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Timestamp: 2019-10-24 04:11:09+00:00

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STC 17/2011, 28 de Febrero de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 270352425
STC 17/2011, 28 de Febrero de 2011
Número de Recurso: 3556/2010
Recurso de amparo 3556-2010. Promovido por doña M.R. y don E. I. frente a los Autos del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 dictados en procedimiento abreviado sobre reclamación de responsabilidad a causa de los daños sufridos por su vehículo en una autopista.
Sentencia citada en: 70 sentencias, 10 artículos doctrinales, un tema práctico
En el recurso de amparo núm. 3556-2010, promovido por doña M.R. y don E. I., representados por el Procurador de los Tribunales don Jaime Pérez de Sevilla Guitard y asistidos por el Abogado don Alberto González Morales, contra el Auto del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 recaído el 3 de marzo de 2010 en el procedimiento abreviado núm. 158-2007. Ha sido parte el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Francisco José Hernando Santiago, quien expresa el parecer de la Sala. I. ANTECEDENTES
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 29 de abril de 2010, el Procurador de los Tribunales don Jaime Pérez de Sevilla Guitard, actuando en nombre y representación de doña M.R. y don E. I., interpuso recurso de amparo constitucional contra la resolución citada en el encabezamiento.
Los solicitantes de amparo interpusieron el 28 de marzo de 2007 recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Fomento de 20 de abril de 2006 que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial por daños sufridos el 30 de noviembre de 2000 en su vehículo al colisionar con un animal en la calzada de la autopista A-49.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, ante la que se presentó el recurso contencioso-administrativo, declaró que la competencia para conocer del mismo correspondía a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, ante los cuales se personaron los demandantes, quienes confirieron su representación procesal al Procurador don Jaime Pérez de Sevilla Guitard, mediante el oportuno poder notarial, entendiendo con él las sucesivas actuaciones el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8, al que por turno de reparto correspondió conocer del recurso, que fue registrado como el procedimiento abreviado núm. 158-2007.
Tras los trámites pertinentes, por providencia de 20 de enero de 2010 se señaló la celebración de vista, a la cual compareció el Procurador de los recurrentes -don Jaime Pérez de Sevilla Guitard- y la Letrada doña María del Carmen González Orosa, en sustitución de la Letrada nombrada ab initio -doña María Angeles Navarro Bustos siendo denegada su intervención profesional por no figurar su nombre en el poder notarial presentado con la demanda, ni haber aportado documento que acreditase la sustitución. Tras ello, la Letrada realizó una comparecencia ante la Secretaria Judicial a fin de consignar su disconformidad con la decisión judicial.
El mismo día 20 de enero de 2010 recayó Auto declarando terminado el procedimiento por desistimiento de la parte recurrente, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 78.5 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA), con arreglo al cual si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso y se le condenará en costas.
Contra el citado Auto interpusieron los demandantes recurso de súplica, que fue desestimado por Auto de 3 de marzo de 2010 en consideración a que al acto de la vista compareció la Letrada doña María del Carmen González Orosa, quien manifestó acudir en sustitución de la Letrada María de los Angeles Navarro Bustos pero "sin que a tal efecto figure su nombre en el ya citado poder general para pleitos y sin presentar ningún documento acreditativo de la pretendida sustitución, tal y como se establece en el artículo 23.1 de la LJCA", a lo que se añade que la Letrada designada "pudo y debió comunicar a este Juzgado, por cualquier medio, fax, e-mail, llamada telefónica, escrito o comparecencia la sustitución que iba a producirse".
Los demandantes de amparo sostienen que la resolución judicial impugnada ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y que "tal y como preceptúa el último inciso del apartado 1 del art. 49 de la LOTC, estima esta parte que el presente supuesto ostenta relevancia constitucional suficiente para la estimación del recurso de amparo, basándonos en la STC 276/2001, de 29 de octubre", reproduciendo parcialmente el FJ 3 de esta resolución (entiéndase ATC en lugar de STC).
