Source: http://ccypobreza.blogspot.com/2010/07/
Timestamp: 2017-06-23 15:33:46+00:00

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CAMBIO CLIMATICO: exijamos justicia climatica!: julio 2010
LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU VOTÓ A FAVOR DE RECONOCER EL DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO
La Asamblea General de la ONU adoptó ayer una resolución presentada por Bolivia que reconoce el agua potable como “un derecho humano básico” e insta a que se garantice su disfrute a los 884 millones de personas que carecen de acceso a ese elemento esencial para la vida.
“Tenemos que mandar un mensaje claro al mundo de que el acceso al agua potable y al saneamiento son un derecho básico y que hay que hacer todo lo posible para que sean una realidad", dijo en la presentación el embajador de Bolivia ante la ONU, Pablo Solón.
El diplomático recordó que la resolución también insta a todos los países y las organizaciones internacionales a proporcionar los recursos financieros y las transferencias de tecnología necesarias para proporcionar un acceso universal “económico” al agua potable y el saneamiento.
Además, resalta la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos los derechos humanos “de manera justa y equitativa”, para que todos reciban la misma atención.
“El derecho al agua potable y el saneamiento son derechos humanos independientes y como tales debemos reconocerlos, así que instamos a los Estados a cumplir con sus obligaciones”, agregó el embajador.
Delegaciones como la de Estados Unidos, que se abstuvo en la votación, señalaron que su posición se debe a que temen que la propuesta boliviana puede afectar a los trabajos que en esta misma materia se llevan a cabo en Ginebra, en el seno del Consejo de Derechos Humanos. (ONU / EFE) Publicado por
Ecuador busca ayuda para cambiar petróleo por selva
El Gobierno ecuatoriano renunciará a extraer petróleo del parque nacional Yasuní a cambio de que los países ricos le compensen el 50% de los 6.000 millones de dólares que ganaría con su explotación.
DIANE CAMBON QUITO 24/07/2010 Renunciar a la explotación del petróleo para proteger un parque natural de gran valor medioambiental. Este es el desafío ecologista que plantea Ecuador, el quinto productor americano de crudo. Un dilema ético para tiempos de globalización, crisis energética y deterioro ambiental. Este proyecto inédito consiste en dejar 850 millones de barriles de crudo pesado en el subsuelo amazónico, o sea, no extraer más de un cuarto de las reservas de hidrocarburos del país. El objetivo de tal propósito es conservar la biodiversidad del parque Yasuní. Un edén tropical en plena selva de 982.000 hectáreas, declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 1989.
Según los científicos, esta zona donde el conquistador Francisco de Orellana dio sus primeros pasos hacia la Amazonia puede albergar más de 644 especies de árboles y arbustos en una sola hectárea. Además, se estima que es el hábitat de 610 tipos de aves y 200 mamíferos. En una hectárea se pueden encontrar 100.000 especies de insectos. No sólo es un paraíso vegetal, sino también es el último refugio de dos pueblos en aislamiento voluntario, los tagaeris y los taromenanes. En este rincón amazónico viven además unos 1.400 indígenas de la comunidad huaorani, que dependen para su existencia de la caza y recolección de frutas. El subsuelo del área afectada alberga 850 millones de barriles de crudo
No obstante, la conservación de este espacio virgen tiene un precio. El jefe del Gobierno ecuatoriano, el socialista Rafael Correa, pide a cambio de no explotar los yacimientos de crudo una compensación financiera a la comunidad internacional. Quito espera recibir el 50% de los alrededor de 6.000 millones de dólares que percibiría si explotara los tres pozos del bloque Ishpingo-Tambococha-Tiputini (ITT). A los potenciales contribuyentes se les invita a que depositen un fondo en una cuenta bancaria bloqueada y administrada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Las naciones donantes recibirían bonos de garantía que les permitirían recuperar su inversión en caso de que cambie la situación. En agosto está previsto que se firme el acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el PNUD. "Corresponsabilidad"
"No son ayudas o subvenciones que pedimos a los países ricos", anota Tarcisio Granizo, subsecretario de Estado del Ministerio del Patrimonio de Ecuador. "Llamamos a la corresponsabilidad de las naciones desarrolladas. Ellas pudieron crecer destruyendo los recursos naturales. Hoy, les mandamos una invitación para conservar el planeta. Lo que es de todos, debe ser protegido por todos". Conservar el parque Yasuní ayudará a evitar que se emitan 410 millones de toneladas de CO2.
