Source: https://ajudicuba.wordpress.com/2016/07/20/quien-le-pone-el-cascabel/
Timestamp: 2018-06-19 04:22:19+00:00

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¿Quién le pone el cascabel? | Asociación Jurídica Cubana
Publicado en 20 de julio de 2016 por ajudicuba
La Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, Ley sobre Derecho de Autor en su artículo 1 tiene por objeto: brindar la debida protección al derecho de autor en la República de Cuba, en armonía con los intereses, objetivos y principios de nuestra revolución socialista.
El derecho de autor regulado en esta Ley se refiere a las obras científicas, artísticas, literarias y educacionales de carácter original, que se hayan hecho o puedan hacerse de conocimiento público por cualquier medio lícito, cualesquiera que sea su forma de expresión, su contenido, valor o destino (Artículo 2).
Ahora, estamos hablando de una Ley que le brinda protección al autor de una obra y le concede ciertos derechos (Artículo 4) tales como:
a) Exigir que se reconozca la paternidad de su obra y, en especial, que se mencione su nombre o seudónimo cada vez que la misma sea utilizada en alguna de las formas previstas en esta Ley;
b) Defender la integridad de su obra, oponiéndose a cualquier deformación, mutilación o modificación que se realice en ella sin su consentimiento;
c) Realizar o autorizar la publicación, la reproducción o la comunicación de su obra al público por cualquier medio lícito, bajo su propio nombre, bajo seudónimo o anónimamente;
d) Realizar o autorizar la traducción, la adaptación, el arreglo o cualquier otra transformación de su obra;
e) Recibir una remuneración, en virtud del trabajo intelectual realizado, cuando su obra sea utilizada por otras personas naturales o jurídicas, dentro de los límites y condiciones de esta Ley y sus disposiciones complementarias así como cuantas otras disposiciones legales se establezcan sobre la materia.
En febrero de 2003 resultó necesario reglamentar el registro facultativo de obras protegidas y de los actos y contratos referidos al Derecho de autor, teniendo en cuenta que la creación y explotación de las obras a las cuales hace mención la precitada Ley 14, se estaban abriendo cada vez más hacia vías no contempladas anteriormente, por lo que se promulga la Resolución No.13 Reglamento del Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos Referidos al Derecho de Autor, de fecha 20 de febrero del 2003 del MINCUL, derogando la Resolución No. 2, de fecha 25 de octubre de 1993, del Director General del Centro Nacional de Derecho de Autor (CENDA), modificando la denominación del Depósito Legal Facultativo de Obras Protegidas, nombrándolo Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, adscrito al CENDA, considerado continuador legal por conservar sus funciones esenciales.
El artículo 2 de esta Resolución, plantea, entre otras cosas, que El acto de inscripción en el Registro Facultativo de Obras Protegidas y de Actos y Contratos referidos al Derecho de Autor, es facultativo y no contraviene el principio de la protección automática; por lo que los actos de inscripción y registro a que se hace referencia en este Reglamento, no son obligatorios, se rigen por el principio de voluntariedad del autor, ya que plantean que desde el momento en que una obra es conocida al público por un medio lícito, se considera “protegida”. El registro no crea derechos, solo es una prueba documental o garantía jurídica a presentar ante un litigio sobre el tema. Por lo que estamos en presencia de una controversia, y desde el punto de vista jurídico, el estado está dando paso a que se proliferen las Violaciones o Infracciones del Derecho de Autor y los Derechos Conexos; mucho más cuando en nuestra sociedad ha habido un alza considerable en el campo de las investigaciones y las creaciones en todos los ámbitos, sin obviar que estamos en presencia de una verdadera revolución cibernética, un arma poderosa para la comisión de delitos en esta materia para personas inescrupulosas.
Volviendo a la precitada Ley No. 14 de 28 de diciembre de 1977, sobre Derecho de Autor; el legislador destinó un capítulo con un solo artículo (capítulo 10, artículo 50) para normar las violaciones del derecho de autor. Me pregunto: ¿El legislador no le prestó la verdadera importancia que tiene la protección del derecho de autor y los derechos conexos? ¿O pensó emitir otra norma jurídica haciendo esta salvedad? mientras tanto, alguien sigue pensando qué hacer con la precitada ley.
Hoy día, la existente nos remite a la ley penal y ésta, en Cuba, solo se limita al DELITO DE FALSIFICACIÓN. No existen otros delitos de Derecho de Autor, lo que la hace inoperante; por lo que considero que una legislación carente de sanciones penales que reprima las infracciones derivadas del Derecho de Autor y los Derechos Conexos, sería insubstancial; dejar desprotegidas las obras o cualquier actividad derivada del acto de la creación, sin ninguna duda va a conducir a situaciones negativas en la sociedad, como es el caso objetivo que presentan nuestros autores (sin hablar de los internacionales), los cuales sus obras están siendo pirateadas por personas amparadas en la Resolución No. 33 de 6 de septiembre de 2011, del MTSS, que establece el Reglamento del Ejercicio del Trabajo por cuenta propia; el estado lo autoriza con la expedición de una licencia de “Comprador Vendedor de Discos” a la venta indiscriminada de obras musicales y audiovisuales sin respeto a los derechos morales y patrimoniales que la legislación sobre derecho de autor dice proteger. Estos ciudadanos, protegidos por una norma jurídica, se dedican a piratear estos materiales burlando la legislación autoral, y lo más triste, nadie le pone el cascabel al gato y se siguen vulnerando los derechos autorales.
Esta situación continuará hasta tanto el Ministerio de Cultura no se pronuncie en la modificación de la legislación en materia de derecho de autor, que responda al desarrollo social actual; y la ley penal no incluya los delitos que afectan los derechos de autor y los derechos conexos con precisión.
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References: artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 50
 Resolución