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Timestamp: 2019-09-15 20:44:49+00:00

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Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública | Honduprensa
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El Comité por la Libre Expresión. C-LIBRE, el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos, OEDDHH, demandaron al Estado de Honduras mostrar coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos, lo que en la práctica está muy lejos de practicarse, como ejemplo señalan el un mensaje manipulados del Gobierno al haber firmado el convenio con la MACCIH, sin haber derogado la Ley de Secretos Oficiales que obstaculiza el acceso a la información.
En una cata pública difundida en una conferencia de prensa el pasado 10 de febrero, exigieron la derogación de la Ley de Secretos porque viola la norma constitucional relacionada con el acceso a la información pública y normas del Sistema Interamericano de Derechos humanos.
Criticaron la dinámica la extrema secretividad en el proceso de elección de la nueva Corte Suprema de Justicia debido a que es una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.
También denunciaron el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.
“Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho”, señalaron.
Esta es la carta pública emitida por las tres organizaciones:
A favor de declarar inconstitucional la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa conocida como la “Ley de Secretos”, considerando que se viola la norma constitucional relacionada el derecho de Acceso a la Información Pública, así como las normas del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Creemos que es urgente remover los obstáculos legales para el ejercicio de la libertad de expresión y acceso a la información pública, utilizados como censura previa, el extremo de la secretividad es que se implementó en el proceso de selección de magistrados/as a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), siendo una dinámica impuesta que profundiza la crisis política y la desconfianza de la ciudadanía en un sistema de justicia.
Creemos que es un mensaje ambiguo y manipulador del Estado hondureño a través del Gobierno de la República, haber firmado el Convenio de la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), sin haberse derogado entre otras leyes, la Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública.
Más allá de este convenio, instamos a investigar y sancionar a todas y todos las y los responsables de violaciones a derechos humanos ya sean civiles o funcionarios públicos, incluyendo los casos por delitos de corrupción.
Denunciamos el uso del derecho penal para restringir la libre divulgación de la información. Esta acción ha violentado los derechos de Elvin Francisco Molina (33), por suponerlo responsable de atentar contra el sistema financiero del país, al hacer uso de legítimo derecho de la libertad de expresión en las redes sociales.
Molina, ex empleado de Alimentos Continental, destacó en los medios comunicación como vocero de los ex trabajadores que protestaron exigiendo el pago de sus prestaciones, días después fue presentado a los juzgados acusado por el delito de divulgación falsa sobre las instituciones supervisadas, poniendo en riesgo el sistema económico de Honduras. Expuesto a una condena de reclusión de tres a seis años y multa de hasta cincuenta mil lempiras, según cita el Código Penal en su artículo 295.
Para C-Libre, CPTRT, CIPRODEH y el Observatorio Ecuménico de Derechos Humanos es importante mantener la debida coherencia entre la norma interna y los Tratados Internacionales suscritos por el Estado hondureño:
Partiendo de todo lo antes dicho, manifiesta:
Que la política de secretividad estatal violenta los principios fundamentales de: legalidad, proporcionalidad, taxatividad, división de poderes, máxima divulgación y buena fe.
Que el Estado hondureño a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) exhibe una política de secretividad que se extiende a la información de la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público, la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Fuerzas Armadas.
Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras que se puedan incorporar en el futuro
Que condenamos la falta de transparencia en el proceso de elección de una nueva Corte Suprema de Justicia y llamamos a mantenernos vigilantes para exigir procedimientos honestos, más transparencia, más participación popular y más democracia
Demandamos la eliminación del paralelismo legal con el mismo rango de legalidad, entre la Ley de Acceso a la Información Pública y la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa; pues produce una crisis en materia de acceso a la información por parte de los ciudadanos y ciudadanas, ya que una ley les confiere garantías plenas para el ejercicio de acceso, pero a su vez existe una ley que les restringe este mismo derecho
Exigimos que la Corte Suprema de Justicia que sea electa decrete la inconstitucionalidad de la Ley de Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa.
Origen: C-LIBRE, CIPRODEH, OEDDHH: Política de secretividad estatal violenta principios fundamentales
Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, MACCIH, secretividad
Periodistas de Tegucigalpa conocen impacto de la “Ley de Secretos”
Publicado por honduprensa en conexihon el 14 noviembre, 2015
Noviembre 10 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Más de 30 periodistas de diversos medios de comunicación con sede en la capital de Honduras participaron en el conversatorio “Impacto de la Ley de Secretos en la prensa hondureña”, desarrollado este martes por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), gracias al auspicio de Diakonía.
El encuentro sirvió para discutir sobre los estragos que esta normativa con amplias atribuciones, produciría en el ejercicio periodístico, la libertad de expresión y las contradicciones legales implícitas.
“En un principio podríamos pensar que la Ley solo se destina a las cosas relacionadas con seguridad y defensa, pero la Resolución 169, amplía los procesos de secretividad a otras instituciones estatales no relacionadas con seguridad o defensa, es asó que se clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma”, indicó Edy Tábora, Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre).
Para Sandra Maribel Sánchez, periodista de Radio Progreso, la normativa “cercena las posibilidades de la población hondureña de estar informada sobre el quehacer de los y las funcionarias públicas, el uso de los fondos estatales entre otros, es por tal razón que junto a la Ley que permite las intervenciones telefónicas y otras disposiciones legales se pone en alto riesgo el ejercicio del periodismo en Honduras”.
Alianzas para exigir la nulidad
De igual forma, para los profesionales de la comunicación es urgente que se establezcan alianzas entre diferentes sectores para hacerle frente a la opacidad con la que se pudieran actuar los funcionarios amparados en la Ley de Clasificación de Documentos Oficiales Relacionados con Defensa y Seguridad, más conocida como la “Ley de Secretos”.
“Debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es una ley de secretividad, sin regulación precisa”, comentaron.
Según el análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, la ley podría permitir abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.
Los abogados refutaron que la clasificación de la información esté en manos del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), integrado por el presidente de la República, presidente del Poder Judicial, presidente del Poder Legislativo, Ministerio Público y por las secretarías de Estado en los despachos de Seguridad y Defensa, pues estos funcionarios son parte involucrada en la toma de las decisiones fundamentales e interesados en esconder la información.
Tábora y Rojas, también cuestionaron el paralelismo del Estado de Honduras, ya que por un lado aprueba una ley de secretos y por el otro firma un convenio con Transparencia Internacional.
Por su parte la defensora de derechos Humanos, Reina Rivera, apuntó que la Ley de Secretos Oficiales, forma parte del conjunto de normas que aprobó el presidente Juan Hernández, cuando fungía como titular del Congreso Nacional, con el propósito de recibir el poder absoluto del país.
De acuerdo con la defensora de derechos humanos, Reina Rivera, esta ley le permite al gobierno de Juan Orlando Hernández “tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.
La “Ley de Secretos”
Origen: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/periodistas-de-tegucigalpa-conocen-impacto-de-la-%E2%80%9Cley-de-secretos%E2%80%9D
C-Libre, Diakonía, Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, periodistas
Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales
Publicado por honduprensa en Criterio el 13 noviembre, 2015
Tegucigalpa.-Varios periodistas fueron persuadidos de las implicaciones nefastas que conlleva para la libertad de expresión y otras garantáis constitucionales, la polémica Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de Información, que incluso contempla penas que van de cuatro a siete años y multas que oscilan entre 100 mil a 500 mil lempiras, para quienes revelen “secretos”.
Las panelistas, Ana Ortega (presidenta de C-Libre); Reina Rivera, defensora de DD.HH. y Claudia Mendoza (Vicepresidenta de C-Libre).
