Source: http://tlcradiou.blogspot.com/2007/06/
Timestamp: 2018-05-22 21:04:06+00:00

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TLC en español: junio 2007
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Reparten bonos, becas y mentiras
COMUNICADO DE PRENSA DEL PARTIDO FRENTE AMPLIO
Mientras el presidente Arias reparte bonos de vivienda y becas para colegiales en los actos oficiales, personas que le acompañan en sus giras distribuyen propaganda ofensiva y calumniosa contra dirigentes políticos y sociales opositores al TLC con los Estados Unidos.
“Por lo visto al mandatario no le basta la utilización descarada de los recursos públicos para intentar ganar adeptos en el referéndum, y debe además manipular la información y recurrir a la mentira”, comentó el diputado José Merino del Río, del Partido Frente Amplio.
Ahora en las actividades donde participa Oscar Arias, junto a los folletos proselitistas de COMEX se distribuyen panfletos donde se confunden ataques contra los gobiernos de Venezuela y Cuba, a la par de insultos al ex Presidente Rodrigo Carazo, el dirigente sindical Albino Vargas y el diputado Merino.
“La desesperación ha llegado a tal grado en el gobierno, que han disparado todos los mecanismos de clientelismo al máximo, ofreciendo bonos de vivienda, becas estudiantiles del programa Avancemos, trabajo en el sector de educación o la policía, permisos para transporte público de personas o pensiones no contributivas, a lo que han sumado una campaña de corte maccartista buscando el voto de los sectores menos informados de la población”, agregó el legislador del Frente Amplio.
Para el diputado Merino esta campaña de “guerra fría” confirma la derechización de un gobierno de “república bananera y maquiladora” como el de Arias, aliado de los republicanos de Mr. Bush y de las oligarquías centroamericanas, mientras pueblos y gobiernos de toda la América Latina transitan por vías más independientes y más favorables para el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida de las mayorías.
Finalmente, el diputado Merino, dijo que el NO al TLC es una coalición de fuerzas nacionales, sociales y políticas, de tal magnitud, inteligencia y conciencia patriótica, que no se dejará afectar por los engaños y mentiras del gobierno de Arias.
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Junta Patriótica de Apoyo a la Campaña Nacional contra el TLC, Costa Rica Primero.
La Junta Patriótica de Apoyo a la Campaña Nacional contra el TLC, Costa Rica Primero; integrada por costarricenses del mundo empresarial, laboral, político, deportivo, artístico, académico, cultural y religioso, hombres y mujeres de diversas banderas políticas, hoy unidas y unidos bajo la bandera tricolor de la Patria, manifestamos al pueblo costarricense lo siguiente:
1) Somos un grupo amplio, diverso, pluralista y abierto a todas aquellas personas que, sin distingos políticos, económicos, ideológicos, religiosos, de género o étnicos, quieran sumarse a la creciente multitud de costarricenses que decimos NO al Tratado de Libre Comercio “negociado” entre Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos de América.
2) Somos un grupo de respaldo al liderazgo y al movimiento social que desde hace cuatro años se viene forjando y fortaleciendo en esta lucha y resistencia nacional en contra de este inconveniente y ominoso Tratado, cuya eventual ratificación vendría a ensanchar aún más la brecha social y económica que hoy carcome nuestra democracia y profundizaría la división de la familia costarricense.
3) Esta Junta Patriótica nace desde el corazón tricolor de Costa Rica, desde ese corazón que dice NO al TLC, en apoyo al movimiento social que hoy está siendo sistemáticamente atacado y calumniado por los grupos minoritarios que controlan el Gobierno y por algunas de las más poderosas empresas de comunicación.
4) La unidad del movimiento social contra este TLC es un deber y una responsabilidad patriótica esencial en esta coyuntura. Ofrecemos los espacios y recursos de esta Junta Patriótica y los ponemos al servicio de esa unidad del pueblo costarricense que, desde todos los rincones de la Patria, desde todas las etnias, religiones y culturas, desde todas las condiciones sociales y económicas, desde todos los partidos políticos, en forma creciente dice NO a este TLC.
5) Somos conscientes de que en el próximo Referéndum previsto para el siete de octubre, se juega el futuro de nuestro Estado Social de Derecho, de la paz social que nos caracteriza en el concierto de las naciones, de las Garantías Individuales y Sociales que resguarda nuestra Constitución, y de las Instituciones Públicas que nos hacen ser una democracia ejemplar en todo el Continente, así como de nuestra posibilidad de conservar y de aprovechar racionalmente nuestros Recursos Ambientales.
6) Estamos firmemente convencidos de que en la actual coyuntura histórica sólo un rotundo NO al TLC en el Referéndum – o el reconocimiento de sus muchas inconstitucionalidades por parte de la Sala Cuarta- nos permitirá sentar las bases para corregir las debilidades y carencias de nuestras Instituciones y continuar la integración nacional a los procesos de globalización y de apertura desde el enfoque solidario y de paz y justicia social que nos heredaron las mujeres y hombres patriotas que desde la independencia hasta hoy pusieron en primer lugar los intereses de la Patria y no los suyos propios.
7) Asumimos, junto a muchas otras organizaciones políticas, cívicas y sociales, el compromiso de velar por la pureza y transparencia del proceso del Referéndum. En este sentido esperamos que el Tribunal Supremo de Elecciones constituya los mecanismos adecuados para evitar al máximo las prácticas negligentes que puedan afectar la credibilidad en una institución pilar de nuestra democracia. Esta Junta Patriótica mantendrá un respetuoso, pero firme y sostenido control ciudadano sobre este proceso, antes, durante y después del Referéndum.
8) De manera especial, consideramos fundamental, para garantizar no solo la forma sino la esencia democrática de este referéndum, que el Tribunal Supremo de Elecciones haga todo lo que sea necesario –aún lo que va más allá de la mera literalidad de la ley- para garantizar la equidad básica requerida para que este proceso sea realmente democrático: equidad en el acceso a los medios de difusión masiva, equidad en la distribución de recursos para divulgación y propaganda, equidad y ética en la participación de funcionarios públicos en la campaña. Es evidente que los más poderosos representantes del capital nacional y trasnacional están, por motivos propios, interesados en la ratificación del TLC, y están echando mano de todos sus recursos para vencer la resistencia del pueblo costarricense. El Tribunal Supremo de Elecciones no puede obviar esta realidad que amenaza gravemente la esencia democrática del referéndum.
9) Esperamos y confiamos en que la Sala Constitucional, inmersa en el estudio de diversas consultas para determinar la existencia de señaladas inconstitucionalidades de este Tratado, actúe de conformidad con el Derecho y la Justicia, con la independencia, la dignidad y el patriotismo que corresponden a tan alta Instancia de nuestro Estado de Derecho. El reconocimiento de los evidentes roces y violaciones a nuestra Constitución Política –por el procedimiento y por el fondo- que contiene el TLC es, a estas alturas, la salida que menos traumas y divisiones puede generar en el pueblo costarricense; ya que permitiría, y de hecho obligaría, a la negociación de un nuevo tratado, uno que garantice el derecho soberano del pueblo costarricense a definir el tipo de desarrollo económico y social y las formas de integración en la economía mundial que mejor propicien el bien común y la convivencia pacífica y democrática.
10) Hacemos un llamado al pueblo costarricense organizado en comités patrióticos cantonales, distritales y de barrio, en coordinadoras, sindicatos, cooperativas, en organizaciones culturales, religiosas y de género, a continuar desarrollando con paso firme y sostenido las tareas de organización, divulgación, capacitación y compromiso ciudadano, hacia la consolidación de la victoria nacional del NO al TLC en el próximo Referéndum.
El desarrollo con dignidad no es un lujo,tampoco es algo a lo que un país puede optar o dejar de hacerlo.
El desarrollo humano con dignidad es el único desarrollo posible.
Adelante Costa Rica, NO a este TLC
San José, 15 de junio de 2007.
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El proyecto de “Ley General de Telecomunicaciones” dictaminado el 20 de junio de 2007, elimina el modelo solidario del Instituto Costarricenses de Electricidad (ICE), que permite subsidiar al 84% de los usuarios residenciales, ya que:
-Prohíbe el establecimiento de subsidios cruzados entre diferentes bienes y servicios ofrecidos por un operador o proveedor (artículo 60).Precisamente, son los subsidios cruzados los que nos han permitido garantizar el cumplimiento del principio de solidaridad plasmado en nuestra Constitución (artículos 50 y 74).
-La contribución que se establece a los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones al Fondo Nacional de Telecomunicaciones FONATEL), dispone que no podrá ser menor al 2% ni superior a un 4% de los ingresos brutos obtenidos directamente. Esta contribución podría ser hasta 4,5 veces menos de lo que hoy invierte el país para subsidiar elservicio universal que es de un 9%.
Se termina con la universalidad del servicio
Los servicios de telecomunicaciones en nuestro país se basan en el principio de “servicio universal”, pero el proyecto de ley cambia este concepto por el de “acceso universal”, definido como “el derecho efectivo al acceso de servicios de telecomunicaciones disponibles al público en general de uso colectivo a costo asequible y a una distancia razonable respecto a los domicilios, con independencia de la localización geográfica y condición socioeconómica…” (art. 6:x). Como podemos ver con este cambio, se varía totalmente el concepto de servicio universal, pues solo se garantizará el acceso universal, demanera colectiva, o sea, poniendo a disposición de una comunidad determinada un teléfono público.
Aumenta tarifas para los usuarios
Se establece que la SUTEL podrá determinar que existen condiciones suficientes para asegurar una competencia efectiva, en cuyo caso se autoriza a que sean los propios proveedores los que fijen los precios por los servicios de telecomunicaciones (artículo 54). Vemos así, como se rompe con la naturaleza jurídica dada por nuestro país a este tipo de servicios, pasando de considerarse servicios públicos al costo, a ser considerados como simple mercancía.
En este sentido, nada impediría que grandes transnacionales que operen en nuestro país se pongan de acuerdo y bajen los precios a tal punto que el ICE no pueda competir y quiebre, como ha ocurrido en otros sectores del comercio; por supuesto después los precios subirán y a partir de ese momento serán los que fijen esos operadores en aras de obtener mayores ganancias, con el consecuente perjuicio para los usuarios, pudiendo llegar a cuadruplicarse como ha ocurrido en toda América Latina.
Peor aún, se establece que los proveedores de servicios de telecomunicaciones no están obligados a justificar sus precios de acuerdo a sus costos ni a registrarlos (artículo 55). Mientras que el ICE si tendrá que hacerlo, exigiéndole que la interconexión a los privados se la dé al costo.
Además se obliga al ICE a que garantice a los privados el acceso a las instalaciones esenciales (edificios, postes, ductos, torres, canalizaciones, estaciones –art. 6:k) o sea, que lo que hoy tiene el ICE y ha desarrollado con el aporte y esfuerzo de todos los habitantes, deberá ponerse a disposición de los operadores privados que ingresen a nuestro mercado y a precios de costo. Esto implicará una desventaja más para el ICE respecto a los competidores transnacionales, siendo que los países que ya se han abierto han sufrido un estancamiento en el desarrollo de sus redes fijas, debido a disposiciones como éstas.
Se pierde el concepto de servicio público
Se define los servicios de telecomunicaciones como servicios disponibles al público (artículo 6:z), que no es lo mismo que servicios públicos de telecomunicaciones. Al dejar de ser un servicio público se excluye de la tutela del artículo 4 de la Ley General de la Administración Pública; hoy es considerado además un servicio básico al que deben tener acceso todos los habitantes, y se convierte en una mercancía, es un servicio disponible al público, pero estaría al alcance solo de quienes puedan pagarlo. Lo cual es inconstitucional por contrariar lo dispuesto en los artículos 60 y 121 inciso 14 de la Constitución Política.
Asignación de frecuencias en manos de los políticos de turno
En el dictamen aprobado se modificó el órgano encargado de asignar y reasignar las frecuencias dándole esta competencia al Poder Ejecutivo (artículo 10), mientras que un texto anterior se la daba al Ente Regulador, dejándolo así en manos de un órgano netamente político, que cambia cada cuatro años, que es vulnerable a cualquier tipo de influencias políticas, como en el caso de Millicom. Además el proyecto propone que la asignación de las frecuencias esté en manos del Poder Ejecutivo, mientras que el control lo tendría otra entidad, lo cual implicaría mayores gastos de fondos públicos.
El ICE pierde las frecuencias del espectro radioeléctrico
El proyecto de ley no se refiere a las concesiones del ICE otorgadas al ICE en su Ley de creación, que le autoriza a brindar los servicios de telecomunicaciones mediante una concesión de pleno derecho por tiempo indefinido; pero sí establece que las concesiones del espectro serán por 15 años prorrogables hasta los 25 años. Por otra parte, en el transitorio III se obliga al ICE y a RACSA a levantar una lista de todas las frecuencias que le han sido asignadas e indicar cuáles no está explotando; y de seguido autoriza al Poder Ejecutivo para que les solicite que devuelvan las frecuencias para que sean reasignadas a operadores privados.
Privilegios para los inversionistas privados
El dictamen incluye como objetivo de la ley que “no se fomente el establecimiento de tributos” (artículo 2:h), con lo que se pretende que las inversiones en el sector de telecomunicaciones no se graven, lo cual es inconstitucional al dejar de lado la potestad tributaria del Estado, establecida en el artículo 121 inciso 13 de la Constitución Política, y por supuesto, el deber consagrado en el artículo 18 de contribuir con los gastos del Estado.
- José Merino del Río es diputado del Partido Frente Amplio.
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La Corte Federal de Nueva York, negó la demanda planteada por Chevron Texaco, con la cual pretendía obligar al gobierno cuatoriano a someterse a un arbitraje, para evadir la jurisdicción de las Cortes de Justicia ecuatorianas, en el juicio que le siguen 30.000 ecuatorianos por daños ambientales y sociales.
Esta resolución constituye un serio revés para la petrolera, ya que con ella ha perdido una de las mayores posibilidades en su pretensión de que el Estado ecuatoriano asuma los costos de sus malas prácticas.
A esto se suma el hecho que en el Ecuador, por decisión del Presidente de la Corte Superior de Lago Agrio (Nueva Loja), quien por mandato de la ley, ordenó el inicio del peritaje global, que diagnosticará el daño causado por Texaco en las provincias de
Sucumbíos y Orellana por sus operaciones hidrocarburíferas y cuantificará el monto económico que deberá pagar la petrolera, en base a lo que dispone la ley del Ecuador.
Estos dos pronunciamientos legales "han producido gran conmoción en Texaco, que durante los últimos años ha intentado por todos los medios demorar el juicio y evadir sus responsabilidades, pretendiendo desconocer la jurisdicción ecuatoriana", dijo Luis Yanza, Coordinador de la Asamblea de Afectados.
Fajardo negó la existencia de algún tipo de intromisión o presión sobre la Corte Superior de Nueva Loja, al contrario "Texaco es quien ha ejercido presión y obstrucción a la justicia para impedir que el perito se posesione y así dilatar el juicio innecesariamente y lo que les preocupa es que no han podido controlar a la justicia ecuatoriana y estadounidense. La única presión existente es la de los hechos y las evidencias que están comprobando la existencia de graves impactos ambientales, humanos, culturales y sociales que están produciendo centenares de muertos ecuatorianos", dijo.
Cámara de Empresarios pro Costa Rica
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(http://www.tribunademocratica.com/2007/06/tapabocas.html)
El referéndum es ejercicio democrático en su aspecto aparente y formal pero no necesariamente en su contenido sustantivo. Hemos podido comprobar lo que esto significa a propósito de los torneos electorales cuatrienales, donde prima el dinero y el marketing; la manipulación, el amarillismo y el soborno. Así, la gente termina eligiendo a representantes-que-no-la-representan, los cuales, puestos donde querían llegar, terminan actuando como lo que son: miembros de una oligarquía angurrienta -en el mejor de los casos- cuando no simplemente sus obsecuentes servidores.
Conforme pasan las semanas, se hace más cierto el peligro de que algo similar (quizá mucho peor) ocurra con el referéndum sobre el TLC. La intransigencia e irrespeto con que se intenta cerrar espacios de debate que han permanecido libres y plurales –por ejemplo, la Universidad de Costa Rica- da buen anticipo de lo que digo. Sumemos: la campañita de La Nación y otros medios poderosos; las cartitas del irrespetuoso señor presidente de la Unión de Cámaras; el escandalito de los estudiantes que-nunca-debatieron-y-ahora-quieren-debatir-en-“equilibrio”. Demasiado para que pueda ser coincidencia ¿Qué sigue? ¿Amenazas, más o menos veladas o evidentes, de restricción presupuestaria?
Ante esto, y primero que nada, reiteremos lo obvio. El debate público alrededor del TLC se ha empobrecido gravemente a causa de la absoluta parcialidad con que ha sido manejada la información por las grandes corporaciones mediáticas y el cúmulo inmenso de los millones malbaratados en publicidad. Han hecho un esfuerzo concienzudo en procura de envilecer el proceso y convertirlo en un torneo de estupidización colectiva. Y, por cierto, estos que demandan “neutralidad” a las universidades son quienes han privatizado la libertad de expresión y la han convertido en coto cerrado, gobernado por criterios de peculio y accesible tan solo a un reducidísimo número de privilegiados.
En seguida, resaltemos que si las universidades públicas (excepto la UNED ) han definido una posición oficial frente al TLC, lo han hecho, en primera instancia, con base en sus facultades legales y constitucionales y -lo que para el caso es más relevante- apoyadas en un análisis amplio y fundamentado del tratado. Ha sido, pues, un ejercicio democrático, legítimo y responsable. Por otra parte, innumerables fueron los intentos emprendidos en estas universidades tratando de promover debates con participación plural, malogrados reiteradamente por la negativa de los promotores del TLC a participar. Y esto, por cierto, es muchísimo más de lo que pueda decirse de La Nación , Telenoticias, Casa Presidencial, COMEX o INCAE, que masivamente movilizan enormes recursos publicitarios exclusivamente a favor del TLC.
Aducir que por tratarse de fondos públicos las universidades deberían limitarse a promover “debates equilibrados” sin asumir una posición definida, es tan solo un pretexto para encubrir detrás de lo que verdaderamente se anda: censurar y acallar los puntos de vista críticos. Las universidades, para merecer el nombre de tales y no deslucir la tradición histórica en que se fundamentan, han de ser espacios libres para el estudio, la reflexión y la crítica. Y ello incluye la posibilidad de decir y difundir aquello que incomoda a los poderes económicos y políticos y aquello que silencian los poderes mediáticos.
Tomar posición es un deber frente al pueblo de Costa Rica precisamente porque este pueblo provee los recursos con base en los cuales funcionan las universidades. Es un deber de honestidad intelectual por parte de quienes hacemos docencia e investigación, y un deber histórico frente a una decisión nacional de enorme trascendencia. Es el deber de advertirle a ese pueblo acerca de los riesgos y amenazas que un tratado como este entraña. El deber de argumentar con largueza y seriedad el por qué se afirman que tales riesgos son ciertos. El deber de difundir los resultados de ese esfuerzo de investigación y, en lo posible, hacerlos accesibles al pueblo. El deber de contraponer públicamente esos puntos de vista con el de quienes promueven el tratado. El deber de exigirle a éstos que también argumenten sus posiciones, en vez de despilfarrar millones en manipulación publicitaria.
Exigen “neutralidad” aduciendo que las universidades funcionan con base en recursos públicos. El cinismo de su doble moral les permite vociferar de esa forma sin chistar acerca de los millones que COMEX o el Presidente gastan en publicidad. Pero el caso es que, en realidad, la verdadera responsabilidad de las universidades públicas –precisamente por ser públicas- es la de ser espacio libre para la investigación, la reflexión y el debate. Y esto incluye a quienes favorecen el TLC, como bien lo saben, por ejemplo, aquellos profesores e investigadores universitarios que también son articulistas en La Nación o asesores al servicio de las elites políticas, económicas y mediáticas.
En cambio, otros universitarios y universitarias preferimos compartir con la ciudadanía organizada los frutos de nuestro trabajo. Tan ampliamente como se pueda, he dicho. El ardor e incomodidad que ello ocasiona a los telecitas, dan buena señal de que lo estamos haciendo bien. Es decir, estamos siendo cumplidores con el mandado que el pueblo nos ha dado como universitarios.
Los telecistas están desnudando un rostro siniestro. El tapabocas que se le intenta poner a las universidades es apenas una muestra de ello. Vale la pena ponerle más reflexión al asunto.
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Publicado por Movimientos Sociales en 22:05 No hay comentarios:
Estimados amigos del programa TLC en Español:
Esperamos que estén muy bien y queremos felicitarlos por el programa!
Queremos contarles que en Curridabat hace dos semanas formamos el "Comité Patriótico Curridabat dice No al TLC" y está integrado por unas 35 personas.
Ya estamos organizados por comisiones y este domingo tendremos una jornada de capacitación para comenzar el siguiente fin de semana las visitas casa por casa.
El Comité Patriótico se reúne todos los miércoles a las 7 p.m. en la Municipalidad de Curridabat. Para más información 272-4964 o curridabatdiceno@gmail.com .
Nos gustaría que nos ayuden a divulgar esta convocaroria para que se sumen más vecinos. En el grupo hay gente de muchos barrios y tanto jóvenes como adultos de la mayor diversidad.
Publicado por Movimientos Sociales en 22:06 No hay comentarios:
Marisol Castro Dobles, Directora General del Registro Civil
Fernando Víquez Jiménez, Director Ejecutivo
Mary Anne Mannix Arnold, Jefa a.i. del Departamento Legal
Héctor Fernández Masís, Coordinador de Programas Electorales
Ana María Jiménez Rodríguez, Jefa de la Oficina de Comunicación y Protocolo
Referencia: Modificaciones al referéndum.
Esta Secretaría comunica el acuerdo adoptado por el Tribunal Supremo de Elecciones en Sesión Ordinaria Nº 48-2007, celebrada el cinco de junio del año en curso, integrado por el señor Magistrado Luis Antonio Sobrado González, quien preside, y las señoras Magistradas Eugenia María Zamora Chavarría y Zetty Bou Valverde, que dice:
"ARTÍCULO SEGUNDO.-
Ante memorial suscrito por varios diputados y diputadas, mediante el cual formulan consulta legislativa sobre el proyecto de ley "Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos" (expediente legislativo n.º 16047), el pasado 31 de mayo la Sala Constitucional dictó la resolución n.º 7896-07, notificada al Directorio de la Asamblea Legislativa al día siguiente, por intermedio de la cual dispuso: "Acumúlese esta consulta a la que bajo expediente número 07-005632-0007-CO se tramita ante esta Sala. Se solicita al Presidente de la Asamblea Legislativa el envío del expediente legislativo número 16.047 completo, o bien copia certificada, dentro del plazo de ocho días hábiles".
Lo así resuelto plantea un nuevo escenario para este Tribunal, en su condición de organizador del referéndum sobre ese proyecto de ley, toda vez que dicha consulta formula objeciones de procedimiento que, en caso de ser acogidas por la Sala, impactarían su celebración. En efecto, el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional estipula que el dictamen que rinda la Sala, con ocasión de ese tipo de consultas, "... sólo será vinculante en cuanto establezca la existencia de trámites inconstitucionales del proyecto consultado". Esa eventualidad no estaba presente a propósito de la consulta previa de la Defensoría de los Habitantes, toda vez que la indicada Ley sólo legitima a la señora Defensora para plantear posibles inconstitucionalidades de fondo, en los términos del inciso ch) de su artículo 96, por lo que, aún bajo el supuesto de que la Sala los acogiera, su pronunciamiento carecería de efecto vinculante y, por ende, resultaría incapaz de enervar o demorar la convocatoria a la ciudadanía.
Siendo entonces que, en caso que la Sala acreditara la existencia de trámites inconstitucionales respecto del proyecto consultado, procedería suspender el referéndum -aunque no si se tratara de otro tipo de posibles vicios- y que esa eventualidad está presente con motivo de la consulta legislativa interpuesta y cursada, este Tribunal considera oportuno y prudente modificar la fecha tentativa fijada para su celebración, con el propósito de contar con la resolución final de la jurisdicción constitucional sobre este asunto antes de comunicar oficialmente la convocatoria a referéndum.
Sobre este particular cabe apuntar que el Tribunal ha ponderado la importancia de que la aplicación de los recursos públicos que demanda la organización de la consulta popular se de, en la medida de lo posible, hasta tanto haya certeza acerca de la celebración del referéndum. Además, el traslado de la fecha indicada permitirá incorporar a más costarricenses en el ejercicio comicial, toda vez que se utilizaría el padrón electoral con cierre al mes de junio, fomentando, con ello, una mayor participación popular y ampliando, de paso, el período de debate y reflexión de la ciudadanía.
Se acuerda: Modificar la fecha tentativa de celebración del referéndum, fijándola para el 7 de octubre próximo. La misma sólo se suspendería si la Sala Constitucional, en el marco de las consultas de constitucionalidad que tramita en forma acumulada, acredita la existencia de eventuales trámites inconstitucionales del proyecto consultado. La comunicación oficial de la convocatoria a referéndum se traslada para el 12 de julio. Las votaciones se celebrarán con base en el padrón electoral con cierre al mes de junio. La Coordinación de Programas Electorales replanteará el cronograma propuesto, para lo cual tendrá adicionalmente en cuenta las observaciones que el Departamento Legal plantea en su oficio n.º DL-249-2007. El señor Coordinador, además, valorará la suspensión de todos o algunos de los contratos del personal de servicios especiales ya nombrado, con el propósito de que pueda contarse con su colaboración en todos los momentos requeridos por la organización electoral, atendiendo a la modificación dispuesta.
ACUERDO FIRME."
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References: artículo 4
 artículo 121
 artículo 18
 resolución 
 resolución 
 artículo 101
 artículo 96
 resolución