Source: http://politicaspublicas.com.mx/index.php/noticia/index/7127
Timestamp: 2018-06-20 15:13:06+00:00

Document:
MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 10:13:07 | México
POSPONEN ENTRADA EN VIGOR DEL JUICIO ORAL MERCANTIL
Brinda mayor tiempo a los Poderes Judiciales para adoptarlo; "enormes presiones financieras, la capacitación y la formación judicial impiden incentivar su cumplimiento"
07.03.2018 12.00 AM
La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la Comisión de Economía que reforma y adiciona diversas disposiciones del Decreto que modifica el Código de Comercio, en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017.
El documento se aprobó en lo general por 337 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones y luego que el Pleno rechazó las reservas que presentó el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) se avaló en lo particular con 275 votos a favor, 57 en contra y dos absteniones.
Surgió de dos iniciativas que presentaron los presidentes de las comisiones de Justicia, Álvaro Ibarra Hinojosa, y de Economía, Jorge Dávila Flores, ambos del PRI, en noviembre y diciembre de 2017, respectivamente.
Fue aprobado de manera inicial en la Cámara de Diputados y turnado al Senado de la República en diciembre pasado, donde realizaron cambios y lo regresaron el 13 de febrero pasado.
Modifica los artículos transitorios segundo, tercero, primer párrafo, cuarto, primer párrafo y quinto.
Asimismo, se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio en materia de juicios orales mercantiles, publicado en el DOF en enero de 2017.
En el artículo segundo transitorio se establece que las disposiciones previstas en el Título Especial Bis denominado “Del juicio Ejecutivo Mercantil Oral”, serán aplicables a los asuntos en los que el valor de la suerte principal (deuda) sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta 650 mil pesos sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda.
Se adiciona que, a partir del 26 de enero de 2019, en los juicios ejecutivos mercantiles orales, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto por concepto de suerte principal sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta un millón de pesos sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.
Además, prevé que, a partir del 26 de enero de 2020, en los juicios ejecutivo mercantiles orales a que se refiere el presente transitorio, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea igual o superior a la cantidad que establece el artículo 1339 para que un juicio sea apelable y hasta cuatro millones de pesos sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.
El artículo tercero transitorio establece que en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis, se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta 650 mil pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.
El precepto cuarto transitorio estipula que, a partir del 26 de enero de 2019, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles cuyo monto sea hasta un millón de pesos por concepto de suerte principal, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.
El artículo quinto transitorio establece que, a partir del 26 de enero de 2020, en los juicios orales mercantiles previstos en el artículo 1390 Bis se tramitarán todas las contiendas mercantiles sin limitación de cuantía.
Además, estipula que los asuntos cuya demanda haya sido admitida a partir del 25 de enero de 2018 y hasta la entrada en vigor del presente decreto, se tramitarán conforme a las leyes aplicables en ese momento.
La Comisión de Economía considera que, para la ejecución exitosa de la justicia oral mercantil, es necesaria la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los actores para garantizar la eficiencia y ganar la confianza de la sociedad.
Señala que los plazos inicialmente estipulados en los artículos transitorios resultaron insuficientes para la correcta instrumentación de los juicios orales mercantiles, toda vez que la transformación de la infraestructura inmobiliaria y la capacitación de los principales actores jurídicos requieren de tiempo y de recursos económicos suficientes.
“Actualmente inquieta la posibilidad de que estos cambios no se alcancen a concretar en los plazos respectivos señalados en el régimen transitorio, en virtud del cúmulo de instituciones que es necesario transformar”, externa.
Subraya que es oportuno modificar y ajustar el marco jurídico en materia de juicios orales mercantiles, a las circunstancias a las que se enfrentan los tribunales y, así, encaminar la consolidación de la justicia mercantil para que sea más efectiva, pronta y expedita.
Expresó que sin la debida implementación de las reformas que incorporan la oralidad al sistema jurídico, la carga de trabajo de los poderes judiciales locales hará que los juicios se alarguen; por tanto, no se lograrían los objetivos buscados en la impartición de justicia, vulnerando los derechos humanos de los gobernados y obstaculizando el objetivo de celeridad.
Comentó que el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, e integrantes de la misma, expusieron ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y diversas comisiones esas preocupaciones, y solicitaron una prórroga para la entrada en vigor de los nuevos lineamientos.
Consideró que para la ejecución exitosa de la justicia oral mercantil, por parte de los poderes judiciales estatales, se debe adecuar la infraestructura inmobiliaria y capacitar a los operadores que participan en el entramado judicial mercantil. “Resultaría incongruente contar con nuevas normas, instituciones y procesos si jueces, peritos, abogados, docentes investigadores y estudiantes de derecho continúan pensando y actuando conforme a la justicia mercantil escrita”.