Los alcances de la normativa, que contiene 17 artículos, fueron analizados este martes durante un desayuno patrocinado por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en el que se concluyó que la sociedad hondureña debe unirse para pedir la nulidad de la ley, que atenta contra el Estado de Derecho, porque es una ley de secretividad, sin regulación precisa.
Las penas para quienes infrinjan la Ley de Secretos Oficiales están contempladas en el artículo 307 del Código Procesal Penal que establece: Quien revele los secretos políticos, diplomáticos o militares referentes a la seguridad del Estado, ya comunicando o publicando documentos, dibujos, planos u otros datos relativos al material, fortificaciones u operaciones militares o cualquier otro asunto esencial para la defensa de los intereses nacionales, o ya facilitando de otra manera su divulgación, incurrirá en reclusión de cuatro (4) a siete (7) años, multa de cien mil (L.100,000.00) a quinientos mil lempiras (L.500,000.00), más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.
Argumentando la protección de la seguridad y defensa nacional, la ley clasifica de manera antojadiza la secretividad de la información pública en: reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto, limitando desde cualquier ángulo el derecho al acceso a la información pública y a la publicación de la misma.
La ley, que fue aprobada el 12 de enero de 2014 y que entró en vigencia el 7 de marzo de ese mismo año, también contraviene tratados y pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales, que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (ILTAIP). En virtud de lo anterior, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ya no tiene facultados.
Un análisis presentado por los abogados, Edy Tábora y Mario Rojas, considera que la ley podría permitir abusos y generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado provenientes de los impuestos que paga sobre todo la clase media.
El análisis refiere que no era necesario la aprobación de la ley, porque Honduras ya contaba con la reserva legal mediante las siguientes leyes: Ley de Inteligencia, Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, Ley Contra el Lavado de Activos, Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio Político y Código Procesal Penal.
Asimismo apunta que existe el riesgo de opacidad con nuevas leyes como la Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), la Ley de Policía Militar del Orden Público, la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), la Ley de Promoción de la Alianza Público Privada, la Ley de Seguridad Poblacional y la Ley del Tribunal Superior de Cuentas.
La Ley de Secretos Oficiales tipifica la desclasificación de la información entre cinco a 25 años, de la siguiente manera:
Reservado: después de cinco años.
Confidencial: Después de 10 años.
Secreto: Después de 15 años.
Ultra Secreto: Después de 25 años
También refiere que la desclasificación solo podrá ser efectuada a petición del fiscal general de la República.
A juicio de la magistrada presidenta del IAIP, la normativa violenta tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
En tanto C-Libre considera que violenta el derecho a la libertad de expresión estipulados en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y el inciso d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Asimismo los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre la Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención Sobre los Derechos del Niño.
En virtud de las implicaciones negativas, el director de C-Libre, Edy Tábora, instó a los hondureños y en especial a los periodistas y/o comunicadores sociales para que piden a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, la nulidad de la ley.
Explicó que esta ley le permite a Hernández tener plenos poderes sobre toda la información que el Estado es capaz de producir.
Ilustró que la normativa se complementó con la resolución 69, aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2014 y que va encaminada a declarar información secreta lo que se origine en 18 instituciones del Estado.
“El efecto que esto tiene sobre una democracia es sumamente dañino porque una democracia se caracteriza por mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y la posibilidad de la ciudadanía de pedir información y reclamarle al Estado sobre su gestión”, sustentó.
Origen: Hasta siete años de prisión enfrentarían hondureños que incumplan Ley de Secretos Oficiales –
Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, libertad de expresión, periodistas
Diputados deben reformar ley de secretos
Omar Rivera, Coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), dijo que “resolución SE-001-2015 del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), pidiendo al Congreso Nacional que reforme la ley de secretos debe ser tomada como una extraordinaria oportunidad para rectificar.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionado con la Defensa y Seguridad Nacional está emitida bajo el Decreto Legislativo 418-2013 y ha sido ampliamente cuestionada por todos los sectores de la sociedad hondureña porque esconden datos que deben ser del dominio público.
“Ningún régimen que pretenda caracterizarse por transparente y comprometido con el combate a la corrupción, puede arropar sus ejecutorias en una legislación que privilegie lo secreto y confidencial” indico Rivera.
Finalmente, el dirigente de sociedad civil señaló que “Ley de Secretos” debe circunscribirse a lo que permite nuestra Carta Magna y los instrumentos internacionales relacionados a la temática de la transparencia, rendición de cuentas y lucha contra los actos ilícitos”.
Fuente: http://criterio.hn/diputados-deben-reformar-ley-de-secretos/
Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), Congreso Nacional, Diputados, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública
Honduras: IAIP “ordena” al Congreso Nacional reformar “ley de secretos”
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 30 julio, 2015
10:16PM – diario@elheraldo.hn
Esa norma viola la Constitución y los tratados internacionales, según la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
La “orden” fue emitida mediante resolución SE-001-2015 que ayer fue notificada al CN y al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad Nacional (CNDS) para que le dieran cumplimiento.
La “ley de secretos” fue aprobada el 20 de enero de 2014 mediante el decreto legislativo 418-2013 y publicada el 7 de marzo de 2014 en el diario oficial La Gaceta. Esta norma es ilegal, según el IAIP, porque, entre otras razones, permite de forma arbitraria al CNDS declarar hasta por 25 años en secretividad información bajo el argumento de protección de la seguridad nacional.
La resolución dice: “Ordenar al Poder Legislativo, a través del Congreso Nacional de la República y el Consejo Nacional de Defensa, como instituciones obligadas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que proceda a la reforma de Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Defensa y Seguridad Nacional”.
La modificación debe ser “a efecto de ajustar su contenido al artículo 72 de la Constitución, demás normativa legal y a las convenciones en materia de derechos humanos…” y otros acuerdos que versan sobre la transparencia, instruye la resolución.
El artículo 72 de la Carta Magna protege el derecho de las personas de emitir su pensamiento por cualquier medio de difusión y serán responsables ante la ley quienes por cualquier medio lo impidan.
Pide anular niveles
La también conocida como “ley de secretos” tiene 17 artículos y la resolución “ordena” modificar 15 y derogar 2, el número 4 y el 10, que establecen los años bajo los cuales debe permanecer oculta una información según el nivel de secretividad y la obligatoriedad de las personas de informar al CNDS sobre la existencia de un documento que ponga en riesgo la seguridad nacional, respectivamente.
Según el artículo 4, la información que se declara reservada estará en secretividad 5 años y la declarada como confidencial 10 años.
Mientras, la información secreta será desclasificada después de 15 años y la ultrasecreta después de 25 años.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es el órgano que puede declarar clasificada una información de forma discrecional cuando considera que “se ponga en precario los objetivos nacionales” y para proteger la seguridad nacional.
La derogatoria del artículo 4 se “ordena” porque tiene “incompatibilidad con normas constitucionales, convencionales y de derecho interno”.
“Incluir diferentes niveles de clasificación como reservado, confidencial, secreto y ultrasecreto no hacen más que aumentar la discrecionalidad del Estado y la subjetividad de los servidores públicos que la valoren para restringir, en forma equívoca, el acceso a la información de carácter público”, dice la resolución.
Por otro lado, la anulación del artículo 10 se exige porque este numeral ordena que cualquier persona que reciba información clasificada o se entere que algún medio de comunicación pueda tener acceso debe notificar el hecho al CNDS para que se “respete su clasificación”, y eso es atentatorio contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
El artículo 49 de los Principios Globales sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (Principios de Tshwane) dice que si alguna información se ha obtenido por medios lícitos o ilícitos “se presumirá inválida cualquier medida destinada a impedir que continúe su difusión por el medio a través del cual ya ha tomado conocimiento público”, indica el fallo.
