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Timestamp: 2019-07-22 08:08:58+00:00

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Mariela Villena Pelayo emitió resolución trasgrediendo la Ley del Procedimiento Administrativo por haber sido parte de la planificación de la obra.
El 20 de marzo la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, a cargo de Mariela Villena Pelayo, emitió la Resolución N° 035-2019, declarando improcedente la aplicación del silencio administrativo positivo a favor de Manuel Lora Ramírez, apoderado de la empresa Lorcast SAC, en el procedimiento seguido por este para que se le autorice la edificación de un nivel más en el edificio levantado en la intersección de la calle San José y la avenida Sáenz Peña. El pronunciamiento no tendría nada de extraño si no fuera porque fue suscrito por quien participó como arquitecta proyectista del proyecto, lo cual está prohibido por la norma vigente.
De acuerdo al numeral 2 del Artículo 97 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, es causal de abstención para la autoridad que tenga la facultad resolutiva o cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución, haber tenido “intervención como asesor, perito o testigo en el mismo procedimiento, o si como autoridad hubiere manifestado previamente su parecer sobre el mismo, de modo que pudiera entenderse que se ha pronunciado sobre el asunto, salvo la rectificación de errores o la decisión del recurso de reconsideración”.
En esta causal incurrió Villena Pelayo, pues fue proyectista en arquitectura y seguridad del Proyecto de Ampliación del Hotel Hikari, el edificio de Lorcast SAC, cuya construcción de ocho pisos más azotea fue aprobada en Modalidad D por la Gerencia de Urbanismo de la comuna de Chiclayo con Resolución de Licencia de Edificación N° 249-2017, del 9 de mayo del 2017.
Villena Pelayo asumió a inicios de la actual gestión municipal la Gerencia de Desarrollo Urbano de Chiclayo, siendo su resolución del 20 de marzo determinante para que el 11 de junio pasado el alcalde encargado de la ciudad, Junior Vásquez Torres, emita la Resolución de Alcaldía N° 666-2019-MPCH/A, resolviendo declarar improcedente el recurso de apelación presentado por el representante de la empresa ante la decisión negativa que había emitido la gerencia en mención.
Como se ha explicado, el 9 de mayo del 2017 la comuna autorizó la construcción del edificio de ocho pisos más azotea requerida por Lorcast SAC, empresa que el 8 de marzo del 2018 solicitó el permiso correspondiente para la edificación de un nivel más, tomando como base los 24 metros aprobados en el Certificado de Parámetros Urbanísticos N° 278-2016. Con los ocho niveles el edificio alcanzaba solo los 21.75 metros de altura, teniendo un rango de crecimiento permisible según el certificado de parámetros.
El 9 de marzo del año pasado la empresa, con el Expediente N° 198184, solicitó la licencia para la construcción del noveno piso. La comuna respondió el 26 de ese mes señalando que la licencia del año 2017 era para una construcción de 24 metros de altura u ocho pisos. Posteriormente, en septiembre, la Comisión Ad hoc de INDECI emitió dos esquelas de observación, la N° 1505 y 1509, las mismas que fueron impugnadas por el solicitante. Sobre esto no hubo respuesta, pues el pronunciamiento debía hacerlo nuevamente la comisión presidida por el gerente de Desarrollo Urbano.
Ante ello, el apoderado de Lorcast SAC, el 14 de diciembre, presentó el escrito solicitando se declare el silencio administrativo positivo, habiendo transcurrido más de 60 días desde su pedido de impugnación de las esquelas de observación.
En aplicación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, el pedido de la empresa debió ser acogido por la comuna, teniendo en cuenta que el Artículo 38 de la referida norma señala que “el plazo que trascurra desde el inicio de un procedimiento administrativo de evaluación previa hasta que sea dictada la resolución respectiva no puede exceder de 30 días hábiles, salvo que por ley o decreto legislativo se establezcan procedimientos cuyo cumplimiento requieran una duración mayor”.
