Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2009-00193-41632-de-octubre-19-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_8e0c937e5a6f49eca3c08b1c4a565b6a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-25 01:49:20+00:00

Document:
﻿ SENTENCIA 2009-00193/41632 DE OCTUBRE 19 DE 2017
SENTENCIA 2009-00193 DE 19 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:PROTECCIÓN DEL PAGO OPORTUNO DE ACREENCIAS SE APLICA EN EJECUCIÓN Y ACTOS POSTERIORES AL CONTRATO. EN SEDE DE ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SE PRECISÓ QUE EL SALARIO Y, DE MANERA GENERAL, LOS INGRESOS QUE PERCIBE EL TRABAJADOR CONSTITUYEN ACREENCIAS PROTEGIDAS POR EL ORDENAMIENTO SUPERIOR, EN RAZÓN DE SU VINCULACIÓN NECESARIA CON LA EFICACIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, EN ESPECIAL EL DEL MÍNIMO VITAL. EN ESTE ORDEN, SE SEÑALÓ LA IMPORTANCIA TÉCNICA O INSTRUMENTAL QUE TIENE LA GANANCIA O SALARIO QUE EN VIRTUD DE UN CONTRATO DE TRABAJO PAGA EL EMPLEADOR AL TRABAJADOR POR LA LABOR O SERVICIOS PRESTADOS. ADEMÁS, DEBE RESALTARSE EL VALOR MATERIAL QUE SE DESPRENDE DE SU CONSAGRACIÓN COMO PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL DIRIGIDO A MODERAR LA DESIGUALDAD ENTRE LAS PARTES DE LA RELACIÓN LABORAL. SUMADO A ELLO, LA PROTECCIÓN DEL PAGO OPORTUNO DE LAS ACREENCIAS LABORALES NO SOLO SE RESTRINGE AL ÁMBITO DE LA EJECUCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, SINO QUE TAMBIÉN SE EXTIENDE A LOS ACTOS POSTERIORES A SU FINALIZACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, SALARIO, PAGO DEL SALARIO, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, ERROR JURISDICCIONAL, PROCEDENCIA DEL ERROR JURISDICCIONAL
Sentencia 2009-00193 de octubre 19 de 2017
Proceso número: 25000-23-31-000-2009-00193-01 (41632)
Actor: Fabio Guillermo Pérez Sánchez
Demandado: Nación-Rama Judicial
Acorde con la decisión de la Sala Plena de esta corporación, la Ley Estatutaria de Administración de Justicia se ocupó de regular de manera expresa la competencia para conocer y decidir las acciones de reparación directa “derivadas del error jurisdiccional, de la privación injusta de la libertad y del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia” y señaló que “únicamente el Consejo de Estado y los tribunales administrativos” son competentes para ello, lo que significa que el conocimiento de las mencionadas controversias radica, en primera instancia, en los tribunales administrativos y, en segunda instancia, en esta corporación, sin importar la cuantía del proceso.
Para el efecto se debe consultar el auto de 9 de septiembre de 2008, pronunciado dentro del radicado 11001032600020080000900 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado —M.P. Mauricio Fajardo Gómez—, mediante el cual se fijó una postura en torno de los artículos 134B del Código Contencioso Administrativo y 73 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de la Administración de Justicia—.
En este punto, es pertinente evidenciar que, mediante proveído de 14 de junio de 2017, se aceptó el impedimento manifestado por el consejero Ramiro Pazos Guerrero “por estar incurso en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil” (fl. 147-149, cdno. ppal.).
Serán tenidos en cuenta los documentos aportados por los demandantes en las oportunidades legales, los remitidos por la entidad pública demandada, las respuestas de diversas autoridades a los requerimientos del tribunal y los testimonios recibidos en el curso del presente asunto, pues se trata de pruebas decretadas y practicadas dentro de las oportunidades procesales(1):
— El 29 de enero de 2003, la representante legal de la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. y el señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez convinieron celebrar “un contrato de prestación de servicios” a término fijo de ochenta y nueve (89) días, el cual se regirá por las normas atinentes al mismo, consagradas en el Código Sustantivo del Trabajo y por las siguientes cláusulas. Se resalta:
PRIMERA. OBJETO: El CONJUNTO contrata los servicios personales de EL TRABAJADOR para que cumpla las funciones de CELADOR en el conjunto residencial El Manantial (…). SEGUNDA. OBLIGACIONES: EL TRABAJADOR se compromete a poner al servicio de EL CONJUNTO toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de sus funciones como celador y en las labores anexas y complementarias afines con la naturaleza del trabajo que le sean asignadas por EL CONJUNTO, a través del administrador del CONJUNTO. TERCERA. TÉRMINO. El término de este contrato es de ochenta y nueve (89) días, contados a partir del veintinueve (29) de enero 2003 hasta el veintisiete (27) de abril de 2003. CUARTA. FUNCIONES: Las funciones de EL TRABAJADOR del conjunto residencial El Manantial-Chía, serán las asignadas por EL CONJUNTO, a través del administrador. QUINTA. REGLAMENTO: Será el reglamento de trabajo para EL TRABAJADOR, el siguiente: 1. EL TRABAJADOR deberá poner en ejecución las órdenes que le imparta EL CONJUNTO, a través del administrador; 2. El jefe inmediato de EL TRABAJADOR será únicamente el administrador del conjunto residencial El Manantial-Chía. 3. Le está prohibido a EL TRABAJADOR llegar al conjunto en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas psicotrópicas. 4. Se le prohíbe a EL TRABAJADOR efectuar labores personales al servicio de los residentes del conjunto dentro de su horario de trabajo, y, con mayor, hacer uso de los recursos de El Manantial en labores no relacionadas con sus funciones como trabajador de El Manantial. 5. Se le prohíbe a EL TRABAJADOR revelar datos y procedimientos relacionados con la administración de El CONJUNTO e información de los habitantes. 6 EL TRABAJADOR cumplirá con las órdenes que tengan la naturaleza de su labor, que le imparta el administrador de EL CONJUNTO. 8. EL TRABAJADOR cumplirá el horario que le fije el Administrador y deberá cumplir con la jomada máxima legal. SEXTA. SALARIO: EL TRABAJADOR devengara la suma de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 332.000) mensuales, pagaderos por quincenas vencidas. SÉPTIMA. TERMINACIÓN: Este contrato se terminará cuando se cumpla el plazo pactado o en forma unilateral de conformidad a lo establecido en los artículos 61 a 66 del Código Sustantivo del Trabajo (fl. 31-32, cdno. pbas. 2; 13-14 cdno. pbas. 3).
— El señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez presentó, ante el Juez Laboral del Circuito de Zipaquirá, demanda en contra de la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. para que se declare la existencia de una relación de trabajo durante el periodo comprendido entre el 29 de enero y el 14 de junio de 2003, vínculo que terminó por “justa causa de parte del trabajador, quien se vio afectado por el incumplimiento sistemático, sin razones válidas, por parte del patrono”. Con relación a las prestaciones reclamadas, se destaca lo relativo a la indemnización por terminación unilateral del contrato y la sanción moratoria:
4. Que la entidad demandada adeuda y debe pagar (.), la indemnización de que trata el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Existió terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del trabajador por la justa causa señalada en el numeral 6º, literal b) del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, “el incumplimiento sistemático sin razones válidas, por parte del patrono de sus obligaciones legales. Por este concepto, la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($ 3.517.000) MCTE., suma que resulta al proyectar en un (1) año, como el lapso determinado para concluir la obra de construcción del conjunto residencial EL MANANTIAL, de que trata el hecho primero de la demanda.
5. Que la empresa demandada debe pagar (…), la sanción moratoria contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, por no haberse cancelado a la terminación del contrato los salarios y prestaciones debidos al trabajador. La presente condena debe extenderse hasta el momento en que se haga efectivo el pago (fl. 4-8, cdno. pbas. 3).
— La Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda., en la contestación de la demanda, sostuvo que “no tuvo ninguna relación con el demandante FABIO GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ, del 28 de abril al 14 de junio de 2003 y que el contrato suscrito del 1º de noviembre de 2002 al 27 de abril del 2003 quedó totalmente saldado entre las partes, por lo que solicito abstenerse de fallar en su contra” (fl. 23-26, cdno. pbas. 3).
— El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá recepcionó declaraciones que dan cuenta, en esencia, de (i) la naturaleza de la labor contratada —servicios de celaduría—, (ii) de la renovación de los términos temporales del contrato y (iii) del no pago prestaciones sociales con ocasión de la renuncia presentada por el señor Pérez Sánchez.
— Fabio trabajaba en el día de siete (7) de la mañana a siete (7) de la noche, él trabajaba en un conjunto de casas en los Chilacos en la salida de Chía, él trabajaba en construcción en lo de la obra, no sé cuánto ganaba porque él nunca me comentó, ni yo me atreví a preguntarle cuanto ganaba, lo anterior lo sé porque yo me daba cuenta, porque nosotros íbamos y le llevábamos la gaseosita y empanada (...). Yo le veía todos los días, llegaba en su bicicleta y salía en su bicicleta, trabajaba de domingo a domingo, a veces el día domingo por la tarde lo reemplazaba don MARCOS, un ratico por ahí mientras salía a dar una vuelta por allá, yo no lo veía salir a almorzar, llevaba el almuerzo (…).
—Funciones— Como cosa de portería, porque él tenía que estar vigilando que material entraba y que material salía (…). En las horas de la noche don MARCOS PÉREZ era el que recibía a las siete de la noche y salía las siete (7) de la mañana, cuando llegaba FABIO a recibir (…). —Tiempo de trabajo— seis meses, entró en enero hasta junio del noventa y tres, corrijo del dos mil tres (…). Pues dotaciones no le vi que hubiera recibido y no le sé decir si estaba afiliado a seguridad social, muy poco acudía al médico, ha sido más o menos alentadito (...). —Pago— En quincena, yo lo sé porque él me iba y me pagaba la gaseosa y yo sabía que era la quincena, (…) a ellos les pagaban al medio día, no me consta como les pagaban (declaración de la señora María Elvia Rodríguez de Quecan —fl. 33-35, cdno. pbas. 2; 52-54, cdno. pbas. 3).
