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Timestamp: 2017-09-20 20:02:03+00:00

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B.O.E. Nº 48 de 25/02/2008
El artÃ­culo 51 de la ConstituciÃ³n insta a los poderes pÃºblicos a garantizar la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, su seguridad, salud y sus legÃ­timos intereses econÃ³micos.
La Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, en el artÃ­culo 31 preveÃ­a que el Gobierno debÃ­a establecer, previa audiencia de los sectores interesados y de las asociaciones de consumidores y usuarios, un sistema arbitral que, sin formalidades especiales, atienda y resuelva con carÃ¡cter vinculante y ejecutivo para ambas partes, las quejas o reclamaciones de los consumidores o usuarios.
Por Real Decreto 636/1993, de 3 mayo, se procediÃ³ a la regulaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo.
La Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecciÃ³n de los consumidores y usuarios, prevÃ© en su disposiciÃ³n final sexta que en el plazo de un aÃ±o desde su entrada en vigor, el Gobierno, contando con el parecer de las comunidades autÃ³nomas a travÃ©s de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios, dictarÃ¡ una nueva regulaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo, regulando tambiÃ©n el arbitraje virtual.
Asimismo, la disposiciÃ³n final sexta establece que reglamentariamente se determinarÃ¡n los supuestos en que podrÃ¡ interponerse reclamaciÃ³n ante la Junta Arbitral Nacional frente a las resoluciones de las Juntas Arbitrales territoriales sobre la admisiÃ³n o inadmisiÃ³n de las solicitudes de arbitraje, y los supuestos en los que actuarÃ¡ un Ã¡rbitro Ãºnico en la administraciÃ³n del arbitraje de consumo.
Tras la aprobaciÃ³n del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, estas previsiones y el rÃ©gimen legal general del arbitraje de consumo se recogen en sus artÃ­culos 57 y 58.
Igualmente, es necesario adecuar la regulaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
En este marco jurÃ­dico, este reglamento mantiene las caracterÃ­sticas esenciales del arbitraje de consumo, introduciendo las modificaciones necesarias para incrementar la seguridad jurÃ­dica de las partes y la homogeneidad del sistema, como presupuestos necesarios para reforzar la confianza en Ã©l de empresas o profesionales y consumidores o usuarios, asegurando el recurso a este sistema extrajudicial de resoluciÃ³n de conflictos que, como tal, es de carÃ¡cter voluntario.
Con este objetivo, se resuelven en este real decreto cuestiones que, ante la falta de regulaciÃ³n expresa, habÃ­an sido objeto de controversias en las Juntas Arbitrales de Consumo, llevando a pronunciamientos dispares y a la disgregaciÃ³n del sistema. Se aclaran, en consecuencia, cuestiones tales como las materias que pueden ser objeto de arbitraje de consumo, la regulaciÃ³n aplicable a la actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo y a los Ã³rganos a los que se encomienda la resoluciÃ³n del conflicto, la admisibilidad de la reconvenciÃ³n en el arbitraje de consumo y el papel de la mediaciÃ³n en el procedimiento arbitral, absteniÃ©ndose de regular este instituto de resoluciÃ³n de conflictos por congruencia con las competencias autonÃ³micas sobre la materia.
Adicionalmente, en orden al funcionamiento integrado del Sistema Arbitral de Consumo y para garantizar la seguridad jurÃ­dica de las partes, se establecen mecanismos que favorecen la previsibilidad del sistema. Para ello se crean dos instituciones fundamentales, la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
A la primera, integrada por tres presidentes de Juntas Arbitrales de Consumo, se le encomienda la resoluciÃ³n de los recursos frente a la admisiÃ³n o inadmisiÃ³n de solicitudes de arbitraje con causa en la materia objeto de arbitraje, la emisiÃ³n de informes tÃ©cnicos, dictÃ¡menes o recomendaciones que faciliten la labor de los Ã³rganos arbitrales y eviten pronunciamientos contradictorios y la emisiÃ³n de informe preceptivo en la admisiÃ³n de las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo. Este informe preceptivo es, ademÃ¡s, vinculante cuando su pronunciamiento sea contrario a la admisibilidad de la oferta.
Los miembros de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales actuarÃ¡n asistidos por dos Ã¡rbitros en representaciÃ³n de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones empresariales o profesionales.
Con la doble finalidad de garantizar la transparencia en el funcionamiento del sistema y reforzar la seguridad jurÃ­dica de las partes, se introduce expresamente la publicidad de las resoluciones de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo y del resto de las informaciones relevantes sobre el Sistema Arbitral de Consumo.
A la segunda de las instituciones seÃ±aladas, el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, integrado por una amplia representaciÃ³n de la AdministraciÃ³n General del Estado, de las Juntas Arbitrales de Consumo y de las organizaciones sociales, se le encomiendan las funciones relativas al establecimiento de criterios generales del funcionamiento del sistema, con idÃ©ntica finalidad a la seÃ±alada.
Con los mismos fines, se establecen criterios claros sobre la competencia territorial de las Juntas Arbitrales que integran el Sistema Arbitral de Consumo, se apuesta decididamente por la capacitaciÃ³n de los Ã¡rbitros, por la creaciÃ³n de colegios sectoriales y especializados, por las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n sin limitaciÃ³n o por la creaciÃ³n de un distintivo especÃ­fico cuando se admitan ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitadas, con el objeto de permitir al consumidor conocer de antemano la existencia de limitaciones y evitar la competencia desleal en el uso del distintivo de adhesiÃ³n al sistema.
Configurada la adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo y, en consecuencia, el uso del distintivo de adhesiÃ³n como un elemento adicional de calidad que empresas y profesionales ofrecen a los consumidores y usuarios, se regula expresamente la retirada del uso de dicho distintivo a quienes no mantengan altos estÃ¡ndares de calidad en sus relaciones con los consumidores y usuarios.
En la regulaciÃ³n de los Ã³rganos arbitrales, se posibilita el conocimiento de los asuntos por un Ã³rgano unipersonal, cuando las partes lo acuerden o la escasa cuantÃ­a y complejidad del asunto asÃ­ lo aconsejen, y se establecen detalladamente las funciones del secretario arbitral.
Manteniendo el antiformalismo del Sistema Arbitral de Consumo, se establecen con claridad los requisitos mÃ­nimos de la solicitud de arbitraje, se fija con precisiÃ³n el momento de inicio del procedimiento arbitral, se apuesta por la utilizaciÃ³n de las tecnologÃ­as en todas las fases del procedimiento, se garantizan los principios de audiencia, contradicciÃ³n, igualdad de las partes y gratuidad, y se establecen de forma objetiva los plazos para dictar laudo, asegurando que, aÃºn cuando formalmente tales plazos se amplÃ­an, el laudo se dicta sin una demora irrazonable respecto de la fecha de solicitud.
Asimismo, se flexibilizan los requisitos de la notificaciÃ³n de las actuaciones arbitrales estando al acuerdo de las partes y estableciendo la aplicaciÃ³n supletoria de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
Dos novedades de notable trascendencia se incorporan, por Ãºltimo, en este reglamento: la regulaciÃ³n del arbitraje de consumo electrÃ³nico y del arbitraje de consumo colectivo.
En el arbitraje de consumo electrÃ³nico, que se sustanciarÃ¡ conforme a la regulaciÃ³n general prevista en el real decreto, se aborda la regulaciÃ³n de aquÃ©llos aspectos concretos necesarios para su funcionamiento, tales como la determinaciÃ³n de la Junta Arbitral competente, el uso de la firma electrÃ³nica, el lugar del arbitraje y la notificaciÃ³n, introduciendo la publicaciÃ³n edictal electrÃ³nica ante la imposibilidad de la notificaciÃ³n en el lugar designado por las partes.
En el arbitraje de consumo colectivo, al que igualmente le serÃ¡n de aplicaciÃ³n las disposiciones generales del real decreto, se abordan expresamente sus particularidades en relaciÃ³n con la determinaciÃ³n de la competencia territorial de las Juntas, la iniciaciÃ³n del procedimiento, el llamamiento a los consumidores y usuarios cuyos intereses individuales pudieran haberse visto afectados por los hechos de los que trae su causa el arbitraje y la fecha de iniciaciÃ³n del plazo para dictar laudo, haciÃ©ndolo coincidir con la finalizaciÃ³n del plazo para el llamamiento y, en consecuencia, con el momento en el que se habrÃ¡n formalizado vÃ¡lidamente la mayor parte de los convenios arbitrales que permitirÃ¡n el conocimiento y resoluciÃ³n de este arbitraje colectivo.
La tramitaciÃ³n del arbitraje colectivo determinarÃ¡ la acumulaciÃ³n en este procedimiento de las solicitudes de arbitraje individual y la posibilidad de que el reclamado se oponga a tal tramitaciÃ³n individual. Adicionalmente, se prevÃ© en la norma la acumulaciÃ³n de procedimientos individuales.
Asimismo, haciendo uso de la facultad concedida por la disposiciÃ³n adicional Ãºnica de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, se establece la decisiÃ³n en equidad, salvo que las partes opten expresamente por el arbitraje en derecho, recordando la aplicaciÃ³n supletoria de la Ley en lo no previsto en este real decreto.
La disposiciÃ³n final tercera modifica el texto del anexo del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, asÃ­ como los requisitos y el procedimiento de concesiÃ³n, al objeto de incluir en la descripciÃ³n del distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­nea las medidas en pÃ­xeles propias de su utilizaciÃ³n en formatos electrÃ³nicos.
Este real decreto se dicta en cumplimiento de lo dispuesto en la disposiciÃ³n final sexta de la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protecciÃ³n de los consumidores y usuarios, conforme a lo previsto los artÃ­culos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, contando con el parecer de las comunidades autÃ³nomas a travÃ©s de la Conferencia Sectorial de Consumo y con audiencia del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales.
En su virtud, a propuesta de los Ministros de Sanidad y Consumo y de Justicia, con la aprobaciÃ³n previa de la Ministra de Administraciones PÃºblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 15 de febrero de 2008,
1. Esta norma tiene por objeto regular la organizaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo y el procedimiento del arbitraje de consumo.
2. El Sistema Arbitral de Consumo es el arbitraje institucional de resoluciÃ³n extrajudicial, de carÃ¡cter vinculante y ejecutivo para ambas partes, de los conflictos surgidos entre los consumidores o usuarios y las empresas o profesionales en relaciÃ³n a los derechos legal o contractualmente reconocidos al consumidor.
ArtÃ­culo 2. Materias objeto de arbitraje de consumo.
1. Unicamente podrÃ¡n ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos a que se refiere el artÃ­culo 1.2 que versen sobre materias de libre disposiciÃ³n de las partes conforme a derecho.
2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, no podrÃ¡n ser objeto de arbitraje de consumo los conflictos que versen sobre intoxicaciÃ³n, lesiÃ³n, muerte o aquÃ©llos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daÃ±os y perjuicios directamente derivada de ellos, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 57.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
ArtÃ­culo 3. RegulaciÃ³n aplicable.
2. La actividad de las Juntas Arbitrales de Consumo es de carÃ¡cter administrativo, siÃ©ndoles de aplicaciÃ³n en lo no previsto expresamente en esta norma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn.
3. El arbitraje electrÃ³nico y los actos realizados por vÃ­a electrÃ³nica, en lo no previsto expresamente en esta norma, se regirÃ¡ por lo dispuesto en la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrÃ³nico de los ciudadanos a los servicios pÃºblicos.
ArtÃ­culo 4. OrganizaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo.
