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Timestamp: 2018-09-24 04:28:39+00:00

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﻿ Sentencia 2008-00263 de mayo 16 de 2014
SENTENCIA SC6185-2014 DE 16 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:NATURALEZA DEL REAJUSTE O CORRECCIÓN MONETARIA. EL REAJUSTE O CORRECCIÓN MONETARIA NO PUEDE SER CONSIDERADO SIMPLEMENTE COMO RESTITUTORIO O REPARADOR, SINO COMO UN FACTOR COMPENSATORIO, QUE MANTIENE EL PODER ADQUISITIVO DE LA MONEDA POR LA DEVALUACIÓN QUE OCURRE POR EL TRANSCURSO DEL TIEMPO. EN SU OPINIÓN, ESTA REGLA SE DESPRENDE DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 446 DE 1998, QUE SEÑALA QUE DENTRO DE CUALQUIER PROCESO QUE SE SURTA ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, LA VALORACIÓN DE DAÑOS IRROGADOS A LAS PERSONAS Y A LAS COSAS ATENDERÁ LOS PRINCIPIOS DE REPARACIÓN INTEGRAL Y EQUIDAD Y OBSERVARÁ LOS CRITERIOS TÉCNICOS ACTUARIALES. LA NATURALEZA DE LA INDEXACIÓN NO ES RESARCITORIA NI HACE PARTE DEL OBJETO DE LA PRETENSIÓN, SINO QUE ES UNA SIMPLE VARIACIÓN DE LAS CONDICIONES EXTERNAS DEL PERJUICIO, DEBIDO A LA DEPRECIACIÓN QUE SUFRE EL DINERO EN EL TIEMPO POR LA INCIDENCIA DE CIERTOS FACTORES DE LA ECONOMÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRECCIÓN MONETARIA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, REAJUSTE A LA CORRECCIÓN MONETARIA
Sentencia 2008-00263 de mayo 16 de 2014
Rad.: 08001-31-03-011-2008-00263-01
SC 6185-2014
(Aprobada en sesión de treinta y uno de marzo de dos mil catorce)
Bogotá, D. C., dieciséis de mayo de dos mil catorce.
1. El principio de congruencia de los fallos judiciales se halla consignado en el precepto 305 del Estatuto Procesal Civil, el que armonizado con el 368 ibídem, impone que el fallo se profiera en consonancia con los hechos y las pretensiones formuladas en la demanda, y con las excepciones propuestas por el accionado o que el juez ha debido reconocer de oficio, de modo que si el juzgador deja de pronunciarse sobre lo que en esa medida le corresponde, o se extralimita, el afectado con ese comportamiento, constitutivo de un yerro in procedendo, puede buscar su enmienda a través de la causal segunda de casación prevista en la última de las normas mencionadas.
2. En relación con dicho aspecto, esta corporación, entre otras, en la Sentencia CSJ SC, 2 ago. 2010, Radicado 1999-01569, dijo:
(…) ‘en atención al carácter dispositivo que gobierna los procesos civiles, límites y controles han sido previstos por el ordenamiento legal con el fin de ajustar la actividad judicial a la necesidad de las partes de disipar la incertidumbre, a quienes debe garantizarse, no solo el derecho a acceder a la justicia, sino brindarles la seguridad de que la contienda procesal se resolverá con sujeción estricta a los aspectos jurídicos y fácticos que ellas mismas pusieron oportunamente en conocimiento del juez. (…).
3. En principio se debe precisar que mediante la formulación del presente cargo se busca dejar sin efecto parcialmente el fallo de segundo grado, en lo que respecta al quantum de la indemnización, por lo que entonces, el debate se centra en determinar sí, en realidad, el ad quem incurrió en el vicio in procedendo de incongruencia al imponerle a la citada a juicio la obligación de sufragar el monto solicitado en el libelo genitor, pero actualizado.
4. Al respecto, se recuerda que los demandantes pidieron, como consecuencia de declararse responsable a XXXXX por los daños ocasionados a la Finca San Martín, de su propiedad, que se condenara a dicha convocada a indemnizarlos en cuantía de $256.060.000.
El tribunal, bajo la consideración de que el ordenamiento jurídico colombiano ha establecido la figura de la corrección monetaria, “precisamente por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, a fin de preservar los principios de justicia y equidad”, y aludiendo a que en la emisión de un pronunciamiento “condenatorio”, el director del proceso se halla facultado, “inclusive de manera oficiosa” para tener en cuenta “los principios de reparación integral y equidad”, al igual que “los criterios técnicos actuariales”, como lo impone el precepto 16 de la Ley 446 de 1998 y los fallos C-114-99 y C-487-00, procedió a indexar la suma pretendida obteniendo un guarismo de $305.089.282 que concretó en la condena asignada a la XXXXX.
El censor estima incongruente el fallo del ad quem, porque de manera “ultra petita” le impuso a la accionada la obligación de pagar más de lo reclamado por aquellos, quienes no invocaron la corrección monetaria.
5. A efectos de determinar sí la equivocación enrostrada en el presente asunto se erige en el vicio de procedimiento que recoge la segunda causal de casación, previamente conviene acotar que la demanda con la que comienza el juicio civil es la pieza fundamental del debate, pues además de marcar el derrotero de la actividad judicial, delimita el poder y la competencia del juzgador, por lo que entonces, este se halla vedado para suplir al demandante en asuntos ajenos a su reclamación, aunque en determinados eventos, se encuentra autorizado para decidir oficiosamente, es decir, sobre aspectos no pedidos y respecto de pretensiones implícitas; no obstante, cuando desborda tales excepciones y decide lo que no le fue planteado, ello constituye una intromisión indebida en la esfera de la autonomía privada, que por tanto, menoscaba el principio dispositivo propio del sistema procesal civil.
6. Pues bien, al analizar tanto la súplica resarcitoria inserta en el libelo pretensor, como la sentencia impugnada extraordinariamente, se colige que el tribunal no se equivocó al decidir en la forma como lo hizo, dado que en verdad, en esta no se concedió más de lo requerido, sino la misma cantidad, pero traída a valor presente, comportamiento judicial que lejos de desbordar el orden jurídico, lo respeta y preserva, mayor aún, si se tiene en cuenta que la actualización del monto del perjuicio, lo que comporta es desarrollo del principio de equidad y plenitud del pago implícitamente solicitado; por lo que tal reajuste no puede ser considerado simplemente restitutorio o reparador, sino como un factor compensatorio, con el que se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, cuando por el transcurso del tiempo, esta se devalúa.
Sobre la temática que se viene tratando, la Corte en Sentencia CSJ SC, 18 dic. 2012, Radicado 2004-00172, precisó:
Nuestro régimen de responsabilidad común por los delitos y las culpas consagra el principio de la reparación integral de los daños causados por acciones ilícitas, el cual impone como consecuencia necesaria en contra del autor de un acto lesivo la obligación de indemnizar a la víctima, tal como se infiere de la interpretación de los artículos 2341 y 2356 del Código Civil.
En concordancia con esos preceptos, el artículo 16 de la Ley 446 de 1998 señala: ‘Dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas y a las cosas, atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’ [se resalta].
Lo anterior significa que el juez tendrá que ordenar al demandado la restitutio in integrum a favor del damnificado, es decir que deberá poner al sujeto perjudicado en una situación lo más parecida posible a aquella en la que se encontraría de no haber ocurrido el daño.
