Source: https://es.scribd.com/document/63810369/DECRETO-NUMERO-21-LEY-CONTRA-LA-DELINCUENCIA-ORGANIZADA
Timestamp: 2017-11-25 00:26:42+00:00

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Cargado por Sandy Mendoza
DECRETO NÚMERO 21-2006 EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONSIDERANDO: Que la Constitución Política de la República de Guatemala establece que el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia y su fin supremo es la realización del bien común. Asimismo es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. CONSIDERANDO: Que la delincuencia organizada es un flagelo que actualmente ha colocado a los habitantes de la República en un estado de indefensión, por su funcionamiento organizacional, lo que hace necesario la creación de un instrumento legal para perseguir, procesar y erradicar a la delincuencia organizada. CONSIDERANDO: Que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, suscrita por Guatemala con fecha 12 de diciembre de 2000 y aprobada mediante el Decreto Número 362003, tiene como propósito promover la cooperación para prevenir y
Uso ilegal de uniformes o insignias. aéreos o maquinaria que hayan sido robados en el extranjero o en el territorio nacional. exhiba. escuadrones de la muerte. cuando se trate de actos realizados por sus órganos regulares siempre que se hallaren dentro actividades terroristas. marítimos. porte o se identifique con prendas. gerentes. directores. de cualquier forma autorice el ingreso al país. grupos de justicia privados. instruya o entrene a personas en tácticas. y. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión. Artículo 5. uniformes o insignias reales. . Artículo 8. Comete el delito de uso ilegal de uniformes o insignias. quien organice. administradores. Asociación ilegal de gente armada. Este delito será sancionado con pena de seis a diez años de prisión. Comete el delito de asociación ilegal de gente armada. Este delito será sancionado con prisión inconmutable de seis a veinte años. delincuencia organizada o grupos terroristas. policía o fuerzas de seguridad del Estado. Será imputable a las personas jurídicas independientemente de la responsabilidad penal de sus propietarios. Comete el delito de comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. técnicas o procedimientos militares o policiales. quien con ánimo de cometer un delito use. promuevan su comisión. 2. Entrenamiento para actividades ilícitas. empleados y representantes legales el delito previsto en el presente artículo.1. funcionarios. sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos. Comete el delito de entrenamiento para actividades ilícitas quien equipe. Las que tengan por objeto cometer algún delito o después de constituidas. Artículo 6. entrenamiento o equipamiento con armas. quien a sabiendas. Este delito será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión. Las agrupaciones ilegales de gente armada. bandas de sicarios o destinadas a ejecutar acciones de delincuencia organizada. Este delito será sancionado con pena de tres a cinco años de prisión. promueva o pertenezca a grupos o asociaciones no autorizadas. más una multa igual al valor comercial de los bienes objeto del delito. Comercialización de vehículos y similares robados en el extranjero o en el territorio nacional. para el uso. venda o comercialice vehículos terrestres. similares o semejantes a los del ejército. para el desarrollo de Artículo 7. organice.
b. El particular. el honor o bienes de éstos. . establecidos en la presente Ley. intérpretes.del giro u objeto normal o aparente de sus negocios. por lo menos. Policía Nacional Civil. además de las sanciones aplicables a los responsables. Comete el delito de obstrucción de justicia: a. o quien siendo funcionario. procesamiento y juzgamiento de los delitos. con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones en la investigación y persecución penal de los delitos comprendidos en la presente Ley. que: 1) Proteja indebidamente o encubra a quien o a quienes aparecen como sindicados de un hecho investigado. auxiliares de la administración de la justicia. peritos.00) dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda nacional. a costa del sancionado. Artículo 9. traductores. se ordenará la publicación de la sentencia en.00) a seiscientos veinticinco mil (EUA $625. Obstrucción de justicia. testigos y demás sujetos procésales. el ofrecirniento o la concesión de un beneficio económico o de otra naturaleza para inducir al falso testimonio.000. c. perjurio o para obstaculizar la aportación de pruebas de un proceso en relación con la comisión de uno de los delitos comprendidos en la presente Ley. la persecución. En este caso.000. (Reformada por el Artículo 64 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de dominio-). atendiendo a la gravedad y circunstancias en que se cometió el delito. dos de los medios de comunicación social escritos de mayor circulación en el país. Así mismo. servidor o empleado público participe en la fase de investigación o de los métodos especiales de investigación. la promesa. En caso de reincidencia se ordenará la cancelación de su personalidad jurídica en forma definitiva. Quien utilice fuerza física. amenazas o intimidación. Ministerio Público. su cónyuge o familia que afecte la integridad física. Quien de cualquier forma amenace o coaccione a algún miembro del Organismo Judicial. se impondrá a la persona jurídica una multa de diez mil (EUA $10.
organización criminal o asociación ilícita. En caso de ser funcionario o empleado público se le impondrá además la pena de inhabilitación para desempeñar empleo.2) Oculte información o entregue información errónea o falsa que afecte el buen curso de investigación o el proceso. será sancionado con prisión de seis a ocho años. organización criminal o asociación ilícita. por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. la persecución penal o el juzgamiento. o los destruya. deberán observarse las siguientes reglas: probatorios. 5) Preste falso testimonio a favor del sindicado o del imputado. será sancionado con prisión de seis a ocho años. Obstrucción extorsiva de tránsito. Artículo 11. en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite u obtenga dinero u otro beneficio de conductores de cualquier medio de transporte por permitirle circular en la vía pública. en abierta provocación o de forma intimidatoria solicite o exija la entrega de dinero u otro beneficio en la vía pública o en medios de transporte. CAPÍTULO CUARTO AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA Artículo 12. cargo o comisión pública. Quien agrupado en la delincuencia organizada. . sin estar legalmente autorizado. en las causas que se deriven por la comisión de los delitos establecidos en la presente Ley. 4) Actúe con retardo intencional. de tal forma que obstaculice la investigación. Para la imposición de las penas previstas en el Código Penal por la comisión de cualquiera de los delitos en que incurran los miembros de grupos delictivos organizados. Quien agrupado en la delincuencia organizada. será sancionado con pena de seis a ocho años de prisión independientemente de las penas asignadas a otros delitos cometidos. 3) Falsifique o altere documentos y medios la Artículo 10. Exacciones intimidatorias. El responsable del delito de obstrucción de justicia.
se le Artículo 13. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a menores de edad para cometer las actividades delictivas. Confidencialidad. Si el miembro del grupo delictivo organizado fuere funcionario o empleado público se le aumentará la pena en una tercera parte. Artículo 15. Artículo 14. el Registro Mercantil. siempre que exista auto de procesamiento. se les aumentará la pena en una tercera parte. podrán desarrollarse los actos de investigación previstos en la presente Ley. podrá ser utilizada exclusivamente en la investigación correspondiente. la Intendencia de Verificación Especial. y se le impondrá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos por el doble del tiempo de la prisión. deberán prestar su colaboración. debiéndose guardar la más estricta confidencialidad para terceros durante esta fase. La información que se obtenga conforme al artículo anterior. el Registro de Marcas y Patentes. (Reformado por el Artículo 1 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). TÍTULO SEGUNDO MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Y DELITOS DE GRAVE IMPACTO SOCIAL CAPÍTULO PRIMERO REGLAS GENERALES La Superintendencia de Bancos.a. se aumentará la pena en una tercera parte. b. y cualquier otra entidad pública. cuando les sean requeridos informes para la investigación de los delitos objeto de la presente Ley. por el plazo de cinco años. c. d. la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles. . o si fuere sancionado con multa. Los plazos para la investigación de delitos cometidos por grupos delictivos organizados se regirán por el Código Procesal Penal. el Registro de la Propiedad Inmueble. Mientras no exista auto de procesamiento contra alguna persona. Plazos. Si los miembros de grupos delictivos organizados utilizaren a personas valiéndose de relaciones de poder ejercidas sobre éstas. pudiendo durar la investigación hasta antes que el delito investigado prescriba conforme el Código Penal. dirección o supervisión dentro del grupo delictivo organizado. la Superintendencia de Administración Tributaria. A quien tenga funciones de administración. aumentará la pena en una tercera parte. Deber de colaborar.
