Source: http://noticias-ambientales-argentina.blogspot.com/search/label/agroqu%C3%ADmicos
Timestamp: 2020-06-06 03:31:59+00:00

Document:
Noticias Ambientales de Argentina: agroquímicos
Pergamino: usaron una fumigadora para desinfectar las calles pero investigan si dentro tenía restos de agrotóxicos
Sucede que ese tipo de maquinaria se utiliza generalmente en zonas rurales y que, si no está correctamente limpia, puede contener residuos de esta sustancia
Por decisión de la Justicia, la Policía Federal secuestró este jueves en Pergamino una máquina de fumigación agrícola para realizarle pericias sobre la limpieza de sus tanques y los productos que se utilizaron días atrás para desinfectar el centro de esta ciudad bonaerense como medida preventiva contra la pandemia de coronavirus.
Las autoridades buscan determinar si este aparato, conocido comúnmente como “mosquito”, no tiene restos de agrotóxicos en su interior, una sustancia que ya viene generando importantes problemas en esta región de la provincia de Buenos Aires.
De hecho, el año pasado se fijó “un límite restrictivo y de exclusión” de poco más de 1.000 metros desde la zona urbana para la fumigación por vía terrestre, ya que esta práctica estaría empeorando la calidad del agua y provocando graves enfermedades en la población.
El secuestro de la máquina agrícola se dio por orden del titular del Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, quien actuó en línea con lo solicitado por la Fiscalía Federal de San Nicolás, a cargo de Matías Di Lello, quién comunicó al magistrado que una de estas máquinas había recorrido la zona céntrica de Pergamino para aplicar desinfectantes para combatir virus y bacterias y así ayudar en la lucha contra el COVID-19.
En su dictamen, explicó que este tipo de aparatos se utiliza generalmente en los campos y que, si no está correctamente limpia, puede contener restos de agroquímicos, cuya utilización en la parte urbana de la ciudad está prohibida por la Ordenanza Municipal Nº 8126/14.
Por eso, Di Lello solicitó al juez que evaluara el secuestro del “mosquito” y la documentación con los actos administrativos que dieron lugar a la fumigación para constatar si las autoridades municipales tomaron los recaudos pertinentes para ese tipo de práctica.
Fue entonces cuando la Policía Federal se presentó en la municipalidad de Pergamino para cumplir con ese pedido tras recibir la autorización del magistrado y los efectivos se llevaron todos los materiales relacionados con el caso, además de algunos informes con los antecedentes respecto a las medidas que se tomaron con la máquina fumigadora, como condiciones de uso, limpieza de sus tanques y productos utilizados.
En septiembre del año pasado, el mismo Juzgado Federal dispuso que a partir de ese momento no se podía pulverizar a menos de 1.095 metros de cualquier zona urbana de esta ciudad bonaerense ni a menos de 3.000 metros si la práctica es aérea.
Esta decisión se tomó en el marco de una causa por infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables, luego de que un estudio científico hecho en aquel momento sobre una familia de Pergamino determinara que todos sus integrantes tienen daño genético producto de las fumigaciones en este lugar.
En su fallo, el juez Villafuerte Ruzo aclaró en aquella oportunidad que la medida implicaba “el no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales Roundup Full II, Roundup Max II, Roundup Ultramax”.
En los análisis realizados en abril del 2019 en el agua del barrio de Villa Alicia, en esta ciudad bonaerense, se encontraron 18 agroquímicos con alto contenido tóxico, algunos de los cuales se sospecha que pueden generar trastornos en la reproducción y malformaciones congénitas, mientras que de otros se sabe que son cancerígenos, producen mutaciones en el ADN que inducen abortos espontáneos o están prohibidos en Europa.
Etiquetas: agroquímicos, Buenos Aires, Covid-19 | 0 comentarios
Más fumigaciones: precursores con baja de aranceles
En un guiño al agronegocio, bajan aranceles para importar insumos para fabricar glifosato
Lo anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de precursores para la elaboración de herbicidas. Fuerte rechazo a la medida de las asambleas de pueblos fumigados.
Aun en días de pandemia y emergencia sanitaria, los intereses del agronegocio fueron, una vez más, favorecidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció la reducción de aranceles para la importación de insumos que se utilizan en la fabricación de potentes herbicidas como la atrazina y el glifosato. “Estos productos nos están matando, envenenando, y además aumentan los riesgos porque disminuyen considerablemente nuestras capacidades inmunológicas ante el coronavirus”, denuncian desde los pueblos fumigados.
A través de su publicación en el Boletín Oficial, se informó la puesta en vigencia de acuerdos de complementación económica entre los países del Mercosur que implican una rebaja del 2% sobre el valor FOB (el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) de los ingresos al país de monoisopropilamina y sus sales, con un cupo de 26.282 toneladas, y dimetilamina, con un límite de 6000 toneladas, por los próximos seis meses. El “descuento” había sido solicitado por la Argentina a principios de marzo durante una reunión de los cancilleres en Montevideo.
“Son compuestos que se usan como precursores, intermediarios para la fabricación de, por ejemplo, atrazina y glifosato, que son los herbicidas presentes en todo lo que nos imaginemos, no sólo en la soja transgénica, sino también en la producción hortícola, en las frutas, el tabaco y la yerba”, advierte Javier Souza Casadinho, ingeniero agrónomo, docente y coordinador de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).
“La atrazina –continúa– está prohibida incluso en su país de origen, que es Suiza. Es un producto desconocido en la Argentina, no está posicionado en la prensa, pero es peligroso porque está demostrado que se solubiliza en agua y se arrastra a las napas. También que, mezclado con otros componentes como ocurre durante las fumigaciones, afecta el sistema endócrino”.
Si bien es cierto que su nombre no es muy conocido, la atrazina es un herbicida usado hace muchos años Argentina, al principio asociado fundamentalmente a la fumigación de campos de trigo y maíz y, en el último tiempo, extendido a prácticamente todos los cultivos. Tanto que, junto al glifosato y el 2,4D, es de los más aplicados en el país.
“Nos resulta preocupante que en medio de la pandemia de Covid-19, que afecta la salud de todas las comunidades, el ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, haya reducido los aranceles para potenciar la importación de insumos para la fabricación de agrotóxicos en el país. Esta resulta, además, una maniobra que implica un beneficio para las multinacionales que operan en el negocio de la agroindustria extractivista, con el fin de asegurar sus ingresos en el suministro de venenos para la próxima temporada de siembra de cultivos transgénicos”, se lee en el comunicado de repudio publicado por las “Asambleas de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires y colectivos hermanos”.
Precisamente, la figura del canciller Solá generó una molestia extra entre los ambientalistas, quienes no olvidan su insistente gestión para autorizar el uso de la primera soja transgénica hace más de 25 años (ver aparte).
