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Exposición unidad 10 bancario, SlideSearchEngine.com
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este apartado derecho bancario
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1.4.5. Organismos Autorregulatorios y de apoyo La Ley del Mercado de Valores dedica su título VIII a este apartado, y al igual que las autoridades, son materia de un análisis posterior, por lo que únicamente se citarán las mencionadas en la ley especial: 1. Las bolsas de valores, 2. Las contrapartes centrales y 3. Instituto para el depósito de valores 4. Las organizaciones gremiales de intermediarios del mercado de valores o de asesores en inversión que sean reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 18 1.4.6. Otros agentes del mercado de valores El título XI de la Ley del Mercado de Valores es dedicado a estas instituciones, en donde se menciona los siguientes: 1. Proveedores de precios. El servicio de proveeduría de precios se realiza por sociedades anónimas autorizadas de forma intransmisible, por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuya finalidad consiste en la prestación habitual y profesional del servicio de cálculo, determinación y proveeduría o suministro de precios actualizados para la valuación de valores, instrumentos financieros derivados en mercados reconocidos por las autoridades financieras o índices, así como de envío de información relacionada con dichas actividades, según lo establece el artículo 322 de la legislación principal bursátil, además esta actividad estará reservadas a los proveedores de precios. El mismo precepto establece que no se considerará como proveeduría o suministro de precios, la exclusiva transmisión o difusión de cualquier tipo de precios respecto de valores, instrumentos financieros derivados o índices, por medios electrónicos, de telecomunicaciones o impresos. 2. Instituciones calificadoras de valores. Se trata de otra entidad financiera autorizada de forma intransmisible por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo objeto es la prestación habitual y profesional del servicio consistente en el estudio, análisis, opinión, evaluación y dictaminación sobre la calidad crediticia de valores, de acuerdo a lo establecido por el artículo 334 de la Ley del Mercado de Valores. Son instituciones independientes que realizan dictámenes que permiten conocer la calidad financiera de los emisores; con el propósito de determinar el grado de riesgo que dicho instrumento representa para el inversionista. Evalúan la certeza de pago oportuno de la emisora y constatan su existencia legal, a la vez que ponderan su situación financiera. 19 Otros organismos de apoyo mencionados en la ley lo son: 3. Asesores de inversión “Artículo 225. Las personas que sin ser intermediarios del mercado de valores proporcionen de manera habitual y profesional servicios de administración de cartera de valores tomando decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como que otorguen asesoría de inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión, tendrán el carácter de asesores en inversiones.”
La ley los excluye de ser considerados intermediarios en razón de que les está prohibido recibir efectivo o valores de clientes, emisoras o intermediarios, y no se encuentran sujetos a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin embargo, pueden formar parte de un organismo autorregulatorio reconocido por la autoridad antes mencionada. Su objetivo es certificar su calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio, ante un organismo autorregulatorio reconocido por la Comisión, en relación con los servicios que proporcionen al público, o bien, utilizar los servicios de personas físicas que cuenten con dicha certificación. 4. Auditores externos La Ley del Mercado de Valores establece en su título XII lo relativo a esta figura, destacando que se encuentran sometidos a las disposiciones de carácter general que establezca la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siendo un elemento indispensable para la prestación de sus servicios la honorabilidad de éstos, debido a la necesidad de crear confianza en público inversionista. En virtud de que la legislación principal bursátil no establece una definición del auditor, recurrimos a la que esboza La Comisión de Normas de Procedimientos y Auditoría, al definir al auditor como “el profesional independiente que, con base en su examen, emite su opinión sobre los estados financieros preparados por las empresas”, lo cual se logra mediante el dictamen que éste realiza. 