Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4066
Timestamp: 2020-02-18 10:01:16+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 82/2000
SENTENCIA 82/2000, de 27 de marzo
(BOE núm. 107, de 27 de marzo de 2000)
ECLI:ES:TC:2000:82
En el recurso de amparo núm. 522/97, promovido por doña Esperanza Moreno Navarrete, representada por el Procurador don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, y asistida por el Letrado don Enrique F. de la Lama, contra el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 1997, que inadmite recurso de casación contra la Sentencia núm. 123/95, de 13 de marzo, de la Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 627/88 seguidos en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid. Ha sido parte la Comunidad de propietarios de la casa núms. 12, 14 y 16, de la calle Condesa de Venadito de Madrid, representada por la Procuradora doña Matilde Sanz Estrada. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver Pi- Sunyer, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de guardia el día 7 de febrero de 1997 y registrado en este Tribunal el 10 de febrero de 1997, doña Esperanza Moreno Navarrete, representada por el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, promovió la interposición de recurso de amparo contra el Auto al que se hace referencia en el encabezamiento.
a) La Sra. Moreno Navarrete fue demandada por la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito, 12-14-16, de Madrid, en solicitud de la demolición de la obra de cerramiento realizada en la terraza de su propiedad. La diligencia de emplazamiento por cédula a la demandada se practicó en la c/Condesa de Venadito, 16. La actual recurrente nombró como Procurador a don Ignacio Corujo Pita. Antes de recaer Sentencia en la instancia, dicho Procurador fue sustituido por don Juan Corujo López-Villamil. El 20 de diciembre de 1990, el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid dictó Sentencia desestimando la demanda.
b) Tanto la demandante de amparo como la Comunidad de propietarios interpusieron recurso de apelación. Por providencia, de 8 de enero de 1991, se tuvieron por interpuestos ambos recursos. El Juzgado al intentar notificar la providencia anterior, tuvo conocimiento de que el Procurador Sr. Corujo López-Villamil había fallecido, por lo que se dictó providencia, de 7 de febrero de 1991, requiriendo a la Sra. Moreno Navarrete a fin de que nombrara nuevo Procurador. El requerimiento se efectuó por correo certificado a la dirección antes mencionada, pero fue devuelto. El Juzgado intentó la notificación a través de la oficina común de notificaciones en el mismo domicilio. La diligencia fue negativa, constando que "dicha persona no reside en este domicilio, desconociendo sus señas". La parte demandante aportó nuevo domicilio de la demandada: c/Príncipe de Vergara, 97, donde se practicó la siguiente notificación: "Requerir a la demandada ... para que nombre nuevo Procurador, bajo apercibimiento, de no verificarlo se le dará por desistida de la apelación de la sentencia.... ". La cédula se entregó al conserje del edificio, don Alejandro Gómez, quien no la firmó.
c) Por providencia, de 3 de noviembre de 1992, habiendo transcurrido el plazo para nombrar nuevo Procurador sin que ello se efectuara, se tuvo por desistida a la Sra. Moreno Navarrete de la apelación. La Audiencia dictó Sentencia, de 13 de marzo de 1995, estimando en parte el recurso interpuesto por la Comunidad de propietarios y revocando parcialmente la Sentencia anterior, declarando que procedía la demolición de la obra realizada en la terraza.
d) Consta en las actuaciones que dicha Sentencia le fue notificada a la Sra. Moreno Navarrete a través de la Letrada doña Josefa Sanz de Frutos. Esta parte interpuso contra la misma recurso de casación que fue inadmitido mediante Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1997, por razón de la cuantía litigiosa.
3. En la demanda de amparo se aduce indefensión, lesiva del art. 24.1 CE, de una parte, por la defectuosa realización de los actos de comunicación procesal en relación con el recurso de apelación interpuesto y, de otra parte, por la imposibilidad de solicitar, no obstante concurrir dos de las causas legalmente previstas, la recusación del Magistrado Ponente del Auto de inadmisión que se impugna.
Y en cuanto a lo segundo, subraya la demandante la imposibilidad de denunciar la existencia de causa de recusación en el Magistrado del Tribunal Supremo, Sr. Almagro Nosete, ponente del Auto de inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la resolución recaída en apelación, por cuanto hasta el momento de su notificación no se tuvo conocimiento de su identidad. Como quiera que, en su calidad de Presidenta de la Comunidad de propietarios del garaje de la calle María de Molina, núm. 56, de Madrid, la recurrente habría interpuesto demanda judicial contra la Sra. Castillo Rodríguez, esposa del Sr. Almagro Nosete, a la sazón Magistrado Ponente de la referida resolución, se estiman concurrentes las causas de recusación séptima y décima del art. 189 LEC. Atendida la falta de previsión legal de una exigencia de previa comunicación a las partes de la identidad del Ponente en supuestos de inadmisión (art. 1710 LEC), y dado que el propio Magistrado no se ha abstenido voluntariamente, la recurrente solicita el otorgamiento del amparo a fin de que la admisión del recurso de casación pueda ser enjuiciada por un Magistrado en el que no concurra causa de recusación.