El diputado del PRI, Alejandro Juraidini Villaseñor, sostuvo que esta reforma brinda mayor tiempo a los Poderes Judiciales para adoptar el sistema oral en materia mercantil, y puedan sortear las carencias e insuficiencias. Las enormes presiones financieras, la capacitación y la formación judicial impiden incentivar su cumplimiento, subrayó.
Apuntó que la propuesta alienta más eficiencia al permitir que los mexicanos tengan acceso a los juicios orales en plenitud. “El compromiso es consolidar este mecanismo para reducir dificultades y contratiempos en su implementación y hacerlos protagonistas del fortalecimiento del sistema de impartición de justicia, pilar fundamental para su crecimiento”, enfatizó.
Del PAN, el legislador Miguel Ángel Salim Alle sostuvo que implementar los juicios orales mercantiles exige de todos los operadores, abogados, jueces y peritos, desarrollar capacidades y conocimientos para incrementar la calidad de la justicia y los niveles de satisfacción social, orden y armonía que conlleva el modelo, con lo que los particulares se beneficiarán con procesos transparentes y expeditos.
Consideró que la transición a este modelo requiere evaluación, calibración y ajuste para su correcta aplicación, así como incrementar los recursos para destinarlos a la capacitación, equipamiento y logística que deben ser oportunos y satisfechos, a fin de adaptarse a la realidad de los órganos jurisdiccionales que desahogarán estos litigios.
Por el PRD, el legislador Erick Arturo Figueroa Ovando indicó que los nuevos plazos y términos para implementar los juicios orales mercantiles darán mayor certeza y seguridad jurídica, ya que otorgará tiempo suficiente para instrumentar la reforma y disponer de los recursos necesarios para llevarla a cabo, como la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los impartidores de justicia.
Son esquemas temporales más acordes con las nuevas realidades y se ajusta de mejor manera a los tiempos y circunstancias específicas que enfrentan los tribunales en esta materia, consideró.
El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) señaló que los tribunales federales y locales han sido omisos en cumplir con lo aprobado por el Congreso en 2011, al no implementar los juicios orales en materia mercantil. “No es cuestión de recursos, sino de responsabilidad de los operadores de la ley”, precisó.
Calificó de “absurdo” que se requerirán nueve años para establecer este procedimiento judicial en nuestro país, e indicó que existe confusión respecto a la gradualidad establecida en las tres etapas para atender estos juicios en función de la cuantía.
Por el PVEM, el diputado Cándido Ochoa Rojas dijo que los juicios orales traerán transparencia y rapidez, por lo que se debe tener la madurez para hacer frente a las consecuencias de la celeridad con que se resolverán los mismos.
Precisó que su grupo parlamentario está a favor del dictamen, porque se requiere facilitar a los jueces su trabajo para que los ciudadanos tengan una justicia pronta, transparente y lo más cercano a la realidad de lo que ocurre en su entorno.
La diputada Ana Guadalupe Perea Santos (PES) estimó que se requiere la adecuación de la infraestructura de los tribunales locales y la profesionalización de los diversos actores capaces de garantizar la eficacia en la impartición de justicia oral mercantil, para así ganar la confianza de la sociedad.
Anunció su voto a favor del dictamen, “esperando que los encargados de impartir la justicia mercantil sean responsables con la ciudadanía y cumplan con su anhelo de justicia”.
En tanto, el diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco (MC) comentó que uno de los grandes problemas que enfrenta la nación es que la mayoría de los ciudadanos no tiene acceso a la justicia, pues únicamente es para aquellos que la puedan pagar, “y eso, en un país, implica una debilidad institucional enorme”.
Mencionó que una forma de combatir la opacidad, la cual se traduce en corrupción, es hacer que en los juicios, sobre todo en materia mercantil, pueda haber el principio de publicidad, lo que implica que cualquier ciudadano pueda observarlos y saber cómo son. Pidió que se destinen los recursos necesarios para implementar esta reforma.
La diputada Carmen Victoria Campa Almaral (NA) señaló que la finalidad de la modificación es ajustar los tiempos a las circunstancias que enfrentan los tribunales y, de este modo, orientar la consolidación de la justicia mercantil.
Por ello, consideró oportuna la reforma para adecuar los plazos y los términos relativos a la entrada en vigor de los diferentes juicios orales en la materia, y contribuir a que los poderes judiciales de las entidades federativas realicen los esfuerzos necesarios para su correcta implementación.
Las propuestas de modificación del diputado Juan Romero Tenorio (Morena) no fueron aceptadas por la asamblea y, posteriormente en la votación particular, los artículos reservados fueron aprobados en términos del dictamen, por 275 votos en pro, 57 en contra y dos abstenciones.
“La transición a este modelo requiere evaluación, calibración y ajuste para su correcta aplicación, así como incrementar los recursos para destinarlos a la capacitación, equipamiento y logística.”
INDISPENSABLE, POLÍTICA PÚBLICA PARA EXIGIR CUENTAS A AUTORIDADES

References: artículo 1339
 artículo 1339
 artículo 1339
 artículo 1390
 artículo 1390
 artículo 1390