Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/31442
Timestamp: 2019-06-20 08:56:01+00:00

Document:
Sentencia: CE SIII E 23361 DE 2012
La terminación unilateral de un contrato estatal deben tener por base las disposiciones normativas que se ajusten a la circunstancia propia del contrato so pena de incurrir en falsa motivación
NATHANAEL KENNEDY MACHADO NUÑEZ VS. LOTERIA DEL CHOCO
El señor Nathanael Kennedy Machado Núñez fue contratado por la Lotería del Chocó con el objeto de prestar sus servicios como asesor jurídico externo a dicha entidad, vinculación que se dio inicialmente por un término de tres (3) meses con posterioridad a la culminación de la cual se convino entre las partes la renovación del contrato por un período de 12 meses.
Durante la ejecución de este último vínculo negocial, la Lotería del Chocó decidió terminar unilateralmente el contrato en contra de la cual el contratista interpuso el recurso de reposición, el cual fue resuelto por medio de la Resolución que confirmó el acto administrativo impugnado.
¿Puede una entidad pública terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios con un particular, acudiendo a la figura de terminación unilateral establecida en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, motivando su decisión en que la entidad no contaba con los recursos para llevar acabo dicho contrato, sin incurrir en falsa motivación?
Diferencia existente entre las potestades de terminación unilateral de un contrato estatal contemplado en el artículo 17 y 45 de la ley 80 de 1993. «(…) “La terminación unilateral prevista por el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993, no constituye una prerrogativa excepcional de las entidades estatales en desarrollo de la actividad contractual, que implique ubicarla o analizarla en el mismo plano que las facultades establecidas por los artículos 14 a 19 ibídem, pues a pesar de que en ambos eventos se trata de potestades cuyo titular es, por regla general, el Estado, -entendida la potestad como el medio jurídico que habilita a su titular para imponer sobre otras personas determinados comportamientos o influirles, condicionando su actividad dentro del marco de las competencias atribuidas-, la terminación unilateral de que trata el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 constituye un deber legal a cargo de las Entidades Estatales que a la postre se traduce en la obligación de proceder en tal sentido, cuando quiera que se presente el hecho o supuesto de la norma, mientras que la terminación unilateral prevista por los artículos 14 y 17 de la misma normatividad, implica el ejercicio de una facultad por parte de la Administración que, por ende, conlleva al análisis del evento específico y, según la situación, podrá determinar la viabilidad de continuar con la ejecución del contrato o definitivamente disponer la terminación del mismo por las razones sobrevinientes establecidas por la normatividad.
Obsérvese que la connotación de una y otra terminación unilateral, es completamente distinta y, por ende, el tratamiento en uno y otro evento es también diferente.
La primera precisión que podría realizarse a este respecto es que si la obligación establecida por el artículo 45 de la Ley 80 de 1993 se equiparara a la facultad de terminación unilateral consagrada por el artículo 14 ibídem, la entidad estatal estaría supeditada al pacto contractual que en tal sentido acordaran las partes en los contratos donde la inclusión de las mismas resulta facultativa y, así mismo, se encontraría en la imposibilidad de ejecutar el mandato en aquellos contratos en los cuales estuviera expresamente prohibido introducir cláusulas excepcionales.
Por consiguiente, la norma imperativa contenida en el inciso segundo del artículo 45 del Estatuto Contractual es una potestad -que no una cláusula- la cual deberá ejercer la entidad contratante en relación con los distintos tipos de contrato estatal, por ende, el problema se contrae al análisis de los eventos que se subsumen en la facultad, los efectos de la terminación y el procedimiento para adoptar la decisión. (…)»
«(…) los actos administrativos censurados en el presente proceso fueron expedidos con invocación de unos motivos que no encuadran en el supuesto de hecho de la norma que consagra la potestad ejercida ?falsa motivación? y, adicionalmente, con desviación de las atribuciones propias del funcionario que profirió la decisión; a este último respecto, bien vale la pena recordar que, como lo ha sostenido tanto la doctrina como la jurisprudencia, existen dos formas distintas de manifestación de la desviación de poder, a saber: i) la desviación hacia fines ajenos al interés general, esto es aquellos supuestos en los cuales la Administración se orienta a la búsqueda de intereses absolutamente extraños e incluso contrarios al interés general, como serían los móviles personales, el interés estrictamente privado, el deseo de venganza, las preferencias políticas, etcétera y, de otra parte, ii) la desviación hacia fines públicos pero diferentes a aquel que señala el ordenamiento jurídico, casos en los cuales la Administración se aparta del fin señalado por el ordenamiento pero para atender otro que también considera de interés público, como el ejercicio de potestades administrativas con fines de carácter financiero, como serían los encaminados a aumentar los ingresos de una entidad pública o a disminuir sus gastos . Incurre, por ende, en desviación de poder, tanto el agente que actúa impulsado por motivaciones personales, verbigracia el interés privado, la venganza o los móviles políticos, como también aquel que lo hace ?tal como aconteció en el asunto sub judice? apartándose del fin establecido por el ordenamiento, aunque sea para satisfacer otro propósito de interés público, pues en palabras de Georges Vedel, “como resultado de la propia estructura de la Administración cualquier agente público no tiene a su cargo el interés público en su totalidad. Cada uno de los poderes que le han sido conferidos responde a una categoría particular de interés público que no debe confundirse con otros”. (…)»
Una entidad pública no puede terminar unilateralmente un contrato de prestación de servicios con un particular, acudiendo a la figura de terminación unilateral establecida en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993, motivando su decisión en que la entidad no contaba con los recursos para llevar acabo dicho contrato, sin incurrir en falsa motivación, en razón a que:
El acto administrativo de terminación unilateral fue expedido con invocación de unos motivos que no encuadran en el supuesto de hecho de la norma que consagra la potestad ejercida.
La potestad excepcional de terminación unilateral del contrato estatal fue ejercida con base en unos motivos y persiguiendo unos fines distintos de los que constituyen elementos reglados de la referida potestad discrecional. A pesar de encontrarse acreditados tales presupuestos fácticos, lo que debió ejercer la entidad accionada fue la facultad reglada de terminar unilateralmente el contrato prevista en el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, por encontrarse el negocio jurídico incurso en la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 del mencionado cuerpo normativo haber sido celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal.
En el anterior orden de ideas, los actos administrativos censurados fueron expedidos con invocación de unos motivos que no encuadran en el supuesto de hecho de la norma que consagra la potestad ejercida.
PRIMERO: Revócase la sentencia apelada, esto es la proferida dentro del presente proceso el 16 de mayo de 2001 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó y, en su lugar, dispónese lo siguiente:
Declárase la nulidad de las resoluciones números 143, del 5 de febrero y 219, del 5 de marzo de 1999, proferidas por la Lotería del Chocó, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído. Como consecuencia de dicha declaración,
Condénase a la Lotería del Chocó a pagar al señor Nathanael Kennedy Machado Núñez la suma de cincuenta y un millones quinientos sesenta y ocho mil pesos moneda corriente ($51’568.000,oo), a título de restablecimiento del derecho que le fue conculcado por los actos administrativos cuya nulidad se declara mediante el presente proveído.
TERCERO: Todas las comunicaciones que se ordena efectuar en esta sentencia serán libradas por el a quo.
Ley 80 de 1993. Artículos 17-1 y 45.
Documento: CE SIII E 23361 DE 2012

References: Resolución 
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 14
 artículo 45
 artículo 17
 artículo 45
 artículo 44