Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/civil/C0-2015/as201520128.html
Timestamp: 2019-03-19 17:05:20+00:00

Document:
as201521128
Auto Supremo: 128/2015
Sucre: 27 de febrero 2015
Expediente: CB - 144 - 14 - S
Partes: Jessica Chávez Alba. c/ Wilmar Jimmy Rojas Zambrana.
Proceso: Reconocimiento de Unión Conyugal, Ruptura Unilateral y División y
Partición de Bienes.
VISTOS: El recurso de casación de fs. 662 a 667, interpuesto por Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, contra el Auto de Vista de 20 de octubre de 2014, cursante de fs. 657 a 659 de obrados pronunciado por la Sala de Familia Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, en el proceso de reconocimiento de unión conyugal libre, ruptura unilateral y división y partición de bienes seguido por Jessica Chávez Alba contra Wilmar Jimmy Rojas Zambrana; la respuesta al recurso de fs. 673 a 675; el Auto de concesión de fs. 676; los antecedentes del proceso, y:
Jessica Chávez Alba, por memorial de fs. 2 a 3, adjuntado las literales de fs. 1 interponen demanda de Reconocimiento de Unión Conyugal, Ruptura Unilateral y División y Partición de Bienes contra Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, manifestando que hace siete años atrás habría convivido con el demandando en los EEUU, compartiendo su vida y con el fin de formar un hogar, producto de esa relación procrearon a su hijo menor de nombre Roamir Rojas Chávez de seis años de edad, quien nació en Arlintong - EEUU, no habiendo logrado sus propósitos; ya que su concubino influenciado por su familia y terceras personas interesadas en destruir su relación hicieron que Wilmar Jimmy Rojas Zambrana comenzará a tratarla mal, aprovechando su humildad, llegando incluso a echarla de la casa de sus padres donde se encontraban viviendo juntos desde que retornaron de Estados Unidos a Bolivia.
Asimismo refiere que durante la vigencia de su unión conyugal y fruto del trabajo y esfuerzo realizado en los Estados Unidos lograron adquirir diferentes bienes gananciales, por lo que demanda la ruptura unilateral y la división y partición de los bienes adquiridos, amparada en el art. 169 del Código de Familia, demanda que es subsanada por reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, ruptura unilateral y división y partición de bienes.
Radicado el proceso en principio en el Juzgado de Partido Mixto de la localidad de Punata, habiéndose declinado competencia en atención a la excepción de incompetencia en razón del territorio interpuesta por el demandado, consiguientemente remitida la causa al Juzgado Tercero de Partido de Familia de la Capital.
Citado el demandado, contesta la demanda oponiendo excepciones de falsedad, ilegalidad, falta de acción y derecho, falta de causa en la demanda y al mismo tiempo reconviene por la improcedencia de la demanda, observada la reconvención por el Juez de la causa y no habiendo sido subsanada en el plazo otorgado por el juzgador, esta es rechazada.
Sustanciado el proceso en primera instancia, la Juez de Partido Tercero de Familia de Cochabamba, mediante Sentencia de 28 de diciembre de 2012 cursante de fs. 473 a 478 y vta., declaró probada la demanda e improbadas las excepciones opuestas por el demandado, reconociendo la unión libre o de hecho entre Jessica Chávez Alba y Wilmar Jimmy Rojas Zambrana desde septiembre del 2003 hasta febrero de 2011, al mismo tiempo se declara la ruptura unilateral de la pareja, obligaciones y responsabilidades respecto del hijo y declara común los bienes: vagoneta marca Nissan Pathfinder y bienes muebles que fueron trasladados desde EEUU, mediante agencias aduaneras, los que serán divididos en partes iguales en ejecución de sentencia.
Contra esa resolución de primera instancia el demandado interpuso recurso de apelación en cuyo mérito la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista Nº 28 de 20 de octubre de 2014, cursante a fs. 657 a 659, confirma el Auto y Sentencia apelados; en contra de esta última resolución de segunda instancia, el demandando Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, recurre de casación en el fondo.
Señala que el Auto de Vista de fecha 20 de octubre de 2014 sin ningún fundamento habría vulnerado el debido proceso, el principio de imparcialidad, seguridad jurídica, vedad material, contenidos en los Arts. 115, 117, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado, así como los Arts. 190, 192, 374, 397, 476 del Código de Procedimiento Civil, al declarar su convivencia con una persona; con quien jamás tuvo ese vínculo.
