Source: http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com/2010_07_01_archive.html
Timestamp: 2018-06-19 23:43:04+00:00

Document:
El Ayuntamiento da el día 29 el último paso para que Sancti Petri sea de Chiclana
El pleno de julio dispondrá el pago del justiprecio a Costas, con lo que culmina el proceso
El pleno ordinario del mes de julio, que tendrá lugar el jueves día 29, aprobará una modificación de créditos para abonar a la Dirección General de Costas los 207.000 euros de justiprecio que son precisos para hacerse con la concesión del poblado de Sancti Petri.
Será este el último plazo que debe dar el Consistorio para acabar con un proceso que dura lustros, y que ha visto intervenir a numerosas partes, un par de ministerios, el de Defensa y Medio Ambiente, o particulares, el Consorcio Almadrabero y la sociedad que le compró el poblado, Sancti Petri S.A., y el Ayuntamiento.
El alcalde, José María Román, se congratuló hoy en rueda de prensa del final de este prolongado capítulo de la historia de Chiclana, que ha tenido finalmente una terminación feliz. “Se trata del último escollo que teníamos para que un lugar tan arraigado en nuestra historia pasara a ser municipal, en este caso, con el otorgamiento de una concesión de 30 años, prorrogable”.
El alcalde se refirió a lo extenso del proceso, que se inicia cuando el Consorcio Almadrabero vende el poblado en 1971; a partir de aquí entran en juego numerosos intereses, particulares y públicos, aunque concluyen ahora con el poblado recuperado para los chiclaneros. Román comparó, empero, la lentitud de la primera fase, con la rapidez de la última, puesto que la petición oficial del Consistorio a Costas para que Sancti Petri pasara a su propiedad (en modo de concesión) se hizo hace menos de un año, en agosto de 2009. “Hay que dar las gracias a la directora general, Alicia Paz, porque ha actuado con absoluta diligencia y eficacia, tanto en este asunto como en el de la recuperación del antiguo cuartel de Sancti Petri”.
Si se lee sólo los titulares y no de conoce el tema, dan ganas de darle la enhorabuena al pueblo de Chiclana; pero cuando se analiza tranquilamente, es para obligar a dimitir al alcalde y echarle del pueblo. Veamos la cronología:
1971: Se declara en quiebra el Consorcio Nacional Almadrabero, que había adquirido la península de Sancti Petri por 225.000 pesetas en el año 1929.
1973: La mercantil Sancti Petri compra la península por 85 millones de pesetas.
1979: El Ministerio de Defensa expropia el poblado por 158 millones de pesetas, al quedar afectado por la línea de tiro del Polígono de Experiencias Costilla y González Hontoria.
1993: El Ministerio declara la desafectación al fin público de Sancti Petri, por la variación de la línea de tiro y la alienabilidad; el poblado es puesto a disposición de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa.
1994 (abril): Se inicia el procedimiento de reversión, figurando como antiguo titular expropiado la mercantil Sancti Petri S.A. El 22 de junio, Financiera Centauro (antes Sancti Petri S.A. y posteriormente Financiera Centauro) solicita la reversión. Defensa desestima la solicitud en 1994. La firma interpone recurso ordinario en enero de 1995 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
1997: Estimado el recurso de Fomento Centauro, con lo que se declara su derecho a la reversión. El Estado recurre la sentencia.
2002: Desestimado el recurso del Estado.
2002: Apertura de un nuevo proceso: aprobado el deslinde de la península de Sancti Petri. Los propietarios presentan recurso.
2002: El Ayuntamiento compra por cinco millones de euros a los propietarios los derechos de reversión del poblado, pasando a ser el recurrente.
2005: La Audiencia desestima el recurso contra el deslinde.
2009 (agosto): El Ayuntamiento solicita la concesión del poblado a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar.
2010 (febrero): Informe de la Abogacía del Estado en el que reconoce al Ayuntamiento como titular del derecho de reversión, para cuya efectividad será necesario el pago por el titular de dicho derecho del justiprecio actualizado que establezca la correspondiente resolución administrativa.
Resumiendo: el Ayuntamiento ha hecho el peor negocio de su vida. Ha pagado 5 MM de euros (832.000.000 pts) por una propiedad en pleno litigio con Costas, que por supuesto perdió. Si hubiera esperado a que terminara el recurso, no hubiera tenido que pagar ni un euro.