Estas diligencias únicamente pueden ser conocidas por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público o en su caso por el juez contralor. deberán permanecer en estricta confidencialidad para terceros durante y después de todo el proceso penal. Reserva de las actuaciones. Mientras no exista persona ligada a proceso penal no se tendrá acceso a las actuaciones realizadas por los agentes encubiertos. En los procesos relativos a los delitos a que se refiere esta Ley.Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones en la fase de investigación o proporcione copia de ellas o de los documentos. Artículo 19. Auditorias. . los fiscales deberán gestionar la protección del testigo o perito conforme las disposiciones contenidas en la Ley para la Protección de Sujetos Procesales y Personas Vinculadas a la Administración de Justicia organizaciones o instituciones sobre las que se tengan indicios suficientes que hagan presumir que están siendo utilizadas para el desarrollo de las actividades de organizaciones criminales. No se considerarán terceros las autoridades competentes de otros países en materia de investigación penal. Artículo 16. Las comunicaciones interceptadas conforme esta ley y la Artículo 17. A solicitud del Ministerio Público al juez competente. a las información relacionada con el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de la República. los fiscales encargados del caso y quienes intervienen en la realización de las mismas. Asimismo podrán ordenarse auditorias a interceptaciones de comunicaciones y a las entregas vigiladas. Cuando se presuma fundadamente que está en riesgo la integridad de las personas que rindan testimonio o dictámenes periciales en contra de algún miembro de grupos delictivos organizados. será responsable administrativamente. la investigación también deberá extenderse al descubrimiento de las estructuras. Artículo 18. sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. mediante resolución favorable se podrán realizar auditorias a personas individuales cuando existan indicios y justificación suficiente derivada de la investigación que hagan presumir fundadamente que son miembros de grupos delictivos organizados. Alcances de la investigación. Pruebas anticipadas de testimonios. formas de operación y ámbitos de actuación de los grupos delictivos organizados.
el Código Procesal Penal y lo preceptuado en el artículo 1 de la presente Ley. quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las siguientes actividades: 1. específicamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorización y supervisión y bajo responsabilidad del Ministerio Público.Penal y. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales que voluntariamente. Para que tales actividades puedan ser permitidas se deberá contar. Se entenderá por operaciones encubiertas. Operaciones encubiertas. deberán recibirse sus respectivos testimonios o informes en pruebas anticipadas ante juez contralor. 2. con la debida autorización y supervisión del Ministerio Público. serán autorizadas por el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Artículo 22. TÍTULO TERCERO MÉTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN CAPÍTULO PRIMERO OPERACIONES ENCUBIERTAS en todo caso. Autorización de métodos especiales de Artículo 21. a requerimiento y bajo solidaria responsabilidad con el agente fiscal encargado del caso. Los agentes fiscales podrán solicitar y desarrollar conjunta o separadamente los métodos especiales de investigación previstos en la presente Ley. Agentes encubiertos. aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación. y con estricto apego a lo establecido en la presente Ley. a solicitud . La realización de aquellas diligencias en donde se requiera control judicial se regirán conforme a la Constitución Política de la República. La provocación de delitos. En la fase de investigación en contra de grupos delictivos organizados u organizaciones criminales que. Las operaciones encubiertas y las entregas vigiladas a que se refiere la presente ley. mediante el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la fase de investigación. Artículo 20. investigación.
para que el agente o agentes encubiertos infiltren la organización criminal. los puntos débiles de la misma. actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales de su cargo ante la comisión de delitos. información útil para los fines de la operación. si el agente encubierto encuentra en los lugares donde se lleve a cabo la operación. los agentes encubiertos estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial. Artículo 23. Cuando el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de un grupo delictivo organizado. que realice un análisis con el fin de conocer su estructura organizativa. plagio o secuestro. . se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. con el fin de obtener información útil que sirva para lograr los objetivos establecidos en la presente Ley. Para el objeto de la presente Ley. la agresividad de sus integrantes. Los agentes encubiertos podrán asumir transitoriamente identidades y roles ficticios. Artículo 24. Posteriormente ordenará la planificación. Facultades de los agentes encubiertos. asumir recopilación de la información y los elementos materiales o evidencia física encontrados. preparación y manejo de una operación. ingresar y participar en reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del imputado o los lugares donde el grupo delictivo organizado lleve a cabo sus operaciones o transacciones. los lugares dónde y con quién realizan sus operaciones y. con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones. lesiones específicas. graves o obligaciones. delitos de violación y abusos deshonestos. tortura. lo hará saber al fiscal encargado de la investigación para que éste disponga el desarrollo de una operación especial. Igualmente. deberán ponerlo en conocimiento inmediato de las autoridades respectivas a efecto de evitar la comisión de los mismos. Información inmediata. a excepción de los establecidos en el artículo 25 de la presente ley. en los casos asignados a ellos. Los agentes encubiertos que tuvieren conocimiento de la futura comisión de delitos contra la vida. si fuere posible.del Ministerio Público. ordenará a la autoridad policial respectiva. para la gravísimas. Análisis de organización criminal. Artículo 25.
la identidad real será únicamente del conocimiento del fiscal encargado del caso. Artículo 28. las actividades que el agente encubierto desarrollará para la obtención de la información y los métodos que se utilizarán para documentar la información recabada por los agentes encubiertos. salvo caso necesario al darse por terminada la operación. f) Cuando se conozca. la que quedará al resguardo del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sin que éste pueda conocer el contenido. Autorización. c) En términos generales. d) La identidad ficticia que asumirán y las funciones de los agentes encubiertos que intervendrán en la operación. A solicitud del fiscal del Ministerio Público encargado del caso y bajo su responsabilidad. Resolución. sobrenombre o cualquier otra circunstancia que permita identificar a las personas o integrantes presuntamente vinculadas a la organización criminal o las operaciones ilícitas de las mismas. b) Antecedentes que permitan presumir que la operación encubierta facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley. el nombre. Artículo 27. renovable cuantas veces sea necesario sin que el plazo total de la operación exceda de un año. por un tiempo máximo de seis meses. Requisitos de la solicitud. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá autorizar operaciones encubiertas. e) En plica cerrada la identidad real del agente encubierto. La solicitud de la operación encubierta deberá hacerse por escrito y deberá contener: a) Descripción del hecho que se investiga indicando el o los posibles delitos en que incurre. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá requerir al solicitante elementos de juicio adicionales que respalden la solicitud. de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público deberá conocer y resolver en forma inmediata . la justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria.Artículo 26.
Para el efecto. d) La obligación del fiscal de informar verbalmente cada treinta días al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público sobre el desarrollo de las actividades realizadas por los agentes encubiertos. grabaciones de voces de las personas investigadas. la utilización de micrófonos u otros mecanismos que permitan tal finalidad. c) El objeto y el plazo por el cual se autoriza !a operación encubierta. el agente encubierto que incurra en actividades ilícitas necesarias para el cumplimiento de su cometido. Artículo 30. civil y administrativa. Artículo 29. Estará exento de responsabilidad penal. b) Indicación de las actividades generales que se autoriza realizar durante la operación encubierta y los métodos que se utilizarán para documentar la información que proporcionen los agentes encubiertos de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. La prohibición expresa de que los agentes encubiertos provoquen la comisión de delitos para lograr una eventual detención o procesamiento de cualquier persona. Ésta podrá obtenerse mediante seguimientos. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público convocará a una audiencia privada para que el agente fiscal a cargo del caso informe e) verbalmente sobre el avance de la investigación y la información recabada hasta el momento. fotografías. grabaciones de imágenes u otros métodos técnico científicos que permitan verificar la información proporcionada por los agentes encubiertos. La resolución deberá ser fundada y en caso de autorizarse deberá contener los siguientes requisitos: a) La determinación de los agentes encubiertos que participarán en la operación. Comprobación de la información. para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida. siempre que reúnan las siguientes condiciones: . Exención de la responsabilidad del agente encubierto. podrá exigir en cualquier momento que se le exhiba la documentación y medios de prueba que respalden el informe. Durante la operación encubierta los fiscales deberán documentar la información que reciban de forma verbal por los agentes encubiertos. vigilancias.la solicitud planteada por el fiscal.
si fuere procedente. determinados por el Ministerio Público en el ejercicio de la dirección de la investigación. El agente encubierto que cometa delito por extralimitarse en las actividades generales a que está autorizado. c. Que el agente encubierto no motive. Control de la operación. Artículo 32. destruir o alterar evidencias de la actividad de la organización criminal. e. sobre los actos y diligencias que realice y el resultado de los mismos. desarrollo y documentación de la operación encubierta. Si detectaren desviaciones o abusos en el desarrollo de la operación por parte de los agentes encubiertos. será sancionado con la pena señalada para el delito cometido aumentada en una cuarta parte. g. A partir de la primera declaración. b. deberá formular la acusación respectiva para el procesamiento del agente encubierto. Que las actividades no estén orientadas al lucro o beneficio personal del agente encubierto o de sus parientes dentro de los grados de ley. . Que sus actividades no estén orientadas a ocultar. Que su actividad esté dentro de los lineamientos Artículo 31. Intervención de la defensa. o a encubrir fallas en el operativo o en la actuación de sus superiores u otros agentes. Artículo 33.a. f. Que el agente encubierto informe periódicamente al fiscal encargado del caso y a sus superiores. Que las actividades no consistan en hechos punibles de los previstos en el artículo 25 de la presente Ley. el imputado o su defensor podrá revisar el expediente que deberá contener la documentación de la información recabada durante la operación encubierta. Sanción del agente encubierto. Que su actuación cuente con autorización previa del Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. con el objeto de constatar si en el procedimiento y en los actos realizados no se vulneraron los derechos y garantías del imputado y si se respetó el contenido de la presente Ley. d. induzca o provoque la comisión delictiva de algún miembro de la organización criminal o de otras personas. deberán suspender inmediatamente la operación e informar al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público los motivos de la misma y. Los agentes fiscales serán los responsables de la dirección.
Se entenderá por entrega vigilada el método de investigación que permite el transporte y tránsito de remesas ilícitas o sospechosas. materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio. a requerimiento y bajo la responsabilidad del agente fiscal encargado del caso podrá autorizar que uno o más agentes encubiertos pongan a circular dentro de un grupo delictivo organizado. que ingresen. Entregas vigiladas. el modo de entrada y salida del país. Artículo 38. Este método se utilizará con el fin de descubrir las vías de tránsito. . materiales u objetos prohibidos o de ilícito comercio. quedando el control de la información e investigación con exclusividad al Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público y al agente fiscal respectivo. Artículo 36. así como de drogas o transportadores. protectores y demás partícipes de las actividades ilegales. a efecto de descubrir el funcionamiento y operación de dichas organizaciones y obtener la demás información que se persigue mediante la utilización de las entregas vigiladas. el sistema de distribución y comercialización. identificación y la obtención de elementos probatorios. drogas o estupefacientes. de los la procesamiento organizadores. Personal especial.Artículo 34. El Ministro de Gobernación es el superior jerárquico responsable de ejercer el control administrativo sobre el personal que desempeña funciones de agente encubierto. Los agentes fiscales encargados del caso deberán solicitar por escrito y bajo su estupefacientes y otras sustancias. bajo la supervisión y dirección estricta del Ministerio Público. CAPÍTULO SEGUNDO ENTREGAS VIGILADAS Artículo 35. Control administrativo. Requisitos de la solicitud. compradores. circulen o salgan del país. Artículo 37. y serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades. bajo la estricta vigilancia o seguimiento de autoridades previstas en la presente Ley. así como otras sustancias. Durante el desarrollo de operaciones encubiertas el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas. Las entregas vigiladas deberán ser realizadas por un equipo especial formado por personal de la Policía Nacional Civil.
La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. En términos generales. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. Descripción del hecho que se investiga. deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada. Dicha solicitud deberá contener los siguientes requisitos: a. Descripción del hecho que se investiga indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. la autorización de la entrega vigilada. de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. . ante el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. c. Será competente para la autorización de entregas vigiladas. Cuando esto no sea posible porque dichas sustancias. La justificación del uso de esta medida fundamentando su necesidad por la probabilidad que el sistema ordinario de investigación no logrará la obtención de la información necesaria. b. b. bienes u objetos no serán puestos en circulación por agentes encubiertos. Resolución. de conformidad con el artículo 29 de la presente Ley. d. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público. los métodos que se desarrollarán para documentar la información de la entrega vigilada. Los antecedentes que permitan presumir que la entrega vigilada facilitará la consecución de los objetivos que se persiguen por la presente Ley.responsabilidad. indicando con precisión las cantidades de los mismos. y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. c. Artículo 40. Artículo 39. bajo su responsabilidad. los métodos que se autorizan para documentar la información de la entrega vigilada. el detalle de las sustancias. determinando los siguientes puntos: a. quien deberá resolver inmediatamente. Cuando proceda. En términos generales. Competencia para la autorización. bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación. e. deberá dictar su resolución debidamente fundamentada.
De no lograrse subsanar tales deficiencias. Informe operacional. bienes u objetos de ilícito comercio que se pondrán a circulación. y la justificación de los resultados que se pretenden alcanzar. grabaciones de imágenes. el Fiscal General de la . indicando con precisión las cantidades y República y Jefe del Ministerio Público dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación. bajo la dirección del fiscal. deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto de que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. Durante la operación de entrega vigilada los agentes que intervengan en la misma. deberá ser informado por el fiscal características de los mismos. Dentro de los tres días de haber concluido la entrega vigilada. Dirección de la operación. Procedimiento antes de denegar la medida. Autorizada la entrega vigilada. La información documentada deberá ser puesta a disposición del fiscal encargado del caso inmediatamente. fotografías. deberá indicarse el detalle de las sustancias. Si de lo manifestado por el fiscal encargado del caso en su solicitud. deberá indicarse en términos generales la clase de sustancias o bienes que se dejarán circular para el alcance de los fines de la entrega vigilada. mediante grabaciones de voces. quienes serán responsables de informar permanentemente al fiscal del avance de la operación. e. el fiscal responsable del caso deberá coordinar con el jefe de la unidad especial. utilización de micrófonos. Artículo 43. para que éste pueda decidir las diligencias procesales pertinentes cuando lo estime necesario. Comprobación de la información. u otros métodos técnicocientíficos que permitan garantizar el debido control de la operación. Si las sustancias o bienes serán puestos en circulación por agentes encubiertos. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.d. deberán documentar la entrega vigilada. por deficiencias en la solicitud. Artículo 42. Artículo 41. el Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público considera que no es viable la autorización de la entrega vigilada prevista en esta Ley. la designación de los agentes que desarrollarán la entrega vigilada. Artículo 44. Cuando las sustancias o bienes no sean puestos en circulación por agentes encubiertos.
6. abusos. CAPÍTULO TERCERO INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN . poniéndolos a disposición del juez competente. La operación haya violado un precepto constitucional. Documentos provenientes del extranjero. La operación obstaculiza o impide la comprobación de los ilícitos investigados. los agentes encargados de la operación. las autoridades del país requirente o el país de destino final de las mismas. Han cambiado o desaparecido los presupuestos de hecho que sustenten la conveniencia de seguir aplicando la modalidad de las operaciones encubiertas o de las de entregas vigiladas. 2. deberán asegurar la cadena de custodia para garantizar que las evidencias obtenidas llenen los requisitos para ser incorporadas en el proceso. en especial. bienes u objetos ilícitos. sobre la existencia y paradero de las sustancias. negligencia. bienes u objetos de ilícito comercio. bajo la dirección del fiscal responsable del caso. El Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público podrá resolver en cualquier momento la cesación de las operaciones encubiertas o del procedimiento de entrega vigilada. Cadena de custodia. si a su criterio: 1. bienes u objetos de ilícito comercio provenientes de otros países. 4. La operación se desvía de finalidad o evidencia en sus ejecutores. Artículo 47. 3. Cesación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas. Para la autorización de entregas vigiladas de sustancias. Artículo 45. que se dejaron circular. deberán suministrar al Ministerio Público la información necesaria para que el fiscal designado pueda fundamentar solicitud para efectos de la autorización respectiva. Artículo 46.encargado del caso sobre los resultados de dicha operación. Cuando haya concluido la entrega vigilada y se hayan incautado sustancias. La operación facilita a los partícipes eludir la acción de la justicia. imprudencia o impericia. la detención de los partícipes en el hecho ilícito y la incautación de las substancias y de los instrumentos del delito. 5. La operación pone en serio peligro la vida o la integridad física de algún agente encubierto u otras personas ajenas a los actos ilícitos de la organización criminal.
