador Rodolfo Giavedoni presentaron su dimisión al gobernador. El Dr. Juan Carlos Mas, integrante del Tribunal Colegiado de Juicio Oral también lo hizo, indicando que no podía convalidar con su permanencia “el inaudito atropello de que ha sido objeto el Poder Judicial de mi provincia”. Algunos otros jueces decidieron también alejarse. No fueron muchos. Los Colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario objetaron la medida y advirtieron a sus colegiados que no debían litigar ante los Tribunales “cuyos titulares hayan sido designados, aunque sea por ascenso, por el interventor del Poder Judicial”, el Dr. Darío Sarachaga. Otro grupo de abogados conminó a que ninguno de ellos aceptara designación en el nuevo esquema judicial, ya que incurrirían “en grave falta ética profesional”. Las honrosas renuncias fueron rápidamente contrarrestadas con nuevas designaciones y las reubicaciones y ascensos de personajes como Carlos Giannone, José Larquía, Adolfo Alvarado Velloso, Eduardo Adad, Raúl Álvarez y Ricardo Ríos Ortiz. El 1º de agosto el nuevo presidente de la Corte, Julio Argentino Casas les tomó juramento, pero no por la Constitución Nacional, sino por ese “paréntesis” tan claramente definido por Verdaguer.Olvidos“Todos juramos por lo que se nos pone adelante”, dijo Bassó sin recordar que un par suyo, renunció cuando una dictadura, ayudada por su policía, subordinó al Poder Judicial y cuando de sus colegas, que habían transitado las mismas aulas que él transitaba en esos momentos, dejaron sus puestos avergonzados ante el avasallamiento.Roberto Rosúa, olvidó también advertirle al gobernador Jorge Obeid, que propuso al nuevo procurador, la vehemencia con que actuó en aquellos días de 1968, cuando estaba seguro que no era obligación jurar por cualquier cosa que estuviera debajo de la mano.Para ampliar datos acerca de la intervención al Poder Judicial de Santa Fe remitirse a “El Litoral, 30 años después. Sangre, dinero y dignidad”, de Carlos Del Frade (Rosario, 2006) y a la obra digital “Un debate histórico inconcluso en América Latina (1600-2000)"
POLÍTICOS Y PERIODISTAS EMPLEADOS DE LA INTELIGENCIA MILITAR
El último número del periódico Edición 4 de la ciudad de Reconquista publica un amplio informe sobre el personal civil de inteligencia (PCI) que operó bajo el mando del coronel Domingo Manuel Marcellini, en el ámbito del Destacamento de Inteligencia 122 del Ejército, durante la pasada dictadura militar. Entre los involucrados aparece el periodista Carlos Rafael Cenoz y el dirigente justicialista Enrique Horacio Vallejos. Ambos estarían incluidos en un listado de 50 soplones rentados enviado hace poco tiempo por el Ministerio de Defensa de la Nación al Juzgado Federal Nº 1 de Santa Fe. Tanto Cenoz como Vallejos negaron veracidad de la versión aportada por diversas fuentes al periódico norteño. El primero consideró “una barbaridad” la información y añadió que las mentas “vienen de lejos, de esa época”. El segundo simplemente negó que fuera así. “Para nada”, dijo el abogado actualmente radicado en Ushuaia.El rastro del personal civil de inteligencia (PCI) que operó en nuestra zona durante la pasada dictadura militar emergió de las sombras cuando el juez federal Reinaldo Rodríguez procesó al ex dirigente sindical, Horacio Américo Barcos, por delitos de lesa humanidad, entre ellos tormentos y privación ilegítima de la libertad.El caso se había iniciado con la denuncia de Amalia Ricotti, secuestrada junto a su esposo el 16 de mayo de 1978. Luego de dos años de espera el magistrado federal dispuso una