Source: https://www.scribd.com/document/308608935/El-Nuevo-Marco-de-La-Transparencia-Administrativa
Timestamp: 2019-01-23 07:47:16+00:00

Document:
TEMA 02 Dch. Presupuestario
Modificaciones 2008 Al CP
Ley de la vagancia.docx
A008-96++
El nuevo marco de la transparencia
Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la
transparencia de la actividad pública, regular y
relativa a aquella actividad y establecer las
obligaciones de buen gobierno que deben cumplir
los responsables públicos así como las
consecuencias derivadas de su incumplimiento
Esto nos permite indicar tres planos
La parte relativa al buen gobierno
Las consecuencias jurídicas del incumplimiento
el Consejo de Estado. e) Las corporaciones de Derecho Público. vinculadas a cualquiera de las Administraciones Públicas o dependientes de ellas. el Tribunal de Cuentas. las entidades públicas empresariales y las entidades de Derecho Público que. así como el Banco de España. tengan atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre un determinado sector o actividad. incluidas las Universidades públicas. el Congreso de los Diputados. las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local. el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas. el Senado. con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social así como las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales colaboradoras de la Seguridad Social. f) La Casa de su Majestad el Rey. c) Los organismos autónomos.4 Ambito subjetivo (I) a) La Administración General del Estado. el Defensor del Pueblo. el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial. en relación con sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. en lo relativo a sus actividades sujetas a Derecho Administrativo. las Agencias Estatales. . d) Las entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia.
por su peculiar naturaleza y por carecer de una estructura administrativa propia. organismos y entidades previstos en este artículo. de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. . el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Ley serán llevadas a cabo por la Administración que ostente la Secretaría del órgano de cooperación. i) Las asociaciones constituidas por las Administraciones. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. h) Las fundaciones del sector público previstas en la legislación en materia de fundaciones. Se incluyen los órganos de cooperación previstos en el artículo 5 de la Ley 30/1992. En estos casos. de 26 de noviembre. en la medida en que. le resulten aplicables las disposiciones de este título.5 Ambito subjetivo (II) g) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación. directa o indirecta.
6 Adicionalmente En los debates parlamentarios se incluyó a: A) La Corona B) Los partidos políticos y los sindicatos .
organizaciones sindicales y organizaciones empresariales. b) Las entidades privadas que perciban durante el período de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100. .7 El resultado Artículo 3. siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.000 euros o cuando al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales tengan carácter de ayuda o subvención pública. Otros sujetos obligados Las disposiciones del capítulo II de este título serán también aplicables a: a) Los partidos políticos.
previo requerimiento.8 Y adicionalmente Artículo 4. toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones previstas en este título.1 a la que se encuentren vinculadas. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público en los términos previstos en el respectivo contrato. organismo o entidad de las previstas en el artículo 2. . Obligación de suministrar información Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración.
cuando la información contuviera datos especialmente protegidos. .1 publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Los sujetos enumerados en el artículo 2. 4. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad. 2. especialmente. Toda la información será comprensible. el derivado de la protección de datos de carácter personal. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas o páginas web y de una manera clara. Cuando se trate de entidades sin ánimo de lucro que persigan exclusivamente fines de interés social o cultural y cuyo presupuesto sea inferior a 50. preferiblemente.000 euros. conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos. de acceso fácil y gratuito y estará a disposición de las personas con discapacidad en una modalidad suministrada por medios o en formatos adecuados de manera que resulten accesibles y comprensibles.9 Esquema general 1. A este respecto. regulado en el artículo 15. la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos. en formatos reutilizables. los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en el artículo 14 y. Las obligaciones de transparencia contenidas en este capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autonómica correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad. la interoperabilidad. estructurada y entendible para los interesados y. 3. la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. Serán de aplicación. el cumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley podrá realizarse utilizando los medios electrónicos puestos a su disposición por la Administración Pública de la que provenga la mayor parte de las ayudas o subvenciones públicas percibidas. en su caso. 5.
10 A) Transparencia Obligación periódica de hacer pública la información que garantice la transparencia en lo que se refiere al funcionamiento y control de la actuación pública Característica: A) Actividad no formalizada B) El control será un control difuso .
11 En este contexto: Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este Titulo publicarán de forma periódica y actualizada la información sobre el funcionamiento y control de la actuación pública. la interoperabilidad. Se establecerán los mecanismos adecuados para facilitar la accesibilidad. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en las correspondientes sedes electrónicas y páginas web y de una manera clara. . la calidad y la reutilización de la información publicada así como su identificación y localización. estructurada y entendible para los interesados.
. Las Administraciones Públicas publicarán los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos.12 Información institucional 1. medios y tiempo previsto para su consecución. así como las actividades. Su grado de cumplimiento y resultados deberán ser objeto de evaluación y publicación periódica junto con los indicadores de medida y valoración. Los sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones que desarrollan. 2. A estos efectos. incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. En el ámbito de la Administración General del Estado corresponde a las inspecciones generales de servicios la evaluación del cumplimiento de estos planes y programas. la normativa que les sea de aplicación así como a su estructura organizativa. en la forma en que se determine por cada Administración competente.
