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Timestamp: 2020-07-16 14:23:41+00:00

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Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (Vigente hasta el 14 de Noviembre de 2015).
Publicado en BOCL núm. 200 de 17 de Octubre de 2014 y BOE núm. 264 de 31 de Octubre de 2014
Vigencia desde 16 de Noviembre de 2014. Esta revisión vigente desde 16 de Noviembre de 2014 hasta 14 de Noviembre de 2015
Disposición adicional primera Comunicaciones electrónicas
Disposición adicional segunda Actividad económica y empleo en los procedimientos de revisión
Disposición adicional tercera Impulso de la utilización de las mejores tecnologías disponibles
Disposición final segunda Evaluación ambiental estratégica
Disposición final tercera Condiciones ambientales de las explotaciones ganaderas
Disposición final cuarta Texto refundido
L [CASTILLA Y LEÓN] 8/2014, 14 octubre, derogada por la letra h) del número 2 de la disposición derogatoria del DLeg.[CASTILLA Y LEÓN] 1/2015, de 12 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León («B.O.C.L.» 13 noviembre) el 14 de noviembre de 2015.
La Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se dictó con la vocación de convertirse en texto legal esencial del ordenamiento de la Comunidad de Castilla y León para la prevención y tutela del medio ambiente. Para ello, estableció el sistema de intervención administrativa en el territorio de la Comunidad Autónoma de las actividades, instalaciones y proyectos susceptibles de afectar al medio ambiente, con una finalidad preventiva. Se trata de una norma técnicamente compleja, en la medida que regula tres regímenes de intervención administrativa en la actividad de los ciudadanos: la autorización ambiental, la licencia ambiental y la comunicación ambiental, además de desarrollar la evaluación de impacto ambiental de proyectos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. Asimismo, es una norma avanzada en su tiempo, en el sentido de que ya en el año 2003 pretendió que la simplificación de trámites administrativos se reflejase en los regímenes ambientales que regula. Esta ley ha sido objeto de varias modificaciones; todas ellas orientadas a mejorar su comprensión y a adaptar su contenido a los cambios normativos que se han venido sucediendo en las materias que regula y, con ello, a asegurar jurídicamente las acciones que se desenvuelven en el marco de la misma.
En este momento se dan varias circunstancias que, individual y conjuntamente, dado el objetivo común que persiguen de impulsar la actividad económica en la Comunidad de Castilla y León, garantizando la protección ambiental, a través de la adecuación de las regulaciones existentes a los avances e innovación que marcan tanto las disposiciones normativas como las técnicas más recientes y que demanda el sector empresarial, así como de la racionalización de los procedimientos administrativos, motivan que esta norma sea revisada en profundidad. La primera de ellas, responde directamente a la actual coyuntura económica, que requiere la adopción de medidas orientadas a dinamizar la actividad económica, basadas en la racionalización y simplificación procedimental, así como en la supresión y reducción del coste de tramitación para las empresas derivado de las obligaciones impuestas por las Administraciones públicas. En íntima conexión con la razón apuntada, puede citarse la necesidad de continuar con la línea iniciada por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, en el sentido de sustituir procedimientos de control previos a la construcción o inicio de las actividades o instalaciones por sistemas eficaces de inspección y control durante el funcionamiento y, todo ello, bajo unas normas claras de funcionamiento. La tercera, igualmente vinculada a las anteriores, se concreta en la necesidad de acomodar los regímenes de intervención exigidos a las actividades o instalaciones en función de su incidencia desde el punto de vista ambiental y de atender con ello a la creciente demanda ciudadana que existe en este sentido. Asimismo, en cuarto lugar, e informada por los mismos argumentos, tras la entrada en vigor de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en la que se unifican en una sola norma el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, con el objetivo primordial de ser un instrumento eficaz para la protección medioambiental, no solo se hace necesario adaptar el contenido de los preceptos de la Ley 11/2003, de 8 de abril, que regulan la evaluación de impacto ambiental a lo establecido en la normativa básica estatal, sino también los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación sometidos a dicha evaluación. Finalmente, la revisión y, en consecuencia, modificación de la Ley 11/2003, de 8 de abril, está motivada por la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales, que introduce cambios en el sistema de autorizaciones ambientales integradas, la cual ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español mediante la Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y por el Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Por ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.23 de la Constitución Española y en el ejercicio de la competencia exclusiva y de la competencia de desarrollo normativo y de ejecución que tiene la Comunidad de Castilla y León de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en el artículo 70.1.35.º y en el artículo 71.1.7.º del Estatuto de Autonomía, se dicta la presente ley con el reto de integrar las necesidades que han quedado expuestas en los párrafos anteriores en el texto de la Ley 11/2003, de 8 de abril, garantizando la seguridad jurídica que el ciudadano emprendedor necesita tener en el desarrollo de su actividad y, todo ello sin menoscabar la protección del medio ambiente. Así, las modificaciones que contiene la presente ley son escrupulosamente respetuosas con la normativa básica estatal y con la normativa europea y, asimismo, tienen en cuenta las autorizaciones basadas en normas ambientales sectoriales precisas para determinar los permisos necesarios en el ámbito regional o local para complementar las anteriores, pero siempre bajo el prisma de la economía de trámites.
