Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1178979
Timestamp: 2019-02-22 21:34:00+00:00

Document:
Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social
Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León (BOCYL de 10 de julio de 2018). Texto completo.
En la Constitución , la acción pública en materia de asistencia y bienestar social se ha configurado como una competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas; asistencia social, servicios sociales y desarrollo comunitario. Promoción y atención de las familias, la infancia, la juventud y los mayores. Prevención, atención e inserción social de los colectivos afectados por la discapacidad, la dependencia o la exclusión social. Protección y tutela de menores, que aparece asumida en el artículo 70.1.10.° del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, promulgado por Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero.
En la redacción actual del Estatuto de Autonomía, en su artículo 13, bajo la rúbrica de “derechos sociales”, se reconoce, entre otros, el derecho de la ciudadanía de Castilla y León a acceder en condiciones de igualdad al sistema de servicios sociales y a recibir información sobre las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad pública.
En ejercicio de las atribuciones del Estatuto de Autonomía, en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León, se reguló el sistema de servicios sociales de responsabilidad pública. Dicho sistema tiene un papel esencial en la respuesta a las nuevas demandas sociales, ya que es el encargado de la organización del conjunto de servicios y prestaciones para la prevención, atención y cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas.
Al mismo tiempo, se llevó a cabo una negociación que culminó con la firma en el año 2013 de un nuevo Acuerdo del Consejo del Diálogo Social de Castilla y León, para la adopción de medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis y en situación de vulnerabilidad, que desembocó en la tramitación del Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre , por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León, en su disposición adicional primera creó la “Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis”. El citado decreto-ley fue convalidado de forma unánime por la totalidad de los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León, el 27 de noviembre de 2013.
Posteriormente, el Acuerdo 51/2014, de 29 de mayo , de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las directrices de funcionamiento de la Red de Protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis, vino a definir un modelo de trabajo de los servicios sociales de responsabilidad pública basado en la gestión por procesos y en la coordinación entre entidades y determinaban los recursos implicados.
Partiendo de los antecedentes expuestos, la Administración de la Comunidad, desde el consenso con las Entidades Locales con competencia en materia de servicios sociales, los agentes del Diálogo Social y las entidades del Tercer Sector, consideró la oportunidad de avanzar en la consolidación de los objetivos de la Red de protección mediante la creación de un nuevo instrumento en el que, bajo la rúbrica de Red de protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León, en adelante “la Red”, se amplía su ámbito subjetivo, contenido y finalidad.
Asimismo, el texto contiene una disposición derogatoria y siete disposiciones finales. En estas últimas, en primer lugar se aborda la modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , al objeto de mejorar la protección jurídica de los profesionales públicos de los servicios sociales, extendiéndose, a tales efectos, el amparo reconocido por el ordenamiento jurídico a quienes ostentan la condición de autoridad pública.
En la disposición final segunda, al objeto de evitar posibles antinomias derivadas de la dispersión normativa existente en la regulación de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, se procede a modificar el articulado del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero , incorporando aquellas medidas que afectan a la prestación de renta garantizada de ciudadanía en la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las familias de Castilla y León.
De conformidad con los postulados recogidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, la presente ley se ha elaborado de acuerdo con los principios de necesidad, eficacia, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En cuanto al principio de transparencia, en cumplimiento de lo establecido, por una parte, en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y por otro lado, en la Ley 3/2015, de 4 de marzo , de Transparencia y de Participación Ciudadana de Castilla y León, la presente norma ha sido objeto de la preceptiva consulta pública para recabar la opinión de los sujetos interesados.
a)	Servicio de provisión inmediata de alimentación.
b)	Servicio de distribución coordinada de alimentos.
c)	Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria.
d)	Prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria.
e)	Prestación económica a situaciones de deuda por alquiler de vivienda habitual.
f)	Prestación de servicios básicos de medicación.
Las actuaciones que se desarrollen en ámbito de la Red, se regirán, además de por los principios rectores del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, previstos en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León, por los siguientes principios de aplicación e interpretación:
1.	Responsabilidad pública. Las Administraciones públicas garantizarán una financiación suficiente de los recursos de la Red que asegure la estabilidad y la continuidad en la atención, así mismo, garantizarán la disponibilidad de los recursos de la Red y el derecho de las personas a acceder a los mismos en igualdad de condiciones en el territorio de la Comunidad de Castilla y León.
2.	Autonomía personal. Se promoverá y facilitará la participación de cada persona en la toma de decisiones y seguimiento de las actuaciones que le afecten, promoviendo el empoderamiento en la gestión de su propio cambio, en la libre elección entre las alternativas de atención a que pudiera tener derecho para la cobertura de sus necesidades, y en la asunción de la responsabilidad de los procesos de dicho cambio.
3.	Respeto a los derechos de las personas. Toda actuación en el ámbito de la Red habrá de respetar los derechos de las personas destinatarias de aquélla, promoviendo su igualdad y evitando su estigmatización y discriminación, de manera que quede garantizado el respeto a su dignidad e intimidad.
4.	Atención inmediata, próxima y continuada. La actuación de los agentes de la Red obedecerá a criterios de racionalidad, eficacia, celeridad y normalización que garanticen la utilización óptima de los recursos de la Red, al objeto de lograr un mayor nivel de eficiencia en la atención a las situaciones de vulnerabilidad social.
5.	Atención integral. La intervención de la Red proporcionará una respuesta global, disponiendo la activación simultánea o sucesiva de todos los recursos preventivos de atención, de promoción o de inclusión que sean precisos, actuando de urgencia en los casos de familias o personas en situación de mayor vulnerabilidad.
6.	Transversalidad y coordinación. Las medidas recogidas en esta ley se instrumentarán mediante una intervención interdisciplinar, principalmente desde el ámbito de los servicios sociales, empleo, sanidad, educación, vivienda y agricultura, reforzando las estructuras ya existentes, evitando duplicidades y favoreciendo la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
7.	Organización integrada. Los recursos que formen parte de la Red se ordenarán de forma global bajo la coordinación de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, independientemente de su titularidad, pública o privada, con el fin de lograr una respuesta integral a las necesidades de las personas en situación de mayor vulnerabilidad social.
8.	Inclusión activa y solidaria. Los recursos públicos para hacer efectivos los derechos recogidos en esta ley hacen posible una mejora de las oportunidades reales de inclusión social y laboral de sus destinatarios, con el fin de activar sus capacidades y posibilidades. Estos procesos de mejora de su integración social implican su participación activa y compromiso para el logro de su autonomía mediante la adquisición de hábitos, destrezas y competencias personales y profesionales, de acuerdo con el itinerario de inserción establecido.
9.	Información compartida. Al objeto de lograr una acción coordinada e integral, los miembros intervinientes en el ámbito de la Red, en el marco de la normativa sobre protección de datos, intercambiarán los datos a los que tengan acceso que sean relevantes para la intervención, dentro del sistema unificado de información de usuarios de los servicios sociales de responsabilidad pública, contribuyendo a incrementar las posibilidades de mejora de la atención.
10.	Diálogo social y civil. El órgano responsable de la coordinación de la Red, previsto en el artículo 38 de esta ley, mantendrá abiertos los canales de diálogo social institucional con los agentes sociales y económicos, así como con los representantes de las entidades de iniciativa social del Tercer Sector, en el seguimiento de las medidas reguladas en esta ley para su mejora, adaptación y perfeccionamiento.
11.	Responsabilidad social empresarial. Los poderes públicos colaborarán con las empresas en los procesos de inclusión social y fomentarán la responsabilidad social empresarial a estos efectos impulsando, asimismo, los procesos de economía colaborativa e innovación social que redunden, entre otros, en el bienestar social.
12.	Prevención: La Red desarrollará actuaciones y programas dirigidos a intervenir sobre las causas de los problemas sociales, considerando prioritarias las acciones preventivas y atendiendo al enfoque comunitario de las intervenciones sociales.
13.	Atención personalizada: El desarrollo de la actuaciones que realiza la Red están dirigidas a asegurar la atención personalizada mediante la valoración de conjunto de las necesidades que cada persona usuaria presente, la planificación de caso, la individualización de la intervención y la continuidad de ésta mientras sea necesario.
14.	Enfoque socioeducativo: Las actuaciones de la Red de protección tendrán un enfoque socioeducativo orientado especialmente a menores, adolescentes y jóvenes, al objeto de mejorar su inclusión social y laboral.
15.	Enfoque de género. Todas las medidas, recursos y acciones recogidos en esta Ley deberán establecerse desde el análisis previo de género, así como su desarrollo, su seguimiento y su evaluación de impacto posterior.
16.	Seguimiento y evaluación. Las Administraciones públicas y los agentes y entidades que forman parte de la Red velarán por el cumplimiento real y efectivo de la presente Ley, y realizarán un seguimiento riguroso en colaboración con todos los actores implicados, así como evaluaciones periódicas del impacto del funcionamiento y gestión de la Red.
17.	Transparencia y publicidad activa. Los recursos y servicios de la Red así como los datos relevantes deben ser publicitados de manera activa, y deberá garantizarse la transparencia de los procedimientos, funcionamiento, gestión, seguimiento y evaluación desde el respeto a la normativa de protección de datos.
a)	Las administraciones y entidades públicas, de ámbito autonómico y local, que sean titulares o responsables de programas, servicios o prestaciones que forman parte de la Red de Protección.
b)	Las entidades privadas que, formando parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública, reciban financiación de las Administraciones públicas de Castilla y León, para desarrollar prestaciones, recursos y programas en los que se contemple una intervención profesional en el ámbito de la Red.
c)	Las entidades privadas que firmen convenios y demás acuerdos de colaboración, sin financiación pública, con las administraciones públicas de Castilla y León, que desarrollen prestaciones, recursos y programas en los que se contemple una intervención profesional dentro del ámbito de la Red, en los términos que en los mismos se establezcan.
a)	La extinción o pérdida de la personalidad jurídica de la entidad miembro de la Red de protección.
b)	La pérdida de los requisitos exigidos para el reconocimiento.
c)	La ocultación o falseamiento de la información, así como el incumplimiento de las demás obligaciones establecidas en esta ley.
d)	La renuncia.
a)	Recursos de protección y de atención a necesidades básicas de subsistencia.
b)	Recursos de atención con acceso prioritario.
c)	Otros recursos para la inclusión socio económica, laboral y/o tecnológica.
d)	Recursos de prevención.
a)	Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.
b)	Prestación económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.
c)	Prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria.
d)	Prestación económica frente a situaciones de deuda por arrendamiento de vivienda habitual.
e)	Prestación económica para el fomento de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género.
f)	Servicio de provisión inmediata de alimentación.
g)	Servicio de distribución coordinada de alimentos.
h)	Servicio de alojamiento para personas sin hogar y para otras que, en atención a su situación de vulnerabilidad, precisen un alojamiento temporal.
i)	Servicio de atención en centros de emergencia, casas de acogida y viviendas destinadas a víctimas de violencia de género.
j)	Servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria.
k)	Tutela y acogimiento de menores en situación de desprotección.
l)	Servicio de protección y ejercicio de la tutela y guarda, en su caso, de las personas mayores de edad incapacitadas legalmente y en situación de desamparo.
m)	Medidas en materia de vivienda para personas afectadas por desahucios o circunstancias de fuerza mayor.
a)	Servicio de atención residencial de personas mayores en situación de dependencia.
b)	Servicio de atención residencial o en vivienda para personas con discapacidad.
c)	Servicio de atención en centros de día y de noche para personas mayores.
d)	Servicio de atención en centros de día y de noche para personas con discapacidad.
e)	Servicio de teleasistencia.
f)	Servicio de ayuda a domicilio.
g)	Servicio de asistente personal para personas con dependencia.
h)	Servicio de ayuda a domicilio.
i)	Servicio de asistente personal para personas con dependencia.
j)	Servicio a menores con dependencia.
k)	Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales.
a)	Servicios de información sobre derechos, prestaciones y procedimientos en materia de servicios sociales.
b)	Servicios de valoración, orientación, planificación de caso y seguimiento.
c)	Servicios de apoyo familiar y técnico para la inclusión social.
d)	Servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos o hijas en situaciones de riesgo, especialmente en aquellas etapas de mayor vulnerabilidad como primera infancia o adolescencia.
e)	Acciones sociales comunitarias y promoción de la solidaridad.
f)	Acciones que se realicen en materia de inclusión social, empleo y tecnología.
g)	Servicios de información y orientación laboral a personas desempleadas o con empleos precarios.
h)	Servicio de apoyo técnico para la integración sociolaboral y tecnológica de personas en riesgo de exclusión.
i)	Programas de formación para el empleo.
j)	Ayudas económicas de apoyo al autoempleo dirigidas a fomentar el desarrollo de actividades económicas y por cuenta propia.
k)	Contratos de inserción.
l)	Medidas de fomento a la contratación individual para facilitar el empleo de las personas más vulnerables en el mercado laboral a través de entidades sin ánimo de lucro o empresas privadas mediante subvenciones o contratación pública.
m)	Ayudas económicas que se convoquen al alquiler de vivienda habitual.
n)	Viviendas disponibles del parque público de alquiler.
1. El servicio de provisión inmediata de alimentación, se configura como prestación esencial, a los efectos de lo previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León, consiste en la satisfacción puntual y prioritaria de las necesidades básicas de alimentación mediante los instrumentos que se dispongan a tal fin, en el plazo máximo de 24 horas y durante el tiempo que sea imprescindible hasta su derivación a otros recursos de la Red.
a)	Asegurar una atención gratuita a las personas destinatarias del servicio, en condiciones de igualdad, sin discriminación alguna.
b)	Garantizar en todo momento la seguridad alimentaria.
c)	Facilitar que los alimentos, aptos para el consumo en función de la normativa aplicable en materia de seguridad alimentaria, procedentes de donaciones de los diferentes eslabones de la cadena alimentaria, puedan entrar en el proceso de reparto para ser distribuidos entre las personas que lo necesiten.
d)	Establecer un sistema de control del reparto y distribución de los productos entre las personas beneficiarias finales.
e)	Facilitar que se lleve a cabo la cuantificación de los productos recibidos.
f)	Garantizar la coordinación entre las entidades donantes, las encargadas del transporte y almacenamiento de los productos y las que realizan el reparto.
g)	Facilitar la coordinación entre las distintas entidades adheridas y agentes de la Red, estableciéndose mecanismos de derivación y de intercambio de información sobre los destinatarios finales, en el marco de la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.
h)	Compromiso de que sus miembros no podrán ser beneficiarios de los productos que capten o repartan.
a)	Ofrecer información y asesoramiento en relación con las dificultades en el pago de los préstamos garantizados con la vivienda habitual.
b)	Ofrecer apoyo profesional y acompañamiento para afrontar las consecuencias de la situación de sobreendeudamiento, asesorando sobre la reestructuración de las deudas y la recomposición de la economía familiar y ofreciendo de manera complementaria información, asesoramiento y actuaciones técnicas de mediación financiera en relación con otros préstamos y créditos no hipotecarios que comprometan la viabilidad y estabilidad financiera de las familias.
c)	Informar y asesorar sobre el cumplimiento de los requisitos de acceso a beneficios, prestaciones o recursos que puedan ser complementarios a la interlocución con las entidades financieras, o supongan una alternativa a la vivienda, en caso de pérdida de ésta.
d)	Promover la intermediación entre las familias y las entidades financieras titulares de los préstamos, para la búsqueda de soluciones que posibiliten el mantenimiento de la vivienda, el reintegro del préstamo o, en todo caso, llegar a la resolución menos gravosa del mismo.
e)	Utilizar todos los medios técnicos y jurídicos disponibles desde una atención anticipatoria y proactiva del servicio, evitando que las familias y personas tengan que hacer frente a procedimientos judiciales.
3. El servicio integral de apoyo a familias en riesgo de desahucio tendrá la consideración de prestación esencial, a los efectos de lo previsto en la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León, cuando en sus destinatarios concurran los siguientes requisitos:
a)	Que la vivienda sea la única sobre la que se ostenta un derecho de propiedad y esté ubicada en Castilla y León.
b)	Que el precio de adquisición de la vivienda sea inferior a trescientos mil euros.
a)	Que la persona titular de la vivienda esté empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento.
b)	Que, según informe técnico, se encuentren en situación de riesgo de impago o situación de impago de cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que dicha situación no sea imputable a la actuación voluntaria de la persona obligada a su pago.
c)	Que la vivienda habitual esté ubicada en algún municipio de la Comunidad de Castilla y León, sea la única de su titularidad y se haya adquirido por un precio inferior a trescientos mil euros.
d)	Que, según informe técnico, no dispongan de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas de subsistencia.
a)	Pago de la cuota hipotecaria.
b)	Gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución del mismo en los casos de dación en pago: tasación, notaría, gestoría y registro.
c)	Cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria.
d)	Levantamiento de embargos de pequeña cuantía.
e)	Gastos extraordinarios para mudanza y alquiler.
a)	Que la persona titular del arrendamiento de la vivienda esté empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento.
b)	Que, según informe técnico, se encuentren en situación de impago de las cuotas del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual, siempre que dicha situación no sea imputable a la actuación voluntaria del arrendatario.
c)	Que la vivienda habitual objeto del arrendamiento esté ubicada en algún municipio de la Comunidad de Castilla y León.
2. Sin perjuicio del tratamiento de los datos personales que sean necesarios en el ejercicio de poderes públicos o en interés público, las personas destinatarias de los recursos de la Red darán consentimiento para el tratamiento de sus datos por los agentes de la Red que vayan a realizar actuaciones dirigidas a procurar su plena inclusión social personal y laboral”.
a)	El Fondo de solidaridad para la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
b)	Los Planes de inserción sociolaboral para la inclusión de personas vulnerables.
c)	La inclusión de aspectos sociales en el gasto público.
d)	Las iniciativas innovadoras de carácter socioeconómico.
e)	Los acuerdos con operadores de servicios energéticos y suministros básicos.
f)	Los acuerdos con órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en el ámbito de recursos de la Red, en especial, en materia de procedimientos judiciales de ejecución hipotecaria o de desahucio.
g)	Los acuerdos con administraciones locales en el ámbito de recursos y medidas de la Red.
a)	Impulsar campañas de difusión de la Red, como instrumento al servicio de la ciudadanía de Castilla y León.
b)	Promover la firma de acuerdos u otros instrumentos de colaboración con empresas para su participación en la Red.
c)	Diseñar, coordinar y dirigir las actuaciones de la Red, en especial entre las diferentes consejerías implicadas.
d)	Adoptar medidas de sensibilización para orientar las aportaciones de la sociedad civil a las necesidades de las personas destinatarias de la Red.
e)	Proponer la inclusión de nuevos recursos o medidas, o en su caso, la supresión, en la Red.
f)	Impulsar mecanismos de coordinación y seguimiento a nivel local y provincial con las Administraciones locales.
a)	Los artículos 3, 5, 6,7 y las disposiciones adicionales primera y segunda, del Decreto-Ley 2/2013, de 21 de noviembre , por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
b)	La disposición adicional única del texto refundido de las normas vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero .
c)	Las medidas previstas en el artículo 2, en lo que a la prestación de renta garantizada de ciudadanía se refiere, de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las familias de Castilla y León afectadas por la crisis.
d)	Disposición Adicional 1.ª Coordinación de medidas y recursos: Que crea La Red de Protección del Decreto-Ley 2/2013 de 21 de noviembre , por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León.
Primera. Modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre , de Servicios Sociales de Castilla y León.
“Artículo 22. Garantía de acceso en circunstancias de especial vulnerabilidad.
No obstante, a los efectos de valorar la capacidad económica de estas personas se tendrá en cuenta lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 111 de esta ley”.
“3. Los empleados públicos de los servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León que se relacionan a continuación, tendrán la protección reconocida en el ámbito penal a quienes ostentan la condición de autoridad pública:
a)	Los profesionales determinados en los artículos 2 , 3 , 6 y 7 de la Ley 44/2003 de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que presten sus servicios en los servicios sociales de las Administraciones Públicas de Castilla y León.
b)	Los directores y personal directivo de los servicios sociales de la Administración autonómica y Local.
c)	Pedagogos.
d)	Los trabajadores sociales.
e)	Los profesionales de las siguientes competencias funcionales del Área Socioeducativa: educadores, técnicos de atención al menor en institución, técnicos de atención al menor en medio abierto, responsables nocturnos de internado, educadores de personas con discapacidad, estimuladores y psicomotricistas.
f)	Los profesionales de las siguientes competencias funcionales del Área Asistencial: cuidadores técnicos de servicios asistenciales y técnicos superiores en educación infantil.
4. En el marco de lo previsto en la ley reguladora del procedimiento administrativo común, los hechos constatados en el ejercicio de sus funciones por los referidos profesionales, que tengan la condición de funcionarios, gozarán de la presunción de veracidad”.
Tres. Se añade dentro del Título IX “De la participación” un artículo 104 bis, con la rúbrica de “Participación de las entidades del Tercer Sector”, con el siguiente contenido:
“Artículo 104.bis. Órgano de participación de entidades del Tercer Sector.
La regulación de la organización, funcionamiento y nombramiento de miembros de la Sección, vendrá determinada por lo dispuesto en la normativa reguladora del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León”.
“En el caso de las personas refugiadas o asiladas en Castilla y León y demás destinatarios de prestaciones en quienes concurra la circunstancia prevista el apartado segundo del artículo 22 de esta ley, dentro de su capacidad económica, cuando sean usuarios de los servicios sociales de responsabilidad pública, se computarán todas las prestaciones destinadas a su atención”.
Segunda. Modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2014, de 27 de febrero .
“3. La renta garantizada de ciudadanía es complementaria, hasta el importe que de ésta corresponda percibir en su caso, respecto de los ingresos y prestaciones económicas a que pudiera tener derecho cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, excepto para el solicitante o titular de la prestación de renta garantizada cuando sea titular de prestaciones que procedan de las acciones protectoras de la Seguridad Social, en cualquiera de sus modalidades contributiva o no contributiva, o de cualesquiera otros regímenes o sistemas públicos de protección, en cuyo caso será incompatible.
“5.º Que, no habiendo estado bajo la acción protectora de la Administración durante su minoría de edad, estén siendo atendidos en centros específicos para jóvenes sin recursos que cuenten con financiación pública para este fin”.
“3.º Los ingresos procedentes de cursos de formación y de los contratos de formación para jóvenes, cuando las retribuciones mensuales obtenidas no superen el 130% del IPREM correspondiente a cada ejercicio económico.”
“11.º Los ingresos procedentes de actividades laborales desarrolladas dentro de un plazo de seis meses, cuyas retribuciones totales sean inferiores a la cuantía básica de la renta en dicho período. Esta exclusión del cómputo de ingresos se mantendrá durante un período máximo de veinticuatro meses, a contar desde que se inicie la actividad laboral retribuida, pudiéndose prorrogar mediante informe técnico por una anualidad más.”
“Cuando los rendimientos del trabajo por cuenta propia determinados conforme a las reglas de valoración que resulten de aplicación para el cálculo de los ingresos a efectos del reconocimiento de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, fueran inferiores al cincuenta por ciento del importe de la base de cotización a la Seguridad Social en el mes de la solicitud, se computará como ingreso una cantidad igual a dicho importe.”
“b) Que ninguno de los posibles destinatarios sea titular de un derecho de propiedad, usufructo o cualquier derecho real sobre bienes muebles o inmuebles, cuya explotación anual o venta pudiera aportar recursos económicos iguales o superiores a la cuantía de una anualidad de la renta garantizada de ciudadanía que pueda corresponder. A tal fin, se tendrán en consideración las valoraciones que, a efectos tributarios, emplee la consejería que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda, en atención al patrimonio imputable a cada miembro.”
“3.º Los bienes rústicos ubicados en localidades que cuenten con menos de 5.000 habitantes.”
5.º En el caso de que alguno de los destinatarios de la prestación sea copropietario de un bien inmueble heredado, cuya titularidad sea compartida con personas ajenas a su unidad familiar, se excluirá dicho bien del cómputo patrimonial, siempre que el valor catastral de la parte de propiedad que le corresponda sea inferior a dos anualidades del 80% del IPREM vigente en cada ejercicio económico.”
“En todo caso, la persona solicitante de la prestación de renta garantizada de ciudadanía deberá comunicar, de forma fehaciente, todos los cambios producidos en la unidad familiar o de convivencia que pudieran tener incidencia en el reconocimiento del derecho o en su cuantía.”
“d) Abandonar el territorio de la Comunidad de Castilla y León cualquiera de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, por causas diferentes al ejercicio de actividad laboral, enfermedad grave de un familiar o causa de fuerza mayor, en los términos previstos en el artículo 28.1.g)”.
“2. Cuando la resolución sea dictada una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su tramitación, y sea estimatoria, la prestación se devengará a partir del día siguiente al cumplimiento de dicho plazo.”
“c) El incumplimiento de las obligaciones establecidas para los destinatarios, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 29 sobre el incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo”.
“f) El mantenimiento por tiempo superior a dieciocho meses de las causas que dieron lugar a la suspensión de la percepción de la prestación.”
“No obstante, el abandono del territorio de Castilla y León por causa de enfermedad grave de un familiar o fuerza mayor, dará lugar a la extinción de la prestación cuando se produzca en un número superior a tres veces al año o a 45 días naturales en cómputo anual.”
“c) El incumplimiento de la obligación de estar inscrito como demandante de empleo.”
“3. Durante el tiempo en que la prestación esté suspendida, los destinatarios deberán cumplir las obligaciones previstas en esta ley.”
“4. El abono de la prestación se reanudará a instancia del interesado, cuando cesen las circunstancias que motivaron la suspensión.
Una vez finalizada la percepción de los subsidios o prestaciones derivados de la actividad laboral, previa comunicación por la persona interesada, se procederá a la revisión de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, en atención a esta circunstancia, sin perjuicio de la posibilidad de comprobar en cualquier momento el mantenimiento de los requisitos y el cumplimiento de las obligaciones que la normativa establece.”
“5. En el supuesto de incumplimiento de la exigencia de estar inscrito como demandante de empleo, la suspensión del abono de la prestación será de un mes, sin perjuicio de que para la reanudación de dicho abono deban cumplirse los requisitos y obligaciones establecidos en esta ley.”
“1. En los supuestos en que proceda el reintegro de cantidades se aplicará el procedimiento establecido en la normativa en materia de subvenciones, salvo lo previsto en la misma respecto a los intereses de mora, sobre liquidación intereses, teniendo los créditos a reintegrar la consideración de derechos de naturaleza pública.
2. En los casos de percepción indebida de cantidades derivada del incumplimiento de la obligación de comunicar los cambios en las circunstancias personales o económicas de alguno de los miembros de la unidad familiar o de convivencia, procederá reclamar dichas cantidades indebidamente percibidas desde el primer día del mes siguiente a aquél en que se hubiera producido dicho incumplimiento.”
En el caso de personas refugiadas o asiladas en Castilla y León, la prestación de renta garantizada de ciudadanía destinada a su atención que les sea reconocida, podrá ser percibida a través de terceras personas, preferentemente entidades sin ánimo de lucro que formen parte del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública.”

References: artículo 70
 artículo 13
 artículo 133
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 2
 artículo 111
 artículo 104
 artículo 22
 artículo 28
 resolución 
 artículo 29