Interceptaciones. deberán presentarse por escrito ante el juez competente con los siguientes requisitos: a. escritas. nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o persone que serán afectadas con la medida. Cuando sea necesario evitar. grabación o informáticas y similares que utilicen el espectro electromagnético. d. grabarse y reproducirse. 6. Descripción del hecho que se investiga. 10 y11 de la presente ley. fundamentando su necesidad e idoneidad.Artículo 48. para la solicitud de autorización de la reproducción de comunicación respectiva. según corresponda. Necesidad e idoneidad de la medida. podrá interceptarse. comunicaciones reguladas en la presente Ley. e. comunicaciones orales. Se entenderá que existe necesidad de la interceptación de las comunicaciones interceptación de las comunicaciones mencionadas en el artículo anterior. Artículo 49. cuando la situación lo haga conveniente. indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. Competencia para la solicitud. telefónicas. Números de teléfonos. Requisitos de la solicitud de autorización. En los delitos en que esté en peligro la vida o la libertad personal. radiotelefónicas. 8. Justificación del uso de esta medida. Descripción de las diligencias y medios de investigación que hasta el momento se hayan realizado. 5. 4. Los fiscales del Ministerio Público son los únicos competentes ante el juez correspondiente. 3. Las solicitudes de autorización para la interceptación de las . con autorización judicial. b. frecuencias. el Ministerio Público podrá presentar verbalmente la solicitud al juez competente quien resolverá en forma inmediata. Artículo 51. interrumpir o investigar la comisión de los delitos regulados en los artículos 2. Cuando el órgano policial tenga conocimiento de la comisión o planificación de la comisión de delitos por grupos delictivos organizados. 7. Artículo 50. cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se pretende interceptar para la escucha. direcciones electrónicas. deberán acudir inmediatamente al Ministerio Público proporcionando toda la información necesaria para fundamentar la solicitud de la interceptación de dichas comunicaciones. c. Si se tuvieren. así como cualesquiera de otra naturaleza que en el futuro existan. 9.
cualquiera de los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal. podrá presentarse la misma ante el Juez de Paz correspondiente conforme los criterios de los dos párrafos anteriores.cuando. los medios de investigación realizado demuestren que en los delitos cometidos por miembros de grupos delictivos conocer de las solicitudes de interceptación de estas comunicaciones. Justificación del uso de esta medida indicando los motivos por los que autoriza o deniega la solicitud de interceptación. Asimismo. ratifique. Competencia la para la autorización. el Juez de Paz deberá resolver de forma inmediata y enviar las actuaciones a la primera hora hábil del día siguiente al Juez de Primera Instancia jurisdiccional competente para que. interrumpir o esclarecer la comisión de los delitos ejecutados por miembros de grupos delictivos organizados. Autorización de la interceptación. El auto que resuelva este tipo de solicitudes. de dichos lugares deberá . correspondiente a la circunscripción territorial donde se haya cometido. modifique o revoque la decisión adoptada por el Juez de Paz. en un término máximo de tres organizados se estén utilizando los medios de comunicación establecidos en la presente Ley. siendo responsable por la demora injustificada en la resolución de las mismas. Serán las días. deberá contener los siguientes: a. El juez competente deberá resolver inmediatamente las solicitudes de interceptaciones previstas en esta Ley. se entenderá que existe idoneidad del uso de la interceptación de las comunicaciones cuando atendiendo a la naturaleza del delito. los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal. Artículo 53. se puede determinar que la interceptación de las comunicaciones es eficaz para obtener elementos de investigación que permitan evitar. además de los requisitos formales de un auto judicial. Cuando por razón de horario o cualquier otro motivo no fuere posible que los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal conozcan de forma inmediata la solicitud de interceptación. En este caso. Cuando la comisión del delito se haya realizado o se esté planificando cometer en distintos lugares. competentes para autorización de interceptación de comunicaciones reguladas en el artículo 48 de la presente Ley. Artículo 52. se esté cometiendo o se esté planificando la comisión de delitos por miembros de grupos delictivos organizados.
Para tal efecto. .b. el juez dictará la resolución correspondiente con la debida fundamentación. en caso éstos hayan sido proporcionados por el órgano requirente. será realizada por personal especializado de la Policía Nacional Civil. El fiscal encargado del caso deberá cesar inmediatamente la interceptación cuando concurra cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 47 de la presente Ley y será responsable de conformidad con la ley. Competencia para la interceptación. direcciones electrónicas. La interceptación. f.que serán destinados exclusivamente para la realización de dichas funciones. La fecha y hora para la audiencia de revisión del informe al que se refiere el artículo 59 de la presente Ley. Procedimiento antes de denegar la medida. o cualesquiera otros datos que sean útiles para determinar el medio electrónico o informático que se autoriza interceptar. Artículo 55. e. La autorización tendrá una duración máxima de treinta días. d. el juez competente considera que no es viable la autorización de la interceptación de las comunicaciones previstas en esta Ley. Nombres y otros datos que permitan identificar a la persona o personas que serán afectadas con la medida. la cual podrá prorrogarse de conformidad con la presente Ley. según corresponda. deberá comunicar inmediatamente al fiscal las fallas o deficiencias de que adolezca la misma a efecto que éstas puedan ser subsanadas de forma inmediata o en un plazo no mayor de veinticuatro horas. por deficiencias en la solicitud. Definición del hecho que se investiga o se pretende evitar o interrumpir. grabación y reproducción de las comunicaciones a las que se refiere el artículo 48 de esta Ley. Si de lo manifestado por el fiscal en su solicitud. frecuencias. el Ministro de Gobernación deberá conformar un equipo especial de técnicos . Números de teléfonos. Plazo por el que autoriza la interceptación. quienes serán periódicamente evaluados con métodos científicos para garantizar su idoneidad en el ejercicio de dichas actividades. c. Artículo 54. indicando el o los delitos en que se encuadran los mismos. De no lograrse subsanar tales deficiencias.
salvo que se solicite la prórroga por el fiscal responsable de la investigación. dicho control deberá realizarlo personalmente por lo menos una vez dentro del período autorizado. La autorización de la medida de interceptación expirará una vez se cumpla el plazo autorizado por el juez. Terminales de consulta. Artículo 59. En el mismo momento en que se autorice la medida de interceptación. Informes sobre las interceptaciones. para verificar si la medida está cumpliendo con la finalidad perseguida y si se está cumpliendo con las reglas establecidas en la presente Ley para la utilización de la medida. Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal que hayan autorizado las interceptaciones de las comunicaciones previstas en esta Ley. grabaciones o reproducciones de comunicaciones no autorizadas. grabaciones y reproducciones de las comunicaciones previstas en la presente Ley. informática u otras de naturaleza electrónica. Artículo 58. Para el efecto todas las empresas prestadoras de servicios de comunicación telefónica. El Ministerio Público deberá organizar las unidades de terminales de consultas donde se realizarán las interceptaciones.Artículo 56. La omisión por el fiscal de la presentación de este informe verbal o escrito. el Juez competente deberá establecer la obligación del fiscal a informar cada quince días sobre el desarrollo de la actividad de interceptación. Podrá asimismo terminarse la medida cuando se logre el objetivo para el cual ha sido expedida la autorización de interceptación. deberá justificarse la necesidad e idoneidad de continuar con dicha actividad de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 51 de la presente Ley. Artículo 57. Duración de la medida. de toda actividad realizada en dichas unidades. . levantando acta de dicha visita. deberán acudir a verificar que los procedimientos se estén desarrollando de conformidad con la presente Ley y que no se estén desarrollando interceptaciones. deberán colaborar con el Ministerio Público con el equipo necesario para el desarrollo de las interceptaciones de las comunicaciones brindadas por sus servicios. Control judicial de las interceptaciones. grabación y reproducción de las comunicaciones. o si sus explicaciones no fueren satisfactorias para el juez. las cuales deberán ser estrictamente reglamentadas a efecto que. En este caso. quede registro informático y electrónico para el efectivo control del respeto a las garantías y el apego a la legalidad de quienes intervengan en ellas.
será excluida del informe certificado que se aporte como prueba del crimen o delito. El contenido de las grabaciones realizadas de conformidad con el artículo 48 de esta Ley. momento en el que deberá poner a disposición del juez competente las actuaciones que obren en su poder. Violación a las formalidades de la interceptación. El medio de prueba será las grabaciones o resultados directos de las interceptaciones. mensajes.podrán ser motivo suficiente para revocar la autorización y ordenar la suspensión de la interceptación. Artículo 62. Las comunicaciones. La prueba obtenida con violación de estas formalidades o la . Artículo 60. a partir de la primera declaración de dicha persona en los tribunales penales correspondientes. y las transcripciones servirán únicamente como guías para una correcta comprensión de las mismas. El resultado final de las grabaciones deberá tener como único objetivo la sustanciación del procedimiento que impulse el fiscal en contra de la persona a quien va dirigida la interceptación de su comunicación. Para garantizar el derecho de defensa. En caso de contradicción. las grabaciones podrán ser revisadas por la persona que ha sido objeto o blanco de ellas. Artículo 61. Derecho de defensa. Una vez terminada la audiencia de la primera declaración. hasta que se solicite la recepción de la primera declaración de la persona sindicada. En todos los casos. Trascripción de las grabaciones. las traducciones se ejecutarán previo juramento de realizar versiones fieles. conforme a lo dicho por el investigado. datos o sonidos transmitidos en un idioma que no sea el español. El Ministerio Público conservará los originales de las transcripciones así como el o los cassettes sin editar que contienen las voces grabadas. prevalecerá lo primero sobre las transcripciones. tomando en cuenta que cualquier otra información personal o íntima. las actuaciones originales volverán a poder del Ministerio Público para completar la etapa preparatoria del proceso penal. sólo tendrá validez como medio de prueba cuando sea el resultado de una interceptación autorizada de conformidad con el procedimiento establecido en la presente Ley. El fiscal y sus investigadores deberán levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la comprobación o aportación de evidencias del hecho punible que se investiga. serán traducidas a este idioma por un intérprete autorizado por el juez contralor. informaciones.
