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Timestamp: 2019-11-19 20:23:42+00:00

Document:
Sentencia Suspension de Habitabilidad Otorgada Por Ocariz | Mandato | Gobierno
La inhabilitación política del ex Alcalde Carlos Ocariz sería el objetivo final por parte del poder ciudadano, específicamente de la Contraloría General de la República, y el posible inicio de una investigación penal ante el Ministerio Público en su contra, según informó una alta fuente del poder judicial.
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Auto Cordoba 5-3-2004
5. Medidas Cautelares Innovativas
Expediente 18-5012.
JUZGADO SUPERIOR ESTADAL SEXTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE
LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE LA REGIÓN CAPITAL
Caracas, 26 de junio de 2018
EXPEDIENTE: 18-5012.
DEMANDANTE: ZHORA DALLMEIER ROJAS, titular de la cédula de identidad Nro. V-
6.916.478, asistida judicialmente por el abogado José de Jesús Blanca Arcila, inscrito en el
Inpreabogado bajo el Nro. 74.234.
DEMANDADA: ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO
TERCEROS: INMUEBLES DANAE 95, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil I de la
Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Bolivariano de
Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1996, bajo el Nro. 53, Tomo 246-A-Pro; e
“INMOBILARIA DANAE 2012, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil IV de la
Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 13 de
septiembre de 2012, bajo el Nro. 8, Tomo 141-A-Cto.
TERCERO: CARLOS ENRIQUE DALLMEIER GAUNA, titular de la cédula de identidad
Nro. 2.930.625.
MOTIVO: Demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar contra el acto administrativo
contenido en la Resolución N° 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017.
TIPO DE SENTENCIA: Interlocutoria (cuaderno de medidas).
En fecha 13 de marzo de 2018, fue interpuesta la presente demanda de nulidad con
solicitud de medida cautelar ante el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo
de la Región Capital (Distribuidor de turno).
Expediente 18-5012. Página 2 de 14
Previa Distribución de la causa, correspondió el conocimiento del mismo a este Órgano
Jurisdiccional, quedando registrado bajo el Nro. 18-5012 (nomenclatura de este Juzgado), cuya
admisión se proveyó el 15 de marzo de 2018.
El 15 de marzo de 2018, se admitió la demanda de nulidad interpuesta.
En fechas 7 y 16 de mayo de 2018, se dictó decisión a través de las cuales se
admitieron las tercerías. Asimismo, se ordenó abrir el cuaderno de medidas.
Analizado el estudio de las actas que conforman el expediente, pasa este Juzgado a
decidir sobre la medida cautelar solicitada.
DE LOS FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE NULIDAD Y LA MEDIDA
CAUTELAR SOLICITADA
Señalaron que “[su] domicilio en el Conjunto Residencial Sebucán [es] desde hace más
de cuarenta (40) años, ahí [han] visto crecer y desarrollar [su] familia. Durante ese tiempo
jamás [habían visto] que se perturbara [el] derecho a la propiedad o que actividades de
vecinos o colindantes hubiesen afectado derechos y nuestra calidad de vida”. (Agregado del
Afirman que “esta situación la ha cambiado drásticamente las empresas
INMUEBLES DANAE 95, C.A. y posteriormente INMOBILIARIA DANAE 2.012 C.A.,
sociedades mercantiles, esta última la propietaria del terreno que colinda con nuestra
vivienda en la parte posterior, como se desprende de documento de propiedad (…). Desde el
año 2012 se está construyendo en el mencionado terreno una edificación con permiso Nº 0502
otorgado por la Dirección de Ingeniería Municipal del Distrito Sucre del Estado Bolivariano
de Miranda, primero con el nombre de Residencias Avilar y ahora con el nombre de Vista
Ávila, que presenta numerosas irregularidades y violaciones a las Ordenanzas del Municipio
Sucre sobre Construcciones de viviendas y que afectan sensiblemente la calidad de vida”.
