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Sentencia en apelación. Ordinario mercantil sobre impugnación de acuerdos sociales, concepto de orden público, nulidad o anulabilidad | Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cuenca Juzgado de lo Mercantil
05 de enero de 2012 - 08:39	 - SENTENCIAS DE LA A.P. CUENCA
S E N T E N C I A NUM. 247/2011
En la ciudad de Cuenca, a 5 de diciembre de 2011.
Vistos en trámite de recurso de apelación los autos de Juicio Ordinario núm. 418/2010, procedentes del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cuenca, promovidos a instancia de xxxxxx representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Paz Caballero, asistida técnicamente por el Letrado Sr. Hernández Tejedor, contra xxxxx S.A representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Córdoba Blanco y asistida por el Letrado Sr. Becker Gómez, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la parte demandante, contra la sentencia dictada en primera instancia, de fecha 27 de mayo de 2011; habiendo sido ponente la Ilma. Sra. Doña Marta Vicente de Gregorio.
En los autos indicados al margen se dictó sentencia de fecha 27 de mayo de 2011, en cuya parte dispositiva se establecía, literalmente: "Que debo desestimar y desestimo íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. María Ángeles Paz Caballero en nombre y representación de xxxxx contra xxxx S.A, con imposición de las costas causadas a la parte actora".
Contra la anterior sentencia se preparó y después interpuso por la representación procesal de la parte demandante, recurso de apelación en tiempo y forma, recurso que fue admitido dándose traslado a la parte contraria para que pudiera presentar escrito de oposición al recurso o impugnar la sentencia en aquellos extremos que pudieran resultarles desfavorable. Por la representación procesal de la parte demandanda se presentó escrito oponiéndose al recurso interpuesto de contrario.
Recibidas las actuaciones en esta Audiencia Provincial, se procedió a formar el correspondiente rollo, turnándose ponencia y habiéndose cumplido la totalidad de las previsiones legales, y señalándose para que tuviera lugar la correspondiente deliberación, votación y fallo el 1 de diciembre de 2011.
Pese a la extensión del recurso de apelación interpuesto, la cuestión que se plantea en la presente alzada se reduce a determinar si la Junta de 22 de septiembre de 2002 cuyo orden del día era la reelección de los administradores (xxxxx) de la sociedad anónima demandada puede ser considerado un acuerdo contrario al orden público por tanto no sujeto al plazo de caducidad de un año para la impugnación de acuerdos nulos, previsto en el artículo 116 de la Ley de Sociedades anónimas, y ello, porque, según se alega, no fue realmente celebrada y en la que los administradores procedieron a su autodesignación, siendo nulo todo los posteriormente ejecutado por la sociedad y por aquéllos, tanto es así que en la demanda rectora se solicita la nulidad de todos los acuerdos adoptados por aquellos administradores desde la junta de 29 de septiembre de 2002, nulas todas las escrituras, todos los actos administrativos y todas las juntas que afectan al capital; o por el contrario se trata de un acuerdo meramente nulo, como así lo considera la sentencia de instancia, cuya impugnación debe realizarse en el plazo de caducidad de un año.
Centrados los términos de fondo del recuso de apelación, y antes de entrar a conocer, no considerar esta Sala que exista falta de motivación en la sentencia recurrida, pues para ello basta ver el fundamento de derecho segundo de la misma, donde se hace un análisis de la alegación de la demandante sobre si los acuerdos son o no contrarios al orden público en base a las alegaciones por escrito que presentó dicha parte en contestación a las excepciones planteadas por la demandada (folios 330) y que reitera en esta alzada, para concluir que los acuerdos no son atentatorios para el orden público, pudiendo extraerse de esa somera conclusión en relación con todo lo anteriormente señalado sobre el concepto y límites del orden público.
Tampoco existe incongruencia omisiva "citra petita" en lo referente al acuerdo de 30 de septiembre de 2009, puesto que si el demandante en su demanda interesa que se declare la nulidad de todo lo ejecutado y acordado por la sociedad desde la junta de 29 de septiembre de 2002, es obvio que dicha junta encuadra dentro de su petición, descartándose de entrar a conocer la impugnación de la Junta de 22 de octubre de 2009 por haberse apreciado la excepción de litispendencia.
Entrando ya al fondo del asunto, esta Sala ratifica en su integridad la sentencia de instancia. Así el acuerdo en cuestión se adoptó en Junta General Universal de la sociedad de el 29 de septiembre de 2002, y se inscribió en el Registro Mercantil el 24 de noviembre de 2003 (folio 193), en dicha junta se acordó la reelección de los administradores, los cuales ya habían sido elegidos en Junta general universal de 30 de septiembre de 1997, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de diciembre de 2002 (folio 179), consta además nueva reelección el 24 de septiembre de 2007 inscrita en el Registro el 2 de febrero de 2008 (folio 194), que es una de las excluidas por la demandante de nulidad; y en Junta General de 3 de abril de 2008 (folio 275) donde uno de los ordenes del día era el nombramiento de los administradores y la convalidación de los acuerdos de nombramiento de administradores de la junta anterior, donde asistió la demandante, votó en contra, pero se aprobó la propuesta.