“La baja de aranceles –reflexiona Souza– va a generar un abaratamiento en la fabricación y por ende en el costo de los herbicidas. El gobierno busca un equilibrio: por un lado, subir las retenciones y, por otro, reducir los costos de producción. Esa fue siempre la política de Solá de mantener contentos a los productores”.
El 22 de abril, en el marco de la celebración del Día de la Tierra, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a cargo de Juan Cabandié, difundió un video que tomó muchos de los reclamos que se le vienen haciendo al actual modelo de producción. Sin embargo, el abaratamiento de los insumos para fabricar agrotóxicos o la inclusión de las fumigaciones dentro de las actividades esenciales exceptuadas de cumplir la cuarentena (junto a la minería y la explotación forestal) constituyen, para los ambientalistas, una “gigantesca contradicción”.
“Nos parece muy triste que se siga apostando al mismo modelo químico de producción de commodities que provocó un desequilibrio biológico, la destrucción del hábitat y una deforestación que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo”, se lamenta Gabriel Arisnabarreta, productor agroecológico e integrante de Ecos de Saladillo. En el mismo sentido se expresa Yanina Gambetti, del Frente de Lucha por la Soberanía Alimentaria Argentina: “Lo más grave es que estas multinacionales beneficiadas son justamente las que están acabando desde hace décadas con la salud de los pueblos y de la tierra”.
Solá y los transgénicos
La conformación del marco regulatorio sobre semillas genéticamente modificadas comenzó en el país en el año 1991, con la creación de la Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Cinco años más tarde, en 1996, el entonces secretario de Agricultura del gobierno de Carlos Menem, Felipe Solá, autorizó de manera exprés y en base a estudios de Monsanto que ni siquiera fueron traducidos al español, la primera soja RR (por Roundup Ready), tolerante al herbicida glifosato y producida, obviamente, por esa multinacional, hoy en manos de la alemana Bayer. Desde entonces, los gobiernos sucesivos no dejaron de incentivar el modelo transgénico. Durante la presidencia de Mauricio Macri, por ejemplo, el ritmo de aprobación de los Organismos Vegetales Genéticamente Modificados (OVGM) se disparó, avalando 25 desarrollos transgénicos, casi la mitad (el 41%) de todos los autorizados en los últimos 23 ejercicios. De ellos, 18 fueron aprobados sólo en los últimos dos años de gestión.
Las fumigaciones no paran, ni su efecto inmunodepresor
Exceptuados por el DNU que permite la actividad en la cadena agropecuaria y de la alimentación, los productores siguen aplicando agrotóxicos, que en medio de la pandemia irritan las vías respiratorias y debilitan el sistema inmune de las poblaciones expuestas.
Aún en un contexto de pandemia mundial, donde todas las voluntades deberían estar puestas en proteger la salud de la población, no son pocos los productores que se aprovechan de los recursos ocupados en contener la propagación del Covid-19 para fumigar sin ningún tipo de control o escrúpulo. “Continuar con este sistema de producción que libera veneno, no sólo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves”, advierten los especialistas.
El DNU 297/2020 establece en su artículo 6 que las cadenas agropecuarias y de la alimentación quedaran exceptuadas del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” que rige en la Argentina, al momento del cierre de esta edición, hasta el 31 de marzo. La fría letra del decreto presidencial ampara, por desgracia, a aquellos que privilegian la economía de sus bolsillos sobre la salud de sus semejantes.
“La primera pregunta que hay que hacerse es si la producción de commodities agroindustriales para la exportación forma parte de la cadena agroalimentaria. Luego, por un lado, está el Covid-19 con una especial morbilidad (capacidad de enfermar) en aquellas personas con problemas en las vías respiratorias, y por el otro, los productos que se usan para fumigar, que sabemos que son irritativos para las vías respiratorias y gastrointestinales. Y esto no es una hipótesis, porque lo dicen los membretes de los mismos envases. La siguiente pregunta que debería hacerse el sistema en general, es decir, el poder político y el resto de la sociedad, es por qué exponer a la gente a químicos que generan irritación en las dos vías fundamentales del ataque del coronavirus”, dice a Tiempo Damián Verzeñassi, especialista en Medicina Legal e investigador en temas de salud socioambiental.
“Pese a la situación en la que está sumida la humanidad ante la pandemia del nuevo coronavirus, en función de la cual el gobierno nacional estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio, el avance de avionetas y máquinas terrestres con agroquímicos sobre las casas de lxs vecinxs continúa, poniendo en riesgo la salud de las comunidades”, denunció en un comunicado la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero, aludiendo a las fumigaciones constantes que se registraron en El Bagual, Casilla del Medio, El Charco Bobadal y otros parajes de la zona, limítrofe con Tucumán.
“La situación está peor que antes, porque la justicia también está en cuarentena. Cuando hacemos la denuncia, el fiscal nos dice que está solo porque la gente trabaja desde la casa, y con la policía, la mayoría está cuidando los accesos. Así que los sojeros se aprovechan y le meten con todo, no les importa, te tiran el veneno por la cabeza. Es un desastre”, se queja Sergio Raffaelli, párroco de Pozo Hondo y referente de la lucha de las comunidades.
El comunicado de la Mesa exige, “en un momento en que los organismos del Estado no dan abasto con los controles, y que los sistemas de seguridad están concentrados en la emergencia sanitaria”, el cese de fumigaciones y pulverizaciones conforme la aplicación del principio precautorio.
“En este contexto, continuar con un sistema de producción que libera veneno, no solo no disminuye la cadena de contagio, sino que, en realidad, habilita el desarrollo de patologías respiratorias graves. Esa gente fumigada tiene un riesgo mayor de padecer una infección grave por coronavirus respecto de las personas que no están expuestas”, destaca Verzeñassi.
Selva, una modesta localidad de 2500 habitantes en el sur de Santiago del Estero, tuvo hace unos días la fama repentina que otorga la noticia sensacionalista: la supuesta infidelidad de uno de sus vecinos causó el aislamiento total del pueblo. Pero ni antes y tampoco después los medios nacionales cubrirán el drama cotidiano.
“En el pueblo de la novela, como le decimos a Selva, de los primeros nueve días de aislamiento, en cuatro los vecinos vieron salir al avión aplicador del hangar. En un contexto de pandemia y emergencia sanitaria esto es muy grave, porque los agroquímicos provocan debilitamiento del sistema inmunológico. Los vecinos nos mandan videos de los aviones pasando sobre las cabezas de los chicos. Es una situación constante”, se lamenta Virginia Toledo López, doctora en Ciencias Sociales, investigadora del Conicet y miembro del Grupo Ecología Política, dependiente de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
López elaboró junto a un equipo del Instituto Gino Germani (UBA) un trabajo que analizó los riesgos e impactos socio–sanitarios de las fumigaciones con agrotóxicos en la zona, detectando que “las comunidades carecían de los medios, recursos e información para denunciar” los atropellos de los productores. “Encontramos muchos campesinos despojados de sus medios de vida por el avance de la frontera agropecuaria y que la creciente conflictividad social por las fumigaciones no es debidamente atendida”.
