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Timestamp: 2019-10-23 10:54:02+00:00

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¿Cabe recurso de apelación contra el auto de medidas provisionales previas cuando este resuelve un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad? - El Derecho
¿Cabe recurso de apelación contra el auto de medidas provisionales previas cuando este resuelve un desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad?
Foro 19-08-2019 Coordinador: José María Prieto Fernández-Layos
Establece el art. 771.1 LEC (EDL 2000/77463), en su primer párrafo, que “el cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio”.
A su vez, el art. 103 CC (EDL 1889/1) recoge que, “admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes: 1.ª Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código…”.
Por último, el art. 771.4 LEC dispone que en el expediente de medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio, “…el tribunal resolverá, en el plazo de tres días, mediante auto, contra el que no se dará recurso alguno”.
Pues bien, algunos Juzgados están introduciendo en la práctica del foro la posibilidad de recurrir en apelación el auto de medidas provisionales previas cuando en el mismo se resuelva, entre los restantes efectos, algún desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, al considerar que en esos casos, por mor de lo establecido en el art. 156 CC y por analogía con lo dispuesto para los expedientes de jurisdicción voluntaria (art. 20 en relación con el art. 85 y ss de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria -LJV-; EDL 2015/109914), es factible la segunda instancia.
A criterio de nuestro Consejo de Redacción, ¿resulta acertada esta interpretación?
Este foro ha sido publicado en la "Revista Derecho de Familia", el 1 de julio de 2019.
Hay un antes...
Hay un antes y un después tras la publicación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, con entrada en vigor el 23 de julio siguiente, por cuanto que con anterioridad a la misma contra el auto resolutorio de una cuestión afectante a la patria potestad del art. 156 CC -EDL 1889/1-, no cabía interponer recurso alguno, ni reposición, ni apelación, en tanto que posteriormente se prevé en la nueva normativa legal que la resolución que pone fin al procedimiento de jurisdicción voluntaria de intervención judicial en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, cabe interponer recurso de apelación, momento en el que puede plantearse el problema por el que se pregunta, en concreto, la utilización -indebida del cauce de las medidas previas provisionales para peticionar, con el conjunto de otras medidas, la afectante a la patria potestad, ante las discrepancias mantenidas por los progenitores.
En mi opinión, la cuestión debe ser tratada en origen, debiéndose diferenciar la cuestión según el procedimiento esté en primera instancia conociendo del mismo el Juez de Primera Instancia o de Familia, o ya en alzada ante la Sección de la Audiencia Provincial correspondiente que por turno corresponda conocer del asunto, ya que en el primero de los casos, teniendo en consideración que las normas procesales son de orden público, razón por la que constituyen una garantía para los litigantes, siendo a causa de esta cualidad preceptivas, salvo para los casos excepcionales en los que por las propias palabras de la ley o del sentido o finalidad de la norma se colija que las partes o el juez quedan autorizados para alterar convencionalmente un acto procesal concreto, ha de ser el propio órgano de primer grado el que lleve a cabo la inadmisión a trámite de la medida pretendida ex art. 156 CC por los mecanismos de las medidas previas provisionales, habida cuenta que éstas, por imperativo legal, no son susceptibles de ser recurridas en apelación -art. 771.4 LEC EDL 2000/77463-, en tanto que las otras medidas referidas al ejercicio de la patria potestad, como se ha dicho, sí son susceptibles de recurso de apelación ante el tribunal colegiado superior, debiéndose pues dictar resolución con la que dando trámite a las medidas previas provisionales, se acuerde la inadmisión de la pretendida del ejercicio de la patria potestad, no cabiendo interpretaciones contra legem, ni aplicación analógica, sin perjuicio de que la parte interesada pueda hacer uso de su derecho a trasvés de las normativa procesal prevenida a tales fines.
No obstante, si el tribunal unipersonal de primer grado, da trámite al conjunto de las medidas peticionadas y acuerda resolver mediante auto las medidas previas provisionales y, a su vez, las concernientes al ejercicio de la patria potestad, dando trámite al escrito de interposición del recurso de apelación que contra dicha resolución interponga una o ambas partes litigantes, o el Ministerio Fiscal, a lo más sería pertinente su admisión en lo relativo a la medida susceptible de apelación, es decir, a la relativa a la patria potestad, pero no a las otras que se presentan como firmes durante, al menos, el plazo legalmente previsto, causando estado, por tanto, dicha resolución, en tanto que por la apelada, teniendo siempre en cuenta la consideración anterior como prioritaria, por razones de economía procesal, sería factible entender la procedencia en el trámite de segunda instancia y, por ende, el que la Audiencia Provincial se pronunciara acerca de lo interesado mediante el dictado de la oportuna resolución -auto-.
Ésta parece ser la línea argumental que han venido defendiendo algunos Juzgados y Tribunales, como, por ejemplo, la AP Barcelona, Secc. 12ª, en sentencia 320/2014, de 14 de mayo -EDJ 2014/96524-, al considerar inviable acudir a un cauce procesal diferente al de la jurisdicción voluntaria si la petición se sustentaba en el art. 156 CC, señalando, por consiguiente, causa de inadmisibilidad del recurso, debiendo estarse a la normativa procesal contenida en el art. 86 LJV y el consiguiente régimen de recursos del art. 20.2, conforme al cual “las resoluciones definitivas dictadas por el Juez en los expedientes de jurisdicción voluntaria podrán ser recurridas en apelación por cualquier interesado que se considere perjudicado por ella, conforme a lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, -… el recurso de apelación que no tendrá efectos suspensivos...”.
