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Timestamp: 2020-07-04 05:05:35+00:00

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6) Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
La Resolución DGRN de 5 de julio de 2005, ante la evidencia de la contradicción e infracción del artículo 217 RRC tras la reforma de 1986, se hacía eco de la NECESIDAD de que el artículo 61 LRC tuviera una interpretación correctora (mejor corregida) para subsumir en un precepto legal la extensión impropia contra sistema realizada desde un precepto reglamentario, y en base a esa eventual interpretación del taxativo artículo 61 (no formalizada), justificando en esa interpretatio ferenda lo que no es otra cosa que la derogación de dicho artículo 61 LRC por el precepto reglamentario que nada más podía servir a su ejecución:
“ buena parte de la doctrina postuló ya antes de la reforma reglamentaria de 1986 una interpretación correctora del artículo 61 de la Ley registral en el sentido de extender el ámbito de la exigencia del consentimiento de los hijos mayores de edad a todos aquellos supuestos en que el cambio del apellido del ascendiente no estuviese vinculado a un cambio civil de filiación de la persona, en cuyo solo caso cabría predicar un efecto automático al cambio derivativo de los apellidos respecto de los descendientes mayores de edad, y ello sin perjuicio de la facultad de conservación de los apellidos anteriores prevista por el artículo 59.3.º de la Ley del Registro Civil. En consecuencia, desde este punto de vista el artículo 217 del Reglamento del Registro Civil estaría en sintonía con esta interpretación del artículo 61 de la Ley en cuanto a los cambios derivados de la propia voluntad del ascendiente, como sucede en el presente caso.
Finalmente, la sanción legal de la modificación del artículo 61 LRC ha tenido lugar mediante la nueva Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, siendo que su artículo 57 ya establece legalmente, si bien esto no será de aplicación sino hasta 2020 cuando, en principio, habrá de entrar en vigor dicho artículo.
Con todo, hasta ese momento, tal futura configuración del sistema legal de imposición no hace sino confirmar cuanto hemos dicho respecto a la improcedencia e invalidez actual del artículo 217 RRC, o su entidad para reformar el sistema legal vigente, que debería haberse aplicado. Obviamente, en substitución de aquella interpretación utilitarista y contra legem, no ha de valer tampoco una interpretación prospectiva en cuanto lo que, en principio, será vigente a partir de 2020. Lo que cabe es la aplicación del sistema legal al supuesto de hecho concreto, puesto que el derecho al nombre resultaba de dicho sistema legal vigente entonces y, en principio, hasta 2020. Corolario de lo expuesto, ha de ser la corrección jurisdiccional del criterio interpretativo de la DGRN, y la afirmación de vigencia e imperatividad del sistema de imposición resultante de la Ley (CC y LRC), sobre el literal del artículo 217 RRC, que no puede éste modificar tal sistema legal, con la consecuencia de que, por establecer dicho sistema que los cambios que no sean gubernativos derivarán a los descendientes en todo caso, sin consideración a edad o capacidad, ha de ser lo procedente, en fin, la aplicación de la ley, y la declaración judicial de derivación del primer (nuevo) apellido de la madre a su hijo, de modo que el apellido materno de éste, su segundo apellido, pase a ser el primero (nuevo) de su madre, y así se proceda a la correspondiente constancia registral.
II. Efectos de la declaración de voluntad o desde la inscripción.
Sin perjuicio de lo anterior, ad abundantia, concurriría en el supuesto tratado la procedencia de la derivación del actual apellido materno, tras la inversión de su madre, por razón de lo siguiente:
1. Efecto ex post la declaración de voluntad:
Dña. Mercedes Gutierrez solicitó la inversión de sus apellidos, ex artículo 109.2 CC, en fecha 24/4/2013, siendo su hijo, mi representado, menor de edad. Dicha inversión fue sancionada mediante Resolución del Encargado del Registro Civil Central, siendo su hijo menor de edad.
En este sentido, cabe la remisión a la misma causa referida en el anterior Fundamento (I) respecto a la infracción legal ex reglamento del Principio de Jerarquía normativa, en los mismos términos, si bien ahora referido al artículo 198 RRC en relación con el artículo 62 LRC.
Artículo 198 RRC La inversión de apellidos de los mayores de edad, así como la solicitada conforme a la Ley por los representantes legales de los menores, podrán formalizarse mediante simple declaración ante el Encargado del Registro Civil del domicilio, y no surten efecto mientras no se inscriban
Artículo 62 .- Las autorizaciones de cambios de nombre o apellidos no surten efecto mientras no se inscriban al margen de la correspondiente inscripción de nacimiento.
