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Timestamp: 2020-07-12 06:49:47+00:00

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Interadop - Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
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Esta Ley 26/2015 realiza una profunda reforma del sistema de protección de menores, 20 años después de la aprobación de la LO 1/1996 de Protección jurídica del menor.
La reforma está integrada del sistema de protección a la infancia en España se realiza por una parte desde una Ley Orgánica dado que afecta a derechos fundamentales y libertades públicas (Ley Orgánica 8/2015) y otra es la Ley 26/2015 que afecta a varias normativas sustanciales, la primera, a la Ley de Protección Jurídica del Menor, al Código Civil, la Ley de Adopción Internacional, la Ley de Enjuicimiento Civil y a veintena de normas.
Dice el legislador que el objetivo de la reforma es adaptar los instrumentos de protección de menores a los cambios sociales, en aras del cumplimiento efectivo del art. 39 CE y los instrumentos internacionales ratificados por España.
Por otra parte, su objetivo principal es introducir los cambios necesarios en la legislación española de protección a la infancia y a la adolescencia que permitan continuar garantizando a los menores una protección uniforme en todo el territorio del Estado y que constituya una referencia para las Comunidades Autónomas en el desarrollo de su respectiva legislación en la materia.
En lo que a nuestra parte interesa, se modifica el sistema de adopción y acogimiento y las condiciones de los centros para chicos con trastornos de conducta.
La norma entra en vigor el 18 de agosto del 2015, a los 20 días de su publicación en el BOE (D.F. 21ª).
1. Principales modificaciones de la LO de Protección Jurídica del Menor.
Se introduce un nuevo Capítulo III en el Título I de la LO 1/1996 con la rúbrica «Deberes del menor», en el que se reconoce a los menores como titulares, no solo de derechos, sino también de deberes. En este sentido, se regulan los deberes de los menores en general y en los ámbitos familiar, escolar y social en particular.
Se refuerza la posición del menor frente a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos y explotación de los menores, estableciendo el deber de toda persona que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito de este tipo de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal. Se establece, además, como requisito para poder acceder a una profesión que implique contacto habitual con menores, no haber sido condenado por uno de estos delitos.
Se crea el Registro Central de Delincuentes Sexuales que contendrá la identidad de los condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores, e información sobre su perfil genético de ADN.
Se lleva a cabo una reforma de las instituciones de protección a la infancia bajo el principio rector de prioridad a las medidas estables frente a las temporales, a las familiares frente a las residenciales y a las consensuadas frente a las impuestas. Entre otras medidas, se definen a nivel estatal las situaciones de riesgo y desamparo, se simplifica la constitución del acogimiento familiar, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez y se establece la obligación de la Administración de preparar para la vida independiente a los jóvenes ex tutelados.
2. Modificaciones del Código Civil
Se modifican las normas sobre acciones de filiación (reclamación de filiación no matrimonial e impugnación de la paternidad matrimonial) para adaptar la regulación de los arts. 133.1 y 136.1 a las SSTC 273/2005, 52/2006, 138/2005 y 156/2005 que los declararon inconstitucionales.
Se aclara la competencia de la Entidad Pública para establecer por resolución motivada el régimen de visitas y comunicaciones respecto a los menores en situación de tutela o guarda, así como su suspensión temporal, informando de ello al Ministerio Fiscal.
Se completa la reforma de las instituciones jurídicas de protección al menor contenidas en la reforma de la LO 1/1996, modificándose los preceptos que regulan el desamparo, la guarda provisional y voluntaria y el acogimiento.
En materia de adopción, entre otras medidas, se regula con más detalle la capacidad de los adoptantes y se incorpora una definición de la idoneidad para adoptar; se crea la figura de la guarda con fines de adopción y la adopción abierta, que permite mantener al adoptado relación con su familia de origen a través de visitas o comunicaciones, lo que ha de ser acordado por el juez y se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de las personas adoptadas.
3. Modificaciones de la Ley de Adopción Internacional
Se define el concepto de adopción internacional, para incluir los casos de adopciones internacionales sin desplazamiento internacional de los menores.
Se deslindan las competencias entre la Administración estatal y las Administraciones autonómicas.
Se refuerzan las previsiones de garantía de las adopciones internacionales señalando que solo podrán realizarse a través de la intermediación de Organismos acreditados y en los casos de países signatarios del Convenio de La Haya.
Se detallan con mayor claridad las obligaciones de los adoptantes, tanto en fase preadoptiva como en fase postadoptiva.
Se introducen importantes modificaciones en las normas de Derecho internacional privado.
4. Modificaciones de la LEC
se introducen disposiciones para promover la acumulación cuando existieran varios procesos de impugnación de resoluciones administrativas en materia de protección en curso que afecten a un mismo menor,
se prohíbe de forma expresa la ejecución provisional de las sentencias que se dicten en los procesos de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores,
y se establece un mismo procedimiento para la oposición a todas las resoluciones administrativas, con independencia de su contenido o de las personas afectadas.
Se modifica la Ley de Protección de Familias Numerosas, para asegurar que éstas conserven el título mientras que al menos uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (veintiún años o veintiséis años si está estudiando).
Se introducen en la Ley 43/2006 para la mejora del crecimiento y del empleo determinadas bonificaciones para los empleadores que contraten indefinidamente o con carácter temporal a víctimas de trata de seres humanos.
Se reforma la Ley 39/2006 de Dependencia, para declarar inembargables las prestaciones económicas establecidas en virtud de esta norma.
Se modifica la LGSS para impedir el acceso a las prestaciones de muerte y supervivencia a quienes sean condenados por la comisión de un delito doloso de homicidio cuando la víctima sea el sujeto causante de la prestación y para aumentar la pensión de orfandad de los hijos de la persona asesinada, que podrán cobrar la pensión de orfandad absoluta.
En la disposición transitoria segunda se prevé el cese de los acogimientos constituidos judicialmente por resolución de la Entidad Pública sin necesidad de resolución judicial.
En la disposición transitoria cuarta se establece que, hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la LO 1/1996 será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales.
Disposiciones afectadas:
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor: arts. 5, 7, nuevo Capítulo III Título I (arts. 9 bis a 9 quinquies), 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 21, 22 bis, 22 ter, 22 quáter, 22 quinquies, 23 y 24.
el Código Civil: arts. 9, 19, 133, 136, 158, 160, 161, 172, 172 bis, 172 ter, 173, 173 bis, 175, 176, 176 bis, 177, 178, 180, 216,, 239, 239 bis, 303, 1263 y 1264.
Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción Internacional: arts. 1, 2, 3, 4, rúbrica del Capítulo II del Título I, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, se suprime la división por secciones del Capítulo II del Título II, 18, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.
Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: arts. 76, 525, 779, 780 y 781.
Otras normas modificadas:
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa,
la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente
el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público
la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa
la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio
el Real decreto Legislativo 670/1987, por el que se aprueba la Ley de Clases Pasivas
la Ley 35/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social
la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril
Pueden consultar el texto en:
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8470

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 13
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real decreto 
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