"Es una invitación para conservar el planeta", dice el Gobierno de Correa
El sendero seguido por la propuesta Yasuní-ITT desde su presentación en 2007 conoció avances y retrocesos. El propio Ejecutivo ecuatoriano modificó varias veces el equipo encargado de presentar la iniciativa Yasuní en el exterior. Según el Gobierno, el primer equipo se sometía demasiado a las voluntades de los países europeos. "Perjudicaba a nuestra soberanía, lo que es contrario a nuestra Constitución", asegura Granizo.
Tampoco ayudó la crisis económica que golpeó fuertemente a los países europeos. Las propuestas de inversiones se hicieron esperar más de lo previsto. Sin embargo, el proyecto echó raíces. Alemania, Bélgica, Francia, España y Turquía mostraron un gran interés en la iniciativa. Según el Ejecutivo ecuatoriano, los primeros depósitos de fondos llegarán a lo largo del verano después de la firma con el PNUD. Alemania podría aportar unos 50 millones de dólares anuales durante 13 años.
Respaldo españolEspaña adelantó cuatro millones de dólares para los primeros estudios
España, por medio de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, de visita oficial en Ecuador en agosto de 2007, ya adelantó cuatro millones de dólares para el diseño de la propuesta y estudia condonar una parte de la deuda de Ecuador como posible forma de financiación. En marzo, el secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Pablo de Laiglesia, y el secretario general iberoamericano, Enrique Iglesias, se reunieron en Madrid con Lenin Moreno, vicepresidente de Ecuador. Laiglesia reiteró el "respaldo del Gobierno español". En un comunicado, Iglesias sugirió que "se debería buscar un mayor compromiso de organismos financieros internacionales".
Fuentes de la secretaría de Estado de Cambio Climático precisaron a este diario que en la última reunión de la Comisión Delegada de Cambio Climático, celebrada en junio, se presentó una propuesta para "contribuir financieramente al proyecto en el contexto de la contribución de España a sus compromisos en materia de financiación inmediata anunciados en Copenhague".
Para Alberto Acosta, economista ecuatoriano y promotor del proyecto Yasuní-ITT en el primer equipo del Gobierno, la comunidad internacional espera más garantías por parte de Correa para depositar los fondos. Por ejemplo, que el Gobierno aclare a qué destinará el dinero, que debería ser invertido en actividades sostenibles. "Para que esto sea realidad se esperan señales claras. Se precisa coherencia y consistencia a nivel gubernamental. También tiene que asegurar que no va a optar por el plan B", advierte Acosta.
Repsol es una de las compañías que podrían perforar en la región
¿Cuál es el plan B? Un documento presentado por la empresa estatal Petroecuador en el Círculo Militar de Quito en abril 2009, y revelado recientemente por la prensa local, despertó las alarmas. Allí se establecen los pormenores de la explotación de los yacimientos. El Gobierno de Correa nunca ocultó que existía un plan B, muy defendido por los petroleros que ejercen presión constante sobre el Gobierno. Entre las empresas interesadas en explotar los yacimientos podría estar Repsol. La compañía no descarta la solicitud de un permiso en caso de que se apruebe el plan B. "Nada está definido, pero sabemos que se trata de un crudo muy pesado, lo que complica la explotación. Pero hoy en día Repsol tiene la tecnología para no dañar el medio ambiente", asegura Isabel Dávila, encargada de comunicación de la empresa en Quito.
Sin embargo, la aplicación del plan B resulta poco factible y muy impopular. El proyecto Yasuní tiene el apoyo del 75% de la población, según el Instituto Perfiles de Opinión. A los ecuatorianos les preocupan los daños ambientales de la explotación petrolera. Este país sufrió la mayor contaminación por crudo del continente. Entre 1964 y 1990, el gigante estadounidense Texaco, comprado luego por Chevron, contaminó amplias zonas de selva con miles de litros de desechos y productos químicos. Todavía hoy quedan restos de esta catástrofe.
