Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11311
Timestamp: 2017-04-29 21:20:51+00:00

Document:
Documento de Relatoria 173 de 2004 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Fecha de Expedición: 22/01/2004
Fecha de Entrada en Vigencia: 22/01/2004
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. - SECRETARÍA GENERAL - JURISPRUDENCIA CONTRACTUAL
N° de Sentencia
Radicación 1011 de 1997
Agosto 8 de 1997 Teoría de la Imprevisión
La teoría de la imprevisión no encuentra aplicación en el caso de los contratos aleatorios, por la naturaleza misma de estos, en donde el carácter de imprevisibilidad marca la prestación de una de las partes y se constituye en elemento distintivo del contrato. Al contrato de seguro no le es aplicable la ocurrencia de situaciones imprevistas no imputables al contratista en referencia con el reconocimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato, por cuanto la teoría de la imprevisión no rige para los contratos aleatorios, como lo es el de seguro, por la naturaleza misma de éste y por expresa disposición del último inciso del artículo 868 del Código de Comercio.
Sentencia 569 de 1998
Octubre 8 de 1998
La cláusula de caducidad, es una prerrogativa o privilegio del Estado para terminar un contrato donde él es parte cuando el contratista ha desplegado conductas o ha habido circunstancias que, impiden el cumplimiento eficaz y adecuado del objeto contractual, lo que hace necesaria la intervención de la administración para garantizar el interés general. Esta cláusula, no es propia de la facultad sancionatoria. No se requiere el agotamiento de un procedimiento en donde contratista y terceros interesados, deban ser escuchados sobre su procedencia, pues ella debe obedecer a hechos objetivos que se deben alegar y demostrar en el acto administrativo que se profiera para ello, y es este acto, el que le permite al contratista ejercer su derecho de defensa, ante la administración y la jurisdicción contencioso administrativa. Radicación 1293 de 2000
Diciembre 14 de 2000
Cláusulas excepcionales y de privilegio Se entiende como cláusulas excepcionales las de interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos, incluida la declaratoria de caducidad; también se clasifica en este mismo rango la que establece el sometimiento a las leyes nacionales (anteriormente equivalía a la denominada "renuncia a la reclamación diplomática"). Radicación 1293 de 2000 Consejo de Estado
Diciembre 14 de 200
Cláusulas Excepcionales y de Privilegio
Se entiende como cláusulas excepcionales las de interpretación, modificación y terminación unilateral de los contratos, incluida la declaratoria de caducidad; también se clasifica en este mismo rango la que establece el sometimiento a las leyes nacionales.
Sentencia 1121 de 1998
Agosto 26 de 1998
Según el artículo 32 de la ley 80 de 1993 son contratos estatales todos lo actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a las cuales se refiere el estatuto de contratación, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como los que, a título enunciativo, define el artículo citado. Sentencia C-374 de 1994 Corte Constitucional
Agosto 25 de 1994
Contratación en entidades territoriales
Sentencia C-086 de 1995 Corte Constitucional Marzo 1 de 1995 Contrato de Fiducia Pública
La ley 80/93 creó un nuevo tipo de contrato, sin definirlo, denominado fiducia pública, el cual no se relaciona con el contrato de fiducia mercantil contenido en el Código de Comercio y en las disposiciones propias del sistema financiero. Se trata, de un contrato autónomo e independiente, más parecido a un encargo fiduciario que a una fiducia (por el no traspaso de la propiedad, ni la constitución de un patrimonio autónomo), al que le serán aplicables las normas del Código de Comercio sobre fiducia mercantil, en cuanto sean compatibles con lo dispuesto en dicha ley. Sentencia C-623 de 1999
Corte Constitucional Agosto 25 de 1999 Control Fiscal
El control fiscal, debe ejercerse en forma oportuna, es decir, dentro de plazos prudenciales y razonables, para que sea eficaz. El control fiscal sobre los contratos estatales debe ejercerse después de que se han cumplido los trámites administrativos de legalización de los mismos, esto es, cuando han quedado perfeccionados, durante su ejecución y después de terminados o liquidados. La oportunidad de este control se relaciona con el momento en que las autoridades respectivas deciden intervenir que, no es otra, que una vez se hayan ejecutado las operaciones o procesos objeto de control y antes que las acciones a iniciar o denunciar hayan prescrito. Sentencia C-178 de 1996 Corte Constitucional
Abril 29 de 1996
La ley 80 de 1993 reguló tanto la capacidad de los sujetos públicos como la capacidad o competencia de los sujetos privados que intervienen en las relaciones jurídicas a que dan lugar los contratos estatales. En tal virtud, estableció que están habilitadas para celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes. Con respecto a la capacidad o competencia de los sujetos públicos, la referida ley señaló cuales eran las entidades estatales, con personería jurídica, y los organismos o dependencias del Estado a los cuales se autoriza para celebrar contratos, obviamente en este último caso con referencia al respectivo sujeto de imputación jurídica (Nación, Departamento, Municipio, Distrito etc.), así como los órganos que tienen la representación para los mismos fines.
