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Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (Vigente hasta el 20 de Junio de 2015).
Publicado en BOE n�m. 62 de 14 de Marzo de 2005
Vigencia desde 15 de Marzo de 2005. Esta revisi�n vigente desde 01 de Julio de 2011 hasta 20 de Junio de 2015
Vigente desde 15/Marzo/2005 hasta 4/Diciembre/2009
Vigente desde 4/Diciembre/2009 hasta 1/Julio/2011
Vigente desde 1/Julio/2011 hasta 20/Junio/2015
Modificaciones relativas a los reg�menes de ofertas p�blicas y de admisi�n a cotizaci�n en mercados secundarios oficiales de valores en Espa�a
Sobre acuerdos de compensaci�n contractual y garant�as financieras
R�GIMEN DE LOS ACUERDOS DE COMPENSACI�N CONTRACTUAL Y DE LAS GARANT�AS
�Contenido de los acuerdos de compensaci�n contractual
�Modalidades de operaciones de garant�a y obligaciones financieras principales
�Objeto de la garant�a
�Formalidades
�Derechos de sustituci�n y disposici�n del objeto de las garant�as pignoraticias
�Garant�as complementarias
�Procedimiento de ejecuci�n de las garant�as financieras pignoraticias
�Salvaguarda de los intereses de las partes y de terceros
�Medidas de saneamiento y procedimiento de liquidaci�n
�Efectos sobre las garant�as
�Determinaci�n de la ley aplicable
�Definici�n de operador principal
�Definici�n de operador dominante
�Racionalizaci�n de los costes del sector el�ctrico
�Creaci�n del Mercado Ib�rico de la Electricidad
�Modificaci�n de los l�mites m�ximos de participaci�n en el accionariado de Red El�ctrica Espa�ola
�Modificaci�n del Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el procedimiento de liquidaci�n de los costes de transporte, distribuci�n y comercializaci�n a tarifa, de los costes permanentes del sistema y de los costes de diversificaci�n y seguridad de abastecimiento
Sector hidrocarburos l�quidos
�Requisitos de informaci�n a aportar por los operadores de estaciones de servicio
�Creaci�n de una base de datos de distribuidores y precios de carburantes
�Excepci�n a la obligaci�n de acceso de terceros
�Regulaci�n de cambio de suministro de gas natural
�Modificaci�n de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el r�gimen del comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero
Mejora de la contrataci�n p�blica
�Modificaci�n del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio
�Car�cter de legislaci�n especial
�Liquidaci�n de los costes de transici�n a la competencia para el a�o 2004
�Adaptaciones operativas de la Sociedad de Gesti�n de los Sistemas de Registro, Compensaci�n y Liquidaci�n de Valores
�R�gimen transitorio de aprobaci�n de folletos
L 11/2015 de 18 Jun. (recuperaci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito y empresas de servicios de inversi�n) Ocultar / Mostrar comentarios Art�culo segundo redactado por el n�mero uno de la disposici�n final s�ptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito y empresas de servicios de inversi�n (�B.O.E.� 19 junio).
Letra d) del n�mero 1 del art�culo cuarto redactada por el n�mero dos de la disposici�n final s�ptima de Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito y empresas de servicios de inversi�n (�B.O.E.� 19 junio).
Letra f) del n�mero 2 del art�culo quinto introducida por el n�mero tres de la disposici�n final s�ptima de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperaci�n y resoluci�n de entidades de cr�dito y empresas de servicios de inversi�n (�B.O.E.� 19 junio).