rueda de reconocimiento donde Horacio Américo Barcos fue identificado por su víctima.Según relató Ricotti, Barcos participó en su secuestró y la mantuvo en cautiverio junto a su esposo - José Alberto Tur - durante 15 días. El torturador ahora procesado fue identificado en varias oportunidades por la mujer, quien le dijo al juez como se lo cruzaba en la peatonal, en la cola de un banco o saliendo del edificio de la actual subsecretaría de Seguridad Pública.A partir de los datos aportados por la querella se pudo establecer que Barcos fue un activo militante gremial en la década del setenta, vinculando principalmente a la UOCRA de Santo Tomé, cuando la entidad era conducida por Rubén “el mono” Gaziano.A lo largo de la investigación judicial se realizaron numerosas diligencias, entre las que estuvo, un pedido de informes al Ministerio de Defensa de la Nación, para que aporte información sobre el personal que reportaba directamente al Destacamento de Inteligencia del Ejército durante la dictadura militar. Luego de sortear las limitaciones establecidas por las leyes de seguridad de la Nación, el Juzgado Federal de Santa Fe recibió un listado de 50 ciudadanos que trabajaron como personal civil de inteligencia (PCI) que todavía aguarda tratamiento por parte del magistrado interviniente. Allí figuraría el nombre de Horacio Américo Barcos, del periodista del multimedios Sin Mordaza Carlos Rafael Cenoz y del ex legislador justicialista Enrique Horacio Vallejos.Para el abogado querellante Jorge Pedraza, la información suministrada por el Ministerio de Defensa de la Nación tiene una enorme trascendencia “porque nos revela mejor aún cómo fue la transición de la dictadura a la democracia, cómo se pactó la no revisión del pasado, cómo ciertos dirigentes políticos o gremiales trabajaron juntos en la represión ilegal y por eso luego fueron premiados con posicionamientos legislativos”. (http://www.notife.com/ – 03/11/07)Bajar archivo para leer informe completo: DivShare File - Edición 4 271107.pdf
FUE ANULADA LA LICITACIÓN PARA REPOTENCIAR EL SISTEMA DE BOMBEO
La decisión fue tomada esta semana por la Municipalidad de Santa Fe. Se habían presentado dos empresas internacionales pero sus ofertas fueron desestimadas por errores de forma. La inversión prevista superaba los 15 millones de pesos. Con esta obra se triplicaba la capacidad de bombeo en la ciudad. Ahora los trabajos sufrirán una postergación.La obra fue anunciada en un acto multitudinario realizado el pasado 11 de julio en el Palacio Municipal. Estaban presentes el intendente Martín Balbarrey, el ministro de Asuntos Hídricos Alberto Joaquín, el diputado provincial Mario Lacava, el senador Juan Carlos Mercier, todos los concejales del Partido Justicialista (incluido el tránsfuga Rafael López) y funcionarios del gabinete local. En aquella ocasión se firmaron dos convenios, por los cuales el gobierno provincial se comprometía a desembolsar aportará 25 millones de pesos para optimizar la capacidad de bombeo de los sectores oeste y este, readecuar los lagos reservorios, rellenar sectores bajos y trasladar viviendas en situación de riesgo.A la hora de los discursos, Martín Balbarrey explicó: "Triplicaremos la capacidad de bombeo del Gran Santa Fe por el oeste y el este, incluyendo Recreo, Monte Vera y Rincón. Se van a comprar 30 bombas de más de 2.500.000 de litros horas, con otra cantidad de unidades portátiles móviles a combustible y grupos electrógenos".Por su parte, el ministro Alberto Joaquín que a partir de esta obra " la Municipalidad pueda contar con un sistema