Por ello, una vez establecidos los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, el sentenciador tendrá que cuantificar el monto de la indemnización en concreto, esto es que habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas en que tuvo lugar el daño, su intensidad, si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, y la forma adecuada de resarcir el perjuicio.
En estos eventos, para que la indemnización sea completa, se deben tener en cuenta las condiciones particulares en que se halla el damnificado y la magnitud del daño resarcible tal como se encuentre al momento de dictar sentencia y no simplemente en la fecha en que se produjo el menoscabo, toda vez que es factible que entre uno y otro instante la materialización del perjuicio sufra alguna variación o que sus efectos se extiendan en el tiempo.
De ahí que aun cuando el actor no haya señalado en su demanda el total de la cuantía del daño (…), el funcionario judicial sí tiene la potestad y el deber de adoptar las medidas que estime indispensables para declarar la tutela jurídica que va envuelta en el objeto de la pretensión, por lo que ello no constituye una decisión inconsonante.
En todo caso, la naturaleza de la indexación no es resarcitoria ni hace parte del objeto de la pretensión, sino que es una simple variación de las condiciones externas del perjuicio, debido a la depreciación que sufre el dinero en el tiempo por la incidencia de ciertos factores de la economía; por lo que el juez está facultado para decretarla aún de oficio, pues lo contrario supondría la aceptación de una situación inequitativa en contra del acreedor.
En consecuencia, el error que se endilga al fallo por haber ordenado la corrección de la condena del daño emergente pasado con base en el IPC, no encuentra ninguna comprobación, comoquiera que ese mecanismo es una de las formas usuales de actualización del valor del dinero. Entonces, habiendo sido solicitada la indexación por el actor, o aunque no lo hubiera hecho, el juez estaba facultado para conceder ese rubro en la sentencia.
Con antelación, en fallo CSJ SC, 29 jun. 2007, Radicado 1993-01518, expresó:
Varias veces se ha señalado por esta corporación que en asuntos de responsabilidad civil, la indemnización de perjuicios que se reconozca al perjudicado, como corresponde, debe apuntar a resarcir a este, en su justa medida y proporción, el daño total que le ha sido causado, admitiéndose jurisprudencialmente que el correspondiente pago para que sea liberatorio, debe comprender la correspondiente corrección monetaria, pues no es justo, ni equitativo con el acreedor que se ponga sobre sus hombros el envilecimiento que sufra la moneda desde el momento en que se produjo el hecho dañoso hasta que se produzca la reparación del correspondiente perjuicio.
En Sentencia CSJ SC, 12 dic. 2005, Radicado 15172, sostuvo:
La actualización del valor de los frutos y mejoras que hizo el tribunal no constituye la comisión por este del vicio procesal de inconsonancia, con prescindencia de que un pronunciamiento de este linaje sea viable en tratándose de tales prestaciones mutuas, porque no se trata del reconocimiento de una pretensión que no haya sido formulada ni expresa ni tácitamente por las partes beneficiadas con las condenas, toda vez que la actualización o corrección de las mismas, a más de corresponder a rubros que el sentenciador puede imponer de oficio o a iniciativa propia, no es una carga adicional porque, tal como lo tiene definido ya esta corporación, la corrección monetaria no corresponde al reconocimiento de perjuicios sino a la actualización de las condenas dinerarias que por equidad y para proveer a un pago completo proporciona una satisfacción económica acorde con la realidad.
Así mismo, en casación CSJ SC, 12 ago. 2005, Radicado 1995-09714, señaló:
1. (…) De modo general, el principio de congruencia no impide que en determinados eventos el juez al emitir sus pronunciamientos expresamente entre en terrenos que no han sido abordados por los contendientes, pues razones hay de equidad que autorizan un mayor compromiso judicial en la labor de disipar la incertidumbre de los derechos en litigio, responsabilidad de orden superior que se ha de satisfacer con el auxilio de ciertas potestades oficiosas consignadas en la ley, que hacen posible que las providencias jurisdiccionales se ajusten en un todo a fines esenciales del proceso, en especial para lograr la realización del derecho sustancial, desiderátum que debe servir de horizonte a la actividad judicial. De hecho, la rigidez del principio de congruencia se lenifica expresamente, cuando se permite al juez declarar motu proprio excepciones que halle probadas de oficio, conforme prescribe el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil.
2. Además de los citados instrumentos, que amplían el espacio de la controversia, resulta pertinente añadir que hay también casos en los cuales existen pretensiones que viven implícitamente en el ámbito de las súplicas de la demanda, mirada en su contexto. Acontece así con la corrección monetaria, pues choca a la razón entender que la parte que clama por la reparación de un daño quiere un dinero envilecido por el deterioro del signo monetario, propio de economías como la nuestra, entendimiento que no consulta los postulados de la equidad, en tanto que para reparar el perjuicio que afecta a la víctima, no basta con el pago expresado en términos nominales.
En torno al punto de la indexación, la Corte ha puesto de relieve que un añadido como ese no representa una nueva pretensión del demandante, sino que corresponde precisamente a un aspecto implícito de la súplica resarcitoria, cuyo fin no es otro que hacer que el quantum del daño a reparar —que se determina en moneda corriente— no se vea disminuido en perjuicio del demandante por las oscilaciones de una economía inestable (…).
3. Lo anterior viene al caso, precisamente porque la censura acusó que el tribunal ordenó indexar la suma de $39’488.524,86 correspondientes a la condena relativa a ‘los cánones de arrendamiento que ha tenido que sufragar —el demandante— al no poder habitar su inmueble... desde su causación hasta el día en que se verifique su pago…’, pronunciamiento que en verdad no constituye una forma de inconsonancia, sino que representa un desarrollo razonable del principio de equidad en cuya virtud, dicha actualización monetaria bien puede ser extraída de los elementos de comunicación con los cuales el demandante transmite el reclamo en pos de lograr que sea cubierto a plenitud el pago de la obligación indemnizatoria nacida de la responsabilidad civil extracontractual.
En relación con la aludida forma de actualizar el dinero, en fallo CSJ SC, 9 sep. 1999, Radicado 5005, esta corporación sostuvo:
Factor este que ha sido incluido en este derecho, más como exigencia de la actualización de la reparación del daño al momento en que efectivamente se verifica el pago, que como daño emergente propiamente dicho, pues si bien se trata de un fenómeno extraño al hecho ilícito, al contrato y a los autores, que lo pone al margen de la responsabilidad directa de estos, no es menos cierto que tienen incidencia al establecer el quantum de la reparación, porque si la víctima o sus herederos requieren de un pago completo por parte del responsable extracontractualmente, que se determina al momento de su realización, lógicamente habrá que incluir, además del valor del momento de su causación, el que corresponda a la corrección hasta el momento del pago, a fin de que sea pleno o completo, lo que desde luego, también descansa en la equidad.
Incurre, pues, en desacierto la censura, en cuanto en términos absolutos asevera que el pago de obligaciones dinerarias corregidas monetariamente obedece a la necesidad de resarcir un perjuicio y que, subsecuentemente, mientras el deudor no sea constituido en mora no hay lugar a tal reconocimiento, porque esta —la mora—, es el presupuesto ineludible de toda indemnización. El desatino que al recurrente se le atribuye radica en que, como viene de exponerse, el fundamento de la corrección monetaria no puede ubicarse en la urgencia de reparar un daño emergente, sino en obedecimiento, insístese, a principios más elevados como el de la equidad, el de la plenitud del pago, o el de la preservación de la reciprocidad en los contratos bilaterales. De ninguna manera, en fin, es dable inferir que en asuntos como el de esta especie, el reajuste de la condena en proporción a la depreciación del signo monetario constituya un perjuicio más que deba ser reparado, puesto que, reiterase aún a riesgo de fatigar, la pérdida del poder adquisitivo del dinero no afecta la estructura intrínseca del daño, sino su cuantía, de modo que la corrección tiene por finalidad la reparación integral, no la de indemnizar un perjuicio más; amén que, en ese mismo orden de ideas, tampoco puede verse en ello una sanción por un acto contrario al ordenamiento legal.