Anita Rivas, alcaldesa del municipio de Francisco de Orellana, situado en la cuenca alta del Amazonas, denuncia que los vertidos de petróleo son constantes en la zona. "La actividad petrolera ha traído deforestación, desplazamientos, contaminación y enfermedades a la provincia, que a pesar del petróleo es la segunda más pobre del país", asegura la alcaldesa de esta ciudad de 60.000 habitantes. Junto con Acosta, Rivas forma parte de un movimiento a favor de una moratoria sobre la explotación del petróleo. Un reto para un país cuya principal fuente de financiación es el oro negro. El parqueUn lugar remoto
Aunque pertenece a la planicie amazónica, la ubicación del Yasuní al pie de la cordillera andina le confiere un relieve muy sinuoso, lo que unido a la abundancia de lagunas y pantanos ha contribuido a su aislamiento. El parque sólo recibe unos 150 visitantes al año. El Gobierno quiere potenciar el turismo en la región.
El parque sirve de cobijo a monos aulladores, camaleones, guacamayos, caimanes, tortugas mata mata, boas, armadillos, capibaras, delfines del Amazonas, jaguares, nutrias gigantes, pirañas y manatíes. Las copas arbóreas superan los 30 metros y bajo ellas se cobijan lianas, raíces aéreas, musgos, helechos y orquídeas.
El parque es accesible por vía terrestre, aérea o fluvial. Los indígenas huaoranis y quichuas organizan actividades de ecoturismo. No hay infraestructuras turísticas en la zona, pero los puestos de control ofrecen información. Publicado por
Redacción - BBC MundoLa cámara de Diputados del Congreso argentino aprobó la madrugada de este jueves una iniciativa de ley para proteger los glaciares.La ley prevé sanciones para quienes generen daños al medio ambiente en zonas glaciares. También contempla la realización de un inventario nacional de hielos, que permitiría delimitar qué zonas deben ser protegidas.La ley básicamente retoma un texto que fue vetado en el 2008 por el Ejecutivo, pero incorpora elementos de una propuesta paralela presentada por un senador del partido de gobierno.Los cambios, sin embargo, no fueron suficientes para conseguir el apoyo del oficialismo, lo que hizo que los debates sobre la ley se extendieran por más de 8 horas.Al final, la iniciativa fue aprobada con 129 votos a favor y 86 en contra. Ahora tendrá que ser discutida por el Senado.Según la periodista de BBC Mundo en Argentina Verónica Smink, las discusiones sobre la ley se dan en medio de una polémica por el comienzo de un proyecto minero en la frontera con Chile.El ambientalista Javier Rodríguez Pardo, de la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), le dijo a BBC Mundo que, en su opinión, la nueva ley no podrá evitar que las grandes mineras continúen haciendo daño."En tanto siga rigiendo el actual Código de Minería, quienes deberán determinar si se están cometiendo abusos son las autoridades provinciales, y ellos tienen convenios con las propias mineras", acusó.Viejo debateEl proyecto de ley fue impulsado por el diputado Miguel Bonasso, titular de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara baja.Cualquier alteración al ecosistema podría poner en peligro la fuente de agua dulce en la región.Un vocero de Bonasso le dijo a BBC Mundo que el nuevo proyecto de ley presentado por el legislador es una versión "ampliada y mejorada" de una propuesta que el Congreso aprobó por unanimidad en 2008.Pero, tras su aprobación legislativa, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner la vetó, afirmando que debía votarse una nueva ley "superadora" de aquella sancionada.Para la oposición el motivo de la decisión presidencial fue claro: apodaron la medida el "veto Barrick", en referencia a la minera canadiense Barrick Gold, que había firmado un contrato con el gobierno argentino en 2006 para instalar la mina Pascua Lama en la cordillera de los Andes.El proyecto, compartido con Chile, prevé una inversión de US$2.400 millones y consiste en una explotación de oro, plata y cobre a cielo abierto sobre el límite binacional, a la altura del Valle del Huasco en Chile y la provincia argentina de San Juan.Según Rodríguez Pardo, el proyecto afectará cuatro importantes glaciares de superficie del lado chileno, y unos 40 glaciares de roca, además de otras formaciones de agua, del lado argentino.Por su parte, Karina