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Timestamp: 2019-05-24 06:46:43+00:00

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S TC 3/3/2016
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Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia 39/2016 de 3 Mar. 2016, Rec. 7222/2013
Nº de Sentencia: 39/2016
Nº de Recurso: 7222/2013
Diario La Ley, Nº 8725, Sección Documento on-line, 18 de Marzo de 2016, Editorial LA LEY
LA LEY 11275/2016
El TC aclara el alcance de la información facilitada sobre la videovigilancia en el lugar de trabajo
RECURSO DE AMPARO. DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. ÁMBITO LABORAL. Instalación de cámaras de seguridad para el control de la zona de caja donde la demandante de amparo desempeñaba su actividad laboral. Alcance del deber de información a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia. El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas para seguridad o control laboral, por tratarse de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral, conforme con el art. 20.3 TRLET. No puede entenderse vulnerado el art. 18.4 CE cuando la trabajadora cuenta con información previa de la instalación de las cámaras de videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo. VOTOS PARTICULARES.
El Tribunal Constitucional desestima el amparo solicitado por la trabajadora sobre vulneración del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, descartando que se haya producido lesión alguna del derecho a la intimidad personal por el Auto TSJ Castilla y León impugnado.
En el recurso de amparo núm. 7222-2013, promovido por doña Delia, representada por la Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz y asistida por el Abogado don Enrique Arce Mainzhausen, contra el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 23 de octubre de 2013 por el que se desestima el incidente de nulidad de actuaciones interpuesto contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de 24 de julio de 2013 desestimatoria a su vez del recurso de suplicación interpuesto con la Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña Encarnación Roca Trías, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. La Procuradora de los Tribunales doña Carmen Olmos Gilsanz, en nombre y representación de doña Delia, bajo la dirección del Letrado don Enrique Arce Mainzhausen, interpuso demanda de amparo contra las resoluciones que se mencionan en el encabezamiento mediante escrito registrado en este Tribunal el 9 de diciembre de 2013, por entender vulnerado los arts. 14, 15, 18 y 24 CE.
Por Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 2 de León de 11 de marzo de 2013 se desestimó la demanda y se declaró procedente el despido. Señala el Juzgado que la empresa ha acreditado plenamente con arreglo al art. 105 LRJS los hechos que constan en la carta motivadores del despido, en base a lo siguiente: "A) Por la declaración testifical del responsable de seguridad de INDITEX, que manifestó que en el puesto de trabajo y en la tienda donde prestaba sus servicios la demandante se habían detectado irregularidades de las que pudieran derivarse una apropiación dineraria de carácter indebido. Por lo que se encargó a la empresa PROSEGUR la colocación de una cámara de videovigilancia. B) Por las declaraciones testificales de la responsable de recursos humanos y de la dirección de la empresa demandada en Castilla y León, que se valoraron como muy verosímiles por la contundencia y coincidencia respecto de los términos en que se hicieron. Y que, en síntesis, manifestaron que cuando a la actora se le leyó la carta de despido reconoció plenamente los hechos, pidiendo perdón y diciendo que su conducta respondía a una necesidad por una mala racha que duraba mucho tiempo. C) Por el escrito de finiquito firmado por la actora, tal y como se reconoció en el acto del juicio, que sin perjuicio de lo ya dicho en cuanto a la falta de enervación por el mismo de la acción de despido nulo, implícitamente está admitiendo los hechos, por la renuncia a la impugnación del despido ordinario". Y, por lo que se refiere a la instalación de la cámara de videovigilancia afirma la Sentencia que "en la instalación y grabación se cumplió escrupulosamente la normativa al respecto. En efecto, con arreglo a la STC 186/2000, de 10 de julio, concurría la situación precisa para el control oculto, esto es sin notificar expresamente la colocación de la cámara a los trabajadores, porque era, en principio, el único medio posible dicho control para satisfacer el interés empresarial de saber fehacientemente quien estaba realizando los actos defraudatorios de los que indiciariamente ya se tenían conocimiento".