Véase adicionalmente que la Corte Constitucional al justificar la declaratoria de exequibilidad del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que alude a la “valoración de daños” y que impone atender “los principios de reparación integral y equidad” lo mismo que “los criterios técnicos actuariales”, en la Sentencia CC C-487de 2000 dijo:
En efecto, el fin que se persigue con la norma acusada, cuando se conmina al juzgador a considerar los principios de reparación integral y equidad, en el proceso de valoración del daño irrogado a una persona para tasar la indemnización, no es otro que el de buscar una justicia recta y eficiente y facilitar la solución del respectivo conflicto, así como la de evitar que para efectos de la indemnización de los daños en forma integral sea necesaria la tramitación de nuevos procesos, lo cual, indudablemente, contribuye a la descongestión de los despachos judiciales.
7. De acuerdo con lo anterior, si para la condena al pago del perjuicio, el ad quem, en atención a lo reclamado en la apelación que al respecto se propuso “tom[ó] como base la suma referida por la parte demandante en el marco de sus pretensiones” y soportado tanto en el canon “16 de la Ley 446 de 1998”, como en “jurisprudencia constitucional”, la actualizó a la época de la decisión impugnada, se itera, la incoherencia advertida por el casacionista no se estructura, puesto que se repite, el citado ejercicio, per sé, no comporta un elemento adicional que se esté resarciendo, como tampoco tiene la virtud de afectar el contenido y alcance de la reclamación, ni la naturaleza del daño, pues aunque objetivamente se observe un aumento en su cuantía, en realidad sigue siendo equivalente a la misma de la época en que se produjo la lesión al respectivo bien jurídicamente tutelado, fenómeno que lo explica la pérdida del poder adquisitivo de monedas como la nuestra, a medida que el tiempo transcurre.
Por lo anterior, el embate propuesto no prospera.
1. Este ataque se fundamenta en el primero de los motivos consagrados en el precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, en razón de la “violación indirecta” de los artículos 1494, 1613, 1614, 2341, 2342 y 2356 del Código Civil, como consecuencia de errores de hecho en la apreciación de varios medios de prueba.
2. En procura de acreditar el dislate denunciado, la recurrente expone lo que seguidamente se compendia:
El tribunal, con base en las experticias rendidas por XXXXX y XXXXX, tuvo por demostrado, sin estarlo, que los demandantes percibían ingresos económicos concretos y específicos por la explotación de ganado en los terrenos afectados por el incendio, e igualmente que durante los dos años siguientes a la conflagración les generó un menoscabo de $100.800.000.
Para el censor, el juzgador no tuvo en cuenta que los cálculos de los peritos fueron especulativos, sin soportes objetivos materiales ni verificables, dado que no obedecen a lo que realmente dejaron de recibir los accionantes, pues aquellos nunca pudieron determinar las sumas exactas de dinero que les reportaba la actividad ganadera desarrollada en las 50 hectáreas afectadas por la quema; no obstante, se aventuraron a especular y lanzar un guarismo que fue acogido por el ad quem, cuando no era el reflejo de la verdad, dado que no se acreditó que efectivamente el incendio privó a los actores de recibir un ingreso por dicha labor, lo que implica que este supuso la prueba del daño y su cuantía.
Destaca que el experto inicialmente mencionado reconoció que los cómputos se basaron en su experiencia, lo que significa que nunca tuvo a la vista una cantidad concreta percibida por los accionantes por la explotación bovina esgrimida.
Que igualmente, la otra perito, al cuantificar los perjuicios partió de estudios teóricos o informes técnicos que nada tienen que ver con la realidad del predio de los promotores del juicio, pues no se fundó en libros de contabilidad, registros de producción o documentos similares que le permitieran determinar los montos que estos dejaron de obtener por la imposibilidad de desarrollar la “actividad ganadera” en el inmueble afectado.
Agrega el recurrente, que el tribunal erró al aceptar como demostrada la existencia del “daño y su cuantía”, con el discutido trabajo pericial, sin haber comprobado que los valores allí insertos, en realidad obedecían a la actividad ganadera desplegada por los demandantes o que estos percibían tales entradas económicas, pues esos dictámenes solo contienen cálculos abstractos y cifras teóricas, sin verificación de ello.
La censura cuestiona así mismo que el juzgador de segundo grado, basado en las aludidas experticias, carentes de estudios y soportes, haya dado por demostrado que la restauración de la cobertura vegetal de la fracción incendiada del predio tenía un costo de $169.104.000.
En concepto del casacionista, el sentenciador se conformó con la cantidad indicada por los peritos, sin que ella corresponda a un cómputo serio, fundamentado, real y concreto, pues fuera de fotografías del estado de la finca al momento de realizar su labor, no existe medio de convicción que ratifique lo señalado por los auxiliares de la justicia, como pudieran ser asientos o documentos contables, recibos, comprobantes de pago, cotizaciones, etc.
Que si bien el experto XXXXX dijo que “la restauración del pasto tiene un costo de $3.400.000 por hectárea, por 50 hectáreas igual $170.000.000” y que la renovación del terreno consiste en “la preparación del suelo (laborales, culturales - tractor e implementos), adecuarlo para la siembra de semillas (pastos) los cuales existían anteriormente, abonarlos y esperar que ensemillen por primera vez (pasto nuevo), controles entomológicos (insectos) y esperar que las precipitaciones sean las mejores durante un año”, reitera, el valor de dichas gestiones no estuvo respaldado con análisis, experimentos, indagaciones o verificaciones que mostraran objetivamente el quantum de la inversión requerida para recuperar el área afectada.
Sostiene que igual sucede con el dictamen de la ingeniera XXXXX quien olímpicamente y sin sustento indicó que “los daños causados a la finca, podrán ser evaluados, teniendo como base el valor de la hectárea de terreno en condiciones normales y el valor de la hectárea de terreno en la finca en donde se causó el siniestro, y el valor de los implementos, procedimientos, técnica y otros para la fertilización pronta del suelo y recuperación total del medio ambiente de este sector. Entonces, la diferencia que arroje el valor de la hectárea de la finca del sector y el valor de la hectárea de la finca quemada, es igual al valor de los daños causados, que en el caso que nos ocupa podemos estimar en $4.000.000 por hectárea, que multiplica (sic) por 50, nos arroja un total de $200.000.000 por pérdida de la fertilidad del suelo”, planteamientos que al ser aceptados por el ad quem, este incurrió en yerro de apreciación probatoria, puesto que, repite, esas aseveraciones no tienen soporte, como tampoco “documentos en donde se vean reflejadas las cifras, el valor de la hectárea, la identificación de los procedimientos, el costo de la mano de obra, los presupuestos de los insumos, etc.”.