El Artículo 35 de la misma ley precisa en su numeral 35.1 que “en los procedimientos administrativos sujetos a silencio positivo, la petición del administrado se considera aprobada si, vencido el plazo establecido o máximo para pronunciarse, la entidad no hubiera notificado el pronunciamiento correspondiente, no siendo necesario expedirse pronunciamiento o documento alguno para que el administrado pueda hacer efectivo su derecho, bajo responsabilidad del funcionario o servidor público que lo requiera”.
Siendo así, cuando Lorcast SAC acudió en diciembre del año pasado a la comuna demandando la aplicación del silencio administrativo positivo, este debió aplicarse de manera automática.
Nada de lo antes señalado, conforme a la ley, fue considerado por la gerente de Desarrollo Urbano en la emisión de la resolución del 20 de marzo de este año.
Tal decisión fue apelada por la gerente de Lorcast SAC, Esther Castañeda de Lora, el 26 de abril pasado, argumentando que su representada no obtuvo ninguna respuesta a la impugnación de las esquelas de observación 1505 y 1509, por lo que sí era aplicable el silencio administrativo positivo.
“A todo tipo de observaciones planteadas mi representada ha cumplido con subsanarlas”, señala Castañeda de Lora, quien hace mención de lo señalado por el Decreto Supremo N° 001-2017-Vivienda, en su Artículo 10.1, respecto a que “en caso de subsanación de observaciones, las Comisiones Técnicas verifican si el administrado subsanó las observaciones formuladas, no pudiendo observar el proyecto de habilitación urbana, el anteproyecto en consulta y/o el proyecto de edificación presentado, sobre aspectos no objetados en las revisiones previas bajo responsabilidad”.
Sin embargo, eso fue lo que hizo Villena Pelayo en su resolución. En uno de los considerandos hace referencia al principio de legalidad, señalando que “por el cual las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidos”.
“Si bien es cierto que el silencio administrativo positivo fue presentado el 14 de diciembre del 2018, la señora Mariela Villena Pelayo no era responsable de la Gerencia de Urbanismo de la municipalidad, ya que su período comienza el 1 de enero del 2019 con la nueva gestión edil. Esto indica que no tiene ni tenía la obligación de pronunciarse con la Resolución N° 035-2019”, refiere Castañeda de Lora.
Sin considerar estos aspectos, el 11 de junio se emitió la Resolución de Alcaldía N° 666-2019-MPCH/A, declarando improcedente el recurso de apelación administrativa sobre la resolución del 20 de marzo.
OBSERVACIÓN A LA OBRA TOTAL
Cuando Mariela Villena emitió la resolución del 20 de marzo pasado hizo suyas las observaciones contenidas en las esquelas 1505 y 1509 del 2018, documentos en los que se cuestiona la construcción del edificio del primer al octavo piso, lo que de acuerdo Decreto Supremo N° 001-2017-Vivienda era ilegal, por cuanto las comisiones no se pueden pronunciar sobre proyectos aprobados, máxime porque dicha construcción había logrado su licencia sin ningún problema y lo que se estaba requiriendo era la autorización para levantar el noveno nivel.
Al hacer suyos los criterios de ambas esquelas, la gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo termina cuestionando el proyecto en general, el mismo en el cual ella había participado, tal como reconoció en una carta dirigida a la gerente de Lorcast SAC en diciembre del año pasado.
La Segunda Sala Laboral de Lambayeque, que integran los magistrados Marco Antonio Pérez Ramírez, Ismael Rodríguez Riojas y Cecilia Tatuya Gonzáles ordenaría a la Empresa de Electricidad del Norte, reponer a 90 trabajadores, como consecuencia de haberse declarado fundada la demanda que determina que el contrato entre ELECTRONORTE y PEXPORT, no cumplen con lo establecido en la ley de Tercerización.
