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Timestamp: 2017-06-22 12:07:01+00:00

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Sentencia Penal Nº 401/2011, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 798/2011, 23-11-2011 | Iberley
InicioJurisprudencia PenalAP - Caceres2011Cano-maillo Rey, Pedro VicenteDesestimaSentencia401/2011798/2011
Sentencia Penal Nº 401/2011, Audiencia Provincial de Caceres, Sección 2, Rec 798/2011 de 23 de Noviembre de 2011
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Num. Sentencia: 183/2013
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Num. Sentencia: 35/2009
Num. Recurso: 925/2008
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Num. Recurso: 159/2016
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Fernandez Perez, Virginia
Num. Sentencia: 259/2014
Num. Recurso: 69/2014
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Num. Sentencia: 508/2014
Num. Recurso: 1003/2014
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Rafael y de una falta de lesiones a
Juan María . Contra dicha sentencia interpone recurso el citado
Rafael , sobre la base de los siguientes cuatro motivos de impugnación:
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Núm. Sentencia: 401/2011 Núm. Recurso: 798/2011
Núm. Cendoj: 10037370022011100388
Encabezamiento AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 CACERES SENTENCIA: 00401/2011 AUD.PROVINCIAL SECCION N. 2 de CACERES UNIDAD PROCESAL AYUDA DIRECTA Domicilio: AVDA. DE LA HISPANIDAD S/N Telf: 927620339/927620340 Fax: 927620342 Modelo: 213100
N.I.G.: 10109 41 2 2006 0101152
ROLLO: APELACION PROCTO. ABREVIADO 0000798 /2011
Juzgado procedencia: JDO. DE LO PENAL N. 1 de CACERES Procedimiento de origen: PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000087 /2011 RECURRENTE: Procurador/a: Letrado/a: RECURRIDO/A: Procurador/a: Letrado/a: AUDIENCIA PROVINCIAL SECCION SEGUNDA C A C E R E S SENTENCIA NÚM. 401/11 ILTMOS SRES.: PRESIDENTE: DOÑA Mª FELIX TENA ARAGON MAGISTRADOS DON PEDRO V. CANO MAILLO REY DON VALENTIN PEREZ APARICIO ================================ ROLLO Nº: 798/11 JUICIO ORAL Nº: 87/11 JUZGADO DE LO PENAL N.1 DE CÁCERES ================================ En Cáceres, veintitrés de noviembre de dos mil once.
Antecedentes Primero.- Que por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Cáceres, en el Juicio Oral reseñado al margen seguido por un delito de
lesiones, contra
Teodulfo y
Lucía , se dictó Sentencia de fecha veintinueve de junio de dos mil once, cuyos hechos probados y fallo son del tenor literal siguiente: " HECHOS PROBADOS: Probado y así se declara expresamente que, después de producirse, en torno a las 18:00 horas del día 14 de octubre de 2006, un inicial rifirrafe entre una de las personas, sin determinar, perteneciente al grupo con el que los acusados,
Lucía , cuyas demás circunstancias ya constan, acudieron al bar denominado "Casa Cardiel", sito en la localidad de Puerto del Rey y el hijo del también acusado,
Melchor y, de que tanto la expresada mujer, como este último optasen por tomar parte en el desencuentro, hasta el punto de originarse un intercambio de palabras altisonantes entre ellos, al que asimismo se sumó el primero, los tres, con el común propósito de menoscabar la integridad física del respectivo adversario, acabaron por enzarzarse en un recíproco y coetáneo acometimiento corporal en el curso del que
Melchor golpeó con un vaso de cristal, tipo tubo, en la cara a
Teodulfo , en tanto que éste, por su parte y junto con su esposa
Lucía propinaron el primer puñetazo y, la segunda, manotazos y patadas al anterior. No ha quedado, en cambio, acreditado que las lesiones objetivadas en
