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Timestamp: 2019-09-16 20:47:03+00:00

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﻿ SENTENCIA STP15734-2017/94163 DE SEPTIEMBRE 27 DE 2017
SENTENCIA STP15734-2017 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:VINCULATORIEDAD DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL SOLO PUEDE PREDICARSE DE LAS DECISIONES PROPIAS Y DE LAS PROFERIDAS POR LOS SUPERIORES EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EL ALTO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T-110 DE 2001, LAS AUTORIDADES SE ENCUENTRAN ANTE UNA DECISIÓN JUDICIAL VINCULANTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL, CUANDO LA RATIO DECIDENDI DE ESA DECISIÓN SIRVIÓ DE FUNDAMENTO PARA SOLUCIONAR UN PROBLEMA JURÍDICO SIMILAR AL QUE SE QUIERE ENJUICIAR, A PARTIR DE UNA SITUACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA SIMILARY NO HAY RAZONES DEBIDAMENTE FUNDADAS QUE PERMITAN SEPARARSE DE ÉL. DE MANERA QUE, LA PROVIDENCIA JUDICIAL QUE LLEGARE A DESCONOCER LOS PRECEDENTES QUE SON JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, CONFIGURA LA CAUSAL ESPECÍFICA DE PROCEDIBILIDAD ASÍ DENOMINADA, SIENDO SUSCEPTIBLE DE SER DEJADA SIN EFECTOS EN SEDE DE TUTELA. SE CONCLUYE ENTONCES QUE CUANDO SE SOLICITA REVISIÓN DE UNA DECISIÓN, SE DEBE CUMPLIR CON LAS CONDICIONES PARA SER APLICADAS, PARA QUE EL SUSTENTO FÁCTICO Y JURÍDICO NO SEA DIFERENTE AL QUE MOTIVA LA SOLICITUD DE AMPARO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, AUTONOMÍA DEL JUEZ, AUTONOMÍA DE LA RAMA JUDICIAL, REGLAS DEL PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL
Sentencia STP15734-2017/94163 de septiembre 27 de 2017
STP15734-2017
Rad. 94163
(Aprobación Acta Nº 321)
Bogotá D.C., veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete.
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción interpuesta por Aurelia Palacios Figueroa mediante apoderada judicial, contra la Sala de Casación Laboral de esta corporación, con ocasión del trámite dado al recurso extraordinario de casación presentado dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
Fueron vinculados como terceros con interés legítimo en el asunto la Procuraduría Delegada para los Asuntos de Trabajo y Seguridad Social, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, y las partes, intervinientes y autoridades del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
Aurelia Palacios Figueroa mediante apoderada judicial, solicita el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud, “pago de las incapacidades”, vida digna e igualdad, dada sus condiciones de debilidad manifiesta, pues es mujer de la tercera edad, con graves problemas de salud, con fundamento en lo cual solicita:
i.) Se ordene a la Sala de Casación Laboral de esta corporación, resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, que se encuentra al despacho desde el año 2015, atendiendo la prelación de fallo que fue solicitada por la Procuraduría General de la Nación, dada su condición de sujeto de especial protección constitucional, por su condición de mujer de la tercera edad y su estado actual de salud.
ii.) Se ordene al Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cali, dar cumplimiento a lo que se ordene en la sentencia de casación que sea proferida dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
iii.) Se ordene a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, el reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes en favor de la accionante, con ocasión del fallecimiento de Posidio Antonio Chamorro.
iv.) Se ordene a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP que comience a pagar de manera inmediata las mesadas pensionales causadas desde el fallecimiento de Posidio Antonio Chamorro, hasta la actualidad y las que se sigan causando mientras subsistan las razones que dieron origen al derecho(1).
Al respecto, a partir de las pruebas existentes en el plenario, la Sala constata lo siguiente:
1. La accionante convivió con Posidio Antonio Chamorro, desde el año 1978 hasta su fallecimiento(2), el cual ocurrió el 17 de julio de 2003 según el registro civil de defunción(3).
2. Según el informe remitido por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales -UGPP, el Terminal Marítimo de Buenaventura le reconoció a Posidio Antonio Chamorro, una pensión de jubilación mediante Resolución número 01219 de 27 de agosto de 1979(4).
3. En el 2003 la accionante interpuso demanda ordinaria laboral, para obtener la pensión de sobreviviente del causante Posidio Antonio Chamorro, la cual fue repartida al Juzgado 10 Laboral del Circuito de Cali y luego fue acumulada con otra interpuesta por la ciudadana Mira Lucumí Rodríguez, quien también alega ser compañera permanente del causante Posidio Antonio Chamorro. A este proceso también acudió la ciudadana Edilma Molina Salinas(5).
4. Mientras se adelantaba el proceso ordinario laboral, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP profirió la Resolución 305 de 5 de abril de 2004, mediante la cual reconoció la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Posidio Antonio Chamorro a favor de Rafael Antonio Chamorro Figueroa, en calidad de hijo mayor, en cuantía de $ 1.046.877.55, equivalente al 50%, estableciendo que podría disfrutar de este derecho hasta el 16 de abril de 2005, fecha en la que cumplió los 25 años de edad.
En ese mismo acto administrativo, dicha entidad resolvió “Dejar en suspenso el reconocimiento del 50% reclamados [sic] por las señoras Mira Lucumí Rodríguez y Aurelia Palacios Figueroa”(6).
5. El 29 de julio de 2011 el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Cali profirió sentencia de primera instancia, concediendo el derecho a la ciudadana Mira Lucumí Rodríguez, en los siguientes términos:
Declarar que la señora Mira Lucumí Rodríguez, es la sustituta pensional del Señor Posidio Antonio Chamorro y condena a la demandada a reconocer y pagar a la demandante el 50% de la mesada pensional que en vida disfrutó el pensionado fallecido, en la cuantía que le corresponda, teniendo en cuenta los incrementos de ley así como las mesadas ordinarias y adicionales, a partir del mes de agosto de 2003 y hasta el 16 de abril de 2005, fecha a partir de la cual, la mesada se acrecentará al 100% de la pensión, ordenando pagar como retroactivo la suma de $ 266.771.963.69; en todo caso a partir del 1º de agosto de 2011, la mesada pensional es por la suma de $ 3’194.989.30. Absolvió a la demanda de las demás pretensiones de las demandantes Aurelia Palacios Figueroa y Edilma Salinas Molina y tampoco condenó en costas a ninguna de las partes(7).
6. La aquí accionante, en su condición de demandante, apeló la sentencia de primera instancia, por lo que el proceso ordinario laboral fue remitido al superior jerárquico.
7. La Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia proferida el 28 de septiembre de 2012, revocó la decisión adoptada por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Cali en los siguientes términos:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia apelada y consultada con el Nº. 110 del 29 de julio de 2011, proferida por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de Cali y en su lugar se dispone: ABSOLVER a la NACIÓN - MINISTERIO DE TRABAJO - GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA de las pretensiones elevadas en su contra por la señoras [sic] MIRA LUCUMÍ RODRÍGUEZ y EDILMA SALINAS MOLINA, por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR a la NACIÓN - MINISTERIO DE TRABAJO - GRUPO INTERNO DE TRABAJO PARA LA GESTIÓN DEL PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA, a reconocer y pagar a la señora AURELIA PALACIOS FIGUEROA, de condiciones civiles conocidas, en forma vitalicia la sustitución de la pensión del extinto POSIDIO ANTONIO CHAMORRO, desde el 18 de julio de 2003, fecha de la muerte de aquel en un 50% de la pensión que disfrutaba este, hasta el día 25 de agosto de 2005, fecha en la que el otro beneficiario de la pensión RAFAEL ANTONIO CHAMORRO PALACIOS, cumplió la edad de 25 años, momento en el cual su pensión acrece al 100% de la prestación, junto con los incrementos anuales de Ley y las mesadas adicionales de junio y diciembre.