Sentencia 11194 de 1999
Febrero 15 de 1999
Equilibrio económico o financiero
El equilibrio económico del contrato puede verse alterado durante su ejecución por actos o hechos de la administración contratante, en cuyo grupo puede ubicarse el uso de los poderes exorbitantes -modificación, interpretación y terminación unilateral- y el incumplimiento de ésta, ó por actos de la administración como Estado, donde tiene aplicación la teoría del hecho del príncipe, según la cual cuando la causa de la agravación deviene de un acto de la administración contratante, o de un acto, hecho u operación atribuibles al poder público en cualquiera de sus ramas que perturben la ecuación contractual en perjuicio del contratista, debe ésta restablecerse ó por factores exógenos a las partes del negocio. Fallo 2518 de 2000 Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Diciembre 07 de 2000 Contrato Estatal Se condenó al Distrito Capital de Santa fe de Bogotá, por incumplimiento del contrato al negar el pago de los ajustes pactados y causados. “…el balance económico del contrato determina las sumas pagadas, los saldos que puedan existir a favor del contratista o de la administración, de manera que se pueda establecer "quién debe a quien" y en qué cantidades como resultado de la ejecución de las obras, aspectos que, como lo ha sostenido la Jurisprudencia del Consejo de Estado, son los determinantes del estado económico final del contrato y deben establecerse en el acta de liquidación pues ella no es cosa distinta a un corte de cuentas de toda la actividad contractual finiquitándola a través de un acto jurídico bilateral que contiene el respectivo acuerdo de voluntades obligando, por tanto, a quienes la suscriben.”. “…tal acta debe contener, en los términos del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, lo relativo con ajustes, revisiones y reconocimientos a, que haya lugar. Lo anterior lleva a concluir que el contrato…celebrado entre las partes no ha sido realmente liquidado bilateral o unilateralmente y la existencia del Acta de liquidación… no es obstáculo para que, con posterioridad a su suscripción, la administración pueda reconocer al contratista el valor de los ajustes pactados, causados y no pagados en desarrollo de la ejecución del contrato porque el verdadero corte de cuentas no se ha surtido y, en los términos en que fue concebida, tal acta no contiene acuerdo alguno de voluntades que vincule a las partes dando por terminada la relación contractual.”. Sentencia 12513 de 2000
Julio 13 de 2000
El equilibrio financiero del contrato o principio de la ecuación financiera del contrato, puede verse alterado, durante su ejecución por varias causas, como son actos o hechos de la Administración contratante; actos de la Administración como Estado, o factores exógenos a las partes. Por lo general el contratista propone precios y costos de acuerdo con el calendario previsto para la celebración y ejecución del contrato, así que si se presentan retrasos injustificados, la ejecución del contrato puede verse afectada. Esta circunstancia debe ser probada, es decir, en cuanto a lo que tiene que ver con las variaciones reales en el mercado, por aumento, de los precios ofrecidos por el contratista y con los mayores costos en que éste incurrió. Fallo 415 de 2002 Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Febrero 07 de 2002 Incumplimiento Declaratoria de incumplimiento de contrato celebrado entre el Distrito Capital de Bogotá Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe. “…el contrato No…, celebrado entre las partes, no se pudo ejecutar debido a un hecho atribuible totalmente a la entidad administrativa contratante como es la proyección de una obra en un predio de propiedad privada…”. “En consecuencia, la administración incumplió su obligación inicial de entregar al contratista el inmueble dentro del cual debía construir el muro de contención al que se refiere el contrato, dando lugar a la inejecución del mismo…”. La suma reclamada como perjuicios equivale al factor A.I.U. que “como es sabido está integrado por sumas derivadas de tres conceptos diferentes, este es, administración, imprevistos y utilidades, los cuales fueron específicamente determinados en la propuesta aceptada por la entidad administrativa e incorporados al contrato..”. “Es claro que al no ejecutarse la obra en proporción alguna su administración no se llevó a cabo y tampoco se pudieron presentar imprevistos en su desarrollo, por lo cual el contratista solo tiene derecho al reconocimiento de las sumas que hubiera obtenido como utilidad de haberse realizado la obra, es decir, al componente U del factor enunciado…”. Sentencia 21588 de 2002
Marzo 7 de 2002
El equilibrio económico del contrato, implica que el valor económico convenido como retribución o remuneración a la ejecución perfecta de sus obligaciones debe ser correspondiente, por equivalente, al que recibirá como contraprestación a su ejecución del objeto del contrato; si no es así surge, en principio, su derecho de solicitar la restitución de tal equilibrio, siempre y cuando tal ruptura no obedezca a situaciones que le sean imputables. Dicho equilibrio puede verse alterado durante la ejecución del contrato, por actos o hechos de la administración contratante, actos de la administración como Estado y factores exógenos a las partes del negocio jurídico (teoría de la imprevisión). Sentencia 14577 de 2003
Mayo 29 de 2003
La administración ha reconocido el derecho del contratista al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, dado que la equivalencia de las prestaciones, el respeto por las condiciones que las partes tuvieron al momento de su celebración y la intangibilidad de la remuneración del contratista, son principios esenciales de la relación contractual. El equilibrio puede verse alterado por actos de la administración como Estado y no como contratante, y por factores externos extraños a las partes. En el primer caso se encuentra el acto de carácter general proferido por el Estado, como ley o acto administrativo (hecho del príncipe); v.gr. la creación de un tributo que afecte el contrato. Y en los factores externos, se encuentran las circunstancias de hecho que de manera imprevista surgen durante la ejecución del contrato, ajenas y no imputables a las partes (Teoría de la imprevisión). Radicación 666 de 1995 Consejo de Estado
Febrero 24 de 1995
El acceso al espectro electromagnético para el servicio público de telecomunicaciones puede otorgarse mediante licencia o contrato de concesión, de conformidad con la Ley 80 de 1993 y la Ley 142 de 1994.