El Sistema Arbitral de Consumo se organiza a travÃ©s de las Juntas Arbitrales de Consumo, la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo, el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y los Ã³rganos arbitrales.
OrganizaciÃ³n del Sistema Arbitral de Consumo
SECCION 1.Âª JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO
ArtÃ­culo 5. Juntas Arbitrales de Consumo.
1. Las Juntas Arbitrales de Consumo son los Ã³rganos administrativos de gestiÃ³n del arbitraje institucional de consumo y prestan servicios de carÃ¡cter tÃ©cnico, administrativo y de secretarÃ­a, tanto a las partes como a los Ã¡rbitros.
b) Las Juntas Arbitrales territoriales constituidas mediante convenio de colaboraciÃ³n entre las Administraciones pÃºblicas y el Instituto Nacional del Consumo, en el que podrÃ¡ preverse la constituciÃ³n de delegaciones de la Junta Arbitral territorial, ya sean territoriales o sectoriales.
3. Las comunicaciones entre las Juntas Arbitrales de Consumo precisas para la administraciÃ³n del arbitraje se realizarÃ¡n en el plazo de 10 dÃ­as desde la fecha de entrada en la Junta Arbitral remitente de los documentos que deban trasladarse, salvo que en esta norma se prevea un plazo distinto.
ArtÃ­culo 6. Funciones de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Las Juntas Arbitrales de Consumo desempeÃ±an las siguientes funciones:
a) Fomentar el arbitraje de consumo entre empresas o profesionales, consumidores o usuarios y sus respectivas asociaciones, procurando la adhesiÃ³n de las empresas o profesionales al Sistema Arbitral de Consumo mediante la realizaciÃ³n de ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n.
b) Resolver sobre las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n y conceder o retirar el distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, asÃ­ como gestionar y mantener actualizados los datos de las empresas o profesionales que estÃ©n adheridos al Sistema Arbitral de Consumo a travÃ©s de la Junta Arbitral de Consumo.
c) Comunicar al registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo los datos actualizados de las empresas o profesionales que hayan realizado ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo a travÃ©s de la Junta Arbitral de Consumo.
d) Dar publicidad de las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo mediante ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n, en particular en el respectivo Ã¡mbito territorial.
e) Elaborar y actualizar la lista de Ã¡rbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo.
f) Asegurar el recurso a la mediaciÃ³n previa al conocimiento del conflicto por los Ã³rganos arbitrales, salvo que no proceda conforme a lo previsto en el artÃ­culo 38.
g) Gestionar el archivo arbitral, en el que se conservarÃ¡n y custodiarÃ¡n los expedientes arbitrales.
h) Llevar los libros de registro relativos a los procedimientos arbitrales a travÃ©s de las aplicaciones informÃ¡ticas correspondientes y, en su defecto, manualmente.
i) Gestionar, custodiar o depositar ante la instituciÃ³n que se acuerde los bienes y objetos afectos a los expedientes arbitrales, cuando lo acuerde el Ã³rgano arbitral que conozca del conflicto o el presidente de la Junta Arbitral, a solicitud de las partes antes de la designaciÃ³n del Ã³rgano arbitral.
k) Proveer de medios y realizar las actuaciones necesarias para el mejor ejercicio de las funciones de los Ã³rganos arbitrales y, en su caso, de los mediadores.
l) Gestionar un registro de laudos emitidos, cuyo contenido, respetando la privacidad de las partes, serÃ¡ pÃºblico.
m) Poner a disposiciÃ³n de los consumidores o usuarios y de las empresas o profesionales formularios de solicitud de arbitraje, contestaciÃ³n y aceptaciÃ³n, asÃ­ como de ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
n) En general, cualquier actividad relacionada con el apoyo y soporte a los Ã³rganos arbitrales para la resoluciÃ³n de los conflictos que se sometan a la Junta Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 7. ComposiciÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo.
1. Las Juntas Arbitrales de Consumo estarÃ¡n integradas por su presidente y el secretario, cargos que deberÃ¡n recaer en personal al servicio de las Administraciones pÃºblicas, y por el personal de apoyo adscrito a dicho Ã³rgano.
El presidente y el secretario de la Junta Arbitral de Consumo serÃ¡n designados por la AdministraciÃ³n de la que dependa la Junta, publicÃ¡ndose su nombramiento en el diario oficial que corresponda al Ã¡mbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo.
2. Salvo lo dispuesto en el artÃ­culo 36, las resoluciones de los presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo podrÃ¡n fin a la vÃ­a administrativa.
3. El secretario de la Junta Arbitral de Consumo garantizarÃ¡ el funcionamiento administrativo de la Junta, siendo responsable de las notificaciones de los actos de la Junta, que se efectuarÃ¡n conforme a lo dispuesto en los artÃ­culos 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Cuando se creen delegaciones territoriales o sectoriales de la Junta Arbitral de Consumo, se podrÃ¡n designar presidentes y secretarios de la delegaciÃ³n territorial o sectorial.
Lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior, se entenderÃ¡ sin perjuicio de la capacidad del presidente de la Junta Arbitral de Consumo para designar Ã³rganos arbitrales que conozcan de los conflictos en los Ã¡mbitos territoriales en los que no exista Junta Arbitral territorial o delegaciones de la Junta Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 8. Competencias para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje.
1. SerÃ¡ competente para conocer de las solicitudes individuales de arbitraje de los consumidores o usuarios, la Junta Arbitral de Consumo a la que ambas partes, de comÃºn acuerdo, sometan la resoluciÃ³n del conflicto.
2. En defecto de acuerdo de las partes, serÃ¡ competente la Junta Arbitral territorial en la que tenga su domicilio el consumidor, salvo lo previsto en el apartado siguiente.
Si conforme a este criterio existieran varias Juntas Arbitrales territoriales competentes, conocerÃ¡ el asunto la de inferior Ã¡mbito territorial.
3. Cuando exista una limitaciÃ³n territorial en la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, serÃ¡ competente la Junta Arbitral de Consumo a la que se haya adherido la empresa o profesional, y si Ã©stas fueran varias, aquÃ©lla por la que optÃ© el consumidor.
SECCION 2.Âª COMISIÃN DE LAS JUNTAS ARBITRALES DE CONSUMO
ArtÃ­culo 9. ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo.
La ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo es un Ã³rgano colegiado, adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo a travÃ©s de la Junta Arbitral Nacional, con competencia para el establecimiento de criterios homogÃ©neos en el Sistema Arbitral de Consumo y la resoluciÃ³n de los recursos frente a las resoluciones de los presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo en los supuestos previstos en el artÃ­culo 36.
ArtÃ­culo 10. ComposiciÃ³n y funcionamiento.
1. La ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo estarÃ¡ integrada por su presidente, que serÃ¡ el presidente de la Junta Arbitral Nacional, y dos vocales designados, por un perÃ­odo de dos aÃ±os, por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, entre los presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales.
El secretario de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo, que asistirÃ¡ a las reuniones con voz, pero sin voto, serÃ¡ designado entre el personal del Instituto Nacional del Consumo.
2. La ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo estarÃ¡ asistida por dos Ã¡rbitros designados, por un perÃ­odo de dos aÃ±os por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, entre los Ã¡rbitros propuestos por los representantes en dicho Ã³rgano del Consejo de Consumidores y Usuarios y de las organizaciones empresariales y profesionales.
3. Los vocales y Ã¡rbitros designados por el Consejo podrÃ¡n ser reelegidos por un mÃ¡ximo de tres mandatos, procediÃ©ndose a la cobertura de las vacantes que se produzcan mediante nueva designaciÃ³n del Consejo por el tiempo que reste de mandato al vocal o Ã¡rbitro sustituido.
4. En caso de vacante, ausencia o enfermedad el presidente serÃ¡ sustituido por el vocal mÃ¡s antiguo en el cargo.
5. Los acuerdos de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo se adoptarÃ¡n por mayorÃ­a de votos emitidos entendiÃ©ndose vÃ¡lidamente adoptados si en la votaciÃ³n concurren, al menos, una mayorÃ­a de sus miembros.
ArtÃ­culo 11. Competencias de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo.
Son competencias de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrajes de Consumo:
1. La resoluciÃ³n de los recursos que planteen las partes sobre la admisiÃ³n o inadmisiÃ³n a trÃ¡mite de una solicitud de arbitraje, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 36.
2. La emisiÃ³n de informes tÃ©cnicos, dictÃ¡menes o recomendaciones que sirvan de apoyo a los Ã¡rbitros en el ejercicio de sus funciones, en particular ante la existencia de laudos contradictorios que lleguen a pronunciamientos divergentes ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales. Los informes, dictÃ¡menes o recomendaciones salvaguardan la independencia e imparcialidad de los Ã¡rbitros que, motivadamente, podrÃ¡n apartarse de su contenido.
Los informes, dictÃ¡menes o recomendaciones se emitirÃ¡n a iniciativa de los presidentes de las Juntas Arbitrales, de los Ã¡rbitros o de las partes en el procedimiento arbitral, en el plazo mÃ¡ximo de 30 dÃ­as a contar desde el siguiente a la recepciÃ³n de la solicitud por la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo y publicados en la pÃ¡gina web del Instituto Nacional del Consumo.
Los informes, dictÃ¡menes o recomendaciones, para cuya emisiÃ³n podrÃ¡ recabarse de las Juntas Arbitrales toda la documentaciÃ³n e informaciÃ³n que se considere oportuna, serÃ¡n pÃºblicos y deberÃ¡n ser notificados por la secretarÃ­a de la ComisiÃ³n a las Juntas Arbitrales de Consumo y a sus delegaciones.
3. La emisiÃ³n del informe preceptivo en la admisiÃ³n de ofertas publicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo. El informe negativo de la ComisiÃ³n serÃ¡, ademÃ¡s, vinculante para la Junta Arbitral de Consumo.
El informe, que tendrÃ¡ en cuenta las directrices fijadas por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo y, en su caso, las razones alegadas por la Junta Arbitral competente para resolver, se pronunciarÃ¡ igualmente sobre la procedencia de conceder el distintivo de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
4. La emisiÃ³n del informe preceptivo y no vinculante en el procedimiento de retirada de la acreditaciÃ³n como Ã¡rbitro del Sistema Arbitral de Consumo, en los casos previstos en el artÃ­culo 23.1.
5. Los informes previstos en los apartados 3 y 4 se emitirÃ¡n en el plazo de 15 dÃ­as desde el siguiente a la recepciÃ³n en la ComisiÃ³n de la solicitud de la Junta Arbitral competente.
SECCION 3.Âª CONSEJO GENERAL DEL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO
ArtÃ­culo 12. Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo es el Ã³rgano colegiado, adscrito funcionalmente al Instituto Nacional del Consumo, de representaciÃ³n y participaciÃ³n en materia de arbitraje de consumo.