De igual forma se pide anular ese numeral porque viola el artículo 5 de la Ley de Emisión del Pensamiento, que prescribe que todo habitante de la República podrá libremente, sin censura previa, expresar su pensamiento, dar y recibir información y discutir sus opiniones o las ajenas, por medio de la palabra escrita o hablada o por cualquier otro procedimiento gráfico, oral o visual.
Para la discusión de las reformas planteadas, el Congreso Nacional debe escuchar la opinión del IAIP debido a que este es el órgano encargado de regular y supervisar los procedimientos de las instituciones obligadas en cuanto a la protección, clasificación y custodia de la información pública de conformidad con la Ley de Transparencia.
La “ley de secretos” tiene que hacer una reforma por adición para esclarecer el concepto de seguridad nacional para impedir “la utilización discrecional o subjetiva de dicho término como un mecanismo para ocultar posibles actos ilegales o que redunden en un perjuicio para la sociedad hondureña”.
La clasificación de la información por motivos de seguridad nacional se tiene que hacer por un “período razonable”.
De igual manera, la reserva se tiene que declarar sobre datos específicos y no a la totalidad de documentos u otros registros.
Cuando un documento tenga información exenta (sujeta a secretividad) y no exenta (de carácter público), la autoridad competente tendrá la obligación de separar y divulgar la información no exenta.
La persona que posea información sobre un acto de corrupción y esta se encuentre bajo secretividad, podrá declarar sobre la misma sin sufrir represalias.
El IAIP expone en la resolución una lista de casos en los que la información pueda ser declarada secreta como la producción, capacidades o uso de los sistemas de armamentos y otros sistemas militares, incluidos los sistemas de comunicaciones.
De igual manera, debería encontrarse disponible para el público la información sobre partidas presupuestarias relativas a armamento y otros sistemas militares, lo relacionado a medidas específicas destinadas a resguardar el territorio del Estado, la infraestructura crítica o instituciones nacionales fundamentales.
“Infraestructura crítica” hace referencia a recursos estratégicos, activos y sistemas, ya sea físicos o virtuales, de tal importancia para el Estado que su destrucción o incapacidad tendría un impacto debilitador en la seguridad nacional, según la resolución.
También tiene que ser secreta la información perteneciente o derivada de operaciones, fuentes y métodos de los servicios de inteligencia, siempre que concierna a asuntos relativos a la seguridad nacional, y la información relacionada con la seguridad nacional suministrada por un Estado extranjero u organismo intergubernamental con una expectativa expresa de confidencialidad.
Por el contrario, la “ley de secretos” debe establecer que la información pública tiene que ser aquella que haga referencia a la existencia de autoridades militares, de la policía, seguridad e inteligencia, así como las subunidades.
También leyes y reglamentos aplicables a dichas autoridades, sus organismos de supervisión y mecanismos internos de rendición de cuentas, así como los nombres de los funcionarios a cargo.
La información necesaria para evaluar y controlar la erogación de fondos públicos, incluidos presupuestos generales, principales rubros e información básica sobre los gastos de tales autoridades también tiene que ser pública.
Como información de libre acceso también tienen que ser declarada las reglas de contratación e informes redactados por instituciones estatales de auditoría y otros órganos responsables de la revisión de aspectos financieros del sector de la seguridad.
En la misma condición tiene que estar el presupuesto de las instituciones públicas con los principales rubros, las ejecuciones y las liquidaciones de presupuesto al cierre del ejercicio fiscal con los principales rubros.
El Congreso Nacional podrá interponer un recurso de reposición contra esta resolución, de lo contrario la misma quedará firme.
La “ley de secretos” dice en uno de sus considerandos que esta norma es necesaria porque el Estado no cuenta con un instrumento para clasificar y proteger la información en materia de seguridad y defensa nacional, “desconociendo” que la Ley de Transparencia tiene mecanismos para ello.
La resolución fue firmada por la comisionada presidenta del IAIP, el comisionado Gustavo Manzanares y la secretaria general Yamileth Torres. El comisionado Damián Pineda no la firmó porque se encuentra de vacaciones.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/864349-209/honduras-iaip-ordena-al-congreso-nacional-reformar-ley-de-secretos
Congreso Nacional, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, Transparencia
“Resolución Secreta” del CONADESE es nula: IAIP
Publicado por honduprensa en conexihon el 29 julio, 2015
Escrito por Redacción | Julio 29 del 2015
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó a 18 instituciones del gobierno, que se “abstengan de aplicar la resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) contenida en la resolución número 069-2014, que ordena a las autoridades no entregar información sobre las acciones de seguridad y defensa.
Según el IAIP, la resolución 69, es nula de pleno derecho tal como lo determina el artículo 18 de la LTAIP, por considerarse “una infracción a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, susceptible a ser castigada con las sanciones administrativas”.
De acuerdo a la resolución del IAIP, tras prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido, se encuentra viciada por el “grado máximo de invalidez”, que acarrea por tanto consecuencias como imposibilidad de subsanación, imprescriptibilidad e ineficacia concluyéndose, además, que no produce efectos jurídicos válidos.
El día 14 de julio de 2014 el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE), encabezado por el Presidente de la República, decidió restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar en el futuro, mediante la Resolución 069/2014, emitida y clasificada también, como secreta.
El CONADESE dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
Según el expediente administrativo No. 006-2015-SN, la decisión del pleno de magistrados del IAIP, la resolución No.CNDS-069/2014 del 14 de julio 2014, fue emitida en contravención a deposiciones contenidas en la misma Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional.
De acuerdo con lo establecido en la parte dispositiva, específicamente en el ordinal segundo se clasifica como reservada la información pública; sin embargo el fundamento jurídico utilizado es el artículo 4 inciso c) que se refiere a la clasificación de la información como secreta.
Secreta y reservada no es lo mismo
Es importante señalar que en el marco de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional los términos “Secreta” y “Reservada” no pueden ser considerados como sinónimos ya que tienen significados evidentemente diferentes no solo en cuanto al tipo de información a ser clasificada, sino en cuanto a los períodos de duración de las respectivas reservas.
Asimismo, el artículo 5 de la Ley De Clasificación prescribe que los titulares de las Secretarías en los Despachos de Defensa Nacional y Secretaría de Seguridad, u cualquier órgano del Estado en materia de Seguridad y Defensa Nacional deben hacer la correspondiente solicitud de clasificación.
Sin embargo, en la resolución 69, dicha clasificación se efectúa de oficio y lo más grave del caso es que la clasificación de la información se hace en una forma general, es decir, en ninguna parte de la resolución se detalla la información clasificada.
Además, al restringir la investigación y difusión de información de interés público sin acreditar que exista el riesgo de daño sustancial a los intereses protegidos y que dicho daño es mayor que el interés público en general de tener acceso a la información, se convierte en un instrumento de fomento a la cultura del secretismo y la impunidad y, por ende, en uno de los mayores obstáculos para el combate frontal y efectivo en contra de la corrupción, puntualiza.
Del mismo modo, la resolución señala que el Artículo 2 de la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, prescribe en su párrafo primero que los entes del Estado están sometidos en su actividad a los principios de transparencia y publicidad, de acuerdo con las normas que rijan su actuación, salvo los casos en que por la naturaleza de la materia sea ésta declarada expresamente clasificada.
