Source: http://justiciapenaladolescente.blogspot.com/2012/01/
Timestamp: 2018-07-16 23:42:55+00:00

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Justicia Penal Adolescente: Un blog sobre el sistema penal juvenil: enero 2012
El Defensor Regional de Arica y Parinacota, Claudio Gálvez Giordano, presentará ante la Corte de Apelaciones de Arica una recusación contra la jueza de garantía Sara Pizarro Grandón, luego de que la magistrada declarara el abandono de cuatro defensores penales públicos durante sucesivas audiencias de un mismo caso, todas durante la jornada de ayer, en uno de los mayores conflictos que se conozcan en Arica entre un magistrado y los abogados del nuevo sistema procesal penal. “Esta es la audiencia más insólita a la que me ha tocado asistir”, dijo Gálvez al abandonar la sala, luego de que la jueza Pizarro declarara abandonada la defensa que él debía ejercer en una jornada de preparación de juicio oral.
Lo que parecía un caso corriente de preparación de juicio oral terminó en una controversia, cuando el defensor público Ricardo Sanzana solicitó plazo para conversar con su defendido, a raíz de una sorpresiva oferta de procedimiento abreviado. La jueza no lo concedió y, como Sanzana argumentó la imposibilidad de salvaguardar las garantías del imputado, Pizarro declaró abandonada la defensa y nominó a otro. En la tarde llegó el Defensor Local Jefe de Arica, Raúl Gil, quien retomó los argumentos anteriores y también fue relevado por la magistrada, quien llamó entonces al jefe regional de Estudios, Víctor Providel, quien dijo que “en ejercicio de la defensa de mis representados es que pido el plazo prudente para preparar mi participación”. La dinámica se repitió y entonces vino el turno del Defensor Regional.
La jueza nombró entonces de oficio a un abogado particular en calidad “de turno”, quien a su vez pidió a los defendidos aceptar su patrocinio. Como éstos se lo negaron, solicitó un plazo razonable de cinco días para conocer el expediente, que finalmente quedó fijado en cuatro días. “Se trata de hacer valer el respeto a los derechos básicos de todo imputado, por quienes abogamos en su plena dignidad como personas. Hemos tratado que la magistrado entienda que no se puede defender a nadie con sólo estudiar por media hora o un poco más el expediente de un caso, sin poder entrevistar a los imputados, ponderar las pruebas. Ella se ha empecinado en salvar las formas por sobre los temas de fondo en justicia penal”, explicó el Defensor Regional de Arica y Parinacota.
CS Tercera Sala 2012: Min. Juica, Min. Dolmestch, Min. Kunsemuller, Min. Brito
La Corte Suprema anuló un juicio oral simplificado en contra de un adolescente por la realización una diligencia de allanamiento sin la autorización del Ministerio Público.
En fallo unánime (causa rol 11513-2011), los ministros de la Segunda Sala del máximo tribunal Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Juan Escobar (suplente), acogieron el recurso de nulidad presentado por la Defensoría Penal Pública a favor del adolescente R.F.A.
El menor fue condenado en un procedimiento simplificado por el Juzgado de Garantía de Concepción a la pena de seis meses de libertad asistida por su responsabilidad como autor de tenencia de arma prohibida.
La defensa del adolescente solicitó la anulación del proceso y la condena basada en que la Policía de Investigaciones había encontrado un arma hechiza en el hogar del menor, sin solicitar la autorización al Ministerio Público para la realización de la diligencia, pidiéndole sólo permiso al padre del menor de edad, sin dar cuenta detallada del trámite.
La resolución del máximo tribunal determinó que el actuar policial vulneró el debido proceso: “Ha quedado claro que se ha producido una flagrante vulneración del artículo 84 del Código Procesal Penal, desde que, informados los agentes policiales de un hecho que presentaba caracteres de delito, no dieron cuenta de ello al Ministerio Público, procediendo a realizar diligencias intrusivas, de propia iniciativa, como lo ha sido el ingreso y registro de un lugar cerrado, sin que ello fuera procedente, por no existir antecedentes que demostraran que se encontraban en alguna de las hipótesis de excepción del artículo 83 del Código Procesal Penal, misma que por su carácter particular debe ser considerada restrictivamente”, dice el fallo.
