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Timestamp: 2019-06-26 20:33:50+00:00

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STC 22/1984, 17 de Febrero de 1984 - Jurisprudencia - VLEX 15034676
STC 22/1984, 17 de Febrero de 1984
Fecha de Resolución: 17 de Febrero de 1984
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 59/1983
1. Los acuerdos administrativos no tienen por qué prever la totalidad de los pormenores necesarios para su propia ejecución, que sólo deben ir quedando resueltos a medida que la ejecución avanza, y sin que su omisión pueda imputarse como vicio constitutivo de lesión de derechos fundamentales. 2. La ejecución de actos administrativos cuya conformidad con el ordenamiento legal ha sido decidida positivamente por los Tribunales no puede considerarse como vía de hecho, pues por éstos hay que entender los actos de los funcionarios y de los agentes de la Administración faltos de cobertura legal y de cobertura concreta de un título jurídico. 3. La idea de domicilio que utiliza el art. 18 de la C. E. no coincide plenamente con la que se utiliza en Derecho privado, y en especial en el art. 40 del Código Civil, como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones. 4. La protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio (artículo 18.2 de la C. E.) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad (art. 18.1 de la C. E.). Todo ello obliga a mantener, por lo menos «prima facie», un concepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico-administrativo. 5. La interdicción del art. 18 de la C. E. de la entrada y registro en el domicilio como concrección de su inviolabilidad debe considerarse comprensiva de toda invasión que rompa el bien jurídico protegido. 6. La norma constitucional de interdicción de entrada y registro sólo admite unas excepciones muy determinadas: el consentimiento del titular, que según el texto del precepto no necesita ser expreso, la existencia de una resolución judicial que la autorice y la producción de un delito flagrante. 7. La Constitución no es sólo la norma que fundamenta la organización política de la comunidad y el ordenamiento jurídico entero, sino que es también una norma de ejecución y efectos inmediatos. 8. La autoridad judicial está investida de la suficiente potestad para otorgar las autorizaciones de entrada y registro, incluso fuera de los casos del art. 546 de la L. E. Cr. y de aquellos otros en que tal medida se encuentre expresamente establecida por una Ley. 9. Existen ciertamente fines sociales que deben considerarse de rango superior a algunos derechos individuales, pero ha de tratarse de fines sociales que constituyan en sí mismos valores constitucionalmente reconocidos y la prioridad ha de resultar de la propia Constitución. Pero no ocurre esto en materia de inviolabilidad de domicilio, donde la Constitución no dice qué deba sacrificarse a cualquier fin social, y únicamente menciona de modo expreso la presunción de un delito flagrante como causa bastante para el sacrificio del derecho. 10. Es la legalidad ordinaria la que debe ajustarse en su inteligencia y en su aplicación al orden constitucional, sin que por el contrario sea la Constitución la que deba ser interpretada de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico. 11. El Juez a quien se confiere la protección del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio no es necesariamente el Juez penal encargado de una instrucción sumarial. Y nada autoriza a pensar que el Juez competente para dar el permiso de entrada y registro domiciliario deba funcionar con un automatismo formal. No se somete a su juicio, ciertamente, una valoración de la acción de la Administración, pero sí la necesidad justificada de la penetración en el domicilio de la persona. 12. La potestad de la Administración de autoejecución de las resoluciones y actos dictados por ella se encuentra en nuestro Derecho positivo vigente legalmente reconocida, y no puede considerarse que sea contraria a la Constitución. 13. El reconocimiento por el art. 103 de la C. E. del principio de eficacia como uno de los principios a los que la Administración pública ha de atenerse con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho significa una remisión al legislador ordinario respecto de aquellas normas en que se concrete la consagración de la eficacia. Entre ellas no cabe duda de que se puede encontrar la potestad de autotutela o de autoejecución practicable genéricamente por cualquier administración pública con arreglo al art. 103 de la C. E. 14. La Administración que procede, a través de sus órganos competentes, a la ejecución forzosa de actos administrativos, tiene que respetar en los actos de ejecución los derechos fundamentales de los sujetos pasivos de la misma. 