— Fabio lo conocí porque el papá lo llevo al conjunto El Manantial para que se le diera trabajo en cuestiones de electricidad y, posteriormente, el papá cuando terminó su contrato de 89 días con el conjunto propuso a su hijo para que atendiera durante el día el abrir y cerrar la puerta del conjunto y luego se aceptó su petición y se nombró al señor FABIO para tal cargo, contrato que fue renovado verbalmente hasta el día que presentó renuncia del mismo, Fabio entró más o menos el 18 de enero, el contrato se le hizo por 39 días, y hasta el 14 de junio de 2003 que renunció del cargo, a él se le pagaban $ 309.000 creo o $ 320.000, una cosa así, mejor dicho se le pagaba el salario mínimo; para ese tiempo para el mes de mayo ya se realizó la junta y entonces fui nombrado administrador del conjunto, a mí se me presentó Fabio, e incluso los dos presentaban la nota de renuncia Fabio y Marcos, y yo le dije a Marcos usted no tiene que renunciar porque usted no tiene ningún contrato, le pregunté a Fabio porque renunciaba y me dijo que porque habían tumbado parte de una de las viviendas donde ellos vivían, pues se había construido la casa 9 y necesitaban despejar por la fachada, sin embargo les pedí el favor que al sábado siguiente me entregaran todo para poderles recibir, cosa que Fabio lo hizo, se le canceló lo que se le adeudaba firmando el recibo de pago (...). El contrato lo hizo MIGUEL ROJAS (...) que se le delegó a él para que hiciera el contrato y las condiciones eran abrir y cerrar la puerta durante el día y dejarlo cerrado en la noche por cuestiones de seguridad, abría y cerraba la puerta para entrar material, dejar entrar a los obreros o a las personas que necesitaban entrar de las poquitas obras que eran cinco, funciones no había más, no tenía horario porque él vivía ahí y creo que ellos se ponían de acuerdo con el papá y él se quedaba ahí en la casa (...). Estaba más o menos, a las cinco de la tarde ya no tenía que estar cerrado y nadie podía entrar, a las cinco de la tarde se cerraba la puerta aclaro que el demandante no hacía nada en la noche, trabajaba de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado hasta medio día. Fabio estaba desde las siete (7) de la mañana a doce (12) del día, a las doce ellos estaban almorzando o ellos vendían cosas ahí a los obreros almuerzos, gaseosa, cosas así y de una a cinco cuando salían los obreros y a ésa hora quedaba cerrado todo (...). No, órdenes no recibía simplemente había un contrato para que él cuidara la puerta, ese era el contrato que se había hecho con él (…). —Dotación— No tenía porque como era un contrato yo creo que él no tenía derecho a ninguna dotación y como era abrir la puerta de unos lotes que compramos un grupo de profesores (...). —Vivienda— Ahí dentro de la obra a la entrada, es una casa que había de los dueños de ese lote y ahí tenía su agua y luz y fue la casa que le sirvió al ingeniero Acosta para guardar material, realizar planos, reuniones con los obreros, con los jefes de obras o los maestros (...). —Pago de lo adeudado— El pago que se le daba, como a él se le pagaba quincenalmente por un convenio, se le dio lo que le quedaba del contrato (...). Él desarrolló varias actividades entre otras vender comestibles a los obreros por cuenta de él, ganancias para él y estaba pendiente de hacer algunas obras de electricidad (…) (declaración del señor José Vicente Hernández Reyes fl. 37-39, cdno. pbas. 2; 56-58, cdno. pbas. 3).
— Si lo conozco hace 25 años porque es hijo mío, el empezó a trabajar en la cooperativa COONALDICH desde el primero (1º) de enero del 2003 durante ese mes no lo hicieron contrato, terminado ese tiempo le hicieron un contrato por ochenta y nueve días (89), como a principios de febrero. Se le término el contrato en abril y quedó así, no le reformaron el contrato, hasta la fecha que salimos que fue en junio del 2003, él trabajaba de siete de la mañana (7:00) a siete (7) de la noche y yo le recibía el turno de siete (7:00) de la noche a siete (7:00) de la mañana, motivo por el cual la cooperativa COONALDICH no le pagaba sino el sueldo a FABIO, a mí no me pagaba nada, FABIO no tenía ningún seguro ni prestaciones de ninguna índole, ni dotación ni seguro ni prestaciones sociales ni le pagaban festivos, ni vacaciones ni todo lo que dice la ley, ni prima nunca le pagaban. FABIO era encargado de la portería durante esa jornada laboral habían 10 casas en construcción, FABIO tenía un aviso de horario para recibir materiales de siete de la mañana (7:00) a doce (12:00) del día y de una (1:00) a cuatro y media (4:30) de la tarde que era la hora de descanso de él, que era cuando había personal dentro de la obra trabajando, después de ese horario no entraba ningún carro con materiales a la obra ni a cargar ni a descargar, carro que fuera a entrar se le pedía la autorización por escrito de alguno de los profesores, cuando iban a retirar algún material o algo, FABIO tenía un cuaderno firmado por los profesores que retiraban cualquier cosa en el carro de ellos mismos, FABIO tuvo un problema con la profesora MELBA CIFUENTES, un día que llegó como a los doce y media del día (12:30) y como FABIO no le abrió la puerta rompió los avisos que decían el horario y los votó al piso, FABIO siguió soportando esos maltratos por parte de uno y otro de los profesores hasta que decidió retirarse definitivamente porque el campamento que estaba hecho donde se escampaba la lluvia lo tumbaron, lo mandaron tumbar. FABIO se retiró en junio de 2003 pero no me acuerdo la fecha exacta. Verbalmente se lo dijo FABIO al profesor VICENTE, creo que el paso una carta al profesor VICENTE diciéndole que consiguiera celador porque nos íbamos, dicho nuevo celador llegó a los tres días de haber pasado la carta que el señor VICENTE HERNÁNDEZ le dijo a FABIO que no le fuera a dejar votado el trabajo, FABIO llegó a trabajar a la cooperativa a los cuatro meses de yo estar trabajando ahí porque yo hablé con la cooperativa de que a mí me quedaba pesado los dos tumos de día y noche de celaduría sábados, domingos, festivos, para lo cual la cooperativa admitió que sí que recibieran a FABIO y fue cuando le hicieron dicho contrato por 89 días, anteriormente yo trabaje con esa cooperativa desde el 14 de septiembre del 2002, cuando empezamos a hacer la obra de urbanismo con el Ingeniero Jorge Acosta (...). —Horario— Tengo entendido que el horario era de siete (7) de la mañana a cinco (5) de la tarde y FABIO se quedaba hasta las siete de la noche cuando yo le recibía, o sea, la obra nunca quedaba sola a ningún momento (...). —Vencido los 89 días siguió trabajando— Él habló con el profesor MALDONADO sobre ese caso y el profesor MALDONADO le dijo que siguiera trabajando que él le arreglaba ese problema y que no le dejara la portería sola, ahí se demoraron como dos meses en pagarle y después le pagaron trescientos mil pesos por cada mes (...) —Motivo de la renuncia— Porque él se dio cuenta que no le estaban pagando lo justo en cuanto a prestaciones se refiere (declaración del señor Marcos Heladio Pérez Rojas fl. 41-43, cdno. pbas. 2; 60-62, cdno. pbas. 3).
— Como persona me presentaron al señor FABIO GUILLERMO PÉREZ SÁNCHEZ y le pidieron a él el servicio de celaduría para el plan de vivienda que desarrollaba el comité de vivienda de la cooperativa COONALDICH, fue vinculado para una prestación de servicios por 89 días desde el 25 de enero hasta abril que cumplía los 89 días y se hizo el documento de prestación de servicios por la cooperativa porque era la que manejaba los recursos del plan de vivienda que desarrolló el comité de vivienda de la cooperativa, más nunca fue contactado para prestar servicio a la cooperativa y se le dio la oportunidad de que prestara ese servicio, dándole también una vivienda dentro del lote con el fin de que puniese cuidar los bienes y materiales que estaban ingresando para las construcciones de los diferentes lotes y el desarrollo de la obras de infraestructura, o sea, las acometidas de agua, luz, teléfono que se requerían para ese momento, él no tenía un horario fijo ni determinado y, además, a solicitud de él se le permitió que contactaran a los dueños de las casas o a los que iban a construir para que pudiesen colaborar y que los propietarios los vincularan en el desarrollo de las obras, esa es la formalidad con que él llegó y, además, en el momento se le cancelaron su salario como estaba estipulado en la ley y sus honorarios según están en los documentos de contabilidad del plan de gobierno, además, el ingeniero que hizo las obras lo recomendó con el fin de que fuera una persona de confianza para la entrada de los materiales (…). y esa fue la orden que se dio al comité de vivienda que era de prestación de servicios al plan de vivienda para la celaduría dado que la cooperativa COONALDICH en sí no tenía necesidad de vincular a ningún empleado, sino era el plan de vivienda (...). Pues el señor FABIO GUILLERMO pidió que se le permitiera ser contratado por los propietarios de los lotes que iban a construir y quienes pudiesen utilizar sus servicios en construcción y en obra lo pudieren necesitar y entonces se le permitió a él que colaborara, que lo contrataran quienes lo necesitaran y a FABIO se le permitió que podía vender empanadas, gaseosas, cervezas, refrigerios para el resto de personal de obra que contrataran los otros propietarios de predios en obra, eso fue lo que se hizo legalmente (...). A él se le canceló lo que estaba escrito en el contrato de prestación de servicios, sé que se le canceló de acuerdo a la contabilidad que pasaron del contrato de prestación de servicios, no se le cancelaron prestaciones porque era solamente lo que estaba dentro del contrato de prestación de servicios, que no era más sino eso (...). —Clausulas laborales— No lo sé, pero considero que de pronto lo hicieron por extensión de formalidad, más no de hecho, porque la orden que se había dado en el comité de vivienda era una vinculación temporal por 89 días y que para que fuese un contrato perfeccionado laboralmente tenía que haberse hecho a través del consejo de administración, quién es el que decide si vincula o no o requiere a un empleado, como máximo organismo de la cooperativa, por eso no se llegó allá (declaración del señor Jaime Saavedra Quiroga fl. 43-46, cdno. pbas. 2; 63-65, cdno. pbas. 3).
— Al señor FABIO GUILLERMO lo conocí en la cooperativa por intermedio de su señor padre MARCOS PÉREZ, quien le manifestó al comité de vivienda que habiéndose terminado la prestación de servicios de él, o sea de MARCOS PÉREZ, se le hiciera una nueva a FABIO GUILLERMO, dado que no se iban a iniciar las obras de construcción y se necesitaba de una persona que abriera las puertas y cuidara las instalaciones en el día, se le hizo una prestación de servicios por 89 días, acordada con FABIO GUILLERMO y el comité de vivienda, no sé de horarios y conocí que le iban a pagar un salario mínimo para ese año, acordado con FABIO GUILLERMO quien aceptó los términos, eso iba más o menos del 29 de enero al 28 de abril del 2003, fueron 89 días contados a partir del 29 de enero del 2003 (...). —Términos— Sé que se hizo por escrito y lo sé porque era la secretaria de la cooperativa, pero no me consta las condiciones, sé que el objeto siempre fue una prestación de servicios, yo vi el contrato pero los términos no los conozco claramente (...) La prestación de servicios se cumplió por los 89 días y se le realizaron los pagos acordados (declaración de la señora Mónica Isabel Rodríguez Prieto fl. 47-48, cdno. pbas 2; 66-68, cdno. pbas. 3).