4. La Sección Cuarta, por providencia de 9 de julio de 1997, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, acordó conceder a la demandante y al Ministerio Fiscal el plazo común de diez días para que formulasen las alegaciones que estimaran pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda.
5. La Sección Cuarta, por providencia de 25 de septiembre de 1997, acordó admitir a trámite la demanda y, obrando en la Sala Segunda testimonios de las actuaciones, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó dirigir comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid para que emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a fin de que pudieran comparecer en el recurso de amparo.
6. Por providencia de 9 de octubre de 1997, la Sección Cuarta acordó formar pieza separada de suspensión, concediendo a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, un plazo común de tres días para que alegaran lo que estimasen pertinente sobre dicha medida cautelar. Evacuado el trámite, mediante escritos de 17 y 23 de octubre de 1997, la demandante y el Fiscal, respectivamente, coincidieron en pedir una suspensión que fue denegada por Auto, de 10 de noviembre de 1997, de la Sala Segunda.
7. Por providencia de 13 de noviembre de 1997, la Sección acordó tener por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora doña Matilde Sanz Estrada, en nombre y representación de Comunidad de propietarios de la casa núms. 12-14-16 de la calle Condesa de Venadito, de Madrid, así como unir a las actuaciones el escrito y documentos presentados por la Procuradora doña Consuelo Rodríguez Chacón, debiendo personarse en forma, mediante escrito firmado por Letrado y aportando poder original acreditativo de su representación, en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de que de no efectuarlo se la tendría por decaída en su derecho. Y, por último, dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días, conforme determina el art. 52.1 LOTC, a fin de poder presentar las alegaciones que estimasen pertinentes.
8. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 16 de diciembre de 1997, interesando la desestimación del amparo solicitado.
9. La representación procesal de la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito núms. 12-14-16, presenta sus alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 17 de diciembre de 1997, mediante el que se impugna el presente recurso de amparo.
En cuanto a los aducidos defectos en los actos de comunicación procesal, tras un repaso a las actuaciones, se sostiene que únicamente a la actitud de la recurrente y, en su caso, a la de su dirección letrada, podría imputarse la pretendida indefensión padecida, atendida la pasividad y falta de interés con que han venido actuando y que ha provocado que se la tuviese por desistida del recurso de apelación interpuesto provocando con ello una manifiesta dilación en las presentes actuaciones. Se destaca, a propósito de la conducta procesal observada por la recurrente, el hecho de que, una vez conocida la existencia del pleito, fuera denunciada ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 39 de Madrid que, en los autos 549/95, dictó Sentencia resolviendo el contrato de compraventa de la terraza en cuestión, realizado con fecha 21 de octubre de 1994 con los Sres. Madrid Honshiko y Sanz Quintana, a los que la actual recurrente en amparo habría de satisfacer la cantidad percibida por la compraventa, así como intereses y la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.
En cuanto a la recusación del Magistrado Ponente del Auto dictado por el Tribunal Supremo inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la recurrente contra la Sentencia recaída en apelación, así como que dicha inadmisión es totalmente ajustada a Derecho, se opone que en ningún momento a lo largo de las actuaciones se menciona el nombre del Magistrado Ponente que se pretende recusar y que ni concurre causa alguna de recusación, contra lo sostenido de contrario, por cuanto no existe pleito pendiente con el recusante ni se constata tampoco la pretendida enemistad manifiesta, no figurando el Sr. Almagro Nosete entre los demandados por la Comunidad de propietarios de la calle María de Molina núm. 56, siendo presidenta de dicha comunidad la actual recurrente; por lo demás, no sería el presente el momento procesal oportuno para interponer una recusación que debió haberse planteado ante el propio Tribunal Supremo nada más tener constancia de las posibles causas de recusación, con arreglo a lo establecido en el art. 192 LEC.
10. La representación procesal de la demandante de amparo cumple el trámite por escrito, presentado en el Juzgado de guardia el 17 de diciembre de 1997 y registrado en el Tribunal el siguiente día 19, suplicando de este Tribunal la admisión del recurso de amparo.
11. Por providencia de 23 de marzo de 2000, se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 27 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de amparo, aunque formalmente se dirige sólo contra el Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 17 de enero de 1997, que declaró no haber lugar a la interposición del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia núm. 123/95 de la Audiencia Provincial de Madrid dimanante de autos de juicio declarativo de menor cuantía núm. 627/88, en rigor también impugna la providencia de la citada Audiencia Provincial de 3 de noviembre de 1992, que tuvo por desistida a la recurrente de su recurso de apelación, y la referida Sentencia núm. 123/95, que estimó el recurso de apelación interpuesto el 13 de marzo de 1995 por la Comunidad de propietarios.
Por último, la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito núms. 12-14-16, opone, en una perspectiva formal, la falta de invocación en la demanda del derecho supuestamente vulnerado o la errónea referencia a los arts. 54 y siguientes de la Constitución, la falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial, por no haber promovido la demandante el recurso extraordinario de revisión antes de venir en amparo. Y, en cuanto al fondo de la pretensión, se afirma, de una parte, que la indefensión pretendidamente causada por la práctica defectuosa de los actos de comunicación procesal únicamente podría imputarse a la pasividad y falta de interés de la recurrente y, en su caso, de su dirección letrada; y, de otra parte, que ni a lo largo de las actuaciones se ha mencionado el nombre del Magistrado Ponente que se pretende recusar ni, por lo demás, concurre causa alguna de recusación, por cuanto, dado que el Sr. Almagro Nosete no figura como demandado por la Comunidad de propietarios de la c/María de Molina núm. 56, no existe pleito pendiente con la recusante, ni se constata tampoco la pretendida enemistad manifiesta. En cualquier caso -se dice-, no sería éste el momento procesal oportuno para instar un incidente que, con arreglo a lo establecido en el art. 192 LEC, ha de interponerse nada más tener constancia de las posibles causas de recusación.
2. Puesto que la representación procesal de la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito, núms. 12-14-16, de Madrid, ha opuesto a la presente demanda de amparo la causa de inadmisión basada en el art. 44.1 a) LOTC que, caso de ser acogida, haría innecesario todo pronunciamiento por nuestra parte sobre la cuestión de fondo planteada, antes de entrar a conocer de la misma ha de quedar descartada una falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial que, según se denuncia, resultaría de no haberse interpuesto el recurso extraordinario de revisión antes de venir la recurrente en amparo ante este Tribunal.
3. En el presente caso, el recurso supuestamente preterido habría sido el extraordinario de revisión. Ahora bien, no se trata sólo de que no haya existido indicación alguna relativa a las posibles vías de recurso frente a una resolución "contra la que no se dará recurso alguno" (art. 1710.1.5 LEC), sino de que, denunciándose en lo sustancial la vulneración del art. 24 CE, tanto por indefensión lesiva de tutela judicial efectiva como por lesión del derecho a un proceso con todas las garantías, en su vertiente de derecho a un Juez imparcial, no se advierte bien cuál habría podido ser el engarce de esta doble pretensión de amparo en las causas tasadas establecidas en el art. 1796 LEC. No parece, pues, razonable, atendida la naturaleza y finalidad del recurso de revisión, que ésta fuese una vía procesal exigible como previa al efecto de reparar o remediar la doble vulneración de derechos que la recurrente imputa a las resoluciones impugnadas (STC 60/1994, de 28 de febrero).
4. Despejada la duda de admisibilidad podemos entrar ya a analizar el fondo de las cuestiones a debate. Procede abordar, así, en primer término, la denuncia relativa a la indefensión, lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), que la actora dice haber padecido como consecuencia de la práctica defectuosa de la comunicación procesal seguida por el órgano judicial a partir del momento en que, una vez interpuesto el recurso de apelación contra la resolución dictada en la primera instancia, se produjo el fallecimiento de su Procurador.
5. Pues bien, en el presente supuesto la recurrente denuncia una indefensión material lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva por cuanto, al no haber tenido noticia, en particular, de la interposición del recurso de apelación por parte de la ya referida Comunidad de propietarios, no ha podido utilizar las posibilidades de defensa disponibles mediante el acceso al proceso en segunda instancia.
A esta queja oponen, según queda dicho, tanto el Fiscal como la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito, núms. 12-14-16, de Madrid, que la incomparecencia de la recurrente en apelación, en último extremo, responde a la propia decisión, sea de la recurrente, sea de su defensa letrada, reveladora, cuando menos -dice el Fiscal-, de culpa concomitante en la producción del efecto denunciado, dada la actitud pasiva, desinteresada y falta de diligencia de la actual recurrente.
6. Al aplicar la ratio decidendi establecida en el fundamento jurídico anterior a los hechos relativos a la notificación de la providencia por la que se requiere a la recurrente para que nombre Procurador, la respuesta de este Tribunal no puede obviar que, sin perjuicio de que pueda haberse producido alguna irregularidad en los actos de comunicación -no causante, en sí misma, de indefensión material alguna-, cuando -como aquí ocurre- se ha llevado a cabo un cambio de domicilio estando pendiente un litigio ante los órganos judiciales, la obligación de leal cooperación ínsita en el art. 24 CE exige, en todo caso, de la parte interesada su inmediata puesta en conocimiento del Juzgado; poner en conocimiento del órgano judicial esta circunstancia es, sin duda, "un mínimo de diligencia" exigible a la parte (SSTC 52/1998, 12/2000, de 17 de enero, FJ 4).
7. Otra ha de ser, en cambio, nuestra conclusión por lo que respecta a la indefensión que se invoca en relación con el recurso interpuesto de contrario. En efecto, no parece posible admitir desde la perspectiva constitucional, y sin que ello suponga negar cuanto queda dicho acerca de la actitud procesal de la parte, la inobservancia por parte del órgano judicial de su deber de asegurar que la Sra. Moreno Navarrete llegase a ser efectivamente notificada de la propuesta de providencia, de 8 de enero de 1991, mediante la que se tiene por interpuesto recurso de apelación contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid, por parte de la Comunidad de propietarios y respecto del que ulteriormente se la tiene por desistida, por providencia de 3 de noviembre de 1992, ya que, como queda dicho, respecto de esa providencia nunca se intentó siquiera su comunicación, no pudiéndose presumir, por otra parte, un conocimiento de la interposición de recurso por la Comunidad de propietarios puesto que no resulta de las actuaciones. La queja de la recurrente no carece, pues, de relevancia constitucional.
8. Constatado lo anterior, y sin perjuicio de su contenido y relevancia constitucional, es ya innecesario que este Tribunal se pronuncie en relación con la imposibilidad de recusar al Magistrado Ponente del Auto de inadmisión del recurso de casación, pese a la pretendida concurrencia en el mismo de dos causas de recusación (art. 189.7 y 10 LEC) que, según piensa la recurrente, debieron llevarle a abstenerse voluntariamente de conocer del asunto.
Otorgar el amparo solicitado por doña Esperanza Moreno Navarrete y, en su virtud:
1º Reconocer que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.2 CE).
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia, de 13 de marzo de 1995, de la Audiencia Provincial de Madrid, dictada en apelación de Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Madrid (rollo 786/92), así como de la providencia, de fecha 3 de noviembre de 1992, con retroacción de las actuaciones a fin de que se comunique a la recurrente la interposición del recurso de apelación por parte de la Comunidad de propietarios de la c/Condesa de Venadito, núms. 12-14-16, de Madrid.
Número y fecha BOE [Núm, 107 ] 27/03/2000
Tipo y número de registro Recurso de amparo 522-1997
Promovido por doña Esperanza Moreno Navarrete respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que estimó la apelación planteada por la comunidad de propietarios para demoler la obra de cerramiento realizada en la terraza de su propiedad, y al Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo que inadmitió su recurso de casación.
La obligación de leal cooperación ínsita en el art. 24 CE exige, en todo caso, de la parte interesada la inmediata puesta en conocimiento del Juzgado del cambio de domicilio estando pendiente un litigio; poner en conocimiento del órgano judicial esta circunstancia es, sin duda, «un mínimo de diligencia» exigible a la parte (SSTC 52/1998 y 12/2000) [FJ 6].
La falta de notificación del recurso de apelación civil, interpuesto por la contraparte, causó indefensión [FJ 7].
La obligación judicial de asegurar que los actos de comunicación efectivamente lleguen a conocimiento de las partes limita con la exigencia de que los interesados observen, por su parte, un minimum de diligencia (SSTC 167/1992, 112/1993 y 78/1999) [FJ 4].
Las causas de inadmisibilidad de un recurso de amparo, no habiendo sido apreciadas in limine litis, pueden ser consideradas en Sentencia al examinar el fondo del asunto, ya sea en virtud de alegación de parte, ya sea ex officio ( SSTC 124/1991 y 39/1993) [FJ 2].
La prohibición de artificiosa dilatación del plazo para recurrir en amparo mediante la interposición de recursos claramente improcedentes, y el requisito de agotamiento de la vía judicial, deben ser compatibilizados (SSTC 122/1996 y 228/1999); este último requisito ha de ser interpretado de manera flexible y finalista (SSTC 364/1993 y 84/1999) [FJ 2].
Artículo 189.7, ff. 1, 8
Artículo 189.10, ff. 1, 8
Artículo 192, f. 1
Artículo 1710.1.5, f. 3
Artículo 1796, f. 3
FallecimientoFallecimiento, f. 6
Actos procesales de comunicaciónActos procesales de comunicación, ff. 4, 6
Cambios de domicilio de las partesCambios de domicilio de las partes, f. 6
Notificación judicialNotificación judicial, f. 7
Recurso de revisión de sentencia firme no exigibleRecurso de revisión de sentencia firme no exigible, f. 3

References: resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
e contrario

Artículo 189

Artículo 189

Artículo 192

Artículo 1710

Artículo 1796