Quispe, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió sobre los riesgos de la explotación minera en una zona de glaciares."Cualquier alteración al ecosistema podría poner en peligro la fuente de agua dulce en la región", señaló a BBC Mundo.Intereses minerosSegún los impulsores de la ley, algunos gobernadores de provincias mineras son dueños de empresas que abastecen a las mineras multinacionales.Hace unos días, Bonasso junto con otras dos diputadas de la opositora Coalición Cívica solicitaron a la Justicia que investigue un posible "tráfico de influencias" entre la presidenta Fernández y Barrick Gold.El pedido se formuló luego de que la mandataria se reuniera en la cumbre del G-20 en Toronto, Canadá, con los máximos ejecutivos de la empresa.La foto de Fernández junto a Peter Munk, cabeza de Barrick, generó enorme repudio entre los opositores del gobierno y los ambientalistas."Pascua Lama utiliza 1.000 litros de agua por segundo para realizar su explotación. Es imposible que acceda a este caudal de agua sin derretir los glaciares", insistió Rodríguez Pardo."No es sólo el uso del agua dulce. La empresa también utiliza sustancias peligrosas, que dejan residuos en la parte alta de la cuenca", consideró por su parte Quispe, quien recordó que se trata de una región desértica.ContaminaciónLos ecologistas también se quejan por la contaminación visual que genera el polvo de roca y por las molestias auditivas y visuales de un yacimiento de enorme tamaño.Pascua Lama utiliza 1.000 litros de agua por segundo para realizar su explotación. Es imposible que acceda a este caudal de agua sin derretir los glaciares.Sin embargo, del otro lado de la vereda están quienes sostienen que estos emprendimientos traen enormes riquezas y puestos de trabajo a las provincias.Por su parte, la compañía Barrick -que es la explotadora de oro más grande del mundo-, aseguró en el pasado a BBC Mundo que "la empresa se va a ajustar cien por ciento a las condiciones expuestas por las autoridades chilenas y argentinas en la aprobación del proyecto".Más allá de la aprobación de una Ley de Protección de los Glaciares –que todavía tiene que ser avalada en el Senado-, está previsto que Pascua Lama comience a funcionar en 2011.
NNUU se prepara para reconocer el derecho humano al Agua
Nota Consejo de Canadienses (Ottawa Julio 2010) -La Asamblea General de las Naciones Unidas está en vísperas de considerar una histórica Resolución para reconocer el derecho humano al agua, proceso iniciado por el Estado Plurinacional de Bolivia y apoyado por varios otras delegaciones. Otros estados miembros han sido consultados para apoyar la resolución y se espera que el texto final sea presentado al Presidente de la Asamblea General para que se tome acción a fines de Julio.En una carta enviada hoy a todos los Embajadores de las NNUU y a sus misiones permanentes, Maude Barlow, fundadora del Blue Planet Project (Planeta Azul) de Canadá, exige un impulso decisivo y expedito de la resolución. ¨Esta debería ser una de las cosas más importantes de las Naciones Unidas, después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos¨ dijo Barlow, quien coordina el Directorio del Consejo de Canadienses yes miembro del Directorio de Food and Water Watch (ONG basada en Washington), enfatizó esta necesidad. Barlow también ejerció como Consejera Senior en Agua para la Presidencia de la 63ava Asamblea General de las Naciones Unidas."Es tiempo de que la política se acerque a la realidad", dijo Barlow, "pues nada menos que dos billones de personas viven en áreas con stress hídrico del mundo y tres billones no tienen agua disponible a un kilómetro de sus casas, es tiempo de que finalmente los estados reconozcan lo esencial que es el agua para la vida y que es importante reconocer este derecho humano".Maude Barlow y Anil Naidoo, Organizador del Blue Planet Project, recientemente visitaron a delegaciones del G77 y China junto con varios activistas internacionales del agua, y mantuvieron reuniones informativas con 25 países durante la semana pasada para contribuir a avanzar en el tema. Naidoo estará en Nueva Ork la semana siguiente visitando a delegaciones de varios estados miembros de las Naciones Unidas para apoyar adicionalmente en la resolución sobre el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.