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Timestamp: 2019-10-21 10:33:49+00:00

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﻿ SENTENCIA SP036-2018/42374 DE ENERO 24 DE 2018
SENTENCIA SP036-2018 DE 24 DE ENERO DE 2018
CONTENIDO:REITERACIÓN SOBRE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y SU VULNERACIÓN. SE EXPLICA QUE NO PUEDE INDICARSE QUE EL JUEZ O LOS JUECES VIOLAN EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA CUANDO EL FALLO EMITIDO Y QUE ES IMPUGNADO SE DELIMITÓ A LA PRETENSIÓN DE LA FISCALÍA, EN TAL SENTIDO, LOS FALLADORES PROTEGEN ESTE PRINCIPIO CUANDO LA SENTENCIA ES ACORDE CON LA ACUSACIÓN Y SE IMPONE LA PENA CORRESPONDIENTE AL DELITO QUE SE LE ACUSA.
TEMAS ESPECÍFICOS:SENTENCIA, ACUSACIÓN, JUEZ, RECURSO DE CASACIÓN, IMPOSICIÓN DE LA PENA, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA, ACTUACIÓN DEL JUEZ
Sentencia SP036-2018 de enero 24 de 2018
SP036-2018
Radicación: 42374
(Aprobado acta 16)
Se resuelve el recurso de casación interpuesto por el defensor de los soldados W.O.N. y C.A.V.O. en contra del fallo proferido el seis de junio de 2013 por el Tribunal Superior de XXX, que confirmó la sentencia condenatoria emitida el 12 de febrero del mismo año por el Juzgado Primero Penal del Circuito de XXX (XXX) en contra de estos dos procesados y del sargento F.R.S., por el delito de homicidio en persona protegida.
En el fallo impugnado se declaró probado que el sargento F.R.S. y los soldados W.O.N. y C.A.V.O. les causaron la muerte a los señores S.O.M. y D.Y.P., en desarrollo de un operativo militar denominado MISIL, adelantado por personal adscrito al Batallón XXX con sede en el departamento del XXX. Los hechos ocurrieron el 22 de marzo de 2006 en la vereda XXX, comprensión territorial del municipio de XXX, cuando las víctimas se hallaban en sus residencias y se aprestaban a realizar sus rutinarias labores agrícolas. La muerte del señor Y.P. le fue atribuida a R.S. y V.O., mientras que la del señor S.O. fue obra de O.N.
El 22 de marzo de 2006 el Comandante del Pelotón XXX, perteneciente al Batallón de Infantería número XXX, informó de la muerte de los señores S.O.M. y D.Y.P., ocurrida durante un operativo militar realizado en la vereda XXX del municipio de XXX. Basado en este reporte, el Juzgado XXX de Instrucción Penal Militar inició la respectiva investigación preliminar.
El 4 de mayo de 2009 el Juzgado XXX de Instrucción Penal Militar se declaró sin competencia para continuar con la investigación y remitió lo actuado a la Fiscalía XXX Especializada de XXX. El 12 de noviembre de 2010 este despacho ordenó la apertura de la instrucción y dispuso la vinculación mediante indagatoria del sargento F.R.S. y de los soldados profesionales J.W.O.N. y C.A.V.O., además de otros militares que hacían parte del grupo que participó en el operativo donde perdieron la vida S.O.M. y D.Y.P.
El 17 de junio de 2011 la Fiscalía les impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al sargento R. y a los soldados profesionales O. y V.
El cuatro de diciembre de 2011 se calificó el mérito del sumario y se emitió acusación en contra de los procesados, así: al sargento F.R.S. y al soldado C.A.V.O. se les acusó en calidad de coautores de la muerte el señor D.Y.P. Al soldado J.W.O.N. se le acusó en calidad de coautor de la muerte del señor S.O.M. Esta decisión fue apelada por los defensores de los procesados y confirmada por la Fiscalía XXX Delegada ante el Tribunal Superior de XXX, mediante resolución del 17 de febrero de 2012.
La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 14 de mayo de 2012 y la del juicio oral los días 28 de junio, 14 y 28 de septiembre y 14 de diciembre de 2012.
El 14 de enero de 2013 el Juzgado XXX Penal del Circuito de XXX reinició la actuación y el 12 de febrero decidió “condenar a F.R.S., J.W.O.N. y C.A.V.O., a la pena principal de 360 meses de prisión y multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, al haberlos hallado responsables de materializar la conducta punible de homicidio en persona protegida prevista en el artículo 135 del C.P.”. Además, condenó “a los sentenciados a pagar el equivalente a sesenta salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos, por cada una de las muertes, como perjuicios morales a favor de los familiares de S.O.M. y D.Y.P.”.
La sentencia condenatoria fue apelada por la defensa de los tres procesados y confirmada en su integridad por el Tribunal Superior de XXX, mediante decisión del seis de junio de 2013, que fue objeto del recurso de casación interpuesto por los mismos sujetos procesales.
El 30 de septiembre de 2015 esta corporación resolvió inadmitir la demanda de casación interpuesta por el defensor del sargento R. Tomó la misma decisión frente a la presentada por la defensa de los soldados O.N. y V.O., salvo en lo que concierne al segundo cargo, orientado a demostrar la falta de congruencia entre la acusación y el fallo.
El cargo por el que fue admitida la demanda
El libelista sostiene que el soldado profesional C.A.V.O. fue acusado por el homicidio de D.Y.P., y que a su homólogo J.W.O. le formularon cargos en calidad de coautor de la muerte de S.O.M. Sin embargo, dice, cado uno de ellos fue condenado por los homicidios de estas dos personas.
Así, “se vulneró el principio de congruencia que debe imperar entre los cargos formulados en la resolución de acusación y la sentencia condenatoria”, lo que considera trascendente porque “no se le permitió a J.W.O.N. defenderse de la condena respecto de la muerte de D.Y.P., puesto que se le sorprendió en la condena atribuyéndole este punible que no había sido endilgado en la acusación; de la misma manera se le impidió a C.A.V.O. defenderse del juicio de reproche como responsable de la muerte de S.O.M. ya que tal delito no se le atribuyó en la acusación”.
Basado en lo anterior, solicita a la Sala casar la sentencia recurrida, “y proceda consecuentemente a proferir fallo de reemplazo de contenido absolutorio por las conductas atribuidas a mis representados, de conformidad con el segundo cargo por no estar la sentencia en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación”.
La delegada del Ministerio Público considera que el cargo debe prosperar, porque, en efecto, C.A.V.O. fue acusado exclusivamente por el homicidio de D.Y.P. y a J.W.O.N. solo le fue imputada la muerte de S.O.M. No obstante, estos procesados fueron condenados por los dos homicidios, lo que entraña una clara violación del principio de congruencia.
Concluye que la Corte debe casar “parcialmente la sentencia impugnada, en el sentido de eliminar la condena en contra de C.A.V.O. por la muerte de S.O.M. y de J.W.O. respecto del homicidio de D.Y.P.”.
Tal y como lo afirmaron el impugnante y la delegada del Ministerio Público, la Fiscalía formuló acusación en contra de C.A.V.O. únicamente por el homicidio de D.Y.P., y a J.W.O.N. solo lo llamó a juicio por la muerte de S.O.M. Al respecto, en la resolución de acusación, luego de una prolija relación de las pruebas practicadas y de la selección del tipo penal procedente (C.P., art. 135), se dijo:
Se advierte que son dos homicidios en persona protegida que no concursan; por lo tanto para el procesado F.R.S. y C.A.V.O. por el homicidio en persona protegida en calidad de coautores (sic) D.Y.P. y el procesado J.W.O.S. (sic) por el homicidio en persona protegida de S.O.M. en calidad de coautor.
Al analizar la probable responsabilidad penal de cada uno de estos procesados, a lo largo de la resolución de acusación se hizo énfasis en que estos solo participaron en uno de los homicidios, según se acaba de indicar. Sobre el particular se resaltó que
R.S. sí tuvo participación en el deceso de D.Y.P. en compañía del también soldado y procesado C.A.V.O. ya que la misión en el lugar era “neutralizar” a un grupo de sujetos que no se sabía a qué grupo de la insurgencia pertenecían (…).
Bajo los anteriores argumentos es obvio que este suboficial así exprese que no disparo (sic), con su actitud de no oposición a lo que hacían sus tres soldados profesionales subalternos, tuvo participación en el deceso de D.Y. a título de COAUTOR ya que permitió la ejecución de la víctima y unido a ello también permitió los disparos posteriores para maquillar también un presunto enfrentamiento.
El actuar de C.A.V.O., como soldado profesional también le asiste responsabilidad penal en el deceso de D.Y. en calidad de coautor porque este acepta haber estado dentro del predio donde residía D.Y., y además dispara (…).
El actuar de F.R.S. Y C.A.V.O. no encuadra en ninguna de las causales de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal porque dirigieron su voluntad intencional y coordinadamente para colaborar en el deceso de D.Y. el día 22 de marzo de 2006 en la vereda XXX (…).
A continuación, la fiscal que calificó el mérito del sumario analizó la participación del soldado J.W.O.N. en el homicidio por el que fue acusado. Luego de descartar la existencia de un enfrentamiento, concluyó que este procesado
[e]ligió y dirigió intencional y coordinadamente su actuar para colaborar en el deceso de S.O. el día 22 de marzo de 2006 en la vereda XXX. Por lo tanto su conducta dolosa es en calidad de coautor. Según el material probatorio es claro que estos obraron con toda la intención de causar el daño y el resultado ya causado por cuanto no hubo hostigamiento ni enfrentamiento con la víctima S.O. ni tampoco accidente; lo que hubo fue una ejecución.
Si subsistiera alguna duda sobre el número de homicidios por el que fue acusado cada uno de los procesados, la misma se disiparía fácilmente con la lectura de la parte resolutiva de la resolución de acusación, donde se dispuso:
PRIMERO. ACUSAR a J.W.O.N. (…) como coautor de la conducta punible de homicidio en persona protegida (…) por ser integrante de la población civil (art. 135, Nº 1) por el deceso de S.O.M. el día (sic) 22 de marzo de 2006 (…).
SEGUNDO: ACUSAR a C.A.V.O. y a F.R.S. (…) como co-autor (sic) de la conducta punible de homicidio en persona protegida (…) por el deceso de D.Y.P. (…).
Finalmente, debe recordarse que este proveído fue apelado por los defensores de los procesados y confirmado íntegramente por la Fiscalía XXX Delegada ante el Tribunal Superior de XXX, mediante resolución del 17 de febrero de 2012.
De otro lado, la Sala no comparte lo expuesto en la demanda de casación en el sentido de que cada uno de los procesados fue condenado por las muertes de D.Y.P. y S.O. Sin embargo, es evidente que en el fallo impugnado se hicieron manifestaciones que pueden generar confusión al respecto, tal y como se indica a continuación.
En la primera parte del acápite destinado a las consideraciones, el juzgado resaltó que “la fiscalía XXX especializada (…) ACUSÓ concretamente a C.A.V.O. y F.R.S. por la muerte de D.Y.P. y a J.W.O.N. por la muerte de S.O.M.”(1). En ninguna parte anunció que se apartaría del contenido de la acusación.
En armonía con lo anterior, luego de explicar los fundamentos de la responsabilidad penal de los procesados, procedió a la tasación de la pena. Allí, no mencionó que estos deban responder por un concurso de conductas punibles, lo que coincide con su decisión de imponer la sanción mínima prevista en el artículo 135 del Código Penal (360 meses). Por tanto, es claro que el monto de la pena y la motivación de la misma claramente corresponden a un solo delito de homicidio, lo que coincide con los términos de la acusación.
Sin embargo, observa la Sala que en las partes motiva y resolutiva del fallo impugnado se hicieron manifestaciones que pueden generar confusión en torno al número de delitos por el que fue condenado cada uno de los procesados.
En primer término, en la parte resolutiva se dispuso:
Primero: CONDENAR a F.R.S. (…), J.W.O.N. (…) y C.A.V.O. (…) a la pena principal de trescientos sesenta (360) meses de prisión (…) al haberlos hallado responsables de materializar la conducta punible de “homicidio en persona protegida (…) ocurrida en las circunstancias de tiempo, modo y lugar anotadas en este fallo.
Tercero: Condenar a los sentenciados a pagar el equivalente a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos —año 2006— por cada una de las muertes, como perjuicios morales a favor de los familiares de S.O.M. y D.Y.P., conforme lo dispuesto en precedencia.
Aunque es cierto que esta parte del fallo podría entenderse en el sentido de que cada procesado debe responder por el homicidio por el que fue acusado, lo que coincidiría con el monto de la pena impuesta (360 meses, que era el mínimo previsto en el artículo 135 del Código Penal para la fecha en que ocurrieron los hechos), también lo es que en la parte motiva se incluyeron aseveraciones que acentúan la duda sobre el número de delitos por los que se emitió el fallo, como bien lo resaltan el demandante y la delegada del Ministerio Público. Al respecto, en la sentencia de primera instancia se dijo:
Analizados (sic) las pruebas, no queda duda para este despacho que le asiste responsabilidad penal a los acusados J.W.O.N., C.A.V.O. y F.R.S. en las muertes de los civiles S.O. y D.Y.P., pues las pruebas practicadas permiten determinar que estos faltan a la verdad cuando afirman que las víctimas los atacaron y que en medio de los disparos, se ocasionaron sus muertes, pues al no existir prueba alguna que demuestre que efectivamente S.O. y D.Y. utilizaron armas de fuego, se queda sin fundamento la versión sostenida por ellos.
En este punto y como quiera que se acusa a J.W.O.N., C.A.V.O. y F.R.S. en calidad de coautores, es pertinente remitirnos a lo expuesto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (…).
Para el presente asunto, la COAUTORÍA en este caso se encuentra demostrada, porque las pruebas practicadas permiten establecer que las muertes de D.Y. y S.O. se produjeron con arma de fuego de alta velocidad tipo FUSIL calibre 5.56 x 45 mm, que son precisamente las utilizadas por los miembros del Ejército Nacional involucrados y porque los mismos acusados admitieron haber disparado las de dotación en contra de las víctimas S.O. y D.Y.; luego entonces, todos tenían como objetivo común, disparar contra estos últimos, obteniéndose como resultado la muerte de los dos civiles(2).
A lo anterior se aunó lo expuesto por los juzgadores en torno a la responsabilidad civil derivada de las referidas muertes. Al respecto, en la parte motiva se expuso lo siguiente:
En cuanto a los perjuicios morales ocasionados con el homicidio de S.O.M. y D.Y.P., téngase en cuenta que la vida es el bien jurídico y derecho más preciado del cual dependen los demás derechos; en consideración a la forma en cómo se produjo la muerte de estos dos civiles; el dolor y la aflicción que le produjo a sus familiares, compañera-esposa e hijos, se condenará a los sentenciados (…) al pago de sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos año 2006, por cada una de las muertes, esto es, D.Y.P. y S.O., por concepto de perjuicios morales pagaderos a favor de sus familias esposa compañera e hijos.
En suma, la Sala advierte lo siguiente: (i) no puede hablarse tajantemente de que los juzgadores violaron el principio de congruencia, porque en el fallo impugnado se delimitó la pretensión de la Fiscalía (según la cual cada procesado debe responder por un homicidio), se dejó entrever que la sentencia es acorde con la acusación y se impuso la pena correspondiente a un solo delito (lo que no admite discusión toda vez que se optó por el mínimo previsto en la ley); (ii) sin embargo, la estructura gramatical de la parte resolutiva, y algunos apartados de la sustentación del fallo, permiten entender, como lo hicieron el impugnante y la delegada del Ministerio Público, que todos los procesados fueron condenados por los homicidios de D.Y.P. y S.O.M., lo que es más notorio en el ámbito de los perjuicios que en el de la pena, porque, se insiste, se les impuso la sanción mínima prevista para el delito de homicidio en persona protegida.
Ante esta realidad, se avizoran dos soluciones idóneas para garantizar los derechos de los procesados: (i) declarar que se violó el principio de congruencia y ajustar la condena a los términos de la acusación, tal y como lo ha resuelto la Sala en otras oportunidades (CSJ SP, nov. 25/2015, rad. 42510(3), entre muchas otras), con lo que se acogería la solicitud de la delegada del Ministerio Público; o (ii) casar el fallo impugnado, en el único sentido de aclarar que la condena impuesta a R.S. y C.A.V.O. comprende únicamente el homicidio de D.Y.P., y que la impuesta a J.W.O.N. procede solo por la muerte de S.O.M., y, en el mismo sentido, que la condena en perjuicios por la muerte del señor Y. solo abarca a los dos primeros procesados, y la proferida en contra del último se contrae a la muerte del señor O.
La Sala optará por la segunda solución, porque si bien es cierto los juzgadores incurrieron en imprecisiones que pueden afectar los derechos de los condenados, en cuanto la lectura desprevenida del fallo puede llevar a equívocos sobre el número de delitos por los que se emitió la condena y se fijó el monto de la reparación a cargo de cada uno de ellos, también es claro que un escrutinio más riguroso permite concluir que los juzgadores los condenaron solo por un delito (de hecho, se les impuso la pena mínima), lo que se ajusta a la acusación presentada por la Fiscalía.
Esta solución, además de constituir la menos traumática, constituye una respuesta suficiente a la pretensión del impugnante, pues, en últimas, su planteamiento se reduce a que
[n]o se le permitió a J.W.O.N. defenderse de la condena respecto de la muerte de D.Y.P., puesto que se le sorprendió en la condena atribuyéndole este punible que no había sido endilgado en la acusación; de la misma manera se le impidió a C.A.V.O. defenderse del juicio de reproche como responsable de la muerte de S.O.M. ya que tal delito no se le atribuyó en la acusación.
Aunque el apoderado judicial del sargento R.S. no presentó un cargo en el mismo sentido, la Sala debe proceder de oficio a la aclaración de la sentencia en lo que a él respecta, pues, según se indicó, su situación es exactamente igual a la de los otros procesados, pues se le acusó por un solo homicidio (el de D.Y.P.) y en el fallo condenatorio se generó confusión en torno a su responsabilidad frente a la muerte del señor S.O.
Tal y como se ha reiterado a lo largo de este proveído, a los procesados se les impuso la pena mínima prevista para el delito de homicidio en persona protegida, lo que deja en claro que en la determinación de la sanción solo se tuvo en cuenta el delito por el que fueron acusados. Por tanto, no es procedente introducir modificaciones a este aspecto del fallo impugnado.
1. No casar el fallo impugnado por las razones expuestas en la demanda.
2. Aclarar que la condena proferida en contra de C.A.V.O. y F.R.S. procede exclusivamente por el homicidio del señor D.Y.P. En el mismo sentido, aclarar que la sentencia emitida en contra de J.W.O.N. procede solo por el homicidio del señor S.O.M. En consecuencia, se aclara que la condena en perjuicios, de que trata el numeral tercero del fallo, procede únicamente frente al homicidio por el que se declaró la responsabilidad penal, esto es, V. y R. deben reparar a los familiares del señor Y.P., y O.N. debe hacer lo propio con los parientes del señor O.M.
3. En los demás aspectos, el fallo impugnado se mantiene incólume.
1 Página 26 del fallo.
2 Resaltado fuera del texto original.
3 En esta decisión se hace un recuento pormenorizado del desarrollo jurisprudencial del principio de congruencia, de las decisiones procedentes cuando se constata una trasgresión al mismo, entre otros temas.

References: resolución 
 artículo 135
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 32
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 artículo 135