Estima, en síntesis, la demandante que el despido ha de calificarse como nulo, puesto que las pruebas que condujeron a exteriorizar y captar los hechos imputados a la trabajadora y que justificaron su despido se obtuvieron con preterición de los derechos fundamentales de la misma a su intimidad y dignidad, estándose entonces ante actividad probatoria ineficaz por ilícita. Sin embargo, a juicio de la Sala, "la decisión empresarial de colocar una cámara de videovigilancia en el centro de trabajo (..) satisfizo el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigido para poder afirmar su legalidad y legitimidad en sede de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los que son titulares los trabajadores en el ámbito del contrato de trabajo. En primer lugar, la medida sobre la que se debate integra una iniciativa que, en principio, se encuentra dentro de las facultades legales que se atribuyen al poder empresarial de dirección y de control de la actividad laboral, puesto que el art. 20.3 ET faculta al empresario para la adopción de medidas de vigilancia y control del cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, siempre que en su adopción y aplicación se guarde la consideración debida a su humana dignidad. Y la referida medida debe considerarse idónea, en tanto que la misma era útil para exteriorizar, conocer e identificar las irregularidades existentes en la caja del centro comercial, en el que prestaba servicios la trabajadora despedida, irregularidades detectadas tras la implantación de un nuevo sistema de control informático de la dependencia de caja. En segundo lugar, la instalación de la cámara de videovigilancia se revelaba necesaria para aquilatar las irregularidades o anomalías que pudieren estar relacionadas con el uso o con la gestión de la caja del centro comercial, puesto que se trataba de verificar a través de aquella instalación eventuales operaciones o maniobras de apropiación dineraria, esto es, de maniobras de trasiego físico del dinero obrante en la caja a otro lugar distinto en el que ese dinero se depositaba. Y, en tercer término, la medida era necesariamente proporcional, en tanto que su adopción tenía como exclusivo destino la dependencia de caja de la tienda, esto es, un espacio destinado a la permanente interrelación personal y en el que se llevan a cabo conductas escasamente exigentes de la preservación de la injerencia o del conocimiento de las mismas por terceras personas; en tanto que la videovigilancia afectaba exclusivamente a uno de esos ámbitos, cual es el de la recaudación dineraria, en los que se expresa de forma primordial el interés de la empresa; en tanto que la instalación de la cámara estuvo acompañada de la colocación de un anuncio informativo de que el centro de trabajo estaba video vigilado; y en tanto que la medida, dotada de la necesidad de su adopción que es inherente a la previa y fundada sospecha de que se estaban cometiendo irregularidades sugerentes de apropiación dineraria, tenía también por finalidad la captación de eventuales irregularidades afectantes a ese elemento nuclear del contrato de trabajo y de su mantenimiento en que consiste el cumplimiento de las obligaciones de trabajo con la probidad y lealtad que exige la buena fe (arts. 5 a) y 20.2 ET). En consecuencia, la decisión sobre la que se debate y que se tacha en el escrito del recurso como ilegal por lesiva de derechos fundamentales no fue tal, al superar la misma el juicio de adecuación, de razonabilidad o de proporcionalidad constitucionalmente exigido para elucidar los límites de la injerencia del poder empresarial de control de la actividad laboral, cuando ese poder afecta a derechos fundamentales del trabajador".
4. Por providencia de 3 de noviembre de 2014, la Sala Primera acordó la admisión a trámite de la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid, para que en el plazo de diez días remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de suplicación núm. 1078/13. Igualmente se acordó dirigir comunicación al Juzgado de lo Social núm. 2 de León a fin de que, en plazo que no exceda de diez días, remitiera certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al procedimiento sobre despido/ceses núm. 841/12, debiendo previamente emplazarse, para que en el plazo de diez días puedan comparecer, si lo desean, en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto la parte recurrente en amparo.
Tras exponer los antecedentes del caso, señala el Fiscal con carácter previo al análisis de las cuestiones de fondo, que el recurso es extemporáneo al haberse prolongado artificialmente el plazo para su interposición con motivo de suscitarse un recurso manifiestamente improcedente. Este recurso no es otro que el incidente de nulidad de actuaciones. Señala el Fiscal que dentro de la relación de derechos fundamentales invocados respectivamente en el recurso de suplicación y en el incidente de nulidad, no existe una total y absoluta igualdad, ya que al formalizarse el recurso de suplicación se citan sin más los arts. 14, 15, 18 y 24.1 CE. El desarrollo de tales motivos se centra esencialmente en el art. 18.1, invocándose el genérico derecho a la intimidad personal. Se razona desde la exclusiva perspectiva del art. 18.1 CE no haciéndose la más mínima mención al derecho de autodeterminación informativa del art. 18.4 CE, que no obstante sí es objeto de análisis posteriormente en la promoción del incidente de nulidad y por supuesto en la demanda de amparo.
