Source: http://sgcg.es/articulos/2011/11/03/ultima-oportunidad-para-que-el-parlamento-europeo-se-oponga-a-acta/
Timestamp: 2019-01-18 02:09:03+00:00

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Última oportunidad para que el Parlamento Europeo se oponga a ACTA - SGCG
Toca hablar de decisiones a nivel europeo. Como ya hay mucha gente discutiendo sobre la sacada de pecho griega, vamos a discutir sobre otro asunto, no vaya a ser que el castillo de naipes aguante después de todo (¡cosas más improbables han pasado!) y acabemos igual que antes, pero con alguna medida cleptocrática adicional colada en medio de la distracción.
Hoy vamos a hablar de ese tratado, ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement o Acuerdo Comercial Anti Falsificación), que ha sido negociado en secreto y semisecreto (cuando no era posible el hermetismo completo) desde hace unos años y que establece fuertes medidas para garantizar los monopolios privados sobre artículos tanto físicos como imaginarios. Con el texto ya fijado, en la Unión Europea sólo falta la votación del Parlamento Europeo a favor (tristemente probable) o en contra de esta dañina (salvo para unos pocos beneficiados) pieza de legislación internacional. Habrá que ver si es posible influir en el resultado mediante la presión ciudadana. Los amigos de La Quadrature du Net tienen una página (en inglés y en francés) con unos vídeos para llamar la atención sobre este asunto.
¿Qué puede decirse de ACTA? Vamos a analizar algunos (¡sólo algunos!) de sus aspectos problemáticos:
ACTA fue negociado en secreto y sin el más mínimo reflejo democrático, pero en estrecha colaboración con ciertas corporaciones muy interesadas en afianzar monopolios a escala internacional. Las peticiones de transparencia fueron desestimadas una tras otra (he aquí un ejemplo).
El artículo 9 establece que el valor de los daños por la violación de un monopolio puede ser el precio de venta al público. Esto es absurdo ya que, dado que los artículos están en régimen de monopolio, es presumible que su precio de venta puede ser notablemente superior al justiprecio que habría de haber un mercado libre, de modo que los daños estarán considerablemente hinchados y falseados a favor de los intereses del monopolista.
El artículo 10 y el artículo 25 establecen procedimientos para el desperdicio. Si, tras la incautación de bienes copiados de otros que se encuentran bajo régimen de monopolio, el monopolista lo pide, las autoridades han de destruir estos bienes, sin tener en consideración que estos bienes, si no suponen un peligro para el ambiente y la salud pública, pueden ser útiles, sobre todo con recursos naturales y económicos decrecientes. Los medios de quien viola el régimen monopolístico pueden ser incautados y destruidos.
En su artículo 23, establece la obligatoriedad de la provisión de penas y procedimientos criminales en casos de violación comercial (con conocimiento de causa) de privilegios monopolísticos sobre diseños e ideas (por ejemplo, la copia de una película sin contar con la autorización explícita de la empresa que goza del monopolio de explotación). No hay excepciones. Por ejemplo, no se contempla la legalidad de la inclusión de una imagen de una película en una revista de crítica cinematográfica. Esto no quiere decir que sea obligatorio criminalizar cualquier acto, ya que es algo que se deja a elección de cada Estado, pero sucede que se establece un límite inferior a la criminalización, pero no se establece un límite superior, de modo que no hay medidas para prevenir el abuso legislativo ni para garantizar la legalidad de actividades que dan numerosos empleos legítimos. Bravo por un texto que se justifica en nebulosos argumentos de relevancia para la economía. Además de esto, los límites inferiores establecidos son bajos hasta lo inaudito, de modo que es un crimen incluso la violación de una marca comercial.
El artículo 27, que trata sobre los monopolios que afectan a la información manejada mediante sistemas de telecomunicaciones y computadores en general, incluye provisiones escandalosas, tales como la autorización a la violación del derecho al secreto de las comunicaciones si la legislación nacional no garantiza tal derecho explícitamente. También se establece la obligatoriedad de imponer medidas legales que impidan saltarse los sistemas de restricciones de uso (DRM) que dificultan, por ejemplo, usar software libre para ver películas almacenadas en determinados soportes o realizar copias de seguridad de programas informáticos.
El artículo 31 obliga a los Estados a realizar campañas propagandísticas con las que convencer al público de las bondades de los monopolios sobre entidades imaginarias. No se contempla dar una visión menos sesgada del asunto que también hable de las bondades de la libre distribución del conocimiento (en lo que se basa la ciencia) ni hay mención alguna sobre las inconsistencias entre la defensa de viva voz del libre mercado cuando en realidad se promueven y blindan legalmente los monopolios privados.
Hay también algunas perogrulladas. Verbigracia, el artículo 32 indica que, al destruir bienes incautados, es obligatorio obedecer las leyes de protección ambiental del Estado en el que tal destrucción se lleva a cabo.
Hay dos buenos análisis, publicado en junio de este año, sobre las muy negativas cualidades de ACTA. Está en inglés:
OPINION on the compatibility of the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) with the European Convention on Human Rights & the EU Charter of Fundamental Rights;
ACTA and Access to Medicines.
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References: artículo 9
 artículo 10
 artículo 25
 artículo 23
 artículo 27
 artículo 31
 artículo 32