1.- Que el Auto de vista objeto del presente recurso no hubiera considerado los medios de prueba que justifique su contenido, amparado su recurso en los numerales 1), 2), y 3) del Art. 253 Código de Procedimiento Civil.
2.- Considera que hubo errónea interpretación e indebida aplicación de la ley, alegando que nunca mantuvo esa relación de convivencia.
3.- Señala violación al Art. 190 del Código de Procedimiento Civil.
4.- Refiere que el Auto de Vista tampoco hubiera valorado las declaraciones testificales de descargo, violando el Inc. 3) del Art. 253 y 397 del Código de Procedimiento Civil.
5.- Alega agravio en la resolución impugnada por falta de motivación, violando una vez más el Inc. 3) del Art. 523 del Código de Procedimiento Civil.
6.- El recurrente considera, ser un agravio más la falta de acreditación de la compra de la vagoneta Nissan Pathfinder así como otros bienes que serían de su propiedad exclusiva.
7.- Refiere, que el documento privado transaccional suscrito entre las partes de fs. 38 a 38 no ha sido valorado en su verdadero alcance.
8.- Finalmente manifiesta, que habiendo opuesto excepciones de falsedad, ilegalidad e improcedencia, falta de acción y derecho, falta de causa e improcedencia y prescripción, estas no hubieran merecido la atención correspondiente a tiempo de dictarse la resolución.
En merito a lo expuesto solicita se le conceda el recurso de casación en el fondo para que le Tribunal Supremo en estricta justicia case y/o anule la resolución recurrida.
Conforme se ha planteado el recurso de casación indicando que el mismo es de fondo, se debe destacar que este se da por errores in judicando, en que hubieran incurrido los Tribunales de instancia al pronunciar sus resoluciones, caso en el cual deben estar debidamente identificadas y justificadas las causales señaladas en el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, mientras que el recurso de casación en la forma o nulidad por errores de procedimiento o in procedendo, está referido a la infracción de normas adjetivas incumplidas o mal aplicadas en la tramitación del proceso, para cuyo caso las causales están enumeradas en el artículo 254 de la citada norma.
Del análisis del recurso de casación en el fondo, se advierte la existencia de agravios no solamente de fondo sino también de forma; sin embargo, pese a haber esgrimido supuestamente agravios únicamente de fondo se advierte que el recurrente omite señalar las causales establecidas en el art. 254 del Código de Procedimiento Civil, en lo que respecta al agravio en la forma; ya que el recurrente acusa agravios de fondo; sin embargo acaba pidiendo la anulación de la resolución recurrida; pues como se tiene señalado precedentemente, cuando se interpone el recurso en el fondo, la intención es que el Tribunal de Casación “case” el Auto de Vista; es decir ingrese en el fondo del litigio y reponga la leyes conculcadas o violadas; resolviendo la causa y a través del recuso en la forma puede pedirse la anulación del fallo recurrido o del proceso; por lo tanto, pedir la anulación a través del recurso de fondo resulta un contra sentido en el petitorio.
De ello, se puede concluir que el presente recurso se ha interpuesto tanto en la forma como en el fondo, por lo que en virtud del art. 180-II de la Constitución Política del Estado, y el art. 30 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025, ingresamos a considerar el recurso en los aspectos que correspondan.
El recurrente alega haberse infringido el Art. 190 del Código de Procedimiento Civil, señalando que toda Sentencia que pone fin a un litigio deberá contener decisiones expresas, positivas y precisas que recaigan sobre las cosas litigadas, en la manera en que hubieran sido demandadas, por otra parte prosigue que; el Art. 192 del mismo cuerpo de leyes dispone que en la parte considerativa debe haber una exposición de los hechos y el derecho que se litiga, por consiguiente una evaluación fundamentada de la prueba citando las leyes en que se funda; sin embargo el fallo recurrido no ha efectuado esta valoración de los datos del proceso y la prueba, al resolver que el recurrente habría tenido vida marital con la actora. Así mismo alega que las pruebas testificales de cargo fueron referenciales; ya que a los declarantes no les constaba la convivencia de la pareja, situación que ha pasado por alto el Tribunal de Alzada con evidente intención de favorecer a la parte demandante, llegando a la conclusión de que la pareja convivió en los EEUU, considerando una arbitrariedad este extremo, todo con el propósito de que la actora se beneficie de los bienes de propiedad exclusiva del demandando; atentado de esta manera la administración de justicia.
