Source: http://regulacionycompetencia.blogspot.com/2012/
Timestamp: 2017-07-23 04:37:09+00:00

Document:
Regulación y Competencia: 2012
Aun cuando en Chile no existe una norma
que se refiere expresamente al interlocking directorates, la aplicación
de las normas generales de libre competencia ha permitido a las autoridades
nacionales reconocer sus riesgos y adoptar las medidas destinadas a eliminarlos.
Ser director de empresas competidoras
entre sí, incrementa los riesgos de intercambio de información comercial
sensible, pudiendo dar lugar a conductas colusivas o coordinadas, además de
generar ciertos cuestionamientos sobre la independencia con que actuará dicho
director. Los riesgos señalados son equivalentes a
los reconocidos por la FNE en su Guía sobre Asociaciones Gremiales y Libre
Competencia, de 2011. Dichos riesgos no sólo afectan a las empresas
involucradas, sino que también al director en común, dado lo dispuesto en el
artículo 26 del DL 211. En Chile hay cierta experiencia en relación con los efectos en la
competencia derivados del interlocking
directorates. Un ejemplo es la resolución de la FNE, de diciembre
de 2011, por medio de la cual decidió no presentar una consulta ante el TDLC en
relación con la adquisición de Johnson’s por parte de Cencosud, luego de que la
primera se comprometiera a eliminar sus vínculos con su competidor Ripley. Uno
de los vínculos en cuestión fueron los directores comunes. Esta parece ser también la línea del TDLC. En relación con la
adquisición de Terpel Colombia por Copec, el TDLC aceptó ciertos vínculos entre
Copec y Terpel Chile, pero solo por el periodo necesario para enajenar Terpel
Chile bajo condiciones muy estrictas. Entre ellas, las destinadas a garantizar
que los directores de Copec no pudieran tener acceso a información comercial de
Terpel Chile y no pudieran interferir en el negocio de la empresa. La mera
promesa de las partes de la fusión de no hacerlo fue considerada insuficiente.
Se les instruyó que enviaran un plan detallado, que incluía el establecimiento
de comités especiales, con directores independientes de Copec que supervisaran
las operaciones de Terpel Chile, monitoreado por la FNE. Otros ejemplos son las
condiciones impuestas por el TDLC en ciertos casos de fusión, en que ha prohibido
a la entidad controladora de la empresa fusionada participar en la propiedad de
cualquier empresa que compita con la entidad fusionada. De allí que en la
reciente fusión de SMU con SDS, el TDLC haya obligado a la entidad fusionada a
desprenderse de su participación en la propiedad de supermercados Montserrat. Esto ilustra la
posición de las autoridades chilenas, en línea con la doctrina internacional,
que como se ve es crítica de la existencia de vínculos al nivel de
administración entre competidores. Publicadas por
C. Bordoli,
Chiletabacos,
Paulo Montt,
Un punto que me llamó la atención en la reciente sentencia de
la Corte Suprema en el caso tabacos (acá) es la forma de considerar la
reincidencia (como se sabe, uno de los factores agravantes a considerar en el cálculo de
la multa). En el considerando 21°, la Corte indica que:
"si bien se ha desechado considerar que Chiletabacos
incumplió la sentencia N° 26, no es menos cierto que en ella se le sancionó por
infracción al artículo 3 letra b) del Decreto Ley N° 211, que corresponde a la
misma figura por la que ahora es objeto de reproche, de tal suerte que debe
considerársela reincidente...".
me parece que ésta sea la correcta forma de interpretar la reincidencia. En
términos generales, reincidir implica la reiteración de una misma conducta. En
materia jurídica, sin embargo, la reincidencia requiere de una condena previa
por un “acto análogo” al que se imputa, en la “misma sede” en que se condena
nuevamente a la entidad.
Primero, la jurisprudencia no ha dejado en claro qué constituye
un acto “análogo” (y, como veremos, el fallo poco contribuye a ello).
