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Sentencia T.S. 1342/2009 (Sala 2) de 29 de diciembre. Delito de falsedad en documento privado - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. 1342/2009 (Sala 2) de 29 de diciembre
Delito de falsedad en documento privado. Vulneración presunción de inocencia. No procede. Error en la apreciación de la prueba. No procede.
En la Villa de Madrid, a veintinueve de Diciembre de dos mil nueve
Esta Sala, compuesta como se hace constar, ha visto los recursos de casación por infracción de ley y de precepto constitucional interpuestos por los procesados Leovigildo representado por el Procurador D. Juan Torrecilla Jiménez y por Victoriano representado por el Procurador D. Alvaro Ignacio García Gómez, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincialde Madrid, con fecha 18 de marzo de 2009 que les condenó por un delito de falsedad en documento privado. Ha intervenido el Ministerio Fiscal; y, como parte recurrida Apolonio representado por el Procurador D. José Andrés Peralta de la Torre. Ha sido Magistrado Ponente, el Excmo. Sr. D. Luciano Varela Castro.
Primero.-El Juzgado de Instrucción n.º 41 de Madrid, instruyó Procedimiento Abreviado n.º 5979/2005, contra Leovigildo y Victoriano, por delitos de falsedad en documento privado y estafa procesal, y una vez concluso, lo remitió a la Audiencia Provincial de Madrid, que con fecha 18 de marzo de 2009, en el rollo n.º 77/08, dictó sentencia que contiene los siguientes hechos probados:
"SE CONSIDERA PROBADO,los acusados Leovigildo mayor de edad y sin antecedentes penales, y Victoriano, mayor de edad y ejecutoriamente condenado en sentencia firme 6 de junio de 2000 por un delito de falsificación en documento público a la pena de una año de prisión, en el año 2005 eran socios de la mercantil Salchicheria Charcuteria Salcha S.L., de la que Leovigildo era administradoR único.- El 18 de octubre de 2005 Salchicheria Charcuteria Salcha S.L., procedió a contestar a la demanda que le había sido interpuesta por Apolonio en reclamación de 18.029'53 euros por impago de la arena del local sito en el bajo de la calle Elizondo n.º 4, de Madrid, que había dado lugar al Juicio Ordinario de reclamación de cantidad n.º 355/2004 del Juzgado de Primera Instancia n.º 12 de Madrid. Con la contestación a la demanda se acompañó un documento fechado el 30 de noviembre d e2003, que Leovigildo había entregado a su representación procesal, y en el que se hacía constar que Apolonio y Leovigildo, declaraban resuelto el contrato de arrendamiento y reconocían: "que entre ellos no existían obligaciones ni cantidades algunas que mutuamente pudieran reclamarse por el concepto que fuera, incluida la fianza efectuada en su día, al haberse abonado y reintegrado las cantidades que pudieran corresponderles con anterioridad a este acto". este documento fue confeccionado de mutuo acuerdo por ambos acusados, sin la intervención de Apolonio, siendo firmado de su puño y letra por Leovigildo bajo epígrafe EL ARRENDATARIO, y estampando uno de los acusados con el consentimiento del otro, la firma de Apolonio bajo el epígrafe EL ARRENDADOR, imitando la original de éste.- Por resolución de 26 de abril de 2006 del Juzgado de 1.ª Instancia n.º 12 de Madrid, se acordó la suspensión del procedimiento civil hasta la terminación de la presente causa penal." (sic)
Segundo.-La Audiencia de instancia, dictó el siguiente pronunciamiento:
"FALLAMOS.-Que debemos condenar y condenamos a Leovigildo y a Victoriano, como autores criminalmente responsables de un delito de falsedad en documento privado, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, a la pena de UN AÑO DE PRISIÓN, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, a cada uno de ellos. Así como al pago de las costas causadas por mitades iguales, que incluirán en la misma proporción las causadas a instancia de la acusación particular." (sic)
Tercero.-Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación, por los condenados que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Cuarto.-La representaciones de los recurrentes, basan sus recursos en los siguientes motivos:
Recurso de Leovigildo
1.º- Por infracción de ley, al amparo de lo dispuesto en el art. 849.1 de la LECrim., en relación a lo establecido en los arts. 250, 390 y 395 en cuanto a los delitos de estafa procesal y falsedad en documento privado, 27 y 28 en cuanto a la autoría, todos ellos del CP.