Sentencia 10399 de 2000
Febrero 3 de 2000
La selección objetiva del adjudicatario se traduce en la escogencia de la propuesta más favorable entendida no sólo para la Administración sino para los fines de la contratación. Las propuestas que se presenten deberán referirse y sujetarse a todos y cada uno de los puntos contenidos en el pliego de condiciones o términos de referencia, sin embargo cuando las propuestas no se ajusten del todo al pliego, en lo que atañe con el resultado de la operación precio unitario - cantidades, la Administración puede corregir el resultado.
Radicación 811 de 1996 Consejo de Estado
Abril 17 de 1996
El plazo dentro del cual la entidad estatal contratante se compromete a elaborar los estudios de carácter técnico, económico o jurídico necesarios para la evaluación de las propuestas, debe indicarse en los pliegos o términos de referencia. Radicación 951 de 1997
Febrero 7 de 1997
Funciones de empleados de la administración por contratos de prestación de servicios par
La ley no autoriza la supresión de empleos de la Administración para proceder al desarrollo de las mismas funciones que cumplen los empleados vinculados en dichos cargos, mediante la celebración del contrato de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. La supresión de empleos sólo halla su justificación en las verdaderas necesidades del servicio público, las que requieren consultar el interés general y los principios orientadores de la función administrativa de conformidad con la Constitución Política. Así, resulta ilegítimo suprimir empleos de la Administración, en cualquiera de sus niveles o áreas, para celebrar con personas naturales o jurídicas el contrato estatal de prestación de servicios, con el propósito de cumplir actividades similares a las que puede desempeñar de manera permanente el personal de planta.
Sentencia 154 de 1996
Corte Constitucional Abril 18 de 1996
El tratamiento diferenciado otorgado por la ley de contratación administrativa, en cuanto a garantías contractuales, por la obligatoriedad de que la garantía de cumplimiento sea expedida por bancos o compañías de seguro está suficientemente justificado en razón a la finalidad buscada por el legislador, cual es la de ofrecer un respaldo idóneo y seguro a las operaciones contractuales de las entidades estatales, dado el respaldo que estas compañías tienen y la vigilancia que el mismo Estado mantiene sobre ellas.
Sentencia 18604 de 2000
Octubre 12 de 2000
Cuando la Administración aprueba la garantía prestada por su contratista significa que cuando en el futuro acaezca el riesgo asegurado y ella reconozca en acto administrativo la existencia del siniestro podrá exigir al asegurador, quien asumió los riesgos trasladados por el contratista de la Administración, la indemnización hasta el monto asegurado Sentencia 10399 de 2000
Febrero 13 de 2000
Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y las contraprestaciones y éste se eleve a escrito según la ley 80 de 1993. Los requisitos que en el anterior régimen se requerían para perfeccionar el contrato pasaron a ser requisitos para su ejecución lo cual significa que desde el momento en que las partes firman el contrato, éste existe como tal en el mundo del derecho. Sentencia 384 de 2003
Publicación La publicidad de los contratos como exigencia contractual tiene la finalidad de realizar una comunicación masiva para informar, persuadir y conseguir un comportamiento determinado de las personas que reciben esta información, principio puede adicionar el legislador en ejercicio de su libertad de configuración en esta materia, al crear sistemas, catálogos y registros para hacerla más transparente y facilitar su vigilancia, como ocurre con la creación del CUBS. Sentencia 12513 de 2000
Liquidación La liquidación de los contratos estatales puede ser bilateral o unilateral, la bilateral, podrá hacerse dentro del plazo previsto en el contrato y en su defecto dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, la unilateral se realizará cuando el acuerdo de liquidación se frustre y/o dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento del plazo que tienen las partes para liquidarlo. 454 de 1994
Octubre 20 de 1994
La terminación unilateral, es un mecanismo de la administración que le permite dar por terminado un contrato, cuando se presenten determinadas situaciones posteriores al perfeccionamiento del mismo, por hechos que se relacionan con exigencias del servicio público, situación de orden público, incapacidad del contratista de ejecutarlo totalmente, debido a factores como muerte, incapacidad física, o de carácter patrimonial. La incapacidad física a que se refiere el artículo 17 de la ley 80 de 1993, debe interpretarse en el sentido de que aquella impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando dependan de las habilidades físicas del contratista.
Sentencia 454 de 1994
La terminación unilateral, es un mecanismo de la administración que le permite dar por terminado un contrato, cuando se presenten determinadas situaciones posteriores al perfeccionamiento del mismo, por hechos que se relacionan con exigencias del servicio público, situación de orden público, incapacidad del contratista de ejecutarlo totalmente, debido a factores como muerte, incapacidad física, o de carácter patrimonial. La incapacidad física a que se refiere el artículo 17 de la ley 80 de 1993, debe interpretarse en el sentido de que aquella impida de manera absoluta el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cuando dependan de las habilidades físicas del contratista. Sentencia 10963 de 2000 Consejo de Estado
Junio 15 de 2000
Selección Oferentes
La Ley 80 de 1993 establece un solo procedimiento para la selección del contratista que puede ser a través de la licitación o del concurso (parágrafo art. 30), según se trate del objeto del contrato que se pretenda celebrar, lo cual se infiere de los artículos 24 ordinal 1º, lit g y h, ord. 5; art. 25 ord. 1º, entre otros, situación que no se presentaba en el régimen de contratación anterior, toda vez que el denominado concurso de méritos tenían un procedimiento distinto y separado del de la licitación.