TERCERO: SIN COSTAS en las instancias por no aparecer causadas. //... (Textual)(8).
Conforme a los términos del Acuerdo PSAA11-8268 de 2011 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, procedió a dar lectura a la sentencia de segunda instancia, quedando notificada en estrados(9).
8. Acorde con la información obrante en la página web de la Rama Judicial sobre el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, la ciudadana Mira Lucumí Rodríguez presentó recurso extraordinario de casación, por lo que el proceso fue radicado en la Sala de Casación Laboral de esta Corporación el 14 de febrero de 2014(10).
9. El proceso fue repartido al Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz, quien mediante auto de 12 de marzo de 204 admitió el recurso extraordinario de casación y dispuso correr traslado, luego de lo cual el proceso ingresó al Despacho para sentencia el 26 de junio de 2015(11).
10. El 5 de febrero de 2016 la accionante solicitó la expedición de copias auténticas de las sentencias emitidas en primera y segunda instancia dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101(12), documentación con base en la cual el 16 de abril de 2016 solicitó a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP que diera cumplimiento al fallo de segunda instancia.
La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP denegó la solicitud de la accionante mediante Resolución RDP 035109 de 21 de septiembre de 2016, confirmando su negativa mediante Resolución RDP 045712 del 05 de diciembre de 2016(13).
11. La accionante presentó solicitud ante la Procuraduría General de la Nación, indicando sus condiciones médicas, mismas que al ser estudiadas conllevaron a la Procuraduría Delegada para los Asuntos de Trabajo y Seguridad Social solicitara a la Sala de Casación Laboral dar prelación al proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, dada la condición de sujeto de especial protección constitucional que ostenta la accionante.
Estas solicitudes ingresaron al despacho los días 6 de mayo y 5 de diciembre de 2016, y el 10 de febrero y el 27 de marzo de 2017(14).
En relación con estas solicitudes, la accionante reclama que la Sala de Casación Laboral de esta Corporación no le ha dado prelación alguna al caso y la Procuraduría General de la Nación tampoco le ha hecho seguimiento(15).
12. Sobre las condiciones físicas y médicas de la accionante, su apoderada judicial manifiesta que estas han cambiado radicalmente desde que inició su proceso judicial, pues cuando falleció su compañero contaba con mejores condiciones de salud que le permitían desarrollar algunos trabajos esporádicos que la ayudaron a sostenerse mientras obtenía el pago de su mesada pensional; y en la actualidad padece una enfermedad degenerativa en su sistema óseo que no le permite moverse de manera continua y constante(16).
De las pruebas obrantes en el plenario se constata lo siguiente:
• La accionante nació el 29 de septiembre de 1948(17) por lo que actualmente tiene 69 años de edad.
• Ante notario, la accionante declaró el pasado 25 de agosto de 2017 que es ama de casa y no recibe pensión de entidad pública ni privada(18).
• Aunque la accionante aportó copia de un formulario único de actualización, afiliación e inscripción del Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia que fue radicado el 8 de agosto de 2004(19), de la historia clínica allegada se infiere que en la actualidad la accionante está afiliada a la entidad promotora de salud Asmet Salud EPS régimen subsidiado nivel 1 del Sisbén(20).
• Según la historia clínica allegada por la accionante sufre de artrosis(21), tiene una “masa borde de párpado independiente de tarso de 1CMx0.5x0.5” y “atrofia difusa de EPR AO”(22) que ha disminuido su agudeza visual(23), y desde el 14 de diciembre de 2016 le fue detectada disminución de su densidad ósea(24), por lo que el 16 de enero de 2016 le fue diagnosticada “gonartrosis derecha”(25).
13. La accionante manifiesta que cumple con todos los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, como beneficiaria de su compañero Posidio Antonio Chamorro, porque el requisito de inmediatez está acreditado en tanto es una persona de la tercera edad, no tiene vivienda estable y digna en la que pueda pasar su vejez, en ocasiones no tiene ni para comer y padece la referida enfermedad de carácter degenerativo en su sistema óseo, por lo que es sujeto de especial protección por parte del Estado(26).
Respuesta de las autoridades accionadas y vinculadas(27)
1. La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales - UGPP, vinculada como tercero con interés legítimo en el presente asunto, informó que mediante Resolución 35 de 5 de abril de 2004, reconoció la pensión de sobrevivientes causada por el fallecimiento de Posidio Antonio Chamorro, a favor del joven Rafael Antonio Chamorro Figueroa, en cuantía equivalente al 50%, hasta el 16 de abril de 2005 cuando cumplió 25 años de edad, y resolvió dejar en suspenso el reconocimiento del otro 50%, reclamado por la accionante y por la señora Mira Lucumí Rodríguez, hasta tanto la Sala de Casación Laboral de esta Corporación resuelva el recurso extraordinario de casación presentado.
Solicitó declarar improcedente el amparo invocado, en tanto la acción de tutela no es la vía adecuada para resolver prestaciones económicas(28). Allegó como pruebas, copia de las resoluciones mediante las cuales resolvió respectivamente, la solicitud de pensión de sobrevivientes formulada por la accionante y el recurso de reposición que presentó cuando esta le fue denegada(29).
2. El Magistrado Jorge Mauricio Burgos Ruiz de la Sala de Casación Laboral de esta Corporación, solicitó denegar el amparo invocado porque la mora presentada es justificada, dado el alto volumen de procesos a cargo del Despacho y la necesidad de evacuarlos en turno, destacando que “…la Sala de Descongestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se encuentra instalada, lo anterior con el propósito de evacuar de una manera más célere los procesos que a la fecha se encuentran en turno para dictar sentencia”(30).
De conformidad con lo previsto en el artículo 1º numeral 2º del Decreto 1382 de 2000, y el artículo 44 del reglamento general de esta corporación, esta Sala es competente para conocer en primera instancia la acción de tutela promovida por Aurelia Palacios Figueroa mediante apoderada judicial, contra la Sala de Casación Laboral de esta corporación, con ocasión de la presunta mora injustificada en la que esta autoridad ha incurrido para resolver el recurso extraordinario de casación interpuesto en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
A propósito de la acción constitucional de tutela, el artículo 86 de la Carta Política establece que se trata de un mecanismo concebido para la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por cualquier acción u omisión de las autoridades públicas, siempre que no exista otro recurso o medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo excepcional para evitar un perjuicio irremediable.
En este orden de ideas, cuando se constata la existencia de algún mecanismo jurídico idóneo para la salvaguarda de los derechos fundamentales que la accionante considera vulnerados o en riesgo, la tutela resulta improcedente.
Dado que la apoderada judicial de la accionante sustenta la solicitud de amparo en varias sentencias de revisión proferidas por la Corte Constitucional, corresponde a la Sala determinar cuál es la jurisprudencia que resulta de obligatorio acatamiento en el presente asunto, para aplicar las reglas allí establecidas en la resolución del presente asunto.
Sobre el principio de supremacía constitucional y el deber de estricto acatamiento del precedente judicial cuando se trata de jurisprudencia constitucional.
En desarrollo de las disposiciones constitucionales y estatutarias sobre la función pública de administrar justicia, a las autoridades judiciales nos asiste el deber de motivar las decisiones y propender porque las mismas se ajusten a los precedentes jurisprudenciales, particularmente, en sede de tutela, a aquellos que han sido fijados por la Corte Constitucional cuando en ejercicio de las funciones previstas en el artículo 241 de la Carta Política, dicha corporación ha establecido el alcance de un derecho fundamental o ha señalado la interpretación que debe dársele a una norma, pues tales decisiones son precedentes constitucionales, como fue recogido en la Sentencia SU-567 de 2015:
…Así, cualquier norma que se declare inconstitucional por la Corte por ser contraria a la Carta, debe salir del ordenamiento jurídico y no puede ser aplicada por ninguna autoridad. Igualmente, la ratio decidendi de todas las sentencias de control abstracto de constitucional —bien declaren o no inexequible una disposición—, debe ser atendida por todas las autoridades para que la aplicación de la ley sea conforme a la Constitución.
Para las sentencias dictadas en sede de control concreto de constitucionalidad, el respeto de su ratio decidendi[(31)] es necesario no solo para lograr la concreción de los principios de igualdad en la aplicación de la ley y de confianza legítima —que prohíbe al Estado sorprender a los ciudadanos con decisiones o actuaciones imprevistas— sino para garantizar los mandatos constitucionales y la realización de los contenidos desarrollados por su intérprete autorizado. Por esta razón, la interpretación y alcance que se le dé a los derechos fundamentales en los fallos de revisión de tutela deben prevalecer sobre aquella que se realiza por otras autoridades judiciales… Se aclara en el caso de las sentencias de control de unificación de tutela y control abstracto de constitucionalidad proferidas por la Corte Constitucional, es suficiente una providencia para que exista un precedente, “debido a que las primeras unifican el alcance e interpretación de un derecho fundamental para casos que tengan un marco fáctico similar y compartan problemas jurídicos, y las segundas, determinan la coherencia de una norma con la Constitución Política”.
En línea con lo anterior, y para efectos prácticos, como fue establecido por dicha Corporación en la Sentencia T-110 de 2001, las autoridades se encuentran ante una decisión judicial vinculante de la Corte Constitucional, cuando la ratio decidendi de esa decisión sirvió de fundamento para solucionar un problema jurídico similar al que se quiere enjuiciar, a partir de una situación fáctica y jurídica similar; y no hay razones debidamente fundadas que permitan separarse de él.
De manera que, la providencia judicial que llegare a desconocer los precedentes que son jurisprudencia constitucional, configura la causal específica de procedibilidad así denominada, siendo susceptible de ser dejada sin efectos en sede de tutela.
A partir de este marco jurídico, la Sala revisó las decisiones invocadas como precedentes por la apoderada judicial de la accionante, encontrando que ninguna de esas providencias cumple con las condiciones para ser aplicadas como tal en la resolución del presente caso, porque el sustento fáctico y jurídico es diferente al que motiva la presente solicitud de amparo.
Así, la Sala encuentra que las sentencias de revisión T-584 de 2011 y T-836 de 2006 proferidas por la Corte Constitucional, no son precedentes aplicables porque a diferencia de la aquí accionante, sus demandantes reclamaron la pensión de sobrevivientes solamente por vía administrativa, sin iniciar un proceso judicial; y la Sentencia T-900 de 2004 versa sobre una mujer embarazada por un conflicto laboral no pensional. De esta manera, la Sala constata que la ratio decidendi presentada en esas decisiones no es vinculante para la resolución del presente asunto, por fundamentarse en situaciones fácticas y jurídicas distintas a la presente.
En atención de lo anterior, la Sala procede a determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela como mecanismo excepcional de protección. En caso afirmativo, corresponderá a la Sala valorar lo relacionado con la orden de tutela.
En el caso bajo examen, la accionante indica que sus derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social, salud, vida digna e igualdad están siendo vulnerados por la demora de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en proferir la sentencia que resuelve el recurso de casación interpuesto en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
• Sobre el cumplimiento del requisito de subsidiaridad de la acción de tutela
La Sala considera que este requisito se cumple, por cuanto está acreditado que la accionante ha agotado los mecanismos de defensa a su alcance:
A partir de las pruebas obrantes se evidencia que en su momento la accionante interpuso la demanda ordinaria laboral para acceder a la pensión de sobreviviente, la cual fue acumulada con el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101(32).
Luego, contra la sentencia de primera instancia que accedió a las pretensiones de la otra demandante, la accionante oportunamente interpuso el recurso de apelación, con base en el cual el Juez de conocimiento en segunda instancia decidió revocar la decisión inicialmente adoptada en el caso, y acceder a sus pretensiones(33).
En sede extraordinaria de casación, la accionante descorrió el traslado que le fue concedido como opositora, y desde el año 2016 ha promovido la pronta resolución del caso, se trata de una petición que ha sido coadyuvada por el Ministerio Público(34).
Por lo anterior, en el presente caso la Sala constata que la acción de tutela es el único mecanismo de defensa que procede, pues la tardanza en el cumplimiento de los términos judiciales es respecto del recurso extraordinario de casación, por parte de la máxima autoridad de la justicia ordinaria en material laboral.
• Sobre el cumplimiento del requisito de inmediatez
Por otra parte, la Sala encuentra que la solicitud de amparo fue promovida dentro de un plazo razonable, pues en tanto aún no ha sido proferida sentencia que decida el recurso extraordinario de casación, está acreditado que la accionante tiene un interés actual y directo en que su caso sea resuelto de forma definitiva por parte de la máxima autoridad de la justicia ordinaria en material laboral.
Adicionalmente, porque está acreditado que la accionante se encuentra en condiciones de debilidad manifiesta, las cuales le impiden acceder al mercado laboral u obtener otro tipo de ingresos, de manera que no tiene garantizados sus derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas y al mínimo vital.
◌ De la mora judicial presentada en el presente asunto
Así las cosas, se tiene que la solicitud de amparo está encaminada a que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia profiera la sentencia en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, porque venció el término previsto en el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, para tramitar el recurso extraordinario de casación que fue interpuesto.
En efecto, el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social - Decreto Ley 2158 de 1948, respecto del trámite del recurso extraordinario de casación dispone que cuando el proceso ingrese al Despacho luego de efectuados los traslados de Ley, el Magistrado ponente cuenta con veinte días para presentar el proyecto de la decisión y la Sala de Casación con treinta días para resolver:
“ART. 98.—Término para formular proyecto. Expirado el término para solicitar audiencia, o practicada esta sin que haya sido proferido el fallo, los autos pasarán al ponente para que dentro de veinte días formule el proyecto de sentencia que dictará el Tribunal dentro de los treinta días siguientes.
“ART. 99.—Modificado por el artículo 61 del Decreto 528 de 1964. Decisión del recurso. Si la Corte hallare justificada alguna de las dos primeras causales mencionadas en el [artículo 87], decidirá sobre lo principal del pleito o sobre los capítulos comprendidos en la casación. En este caso, informado el fallo, puede la Corte dictar auto para mejor proveer”.
En el presente asunto está acreditado que el proceso ingresó al Despacho para sentencia el 26 de junio de 2015, y se encuentra en turno para ser resuelto.
Al respecto, la Sala debe reiterar que una de las garantías del debido proceso es que el procedimiento sea adelantado sin dilaciones injustificadas, aspecto que guarda relación con el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia.
En desarrollo de tal postulado, la jurisprudencia ha establecido que la mora judicial resulta injustificada, y por lo tanto quebranta garantías de orden superior, al reunirse los siguientes requisitos, los cuales fueron recogidos en la Sentencia T-1249 de 2004:
(i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación por parte del funcionario competente, (ii) la falta de motivo razonable y prueba de que la demora es debida a circunstancias que no puede contrarrestar y directamente relacionada con el punto anterior, (iii) la omisión en el cumplimiento de sus funciones por parte del trabajador [judicial], debida a la negligencia y desidia respecto de sus obligaciones en el trámite de los procesos(35) (Textual).
En la Sentencia T-803 de 2012 fue señalado que la tardanza en el desarrollo de la función jurisdiccional se califica como justificada cuando “se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende [o] se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles”.
De esta manera, corresponde al juez de tutela examinar, en cada caso concreto, las condiciones específicas del asunto sometido a decisión judicial y evaluar si existe o no una justificación que explique la mora, pues no toda dilación dentro de las actuaciones procesales puede reputarse vulneradora de derechos fundamentales y es por esa razón que la acción de tutela no procede automáticamente ante el incumplimiento de los plazos legales(36).
Lo anterior porque la Sala no puede pasar por alto que, al igual que quien acude a la acción de tutela, existen otros usuarios de la administración justicia que se encuentran a la espera de un pronunciamiento en similares condiciones, por lo que ordenar a la Sala de Casación Laboral de esta Corporación resolver prioritariamente el recurso extraordinario de casación interpuesto en el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, podría devenir en la vulneración de los derechos de igualdad y al debido proceso de otros ciudadanos que también esperan un pronunciamiento del órgano judicial.
Con ocasión de la presente solicitud de amparo, la Sala de Casación Laboral de esta Corporación informó que el caso de la accionante no ha sido evacuado, porque a pesar que “…ingresó al despacho para fallo el 26 de junio de 2015, a la fecha la Sala se está pronunciando respecto de los procesos que entraron en turno para sentencia en el año 2011, debido a la congestión judicial que es una circunstancia que resulta determinante, pues el alto índice de expedientes que se encuentran pendientes por emitir decisión de fondo, incide directamente en la celeridad con la que estos se resuelven”(37).
Es así como la autoridad accionada informó que el despacho a cargo del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, tenía a 30 de junio de 2017, un inventario de 2.587 procesos, de los cuales, 2.418 corresponden a recursos extraordinarios de casación y en su mayoría para dictar sentencia. Se trata de procesos que deben ser evacuados en turno como lo dispone el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, ya que es una garantía para “…las personas que con anterioridad y en las mismas circunstancias económicas y de salud, se encuentran esperando dicha decisión”(38).
La Sala además de esta información entregada por la autoridad accionada, tiene en cuenta que la propia Corte Constitucional en la Sentencia C-492 de 2016, reseñó la grave y crítica situación de la jurisdicción ordinaria laboral por cuenta de la congestión judicial, en razón de lo cual se han implementado diversas medidas para lograr la disminución de esta problemática.
De esta manera, para la Sala hay elementos de juicio suficientes para establecer que la mora judicial presentada en este caso es justificada por el exceso de carga laboral que tiene la Sala de Casación Laboral de esta corporación, por lo que no puede endilgársele a la autoridad accionada la vulneración alegada por la accionante, y en aras de garantizar el derecho a la igualdad de los demás ciudadanos, por regla general es imperioso que se respete el sistema de turnos para resolver los casos que tiene a su cargo la autoridad accionada.
◌ De la necesidad del amparo en el presente caso
Sin embargo, por las condiciones de debilidad manifiesta por las que atraviesa la accionante, quien además acreditó que reiteradamente ha solicitado la priorización de su caso, inclusive con el apoyo del Ministerio Público, la Sala considera que procede el amparo de los derechos fundamentales a la vida digna y al mínimo vital, pues se observa que en este caso se está ante la posible materialización de un perjuicio irremediable.
Al respecto, se constata que la accionante Aurelia Palacios Figueroa es una ciudadana de avanzada edad, tiene 69 años, acreditó no tener ingresos(39) y presentar problemas de salud, entre ellos artrosis y una enfermedad que ha venido disminuyendo la densidad de sus huesos, los cuales le impiden acceder al mercado laboral u obtener otro tipo de ingresos(40), situación que fue valorada por el Ministerio Público(41).
A esta situación de debilidad manifiesta, se agrega que la accionante tiene una expectativa legítima de acceder a la pensión de sobrevivientes del señor Posidio Antonio Chamorro, en tanto la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali resolvió en segunda instancia a su favor el proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101(42), por lo que en el presente asunto está acreditado que la pensión de sobrevivientes constituye una garantía para satisfacer su mínimo vital y asegurar las condiciones básicas de subsistencia, lo que demanda del juez de tutela la adopción de medidas especiales de protección(43).
Por lo anterior, se ordenará a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que priorice el trámite del recurso extraordinario de casación formulado dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, de manera que a partir de la notificación del presente fallo de tutela, el caso sea resuelto en los términos previstos en el artículo 98 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
La Sala considera que el término concedido para cumplir la orden de tutela es razonable, pues se corresponde con el previsto por el Legislador.
Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL - EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. CONCEDER el amparo de los derechos fundamentales al mínimo vital y a la vida digna de la ciudadana Aurelia Palacios Figueroa, por las razones anotadas en precedencia.
2. ORDENAR a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que priorice el trámite del recurso extraordinario de casación formulado dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101.
3. En consecuencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia deberá resolver el recurso extraordinario de casación formulado dentro del proceso ordinario laboral radicado bajo el número 76001310500320040034101, de conformidad con los plazos previstos en el artículo 98 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, los cuales comienzan a contarse a partir la notificación del presente fallo de tutela.
4. NOTIFICAR a los sujetos procesales por el medio más expedito el presente fallo, informándoles que puede ser impugnado dentro de los tres días siguientes, contados a partir de su notificación.
5. Si no fuere impugnado, envíese actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término indicado en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: José Francisco Acuña Vizcaya—Eugenio Fernández Carlier—Patricia Salazar Cuéllar.
1 Folios 3 a 12.
2 Folios 3 y 18.
3 Folio 17.
4 Folio 77 vto.
5 Folios 48 a 49.
6 Folio 78.
7 Folio 49.
8 Folios 64 a 65.
9 Folio 44.
10 Folio 108 vto.
12 Folio 108.
13 Folio 79.
14 Folio 107 y vto.
15 Folio 4.
16 Folios 4 y 10 a 11.
17 Folios 13 y 15.
18 Folio 18.
19 Folios 33 y 34.
20 Folios 25, 26, 28.
21 Folio 22, 25, 27.
22 Folio 24.
23 Folio 29.
24 Folio 30.
25 Folio 31.
26 Folios 4 a 5.
27 Con posterioridad a la radicación del proyecto en el Despacho, fue recibida respuesta de la Procuraduría Delegada para asuntos Civiles y Laborales, la cual por haberse recibido por fuera del término concedido, no será tenida en cuenta.
28 Folios 77 a 81.
29 Folios 83 a 88.
30 Folios 105 a 106.
31 En la Sentencia T-292 de 2006 la Corte Constitucional definió la “ratio decidendi” como “…aquellas razones de la parte motiva de la sentencia que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido específico, o sea, aquellos aspectos sin los cuáles sería imposible saber cuál fue la razón determinante por la cual la Corte Constitucional decidió en un sentido, y no en otro diferente, en la parte resolutiva”.
32 Folios 46 a 47.
33 Folios 44 a 65.
34 Folios 37 a 41 y 107 a 108.
35 Cfr. Corte Constitucional, sentencias T-604 de 1995, T-027 de 2000, T-1226 de 2001, T-1227 de 2001, T-258 de 2004, T-1154 de 2004 y T-803 de 2012, entre otras.
36 En ese sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal de esta Corporación en las sentencias CSJ STP12376-2016, 31 Ago. 2016, rad. 87.619; STP13861-2016, 27 Sept. 2016, rad. 88213; STP18508-2016, 15 Dic. 2016, rad. 89423; STP069-2017, 17 Ene. 2017, Rad. 89649; STP937-2017, 31 Ene. 2017, Rad. 90002; STP2252-2017, 21 Feb 2017; entre otras, en las cuales denegó la protección constitucional porque, revisado el plenario, se constató que la mora denunciada por los accionantes estaba justificada por razones de congestión judicial o complejidad del asunto.
37 Folios 105 a 106.
39 Folios 18 a 19.
40 Folios 20 a 32.
41 Folios 40 a 41.
42 Folios 45 a 65.
43 Sobre la protección especial en materia pensional del adulto mayor, véase: Corte Constitucional, sentencias T-458 de 1997 y T-1004 de 2012, entre otras.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 44
 artículo 86
 resolución 
 artículo 241
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 61
 artículo 18
 artículo 98
 artículo 98
 artículo 31