Source: https://tc.vlex.es/vid/vulneracion-derecho-tutela-judicial-584785538
Timestamp: 2019-06-15 21:31:22+00:00

Document:
STC 181/2015, 7 de Septiembre de 2015 - Jurisprudencia - VLEX 584785538
Ponente: doña Adela Asua Batarrita
Fecha de Resolución: 7 de Septiembre de 2015
Número de Recurso: 4572-2013
Un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Marbella emplazó mediante edictos al demandado en un procedimiento de desahucio y reclamación de rentas, después de que los actos procesales se hubieran intentado notificar sin éxito en el domicilio del local de negocio abandonado con anterioridad y pese a que constara en autos su domicilio personal y correo electrónico. Se otorga el amparo. La Sentencia declara que en aplicación de la doctrina contenida en la STC 30/2014, de 24 de febrero, se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, pues el órgano judicial no agotó todos los medios posibles para realizar una comunicación personal y efectiva antes de la notificación edictal del deudor, ya que los documentos aportados en la demanda otorgaban información útil para emplazar al demandado por otro medios. Asimismo, se considera que no existe ningún elemento que permita concluir que el recurrente conociese el proceso antes de su comparecencia ante el Juzgado. La especial trascendencia constitucional reside en la necesidad de aclarar la doctrina en relación a la reforma introducida por la Ley 19/2009 sobre la debida diligencia de los órganos judiciales en el emplazamiento y notificación a las partes en un procedimiento.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 22 de julio de 2013, el Procurador de los Tribunales don Alejandro González Salinas, actuando en nombre y representación de la entidad Girabelmar, S.L., de don Gino Van De Velde y de don Rachid El Asri, interpuso recurso de amparo contra la resolución judicial que se cita en el encabezamiento.
La entidad Vista Isleña, S.L., como arrendadora, y los demandantes de amparo, en calidad de arrendatarios, celebraron con fecha 1 de marzo de 2012 un contrato de arrendamiento de local de negocio instalado. En la identificación de los demandantes de amparo que se efectúa en el contrato se señala expresamente: “con domicilio a efectos de este contrato en calle Nuestra Señora de Gracia 28 1º c) Marbella”. Y en la estipulación decimosegunda se establece que se considerará domicilio a efectos de notificaciones para la parte arrendataria, “igualmente el que figura al inicio del presente documento, así como el del local objeto de arrendamiento”. El domicilio del local objeto de arrendamiento es, según el contrato, calle Las Malvas, local 14-15, edificio Online, Nueva Andalucía, Marbella (Málaga).
Con fecha 6 de septiembre de 2012, la arrendadora promovió contra los arrendatarios un procedimiento de desahucio por falta de pago y reclamación de rentas debidas. En la demanda se señaló como domicilio a efectos de notificaciones el del local objeto del arrendamiento. Admitida a trámite la demanda, se acordó requerir a los demandados para el desalojo del inmueble y pago de la deuda reclamada o formular oposición, así como citarlos a la celebración de juicio para en su caso. El servicio común de actos de comunicación intentó con fecha 2 de noviembre de 2012 la notificación en el local arrendado, no siendo encontrados allí los demandados, y manifestando el conserje que se habían marchado del local unas dos semanas antes, desalojando el mismo, por lo cual, a solicitud de la parte demandante, por diligencia de ordenación de 13 de diciembre de 2012 se acordó proceder a la notificación por medio de edictos, sin que, tras practicarse ésta, comparecieran los demandados. Una vez concluso el procedimiento, se dictó Sentencia por el Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Marbella con fecha 28 de enero de 2013, estimando la demanda, declarando resuelto el contrato de arrendamiento y condenando solidariamente a los demandados al pago de 29.467,42 € más las rentas debidas hasta el lanzamiento y los intereses legales, con expresa condena en costas.
