Source: http://www.cidh.org/annualrep/75sp/sec.3h.htm
Timestamp: 2019-05-22 17:17:58+00:00

Document:
Informe Anual 1975 Seccion IIIh
A. 1808, presentado en comunicación de 17 de marzo de 1974, denunciando la situación de los derechos humanos en Haití en donde el Gobierno continuaría desconociendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de la observancia de estos derechos y, además, cometiendo numerosos actos de represión de varios ciudadanos entre 1973 y lo que va corrido en 1974, ejecución sumaria de opositores políticos, torturas y otros hechos gravemente violatorios de los derechos establecidos en la Declaración Americana. El reclamante solicitó, además, ser recibido por la Comisión a fin de ampliar los hechos materia de su denuncia.
Dicha audiencia tuvo lugar en el curso del 32º período de sesiones (abril de 1974) y el reclamante suministró a la Comisión nuevos elementos de juicio y datos para el examen del caso, reiterando que en cuanto a la situación del señor Nicolás Gaetjens, desaparecido en Haití en 1964, había indicios de que aún continuaba vivo y se hallaba detenido e incomunicado en la cárcel de Fort Dimanche, en Puerto Príncipe.
En dicho período la Comisión acordó dirigirse al Gobierno de Haití, en solicitud de información, sobre los hechos denunciados, transmitiéndole las partes pertinentes de los mismos conforme a los Artículos 42 y 44 del Reglamento. En cumplimiento de dicho acuerdo se cursó nota al citado Gobierno el 3 de junio de 1974.
El Gobierno de Haití, en nota de 18 de junio de 1974 (POL/NAL/159) dio respuesta a dicha solicitud manifestando que la denuncia de referencia había sido transmitida a los órganos competentes de la administración a fin de poder suministrar las informaciones correspondientes.
La Comisión inició el examen de este caso en el 34º período de sesiones (octubre de 1974) observando que el Gobierno de Haití no había suministrado las informaciones recabadas. En consecuencia acordó reiterar a dicho Gobierno el envío de dichas informaciones advirtiendo la fecha de vencimiento del plazo del Artículo 51 del Reglamento y la regla de presunción de verdad prevista en esa disposición.
En cumplimiento de este acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Haití el 17 de diciembre de 1974. Este acuerdo fue asimismo puesto en conocimiento del reclamante en fecha 25 de noviembre de 1974.
El Gobierno de Haití, en nota de 8 de enero de 1975 (Nº 144) dio respuesta a la Comisión informándole de las medidas adoptadas por dicho Gobierno para dar amnistía a 31 presos políticos; perdonar a 29 de ellos; conmutar las penas de muerte a 29 de ellos por las de 20 años de trabajos forzados, reducir a 10 años de trabajos forzados a 72 presos políticos y otras medidas que estarían encaminadas a mejorar la situación de los derechos humanos. Dicha nota fue complementada el 7 de mayo de 1975 con respecto a la presunta detención y desaparición del señor Nicolás Gaetjens, súbdito haitiano ocurrida en 1963 o 1964, en el sentido de que el nombre de ese señor no figura en los registros de detenidos del país.
La Comisión prosiguió el examen del caso 1808 en su 35º período de sesiones (mayo de 1975) y acordó nombrar como relator al Profesor Manuel Bianchi, sin perjuicio de transmitir a dicho Gobierno una nota de carácter general sobre las medidas adoptadas por Haití respecto de los presos políticos, cuya redacción fue encomendada al Dr. Aréchaga.
El relator presentó un proyecto de nota que fue considerado en el mismo período habiéndosele encomendado que, en vista de varias modificaciones de forma y fondo propuestas, el relator preparara un nuevo proyecto de nota en el cual se hiciera referencia a los casos previamente examinados por la CIDH manifestándole al Gobierno que, teniendo en cuenta la buena disposición de éste, procediera a darle curso a las recomendaciones ya formuladas por la CIDH en tales casos debiendo informar sobre las medidas que tomare. Asimismo se acordó dirigir a ese Gobierno la nota de carácter general con base en el proyecto preparado por el Dr. Justino Jiménez de Aréchaga, con algunas modificaciones, y autorizar al Secretario Ejecutivo para que publicara el texto completo de las notas al Gobierno de Haití si tales textos no fueren publicados íntegramente por el Gobierno de Haití.
El relator presentó un proyecto revisado de nota sobre el caso 1808, con base en el cual la Comisión acordó en ese período transmitir una nota al Gobierno de Haití en los términos redactados por el Profesor Manuel Bianchi.
En conclusión la Comisión, en cumplimiento de los acuerdos adoptados en mayo de 1975 se dirigió al Gobierno de Haití en notas de 12 de agosto de 1975.
En su 36º período de sesiones (octubre de 1975) la Comisión consideró el informe del relator Prof. Manuel Bianchi, y en base a las recomendaciones del relator y con las modificaciones aprobadas la Comisión acordó dirigirse al Gobierno de Haití informándole de la resolución tomada en este período de sesiones y solicitar al denunciante información más precisa sobre el origen de la denuncia y sobre cualesquiera hechos que sirvan para corroborar la denuncia de la muerte del señor Nicolás Gaetjens.
En cumplimiento de ese acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Haití en nota de 24 de octubre de 1975. Copia de dicha nota fue transmitida a la Misión de Haití ante la OEA el 28 del propio mes y año. Se comunicó al reclamante el acuerdo tomado en carta de 12 de enero de 1976.
A. 1736, presentado en comunicación de 8 de marzo de 1972, en la cual se denuncia la muerte de varios campesinos y la detención arbitraria de otros, pertenecientes a la llamada “Liga Campesina”. Los hechos habrían ocurrido en la población de Talanquera, Departamento de Olancho, el 18 de febrero de 1972, con intervención de las fuerzas armadas y varios terratenientes de la región cuyos nombres se indican como responsables intelectuales y materiales de los mismos.
La Comisión, en nota de 29 de marzo de 1972, solicitó del Gobierno de Honduras la información correspondiente, de acuerdo con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento. Esta solicitud fue reiterada el 1º de noviembre de 1972, en virtud del acuerdo adoptado por la CIDH en su 29º período de sesiones (octubre de dicho año).
Con estos elementos la Comisión inició el examen del caso en su 30º período de sesiones (abril de 1973), habiendo acordado transmitir al Gobierno de Honduras las alegaciones adicionales de los reclamantes. El Gobierno de Honduras, en nota de 30 de junio de 1973, informó a la CIDH que enviaría los comentarios correspondientes que formularan las autoridades competentes de Honduras a los datos adicionales de los reclamantes, en cuanto tales autoridades se pronunciaran al respecto.
Durante el 31º, 32º y 34º períodos de sesiones (octubre de 1973, abril y octubre de 1974, respectivamente), la Comisión propuso la decisión final sobre este caso en vista de que el Gobierno hondureño no había transmitido los informes ofrecidos, pero acordó, en el último de los citados períodos reiterar al Gobierno hondureño el envío de las informaciones correspondientes para el examen del caso. En cumplimiento de ese acuerdo se cursó nota al Gobierno de Honduras el 17 de diciembre de 1974. Por otra parte, en nota de 20 de noviembre de ese año hizo del conocimiento de los reclamantes ese acuerdo.30
En el 35º período de sesiones (mayo de 1975) la Comisión prosiguió el examen del caso 1736, observando que el Gobierno hondureño no había aún suministrado los datos reiteradamente recabados para poder adelantar el examen de este expediente.
En el propio período se designó como relator al Dr. Andrés Aguilar. De conformidad con las recomendaciones del relator, quien presentó un informe verbal, la Comisión acordó dirigirse nuevamente al Gobierno de Honduras reiterándole, en forma final, el envío de los datos correspondientes haciéndole saber del vencimiento del plazo del Artículo 51 del Reglamento y de la subsecuente aplicación de lo previsto en dicha disposición sobre presunción de verdad respecto de los hechos materia de la denuncia si el Gobierno no enviare los datos correspondientes.
En cumplimiento de este acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Honduras en nota de 12 de agosto de 1975. Copia de dicha nota fue transmitida a la Misión de Honduras ante la OEA el 22 del propio mes y año.
El Gobierno de Honduras en nota de 1º de octubre de 1975, se dirigió a la Comisión suministrando información en el oficio Nº 1702-01, y las fotostáticas que acompañó como anexos A, B y C, las cuales reproducen partes de los dos procesos instruidos en el Juzgado de Letras de lo Criminal, Departamento de Olancho, en relación con los hechos de febrero de 1975.
En su 36º período de sesiones (octubre de 1975) la Comisión consideró esta comunicación junto con las informaciones del Gobierno de Honduras y designó como relator al Dr. Carlos A. Dunshee de Abranches.31
Atendiendo a la recomendación del relator, la Comisión acordó dirigirse nuevamente al Gobierno de Honduras para que se sirva suministrar datos adicionales que son necesarios para que la Comisión pueda adoptar una decisión final sobre este asunto.
En cumplimiento de ese acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno de Honduras en nota de 13 de noviembre de 1975. Copia de dicha nota fue transmitida a la Misión de Honduras ante la OEA en la misma fecha. El 16 de enero de 1976 se transmitió a los reclamantes el acuerdo tomado.
A. 1869, de 22 de agosto de 1974, denunciando la detención arbitraria de 27 dirigentes sindicales en Nicaragua, por haber publicado un manifiesto o documento en el cual abogaban por la abstención del pueblo en las elecciones presidenciales que se efectuaron el 1º de septiembre de 1974.
La Comisión, en nota de 25 de septiembre de 1974, solicitó del Gobierno de Nicaragua la información correspondiente, de conformidad con los Artículos 42 y 44 de su Reglamento. Copia de dicha nota fue transmitida a la Misión de Nicaragua ante la OEA, con fecha 26 del propio mes.
En el 34º período de sesiones (octubre de 1974) la Comisión acordó posponer el examen del caso, en vista de hallarse en curso el plazo del Artículo 51 del Reglamento. Además acordó solicitar del reclamante mayores informaciones.
En cumplimiento del acuerdo últimamente mencionado se cursó nota al reclamante el 8 de noviembre de 1974.
En el 35º período de sesiones (mayo de 1975) se prosiguió el examen del caso junto con las informaciones suministradas por el Gobierno de Nicaragua, en nota de 6 de noviembre de 1974 (Nº MAR-137), denegando los hechos materia de la queja y declarando que era absolutamente falso que las autoridades de Nicaragua hubieran procedido a la detención de 27 dirigentes sindicales y políticos por el delito de haber firmado un documento que abogaba por la abstención del pueblo en las elecciones celebradas el 1º de septiembre de 1974. Por otra parte la CIDH tuvo en cuenta que los reclamantes no suministraron las informaciones complementarias solicitadas.
En consecuencia de todos los elementos que obraban en el caso la Comisión acordó, en el propio período, declarar el caso inadmisible y archivar el mismo sin más trámite.
Este acuerdo fue comunicado al Gobierno de Nicaragua el 8 de agosto de 1975. Copia de la nota al Gobierno de Nicaragua fue remitida a la Misión ante la OEA el 18 del mismo mes y año. En carta de 8 de septiembre de 1975 se informó a los reclamantes.
B. 1906, de 12 de febrero de 1975, denunciando la detención arbitraria del dirigente social cristiano señor José Esteban González.
La Secretaría, en carta de 13 de febrero de 1975, acusó recibo al reclamante solicitándole que complementara la denuncia.
La Comisión consideró la misma en el curso del 35º período de sesiones (mayo de 1975) y en vista de que el reclamante no había complementado la queja, acordó archivar la misma sin perjuicio de reabrir el expediente si fuere complementado en plazo razonable.
A. 1802, presentado en comunicación de 1º de marzo de 1974, denunciando la situación de esclavitud y otros actos de genocidio que se vienen cometiendo contra las poblaciones indígenas en el Paraguay, especialmente contra los indios “Achés”.
La Comisión, en nota de 8 de abril de 1974, solicitó del Gobierno del Paraguay la información correspondiente, transmitiendo las partes pertinentes de las quejas, de acuerdo con los Artículos 42 y 44 del Reglamento.
Durante el 32º (abril de 1974) y 34º periodos de sesiones (octubre de 1974), la CIDH prosiguió con el examen del caso 1802, aunque sin contar con las informaciones del Gobierno del Paraguay. Por otra parte los reclamantes presentaron, en abril de 1974, nuevos datos sobre la denuncia los cuales fueron transmitidos al Gobierno del Paraguay en nota de 3 de junio de 1974, junto con reiterarle el pedido de envío de las informaciones solicitadas el 8 de abril de 1974. Esta reiteración fue renovada el 17 de diciembre del propio año, en virtud del acuerdo adoptado en el 34º período, antes citado.32
En el 35º período de sesiones (mayo de 1975) la Comisión consideró el estado del caso 1802 observando que el Gobierno del Paraguay no había aún remitido las informaciones solicitadas, y acordó examinar este caso dentro del tema 5 de su Programa titulado “Situación de los derechos humanos en países americanos, encomendándole al relator del caso Dr. Robert F. Woodward que formulara las recomendaciones que estimara oportunas sobre la decisión que procedería tomar en este punto de trámite del asunto.
El relator preparó un informe sobre el caso 1802 (doc. 12-35 res.) y un proyecto de acuerdo sobre el caso (doc. 39-35) los cuales fueron considerados y aprobados, con algunas modificaciones. En el propio período se decidió transmitir el mismo al Gobierno del Paraguay solicitándole que se sirviera suministrar los informes que estimara oportunos.
En cumplimiento de esta decisión se cursó nota al Gobierno paraguayo el 8 de agosto de 1975 con copia a la Misión ante la OEA de la misma fecha.
En cuanto al Acuerdo transmitido al Gobierno del Paraguay (doc. 39-35 rev. 1) su texto es el siguiente:
En el caso de las alegaciones que el Gobierno del Paraguay ha cometido “actos de genocidio” y otros abusos contra las tribus indígenas del Paraguay, en particular contra la tribu “Aché” o Guayakí:
1. La Comisión, habiendo recibido y examinado el informe preliminar del relator, está de acuerdo con la opinión del relator que la Comisión debe examinar principalmente, en este caso, la política y el trato actual del Gobierno del Paraguay hacia los indígenas Aché, es decir, desde el cambio y reorganización de la administración de la Colonia Nacional Guayakí en septiembre de 1972. Sin embargo, la Comisión ha observado que el Gobierno del Paraguay no ha suministrado información respecto de denuncias sobre alegados abusos contra miembros de tribus de indígenas, en particular contra los Aché, supuestamente ocurridos antes o después de esa fecha.
2. La Comisión acepta provisionalmente la conclusión preliminar del relator que la política del Gobierno del Paraguay no es una política de genocidio de los indígenas Aché, sino una política orientada a promover la asimilación y ofrecer protección dentro de las posibilidades de recursos limitados, habiéndose establecido la “Colonia Nacional Guayakí” en 1960. Esta conclusión preliminar no excluye la preocupación sobre la posibilidad de abusos por particulares en regiones remotas del territorio del Paraguay.
3. La Comisión también acepta provisionalmente la conclusión preliminar del relator que varios testimonios que merecen crédito dan razón para creer que la administración de la Colonia Nacional Guayakí lleva a cabo una labor humanitaria desde septiembre de 1972, y que realiza los esfuerzos necesarios para ayudar a los indígenas Aché y reducir las posibilidades de confrontaciones violentas entre miembros de esa tribu y otros ciudadanos del Paraguay. Esta conclusión preliminar no pretende incluir ningún juicio respecto de la orientación religiosa de la actual administración de la Colonia, aunque el relator ha llegado a la conclusión preliminar de que los indios Aché en la Colonia gozan de libertad de seguir sus creencias religiosas y sus tradiciones artístico-culturales.
4. La Comisión comparte provisionalmente la preocupación expresada por el relator sobre las posibles situaciones de los niños Aché que han sido separados de sus familias o vendidos por las mismas en circunstancias muy variadas, en parte como resultado de la cultura nómada de la tribu. También le preocupa a la Comisión las situaciones en que se dice se encuentran indios Aché que prestan servicios a finqueros o particulares en condiciones tales que no les permiten tener libertad de dejar tales empleos o cambiar de empleos.
5. La Comisión acuerda encomendar al relator que continúe tratando de reunir información sobre todas las alegaciones y especialmente aquellas sobre supuestos actos desde septiembre de 1972 que implican violaciones del derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la protección de la familia y derecho a la infancia.
6. La Comisión, tomando en cuenta las conclusiones y preocupaciones arriba mencionadas, acuerda solicitar nuevamente del Gobierno del Paraguay respuestas a los pedidos de información de fechas 8 de abril, 3 de junio y 17 de diciembre de 1974.
7. Finalmente, la Comisión decide transmitir una copia de este acuerdo al Gobierno del Paraguay.
En cumplimiento del numeral 7 de este Acuerdo la Comisión se dirigió al Gobierno del Paraguay el 8 de agosto de 1975. En carta de 10 de septiembre de 1975 se transmitió el acuerdo a los reclamantes.
En su 36º período de sesiones (octubre de 1975) la Comisión prosiguió el examen del caso 1802 y en vista de que el Gobierno del Paraguay no había suministrado la información solicitada acordó posponer el estudio de este caso hasta el próximo período de sesiones una vez que el Gobierno del Paraguay hubiere suministrado los datos complementarios que le fueren recabados.
A. 1775, presentado en comunicación de 10 de octubre de 1973, denunciando lo siguiente:
Atendiendo a los elementos de la denuncia la Comisión acordó, en su 31º período de sesiones (octubre de 1973), solicitar del reclamante que la complementara con los documentos corroborantes y, si fuere del caso, transmitir las partes pertinentes de la denuncia al Gobierno dominicano, en solicitud de información, conforme al Reglamento. En tal sentido se cursó nota al reclamante el 21 de noviembre de 1973.
Complementada la denuncia la Comisión, en nota de 11 de octubre de 1974, solicitó del Gobierno de la República Dominicana la información correspondiente. Copia de dicha nota se transmitió a la Misión ante la OEA el 17 del propio mes y año.
El Gobierno dominicano, por conducto de su Misión ante la OEA, en nota de 5 de diciembre de 1974 (Nº 258), dio respuesta suministrando información según la cual el caso de Peña Valdez, detenido el 29 de marzo de 1971, había sido declarado no culpable del crimen de asociación de malhechores y de atentado contra la seguridad del Gobierno, según fallo del Juzgado de 1a. Instancia del Distrito Nacional, de 9 de febrero de 1972, pero lo declaró culpable del crimen de tenencia y tráfico de armas de guerra, con pena de 10 años de detención y dos mil pesos oro de multa. Dicha sentencia fue modificada en recurso de apelación por la Corte de Apelación de Santo Domingo, condenando a Peña a tres (3) años de detención y la misma multa la cual, en caso de insolvencia, sería compensado con prisión correccional a “razón de 1 día de prisión por cada peso dejado de pagar sin que la duración máxima excede de dos años de prisión”. Casada la sentencia la Corte Suprema, en fecha 29 de junio de 1973, devolvió el asunto a la Corte de Apelaciones de San Cristóbal. Por otra parte, según la información del Gobierno dominicano, habiéndose interpuesto recurso de Habeas Corpus el 20 de mayo de 1974 ante la Suprema Corte, ésta dictó sentencia admitiendo el recurso y ordenando la libertad del impetrante.
La Comisión llevó a cabo el examen de este caso en el curso del 35º período de sesiones (mayo de 1975), junto con las informaciones del Gobierno interesado y acordó declarar el caso inadmisible haciendo saber este acuerdo a las partes. A tal efecto designó como relator al Dr. Justino Jiménez de Aréchaga para que preparara un proyecto de resolución.
En base al proyecto preparado por el relator la Comisión aprobó la resolución siguiente (OEA/Ser.L/V/II.35 doc. 40 rev. 1, de 29 de mayo de 1975):
Que Julio Augusto de Peña Valdez, arrestado el 13 de enero de 1971, fue inculpado por el Juez de Instrucción de la Tercera Circunscripción del Distrito Nacional el 29 de marzo del mismo año, como presunto autor de varios delitos, tales como porte de armas de fuego y violación de la ley que sanciona las actividades comunistas;
Que se nos denuncia la falsedad de los motivos invocados para su privación de libertad y para su procesamiento, así como la imposición de un tratamiento cruel e inhumano en la prisión, que configuraría grave atentado contra derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la integridad física, a la seguridad personal, etc.;
Que la Cuarta Cámara de lo Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, el 9 de febrero de 1972 dictó sentencia, declarando al Sr. de Peña Valdez culpable solamente del delito de tenencia y tráfico de arma de guerra, imponiéndole una pena de 10 años de detención y multa de $2.000, absolviéndolo de los demás cargos;
Que la Corte de Apelaciones de Santo Domingo, conociendo del caso en segunda instancia, rebajó la pena a tres años de detención y multa de $2,000, ordenando que, en caso de insolvencia, se compensare la multa con prisión correccional, a razón de un día de prisión por cada peso dejado de pagar, no pudiendo exceder de dos años la prisión por tal concepto;
Que la Suprema Corte de Justicia, el 29 de junio de 1973, conociendo del caso en casación, revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Santo Domingo y envió el asunto para su decisión a la Corte de Apelaciones de San Cristóbal;
Que fallado el caso por dicha Corte y deducido un recurso de habeas corpus, la Suprema Corte, con fecha 20 de mayo de 1974, declaró válido el recurso deducido contra la sentencia de la Corte de Apelación de San Cristóbal, revocándola en todas sus partes y ordenando la inmediata libertad del Sr. de Peña Valdez;
Que de todo el trámite judicial el Gobierno de la República Dominicana dio noticia a esta Comisión por oficio de 26 de noviembre de 1974;
Que en el presente caso se han aplicado los recursos concedidos por el derecho interno, por lo cual, en cuanto al hecho mismo de la privación de libertad y al procesamiento del Sr. de Peña Valdez, no corresponde que la Comisión formule pronunciamiento alguno, debiendo declarar que, en ese aspecto, la denuncia no es admisible;
Que la relación oficial de los hechos demuestra, en cambio, que, por un error judicial, se ha mantenido en prisión al Sr. de Peña Valdez durante tres años, ocasionándole graves males, por lo cual, si la legislación del país lo autoriza, sería justo que se lo indemnizara en alguna medida; y
Que el Gobierno de la República Dominicana, que ha brindado tan completa información acerca de ese aspecto del caso en estudio, la que permite comprobar que los procedimientos judiciales se han desarrollado normalmente y en tiempo razonable, no ha contestado los cargos que se han formulado acerca del tratamiento cruel e inhumano a que se dice que estuvo sometido el Sr. de Peña Valdez, el cual podría configurar la grave violación de derechos fundamentales,
1. Declarar no admisible la denuncia en cuanto ella se refiere a la detención y al procesamiento del Sr. de Peña Velez.
2. Solicitar del Gobierno de la República Dominicana que estudie si sería pertinente, en el caso, que se indemnizara al Sr. de Peña Valdez por los perjuicios sufridos.
3. Declarar que, tomando en consideración que el Gobierno de la República Dominicana ha demostrado su propósito de colaborar con los fines que persigue esta Comisión, hacerle saber que, no obstante haber vencido ya el plazo de 180 días a que se refiere el Artículo 51 de nuestro Reglamento, se concede un plazo adicional a dicho Gobierno, que vencerá el 30 de septiembre de 1975, para que conteste los cargos que le han sido formulados en cuanto al tratamiento impuesto al Sr. Peña Valdez durante su prisión.
4. Hacer del conocimiento del Gobierno de la República Dominicana y de la parte denunciante el texto de la presente resolución.
Dicha resolución fue hecha del conocimiento del Gobierno dominicano en nota de 12 de agosto de 1975 y del reclamante el 15 de septiembre. El 21 de agosto se transmitió copia de la nota al Gobierno dominicano a la Misión de este país ante la OEA.
En su 36º período de sesiones (octubre de 1975) la Comisión examinó el caso 1775, observando que el Gobierno de la República Dominicana no había suministrado aún los datos recabados. En consecuencia, acordó posponer el examen de este caso para el próximo período de sesiones una vez que el Gobierno de la República Dominicana hubiere transmitido la información solicitada.
30 Véase informe del 34º período de sesiones (doc. 30-34 rev. 1).
31 Véase doc. 43-36 rev. 1.
32 Doc. 30-34, citado.

References: Artículo 51
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