13 La llamada “información de relevancia jurídica” y el control difuso Las Administraciones Públicas. cuando se soliciten los dictámenes a los órganos consultivos correspondientes. b) Los Anteproyectos de Ley y los proyectos de Reales Decretos Legislativos cuya iniciativa les corresponda. la apertura de un trámite de audiencia pública. conforme a la legislación sectorial vigente. d) Las memorias e informes que conformen los expedientes de elaboración de los textos normativos. instrucciones. la publicación se producirá una vez que estos hayan sido solicitados a los órganos consultivos correspondientes sin que ello suponga. en particular. circulares o respuestas a consultas planteadas por los particulares u otros órganos en la medida en que supongan una interpretación del Derecho o tengan efectos jurídicos. c) Los proyectos de reglamentos cuya iniciativa les corresponda. en el ámbito de sus competencias publicarán: a) Las directrices. En el caso en que no sea preceptivo ningún dictamen la publicación se realizará en el momento de su aprobación. deban ser sometidos a un período de información pública durante su tramitación . e) Los documentos que. acuerdos. la memoria del análisis de impacto normativo regulada por el Real Decreto 1083/2009. necesariamente. de 3 de julio. Cuando sea preceptiva la solicitud de dictámenes.
más tarde. afecta a actividad formalizada Contratos Convenios suscritos Subvenciones y ayudas Presupuestos Cuentas anuales Retribuciones percibidas Resoluciones de la Oficina de Buen Gobierno y las Resoluciones de la Oficina en relación con los titulares del órgano Información estadística .14 Pero.
Cuestiones administrativas puras .Con elementos del Estatuto de los Altos cargos . De nuevo. sin embargo. se mezclan: . Que el contagio sobre la actividad formalizada se produce ex lege y solo al final.15 Es cierto. no hay incidencia procedimental intermedia.
.16 Portal de la transparencia La Administración General del Estado desarrollará un Portal de la Transparencia. las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la Administración Local podrán adoptar otras medidas complementarias y de colaboración para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia recogidas en este capítulo. dependiente del Ministerio de la Presidencia. La Administración General del Estado. que facilite el acceso de los ciudadanos a toda la información a la que se refieren los artículos anteriores.
será de aplicación la correspondiente normativa autonómica. en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley. y en el ámbito de sus respectivas competencias.17 El derecho de acceso Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública. Asimismo. .
.18 Derechos de acceso a la información pública Se entiende por información pública la que obre en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones.
inspección y control. ) La política económica y monetaria. . g) Las funciones administrativas de vigilancia. investigación y sanción de los ilícitos penales.19 Limites generales . c) Las relaciones exteriores. h) Los intereses económicos y comerciales. b) La defensa. f) La igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva. e) La prevención. d) La seguridad pública. k) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión. l) La protección del medio ambiente. a) La seguridad nacional. ) El secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial. administrativos o disciplinarios.
entonces la LOPD Problema: la conceptuación jurisprudencial como derechos fundamentales ofrece muchas dudas en relación la posibilidad de afectar este ámbito material por Ley no orgánica.20 Límite específico: protección de datos Si contiene datos de carácter personal se aplica la Ley de Transparencia Si afectan sólo a una persona. STC de 30 de noviembre de 2000 .
del Patrimonio Histórico Español. el órgano al que se dirija la solicitud concederá el acceso previa ponderación suficientemente razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada. Para la realización de la citada ponderación. en particular su derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal.21 Acceso Cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos. científicos o estadísticos. b) La justificación por los solicitantes de su petición en el ejercicio de un derecho o el hecho de que tengan la condición de investigadores y motiven el acceso en fines históricos. d) La mayor garantía de los derechos de los afectados en caso de que los datos contenidos en el documento puedan afectar a su intimidad o a su seguridad. de 25 de junio. . el órgano tomará particularmente en consideración los siguientes criterios: a) El menor perjuicio a los afectados derivado del transcurso de los plazos establecidos en el artículo 57 de la Ley 16/1985. c) El menor perjuicio de los derechos de los afectados en caso de que los documentos únicamente contuviesen datos de carácter meramente identificativo de aquellos.
.22 Acceso parcial En los casos en que la aplicación de alguno de los límites previstos en el artículo 11 no afecte a la totalidad de la información. se concederá el acceso parcial previa omisión de la información afectada por el límite salvo que de ello resulte una información distorsionada o que carezca de sentido.
La normativa reguladora del correspondiente procedimiento
administrativo será la aplicable al acceso por parte de quienes
tengan la condición de interesados en un procedimiento
administrativo en curso a los documentos que se integren
Se regirán por su normativa específica aquellas materias que
tengan previsto un régimen legal específico de acceso a la
No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, esta Ley será
de aplicación, en lo no previsto en sus respectivas normas
reguladoras, al acceso a la información ambiental, a la
destinada a la reutilización y a la obrante en los archivos que
no tengan la consideración de archivos de oficina o gestión.
Parece como si:
A) Interesados solo por las normas procedimentales
B) No interesados por la Ley de Transparencia
El problema es ¿el acceso es el mismo?...materialmente
Disposición Adicional primera. Regulaciones especiales del
1. La normativa reguladora del correspondiente procedimiento
administrativo en curso a los documentos que se integren en el
2. Se regirán por su normativa específica, y por esta Ley con
carácter supletorio, aquellas materias que tengan previsto un
régimen jurídico específico de acceso a la información.