Agrega que la sentencia del juzgador colegiado, equivocadamente tuvo por cierta la afirmación de que los actores desarrollaban la “actividad económica de explotación ganadera” en la porción de tierra incinerada y que de ella recibían ingresos económicos, valiéndose para tal efecto, únicamente de la declaración de XXXXX, cuidandero del predio afectado, cuando no existe medio de convicción que confirme esas circunstancias, lo que demuestra que el sentenciador supuso la existencia de la prueba.
En conclusión, sostiene que el tribunal se equivocó al tener “por demostrada la existencia y cuantía del perjuicio, cuando en verdad en el proceso los demandantes nada probaron al respecto”, equivocación trascendente, puesto que de haber valorado “objetiva y materialmente los dictámenes periciales habría llegado a la conclusión que pese a demostrarse el incendio producido por la caída de los cables de conducción de energía eléctrica y la afectación del terreno, los demandantes fracasaron en su labor de acreditar el monto, es decir, la importancia y magnitud de los perjuicios supuestamente sufridos por ellos”, pues no hay prueba de los ingresos que los mismos percibían en razón de las actividades económicas desarrolladas en la heredad estropeada, ni de los que dejaron de recibir.
Como consecuencia de lo planteado, solicita que se case la sentencia, se revoque el fallo de primer grado y se nieguen las súplicas de la demanda.
1. En relación con lo debatido en el presente trámite extraordinario, cabe recordar que en el libelo introductorio del proceso se pidió declarar civilmente responsable a la accionada, del incendio ocurrido el 3 de enero de 2008 (sic) en la finca San Martín, debido a la caída de un cable de alta tensión de las redes eléctricas pertenecientes a XXXXX, y que por tanto, esta sea condenada a pagar la suma de $256.060.000, por los daños causados.
2. El tribunal accedió a lo pretendido, luego de hallar acreditados los elementos de la responsabilidad civil extracontractual imputable a la convocada.
Así, dio por sentado el hecho de la deflagración, lo mismo que el daño de aproximadamente 50 hectáreas de la mencionada propiedad que según el acervo probatorio se hallaban “acondicionadas para pastos, antes del incendio y para explotación de semovientes, más exactamente ganado bovino para engorde”, aunado al desequilibrio del ecosistema y la imposibilidad de explotarlas por más de seis meses en la actividad ganadera; también encontró probada la culpa de la accionada derivada del inadecuado mantenimiento de las “redes eléctricas” y, finalmente, la relación causal, dado que no se acreditó ningún “eximente de responsabilidad” y en cambio sí, que los empalmes mal elaborados condujeron al desprendimiento del alambre que al caer sobre el pasto seco generó la quema, todo lo cual condujo al ad quem a imponerle a aquella la obligación de indemnizar a los actores con $305.089.282, por perjuicios, que obtuvo de indexar la suma de $256.060.000 pedida por ellos.
3. La impugnante extraordinaria ataca la sentencia del ad quem porque con base en los dictámenes periciales rendidos por “XXXXX y por XXXXX”, carentes de soporte y contentivos de cifras especulativas, tuvo por demostrado, sin estarlo, que en los terrenos afectados por el incendio, los demandantes se dedicaban a la “actividad ganadera” y que por ella percibían ingresos económicos concretos y específicos, e igualmente que ese hecho les produjo la pérdida dineraria motivo de condena.
4. Como aspecto preliminar, se recuerda que el recurso de casación está orientado a juzgar la sentencia impugnada y no el litigio en sí mismo considerado, pues de hacerlo, mutaría aquel en una tercera instancia, que la ley no prevé. En consecuencia, tal reproche se dirige a que la Corte determine, dentro de los límites trazados por la censura, si el fallo combatido está o no ajustado al ordenamiento sustancial o, en su caso, al procesal; sin desconocer, claro está, que el juzgador de conocimiento goza de una discreta autonomía para apreciar los medios demostrativos, según los dictados de la sana crítica, esto es, se encuentra bajo el apremio de enjuiciarlos con soporte en el sentido común, la lógica y las reglas tanto de la ciencia como de la experiencia.
Lo anterior explica la razón por la que, cuando el ataque se construye sobre la base de haberse cometido un error de hecho que como vía indirecta integra la 1ª causal del precepto 368 del Código de Procedimiento Civil, su acreditación presupone, entre otras exigencias, que la inferencia probatoria atacada sea abiertamente contraria al contenido objetivo de la prueba, lo cual comporta que solo se estructure en la medida en que el desacierto sea tan notorio que a simple vista se manifieste, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o, lo que es igual, de tal magnitud que resulte ostensiblemente contrario a la evidencia del proceso.
Adicionalmente, cuando se está en presencia del primer motivo de casación, en cualquiera de las especies de violación de las normas sustanciales a que él se contrae, los reparos formulados deben comprender todos y cada uno de los fundamentos de la providencia en los que ella se sustenta, en el claro entendido de que si cualquiera de estos se pretermite o se ignora o de alguna manera subsiste para mantenerla en pie, no hay lugar a quebrarla, toda vez que la Corte, dado el carácter dispositivo y restricto propio del recurso extraordinario, tampoco puede de oficio completar la tarea recortada que a ese respecto se le proponga.
En lo que atañe a este necesario requisito de orden técnico, la Sala, en fallo CSJ SC, 13 dic. 2013, Radicado 2005-00530-01 reiteró:
‘(…) aunque el casacionista dirija o enfile su ataque contra uno de los soportes de la sentencia impugnada, si ésta tiene otros cimientos de suficiente valía que aquel omite fustigar, ‘… la Corte no tiene necesidad de entrar en el estudio de los motivos alegados para sustentar esa violación’ (LXXI, 740), toda vez que el fallo impugnado mantendrá su integridad con respaldo en las razones no cuestionadas, así se demostrara, en gracia de discusión, la equivocación del tribunal en el aspecto censurado. De allí que el ‘recurrente, como acusador que es de la sentencia está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta, para que la Corte, situada dentro de los límites que le demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada’ (CXLVIII, 221, reiterada en CCLII, 336)’.
Así mismo, en Sentencia CSJ SC, 16 dic. 2010, Radicado 2003-00123-01 expuso:
Al respecto, ‘por vía de la causal primera de casación no cualquier cargo puede recibirse, ni puede tener eficacia legal, sino tan solo aquellos que impugnan directa y completamente los fundamentos de la sentencia o las resoluciones adoptadas en esta; de allí que haya predicado repetidamente que los cargos operantes en un recurso de casación únicamente son aquellos que se refieren a las bases fundamentales del fallo recurrido(1), con el objeto de desvirtuarlas o quebrantarlas, puesto que si alguna de ellas no es atacada y por sí misma le presta apoyo suficiente al fallo impugnado este debe quedar en pie, haciéndose de paso inocuo el examen de aquellos otros desaciertos cuyo reconocimiento reclama la censura’ (…).
Tales puntales permanecen incólumes al no atacarse in concreto, en tanto, se itera ‘para salir avante y victorioso en su laborío impugnaticio, el casacionista debe recorrer el mismo sendero que transitó el sentenciador para arribar a su decisión’ (…), ‘está obligado a proponer cada cargo en forma concreta, completa y exacta para que la Corte, situada dentro de los límites que le demarca la censura, pueda decidir el recurso sin tener que moverse oficiosamente a completar la acusación planteada, por impedírsele el carácter eminentemente dispositivo de la casación’ (…) y debe combatir todos los pilares de la sentencia ‘en el entendido de que, de no ser así, cualquiera de estos que permanezca en pie con fuerza suficiente para sostenerla, impide que el fallo pueda romperse’ (cas. civ. sentencia de 27 de abril de 2000, Exp. 5720, reiterada en sentencia de 22 de mayo de 2008, Exp. 25151-3103-001-2003-00100-01).