L 7/2011 de 11 Abr. (modifica la L 41/1999 de 12 Nov., sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el RDL 5/2005 de 11 Mar., reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica) Ocultar / Mostrar comentarios P�rrafo �ltimo del art�culo segundo introducido por el apartado uno del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Letra c) del n�mero 1 del art�culo cuarto redactada por el apartado dos del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Letra c) del n�mero 2 del art�culo quinto redactada por el apartado tres del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 1 del art�culo sexto redactado por el apartado cuatro del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
P�rrafo primero del n�mero 2 del art�culo sexto redactado por el apartado cuatro del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 3 del art�culo sexto redactado por el apartado cinco del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Letra c) del art�culo s�ptimo introducida por el apartado seis del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Art�culo octavo redactado por el apartado siete del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 1 del art�culo noveno redactado por el apartado ocho del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 3 del art�culo noveno redactado por el apartado ocho del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 5 del art�culo noveno introducido por el apartado ocho del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Art�culo d�cimo redactado por el apartado nueve del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 1 del art�culo und�cimo redactado por el apartado diez del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 3 del art�culo und�cimo redactado por el apartado diez del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 4 del art�culo und�cimo redactado por el apartado diez del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Letra c) del n�mero 2 del art�culo und�cimo introducida por el apartado diez del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 5 del art�culo und�cimo suprimido por el apartado once del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 5 del art�culo decimoquinto redactado por el apartado doce del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
Art�culo decimosexto redactado por el apartado trece del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
N�mero 3 del art�culo decimos�ptimo introducido por el apartado catorce del art�culo segundo de la Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidaci�n de valores y el R.D.-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 12 abril).
L 16/2009 de 13 Nov. (servicios de pago) Ocultar / Mostrar comentarios P�rrafo 2.� del n�mero 2 del art�culo decimosexto introducido por la disposici�n final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago (�B.O.E.� 14 noviembre).
R Congreso de los Diputados 7 Abr. 2005 (acuerdo de convalidaci�n RDL 5/2005 de 11 Mar., reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica) Ocultar / Mostrar comentarios V�ase Res. 7 abril 2005, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 14 abril).
V�ase Res. 7 abril 2005, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicaci�n del Acuerdo de convalidaci�n del R.D. Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataci�n p�blica (�B.O.E.� 14 abril).
El modelo de crecimiento econ�mico seguido en los �ltimos a�os, aunque ha contribuido a aproximar los niveles de renta per c�pita de Espa�a a los de los pa�ses m�s avanzados de la Uni�n Europea, presenta carencias que es indispensable afrontar y corregir. Entre ellas destaca la escasa aportaci�n de la productividad al crecimiento. Esta debilidad ha dado lugar a que el nivel medio de productividad de la econom�a espa�ola se haya alejado, en los �ltimos a�os, del de los pa�ses m�s avanzados de nuestro entorno, en lugar de converger.
El alejamiento con respecto a los niveles de productividad de los pa�ses m�s avanzados representa un serio riesgo para la evoluci�n de la econom�a espa�ola, tanto a largo plazo como de forma inmediata. A largo plazo, la productividad es el principal determinante del crecimiento econ�mico y su aumento es esencial para garantizar la sostenibilidad futura del Estado del bienestar, especialmente en el marco de envejecimiento de la poblaci�n al que se enfrenta nuestra sociedad. De forma inmediata, en el contexto de creciente apertura e integraci�n de la econom�a espa�ola en los mercados europeos e internacionales, el aumento de la productividad es indispensable para absorber los incrementos en los costes de producci�n y evitar as� p�rdidas de competitividad que supondr�an un freno al crecimiento.
En el momento actual, la econom�a internacional y, en especial, las principales econom�as comunitarias se encuentran en una senda de recuperaci�n que, sin embargo, no est� exenta de incertidumbres y riesgos. Es necesario destacar que la econom�a espa�ola es particularmente vulnerable a algunos de estos riesgos, como los derivados del elevado nivel de los precios de los productos energ�ticos o los asociados a un eventual endurecimiento de las condiciones monetarias.
En este contexto, se requiere la adopci�n de reformas urgentes que apuesten decididamente por la eficiencia y la competitividad de los mercados financieros y energ�ticos, como mecanismo para contribuir al impulso de la productividad en el conjunto del sistema econ�mico, y afrontar as� una de las principales debilidades del modelo de crecimiento econ�mico. Estas reformas constituyen un instrumento indispensable para atenuar los riesgos y aprovechar las oportunidades que presenta el escenario econ�mico internacional antes descrito.