— En enero de 2003 por solicitud del papá de FABIO, que él no podía seguir cuidando la portería porque tenía trabajos en el conjunto le dejáramos la atención de la portería al hijo y ante la solicitud de ayuda como administrador provisional le dije que no tenía problemas y que por favor se acercara donde MÓNICA al Colegio Nacional para realizar el contrato de prestación de servicios por 89 días y que fuera a firmar el contrato, él fue a la cooperativa a firmar dejó la fotocopia de la cédula en la cooperativa y, posteriormente, yo me retiré porque la asamblea de propietarios y el consejo de administración designó a VICENTE HERNÁNDEZ como tesorero y administrador del conjunto entonces yo me retiré y no volví a estar más enterado de lo que pasó (...) —Condiciones del contrato— Era un contrato de prestación de servicios por 89 días, igual al del papá y, prácticamente, era para que abriera la puerta del conjunto y no permitiera la salida de materiales de las futuras construcciones porque en ese momento habían dos casas que estaban construyendo, ellos mismos establecían su horario, el contrato era de prestación de servicios por 89 días, así se habló con él y él estaba enterado de eso, lo mismo que don MARCOS, muchas veces ellos no abrían la puerta porque estaban trabajando en la casa de MELBA, ellos montaron un restaurante, incluso colocaron un restaurante y venta de gaseosas y todo para los obreros sin autorización del conjunto, ni del administrador, ni de nadie tengo entendido, porque no pasaron por escrito carta de autorización para las ventas, ni para quedarse en la casa, ni para utilizar todos los servicios que ellos utilizaron (...). —Horario— Prácticamente era de lunes a viernes y sábados hasta las doce del día que era la jornada común de los trabajadores y no había un horario exacto, estricto, porque no había ante quien marcar una hora de llegada y una hora de salida, no hay nada por escrito de una hora de llegada y de una hora de salida, no cumplía órdenes de nadie porque habían dos o tres personas que entraban y salían que eran los propietarios de las casas que estaban construyendo en ese momento porque era por autoconstrucción (...). No había horario, los obreros generalmente llegan de ocho a doce y de dos a cuatro, más o menos es el horario de los trabajadores de construcción, ellos son muy estrictos en el cumplimiento de ese horario y después de la jornada de trabajo se quedaban tomando en el conjunto porque don MARCOS y el hijo montaron ahí una venta de cerveza, de gaseosa y de cosas, después de la jomada don MARCOS y el hijo vendían cerveza y otras cosas como negocio particular de ellos y eso fue a voluntad propia de ellos (...). —Causa del retiro— Eso fue en finales de mayo no me acuerdo exactamente ahorita cual fue el día, pero a finales de mayo me informaron que habían renunciado, lo cual me extrañó porque MARCOS no tenía contrato y FABIO si tenía contrato y me extraño que hubieran firmado los dos la carta de renuncia, porque quien debía pasar la renuncia era FABIO el hijo (...). En el momento de la renuncia —de Fabio— creo que ya había cumplido el primer contrato y realmente no sé porque yo ya me había alejado de la administración del conjunto y estaba coordinando el profesor VICENTE HERNÁNDEZ, por lo tanto no puedo asegurar si se había renovado el contrato o no se había renovado (...). Porque la renuncia la debía pasar era FABIO, no las dos personas, yo me refiero que si había una renuncia era de FABIO no de las dos personas porque había un contrato con una persona con FABIO y no con MARCOS y me refiero que en el caso de una renuncia quien debía pasarla era FABIO quien tenía el contrato (...). —Motivo de la renuncia—. No estaba administrando el conjunto, ni era tesorero, escuché rumores que había renunciado pero desconozco los motivos de la renuncia de FABIO, quien era quien tenía supuestamente el contrato, yo ya había entregado todo no sabía nada más (...). —Pago— Cada quince días se le cancelaba la parte correspondiente (...). No se le pagaron prestaciones sociales porque tengo entendido que en prestación de servicio no se pagan prestaciones (...). —Funciones— Recibir a los obreros, abrir la puerta para que ellos entraran y salieran y era muy difícil recibir materiales y entregar materiales porque nunca se hizo, porque eso dependía de cada dueño del lote y no podría estar todo el día pendiente de esas labores y no existe ningún recibo por escrito de materiales de FABIO y de MARCOS, nada de que hayan recibido o entregado (declaración del señor Miguel Ángel Rojas Sanabria fl. 50-53, cdno. pbas. 2; 69-72, cdno. pbas. 3).
— FABIO reemplazó al papá en el cargo, porque el papá trabaja conmigo en la construcción de mi casa, simultáneamente con la labor de abrir y cerrar la puerta, él pidió a la cooperativa que fuera reemplazado por FABIO y fue reemplazado y FABIO trabajó como dos meses y medio algo así, porque la verdad es que de fecha no sé, él abría y cerraba la puerta y muchas veces no estaba y me abrían los obreros de mi casa, no sé más, porque cuando yo entraba FABIO abría la puerta y cuando no estaba me abrían los obreros (…). —Horario— No me acuerdo que fecha, pero creo que era en el 2003 a comienzos y la cooperativa era quien organizaba eso, en el día él estaba a veces cuando íbamos a revisar la casa, cuando no estaba abría la puerta la mamá, solamente nos hacía ese favor (...). —Retribución— Sí nosotros los propietarios autorizamos a la cooperativa a realizar un contrato por servicios prestados porque los lotes aún no estaban desenglobados, o sea, a nombre de cada asociado y era ella quien se encargaba de realizar el pago no sé el monto (...).
—Causa del retiro— No sé, creo que cuando se le venció el contrato se fue (...).
— Pago de prestaciones sociales— Era un contrato por prestación de servicios y el que autorizamos y asumimos fue un contrato de prestación de servicios que no tiene prestaciones sociales (declaración de la señora Betty Gómez de Córdoba fl. 54-55, cdno. pbas. 2; 73-74, cdno. pbas. 3).
— El Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, mediante sentencia de 1º de diciembre de 2005, (i) declaró que entre el señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez y la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. existió un contrato de trabajo a término definido, el cual tuvo una vigencia entre el 29 de enero y el 27 de abril de 2003 y terminó por vencimiento del plazo fijo pactado y (ii) condenó a la demandada a pagar los siguientes emolumentos: $ 82.077.77, por auxilio de cesantías; $ 2.434.97, por intereses de cesantías; $ 41.038, por vacaciones; $ 82.077.77, por prima de servicios; $ 24.824.97, por indexación y $ 11.066.66 “diarios a partir del 28 de abril de 2003 y hasta por veinticuatro meses; o hasta cuando se verifique el pago de los salarios y prestaciones sociales que le dieron origen, por indemnización moratoria si el periodo es menor; y a partir del mes veinticinco deberá cancelar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria”.
Precisó que (i) no hay lugar a la indemnización por terminación unilateral, porque se entiende que el contrato finiquitó por vencimiento del plazo pactado y (ii) se debe reconocer la sanción moratoria, por cuanto no se pudo establecer la buena fe de la cooperativa demandada, ni su intención de pago de las acreencias laborales adeudadas.
Así las cosas y remitiéndonos nuevamente a la prueba documental, concretamente el contrato, se encuentra que éste lo fue a término fijo, que el actor acordó ciertas condiciones, concluyéndose que además de ello, conforme a la prueba testimonial, no se puede deducir que el correspondiente al actor se hubiese prorrogado y no obstante las afirmaciones de la demandada y del nombre que se le dio al contrato, esto es de prestación de servicios, al tenor de dicho acuerdo, no queda duda que corresponde a un verdadero contrato de trabajo, que no puede la demandada desconocer y, menos aún, para aseverar que tal acuerdo no se verificó por haberse realizado en forma diferente, es decir, que luego de suscribirse, el desarrollo del mismo cambió para ser un verdadero contrato de prestación de servicios, puesto que el hecho de determinar un plazo o por la denominación que se le dio, no implica que pueda perder la intención de las partes, menos aun cuando se dio cumplimiento a su estipulación, como fue la prestación personal del servicio, bajo subordinación y recibiendo un salario como remuneración, siendo claras las condiciones para las partes donde se impone como obligaciones: “...EL TRABAJADOR se compromete a poner al servicio de EL CONJUNTO toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de sus funciones como celador y en las labores anexas y complementarias afines a la naturaleza del trabajo que le sean asignadas por EL CONJUNTO, a través del administrador del CONJUNTO...” y como funciones: “...Las funciones de EL TRABAJADOR del conjunto residencial El Manantial-Chía, serán las asignadas por EL CONJUNTO, a través del administrador...". Se le hace conocer el reglamento: “... REGLAMENTO: Será el reglamento de trabajo para EL TRABAJADOR, el siguiente: 1. EL TRABAJADOR deberá poner en ejecución las órdenes que le imparta EL CONJUNTO, a través del administrador. 2. El jefe inmediato de EL TRABAJADOR será únicamente el administrador del conjunto residencial El Manantial-Chía...”. Se le indican las prohibiciones: “...Como prohibiciones: “3. Le será prohibido a EL TRABAJADOR llegar al conjunto en estado de embriaguez, o bajo el efecto de drogas psicotrópicas. 4. Se le prohíbe a EL TRABAJADOR efectuar labores personales al servicio de residentes del conjunto dentro de su horario de trabajo y, con mayor razón, hacer uso de los recursos de El Manantial en labores no relacionadas con sus funciones como trabajador de El Manantial. 5. Se le prohíbe a EL TRABAJADOR revelar datos y procedimientos relacionados con la administración de EL CONJUNTO e información de los habitantes...”. Se le imparten órdenes: “...6. EL TRABAJADOR cumplirá con las órdenes con la naturaleza de su labor, que le imparta el administrador de EL CONJUNTO. 8. EL TRABAJADOR cumplirá un horario que le fije el administrador y deberá cumplir con su jornada máxima legal...”. Se pacta la forma de remuneración: “...EL TRABAJADOR devengará la suma de TRESCIENTOS TREINTA y DOS MIL PESOS M/CTE. ($ 332.000) mensuales pagaderos por quincenas vencidas...”, por lo que se deduce el compromiso de un trabajo subordinado, con un pago como remuneración y con una duración definida, acuerdo que fue suscrito con la gerente general que aún se halla vinculada como tal y que, como se dijo, del mismo se establece que hubo cumplimiento sin que cambiaran ni se pactaran nuevas condiciones.
Por todo lo anterior, queda establecido el nexo entre las partes, mediante contrato de trabajo a término definido, el que tuvo vigencia entre el 29 de enero y el 27 de abril de 2003, siendo el cargo desempeñado el de celador y el salario devengado la suma de $ 332.000.00.
Indemnización por despido;
(…). En el sub examine, tal como se concluyó, la terminación del contrato ocurrió al vencimiento del término fijo pactado, esto es, el 27 de abril de 2003, de acuerdo a lo analizado en el presupuesto procesal de la relación laboral y que, además, no se demostró que se hubiese extendido el contrato, no obstante lo dispuesto por el numeral 1º del artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el artículo 3º de la Ley 50 de 1990, sobre el aviso por escrito antes del vencimiento del contrato sobre la determinación de no prorrogar el contrato con antelación no inferior a 30 días y su consecuencia de entenderse renovado, para el caso no es dable su aplicación, pues aun cuando no aparece acreditada, se tiene en cuenta que con posterioridad a dicha fecha no hubo prestación efectiva del servicio; tampoco aparece acreditada renuncia del trabajador anterior por causa diferente para concluir que la ruptura del contrato obedeció por causa justa del trabajador, imputable al empleador.
Por lo anterior, se absolverá a la demandada de esta pretensión.
Indemnización moratoria.
Tal como se determinó por el juzgado la demandada resultó adeudando prestaciones sociales a la terminación del contrato y en este sentido, igualmente, se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia señalando que la simple negación del contrato laboral no exonera per se al empleador de la indemnización moratoria, porque de ser ella viable, se convertiría en un fácil mecanismo para desconocer impunemente acreencias laborales, por tanto, la negación del nexo laboral, no debe ser infundada, sino acompañada de pruebas que obren en el proceso y que permitan arribar a una decisión contraria a la atacada, de forma que así no logre desvirtuar, tenga plena justificación.
En el presente caso, se tiene que la demandada en el transcurso del proceso no dio explicación alguna que resultara valedera para no cancelar las prestaciones sociales a que tenía derecho el trabajador a la terminación del vínculo, ni ejerció actividad alguna para demostrar situación que justificara su imposibilidad de cancelar oportunamente los derechos a que se refiere la demanda.
Por consiguiente, no habiéndose encontrado circunstancia alguna que conlleve a establecer que la demandada obró de buena fe, ni demostró intención alguna de pago, habrá lugar a condenarla a la cancelación de la indemnización moratoria, en los términos establecidos anteriormente, por consiguiente, la condena a la demandada será el pago de un día de salario por cada día de mora en la forma descrita por la norma en comento, a razón de $ 11.066,66 diarios a partir del 28 de abril de 2003 y hasta por veinticuatro meses; o hasta cuando se verifique el pago de los salarios y prestaciones sociales que le dieron origen, por indemnización moratoria si el periodo es menor; y a partir del mes veinticinco deberá cancelar los intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria (fl. 1-17, cdno. pbas. 2; 87-103, cdno. pbas. 3).
— La Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. apeló la anterior decisión, porque “siempre mantuvo la creencia y la buena fe, en el momento de la firma del contrato y durante todo el tiempo del mismo, que se realizó y se había realizado contrato de prestación de servicios y su intencionalidad fue la de suscribir y responder por un contrato de prestación de servicios. Esto se ha venido sosteniendo desde la contestación de la demanda, como durante toda la etapa probatoria por cada uno de los declarantes en sus testimonios juramentados, especialmente BETTY GÓMEZ, quien enfatiza que el accionante fue contratado por ellos y por otros propietarios de lotes para que ayudara a los maestros y arquitectos a construir las casas” (fl. 104-105, cdno. pbas. 3).
— El señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez también apeló porque, en su criterio, es “claro que existió RENUNCIA y que el contrato se extendió hasta el 14 de junio de 2003”. Agregó que la “relación directa entre la RENUNCIA del actor y el no pago de prestaciones sociales es innegable. El mismo fallo reconoce que no se le cancelaron prestaciones, por lo tanto, no resulta aceptable el argumento de la sentencia al sostener que no existe prueba del incumplimiento patronal” (fl. 106-107, cdno. pbas. 3).
— La Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante proveído de 9 de noviembre de 2006, modificó (i) el numeral primero de la sentencia del Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, “en el sentido de que los extremos de la relación laboral van del 29 de enero de 2003 hasta el 14 de junio del mismo año” y (ii) los literales a, b, c, d y e para condenar a la demandada a pagar las siguientes sumas de dinero: $ 125.422, por cesantías; $ 5.685.79, por intereses; $ 62.711, por primas; $ 125.422, por primas y $ 53.308.28 por indexación. Revocó el literal f “en cuando condenó a pagar una suma diaria de dinero por concepto de indemnización moratoria, en su lugar, absolver a la parte demandada de dicha pretensión”.
Estableció que no proceden las indemnizaciones por despido porque no se acreditó la causa o motivo de la renuncia al cargo de celador, ni la moratoria por cuanto no está acreditada la mala fe de la cooperativa demandada, ya que su intención fue celebrar un contrato de prestación de servicios, lo cual denotó en el desarrollo del mismo.
Del examen de la prueba testimonial se colige que todos coinciden en señalar que el demandante le prestó servicios al demandado, para cumplir con funciones de celador y, por lo tanto, se presume la existencia del contrato de trabajo en aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo.
Adicional a lo anterior, si bien las partes suscribieron un contrato que denominaron “CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A TÉRMINO FIJO 89 DÍAS” (fls. 10 y 11; 26 y 27), de la lectura atenta de sus cláusulas se observa que se le impone obligaciones de carácter general, como la de cumplir además de las funciones asignadas “como celador y en las labores anexas y complementarias a fines con la naturaleza del trabajo que le sean asignadas por el conjunto a través del administrador del conjunto”; que: “Las funciones del trabajador del conjunto residencial El Manantial, serán las asignadas por el conjunto, a través del administrador”, lo cual es propio de una labor subordinada y no independiente, pues conlleva el acatamiento de órdenes que le imparta el administrador.
Respecto de los extremos de la relación laboral, del dicho de José Vicente Hernández Reyes, ratificado con el texto del contrato que suscribieron (fl. 10 y 11) y el documento que suscribió con el administrador José Vicente Hernández reyes (fl. 16), se colige corro fecha de iniciación el 29 de enero de 2003 y terminación el 14 de junio del mismo año y como salario mensual la suma de trescientos treinta y dos mil pesos ($ 332.000).
En consecuencia se procede al examen de las pretensiones del recurrente demandante.
> Indemnización por despido
No existe prueba alguna que acredite la causa o motivo que invocó el demandante al momento de la extinción del vínculo como causa imputable al empleador, pues del contenido del documento de folio 16, sólo se colige que el demandante no continúa ejecutando la labor, pero, no se encuentran determinados los motivos o causales que lo llevaron a renunciar.
Por tanto, no puede entenderse como causal, para presentar la renuncia, la expuesta por el demandante durante todo el proceso “por el incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del patrono, de sus obligaciones legales”, pues se reitera que no aparece prueba que ese hubiese sido el motivo que invocó al momento de finalizar el vínculo. En consecuencia, se confirmará la decisión absolutoria impartida por el a quo por este concepto.
> Indemnización moratoria
La jurisprudencia ha precisado que la aplicación de esta sanción no es automática sino que debe examinarse el proceder de la demandada y en caso de acreditar que actuó de buena fe se le puede eximir de la misma.
En este orden, del examen de la prueba testimonial se colige que la accionada tuvo siempre la convicción de celebrar un contrato de prestación de servicios, con cada una de sus consecuencias jurídicas y legales; lo que significa entonces que no se puede entender como mala fe del demandado la negación del nexo causal, pues simplemente su intención fue celebrar ese tipo de contrato, sin pensar que de esa forma causaría un perjuicio económico al demandante.
Además, debe tenerse en cuenta, que la cooperativa contrató al demandante, de acuerdo con el dicho de los testigos, por instrucciones de los afiliados al plan de vivienda, facultándola para efectuar un contrato de prestación de servicios, es decir, sin la intención de celebrar contrato de trabajo y así lo entendió el demandante al suscribir el contrato y no reclamar durante la vigencia del mismo.
La circunstancia que en el presente asunto se hubiese llegado a la conclusión que existió un contrato de trabajo, por si misma, no es suficiente para estimar de mala fe a la demandada, pues lo cierto es que las partes suscribieron un contrato de prestación de servicios (fls. 10 y 11) y se cancelaban mediante comprobantes de egreso, firmados por el demandante, igualmente, debe tenerse en cuenta la manera especial como se desarrolló el contrato; la circunstancia que en el inmueble residía el demándame con su núcleo familiar y tenían un negocio de venta de comestibles como se deduce de la prueba testimonial. Igualmente con las pocas funciones que realizaba resulta comprensible que existiera la convicción aunque equivocada que no había lugar al pago de prestaciones sociales, circunstancia por la cual estima la sala que existe buena fe en el proceder de la demandada, por lo que se revocará la decisión de primera instancia, en este sentido y se absolverá a la demandada de esta pretensión (fl. 18-30, cdno. pbas. 2; 125-137, cdno. pbas. 3).
— La Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca certificó que la anterior decisión quedó ejecutoriada el 1º de diciembre de 2006 (fl. 137, cdno. pbas. 2; 138, cdno. pbas. 3).
Procede la Sala a determinar si en el presente caso se estructura la responsabilidad de la Nación-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, porque la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante proveído de 9 de noviembre de 2006, pese a que la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. y el señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez acordaron regir su relación contractual con las normas del Código Sustantivo del Trabajo, denegó la sanción moratoria prevista en el artículo 65 ibídem, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.
En el sub judice concurren los presupuestos de procedencia del error judicial establecidos en el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, esto es, que (i) la providencia contentiva del error se encuentre en firme y (ii) el afectado haya interpuesto los recursos de ley procedentes. En efecto, la sentencia controvertida de 9 de noviembre de 2006, proferida por la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, se encuentra en firme y contra ella, por ser de segunda instancia, no procedía recurso alguno(2).
En el sub judice corresponde determinar si la conducta descrita por la cooperativa empleadora en la contestación de la demanda ordinaria laboral y las pruebas allegadas a ese expediente, justificaban su omisión de pagar los salarios y prestaciones sociales adeudados al señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez, a la finalización del contrato de 29 de enero de 2003 y si eran suficientes para exonerarla de la imposición de la sanción moratoria, como lo resolvió la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca.
Para abordar la anterior controversia resulta pertinente desarrollar lo relativo a la naturaleza de los ingresos laborales y el derecho a su pago oportuno:
El salario y, de manera general, los ingresos que percibe el trabajador, constituyen acreencias protegidas por el ordenamiento superior, en razón de su vinculación necesaria con la eficacia de los derechos fundamentales, en especial, el del mínimo vital. La Corte Constitucional ha fijado en varias sentencias reglas definidas acerca del vínculo entre el pago efectivo de los ingresos laborales y la vigencia de los derechos del trabajador y su núcleo familiar dependiente.
También, de forma reiterada, ha desarrollado la naturaleza de los ingresos laborales y el derecho concomitante a su pago oportuno, en los siguientes términos:
“El concepto de salario es un tema del que la Corte se ha ocupado en múltiples oportunidades, tanto en sede de tutela como de constitucionalidad, subrayando no sólo la importancia técnica o instrumental que tiene la ganancia que en virtud de un contrato de trabajo, paga el empleador al trabajador por la labor o servicio prestados, sino el valor material que se desprende de su consagración como principio y derecho fundamentales (C.P., preámbulo y arts. 1º, 2º, 25 y 53), claramente dirigidos a morigerar la desigualdad entre las partes de la relación laboral, y hacer posible el orden justo de la República “fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.
Las fuentes positivas que permiten desarrollar la noción integral del salario, no sólo se encuentran en los artículos de la Constitución y la legislación interna; es menester acudir a instrumentos de derecho internacional que se encargan de desarrollar materias laborales y que, por virtud del artículo 93 de la Carta Política, hacen parte de la normatividad iusfundamental vigente en nuestro país, a través de lo que se ha denominado bloque de constitucionalidad.
“El término ´salario´ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”.
Esto quiere decir que para efectos del significado que en nuestro ordenamiento ha de tener la voz salario y, sobre todo, para la protección judicial del derecho a su pago cumplido, deben integrarse todas las sumas que sean generadas en virtud de la labor desarrollada por el trabajador, sin importar las modalidades o denominaciones que puedan asignarles la ley o las partes contratantes. Así, no sólo se hace referencia a la cifra quincenal o mensual percibida por el empleado —sentido restringido y común del vocablo—, sino a todas las cantidades que por concepto de primas, vacaciones, cesantías, horas extras —entre otras denominaciones—, tienen origen en la relación laboral y constituyen remuneración o contraprestación por la labor realizada o el servicio prestado.
Las razones para adoptar una noción de salario expresada en estos términos, no sólo se encuentran en la ya referida necesidad de integración de los diferentes órdenes normativos que conforman el bloque de constitucionalidad, sino que son el reflejo de una concepción garantista de los derechos fundamentales, que en materia laboral constituye uno de los pilares esenciales del Estado social de derecho. A partir de la Constitución de 1991, es evidente la relevancia del derecho laboral dentro de la configuración de un orden social y económico justo y más cercano a la realidad, en cuyo desarrollo la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha debido intervenir, en buena parte por la falta del estatuto del trabajo al que se refiere el artículo 53 Superior.
“Precisamente, el principio a trabajo igual salario igual se traduce en una realización específica y práctica del principio de igualdad.
“Constitucionalmente el principio se deduce:
— Del principio del reconocimiento a la dignidad humana, que necesariamente se manifiesta en la garantía del derecho al trabajo en condiciones dignas que aseguren un nivel de vida decoroso (C.P., arts. 1º, 25 y 53, inc. final).
— De los principios sobre la igualdad de oportunidades, que supone naturalmente no sólo la correspondencia o el balance que debe existir entre el valor del trabajo y el valor del salario, sino con respecto a los trabajadores que desarrollan una misma labor en condiciones de jornada y eficiencia iguales; el establecimiento de la remuneración mínima vital y móvil “proporcional a la calidad y cantidad de trabajo”, e incluso, la “irrenunciabilidad de los beneficios mínimos” establecidos en las normas laborales, pues el trabajo realizado en ciertas condiciones de calidad y cantidad tiene como contraprestación la acreencia de una remuneración mínima que corresponda o sea equivalente a dicho valor (C.P., art. 53)”.
Ahora bien, la protección del pago oportuno de las acreencias laborales no sólo se restringe al ámbito de la ejecución de la relación laboral, sino que también se extiende a los actos posteriores a su finalización. Sobre el particular, el artículo 12-2 del Convenio 95 de la OIT, establece la obligación de los Estados de garantizar que en el evento en que “se termine el contrato de trabajo se deberá efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos, de conformidad con la legislación nacional, un contrato colectivo o un laudo arbitral, o, en defecto de dicha legislación, contrato o laudo, dentro de un plazo razonable, habida cuenta de los términos del contrato”. En ese sentido, finalizada la relación laboral, se entiende que el individuo queda en una situación de vulnerabilidad, derivada de la carencia de recursos económicos para garantizar su subsistencia futura. Por esta razón, el ordenamiento jurídico está llamado a ofrecer herramientas dirigidas a (i) lograr el pago pronto y efectivo de las acreencias y (ii) desestimular que el empleador incurra en mora, para así evitar que el incumplimiento acarree la inminencia de un perjuicio irremediable contra el trabajador y su familia.
Con arreglo al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo si a la terminación del contrato de trabajo el empleador no cancela los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos en que la ley o el convenio lícito de las partes autoricen retención, al trabajador le corresponde el derecho de percibir un día de salario por cada día de retardo a título de indemnización.
ART. 65.—Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo.
2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el juez del trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia.
3. En la misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y no le expida el correspondiente certificado de salud de que trata el ordinal 7º del artículo 57”.
De la normativa transcrita se infiere que la indemnización no sólo exige para su procedencia el incumplimiento consistente en el no pago, por parte del empleador, de los salarios y prestaciones debidas al trabajador, sino además que la relación laboral haya concluido por cualquier causa y consiste en el pago de una suma igual al último día de salario por cada día de retraso hasta cuando el pago se verifique, sin que haya alguna otra exigencia adicional para el trabajador, circunstancia que ha significado en la práctica que el empleador siga cancelando los salarios que devengaba el trabajador como si estuviese a su servicio, y de ahí el nombre que se le ha dado de “salarios caídos”.
Mediante el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 se modificó el aludido artículo 65, así:
ART. 29.—Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así:
ART. 65.—Indemnización por falta de pago:
PAR. 2º—Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo sólo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.
Esta nueva disposición conserva, en esencia, los elementos para que proceda la indemnización moratoria, cuales son: (i) la terminación de la relación laboral;
(ii) el empleador no cancele los salarios y prestaciones; (iii) la retención no se encuentre permitida y (iv) en caso de desacuerdo o negativa del trabajador a recibir, no se consigne a tiempo la suma confesada por el empleador.
Mantiene, igualmente, la indemnización a cargo del empleador en cuanto al pago de una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor, sin que exista alguna otra carga adicional para el trabajador.
La modificación que introdujo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, consiste en que “[S]i transcurridos (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”.
En otras palabras, si el trabajador no instaura la acción ordinaria, dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación de su vínculo laboral, o si la misma no ha sido resuelta definitivamente por la autoridad judicial, se cancelan intereses moratorios, únicamente.
Lo anterior, según el legislador, con el objeto de impedir una “...forma de enriquecimiento de los trabajadores debido a la lentitud de la justicia cuando el trámite de un proceso laboral de primera instancia, si se cumplieran los términos no debería durar, incluida la apelación, más de seis (6) meses, pues “la manera como está prevista la indemnización por falta de pago ha dado lugar a que los trabajadores esperen para presentar sus demandas cuando están para cumplirse los tres (3) años, término de prescripción y le juegan a una cuantiosa indemnización moratoria a veces injusta ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, en este caso se presume la mala fe del empleador”.
La Corte Constitucional con relación al artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, en Sentencia C-079 de 1999, M.P. María Victoria Sáchica Méndez, señaló que la indemnización moratoria, denominada tradicionalmente como “salarios caídos”, es una modalidad de restablecimiento de los derechos del trabajador que, junto con otras previstas en la legislación laboral, pretende compeler al empleador al pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales. También indicó que la indemnización moratoria es “una reparación a cargo del empleador que retarda el pago de los salarios y prestaciones sociales que se le adeudan al trabajador al momento de la terminación del respectivo contrato de trabajo, consistente en una suma igual al último salario diario por cada día de demora en la cancelación de lo adeudado. Se presenta así un mecanismo de apremio al empleador que demora dichos pagos cuando ya no existe una acción con origen contractual para hacerlos exigibles pero que permite compensar la pérdida del poder adquisitivo del dinero del trabajador, por permanecer en manos del empleador”.
Encontró ligada la sanción moratoria a la protección patrimonial contra los efectos del tiempo sobre las acreencias debidas a la culminación de la relación laboral, al margen de las causas que motivaron la terminación del contrato de trabajo.
La Corte también evidenció el carácter cualificado de la indemnización moratoria, pues para su aplicación no basta la mora del empleador, sino el incumplimiento fundado en la mala fe. En otras palabras, el patrono incurre en mora cuando actúa a sabiendas, porque conoció o debía conocer la existencia de la obligación.
Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que “[la indemnización moratoria] no comporta una sanción automática, que tenga su fuente en el simple incumplimiento o retardo en el pago de determinadas acreencias laborales, ya que antes de su imposición debe el juzgador examinar las razones que condujeron al empleador a incumplir con el pago de salarios o prestaciones sociales o a demorar la cancelación de los mismos, de modo que si en esa actitud militan circunstancias atendibles, (…), podrá exonerársele si ha demostrado en juicio un proceder leal y correcto que justifique su omisión, vale decir una buena fe” (Sent. de Cas. Lab., feb. 7/2001, exp. 15438).
Con relación a la mala fe que daría lugar al pago de la indemnización moratoria, la Corte Constitucional ha descrito que “es el conocimiento que una persona tiene de la falta de fundamento de su pretensión, del carácter delictuoso o cuasidelictuoso de su acto, o de los vicios de su título”.
Para la Corte Suprema de Justicia la mala fe que da lugar a la sanción moratoria no sólo comprende las actitudes temerarias, maliciosas o engañosas de parte del empleador, sino también la indiferencia por los derechos del trabajador, la apatía, la dejadez, el desinterés y la negligencia que muestra el empleador frente al asalariado en cuanto no se compromete con saldar las acreencias(3).
Lo anterior quiere decir que no se trata de establecer el deliberado propósito de perjudicar al trabajador, tampoco de evidenciar una actitud maliciosa, temeraria o engañosa, sino la desidia, dejadez, incuria apatía, indiferencia o desinterés del empleador respecto de la satisfacción de los derechos del trabajador, a la terminación del contrato.
En este punto, es pertinente señalar que la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 21 septiembre de 2010(4), precisó que si bien el empleador le asiste la carga de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, de ello no se sigue una presunción de mala fe, en cuanto es deber ineludible del juez analizar el comportamiento del patrono para deducir así la causación de la indemnización moratoria.
Por lo demás, cabe anotar que si bien es cierto en algún momento del desarrollo de su jurisprudencia esta Sala de la Corte consideró que, de cara a la imposición de la sanción por mora en el empleador incumplido existía una presunción de mala fe, ese discernimiento no es el que en la actualidad orienta sus decisiones, porque, pese a que mantiene su inveterado y pacífico criterio sobre la carga del empleador para exonerarse de la sanción por mora, de probar que su conducta omisiva en el pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el contrato estuvo asistida de buena fe, considera que ello en modo alguno supone la existencia de una presunción de mala fe, porque de las normas que regulan la señalada sanción moratoria no es dable extraer una presunción concebida en tales términos, postura que, ha dicho, se acompasa con el artículo 83 de la Carta Política.
Así en la sentencia del 7 de julio de 2009, radicación 36821, la Corte precisó lo que a continuación se trascribe:
“La indemnización moratoria —consagrada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, para el caso de los trabajadores particulares; y en el 1º del Decreto 797 de 1949, para el de los trabajadores oficiales— es una figura jurídico-laboral que ha merecido el discernimiento reflexivo y crítico de la jurisprudencia del trabajo y de la seguridad social, que ha decantado su doctrina en torno a las sendas que deben seguirse para el combate de la sentencia que la haya impuesto o dejado de imponer en un caso determinado, al igual que las modalidades de violación que deben emplearse.
“En ese sentido, esta Sala de la Corte, al acoger el criterio jurisprudencial expuesto desde el Tribunal Supremo del Trabajo, que ha devenido sólido, por sus notas de pacífico, reiterado y uniforme, ha precisado que la sanción moratoria no es una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al terminar el contrato de trabajo, no cubra al trabajador los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones (estas últimas, sólo en la hipótesis de los trabajadores oficiales) que le adeuda.
“Es decir, la sola deuda de tales conceptos no abre paso a la imposición judicial de la carga moratoria. Es deber ineludible del juez estudiar el material probatorio de autos, en el horizonte de establecer si en el proceso obra prueba de circunstancias que revelen buena fe en el comportamiento del empleador de no pagarlos.
“El recto entendimiento de las normas legales consagratorias de la indemnización moratoria enseña que su aplicación no es mecánica ni axiomática, sino que debe estar precedida de una indagación de la conducta del deudor.
“Sólo como fruto de esa labor de exploración de tal comportamiento, le es dable al juez fulminar o no condena contra el empleador. Si tal análisis demuestra que éste tuvo razones serias y atendibles, que le generaron el convencimiento sincero y honesto de no deber, o que justifiquen su incumplimiento, el administrador de justicia lo exonerará de la carga moratoria, desde luego que la buena fe no puede merecer una sanción, en tanto que, como paradigma de la vida en sociedad, informa y guía el obrar de los hombres.
“De suerte que la indemnización moratoria procede cuando, después del examen del material probatorio, el juez concluye que el empleador no estuvo asistido de buena fe.
“Entonces, aplicar automáticamente la indemnización moratoria traduce un extravío del juez en la exégesis de aquellas disposiciones legales.
“A juicio de esta Corte, no es verdad que el artículo 230 de la Constitución Política de 1991 comporte que la indemnización moratoria del artículo 65 se convierta en automática y que la constante y pacífica jurisprudencia sobre la valoración que debe hacer el juez de la conducta del empleador, en la perspectiva de establecer si estuvo o no asistida de buena fe, para en el primer caso eximir al empleador de la sanción moratoria, ya no resulte válida.
“Que los jueces en sus providencias estén sometidos al imperio de la ley no impide que la interpreten para desentrañar su sentido, ni, en tratándose de normas laborales, que le asignen el entendimiento que mejor se acomode a la búsqueda de la equidad y de la justicia en las relaciones laborales.
“Sin duda, al fijar el sentido y los alcances del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo —al igual que los del 1º del Decreto 797 de 1949— la Corte no ha hecho nada distinto que atemperarse al imperio de la ley y de cumplir su misión de uniformar la interpretación en torno a esos dos textos legales.
“Su orientación reiterada y constante sobre la hermenéutica de tales disposiciones normativas no desconoce las normas constitucionales que regulan el trabajo humano. No encuentra la Corte en las que cita el censor que sea obligatorio condenar a un empleador a pagar la sanción moratoria por el hecho de estar demostrado su incumplimiento.
“Por ello importa destacar que su reiterado criterio jurisprudencial se acompasa con el paradigma de la buena fe consagrado en el artículo 83 de la Carta Política, como tuvo oportunidad de precisarlo en sentencia del 15 de julio de 1992 (rad. 5.070), en la que, al hacer referencia a ese precepto constitucional, expuso “que de ninguna manera pueden considerarse insubsistentes preceptos legales como el artículo 65 Código Sustantivo del Trabajo, según los cuales, como excepción al principio general, el deudor moroso debe demostrar su buena fe”.
Ahora bien, en cuanto a la manera como los juzgadores deben apreciar la conducta del empleador, de cara a la imposición de la sanción por mora, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 13 de abril de 2005(5), explicó que se debe valorar el comportamiento del patrono, respecto del cumplimiento de la obligación, en cada caso.
“deben los jueces valorar ante todo la conducta asumida por el empleador que no satisface a la extinción del vínculo laboral las obligaciones a su cargo, valoración que debe hacerse desde luego con los medios probatorios específicos del proceso que se examina...”, como lo dejó sentado en la sentencia del 15 de julio de 1994, radicación 6658.
Así, pues, en materia de la indemnización moratoria no hay reglas absolutas que fatal u objetivamente determinen cuando un empleador es de buena o de mala fe. Sólo el análisis particular de cada caso en concreto y sobre las pruebas allegadas en forma regular y oportuna, podrá esclarecer lo uno o lo otro. En ese sentido se pronunció igualmente la Corporación en providencia del 30 de mayo de 1994, con radicación 6666, en la cual dejó consignado que: ‘Los jueces laborales deben entonces valorar en cada caso, sin esquemas preestablecidos, la conducta del empleador renuente al pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del vínculo laboral, para deducir si existen motivos serios y atendibles que lo exoneren de la sanción moratoria...’.
Dicha Corte también puntualizó, en sentencia de 8 mayo de 2012(6), que si bien, en principio, el patrono que alega haber celebrado un contrato distinto al laboral no tendría que pagar la indemnización, ello no excluye, en todo caso, el estudio de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria sobre las circunstancias que, efectivamente, rodearon el desarrollo del vínculo, a fin de poder definir si el desconocimiento del contrato resultaba fundado.
2) De acuerdo con el esquema de los cargos, el primer asunto medular materia de elucidación, desde el punto de vista estrictamente jurídico, es saber si la mera creencia del empleador, en cuanto a que el contrato que ató a las partes fue de una naturaleza diferente a la laboral, es suficiente para exonerarlo de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de los salarios y prestaciones sociales a la terminación de la relación laboral.
La respuesta es no. Ello, toda vez que, como se ha enseñado reiterada y enfáticamente por demás, la absolución de esta clase de sanción cuando se discute la existencia del vínculo contractual laboral, no depende de la negación del mismo por la parte convocada a juicio al dar contestación al escrito inaugural del proceso, negación que incluso puede ser corroborada con la prueba de los mismos contratos, ni la condena de esta súplica pende exclusivamente de la declaración de su existencia que efectúe el juzgador en la sentencia que ponga fin a la instancia; habida consideración que en ambos casos se requiere de un riguroso examen de la conducta del empleador, a la luz de la valoración probatoria que hable de las circunstancias que efectivamente rodearon el desarrollo del contrato, a fin de poder determinar si la postura de éste resulta o no fundada, lo cual depende igualmente de la prueba arrimada y no del simple comentario o afirmación de haberse regido el nexo por un contrato de prestación de servicios, para el caso de aquellos especiales a que alude el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, o de la existencia de la prueba formal de dichos convenios.
Entonces, la buena o mala fe del empleador no está o se refleja en la mera creencia en torno a que el contrato que ligó a las partes fue de una naturaleza diferente a la laboral, sino que fluye, en estricto rigor, de otros tantos aspectos que giraron alrededor de la conducta que asumió en su condición de deudor obligado, vale decir, además de aquella, el fallador debe contemplar el haz probatorio para explorar dentro de él la existencia de otros argumentos valederos, que sirvan para abstenerse de imponer la sanción. Expresado en palabras diferentes: la dicha creencia no significa necesaria e inexorablemente la dispensa de la sanción moratoria, porque la empleadora puede cometer actos que demuestren que su actuación laboral, al no cumplir sus obligaciones, no estuvo acompañada de razones atendibles, configurativas de buena fe (resaltado fuera del texto).
En el sub judice, la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, el 9 de noviembre de 2006, revocó la indemnización moratoria reconocida al actor, fundado en que la prueba testimonial recaudada daría cuenta de la intención de la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. de celebrar un contrato de prestación de servicios, de donde la negativa al pago de las prestaciones sociales al finalizar el vínculo contractual, no comporta mala fe sino que responde a las condiciones especiales en las que se desarrolló el mismo (pago mediante comprobantes de egreso, residencia en el lugar donde se prestaba el servicio, autorización para la conformación de un negocio de ventas de comestibles y asignación de limitadas funciones).
El señor Pérez Sánchez considera que la intención o convicción de la cooperativa COONALDICH Ltda. de celebrar un contrato de prestación de servicios queda desdibujada si se atienda la naturaleza del servicio contratado (vigilancia y celaduría) y los términos expresos en los que, unilateralmente, reguló la relación entre las partes (los del CST).
Precisa que es un error buscar en la prueba testimonial la naturaleza del vínculo, cuando el servicio y el contrato mismo son la plena prueba de la relación laboral y del desconocimiento injustificado de salarios y prestaciones sociales definitivas.
La Sección Segunda de esta corporación con relación a la naturaleza del servicio de vigilancia o celaduría, al elemento subordinación que le es inane a esta labor y al encubrimiento de la relación laboral, en casos como en el sub judice, puntualizó:
Advierte la Sala que si una persona presta servicios como vigilante-celador resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con total tranquilidad.
Carecería de cualquier lógica que los servicios de vigilancia se prestaran ocasionalmente, siendo que la seguridad de la entidad puede verse afectada en cualquier momento, lo que exige la presencia continua de una persona que ofrezca y garantice la guarda de la misma.
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio(7).
Debe aclararse que el material probatorio obrante en el expediente, permite inferir que la administración pretendió evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, por cuanto como se mencionó anteriormente, la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas en la labor que desarrollan los vigilantes o celadores; es decir, son consustanciales al servicio de cada entidad(8).
Ahora bien, tal como lo reconoció la Sala laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda. y el actor, el contrato de 29 de enero de 2003, celebraron un contrato con todos los elementos de la relación laboral y reconocieron expresamente, ya en el tenor del documento, que la relación se regiría por el Código Sustantivo del Trabajo y su terminación, por vencimiento del plazo o de forma unilateral, estaría regulada por los artículos 61 a 66 ibídem.
Ahora, el tema de la buena fe ha sido abordado por la doctrina desde sus inicios(9), para así mismo considerar que (i) comporta “el respeto a la palabra empeñada, la escrupulosa y sincera observancia de las promesas y de los pactos, la veracidad y la constancia en los compromisos asumidos”; (ii) “exige que se haga lo que se convino” y (iii) “no consiente que en ningún tiempo se aparte uno de los contratantes de la voluntad del otro y, en fin, que debe conservarse la voluntad de los que legítimamente contratan, porque nada hay tan conforme a la ´fe humana´ como cumplir lo que los hombres han pactado entre sí”.
En el estudio en mención se añade que la buena fe “corresponde al lema age quod agis conforme al cual la fides bona constriñe a mantener una promesa, no según la letra, sino según el espíritu del negocio convenido por las partes y, en cuanto tal, a adecuar la propia conducta a la plena realización del acuerdo”. Protege la confianza entre las partes y “constituye una garantía de que se respetará la palabra empeñada y de que, como consecuencia, serán preservadas las expectativas creadas”.
Explica que la buena fe tiene un estrecho vínculo con la regla que prohíbe “venire contra factum propium”, la cual está destinada a garantizar la fuerza vinculante del acuerdo de voluntades, “la adecuada interpretación de los términos del negocio” y la coherencia entre lo estipulado expresamente, su espíritu y las finalidades perseguidas por las partes.
Señala que “venire contra factum propium” se puede identificar como una conducta “dolosa en cuanto constituye un comportamiento contrario a la buena fe, comoquiera que transgrede el deber de corrección que de ella emana”. “Es pues, su intrínseca contrariedad al deber de corrección y lealtad con la contraparte lo que hace la conducta dolosa”.
En el sub lite, la Cooperativa Nacional Diversificada de Chía-COONALDICH Ltda., atendiendo la naturaleza de la prestación personal del servicio subordinado que contrató, el 29 de enero de 2003, se comprometió con el trabajador a regular sus relaciones conforme a las normas del Código Sustantivo del Trabajo y precisó dentro de ese ordenamiento los artículos que regirían el finiquito del vínculo, entre ellos, el 65 relativo a la indemnización moratoria.
De donde para la Sala el error judicial deviene en evidente. No se comprende cómo reconocer que el patrono convino en una relación laboral y al tiempo sostener que el mismo actuó de buena fe, en cuanto no reconoció las obligaciones derivadas del mismo contrato a su terminación. Se aceptaría en gracia de discusión, en otras circunstancias la confusión de buena fe del patrono, pero no resulta posible tal reconocimiento, al amparo de las pruebas que llevaron al juzgado y a la Sala Laboral a reconocer la relación laboral sin dubitación. De donde, a la luz de la jurisprudencia no puede sino concluirse que se generó la prestación indemnizatoria.
Esto es así, porque el patrono desconoció el acto propio y los elementos esenciales de la labor contratada, faltó a su deber de corrección y a la lealtad debida con la contraparte, quien se creó expectativas legítimas de recibir salarios y prestaciones sociales al término de su relación con la cooperativa COONALDICH Ltda.
Por lo tanto, no se entiende cómo pasar por alto la naturaleza del servicio y los términos del contrato, para sostener, con fundamento en los dichos de los testigos, que la aludida cooperativa actuó de buena fe, contra las evidencias que, como se dijo, le permitieron concluir al juzgado y a la Sala Laboral la existencia de una relación laboral que no admitió duda.
Siendo así el error judicial es claro y debe declararse, como quiera que no se entiende como admitir una duda inexistente para así mismo desconocer la sanción moratoria.
Para la Sala ir en contra del acto propio y a su espíritu constituye un comportamiento reprochable, que configura mala fe y da lugar a la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.
La Corte Suprema de Justicia, en un caso similar en el que se desconoció la naturaleza del servicio prestado, por elementos o autorizaciones accesorios y los términos del contrato, precisó que no se puede configurar la buena fe del empleador.
Examinado el contenido del contrato de prestación de servicios artísticos —única prueba denunciada por el recurrente— si bien indica que el actor se obligaba a realizar la actividad contratada con “plena autonomía jurídica e independencia”, no es cierto que ello fuera así.
En efecto, al revisar el contrato de marras, se observa que al accionante se le obligó, entre otras cosas, a respetar los horarios y lugares donde se efectuarían cada uno de los ensayos y grabaciones, como también aquellos “aspectos” inherentes a vestuario y maquillaje físico, y si bien se indicó que podía realizar cualquier otra actividad artística, la misma estaba sometida a que el actor avisara y hubiese acuerdo entre las partes para ejercer tal actividad, además, que ésta no interviniera con los horarios, lugares y condiciones de grabación, ni fuera contra los intereses de la demandada.
