Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2019/T-476-19.htm
Timestamp: 2020-02-18 15:08:20+00:00

Document:
T-476-19
Acción de tutela formulada por Leonel Alcides Hoyos Gómez contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué.
El 15 de noviembre de 2018, Leonel Alcides Hoyos Gómez, en nombre propio, formuló acción de tutela contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (en adelante Fonade) y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna, ante el suministro de agua en condiciones de calidad no adecuada en el predio donde reside.
1. El accionante manifiesta que su núcleo familiar está conformado por su esposa y su hijo menor de edad[1].
2. Indica que en agosto de 2015 realizó la separación y suscribió preventa con Fiduciaria Colpatria S.A. (encargo fiduciario Nº 0024263635) de una vivienda de interés social: apartamento 106 de la torre 1 de la Urbanización Alminar Samoa, ubicado en la calle 61C # 23B-114[2], Barrio Ambalá Sector El Triunfo del Municipio de Ibagué, cuya empresa constructora es Construcciones JF S.A.S.. Advierte que en esa oportunidad no le informaron que el proyecto no contaba con agua potable.
3. Señala que la Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, mediante Resolución Nº 73-001-2-6-0438 del 16 de septiembre de 2016, otorgó licencia de urbanismo y construcción[3] para las torres 1 y 2 de la referida urbanización.
4. Afirma que el 1º de septiembre de 2017 se le entregó[4] el mencionado apartamento, en el cual reside con su familia desde entonces, y que en el mes de diciembre de ese mismo año se enteró que el agua que se surte en su predio y demás apartamentos de esa comunidad no es potable, es decir, no apta para consumo humano.
5. Relata que, el 2 de octubre de 2018, una propietaria de otro de los inmuebles ubicados en dicho conjunto residencial, solicitó a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué que expidiera certificación en relación con la calidad del agua que se abastece en todas esas viviendas, por cuanto el líquido proviene del acueducto El Triunfo[5].
6. Por Oficio[6] 103146 del 25 de octubre de 2018, la Dirección de Salud Pública Municipal de Ibagué respondió que, según el Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano -IRCA-, el agua que se suministra en los predios de la Urbanización Alminar Samoa presenta un nivel de riesgo alto en algunos meses y es inviable sanitariamente en otros, por lo que no es apta para el consumo humano. Refirió que el agua analizada debe ser sometida a un proceso de desinfección o tratamiento convencional para evitar riesgos en la salud de las personas[7].
7. El demandante expone que, dada la importancia de los servicios públicos domiciliarios en la vida cotidiana de su núcleo familiar, y ante la falta de suministro de agua potable en su vivienda, ha tenido que comprar botellones y bolsas que contienen agua para suplir dicho servicio, lo cual afecta notoriamente su mínimo vital.
8. Sostiene que, pese a que la Curaduría Urbana Nº 2 y la Alcaldía Municipal de Ibagué tienen conocimiento de la situación, siguen otorgándose licencias de construcción. Agrega que el conjunto residencial tampoco cuenta con los servicios de transporte y alumbrado público.
9. Con base en lo anterior, el accionante solicita que se: (i) acceda al amparo invocado; (ii) ordene abastecerse transitoriamente agua potable en los tanques de almacenamiento de la Urbanización Alminar Samoa; (iii) realicen las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en las viviendas de dicha urbanización; (iv) suspenda la concesión de licencias de construcción y las compraventas del proyecto Alminar Samoa a la constructora Construcciones JF S.A.S., hasta tanto se potabilice el agua; (v) abstenga de conceder licencias de construcción para nuevas construcciones en Ibagué, mientras no se garantice el suministro de agua potable; (vi) adelanten las investigaciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar por la deficiente inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades; y (vii) ordene a la Oficina de Planeación Municipal de Ibagué verificar la estratificación, teniendo en cuenta que la urbanización no tiene los servicios de agua potable, alumbrado y transporte público[8].
1. Certificado de tradición del predio del actor, cuya matrícula inmobiliaria corresponde al número 350-233031[9].
2. Certificación[10] expedida por el Presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo, el 22 de marzo de 2013, en la cual se indica que la Asamblea General de la referida junta aprobó por unanimidad la autorización del servicio de acueducto y alcantarillado para el proyecto urbanístico que dio lugar a la Urbanización Alminar Samoa.
3. Resolución Nº 73-001-2-6-0438[11] del 16 de septiembre de 2016, por la cual la Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué otorgó licencia de urbanismo y construcción de la Urbanización Alminar Samoa, considerándose, entre otras cosas, lo que a continuación se trascribe:
“Que el solicitante presenta escrito de la Junta de Acción Comunal Vereda Ambalá Sector el Triunfo con NIT. 800.082.986-1, en el cual autoriza la disponibilidad del Servicio de Acueducto para mil doscientas (1.200) viviendas unifamiliares, para el proyecto urbanístico a desarrollar por la sociedad CONSTRUCCIONES JF LTDA, ubicado en el Lote 2 sector el triunfo barrio Ambalá Calle 61 C No. 23 B-114, con vigencia de cuatro (4) años, oficio suscrito por VÍCTOR BECERRA presidente de la Junta de Acción Comunal Vereda Ambalá Sector el Triunfo.
4. Certificado de estrato para delineación urbana[12] expedido por la Alcaldía Municipal de Ibagué el 23 de enero de 2017, donde consta que el inmueble del peticionario corresponde al estrato 3 medio-bajo.
5. Registro civil de nacimiento del hijo menor de edad del actor[13].
6. Informes de resultado[14] de ensayo físico-químico y microbiológico de aguas de acueducto números 3786, 3935, 3993, 4101, 4193 y 4283, expedidos por la Secretaría de Salud de la Gobernación del Tolima el 2 de mayo, 12 de junio, 5 de julio, 9 de agosto, 5 de septiembre y 2 de octubre de 2018, respectivamente, en los cuales se evidencia presencia de Coliformes Totales y Escherichia Coli en las muestras de agua tomadas del grifo de una de las viviendas ubicadas en el Sector El Triunfo del Municipio de Ibagué.
7. Oficio 103146[15] del 25 de octubre de 2018, por el cual, la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué informó que, en relación con los resultados señalados en precedencia: “Para la vigencia 2017, de los reportes emitidos los parámetros analizados y los valores admisibles según la Resolución 2115 de 2007, se calcula Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano (IRCA) del Acueducto del barrio el Triunfo, como lo indica la siguiente Tabla:
De acuerdo a la visita desarrollada el día 23 de octubre de 2018 por parte de Manuel Cuero profesional de apoyo de la secretaría de salud de Ibagué, se pudo verificar que de acuerdo a la zona, el agua del conjunto ALMINAR SAMOA, procede del Acueducto del Barrio el Triunfo, esta agua se recoge de un tanque de almacenamiento del multifamiliar para su distribución. Con los soportes emitidos por la Secretaría de Salud de Ibagué, el agua que suministra dicho acueducto se encuentra en un nivel ‘ALTO’, siendo esta agua NO apta para consumo humano.”