de bombeo adecuado para enfrentar esta nueva situación que implica el cambio climático. No son medidas improvisadas, sino que se basan en estudios profundos que hemos realizado", sostuvo.Para acortar los plazos administrativos se optó por el llamado a un Concurso Público de Precios. La recepción de las ofertas debía concretarse el 25 de septiembre pero este acto fue postergado hasta el 1º de noviembre. Se presentaron las empresas KSB Compañía Sudamericana de Bombas SA e ITT Flygt Argentina SA. Ambas compañías cotizaron sus trabajos en dólares. La primera ofreció U$S 5.158.628, para los tres ítems de la convocatoria. En tanto, la segunda cotizó U$S 3.486.037 para solo dos ítems.Ahora se sabe que todo el procedimiento fue anulado por errores en la forma de cotizar las ofertas. La información fue confirmada a Fuera de Foco por el actual secretario de Asuntos Hídricos de la municipalidad, Horacio Ruiz, y por el futuro secretario de Obras Públicas, Roberto Porta.Según explicó Horacio Ruiz “las ofertas son inadmisibles porque contienen errores jurídicos y formales que no hubieran sido aceptados por el Tribunal de Cuentas y la Provincia”. Ambas empresas cotizaron sus trabajos en dólares y constituyeron las garantías en pesos. “La Ley de Contabilidad (sic) no permite eso”, dijo el actual funcionario municipal.En tanto, Roberto Porta – futuro secretario de Obras Públicas de la gestión de Mario Barleta – aseguró: "Nos enteramos el lunes que la licitación se había caído. Ahora estamos tomando contacto con las empresas para ver si los plazos se pueden ajustar. Es casi seguro que nosotros tendremos que hacer el nuevo llamado”, sostuvo.De acuerdo a lo informado por el actual secretario de Asuntos Hídricos, el acto administrativo para anular el concurso de precios aún no fue terminado. La resolución en cuestión ya tiene la firma de dos secretarios (Ruiz y Giusti) y aguarda la rúbrica de Martín Balbarrey. Luego debe ser protocolizada e informada a las empresas.Simultáneamente, los funcionarios entrantes y salientes deben acordar los plazos para el nuevo llamado a licitación y eventuales modificaciones al pliego. En este sentido, Ruiz destacó la solvencia técnica y la trayectoria de las empresas que presentaron ofertas, estimando que el pliego “no se debe tocar”. Desde una perspectiva diferente, Porta difiere con algunos aspectos del proyecto actual y señala la necesidad de “ajustar las pautas técnicas”.A modo de referencia, se puede señalar, que la empresa KSB - Compañía Sudamericana de Bombas S.A, fue fundada en 1941 con el objeto de proyectar y producir bombas centrífugas. En 1960 es absorbida por la firma alemana Klein, Schanzlin y Becker, uno de los fabricantes líderes mundiales de bombas y válvulas, con ventas anuales superiores a los 1.500 millones de dólares, más de 3300 empleados y fábricas diseminadas a lo largo de todos los continentes. Por su parte, la empresa ITT Flygt Argentina es una subsidiaria local de la multinacional fundada en 1901, en Estocolmo, Suecia, que se presenta como "líder mundial en bombas sumergibles, mezcladores y sistemas de aireación"; con un amplio espectro de actividades que involucran a gobiernos, municipalidades y empresas privadas, que buscan "mejorar sus sistemas de aguas, manejo de efluentes cloacales y control de inundaciones".Por ello, más allá de las primeras explicaciones conocidas, resultada extraño que dos empresas de semejante trayectoria y experiencia en Argentina hayan presentado sus ofertas con los errores formales que derivaron en la anulación del concurso de precios.