3. En este sentido, esta Ley será de aplicación, en lo no previsto
en sus respectivas normas reguladoras, al acceso a la información
ambiental y a la destinada a la reutilización.
d) En su caso. Los solicitantes de información podrán dirigirse a las Administraciones Públicas en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado en el territorio en el que radique la Administración en cuestión…. * La solicitud: <<…2. b) La información que se solicita. El solicitante no está obligado a motivar su solicitud de acceso a la información. preferentemente electrónica.26 Procedimiento * Presentación de la correspondiente solicitud. La solicitud podrá presentarse por cualquier medio que permita tener constancia de: a) La identidad del solicitante. Sin embargo. 3. la modalidad que se prefiera para acceder a la información solicitada. a efectos de comunicaciones. 4. la ausencia de motivación no será por sí sola causa de rechazo de la solicitud.>> . c) Una dirección de contacto. No obstante. podrá exponer los motivos por los que solicita la información y que podrán ser tenidos en cuenta cuando se dicte la resolución.
resúmenes. el órgano que acuerde la inadmisión deberá indicar en la resolución el órgano que. c) Relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. . mediante resolución motivada. las solicitudes: a) Que se refieran a información que esté en curso de elaboración o de publicación general. a su juicio. 2. Se inadmitirán a trámite. comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas. b) Referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas. borradores. En el caso en que se inadmita la solicitud por concurrir la causa prevista en la letra d) del apartado anterior.27 Causas de inadmisión 1. e) Que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley. d) Dirigidas a un órgano en cuyo poder no obre la información cuando se desconozca el competente. opiniones. es competente para conocer de la solicitud.
3. se le tendrá por desistido.28 Tramitación (art. así como de la suspensión del plazo para dictar resolución. se le remitirá la solicitud a éste para que decida sobre el acceso. e informará de esta circunstancia al solicitante. si lo conociera. El solicitante deberá ser informado de esta circunstancia. 4. así como de la suspensión del plazo para dictar resolución hasta que se hayan recibido las alegaciones o haya transcurrido el plazo para su presentación. 19) 1. con indicación de que. se les concederá un plazo de quince días para que puedan realizar las alegaciones que estimen oportunas. . Si la información solicitada pudiera afectar a derechos o intereses de terceros. 2. Cuando la información objeto de la solicitud. Si la solicitud se refiere a información que no obre en poder del sujeto al que se dirige. Cuando la solicitud no identifique de forma suficiente la información. se pedirá al solicitante que la concrete en un plazo de diez días. aun obrando en poder del sujeto al que se dirige. éste la remitirá al competente. en caso de no hacerlo. haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro. debidamente identificados.
3.29 Resolución 1. se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22. 6. 2.2. El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora. Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso. 4. Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. . Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud. Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante. las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24. La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver. En este último supuesto. Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada. 5.
d) Realizar el seguimiento y control de la correcta tramitación de las solicitudes de acceso a la información. 3. 2. En el ámbito de la Administración General del Estado. f) Asegurar la disponibilidad en la respectiva página web o sede electrónica de la información cuyo acceso se solicita con más frecuencia. existirán unidades especializadas que tendrán las siguientes funciones: a) Recabar y difundir la información a la que se refiere el capítulo II del título I de esta Ley. e) Llevar un registro de las solicitudes de acceso a la información.30 Unidades de información 1. El resto de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de este título identificarán claramente el órgano competente para conocer de las solicitudes de acceso. b) Recibir y dar tramitación a las solicitudes de acceso a la información. Las Administraciones Públicas incluidas en el ámbito de aplicación de este título establecerán sistemas para integrar la gestión de solicitudes de información de los ciudadanos en el funcionamiento de su organización interna. . c) Realizar los trámites internos necesarios para dar acceso a la información solicitada. h) Todas aquellas que sean necesarias para asegurar una correcta aplicación de las disposiciones de esta Ley. g) Mantener actualizado un mapa de contenidos en el que queden identificados los distintos tipos de información que obre en poder del órgano.
. la resolución podrá limitarse a indicar al solicitante cómo puede acceder a ella.31 Forma de acceso 1. de 13 de abril (RCL 1989. de Tasas y Precios Públicos. la expedición de copias o la trasposición de la información a un formato diferente al original podrá dar lugar a la exigencia de exacciones en los términos previstos en la Ley 8/1989. No obstante. en un plazo no superior a diez días. haya transcurrido el plazo para interponer recurso contencioso administrativo sin que se haya formalizado o haya sido resuelto confirmando el derecho a recibir la información. Si ha existido oposición de tercero. 835) . Si la información ya ha sido publicada. habiéndose concedido dicho acceso. El acceso a la información se realizará preferentemente por vía electrónica. Cuando no pueda darse el acceso en el momento de la notificación de la resolución deberá otorgarse. o. en su caso. 3. 2. salvo cuando no sea posible o el solicitante haya señalado expresamente otro medio. el acceso sólo tendrá lugar cuando. en cualquier caso. conforme a la normativa autonómica o local que resulte aplicable. El acceso a la información será gratuito. 4.
