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Timestamp: 2018-01-22 12:08:51+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-2018-278
Documento BOE-A-2018-278
«BOE» núm. 7, de 8 de enero de 2018, páginas 3522 a 3530 (9 págs.)
BOE-A-2018-278
En la resolución administrativa se detalla la operación de cálculo por la que se obtiene la cifra líquida. Así, en los controles administrativos se detecta una diferencia de hectáreas entre las declaradas (1.884,50) y las validadas por el control administrativo (1.809,18). Ello supone un porcentaje de reducción del –4,07 por 100. A ello se añaden los controles físicos por muestreo que amplían un ulterior –1,11 por 100 de desviación por exceso, obteniéndose así la cifra final de -5,18 por 100. La finalidad última de dichos controles es comprobar que las superficies de cultivo (medida determinante de cálculo de la ayuda) se ajusten a la realidad.
d) La formalización de la demanda tuvo lugar por escrito registrado el 7 de septiembre de 2008. En él la recurrente combatió el acto administrativo por varios motivos: (i) la incorrecta determinación del porcentaje de minoración de las ayudas; (ii) la incorrecta imputación de las discrepancias producidas; (iii) la infracción del artículo 33 del Reglamento (CE) 2111/2003 al minorar las ayudas cuando la discrepancia resulta, en realidad, inferior al 5 por 100, (umbral mínimo exento del procedimiento de reintegro según el artículo 33.1.a) del Reglamento CE 2111/2003).
f) Abierto el pleito a prueba y propuesta y practicada la que consta en autos, se concluyó con el dictado de la sentencia del citado Juzgado núm. 5 núm. 354/2011, de 9 de noviembre de 2011. En ella, se estima el recurso y por tanto se reconoce el derecho de la recurrente a no reintegrar cantidad alguna de las ayudas recibidas. Razona la sentencia que de acuerdo con el artículo 33 del reglamento comunitario, para alcanzar el umbral mínimo de desviación a partir del que se habilita el procedimiento de reintegro no pueden sumarse los controles físicos y los administrativos. La conjunción copulativa «y» del precepto no puede tener sentido acumulativo sino meramente enunciativo. A juicio de la Sentencia, el umbral mínimo a partir del cual se habilita el procedimiento de reintegro debe superarse bien en uno o en ambos parámetros, lo que implica que al no rebasarse en el caso, no procede reducir las ayudas ni reintegrar cantidad alguna. Se cita en apoyo de esta fundamentación la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 10 de Valencia de 19 de febrero de 2010.
Para la Sala, la posición de la apelante coincide con la circular núm. 31/2006 del Fondo Español de Garantía Agraria, de fecha 18 de diciembre de 2006, de coordinación sobre la gestión y control relativa al régimen de ayudas a los productores de determinados cítricos. A pesar de reconocer que la circular no es una norma jurídica y que la controversia tiene que ver con una campaña anterior a aquélla para la que resulta de aplicación la circular, ello no impide, a juicio del órgano judicial, que este documento tenga en el proceso un muy importante valor interpretativo. De acuerdo con dicha circular, entiende la Sala que es legítimo en Derecho sumar los porcentajes de los dos controles que se realizan (físico y administrativo) a los efectos de determinar las reducciones de la ayuda concedida a la correspondiente organización de productores, siendo preciso cambiar el criterio de instancia. La sentencia reconoce que «la redacción del artículo 33 del Reglamento (CE) 2111/2003 ha podido ser, desde luego, mucho más explícita y certera. De su tenor se derivan dudas interpretativas sobre si los dos tipos de controles de superficie pueden tomarse acumulativamente en consideración –con una pequeña matización, como hace el Fondo Español de Garantía Agraria– o ello, en cambio, no es posible». La conclusión que alcanza la Sentencia es que no existe imposibilidad legal de adicionar unos y otros controles, sino que tiene sentido la metodología de cálculo seguida por la Administración y adoptada por el propio órgano estatal de coordinación de las ayudas.
h) Notificada la sentencia el 5 de marzo de 2014, la recurrente interpuso incidente de nulidad de actuaciones contra la sentencia de la Sala reiterando los argumentos ya expresados en la revisión jurisdiccional y alegando, además, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y del derecho al juez predeterminado por la ley (art. 24.2 CE). Por una parte, se alega que se había omitido el planteamiento de cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Reglamento (CE) 2111/2003, a lo cual venía obligado, a juicio de la recurrente, el Tribunal juzgador desde el momento en que en el procedimiento se pusieron de manifiesto dudas interpretativas sobre lo dispuesto en dicha norma; por otra, porque se había producido una valoración irrazonable, arbitraria y errónea de la prueba. El incidente fue inadmitido por providencia de 26 de mayo de 2014, en la que se fundamenta la inadmisión en un doble motivo. De una parte, porque se insiste en una serie de posturas jurídicas que ya han sido respondidas por el tribunal de forma suficientemente motivada (particularmente en relación a la valoración de la prueba practicada) y, de otra parte, porque la cuestión de la vulneración de derechos fundamentales, por el no planteamiento de la cuestión prejudicial, se trata «de cuestiones que con más facilidad se sitúan fuera del campo de un incidente de nulidad de actuaciones».
Justificado de este modo el requisito de la «especial trascendencia constitucional» de su recurso, pasa a adentrarse en la cuestión de fondo suscitada, imputando a las resoluciones judiciales recurridas las vulneraciones constitucionales antes descritas.
8. El Letrado de la Abogacía General de la Comunidad Valenciana presentó sus alegaciones el 9 de junio de 2017, interesando la denegación del amparo solicitado. Respecto de la cuestión de la vulneración del artículo 24 CE por no presentación de la cuestión prejudicial, en el escrito se alega que, si bien es cierto que la Sala expresa dudas acerca de la redacción del precepto europeo, las disipa de manera clara. El Tribunal juzgador no albergó dudas sobre la interpretación del artículo controvertido del Reglamento (CE) 2111/2003. En cuanto al segundo motivo, se refiere a que, la valoración de la prueba practicada es una cuestión inherente a la potestad de juzgar y que pese a la revocación de la sentencia de instancia, la Sala no se apartó de las consideraciones fácticas efectuadas por la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. Y finalmente, se alega que la desestimación de los dos anteriores motivos debe conllevar la misma suerte para el tercero, puesto que «si la sentencia no debe tener ningún reproche constitucional, tampoco lo debe tener el Auto (sic) que se remite a la motivación contenida en la sentencia». Se suplica la denegación del amparo solicitado.
9. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones por escrito registrado el 19 de junio de 2017. En dicho escrito, una vez dada cuenta de los antecedentes, se argumenta que «[e]l Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el que tiene la competencia exclusiva para pronunciarse sobre la interpretación y validez del derecho de la UE. Las dudas sobre la interpretación y validez de las normas de derecho europeo, que son de aplicación en los procesos judiciales de los Estados miembros, deberán ser objeto de planteamiento de la cuestión prejudicial a la que se refiere el art. 267 TFUE. La finalidad del mecanismo del planteamiento de la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE, como único intérprete del derecho de la UE, es la de garantizar la correcta y homogénea interpretación del derecho de la UE, actuando los jueces nacionales como colaboradores del TJUE en la consecución de esa garantía de una aplicación uniforme del derecho europeo… Los órganos judiciales de los Estados miembros están facultados para solicitar del TJUE un pronunciamiento al respecto mediante la elevación de una cuestión prejudicial, pero cuando se trata de un órgano judicial que conoce del proceso en última instancia, el art. 267 TFUE le impone la obligación de elevar la cuestión prejudicial, cuando existan dudas sobre la interpretación o validez de la norma europea que resulta de aplicación». Con este razonamiento, y constatando que la duda existía y que la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana resolvió la apelación como última instancia, concluye el Fiscal que debió motivarse adecuadamente la opción de no presentar la cuestión prejudicial.
Prosigue el escrito del Fiscal con el examen de la vulneración del artículo 24 CE relativa a una arbitraria valoración de la prueba, concluyendo que del examen externo de la valoración de la prueba –con independencia de la mayor o menor claridad expositiva de la– no resulta un error patente o una falta de expresión de los motivos que llevan al juzgador a otorgar mayor eficacia a unas frente a otras. «El Tribunal de apelación ha apreciado libremente las pruebas practicadas, no otorgándoles la virtualidad pretendida por la recurrente para estimar su pretensión de dejar sin efecto la resolución administrativa que dispuso el reintegro parcial de las ayudas percibidas. No estamos, como pretende la entidad recurrente, ante un supuesto de una resolución judicial que pueda considerarse inmotivada, por incurrir en un error manifiesto en la valoración de las pruebas o ser su motivación irrazonable o arbitraria, sino ante la falta de acuerdo de la demandante de amparo con esa valoración judicial de las pruebas».
4. Dado que la providencia dictada tras el planteamiento del incidente de nulidad, tan solo expresa como razón que la cuestión «se sitúa fuera del campo de un incidente de nulidad de actuaciones», no podemos desentrañar cuáles fueron los motivos que llevaron al órgano judicial a no plantear la cuestión prejudicial. Únicamente el haber contestado al incidente, siguiendo el canon de motivación exigido por el Tribunal en estos casos, nos hubiera permitido resolver la queja desde el artículo 24.1 CE.
El control constitucional que permita examinar si las decisiones judiciales se ajustan a una exégesis racional del ordenamiento tiene directa relación con la expresión de la motivación judicial. Mal se puede realizar un control –ni siquiera externo– de lo que carece de un razonamiento expreso. En consecuencia, se constata en este caso una vulneración del artículo 24.1 CE con respecto a la motivación de la providencia de inadmisión del incidente que inadmite de plano de incidente por plantear éste «cuestiones que … se sitúan fuera del campo de un incidente de nulidad de actuaciones». No se da respuesta alguna a la supuesta vulneración de la tutela judicial efectiva por no presentación de la cuestión prejudicial como desarrolla ampliamente el escrito de interposición del incidente. No se expresa en modo alguno la motivación que conduce a la Sala del Tribunal Superior no ya a no presentar la cuestión sino simplemente a no dar contestación a lo expuesto profusamente en el escrito.
1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) con respecto a la motivación de la providencia de inadmisión del incidente de nulidad en los términos del fundamento jurídico 4 de esta sentencia.
2.º Restablecerla en el citado derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la providencia de 26 de mayo de 2014, por la que se inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones en el recurso de apelación número 136-2012.
3.º Retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior a la producción de la lesión constitucional aquí declarada, para que por el citado órgano judicial se proceda al dictado de una nueva resolución respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.

References: resolución 
 artículo 33
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 artículo 24
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 resolución 
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