OTRO SÚPER ES POSIBLE
En Rosario, uno de los locales de Supermercados Tigre (empresa que estuvo entre las 500 de mayor facturación del país y terminó en vaciamiento) fue recuperado por los trabajadores y se creó un centro cultural, un comedor universitario y popular, y una boca de expendio de productos comunitarios, entre otras cosas. El poder judicial los declaró “ocupantes” (léase okupas), burla magnificada por seis años de realizaciones. La movilización frente a las amenazas, los debates entre obreros, y un manual de paradojas argentinas. Fuente: La Vaca.En la calle Tucumán al 1300 de Rosario había un supermercado que se transformó en La Toma.Donde sólo había góndolas, etiquetas y carritos, ahora hay emprendimientos comunitarios y cooperativos, artistas, un centro de economía solidaria, grupos de ayuda psicológica (5.500 consultas atendidas), talleres, cursos y un gran centro cultural.Donde antes había patio de comidas rápidas (fast food) ahora hay comida más tranquila y mejor, con un enorme Comedor Universitario y Popular que cobra 4 pesos por menú a los becados universitarios y 6 pesos a los trabajadores en relación de dependencia y jubilados. Ha habido 60.000 becas alimentarias estudiantiles y 75.000 menúes económicos atendidos en el Comedor Popular.La Toma, para colmo, ha hecho algo que los viejos propietarios jamás siquiera intentaron: pagar todos los servicios, y estar al día.Tigre de papelLos Supermercados Tigre eran una cadena de 14 establecimientos, que figuraba entre las 500 empresas que más facturaban en la Argentina en un tiempo incierto que los memoriosos llaman “menemismo”. Tenían 1.000 empleados, un establecimiento ganadero, un frigorífico, y la concesión de las sucursales de la cooperativa El Hogar Obrero. Su propietario Francisco Ragunaschi ha sido catalogado como un entusiasta impulsor de la represión durante los saqueos de mayo de 1989 (“alfonsinismo” dirán los memoriosos) y denunció a policías y militares por exceso de “mano blanda” frente a los pobres (hubo apenas unos 20 muertos en la provincia). Ragunaschi –un creativo- fue pionero en imponer el domingo como día de trabajo en los supermercados.Carlos Ghioldi, integrante del Consejo Directivo de la Asociación de Empleados de Comercio de Rosario, explica a lavaca: ”La empresa fue vaciada, pero como acá no hay maquinaria que llevarse lo que hicieron fue endeudarse enormemente, no pagar, pasar a concurso de acreedores, y con la administración judicial endeudarse por un valor de 80 veces el valor de su patrimonio. Fue escandaloso y la justicia fue parte de ese vaciamiento ocurrido durante el concurso de acreedores”.Tal vez se trate de una paradoja, tanto como llamar “justicia” a tales juzgados (como el civil y comercial número 14 de Rosario a cargo de la jueza apellidada Lotti, cuyo inquietante nombre de pila es María de los Milagros).Los negritos Los trabajadores tomaron el establecimiento en 2001 cuando además del endeudamiento empezaron a vaciar literalmente el supermercado, llevándose en camiones todo lo que había. Les debían seis meses de salarios. Propusieron realizar un emprendimiento productivo allí, posibilidad que –en plena crisis- fue apoyada por políticos, sindicalistas, representantes religiosos y organismos de derechos humanos, pero no por María de los Milagros, que en una oportunidad les informó a los trabajadores que no se seguiría reuniendo con “negritos” (¿se entiende a quiénes se refería?).Los negritos tomaron nota del estado de los Milagros.Ante tal panorama, 35 de los trabajadores decidieron formar una cooperativa (Trabajadores Solidarios en Lucha), hacerse cargo del lugar y convertir La Toma en algo más: una usina de producción solidaria, económica y cultural. En la Argentina, salvo excepciones (nunca tan honrosas como en este caso), los sindicatos han estado mayoritariamente en contra de los trabajadores cuando éstos quedaban desocupados y formaban cooperativas.Ghioldi quedó instalado a ambos lados de esa paradoja: “Pero aquí las cosas fueron distintas. Yo era delegado en la época de El Hogar Obrero, luego encabecé la lucha, y ahora soy secretario gremial y miembro de la Comisión Directiva de la Asociación de Empleados de Comercio. Hubo muchos lugares con una dicotomía entre trabajadores y sindicato. Acá no. Acá