Término de la interceptación. Cuando hubiere concluido toda interceptación de comunicaciones. un año después de finalizada la persecución penal o la sentencia impuesta haya sido ejecutoriada en el caso que existan personas condenadas. el número de la solicitud y el nombre del representante del Ministerio Público que la presenta. debiendo levantar acta y rendir informe complementario al juez competente. El Ministerio Público solicitará la prórroga del período de la interceptación de las comunicaciones por lo menos con dos días de anticipación a la fecha en que fenezca el periodo anterior. no incluye el expediente del proceso penal que haya fenecido. Artículo 63. Registro. Artículo 64. La destrucción a la que se refiere el presente artículo. el fiscal encargado del caso deberá concluir la interceptación autorizada. Únicamente al fiscal encargado del caso se le entregará copia de la solicitud y de la decisión judicial. resultare información de hechos delictivos del investigado o de un tercero no previstos en la autorización judicial. el fiscal encargado del caso informará al juez competente sobre su desarrollo y sus . Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal. el fiscal deberá ponerlo en conocimiento inmediato del juez contralor. Los registros y actas en los cuales consten las interceptaciones de las comunicaciones establecidas en la presente Ley. conservación y archivo de la decisión judicial. llevarán un libro de registro de todas las solicitudes presentadas a su consideración. A ninguna entidad o persona se le debe suministrar información relacionada con las actuaciones de interceptaciones reguladas en la presente Ley. a efecto de solicitar una nueva autorización con respecto a los nuevos hechos descubiertos. Cuando se hubiere denegado la prórroga.violación al derecho a la privacidad más allá de lo establecido por la autorización judicial es ilegal. El juez resolverá inmediatamente con base en el informe que se le hubiere presentado. Destrucción de archivos. Artículo 65. Cuando a consecuencia de una medida de interceptación autorizada conforme la presente Ley. Artículo 67. deberán ser destruidos bajo supervisión judicial. sin perjuicio de las responsabilidades legales en que incurra la persona que la realiza. Hallazgo inevitable. indicando la fecha y hora en que fueron recibidas. Solicitud de prórroga. Artículo 66. hayan dado o no resultados.
Se guardarán en sobre sellado para conservar la cadena de custodia de la prueba y el fiscal encargado del caso será responsable de su seguridad. que contengan los sonidos captados durante la misma. Los funcionarios o empleados públicos que participen en alguna fase de los métodos especiales de investigación a que se refiere este título. cintas de audio y cualquier otro medio utilizado de conformidad con la presente Ley. cintas y cualquier otro registro obtenido en las interceptaciones. Cotejo de las voces provenientes de una comunicación interceptada. objetos. Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos. CAPÍTULO CUARTO RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS Artículo 72. Las voces provenientes de una comunicación interceptada contra el imputado podrán ser cotejadas por los medios idóneos para ser incorporados en el proceso penal como evidencias o medios de prueba. Obligaciones de quienes participen en una intervención telefónica. Los documentos. la identificación de quienes hayan participado en las diligencias. Forma de hacer constar el resultado de la interceptación. un inventario detallado de los documentos. así como los demás datos que considere relevantes para la investigación. Cadena de custodia de las interceptaciones. Artículo 69. debiendo levantar el acta respectiva para efectos de dicho informe. cuidado e integridad. Artículo 68. que revelen. así como con la destitución e inhabilitación para desempeñar . Artículo 70.resultados. se numerarán en original y en duplicado de forma progresiva y contendrán los datos necesarios para su identificación. debiendo dejar constancia de todo acto que realiza. divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la información o imágenes obtenidas en el curso del mismo. El fiscal encargado del caso levantará acta circunstanciada de toda interceptación realizada que contendrá las fechas de inicio y término de la misma. Artículo 71. Quienes participen en alguna intervención de comunicaciones privadas deberán guardar reserva sobre el contenido de las mismas. serán sancionados con prisión de seis a ocho años. objetos.
por el mismo plazo que la pena de prisión impuesta. cargo o comisión pública. También se podrá ordenar el secuestro y embargo de los bienes a que se refiere el párrafo anterior. cuando éstos aparezcan registrados a nombre de terceras personas. Artículo 75. Medidas cautelares de bienes susceptibles de comiso: a. Secuestro y embargo de bienes. Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva. b. Suspensión de las patentes y permisos que hayan sido debidamente extendidas y que hubieren sido utilizadas de cualquier forma para la comisión del hecho ilícito. 5. que sean producto directo del delito o de la transformación o conversión en otros bienes. Salvo que en sentencia. Cuando se persiga penalmente a personas pertenecientes a grupos delictivos organizados. Secuestro y embargo de bienes. los bienes incautados en procesos por delitos cometidos por grupos . Inmovilización de cuentas bancarias y bienes inmuebles. Ocupación. podrán utilizarse las siguientes medidas: 1. 4. Podrá ordenarse el secuestro y embargo de los bienes de las personas sindicadas pertenecientes a grupos delictivos organizados. La misma pena se impondrá a quienes con motivo de su empleo. adicionalmente a lo establecido en el Código Procesal Penal. el tribunal competente de conformidad con la ley de la materia haya declarado que no declare la extinción de dominio. 3. Artículo 74. (Reformado por el Artículo 65 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Medidas Precautorias. TÍTULO CUARTO MEDIDAS PRECAUTORIAS CAPÍTULO PRIMERO MEDIDAS PRECAUTORIAS Artículo 73. Arraigo. Incautación. 2. Secuestro de libros y registros contables.otro empleo. cargo o comisión pública tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorización de los métodos antes descritos y revelen su existencia o contenido. 6.
Artículo 77. Restitución de los bienes. b) El reclamante no esté señalado como autor o partícipe de ningún tipo de delito relacionado con algún grupo delictivo organizado. d) El reclamante hizo las gestiones que estaban a su alcance para impedir el uso ilegal de los bienes. Artículo 76. investigar y perseguir dichos delitos. después de dictada la sentencia penal y que la misma contemple el comiso de los bienes secuestrados. Podrán inmovilizarse. siempre que acredite que se le despojó de sus bienes en la comisión de la actividad ilícita. cuando se haya acreditado y concluido en la vía incidental que: a) El reclamante tiene legítimo derecho respecto de dichos bienes. productos o instrumentos de la persona procesada. en circunstancias que llevarán razonablemente a concluir. productos o instrumentos. Antes de hacer efectiva la devolución. c) El reclamante no adquirió derecho alguno de los bienes. al reclamante de los bienes. Inmovilización de cuentas bancarias. La víctima podrá solicitar que se le restituyan sus bienes secuestrados o embargados. podrá disponer la devolución durante el proceso. productos o instrumentos de uso no prohibido o de lícito comercio. tribunal competente o el Ministerio Público. Devolución de bienes. la Corte Suprema de Justicia podrá acordar el destino de los bienes para uso de las autoridades encargadas de prevenir. el fiscal deberá efectuar todas las diligencias necesarias para asegurar las pruebas. El juez o tribunal del caso. controlar. el reclamante deberá de exhibir dichos bienes. producto de la actividad delictiva en los procesos instruidos por delitos cometidos por grupos delictivos organizados. Artículo 78.delictivos organizados. que el derecho sobre aquellos le fue transferido para evitar una eventual persecución penal y comiso posterior de los mismos. productos o instrumentos cuando así se lo solicite el juez. Si el juez hubiera acordado la devolución con carácter de depósito. investigarse o tener acceso a las cuentas bancarias . productos o instrumentos.