Para el IAIP, el artículo antes citado no deroga las disposiciones que sobre la clasificación de información en materias de Seguridad y Defensa Nacionales contiene la LTAIP, sino que, por el contrario, las reconoce al determinar que la referida clasificación queda amparada “por la presente Ley, y la Ley De Transparencia Y Acceso A La Información Pública”. Consecuentemente se mantienen vigentes, en su totalidad, las disposiciones de la LTAIP en materia de Clasificación y Custodia de la información.
Reservas “anuladas”
El Artículo 18 de la LTAIP, señala además que “para clasificar la información como reservada, el titular de cualquier órgano público, deberá elevar la petición por medio de la instancia de máxima jerarquía de la institución a la cual pertenezca” y “remitir copia de la petición al Instituto de Acceso a la Información Pública” que analizará y hará del conocimiento del superior respectivo y éste denegará la solicitud”, por lo que “Si, contrariando esta opinión, se emitiere el acuerdo de clasificación, éste será nulo de pleno derecho”.
Por lo que el titular del CONADESE, como paso previo a la emisión de la resolución 069, debió remitir copia de la petición de clasificación de información al IAIP, el que tiene la potestad legal de aceptar o denegar la solicitud de mérito.
Finalmente, el artículo 27 del reglamento de la LTAIP, establece que de aprobarse por el Instituto la petición de clasificación, la Institución Obligada emitirá el correspondiente Acuerdo debidamente motivado, explicando claramente las razones de hecho y de Derecho en las que fundamenta la clasificación de la información como reservada y debe contar con la aprobación previa del IAIP, caso contrario el mismo se vuelve nulo de pleno derecho.
En consecuencia, para clasificar la información pública como reservada o confidencial, sobre todo en materia de seguridad nacional debe establecerse un procedimiento efectivo de lo que se ha dado en llamar “prueba del daño”. Con lo que la responsabilidad de demostrar la validez de la restricción residirá en el gobierno.”
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), interpuso ante este Instituto, recurso de revisión en contra del Registro Nacional De Las Personas (RNP), por negarse a entregar información pública referente a la contratación y administración de este ente estatal, como a la contratación de funcionarios públicos en esa institución.
El 19 de febrero de 2015, el IAIP resolvió el Recurso de Revisión interpuesto por el Abogado Dagoberto Aspra Iglesias actuando en su condición de Apoderado Legal del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), ante este Instituto, en contra del RNP, declarando el mismo con lugar en virtud de que la información solicitada por el recurrente revestía el carácter de pública.
Igualmente, señala en su Considerando 2, la nota informativa publicada por el Periódico digital “CONEXIHON”: “Siete funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CONADESE) decidieron restringir el derecho a la información“.
En ese sentido, las instituciones obligadas son susceptibles a ser castigadas con las sanciones administrativas que van desde las amonestación por escrito, suspensión, multa, cesantía o despido, dependiendo de la gravedad de la infracción, establecidos en el en el Artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
De igual forma, quienes obstruyan el acceso a la información pública podrían ser multados hasta con 50 salarios mínimos mensuales, impuestos por el IAIP.
A partir del 22 de julio, las instituciones incluidas en la orden deben atender lo resuelto por el IAIP, mientras que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad deberá analizar el documento y en un término de 10 días hábiles, deberán interponer el recurso de reposición, de lo contrario la determinación del Instituto quedará en firme y con eso permitirá eliminar la decisión de mantener en secreto la información de las 18 instituciones obligadas.
Contraviene compromisos y obligaciones internacionales
Honduras es signatario de importantes compromisos y obligaciones internacionales manifestadas tanto en Normas Convencionales como Declarativas, originarias tanto de la organización de las naciones unidas (ONU) como de la organización de los estados americanos (OEA), por lo que el Estado y sus autoridades devenimos obligados a observar su cumplimiento.
• Principios Globales Sobre Seguridad Nacional y el Derecho a la Información (“Principios De Tshwane”),
• Declaración Conjunta de 2004, de los relatores para la libertad de expresión de la Organización De Las Naciones Unidas (ONU), la Organización De Estados Americanos (OEA) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce).
• Principios de Lima
• Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción
• Constitución de la República: Artículos 15, 72, 321, 323
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Artículo 19
• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Artículo 17, 18 y 38
• Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública: Artículo 27 y 78
• Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional: Artículo 2
• Ley de Procedimiento Administrativo de la República: Artículo 34 inciso c); 119 y 124.
NULO DE PLENO DERECHO -o está viciado de nulidad absoluta- cuando su ineficacia es intrínseca y por ello no produce efectos jurídicos ab initio –esto es, desde su nacimiento, pese incluso a su falta de impugnación. Este supuesto máximo de invalidez comporta una serie de consecuencias, entre ellas la ineficacia inmediata del acto a todos los efectos (erga omnes) y la imposibilidad de sanear el acto por confirmación o prescripción. El efecto inmediato de esta nulidad implica que el acto es ineficaz por sí mismo.
CLASIFICACIONES DE LEY DE SECRETOS OFICIALES Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Artículo 4. Las materias clasificadas serán calificadas en las categorías de Reservada, Confidencial, Secreta y Ultra Secreta, en atención al grado de protección que se requieran. En tal sentido se entenderá por:
Reservado: Nivel inferior en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir “efectos institucionales no deseados” si estuviera públicamente disponible en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público. Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado.
Confidencial: Nivel intermedio en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno del Estado y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público. Este material podría “dañar o perjudicar internamente” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado.
Secreto: Nivel alto en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico del Estado tanto en lo externo e interno y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales. Este material eventualmente causaría “serios daños internos y externos” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta calificación es facultad propia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Ultra Secreto: Nivel más alto de clasificación en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material que estando referido al ámbito político­estratégico del Estado, tanto en lo externo e interno de la defensa nacional, su revelación originaría riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional, la soberanía e integridad territorial, y el logro de los objetivos nacionales. Esta información podría provocar un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Esta calificación es facultad propia del Presidente de la Republica.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/%E2%80%9Cresoluci%C3%B3n-secreta%E2%80%9D-del-conadese-es-nula-iaip
Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Irregularidades, Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, Transparencia
Medios conocerán alcance de cuestionado convenio con Transparencia Internacional
7 junio, 2015 | Filed under: Nación | Posted by: @
Ante la incertidumbre sobre sus alcances, las autoridades de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), discutirán este lunes con los representantes de los medios de comunicación, el convenio firmado entre el gobierno hondureño y la organización Transparencia Internacional (TI).
Por tal motivo la ASJ giró invitación a los medios de comunicación a fin de abordar el alcance del convenio suscrito el 6 de octubre del año pasado, entre Transparencia Internacional (TI), la ASJ y el gobierno, dice una convocatoria girada a CRITERIO.
También expresa que es fundamental para la ASJ, informar a los directores y jefes de prensa de medios de comunicación, y periodistas que cubren la fuente de sociedad civil, sobre lo que es y lo que no es el convenio de colaboración orientado a fomentar y promover la transparencia y rendición de cuentas, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones que componen el sistema de integridad del Estado.
El conversatorio se realizará a partir de las 11:00 de la mañana en un hotel capitalino, donde se espera se hagan los aportes sobre los resultados y alcances del convenio, suscrito el 6 de octubre por el presidente Juan Orlando Hernández y la presidenta de TI, Huguette Labelle, que visitó el país para esa ocasión.
Estratégicamente el gobierno insiste en ser sr el primer Estado en firmar el convenio de colaboración y de buena fe para la promoción de la transparencia, combate a la corrupción y fortalecimiento de sistemas de integridad con la organización Transparencia Internacional.
