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Timestamp: 2018-10-21 15:20:39+00:00

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﻿ SENTENCIA 2012-00767/2525-17 DE MAYO 10 DE 2018
SENTENCIA 2012-00767 DE 10 DE MAYO DE 2018
CONTENIDO:CARACTERÍSTICAS DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. EL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO HA EXPLICADO QUE EL DECRETO 1042 DE 1978 CREÓ LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERINTENDENCIAS, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DEL ORDEN NACIONAL. POR OTRO LADO, EL DECRETO 247 DE 1997, CREÓ LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. AL RESPECTO DESTACA LA SALA QUE, LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS AL MOMENTO DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DEBE HACERSE EN UNA DOCEAVA PARTE Y NO SOBRE EL 100% DEL VALOR PERCIBIDO POR ESE CONCEPTO, EN CONSIDERACIÓN A QUE SU PAGO SE HACE DE MANERA ANUAL Y LA MESADA PENSIONAL SE CALCULA CON LA PROPORCIÓN MENSUAL DE TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO, SEGÚN EL DECRETO 717 DE 1978. PARA CONCLUIR, SE INDICÓ QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DE COMO SE INTEGRA EN EL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN PENSIONAL LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS, SIN QUE SEA VIABLE ESTIMAR QUE PRONUNCIAMIENTOS DE TRIBUNALES O DE JUECES ADMINISTRATIVOS EN CONTRARIO, TENGAN LA VOCACIÓN DE CONFIGURAR DERECHOS ADQUIRIDOS PARA LOS PENSIONADOS, PUES NO SON PRODUCIDOS POR ÓRGANOS DE CIERRE NI TIENEN LA FUERZA VINCULANTE PARA SER TENIDOS COMO PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, EMPLEADO PÚBLICO, EMPLEOS PÚBLICOS, BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, DERECHO LABORAL, BONIFICACIÓN DEL DOCENTE
Sentencia 2012-00767/2525-17 de mayo 10 de 2018
Rad.: 05001233300020120076702
Nº interno: 2525-17
(i) ¿El acto administrativo que ordenó la reliquidación de la pensión de la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño, en virtud de una orden de tutela, constituye cosa juzgada constitucional no susceptible de ser cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
(ii) ¿La nulidad de la Resolución UGM 023641 de 4 de enero de 2012, decretada por el a quo, se ajusta al precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado según el cual la bonificación por servicios prestados debe ser incluida como factor salarial para efectos pensionales en 1/12 parte?
2.2.1. Por medio de la Resolución 23931 de 26 de agosto de 2002 la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño, con base en el 75% de lo devengado “sobre el salario promedio de 7 años y 9 meses, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993” a partir del 1º de enero de 2002 y en cuantía de $ 1.988.486 (fls. 52-55).
2.2.2. A través de la Resolución 04361 de 3 de febrero de 2009, Cajanal denegó la reliquidación pensional de la demandada (fls. 120-126).
2.2.3. Por medio de la Resolución UGM 023641 de 4 de enero de 2012, Cajanal reliquidó la pensión de vejez de la accionada, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios, en cumplimiento del fallo de tutela del 30 de mayo de 2008 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales (fls.169-191).
En materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que “decidido un caso por la Corte Constitucional(3) o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional”.
Sobre este punto, esta Corporación(4) ha señalado que la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del fallo de tutela “se predica respecto de los derechos constitucionales fundamentales amparados por la autoridad judicial”, lo que implica que esta figura no cobija la legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud de este mecanismo de defensa, pues precisamente existe un ordenamiento especial que otorga a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la facultad de juzgarlos. Lo contrario sería como desconocer la competencia otorgada tanto por el legislador como por la Carta Política (arts. 236 a 238) a los jueces de lo contencioso administrativo, para que a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la administración, incluidos, por supuesto, los que profiera en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
Por medio del Decreto 1042 de 1978(5) se creó la bonificación por servicios prestados para los empleados públicos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, en los siguientes términos:
De lo anterior, se desprende que la bonificación por servicios prestados fijada, en principio, para los trabajadores del orden nacional, fue creada para los servidores de la Rama Judicial mediante el Decreto 247 de 1997, como un factor salarial al que estos tendrían derecho cumplido un año continuo de labores y que debía tenerse en cuenta para efectos pensionales.