La misma tragedia se repite en cada área rural del país. En Entre Ríos, por ejemplo, el martes 24, con una temperatura que superaba los 30 grados, una avioneta descargó miles de litros de insecticida sobre la casa de Lidia Moreyra, en la zona del Sexto Distrito, departamento de Gualeguay. Lidia, que tiene 50 años, vive con su hijo de 24, su madre de 91 enferma de Parkinson, y su pareja de 70 con antecedentes de cáncer de colon.
“El olor me descompuso, me causó vómitos y mareos, se me fue la fuerza de las piernas, estuve en cama hasta el otro día”, cuenta la mujer, que desde 2017 denuncia las aplicaciones en campos linderos, sin ninguna respuesta.
“Es paradójico que, en épocas de pandemia, donde hemos parado un país para proteger a nuestra gente, no sólo sigamos con el modelo que nos enferma, sino que, ante la falta de controles, recrudezca la exposición”, dice María Fernández Benetti, abogada entrerriana e integrante de la Coordinadora Basta es Basta y agrega: “En época de coronavirus, el agronegocio demuestra hipocresía y desprecio por la vida”.
Etiquetas: agricultura industrial, agroquímicos, Covid-19, Nacional | 0 comentarios
Para descargar el informe completo (PDF), haga clic en el siguiente enlace
Etiquetas: agroquímicos, contaminación, Nacional, recursos hídricos | 0 comentarios
Pergamino: confirma competencia en causa por agroquímicos
La Cámara Federal de Rosario rechazó el planteo del intendente de esa localidad y advirtió que la afectación al acuífero Puelche habría alcanzado una extensión interjurisdiccional todavía no delimitada. Durante el proceso ya se había prohibido fumigar con ciertos productos por el impacto en la salud de las personas.
La Cámara Federal de Rosario rechazó un recurso interpuesto por el intendente de Pergamino, Javier A. Martínez, y confirmó la competencia federal de la causa en la que el año pasado se dictó una medida cautelar que prohibió la fumigación en esa localidad y zonas urbanas, luego de que se conocieran estudios que determinaron la “presencia de daño genético en los organismos de las personas” afectadas. En el proceso penal se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos -24.051- y envenenamiento de aguas potables.
La resolución -adoptaba por el camarista Fernando Lorenzo Barbará- fue en línea con lo dictaminado por el fiscal de San Nicolás Matías Di Lello, su colega ante el tribunal revisor, el fiscal general Claudio Palacín, y la querellante Florencia Morales.
El jefe comunal, como pretenso querellante, sostenía que no se encuentra acreditada que “la supuesta contaminación” en “una zona urbana y rural del partido de Pergamino haya afectado otras jurisdicciones”. Lo sostuvo ante el juez federal de instrucción nicoleño, Carlos Villafuerte Ruzo, y luego ante la Cámara Federal rosarina.
“Una realidad mucho más compleja”
El fallo reseñó los argumentos de Di Lello. El fiscal había puesto de resalto que “el trámite de este expediente está develando una realidad mucho más compleja de lo que se estimaba en un primer momento, con aspectos que trascienden el marco de la causa penal pero que hacen a su conocimiento y resultan necesarios para su delimitación”, puesto que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino están indicando, con estudios médicos que refuerzan sus manifestaciones, que están siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”, no obstante persistan medidas en tal sentido.
La fiscalía destacó que “una importante cantidad de ciudadanos de Pergamino” están “siendo víctimas de las prácticas de fumigación que se registran en sus medios de vida, con claras consecuencias negativas en su salud”
“Por otro lado se encuentra aún discutido en autos la calidad del agua que beben en sus domicilios, en el cual en todos los casos se ha detectado la presencia de moléculas correspondientes a compuestos químicos vinculados a los productos pesticidas (tales como glifosato, AMPA, imazaquin, hidroxi-atrazina, etc.)”, señaló el representante del MPF en su intervención previa a la de la Cámara.
Asimismo, Florencia Morales, en su carácter de querellante, refirió que los acuíferos afectados son los Puelche y Pampeano, recurso hídrico subterráneo interjurisdiccional. En cuanto al Puelche, el camarista Barbará valoró su descripción como “la principal reserva de agua potable de la Argentina. Da de beber a buena parte de nuestro mayor conglomerado urbano, provee a sus industrias y riega la zona que genera casi todo el producto bruto agrícola del país”.
Al resolver, Barbará señaló: “los hechos materia de investigación en la presente causa -presunta contaminación al medio ambiente y afectación a la salud pública-, a lo largo de las pruebas reunidas en el sumario han dejado de ser meramente conjeturales, existiendo probanzas positivas con un grado de convicción suficiente que en principio demostrarían que esa posible contaminación habría alcanzado una extensión territorial que por el momento no se habría delimitado definitivamente, sumado a que podría alcanzar a una población que hasta ahora resultaría indeterminada”.
Esas, entendió el juez, son razones que “constituyen motivo suficiente para rechazar los agravios del recurrente y confirmar la resolución del 27 de agosto de 2019” de Villafuerte Ruzo, que había rechazado la remisión de la causa a la justicia provincial. También se incorporó el memorial del fiscal general Palacín, quien propició la confirmación de la decisión del juez de instrucción.
Medidas adoptadas y sugeridas
A fines de agosto del año pasado, el Juzgado Federal Nº2 de San Nicolás compartió los argumentos del Ministerio Público Fiscal y las querellas y prohibió la fumigación en Pergamino y zonas urbanas al fijar un límite “restrictivo y de exclusión” de 1095 metros para aplicaciones terrestres y de 3 mil para las aéreas. Fue luego de que se conocieran estudios de genotoxicidad incorporados a la causa en la que se investigan infracciones a la Ley de Residuos Peligrosos y envenenamiento de aguas potables.
El fallo dispuso el “no uso de plaguicidas, herbicidas, insecticidas, agroquímicos, productos fitosanitarios, fungicidas, y cualquier otro paquete de agroquímicos, mediante fumigaciones terrestres (mosquito, mochila, aspersores) o aéreas, como glifosato como principio activo o sales derivadas del mismo; así como también respecto de los siguientes plaguicidas: Atrazina, Triticonazol, Metolaclor, Acetoclor, Clorpirifos, Glifosato, Imidacloprid, Desetil, 2.4D; y de los siguientes formulados comerciales ROUNDUP FULL II, ROUNDUP MAX II, ROUDUP ULTRAMAX; en zonas urbanas y periurbanas”.