Por lo tanto, afirma el Fiscal, no pudiendo subsumirse el supuesto de hecho que aquí se ventila en el ámbito que protege el art. 18.4 CE, en cuánto no se trata de la instalación de sistemas aptos para la recopilación sistemática y general de datos de carácter personal, mal puede pretenderse que de ello se diera conocimiento al trabajador vigilado y que se comunicara un pretendido fichero inexistente a la Agencia Estatal de Protección de Datos.
Añade que la medida de instalación de un aparato de grabación de imágenes que controlaba la zona en que se venían produciendo las irregularidades que daban como consecuencia una defraudación patrimonial a la empresa es una medida justificada - ya que existían sospechas razonables de la comisión por parte de los trabajadores de graves irregularidades - idónea para la finalidad pretendida por la empresa - verificar qué trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y adoptar en su contra las medidas disciplinarias correspondientes - necesaria - ya que la grabación servía de prueba de tales irregularidades - y equilibrada - pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y con una duración temporal lo suficientemente amplia para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada.
Para el Ministerio Fiscal el derecho a la intimidad de la recurrente en amparo resultaba justificadamente limitado, en tanto la filmación se ceñía a la observación del espacio en el que se ubicaba la caja registradora, examinándose su manejo por los empleados al haberse advertido desde tiempo atrás sustanciales descuadres en su contabilidad. A su juicio, la medida era idónea, necesaria y proporcionada. Y, por lo que se refiere al art. 18.4 CE considera que el supuesto es distinto al contemplado en la STC 29/2013, identificándose por el contrario con el resuelto en la STC 186/2000.
Debe añadirse, de otro lado, que el presente recurso de amparo tiene especial trascendencia constitucional [art. 50.1 b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional], pues las especificidades propias del caso permiten a este Tribunal perfilar o aclarar su doctrina en relación con el uso de cámaras de videovigilancia en la empresa [STC 155/2009, FJ 2 b)]. Se pretende, así, aclarar el alcance de la información a facilitar a los trabajadores sobre la finalidad del uso de la videovigilancia en la empresa: si es suficiente la información general o, por el contrario, debe existir una información específica (tal como se había pronunciado la STC 29/2013, de 11 de febrero).
2. Antes de abordar el examen de la pretensión de amparo debemos pronunciarnos acerca de la eventual concurrencia de las causas de inadmisión del recurso invocadas, habida cuenta de que no representa impedimento para el análisis de tales objeciones de procedibilidad el hecho de que la demanda de amparo fuese admitida a trámite en su día, ya que, según reiterada doctrina constitucional, los defectos insubsanables de que pueda estar afectada la demanda de amparo no resultan subsanados porque haya sido inicialmente admitida a trámite, pudiendo abordarse por este Tribunal, incluso de oficio, el examen de los presupuestos de viabilidad de la demanda de amparo en fase de sentencia para llegar, en su caso y si tales defectos son apreciados, a la declaración de inadmisión del recurso o del motivo del recurso afectado (por todas, SSTC 99/1993, de 22 de marzo, FJ único; 201/2000, de 24 de julio, FJ 2; 85/2004, de 10 de mayo, FJ 2; y 220/2008, de 31 de enero, FJ 3).
La objeción debe ser rechazada. Este Tribunal ha reiterado que la especial naturaleza del recurso de casación para la unificación de doctrina, condicionado legalmente a la concurrencia de rígidos requisitos de admisión sobre identidad y contradicción, determina que su interposición no resulte siempre preceptiva para dar por agotada la vía judicial, siendo únicamente exigible, a los efectos de la subsidiariedad del amparo, cuando no quepa duda respecto de su procedencia. Por lo demás, no es suficiente alegar la abstracta procedencia de tal recurso, sino que, dada su naturaleza extraordinaria, corresponde acreditar la posibilidad de utilizar esa extraordinaria vía a la parte que pretende hacer valer la no interposición del recurso como motivo de inadmisibilidad de la demanda de amparo (por todas SSTC 29/2013, de 11 de febrero, FJ 2; 153/2004, de 20 de septiembre, FJ 2; y 122/2008, de 20 de octubre, FJ 2). Y en el presente caso en modo alguno cumple esa carga quien formula la objeción, pues no ofrece un razonamiento que justifique la viabilidad de su articulación procesal.
