Source: http://asihablociceron.blogspot.com/2014/08/
Timestamp: 2018-06-18 01:39:43+00:00

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Así habló Cicerón: agosto 2014
Voy a hacer una confesión: cuando me cuentan un delito contra la libertad sexual, tiendo a creer a la víctima. Bien, ya lo he dicho: me creo antes la versión de la víctima que la de los posibles, hipotéticos, supuestos, sospechosos, presuntos violadores.
“Hala”; podrá decir alguien, “¿y eso? ¿Pero y sus derechos? ¿Qué pasa con la presunción de inocencia?” Los más aventurados incluso buscarán con el dedo en la Constitución hasta encontrar el artículo 24.2, que dice textualmente “todos tienen derecho (…) a la presunción de inocencia.” ¡Ajá, pillado! ¡El autor de este blog está contra un derecho fundamental de las personas! ¡Contra los derechos humanos! ¡Inquisidor, feminazi, caraculo! Y así.
Sin embargo, yo no estoy en contra de la presunción de inocencia. Creo fervientemente que cualquier persona que sea acusada ante un tribunal debe ser considerada inocente hasta que se demuestre, por encima de toda duda razonable, que es culpable. Ahora bien: yo no soy un tribunal. Mi misión, por suerte, no es instruir un procedimiento ni juzgar un caso. No trabajo de eso y no vulnera los derechos de nadie el que prefiera creer a la víctima antes que al denunciado. Soy un simple particular. Así que no, la presunción de inocencia no tiene nada que ver con mi decisión, que se da simplemente en el ámbito privado: en mi fuero interno y en sus manifestaciones externas.
¿Y por qué creo a la víctima? En pocas palabras, porque nadie más lo hace. Es muy difícil que la víctima de un delito sexual encuentre un apoyo real, incluso entre sus familiares y amistades. Hablo de gente que crea lo que dice, que no la culpe ni le eche una reprimenda por vestir de tal o cual forma y que le ofrezca ayuda personal y profesional. Es mucha la culpa, la vergüenza y la humillación, y cualquier cosa las puede activar. No es raro encontrar a víctimas que se compadecen de su agresor o se echan encima la responsabilidad del delito, lo cual indica un nivel alto de coacción psicológica. Yo no quiero formar parte de esa presión.
Vivimos en la cultura de la violación. En la cultura de la violación, la mujer que ha sido violada es, alternativamente, una puta que miente porque se arrepiente después de echar un polvo o una imprudente que ya podría tener más cuidado. El hombre que ha sido violado es un marica y probablemente un presidiario o algo así. Y el niño que ha sido violado se lo ha inventado todo. Las víctimas no van precisamente sobradas de crédito, así que les doy el mío. Con lo que te expone socialmente denunciar una violación, la escasa comprensión que encuentras y el corto recorrido que suele tener la denuncia de hechos falsos, creo por defecto en lo que dicen las víctimas. Soy así, qué le vamos a hacer.
Y luego, a veces se demuestra que ha habido una denuncia falsa. No hablo necesariamente del caso de Málaga, cuyo sobreseimiento me parece precipitado: el sexo consentido no te deja llorando mientras inventas una historia que contarle a una patrulla que pase por allí, historia que inmediatamente reconocen dos de los detenidos. Pero vale, supongamos que estamos ante una denuncia falsa, ante una tía que decidió inventarse una violación múltiple. ¿Sabéis qué? Que me da igual.
Sí, me da igual. Obviamente lo siento por los denunciados en falso, pero no voy a cambiar mi máxima de conducta por la existencia de un pequeño número de denuncias falsas, aunque sean mediáticas. Si no nos echamos las manos a la cabeza cada vez que se desvirtúa la presunción de inocencia de un acusado no veo por qué iba yo a variar mi norma de conducta cuando se descubre que una víctima mentía. La verdad sigue siendo que las víctimas de delitos sexuales están desamparadas y tienen muchos más incentivos para callarse, tratar de enterrarlo todo y no pedir que se haga justicia que para denunciar. Que hay muchas violaciones que se callan, muchos abusos sexuales donde la víctima se culpa porque había bebido, muchos acosos sexuales que no se denuncian porque para qué. Y ése es el dato fundamental que guía mi decisión y mi comportamiento.