Una vez que los demandantes de amparo tuvieron conocimiento de la existencia del procedimiento de desahucio, se personaron en el mismo promoviendo incidente de nulidad de actuaciones en el que pusieron de relieve la lesión de su derecho a la tutela judicial efectiva, al no haberse llevado a cabo la notificación en otro domicilio (como el que figuraba en el contrato) ni haber intentado averiguación alguna mediante los medios que el Juez tenía a su disposición, y a lo que estaba obligado por mandato del art. 156 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Se señalaba, en este sentido, cómo la Policía los localizó sin problema alguno para comparecer ante el Juzgado de Instrucción, al efecto de ser oídos por un presunto delito de apropiación indebida, y que la parte demandante en el procedimiento de desahucio tenía perfecto conocimiento de los datos precisos para la localización de los demandados, como su teléfono y su dirección de correo electrónico, a través de la cual se comunicaba con los actores de manera reiterada en relación con cuestiones referidas al arrendamiento del local de negocio, por lo que debería haberlos aportado al Juzgado, máxime cuando los propios arrendatarios habían promovido un procedimiento de resolución del contrato de arrendamiento contra la arrendadora, que se seguía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Málaga.
El órgano judicial desestimó el incidente de nulidad de actuaciones mediante Auto de 27 de junio de 2013, en el que rechazó las alegaciones de los demandantes de amparo. Afirma la resolución judicial que no se señaló en el contrato de arrendamiento domicilio a efectos de notificaciones distinto del local arrendado, por lo que el domicilio para notificaciones “a todos los efectos” es el local arrendado. “Por ello, intentada la notificación en el local arrendado sin efecto ... la notificación edictal es ajustada a la regulación de notificaciones previstas en la LEC para estos supuestos, sin que el hecho de que el actor conociera el número de teléfono o dirección de correo electrónico de los demandados hubiera cambiado la suerte de la notificación porque no son medios utilizados como instrumentos de comunicación con la oficina judicial en supuestos de desahucio en que el domicilio para notificaciones ‘a todos los efectos’ es el local arrendado. La propia Ley 19/2009 en su exposición de motivos señala que modifica diversos preceptos de la Ley de enjuiciamiento civil con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, salvaguardando en todo caso los derechos y garantías que protegen al inquilino de buena fe, lo que significa que a juicio del legislador la notificación o el intento de notificación en la vivienda o local arrendado deja salvaguardados los derechos del inquilino, sin necesidad de las averiguaciones de domicilios señalados en el art. 156”.
En la demanda de amparo se denuncia la vulneración del derecho de los actores “a un procedimiento con las debidas garantías sin indefensión” del art. 24.1 CE, porque no se les notificó personalmente, sino mediante edictos, la existencia del procedimiento de desahucio, a pesar de los datos que constaban en autos para facilitar la localización de los demandados en el procedimiento arrendaticio, pues, aparte del domicilio del local arrendado, constaba el domicilio designado en el contrato de arrendamiento, y el correo electrónico del Sr. Van De Velde. A pesar de ello, el Juzgado ignoró la doctrina del Tribunal Constitucional acerca de las notificaciones procesales y, sin realizar ninguna labor de averiguación conforme a lo establecido en el art. 156 LEC, procedió a aplicar las previsiones contenidas en el art. 155.3 LEC, en la redacción dada al mismo por la Ley 19/2009, de manera estricta, sin interpretarlo en función de dicha doctrina y del derecho fundamental afectado, limitándose a intentar la notificación en el domicilio objeto del arrendamiento. Al resultar ésta negativa, acudió directamente a la vía edictal, cuando, con arreglo a la señalada doctrina constitucional, disponía de un segundo domicilio, también designado en el contrato, en el que garantizar el derecho de acceso al procedimiento, y de un correo electrónico a través del cual, y bajo la fe del Secretario judicial, intentar la comunicación, lo que no se hizo, generando así una situación de indefensión a los demandantes de amparo. En este sentido se señala que el legislador ha dado carta de naturaleza al empleo de medios de comunicación telemáticos, electrónicos, informáticos y similares de uso común, según resulta de los arts. 155.2 y 162 LEC, habiendo admitido la posibilidad de utilizar tales medios de comunicación la STC 58/2010, de 4 de octubre. Ponen de relieve los actores, asimismo, la mala fe procesal, el abuso de derecho y el fraude de ley en que habría incurrido la entidad demandante en el procedimiento de desahucio, ya que tenía perfecto conocimiento de cómo localizarlos en otro domicilio y a través de otros mecanismos de notificación con los cuales había estado en continuo contacto con los recurrentes, y no lo puso en conocimiento del Juzgado ni interesó que la comunicación de la existencia del procedimiento se realizara por medio de los mismos.