Luego, en diciembre del año pasado, la Fiscalía sugirió una serie de nuevas medidas, entre las que se destacaban la producción de un informe con carácter urgente por parte de la autoridad de aplicación de la Ley 27279 -sobre Productos Fitosanitarios-, “respecto de la situación real” de la región “en cuanto al cumplimiento de lo estipulado en dicha ley”.
Hay tres productores rurales procesados por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos”
El escrito presentado en esa ocasión reparó también en un artículo periodístico que recoge los resultados de un estudio sobre los peligros del glifosato, a cargo de Rafael Lajmanovich -profesor titular de la Cátedra de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral e investigador del Conicet-. “En función de la relevancia que dicho trabajo de investigación científica podría guardar en el marco de estas actuaciones, constituyendo información posiblemente determinante y a ser tenida en cuenta oportunamente, es que esta representación del Ministerio Público Fiscal solicita que se le reciba declaración testimonial al mencionado científico”, propuso Di Lello.
En cuanto a las responsabilidades penales, hay tres productores rurales procesados desde octubre de 2019 por presunta infracción a la ley 24.051; además la Fiscalía impulsó, oportunamente, la investigación concerniente “a las acciones u omisiones en que podrían haber incurrido los funcionarios públicos municipales, en orden al control y cumplimiento de las normas vinculadas a la aplicación de pesticidas en el Partido de Pergamino”.
Se incendia un depósito de la fábrica Monsanto en el partido bonaerense de Zárate
Fuente: Telam - Grupo La Provincia
Al menos cinco dotaciones de bomberos intentaban controlar pasadas las 13 un incendio en un depósito de la fábrica Monsanto Argentina ubicado en el partido bonaerense de Zárate, informaron fuentes policiales.
El fuego se inició pasadas las 11 en la fábrica ubicada en el kilómetro 83 de la ruta 6, en un predio de la empresa de agroquímicos que es lindera con la empresa Pampa Energía.
Según las fuentes, solo ingresaron cinco dotaciones de bomberos de Zárate, que trabajan junto al personal de la empresa, y hasta el momento se desconoce que había dentro del sector incendiado.
Etiquetas: agroquímicos, Buenos Aires, contaminación, Monsanto y Bayer | 0 comentarios
Buenos Aires: reunión del Observatorio de Agroquímicos
Primera Reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos
El Ministerio de Desarrollo Agrario, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Agrario y Calidad Agroalimentaria, llevó adelante la primera reunión del Observatorio Técnico de Agroquímicos, con el objetivo de vincular e intercambiar documentos científico-técnicos sobre la utilización de agroquímicos y su impacto en la salud, producción y el medio ambiente en la Provincia de Buenos Aires...
El encuentro estuvo encabezado por el Subsecretario Cristian Amarilla quien recordó que "el objetivo del Observatorio es recopilar y realizar una síntesis de la información generada en las diferentes instituciones científico-tecnológicas para luego ampliar la participación a colegios de profesionales, entidades de productores, y grupos civiles".
La primera reunión contó con la presencia del Vicepresidente de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Marcos Actis y representantes de Universidades nacionales, provinciales, de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), INTA y CONICET, que días atrás fueron convocados por el Ministerio de Desarrollo Agrario.
En esta oportunidad más de diez grupos de trabajo presentaron los ejes que abordaron en cada uno de sus proyectos. Entre los institutos educativos participantes se encuentran la Universidad de Moreno, Hurlingham, 3 de Febrero, La Plata, San Martín, Mar del Plata, Buenos Aires, Avellaneda, Luján, General Sarmiento, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.
Algunos de los temas giraron en torno al sistema de guiado responsable para aplicación, a la detección de residuos de agroquímicos en alimentos frescos, a la necesidad de cambiar los modelos de producción, y al impacto de los fitosanitarios sobre el suelo, napas y aguas.
Por parte de las autoridades provinciales se hicieron presentes el Director de Autoridad del Agua (ADA), Oscar Deina; la Directora Provincial de Gestión Hídrica, Andrea Cumba; los Directores Provinciales de Calidad y Control Técnico, Damian Costamagna, de Residuos Sólidos Urbanos, Francisco Suárez; y en representación de la Subsecretaría de Planificación y Control Sanitario del Ministerio de Salud, Damián Marino.
De la cartera agraria participaron la Directora Provincial de Fiscalización Agropecuaria, Viviana Di Marzio; y la Directora de Sustentabilidad y Medio Ambiente, María José Tesoro.
Formalizan creación del Observatorio de agroquímicos
La Provincia ya cuenta con un Observatorio técnico de agroquímicos
La provincia de Buenos Aires inauguró su Observatorio técnico de agroquímicos. De la mano del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, se dieron a conocer los detalles de esta iniciativa que busca mejorar el uso de agroquímicos en el territorio bonaerense.
Según lo expuesto por el funcionario provincial, “cualquier norma referida al uso de agroquímicos que en el futuro salga de este Ministerio, tiene que tener una fundamentación científico-técnico que la respalde”.
Además, aclaró que la misma deberá estar “basada en distintos trabajos que ya se están realizando en las Universidades, INTA, Conicet y la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC)".
"Hoy la información y las investigaciones están dispersas y los organismos científicos tecnológicos no encuentran un lugar en donde volcar los resultados para ponerlos en diálogo y en debate”, sostuvo el ministro que aclaró que “esa será la función del Observatorio”.
Por otra parte, también anunció la suspensión de la Resolución 246/18 por un año. Entendiendo que el desarrollo de algunos municipios en materia de legislación de agroquímicos es desigual, el funcionario afirmó que trabajarán para lograr una implementación coordinada de las mismas.
En ese contexto, también convocó a organismos públicos bonaerenses a conformar una mesa de trabajo para dicho fin, y con el objetivo de evaluar las políticas públicas relativas a la aplicación de agroquímicos.
“Esta Mesa se hace en función al cuidado de la salud, del medio ambiente, de la promoción de la producción y el cuidado del agua, donde las definiciones en materia de agroquímicos surjan a partir de la información entre los organismos públicos”, sostuvo el funcionario provincial a cargo de Desarrollo Agrario.
En relación a la resolución 246, suspendida a partir de esta misma disposición, el ministro señaló que “la redacción de la misma es un tanto particular porque cuando parece que está prohibiendo lo que está haciendo es permitiendo”.
“Se trata de esas contradicciones discursivas a las que el Gobierno anterior nos tenía acostumbrados. En pocas palabras, lo que sostenía la norma, cuando se la analizaba en detalle, es que se podía fumigar sin ninguna regulación o amortiguamiento real, efectivo, de ninguna índole”, dijo Rodríguez.