Lucía , consistentes en fractura del quinto metacarpiano de la mano derecha y contusión en quinto dedo del pie izquierdo, cuya sanidad se produjo en 34 días, todos ellos impeditivos, tras una primera asistencia facultativa y un tratamiento médico posterior en forma de ortopedia mediante férula, medicación AINE y seguimiento especializado, se hubiesen producido como consecuencia de una directa interacción violenta sobre la misma a cargo del acusado
Melchor . Como consecuencia de la mencionada agresión múltiple se produjeron menos cabos físicos en las personas de
Teodulfo , consistentes, los padecidos por el primero, en contusión en hombro derecho, erosiones en mano derecha y pérdida del incisivo lateral superior derecho, determinante de un edentulismo parcial en la región maxilar anterosuperior, cuya sanidad, acontecida en 7 días, todos ellos impeditivos, resulta deudora de una primera asistencia, en forma de limpieza y cura y, de un ulterior tratamiento a modo de integración de implantes en el hueso neoformado y colocación de prótesis funcional y estética en forma de limpieza y que residuó en una secuela por pérdida de pieza dentaria; y los sufridos por el segundo, en heridas en ceja izquierda y región temporal izquierda que requirió para su curación producida en 10 días, 2 de los que fueron impeditivos, además de una primera asistencia facultativa, un posterior tratamiento médico, en forma de sutura y que le restó una secuela a modo de cicatriz lineal de 3 centímetros de superficie ligeramente deprimida en región supraciliar izquierda y cicatriz de 1 centímetro poco perceptible en región temporal izquierda, determinante de un perjuicio estético ligero. Asimismo se declara acreditado que en la tramitación del procedimiento se han consumido casi cinco años."
Teodulfo como autores criminalmente responsables, el primero, de un delito de lesiones cualificadas por el empleo de instrumento peligroso, los segundos, de un delito común de lesiones, con la concurrencia, para todos ellos, de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, atenuante, de dilaciones indebidas en la tramitación del procedimiento a la pena de dos años y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, en relación
Melchor ; y de un año y tres meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, respecto a
Lucía ; así como al pago de las costas procesales; absolviendo libremente a
Melchor del otro delito de lesiones, en este caso, básico y, a éste y, a
Lucía , de la falta de coacciones de que, igualmente, venían acusados, con toda clase de pronunciamientos favorables. Por el concepto de responsabilidad civil derivada del hecho punible y como responsables civiles directos,
Melchor indemnizará a
Teodulfo en la cantidad de 390 euros; y,
Lucía y de
Teodulfo indemnizarán, conjunta y solidariamente, a favor de
Melchor en la de 780 euros; montantes a los que, en su caso, será de aplicación el correspondiente interés legal; excluyéndose todo resarcimiento a favor de
Lucía y, ello, sin perjuicio, claro está, de las acciones civiles que pudieran corresponderle de las que, en esta resolución se deja hecha expresa reserva.
Segundo.- Notificada la anterior sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la representación de
Lucía , que fue admitido en ambos efectos, y transcurrido el periodo de instrucción y alegaciones de conformidad con lo establecido en la L.E.Cr., se elevaron las actuaciones a esta Ilma. Audiencia Provincial.
Tercero.- Recibidas que fueron las actuaciones se formó el correspondiente rollo, con el oficio misivo por cabeza, registrándose con el número que consta en cabecera, se acusó recibo y se turnaron de ponencia, y de conformidad con lo establecido en el
artículo 792.1 de la L.E.Cr ., pasaron las actuaciones al Ilmo. Sr. Magistrado Ponente para examen de las mismas y dictar la oportuna resolución, señalándose Votación y fallo el catorce de noviembre de dos mil once.
Vistos y siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado DON PEDRO V. CA
NO MAILLO REY.