“La comunidad internacional y los grupos de activistas de las comunidades locales están luchado por justicia en el agua y han exigido desde hace mucho tiempo el liderazgo de las Naciones Unidas en reconocer claramente el derecho humano al agua y al saneamiento como derecho humanos" dice Naidoo. " A medida que avanzamos estamos pidiendo que el lenguaje de la Resolución se mantenga fuerte y no deje dudas de que el agua y el saneamiento son derechos humanos"“Cuando en 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos fue escrita, nadie pudo anticipar el día en que el agua seria un área en disputa. Pero en 2010, no es una exageración decir que la falta de acceso a agua limpia es una de las mayores violaciones de los derechos humanos en el mundo" añade Maude Barlow.Anil Naidoo, Blue Planet Project Organizer, anaidoo@canadians.orgTraduccion Elizabeth Peredo/Fundación Solón
11 de julio de 2010, 11:47 AM BRASILIA (AFP) - Agricultores y ambientalistas de Brasil están enfrentados por el avance en el Congreso de un nuevo Código Forestal, la ley que regula la preservación de los grandes bosques y la Amazonía.La reforma del Código Forestal, que opone al gigante agronegocio ávido de tierras para producir más y a los ambientalistas que lo consideran un retroceso contra la deforestación, pasó esta semana en la comisión especial de Diputados y debe ser aprobada definitivamente tras las elecciones generales de octubre."La nueva ley es terrible: amnistía los delitos ambientales y es un retroceso para los compromisos internacionales del gobierno brasileño de reducir la deforestación en 80% hasta 2020", denunció el especialista Adalberto Veríssimo, del Instituto Imazon, a la AFP.El Codigo Forestal, que data de 1965, limita el uso del suelo que pueden hacer agricultores y propietarios rurales, al obligar a los dueños de áreas selváticas a preservar parte de su propiedad intacta, que en la Amazonía llega al 80%, y además define otras áreas sensibles a proteger, como márgenes de ríos.El punto más polémico de la reforma es una amnistía a los productores que deforestaron ilegalmente hasta julio de 2008, a los que da 20 años de plazo para recuperar lo destruido. También es polémica la excepción a propiedades pequeñas que serán eximidas de preservar grandes espacios."Esta reforma no es una amnistía, es una adaptación de la ley a las posibilidadfes de que sea cumplida, para que podamos regularizar el campo", dijo su autor, el diputado Aldo Rebelo, al denunciar que 90% de las propiedades en Brasil están en situación irregular por no cumplir con el Código Forestal."Si cumpliéramos las exigencias del actual Código, estaríamos importando arroz de China, que no tiene un palmo de áreas protegidas", ha afirmado la senadora Katia Abreu, voz de la poderosa bancada ruralista en el Congreso y presidenta de la Confederación Nacional de la Agricultura (CNA). Abreu aseguró que los agricultores de Brasil, un gigante exportador de alimentos, necesitan mucha más tierra.La prioridad de agricultores y ambientalistas debería ser "regularizar la situación de todas esas propiedades y áreas, porque hay un limbo legal que genera una inseguridad muy grande", expresó Laura Antoniazzi, investigadora del Instituto ICONE de Estudios del Comercio, especializado en temas agrícolas, a la AFP.Para la analista, esa regularización no se alcanzará flexibilizando la ley ambiental, sino con mecanismos de compensación financiera que fomenten la protección ambiental, la recuperación de las áreas de bosque devastadas y un uso eficiente del suelo."Flexibilizar la protección ambiental con el argumento de que la agropecuaria necesita más tierras no tiene validez científica", dijo, afirmando que Brasil tiene bastantes tierras disponibles.La devastación de la Amazonía, impulsada por lucrativas madereras, la agropecuaria y la minería ilegales, alcanzó un pico histórico de 27.000 km2 en 2004 y cayó a 7.000 km2 en 2009, con un recrudecimiento de los controles y las penas para delitos ambientales.Se estima que la deforestación provoca 20% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2), responsables del calentamiento global, y por ello Brasil, que posee la mayor parte de la Amazonía -la mayor selva tropical del planeta- asumió el compromiso de reducir el ritmo de deforestación en 80% hasta 2020.