Lo establecido en ese documento no tiene el alcance para determinar que la conducta de la empleadora fue de buena fe, pues lo que demuestra es la suscripción de un nuevo contrato con unas características determinadas, entre ellas su denominación y las condiciones que allí se estipularon cuando el actor venía vinculado laboralmente con mucha antelación, con lo cual la conclusión del ad quem relativa al convencimiento válido de la demandada cuando modificó el contrato de trabajo al de prestación de servicios, no tiene soporte probatorio, o por lo menos, no lo es el plurimencionado contrato de prestación de servicios artísticos.
(…) De acuerdo con el anterior precedente jurisprudencial, encuentra la Sala que ni del contrato de prestación de servicios artísticos suscrito ulteriormente a un contrato de trabajo, ni de la conducta asumida por la defensa surgen esas razones serias y atendibles que puedan demostrar que Caracol Televisión S.A., creyó de buena fe que el acuerdo de voluntades firmado el 11 de noviembre de 1994, en el cual el actor continuó ejerciendo los mismos roles que ejecutó en virtud de un contrato de trabajo, era un contrato civil caracterizado por una real independencia jurídica del contratado frente al contratante.
En ese orden, se colige que el colegiado de segundo grado se equivocó al considerar que la demandada obró de buena fe, evidenciándose de manera protuberante el yerro fáctico del que le acusa la censura.
Lo anterior es suficiente para casar parcialmente la sentencia recurrida, sólo en cuanto negó la sanción moratoria y ordenó la indexación, ello en razón a que uno y otro pago son incompatibles entre sí(10).
Así las cosas, se revocará la sentencia denegatoria para, en su lugar, disponer la reparación, porque se estableció el daño y su antijuridicidad, imputable como quedó explicado a la Nación-Rama Judicial.
Para efectuar liquidación se debe puntualizar que al actor se le debe aplicar el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, pues a la terminación del contrato —14 de junio de 2003—, ya se encontraba vigente el último estatuto, todo sin perder de vista que el salario devengado no fue superior a un salario mínimo legal mensual vigente.
Y atender que la Corte Constitucional, en Sentencia C-781 de 2003 que declaró exequible el artículo 29 de la Ley 789 de 2003, señaló con relación al pago simultáneo de intereses moratorios e indexación, lo siguiente
De otro lado, también milita la circunstancia de que en relación con el pago simultáneo de intereses moratorios e indexación la jurisprudencia de esta corporación haya señalado que el pago de intereses moratorios busca que el salario y las prestaciones sociales, conserven su valor real, por lo cual resulta incompatible el pago de esos dos conceptos al mismo tiempo pues ambos persiguen la idéntica finalidad que es compensar la pérdida del valor adquisitivo del dinero. Por ello, de proceder el pago concurrente de los mismos se tornaría desproporcionada la sanción moratoria consagrada en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002.
Además se equivoca la Procuradora (E) al sostener que la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral con anterioridad había reconocido la procedencia del pago coetáneo de la indemnización moratoria y la indexación, pues, por el contrario, lo que ese Alto Tribunal ha expresado es que “cuando no sea pertinente en una sentencia la condena de indemnización moratoria por el pago oportuno de prestaciones sociales, por cuanto no se trata de una indemnización automática, es viable aplicar entonces la indexación o corrección moratoria en relación con aquellas prestaciones que no tengan otro tipo de compensación de perjuicios por la mora, o que no reciban reajuste con el costo de vida...”.
NOMBRE Fabio Guillermo Pérez Sánchez
FECHA DÍAS NETO TASA APLICADA INTERÉS NETO - INT CTA X PAGAR AMORTIZA SALDO CAPITAL $ SALDO TOTAL $
14/07/05 - - 7.967.995 27,75% - - 7.967.995 - - 7.967.995 7.967.995 7.967.995
31/07/05 17 - 27,75% 91.408 - 91.408 -91.408 - 7.967.995 8.059.403
31/08/05 31 - 27,36% 165.359 - 165.359 - 256.766 - 7.967.995 8.224.762
30/09/05 30 - 27,33% 159.814 - 159.814 - 416.581 - 7.967.995 8.384.576
31/10/05 31 - 26,90% 162.833 - 162.833 - 579.413 - 7.967.995 8.547.408
30/11/05 30 - 26,72% 156.580 - 156.580 - 735.994 - 7.967.995 8.703.989
31/12/05 31 - 26,24% 159.232 - 159.232 - 895.226 - 7.967.995 8.863.221
31/01/06 31 - 26,03% 158.083 - 158.083 - 1.053.309 - 7.967.995 9.021.304
28/02/06 28 - 26,27% 143.832 - 143.832 - 1.197.141 - 7.967.995 9.165.137
31/03/06 31 - 25,88% 157.261 - 157.261 - 1.354.403 - 7.967.995 9.322.398
30/04/06 30 - 25,13% 148.153 - 148.153 - 1.502.555 - 7.967.995 9.470.550
31/05/06 31 - 24,11% 147.494 - 147.494 - 1.650.050 - 7.967.995 9.618.045
30/06/06 30 - 23,42% 138.978 - 138.978 - 1.789.028 - 7.967.995 9.757.023
31/07/06 31 - 22,62% 139.201 - 139.201 - 1.928.230 - 7.967.995 9.896.225
31/08/06 31 - 22,53% 138.696 - 138.696 - 2.066.925 - 7.967.995 10.034.921
30/09/06 30 - 22,58% 134.429 - 134.429 - 2.201.354 - 7.967.995 10.169.350
31/10/06 31 - 22,61% 139.117 - 139.117 - 2.340.472 - 7.967.995 10.308.467
30/11/06 30 - 22,61% 134.592 - 134.592 - 2.475.064 - 7.967.995 10.443.059
31/12/06 31 - 22,61% 139.117 - 139.117 - 2.614.181 - 7.967.995 10.582.176
31/01/07 31 - 20,75% 128.598 - 128.598 - 2.742.779 - 7.967.995 10.710.774
28/02/07 28 - 20,75% 116.063 - 116.063 - 2.858.842 - 7.967.995 10.826.837
31/03/07 31 - 20,75% 128.598 - 128.598 - 2.987.441 - 7.967.995 10.955.436
30/04/07 30 - 25,13% 148.153 - 148.153 - 3.135.593 - 7.967.995 11.103.588
31/05/07 31 - 25,13% 153.138 - 153.138 - 3.288.731 - 7.967.995 11.256.727
30/06/07 30 - 25,13% 148.153 - 148.153 - 3.436.884 - 7.967.995 11.404.879
31/07/07 31 - 28,52% 171.598 - 171.598 - 3.608.481 - 7.967.995 11.576.477
31/08/07 31 - 28,52% 171.598 - 171.598 - 3.780.079 - 7.967.995 11.748.074
30/09/07 30 - 28,52% 166.005 - 166.005 - 3.946.084 - 7.967.995 11.914.079
31/10/07 31 - 31,89% 189.538 - 189.538 - 4.135.622 - 7.967.995 12.103.617
30/11/07 30 - 31,89% 183.354 - 183.354 - 4.318.976 - 7.967.995 12.286.971
31/12/07 31 - 31,89% 189.538 - 189.538 - 4.508.513 - 7.967.995 12.476.509
31/01/08 31 - 32,75% 194.016 - 194.016 - 4.702.529 - 7.967.995 12.670.524
29/02/08 29 - 32,75% 181.357 - 181.357 - 4.883.887 - 7.967.995 12.851.882
31/03/08 31 - 32,75% 194.016 - 194.016 - 5.077.903 - 7.967.995 13.045.898
30/04/08 30 - 32,88% 188.366 - 188.366 - 5.266.268 - 7.967.995 13.234.263
31/05/08 31 - 32,88% 194.721 - 194.721 - 5.460.989 - 7.967.995 13.428.984
30/06/08 30 - 32,88% 188.366 - 188.366 - 5.649.354 - 7.967.995 13.617.350
31/07/08 31 - 32,27% 191.505 - 191.505 - 5.840.860 - 7.967.995 13.808.855
31/08/08 31 - 32,27% 191.505 - 191.505 - 6.032.365 - 7.967.995 14.000.360
30/09/08 30 - 32,27% 185.256 - 185.256 - 6.217.621 - 7.967.995 14.185.616
31/10/08 31 - 31,53% 187.644 - 187.644 - 6.405.265 - 7.967.995 14.373.261
30/11/08 30 - 31,53% 181.523 - 181.523 - 6.586.788 - 7.967.995 14.554.783
31/12/08 31 - 31,53% 187.644 - 187.644 - 6.774.433 - 7.967.995 14.742.428
31/01/09 31 - 30,71% 183.287 - 183.287 - 6.957.720 - 7.967.995 14.925.715
28/02/09 28 - 30,71% 165.367 - 165.367 - 7.123.087 - 7.967.995 15.091.082
31/03/09 31 - 30,71% 183.287 - 183.287 - 7.306.374 - 7.967.995 15.274.369
30/04/09 30 - 30,42% 175.848 - 175.848 - 7.482.222 - 7.967.995 15.450.217
31/05/09 31 - 30,42% 181.776 - 181.776 - 7.663.998 - 7.967.995 15.631.993
30/06/09 30 - 30,42% 175.848 - 175.848 - 7.839.846 - 7.967.995 15.807.841
31/07/09 31 - 27,98% 168.687 - 168.687 - 8.008.533 - 7.967.995 15.976.528
31/08/09 31 - 27,98% 168.687 - 168.687 - 8.177.220 - 7.967.995 16.145.216
30/09/09 30 - 27,98% 163.190 - 163.190 - 8.340.411 - 7.967.995 16.308.406
31/10/09 31 - 25,92% 157.508 - 157.508 - 8.497.919 - 7.967.995 16.465.914
30/11/09 30 - 25,92% 152.379 - 152.379 - 8.650.297 - 7.967.995 16.618.292
31/12/09 31 - 25,92% 157.508 - 157.508 - 8.807.805 - 7.967.995 16.775.800
31/01/10 31 - 24,21% 148.077 - 148.077 - 8.955.882 - 7.967.995 16.923.878
28/02/10 28 - 24,21% 133.628 - 133.628 - 9.089.510 - 7.967.995 17.057.506
31/03/10 31 - 24,21% 148.077 - 148.077 - 9.237.588 - 7.967.995 17.205.583
30/04/10 30 - 22,97% 136.545 - 136.545 - 9.374.132 - 7.967.995 17.342.128
31/05/10 31 - 22,97% 141.136 - 141.136 - 9.515.269 - 7.967.995 17.483.264
30/06/10 30 - 22,97% 136.545 - 136.545 - 9.651.813 - 7.967.995 17.619.809
31/07/10 31 - 22,41% 138.021 - 138.021 - 9.789.835 - 7.967.995 17.757.830
31/08/10 31 - 22,41% 138.021 - 138.021 - 9.927.856 - 7.967.995 17.895.851
30/09/10 30 - 22,41% 133.532 - 133.532 - 10.061.388 - 7.967.995 18.029.383
31/10/10 31 - 21,32% 131.838 - 131.838 - 10.193.226 - 7.967.995 18.161.221
30/11/10 30 - 21,32% 127.551 - 127.551 - 10.320.776 - 7.967.995 18.288.772
31/12/10 31 - 21,32% 131.838 - 131.838 - 10.452.614 - 7.967.995 18.420.609
31/01/11 31 - 23,42% 143.653 - 143.653 - 10.596.266 - 7.967.995 18.564.262
28/02/11 28 - 23,42% 129.638 - 129.638 - 10.725.905 - 7.967.995 18.693.900
31/03/11 31 - 23,42% 143.653 - 143.653 - 10.869.557 - 7.967.995 18.837.552
30/04/11 30 - 26,54% 155.631 - 155.631 - 11.025.188 - 7.967.995 18.993.184
31/05/11 31 - 26,54% 160.871 - 160.871 - 11.186.059 - 7.967.995 19.154.054
30/06/11 30 - 26,54% 155.631 - 155.631 - 11.341.690 - 7.967.995 19.309.686
31/07/11 31 - 27,95% 168.525 - 168.525 - 11.510.216 - 7.967.995 19.478.211
31/08/11 31 - 27,95% 168.525 - 168.525 - 11.678.741 - 7.967.995 19.646.736
30/09/11 30 - 27,95% 163.034 - 163.034 - 11.841.774 - 7.967.995 19.809.770
31/10/11 31 - 29,09% 174.657 - 174.657 - 12.016.432 - 7.967.995 19.984.427
30/11/11 30 - 29,09% 168.964 - 168.964 - 12.185.396 - 7.967.995 20.153.391
31/12/11 31 - 29,09% 174.657 - 174.657 - 12.360.053 - 7.967.995 20.328.049
31/01/12 31 - 29,88% 178.905 - 178.905 - 12.538.958 - 7.967.995 20.506.953
29/02/12 29 - 29,88% 167.242 - 167.242 - 12.706.200 - 7.967.995 20.674.195
31/03/12 31 - 29,88% 178.905 - 178.905 - 12.885.105 - 7.967.995 20.853.100
30/04/12 30 - 30,78% 177.693 - 177.693 - 13.062.798 - 7.967.995 21.030.794
31/05/12 31 - 30,78% 183.684 - 183.684 - 13.246.483 - 7.967.995 21.214.478
30/06/12 30 - 30,78% 177.693 - 177.693 - 13.424.176 - 7.967.995 21.392.171
31/07/12 31 - 31,29% 186.379 - 186.379 - 13.610.555 - 7.967.995 21.578.551
31/08/12 31 - 31,29% 186.379 - 186.379 - 13.796.935 - 7.967.995 21.764.930
30/09/12 30 - 31,29% 180.300 - 180.300 - 13.977.234 - 7.967.995 21.945.230
31/10/12 31 - 31,34% 186.617 - 186.617 - 14.163.851 - 7.967.995 22.131.846
30/11/12 30 - 31,34% 180.529 - 180.529 - 14.344.380 - 7.967.995 22.312.375
31/12/12 31 - 31,34% 186.617 - 186.617 - 14.530.997 - 7.967.995 22.498.992
31/01/13 31 - 31,13% 185.508 - 185.508 - 14.716.505 - 7.967.995 22.684.501
28/02/13 28 - 31,13% 167.369 - 167.369 - 14.883.874 - 7.967.995 22.851.869
31/03/13 31 - 31,13% 185.508 - 185.508 - 15.069.383 - 7.967.995 23.037.378
30/04/13 30 - 31,25% 180.070 - 180.070 - 15.249.453 - 7.967.995 23.217.448
31/05/13 31 - 31,25% 186.142 - 186.142 - 15.435.595 - 7.967.995 23.403.590
30/06/13 30 - 31,25% 180.070 - 180.070 - 15.615.665 - 7.967.995 23.583.660
31/07/13 31 - 30,51% 182.254 - 182.254 - 15.797.918 - 7.967.995 23.765.913
31/08/13 31 - 30,51% 182.254 - 182.254 - 15.980.172 - 7.967.995 23.948.167
30/09/13 30 - 30,51% 176.310 - 176.310 - 16.156.482 - 7.967.995 24.124.477
31/10/13 31 - 29,78% 178.345 - 178.345 - 16.334.827 - 7.967.995 24.302.822
30/11/13 30 - 29,78% 172.530 - 172.530 - 16.507.357 - 7.967.995 24.475.352
31/12/13 31 - 29,78% 178.345 - 178.345 - 16.685.702 - 7.967.995 24.653.697
31/01/14 31 - 29,48% 176.744 - 176.744 - 16.862.446 - 7.967.995 24.830.441
28/02/14 28 - 29,48% 159.470 - 159.470 - 17.021.916 - 7.967.995 24.989.911
31/03/14 31 - 29,48% 176.744 - 176.744 - 17.198.660 - 7.967.995 25.166.655
30/04/14 30 - 29,45% 170.827 - 170.827 - 17.369.487 - 7.967.995 25.337.482
31/05/14 31 - 29,45% 176.584 - 176.584 - 17.546.070 - 7.967.995 25.514.066
30/06/14 30 - 29,45% 170.827 - 170.827 - 17.716.897 - 7.967.995 25.684.893
31/07/14 31 - 29,00% 174.175 - 174.175 - 17.891.072 - 7.967.995 25.859.068
31/08/14 31 - 29,00% 174.175 - 174.175 - 18.065.248 - 7.967.995 26.033.243
30/09/14 30 - 29,00% 168.498 - 168.498 - 18.233.745 - 7.967.995 26.201.740
31/10/14 31 - 28,76% 172.887 - 172.887 - 18.406.633 - 7.967.995 26.374.628
30/11/14 30 - 28,76% 167.252 - 167.252 - 18.573.885 - 7.967.995 26.541.880
31/12/14 31 - 28,76% 172.887 - 172.887 - 18.746.772 - 7.967.995 26.714.768
31/01/15 31 - 28,82% 173.210 - 173.210 - 18.919.982 - 7.967.995 26.887.977
28/02/15 28 - 28,82% 156.284 - 156.284 - 19.076.266 - 7.967.995 27.044.261
31/03/15 31 - 28,82% 173.210 - 173.210 - 19.249.476 - 7.967.995 27.217.471
30/04/15 30 - 29,06% 168.809 - 168.809 - 19.418.284 - 7.967.995 27.386.280
31/05/15 31 - 29,06% 174.497 - 174.497 - 19.592.781 - 7.967.995 27.560.776
30/06/15 30 - 29,06% 168.809 - 168.809 - 19.761.590 - 7.967.995 27.729.585
31/07/15 31 - 28,89% 173.612 - 173.612 - 19.935.202 - 7.967.995 27.903.197
31/08/15 31 - 28,89% 173.612 - 173.612 - 20.108.814 - 7.967.995 28.076.809
30/09/15 30 - 28,89% 167.953 - 167.953 - 20.276.767 - 7.967.995 28.244.762
31/10/15 31 - 29,00% 174.175 - 174.175 - 20.450.942 - 7.967.995 28.418.937
30/11/15 30 - 29,00% 168.498 - 168.498 - 20.619.440 - 7.967.995 28.587.435
31/12/15 31 - 29,00% 174.175 - 174.175 - 20.793.615 - 7.967.995 28.761.610
31/01/16 31 - 29,52% 176.984 - 176.984 - 20.970.599 - 7.967.995 28.938.594
29/02/16 29 - 29,52% 165.448 - 165.448 - 21.136.048 - 7.967.995 29.104.043
31/03/16 31 - 29,52% 176.984 - 176.984 - 21.313.032 - 7.967.995 29.281.027
30/04/16 30 - 30,81% 177.847 - 177.847 - 21.490.879 - 7.967.995 29.458.874
31/05/16 31 - 30,81% 183.843 - 183.843 - 21.674.722 - 7.967.995 29.642.717
30/06/16 30 - 30,81% 177.847 - 177.847 - 21.852.569 - 7.967.995 29.820.564
31/07/16 31 - 32,01% 190.168 - 190.168 - 22.042.737 - 7.967.995 30.010.732
31/08/16 31 - 32,01% 190.168 - 190.168 - 22.232.905 - 7.967.995 30.200.900
30/09/16 30 - 32,01% 183.963 - 183.963 - 22.416.868 - 7.967.995 30.384.863
31/10/16 31 - 32,99% 195.268 - 195.268 - 22.612.136 - 7.967.995 30.580.131
30/11/16 30 - 32,99% 188.895 - 188.895 - 22.801.031 - 7.967.995 30.769.027
31/12/16 31 - 32,99% 195.268 - 195.268 - 22.996.300 - 7.967.995 30.964.295
31/01/17 31 - 33,51% 198.000 - 198.000 - 23.194.300 - 7.967.995 31.162.295
28/02/17 28 - 33,51% 178.626 - 178.626 - 23.372.926 - 7.967.995 31.340.921
31/03/17 31 - 33,51% 198.000 - 198.000 - 23.570.926 - 7.967.995 31.538.921
30/04/17 30 - 33,50% 191.462 - 191.462 - 23.762.388 - 7.967.995 31.730.383
31/05/17 31 - 33,50% 197.922 - 197.922 - 23.960.310 - 7.967.995 31.928.306
30/06/17 30 - 33,50% 191.462 - 191.462 - 24.151.772 - 7.967.995 32.119.767
31/07/17 31 - 32,97% 195.190 - 195.190 - 24.346.962 - 7.967.995 32.314.957
31/08/17 31 - 32,97% 195.190 - 195.190 - 24.542.152 - 7.967.995 32.510.147
30/09/17 30 - 32,22% 185.028 - 185.028 - 24.727.180 - 7.967.995 32.695.176
19/10/17 19 - 31,73% 115.113 - 115.113 - 24.842.293 - 7.967.995 32.810.288
RESUMEN DEUDA A 19/10/17
(+) CAPITAL $ 7.967.995
(+) INTERESES $ 24.842.293
TOTAL $ 32.810.288
REVOCAR la sentencia de 30 de marzo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Tercera-Subsección “B”, en su lugar, se dispone:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación-Rama Judicial por el error judicial en que incurrió en el proveído de 9 de noviembre de 2006, proferido por la Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación-Rama Judicial a pagar a favor del señor Fabio Guillermo Pérez Sánchez la suma de $ 32.810.288
4. La Nación-Rama Judicial dará cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, en los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Expedir por secretaría, copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.
6. Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.
1 La prueba documental que soporta los hechos probados fue anexada por el demandante o solicitada por éste y allegada por el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá.
2 La Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca certificó que la decisión controvertida quedó ejecutoriada el 1º de diciembre de 2006.
3 Ver sentencia 41782 del 30 de agosto de 2011 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Dr. Francisco José Ricaurte.
4 Expediente 32416.
5 Expediente 24397.
6 Expediente 39186.
7 Sentencia de 13 de junio de 2013, expediente 2639-2012, actor: Luis Hernando Echeverri Arenas, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
8 Sentencia de 22 de marzo de 2012, expediente 782-2010, actor: Olmis Serrano Estrada, M.P. Alfonso Vargas Rincón.
9 NEME VILLARREAL, Martha Lucía. Monografía de la Universidad Externado de Colombia 2010. La buena fe en el derecho romano. Extensión del deber de actuar conforme a la buena fe en materia contractual, págs. 311-318.
10 Sentencia de 19 de marzo de 2014, expediente 41775, actor: Jorge Alfonso Zuloaga, contra: Caracol Televisión S.A., M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

References: artículo 150
 artículo 64
 artículo 62
 artículo 65
 artículo 46
 artículo 3
 artículo 24
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 67
 artículo 93
 artículo 53
 artículo 12
 artículo 65
 artículo 57
 artículo 29
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 83
 artículo 65
 artículo 230
 artículo 65
 artículo 65
 artículo 83
 artículo 65
 artículo 32
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 65
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 115