5. Ahora bien, como los motivos invocados para quebrar el fallo refutado se relacionan con la “violación indirecta de la ley sustancial” por yerro fáctico, se impone señalar que al respecto, la Sala, en Sentencia CSJ SC, 7 jun. 2013, Radicado 2007-00089 reiteró:
(…) el error probatorio de hecho acaece cuando el tribunal cree equivocadamente en la existencia o inexistencia de un medio probatorio en el proceso o cuando al existente le da una interpretación ostensiblemente contraria a su contenido real, es decir, cuando desacierta en la contemplación objetiva de la prueba, razón por la que se ha explicado que su estructuración solo puede tener como causa determinante una cualquiera de estas hipótesis: a) cuando se da por existente en el proceso una prueba que en él no existe realmente; b) cuando se omite analizar o apreciar la que en verdad si existe en los autos; y, c) cuando se valora la prueba que si existe, pero se altera sin embargo su contenido atribuyéndole una inteligencia contraria por entero a la real, bien sea por adición o por cercenamiento.
6. De conformidad con lo expuesto, cuando en el recurso extraordinario de casación se critica el fallo del ad quem por comportar “errores fácticos”, el ataque no debe orientarse a contraponer los juicios valorativos que puedan admitir los medios de convicción, sino a mostrar las equivocaciones observables sin obstáculo, es decir, evidentes y relevantes en las que incurrió el juzgador, concretando su señalamiento, dado que se trata de un reproche de existencia, atinente a la materialidad de la prueba.
7. Seguidamente se registran los elementos de persuasión con trascendencia para la decisión que se está adoptando.
a. “Informe de siniestro” emitido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Juan de Acosta (Atlántico), en el que se da cuenta de que con la intervención de los “Bomberos de Puerto Colombia”, el grupo de apoyo R.A.C.H. y campesinos de la zona, se logró extinguir la deflagración acaecida en la Finca San Martín, que consumió el pasto de dos potreros de aproximadamente 50 o 60 hectáreas, lo mismo que la cerca de madera y el alambre, agregando que una vez sofocado el incendio se procedió a investigar las causas de este, constatando que “fue ocasionado por un cable de energía de alta tensión que se reventó debido a los fuertes vientos y cuya postearía (sic) que surte de energía al corregimiento del Cerrito y una antena torre de celular pasa por estos terrenos, culminada la investigación se presentó una cuadrilla de la empresa XXXXX quienes restablecieron el servicio de energía” (fl. 13 c. 1).
b. Respuesta ofrecida por la accionada a la petición del comandante del citado “Cuerpo de Bomberos de Juan de Acosta” manifestando que el “2 de febrero de 2008, en horas de la mañana las líneas de MT (primarias) provenientes del circuito Saco, las cuales van hacia el corregimiento de Piojó, conectadas a 13200 V, sufrieron una falla. El cable de una de las fases se reventó cayendo sobre el pasto seco de la Finca San Martín, lo que produjo un incendio, el cual ocasionó la quema de todos los árboles y hierba seca del lugar. El Centro Local de Distribución (CLD) de la compañía recibió aviso Nº 1567705, por lo que envió al sector en cuestión la brigada conformada por los operarios quienes al llegar al sitio comprobaron que efectivamente se encontraba el cable (fase) en el suelo, y que había un incendio, en donde el cuerpo de bomberos intentaba apagar las llamas, después que se logró controlar el incendio se procedió a reparar la línea rota, utilizando 150 mts de conductor dejando el sector normalizado con fluido eléctrico a las 17:00 horas de ese día. Es de aclarar que la brigada no reportó muerte ni quemaduras de animales ni personas” (fl. 14 c. 1).
c. Inspección judicial que como prueba anticipada pedida por los actores llevó a cabo el Juzgado Promiscuo Municipal de Piojó a la finca afectada, diligencia en la que los peritos XXXXX y XXXXX que participación en ella, conceptuaron que el desprendimiento de la línea de media tensión “fue causado por un empalme elaborado sin las condiciones técnicas, que garanticen una buena unión mecánica y eléctricamente seguros y después estos empalmes se deben soldar con bronce, arco o blanda, con un metal o aleación fusible” como lo ordena el “Código Eléctrico Colombiano (N.T.C. 2050) (…) artículo 110-14, conexiones eléctricas, reforzado por el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE)”. Agregan que en el corredor de esas redes que atiende la empresa demandada “proliferan estos empalmes mal elaborados, y entre ellos están los que realizaron los operarios de la empresa XXXXX, el día 02 de febrero de 2008, cuando quedó normalizado el sector”, lo que produce “falso contacto entre los conductores y recalientan las líneas hasta producir arcos o chispas, entonces esta fusión que se elevan a gran temperaturas (sic) y al caer sobre el pasto seco como consecuencia del verano que se presenta en la región, producen incendios como el que se presentó (…) en la Finca San Martín, y la zona afectada (…) la calculamos en 50 hectáreas aproximadamente (…)”. Acompañaron varias fotografías del predio afectado, incluyendo unas que registran el momento de la deflagración (fls. 15-42).
d. “Concepto técnico” realizado por el ingeniero agrónomo XXXXX de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico —C.R.A.—, en el que se “determinar[on] los daños ecológicos” sufridos por la Finca San Martín en razón del incendio “ocasionado por la ruptura y caída de un cable de conducción eléctrica de la empresa XXXXX”. Allí se dijo que se quemaron aproximadamente 50 de las 500 hectáreas que mide el citado terreno, en donde existían unos 420 árboles aislados, “una cobertura vegetal con pasto sembrado de la especie angleton (edichantium aristátum), pasto para pastoreo rotativo de 250 reses. Adicionalmente describe las especies vegetales y demás objetos incinerados, al igual que los efectos negativos de la deflagración (fls. 44-46).
e. “[I]nforme técnico-práctico” elaborado por el “ingeniero agrónomo” XXXXX quien al respecto concluyó que “[e]videntemente se presenció daño masivo en las 50 Has. acondicionadas para pastos, antes del incendio y, para explotación de semovientes, más exactamente ganado bovino para engorde. Así mismo describió los daños ocasionados por el fuego, el costo de la restauración de la “cobertura vegetal” y el procedimiento para lograrla.
A partir de señalar como “pérdida económica por el no uso en la explotación sana de las 50 Has durante un año calendario” realizó las siguientes operaciones: “2 cabezas de ganado por Ha, con aumento de peso en gramo por día por cabeza = 700 gr. Ahora, 100 cabezas (en las 50 Has) aumentan 70.000 gr. por día y, 100 cabezas en los 30 días por los 70.000 gr = 2.100.000 gr = 2.100 kilos/mes (…) x 12 meses = 25.200 kilos. Kilo en pie actual $2.800.oo (aprox.) = 25.200 x 2.800 = $70.560.000. Restauración 50 Has = $170.000.000. Pérdida ganado para engorde año = $70.560.000. Total = $240.560.000” (fls. 47-58 c. 1).
f. Inspección judicial adelantada por el juzgado de primera instancia al predio menoscabado, en la que intervino el perito XXXXX quien en su dictamen plasmó las secuelas del incendio y para determinar el quantum de ellas realizó el mismo procedimiento indicado en literal anterior, pero a los 2.100 kilos/mes los multiplicó por “24 meses”, lo que arrojó un total de “50.400 kilos x 2000 kl. Pie actual aproximado = $100.800.000. Total restauración pérdida ganado – pasto = $270.500.000”. Posteriormente, frente a la solicitud de aclaración elevada por la parte demandada, el experto manifestó el soporte que tuvo en cuenta para elaborar su trabajo y expuso la razón de sus conocimientos (fls. 174-185, 190-191, 210-212).
g. Experticia rendida por la ingeniera civil XXXXX, como prueba de la objeción formulada por la convocada al anterior trabajo pericial, en donde, igualmente relaciona el deterioro generado por la deflagración, el monto económico del mismo y que el terreno se utilizaba para la actividad ganadera.