ArtÃ­culo 13. ComposiciÃ³n del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
1. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo estarÃ¡ constituido por el presidente, el vicepresidente y los consejeros.
b) Cuatro presidentes de las Juntas Arbitrales territoriales, designados de forma paritaria respectivamente por la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo y por la asociaciÃ³n de mayor implantaciÃ³n en el Ã¡mbito estatal representativa de las entidades locales.
d) Un representante del Ministerio de Administraciones PÃºblicas, designado por el Subsecretario de este Departamento.
e) Un representante del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, designado por el Subsecretario de este Departamento.
g) Dos representantes de la AdministraciÃ³n de consumo de las comunidades autÃ³nomas o ciudades con Estatuto de AutonomÃ­a, uno, el Presidente del Grupo de Trabajo de Arbitraje de la ComisiÃ³n de CooperaciÃ³n de Consumo, y otro designado por la propia ComisiÃ³n.
h) Dos representantes de la asociaciÃ³n de mayor implantaciÃ³n en el Ã¡mbito estatal representativa de las Entidades Locales.
i) Tres representantes del Consejo de Consumidores y Usuarios, designados por este Ã³rgano de consulta y representaciÃ³n institucional de los consumidores y usuarios a travÃ©s de sus organizaciones.
j) Dos representantes de las organizaciones empresariales y profesionales, al menos uno de los cuales representarÃ¡ a las PYMES, designados por las organizaciones mÃ¡s representativas de Ã¡mbito estatal.
k) Un representante del Consejo Superior de las CÃ¡maras de Comercio, designado por este Ã³rgano.
l) Un representante del Consejo General de la AbogacÃ­a, designado por este Ã³rgano.
La duraciÃ³n del mandato de los consejeros no natos serÃ¡ de cuatro aÃ±os, cesando en el cargo por renuncia, revocaciÃ³n de la designaciÃ³n, incapacidad permanente apreciada por el pleno del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, previa audiencia del interesado, o por finalizaciÃ³n del mandato.
5. La secretarÃ­a serÃ¡ desempeÃ±ada por el titular de la SubdirecciÃ³n General de Normativa y Arbitraje del Consumo del Instituto Nacional del Consumo.
ArtÃ­culo 14. Funcionamiento del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
1. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo funcionarÃ¡ en pleno y en secciones
2. El pleno del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, que se reunirÃ¡ al menos una vez al aÃ±o, se considerarÃ¡ vÃ¡lidamente constituido cuando concurran al menos la mitad de los vocales, adoptÃ¡ndose sus acuerdos por mayorÃ­a de los votos emitidos. En caso de empate, el voto del presidente actuarÃ¡ como voto dirimente.
3. El Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo decidirÃ¡ las secciones permanentes o temporales que constituye para el estudio, anÃ¡lisis o seguimiento de asuntos especÃ­ficos, determinÃ¡ndose su composiciÃ³n y funcionamiento en el momento de su constituciÃ³n.
4. La asistencia tÃ©cnica a las secciones se prestarÃ¡ por el Instituto Nacional del Consumo.
ArtÃ­culo 15. Funciones del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo.
b) La aprobaciÃ³n de la memoria anual del Sistema Arbitral de Consumo.
c) La aprobaciÃ³n de los programas comunes de formaciÃ³n de los Ã¡rbitros y la fijaciÃ³n de los criterios de honorabilidad y cualificaciÃ³n para su acreditaciÃ³n.
d) La elaboraciÃ³n de directrices generales sobre los supuestos de admisiÃ³n de las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
e) La aprobaciÃ³n de planes estratÃ©gicos de impulso del Sistema Arbitral de Consumo.
f) La propuesta de convenios marco de constituciÃ³n de las Juntas Arbitrales territoriales.
g) La designaciÃ³n de los miembros no natos de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo.
h) La habilitaciÃ³n de instrumentos que favorezcan la cooperaciÃ³n y comunicaciÃ³n entre las Juntas Arbitrales de Consumo y los Ã¡rbitros.
i) La ediciÃ³n y divulgaciÃ³n de los informes tÃ©cnicos, dictÃ¡menes y recomendaciones de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo y de los laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.
j) El establecimiento de criterios homogÃ©neos sobre la creaciÃ³n de Ã³rganos arbitrales sectoriales y especializados.
SECCION 4.Âª ÃRGANOS ARBITRALES
ArtÃ­culo 16. Propuesta de Ã¡rbitros y lista de Ã¡rbitros acreditados.
1. La AdministraciÃ³n, entre personal a su servicio, las asociaciones de consumidores y usuarios inscritas en el Registro estatal de asociaciones de consumidores y usuarios o que reÃºnan los requisitos exigidos por la normativa autonÃ³mica que les resulte de aplicaciÃ³n, las organizaciones empresariales o profesionales legalmente constituidas y, en su caso, las CÃ¡maras de Comercio, propondrÃ¡n al presidente de la Junta Arbitral de Consumo las personas que actuarÃ¡n como Ã¡rbitros en los procedimientos arbitrales que se sustancien en ella.
2. Las personas propuestas deberÃ¡n solicitar al presidente de la Junta Arbitral de Consumo su acreditaciÃ³n para actuar ante ella. Dicha solicitud implicarÃ¡ la aceptaciÃ³n de su inclusiÃ³n en la lista de Ã¡rbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo y la aceptaciÃ³n del cargo de Ã¡rbitro en los procedimientos en que sea designado como tal.
3. Concedida la acreditaciÃ³n, Ã©sta se notificarÃ¡ a las personas propuestas, procediÃ©ndose a su inclusiÃ³n en la lista de Ã¡rbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo, que serÃ¡ pÃºblica.
4. El secretario de la Junta Arbitral de Consumo mantendrÃ¡ permanentemente actualizada la lista de Ã¡rbitros acreditados ante la respectiva Junta Arbitral de Consumo y las listas de Ã¡rbitros especializados acreditados para conocer los conflictos que, conforme a los criterios del Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, deban ser resueltos por Ã³rganos arbitrales especializados.
ArtÃ­culo 17. AcreditaciÃ³n de los Ã¡rbitros.
La acreditaciÃ³n de los Ã¡rbitros para participar en los Ã³rganos arbitrales del Sistema Arbitral de Consumo se realizarÃ¡ por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo en la que hayan de intervenir, atendiendo a los requisitos de honorabilidad y cualificaciÃ³n establecidos por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo. En todo caso, ademÃ¡s, los Ã¡rbitros acreditados a propuesta de la AdministraciÃ³n deberÃ¡n ser licenciados en derecho, ya resuelvan en equidad o en derecho.
Tales requisitos, de carÃ¡cter objetivo, serÃ¡n pÃºblicos. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo se entenderÃ¡ acreditado en todo caso para actuar como Ã¡rbitro.
ArtÃ­culo 18. Ãrganos arbitrales.
1. Los Ã³rganos arbitrales, unipersonales o colegiados, son los competentes para decidir sobre la soluciÃ³n de los conflictos.
2. El Ã³rgano arbitral estarÃ¡ asistido por el secretario arbitral, al que corresponde:
a) Velar por el cumplimiento de todas las decisiones que adopten los Ã³rganos arbitrales en el ejercicio de su funciÃ³n.
b) Dejar constancia de la realizaciÃ³n de actos procedimentales por el Ã³rgano arbitral o ante Ã©ste y de la producciÃ³n de hechos con trascendencia procedimental mediante las oportunas diligencias. Cuando se utilicen medios tÃ©cnicos de grabaciÃ³n o reproducciÃ³n, el secretario arbitral garantizarÃ¡ la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido.
c) Asegurar el funcionamiento del registro de recepciÃ³n de documentos que se incorporen a las actuaciones arbitrales, expidiendo en su caso las certificaciones que en esta materia sean solicitadas por las partes.
d) Expedir certificaciones de las actuaciones arbitrales no reservada a las partes, con expresiÃ³n de su destinatario y el fin para el cual se solicitan.
f) Facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interÃ©s legÃ­timo y directo, la informaciÃ³n que soliciten sobre el estado de las actuaciones arbitrales no declaradas reservadas.
g) Ordenar e impulsar el procedimiento, salvo en las actuaciones reservadas a los Ã¡rbitros.
El secretario arbitral serÃ¡ el secretario de la Junta Arbitral de Consumo o el designado por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, entre el personal que preste servicios en ella, con carÃ¡cter permanente o para un procedimiento o procedimientos concretos.
3. Sobre los actos de ordenaciÃ³n, tramitaciÃ³n e impulso del procedimiento reservados a los Ã³rganos arbitrales resolverÃ¡ el presidente del colegio arbitral en el caso de los Ã³rganos colegiados.
ArtÃ­culo 19. Ãrganos arbitrales unipersonales.
1. ConocerÃ¡ de los asuntos un Ã¡rbitro Ãºnico:
a) Cuando las partes asÃ­ lo acuerden
b) Cuando lo acuerde el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, siempre que la cuantÃ­a de la controversia sea inferior a 300 â¬ y que la falta de complejidad del asunto asÃ­ lo aconseje.
2. Las partes podrÃ¡n oponerse a la designaciÃ³n de un Ã¡rbitro Ãºnico, en cuyo caso se procederÃ¡ a designar un colegio arbitral.
3. El Ã¡rbitro Ãºnico serÃ¡ designado entre los Ã¡rbitros acreditados propuestos por la AdministraciÃ³n pÃºblica, salvo que las partes, de comÃºn acuerdo, soliciten por razones de especialidad que dicha designaciÃ³n recaiga en otro Ã¡rbitro acreditado.
ArtÃ­culo 20. Ãrganos arbitrales colegiados.
1. En los supuestos no previstos en el artÃ­culo anterior, conocerÃ¡ de los asuntos un colegio arbitral integrado por tres Ã¡rbitros acreditados elegidos cada uno de ellos entre los propuestos por la AdministraciÃ³n, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones empresariales o profesionales. Los tres Ã¡rbitros actuarÃ¡n de forma colegiada, asumiendo la presidencia el Ã¡rbitro propuesto por la AdministraciÃ³n.
2. Las partes de comÃºn acuerdo podrÃ¡n solicitar la designaciÃ³n de un presidente del Ã³rgano arbitral colegiado distinto del Ã¡rbitro propuesto por la AdministraciÃ³n pÃºblica, cuando la especialidad de la reclamaciÃ³n asÃ­ lo requiera o en el supuesto de que la reclamaciÃ³n se dirija contra una entidad pÃºblica vinculada a la AdministraciÃ³n a la que estÃ© adscrita la Junta Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 21. DesignaciÃ³n de los Ã¡rbitros en el procedimiento arbitral.
1. La designaciÃ³n de los Ã¡rbitros que deban conocer sobre los respectivos procedimientos arbitrales corresponde al presidente de la Junta Arbitral de Consumo.
En los arbitrajes que deban decidirse en derecho, los Ã¡rbitros designados entre los acreditados a propuesta de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones empresariales o profesionales, deberÃ¡n ser licenciados en derecho.
2. La designaciÃ³n de Ã¡rbitros se realizarÃ¡ por turno, entre los que figuren en la lista de Ã¡rbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo, general o de Ã¡rbitros especializados, en aquÃ©llos supuestos en que, conforme a los criterios del consejo general del Sistema Arbitral de Consumo, deban conocer los asuntos Ã³rganos arbitrales especializados.
3. En el mismo acto el presidente designarÃ¡, igualmente por turno, Ã¡rbitros suplentes, sin que tal nombramiento implique que corra su turno para ulteriores designaciones como Ã¡rbitros titulares.
ArtÃ­culo 22. AbstenciÃ³n y recusaciÃ³n de los Ã¡rbitros.
1. Los Ã¡rbitros actuarÃ¡n en el ejercicio de su funciÃ³n con la debida independencia, imparcialidad y confidencialidad. No podrÃ¡n actuar como Ã¡rbitros quienes hayan intervenido como mediadores en el mismo asunto o en cualquier otro que tuviera relaciÃ³n estrecha con aquel.
2. Las partes podrÃ¡n recusar a los Ã¡rbitros en el plazo de diez dÃ­as desde la fecha en que les sea notificada su designaciÃ³n para decidir el conflicto o desde el conocimiento de cualquier circunstancia que dÃ© lugar a dudas justificadas sobre su imparcialidad o independencia.