Considero que esta interpretación no es acertada. El art. 771 LEC -EDL 2000/77463 en su apartado 4º expresamente dispone que contra el auto en el que se acuerden las medidas previas no se dará recurso alguno, del mismo modo que lo dispone el art. 773 para el auto de medidas provisionales.
Las medidas previas a la demanda de nulidad, divorcio o separación, también conocidas como medidas provisionalísimas, son aquellas que se solicitan ante el Juzgado con anterioridad a la interposición de la demanda de nulidad, separación o divorcio, y para que rijan mientras se tramita el procedimiento principal. En este auto se pueden adoptar las medidas recogidas en los arts. 102 y 103 CC -EDL 1889/1-, y en lo que nos afecta en este foro, pueden adoptarse medidas que contemplen el modo de ejercer los progenitores la patria potestad sobre los hijos. Y contra la resolución que acuerda estas medidas la LEC no prevé recurso alguno. Además, su vigencia está muy limitada ya que solo subsisten si dentro de los treinta días siguientes a su adopción se presenta la demanda de nulidad, separación o divorcio.
Por otro lado el art. 156 CC prevé que en caso de desacuerdo de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad estos podrán acudir al Juez, quien después de oírles, así como al hijo en los supuestos que recoge el precepto, atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. Este expediente seguirá el trámite previsto en el art. 85 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, y frente a la resolución que se dicte podrá interponerse recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en el art. 20 de la misma ley.
Es cierto que en el auto de medidas previas pueden adoptarse medidas que regulen el modo en que los progenitores ejercerán la patria potestad en caso de desacuerdo entre ellos, pero ello no puede modificar el sistema de recursos previsto en la ley, no siendo aplicable el art. 20 LJV, no cabiendo recurso alguno frente a dicho auto. Primero porque la voluntad del legislador ha sido esa, y ante la previsión legal el Juzgador no puede improvisar un sistema de recursos. No debemos olvidar lo que dispone el art. 4 CC, conforme al cual “Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón”. Por ello no se puede aplicar analógicamente un precepto, en este caso el art. 20 LJV, cuando las medidas provisionales previas tienen una regulación específica, en la que expresamente se dispone que frente al auto en el que se acuerdan no cabe recurso alguno.
Y también debe tenerse en cuenta que el auto de medidas previas tiene una vigencia muy limitada, pues debe interponerse la demanda de nulidad, separación o divorcio dentro de los treinta días siguientes al dictado del auto. El litigante que no estuviera conforme con las medidas acordadas puede dejar transcurrir este plazo para que decaiga el auto de medidas previas. Y aun en el caso de que se formulara la demanda del procedimiento principal en los treinta días señalados y, por lo tanto, siguiera la vigencia del auto de medidas previas, puede intentarse la modificación, porque las circunstancias que propiciaron esas medidas provisionalísimas hubieren cambiado, o el complemento del auto de medidas previas ante el Juzgado competente para conocer el procedimiento principal.
Es cierto que el juez podrá denegarlo, e incluso no está obligado a celebrar la comparecencia puesto que el art. 772.2 LEC dispone que sólo convocará a las partes a esta comparecencia cuando considere que procede completar o modificar las medidas previamente adoptadas, pero este es el trámite que ha previsto la ley procesal y los jueces no deben legislar sino aplicar la ley. Por ello, si la ley no ha previsto recurso alguno frente al auto de medidas previas no puede ser admitido.
El supuesto de las medidas previas no es el mismo que el del auto que se dicta para el caso de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad. En este expediente se ha previsto el recurso de apelación como sistema de revisión de la resolución de instancia que en caso contrario devendría firme e inatacable, como así ocurría antes de la modificación del art. 156 CC por la LJV. En el caso del auto de medidas previas, esta no deja de ser una resolución temporal que puede quedar sin efecto si no se interpone la demanda de nulidad, separación o divorcio en el plazo de treinta días de vigencia que le otorga el art. 771 LEC, o que puede ser revisado, para completarlo o modificarlo, por el Juez que conoce del procedimiento principal. Y en todo caso las medidas que contiene quedarán sin efecto cuando sean sustituidas por las medidas que se adopten definitivamente en la sentencia o se ponga fin al procedimiento de otro modo -art. 773.5 LEC-. Por ello, su vigencia es muy limitada.
De admitirse el recurso de apelación frente al auto de medidas provisionales se estaría dictando la sentencia en el procedimiento principal, y por lo tanto quedarían sin efecto las medidas acordadas en el auto de medidas previas, probablemente antes de que se resolviera el recurso de apelación. Y en el caso de que se resolviera el recurso de apelación antes de dictarse la sentencia del procedimiento principal la resolución de la Audiencia Provincial resolviendo el recurso de apelación frente a las medidas previas supondría una interferencia en la resolución del procedimiento de separación o divorcio, puesto que el juzgador de instancia se vería mediatizado por aquella resolución.
