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Timestamp: 2017-06-27 19:01:28+00:00

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VISTO el Expediente Nº INAI-50405-2007 y la Resolución Nº 152/2004, ambos del Registro de este INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS, el Convenio Nº 169 de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, las Leyes Nº 23.302, Nº 24.071 y Nº 26.160 y el Decreto del P.E.N. Nº 1122 del 23 de agosto de 2007, y
Que, en un mismo sentido, la Constitución Nacional, establece, en su Artículo 75, Inciso 17, "… reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan…" las Comunidades Indígenas del país "… y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos.".
Que, por su parte, la Ley Nº 23.302, de "Política Indígena y Apoyo a las Comunidades Aborígenes", en su Artículo 6º, apartado a), indica al INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDIGENAS el actuar como su Organismo de aplicación.
Que la Ley mencionada en el Considerando precedente, establece en su Artículo 7º, que "…la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes…" Que, a los efectos mencionados en los Considerandos precedentes, es indispensable para el Estado Nacional, el realizar un relevamiento técnico jurídico catastral del territorio que ocupan tradicionalmente las Comunidades Indígenas del país. Que en virtud de ello, el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION, sanciona la Ley Nº 26.160, que declara, por el término de CUATRO (4) años, la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras tradicionalmente ocupadas por Comunidades Indígenas originarias del país, que suspende por dicho plazo "… la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras…", y ordena a este Instituto realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de las tierras que en forma tradicional, actual y pública ocupan las comunidades indígenas.
Que, en la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, es fundamental impulsar el protagonismo del CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA – CPI – creado por Resolución Nº 152/2004, en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena.
Que, por lo antedicho, es menester previamente, demarcar y mensurar el territorio que actualmente ocupan las Comunidades Indígenas en forma tradicional, actual y pública, lo que constituye el objeto del PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS – EJECUCION DE LA LEY Nº 26.160", que impulsa el dictado de la presente.
Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente en virtud de lo dispuesto en la Ley de Ministerios y las normas modificatorias y complementarias, Ley Nº 23.302 y su Decreto Reglamentario Nº 155/89, los Decretos Nº 357/02 y modificatorios y Nº 345 de fecha 19 de marzo de 2004. Por ello,
Artículo 1º — Créase el PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS – EJECUCION DE LA LEY Nº 26.160", que, como ANEXO I, forma parte integrante de la presente.
"…reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos." Art. 75, inc. 17 El INAI ha impulsado el tratamiento del Proyecto de Ley S- 1599/06, presentado por las Senadoras Alicia Kirchner y Liliana Fellner, sobre Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena. Este proyecto fue consultado al CONSEJO DE PARTICIPACION INDIGENA (CPI) siendo avalado por el mismo, en el marco del Primer Encuentro Nacional, realizado en Chapadmalal el 1 de junio de 2006. El CPI —creado mediante resolución del INAI Nº 152 de fecha 6 de agosto de 2004— materializa la representación indígena en el Consejo de Coordinación previsto por la Ley 23.302. Se ha establecido la representatividad indígena de todo el país por pueblo y por provincia, resultando finalmente integrado por ochenta y cinco (85) miembros, a efectos de garantizar una genuina participación en todos los intereses que los afecten.
Dicho Proyecto luego de un amplio debate entre los meses de mayo y octubre de 2006, se convirtió en la Ley Nº 26.160/06 que fue sancionada el 1º de Noviembre de 2006, promulgada el 23 de noviembre de 2006 y publicada en el Boletín Oficial Nº 31.043, Primera Sección, págs. 2 y 3 el 29 de noviembre de 2006. Su Decreto Reglamentario Nº 1122/07 fue publicado en el Boletín Oficial Nº 31.225, Primera Sección, págs. 4 y 5 del 27 de agosto de 2007.
En el marco de la Ley, se ordena al INAI realizar el Relevamiento Técnico, Jurídico y Catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las Comunidades Indígenas debiendo promover las acciones que fueran necesarias con el Consejo de Participación Indígena (CPI), los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales.