En la evoluci�n de la productividad juegan un papel especialmente relevante mercados como el financiero o el energ�tico, de car�cter estrat�gico para la evoluci�n general de la actividad econ�mica. Los mercados financieros realizan la indispensable labor de canalizar el ahorro hacia la inversi�n productiva. Su eficiencia es una condici�n necesaria para potenciar al m�ximo la capacidad de crecimiento de la econom�a. La energ�a es un insumo b�sico para la actividad econ�mica y, en particular, para los sectores industriales, crecientemente expuestos a la competencia exterior. Un sector energ�tico eficiente es clave para la evoluci�n de la competitividad de los sectores exportadores.
Tambi�n es indispensable, para la competitividad de estos sectores, introducir urgentemente reformas en el r�gimen del comercio de emisiones de gases de efecto invernadero que doten de plena seguridad jur�dica a este tr�fico y permitan que las empresas espa�olas hagan un uso eficiente del mercado comunitario.
Las reformas abordadas en este real decreto ley se completan con una reforma del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que extiende su cobertura a determinados aspectos de las fundaciones del sector p�blico y de los convenios firmados con las Administraciones p�blicas. Se trata, por esta v�a, de reforzar la publicidad y transparencia y as� aumentar la eficiencia en la asignaci�n del gasto p�blico.
Este real decreto ley, que forma parte de un conjunto m�s amplio de reformas para el impulso de la productividad, recoge una serie de actuaciones que afectan a los mercados financieros y energ�ticos, adem�s de contener reformas urgentes en el r�gimen de comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, y otras que implican modificaciones de la legislaci�n de contratos de las Administraciones p�blicas.
Un elemento esencial de la integraci�n econ�mica en el marco de la Uni�n Europea es la que, de forma creciente, se est� produciendo en los mercados financieros de los Estados que la componen. La libertad de movimientos de capital es una pieza clave del mercado financiero integrado y exige de los legisladores especial diligencia y agilidad en la adecuaci�n de la normativa a las necesidades competitivas de la industria financiera, no s�lo por su relevancia en t�rminos de empleo y producto, sino tambi�n por su imprescindible labor en la canalizaci�n del ahorro hacia la inversi�n productiva. En este proceso, es fundamental no s�lo trasponer adecuadamente las directivas comunitarias que armonizan las legislaciones nacionales de los Estados miembros, sino tambi�n eliminar aquellos requisitos, trabas o costes que puedan perjudicar la competitividad del sector financiero. Esta labor debe ser llevada a cabo preservando la seguridad jur�dica necesaria para garantizar la confianza de los inversores en los mercados financieros y de quienes operan en ellos.
En el �mbito financiero, este real decreto ley responde a la urgente transposici�n de dos directivas comunitarias que son clave para la competitividad y el desarrollo de estos mercados, adem�s de introducir medidas que se consideran irrenunciables para alcanzar los objetivos se�alados anteriormente.
As�, en primer lugar, se transpone la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta p�blica o admisi�n a cotizaci�n de valores y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, m�s conocida como la Directiva de folletos.
La directiva tiene como objeto fundamental armonizar las exigencias relativas a todo el proceso de aprobaci�n del folleto exigido para la admisi�n a cotizaci�n de valores en mercados regulados comunitarios y para las ofertas p�blicas, para hacer efectivo el pasaporte comunitario para dicho documento. Adem�s, la directiva introduce una novedad esencial: la posibilidad de que el emisor de los valores elija libremente, en determinados casos y para determinadas categor�as de valores, la autoridad competente y, por tanto, el r�gimen regulatorio que desea aplicar a la autorizaci�n del folleto.
Por este motivo, la transposici�n de la directiva exige, adicionalmente, para poder mantener la posici�n competitiva del mercado espa�ol, eliminar aquellos requisitos que no tengan justificaci�n desde el punto de vista de la protecci�n del inversor o del correcto funcionamiento del mercado.