Se continúa explicando en la demanda que el órgano judicial consideró que aunque a la vista concurriera el propio Procurador de la parte, para que un Abogado pueda actuar en sustitución de otro es preciso que su designación figure en el poder para pleitos o en otro documento que acredite la sustitución. El Juzgado fundamenta tal exigencia en el art. 23.1 LJCA, pero cree la parte que este precepto no establece la obligación de aportar documento alguno acreditativo de la sustitución; por el contrario, el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, dispone que "El letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio. Para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad". En consecuencia, se añade en la demanda, no resulta de aplicación el art. 78.5, párrafo segundo, LJCA -que permite tener al actor por desistido del recurso si no compareciere a la vista- puesto que en el presente caso no se ha producido la incomparecencia de la parte.
Mediante providencia de 23 de noviembre de 2010 la Sala Segunda de este Tribunal admitió a trámite la demanda de amparo y, obrando ya en la Secretaría de la Sala un testimonio de las actuaciones judiciales, se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 para que se emplazase a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, con excepción de los recurrentes en amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional, con traslado a dichos efectos de copia de la demanda presentada.
A través de escrito registrado el 26 de noviembre de 2010, el Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, solicitó que se le tuviera por personado en el procedimiento.
Por diligencia de ordenación de 3 de enero de 2011 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado en representación de la Administración General del Estado y se acordó, a tenor de lo establecido en el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo por un plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que dentro del mismo pudieran presentar las alegaciones que a su derecho convinieran.
El Abogado del Estado presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 24 de enero de 2011, en el que solicita, con carácter previo, la inadmisión de la demanda de amparo, por no contener una justificación suficiente acerca de la especial trascendencia constitucional del recurso. Con cita de los AATC 188/2008, de 21 de julio (FJ 2); 289/2008, de 22 de septiembre (FJ 2); y 290/2008, de 22 de septiembre (FJ 2), señala que "la carga de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso de amparo es algo distinto a razonar la existencia de la vulneración de un derecho fundamental ... sin que corresponda a este Tribunal reconstruir de oficio la demanda cuando el recurrente incumpla la carga de argumentación que sobre él recae en orden a justificar esa especial trascendencia constitucional que, a su juicio, reviste el recurso de amparo que ha interpuesto"; añadiendo el ATC 252/2009, de 19 de octubre (FJ 1) que "por situarse en planos diferentes el razonamiento sobre la existencia de la lesión del derecho fundamental y la argumentación relativa a la trascendencia constitucional del recurso de amparo tendente a su restablecimiento y preservación, uno y otra son necesarios, de modo que la exposición sobre la verosimilitud de la lesión del derecho fundamental no puede suplir la omisión de una argumentación expresa sobre la trascendencia constitucional del recurso de amparo". A juicio del Abogado del Estado la demanda de amparo incurre justamente en la confusión censurada en esta doctrina constitucional y, por lo demás, no cita en la justificación de la trascendencia constitucional ni un solo supuesto típico de los enumerados en la STC 155/2009, de 25 de junio (FJ 2), resolución que ni siquiera invoca.
Añade el Abogado del Estado que, ciertamente, el 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española permite la sustitución del Letrado actuante "en el acto de la vista o juicio" por "un compañero en ejercicio" y que "para la sustitución bastará la declaración del Abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad"; pero considera que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española no es una norma procesal a los efectos del art. 1 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y no puede privar a los órganos jurisdiccionales de la facultad de exigir una prueba más acabada de la validez de la sustitución letrada si la otra parte procesal la pone en duda, especialmente cuando existen reglas legales con tenor tan taxativo como el art. 78.5, párrafo segundo, LJCA o el art. 414.4 LEC. Sobre si pudiera haberse concedido la oportunidad de subsanar el defecto, señala el Abogado del Estado que, al haberse iniciado ya la vista, hubiera sido preciso interrumpirla y proceder a su reanudación tras subsanarse el defecto.
La Fiscalía ante este Tribunal Constitucional presentó sus alegaciones mediante escrito registrado el 7 de febrero de 2011, en el que solicita que se otorgue el amparo solicitado por los recurrentes, declarando que se ha producido la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y se acuerde la nulidad de las resoluciones judiciales, con retroacción de las actuaciones al momento de señalamiento de la vista del procedimiento en donde se produjo la citada vulneración.