2.º- Por infracción de ley, al amparo del art. 849.2 de la LECrim., por error de hecho en la valoración de la prueba.
3.º- Infracción de precepto constitucional, al amparo del art. 852 de la LECrim. y art. 5.4 de la LOPJ, por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE.
Recurso de Victoriano
1.º- Infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 de la LOPJ por vulneración del derecho a la presunción de inocencia del art. 24.2 de la CE.
2.º- Infracción de ley, al amparo del art. 849.1 de la LECrim por aplicación indebida del art. 395 del CP en relación con el 390.1.2 del mismo texto legal.
3.º, 4.º y 5.º- Se renuncia a estos motivos.
Quinto.-Instruido el Ministerio Fiscal y las partes de los recursos interpuestos, la Sala los admitió, quedando conclusos los autos para el señalamiento de fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.-Hecho el señalamiento del fallo prevenido, se celebró deliberación y votación el día 22 de diciembre de 2009.
Primero.-En el primero de los motivos, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se denuncia infracción de ley por indebida aplicación de los artículos 250, 390 y 395 del Código Penal.
No obstante la argumentación del recurrente se centra en la premisa fáctica de que él es ajeno a la falsificación de la firma del documento, que entregó al Sr. D. Victoriano, que afirmaba su autenticidad cuando se lo entregó, tiempo después, al recurrente.
Con ello, el motivo no discute la subsunción del hecho probado en la norma penal, sino la configuración del hecho que se valora a tal efecto.
Ello es ajeno a lo que el cauce procesal elegido autoriza, ya que éste pasa por el total respeto a la declaración de hechos probados.
Y lo mismo cabe reprochar al intento de que se estime vulnerado lo dispuesto sobre la autoría o el error en el Código Penal (artículos 27 y 28, por un lado, y 14, por otro, todos del Código Penal)
Porque esta pretensión vuelve a fundarse en hechos que la sentencia no declara probados. Incluso se opone a los así declarados.
En efecto se parte por el recurrente de que ha sido el otro acusado quien le hizo la entrega del documento que luego el recurrente aporta al procedimiento judicial en trámite. Y que lo hizo afirmándole que la firma, de quien se titula arrendador, era auténtica.
Pero los hechos probados establecen en la recurrida que el documento con la firma falsa fue elaborado por ambos acusados y que la firma del arrendador fue estampada por uno de los acusados con el consentimiento del otro.
Mientras tales hechos no sean considerados erróneamente establecidos, o afirmados sin previo cumplimiento de las garantías constitucionales, y así se establezca en esta casación, el error de subsunción, que se denuncia en este motivo, no puede ser estimado.
Segundo.-Es en el segundo motivo en el que se intenta la declaración de dicho error en la valoración de los medios de prueba.
No obstante el motivo es totalmente inadmisible, y en este trance, desestimable, en la medida que, pese a invocar el artículo 849.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que denuncia es un error en la valoración de la "prueba testifical" y no hace mención de documento alguno que justifique tal alegato.
Se limita a hacer protesta de que, además de no haberse afirmado que la falsa firma del arrendador sea de la autoría del recurrente, éste no tuvo intervención en la negociación del contenido del documento tachado de falso. Pero, además de lo que ya dejamos dicho, ni aquel aserto excluye la responsabilidad penal por falsedad, ya que ésta no exige la comisión por propia mano, ni la negociación, a que alude, ha sido acreditada por documento alguno, que no sea precisamente el falso.
Tercero.-Es en este motivo cuando el recurrente cuestiona, ya en bloque, la narración que de lo probado se hace en la recurrida. Y ello, ahora, al amparo de la garantía constitucional de presunción de inocencia.
El argumento radica en la tacha de "no razonables" que se atribuye a los "indicios" que, en el parecer del recurrente, constituyen la base desde la que se ha inferido la realización por él de la conducta subsumida en el tipo penal de la falsedad. Y, por otro lado, en la razonable acreditación de su tesis alternativa, consistente en que el coacusado pactó con el arrendador el contrato instrumentado en el documento tachado de falso, sin que el recurrente conociera su eventual falsedad.
Ninguna de las dos líneas de defensa son justificadas.
En lo que concierne a la razonabilidad de la inferencia de la recurrida, debemos recordar su justificación expresada en la misma. Indiscutido el dato de que este recurrente no vio al arrendador firmar, y que él mismo redactó, e hizo entrega, en el procedimiento judicial del documento tachado de falso, su participación deriva, como conclusión lógica, de la suma, a dichos datos, de los siguientes indicios: indudable interés en la utilización del contenido documentado, nula credibilidad de la razón esgrimida para justificar la ausencia de conservación por el recurrente del citado documento, que fuera él quien lo redactó si, según dice, no mantenía relaciones con el arrendador, y evidente falta de interés en el arrendador para suscribir el contenido del citado documento, especialmente si no se acredita la contraprestación por la que asumiera dar por extinguido su crédito contra la empresa del recurrente.
Pero, si la garantía de presunción de inocencia no se satisface solamente con la razonabilidad de la prueba que lleva a la imputación, sino que se exige que aquélla no se vea contrarrestada por la presencia de dudas razonables, tampoco en este aspecto puede estimarse el recurso.
Porque tal duda, correlato de la razonabilidad de su reconstrucción fáctica alternativa a la de la imputación, que el recurrente expone en su motivo, depende de la acreditación de otros datos de hechos que están ausentes de la narración de la sentencia recurrida y que, además, carecen de aval probatorio.
Desde luego mal puede aceptarse como acreditado lo que apenas cuenta con la declaración interesada de los propios acusados.
Ni siquiera la concreta del coimputado, cuya mendacidad se constata, ya que afirma haber visto al arrendador firmar y la pericia deja fuera de toda duda que tal firma por el arrendador no tuvo lugar.
Tampoco consta la realidad de esa particular falta de relación entre este recurrente y el arrendador, que se ofrece como explicación de los respectivos papeles asumidos por cada coacusado.
Inexistente la vulneración alegada, el motivo se rechaza.
Cuarto.-En su primer motivo denuncia este penado la vulneración de la garantía constitucional de presunción de inocencia en relación a dos aspectos: a) no se ha acreditado que él fuera el autor de la firma falsa y b) no se ha acreditado que la firma del arrendador fuera falsa.
Ya ha quedado examinado en los anteriores fundamentos de esta resolución como la sentencia de instancia argumenta de suerte razonable la imputación a ambos acusados del acuerdo para la confección unilateral del documento y de la falsificación de la firma del arrendador. Se da aquí por reproducido lo antes dicho. Y en particular lo indiferente que resulta quien fuera la persona que materialmente realizase la imitación de la firma no auténtica por no ser el delito de falsedad de propia mano.
El argumento añadido en este motivo sobre la escasa fiabilidad científica de la pericia, que denuncia la falsedad de la firma imitadora de la del arrendador, cae fuera de la garantía constitucional, es gratuita y no va más allá de la discusión sobre la credibilidad del medio de prueba que no cabe replantear en casación.
Quinto.-Finalmente se denuncia infracción de ley, al amparo del artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, so pretexto de que, incluso admitiendo la falsedad de la firma, ésta sería tan burda que carecería de capacidad de suscitar engaño en la persona del perjudicado.
Afirma el recurrente que es requisito de tipicidad en la falsedad del documento privado que aquel, cuya intervención es suplantada en la extensión de la firma, no pueda ser engañado por dicha firma. Tal requisito es ajeno a la exigencia legal. Es en el tráfico jurídico, al que el documento se destina, en el que la mendaz afirmación de esa intervención, inexistente en la realidad, ha de tener la capacidad de producir efecto. Como ha ocurrido en este supuesto en el que el documento se introduce en un procedimiento judicial. Y, desde luego, en modo alguno el hecho probado declara que fuera la imitación tan burda que, a aquellos a quienes se pretende hacérselo creer, no pudiera convencerles de que el arrendador intervino en el documento.
Por ello el motivo se rechaza
Sexto.-De conformidad con el artículo 901 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal deben imponerse a los recurrentes las costas derivadas de sus respectivos recursos.
Que debemos declarar y declaramos NO HABER LUGAR a los recursos de casación interpuestos por Leovigildo y por Victoriano, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid, con fecha 18 de marzo de 2009 que les condenó por un delito de falsedad en documento privado. Con expresa imposición de las costas causadas en sus respectivos recursos.
Publicación.-Leida y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D Luciano Varela Castro, estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

References: resolución 
 artículo 849
 artículo 849
 resolución 
 artículo 849
 artículo 901