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Sentencia nº 249 de Suprema Corte de Justicia, del 21 de Marzo de 2016. - Jurisprudencia - VLEX 671267705
M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 21 de marzo de 2016, que dice:
En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces M.C.G.B., P.; E.E.A.C., F.E.S.S. e H.R., asistidos de la secretaria de estrados, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de G., Distrito Nacional, hoy 21 de marzo de 2016, años 173° de la Independencia y 153° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:
Sobre el recurso de casación incoado por D.H.V., dominicano, mayor de edad, cédula de identidad y electoral núm. 223-0146539-3, domiciliado y residente en la calle 41, núm. 69, sector Catanga, Santo Domingo Este, en su calidad de imputado, contra la sentencia núm. Fecha: 21 de marzo de 2016
442-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo el 9 de septiembre del 2014;
Oído a la Licda. R.E.M., por sí y por la Licda. E.S. De los Santos, defensoras públicas, en representación de D.H.V., parte recurrente; en la exposición de sus conclusiones;
Visto el escrito motivado mediante el cual el recurrente, D.H.V., a través de su defensa técnica la Licda. E.S. de los Santos, defensora pública, interpone y fundamenta dicho recurso de casación, depositado en la Secretaría General del Despacho Penal de Santo Domingo, en fecha el 25 de septiembre de 2014;
Visto la resolución núm. 1563-2015, dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 22 de junio de 2015, mediante la cual se declaró admisible el recurso de casación, incoado por D.H.V., en su calidad de imputado, en cuanto a la forma y fijó audiencia Fecha: 21 de marzo de 2016
para conocer del mismo el 9 de septiembre de 2015, fecha en la cual las partes presentes concluyeron, decidiendo la Sala diferir el pronunciamiento del fallo dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal;
Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: Fecha: 21 de marzo de 2016
En fecha 17 de septiembre de 2012, a eso de las 10:30 p.m., el imputado D.H.V., se presentó en compañía de un tal C. y dos personas más hasta ahora desconocida al colmado La Gran Parada, ubicado en la calle S. esq. M., barrio Puerto Rico, Los Mina, Santo Domingo Este, los dos que están prófugos y que acompañaban al imputado desenfundaron dos armas de fuego cañón corto y manifestaron que se trataba de un atraco, mientras los dos que estaban armados mantenían a todos los presentes encañonados, el imputado D.H.V. y el tal Chino penetraron al colmado La Gran Parada y sustrajeron de su interior una pasola, marca Yamaha Gog, el teléfono de recarga, RD$500.00 en monedas, también le sustrajeron al joven D.A.P. una cadena de plata, un reloj y Ochocientos Pesos (RD$800.00) que tenía en la cartera y a la joven V.J.J. una cadena de plata y un teléfono celular; el imputado y sus tres acompañantes atracaron también al joven K.M.M.C., quien se resistió a ser atracado, motivo por el cual uno de los acompañantes del imputado le realizó tres disparo en el área de la cintura y los glúteos, a quien no le siguió tirando porque creía que le había dado muerte, con cuya herida le perforó los intestino y la vejiga, causándole esto serios problemas de salud e incluso a la víctima se le Fecha: 21 de marzo de 2016
realizó una colostomía izquierda que lo mantiene evacuando a través de funda, a cuya víctima el imputado y sus acompañantes le sustrajeron un teléfono celular y Cuatrocientos Pesos (RD$400.00) en efectivo;
Que por instancia del 19 de diciembre de 2012, la Procuraduría Fiscal del Distrito Judicial de Santo Domingo, presentó formal acusación con solicitud de auto de apertura a juicio en contra del imputado D.H.V.;
Que en fecha 25 de marzo de 2013, el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo dictó la resolución núm. 100-2013, consistente en auto de apertura a juicio, mediante la cual se admitió la acusación de manera total en contra del imputado;
Que el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, dictó sentencia núm. 444-2013, el 12 de noviembre del 2013, cuyo dispositivo figura transcrito en el del fallo impugnado;
e) Que como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por el imputado, intervino el fallo objeto del presente recurso de casación, dictado por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Fecha: 21 de marzo de 2016
Departamento Judicial de Santo Domingo el 09 de septiembre del 2014, y su dispositivo es el siguiente:
“PRIMERO: Rechaza el recurso de apelación interpuesto por la Licda. E.S. de los Santos, defensora pública, en nombre y representación del señor D.H.V., en fecha catorce (14) del mes de marzo del año dos mil catorce (2014), en contra de la sentencia 444/2013, de fecha doce (12) del mes de noviembre del año dos mil trece (2013), dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, cuyo dispositivo es el siguiente: ´Primero: Varia la calificación dada a los hechos por el Juez de la Instrucción, excluyendo el artículo 309 del Código Penal Dominicano; Segundo: Declara al ciudadano D.H.V., dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad núm. 223-0146539-3, domiciliado y residente en la calle 41, núm. 69, sector Catanga, Los Mina, actualmente se encuentra en libertad; culpable de violar las disposiciones de los artículos 2, 295, 304, 265, 266, 379, 381, 383, 384, 385 y 386 del Código Penal Dominicano y artículo 39 y 40 de la Ley 36, sobre P. y Tenencia de Armas, en perjuicio de K.M.C.; por haberse presentado pruebas suficientes que comprometen su responsabilidad penal, en consecuencia se condena a cumplir la pena de veinte (20) años de prisión, así como el pago de las costas penales; Tercero: Ordena el decomiso de la pistola marca P.B., calibre 380, número B-93786, a favor del Estado Dominicano; Cuarto: Convoca a las partes del proceso para el próximo día martes que contaremos a diecinueve (19) del mes de noviembre del año dos mil trece Fecha: 21 de marzo de 2016
(2013), a las 9:00 AM., para dar lectura íntegra a la presente decisión. Vale citación para las partes presentes’; SEGUNDO: Confirma la sentencia recurrida, por no haberse observado en la misma ninguno de los vicios argumentados por el recurrente, ni violación a ninguna norma de carácter constitucional, ni legal; TERCERO: Compensa las costas del proceso, por no haber sido reclamada por la parte gananciosa, y estar asistido de una defensa pública el recurrente; CUARTO: Ordena a la secretaria de ésta sala la entrega de una copia íntegra de la presente sentencia a cada una de las partes que conforman el presente proceso”;
Considerando, que el recurrente D.H.V., por intermedio de su defensa técnica, propone contra la sentencia impugnada los medios siguientes:
“Único motivo del presente recurso de casación. Cuando la sentencia sea manifiestamente infundada. La sentencia que recurrimos mediante este escrito de casación está viciada de insuficiencia en la motivación, en razón de que como se puede observar (…), el recurrente interviene en apelación mediante dos medios cuyo contenido se puede apreciar en la situación fáctica que hemos planteado precedentemente. En el primero como ya hemos visto, denunciamos la contradicción manifiesta, sin embargo, la Corte a-qua, rechaza el mismo alegando que los testigos fueron coherentes y concordantes entre sí, por lo que esas pruebas fueron suficientes y razonables para sustentar la sentencia sin lugar a duda razonable. Que como Fecha: 21 de marzo de 2016
establecemos en el escrito de apelación, los testigos son contradictorio, en tiempo, lugar y personas, lo cual debió ser verificado directamente por la Corte a-qua, a fin de comprobar, que lo que decimos tiene fundamento jurídico; que la Corte lo que hace es, que acoge como buena y válida las observaciones y las conclusiones a las que llegó el Tribunal a-quo, sin realizar un análisis propio de la sentencia, para comprobar lo declarado por cada testigo. Esta actuación, ha provocado un perjuicio al imputado, toda vez, que el propósito de interponer el recurso de apelación, para que un tribunal de mayor grado revise su caso, no surtió su efecto, ya que la Corte, concluye rechazando el recurso partiendo única y exclusivamente, de lo que ya se ha fallado en primer grado, constituyendo esto, en una falta en la motivación de la sentencia; que en un segundo medio, denuncia la errónea valoración de la prueba y errónea aplicación de los artículos 39 y 40 de la Ley núm. 36; esta vez, alegamos, que el tribunal no podía condenar a nuestro representado en violación a estos artículos, ya que no se probó en el plenario que el mismo poseyera alguna arma, es más, los testigos establecieron que este no tenía arma de fuego, además, no se presentó en juicio el agente actuante que arrestó al imputado, de modo que se pudiera demostrar la ocupación de alguna arma, por lo que al imputado la violación a estos artículos, el tribunal incurre en error; que la misma Corte a-quo, está consciente de que no fue el imputado quien disparó, sin embargo, y en aras de retener la responsabilidad penal y la sentencia compuesta en primer grado, tergiversa los hechos estableciendo que se hizo coautor, alegando que el mismo pertenecía a una organización, cuando de acuerdo a lo ocurrido en juicio y Fecha: 21 de marzo de 2016
las pruebas presentadas, no quedó constancia de eso que afirma. Cuando un tribunal incurre en interpretaciones extendidas y en analogía para condenar al imputado, se ocasiona una falta al debido proceso, que se traduce en la especie, en una falta de motivación”;
Considerando, que del análisis de la sentencia impugnada, se verifica que para el rechazo del recurso la Corte a-qua, estableció lo siguiente:
“Considerando: Que el recurrente alega en el primer medio de su recurso; “Contradicción manifiesta con relación a las pruebas testimoniales y documentales. Que para fundamentar su sentencia el tribunal a-quo se basó en las declaraciones de los testigos a cargo, declaraciones ilógicas e incoherentes”. Medio que procede ser rechazado, por ser manifiestamente infundado, ya que los testigos que comparecieron al plenario y fueron escuchados, fueron coherentes, concordantes entre sí y quedó probado que fueron testigos oculares de los hechos, que vieron a este recurrente conjuntamente con otras personas cuando llegó al lugar de los hechos, indicando todos cual fue su participación en los mismos, por lo que estas pruebas eran suficientes y razonables para sustentar la sentencia condenatoria sin lugar a ninguna duda razonable; que así mismo continua la Corte dando respuesta al segundo medio planteado por la parte recurrente, el cual versa sobre la errónea valoración de la prueba, contradicción de las pruebas testimoniales y documentales y la ilogicidad en la motivación y la valoración de las Fecha: 21 de marzo de 2016
pruebas contenidas en la sentencia, en tal sentido responde, en la siguiente tesitura: “Medio que procede ser rechazado, ya que si bien es cierto que los testigos sometidos al contradictorio quedó establecido en la sentencia que no fue el recurrente quien disparó, sino otro de la organización, no menos cierto es, que él se hace co-autor de la totalidad de los hechos, ya que cuando un grupo de personas, forman un concierto para cometer crímenes, como quedó debidamente fijado en la sentencia atacada, independientemente del papel que juegue cada uno de ellos en la comisión de los hechos, siempre que ese papel sea activo y necesario se hacen co-autor de la totalidad de los mismos, como ocurrió en el caso de la especie, que al esta Corte examinar la sentencia atacada pudo comprobar que el papel del recurrente fue activo y necesario en la ejecución de la acción delictiva. Además independientemente de que el Tribunal a-quo no lo hubiese condenado por tentativa de homicidio, no le causaría ningún agravio, ya que la pena del robo cometido con violencia que dejaron lesiones visibles y graves como el caso de la especie, tiene una sanción única de veinte (20) años que fue la fijada por el Tribunal a-quo; Considerando: Que esta Corte no se ha limitado a examinar sólo los argumentos expresados por el recurrente en sus esgrimidos, sino que ha examinado la sentencia atacada más allá y no ha podido observar que la misma haya sido evacuada en violación a normas constitucionales, ni legal alguna, por lo que procede rechazar el presente recurso y ratificar la sentencia atacada”;
Los Jueces después de haber analizado la decisión impugnada y los medios planteados por la parte recurrente: Fecha: 21 de marzo de 2016
Considerando, que del análisis pormenorizado de la sentencia que nos ocupas y los demás elementos que conformen los legajos del presente proceso, esta Alzada ha podido constatar que efectivamente y conforme alega la parte recurrente la Corte a-qua ha incurrido en los vicios denunciados, al realizar una motivación insuficiente en relación a la ocurrencia de los hechos, así como la determinación del accionar del imputado con la finalidad de poder determinar su grado de participación;
Considerando: Que los jueces sin excepción de jurisdicción están en la obligación de motivar sus sentencias, de manera tal que sean incuestionables al momento de su escrutinio por ante la jurisdicción superior, y en materia represiva deben enunciar los hechos que resultaron de la instrucción de la causa y explicar los fundamentos jurídicos de la decisión, dado que una sentencia que no se explique por sí misma en hecho y derecho con respecto al tipo jurídico juzgado viola principios fundamentales del debido proceso, y en la especie, del estudio de la sentencia impugnada y la sentencia dictada por primer grado en busca de la verificación del porque del rechazo del recurso, se ha podido establecer la existencia de una errónea aplicación de la norma y desnaturalización de los hechos puestos en causa; que es una responsabilidad del juzgador establecer la existencia o la inexistencia de los hechos puestos en causa, lo Fecha: 21 de marzo de 2016
cual debe desprenderse de las circunstancias que hayan sido presentada en el juicio de fondo, a lo cual debe sumar la correcta calificación jurídica de esos elementos juzgados, no bastando la enunciación o indicación de los argumentos sometidos a su consideración, sino que debe realizar una subsunción de dichos pedimentos y las pruebas aportadas por la carpeta de la parte acusadora y acusada, mediante razonamiento lógico y objetivo, dando la exposición del porque ha llegado a dicha decisión y las consecuencias legales, para así poder dar una motivación adecuada al fallo, lo cual no se verifica en el proceso en cuestión;
Considerando, que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, del escrutinio de los hechos fijados que reposan en la sentencia y los medios de prueba depositados al efecto, no comparte la solución a la que arribó la Corte a-qua, toda vez que de la sentencia en cuestión no se evidencia el cumplimiento de las garantías procesales que dan lugar a que una sentencia condenatoria pueda ser sólida, esto en el entendido de la no producción de las pruebas y valoración de manera explícita en cumplimiento a los lineamientos de los artículos 24 y 172 del Código Procesal Penal, ya que las mismas no deben ser valoradas de manera dialécticas, sino una prueba lógica, que lleve al tribunal a un estado sensorial que construya preceptos jurídicos que conduzcan a la veracidad Fecha: 21 de marzo de 2016
del supuesto de hecho típico, antijurídico y culposo que bajo cualquier cuestionamiento pueda ser revestida la decisión del tribunal con tal fuerza y cristalización de los hechos que provoque de manera afirmativa la procedencia de las consecuencias jurídicas de dicho presupuesto fáctico, lo cual no ha ocurrido en el caso de la especie;
Considerando, que existe un mandato de obligatoriedad en cuanto a motivar o fundamentar las decisiones, la cual se encuentra contenida en la normativa supranacional, en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, así mismo, nuestra normativa interna, en el artículo 24 del Código de Procesal Penal; que es criterio sostenido, que la motivación de la sentencia es la fuente de legitimación del juez y de su arbitrio, permitiendo que el fallo pueda ser objetivamente valorado y criticado, lo que constituye una garantía contra el prejuicio y la arbitrariedad, mostrando los fundamentos de la decisión adoptada, así como facilitar el control jurisdiccional en ocasión de los recursos; que, en vista de que la conclusión de una controversia judicial se logra mediante la sentencia justa, para lo cual se impone a cada juez la obligación de justificar los medios de convicción en que la sustenta, constituyendo uno de los postulados del debido proceso, la que sólo puede ser lograda cuando se incluya una valoración adecuada de las pruebas, todos y cada Fecha: 21 de marzo de 2016
uno de los sometidos al debate ya sea para admitir o rechazar la acusación, y bajo un ejercicio de aplicación de la reglas de la sana crítica, lo que en el caso de la especie no se verifica;
Considerando, que del estudio del recurso en cuestión y la sentencia impugnada, se evidencia que las argumentaciones de la parte recurrente se encuentran fundamentadas ,toda vez que el Colegiado a-quo, así como la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo no ponderaron el carácter vinculante de los medios probatorios con el tipo penal juzgado, en razón de que no hizo un uso correcto de las máximas de experiencias y las reglas de la lógica, tal cual manda la norma en sus artículos 24, 172 y 333 del Código Procesal Penal; que de la lectura de la fundamentación de la Corte surge la necesidad de una nueva evaluación total a los medios probatorios puestos en causa, a los fines de determinar con precisión el tipo penal juzgado y la sanción a imponer, cuidando el principio de inmediación que debe regir en el juicio de fondo;
Considerando, que el artículo 427 del Código Procesal Penal modificado por la Ley núm. 10-15, dispone lo relativo a la potestad que tiene la Suprema Corte de Justicia al decidir los recursos sometidos a su consideración, pudiendo tanto rechazar como declarar con lugar dichos Fecha: 21 de marzo de 2016
recursos, siendo posible decidir sobre la base de las comprobaciones de los hechos fijados o el envío directo al tribunal de juicio, cuando sea necesaria una nueva valoración de pruebas que requieran inmediación;
Considerando, que en ese sentido, según se desprende de la combinación de las disposiciones contenidas en los artículos 427 y 422 en su numeral 2.2 del Código Procesal Penal, enviar el proceso en cuestión a ser conocido nuevamente, remitiéndolo por ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santo Domingo, para que a esos fines, apodere una sala;
C., que cuando una decisión es casada por una violación a las reglas cuya observancia este a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas;
Primero: Declara con lugar el recurso de casación incoado por D.H.V., contra la sentencia núm. 442-2014, dictada por la Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, cuyo Fecha: 21 de marzo de 2016
dispositivo se copia en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Casa la sentencia recurrida, y envía el caso ante la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Departamento Judicial de Santo Domingo, para una nueva valoración total;

References: resolución 
 resolución 
 artículo 309
 artículo 39
 artículo 25
 artículo 24
 artículo 427