Específicamente en relación con la formulación del incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 LOPJ), este Tribunal ha afirmado que cuando es admitido a trámite, analizado y resuelto por el órgano judicial, aunque pudiera resultar dudosa su utilización, debe rechazarse este óbice procesal si la demanda de amparo se presenta ante este Tribunal dentro del plazo previsto en el art. 44.2 LOTC, contado a partir de la fecha en la que los órganos judiciales dieron por agotada la vía judicial al desestimar el incidente de nulidad de actuaciones (SSTC 76/2009, de 23 de marzo, FJ 2; 148/2003, de 14 de julio, FJ 2; 20/2004, de 23 de febrero, FJ 3; 131/2004, de 19 de julio, FJ 3; 85/2005, de 18 de abril, FJ 2; 127/2005, de 23 de mayo, FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 2; y 47/2006, de 13 de febrero, FJ 2).
Por lo que se refiere a la alegación por primera vez en el incidente de nulidad de actuaciones de la vulneración del art. 18.4 CE, debemos recordar que "con esta exigencia de ‘que se haya invocado formalmente en el proceso el derecho constitucional vulnerado, tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere lugar para ello’ [art. 44.1 c) LOTC], este Tribunal ha reiterado su importancia para proteger el carácter subsidiario del recurso de amparo, que resultaría desvirtuado si ante la jurisdicción constitucional pudieran traerse cuestiones sobre las que previamente no se hubiese dado ocasión de pronunciarse a los órganos del Poder Judicial, que son los que de modo directo y en primer término garantizan los derechos fundamentales que la Constitución proclama, según resulta claramente del art. 53.2 CE. De este artículo, interpretado conjuntamente con el art. 44 LOTC, se desprende entonces que solamente cuando en sede ordinaria se descuide la protección del derecho puede recabarse la tutela del mismo de este Tribunal Constitucional. De ahí que aunque deba rechazarse una interpretación literal o excesivamente rigorista del requisito, que imponga la cita concreta y numérica del precepto constitucional presuntamente infringido o la mención del nomen iuris del derecho supuestamente vulnerado, sí deba al menos exigirse que se dé a los órganos de la jurisdicción ordinaria la posibilidad de pronunciarse y reparar, en su caso, la lesión constitucional posteriormente alegada ante este Tribunal. Lo contrario sería tanto como vaciar de contenido una norma cuya trascendente finalidad ya ha quedado explicitada (son exponentes de esta doctrina, entre muchas otras, las SSTC 53/2012, de 29 de marzo, FJ 2, y 201/2000, de 24 de julio, FJ 3)" (STC 117/2014, de 8 de julio, FJ 3).
En el supuesto ahora enjuiciado, el examen de las actuaciones permite constatar que en su demanda de despido, así como en el recurso de suplicación, la recurrente puso de manifiesto que en el centro de trabajo no existía comunicación al público ni carteles comunicativos de la existencia de cámaras de videograbación, ni tampoco comunicación a la Agencia de Protección de Datos, ni comunicación o informe previo del comité de empresa de la instalación de la videograbación. Con estas alegaciones, y aunque en su demanda la recurrente planteó con carácter general la vulneración de su derecho a la intimidad, el problema de la protección de datos, directamente relacionado con el derecho a la intimidad, pudo haber sido abordado por el órgano judicial. La estrecha relación que existe entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos, unida a las afirmaciones genéricas de la recurrente en amparo, han permitido que, desde el principio, los órganos judiciales ordinarios hayan podido pronunciarse sobre ambos derechos. Por ello, de acuerdo con la doctrina constitucional antes expuesta, ha de considerarse que la demandante ha satisfecho el requisito de invocación previsto en el art. 44.1 c) LOTC, por más que haya sido en el incidente de nulidad de actuaciones donde haya hecho una referencia expresa al art. 18.4 CE.