El incumplimiento o el irregular cumplimiento de los requisitos subjetivos, objetivos y formales de la oferta, provoca vicios generadores de su nulidad. Los meros defectos formales que no afecten sustancialmente la validez de la oferta, no provocan su rechazo. El licitante puede emplazar al oferente para que perentoriamente los subsane bajo apercibimiento de rechazo o desestimación. Presentada la oferta, ésta no puede ser modificada, excepcionalmente se admiten las aclaraciones que no alteren o modifiquen sustancialmente las propuestas, una vez iniciado el acto de apertura. No existen razones jurídicas para negar la existencia de la "admisión" de ofertas, como acto administrativo del licitante generador de derechos y obligaciones para los licitantes. La admisión de las propuestas se opera a veces de modo tácita.
Fallo 13979 de 2001
Enero 11 de 2001 Multas Las multas en la contratación estatal. Bajo la Ley 80/1993. “…se refiere a las multas en el contrato estatal en los artículos 4º ordinal 2.22 inciso 5º y 22.1 el señalar de una parte, que las entidades estatales "adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías contra los servidores públicos, contra el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban pagar como consecuencia de la actividad contractual" y de otra, que en las certificaciones que expidan las cámaras de comercio en relación con los contratos ejecutados por las personas inscritas en registro de proponentes debe constar "el cumplimiento del contratista en contratos anteriores, experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su duración.”. “De lo anterior claramente resulta que dadas las circunstancias de imposición de la multa en forma extemporánea, así como el hecho de que la misma se impuso sin que mediara una causa imputable a la Contratistas, se hace imperativo declarar la nulidad de los actos impugnados por la actora, y en consecuencia, se ordenará la devolución de lo pagado por dicho concepto con la respectiva actualización.”. Febrero 07 de 2002 Incumplimiento Declaratoria de incumplimiento de contrato celebrado entre el Distrito Capital de Bogotá Fondo de Desarrollo de la Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe. “…el contrato No…, celebrado entre las partes, no se pudo ejecutar debido a un hecho atribuible totalmente a la entidad administrativa contratante como es la proyección de una obra en un predio de propiedad privada…”. “En consecuencia, la administración incumplió su obligación inicial de entregar al contratista el inmueble dentro del cual debía construir el muro de contención al que se refiere el contrato, dando lugar a la inejecución del mismo…”. La suma reclamada como perjuicios equivale al factor A.I.U. que “como es sabido está integrado por sumas derivadas de tres conceptos diferentes, este es, administración, imprevistos y utilidades, los cuales fueron específicamente determinados en la propuesta aceptada por la entidad administrativa e incorporados al contrato..”. “Es claro que al no ejecutarse la obra en proporción alguna su administración no se llevó a cabo y tampoco se pudieron presentar imprevistos en su desarrollo, por lo cual el contratista solo tiene derecho al reconocimiento de las sumas que hubiera obtenido como utilidad de haberse realizado la obra, es decir, al componente U del factor enunciado…”. Sentencia C-249 de 2004
Corte Constitucional Marzo 16 de 2004 Ejecución en el Extranjero
La ejecución en el extranjero de los contratos celebrados en Colombia, en principio debe sujetarse a la preceptiva nacional, a menos que las partes acuerden la aplicación del régimen extranjero a esa ejecución; si la ejecución en el extranjero sólo ocurre en forma parcial, en esa misma proporción se puede aplicar la ley extranjera. No se privilegia a los extranjeros, pues la eventual remisión para la ejecución en el extranjero sólo puede tener lugar luego de perfeccionado el contrato en Colombia bajo la ley nacional; lo que engloba el proceso de selección, que al amparo de la legislación colombiana, prefiere la oferta de bienes y servicios de origen nacional.