El primer bloque de las modificaciones afecta al Título I de la Ley 11/2003, de 8 de abril. Se modifican los artículos 1, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 y se añade un nuevo artículo 6 bis. Las principales modificaciones van orientadas a puntualizar el objeto inicial de la mencionada ley a los efectos de evitar confusiones en cuanto a las cuestiones que abarca su contenido, que es fundamentalmente ambiental; lo que no obsta, que las actividades o instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación de la ley puedan estar sujetas a otros regímenes de intervención administrativa, entre los que se puede citar, por su especial transcendencia en cuanto valores esenciales para la identidad de la Comunidad Autónoma, los relativos al patrimonio cultural y al patrimonio natural de la Comunidad de Castilla y León. Asimismo, se establecen nuevos supuestos de actividades o instalaciones excluidas del ámbito de aplicación de esta norma, motivados básicamente por estar determinado así en las normas básicas estatales o por ser cuestiones ajenas a la problemática ambiental y estar reguladas por la normativa sectorial. Se añaden nuevas definiciones con una finalidad fundamentalmente aclaratoria y se reforma la referida a las modificaciones de las instalaciones, ya que su contenido se concreta, con mayor detalle y de una manera más clara, en el artículo 6 bis. Este artículo 6 bis recoge los procedimientos de modificación sustancial y no sustancial, de conformidad con las modificaciones operadas por la normativa básica estatal, para las instalaciones recogidas en el régimen de autorización ambiental y que, mediante esta modificación, se hacen extensivos a las modificaciones de las instalaciones afectadas por los regímenes de licencia ambiental y de comunicación ambiental.
Respecto a las modificaciones que se integran en el Título II de la Ley 11/2003, de 8 de abril, referido al régimen de autorización ambiental, se articulan sobre un triple objetivo. Por un lado, hacer posible la adaptación a la normativa básica estatal vinculada a la trasposición de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales; por otro, mejorar técnicamente la redacción de la ley y hacer posible una mejor comprensión y, en consecuencia, una aplicación más segura de sus disposiciones, encaminada a corregir las dificultades detectadas en este sentido; y, finalmente, agilizar y reducir al máximo los trámites administrativos necesarios.
Sobre esta base, se modifican los artículos 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Así, el contenido de estos artículos se acomoda a la nueva redacción dada a la Ley 16/2002, de 11 de julio, por la Ley 5/2013, de 11 de junio, así como al Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, mejora su redacción, haciéndolos más accesibles, e incorpora medidas de simplificación y racionalización del procedimiento que regulan, en esta línea, se ha buscado la simultaneidad de aquellos trámites en los que es posible y la integración con otros procedimientos, todo ello, en el marco de la legislación básica estatal.