El Auto de Vista al confirmar la Sentencia de primera instancia, fundamenta su resolución señalado, que del análisis de las pruebas producidas en primera instancia, con ellas se habría demostrado plenamente que la pareja conformada por Yessica Chávez Alba y Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, habría convivido maritalmente por más de seis años de manera voluntaria, singular, continuada y estable, lo que significa que el Tribunal de Alzada hizo el análisis de la prueba producida durante la sustanciación del proceso, considerando de que la misma ya había sido valorada por la Juez conforme a ley por lo que no ameritaba una nueva valoración, consiguientemente confirma la Sentencia en todas sus partes; sin ingresar a una nueva valoración de la prueba como hubiera pretendido el apelante.
Por los motivos anotados y al no haber sustentado el agravio en la forma, este deviene en infundado.
Al primer agravio, refiere que no han sido valorados los elementos de prueba; ya que no se conoce cuáles son los motivos de hecho y derecho, los elementos y medios con los que funda su decisión, no habiendo efectuado una mínima relación de los medios de prueba, convirtiéndolo en concubino de una persona con quien nunca hubiera mantenido dicho vinculo y el haber procreado un hijo; no significaría convivencia entre las partes por tantos años (2003 al 2011). Cabe señalar que el Auto de Vista hace las consideraciones necesarias respecto del proveído de fecha 20 de marzo de 2012, misma que fue objeto de reposición bajo alternativa de apelación y ante el rechazo; fue concedido el recurso de apelación en el efecto diferido, mismo que al no haber sido fundamentado conjuntamente el recuro de apelación contra la Sentencia de primera instancia, el Tribunal de Alzada no se refirió al respecto por no haberse abierto su competencia.
Con referencia a la Sentencia apelada el Tribunal Ad quem, señala que las “uniones conyugales libres o de hecho que reúnan las condiciones de estabilidad, singularidad y sean mantenidas por una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismo efectos que del matrimonio civil, tanto en las relaciones personales y patrimoniales de los convivientes como en lo que respecta a las hijas e hijos adoptados o nacidos de aquellos” asimismo hace referencia al Art. 158, 159 y 169 del Código de Familia relativas a las uniones conyugales libres o de hecho, señalando que los efectos que producen las uniones de esta naturaleza son similares al matrimonio, así como la división y partición de bienes comunes como consecuencia de la ruptura unilateral. En el caso de autos el Tribunal de segunda instancia considera que del análisis de las pruebas producidas en el transcurso del proceso la demandante habría demostrado plenamente la convivencia marital con Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, de cuya unión nació un hijo de nombre Roamir Rojas Chávez (nacido en Arlintong – EEUU el año 2004), las pruebas documentales (cursantes de fs. 61 a 269) y testificales producidas por la actora no habrían sido objetadas por el demandado oportunamente, documentación que demostró fehacientemente la convivencia de los señores Jessica Chávez Alba y Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, habiéndose mostrado como esposos en el ámbito social y familiar de ambos; consiguientemente la juez de primera instancia hizo amplia valoración de la prueba producida por ambas partes, considerando los hechos iniciales desde el momento en que la actora salió del país con rumbo a los EEUU en marzo del 2001; según reportes migratorios, posteriormente el año 2002 el Sr. Rojas se trasladó a los EEUU, llegando a reunirse con la demandante e iniciar su convivencia con la misma desde septiembre de 2003 hasta febrero de 2011, habiendo retornado a Bolivia el mes de octubre de 2010 como una familia constituida, el mismo día a la misma hora y en el mismo medio de transporte (ver fs. 100 a 102), de lo que se deduce que la prueba habría sido valorada conforme las disposiciones contenidas en los arts. 1286 y 1330 del Código Civil y Arts.397 y 476 del Código de Procedimiento Civil y ratificada por el Tribunal de Alzada, por lo que no se evidencia el agravio acusado.
A los agravios de errónea interpretación de la ley, aplicación indebida de la ley y no valoración de la prueba, refiere que el Auto de Vista impugnado, hace una transcripción de articulados contenidos en la Constitución Política del Estado (art. 68 –II) y en el Código de Familia (art. 158, 159 y 160), pretendiendo adecuar la inconsistente acción planteada, llegando sin fundamento alguno a la conclusión de que la demandante habría demostrado su convivencia marital con el hoy recurrente por el especio demás de seis años; es decir de septiembre de 2003 a febrero de 2011, por cuanto su persona jamás hubiera mantenido esta relación de convivencia con la actora. Asimismo señala que no hubieran sido valoradas las declaraciones de descargo, infringiendo el Inc. 3) del Art. 253 y 397 del Código de Procedimiento Civil, considera que no hubo igualdad entre las partes; principio que debe regir en todo proceso judicial, así se tiene establecido en el inc. 3) del Art. 3 del Código de Procedimiento Civil y Art. 119 de la Constitución Política del Estado referido a la valoración de la prueba que también fue motivo del recurso de apelación. Alega que el documento privado transaccional suscrito en fecha 15 de febrero de 2011, misma que define la tenencia del hijo, asistencia familiar, régimen de visitas, considera el recurrente que esta no fue valorada en su verdadero alcance, ya que en ninguna parte de su contenido señala la convivencia de pareja; señalando únicamente que ambos procrearon un hijo.
De la revisión del proceso se tiene que este extremo no ha sido demostrado por el demandando durante la sustanciación del mismo; más al contrario del análisis de la pruebas que cursa en obrados se advierte que la pareja si hubiera mantenido una relación estable en Arlintong – EEUU, habiendo cumplido con los requisitos y condiciones establecidos por ley que hacen procedente la unión conyugal libre o de hecho, además de haber concurrido los principios: de singularidad, estabilidad, interés de formar un hogar y hacer vida en común, actos familiares que fueron puestos por la pareja en conocimiento público tanto en su entorno social como familiar, actos probados y considerados a tiempo de dictarse la sentencia.
Al respecto cabe mencionar los principios que rigen a la prueba: el “principio de eficacia jurídica y legal de la prueba”, misma que establece que la prueba es necesaria en todo proceso, esta debe tener eficacia jurídica para suministrarle al órgano jurisdiccional la convicción o la certeza sobre los hechos que sirven de presupuesto a las normas aplicables al pleito, por lo que no se concibe la institución de la prueba judicial sin esa eficacia jurídica reconocida por la ley. El “principio de la unidad de la prueba”.- significa que; el conjunto probatorio del proceso forma una unidad, y como tal debe ser examinado y merituado por el órgano jurisdiccional, confrontando las diversas pruebas, documentales, testificales y otras, señalando sus concordancias y discordancias, y concluir sobre el convencimiento que de ellas globalmente se forme y el “principio de comunidad”.- significa que la prueba no pertenece a quien la suministra, por ende es inadmisible pretender que solo beneficie al que la allega al proceso, una vez incorporada legalmente a los autos debe tenérsela en cuenta para determinar la existencia o inexistencia del hecho sobre el cual versa el caso, sea que esta resulte favorable a quien la propuso o al adversario. Por lo que se concluye que el fin del proceso es la realización del derecho mediante la aplicación de la ley al caso concreto y las pruebas constituyen ser los elementos utilizados por el órgano jurisdiccional para llegar a un resultado.
De la interpretación de los principios señalados supra; se tiene que en el caso de autos la Juez de primera instancia ha valorado las pruebas en su conjunto de manera global, concatenando unas con otras conforme lo establecen los principios antes mencionados y no de manera aislada como pretende el recurrente, habiendo llegado a la conclusión siguiente: Considerando I.- Hechos probados (ver fs. 475) y Hechos no probados de la sentencia (ver fs. 476), en el caso presente; se tiene que el demandado no habría probado: a) que entre la demandante y el demandando jamás hubo unión conyugal libre o de hecho por el lapso de siete años. b) que la demandante luego del embarazo habría desparecido por mucho tiempo. c) que la demandante y el demandado habrían mantenido relaciones amorosas extramatrimoniales. d) los argumentos de oposición a la demanda de la actora. e) que el demandado tenía una familia hace dieciséis años, argumentos que fueron vertidos por el demandado en sus diferentes actuados procesales y que no fueron probados conforme se tiene establecido en la Sentencia de primera instancia y confirmada por el Auto de Vista, no se evidencia agravio en la valoración de la prueba.
Al agravio de no haber sido demostrada la convivencia de Jessica Chávez Alba y Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, quienes habrían convivido maritalmente por el espacio de más de seis años de manera voluntaria, singular, continua y estable desde el mes de septiembre de 2003 a febrero de 2011, el recurrente reitera los mismos argumentos descritos precedentemente, señalando una vez más; que resultaría imposible su convivencia, en el entendido de que habría retomado su relación con la madre de su primer hijo Brayan Rojas Escobar de 19 años el año 2002; Jhan Carla Escobar, quien a la fecha sería su esposa y con quien siempre habría tenido compromiso de matrimonio, por lo que nunca existió estabilidad menos singularidad; así lo tendría demostrado con las misivas enviadas y certificado de matrimonio celebrado el 15 de mayo de 2011. Del análisis de obrados y con referencia a lo manifestado por el recurrente se debe aclarar conceptualmente los significados de la estabilidad y la singularidad no siendo lo mismo que la libertad de estado, pues cada requisito tiene su significado y razón de ser; es así que la estabilidad se refiere a la duración y permanencia de la relación en el tiempo y la singularidad supone la convivencia de tipo monogámico entre un hombre y una mujer, como si fueran esposos, manteniendo relaciones íntimas con exclusividad, en este entendido el recurrente debe tomar en cuenta que estos requisitos de la unión conyugal no pueden confundirse con la libertad de estado que también resulta ser otro requisito, mismos que se habrían dado en la relación conyugal entre la demandante y el demandado.
En el presente caso si bien es cierto que el demandando hoy recurrente contrajo matrimonio civil con la señora Jhan Carla Escobar, lo hizo cuando retornó al país, lo que significa que durante su residencia en los EE UU no se encontraba casado con ninguna persona; lo que implica que su relación hubiera sido estable y singular; además de que tenía libertad de estado, fundamento que corresponde hacer en el caso que nos ocupa, pues como ya se dijo anteriormente estos aspectos fueron considerados por la Juez de instancia a tiempo de dictar resolución, por lo que no se evidencia el agravio señalado.
Respecto del vehículo marca Nissan Pathfinder, como bien ganancial, así como otros enseres a los que refiere la Sentencia, el recurrente indica que; durante el proceso no se habría probado documental ni testificalmente que los bienes hubieran sido adquiridos conjuntamente la actora, por lo que considera que son de su exclusiva propiedad, así lo tendría demostrado con la certificación extendida por la División de Registro de Vehículos, misma que acredita que el motorizado se encuentra a nombre del demandando y las notas emitidas por Trans Oceánica, que señalan que la importación del vehículo clase vagoneta, marca Nissan, tipo Pathfinder, modelo 2008 fue importado a nombre de Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, por lo que no implicaría considerar como bienes gananciales tanto el vehículo como el menaje domestico usado que fue trasladado de los EEUU.
Considerando que la Sentencia en su parte dispositiva declaró probada la demanda principal e improbada las excepciones opuestas por el demandando, reconociendo la unión conyugal libre o de hecho entre Jessica Chávez Alba y Wilmar Jimmy Rojas Zambrana desde septiembre de 2003 hasta febrero de 2011, asimismo dispuso la ruptura unilateral que se da entre la pareja, quienes decidieron seguir su camino, situación del menor, asistencia familiar, derecho de visita y el compromiso de no agresiones verbales ni físicas y finalmente en cumplimiento a lo dispuesto por el Art. 162 del Código de Familia, declara bienes comunes la vagoneta marca Nissan Pathfinder y los bienes muebles que constituyeron en el país del norte y que fueron trasladados por agencias aduaneras, disponiendo su división en partes iguales en ejecución de sentencia. De la interpretación de la resolución aludida se tiene que esta orden de división y partición de bienes gananciales resulta ser el efecto de la pretensión principal como es el reconocimiento de unión conyugal libre o de hecho, conforme se tiene establecido en el Art. 159 del Código de Familia que a la letra dice: “ Las uniones conyugales libres o de hecho producen efectos similares al matrimonio, tanto en las relaciones personales como patrimoniales de los convivientes., Pueden aplicarse a dichas uniones las normas que regulan los efectos del matrimonio, en la medida compatible con su naturaleza….” En el caso de autos la Juez habría dado estricto cumplimiento a la citada norma, pues al haber declarado probada la demanda, reconocida la unión conyugal libre o de hecho; consiguientemente esta surte efectos similares al matrimonio, conforme se tiene manifestado líneas arriba y toda vez que ha sido acreditada la existencia de diferentes bienes muebles como el vehículo motorizado y otros muebles adquiridos en los EE UU; estos constituyen ser gananciales y por consiguiente partibles entre los convivientes, sin importar que necesariamente deban ser registrados a nombre de ambos o de uno de ellos, pues conforme lo prevé el parágrafo primero del Art. 113 del Código de Familia dispone que “los bienes se presumen comunes mientras no se pruebe que son propios del marido o de la mujer”, aplicado al caso en cuestión el demandado no ha probado que dichos bienes sean de su exclusiva propiedad, consiguientemente no se evidencia el agravio.
Con referencia a las excepciones interpuestas por el demandado hoy recurrente de falsedad, ilegalidad e improcedencia, falta de acción y derecho, falta de causa e improcedencia y prescripción, mismas que tampoco hubieran merecido la atención correspondiente por el Tribunal de Alzada, considera que le demanda es falsa en su contenido y que su persona nunca hubiera cohabitado con la demandante durante siete años, considera que la acción es ilegal e improcedente, contraria a las leyes, vulnerando los Art. 46, 159 y 169 del Código de Familia, argumenta que no pudo haber ruptura unilateral cuando nunca existió cohabitación, situación que fue demostrada con las declaraciones testificales de cargo y descargo, menos hubiera sido continua y singular, ya que su persona luego de una larga relación con la madre de su hijo mayor contrajo matrimonio civil en fecha 15 de mayo de 2011, concluyendo que dicha excepción sin fundamento alguno fue rechazado; señalando textualmente que: “las condiciones que requiere para la unión libre son. a)…que no estén sujetos por un vínculo matrimonial u otra unión libre…” Al respecto pareciera que el recurrente pretende confundir sus fundamentos con los hechos sucedidos, al incidir que él retomó su relación con la madre de su primer hijo, considerando esta relación como un impedimento a la formalización de una unión conyugal, situación que no es evidente en el caso de autos, pues si bien el recurrente a su retorno al país contrajo nupcias con su actual esposa; sin embargo no cabe duda de que durante su permanencia en Arlintong –EE UU, él tenía libertad de estado, llegando a convivir con la actora por más de seis años así lo refleja la Sentencia de primera instancia, dictada en merito a las pruebas producidas por las partes contendientes. Ya se tiene manifestado supra.
Finalmente alega haber prescripción, pues al ser una institución de orden público que responde a la necesidad social de no mantener pendientes las relaciones jurídicas indefinidamente en el tiempo, por intermedio de ella el derecho de accionar de la demandante hubiera prescrito, afirmando el recurrente que la actora habría presentado su demanda el 23 de diciembre de 2011, infringiendo lo dispuesto en el art. 140 del Código de Familia. Situación que no es evidente, ya que de los datos extraídos del proceso se tiene que la demandante instauro la presente acción en el mes de agosto de 2011 ante el Juzgado de Partido de Familia de la Provincia Punata, así se tiene demostrado por el memorial de demanda de fs. 2 y 3 del expediente, desvirtuando de esta manera lo aseverado por el recurrente.
La falta o errónea valoración de la prueba se relaciona con que el Juez o Tribunal ha incurrido en error de hecho o de derecho, debe demostrarse en qué consiste ese error en el que se ha incurrido a través de documentos o actos auténticos que acrediten manifiestamente la equivocación del juzgador; es menester que el recurrente indique si éste es de derecho o de hecho, habida cuenta que la apreciación y valoración de la prueba es incensurable en casación, a menos que se demuestre objetivamente el error manifiesto en el que hubiera incurrido el juzgador.
Por lo precedentemente expuesto, al no haberse sustentado los agravios alegados por el recurrente, corresponde a este Tribunal de Máxima Jurisdicción, emitir resolución en la forma prevista en el art. 271 num. 2), en relación al art. 273 del Código de Procedimiento Civil.
POR TANTO: La Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por el Art. 42.I num 1) de la Ley Nº 025 del Órgano Judicial y en aplicación a lo previsto en el art. 271 num. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, declara: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Wilmar Jimmy Rojas Zambrana, contra el Auto de Vista de 20 de octubre de 2014 de fs. 657 a 659, pronunciado por la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba. Con costas.
Se Regula honorarios profesionales en la suma de Bs. 1.000
Relatora: Mgda. Rita Susana Nava Duran

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