Estoy seguro de que habrá quien intente convencerme de que cambie de opinión. Se me dirá que esta regla de conducta no es perfecta, obviando que ninguna lo es. Que hay malas personas, gente que miente y embauca para conseguir los fines que sea, como si yo no lo supiera. Que si creo a las víctimas por sistema me van a engañar y voy a tener que retractarme en algunas ocasiones, lo cual ya tengo asumido. Y lo siento pero no: mientras exista la cultura de la violación yo seguiré apoyando a sus víctimas.
Publicado por Vimes en 2:14 50 comentarios:
Esta semana cinco tíos violaron a una chica que salía de trabajar en una de las casetas de la feria de Málaga. Se trata de un hecho que ha conmocionado a mi entorno. A mí en concreto el caso me ha enseñado muchas cosas:
-Que los violadores son unos locos psicópatas enfermos a los que se les va la cabeza. Al menos hasta que se descubre que son gitanos: entonces ya no hace falta que sean locos porque ¿qué te vas a esperar de una cultura tan machista? O, en otras palabras, que un blanco sólo viola si está loco.
-Que en la Policía trabajan personas que están de acuerdo (presumiblemente) con la siguiente afirmación: “Vida marcada para todos (víctima y delincuentes)”. Y también con las excusas del operador de esa cuenta de Twitter, que fue incapaz de entender y gestionar las críticas sino que, al contrario, se hundió más en el fango. Que estas personas atienden a víctimas de agresión sexual.
-Que es posible encontrar a una mujer llorando y con un desgarro vaginal, que ésta describa a cinco agresores desconocidos, que dos de ellos reconozcan los hechos e identifiquen a los otros tres y que luego presenten una versión increíble (nivel “le fuimos a robar el bolso y luego ella tuvo sexo consentido con nosotros”) y que la Fiscalía aprecie “testimonios contradictorios y elementos de prueba poco claros” (1).
-Que no hay problema en soltar a los imputados por esta razón (hechos poco claros) pese a que no habían pasado las 72 horas de tiempo máximo de detención. Si los hechos están poco claros que se investiguen un poco más, ¿no? ¿O es que no hay un vídeo de los hechos?
-Que existen familias que no ven reparos en acudir a jalear a sus hijos detenidos por violación. Aunque esto ya lo había aprendido con el caso del guardia civil que no hizo nada para detener una agresión sexual que estaba cometiendo su compañero, cuyo padre (un concejal payo) hizo una activa campaña para que indultaran a su amado hijo, a la que se sumó entre otros, su alcalde.
-Que las agresiones sexuales son un delito horrible y que merece la pena de muerte siempre que se hable en abstracto o las hayan cometido gitanos o inmigrantes. En los demás supuestos, son un caso poco claro donde no hay que pronunciarse hasta que no hayan hablado los tribunales y en todo caso habrá que ver cómo iba vestida la víctima y qué hacía allí a esas horas. También he aprendido que en realidad ambos extremos son combinables: qué hacía la víctima de noche en una zona de gitanos, que ya sabemos cómo son, todos a la horca.
Deberíamos sentirnos afortunados. Cuántas cosas nos enseña la cultura de la violación en tan poco tiempo, y con el coste módico de una mujer. Pero tranquilo, si no has podido aprender estas sublimes lecciones ahora, seguro que encuentras otro momento para instruirte: por ejemplo, cuando la opinión pública se entere de la tentativa de agresión sexual que tuvo lugar el sábado en Gandía. Que no pare nunca el aprendizaje.
(1) La prisión provisional es una medida que se aplica a personas sobre las que aún no ha recaído sentencia condenatoria, es decir, sobre quien formalmente aún es inocente. Por ello no se requiere que se pruebe fuera de toda duda su culpabilidad (eso se hará en el juicio), sino que exista una sospecha fundada contra el imputado. Es lo que parece que la Fiscalía no ha visto.
Publicado por Vimes en 11:14 26 comentarios:
Estudiando la historia de España del siglo XIX se puede identificar un fenómeno muy curioso, que he dado en llamar “optimismo constitucional”: la idea de que los males del país se arreglan cambiando de Constitución. Creo que es algo que sigue presente en el pensamiento de cierta izquierda española. Y es un problema, porque se trata de una idea errada: cambiar de Constitución, si siguen gobernando los mismos, no vale para nada.