Una de las novedades más destacable, radica en la definición de las actividades o instalaciones que quedan sujetas al régimen de la licencia ambiental. Se mantienen en el régimen de licencia ambiental las actividades o instalaciones que, no estando sujetas a los regímenes de intervención de autorización ambiental o de comunicación ambiental, sean susceptibles de ocasionar molestias considerables, de acuerdo con lo establecido reglamentariamente y en la normativa sectorial, de alterar las condiciones de salubridad, de causar daños al medio ambiente o de producir riesgos para las personas o bienes que no estén sometidas al trámite de evaluación de impacto ambiental por no estar incluidas en los supuestos previstos en la normativa básica estatal en esta materia, así como aquellas que estando sujetas, de acuerdo con lo dispuesto en dicha normativa y en la Ley 11/2003, de 8 de abril, a evaluación de impacto ambiental simplificada, el informe de impacto ambiental haya determinado que el proyecto no debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por lo que afecta al Título IV de la Ley 11/2003, de 8 de abril, se modifican los artículos 34 y 35 fundamentalmente para ajustar la comunicación de inicio a la nueva normativa básica, que determina que este acto se sustancia con una declaración responsable tras la cual ha de desarrollarse una inspección obligatoria para las actividades o instalaciones afectadas por el régimen de autorización ambiental. Para las actividades o instalaciones del régimen de licencia ambiental se efectúa este mismo cambio, con la salvedad de que no se establece un plazo determinado para el desarrollo de la inspección.
El Título VII de la Ley 11/2003, de 8 de abril, referido al régimen de comunicación ambiental, también es objeto de modificación. La modificación esencial que se ha introducido y que se concreta en el Anexo V. Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental, es que se someten a este régimen, el más sencillo de todos los previstos en la mencionada ley, además del listado de actividades e instalaciones que se relacionan en el Anexo V, las actividades o instalaciones que deben someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, que cuenten con una declaración de impacto ambiental favorable. De este modo, las actividades o instalaciones cuya incidencia ya ha sido evaluada y controlada por la Administración regional en todos sus términos, quedan sometidas en el ámbito municipal al procedimiento más sencillo y breve que regula la ley que ahora se modifica. Asimismo, se modifica el citado anexo, ampliando los supuestos incluidos en el doble sentido de incorporar actividades o instalaciones de muy escasa incidencia ambiental y actividades o instalaciones con incidencia ambiental más significativa que, por normas ambientales sectoriales, han de ser supervisadas en procedimientos administrativos específicos por la Administración regional. Debe destacarse, de manera particular, que se ha considerado lo establecido en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización el comercio y de determinados servicios, en la redacción dada por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, respecto a las actividades o instalaciones incluidas en su ámbito de aplicación, así como en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado.
Concluye la norma de modificación con cinco disposiciones finales. La disposición final primera, contempla un régimen de aplicación supletoria de los plazos establecidos en la normativa estatal en materia de evaluación de impacto ambiental. La disposición final segunda, contiene una remisión a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, a los efectos de su aplicación, en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, a la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, y determina el órgano ambiental en esta materia en la Comunidad de Castilla y León. La disposición final tercera, con el objeto de determinar las explotaciones ganaderas que no estando sometidas al régimen de autorización ambiental pueden quedar sometidas al régimen de comunicación ambiental, prevé que la Junta de Castilla y León, mediante decreto, a iniciativa de la Consejería competente en materia de ganadería y de la Consejería competente en materia de medio ambiente, regule las condiciones ambientales mínimas que deberán cumplir las actividades o instalaciones ganaderas, en función de su situación, capacidad y demás características. La disposición final cuarta habilita a la Junta de Castilla y León para elaborar y aprobar un texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, que venga a incluir en un único texto normativo todas las modificaciones de las que ha sido objeto la Ley 11/2003, de 8 de abril, a lo largo de su período de vigencia. La disposición final quinta determina la entrada en vigor de esta ley, que concreta en el plazo de treinta días desde su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León», con la finalidad de hacer posible el conocimiento material de las modificaciones, así como la adopción de las medidas necesarias para su aplicación.
Véase el apartado 1.º de la Res. 28 enero 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León («B.O.E.» 9 febrero). Véase el número I de la Res. 10 junio 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 8/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León («B.O.E.» 22 junio).