Previa reclamación de las actuaciones correspondientes al procedimiento núm. 1093-2012 al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Marbella, por providencia de 5 de marzo de 2015 la Sección Tercera de este Tribunal acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que el mismo ofrece especial trascendencia constitucional, por dar ocasión para aclarar o cambiar la doctrina como consecuencia de cambios normativos relevantes para la configuración del contenido del derecho fundamental [STC 155/2009, FJ 2 b)], y por trascender del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica [STC 155/2009, FJ 2 g)]. Asimismo, se acordó dirigir atenta comunicación al Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Marbella, a fin de que, en el plazo de máximo de diez días, emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento núm. 1093-2012, excepto la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional. Todo ello condicionado a que la parte recurrente en amparo presentara escritura de poder original en el plazo de diez días. Dicho requerimiento fue atendido a través de escrito presentado el 18 de marzo de 2015.
Mediante escrito registrado el 22 de abril de 2015, la Procuradora de los Tribunales doña Iciar de la Peña Argacha se personó en el presente recurso en nombre y representación de Vista Isleña, S.L.
Por diligencia de ordenación de 11 de mayo de 2015 se tuvo por personada y parte en el procedimiento a la Procuradora de los Tribunales doña Iciar de la Peña Argacha en nombre y representación de Vista Isleña, S.L., y se acordó dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para la presentación de las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Todo ello condicionado, en el caso de la Procuradora de los Tribunales doña Iciar de la Peña Argacha, a que presentara escritura de poder original. Este último requerimiento fue atendido a través de escrito presentado el 27 de mayo de 2015.
Con fecha 5 de junio de 2015 presentó su escrito de alegaciones la representación de los demandantes de amparo, reproduciendo, en síntesis, las alegaciones de su escrito de demanda y recogiendo la doctrina establecida por este Tribunal en materia de notificaciones y emplazamientos en Sentencias dictadas con posterioridad a la interposición del recurso de amparo, con especial mención de la STC 30/2014, de 24 de febrero.
El 10 de junio de 2015 se registró en este Tribunal el escrito de alegaciones de la representación de Vista Isleña, S.L., en el que solicitó la desestimación del recurso de amparo. En relación con las quejas de los actores señala, en primer lugar, que aunque aparecen dos domicilios en el contrato de arrendamiento, ello no obligaba a notificar en ambos, pudiendo hacerlo indistintamente en cualquiera de ellos y, en cualquier caso, con preferencia en el domicilio del local objeto de arrendamiento. En caso de resultar la notificación negativa, resulta procedente sin más trámites la notificación edictal, sin necesidad de las averiguaciones de domicilio contempladas en el art. 156 LEC, todo ello como establecen los arts. 155.3 y 4 y 164 LEC que, en concordancia con la exposición de motivos de la Ley 19/2009, de 23 de noviembre, persiguen evitar los abusos que habitualmente son cometidos por los arrendatarios, con el propósito de mejorar y agilizar los procesos de desahucio, evitando las consecuencias de la notificación negativa producida por culpa, negligencia o mala fe del arrendatario.