Señalan que han “hecho numerosas y permenorizadas denuncias ante la Alcaldía del
Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda sin recibir respuesta alguna a las mismas
ni que se tomaran medidas para corregir lo denunciado, por lo que introdu[cieron] (…) una
demanda por abstención y carencia ante el Tribunal Superior Tercero en lo Civil y
Contencioso Administrativo (…) el cual sentenció a [su] favor ordenando[se] a dicha Alcaldía
responder [las] denuncias”. (Agregados del Tribunal).
Expresan que “[en] cumplimiento voluntario de la decisión la Alcaldía notificó al
Tribunal de que abrió un procedimiento identificado con el Nº 9527 de fecha 28 de junio de
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2016 el cual produjo la Resolución Nº 80198 de fecha 26 de enero de 2017, en contra de la
cual interpu[sieron] primero recurso de reconsideración, y luego ante la ratificación de la
mencionada Resolución en la resolución número 0116 de fecha 26 de marzo de 2017 por
parte de la Alcaldía [un] recurso jerárquico” (Sic). (Agregados del Tribunal).
Que “la Resolución número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017 suscrita por
el Alcalde Encargado del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, contiene la
decisión del recurso jerárquico que se interpusiera en contra del recurso de reconsideración
que se interpusiera en contra de la Resolución número 0019 de fecha 26 de enero de 2017
emanado de la Administración Pública Municipal”. (Sic).
Alegaron que el recurso jerárquico se sostuvo en que la Resolución número 0116 de
fecha 26 de marzo de 2017, se encontraba viciada de nulidad absoluta por encontrarse presente
los siguientes vicios y violaciones “derecho a ser oído, cosa juzgada judicial y administrativa,
exhaustividad, inmotivación y falso supuesto, falso supuesto de hecho, derecho a la defensa y
al debido proceso e ilegalidad”.
Advierten que “en el curso del tiempo se ha producido un conjunto de denuncias tanto
de su parte como de los miembros de la comunidad en contra del inmueble identificado como
VISTA ÁVILA número 413-04-11 (…) sin embargo estás denuncias no han sido resueltas de
forma expresa por la Administración Municipal”.
Señalan que “es evidente que la Administración Municipal, nunca ha oído [sus]
argumentos y se excusas, en principio en la cosa juzgada judicial, para no decidir, sobre
nuestros señalamientos con relación a la trasgresión al ordenamiento jurídico urbano del
Municipio Sucre y después, de manera desacertada, en la potestad de convalidación de los
actos administrativos, consagrada en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Procedimientos
Administrativos (LOPA)”.
Precisan que “(…) el artículo 81 de la LOPA, permite convalidar los actos anulables,
es decir, los actos administrativos viciados de nulidad relativa, más claro que la
convalidación no sería posible cuando estemos en presencia de vicios de nulidad absoluta,
vale decir, cuando los actos administrativos se puedan subsumir en algunos presupuestos de
hecho del artículo 19 de la LOPA”. (Sic).
Expresan que “(…) en el recurso jerárquico que se interpusiera, en su oportunidad, se
le dijo a la Administración del Municipio Sucre, que ese órgano al momento de Generar la
Resolución número 0116 de fecha 16 de marzo de 2017, había incurrido en un error, pues,
había confundido los vicios de inmotivación y el de falso supuesto de hecho y que esa
confusión generaba que se produjera un vicio en el elemento causa del acto administrativo
número 0116 de fecha 16 de marzo de 2017, es decir, que el mencionado acto administrativo
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estaba afectado por un vicio de nulidad absoluta, cual es, el falso supuesto de hecho, y por
ende, no se ajustaba al principio de legalidad, por lo que no estaba en sintonía con el artículo
7 de la LOPA y por tanto era nula de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 19,
numeral 1 de la LOPA”.
Manifiestan que “(…) la Administración en la Resolución número 131-09-17 de fecha
27 de septiembre de 2017, suscrita por el Alcalde Encargado del Municipio Sucre del Estado
Bolivariano de Miranda, considera que tal vicio es convalidable y por ende, en ejercicio de lo
consagrado en los artículos 81 y 21 de la LOPA, procede a convalidar la Resolución número
0116 de fecha 16 de marzo de 2017, aun cuando admite la presencia de un vicio de nulidad
Denuncian que “(…) la Resolución número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de
2017 suscrita por el Alcalde Encargado (…) incurrió en errónea apreciación de la realidad
(…) pues considera que puede convalidar un acto administrativo, cuando el mismo es al
menos ilegal, lo que trae como consecuencia que la Resolución número 131-09-17 de fecha
27 de septiembre de 2017 (…) adolezca del vicio de falso supuesto (…)”.
Que “(…)la Resolución número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrita
por el Alcalde Encargado (…) incurre en una errónea aplicación de una norma jurídica,
pues, aplica los artículo 21 y 81 de la LOPA, cuando son disposiciones que están referidas a
actos administrativos anulables o viciados de nulidad relativa, cuando la Resolución número
01016 de fecha 16 de marzo de 2017, estaba viciada de nulidad absoluta, pues, estaba
afectada por el vicio denominado falso supuesto de hecho”.
Arguye que “(…) la Resolución 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017 (…)
procede aplicar el contenido de los artículos 21 y 81 de la LOPA, con base al ejercicio del
principio de autotutela, de manera directa en su contenido, sin que hubiese iniciado,
sustanciado y decidido un procedimiento administrativo previo en el que la ciudadana
ZHORA NATASHA DALLMEIER ROJAS, (…) fuese notificada del mismo y por ende, ésta
pudiese participar, es decir, aplicó, aunque de manera errada la autotutela, sin procedimiento
administrativo alguno, lo que denota que también se violó el debido proceso a la precitada
ciudadana, pues, se aplicó una institución del derecho administrativo que pretendía modificar
un acto administrativo, sin que se realizará el procedimiento administrativo correspondiente”.
Expresan que la Resolución impugnada “(…) denota, entre otros aspectos
contradicción, en el punto 4 de la Resolución número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de
2017, expresamente admite que en la Resolución número 0116 de fecha 16 de marzo de 2017,
se interpretó y se respondió, de manera desacertada lo solicitado por la accionante, lo cual
sin duda es la confirmación de la existencia del vicio de falso supuesto de hecho, por lo que,
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debió declararse con lugar [su] denuncia con relación a la existencia del referido vicio,
además de dejar esclarecido que la Administración Pública del Municipio Sucre, nunca nos
ha oído y por ende, tampoco ha valorado [sus] argumentos y defensas, por lo tanto es claro
que se incurre en la violación de lo contenido en el numeral 3 del artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
Que lo antes señalado demuestra que “(…) la Resolución número 131-09-17 del fecha
2 de septiembre de 2017 (….) vulneró los derechos a ser oída, a la defensa y al debido
proceso de la [demandante] (…)”.
Alegaron como vicios de fondo la inexistencia de la cosa juzgada judicial, razón por la
cual la Administración no podía excusarse en tal institución para no responder de forma
expresa dicha denuncia, pues incurre de forma indirecta en una denegación de justicia y una
evidente vulneración del derecho a la defensa y al debido proceso.
Denunciaron la violación del principio de exhaustividad, pues se produce una falta de
pronunciamiento expreso con relación a los requerimientos y denuncias, en razón de una cosa
juzgada inexistente, lo cual es una muestra de cómo la Administración del Municipio Sucre,
“(…) no resolvió todos y cada uno de los señalamientos formulados en el curso del
procedimiento (…) en transgresión del artículo 62 de la LOPA (…)”.
Manifiestan que la Resolución número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017
suscrita por el Alcalde Encargado del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda,
incurre en falso supuesto de hecho, toda vez que “(…) lo que se pretendía era que se revisará
el Oficio Nº 001328 de fecha 26 de agosto de 1999, emitido por la Dirección General de la
Alcaldía del Municipio Sucre y en el cual establece la integración de las parcelas en las que
se construye el inmueble. En efecto, el fondo de [la] denuncia sobre que hubo modificación en
el tiempo de los documentos registrados del área del supuesto terreno sin número catastral y
tal y como se evidencia en el mencionado oficio la integración ilegal de parcelas (…)”.
Arguyen que el acto impugnado incurre en falso supuesto de derecho cuando “(…)
considera que los vicios alegados podían ser convalidados, pues a su criterio, eran vicios de
nulidad relativa, por lo que, subsume tal realidad, de manera errada, en los supuestos de
hecho de los artículos 21 y 81 de la LOPA generando un error en su aplicación. Esa
desacertada aplicación del artículo 81 de la LOPA trae como consecuencia que la Resolución
número 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017, (…) adolezca del vicio de falso
supuesto de derecho (…)”.
Señalan que la resolución impugnada vulnera el derecho al debido proceso cuando
“procede en base al principio de autotutela a convalidar un acto administrativo de manera
unilateral, sin procedimiento alguno, en el que los interesados pudieran expresar sus
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argumentos a favor o en contra de la convalidación lo que es contrario a las previsiones del
artículo 49 constitucional en lo concerniente al debido proceso”.
Asimismo, vulneró su derecho a ser oído al principio de exhaustividad, ilegalidad e
inconstitucionalidad al no haberse tomado en cuenta principios básicos del texto
Solicitaron se declare la nulidad absoluta de la Resolución número 131-09-17 de fecha
27 de septiembre de 201, suscrita por el Alcalde Encargado del Municipio Sucre del Estado
Bolivariano de Miranda y se ordene la reposición del procedimiento administrativo que dio
lugar a la Resolución indicada a fin de que resuelva de forma expresa, las denuncias
presentadas en fecha 17 de abril de 2017 relacionadas al inmueble identificado como
“RESIDENCIAS AVILAR” ahora identificado como “VISTALAAVILA” número de catastro
413-04-11, ubicado en la Urbanización Sebucán, Avenida Principal de Sebucán, entre segunda
y tercera transversal. Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del Estado Bolivariano de
Finalmente, piden se ordene a la Alcaldía (…) se abstenga de otorgar el permiso de
habitabilidad o de derogarlo sí se otorgó en razón de las medidas cautelares (…). [Pues]
queda muy claro que la nulidad solicitada de la Resolución abrirá procedimientos que
forzosamente implicaran cambios en la estructura de la obra, que no se podrán hacer si está
habitada”. (Agregado del Tribunal).
DEL ESCRITO PRESENTADO POR LAS SOCIEDADES MERCANTILES
“INMUEBLES DANAE 95, C.A. E INMOBILARIA DANAE 2012, C.A.”
En fecha 21 de mayo de 2018, el apoderado judicial de las sociedades mercantiles
Inmuebles Danae 95, C.A., e Inmobiliaria Danae 2012, C.A., presentó escrito de alegatos, en
el cual señaló lo siguiente:
Alegó que “(…) fue consignado una comunicación suscrita por un pequeño grupo
vecinal y presentada hace ya algunos años ante las autoridades competentes de la Alcaldía
del Municipio Sucre, con la intención de hacer creer que dicho Ente Municipal no ha
atendido las quejas o denuncias por terceros; ocultando el hecho que, en acatamiento de la
garantía constitucional del derecho a petición y su contrapartida en la garantía de adecuada
y oportuna respuesta, las autoridades municipales iniciaron para la fecha de consignarse la
señalada comunicación verbal, un procedimiento administrativo de revisión de los actos
administrativos autorizatorios constituidos por las Constancias de Variables Urbanas
Fundamentales expedidas por la Dirección de Ingeniería y Planificación Urbana de la
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Alcaldía del Municipio Autónomo de Sucre, el cual culminó con una resolución confirmatoria
de la legalidad de todos y cada uno de los actos que sustentan la situación jurídica bajo la
cual se desarrollo la edificación (…)”.
En cuanto a la medida cautelar señaló que es “absolutamente contraria a derecho” por
Destacó que “el objeto de la medida solicitada en cuanto a la orden de abstención de
emisión de la Constancia de Habitabidad dirigida a la Alcaldía (…) es extemporánea,
imposible e ilegal ejecución, dado que ya la edificación fue terminada totalmente conforme a
derecho a los actos administrativos autorizatorios definitivamente firmes, ya fue expedida y
protocolizada registralmente la CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA o
HABITALIDAD que pauta la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística (…)”. (Sic).
(Mayúsculas del escrito).
Agregó que “(…) la edificación multifamiliar se encuentra enajenada a terceros bajo
el régimen de Propiedad Horizontal, casi en su totalidad, habiéndose generado derechos
subjetivos legítimos a favor de los numerosos compradores (…)”.
Precisó que “(…) ningún acto administrativo creador de derechos subjetivos puede ser
revocado de manera sumaria o incidental, sin el debido procedimiento previo y sin la
imputación al acto de que se trate de vicios de nulidad (…)”.
Manifestó que “(…) no existe en la medida cautelar solicitada la relación y
congruencia exigida por la doctrina y la jurisprudencia, entre el objeto de la pretensión
Denunció que “(…) la accionante pretende con su solicitud cautelar la derogatoria o
revocatoria de la Constancia de Habitabilidad, ir más allá que lo que pretende con su
petición jurisdiccional principal, generando incongruencia y falta de relación causal que
hace improcedente una medida cautelar que, no tutela la efectiva ejecución del fallo por no
guardar accesoriedad causal con tal ejecución sino que, de mala fe, esconde una solicitud de
revocatoria sumaria de un acto administrativo que no forma parte de la revisión efectuada y
acogida por la resolución impugnada y que no ha sido cuestionada (…).
Afirmó que “(…) la solicitud cautelar no cumple con ninguno de los presupuestos de
procedencia exigidos por el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
Insistió que no se encuentra demostrado “(…) la apariencia de buen derecho, (…)
pues resulta evidente que todos y cada uno de los argumentos o denuncias esgrimidas por los
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DALLMEIER fueron respondidas de manera individualizada tanto en la Resolución 116 como
por su Resolución confirmatoria la 131-09-17”. (Mayúsculas del escrito).
Concluyó que “(…) no existe una amenaza cierta y verificable, ni una transgresión
dañosa a los intereses públicos y colectivos, sino que por el contrario, la Resolución
impugnada y los actos controvertidos se corresponden plenamente con el cumplimiento a
cabalidad de las normas de la Administración Pública Municipal (…)”.
Finalmente pidió se declare improcedente la medida cautelar solicitada.
Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento, en relación con la solicitud de
medida cautelar formulada por la ciudadana Zhora Dallmeier Rojas, para lo cual observa:
En reiteradas oportunidades la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de
Justicia ha señalado que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los
órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento
expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada
de los intereses y derechos en juego, cuando estos se encuentren apegados a la legalidad.
Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un
conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada
de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva
susceptible de ser protegida, de forma que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene
la razón. (Vid., entre otras, sentencias de la Sala Político-Administrativa Nros. 160 y 35 de
fechas 9 de febrero de 2011 y 25 de enero de 2012, respectivamente).
Asimismo, tanto la Sala como este Tribunal han indicado que el poder cautelar debe
ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual
la providencia cautelar solo se concede cuando haya en autos medios de prueba o hechos que
constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar
ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama.
En este orden de ideas, el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa establece que a petición de las partes, en cualquier estado y grado
del procedimiento, el tribunal podrá acordar las medidas cautelares que estime pertinentes para
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resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio,
ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en
juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la decisión definitiva.
Igualmente, dispone la norma señalada que el tribunal contará con los más amplios
poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a
los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las
situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso, con la posibilidad de que el tribunal
pueda exigir garantías suficientes al solicitante en causas de contenido patrimonial.
Conforme a lo señalado, es necesario examinar en el caso concreto los requisitos de
procedencia de las medidas cautelares a los fines de su otorgamiento, esto es, la presunción
grave del derecho reclamado (fumus boni iuris) y el peligro grave de que resulte ilusoria la
ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora).
En relación con la presunción de buen derecho, su confirmación consiste en un cálculo
preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante,
correspondiéndole al Juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito
de la demanda, a fin de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Por otra parte, cabe señalar que el periculum in mora no se limita a una mera hipótesis
o suposición sino a la presunción grave del temor al daño alegado, en virtud de la violación o
desconocimiento del derecho o derechos reclamados y a la dificultad o imposibilidad de su
En el caso de autos, el apoderado judicial del accionante alega que “Residencias Avilar
y ahora con el nombre de Vista Ávila, presenta numerosas irregularidades y violaciones a las
Ordenanzas del Municipio Sucre sobre Construcciones de viviendas y que afectan
sensiblemente la calidad de vida”. Advierten que “en el curso del tiempo se ha producido un
conjunto de denuncias tanto de su parte como de los miembros de la comunidad en contra del
inmueble identificado como VISTALAÁVILA número 413-04-11 (…) sin embargo estás
denuncias no han sido resueltas de forma expresa por la Administración Municipal”.
argumentos y señalamientos con relación a la trasgresión al ordenamiento jurídico urbano
del Municipio Sucre (…) pues a su decir nunca ha sido resueltas de manera expresa por el
Municipio”. (Agregados del Tribunal).
Precisado lo anterior, este Tribunal con relación a el cumplimiento de los presupuestos
de procedencia exigidos por el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso
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Administrativa debe precisar que una de las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa como más resaltantes está la prevista en su artículo 4,
según el cual el Juez está investido de las más amplias potestades cautelares, a tales efectos
podrá dictar, aun de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación
fáctica correcta.
Igualmente el artículo 104 de la referida Ley, en el cual se estableció que el Tribunal
contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a
los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos para garantizar la tutela judicial efectiva
y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el juicio.
De esta forma, puede observase que el Juez contencioso administrativo, dependiendo
de los intereses públicos en juego, podrá dictar aun de oficio cualquier medida cautelar a favor
de la Administración Pública o de los ciudadanos o ciudadanas, o ambos inclusive.
Ahora bien, en el presente caso, se observa que la parte demandante en su escrito
libelar realizó diversidad de denuncias que se encuentran vinculadas con violaciones
urbanísticas. Asimismo, se desprende que tanto la accionante como el ciudadano Carlos
Dellmeier Gauna -tercero- acompañaron los siguientes recaudos:
 Riela a los folios once (11) al veintinueve (29) del expediente judicial, acto
administrativo contenido en la Resolución Nro. 131-09-17 de fecha 27 de
septiembre de 2017, emanado de la Alcaldía del Municipio Sucre del estado
 Riela al folio setenta (70) del expediente judicial, Solicitud de Integración de
Parcelas Nro. 001328 de fecha 26 de agosto de 1999, ubicada en la avenida
principal entre la segunda y tercera transversal de la Urbanización Sebucán.
 Riela a los folios setenta y uno (71) al setenta y tres (73) del expediente
judicial, Solicitud de Audiencia de fecha 6 de junio de 2013, a través de la cual
se solicitó con carácter de “URGENTE” una audiencia con el Alcalde
CARLOS OCARÍZ, en su carácter de Alcalde del Municipio Sucre del estado
 Riela al folio setenta y cuatro (74) del expediente judicial, Constancia de
Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales Nro. 0026, del 2 de febrero
De los documentos antes señalados, se deprende que la demandante acompañó la
presente acción, de una serie de documentos mediante los cuales, se puede establecer -prima
Expediente 18-5012. Página 11 de 14
facie- la existencia de presuntas irregularidades y violaciones al ordenamiento jurídico que
regula el desarrollo urbanístico del Municipio Sucre del Estado Miranda. Por lo cual,
considera este Tribunal que tales denuncias solo pueden ser verificadas por la autoridad
urbanística municipal, es decir, por la Dirección de Ingeniería y Planeamiento Urbano Local
de la Alcaldía del Municipio Sucre, quien a los fines de verificar la legalidad del acto
administrativo contenido en la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas
Fundamentales Nro. 0026 del 2 de febrero de 2017, tiene la facultad de realizar una inspección
técnica en la obra, a fin de determinar si efectivamente los planos que acompañan el permiso
de habitabilidad se corresponden con obra física culminada, sometida al régimen de propiedad
horizontal. Razón por la cual se declara configurado el primero de los requisitos bajo análisis.
En cuanto a los otros dos requisitos (periculum in mora y periculum in damni), advierte
este Órgano Jurisdiccional que en el caso de autos se está cuestionando la legalidad de la
Resolución 131-09-17 de fecha 27 de septiembre de 2017 dictada por el Alcalde del Municipio
Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, mediante el cual se evidencian una serie de aspectos
de hecho y derecho que pudiesen afectar al interés público, entre ellos –y sin querer prejuzgar
sobre el fondo del asunto- la alteración del porcentaje de construcción y ubicación establecido
en la correspondiente Ordenanza de Zonificación, por lo cual el Municipio se encuentra en
plenas facultades de revisar que las Constancias de Cumplimiento de Variables Urbanas
Fundamentales otorgadas por éste, a los fines de verificar que las mismas cumplan con lo
establecido en la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística y la normativa que regula la
Asimismo, se observa que en la actualidad las sociedades mercantiles Inmuebles Danae
95, C.A. e Inmobiliaria Danae 2012, C.A. se encuentran realizando ventas a terceros, sobre los
inmuebles, presuntamente legalizados bajo el régimen de propiedad horizontal, construidos en
el Edificio “RESIDENCIAS VISTALAVILA”, el cual está situado en la parcela de terreno,
distinguida con la Cédula Catastral Nro. 108.966, y el Nro. de Catastro 413-04-11, ubicada en
la Urbanización Sebucán, Avenida Principal de Sebucán, entre Segunda y Tercera Transversal,
Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del Estado Miranda, por lo cual, ante la
posibilidad de que la Alcaldía del Municipio Sucre, pueda verificar lesiones al ordenamiento
jurídico, y que esto podría generar daños irreversibles a terceros, debe este juzgador proteger
el derecho de propiedad de quienes accedan a una vivienda digna, establecido en la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual quedan suspendidos los
efectos de la Constancia de Cumplimiento de Variables Urbanas Fundamentales, Nro. 0026,
del 2 de febrero de 2017, hasta tanto la Alcaldía del Municipio Sucre, a través de la autoridad
urbanística municipal, verifique que la obra denunciada por la comunidad, se ajusta a los
establecido en la normativa que regula lo concerniente a la integración de parcelas, factibilidad
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de servicios públicos, estudio de impacto vial, estudio de impacto ambiental y que la obra esté
apegada a las normas que establecen las condiciones de desarrollo de la parcela en cuestión.
Así se determina.
Asimismo, se solicita a la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de
Miranda, que consigne el Expediente Administrativo, el cual en opinión de quien suscribe
resulta fundamental para decidir el fondo del asunto, a los fines de proteger los derechos no
solo de las partes, sino de los terceros y la colectividad del sector, quienes pudiesen verse
afectados de manera irreversible, lo que en opinión de quien decide, no deja duda respecto a la
configuración -junto con lo antes expuesto- de los requisitos del periculum in mora y el
periculum in damni. Así se decide.
Finalmente, este Tribunal debe señalar que si bien la parte demandante pidió en su
medida se ordene a la Alcaldía “(…) se abstenga de otorgar el permiso de habitabilidad o de
derogarlo sí se otorgó en razón de las medidas cautelares (…)”, quien suscribe debe aclarar
que dicha constancia ya fue emitida por la autoridad urbanística, lo que permitió la
enajenación de algunos de los apartamentos del “EDIFICIO VISTALAVILA” bajo el régimen
Constatada la concurrencia de los requisitos exigidos en los artículos 585 y 588 del
Código de Procedimiento Civil, este Tribunal declara procedente la solicitud de medida
cautelar innominada formulada por la parte demandante, en consecuencia, se SUSPENDEN
PROVISIONALMENTE los efectos de la Constancia de Habitabilidad o Certificación de
Terminación de Obra Nro. 0026 de fecha 02 de febrero de 2017, emitida por la Dirección de
Ingeniería y Planeamiento Urbano Local de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado
Miranda, en consecuencia, se ORDENA al Registro Público Segundo de Circuito del
Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda ABSTENERSE de protocolizar
cualquier documento de disposición, solicitado por las sociedades mercantiles INMUEBLES
DANAE 95, C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del
Distrito Federal (hoy Distrito Capital) y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 11 de
septiembre de 1996, bajo el Nro. 53, Tomo 246-A-Pro; e “INMOBILARIA DANAE 2012,
C.A.”, inscrita en el Registro Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y
Estado Bolivariano de Miranda, en fecha 13 de septiembre de 2012, bajo el Nro. 8, Tomo 141-
A-Cto.; sobre el Edificio identificado como “RESIDENCIAS VISTALAVILA”, el cual está
situado en la parcela de terreno, distinguida con la Cédula Catastral Nro. 108.966, y el Nro. de
Catastro 413-04-11, ubicada en la Urbanización Sebucán, Avenida Principal de Sebucán, entre
Segunda y Tercera Transversal, Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del Estado
Miranda, hasta tanto la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, se
haga parte en el presente juicio y se verifique la legalidad del acto administrativo contenido en
Expediente 18-5012. Página 13 de 14
la Constancia de Habitabilidad o Certificación de Terminación de Obra Nro. 0026 de fecha 02
de febrero de 2017, emitida por la Dirección de Ingeniería y Planeamiento Urbano Local de la
Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda, esto sin perjuicio del derecho de propiedad
que asiste a los terceros de buena fe, que hayan adquirido sus inmuebles previamente, quienes
pueden disponer sin restricción alguna de su propiedad. Así se declara.
Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Estadal Sexto
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital,
administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de
la Ley declara:
1.- PROCEDENTE la medida cautelar solicitada por la ciudadana ZHORA
DALLMEIER ROJAS, en consecuencia, se SUSPENDEN PROVISIONALMENTE los
efectos de la Constancia de Habitabilidad o Certificación de Terminación de obra Nro. 0026 de
fecha 02 de febrero de 2017 emitida por la Dirección de Ingeniería y Planeamiento Urbano
Local de la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivcariano de MIranda, en
2.- Se ORDENA al Registro Público Segundo de Circuito del Municipio Sucre del
Estado Bolivariano de Miranda ABSTENERSE de protocolizar cualquier documento de
disposición, solicitado por las sociedades mercantiles INMUEBLES DANAE 95, C.A.”,
inscrita en el Registro Mercantil I de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal (hoy
Distrito Capital) y estado Bolivariano de Miranda, en fecha 11 de septiembre de 1996, bajo el
Nro. 53, Tomo 246-A-Pro; e “INMOBILARIA DANAE 2012, C.A.”, inscrita en el Registro
Mercantil IV de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Bolivariano de
Miranda, en fecha 13 de septiembre de 2012, bajo el Nro. 8, Tomo 141-A-Cto.; sobre el
Edificio identificado como “RESIDENCIAS VISTALAVILA”, el cual está situado en la
parcela de terreno, distinguida con la Cédula Catastral Nro. 108.966, y el Nro. de Catastro
413-04-11, ubicada en la Urbanización Sebucán, Avenida Principal de Sebucán, entre Segunda
y Tercera Transversal, Parroquia Leoncio Martínez, Municipio Sucre del Estado Miranda,
hasta tanto la Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Bolivariano de Miranda, se haga parte
en el presente juicio y se verifique la legalidad del acto administrativo contenido en la
Constancia de Habitabilidad o Certificación de Terminación de Obra Nro. 0026 de fecha 02 de
febrero de 2017, emitida por la Dirección de Ingeniería y Planeamiento Urbano Local de la
Alcaldía del Municipio Sucre del Estado Miranda; esto sin perjuicio del derecho de propiedad
Expediente 18-5012. Página 14 de 14
pueden disponer sin restricción alguna de su propiedad.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE AL ALCALDE Y AL SÍNDICO
PROCURADOR MUNICIPAL DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA,
ASÍ COMO AL REGISTRO PÚBLICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DEL MUNICIPIO
SUCRE DEL ESTADO MIRANDA Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA
PRESENTE DECISIÓN EN EL CONTROL DE SENTENCIAS LLEVADO POR ESTE
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal Sexto
Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en Caracas a
los veintiséis (26) días del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). Años 208° de la
MARIA VERONICA ORELLANA
En esta misma fecha siendo las nueve antes-meridiem (09:00 a.m.), se publicó y
registró la anterior decisión.
EXP 18-5012/IEVP-
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 artículo 81
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