En la complementación efectuada por petición de la accionada dijo que la mencionada labor en la finca fue constatada al momento de hacer la inspección ocular, pues encontró corrales, establos, pastos y ganado, a más de indagar que la misma se ejerce desde hace muchos años atrás (fls. 243-264, 266-267, 269-271).
h. Respuesta ofrecida por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales - Ideam al juzgado de conocimiento, según la cual, con base en la información reportada por la estación meteorológica de Piojó y que comprende los días 2, 3 y 4 de febrero de 2008 “no dispone de información de vientos representativa para la zona, por lo cual no está en capacidad de certificar la ocurrencia o no, de fenómenos muy locales o de escasa duración” (fl. 146 c. 1).
i. Declaración rendida por XXXXX dando a conocer que vive en la Finca San Martín y que al presentarse el incendio llamó a su patrón y este a XXXXX. Igualmente informó que esa propiedad se dedica a la ganadería y describió el procedimiento de utilización de la misma en esa actividad (fls. 130-131 c. 1).
8. Dado que el cuestionamiento formulado por la parte demandada a la decisión del tribunal tiene que ver con la acreditación del daño y su cuantía, es del caso recordar que dicho factor constituye uno de los pilares de la responsabilidad, sin el cual, no es viable predicarse la presencia de esta y mucho menos derivarle efectos resarcitorios adversos al demandado. Adicionalmente, para que la reparación de ese elemento pueda concretarse, a más de la afectación a un bien jurídicamente tutelado, se requiere acreditar la realidad, certeza o veracidad del mismo.
Respecto del citado requisito, esta corporación ha sostenido, entre otras, en la Sentencia CSJ SC, 9 mar. 2012, Radicado 2006-00308, lo siguiente:
‘En efecto, la Corte de antiguo, destaca esta exigencia por cuanto ‘dentro del concepto y la configuración de la responsabilidad civil, es el daño un elemento primordial y el único común a todas las circunstancias, cuya trascendencia fija el ordenamiento. De ahí que no se dé responsabilidad sin daño demostrado, y que el punto de partida de toda consideración en la materia, tanto teórica como empírica, sea la enunciación, establecimiento y determinación de aquél, ante cuya falta resulta inoficiosa cualquier acción indemnizatoria’ (cas. civ. Sent. de abr. 4/68, CXXIV, 62), naturalmente que, este requisito ‘mutatis mutandis, se erige en la columna vertebral de la responsabilidad civil, en concreto de la obligación resarcitoria a cargo de su agente (victimario), sin el cual, de consiguiente, resulta vano, a fuer de impreciso y también hasta especulativo, hablar de reparación, de resarcimiento o de indemnización de perjuicios, ora en la esfera contractual, ora en la extracontractual’ (cas. civ. Sent. de abr. 4/2001, [S-056-2001], Exp. 5502)’.
Igualmente, en fallo CSJ SC, 16 mayo 2011, Radicado 2000-00005, la Sala señaló:
‘En el ámbito normativo, la noción de daño comprende toda lesión a un interés tutelado, ya presente, ora posterior a la conducta generatriz, y en lo tocante al daño patrimonial, la indemnización cobija las compensaciones económicas por pérdida, destrucción o deterioro del patrimonio, las erogaciones, desembolsos o gastos ya realizados o por efectuar para su completa recuperación e íntegro restablecimiento, y el advenimiento del pasivo (damnun emergens), así como las relativas a la privación de las utilidades, beneficios, provechos o aumentos patrimoniales frustrados que se perciben o percibirían de no ocurrir los hechos dañosos (lucrum cessans), esto es, abarca todo el daño cierto, actual o futuro (arts. 1613 y 1614 C.C.; 16, L. 446/98; cas. civ. Sent. de mayo 7/68, CXXIV).
‘En tratándose del daño, […], la indemnización exige la certeza del detrimento, o sea, su verdad, existencia u ocurrencia tangible, incontestable o verosímil, ya actual, ora ulterior, acreditada por el demandante como presupuesto ineluctable de la condena con pruebas idóneas en su entidad y extensión.
‘La certidumbre del daño, por consiguiente, es requisito constante ineludible de toda reparación y atañe a la real, verídica, efectiva o creíble conculcación del derecho, interés o valor jurídicamente protegido, ya actual, bien potencial e inminente, mas no eventual, contingente o hipotética (cas. civ. Sents. de mayo 11/76, de ago. 10/76, G.J. Nº 2393, pp. 143 y 320).
‘3. Sentado lo anterior, cumple advertir que, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o posterior, es menester su plena demostración en proceso con elementos probatorios fidedignos, existiendo a propósito libertad en la prueba, y por ende, salvo norma expresa en contrario, son idóneos todos los medios permitidos por el ordenamiento, dentro de estos, la confesión de parte, los testimonios de terceros, los documentos, los indicios, las inspecciones judiciales y dictámenes periciales.
‘Probado el daño es pertinente establecer el quantum debetur según los elementos de convicción del proceso, desde luego que, la prueba del quebranto y la de su cuantía son asuntos diferentes, el juzgador para establecerla debe ejercer sus facultades oficiosas (incs. 1º y 2º del art. 307 del CPC; cas. civ. Sent. de ago. 9/99, [S-033-99], Exp. 4897) cuando están acreditados los perjuicios, y toda vicisitud probatoria respecto del monto de la indemnización no excluye su reconocimiento, cuya valoración ‘atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales’ (arts. 16, L. 446/98, 230 de la C.P., 32 del C.C. y 8º de la L. 153 de 1887; cas. civ. sentencias del 3 de septiembre de 1991, 5 de noviembre de 1998, de abr. 1º/2003, [S-042-2003], Exp. 6499).’ (cas. civ. sent. de sep. 9/2010, Exp. 17042-3103-001-2005-00103-01).
9. Ahora bien, para efectos de reconocer o no la obligación resarcitoria, el sentenciador debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente incorporadas a la actuación, cuya apreciación debe realizar ‘de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o validez de ciertos actos’, como lo disponen los preceptos 174 y 187 del Código de Procedimiento Civil.
Dentro de los citados elementos de juicio se encuentra la peritación que conforme al canon 233 ibídem, “es procedente para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos” y que precisamente, por la singularidad del asunto controvertido, se requiere de una particular erudición que puede escapar a los conocimientos del sentenciador para definirlo y que por tanto, se dirige a provocarle convicción a este, en un determinado sentido. Su eficacia probatoria, según se desprende del artículo 241 ejusdem, se halla condicionada a la conducencia que ostente el hecho cuya acreditación se pretende, a la idoneidad e imparcialidad del perito, a la fundamentación, claridad y firmeza de sus conclusiones, al surtimiento del trámite de contradicción y que no haya prosperado una objeción por error grave, e igualmente, que otros medios de persuasión no lo infirmen, tarea valorativa que le corresponde al juzgador, quien como director del proceso y atendiendo las demás probanzas debidamente recaudadas y analizadas en conjunto, puede acogerlo total o parcialmente, lo mismo que descartarlo.