3. Planteada la recusaciÃ³n, el Ã¡rbitro recusado deberÃ¡ decidir si renuncia a su cargo en un plazo de 48 horas. Si examinadas las razones alegadas, el Ã¡rbitro recusado decide no renunciar a su cargo, en el plazo de cuarenta y ocho horas, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo resolverÃ¡ sobre la recusaciÃ³n, previa audiencia del Ã¡rbitro y, en su caso, del resto de los Ã¡rbitros del colegio arbitral.
La resoluciÃ³n aceptando o rechazando la recusaciÃ³n, que deberÃ¡ ser motivada, serÃ¡ notificada al Ã¡rbitro, al resto de los miembros del colegio arbitral y a las partes.
4. Si el Ã¡rbitro recusado tuviera la condiciÃ³n de presidente de la Junta Arbitral de Consumo, aceptarÃ¡ la recusaciÃ³n planteada.
5. Aceptada la recusaciÃ³n, se procederÃ¡ al llamamiento del Ã¡rbitro suplente y a la designaciÃ³n de un nuevo Ã¡rbitro suplente, en la misma forma en que fue designado el sustituido. El nuevo Ã¡rbitro decidirÃ¡ si continÃºa el procedimiento iniciado, dÃ¡ndose por enterado de las actuaciones practicadas o si ha lugar a repetir actuaciones ya practicadas.
Si el nuevo Ã¡rbitro o Ã¡rbitros decidieran que se repitieran actuaciones, se acordarÃ¡ una prÃ³rroga por el tiempo necesario para practicarlas, que no podrÃ¡ ser superior a dos meses.
6. Si no prosperase la recusaciÃ³n planteada, la parte que la instÃ³ podrÃ¡ hacer valer la recusaciÃ³n al impugnar el laudo.
7. El procedimiento quedarÃ¡ en suspenso mientras no se haya decidido sobre la recusaciÃ³n, ampliÃ¡ndose el plazo para dictar laudo previsto en el artÃ­culo 49 por el tiempo que haya durado la suspensiÃ³n y, en su caso, por el tiempo que se haya acordado de prorroga conforme a lo previsto en el apartado 5.
ArtÃ­culo 23. Retirada de la acreditaciÃ³n a los Ã¡rbitros.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo ante la que estÃ© acreditado el Ã¡rbitro, le retirarÃ¡ la acreditaciÃ³n cuando deje de reunir los requisitos exigidos para ella, conforme al artÃ­culo 17 y, previo informe preceptivo de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo, cuando incumpla o haga dejaciÃ³n de sus funciones.
En el procedimiento de retirada de la acreditaciÃ³n, que podrÃ¡ iniciarse de oficio o por denuncia de parte interesada, serÃ¡n oÃ­dos en todo caso el Ã¡rbitro y, en su caso, la entidad que lo propuso.
2. La competencia para retirar la acreditaciÃ³n como Ã¡rbitro al presidente de la Junta Arbitral de Consumo corresponde a la AdministraciÃ³n que lo designÃ³, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 7.1, debiendo ajustarse al procedimiento establecido en el apartado anterior.
3. La retirada de la acreditaciÃ³n para actuar como Ã¡rbitro del Sistema Arbitral de Consumo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artÃ­culo 19 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, respecto de la falta o imposibilidad de ejercicio de las funciones arbitrales en el curso de un procedimiento arbitral. No obstante, en tales casos la pretensiÃ³n de remociÃ³n se sustanciarÃ¡ conforme a lo dispuesto en los apartados precedentes.
ArtÃ­culo 24. Convenio Arbitral.
1. El convenio arbitral, que podrÃ¡ adoptar la forma de clÃ¡usula incorporada a un contrato o de acuerdo independiente de las partes, deberÃ¡ expresar la voluntad de las partes de resolver a travÃ©s del Sistema Arbitral de Consumo las controversias que puedan surgir o hayan surgido en una relaciÃ³n jurÃ­dica de consumo.
El convenio arbitral deberÃ¡ constar por escrito, en un documento firmado por las partes o en intercambio de cartas, telegramas, telex, fax u otros medios de comunicaciÃ³n electrÃ³nica que permitan tener constancia del acuerdo, considerÃ¡ndose cumplido este requisito cuando el convenio arbitral conste y sea accesible para su ulterior consulta en soporte electrÃ³nico, Ã³ptico o de otro tipo.
2. Cuando exista oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, el convenio arbitral estarÃ¡ vÃ¡lidamente formalizado por la mera presentaciÃ³n de la solicitud, siempre que coincida con el Ã¡mbito de la oferta.
3. Igualmente, se entenderÃ¡ vÃ¡lidamente formalizado el convenio arbitral por la mera presentaciÃ³n de la solicitud si consta acreditado que Ã©sta se formaliza durante el tiempo en el que la empresa o profesional utiliza el distintivo pÃºblico de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, aÃºn cuando carezca del derecho a tal uso conforme a lo previsto en esta norma.
4. En caso de que no conste la existencia de convenio arbitral en cualquiera de las formas seÃ±aladas en los apartados precedentes, la Junta Arbitral de Consumo, recibida una solicitud de arbitraje darÃ¡ traslado al reclamado para su aceptaciÃ³n, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 37.3, apartado b).
ArtÃ­culo 25. Oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Las empresas o profesionales podrÃ¡n formular por escrito, por vÃ­a electrÃ³nica a travÃ©s del procedimiento previsto en el capÃ­tulo V, secciÃ³n 1.Âª, o en cualquier otro soporte que permita tener constancia de la presentaciÃ³n y de su autenticidad, una oferta unilateral de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo que tendrÃ¡ carÃ¡cter pÃºblico.
En la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n se expresarÃ¡ si se opta por que el arbitraje se resuelva en derecho o en equidad, asÃ­ como, en su caso, el plazo de validez de la oferta y si se acepta la mediaciÃ³n previa al conocimiento del conflicto por los Ã³rganos arbitrales. En el supuesto de no constar cualquiera de estos extremos, la oferta se entenderÃ¡ realizada en equidad, por tiempo indefinido y con aceptaciÃ³n de la mediaciÃ³n previa.
2. La oferta pÃºblica de adhesiÃ³n serÃ¡ Ãºnica y se entenderÃ¡ realizada a todo el Sistema Arbitral de Consumo.
3. A efectos de lo dispuesto en este capÃ­tulo no se considerarÃ¡n ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo, aquÃ©llas que tengan carÃ¡cter temporal, siempre que la adhesiÃ³n se realice por un perÃ­odo no inferior a un aÃ±o, o aquÃ©llas que limiten la adhesiÃ³n a las Juntas Arbitrales de Consumo correspondientes al territorio en el que la empresa o profesional desarrolle principalmente su actividad.
En todo caso, se entiende que la empresa o profesional desarrolla principalmente su actividad en un determinado territorio cuando comercialice sus bienes y servicios exclusivamente a travÃ©s de establecimientos abiertos al pÃºblico en dicho Ã¡mbito territorial.
Tampoco se considerarÃ¡ oferta pÃºblica de adhesiÃ³n limitada aquÃ©lla que condicione el conocimiento del conflicto a travÃ©s del Sistema Arbitral de Consumo a la previa presentaciÃ³n de la reclamaciÃ³n ante los mecanismos de soluciÃ³n de conflictos habilitados por la empresa o profesional, siempre que el recurso a tales mecanismos sea gratuito y se preste informaciÃ³n sobre su existencia y modo de acceder a ellos en la informaciÃ³n precontractual y en el contrato.
4. La oferta pÃºblica de adhesiÃ³n, ya sea total o limitada, asÃ­ como su denuncia habrÃ¡ de efectuarse por el representante legal de la empresa o profesional con poder de disposiciÃ³n, previo acuerdo, en su caso, del Ã³rgano de gobierno correspondiente.
ArtÃ­culo 26. Oferta pÃºblica de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
PodrÃ¡n admitirse ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo, en particular, en sectores que presenten un importante nÃºmero de consultas y reclamaciones o en los que no exista una suficiente implantaciÃ³n del sistema, previo informe preceptivo de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo. El informe negativo a la admisiÃ³n de la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n limitada serÃ¡, ademÃ¡s, vinculante para la Junta Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 27. Competencia territorial para resolver sobre las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n.
1. SerÃ¡ competente para conocer de las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, la Junta Arbitral correspondiente al Ã¡mbito territorial en el que la empresa o profesional desarrolle principalmente su actividad. Si en el Ã¡mbito territorial en el que la empresa o profesional desarrolla principalmente su actividad existieran varias Juntas Arbitrales, serÃ¡ competente la Junta Arbitral de superior Ã¡mbito territorial.
2. La Junta Arbitral de Consumo ante la que se haya presentado la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n la trasladarÃ¡ a la Junta Arbitral competente para resolver en un plazo mÃ¡ximo de diez dÃ­as.
3. La Junta Arbitral de Consumo notificarÃ¡ a la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo la resoluciÃ³n que adopte en la tramitaciÃ³n de las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 28. Distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente para conocer de la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n, resolverÃ¡ motivadamente sobre su aceptaciÃ³n o rechazo y, en caso de aceptarla, otorgarÃ¡ a la empresa o profesional el distintivo oficial que figura en el anexo I.
2. La resoluciÃ³n en la que se acuerde la admisiÃ³n de una oferta pÃºblica de adhesiÃ³n limitada, contendrÃ¡ un pronunciamiento expreso sobre la procedencia de otorgar el distintivo previsto en el anexo II, en el que conste explÃ­citamente y de forma clara, que se trata de una oferta limitada.
En todo caso, atendiendo al contenido de la limitaciÃ³n el presidente de la Junta Arbitral podrÃ¡ aceptar la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n limitada, negando el derecho a utilizar el distintivo oficial.
3. El distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo podrÃ¡ figurar en castellano o en las demÃ¡s lenguas cooficiales del Estado en las respectivas comunidades autÃ³nomas donde se utilice.
4. Las empresas o profesionales adheridos al Sistema Arbitral de Consumo podrÃ¡n utilizar en sus comunicaciones comerciales el distintivo oficial concedido. En el caso de ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada, las comunicaciones comerciales en las que se utilice el distintivo oficial concedido deberÃ¡n poner a disposiciÃ³n del consumidor el modo de acceder a la informaciÃ³n sobre el Ã¡mbito de la oferta de adhesiÃ³n realizada.
5. La concesiÃ³n del distintivo pÃºblico de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo y su retirada, se publicarÃ¡ en el diario oficial que corresponda al Ã¡mbito territorial de la Junta Arbitral de Consumo competente para adoptar las respectivas resoluciones.
ArtÃ­culo 29. Denuncia de la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Los empresas o profesionales que hubiesen realizado oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo, podrÃ¡n denunciar dicha oferta ante la Junta Arbitral de Consumo competente conforme a lo previsto en el artÃ­culo 27, por escrito, por vÃ­a electrÃ³nica a travÃ©s del procedimiento previsto en el capÃ­tulo V, secciÃ³n 1.Âª o en cualquier soporte que permita tener constancia de la denuncia y de su autenticidad.
Desde la fecha en que se produzca la comunicaciÃ³n de la denuncia a la Junta Arbitral competente la empresa o profesional perderÃ¡ el derecho a usar el distintivo oficial.
Si incumpliendo lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior, la empresa o profesional continuara utilizando el distintivo, se entenderÃ¡n vÃ¡lidamente formalizados los convenios arbitrales en los que concurran las circunstancias previstas en el artÃ­culo 24.3.
