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Timestamp: 2018-04-26 17:05:24+00:00

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ECUADOR CANNÁBICO: 2014
LIBERTAD ANGEL,
LIBERTAD PARA MARÍA!!!
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Etiquetas: Ángel Pilamunga, autocultivo, Ecuador Cannabico, Federación de Comunidades Cannabicas del Ecuador
La FEDERACIÓN DE COMUNIDADES CANNÁBICAS DEL ECUADOR convoca, con el carácter de urgente, a una SOLICITUD MASIVA de explicaciones sobre el auto-cultivo a las instituciones pertinentes (CONSEP, Consejo de la Judicatura, Fiscalía General del Estado y Corte Constitucional.
A partir de el 10 de Agosto de 2014 ya entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Todos tenemos derecho a la información, por lo tanto debemos saber si podemos o no sembrar, cultivar y cosechar nuestro propio cannabis SIN FINES DE COMERCIALIZACIÓN. Esta es una forma legal, legítima y de presión social que nos permitirá tener respuestas claras, que las instituciones están obligadas a responder en 15 días, mientras más seamos los que solicitemos información será mejor.
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Etiquetas: autocultivo, CONSEP, Defensoría Pública, despenalización, dosis máximas, Eccuador cannabico, FCCE, Federación de Comunidades Cannabicas del Ecuador, Legalización, No más presos por plantar, Noticias
Amigas y amigos, esta es la resolución pública de la Corte Nacional de Justicia, donde una sola Jueza del Tribunal declaró inocente a Ángel Pilamunga, pero lastimosamente dos jueces lo declararon culpable del delito de Siembra, según el Artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y psicotrópicas.
Esperamos que en Agosto, cuando entre en vigencia el nuevo Código Orgánico Integral Penal, se deje de criminalizar a usuarios y cultivadores.
Solo pedimos una lectura razonable de la ley, coherencia con el artículo 364 de la Constitucion, coherencia con los artículos 220 y 222 de nuevo COIP y justicia para los más de 5000 injustamente presos, ellos no son narcotraficantes, LOS TRAFICANTES REALES TIENEN DEMASIADOS RECURSOS Y NO ESTÁN PRESOS!
Quito, 24 de abril de 2014. Las 09h45.-
VISTOS: El sentenciado Ángel Samuel Pilamunga Pilamunga, interpone el presente recurso de casación por encontrarse inconforme con la sentencia dictada, el 09 de julio del 2013, a las 08h55, por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, que confirmó la condena emitida el 14 de mayo de 2013, las 09h33, por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de la misma provincia, que lo declaró autor del delito de siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a fiscalización, tipificado y sancionado en el artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, imponiéndole la pena atenuada de ocho años de reclusión mayor extraordinaria y multa de mil salarios mínimos vitales generales, suspendiéndole los derechos de ciudadanía por un tiempo igual al de la condena.
No procede la argumentación de que la ley 108 fue creada para ser aplicada a traficantes de grandes cantidades de estupefacientes y que su producción necesariamente debe realizársela a través de procesos químicos, como otras sustancias que también causan dependencia; porque la utilización de la hoja de cannabis produce hábito, dependencia y trastornos en la salud de los seres humanos, que es precisamente lo que la ley pretende evitar, que se lesione el bien jurídico protegido que lo constituye la salud pública, porque los efectos del consumo unas veces provoca euforia e irrealidad, otra veces dificultad en la atención, temores, luego altera la percepción sensorial, aparece un exceso de sensibilidad y sugestionabilidad que provoca altibajos y cambios de humor, también disminuye el control afectivo con pérdida de dominio propio, perturba al cerebro, originando risa, la mirada perdida, fantasías, desorientación y alucinaciones, produce dejadez, indiferencia, perdida de energía, falta de motivación que le conduce a seguir consumiendo. Entre los efectos físicos, deteriora los pulmones y las células sobre todo los glóbulos blancos, acelera las pulsaciones, disminuye las defensas, daña la garganta, disminuye la memoria y la voluntad, dificulta pensar, produce ansiedad y agresividad alterando el equilibrio psíquico, le hace perder interés y motivación por las cosas normales, como la vida o higiene, crea dependencia psíquica, mientras que el consumidor cree lo contrario, causa daños cerebrales irreversibles de lenta recuperación, aumenta el desorden personal. También produce disgustos familiares, inestabilidad laboral, pérdida de capacidades profesionales, lo conduce a cometer actos delictivos, el consumo de cannabis es el paso previo para consumir drogas más fuertes y es lo que precisamente causa el procesado al haber sembrado y cultivado los 12 árboles para dedicar su producción a la comercialización de la marihuana y provocar en quienes la adquieran dependencia a la droga, que es lo que precisamente se quiere evitar con la sanción penal, el de impedir que se afecte a la salud pública y en forma particular a los dependientes de la sustancia prohibida.