Pongamos el ejemplo de la aconfesionalidad del Estado (1). El artículo 16.3 CE lo deja meridianamente claro: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Hay quien piensa que el problema religioso en España (2) se arreglaría si se suprimiera la segunda frase de ese párrafo, que obliga a los poderes públicos a llegar a acuerdos con las confesiones. Una vez hayamos pasado de la laicidad positiva que consagra nuestra Constitución a una aconfesionalidad pura “a la francesa” todo se arreglará y nuestra legislación se verá libre de influencia religiosa católica. Esto es exactamente el optimismo constitucional: todo se arregla modificando la norma fundamental.
Por desgracia, eso no es así. No es así porque la ley es letra muerta salvo que haya voluntad de hacerla cumplir. Y si nuestros gobernantes no cumplen el modelo de aconfesionalidad que establece nuestra Constitución, nada nos hace pensar que vayan a obedecer uno más estricto. Yo estoy a favor de ese cambio constitucional, pero el hecho es que la presión eclesiástica sobre nuestras vidas podría reducirse mucho sin hacerlo (3). Bastaría con actos como el de la alcaldesa de Torrelavega.
La susodicha, del PSOE, ha cometido lo que, según la oposición, es un sacrilegio y un crimen contra Dios y los hombres: se negó a ir como representante municipal a la misa y procesión de la patrona del pueblo y a cederle a ésta el bastón de mando. ¡Penitenciàgite! Lo que debería ser normal en un Estado aconfesional (la ausencia de representación institucional en actos religiosos) se ha convertido en un debate municipal. La edición en papel de El Diario Montañés hablaba de “sorpresa, incredulidad y malestar” en el pueblo, mientras que el PP ha dicho que la alcaldesa es “egoísta” y una “deshonra” para el municipio. Por cumplir un mandato constitucional.
Un mandato constitucional, sí, el de que ninguna confesión tenga carácter estatal. No podemos olvidar esta norma, sin la cual no existe verdadera aconfesionalidad, por mucho que vaya acompañada de otras. El Estado tendrá que firmar acuerdos con las confesiones, pero desde un punto de vista de separación entre ambas entidades: no son lo mismo, no valen para lo mismo y ninguna puede cumplir la función de la otra. Ni las confesiones pintan nada en las instituciones estatales ni los poderes públicos en las ceremonias religiosas.
La neutralidad del Estado en materia religiosa es una de las salvaguardas más importantes de la libertad de conciencia, que a su vez es uno de los derechos esenciales de una democracia (4). Eso basta para desmontar las argumentaciones, presuntamente seculares, del PP local. Este partido no ha hablado de religión sino de tradición, de algo que une al pueblo y de una costumbre que han cumplido “todos los alcaldes y alcaldesas de Torrelavega”. Hacer pasar lo religioso por algo tradicional, popular y, bueno, no religioso, es una estrategia vieja. Pero no cuela: la misa, la procesión y la cesión del bastón de mando es una ceremonia con sentido para los torrelaveguenses católicos, no para los demás. Y en un Estado que respeta la libertad religiosa no puedes presumir que todo un pueblo pertenece a la misma confesión.
La alcaldesa de Torrelavega se ha limitado a cumplir con un mandato constitucional, y ya hemos visto cómo se ha puesto la oposición. No es una peculiaridad propia de ese pueblo: comentando esta noticia un sevillano me contaba que él no se imaginaba esa actuación por parte de ninguno de sus alcaldes… y hablamos de una capital autonómica. Simplemente hay gente que no puede sufrir que se avance hacia un Estado verdaderamente neutral en cuestiones religiosas. Y esa gente grita mucho, por lo que se perpetúa una tradición política en la que las cosas de la Iglesia mejor no meneallas.
Ése es precisamente el meollo: la cultura política. No avanzaremos nada hasta que deje de haber miedo de abordar las necesarias reformas en materia de relación entre la confesión católica y el Estado. Una reforma constitucional ayudaría, qué duda cabe, pero el problema está en otra parte: en la práctica legislativa y política diaria. Con la Iglesia hemos topado.
(1) Uso “laicidad” y “aconfesionalidad” como sinónimos; cosa que, pese a lo que se suele decir, son.
(2) Consistente en unos obispos que no dejan de meter la nariz y las manos en la legislación con el consentimiento de los gobernantes
(3) Aunque no quiero dedicar el artículo a hablar de eso, nunca está de más decir que constitucionalmente no estamos obligados a mantener la casilla de la Iglesia en el IRPF o a tener una asignatura de “religión católica” en la educación pública.
(4) Y sí, sé que existen democracias más avanzadas que la española, como la británica, que tienen confesiones estatales. No contradice lo que he dicho: la democracia británica es buena por toda una serie de razones y mala en otros aspectos, como éste. El balance final es mejor que el español.
