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Inicio » ENTREVISTA WWW.DERECHO.COM: ASPECTOS LEGALES QUE TODO ECOMMERCE DEBE TENER EN CUENTA
Escuela de Negocios 2014-11-25
Escuela de Negocios / 25 noviembre, 2014 / 0 / 775
A lo largo de los últimos tiempos hemos asistido al boom imparable de las nuevas tecnologías. Todas las empresas, desde la más importante multinacional a la más humilde pyme se han visto obligadas a subirse al carro del entorno online para no perder comba. Sin embargo, no son pocos los que, animados por las posibilidades que dicho entorno ofrece, tienden a dejar el aspecto legal a un lado, cuando es igual de relevante, sino incluso más. Para tratar de saber más al respecto, entrevistamos a Eric Gracia, del departamento jurídico de www.Derecho.com, web española referente en materia de legislación digital para pymes. Os dejamos con la entrevista completa a continuación.
P: ¿Qué es Derecho.com? ¿Cuál es vuestro modelo de negocio?
R: Derecho.com se fundó en 1997 con la vocación de ofrecer contenidos y servicios jurídicos prácticos y de calidad a través de Internet, siendo pionera en España en el desarrollo de esta actividad. Además de los servicios y productos que nuestros clientes pueden contratar directamente a través de nuestro sitio web, disponemos también de un completo departamento jurídico especializado en Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio de todo tipo de organizaciones e instituciones, que presta servicios de forma “tradicional”.
Por tanto, podríamos decir que somos una boutique jurídica en asuntos de protección de datos personales, comercio electrónico, propiedad intelectual e industrial, nombres de dominio, contratos tecnológicos, sorteos y promociones, reputación online y startups.
En vuestra página os definís como defensores del “open data” y reza la frase “algunos nos llaman geeks, pero nosotros nos consideramos curiosos”, las nuevas tecnologías están alterando algunos esquemas tradicionales ¿necesita la figura del abogado también reformularse hoy en día?
En España hay muchos abogados y la competencia es feroz. Por ello, cada vez más los abogados se dan cuenta de lo importante que es tener visibilidad en el mercado y presencia en redes sociales y directorios especializados. Especializarse, crear una marca personal, cuidarla y hacerla crecer es fundamental para sobresalir entre la masa.
Una buena muestra de ello es nuestro directorio elAbogado.com, que actualmente cuenta con 5.567 abogados españoles inscritos.
Respecto a esas nuevas tecnologías: ¿está Internet lo suficientemente regulado o hace falta más legislación al respecto?
En nuestra opinión puede decirse que en términos generales existe ya suficiente regulación, si bien en ocasiones puede resultar dispersa o de poca calidad técnica.
Otra cuestión es que las empresas que operan en Internet puedan tener la sensación de que están sometidas a multitud de normas y que resulta imposible cumplir con todo. Ciertamente, llegan a producirse situaciones que son específicas de este tipo de empresas. Así, en materia de consumo, sin ir más lejos, un e-commerce domiciliado en cualquier parte de España, pongamos por ejemplo Madrid, puede ser sancionado por cualquiera de las autoridades de consumo autonómicas, ya que legalmente debe considerarse que opera en todo el territorio español y que cualquier ciudadano, resida donde resida, es un potencial cliente.
Buen ejemplo de ello son las sanciones en materia de consumo que desde hace tiempo viene imponiendo la Junta de Andalucía a páginas web radicadas en cualquier lugar de España. Todos los casos que nos han llegado se han iniciado de oficio, es decir, ningún consumidor ha denunciado a la página web, sino que hay un grupo de funcionarios dedicados a entrar y revisar los términos légales de páginas web y, en caso de encontrar alguna irregularidad, imponer una multa.
Precisamente la llamada “Ley Lasalle” prometía mejorar la LPI, ¿creéis que lo ha conseguido?
La Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, popularmente conocida como “Ley Lassalle”, incorpora, según reza su exposición de motivos, nuevas medidas para la protección de los derechos de propiedad intelectual que, a juicio del Gobierno, no podían esperar más.
¿Ha mejorado esta reforma la LPI? Dependerá de a quien le pregunte. Lo cierto es que se han articulado medidas para perseguir con mayor dureza a las páginas web de enlaces, que reiteradamente venían siendo exculpadas por los tribunales al entender que no vulneraban derechos de propiedad intelectual.
La denominada “tasa Google” impuesta a los agregadores de contenidos, parece que en lugar de fomentar la creación de negocios online va a dinamitar algunos de los ya existentes. Por otro lado, la copia privada queda casi exclusivamente reducida a la posibilidad de hacer una copia de seguridad de la obra que ya hemos adquirido previamente y cuya compensación equitativa soportamos todos, la hagamos o no, al estar a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
En todo caso, el Gobierno ya ha dejado claro que esto es sólo un avance y que todavía debe producirse la aprobación de una futura nueva Ley integral de Propiedad Intelectual.
Cada vez se externalizan más servicios (posicionamiento, diseño web, community manager), ¿es el contrato el único recurso para dilucidar conflictos? ¿por qué no se recurre con más frecuencia a él?
Un buen contrato es fundamental a la hora de formalizar la externalización de cualquier servicio, ya que deberíamos poder recurrir a él para resolver cualquier controversia entre cliente y proveedor. El problema viene cuando no se ha dedicado tiempo a revisar el contrato antes de firmarlo o, peor aún, cuando ni siquiera se ha firmado nada. Frecuentemente se desconoce que hay aspectos que por imperativo legal deben constar por escrito a la hora de contratar un servicio, como por ejemplo la cláusula que regula el tratamiento de datos que el proveedor efectuará por cuenta del cliente.
Por tanto, gastar algo de dinero para que un abogado redacte un contrato, o revise el propuesto por la otra parte, no debiera despreciarse, ya que cualquier litigio nos va a resultar mucho más caro en todos los aspectos. Tampoco hay que olvidar que el contrato puede ser visto como la carta de presentación de una empresa, de modo que, si el contrato es un desastre, ¿qué servicio y calidad pueden esperarse?
El fenómeno del troll: ¿qué defensa tienen las empresas ante los ataques anónimos a través de las Redes Sociales?
Podemos definir la reputación online de una empresa como su prestigio o imagen percibidos en Internet. Partiendo de esto, lo primero que hay que saber es que las personas jurídicas tienen reconocido el derecho al honor contenido en el artículo 18.1 de la Constitución Española, lo que les otorga distintas vías legales de actuación ante comentarios realizados en Internet que lesionen dicho derecho.
En primer lugar, la empresa puede interponer una demanda civil al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica 1/1982, lo que, entre otras cosas, le permitirá eliminar el comentario en cuestión y obtener una indemnización por daños y perjuicios.
En segundo lugar, si el comentario en cuestión es constitutivo de un delito de calumnias (arts. 205 a 207 del Código Penal) o de injurias (arts. 208 a 210 del Código Penal), se podrá interponer la correspondiente querella, lo que permitirá a la empresa eliminar el comentario en cuestión, obtener una indemnización por daños y perjuicios y la condena a multa o privación de libertad del infractor que corresponda.
Se trata de un asunto delicado que debe analizarse caso por caso, ya que el derecho al honor puede verse limitado por los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información.
De haber suplantación de identidad, ¿cómo se debe proceder?
El Código Penal español regula en su artículo 401 el delito de usurpación de estado civil: “El que usurpare el estado civil de otro será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años.” En el ámbito de Internet, dicho precepto hace referencia al hecho de crear un perfil de usuario utilizando para ello los datos de otra persona real sin su consentimiento, induciendo a error acerca de la persona que realmente está detrás de dicho perfil.
Cuando esto ocurra, lo primero que debe hacer la persona afectada es denunciar este hecho ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para dejar constancia clara de la situación.A continuación, es conveniente contactar directamente con el administrador de la red social en cuestión y poner en su conocimiento lo que está pasando, aportándole copia de la denuncia si es preciso.
Otra posible vía de actuación es la interposición de una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, ya que estos hechos constituyen una infracción del artículo 6.1 de la LOPD, tipificada como grave en el artículo 44.3.b) de dicha norma. De esta forma, se puede conseguir que a la persona infractora se le imponga una multa económica.
¿Cuál es la mejor y más efectiva manera de proteger una marca en la web?
Las vías que existen para proteger una marca son las mismas independientemente del entorno, online u offline, en el que estemos. Lo primero de todo es proceder al adecuado registro de la marca, si bien es importante comprender que sólo con esto no vamos a mantener a salvo nuestro signo. El título de marca es una herramienta legal que debe ser utilizada cuando sea preciso para que sirva de algo.
Por ejemplo, aunque tengamos la marca registrada, la Oficina Española de Patentes y Marcas no va a rechazar de oficio una solicitud posterior para el registro de una marca similar a la nuestra. Deberemos ser nosotros quienes nos enteremos de ello y procedamos a presentar la oportuna oposición dentro del plazo previsto para ello. Esto se puede solventar contratando un servicio de vigilancia de marca como el que ofrece Derecho.com.
Cuando el titular de una marca descubra que alguien está vulnerando su derecho, puede hacer lo siguiente:
a) Enviar de forma fehaciente una carta de cese y desistimiento al infractor, solicitando que finalice la acción vulneradora que esté llevando a cabo.
b) Si lo anterior no surte efecto, se puede presentar una demanda en vía civil, de conformidad con lo previsto en la Ley de Marcas, lo que permitirá al titular, entre otras cosas, poner fin a la actividad infractora y obtener una indemnización por los perjuicios sufridos.
c) Finalmente, es posible que el infractor esté cometiendo un delito contra la propiedad industrial tipificado en el artículo 274 del Código Penal, ante lo que deberá interponerse la correspondiente querella o denuncia para poner fin a la actividad infractora, obtener una indemnización por los perjuicios sufridos y la condena a multa o privación de libertad del infractor que corresponda.
Finalmente, si el problema es el cybersquatting, los procedimientos extrajudiciales para la recuperación de nombres de dominio son una alternativa rápida y eficaz a la vía judicial, si bien será igualmente necesario contar con el título de marca debiendo acreditarse además que el infractor carece de interés legítimo en el nombre de dominio en cuestión y que ha procedido a su registro de forma abusiva.
El Big Data promete revolucionar las dinámicas empresariales. ¿Será posible compatibilizarlo con el derecho a la privacidad y/o la intimidad?
Ciertamente se trata de un fenómeno que preocupa a las autoridades de protección de datos. El actual Director de la Agencia Española de Protección de Datos, José Luis Rodríguez Álvarez, ha dicho al respecto que “El big data se emplea principalmente para hacer predicciones, tratando aspectos referentes a qué está ocurriendo o qué va a ocurrir pero no por qué se han producido o van a producir. Con ello se pueden extraer conclusiones sobre individuos, señalar su tendencia a realizar determinadas conductas, o predecir su probabilidad de encontrarse en determinados estados, como situaciones económicas o enfermedades, entrañando un alto riesgo de discriminación.”
Parte de la solución pasa por aplicar un adecuado proceso de anonimización a dicha información siempre que sea posible, de modo que el derecho a la protección de datos y la intimidad de las personas no se vean afectados y el volumen de información tratado siga aportando valor a las empresas.
En vuestras ponencias ponéis ejemplos de empresas que por no hacer las cosas bien, son objeto de sanciones, ¿estamos realmente preparados para trabajar en el entorno online?
Lo estamos, pero hay que ser conscientes de que en Internet no todo vale y de que una infracción cometida en un entorno online puede alcanzar proporciones mucho mayores por el simple hecho de su inmediatez y la cantidad de afectados que pueden llegar a verse implicados. La mayoría de las veces la sanción proviene de un error humano cometido por un empleado que no fue adecuadamente formado o advertido por su empresa de que aquello que hacía estaba mal, lo que deja claro que hace falta más formación y preparación en aspectos legales de Internet.
Y por último, una recomendación. Seguro que muchos emprendedores están buscando la manera de montar una empresa online pero las dudas y la incertidumbre les impiden avanzar. ¿Cuál es la primera y más importante cuestión legislativa que hay que tener en cuenta antes de ponerse en marcha?
Lo primero que debería hacerse es conocer bien la regulación sectorial que pueda afectar al negocio que se quiere montar. Como decíamos, el hecho de que vaya a desarrollarse por Internet no debe hacernos pensar que todo vale y que no hay reglas. Es importante comentar la idea con un abogado especializado y, si es preciso, un dictamen al respecto.
Por otro lado, en estados tempranos del negocio es recomendable dedicar un momento a definir y asegurar las relaciones jurídicas entre los socios. El pacto de socios es la herramienta idónea e imprescindible para evitar futuras y desagradables situaciones, ya que al principio todos los socios se llevan bien, pero no se sabe cómo va a reaccionar cada uno ante las distintas vicisitudes inherentes a la aventura de montar un negocio.
A partir de ahí, dependerá de lo que precise el negocio a nivel legal, pero la adaptación a la normativa de protección de datos y la elaboración de los textos legales del sitio web, máxime si se trata de un e-commerce, son aspectos imprescindibles que deberían abordarse antes de estar online.
Tags:reputación online

References: Real Decreto 
 artículo 18
 artículo 401
 artículo 6
 artículo 44
 artículo 274