Añade que la norma que regula la sustitución de un Abogado designado en un asunto es el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio; sostiene el Fiscal que de este precepto resulta que la sustitución del Letrado ante el órgano judicial se sujeta únicamente a la declaración del Abogado sustituto, bajo su responsabilidad. La obtención de autorización formal o "venia" por parte del Letrado designado es requerida en el caso en que el Letrado previamente designado abandone la dirección técnica del asunto en el que es reemplazado, que es el supuesto que contempla el art. 26 del mencionado Estatuto. Por tanto, añade, cuando el Juez rechazó la intervención de la Letrada que compareció manifestando hacerlo en sustitución de la designada por los recurrentes, por no aportar un documento que acreditara esa sustitución ni estar acreditado que la letrada designada hubiera comunicado la sustitución al Juzgado, estaba exigiendo un requisito no previsto legalmente.
La representación procesal de los demandantes de amparo presentó sus alegaciones el 8 de febrero de 2011, mediante escrito en el que, en lo sustancial, se reiteran los razonamientos consignados en el escrito de demanda.
Por providencia de 24 de febrero de 2011 se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 28 del mismo mes y año, trámite que ha finalizado en el día de hoy. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS
La cuestión que en el presente proceso constitucional se somete al juicio de este Tribunal consiste en dilucidar si el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) de los demandantes de amparo, al tenerles por desistidos del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución del Ministerio de Fomento que desestimó su reclamación de responsabilidad patrimonial.
Una vez delimitado el objeto de nuestro enjuiciamiento, debemos abordar con carácter previo el óbice aducido por el Abogado del Estado, examinando si, como considera, la demanda de amparo se halla incursa en la causa de inadmisión derivada del incumplimiento de la exigencia impuesta por el art. 49.1 in fine LOTC de justificar la especial trascendencia constitucional del recurso.
Ciertamente, la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, ha reformado la configuración del proceso constitucional de amparo mediante la introducción en el art. 50.1 b) LOTC de una nueva condición de admisibilidad: la necesidad de que el recurso tenga una "especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales". A lo cual se añade la incorporación de un último inciso en el art. 49.1 LOTC, estableciéndose que "en todo caso, la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso".
Por lo demás, el perfil abierto tanto de la noción de "la especial trascendencia constitucional" como de los tres criterios que la propia Ley ofrece para su caracterización ("su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales"), ha llevado al Tribunal a realizar un esfuerzo de concreción en la STC 155/2009, de 25 de junio, en la que se identifican, sin ánimo exhaustivo, determinados supuestos propiciadores de la apreciación de esa especial trascendencia constitucional.
Descendiendo al examen de la demanda, se advierte que los recurrentes en amparo destinan un apartado de la misma (el séptimo), dentro de lo que denominan "presupuestos de admisibilidad del recurso", dirigido expresamente a dar cumplimiento a la exigencia impuesta por el art. 49.1 in fine LOTC, vinculando la especial trascendencia del recurso al contenido del ATC (erróneamente citado como STC) 276/2001, de 29 de octubre, cuyo FJ 3 se reproduce parcialmente en la demanda, para, a continuación, hacerse ciertas consideraciones que no guardan relación con la especial trascendencia del recurso sino con la supuesta lesión del art. 24.1 CE.
Aun no siendo éste el mejor modo en que puede concebirse el cumplimiento del requisito examinado, debemos no obstante considerar el sentido de la invocación por los demandantes del ATC 276/ 2001, de 29 de octubre, ya que, a la vista de su contenido, no puede entenderse que su cita y reproducción parcial obedezca al solo propósito de sustentar la queja sobre la lesión del derecho constitucional afectado. Antes al contrario, el ATC 276/2001, de 29 de octubre, enjuicia -concluyendo con su inadmisión- un recurso de amparo en el que consideramos compatible con el art. 24.1 CE la interpretación hecha por el órgano judicial del art. 23.1 LJCA que llevó a rechazar la sustitución de un Letrado que tenía conferida la representación procesal de la parte, por otro Letrado que no llegó a acreditar documentalmente actuar en nombre de la misma. Pues bien, el contraste de dicho recurso con el que ahora enjuiciamos puede razonablemente entenderse como un propósito de los recurrentes de que dictemos una resolución que, además de reparar la vulneración denunciada, permita despejar toda duda sobre el sentido de nuestra doctrina, a la vista de las circunstancias que separan uno y otro caso.
Entrando ya en el examen de la pretensión de amparo, debemos recordar que con motivo de las numerosas ocasiones en las que este Tribunal ha efectuado su control de constitucionalidad sobre resoluciones judiciales obstativas de un pronunciamiento de fondo, se ha ido conformando una doctrina con arreglo a la cual el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE comporta, como contenido esencial y primario, el de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial una resolución razonada y fundada en Derecho sobre el fondo de las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Al tiempo, hemos reiterado que, no obstante, al ser un derecho prestacional de configuración legal, su ejercicio y dispensación están supeditados a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia de un óbice fundado en un precepto expreso de la ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, FJ 1; 321/1993, de 8 de noviembre, FJ 3; y 185/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas).
Como con mayor detalle ha quedado reflejado en los antecedentes de esta resolución, una vez señalada la celebración de la vista incardinada en el procedimiento abreviado, compareció a la misma el Procurador de los recurrentes y la Letrada que manifestó actuar en sustitución de la designada en el poder notarial que se había acompañado a la demanda. Sin embargo, su intervención profesional fue denegada por no figurar designada en el referido poder notarial ni haber aportado documento que acreditase la sustitución, exigencia que el órgano judicial fundó en el art. 23.1 LJCA, reforzando su decisión con el reproche de que la sustitución pretendida no fue previamente comunicada. La consecuencia procesal de no tener por comparecida a la parte en la vista fue declarar terminado el proceso por desistimiento, de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del art. 78.5 LJCA, el cual prevé que si las partes no comparecieren o lo hiciere sólo el demandado, se tendrá al actor por desistido del recurso.
Siendo por tanto irrelevante que la Letrada que compareciese a la vista figurase o no en el poder notarial aportado -puesto que no ejercía facultades de representación- resta por examinar si era posible la sustitución de la Abogada designada ab initio en la demanda y bajo qué condiciones. A tal fin hemos de partir de que la presencia en la vista del Procurador que tenía conferida la representación procesal de los recurrentes era suficiente para dar por bueno su asentimiento a la intervención de la Letrada que le acompañaba en el referido acto procesal. Y a esta fundamental circunstancia se añade que el órgano judicial no valoró, al adoptar su decisión, que el art. 38.2 del Estatuto General de la Abogacía Española, aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio, prevé el derecho de sustitución letrada como una facultad especialmente conferida a los Abogados para el desarrollo adecuado de su actividad profesional, al permitir que "el letrado actuante podrá ser auxiliado o sustituido en el acto de la vista o juicio o en cualquier otra diligencia judicial por un compañero en ejercicio, incorporado o cuya actuación haya sido debidamente comunicada al Colegio" y que "para la sustitución bastará la declaración del abogado sustituto, bajo su propia responsabilidad".
Resta únicamente determinar, con arreglo a lo dispuesto en el art. 55.1 LOTC, que el alcance del amparo otorgado por la vulneración apreciada del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) consistirá en el reconocimiento a los demandantes del derecho fundamental indicado, anulando los Autos recaídos y ordenando, además, la retroacción de las actuaciones, a fin de que se señale nuevamente la celebración de la vista del procedimiento abreviado, sin prejuzgar la corrección de la pretensión de fondo planteada en el recurso contencioso-administrativo, pues compete al órgano judicial resolver sobre la misma. FALLO
Otorgar el amparo solicitado por doña M.R. y don E. I. y, en su virtud:
Declarar vulnerado el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
Restablecerles en su derecho y, a tal fin, anular los Autos del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo núm. 8 recaídos el 20 de enero y el 3 de marzo de 2010 en el procedimiento abreviado núm. 158-2007, retrotrayendo las actuaciones hasta el momento inmediatamente anterior a la celebración de la vista.
SAP Asturias 370/2012, 1 de Octubre de 2012

References: resolución 
 resolución 
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
 Real Decreto 
 resolución 
in fine
in fine
 resolución 
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 Real Decreto