Por último, como apunta el Ministerio Fiscal, aunque en la demanda se alega vulneración de los arts. 14, 15, 18.1, 18.4 y 24.1 CE, nuestro enjuiciamiento se va a limitar a los arts. 18.1 y 18.4 CE, pues respecto de los arts. 14 y 15 CE no hay en la demanda desarrollo argumental alguno, lo que impide a este Tribunal entrar a examinar su contenido conforme a reiterada doctrina (por todas, SSTC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 2; y 182/2011, de 21 de noviembre, FJ 1), que imposibilita la reconstrucción de oficio de la demanda de amparo. Y, por lo que se refiere al art. 24.1 CE, la demanda justifica el pretendido desconocimiento del derecho a la intimidad personal tanto en la sentencia de instancia como en la de suplicación como parte integrante de la pretendida afectación del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE. Se afirma, así, que aquellas resoluciones judiciales carecen de racionalidad y dicha reivindicada carencia se sustenta en base a lo que la recurrente estima como un incorrecto entendimiento del derecho a la intimidad personal. En consecuencia, el análisis de esta vulneración habrá de hacerse exclusivamente desde la óptica del derecho fundamental sustantivo (art. 18.1 CE).
Por ello, como hemos señalado, aunque no se requiere el consentimiento expreso de los trabajadores para adoptar esta medida de vigilancia que implica el tratamiento de datos, persiste el deber de información del art. 5 LOPD. Sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad. Debe ponderarse así el derecho a la protección de datos y las eventuales limitaciones al mismo justificadas en el cumplimiento de las obligaciones laborales y las correlativas facultades empresariales de vigilancia y control reconocidas en el art. 20.3 TRLET, en conexión con los arts. 33 y 38 CE. En efecto, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de videovigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto; a saber, por un lado, el derecho a la protección de datos del trabajador y, por otro, el poder de dirección empresarial imprescindible para la buena marcha de la organización productiva, que es reflejo de los derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE y que, como se ha visto, en lo que ahora interesa se concreta en la previsión legal ex art. 20.3 TRLET que expresamente faculta al empresario a adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por los trabajadores de sus obligaciones laborales (SSTC 186/2000, de 10 de julio, FJ 5; 170/2013, de 7 de octubre, FJ 3). Esta facultad general de control prevista en la ley legitima el control empresarial del cumplimiento por los trabajadores de sus tareas profesionales (STC 170/2013, de 7 de octubre; STEDH de 12 de enero de 2016, caso Barbulescu v. Rumania), sin perjuicio de que serán las circunstancias de cada caso las que finalmente determinen si dicha fiscalización llevada a cabo por la empresa ha generado o no la vulneración del derecho fundamental en juego.
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por doña Delia.
Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado". Dada en Madrid, a tres de marzo de dos mil dieciséis.
En esta fase preliminar de la exposición de mi disentimiento, me siento obligado a manifestar la insólita forma con la que la presente resolución se separa de la jurisprudencia ya elaborada por este Tribunal sobre el derecho a la protección de datos de carácter personal en supuestos de video-vigilancia laboral, contenida de manera señalada en la STC 29/2013, de 11 de febrero, y que se articula - y es esta omisión la que me parece en verdad censurable - sin hacer el esfuerzo alguno por abrir un diálogo en divergencia, ofreciendo al menos explicaciones, aun cuando fueran de manera sumaria pero fundada, en relación con los dos siguientes aspectos: de un lado, la identidad o no tanto de las circunstancias fácticas - que, por cierto, el Ministerio Fiscal niega- como de los derechos controvertidos en una y otra resolución y, de otro, los motivos de tan relevante alteración. De seguro, la nueva opinión del Tribunal se erige desde el mismo momento de su adopción, conforme dispone el art. 5.1 LOPJ, en fuente de interpretación y aplicación de las normas en relación con esta tipología de conflictos; pero el proceso de cambio doctrinal se ha llevado a cabo sin aportar la obligada argumentación jurídico-constitucional sobre las razones que conducen a abandonar una jurisprudencia cuyo objetivo, primero y esencial, fue el fijar los límites del contenido esencial del derecho fundamental que el art. 18.4 CE confiere a los trabajadores. En relación con este silente modo de introducir un drástico giro en la doctrina establecida por este Tribunal, no me parece impertinente recordar la obligación de motivar, en particular en caso de apartamiento de nuestros propios precedentes.
