Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/3822
Timestamp: 2020-08-06 01:44:35+00:00

Document:
Système HJ - Décision: SENTENCIA 80/1999
SENTENCIA 80/1999, de 26 de abril
ECLI:ES:TC:1999:80
En el recurso de amparo núm. 3.077/97, promovido por don Jesús Esteban García, representado por la Procuradora de los Tribunales doña Sonia Esquerdo Villodres y asistido del Letrado don Federico Martínez Roda, contra el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 19 de junio de 1997, confirmatorio, en súplica, del Auto de 20 de mayo de 1997, por el que se acuerda tener por ejecutada la Sentencia dictada en recurso núm. 2.178/92, de fecha 30 de junio de 1994. Esta Sentencia recayó en un proceso contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, de 15 de julio de 1992, sobre evaluación de la actividad investigadora. Han comparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado, y ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Por escrito registrado en este Tribunal el 11 de julio de 1997, doña Sonia Esquerdo Villodres, Procuradora de los Tribunales y de don Jesús Esteban García, interpuso recurso de amparo contra el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 19 de junio de 1997, en el asunto reseñado antes.
3. Se interpone recurso de amparo contra el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 19 de junio de 1997, interesando su nulidad. Entiende el demandante de amparo que la resolución judicial impugnada ha incurrido en infracción del art. 24.1 C.E. En su opinión, los Autos que han tenido por cumplida la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia han conculcado su derecho a la ejecución de una resolución judicial firme. En efecto, la Sentencia de 30 de junio de 1994 decretó la nulidad de las resoluciones administrativas entonces recurridas por entender la Sala que carecían de una motivación suficiente, de manera que no cabe tener por ejecutada dicha Sentencia -en la que se ordenaba dictar nueva resolución motivada- si la Administración reproduce el contenido de la declarada nula en 1994.
5. Por providencia de 3 de diciembre de 1997, la Sección tuvo por recibidas las alegaciones del demandante y del Ministerio Fiscal y, de conformidad con lo prevenido en el art. 88 LOTC, requerió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana la remisión de testimonio del recurso núm. 2.178/92.
8. Por providencia de 10 de noviembre de 1998 se tuvo por personado y parte al Abogado del Estado y se dió vista de las actuaciones, por plazo de veinte días, al demandante de amparo, al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado, al objeto de que, conforme dispone el art. 52.1 LOTC, pudieran presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
Con carácter subsidiario, y para el caso de que no se aprecie la concurrencia de la causa de inadmisión señalada, el Abogado del Estado pasa a examinar el fondo del asunto. Para el Abogado del Estado, no se ha quebrantado el derecho fundamental a la ejecución de lo juzgado. La Sentencia de 30 de junio de 1994 anula el acto originario recurrido (Acuerdo de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora de 1 de marzo de 1991) y su confirmación en alzada por Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 15 de julio de 1992, y reconoce como situación jurídica individualizada "el derecho del recurrente a obtener de la Administración una Resolución motivada con relación a la evaluación de su actividad investigadora". El pronunciamiento constitutivo -anulación de los citados actos administrativos- no plantea mayores problemas. La propia Sentencia los priva de validez, y, precisamente por ello, la Administración se ha visto en la precisión de dictar nuevos actos sustitutorios de los anulados. Se concluye que las cuestiones relevantes para el presente recurso son dos: en qué consiste realmente la eficacia vinculante de la doctrina sentada en las Sentencias contencioso-administrativas en interés de ley [art. 102 b) 4 L.J.C.A.]; y qué hay que entender in concreto por motivación suficiente para estimar debidamente cumplida una Sentencia que condena in abstracto a dictar una "resolución motivada con relación a la evaluación de su actividad investigadora".
En cuanto a lo primero, alega el Abogado del Estado que, de acuerdo con el art. 102 b) 4 de la Ley Jurisdiccional de 1956, la Sentencia estimatoria de la casación en interés de ley ha de fijar en el fallo la doctrina legal. Por lo que hace a la segunda de las cuestiones señaladas, se alega que la Sentencia de 1994 condena abstractamente a la Administración a dictar una Resolución motivada, si bien la Sala sentenciadora ha cambiado su criterio sobre cuándo puede entenderse en concreto que una resolución de la Comisión Nacional Evaluadora está suficientemente motivada. Este cambio se basa, justamente, en la doctrina en interés de ley fijada por el Tribunal Supremo sobre este punto, que dice así: "Las decisiones de la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora están suficientemente motivadas, aunque no manifiesten explícitamente las razones por las que valoran negativamente un período o períodos de investigación, cuando hacen suyas las puntuaciones asignadas por los Comités Asesores al valorar globalmente el conjunto de las aportaciones en cada uno de los criterios de evaluación" (STS de 5 de julio de 1996, fallo).
