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Timestamp: 2017-06-29 10:58:00+00:00

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LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS...
Autor: Rafael García del Poyo. Abogado, árbitro y socio de Osborne Clarke
El conflicto surge cuando se enfrentan intereses sobre valores o posiciones antagónicas o aparece una confrontación entre personas o cosas. Allí donde los individuos se reúnen para simplemente convivir o para trabajar, se genera potencial para el conflicto. Y su aparición -así como una mayor o menor gravedad del mismo- es más probable cuanto mayores sean los recursos humanos o económicos o los sentimientos que se involucran en una determinada relación interpersonal.
“Lo que sí resulta fácilmente constatable en el mundo actual de los negocios es la creciente demanda de las técnicas de solución de controversias” Por ello, el mundo de los negocios (o el ámbito laboral) constituye un terreno abonado para la aparición de conflictos. Las personas tenemos diferentes prioridades y estilos de trabajo y eso favorece su surgimiento. Sin embargo, pocas veces reparamos en que el conflicto –allí donde este surja- no es algo intrínsecamente malo ni significa que algo fundamental ha fallado. Por el contrario, puede resultar un catalizador a futuro de interacciones mucho más creativas y satisfactorias y puede aportar un enorme beneficio a esa relación, ya que obliga a las personas a producir un cambio en las mismas.
“Pocas veces reparamos en que el conflicto –allí donde este surja- no es algo intrínsecamente malo ni significa que algo fundamental ha fallado” En este último caso, el conflicto actúa como una fuerza constructiva sobre las partes en conflicto que les fuerza a hablar sobre sus diferencias y facilita que pueda trabajarse sobre las mismas. Y en gran medida, el mecanismo elegido para la resolución del conflicto puede desempeñar un papel fundamental para conseguir ese fin, si tenemos presente simplemente que -por su propia naturaleza- el conflicto sólo indica una necesidad de cambio y no constituye una realidad definitiva e insuperable.
La Resolución Alternativa de Conflictos
La Resolución Alternativa de Conflictos, (RAC), es entendida como una forma de resolver conflictos al margen de los medios jurisdiccionales convencionales que los estados modernos proporcionan a los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos dedicados por las administraciones públicas, un procedimiento judicial tradicional puede extenderse durante años, resultar extremadamente complejo, y, además, comportar costes elevados. De ahí que, a menudo, aquellos contratos mercantiles más modernos y avanzados prevean la posibilidad de optar por alguno de las alternativas disponibles para la resolución de conflictos fuera del ámbito jurisdiccional. Estos serían, entre otros: el arbitraje, la mediación y la negociación propiamente dicha.
Para poder entender las ventajas de las RAC sobre un procedimiento judicial ordinario, resulta relevante reflexionar, entre otras cuestiones, sobre las dificultades a las que se tiene que enfrentar un juez a la hora de dirimir las controversias sobre cuestiones relacionadas con el mundo moderno de los negocios:
• Las empresas utilizan un clausulado complejo y extremadamente técnico, muy centrado en la utilización de gran cantidad de términos y definiciones otorgados al contrato, como consecuencia de la compleja tipología de servicios prestados y de los bienes vendidos a sus clientes.
• Los jueces tienen en la actualidad gran dificultad para interpretar los citados contratos, como consecuencia, en muchos casos, de la falta de regulación legal, así como de la dificultad de entender y/o comprender la relevancia de obligaciones que puedan ser incluidas en los mismos. Este punto es capital en el entendimiento de las ventajas del arbitraje y la mediación, puesto que en estos supuestos el árbitro y/o mediador pueden ser reputados expertos del sector, cuyos conocimientos tecnológicos le faciliten y le otorguen una perspectiva privilegiada para el entendimiento y la resolución de este tipo de conflictos.
• Otro de los problemas en los que nos encontramos es el de la ley aplicable y la jurisdicción competente, principalmente en contratos suscritos entre empresas en las que ninguna ostente la posición de consumidor (comúnmente definidas como relaciones “B2B”).