En lo atinente a la valoración y cuestionamiento de la experticia, esta corporación en el fallo CSJ SC, 9 sep. 2010, Radicado 2005-00103 sostuvo:
Esa prueba, como todas las demás, debe ser apreciada por el juez en conjunto con las demás que obren en el proceso y de acuerdo con las reglas de la sana crítica (CPC, art. 187), labor que, tratándose de aquella, se realizará teniendo en cuenta la precisión, firmeza y calidad de sus fundamentos (art. 241 ib.), tarea en la que el juzgador goza de autonomía, razón por la cual ‘los reparos por indebida apreciación de la fuerza de una pericia, deben dirigirse a demostrar que el juez vio el dictamen de manera distinta a como aparece producido, y que sacó de él una conclusión ilógica y arbitraria, que no se compagina con la que realmente demuestra, porque, de lo contrario, es obvio que lo así inferido por el fallador está amparado en la presunción de acierto, y debe ser respetado en casación’ (G.J.T. CCXII, Nº 2451, pág. 143)”, y le ‘corresponde al juez, en desarrollo del principio de la sana crítica, de diáfana raigambre legal, apreciar’ las ‘pruebas en conjunto, incluyendo, como es lógico y en el evento de haber sido recaudados, los peritajes, en cuya valoración debe tenerse siempre presente la firmeza, precisión, calidad de los fundamentos, competencia de los peritos y demás elementos de convicción (CPC, arts. 187 y 241), siéndole permitido acoger como fruto de dicho escrutinio intelectivo sus conclusiones, bien de manera total, ora de forma parcial (…).
10. Pues bien, en relación con los reparos que el impugnante le efectúa a la sentencia del tribunal, cabe acotar inicialmente que aquel se despreocupó de combatir la integridad de los fundamentos torales sobre los que fue construido el fallo atacado, circunstancia que torna incompleta la aludida acusación, dado que los dictámenes debatidos no fueron los únicos medios de convicción que le sirvieron de apoyo para su emisión y los restantes pilares en que también se fundó, no fueron cuestionados.
Al respecto, es del caso referir que luego de dar por sentada la ocurrencia del suceso lesivo, para lo cual el tribunal se soportó en el informe emitido por el Cuerpo de Bomberos de Juan de Acosta, las declaraciones de XXXXX, XXXXX y XXXXX y en la misma respuesta que la accionada dio a la queja Nº DOC15938 afirmando que “[e]l cable de una de las fases se reventó cayendo sobre el pasto seco de la finca San Martín, lo que produjo un incendio, el cual ocasionó la quema de todos los árboles y hierba seca del lugar”, dicho juzgador encontró demostrado el daño con la exposición efectuada por la aludida entidad encargada de extinguir el fuego, lo mismo que con el dictamen de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico y los testimonios vertidos, elementos de persuasión demostrativos de que se afectaron 50 de las 500 hectáreas que conforman la finca, las cuales se hallaban acondicionadas, antes del incendio, para pastos y explotación de ganado bovino de engorde, suceso que produjo “daño ecológico e impacto ambiental negativo”, gran contaminación del medio ambiente, incineración de las cercas que dividen los potreros, en una extensión de 3.500 metros y deterioro de los alambres de púas que las integran. En relación con los citados fundamentos de la decisión cuestionada, es del caso señalar que el impugnante permaneció silente.
En punto de la culpa de la accionada, a partir de sostener que la conducción de energía eléctrica comporta una actividad peligrosa, el tribunal, basado en las mismas manifestaciones de la demandada, en los informes técnicos y experticias realizadas por XXXXX y XXXXX, tuvo por demostrado que el cableado se desprendió por tener empalmes sin condiciones técnicas que garantizaran una buena unión mecánica y eléctricamente segura, agregando que no se probó la presencia de ningún factor extraño como los fuertes vientos señalados por la accionada y constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito que permitiera eximirla de responsabilidad, dado que el Instituto de Hidrología, Meteorología y estudios Ambientales, Ideam, indicó que no disponía “de información de vientos representativa para la zona, por lo cual no está en capacidad de la ocurrencia o no, de fenómenos muy locales o de escasa duración” (sic). El anterior sustento de la decisión impugnada tampoco fue motivo de comentario por parte de la censura.
Seguidamente, el ad quem procedió a relacionar los deterioros generados por el incendio, expresando que “[e]videntemente se presentó un daño masivo en las 50 Has. acondicionadas para pastos, antes del incendio y para la explotación de semovientes, más exactamente ganado bovino para engorde” en cuyo respaldo cita los “folios 47 y subsiguientes” que corresponden a la pericia rendida por el ingeniero agrónomo XXXXX, quien vale la pena destacar, es distinto de aquellos, a él pertenece la anterior transcripción y frente al cual, nada debatió el impugnante.
Señala igualmente la corporación de segunda instancia que dicho menoscabo se halla “ratificado, a través del dictamen pericial realizado por la ingeniera XXXXX”, según el cual “se pudo establecer los graves daños materiales producidos por la conflagración”, dado que a pesar de haber transcurrido tres años de acaecido el siniestro, aún se percibían aquellos “por la falta de crecimiento de pasto, de las malezas de los árboles, y de la recuperación de la capa vegetal en las 50 hectáreas, dedicadas al pastoreo de ganado vacuno, de engorde y de la producción del forraje para la alimentación del mismo (…)”.
El sentenciador también alude al concepto técnico de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico de quien dice observó el área afectada en una extensión aproximada de 50 hectáreas de las 500 que tiene la finca, dando a conocer que en aquella existía “una población de árboles aislados de aproximadamente 420 (…) una cobertura vegetal con pasto sembrado de la especie angleton [para] pastoreo rotativo de 250 reses”, relacionando además, otras especies destruidas. Se destaca, así mismo que este elemento de juicio y argumento judicial, tampoco le mereció ningún reparo al recurrente.
Derivado de lo antes indicado, el ad quem expone que “con el propósito de determinar de manera concreta el daño alegado por la parte demandante, el cual circunscribe a la pérdida económica derivada de la imposibilidad material de utilizar la zona afectada durante un término prolongado, para la actividad económica ejercida en esta comúnmente (actividad ganadera según lo esbozado), considera la Sala la necesidad de establecer precisamente el desarrollo de dicha actividad dentro del predio en cuestión, para así, entrar a definir de manera específica el acaecimiento del daño. En este sentido el acervo probatorio construido dentro del trámite procesal permite identificar de manera efectiva que la zona afectada de la finca denominada San Martín, se encontraba destinada a la actividad ganadera. Así pues, además de los conceptos técnicos ya valorados, dentro de los cuales se resalta la ejecución de dicha actividad, las declaraciones rendidas por XXXXX conducen a ratificar este hecho. Así, al interrogante encaminado a determinar la actividad comercial de la finca (…) manifestó que se ‘dedica a la ganadería y tiene 500 hectáreas’ de las cuales, 50 de ellas (las afectadas por el incendio, según la misma declaración dejaron de utilizarse por un término superior a seis (6) meses. Seguido a ello, al establecer la metodología de trabajo con el ganado al interior y fuera de la finca, manifestó que ‘15 días en rotación. 15 días en un potrero, 15 días en otro, y al mes y medio se saca al matadero y vuelve y entra otro a la misma rotación, 100 reses se venden cada mes y medio’. (…)”.
Con base en lo anterior, luego de hacer referencia a la información suministrada por los demandantes en el desarrollo de la inspección judicial, al “concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, ratificada en la declaración emitida por (XXXXX)”, el sentenciador concluyó que “se pudo establecer que la finca estaba dedicada a la explotación ganadera, la cual, por el hecho de haberse deteriorado la vegetación, específicamente la utilizada para la actividad de pastoreo del ganado (como quedó demostrado a través de los peritazgos realizados), se vio afectada en su desarrollo”.
Por lo mismo, a partir de dar por “demostrada la actividad ganadera desarrollada en la finca y la afectación que se produjo por causa del siniestro en la vegetación de esta, la cual influye de manera considerablemente negativa, en la ejecución de aquella, habida cuenta de que, la vegetación, especialmente el pasto, era utilizado en el proceso de alimentación del ganado, el cual se ha visto interrumpido dentro de la zona afectada por un término superior a dos años (…)”, el juzgador procedió a cuantificar el perjuicio.
11. El precedente recuento de la decisión, pone de presente que el tribunal, para determinar el daño y su cuantía, no solo se apoyó en los dictámenes rendidos por “XXXXX y por XXXXX”, como lo señala el recurrente, sino en las demás “pruebas allegadas al proceso”, dentro de ellas, el “concepto emitido por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico”, “la declaración emitida por XXXXX” y “los peritazgos realizados”, entre estos, el del “ingeniero agrónomo XXXXX”, medios de persuasión estos y conclusión del tribunal no refutados por el impugnante extraordinario.
12. Frente al yerro fáctico que el casacionista le endilga al ad quem al haber dado “por demostrado, sin estarlo, que la recuperación de la zona afectada con el incendio (restauración de la cobertura vegetal) asciende a la suma de $169.104.000 error en el que incurrió al aceptar una cifra que dieron los peritos sin haber realizado estudios de ninguna naturaleza ni haber acompañado los soportes respectivos”, es del caso señalar que la determinación del mencionado rubro fue extraída por el tribunal del concepto técnico rendido por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico “C.R.A.”, como se evidencia de lo plasmado en el fallo, concretamente, en el acápite de “cuantificación del daño”, en donde en forma expresa anotó: “Restauración de la cobertura vegetal establecida por la CRA: $169.104.000”.
Al respecto, obsérvese que la Corporación Autónoma Regional del Atlántico, C.R.A., medio de convicción sobre el que también se apoyó el ad quem, al referir “los daños ecológicos” sufridos por la Finca San Martín con motivo de la conflagración, señaló que se quemaron aproximadamente 50 de las 500 hectáreas que mide el citado terreno, en donde existían unos 420 árboles aislados, “una cobertura vegetal con pasto sembrado de la especie angleton (edichantium aristátum), pasto para pastoreo rotativo de 250 reses. Que las especies destruidas por el incendio forestal fueron: ceiba roja (ceiba pentrada), coralibe (tabebuya coralibe), totumo (crecentia cupete), trupillo (prosopis juliflora), matarratón (gliricide sepium), san gregao, campano (pithecelobium saman), guasimo (guazuma ulmifolia). También se observó que se quemó la cerca del predio y de las divisiones de los potreros en una extensión de 3.500 metros. También se ocasionó la muerte de especies silvestres, como: el conejo, culebras, pájaros de diferentes especies, lobos polleros, codornices, morrocollos”. Así mismo expuso que “(…) el desastre ecológico que ocasionó la conflagración (…) fue tan grande que se intervino la conectividad de la flora y la fauna existente allí. Se estableció una brecha de 500 metros de ancho por 1.000 metros de largo, es decir, 500.000 m2 que equivalen a 50 has. Que cuando se rompe la conectividad entre flora y fauna, se rompe también el equilibrio ecológico de las especies existentes en el entorno del área impactada negativamente, poniéndose en riesgo su existencia o su permanencia en el lugar del impacto ambiental negativo, debido a que se les destruyó su eco-habitad (sic). Esta visita concluye que sí hubo un daño ecológico y un impacto ambiental negativo”, agregando que “la compensación por destrucción de la cobertura vegetal con las consecuencias de pérdida de flora y fauna, según lo establecido en la Resolución 0063 del 27 de febrero de 2007 emanada por la CRA donde se establece que por la restauración de la cobertura vegetal tiene un costo de $3.382.080 por hectárea, para un total de ciento sesenta y nueve millones ciento cuatro mil pesos ML (169.104.000)” (resalta la Corte. Fls. 44-46 c. 1), suma esta que se repite, fue la acogida en el fallo del tribunal, y respecto de ese elemento de persuasión, la censura no planteo ningún reparo.
Por su parte, el ingeniero agrónomo XXXXX, en relación con el aspecto debatido e igualmente luego de referir los “daños ecológicos” del predio en mención, señaló: “La restauración de la cobertura vegetal costo por Ha es de $3.400.000 aproximadamente. En las 50 Has $170.000.000. La cifra anterior permite las siguientes labores culturales y siembra: arada y/o cincelada profunda, rastrilladas, compra de semillas para pasto, siembra de las mismas, compra de herbicida, aplicación del producto, prevención y control de plagas mediante insecticidas biológicos y los convencionales, fertilización inorgánica y abonos, dado el caso y, por concepto de un técnico especializado en pastos y forrajes, más la espera de un año, tiempo permisible para que el pasto ensemille lo que permitiría nuevamente la explotación de semovientes” (fls. 47-58 c. 1).
Lo expuesto ratifica que el valor cuestionado no provino únicamente de las conclusiones de los peritos “XXXXX y XXXXX”, como lo sostiene el impugnante, sino además de elementos de convicción distintos que, como ha quedado visto, el censor no refutó.
13. En este orden de ideas, se concluye que el casacionista afrontó de modo insuficiente la providencia reprochada respecto de los advertidos puntales expuestos por el juzgador, conclusiones probatorias que le siguen sirviendo de suficiente respaldo y que, se repite, ante la ausencia de cuestionamiento permanece incólume la presunción de acierto que la cobija y con la que llega amparada a la Corte, todo lo cual robustece la desestimación de la acusación, pues según lo reiteró la Sala en Sentencia CSJ SC, 14 dic. 2010, Radicado 2000-00212 es carga del recurrente que “(…) despliegue la acusación de modo tal que comprenda todos los fundamentos del fallo impugnado, pues si deja uno de ellos al margen de la censura, sirviéndole de estribo a la decisión judicial, ésta no puede ser casada...”.
14. Lo así analizado conlleva a la improsperidad de la censura, la imposición de costas a su proponente, según lo previsto en el inciso final del artículo 375 del Código de Procedimiento Civil, y el señalamiento de agencias en derecho como lo dispone el precepto 392 ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta que la opositora no replicó la presente impugnación extraordinaria.
1. No casar la sentencia proferida el 8 de marzo de 2012 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla dentro del proceso ordinario promovido por XXXXX y XXXXX contra XXXXX.
2. Condenaren costas a la recurrente en casación e incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de tres millones de pesos ($3.000.000), por concepto de agencias en derecho.
(1) Se retiró el subrayado.

References: ARTÍCULO 16
 artículo 16
 artículo 306
 artículo 16
e contrario
 artículo 110
 artículo 241
 Resolución 
 artículo 375