del sindicado o de las personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente por los delitos cometidos por aquellos. Artículo 82. el Ministerio Público solicitará la autorización judicial de inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables. sus patentes. cuando hubieren sido utilizadas para cometer en cualquier forma un hecho ilícito de los establecidos en la presente Ley. simularse o gravarse por el investigado. mediante resolución firme dictada por juez competente. consignando las cosas o documentos ante el . están en peligro de ocultarse. Suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas. Inmovilización de bienes inmuebles o muebles registrables. Medidas cautelares sobre bienes susceptibles de comiso que se hayan obtenido en forma flagrante. El fiscal hará la solicitud al juez contralor de la investigación. inmediatamente. desaparecer o simulase actos traslativos de dominio sobre los Artículo 81. Secuestro de libros y registros contables. permisos y licencias que hayan sido extendidas legalmente. Artículo 80. las inscripciones de personas jurídicas. el fiscal podrá ordenar el secuestro debiendo solicitar la autorización judicial mismos. de una persona que pertenece a grupos delictivos organizados. Se podrá proceder al secuestro de libros y registros contables. Artículo 83. Cuando exista flagrancia en la comisión de un hecho delictivo y se encuentren bienes relacionados con la actividad criminal que pueden ser objeto de comiso. en caso de peligro por la demora. Cuando la evidencia recabada por el Ministerio Público sea clara en cuanto a que se presuma fundadamente que los bienes inmuebles o muebles registrables. Se podrán suspender provisionalmente con autorización judicial durante la substanciación del proceso penal. siempre que existan motivos que resulten indispensables para asegurar fuentes de prueba pertinentes al objeto de la investigación. Se podrán inmovilizar mediante autorización judicial bienes inmuebles o muebles registrables que sean propiedad de terceros. para que los mismos no puedan disponerse. propiedad de terceros. Inmovilización de bienes inmuebles y muebles registrables. cuando exista clara evidencia que estas personas se hayan beneficiado directa o indirectamente con el producto del delito cometido por algún miembro de un grupo delictivo organizado. Artículo 79.
acerca de la procedencia e improcedencia o la convalidación de la medida. Ejecución de la medida. de igual o similar naturaleza. Cuando proceda la acción de extinción de dominio. En caso que el Juez no convalide la actuación del fiscal. Artículo 85. El fiscal debe indicar el término de duración de la medida solicitada y las especificaciones necesarias para concretarlas. En los casos en que se debe solicitar la autorización o convalidación de las medidas precautorias. El juez se pronunciará inmediatamente mediante resolución motivada. medida. el Fiscal General tomará las medidas necesarias para que el Ministerio Público inicie la investigación y ejerza la acción de extinción de dominio en la forma prevista en la ley. Articulo 83 Bis. 79. Las cosas o documentos serán devueltos si el tribunal no autoriza su secuestro. 74. (Adicionado por el Artículo 66 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Solicitud. La acción de extinción de dominio tendrá preferencia a cualquier otro procedimiento que contemple la presente Ley.tribunal competente. Resolución. el fiscal deberá presentar solicitud fundamentando la necesidad de la (Párrafo agregado por el Artículo 67 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Objeto de las medidas. acompañando copia de los elementos de convicción que la justifiquen para el éxito de la investigación. Ejecutada la medida el juez notificará al afectado la resolución que ordena la misma.” CAPÍTULO SEGUNDO DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS Artículo 84. en ningún caso la medida podrá exceder del plazo de un año. no se admitirá el incidente sino en los términos que establece la Ley de Extinción de Dominio. deberá dejar sin efecto lo actuado. una vez ordenadas las medidas a que se refieren los artículos 73. quien podrá manifestar su inconformidad en la vía de los incidentes. indicando expresamente la prohibición de utilizar la información obtenida en el proceso penal. 80 y 83 de la presente Ley. Si no se hubiere iniciado antes la acción de extinción de dominio conforme a la ley de la materia. 78. conforme a la ley de la materia. Artículo 86. .
en los términos establecidos en el artículo 76 de la presente Ley. el Ministerio Público podrá solicitar por vía incidental la extinción del derecho de propiedad o de posesión de los mismos por medio del comiso. TÍTULO QUINTO COLABORADORES CAPÍTULO PRIMERO COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Artículo 90. Cuando los bienes producto del delito sean de ilícito comercio o de uso prohibido. a partir de que exista auto de procesamiento. (Reformado por el Artículo 68 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República – Ley de Extinción de Dominio-). Artículo 89. b) Comiso. Remisión de Información. SOBRE BIENES PRODUCTO DE ACTIVIDADES ILÍCITAS COMETIDAS POR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS Artículo 88. que preste ayuda o colaboración eficaz para la investigación y persecución de miembros de grupo delictivo . conforme a la ley de la materia. sin perjuicio de las acciones legales contra quien desobedece la solicitud. se extingue por: a) Restitución a la víctima.Artículo 87. se autorizará el secuestro de dicha información. así como los registros manuales o informáticos que posean tales entidades. En caso de negativa injustificada. Cuando dichos bienes sean de ilícita procedencia pero de lícito comercio. Comiso. Forma de extinción del derecho de propiedad o posesión. CAPÍTULO TERCERO PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN DEL DERECHO DE PROPIEDAD. el derecho de propiedad o posesión sobre bienes producto de actividades ilícitas cometidas por grupos delictivos organizados. Las instituciones públicas y privadas están obligadas a remitir la información que les sea requerida por la autoridad competente en el marco de la presente Ley. Derecho penal premial. los que pasarán a formar parte de los fondos privativos del Organismo Judicial. La persona que ha participado en un hecho delictivo. sea o no integrante de un grupo delictivo organizado. Para los efectos de la presente Ley. el Ministerio Publico iniciará la acción de extinción de dominio.
c) Identificar a los autores o partícipes de un delito cometido o por cometerse. Salvo los delitos a los que se refiere el artículo siguiente. Se considera colaboración eficaz. podrá recibir los beneficios otorgados en la presente Ley. o la rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia. e) Averiguar el paradero o destino de los instrumentos. . efectos y ganancias del delito. o las circunstancias en las que se viene planificando o ejecutando. que permita desarticularla. para los autores. Beneficios por colaboración eficaz. ambos del Congreso de la República). se podrán otorgar los siguientes beneficios por colaboración eficaz: a) El criterio de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal. bienes. la información que proporcione el colaborador que permita cualquiera de los resultados siguientes: a) Evitar la continuidad y consumación de delitos o disminuir su magnitud. Ámbito de colaboración eficaz. No se podrán otorgar los beneficios descritos en el artículo anterior en los casos de genocidio. Restricciones a la aplicación de beneficios por Colaboración eficaz. f) La entrega de los instrumentos. Artículo 91. ganancias o bienes producto de la actividad ilícita a las autoridades competentes. menguarla o detener a uno o varios de sus miembros. c) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. (Reformado por el Artículo 3 del Decreto 17-2009 y por el Artículo 2 del Decreto 23-2009.organizado. Artículo 92 Bis. efectos. (Adicionado por el Artículo 3 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). o a los jefes. así como indicar las fuentes de financiamiento y apoyo de las organizaciones criminales. b) Durante el debate oral y público y hasta antes de dictar sentencia. cabecillas o directores de la organización criminal. d) Identificar a los integrantes de una organización criminal y su funcionamiento. el sobreseimiento para los cómplices. Artículo 92. b) Conocer las circunstancias en que se planificó y ejecutó el delito.