Publicado por Vimes en 0:37 4 comentarios:
Publicado por Vimes en 2:51 15 comentarios:
A estas alturas decir que el sistema político español está podrido es una afirmación no sólo verdadera sino incluso banal: no llega a describir el grado de descomposición que se extiende por todas partes. Corruptos y corruptores (nunca olvidemos que frente a todo político que cobra hay un empresario que paga) conviven tranquilamente y sin miedo: de vez en cuando alguien, muchos años después de cometer sus delitos, con una pena reducida y tras serle rechazada la petición de indulto, entra en la cárcel. El resto sigue saqueando dinero público con total impunidad.
Pero la corrupción del sistema no sólo se expresa en la comisión de delitos, sino también en la realización de actos que, pese a ser perfectamente legales, son signo de deslealtad institucional y de nulo respeto por lo público. Son lo que @Fanetin en este artículo llama “corrupciones pequeñitas”: trámites acelerados cuando conviene, legislación por decreto, transposición de directivas con el plazo agotado, etc. También metería yo aquí ciertos aforamientos o las reformas electorales pensadas claramente para beneficiar a un partido gobernante que se hunde, como la que pretenden hacer en los Ayuntamientos o la que ya se ha hecho en Castilla-La Mancha.
Se trata, en definitiva, de actuaciones legales pero completamente antiéticas que socavan la democracia, pues ponen en claro que los gobernantes, ya quitadas las caretas, están empleando los resortes del Estado para eliminar la disidencia, aumentar su parcela de impunidad y sustraerse a todo control. Una de estas “corrupciones pequeñas”, de la que se suele hablar poco, es la legislación por disposición.
Me refiero a lo siguiente: en los textos legales, las normas están distribuidas en artículos numerados correlativamente. Estos artículos se agrupan de manera sistemática en divisiones tales como títulos, capítulos o secciones. Pues bien: al final de casi cualquier ley, fuera de esa estructura hay una serie de disposiciones que sirven para cosas concretas.
Estas disposiciones son las siguientes:
Disposiciones adicionales: regulan cuestiones que no encajaban bien en el articulado. Por ejemplo, las disposiciones adicionales de la Constitución hablan de puntos relativos a las Comunidades Autónomas forales, a Canarias y a las que tuvieran más de una Audiencia Territorial (1), nada de lo cual cuadra bien en una normativa general.
Disposiciones transitorias: establecen la forma en que va a ponerse en vigor la ley en relación a situaciones que ya están empezadas pero no han terminado. Por ejemplo, si se reforma un procedimiento judicial: ¿se aplica la nueva norma a los que ya están iniciados? Si se modifica el IRPF, ¿qué pasa con el presente año fiscal?
Disposiciones derogatorias. Sólo suele haber una, porque contiene una información muy simple: qué leyes anteriores quedan derogadas.
Disposiciones finales: regulan cuándo entra en vigor la ley y modifican normas anteriores para mantener la coherencia con la nueva regulación. Por ejemplo, las disposiciones finales del Código Penal modifican la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Tribunal del Jurado.
Pues bien, lo que yo llamo “legislar por disposición” es lo siguiente: utilizar las disposiciones adicionales y finales para introducir regulaciones completas que no tienen nada que ver con la ley en que son aprobadas, con el objetivo de distraer el debate público. Es una práctica mucho más común de lo que parece. Para que no se diga que no soy ecuánime, voy a poner dos ejemplos, uno del PSOE y otro del PP:
1) Ejemplo del PSOE: la odiada Ley Sinde es, en realidad, una larguísima disposición final, concretamente la DF 43ª de la Ley de Economía Sostenible. La LES tenía por objetivo “la modernización de la economía española” para “reforzar los elementos más sólidos y estables de nuestro modelo productivo” con la finalidad de reducir “la excesiva dependencia de unos pocos sectores sometidos a la coyuntura”; según su Exposición de Motivos. Nada que ver con la defensa de la propiedad intelectual, materia sobre la que la susodicha Exposición nada dice.
2) Ejemplo del PP: la Ley de Tasas Judiciales, ya mala por sí misma, escondía un regalo envenenado. La ley fue aprobada deprisa y corriendo a finales de 2012 por una buena razón: su Disposición Final 4ª contenía la eliminación de la paga extraordinaria de los funcionarios para ese año. ¿Alguien me dice qué tiene que ver la regulación de un tributo recién creado con un recorte de sueldo del personal público?
