Source: http://blogs.ua.es/sevila1/
Timestamp: 2017-09-25 07:48:29+00:00

Document:
sevila1	| 22 agosto, 2017
El Tribunal Supremo en su STS de 1 de diciembre de 2016 considera ajustada a derecho la decisión de comunicar a los trabajadores la nómina a través de soporte informático en lugar del tradicional formato papel.
La referida sentencia establece que con la medida adoptada no se infringen ni el articulo 29.1 del ET ni la Orden de 27 de diciembre de 1994, por la que se aprueba el modelo de recibo individual de salarios, pues conforme a dichas normas, si bien es obligatoria la entrega el recibo individual justificativo del pago del salario, también se admite que el trabajador no firme el duplicado del recibo cuando el abono se realiza a través de transferencia bancaria y quede constancia del correspondiente comprobante. En el caso, el trabajador, no sólo puede acceder a su recibo de salarios a través de un terminal informático, sino también obtener una copia del mismo, por lo que se cumplen las exigencias contenidas en las normas. Concluye la Sala de lo Social del Tribunal Supremo que se ha hace necesario rectificar la doctrina que existía hasta entonces, y ello a la vista del tiempo transcurrido desde que fue dictada y de la generalización de la utilización del soporte informático en lugar del soporte papel para almacenar y comunicar datos, utilizado profusamente tanto en el ámbito privado como en la Administración Pública, por lo que declara que la entrega del recibo en soporte informático cumple con la exigencia de la entrega al trabajador de copia del recibo de salarios.
sevila1	| 15 agosto, 2017
El Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia de 16 de noviembre de 2016 que la garantía de crédito horario del art. 68 e) del ET es extensible a los delegados de prevención que no ostentan la condición de representantes legales de los trabajadores.
El TS establece que, ni en el artículo 37.1 LPRL , ni en el artículo 68 ET, aparece la menor distinción entre una y otra clase de delegados de prevención, de la que pudiere deducirse que las garantías establecidas en los mismos resulten exclusivamente de aplicación a los que hayan sido designados como representantes de los trabajadores.
De esta forma, la Sala considera que donde la ley no distingue no debe distinguir el intérprete, máxime cuando se trata de restringir derechos que la misma establece, y que si el legislador hubiere pretendido disponer un distinto tratamiento legal en esta materia para los delegados de prevención que no son miembros de la representación unitaria, debería de haberlo así indicado expresamente.
Por todo ello, el Tribunal concluye que a ambos les resulta igualmente aplicable el artículo 31.1 LPRL en cuanto señala que lo previsto en el artículo 68 ET en materia de garantías será de aplicación a los Delegados de prevención en su condición de representantes de los trabajadores, lo que supone el reconocimiento del derecho al crédito horario discutido.
Y, es que, carecería de cualquier justificación razonable que los delegados de prevención que son representantes unitarios puedan disponer de las horas adicionales del crédito horario para desempeñar estas funciones, y se niegue en cambio este mismo derecho a los delegados de prevención que no detentan esa condición.
La Sentencia señala que los Delegados de Prevención de Riesgos Laborales son representantes de los trabajadoress para esta función, y por tanto, la actividad que corresponde al Delegado de Prevención forma parte, como una más, de las distintas funciones que el ordenamiento jurídico atribuye a los representantes legales de los trabajadores y para cuyo desempeño les otorga las garantías legales del art. 68 ET.Y establece que el tiempo utilizado en esas tareas debe ser considerado como de ejercicio de funciones de representación dentro del crédito horario, lo que es tanto como situarlas al mismo nivel de todas las demás funciones representativas en las que pueda emplearse el crédito horario.
sevila1	| 27 julio, 2017
El Tribunal Constitucional (TC) viene aceptando que valorar la experiencia en la Administración pública como mérito no es contrario al principio de igualdad. No obstante, se trata de una doctrina principalmente sentada para resolver el contraste entre quienes aportan esa experiencia y quienes no la aportan que, por eso, no es directamente aplicable para decidir la prioridad que debe darse a la experiencia adquirida en una administración
Prueba de ello es la STC 281/1993, de 27 de septiembre según la cual “diferenciar a los concursantes en función del Ayuntamiento en el que han adquirido determinada experiencia y no a partir de la experiencia misma, con independencia de la Corporación en la que se hubiera adquirido, no es criterio razonable, compatible con el principio constitucional de Igualdad”.