A) Una colisión de derechos ficticia. Contenido esencial versus ponderación y proporcionalidad
2. La Sentencia responde a una noción del poder de dirección empresarial y contraindicada por el modelo de relaciones laborales que instaura la Constitución. De forma directa y sin matización alguna, se atribuye a los poderes empresariales, genéricamente considerados, una conexión universal de constitucionalidad con los arts. 33 y 38 CE (párrafo tercero, FJ 4), improvisando y fraguando ex novo, con tales mimbres, conflictos entre derechos constitucionales que en realidad no concurren.
No puedo en modo alguno compartir, desde una inteligencia constitucional de las relaciones laborales, esa concepción que convierte las facultades de vigilancia y control empresarial de la actividad laboral reguladas en la ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) en una fuente constitucional a partir de la cual pueda sostenerse una colisión conflictiva de derechos frente a los que alegan los trabajadores con una expresa invocación de sus derechos fundamentales, con el efecto consiguiente de conducir la solución del recurso planteado a una lógica ponderativa sometida al principio de proporcionalidad. A mi juicio, ni el art. 20.3 ET es un parámetro de constitucionalidad que limite los derechos fundamentales en el seno de la organización empresarial, siendo exclusivamente, y no es poco, una regla jurídica rectora de la relación contractual; ni los poderes o facultades empresariales son, sin excepción y de manera universal, expresiones directas e indefectibles de los arts. 33 y 38 CE que quepa confrontar de manera mecánica y sin mayor fundamentación con los derechos fundamentales de los trabajadores; ni, en fin, las facultades del empresario y, menos aún si se ejercen de modo irregular o desviado, como más adelante tendré ocasión de razonar, pueden restringir aquellos derechos en el ámbito de las organizaciones productivas, incluidos, claro está, los formulados en el art. 18 CE.
3. Descartando este obligado método de enjuiciamiento, la presente Sentencia olvida que el contenido esencial de los derechos fundamentales constituye el obligado e imprescindible referente del juicio de constitucionalidad y que no cualquier factor comprometido, como aquí acontece con el interés o el derecho empresarial de vigilar el cumplimiento de la relación laboral, puede oponerse a su garantía sustantiva. Aceptando de manera acrítica que cualquier escenario de "conflicto de intereses" abre en el ámbito de las relaciones laborales un "conflicto de derechos fundamentales o bienes constitucionales merecedores de tutela", la Sentencia de mi disenso sortea y da de lado el juicio propio del contenido esencial de los derechos fundamentales, desembocando en una lógica de ponderación y proporcionalidad. Con semejante proceder metodológico, el contenido esencial del derecho fundamental a examen se diluye y la razón empresarial termina siempre imponiéndose, pues en la práctica totalidad de los conflictos entre las dos partes del contrato de trabajo resulta una tarea sencilla el crear recursos dialécticos para su empleo en una inteligencia de proporcionalidad. Y ello, aun cuando en modo alguno tales recursos resulten útiles en un examen dirigido a asegurar el contenido esencial de los derechos frente a medidas invasivas articuladas con menos apoyos legales.
Por ello, ante esos expedientes técnicos que diluyen el contenido esencial del art. 53.1 CE, me veo obligado a recordar las palabras de nuestra STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2, que había ya confiado en no tener que reproducir treinta años después de ser escritas: "Ni las organizaciones empresariales forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de Empresa que establece el art. 38 del texto constitucional legitima el que quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central y nuclear en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de «feudalismo industrial» repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1)".
4. Bastaría con lo expuesto para dar por cerrada mi discrepancia. Sin embargo, la Sentencia de la que me aparto ha elegido ir más lejos todavía. No se conforma con la levedad argumental de convertir cualquier actividad vinculada con el ejercicio de las facultades y derechos del art. 20.3 LET en una directa expresión amparada en los arts. 33 y 38 CE, ni con la pretendida concurrencia de tales preceptos constitucionales para deducir de manera errática la existencia de una colisión con los derechos fundamentales de los trabajadores, extrayendo así el conflicto interpretativo del análisis del contenido esencial y arrastrándolo así a un juicio de ponderación entre derechos constitucionales. En el presente caso, lejos de detenerse en el enunciado y defensa de esa doctrina, la Sentencia procede a dar una extravagante vuelta de tuerca, sosteniendo la tesis de que el escenario de confrontación entre derechos - y, por tanto, la necesidad de utilizar juicios de ponderación y proporcionalidad - concurre incluso si los poderes empresariales se ejercitan con manifiesta irregularidad o exceso; esto es, fuera del marco de la ley.
