Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/autos/2010/A056-10.htm
Timestamp: 2017-11-23 20:13:29+00:00

Document:
A056-10
Auto 056/10
(Marzo 17; Bogotá D.C.)
Referencia: Expediente I.C.C-1477
Accionante: Gloria Yaneth Rodríguez Martínez
Accionado: Alcaldía de Santiago de Cali, Emsirva y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C. V. C.
Conflicto de competencia: suscitado entre el Juzgado veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Penal-.
1.- La señora Gloria Yaneth Rodríguez Martínez instauró acción de tutela contra la Alcaldía de Santiago de Cali, Emsirva y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca–C.V.C., por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna y a la igualdad.
2.- Manifiesta la accionante que hace parte del grupo de recicladores de Navarro que suscribieron acuerdos para mitigar el impacto social del cierre del basurero con las entidades accionadas, en agosto de 2008. Señala que dichos acuerdos se han cumplido de manera intermitente, pues el “supuesto empleo ha sido por 4 meses en el año 2008 y dos meses al inicio del 2009. Actualmente y por causa de la presión que ejercemos los recicladores permanentemente, se nos ha contratado por otros tres meses que van de octubre a diciembre de 2009, pero este empleo no lo es tanto ya que devengamos salarios por debajo del mínimo legal vigente, sin seguridad social ni prestaciones de ley”.[1]
4.- La demanda correspondió por reparto al Juzgado Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali, el cual, mediante providencia de fecha quince (15) de diciembre de dos mil nueve (2009), declaró su incompetencia para decidir de fondo la tutela de la referencia, con fundamento en el artículo 23 de la Ley 99 de 1993 y en los autos 341 de 2006 y 023 de 2009 de la Corte Constitucional, en los cuales se ha manifestado que las Corporaciones Autónomas Regionales son entidades del orden nacional. Por tal razón, dispuso el reparto del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.
5.- Una vez realizado el reparto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali mediante auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil diez (2010), consideró que la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca era una entidad pública del orden departamental y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000 y el criterio de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de Justicia “el competente para conocer las acciones de tutela contra la aludida entidad es el juez penal con categoría de circuito […]”[2]. En consecuencia, ordenó la devolución del expediente al Juzgado Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali.
6.- Recibido el expediente, el Juzgado Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali reiteró su posición frente a la naturaleza de las entidades autónomas regionales y ordenó la remisión del proceso a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto.
1.- La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que la solución de los conflictos de competencia en materia de tutela, corresponde al superior jerárquico común de las autoridades judiciales entre las cuales se presenta dicha discusión. Por esta razón, la competencia de la Sala Plena para conocer y dirimir esta clase de conflictos, debe ser interpretada de manera residual, puesto que sólo en los casos en que las autoridades judiciales involucradas en el conflicto carezcan de superior jerárquico común, el expediente deberá ser remitido a esta Corporación para que, como máximo Tribunal de la Jurisdicción Constitucional, decida cuál autoridad debe conocer de la solicitud de amparo[3].
Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional[4].
2.- No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[5].
3.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[6], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
4.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[7].
7.- Recuérdese que hasta hace poco tiempo existió, al interior de esta Corporación, una divergencia de criterios en torno al tema de la naturaleza jurídica de las C.A.R pues existían pronunciamientos en varios sentidos, tanto en sentencias de constitucionalidad como con ocasión de la resolución de los conflictos de competencia. A esa situación se hizo referencia en el auto 089A de 2009 en los siguientes términos:
“[…] en algunas oportunidades, [la Corte Constitucional] ha señalado que las CAR tienen una naturaleza jurídica especial o sui generis pues (i) no pertenecen al sector central de la administración ya que, por mandato de la Constitución, son organismos autónomos (artículo 150 numeral 7)[8], (ii) no son entidades del sector descentralizado por servicios porque no están adscritas ni vinculadas a ningún ente del sector central[9] y (iii) no son entidades territoriales debido a que no están incluidas en el artículo 286 de la Constitución que las menciona de forma taxativa y, además, pueden abarcar una zona geográfica mayor a la de una entidad territorial[10]. De este modo, ha determinado que son entidades administrativas del orden nacional […].
En otras ocasiones, ha indicado que las CAR son entidades descentralizadas por servicios[11], así no estén adscritas o vinculadas a entidad alguna. Concretamente señaló: La existencia de corporaciones autónomas regionales dentro de nuestro régimen constitucional, obedece, lo mismo que la de las entidades territoriales, al concepto de descentralización. Es sabido que la Constitución consagra varias formas de descentralización, entre ellas la que se fundamenta en la división territorial del Estado, y la que ha sido llamada descentralización por servicios, que implica la existencia de personas jurídicas dotadas de autonomía jurídica, patrimonial y financiera, articuladas jurídica y funcionalmente con el Estado, a las cuales se les asigna por la ley unos poderes jurídicos específicos o facultades para la gestión de ciertas competencias. Dentro de esta última modalidad de descentralización se comprenden, según el art. 150-7, diferentes organismos, como los establecimientos públicos, las corporaciones autónomas regionales, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, que se instituyen como una respuesta a la necesidad de cumplir distintas formas de gestión de la actividad estatal y de específicos cometidos, algunos tradicionales, otros novedosos, pero necesarios para el logro de las finalidades propias del Estado Social de Derecho”[12] (subrayado fuera del texto original).
Desde entonces se entendió que las acciones de tutelas dirigidas contra las C.A.R deben ser repartidas a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos o a los Consejos Seccionales de la Judicatura pues el numeral 1 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 indica que así debe suceder con las autoridades públicas del orden nacional.
Frente a lo anterior, es preciso aclarar que la decisión aprobada por la Sala Plena en aquélla oportunidad, consistente en devolver el expediente al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, no se fundamentó, en realidad, en que se presentara una distribución caprichosa fruto de una manipulación grosera de las reglas de reparto contenidas en el decreto 1382 de 2000 pues sólo hasta hace poco (auto 089A de 2009) esta Corte unificó su propio criterio en torno a la naturaleza jurídica de las C.A.R y el evento descrito sólo existiría si estuviera absolutamente clara la regla de reparto y, a pesar de ello, la oficina judicial decidiera desconocerla deliberadamente, como sucedería, por ejemplo, en el caso en el que se remitiera una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia a una autoridad judicial diferente a ella misma. La razón para proceder en ese sentido fue la de ser consecuente con la postura adoptada en el auto 089A de 2009, según la cual la naturaleza jurídica de las CAR es la de entidad pública del orden nacional, y no dar, a este caso, un tratamiento distinto al que se ha ofrecido a casos similares en oportunidades anteriores.
En esta oportunidad, la Sala observa que el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal, consideró que la Corporación Autónoma accionada hace parte del orden departamental y por tanto, en aplicación del Decreto 1382, el conocimiento de la demanda de tutela corresponde a los jueces del circuito. De otro lado, el Juez Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali, atendiendo pronunciamientos constitucionales, consideró que una de las accionadas, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC –, era una entidad del orden nacional y de acuerdo con lo señalado en el citado decreto, el reparto de la misma le correspondía a los Tribunales Superiores.
Ahora bien, en consonancia con la anterior postura, la demanda presentada por la señora Gloria Yaneth Rodríguez Martínez ha debido asignarse al Tribunal Superior del Distrito judicial de Cali y no al Juzgado Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali, como efectivamente lo hizo la oficina de apoyo judicial de dicha circunscripción.
Así las cosas, reiterando el criterio expuesto por la Corporación el expediente de la referencia será remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal. Por consiguiente, esta Sala dejará sin efectos el auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil diez (2010), mediante el cual la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela presentada contra la Alcaldía Municipal de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – C.V.C. – y EMSIRVA y se remitirá el expediente a dicho despacho judicial, para que de forma inmediata, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
PRIMERO: DEJAR SIN EFECTOS el auto de fecha catorce (14) de enero de dos mil diez (2010), proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali dentro de la acción de tutela de la referencia.
SEGUNDO: REMITIR el expediente de la referencia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para que sin más demoras, continúe el trámite de la primera instancia y profiera decisión de fondo respecto del amparo solicitado, conforme a las previsiones del artículo 86 de la Constitución Política y del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Por Secretaría General COMUNICAR al Juzgado Veintiuno (21) Penal del Circuito de Cali la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto.
(I.C.C.1477)
[1] Folio N. 2 Cuaderno principal.
[2] Folio N. 13 Cuaderno principal.
[3] Al respecto, ver entre otros, los Autos 014 de 1994, 087 de 2001, 031 de 2002, 122 de 2004, 280 de 2006 y 031 de 2008.
[4] Artículo 43 de la Ley 270 de 1996.
[5] Ver autos 167 de 2005, 240 de 2006 y 280 de 2007.
[8] Sentencia C-578-99.
[9] Sentencias C-593-95, C-275-98 y C-578-99.
[10] Sentencias C-593-95 y C-578-99.
[11] Sentencia C-596 de 1998. Reiterada por las sentencias C-554 de 2007 y C-462 de 2008 y acogida por el Auto 281 de 2006.
[12] Sentencia C-596 de 1998.

References: artículo 23
 artículo 86
 artículo 37
 artículo 86
 resolución 
sui generis
 artículo 286
 artículo 1
 artículo 86
 artículo 86
 Artículo 43