1. La reclamación prevista en el artículo siguiente tendrá la consideración de sustitutiva de los recursos administrativos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107. Recursos 1.2 de la Ley 30/1992. contra las resoluciones dictadas por los órganos previstos en el artículo 2.32 Régimen de Impugnaciones Artículo 23. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior. (Organos constitucionales) . de 26 de noviembre. 2. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.f) sólo cabrá la interposición de recurso contenciosoadministrativo.
una vez se hayan notificado a los interesados. Las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se publicarán. El Presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno comunicará al Defensor del Pueblo las resoluciones que dicte en aplicación de este artículo. previamente a la resolución de la reclamación. transcurrido el cual. . salvo en aquellos supuestos en que las Comunidades Autónomas atribuyan dicha competencia a un órgano específico. con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses. de 26 de noviembre. La reclamación se interpondrá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación del acto impugnado o desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Cuando la denegación del acceso a la información se fundamente en la protección de derechos o intereses de terceros se otorgará. La competencia para conocer de dichas reclamaciones corresponderá al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional cuarta de esta Ley. 4. Frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 6. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. trámite de audiencia a las personas que pudieran resultar afectadas para que aleguen lo que a su derecho convenga. la reclamación se entenderá desestimada. 2. 3. previa disociación de los datos de carácter personal que contuvieran.33 Consejo de Transparencia y buen gobierno 1. 5. por medios electrónicos y en los términos en que se establezca reglamentariamente. La tramitación de la reclamación se ajustará a lo dispuesto en materia de recursos en la Ley 30/1992.
. y por las Entidades Locales comprendidas en su ámbito territorial. Consejo Económico y Social. en el que se estipulen las condiciones en que la Comunidad sufragará los gastos derivados de esta asunción de competencias. deberán celebrar el correspondiente convenio con la Administración General del Estado. celebrando al efecto un Convenio en los términos previstos en el apartado anterior. contra las resoluciones dictadas por las Asambleas Legislativas y las instituciones análogas al Consejo de Estado. Las Ciudades con Estatuto de Autonomía podrán designar sus propios órganos independientes o bien atribuir la competencia al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. 2. A tal efecto. 3. La resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 corresponderá. Las Comunidades Autónomas podrán atribuir la competencia para la resolución de la reclamación prevista en el artículo 24 al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.LL 1.34 C-A y CC. al órgano independiente que determinen las Comunidades Autónomas. en los supuestos de resoluciones dictadas por las Administraciones de las Comunidades Autónomas y su sector público. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior. Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo en el caso de esas mismas reclamaciones sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo.
órganos de apoyo y asesoramiento. altos cargos En otros directivos públicos. En otros.35 B) Buen gobierno El problema es el fraccionamiento del estatuto En unos casos. En otros eventuales .
vinculadas o dependientes de aquella. en ningún caso. se considerarán altos cargos los que tengan tal consideración en aplicación de la normativa en materia de conflictos de intereses. A estos efectos. tengan tal consideración.36 Ambito subjetivo 1. 2. Este título será de aplicación a los altos cargos o asimilados que. de acuerdo con la normativa autonómica o local que sea de aplicación. La aplicación a los sujetos mencionados en los apartados anteriores de las disposiciones contenidas en este título no afectará. a la condición de cargo electo que pudieran ostentar. de Derecho público o privado. incluidos los miembros de las Juntas de Gobierno de las Entidades Locales. En el ámbito de la Administración General del Estado las disposiciones de este título se aplicarán a los miembros del Gobierno. 3. . a los Secretarios de Estado y al resto de los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal.
de 26 de diciembre. organismos o empresas de ellas dependientes. Luego no se aplica la de Conflictos de Intereses. salvo lo dispuesto en el artículo anterior. en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen general de la Seguridad Social. de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.37 El artículo 73 de la LBRL 1. Los miembros de las Corporaciones locales percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva. su percepción será incompatible con la de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones públicas y de los entes. En el supuesto de tales retribuciones. así como para el desarrollo de otras actividades. todo ello en los términos de la Ley 53/1984. . asumiendo las Corporaciones el pago de las cuotas empresariales que corresponda.
.º Actuarán con la diligencia debida en el cumplimiento de sus obligaciones y fomentarán la calidad en la prestación de servicios públicos.º Asumirán la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los organismos que dirigen.º Ejercerán sus funciones con dedicación al servicio público. de acuerdo con los principios de eficacia. 4. 2.º Mantendrán una conducta digna y tratarán a los ciudadanos con esmerada corrección.º Asegurarán un trato igual y sin discriminaciones de ningún tipo en el ejercicio de sus funciones. sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente. 7. economía y eficiencia y con el objetivo de satisfacer el interés general. 5. 6. absteniéndose de cualquier conducta que sea contraria a estos principios.38 Principios del buen gobierno 1. de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular.º Respetarán el principio de imparcialidad.º Actuarán con transparencia en la gestión de los asuntos públicos. 3.
39 Si se compara con el 53 del EBEP Respeto a la CE y al Ordenamiento Jurídico Actuación conforme a los principios de lealtad y buena fe con la Administración Respeto a los derechos fundamentales Guardaran secreto de las materias clasificadas .
º Guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias.º Pondrán en conocimiento de los órganos competentes cualquier actuación irregular de la cual tengan conocimiento. actividades o intereses incompatibles con sus funciones y se abstendrán de intervenir en los asuntos en que concurra alguna causa que pueda afectar a su objetividad.º No se implicarán en situaciones. 5. 2.40 Principios de actuación 1.º Ejercerán los poderes que les atribuye la normativa vigente con la finalidad exclusiva para la que fueron otorgados y evitarán toda acción que pueda poner en riesgo el interés público o el patrimonio de las Administraciones. 4.º Desempeñarán su actividad con plena dedicación y con pleno respeto a la normativa reguladora de las incompatibilidades y los conflictos de intereses. . 3.
. ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones. 9. sociales o de cortesía.º Gestionarán. En el caso de obsequios de una mayor relevancia institucional se procederá a su incorporación al patrimonio de la Administración Pública correspondiente. 7.º Desempeñarán sus funciones con transparencia.41 Principios de actuación (II) 6. protegerán y conservarán adecuadamente los recursos públicos. 8.º No se valdrán de su posición en la Administración para obtener ventajas personales o materiales.º No aceptarán para sí regalos que superen los usos habituales. que no podrán ser utilizados para actividades que no sean las permitidas por la normativa que sea de aplicación.
42 Principios de conducta del EBEP Se encuentran en el artículo 54 y como realmente la cuestión es distinta y la función que realizan por lo que podríamos indicar que se ha producido una adaptación razonable al ámbito funcional en el que se desarrolla. .
Infracciones disciplinarias El artículo 26.>> .43 C) Las consecuencias A) Infracciones en materia de incompatibilidades y conflictos de intereses: a su norma…Ley 5/2006.3 3.Infracciones en materia de gestión económicopresupuestaria . <<…Los principios establecidos en este artículo informarán la interpretación y aplicación del régimen sancionador regulado en este título…. de 10 de abril o la normativa similar B) Consecuencias propias .
regulado en la normativa presupuestaria e) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003. reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003. en su caso. General Presupuestaria. d) La omisión del trámite de intervención previa de los gastos. de 26 de noviembre. la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado . b) La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación. o. recaudación o ingreso en el Tesoro. de 26 de noviembre. obligaciones o pagos. cuando ésta resulte preceptiva o del procedimiento de resolución de discrepancias frente a los reparos suspensivos de la intervención. o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. General Presupuestaria. c) Los compromisos de gastos.44 Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria a) La incursión en alcance en la administración de los fondos públicos cuando la conducta no sea subsumible en ninguno de los tipos que se contemplan en las letras siguientes.
3 de la Ley Orgánica 2/2012. g) La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que no cuenten con la preceptiva autorización o. de 27 de abril.45 Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria f) El incumplimiento de la obligación de destinar íntegramente los ingresos obtenidos por encima de los previstos en el presupuesto a la reducción del nivel de deuda pública de conformidad con lo previsto en el artículo 12. 670) . h) La no adopción en plazo de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento. de 27 de abril. de 27 de abril. k) El incumplimiento de las obligaciones de publicación o de suministro de información previstas en la normativa presupuestaria y económico-financiera. habiéndola obtenido. o cuando así se le haya requerido la falta de inclusión de nuevas medidas en el plan económico-financiero o en el plan de reequilibrio de acuerdo con el artículo 24. de Financiación de las Comunidades Autónomas. . de 27 de abril.3 de la Ley Orgánica 2/2012. j) La no presentación o la falta de puesta en marcha en plazo del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica 2/2012.5 de la Ley Orgánica 2/2012. de 27 de abril. de 5 de marzo (RCL 2004. de 22 de septiembre. de 27 de abril. cuando se haya formulado la advertencia prevista en el artículo 19 de la Ley Orgánica 2/2012. i) La suscripción de un Convenio de colaboración o concesión de una subvención a una Administración Pública que no cuente con el informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas previsto en el artículo 20. siempre que en este último caso se hubiera formulado requerimiento. 602. aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004. no se cumpla con lo en ella previsto o se superen los límites previstos en la Ley Orgánica 2/2012. l) La falta de justificación de la desviación. de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el incumplimiento de la obligación del destino del superávit presupuestario a la reducción del nivel de endeudamiento neto en los términos previstos en el artículo 32 y la disposición adicional sexta de la citada Ley. y en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. la Ley Orgánica 8/1980.
1 de la Ley Orgánica 2/2012. de 26 de noviembre. de 27 de abril. ñ) La no adopción de un acuerdo de no disponibilidad. General Presupuestaria u otra normativa presupuestaria . la no constitución del depósito que se hubiere solicitado o la falta de ejecución de las medidas propuestas por la Comisión de Expertos cuando se hubiere formulado el requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26. de 27 de abril.46 Y (III) m) La no adopción de las medidas previstas en los planes económico-financieros y de reequilibrio. p) El incumplimiento de la obligación de rendir cuentas regulada en el artículo 137 de la Ley 47/2003.1 de la Ley Orgánica 2/2012. o) El incumplimiento de las instrucciones dadas por el Gobierno para ejecutar las medidas previstas en el artículo 26. así como la no constitución del depósito previsto en el citado artículo 25 de la misma Ley.5. de 27 de abril. de 27 de abril. previstos en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica 2/2012. n) La no adopción en el plazo previsto del acuerdo de no disponibilidad al que se refieren los artículos 20. cuando así se haya solicitado. según corresponda.a) y 25 de la Ley Orgánica 2/2012.
Toda actuación que suponga discriminación por razón de origen racial o étnico. edad u orientación sexual y el acoso moral.47 Infracciones disciplinarias El incumplimiento del deber de respeto a la Constitución y a los respectivos Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla. religión o convicciones. . discapacidad. así como el acoso por razón de origen racial o étnico. religión o convicciones. opinión. lengua. La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tengan o hayan tenido acceso por razón de su cargo o función. en el ejercicio de sus funciones. sexo o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. lugar de nacimiento o vecindad. edad u orientación sexual. discapacidad. sexual y por razón de sexo. La adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos.
i) La obstaculización al ejercicio de las libertades públicas y derechos sindicales. l) La comisión de una infracción grave cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones graves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. j) La realización de actos encaminados a coartar el libre ejercicio del derecho de huelga. h) La prevalencia de la condición de alto cargo para obtener un beneficio indebido para sí o para otro.48 Infracciones muy graves e) La negligencia en la custodia de secretos oficiales. . k) El acoso laboral. que sea causa de su publicación o que provoque su difusión o conocimiento indebido. declarados así por Ley o clasificados como tales. utilizando las facultades atribuidas para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y ámbito. g) La violación de la imparcialidad. f) El notorio incumplimiento de las funciones esenciales inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas.
f) La comisión de una infracción leve cuando el autor hubiera sido sancionado por dos infracciones leves a lo largo del año anterior contra las que no quepa recurso en la vía administrativa. . c) La emisión de informes y la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales cuando causen perjuicio a la Administración o a los ciudadanos y no constituyan infracción muy grave. b) La intervención en un procedimiento administrativo cuando se dé alguna de las causas de abstención legalmente señaladas. e) El incumplimiento de los plazos u otras disposiciones de procedimiento en materia de incompatibilidades. cuando no suponga el mantenimiento de una situación de incompatibilidad.49 Graves a) El abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. d) No guardar el debido sigilo respecto a los asuntos que se conozcan por razón del cargo. cuando causen perjuicio a la Administración o se utilice en provecho propio.
compañeros o subordinados. .50 Infracciones leves La incorrección con los superiores. El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
de la pensión indemnizatoria creada por el artículo 10 de la Ley 74/1980.51 Sanciones Por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y las faltas graves y muy graves reguladas en el artículo 26 se impondrá al infractor una o más de las siguientes sanciones: La declaración del incumplimiento y su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La no percepción. . La inhabilitación para ocupar alguno de los cargos incluidos en el artículo 22 durante un periodo de entre 5 y 10 años. en el caso de que la llevara aparejada. de 29 de diciembre.
f) La reparación de los daños o perjuicios causados. la repercusión de la conducta en los ciudadanos. La comisión de infracciones muy graves. graves o leves se sancionará de acuerdo con los criterios recogidos en elartículo 131. y. y los siguientes: a) La naturaleza y entidad de la infracción. en su caso. como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción. En la graduación de las sanciones se valorará la existencia de perjuicios para el interés público. en su caso.3 de la Ley 30/1992. b) La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. d) Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva. e) La circunstancia de haber procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. c) Las ganancias obtenidas. de 26 de noviembre. la percepción indebida de cantidades por el desempeño de actividades públicas incompatibles. .52 criterios 5.
En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 28 conllevará las siguientes consecuencias: a) La obligación de restituir. en su caso. . las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente.53 Consecuencias adicionales 8. General Presupuestaria. de 26 de noviembre. b) La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003.
. 3. la orden de incoación del procedimiento se dará por los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento. En el supuesto contemplado en el apartado c) la instrucción corresponderá al órgano competente en aplicación del régimen disciplinario propio de la Comunidad Autónoma o Entidad Local correspondiente. la instrucción de los correspondientes procedimientos corresponderá a la Oficina de Conflictos de Intereses.54 Artículo 31 c) Cuando los presuntos responsables sean personas al servicio de la Administración autonómica o local. En los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado anterior.
en su caso. . el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o el Pleno de la Junta de Gobierno de la Entidad Local de que se trate.55 Competencia sancionadora c) Cuando el procedimiento se dirija contra altos cargos de las Comunidades Autónomas o Entidades Locales. los órganos que tengan atribuidas estas funciones en aplicación del régimen disciplinario propio de Administraciones en las que presten servicios los cargos contra los que se dirige el procedimiento o.
así como para las causas de su interrupción. . El plazo de prescripción de las infracciones previstas en este título será de cinco años para las infracciones muy graves. Para el cómputo de los plazos de prescripción regulados en los dos apartados anteriores. Las sanciones impuestas por la comisión de infracciones muy graves prescribirán a los cinco años. se estará a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley 30/1992. 3. 2.56 Finalmente Artículo 32. de 30 de noviembre. las impuestas por infracciones graves a los tres años y las que sean consecuencia de la comisión de infracciones leves prescribirán en el plazo de un año. de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Prescripción 1. tres años para las graves y un año para las leves.
57 La destituciòn 4. . Los sancionados por la comisión de una infracción muy grave serán destituidos del cargo que ocupen salvo que ya hubiesen cesado y no podrán ser nombrados para ocupar ningún puesto de alto cargo o asimilado durante un período de entre cinco y diez años con arreglo a los criterios previstos en el apartado siguiente.
Incidencia: Las facturas no formalizadas. No contempla la inacción La realización de pagos reintegrables. de 26 de noviembre. o en la de Presupuestos u otra normativa presupuestaria que sea aplicable. en la normativa presupuestaria equivalente en el caso de administraciones distintas de la General del Estado. en su caso. Incidencia: Alcance y reintegro en el ámbito de la Jurisdicción del Tribunal de Cuentas Los compromisos de gastos. General Presupuestaria. de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la 47/2003. recaudación o ingreso en el Tesoro. General Presupuestaria. . o. reconocimiento de obligaciones y ordenación de pagos sin crédito suficiente para realizarlos o con infracción de lo dispuesto en la Ley 47/2003. Incidencia: 305 y concordantes del CP La administración de los recursos y demás derechos de la Hacienda Pública sin sujeción a las disposiciones que regulan su liquidación. reclamadas en el ámbito jurisdiccional. de 26 de noviembre.58 Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria La incursión en alcance o malversación en la administración de los fondos públicos.
Habría que pensar: LRJCA LFuncionamiento del Tcu.59 Cosas que no forman parte del buen gobierno Las facturas. . la contracción de obligaciones sin gasto El fraccionamiento de los contratos Las actuaciones materiales Todas ellas acaban en el artículo 106 de la LRJCA pero en este caso no se prevé la iniciación del procedimiento.
apartado 1.60 Infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria (II) La ausencia de justificación de la inversión de los fondos a los que se refieren los artículos 78 y 79 de la Ley 47/2003. se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25. La Administración advertida tendrá el plazo de un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo. . Incidencia: 2.5 Pago de la deuda de los excedentes . Incidencia: . de 26 de noviembre.12.5 y 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. en su caso. General Presupuestaria y la Ley General de Subvenciones o.32 Endeudamiento neto La expresión deliberado es realmente compleja en un órgano colegiado ¿es igual a Acuerdo expreso? La realización de operaciones de crédito y emisiones de deudas que contravenga lo dispuesto en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. la normativa presupuestaria equivalente de las administraciones distintas de la General del Estado. El incumplimiento deliberado de las obligaciones establecidas en los artículos 12. Si no se adoptasen las medidas o el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo. que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La no adopción de las medidas necesarias para evitar el riesgo de incumplimiento previstas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.a).
La no atención al requerimiento del Gobierno previsto en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El incumplimiento de las medidas necesarias para garantizar la ejecución forzosa de las medidas adoptadas por el Gobierno previstas en el artículo 26 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. . La no adopción del acuerdo de no disponibilidad o la no constitución del depósito previsto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.61 Y (III) El incumplimiento deliberado e injustificado de las obligaciones de suministro de información o de justificación de desviaciones en el cumplimiento de medidas y planes previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El incumplimiento deliberado de las medidas de corrección previstas en los planes económico-financieros y de requilibrio previstos en el artículo 21 y 22 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Se vincula a su propio estatus la realización de la actividad económico-administrativa de forma legal. Del conjunto de las sanciones realmente solo tienen incidencia en este punto: La destitución La inhabilitación para ocupar cargo público .62 En síntesis Traslada al estatuto personal de los altos cargos la responsabilidad en el cumplimiento de la LO de Estabilidad.
aunque no sea firme. a pena privativa de libertad. ¿cómo hacer real la inhabilitación para los cargos de elección democrática previstos en la LOEG? . contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal…. Son inelegibles: <<…Los condenados por sentencia firme. por delitos de rebelión. de terrorismo. Los condenados por sentencia.63 Inhabilitación Artículo 6º de la LOEG. en el período que dure la pena. Tienen la condición de inelegibles: 2.>>.
El carácter solidario de la responsabilidad directa y la cuota de que deba. caudales o efectos públicos. La condena al pago de los intereses. la obligación de abono de intereses se contará desde la fecha en que los responsables correspondientes fueren requeridos para el pago. y expresando si lo son en concepto de directos o subsidiarios. proceda. calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes el día en que se consideren producidos los daños y perjuicios. designándolos por sus nombres y apellidos y cargos que desempeñen. responder cada responsable subsidiario. Quiénes son los responsables. La contracción de la cantidad en que se cifre la responsabilidad contable en la cuenta que. En el supuesto de que dicho importe no constare cifrado en autos. en su caso.64 Sentencia en el juicio de cuentas El importe en que se cifren los daños y perjuicios causados en los bienes. . en su caso. El pronunciamiento sobre el pago de las costas del juicio en los términos prevenidos para el proceso civil. De tratarse de responsabilidades subsidiarias. la sentencia podrá declarar la existencia de los daños y perjuicios y diferir para el período de ejecución la determinación concreta de su cuantía. con sujeción a lo prevenido en la especificación primera. La condena al pago de la suma en que se cifre la responsabilidad contable.
la obligación de abono de intereses se contará desde la fecha en que los responsables correspondientes fueren requeridos para el pago. calculados con arreglo a los tipos legalmente establecidos y vigentes el día en que se consideren producidos los daños y perjuicios. . la sentencia podrá declarar la existencia de los daños y perjuicios y diferir para el período de ejecución la determinación concreta de su cuantía. En el supuesto de que dicho importe no constare cifrado en autos. La condena al pago de los intereses. sin que puedan hacerse en ella pronunciamientos de nulidad procedimental que dejaren imprejuzgado el fondo del asunto. con sujeción a lo prevenido en la especificación primera. El pronunciamiento sobre el pago de las costas del juicio en los términos prevenidos para el proceso civil. El carácter solidario de la responsabilidad directa y la cuota de que deba. proceda. en todo o en parte. Quiénes son los responsables. caudales o efectos públicos. De tratarse de responsabilidades subsidiarias. en su caso. La sentencia decidirá todas las cuestiones controvertidas en el proceso y estimará o desestimará. y expresando si lo son en concepto de directos o subsidiarios. las siguientes especificaciones: El importe en que se cifren los daños y perjuicios causados en los bienes. designándolos por sus nombres y apellidos y cargos que desempeñen. La sentencia condenatoria contendrá. 4. La condena al pago de la suma en que se cifre la responsabilidad contable. La contracción de la cantidad en que se cifre la responsabilidad contable en la cuenta que. en su caso. responder cada responsable subsidiario. la pretensión de responsabilidad contable que se hubiere ejercitado. en su parte dispositiva.65 Sentencia en el reintegro 3.
66 Realmente el problema de la simultaneidad Determinación de la responsabilidad y quienes son los autores ¿Qué ocurre en un declarado responsable administrativo que el Tcu absuelve? Por los mismos hechos. .
. Las consecuencias desfavorables de los hechos para la Hacienda Pública respectiva.67 Criterios La naturaleza y entidad de la infracción. La circunstancia de haber procedido a la substancia de la infracción por propia iniciativa. en su caso. La reparación de los daños o perjuicios causados. como consecuencia de los actos u omisiones constitutivos de la infracción. Las ganancias obtenidas. La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado.
68 Accesorias ex lege En todo caso la comisión de las infracciones previstas en el artículo 25 conllevará las siguientes consecuencias: La obligación de restituir. en su caso. las cantidades percibidas o satisfechas indebidamente. La obligación de indemnizar a la Hacienda Pública en los términos del artículo 176 de la Ley 47/2003. . General Presupuestaria. de 26 de noviembre.
Esto incluye los territoriales y tanto en el ámbito autonómico como en el local. En los demás supuestos el órgano competente para ordenar la incoación será el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. . el procedimiento sancionador. Los Acuerdos del Consejo de Ministros que resuelvan los procedimientos de convalidación de gasto dispondrán su remisión al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a fin de que incoe. en su caso.69 Órgano competente El órgano competente para ordenar la incoación cuando los altos cargos tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado será el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
La imposición de sanciones por infracciones leves en los demás casos corresponderá al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. en todo caso. .70 Sanción Corresponde al Consejo de Ministros la imposición de sanciones por la comisión de las infracciones reguladas en el artículo 25 y la comisión de las infracciones graves y muy graves reguladas en el artículo 26 y. cuando el alto cargo tenga la condición de miembro del Gobierno o Secretario de Estado.
2.71 Reformas penales Artículo 262. 1. dádivas. El juez o tribunal podrá imponer alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 si el culpable perteneciere a alguna sociedad. Si se tratare de un concurso o subasta convocados por las Administraciones o entes públicos. incluso de carácter transitorio. organización o asociación. en todo caso. Los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública. promesas o cualquier otro artificio. que se dedicare a la realización de tales actividades. así como inhabilitación especial para licitar en subastas judiciales entre tres y cinco años. serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de 12 a 24 meses. los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas. . o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren la subasta habiendo obtenido la adjudicación. único. se impondrá además al agente y a la persona o empresa por él representada la pena de inhabilitación especial que comprenderá. [Supuestos] Modificado por art. el derecho a contratar con las Administraciones públicas por un período de tres a cinco años. de 25 de noviembre RCL\2003\2744. los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate.92 de Ley Orgánica 15/2003.
72 Para el ámbito empresarial Artículo 310. b) Lleve contabilidades distintas que. operaciones o. La consideración como delito de los supuestos de hecho. a que se refieren los párrafos c) y d) anteriores. transacciones económicas. sin compensación aritmética entre ellos. de 240. actos. único. requerirá que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía. libros o registros fiscales: a) Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias. Será castigado con la pena de prisión de cinco a siete meses el que estando obligado por Ley tributaria a llevar contabilidad mercantil.115 de Ley Orgánica 15/2003.000 euros por cada ejercicio económico . en más o menos. de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda. c) No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios. [Incumplimiento de obligaciones contables establecidas por Ley tributaria] Modificado por art. de 25 de noviembre RCL\2003\2744. oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. referidas a una misma actividad y ejercicio económico. en general. d) Hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas.
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References: artículo 5
 Artículo 3
 Artículo 4
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 15
 artículo 14
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 artículo 57
 artículo 11
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 24
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 artículo 12
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 Artículo 6
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 artículo 176
 artículo 25
 artículo 26
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 artículo 129
 Artículo 310