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Timestamp: 2018-01-17 15:16:14+00:00

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LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ¿DE VERDAD HEMOS VISTO LA MISMA PELÍCULA? – SIN ANIMUS MOLESTANDI
Es público y notorio que la valoración de la prueba dista mucho según quién la valora. En este caso, la distancia más larga entre dos puntos (de vista) es el del Tribunal y la defensa. Sabemos que la que al final define el sentido del pleito es la valoración, que desde el punto de vista de la imparcialad de un Tribunal de Justicia pone fin a la controversia dictando su Sentencia. Es precisamente en ese punto, reconociendo que debe tener razón dado que su parecer no está afecto de esa “radiactividad” subjetiva de quien defiende los intereses concretos de una de las partes (igual situación representa la contraparte), cuando surge la paradoja: “Si es cierto que la defensa está tan sumamente confundida cuando valora la el acerbo probatorio (sobre todo testifical) que vaga navegando siempre a la deriva, sin timonel, con dirección a ninguna parte… ¿Podemos en ese caso afirmar que la tutela judicial efectiva ha sido administrada, sin causar indefensión? Sorprende además que parecemos ir siempre sin rumbo aparente, y algo nos lleva siempre, una y otra vez en la misma dirección y en sentido siempre contrario al mismo puerto. Tan confundidos estamos, o simplemente nosotros dedicamos más tiempo al asunto, mientras que el Juez sólo puede dedicarle el tiempo del Juicio, apenas un par de horas, y un rato antes para mirarlo, más el tiempo justo para dictar rápido Sentencia. Sin duda en este caso por culpa de la Administración de Justicia en su carencia de medios adecuados a los fines de garantizar una más efectiva tutela judicial. Derecho fundamental que se verifica a través de un deber “prestacional” del Estado, como reconoce la Doctrina del TC, y que por ese motivo el Sr. GALLARDÓN vio oportuno cobrar mediante la LEY DE TASAS. ¡Qué coño hacen con la pasta! Claro, ahora que cobran, sí que parece razonable exigir un Poder Judicial con medios bastantes para administrar adecuadamente la Justicia, dado que la pagamos todos, además de los usuarios.
En busca de resolver el problema planteado, decidí diseñar un itinerario o plan de resolución. Decidí partir de 0 por ser el número más cercano a los considerados “naturales positivos”. Intentar abstraerme de la “radioactiva” parcialidad de quien es una parte del conflicto, e intentar acreditar desde el punto de vista objetivo e imparcial, como método para visualizar lo que de otra forma no podría ver, confiando en que, una vez vea lo mismo que quien decide, la valoración fluyera sin necesidad de ser explicada. He echado mano de un vídeo de una AUDIENCIA de un juicio más bien antiguo, que desde luego me obliga a verlo desde distinta perspectiva, incluso profesional, pues estoy hablando de algo que tenga unos 10 años atrás. Sin duda, es un asunto que a día de hoy me la trae “al pairo”, sólo con la intención de VER SI VEO lo mismo, o si es cuestión de tener superpoderes.
A todo esto, veo que ME CENTRO SOBRE TODO EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS DECLARACIONES TESTIFICALES DE TESTIGOS, dado que la diferente valoración se fundamenta en la diferencia interpretación sobre la veracidad de tan subjetivas declaraciones. Excluyo la de las partes, o los acusados, dado que Sus Señorías, del mismo modo ¡no las tienen en cuenta para nada!
NADA, que no soy capaz de llegar a considerar que esas DECLARACIONES TESTIFICALES son lo bastante veraces como para sostener una Sentencia condenatoria. Claro que SÍ soy capaz de ver el PORQUÉ o de CÓMO SE HA LLEGADO A UNA INTERPRETACIÓN FAVORABLE A LA CONDENA: el problema me surge cuando, todas las veces, unas más y otras menos, SÓLO SERÍA CAPAZ DE LLEGAR A ESA INTERPRETACIÓN SI PARTO DE UN PUNTO MEDIO, ESTO ES, SIN PARTIR DE EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. Digamos, que si en mi “simulador mental” lo miro y remiro hasta que me identifique con la convicción judicial, necesito no tener en cuenta el artículo 24.2 CE, y recordemos que la JURISDICCIÓN PENAL gracias a ese segundo párrafo refuerza la garantía que de ordinario ofrece el Artículo 24.1 CE DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.
Sin embargo, entiendo perfectamente la visión, igualmente parcial del MINISTERIO FISCAL, cuando se trata de valorar la PRUEBA DE CARGO, si bien en este caso RESULTA UNA TENDENCIA PLENAMENTE NORMAL. ES GRACIAS A LA ACTIVIDAD, ACCIÓN O IMPULSO DEL MF, JUNTO CON EL DEBATE QUE SE GENERA A TRAVÉS DE LA CONTRADICCIÓN, COMO SE DEBIERA LLEVAR, EN UN MOVIMIENTO PENDULAR, DE CARGO Y DESCARGO, ACCIÓN REACCIÓN… A LA RESOLUCIÓN DEL PLEITO CONSTRUYENDO SU CONVICCIÓN EL TRIBUNAL CON AYUDA DE AMBAS PARTES, QUE DEBEN SER IGUALMENTE NECESARIAS PARA AL FINAL IMPARTIR JUSTICIA.
Soy consciente, cómo no, de que al Juzgado la gente no va a pedir justicia, sino ¡a que le den la razón! De esta forma muchas de las impresiones con las que salimos de SALA y que igualmente nos enervan al recibir la SENTENCIA, con lo que consideramos nunca mejor dicho un Fallo, son tan subjetivas que es sano deporte no hacer comentarios, y ejercitarse en la discreción, hasta que una vez madura la resolución la veamos con otros ojitos.
En definitiva, veo demasiado a menudo que la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA NO SE EXIGE COMO SI DE VERDAD IMPORTARA, que los interrogatorios de los acusados no valen para nada (la nueva LECr de 2012 la excluye acertádamente salvo que la defensa la proponga excepcionalmente, y al final, así matamos 2 pájaros de un tiro, y evitamos darle dos veces la palabra al acusado en el mismo pleito), y que EL JUZGADOR MIRA EL JUICIO CON LOS OJOS PUESTOS EXCLUSIVAMENTE EN LA PRUEBA DE CARGO Y EN SU SUFICIENCIA PARA DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA SEGÚN EL CANON DE MÍNIMO MINIMORUM QUE ESTABLE ELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL. Inquieta que la defensa se pronuncie sobre su defensa, y que la Sentencia no haga un mínimo ejercicio de exposición, con el fin de mostrar dos cosas: por un lado, que se escuchó; y por otro, que se entendió la tesis. De ahí a que la adopte o no el TRIBUNAL, va un buen trecho, dado que ésto no se puede exigir, mientras que lo anterior debería darse SIEMPRE, como CONDITIO SINE QUA NON que cubra de forma bastante la motivación, como constante es la DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO que así se pronuncia, pero que los JUECES A QUO NO APLICAN RIGUROSOS. Eso, con más SENTENCIAS DE REVISIÓN (AAPP en apelación, y el TS en Casación, que sí lo hace) REVOCANDO Y ABSOLVIENDO POR FALTA DE MOTIVACIÓN, y en poco rato los TRIBUNALES A QUO empezarán a exigirse aquello que el TRIBUNAL SUPERIOR NO “LE DA EL PASE”, seguramente quedándose con ganas de hacerlo, pero inclinándose a defender el deber para evitar ámbitos de impunidad, que con tendencia a REFORZAR EL PRINCIPIO que queda en el olvido.
¿A qué volumen ponéis la música cuando tenéis ganas de escuchar un concierto, una canción, o algo a lo que digamos: vayáis a prestar atención? Entiendo que la media sería de un volumen medio-alto, dado que como he señalado, vamos con intención de escucharla, no de hacerlo mientras limpiamos la casa, ni como hilo musical…
¿Que qué coño pregunto de repente? Pues EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA es un derecho de los fundamentales del artículo 24.2 CE, y en dicho artículo SÓLO SE HACE MENCIÓN A SU EXISTENCIA, si bien el artículo 81 CE exige para APROBAR LAS LEYES, ORGÁNICAS, QUE DESARROLLEN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, a día de hoy el famoso principio NO SE MENCIONA EN NINGUNA OTRA NORMA PENAL, Y NO ESTÁ DEFINIDO EN NINGÚN SITIO, NI DESARROLLADO, NI NADA DE NADA… Vamos, lo clásico de cuando algo de verdad te importa, que no le haces ¡en 35 años ni puto caso! ¿Quién es el encargado de DEFINIR Y DELIMITAR DICHO PRINCIPIO? Exacto, el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, con un problema que surge por ello: el TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ES A QUIEN CORRESPONDE ESTABLECER EL CANON DE CONSTITUCIONALIDAD, MÍNIMO, QUE DEFINE EL DERECHO AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, sin que pueda por sí mismo interpretarlo de forma más restrictiva y garante para con el principio. Y ello, porque tiene obligación de delimitar EL ALCANCE CONSTITUCIONAL DEL PRINCIPIO, siendo que por LEY ORGÁNICA se podría, Y DEBERÍA, desarrollar tan fundamental derecho, estableciendo unos requisitos legales que refuercen dicho principio y que obligarían a los TRIBUNALES DE JUSTICIA, y en este sentido el TRIBUNAL SUPREMO sería quien estableciera como máximo órgano judicial la interpretación de dicha Ley.
O SEA, QUE EL LEGISLADOR SE LLEVA POR ESTA PARTE OTRO CAPÓN, ANIMÁNDOLE A DARLES IMPORTANCIA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A TRAVÉS DEL DESARROLLO LEGISLATIVO QUE CONSTANTEMENTE ANIMA INSISTENTEMENTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Igual caso se me hace en el blog que en el Juzgado, pero yo seguiré insistiendo, igual me dan la razón algún día a título póstumo. Pues que sepan que no iré a recoger el premio. jejeje
Un saludo, en la CAPITAL GASTRONÓMICA 2014, a 14 de diciembre.
14 diciembre, 2014 14 diciembre, 2014 OguetaJurisprudencia, Justicia, Penal, VariosPenal
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References: e contrario
 artículo 24
 Artículo 24
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 81