Finalmente, cabe destacar que en esta iniciativa también se convocó a trabajar en conjunto con universidades nacionales, provinciales, el INTA, los centros de investigación científico técnico con asiento en la Provincia de Buenos Aires y el CIC, con el fin de que el Observatorio cuente con un trabajo interdisciplinario en materia de investigación de los agroquímicos.
Etiquetas: agroquímicos, Buenos Aires | 0 comentarios
Juan Cabandié: “Hay que abrir la discusión sobre el uso del glifosato”
Fuente: CitricaRadio
El ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable manifestó que “no podemos permitir que una empresa extranjera deje los pasivos ambientales acá mientras en sus países hacen todo bien” y planteó que “debemos tener minería, pero no a cualquier precio y en cualquier lugar “, en comunicación con Daniel Tognetti en Siempre es Hoy, por Cítrica Radio.
“Tiene que respetarse el consenso social de la población para desarrollar la actividad”, agregó en relación a la actividad minera.
También planteó que hay que abrir la discusión sobre el uso del glifosato: “Ese veneno está causando mucho daño: contamina el agua, fumigan en la cara de los niños, y ya una mujer murió en Gualeguaychú”.
Comentó que “en enero comenzó un plan para adaptar y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero hacia 2030”, y señaló que “la transición a un desarrollo sustentable sólo puede hacerse con justicia social”.
Por otra parte, sostuvo que “tenemos que construir un Nunca Más a los ciclos de sobreendeudamiento, es un problema estructural donde siempre terminan los gobiernos peronistas y kirchneristas pagando la deuda de otros, mientras los funcionarios responsables están esquiando en Europa”.
Denuncian que siguen fumigando escuelas en Buenos Aires
Los vecinos se manifestaron preocupados por la falta de respuesta a sus denuncias efectuadas por la fumigación en inmediaciones de la Escuela 33. Tras cuatro meses de silencio y el expediente sin tratar, decidieron recurrir a la Defensoría del Pueblo. Lamentaron que la ciudad esté atrasada en políticas de aplicación y que se haya naturalizado una práctica no saludable.
A pocos días del inicio del ciclo escolar, padres de alumnos que asisten a la Escuela 33 y la comunidad de La Porteña en general, manifestaron su preocupación ante la falta de respuesta o avances en torno a los reclamos por la aplicación de agroquímicos en el lugar.
De acuerdo al detalle que brindaron los voceros Silvia Gómez, Lucía Mestre y Marcelo Tello, se va a cumplir medio año de la problemática, ya que la inquietud los llevó a empezar a juntarse en septiembre del 2019, presentando la primera denuncia ante el Municipio el 4 de octubre.
Esto llevó a que Héctor Creparula, de la Dirección de Medio Ambiente, junto a la titular de Fiscalización Vegetal del Ministerio de Agroindustria Analía Alonso y al responsable de Asuntos Agrarios Igancio Diribarne, inspeccionaran el lugar un par de veces, resultando “negativo” el primer monitoreo.
Sin embargo, el pasado 5 de enero pudieron retirar el expediente, haciendo uso del derecho de acceso a la información pública, en el finalmente que se le da la razón a los denunciantes por confirmar las fumigaciones a cero metros de la Escuela 33.
Además, como por internet se puede hacer el seguimiento de un recurso judicial también se enteraron que el que ellos presentaron el 5 de diciembre se encuentra en el Juzgado de Faltas 2 en estado “no tratado”.
“Han pasado varios meses y no se ha sancionado, no se ha multado, ni siquiera el Intendente habló del tema”, lamentó Gómez, asegurando es una situación urgente como para que no se trate y que nunca escucharon a Miguel Lunghi hacer ninguna referencia al tema. Por este motivo y frente al apremio del tiempo es que optaron por hacer una presentación ante la Defensoría del Pueblo.
Agotando instancias
Actualmente el campo que linda con la institución educativa está cultivado con girasol y los vecinos no saben si se ha vuelto a aplicar en esas inmediaciones o no. De todas formas, Mestre recalcó que si bien la preocupación inmediata es por los alumnos y maestros de la escuela, no hay que olvidar que están rodeados de campos donde se realiza agricultura convencional y continúan con las aplicaciones de herbicidas, fungicidas y fertilizantes.
“Verlo o no verlo es circunstancial, sabemos que estamos siendo fumigados”, aseveró.
Ante esta realidad, la semana pasada se presentaron en la dependencia dirigida por Paula Lafourcade. En primera instancia se presentaron como “Asamblea de Vecinos La Porteña, por un ambiente saludable”, que es como se conformaron para trabajar en comisiones, y mediante una carta actualizaron sobre su situación.
“Le pedimos su intervención el derecho nuestro y nuestros hijos por un ambiente saludable, luego a pedido de la Defensora tomamos copia del expediente y se lo llevamos”, explicó.
El grupo se mostró conforme con la respuesta de Lafourcade, ya que antes de la presentación que realizaron ya había manifestado apoyo al reclamo. “Sentimos la mejor predisposición”, destacaron. “Por lo pronto, tenemos fe en que va a poder destrabar esto que desde principio de diciembre está estancado”, dijeron expectantes.
“Tandil está atrasada”
Al comparar los avances percibidos en otras localidades de la Provincia, incluso algunas vecinas como Olavarría que se unió a la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología (Renama), determinaron que Tandil está muy atrasada “en las distancias o el desarrollo de un ‘cordón verde’”.
“Hay un montón de alternativas”, ofrecieron, destacando que no están en contra de nadie, sino que quieren la salud para todos, ahora puntualmente preocupados por los niños y docentes que van a esa Escuela.
En este sentido revelaron que están trabajando en conjunto con los vecinos de Gardey, que también vienen luchando hace tiempo por las aplicaciones de agroquímicos.
“Recordemos que el artículo 10 de la ordenanza actual permite el uso de todos estos herbicidas en espacios públicos”, resaltó Mestre. “Es terrible”, coincidieron los tres voceros, lamentando que en la Plaza del centro, como en todo el resto de la ciudad, estén presentes estos productos.
“Lo más preocupante es que en el caso de las piletas de Gardey el responsable de Asuntos Agrarios, Ignacio Diribarne, haya dicho que el riesgo esté reducido a la mínima potencia porque el cloro desactiva los agroquímicos”, enfatizó Gómez. Al respecto, desestimó esa conjetura, ya que no resulta una hipótesis confirmada científicamente en ningún caso.
Los vecinos decidieron darle una entidad al grupo para que se sepa que esta lucha no es circunstancial, sino que van a sostenerse en el tiempo, siempre clamando por un ambiente saludable.