China acogerá una ronda de conversaciones internacionales sobre el clima dos meses antes de la cumbre de CancúnLas autoridades chinas apuestan por "volver a lo básico" y generar confianza para garantizar el éxito de la cumbre de Cancún PEKÍN, 5 Jul. (EUROPA PRESS) - La ciudad de Tianjin, en el noreste de China, acogerá una ronda de conversaciones internacionales sobre cambio climático el próximo octubre, dos meses antes de la cumbre sobre este tema que organiza la ONU en Cancún (México), según informó el subsecretario general de la ONU y director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, Achim Steiner. Steiner declaró ayer, domingo, al periódico 'China Daily' durante su asistencia a la Expo 2010 de Shanghai que aunque las autoridades chinas aún no lo han anunciado oficialmente, están trabajando en estrecha colaboración con la ONU para preparar el encuentro de Tianjin. "Este gesto de China es bastante positivo", opinó. "China va a introducir algunas ideas y oportunidades nuevas para hacer que las negociaciones avancen", añadió. El vicepresidente del Panel de Expertos sobre Cambio Climático de China, He Jiankun, confirmó la noticia dada por Steiner y explicó que con la reunión de Tianjin se pretende "ayudar a las naciones a alcanzar más acuerdos en las negociaciones de finales de año". El gigante asiático es el país que más gases de efecto invernadero produce a través de la actividad humana, y su postura respecto a la necesidad de controlar la emisión de esos gases será crucial en los esfuerzos para alcanzar un nuevo acuerdo que permita hacer frente al calentamiento global. La cumbre de Copenhague de finales del año pasado finalizó con un débil acuerdo no vinculante. La próxima gran cita será en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre, pero las autoridades de China y de otros países dudan de que esa reunión vaya a concluir con un pacto vinculante, algo que es más probable que ocurra en el encuentro que se celebrará en Sudáfrica a finales de 2011. Previamente, del 2 al 6 de agosto, habrá una reunión sobre cambio climático en Bonn (Alemania). Steiner subrayó que el que se logren "resultados provechosos" en Cancún o no "dependerá de los esfuerzos de todos los miembros". "Debemos trabajar para que los objetivos y proyectos de Copenhague se traduzcan en instrumentos formales para luchar contra el calentamiento global", afirmó.GENERAR CONFIANZA El representante especial de China para las negociaciones sobre el cambio climático, Yu Qingtai, destacó ayer que en la cumbre de Cancún hay que "volver a lo básico", es decir, a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Protocolo de Kioto, para volver a generar confianza mutua y asegurar así el éxito del encuentro. Asimismo, consideró que las negociaciones se deben basar en el principio de que los países desarrollados y los que están en vías de desarrollo no pueden tener las mismas responsabilidades en cuanto a la reducción de sus emisiones. "No se podrá progresar si nos alejamos de ese principio", recalcó. Yu indicó que la confianza mutua se vio "gravemente" dañada en la cumbre de Copenhague, en la que varios países desarrollados, dijo, no cumplieron sus compromisos e hicieron demandas "poco razonables" a los países en vías de desarrollo. A su juicio, estos últimos son las víctimas del cambio climático y por ello no deberían ser los que asuman sus consecuencias. En este contexto, Yu instó a las naciones desarrolladas a cumplir su promesa de ofrecer ayuda financiera y tecnológica a las menos desarrolladas para que hagan frente al cambio climático. En el Acuerdo de Copenhague, los países ricos se comprometen a entregar casi 30.000 millones de dólares en concepto de ayuda desde 2010 hasta 2012 y otros 100.000 millones desde entonces hasta 2020, pero aún no se ha decidido de dónde va a salir el dinero ni cómo se va a usar. El representante especial reiteró que la elaboración e implementación de una política frente al cambio climático en China deberá tener en cuenta que gran parte de su población vive por debajo del umbral de la pobreza. Aun así, aseguró que China se esforzará por alcanzar su objetivo de reducir entre un 40 y un 45 por ciento su intensidad energética (emisión de dióxido de carbono por cada unidad del PIB) en 2020 repecto a los niveles de 2005.

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