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Timestamp: 2018-09-22 01:18:35+00:00

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FEDERACIONLEX: Flexibilización de la congruencia civil Muestreo jurisprudencial por Mabel de los Santos
Flexibilización de la congruencia civil Muestreo jurisprudencial por Mabel de los Santos
Flexibilización de la congruencia civil
Muestreo jurisprudencial·
Por Mabel De los Santos[1]
SUMARIO: 1. Introducción. 2. Tipos de incongruencia. 3. Garantías constitucionales y arbitrariedad de sentencia. 4. Flexibilización de la congruencia: supuestos legales y muestreo jurisprudencial. 5. Algunas conclusiones.
La congruencia consiste en la exigencia de identidad entre lo postulado y lo resuelto en la sentencia. La referidad exigencia –como resulta de la propia definición- no se aplica para los actos de parte, sino para los actos resolutorios emanados del órgano jurisdiccional. Señala al respecto Aragoneses[2], con citas de James Godschmidt y Guasp, que así como la idoneidad constituye un requisito propio de las peticiones de las partes -idoneidad en cuanto a su aptitud para obtener la resolución judicial apetecida-, la congruencia lo es para las resoluciones judiciales, pues éstas deben ser acordes a las peticiones que resuelvan.
Se encuentra fuera de discusión que la congruencia, más que un principio jurídico, es un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo orden de razonamiento.[3] En ese sentido, el principio de identidad o congruencia, constituye uno de los principios fundamentales de la lógica junto con los de no contradicción, tercero excluído y razón suficiente, debiendo entenderse que aludimos a los principios rectores de la lógica formal, vale decir, a la disciplina que estudia las inferencias válidas con relación únicamente a su forma.
Ahora bien, no existe consenso en la doctrina nacional respecto de la naturaleza jurídica de la congruencia procesal. Algunos autores entienden que constituye un principio procesal y, aún cuando destacan la jerarquía de unos respecto de otros, no clasifican a los principios en cuanto a su vinculación con las garantías constitucionales[4]. Entre quienes distinguen, dentro del elenco de los principios, aquéllos vinculados a la garantía constitucional del debido proceso adjetivo -y los diferencian de los sistemas procesales y las reglas del proceso[5]- algunos autores consideran que la congruencia constituye un requisito necesario y de inexcusable observancia como condición del debido proceso adjetivo[6], mientras, para otros, la congruencia es un postulado lógico que en el ámbito procesal deriva del tipo dispositivo.[7]
Tal como señalara en anteriores trabajos, entiendo que la exigencia de congruencia -ya sea que se la denomine genéricamente “principio” (lógico o jurídico) o sea considerada una “regla” técnico-jurídica que condiciona la actividad decisoria del órgano jurisdiccional- constituye una derivación del sistema dispositivo que no tiene carácter absoluto, vale decir, su observancia admite excepciones o flexibilizaciones, en circunstancias extraordinarias y bajo determinadas condiciones.[8]
Considero de suma utilidad para la comprensión de la cuestión la distinción que realizara Clemente Díaz entre principios, sistemas y reglas. Conforme tal clasificación la congruencia es consecuencia o derivación del sistema dispositivo y constituye una regla que deben observar los jueces para el dictado de sus sentencias.
Sin embargo, el postulado de la congruencia adquiere particular relevancia por su correlación con el principio de bilateralidad (o garantía constitucional de la defensa en juicio) pues si la pretensión o los hechos no han sido materia de debate, prueba y contralor por la contraria, el juez afectaría -en principio- la garantía de la defensa al pronunciarse sobre una pretensión no deducida o sobre hechos ajenos al proceso o si condenara a quien no ha tenido oportunidad de defensa y prueba.
No obstante ello, es menester advertir que la misión del juzgador es asegurar la efectividad del derecho en su integridad, así como de las garantías constitucionales en su conjunto, mandato que impone, en algunas situaciones, flexibilizar la congruencia (vale decir, hacer una excepción a este postulado), siempre que se asegure la bilateralidad, con el objeto de acordar una solución mejor y más justa al conflicto, preservando así otras garantías vinculadas al debido proceso adjetivo.
Ahora bien, un análisis de los reparos que se formulan a esta propuesta por quienes se oponen a toda flexibilización de la congruencia permite advertir que se basan, implícitamente, en alguna de las siguientes premisas: o bien a) que la congruencia resulta inherente e inescindible de la garantía de la defensa, erigiendo a la primera en principio esencial al debido proceso, o b) que el sistema procesal debiera ser dispositivo a ultranza para satisfacer los postulados de la Constitución.
Con relación a la primera premisa, el mero análisis de algunas normas procesales que prevén formas excepcionales de flexibilización subjetiva (vgr. arts. 96 CPCCN[9]: condena al tercero de intervención provocada) o fáctica (art. 163 inciso 6, último párrafo, CPCCN[10]: meritación de hechos sobrevinientes), evidencia que puede flexibilizarse la congruencia y, simultáneamente, respetarse la garantía de la defensa, haciendo ostensible que se trata de aspectos separables.
Con respecto al segundo presupuesto de la tesis negatoria, no cabe sino reconocer que un ajuste estricto y absoluto a la congruencia es el que mejor compatibiliza con un sistema dispositivo intransigente. Sin embargo ningún régimen procesal vigente en el país es dispositivo de manera absoluta, ni tampoco el dispositivo integra el sistema de garantías adoptado por la Constitución Nacional, a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación[11].
Esta visión del esquema procesal como básicamente dispositivo pero con notas del sistema opuesto (hoy lo llamaríamos publicismo o activismo) no es novedosa, pues era formulada ya en el año 1955 por Hugo Alsina.[12] No obstante ello, en tiempos recientes se ha reavivado el debate entre quienes contrastan el activismo judicial con la restricción de sus poderes. Sin embargo el sistema que asegura un adecuado funcionamiento de la justicia civil es el que balancea, armoniza e integra ambos, de modo de satisfacer simultáneamente el interés privado de los particulares en la resolución del conflicto y, simultáneamente, el interés público de asegurar la efectividad del derecho en su conjunto.[13]
Tal como enseñara el recordado maestro Lino Enrique Palacio, el principio dispositivo es susceptible de funcionar junto con las facultades concedidas a los jueces por el régimen procesal, siempre que el ejercicio de tales facultades no ocasione agravio al derecho de defensa, ni comprometa la igualdad con que corresponde tratar a las partes.[14] Como veremos, esos son precisamente los límites esenciales a la potestad judicial de flexibilizar la congruencia[15].