Dado que la directiva habr� de ser incorporada a la legislaci�n nacional antes del 1 de julio de 2005, y que su completa transposici�n exige, adem�s, un adecuado desarrollo reglamentario, se considera imprescindible la adopci�n de las medidas propuestas.
La transposici�n de esta directiva se lleva a cabo en el cap�tulo I del t�tulo I de este real decreto ley, por el cual se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Las reformas introducidas son necesarias para mantener y mejorar la competitividad de nuestros mercados de valores y evitar que se traslade la actividad a otros mercados extranjeros, lo que supondr�a una p�rdida de puestos de trabajo y de negocio para los mercados espa�oles.
En segundo lugar, en el cap�tulo II del t�tulo I se traspone la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garant�a financiera, al ordenamiento jur�dico espa�ol. Con la aprobaci�n de esta directiva se persigue conseguir una amplia armonizaci�n comunitaria para todas las garant�as financieras que formalicen las partes autorizadas, estableciendo ciertas limitaciones al determinarse que, por un lado, una de las partes ha de ser una entidad financiera, sujeta a autorizaci�n y supervisi�n p�blica, y por otro lado, se determina su aplicaci�n, con car�cter general, para las personas jur�dicas.
Por otra parte, se pretende ordenar y sistematizar la normativa vigente aplicable a los acuerdos de compensaci�n contractual y a las garant�as de car�cter financiero. Se establecen, adem�s, los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre dichos acuerdos y garant�as. Asimismo, se establece la posibilidad de disponer del objeto de la garant�a (dinero, valores e instrumentos financieros) y la ejecuci�n directa de las garant�as cuando se produzca incumplimiento, sin intervenci�n de ning�n tipo de fedatario o de autoridad p�blica, e incluso la apropiaci�n directa del bien aportado en garant�a por el propio acreedor.
En el t�tulo II, se regulan un conjunto de reformas en el �mbito energ�tico. En concreto, se adoptan medidas para profundizar en la liberalizaci�n ordenada del sector y posibilitar la pronta constituci�n del Mercado Ib�rico de Electricidad (MIBEL). Se avanza en la reforma de los mercados energ�ticos, mediante la adopci�n de medidas para fomentar un comportamiento m�s eficiente de los agentes y profundizar en una liberalizaci�n ordenada del sector, que, dado su car�cter de insumo estrat�gico, debe traducirse en ganancias de productividad para el conjunto de la econom�a.
En este sentido, desde un punto de vista horizontal, se introducen modificaciones al concepto de operador principal de los mercados, teniendo en cuenta exclusivamente a las actividades liberalizadas, adem�s de introducir la figura del operador dominante en los mercados energ�ticos con el objetivo de poder establecer determinadas obligaciones regulatorias, que faciliten el desarrollo de una competencia efectiva en estos mercados.
Las principales actuaciones se concentran en el sector el�ctrico, donde es indispensable y urgente introducir las reformas necesarias para adaptar el mercado al Convenio Internacional relativo a la constituci�n de un Mercado Ib�rico de la Electricidad (MIBEL). Adem�s, en este contexto de apertura del sector el�ctrico a la competencia exterior, se modifica el sistema de liquidaci�n de los costes de transici�n a la competencia (CTC) y se adoptan otras reformas cuyo objetivo es incrementar la competencia en el mercado y garantizar un comportamiento eficiente de los agentes.
La entrada en vigor del MIBEL, prevista para antes del 30 de junio de 2005, exige introducir, de forma inmediata, modificaciones en la regulaci�n del mercado que adapten su funcionamiento a lo dispuesto en el mencionado convenio. Por otra parte, la reforma del sistema de liquidaci�n de los CTC, sin prejuzgar su funcionamiento actual, retrasa la liquidaci�n definitiva correspondiente al a�o 2004 hasta el 1 de enero de 2006, fecha en que el Gobierno pueda haber estudiado las conclusiones del libro blanco que se est� elaborando sobre el mercado de producci�n en el sector el�ctrico y, por tanto, disponga de criterios objetivos para su determinaci�n efectiva.
Otras reformas adoptadas se orientan a eliminar pr�cticas ineficientes en el �mbito de la distribuci�n, como la coexistencia de varios distribuidores en un mismo �mbito territorial que puede llevar a la existencia de instalaciones redundantes y aumentar los costes de mantenimiento, con la consiguiente p�rdida de eficiencia. A trav�s de las reformas que se introducen, se evitan estas pr�cticas, partiendo de la premisa de que la distribuci�n, tanto de electricidad como de gas natural, es una actividad regulada, que tiene car�cter de monopolio natural, y sin perjuicio de que se habiliten cauces para el acceso de terceros a la red de distribuci�n o la competencia por las autorizaciones, que eviten comportamientos oportunistas de los distribuidores.
Adicionalmente, se previene la distorsi�n de precios y se regula un nuevo concepto denominado �hecho relevante� que determine los casos en los que deban comunicarse comportamientos que puedan afectar a la formaci�n de precios en el mercado. Por otra parte, se reduce la participaci�n m�xima que cualquier accionista individual puede tener en el capital de Red El�ctrica de Espa�a, para garantizar su independencia frente a las empresas que desarrollan actividades liberalizadas en el sector el�ctrico.
Tambi�n se crea un registro de instalaciones de distribuci�n al por menor, que permitir� mejorar la actual base de datos sobre precios de los carburantes, y a la que tendr�n acceso las comunidades aut�nomas para posibilitar el an�lisis de los niveles de competencia existentes en el nivel local. Por otra parte, se adopta un conjunto de medidas para el sector de hidrocarburos l�quidos, relativas a los requisitos de informaci�n que deben aportar los operadores de estaciones de servicio y respecto a la creaci�n de una base de datos de distribuidores al por menor.
Se completa la regulaci�n sobre cambios de suministro en el sector de hidrocarburos gaseosos, as� como la posibilidad de exceptuar del r�gimen de acceso de terceros y, consecuentemente, del sistema retributivo com�n a determinadas infraestructuras gasistas.
Por �ltimo, se sustituye el sistema de financiaci�n con cargo a la tarifa el�ctrica de los costes de desmantelamiento de centrales nucleares, de la gesti�n del combustible gastado y de los residuos radiactivos por un sistema en el que los titulares de las explotaciones ser�n quienes se hagan cargo de dicha financiaci�n a partir del 1 de abril de 2005. La traslaci�n de estos costes a las empresas supone un incentivo para una mayor eficiencia en su gesti�n.
En el t�tulo III se abordan algunas reformas en materia de r�gimen de comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero, para garantizar la seguridad en el tr�fico, y se precisa que las inscripciones en el registro tienen car�cter constitutivo y, por tanto, los terceros adquirentes est�n amparados por la publicidad registral, ya que solamente de esta manera es posible asegurar el funcionamiento de un mercado comunitario, en el que el �controlador� material de todas las operaciones es el Administrador Central dependiente de la Comisi�n.
La aplicaci�n del Protocolo de Kioto a la Convenci�n Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Clim�tico permite introducir en la gesti�n empresarial una nueva referencia al coste ambiental asociado a las emisiones de gases de efecto invernadero. En los pa�ses de la Uni�n Europea, la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 (modificada por la Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004), por la que se establece un r�gimen para el comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, establece un marco conjunto de obligaciones y derechos para las instalaciones de los sectores previstos en su anexo I. La r�pida incorporaci�n de este nuevo par�metro en los sectores industriales afectados, as� como el correcto funcionamiento del mercado, permitir�n incrementar la productividad de nuestro sistema econ�mico. Para ello resulta imprescindible completar el marco jur�dico vigente con aquellas novedades que se derivan de dos recientes decisiones comunitarias: la Decisi�n de la Comisi�n Europea de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignaci�n de derechos de emisi�n presentado por Espa�a y el Reglamento (CE) n.� 2216/2004 de la Comisi�n, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un r�gimen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisi�n 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
En efecto, durante el mes de diciembre de 2004 la Comisi�n Europea ha adoptado dos importantes decisiones en relaci�n con el r�gimen de comercio de derechos de emisi�n de gases de efecto invernadero.
En primer lugar, la Decisi�n de 27 de diciembre de 2004, relativa al Plan nacional de asignaci�n de derechos de emisi�n presentado por Espa�a, determina que, para considerarlo conforme al derecho comunitario, resulta imprescindible incorporar al �mbito de aplicaci�n de la ley espa�ola todas las instalaciones de combusti�n de m�s de 20 MW no incluidas con arreglo a la interpretaci�n inicialmente adoptada por Espa�a.
El calendario previsto para poder llevar a efecto el contenido de la decisi�n permite establecer la paulatina incorporaci�n de todas las instalaciones, si bien la definitiva incorporaci�n de estas instalaciones al sistema debe producirse a m�s tardar el 1 de enero de 2006.
Ello implica la necesidad de abrir un nuevo plazo para la solicitud de autorizaci�n y derechos para estas instalaciones, y habilitar al Consejo de Ministros para modificar el plan vigente mediante el establecimiento de nuevos derechos para poder asignarlos a aquellas, l�gicamente eximi�ndolas de las restantes obligaciones establecidas por la ley hasta la fecha estimada -1 de enero de 2006.
En segundo lugar, el Reglamento (CE) n.� 2216/2004 de la Comisi�n, de 21 de diciembre de 2004, relativo a un r�gimen normalizado y garantizado de registros de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento y del Consejo y la Decisi�n 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. La aplicaci�n de este reglamento comunitario, especialmente detallado, requiere modificar el r�gimen legal vigente, para garantizar la seguridad en el tr�fico, precisando que las inscripciones en el registro tienen car�cter constitutivo y, por tanto, los terceros adquirentes est�n amparados por la publicidad registral, ya que solamente de esta manera es posible asegurar el funcionamiento de un mercado comunitario, en el que el �controlador� material de todas las operaciones es el Administrador Central dependiente de la Comisi�n.
Por �ltimo, en el t�tulo IV se procede a la mejora de la contrataci�n p�blica, adaptando el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, para incluir determinados aspectos de la actividad de las fundaciones del sector p�blico e incluir determinados aspectos de los convenios firmados con otras Administraciones.
Se unifica el concepto de sociedad a las expresiones comunes de los art�culos 2 y 3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, cuya disposici�n adicional duod�cima fue modificada por la redacci�n establecida en la disposici�n final primera.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones P�blicas.
Tambi�n se incorpora al �mbito subjetivo de la ley a las fundaciones del sector p�blico para solucionar los problemas derivados de la ausencia de aplicaci�n por estas de las normas contenidas en las directivas comunitarias sobre procedimiento de adjudicaci�n de los contratos cuando tales fundaciones gestionan proyectos financiados con fondos europeos, sin alterar su r�gimen contractual sujeto al derecho privado.
En cuanto a los principios de contrataci�n en el sector p�blico, se pretende reintegrar a la legalidad anterior al 1 de enero de 2004 a un conjunto de sociedades p�blicas -de �mbito estatal, auton�mico y local- que en estos momentos no est�n sujetas a la obligaci�n legal de ajustar sus contratos a los principios de publicidad y concurrencia, incluyendo en tal supuesto a las fundaciones del sector p�blico.
La actividad contractual es una faceta importante de la gesti�n econ�mica de las sociedades mercantiles estatales y de las fundaciones del sector p�blico cuyos presupuestos forman parte de los Presupuestos Generales del Estado. La modificaci�n propuesta tiende, por tanto, a garantizar que la ejecuci�n de dichos presupuestos se realice en unas coordenadas de mayor publicidad y transparencia que contribuyan al cumplimiento del principio constitucional de eficiencia en la asignaci�n del gasto. La urgencia de la reforma legislativa explicitada se deriva de la reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que obliga a Espa�a a reformar su normativa referente a la adjudicaci�n de contratos p�blicos, adem�s de derivarse de la correcta adaptaci�n al derecho espa�ol de los principios y criterios jur�dicos en materia de contrataci�n p�blica.
En lo que se refiere a las reformas introducidas en el �mbito financiero, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto ley se sustenta en el grave riesgo de inmediata deslocalizaci�n de la prestaci�n de garant�as financieras y de las emisiones y las admisiones a cotizaci�n de valores hacia mercados con condiciones m�s favorables, en el caso de que se traspongan con excesivo retraso o no se traspongan en plazo al ordenamiento jur�dico espa�ol sendas directivas en materia de mercados financieros.
En lo que respecta a las reformas en los mercados energ�ticos, concurren, igualmente, circunstancias de extrema urgencia y necesidad. Estas circunstancias derivan de la necesidad, ya expuesta, de adaptar la regulaci�n para la puesta en marcha del MIBEL, hasta que posibiliten un comportamiento eficiente de estos mercados, tanto para que las empresas el�ctricas est�n en condiciones �ptimas para afrontar el incremento de la competencia que supondr� la creaci�n del MIBEL en el primer semestre del a�o como para que, a trav�s de la disciplina que impone la competencia y del consiguiente aumento de la eficiencia, el sector energ�tico contribuya al indispensable impulso de la productividad en el conjunto del sistema econ�mico.
Las reformas en materia de medio ambiente exigen una urgente vigencia en nuestro ordenamiento jur�dico y con car�cter inmediato. La modificaci�n introducida debe ser aprobada urgentemente, dado el tiempo requerido para tramitar los procedimientos de autorizaci�n y asignaci�n, as� como la necesidad de que la decisi�n del Consejo de Ministros sobre la asignaci�n de derechos sea notificada a la Comisi�n para que esta se pronuncie al respecto. La inminente puesta en marcha del mercado de comercio de derechos de emisi�n requiere ofrecer con la m�xima urgencia un marco seguro para quienes quieran participar en �l, por lo que, en congruencia con lo previsto en otros pa�ses de nuestro entorno, se hace imprescindible reconocer car�cter constitutivo a la inscripci�n registral.
Se completa la justificaci�n de la urgencia con el conjunto de reformas en materia de contrataci�n derivadas de la correcta aplicaci�n del derecho comunitario, atendiendo a los criterios contenidos en la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 13 de enero de 2005, que imponen una inmediata y urgente adaptaci�n del derecho espa�ol a la norma y a la citada sentencia.
Las reformas recogidas en este real decreto ley resultan indispensables para impulsar la competitividad y eficiencia, en el conjunto de la actividad econ�mica, y, de esta forma, contribuir decididamente al impulso de la productividad. Este impulso, de acuerdo con lo anteriormente expuesto, debe tener lugar con car�cter inmediato, como decisivo apoyo a la competitividad de la econom�a espa�ola que afronte la correcci�n de sus carencias, reduzca su vulnerabilidad frente a los riesgos e incertidumbres actuales y posibilite el aprovechamiento de las oportunidades que presenta el escenario econ�mico internacional. En �ltima instancia, se contribuye por esta v�a al bienestar de los ciudadanos, objetivo central de la pol�tica econ�mica.
Por tanto, incorporando de manera urgente al ordenamiento jur�dico espa�ol las citadas reformas, a un mismo tiempo y con car�cter inmediato, se adopta este conjunto de reformas, cuya extraordinaria y urgente necesidad queda suficientemente justificada.
En su virtud, en uso de la autorizaci�n concedida en el art�culo 86 de la Constituci�n, a propuesta de los Ministros de Econom�a y Hacienda, de Industria, Turismo y Comercio y de Medio Ambiente, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaci�n del Consejo de Ministros en su reuni�n del d�a 11 de marzo de 2005,

References: Real Decreto 
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