Parece razonable pensar que en el caso de carteles, el
objeto del cartel (esto es, la fijación de precios, asignación de cuotas de
mercado, etc.) no es relevante: hay reincidencia cualquiera haya sido dicho objeto. Por el contrario, parece incuestionable que
cuando dos reglas son quebrantadas (por ejemplo, el artículo 3° letra “a” y el
artículo 3° letra “b” del DL 211) no existe la mencionada analogía. Sin
embargo, esto último es insuficiente y requiere mayor claridad por parte de la
jurisprudencia. Por ejemplo, la línea divisoria entre casos de abusos y casos
de colusión no es siempre clara; los mercados relevantes pueden ser diferentes;
En materia de abusos, para nadie que tenga
cierta familiaridad con los temas de competencia será extraño que el
artículo 3° letra b) (sobre abusos de dominancia) incluye muchas conductas de
mercado muy diferentes entre sí. Así, si una firma ha sido sancionada por
incurrir en estrangulamiento de márgenes, me parece que no debiera ser
considerada reincidente si en un caso siguiente se le condena por -digamos-
ventas atadas. Sin embargo, de acuerdo al criterio de la Corte, la diferencia económica
es irrelevante, primando un criterio meramente textualista que en nada ayuda a clarificar el concepto y, por el contrario, sólo entraba las prácticas de mercado.
Segundo, a diferencia del punto anterior, lo
relativo a “la misma sede” es relativamente pacífico: la conducta anterior debe
estar referida a la libre competencia (perdonando la obviedad). Así lo ha
confirmado el TDLC, por ejemplo, en Interbus,
donde señaló que la calidad de reincidente no era aplicable al caso, pues “en sede
de libre competencia” no se había aplicado sanción alguna a la firma (Considerando
40°). Lo mismo ocurrió en Buses Agmital
(considerando 66°). Finalmente,
la jurisprudencia no es clara respecto de otros aspectos importantes relativos
a la reincidencia. Por ejemplo, es incierto cuánto tiempo atrás debe una firma
haber sido condenada para ser considerada reincidente. En Compañía Chilena de Fósforos, un fallo de 2009, el TDLC indicó que
la reincidencia no agrava la conducta si ha transcurrido un “largo tiempo”
desde la imposición de la anterior sanción, criterio que fue luego reiterado en
Farmacias (2012). Desde un punto de vista
práctico, esta vaga afirmación no considera el desarrollo temporal de los
negocios. Más allá de lo justificable que pudiera haber sido la afirmación en
el caso concreto, cambios en la plana gerencial de la firma, en políticas
internas de cumplimiento con la normativa u otros debieran ser considerados,
aun cuando el plazo transcurrido no fuese extenso. Por otra parte, la
afirmación también es cuestionable desde la perspectiva del principio de
proporcionalidad. Desde este punto de vista, sería deseable que la reincidencia
tuviera un tope máximo de cierta cantidad de años, como se ha establecido en
algunas legislaciones comparadas.
Asimismo, no existe claridad respecto de qué debe
entenderse por “la misma” firma para efectos de la reincidencia. Es posible que
quien comete una infracción sea luego parte de una fusión, de una
transformación o pase a formar parte de un grupo económico. Hasta ahora, no
existen casos en el derecho chileno que hayan permitido clarificar este tipo de
situaciones. Es de esperar que nuevos
casos aclaren de mejor forma estos aspectos, con un criterio económico sustantivo
y no sobre la mera base de interpretaciones formales.
Un muy buen artículo para el domingo
Robert Solow (profesor del MIT y ganador del nobel en 1987) escribe sobre "Hayek, Friedman y la Ilusión de la Economía de los Conservadores". Muy bueno para la tarde de ocio dominguera.
Seminario sobre Fusiones
El próximo jueves 6 de diciembre, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, se realizará un seminario sobre el control de fusiones.
Expondrán destacados académicos y miembros de la FNE y del TDLC; entre los primeros (académicos, no sé si destacados), estaremos Francisco y yo.
A no perdérselo! Hay que inscribirse en el email gmenares@fen.uchile.cl . Los cupos son limitados.
En una columna publicada el día de ayer en este
diario, don Pedro Pellegrini afirma que la Corte Suprema habría llegado
demasiado lejos al calificar como ilícito el acuerdo entre agencias de viaje
para exigir a un hotel un alza en sus comisiones. El columnista señala que “no
basta que dos empresas se pongan de acuerdo en algo respecto a un tercero”,
pues será necesario acreditar que ello es “de tal envergadura o influencia, que
afecta la competencia en el mercado específico en cuestión”. En otras palabras,
la única coordinación ilícita sería la que confiere poder de mercado.
En nuestra opinión, esto es errado y carece de
fundamento. Si bien no es sostenible que todos los acuerdos entre competidores
sean contrarios al derecho de la competencia (no lo son, por ejemplo, los
llamados joint ventures), se ha
demostrado fehacientemente que aquellos relativos a precios (en este caso, el
precio de las comisiones) o cantidad producida nunca generan ganancias de
eficiencia u efectos pro-competitivos, sino que por el contrario, imponen
siempre un perjuicio a los consumidores. Por esta razón, tales acuerdos están
sujetos a una regla de ilicitud per se
en el derecho comparado; esto es, una regla que no admite justificación alguna
En casos de colusión, las ventajas de tal regla son
altísimas y los costos muy bajos. Contrario a lo que sostiene el columnista, la
existencia de una regla per se
confiere mayores niveles de certeza a los particulares. Asimismo, evita
inútiles dilaciones procesales. La necesidad de acreditar que las empresas
coludidas hayan obtenido poder de mercado producto del acuerdo resulta, por el
contrario, una exigencia excesiva, que tiene por efecto un encarecimiento y
demora en los procedimientos.
En el fallo en comento la Corte Suprema, de un modo
correcto, clarifica bastante estos aspectos. En efecto, en su fallo deja de
manifiesto que no se trataba de cualquier coordinación; menos una “positiva”,
como sería, por ejemplo, aquella que busca establecer estándares tendientes a
mejorar las prácticas de la industria. Muy por el contrario, las agencias de
viaje buscaban obtener comisiones más altas y se aliaron para imponerlas. No hubo
“mala suerte”, como expresa el columnista, sino simplemente (y como
correspondía) la sanción de un acto ilícito.
Que “usted no signifique nada en el mercado” no es
una carta blanca para incurrir en conductas que no tienen otro resultado que
afectar la competencia.
El próximo martes 23 de octubre la FNE realizará su seminario llamado “Día de la Competencia”, en el centro de eventos Casa Piedra. (¿Cuándo instauraremos el el calendario nacional un "Día de la Competencia" oficial? Los hay en otros países y sería una gran forma de promocionar el tema...)
Este es el evento más relevante que realiza la FNE año a año. Al igual que en el 2011, el seminario será inaugurado por el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Sr. Pablo Longueira Montes. Asimismo, y como una sana costumbre inaugurada también el año pasado, el Fiscal Nacional Económico realizará la cuenta pública de la gestión del Servicio y entregará los lineamientos generales de la institución. Además, habrá dos paneles paralelos: “Restricciones Verticales y Competencia en redes” y “Operaciones de Concentración”. Los invitados extranjeros son Thomas Vinje y Bruce Lyons.
Inscripciones al mail diacompetencia@fne.gob.cl
Día de la Competencia,
los últimos meses algunos de los casos más emblemáticos vinculados a regulación
ambiental como Río Cuervo, Bocamina, Dunas de Con - Con y Castilla, han
expuesto en sus razonamientos, una cierta conceptualización de los principios
precautorio y preventivo, que son estructurales a la regulación ambiental, que
en nuestra opinión deben aclararse desde la perspectiva conceptual, de modo de
apreciar adecuadamente sus efectos. Como
algunos sabrán, el principio precautorio, en su versión “fuerte”, fue
descartado como rector de la Ley Ambiental de 1994. De acuerdo a éste, se requiere regulación o intervención
pública siempre que exista la posibilidad de un riesgo -sobre un mínimo de
plausibilidad científica- a la salud, la seguridad o el medio ambiente, incluso
si la evidencia respecto de él es meramente especulativa y si los costos de la
intervención son altos. Esto se contrapone a la versión “débil” del principio,
denominada principio de prevención -recogida en la Declaración de Río de 1992 y
en nuestra propia Ley Ambiental -, según la cual la falta de evidencia decisiva
de un daño serio e irreparable no
debiera ser usada como excusa para no regular, lo que explica, entre otras
cosas, la existencia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
se toma en el sentido débil, es decir cuando invocamos la prevención, el
principio es sin duda inobjetable, y lo aplicamos en nuestras actividades
diarias. Pero en su sentido fuerte, tiene al menos un inconveniente severo
desde la perspectiva del funcionamiento de instrumentos de gestión
administrativa: dado que el estándar de riesgo especulativo es bajo, las
decisiones estatales pueden implicar prohibiciones permanentes de
funcionamiento, sobre la base de un riesgo incierto.