2. La denuncia tendrÃ¡ efectos a partir de los 30 dÃ­as naturales de su comunicaciÃ³n a la Junta Arbitral, salvo que en la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n se prevea un plazo distinto o en la denuncia se establezca un plazo mayor.
3. La denuncia no afectarÃ¡ a los convenios arbitrales vÃ¡lidamente formalizados con anterioridad a la fecha en que esta deba surtir efecto.
ArtÃ­culo 30. Retirada del distintivo de empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Se perderÃ¡ el derecho al uso del distintivo de empresa adherida y, en su caso, se procederÃ¡ a la baja en el registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo por las siguientes causas:
a) ExpiraciÃ³n del plazo para el que se realizÃ³ la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n o denuncia de dicha oferta, conforme a lo previsto en el artÃ­culo anterior.
b) UtilizaciÃ³n fraudulenta o engaÃ±osa del distintivo.
d) Reiteradas infracciones calificadas como graves o muy graves en materia de protecciÃ³n al consumidor y usuario, sancionadas, con carÃ¡cter firme, por las Administraciones pÃºblicas competentes.
e) RealizaciÃ³n de prÃ¡cticas, constatadas por las Administraciones pÃºblicas competentes en materia de protecciÃ³n al consumidor y usuario, que lesionen gravemente los derechos e intereses legÃ­timos de los consumidores y usuarios.
2. El presidente de la Junta Arbitral que hubiera concedido el distintivo oficial, previa audiencia de la empresa o profesional, dictarÃ¡ resoluciÃ³n motivada de retirada del distinto de adhesiÃ³n y, en su caso, de baja en el registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, excepto en los supuestos previstos en la letra a) del apartado anterior, en el que no serÃ¡ precisa la motivaciÃ³n.
3. La retirada del distintivo determinarÃ¡ la pÃ©rdida del derecho de las empresas y profesionales a su uso en cualquier actividad o comunicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 31. Registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Se crea el registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, que serÃ¡ gestionado por el Instituto Nacional de Consumo.
2. A travÃ©s del procedimiento normalizado que se habilite, las Juntas Arbitrales de Consumo notificarÃ¡n al registro las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n o su denuncia, asÃ­ como los acuerdos de concesiÃ³n o retirada del distintivo de empresas adheridas y cualquier modificaciÃ³n conocida que afecte a los datos de estas empresas o profesionales.
3. El registro comunicarÃ¡ a todas las Juntas Arbitrales y a sus delegaciones de forma inmediata y en todo caso, en un plazo que no excederÃ¡ de cinco dÃ­as, las modificaciones registrales producidas.
4. El Instituto Nacional del Consumo y las Juntas Arbitrales de Consumo facilitarÃ¡n el acceso a la informaciÃ³n del registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo, que tendrÃ¡ carÃ¡cter pÃºblico, de forma rÃ¡pida y gratuita, especialmente por vÃ­a electrÃ³nica.
ArtÃ­culo 32. Fomento de la adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
1. Las Administraciones pÃºblicas instarÃ¡n a las empresas o entidades pertenecientes al sector pÃºblico o a las concesionarias que comercialicen bienes o servicios destinados a consumidores o usuarios en rÃ©gimen de derecho privado, a presentar oferta publica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
2. Las Administraciones pÃºblicas podrÃ¡n establecer incentivos en el Ã¡mbito de sus competencias para las empresas o profesionales, que faciliten el acceso a la justicia de consumidores y usuarios, mediante la oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 33. Normas aplicables a la soluciÃ³n del litigio.
1. El arbitraje de consumo se decidirÃ¡ en equidad, salvo que las partes opten expresamente por la decisiÃ³n en derecho.
Si, conforme a lo previsto en el artÃ­culo 25.1, la oferta publica de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo se hubiera realizado al arbitraje en derecho y salvo que el consumidor o usuario haya aceptado expresamente dicho arbitraje en su solicitud, se comunicarÃ¡ este hecho al reclamante para que manifieste su conformidad con la decisiÃ³n en derecho. En caso de no estar de acuerdo, se tratarÃ¡ la solicitud como si fuera dirigida a una empresa no adherida.
2. Las normas jurÃ­dicas aplicables y las estipulaciones del contrato servirÃ¡n de apoyo a la decisiÃ³n en equidad que, en todo caso, deberÃ¡ ser motivada.
3. Cuando el arbitraje de consumo deba resolverse en derecho y tenga carÃ¡cter internacional, segÃºn lo previsto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, la determinaciÃ³n de la legislaciÃ³n aplicable al fondo del asunto se realizarÃ¡ de conformidad con lo previsto en los convenios internacionales en los que EspaÃ±a sea parte o en la legislaciÃ³n comunitaria que resulte de aplicaciÃ³n.
ArtÃ­culo 34. PresentaciÃ³n de solicitudes.
1. Los consumidores y usuarios que consideren que se han vulnerado sus derechos reconocidos legal o contractualmente, podrÃ¡n presentar por escrito, por vÃ­a electrÃ³nica a travÃ©s del procedimiento previsto en el capÃ­tulo V, secciÃ³n 1.Âª, o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la solicitud y de su autenticidad, la solicitud de arbitraje, que deberÃ¡ reunir al menos los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellidos, domicilio, lugar seÃ±alado a efectos de notificaciones y nacionalidad del solicitante, y, en su caso, de su representante; en el caso de ciudadanos espaÃ±oles, se expresarÃ¡ el nÃºmero del documento nacional de identidad y, tratÃ¡ndose de extranjeros, se expresarÃ¡ el nÃºmero de identidad de extranjero o, en su defecto, el de su pasaporte o documento de viaje.
b) Nombre y apellidos o razÃ³n social y domicilio del reclamado, asÃ­ como, si fuera conocido por el reclamante, el domicilio a efecto de notificaciones, o, en Ãºltimo caso, si el consumidor o usuario no dispone de tales datos, cualquier otro que permita la identificaciÃ³n completa del reclamado.
c) Breve descripciÃ³n de los hechos que motivan la controversia, exposiciÃ³n sucinta de las pretensiones del reclamante, determinando, en su caso, su cuantÃ­a y los fundamentos en que basa la pretensiÃ³n.
f) En el caso de que existiera oferta pÃºblica de adhesiÃ³n al arbitraje en derecho, el reclamante deberÃ¡ indicar si presta su conformidad a que se resuelva de esta forma.
g) Lugar, fecha y firma, convencional o electrÃ³nica.
Si la solicitud de arbitraje se formula por escrito deberÃ¡ presentarse, junto con la documentaciÃ³n que la acompaÃ±e, por duplicado.
2. Si la solicitud no reuniera los requisitos mÃ­nimos exigidos en el apartado anterior, el secretario de la Junta Arbitral de Consumo requerirÃ¡ al reclamante su subsanaciÃ³n en un plazo que no podrÃ¡ exceder de 15 dÃ­as, con la advertencia de que de no subsanarse en el plazo concedido se le tendrÃ¡ por desistido de la solicitud, procediÃ©ndose al archivo de las actuaciones. No obstante, si faltara el requisito contemplado en el pÃ¡rrafo f), se procederÃ¡ conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 33.1, pÃ¡rrafo segundo.
3. Junto a la solicitud podrÃ¡n aportarse o proponer las pruebas de que el reclamado intente valerse.
4. Las Juntas Arbitrales de Consumo dispondrÃ¡n de modelos normalizados para facilitar, al menos, la solicitud y la contestaciÃ³n a Ã©sta, asÃ­ como la aceptaciÃ³n del arbitraje en caso de que se trate de una empresa no adherida al Sistema Arbitral de Consumo.
ArtÃ­culo 35. Causas de inadmisiÃ³n de solicitudes de arbitraje de consumo.
1. AdemÃ¡s de por las causas previstas en el artÃ­culo 2, el presidente de la Junta Arbitral podrÃ¡ acordar la inadmisiÃ³n de las solicitudes de arbitraje que resulten infundadas y aquÃ©llas en las que no se aprecie afectaciÃ³n de los derechos y legÃ­timos intereses econÃ³micos de los consumidores o usuarios.
2. Salvo lo previsto en el artÃ­culo siguiente, dicha resoluciÃ³n pone fin a la vÃ­a administrativa.
3. En el supuesto que se trate de impugnar la admisiÃ³n, habiendo sido notificada ya al Ã¡rbitro o colegio arbitral su designaciÃ³n, serÃ¡ Ã©ste quien decida acerca de su propia competencia, incluida la oposiciÃ³n a la admisiÃ³n de la solicitud
ArtÃ­culo 36. Recurso contra la admisiÃ³n o inadmisiÃ³n de la solicitud de arbitraje.
1. La resoluciÃ³n del presidente de la Junta Arbitral de Consumo sobre la admisiÃ³n o inadmisiÃ³n de la solicitud de arbitraje en los supuestos previstos en el artÃ­culo 2, podrÃ¡ ser recurrida ante la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de 15 dÃ­as desde la notificaciÃ³n del acuerdo que se impugna.
2. El recurso se podrÃ¡ interponer ante la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo o ante el presidente de la Junta Arbitral territorial que dictÃ³ la resoluciÃ³n recurrida, en cuyo caso se darÃ¡ traslado del recurso, con su informe y copia completa y ordenada del expediente, a la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo en el plazo de quince dÃ­as.
3. El plazo mÃ¡ximo para dictar y notificar la resoluciÃ³n serÃ¡ de tres meses desde que se interpuso. Transcurrido este plazo sin que recaiga resoluciÃ³n, se podrÃ¡ entender desestimado el recurso.
4. La resoluciÃ³n de este recurso pone fin a la vÃ­a administrativa.
ArtÃ­culo 37. IniciaciÃ³n del procedimiento.
1. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo conocerÃ¡ sobre la competencia territorial de la Junta, trasladÃ¡ndola, en otro caso, a la Junta Arbitral de Consumo competente en el plazo de quince dÃ­as desde la presentaciÃ³n de la solicitud.
Determinada la competencia territorial de la Junta Arbitral de Consumo, el presidente conocerÃ¡ sobre la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la solicitud de arbitraje, actuando a continuaciÃ³n conforme a lo previsto en los apartados siguientes.
2. En los supuestos previstos en el artÃ­culo 35, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo acordarÃ¡ la inadmisiÃ³n de la solicitud, ordenando su notificaciÃ³n al reclamante.
3. En el supuesto de no apreciar la existencia de causas de inadmisiÃ³n de la solicitud:
a) Si consta la existencia de convenio arbitral vÃ¡lido en cualquiera de las formas previstas en el artÃ­culo 24, apartados 1 a 3, ambos inclusive, el presidente de la Junta Arbitral acordarÃ¡ la iniciaciÃ³n del procedimiento arbitral y ordenarÃ¡ su notificaciÃ³n a las partes.
En la resoluciÃ³n que acuerde el inicio del procedimiento arbitral constarÃ¡ expresamente la admisiÃ³n de la solicitud de arbitraje, la invitaciÃ³n a las partes para alcanzar un acuerdo a travÃ©s de la mediaciÃ³n previa en los supuestos en que proceda y el traslado al reclamado de la solicitud de arbitraje para que, en el plazo de 15 dÃ­as, formule las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presente los documentos que estime pertinentes o proponga las pruebas de que intente valerse.
b) Si no consta la existencia de convenio arbitral previo o Ã©ste no es vÃ¡lido, en el plazo previsto en el apartado 4, se darÃ¡ traslado de la solicitud de arbitraje al reclamado haciendo constar que Ã©sta ha sido admitida a trÃ¡mite, dÃ¡ndole un plazo de quince dÃ­as para la aceptaciÃ³n del arbitraje y de la mediaciÃ³n previa en los supuestos en que proceda, asÃ­ como para, en su caso, contestar a la solicitud formulando las alegaciones que estime oportunas para hacer valer su derecho y, en su caso, presentar los documentos que estime pertinentes o proponer las pruebas de que intente valerse.