«Artículo 6 bis Modificaciones de las actividades o instalaciones
En el supuesto de que, como consecuencia de la modificación no sustancial de la actividad o instalación, sea necesaria una modificación de la autorización ambiental o de la licencia ambiental con el objeto de, además de actualizar su contenido, incluir en ellas nuevos condicionantes motivados por la modificación no sustancial, se dará audiencia a los interesados. En todo caso, la modificación de la autorización ambiental, se publicará en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y la de la licencia ambiental se comunicará por la Administración local al Servicio Territorial competente en materia de medio ambiente de la provincia en la que se ubique la instalación.»
«Artículo 7 Valores límite de emisión y prescripciones técnicas
4. Los valores límite de emisión y las prescripciones técnicas, respetando en todo caso lo dispuesto en la normativa sectorial y en las autorizaciones o licencias ambientales correspondientes, pueden completarse en un acuerdo voluntario suscrito entre la Administración y una empresa o un sector industrial determinado. Dichos acuerdos serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León»».
«Artículo 11 Autorización ambiental
«El trámite de información pública previsto en la normativa básica estatal, una vez completada la documentación, se abrirá mediante la inserción del correspondiente anuncio en el «Boletín Oficial de Castilla y León» y tendrá una duración de treinta días, así como los efectos y las excepciones previstos en dicha normativa. Asimismo, una copia de dicho anuncio se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación.»
«Artículo 18 Audiencia
«3. La solicitud debe ir acompañada de un resumen o memoria de la documentación señalada en el apartado anterior, formulado de forma comprensible e incluirá, en su caso, la indicación de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del informe de impacto ambiental al que se refiere el artículo 24.1. Asimismo, incorporará una declaración responsable sobre la disposición de las autorizaciones previas exigibles por la normativa sectorial aplicable.»
«1. Salvo que proceda la denegación expresa de la licencia ambiental por razones de competencia municipal, basadas en el planeamiento urbanístico, en las ordenanzas municipales o por el incumplimiento de los requisitos previos establecidos en la legislación sectorial aplicable, el Ayuntamiento someterá el expediente a información pública durante diez días mediante la inserción de un anuncio en el «Boletín Oficial de la Provincia». Asimismo, una copia de dicho anuncio se expondrá en el tablón de edictos del Ayuntamiento en cuyo territorio se ubique la instalación. En el supuesto de que haya otros procedimientos administrativos de autorización en el Ayuntamiento sobre la actividad o instalación concreta en tramitación que requieran que la información pública de ese expediente se publique en el «Boletín Oficial de Castilla y León», podrá hacerse la información pública únicamente en este último a todos los efectos y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
4. El plazo máximo para resolver se podrá suspender en los supuestos previstos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, en particular, cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos y vinculantes del contenido de la resolución.»
«Artículo 34 Presentación de la comunicación de inicio
«Artículo 35 Actuación administrativa de comprobación
«Artículo 39 Revisión de la autorización ambiental
«Artículo 41 Revisión de oficio de la licencia ambiental
d) Lo exigiera la legislación sectorial que resulte de aplicación a la instalación o sea necesario cumplir normas nuevas o revisadas de calidad ambiental en virtud de lo establecido en la normativa básica estatal.»
«Artículo 42 Transmisión de las actividades o instalaciones
«Artículo 43 Cambios en el régimen de intervención administrativa
«Artículo 44 Plazos de vigencia de la autorización ambiental y de la licencia ambiental y de cese temporal
«Artículo 44 bis Cese de la actividad y cierre de la instalación
«Artículo 46 Órganos competentes
«Artículo 47 Capacidad técnica del redactor del documento inicial, del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental del proyecto
«Artículo 48 Responsabilidad de los redactores del documento inicial, del estudio de impacto ambiental y del documento ambiental del proyecto
La resolución de inadmisión justificará las razones por las que se aprecia, y frente a la misma podrán interponerse los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso.».
«Artículo 52 Terminación del trámite de evaluación de impacto ambiental
«1. La declaración de impacto ambiental y el informe de impacto ambiental se publicarán, al menos, en el «Boletín Oficial de Castilla y León». Dicha publicación se comunicará a los interesados y al Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el proyecto.
«Artículo 56 Seguimiento y vigilancia del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental y del informe de impacto ambiental
«Artículo 58 Actividades o instalaciones sometidas a comunicación ambiental
La comunicación ambiental incluirá, en su caso, la indicación de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» de la declaración de impacto ambiental correspondiente.»
A. Se someten al régimen de autorización ambiental las categorías de actividades o instalaciones contempladas en el Anejo 1 de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y con los mismos criterios allí previstos, las siguientes:
Especie y orientación zootécnica UGM
2. Las evaluaciones de impacto ambiental iniciadas antes de la entrada en vigor de esta ley, que se refieran a proyectos que hayan quedado sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada al quedar incluidos en el Anexo III de la Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León, se tramitarán de acuerdo con la normativa anterior. No obstante, podrá aplicarse lo establecido en la presente ley, si el promotor desiste de la solicitud anterior y presenta la solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada.
2. En particular, se derogan las disposiciones o referencias recogidas en la normativa autonómica ambiental o sectorial, así como en instrumentos de ordenación del territorio en cuanto prescriban la evaluación de impacto ambiental de proyectos que no estén sometidos al mencionado trámite de acuerdo con lo establecido en la normativa básica estatal o en la Ley 11/2003, de 8 de abril, entre ellas las incluidas en las siguientes normas:
– Ley 8/1991, de 10 de mayo, de espacios naturales de la Comunidad de Castilla y León.
– Decreto 9/1994, de 20 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Picos de Europa.
– Decreto 36/1995, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra de Gredos.
– Decreto 57/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Valle de Iruelas (Ávila).
– Decreto 58/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Monte Santiago (Burgos).
– Decreto 60/1996, de 14 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Ojo Guareña (Burgos).
– Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina (Palencia).
– Decreto 141/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).
– Decreto 142/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de La Fuentona (Soria).
– Decreto 143/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Sabinar de Calatañazor (Soria).
– Ley 5/1999, de 5 de abril, de Urbanismo de Castilla y León.
– Decreto 249/2000, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Riberas de Castronuño-Vega del Duero (Valladolid).
– Decreto 164/2001, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Arribes del Duero (Salamanca-Zamora).
– Decreto 206/2001, de 2 de agosto, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional de Valladolid y entorno.
– Decreto 101/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Las Médulas (León).
– Decreto 58/2003, de 15 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Río Riaza (Segovia).
– Decreto 11/2004, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan Regional de Ámbito Territorial del Puerto de San Isidro (León).
– Decreto 22/2004, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León.
– Decreto 7/2005, de 13 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural de Lagunas de Villafáfila (Zamora).
– Decreto 83/2005, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Montes Obarenes (Burgos).
– Decreto 107/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural Hoces del Alto Ebro y Rudrón (Burgos).
– Decreto 108/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del área de Miranda del Castañar declarada como Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia (Salamanca).
– Decreto 109/2007, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de San Martín del Castañar (Salamanca).
– Decreto 111/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Lagunas Glaciares de Neila (Burgos)».
– Decreto 112/2007, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Acebal de Garagüeta» (Soria).
– Decreto 40/2008, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de «Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión (Soria)».
– Decreto 4/2010, de 14 de enero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Sierra de Guadarrama» (Segovia y Ávila).
– Decreto 62/2013, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Lago de Sanabria y alrededores» (Zamora).
– Decreto 7/2014, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Espacio Natural «Babia y Luna» (León).
3. Asimismo, se deroga el Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.
1. En el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la evaluación ambiental estratégica de los planes y programas a los que se refiere la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que deban ser adoptados o aprobados por la Administración de la Comunidad Autónoma o por la Administración Local, se regirá por lo establecido en la mencionada ley, sin perjuicio de su aplicación como legislación básica.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 149
 artículo 70
 artículo 71
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 24
 artículo 42
 resolución