fallos citados han confundido el principio precautorio con la prevención; y, al
usarlo, han puesto al primero en el centro del análisis, pese a que forman
parte del razonamiento pero no fueron necesariamente determinantes en la
decisión final. Lo anterior no es trivial, porque la propia Corte en otros
casos, como los de instalación de antenas de telefonía móvil, había argumentado
explícitamente sobre la base del principio preventivo y no del precautorio. A
la inversa, en el caso “Píldora” el Tribunal Constitucional utilizó el
principio precautorio para declarar inconstitucional el Decreto Supremo que regulaba
su distribución, imponiendo, en la ausencia de evidencia, la prohibición
cierto que existen atendibles razones políticas o incluso morales para defender
el principio precautorio. Por ello, la demanda por aplicarlo es intenso, especialmente
en ámbitos en donde pueden existir riesgos masivos. Subyacen a ello también consideraciones
distributivas muy atendibles desde el punto de vista de la intervención pública.
Sin embargo –y esto es lo relevante–, por más loables que sean, el principio precautorio
en su versión fuerte, no es útil para
promover tales objetivos.
pregunta es, entonces, ¿cuál es el problema de establecer una presunción de
intervención en presencia de riesgos basados en objetivos loables y dignos de
protección? La respuesta es de política regulatoria. El problema central no es
que el principio de precaución sea incorrecto. El problema es que, como
instrumento regulatorio, especialmente al interior del Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental, no ofrece guía alguna de comportamiento a los particulares,
pues con su aplicación todo curso de
acción o inacción podría quedar prohibido.
ha mostrado la literatura especializada, los reguladores normalmente adolecen
de las mismas “falencias” que casi todos nosotros: son “miopes” frente a las
consecuencias regulatorias; adolecen de aversión a la pérdida (por lo que una
pérdida inmediata se valora más que las ganancias); tienen la creencia que el
riesgo más “cercano” o “del presente” se producirá más (esto es, adolecen del
“sesgo de la disponibilidad”); creen que el estado natural es más benevolente
que la intervención humana; no calculan probabilidades de ocurrencia de eventos;
etc. Dado esto, la aplicación del principio en su versión fuerte debiera ser acotada
como política regulatoria. De lo contrario, si frente a cualquier riesgo considerado
por algunos de impacto significativo una acción debiese ser evitada, ¿cuál es
el incentivo que estamos dando para invertir en prevención con el objeto de reducir
los riesgos y cuál la utilidad de la evaluación ambiental para eso?
implica balance, trade-offs,
ponderación de diversos objetivos. Esto es propio de toda decisión política y,
en cuanto tal, es correcto que así se haga. Pero este no es el razonamiento de
las sentencias citadas. Lo que hace ese desarrollo conceptual, al menos en lo
que al Principio Precautorio se refiere, es usar un arma jurídica (poderosa) para decidir una cuestión política o valórica. Al hacerlo,
los tribunales podrían imponer un estándar probatorio imposible (“descartar”
todo riesgo, considerando “todas” las variables) y vuelve, en la práctica, el
adoptar o no adoptar un curso de acción en exactamente lo mismo: algo inocuo.
¿Es la colusión un ilícito per se tras los fallos Farmacias y Explora?
[A continuación, una columna de Nicolás Rojas, investigador de RegCom, a propósito de los dos recientes fallos de la Corte Suprema sobre colusión, publicada hace unos días en El Mercurio Legal.]
posible calificar de ilícitos todos
los acuerdos entre agentes económicos que supongan una restricción de la
competencia. Los contratos son una forma de restringir la libertad de actuación
de las partes, las que se ven obligadas a cumplir lo que en ellos se ha
pactado. Por lo
mismo, la regla general en derecho de la competencia es analizar estos acuerdos
considerando sus finalidades y las eventuales ganancias de eficiencia que
deriven de ellos, las que pueden compensar sus efectos restrictivos. En derecho
norteamericano, se habla en este caso de un análisis bajo regla de razón (rule of reason).
todo, existen ciertos tipos de acuerdos que prácticamente nunca generan
ganancias de eficiencia o otros efectos procompetitivos. Los más importantes de
esos son los carteles que fijan
precios o limitan la producción. Para estos casos, en derecho norteamericano se
ha establecido desde el fallo Addyston
Pipe & Steel Co. v. U. S., 175 U.S. 211 (1898), que tales acuerdos son
ilegales per se, esto es, que su
ilicitud no admite excusa o causal de justificación alguna. Otros ordenamientos
comparados relevantes, como el de la Unión Europea, establecen mecanismos que
llevan a resultados semejantes a la regla de ilicitud per se.