15. La inviolabilidad de domicilio definida por la regla primera del art. 18.2 de la C. E. constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta dentro del espacio limitado que la propia persona elija, y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las agresiones o invasiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública. 16. El domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. Por ello, a través de este derecho no es sólo objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de su esfera privada. 17. La regla de inviolabilidad de domicilio es de contenido amplio e impone una extensa serie de garantías y de facultades, en las que se comprenden la de vedar toda clase de invasiones, incluidas las que se pueden llevar a cabo sin penetración directa, por medio de aparatos mecánicos, electrónicos u otros análogos. 18. La resolución judicial o administrativa que ordena una ejecución que sólo puede llevarse a cabo ingresando en un domicilio privado, por sí sola no conlleva el mandato y la autorización del ingreso, de suerte que cuando éste es negado por el titular debe obtenerse una nueva resolución judicial que autorice la entrada y las actividades que una vez dentro del domicilio puedan ser realizadas. 19. El hecho de encontrarse ejecutando una decisión judicial o administrativa legalmente adoptada no permite la entrada y el registro en un domicilio particular. Sin consentimiento del titular o resolución judicial el acto es ilícito y constituye violación del derecho, salvo el caso de flagrante delito y salvo las hipótesis que generan causas de justificación, como puede ocurrir en el estado de necesidad.
Sentencia citada en: 3141 sentencias, 135 artículos doctrinales, 13 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 59/1983, interpuesto por el Procurador de los Tribunales don Tomás C. V., asistido del Letrado don Santiago H. C., en nombre de doña María D. T. P. contra determinados actos jurídicos y vías de hecho, producidos por el Ayuntamiento de Murcia, en relación con el desalojo de una vivienda a consecuencia de una orden de derribo de la misma.
Han sido parte en el asunto el Fiscal General del Estado y el Ayuntamiento de Murcia, representado por el Procurador de los Tribunales don José P. T. y defendido por el Letrado don Tomás B..
1. La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento de Murcia adoptó un acuerdo, en la reunión de 29 de noviembre de 1977, por el cual concedió a don Francisco V. A. una licencia para construir, en la plaza de los Apóstoles, esquina a la calle de Eulogio de la mencionada ciudad, un edificio de cinco plantas en la fachada de la primera de las calles citadas y de cuatro en la segunda, de acuerdo con las características urbanísticas de la zona. Algún tiempo después, el Servicio de Inspección de Obras del Ayuntamiento, comprobó que el señor V. A. estaba llevando a cabo la edificación aludida sin ajustarse al proyecto que había servido de base al otorgamiento de la licencia. Por ello, con fecha 27 de febrero de 1979, la Alcaldía dictó un Decreto, en el que requirió la inmediata suspensión de las obras, su ajuste al proyecto y la iniciación de un expediente sancionador. La orden de inmediata suspensión, no obedecida por el señor V., fue renovada por un Decreto de la Alcaldía de Murcia de 15 de octubre de 1979.
La Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento, en su sesión de 26 de febrero de 1980, adoptó un nuevo acuerdo en el asunto indicado, disponiendo la demolición de las obras extralimitadas, por considerarlas como ejecutadas sin licencia y con infracción grave de las normas urbanísticas aplicables en la zona de emplazamiento de las mismas. En el referido acuerdo, se establecía que la demolición se iniciaría en el plazo de cuarenta y ocho horas y que si transcurría este plazo sin haberse efectuado, realizarían la demolición las brigadas municipales o personal contratado para tal menester, a costa del señor V. A., de acuerdo con lo establecido en el art. 106 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Contra la resolución de 26 de febrero de 1980, el señor V. A. interpuso un recurso de reposición, que fue desestimado por la Comisión Permanente en 3 de julio de 1980. Esta última resolución fue a su vez objeto de un recurso contencioso-administrativo, que se substanció ante la Audiencia Territorial de Albacete y que terminó por Sentencia de 22 de septiembre de 1981, que desestimó el recurso y declaró la conformidad a derecho del acto administrativo recurrido.