somos lo mismo”.Obreros versus obrerosGhioldi considera que el rechazo de muchos sindicatos a sus propios ex trabajadores es por “un esquema de funcionamiento que no todos los sindicalistas están dispuestos a saltar. Es el que dice que un trabajador despedido, que no aporta, deja de pertenecer al sindicato”. Ghioldi reconoce que el problema no es sólo de burócratas: “Pasa también con las bases. A mucha gente del gremio no le cae simpático que el sindicato esté tan involucrado en La Toma. Te dicen: “¿Y por que no se van a buscar trabajo y se dejan de joder?”Los dirigentes del sindicato, en casos así, no hacen seguidismo: “Les discutimos a los compañeros, les decimos que se equivocan, y que vamos a defender La Toma hasta las últimas consecuencias. ¿Se entiende? Hay que decirlo, si fuera distinto viviríamos en Rusia del año 17 o Cuba del 59. Pero no, estamos en la Argentina 2007 y estas son las contradicciones con las que hay que trabajar”. Carlos cree que esas discusiones han tenido un saldo positivo: “La corriente de simpatía hacia la defensa de La Toma ya es muy grande”.Cuando los ideales van a la práctica El criterio de La Toma (el nombre con el que lo conocen en todo Rosario) fue siempre el de seguir el ideario cooperativo y el concepto de economía social y solidaria. “No tomamos criterios empresarios, por eso no nos consideramos una empresa recuperada sino un establecimiento puesto en funcionamiento por sus trabajadores: no es una diferencia semántica” dice Ghioldi, que ya ha escrito un libro sobre el caso (Supermercado Tigre, Crónica de un conflicto en curso).“Lo primero que se hizo fue crear un centro cultural porque creemos al igual que los fundadores y pioneros del movimiento gremial argentino e internacional, que donde los trabajadores se organizan deben elevarse culturalmente para avanzar en su lucha por la liberación”. Luego se planteó el mercado comunitario para vender allí productos de origen artesanal, cooperativo, comunitario, y ya hoy el panorama incluye:- 32 puestos de trabajo de los cooperativistas.- 40 puestos de trabajo creados de manera indirecta.- 20 trabajadores de la cultura.- Dos cooperativas funcionando de manera integrada- Un Centro de Economía Solidaria con 30 emprendedores ofreciendo sus productos.- Un Centro Editorial que ya ha realizado diez publicacines propias.- Una sala de eventos teatrales y culturales.- Instalación de organizaciones sociales. Ejemplos, el centro de indumentaria deportiva del Movimiento Territorial de Liberación, o Autoconvocados en Defensa de la Vivienda Única (grupo que lucha e impide los desalojos).- Funcionamiento de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados.- Apertura de la sede de la Asociación Argentina de Actores,- Permanentes actividades culturales y presencia en diversos eventos de personalidades como el Nobel de Literatura José Saramago, el poeta Ernesto Cardenal, el escritor Osvaldo Bayer o el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.- 5.500 consultas atendidas en el servicio de psicología, además del funcionamiento de El Puente, grupo de psicólogas de La Toma.¿Cuál es la salida? La cooperativa había conseguido una ley en 2004 para funcionar en La Toma durante dos años. El gobierno de Jorge Obeid no discutió en tiempo la renovación (la clase política, se sabe, siempre está dedicada a otra cosa) y el juzgado de María de los Milagros aprovechó ese vacío: “Dijo que somos ocupantes, y que los proyectos de los trabajadores son inviables económicamente”, narra Ghioldi. Que se diga esto de una empresa inviable y hundida por los empresarios, y salvada por los trabajadores es acaso memorable.El mayor riesgo actual es que se dictamine el desalojo. Ghioldi realiza una ecuación: “Pero cuanta más movilización, solidaridad y acompañamiento, menos posibilidad de desalojo, creemos ciegamente en eso”.La solución fue planteada ya en la cámara de Diputados: “El principal acreedor de la quiebra es el propio Estado, por lo cual tiene todas las posibilidades de expropiar a la empresa porque además es el principal damnificado por la estafa”.-¿Y por qué no se hizo hasta ahora?-Porque la campaña no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero seguimos, nunca vamos a bajar los brazos.
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