inexcusabilidad se traduce, en la práctica, en que en los procesos por este
tipo de ilícitos sólo es relevante la demostración de la existencia del
acuerdo, sin que sea necesario realizar análisis económicos respecto de la
incidencia de la conducta en el mercado, o incluso, la misma determinación de
cuál ha sido el mercado relevante afectado por el acuerdo de cartel. En
derecho chileno, la tesis mayoritaria en doctrina y jurisprudencia señala que
siempre las conductas deben analizarse bajo un estándar de razonabilidad (véase,
Valdés, Domingo, Tipicidad y regla per se en las colusiones monopólicas
horizontales, en 4 Anales Derecho UC (2008)
81:126). Con todo, ciertas voces en la doctrina (véase, los trabajos de Santiago Montt y Javier Tapia) han
propugnado fuertemente por la instauración de la regla per se como una herramienta eficaz en la lucha contra los carteles.
ausencia de una regla per se en materia
de carteles es usualmente asociada a la exigencia del texto del artículo 3º a)
previo a la modificación de la Ley Nº 20.361 de 2009, en cuanto a que se
“abusara” del poder de mercado conferido por el acuerdo. Así, se concluía, para
acreditar ese “abuso” se requería acreditar la existencia de poder de mercado (o
al menos la “aptitud objetiva” del acuerdo para afectar la competencia) y, por
tanto, se hacía necesaria la delimitación del mercado relevante y la
determinación de los efectos del acuerdo. Atendida la época de los hechos
investigados, tanto Farmacias como Explora se regían por esta redacción del
DL 211.
concordancia con esta doctrina, la Corte Suprema en Farmacias señala que “el marco jurídico nacional excluye considerar la colusión como falta per
se, a diferencia de lo que ocurre en ciertas legislaciones extranjeras” (cons. 81º) y que “corresponde
descartar que el delito de colusión, previsto en la letra a) del inciso segundo del
artículo 3° del D.L. 211, en su modificación introducida por la Ley 19.911 sea
de peligro abstracto” (cons. 82º). Las citas parecen concluyentes. Sin embargo, al efectuar el análisis de
la conducta, la Corte señala que “la
conducta ilícita tuvo por finalidad afectar la principal variable competitiva
del mercado farmacéutico, el precio de venta al consumidor. De esta manera, el
precio se utilizó por las acusadas como un instrumento que les permitió obtener
ganancias económicas a corto plazo” (cons. 81º). Complementa lo anterior la
siguiente consideración: “se encuentra
establecido fehacientemente que el acuerdo de colusión tuvo la aptitud de
lesionar la competencia, desde que las implicadas abusaron del poder de
mercado, por cuanto éste les permitió actuar de manera coordinada e
independiente de los consumidores y de los demás competidores (farmacias
independientes) y obtener beneficios económicos a corto plazo mediante el sólo
incremento injustificado del precio de venta al público” (ídem).
En otras palabras, para la Corte el hecho que el acuerdo se haya
referido a la fijación de los precios de venta de los productos permite presumir
que el acuerdo tuvo la aptitud de lesionar la competencia y que ello, a su vez,
es constitutivo de abuso de poder de mercado, con lo cual se configuran los
elementos del ilícito establecido en el artículo 3º a) del DL 211. Así, en
los hechos y en contravención a sus palabras, la Corte convierte a la colusión
en un ilícito de peligro abstracto, que no requiere demostrar el resultado
lesivo para la competencia producto de su comisión. Si no es necesario
demostrar los efectos del acuerdo
colusivo en el mercado, se hace innecesaria la misma determinación del mercado
relevante en que esos efectos se produjeron, con lo que se llega a una
situación equivalente a si existiera una regla de ilicitud per se. En cualquier caso, Farmacias
no es un buen caso para razonar en torno a la necesidad o no de acreditar poder
de mercado, en cuanto, como señala el propio fallo, entre las tres cadenas
involucradas en el acuerdo tenían cerca de un 92% del mercado (cons. 81º). Por el contrario, en Explora
el TDLC había rechazado el requerimiento de la FNE precisamente porque el
acuerdo entre competidores no les confería poder de mercado. En Explora, la Corte afirma
que “comparte lo sostenido en el fallo
que se revisa en orden a que el acuerdo de las requirentes [sic] no tuvo la
aptitud para modificar el volumen de ventas de Hoteles Explora en las zonas en
que ésta presta sus servicios sin que ello obste a analizar si dicha conducta
atenta contra los principios que inspiran las normas que regulan la libre
competencia” (cons. 16º). Ello bastaría para confirmar la sentencia del
TDLC, pues si el acuerdo no podía modificar la conducta del afectado, mal
podría concluirse que los coludidos hubiesen adquirido poder de mercado y,
menos aun, abusar de él.