Transcurrido dicho plazo sin que conste la aceptaciÃ³n del arbitraje por el reclamado, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo ordenarÃ¡ el archivo de la solicitud, notificÃ¡ndoselo a las partes. En la notificaciÃ³n al reclamante de la resoluciÃ³n de archivo de actuaciones se harÃ¡ constar expresamente la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la solicitud de arbitraje.
Si el reclamado contesta aceptando el arbitraje de consumo, se considerarÃ¡ iniciado el procedimiento en la fecha de entrada de la aceptaciÃ³n en la Junta Arbitral de Consumo, debiendo dictar su presidente, no obstante, acuerdo expreso de iniciaciÃ³n del procedimiento. En la notificaciÃ³n al reclamante del acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento se harÃ¡ constar expresamente la admisiÃ³n a trÃ¡mite de la solicitud de arbitraje y la invitaciÃ³n a la mediaciÃ³n previa, en el caso de que no conste realizado este trÃ¡mite.
4. El plazo para dictar las resoluciones previstas en los apartados 2 y 3.a) serÃ¡ de treinta dÃ­as desde el dÃ­a siguiente a la recepciÃ³n en la Junta competente de la solicitud o su subsanaciÃ³n.
ArtÃ­culo 38. MediaciÃ³n en el procedimiento arbitral.
1. Cuando no existan causas de inadmisiÃ³n de la solicitud de arbitraje se intentarÃ¡ mediar para que las partes alcancen un acuerdo que ponga fin al conflicto, salvo oposiciÃ³n expresa de cualquiera de las partes o cuando conste que la mediaciÃ³n ha sido intentada sin efecto.
2. La mediaciÃ³n se regirÃ¡ por la legislaciÃ³n sobre la materia que resulte de aplicaciÃ³n, correspondiendo, no obstante, al secretario de la Junta Arbitral de Consumo dejar constancia en el procedimiento arbitral de la fecha de inicio y fin de la mediaciÃ³n, asÃ­ como del resultado de esta.
3. En todo caso, quien actÃºe como mediador en el procedimiento arbitral estÃ¡ sujeto en su actuaciÃ³n a los mismos requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad exigidos a los Ã¡rbitros.
ArtÃ­culo 39. DesignaciÃ³n de los Ã¡rbitros y acumulaciÃ³n de procedimientos.
1. Admitida la solicitud de arbitraje y verificada la existencia de convenio arbitral vÃ¡lido, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo designarÃ¡ al Ã¡rbitro o Ã¡rbitros que conocerÃ¡n el conflicto, notificando a las partes tal designaciÃ³n. La designaciÃ³n de los Ã¡rbitros podrÃ¡ realizarse en la resoluciÃ³n de inicio del procedimiento arbitral.
La designaciÃ³n deberÃ¡ recaer en Ã¡rbitros especializados cuando, conforme a los criterios establecidos por el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo, el conflicto deba ser conocido por un Ã³rgano arbitral especializado.
2. El presidente de la Junta Arbitral de Consumo podrÃ¡ acordar la acumulaciÃ³n de las solicitudes presentadas frente a un mismo reclamado en las que concurra idÃ©ntica causa de pedir, para que sean conocidas en un Ãºnico procedimiento por el Ã³rgano arbitral designado al efecto.
ArtÃ­culo 40. Arbitraje de consumo sectorial y especializado.
1. En aquellos arbitrajes de carÃ¡cter sectorial que por su naturaleza requieran la inmediatez de su tramitaciÃ³n, podrÃ¡ convocarse a las partes a audiencia, sin mÃ¡s trÃ¡mite, siempre que se haya verificado la admisibilidad de la solicitud y la validez del convenio arbitral y se haya procedido a la designaciÃ³n del el Ã¡rbitro o Ã¡rbitros que conocerÃ¡n del conflicto.
2. Cuando la Junta Arbitral de Consumo ante la que deba sustanciarse el arbitraje especializado no tenga una lista de Ã¡rbitros especializados acreditados ante ella, recabarÃ¡ dicha lista de la Junta Arbitral de Consumo de superior Ã¡mbito territorial que disponga de ella, al objeto de designar entre los Ã¡rbitros especializados acreditados incluidos en esta lista a aquÃ©llos que deban conocer el conflicto.
ArtÃ­culo 41. Principios del procedimiento arbitral de consumo.
1. El procedimiento arbitral de consumo se ajustarÃ¡ a los principios de audiencia, contradicciÃ³n, igualdad entre las partes y gratuidad.
2. Los Ã¡rbitros, los mediadores, las partes y quienes presten servicio en las Juntas Arbitrales de Consumo, estÃ¡n obligados a guardar confidencialidad de la informaciÃ³n que conozcan en el curso del procedimiento arbitral.
ArtÃ­culo 42. Procedimiento.
1. El Ã³rgano arbitral dirigirÃ¡ el procedimiento con sujeciÃ³n a lo dispuesto en esta norma, pudiendo instar a las partes a la conciliaciÃ³n.
2. Las alegaciones presentadas por el reclamado conforme a lo previsto en el artÃ­culo 37, tendrÃ¡n el valor de contestaciÃ³n a la solicitud de arbitraje y se integrarÃ¡n, junto con la solicitud y la documentaciÃ³n aportada por las partes, en el procedimiento arbitral.
3. De todas las alegaciones escritas, documentos y demÃ¡s instrumentos que una de las partes aporte a los Ã¡rbitros se darÃ¡ traslado a la otra parte. Asimismo, se podrÃ¡n a disposiciÃ³n de las partes los documentos, dictÃ¡menes periciales y otros instrumentos probatorios en los que el Ã³rgano arbitral pueda fundar su decisiÃ³n.
ArtÃ­culo 43. ReconvenciÃ³n y modificaciÃ³n de las pretensiones de las partes.
1. En cualquier momento antes de la finalizaciÃ³n del trÃ¡mite de audiencia, las partes podrÃ¡n modificar o ampliar la solicitud y la contestaciÃ³n, pudiendo plantearse reconvenciÃ³n frente a la parte reclamante. La ampliaciÃ³n de la solicitud o la reconvenciÃ³n no modifican la competencia del Ã³rgano arbitral designado por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, conforme a lo previsto en los artÃ­culos 19 y 20.
2. Planteada la reconvenciÃ³n, los Ã¡rbitros la inadmitirÃ¡n si versa sobre una materia no susceptible de arbitraje de consumo o si no existiera conexiÃ³n entre sus pretensiones y las pretensiones de la solicitud de arbitraje. La inadmisiÃ³n de la reconvenciÃ³n se recogerÃ¡ en el laudo que ponga fin a la controversia.
3. Admitida la reconvenciÃ³n, se otorgarÃ¡ al reclamante un plazo de quince dÃ­as para presentar alegaciones y, en su caso proponer prueba, procediendo a retrasar, si fuera preciso, la audiencia prevista.
ArtÃ­culo 44. Audiencia.
1. La audiencia a las partes podrÃ¡ ser escrita, utilizando la firma convencional o electrÃ³nica, u oral, ya sea presencialmente o a travÃ©s de videoconferencias u otros medios tÃ©cnicos que permitan la identificaciÃ³n y comunicaciÃ³n directa de los comparecientes.
Las partes serÃ¡n citadas a las audiencias con suficiente antelaciÃ³n y con advertencia expresa de que en ella podrÃ¡n presentar las alegaciones y pruebas que estimen precisas para hacer valer su derecho.
2. De la audiencia se levantarÃ¡ acta que serÃ¡ firmada por el secretario del Ã³rgano arbitral.
ArtÃ­culo 45. Prueba.
1. El Ã³rgano arbitral resolverÃ¡ sobre la aceptaciÃ³n o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, proponiendo, en su caso, de oficio la prÃ¡ctica de pruebas complementarias que se consideren imprescindibles para la soluciÃ³n de la controversia.
SerÃ¡n admisibles como prueba los medios de reproducciÃ³n de la palabra, el sonido y la imagen, asÃ­ como los instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y otras operaciones relevantes para el procedimiento.
2. El acuerdo del Ã³rgano arbitral sobre la prÃ¡ctica de la prueba serÃ¡ notificado a las partes con expresiÃ³n de la fecha, hora y lugar de celebraciÃ³n, convocÃ¡ndolas a la prÃ¡ctica de aquÃ©llas en las que sea posible su presencia.
3. Los gastos ocasionados por las pruebas practicadas a instancia de parte serÃ¡n sufragados por quien las haya propuesto y las comunes o coincidentes por mitad. Las pruebas propuestas de oficio por el Ã³rgano arbitral, serÃ¡n costeadas por la Junta Arbitral de Consumo o por la AdministraciÃ³n de la que dependa, en funciÃ³n de sus disponibilidades presupuestarias.
En el supuesto de que el Ã³rgano arbitral aprecie en el laudo, mala fe o temeridad, podrÃ¡ distribuir los gastos ocasionados por la prÃ¡ctica de las pruebas en distinta forma a la prevista en el pÃ¡rrafo anterior.
4. En el arbitraje electrÃ³nico cuando se acuerde la prÃ¡ctica presencial de la prueba, Ã©sta se realizarÃ¡ por videoconferencia o por cualquier medio tÃ©cnico que permita la identificaciÃ³n y comunicaciÃ³n directa de los comparecientes.
En el resto de los procedimientos arbitrales, podrÃ¡n utilizarse igualmente tales medios, cuando asÃ­ lo acuerde el Ã³rgano arbitral.
ArtÃ­culo 46. Falta de comparecencia e inactividad de las partes.
1. Con carÃ¡cter general, la no contestaciÃ³n, inactividad o incomparecencia injustificada de las partes en cualquier momento del procedimiento arbitral, incluida la audiencia, no impide que se dicte el laudo, ni le priva de eficacia, siempre que el Ã³rgano arbitral pueda decidir la controversia con los hechos y documentos que consten en la demanda y contestaciÃ³n, si Ã©sta se ha producido.
2. El silencio, la falta de actividad o la incomparecencia de las partes no se considerarÃ¡ como allanamiento o admisiÃ³n de los hechos alegados por la otra parte.
ArtÃ­culo 47. AdopciÃ³n de decisiones colegiadas.
En caso de que el Ã³rgano arbitral estÃ© compuesto por tres Ã¡rbitros, el laudo arbitral, o cualquier acuerdo o resoluciÃ³n diferentes de la mera ordenaciÃ³n e impulso de las actuaciones arbitrales, se adoptarÃ¡n por mayorÃ­a. Si no existiera acuerdo de la mayorÃ­a decidirÃ¡ el Presidente.
ArtÃ­culo 48. TerminaciÃ³n de las actuaciones y laudo.
1. La forma y el contenido del laudo que, en todo caso, serÃ¡ motivado, se regirÃ¡ por lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
2. Si durante las actuaciones arbitrales las partes llegan a un acuerdo que ponga fin, total o parcialmente, al conflicto, el Ã³rgano arbitral darÃ¡ por terminadas las actuaciones con respecto a los puntos acordados, incorporando el acuerdo adoptado al laudo, salvo que aprecie motivos para oponerse.
3. El Ã³rgano arbitral tambiÃ©n darÃ¡ por terminadas sus actuaciones y dictarÃ¡ laudo poniendo fin al procedimiento arbitral, sin entrar en el fondo del asunto:
a) Cuando el reclamante no concrete la pretensiÃ³n o no aporte los elementos indispensables para el conocimiento del conflicto.
c) Cuando el Ã³rgano arbitral compruebe que la prosecuciÃ³n de las actuaciones resulta imposible.
En este laudo se harÃ¡ constar si queda expedita la vÃ­a judicial.
ArtÃ­culo 49. Plazo para dictar el laudo.
1. El plazo para dictar un laudo serÃ¡ de seis meses desde el dÃ­a siguiente al inicio del procedimiento arbitral, pudiendo ser prorrogado por el Ã³rgano arbitral mediante decisiÃ³n motivada, salvo acuerdo en contrario de las partes, por un perÃ­odo no superior a dos meses.
El plazo para dictar laudo se suspenderÃ¡, ademÃ¡s de por las causas y en los plazos previstos en el artÃ­culo 22, para el intento de mediaciÃ³n previa prevista en el artÃ­culo 38, por un periodo no superior a un mes desde el acuerdo de iniciaciÃ³n del procedimiento arbitral.
2. Si las partes lograran un acuerdo conciliatorio sobre todos los aspectos del conflicto, una vez iniciadas las actuaciones arbitrales, el plazo para dictar el laudo conciliatorio serÃ¡ de quince dÃ­as desde la adopciÃ³n del acuerdo.
ArtÃ­culo 50. NotificaciÃ³n de las actuaciones arbitrales y del laudo.
La notificaciÃ³n de las actuaciones arbitrales, incluido el laudo, se realizarÃ¡, a falta de acuerdo de las partes conforme a la prÃ¡ctica de la Junta Arbitral de Consumo, segÃºn lo previsto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
SECCION 1.Âª ARBITRAJE DE CONSUMO ELECTRÃNICO
ArtÃ­culo 51. Arbitraje de consumo electrÃ³nico.
1. El arbitraje de consumo electrÃ³nico es aquel que se sustancia Ã­ntegramente, desde la solicitud de arbitraje hasta la terminaciÃ³n del procedimiento, incluidas las notificaciones, por medios electrÃ³nicos, sin perjuicio de que alguna actuaciÃ³n arbitral deba practicarse por medios tradicionales.
Lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior se entiende, sin perjuicio de la utilizaciÃ³n por las Juntas Arbitrales de Consumo o los Ã³rganos arbitrales de medios electrÃ³nicos para facilitar las comunicaciones o para la realizaciÃ³n de actuaciones arbitrales concretas.
2. El arbitraje de consumo electrÃ³nico se sustanciarÃ¡, conforme a lo previsto en esta norma, a travÃ©s de la aplicaciÃ³n electrÃ³nica habilitada por el Ministerio de Sanidad y Consumo para el Sistema Arbitral de Consumo.
Las Juntas Arbitrales de Consumo, en los tÃ©rminos que conste en los respectivos convenios de constituciÃ³n, se adscribirÃ¡n a la administraciÃ³n del arbitraje de consumo electrÃ³nico incorporÃ¡ndose a la aplicaciÃ³n prevista en el pÃ¡rrafo anterior.
3. Las Administraciones pÃºblicas competentes en materia de consumo fomentarÃ¡n la utilizaciÃ³n del arbitraje de consumo electrÃ³nico para resolver los conflictos a que se refiere el artÃ­culo 1.2.
ArtÃ­culo 52. DeterminaciÃ³n de la Junta Arbitral competente.
La competencia para conocer de las solicitudes de arbitraje se determinarÃ¡ conforme a las reglas previstas en el artÃ­culo 8, entre las Juntas Arbitrales adscritas al arbitraje de consumo electrÃ³nico.
ArtÃ­culo 53. Firma electrÃ³nica.
Sin perjuicio de la utilizaciÃ³n de otras tÃ©cnicas que aseguren la autenticidad de la comunicaciÃ³n y la identidad del remitente, el uso de la firma electrÃ³nica garantiza la autenticidad de las comunicaciones y la identidad de las partes y del Ã³rgano arbitral.
ArtÃ­culo 54. Notificaciones y cÃ³mputo de los plazos.
Las notificaciones se realizarÃ¡n en la sede electrÃ³nica designada por las partes a tales efectos, entendiÃ©ndose realizadas a todos los efectos legales el dÃ­a siguiente a aquÃ©l en que conste el acceso al contenido de la actuaciÃ³n arbitral objeto de notificaciÃ³n.
No obstante, si el notificado no hubiera accedido al contenido de la actuaciÃ³n arbitral transcurridos diez dÃ­as desde la fecha y hora en que se produjo su puesta a disposiciÃ³n, la notificaciÃ³n se considerarÃ¡ que se ha intentado sin efecto, procediÃ©ndose a la publicaciÃ³n edictal en las sedes electrÃ³nicas de las Juntas Arbitrales de Consumo adscritas al arbitraje de consumo electrÃ³nico.
ArtÃ­culo 55. Lugar del arbitraje.
El lugar de celebraciÃ³n del arbitraje de consumo electrÃ³nico es aquÃ©l en el que tenga su sede la Junta Arbitral de Consumo o la delegaciÃ³n territorial de la Junta Arbitral competente para conocer el procedimiento, salvo que en el laudo dictado figure un lugar distinto, en cuyo caso se entenderÃ¡ como lugar de celebraciÃ³n del arbitraje aquÃ©l en el que se hubiera dictado el laudo.
SECCION 2.Âª ARBITRAJE DE CONSUMO COLECTIVO
ArtÃ­culo 56. Arbitraje de consumo colectivo.
El arbitraje de consumo colectivo tiene por objeto resolver en un Ãºnico procedimiento arbitral de consumo los conflictos que, en base al mismo presupuesto fÃ¡ctico, hayan podido lesionar los intereses colectivos de los consumidores y usuarios, afectando a un nÃºmero determinado o determinable de Ã©stos.
ArtÃ­culo 57. Junta Arbitral competente para conocer el arbitraje de consumo colectivo.
ConocerÃ¡ de los procedimientos arbitrales colectivos, la Junta Arbitral de Consumo que sea competente en todo el Ã¡mbito territorial en el que estÃ©n domiciliados los consumidores y usuarios, cuyos legÃ­timos derechos e intereses econÃ³micos hayan podido verse afectados por el hecho.
Conforme a la regla anterior, la competencia para conocer de los procedimientos arbitrales colectivos que afecten a los legÃ­timos derechos e intereses de los consumidores y usuarios domiciliados en mÃ¡s de una comunidad autÃ³noma, corresponde a la Junta Arbitral Nacional.
ArtÃ­culo 58. IniciaciÃ³n de actuaciones.
1. Las actuaciones se iniciarÃ¡n por acuerdo del presidente de la Junta Arbitral de Consumo competente, de oficio o a instancia de las asociaciones de consumidores representativas en el Ã¡mbito territorial en el que se haya producido la afectaciÃ³n a los intereses colectivos de los consumidores o de las Juntas Arbitrales de inferior Ã¡mbito territorial.
2. Adoptado el acuerdo de iniciaciÃ³n de actuaciones, la Junta Arbitral de Consumo requerirÃ¡ a las empresas o profesionales responsables de los hechos susceptibles de lesionar los derechos e intereses colectivos de los consumidores para que manifestara, en el plazo de 15 dÃ­as desde la notificaciÃ³n, si aceptan someter al Sistema Arbitral de Consumo la resoluciÃ³n, en un Ãºnico procedimiento, de los conflictos con los consumidores y usuarios motivados por tales hechos y, en su caso, para que propongan un acuerdo conciliatorio que satisfaga total o parcialmente los derechos de los potenciales consumidores o usuarios afectados.
Si las empresas o profesionales no aceptan la adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo en este Ãºnico procedimiento arbitral, se procederÃ¡ al archivo de las actuaciones sin mÃ¡s trÃ¡mite, dando traslado a todas las Juntas Arbitrales de Consumo y, en su caso, a quiÃ©n instÃ³ la iniciaciÃ³n del procedimiento.
ArtÃ­culo 59. AceptaciÃ³n del arbitraje por la empresa y llamamiento a los afectados.
1. Aceptada la adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo Ã©sta se notificarÃ¡ a las Juntas Arbitrales de Consumo, procediÃ©ndose al llamamiento de los consumidores afectados para que hagan valer sus legÃ­timos derechos e intereses individuales en este procedimiento arbitral mediante la publicaciÃ³n de un anuncio al efecto en el diario Oficial que corresponda al Ã¡mbito territorial del conflicto.
El presidente de la Junta Arbitral de Consumo, adicionalmente, podrÃ¡ acordar otros medios para dar publicidad al llamamiento.
2. El llamamiento a los afectados se realizarÃ¡ por un plazo de dos meses desde su publicaciÃ³n y deberÃ¡ contener el acuerdo de iniciaciÃ³n de actuaciones del presidente, la indicaciÃ³n del lugar en el que los interesados podrÃ¡n tener acceso, en su caso, a la propuesta de acuerdo conciliatorio realizada por las empresas o profesionales, asÃ­ como la advertencia de los efectos previstos en el artÃ­culo 61 para la presentaciÃ³n de la solicitud de arbitraje fuera del plazo de dos meses.
3. Efectuado el llamamiento, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo procederÃ¡ a la designaciÃ³n del Ã³rgano arbitral.
ArtÃ­culo 60. SuspensiÃ³n de la tramitaciÃ³n de las solicitudes de arbitraje y excepciÃ³n de arbitraje colectivo.
1. La notificaciÃ³n de la aceptaciÃ³n por las empresas o profesionales para resolver en un Ãºnico procedimiento arbitral los intereses colectivos de los consumidores y usuarios afectados, suspende la tramitaciÃ³n de las solicitudes individuales de arbitraje que tengan su causa en los mismos hechos, salvo que se hayan iniciado las actuaciones del Ã³rgano arbitral, debiendo procederse a su traslado a la Junta Arbitral competente para conocer el arbitraje colectivo en el plazo de 15 dÃ­as desde la notificaciÃ³n de la aceptaciÃ³n.
El acuerdo de suspensiÃ³n y de traslado se notificarÃ¡ al reclamante y al reclamado, si ya se le hubiera trasladado la solicitud de arbitraje conforme a lo previsto en el artÃ­culo 37.
2. Opuesta por el reclamado, en cualquier momento del procedimiento, incluida la audiencia, la excepciÃ³n de estar tramitÃ¡ndose un arbitraje colectivo, el Ã³rgano arbitral se inhibirÃ¡ de su conocimiento y trasladarÃ¡ las actuaciones a la Junta Arbitral de Consumo competente para conocerlo, dando por terminadas las actuaciones.
ArtÃ­culo 61. Solicitudes de arbitraje presentadas fuera del plazo de llamamiento.
1. Las solicitudes de arbitraje de los consumidores o usuarios presentadas transcurrido el perÃ­odo de dos meses desde la publicaciÃ³n del llamamiento, Ãºnicamente serÃ¡n admitidas cuando su presentaciÃ³n sea anterior a la fecha prevista para la audiencia. La admisiÃ³n de estas solicitudes no retrotraerÃ¡ las actuaciones, pudiendo intervenir el consumidor o usuario en todos los trÃ¡mites posteriores a dicha admisiÃ³n.
2. La competencia para resolver sobre la admisiÃ³n de estas solicitudes es del Ã³rgano arbitral.
ArtÃ­culo 62. Plazo para dictar laudo.
Trascurridos dos meses desde la publicaciÃ³n del llamamiento a los afectados en el diario oficial que corresponda al Ã¡mbito del conflicto, se iniciarÃ¡ el cÃ³mputo del plazo para dictar laudo previsto en el artÃ­culo 49.
SECCION 3.Âª SOPORTE ADMINISTRATIVO DE OTROS ARBITRAJES
ArtÃ­culo 63. Soporte administrativo de otros arbitrajes.
Las Juntas Arbitrales de Consumo podrÃ¡n asumir, en los tÃ©rminos que se acuerde por las respectivas Administraciones pÃºblicas competentes, la gestiÃ³n y administraciÃ³n de arbitrajes sectoriales distintos al arbitraje de consumo, siempre que su gestiÃ³n y administraciÃ³n haya sido encomendada legal o reglamentariamente a una AdministraciÃ³n pÃºblica.
ArtÃ­culo 64. Procedimiento.
En estos casos, la actividad de la Junta Arbitral de Consumo que preste el soporte administrativo y el procedimiento arbitral que se siga se ajustarÃ¡ a lo dispuesto por la normativa que resulte de aplicaciÃ³n al arbitraje sectorial.
[precepto]Primera. AdaptaciÃ³n de los convenios arbitrales.
1. En el plazo de dos aÃ±os desde la entrada en vigor de esta norma, se adaptarÃ¡n los vigentes convenios de constituciÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo para adecuarlos a lo dispuesto en ella.
En tanto se suscriban tales convenios, las Juntas Arbitrales seguirÃ¡n actuando en base a los convenios vigentes a la fecha de entrada en vigor de la norma.
2. La Junta Arbitral de Consumo mantendrÃ¡ la competencia en relaciÃ³n con los procedimientos arbitrales que se hubieran iniciado antes del transcurso del plazo previsto en el apartado anterior, aÃºn en el caso de que no se produzca la adaptaciÃ³n del convenio.
[precepto]Segunda. Registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo y ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n.
1. A la entrada en vigor de esta norma, los presidentes de las Juntas Arbitrales de Consumo remitirÃ¡n al registro pÃºblico de empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo la informaciÃ³n normalizada sobre las empresas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo a travÃ©s de las respectivas Juntas Arbitrales de Consumo.
En los dos meses siguientes a la finalizaciÃ³n del plazo previsto en el apartado anterior, deberÃ¡n estar a disposiciÃ³n del pÃºblico los datos del referido registro.
2. A la entrada en vigor de esta norma, los presidentes de las Juntas Arbitrales que hubieran admitido ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo, las trasladarÃ¡n a la Junta Arbitral competente para pronunciarse sobre su admisiÃ³n conforme a lo previsto en esta norma.
Las Juntas Arbitrales competentes para conocer de la admisiÃ³n de las ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo, en el plazo de 12 meses desde la entrada en vigor de la norma, deberÃ¡n emitir un pronunciamiento expreso sobre la admisiÃ³n de tales ofertas, verificada su adecuaciÃ³n a lo dispuesto en esta norma, con audiencia de la empresa o profesional y previo informe de la ComisiÃ³n de las Juntas Arbitrales de Consumo.
3. En caso de que no se considerara vÃ¡lida la limitaciÃ³n y la empresa o profesional no presentara nueva oferta, el presidente de la Junta Arbitral de Consumo notificarÃ¡ a la empresa o profesional que hubiera efectuado inadmisiÃ³n de la oferta a partir de la fecha de la resoluciÃ³n y procederÃ¡ a la retirada del distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
4. Los empresarios o profesionales que hayan realizado ofertas pÃºblicas de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo antes de la entrada en vigor de los artÃ­culos 25 y 27 de esta norma, deberÃ¡n adecuar la oferta de adhesiÃ³n a los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 25 en el plazo de seis meses previsto como vacatio legis para la entrada en vigor del resto del articulado de la norma, en otro caso, se entenderÃ¡ que aceptan la adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 25.1, pÃ¡rrafo segundo, Ãºltimo inciso.
[precepto]Tercera. AcreditaciÃ³n de Ã¡rbitros.
Los Ã¡rbitros que vinieran ejerciendo sus funciones con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, se entenderÃ¡n acreditados por el presidente de la Junta Arbitral de Consumo, sin necesidad de cumplir los requisitos previstos en el artÃ­culo 17 y sin perjuicio de la formaciÃ³n continÃºa que se prevea.
[precepto]Cuarta. Procedimientos arbitrales iniciados antes de la entrada en vigor.
Los procedimientos arbitrales cuya tramitaciÃ³n se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor de esta norma, proseguirÃ¡n su tramitaciÃ³n conforme a la normativa vigente con anterioridad a dicha entrada en vigor.
Unica. DerogaciÃ³n normativa.
[encabezado]DISPOSICIÃNES FINAL
[precepto]Primera. TÃ­tulo competencial.
Esta norma se dicta al amparo de lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1, 5.Âª y 6.Âª de la ConstituciÃ³n, que atribuyen al Estado las competencias exclusivas en materia de administraciÃ³n de justicia y de legislaciÃ³n procesal, respectivamente.
[precepto]Segunda. HabilitaciÃ³n para el desarrollo normativo.
Se habilita al Ministro de Sanidad y Consumo para dictar las disposiciones precisas para la aplicaciÃ³n de esta norma.
[precepto]Tercera. ModificaciÃ³n del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, asÃ­ como los requisitos y el procedimiento de concesiÃ³n.
Se modifica el texto del anexo del Real Decreto 1163/2005, de 30 de septiembre, por el que se regula el distintivo pÃºblico de confianza en los servicios de la sociedad de la informaciÃ³n y de comercio electrÃ³nico, asÃ­ como los requisitos y el procedimiento de concesiÃ³n, que quedarÃ¡ redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DenominaciÃ³n: Distintivo pÃºblico de confianza en lÃ­nea.
Una figura vertical constituida por cuatro rectÃ¡ngulos iguales de 45 mm de base por 20,25 de altura. Las medidas totales exteriores incluidos los cuatro elementos son 45 mm de base por 81 mm de altura. El segundo recuadro contiene una imagen mixta representativa de la expresiÃ³n abreviada de la arroba y el logotipo de Arbitraje de Consumo.
Los rectÃ¡ngulos superior e inferior contienen los siguientes textos: el superior CONFIANZA EN LÃNEA y el inferior PROVEEDOR ADHERIDO, ambos en mayÃºsculas. El tercer recuadro, opcional, es un espacio en blanco para situar distintos logotipos.
TipografÃ­a: helvÃ©tica. Estilo: normal. Cuerpo de letra: 22. Interlineado: sÃ³lido. Escala horizontal: 100
Todas las lÃ­neas que forman el conjunto son en color negro de 0,5 puntos.
Para su uso en Internet se establece un tamaÃ±o mÃ­nimo en pÃ­xeles de 75 de ancho por 134 de altura, en la versiÃ³n completa y de 48 de ancho por 65 de altura prescindiendo del recuadro opcional. Se deben guardar las mismas proporciones en tamaÃ±os superiores.Â»
Los artÃ­culos 25 y 27 del presente real decreto entrarÃ¡n en vigor el dÃ­a siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ». El resto de la norma entrarÃ¡ en vigor a los seis meses de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ».
Distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo
DenominaciÃ³n: Distintivo de adhesiÃ³n al Sistema Arbitral de Consumo.
Una figura vertical constituida por cuatro elementos de texto e imagen. Las medidas exteriores del conjunto son 69 mm. De ancho por 132 mm. de altura. El primer elemento, arriba, consta de un rectÃ¡ngulo de 69 mm de ancho por 28 mm de altura. En lÃ­nea negra de 0,5 mm. En su interior debe figurar la Junta Arbitral o el Ã¡mbito territorial de la oferta en letra mayÃºscula y centrado. Tipo de letra: helvÃ©tica. TamaÃ±o: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0. Interlineado: sÃ³lido. Estilo: negrita.
Debajo, el segundo elemento, sÃ³lo texto, figura ESTABLECIMIENTO ADHERIDO, en dos lÃ­neas. Tipo de letra: helvÃ©tica. Escala horizontal: 100. TamaÃ±o: 21,66. Espaciado: 0. Interlineado: sÃ³lido. Estilo: normal. La altura total de las dos lÃ­neas de texto es de 13 mm situadas a 3 mm del borde inferior del primer elemento y a 3 mm del tercero, debajo.
El elemento inferior consta del texto ARBITRAJE DE CONSUMO, en dos lÃ­neas, la superior ARBITRAJE y la inferior DE CONSUMO, centrado, ocupando un espacio de 51,8 x 13 mm. Tipo de letra: helvÃ©tica. TamaÃ±o: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0. Interlineado: sÃ³lido. Estilo: negrita. Separado del tercer elemento por un espacio de 3 mm.
Para su uso en Internet se establece un tamaÃ±o mÃ­nimo en pÃ­xeles de 75 de ancho por 138 de alto, debiendo guardar las proporciones en tamaÃ±os superiores.
Distintivo de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo
DenominaciÃ³n: Distintivo de adhesiÃ³n limitada al Sistema Arbitral de Consumo.
Una figura vertical constituida por cuatro elementos de texto e imagen. Las medidas exteriores del conjunto son 69 mm de ancho por 132 mm de altura. El primer elemento, arriba, consta de un rectÃ¡ngulo de 69 mm de ancho por 28 mm de altura. En lÃ­nea negra de 0,5 mm. En su interior debe figurar la Junta Arbitral o el Ã¡mbito territorial de la oferta, en letra mayÃºscula y centrado. Tipo de letra: helvÃ©tica. TamaÃ±o: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0. Interlineado: sÃ³lido. Estilo: negrita.
El tercer elemento consta de un recuadro de 69 x 69 mm. En su interior figura el logotipo de Arbitraje y un rectÃ¡ngulo vertical a la izquierda con el texto OFERTA LIMITADA, en mayÃºsculas. Los espacios de dividen de la siguiente forma: situado a la izquierda, un rectÃ¡ngulo vertical de 11 mm de ancho por 67 mm de altura, separado de los bordes por una calle de 1 mm en color blanco y sin lÃ­neas exteriores. En su interior el texto OFERTA LIMITADA, en mayÃºsculas. Tipo de letra: helvÃ©tica. Escala horizontal: 76. TamaÃ±o: 27,34. Estilo: negrita. Espaciado: 0. Texto centrado en el espacio. SeparaciÃ³n arriba y abajo 1,6 mm, separaciÃ³n por la izquierda y por la derecha 2,2 mm. El texto en color naranja, magenta 47% y amarillo 100%. El resto del espacio con fondo del mismo color y el logotipo calado en blanco, centrado. Las medidas del logotipo son 51 mm de base por 61,3 de altura.
El elemento inferior consta del texto ARBITRAJE DE CONSUMO, en dos lÃ­neas, la superior ARBITRAJE y la inferior DE CONSUMO, centrado, ocupando un espacio de 51,8 x 13 mm. Tipo de letra: helvÃ©tica. TamaÃ±o: 21,42. Escala horizontal: 100. Espaciado: 0. Interlineado: sÃ³lido. Estilo: negrita. Separado del tercer elemento por un espacio de 3 mm. Para su uso en Internet se establece un tamaÃ±o mÃ­nimo en pÃ­xeles de 75 de ancho por 138 de alto, debiendo guardar las proporciones en tamaÃ±os superiores.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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