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Timestamp: 2020-03-31 01:00:45+00:00

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﻿ SENTENCIA T-1022 DE SEPTIEMBRE 17 DE 2008
SENTENCIA T-1022 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE DESVINCULACIÓN DEL CARGO EN PROVISIONALIDAD. LA FALTA DE MOTIVACIÓN AL MOMENTO DE DECLARAR INSUBSISTENTE AL FUNCIONARIO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, GARANTIZA SU DERECHO AL DEBIDO PROCESO AL MOMENTO DE SU DESVINCULACIÓN POR VÍA DE TUTELA.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO DE CARRERA ADMINISTRATIVA, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia T-1022 de septiembre 17 de 2008
Sentencia T-1022 de 2008
Ref.: Expediente T-1918844
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión del mencionado despacho judicial, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección Nº 6 de la Corte, el 13 de junio de 2008 eligió, para efectos de su revisión, el asunto de la referencia.
Fue nombrada en provisionalidad, mediante la Resolución 413 de febrero 1º de 2002, expedida por los registradores distritales del Estado civil en el cargo de técnico operativo 4080-02, de la planta global de la Registraduría Distrital del Estado Civil, con una asignación básica mensual de $ 809.406.
Mediante la Resolución 691 de septiembre 27 de 2007, los registradores distritales dieron por terminado el nombramiento provisional sin motivación diferente a la citación de algunas normas y una sentencia del Consejo de Estado en la que se señaló “que ‘al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose, en consecuencia proceder a su retiro sin que sea menester motivación alguna...’”.
Afirma que la accionada no mencionó dentro de la Resolución 691 ya citada, la posibilidad de interponer recursos contra la decisión, ni las razones relacionadas con el desempeño laboral que pudieran ser factores determinantes para la decisión de retirarla del servicio. Por el contrario, sin haber tenido un llamado de atención, fue encargada de las funciones temporales de registrador auxiliar 3015-04, mediante las “resoluciones 721 de diciembre de 2006, 110 de marzo de 2007, 226 de junio de 2007”.
1. Resolución 413 de febrero 1º de 2002, por la cual fue nombrada provisionalmente la accionante en el cargo de técnico operativo 4080-02, de la planta global de la registraduría con una asignación básica mensual de $ 809.406 (fl. 5, cdno. inicial).
2. Oficio de febrero 1º de 2002, mediante el cual los registradores distritales le informaron a la demandante las funciones a desempeñar en el cargo de registrador auxiliar de Fontibón (fl. 6 ib.).
3. Resolución 691 de septiembre 27 de 2007, por la cual los registradores distritales dieron por terminado a partir de octubre 1º de 2007, el nombramiento provisional de la accionante (fl. 8 ib.).
4. Resolución 721 de diciembre 22 de 2006, por la cual los registradores distritales le asignaron a la demandante funciones de registrador auxiliar 3015-04 de la Registraduría Auxiliar de Teusaquillo, por el día 22 de diciembre de 2006, mientras el titular disfruta de tiempo compensatorio (fl. 10 ib.).
5. Resolución 110 de marzo 26 de 2007, mediante la cual los registradores le asignaron a la demandante funciones de registrador auxiliar 3015-04 de Teusaquillo, entre el 9 y el 11 de abril de 2007, mientras el encargado disfruta del turno de la semana mayor (fl. 12 ib.).
6. Resolución 226 de junio 8 de 2007, mediante la cual los registradores le asignaron a la actora funciones de registrador auxiliar 3015-04 ad hoc de Teusaquillo, entre el 12 y el 18 de junio de 2007, mientras el designado disfruta de tiempo compensatorio (fl. 15 ib.).
7. Resolución 566 de agosto 30 de 2007, mediante la cual los registradores distritales le prorrogaron a la demandante hasta el 31 de agosto de 2007, las funciones de registrador auxiliar 3015-04 ad hoc de Teusaquillo (fl. 16 ib.).
8. Resolución 540 de agosto 28 de 2007, por la cual los registradores distritales le asignaron funciones de registrador auxiliar 3015-04 de Teusaquillo, entre el 28 y el 30 de agosto de 2007, mientras el registrador ad hoc está incapacitado (fl. 18 ib.).
9. Escrito mediante el cual la demandante solicitó a los registradores distritales la revocatoria directa de la Resolución 691 de septiembre 27 de 2007, por la cual se dio por terminado su nombramiento (fl. 19 ib.).
10. Auto 900-24 10485, de diciembre 12 de 2007, por medio del cual los registradores distritales negaron la revocatoria directa solicitada (fl. 22 ib.).
11. Acta de posesión Nº 311, mediante la cual la demandante tomó posesión a partir de febrero 1º de 2002, del cargo de técnico operativo 4080-02, para el cual fue nombrada en provisionalidad (fl. 59 ib.).
De otra parte, sostienen que la demandante no ha demostrado que con la desvinculación de la entidad se le haya causado un perjuicio irremediable, puesto que no se configuran los elementos de inminencia, urgencia, gravedad e impostergabilidad trazados por la jurisprudencia constitucional, “en el entendido que su desvinculación fue el 1º de octubre de 2007, es decir, han transcurrido más de cinco (5) meses, si bien es cierto no hay un término establecido para interponer una acción de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que debe haber transcurrido un tiempo prudente entre la presunta agresión y la acción de tutela, situación que no se advierte en el caso de la señora Claudia Yanneth Jiménez Soler” (fl. 44 ib.).
Afirman que si bien el artículo 266 de la Constitución Política, determina que la Registraduría Nacional del Estado Civil está sometida a un régimen especial de carrera, los nombramientos para proveer los cargos de carrera tienen carácter provisional, puesto que el Congreso de la República no la ha reglamentado aún. Así entonces, no obstante que el Decreto 1014 de 2000, establece que los nombramientos provisionales no podrán exceder de 8 meses, “este término puede ampliarse o el nombramiento puede darse por terminado con anterioridad, debido a que al nominador en este tipo de nombramientos le asiste una facultad discrecional” (fl. 47 ib.).
Por último, estiman que la petición del accionante relacionada con la necesidad de motivar el acto administrativo de la desvinculación, es improcedente toda vez que, citando la tesis expuesta por el Consejo de Estado, “al empleado nombrado en provisionalidad no le asiste fuero alguno de estabilidad, pudiéndose en consecuencia, proceder a su retiro sin que sea menester motivación alguna” (fl. 56 ib.). Agregan que dicha pretensión contradice el carácter excepcional de la acción de tutela, puesto que sus consideraciones son propias de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, cuyo conocimiento está atribuido al contencioso administrativo.
En escrito presentado en abril 1º de 2008, la señora Claudia Yaneth Jiménez Soler impugnó la decisión del a quo al no estar de acuerdo con la determinación adoptada; argumenta haberse dejado de lado el pronunciamiento sobre la falta de motivación del acto mediante el cual se ordenó su desvinculación de la entidad, según lo expuesto en la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional cuyos apartes cita.
Contra la sentencia presentó salvamento de voto uno de los magistrados que conforman la Sala, al estimar que “... se configura una vulneración del debido proceso de la accionante, al no haberse motivado el acto administrativo por medio del cual fue desvinculada del cargo, hecho que desconoce sus derechos como administrada, y que así mismo limita el ejercicio de una defensa adecuada ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la que estimo que ha debido concederse el amparo ordenando a la autoridad accionada emitir acto administrativo en el cual se expliciten de manera clara y suficiente, las razones de fondo que condujeron a la decisión de dar por terminado el nombramiento provisional de la accionante” (fl. 97 ib.).
Esta corporación se ha pronunciado con frecuencia respecto al tema que hoy ocupa la atención de esta Sala de Revisión, lo que ha dado ocasión para diseñar una línea jurisprudencial relacionada con la necesaria e indispensable motivación de los actos administrativos que den por terminada o declaren la insubsistencia de un nombramiento en provisionalidad en un cargo de carrera (1) .
Por la pertinencia para el caso objeto de análisis, resulta adecuado hacer referencia a los planteamientos contenidos en la Sentencia T-464 de junio 12 de 2007, M.P. Nilson Pinilla Pinilla, donde esta misma Sala de Revisión señaló en los siguientes términos los postulados básicos de la referida línea jurisprudencial:
En segundo término, y en lo que hace relación con la procedencia de la tutela para ventilar este tipo de situaciones, ha resaltado la Corte que la estabilidad laboral no tiene el carácter de derecho fundamental. Esta consideración, unida a la existencia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como específico medio de defensa judicial para controvertir la legalidad de los actos administrativos que decreten una insubsistencia, sustentan la postura jurisprudencial de esta Corte en el sentido de que, por regla general, la acción de tutela es improcedente para procurar el reintegro del funcionario cuyo nombramiento ha sido declarado insubsistente, al cargo que ocupaba con anterioridad a dicha declaración”.
“De ahí, que quienes ejercen cargos de carrera gocen de mayor estabilidad y su desvinculación únicamente proceda por razones disciplinarias, por calificación insatisfactoria de labores o por otra causal previamente determinada por la ley (2) . La legislación exige que el acto mediante el cual se desvincula a un empleado o funcionario que ocupa un cargo de carrera administrativa deba ser motivado”.
De otra parte, la jurisprudencia (3) ha sido reiterativa en sostener que para conceder el amparo del debido proceso administrativo ante la falta de motivación de los actos administrativos que dan por terminado un nombramiento o disponen una insubsistencia, se requiere que el servidor público ocupe en provisionalidad cargos legalmente definidos como de carrera, sin que para ello sea necesario considerar la situación particular de la persona afectada, la gravedad del perjuicio irrogado o la eventual afectación de su mínimo vital.
En el presente caso se observa que la señora Claudia Yaneth Jiménez Soler, fue nombrada en provisionalidad según Resolución 413 de febrero 1º de 2002 en el cargo de técnico operativo 4080-02, considerado cargo de carrera de la planta global de la entidad accionada, para el cual tomó posesión (acta Nº 311) con efectos a partir de febrero 1º de 2002 (fl. 59, cdno. inicial).
De conformidad con lo señalado en la parte motiva de la citada Resolución, la ley que regula la carrera administrativa en la Registraduría Nacional del Estado Civil no ha sido expedida, deduciendo que no se puede realizar el concurso de méritos para su ingreso (fl. 5 ib.).
Mediante Resolución 691 de septiembre 27 de 2007, los registradores distritales del Estado civil dieron por terminado el nombramiento provisional a partir del 1º de octubre de 2007. En este acto de desvinculación se indicó que con base en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B (feb. 5 y 12 de 2004) y lo decidido por la Sección Segunda, Sala de Descongestión, Subsección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el funcionario que ocupa provisionalmente un cargo de carrera puede ser removido libremente por la administración, sin necesidad de motivación alguna (fl. 9 ib.).
1. REVOCAR el fallo proferido en abril 28 de 2008 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que confirmó el dictado en marzo 14 del mismo año por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de dicha ciudad, dentro de la acción de tutela instaurada por la señora Claudia Yaneth Jiménez Soler contra la Registraduría Nacional del Estado Civil y los registradores distritales del Estado civil. En su lugar, CONCÉDESE con carácter definitivo la tutela del derecho al debido proceso de la accionante.
2. ORDENAR que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, los registradores distritales del Estado civil expidan un nuevo acto administrativo en el que expresen con claridad las razones por las cuales se dio por terminado el nombramiento provisional de la actora, pudiendo ella ejercer contra tal acto administrativo los medios de impugnación previstos en la ley, cuyo plazo para interponerlos se contará a partir de la fecha en que se notifique dicho acto motivado.
(1) Ver entre otras las sentencias SU-250 de mayo 26 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero; T-884 de octubre 17 de 2002, M.P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1011 de octubre 29 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett; T-951 de octubre 7 de 2004, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-031 de enero 21 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño; y T-432 de junio 1º de 2006, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(2) “Corte Constitucional. Sentencias T-800 de 1998, T-884 de 2002, T-572 de 2003 y T-1206 de 2004”.
(3) Ver entre otras la Sentencia T-257 de marzo 30 de 2006, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.

References: artículo 32
 Resolución 
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 artículo 266
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