Prácticas naturalizadas
Por su parte, Marcelo Tello, es docente en establecimientos rurales y ve con mucha intranquilidad que las fumigaciones sean cuestiones ya naturalizadas. “Alrededor de las escuelas incluso hay familias que trabajan de aplicadores y a la vez son víctimas de las aplicaciones”, contó.
Asimismo, se refirió a la falta de conciencia existente ante el modelo productivo imperante, que ni siquiera se cuestiona. “En Tandil no se deja abierta la posibilidad a buscar otras alternativas, mientras que otros Municipios han avanzado”, dijo.
Exteriorizó, entonces, que tanto en el cuidado del medioambiente como el de la salud de las poblaciones están avanzando en todo el país. “Acá no se nos escucha”, advirtió, señalando que el derecho como ciudadanos es proteger estas cuestiones, lamentando que los chicos estén tan expuestos.
Vale mencionar que la Mesa de Escuelas Rurales fue la entidad convocada para “dar calma” a la colectividad y no generar paranoia ante las denuncias y el estado público que tomó el tema, sin embargo a los vecinos les llamó la atención que no haya sido convocada la comunidad en general.
Además, les sorprendió la ausencia de médicos, ambientalistas, biólogos o cualquier persona experta en la temática, dentro de esa mesa para que sean capaces de brindar una “visión más completa”.
“El discurso resumido que nos dieron fue que la aplicación de fitosanitarios es una de las tareas que se tienen que realizar en los espacios rurales y que, ejerciendo buenas prácticas agrícolas, no hay riesgos”, explicó Silvia Gómez que como madre de alumnos sí pudo presenciar el encuentro.
Cabe recordar que el compromiso del grupo los ha llevado a interiorizarse e informar sobre los distintos aspectos y consecuencias de la fumigación con pesticidas, al punto de discernir con las “buenas prácticas agrícolas” que promueven desde los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.
Kicillof, el tema agroquímicos requiere políticas públicas
El gobierno bonaerense promoverá políticas públicas en materia de aplicación de agroquímicos
Así lo aseguró el titular de la cartera agropecuaria provincial, Javier Rodríguez. Por otro lado, el funcionario se refirió al reclamo de las entidades del campo de bajar la presión impositiva
Para el gobierno bonaerense de Axel Kicillof, el tema de aplicación de agroquímicos deberá ser “abordado mediante políticas públicas” para dar respuestas a las necesidades del sector agrícola local. Y para cumplir dicho objetivo, se promoverá la creación de un Observatorio Científico-Técnico.
Según Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, la administración anterior de Cambiemos “abandonó esta agenda”, y estimó que este tipo de cuestiones tiene que “ser abordado por la política pública”.
Atento a que sigue sin aplicarse y en suspenso la Resolución 246, promovida en el 2018, que establecía áreas de amortiguamiento en las aplicaciones, la gestión de Rodríguez propone evaluar la situación a través de la creación de un Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, el cual estará integrado en principio por representantes de organismos y entidades de carácter científico-técnico de orden público.
En ese espacio, conformado por especialistas, se buscará profundizar el intercambio de información técnica y la evaluación de trabajos en materia de aplicaciones, y también sobre sus resultados y efectos.
Además, el funcionario provincial comentó que actualmente en el principal distrito del país conviven “setenta municipios que tienen normativas diferentes y otros tantos que no tienen legislaciones específicas y se rigen por la Ley 10.699, reglamentada en 1991”.
Al respecto, el titular de la cartera agraria consideró que el objetivo del gobierno provincial será “generar recomendaciones hacia los municipios, contar con un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires también se planteó que en las protestas realizadas por productores agropecuarios, donde se pide una baja de la presión impositiva, “hay una fuerte politización, con movilizaciones y asambleas donde suele haber referentes políticos directos de la oposición”, comentó Javier Rodríguez, quien explicó además que su cartera mantiene el “diálogo abierto” con todas las entidades y señaló: “Cuando hablamos con los productores, las cosas que escuchamos son distintas”.
Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector
“Hay algunos sectores, de índole autoconvocados o autorreferenciados, que están más dispuestos a una protesta. Nosotros vemos que ahí hay una fuerte politización y que atrás de eso suele haber referentes políticos directos de la oposición que, en todo caso, están tratando de tener en alguna parte minúscula del sector algún tipo de apoyatura política”, manifestó el ministro Rodríguez, en declaraciones a Télam.
El referente agropecuario de la gestión de Axel Kicillof, tras ser consultado por las protestas que se suceden en reclamo por el aumento de la presión impositiva, explicó que el gobierno bonaerense mantiene “el diálogo con todas las organizaciones y entidades”, y con agendas de trabajo sobre las que se está trabajando.
Por ello, más allá de las movilizaciones y protestas, Rodríguez consideró: “Cuando hablamos con los productores, en cualquier lugar, las cosas que escuchamos son distintas de lo que se puede reclamar desde sectores de productores autoconvocados. Además, con las organizaciones vinculadas a la agricultura familiar hay un franco apoyo y muchas expectativas frente a la posibilidad de que se puedan implementar medidas a favor del sector”.
Por último, Rodríguez sostuvo: “Venimos teniendo con Federación Agraria y Coninagro un muy buen diálogo y construyendo una agenda en conjunto. También sucede lo mismo con los integrantes de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), con los cuales se está haciendo un repaso de una agenda amplia de trabajo para los próximos cuatro años. Sabemos que en algunos casos tienen posiciones diferentes, pero en la agenda de trabajo que hemos construido hay muchas coincidencias".
La Pampa: ruralistas contra normativa de pesticidas
El debate por la Ley de Plaguicidas continúa en el Parlamento pampeano donde este jueves a la mañana se vieron las caras los diputados de la comisión respectiva con ruralistas, contratistas y vendedores de máquinas. Los ruralistas, al igual que los agrónomos este miércoles, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación indicada en la norma y propusieron como alternativa fumigar a 100 metros de las localidades.
El proyecto de la Ley de Plaguicidas propone una distancia de fumigación de 3 mil metros por aire y por tierra a 500 metros de los espacios urbanos.
Este miércoles, en la comisión que evalúa el proyecto (Legislación General, Asuntos Agrarios, Ecología y Legislación Social) se encontraron los legisladores con los ingenieros agrónomos que, entre otras negativas, no estuvieron de acuerdo con la distancia de aplicación.
Durante este jueves, por su parte, el debate también giró, entre otros temas, a la distancia.
«La Asociación Agrícola Ganadera de La Pampa planteó que sea a 100 metros por tierra del ejido urbano y 1.000 metros a través de aviones», confirmó un comunicado de prensa de la Legislatura.
«No de prohibición»
En comunicación con la prensa, previa al debate en el plenario, y siempre según el parte oficial de la Cámara de Diputados, el presidente de la Asociación Agrícola Ganadera, Víctor Tapié, dijo: “Nosotros no queremos que sea una ley que prohíba cosas o de restricción, sí de control, pero no de prohibición, porque si tenemos que volver a los modelos de hace veinte años atrás automáticamente la producción agropecuaria se va a caer un cincuenta o un sesenta por ciento”.
También, expresó: “En los pueblos del interior la mayor cantidad de hectáreas que hay alrededor de los pueblos son pequeñas chacras con lo cual los pequeños productores de la provincia serían los más afectados por esta medida”.
«Error conceptual»
Ya en el plenario, en líneas generales, los referentes ruralistas comenzaron su exposición remarcando su “interés para que salga el mejor proyecto” porque “medio ambiente, salud y producción pueden ir de la mano”.
Andrés González, de la Asociación Rural de Pico, sin embargo, recalcó que “vemos al proyecto apresurado. A criterio nuestro hay errores de definición que hace complejo entender la norma. Este proyecto de ley no es superador a la Ley 1173”.
Además, señaló que el “proyecto cambia el nombre de agroquímicos a plaguicidas, y los fertilizantes e inoculantes no son plaguicidas. Ahí hay un error conceptual. Además, las buenas prácticas no están consideradas en el proyecto”.
Con respecto al debate de las distancias de fumigación, indicó que “no hay un fundamento técnico de resguardo humano que establezca estas distancias”. A su vez, remarcó que ven “en la norma un desconocimiento de la realidad productiva”.
En la ronda de preguntas, se les consultó a las entidades rurales si es 100% probable que no vaya a haber una deriva secundaria o terciaria, y el ingeniero agrónomo Juan Manuel Pepa respondió: “El proyecto actual atenta contra las buenas prácticas. El prohibir limita las rotaciones, lo cual genera el uso de los mismos productos y en consecuencia una resistencia a esos mismos. ¿Es lógico usar diferentes distancias comparados con países desarrollados? Con un viento de 40 kilómetros tuvimos una deriva de cero metros en terrestre y 40 metros en aérea”.
Además, manifestó que “la fiscalización genera tranquilidad en los productores y en los ciudadanos. Una fiscalización firme es necesaria. ¿Hay capacidad para fiscalizar en 3000 metros?”, preguntó el agrónomo a los legisladores.
«O agroquímicos es imposible»
Por su parte, se consultó sobre los cultivos de cobertura. “Los cultivos de cobertura se usan en toda la provincia desde hace años. El maíz tardío y los cultivos de cobertura fueron creados en La Pampa. Somos pioneros en ello”, manifestó Pepa.
Más adelante, dijo que “el problema es que no hay fiscalizadores suficientes. Los fiscalizadores privados pasan por incomodidades al firmar una aplicación. Se genera más tranquilidad al tener un fiscalizador municipal”.
Por otro lado, indicó que “el consumo de glifosato en los últimos 5 o 6 años ha sido reducido gracias al uso de las buenas prácticas: rotación de cultivo, cultivo de cobertura, entre otras”. Sin embargo, recalcó que “hoy por hoy no se puede no usar agroquímicos, pero vamos en un reducimiento progresivo”.
Y amplió: “En lo personal puedo decir que he bajado muchísimo en glifosato. He bajado muchísimo gracias al cultivo de cobertura. Hablar de 0 agroquímicos hoy es imposible”.
En este sentido, dio un ejemplo. “Un médico le va a decir que coma sano y se cuide, lo que nunca le va a decir un médico es que no se vacunen. Lo nuestro va en el mismo sentido. Hoy por hoy pensar en cero agroquímicos es imposible”.
«Fundamentalismo»
Por su parte, Tomás Álvarez, de la Sociedad Agrícola Ganadera, señaló que “no hay elementos científicos que puedan decir cuál es la distancia de fumigaciones. Entre todos tenemos que exigir que se empiecen a hacer trabajos. Ahí está faltando la parte científica para que salga la mejor distancia”.
Por último, Adolfo Sánchez, de la Federación Agraria, manifestó: “Hay que informar a la población urbana, porque a veces veo demasiado fundamentalismo, y hay que saber analizar la realidad productiva. En la prensa se nota que la gente cree que el glifosato es un veneno, pero mientras tanto en sus casos siguen usando productos. Y hay bastante ignorancia. Hay que organizar charlas a la gente del pueblo”.
Fumigación con agrotóxicos: 12 millones de argentinos viven expuestos
En los denominados "pueblos fumigados", que son los que más expuestos están al uso de agroquímicos, seis de cada diez niños nacen con malformaciones.
En diálogo con "No tan millennials", de MDZ Radio, el coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Avila Vazquez, dijo que "ha cambiado la forma en que las personas que viven en estos pueblos se enferman. Antes no veían la cantidad de asma, niños malformados y personas con cáncer. Dos de cada 100 niños nacen con malformaciones, es la carga natural, pero en los pueblos fumigados es 6 de cada 100, es el triple".
En ese sentido, explicó: "Los pueblos están inmersos en los campos, los equipos de fumigación están allí. Las personas que viven en los pueblos fumigados son alrededor de 12 millones, que están expuestas".
Respecto a las enfermedades que predominan en estos lugares destacó que "en algunos pueblos encontramos que la mitad de las personas que mueren es por cáncer. Un ejemplo claro tiene que ver con que se han multiplicado los centros de oncología, que hace 20 años esto no existía. Los que más se enferman son los que están en contacto con estas sustancias".
Al ser consultado sobre el rol del Estado, Avila Vazquez dijo: "Los gobiernos provinciales y nacionales encubren y tapan los efectos dañiños del agronegocio porque participan del mismo". Acto seguido, destacó: "Estamos proponiendo al Gobierno Nacional una política de reducción de agrotóxicos", similar a lo que se está haciendo en Francia y se está proponiendo en Brasil, desarrollar un programa donde, a medida que los productores se inscriban y vayan mostrando que reducen el uso de agrotóxicos van a tener asesoramientos del INTA y Facultades de Agronomía para poder desarrollar los mismos cultivos con técnicas de agroecología".
"Hay más de 400 pueblos en Argentina que han dictado ordenanzas que prohíben fumigar con agrotóxicos alrededor del pueblo. Tenemos una experiencia de casi 100 mil hectáreas de cultivos de soja, maíz y trigo donde no se usa agrotóxicos donde los resultados han sido muy buenos", agregó el médico pediatra y neonatólogo.