La resolución agrega: “Como consecuencia de lo anterior, necesario es concluir que el actuar policial se tornó en ilegal, al contravenir el texto claro de la norma vulnerada, afectando todas las diligencias que se practicaron en ese contexto, sin que la autorización del dueño del domicilio y padre del imputado, donde las mismas tuvieron lugar, importen su validación, desde que era ajeno a su voluntad y control el cumplimiento de la normativa procesal transgredida, por lo que dichos antecedentes, no pudieron ser admitidos como elementos de convicción, los que atento lo dispuesto en el artículo 276 inciso segundo parte final, del Código Procesal Penal, debieron ser excluidos precisamente por haber sido obtenidas con inobservancias de garantías fundamentales, en la oportunidad prevista en el artículo 395 bis del mismo texto procesal. En conclusión, se ha acreditado el quebrantamiento del artículo 84 del Código Procesal Penal, precepto que integra un conjunto normativo, sistemático y armónico, que regula la legitimidad de los procedimientos en sede investigativa y judicial, sin que existan razones para considerar que dicha disposición, aisladamente considerada, no es depositaria del principio del debido proceso, idea fuerza que es transversal al ordenamiento jurídico general y particularmente a las normas de procedimiento, en cuanto garantes de los derechos que la Constitución y las leyes aseguran a las personas”.
Razonamientos que llevan a la Sala Penal del máximo tribunal a decretar la nulidad del juicio simplificado y de la sentencia, ordenado su repetición
Etiquetas: allanamiento ilegal, art. 84, corte suprema de chile, debido proceso
Ponencia: Mucho más que cambiar la ley. Un modelo multidimensional para el proceso de reforma del sistema de atención a la infancia en Chile
En el III Encuentro de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, de la que soy miembro, fue seleccionada esta ponencia, que presenté en el día de hoy.
Entre nosotros no es infrecuente, armados de una fe ciega similar a la de Bouvard y Pecuchet, reducir un proceso de reforma o de cambio a la dictación de una nueva ley. Pareciera suponerse que la nueva norma va a generar una modificación de la realidad tan sólo con su aparición en letras de molde en el boletín legislativo o diario oficial. Por cierto, en el acto de promulgación se asperjan un par de frases admonitorias sobre “cambio cultural” y luego el paisaje debiera comenzar a obedecer.
A esto Waissbluth (2010) lo ha denominado la ausencia de vitamina “i”: “solemos diseñar políticas públicas y asignar financiamiento, aunque se dedica escasísima preocupación respecto de qué instituciones deben desarrollar una determinada política.”
La revisión de la literatura comparada, de nuestra historia con sus éxitos y dificultades, permite advertir que también la política pública suele incurrir en el fetichismo normativo que Peña (2002) denunció hace cosa de una década. Crear nuevas leyes es complejo pero lo es más si esas leyes organizan o reorganizan servicios públicos de carácter nacional, si introducen elementos que, a su vez, pueden generar dinámicas novedosas e impredecibles.
Ocho son las dimensiones que, me parece, requieren significativa atención, tanto en la fase de planificación, como en las de ejecución, monitoreo y evaluación del proceso de reforma.
4. Presupuestaria
6. Gestión de nuevos servicios
7. Gestión de circuito
8. Información y Estadística
Etiquetas: Anteproyecto de ley que reorganiza Sename, rediseño sename
Karen Tse: Cómo acabar con la tortura
La nota en The Guardian es de Alan Travis, editor de home affairs. guardian.co.uk, Thursday 12 January 2012 13.12 GMT
He singles out the youth justice board for its "apparent active promotion" until 2007 of restraint techniques which were subsequently banned. The high court judge stops short of legally ordering the justice secretary, Kenneth Clarke, to inform hundreds, if not thousands, of potential victims of their right to claim compensation.
But he does say that ministers need "to consider whether something ought to be done". In a damning ruling, Mr Justice Foskett, said: "The children and young persons sent to [secure training centres] were sent there because they had acted unlawfully and to learn to obey the law, yet many of them were subject to unlawful actions during their detention. I need, I think, say no more."
The judicial review case was brought by the Children's Rights Alliance for England (CRAE) to challenge Clarke's refusal to contact former detainees dating back to 1998 when the first privately run secure training centre opened in England. The judge said the legal action had shone a light into a corner that might otherwise have remained in the dark and described the decade-long abuse of children in custody as "to say the least, a sorry tale". The legal battle follows a second inquest last year into the death of 14-year-old Adam Rickwood, who was found hanging in his room at Hassockfield secure training centre, where he was on remand, in 2004. The inquest concluded that a serious system failure had given rise to an unlawful regime at the jail. The use of several "distraction'' restraint techniques, which involve inflicting pain with a severe blow to the nose or ribs, or by pulling back a child's thumb, were suspended in 2007 before being banned in 2008. The use of physical restraint to control teenagers in child jails for the purposes of "good order and discipline" was also ruled to be unlawful by the court of appeal in the same year. Mr Justice Foskett said the "fullest explanation" had not yet emerged as to why the widespread unlawful use of restraint went unchecked for so long and why there were apparently so few complaints from the victims. He concluded that it was highly likely that large numbers of children were unlawfully restrained in child jails for at least a decade between 1998 and 2008 and that they would have "simply accepted it as part and parcel of the routine". But he made clear that it would take only one former detainee to secure official confirmation that they were unlawfully restrained to open the door to a personal injury compensation claim. He goes on to caution the youth justice board not to destroy any relevant records. The judge said it was not possible to make a precise estimate of the number of victims, but he noted that at one stage restraints of children were running at 350 a month – of which 20% to 25% were probably unlawful. Carolyne Willow of CRAE said: "We are, of course, deeply disappointed that the judge did not order the government to inform potential victims of unlawful restraint of their right to seek compensation. But the plain truth is that this is the only civilised course of action now open to ministers and the YJB in the face of such a devastating judgment. It would simply be scandalous for them to continue to deny the extent or gravity of rights violations and the failure of the state to protect children when they were at their most vulnerable – locked up and away from their families." John Drew, the YJB chief executive, said they would consider the ruling: "In particular, we want to make sure that we use this judgment to inform our continuous work to improve safety and to protect children and young people in custody," he said. "Over the past few years, significant progress has been made to provide increased protection for young people in custody, with closer scrutiny and monitoring of restraint, improved complaints and advocacy procedures for young people, and the increased transparency provided through publication of the restraint data on a regular basis." A Ministry of Justice spokesperson said: "We welcome the judgment which recognises the government has not been obstructing access to justice for those who were formerly detained in secure training centres." She said that children in custody were some of the most vulnerable young people in society and their safety was the highest priority. "Restraint should only ever be used against young people as a last resort where it is absolutely necessary to do so and where no other form of intervention is possible or appropriate. The system has undergone significant change and improvement in recent years, including through the introduction of restraint minimisation strategies, removal of certain techniques and improved monitoring."
Sentencia de Corte Suprema acoge amparo por menor mapuche de 12 años, Felipe M. arbitrariamente arrestado
Con el lamentable voto en contra de los ministros Bates y Hernández, la Corte Suprema confirmó el fallo de la Corte de Temuco que acogió el amparo interpuesto por el defensor Jaime López, en favor de los niños de la Comunidad mapuche de Temucuicui, en particular por Felipe M.M., de 12 años, arbitrariamente arrestado.
El fallo completo de la Suprema, Temuco y el recurso acá.
Las razones del voto de minoría son bien pobres, en especial cuando en el considerando 5º indican que las acciones recurridas, "los hechos específicos que se atribuyen a la policía uniformada en relación con el menor Felipe M., carecen de la claridad suficiente en cuanto a su origen y desarrollo para dar por establecida alguna infracción concreta a normas de derecho interno como internacional que se conformen con los requisitos exigibles y propios de un recurso de amparo". De seguirse este criterio la acción cautelar perdería su eficacia porque le exige al violentado que ofrezca detalles del violentador a riesgo de desestimarla.
Dentro de lo destacable del fallo de la Corte de Temuco es que afirma claramente que: "lo cierto es que las incursiones y operativos policiales en el interior de la Comunidad Temucuicui constituyen hechos públicos y notorios que, si bien se encuentran legitimados formalmente, mediante el cumplimiento de los requisitos impuestos por el Código Procesal Penal, motivan el legítimo cuestionamiento de este Tribunal respecto de la necesidad de tales incursiones y de la racionalidad de los medios empleados para llevarlas a cabo, y sitúan a Carabineros frente al riesgo permanente de vulnerar no sólo lo dispuesto en el artículo 19 N° 7 de nuestra Carta Fundamental, sino que también las disposiciones que sobre la materia contiene el Convenio 169 de la OIT, particularmente su artículo 3.2"
Etiquetas: Araucanía, convencion derechos del niño, corte de apelaciones de temuco, derechos del niño, mapuche

References: resolución 
 artículo 84
 artículo 83
 resolución 
 artículo 276
 artículo 395
 artículo 84
 artículo 19
 artículo 3