He puesto estos dos casos como podría haber puesto otros quince: estoy hablando de una técnica común en nuestros legisladores, que se utiliza sin mayor justificación. La misma privatización del Registro Civil de la que ya he hablado se ha hecho mediante varias disposiciones adicionales de un decreto-ley.
¿Y por qué denuncio esta técnica? Esencialmente, porque es una trampa. Se trata de sustraer cosas del debate público: los turnos de palabra parlamentarios, el espacio en los periódicos y el tiempo que la ciudadanía dedica a informarse sobre política son bienes escasos. Si se llenan con el tema principal de la ley no hay que hablar del secundario, que suele ser más importante. Además, se puede usar para saltarse informes previos: no vamos a molestar a los órganos consultivos por una ley de poca entidad por mucho que lleve una reforma de interés general en su disposición final 18ª, ¿no? Y sí, puede que muchos años después el Tribunal Constitucional diga que aquello estuvo mal, pero igual ni siquiera anula la ley y, en todo caso, será algo que pase dentro de dos legislaturas.
El problema con las corrupciones pequeñitas es que no admiten una solución jurídica, porque no son vulneraciones legales. Son prácticas perfectamente lícitas, pero que demuestran mala voluntad política. Por eso me parecen más graves que el cohecho o la prevaricación: porque son la descorazonadora consecuencia de un sistema donde la ética pública ni está ni se la espera. No se resuelven endureciendo las leyes, sino eligiendo representantes que no se aprovechen de los resquicios del sistema. Algo que, por desgracia, parece escasear.
(1) Actual Tribunal Superior de Justicia.
Esta semana ha sido noticia la aprobación de un Real Decreto por el cual las bibliotecas deberán pagar una cierta cantidad de dinero por cada libro prestado. Este canon, que en principio va para proteger a los autores de la malvada difusión libre de la cultura, acaba en manos de las entidades de gestión de derechos (CEDRO, el equivalente de la SGAE) que lo reparten, es de suponer que equitativamente, entre los autores. La medida es una mezcla notable de malas ideas, lentitud injustificada y técnica legislativa pésima.
En realidad, la cosa no es nueva. Las bibliotecas llevan siete años pagando a CEDRO por este concepto. Recomiendo este excelente post de @versoblanco para enterarse de la historia, pero en síntesis es la siguiente: una directiva europea obliga a adoptar esta medida, por lo que en 2007 se aprueba una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual estableciendo el susodicho canon. En el plazo de un año debía dictarse un Real Decreto que determinara la cuantía a pagar: hasta entonces, y de forma provisional, cada biblioteca abonaría 0,20 € por cada libro adquirido con destino a préstamo.
Por supuesto vivimos en un país donde la provisionalidad es norma: lo que se ha dictado hoy es ese Real Decreto que, según la ley, debía estar listo en un año. Y, sin embargo, para haber tardado siete, no es ni mucho menos perfecto. Por ejemplo, lo que pasa con las obras libres de derechos, es decir, aquellas cuyo autor murió hace más de 70 años. Estas obras están en el dominio público: “pueden ser utilizadas por cualquiera” siempre que se mencione al autor.
En principio el Real Decreto no abarca las obras en dominio público: así parecen dejarlo claro los artículos 1 y 3.1, que al definir el objeto de la norma y el hecho generador del canon hablan de “obras protegidas por derechos de autor” y “obras no incluidas en el dominio público” respectivamente: dos formas de referirse a lo mismo. Sin embargo, la propia estructura del canon da lugar a la duda, ya que consta de dos cantidades: 0,004 € por cada obra prestada y 0,05 € por cada usuario. En la primera cantidad sí que se habla de obras con derechos, pero en la segunda no se dice nada. ¿Las bibliotecas van a sacar del listado a los usuarios que sólo tomen en préstamo obras libres de derechos?
De hecho, todo el tema de la cuantía por usuario resulta bastante discutible. El canon lo paga cada titular, de tal forma que si yo en un año saco un libro de una biblioteca autonómica, otro de una municipal, un tercero de una perteneciente a una fundación, una película de la Filmoteca y un facsímil del archivo de una universidad (1), cada una de esas entidades está pagando por mí. Sin embargo, si yo durante ese mismo año tomo prestados tres libros a la semana en bibliotecas autonómicas, sólo se paga una vez por mí. ¿Tiene eso algún sentido? Si el objetivo es remunerar a los autores por las ventas que están perdiendo, ¿a qué viene hacer depender parte de la cuantía de que los lectores usen varias bibliotecas en vez de ser asiduos a una? ¿Pérez-Reverte va a “perder” más dinero si yo saco su último libro de una biblioteca que no he utilizado todavía (2)?