Sin embargo, inmediatemente después la Corte señala que “por el solo hecho de existir la concertación
y que ésta busque modificar la conducta de un agente del mercado con el fin de
obtener por parte de quienes deciden coludirse un beneficio de índole patrimonial,
no puede ser sino tomado como un atentado contra los principios básicos que
sustentan las normas que por medio del Decreto Ley Nº 211 se buscan
salvaguardar (…)” (cons. 17º).
Así, la Corte establece que el ilícito se configura por el solo hecho de
existir un acuerdo que tenga por objeto la
modificación de la conducta de ese tercero, aun cuando éste no sea apto para
lograr ese fin. En este sentido, priva de todo objeto a la exigencia de abuso
de poder de mercado del texto anterior del artículo 3º a) del DL 211 y que,
hasta estos dos fallos, se había entendido como el requisito de que el acuerdo
colusivo tuviera al menos la “aptitud objetiva” de afectar la competencia
(Véase, AM Patagonia). Bajo esta perspectiva se hace innecesaria la determinación del mercado
relevante, y la consideración de los efectos reales o potenciales del acuerdo
colusivo, convirtiendo a la colusión en ilícita per se. El Ministro Muñoz, redactor de Farmacias,
contribuye con una prevención en Explora,
en que reitera la necesidad de acreditar el abuso de poder de mercado por parte
de quienes se coluden. Con todo, señala que ello se daría en este caso por el
hecho de que las empresas requeridas “exteriorizaron” una exigencia a Explora
Chile S.A., con lo cual “consumaron” su actuar ilícito. La prevención no
agrega, por tanto, un requisito adicional, en cuanto supone que el “abuso de
poder de mercado” se configura por el solo hecho de intentar ejercer poder de
mercado –aunque éste no se posea. De nuevo, si no es necesario acreditar que se
posee poder de mercado, la determinación del mercado relevante deviene en irrelevante.
Así, bajo
la doctrina de Explora, no parece
haber dudas de que la colusión es un ilícito per se, aunque la aparente contradicción entre ese fallo y Farmacias puede generar dudas
interpretativas. Considerando que la modificación del texto del artículo 3º a)
del DL 211 facilita llegar a esta interpretación, es previsible que la
jurisprudencia tienda hacia ese resultado, como por lo demás se insinúa en Farmacias. El
principal efecto de la instauración de una regla per se debiera ser procesal, en el sentido de hacer impertinente en
los procesos por colusión toda referencia a la determinación del mercado
relevante y a los efectos reales o potenciales de los acuerdos. Ello
simplificaría y aceleraría enormemente los juicios por este tipo de ilícito
ante el TDLC, lo cual sería una excelente noticia.
Contrato sobre el litio
Hoy La Tercera publica una carta que escribí junto a Francisco Agüero y William García sobre el litio. La pueden encontrar acá.
Nuevo libro: "New Competition Jurisdictions"
Acaba de ser publicado un libro editado por Richard Whish y Christopher Towley llamado ‘New Competition Jurisdictions: Shaping Policies and Building Institutions’ (acá).
El libro será muy valioso para quienes buscan más información sobre jurisdicciones "no tradicionales" (no USA o Europa). Varios de sus capítulos tienen un muy buen nivel. Mi disclaimer es que uno de los capítulos, sobre Carteles y Deterrence en América Latina, es de mi autoría... aunque no necesariamente se incluye entre los buenos!
Hoy estaré debatiendo con Ezio Costa, investigador de Regcom y Director Ejecutivo de FIMA, sobre el controversial fallo del proyecto Castilla.
El seminario es en la Universidad Alberto Hurtado (Almirante Barroso 10), a las 16:30 hrs. Hay que inscribirse al mail rmerino@uahurtado.cl
El afiche acá.