8. Circular[16] emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para los municipios y distritos, prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, superintendencia de servicios públicos, autoridades encargadas de expedir licencias urbanísticas, curadores urbanos, urbanizadores y constructores, cuyo asunto alude a la aplicación del Decreto 3050 de 2013[17]. En el fundamento legal de la mencionada circular se indica: “La Ley 1537 de 2012, dispone lo siguiente en su artículo 50:
1. Por auto[19] del 19 de noviembre de 2018, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ibagué admitió la acción de tutela y corrió traslado a los accionados para que ejercieran sus derechos de defensa y contradicción.
2. La Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, en respuesta[20] del 22 de noviembre de 2018, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, al exponer que: (i) “los conflictos relacionados con el presunto desconocimiento de derechos colectivos, deben ser resueltos a través del ejercicio de la acción popular”; y (ii) “…cumplió y acató el procedimiento administrativo establecido para el estudio de licencias urbanísticas y que corresponde a la empresa de servicio públicos que certificó la prestación de servicios públicos garantizar su adecuada prestación”.
3. El 23 de noviembre de 2018, Construcciones JF S.A.S. estimó improcedente la acción, al señalar que existen otros mecanismos judiciales y que el objetivo que persigue el tutelante “con el presente caso, tiende a satisfacer un derecho (salubridad pública) de un grupo de personas que se encuentran afectadas por el agua potable del sector el cual no ha sido vulnerado y tampoco existe registro de epidemia, pandemia o condición similar.” Indicó que la actividad económica que desarrolla con el proyecto Alminar Samoa no vulnera los derechos fundamentales de sus inversionistas, pues la misma cumple con los requisitos legales. Sostuvo que a la administración municipal de Ibagué le corresponde garantizar el servicio de agua potable[21].
4. El 23 de noviembre de 2018, la Junta de Acción Comunal Ambalá -sector el Triunfo de Ibagué- solicitó[22] que se declarara improcedente la acción. Advirtió que el suministro de agua potable debe ser una labor conjunta entre las entidades prestadoras del servicio y la Administración Municipal, pero que tal colaboración no se evidenciaba en el caso en comentario. Expuso que ese acueducto comunitario no puede prestar el servicio de agua potable hasta tanto la Alcaldía Municipal de Ibagué cumpla con la optimización de la planta de tratamiento de agua potable.
5. La Secretaría de Salud Municipal de Ibagué, en Oficio[23] 111682 del 26 de noviembre de 2018, solicitó su desvinculación, al señalar que carece de competencia frente a las pretensiones formuladas en el escrito tutelar y que como ente de inspección y vigilancia ha realizado los estudios correspondientes frente a lo solicitado por la comunidad.
6. El 26 de noviembre de 2018, la Alcaldía Municipal de Ibagué solicitó su exoneración frente a cualquier responsabilidad y se denegaran las pretensiones de la tutela, al argumentar que “no ha habido, acción u omisión por parte de la administración que amenace violar derechos e intereses colectivos comprometidos, pues tal como se expresa en los mismos hechos de la demanda, el supuesto caso de vulneración de los derechos colectivos le corresponde a la Curaduría Urbana Nº 1 (SIC) de Ibagué.”[24]
7. La Superintendencia del Subsidio Familiar, en respuesta[25] del 27 de noviembre de 2018, solicitó su desvinculación por carecer de legitimación en la causa por pasiva, en cuanto no se encuentra demostrado que exista un incumplimiento que vulnere o amenace con trasgredir los derechos fundamentales del actor.
8. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios emitieron pronunciamientos extemporáneos, en los siguientes términos.
9. Por su parte, Fiduciaria Colpatria y Fonade guardaron silencio.
1. Por correo electrónico[31] recibido en la Secretaría General de la Corte Constitucional el 21 de febrero de 2019, el actor solicitó la selección para revisión de los fallos de tutela de instancias y, en consecuencia, se revoquen para que, en su lugar, se adopte la decisión que en derecho corresponda.
2. La Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro[32] de la Corte Constitucional, en Auto[33] del 10 de abril de 2019, seleccionó el expediente T-7.276111 para su revisión y, de acuerdo con el sorteo realizado, lo repartió al Despacho del Magistrado Alberto Rojas Ríos, para que tramitara y proyectara la sentencia correspondiente.
2. La Sala iniciará por establecer si la presente acción de tutela procede respecto de hechos relacionados con un derecho colectivo cuando la afectación de este concurre o causa la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. Para tal efecto, se reiterarán las reglas jurisprudenciales que determinan los requisitos mínimos de procedencia de la solicitud de amparo: (i) legitimación en la causa por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad y, con base en ello, se verificará el cumplimiento de esas exigencias. De resultar procedente la acción de tutela, la Sala abordará el examen de fondo.
3. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, se ha reiterado lo siguiente: (i) la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales que toda persona puede formular “por sí misma o por quien actúe a su nombre”; (ii) no es necesario que el titular de los derechos instaure directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre; y (iii) ese tercero debe tener la calidad de: a) representante del titular de los derechos, b) agente oficioso, o c) Defensor del Pueblo o Personero Municipal[34].
4. La Sala encuentra cumplido el referido requisito de procedibilidad. Se verifica que el actor solicita por sí mismo el amparo de los derechos fundamentales que invoca, cuya titularidad es suya dada la situación fáctica del asunto, lo cual lo legitima y habilita para procurar a nombre propio la salvaguarda de los mismos.
5. Según el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede contra: (i) toda acción u omisión de las autoridades públicas, que haya vulnerado, quebrante o amenace violar cualquier derecho fundamental, y (ii) las acciones u omisiones de los particulares[35]. Se ha sostenido que la acción de tutela puede promoverse frente a particulares cuando: (i) presten servicios públicos, (ii) atenten gravemente contra el interés colectivo, o (iii) respecto de los cuales exista un estado de indefensión o subordinación[36].
6. La Sala de igual manera haya reunido este requisito, toda vez que: (i) la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Salud Municipal y la Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, así como las Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y Fonade, son autoridades públicas; y (ii) Construcciones JF S.A.S., Fiduciaria Colpatria, y la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué son personas jurídicas de naturaleza privada, respecto de las cuales, se discute el presunto desconocimiento de los derechos fundamentales invocados por el peticionario y, en esa medida, gozan de legitimación en la causa por pasiva.
7. Para constatar la observancia de esta exigencia, este Tribunal ha reiterado que el juez de tutela debe comprobar cualquiera de estas situaciones: (i) si resulta razonable el tiempo comprendido entre el día en que ocurrió o se conoció el hecho vulnerador y/o constitutivo de la amenaza de algún derecho fundamental y, el día en que se formuló la acción de tutela[37]; y/o (ii) si resulta razonable el lapso comprendido entre el día en que cesaron los efectos de la última actuación que el accionante desplegó en defensa de sus derechos presuntamente vulnerados y el día en que se solicitó el amparo[38].
8. La Sala también observa cumplido el presupuesto de inmediatez en el asunto sub examine. En efecto: (i) el 1º de septiembre de 2017, se entregó al accionante el apartamento 106 de la torre 1 de la Urbanización Alminar Samoa, ubicada en la calle 61C # 23B-114, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué, en el cual reside con su familia desde entonces; (ii) el 2 de octubre de 2018, se solicitó a la Secretaría de Salud Municipal de Ibagué que expidiera certificación en relación con la calidad del agua que se surte en las viviendas de la referida urbanización; (iii) el 25 de octubre de 2018, la Dirección de Salud Pública Municipal de Ibagué respondió que, según el Índice de Riesgo de Calidad de Agua para el Consumo Humano -IRCA-, el agua que se abastece en esos inmuebles presenta un nivel de riesgo alto e inviable sanitariamente, es decir, que no es apta para el consumo humano; y (iv) dada esa situación, el demandante formuló la acción de tutela el 15 de noviembre de 2018, es decir, 20 días después de que cesaron los efectos de la última actuación que se desplegó en defensa de sus derechos e intereses, término que es razonable para esta Sala Revisión.
9. Se ha reiterado que la solicitud de amparo es un medio de protección de carácter residual y subsidiario que puede utilizarse frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales cuando no exista otro medio idóneo de defensa o, existiendo, no resulte oportuno o se requiera acudir al amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable[39].
10. Se ha explicado que en los casos donde se solicita el amparo del derecho fundamental al agua potable, es necesario realizar el análisis de subsidiariedad con base en las siguientes pautas constitucionales[40]:
11. En lo concerniente a la solicitud de amparo promovida en representación de personas de la tercera edad y/o menores de edad, con las cuales se reclama el suministro de agua potable, debe tenerse en cuenta que “en casos en los que se protege el derecho fundamental al agua potable, esto es, cuando la suspensión del servicio de acueducto pone en riesgo el mínimo de condiciones de vida digna a sujetos de especial protección constitucional, es desproporcionado exigir que acuda a la vía contencioso administrativa o a otras vías judiciales, como la acción popular, para la protección urgente y eficaz de los derechos afectados. Por esa razón, la acción de tutela es procedente como mecanismo definitivo.”[44]
12. En armonía con lo anteriormente expuesto, el artículo 4 de la Ley 472 de 1998[45] prevé que los derechos e intereses colectivos incluyen el goce del medio ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y la preservación y restauración del medio ambiente, así como el acceso a servicios públicos[46].
Al respecto, se ha sostenido que, en principio, conflictos como el que en esta ocasión ocupa a esta Sala de Revisión deben ser decididos mediante el trámite de la acción popular, por cuanto están comprometidos la estabilidad y salubridad de las fuentes hídricas, así como la provisión de los servicios de acueducto y alcantarillado. Sin embargo, cabe advertir que, en situaciones análogas, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la tutela para amparar el derecho fundamental al agua potable, al considerar idónea esa protección por dicho mecanismo judicial, en el entendido que el preciado líquido es indispensable para la eficacia de otros derechos fundamentales[47].
13. A modo de ejemplo, en sentencia T-891 de 2014, esta Corporación estudió la solicitud de amparo que formuló la entonces Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Villa Constanza, ubicada en el Municipio de Palermo (Huila), contra la Nación-Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación del Huila-Secretaría de Salud Departamental, la Alcaldía de Palermo (Huila)-Secretaría de Salud Municipal y Amborco S.A. ESP -en liquidación-, para que se protegieran sus derechos fundamentales y los de su comunidad a la salud, agua potable, vida digna, petición e igualdad, que consideraba vulnerados por el suministro de agua no apta para el consumo humano.
14. Descendiendo al asunto sub examine, cabe recordar que mediante la presente acción de tutela el accionante solicita que se: (i) acceda al amparo implorado; (ii) ordene abastecerse transitoriamente agua potable en los tanques de almacenamiento de la Urbanización Alminar Samoa; (iii) realicen las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en las viviendas de dicha urbanización; (iv) suspenda la concesión de licencias de construcción y las compraventas del proyecto Alminar Samoa a la constructora Construcciones JF S.A.S., hasta tanto se potabilice el agua; (v) abstenga de conceder licencias de construcción para nuevas construcciones en Ibagué, mientras no se garantice el suministro de agua potable; (vi) adelanten las investigaciones penales, civiles y administrativas a que haya lugar por la deficiente inspección, vigilancia y control por parte de las autoridades; y (vii) ordene a la Oficina de Planeación Municipal de Ibagué verificar la estratificación, teniendo en cuenta que la urbanización no cuenta con los servicios de agua potable, alumbrado y transporte público.
15. Examinadas cada una de esas pretensiones a la luz de lo precisado por la jurisprudencia constitucional en la materia, esta Sala de Revisión observa que las tres primeras de ellas hacen referencia a la presunta vulneración del derecho al agua en su faceta de derecho fundamental individual, cuyo contenido básico radica en el suministro mínimo de agua necesaria para el consumo humano de quienes residen en el apartamento 106 de la torre 1 de la Urbanización Alminar Samoa, ubicada en la calle 61C # 23B-114, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué, por lo que su exigibilidad puede reclamarse mediante la acción de tutela, en la medida que es vital para el accionante, su esposa e hijo contar con el abastecimiento mínimo y adecuado de dicho líquido, de lo contrario, se pondrían en riesgo las condiciones básicas para que vivan dignamente.
16. La Sala no puede concluir lo mismo frente a las demás pretensiones anteriormente reseñadas, por cuanto ninguna de ellas alude a la dimensión individual del derecho fundamental al agua potable, sino a otro tipo de aspectos que claramente escapan de la competencia del juez de tutela. En efecto, y en este caso particular, el juez de amparo no es competente para suspender concesiones de licencias de construcción y compraventas de proyectos de vivienda, conceder o no licencias de construcción para nuevas construcciones, ordenar que se verifique la estratificación de algún predio, y menos para adelantar investigaciones penales, civiles y administrativas por la deficiente inspección, vigilancia y control que se realice al respecto.
17. Adicionalmente, esta Sala considera que, a pesar de que en este caso coexiste una presunta vulneración de derechos colectivos, es evidente la procedencia formal de la solicitud de amparo, por cuanto: (i) se está frente a circunstancias con la potencialidad de amenazar o desconocer los derechos subjetivos y particulares del demandante, su familia y demás residentes de la Urbanización Alminar Samoa, a quienes se les suministra agua no apta para consumo humano; (ii) de tal manera que no se trata de una supuesta afectación a unos derechos de todos, sino a varias prerrogativas individuales; (iii) el nivel de riesgo alto y la inviabilidad sanitaria que presenta el agua que se surte a los predios de la referida urbanización, pone en riesgo los derechos a la salud y a la vivienda digna de los moradores; (iv) éstos son derechos fundamentales cuya titularidad radica en cada una de las personas afectadas por la presunta inobservancia de los deberes legales y constitucionales de abastecer agua potable y velar por la adecuada prestación del servicio; (v) es inadmisible concebir que por estar comprometidos derechos colectivos, de forma adicional a las supuestas vulneraciones iusfundamentales, la tutela es improcedente; y (vi) es deber del juez de tutela velar por la primacía de los derechos fundamentales, pese a que frente a ello coexista una presunta conculcación de otros intereses constitucionales, máxime cuando en este asunto la supuesta lesión a los derechos colectivos, al parecer, también amenaza o desconoce de forma directa derechos fundamentales.
18. Todo lo constatado hasta aquí permite concluir que la presente solicitud de amparo es procedente, por lo que se pasa a efectuar el análisis de fondo.
