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título Convención Interamericana sobre la Protección de los de Derechos Humanos de los Adultos mayores
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Revista Derecho Privado y Comunitario N° 1 - 2015
Directora de área: Dra. Graciela Medina.
Colaboradora: Dra. Gabriela Yuba.
SUMARIO: 1. Introducción y objetivos. 2. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2.1. Función consultiva. 2.1.1. Opinión Consultiva OC-21/14 sobre ‘‘Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional’’. 2.1.2. Solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2.2. Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2.2.1. Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana”. 2.2.2. “Caso Espinosa Gonzáles vs. Perú.” Sentencia de 20 de noviembre de 2014. (Excepciones Preliminares, fondo, reparaciones y costas). 2.2.3. Prisión preventiva “Caso Argüelles contra Argentina”. 2.2.4. Caso “Velázquez Paíz, Claudina y otros c. Guatemala”, presentado en la sesión nro. 52 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2.2.5. Sobre el caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. 2.3. Resoluciones. 2.3.1. “Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú. Supervisión de sentencia”. 3. Comisión Interamericana. Medidas cautelares. Embarazo de una niña de 10 años. 4. Resoluciones del Consejo de Derechos Humanos. 4.1. “Derechos del niño: avance hacia una menor inversión en los derechos del niño”. 4.2. Sobre la inscripción de los nacimientos y derecho de todo ser humano al reconocimiento en todas partes de su personalidad jurídica. 28 ° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. 5. “Recomendación general núm. 31 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y observación general núm. 18 del Comité de los Derechos del Niño sobre las prácticas nocivas, adoptadas de manera conjunta”. 6. Declaración del Comité de Expertas MESECVI. 7. Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativos a un procedimiento de comunicaciones. 8. Convención Interamericana sobre la Protección de los de Derechos Humanos de los Adultos mayores
La presente sección de la Revista de Derecho Privado y Comunitario tiene como objeto comentar los documentos más importantes que conformen el Corpus Juris de los derechos humanos de Latinoamérica, dictados en los tres meses anteriores a la publicación. En este caso, por ser éste el primer trabajo, analizaremos también, los instrumentos más relevantes correspondientes a los últimos 6 meses del año 2014 y los dictados los seis primeros meses del 2015.
Consideramos trascendente el conocimiento del Corpus Juris de los Derechos Humanos porque éste es obligatorio en el orden interno, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha precisado que las decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos deben servir de guía en el control de convencionalidad, aun cuando la Argentina no sea parte. Ello ha sido establecido a partir del caso "Giroldi" (Fallos: 318:514): donde se sostiene que “ la ya recordada 'jerarquía constitucional' de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (consid. 5°) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente, 'en las condiciones de su vigencia' (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la competencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75, Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y 2°, ley 23.054)" (considerando 11, énfasis agregado).”1
A fin de cumplir con el objetivo propuesto, se sintetizarán las decisiones jurisprudenciales y las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos.
Además se describirán las resoluciones más importantes del Consejo de Derechos Humanos2, las declaraciones del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Convención de Belém do Pará3.
Por otra parte se darán a conocer los protocolos facultativos que se dicten sobre la Convención de Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará y las observaciones del Comité de los Derechos del Niño4 y del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer5.
Además se informará sobre la última Convención Americana en Derechos Humanos que nuestro país ha suscripto en Junio del 2015, Convención Interamericana sobre la Protección de los de Derechos Humanos de los Adultos mayores
Todo ello con el propósito de conocer los estándares de derechos humanos necesarios para poder realizar un adecuado “control de convencionalidad” de la legislación y de la jurisprudencia interna para determinar su adecuación a las convenciones de Derechos Humanos que la Argentina ha suscripto y que son fuente de derecho y constituyen regla de interpretación de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1 y 2 del Código Civil y Comercial Unificado
2.1. Función consultiva
2.1.1. Opinión Consultiva OC-21/14 sobre ‘‘Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional’’
El 7 de julio de 2011 la República Argentina, la República Federativa de Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, con fundamento en el artículo 64.1 de la Convención Americana y de conformidad con lo establecido en los artículos 70.1 y 70.2 del Reglamento, presentaron una solicitud de Opinión Consultiva sobre niños y niñas migrantes a fin de que el Tribunal “determine con mayor precisión cuáles son las obligaciones de los Estados con relación a las medidas posibles de ser adoptadas respecto de niñas y niños, asociada a su condición migratoria, o a la de sus padres, a la luz de la interpretación autorizada de los artículos 1.1, 2, 4.1, 5, 7, 8, 11, 17, 19, 22.7, 22.8, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los artículos 1, 6, 8, 25 y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el artículo 13 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”.
Acorde a lo requerido por los Estados solicitantes, el 19 de agosto de 2014 la Corte Interamericana emitió la Opinión Consultiva titulada “Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional” en la cual determinó, con la mayor precisión posible y de conformidad a las normas citadas precedentemente, las obligaciones estatales respecto de niñas y niños, asociadas a su condición migratoria o a la de sus padres y que deben, en consecuencia, los Estados considerar al diseñar, adoptar, implementar y aplicar sus políticas migratorias, incluyendo en ellas, según corresponda, tanto la adopción o aplicación de las correspondientes normas de derecho interno como la suscripción o aplicación de los pertinentes tratados y/u otros instrumentos internacionales.
La Corte entendió que su respuesta a la consulta planteada prestaría una utilidad concreta dentro de una realidad regional en la cual aspectos sobre las obligaciones estatales en cuanto a los niños y niñas en situación de migración y/o necesidad de protección internacional no han sido establecidas en forma clara y sistemática, a partir de la interpretación de las normas relevantes. Esta utilidad se demuestra por el alto interés manifestado por todos los participantes a lo largo del procedimiento consultivo.
En atención a que las obligaciones determinadas en la referida Opinión Consultiva se refieren a un tema tan propio, complejo y cambiante de la época actual, ellas deben ser entendidas como parte del desarrollo progresivo del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, proceso en el que, consecuentemente, esta Opinión Consultiva se inserta. 6
2.1.2. Solicitud de opinión consultiva presentada por el Estado de Panamá ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
En la actualidad la Corte tiene pendiente pronunciarse sobre la solicitud de Opinión Consultiva presentada por la República de Panamá el 28 de abril de 2014, mediante la cual solicitó a la Corte la interpretación y el alcance del artículo 1.2 de la Convención, en relación con los artículos 1.1, 8, 11.2, 13, 16, 21, 24, 25, 29, 30, 44, 46 y 62.3 de dicho instrumento, así como del “derecho a huelga y de formar federaciones y confederaciones del artículo 8 del Protocolo de San Salvador”. Con relación al artículo 1.2 de la Convención, el Estado indicó su interés por saber: a) “el alcance y protección de las personas físicas por medio de las personas jurídicas o ‘entidades no gubernamentales legalmente reconocidas’, tanto para agotar los procedimientos de la jurisdicción interna como para plantear denuncias de violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”; y b) “el alcance y la protección de las personas físicas por medio de las personas jurídicas o ‘entidades no gubernamentales legalmente reconocidas’, como tales, en cuanto instrumentos de las personas físicas para lograr sus cometidos legítimos”. Asimismo, Panamá señaló que quisiera saber “si el Artículo 16 de la Convención, que reconoce el derecho de los seres humanos a asociarse, se ve limitado o no por la restricción de protección de las asociaciones libremente formadas por las personas físicas como ‘entidades no gubernamentales legalmente reconocidas’, para proteger sus derechos expresados y desarrollados por medio de las personas jurídicas que se conforman al amparo del derecho de asociación”.
Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana7”.
La Corte dictó sentencia el 28 de agosto de 2014 en la causa sobre “Caso de personas dominicanas y haitianas expulsadas vs. República Dominicana”, declarando que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los siguientes derechos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos: reconocimiento de la personalidad jurídica8; nacionalidad9; nombre10; derecho a la identidad, libertad personal11; de circulación y residencia12; garantías judiciales13; protección judicial14; protección a la familia15; protección de la honra y dignidad, vinculado con la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida privada y familiar16; derechos del niño17.
Asimismo la Corte declaró que el Estado no cumplió en adoptar disposiciones de derecho interno con relación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, nombre, nacionalidad y derechos de identidad e igualdad ante la ley.
Sobre los hechos. Contexto local.
Sobre el punto, conviene mencionar el contexto social y político de República Dominicana en los años 1999 y 2000 en el que se desarrollaron los casos que motivaron la intervención de la Corte. Los hechos se produjeron en un contexto de vulnerabilidad de la población haitiana, en situación de pobreza, con tratos discriminatorios respecto de la misma, frente a la existencia de dificultades para obtener la documentación personal, fundamentalmente con relación a las autoridades locales. Cabe destacar que se acreditó en el período de los años 1990/ 2000, la existencia en República Dominicana de un patrón sistemático de expulsiones de carácter colectivo de haitianos que obedecía a una situación discriminatoria. Esta situación también alcanzó a nacionales (dominicanos) que se vieron afectados por dichas expulsiones.
Los casos que motivaron la actuación de la Corte se referían a distintas familias18, que estaban conformadas por progenitores dominicanos y haitianos, con hijos dominicanos y haitianos, algunos con documentación dominicana, otros sin documentación fehaciente; que fueron expulsados hacia Haití, en distintos procedimientos y circunstancias (por ejemplo: detenidos mientras se dirigían al trabajo, retirados de su domicilio, mientras se encontraban en el mercado; siendo subidos a vehículos, llevados a centros de detención previamente) provocando la separación del grupo familiar en alguno de ellos, pudiendo reencontrarse años después en algunos casos.
La Corte en el presente caso efectúa un análisis de los derechos comprometidos, vinculados con el reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho al nombre, nacionalidad y derecho a la identidad. Se consideró acreditada la violación a dichos derechos, tanto respecto de personas haitianas como de dominicanos. No contaban algunos de ellos con documentación formal de identidad, al no haber sido inscriptos inmediatamente después del nacimiento lo que dificultaba la posterior obtención de documentación, identidad y el reconocimiento de la personalidad jurídica; o bien su documentación fue destruida y no había registro alguno. Esto afectaba el ejercicio y efectividad de los derechos de las personas adultas y de los niños involucrados.
Respecto de las expulsiones colectivas vividas en República Dominicana, la Corte advirtió un trato discriminatorio con relación a los haitianos, dado que no se había respetado el procedimiento de expulsión según el derecho interno, existiendo además dificultades para los migrantes haitianos en obtener la documentación en territorio dominicano en el caso del nacimiento de sus hijos y obtener la nacionalidad cuando tenían ascendencia haitiana.
La Corte reconoce con relación a distintos derechos contemplados en la CADH19, el deber de prevenir, evitar y reducir la apatridia, el principio de protección igualitaria, de no discriminación, a que el estatus migratorio de sus padres no puede transmitirse a sus hijos; el derecho de identidad, derechos del niño.
Se debe agregar además, la vulneración de los derechos de protección de la familia, no considerándose el interés superior del niño, provocándose la desintegración familiar, debido a las expulsiones colectivas y traslados tanto de haitianos como de dominicanos hacia Haití, sin posibilidad de conocer el motivo, razón de su detención ni poder revisar el acto por el cual eran trasladados, afectando sus garantías y libertad personal.
La Corte respecto del status migratorio, sostuvo su criterio anteriormente expuesto en el caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana, en el sentido de que “el status migratorio de una persona no se transmite a sus hijos”, siendo discriminatoria toda medida que aplique un criterio diferenciado respecto de la población dominicana de ascendencia haitiana.
También la Corte se pronunció sobre los derechos a la libertad personal, las garantías personales, de circulación y de residencia y la protección judicial, con relación a la obligación de garantizar los derechos sin discriminación y los derechos del niño. Según este Tribunal, un proceso del que pueda resultar la expulsión de un extranjero debe ser individual, a fin de evaluar en cada caso en particular, las condiciones y circunstancias personales de cada uno, debiendo observarse además, el interés superior del niño, si se trata de niños y niñas, debiendo el Estado velar por el mismo.
En este punto debe evaluar el Estado, en casos de expulsión, cuestiones familiares, alcance de la afectación que genera la ruptura familiar debido a la expulsión, perturbación en la vida diaria del niño si cambia la situación debido a la expulsión y demás datos vinculados a la historia migratoria, estadía, etc.
Con relación a la expulsión “colectiva”20 considera la Corte que el criterio para determinar el carácter “colectivo” de una expulsión de extranjeros, se vincula con el hecho de que la misma no se base en un análisis objetivo de las circunstancias individuales de cada extranjero y no en una cuestión de número de extranjeros objeto de la expulsión. Reitera también la prohibición de que nadie puede ser expulsado del territorio de que es nacional (art. 22.5).
La falta de estudio o análisis de los casos particulares en cuanto a la expulsión, de manera individual, determinó la vulneración del art. 22.9 de la CADH, sobre derecho de circulación y residencia. Así también se identificaron violaciones a la prohibición de expulsión del territorio del que es nacional (art. 22.5).
Debe agregarse que la destrucción de la documentación nacional, como también la falta de otorgamiento de la misma, implica una violación de los derechos de los involucrados, toda vez que su reingreso legal al país se vio dificultado o impedido debido a tal circunstancia.
En definitiva, la Corte consideró en este caso, que se vulneró por parte del Estado, derechos vinculados con la protección de la familia, derechos del niño(habida cuenta de que muchas víctimas eran niños y niñas al momento de los hechos), como también se ha vulnerado el derecho a garantías judiciales, de residencia, de circulación, de no discriminación. Esta sentencia sienta principios en cuanto a la situación de los migrantes en R. Dominicana, pero también respecto de los derechos que asisten a los nacionales, en cuanto a su derecho a no ser expulsados de su territorio, a tener derecho a la inscripción inmediatamente después de su nacimiento, derecho a la nacionalidad y al nombre.
Por último, ordenó una serie de medidas de reparación integral (documentación, publicación del resumen oficial y de la sentencia, capacitación para operadores, fuerzas de seguridad, medidas legislativas, entre otras).
Un apunte sobre los Derechos Humanos y sus Generaciones
Informe de la Misión Internacional de Verificación sobre la situación...
Informe de comentarios a la Ley producido en 2007 por el Equipo Interdisciplinario...

References: artículo 64
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 8
 artículo 1
 Artículo 16