Fundamentos Primero.- El primer motivo de apelación que formula el señor
Melchor se concreta en el error en la apreciación de la prueba en relación con la presunción de inocencia, algo que no tiene sostén jurídico y que decae ab initio por la tantas veces expuesto; la presunción de inocencia requiere para su quebranto el que en el proceso no haya prueba alguna o que la que haya accedido al mismo haya violentado los derechos fundamentales o la normativa al uso, lo que aquí no ha sucedido. En nuestro caso ha existido prueba, véase el disco enviado junto con las actuaciones, y la misma se ha llevado a cabo en legal forma ante el Juzgador y bajo el principio de contradicción, lo que hace que este enunciado no vaya adelante.
Tampoco prospera la alegación relativa a que la valoración de la prueba personal pueda realizarse en segunda instancia mediante el visionado de la grabación del juicio oral. No. La inmediación judicial sigue siendo la clásica por antonomasia, la del Juzgador allí presente dirigiendo y presenciando la prueba admitida como pertinente. Prueba de ello es la STC de 17 de octubre del presente año, en la que se sigue manteniendo la doctrina en su día sentada de que la prueba personal tan sólo es posible que la valore y aprecie el Juzgador que está presente en la vista oral en la que aquélla se lleva a cabo. Para cambiar lo decidido en la segunda instancia, sigue diciendo el Tribunal Constitucional, es necesario de todo punto que se celebre una vista pública y en ella nueva prueba para que los Jueces de la segunda instancia puedan tener contacto directo con el material probatorio; lo que no puede ser y carece de base legal alguna, es que con base en el disco enviado a la Sala, los Jueces de esta Audiencia hagamos una nueva valoración de la prueba personal practicada en aquél juicio, sopesando a través de ese disco (con una inmediación visionada o diferida) el alcance de una prueba no presenciada; prueba que ha servido al Juzgador presente en el plenario para decidir cuál lo ha hecho. Comoquiera que lo escrito por el Juzgador allí presente es entendible y razonado, lo más lógico es pensar que la parte no cuestiona el derecho fundamental a la presunción de inocencia, sino el error en la valoración de la prueba, que es algo de lo que hablaremos a continuación y una vez que este alegato ha sido desestimado. Segundo .- El segundo motivo de recurso que la parte reseña se centra en la apreciación de la prueba con infracción del derecho a la presunción de inocencia,
artículos 24 de la Carta magna y 28 del Código penal. La lectura de contenido del motivo hace ver que se discrepa de la valoración probatoria hecha por el Juzgador, en concreto de las declaraciones que se prestaron en el plenario y que a criterio de la recurrente han de interpretarse de otra manera; digamos que todos los motivos de este recurso han sido combatidos por el Ministerio Fiscal y por la contraparte con los argumentos que contienen sus respectivos escritos, lo que nos permite abordar lo que la parte expone.
Sin que la presunción de inocencia nada tenga que ver con lo que estamos tratando de acuerdo a lo ya expresado líneas arriba, no acogemos las razones que la apelante nos ofrece en relación con la prueba que se llevó a cabo en el plenario. Y no las aceptamos porque la recurrente intenta a toda costa dibujar un panorama que la favorezca, arrumbando todo lo que le sea perjudicial. En este sentido se ha de decir una vez más que esta Sala ha de verificar el razonamiento del Juzgador en el sentido de que el mismo sea lógico, entendible y fidedigno, además de atenerse a una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciable conforme a los criterios colectivos vigentes. Así las cosas, es evidente que la parte confunde la prueba en sí con la valoración de la misma, ya que tras hacer una valoración
pro domo sua de la actividad probatoria que se ha llevado a cabo en la vista oral, concluye que no existe prueba de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado-apelante, tesis que no resiste un mínimo análisis jurídico.
Lo que cuestiona la parte es la valoración de la prueba, algo privativo del Juzgador. Los razonamientos del mismo son entendibles, lógicos y fidedignos, además de estar bien estructurados en lo relativo a la secuencia de lo acaecido. Lo más importante de la motivación de la sentencia de instancia es que analiza toda la prueba practicada en su conjunto, requisito ineludible para poder pronunciarse sobre la misma. Y en esta labor el Juzgador ha hecho uso (se ve en su sentencia) de la psicología del testimonio, además de valorar las razones de ciencia que en su presencia han dado los diferentes testigos, sin olvidar la llamada sensación de veracidad, que no es otra cosa que la finura psicológica del Juzgador para aquilatar
no sólo lo que se declara por los comparecientes al plenario,
sino cómo se declara, algo que por obvio no necesita explicación ninguna.