Es por ello que la experiencia en la Administración pública como mérito no justifica ni motiva,”per se”, la preferente valoración que las bases contemplan de los servicios que se hayan prestado en una determinada Administración autonómica frente a la experiencia en otras Administraciones.
sevila1	| 19 julio, 2017
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en su sentencia de fecha veintidós de Febrero de dos mil dieciséis ( Nº de Recurso: 439/2015) ha dado validez al certificado de la Universidad de Cambridge “First Certificate in English” para que puntúe como conocimiento de inglés ante convocatorias de acceso a la administración pública.
La convocatoria establecía que “se valorará el conocimiento de lenguas oficiales de la Unión Europea diferentes de la española acreditándose documentalmente mediante certificados expedidos por la Escuela Oficial de Idiomas”, y añadía que “en caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o convalidación en su caso”.
La recurrente argumentaba en defensa de su tesis que de acuerdo con lo establecido en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas así como en la Ley 2/2006 y el RD 1629/2006 las enseñanzas de idiomas se organizan en tres niveles y que conforme al citado Marco Europeo resulta que el First Certficate in English tiene un nivel 3 conforme al estudio de la Asociación Europea de Examinadores de Lenguas que, en aplicación de la tablas de equivalencia, se equipara directamente con el nivel B.2 avanzado.
El supremo estima la pretensión de la recurrente y apunta en su sentencia al vacío legal sobre la acreditación oficial del nivel de idiomas al constatar que “no existe ninguna instancia nacional o supernacional con competencia para unificar y refrendar de manera oficial el valor de certificados, diplomas o acreditaciones de competencias en lenguas extranjeras” de ahí que acceda a acreditar el First Certificate como nivel B.2, que es el exigible en las oposiciones de la administración, de acuerdo al criterio de la Universidad de Cambridge que certifica la correspondencia del First Certifcate con el nivel B.2 de competencia en el conocimiento de inglés de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2/2006 y en el RD 1629/2006, el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, el artículo 4 del Real Decreto 104/88.
La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la medida cautelar solicitada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de suspensión del Decreto del Consell por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales, el valenciano y el castellano, en la administración de la Generalitat. Con esta decisión judicial se avala el uso del valenciano en la administración y se rechazan los argumentos de la citada central sindical, que consideraba que con el Decreto del gobierno autonómico se concede al valenciano “una utilización destacada en perjuicio de la otra lengua oficial” de la Comunidad Valenciana, el castellano.
El auto del TSJCV, argumenta que no había “ningún motivo que justificara la paralización” del decreto. Del mismo modo, el Auto del TSJCV ha rechazado “la falaz argumentación de que las lenguas oficiales están suficientemente amparadas por la legislación actual y que entonces no hace falta el decreto”.
El Juzgado Contencioso Administrativo número 2 de la Coruña que reconoce, por primera vez en España, los 20 días por año trabajado a un profesor, cesado tras una sustitución, y lo equipara a un despido por razones objetivas.
En su sentencia, el magistrado Enrique García LLovet, confirma el derecho de un docente, a percibir una indemnización por el periodo en el que estuvo cubriendo una sustitución. La sentencia –contra la que sólo cabe recurso ante el Tribunal Supremo– le reconoce una indemnización de 20 días por año trabajado, similar a la que corresponde a un despido por razones objetivas, técnicas, económicas, organizativas o de producción.
Hasta la fecha, los tribunales únicamente se habían pronunciado a favor del personal laboral de las administraciones (personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores), si bien aún no se reconocía este derecho a los funcionarios interinos (funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas o programas, como ocurre en ámbitos como la Enseñanza, la Justicia o la Sanidad).