Y en cuanto a la cuantía por obra, habrá que ver cómo se interpreta. Lo que dice el tenor literal del reglamento es que se obtiene multiplicando 0,004 € por “el número de obras que han sido objeto de préstamo”, sin que importe en principio las veces que se ha prestado cada una. Sin embargo, no logro librarme de la sensación de que el número de obras prestadas se va a calcular a partir del número de préstamos hechos, lo que no es irrelevante porque el segundo número es mayor que el primero desde el momento en que un mismo libro se presta dos veces. Pero esto es una mera sospecha que el tiempo confirmará o (espero) desmentirá… si es que una cuestión tan técnica sale a la luz alguna vez.
Al margen de estas críticas de técnica legislativa, todo el sistema es perverso desde su raíz. El derecho de los autores a ser remunerados por los préstamos en bibliotecas es, desde el primer momento, una alternativa a algo peor: el derecho de los autores a prohibir el préstamo público de sus obras. Así se desprende de los artículos 1.1 y 6.1 de la Directiva que regula el asunto. Digo que esto es perverso porque creo que un autor no debería tener nunca el derecho de prohibir el préstamo bibliotecario de sus obras. El acceso a la cultura está por encima del ego o los intereses crematísticos de nadie. No voy a entrar a debatir la chorrada de “préstamo bibliotecario = venta perdida” porque, igual que con el tema de las descargas, no tiene ningún sentido. Es más fácil que todo eso: un sistema público de bibliotecas es la forma más básica de acceder a la cultura, no sólo por el préstamo de libros sino por las distintas actividades (exposiciones, cuentacuentos, etc.) que se llevan a cabo en las mismas. Toda propiedad tiene una función social, y la de las obras del intelecto se expresa señaladamente en las bibliotecas.
Por supuesto, esto es independiente de que se pueda aprobar una remuneración para los autores que son muy leídos. Me resulta interesante lo que se cuenta en el post enlazado al principio de este artículo: que esta medida se adoptó en muchos países como una protección social a su autor, para garantizar su jubilación. No me parece mal que los autores más prestados vean ampliada su base de cotización atendiendo a este respecto. Pero gastar el ya mermado presupuesto para bibliotecas en pagar un canon absurdo que va destinado a las entidades de gestión es una idea atroz.
Porque esa es otra: las destinatarias del canon son las entidades de gestión (SGAE, CEDRO y otras), que deben repartirlo entre los autores, en principio sin que importe que sean o no socios de las mismas. El criterio debe ser “objetivo, proporcional y de público conocimiento”, pero me permitiréis que sea un poco escéptico al respecto: algo parecido dice el artículo 154 LPI respecto del reparto de derechos y no se cumple. Así, el artículo 55 de los Estatutos de CEDRO (aprobados por el Ministerio) se remite a un procedimiento estadístico que determine la “utilización” de cada obra, elaborado por una empresa externa y con las correcciones oportunas. Algo parecido, pero más embrollado, dice el artículo 87 de los Estatutos de la SGAE, entidad cuyos pasteleos económicos con el dinero de los socios son de sobra conocidos. Así que no, no me voy a creer la limpieza de este proceso de reparto.
En conclusión, la norma que fue aprobada ayer es la tardía y chapucera adaptación de un sistema que ya venía viciado desde la raíz. Ataca directamente el presupuesto de las bibliotecas, ya bastante mermado en tiempos de crisis, con lo cual perjudica al lector. Es, en definitiva, un nuevo ataque al derecho al ocio y a la cultura, disfrazado como siempre de defensa de los derechos de los autores. Resulta sorprendente que ese discurso siga colando.
(1) Están exentas las bibliotecas propiedad de centros del sistema educativo, como institutos o universidades, pero no otros servicios de préstamo (como hemerotecas o archivos) que puedan tener éstos.
(2) La respuesta es: Reverte perderá dinero de todas formas porque yo a ese matón con ínfulas de literato no le doy dinero ni harto de horchata.
Publicado por Vimes en 3:25 8 comentarios:

References: artículo 24
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 154
 artículo 55
 artículo 87