Para el Abogado del Estado, no puede decirse que se haya contradicho lo ejecutoriado. Tampoco puede tacharse de arbitraria o irrazonable la adopción del nuevo criterio de aceptabilidad de la motivación. No puede ser nunca arbitrario o irrazonable que una Sala acoja y aplique una doctrina fijada en interés de ley por el Tribunal Supremo, jurídicamente más correcta por hipótesis.
1. La cuestión planteada en el presente procedimiento se contrae a determinar si, como sostiene el demandante de amparo, la resolución judicial impugnada ha vulnerado su derecho a la ejecución de lo decidido en una Sentencia firme. Sin embargo, y con carácter previo a la exposición de los términos de la cuestión de fondo, es preciso pronunciarse sobre la posible concurrencia de la causa de inadmisión puesta de manifiesto por el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones, consistente en la falta de invocación del derecho supuestamente vulnerado [art. 50.1 a), en relación con el art. 44.1 c), ambos de la LOTC].
En el presente caso, el examen de las actuaciones judiciales revela que la lesión de derecho fundamental denunciada ahora en amparo no pudo pasarle desapercibida al Tribunal Superior de Justicia desde un primer momento. Así, consta en aquéllas que el recurrente hizo invocación expresa, entre otros, del art. 24 de la Constitución en su escrito de 17 de diciembre de 1996, por el que interesó de la Sala la ejecución de la Sentencia firme, considerando insuficiente la verificada por medio de las Resoluciones de 27 de febrero de 1995 y 6 de noviembre de 1996. Concretamente, y al folio 143, puede leerse que el demandante califica la conducta de la Administración como "de desacato a esta Sala, así como de una burla a la Justicia y a los derechos del administrado por cuanto no se somete a un mandato judicial, vulnerando en consecuencia los artículos 24, 103 y 118 de la Constitución Española". La referencia al art. 24 puede considerarse, ciertamente, lacónica en exceso; sin embargo, tampoco eran necesarias mayores precisiones, toda vez que la misma Sala, en su Auto de 31 de enero de 1996, había encuadrado claramente la cuestión debatida en el ámbito del derecho fundamental a la ejecución de sentencia, como se demuestra con la lectura de su primer fundamento jurídico y la copiosa doctrina constitucional allí citada. En consecuencia, era evidente que no le había pasado inadvertida al órgano judicial la dimensión constitucional del litigio, en todo momento centrado alrededor de aquel derecho fundamental. En estas circunstancias, es obvio que ha quedado perfectamente salvaguardada la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo, pues la Sala a quo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la realidad de una lesión que no puede entenderse suscitada aquí per saltum. Ciertamente, en el recurso de súplica dirigido contra el Auto de 20 de mayo de 1997 no se hizo expresa invocación del art. 24; pero no es menos cierto que, con arreglo a doctrina reiterada y uniforme, nunca se ha exigido la cita concreta y numérica del precepto constitucional en cuestión, sino simplemente que el problema constitucional haya quedado acotado en términos que permitan a los órganos judiciales pronunciarse sobre el mismo (SSTC 17/1982, 10/1986, 219/1991, entre otras muchas). Tal acotamiento es ya perceptible en el Auto de 31 de enero de 1996; y en el recurso de súplica, bien que sin mención expresa de aquel precepto constitucional, el demandante no hizo sino abundar en la idea de que no se había dado debida ejecución a la Sentencia firme.
2. Despejada la duda de procedibilidad suscitada por el Abogado del Estado, procede ya examinar la cuestión de fondo. Al objeto de delimitarla en sus exactos términos, hemos de recordar que la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó Sentencia el día 30 de junio de 1994, estimatoria de un recurso promovido contra la Resolución de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación de 15 de julio de 1992, confirmatoria del Acuerdo de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, de 1 de marzo de 1991, por el que se estimaron negativamente diversos tramos sometidos por el recurrente a evaluación. En el fallo de dicha Sentencia se reconocía, en lo que ahora importa, "como situación jurídica individualizada, el derecho del recurrente a obtener de la Administración una resolución motivada con relación a la evaluación de su actividad investigadora". La Administración, en cumplimiento de aquella Sentencia, dictó nueva Resolución, de igual contenido que la anulada por la Sala y con levísimas alteraciones formales. Por Auto de 31 de enero de 1996, la Sala tuvo por no ejecutado aquel fallo y acordó la ejecución de la Sentencia "de conformidad con los criterios fijados en el segundo fundamento jurídico de esta resolución", esto es, requiriendo a la Administración "al objeto de que proceda de forma pormenorizada, con relación a todos y cada uno de los méritos aportados, a emitir un informe motivado sobre su evaluación". La Administración dictó nueva Resolución, en los mismos términos, sin embargo, que la anterior. Ello no obstante, la Sala, mediante Auto de 20 de mayo de 1997, acordó que estaba cumplida la repetida Sentencia. Para la Sala, era obligado tener en cuenta que el Tribunal Supremo, por Sentencia de 5 de julio de 1996, dictada en recurso de casación en interés de ley, había alterado sustancialmente los criterios de motivación exigibles a los Acuerdos de la Comisión Nacional de Evaluación, en el sentido de considerarlos suficientemente motivados si hacían suyas las puntuaciones asignadas por los Comités Asesores al valorar globalmente el conjunto de las aportaciones; aplicando el nuevo criterio, la Sala tuvo por ejecutada la Sentencia. Dicho Auto fue confirmado, en súplica, por nuevo Auto de 19 de junio de 1997.
Nada puede oponerse, desde luego, a la posibilidad de que un Tribunal modifique una línea interpretativa y de aplicación de la ley mediante la sola asunción de un criterio contrario establecido por un órgano judicial superior. La cuestión que la presente demanda plantea es, sin embargo, distinta: si, decidido por un Tribunal cómo debe ejecutarse una Sentencia firme, su criterio puede ser sustituido por el sentado con posterioridad por el Tribunal Supremo, no con ocasión de un caso en el que se resuelva, precisamente, a propósito de una ejecución de Sentencia, sino en relación con el contenido que han de tener las Sentencias de fondo dictadas en supuestos equiparables. Aceptar esta última posibilidad supondría atribuir a la doctrina legal establecida en los recursos en interés de ley una eficacia retroactiva frente a la que ni siquiera podría oponerse la fuerza de cosa juzgada [art. 102 b) 4 L.J.C.A.]. Ha de repararse, además, en la circunstancia de que la nueva doctrina del Tribunal Supremo sólo puede ser aplicada al supuesto que estamos enjuiciando por la simple razón de que la Administración ha demorado indebidamente el cumplimiento de lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia.
En estas circunstancias es meridiano que la Sala no ha privado al actor, simplemente, de su derecho a la ejecución de una Sentencia firme en sus propios términos. Ha alterado, en fase de ejecución, el contenido mismo de la Sentencia firme. En ésta se dejó dicho cómo debía motivarse la resolución administrativa. En trámite de ejecución podrá discutirse si la Administración cumple o no con las directrices impuestas en la Sentencia firme; lo que no cabe es discutir de nuevo si esas directrices pueden ser sustituidas por otras nuevas, ya rechazadas, precisamente, en el pronunciamiento firme sobre el fondo. En otras palabras: la Sala ha decretado que la resolución impugnada debe tener un contenido determinado, excluyéndose, por tanto, otros contenidos posibles. A la hora de ejecutar esa decisión pueden surgir discrepancias entre las partes a propósito de si la nueva resolución administrativa se ajusta al contenido señalado como debido por el órgano judicial, y éste sólo podrá tener por ejecutada su Sentencia si el contenido de la resolución es aquél y no cualquier otro. Nunca podría, en definitiva, dar por bueno un contenido distinto, ni siquiera con el argumento de que el Tribunal Supremo admite, en pronunciamientos sobre el fondo - aunque sea como el único posible y con expresa exclusión del contenido señalado como debido por el órgano judicial- cualquier contenido imaginable.
1º Reconocer el derecho del demandante a la tutela judicial efectiva.
2º Anular el Auto de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 20 de mayo de 1997.
Numéro et date BOE [Nº, 130 ] 01/06/1999 Correction 1
Type et numéro d'enregistrement Recurso de amparo 3077-1997
Contra Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que acordó tener por ejecutada Sentencia dictada en procedimiento seguido sobre evaluación de la actividad investigadora.
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: inmodificabilidad de las Sentencias firmes.
El requisito de la previa invocación no constituye un mero formalismo teórico (SSTC 11/1982, 203/1987, 238/1991), sino que responde a la finalidad de otorgar a los órganos judiciales la posibilidad de restablecer el derecho fundamental conculcado (SSTC 75/1984, 176/1991, 37/1993), de manera que puede darse por cumplido si, no invocándose el derecho pretendidamente lesionado, el órgano judicial termina por examinar el problema constitucional que luego se suscite en vía de amparo (STC 185/1992). Se trata, en suma, de un requisito al servicio de la subsidiariedad del amparo constitucional (SSTC 164/1989, 176/1991) y cuya exigencia se ha verificado siempre en términos lo suficientemente flexibles como para tenerlo por satisfecho a poco que se haga evidente que el órgano judicial ha examinado la cuestión de constitucionalidad que finalmente se suscita ante nosotros o, al menos, ha tenido la ocasión de hacerlo como consecuencia de las indicaciones que con ese objeto le haya hecho quien finalmente se convierte en demandante de amparo. [F. J. 1]
La duda que se ha de resolver es si la doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 5 de julio de 1996 puede aplicarse para enjuiciar el grado de motivación alcanzado por una Resolución administrativa a cuyo través se pretende dar ejecución al fallo de 30 de junio de 1994. En contra de esa posibilidad juega la circunstancia de que la propia Sala -en su Auto de 31 de enero de 1996- sentó los criterios con arreglo a los cuales debía motivarse la nueva Resolución a dictar por la Administración. Tales criterios, distintos de los luego fijados por el Tribunal Supremo, no han sido respetados en las distintas resoluciones dictadas para la ejecución de la Sentencia. Entender ahora que los mismos pueden ser sustituidos por los que ha fijado el Tribunal Supremo supondría tanto como modificar un fallo definitivo y firme, para cuya ejecución, además, la Sala ha establecido criterios específicos y detallados. El amparo debe, pues, prosperar. [F. J. 3]
Nada puede oponerse, desde luego, a la posibilidad de que un Tribunal modifique una línea interpretativa y de aplicación de la ley mediante la sola asunción de un criterio contrario establecido por un órgano judicial superior. La cuestión que la presente demanda plantea es, sin embargo, distinta: si, decidido por un Tribunal cómo debe ejecutarse una Sentencia firme, su criterio puede ser sustituido por el sentado con posterioridad por el Tribunal Supremo, no con ocasión de un caso en el que se resuelva, precisamente, a propósito de una ejecución de Sentencia, sino en relación con el contenido que han de tener las Sentencias de fondo dictadas en supuestos equiparables. Aceptar esta última posibilidad supondría atribuir a la doctrina legal establecida en los recursos en interés de ley una eficacia retroactiva frente a la que ni siquiera podría oponerse la fuerza de cosa juzgada [art. 102 b) 4 L.J.C.A.]. Ha de repararse, además, en la circunstancia de que la nueva doctrina del Tribunal Supremo sólo puede ser aplicada al supuesto que estamos enjuiciando por la simple razón de que la Administración ha demorado indebidamente el cumplimiento de lo acordado por el Tribunal Superior de Justicia. [F. J. 3]
En trámite de ejecución podrá discutirse si la Administración cumple o no con las directrices impuestas en la Sentencia firme; lo que no cabe es discutir de nuevo si esas directrices pueden ser sustituidas por otras nuevas, ya rechazadas, precisamente, en el pronunciamiento firme sobre el fondo. En otras palabras: la Sala ha decretado que la resolución impugnada debe tener un contenido determinado, excluyéndose, por tanto, otros contenidos posibles. A la hora de ejecutar esa decisión pueden surgir discrepancias entre las partes a propósito de si la nueva resolución administrativa se ajusta al contenido señalado como debido por el órgano judicial, y éste sólo podrá tener por ejecutada su Sentencia si el contenido de la resolución es aquél y no cualquier otro. Nunca podría, en definitiva, dar por bueno un contenido distinto, ni siquiera con el argumento de que el Tribunal Supremo admite, en pronunciamientos sobre el fondo -aunque sea como el único posible y con expresa exclusión del contenido señalado como debido por el órgano judicial- cualquier contenido imaginable. [F. J. 4]
Artículo 102 b), apartado 4 (redactado por la Ley 10/1992, de 30 de abril), f. 3
Doctrina legal aplicable en incidente de ejecución de sentenciaDoctrina legal aplicable en incidente de ejecución de sentencia, f. 3
Ejecución de sentencias en sus propios términosEjecución de sentencias en sus propios términos, ff. 3, 4
Recurso de casación en interés de leyRecurso de casación en interés de ley, f. 3

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Artículo 102