2. Tipos de incongruencia
a) Términos comparativos:
En primer lugar cabe puntualizar que genéricamente se alude a la congruencia como la correlación entre la sentencia y las pretensiones deducidas en juicio. Sin embargo, como bien advirtiera Guasp, por congruencia ha de entenderse la conformidad que debe existir entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, más la oposición u oposiciones, en cuanto delimitan este objeto.[16] De lo expuesto resulta que la resolución judicial debe guardar correlación con el “thema decidendum” integrado por pretensiones (principales o reconvencionales) y oposiciones.
En segundo lugar corresponde señalar que la congruencia debe observarse tanto en una litis principal como incidental. También en la segunda instancia en tanto interpuesto un recurso, él aprovecha únicamente, en principio, a la persona que ha recurrido y respecto de la cuestión o cuestiones que han sido objeto de agravio.
b) Clasificación de los tipos de incongruencia:
Conforme las premisas antes expuestas, si la observancia de identidad o congruencia debe observarse básicamente entre la sentencia respecto de las pretensiones y oposiciones a las primeras. es menester concluir que para clasificar los tipos de incongruencia debemos tomar como base los elementos de la pretensión.
La pretensión procesal se compone de un elemento subjetivo (sujetos) y de dos elementos objetivos (el objeto y la causa). Los sujetos, el objeto y la causa (entendida esta última como la concreta situación fáctica expuesta en la demanda, a la que el actor asigna determinada consecuencia jurídica) constituyen el criterio para establecer los tipos de incongruencia.
Conforme tal metodología, se puede colegir que existe incongruencia subjetiva cuando la decisión jurisdiccional condena a quienes no son parte juntamente con quienes sí lo son (incongruencia subjetiva por exceso), u olvida condenar a quien corresponde hacerlo tanto como los incluidos en el fallo (incongruencia subjetiva por defecto) o condena a una persona distinta de la demandada (incongruencia mixta).[17]
Finalmente existe incongruencia respecto del material fáctico cuando la sentencia se refiere a hechos no planteados por las partes (por exceso), cuando omite la consideración de hechos esenciales y probados (por defecto) y cuando se resuelve una cuestión distinta (mixta), entendido el término “cuestión” como el concreto sector de la realidad dentro del cual debe juzgarse el caso. Es que, como señalara Chiovenda, la “causa petendi” no debe ser confundida con los argumentos de hecho expuestos por el actor, ni, mucho menos, con la norma o normas jurídicas invocadas por éste.
c) El vicio de incongruencia en la segunda instancia:
Además de las formas de incongruencia antes indicadas, en la instancia revisora el Tribunal de apelación también puede incurrir en incongruencia cuando no se respetan dos expresiones del principio dispositivo en materia recursiva, a saber: a) la que resume el aforismo “tantum devolutum quantum appellatum” y b) la prohibición de la “reformatio in peius”.
Como expresara gráficamente Calamandrei[18] “el nuevo examen del juez de segundo grado se ejercita sólo en cuanto las partes lo provoquen con su gravamen; en apelación, lo mismo que en primer grado, la mirada del juez se halla limitada, por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo y no está en condiciones de ver sino lo que las partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura.”
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha establecido que la competencia de los tribunales de segunda instancia en materia civil se encuentra limitada por la extensión de los recursos concedidos y que la trasgresión de tales límites comporta agravio a las garantías constitucionales de la propiedad y la defensa en juicio.[19]
Tal delimitación del conocimiento del tribunal de alzada se proyecta tanto en la extensión de los sujetos alcanzados por el recurso (personalidad de la apelación) como de su objeto, que se traduce en los agravios expresados. También deben observarse los límites de la congruencia con el material fáctico, aunque los propios regímenes procesales admiten la posibilidad de invocar hechos nuevos posteriores a la oportunidad de su introducción en la primera instancia, que no son sino “hechos sobrevinientes” acaecidos durante el trámite del proceso.
Sólo las cuestiones decididas en primera instancia, que fueron objeto de recurso, pueden ser modificadas, aunque esta rigidez conceptual reconoce alguna morigeración en el llamado “principio de plenitud de jurisdicción”, que viabiliza algunas excepciones a la incongruencia objetiva en la alzada, tales como el pronunciamiento sobre cuestiones no tratadas en la instancia de origen y que no fueron objeto de agravio por el sentido de la decisión del juez de primera instancia[20].
También se pueden configurar específicas formas de incongruencia subjetiva en la sentencia de segunda instancia. En efecto, como expresión del sistema dispositivo y la congruencia consecuencial, la apelación sólo afecta a la parte que ha recurrido y la parte que no ha apelado de la sentencia, debe interpretarse que la aprueba y, por lo tanto, ésta queda firme a su respecto. Es lo que se denomina principio de “personalidad del recurso”, al que se opone el llamado principio de “comunidad de la apelación”, que, como veremos, constituye la forma de flexibilización de la congruencia subjetiva en la alzada.
Con relación a los elementos fácticos, también la sentencia de alzada debe abarcar los nuevos hechos invocables en segunda instancia, circunstancia que amplía el ámbito de la congruencia fáctica respecto de la primera instancia.
d) La incongruencia interna y externa:
Alguna doctrina distingue la congruencia interna de la externa[21]. La interna consiste en la armonía de las distintas partes de la sentencia; ésta no debe contener afirmaciones o resoluciones contradictorias entre sí. La congruencia externa es la adecuación de la sentencia con los asuntos cuestionados, controvertidos, que fueron objeto del debate, a la que no referimos en los párrafos precedentes.