Lo que ahora llama tan alegremente "justiprecio", es pura y simplemente el canon de la concesión, es decir, que Costas le ha quitado una propiedad por la que pagó 5 MM de euros y encima le toca pagar 207.000 euros anuales en concepto de CONCESIÓN por unos terrenos que eran de Chiclana. ¿De qué se alegra el alcalde? ¿Sabrán los chiclaneros que han pagado dos veces por unos terrenos que nunca serán suyos?
ESTE ES EL GRAN NEGOCIO QUE TIENE MONTADO COSTAS CON LOS DESLINDES. TE QUITA LA PROPIEDAD (GRATIS) Y LUEGO LE PONE PRECIO A LA CONCESIÓN.
http://www.elfarodechiclana.com/index.php/desarrollo/124-economia/1159-el-ayuntamiento-da-el-dia-29-el-ultimo-paso-para-que-sancti-petri-sea-de-chiclana
Publicado por AEPLC en viernes, julio 23, 2010 Enlaces a esta entrada
“La línea que separa el suelo público del privado es tan arbitraria que el negocio está asegurado”, denuncian las víctimas. PP, CIU y CC exigen la modificación de la norma
Caso Cho Vito
La casa de Antonio Alonso estaba escriturada en el año 1953. Había pertenecido a su familia desde siempre. Comenzaron a recibir cartas de Costas anunciando el derribo de su propiedad, ya que su casa, como las del resto de habitantes de El Cho Vito, pertenecía a suelo público. En la sexta y última carta, le advertían de que el derribo de su casa costaría al Estado 18.000 euros, que tendría que pagar de su bolsillo. En octubre de 2008 derribaron su casa. Antonio todavía no tiene sus enseres, ni muebles, ni ropas, ni documentos, ya que fueron destruidos por el operativo.
Sin embargo, sigue pagando el IBI y los impuestos correspondientes a la casa. Él ahora vive de alquiler, pero muchos de los propietarios de las 23 casas que tiraron no tenían dinero ni otro sitio adonde ir y malviven como pueden, en casas de familiares.
Todos ellos mantienen la esperanza de que les devuelvan sus casas desde el día 22 de marzo, que llevaron su caso al Parlamento Europeo. “La práctica totalidad del arco parlamentario nos dio la razón”. Sin embargo, Antonio sabe que “lo que está en juego es muy gordo. Hay un proyecto de construir 15 adosados de lujo y 1 puerto deportivo en el Cho Vito; los pobres no cabemos ahí”.
La presidenta de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, Carmen del Amo, afirma que, “con los deslindes, el negocio está asegurado para siempre” y denuncia a LA GACETA las malas prácticas de la Dirección General que ostenta Alicia Paz. “Costas se vale de su poder y del dinero público e incluso del europeo para chantajear a los ayuntamientos cuando piden que saquen de ordenación edificios completamente legales para poder derribarlos y poder hacer las infraestructuras que ellos deciden. Cuando un ayuntamiento se opone, como es el caso más reciente de Puerto Naos en La Palma (Canarias), Costas le retira las infraestructuras prometidas. Estos casos se dan en toda la costa española”. La GACETA se ha dirigido a la Dirección General de Costas y su respuesta fue breve: sus “actuaciones están amparadas por el Constitucional”.
Estos argumentos no son válidos para Europa. El Parlamento Europeo no deja de amenazar a España, con la retirada de fondos, si no es capaz de solucionar los problemas derivados de la aplicación de esta ley, que inunda de casos flagrantes todo el litoral español.
Molino del s. XVII
El molino de mareas Portu Errota, en la vizcaína ría de Urdaibai, data de 1683. La familia de Jon Iturribarria, su actual “ocupante”, como lo han definido las autoridades, adquirió la propiedad hace 50 años y desde entonces ha invertido millones de euros en restaurarlo y ponerlo en funcionamiento. El molino, que además es vivienda, fue declarado monumento por la Diputación de Vizcaya.
“En 1996, antes de realizar el deslinde en la zona, me dijeron que la casa no es nuestra”, recuerda Jon. Después de años de litigio, el TC dictó sentencia hace mes y medio ratificando que el terreno en el que vive es público, como había afirmado Costas.
“Roban propiedades y luego dicen que estamos usurpando el dominio público”, afirma Jon, quien se pregunta qué argumento tiene Costas para adueñarse de su terreno cuando en la zona hay otros dos molinos iguales (más cercanos al mar) que no han sido afectados por el deslinde.
La batalla legal sobre el molino de Portu Errota dura ya tres lustros. “15 años de juicios no hay persona ni economía que lo aguanta”, reconoce Jon. El caso ya ha llegado al Parlamento Europeo, que ha recibido ya varias denuncias sobre la aplicación de la Ley de Costas. Según afirma el habitante del molino, la Administración juega con el desgaste de los ciudadanos. “Cuentan con que la gente se quema”, advierte.
Publicado por AEPLC en domingo, julio 18, 2010 Enlaces a esta entrada
La organización ecologista Greenpeace ha presentado este viernes en Madrid su último informe sobre el estado del litoral marítimo español, Destrucción a toda costa (aunque no se aclara de qué tipo de destrucción se trata). En su opinión, en las últimas décadas se han cometido numerosos "desmanes" que tienen que ver con la construcción, el turismo o las infraestructuras.
El problema es que para apoyar sus conclusiones utiliza algunos argumentos ciertamente peculiares, que parecen ir dirigidos más contra la riqueza generada en España en los últimos cincuenta años que contra supuestos daños al medioambiente
La primera cifra que aparece en el resumen de la página 18 del estudio nos informa de que el 44% de la población vive en municipios costeros. Como está cerca de otros muchos datos que son claramente criticados por Greenpeace, hay que suponer que a la organización ecologista le molesta que tantos españoles vivan cerca del mar. Algo habitual a lo largo de la historia de la humanidad -casi todas las grandes civilizaciones se han desarrollado cerca del mar, porque facilita el comercio y ofrece un clima más benigno- incomoda a Greenpeace, que contrapone ese 44% con el 7% del territorio que ocupan los términos municipales de estas ciudades y pueblos.
Además, esta denuncia es perfectamente coherente con las soluciones que ofrece Greenpeace al supuesto problema de la costa española. En la página 162, la organización pide que se prohíba "toda construcción a menos de 500 metros del litoral fuera de las zonas urbanas". Claro, que hubo un momento en que todo el litoral era zona no urbana. Con los criterios de Greenpeace, la mayor parte de La Coruña, Cádiz o San Sebastián nunca se hubiera edificado. Por alguna razón que no explican, a los ecologistas no les molestan las construcciones cercanas al mar anteriores a 1950, pero sí las posteriores.
Según los autores del informe, el motor económico de la construcción "ha robado" el equivalente a tres campos de fútbol al día. La causa de todo esto es la "gran afluencia de turistas (el 80% de los 60 millones de visitantes de España eligen la costa) y las actividades económicas que generan el masivo uso y ocupación de esta estrecha franja".
Que los extranjeros que vienen a España también visiten la costa parece lógico, pero tampoco gusta a Greenpeace. Por eso, denuncia que "el 25% del litoral es costa artificial" (es decir, que hay pueblos, carreteras, paseos marítimos o construcciones aisladas) y el "60% de las playas están en entornos ya urbanizados", pero en ninguna parte aclara qué tiene esto de malo o cuál es el porcentaje que haría de la costa española un lugar bien cuidado.
Turismo: ¿un mal negocio?
Denunciar el turismo de forma frontal quizá no sea políticamente muy correcto en un país en el que un alto porcentaje de su población por lo que Greenpeace ataca la rentabilidad económica de la actividad. De esta manera, asegura que "en 2007, la industria turística acumulaba su sexto año consecutivo de descenso de ingresos; a pesar de eso, ese año se proyectó la construcción de 202.500 nuevas plazas hoteleras". Evidentemente, no todos los empresarios hoteleros tienen éxito ni todas las inversiones obtienen beneficios, pero resulta extraño que una industria que Greenpeace asegura que cada año tenía menos ingresos ofreciera más puestos de trabajo en cada temporada.
En cualquier caso, si lo que dice la organización ecologista es verdad, debería estar tranquila, si cada vez vienen menos turistas debido a la "saturación de la línea costera", los empresarios dejarán de construir hoteles o, incluso, cerrarán los ya existentes.
Más urbanización que población
En la misma línea, Greenpeace denuncia que "entre 1990 y 2000 la población española creció un 5%, mientras que la urbanización lo hacía un 25%", lo que probaría que muchos empresarios hacían casas para ¿no venderlas?. Lo cierto es que leyendo el documento no queda clara la motivación que hay detrás de este frenesí constructivo.
Es evidente que en las última década ha habido un exceso de inversión en el sector de la construcción, un fenómeno impulsado fundamentalmente por organismos públicos: desde el Banco Central Europeo con sus artificiales bajos tipos de interés, a las cajas de ahorro, con su componendas crediticias, pasando por los ayuntamientos, que han explotado la gallina de los huevos de oro de las recalificaciones. De hecho, ahora mismo hay muchas empresas que están sufriendo sus malas inversiones de los últimos años.
Sin embargo, en su mayor parte, el exceso constructivo respecto al crecimiento de población se debe a dos causas: que muchos españoles han accedido a una segunda vivienda y que numerosos extranjeros se han comprado una casa de veraneo en España. Greenpeace no dice si está mal que a la mayoría de la población le guste veranear en el mar, pero no parece que la idea le haga demasiada gracia, aunque no explica por qué.
El deporte: sospechoso
En el apartado dedicado al turismo, Greenpeace guarda unos párrafos especiales para dos de sus tradicionales bestias negras: el golf y los puertos deportivos. Dos actividades que hasta ahora eran coto de las clases altas se han popularizado mucho en las últimas décadas, lo que ha provocado que se hayan construido numerosos campos de golf y atraques para embarcaciones de recreo.
En el primer caso, los ecologistas denuncian que un recorrido de 18 hoyos necesita hasta "medio millón de metros cúbicos de agua al año, lo mismo que una población de 10.000 habitantes". No aclaran por qué esto es malo o qué usos deben prevalecer sobre los campos de golf, ni tampoco se explica que la gran mayoría de los campos tienen lagos propios de donde sacan el agua de riego y que ésta debe ser no potable.
Entre todas estas cuestiones, Greenpeace incluye algunas denuncias acertadas acerca del "dinero público destinado en los últimos años a sostener el sector inmobiliario" y la corrupción generada en ayuntamientos y otras administraciones por la burbuja urbanística. Sin embargo, la visión de estos dos fenómenos no lleva a los autores del informe a pedir la solución que mejor solventaría ambos problemas: la retirada de las competencias municipales en todo lo que tenga que ver con la construcción (desde la otorgación de licencias a límites de edificación, pasando por los peculiares criterios artísticos del arquitecto municipal) y la liberalización del suelo.
La libertad de los propietarios del suelo para edificar en sus terrenos no está entre los objetivos de Greenpeace que, como solución, pide "incorporar códigos de buen gobierno a las administraciones públicas, una Ley de Responsabilidad Patrimonial para los políticos, una Ley de Acceso a la Información Pública y establecer una agencia de vigilancia". Además, exige una "estrategia de sostenibilidad de la costa, un fortalecimiento de los planes para luchar contra la contaminación y la prohibición de los macrocomplejos hoteleros y de las urbanizaciones masivas".
Es decir, más leyes, más burocracia, menos libertad y menos propiedad privada: como si todas las normas que ha habido hasta ahora no hubieran existido nunca y no hubieran provocado, precisamente, los peores resultados de un fenómeno que, en general ha traído a España riqueza, prosperidad y bienestar.
Precisamente, sobre paisajes y desastres urbanísticos trata la parte más interesante del documento. En la parte central del informe, Greenpeace coloca fotos de paisajes españoles de la actualidad enfrentadas al mismo paisaje cincuenta años antes. La organización ecologista parece sugerir que las antiguas instanténeas son mucho más atrayentes y hablan de una vida mejor que la actual; sin embargo, es difícil llegar a esa conclusión mirándolas con objetividad.
En las dos de Marbella, por ejemplo (ver abajo), se contraponen una imagen de pescadores con el actual puerto deportivo. En la primera, se ven a unos marinos, echándose a la mar en una barquichuela de madera, rodeados de otras pequeñas embarcaciones. Lo que sugiere la foto es que estos marineros marbellíes debían pasar toda la noche trabajando y arriesgando su vida en barcas inestables con el objetivo de sacar unos cuantos peces que intercambiar en el mercado del pueblo. La segunda foto muestra un puerto con barcos de recreo, palmeras, luces y apartamentos. Quizás los nietos de aquellos pescadores hayan podido vender sus tierras o hayan comprado barcos mayores para surtir de pesca a los grandes restaurantes que menudean por Marbella o hayan ido a la universidad o sean camareros en un chiringuito de playa: cualquier opción es posible, pero pocas parecen peores que lanzarse cada noche a la mar en la barquita que retrata Greenpeace. Eso sí, las fotos no tienen explicaciones, por lo que no es posible saber exactamente por qué a la organización ecologista le gusta más el blanco y negro que el color.
Lo que Greenpeace no denuncia es como actúa Costas contra la gente que no puede defenderse de su abuso de poder. Tampoco denuncia que mientras a unas provincias se les "confisca" millones de m2, a Barcelona se le ha permitido ganar 80 Ha al mar (saltándose la Ley de Costas y pagándolo entre todos los españoles) que luego han sido regaladas a su ayuntamiento. Aún estoy esperando verles subidos al hotel Vela colgando uno de sus famosos carteles. Greenpeace lleva años mirando para otro lado mientras se derriban poblados enteros ¿Por que no piden que se derribe el hotel Vela o VillaPSOE?
Publicado por AEPLC en domingo, julio 11, 2010 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en sábado, julio 10, 2010 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en viernes, julio 09, 2010 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en miércoles, julio 07, 2010 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en martes, julio 06, 2010 Enlaces a esta entrada
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, rechazó hoy "drásticamente" ante el pleno de la Eurocámara la comparación entre España y Zimbabue realizada por la eurodiputada del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), Marta Andreasen, por los abusos urbanísticos que han afectado a los ciudadanos británicos en la costa española y defendió que España es un Estado de derecho en el que se respetan las leyes.
"No puedo asumir, como presidente del Gobierno de España, la comparación que se ha hecho o que se ha pretendido hacer aquí por una representante de un grupo político determinado desde Gran Bretaña citando textualmente a Zimbabue. No lo puedo admitir bajo ningún concepto. Es inasumible. No lo acepto. Lo rechazo drásticamente", dijo Zapatero en respuesta a Andreasen durante su comparecencia ante el Parlamento para presentar los resultados de la presidencia española.
La representante del UKIP -que dispone de un canal en Youtube desde junio- le espetó a Zapatero que en su circunscripción hay temores a que la situación en España sea "similar" a la que sufrieron los británicos en Zimbabue con el régimen del general Mugabe por el "riesgo de confiscación" de casas de ciudadanos británicos en lugares como Albox, en Almería. Y se preguntó por qué se les da este trato en un país "amigo y europeo".
"La situación que se está produciendo es una violación de Derechos Humanos, amén de ser un componente importante de la crisis que vive España. ¿Espera usted que esta Unión Europea venga al rescate de un país donde esta violación continúa produciéndose sin que el Gobierno central se decida a intervenir?", le preguntó Andreasen en español, que se ha erigido en portavoz de los ciudadanos británicos instalados en la costa mediterránea española.
"Mi país es un Estado de Derecho que respeta y hace respetar las leyes y, en la aplicación de las leyes, son los tribunales los que tienen que aplicar esa ley", le respondió el presidente del Gobierno.
En marzo pasado, el secretario de Estado británico para Europa, Chris Bryant, visitó a ocho familias británicas instaladas en Almería cuyas viviendas tenían con sentencia judicial de derribo.
Zapatero, cerca de los británicos
"Somos los primeros que nos sentimos cerca de las personas, en este caso británicos, que hayan podido ser objeto de estafa por algún depredador del sector inmobiliario. Y en ese sentido estamos trabajando en el Parlamento Europeo y con los grupos parlamentarios y trabajaremos y haremos todo lo que esté en nuestras manos", dijo Zapatero.
El presidente del Gobierno señaló además que la propia Eurocámara "ha exigido a España en más de una ocasión la protección medioambiental de su litoral". Por ello, defendió la necesidad de aplicar la ley de costas para "proteger frente a la vorágine inmobiliaria" y combatir los abusos que puedan afectar a espacios naturales".
El pleno de la Eurocámara amenazó el año pasado a España con congelar las ayudas europeas si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas.
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/07/06/suvivienda/1278413103.html?a=OUT1d2819913da9cbd6c862b03223293f9a&t=1278416820
¿Cuál es la diferencia entre la politica española y la de Zimbabwe con respecto a la propiedad privada? Quizá que Mugabe fue más demagogo al fundamentar su politica confiscatoria en "quitarle a los ricos para darle a los pobres".
El Sr Zapatero ni siquiera tiene esa excusa. Su politica es "es quitar a los pobres para dejar los terrenos libres a los ricos"
Pueblos centenarios desaparecerán; los hoteles invadirán el litoral; los campos de golf acabarán con tierras de cultivo; los puertos deportivos harán desaparecer las ya precarias playas, los paseos marítimos se diseñan para derribar las propiedades que estorban la vista al "turísmo de calidad" ...y todo por una Ley de Costas que no deja ni un resquicio para la defensa del ciudadano.
La ley está hecha de manera que los jueces siempre den la razón al gobierno.
La Ley de Costas no respeta los derechos adquiridos, genera inseguridad jurídica e indefensión, impide la indemnización por expropiación cambiando la propiedad por una concesión, es decir, se nos indemniza con el derecho, limitado en el tiempo, de uso y disfrute de nuestra vivienda que ya tenemos por ser propietarios. ¿Cómo se puede indemnizar con un derecho que ya es nuestro?
¿En qué se diferencia España de Zimbabwe respecto al derecho a la propiedad? Sólamente en una cosa: Mugabe expulsó a la gente con lo puesto, de un día para otro generando un gran escándalo y la condena internacional. Zapatero es más maquiavélico, nuestra tortura es más lenta, puede durar 20 años y no nos quedamos ni siquiera con lo puesto, nos quedamos endeudados de por vida tratando de defender un Derecho Humano reconocido universalmente: EL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA.
¿De qué estafadores hablaba, Sr Zapatero?.......
La sentencia obedece a una resolución del TC que le ordenaba a retrotraer las actuaciones judiciales y reconocerles el derecho a la tutela judicial efectiva
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha restituido sus derechos como propietarios a los vecinos de la colonia 'Nueva Berria', en Santoña. Anula así la decisión del Estado de inscribir como de dominio público los terrenos que ocupan los apartamentos, situados en la playa de Berria, en aplicación de la Ley de Costas.
Esta resolución no aporta nada nuevo a los 56 vecinos que ya habían dado por cerrado y por ganado el caso el pasado mes de abril con la anulación de dos autos de la Audiencia Nacional que instaban a ejecutar un segundo deslinde.
Ya previamente, en noviembre de 2009, el Tribunal Constitucional también les había dado la razón, revocando una sentencia anterior del Supremo que otorgaba al Estado la propiedad de los terrenos y ordenó que el caso se revisará de nuevo teniendo en cuenta que el deslinde de la costa en esa zona fue anulado. Para esta decisión, el Constitucional se basó entonces en que el Supremo no tuvo en cuenta dos sentencias anteriores de la Audiencia Nacional y de la Sala de losContencioso del propio TS que anulaban el deslinde y ordenaba a cancelar las inscripciones registrales a favor del Estado.
Aquella resolución solicitaba al Supremo la declaración de nulidad de la sentencia fechada en noviembre de 2005 en la que negaba los derechos de propietarios y le ordenaba además a retrotraer las actuaciones judiciales dictándose una nuevo resolución en la que se reconozca a los vecinos su derechos a la Tutela Judicial Efectiva. Y eso es lo que ha hecho el Supremo con esta nueva y definitiva sentencia que pone el punto final. Ha fallado a favor de los recurrentes y determina que la Administración tiene que restituirles la propiedad de los terrenos.
De este modo, el Supremo confirma el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Santander, que fue el primer órgano judicial en pronunciarse sobre este asunto en octubre de 1996, si bien esa resolución fue revocada posteriomente por la Audiencia Provincial. El Supremo concluye en la resolución que en este caso se produjo «un error manifiestos de apreciación» de la prueba ya que la jurisdicción contencioso- administrativo declaró que las características físical del terreno sobre el que se asientan los 56 apartamentos de la urbanización no permiten incluirlo «dentro del concepto de playa», de acuerdo con la definición de la Ley de Costas de 1988.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100704/region/santona/supremo-restituye-propiedad-viviendas-20100704.html
Un error que ha tardado 20 años en reconocerse y cientos de miles de euros en defenderse del Estado. ¡¡Qué vergüenza de país!!
Publicado por AEPLC en lunes, julio 05, 2010 Enlaces a esta entrada
Publicado por AEPLC en sábado, julio 03, 2010 Enlaces a esta entrada
Las repercusiones que va a tener en el Plan General de Laredo el nuevo deslinde trazado por Costas en una amplia zona comprendida entre 'El Puntal' y 'El Regatón' ha convulsionado la clase política laredana. Todo apunta a que el PGOU se quedará sin tiempo material para ser aprobado en la presente legislatura. Sorprende que, mientras los partidos de la oposición afirman desconocer el deslinde publicado en el BOC el 14 de junio, en el equipo de gobierno contaban con esta información aunque habían guardado un mutismo total. Así, el alcalde, Santos Fernández, aboga por la cautela «hasta el momento en que la documentación no esté debidamente analizada y sepamos con la mayor exactitud posible las consecuencias que se pueden derivar».
Esta postura contrasta con la indignación del portavoz de IU, Juan Carlos Vada, para quien «casi con total seguridad va a ser ya imposible aprobar el nuevo PGOU en los escasos meses que quedan de legislatura e incluso podríamos vernos abocados a una larga paralización durante años de nuevos pleitos». Por eso, instó al alcalde a «asumir la responsabilidad política del fracaso de las arduas negociaciones que durante años nos dijo estar llevando a cabo y explicar por qué no ha sido capaz de prever y solventar a tiempo estos problemas con la Demarcación de Costas».
Gran conocedor de los entresijos urbanísticos pejinos, por haber sido responsable de este área en la pasada legislatura durante el mandato del tripartito (PRC, PSOE e IU), Vada destacó que el nuevo deslinde afecta no sólo al sector V ya construido, sino a terrenos próximos «que el proyecto de Plan señalaba como de nuevo desarrollo», como es el caso de parte del sector IV.
De su lado, el portavoz del PSOE, Alejandro Maccione, acusó de «oscurantismo» a los responsables municipales «por no habernos informado al respecto». Otro tanto le sucedió al portavoz del PP, Ángel Vega, quien anunció que «mañana (porhoy) voy a tener una reunión con técnicos especializados en el tema y a partir de ahí haremos una valoración».
Por su parte, el alcalde señaló que los servicios Técnicos y Jurídicos municipales estudian el nuevo deslinde y preparan las alegaciones correspondientes.
Aunque rechazó pronunciarse sobre si la nueva disposición de Costas impedirá la aprobación en esta legislatura del PGOU, reconoció que «se trata de un tema de gran importancia, por lo que debo ser cauteloso». «Seré firme e implacable en la defensa de los intereses de Laredo»., añadió el alcalde.
En parecidos términos se pronunciaron los portavoces de PRC e IPdL, Pedro Diego y Alejandro Liz. Diego se mostró firme al señalar que «llegaremos hasta donde tengamos que llegar para defender los intereses de los vecinos de Laredo». Por su parte, Liz declaró que no es una buena noticia. «Se trata de una aplicación muy estricta de la Ley de Costas y pondremos todo nuestro empeño en la defensa de los intereses de Laredo», señaló.
http://www.eldiariomontanes.es/v/20100702/region/region-oriental/deslinde-causa-sorpresa-oposicion-20100702.html
¡¡Pués no quedan sorpresas por venir!! Costas ha planificado un montón de nuevos deslindes donde habrá miles de familias perjudicadas.
Los alcaldes costeros creen que tienen la vara de mando, pero los que mandan de verdad en este país, son los ingenieros de Costas que tienen la vara de medir y se apoderan de pueblos enteros cuando les da la gana.
Publicado por AEPLC en viernes, julio 02, 2010 Enlaces a esta entrada

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución