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Timestamp: 2019-12-08 06:33:52+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 529, de 07/10/1998
Año 1998 VI Legislatura Núm. 529
celebrada el miércoles, 7 de octubre de 1998
Comparecencia del señor secretario de Estado de Defensa (Morenés Eulate) para informar sobre:
- El proyecto de creación de una isla artificial, a 700 kilómetros de las costas de Cádiz, en el polígono de experiencias de la Costilla, con destino a prácticas de tiro. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente 212/001388) ... (Página 15228)
- Las irregularidades económicas en la gestión del Arsenal de La Carraca detectadas en el año 1990, así como de las actuaciones realizadas por dicho ministerio ante tales irregularidades. Asolicitud del Grupo anterior (número de expediente 213/000474) ... (Página 15232)
- Política de actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario (número de expediente 213/000519) ... (Página 15234)
- La exportación de armamentos entre los años 1991) y 1996. A solicitud del mismo Grupo Parlamentario (número de expediente 213/000571) ... (Página 15240)
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- Causas por las que un proyectil de la Armada cayó, en la mañana del marte 30 de junio de 1998, junto a tres pesqueros que faenaban cerca del cabo Roche (Cádiz), con grave peligro para su integridad.
Asolicitud del Grupo Mixto (número de expediente 213/000722) ... (Página 15240)
- Del señor Cárceles Nieto, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la forma en que participa España en los Programas de I + D de la Unión Europea Occidental (UEO) y de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) (número de expediente 181/001227) ... (Página 15240)
- Del señor Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congeso, sobre forma de asegurar la calidad en los procesos de adquisición de material de defensa, tanto en España como en el extranjero (número de expediente 181/001228) ... (Página 15241)
- Del señor Perales Pizarro, del Grupo Socialista del Congreso, sobre explicación que se puede dar sobre el incidente ocurrido frente a la costa de Conil de la Frontera (Cádiz), en que un proyectil impactó a 5 metros aproximadamente de un pesquero del puerto de Conil (número de expediente 181/001692) ... (Página 15242)
- Del señor Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre valoración de la suscripción del protocolo para la puesta en marcha del proyecto de investigación de envejecimiento de blindajes ligeros (número de expediente 181/001757) ... (Página 15245)
- Relativa a la cesión por el Ministerio de Defensa del edificio desafectado del Gobierno Militar al Ayuntamiento de Ferrol (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (número de expediente 161/000718) ... (Página 15245)
- Sobre integración de los componentes de las escalas de complemento de suboficiales de iInfantería, de Caballería, de Cartillerías, de Ingenieros, de Intendencia y de Especialistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (número de expediente 161/000754) ... (Página 15248)
- Relativa al ascenso de determinados componentes del Cuerpo de Oficinas Militares. Presentada por el Grupo anterior (número de expediente 161/000858) ... (Página 15249)
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (MORENÉS EULATE) PARAINFORMAR SOBRE:
- EL PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA ISLA ARTIFICIAL, A 700 METROS DE LAS COSTAS DE CÁDIZ, EN EL POLÍGONO DE EXPERIENCIAS DE LA COSTILLA, CON DESTINO A PRÁCTICAS DE TIRO, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 212/001388).
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Defensa que, como habrán comprobado por el orden del día, tiene en primer lugar cuatro peticiones de comparecencias de las que va a dar cuenta el secretario de Estado de Defensa, a quien damos la bienvenida en la primera reunión de este período de sesiones; después hay cuatro preguntas que también serán contestadas por el secretario de Estado y, finalmente, el debate y votación de tres Proposiciones no de Ley.
Vamos a entrar sin más en el desarrollo del orden del día. El primero de sus puntos es la comparecencia para informar acerca del proyecto de creación de una isla artificial, a 700 metros de las costas de Cadiz, en el polígono de experiencias de la Costilla, con destino a prácticas de tiro.
Tiene la palabra el secretario de Estado, don Pedro Morenés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Buenos días, señorías.
Como conocen SS. SS., las actividades de los polígonos de experiencias, dependientes de la Direccion General de Armamento y Material de este departamento, son por su naturaleza absolutamente necesarias, ya que depende de ellas buena parte de la operatividad de las Fuerzas Armadas, colaborando con sus estudios a los esfuerzos de la defensa nacional. El 15 de noviembre de 1994 se suscribió un acuerdo de dos años de vigencia entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de San Fernando por el que se
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hacían incompatibles en determinadas épocas del año las actividades propias de los polígonos de experiencias Costilla y González Hontoria en terrenos afectados a Defensa, en la playa de Camposoto, con el disfrute de esa playa por particulares. En estos polígonos no se realizan ejercicios de tiro los fines de semana ni durante la Semana Santa, todo el verano y las Navidades, con el fin de no causar molestias a los posibles usuarios de la playa. Además, el Ministerio de Defensa, en su constante participación en la política de medio ambiente del Gobierno, decidió tomar las medidas necesarias con objeto de que la playa de Camposoto pudiera ser utilizada libremente por la población a cualquier hora durante todo el año. Para ello era indispensable proceder al desvío de la actual línea de tiro y efectuar los disparos hacia el mar, perpendicularmente a la costa. Esta solución que comenzamos a estudiar hace año y medio es factible, ya que se puede disponer de modernas técnicas de seguimiento de las trayectorias de los proyectiles y con ello se conseguirá liberar de forma definitiva de los usos propios de la defensa unos 3,5 kilómetros de la playa de Camposoto, posibilitando así su uso público.
El Ministerio de Defensa elaboró un proyecto que consistía en desviar hacia el mar la actual línea de tiro de los polígonos de experiencias construyendo al efecto una plataforma marina, alejada 700 metros de la costa, proyecto cuya explicación es motivo de esta comparecencia. Este proyecto describía la obra de infraestructura y la instalación de todos los equipos, instrumentos y blancos necesarios para el estudio de las trayectorias de los proyectiles. La plataforma fija que consideramos en el comienzo de esta acción como la posible solución para la liberación de la playa estaba situada en zona de bajo calado, alejada 2,5 kilómetros del punto más próximo a la playa de Camposoto, y hubiese tenido unas dimensiones aproximadas de 25 por 12 metros. Debe quedar claro que contra la plataforma que se iba a construir no se iban a realizar disparos. Dada la cercanía de la plataforma a la costa, las trayectorias de los proyectiles son a esa distancia prácticamente tiros tensos y los blancos hubiesen sido sensores electrónicos que permitieran estudiar las velocidades de los proyectiles. Los proyectiles que se emplearían serían convencionales, que son los que disparan los cañones y las armas de los tres ejércitos; nunca se hubiesen empleado ni misiles ni cohetes, ya que necesitan otro tipo de instalaciones. No obstante, solicitados los informes correspondientes de todas las instituciones afectadas, se constató que el proyecto motivaba múltiples objeciones por parte de las Administraciones Públicas consultadas: la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la Dirección General de la Marina Mercante, la Dirección General de Costas y los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, por lo que finalmente se consideró el análisis de unas nuevas soluciones técnicas que no consistiesen en una isla artificial fija. Los nuevos proyectos se podrían orientar bien hacia la construcción de una plataforma móvil sobre pilares sumergibles o bien hacia la fabricación de unas torres móviles semisumergibles, que se construirían en dos cuerpos separados; un cuerpo tendría como misión proporcionar la flotabilidad necesaria en navegación y la estabilidad necesaria cuando el artefacto esté sumergido y el otro cuerpo sería una torre abatible que en posición de izado actuaría como soporte del cable del blanco.
En resumen, con estos estudios el Ministerio de Defensa pretende investigar y desarrollar ideas y proyectos que den la respuesta adecuada a las necesidades de la defensa, que son ineludibles, y además que sean capaces de compaginarse con la política de medio ambiente y con las necesidades manifestadas por el pueblo de San Fernando, a lo que somos especialmente sensibles por razones de vinculación histórica.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que ha solicitado esta comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Nosotros celebramos que haya habido una rectificación por parte del Ministerio de Defensa sobre esta idea que pretendía la creación de una isla artificial muy cerca de la costa y que levantó en el conjunto de la provincia, fundamentalmente en los municipios más cercanos, una protesta clara. Se constituyó una plataforma ciudadana integrada por muchos colectivos ecologistas que planteaban la necesidad de superar esta alternativa a una reivindicación justa del pueblo de San Fernando que nosotros compartimos, que no es de ahora sino que viene de lejos, en el sentido de que esta actividad militar no condicionara la seguridad de los ciudadanos de San Fernando ni todo el potencial que significa el litoral desde el punto de vista turístico. Por tanto, desde el primer momento planteamos la necesidad de parar este proyecto, estudiar otras alternativas que no pusieran en riesgo la seguridad de la producción de la zona en los caladeros ni el potencial que significa la utilización de todo el litoral de nuestras costas de una provincia muy castigada por el desempleo, la más castigada de la Unión Europea y consiguientemente del Estado español. Se levantó una gran polémica en la provincia, de la que usted debe tener conocimiento porque el 17 de julio de este año recibí una contestación del Gobierno la que se me indicaba que el proyecto iba para adelante, que era firme; las razones del proyecto eran las mismas que usted ha manifestado en la respuesta parlamentaria, y daba como segura la instalación. La sorpresa fue que después de esta respuesta, a las veinticuatro horas, desde el Partido Popular en la provincia el diputado señor Ibáñez desdecía totalmente la contestación que había recibido. Hubo una polémica en la provincia porque no se entendía que el Gobierno respondiera un 17 de julio y veinticuatro horas después un diputado del Partido Popular desmintiera lo que decía el Gobierno. Nosotros no dimos carta de naturaleza a ese desmentido porque nos quedábamos con lo que decía el Gobierno, no el diputado del Partido Popular, con todo el respeto que nos merece su opinión, pero que no era la del Gobierno. Con esto quiero decir que me imagino que habrá habido un debate intenso dentro del Ministerio, que se habrá producido desde el 17 de julio hasta el 18 ó el 19 de julio, fecha en la que se nos comunicaba por el diputado del Partido Popular que el proyecto no iba para adelante.
En este punto concreto del método lo que me gustaría ver si todos los diputados podemos recibir una información rápida y sin tener en cuenta nuestro color de procedencia, porque si un diputado se interesa por una cuestión como
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ésta y recibe una contestación del Gobierno, pero veinticuatro horas después otro diputado que no ha presentado esta iniciativa parlamentaria desdice al Gobierno y al diputado que la ha presentado, la verdad es que estamos ante un problema complicado de método. Sería interesante, con un criterio general, que cualquier diputado interesado por un asunto reciba información lo más rápida y objetivamente posible para evitar estas situaciones.
Cierro este paréntesis porque lo fundamental no es esto.
Lo fundamental es que estamos ante una rectificación importante y celebro que el Gobierno haya tenido sensibilidad con una reivindicación de la provincia de Cádiz. Hay que buscar una solución. Nosotros siempre hemos planteado que esta provincia tiene una servidumbre militar altísima, con una inversión en Defensa de las más altas del Estado español, y respecto a esa realidad de despliegue militar siempre hemos estado en contra. Ya conoce S.S., como secretario de Estado de la Defensa, nuestra posición respecto al volumen del Ejército profesional, al despliegue, etcétera. Particularmente estamos en contra de que ese despliegue se haga bordeando la seguridad ciudadana, alterando el medio ambiente, es decir, que esa servidumbre se convierta en un problema serio para la convivencia de los ciudadanos y ciudadanas. Estas experiencias de tiro (después tendremos ocasión de abundar en un incidente que se produjo durante este verano, un disparo que cayó a cinco metros de un pesquero de Conil) demuestran que hay una preocupación muy grande entre los pescadores de la provincia porque después de este incidente me imagino que se les quitan las ganas de pescar.
Señor secretario de Estado, le pido que nos informe puntualmente de la alternativa, tanto de la plataforma móvil como de la torre móvil, que si es posible, recibamos la información al mismo tiempo que los diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y nosotros valoraremos la alternativa y nos pronunciaremos en su momento sobre si nos satisface o no.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En primer lugar, quiero manifestar que celebramos la decisión del Ministerio de Defensa de dar marcha atrás a la construcción de la isla artificial de tiro que pretendía ubicar frente a la playa de Camposoto en San Fernando, Cádiz, porque no podía ser de otra manera. Inicialmente sorprendió el anuncio de este proyecto, por cierto conocido a través de los diarios de la provincia, concretamente en el Diario de Cádiz y El País. No se sabía si estaba siendo elaborado por el Ejército, por el Ministerio de Defensa o por una empresa privada a través de una consultora. Es decir, las oscuridades se producían no sólo porque no se conocía su origen sino por la forma, lo cual originó una gran alarma social. Su oscurantismo provocó igualmente un rechazo inicial que fue creciendo a medida que se fueron conociendo datos y culminaron con la constitución de una plataforma ciudadana contra el proyecto. Nos sorprende aún mucho más que este proyecto se intentara llevar a cabo cuando se debía conocer que la legislación vigente, delimitaba una situación especial y específica para las instalaciones militares de Torregorda que impedían la realización de ese proyecto. Por eso esas nuevas instalaciones que se pretendían llevar a cabo no hubieran encontrado ninguna cobertura en el planeamiento municipal de Cádiz ni de San Fernando. Este proyecto legislativo tenía que estar sometido, desde el punto de vista medioambiental, a la Ley de Costas. Por los datos que se tenían entonces, dificilmente este proyecto hubiera podido tener el beneplácito de la Ley 23/1988, de Costas, que en su artículo 97 especifica que al estar ubicado en una zona en las inmediaciones de la línea costera es competencia del Ministerio de Medio Ambiente y, por tanto, éste y la demarcación de costas tenían que haberse pronunciado. No se conocía si esos trámites se habían hecho o no, a pesar de que inicialmente era un proyecto, pero al ejecutarse tendrían que haberse dado esos pasos y hubieran tenido a buen recaudo el rechazo del ámbito medioambiental.
Por otro lado, no era ni es razonable que se pretenda llevar a cabo por parte del Ministerio un proyecto dentro de un espacio natural como el parque de la Bahía de Cádiz.
Entendemos la lógica contestación social que se generó en la provincia, envuelta además en polémicas de carácter parlamentario y también con el subdelegado del Gobierno. En definitiva, nos alegramos de que gracias a esa contestación social el Gobierno haya sido sensible y haya dado marcha atrás en este proyecto; proyecto que además de ubicarse en una zona protegida medioambientalmente también lo sería en una zona con altísimo índice de desempleo, y en estas circunstancias llama poderosamente la atención porque nos encontramos en una provincia con unas connotaciones de servidumbres militares altísimas. Prueba de ello es que el Proyecto de Ley de Presupuestos del año que viene asigna a la provincia de Cádiz 14.209 millones de pesetas. Es la provincia, con mucha diferencia, a la que se asigna al Ministerio de Defensa mayor cuantía presupuestaria. Esta provincia tiene más asignación presupuestaria para el ejercicio 1999 que toda Castilla y León, que Cataluña y que Galicia. Por tanto, es una servidumbre militar la nuestra muy costosa, que se imputa a la provincia de Cádiz aunque se beneficia toda la defensa nacional, que no tiene contraprestaciones sociales. Le puedo trasladar que en el fondo implica un rechazo social de los ciudadanos de la provincia de Cádiz, que tiene unas altísimas cotas de desempleo, que no entienden que aparezcan imputados para la provincia tantos miles de millones de pesetas sin unas contraprestaciones de carácter social. Por tanto, por una parte hay rechazo medioambiental y, por otra, rechazo social por lo que digo.
Nosotros hemos sido Gobierno y como Grupo Parlamentario y como futuro Gobieno que podemos ser, somos conscientes de la necesidad que tiene el Ministerio de Defensa de ubicar lugares para las actuaciones que lleva a cabo el Ministerio para la defensa nacional. También somos conscientes de que esa operatividad de las Fuerzas Armadas tiene que ir acompañada de unas garantías totales en cuanto al medio ambiente y en cuanto a la seguridad de los ciudadanos. Por eso pedimos al Ministerio de Defensa que este proyecto, que ya ha quedado descartado a cualquier otro, las alternativas que el secretario de Estado planteaba que son necesarias, la plataforma móvil sobre pilares
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sumergibles o la torre abatible, cualquiera de ellas, que se hagan con la máxima información. El oscurantismo con el que se pretendía llevar ese proyecto, la forma en que se conoció fue un hándicap tremendo y no se puede volver a repetir. Por otro lado, las garantías de carácter medioambiental y social deben ser de nuevo estudiadas. Ya han tenido ustedes este año la experiencia de no poder llevar a cabo el proyecto de instalación de un polvorín en Barbate por el mismo motivo que éste, por la forma en que se pretendía llevar, por la falta de sensibilidad social con la zona, etcétera.
Tenga en cuenta que estamos hablando de una zona que tiene una servidumbre militar histórica, San Fernando y la Bahía de Cádiz, y deberían ser mucho más sensibles a estos nuevos tiempos en que los ciudadanos solicitan transparencia y contraprestaciones. Termino diciéndole que de seguir adelante cualquier proyecto (somos conscientes de que son necesarios para la defensa nacional) se han de tener en cuenta estas cuestiones y sobre todo a las Comunidades afectadas, concretamente a la Junta de Andalucía. La Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía no ha tenido ninguna información de este proyecto. Por tanto, hay un desprecio a la Comunidad Autónoma andaluza en los proyectos de este tipo, que son de envergadura. Ya no hablamos de la mancomunidad de municipios de la Bahía de Cádiz ni de los Ayuntamientos afectados, que tampoco han sido debidamente informados, lo cual conlleva un cierto rechazo también por su parte, por la que pedimos que se tengan en cuenta.
Aprovechando su presencia, finalizo planteándole -si es posible me contesta hoy y, si no, por escrito- si es absolutamente necesario que la plataforma móvil sobre pilares sumergibles o la torre abatible, los nuevos proyectos que se barajan, se instalen en esa zona y si no pueden ser instalados en otros lugares distintos de la provincia de Cádiz; si se van a seguir utilizando las playas de Camposoto y Urrutia, como actualmente, para uso militar, y si se va a proceder gradualmente a la recuperación civil de la zona de la Bahía de Cádiz, de la que estamos hablando. Son hechos que preocupan a los ciudadanos y que quieren saber cuál va a ser su futuro. Me gustaría que si es posible en su contestación lo aclarara.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ibáñez.
El señor IBAÑEZ HARO: En primer lugar, nuestro agradecimiento por su presencia, principalmente por la voluntad firme y decidida de que el desvío de la línea de tiro de los polígonos Costilla y González Hontoria sea pronto una realidad, como usted ha manifestado.
Me va a permitir, señor presidente, que por alusiones conteste al señor Meyer, ya que la cuestión está muy clara.
El señor Meyer realizó esta pregunta el 4 de junio de 1998 y el Gobierno le contestó el 7 de julio de l998. Se publicó la noticia en agosto. En el intervalo, el 23 de julio tuve el honor de ser recibido en compañía del alcalde de San Fernando por el secretario de Estado que nos manifestó las alegaciones que habían presentado los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando, la Consejería de Medio Ambiente, el Parque Natural y la Delegación de Costas, y nos hizo ver que era inviable la isla artificial. Señor Meyer, yo no he llevado a cabo ninguna iniciativa parlamentaria, pero le puedo garantizar que desde que tengo el acta de diputado he perseguido asiduamente tres temas de mi ciudad en el Ministerio de Defensa: el traslado de los polvorines de Fadricas, el desvío de la línea de tiro y la preocupación constante de que a Bazán-San Fernando no le falte carga de trabajo. Por tanto, se pueden hacer iniciativas parlamentarias pero también se puede gestionar con el Ministerio. Quiero decir con esto que en el momento en que se publicó la noticia, que fue en el mes de agosto, salí al paso porque, como le digo, había mantenido una entrevista con el secretario de Estado el 23 de julio y, por tanto, ya conocía la inviabilidad de este proyecto.
Yo creo que lo que debemos hacer es agradecer que este proyecto sea una feliz realidad y se lleve adelante con la sensibilidad que ha demostrado el Ministerio de Defensa.
Le voy a contar una anécdota de octubre del año 1985, cuando era concejal del Ayuntamiento de San Fernando.
En aquel entonces había un Gobierno de coalición entre el Partido Socialista Andaluz y el Partido Popular. Pues bien, en octubre el alcalde, por aquel entonces del Partido Socialista Andaluz, se pasó con concejales y bagage a las filas del PSOE, con la promesa de éste del desvío de la línea de tiro, el traslado de los polvorines de Fadricas y la solución al mal momento que atravesaba la Bazán. Aquellas promesas fueron incumplidas, como muchas otras. Si se hubieran cumplido en aquellos años, 1985 y 1986, estoy seguro de que ahora no estaríamos hablando de este tema y el anhelo de los ciudadanos de San Fernando y de toda la Bahía estaría colmado y no estaríamos pendientes del nuevo proyecto.
Quiero decirle al señor De la Encina que en mi visita a los distintos campos de tiro he constatado que la conservación y la preservación del ecosistema son magníficos. Le puedo decir incluso que los polígonos de tiro de Costilla y González Hontoria, en Torre Gorda, tienen un estudio medioambiental de la Universidad de Sevilla, concretamente de la cátedra Cardenal Espínola, en el que se elogia precisamente la conservación de la flora y la fauna en estos polígonos de los que estamos hablando. Quiero decirle también que entiendo que no ha habido ningun oscurantismo en el tema de la isla puesto que el expediente fue a donde tenía que ir: Ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando, Consejería de Medio Ambiente, Parque Natural y Ministerio de Medio Ambiente, en este caso a la Delegación de Costas. Por tanto, no ha habido ningún oscurantismo.
Finalmente, agradezco al señor secretario de Estado su sensibilidad en estos temas, pues por fin es el Partido Popular el que va a colmar los anhelos de los ciudadanos de la Bahía desafectando la playa de Camposoto y llevando a feliz término este nuevo proyecto.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Muchas gracias por sus intervenciones, señorías.
Señor Meyer, en el Ministerio de Defensa, desde siempre, hemos tenido una especial sensibilidad, por razones
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obvias, por la seguridad. Creo que la intervención de S.S.
está basada fundamentalmente en alegrarse porque se ha tomado una decisión y, si me lo perinite S.S., en tratar de demostrar que esa decisión haya sido impuesta por algo distinto de lo que es un planteamiento de sensibilidad del Ministerio de Defensa hacia unos determinados problemas.
Le puedo asegurar que en la realización de la isla artificial se tuvieron en cuenta, en principio, todos los requisitos que según el Ministerio eran absolutamente indispensables.
Uno de ellos es la seguridad siempre en las actividades militares. El desmentido o aclarado creo que ha sido explicado perfectamente por el señor Ibáñez. En cuanto a su alusión al problema que surgió este verano con el famoso tiro cerca del barco pesquero, creo que es motivo de otra comparecencia de hoy y en su momento se lo explicaré, porque entiendo que dar por hechos patentes o evidentes opiniones o criterios por lo menos tiene que ser analizado con algo más de rigor.
En cuanto al diputado señor De la Encina, que dice que el Ministerio de Defensa dio marcha atrás intentando matizar una decisión basada en criterios de todas las Administraciones involucradas y no en una rectificación de algo mal hecho, quiero decirle algo que ya ha comentado el diputado señor Ibáñez. Nosotros primero realizamos un proyecto que cumple con las necesidades que tenemos y luego, como no podía ser menos porque no nos podemos arrogar capacidades que no nos están adjudicadas por la legislación administrativa, sometemos ese proyecto a las correspondientes Administraciones que se manifestaron en su momento. En base a esas manifestaciones y al particular interés que han demostrado determinadas instancias locales y nacionales por este asunto, nosotros haremos un esfuerzo de análisis y de equilibrio entre las necesidades de la defensa y las necesidades del pueblo de San Fernando.
En cuanto a la alusión general a la provincia de Cádiz y a la defensa, creo que no es motivo de esta comparecencia.
Entiendo que Cádiz contribuye de manera fundamentalísima a aspectos defensivos de España, entre otras cosas por su posición geoestratégica, tiene un enorme valor para la defensa, pero la sensibilidad de la defensa con Cádiz está más que patentemente demostrada. Creo que no habrá ninguna instancia política de Cádiz que haya intentado acceder a las instancias del Ministerio de Defensa, tanto desde los cuarteles generales como desde el propio órgano central, que no haya sido recibida, atendida y, en lo posible, cumplidos sus requerimientos por el Ministerio de Defensa.
El hecho de que Defensa invierta 14.000 millones en Cádiz no significa nada más que en Cádiz, como ha señalado S. S., hay una importante inversión del Estado en Defensa.
Entiendo que además de esa inversión de Defensa en Cádiz existen otras inversiones que corresponden a otros ministerios y también cuál es la situación particular de Cádiz, pero no debería establecerse una vinculación directa entre la actividad de Defensa en Cádiz y la situación ante el nivel de desempleo. La comparación es exactamente la contraria, si me lo permite S. S. Además, es de una patente obviedad, y valga la adjetivación, porque todavía no conozco ninguna instancia política de Cádiz que esté pidiendo que las inversiones del Ministerio de Defensa en Cádiz dejen de hacerse.
Quiero agradecer al señor Ibañez no solamente su intervención sino su interés, ya que hemos sido especialmente sensibles con este asunto y todos los proyectos de ahora tienen un barniz mucho más local en el sentido de que tienen mucho más en cuenta las necesidades concretas y precisas del pueblo de San Fernando y de la Bahía de Cádiz en general. En ese sentido puedo asegurar que el proyecto que se haga en el Ministerio de Defensa volverá a pasar por los mismos trámites que éste; trámite que no ha sido oscurantista sino una elaboración interna sometida a las diversas Administraciones. Trataremos por todos los medios de que esa alarma social, creada por algo que no era más que un proyecto sometido a todas esas instancias, no ocurra más.
Sí les puedo asegurar, señorías, que el Ministerio de Defensa, en relación con éste y otros proyectos, está abierto a cualquier sensibilidad particular de SS. SS., como lo ha estado siempre. Hemos notado que hasta hoy esa sensibilidad estaba patente -y permítanme que lo diga con esta sinceridad- en el diputado señor Ibáñez y en el alcalde de San Fernando, que son las personas que reiteradamente han manifestado interés en cómo se podría reorientar este proyecto.
- LAS IRREGULARIDADES ECONÓMICAS EN LAGESTIÓN DELARSENALDE LA CARRACA DETECTADAS EN ELAÑO 1990, ASÍ COMO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS POR DICHO MINISTERIO ANTE TALES IRREGULARIDADES.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 213/000474) .
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 2 del orden del día: Comparecencia para informar acerca de las irregularidades económicas en la gestión del Arsenal de la Carraca detectadas en el año 1990, así como de las actuaciones realizadas por dicho Ministerio ante tales irregularidades.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): El ministro de Defensa, don Julián García Vargas, en su día, en las numerosas comparecencias que tuvieron lugar durante los años 1991 y 1992 sobre este particular, informó detalladamente a la Cámara de las irregularidades detectadas en el Arsenal de la Carraca durante 1990, a las que S. S. hace referencia en el motivo de la comparecencia, y las medidas que se adoptaron en su momento. De acuerdo con los mecanismos de control interno del Ministerio, estas irregularidades fueron puestas en conocimiento de la jurisdicción competente, lo que dio lugar a la apertura de diversas diligencias previas y sumarios, la mayoría de los cuales ya han sido resueltos, ya sea con sobreseimiento en algunos casos, ya sea con la imposición de penas de diversa índole a los responsables de las acciones meritorias de esas penas.
Actualmente el Ministerio de Defensa tiene un interés extremo -ya lo tenía entonces- en evitar que irregularidades como las producidas en el Arsenal de la Carraca en 1990 se puedan volver a repetir. Sin embargo, debemos traer a colación que durante 1990 y en aplicación de la
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norma vigente no se realizaba por parte de los interventores delegados en los centros y dependencias ningún tipo de control financiero posterior a la función interventora. Los controles posteriores de gastos e ingresos, realizados como complemento a la función interventora para evaluar la gestión global de un organismo, se comenzaron a practicar en los años 1992 y 1993, respectivamente. A estos controles se añaden ahora los controles financieros ordinarios, llamados auditorías, que se aprueban por la Intervención General de la Administración del Estado y que se desarrollan en el ámbito de los centros gestores del Ministerio de Defensa.
De acuerdo con la normativa vigente y con los planes anuales de auditoría y actuaciones de control financiero, aprobados por la Intervención General de la Administración del Estado, las formas de ejercicio del control interno en el Ministerio de Defensa hoy son las siguientes: Función interventora, cuyo ejercicio comprende distintas fiscalizaciones en diversos momentos procesales con carácter previo o posterior a los correspondientes actos administrativos y que es realizada por las intervenciones delegadas en unidades, centros o dependencias del Ministerio de Defensa, Administración General del Estado y organismos autónomos administrativos. Control financiero, posterior a la función interventora; como ya he dicho, es un control a posteriori, complementario a la función y realizado por los mismos interventores que la ejercen: Administración General del Estado y organismos autónomos administrativos.
Control financiero de carácter permanente que se realiza por las intervenciones delegadas en los organismos autónomos comerciales Inta, Invifas y Servicio Militar de Construcciones, con carácter excluyente y en sustitución de la función interventora. Control financiero ordinario que se realiza mediante auditorías u otras técnicas de control y se llaman auditorías plenas o parciales en el Ministerio de Defensa, según sea su carácter y su extensión. Se practica este control por equipos de auditorías del órgano central del Ministerio y por las intervenciones delegadas centrales y territoriales. En la actualidad existen quince equipos de auditorías en el Ministerio. Los controles financieros ordinarios se incluyen, al igual que otros controles financieros, en el plan anual de auditorías y de actuaciones de control financiero del Estado, comunicando su aprobación a finales del mes de febrero o principios de marzo de cada año, por lo que la iniciación de los mencionados controles financieros ordinarios, auditorías, suele tener lugar a mediados del expresado mes de marzo. Durante 1997 se han finalizado, emitiéndose el correspondiente informe, cinco auditorías de regularidad plena, referentes al plan anual de 1996. En el plan anual para 1997 se incluyeron 32 controles financieros ordinarios. Durante el ejercicio 1997 se iniciaron las 32 auditorías correspondientes al plan de dicho ejercicio, de las que 30 están finalizadas, quedando dos en fase de redacción de informe definitivo. De acuerdo con la propuesta del plan anual de auditorías y actuaciones de control financiero para el presente año, el número de controles ordinarios aumentará a 42. De ellas, 16 están terminadas o en fase muy avanzada de realización. Con dichos instrumentos podremos garantizar, en el presente y en el futuro, la detección, en su caso, de irregularidades como las producidas en el año 1990 en el arsenal citado y cualesquiera otras que se hayan producido al amparo de una normativa que no incidía en el control global de la gestión, sino en un examen parcial de la legalidad de los actos, sin otra consideración hacia una eficiencia en la actuación de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: La información que nos ha dado el secretario de Estado es tranquilizadora en el sentido de que la propia Administración ha puesto en marcha los resortes necesarios para evitar, en lo posible, que sucesos como el ocurrido en el Arsenal de la Carraca se puedan volver a repetir. Los controles de intervención, los controles financieros, tanto ordinarios como permanentes, todo lo que usted ha manifestado puede ayudar a que tengamos la seguridad de que va a ser muy difícil que alguien pueda hacer negocio absolutamente ilícito utilizando su responsabilidad.
Por tanto, desde ese punto de vista tranquilizador, los controles de 1997 que usted ha anunciado parece que son exhaustivos y nos gustaría recibir información cuando estén realizados y no esperar a formular una pregunta por escrito.
Cuando se iniciaron las instrucciones judiciales, uno de los implicados, el sargento de la Armada señor Villegas, siempre manifestó -y se publicó- que toda la investigación se estaba centrando en él pero que por encima de él había muchos más mandos implicados en estas irregularidades.
Esta línea de conducta la ha venido manifestando el sargento señor Villegas, que creo que ya está condenado en firme. Me gustaría conocer, por lo que le pregunto al respecto, cuántas personas fueron condenadas, penadas, por esta irregularidad y la responsabilidad que tenían en esos momentos en el arsenal. Solicito esta información para poder evaluar el volumen de la irregularidad y a cuántos mandos alcanzó.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: En relación a este tema, el propio ministro de Defensa y su Ministerio anunciaron un seguimiento y una serie de toma de decisiones para depurar las responsabilidades que hubiera lugar.
Esas posibles irregularidades y su documentación se trasladaron al fiscal togado. El juez togado militar acordó la incoación del sumario para la práctica de actuaciones y diligencias encaminadas a esclarecer y comprobar posibles actos delictivos, identificar sus autores y exigir las responsabilidades a que hubiera lugar. Por tanto, fue la propia Armada y el Ministerio de Defensa los que hicieron posible que se incoara el sumario.
Voy a hacer mías las palabras que el 20 de junio de 1991 el entonces portavoz en esta Comisión, mi compañero Pedro Moya, trasladaba a la misma. Decía: Mi grupo es el primer interesado en esclarecer esas irregularidades que se hayan podido producir y en eso comparte la decisión el Gobierno al abrir las investigaciones inmediatamente al crear la comisión de investigación en los arsenales, al colaborar
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de manera veloz con los tribunales que están estudiando el tema y a depurar responsabilidades, si las hubiera.
Esas palabras dichas por el entonces portavoz socialista Pedro Moya, el 20 de junio de 1991, las hago mías ahora, ocho años más tarde, porque nosotros consideramos y seguimos considerando que no había ningún deseo -sino todo lo contrario- de ocultar absolutamente nada, sino que, en esa atmósfera que se empezaba a respirar, se pretendía la máxima claridad en torno a este tema.
Dicho esto, también tenemos que decir que no nos parece razonable trasladar planteamientos que estaban entonces en el ámbito judicial a la categoría de hechos consumados, porque ello implica romper algo tan importante como la presunción de inocencia y esto es muy grave, especialmente cuando se trata de situaciones que se han producido en las Fuerzas Armadas. Lo digo en contestación a Izquierda Unida cuando dice que la propia Administración ha puesto los controles financieros para llevarlo a cabo. Esto no es exacto. La Administración puso entonces y sigue poniendo ahora los controles financieros; la Administración socialista y la Administración actual. Yo creo que ocho años después de estos hechos, como acaba de decir el secretario de Estado, con un sobreseimiento y distintas penas para sus autores, no tiene sentido, salvo que se quiera hurgar en hechos que están suficientemente claros y en los que el propio Ministerio dio la cara hasta el punto de todo lo que acabo de manifestar y, por tanto, la posición del Grupo Socialista, en este caso concreto, es de cierta incredulidad ante que se traiga aquí un tema que está en los ámbitos que acabo de relatar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA Y DÍAZ DEL RÍO: Señorías, señor secretario de Estado, después de haber oído sus explicaciones al respecto, en una breve intervención el Grupo Popular quiere dejar constancia de que hay que aprovechar todos los aciertos del pasado y corregir los errores que se hayan podido producir. Estamos, como decía el portavoz socialista, a ocho años de unos hechos que han sido sancionados y, si alguien tuviera interés en conocer cuál ha sido el alcance de los mismos, no tendría más que ir a las hemerotecas. Por tanto, entiendo que si algo hay positivo en aprovechar los aciertos y corregir los errores es que se haya vuelto a poner en la Administración una intervención previa, que nunca debió haber desaparecido, y todos los controles posteriores que, como decía el portavoz socialista, en la Administración militar son probablemente más estrictos que en otras Administraciones, con cuerpos titulados, con cuerpos propios de interventores y de auditores.
Por tanto, el Grupo Popular da por zanjadas las explicaciones que ha dado el secretario de Estado al respecto y entiende que, a partir de este momento, con los cauces administrativos que se han puesto a disposiÁión de la Administración Pública, no sólo cada vez será más difícil poder hacer cosas al margen de la ley, sino que será prácticamente imposible.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Señor Meyer, he de decirle que a partir del acaecimiento de estos hechos entró en marcha la acción de la justicia y terminó después en las correspondientes decisiones de los tribunales, que ya he citado.
Ha hecho S. S. una especial alusión al sargento primero senor Villegas, que fue condenado junto con otro oficial de la Armada. Esa es la situación en la que ese expediente ha concluido.
Con el señor De la Encina coincido plenamente. Estos son hechos de los que en su momento se dio cuenta (ya he dicho que el ministro de Defensa, señor García Vargas, compareció en su día para explicarlos) y fueron puestos en conocimiento de la justicia; por tanto, en cumplimiento perfecto de las obligaciones y de las responsabilidades como administradores. Hoy en día lo que tenemos es una acción de la justicia puramente normal, que desgraciadamente en algunos casos ha tenido que terminar en condenas. La ley es dura, pero es la ley, como se establece, y no me cabe la menor duda de que este Gobierno y el anterior estaban plenamente dispuestos a cumplirla. Yo puedo hablar de mi Gobierno, pero permítame decir que en estas cosas creo que es vocación de todo gobernante el cumplirla. Nosotros lo que hemos hecho, señoría, es reforzar los mecanismos, no por lo que ocurriese entonces sino porque hemos considerado que un mecanismo con técnicas de gestión y de auditoría más avanzado nos permitirá conocer mejor antes no este tipo de sucesos, sino cualquier suceso de administración que pueda ocurrir en la gestión de recursos de Defensa. Simplemente no hemos hecho otra cosa, si se me permite, que mejorar en algo la gestión del control, nada más.
En cuanto a lo que decía el diputado señor Fernández de Mesa, yo creo que efectivamente es un asunto que no se debe sacar a la luz, lo que se agradece desde el Gobierno, sobre todo desde el Ministerio de Defensa, ya que ha actuado la justicia. No hace ningún bien a nadie. Creo que las Fuerzas Armadas tienen una ejecutoria de limpieza en su gestión que no se puede poner en tela de juicio permanentemente porque haya acontecimientos más o menos desgraciados a lo largo de la historia. No obstante, coincido también con él en que una cosa es la ejecutoria de limpieza y otra es la prudencia en la gestión y el control, que es absolutamente necesaria en cualquier actividad pública. Por tanto, nosotros seguiremos adelante con esta aplicación de los sistemas que nos permitirá a todos una tranquilidad mayor en cuanto a que las actividades de administración de los recursos públicos del Ministerio de Defensa son llevadas a cabo con la pulcritud exigible.
- POLÍTICA DE ACTUACIONES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA DEFENSA.
A SOLICITUD DELGRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 213/000519).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Comparecencia para informar sobre la política
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de actuaciones de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Como conocen SS.SS., el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire han acumulado, a lo largo de su historia, un importante patrimonio inmobiliario cuya gestión y administración corresponde al actua1 Ministerio de Defensa. Asimismo, en la actualidad se desarrolla un importante proceso de redespliegue de las unidades militares en el territorio nacional que exigen una redefinición precisamente del patrimonio e inmueble del Ministerio. Ante estas dos circunstancias parece perfectamente lógico y necesario sobre todo, en estos momentos de austeridad y de preferencias por los gastos comúnmente determinados sociales, conseguir una suerte de sinergia entre los fenómenos enunciados de necesidad en el párrafo anterior y la realidad presupuestaria del Ministerio de Defensa y de la defensa en general, de modo que la mejor gestión y aprovechamiento del cuantioso patrimonio acumulado nos sirva para que los nuevos despliegues de esas unidades militares tengan la menor repercusión posible en los gastos a efectuar con cargo a dichos presupuestos de Defensa.
La nueva Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas de Política Económica, Fiscales y Administrativas y de Orden Social, que acompaña a la de Presupuestos Generales del Estado para 1997, ampliaba en esta dirección el objetivo señalado al permitir que los recursos económicos que se obtuviesen de la gestión del patrimonio inmobiliario adscrito al Ministerio de Defensa pudiesen ser destinados, además de a los fines señalados, a la financiación de adquisiciones y mantenimiento de armamento y material. A pesar del enorme patrimonio inmobiliario con que cuenta el Ministerio de Defensa, su puesta en valor no está exenta de una problemática jurídico-urbanística compleja que pasamos a comentar a SS. SS.
El Ministerio de Defensa tiene actualmente encomendada la gestión y administración de su patrimonio a dos organismos autónomos, la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa y el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas. El régimen jurídico aplicable a estos bienes inmuebles de naturaleza demanial no difiere sustancialmente del general establecido por la legislación del Estado para todos los bienes de dominio público: la Ley de Patrimonio del Estado y su Reglamento, la Ley de Expropiación Forzosa y su Reglamento y la legislación urbanística en general. En su virtud, como posteriormente veremos el Ministerio de Defensa debe afrontar exactamente los mismos problemas que las otras Administraciones y organismos públicos que tienen a su cargo bienes pertenecientes al dominio estatal. En efecto, el régimen de liquidación de las propiedades militares establecido en la Ley 28/1984, de 31 de julio, de creación de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, se ajusta sustancialmente al previsto en la Ley de Patrimonio del Estado para el resto de los bienes públicos.
La principal virtualidad de esta Ley es encomendar la misión de efectuar dicha liquidación a un órgano específico, la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, configurada como organismo autónomo de carácter administrativo, así como la explícita y completa equiparación del ministro de Defensa al de Economía y Hacienda en materia de procedimientos de enajenación, tanto directa como en pública subasta, y permuta de los bienes puestos a disposición de la gerencia. De dicho régimen jurídico debemos destacar, a los efectos que ahora interesan, dos importantes características. El único fin legalmente previsto para los bienes inmuebles desafectados es el de su enajenación. No se contempla, por tanto, la posibilidad de su explotación.
La segunda característica es que la Gerencia de Infraestructuras debe ajustarse, como regla general, al régimen de subasta previsto con carácter ordinario en el artículo 63 de la Ley de Patrimonio del Estado para liquidar las propiedades del ramo de Defensa, para cuya venta está facultada.
Sólo cabe la enajenación directa con carácter de excepción en los casos tasados que contempla el artículo 117 del Reglamento de la Ley de Patrimonio del Estado previa autorización, según el valor del bien, del Consejo de Ministros o del ministro de Defensa. La gestión de este patrimonio presenta además otros serios inconvenientes.
La vocación natural de los bienes de dominio público de naturaleza inmueble es servir de soporte a una obra pública o la prestación de un servicio público. Por ello, cuando éstos dejan de ser necesarios a los bienes que justificaran su primitiva afectación, o son objeto de las denominadas mutaciones demaniales o, en su caso, si procede, el fin de estas operaciones sería la desafectación de los mismos y aplicación a otras actividades del Estado. Es precisamente este proceso de transformación jurídica del bien inmueble para convertirlo en bien de naturaleza patrimonial el que tradicionalmente provoca una considerable inseguridad jurídica y, por ende, económica al prever la legislación del Estado, cuando éstos fueron adquiridos mediante procesos expropiatorios, el posible reconocimiento del derecho de reversión a los primitivos expropiados o a sus causahabientes. Los reiterados intentos de modular los efectos que el instituto de la reversión ocasiona en los responsables de administrar el patrimonio inmobiliario del Estado han fracasado reiteradamente con argumentos no siempre y no solamente de carácter estrictamente jurídico.
Esto ha provocado que las diferentes Administraciones Públicas, entre ellas la Administración Militar, pero también las empresas públicas y los organismos autónomos que tienen encomendados bienes inmuebles sometidos a procesos de transformación urbana, hayan intentado sortear, a través de la legislación de carácter sectorial, este elemento de inseguridad que supone el reconocimiento sin límite temporal del ejercicio del derecho de reversión. Es significativo, a estos efectos, el dictamen del Consejo de Estado requerido ante una propuesta de modificación de los artículos 54 y 55 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, en el sentido de someter al plazo de prescripción de 30 años el reconocimiento del derecho de reversión con ocasión de la aprobación de la Ley 50/1969, de 26 de abril, Básica de Movilización Nacional, y que se emitió en disconformidad con la pretensión descrita por amparar injustamente un despojo, en frase del alto órgano consultivo.
Otro importante problema suscitado a la gestión del patrimonio inmobiliario militar viene determinado por la creciente complejidad de los procesos de ordenación urbana
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que obligan a solventar los problemas que la presión de las Administraciones Públicas territoriales ejercen sobre los acuartelamientos y demás instalaciones militares, demandando en unos supuestos su transformación en dotaciones públicas o pretendiendo su pura y simple cesión a los Ayuntamientos correspondientes, amparándose en unos casos en primitivos títulos de cesión con afectación singular y, en otros, simplemente en la legítima devolución de plusvalías urbanísticas a la colectividad de las que surgieron.
Ello también tiene una repercusión económico-financiera importantísima en la gestión del patrimonio de Defensa.
Así, el principal problema para rentabilizar el patrimonio inmobiliario del Ministerio de Defensa es la falta de preparación de los activos inmobiliarios de los que dispone para ser enajenados. Esta falta de preparación vendría motivada, por un lado, por la falta de calificación urbanística adecuada y, por otro, por la problemática jurídica del derecho de reversión. Además, el objetivo de obtener a corto plazo los fondos necesarios para la modemización y transformación de las Fuerzas Armadas choca con ciertas insuficiencias en el régimen jurídico de la Gerencia de Infraestructuras. La Gerencia de Infraestructuras carece de habilitación para concertar créditos y otras operaciones financieras con entidades bancarias u otras de crédito.
Como consecuencia de ello, el Ministerio de Defensa carece de la posibilidad de obtener, si tal fuera su interés, prestaciones en metálico sobre un porcentaje del valor de los activos inmobiliarios que pone a su disposición la Gerencia de Infraestructuras.
El organismo autónomo tampoco está habilitado para promocionar o participar en sociedades estatales o privadas.
Durante el ejercicio 1998 ha continuado su gestión de acuerdo con la legislación que regula sus actuaciones. En este sentido hay que destacar que, a fecha 16 de junio del presente año, el número de propiedades puestas a disposición de la Gerencia es de 687, lo que supone realmente la tramitación de 2.286 expedientes que incluyen propiedades ya enajenadas, pero que siguen abiertos por no haber acabado el proceso de pagos, escrituraciones, etcétera, que se derivan de una gestión de este tipo. Hay que tener en cuenta que muchas propiedades proceden de expropiaciones, por lo que tienen que ser objeto de reversión, produciéndose el hecho de que una única propiedad genera un alto número de expedientes completos distintos por el número de reversionistas afectados. Hay que destacar también el proceso de enajenación de 650 viviendas y locales comerciales en San Juan de Aznalfarache y el proceso de la depuración para comenzar la enajenación a lo largo del presente año de otras 300 viviendas más, que son expedientes, asimismo, individualizados.
La gestión de estas propiedades ha derivado en la firma de once convenios con distintas instituciones, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, etcétera, y asimismo se han alcanzado acuerdos iniciales para la firma de 15 convenios más a lo largo del presente año. La realización de diversas subastas públicas para la venta de propiedades de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Patrimonio del Estado, ha supuesto unos ingresos por este concepto de 3.638 millones de pesetas. Se han enajenado 271 propiedades, de ellas un número importante de viviendas, por venta directa, con unos ingresos estimados de 2.087 millones de pesetas y se han puesto en marcha 680 expedientes de reversión, conceptos por los que se han ingresado cantidades en torno a los 800 millones de pesetas. En su conjunto, los ingresos generados por la Gindef en el presente año están evaluados en 10.180 millones de pesetas, sin perjuicio de su imputación presupuestaria al presente ejercicio o a ejercicios anteriores.
Para el presente ejercicio presupuestario, la Gerencia de Infraestructuras tiene un presupuesto de ingresos de 13.660 millones de pesetas y un presupuesto de gastos en inversiones reales de 13.000 millones de pesetas. La previsión de ingresos, teniendo en cuenta el proceso de enajenación por convenios, subastas, reversiones y ventas directas, que tienen su máxima incidencia por razón de los trámites administrativos en el segundo semestre del año, permite asegurar que se superarán ampliamente las previsiones presupuestarias.
Por otro lado, los pagos realizados a fecha 1 de julio estuvieron en torno a los 4.800 millones de pesetas en el capítulo VI, habiéndose expedido reservas de crédito por 12.600 millones de pesetas, siendo los compromisos de 10.200 millones de pesetas, lo que permitirá una ejecución del gasto muy próxima al cien por cien del presupuesto, similar a la del año 1997.
El señor PRESIDENTE: Por el grupo solicitante de la comparecencia, el Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Este asunto lo hemos debatido en más de una ocasión a lo largo de esta legislatura, y en su momento todos los grupos nos posicionamos sobre la conveniencia o no de adjudicar a empresas privadas el estudio de las distintas altemativas sobre el patrimonio.
En ese momento Izquierda Unida se posicionó en contra, y a la altura que estamos ahora mismo en cuanto a los estudios preliminares realizados, nuestro grupo pretende -y así lo planteamos en una pregunta al Gobierno en mayo- que se nos pase el infomme de la inversora privada Natwest Market sobre las propiedades del Ministerio.
Ese informe que parece que existía arrojaba la cuantía de los ingresos previstos, la utilización de los mismos y el detalle de las propiedades enajenables por provincias y Comunidades Autónomas.
En mayo, como decía, nuestro grupo preguntó al Gobierno sobre ese informe, porque queremos estar muy al día de las valoraciones que se van produciendo, dada la importancia del asunto que estamos debatiendo, y el 17 de julio se nos contestó que la consultaría de Arthur Andersen y la National Westminster Bank sobre altemativas económicas y organizativas había emitido un informe preliminar que debía valorar el Gobiemo, y que en su momento se remitiría el informe, una vez que el Gobiemo lo tuviera ya evaluado. Como esta contestación es del 17 de julio, nos gustaría conocer si ya estamos en condiciones de tener este informe, porque, efectivamente, tanto Arthur Andersen como National Westminster Bank han trabajado, según creo, durante más de un año, y si, a través de este informe preliminar, se puede tener ya una idea de lo que estamos hablando, es decir, el volumen de propiedades enajenables por provincias, la cuantía de ingresos previstos.
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Por lo tanto, con esta comparecencia, señor secretario de Estado, lo que queremos es conocer si desde el 17 de julio hasta la fecha se ha producido este informe y si podemos disponer de él para que el conjunto de los grupos parlamentarios tengan una evaluación y el conocimiento detallado de los estudios de estas dos consultoras. Indudablemente, estamos hablando de un patrimonio importante, que afecta a muchos municipios del Estado español, y sería bueno que conociéramos el trabajo realizado sobre las alternativas económicas y el volumen económico del que hablamos. Es decir, queremos saber si existe ese informe preliminar, si se nos puede dar a conocer y si desde el 17 de julio hasta aquí estamos en condiciones de conocer el informe definitivo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marsal.
El señor MARSAL MUNTALÁ: En los diversos y múltiples debates que se han producido sobre la Gerencia de Infraestructuras, como muy bien indicaba el señor Meyer, ya hemos fijado nuestra posición sobre la misma.
Por lo tanto, no voy a repetir ningún argumento de tipo general, pero sí queremos transmitirle, aprovechando esta comparecencia, nuestra preocupación porque creemos que la Gerencia de Infraestructuras está en un cierto impasse por algunas incógnitas que están abiertas, concreta y especialmente dos.
A una de ellas ha hecho referencia el señor Meyer, y usted también ha mencionado el estudio que se encargó a Arthur Andersen y National Westminster Bank, y nosotros hemos solicitado una comparecencia para poder hablar más extensamente de él.
Por lo que sabemos de este informe, hay dos elementos que quiero destacar y que afectan precisamente a las incógnitas citadas. Por lo que sabemos, el informe desaconsejaba cualquier fórmula que supusiese la privatización de la gestión de este patrimonio, elemento con el cual estamos de acuerdo y que despeja una parte de las incógnitas. Pero proponía también la creación de una sociedad estatal para la gestión de la enajenación, de las ventas del patrimonio.
Por lo tanto, la duda sobre si se va a crear esta sociedad estatal o no incide en el funcionamiento futuro de la Gerencia de Infraestructuras. Si la sociedad estatal se encarga de vender el patrimonio, y estos ingresos, tal como indica el informe, se trasladan a la Gerencia de Infraestructuras, ésta quedaría más como un órgano de gestión de la inversión, no tanto de venta como de inversión. Esta es, por tanto, una duda importante sobre el futuro de la Gerencia.
Hay una segunda incógnita que tiene su incidencia y se relaciona también con el aspecto anterior, que es que en este Congreso estamos en trámite de modificación de la Ley sobre Condiciones de Cesión. Según las modificaciones que se introduzcan en la Ley de la Gerencia de Infraestructuras sabremos qué patrimonio de difícil venta adquirirá la condición de cesión que no supone un ingreso.
Evidentemente, estas propiedades no tendrían que ser gestionadas por la sociedad estatal sino por la propia Gerencia de Infraestructuras. Nos cabe una duda que es doble, por un lado, cuántas propiedades pueden quedar afectadas por las modificaciones de la Ley y, por otro, quién se va a encargar de esta gestión. Estas incógnitas sobre el futuro pueden afectar la gestión de la Gerencia de Infraestructuras y es un elemento que nos preocupa.
Estos días vamos a debatir los presupuestos y, por tanto, estamos estudiando todo el material y, al estudiar la gestión de la Gerencia de Infraestnucturas reflejada por los números (por tanto, no la gestión material, sino la gestión formal que indican los números), vemos algunos elementos de preocupación en la gestión de las inversiones, porque cuando hablamos de la Gerencia de Infraestructuras incidimos mucho en el tema de la venta de los recursos que se obtienen, pero pocas veces incidimos en que esos recursos tienen una doble finalidad, originariamente una finalidad para nuevo patrimonio o para mejora del existente, pero últimamente también para la adquisición de material.
Tal vez sería un ejercicio interesante ver cómo funciona la gestión de inversiones de la Gerencia de Infraestructuras porque los números que tenemos sobre la mesa llevan a una cierta preocupación -aunque parezca absurdo lo que voy a decir-, ya que en la liquidación del presupuesto de 1987 la Gerencia de Infraestructuras obtuvo un superávit de 3.584 millones de pesetas. En otra entidad esto sería un motivo de satisfacción, pero en un organismo como la Gerencia de Infraestructuras el que se obtenga un superávit, seguramente -insisto-, puede indicar ciertos problemas de gestión en la inversión. Cosa que además puede apreciarse más si observamos que en los ingresos de los presupuestos de cada año hay un importante remanente de tesorería, concretamente en 1997 había 2.684 millones de pesetas, para 1998 hay 2.710 millones y para 1999 hay 4.565 millones, cantidad ya muy significativa. ¿Qué es lo que puede indicar esto? Que los ingresos por la venta de patrimonio están siendo superiores a los previstos, lo cual es positivo, pero este aumento de ingresos no revierte en que también haya un aumento de las inversiones sobre lo inicialmente presupuestado. La eficacia de la Gerencia de Infraestructuras no tiene que venir medida únicamente por la capacidad de obtener ingresos, sino también -y, seguramente, sobre todo- por la capacidad de invertir este dinero en la mejora de las infraestructuras de las Fuerzas Armadas y en la adquisición de material.
Estos elementos generan cierta preocupación sobre la gestión y sobre el futuro de la Gerencia de Infraestnucturas.
Nosotros creemos que hay que insistir en dos elementos lo que a la venta de patrimonio se refiere, teniendo en cuenta estas incógnitas que antes señalaba y que serían, por un lado, que la Gerencia tiene que optimizar la obtención de recursos a partir del patrimonio que pueda producirlos.
Aveces hay un exceso de esfuerzo para vender algún patrimonio que todos sabemos que no puede dar resultados, que difícilmente va a obtener un comprador. Si centramos los esfuerzos en el patrimonio del que realmente se pueden obtener recursos a través de la creación de la sociedad estatal o a través de mecanismos que permitan superar los problemas de gestión administrativa y jurídica, que usted mismo señalaba, seguramente podríamos mejorar la rentabilidad económica de la Gerencia de Infraestructuras. En segundo lugar, debemos avanzar en buscar las fórmulas de cesiones a otras Administraciones de aquellos patrimonios
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de los que es imposible obtener recursos, con lo cual los esfuerzos de la Gerencia o de la sociedad estatal serían productivos.
Por otra parte, obtendríamos unos beneficios sociales y una satisfacción por parte de las otras Administraciones.
Finalmente, quiero formularle una pregunta en esta comparecencia con relación a los ingresos del año 1997/1998, y es qué parte se ha destinado a gasto en infraestructura, sea en adquisición o en mejora de infraestructura, y qué parte se ha dedicado a la obtención de material. Es decir, si ha sido posible dedicar una parte de los ingresos del presupuesto de 1997/1998 a adquirir material, por tanto, a incidir en el proceso de modernización. Si ha sido así, en qué cantidad, y si no ha sido así, qué previsión hay para el año 1999.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, señor secretario de Estado, ante todo quiero agradecerle la claridad con la que ha explicado un tema que, como decía algún portavoz de algún grupo político, ha sido ampliamente debatido en esta Cámara, no ahora, sino desde hace muchos años, precisamente desde la creación de la Ley de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa.
Por eso, el Gnupo Parlamentario Popular valora muy positivamente los esfuerzos que está realizando el Ministerio de Defensa para tratar de rentabilizar al máximo un patrimonio del que dispone en estos momentos el Ministerio de Defensa del que es titular y que no puede dilapidar, y para buscar soluciones para que las organizaciones y organismos públicos estatales, Ayuntamientos, Diputaciones o Comunidades Autónomas, puedan aprovecharse de esas instalaciones que en estos momentos no tienen interés económico cierto para el Ministerio de Defensa, para la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa. Por eso, consideramos enormemente positivo que el Ministerio de Defensa haya encargado a esta unión temporal de empresas entre Arthur Andersen y Natwest un informe de consultoría sobre el estado en que se encuentra la Gerencia. Hubiera sido muy saludable que se hubiera producido en otras épocas con otros de los muchos organismos autónomos que hemos recibido sin tener prácticamente una liquidación exacta de la situación en la que se encontraban, y me estoy refiriendo a uno de ellos, por ser el más conocido, al Invifas, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
De todas formas, quiero recordar que algunos pasos ya se han producido en este asunto tan debatido desde la llegada de este Gobierno, y no cabe más que recordar, por ejemplo, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado de 1997, que ha posibilitado que esos fondos, además de los fines que ya tenía señalados, pudieran ir destinados a la financiación, adquisición y mantenimiento de armamento y material.
No voy a contestar -porque no me corresponde- al señor Marsal, portavoz del Grupo Socialista, en cuestiones que probablemente corresponden al debate presupuestario que se va a producir, pero sí cabe recordar, porque él mismo hizo esa pregunta en la comparecencia del pasado año de los Presupuestos Generales del Estado sobre este mismo tema, que, por ejemplo, la construcción de la segunda LPD, del segundo buque anfibio para la Armada, ha sido posible gracias a la reutilización de estos recursos obtenidos de la venta de un patrimonio de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa o, por ejemplo, lo que se ha obtenido con la venta de un patrimonio militar como son los aviones Harrier.
En todo caso, señor presidente, señorías, el Grupo Parlainentario Popular ve que se sigue avanzando en este terreno, y ahí están la firma de esos once convenios -a los que se ha referido el secretario de Estado de Defensa- con distintas instituciones, con Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y acuerdos iniciales para la firma de otros quince convenios a lo largo del presente año. Las subastas públicas que se han realizado de propiedades de acuerdo con lo que dispone la Ley de Patrimonio del Estado, y la enajenación de otras 271 propiedades, con un número importante de viviendas por venta directa, con unos ingresos estimados en su conjunto de 2.087 millones de pesetas.
En todo caso, el Grupo Parlamentario Popular, buscando soluciones, ha presentado una Proposición de Ley de modificación de la Ley de Gerencia e Infraestrtucturas de la Defensa, porque -como muy bien decía el señor Marsal- hay que optimizar al máximo los recursos que se obtengan, pero también puede ser que esas cesiones -que no suponen ingresos económicos- reciban otro tipo de beneficios -que no sean precisamente los económicos-, sino el de la restauración, el de la rehabilitación, el del mantenimiento y el del uso público de instalaciones que hasta hace muy poco tiempo se caían de viejas, Defensa no podía mantenerlas, ningún tipo de Administración Pública, ni Ayuntamientos ni Diputaciones, se hacía cargo de ellas porque no tenían dinero en sus presupuestos para poder mantenerlas y, como se dice coloquialmente, unos por otros, la casa estaba sin barrer.
Creo que todos los grupos políticos, encabezados por el Gobierno, estamos en disposición de dar una solución satisfactoria, tanto a las Comunidades Autónomas como a las Diputaciones Provinciales o a los ayuntamientos y a la propia Gerencia de Infraestructuras de Defensa, para resolver un problema que hasta este momento estaba enquistado.
Consideramos que los pasos que se han venido dando y los que se darán en el futuro, incluidos los de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del año 1999, conducirán a continuar avanzado en la solución de este problema, y -dicho sea de paso- se necesitará del apoyo de todos los grupos políticos para poder buscar una solución definitiva, que, sin ninguna duda, desde nuestro punto de vista, es lo que busca el Gobieno en este momento.
El señor PRESIDENTE: El señor Marsal me pide la palabra a los solos efectos de rectificar un dato. Tiene la palabra.
El señor MARSALMUNTALÁ: Me han señalado mis compañeros que he hablado de la liquidación del Presupuesto de 1987; evidentemente, no me refería al de ese año sino al de 1997. Quería hacer esta rectificación a efectos de que constara en el «Diario de Sesiones».
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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate):
Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones. En relación con la del señor Meyer, quiero decirle que a este secretario de Estado le consta que la oposición que hubo a la contratación de una empresa privada fue a que la gestión del patrimonio de Defensa se hiciese por una empresa privada, pero no a que el análisis de una hipotética gestión del patrimonio o de los recursos patrimoniales o de los métodos patrimoniales, es decir, el análisis de un asesoramiento técnico se hiciese por una empresa privada. Entre otras cosas, porque en aquellos momentos solamente una empresa privada era capaz de realizar dicho análisis. Por lo tanto, creo que hay que matizar que la oposición fue a que el patrimonio de Defensa se gestionase por una empresa privada (en aquella comparecencia -no recuerdo exactamente cuándo fue- el Gobierno manifestó que en ningún caso se haría a través de una empresa privada); es decir, ese rechazo era hacia la gestión, no hacia una auditoría o un asesoramiento técnico, puesto que esto, como es obvio, lo tenía que realizar una empresa, como así fue. En el análisis de dicha empresa se estableció una herramienta, que era la creación de una sociedad estatal que tenía que tener, para una mejor gestión del patrimonio de Defensa, una serie de requisitos que incidían de manera muy importante en institutos legales de la categoría, por ejemplo, del que he citado, del derecho de reversión. Quería decirse que, para la mejor gestión del patrimonio de Defensa, el proceso legislativo que deberíamos seguir era un proceso enormemente ambicioso y, por lo tanto, largo en el tiempo.
Independientemente de que ese informe se haga llegar a SS. SS., la decisión del Gobierno en cuanto al presupuesto de 1999 (que ya conocen SS. SS., y ahora empiezo a contestar al diputado señor Marsal) era potenciar la acción de la Gerencia de Infraestructuras. La dicotomía entre Gerencia de Infraestructuras y sociedad estatal -y sin que el Gobierno renuncie a ello- produce un conflicto jurídico importante y, por lo tanto, requiere tiempo. Creo que nosotros no deberemos estar esperando a que se produzca lo óptimo para seguir gestionando con una herramienta que hay que perfeccionar -y ahora diré por qué-, pero que, mientras no tengamos otra, sigue siendo útil. Señalaba S. S.
que el estudio de Arthur Andersen establece un no a la privatización de la gestión, establece la creación de una sociedad estatal -a la cual me he referido- y además manifestaba otra preocupación en relación con las condiciones de cesión del patrimonio a otros determinados organismos públicos, en caso de que no tengan un interés económico cierto inmediato, es decir, cuáles serían las condiciones de cesión, si sería cesión de uso o cesión a título pleno.
El Gobierno considera -y así lo ha presentado el Grupo Popular en su proposición de ley- que las cesiones no deben menguar el patrimonio futuro del Ministerio de Defensa. Creo que todos estamos de acuerdo -he creído entenderlo así- en que dicho patrimonio debe de tener, por las necesidades presupuestarias que tiene y por el rigor presupuestario que en estos momentos sujeta la acción del Gobierno, una vía de financiación extraordinaria que no debe ser menguada por ninguna otra acción. Entiendo que la defensa es una acción del Estado absolutamente completa, solidaria y única y, por lo tanto, la contribución que se haga -digamos de vía indirecta- por aquellos que renunciarían a la devolución de un hipotético patrimonio en base a un hipotético derecho de un patrimonio que reclaman es algo que debe entenderse, desde todos los sectores de la vida nacional, como una fuente de financiación sensata de una actividad fundamental del Estado como es la defensa.
Estoy de acuerdo con la matización que ha hecho el señor Marsal, porque en la gestión del patrimonio de Defensa hay dos aspectos: uno, la generación de recursos y, otro, la aplicación de recursos. En cuanto a la generación de recursos, es absolutamente evidente que con la herramienta antigua (llamemos antigua a la Gerencia de Infraestructuras tal y como se concibió en la Ley de 1984) el Ministerio de Defensa ha multiplicado por tres los recursos, obtenidos; sin embargo, yo creo que hay que multiplicarlo por algo más, y ahora diré cómo van a ser los instrumentos que vamos a tener el año que viene, que, además, están en la Ley de Acompañamiento, en donde ya se califica de una manera distinta la capacidad de gestionar recursos del Ministerio de Defensa. En cuanto a la aplicación, en la Ley de Acompañamiento nosotros establecimos la posibilidad de, vía generación de crédito, poder financiar recursos, es decir, necesidades de armamento y material demostrándose que la vía de la generación pura y dura, tal y como funcionan hoy en día las generaciones, no es el método más indicado -debo decirlo- para poder llegar a tiempo a ejecutar planes de modernización de la defensa, cuya ejecución, por su naturaleza, requiere siempre mucho más tiempo que dos o tres meses, máxime si se quiere - como se quiere, cada vez más- ejercer la acción de aprovisionamiento de Defensa por la vía de la participación plena de todas las capacidades industriales, y me estoy refiriendo al concurso y no a la compra directa.
Desde el punto de vista de la aplicación de recursos -y reconozco lo que dice S. S.-, se ha demostrado que no es eficaz. ¿Qué vamos a hacer? Que la Gerencia de Infraestructuras -si se aprueba el proyecto de presupuesto presentado al Parlamento- pueda aplicar directamente, no vía generación de créditos, a la compra de armamento y material -que pondría a disposición de Defensa como pone ahora infraestructura- programas de armamento y material.
Estos programas deberán tener tendencia a poder ser ejecutados en el año cambiando programas de largo plazo, que se financiarían con recursos ordinarios, por programas de corto plazo, que se financiarían con recursos extraordinarios.
En cuanto a la gestión de venta, es decir, al incremento de los recursos que se reciben, vamos a seguir insistiendo en que se matice y potencie la capacidad de venta directa, sometida siempre a las cifras que se establecen en la Ley de Patrimonio, pero dando una agilidad al Consejo Rector que se constituirá en la Gerencia de Infraestructuras, que se convertirá en organismo autónomo administrativo pleno, de acuerdo con la Lofage.
Si el año pasado gestionamos un incremento de 16.000 millones y esperamos que el de este año sea superior, seríamos capaces de gestionar unos 20.000 millones de pesetas al año aproximadamente, teniendo en cuenta todo el proceso
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de desafectación y de depuración jurídica que se tiene que hacer con el patrimonio. Eso supondría un notable incremento de la capacidad de financiación del capítulo VI de Defensa y será parte de la comparecencia de la semana que viene.
Agradezco la intervención del diputado señor Fernández de Mesa. Hemos hecho una gestión en el Ministerio de Defensa basada en un trabajo intenso y que las cifras reconocen, pero creo que la tenemos que mejorar; no se trata de decir que lo hemos hecho muy bien, sino de decir que nos queda muchísimo por hacer, sin duda. Ese muchísimo por hacer intentamos plasmarlo en la Ley de Medidas del año que viene. Habría que tener una gran prudencia política -y se la pido a los grupos- a la hora de analizar cuál debe ser el ámbito jurídico de esta nueva ley y a la hora de definir el procedimiento para aplicar recursos que no tengan interés económico inmediato cierto para la gestión de Defensa, recursos que no se puedan convertir en líquido o que no tengan ningún tipo de valor en el momento actual.
Desde el punto de vista de Defensa es una puerta con la que nos podríamos encontrar para ese patrimonio extraordinario que venimos gestionando y cuidando de manera especialísima. Suponiendo que esté incurso en los casos de no interés económico, sin una garantía de que ese patrimonio pueda tener en su nueva aplicación el cuidado de otros organismos de la Administración, creo que deberíamos ser muy rigurosos a la hora de definir qué se puede ceder vía no precio y qué no se debe ceder.
- LA EXPORTACIÓN DE ARMAMENTOS ENTRE LOS AÑOS 1991 Y 1996. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 213/000571).
- CAUSAS POR LAS QUE UN PROYECTIL DE LA ARMADA CAYÓ, EN LA MAÑANA DEL MARTES 30 DE JUNIO DE 1998, JUNTO ATRES PESQUEROS QUE FAENABAN CERCA DE CABO ROCHE (CÁDIZ), CON GRAVE PELIGRO PARA SU INTEGRIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de expediente 213/000722).
El señor PRESIDENTE: El señor Meyer me pide la palabra para una cuestión de orden. Adelante, señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Vamos a retirar el punto 4 del orden del día, toda vez que es una comparecencia que ya hemos tratado en esta misma Comisión, a la espera de la que tiene anunciada el Gobierno para informar sobre los datos de 1997. Por tanto, solicito su retirada.
El señor PRESIDENTE: Queda retirado el punto número 4.
También, como saben SS.SS. se había retirado previamente el punto número 5.
Se suspende la sesión durante cinco minutos.
El señor PRESIDENTE: Deseo anunciar a los comisionados que después del debate de las proposiciones no de ley, que haremos conjuntamente, llevaremos a cabo las votaciones, que se efectuarán a partir de las doce. Por tanto, a las doce votaremos las tres proposiciones no de ley que figuran en los últimos puntos del orden del día, concretamente los números 10, 11 y 12.
- DEL SEÑOR CÁRCELES NIETO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA FORMA EN QUE PARTICIPA ESPAÑA EN LOS PROGRAMAS DE I+D DE LA UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL (UEO) Y DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) (número de expediente 181/001227).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas.
La primera es la número 6, del señor Cárceles, que tiene la palabra.
El señor CÁRCELES NIETO: Señor secretario de Estado, la capacidad de crecimiento de un país, así como su crédito, vienen en gran medida dados por su disposición y capacidad para participar en programas de investigación y desarrollo. Por esta razón, queríamos conocer la opinión del Gobierno y pedirle información sobre la forma en que está participando España en los programas de I+D en la Unión Europea Occidental y en la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): La participación del Ministerio de Defensa en los programas de investigación y desarrollo dentro de la Unión Europea Occidental están encuadrados en los proyectos del programa Euclid, promovidos por los países pertenecientes al grupo de armamento de Europa Occidental, quienes en noviembre del año 1996 se integraron en la Unión Europea Occidental con el nombre de Organización de Armamentos de Europa Occidental mediante la firma de los ministros de Defensa de los países participantes de su carta constitucional.
El programa Euclid, que es la cooperación europea a largo plazo en defensa, consta de una serie de áreas comunes de prioridad europea, y dentro de ellas se definen los distintos proyectos de investigación y desarrollo con la participación de la industrias o de los laboratorios y centros de investigación. La participación del Ministerio de Defensa.
en programas de investigación y desarrollo de la Unión Europea Occidental asciende al número de 22 proyectos con una inversión de 2.855 millones de pesetas, representando esta cantidad el 70 por ciento de la aportación española dado que las industrias participantes españolas financean el 30 por ciento restante.
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En lo que respecta a la participación en programas de la OTAN, en noviembre del año 1996 se creó en el seno de esta Organización la de investigación y tecnología mediante la fusión de dos organizaciones existentes: el Grupo consultivo para la investigación y desarrollo aeroespacial y el Grupo de investigación de defensa, convirtiéndolo en el único foro para la tecnología de defensa dentro de la OTAN. Todos los programas de investigación y desarrollo de esta organización están dentro del grupo citado, que se divide en tres niveles.
Al nivel 1 le corresponde la Junta de investigación y tecnología, que es la responsable de establecer la política de prioridades del organismo y que reporta al Comité militar.
Esta Junta está sostenida por la Agencia de investigación y tecnología, con sede en París y en Bruselas.
El nivel 2 de la organización está subdividido en seis paneles. Estos paneles son consecuencia de la fusión de los respectivos paneles del Grupo consultivo para la investigación y desarrollo aeroespacial y del Grupo de investigación de defensa, y son los siguientes: tecnología aplicada al vehículo; factores humanos y de medicina; información de tecnología de sistemas; estudios, análisis y simulación; sistemas, conceptos e integración y sensores, y tecnología de la electrónica. En los paneles citados se llevan a cabo los programas y proyectos específicos, estudios, seminarios y publicaciones diversas.
Por último, el nivel 3 es donde se lleva a cabo el trabajo técnico. La Organización de investigación y tecnología se rige por las mismas normas financieras que la OTAN, es un organismo que depende del Comité militar y de la Conferencia de directores nacionales de armamento y cuyos gastos son cubiertos por ambos. El presupuesto de la Organización de investigación y tecnología es aprobado, en primer término, por la Junta de investigación y tecnología y, posteriormente, por los comités presupuestarios civiles y militares La participación española se realiza a tres niveles. A nivel de la Junta de investigación y tecnología, España tiene dos delegados nacionales pertenecientes a la Digam -Dirección General de Armamento y Material- y al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, asistidos ambos por un coordinador nacional. En el segundo nivel, España está representada en los seis paneles de manera que se tiene una completa visión sobre las actividades que se realizan.
Para tener acceso a los resultados de los trabajos realizados en el tercer nivel es necesario participar activamente en los mismos. España está incluida en varios grupos de trabajo, en estudios científicos a largo plazo, en grupos de dirección y en grupos de estudio e investigación.
La participación en las actividades de este tercer nivel tiene carácter voluntario y cubre todo el espectro tecnológico no nuclear. Las actividades procedentes de antiguos grupos consultivos para la investigación y desarrollo aeroespacial están abiertas a la participación industrial a todos los niveles, mientras que los provinientes del antiguo Grupo de investigación de defensa constituyen solamente un foro gubernamental. Existe un número mínimo de naciones interesadas en que la corporación tenga lugar. En todo caso, y contrariamente a lo que sucede en la cooperación en el seno de la Unión Europea Occidental, estos programas se realizan sin financiación específica del Ministerio, puesto que son asumidos dentro de los gastos de funcionamiento de los organismos y empresas participantes.
Adicionalmente, España participa en otros programas de I+ D de la OTAN surgidos de otros grupos OTAN como el Grupo de armamento naval o como la Junta de mando, control y coordinación de la OTAN. Entre estos programas se encuentra el sistema de defensa antitorpedo para buques, la modernización del sistema de misiles para defensa de buques sea sparrow, la normalización de los sistemas de comunicaciones tácticas para después del año 2000 o la iniciativa Cals sobre adquisiciones.
El señor PRESIDENTE: Señor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: No hace falta, me doy por sastisfecho.
- DEL SEÑOR TORRES GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO SOBRE FORMA DE ASEGURAR LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE DEFENSA, TANTO EN ESPAÑA COMO EN EL EXTRANJERO (número de expediente 181/001228).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 7, del señor Torres Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la forma de asegurar la calidad en los procesos de adquisición de material de defensa, tanto en España como en el extranjero.
Señor Torres.
El señor TORRES GÓMEZ: Señor secretario de Estado, en un pasado reciente algunas actuaciones de ciertos ministerios -que no es el caso mencionar ahora- en la adjudicación de contratos millonarios han dado como resultado un grave perjuicio para la Administración del Estado, precisamente por la falta de control de las calidades y por incumplimiento, consentido también, de las especificaciones de los proyectos. Los casos se podrían contar por cientos.
En el caso objeto de esta pregunta, es la Dirección General de Armamento y Material la responsable de programas de miles de millones de pesetas cuya inversión es necesaria para nuestra defensa.
El volumen que alcanzan las adquisiciones de sistemas de armas hacen necesario extremar los controles sobre todos los procesos que intervienen en la misma, inspecciones industriales, normativa OTAN, órganos de contratación, etcétera. Para que esta Comisión tenga un conocimiento más exhaustivo de ello es por lo que le pregunto qué forma de asegurar la calidad en los procesos de adquisición de material de defensa, tanto en España como en el extranjero, tiene el Ministerio de Defensa.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): El aseguramiento de la calidad de los productos que adquieren los órganos de contratación
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del Ministerio de Defensa lo realiza el área de inspecciones industriales de la Dirección General de Armamento y Material. Para llevar a cabo esta función, esta Dirección General cuenta con la política, metodología y los recursos materiales y humanos apropiados. El área de inspecciones industriales tiene las inspecciones técnico-receptoras de defensa distribuidas por todo el territorio nacional, que son los órganos ejecutivos locales en los que se encuentra destinado el personal competente de los cuerpos de ingenieros de los ejércitos, que son los que, a su vez y en última instancia, están en contacto directo con las empresas que suministran el material que contratan los distintos órganos del Ministerio de Defensa.
Los procedimientos empleados por el área de inspecciones industriales coinciden con los establecidos por la Organización del Tratado del Atlántico Norte y se describen en sus publicaciones -perdonen por decirlo en inglés- Allied Quality Assurance Publications, que son las publicaciones del aseguramiento de la calidad de los países aliados.
Desde el año 1985 se han firmado con los países de la OTAN acuerdos de cooperación en el ámbito de aseguramiento mutuo de la calidad. En este sentido, cuando se fabrica en España un material -y esto es un punto importante- adquirido por un país de la OTAN, son nuestros propios ingenieros inspectores quienes realizan las labores adecuadas para asegurar la calidad de dicho material. Y, en reciprocidad, cuando se adquiere un material en un país de la OTAN, son los inspectores de dichos países los que avalan la calidad del material contratado, realizando los cometidos propios del aseguramiento de la calidad y produciéndose un ahorro para ambos países cooperadores notable en cuanto a desplazamientos y otro tipo de gastos similares.
El Ministerio de Defensa tiene declarado de obligado cumplimiento, además, la normativa de aseguramiento de la calidad Pecal de la serie 100, que es la versión española de las normas citadas anteriores de la OTAN. La Orden Ministerial 65/1993, de 9 de junio, indica que las actuaciones que comprende la gestión del aseguramiento de la calidad de las adquisiciones de material de defensa deberán ser extremadamente rigurosas y establece para ello unos parámetros.
La instrucción 39/1998, de 18 de febrero, desarrolla de forma pormenorizada las actividades de calidad a realizar tanto por los órganos de contratación como por la Dirección General de Armamento y Material, que básicamente consiste en que los contratos deberán incorporar las cláusulas administrativas y técnicas de aseguramiento de la calidad que figuran en dicha instrucción. Con la incorporación de estas cláusulas se obliga, por un lado, a los contratistas, tanto nacionales como extranjeros, a tener unos sistemas de calidad, de conformidad con la exigencia normativa de aseguramiento de la calidad que en ella se recoge, la Pecal; y, por otro, permite que los servicios oficiales de aseguramiento de la calidad supervisen y controlen el desarrollo y la fabricación de los productos de esas empresas, de acuerdo precisamente con esas normas y no necesariamente con conocimientos previos que pudiesen obviarlas.
El resultado final del aseguramiento de la calidad del material de defensa es la emisión del certificado de conformidad de calidad expedido por el contratista y refrendado por el área de inspecciones industriales de la Dirección General de Armamento y Material, sin cuyo requisito no podrá ser recepcionado el material o servicio.
- DEL SEÑOR PERALES PIZARRO, DEL GRUPO SOCIALISTADEL CONGRESO, SOBRE EXPLICACIÓN QUE SE PUEDE DAR SOBRE ELINCIDENTE OCURRIDO FRENTE A LA COSTA CONIL DE LA FRONTERA (CÁDIZ), EN QUE UN PROYECTIL IMPACTÓ A 5 METROS APROXIMADAMENTE DE UN PESQUERO DEL PUERTO DE CONIL (número de expediente 181/001692).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 8, del señor Perales Pizarro, del Grupo Socialista, sustituido en este trámite por la señora Romero, sobre el incidente ocurrido frente a la costa de Conil de la Frontera (Cádiz), en que un proyectil impactó a 5 metros aproximadamente de un pesquero del puerto de Conil.
Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Pido su consideración porque voy a intentar explicar en breve tiempo cómo acaecieron los hechos según la información que salió recogida en prensa y que es la que tiene esta diputada que les habla.
Parece ser que los últimos días de junio cae un obús a 5 metros del pesquero Hermanos Camacho. Los dos tripulantes oyen un silbido y una gran explosión en aguas cercanas a Cabo Roche. Esto ocurre el 31 de junio, según mis datos, a las once y cuarto de la mañana. La cofradía dice que estos sucesos se han producido varias veces y que las maniobras militares afectan cada vez en mayor medida a las labores de pesca. Hay que tener en cuenta el cuidado que los pescadores y la población de Conil están teniendo con un caladero en el que se han instalado arrecifes artificiales y que gran parte de su población vive de la pesca artesanal. La cofradía dice que el punto exacto de las coordenadas no coincide con las transmitidas por la Comandancia Naval de Cádiz. Allí faenaban, además, otros dos pesqueros, el María Isabel y el María Elena, que por su cercanía al lugar de los hechos son testigos de lo que ha ocurrido. La cofradía de pescadores de Conil habla de los perjuicios económicos que ocasionan las maniobras de Cabo Roche, del Retín y las de Campo Soto al sector pesquero de Conil, de Barbate y de las zonas colindantes.
Hay abundantes cartas de la cofradía de pescadores a todas las autoridades civiles, militares y autonómicas.
La información oficial que se facilita, según informaciones de la prensa, es que la Jefatura del Estado Mayor de la Armada confirma que fueron ejercicios de tiro con fuego real, realizados desde la batería de costa del polígono de tiro de Torregorda. El Instituto Hidrográfico de la Armada informa, a través de la red Mercurio, de la celebración de estas prácticas, especificando siempre el tipo de prácticas y la zona. Esta información va a las estaciones de radio costeras que, a su vez, la suministran a los barcos pesqueros.
Parece que estas prácticas estaban programadas para el 16, 26, 29 y 30 de junio. La Armada no inicia ninguna investigación porque no dependen de ella las instalaciones desde
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donde se produjeron estos disparos, siendo Defensa quien debe pronunciarse.
Ante esta información, la cofradía de pescadores, la mancomunidad de municipios, las autoridades municipales de aquella zona piden explicaciones a Defensa. Continúa la información oficial en la prensa diciendo que Defensa niega que cayera ese obús cerca del pesquero y que esas maniobras se hacen los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio, es decir, hay una cierta contradicción en las fechas.
Supongo que son contradicciones de algunas informaciones que no coinciden en los días que se facilita la información en los medios de comunicación. Defensa dice que destaca un barco de vigilancia con radares y que es dudoso que el barco pesquero estuviera a 5 metros. Esta información de Defensa es, a su vez, abundada por un desmentido de las autoridades civiles, tanto por el delegado del Gobierno, señor Torres Hurtado, como por el subdelegado del Gobierno de Cádiz, señor Osuna. Según esta información, el incidente no ha existido. Apartir de ahí, como comprenderá, las reacciones de los pescadores, que se ven injustamente acusados de haber mentido al hablar de un incidente que no ha existido, son bastante desagradables y podrían haberse evitado.
Señor secretario de Estado, ¿cree que los pescadores han mentido gratuitamente? ¿Cree que merecen la desconsideración del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, que no sólo no recogen su preocupación y su alarma, sino que encima son acusados de mentir? ¿Qué pretende Defensa diciendo que es dudoso que este percance haya sucedido cerca del barco de pescadores Hermanos Camacho? ¿Ha iniciado una investigación que satisfaga a la cofradía, o va a tener por norma considerar mentirosos a los pescadores y dará crédito siempre a las informaciones internas? ¿Va a ser ésta la política informativa en lo sucesivo? Éstas son las preocupaciones que esta diputada quiere transmitirle y espero que su respuesta sirva para aclarar estos términos.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Durante los días 29 y 30 de junio y 1 y 2 de julio se realizaron pruebas balísticas del nuevo obús 155/52 de la Empresa Nacional Santa Bárbara, en el polígono Costilla. Su objeto era el estudio del comportamiento balístico de la munición disparada por este obús.
En una intervención previa esta misma mañana ya he manifestado que es absolutamente necesario al interés de Defensa, que es también el interés de España, contar con unos lugares en los que podamos comprobar que todo el esfuerzo que hacemos para tratar de dotar a España de una defensa consecuente con su posición interna y en el mundo tiene un sentido, tiene una utilidad, una eficacia. Por eso entendemos que estas pruebas se tienen que hacer, como se hacen en todos los demás países del mundo.
Las citadas pruebas, como decía, se realizaron en el polígono de experiencias Costilla, ubicado en Torregorda, que es una unidad dependiente, como decía S. S., de la Dirección General de Armamento y Material, pruebas que se desarrollan con munición inerte, es decir, sin carga explosiva. Primer punto que me interesa señalar. Todos estos aspectos que estoy diciendo son plenamente comprobables, porque no hay ejercicio de tiro que no tenga establecido un protocolo de pruebas, donde se pueden comprobar todas estas cosas.
Para la realización de estas pruebas se requirió a la zona marítima del estrecho la publicación del correspondiente aviso a navegantes, siendo el Instituto Hidrográfico el que puntualmente lo difundió. Asimismo, se difundieron las correspondientes notificaciones a los aviadores para obtener la correspondiente reserva del espacio aéreo. Se estableció, además, relación directa con la autoridad portuaria para obtener autorización de acceso de los radares de vigilancia a la posición más adecuada, no sólo para apoyar el registro de los parámetros balísticos, sino, fundamentalmente, para garantizar la completa seguridad en la realización de las pruebas, como se hace siempre.
Además de lo anterior, y para mayor seguridad, en fechas previas a las de realización de las pruebas, el polígono de experiencia se puso en contacto con la cofradía de pescadores de Conil y con la sociedad que administra la armadora de Barbate para reiterarles el aviso que habían recibido ya por vía oficial de que las pruebas se iban a realizar.
El 30 de junio, que no el 31, de 1998, segundo día de los ejercicios de tiro, se desarrollaron las pruebas programadas y en todo momento la zona de caída de proyectiles estuvo controlada por los siguientes medios del polígono de experiencias Costilla: dos radares de vigilancia, situados en Torregorda; dos radares de localización de pique, situados, uno en Faro de Roche y el otro en Torrenueva, y una embarcación de vigilancia del castillo de Sancti Petri, perteneciente al citado polígono, situada en las proximidades del punto de caída de los proyectiles.
En las pantallas de todos esos radares se detectó la situación de las embarcaciones que navegaban en las proximidades de la zona de caída de los proyectiles, estando el pesquero más cercano a dicha zona a 1.275 metros de la misma. Los citados pesqueros se encontraban dentro de la zona en la que se publicó el aviso para navegantes, que, además, se encuentra marcada en las cartas náuticas como zona prohibida de pesca y arrastre.
En resumen, la munición que se empleó no tenía carga explosiva y, por tanto, no pudo explotar. Segundo, el pesquero estaba situado a una distancia de 1.275 metros, en comparación con los 5 metros que se alegan por la otra parte, diferencia lo suficientemente amplia. Sin embargo, el Ministerio de Defensa no va a decir nada en cuanto a las declaraciones de los marineros y de los pescadores de Barbate, a los que respeta extraordinariamente, siendo prueba de ese respeto todo este procedimiento que le acabo de referir. Ahora bien, el Ministerio tiene también el derecho a que, después de todo este procedimiento, se tenga en consideración su manifestación porque, además, cada pique de los caídos está establecido en un determinado mapa de piques.
Señoría, no vamos a entrar en si creemos que han mentido, porque no es nuestra misión; el Ministerio de Defensa comparece aquí para decir lo que le consta, no lo que alega la otra parte. Ni siquiera diremos si sería mejor que, en vez de hacer ejercicios de tiro en esos lugares, se pescase. Lo que sí vamos a decir es que, jurídica y administrativamente, es una zona excluida para la pesca, que había unos pesqueros
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dentro de esa zona, que se les había avisado de que iba a haber pruebas, que el proyectil cayó a 1.275 metros del pesquero más cercano y que todo eso está establecido, en unos determinados planos, en unos determinados mapas, por unos sistemas y unos sensores que lo pueden demostrar.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor secretario de Estado, incluso en el caso de que no tuvieran carga explosiva, incluso en el caso de que no fueran 5 metros, e incluso en el caso de que fueran zonas que no eran para la pesca de arrastre, lo que sí es cierto es que la política informativa que tuvo el Ministerio de Defensa y desde luego la actitud que mantuvieron las autoridades civiles en aquel momento probablemente creó un problema donde no lo había, probablemente donde podría haberse evitado.
Si es cierta la versión que da el Ministerio de Defensa, y yo no tengo por qué dudarlo, lo que sí es cierto es que se ha generado un problema que, probablemente, con una buena política informativa del Ministerio de Defensa y desde luego con una actitud diferente, tanto del delegado como del subdelegado del Gobierno en Cádiz, se podría haber evitado.
Usted sabe que aquí el contencioso no es un contencioso jurídico, sino un contencioso político. Estos problemas podrían haber existido antes, pero si ahora salen a la luz uno tiene que preguntarse por qué razón pueden salir a la luz incidentes de esta naturaleza, si pueden haberse incrementado las actuaciones, o si las fechas son impropias.
Tenga en cuenta que se celebran a principios de julio, en plena temporada turística, con lo que se genera alarma en la población. Además, esa provincia, de la que soy diputada, tiene su apuesta en el desarrollo turístico de la zona y en el desarrollo de esa pesca artesanal. Piense el Ministerio de Defensa si se han incrementado las actuaciones y en fechas impropias y si se reciben instrucciones que no favorecen el diálogo con los sectores sociales. Puede ser que se esté generando una actitud de hostilidad gratuita hacia las Fuerzas Armadas. No es la primera vez que se producen conflictos de esta naturaleza. Es una situación delicada la que se vive en una provincia que, como sabe muy bien, tiene servidumbres de la defensa en grado sumo.
Tengo que decirle que usted forma parte de un Gobierno que probablemente ni conoce ni comprende a la provincia de Cádiz, a pesar de ser la destinataria principal de las servidumbres, porque si esto hubiera ocurrido de otra manera a lo mejor nos habríamos ahorrado el problema.
Ahora la población tiene derecho a saber, por ejemplo, por qué han triplicado el presupuesto de defensa y hasta ahora no han sabido cuáles son las contraprestaciones a esa servidumbre; sin embargo, se ha disminuido tres veces la cantidad destinada a infraestructuras. Ése es el fondo del problema.
Si los pescadores tienen que sufrir las relaciones con Marruecos, si los pescadores tienen que soportar ahora las relaciones con Gibraltar, tienen que soportar también unas malas relaciones con las Fuerzas Armadas, con incidentes que este Gobierno se podía haber ahorrado, ¿qué se pretende con esto? Probablemente sea la torpeza su peor aliado en estos momentos, pero no inicien un camino peligroso, no lo sigan, por el aprecio que todos tenemos a las Fuerzas Armadas.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): Me alegro mucho de saber, después de su intervención, señoría, que se aprecia a las Fuerzas Armadas, porque he podido comprobar que toda acción de las Fuerzas Armadas, aunque esté tan perfectamente establecida como ésta que acabo de describir, tiene una determinada contestación.
En cuanto a la actitud informativa, quiero decir que la primera reacción que tuvo el Ministerio de Defensa cuando se produjo la denuncia fue hacer una determinada investigación y comparecer ante esta Cámara, cuando ha sido llamado, a explicar qué pasó. Desconozco las intervenciones del delegado y del subdelegado, pero desde luego estarían en esa línea, y en la línea de la investigación, y de lo que hoy tenemos encima de la mesa.
Por lo tanto, creo que ni hay una actitud del Gobierno, como S. S. quiere presentarla de desinformación y desprecio al pueblo de Cádiz ni hay una hostilidad gratuita de los habitantes de Cádiz hacia las Fuerzas Armadas.
Si me permite S. S. que lo diga, este secretario de Estado pasa sus vacaciones en Cádiz, a pesar de no ser de la zona, precisamente porque le parece que es una provincia entrañable, además de tener grandes recursos turísticos, y jamás ha detectado una actitud en contra de las Fuerzas Armadas.
Y en este caso de Conil, no me parece que haya que extrapolar la situación del incidente que allí se produjo y que se acaba de explicar perfectamente a los grandes problemas presupuestarios. Cádiz es una provincia tradicionalmente vinculada a Defensa, lo que tiene unos inconvenientes y unas determinadas ventajas; la política general del Estado en Cádiz no se circunscribe a las Fuerzas Armadas y nosotros procuramos cumplir con Cádiz, como S.S.
sabe y como se ha explicado esta mañana en esta sesión de comparecencia, con una especial sensibilidad y una especial atención. Reconocemos su esfuerzo muy sustancial, por su posición geoestratégica, por su tradición militar y por haber sido la puerta de América para España. Yo entiendo que Cádiz aporta a España lo que considera que debe aportar, y en reciprocidad a esa libertad y a esa solidaridad de Cádiz hacia el resto de España, el Gobierno, y muy particularmente el Ministerio de Defensa, devuelve a Cádiz lo que entiende que puede devolver. No pienso, por lo tanto, que haya ninguna queja. Yo, desde luego, no tanto como secretario de Estado, sino personalmente, he comprobado que las relaciones entre el pueblo de Cádiz, el pueblo de San Fernando, el pueblo de Rota y las Fuerzas Armadas son magníficas. Se dan estos incidentes que pueden ocurrir en las mejores relaciones, que se solventan con claridad, y, si me permite decirlo, creo que S. S. trata de llevar un incidente, incidente que ya ha intentado aclarar el Gobierno con datos puntuales y precisos, a una situación que yo creo que no existe.
En cualquier caso, le reitero, señoría, la sensibilidad del Gobierno y le ruego que, si hubiese alguna queja particular, específica, sobre algún aspecto puntual de las relaciones
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de la Defensa con Cádiz, la manifieste concreta y específicamente. No dude S. S. de que existe una sensibilidad especial, como vengo reiterando, del Ministerio hacia una provincia que tanto aporta a la defensa de España, como dice S. S.
- DEL SEÑOR GUTIÉRREZ MOLINA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR, EN EL CONGRESO, SOBRE VALORACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE ENVEJECIMIENTO DE BLINDAJES LIGEROS (número de expediente 181/001757).
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 9, del señor Gutiérrez Molina, del Grupo Parlamentario Popular, sobre valoración de la suscripción del protocolo para la puesta en marcha del proyecto de investigación de envejecimiento de blindajes ligeros.
El señor GUTIÉRREZ MOLINA: El motivo de la pregunta está en que hace, aproximadamente, dos o tres meses el Consejo de Ministros autorizó, en su correspondiente reunión, la suscripción de un protocolo y un gasto de 66 millones de pesetas en cuatro años para la puesta en marcha de este proyecto de investigación. Quería conocer el objetivo de este programa de investigación, por una parte, si el Gobierno puede facilitar la información, y, por otra, saber si dentro del objetivo de este programa existía la posibilidad de comparar las características que presentan los materiales sometidos a los procesos de degradación que en el protocolo se contemplaban; sobre todo, como decía en principio, si podían concretar los objetivos de este programa de investigación que se referirían a la mejora del conocimiento y comprensión del comportamiento de los blindajes ligeros por distintos elementos que los componen.
Éste era el objeto de la pregunta.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE LA DEFENSA (Morenés Eulate): He comentado antes el problema de la cooperación de largo plazo en Defensa, que está promovido por los países del grupo de armamento de Europa occidental y que es una iniciativa en el campo de la investigación y tecnología en temas de defensa, cuya finalidad es la optimización de los recursos destinados a estas materias.
Este programa se divide en áreas comunes de prioridad, que expliqué también, y una de ellas se encuentra dedicada a materiales y estructuras avanzadas. En el marco de esta última se encuentra el proyecto RTP 319, cuyo título es: Efectos operacionales y de envejecimiento sobre blindajes ligeros por elementos. El protocolo de puesta en marcha ha sido firmado en el mes de julio del presente año. Este proyecto tiene como objetivo incorporar los resultados del envejecimiento y otros daños producidos durante la vida útil de los blindajes a los modelos de diseño bidimensional y tridimensional sobre tamaño y tipo de configuración de blindajes por elementos modulares, desarrollados en dos proyectos anteriores en los que también participó el Ministerio de Defensa español, que son el 302 y el 316.
Participa España en este proyecto junto con Dinamarca, Italia y los Países Bajos, y por parte de la industria nacional es la Empresa Nacional Santa Bárbara la que participa en este proyecto. Recordará S. S. que habíamos comentado que la financiación solía ser 70-30 entre los Estados y las industrias.
En cuanto a su interés operativo, el proyecto permitirá obtener un mejor conocimiento y comprensión del comportamiento de los blindajes ligeros por elementos, así como evaluar la capacidad de los mismos frente a las condiciones ambientales que actúan a lo largo de su vida operativa.
El señor PRESIDENTE: Señor Gutiérrez Molina, si no quiere intervenir, damos por terminado el bloque de preguntas y agradecemos al secretario de Estado su presencia en la Comisión y su respuesta minuciosa a las diferentes cuestiones.
- RELATIVA A CESIÓN POR EL MINISTERIO DE DEFENSA DEL EDIFICIO DESAFECTADO DEL GOBIERNO MILITAR ALAYUNTAMIENTO DE FERROL (LA CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (número de expediente 161/000718).
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate y votación de las proposiciones no de ley.
En primer lugar, la que figura con el número 10, del Grupo Parlamentario Mixto, proposición no de ley relativa a cesión por el Ministerio de Defensa del edificio desafectado del Gobierno Militar al Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña).
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para entender la importancia de esta proposición no de ley, empezaremos por recordar que, según informaciones del Gobierno, Galicia, con una extensión, por supuesto, muchísimo menor, es, inmediatamente después de Andalucía, la comunidad que tiene más bienes inmuebles de Defensa desafectados, abandonados e infrautilizados. Yesto sin contar con los muchos inmuebles que, aunque están afectados por Defensa, no son utilizados para ningún fin militar y están en un estado prácticamente letárgico y de abandono total.
Un dato puede ser elocuente. Una ciudad que tiene 83.000 habitantes tiene un bien inmueble, el cuartel Sánchez de Aguilera, prácticamente abandonado, sólo con una presencia residual, de una extensión de 9,5 hectáreas, 95.000 metros cuadrados, situado en el centro urbano mismo de la ciudad.
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Esto nos puede dar una idea. Y todos los intentos que hizo el Ministerio de Defensa hasta ahora para deshacerse, por ejemplo, de este inmueble, uno de los situados en el centro de la ciudad, lo hacía siempre que hubiese un pago previo de 2.000 millones de pesetas, que puede parecer una cifra ridícula si realmente va destinada a un gran especulador de una ciudad en ascenso económico o simplemente con gran capacidad de construcción y, por lo tanto, con gran capacidad de movilidad del parque de viviendas, pero no es el caso en una ciudad en que no solamente baja la población, sino que, además, hay una gravísima crisis económica, industrial y social.
Otro tipo de dialéctica podría estar representada por muchos otros edificios o extensiones de terreno que tienen una mayor incidencia, también situados en el centro de la ciudad, y que empezaron siendo subastados por Defensa por 500 millones y al final tuvieron que dejarlo, incluso para gran especulación urbanística, por 350 millones de pesetas. Es el caso, por ejemplo, de la parcela de intendencia, que fue cedida gratuitamente a Defensa en 1941 y que sólo a través de un convenio urbanístico con el Ayuntamiento acabó siendo destinada a construcción civil. La superficie real de esta parcela son 5.600 metros cuadrados en el centro de la ciudad. Podríamos poner el ejemplo de edificios nobles, pero prácticamente habitables a nivel familiar, como es el destacamento de la Comandancia Regional de Obras, que empezaron siendo ofertados por 47 millones en subasta pública, también en el centro de la ciudad, y acabaron, lógicamente, siendo vendidos por una cantidad muchísimo menor.
El Gobiemo Militar que ahora nos ocupa fue antiguamente, ya desde el siglo XVIII, cárcel y más tarde primer instituto de enseñanza media de la ciudad, y el Ministerio de Defensa, una vez que lo abandonó totalmente, hizo un precio tasado, inasumible por una Administración local que está en las circunstancias que está, 350 millones de pesetas.
Después, lógicamente, había que invertir en arreglar toda su estructura interna, como corresponde a un edificio del siglo XVIII, que, además, pasó por usos tan diferenciados y por obras en su estructura interna tan diversificadas funcionalmente.
Si a esto, por citar unos ejemplos nada más, añaden ustedes las inmensas murallas de Bazán, hoy aún sin derribar, a pesar de que gran parte de la muralla no oculta ningún tipo de edificio o de base logística que tenga un interés militar, o todas las zonas de la costa, de gran belleza y de importancia paisajística y ecológica, como el polígono de tiro de Doniños, que siguen ahí estando actuante, por cierto, con un grado de agresión visual e impacto incluso ecológico para seguramente ser abandonado cuando a Defensa le venga en gana; o el sinnúmero de cuarteles, de baterías e instalaciones militares por toda la costa, por no citarles los ya mentados BIC, (bienes de interés cultural), declarados como tales, como el castillo de San Felipe, o el de La Palma, o el monasterio de Santa Catalina, en Ares, en proceso de declaración de BIC, o el cuartel de As Torres, que es el edificio civil posiblemente más importante de toda Galicia, con una estructura barroca y que va a ser abandonado al final, por lo menos para fines militares, por Defensa -podríamos seguir enumerando-; tendrán ustedes una radiografia aproximada, pero aún así no bien elocuente de la situación de esa comarca.
El Ayuntamiento hizo un avance del Plan general de ordenación urbana en 1997, donde aparece el Gobierno Militar, que está cerrado y abandonado, destinado a un sistema de dotaciones comunitarias. El Ministerio de Defensa no hizo sugerencia alguna por lo demás para rectificar este tipo de finalidad, dotación comunitaria, que sí lo hizo en otros casos. En ese caso, dejó, efectivamente, la finalidad asignada por el avance del Plan general de ordenación urbana, que fue aprobado por unanimidad el 24 de abril de 1998 por la Corporación local.
Ustedes saben que el Bloque Nacionalista Galego, nada más llegar a este Congreso de los Diputados, intentó que se modificase de una manera moderada la Ley de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa, de 1984. Comenzamos por un debate plenario, creo que en abril de 1996 o posiblemente un poco más tarde, que no dio los frutos requeridos, aunque a la larga significó una presión para que el Gobierno la modificase en cierta forma, aunque no la deseada, modificación que por cierto aún está en trámites. En esta misma Comisión se trataron proposiciones no de ley del BNG para conseguir que se cuidasen algunos de estos BIC (bienes de interés cultural), como el castillo de San Felipe o el monasterio de Santa Catalina, y que de alguna manera se posibilitase su cesión para usos civiles a la corporación local respectiva y/o a la Xunta de GaIicia. Afortunadamente, vuelvo a repetir, la presión llevó a que el Partido Popular, por su propia iniciativa, no del Gobierno, presentase una modificación parcial de la Ley de 1984, la cual contempla, aunque de una manera un tanto problemática, la cesión gratuita de los bienes.
Quiero recordar a SS. SS. que no estamos, por lo tanto, ante un capricho, estamos ante una imposibilidad. Si las arcas locales fuesen suficientes, que no lo son en ningún caso y en este muchísimo menos, si la movilidad urbanística, la capacidad de construcción y la situación social diesen para grandes maniobras especulativas en el caso de Ferrol, aún se podría entender, desde determinadas opciones políticas, sostenello y no enmendallo y no comer ni dejar comer, pero es que, además, en este caso hay un impago de tributos locales por actividades y patrimonio inmobiliario de la Armada y el Ejército de Tierra en los diez últimos años que asciende a más de 2.000 millones de pesetas y que están incobrados. Lógicamente, esto lleva a que todas las fuerzas políticas, sin distinción ideológica, tengan que reconocer que tienen que buscar alguna manera de hacer frente a un gravísimo problema urbanístico, gravísimo, como no lo tiene ninguna ciudad del Estado español, ninguna -vuelvo a afirmarlo, ninguna-, y a un proceso de declive y deterioro brutal. Algo tendremos que hacer.
Nosotros entendemos que Defensa afecte todo lo que quiera, pero, por favor, si lo afecta, que lo use. Y entendemos que abandone, pero entonces que posibilite alguna forma de uso de eso que abandona que no sea especulativa y que no sea leonina e imposible de asumir, vuelvo a repetir, por un gobierno local de cualquier color, da igual, porque, aunque quisiesen, no lo podrían asumir. Ypor eso el 26 de septiembre de 1997 hubo un acuerdo unánime de la corporación local en pleno que pedía que, teniendo en cuenta que el Ministerio de Defensa tiene comunicado a este Ayuntamiento,
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en relación con los trabajos de revisión y adaptación del Plan general municipal de ordenación urbana, y que el edificio del Gobierno Militar carece de interés para el Estado Mayor del Ejército, el Ayuntamiento de Ferrol, previa elaboración de un plan de usos, solicitará a Defensa la cesión gratuita de este inmueble para fines públicos, resolución de la que se dio cuenta a todos los organismos estatales interesados. En este caso, se trata de un edificio emblemático, centro de arquitectura singular y con amplio espacio, que podría tener unos usos públicos adecuados, que fue un instituto hasta los años cuarenta y que, por lo tanto, siempre tuvo un uso de carácter civil, que está dentro del patrimonio histórico-artístico, edificio del siglo XVIII, y abandonado. Nosotros pensamos que lo mejor sería una cesión gratuita, ya que, desde luego, no tiene un interés económico cierto, sobre todo si se mantiene como patrimonio histórico-artístico con su actual configuración. Si se quisieran hacer viviendas, para que fuese rentable, cada vivienda costaría la friolera de 50 a 100 millones de pesetas, o posiblemente más.
Señorías, pedimos que, dentro de la legalidad, haya voluntad política para un gravísimo problema de esta ciudad, que fue rehén del Estado español desde el siglo XVI, especialmente desde el XVIII, y hasta fueron importante en las costas atlánticas estratégicamente para la Organización del Tratado del Atlántico Norte y para los Estados Unidos. Hoy está seria y progresivamente abandonado y comprenderán ustedes que no sería de recibo, aunque se intentase, pasar este edificio, patrimonio histórico-artístico, a pública subasta, porque ya indiqué, al margen de discrepancias políticas o de la visión que tenemos sobre el problema, que aun intentando hacerlo, si se mantiene su valor de patrimonio histórico- artístico, es inviable para una maniobra de carácter especulativo.
Lo único que queremos es su integración en la sociedad, que tenga una nueva funcionalidad y todo esto dentro de la concepción de que las propiedades del Estado son un bien común a proteger, que no deben ser pasto de especulación, que no se debe tolerar su deterioro, que deben tener usos sociales responsables, sobre todo, a partir de la tesis de que todo el mundo tenemos derecho a comer, y, en primer lugar, el Ministerio de Defensa, pero todos tenemos también el deber de pedir que nos dejen comer.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado el Grupo Popular una enmienda de texto alternativo, que creo que ya conoce el resto de los grupos.
Para su defensa tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular comparte gran parte -valga la redundancia- de los argumentos utilizados por el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, del Grupo Parlamentario Mixto; no así los términos tan duros del preámbulo de la proposición no de ley, hablando de especulación o, como se decía en este mismo momento, de ser rehén de la historia desde el siglo XVIII, en que la Armada o el Ejército se implantan en la ciudad de Ferrol.
Recordando aquella anécdota de la paloma de Kant, que veía en el aire, en lugar de la fuerza que posibilitaba el vuelo, una especie de impedimento o de recurso en contra, no podemos olvidar que gracias a que hasta hoy existe una presencia importante de las Fuerzas Armadas, la ciudad de Ferrol es en gran medida lo que hoy es y lo que probablemente siga siendo en el futuro, por su dependencia de los astilleros, de los arsenales, de la propia presencia de los acuartelamientos del Ejército de Tierra, de la Armada o de la Infantería de Marina.
Teniendo en cuenta que se cita el cuartel de Dolores, que todavía está totalmente en vigor, puesto que allí está destinada la Infantería de Marina con su regimiento, de la misma manera que el de artillería del Ejército de Tierra, que tratamos que no se vaya de la ciudad, el Grupo Parlamentario Popular sí está de acuerdo en que en este caso concreto -de la misma manera que en otros ya tratados con ocasión de proposiciones no de ley presentadas en esta misma legislatura que hacían referencia, como decía el señor Rodríguez Sánchez, tanto al castillo de San Felipe como al monasterio de Santa Catalina-, la especial singularidad, emplazamiento e historia del Gobierno Militar de Ferrol merecen un tratamiento especial para la resolución de un problema que el Grupo Parlamentario Popular ha tratado de solucionar a nivel nacional, presentando una modificación de la Ley de Gerencia de Infraestructuras.
Por ello, considerando que es perfectamente razonable que un edificio que se encuentra abandonado en el centro de la ciudad, un edificio histórico, vinculado por muchas razones a la historia de la ciudad de Ferrol, presentamos este texto alternativo a la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Gallego, del Grupo Parlamentario Mixto, en los siguientes términos: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el plazo más breve posible se inicien los trámites entre la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa y el propio Ayuntamiento de Ferrol para proceder a la firma del pertinente convenio entre ambas instituciones, de acuerdo con la legislación vigente y con la proposición no de ley 161/1974, del pasado 18 de diciembre, aprobada por unanimidad, para el caso concreto del edificio del Gobierno Militar de Ferrol. Se recogen los términos expresados en la proposición no de ley que he citado, que en tres apartados decía claramente que se mantendrían preferentemente los monumentos histórico-artísticos que hayan sido declarados BIC desafectados por el Ministerio de Defensa en el patrimonio del Estado para afectarlos a cualquier otro servicio de la Administración; que había que promover la firma de convenios con las comunidades autónomas o corporaciones locales para la cesión de las referidas instalaciones desafectadas por el Ministerio de Defensa, de forma que puedan ser debidamente protegidas, restauradas y destinadas a uso público, de conformidad con lo establecido en la legislación reguladora de la Gerencia de Infraestructuras de la Defensa, y estudiar concretamente esta posibilidad -en el caso de San Felipe y del monasterio de Santa Catalina, se decía en aquel momento-, hoy, en el caso del Gobierno Militar de Ferrol, una vez desafectado, para que pueda ser debidamente protegido, restaurado y destinado al servicio público.
Entendemos que es razonable lo que se pide y por ello planteamos esta modificación al texto presentado por el Bloque Nacionalista Gallego, que esperamos sea de su conformidad, para poder sacar adelante la proposición no de ley que en este momento debatimos.
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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? Por el Grupo de Izquierda Unida tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Como saben SS.SS., en este caso y en otros parecidos, Izquierda Unida siempre ha venido manteniendo la idea de las cesiones gratuitas de los inmuebles que están enajenados por parte del Ministerio de Defensa. Escuchada la intervención del portavoz del Bloque Nacionalista Gallego, la suscribimos plenamente, hacemos nuestra su intervención y quedamos a la espera de que el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego se pronuncie sobre la enmienda presentada por el Grupo Popular.
Votaremos en la línea marcada por el portavoz del Bloque Nacionalista Gallego y si acepta la enmienda presentada por el Grupo Popular también la votaríamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Borreiros.
El señor BORREIROS FERNÁNDEZ: En principio vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece bien que se vote conjuntamente por todos los grupos de esta Comisión la cesión de este edificio.
Tenemos que decir que es un edificio desocupado hace tiempo y que está reconocido oficialmente por parte de la dependencia directa del Ministerio de Defensa su falta de interés militar. Y hay una cosa que no se ha dicho aquí y es que arrastra ya una larga historia de negociaciones y conversaciones entre el Ayuntamiento de Ferrol, el antiguo gobierno local y el Ministerio de Defensa, para que este edificio singular, sobre todo en la historia civil de la ciudad de Ferrol, pase a ser un edificio público civil de nuevo.
Esto se enmarca, porque muchas veces se olvida, dentro de una serie de acciones que se han hecho en la ciudad de Ferrol, por la vía de cesión o del convenio, de propiedades desafectadas de la Defensa con respecto a los poderes locales. Me refiero, nada más y nada menos, a que si existe en este momento campus universitario en Ferrol, con una ubicación -entre comillas- típicamente británica, es gracias a un convenio entre el gobiemo local, el Ayuntamiento de Ferrol y el Ministerio de Defensa, a principios de los años noventa.
Sea de la manera que sea, vía convenio, cesión, cesión de uso, etcétera, nos parece correcto apoyar todo tipo de iniciativas para que este edificio singular del barrio de La Magdalena, declarado patrimonio histórico, sea propiedad pública municipal.
Para terminar, tengo que destacar algunas declaraciones que se están haciendo últimamente por autoridades no relacionadas con la vida política pero sí con la vida institucional, sobre cómo fue la inauguración del curso universitario hace escasos días. Se pone de manifiesto un cierto retraso en las negociaciones y los acuerdos o posibles convenios que se puedan dar en su momento entre el Ayuntamiento, el gobierno local en concreto y el Ministerio de Defensa. Anosotros nos gustaría -como se dice últimamente o como se puso de moda hace unos meses- que el gobierno local moviera ficha, no sólo el Ministerio de Defensa, porque afecta a ambas partes. Quedaríamos satisfechos si con este acuerdo puntual se logra agilizar ésta y otras cuestiones pendientes de desafectación, para lo cual también mi grupo parlamentario ha presentado unas iniciativas de tipo más global.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de expresar su aceptación o no del texto alternativo, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular, teniendo en cuenta el impasse de la situación y la tradicional indisposición de Defensa a aceptar cesiones si no son convenios urbanísticos o simples subastas. Además, ya que la proposición no de ley urge a la Gerencia de Infraestructuras de Defensa a iniciar las negociaciones con el Ayuntamiento, esperamos que la imposible compra del edificio por particulares, la finalidad establecida en el PGOU, las muchas deudas de Defensa con la ciudad y el abandono de tantos bienes inmuebles y sobre todo el carácter de patrimonio histórico-artístico de este edificio en el barrio de La Magdalena, que todo esto sirva a la autoridad local para hacer una negociación aceptable.
El señor PRESIDENTE: En su momento, por tanto, votaremos esta proposición no de ley de acuerdo con la enmienda de texto alternativo presentada por el Grupo Popular.
- SOBRE INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS ESCALAS DE COMPLEMENTO DE SUBOFICIALES DE INFANTERÍA, DE CABALLERÍA, DE ARTILLERÍA, DE INGENIEROS, DE INTENDENCIA Y DE ESPECIALISTAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 161/000754).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 11, proposición no de ley sobre integración de los componentes de las escalas de complemento de suboficiales de Infantería, de Caballería, de Artillería, de Ingenieros, de Intendencia y de Especialistas. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Para su defensa tiene la palabra el señor Meyer.
El senor MEYER PLEITE: Lo prudente con esta iniciativa es retirarla, porque como vamos a debatir la Ley de Plantillas, y la Ley de Personal, será el momento de ubicar este problema. Lo llevaremos en forma de enmienda, para no tener dos debates y para no solapar uno sobre otro.
SS.SS. conocen el motivo de esta proposición no de ley.
Intenta resolver lo que nosotros creemos que es una injusticia con este colectivo, parte de lo que son las escalas de complemento, que no desarrolló bien la ley 17/1989 con relación a los suboficiales, al ascenso de la escala de complemento de Infantería, Caballería, Artillería, Ingenieros, Intendente y Especialistas del Ejército de Tierra. El máximo empleo al que pueden llegar es a sargento, por lo que hay frustración en este colectivo. Pretendíamos, recogiendo
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sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, darle una solución a este colectivo. Pero, insisto, con este espíritu lo llevaremos en forma de enmienda a la Ley de Plantillas, para ahorrar a SS. SS. tener que debatir dos veces el mismo asunto.
- RELATIVA AL ASCENSO DE DETERMINADOS COMPONENTES DEL CUERPO DE OFICINAS MILITARES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA (número de expediente 161/000858).
El señor PRESIDENTE: Parece muy razonable su postura, señor Meyer. Queda retirada esta proposición no de ley.
La número 12 es también del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, proposición no de ley relativa al ascenso de determinados componentes del cuerpo de oficinas militares.
Tiene la palabra el señor Meyer.
El señor MEYER PLEITE: Ésta sí la mantenemos, porque creemos que estamos hablando de otra cuestión. Lo que está ocurriendo con este colectivo es que no se está cumpliendo la legislación. No se puede esperar en este caso el debate sobre la futura Ley de Plantillas, la Ley de Personal y la Ley de Profesionalización para darles un cumplimiento justo de lo que las propias leyes reclaman.
Como saben SS.SS., desde 1993, según nuestro punto de vista, el Ministerio de Defensa no está cumpliendo plenamente lo dispuesto en materia de ascensos en el cuerpo de oficinas militares y se niega a ascender a comandante al personal de dicho cuerpo que reúne las condiciones legales para ello. No les voy a dar toda la legislación al respecto porque está en el texto. La disposición transitoria primera de la Ley de 1974, de 30 de marzo; el artículo 9, f), de la Ley 48/1981, y sentencias del Tribunal Supremo de fecha 19 de diciembre de 1989 y de 4 de mayo de 1994. Lo único que pretendemos es instar al Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que se produzca el inmediato ascenso al empleo correspondiente de los componentes del cuerpo de oficinas militares, que reúna las condiciones exigidas por la ley para el ascenso, en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de septiembre de 1989 y de 4 de mayo de 1994, y de lo dispuesto en la legislación vigente. Éste es el motivo por el que mantenemos esta iniciativa. No tiene las mismas características que la anterior y creemos que no debe esperar. Estamos hablando de sentencias firmes del Tribunal Supremo.
Por tanto, sometemos a la consideración de SS. SS.
votar favorablemente esta iniciativa para resolver esta situación que, desde nuestro punto de vista, está afectando a un componente importante de las Fuerzas Armadas.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean participar en el debate? Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Anuncio que mi grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Su exposición está ajustada a derecho administrativo, a las disposiciones correspondientes emitidas por el Ministerio de Defensa y a la legislación general que afectan al personal del cuerpo de oficinas militares.
Se trata de un cumplimiento de ley, no en la razón fundamental y básica del cumplimiento de la legislación que afecta para la materia de ascenso al personal de las oficinas militares, sino porque hay por medio dos sentencias del Tribunal Supremo -las acaba de citar el señor Meyer como portavoz proponente del grupo-, una de 1989 y otra de 1994, que sancionan y dan firmeza a la doctrina para aplicar al cuerpo de oficinas militares. Habiéndose pronunciado de esta manera contundente, clara y rotunda el máximo órgano judicial de nuestras instancias, como es el Tribunal Supremo, lo que no entendemos es por qué el Ministerio de Defensa no ha ejecutado estas sentencias y qué problemas hay. Se está haciendo un daño en derecho que incluso vulnera derechos constitucionales que corresponden a los funcionarios del cuerpo de oficinas militares, sobre todo aquellos que están cumpliendo las condiciones que la propia ley del Ministerio de Defensa señala para los ascensos, incluso al puesto correspondiente de comandante.
Por estas razones y para ajustarnos a un principio de derecho, sin entrar en más consideraciones, mi grupo, señor presidente, va a votar favorablemente esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: El Grupo Socialista va a abstenerse en esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque comparte la motivación fundamental por la cual ha sido presentada.
Va a abstenerse porque entiende, al contrario que el portavoz del grupo proponente, que, efectivamente, esto también debe ser objeto de un análisis en profundidad a lo largo del debate de la ley que propone un nuevo régimen jurídico del militar profesional. La problemática de la proposición referida al cuerpo de oficinas militares puede ser extensiva a otros cuerpos, por ejemplo, a la escala auxiliar, que tiene una problemática sustancialmente parecida a la de la proposición no de ley. No se trata sólo de resolver un problema, sino de reflexionar sobre la aplicación de la Ley 18/1989 y los efectos que algunos colectivos militares no han asumido de forma agradable.
No comparto el tiempo desde el cual no se cumple lo que está previsto en la ley. El portavoz del grupo proponente ha dicho que desde 1993 no se estaba cumpliendo. Quiero recordarle que la ley que declara escalas a extinguir el cuerpo de oficinas militares es de 1974; que las previsiones de ascenso que se contemplaban en la disposición adicional quinta de aquella ley no se cumplieron, ni las de la Ley de 1977, ni las de la Ley de 1981, creo recordar, ni las de de la Ley de 1989. El hecho de que para el ascenso a los distintos empleos se cumpla un determinado tiempo en los empleos de teniente, de capitán, etcétera, es un problema que se viene arrastrando desde la publicación de la ley que declara a extinguir la escala, que, como digo, es del año
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1974, y las sentencias a las que hace referencias el portavoz del grupo proponente recogen que deben ser tratados por igual todos los ascensos en todos los empleos, pero no dice nada de otros requisitos que debe cumplir cualquier militar con posibilidades de ascenso. Quiero recordar a SS. SS. que, además del tiempo de carrera efectiva, de los tiempos medios que debe cumplir en cada uno de los empleos, también debe cumplir un requisito imprescindible, que es la vacante de plaza para ascender. Muchos de los integrantes de esta escala y de la escala auxiliar han cumplido con creces los tiempos medios en algunos de sus empleos y, por tanto, podían ascender a otro empleo, pero el requisito previo de existencia de vacante o de plaza no se ha cumplido, con lo cual sus aspiraciones de ascenso han quedado colapsadas por esta aplicación de la ley.
Esto requiere, señor presidente, y ya termino, una reflexión conjunta con otras escalas que también comparten esta problemática y esta reflexión debe hacerse a lo largo de la tramitación del proyecto de ley que el Gobierno ha presentado hace muy pocas semanas en el Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Cárceles.
El señor CÁRCELES NIETO: Creo que ha sido muy sucintamente condensado este problema por el diputado señor Morales, con el que comparto el criterio que acaba de exponer.
El grupo proponente plantea lo que plantea y estaríamos de acuerdo en que las cosas serían así si la legislación a la que se refiere fuera la que ha citado, pero es que evidentemente no es así. La Ley 17/1989 ya establece en su disposición derogatoria los efectos que concretamente va a tener la Ley 48/1981 y para ese efecto el grupo proponente debería haber tenido en cuenta el Real Decreto 1622/1990, que lleva a efecto, en desarrollo de esta ley, las consecuencias directas de este problema.
Evidentemente, el cambio legislativo habido en los últimos años ha producido una disfunción cierta en algunos de los cuerpos que han sido citados; éste es uno de ellos. Pero no se puede considerar la carrera militar como un procedimiento automático, en el que se asciende automáticamente a comandante. Lo ha explicado muy bien el señor Moragues: precisamente en desarrollo de la Ley 17/1989, por ese real decreto, hace falta considerar la necesidad no solamente de los años de permanencia en el empleo, sino también que se pueda dar una vacante y la evaluación para producir ese ascenso. Si no, la carrera militar tendría un efecto automático sin más condiciones que la antigüedad para poder producir un ascenso en la carrera. Esto no tiene ningún sentido.
De manera que si tenemos en cuenta que con estos problemas tendremos que hacer el esfuerzo, bien positivo o bien frustrado, de que la nueva Ley del Régimen Jurídico del Personal al Servicio de las Fuerzas Armadas pueda recoger estas situaciones, es evidente que ese esfuerzo, en el marco de ese debate, lo trataremos, posiblemente no todos con el mismo éxito, pero sí le anuncio la voluntad de querer resolver las frustraciones, que cada uno de los cuerpos que se encuentran afectados puedan tener la aspiración legítima de llegar al techo de su carrera.
Respecto a la doctrina y a la jurisprudencia sobre esta materia, tampoco podemos compartirla, porque las sentencias a las que se hace referencia en la proposición no de ley evidentemente lo hacen respecto de la casuística normativa y legislativa, muy anterior a la propia Ley 17/1989; si nada hubiera pasado desde entonces, evidentemente, en función de la Ley 48/1981, se podría haber determinado esta orientación jurisprudencial, que es muy sesgada a estos efectos, porque sí reconoce esas determinadas igualdades para todos, pero no entra en la necesidad de que, si hay un requisito que es imprescindible, no resten otros por los cuales sí es adecuado que se puedan producir ascensos. No se puede producir un ascenso si no existe una vacante, o no se puede producir un ascenso si no hay una evaluación determinada de actitud para ese empleo. Estos aspectos habría que ponderarlos.
Por todas estas razones, señor presidente, el Grupo Popular no podrá votar favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las dos proposiciones no de ley que quedan vivas.
En primer lugar, proposición no de ley relativa a cesión por el Ministerio de Defensa del edificio desafectado del Gobierno Militar al Ayuntamiento de Ferrol (La Coruña), de acuerdo con el texto alternativo que conocen SS. SS.
Proposición no de ley relativa al ascenso de determinados componentes del cuerpo de oficinas militares.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco; en contra, 17; abstenciones, 14.
Terminado el desarrollo del orden del día, se levanta la sesión.

References: artículo 97
 artículo 63
 artículo 117
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 Real Decreto