Si bien pareciera ser una mera cuestión semántica, entiendo que la denominada incongruencia interna es en rigor el vicio de autocontradicción, que constituye un vicio lógico del razonamiento que constituye un caso diferenciable del vicio de incongruencia.[22]
3. Garantías constitucionales y arbitrariedad de sentencia.
En anteriores trabajos he señalado que las garantías constitucionales del “due process of law” pueden ser sintetizadas, a mi modo de ver, en las siguientes: 1) que medie imparcialidad e independencia de los jueces, condición que se vincula con el principio procesal de igualdad de las partes en el litigio (art. 16 CN), 2) que todo litigante tenga oportunidad adecuada de defensa y prueba, aspecto vinculado al principio de contradicción (art. 18 CN) y 3) que la intervención jurisdiccional asegure la tutela judicial efectiva en tiempo útil[23]. Esta última garantía que integra el plexo de condiciones del debido proceso adjetivo es de incorporación constitucional más reciente y se vincula con los principios procesales de economía procesal y de eficacia de la tutela jurisdiccional [24].
Ahora bien, la regla de congruencia, derivación del sistema dispositivo, constituye un resguardo tendiente a asegurar la garantía de la defensa. Indudablemente su inclusión en los regímenes legales tiene por objetivo proteger al litigante, no perjudicarlo.
Es bien sabido que la incongruencia como vicio de la sentencia es causal del recurso ordinario de nulidad[25] y del extraordinario por arbitrariedad de sentencia[26].
Sin embargo, ello no es óbice a que en determinados casos excepcionales, para asegurar otras garantías constitucionales (específicamente la garantía de la tutela efectiva, eficaz y en tiempo útil de la jurisdicción) se flexibilice la congruencia. Ello supone que el juzgador al hacerlo explicite y fundamente sus razones, así como que controle y exprese los motivos por los cuales su decisión no afecta, en el caso, la garantía de la defensa en juicio de los litigantes.
Con frecuencia, la rigidez conceptual y la incomprensión de los referidos parámetros dentro de los cuales juega la congruencia procesal suelen desembocar en excesos rituales, que también constituyen causal del recurso extraordinario federal. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el célebre caso “Colalillo” (Fallos 238:550) consagró que “los ritos caprichosos que frustran la aplicación del derecho, impidiendo conocer la verdad jurídica objetiva, no se compadecen con un adecuado serivicio de Justicia” .
No debemos olvidar que desde la perspectiva de la teoría de los valores, lo opuesto al orden no es el desorden, sino el ritualismo exacerbado (disvalor), al que no debe llegarse con la excusa de la seguridad; una cosa es la seguridad y la planificación ordenada y otra el ritualismo. Al respecto sostenía Bidart Campos que la mera beatería de las formas perjudica el derecho de defensa del justiciable y es causa de inseguridad, pues también genera dilación de los procesos.[27]
4. Flexibilización de la congruencia: supuestos legales y jurisprudenciales.
a) Casos de flexibilización previstos legalmente:
Varias normas prevén excepciones al principio de congruencia que consagra el artículo 34 inciso 4º del Código Procesal Civil de la Nación y otras normas procesales, a saber:
1. Flexibilización de la congruencia objetiva:
a) Constituye una excepción legislada al principio de congruencia la discrecionalidad del juez en materia cautelar que prevé el art. 204 CPCCN., quien puede disponer una medida cautelar diferente de la solicitada (o limitarla), teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger, para evitar perjuicios innecesarios al afectado por la medida (extra petita).
Similar discrecionalidad o flexibilización de la congruencia objetiva se encuentra consagrada en el Proyecto de Código Procesal Civil y Comercial para la Provincia de Buenos Aires de Morello, Arazi, Kaminker y Eisner y en el Anteproyecto de Código para la Ciudad de Buenos Aires, que al regular las Medidas autosatisfactivas (o de efectividad inmediata) en su artículo 67, “in fine” reza: “Se podrán disponer las medidas las medidas que la índole de la protección adecuada indique, bajo la responsabilidad del peticionante”.
b) La posibilidad de fallar ultra petita, que establece el art. 56 de la ley 18345 de Procedimiento laboral: “Los tribunales podrán fallar ultra petita, supliendo la omisión del demandante”, disposición que se funda en el principio de irrenuncialidad de los derechos del trabajador, que consagra el art. 12 de la ley de Contrato de Trabajo (20.744).
La férrea limitación que proviene del principio de congruencia(...) puede colisionar, como señala Berizonce[28], con ciertos derechos legalmente irrenunciables, estatuidos por reglas imperativas de orden público (derechos sociales, en general), cuando por error o ignorancia o estado de necesidad no son reclamados en la demanda o son renunciados bajo presión de las circunstancias. Ante la colisión el régimen procesal laboral prevé expresamente la flexibilización.
2. Flexibilización de la congruencia subjetiva:
Configura un supuesto de flexibilización de la congruencia la reciente modificación del art. 96, tercer párrafo, del CPCCN (ref. ley 25.488), que permite ejecutar la sentencia contra el tercero de intervención provocada (a quien el actor no demandó), en tanto no se invoquen restricciones puntuales al ejercicio de la defensa por parte del tercero citado. La inclusión del tercer párrafo de la norma citada no deja duda: la citación del tercero importa extender la pretensión contra el mismo[29], solución que permite condenar a quien no fue originariamente demandado. La misma norma se ocupa de compatibilizar tal flexibilización de la congruencia subjetiva con las garantías del debido proceso, al establecer que la resolución será ejecutable contra el tercero, “salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio”.
3.-Flexibilización de la congruencia fáctica:
Constituye una excepción a la congruencia la previsión contenida en el art. 163 inciso 6º CPCCN, que permite al juez hacer mérito en su sentencia de hechos no afirmados, producidos durante la sustanciación del juicio y que resulten de la prueba, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos, a los que la doctrina denomina “hechos sobrevinientes”.
En efecto, el Código permite al juzgador considerar en la sentencia hechos relevantes (constitutivos, modificatorios o extintivos) no afirmados por las partes, que resulten de la prueba, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos (cfr. art. 163 inciso 6º, último párrafo, del Código Procesal). El fundamento de la norma estriba en razones de economía procesal y de eficacia de la sentencia, permitiendo la actualización de las cuestiones fácticas que la sentencia está llamada a regular.
Tal como señalé en un trabajo dedicado al análisis de esta norma[30], existen ciertos aspectos que merecen alguna reflexión, a saber:
Se ha legislado tal excepción a la congruencia fáctica como una facultad del juzgador en el sentido de los poderes-deberes[31] que prevé el régimen procesal. Vale decir, no consiste en una facultad discrecional sino en una potestad que debe ejercer el magistrado cuando se configuran las circunstancias previstas por la norma y que se correlaciona con los “deberes” legislados en el artículo 34 inciso 5º y con los “deberes y facultades ordenatorias e instructorias” que consagra el art. 36 del Código Procesal
La hipótesis prevista por la ley permite la consideración oficiosa en la sentencia de algún hecho distinto de los invocados en los escritos de constitución del proceso, que resulta de la producción de las pruebas (vgr: el agravamiento del estado de salud de la víctima de un accidente de tránsito que se incorpora a través de la práctica de la pericia médica y que modifica esencialmente la entidad del daño y la naturaleza de la incapacidad que padece). Por supuesto en estos casos de actuación oficiosa habrá necesariamente bilateralidad en la incorporación de este hecho al litigio pues la contraria tiene la posibilidad de ejercer el contralor de la prueba conforme las normas vigentes.
En toda flexibilización debe prestar especial cuidado el magistrado en preservar razonablemente la garantía de la defensa. Tal exigencia, a mi modo de ver, se traduce en las siguientes condiciones de admisibilidad del hecho sobreviniente:
a) Cuando es considerado oficiosamente por el juzgador el hecho sobreviniente que resulta de la prueba -en los términos que establece el artículo 163 inciso 6º del C.P.C.-, el juez debe evaluar que en la incorporación del hecho en el proceso haya existido bilateralidad y contralor por las partes.
b) Cuando un hecho sobreviniente es verdaderamente relevante para el proceso y fuere invocado por alguna de las partes antes del llamado de autos para sentencia, no advierto que medien razones para disponer su desestimación liminar, pues su introducción a la litis –respetando siempre la bilateralidad- le permitirá al juzgador el dictado de una sentencia actual con relación a la realidad que debe regular. Sin embargo, en tal caso ya no se trataría de un caso de flexibilización de la congruencia, sino de una invocación incidental de un hecho que consolide, modifique o extinga el derecho, el que no supone una variación o cambio de demanda y por ello es admisible, no obstante lo dispuesto por el art. 331 del Código Procesal.
c) Ahora bien, en tal supuesto será imprescindible que el juzgador valore la colisión que se produce entre ese interés, que hace a la solución actual de la controversia, y la economía del proceso.
b) Flexibilizaciones de la congruencia en la segunda instancia:
Además de los límites impuestos por el “thema decidendum” -idénticos a los aplicables a la sentencia de primera instancia- el conocimiento del tribunal de apelaciones se encuentra condicionado por la congruencia objetiva de segunda instancia, que resume el brocárdico “tantum devolutum quantum appellatum” (que incluye la prohibición de la “reformatio in peius”), por la congruencia subjetiva de la alzada que resulta del sistema de la personalidad de la apelación, conforme el cual el recurso deducido aprovecha únicamente a la persona que lo ha interpuesto y finalmente por los hechos que fueron objeto del debate.
Sin embargo también pueden identificarse flexibilizaciones a todas las formas de congruencia, a saber:
Flexibilización de la congruencia subjetiva:
Art. 89 del CPCCN: (Litisconsorcio necesario):
Habida cuenta que la norma dispone que la sentencia no puede dictarse útilmente si no involucra a todos los litisconsortes necesarios, aún cuando no establece expresamente una excepción al principio de la personalidad de la apelación, la jurisprudencia ha entendido que, en virtud de la unidad valorativa que informa al tema, el recurso interpuesto por uno de los litisconsortes favorece aún a aquéllos que no apelaron.[32]
Consagra así una excepción a la congruencia recursiva, optando para ese supuesto por la comunidad de la apelación (Mattirolo), que reconoce raíces en los derechos romano y canónico, dando a la apelación un carácter objetivo de modo que aún quienes no apelaron la aprovechan.
Flexibilización de la congruencia fáctica:
Art. 277 CPCCN: “El tribunal no podrá fallar sobre capítulos no propuestos a la decisión del juez de primera instancia. No obstante, deberá resolver sobre los intereses y daños y perjuicios, u otras cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia.”
La norma prevé expresamente la consideración por el juez de la apelación de los hechos sobrevinientes a la sentencia de primera instancia, norma que evidencia que el “thema decidendum” no debe quedar cristalizado, pues interesa al Estado que las sentencias resuelvan el conflicto a la luz de la realidad actual y no pasada.
Flexibilización de la congruencia objetiva:
a) Por aplicación del denominado principio de jurisdicción plena, pese a los límites impuestos por los agravios expresados al fundar la apelación, la jurisprudencia tiene decidido que las defensas oportunamente opuestas por la parte que no apela el fallo de primera instancia por serle favorable y que fueron desestimadas, quedan sometidas a la decisión del tribunal de segunda instancia en virtud de la apelación deducida por la contraria. Se entiende que ellas se encuentran implícitamente sometidas a la decisión de la Cámara. aún cuando no se las hubiere articulado al contestar los agravios de la contraria. De lo contrario el triunfo en primera instancia cercenaría la defensa del vencedor.[33]
b) Arts. 253 y 278 CPCCN: Ambas normas autorizan a que el tribunal de alzada se pronuncie originariamente sobre cuestiones involucradas en la demanda, que no fueron objeto de recurso ni de examen en primera instancia como consecuencia de haber prosperado una defensa del demandado (apelación: art. 278) o por haberse declarado la nulidad del fallo (art. 253).
Es doctrina pacífica que el vencedor (por completo) en primera instancia no se encuentra legitimado para apelar, por lo que se encuentra impedido de llevar a conocimiento del ad quem los argumentos que hiciera valer en la instancia de origen y que fueron rechazados o no considerados por el a quo. El tema cobra singular importancia cuando la alzada estima que debe revocar a sentencia apelada o cuando anula la sentencia, debiendo, entonces, volverse a fallar la causa. Se considera que media en tal hipótesis una “apelación implícita” que le permite al tribunal de alzada valorar los argumentos desestimados o preteridos por el a quo al confeccionar la sentencia a la postre revocada.[34]
c) La flexibilización de la congruencia en el ámbito del Derecho de Daños:
Por aplicación del principio de indemnización integral de las víctimas, encontramos algunos casos de flexibilización de la congruencia objetiva en el Derecho de Daños, a saber:
La posibilidad de acordar una suma indemnizatoria superior a la peticionada por un reclamo dependiente de prueba cuando se ha sujetado el pedido a “lo que en más o menos resulte de la prueba”.[35] (ultra petita)
El resarcimiento como “privación de uso de un vehículo” del reclamo formulado como “lucro cesante” –que se desestima por no hallarse probado- (extra petita) y, en general, el encuadramiento legal bajo otro rótulo de una pretensión por aplicación del principio “iura novit curia”[36], forma de flexibilización admitida desde siempre por la doctrina procesal, en tanto no se alteren los hechos afirmados por el justiciable y no se innove sobre los requisitos de la acción[37], expresiones que tienen por finalidad esencial, en definitiva, la de preservar la garantía de la defensa en juicio. Los referidos límites evidencian la aludida interacción entre el principio de congruencia y la potestad judicial de aplicar el derecho que se estime adecuado para decidir la controversia.
El reclamo “implícito” de intereses:
Caso “Matuk, Alicia S. c. Transporte Automotor Riachuelo S.A. y otro” (CNCiv., Sala M, 21/10/2006, Rev. La Ley del 22/2/2007):
Tratándose de un reclamo resarcitorio de daños en el que el actor omitió expresamente solicitar intereses sobre las sumas indemnizatorias, se entendió que más allá de la omisión, la lectura del escrito de demanda permitía concluir que la parte actora postulaba la obtención de una reparación integral de los perjuicios ocasionados por el acto ilícito, pues reclamaba la reparación de las pérdidas sufridas y la utilidad que se había dejado de obtener. Se sustentó la decisión en que el art. 1069 del CC establece que el daño “comprende no sólo el perjuicio efectivamente sufrido, sino también la ganancia de que fue privado el damnificado por el acto ilícito y que en este Código se designa por las palabras pérdidas e intereses”, en algún precedente jurisprudencial de larga data (JA 1969-I-80) que aludía a que ninguna ley establecía que la alusión expresa a los intereses tuviera carácter sacramental y en la doctrina favorable a dicha interpretación que importa también una forma de flexibilización de la congruencia.[38]
En la sentencia referida el tribunal advirtió que admitir en tales circunstancias los intereses, dado que los mismos tienen por finalidad compensar la demora en el pago de la indemnización de los daños causados por el ilícito, no se advertía afectación alguna de la defensa en juicio al no haberse bilateralizado desde el origen la pretensión por no haber sido solicitados de modo expreso. Ello así con fundamento en que el cómputo de éstos no requiere de prueba, su procedencia es inequívoca y el arranque de su cómputo se encuentra determinado por la fecha del ilícito o desde que se produce cada perjuicio objeto de la reparación.
d) En el ámbito del Derecho de Familia:
Caso “Cataldi” (Cám. Apel. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, 28/11/2006):
Se trataba de un divorcio vincular contencioso, en el cual se imputaban demandante y reconviniente injurias recíprocas sustentadas en plurales causales. El tribunal ad quem consideró que no se había probado ninguna de las causales alegadas por los contradictores. Sin embargo, encontró demostrado que el divorcio vincular fue solicitado por ambos litigantes y que había transcurrido el lapso previsto por el artículo 214 inciso 2º Código Civil para que se configurara la denominada “causal objetiva” de divorcio. En función de ello y, con expresa alusión al “resultado práctico” perseguido por los contendientes y citando varios precedentes en igual sentido (ED 133-472; ED 163-241), se decretó el divorcio vincular solicitado, pero no en mérito de alguna causal contenciosa sino en virtud de la causal objetiva proveniente de la prolongada separación de hecho acordada por los cónyuges. El fundamento de la flexibilización en este caso radicaba en evitar dilaciones mayores contrarias a la economía procesal y a un bien entendido servicio de Justicia, someter a los litigantes separados de hecho, de común acuerdo, con varios años de antigüedad a un nuevo trámite, con el consiguiente dispendio de tiempo y gastos, y el correlativo desgaste jurisdiccional, esta vez sustentado en los buenos oficios de la llamada “causal objetiva”del divorcio vincular.
Caso “Mac Judit” (CNCiv., sala M, 2/8/1999):
Tratábase también de un divorcio contencioso por injurias graves con reconvención por adulterio y abandono voluntario y malicioso, causales que fueron desestimadas, disponiéndose en la alzada el divorcio de los cónyuges por la causal de separación de hecho sin voluntad de unirse por un lapso mayor de tres años, para lo cual se tuvo en cuenta que ambas partes habían solicitado el divorcio y que ese lapso había transcurrido con creces desde la promoción de la acción y su reconvención hasta la sentencia de Cámara. Se sostuvo que era una aplicación del “iura novit curia” y que tal solución fue receptada con anterioridad por varias Salas de la Cámara Civil (Sala M., expte. 138418; Sala D, 10/11/1998, LL 1990-B-132; Sala G, 28/2/96; Sala F, 13/3/1992, entre otros).
También se sustentó la decisión en la economía procesal y el adecuado servicio de Justicia, pues se explicó que el disloque de la pareja y la falta de todo vínculo de unión o tolerancia quitaban interés jurídico, social y práctico a la subsistencia del matrimonio, lo cual tornaba inconveniente el mantenimiento del vínculo matrimonial.[39]
e) Flexibilización en el ámbito de la emergencia económica:
En razón de la pesificación de las obligaciones en dólares estadounidenses exigibles con anterioridad a enero de 2002, dispuesta en el marco de la emergencia económica por la ley 25561, la jurisprudencia mayoritaria se inclinó por desestimar los planteos de inconstitucionalidad de la ley citada con fundamento en la razonabilidad de la misma en tanto la propia ley en su artículo 11 contenía una previsión que permitía ajustar equitativamente la suma a pagar. En dichos fallos, aún cuando no se hubiera solicitado el reajuste subsidiariamente al planteo de inconstitucionalidad, la jurisprudencia lo ha dispuesto oficiosamente para evitar mayores dilaciones (economía procesal) y no incurrir en exceso rituales incompatibles con un adecuado servicio de Justicia.[40]
f) En el ámbito de los Procesos urgentes:
Los amparos y las medidas autosatisfactivas, por la urgencia inherente a la protección de los derechos involucrados, son un ámbito propicio para la flexiblización de la congruencia pues se procura privilegiar la protección jurisdiccional del derecho o garantía amenazados o vulnerados, evitando excesos rituales. De la lectura de los fallos respectivos se advierte que en muchos casos se ha acordado una medida distinta de la peticionada, pero igualmente idónea para proteger el derecho, de modo similar a lo previsto por el art. 204 del C.P.C.N. para las medidas cautelares, lo que constituye una flexibilización a la congruencia objetiva.[41]
Como sostiene Peyrano en el fallo “Piu de Carolli, E. c/ Centro Unión Dependientes s/ amparo”, el ámbito de la jurisprudencia preventiva es propicio para la flexibilización de la congruencia.[42]
Caso “Piu de Caroli” (Cám. Apelac. Civil y Comercial, Rosario, 2002).
Se trataba de un amparo promovido por una asociada a una mutual que percibía cuotas mensuales módicas y cuyo padrón de beneficiarios reconocía una gran mayoría de personas mayores de sesenta años. La requirente contrajo esclerosis múltiple, dolencia que reclama el suministro periódico de fármacos de muy elevado costo y que si no son administrados, pueden llevar a la muerte de la paciente. Negado el suministro farmacológico por no encontrarse los remedios correspondientes en el vademécum aprobado por la Mutual, la nombrada promovió acción de amparo tendiente a que se le suministraran vitaliciamente los fármacos en cuestión; invocando, entre otros argumentos, el derecho a la salud tutelado constitucionalmente por varios tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
En definitiva, el tribunal de alzada –en resolución que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe- hizo lugar al pedido de entrega de los fármacos requeridos, pero sólo por un plazo de tres años, haciendo expresa mención acerca de que el verdadero deudor de aquéllos era el Estado Nacional -quien debía ser demandado- y que el lapso de suministro (de tres años) se otorgaba para concederle tiempo a la requirente para que accionara debidamente. Asimismo, se señaló que la inversión que demandaba el mencionado suministro temporario de medicamentos debía ser reputada provisoria y que podía intentarse su repetición contra el Estado Nacional. No obstante la declaración de derechos realizada, se acordó por un lapso acotado lo pedido en razón del riesgo de vida de la actora, el hecho de haber sido durante más de veinte años beneficiaria –lo que evidenciaba que no se afilió maliciosamente- y el empinado puesto en el cual se encuentra colocado el derecho a la vida y a la salud en el nuevo contexto constitucional.
Caso “Lasarte” (Suprema Corte de Justicia de la Pcia. de Buenos Aires, 8/3/07).
Se trataba de una demanda contencioso-administrativa entablada contra la Municipalidad de La Plata a raíz de la negativa de ésta a otorgarle al demandante la continuidad en su rol de concesionario de un puesto de venta de emparedados y gaseosas en la plaza Moreno de la ciudad de La Plata. El actor pretendía dicha continuidad, haciendo especial hincapié en el emplazamiento privilegiado que le otorga la circunstancia de ser discapacitado, con fundamento en numerosas disposiciones constitucionales y legales que lo ampararían. La mayoría, siguiendo el erudito voto de Eduardo de Lázzari, concluyó que no le asistía derecho al actor a la continuidad en la explotación pretendida respecto, precisamente, del puesto en cuestión; declarando que “El señor Lasarte (él, y no la sociedad de hecho que, aparentemente conformaba con el señor Yuen) está legitimado para reclamar que, una vez demostrada su situación y en igualdad de otras circunstancias, al concluirse el procedimiento licitatorio se lo tenga en cuenta prioritariamente para ser beneficiario de una concesión, si es que la comuna resuelve hacerlo de esa forma. Pero, no tiene el derecho de exigir que, por su sola condición, se le privilegie con la adjudicación de una concesión directa sobre un espacio determinado”. Estrictamente el Tribunal entendió que correspondía el rechazo de la pretensión hecha valer por Lasarte. Sin embargo, valorando que las acciones positivas instrumentadas en 1994, en el artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional encierran también un mandato a ser tenido en cuenta por el Poder Judicial, la Suprema Corte bonaerense encontró una solución diferente para el conflicto que no fue la postulada.
En efecto, ponderando que en diversos tramos de la causa la Municipalidad de La Plata le ofreció a Lasarte “un permiso de uso de espacio público en diversos lugares alternativos, atendiendo a la discapacidad del demandante” y hallando que el centro del interés del requirente está constituido “por el angustioso y justo reclamo de quien, con su integridad corporal frustrada, exigía mantener un medio razonable y adecuado de vida”, se fijó un plazo a la Municipalidad de La Plata para que concretara las acciones necesarias con el objeto de presentar al demandante, dentro de un plazo de 180 días, variables semejantes que traduzcan la adjudicación de un puesto de ventas en un espacios públicos, que permita idóneamente desenvolver su actividad y lograr ingresos suficientes para su subsistencia y la de su grupo familiar; todo bajo apercibimiento de astreintes y de resolverse tal obligación en el pago de los daños y perjuicios emergentes.
En su excelente voto el Ministro de Lázzari asumió que el camino esbozado no reflejaba la ortodoxia procesal. Pero destacó que los jueces deben juzgar las cuestiones meramente formales con criterio amplio a fin de no perjudicar un reclamo que se vincula con un beneficio de naturaleza alimentaria (Fallos, 280:75; 294:94). Y agregó que “un estricto apego al principio de congruencia conduciría a la ya enunciada repulsa. Sin embargo, los conceptos procesales admiten flexibilización en supuestos excepcionales como el que nos ocupa. De allí que corresponda armonizar aquéllas exigencias de tipo formal con las particularidades que se presentan, para que las decisiones judiciales sean verdaderamente útiles”, destacando así la función instrumental del proceso.
De los propios fundamentos del fallo precitado resulta la concreción del tránsito que el Maestro Morello tanto pregonara desde un garantismo formal (muchas veces interpretado en favor del exceso ritual) a un garantismo funcional, teleológico, que facilite y no malogre el acceso a la Justicia.
1.- La congruencia constituye una regla o máxima dirigida al juzgador que deriva del sistema dispositivo.
2.- Dicha regla, en circunstancias extraordinarias, admite excepciones bajo determinadas condiciones.
3.- La finalidad de la congruencia consiste en asegurar la coherencia interna entre lo postulado y lo resuelto y, por esa vía, coadyuvar a asegurar la garantía de la defensa.
4.- Se trata de una institución procesal creada para beneficiar a los justiciables y no para perjudicarlos.
5.- El concepto de flexibilización de la congruencia presupone que, en circunstancias excepcionales, resulta legítimo exceder los límites subjetivos, objetivos o fácticos de la litis y conceder algo distinto de lo requerido por el demandante o reconviniente.
6.- El juzgador que opte por flexibilizar la congruencia debe explicitar los motivos por los que se aparta de la regla y fundar adecuadamente su decisión. La fundamentación inexcusablemente debe aludir a la constatación de que al hacerlo no se afecta la garantía de la defensa.
7.- Un estricto apego a la congruencia, en ciertas circunstancias, puede constituir un exceso ritual.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MDS
· PUBLICADO EN REVISTA LA LEY 2007-F, 1278.-
[1] Vocal de la Sala M de la Cámara Nacional en lo Civil, Profesora adjunta regular de Derecho Procesal Civil, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UBA, miembro titular y ex Secretaria General de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.
[2] Aragoneses, Pedro, “Sentencias congruentes: Pretensión, oposición, fallo”, Aguilar, Madrir, 1957, pág. 10.-
[3] De los Santos, Mabel, “La flexibilización de la congruencia”, Suplemento Especial La Ley, octubre 2005, pág. 80, con cita de Díaz, Clemente A., “Instituciones de Derecho Procesal”, T. II-A, p. 229, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As., 1968.
[4] Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, Bs. As., 1967, T. I, pág. 256; Morello, Augusto M - Sosa, Gualberto - Berizonce, Roberto, “Código...”, LEP, La Plata, 1982, T. I, pág. 569; Peyrano, Jorge W., “El proceso civil. Principios y fundamentos”, Astrea, Bs. As., 1978, p. 63.
[5] Díaz, Clemente, “Instituciones de Derecho Procesal”, Abeledo Perrot, 1968, T. I, pág. 211/388, Falcón, Enrique M., “Código...”, LexisNexis, Bs. As., 2006, pág. 18/25; Arazi, Roland, “Derecho Procesal Civil y Comercial”, Rubinzal Culzoni, Sta. Fe, 1999, T. I, pág. 177 y sgtes.; Ferreyra de de la Rúa y González de la Vega de Opl, “Teoría General del Proceso”, Advocatus, Córdoba, 2003, T. I, pág. 120/157, Rivas, Adolfo, “Teoría General del Derecho Procesal”, LexisNexis, 2005, pág. 325.
[6] Botto Oakley, Hugo, “La congruencia procesal”, Lerner, Córdoba, 2006, pág. 245/5.-
[7] Díaz, Clemente, en sus “Instituciones de Derecho Procesal” citadas, luego de analizar los fundamentos constitucionales del derecho procesal, distinguía entre los principios generales (bilateralidad, formalismo, autoridad, economía, moralidad), los tipos o sistemas (de la organización judicial, de las formas de expresión y comunicación, de los poderes del juez y de las partes) y las reglas o máximas procesales (impulsión, preclusión, inmediación, adquisición, concentración) y ubicaba a la congruencia como una derivación del sistema dispositivo. Aclaraba el profundo jurista que los principios generales del proceso se vinculaban con los presupuestos políticos (constitucionales) del régimen jurídico -hoy hablaríamos de las “garantías”-, sostuvo que los tipos o sistemas eran las formas metódicas aptas para su desarrollo y definía a las reglas o máximas como las condiciones que conforman técnica y estructuralmente la actividad de los sujetos procesales.
[8] De los Santos, Mabel, “Los valores en el proceso civil actual y la consecuente necesidad de reformular los principios procesales”, J.A. 2000-I-752 (Capítulo: Flexibilización de la congruencia: pág.757); “Los hechos en el proceso y la flexibilización del principio de congruencia” en Morello, Augusto M., “Los hechos en el proceso civil”, La Ley, Bs. As., 2003, pág. 59/70; “Condiciones para la admisibilidad del hecho sobreviniente en el proceso civil”, La Ley 2003-F, 1309; “Postulación y flexibilización de la congruencia. Su análisis con relación al Código Procesal Civil peruano”, Revista Iberoamericana de Derecho Procesal nº 6, año 2004, pág. 239 y “La flexibilización de la congruencia” en Cuestiones Procesales modernas, supl. esp. La Ley, octubre 2005, pág. 80.
[9] Art. 96: “...En todos los supuestos, después de la intervención del tercero o de su citación, en su caso, la sentencia dictada lo alcanzará como a los litigantes principales. También será ejecutable la resolución contra el tercero, salvo que, en oportunidad de formular el pedido de intervención o de contestar la citación, según el caso, hubiese alegado fundadamente, la existencia de defensas y/o derechos que no pudiesen ser materia de debate y decisión en el juicio.”
[10] Art. 163 inc. 6º, segundo párrafo: “La sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.” -La introducción por vía de la prueba asegura razonablemente la bilateralidad en cuanto oportunidad de audiencia y prueba (contraprueba)-.
[11] Sólo a modo de ejemplo pueden citarse los fallos de la Corte Suprema de Justicia en “Mill de Pereyra” (La Ley 2001-F, 891) y en “Banco Comercial de Finanzas” (Fallos 327:3117), en los que se pronuncia a favor de la declaración oficiosa de inconstitucionalidad de las leyes.
[12] Alsina, Hugo, “Tratado...”, Ediar, Bs. As., 1963, pág. 102.
[13] De los Santos, Mabel, “La flexibilización...”, con cita de Storme, Marcel, “Role and status of de judiciary as a state power” en “Essays on transnational and comparative civil procedure”, P. 44, Torino, 2001.
[14] Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Abeledo Perrot, Bs. As., 1967, pág. 257.
[15] De los Santos, Mabel, “Los hechos en el proceso y la flexibilización del principio de congruencia” en Morello, Augusto M., “Los hechos en el proceso civil”, La Ley, Bs. As., 2003, pág. 59/70.
[16] Guasp, Jaime, “Derecho Procesal Civil”, Madrid, 1956, T. I, pág. 974.
[17] Peyrano, Ob. Cit., pág. 66.
[18] Calamandrei, Piero, “Apuntes sobre la reformatio in peius” en “Estudios sobre el proceso civil”, trad. Santiago Sentís Melendo, Bs,. As., 1961, Omeba, p. 301.
[19] CSJN, Fallos, 231:279, 235:171, entre otros.
[20] Arazi, R.- De los Santos, M. “Recursos ordinarios y extraordinarios”, Rubinzal Culzoni, 2005, pág. 209.-
[21] Borthwick, Adolfo, “Principios procesales”, Mave, Bs. As., 2003, pág. 46, con cita de A. Rocco.
[22] Fernández, Raúl, “Control de logicidad (vías impugnativas aptas) en Ghirardi, Olsen y otros “”Teoría y Práctica del Razonamiento forense”, Advocatus, Córdoba, 1999, pág. 125.-
[23] De los Santos, Mabel, “El debido proceso en la práctica judicial”, J.A. 2003-IV-1249.-
[24] El principio de la “tutela judicial efectiva”, garantizado en el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, impide que el acceso a la justicia se convierta en un desagradable juego de confusiones en detrimento de los particulares e impone una interpretación más justa y beneficiosa en el análisis de los requisitos de admisión a la justicia, al punto que por el principio pro actione, hay que extremar las posibilidades de interpretación en el sentido más favorable al acceso a la jurisdicción. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 105/1999, caso N. Palacios, Argentina, 29/9/1999, en Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1999, vol. I, Washington, 2000, en publicación de la Secretaría de Investigación de Derecho Comparado de la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación, T. 3, 2000, p. 697/700
[25] De los Santos, Mabel, “El recurso de nulidad” en Revista de Derecho Procesal, Rubinzal Culzoni, 1999, nº 3, Medios de Impugnación-Recursos II, pág. 204/205 y jurisprudencia allí citada, en especial: CNCiv., sala A, 3/4/89, “Alvello Hernández de Montes v. Canal 13 Río de la Plata T.V. y otro”, J.A. 1989-II-519. Allí se estableció que “una sentencia incongruente es una sentencia viciada y de la gravedad de su falta de adecuación a las peticiones de las partes dependerá la sanción de nulidad o la posibilidad de su reparación por vía de apelación. La sentencia que vulnere el principio dispositivo implícito, apartándose de las pretensiones del actor, sería pasible de nulidad.”
[26] Palacio, Lino E., “El recurso extraordinario federal”, Abeledo Perrot, 1992, pág. 235 y jurisprudencia allí citada respecto de las causales de arbitrariedad por omisión de pronunciamiento sobre cuestiones conducentes (Fallos 274:413; 301:978, 302:1030, 302:1176) o por excesos en los límites del pronunciamiento (Fallos 237:328; 301:213; 298:372; 300:1015, 299:197, entre muchos otros).
[27] De los Santos, Mabel, “Los valores...” op., cit., con cita de Kemelmajer de Carlucci, Aída, “Seguridad y Justicia”, JA, 1993-I-814.
[28] Berizonce, Roberto O., “Derecho Procesal Civil Actual”, Bs. As., Abeledo Perrot-LEP, 1999, p. 378.
[29] Falcón, Enrique M., “Código...”, LexisNexis, Bs. As., 2006, T. I, pág. 838 y jurisprudencia allí citada.
[30] De los Santos, Mabel, “Condiciones para la admisibilidad del hecho sobreviviente en el proceso civil”, L.L., 2003-F, 1309.
[31] Clemente A. Díaz denominaba a estas atribuciones judiciales “poder-deberes”, (Ob. Cit., T. II-A, p. 251).
[32] CNCiv., Sala B, 8/9/61, L.L., 105-71 y SCBA, 13/12/65, JA, 66-II-465, entre otros citados por Martínez, Hernán, “Procesos con sujetos múltiples”, La Rocca, Bs. As., 1987, pág. 137.
[33] Arazi-De los Santos, “Recursos ordinarios y extraordinarios” cit., pág. 209.
[34] De los Santos, Mabel, “Una desviación práctica de los recursos ordinarios de apelación y nulidad: el reenvío”, J.A. 1999-III-1104.-
[35] Ver CNCiv., sala K, 23/5/2003, “Ponce de Antico c/ Carrefour Argentina S.A, D.J. 2003/08/27, DJ, 2003-2, 1123, entre otros.
[36] CNCiv., Sala M., 26/4/1994, “Gavito, Leonardo P. c. Vega, Aníbal A., L.L., 1994-E, 470 – DJ, 1995-1-360.
[37] Ver jurisprudencia citada en Díaz, Clemente A., Ob. Cit., T. II-A, pág. 220.-
[38] Fassi-Yáñez, “Código Procesal...”, 3ª. edición, Bs. As., 1988, T. 1, p. 804, Morello, A.M., “Indemnización del daño contractual”, 2da. edición, Abeledo Perrot, Bs. As., 1974, p. 188, Peyrano, J.W., “El reclamo implícito del rubro intereses en materia de responsabilidad aquiliana” JS 61, p. 179 y sgtes., Wayar, “Tratado de la mora”, Abaco, Bs. As., 1981, p. 550; Iribarne, H.P., “De los daños a la persona”, Ediar, Bs. As., 1995, p. 71 y sgtes.
[39] Rey, Carlos A., “Separación de hecho, iura novit curia y matrimonio desquiciado”, L.L. 1990-B-132.-
[40] CNCiv., sala F, res. Nº 357.361, “Torrada, Silvia y otros c/ Oscar Dato Robinson S.A. s/ ej. Hipotecaria” del 27/12/02.
[41] Peyrano y otros, “Medidas autosatisfactivas”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1999.
[42] Hiruela de Fernández, M.P., comentario a fallo Cám. Civ. y Com. Rosario, Sala IV, 13/8/02 “Piu de Carolli, E. c/ Centro Unión Dependientes”, titulado “La acción de amparo y el principio de congruencia”, Revista Zeus, Córdoba, 24/12/02, p. 1016

References: resolución 
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 artículo 34
 artículo 67
in fine
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 artículo 34
 artículo 163
 artículo 214
 artículo 11
 resolución 
 artículo 75
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