Tras haberse enunciado con la necesaria continencia y con la debida cita de la STC 292/2000, de 30 de noviembre, que el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE) no es ilimitado y puede encontrar condicionantes en los restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos, la presente resolución, en efecto, se libera de todo complejo y concibe esa concurrencia conflictiva no solo en casos de un ejercicio ordinario y ajustado a Derecho por el empresario de las facultades empresariales que le reconocen el art. 20.3 ET, instaladas con presteza y universalidad, como ya se argumentó, en los arts. 33 y 38 CE; superando toda razonable limitación argumentativa, hace constar que también resulta obligado recurrir al juicio de ponderación cuando el poder empresarial ejercitado incurre en incumplimientos legales. O por formular la idea en términos más próximos al caso a examen, en el decir de la Sentencia hay conflicto de derechos y necesidad de ponderación en clave de proporcionalidad incluso si el empresario manifiestamente no atiende e inobserva, sea cual fuere la causa, el deber legal de informar a los trabajadores ex art. 5 LOPD. A fin de no razonar en el vacío o, lo que es igual, con vistas a acreditar la anterior aseveración, remito a la lectura de algunas afirmaciones contenidas en los párrafos tercero y cuarto del FJ 4, de las que se deducen sin esfuerzo alguno proposiciones tan insólitas como las que se transcriben en su literalidad: "Sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de proporcionalidad"; o "En efecto, la relevancia constitucional de la ausencia o deficiencia de información en los supuestos de video-vigilancia laboral exige la consiguiente ponderación en cada caso de los derechos y bienes constitucionales en conflicto".
5. La gravedad de la argumentación expuesta y la levedad de su fundamentación se acentúan al comprobar como la resolución de la que me aparto termina por abandonar el discurso de los poderes empresariales y de los derechos y límites de los derechos fundamentales en el marco del contrato de trabajo para situar su ratio decidendi, en lo que concierne a la presunta violación del art. 18.4 CE, en un escenario por completo ajeno a ese discurso. Haciendo un imprevisto giro en el razonamiento hasta entonces llevado a cabo, en los pasajes finales del FJ 4, en efecto, se erige como elemento decisivo para el juicio de constitucionalidad el contenido de las Instrucciones de la AEPD; en concreto, el de la 1/2006, de 8 de noviembre, que parece convertirse así en parámetro o canon de constitucionalidad.
Acaso, el tránsito por camino tan espinoso puede haber sido debido a la desatención hacia la STC 29/2013, de 11 de febrero, que expresamente recordaba que la Constitución ha querido que la ley, y sólo la ley, pueda fijar los límites a un derecho fundamental. Pero sea como fuere y más allá de la razón determinante, me resulta imposible admitir que el derecho de los trabajadores a ser informados sobre la suerte de los datos obtenidos por su empleador, derecho este que forma parte del núcleo fuerte del habeas data, pueda concretarse en una mera pegatina con el correspondiente distintivo visible en un cristal, una vez cumplido, eso sí, en contenido y diseño - como recuerda la Ponencia aprobada - el sin duda trascendente Anexo de la Instrucción citada. Contrariando de manera frontal la doctrina sentada por este Tribunal, según la cual el afectado o los afectados por la captación han de conocer el contenido de las imágenes captadas y el propósito perseguido por la implantación de sistemas de video-vigilancia, ahora se sostiene que, una vez insertado el distintivo y cumplidos los Anexos, ya no es preciso especificar "la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control", pues lo único importante será determinar si "el dato obtenido se ha utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad ajena" (FJ 4). Por este lado, se ha suprimido todo rastro del derecho a conocer el uso y destino de los datos, aunque para alcanzar esa conclusión haya sido preciso, en el trance final, confundir el consentimiento con la información, acertadamente diferenciados en el anterior FJ 3.
En última instancia, la lectura de la resolución de mi disentimiento me suscita dudas sobre la verdadera finalidad a la que atiende la doctrina sentada, que enuncio en términos interrogativos: ¿se pretende asegurar un control legítimo por el empresario de la actividad laboral, con respeto a las garantías legales y a los derechos fundamentales o, por el contrario y más bien, se busca habilitar controles sorpresivos, que permitan identificar in fraganti a un trabajador que no cumpla debidamente su contrato? Si fuera esto último, como lamentablemente así me lo parece, no alcanzo a entender la conexión entre esa intención, no ya de controlar sino de "atrapar" al trabajador, con la libertad de empresa o el derecho a la propiedad que consagra la Constitución.
