Source: http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/1997/00138-1996-AA.html
Timestamp: 2017-12-13 20:38:54+00:00

Document:
00138-1996-AA
... en el caso sub litis no se aprecia sustracción de la materia justiciable, de manera que, los actos practicados por la demandada, apoyándose en el caduco Decreto Ley Nº 25636, lesionan los derechos que a la actora le reconoce el Decreto Legislativo Nº 276, concordantes con el artículo 40º de la Constitución.
Exp. Nº 138-96-AA/TC
Caso: Gilma Paredes Tejada
En Arequipa, a los dieciocho días del mes de septiembre de mil novecientos noventiséis, reunido en sesión de Pleno Jurisdiccional el Tribunal Constitucional, con la asistencia de los señores Magistrados:
Recurso Extraordinario interpuesto por doña Gilma Paredes Tejada, contra la Resolución de la Primera Sala Civil de Arequipa, de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, que revocando la apelada, declara improcedente la Acción.
Acción de Amparo interpuesta por Gilma Paredes Tejada contra el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), Gerencia Departamental de Arequipa, a fin de que se declare la nulidad de la Resolución Nº 016-GDA-1995, de febrero de mil novecientos noventa y cinco, que la cesa en el cargo de auxiliar administrativo por causa de racionalización, a cuyo efecto indica que fue repuesto en dicho cargo por mandato judicial emitido en una anterior Acción de Amparo, el treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, habiéndose acreditado en aquel proceso, que no pudo presentarse a examen de selección y calificación, el quince de noviembre de mil novecientos noventa y dos, por razones de salud, y que, no obstante haber caducado el plazo para la racionalización del Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), que fue de ciento veinte días calendario, se le cesa por causal de racionalización, a consecuencia de un nuevo examen que sí rindió el cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, para el que fuera convocada dentro del marco del Decreto Ley Nº 25636, que no estaba vigente, resolución aquella que ha sido ejecutada, no obstante no haber vencido el plazo para que quede consentida, y contra la cual interpuso apelación en la vía administrativa, recurso que entiende denegado, por efecto del silencio administrativo, violándose así sus derechos constitucionales y legales, de estabilidad laboral, defensa y debido proceso.
A fojas noventa y una, el Juez, con fecha cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, declara fundada la demanda y sin efecto la impugnada Resolución Nº 016-GDA-IPSS-95, que cesa a la demandante, cuya reposición ordena, al igual que el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, en atención a que el Decreto Ley Nº 25636, que no tiene carácter ultractivo y que el examen al que fue sometida la demandante no resulta amparado por el Decreto Legislativo Nº 276.
La Primera Sala Especializada Civil de Arequipa, sostiene que no habiendo sido impugnadas, en la vía administrativa, las resoluciones del Instituto Peruano de Seguridad Social, que en mil novecientos noventa y cuatro convocaron a nueva fecha para el examen de selección y calificación, como tampoco la orden para el ya mencionado examen, para el cual fue habilitada e inscrita la demandante, dándose así atención a lo jurisdiccionalmente dispuesto en lo que concierne a la justificación de su inasistencia al primer examen legalmente dispuesto por su centro de trabajo, y constituyendo ello sustracción de materia justiciable según lo resuelto por la Corte Suprema de la República en un caso análogo, precisamente a propósito del proceso de racionalización del personal administrativo del IPSS, dispuesto por el indicado Decreto Ley Nº 25636, revoca la apelada y reformándola declara improcedente la acción de garantía interpuesta.
Considerando: Que de lo actuado se desprende que las partes están de acuerdo en los hechos motivo de la presente acción, más difieren en sus efectos y alcances. Así, mientras la justiciable afirma no poder ser válidamente cesada por disposición legal que ya no se encontraba vigente en la fecha de los hechos, el demandado sostiene lo contrario, esto es, que, habiéndose sometido voluntariamente aquella trabajadora al examen de selección y calificación el día cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el cual fue desaprobada, reconoce los efectos del Decreto Ley Nº 25636, máxime si la reposición de la actora en su cargo de Auxiliar Administrativo fue judicialmente ordenada por haber acreditado estar impedida de asistir al primer examen de selección y calificación, habiendo sido habilitada, por esa causa, para que rindiese, como en efecto lo hizo, aquel segundo examen; que, si bien es cierto que las resoluciones dictadas por el propio demandado para regular la nueva fecha del examen de selección y calificación, no fueron impugnadas, como tampoco lo fue la orden para que concurriese a rendir el alusivo examen, también es cierto que aquéllas, se sustentaban en un precepto legal que, había ya caducado, de modo tal que el demandado carece de acción para proseguir, en relación con parte de su personal, con el trámite de racionalización previsto en el Decreto Ley Nº 25636, en tanto que la orden notificada notarialmente, importaba una disposición individual, emitida también dentro de aquel presunto marco legal, dirigida a un trabajador dependiente, cuya subordinación es una de las características propias de su relación laboral, quien no estaba en actitud de rechazarla o discutirla de inmediato y menos enervarla administrativamente, pues de no haber asistido habría incurrido irremisiblemente en la misma causal de cese, por racionalización, de modo que no podía exigírsele conducta distinta; que las normas de racionalización son excepcionales y por tener un fin específico, no forman parte de la evaluación regular del rendimiento de los trabajadores sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, de modo que el sometimiento de la demandante, no extiende o prorroga su vigencia; de otra parte, en el caso sub litis no se aprecia sustracción de la materia justiciable, de manera que, los actos practicados por la demandada, apoyándose en el caduco Decreto Ley Nº 25636, lesionan a los derechos que a la actora le reconoce el Decreto Legislativo Nº 276, concordantes con el artículo 40º de la Constitución.
Revocando la recurrida, de fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, y reformándola, confirma la de primera instancia, fechada el cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, que declara fundada la Acción de Amparo interpuesta por doña Gilma Paredes Tejada contra el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS), Gerencia Departamental de Arequipa.

References: artículo 40
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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 artículo 40