Lo que sucede y así se hace constar, es que la parte discrepa de la valoración de la prueba que ha hecho el Juzgador porque no la beneficia, algo lógico pero que jurídicamente hablando no tiene incidencia ni relevancia alguna. Tercero.- El motivo tercero es una mezcolanza de conceptos que no se va a estimar por lo de seguido explicamos.
En primer lugar , no puede haber error en la apreciación de la prueba en relación con una prueba que no se ha practicado, algo lógico e inconcuso.
En segundo lugar , no se solicita la nulidad de las actuaciones conforme al
artículo 792 de la norma procesal penal, sino la absolución del recurrente.
En tercer término , no se ha actuado conforme a la normativa en vigor establece, protesta de haber sufrido indefensión, incidencia de la misma...........
Por último : no se ha instado por la apelante la práctica en esta alzada de la prueba denegada en la instancia, con lo que mal puede alegar indefensión quien con su conducta ha contribuido a que la situación de hecho se mantenga, dato este que impide a la parte alegar indefensión.
En lo relativo a lo que es el criterio médico se ha de decir que no tendría sentido abrir un proceso por delito si se hubiera considerado que los hechos eran una falta, algo de todo punto lógico. Y en lo tocante a que los criterios médicos han de tomarse con cuidado en lo relativo a la sutura, se ha decir que la parte sabe cuál es la doctrina del Tribunal Supremo sobre esa cuestión, además de que la misma es seguida por esta Sala, dando cuenta de ello las numerosas resoluciones dictadas acerca de esa materia. Y si para saber y conocer más de ese tema era necesaria la presencia de tales o cuales profesionales, nada mejor que proponerlos en tiempo y forma, bien en el escrito de escrito de defensa o al comenzar la vista oral si era posible que la prueba se realizara a lo largo de la misma. Por ello la alegación de la quejosa no tiene incidencia alguna en lo que tratamos, ya que para decidir que las diligencias habidas se encaucen por el trámite del procedimiento abreviado, se tiene en cuenta que existan en las mismas indicios suficientes en cuánto a la presunta existencia de haberse cometido determinado o determinados ilícitos penales. En lo relativo al alcance de los informes forenses se ha de decir que los mismos se valoran por el Juzgador conforme a las reglas de la sana crítica, reglas no codificadas que se basan en el sentido común, en la sana crítica, en la conducta de las partes y en las circunstancias que en el caso concurren. En lo que nos ocupa se ha de decir que el Juzgado ha sopesado esos informes con ecuanimidad, mesura y proporcionalidad, ya que los relaciona con la conducta de las personas que intervinieron en la reyerta, algo muy importante a los efectos del resultado habido. En tal sentido es ocioso y estéril el continuar con este tema, ya que la parte hace de esta tesis su núcleo de defensa, con olvido de que la prueba es un todo y de que en la vista oral de lo que se trata es de saber lo ocurrido a través de la prueba llevada a cabo con el fin de reconstruir lo sucedido, que es en esencia lo que en el juicio oral se pretende. Terminemos este apartado comentando lo que dice la parte en cuánto a que en el plenario no se practicó la prueba necesaria y obligada (sic). En la vista oral se llevó a cabo la prueba declarada pertinente; si la apelante no quedó conforme con la resolución judicial que le denegó la prueba en su momento instada, la normativa la permitía actuar como se ha dicho antes, en vez de alegar una indefensión vacía y lábil en su contenido. En resumen: este alegato es irrelevante de todo punto, con lo que perece el mismo. Continuemos. Cuarto .- Los motivos cuarto y quinto se centran en la infracción de ley, enunciado que se ha formulado mal al requerir su alegación el más exquisito respeto a los hechos probados, algo que no hace la parte, lo que llevaría sin más a la desestimación del motivo. Pero como ello no es la tónica de esta Sala se ha de reiterar lo ya expuesto en lo relativo al procedimiento seguido en su momento, aderezado con los informes y dictámenes médicos obrantes en autos y con la doctrina relativa a que un vaso es un instrumento peligroso porque sus cristales y fragmentos pueden llegar a ser letales en manos del agresor, algo que no necesita de mayores explicaciones. Y en la que se refiere a que se trata de una falta, volvamos otra vez a lo ya comentado y digamos que para ello no hubiéramos llegado al juicio oral. Tocante a que el hecho se incardine en uno u otro artículo del Código sancionador, tampoco asentimos a lo que la parte enuncia, ya que la subsunción de lo ocurrido ha tenido en cuenta la previsión legal, tipificando el hecho cuál correspondía y a la vista de sus connotaciones fácticas, el resultado lesivo habido y la conducta de los participantes en la reyerta.
Por último y en relación con esta cuestión se ha de reiterar que la apreciación y valoración de la prueba por el Juzgador ha sido correcta, sin que las alegaciones de la parte sean otra cosa que una discrepancia con lo decidido porque no la favorece y porque pretende imponer a todo trance su visión de lo ocurrido sin tener en cuenta la realidad del hecho como tal. Quinto .- Sin que repitamos la confusión en que la parte incide al enunciar conjuntamente el error en la apreciación de la prueba, la tutela de derechos fundamentales y la infracción de ley, digamos que lo que se interesa ahora es la apreciación de la eximente de legítima defensa, algo ya tratado en la instancia. Como las razones dadas entonces son válidas ahora, se ha de concluir que este alegato no se acepta, ya que las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal han de estar tan probadas como el hecho mismo y han de dimanar de él con toda naturalidad, lo que no acaece en este caso a la vista del desarrollo del hecho, de que aquello fue una riña mutuamente aceptada, y del resultado final de la reyerta habida, sin contar que para admitir esa eximente habría que modificar los hechos probados de la sentencia de instancia, algo imposible a la vista de lo que se ha explicado líneas arriba en la concerniente a la valoración de la prueba en la instancia y a la inmediación judicial respecto a ella.
Sobre el estado de necesidad alegado ahora, que no en el escrito de defensa, se ha de decir lo mismo que para la otra circunstancia enunciada, sin que entremos en la esencia de esta última circunstancia, porque no viene al caso y porque su alegación responde a que se quiere eludir la autoría del hecho, sin que ello sea posible a la vista de lo expuesto en la instancia y de lo comentado en esta resolución. Concluyamos: No existen en el hecho circunstancias modificativas de la responsabilidad personal del apelante, lo que hace decaer su último motivo de apelación y con él el recurso en su totalidad, lo que conduce a confirmar la sentencia de instancia y a imponer a la recurrente las costas procesales de su recurso en esta alzada. Sobre el tema de las dilaciones indebidas ya se ha pronunciado la sentencia de instancia, lo que nos exime de añadir nada más en relación con ese tema. Sexto .- La segunda apelación corresponde a
Teodulfo y a
Lucía . En ella se insta la absolución de los recurrentes y la condena de
Melchor por el delito de lesiones por el que ha sido absuelto.
Comenzando por este último tema, se ha de anunciar el fracaso de la apelación por razones de todo punto conocidas y que no hacemos sino enumerar. Para condenar en la apelación a alguien a absuelto en la instancia es de todo punto necesario el celebrar por el órgano judicial que va a conocer de la apelación nueva vista pública y nueva prueba a fin de tener contacto directo con el material probatorio y por ello conocimiento de causa de lo que se discute,
primera razón. La sentencia del Tribunal Constitucional que se ha reseñado
es la segunda, ya que de no ser así el ciudadano absuelto en la instancia y condenado sin nueva vista y sin nueva prueba, vería quebrantado su derecho a un proceso con todas las garantías, y a la seguridad jurídica. Es más; el disco enviado con las actuaciones no permite al Tribunal Superior condenar a alguien absuelto con tan sólo ver la grabación, ya que la inmediación judicial sigue siendo la de siempre, la presencial, no la diferida o visionada,
tercera razón .
Por último: sería una osadía y una imprudencia impensable que el Tribunal Superior pudiese condenar a una persona absuelta en la instancia con tan sólo ver el disco enviado junto con las actuaciones, máxime cuándo como en este caso, los razonamientos judiciales son acertados y están en consonancia con lo sucedido, cuál se ha dicho en líneas anteriores.
Son estas las razones para no condenar en esta alzada al acusado absuelto, y no las alegaciones del señor
Melchor , que no tienen nada que ver con lo que se discute y que se han hecho a fin de impedir a los recurrentes formular su recurso de apelación, algo de todo punto inaceptable, ya que el derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al recurso es algo que está al alcance de todos los ciudadanos, siempre que se cumplan las formalidades legales (lo que en este caso ocurre), dando fe de ello el escrito de defensa-acusación que presentaron los hoy recurrentes. De ahí el acierto de los ahora recurrentes cuándo en su escrito de 20 de octubre del presente año, hacen las alegaciones que allí figuran y que no es necesario comentar a la vista de lo expuesto.
Otra cosa ocurre con el error en la apreciación de la prueba que se denuncia, tesis que no vamos a estimar porque los razonamientos judiciales y la apreciación de la prueba que se llevó a cabo en la vista oral han sido correctos, lógicos y fundados, dando constancia de ello la resolución que ahora se cuestiona. Citamos a tal efecto lo relativo a la psicología del testimonio, a la sensación de veracidad apreciada por el Juzgador, y el conjunto de la prueba habida, que es algo a tener muy en cuenta. En este sentido, repitamos lo que obra en autos en relación con los dictámenes médicos emitidos, y fijémonos en la manera en que el Jugador ha puesto los mismos en relación lógica y secuencial con lo sucedido, algo que la sentencia explica y razona de forma racional y razonable. Tocante a la eximente completa de legítima defensa, ya se ha hablado de ella y se ha constatado el resultado de lo sucedido; es más; es la apelante la que en su escrito de 20 de octubre del presente año habla de un acometimiento mutuo a la vista de las declaraciones de los testigos que esta parte considera imparciales, aseveración que no cuadra con la circunstancia eximente ahora alegada. Decae en su integridad este recurso de apelación, por lo que la sentencia de instancia permanece incólume, imponiéndose a la recurrente las costas procesales de esta alzada. Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
DESESTIMA el recurso de apelación formulado por la representación procesal de don
Melchor contra la Sentencia de fecha 29 de junio del presente año dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de Cáceres en los autos de juicio oral número-87-11, así como el recurso de apelación formulado contra meritada resolución por la postulación procesal de don
Teodulfo y doña
Lucía de que dimana el presente Rollo, y se confirma la misma, imponiendo a cada parte recurrente las costas procesales de su recurdo.
Conforme a lo dispuesto en el apartado sexto de la Instrucción 1/2011 del C.G.P.J., practíquense las notificaciones que puedan realizarse a través del sistema de gestión de notificaciones telemáticas Lexnet, e imprímanse las copias necesarias para el resto de las partes cuyos datos se encuentren debidamente registrados en el sistema de gestión procesal, a las que se unirán las cédulas de notificación que genere automáticamente el sistema informático, y remítanse al Servicio Común que corresponda para su notificación. Devuélvanse los autos al Servicio Común de Ordenación del Procedimiento con certificación literal de esta resolución para la práctica del resto de las notificaciones legalmente previstas, seguimiento de todas las realizadas, cumplimiento y ejecución de lo acordado. Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. PUBLICACION.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando el Tribunal celebrando audiencia pública y ordinaria en el mismo día de su fecha. Certifico.-

References: artículo 147
 artículo 846
 Resolución 
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artículo 792

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