No obstante en una clara contradicción que conlleva a un Estado transparente, el parlamento hondureño había aprobado antes, la Ley de Secretos Oficiales, blindando así información concerniente a compras, contrataciones y licitaciones.
El artículo 4 de la referida normativa establece la clasificación de la información en las categorías de reservada, confidencial, secreta y ultra secreta, en atención al grado de protección que se requiera, con lo que se le puso un candado a mucha información que los medios de comunicación desean trasladar a su público para cumplir su misión de informar y de paso garantizar un país más transparente.
Fuente: http://criterio.hn/medios-conoceran-alcance-de-cuestionado-convenio-con-transparencia-internacional-2/
Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, Transparencia, Transparencia Internacional (TI)
La Alianza Regional es una red de organizaciones no gubernamentales, independiente, apartidaria y sin fines de lucro, conformada por 23 organizaciones de 19 países del continente, con el objetivo de realizar intervenciones tendientes a mejorar las condiciones de acceso a la información y libertad de expresión en sus países y la región de las Américas.
Sánchez en compañía de los directores ejecutivos, Héctor Becerra del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras (FDsF), se reunió el 15 de abril con representantes de la Dirección Presidencial de Transparencia, Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el jefe de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia y la Procuraduría General de la República.
Durante las reuniones se expresó la preocupación de la Alianza Regional por la aplicación de la “Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional”, a través de la Resolución 69/2014 aprobada por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese).
Con esta Resolución, el día 14 de julio de 2014, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese), encabezado por el Presidente de la República, decidió restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se pueden incorporar en el futuro. La reserva fue declarada con base en la referida Ley de Clasificación. El Conadese dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como la “Ley de Secretos Oficiales” indica en su artículo 3 que, bajo el término de “seguridad nacional”, se pueden clasificar como reservados “los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o defensa nacional y el logro de los objetivos en estas materias”.
En su participación Sánchez fue categórico al expresar que como consecuencia de esta normativa y la Resolución hay una regresión del derecho de acceso a la información pública en Honduras que también ha despertado inquietudes del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza y otros organismos de derechos humanos.
Ese mismo día la Alianza Regional se reunió con organizaciones de la sociedad civil, quienes en sus interlocuciones expresaron su preocupación por la “Ley de Secretos Oficiales”, y el deseo de participar en un proceso de incidencia tendiente a su derogación o reforma.
En ese sentido, José León Aguilar de la Fundación Democracia Sin Fronteras, manifestó que la normativa violenta directamente las normas jurídicas internacionales, e hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que revisen esta Ley para hacerle las enmiendas necesarias.
El día viernes 16 en horas de la mañana, la Alianza Regional ofreció una conferencia de prensa para hacer público su posicionamiento sobre la ley en referencia y la Resolución 69. En la rueda de prensa participaron 23 medios de comunicación.
De su lado, Becerra expresó que se está realizando “una ronda de visitas, ayer (jueves) nos reunimos con representantes del Instituto de Acceso a la Información Pública, pero también hubo gente de la Dirección de Seguridad, de la Procuraduría General de la República y de la oficina de Transparencia de Casa Presidencial con quienes dialogamos en torno al tema y manifestamos nuestras preocupaciones. Entendemos que dentro del Congreso Nacional se han dado cuenta de que lo que construyeron fue un adefesio. El día hoy (viernes) continuaremos con las reuniones y de acuerdo con eso manifestaremos la posición de la Sociedad Civil, pero en todo caso resalizaremos un proceso de incidencia para buscar la derogación o, en todo caso, las reformas de esa normativa de tal forma que no contradiga lo que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.
Por la tarde de ese mismo día se sostuvo reuniones con el Doctor Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, y la abogada Gabriela Castellanos directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, órgano garante de la correcta aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/libertad-de-expresi%C3%B3n/honduras-alianza-regional-incide-ante-el-estado-por-aplicabilidad-la-
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, C-Libre, Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, periodistas, Transparencia
Publicado por honduprensa en Pasos de Animal Grande el 22 abril, 2015
Miércoles, 22 Abril 2015 14:02 Written by Dina Meza Published in Contexto Read 19 times
Last modified on Jueves, 23 Abril 2015 03:45
Ley de Secretos Oficiales (1
Fuente: http://pasosdeanimalgrande.com/index.php/contexto/item/782-alianza-regional-insta-al-estado-de-honduras-derogar-la-ley-de-secretos-oficiales
Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, Transparencia
“Ley de secretos” amenaza libre expresión
Publicado por honduprensa en El Heraldo el 20 abril, 2015
07:06AM – Redacción
Según los Principios de Johannesburgo, una restricción justificada en la seguridad nacional no será legítima si su propósito es proteger a un gobierno de una situación embarazosa.
La Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional, así como sus resolunes, no solo vuelve los actos de corrupción un secreto de Estado, sino que también atenta contra la libertad de expresión, de información y de prensa estipulada en la normativa interna y en la legislación internacional.
Análisis y opiniones de expertos en la temática de transparencia consideraron que la aprobación del decreto 418-2013 que contiene la “ley de secretos” representa un retroceso en los avances de rendición de cuentas que había logrado el país con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) aprobada en 2006.
Con la nueva legislación se le arrebatan varias potestades al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), principalmente la de clasificar la información en las categorías de “reservada” y “confidencial” cuando se trata de la seguridad nacional.
Ahora, sin embargo, esta discrecionalidad se la trasladaron al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad conformado por el presidente de la República, el presidente de los poderes Judicial y Legislativo, el fiscal general, el secretario de Seguridad y el de Defensa.
De acuerdo con Leo Valladares Lanza, excomisionado nacional de los derechos humanos (Conadeh) y experto en el tema de transparencia, el decreto 418-2013 y sus resoluciones no solo desvalorizan la LTAIP, lo más serio y preocupante “es que los entes básicos de control de la legalidad en el Estado, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, se parcializaron al formar parte del Consejo de Defensa y Seguridad.
“Actualmente estas autoridades, al formar parte de ese consejo, tienen que quedarse calladas en las decisiones que ese organismo tome”.
Ahora el ciudadano que se sienta agraviado por la denegatoria de una información pública clasificada como reservada, confidencial, secreta y ultrasecreta no tendrá una autoridad imparcial a quien recurrir pues el Ministerio Público, encargado de proteger la sociedad y el Poder Judicial responsable de impartir justicia, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, organismo que utilizando el argumento de la seguridad nacional puede clasificar lo que quiera.
Valladares insiste en que una confusa ley de clasificación de documentos públicos pudiera buscar proteger los actos de corrupción de un gobierno, por lo tanto, es inconstitucional porque al no existir la posibilidad de conocer sobre lo que hacen las autoridades no se pueden llegar a saber los abusos y los actos que están haciendo fuera de la ley.
Y subraya que solo hay que leer el tercer párrafo del artículo 14 que dice “que toda persona, funcionario público o ex funcionario que en juicio se le pida revelar secretos que están clasificados como tales tiene la obligación de quedarse callados, pero se le exime de esta prohibición cuando se haya cometido genocidio, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desaparición forzada, violencia sexual masiva o crímenes de lesa humanidad”.
Y es donde entra el cuestionamiento de Valladares: “¡Ajá! Y hay otras figuras que son muy graves y que son totalmente contra la ley, como la malversación de caudales públicos, y que no se mencionan aquí. Imagínese que no se puede declarar sobre actos de corrupción, porque está prohibida su divulgación. Eso es gravísimo”.