19. Según la situación fáctica expuesta en precedencia y los matices efectuados hasta ahora, corresponde a la Sala Novena de Revisión resolver los siguientes problemas jurídicos:
20. Para tales cometidos, se reiterará lo relacionado con: (i) las obligaciones del Estado y de las autoridades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; (ii) el derecho fundamental al agua potable en el ámbito nacional e internacional; y (iii) el contenido y protección del derecho fundamental al agua potable. Con base en ello, se solucionará el caso concreto.
21. Se ha indicado que el acueducto y el alcantarillado son servicios públicos domiciliarios reglados en la Ley 142 de 1994[49]. Según el artículo 14.22 de la referida ley, el servicio público de acueducto “es la distribución municipal de agua apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición.” Por su parte, el artículo 14.23 dispone que el servicio de alcantarillado “… (e)s la recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y conductos.”[50]
22. En concordancia con tales disposiciones legales, el artículo 2 del mismo cuerpo normativo determina el rol del Estado en la prestación y supervisión de los servicios públicos domiciliarios. Se ha señalado que ese precepto indica que, entre otras cosas, es deber del Estado velar por la calidad y el destino final de los bienes provistos en desarrollo del servicio, ampliar la cobertura, establecimiento y mecanismos para que aquellos que carecen de recursos para asumir el pago de la prestación de los servicios públicos puedan acceder a los mismos, priorizar la provisión de agua y saneamiento a quienes no cuentan con el servicio, garantizar la continuidad en el suministro del líquido objeto de provisión, y proceder con eficiencia en la observancia de sus obligaciones legales y constitucionales[51].
23. Se ha explicado que los deberes en cabeza del Estado previstos en la ley de servicios públicos están asignados a diferentes entidades encargadas de su cumplimiento. Por ejemplo, el artículo 5 de la mencionada ley alude a las responsabilidades de los municipios en cuanto a la prestación de servicios públicos. Específicamente se prevé que la prestación eficiente del servicio de acueducto y alcantarillado debe ser asegurada por esas entidades territoriales, cuya ejecución podrá efectuarse mediante operadores privados, públicos o mixtos, o estar a cargo de los mismos municipios[52].
24. Los servicios de agua potable y alcantarillado han sido estudiados por la jurisprudencia de esta Corporación, haciéndose énfasis en la importancia que tiene la prestación de servicios públicos domiciliarios para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios[54], como se evidencia en los pronunciamientos abordados en la sentencia T-891 de 2014, en los precisos términos que a continuación se reiteran:
25. Con fundamento en lo reiterado en precedencia, se ha concluido que “los servicios de acueducto y alcantarillado son presupuestos básicos para la vigencia de múltiples derechos fundamentales”, entre los cuales se encuentran el agua, la salud, el ambiente sano, la vida y la vivienda digna[57].
26. En la Carta Política no está explícitamente consagrado el derecho fundamental al acceso a un mínimo agua[59], sin embargo, diversas disposiciones constitucionales contienen obligaciones concretas dirigidas a proteger este líquido. El artículo 79 prevé como mandato la protección de las fuentes hídricas; el artículo 365 prescribe la obligación del Estado de establecer redes de acueducto y alcantarillado para todos los habitantes del territorio nacional; el artículo 8º refiere las obligaciones de proteger las riquezas naturales del país, incluida el agua; el artículo 80 dispone el manejo planificado de los recursos naturales para garantizar el desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución, y exige a las autoridades públicas prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, así como, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados[60].
27. En el ámbito del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los primeros instrumentos convencionales no contenían explícitamente el derecho humano a acceder un mínimo de agua. Esta preocupación emergió en la década de los años setenta[61] con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata, Argentina en 1977[62], escenario en que la comunidad internacional vinculó el acceso al agua con el ejercicio de otros derechos humanos. En las conclusiones de la Conferencia se dijo: “Todos los pueblos, cualquiera sea su estado de desarrollo y sus condiciones sociales y económicas, tiene el derecho a disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente para sus necesidades básicas. Es de reconocimiento universal que la disponibilidad de dicho elementos por parte del hombre es imprescindible para la vida y para su desarrollo integral como individuo o como integrante del cuerpo social”[63].
28. Fue el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General 15 del 2002, quien recalcó que, si bien el derecho humano al agua no está previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, sí debe ser deducido del contenido normativo previsto en los artículos 11 y 12 del Instrumento. En estas disposiciones se establecen las obligaciones de los Estados Parte frente al derecho a un nivel de vida adecuado y al nivel más alto de salud posible[64].
29. En la Observación General 15 se dice que disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para uso personal y doméstico, es condición para el ejercicio de otras libertades como la vida, la salud o la alimentación equilibrada, “(…) [p]or ejemplo, el agua es necesaria para producir alimentos (el derecho a una alimentación adecuada) y para asegurar la higiene ambiental (el derecho a la salud). El agua es fundamental para procurarse medios de subsistencia (el derecho a ganarse la vida mediante un trabajo) y para disfrutar de determinadas prácticas culturales (el derecho a participar en la vida cultural)”.[65]
30. Otros instrumentos internacionales disponen de manera explícita un derecho humano al agua, es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada en 1979, que en su artículo 14. 2 literal f) señala que los Estados Partes adoptarán las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales, y en particular priorizarán “(…) condiciones de vida adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las comunicaciones.”[66]
31. Obligaciones en el mismo sentido han sido desarrolladas en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 en sus artículos 24, y 27.3; en el Convenio 161 -artículo 5º- de la OIT, sobre los servicios de salud en el trabajo, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 28[67].
32. De igual manera, pronunciamientos de la Corte Constitucional han destacado documentos internacionales que refuerzan el carácter fundamental del derecho al agua. Por ejemplo, en sentencia C-094 de 2015, la Corporación robusteció la importancia del derecho al agua en el hemisferio, y acudió para ello, a la Declaración Centroamericana del Agua, adoptada en San José de Costa Rica en 1998, en la que se recalcó la obligación estatal de cuidar los recursos hídricos y la correspondencia de esta práctica, con la justicia ambiental[68].
33. Desde sus inicios la jurisprudencia constitucional[69] reconoció el derecho fundamental a disponer de un mínimo de agua potable, especialmente en aquellos casos en los que el líquido está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas. Inicialmente, esta Corte vinculó el goce de este derecho en conexidad con el derecho a la vida en condiciones de dignidad, o como mecanismo para proteger el medio ambiente sano. En esa medida, el agua potable en cualquiera de sus estados, es un recurso natural insustituible y al mismo tiempo es condición indispensable para el disfrute de otros derechos como la vida, la salud y la dignidad humana[70]. La Corporación relacionó el acceso al agua potable con el disfrute de otros derechos fundamentales, como la vida, la dignidad humana, o la salud. Por ello, ha precisado que “(…) el agua que es utilizada diariamente por las personas es imprescindible para garantizar la vida misma y la dignidad humana, entendida como la posibilidad de contar con unas condiciones materiales de existencia que les permitan desarrollar un papel activo en la sociedad, para lo cual es evidentemente necesario contar con las garantías básicas del derecho a la salud y a la alimentación, los cuales, evidentemente no pueden ejercerse si no se cuenta con agua potable”[71].
34. En razón a su carácter fundamental, y a que es una condición que permite el ejercicio y disfrute de otros derechos constitucionales, la Corte protege en sede de amparo el acceso al agua en hipótesis concretas, y tras el cumplimiento de requisitos específicos. Para ello ha exigido[72] que (i) se demuestre que se requiere para el consumo humano; (ii) se evidencia que el agua que se ofrece al accionante y/o a una comunidad determinada se encuentra contaminada, o no es apta para el consumo humano y; (iii) los usuarios cumplen con los requisitos señalados en la ley y los reglamentos para la instalación del servicio público, pues este derecho también implica el deber de acatar las normas técnicas especializadas para la correcta prestación del servicio.
35. Con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, esta Corporación ha detallado el contenido esencial del derecho al agua, así como los atributos y características que debe reunir su suministro[74]. En Sentencia T-891 de 2014, la Corte reiteró diversos precedentes constitucionales[75] y precisó que el abastecimiento del agua debe reunir cinco condiciones, a saber: (i) cantidad suficiente; (ii) disponibilidad; (iii) de calidad adecuada; (iv) accesible físicamente; y (v) asequible para los usuarios.
36. A continuación se determina el alcance de la obligación derivada de cada uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al agua. Para ello, se utilizará como fuente del Derecho Internacional, la Observación General 15, que en su capítulo II, párrafos 10, 11 y 12 define cada una de estas características en los siguientes términos[76].
A propósito de dicho componente, en sentencia T-891 de 2014, la Corte examinó un asunto análogo al que en esta ocasión ocupa a la Sala Novena de Revisión. El caso aludía a una acción de tutela que había sido instaurada por la Presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Urbanización Villa Constanza, ubicada en el Municipio de Palermo (Huila), contra la Nación-Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Gobernación del Huila-Secretaría de Salud Departamental, la Alcaldía de Palermo (Huila)-Secretaría de Salud Municipal y Amborco S.A. ESP -en liquidación-, con el objeto de que ampararan sus derechos fundamentales y los de su comunidad a la salud, agua potable, vida digna, petición e igualdad, que consideraba vulnerados por el suministro de agua no apta para el consumo humano.
“(i) en el caso de las viviendas clasificadas en nivel uno (1) del Sisbén, debe presumirse que la falta de pago no justifica la desconexión del servicio de acueducto; (ii) no puede suspenderse el servicio, pese al incumplimiento sucesivo de pago, si la desconexión viola el debido proceso, afecta derechos constitucionales de sujetos de especial protección, entorpece el funcionamiento de establecimientos protegidos o afecta las condiciones materiales de existencia de un grupo;[86] (iii) en casos de desconexión los sujetos de especial protección constitucional tienen la carga de informar que el corte afecta a un sujeto que ostenta dicha calidad, que con ella se pueden afectar derechos fundamentales, y que el incumplimiento en el pago se generó a partir de ‘circunstancias involuntarias, insuperables e incontrolables’[87]; (iv) el contenido del derecho al igual incluye las características de disponibilidad, calidad, accesibilidad, asequibilidad y aceptabilidad; (v) la tutela no resulta procedente para acceder a la reconexión cuando el accionante utilizó medios ilegales para hacerse al preciado líquido.”
Al abordar el examen de fondo del asunto, este Tribunal observó que existía un grave problema de calidad del agua para consumo humano que se abastecía a los inmuebles de Villa Constanza, por cuanto: (i) en múltiples oportunidades, el líquido había sido catalogado por las autoridades de salubridad como no apta para consumo humano, ante la presencia de coliformes totales, E. coli y niveles inaceptables de cloro residual; y (ii) se le había establecido un nivel de riesgo alto. Tales circunstancias permitieron a la Corte afirmar que se estaba inobservando el criterio de salubridad, como uno de los componentes que determinan el derecho fundamental al agua, lo cual condujo a que esta Corporación concluyera que se había vulnerado el referido derecho, así como los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la salud y a la vivienda digna de la accionante y demás residentes de la Urbanización Villa Constanza, dadas las siguientes razones:
Este Tribunal agregó que “el agua constituye un presupuesto para el disfrute de múltiples derechos fundamentales. En este sentido, no solo es un derecho autónomo, sino que sirve de base para otras garantías de igual naturaleza. Es a esta situación a la que se hace referencia con los conceptos de indivisibilidad e interdependencia. Conviene en este punto recordar que la Relatora Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento ha expresado que un tratamiento inadecuado a las aguas residuales puede dar lugar a la vulneración de derechos como la salud, la educación y el trabajo. En el caso de Villa Constanza, resulta claro que el mal estado del alcantarillado ha generado carencia de líquido apto para el consumo humano, además de afectaciones al medio ambiente. A lo dicho deben sumarse las problemáticas que los habitantes de la zona han experimentado en relación con los derechos a la vida digna, la salud y vivienda digna.”
Derecho a la vivienda digna. La Corporación consideró lesionado el derecho en comentario, al señalar que: (i) las viviendas de la Urbanización Villa Constanza no gozaban con un servicio de acueducto que respetara su prerrogativa de contar con agua de calidad; (ii) gozar de servicios de acueducto y alcantarillado está dentro de las condiciones necesarias para que las viviendas puedan ser consideradas dignas; y (iii) los inmuebles carecían de seguridad física para sus habitantes. “Como ya se ha mencionado en varias ocasiones, la salud de los residentes de la zona se ha visto afectada por el consumo de agua insalubre, sobre todo la de los niños y los ancianos así como por la exposición a un entorno ambiental contaminado. Esta situación inevitablemente amenaza la seguridad de los habitantes de las viviendas, pues se ven expuestos a los factores de enfermedad que circundan en el ambiente, en detrimento de su integridad personal.”
En vista de lo anterior, la Corte revocó parcialmente la sentencia proferida en única instancia, en tanto había negado por improcedente el amparo implorado y, en su lugar, tuteló, además, los derechos al agua potable, a la vida, a la salud y a la vivienda digna de la actora, su familia y demás miembros de la Urbanización Villa Constanza.
Con la finalidad de hacer efectiva la protección, se: (i) ordenó suministrar agua potable salubre de forma provisional a la accionante y demás habitantes de Villa Constanza; (ii) ordenó ajustar a los parámetros constitucionales aplicables al caso el plan para garantizar de manera definitiva la prestación eficaz de los servicios públicos de agua potable salubre y alcantarillado; (iii) ordenó iniciar las acciones pertinentes para diseñar y ejecutar un plan para limpiar las fuentes de agua que fueron contaminadas por el alcantarillado de Villa Constanza; (iv) remitió copias de esa sentencia a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería Municipal de Palermo, para que acompañaran la ejecución del plan que debía adoptarse e hicieran seguimiento a sus avances; (v) conminó a la Procuraduría General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Superintendencia de Servicios Públicos para que investigaran si de los hechos que dieron lugar a ese proceso se derivaban situaciones sancionables dentro de los límites competenciales de cada una de esas entidades; y (vi) comisionó al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Neiva para que verificara el cumplimiento de todas esas órdenes.
37. El accionante afirma que, junto con su núcleo familiar reside, desde el 1º de septiembre de 2017, en el predio ubicado en la Calle 61C # 23B-114, Urbanización Alminar Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá del Municipio de Ibagué. Sostiene que en diciembre de ese mismo año se enteró que el agua que se surte en su predio y demás apartamentos de esa comunidad no es potable, es decir, no apta para consumo humano. Por tanto, acude a la acción de tutela para solicitar que se: (i) conceda el amparo reclamado; (ii) ordene el abastecimiento transitorio de agua potable en los tanques de almacenamiento de dicha urbanización; y (iii) ordene realizar las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en esas viviendas.
38. Corrido el traslado de la demanda, la Alcaldía Municipal de Ibagué solicitó su exoneración frente a cualquier responsabilidad y se denegaran las pretensiones de la tutela, al señalar que no ha habido acción u omisión por parte de la administración que amenace violar derechos e intereses colectivos comprometidos.
39. Por su parte, la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de Ibagué- solicitó que se declarara improcedente la acción. Advirtió que el suministro de agua potable debe ser una labor conjunta entre las entidades prestadoras del servicio y la Administración Municipal, pero que tal colaboración no se evidenciaba en este caso. Expuso que ese acueducto comunitario no puede prestar el servicio de agua potable hasta tanto la Alcaldía Municipal de Ibagué cumpla con la optimización de la planta de tratamiento de agua potable.
40. Examinada la anterior situación fáctica y los elementos probatorios obrantes en el expediente a la luz de las consideraciones reiteradas en precedencia, la Sala Novena de Revisión evidencia que el Municipio de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio están vulnerando el derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar.
41. Al igual que el asunto resuelto en la sentencia T-891 de 2014, la Sala considera que en este caso también existe un grave problema de calidad del agua para consumo humano que se suministra a las viviendas de la Urbanización Alminar Samoa, toda vez que: (i) en varias oportunidades el líquido ha sido catalogado por las autoridades de salubridad como no apta para consumo humano, dada la presencia de Coliformes Totales y Escherichia Coli, y (ii) se le ha establecido unos niveles de riesgo inviable sanitariamente y alto, circunstancias ante las cuales se inobserva el criterio de calidad, como uno de los componentes que determinan el derecho fundamental al agua.
42. En lo que a la calidad del agua atañe, cabe reiterar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mediante la Observación General número 15, estableció que el agua debe cumplir con los estándares microbiológicos de salubridad, es decir, debe ser salubre y potable, por lo que “no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas. Además, el agua debería tener un color, un olor y un sabor aceptables para cada uso personal o doméstico”[102].
43. No obstante lo previsto en ese mandato internacional y en la jurisprudencia constitucional[103] abordada en esta providencia, esta Sala de Revisión constata que el agua que se surte en los inmuebles de la Urbanización Alminar Samoa no reúne el componente de calidad adecuada, como se demuestra a continuación:
Con fundamento en lo auscultado, en cada uno de los mencionados informes se conceptúa que no se cumple “la resolución 2115/2007 por parámetros físico-químicos fuera de rango (Color (UPC)) Turbiedad (UNT), Hierro Total, Cloro Residual Libre”; y se indica que para “determinar uso para consumo humano requiere desinfección o tratamiento convencional.”
44. Esta Sala estima que, en el presente asunto, el derecho al agua conculcado es de carácter personal, en la medida que el líquido no potable se destina a la satisfacción de las necesidades básicas e inmediatas de los usuarios en el sector, inclusive, para consumo humano. Se trata entonces de una lesión al derecho al agua en su faceta prestacional, dada la ausencia de tratamiento al agua del acueducto involucrado.
45. En atención a que este caso es análogo al decidido en la tantas veces aludida sentencia T-891 de 2014, cabe reiterar que es “inaceptable afirmar que el derecho al agua no fue desconocido en el caso concreto en la medida que al ser un derecho programático no puede exigirse que el recurso hídrico sea suministrado de inmediato a los afectados. Si bien hay esferas de protección iusfundamental que han de satisfacerse a mediano o largo plazo, el derecho al agua resulta exigible de forma inmediata al Estado o los prestadores de servicios públicos, según sea el caso.”
46. En ese orden de ideas, no es de recibo para esta Sala tanto el proceder como lo manifestado por la Alcaldía Municipal de Ibagué y la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio, frente a la delicada y urgente situación que afrontan el demandante, su familia y demás residentes de la Urbanización Alminar Samoa, pues únicamente se han limitado a negar u omitir su responsabilidad, a pesar de conocer con exactitud sus deberes y obligaciones que la respectiva normatividad y jurisprudencia constitucional ha impuesto al respecto.
47. Retomando la sentencia T-891 de 2014, se tiene que “el agua constituye un presupuesto para el disfrute de múltiples derechos fundamentales. En este sentido, no solo es un derecho autónomo, sino que sirve de base para otras garantías de igual naturaleza. Es a esta situación a la que se hace referencia con los conceptos de indivisibilidad e interdependencia. Conviene en este punto recordar que la Relatora Especial para el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento ha expresado que un tratamiento inadecuado a las aguas residuales puede dar lugar a la vulneración de derechos como la salud, la educación y el trabajo.”
A la luz de esas pautas constitucionales, esta Sala de Revisión considera que, con ocasión del desconocimiento del derecho fundamental al agua, el Municipio de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo también están amenazando y/o lesionando los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del accionante y su familia, toda vez que, en asuntos como el que en esta ocasión ocupa a la Sala, el primero de esos derechos es presupuesto para la efectividad de esas dos últimas prerrogativas.
48. Derecho a la salud. Aquí es oportuno traer a colación el inciso quinto del artículo 49 de la Carta Política, según el cual, “Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad.” Aunado a ello, la Organización Mundial de la Salud –OMS- ha sostenido que la salud es “(…) un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades…”[110]
Descendiendo al asunto objeto de estudio, la Sala encuentra que la afectación del derecho a la salud del peticionario y su núcleo familiar se concreta en que se evidenció que el agua que se abastece para consumo humano en la Urbanización Alminar Samoa no es salubre y potable, por cuanto contiene Coliformes Totales y Escherichia Coli y sus niveles de riesgo son inviable sanitariamente y alto, circunstancias suficientes para constituir una amenaza considerable, grave y latente para su salud, así como para los demás habitantes de esa urbanización.
49. Derecho a la vivienda digna. Sea lo primero hacer énfasis en que el artículo 51 Superior prevé que “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna…”. En armonía con esa disposición constitucional, mediante la Observación General N° 4[116], el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desarrolló el contenido del derecho a una vivienda adecuada, dispuesto en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[117].
En el asunto de la referencia, esta Sala de Revisión considera que la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna se configura por las siguientes razones: (i) las viviendas de interés social, dentro de las cuales se encuentra la de propiedad del demandante, que se construyeron con la respectiva licencia para tal efecto y que integran la Urbanización Alminar Samoa, no gozan del servicio público de acueducto que respete la prerrogativa de contar con agua de calidad, como se ha constatado a lo largo de esta providencia; (ii) por consiguiente, esos inmuebles no pueden ser considerados dignos, en tanto carecen de suministro de agua potable y salubre, como una de las condiciones necesarias y/o elementos que componen el derecho fundamental a la vivienda digna; y (iii) esos predios no proveen seguridad física a sus habitantes, pues el agua que se abastece en los mismos para consumo humano contiene microorganismos que tienen la potencialidad de ser perjudiciales para su integridad personal, es decir, dentro de sus propias viviendas están expuestos a distintos factores de enfermedad que pueden generarse por la delicada situación que afrontan.
50. En suma, la inadecuada y deficiente prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado ha dado lugar al desconocimiento de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna, en los términos expuestos en este pronunciamiento.
51. Lo evidenciado es suficiente para revocar las decisiones de instancias adoptadas dentro del trámite de tutela y, en su lugar, conceder el amparo implorado por el accionante. En consecuencia, se dispondrá lo siguiente:
(i) Ordenar al Municipio de Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio que, si aún no lo han hecho, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, procedan a suministrar, en forma continua, agua potable al señor Leonel Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar en el inmueble ubicado en la Calle 61C # 23B-114, Urbanización Alminar Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá de la Ciudad de Ibagué, por el medio que consideren más idóneo, garantizando una cantidad diaria mínima de agua que les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución definitiva a las dificultades de provisión constante y de calidad del recurso hídrico.
52. La Sala Novena de Revisión constata que quienes integran la familia demandante del caso de la referencia no son los únicos a quienes la Alcaldía Municipal de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de esa misma ciudad han desconocido sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna, debido al suministro inadecuado de agua a su vivienda de interés social. En esa idéntica situación se encuentran todos aquellos que habitan los demás inmuebles que componen la Urbanización Alminar Samoa. Por tanto, es necesario y razonable que los efectos de este fallo se extiendan a todas las personas que tengan esas mismas condiciones.
53. El artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 establece que “las sentencias en que se revise una decisión de tutela solo surtirán efectos en el caso concreto (…)”. Sin embargo, la Corte Constitucional ha optado por extender los efectos de sus sentencias a quienes se encuentran en las mismas circunstancias de los peticionarios, pese a no haber acudido a la acción de tutela en calidad de accionantes[120].
54. Los efectos inter comunis pretenden salvaguardar el principio de igualdad entre los sujetos pasivos de una vulneración de derechos fundamentales, puesto que las mismas condiciones obligan a que el juez emita órdenes uniformes para todos los afectados. Así mismo, esos alcances de las decisiones garantizan la coherencia del sistema de derecho y la seguridad jurídica, como quiera que deben existir decisiones similares a casos equivalentes.
55. La Sala observa que en el asunto examinado concurren los requisitos para dictar una decisión con efectos inter comunis, toda vez que: (i) proteger únicamente los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna de la parte accionante amenaza el derecho a la igualdad de las otras personas que requieren del Estado el suministro de agua potable en condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad adecuada; (ii) las personas que no acudieron al presente proceso de tutela se encuentran en la misma situación que Leonel Alcides Hoyos Gómez y su familia, por cuanto habitan otras viviendas que también integran la Urbanización Alminar Samoa; y (iii) no hay duda que con la adopción de esta decisión se alcanza el goce efectivo de los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna de la comunidad de dicha urbanización y el acceso a la tutela judicial efectiva en relación con todas esas personas.
56. En esa medida, se dispondrá extender, con efectos inter comunis, la presente sentencia a todas las personas que, en las mismas circunstancias aquí verificadas, residan en otras viviendas que también hagan parte de la Urbanización Alminar Samoa del Barrio Ambalá de la Ciudad de Ibagué.
57. El ciudadano Leonel Alcides Hoyos Gómez formuló acción de tutela contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo de Ibagué, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna.
58. La Corte inicialmente examina la procedencia de la acción de tutela. Efectuado lo anterior, la Corporación encuentra que la solicitud de amparo es procedente, por cuanto concurren los requisitos mínimos de: (i) legitimación en la causa por activa, (ii) legitimación en la causa por pasiva, (iii) inmediatez y (iv) subsidiariedad.
59. Seguidamente el Tribunal plantea los siguientes problemas jurídicos:
60. Para resolverlos, se reitera lo relacionado con: (i) las obligaciones del Estado y de las autoridades en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado; (ii) el derecho fundamental al agua potable en el ámbito nacional e internacional; y (iii) el contenido y protección del derecho fundamental al agua.
61. Con base en lo anterior, pasa la Corte a solucionar el caso concreto. Una vez iniciado, la Corporación observa que el Municipio de Ibagué y el Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio vulneran el derecho fundamental al agua potable del accionante y su núcleo familiar.
62. Seguidamente, la Corte considera que, con ocasión del desconocimiento del derecho fundamental al agua, el referido municipio y el mencionado acueducto comunitario también amenazan y/o lesionan los derechos fundamentales a la salud y a la vivienda digna del accionante y su familia, toda vez que el primero de esos derechos es presupuesto para la efectividad de esas dos últimas prerrogativas.
63. Este Tribunal encuentra que la afectación del derecho a la salud del peticionario y su núcleo familiar se concreta en que se evidenció que el agua que se abastece para consumo humano en la Urbanización Alminar Samoa no es salubre y potable, por cuanto contiene Coliformes Totales y Escherichia Coli y sus niveles de riesgo son inviable sanitariamente y alto, lo cual implica una amenaza considerable, grave y latente para su salud, así como para los demás habitantes de esa urbanización.
64. Esta Corporación considera que la vulneración del derecho fundamental a la vivienda digna se configura por las siguientes razones: (i) las viviendas de interés social, dentro de las cuales se encuentra la de propiedad del demandante, que se construyeron con la respectiva licencia para tal efecto y que integran la Urbanización Alminar Samoa, no gozan del servicio público de acueducto que respete la prerrogativa de contar con agua de calidad; (ii) por consiguiente, esos inmuebles no pueden ser considerados dignos, en tanto carecen de suministro de agua potable y salubre, como una de las condiciones necesarias y/o elementos que componen el derecho fundamental a la vivienda digna; y (iii) esos predios no proveen seguridad física a sus habitantes, pues el agua que se abastece en los mismos para consumo humano contiene microorganismos que tienen la potencialidad de ser perjudiciales para su integridad personal, es decir, dentro de sus propias viviendas están expuestos a distintos factores de enfermedad que pueden generarse por la delicada situación que afrontan.
65. La Corte estima que lo evidenciado es suficiente para revocar los pronunciamientos de instancias adoptados dentro del trámite de tutela y, en su lugar, conceder el amparo implorado por el accionante.
PRIMERO.- REVOCAR las sentencias adoptadas, en segunda instancia, por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Ibagué el 4 de febrero de 2019 y, en primera instancia, por el Juzgado Sexto Civil Municipal de esa misma ciudad el 29 de noviembre de 2018, que denegaron el amparo solicitado dentro de la acción de tutela formulada por Leonel Alcides Hoyos Gómez contra la Alcaldía Municipal, Secretaría de Salud Municipal y Curaduría Urbana Nº 2 de Ibagué, Construcciones JF S.A.S., Superintendencias de Servicios Públicos Domiciliarios y del Subsidio Familiar, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Fiduciaria Colpatria, Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo –Fonade- y Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá -Sector el Triunfo de Ibagué-. En su lugar, TUTELAR los derechos fundamentales al agua potable, a la salud y a la vivienda digna de Leonel Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar, según lo expresado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO.- ORDENAR al Municipio de Ibagué y al Acueducto Comunitario de la Junta de Acción Comunal Ambalá -Sector el Triunfo de ese mismo municipio que, si aún no lo han hecho, en el término de quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, suministren, en forma continua, agua potable al señor Leonel Alcides Hoyos Gómez y su núcleo familiar en el inmueble ubicado en la Calle 61C # 23B-114, Urbanización Alminar Samoa, torre 1, apartamento 106, Barrio Ambalá de la Ciudad de Ibagué, por el medio que consideren más idóneo, garantizando una cantidad diaria mínima de agua que les permita vivir digna y sanamente hasta que se brinde una solución definitiva a las dificultades de provisión constante y de calidad del recurso hídrico.
En atención a la decisión adoptada en este asunto por la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional, presento salvamento de voto porque considero que la acción de tutela en este caso era improcedente, en tanto el requisito de subsidiariedad no se encontraba acreditado y, en cualquier caso, la solicitud de amparo debía ser negada. Dicha conclusión se fundamenta en las razones que a continuación expongo:
(1) La decisión de la Sala se fundamenta en una conceptualización incorrecta del ámbito de protección subjetivo del derecho fundamental al agua potable
La mayoría de la Sala estima que el derecho fundamental al agua potable tiene dos facetas: una colectiva y una subjetiva o individual (lo cual comparto). En su faceta colectiva, el ámbito de protección del derecho comprende la prestación del servicio público de acueducto (lo cual parcialmente comparto). En su faceta individual, para la mayoría de la Sala (de lo cual me aparto), comprende el suministro de un mínimo de agua potable para consumo humano, que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, es decir un mínimo vital , que, según la jurisprudencia que se cita, se estima en 50 litros de agua potable por persona al día. Este suministro, indica la mayoría de la Sala, debe darse en condiciones de cantidad suficiente, disponibilidad, calidad adecuada, accesibilidad física y asequibilidad económica para los usuarios. Para la mayoría de la Sala, el suministro de agua potable, en estas condiciones, constituye un mínimo esencial de exigibilidad inmediata y, por tanto, se sigue de esta premisa que debe ser garantizado por el Estado a todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio, incluso en zonas en las que no existen redes de acueducto y, en consecuencia, es susceptible de protección mediante la acción de tutela.
A partir del entendimiento del ámbito de protección de la faceta individual del derecho fundamental al agua potable, en los términos descritos en el numeral anterior, concluyo que las pretensiones 1 a 3 del accionante tienen por objeto proteger la faceta colectiva del derecho fundamental al agua potable. Por lo tanto, deben ser resueltas mediante el ejercicio de la acción popular y la acción de tutela, en su integridad, debe declararse improcedente, tal como lo consideró la Sala, de forma mayoritaria, en relación con las pretensiones 4 a 7, formuladas por el accionante .
En relación con el primer grupo de pretensiones, el accionante solicita que (i) se acceda al amparo; (ii) de manera transitoria, se ordene el suministro de agua potable en los tanques de almacenamiento de la urbanización Alminar Samoa; y (iii) se realicen las gestiones necesarias para potabilizar el agua que se surte en dicha urbanización. La mayoría de la Sala concluyó que estas pretensiones “hacen referencia a la presunta vulneración del derecho al agua en su faceta de derecho fundamental individual, cuyo contenido básico radica en el suministro de agua necesaria para el consumo humano” y, por tanto, pueden “reclamarse mediante la acción de tutela” .
Segundo, la posición de la Sala hace que la distinción entre la faceta individual y colectiva del derecho al agua potable sea inoperante. En efecto, la prestación del servicio público domiciliario de acueducto (faceta colectiva) tiene por objeto garantizar el suministro de agua apta para consumo humano. Por lo tanto, es contradictorio afirmar, como lo hace la mayoría de la Sala, que, en su faceta individual, el derecho al agua potable exige lo mismo, es decir, que el Estado suministre agua potable para consumo humano a toda la población en cualquier parte del territorio, con independencia de que exista o no infraestructura de red. En estos términos, los resolutivos segundo y tercero de la decisión de la cual me aparto son órdenes tendientes a proteger un interés colectivo, en este caso, “El acceso a los servicios públicos [de acueducto] y a que su prestación sea eficiente y oportuna”, tal como lo dispone el literal j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998, “por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. La orden de suministrar agua potable en condiciones de accesibilidad, cantidad y calidad al accionante y su familia, y los demás individuos que se encuentren en sus mismas condiciones equivale, en esencia, a ordenar la prestación del servicio de acueducto. En efecto, las obligaciones de hacer que se derivan de estas órdenes son típicas prestaciones positivas y obligaciones de cumplimiento que requieren la movilización de recursos económicos y un desarrollo normativo, reglamentario y técnico, que no se valora en la decisión.
En cualquier caso, aun de aceptarse que la acción de tutela era procedente, considero que Sala debió haber negado el amparo solicitado. Lo anterior, por tres razones.
Segundo, no existe evidencia que permita concluir que la Junta de Acción Comunal de la Vereda Ambalá Sector el Triunfo tenga la obligación de prestar el servicio público domiciliario de agua potable al accionante y a su familia. Del hecho de que organizaciones como estas presten servicios de suministro de agua no potable no se sigue que tengan un deber exigible de suministrar agua potable, en condiciones de accesibilidad, calidad y disponibilidad. En este caso, (i) la ponencia no explica cuál es la fuente legal de esta obligación entre dicha junta y el accionante y su familia y (ii) no existe evidencia de que la Junta de Acción Comunal se hubiere obligado a suministrar agua potable al accionante o que tal obligación tenga como causa un fundamento normativo diferente . En ausencia de estas pruebas, la Sala no contaba con elementos de juicio para concluir que la Junta estaba obligada a prestar el servicio de agua potable y, por tanto, que hubiese incumplido tal deber.
[32] Integrada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[58] La Sala replicará lo expuesto en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017, ambas con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos.
[61] PINTO, Mauricio, MARTIN, Liber, et al, “Configuración del derecho al agua: del uso común al derecho humano. Particularidades de su integración y expansión conceptual”, en EMBID IRUJO, Antonio (dir), El Derecho al Agua, Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2006, pp. 285-316.
[78] Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007, párr. 13.
[79] Naciones Unidas, Consejo de Derechos Humanos, Informe Anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos e Informes de la Oficina del Alto Comisionado y del Secretario General: “Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Sobre el Alcance y el Contenido de las Obligaciones Pertinentes en Materia de Derechos Humanos Relacionados con el Acceso Equitativo al Agua Potable y el Saneamiento que Imponen los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.”, A/HRC/6/3, 2007, párr. 15. Citado en la sentencia T-891 de 2014, reiterada en las sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.
[81] Ibid. Párrafo 12 lit. a. Sentencias T-760 de 2015 y T-100 de 2017.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 50
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 14
 artículo 14
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 79
 artículo 365
 artículo 8
 artículo 80
 artículo 14
 artículo 28
 resolución 
 artículo 49
 artículo 51
 artículo 11
 artículo 36
 artículo 4
 artículo 88