En la convicción de que se trata de un proceso ligado al fortalecimiento de las formas de organización de los Pueblos y sus Comunidades, el INAI entiende que es fundamental el protagonismo y la participación del Consejo de Participación Indígena en la construcción de las orientaciones de este Relevamiento, para que sea acorde a las aspiraciones y demandas de cada Pueblo Indígena. A modo de propuesta, el INAI pone a consideración del CPI, la posibilidad de integrar el Relevamiento Territorial a un proceso más amplio que contemple las siguientes etapas:
Esta propuesta fue presentada al Consejo de Participación Indígena (CPI) en las distintas instancias Regionales y la Nacional, teniendo en cuenta que:
Posteriormente se elaboraron sucesivas versiones del programa que fueron puestos a consideración de la Mesa Coordinadora del CPI hasta llegar a la versión definitiva para ser sometido a la consulta y participación del Encuentro Nacional de representantes indígenas.
En el marco del SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DEL CPI realizado en el mes de marzo de 2007, luego de exponer, evaluar y debatir procedimientos técnicos y metodología para su implementación, los representantes indígenas aprobaron el PROGRAMA NACIONAL "RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS. EJECUCION DE LA LEY 26.160." En él se acuerdan las metodologías y modalidad de participación del CPI y de las Comunidades en las distintas etapas del Relevamiento.
El PROGRAMA NACIONAL RELEVAMIENTO TERRITORIAL DE COMUNIDADES INDIGENAS se articulará con el Programa FORTALECIMIENTO COMUNITARIO —Res. INAI 235/04— que tiene como objetivo acompañar a las Comunidades Indígenas en todas las acciones tendientes a consolidar la posesión de la tierra que ocupan, con el objetivo de alcanzar la Propiedad Comunitaria de las mismas. Con ese fin el INAI subsidia a las Comunidades para afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en: acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico/contable, talleres de capacitación legal, ejecución de mensuras, intervención de escribanos, antropólogos y otros profesionales. Este programa comparte el mismo espíritu de la ley debido a ello se complementan y articulan.
En el marco del Programa Fortalecimiento Comunitario se tramitarán los subsidios solicitados por las Comunidades Indígenas a los efectos de abordar "las labores profesionales en causas judiciales y extrajudiciales" Art. 4º.b
El actual Gobierno ha mostrado especial interés en revertir la situación de desequilibrios territoriales y sociales. Para ello ha encomendado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios la ‘Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial’ (PNDT). Debido a ello este programa articulará las acciones necesarias dentro de este marco general de Gobierno. Para:
2. Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión, Asambleas Comunitarias y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario 3. Relevar la organización comunitaria en el marco del pueblo al que pertenece
6. Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; respetando las modalidades de uso de las tierras y sus prácticas culturales. Modalidad rural y urbana 7. Se relevarán todos los antecedentes de las historias, tenencia, ocupación de las tierras de cada una de las comunidades. Se realizará el relevamiento de puntos con GPS en conjunto con las comunidades y se volcarán en mapas con soporte SIG. Se confeccionará un mapa de conflictos y problemas y se plantearán las posibles estrategias de resolución de cada uno de los problemas por comunidad. 8. De acuerdo a las particularidades de cada provincia- realizar la mensura de las comunidades y asentamientos a través de este PROGRAMA mediante:
El INAI con el objeto de fortalecer y consolidar los objetivos propuestos, articulará con organismos Nacionales con el fin de Objetivo: Garantizar los Derechos y Participación de las Comunidades durante el Transcurso del Programa.
1. Cada pueblo tiene un control y apropiación particular del espacio que se expresa en la manera en que es distribuido y organizado. En ese sentido el espacio es una construcción social resultado del tipo de relaciones sociales y de producción existentes. Los procesos sociales imperantes en cada pueblo son los que definen el tipo de organización espacial y las formas de apropiación del territorio. 2. El territorio es esencialmente un espacio socializado y culturalizado, portador de significados que sobrepasan su configuración física. La trascendencia del territorio radica en que éste es el sustrato espacial imprescindible de toda relación humana. Los seres humanos nunca acceden directamente a ese sustrato, sino que lo hacen a través de elaboraciones culturales. De esta manera, entre el ambiente natural y la actividad humana hay siempre mediando una serie de objetivos y valores específicos, un cuerpo de conocimientos y creencias, en otras palabras un patrón cultural. 3. El espacio no es un elemento pasivo e inerte sino que forma parte del propio sistema social y condiciona en cierto modo su funcionamiento, originando respuestas múltiples a las actuaciones emanadas de ese sistema social. Ello genera distintos modelos culturales de estructuración del espacio. 4. El territorio conlleva un carácter temporal por lo que hay que analizarlo en perspectiva histórica. Es a partir de estos procesos históricos que pueden comprenderse las dinámicas y transformaciones de las estructuras espaciales en un tiempo determinado. En esa perspectiva no hay espacio, sino un espacio-tiempo históricamente construido y determinado. ––––––––––––––––
• Delimitar los fines de usos de la tierra de acuerdo a sus cosmovisiones y su relación/es con el ambiente y a la demanda que exista sobre ella.