Fallo 850 de 2004
Tribunal Administrativo de Cundinamarca Febrero 18 de 2004 Equilibrio Financiero y Económico En cuanto a la obra principal, “…estos factores que alteran el equilibrio económico del contrato, deben ser probados, pues no basta con alegar su existencia para pretender la revisión y adopción de medidas tendientes a restablecer el presunto desequilibrio ocasionado.”. “…no basta con alegar la ocurrencia de estas circunstancias para pretender una remuneración mayor a la inicialmente pactada, es menester que el contratista se acoja al procedimiento establecido por mutuo acuerdo entre las partes al momento de la celebración del contrato.”. Fallo 14390 de 2010 Consejo de Estado
Marzo 18 de 2010 Uso “El Distrito Capital o sus entidades descentralizadas podrán entregar en arrendamiento o administración aquellos bienes de su propiedad que estén destinados a la práctica de la recreación o el deporte, en el entendido, tal como lo precisó esta Corporación, que se hace referencia a los bienes fiscales” (…) “Así pues, el riesgo de conseguir la financiación para ejecutar el objeto del contrato e, incluso, el del diseño, planificación y ejecución de las obras correspondientes, así como los riesgos derivados de la explotación del bien de uso público en mención, fueron expresa y explícitamente asignados a la sociedad contratista, con lo cual se configura el principal elemento de la concesión, el cual permite identificarla como un negocio financiero, con la singularidad de que esta especial concesión comparte elementos de las tres modalidades de este género contractual: concesión de obra pública, concesión de servicio público y concesión para la explotación de un bien de uso público; ello se desprende del hecho consistente en que el contrato comprende la obligación, a cargo de la sociedad contratista, de construir las obras públicas necesarias para la adecuación del Coliseo "El Campín" como escenario destinado al cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios públicos encomendados al ente estatal que es su propietario ─recreación y deporte, como componentes del derecho a la educación, según lo preceptúan los artículos 52 y 67 superiores─, tal como lo revelan la citada cláusula quinta y también las consideraciones que preceden el clausulado contractual: "2. Que el arrendatario presenta un plan quinquenal de inversiones en el cual espera recuperar en un término no inferior a 5 años y con el cual se da un adecuado mantenimiento al inmueble que se arrienda dotándolo entre otras de 18.000 sillas, arco central en acrílico, sistema de audio y camerinos, recuperación de palcos y cabinas de transmisión, construcción, adecuación y acabados de locales para comidas rápidas, construcción, adecuación y acabados para gimnasia, sauna, turcos en el sótano, tableros eléctricos, estación y antena receptora de TV, amoblamiento urbano, plan éste presentado en una propuesta". Lo anterior pone de presente que el contrato en estudio tiene elementos del objeto propio de las concesiones de obra pública y de servicio público; empero, también comporta prestaciones características de la concesión para la explotación de bienes de uso público, como se hace evidente tanto en la ya citada cláusula quinta, como en el otrosí suscrito el día 7 de enero de 1994, en el cual se dejó explícito que el coliseo, que es bien de uso público como suficientemente se explicó, está destinado y ha de destinarse a la prestación del servicio público que constituye su propósito natural, esto es, las actividades recreativas y deportivas por parte de la comunidad”. Fallo 125 de 2011 Consejo de Estado
Mayo 05 de 2011 Pliego de Condiciones o Términos de Referencia “Respecto del valor del pliego de condiciones frente a la licitación pública conviene tener en cuenta la tesis expuesta por la Sala en sentencia proferida el 19 de julio de 2001: ‘Si el proceso licitatorio resulta fundamental para la efectividad del principio de transparencia y del deber de selección objetiva del contratista, el pliego determina, desde el comienzo, las condiciones claras, expresas y concretas que revelan las especificaciones jurídicas, técnicas y económicas, a que se someterá el correspondiente contrato. Los pliegos de condiciones forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, pues contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante la licitación y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vida del contrato.’” “No es procedente, por consiguiente, alterar o inaplicar las condiciones del pliego porque con ello se violan los referidos principios.” Fallo 16385 de 2011
Abril 06 de 2011 Selección o Escogencia del Contratista “Dentro del pliego de condiciones no se señalaba expresamente que un criterio para el desempate de las propuestas fuera la mayor cercanía al promedio, como tampoco el que invoca el demandante del menor precio. No obstante, resulta ser el primero un criterio objetivo y razonable de selección del contratista” “Así, considera la Sala: (i) que el pliego de condiciones indicaba claramente que para efectos de la evaluación de propuestas, (…), los oferentes habrían de someter los precios de sus ofertas al criterio de la mayor cercanía al promedio de los precios de todos los proponentes (…); (ii) que el criterio no constituye un elemento extrínseco que haya sido incorporado a última hora por parte de la entidad estatal; (iii) que resulta razonable privilegiar por parte de un Comité Asesor a aquel proponente que mejor haya resultado en la evaluación del precio, puesto que este ítem daba 600 puntos, sobre un total de 900 que comprendía la totalidad de la oferta; (iv) que una vez dado el empate entre los tres mejores oferentes, era necesario adjudicar el contrato a uno de ellos sobre criterios de selección objetivos, que no permitieran la entrada de aspectos subjetivos y fue exactamente eso lo que hizo la entidad estatal.” “Sin perjuicio de lo dicho hasta el momento, lo cual constituye el fundamento de la decisión que tomará la Sala, es necesario señalar que un mecanismo de desempate (…) que permitía a la entidad contratante elegir libremente el primer y segundo lugar entre las propuestas empatadas, constituye una violación del numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993” Fallo 18167 de 2011 Consejo de Estado
Selección o Escogencia del Contratista Los problemas jurídicos planteados se relacionan conque si era posible que la administración pública adjudicara de manera directa una propuesta alternativa, o si por el contrario es necesario que para esos efectos lo sea previamente la oferta básica o inicial?, y ¿si en virtud de la adjudicación directa de la propuesta alternativa se vulneraron los principios de selección contractual y, por lo tanto, si son ilegales los actos administrativos demandados?. Manifiesta la Sala que desde esa perspectiva “es necesario fijar una hermenéutica de la norma que no distorsione su verdadero contenido y alcance, es decir, que los diferentes proponentes puedan presentar de manera simultánea a la oferta inicial o básica una propuesta alternativa o excepciones técnicas o económicas que permitan que, en caso de que la entidad adjudique el ofrecimiento inicial o que existan criterios objetivos de ponderación para las alternativas, valorar estas últimas para determinar si resultan oportunas en los términos de los principios de eficiencia y economía, sin que en momento alguno se hayan desconocido los principios de selección objetiva y tampoco modificado los elementos básicos y esenciales sobre los cuales se estructuró el procedimiento de selección y, por ende, el contrato estatal”. La Sala acoge sin ambages el criterio desarrollado por el a quo, en este tópico, al señalar que, “en el caso sub examine sólo era posible analizar la viabilidad de una propuesta alternativa siempre y cuando previamente se hubiera adjudicado la propuesta básica del respectivo proponente bajo los criterios de ponderación contenidos en el pliego de condiciones…”. Fallo 19081 de 2011 Consejo de Estado
Mayo 09 de 2011 Selección del Contratista
Nulidad “contra los artículos 77, parágrafo 2, y 82, inciso 1, del Decreto 2.474 de 2008, ‘Por el cual se reglamentan parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1.150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones’”, la cual fue negada por el Consejo de Estado.
“[E]l hecho de que el parágrafo 2 del art. 77 exima de este requisito a los contratos que contempla el art. 82 del mismo decreto, no vulnera por sí mismo el art. 2 parágrafo primero de la ley 1.150, sencillamente porque no es verdad que el reglamento excluya a esta clase de contratos de la obligación ineludible –por ley- de expresar los ‘fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección’, ya que ésta se garantiza, exige y asegura desde el momento en que se realizan los ‘estudios previos’ a que se refiere el art. 3.3 del reglamento”.
“[N]o es verdad que para celebrar esta clase de contratos [contratación directa] se requiera obtener varias ofertas, para escoger la más favorable.” “Actualmente, la ley 1.150 de 2007 modificó de manera fuerte la contratación directa (…). Por esto llamó [el Legislador] contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas”.
“[D]el universo de contratos de prestación de servicios que se pueden celebrar, (…) el legislador (…) quiso que sólo una parte se hiciera en forma directa: los de la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la entidad estatal, los demás, es decir, los que no encajan en esta noción restringida, tienen otros procesos de selección”.
Fallo 20811 de 2011
“(…) Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, serán demandables mediante las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, dentro de los treinta (30) días siguientes a su comunicación, notificación o publicación. La interposición de esta acción no interrumpirá el proceso licitatorio, ni la celebración y ejecución del contrato. Una vez celebrado éste, la ilegalidad de los actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de nulidad absoluta del contrato (…)” “(…) El Ministerio Público o cualquier tercero que acredite un interés directo podrá (sic) pedir que se declare su nulidad absoluta. El juez administrativo queda facultado para declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso. En todo caso, dicha declaración sólo podrá hacerse siempre que en él intervengan las partes contratantes o sus causahabientes.(…)” “(...) En los procesos ejecutivos derivados de condenas impuestas por la jurisdicción contencioso administrativa se aplicará la regulación del proceso ejecutivo singular de mayor cuantía contendida en el Código de Procedimiento Civil (…)”.
Fallo 209 de 2011
Noviembre 03 de 2011 Litisconsorcio Representación Judicial de las Uniones Temporales y Litisconsorcios. “…En virtud del artículo 6 de la ley 80, las uniones temporales al igual que los consorcios, pueden celebrar contratos con las entidades estatales. Esto significa que, por disposición legal, dicha figura puede participar en la adjudicación, celebración y ejecución de los contratos pero no implica, y así lo ha precisado la jurisprudencia en diferentes oportunidades4, que tenga capacidad para participar en un proceso judicial. Dicha calidad se encuentra en cabeza de las personas naturales o jurídicas que la han integrado para celebrar un contrato con el Estado, conforme al artículo 44 del Código de Procedimiento Civil. 5En ese mismo sentido, en providencia calendada el 26 de abril de 2006, la Sección Tercera, expresó que las Uniones Temporales "[…] son formas asociativas, sin personería jurídica, que se emplean en la contratación estatal y cuya capacidad se predica exclusivamente, por ley, para contratar con el Estado6. […]. ”
Fallo 20461 de 2012
“(…) Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en el proceso de la referencia, contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá, Sección Tercera, el 19 de diciembre de 2000(…)” “(…)Del citado cuerpo normativo se desprende que fue el legislador quien determinó la naturaleza jurídica del contrato de concesión y por virtud de la ley tiene limitada su duración, establecidas algunas condiciones para su celebración y algunas de las cláusulas que debe incluir.(…)” “(…)De lo antes expuesto no hay espacio para la duda que la naturaleza contractual del contrato de concesión, es la de ser un contrato administrativo para la explotación de bienes del Estado, por cuanto su objeto está integrado por la concesión al contratista para su explotación, del juego de Apuestas Permanentes "Chance". Luego el contrato no puede estar sometido a normas de derecho privado y menos cuando tiene la cláusula de caducidad para su control por esta jurisdicción, siendo la naturaleza de su objeto de derecho público y su finalidad de interés público la que lo caracteriza como contrato administrativo.(…)”
Fallo 21080 de 2012
(…) “si de acuerdo con las causales invocadas por el demandante, la transacción celebrada entre las partes está viciada de nulidad absoluta, que deba ser declarada judicialmente, teniendo la entidad demandada que asumir las consecuencias derivadas de esa situación. La transacción es uno de los mecanismos alternos de solución de conflictos que carece de regulación en el estatuto contractual, por lo cual es necesario acudir a lo contemplado en el artículo 2469 del Código Civil.” (…) “la transacción requiere tres presupuestos, que son la existencia previa de incertidumbre sobre una relación jurídica, la sustitución de la relación dudosa por una nueva que tiene el carácter de cierta e indiscutible y el que se logre el acuerdo mediante concesiones recíprocas” (…) “Las causales de nulidad absoluta están taxativamente consagradas en el ordenamiento jurídico y son de aplicación restrictiva, esto es, no procede su aplicación por analogía. Además de las contenidas en el estatuto contractual, al contrato estatal le son aplicables tanto las causales de nulidad absoluta, como relativa del derecho privado” (…) “en el contrato se consignó expresamente la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo para precaver un litigio eventual por estas circunstancias, se reconoció por parte de la Administración una compensación económica, a través de una obligación, clara expresa y exigible, y así mismo la cocontratante, aceptó una suma equivalente al 25% del valor de la mercancía entregada, de manera que al estar presentes las existencia actual o futura de discrepancias entre las partes, acerca de la prohibición de la venta y distribución de artículos pirotécnicos, la intención de poner fin a sus diferencias, sin acudir a la justicia del Estado y las concesiones mutuas entre las partes, es posible concluir que la transacción se ajustó a las disposiciones legales.”
Auto 40458 de 2012
Micro, Pequeña y Mediana Empresa - Mipymes
Se decide sobre el recurso ordinario de súplica contra el auto de fecha 25 de julio de 2011, proferido por el Consejero de Estado Ponente Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa mediante el cual se negó la solicitud de suspensión provisional del artículo 2º del Decreto 2473 de 2010 ya que “(…) En el asunto sub examine resulta menester resaltar que la norma atacada, reglamenta varias leyes, en consecuencia, no es posible confrontarla únicamente contra una de ellas, tal como lo pretende el recurrente (…)” “(…) al establecer criterios aplicables en casos de empate en los procesos de selección de contratistas, prioricen a las micro, pequeñas y medianas empresas del país, lo cierto es, que dicha situación debe analizarse en concordancia con lo dispuesto en las Leyes 590 de 2000 y 816 de 2003, cuyo fin es precisamente brindar apoyo a la industria nacional (…)” por tanto “(…) no es procedente la declaratoria de suspensión provisional por cuanto se requiere necesariamente un estudio de fondo de las normas en comento, a fin de precisar si en el particular, existe la ilegalidad señalada por el demandante. (…)” teniendo como resultado “(…) Confirmar el auto de fecha 25 de julio de 2011 (…)”
Fallo 6968 de 2013 Consejo de Estado
Procede la Sala a decidir recurso de apelación, advirtiendo que la sentencia será modificada, para lo cual expondrá las razones que conducen a ello. Analizará i) la competencia del Consejo de Estado para conocer del asunto, ii) lo probado en el proceso, iii) la excepción denominada incompetencia y la precisión sobre la figura procesal de la inepta demanda y, iv) la excepción de caducidad de la acción, y los matices procesales frente a los actos administrativos expedidos después de que vence el plazo de la liquidación, v) la competencia para imponer multas en vigencia del Decreto 222 de 1983 y vi) la condena. (…) Por lo anterior, el acto de liquidación unilateral aportado por EPM no surtió ni surtirá efectos jurídicos, por no ajustarse su notificación a la ley, y por ello -como lo planteó el apelante- se revocará la excepción de incompetencia declarada por el a quo –que en realidad debió ser denominada como excepción de inepta demanda- pues la contratista no tenía la carga procesal de demandar el acto administrativo que liquidó unilateralmente el contrato, porque no lo conoció, por falta de notificación regular por parte del EPM. (…)La Sala tomará el día de entrega de las obras -17 de marzo de 1989-, para contar a partir de allí el término de caducidad. Entre otras cosas, se asume la fecha de entrega y no la de terminación del plazo del contrato, porque el art. 287 del Decreto 222 de 1983 –aplicable al caso sub iudice, porque rigió esa relación negocial- establecía que los contratos de obra pública debían liquidarse “… una vez se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos”.
Fallo 41719 de 2013 Consejo de Estado
Diciembre 2 de 2013Contratos de Prestación de Servicios y Contrato de
consultoríaSentencia de unificación “…la Sala precisa que la distinción entre el contrato de prestación de servicios y el de consultoría no depende, en lo mínimo, del grado de “intelecto” aplicado a la ejecución del objeto contractual, pues ambas actividades son de carácter intelectual y por tanto intangible. 132.- En sentido contrario, hay lugar a establecer un criterio diferenciador a partir del alcance que la Ley le concede al contrato de consultoría; de manera que, al hilo del numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, si las necesidades que tiene la administración pública conciernen a la realización de estudios “para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos” así como “asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión” e interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos, no habrá duda alguna que deberán ser suplidas acudiendo a un contrato de consultoría; es decir, para el cumplimiento de estos específicos objetos contractuales mencionados (de la Ley 80 de 1993) y los demás definidos en leyes especiales el operador jurídico debe recurrir, exclusivamente, al instrumento contractual establecido por la Ley: el contrato de consultoría. 133.- Y es que lo anterior encuentra pleno sentido si se tiene en cuenta que se está haciendo un análisis normativo a la luz del principio de legalidad estricta, a partir del cual se produce un acotamiento del radio de acción del contrato de prestación de servicios por vía de la exclusión de ciertas actividades y objetos contractuales específicos, los mismos que, por disposición legal expresa, deben ser satisfechos por medio del contrato de consultoría; de manera tal que corresponderá al operador verificar si el objeto a contratar se incluye dentro de aquellos que específicamente la Ley, y sus disposiciones reglamentarias, ubican dentro del ámbito propio de la consultoría, dado que siendo esto así implicará dar curso a un procedimiento de selección diferente al propio que establece la Ley para los contratos de prestación de servicios (de allí las amplias repercusiones prácticas de clarificar este punto); contrario sensu si el funcionario encuentra razonadamente que el objeto recae en el marco jurídico del contrato de prestación de servicios, podrá darle curso por vía de este específico modelo contractual, tal como lo había planteado de tiempo atrás esta Corporación. 134.- Se insiste, mientras que el contrato de consultoría está revestido de una cláusula de estricta tipicidad cerrada (que condiciona de manera detallada la procedencia de dicho contrato), el de prestación de servicios goza de una regulación jurídica amplia, que se instrumentaliza por vía de los mencionados tres contratos (profesional, de simple apoyo a la gestión y de ejecución de trabajos artísticos que sólo pueden encomendarse a determinadas personas naturales), de manera que los objetos contractuales que no estén comprendidos dentro del contrato de consultoría (de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y las demás disposiciones legales especiales actuales o futuras) podrán ser satisfechos por medio del de prestación de servicios siempre que satisfaga los referentes conceptuales que establece el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, conforme a la debida planeación contractual y en armonía con los criterios jurídicos que han sido decantados en el precedente de esta Corporación y en esta providencia
Fallo 45607 de 2016 Consejo de Estado
Octubre 24 de 2016Control judicial a los actos pre-contractuales de entidades estatales exceptuadas de la Ley 80. Se pronuncia sobre el control judicial a los actos precontractuales de entidades estatales exceptuadas de la Ley 80. “Para la Sala, el hecho de que una actividad se rija por un ordenamiento jurídico u otro –público o privado- no afecta la naturaleza de los actos que se producen a su amparo, es decir, que una cosa es el régimen sustantivo aplicable a un acto y otra la naturaleza jurídica del acto producido… En este evento no importa si la norma laboral es privada o pública, porque en cualquier caso el acto que concreta una situación jurídica particular o subjetiva es administrativo.” “De conformidad con lo expresado, toda actuación administrativa, expresada o no bajo la forma de procedimiento, sin importar si el régimen sustantivo que la inspira es el derecho administrativo o el privado, forma parte de la actividad productora de actos administrativos -siempre que contengan una decisión que produzca efectos jurídicos-, por tanto es susceptible de ser controlada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.” “Es el caso, aplicado a la contratación estatal, de los pliegos de condiciones, de la invitación o apertura de un proceso de selección, entre otros actos, cuya vocación de trámite es incuestionable, y difícilmente se discute que no sean actos administrativos, ni siquiera por la jurisprudencia de esta Sección”. “De hecho, el artículo 87 del anterior CCA –hoy art. 141 del CPACA- confirma esta posición, porque autorizaba demandar los actos previos a la celebración del contrato, mediante las acciones de nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, según el caso, naturaleza de acto administrativo que es condición sine qua non para ejercer estos dos medios de control, pues solo proceden contra actos administrativos”. “…son actos administrativos, bien de trámite, bien definitivos, incluso, bien de trámite que se tornan definitivos cuando hacen imposible continuar la actuación administrativa…” “En los tres eventos se trata de actos administrativos” “El hecho de que sean de trámite no suprime su naturaleza jurídica principal, es decir, no solamente los actos definitivos son administrativos, los de trámite también lo son”.
Auto 56307 de 2017
Marzo 29 de 2017Suspensión provisional del Acápite VII del Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de PreciosSe suspende de manera provisional, el acápite VII del Manual para la Operación Secundaria de los Acuerdos Marco de Precios, teniendo en cuenta que: "Para el Despacho es claro que no existe ninguna concurrencia entre la modalidad de selección abreviada y de mínima cuantía, pues siempre que i) exista un Acuerdo Marco de Precios para adquirir bienes o servicios de características Técnicas Uniformes y ii) el presupuesto del proceso de contratación sea equivalente a la mínima cuantía de la entidad, debe acudirse al procedimiento de selección de mínima cuantía independientemente del objeto a contratar. Así, entonces, contrario a lo que sostiene el manual acusado, no es cierto que exista una concurrencia entre las modalidades de selección abreviada y de mínima cuantía. Si ello fuera cierto no habría forma de adelantar un proceso de contratación de mínima cuantía, porque - sin duda - todos los procesos contractuales serían concurrentes".

References: artículo 868
 artículo 32
 artículo 60
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 24
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 2469
 artículo 2
 artículo 32
 artículo 32
 artículo 87