La pretensión del recurrente es que la Junta de 29 se septiembre de 2002 se celebró sin haber sido convocada, fue ficticia, hubo auto designación de los administradores, y de ello se derivaría que el acuerdo es contrario al orden público y por tanto impugnable pese a haber transcurrido notoriamente el plazo de un año.
El Tribunal Supremo ha venido señalando que "en el orden jurídico el concepto de orden público en el área de los acuerdos sociales es de los denominados indeterminados, y que generalmente se aplica a acuerdos, convenios o negocios que suponen un ataque a la protección de los accionistas ausentes, a los accionistas minoritarios e incluso a terceros, pero siempre con una finalidad, la de privarles de la tutela judicial efectiva que proclama el artículo 24.1 de La Constitución Española. La doctrina es recogida en la Sentencia de 4 de marzo de 2002 , que añade que "el concepto de orden público se sustenta especialmente en los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los principios básicos del orden social en su vertiente económica, ya que de sociedades de capital se trata", y en sentencia de 26 de septiembre de 2006 , que, después de la cita de la doctrina de la Sentencias anteriores y de indicar "que la jurisprudencia de esta Sala ha utilizado de forma restrictiva el concepto abierto "orden público", en ordena admitir la excepción de la falta de caducidad, resalta que "de aquí que deba considerarse como contrario al orden público un acuerdo que vulnere de algún modo normas imperativas que afecten a la esencia del sistema societario, así como normas relativas a derechos fundamentales". La sentencia de 11 de abril de 2003 recoge la doctrina de las Sentencias de 5 de abril de 1966 y 31 de diciembre de 1979 diciendo que el orden público nacional "está integrado por aquellos principios jurídicos, públicos y privados, políticos, económicos, morales e incluso religiosos, que son absolutamente obligatorios para la conservación del orden social en un pueblo y en una época determinada". La sentencia de 28 de noviembre de 2005 , después de poner de relieve las dificultades de fijación del concepto, y que, presentado como excepción a la regla de caducidad de las acciones de impugnación, debe ser aprehendido en sentido restrictivo a fin de evitar la destrucción de la regla de la caducidad, sin duda establecida en seguridad del tráfico, centra el concepto, de acuerdo con la doctrina más autorizada, en los "principios configuradores de la sociedad" a que se refiere el artículo 10 del TRLSA o cuando, como en el caso de la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de abril de 1986 , en que el acuerdo lesiona los derechos y libertades del socio.
Dicho lo anterior, la inscripción de la reelección de los administradores en la junta de 29 de septiembre de 2002, que venía ya de la elección en el año 1997, se practicó mediante certificación del acta de la Junta General expedida en debida forma y con las firmas legitimadas notarialmente, es decir, en la documentación del acuerdo que se pretende contrario al orden público, no solo ha intervenido quien actuó como Secretario en la Junta, sino el Notario ante el que se protocoliza el acuerdo elevándolo a escritura pública y el Registrador Mercantil, quien lo califica y acuerda su inscripción.
Además, la simulación alegada en la celebración de la Junta no consta acreditada en autos, siendo a la parte recurrente a quien competía tal fin, además se trata de un acuerdo de reelección de administradores, y para el hipotético caso de que ello se pudiera considerar perjudicial para la demandante, no se puede alegar desconocimiento, pues la actora asistió al menos a las juntas de 24 de septiembre de 2007 y de 3 de abril de 2008 donde se renovaban los cargos desde el antiguo año 1997, de tal modo que aunque fuera cierto que no fue convocada a la Junta de 29 de septiembre de 2002, es evidente que hubo de enterarse, si es que hasta entonces no lo conocía, que habían sido renovados en el cargo.
En definitiva, aunque el recurso desgrana toda una serie de irregularidades en la Junta General Universal de 29 de septiembre de 2002, tales defectos, de existir, no significarían que el acuerdo adoptado fuera contrario al orden público, concepto que como se ha indicado, ha de ser interpretado de forma muy estricta pues de lo contrario quedaría sin efecto el plazo de caducidad de un año para impugnar los acuerdos nulos de las sociedades, encontrándonos precisamente ante un acuerdo de reelección de administradores (que además de ser convalidado en años posteriores), podrá ser nulo, pero que pudo (pues la demandante tuvo perfecta oportunidad de conocerlo) y debió ser impugnado dentro del plazo legal.
En lo relativo a la Junta de 30 de junio de 2009, ratificamos la valoración del juez a quo en cuanto a su convocatoria y anuncio oficial, y la inasistencia de la demandante a la misma.
Que desestimando como desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Dña. María Ángeles Paz Caballero en nombre y representación de xxxxx contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Cuenca con fecha 27 de mayo de 2011, debemos CONFIRMAR COMO CONFIRMAMOS íntegramente la resolución recurrida, con expresa condena en las costas de la presente alzada a la parte recurrente.
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References: e contrario
 artículo 116
 artículo 24
 artículo 10
e contrario
 resolución