La sentencia de la Coruña establece que en el “caso que nos ocupa es llano que aparece una manifiesta discriminación entre el empleado temporal laboral en la Administración Pública al que se reconoce un derecho a la indemnización por cese o finalización de la relación laboral, derecho que nace de la igualación entre las relaciones de empleo en el sector público de naturaleza temporal y las fijas justamente en aplicación de la Directiva y doctrina del TJUE que nos ocupa, y el funcionario interino al que se niega idéntica indemnización en razón exclusivamente de su condición de funcionario interino para ello conviene recordar ahora que en el ámbito de las relaciones empleo público la doctrina del TJUE ya ha reconocido a la igualdad de trato en relación con el derecho a la indemnización por extinción de la relación así en STJUE de 14 de septiembre de 2016 C-596/14 As”.
sevila1	| 6 julio, 2017
La Disposición adicional trigésima séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado acaba de establecer que el personal laboral fijo, en activo, de la Imprenta Nacional de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (AEBOE), perteneciente, a la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, a los grupos profesionales III y IV del Convenio Colectivo de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado e incluido en los ámbitos de actuación, especialidades y desarrollo de funciones de impresión, encuadernación y manipulado, encuadernación industrial, mantenimiento y reparación de maquinaria, mantenimiento general, mecánico y electrónico-eléctrico, almacén, distribución y logística, se integrará, en una o varias fases, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, desde la entrada en vigor de la presente Ley y hasta el 31 de diciembre de 2018.
Producida la citada integración, le será de aplicación el convenio colectivo de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, con las particularidades que se indican en el apartado siguiente.
Las condiciones de la integración anteriormente referidas se establecerán en un protocolo de integración que formalizarán la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda. En este protocolo se regulará el régimen aplicable a las actuaciones a desarrollar por las dos entidades. El personal afectado percibirá el complemento de antigüedad establecido en el artículo 19.Tres, párrafo tercero, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado. De igual modo se garantizará la retribución que actualmente percibe cada uno de los trabajadores afectados, en cómputo anual. No obstante, los trabajadores mantendrán su categoría de origen, que se considerará «a extinguir».
La Disposición adicional décima vigésima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado ha venido ha venido a fijar que el número de puestos de personal directivo existentes en el ámbito del sector público estatal, relativos a departamentos ministeriales, organismos autónomos, agencias estatales, entes públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales, fundaciones de sector público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el sector público estatal, no podrá incrementarse respecto al año anterior.
No obstante, las sociedades mercantiles estatales y entidades públicas empresariales que presenten beneficios en dos de los últimos tres ejercicios y se encuentren en un proceso de expansión podrán incrementar el número de directivos previa autorización del Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. En ningún caso se podrá superar el número máximo de directivos que correspondan en virtud de su clasificación según el Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades, y las órdenes ministeriales de desarrollo.
A estos efectos, se entenderá por personal directivo el que se determina por Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo.
La Disposición adicional décima octava de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado ha abierto la puerta a que las Administraciones y el resto de entidades que integran el sector público que no hubieran abonado la totalidad de las cantidades efectivamente dejadas de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria, así como de la paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes, correspondientes al mes de diciembre de 2012, por aplicación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, podrán aprobar dicha devolución, teniendo en cuenta su situación económico-financiera.
La devolución se realizará en los mismos términos y con el cumplimiento de los requisitos señalados en la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2015, en el artículo 1 del Real Decreto-Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito en el presupuesto del Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y de estímulo a la economía, y en la disposición adicional duodécima de la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.
Indicar que esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.18.ª, 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución
Fdaeat en El cómputo de antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos en la Administración
drohnen-versicherung-direkt.de incest rape porn en Una sentencia del TSJ del País Vasco obliga al Ayuntamiento de Vitoria a readmitir como indefinida no fija a una trabajadora temporal que concatenó diferentes contratos durante dieciocho años
Älfred Pastor en Funcionarización del personal laboral de la Generalitat Valenciana
Nathan Pavlock en Certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales para todas aquellas profesiones, sanitarias o no, que impliquen un contacto habitual con menores en el ámbito de las administraciones públicas

References: artículo 37
 artículo 68
 artículo 31
 artículo 68
 artículo 4
 Real Decreto 
 artículo 19
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 1