En una sentencia expedida por la Segunda Sala Laboral de Chiclayo a fines del mes de junio de este año, en el Exp 2022-2013 y que forma parte de unas 90 demandas similares y por ende, serán sentencias similares, ha confirmado la sentencia que declara fundada la demanda a 90 trabajadores, que asesorados por el abogado del Estudio Palomino Guerra Abogados, doctor Carlos Palomino Guerra, habían demandado que el contrato de tercerización firmado entre Electronorte y la empresa tercerizadora PEXPORT, han incumplido con la Ley de Tercerización; es decir, que Electronorte ha contratado con una empresa tercerizadora que no cumplía con el requisito de Autonomía Empresarial que debía tener y además, los trabajadores que debían estar bajo su exclusiva subordinación de la empresa tercerizadora PEXPORT, quedo demostrado, que estaban bajo una subordinación compartida que ejercía Electronorte y PEXPORT; estos dos hechos demostró, que este contrato de tercerización firmado por Electronorte y PEXPORT era un fraude y por ende, se encontraba desnaturalizado; por esta razón, los magistrados de la Segunda Sala Laboral, han determinado, que no se cumplió con la ley de tercerización y como consecuencia, se ordenó a Electronorte, cumpla con reponer a los trabajadores que estaban en la planilla de la empresa tercerizadora, como trabajadores de la empresa Electronorte.
Por este motivo, estos trabajadores deberán ser repuestos en las planillas de la empresa Electronorte y se les debe de reconocer, todos los derechos que no percibieron, por cuanto eran tratados como trabajadores de la empresa tercerizadora y que con esta sentencia, se determina que su verdadero empleador es Electronorte, quien tendrá que a futuro nivelar sus remuneraciones, pagar sus utilidades entre otros beneficios laborales que no percibieron, mientras se encontraban como supuestos trabajadores de la empresa tercerizadora, cuando su verdadero empleador ha quedado determinado que era Electronorte.
A fin de que no se vuelvan a repetir estos incumplimientos a la Ley de Tercerización, la Segunda Sala Laboral ha ordenado la remisión de las copias de los actuados pertinentes a la Oficina de Control Institucional de la empresa ELECTRONORTE S.A., a fin de que, efectuadas las investigaciones respectivas, se descarte la eventual existencia de responsabilidad administrativa o de otra naturaleza, de funcionarios o trabajadores de la demandada al respecto; debiendo informar a este despacho sobre las acciones tomadas al respecto en el plazo de quince días
En el año 2008, como consecuencia de la firma del TLC con EEUU, uno de los acuerdos de dicho tratado era que las empresas sean más competitivas y se otorgase las herramientas jurídicas necesarias para lograr este objetivo; por esta razón, nuestro gobierno expidió la Ley 29245 con fecha 24 de junio del 2008 Ley de Tercerización Laboral, para que de este modo la empresa pueda contratar a otras empresas para que puedan éstas, realizar las labores principales de estas.
Esta ley señala que cualquier empresa puede contratar con empresas tercerizadoras, en lo relativo a labores de su giro principal; por ejemplo, la empresa Backus que se dedica a producir cervezas entre otros productos, está también la venta, el mercadeo, la promoción y el trasporte. Por la Ley de tercerización, esta empresa puede tercerizar estas labores para que otra (s) empresa (s) se dedique (n) a estos rubros como transporte, venta, promoción y producción. Como también el caso de la empresa EPSEL (Servicio de agua) o ENSA (Electronorte) que contratan otras empresas por la Ley de tercerización, para labores principales que estas realizan; así en el caso de EPSEL se contrataría para labores del servicio de gasfitería, toma de medición de medidores, reparto de recibo, mantenimiento de redes y desagues entre otras labores propias de EPSEL y para el caso de ENSA, sería labores de electricidad, en este caso colocar para colocar o instalar nuevos medidores medidores, el mantenimiento de redes, colocar redes entre otras labores principales de ENSA; ejemplos que se podría ir describiendo y que viene siendo usadas por empresas en el rubro servicios, mineros, trasporte, energético, comunicación, molinos, agroexportadoras entre otras.
¿Es posible tercerizar labores en instituciones públicas como la Municipalidad, ESSALUD, PROYECTOS entre otras?, por supuesto que si, así tenemos a ESSALUD que terceriza las labores para el servicio de sus funciones principales como es la toma de exámenes médicos, tomografías, el servicio de digitación, las teleoperadoras entre otras; las municipalidades pueden tercerizar los servicios que se encuentran en el régimen laboral privado, como sería el caso de los obreros; en este sentido puede ser para labores de limpieza pública, jardinería, serenazgo y todo aquel trabajador que se encuentre en el régimen privado.
Sin embargo, en todo contrato de tercerización, se debe de respetar lo que señala la Ley y que exige que los contratantes cumplan los siguientes requisitos para suscribir y ejecutar este contrato de tercerización:
1.- Que la empresa a contratar para labores de tercerización y que ejecutara las labores principales de la empresa contratante (usuaria) cuente con una autonomía económica, es decir cuente con la capacidad para pagar las remuneraciones a sus trabajadores, tenga la maquinaría, herramientas y todo lo necesario para prestar sus servicios a la empresa usuaria, que le contrata para que ejecute sus servicios.
2.- Que la empresas que suscriben el contrato de tercerización, tengan bien establecido, que al contratar a una empresa tercerizadora, sobre sus trabajadores solo pueden ejercer poder de subordinación, la empresa tercerizadora y no la empresa usuaria; en este sentido, la subordinación debe ser exclusiva por la empresa tercerizadora.
3.- Además de otros elementos por decir así menos importantes, como son que la empresa tenga varios clientes y no se demuestre que sólo cuenta con un cliente, que estaría señalándose como una empresa fraudulenta para evadir derechos laborales.
Cuáles son los beneficios, para las empresas usuarias y para las instituciones públicas.
En primer término, que los trabajadores no dependen de la empresa usuaria sino de la empresa tercerizadora.
Se evita una mayor contingencia laboral para las empresas usuarias, (tomando en cuenta, un contrato de tercerización cumpliendo con la Ley) en cuanto a carga laboral y aumento de su planilla de trabajadores, ya que estos pertenecen a la empresa tercerizadora.
Contratar una empresa tercerizadora, genera mayor competitividad o mejor servicio; siempre y cuando la contratación sea a una empresa requerida para hacer mejor el objeto principal de la empresa usuaria.
¿Cuáles son los beneficios o perjuicios de los trabajadores en un contrato de tercerización?
Una de las principales críticas a este contrato de tercerización es que no genera la sindicalización, por cuanto en algunas ocasiones estas empresas no cumplen con el poder de autonomía empresarial y los Sindicatos no pueden tener una vigencia en el tiempo, por cuanto desaparecen estas, con el tiempo muchas veces, del plazo del contrato mismo del contrato de tercerización.
En muchos casos, la empresa principal que genera en ciertas ocasiones mas rentabilidad no es redistribuida a los trabajadores de la empresa tercerizadora, solo a los trabajadores de la empresa usuaria, por ejemplo como sucede con trabajadores de las minas que perciben utilidades de la empresa minera y los trabajadores de las empresas tercerizadoras que brindas servicios a la empresa minera, dichos trabajadores de la tercerizadora, no tienen derecho a estas utilidades de la minera, salvo que la empresa tercerizadora genere utilidades, estas serían repartidas entre sus trabajadores.
Las consecuencias de incumplir la Ley de Tercerización, en un contrato de tercerización.
Así como la ley de tercerización otorga estas ventajas a las empresas para que sean mas competitivas o se brinde un mejor servicio con apoyo de empresas especializadas en las mismas labores principales que la empresa realiza; también castiga a las empresas que incumplen esta ley como multar a las empresas por parte de la SUNAFIL y de ser declarado ya sea administrativamente o JUDICIAL el incumplimiento de la Ley de Tercerización y ordenan, que durante todo el tiempo que los trabajadores eran “trabajadores” de la empresa tercerizadora, se reconozca como su verdadero empleador a la empresa usuaria; además se les cancele sus beneficios sociales que hubiese percibido, de haber estado en la empresa usuaria y que no lo percibió, por estar en la empresa tercerizadora.
CONTRALORÍA CONFIRMA DENUNCIA DE EXPRESIÓN: HUBO IRREGULARIDADES EN LICITACIÓN DE COLEGIOS REALIZADA POR EL GOBIERNO REGIONAL
Comité Especial desarrolló proceso pese a que expediente técnico tiene errores.
Tal como lo denunció Expresión en las ediciones 1115 y 1116, la licitación del proyecto que apunta a la construcción de cinco instituciones educativas, adjudicada por el Gobierno Regional de Lambayeque, se hizo mal. El Órgano de Control Institucional – OCI, de la entidad, ha confirmado que el expediente técnico tiene errores y que eso originó la incorrecta evaluación de los postores por parte del Comité Especial.
Se trata de la Licitación Pública N° 001-2019-GR.LAMB, para la ejecución de la obra “Creación de los servicios de educación inicial escolarizada en la I.E. N° 11156 – El Marco, N° 11153 – El Verde, N° 10208 - Túcume, N° 10227 - San Bernardino y N° 499 Hacienda Sasape, de los distritos de Jayanca y Túcume”, valorizada en nueve millones 693 mil 702.47 soles.
De acuerdo al Informe de Visita de Control N° 013-2019-OCI/5343-VC, se identificaron situaciones adversas tras la revisión de los documentos emitidos por la Dirección de Estudios y Asistencia Técnica y el Área de Apoyo a las Contrataciones relacionada al expediente técnico y al expediente de contrataciones, las que – refiere el OCI – “afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del procedimiento de selección”.
EXPEDIENTE EN CUESTIÓN
Hace semanas Expresión dio cuenta que el expediente técnico de la obra contenía información diferente respecto a los montos consignados en rubros que deberían presentar las mismas cifras, generando que los postores presentados al proceso proyecten sus presupuestos tomando valores distintos, siendo calificados o descalificados de acuerdo al criterio discrecional del comité especial.
“La diferencia en el presupuesto referencial de obra y el presupuesto analítico por especialidad, de la partida mobiliario y equipamiento del expediente técnico, ha generado que la entidad no haya proporcionado información clara y coherente en el procedimiento de selección, afectando los principios de transparencia y libre concurrencia de postores que rigen las contrataciones públicas”, señala el Órgano de Control Institucional.
Con el Informe Técnico N° 000011-2019-GR.LAMB/GRIN-DEAT-CACC, del 6 de marzo, César Cisneros Chicoma, ingeniero IV, comunicó a José Huamán Vargas, director de Estudios y Asistencia Técnica – UE001, que el proyecto era viable al cumplir con las normativas vigentes y nuevas directivas aprobadas e información complementaria que debe contener los expedientes técnicos, según Memo.Mult.N°009-2017-GR.LAMB/GRIN-DEAT, que hace de conocimiento sobre la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD- “Gestión de riesgos en la planificación de la ejecución de obras” y la actualización de los formatos de Gastos de Supervisión según el RLC, encontrándose conforme el expediente técnico, para emitir la correspondiente Resolución de Aprobación del Expediente técnico y solicitar la cadena presupuestal.
El expediente técnico fue aprobado el 20 de marzo con la Resolución Directoral N° 000001-2019-GR-LAMB/GRIN-DEAT.
Expresión afirmó que el proceso era irregular por cuanto se sustentaba en un expediente técnico con montos diferentes en un mismo concepto. El OCI, con su informe, ha corroborado dicha información.
“Se ha determinado que en la partida ‘9 Mobiliario y equipamiento’ del numeral ‘7. Presupuesto analítico por especialidad’ del expediente técnico se ha calculado un monto de 134 mil 850.26 soles. Sin embargo, en el numeral ‘6. Presupuesto Referencial de obra’ la partida ‘9 Mobiliario y equipamiento’ se ha consignado el monto de 134 mil 850.26 soles, lo que significa que se ha considerado dos presupuestos diferentes para la misma partida, variando en 0.01 céntimo”, señala el informe.
Pese al error, el 2 de abril el gerente regional de Infraestructura, Harry Gonzales Solano, con el Oficio N° 000536-2019-GR.LAMB/GRIN, remitió al jefe de la Oficina de Logística, copia del expediente técnico y los requisitos de calificación en forma digital para la convocatoria de la ejecución de la obra. Con ese antecedente, el 15 de abril, con Resolución Jefatural Regional N° 000068-2019-GR.LAMB/ORAD, Germán Pisfil Agapito, jefe regional de Administración, aprobó el expediente de contratación de la obra y ese mismo día designó al comité de selección.
El comité quedó conformado por Wilmer Vásquez Guerrero, como presidente, y José Barba Maique y José Huamán Vargas como integrantes.
En mérito a ello, el comité solicitó la aprobación de las bases administrativas el 16 de abril, las mismas que fueron aprobadas por el jefe regional de Administración al día siguiente, estableciendo como valor referencial de la obra nueve millones 693 mil 702.47 soles.
Tras absolver las consultas y observaciones, el 14 de mayo el comité registró las bases integradas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado, manteniendo los presupuestos diferentes para la misma partida.
El 23 de mayo, cuando se realizó la presentación, apertura y admisión de ofertas, el comité no admitió las propuestas del Consorcio Brysa, conformado por Brysa Contratistas Generales SAC y Constructora Torre Fuerte SRL, que presentó una oferta de ocho millones 724 mil 332.23 soles, con el argumento de que al sumar los montos de las partidas se arrojó la cifra total de ocho millones 724 mil 332.24 soles, diferente en 0.01 céntimo, debido a la consideración de los montos disímiles incluidos en el expediente técnico.
El comité aplicó el Artículo 60 del Reglamento de Contrataciones del Estado, que señala que solo es subsanable la rúbrica y foliación de la oferta, mas no el monto. El mismo criterio aplicó para no admitir la oferta de Kibe Construcciones Generales SAC.
Ante ello, el representante del Consorcio Brysa, José Azabache Diez, presentó una denuncia ante el OCI, e informó – basándose en el expediente - que en el componente “Arquitectura” de la Institución Educativa N° 11156 – El Marco, se presentan dos precios: uno en el documento Resumen Presupuesto por 515 mil 457.68 soles y otro de 515 mil 457.69.
“Este solo hecho conlleva a error a los postores como fue nuestro caso y vulnera la participación de los mismos, motivo por el cual solicitamos a usted se declare nulo el proceso y se retrotraiga hasta la etapa de nueva presentación de ofertas por ser un reclamo justo”, argumentó el denunciante.
Para el órgano de control, se concluye que la entidad estaría proporcionando información incoherente respecto a las partidas que determinan el valor referencial, lo que viene generando que los postores no comprendan dicha información y estén planteando sus ofertas técnica y económica de forma errónea.
“En ese sentido se advierte que la elaboración deficiente del expediente técnico ha conllevado a que en la etapa de admisión de propuestas del proceso de selección no se admitan las propuestas presentadas por los postores, limitando la libre concurrencia de postores y, por ende la posibilidad de que la entidad tenga mejores ofertas”, indica el informe.
Control Institucional afirma en su informe que el comité de selección no dejó constancia en acta del acuerdo de integración de bases, afectando los principios de legalidad y transparencia que rigen las contrataciones públicas.
El Reglamento Ley de Contrataciones del Estado estipula que los acuerdos que adopte el comité de selección, con su respectiva fundamentación, constan en actas que son suscritas por los integrantes del mismo, las que se incorporan al expediente de contrataciones.
“Sobre el particular, de la revisión al expediente de contrataciones y al portal web del SEACE, se constató que no obra documento en el cual el comité haya dejado constancia del acuerdo de integración del bases, lo que significa que no dejó constancia de los acuerdos adoptados conforme lo prevé la normativa de contrataciones”, precisa OCI.
Por estas consideraciones, se ha puesto de conocimiento lo detectado al gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, con la finalidad de que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del expediente técnico.

References: resolución 
 Resolución 
 Artículo 97
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 38
 resolución 
 Artículo 35
 resolución 
 Artículo 10
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Artículo 60