El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 22 de junio de 2015, en el que solicitó el otorgamiento del amparo a los recurrentes, por vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva. Tras exponer los antecedentes de hecho del litigio y las pretensiones de amparo, el escrito comienza por advertir que la actuación procesal del Juzgado siguió escrupulosamente la pauta normativa del art. 155.3 LEC, teniendo en cuenta la motivación de la modificación operada en ese precepto por la Ley 19/2009, que no sería otra que la agilización y mejora de los procesos de desahucio. No obstante, a juicio del Fiscal, el examen de los argumentos de los demandantes, más la documentación obrante en las actuaciones, así como de la resolución judicial recurrida y de la jurisprudencia constitucional, permite concluir que se ha producido la vulneración del derecho a no padecer indefensión ex art. 24.1 CE. En este sentido, señala que la argumentación del Auto que denegó la nulidad de actuaciones, fijada estrictamente en la literalidad del art. 155.3 LEC, e ignorando lo prevenido en el art. 156 LEC, que converge con la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional en este terreno, se antoja claramente formalista y enervadora de la necesidad de que un acto tan esencial de notificación como la comunicación de la admisión a trámite de un juicio verbal por desahucio en el que finalmente se acuerda proceder a tal desahucio y al posterior lanzamiento sin permitir formular las razones de oposición que legalmente están previstas, ya revela su horizonte de indefensión constitucional ex art. 24.1 CE. Además, el Juzgado ha ignorado la alternatividad de domicilios prevista en el reiterado art. 155.3 LEC, y en el Auto denegando la nulidad de actuaciones, pese a que se le había alegado, ignoró y ni siquiera dio respuesta a la alegación de la parte que insistía en que en la estipulación decimosegunda del contrato de arrendamiento se indicaba otro domicilio.
Por providencia de 3 de septiembre de 2015 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 7 del mismo mes y año.
Los demandantes de amparo impugnan el Auto de 27 de junio de 2013, del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Marbella, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido en el juicio verbal de desahucio y reclamación de rentas núm. 1093-2012, seguido ante dicho Juzgado por la entidad Vista Isleña, S.L., contra los actores. Los recurrentes denuncian que se ha vulnerado su derecho a un proceso con todas las garantías al haberles impedido el órgano judicial el acceso al proceso como consecuencia de la defectuosa realización de los actos de comunicación procesal, al no haberse practicado en el domicilio designado en el contrato de arrendamiento ni haberse llevado a cabo ninguna labor de averiguación conforme a lo establecido en el art. 156 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC). Asimismo, afirman que el órgano judicial ha incurrido en error patente al negar la existencia en el contrato de otro domicilio a efectos de notificaciones.
Antes de entrar en el análisis de las quejas articuladas en la demanda, ha de efectuarse una consideración previa para la correcta delimitación del objeto del recurso. A través de las quejas aducidas por los recurrentes parecen plantearse dos infracciones del derecho a la tutela judicial efectiva diversas: una, derivada de la falta de diligencia del órgano judicial, que obedece al incumplimiento del deber de intentar la notificación en otros domicilios o a través de otros medios que figuraran en autos y del deber de realizar las labores de averiguación que se contemplan en el art. 156 LEC; otra, que alega la existencia de un error con relevancia constitucional, en la medida en que el órgano judicial no reparó en que la dirección donde intentó la notificación no era la única que se había fijado a efectos de notificaciones en el contrato. Pues bien, cabe advertir que ambas quejas son reconducibles a la falta de diligencia del órgano judicial en orden a cumplir con su responsabilidad de procurar el emplazamiento o citación personal de los demandados antes de acudir a la citación edictal. En efecto, la queja sobre la existencia de un error fáctico con relevancia constitucional, por no ser el domicilio en el que se intentó solamente la notificación personal el único fijado a tales efectos en el contrato de arrendamiento, pese a la insistencia del Juzgado en tal sentido, también es tributaria de la necesaria diligencia del órgano judicial, pues no se trata de un error fáctico autónomo que sea determinante de la resolución judicial adoptada, esto es, que constituya el soporte único o ratio decidendi de la misma, sino que simplemente se dibuja como uno más de los elementos que ponen de manifiesto la falta de cuidado del órgano judicial en el supuesto que nos ocupa, al objeto de conseguir una notificación personal que fuera efectiva.
Así concretada la cuestión, lo que se nos presenta como objeto de este recurso es, en definitiva, la diligencia del órgano judicial en los actos de comunicación procesal y, más concretamente, el aspecto relativo a la necesidad de que el órgano judicial agote todas las posibilidades de averiguación del domicilio de los demandados, así como que esté convencido de la imposibilidad de éxito de toda vía de comunicación antes de acudir a la comunicación edictal.
Partiendo de la doctrina constitucional expuesta, en el presente caso podemos concluir, al igual que en el supuesto resuelto por la STC 30/2014, que el órgano judicial no ha desplegado la actividad que le era exigible desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al objeto de notificar debidamente a los demandantes de amparo la existencia del procedimiento. En efecto, según se desprende de las actuaciones judiciales, cuando el servicio común de actos de comunicación intentó la notificación en el local de negocio, el conserje del inmueble manifestó que lo habían desalojado dos semanas antes. A la vista de esta circunstancia, el Juzgado no ordenó la práctica de ninguna comprobación encaminada a conocer el domicilio de los recurrentes ni a través de la documentación obrante en autos (donde, además de otro domicilio, figuraba la dirección de correo electrónico de uno de los actores), ni con los diferentes organismos públicos a los que se remite la Ley de enjuiciamiento civil en el art. 155.3, ni por los medios que se recogen en el art. 156 de la misma Ley, sino que acudió directamente a la notificación edictal. Y, aún más, lo hizo sin comprobar el domicilio principal que realmente se había fijado en el contrato para notificaciones, que no era el del local de negocio, sino el que figuraba en el encabezamiento del contrato, aspecto fácilmente constatable con la simple lectura del contrato, y respecto del cual el Juzgado incurrió en un claro error, que ha sido determinante de toda su posterior actuación, y de la imposibilidad de los actores de haber tenido conocimiento de la existencia del procedimiento y de haberse podido personar en el mismo. Y, a pesar de ello, el órgano judicial, en la resolución del incidente de nulidad de actuaciones, no sólo insiste de forma errónea en que el domicilio existente en el contrato a efectos de notificaciones era exclusivamente el del local de negocio, sino que, además, defiende que su actuación encontraba fundamento legal en la reforma procesal de la Ley 19/2009, y que el legislador, en materia de arrendamientos urbanos, deja a salvo los derechos del inquilino sin necesidad de acudir a las averiguaciones de domicilios contempladas en el art. 156 LEC, resultando evidente la contradicción entre la interpretación que estaba realizando de la reforma con la doctrina constitucional en materia de emplazamientos. Todo ello, a pesar de haberse justificado por los demandantes de amparo que la entidad arrendadora, demandante en el juicio de desahucio, tenía conocimiento de otros medios para localizarlos.
Por lo que se refiere a la otra cuestión, es decir, el posible conocimiento extraprocesal de la existencia del juicio de desahucio, el examen de las actuaciones pone de relieve que, con posterioridad a la fecha de la presentación de la demanda por parte de Vista Isleña, S.L., se produjeron reiteradas comunicaciones por vía de correo electrónico con don Gino Van De Velde por parte del Letrado de la citada entidad y del administrador único de la misma sobre diversos aspectos referidos al local de negocio objeto del arrendamiento (reclamación de impuesto sobre el valor añadido referido a reparaciones abonadas por la compañía de seguros, pretensión de disminución de la cobertura del seguro, reclamación de rentas, petición de devolución de las llaves, etc.), y en ninguna de ellas pusieron de relieve a los hoy actores la existencia del juicio de desahucio, a pesar de que tales peticiones pudieran resultar innecesarias a primera vista, en función de lo que ya se había reclamado en dicho juicio. Por tanto, mal puede hablarse de conocimiento extraprocesal del juicio de desahucio o de negligencia o impericia por parte de los demandantes de amparo, cuando la arrendadora les ocultó dicho extremo en sus constantes comunicaciones, con una actitud que, junto a su petición de que se acudiera a la citación edictal ante la primera notificación fallida en el juicio de desahucio, en lugar de proponer otras formas de localizar a los actores, que le eran perfectamente conocidas (máxime cuando los arrendatarios habían promovido un procedimiento de resolución del contrato de arrendamiento contra la arrendadora, que se seguía ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 18 de Málaga), pone de relieve una actuación alejada de la buena fe que ha de presidir la intervención de los litigantes en todo procedimiento judicial, y del deber que pesa especialmente sobre las partes de colaborar en el desarrollo del proceso con los órganos judiciales, a los que se encomienda, en definitiva, la prestación de la tutela prevista en el art. 24 CE (por todas, STC 30/2014, FJ 2).