El tema de la tierra nos hace confrontar dos modos de verla, de vivirla, uno que nos coloca sobre la naturaleza como señores y otro con la naturaleza como hermanos y hermanas o hijos. Son dos concepciones, una que disocia y excluye y otra concepción que religa, que está en comunión.
Los modelos actuales tienden a uniformar y destruir la diversidad y condicionan e influyen en las expectativas y deseos de la gente. Para ello se fragmenta la realidad y la posibilidad de cualquier construcción que no esté dentro del proyecto económico, su mejor arma es generar la desesperanza. Las Comunidades Indígenas han resistido todos estos siglos gracias a esa ligazón que les permitió mantener su identidad y su diversidad, ese ser y estar con, que el mundo moderno está perdiendo. Al conocer el pensamiento de los pueblos originarios y reflexionar sobre esa concepción simbólica "Hombre-Naturaleza", es evidente el contraste del pensamiento originario homogéneo con el pensamiento hegemónico capitalista, europeo u occidental y sus prácticas generalizadas de destrucción de la vida y la naturaleza.
- Una visión de los Pueblos originarios que intenta una relación de complementariedad con la naturaleza, donde el pueblo originario es un elemento más del ecosistema: "La tierra no pertenece al hombre, sino que el hombre pertenece a la tierra".
Los más importantes recursos naturales existentes son los recursos no-renovables (gas, petróleo, minerales). Entre los renovables cuentan también los hidroeléctricos, forestales y paisajísticos. La realidad económica de los Pueblos Originarios es en general la de subsistencia, basada principalmente en la actividad pecuaria o agropecuaria; en algunos casos de caza y recolección. Como ingresos complementarios tienen la horticultura, artesanía y tareas fuera de la comunidad. En el último siglo la población ha aumentado, mientras que sus tierras aptas han disminuido. Muchos migran a ciudades. Actualmente la mayoría se encuentran en áreas marginales urbanas, o rurales con fuertes condicionamientos ecológicos (aridez, relieve pronunciado, pasturas deficientes) límites naturales, económicos y técnicos tal vez superables con otro tipo de actividades productivas. A ello se suma el aislamiento social y la situación de exclusión.
Los estados provinciales, a través de años, han formulado y puesto en marcha planes y programas de explotación de esos recursos sin la participación en la elaboración y control de los mismos de las comunidades directamente afectadas y sus organizaciones representativas. Tampoco son notificadas ni consultadas en ocasión de otorgarse los permisos mineros. A esto agregamos el abuso ejercido por las empresas, que explotan sin miramientos del daño que provocan, con grave alteración del equilibrio natural agravando las precarias condiciones de vida de los pobladores. Invaden reservas y territorios indígenas de ocupación tradicional sin aviso, consulta o tratativas previas. Miden, clavan estacas, extraen muestra, contaminan, excavan, ingresan personal, maquinaria y vehículos, como si en esos territorios no habitasen personas 3.2. Derecho Consuetudinario Ancestral y el Derecho positivo
3. Otros convenios internacionales debidamente ratificados, con carácter infraconstitucional pero supralegal (art. 75 inc. 22); en particular, el Convenio Nº 169 OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Ley Nº 24.071) y el Convenio sobre Diversidad Biológica (Ley Nacional Nº 24.375);
4. Las leyes nacionales específicas, en primer lugar, la ley nacional Nº 23.302 de Política indígena y de apoyo a las comunidades aborígenes en cuanto no se oponga a los derechos establecidos en las normas antes citadas y la recientemente sancionada ley nacional Nº 26.160 de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena y;
El Código Civil argentino, por su parte, reza en su art. 17 (reformado por Ley 17.711): "los usos y costumbres no pueden crear derecho sino cuando las leyes se refieren a ellos o en circunstancias no regladas legalmente". Vemos entonces que se abren los caminos para la incorporación del derecho consuetudinario de los pueblos originarios:
El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra, que esta es sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. La ocupación se manifiesta de manera diferente y no siempre es evidente por el modo cultural de producción que no incluye, como ocurre en las sociedades de tecnología compleja, la práctica de transformación masiva de la naturaleza. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc. están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de los pueblos indígenas.
Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional actual, que ahora posee rango constitucional, y que es objeto de este Relevamiento Territorial. Se observa el positivo reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria, junto al silencio sobre otras formas (familiar p.ej.) previstas por los instrumentos internacionales de DD.HH (v. Conv. OIT 169, art. 15). - El presente de "ocupan" y la previsión de procesos restitutivos; la entrega de otras tierras aparece como concesión graciosa, a "regular".
El inc. 17 finaliza: "Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones". En realidad el grueso de las tierras llamadas "fiscales", disponibles en el país, y gran aporte de los recursos naturales, son del dominio de los Estados Provinciales, de modo que la aplicación de la norma a nivel nacional se restringiría a las tierras de esa jurisdicción (ej. Parques Nac.) o actividades económicas regladas por leyes nacionales. El texto del inciso no incluye el concepto de "territorio" pese a la previa ratificación legislativa del citado convenio de la OIT (Ley 24.071).
En la actualidad las comunidades indígenas conservan porciones de tierras en áreas que fueron parte de sus territorios ancestrales. Estas tierras las poseen como propiedad constituida en base al derecho del Estado-Nación y en muchos casos como ocupantes de terrenos sin título vigente, encontrándose una gran cantidad de hectáreas de tierras inscriptas a nombre de particulares o del fisco.
Sin embargo la denominación de territorio de indígenas fue cambiada por territorio de colonización, es decir a medida que se ocupaban militarmente, se sometía a los pueblos Indígenas a la jurisdicción nacional, se apropiaba de sus tierras y se disponía de ellas para radicación, remates y colonización con nacionales y extranjeros, el territorio dejaba de ser de estos pueblos que habitan el territorio desde hace por lo menos 13.000 años.
Para los Pueblos Indígenas, la pérdida del territorio es una cuestión ilegítima, en la medida que éste fue enajenado mediante diversos mecanismos de violencia directa, engaño y usurpación legal. De aquí que la recuperación de las tierras siga teniendo vigencia en la memoria colectiva de las comunidades, las que siempre son reivindicadas como parte de los territorios ancestrales, tanto las que hoy poseen, como aquellas que se encuentran en posesión de terceros. Igualmente las organizaciones indígenas promueven la construcción de distintos grados de autonomía, ya sea exigiendo el reconocimiento o ejerciendo ese derecho. Lo relevante es que el territorio indígena mantiene vigencia en el discurso y el imaginario, sustentado en las actuales tierras de comunidades, que representan porciones del antiguo dominio territorial.
El Estado sustituyó el territorio de indígenas por propiedad de indígenas, ya sea constituida en base a las normas del derecho común o por leyes especiales como fueron las de radicación. La características de estos títulos fue que en ellos se reconocía lo efectivamente ocupado, es decir el lugar de las viviendas y zonas de producción, pero no así sus jurisdicciones comunales, que después fueron asignadas a particulares conformando propiedad privada sobre las tierras indígenas. En la mayoría de los títulos de propiedad indígena no se respetó los territorios jurisdiccionales de cada comunidad y en la mayoría de los casos se entregó sólo una parte pequeña de los efectivamente dominado y poseído. En segundo lugar, no se respetó las formas de transmisión, ocupación y uso de la tierra indígena, sino en la mayoría de los casos se realizó por familias, no se reconocieron cada uno de los potreros poseídos por familias y no se aseguró la permanencia del uso extensivo sobre extensas praderas. Usualmente se les obligó a la reducción drástica de sus tierras a un uso del suelo de subsistencia precaria. Respecto de la categoría de tierra, ésta asumió usualmente el carácter de fiscales, baldías, vírgenes o mal explotadas donde era preciso se introdujera la civilización y el progreso.
La tierra asumía entonces sólo un valor especulativo, productivo y apropiable. Para los Pueblos indígenas la tierra, poseía y posee un profundo sentido que trasciende lo meramente productivo, aunque este aspecto sea el principal de la subsistencia y reproducción social y económica, pero la tierra no sólo da el alimento, sino también sentido de identidad y pertenencia, permitiendo la sobrevivencia cultural y la manutención de las prácticas religiosas.
En conclusión, las categorías de territorio, propiedad y tierra tienen distinto sentido, contenido y vigencia para el Estado y para los Pueblos Originarios. En esta perspectiva la reconstrucción de los territorios tradicionales requiere en cuanto a la base material de asentamiento y dominio de estas tres categorías, que se conjugan de distinta forma dependiendo del caso de que se trate y de la particular manera en las comunidades que le han sido enajenados sus antiguos dominios territoriales.
Los territorios tradicionales, se reconstruyen a partir de los actuales dominios de tierras de las comunidades, desde aquí se producen las recuperaciones de los terrenos ancestrales sea por vía directa o por vía de exigir la intervención de instituciones del Estado. Los deslindes y superficies de un territorio tradicional, incluyen en su definición los aspectos políticos jurisdiccionales de los antiguos dominios, cuyos linderos han sido transmitidos de generación en generación y permanecen en la memoria histórica de la comunidad. También estos deslindes del territorio tradicional consideran los espacios económicos-productivos, los espacios sociales ancestrales, los antiguos espacios sagrados, rituales y religiosos. Es por ello que todos los espacios territoriales están cargados de sentido cultural de una etnia específica. 3.3.2. Los territorios tradicionales.
Los territorios tradicionales constituyen una categoría que da cuenta de los espacios habitados por pueblos indígenas o una parte de éstos, que poseen por característica, encontrarse delimitados por hitos geográficos reconocidos socialmente por una o más agrupaciones de una misma etnia o de otra distinta. Estos territorios son valorizados por los pueblos indígenas, al asignarle un contenido político, económico, social, cultural y religioso.
La valoración indígena de cada espacio productivo que se relaciona estrechamente con las características ambientales que éste tiene, ya que allí se encuentran los recursos necesarios para su subsistencia y desarrollo.
La dimensión social del etno-territorio se vincula a la población indígena que lo habita, la cual se da una organización no sólo para ocuparlo de acuerdo a normas, derechos y obligaciones de sus miembros, sino que se construye un ordenamiento que posibilita su uso y aprovechamiento comunitario. Es de especial relevancia la organización social del espacio en base a las relaciones de parentesco, es decir, la pertenencia de los linajes al uso y aprovechamiento de territorios, determinados por la tradición y la herencia, que es reconocida por el conjunto de la comunidad. La dimensión cultural de territorio indígena conforma una variable de especial importancia pues la toponimia se refleja no sólo en la lengua, sino también la cosmovisión de la comunidad indígena. El espacio geográfico cultural contiene a su vez una dimensión valorativa de toda la vida natural y en general de las fuerzas de la naturaleza.
La perspectiva religiosa de los Pueblos indígenas de su territorio, es una dimensión que vincula lo divino con lo terrenal, dentro de él se construyen o erigen lugares sagrados. Quizás, una cuestión que ancla a los Pueblos o Comunidades indígenas a un territorio, es un aspecto religioso vinculado al paso que se produce con la muerte, de espacio terrenal a otro distinto pero donde el ritual funerario y el lugar escogido para enterrar los cuerpos, construye otro espacio sagrado en el territorio que da pertenencia, al igual que el lugar en que se nace. Esta dimensión también la encontramos en los campos de rogativa, en las apachetas, y los lugares sagrados para cada uno de los pueblos.
La delimitación de sus límites y fronteras requiere de la consideración integrada de todos sus aspectos; políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos expresados en el territorio como espacio multidimensional en que la perspectiva antropológica-histórica es de fundamental importancia para la comprensión y reconstitución de estos espacios jurisdiccionales indígenas. La consideración de los aspectos políticos-territoriales desde una perspectiva histórica permite reconstituir los espacios ancestrales y a su vez comprender la situación actual en que se encuentra esta dimensión jurisdiccional de los indígenas sobre su territorio. Ello a su vez posibilita comparar los antiguos dominios con los actualmente poseídos, comprender los procesos de reducción de los ámbitos político-territoriales, comparar los deslindes y entender las demandas de las comunidades por recomponer sus antiguos dominios, cuestión que está presente en la memoria colectiva, en los mapas mentales del territorio de cada comunidad, y refrendado en numerosa documentación, permitiendo deslindar y re-delimitar el territorio político jurisdiccional.
El espacio cultural se delimita en el territorio a partir de los elementos más genéricos como la toponimia que denomina los lugares en lengua indígena connotándolos de sentido, y va especificando los lugares elegidos para los encuentros de la comunidad de carácter festivo o religioso. Es necesario precisar entonces, que los espacios culturales pueden ser más extensos que el territorio de una comunidad, cuando trascienden sus deslindes para conjugar el sentido colectivo de múltiples comunidades, o son compartidos como patrimonio común indígena.
Los territorios tradicionales deben comprender en su análisis reconstitutivo diferentes aspectos, partiendo en primer lugar por la participación activa de las comunidades indígenas, que definen el alcance de cada variable territorial y su expresión espacial, para luego ser complementada con otros antecedentes de orden bibliográfico, que ayuden al proceso de ordenamiento y sistematización de la información, con el fin de reconstruir el territorio que en la actualidad ocupan, el que antaño poseyeron y el que se busca recrear.
Es necesaria la confección de los mapas de conflictos que surjan del Relevamiento Territorial. Por ejemplo, Isabel Hernández en el siguiente cuadro (2003) sintetiza la complejidad de esta problemática para los Mapuche en Chile y en Argentina:
- Dispersión territorial facilitadora de formas de autogobierno y liderazgo diferentes, lo cual también facilita el control territorial
- Dependencia económica generada por la situación internacional. (Tratados de Libre Comercio-TLCs, resultan negativos para la calidad competitiva de los productos mapuche.
La Asociación Aborigen LHAKA HONHAT. (asesoría técnica ASOCIANA). Realiza el estudio cartográfico de la ocupación y uso de tierras entre las comunidades Indígenas en los lotes fiscales 14 y 55, en el Municipio de Santa Victoria Este, Departamento de Rivadavia, Provincia de Salta, (hemos tenido acceso al informe de Ag de 2002 del que tomamos la información) El trabajo fue financiado por IWGIA, BfW Alemania y Miserior (Alemania). A su vez, el proyecto incorpora información demográfica generada a través de otro proyecto, llevada a cabo por el INAI.
• Coordinador/a general del programa. Encargad@ de la implementación del programa, de articular en conjunto con la Dirección de Tierras y Re.Na.C.I. las distintas etapas del programa. Articulará y promoverá las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales. Asesoría Legal
o Técnic@s encargad@s de establecer los procedimientos de georeferenciamiento y de utilización de GPS. Procedimientos de mapeo y pautas de relevamiento catastral. Capacitación en uso de GPS.
• A solicitud del CPI Provincial intervendrá en las unidades provinciales con serios inconvenientes en la implementación del programa.
El Equipo Técnico Operativo —ETO— es el Organismo Administrador y Ejecutor del Programa en cada Provincia. Es creado a los efectos de la implementación del Programa.
Para seleccionar al Equipo Técnico Operativo —ETO— se consultará a los Representantes del CPI por Provincias; A ellos se les solicitará que presenten diferentes propuestas para ser evaluadas.
Formularán un Programa Provincial de Relevamiento Territorial sobre la base del ‘pliego de condiciones’ con los requisitos mínimos exigidos. Dichos requisitos se presentan en el Anexo I.
2. Formar conciencia social acerca de los alcances de la ley: Difusión de Ley, Asambleas y Capacitación en la implementación de la Ley 26.160 y en el relevamiento comunitario.
6. Verificar mediante relevamiento —con participación de las comunidades— la ocupación de las familias asentadas en los predios delimitados a efectos de contar con datos actualizados; Respetando las modalidades comunitarias de uso de las tierras y sus prácticas económicas. Modalidad iv. rural y v. urbana

References: Resolución 
 Artículo 75
 Artículo 6
 Artículo 7
 Resolución 

Artículo 1
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