El artículo 62 únicamente preceptúa la eficacia desde la inscripción para los supuestos de AUTORIZACIONES, supuesto que no concurría en nuestro caso, dado que la inscripción de la inversión de apellidos de Dña. Mercedes Gutiérrez no tuvo por causa una autorización, sino su simple declaración de voluntad, de lo que había de resultar que los efectos de dicha inversión debieron retraerse al momento de su declaración de voluntad o, ya, en todo caso, al momento de la sanción (que no autorización) del Encargado del RCC Central. En otro caso, nuevamente un precepto reglamentario impropiamente atribuiría efectos constitutivos a una inscripción que legalmente no había de tenerlos.
Así, como vimos antes, el cambio por inversión de apellidos ex 109.2 CC no es un cambio gubernativo que precise de previa autorización, tanto igual que los demás supuestos legales de su clase: Los cambios no gubernativos o automáticos (alteración apellidos por cambio en la filiación del interesado, por reconocimiento, por adopción o por impugnación de una filiación inicialmente determinada-. Estos cambios operan ope legis y de ellos resultan las modificaciones derivativas que deben producirse en los apellidos de los hijos o descendientes como consecuencia del cambio de apellidos de sus progenitores. En ninguno de estos supuestos (como tampoco ha de resultar para el cambio por inversión) es requisito constitutivo del cambio la inscripción registral, ya que su efectividad se produce en el momento en que concurren los presupuestos para dicho cambio: determinación de la filiación del propio interesado o alteración de los apellidos de los progenitores
2. Efecto ex ante la inscripción/ de la inversión:
También, en todo caso, cabía aplicar al supuesto de hecho la doctrina de la DGRN respecto a la retroactividad de efectos de la inscripción del cambio de orden de Doña Mercedes Gutierrez, inscripción ésta que tuvo lugar en fecha 11/7/13, cuando ya su hijo había alcanzado la mayoría de edad.
De acuerdo con dicha doctrina de la DGRN, para supuestos de nacionalidad, con coincidencia plena de la ratio decidenci: Es procedente la adquisición derivativa por mayores de edad cuando sus progenitores habían formalizado su voluntad cuando aquellos eran menores de edad. El fundamento es la aplicación de la misma doctrina al supuesto examinado reside en la coincidencia del efecto de la declaración de voluntad del interesado, que “agota” su actividad” para la consecución, en nuestro caso más, de una resolución reglada ya legalmente prevista, reglada y ordenada; sin perjuicio del efecto de la inscripción, que no es constitutiva.
Resolución D.G.R.N. de 2 de diciembre de 2010 : Hechos La ciudadana colombiana L., mayor de edad solicita la adquisición de la nacionalidad española por opción por ser hija de español y estar bajo su patria potestad cuando éste la solicitó. El Encargado deniega la solicitud de inscripción de nacimiento y el asiento registral de opción a la nacionalidad española por considerar que la interesada no estaba sometida a la patria potestad de su padre cuando éste adquirió la nacionalidad española, puesto que la inscripción en el Registro Civil fue posterior a la mayoría de edad (y por tanto, a la emancipación) de la promotora.
Tercero.—La procedencia o no de la opción instada está en relación con la cuestión de fondo que suscita el presente recurso, la cual se enmarca en el tema general de la determinación del momento temporal en que se perfecciona el proceso de la adquisición de la nacionalidad española y de la posible retroactividad de los efectos de esta última.
“en los expedientes de adquisición de la nacionalidad por residencia el papel asignado a los Registros civiles que llevan a cabo su tramitación y al Ministerio de Justicia, a través de esta Dirección General de los Registros y del Notariado, que lo resuelve integra una función de «constatación oficial» de la concurrencia de los presupuestos legales y de las «condictio facti» exigidos legalmente, de carácter meramente declarativo, por la que la Administración «reconoce» la existencia de la facultad de adquirir la nacionalidad española por parte del interesado, siendo la «causa jurídica» de tal adquisición no una «concesión» de las autoridades públicas, sino la voluntad declarada con tal finalidad por el interesado, voluntad que se instrumenta y exterioriza en la presentación de la instancia que inicia el expediente para «justificar» su vecindad y en cumplir los requisitos impuestos por el artículo 25 del Código civil, como manifestación de una facultad o «poder jurídico» que encaja sin dificultad en la categoría de los derechos potestativos.
(..) Décimo.—Agotado el anterior análisis, procede ahora reinterpretar a su luz el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil y las referencias que hace a «las declaraciones de conservación o modificación de la nacionalidad», entendiendo por tales aquellas declaraciones a través de las cuales un ciudadano extranjero ejercita el derecho potestativo o facultad jurídica que, presupuesta la concurrencia de los requisitos legales previstos en cada caso, tiene para conservar, adquirir o recuperar la nacionalidad española, derecho o facultad que se puede ostentar bien «ex lege», bien mediante concesión, integrando la «causa jurídica» de la adquisición en el primer caso «la declaración de voluntad» del interesado, siendo en esta categoría y no en la de «concesión» en la que ha de subsumirse el supuesto de las adquisiciones de la nacionalidad por residencia según lo antes razonado, si bien con la particularidad de que en este caso tal «declaración» de la voluntad se desdobla en dos momentos distintos, el de la solicitud inicial de la tramitación del expediente y el de la formalización del obligado trámite del juramento o promesa, siendo este segundo momento y no el primero el determinante para fijar el hito temporal a que se podrá retrotraer la eficacia de la inscripción registral posterior, no sólo porque la solicitud inicial está pendiente de la «constatación oficial» de la concurrencia de los presupuestos legales, sino además porque aquella solicitud, como manifestación de la voluntad finalista de adquirir la nacionalidad española, carece de firmeza al quedar sometida al plazo de caducidad de ciento ochentas días por inactividad del solicitante que establece el artículo 224 del Reglamento del Registro Civil. En definitiva, la solicitud inicial, una vez notificada la concesión de la nacionalidad, o se confirma en el indicado plazo por medio del cumplimiento del requisito del juramento o promesa que impone el artículo 23 del Código civil, o da lugar a la caducidad de la concesión todavía en una fase de mera formación del derecho a la nacionalidad.
“ es igualmente cierto que aquella excepcionalidad de la eficacia retroactiva tiene entre sus supuestos habilitantes el de los actos «in bonus», esto es, cuando se pueda entender que producen efectos favorables para los interesados. En consecuencia, la retroactividad de la eficacia de la inscripción que proclama el párrafo tercero del artículo 64 de la Ley del Registro Civil está sujeta a la condición de actuar «in bonus», de forma que queda excluida en los casos en que pueda entenderse que opera «in peius», esto es, con efectos perjudiciales o limitativos de los derechos del interesado o de terceros, como sucedía en el caso resuelto por la Resolución de este Centro Directivo de 14-2.ª de junio de 2005, que en base a la existencia de efectos perjudiciales para el interesado negó el reconocimiento de la eficacia retroactiva de la inscripción, en cuyo sentido ha de ser interpretada.
Duodécimo.—En definitiva, la fecha de la adquisición de la nacionalidad por residencia no es la de la concesión por resolución administrativa (aquí el 26 de Noviembre de 2007), porque todavía puede el beneficiado dejar caducar dicha concesión, no compareciendo ante funcionario competente para cumplir los requisitos exigidos por el artículo 23 del Código civil, sino la fecha de la inscripción registral, si bien la eficacia de la inscripción se retrotrae, salvo en los casos en que ello se deba entender que operaría en perjuicio del naturalizado, a la fecha del acta de juramento o promesa exigido por el artículo 23 por ser entonces cuando el interesado agota la actividad a él exigida. Retroactividad que debe operar en el presente caso, en el que la promotora alcanzó la mayoría de edad en un momento posterior al cumplimiento de los requisitos del precitado artículo, aunque anterior a la inscripción registral, por lo que cabe apreciar que durante el tiempo que trascurrió entre el acta de promesa del artículo 23 del Código Civil y su mayoría de edad estuvo bajo la patria potestad de un español.
En el mismo sentido, la Resolución de 19 de enero de 2007, de la Dirección General de los Registros y del Notariado
Doña V., mayor de edad solicita la subsanación de error en la nacionalidad de la madre de su menor hijo E, manifestando que debe constar la española y no la ecuatoriana. En tanto completa la aportación documental requerida por el Registro y previamente a la inscripción de la nacionalidad de la madre, nace su hijo. El Magistrado Juez Encargado del Registro Civil dicta auto haciendo constar mediante asiento marginal en el acta de nacimiento del menor que su madre ostentaba la nacionalidad española en la fecha del nacimiento de aquel.
El Ministerio Fiscal, interpone recurso manifestando que la inscripción en el Registro Civil es un requisito imprescindible para la adquisición de la nacionalidad española por residencia, conforme el art. 330 del Código Civil, que configura tal inscripción como constitutiva del fenómeno adquisitivo y mientras esta inscripción no se practique, los padres no han llegado a adquirir la nacionalidad española, sin perjuicio de que la eficacia de la inscripción, se retrotraiga a la fecha de juramento o promesa, como señala la Resolución de 5 de septiembre de 1994.
“ en las declaraciones de opción o de recuperación de la nacionalidad española (cfr. art. 229 R.R.C.) ya la Ley del Registro Civil resuelve expresamente la cuestión al establecer en el tercer párrafo del artículo 64 que «se considerará fecha de la inscripción, a partir de la cual surten sus efectos tales declaraciones, la del acta que constará en dicho asiento». No hay duda, a la vista del artículo 224 del Reglamento y de la letra del propio artículo 64 de la Ley –su primer párrafo menciona, en general, las declaraciones de modificación de la nacionalidad-de que la misma regla es aplicable, según lo razonado más arriba, a la adquisición de la nacionalidad por residencia. Por ello debe estimarse correcta la nota marginal acordada en el auto recurrido, pues los requisitos impuestos por el artículo 23 del Código civil habían sido ya cumplidos por la madre en un momento anterior al nacimiento de la hija que, en consecuencia, nace ya española como hija de madre española conforme al artículo 17 n.º 1 del Código civil.
En todo caso, además, sin perjuicio de la disposición reglamentaria, esto no prohíbe que uno de los efectos generados tras la inscripción pueda ser el efecto retroactivo, en atención a los principios y en el sentido referido en la sentencia Nº 321/2015 TSJ Cataluña (Barcelona), de 6 de mayo de 2015:
Como dice la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2.012 (Sala 3ª, Sección 3ª, recurso 34/2011 ), el concepto de «retroactividad prohibida» es mucho más limitado que el de la mera «retroactividad » a secas, por más que este último se utilice con frecuencia en el debate no jurídico con finalidad descalificadora frente a las innovaciones del ordenamiento. Si a ello sumamos que la misma equivocidad del término ha planteado desde tiempo inmemorial problemas de dogmática jurídica bien conocidos, fácilmente se deducirá que el debate puede convertirse en una serie de disquisiciones más o menos interesadas sobre una noción jurídica respecto de la cual cada interlocutor parece hablar de realidades diferentes. Los intentos doctrinales de analizar con rigor los contornos de aquel concepto no se tienen debidamente en cuenta, lo que propicia que las apelaciones a la retroactividad carezcan en muchos casos de la necesaria precisión.
Es cierto, por lo demás, que para quien no esté familiarizado con el uso de las categorías jurídicas, las distinciones entre retroactividad de grado máximo, medio o mínimo, o los adjetivos de «propia» e «impropia» aplicados a aquel término, suelen pasarse por alto y todo se engloba en una indiferenciada noción, de connotaciones negativas, aplicada a medidas normativas de alcance bien diferente. Para mayor confusión, se parte de la errónea premisa de identificar de modo automático retroactividad con ilicitud o prohibición y no se deslinda suficientemente aquel concepto de principios con un significado autónomo, como son el de seguridad jurídica o el de confianza legítima. Las normas incursas en la prohibición de retroactividad normalmente atentarán también contra estos principios, pero no viceversa.
Sin necesidad de hacer en este momento -continúa la misma sentencia- un resumen o compendio de la doctrina jurisprudencial recaída en interpretación de los preceptos antes citados, ni ceder a la tentación de transcribir innumerables fragmentos de sentencias al uso, baste decir que, conforme a aquélla, no entran dentro del ámbito de la retroactividad prohibida las disposiciones que, carentes de efectos ablativos o peyorativos hacia el pasado (no obligan a revisar ni remueven los hechos pretéritos, no alteran la realidad ya consumada en el tiempo, no anulan los efectos jurídicos agotados), despliegan su eficacia inmediata hacia el futuro aunque ello suponga incidir en una relación o situación jurídica aún en curso.
También: El Consejo de Estado ha tenido ocasión de pronunciarse favorablemente en un supuesto equivalente al aquí traído, siendo su ratio decidendi la justicia o causa justa de la pretensión que, en nuestro caso, contrastamos con la entidad de las infracciones denunciadas – de cierta complejidad, comprensión y entendimiento para un lego en derecho- y la actividad inadecuada de la Administración: “ En consecuencia, entiende el Consejo de Estado que el hecho en que se basa la petición de cambio de apellidos de la promotora del presente expediente, esto es, el ostentar su madre, como consecuencia del hecho sobrevenido de su adopción, un apellido distinto del que tenía cuando inscribió a aquella en el Registro Civil, constituye un fundamento suficiente para entender que concurren en el presente caso las «circunstancias excepcionales» a que se refiere el artículo 58 de la Ley del Registro Civil, por lo que procede acceder al cambio de apellidos solicitado.”

References: Resolución 
 artículo 217
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 59
 artículo 217
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 57
 artículo 217
 artículo 217
 artículo 109
 Resolución 
 artículo 198
 artículo 62

Artículo 198

Artículo 62
 artículo 62
 resolución 

Resolución 
 artículo 25
 artículo 64
 artículo 224
 artículo 23
 artículo 64
 Resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 23
 artículo 23
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 64
 artículo 224
 artículo 64
 artículo 23
 artículo 17
 artículo 58