También dice que pueden declarar sobre torturas que son un daño físico, “pero no pueden declarar sobre un homicidio, un asesinato, que es peor; eso es ambiguo. Dice que puede declarar únicamente sobre violencia sexual masiva, o sea que un individuo no hablará nada cuando conozca de la violación sexual a una persona. Cuando tenga información de la violación a un niño o contra dos mujeres va a tener que quedarse callado por seguridad nacional. Esto es ridículo”, criticó Valladares.
Amparado en el decreto 418-2013, el 22 de julio de 2014 y utilizando el argumento de la seguridad nacional el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, emitió la resolución 069/2014 y le puso el sello de secreto.
En ella se ordena a la Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y Policía Nacional, Ministerio Público-Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
También el Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad (IP), Unidad de Inteligencia Financiera de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Marina Mercante, Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
De igual forma el Servicio Autónomo Nacional Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y otras entidades que pudieran enlistarse a futuro que faciliten la información necesaria a los técnicos del Centro Nacional Integrado de la DNII (Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia) y que se proceda a clasificar como reservada esta información en vista que los asuntos, actos, contratos, documentos informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas puede dañar o poner en riesgo la seguridad y la defensa nacional.
Esta “ley de secretos” también establece cuatro categorías de clasificación: reservada, que durará cinco años, confidencial, 10 años; secreta 15, años; y ultrasecreta 25, dejando al Consejo de Defensa y Seguridad la potestad de extenderla, si todavía es una amenaza.
Además, su artículo 5 dice que la clasificación corresponde “única y exclusivamente al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, pero luego en el artículo 6 expone que la facultad de clasificación a que se refiere el artículo anterior no puede ser transferida ni delegada, por ser exclusiva de cada una de las autoridades en el ámbito de sus competencias, dejando abierto con ello la posibilidad de que los titulares de las instituciones también reserven información pública”.
Igualmente, esta ley en su artículo diez establece que cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a estos el carácter de la misma con el objeto de que se respete su clasificación.
La ley de secretos no cuenta con una definición de lo que es seguridad nacional, dejando abierta la puerta para imponer restricciones injustificables al ejercicio de las libertades de expresión y de información al clasificar documentos que no impliquen riesgo como contratos, licitaciones, compras y hasta datos estadísticos.
Para evitar esta opacidad gubernamental, los Principios de Johannesburgo -basados en el derecho internacional y regional- definen un estándar de lo que debe entenderse como seguridad nacional.
De acuerdo con el preámbulo de estos principios, “algunas de las violaciones más graves a los derechos humanos y las libertades fundamentales son justificadas por los gobiernos como necesarias para proteger la seguridad nacional”.
Para disuadir a los políticos en el poder de servirse de este pretexto para imponer restricciones injustificables sobre el ejercicio de estas libertades, el numeral uno de los Principios de Johannesburgo plantea sobre libertad de opinión, expresión e información, que todo individuo tiene derecho a tener opiniones sin interferencia, tiene derecho a la libertad de expresión, la cual incluye la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole, sin limitación de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en la forma de arte o a través de otros medios de comunicación de su opción.
El ejercicio de los derechos estipulados en el párrafo anterior podrá ser sujeto a restricciones por razones específicas, conforme a lo establecido en la ley internacional, incluso para la protección de la seguridad nacional.
El segundo principio expresa que: “(a) una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima a no ser que su propósito genuino y su efecto demostrable sean los de proteger la existencia de un país o su integridad territorial contra el uso o la amenaza de la fuerza, sea de una fuente externa, tal como una amenaza militar, o de una fuente interna, tal como la incitación al derrocamiento violento del gobierno.
(b) En particular, una restricción que se procurara justificar por motivos de seguridad nacional no será legítima si su propósito genuino o su efecto demostrable es el de proteger intereses inconexos con la seguridad nacional, incluso, por ejemplo, el de proteger a un gobierno de una situación embarazosa o de la revelación de algún delito, o el de ocultar información sobre el funcionamiento de sus instituciones públicas, o el de afianzar una ideología en particular, o el de suprimir la conflictividad industrial”.
Igual que los principios de Johannesburgo, el principio 8 de los Principios de Lima también deja claro que es inaceptable que bajo un concepto amplio e impreciso de seguridad nacional se mantenga el secreto de la información. En este mismo principio se establece que si es requerida por un solicitante, una autoridad judicial imparcial y competente podrá revisar la validez de dicha negativa y disponer la entrega de la información.
Sobre esta temática, el diputado Renán Inestroza sostuvo que con esta ley de clasificación de documentos por cuestiones de seguridad nacional lo que prima es la protección de la estabilidad del país y no la protección de actos de corrupción.
A su criterio, si hay documentación de actos donde pueda existir malversación de caudales públicos o de la comisión de delitos que han sido clasificados como secretos, entonces ahí puede intervenir el Ministerio Público, que es el protector de la sociedad.
Con esta ley lo que se buscó es que toda aquella documentación que tuviese relación con aspectos de seguridad nacional no esté abierta al público, explicó Inestroza.
Fuente: http://www.elheraldo.hn/alfrente/832440-331/ley-de-secretos-amenaza-libre-expresi%C3%B3n
Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, libertad de expresión, Transparencia
Con resolución secreta reservan información de 18 instituciones estatales de Honduras
Publicado por honduprensa en conexihon el 20 febrero, 2015
Alerta 21-15
Comité por la Libre Expresión (C-Libre). Siete funcionarios del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese) decidieron restringir el derecho a la información en 18 instituciones estatales y en otras dependencias que se puedan incorporar en el futuro, mediante la resolución 069/2014, emitida y clasificada como secreta el 14 de julio.
La reserva fue declarada con base en la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y Defensa Nacional. El Conadese dispuso reservar -sin precisar qué-, “asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y/o la defensa nacional”.
Eso quiere decir que hasta las sentencias de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) podrían ser secretas. También se reserva información de la Secretaría de Seguridad y Policía Nacional; Ministerio Público y Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN); Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), Dirección de Información Estratégica de las Fuerzas Armadas (C-2).
Asimismo, información de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Migración, Dirección Ejecutiva de Ingresos, Registro Nacional de las Personas (RNP), Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), Instituto de la Propiedad, Unidad de Inteligencia de la Comisión Nacional de Banca y Seguros, Dirección General de la Marina Mercante, Dirección General de Aeronáutica Civil, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA) y otras que se puedan incorporar en el futuro.
Esta resolución fue aprobada por el mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández; el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; el titular del Poder Judicial, Jorge Alberto Rivera Aviles; el fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla; el entonces ministro de Seguridad, Arturo Corrales; el ministro de Defensa, Samuel Reyes y el entonces titular de la DNII, Julián Pacheco Tinoco; todos ellos servidores públicos de uno de los países más corruptos del mundo, según indicadores de Transparencia Internacional.
En consecuencia, las restricciones de este derecho universal ahora están establecidas mediante resolución 069/2014 aunque esa facultad le correspondería al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por jerarquía normativa en virtud de que Honduras es signataria de Tratados y pactos supranacionales que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP).
Primeras muestras de discrecionalidad
El 21 de agosto de 2014, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) promovió un recurso de revisión ante el IAIP porque los funcionarios del RNP negaron información pública, amparados en la resolución 069/2014. El CNA investigaba supuestas irregularidades en el RNP.
La información negada por funcionarios del RNP fue: “1) copia de los puntos de actas donde se aprueban todas las compras de la empresa denominadas Lufergo, Lafis, Grupo G Y T, Inversiones Zaldívar, adjuntar los términos de adjudicación y precalificación de las empresas, 2) copia del punto de acta de la aprobación del alquiler del inmueble ubicado en la colonia Jacaleapa de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central a la empresa denominada FAMME 3) copia de los pagos efectuados a FAMME, por concepto de alquiler, durante los periodos 2013 hasta la fecha, 4) copia del punto de acta de la aprobación de Honorarios profesionales del señor Edwin Joel Bulnes Vásquez. Adjuntar los términos de referencia y adjudicación de la consultoría 5) Copia de traslado de los fondos de Banco de Occidente, a que cuenta se realizó el depósito y donde se encuentran reflejados 6) copia donde están reflejados los ingresos, egresos y gastos actuales por conceptos de contratos de Tigo y Claro 7) copia de los puntos de acta para la aprobación al viaje a Lima Perú 8) Copias de las personas que conforman el Directorio en los periodos 2010 al 2013”, cita textualmente el recurso de revisión, promovido por el CNA.
Sobre la resolución 69/2014, la presidenta del IAIP, la comisionada Doris Imelda Madrid, señaló que esta institución no autorizó ninguna reserva de información. “Al menos por el Instituto no ha pasado, la desconocemos”, respondió.
“Ley de Secretos Oficiales”
Cuando el Congreso Nacional aprobó la “Ley de Secretos Oficiales”, como se le llamó originalmente, por medio de un comunicado, C-Libre advirtió que tal legislación violenta el derecho a la libertad de expresión, estipulado en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República; el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos.
En la misma línea, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos ya instituye la forma en que se deben dictar nuevas leyes, caso contrario, se crea un campo fértil para la actuación discrecional y arbitraria del Estado en la clasificación de la información, cita el Informe Sobre el Estado del Derecho a la Información en Honduras 2014, de C-Libre.
De igual forma, el numeral 1, inciso (d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información, estipula, “no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional”.
Esta ley contraviene, además, los numerales 2 y 3 de la Declaración de Chapultepec, el numeral 4 de la Declaración de Principios Sobre Libertad de Expresión y el artículo 13 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Igualmente, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del “Caso Reyes y otros contra Chile”, párrafo 92, establece que es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación.
La reserva se estableció pese a que ya está estipulada legalmente en estas nueve legislaciones: la Ley de Inteligencia, Ley contra el financiamiento del Terrorismo, la Ley contra el Delito de Lavado de Activos, la Ley del Sistema Penitenciario, Ley de Protección a Testigos, Ley del Juicio Político, Código Procesal Penal, Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres), La Ley de Policía Militar y de Orden Público.
Fuente. http://clibrehonduras.com/main/noticias/con-resoluci%C3%B3n-secreta-reservan-informaci%C3%B3n-de-18-instituciones-estatales-de-honduras
C-Libre, Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), Ley de Secretos Oficiales y Desclasificación de la Información Pública, Transparencia
Análisis del riesgo de la Ley de secretos en Honduras
Publicado por honduprensa en conexihon el 2 diciembre, 2014
Escrito por Wendy Funes | Diciembre 2 del 2014
Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información, como se llamó primero o Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, como se denominó después, aumenta el riesgo que los periodistas enfrentan para ejercer su labor en Honduras, un país con una tasa de 80 homicidios por cada cien mil habitantes y con 49 periodistas asesinados desde 2003 a la fecha, 46 ellos eliminados después de 2009.
A la escalada de asesinatos contra periodistas, ahora se suma el riesgo de caer en la cárcel que estará como un péndulo sobre la cabeza de los comunicadores que adquieran información de asuntos públicos ejecutados por el Estado, pero considerados secretos por sus funcionarios.
La ley manda que “cuando una materia clasificada permita prever que pueda llegar a conocimiento de los medios de comunicación, se notificará a éstos el carácter de la misma, con el objeto de que se respete su clasificación”. Además, prohíbe la publicación de aquella información que será supuestamente “clasificada como reservada, confidencial, secreta y ultra secreta”, que incluye, según el artículo 1 materias consideradas de interés para la seguridad y la defensa nacional.
Honduras es signataria de Tratados y Pactos supranacionales que garantizan principios democráticos y derechos universales y que dieron vida a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP); sin embargo, esta ley secundaria -publicada el 7 de marzo de 2014 en el Diario Oficial La Gaceta- está sobre las garantías constitucionales que constituyen la base de creación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
El IAIP está encargado de velar por el cumplimiento de la LTAIP para lograr la transparencia de las instituciones del Estado y de fomentar la cultura de acceso a la información pública.
Este análisis da cuenta de las leyes nacionales que ya establecen reserva de la información en poder del Estado y de los abusos que se podrían cometer porque una ley de secretividad, sin regulación precisa, puede generar mayor discrecionalidad en el uso de los fondos públicos del Estado, provenientes de los impuestos que paga sobretodo la clase media del país y se consultó a diferentes actores de sociedad civil y a sectores oficialistas para conocer sus criterios con relación a esta nueva legislación.
Análisis de la reserva legal ya contemplada en ley
La Ley de Secretos Oficiales se aprobó pese a que las leyes en materia de seguridad y defensa ya establecen la reserva de información:
Artículo 18. Sin perjuicio de lo descrito en la LTAIP, las actividades, informaciones y documentos de inteligencia, tendrán el carácter de reservados, en vista de que su contenido es confidencial o secreto, por ser elementos inherentes a la seguridad y la defensa nacional.
Artículo 19. La información reservada, obtenida y manejada por el Sistema Nacional de Inteligencia cuyo conocimiento público vulnere la privacidad de las personas y la seguridad nacional, queda exenta del escrutinio de cualquier organismo o persona natural.
La Ley contra el financiamiento del Terrorismo
Ya establece todos los criterios de reserva en cuanto a información relacionada con la investigación de este delito y ahora se puede ocultar presupuesto u otra información pública si así lo requieren.
La Ley contra el delito de lavado de activos
También ya estipula reserva de información.
En el artículo 13. Los miembros del Consejo Directivo están obligados a mantener la confidencialidad de los asuntos tratados en las sesiones, sobre todo cuando se refieran a aspectos relacionados a la seguridad del sistema, el tratamiento individualizado o régimen progresivo de personas privadas de libertad, aspectos disciplinarios y otros que establezcan las leyes y los reglamentos de esta Ley.
Reserva sobre las medidas de protección: Quienes tengan conocimiento de las medidas de protección o hayan intervenido en su preparación, expedición y ejecución, sean servidores públicos. Indica que los particulares, tendrán la obligación de mantener bajo estricta reserva la identidad del o los beneficiarios del Programa y cualquier otra información que conduzca a su revelación o ubicación. La infracción de la presente disposición acarreará las sanciones penales, civiles y administrativas a que hubiere lugar en derecho.
El juicio político tiene un procedimiento establecido en la Ley del Juicio Político y si es declarado en secretividad, se podría realizar el procedimiento con total opacidad.
Establece en el artículo 278. Secretividad de las investigaciones. Las investigaciones realizadas por las autoridades competentes, se mantendrán en secreto.
Riesgo de opacidad con nuevas leyes
1. La Ley de Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad (Tigres) puede permitir abusos policiales pues establece que en el cumplimiento de misiones especiales de seguridad a favor de la población, los miembros del Comando Armado TIGRES podrán ser acompañados cuando así lo requiera por jueces y fiscales.
Análisis: Esta ley deja abierto el espacio para operaciones policiales secretas que pueden acompañarse de jueces y fiscales solo cuando la tropa Tigres lo requiera.
2. La Ley de Policía Militar y de Orden Público:
Artículo 11. La policía militar debe contar con presupuesto (así lo desean los militares, este presupuesto puede ser clasificado).
Artículo 5. de la Ley de Policía Militar criminaliza y coloca como terrorismo el derecho a protesta (en ese sentido, bajo operaciones ultrasecretas se puede perseguir a opositores políticos).