A la conclusión alcanzada no cabe oponer, como sostiene el órgano judicial en el Auto de 27 de junio de 2013, que desestima el incidente de nulidad de actuaciones promovido por los recurrentes, que la Ley de enjuiciamiento civil no exige realizar mayores averiguaciones tras la reforma llevada a cabo mediante la Ley 19/2009, de 23 de noviembre. Semejante argumentación es la que pone de relieve, precisamente, la especial trascendencia constitucional del presente recurso, pues ese cambio normativo exige no ya modificar la doctrina de este Tribunal, sino aclararla en el sentido de que la reforma legal no supone una alteración en las exigencias que se derivan de dicha doctrina en aplicación del art. 24.1 CE [STC 155/2009, FJ 2 b)], extremo sobre el que se hace preciso insistir, habida cuenta de que la interpretación que, tanto en el caso resuelto por STC 30/2014 como en el que aquí se enjuicia, se realiza de la reforma introducida por la Ley 19/2009 pone de relieve que algunos órganos judiciales no siguen la doctrina de este Tribunal Constitucional en materia de emplazamiento y notificaciones, y se limitan a mantener una interpretación literal y restrictiva del precepto en relación con la labor y la diligencia que deben desplegar a la hora de realizar los actos de comunicación dirigidos a quienes están llamados a ser parte en el procedimiento. Por esa razón, se considera indispensable que este Tribunal siga profundizando en la línea marcada por la STC 30/2014 para configurar un importante cuerpo de doctrina que consiga evitar la reiteración en interpretaciones de la referida reforma legal como la que ha defendido el órgano judicial en el presente asunto. Por otro lado, no hay que perder de vista la trascendencia general de la cuestión, pues, debido a la crisis económica, se ha incrementado el número de los procedimientos de desahucio que se llevan a cabo en la actualidad, en los que los órganos judiciales habrán de aplicar las previsiones del art. 155.3 LEC, en su nueva redacción, de suerte que resulta fundamental que se fijen por parte de este Tribunal una pautas interpretativas acordes con la Constitución que garanticen la intervención en defensa de sus derechos de todos los interesados, en especial de los inquilinos que se vean ante dicha situación [STC 155/2009, FJ 2 g)].
Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamental de los actores a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE).
Restablecerlos en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad del Auto del Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de Marbella de 27 de junio de 2013, dictado en el juicio de desahucio núm. 1093-2012, así como de todo lo actuado a partir de la diligencia de ordenación de 13 de diciembre de 2012, inclusive.
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarse la diligencia de ordenación de 13 de diciembre de 2012, que acordó citar a la parte demandada por medio de edictos, para que se dicte nueva resolución judicial respetuosa con el derecho fundamental reconocido.
STS 140/1995, 24 de Febrero de 1995
STSJ País Vasco 2288/2010, 14 de Septiembre de 2010
STSJ Cataluña 6405/2012, 2 de Octubre de 2012
STS 592/2017, 5 de Julio de 2017

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución