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Timestamp: 2017-07-25 22:58:51+00:00

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José María Cabrera Rubio
1 Alumno: Javier de Miguel Fernández. Tutora: Amalia Rodríguez González Julio 2013 FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO Campus de Palencia GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS2 INDICE OBJETO DEL TRABAJO INTRODUCCION 7 1ª PARTE. 3. DERECHO DE LA COMPETENCIA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y ESTADO ACTUAL DERECHO DE LA COMPETENCIA Concepto de Competencia Contenido del Derecho de la Competencia La Libertad de Competencia Sujetos del Derecho de la Competencia Formación y Sistema del Derecho de la Competencia El Libre Acceso a las Actividades de Servicios y su Ejercicio La Desregulación del Derecho de la Competencia Coordinación del Estado y de las Comunidades Autónomas en aplicación del Derecho de la Competencia Regulación Normativa Especial Regulación Normativa Española Recapitulación Normativa: Europea, Española y Autonómica Objetivos de las Normas en materia de Defensa de la Competencia El Derecho Comunitario Europeo de Defensa de la Competencia El Derecho Originario El Derecho Derivado Reglamentos de la Unión Europea sobre exención de Acuerdos por Categorías Las Líneas de Interpretación del Tratado de la UE.. 57 A) La Represión del Abuso de Posición Dominante.. 59 B) El Control de las Concentraciones de Empresas.. 61 C) Las Ayudas Públicas en el TFUE 65 Página 1 de 1763 4.7. Conductas Prohibidas en Materia de Defensa de Defensa de la Competencia de Acuerdo con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) Prohibiciones Generales Artículo 101 del TFUE 69 A) La Prohibición General del Apdo. 1 Art B) Consecuencias de la Infracción. Apdo. 2 Art C) Posibilidades de Exención. Apdo. 3 Apdo La Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia Principios y Contenido de la nueva Ley Órganos en materia de Defensa de la Competencia A nivel Europeo A nivel Nacional A nivel Autonómico Los Acuerdos Horizontales de Cooperación entre Empresas Concepto y Características Fundamentales Valoración de su Licitud Cooperación y Concentración entre Empresas 91 2ª PARTE. 5. DERECHO DE LA COMPETENCIA Y DERECHO DE LA NAVGACIÓN AÉREA Transportes y Cohesión La Política Común de Transportes La Política Comunitaria de Transportes en el TFUE El Acta Única Europea Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht Tratado de Ámsterdam Tratado de la Constitución Europea Transporte y Competencia Acuerdos en el Sector del Transporte Aéreo El Proceso de liberación en el Mercado del Transporte Aéreo. La influencia de la regulación norteamericana en el Mercado Aéreo Europeo 111 Página 2 de 1764 La Liberación del Mercado Aéreo Europeo Los Acuerdos entre Compañías Aéreas: El Reglamento CEE 1617/1993 de la Comisión La necesaria coordinación entre los Acuerdos celebrados por las Empresas Aéreas y el Derecho de la Competencia El Reglamento de la CEE 1617/1993, de la Comisión de 25 de junio. Los Slots o asignación de Franjas horarias en los Aeropuertos La regulación de los Slots en el Reglamento CEE 1617/1993 de la Comisión El Reglamento 489/2009 que autoriza a la Comisión a Conceder exenciones por categorías en el sector del transporte aéreo relativas al tráfico intracomunitario y al tráfico entre la Unión Europea y terceros países ª PARTE. 6. Análisis de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea por la que se declara incompatible con el Mercado Común la operación de compra de la Compañía Aérea Irlandesa Aer Lingus Group PLC por la también Compañía Aérea Irlandesa Ryanair Holdings PLC Introducción Partes que intervienen en el litigio Objeto de la Sentencia Hechos que han originado el litigio Contenido de la decisión impugnada Mercados de referencia Apreciación de los efectos de la operación sobre la Competencia Evaluación de los compromisos Procedimiento Pretensiones de las partes Fundamentos de Derecho Página 3 de 1765 6.9. Fallo del Tribunal CONCLUSIONES. 169 BIBLIOGRAFIA 171 LEGISLACION EUROPEA 173 LEGISLACION NACIONAL LEGISLACION AUTONÓMICA 175 SENTENCIAS DE LA UNION EUROPEA-COMPETENCIA Página 4 de 1766 1. OBJETO DEL TRABAJO. Tal y como establece la normativa que regula los Trabajos fin de Grado (art. 8), deben establecerse tanto la relevancia de la temática elegida como la fundamentación teórica y los antecedentes, así como la vinculación de la propuesta con las competencias propias del Título. En este sentido debe señalarse que el profesional que se trata de formar (Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos) debe tener unos conocimientos mínimos de la empresa, el estatuto jurídico del empresario, los mecanismos jurídicos para relacionarse en el tráfico mercantil con otras empresas, Administraciones públicas, trabajadores y proveedores, tanto en situaciones normales como en aquellas otras de crisis económica (concurso de acreedores). En este sentido se justifica el trabajo realizado en el ámbito del Derecho de la Competencia y tendría relación entre otras y sin un ánimo exhaustivo con las competencias generales profesionales (saber hacer) CE art. 22 (asesoramiento a organizaciones sindicales y empresariales y a sus afiliados), CE art. 23 (capacidad para asesorar y o gestionar en materia de empleo, de contratación, y de protección social complementaria). También están implicadas otras como el razonamiento crítico y el compromiso ético, patente en el tema que va a ser objeto de estudio con este Trabajo fin de grado, donde en ocasiones los límites entre lo ético y lo ilícito no son claros. Desde un punto de vista sistemático el trabajo se divide en tres partes diferenciadas: en primer lugar una parte general sobre derecho de la competencia que hace referencia a sus orígenes, fines y situación actual y en la que se estudia la normativa vigente y los órganos que velan por el respeto a la libre competencia y a sus normas. Se hace referencia en la normativa, como no podía ser de otra forma por su relevancia a la europea. La segunda parte del trabajo se centra en el análisis y estudio concreto dentro del derecho de la competencia del derecho aéreo con referencia igualmente a la normativa, objeto y fines de la misma e intereses implicados en Página 5 de 1767 el establecimiento de normas que velen por la libre competencia en este sector de especial relevancia. Por último en la tercera parte del trabajo, se hace mención a un supuesto concreto: Ryanair Holdings plc, contra Comisión Europea, a través del comentario de la Sentencia. Finaliza el trabajo con unas reflexiones finales y una selección de bibliografía utilizada para su elaboración. Página 6 de 1768 2. INTRODUCCIÓN. Para que los mercados funcionen de forma eficaz se requiere que no existan limitaciones a la competencia y que no haya posiciones monopolísticas, que limitan las posibilidades de elección de los consumidores y encarecen los productos y servicios. Los mercados competitivos pueden maximizar el bienestar general. Por otra parte, la competencia es un importante factor estimulador del progreso técnico y de las innovaciones, con todo lo que suponen para el desarrollo de la humanidad 1. La política de defensa de la competencia persigue la consecución de mercados en los que los participantes actúen en régimen de libre competencia y en los que no existan barreras de entrada legales no justificadas. Otros objetivos de la política de la competencia son el asegurar la libertad económica individual de las empresas y la no concentración del poder económico y social. Es ciertamente importante que los mercados de una economía no estén intervenidos y sean competitivos. Un contexto de libertad de intercambios a nivel internacional es todavía más conveniente. En efecto, la existencia de sectores preservados de la competencia provoca ineficiencias que se transmiten al resto de sectores afectando a su competitividad. Las medidas para incrementar la competencia son imprescindibles dentro de las reformas estructurales para facilitar la convergencia de la economía española con los países de economías más sólidas de la Unión Europea. De hecho, la eliminación de las distorsiones de los mercados de bienes y factores es una de las condiciones para que nuestro elevado índice de inflación se homologue con el de los países europeos más saneados. Sería un grave error, por otra parte, creer que para conservar empleo hay que proteger de la competencia a partes de la economía. Sólo serviría para retrasar las soluciones, que serán sin duda más dolorosas. En los tiempos actuales, para resolver la insuficiencia de empleo, uno de los grandes problemas de la economía española, la única garantía es lograr que la economía sea más competitiva, y para ello son convenientes 1 Josep M. Carrau Director del Servicio de Estudios de La Caixa. La defensa de la Competencia en España y en Europa. Pág. 5 a 9. Marzo de Página 7 de 1769 medidas de corte menos intervencionista. En el caso del transporte aéreo, la liberalización ha permitido la presencia de otras empresas competidoras, y a pesar de que su alcance ha sido limitado, los efectos han sido espectaculares. Así, en el puente aéreo entre Madrid y Barcelona las tarifas han disminuido de forma muy significativa y se constata al mismo tiempo una mejora de la calidad del servicio. También en otras líneas la caída de los precios ha sido muy importante, una vez abiertas a la competencia 2. La importancia capital del Derecho de la competencia está en que es la pieza que sirve para corregir o paliar lo que los economistas llaman «fallos del mercado». Dicho de manera más concreta, para asegurar un funcionamiento lo más eficiente posible del sistema económico, al servicio de la productividad y el bienestar de los consumidores. En estos momentos de grave crisis que, sean cuales sean sus causas y orígenes y sus responsables, revelan de manera bien patente un funcionamiento muy deficiente del sistema económico. Al Derecho le corresponde, la ordenación de la vida social de conformidad con la justicia, objetivo de significación muy superior y que transciende a lo meramente económico. Pero también hay que decir que la ineficiencia es una de las mayores fuentes de injusticias. Analizaremos las consecuencias de las conductas que la legislación antimonopolística trata de evitar, particularmente de los cárteles y los abusos de exclusión. Las rentas monopolísticas que generan estas conductas, en forma de sobreprecios o imposición de otras condiciones de transacción supracompetítívas a los consumidores, no son en el fondo otra cosa que un reparto o asignación inequitativa de los recursos sociales, que salen de los patrimonios de los consumidores para engrosar de forma injusta, los bolsillos de los cartelistas o monopolistas. La función fundamental del Derecho de la competencia es precisamente evitar estas situaciones. En Europa recibimos este Derecho por influencia norteamericana. A los norteamericanos les cabe el honor de ser los fundadores de esta rama del 2 Palabras pronunciadas el 14 de octubre de 2010, en la Inauguración del Congreso Internacional sobre aplicación privada del Derecho de la competencia, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid los días 14 y 15 de octubre de Luis Antonio Velasco San Pedro. Página 8 de 17610 ordenamiento con la todavía vigente Sherman Act de , a la que siguieron otras normas como la Clayton Act de ,y, sobre todo, el activismo de sus tribunales de justicia que, en un sistema de casos y precedentes como es el norteamericano, inserto en la tradición jurídica anglosajona del Common Law 5, ha sido un elemento central de su extraordinario desarrollo. La llegada de este Derecho al continente europeo coincidió con los inicios en los años 50 del proceso de integración que nos ha llevado a la actual Unión Europea. Los europeos, al introducir normas de Derecho de la competencia en los Tratados fundacionales de la CECA de la CEE 6, recepcionaron lo que eran los resultados de un proceso de depuración de un sistema antitrust de más de medio siglo. Pero ello se hizo adaptando tal sistema a la forma de hacer Derecho de los países de la primera Europa comunitaria que era la propia de la tradición romano-germánica siguiendo planteamientos económicos no del todo coincidentes con los de los Estados Unidos. Sin embargo, hay un aspecto no menor en la materia, que tiene además que ver con la justicia distributiva y es la adecuada compensación de los perjudicados, particularmente los consumidores, cuyos daños no encontraban resarcimiento a través del procedimiento de aplicación pública del Derecho de la competencia. La falta de atención expresa a este problema por los legisladores comunitarios y nacionales, ciertamente, no impedía, al menos teóricamente, que los perjudicados pudieran a través de otros sistemas obtener una adecuada compensación. Principalmente, con base en el viejo principio romano nemínem laedere 7, los perjudicados podían dirigirse ante los tribunales ordinarios de justicia contra los infractores de las reglas de la competencia que, precisamente por eso, les habían causado un daño, reclamándoles su indemnización o resarcimiento. 3 Publicada el 2 de julio de 1890, fue la primera medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. El acta declaró ilegales los trust, por considerarlos restrictivos para el comercio internacional. Fue elaborada por el senador estadounidense de Ohio John Sherman, y aprobada por el presidente Benjamin Harrison 4 Fue una ley federal aprobada en Estados Unidos en 1914, para remediar las deficiencias en la ley antimonopolios Sherman Antitrust de 1890, la primera ley federal en contra de prácticas empresariales que perjudicaran a los consumidores (monopolios y pactos colusorios en contra de la competencia). 5 El Derecho anglosajón (o Common law), derivado del sistema aplicado en la Inglaterra medieval, es aquel utilizado en gran parte de los territorios que tienen influencia británica. Se caracteriza por basarse más en la jurisprudencia que en las leyes. 6 El Tratado CECA, firmado en París en 1951, reúne a Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux en una Comunidad que tiene por objeto organizar la libertad de circulación del carbón y del acero y el libre acceso a las fuentes de producción. El Tratado CEE, firmado en Roma en 1957, reúne a Francia, Alemania, Italia y los países del Benelux en una Comunidad que tiene por objetivo la integración a través de los intercambios con fines de expansión económica 7 El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Así lo establece el artículo 1902 del Código Civil. Página 9 de 17611 Con todo, la reserva de excepciones a la prohibición de acuerdos restrictivos a favor de las autoridades de la competencia -en el caso del Derecho europeo, exclusivamente la Comisión Europea- dificultaba enormemente su ejercicio, que sólo parecía factible, al menos en estos casos, en el marco de acciones follow-on o de seguimiento a una previa decisión sancionatoria de estas autoridades, como además se llegaba a recoger expresamente en alguna legislación nacional, incluso extendiéndolo a todos los supuestos, como era la española bajo las leyes de 1963 y En Europa, fue de nuevo la jurisprudencia progresiva del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la que fue abriendo camino a las acciones stand alone o independientes, y la que acabó remarcando, en virtud de los principios de supremacía y efecto útil del Derecho europeo, el derecho de toda persona que haya sufrido daños por un incumplimiento de normas de competencia a reclamarlos ante los tribunales nacionales, en las sentencias de 2001, Courage y Crehan 8, y de 2006, Manfredi 9. La sustitución en Europa del sistema de reserva de excepciones por el de excepción legal, así como la descentralización de la aplicación del Derecho europeo en autoridades nacionales, administrativas y judiciales, a raíz de la llamada modernización del Derecho de la competencia europeo, que acabó cristalizando en el nuevo Reglamento 1/2003 (del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado), culminó este proceso. Con ello se removieron los principales obstáculos existentes para el ejercicio de estas acciones, que ahora de manera indudable pueden ejercitarse ante los tribunales ordinarios de los Estados miembros tanto de manera sucesiva como independiente, sin que haya habido en estos últimos casos un previo pronunciamiento de las autoridades de la competencia, europeas o nacionales. Lo mismo han hecho distintos Derechos nacionales, como el español, que en la nueva Ley 15/2007 de 3 de julio de Defensa de la Competencia ha acogido el sistema de excepción legal y ha eliminado el anterior requisito de pre-procedíbílídad administrativa para las acciones de daños. 8 Una decisión prejudicial sobre la interpretación del artículo 85 del Tratado CE (actualmente artículo 81 CE) y de otras disposiciones del Derecho comunitario. 9 Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 81 CE. Página 10 de 17612 Con ello se lograba una mayor efectividad de las normas del Derecho de la competencia, y la debida protección de todos los intereses afectados por esta normativa, tanto los generales relacionados con el orden publico económico como los particulares de los perjudicados, a los que sólo puede atender en su integridad la aplicación privada. La disciplina jurídica de la actividad empresarial, junto al aspecto relativo a la libre iniciativa económica en su vertiente de adquisición de la condición de empresario (que se concreta fundamentalmente en el derecho del libre acceso al mercado como empresario), tiene otra vertiente de la que nos vamos a ocupar ahora, que es la regulación de la competencia entre empresarios. Como declara la Exposición de Motivos de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia: «el artículo 38 de la Constitución que reconoce la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y la garantía y protección de la misma por los poderes públicos, de acuerdo con las exigencias de la economía en general y, en su caso, de la planificación». Sobre la base de ese principio, la existencia de una competencia efectiva entre las empresas constituye uno de los elementos esenciales de la economía de mercado, en cuanto disciplina la actuación de las empresas y asigna los recursos productivos de la forma más eficiente en favor de los operadores económicos y las técnicas más productivas, lo cual beneficia en definitiva al consumidor que puede obtener los productos a menores precios y en superior cantidad, variedad y calidad. La libre competencia es, por consiguiente, un principio básico que el ordenamiento jurídico ha de tutelar. Pero a diferencia de lo que hacían los ordenamientos del siglo pasado, que estimaban que la protección de la libre competencia se debía basar pura y simplemente en su reconocimiento, en el momento presente se considera que la disciplina de la libre competencia es más compleja. Esto se debe a que la crisis del modelo teórico de la competencia perfecta, trazado por los economistas clásicos, hacía que esa competencia no se diera en la realidad (por la frecuencia de las situaciones de dominio del mercado por parte de ciertas empresas; por la falta de homogeneidad en las mercancías que se ofrecen, que aun siendo sustancialmente idénticas aparecen como diversas, por efecto de las marcas y de la publicidad, lo que impide la transparencia del mercado; por las restricciones legales para el establecimiento de nuevas empresas; por la dificultad en desmontar las empresas creadas, etc.). Página 11 de 17613 Además, surgió el fenómeno de que si la libertad de iniciativa económica tenía como consecuencia la libre competencia, también derivaba de ella la autonomía de la voluntad en el aspecto contractual, que consintió en que los competidores pudieran perder la agresividad que de ellos se esperaba y que establecieran acuerdos entre sí de no hacerse la competencia: surgieron así las limitaciones convencionales de dicha competencia, con daño para los competidores que están al margen de esos acuerdos, y lo que es más grave, para los consumidores en general. Por esta razón, el legislador ha debido intervenir para poner coto a las prácticas restrictivas de la competencia y de las eventuales conductas de abuso de las empresas que puedan ocupar un posición dominante en el mercado que regula en la actualidad la Ley 15/2007, de 3 de julio, denominada de «defensa de la competencia» (LDC). Ley que se ha completado por su Reglamento de Defensa de la Competencia aprobado por Real Decreto 261/2008, de 22 de febrero (BOE del 27 de febrero). Se produce al propio tiempo en el marco de la competencia un fenómeno con matices en parte diversos cuando la concurrencia entre empresarios se ve marcada por la utilización de prácticas desleales, cosa que acontece cuando el empresario acude a cualquier medio para atraerse a los consumidores (denigración de los productos del contrario, publicidad engañosa, soborno de los colaboradores del competidor, etc.). El Ordenamiento jurídico también interviene aquí con una disciplina de la competencia desleal, mediante la cual se quiere poner un freno a la libre competencia, de forma que la lucha económica no degenere y discurra dentro de unos cauces de lealtad. El régimen de esta disciplina lo encontramos en la Ley 3/1991, de 10 enero, de competencia desleal, recientemente reformada por la Ley 29/2009, de 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la protección de los consumidores y usuarios. Tanto en los casos de la regulación de las prácticas restrictivas de la competencia como en los supuestos de competencia desleal, el Derecho desea tutelar los intereses de los competidores que participan o desean participar en esa lucha y los de quienes se benefician de ella, o sea, los consumidores o el público en general. La Comisión Europea es bien consciente de estos problemas, y a ella se deben las iniciativas de los libros verde (de 19 de diciembre de 2005, «Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la Página 12 de 17614 competencia») y blanco (de 2 de abril de 2008, relativo a las «acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia»), y los trabajos preparatorios de una Directiva para armonizar y dar una solución a estos y otros problemas implicados en la cuestión. Página 13 de 17615 1ª PARTE: REGULACION DE LA COMPETENCIA 3. DERECHO DE LA COMPETENCIA: EVOLUCION HISTORICA Y ESTADO ACTUAL. Hasta el triunfo de la ideología liberal que se consagra con la Revolución francesa, para que un sujeto pudiera iniciar la explotación de una actividad económica debía obtener previamente la autorización real o la de los gremios o corporaciones profesionales 10. Con la Revolución se instaura el principio de libre acceso al ejercicio de cualquier actividad económica, porque todos los sujetos son iguales ante la Ley: cualquier ciudadano puede iniciar una actividad mercantil o industrial, pudiendo, además, fijar libremente las condiciones de su ejercicio. Ello produce posteriormente el efecto de que los empresarios pueden concurrir y competir con otros que se dedican a la misma actividad, aunque al obrar así se sustraiga o pueda sustraer la clientela. Surge de esta forma la llamada libertad de competencia, que se halla presente en normas incluso de rango constitucional (así, el fundamental artículo 38 de la Constitución española proclama «la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado»), y cuya adecuada comprensión exige realizar varias puntualizaciones. La libertad de competencia constituye un elemento esencial del denominado sistema de «economía de mercado» vigente en todos los países de la Unión Europea. No obstante, no puede decirse que nos encontremos ante un sistema «puro», sino más bien ante lo que se ha dado en llamar un «sistema de economía social de mercado». Son varios los principios o presupuestos sobre los que se asienta este sistema: el reconocimiento de la propiedad privada de los medios de producción, sin perjuicio de la posibilidad de la iniciativa pública en la actividad económica (Art CE); la libre circulación e inversión del capital; el lucro económico, erigido en el sector privado en motor de la actividad económica (Art. 38 CE); pero, simultáneamente y junto a ello, la posibilidad de proceder, por parte del Estado, a una planificación de la actividad económica (arts. 38 y 131 CE). Con todo, ha de reconocerse que la programación o planificación económica se presenta en la actualidad con una intensidad cada vez menor. Es más, hoy cabe hablar de una tendencia de signo inverso, como es la desregulación, que puede entenderse como el fenómeno de «contraimiento de la acción directa del Estado en la economía, 10 JIMENEZ SÁNCHEZ, Derecho Mercantil, Madrid, 2012, vol. 1º, pp. 349 y ss. Página 14 de 17616 comportando, pues, el abandono por el Estado de su condición de agente económico en ciertos sectores reservados para sí en exclusiva y, por tanto, su apertura a la acción de los particulares» 11. Con todo, y pese a su nombre, la «desregulación» del mercado no equivale, siempre y en todo caso, a una reducción o supresión de normas. En efecto, si por aquélla entendemos, en sentido lato, la ampliación de los ámbitos de libertad económica, resulta claro que tal ampliación genera o puede generar el riesgo de consecuencias nocivas que el legislador debe prevenir a través de las adecuadas medidas que las eviten, con lo que no se excluye un incremento de los preceptos legales. Dentro de la desregulación puede incluirse, como una de sus facetas, la privatización de las empresas públicas, como fenómeno tendente a disociar la empresa pública del Estado, contribuyendo así a la transparencia de costes e impulsando a tales empresas hacia economías y formas de gestión más eficientes. Mejora, por esta vía, la capacidad concurrencial de los operadores del mercado, sin llegar a modificar las reglas de juego del mercado. Especialmente significativa fue, en nuestro país, la desaparición del Instituto Nacional de Industria (INI) y la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) 12, sin reflejo en los Presupuestos del Estado. Al tiempo, y en íntima conexión con lo anterior, es perceptible en la actualidad una clara acentuación de aquellas políticas encaminadas a promocionar los mecanismos del mercado (Política de competencia). De hecho, el fenómeno de la privatización ha sido implícita pero decisivamente alentado por la política de la Unión Europea en materia de defensa de la competencia, y concretamente por el férreo control de las ayudas públicas a las empresas. Es dentro de este marco donde actúa la llamada libertad de competencia, para cuya adecuada comprensión resulte necesario averiguar previamente en qué consiste la competencia económica. Los economistas clásicos acuñaron la expresión de competencia «perfecta» o «pura», para describir una teórica situación del mercado, en el que por su propia 11 Massaguer Fuentes, J. Comentario a la Ley de Defensa de la Competencia, Aranzadi, Navarra, El Grupo SEPI es un holding empresarial público con participación directa y mayoritaria en 18 empresas y más de profesionales. Página 15 de 17617 estructura ninguna empresa (oferente) se encontraba en situación de influir sobre los precios, los cuales habían de ser, además, el resultado perfecto del libre juego de la oferta y de la demanda. El mercado, y dentro de él el consumidor, es soberano, pues es en definitiva el que fija los precios y, a la larga, el destino de los competidores, que resultarían «premiados» o «castigados» con la elección del consumidor. Motivos todos ellos por los cuales se entendía que el Estado no debía intervenir regulando la competencia, pues se trataba de un mecanismo perfecto. En realidad, esta idílica situación de competencia perfecta no se ha producido nunca, y mucho menos en la economía moderna, en la que el régimen del mercado suele ser monopolístico u oligopolística; en la que las grandes unidades industriales tienden a concentrarse en pocas manos que pueden fijar o controlar, directa o indirectamente, la oferta y la demanda y, con ellas, los precios; y en la que existe una profunda tendencia a que sean las grandes empresas las que dominen y configuren el mercado (y no a la inversa); y en la que, con no poca frecuencia se observa cómo los competidores, si se les deja en libertad, renuncian a competir (p. ej.: poniéndose de acuerdo sobre los precios). Pues bien, dentro de estas coordenadas se configura el sistema constitucional económico del movimiento codificador europeo del siglo pasado. Frente a este modelo de competencia perfecta caracterizado porque el precio constituye siempre un dato externo a oferentes y demandantes, la realidad se ha encargado de demostrar que esta visión clásica del equilibrio del mercado no se da más que excepcionalmente y que el reconocimiento de la libertad de iniciativa económica no comporta sin más que una «situación objetiva» de libre competencia. Por todas estas razones, los economistas han sustituido la noción de competencia perfecta o pura, por otro concepto que responde más exactamente a la realidad y que denominan competencia «imperfecta», «practicable» u «operativa». Se trata de una noción que presupone la existencia de todas las circunstancias anteriormente descritas. En esta situación, el mercado y la economía así descritos presuponen la existencia de un cierto, aunque relativo, grado de competitividad entre las empresas, que puede manifestarse de varias maneras y producir efectos beneficiosos (p. ej.: la mejora de los precios, de la calidad, de los servicios, etc.) sobre la comunidad. Ahora bien, más que un dato o un presupuesto evidente, esta competencia se convierte en objetivo a conseguir o preservar y, por ello, en bien jurídico protegido, pasando a ser objeto de regulación. Éste es el planteamiento que se contiene Página 16 de 17618 en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (arts. 3.1.b y 101 ss., antes arts. 3.1.g, y 81 ss. del TCE) y en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Los ordenamientos jurídico-privados nacidos del proceso codificador europeo del siglo pasado se inspiran en un modelo económico y social caracterizado por el mercado como institución básica organizada en torno a la igualdad formal de oferentes y demandantes cuyos postulados esenciales proceden, en lo ideológico, de los principios liberales del siglo XIX y, en lo económico, de la existencia de un sistema de libre competencia. En la concepción de los economistas clásicos el mercado no sólo constituía el punto de encuentro teórico de la oferta y la demanda sino al mismo tiempo un instrumento de planificación económica descentralizada a través del cual tiene lugar de forma espontánea, y merced al mecanismo de los precios, la coordinación de los planes económicos individuales formulados por las empresas y las economías familiares. Este mecanismo sólo puede funcionar satisfactoriamente cuando el mercado permanece abierto, es decir, cuando este último se halla sujeto a un régimen de libre competencia, entendida como expresión de la libertad de iniciativa económica, derecho que asiste a toda persona de actuar al servicio de sus intereses particulares. A través de la llamada función «ordenadora y de dirección» la competencia posibilita que la oferta se oriente según los deseos y exigencias de los demandantes. La competencia cumple por otro lado una función de «selección», recompensando con el máximo beneficio a los empresarios que ofrecen las mejores prestaciones en el mercado y eliminando de este último a los operadores ineficaces. El derecho individual a la libre iniciativa económica ha permitido unas veces renunciar a esa libertad a través de límites convencionales a la competencia y otras excluir del mercado a los restantes competidores mediante la adquisición de una posición de dominio, que permite influir decisivamente sobre los precios o las condiciones de aquel. Se produce de esta suerte el tránsito de un modelo de competencia perfecta a un sistema de competencia efectiva o funcional integrado por elementos competitivos y monopolísticos, dando lugar a una progresiva reducción de la competencia en aras a Página 17 de 17619 determinados procesos de concentración económica destinados a asegurar el progreso tecnológico y el nivel de eficiencia que deriva de la dimensión óptima de la empresa. Un mercado con esta estructura, sujeto en su funcionamiento a las reglas de la competencia «efectiva» o funcional, tiende inevitablemente a alejarse del esquema ideal de la competencia perfecta, para acomodarse a un modelo más dinámico, en el que apenas queda espacio para la llamada soberanía de los consumidores, reducida a lo sumo a una simple libertad de decisión. La subversión del modelo económico tradicional no sólo obedece a la paulatina reducción de la competencia sino a una pluralidad de factores que han contribuido a estrechar de forma progresiva la libertad de elección de los consumidores. Existe la convicción, más o menos generalizada, de que el ordenamiento de la competencia se halla al servicio del progreso técnico y del desarrollo económico. La creciente intervención estatal merced al juego de determinadas políticas económicas sectoriales y la introducción del instrumento de la planificación o programación económica no sólo obligan a cuestionar la significación constitucional económica de la libre competencia como instrumento básico de ordenación de la economía sino que pone en una nueva dimensión el papel desempeñado por los consumidores en los procesos de producción y mercado. La ordenación de la competencia, como fenómeno económico, descansa en nuestro país sobre dos pilares normativos básicos: Por un lado la defensa de la libre competencia. Se trata de un principio de orden público económico y, en cuanto tal, pieza clave del vigente sistema constitucional económico. La disciplina jurídica está contenida en la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la competencia. Por otro lado la regulación del ilícito concurrencial. La Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia desleal modificada por Ley 29/2009, de 30 de Diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal y de la publicidad para la mejora de la Página 18 de 17620 protección de los consumidores y usuarios, sustituye y reorienta la normativa recogida en los artículos 131 y 132 de la Ley de Propiedad Industrial de 16 de mayo de 1902, hoy derogados. Junto a estos dos cuerpos legales en materia de libre competencia y competencia desleal -que se entrecruzan y condicionan recíprocamente en los términos que enseguida veremos- existe otra serie de normas relativas a los derechos de exclusiva sobre bienes inmateriales, desarrolladas en el marco regulador de la Propiedad industrial e intelectual, que inciden de forma no irrelevante sobre el funcionamiento del mercado y el juego de la competencia. Por lo que al Derecho de la competencia se refiere, no estará de más advertir que, sin perjuicio de la libertad de concurrencia, la exigencia de un mínimo de lealtad en la lucha por el mercado ha sido una constante desde los albores mismos del Derecho mercantil. La facultad que asiste a todo empresario de ampliar el ámbito de sus negocios y el círculo de los clientes -con los perjuicios que ello pueda ocasionar a los restantes competidores- ha de ejercitarse necesariamente bajo los principios de honestidad y juego limpio, que gobiernan la actividad concurrencial. La competencia ilícita es reprobada por el ordenamiento jurídico, que de hecho sanciona los excesos de agresividad de la competencia, no en orden a su intensidad -ya que la libertad de la competencia permite que un empresario arruine «lícitamente» a otros- sino por la utilización de ciertos medios considerados incorrectos o desleales, a través de los cuales se perjudican los intereses tanto de los propios competidores como de los consumidores. De ahí que en la regulación de la competencia ilícita coexistan la defensa de intereses públicos y el interés particular de los competidores dañados. Identificado en esta fase inicial el derecho de la competencia con las normas sancionadoras de la competencia desleal, las primeras dificultades se plantean a la hora de insertar en esta categoría genérica de competencia la defensa de la libre competencia y su corolario de represión de las prácticas restrictivas. Configurado este derecho, en una primera fase, con un marcado carácter subjetivo e instrumental, la doctrina dominante ha terminado orientándose claramente en el sentido de hacer de la protección de la libre competencia un presupuesto institucional del sistema de economía de mercado. Página 19 de 176 Mostrar más
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 artículo 85
 artículo 81
 artículo 81
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 artículo 38
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 artículo 1
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