3. La Ley de Zonas Especiales de Desarrollo (Zede).
El artículo 11 estipula que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas tiene funciones específicas, esta ley además habla de expropiaciones, si se considera que hacer público algún mecanismo de las Zedes, estas acciones se podrían hacer en secretividad.
En el artículo 13. Se establece que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas debe contratar a una entidad de prestigio internacional al fin de que audite al menos una vez al año los recursos recaudados dentro de las Zedes. Los informes que se emitan deben publicarse y enviar copia al presidente de la República.
Análisis: Pero la nueva ley permite que si se considera un tema que compromete la seguridad, estos informes pueden quedar en secretividad.
El artículo 25. Habla de expropiaciones sin auditoría social en cualquier terreno de país que podrían ser hechas en total secretividad, si así lo determina el Consejo de Defensa y Seguridad.
La Ley de Promoción de la Alianza Público Privada. Que tiene que ver con todas las licitaciones del Estado, incluso con las de Defensa y Seguridad podría ampararse en la nueva ley para administrar de manera secreta este tipo de alianzas.
La Ley de Seguridad Poblacional. Que graba las operaciones del sistema financiero nacional podría también declararse en secretividad si se considera un asunto de seguridad nacional.
Además la Ley del Tribunal Superior de Cuentas manda que los informes sean públicos, pero si así lo requiere el sistema podrían declararse en secretividad al amparo de esta Ley de Secretos Oficiales.
Normas de la nueva ley
La ley aprobada establece que la clasificación de la información se declarará a través de resolución del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese). La primera ley establecía que los Secretarios de Estado y Presidentes, Gerentes y Directores de entidades descentralizadas del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias podían declarar secreta la información, con la reforma se dejó la potestad sólo al Conadese.
Artículo 3. A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas Materias Clasificadas los asuntos, actos, contratos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad, defensa nacional y el logro de los objetivos nacionales, decía la primera ley aprobada. Al ser publicada en La Gaceta, la última parte se modificó por: “y el logro de los objetivos en estas materias”.
Reservado: Nivel inferior en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno de los entes del Estado y que su revelación podría producir “efectos institucionales no deseados” si estuviera públicamente disponible en contra del efectivo desarrollo de las políticas del Estado o del normal funcionamiento de las instituciones del sector público.
Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado.
Confidencial: Nivel intermedio en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico interno del Estado y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional y el orden público. Este material podría “dañar o perjudicar internamente” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Titular de cada ente del Estado, decía la primera ley y luego se trasladó la facultad al Conadese.
Secreto: Nivel alto en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material referida al ámbito estratégico del Estado tanto en lo externo e interno y que su revelación podría originar riesgo inminente o amenaza directa contra el orden constitucional, la seguridad, la defensa nacional, las relaciones internacionales y el logro de los objetivos nacionales. Este material eventualmente causaría “serios daños internos y externos” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Ultra Secreto: Nivel más alto de clasificación en materias clasificadas en el orden nacional. Es toda aquella información, documentación o material que estando referido al ámbito político-estratégico del Estado, tanto en lo externo e interno de la defensa nacional, su revelación originaría riesgo inminente o amenaza directa contra la seguridad, la defensa nacional, la soberanía e integridad territorial, y el logro de los objetivos nacionales. Esta información podría provocar un “daño interno y externo excepcionalmente grave” a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible.
Esta calificación es facultad propia del Presidente de la Republica, decía la ley original y al ser publicada en La Gaceta aparece como potestad del Conadese.
Reservado: Su desclasificación se hará después de cinco (5) años.
Confidencial: Su desclasificación se hará después de diez (10) años.
Secreto: Su desclasificación se hará después de quince (15) años.
Ultra Secreto: Su desclasificación se hará después de veinticinco (25) años.
Solamente el fiscal general puede pedir desclasificación de la información. El actual fiscal general, Óscar Chinchilla, es ligado al partido en el poder.
¿Cultura de secretividad o Cultura de transparencia?
ARTÍCULO 15.También se dispondrá lo necesario para que todo el personal de la Administración Pública se halle debidamente instruido en cuestiones de seguridad y protección de secretos.
ARTÍCULO 6.- PROMOCIÓN DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y APERTURA DE LA AINFORMACIÓN. Las Instituciones Obligadas deberán capacitar y actualizar de forma permanente a sus servidores públicos en la cultura de acceso a la información, la cultura de apertura informativa, transparencia de la gestión pública y el ejercicio de la garantía de Hábeas Data. Las Instituciones Obligadas deberán, asimismo, capacitar sobre el contenido de esta Ley y los procedimientos específicos definiditos por dicha Institución para ser efectivo su cumplimiento. La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación por conducto de las instituciones de educación formal o no formal y las universidades públicas y privadas, incluirá contenidos sobre esta materia en los planes o programas de estudio.
Dos días después de la aprobación de esta ley, el 14 de enero de 2014, la Sociedad Civil se pronunció a través de la Alianza por la Paz y la Justicia, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y C-Libre emitió la alerta.
Como consecuencia de la alerta ciudadana, el oficialista diputado del Partido Nacional, Rigoberto Chang Castillo, anunció que la ley quedaría en suspenso. Para la comisionada presidenta del IAIP, Doris Imelda, con esta nueva ley se violentan tratados internacionales porque la creación del instituto está fundamentada en leyes como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19; la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 13; la Carta Democrática Interamericana de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en su artículo 4, cuyo mandato está sobre la Constitución de la República.
Aurora Pineda, cuyo hijo fue asesinado por policías en octubre de 2011, se pregunta ¿cómo es que la secretividad va a garantizar la seguridad? si en su caso, la secretividad se convirtió en un obstáculo porque el sistema declaró en secretividad los juicios contra la cúpula policial implicada en la ejecución de su hijo y del hijo de la rectora de la UNAH, mientras los mandos bajos de la policía ya fueron condenados por este crimen porque la publicidad del caso permitió dar con los asesinos materiales.
El espíritu de la norma -según el diputado que presentó el proyecto de ley- es garantizar la seguridad de los hondureños. A través de un comunicado, el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) reveló que la Ley de Secretos Oficiales y de Clasificación de la Información violenta el derecho a la libertad de expresión, estipulados en los artículos del 72 al 75 de la Constitución de la República, el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 19 de la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, y el principio 1 inciso (d) de los Principios de Johannesburgo sobre la seguridad nacional, la libertad de expresión y el acceso a la información, que estipula que “no se podrá imponer restricción alguna sobre la libertad de expresión o de información por motivos de seguridad nacional a no ser que el gobierno pueda demostrar que tal restricción esté prescrita por ley y que sea necesaria en una sociedad democrática para proteger un interés legítimo de seguridad nacional”.
Fuente: http://conexihon.hn/site/noticia/transparencia-y-corrupci%C3%B3n/an%C3%A1lisis-del-riesgo-de-la-ley-de-secretos-en-honduras

References: artículo 295
 Resolución 
 artículo 307
 artículo 13
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 72
 artículo 72
 resolución 
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 10
 artículo 49
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
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 resolución 
 artículo 18
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 Resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 5
 resolución 
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 resolución 
 Artículo 2
 Artículo 18
 resolución 
 artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 19
 Artículo 17
 Artículo 27
 Artículo 2
 Artículo 34

Artículo 4
 artículo 4
in fine
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 14
 resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 artículo 1

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 13
 artículo 278

Artículo 11

Artículo 5
 artículo 11
 artículo 13
 artículo 25
 resolución 

Artículo 3

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 6
 artículo 19
 artículo 13
 artículo 4