Tampoco es pertinente aceptar, que la única cantidad de droga encontrada en los bolsillos del procesado, sea lo único de su accionar delictivo, cuya cantidad efectivamente está por debajo de los márgenes permitidos como tenencia para consumo, a pesar de que no es adicto, pero el hecho de haber sembrado 12 árboles de cannabis y ocultarlos en un sembrío de maíz, evidencia su voluntad delictiva, ya que de ellos se suministraba el producto, para su producción como material vegetal que lo constituye la sustancia psicotrópica, que lo convierte en autor responsable del delito por el que fue sentenciado, por lo que a criterio de este Tribunal de mayoría, no existe violación de la ley, por errónea interpretación del artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por lo que establecemos que el recurso no prospera, por no haberse demostrado el error de derecho en la sentencia recurrida.
Testimonio de Carlos Ramiro Fernández Sislema y María Rosa Minta Jatsatsa, quienes depusieron en cuanto a que conocían al acusado desde muchos años atrás (15 y 10 años respectivamente) y que tenía conducta ejemplar.
La sentencia del Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo, fue apelada por el procesado Ángel Samuel Pilamunga Pilamunga, ante la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, la cual mediante sentencia de 9 de julio de 2013, a las 08h55, rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia dictada por el tribunal a quo.
Por tanto, corresponde, dentro del cumplimiento del rol de este Tribunal de Casación como un órgano de control de la legalidad de los fallos emitidos por los jueces de instancia, y de subsanador -en el caso de haber-, de los yerros jurídicos de la sentencia, referirse y/o hacer el estudio y análisis de este tipo delictual; así, tenemos, que en la vigente Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, expedida en el año 1991 -conocida también como Ley 108-, este delito se encuentra tipificado en el Título Quinto, De las Infracciones y las Penas; Capítulo Primero, De los Delitos; artículo 57 que señala:
“Quienes siembren, cultiven, cosechen o en cualquier forma exploten las plantas determinadas en esta Ley y cualesquiera otras de las que sea posible extraer principios activos que puedan ser utilizados para la producción de sustancias sujetas a fiscalización, según se determina en los anexos a esta Ley, serán reprimidos con reclusión mayor extraordinaria de doce a diez y seis años y multa de sesenta a ocho mil salarios mínimos vitales generales. [-sic-] Quienes recolecten plantas de las variedades determinadas en esta Ley serán sancionados con reclusión mayor ordinaria de ocho a doce años y multa de cincuenta a cinco mil salarios mínimos vitales generales.” (énfasis en negrilla y subrayado fuera del texto)
… dentro de un sistema penal liberal y democrático, como el que tiene que desprenderse de una Constitución del mismo sello, debe estar proscrito el peligrosismo, tan caro al positivismo penal, hoy por ventura ausente de todos los pueblos civilizados. Porque a una persona no pueden castigarla por lo que posiblemente hará, sino por lo que efectivamente hace. A menos que el ser drogadicto se considere en sí mismo punible, así ese comportamiento no trascienda de la órbita más íntima del sujeto consumidor, lo que sin duda alguna es abusivo, por tratarse de una órbita precisamente sustraída al derecho y, a fortiori, vedada para un ordenamiento que encuentra en la libre determinación y en la dignidad de la persona (autónoma para elegir su propio destino) los pilares básicos de toda la superestructura jurídica. [7]
Es por todo ello, que no cabe duda que para nuestro ordenamiento jurídico, los narcodependientes o consumidores son considerados personas enfermas y que la norma suprema determina que no se criminalizarán las adicciones. En el tema, además, entran en juego aspectos como la libertad y autodeterminación de los seres humanos, y aquello, como derechos y garantías constitucionales; por tanto, la máxima, resulta ser el principio de la autonomía de la persona humana, ya que como seres humanos somos libres de decidir lo que es bueno o no para cada uno de nosotros; dicho de otras palabras, se aplica en este tema plenamente el principio de lesividad, el cual implica el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de los demás; el principio de lesividad exige que el Derecho Penal sólo regule aquellas conductas humanas que sean socialmente relevantes; esto es, que han de ser acciones que tengan un impacto social, que no se circunscriban únicamente a la esfera privada; en este sentido, debe existir un tercer afectado por la conducta, otra persona independiente del autor que padezca las consecuencias lesivas o peligrosas del acto de consumir estupefacientes que afecten su salud; por tanto, de lo señalado, en el consumo de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, no existe un tercer afectado.[8]
Finalmente, para ahondar en aquello del yerrro, de la sentencia recurrida, en cuanto a la errónea interpretación del artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, en cuanto al verbo nuclear (producir, en el contexto del tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas) cabe señalar que “Lo que caracteriza a estas figuras es justamente el destino ilegítimo, con lo que el legislador quiso subrayar que aquella persona que siembre, guarde, cultive, etcétera, lo hace justamente para producir, fabricar y luego suministrar y fundamentalmente comercializar los estupefacientes. Si no existiese esa finalidad, en este caso sí especifica (…) nos encontraríamos con una infracción puramente formal.”[13]
De lo indicado en los puntos ut supra, deviene que la sentencia del ad quem, cabe ser casada.
A la luz de lo que queda expuesto, este Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia, “ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA”, al amparo del artículo 358 del Código de Procedimiento Penal, declara procedente el recurso de casación interpuesto por Ángel Samuel Pilamunga Pilamunga, en contra de la sentencia dictada por la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo, de 9 de julio de 2013, a las 08h55, que confirma a su vez la sentencia dictada por el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Chimborazo de 14 de mayo de 2013, a las 09h30, la cual declara su culpabilidad, como autor del delito de siembra o cultivo de plantas de las que se pueda extraer elementos para sustancias sujetas a fiscalización (artículo 57 de la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas); por lo tanto se casa tal sentencia por violación de la ley por errónea interpretación; en consecuencia se confirma el estado de inocencia de Ángel Samuel Pilamunga Pilamunga y se dispone su inmediata libertad. Devuélvase el proceso al Tribunal de origen, para la ejecución de la sentencia. Notifíquese y Cúmplase.- F) Dr. Jorge M. Blum Carcelén,JUEZ NACIONAL PONENTE, Merck Benavides Benalcázar, JUEZNACIONAL, Dra. Gladys Terán Sierra, JUEZA NACIONAL, VOTO SALVADO. CERTIFICO: f). Dra. Silvia Jácome Jiménez, Secretaria Relatora Encargada. Lo que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.
Dra. Silvia Jácome Jiménez
[12] Cabe indicar que la teoría de la antijuridicidad material no encierra un criterio de exclusión de la tipicidad ni de desplazamiento de la antijuridicidad formal; es por ello que en formulaciones posteriores a la teoría de la antijuridicidad material fue concebida como el fundamento que permitía dar lugar a un principio general de la justificación ó, dicho de otra manera, fundamentar una causa supralegal de la justificación. Es en este sentido que se admiten por una opinión doctrinaria principios supralegales de justificación, como el principio de la ponderación de bienes, el del mayor beneficio que perjuicio, el del medio justo para la realización de un fin justo, etc.
[13] Terragni, Marco Antonio. Tratado de Derecho Penal. Tomo III. Parte Especial II. Talleres Gráficos de la “Ley S.A.E. e I.”. Buenos Aires. Argentina. 2012. p. 110.
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Etiquetas: Ángel Pilamunga, asociacion cannabica, CLAC, Defensoría Pública, despenalizacion, Legalización

References: IN FINE
 resolución 
 Artículo 57
 artículo 364
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 57
 artículo 358