En 5 de septiembre de 1980, la Alcaldía de Murcia, decretó de nuevo que las plantas construidas fuera de licencia, fueran demolidas, por las brigadas municipales o por personal idóneo contratado al efecto. Con este motivo, el 17 de diciembre siguiente el dueño de la obra solicitó la suspensión de la demolición hasta que recayera Sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo que antes se ha mencionado y que entonces estaba todavía pendiente. Al solicitar la suspensión, ofreció el señor V. las garantías legalmente procedentes para asegurar la demolición y para asegurar en su momento y caso se cumpliría el acto cuya suspensión se interesaba. El Ayuntamiento accedió a la suspensión y concretó las garantías que el señor V. debía prestar. Entre ellas figuró la obligación de satisfacer los gastos de la demolición, la de no realizar ningún acto dispositivo y la de facilitar el acceso a las plantas a demoler para su clausura por la Administración.
2. Dictada la Sentencia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete el 22 de septiembre de 1981 desestimando el recurso interpuesto por el señor V. y confirmando el acuerdo de la Comisión Municipal, el Ayuntamiento de Murcia dictó un nuevo Decreto requiriendo la ejecución de la orden de demolición con las consiguientes comunicaciones. En cumplimiento de este Decreto, el día 1 de abril de 1982 se presentaron en la plaza de los Apóstoles los técnicos municipales bajo la dirección del Jefe del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos. Comprobaron que los áticos se encontraban ocupados por don Angel T. M. y doña Marina L. C., viuda de Llopis, y ante la presencia de estas personas, la posible incidencia de la demolición en los elementos comunes del inmueble y la complejidad técnica de la tarea, se suspendieron los trabajos.
En 11 de mayo de 1982, la Alcaldía dictó una nueva resolución en la cual acordó requerir a don Francisco V. A. para que en el plazo de cuarenta y ocho horas procediera al total desalojo de las dependencias que habían de ser demolidas, con la advertencia de que una vez transcurrido dicho plazo, sin haberlo ejecutado, tendría lugar la actuación subsidiaria que autoriza el art. 106 de la L. P. A. El requerimiento se hizo extensivo a don Angel T. M. y a doña Marina L. C. como ocupantes de la parte del edificio a demoler y en la resolución se manifestó que, una vez efectuado el desalojo, los servicios municipales competentes adoptarían las medidas conducentes a impedir la nueva utilización de los locales a demoler.
3. Con fechas 31 de mayo y 1 de junio, don Angel T. M. y doña Marina L. C. presentaron ante el Ayuntamiento sendos escritos en los que solicitaban la suspensión del requerimiento de desalojo. Fundaban su petición en que eran adquirentes y poseedores de buena fe de los locales, por no habérseles notificado la orden de demolición y que la notificación que se les había hecho del anterior Decreto municipal adolecía del defecto de omitir los recursos que procedían contra ella.
El Ayuntamiento de Murcia, en resolución de 4 de junio de 1982, desestimó las peticiones de suspensión y ratificó el Decreto de ejecución, requiriendo para ello a don Francisco V. A., a don Angel T. M., a la hija de éste, doña Dolores T. P., y a doña Marina L. C.. Señalaba en dicha resolución el Ayuntamiento de Murcia que de conformidad con lo previsto en el art. 88 de la Ley del Régimen del Suelo, la enajenación de las fincas no modifica la situación de su titular en orden a las limitaciones y deberes instituidos por la misma, quedando el adquirente subrogado en el lugar y puesto del anterior propietario, por lo que, a juicio del Ayuntamiento, la supuesta venta de las viviendas no alteraba su situación urbanística.
4. Por escrito fechado el 11 de junio de 1982 el Procurador de los Tribunales don Trinidad C. G., en nombre de doña Dolores T. P., interpuso ante la Audiencia Territorial de Albacete recurso contencioso-administrativo que amparó en los arts. 1 y 6 de la Ley de 26 de diciembre de 1978 sobre Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales. En el recurso se impugnaban los acuerdos del Ayuntamiento de Murcia de 7 de mayo y de 4 de junio de 1982, por los que se había requerido a doña Dolores T. P. para que desalojara la vivienda de su propiedad, porque la orden de demolición se había dictado en un procedimiento seguido contra el promotor del edificio, en el que la recurrente no había sido parte. Manifestaba doña Dolores T. P. que había adquirido su vivienda en escritura pública otorgada ante el Notario señor F. G., el 26 de abril de 1982, y que los actos administrativos pretendían dar ejecución a una resolución tomada contra el derecho de propiedad de la recurrente y con violación del derecho constitucional de inviolabilidad del domicilio.
Fueron fundamentos sustanciales de esta Sentencia, las siguientes afirmaciones: 1.ª Que la cuestión sometida a enjuiciamiento se centraba en determinar si los actos administrativos combatidos eran o no conformes al ordenamiento jurídico, en relación a si lesionan o no el derecho fundamental de la persona, en su manifestación de inviolabilidad del domicilio, reconocido en la art. 18.2 de la Constitución, y en caso positivo, si ha de reconocerse la situación jurídica individualizada, adoptándose las medidas adecuadas para su pleno restablecimiento, ya que la parte actora denuncia que el Ayuntamiento demandado, aduciendo que trataba de ejecutar un acuerdo de demolición, ordenó el desalojo de una vivienda habitada, con advertencia de ejecución forzosa, pasando a continuación a la actividad material, sin haber obtenido previamente autorización judicial para la entrada en el domicilio, oponiéndose a la pretensión entablada, tanto el Ministerio Fiscal, como la Corporación, que solicita en su escrito de alegaciones, además, la inadmisibilidad del recurso con base en el art. 82 g), en relación con los arts. 69, 43 y 57 de la Ley Jurisdiccional, al no existir la congruencia debida entre el escrito de interposición y las pretensiones deducidas en la demanda, alegando, asimismo, otra segunda causa de inadmisibilidad, en cuanto los actos impugnados, al no tener otra finalidad que la de iniciar la ejecución de un derribo decretado, estaban excluidos de la revisión jurisdiccional. 2.ª Que debe pronunciarse la Sala sobre la alegación del Ministerio Fiscal y del Ayuntamiento de Murcia, de que la actora no tenía el domicilio en el ático litigioso, por lo que era inadecuado el procedimiento utilizado, al no existir el derecho fundamental, objeto de protección; alegación que no se consideró atendible, ya que del acta de desalojo, levantada el 14 de junio de 1982, surge la duda de si el referido piso 6-A del edificio número 18 de la plaza de los Apóstoles, estaba o no destinado a vivienda fija y permanente de la parte, no siendo suficiente para reforzar la tesis pretendida la hoja del Padrón de Habitantes presentada por el Ayuntamiento, en el que aparece la actora como residente en el domicilio de su padre, al ser de fecha 4 de mayo de 1981, máxime cuando existe una prueba testifical practicada en autos, que acredita que doña Dolores T., por determinadas circunstancias, acaecidas en 1982, tenía su domicilio en el ático señalado, con anterioridad a los actos recurridos. 3.ª Que hay un régimen exorbitante de Derecho común, en nuestro sistema administrativo, asistido de una serie de prerrogativas, que sitúan a la Administración en una posición de supremacía respecto de los particulares, contándose entre ellas la de que sus actos aparecen revestidos de los privilegios de la decisión ejecutiva y de la acción de oficio, implicando el primero de ellos la posibilidad de que la Administración pueda llevar adelante sus resoluciones, a pesar de los recursos contencioso-administrativos que contra las mismas se interpongan, en tanto no se acuerde la suspensión de la ejecución por el Tribunal correspondiente, según viene establecido en diversos preceptos legales, 33 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, 44 y 101 de la Ley de Procedimiento Administrativo, 361 de la Ley de Régimen Local y 122.1 de nuestra Ley Jurisdiccional, y suponiendo el segundo de los privilegios, la facultad de lograr la Administración el cumplimiento forzoso de los actos administrativos, sin necesidad de exigir la intervención de los Tribunales, como expresamente dispone el art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 4.ª Que ante esta realidad, y a la vista del texto literal del art. 18 de la Constitución, que establece que no podrá entrarse en el domicilio sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito, surge el problema de la compatibilidad de este derecho fundamental con los privilegios de la ejecutoriedad y acción de oficio derivadas del principio de autotutela que caracteriza nuestro régimen de Derecho Administrativo, pues en ocasiones, como ha ocurrido en el supuesto de Autos, la Administración se ve obligada, al acudir a la ejecución forzosa, a entrar en los domicilios de los particulares para vencer la resistencia de los mismos, y de exigirse intervención judicial autorizatoria de la entrada para garantizar la inviolabilidad del domicilio, quebraría de hecho nuestro sistema de administración pública, problema que ha de resolverse considerando que el art. 18 de la Constitución se limita a prohibir la entrada en el domicilio a efectos de registros o en el ejercicio de funciones represivas, sean penales o administrativas, pero sin comprender a la entrada en el ejercicio de potestades administrativas en otros ámbitos de ordenamiento jurídico, conclusión a la que se llega no ya sólo por la naturaleza de la excepción que se establece en el precepto, flagrante delito, sino además por el propio fundamento tradicionalmente asignado al derecho examinado y porque a tenor del artículo 117.3 y 4 de la Constitución, los Jueces y Tribunales no pueden ejercer más funciones que la de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en toda clase de procesos y las que les atribuya la Ley en garantía de algún derecho, por lo que al no existir, en la actualidad, ninguna Ley que, por regla general, confiera a los Juzgados la función de otorgar las autorizaciones para la entrada en domicilios particulares cuando la Administración pretenda ejecutar sus propias decisiones, como ocurre en el caso de autos, no es posible encomendar a la autoridad judicial funciones como la pretendida por la parte actora, más cuando el Juez ordinario no tiene en nuestro Derecho la facultad para ejercer control sobre la conformidad al ordenamiento jurídico de los actos administrativos, al corresponder la revisión a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con lo que en la práctica carecería de efectiva la garantía examinada. 5.ª Que especial referencia merece el fundamento del derecho a la inviolabilidad del domicilio, y que no es otro que el de evitar injerencias arbitrarias en el domicilio o la correspondencia de una persona, en cuanto aquél es el ámbito espacial donde se proyecta básicamente la intimidad personal y familiar y de ahí que toda persona tenga derecho a la protección de la Ley contra los posibles ataques, como sentó el Tribunal Supremo en Auto de 17 de diciembre de 1981, citando determinados textos internacionales, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, no teniendo otro carácter la resolución judicial del art. 18.2 de la Constitución que el de crear un título legitimador de la violación del domicilio en aras de intereses públicos. 6.ª Que un examen del expediente administrativo pone de manifiesto que el Ayuntamiento de Murcia, en ningún momento, al dictar los actos recurridos y realizar la subsiguiente actividad material, intentó inmiscuirse en la vida privada de la recurrente, por lo que no cabe hablar de intromisión ilegítima, estando, por el contrario, toda su actuación amparada por la legislación vigente, en cuanto el art. 184 de la Ley del Suelo atribuye a la Administración Municipal la potestad de disponer la demolición de las obras ilegales no legalizables, todo lo cual obliga a desestimar el recurso, debiendo imponerse las costas a la actora, a tenor de lo establecido en el núm. 3 del art. 10 de la Ley de 26 de diciembre de 1978, al quedar rechazadas todas sus pretensiones.
5. Por escrito fechado el 1.° de febrero de 1983, presentado en el Registro de este Tribunal el siguiente día 3, el Procurador de los Tribunales don Tomás C. V., asistido del Letrado don Santiago H. C., interpuso recurso de amparo, en cuya súplica literalmente decía que formulaba el recurso contra los actos jurídicos y vías de hecho allí descritos, producidos por el Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia, su Alcaldía-Presidencia y funcionarios de la Corporación municipal, por ser causa de la violación de los derechos y libertades a que se refiere el artículo 18.2 de la Constitución.
En el caso que se debate existen unos procedimientos administrativos y contencioso-administrativos en los que la recurrente no tuvo ni pudo tener intervención alguna, referidos a la legalidad de la construcción de la vivienda adquirida por ella posteriormente, con la posible demolición consiguiente. La recurrente no fue en ningún momento advertida de este riesgo, lo que le ha ocasionado una total y absoluta indefensión, pues el Ayuntamiento no se hizo eco de los recursos planteados contra sus acuerdos, limitándose a hacer extensiva a doña Dolores T. P. la eficacia de una resolución que esta señora no había podido combatir, lo que hace más necesaria todavía la intervención de los Tribunales para la tutela del derecho que se invoca, pues de otra forma quedaría totalmente desprovisto dicho derecho de una mínima garantía, conclusión a la que en anteriores instancias han llegado a modo de conclusión o solución fatal e inexorable ante lo que se ha calificado como ausencia de Ley que confiera a los Juzgados la función de otorgar autorizaciones para la entrada en domicilios particulares cuando la Administración pretenda ejecutar sus propias decisiones, conclusiones que en todo caso, y por lo que venimos alegando, tenían que haber sido exactamente de sentido contrario.
6. Admitida a trámite la demanda de amparo de doña Dolores T. P. y sustanciada la misma por el procedimiento señalado en la Ley Orgánica de este Tribunal (LOTC), de acuerdo con lo establecido en el artículo 52 de la misma, se abrió trámite de alegaciones a fin de que pudieran manifestar lo que les conviniere la recurrente, el Fiscal General del Estado y el Ayuntamiento de Murcia, comparecido en el procedimiento.
Entiende el Fiscal que no es ésta una interpretación restrictiva del contenido del derecho, ni mucho menos arbitraria. El propio art. 18.2, después de declarar la inviolabilidad del domicilio, al prohibir unas precisas conductas -entrada y registro está en cierta medida definiendo el alcance del derecho, y el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, coincidente en su texto con el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice que nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio. En nuestro caso, como se ha dicho antes, no ha habido injerencias ni, aún menos, ha existido una actuación arbitraria o ilegal. Lo mismo declara el art. 8 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de Roma , que permite las injerencias previstas por la Ley y necesarias en una sociedad democrática para la protección de los derechos y libertades de los demás. Aparece bien clara la idea de que la inviolabilidad del domicilio está concebida como protección del individuo frente a injerencias de todo orden que puedan perturbar la paz y tranquilidad de la vida privada, pero no puede entenderse que la protección llegue a contrariar los intereses colectivos. Cuando el Municipio actuó, legitimado por un interés público, no fue contra la intimidad de un hogar que es el objeto propio del derecho, aunque insoslayablemente tuvo que lesionarlo, sino para corregir una conducta antisocial, y, en cualquier caso, el perjuicio sufrido puede ser reparado en vía indemnizatoria.
El art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo consagra la autotutela ejecutiva de la Administración Pública, conforme a la cual ésta puede proceder a la ejecución forzosa de actos administrativos, «salvo cuando por Ley se exija la intervención de los Tribunales». La interpretación que la doctrina da a esta expresión está muy lejos de la pretendida por la recurrente. Así, García , en su «Curso de Derecho Administrativo», limita a tres las excepciones de la regla de autotutela ejecutiva: el art. 295 del Código de la Circulación, el art. 268 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y el art. 22 de la Ley de Patrimonio del Estado.
La indefensión alegada sería de naturaleza administrativa y es, además, inexistente; la indefensión se alega por dos motivos: por no haber intervenido la recurrente en los procesos administrativos y contencioso-administrativos referidos a la legalidad de la construcción de la vivienda adquirida por ella, con la consiguiente posibilidad de demolición y no haber sido advertida de tal riesgo. Los procesos sobre la legalidad de la construcción fueron promovidos por el constructor, señor V. A., que ejercitó frente al Ayuntamiento de todos los medios de impugnación y defensa permitidos en Derecho. Por ello, cuando la recurrente adquirió el ático ilegal, lo adquirió no sólo con la carga de su demolición (acordada más de dos años antes), sino también con el grado de agotamiento en que se encontraban las acciones de defensa y los medios de impugnación en el momento de la transmisión. Y ello no sólo como efecto de todo negocio jurídico traslativo, sino también por la específica subrogación real prevista en el art. 88 de la Ley del Suelo. Dicha subrogación es tan absoluta que alcanza incluso a limitaciones o cargas no inscritas en el Registro de la Propiedad, según ha dicho el Tribunal Supremo en Sentencia de 30 de septiembre de 1981, y por ello las limitaciones urbanísticas no pueden ser consideradas como las antiguas cargas ocultas, sino como obligaciones propter rem (Sentencia de 27 de enero de 1982).
Se encuentran, además, los textos internacionales, aplicables en virtud del art. 10.2 y del art. 96.1 de la Constitución. El art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, señalan que «nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia... ». El art. 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, de Roma , de 4 de noviembre de 1950, permite la injerencia en la vida privada y en el domicilio cuando «esta injerencia esté prevista por la Ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral o la protección de los derechos y las libertades de los demás».
1. Para delimitar de una manera concreta el presente recurso de amparo, es necesario establecer cuáles son los actos de los poderes públicos impugnados en él. De acuerdo con la construcción de la demanda, ésta se dirige contra un complejo de actos y de hechos de distinto cariz. Según literalmente se dice en la súplica, el amparo se formula contra actos jurídicos y vías de hecho del Ayuntamiento de Murcia, de su Alcaldía-Presidencia y de funcionarios de la Corporación municipal. Es de destacar, sin embargo, que en el anterior recurso contencioso-administrativo, articulado conforme con la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, sobre protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, se impugnaron únicamente los acuerdos del Ayuntamiento de Murcia de 7 de mayo y 4 de junio de 1982, por los que se requería a doña Dolores T. P. para que desalojara la vivienda de su propiedad, por entender que sólo en estos acuerdos concurría el hipotético vicio de la lesión de derechos constitucionales. Aún cuando entonces se esgrimió que la recurrente no había sido parte en el procedimiento en el que se había ordenado la demolición de su vivienda, que se había seguido únicamente contra el promotor del edificio, el amparo no se fundó primordialmente en la supuesta violación del art. 24 de la Constitución, sino en la del art. 18.2 y el recurso no se dirigió especialmente contra el acto material de desalojo, que en la medida en que poseía cobertura legal corroborada por los Tribunales no puede ser calificado como vía de hecho, sino contra los acuerdos municipales que lo amparaban.
2. Una de las obligaciones que en su momento se formuló frente a la pretensión de la actora, consistía en que ésta no tenía su domicilio en el local litigioso que habría sido, por ello, un domicilio meramente simulado, de manera que no habría existido la violación del derecho fundamental objeto de protección. Esta cuestión, no obstante, no puede ser actualmente objeto de debate. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Albacete, al examinar la pretensión de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, dijo expresamente que del acta del desalojo, de 18 de junio de 1982, podía surgir la duda acerca de si el piso desalojado estaba o no destinado a la vivienda fija de doña Dolores T. P., pero concedió a la interesada el beneficio de la duda no cuestionando, en definitiva, que el piso fuera efectiva vivienda. En el proceso de amparo, que nosotros resolvemos, la cuestión no ha sido replanteada por las partes y por ello todo el razonamiento que en lo sucesivo hagamos, partirá de la premisa de que la recurrente tenía en el local de autos su domicilio. En relación con este tema debe señalarse que la idea de domicilio que utiliza el art. 18 de la Constitución no coincide plenamente con la que se utiliza en materia de Derecho Privado y en especial en el art. 40 del Código Civil como punto de localización de la persona o lugar de ejercicio por ésta de sus derechos y obligaciones. Como se ha dicho acertadamente en los alegatos que en este proceso se han realizado, la protección constitucional del domicilio es una protección de carácter instrumental, que defiende los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de la persona. Por ello, existe un nexo de unión indisoluble entre la norma que prohíbe la entrada y el registro en un domicilio (art. 18.2 de la Constitución) y la que impone la defensa y garantía del ámbito de privacidad (artículo 18.1 de la Constitución). Todo ello obliga a mantener, por lo menos prima facie un concepto constitucional de domicilio de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico-administrativo.
Tampoco podemos compartir, como hemos dicho, algunas de las afirmaciones hechas en el proceso previo de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales. La Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 7 de diciembre de 1982, recaída en la apelación del recurso contencioso-administrativo tramitado ante la Audiencia Territorial de Albacete, desestima el recurso de doña María D. T. P. señalando, entre otros cosas, que la interpretación del precepto de la Constitución, que se había adoptado es la «acorde con el conjunto del ordenamiento jurídico», que ha de ser -en opinión del Tribunal- «armónico entre sus normas» para posibilitar el «juego de todas sus respectivas esferas de actuación sin interferencias esterilizantes». En el razonamiento que se acaba de mencionar se produce una inversión en el orden de utilización de los cánones hermenéuticos y en los resultados de los mismos, pues no se impone -como sería lógico- un reajuste en la interpretación de los preceptos de la legalidad ordinaria para acordarlos con los preceptos de la Constitución, sin que por el contrario, según entiende dicha Sentencia, es la Constitución la que debe ser interpretada de acuerdo con el resto del ordenamiento jurídico. Sin negar que en algunas ocasiones esta vía interpretativa pueda ser útil, no es la que primeramente debe seguirse. Por el contrario, es la legalidad ordinaria la que debe ajustarse en su inteligencia y en su aplicación al orden constitucional.
6. En el recurso que resolvemos, se ha suscitado, aunque sin una formulación contundente, la cuestión relativa a si doña Dolores T. P. podía haber sido lesionada en los derechos que le reconoce el art. 24 de la Constitución, en la medida en que ha sufrido las consecuencias de un procedimiento sin haber sido parte en él, sin haber sido oída y sin haberse podido defender. Frente a esta alegación o argumentación, se ha dicho que el art. 88 de la Ley del Suelo establece una regla de subrogación real en materia de situaciones urbanísticas, que son por regla general vínculos ob rem. Además de ello, ha de señalarse que el principio de eficacia de la cosa juzgada, tal como se encuentra configurada en nuestro Derecho positivo y, en especial, por el art. 1.252 del Código Civil, determina que en un caso como el presente no se contraviene el art. 24 de la Constitución, sino que el efecto frente al causahabiente de la Sentencia o decisión recaída en proceso seguido contra el causante es rigurosa aplicación del mismo. Lo decidido en un procedimiento vincula a los causahabientes de los que fueron parte en ese procedimiento y a los que están unidos a ellos por los vínculos de la solidaridad, quienes no pueden pretender reabrir el proceso, ejercer la pretensión contradictoria con la ya resuelta y, además, han de soportar la ejecución de la decisión o Sentencia dictada en el proceso seguido contra su causante o codeudor solidario.
Estimar parcialmente el recurso y en su virtud otorgar el amparo solicitado por doña María D. T. P., reconociendo el derecho de dicha señora a la inviolabilidad de su domicilio y a impedir la entrada y el registro del mismo sin su consentimiento o, en defecto de éste, sin una resolución judicial expresa y desestimar el recurso en todo lo demás.
Voto particular que formula el Magistrado don Francisco R. L. en el recurso de amparo núm. 59/1983
SAP Baleares 36/2006, 30 de Enero de 2006

References: resolución 
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 artículo 117
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 artículo 18
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 artículo 52
 artículo 12
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