Ha sido una semana crucial para la libre competencia chilena:
al fin salió el fallo de la Corte Suprema en el caso farmacias (acá), en el cual, por primera vez
en Chile, se aplica la multa máxima a un cartel. Con todo, más allá del tema específico, el fallo es muy interesante por diversas y variadas declaraciones en materia de derecho administrativo-económico sancionador, teoría de juegos, colusión, derecho penal, etc. En este blog comentaremos el
fallo en los próximos días (espero que no “me agarre la máquina”, como ocurrió
con los prometidos comentarios en CCS II).
Mientras, los dejo con dos entrevistas sobre el tema hechas al "gurú" Agüero en
radio Duna (acá) y en el DF (acá).
Por mi parte, acabo de volver de Sudáfrica, donde estuve presentando
un paper en la 6a versión de la Conferencia anual sobre Competition Law, Economics and Policy in South Africa, organizada
por la Competition Commission y el Instituto Mandela de la Wits School of Law
de la Universidad de Witwatersrand, en Johannesburgh. El paper, en una versión preliminar (a la que le haremos varios cambios... los comentarios son bienvenidos), lo pueden encontrar acá.
La conferencia fue una muy grata experiencia. Compartí
con varios delegados de agencias de competencia africanas, como Zambia, Namibia
y Gambia, aparte de buena parte del "team local". Además, aprendí
bastante de un sistema muy similar al nuestro en cuanto a sus instituciones
(agencia + tribunal especializados), pero bastante diferente en cuanto a su
legislación. A diferencia de la nuestra, la ley sudafricana describe en detalle
las conductas y los tests que deben ser aplicados. Las consecuencias de esta
crucial diferencia es lo que tratamos en el paper (escrito en
conjunto con Mario Ybar, de la FNE, y Simon Roberts, de la CC de Sudáfrica),
específicamente en materia de abusos de dominancia.
La discusión central de la conferencia se ha dado a
propósito de los problemas procesales que tiene la Comisión. Como la
legislación es detallada, deja menos espacio a la discrecionalidad y, por
tanto, los hearings son demasiado
extensos, se litiga cada detalle, y existen múltiples etapas en las cuales se
repite la discusión de algunos aspectos (ante la Corte de Apelaciones en
materia de competencia, primero; la Corte Suprema, después; y, eventualmente,
el Tribunal Constitucional, que es la última instancia). En Chile, en parte gracias al sistema y en parte gracias
a la flexibilidad de nuestra ley, los procesos son bastantes más rápidos. Sin
embargo, en Sudáfrica el análisis económico nos lleva ventaja. Aunque tienen
muchos menos casos (en abusos; en carteles la historia es de un exito completo,
del cual estamos a años luz aún), los análisis son mucho más profundos y las
preguntas son las adecuadas. Por acá, si bien tenemos una regla general de
"buen comportamiento" que se puede desprender de la jurisprudencia
(que nosotros llamamos "prohibición de las restricciones irracionales a la
competencia" en el paper), quedan muchos espacios vacíos que aún no han
sido llenados.
El tema de fondo -que
hemos discutido bastante- es cuál es el approach
correcto en países en vías de desarrollo: pocos casos, pero lidiando con temas
importantes, creando jurisprudencia y clarificando reglas (como en Sudáfrica);
o muchos casos que permitan alcanzar un cierto estándar general de legalidad y
lidiar con barreras de entrada, pero sin reglas realmente claras en el fondo (a
la chilena). La pregunta es de política o estrategia, y depende, más que del
Tribunal, de quienes presentan los casos. El vaso está medio lleno o medio
vacío dependiendo de quién lo mire.
Hace unos días fue publicada una (muy) breve nota que escribí para Bloomberg BNA (Prev. Corp. Liability, Current Report, 96), en la cual explico la nueva guía de compliance de la FNE y por qué ella implica un avance respecto de la visión que tanto la antitrust division del DoJ como la Comisión Europea tienen sobre la materia. Además, menciono los pocos casos que existen hasta ahora en el derecho chileno. La publicación es en inglés y, para quienes estén interesados, la pueden encontrar en ssrn aquí.
Programas de Cumplimiento; FNE
¿Es la colusión un ilícito per se tras los fallos ...

References: artículo 26
 resolución 
 artículo 3
 artículo 3

artículo 3

artículo 3
 artículo 3

artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3