Sobre el particular, esta corporación, en sentencia de 29 de junio de 2006(6), al resolver un recurso de apelación en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de una pensión de jubilación de un servidor de la Rama Judicial contra Cajanal, dijo:
[…] Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se pagan una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se reconocen y pagan “proporcionalmente” cuando el servidor no labora para la época normal de su pago. Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una doceava parte de su valor.
Para el cálculo de la bonificación en comento, al tenor de lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 717 de 1978(7) ha de entenderse que su inclusión en la liquidación de la pensión de jubilación no puede ser por el monto total de lo recibido en el año, sino por lo que corresponde a una mesada, o sea, una doceava (1/12) parte, ya que su pago se realiza anualmente, como lo ha dicho recientemente esta corporación en distintas decisiones, y, entre ellas, la del 7 de febrero de 2013(8), en la que expresó lo siguiente:
Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por servicios se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual(9).
En ese orden, la Resolución UGM 023641 de 4 de enero de 2012 “Por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales Caldas” y que dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, es claramente susceptible de ser cuestionada ante esta jurisdicción por tratarse de una competencia otorgada tanto por el legislador como por la Constitución Política (arts. 236 a 238) a los jueces de lo contencioso administrativo, para que a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la administración, incluidos, por supuesto, los que profiera en cumplimiento de una orden constitucional de tutela(10).
En este punto, vale la pena recalcar que la jurisprudencia ha sido pacífica y reiterada hacia la correcta interpretación de cómo se integra en el IBL pensional la bonificación por servicios, sin que sea viable estimar que pronunciamientos de tribunales o de jueces administrativos en contrario, tengan la vocación de configurar derechos adquiridos para los pensionados, pues no son producidos por órganos de cierre ni tienen la fuerza vinculante para ser tenidos como precedentes jurisprudenciales.
3.1.2. De acuerdo con los antecedentes administrativos que obran en el expediente se encuentra que a través de la Resolución UGM 023641 de 4 de enero de 2012 Cajanal, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, reliquidó la pensión de vejez de la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño, incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios (fls.361-370).
No obstante, cuando es la entidad pública la que demanda su propio acto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de lesividad, esta corporación, en armonía con lo dispuesto en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, definió la siguiente regla en materia de costas(12):
Teniendo en cuenta que en el sub judice la UGPP demandó la nulidad del acto administrativo, por medio del cual reliquidó la pensión de jubilación a favor de la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño, ella no tiene la obligación de pagar costas de que trata el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
1. CONFIRMAR la sentencia de seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda instaurada por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, contra la señora Nury de las Mercedes Amaya Castaño.
(3) Corte Constitucional, Sentencia SU-1219 de 2001.
(4) Consejo de Estado, Sección Segunda, exp. 2400-14, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
(5) Por el cual se establece el sistema de nomenclatura y clasificación de los empleos de los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y unidades administrativas especiales del orden nacional, se fijan las escalas de remuneración correspondientes a dichos empleos y se dictan otras disposiciones.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 29 de junio de 2006, exp. 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), Demandante: Caja Nacional de Previsión Social, Demandado: Sara Julia Camacho Pineda, C.P. Tarsicio Cáceres Toro.
(7) ART. 12.—De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, sentencia de 7 de febrero de 2013, rad. 05001-23-31-000-2010-00323-01(2117-12), Actor: Martha Lucía López Mora.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Alberto Arango Mantilla, sentencia de 8 de febrero de 2007, rad. 25000-23-25-000-2003-06486-01(1306-06), Actor: Gema Neila Acevedo González.
(10) Sobre el particular, esta corporación en la sentencia del 27 de junio de 2017, exp. 4321-16 señaló: “la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub-lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo de contenido prestacional, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 Superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad. Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia”.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 36
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 238