Sin perjuicio de lo anterior. tortura o delitos contra los deberes de humanidad. Artículo 93 Bis. o. o en razón de la duración máxima de las penas. Para los efectos de aplicar los beneficios por colaboración eficaz. Trámite del beneficio. estos beneficios no serán aplicables a los jefes. ejecución extrajudicial. Conjuntamente con la aplicación del beneficio del artículo 92 Ter literal a). (Adicionado por el Artículo 4 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). Artículo 93. cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales. Procedimiento abreviado. No se podrán otorgar los beneficios de Criterio de oportunidad. durante la etapa preparatoria y hasta la finalización del procedimiento intermedio. no se tomaran en cuenta tas limitaciones que establecen las leyes en razón de la calidad de funcionario público del interesado. serán tramitados ante el juez de ejecución. imputado o acusado. Artículo 92 Ter. suspensión . se seguirá el procedimiento establecido en el Código Procesal Penal para los cómplices o autores del delito de encubrimiento. Los beneficios de libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. (Reformado por el Artículo 4. condicional de la persecución penal y sobreseimiento. tortura y delitos contra los deberes de humanidad. (Adicionado por el Artículo 6 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). cabecillas o dirigentes de organizaciones criminales que estén siendo sindicados o hayan sido condenados por genocidio. a los jefes. el Ministerio Público podrá requerir al juez Los beneficios de criterio de oportunidad. ambos del Congreso de la República). El colaborador eficaz deberá entregar todos aquellos bienes. En los casos de artículo anterior.desaparición forzada. se tramitarán ante el Juez o tribunal que esta conociendo la causa en la cual el Interesado tiene la calidad de sospechoso. b) La libertad condicional o la libertad controlada a quien se encuentre cumpliendo condena. podrán concederse los beneficios siguientes por colaboración eficaz: a) La rebaja de la pena hasta en dos terceras partes al momento de dictarse sentencia. del Decreto 17-2009 y el Artículo 5 del Decreto 23-2009. ejecución extrajudicial. ganancias y productos que hubiere obtenido como consecuencia de su actividad ilícita en la organización criminal. suspensión condicional de la persecución penal o sobreseimiento. Para la aplicación del criterio de oportunidad. desaparición forzada. Beneficios de aplicación restringida.
pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Publico. El juez oirá al imputado y dictará la resolución que corresponda. Podrá absolver o condenar. Parámetros para otorgar beneficios. y a la aceptación de la vía propuesta. La acción civil no será discutida y se podrá deducir nuevamente ante el tribunal competente de orden civil. Sin embargo. debiendo contar con el acuerdo del imputado y su defensor. con las limitaciones establecidas y sólo en la medida en que la sentencia influya sobre el resultado de una reclamación civil posterior. no afectarán la validez del acuerdo de colaboración eficaz ni las obligaciones derivadas de éste. sin más trámite. que se aplique el procedimiento abreviado. las resoluciones que se emitan en el mismo. Los beneficios descritos en el artículo 92 y 92 TER. (Reformado por el Artículo 5. el que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él. Se aplicarán.que está conociendo la causa en la cual el interesado tiene la calidad de sospechoso o imputado. b) La gravedad de los delitos que han sido objeto de la colaboración eficaz. del Decreto 17-2009 y modificado por el Artículo 7 del Decreto 232009. las reglas de la sentencia. en lo pertinente. . Contra la sentencia será admisible el recurso de apelación. quienes fueron admitidos como partes civiles podrán interponer el recurso de apelación. El procedimiento abreviado descrito en el presente artículo es independiente del acuerdo de colaboración eficaz. Por ende. sin perjuicio de incorporar otros favorables a él. de conformidad con las siguientes reglas: El Ministerio Público concretara su requerimiento ante el juez de primera instancia. La sentencia se basara en el hecho descrito en la acusación admitida por el imputado. cuya prueba tenga su fuente en el procedimiento preparatorio. ambos del Congreso de la República). considerados conjuntamente: a) El grado de eficacia o importancia de la colaboración en el esclarecimiento de los delitos investigados y en la sanción de los principales responsables. y se podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación. Artículo 94. se otorgarán en consideración a los cuatro elementos siguientes. La existencia de varios imputados en un mismo procedimiento no inhibirá la aplicación de estas reglas a alguno de ellos.
d) La gravedad del delito y el grado de responsabilidad que en él se le atribuye al colaborador eficaz. por un tiempo no menor del doble de la pena máxima que establece la ley por el delito que se le sindique o hubiera cometido. Los Fiscales podrán solicitar al juez competente la celebración de acuerdos para otorgar los beneficios descritos anteriormente. (Reformado por el Artículo 8 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). por habérsele otorgado tal beneficio. pudiendo ordenar a la Policía Nacional Civil que realice las pesquisas previas y rinda un informe al fiscal que la ordenó. Artículo 98. el fiscal dispondrá los actos de investigación necesarios para corroborar la información proporcionada. se revocará el beneficio otorgado al colaborador beneficiado. los fiscales. se otorgarán bajo condición de que el colaborador no cometa delito doloso. Diligencias previas a la celebración del acuerdo. Con esta finalidad. el fiscal. Elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración. el fiscal deberá tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal del colaborador. Artículo 97. b) La información proporcionada por el colaborador y las averiguaciones o pesquisas que hayan corroborado dicha información. la concesión de algún beneficio previsto en la presente Ley el cual deberá contener lo siguiente: a) El beneficio otorgado.c) El grado de responsabilidad en la organización criminal del colaborador eficaz. podrán celebrar reuniones con los colaboradores. c) En caso de ser necesario. procesadas o condenadas. Mientras se corrobore la información que ha sido proporcionada. en caso que considere procedente. durante la investigación o en cualquier etapa del proceso. observando las reglas establecidas en la presente Ley. cuando no exista algún impedimento u orden de detención contra ellos. Condiciones del beneficio otorgado. con las personas investigadas. . Celebración de acuerdo con los beneficiados. Culminados los actos de investigación que corroboren la información proporcionada. solicitará al juez competente. Los beneficios establecidos en la presente Ley. Como consecuencia de las entrevistas que lleve a cabo. y. Artículo 95. Articulo 96. las medidas personales para garantizar la seguridad del colaborador. En consecuencia si reincidiere en tal actividad.
Artículo 100. y. el Ministerio Público podrá. del Decreto 17-2009 y el Artículo 9 del Decreto 23-2009. Denegación del acuerdo. expresándose claramente en ella los requisitos legales incumplidos por parte del Ministerio Público. sin perjuicio de continuar con la investigación respectiva. Si de la información proporcionada se establecen indicios razonables de participación delictiva de las personas señaladas por el colaborador. deberá ser . una vez subsanados los defectos señalados. d) Prohibición de portar armas de fuego. se impondrá al beneficiado una o varias de las siguientes obligaciones: a) Presentarse competentes. La negativa del juez a acceder al acuerdo de colaboración deberá ser fundada. Artículo 101. solicitar nuevamente la aprobación del acuerdo de colaboración. ambos del Congreso de la República). periódicamente ante las autoridades colaboración. Artículo 99. Resolución judicial sobre el acuerdo de aprobado por el juez competente. (Reformado por el Artículo 6. en el entendido que ello no implica una disminución a su derecho de no declarar contra sí mismo. el juez podrá hacer las modificaciones pertinentes para adecuar el beneficio a las obligaciones a imponer. el fiscal negará el beneficio y el acuerdo a la persona interesada. El acuerdo que contenga el beneficio y los demás requisitos establecidos en el artículo 98 de la presente Ley. Inicio de la persecución penal. b) Reparar los daños ocasionados por los ilícitos cometidos de acuerdo a su capacidad económica. e) Las obligaciones a las que queda sujeta la persona beneficiada. En caso de no corroborarse la información proporcionada. Al resolver el acuerdo presentado. Artículo 102. de acuerdo a la naturaleza y modalidad del hecho punible. sin mas tramite. el fiscal deberá proceder conforme a un plan previamente diseñado a iniciar la persecución penal en contra de las mismas. c) No acudir a determinados lugares o visitar determinadas personas.d) El compromiso de la persona de seguir colaborando durante el desarrollo del proceso penal. salvo que el fiscal lo considere necesario por su propia seguridad. Cuando se concedan los beneficios previstos en la presente Ley. Obligaciones a imponer al colaborador eficaz.
así como la de sus familiares. El fiscal podrá establecer según el grado de riesgo o peligro existente. profesión. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). lugar de trabajo. (Adicionado por el Artículo 10 del Decreto 23-2009 del Congreso de la República). preservar u ocultar la identidad del beneficiario y demás datos personales. Personas destinatarias de las medidas de protección. Artículo 102 Bis. Las medidas de protección previstas en la presente Ley. Revocación del beneficio otorgado. las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad y preservar la identidad del protegido y la de sus familiares. Previo a la primera declaración del imputado. b) Por haber sido declarada falsa por sentencia ejecutoriada. c) Por el incumplimiento de cualquiera de los compromisos y obligaciones del acta donde conste el acuerdo de colaboración por parte del beneficiario. (Reformado por el Artículo 7. CAPÍTULO SEGUNDO MEDIDAS DE PROTECCIÓN Artículo 103. son aplicables a quienes en calidad de colaboradores intervengan en las investigaciones o procesos penales objeto de la presente Ley. Medidas de protección. Protección policial en su residencia o su perímetro. 3. No salir de determinada circunscripción territorial sin previa autorización judicial. . f) g) Devolver los bienes producto de la actividad ilícita. 2. se revocarán exclusivamente a solicitud del Ministerio Público. la información entregada por el colaborador eficaz. Los beneficios establecidos en la presente Ley. pudiendo adoptar las siguientes: 1.e) En caso de ser necesario adoptar alguna identidad distinta que permita una mejor colaboración. Artículo 104. esta medida puede abarcar el cambio de residencia y ocultación de su paradero. Preservar su lugar de residencia y la de sus familiares. en los siguientes casos: a) Por haber cometido delito doloso en el transcurso de un periodo inferior al doble del tiempo de la pena máxima privativa de libertad que establece la ley que le hubiere correspondido de no haberse aplicado el beneficio. su domicilio. que puedan verse en riesgo o peligro.
según lo estipulado en las normas respectivas. deberá efectuarse durante el desarrollo del debate. c) Que el grado o nivel de riesgo sea el máximo. En caso se realice en el juicio oral. La oficina de protección. Obligatoriedad de la declaración procesal. b) Que sea solicitada por el agente fiscal encargado del caso o por el propio beneficiario. con un estatus migratorio que les permita ocuparse laboralmente. será la encargada de tramitar las medidas y acciones de protección necesarias dictadas por el Fiscal General de la República. Después de su declaración otorgada ante juez competente y siempre que exista riesgo o peligro para la vida. El cambio de identidad solo se tramitará inmediatamente después que la persona haya proporcionado su declaración ante autoridad judicial competente. integridad o libertad del beneficiado o la de sus familiares. para lo cual el fiscal dictará las medidas y acciones necesarias. d) Que la información proporcionada sea de relevancia para el esclarecimiento responsables. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). (Adicionado por el Artículo 11. del hecho o para procesar a los El cambio de identidad es una medida de protección de carácter excepcional y solo será aplicable cuando las otras medidas no sean suficientes o efectivas para garantizar la seguridad del beneficiario. Artículo 104 BIS. Artículo 104 QUINQUIES. Para aplicar la medida del cambio de identidad se requiere: a) Que sea en forma voluntaria y con pleno conocimiento del beneficiario. (Adicionado por el Artículo 10. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). En caso la declaración se realice en la etapa preparatoria o intermedia deberá efectuarse en calidad de prueba anticipada. Cambio de identidad. (Adicionado por el Artículo 8. (Adicionado por el Artículo 9. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). El cambio de identidad se podrá extender a los familiares del beneficiario.4. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). . se podrá otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país. Artículo 104 QUATER. Requisitos. Artículo 104 TER. con la asesoría del fiscal encargado del caso.
del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). Vigencia del cambio de identidad. (Adicionado por el Artículo 13. el beneficiario y sus familiares podrán solicitar se les tramite su antigua identidad. Sin perjuicio de lo anterior. debiendo las autoridades establecer los mecanismos adecuados para brindar seguridad a la persona. deberán resguardar bajo garantía de confidencia la información. El funcionario o empleado público que revele dicha información será responsable penal y El cambio de identidad es de carácter permanente debiendo el beneficiario y sus familiares utilizar la nueva identidad de forma permanente. con posterioridad a habérsele otorgado el cambio de identidad. Trámite del cambio de Identidad. a la identidad original. el encargado de la oficina de protección deberá tener el registro correspondiente de la identidad original. si ha desaparecido el riesgo que motivó la medida. Artículo 104 OCTIES. d) Establecer las comunicaciones con las autoridades En caso se requiera una nueva declaración del beneficiario. (Adicionado por el Artículo 14. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). Confidencialidad. Artículo 104 SEPTIES. (Adicionado por el Artículo 12. El fiscal no deberá saber la información de la nueva Identidad. b) Llevar un registro detallado de la identidad original y de la nueva identidad del beneficiario. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). la oficina de protección advertirá de a la los empleados de o funcionarios Los funcionarios o empleados públicos que por razón del cargo. incluyendo la posibilidad de realización de videoconferencias o evitando el contacto visual con la persona. del Decreto 17-2009 del Congreso de la República). Artículo 104 NONIES. obligación confidencialidad respecto de la información de cambio de identidad y de la . En dichas comunicaciones. así como correspondientes. administrativamente.Artículo 104 SEXTIES. y en caso necesario de su familia. c) Determinar los aspectos específicos de la nueva identidad. En caso el director de la oficina de protección emita dictamen favorable de cambio de identidad. (Adicionado por el Artículo 15. competentes de registros públicos para informarles del cambio de identidad. Nueva declaración. conozcan la información respecto al cambio de identidad de la persona. la oficina de protección deberá: a) Informar al fiscal encargado del caso de la opinión emitida. la declaración se efectuará con su identidad original. para el efecto.
responsabilidad penal y administrativa por el incumplimiento de dicha obligación. Artículo 107. Artículo 108. licencia de conducir. los recursos contenidos en el libro tercero del Código Procesal Penal. pasaporte. Entre los documentos que deberán emitirse con la nueva identidad del beneficiado. carné de seguro social número de identificación tributaria (NIT). se encuentran los siguientes: partida de nacimiento. TÍTULO SÉPTIMO DISPOSICIONES FINALES . Normas aplicables a las impugnaciones. No obstante lo dispuesto en el artículo 404 del Código Procesal Penal. Cómputo final. proporcionando la información necesaria para el efecto. A los beneficiados por colaboración eficaz que hayan sido condenados o se encuentren cumpliendo pena de prisión. TÍTULO SEXTO MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CAPÍTULO ÚNICO IMPUGNACIONES Artículo 106. son aplicables las normas establecidas en los artículos del Código Procesal Penal que regulan dicho recurso. Recurso de apelación. de su familia. documento personal de identificación. para los efectos de la presente Ley son apelables los autos que denieguen o autoricen: a) Interceptaciones de comunicaciones. tomando en cuenta las rebajas establecidas en la literal c) del artículo 92 de la presente Ley. e) Establecer comunicación con las autoridades extranjeras competentes para la reubicación del beneficiario y. Para el planteamiento del recurso de apelación establecido en la presente Ley. se les deberá realizar el cómputo de la pena. son aplicables a la presente Ley. b) Medidas precautorias. CAPÍTULO TERCERO PENAS Artículo 105. En materia de impugnaciones. Normas aplicables a la presente Ley. c) Así como el auto que aprueba o no el acuerdo de colaboración eficaz. en caso sea necesario. f) Cubrir los gastos de traslado y acompañar en el traslado a la persona beneficiada.
El Organismo Ejecutivo deberá emitir los reglamentos a presente Ley en un plazo que no exceda de noventa días contados a partir de la vigencia de la presente Ley. Agrupaciones ilegales de gente armada. Código Penal y todas las leyes o disposiciones que se opongan a la presente Ley.CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES FINALES Artículo 109. Se deroga el artículo 396 del Decreto Número 17-73 del Congreso de República. Reglamentos." Artículo 111. PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN. DIECINUEVE DE JULIO DE DOS MIL SEIS. REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN. Quienes organizaren. y entrará en vigencia quince días después de su publicación en Diario Oficial. Artículo 113. Supletoriedad. Artículo 110. EMITIDO LEGISLATIVO. Jorge Méndez Herbruger Presidente Otto Ely Zea Sierra Secretario Francisco Javier del Valle Secretario . serán sancionados con prisión de seis a ocho años. Artículo 112. constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por éste. las disposiciones del Código Penal. Se reforma el primer párrafo del artículo 398 del Decreto Número 17-73 del Congreso de la República. Código Procesal Penal. Vigencia. El presente Decreto fue declarado de urgencia nacional con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso de la República. Ley del Organismo Judicial. para que quede redactado de la siguiente manera: "Artículo 398. Son aplicables supletoriamente a esta Ley. EN EN EL LA PALACIO DE DEL ORGANISMO EL CIUDAD GUATEMALA. Código Penal. así como las comprendidas en leyes especiales en materia penal.
dos de agosto del año dos mil seis. PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE BERGER PERDOMO Carlos Vielmann Montes Ministro de Gobernación Lic. Jorge Raúl Arroyave Reyes Secretario General de la Presidencia de la República .PALACIO NACIONAL: Guatemala.
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 Artículo 8
 Artículo 6
 Artículo 7
 Artículo 9
 Artículo 64
 Artículo 11
 Artículo 12
 Artículo 10
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 Artículo 15
 Artículo 14
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