En cuanto a la situación en el mundo destacó: "En todo el mundo hay un fenómeno que aumenta la utilización de agrotóxicos, sustancias químicas que matan insectos pero también afectan la salud de las personas. Hay insectos y plantas que se van haciendo resistentes y la solución ha sido aumentar la dosis, un 30% o 50% más de pesticidas. Eso genera más exposición y más venta para la industria química. En muchas países europeos se está cuestionando la exposición agrotóxica, Francia, Dinamarca, Holanda tienen políticas muy exitosas en poder desarrollar agriculturas que disminuyan la exposición a agrotóxicos".
Por último, destacó: "El uso de agrotóxicos se ha generalizado para todo y también para el vino, nos preocupa mucho que en Cuyo se fumiguen tan intensamente los viñedos porque tenemos estudios de California donde se encuentra que los vinos californianos tienen residuos de glifosato y otros pesticidas que los hace peligrosos para la salud".
La Justicia interviene en el uso de agroquímicos y pide informes a seis municipios bonaerenses
Tras la decisión del gobierno de Axel Kicillof de mantener la suspensión de la ley 246/18, el fiscal Di Lello quiere averiguar si los distritos ejercen algún tipo de control sobre la aplicación de pesticidas.
El fiscal federal Matías Di Lello solicitó un informe a seis municipios de la provincia de Buenos Aires para saber en qué medida controlan el uso de agroquímicos en territorio donde la ley lo prohíbe. La orden judicial se da a días de que el gobierno bonaerense ratifique la suspensión de la resolución 246/18.
Se trata de los municipios de Colón, San Nicolás, Arrecifes, San Pedro, Capitán Sarmiento y Ramallo, todos cercanos a la ciudad de Pergamino, foco de la polémica por el uso de glifosato.
Di Lello busca sumar información acerca del impacto de los agroquímicos en la provincia y corroborar que los municipios estén ejerciendo algún tipo de control sobre su aplicación.
Sucede que la justicia viene recibiendo denuncia tras denuncia por la contaminación ambiental y las enfermedades que recaen sobre la población, a razón de las fumigaciones cerca de los centros urbanos.
El año pasado, Pergamino fue foco de debate sobre el uso de agrotóxicos, luego de que el Juzgado Federal de San Nicolás condenara a un productor rural, un ingeniero agrónomo y un empleado de un campo por fumigar cerca de la ciudad, cuando la ley lo prohíbe. Sucede que, tras una investigación, se determinó que el agua de la localidad bonaerense estaba contaminada con al menos 18 tipos de agroquímicos.
Según el dictamen del fiscal Di Lello, se busca determinar “zonas de exclusión para preservar la integridad de las personas que viven en las cercanías en donde se aplican los pesticidas”.
Los municipios tienen un plazo de 15 días para enviar sus informes y además demostrar que se están capacitando funcionarios y personal para el uso y consecuencias de los agroquímicos.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense consideró que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública".
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, sostuvo que la aplicación de agroquímicos y sus efectos "tienen que ser abordados por la política pública", e indicó que el gobierno anterior "abandonó esta agenda".
"La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado", dijo Rodríguez a Télam.
Según el funcionario provincial, "en los últimos cuatro años hubo un abandono de esta agenda" y que "en todo caso y en última instancia, hubo un apuro por brindar alguna imagen o salida que fue la resolución 246/2018, pero esta no era resultado de un trabajo genuino o a conciencia, sino más intentar mostrar que se estaba haciendo algo".
Dicha resolución dictada por el Gobierno provincial anterior regulaba "la zona de amortiguamiento en la aplicación de fitosanitarios", aunque su aplicación fue postergada por dicha administración y suspendida por la actual.
Con el fin de definir los criterios y modalidades de uso de los fitosanitarios en la provincia, como también su impacto en la salud y el medio ambiente, la cartera agropecuaria creó el Observatorio Técnico sobre Agroquímicos, integrado en primera instancia por organismos y entidades científico-técnicas públicas.
La correcta aplicación de agroquímicos, el análisis de cómo son su efectos y cuál es la regulación qué tiene que tener es un problema que tiene ser abordado por la política pública. No es algo que podamos dejar de lado”
El funcionario provincial explicó que "desde el primer día fuimos diseñando la creación de un Observatorio técnico donde podamos producir, pero sobretodo, intercambiar y dialogar entre los investigadores y trabajos científicos-tecnológicos que se están desarrollando en materia de análisis de la aplicación de agroquímicos, resultados y efectos".
"Entendemos que esta es una instancia primera de orden público, para después abrir este espacio a un observatorio donde también participen los distintos representantes de la sociedad, de las entidades y asociaciones profesionales, que puedan a partir de esa documentación científico-técnica también empezar a realizar aporte en esta materia", agregó.
Según Rodríguez, en provincia "estamos en una situación donde 70 municipios tienen normativas diferentes y otros tantos no tienen una normativa específica y se rigen por la norma general de la provincia (Ley 10.699), que fue reglamentada en 1991".
A partir de esto, el funcionario nacional aspira "a generar recomendaciones hacia los municipios, un lineamiento general que permita ir readecuando las distintas normativas, y si hay el suficiente acuerdo en materia política, esas recomendaciones podrían transformarse en normas o leyes".
Etiquetas: agroquímicos, Buenos Aires, legislación y derecho ambiental, política ambiental | 0 comentarios
Un equipo de especialistas en robótica de Sunchales, Santa Fe, desarrolló GBOT, un robot autónomo que controla malezas sin usar agroquímicos. Su funcionamiento se basa en la utilización de sensores inteligentes y, un láser y vapor de agua para quemar las malezas.
“GBOT es un laboratorio móvil que aprovechando la ventaja de estar en el mismo lote y en contacto con el suelo y los cultivos, puede recolectar datos a campo como humedad del suelo, presión atmosférica, ph, salinidad, temperatura y compactación de suelo. A partir de esta información de alta calidad creamos mapas con aplicación en la agricultura de precisión.”, explican desde su web.
El robot funciona con energía solar y quema la maleza con un rayo láser y con vapor de agua. Cabe aclarar que se utiliza sobre barbecho de cultivos extensivos (oleaginosos y cereales).
“Es mucho más barato comprar un robot y usarlo que aplicar agroquímicos, dado que en fitosanitarios se gasta entre US$ 100 y US$ 120 por hectárea. Además, en los espacios periurbanos hay restricciones legales y no están pudiendo hacer nada, podrían utilizar tranquilamente el robot, y para funcionar usa energías renovables como lo es la energía solar”, explicó Juan Ignacio Mandolesi, líder del proyecto, a Agrofy News.
Etiquetas: agricultura sustentable, agroquímicos, Santa Fe, tecnologías | 0 comentarios
Denuncian a pescadores paraguayos en aguas argenti...
Fuerte respaldo del gobierno nacional a la minería...

References: artículo 6
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 10
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución