Source: http://shkola.of.by/corte-interamericana-de-derechos-humanos.html
Timestamp: 2019-12-10 09:08:44+00:00

Document:
En el caso Luna López,
Roberto F. Caldas, Juez;
Humberto Antonio Sierra Porto, Juez, y
de conformidad con los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención Americana” o “la Convención”) y con los artículos 31, 32, 65 y 67 del Reglamento de la Corte (en adelante “el Reglamento”), dicta la presente Sentencia, que se estructura en el siguiente orden:
Introducción de la Causa y OBJETO DE LA CONTROVERSIA 3
A.Prueba documental, testimonial y pericial 6
B.Admisión de la prueba 7
B. 1. Admisión de la prueba documental y de las declaraciones de las presuntas víctimas 7
Hechos Probados 8
A.Situación de defensores del medio ambiente en Honduras 8
B.Hechos del caso 10
B. 1. Actuación política y como defensor de derechos humanos y del medio ambiente de Carlos Luna López 10
B. 2. Amenazas sufridas por Carlos Luna López y sus familiares 11
B. 3. Homicidio del señor Carlos Luna López 13
B. 4. Investigación preliminar de los hechos 15
B. 5. Procesos penales contra presuntos responsables 17
derecho a la vida y derechos políticos 28
B.Consideraciones de la Corte 30
B. 1. Derecho a la vida de Carlos Luna López 30
B. 2. Derecho a la participación política de Carlos Luna López 36
garantías judiciales y protección judicial 37
A.Argumentos de las partes y de la Comisión 37
B.Consideraciones generales de la Corte 39
B. 1. Debida diligencia en la investigación y esclarecimiento de los hechos 40
B. 2. Plazo razonable 47
B. 3. Conclusión general 49
Derecho a la integridad personal de los familiares 50
A.Argumentos de las partes y de la Comisión 50
B.Consideraciones de la Corte 51
Reparaciones 54
A.Parte lesionada 54
B.Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables 54
B. 1. Solicitud de investigación, determinación, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables materiales e intelectuales 54
B. 2. Solicitud de creación de una unidad de investigación de delitos cometidos contra defensores de derechos humanos 55
C.Medidas de rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición 55
C. 1. Rehabilitación 55
C. 2. Satisfacción 55
C. 3. Garantías de no repetición 57
D.Indemnización compensatoria 58
D.1. Daño material 59
D.2. Daño inmaterial 59
E.Costas y gastos 60
F.Modalidades de cumplimiento de los pagos ordenados 61
PUNTOS RESOLUTIVOS 62
El caso sometido a la Corte. – El 10 de noviembre de 2011 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la jurisdicción de la Corte (en adelante ”escrito de sometimiento”) el caso ”Carlos Antonio Luna López” contra la República de Honduras (en adelante “el Estado” u “Honduras”), indicando que Carlos Antonio Luna López (en adelante “Carlos Luna López” o “el señor Luna López”), defensor de derechos humanos y Regidor de la Corporación Municipal de Catacamas, Departamento de Olancho, en Honduras, fue asesinado el 18 de mayo de 1998 cuando salía de una reunión de la Alcaldía de Catacamas. Frente a ello, las autoridades competentes no realizaron las diligencias inmediatas de protección de la escena del crimen ni realizaron una autopsia. Posteriormente, se abrió un proceso contra los autores materiales y algunos de los autores intelectuales. En el transcurso, se procesó a uno de los autores materiales, quien fue asesinado en una prisión de alta seguridad, luego de haber manifestado que temía por su vida tras señalar a algunos de los autores intelectuales. Asimismo, varios testigos recibieron hostigamientos y amenazas durante el proceso penal, incluso, varios jueces se excusaron durante el proceso. El Estado no abrió investigación alguna en relación con los indicios de participación de agentes estatales. Durante la audiencia pública del caso, la Corte tuvo conocimiento de la condena impuesta a otro autor material de los hechos del caso.
Petición. – El 13 de enero de 2003 el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) y el Centro de Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron la petición inicial ante la Comisión;
Informe de Admisibilidad. - El 13 de octubre de 2004 la Comisión aprobó el Informe de Admisibilidad No. 63/041;
Informe de Fondo. – El 22 de julio de 2011 la Comisión aprobó el Informe de Fondo 100/112, de conformidad con el artículo 50 de la Convención (en adelante también “el Informe de Fondo” o “el Informe No. 100/11”), en el cual llegó a una serie de conclusiones y formuló varias recomendaciones al Estado.
el derecho a la vida (artículo 4 de la Convención), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Luna López;
los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención), en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Luna López, a saber, Mariana Lubina López, Rosa Margarita Valle Hernández, Carlos Antonio Luna Valle, Lubina Mariana Luna Valle, César Augusto Luna Valle, Allan Miguel Luna Valle, José Fredy Luna Valle y Roger Herminio Luna Valle;
el derecho a la participación política (artículo 23 de la Convención), en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Luna López.
el derecho a la integridad personal (artículo 5.1 de la Convención), en relación con el artículo 1.1. de dicho instrumento, en perjuicio de los familiares del señor Luna López, a saber, Mariana Lubina López, Rosa Margarita Valle Hernández, Carlos Antonio Luna Valle, Lubina Mariana Luna Valle, César Augusto Luna Valle, Allan Miguel Luna Valle, José Fredy Luna Valle y Roger Herminio Luna Valle.
reparar adecuadamente las violaciones de derechos humanos declaradas en su Informe de Fondo tanto en el aspecto material como moral.
desarrollar y completar una investigación judicial imparcial y efectiva, de manera expedita, con el objeto de establecer las circunstancias en que resultó muerto el señor Carlos Luna López, identificar a todas las personas que participaron en el mismo en los diferentes niveles de decisión y ejecución, y aplicar las sanciones correspondientes;
disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los hechos del caso, y
adoptar medidas de carácter legislativo, institucional y judicial orientadas a reducir la exposición al riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En ese sentido, el Estado debe:
fortalecer la capacidad institucional para combatir el patrón de impunidad frente a casos de amenazas y muertes de defensoras y defensores, mediante la elaboración de protocolos de investigación que tengan en cuenta los riesgos inherentes a la labor de defensa de los derechos humanos, y en particular del derecho a un medio ambiente sano, que conduzcan a la sanción de los responsables y a una reparación adecuada a las víctimas. Asimismo, el Estado debe asegurar que cuando funcionarios públicos estén implicados en investigaciones de violaciones de derechos humanos, las investigaciones se realicen eficazmente y con independencia;
fortalecer los mecanismos para proteger eficazmente a testigos, víctimas y familiares que se encuentren en riesgo como resultado de su vinculación a las investigaciones, y
desarrollar medidas adecuadas y expeditas de respuesta institucional que permitan proteger eficazmente a defensoras y defensores de derechos humanos en situaciones de riesgo.
Notificación al Estado. – El Informe de Fondo fue notificado al Estado el 10 de agosto de 2011, otorgándosele un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.
Prórroga. – El 7 de octubre de 2011 el Estado solicitó una prórroga para cumplir con las recomendaciones formuladas en el Informe No. 100/11, la cual fue concedida por la Comisión. No obstante, el 20 de octubre de 2011 el Estado presentó un informe a la Comisión sobre el cumplimiento de las referidas recomendaciones.
Sometimiento a la Corte. – El 10 de noviembre de 2011 la Comisión sometió el caso a la Corte como consecuencia de “la necesidad de obtención de justicia para las víctimas ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado. Al respecto, la Comisión destac[ó] que a 13 años de ocurridos los hechos, el Estado hondureño no ha llevado a cabo una investigación diligente y efectiva de los [mismos], no ha determinado las responsabilidades sobre los autores intelectuales […], ni ha abierto investigación alguna sobre los indicios claros de participación de agentes estatales”. La Comisión designó como sus delegados ante la Corte al Comisionado Felipe González y al entonces Secretario Ejecutivo Santiago A. Canton, y como asesores legales a las señoras Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Karla Quintana e Isabel Madariaga Cuneo, abogadas de la Secretaría Ejecutiva.
Solicitudes de la Comisión Interamericana. – Con base en lo anterior, la Comisión solicitó a la Corte que declare la responsabilidad internacional del Estado por la violación de: a) el artículo 4 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Luna López; b) los artículos 8, 25 y 5.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares del señor Luna López, a saber: Mariana Lubina López, Rosa Margarita Valle Hernández, Carlos Antonio Luna Valle, Lubina Mariana Luna Valle, César Augusto Luna Valle, Allan Miguel Luna Valle, José Fredy Luna Valle y Roger Herminio Luna Valle, y c) el artículo 23 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Carlos Luna López.

References: artículo 50
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 23
 artículo 1