El arbitraje constituye un mecanismo extrajudicial de resolución de conflictos de carácter totalmente privado y autónomo, cuyo éxito a lo largo del tiempo se fundamenta en una serie de ventajas (neutralidad, eficacia, rapidez, ejecutabilidad del laudo, duración del proceso, confidencialidad, flexibilidad y, sobre todo, tener la posibilidad de acudir a profesionales con profundos conocimientos técnicos en la materia de que se trate) frente a los procedimientos desarrollados ante tribunales ordinarios. Con el fin de resolver los conflictos que se plantean –tanto en la interpretación de las cláusulas contractuales como en la ejecución de los contratos mercantiles- los empresarios suelen acordar que sus controversias sean solucionadas por otras personas (arbitraje ad hoc) o instituciones (arbitraje institucional).
De hecho, en el ámbito internacional el arbitraje institucional se está imponiendo como un método de resolución de conflictos realmente efectivo para las empresas independientemente de su tamaño, ya que -además de ofrecer una serie de ventajas respecto a la vía judicial ordinaria- puede evitar a las partes el sometimiento a jurisdicciones extranjeras que puedan ser totalmente desconocidas. De ahí que la fase de negociación de los contratos se presente como el momento ideal para fijar el compromiso de sometimiento a un sistema arbitral ante una posible controversia futura. Y es que, en ese momento, las partes están imbuidas por una firme voluntad de acuerdo y un sentido de mutua ganancia.
En este sentido, los reglamentos de las instituciones arbitrales se actualizan con frecuencia para responden a las necesidades más reales y prácticas de las empresas, añadiendo nuevas disposiciones para tratar tales temas como controversias que involucran múltiples contratos y partes y llevando a cabo la actualización de procedimientos como por ejemplo, para el nombramiento de árbitros de emergencia para ordenar medidas urgentes, u otros cambios dirigidos a facilitar la gestión de controversias muy punteras derivadas de tratados de inversiones y acuerdos de libre comercio.
La mediación es un procedimiento no vinculante en el que un tercero neutral, el mediador, ayuda a las partes a solucionar la controversia. De la citada definición de mediación puede desprenderse que lo que sí debe hacerse es dotar al mediador de aquellos medios pertinentes para ayudar a las partes a dirimir sus controversias. Este parece ser el espíritu que desea trasladar la propia Directiva 2008/52/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles y mercantiles, norma que viene a transponerse al ordenamiento interno español mediante la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles (Ley de Mediación).
La flexibilidad es el eje vertebrador y nota característica del funcionamiento de la mediación, dado que dota, entre otros, de los siguientes beneficios a las partes: (i) el respeto a la autonomía de la voluntad permitiendo que el acuerdo alcanzado tenga la consideración de título ejecutivo mediante la elevación del mismo a escritura pública; y (ii) la deslegalización o pérdida del papel central de la ley en beneficio de un principio dispositivo, esto es, que prevalezca lo que hayan dispuesto las partes en el contrato al régimen general y coercitivo que pueda prever la ley en el ámbito de la regulación de las relaciones mercantiles. Negociación
La negociación puede definirse como la consecución de una solución alcanzada con la ayuda de unos terceros independientes, pero no necesariamente neutrales. La solución en este caso suele alcanzarse bien a través de la conciliación, la evaluación por los terceros intervinientes, así como una variedad de combinaciones de éstas y otras técnicas.
La negociación también puede desarrollarse a través de procedimientos administrados, lo cual requiere que las partes remitan una solicitud a un determinado organismo según sea el caso. Aunque no constituyan un elemento esencial, tales instituciones pueden contribuir a las partes el beneficio de la experiencia, pericia y profesionalidad más adecuadas para la solución de controversias. Para este fin, las instituciones suelen proponer cláusulas modelo que las partes pueden adaptar a sus necesidades y circunstancias particulares, pero siempre orientadas a asegurar la transparencia, eficiencia y justicia en el proceso de solución de controversias permitiendo a las partes ejercer su elección sobre muy diversos aspectos del procedimiento. Conclusión
En todo caso, lo que sí resulta fácilmente constatable en el mundo actual de los negocios es la creciente demanda de las técnicas de solución de controversias, administradas por especialistas y cuyos beneficiarios son entes corporativos de diferentes tradiciones legales y culturales. Estas técnicas definitivamente contribuyen a resolver disputas entre partes en litigio en cualquier lugar del mundo de una manera ágil y eficaz, por lo que debe promoverse su utilización en procedimientos desarrollados en todos los países y en cualquier idioma, independientemente de cual sea su derecho aplicable (o, incluso, en equidad si así lo decidieran las partes contendientes y la institución así lo avalase).

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