Distintas resoluciones de las Audiencias Provinciales mantienen el carácter irrecurrible del auto de medidas provisionales previas. Así, entre otras, el auto de la Secc. 27ª de AP Madrid de 19 de noviembre de 2017 -EDJ 2017/521729 señala:
“En cuanto a las medidas adoptadas en el ámbito civil las pretensiones de su modificación articuladas por el hoy recurrente no han de tener tampoco acogida. Ello porque las medidas civiles adoptadas en una orden de protección no pueden ser modificadas en ningún sentido en esta alzada, por cuanto las mismas no pueden ser objeto de recurso de apelación.
Y ello en primer lugar, por la naturaleza temporal y perentoria de su duración, ya que, como se señala en el segundo párrafo del apartado 7 del art. 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su actual redacción por la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito «Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o personas con la capacidad judicialmente modificada, determinando su régimen de cumplimiento y, si procediera, las medidas complementarias a ellas que fueran precisas, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un órgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el art. 158 CC. -…-
La limitación temporal se fundamenta en la especial función de la orden de protección -… Transcurridos, por tanto, aquéllos momentos, no sólo decae la función de dichas medidas, puesto que ha tenido, ya, la víctima tiempo y ocasión sobrados para interponer el oportuno procedimiento matrimonial ante la jurisdicción civil, solicitando, en su caso, las medidas provisionales que tuvieren que regir sus relaciones familiares durante su sustanciación, sino que nos encontramos con que los breves plazos referidos en el precepto citado han transcurrido, en el momento de la resolución del recurso, sobradamente, como sucede en el presente caso.
Además, no es sólo éste el motivo de la imposibilidad de recurrir las medidas civiles adoptadas en una orden de protección, sino que, dada su naturaleza civil, y pese a la circunstancia de que se efectúen, por las razones indicadas, en el seno de un procedimiento penal, no pueden sustraerse del régimen de recursos que se establecen para dicho tipo de medidas, cuando las mismas son adoptadas en el curso de un procedimiento de nulidad, separación o divorcio, como previas a su tramitación, -medidas provisionales ya que, conforme a lo que dispone el art. 771.4 LEC, no son susceptibles de recurso alguno”.
En conclusión, considero que el sistema de recursos recogido en el art. 20 LJV no es aplicable a las medidas previas por ser distinta su naturaleza y por disponer expresamente la LEC la no recurribilidad de las mismas, teniendo previsto un sistema de complemento o modificación, así como un carácter temporal, limitado, hasta el dictado de las medidas definitivas en el procedimiento principal.
En pura ortodox...
En pura ortodoxia procesal no cabe plantear recurso de apelación contra el auto de medidas provisionales previas, aunque en esta resolución se resuelva el desacuerdo de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad.
No se comprende en la LEC -EDL 2000/77463 ni tampoco en el CC -EDL 1889/1 ninguna excepcionalidad al respecto de la posibilidad de recurrir en apelación dicha resolución contra ninguna de las medidas que se adopten en el auto de medidas provisionales previas, de manera que se pudiera entender que la concreta medida sobre el ejercicio de la patria potestad pueda ser susceptible de interposición del recurso de apelación, no siendo posible acudir a la analogía, en razón de lo señalado en el art. 156 CC, con lo dispuesto para los expedientes de jurisdicción voluntaria, por cuanto que el auto de medidas provisionales previas tiene eficacia temporal, 30 días desde el dictado de la resolución, y aun en el supuesto de que las medidas provisionales previas se conviertan en medidas provisionales coetáneas, una vez tramitada dicha pieza, iniciado el proceso principal, tampoco el auto de medidas provisionales coetáneas es susceptible de apelación.
Téngase en cuenta que el procedimiento de medidas provisionales previas tiene un carácter sumario por el que se propicia la adopción de medidas de orden personal, en relación a la custodia de los menores, régimen de visitas, etc., de un modo urgente, eficaz y rápido en el tiempo, para preservar el principio de seguridad jurídica y velando siempre por el interés de los menores, pero no se puede obviar que la decisión sobre el desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad con lleva en muchas ocasiones la práctica de diligencias que van más allá de la propia audiencia de los progenitores, siendo necesario observar el principio de contradicción civil que implica la opción de las partes de proponer, y en su caso practicar, prueba documental, pericial, etc. que excede del ámbito formal y procesal de dicho procedimiento.
Cabría la posibilidad, de cuyo rigor procesal se duda, de excluir del auto de medidas provisionales previas decisión al respecto del ejercicio de la patria potestad, iniciándose de oficio, y antes del dictado del auto de medidas provisionales previas, expediente de jurisdicción voluntaria y en orden a resolver única y exclusivamente sobre el desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad -lo que en la práctica, al menos en lo que se refiere al conocimiento que esta Sección tiene, ha tenido lugar en algunas ocasiones, habiéndose tramitado el expediente de jurisdicción voluntaria, resolviéndose en dicho expediente sobre tan concreta cuestión, y posibilitándose, ya así, el recurso de apelación contra el auto dictado en dicho expediente y decidiendo sobre la cuestión suscitada relativa al ejercicio de la patria potestad-.
Esta alternativa procesal conlleva el riesgo de prejuzgar una cuestión ya sometida a debate en el procedimiento principal, en el que podría recaer resolución contraria, sentencia, a la dictada en el expediente de jurisdicción voluntaria.
Por tanto, contra el auto de medidas provisionales previas no cabe interponer recurso de apelación, aunque la decisión judicial contenida dicha resolución resuelva la problemática relativa al ejercicio de la patria potestad.
Dicho lo anterior, la conclusión es que, si tampoco con carácter previo el juzgado, de oficio, no inició el expediente de jurisdicción voluntaria antes del dictado de dichas resoluciones para dar respuesta en los términos del art. 156, será necesario demorar el recurso de apelación al momento en el que se ponga fin al proceso principal en el que recaiga la sentencia que resuelva de manera definitiva sobre la medida relativa al desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad, siendo susceptible de apelación la concreta medida sobre tal decisión judicial contenida en el fallo de la sentencia.
En opini...
En opinión de quien suscribe, es claramente contrario a derecho sostener que, por aplicación analógica de lo establecido en el art. 156, párr. 3º CC -EDL 1889/1 en relación con el art. 20.2 y 85 y ss. de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, el auto resolutorio del procedimiento de medidas provisionales previas es susceptible de apelación en los supuestos en que dicho auto decide alguna discrepancia o desacuerdo de los progenitores en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos menores comunes.
Las razones que sustentan mi opinión son las siguientes:
1ª El auto de medidas provisionales previas, al igual que el de medidas provisionales coetáneas, no es susceptible de recurso alguno porque en él se acuerdan medidas de carácter provisional y transitorio cuya vigencia temporal se extiende tan solo hasta que se dicta sentencia en el procedimiento principal o se pone fin al mismo de otro modo, conforme disponen el artículo 106 del Código civil en concordancia con los arts. 771.5 y 773.5 LEC -EDL 2000/77463-. El sistema legal previsto por el legislador para la fiscalización de las medidas provisionales previas o coetáneas no es por tanto el del recurso ante el Tribunal Superior sino el de la propia revisión por el juzgado que las dictó, el cual, al dictar sentencia adoptando las medidas definitivas, puede ratificar, modificar o revocar las anteriores medidas provisionales, que, en todo caso, resultan sustituidas por las medidas definitivas.
2ª Admitir un recurso de apelación en un solo efecto contra el auto de medidas provisionales, sean previas o coetáneas, distorsiona por completo el sistema previsto legalmente y produce disfunciones de muy difícil solución técnica, y eventuales resultados difícilmente compatibles con el principio de legalidad procesal contemplado en el art. 1 LEC.
Para comenzar, la LEC no contempla en precepto alguno que una resolución susceptible de apelación lo sea tan solo parcialmente, es decir, que unos pronunciamientos de la misma sean recurribles y los otros no, como se propone por quienes admiten esta grave irregularidad procesal.
Para continuar, en los casos en que en el auto de medidas provisionales previas o coetáneas se resuelve alguna controversia o desacuerdo entre los cónyuges en el ejercicio de la patria potestad lo es porque la referida cuestión guarda una conexidad absoluta con alguna de las medidas provisionales que se deben adoptar en relación con el ejercicio de la patria potestad, la custodia o el régimen de visitas de los hijos menores de modo que una y otra cuestión están inescindiblemente unidas, siendo necesario decidir una para resolver la otra. Veamos el siguiente caso: en un procedimiento de medidas provisionales previas, padre y madre se disputan la custodia exclusiva del menor. El padre vive y trabaja en Madrid, mientras la madre, que trabaja en Madrid y ha iniciado otra relación sentimental, quiere trasladarse con el hijo común a León, lugar de residencia de su nueva pareja, para fijar su domicilio y el del menor en esta última ciudad. Naturalmente, la madre, que ha manifestado su voluntad irrevocable de trasladar su domicilio León pide que se le conceda la custodia exclusiva y se le autorice a trasladar el domicilio del menor a León, mientras el padre solicita la custodia para sí y que se deniegue la autorización instada por la madre. Parece evidente que la resolución de la disputa sobre la custodia es inseparable de la decisión a adoptar para decidir el desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad sobre el traslado de domicilio del menor. Y, por tanto, de atribuirse la custodia del menor a la madre, con la subsiguiente autorización de traslado del domicilio del menor a León, y admitirse en este caso el recurso de apelación en un efecto tan solo contra la decisión de autorizar el traslado del domicilio del menor a la ciudad de León y no contra la de atribución de custodia a la madre, se estaría provocando una palmaria división de la continencia de la causa, pues de considerar el Tribunal de apelación que no debe autorizarse el traslado dictaría una resolución contraria a la del juez de 1ª instancia, que éste no estaría obligado legalmente a respetar puesto que, de dictar sentencia en la instancia manteniendo como definitivas las medidas provisionales, las únicas que tendrían vigencia, ex arts. 106 CC y 773.5 LEC, serían las medidas definitivas adoptadas en la sentencia -sin perjuicio, claro está del resultado del recurso de apelación que se interponga contra ellas-.
3ª Como se desprende de lo razonado en el argumento anterior, la resolución de las controversias sobre custodia, patria potestad y régimen de relaciones, comunicaciones y estancias de los menores exige en muchas ocasiones resolver conjuntamente con aquellas desacuerdos entre los progenitores sobre actos de ejercicio de patria potestad o adopción de medidas de protección que guardan estrecha o íntima relación con los primeros y que, a veces, es imposible resolver de forma independiente o separada porque constituyen un mismo objeto procesal, dadas las conexiones e interdependencias existentes entre muchas de las cuestiones que se dilucidan en los procesos contenciosos de familia y en los expedientes de jurisdicción voluntaria de los arts. 86 y 87 LJV. Y, en estos casos, como la propia LJV dispone, dada la prevalencia del proceso jurisdiccional sobre el procedimiento de jurisdicción voluntaria, cuando el objeto de ambos sea coincidente, deberá darse por terminado el segundo incorporando las actuaciones al primero -art. 6.2 LJV-, que deberá ser resuelto conforme a la normativa propia del proceso jurisdiccional y con los recursos previstos legalmente contra la sentencia o auto definitivo que se dicte en el mismo. En el ejemplo antes propuesto, de haberse iniciado por la madre un expediente de jurisdicción voluntaria frente al padre solicitando autorización para trasladar el domicilio del menor a León, y no existir resolución judicial alguna sobre custodia del menor, y haber presentado el padre una demanda de medidas provisionales previas de guarda y custodia, al no poderse seguir simultáneamente el proceso jurisdiccional y el expediente de jurisdicción voluntaria, este último se habría dado por terminado uniendo las actuaciones en él seguidas al procedimiento de medidas provisionales previas, terminado éste por auto irrecurrible.
4ª Por último, no cabe aplicar por analogía una norma procesal referida al recurso previsto legalmente para la resolución final recaída en un procedimiento de jurisdicción voluntaria a un proceso jurisdiccional en que la ley prevé de forma expresa que contra el auto definitivo resolutorio del mismo no cabe recurso alguno, porque la aplicación analógica de una norma solo procede cuando la existente no contemple el supuesto específico que debe resolverse -art. 4.1 CC-. No cabe la analogía contra legem. Aparte de que, en todo caso, las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil son supletorias de las normas de la LJV, pero no a la inversa.
En conclusión, la practica forense, afortunadamente muy minoritaria, a que se refiere al pregunta de nuestro Director supone una infracción flagrante del principio de legalidad procesal.
La respuesta ha de ser negativa, atendiendo al art. 771.4 LEC -EDL 2000/77463-.
Tan lacónica respuesta permite no obstante hacer unas breves consideraciones. Con la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, en el ámbito del derecho procesal de familia, se revitaliza un expediente que en las etapas finales de la LEC de 1881 -EDL 1881/1 y comienzos de la vigente LEC de 2000 se encontraba en numerosas ocasiones escondido en la práctica, en sede de las medidas provisionales y en la ejecución de las mismas, para tomar ahora una identidad propia. Su relevancia procesal se manifiesta desde el momento en que la LJV contempla la celebración de una comparecencia ante el Juez, que oirá al solicitante y a los demás interesados, sin perjuicio de la práctica de las demás diligencias de prueba que estime pertinentes, con audiencia del Ministerio Fiscal y con previsión de un recurso de apelación.
Si se compara el expediente de jurisdicción voluntaria con el procedimiento de medidas provisionales, se observa que estamos ante dos procedimientos de similar entidad, en los que la expresión jurisdicción voluntaria resulta un tanto equivoca frente al carácter contencioso del otro, cuando la cuestión a resolver está basada en la misma relación jurídica litigiosa, la patria potestad.
Desde el punto de vista sustantivo, el ámbito de unas medidas provisionales a los efectos del art. 103.1 CC -“Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía” y el ámbito de un expediente de jurisdicción voluntaria a los efectos del art. 156 CC, desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad, no forman compartimentos excluyentes.
Desde el ámbito procesal estamos ante dos procedimientos distintos y no acumulables, donde la propia LJV contempla los problemas de simultaneidad entre un proceso jurisdiccional y un expediente de JV sobre idéntico objeto, dando prevalencia del proceso jurisdiccional sobre el expediente de jurisdicción voluntaria prejudicialidad con suspensión del expediente cuando se tramite un proceso jurisdiccional contencioso cuya resolución pueda afectarle e ineficacia de cosa juzgada materia de lo resuelto en un expediente de JV frente a un proceso jurisdiccional posterior.
Es evidente que pueden coincidir en el tiempo una solicitud de medidas provisionales y un expediente jurisdicción voluntaria, incluso que en el desarrollo de aquellas se puede poner de manifiesto una petición de concreta de discrepancia en el ejercicio de la patria potestad a la que deba darse respuesta, pero en sede de medidas provisionales, donde se inserta la cuestión planteada, no cabe distorsionar el procedimiento hasta el punto de acceder de hecho a una acumulación indebida o generar de oficio un expediente de jurisdicción voluntaria para ser resuelto en una única resolución y admitir un recurso de apelación, cuando la propia previsión legal, por motivos que no son de exponer, expresamente lo niega.
Nada impide que por razones de oportunidad o economía procesal, las comparecencias que contemplan los dos procedimientos puedan ser celebradas en una sola vista en unidad de acto, pues en definitiva los hechos, y la prueba que se practique pueden servir de base tanto a la respuesta que exige el art. 103 como el art. 156 CC, pero necesariamente estas, por propia previsión legal exigen dos resoluciones, en la que cada ha de seguir su curso procesal propio.
El juego de los preceptos citados no permite a limine litis el recurso de apelación. Piénsese que las vías impugnativas solo proceden “en los casos previstos en la ley”, pero con mucha mayor razón no procederá la interposición de los recursos cuando la norma expresamente lo prohíbe, tal y como ocurre en el presente caso.
Resulta así que la regulación de la materia objeto de debate nos sitúa en el art. 771.1 LEC -EDL 2000/77463 en cuanto a la admisibilidad de la adopción de unas medidas provisionales previas. Y ello, dada la urgencia en la resolución de las mismas sin tener que esperar al dictado de la sentencia en las materias propias que citan los arts. 102 y 103 CC -EDL 1889/1-, precepto, este último, donde se ubica la decisión judicial relativa a con quien deben quedarse los hijos sujetos a la patria potestad, a fin de adoptar medidas previas que luego podrán confirmarse y ratificarse en la sentencia, o modificarse a tenor de la prueba que se practique en el proceso civil.
No obstante, hay que tener en cuenta que el precepto limitado y que pone cortapisas a la vía de la apelación es el art. 771.4 LEC, a tenor del cual no cabe recurso alguno contra el auto que resuelva las medidas provisionales previas que se han interesado. Y rll9, quizás, porque la propia urgencia y carácter provisional de su adopción les hace estar vigentes hasta el dictado de la sentencia, sin dar pie a que se pueda articular una vía impugnativa ante la Audiencia Provincial de medidas provisionales que por su propio carácter cautelar quedarían en vigor hasta el dictado de la sentencia, sin abrir un debate impugnativo acerca de la corrección de unas medidas que quedarán definitivas en la sentencia que será susceptible de ser recurrida.
Por ello, abrir una vía impugnativa por analogía con los expedientes de jurisdicción voluntaria no puede tener cabida procesal, por cuanto la norma procesal expresamente prohíbe el cauce impugnativo, sea relativo a la patria potestad, o a cualquier otro concepto incluido en los cauces de los arts. 102 y 103 CC. Y ello porque no prevé vía alguna la norma procesal para abrir este cauce, no pudiéndose acudir a la analogía para articular la admisibilidad de un recurso de apelación en una materia para la que la ley, por su carácter provisional, ha optado por darle firmeza hasta su resolución por sentencia y sin cauces de modificación en vía de impugnación.
La primera cuestión que debemos analizar es si procesalmente es correcto incluir dentro del Auto de Medidas Provisionales un pronunciamiento sobre una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad. Y la respuesta, desde nuestro punto de vista debe ser siempre negativa, dado que no existe ningún precepto dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permita acumular al procedimiento verbal, ni por tanto a las medidas provisionales, una petición dirigida a resolver una discrepancia en el ejercicio de la patria potestad.
El art. 86 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria -LJV -EDL 2015/109914-, es meridianamente claro al indicar -Se aplicarán las disposiciones de esta sección cuando el Juez deba intervenir en los casos de desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad ejercitada conjuntamente por los progenitores-.
La Sentencia de AP Córdoba, Secc. 1.ª, de 11 de diciembre de 2017 -EDJ 2017/322773-, refleja con claridad la tesis que sostenemos:
-Por lo que se refiere al aspecto de la comunión y del respeto a la libertad religiosa de la menor, en cuanto en definitiva a la decisión de dirección de patria potestad sobre la misma, que tal cuestión comporta, se valora por esta Sala de conformidad con la Juzgadora de Instancia y Ministerio Fiscal, en cuanto que es materia no solo ajena del presente proceso que conforme quedó admitido desde su inicio, se trata de procedimiento de modificación de medidas, -lo que supone unas medidas definitivas previas que hubiere que modificar, lo que no cabe apreciar en el aspecto indicado de autos, que lo que se pretende es la valoración y decisión ex novo sobre un aspecto de la patria potestad y derechos del menor, sobre el que se evidencia el frontal desacuerdo de partes-, sino igualmente, por ello, materia de diversa naturaleza y sujeta a unos trámites de solución judicial diverso al presente entente, y en concreto los propios de la jurisdicción voluntaria conforme a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria -arts. 86 y ss-. Previniéndose en la propia ley que Los expedientes de jurisdicción voluntaria no serán acumulables a ningún proceso jurisdiccional contencioso -art. 15.3 LJV-. Y así también en la Ley de Enjuiciamiento civil que descarta la acumulación cuando -las acciones acumuladas no deban, por razón de su materia, ventilarse en juicios de diferente tipo -art. 73.1.2º LEC-. Así, no ha de confundirse la flexibilidad legalmente prevista en el ámbito de los procesos de familia a efectos singularmente de prueba -art 752 LEC-, en coherencia a la influencia del principio inquisitivo en este marco procedimental, con el rigor propio de las normas imperativas y de derecho público que disciplinan la jurisdicción y los trámites procesales. Por lo que no cabe considerar ni siquiera de modo flexible ni a efectos de economía procesal, tal quebranto de principios y normas de tal naturaleza-.
Pero claro, como todo es posible en Derecho de Familia nos podemos encontrar con Autos de Medidas que incluyan pronunciamientos resolviendo discrepancias en el ejercicio de la patria potestad. Y aquí nos adentramos en la respuesta a la pregunta realizada en el Foro.
Si el art. 20 LJV permite la interposición del recurso de apelación contra la decisión del Juez de atribuir a uno o a otro progenitor la facultad de decidir, desde nuestro punto de vista, el principio de tutela judicial efectiva, aconseja la admisión del recurso de apelación, si bien limitado exclusivamente a lo que constituye este pronunciamiento.
El problema es que luego la Audiencia Provincial, de oficio, acuerde declarar la nulidad de lo actuado al haberse producido una acumulación indebida de acciones. En estos casos, como el recurso de apelación contra el Auto no suspende la ejecución de lo acordado, el progenitor al que se le atribuyó la facultad de decidir habrá tomado la decisión y ya carecerá de sentido iniciar un nuevo expediente.
Los supuestos afectantes al desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad se incardinarían en el apartado primero del art. 103 CC -EDL 1889/1 en su interpretación amplia:
“1.ª Determinar, en interés de los hijos, con cuál de los cónyuges han de quedar los sujetos a la patria potestad de ambos y tomar las disposiciones apropiadas de acuerdo con lo establecido en este Código y, en particular, la forma en que el cónyuge que no ejerza la guarda y custodia de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicar con ellos y tenerlos en su compañía”.
El cauce procesal escogido, medidas provisionales previas, y no el contenido de la resolución entiendo que es el que determina como regla general el sistema legal de recursos.&nbspY la ley es clara cuando indica que no cabe recurso -art. 771. 4º LEC EDL 2000/77463-.
Entiendo que no es materia de esta resolución, en sentido estricto, la discrepancia en el ejercicio de la potestad parental que tiene su vía específica prevista en la ley y a ella debe acudirse. El órgano judicial deberá reconducir la pretensión formulada por la parte para que pueda darse la adecuada respuesta en el marco procesal correspondiente.
Las discrepancias en el ejercicio de la potestad pueden ser muy diversas, algunas son puntuales -aniversarios, modo de llevar a cabo celebraciones religiosas o de carácter recurrente y por ello permanentes en el tiempo -formación reglada, religiosa, cuestiones de salud, elección de centro escolar y domicilio del menor y algunas de estas últimas directamente vinculadas al modelo de guarda.
Ocurre, sin embargo, y de ahí la práctica que se plantea en este Foro que, a veces, pueden incluirse en el auto decisiones sobre esta cuestión si ha sido debidamente debatida y planteada en un marco de contradicción. En este caso, por el principio pro actione y el de economía procesal así como por las razones apuntadas en la pregunta del Foro, podría argumentarse la recurribilidad excepcional, lo que supone, a mi juicio, orillar la previsión legal del art. 771 LEC, dado que dividir el contenido del auto a estos efectos y trocear el objeto de la apelación es procesalmente estrafalario y contrario a la ley procesal.
Se comparte plenamente el criterio seguido por esos juzgados.
No siendo ya discutible, al menos a partir de la reforma legislativa del año 2015, que los Autos que resuelven desacuerdos en el ejercicio de la patria potestad -art. 156 CC EDL 1889/1 que se tramitan por los cauces de la Ley 15/2015, de la Jurisdicción Voluntaria -EDL 2015/109914 -arts. 85 y ss son susceptibles de ser recurridos en apelación -arts. 86.2 y 20.2 LJV-, aun cuando no deba atribuirse eficacia suspensiva al citado recurso, cualquier interpretación que negara la posibilidad de recurso de apelación en los supuestos en que se adoptan resoluciones que si bien deciden materialmente casos análogos de desacuerdos graves en el ejercicio de la patria potestad lo hacen en sede de Medidas Provisionales previas o coetáneas -arts. 771 y 773 LEC y 103.1 CC en base tan sólo a la previsión literal de tales preceptos procesales y fundándose únicamente en la naturaleza del proceso seguido -con abstracción de la concreta materia objeto de decisión supondría una vulneración de los derechos de las partes y resultaría inclusive contraria a las garantías que impone la protección del interés superior del menor sobre todo cuando la propia LOPM en su artículo 2.5 -tras su reforma por la LO 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia EDL 2015/125943-, impone de manera taxativa que toda medida en el interés superior del menor debe ser adoptada respetando las debidas garantías del proceso refiriendo entre otras: -e La existencia de recursos que permitan revisar la decisión adoptada que no haya considerado el interés superior del menor como primordial o en el caso en que el propio desarrollo del menor o cambios significativos en las circunstancias que motivaron dicha decisión hagan necesario revisarla-.
Además, cualquier otra interpretación podría abrir una puerta al fraude favoreciendo las conductas de aquella parte que de manera deliberada optara por suscitar tales controversias por los cauces de las Medidas Provisionales, en vez de por los trámites de la LJV, precisamente con la intención de impedir a la otra parte acceder a la segunda instancia en caso de que la decisión finalmente adoptada resultara perjudicial para los intereses de ésta.
En todo caso, la admisión de tal recurso de apelación, precisamente por su carácter no suspensivo, no ralentiza la resolución del conflicto suscitado y aun cuando obviamente puede favorecer que se prolongue el conflicto en segunda instancia lo cierto es que en la práctica en muchos casos en particular cuando se trata de decisiones urgentes y perentorias la decisión en segunda instancia queda privada sobrevenidamente de objeto.
&nbspResulta importante, en todo caso, subrayar dos aspectos prácticos al respecto:
1. Aspecto formal. Que el Auto a adoptar en tales casos en sede de Medidas Provisionales debe delimitar de manera precisa e incluso diferenciada en su Parte Dispositiva la concreta decisión de la citada resolución que únicamente será susceptible de ser recurrida en apelación y
2. Aspecto material. Que tal posibilidad debe ser aplicada de manera estricta, identificando previamente de manera nítida los únicos supuestos prácticos en que en base al art. 156 CC debe considerarse, a saber:
Previa titularidad y ejercicio conjuntos de patria potestad.
Actos de ejercicio extraordinario de la patria potestad que precisan el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, resolución judicial y referidos a las decisiones atinente a un menor más importantes no calificables como ordinarias o habituales sino excepcionales conforme a los usos sociales , a saber: elección del lugar de residencia y traslado de domicilio, elección o cambio del colegio o centro de enseñanza , determinación de centro docente público o privado, religioso o laico, decisiones relativas a la salud física o psíquica como el sometimiento o no a terapias o tratamientos médicos preventivos, paliativos o curativos agresivos o alternativos, decisiones atinentes a educación o formación del menor en determinadas creencias religiosas y de participación en actos de iniciación o culto significados, etc. , como refiere, entre otros, el Auto de AP Barcelona Secc. 18ª, nº 285/2017, de 27 de junio -EDJ 2017/219589-.
Gravedad o reiteración de los desacuerdos en tales aspectos , que impongan, en beneficio del menor, la necesidad de atribución judicial de la facultad de decidir a uno u otro progenitor prevista en el art. 156 CC.
En definitiva, si bien es cierto que la articulación procesal de las controversias sobre patria potestad por los cauces de las Medidas Provisionales, en vez de exigir a la parte solicitante articular las mismas de manera independiente por los trámites de un expediente de Jurisdicción Voluntaria -bordeando así, de un lado, los límites que impone el art. 6 LJV y soslayando en ocasiones las normas de competencia territorial, arts. 769 y 771 LEC Vs art. 86 LJV ofrecen lógicas ventajas prácticas y más garantías de coherencia lógica de la decisión conjunta a adoptar en sede de Medidas Provisionales -sobre todo si la decisión sobre patria potestad tiene entidad material suficiente para poder condicionar de manera directa o indirecta la eficacia de las restantes Medidas Provisionales sobre guarda y custodia, régimen de estancias y comunicación e incluso sobre cuantía de la pensión de alimentos, como en casos de decisión sobre lugar de residencia o domicilio de menor o sobre centro educativo u otros análogos-, semejante opción procesal no puede amparar una implícita merma de garantías procesales con privación del recurso a la segunda instancia, sobre todo en materias en que debe ser objeto de particular protección el interés superior de menores de edad.
RESPUESTA APROBADA POR MAYORÍA DE 7 VOTOS
Se somete a la consideración de nuestros expertos colaboradores si es correcta la práctica que se viene dando en algunos juzgados de permitir el recurso de apelación contra el auto que establece medidas provisionales previas cuando en el mismo se resuelva, entre los restantes efectos, algún desacuerdo en el ejercicio de la patria potestad.
Esta posibilidad, por analógica de lo establecido en el art. 156.3 CC en relación con los arts. 20.2 y 85 y ss LJV, no resulta factible para la mayoría de los ponentes. Las vías impugnativas solo proceden en los casos previstos en la ley y, en ningún caso, cuando la norma expresamente lo prohíbe, aunque la decisión judicial contenida en dicha resolución resuelva la problemática relativa al ejercicio de la patria potestad. Además, ello produce una distorsión del sistema previsto legalmente y produce disfunciones de muy difícil solución técnica.
Sin embargo, SOTO SOLA considera que la decisión conjunta adoptada en sede de medidas previas goza de ventajas prácticas y ofrece indudables garantías de coherencia lógica. Siendo así, no puede ampararse una implícita merma de garantías procesales en materias en que debe ser objeto de particular protección el interés superior de menores de edad.
Para PÉREZ MARTIN, una vez que existen pronunciamientos que en medidas previas resuelven discrepancias en el ejercicio de la patria potestad, si el art. 20 LJV permite la interposición del recurso de apelación contra la decisión del Juez de atribuir a uno o a otro progenitor la facultad de decidir, el principio de tutela judicial efectiva, aconseja la admisión del recurso de apelación, si bien limitado exclusivamente a lo que constituye este pronunciamiento.

References: resolución 
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e contrario
 artículo 106
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 artículo 2
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