Por lo pronto, no tiene escasa entidad el modo cómo fluye el alegato de la Sentencia en el juicio de proporcionalidad, a tenor del cual (FJ 4 in fine) procederá el examen "de conformidad, nuevamente, con las exigencias del principio de proporcionalidad (SSTC 186/2000, de 10 de junio, FJ 6, y 98/2000, de 10 de abril, FJ 8)". Se entiende como inevitable que ese es y no otro el control de constitucionalidad, según puede inferirse. Así lo demuestra que, al anunciar esta pauta de enjuiciamiento, se citen aquellas Sentencias (SSTC 98/2000 y 186/2000), como si la colisión de derechos que se apreció en los supuestos en ellas resueltos fuera generalizable a cualquier juicio del art. 18.1 CE; es decir, como si solo pudiera concebirse la tutela del art. 18.1 CE en la relación laboral desde el prisma de la proporcionalidad.
En esa misma dirección, el FJ 5 de la Sentencia comienza con una decidida declaración sobre el grandísimo alcance y eficacia de los derechos fundamentales; un estilo no desconocido en los últimos tiempos, que consiste en invocar con la máxima firmeza los derechos y su efectividad para posteriormente sacrificarlos ad casum. A esas elevadas palabras les sigue, sin embargo, la inmediata declaración de que la constitucionalidad de cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del "principio de proporcionalidad". Otra vez la insistente proporcionalidad que olvida el mandato del art. 53.1 CE (contenido esencial) y que quiere trasladar al ámbito del amparo una lógica limitativa que ya ha empezado a aplicarse extensivamente, a mi juicio contraviniendo igualmente el art. 53.1 CE, al control abstracto de constitucionalidad de las leyes que afectan a derechos fundamentales.
Para dar por concluso este voto particular, y aunque sea aceptando a efectos puramente dialécticos la lógica de la resolución adoptada mayoritariamente, no me resisto a destacar, incluso, mi oposición al juicio de proporcionalidad que se efectúa. Por dos razones particularmente evidentes: i) porque al triple juicio que anuncia el penúltimo párrafo del FJ 5 (idoneidad, necesidad y equilibrio) se antepone de manera anómala un nuevo juicio en el último párrafo (de justificación), generando una inmediata confusión sobre el único canon que la propia resolución maneja; ii) porque el juicio de necesidad que se efectúa muestra la incoherencia última del pronunciamiento, ya que acredita que ni la medida era la menos invasiva de las posibles (pues era menos agresiva para los derechos fundamentales del art. 18 CE, e igualmente eficaz para controlar la actividad laboral, que la grabación se hubiera llevado a cabo con información del fin laboral al que se procuraba), ni su verdadero fin era realmente el asegurar el cumplimiento de la actividad laboral, sino, por expresarlo en sus propias palabras, obtener "prueba de las irregularidades" (FJ 5, in fine). Todo este innecesario y deficiente embrollo, de seguro, solo puede comprenderse al constatar que, a fin de cuentas, el debate, que se dice de constitucionalidad, desemboca en un pretendido derecho a obtener pruebas para efectuar un despido con fundamento en el art. 20.3 LET y, por tanto, en los derechos a la propiedad y a la libertad de empresa (art. 33 y 38 CE), objetivo éste, sin embargo, que se logra a costa de la restricción de los derechos fundamentales del trabajador.
D) Puedo aceptar que no es necesario que la información dirigida a los trabajadores especifique el fin concreto de vigilancia, puesto que esto va implícito en la comunicación dirigida a ellos, pero no puedo aceptar que la información dirigida al público sea suficiente para cumplir este requisito, puesto que el art. 5 LOPD ordena específicamente que la información se dirija a los interesados, configurando con ello el contenido esencial del derecho, que en el ámbito laboral debe entenderse referido a los trabajadores (no me parecen eficaces los esfuerzos de alguna doctrina para demostrar que este aspecto pertenece a un ámbito de la legalidad ordinaria ajeno a la CE).

References: resolución 
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