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Timestamp: 2018-10-19 06:48:16+00:00

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Economía y Empleo / Proposiciones y Preguntas
26 de Julio de 2017 Leído 328 veces
Mediante Resolución de la Titular del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, del Ayuntamiento de Burgos, de fecha 30 de marzo de 2.016, se denegaban las alegaciones presentadas por la Fundación Vide Burgos en el expediente de Comprobación Limitada nº 74509 y se elevaban a provisionales las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), por la transmisión de 35 inmuebles. El importe total del IIVTNU era de 329.338,69 €. como consecuencia de la transmisión llevada a efecto mediante contrato privado de fecha 31 de diciembre de 1992 y elevada a escritura pública con fecha 20 de octubre del 2.015. Las entidades intervinientes en esta transmisión fueron la Caja de Ahorros Municipal de Burgos y la Entidad Constructora Benéfica Santa María La Mayor.
El Tribunal Económico Administrativo de Burgos (TEAM), mediante Resolución nº 64/2016, de fecha 10 de junio del 2.016, deja sin efecto la Resolución de la Titular del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería indicada en el párrafo anterior, y como consecuencia de esta Resolución, la Caja de Ahorros Municipal de Burgos no debe ingresar en las arcas del Ayuntamiento de Burgos la cantidad de 329.338,69 €., en concepto de IIVTNU. La Resolución del TEAM declara prescrito el derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación. Y lo fundamenta en el hecho de que “el contrato privado de compraventa, firmado el día 31 de diciembre de 1.992, fue presentado ante la Junta de Castilla y León el día 1 de febrero de 1.993, a los efectos de liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendo obtenido la referencia 1645, y sostiene el TEAM del Ayuntamiento de Burgos, que desde ese mismo momento dicho contrato privado surte efectos frente a terceros, según el artículo 1.227 del Código Civil, por lo que el derecho de la Administración a determinar mediante la oportuna liquidación la deuda tributaria estaría prescrito, por haber transcurrido el plazo de cuatro años según el artículo 66 de la Ley General Tributaria de 2.003, contados a partir de esa fecha, 1 de febrero de 2.003”.
En relación con la citada Resolución nº 64/2016 del TEAM, que deja sin efecto la Resolución de la Titular del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería, de 30 de marzo de 2.016, el Jefe de la Inspección de Tributos del Ayuntamiento de Burgos, emite un Informe en el que, entre otras conclusiones, afirma que “el documento notarial de 25 de octubre de 2.015, de elevación a documento público del contrato privado de compraventa, de fecha 31 de diciembre de 1.992, esta fecha, ahora sí, debe ser considerada como hito de puesta en conocimiento de un funcionario público por razón de su oficio, al objeto de producir los efectos derivados del artículo 1.227 del Código Civil y como acto interruptor del derecho regulado en el artículo 66.a) de la Ley General Tributaria”.
El citado Informe señala, también, lo siguiente: “A lo anterior y a los mismos efectos interruptivos, debe ser considerada la comunicación que la vendedora hace al Ayuntamiento de Burgos, con fecha 24 de noviembre de 2.015, a los efectos de liquidar el IIVTNU”.
El TEAM sostiene que el contrato privado de compraventa, firmado el 31 de diciembre de 1.992, fue presentado ante la Junta de Castilla y León el día 1 de febrero de 1.993, a los efectos de liquidar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, habiendo obtenido la referencia 1645 y desde ese mismo momento dicho contrato privado surte efectos frente a terceros, por lo que el derecho de la Administración a determinar la oportuna liquidación de la deuda tributaria estaría prescrito; sin tener en cuenta, en nuestra opinión, que la previa liquidación de los citados impuestos carece de toda publicidad que permita al Ayuntamiento conocer que se ha efectuado la transmisión y, como consecuencia, llevar a cabo las actuaciones tendentes a hacer efectiva la devengada por el IIVTNU.
Ante esta situación, que sienta un grave precedente y cuya consecuencia inmediata es que el Ayuntamiento de Burgos deja de ingresar la cantidad de 329.338,69 €. que deberían ser abonados por la Caja de Ahorros Municipal de Burgos o por la Entidad que ha asumido los derechos y obligaciones de la antigua Caja de Ahorros Municipal de Burgos, en concepto del abono del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, se debería proceder por la Titular del Órgano de Gestión Tributaria y de Tesorería del Ayuntamiento de Burgos, en uso de las facultades que le otorga el artículo 3.4 del Reglamento del citado órgano (OGTT), a declarar de oficio el inicio del correspondiente Procedimiento de Declaración de Lesividad de la Resolución nº 64/2016 del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Burgos (TEAM).
A continuación nos referiremos a otro expediente, en el que se producen las mismas circunstancias que en el expuesto en los párrafos anteriores, aunque en un asunto de otra índole: La Titular del Órgano de Gestión Tributaria y Tesorería (OGTT) dictó una Resolución , de fecha 14 de julio de 2.016, por la que se denegaban las alegaciones presentadas por la mercantil Inmobiliaria Río Vena S.A. frente al expediente 81348 del Servicio de Inspección de Rentas del Ayuntamiento de Burgos, que incoó un Procedimiento de Comprobación Limitada y se elevaban a provisionales las liquidaciones correspondientes a la Tasa por Ocupación del Dominio Público con una valla publicitaria, situada en terreno demanial perteneciente al ámbito de la Unidad de Actuación 53.09 “Capiscol-Indasa” del PGOU de 1.999 (Plan “Prointec”). Mediante Resolución nº 150/2016 del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Burgos , de fecha 3 de marzo de 2.017, se deja sin efecto la Resolución del OGTT antes citada.
La cuestión sobre la que el OGTT y el TEAM discrepan es la siguiente: El 28 de agosto de 2.002, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Burgos aprobó de manera definitiva el Proyecto de Actuación con las determinaciones completas de reparcelación de la U.A. 53.09 “Capiscol-Indasa”, mediante la cuál las parcelas 5 y 8 derivadas del citado Proyecto son de plena propiedad del Ayuntamiento de Burgos, la primera de ellas destinada a viario público y la segunda a jardines, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 254.4.a) del RUCYL. En consecuencia la ocupación con una valla publicitaria de cualquiera de estas parcelas, supone una ocupación del dominio público municipal, por lo que no existe impedimento alguno para que el Ayuntamiento liquide la correspondiente Tasa por aprovechamiento especial del dominio público municipal con una valla publicitaria, siendo sujeto pasivo de la misma el propietario y a la vez anunciante (Inmobiliaria Río Vena)
Los argumentos que se exponen en la Resolución del TEAM están basados en normativas legales que están superadas por nuevas normativas, que son de aplicación en este supuesto y que deberían ser los artículos 20.1 y 3.s) de la Ley de Haciendas Locales; el artículo 77.2 a) de la Ley de Urbanismo de Castilla y León; el artículo 252.4 a) y b) del Reglamento de Urbanismo de Castilla Y León y el artículo 14 de la Ordenanza Fiscal nº 213.
La Resolución nº 150/2016 del TEAM del Ayuntamiento de Burgos, crea un preferente que perjudica los intereses económicos del Ayuntamiento al considerar que las parcelas que adquiere el Ayuntamiento, por cesión del 10 % o por viales o zonas verdes, no son del Ayuntamiento tras la aprobación del Proyecto de Actuación cuando éste contenga las determinaciones completas de reparcelación, o después de la aprobación del Proyecto de Reparcelación, de una determinada Unidad de Actuación, tal como establece el artículo 252.4 a) del RUCYL.
En consecuencia con lo anterior, por el órgano oportuno del Ayuntamiento de Burgos, debe ser declarada lesiva para el interés público la Resolución nº 150/2016 del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Burgos.
Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista propone al Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes
1.- El Pleno del Ayuntamiento de Burgos considera que la Resolución del Tribunal Económico Administrativo Municipal de Burgos nº 64/2016, de 10 de junio de 2.016, es lesiva para el interés público, y así se declara como requisito previo para su impugnación posterior ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
2.- El Pleno del Ayuntamiento de Burgos considera que la Resolución del Tribunal Económico Administrativo de Burgos nº 150/2016, de 3 de marzo de 2.017, es lesiva para el interés público, y así se declara como requisito previo para su impugnación posterior ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
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