20 1.5. Importancia El derecho financiero es trascendental en toda sociedad, pues conforma una pieza importante en el desarrollo económico de las naciones, en donde convergen el Derecho y la economía. Por lo que respecta a la ciencia jurídica, la diversidad y complejidad de las actividades humanas hacen necesaria la creación de lineamientos que regulen los diversos ámbitos del actuar de los sujetos, para el establecimiento de una sana convivencia en sus relaciones. Esta necesidad es satisfecha por el Derecho, mediante la creación de normas jurídicas que establecen un sistema de permisiones y sanciones. Mientras que la ciencia económica constituye una fuerza fáctica que impone circunstancias bajo las cuales se desenvuelven quienes en ella participan, pues lo aplastante de su realidad rebasa el mundo hipotético e ideal. El estrecho vínculo entre estas disciplinas se hace perceptible, en atención a que “la fuente de la norma viene a ser el hecho social que toma en cuenta la persona encargada de redactarla, precisamente para adecuar la legislación a la realidad social y es así como los cambios económicos, políticos, filosóficos, culturales, las devaluaciones, los movimientos armados, los descubrimientos científicos, el desarrollo tecnológico que tiene una sociedad determinada, originan la norma.”20 Es así que “el derecho se encarga de estipular todo lo necesario para la convivencia armónica de una sociedad, marca las directrices a seguir y los elementos necesarios para que la vida en sociedad se pueda llevar a cabo en su organización y estructura básica; la economía, en cambio, es una de las herramientas que la sociedad tiene para la distribución y el uso adecuado de los recursos.”21
20 ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo. Primer curso, 12ª edición, Ed. Porrúa, México, 1995, p. 65. 21 MARTÍNEZ CASTILLO, Carlos Alberto. El impacto de la globalización en la regulación financiera en México. Una propuesta para establecer el derecho de la intermediación financiera como medio para lograr el desarrollo. Ed. Porrúa, México, 2004, p. 114. 21 Con base en lo anterior, el Mercado de Valores trasciende a la esfera jurídica con la regulación de la conducta de los sujetos que en él se desenvuelven y de las actividades que realizan; a fin de responder de forma adecuada a las modificaciones que se dan como consecuencia de la globalización y de la aplicación de nueva tecnología. Por otra parte, la convergencia tanto de normas de derecho privado, como normas de derecho público es una particularidad que se presenta en el Mercado de Valores, en atención a la relevancia de su actividad. La importancia del derecho financiero se materializa en la normatividad de carácter público que establece el Estado. El Dr. Jesús de la Fuente Rodríguez menciona cuatro puntos que respaldan esta intervención estatal: las instituciones financieras reciben los fondos del público, sus servicios son satisfactores de necesidades colectivas, su quiebra perjudicaría de modo directo a los ahorradores e inversionistas e indirectamente a la economía y finalmente el sistema financiero (en especial en bancario) constituye el pilar del sistema nacional de pagos de un país.22 Atendiendo a estos argumentos, podemos afirmar que la actividad financiera posee una verdadera fuerza en la vida económica de los países. Pues coexisten los intereses de los diversos participantes, lo que exige la pronta adaptación de la normatividad a las circunstancias que se dan. Por lo que hace a la importancia del Mercado de Valores, el mismo doctrinario opina que ésta se manifiesta en atención al emisor, inversionista y el país23 de la siguiente forma: 1. Emisor: Se facilita el acceso al financiamiento a un costo menor, evitando acudir a intermediarios; fomenta el desarrollo de empresas; genera condiciones atractivas y competitivas; y finalmente brinda acceso a las medianas empresas para acudir al mercado de valores. 22 Vid. DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Jesús. op. cit., pp. 5 y 84. 23 Ibidem, pp. 602-603. 22 2. Inversionista: Reflejado en el acceso a inversiones transparentes, equitativas, con protección de derechos y buen gobierno corporativo; liquidez; fácil evaluación de su patrimonio y decisiones a corto plazo y diversificación de portafolios. 3. País: Ahorro a largo plazo; democratización del capital; recursos para generación de empleos, promoción del crecimiento y desarrollo económico del país; mayor transparencia del manejo de las empresas en beneficio de los trabajadores, fisco y terceros; competencia integral; y financiamiento eficiente. Cuando el derecho satisface las necesidades de regulación que exige el mercado de valores, se permite el correcto desenvolvimiento de quienes intervienen en él, colaborando así en el desarrollo económico. Por ello el Estado mexicano se ha erigido como un ente superior que otorga o priva al particular de
las prerrogativas que permiten su constitución y funcionamiento. En esta concepción autoritaria del Estado se visualiza el papel interventor que desempeña dentro de la economía, materializado en figuras como la concesión que otorga la autoridad gubernamental para la constitución y funcionamiento de las instituciones bursátiles. Al ser el Estado quien otorga la concesión, pose también la facultad de quitarla mediante la figura de la revocación. Así mismo, el actuar de los participantes del mercado de valores se encuentra sometido a la reglamentación expedida por la autoridad, en el que se establecen prohibiciones y la aplicación de sanciones en caso de inobservancia. Por otra parte, las actividades del mercado de Valores no se encuentran exentas de la comisión de delitos, sancionados también por la autoridad. Por lo tanto, el Estado como ente rector de la economía, posee facultades en materia bursátil que le permiten vigilar, reglamentar y sancionar la conducta y el desenvolvimiento de sus participantes. El derecho financiero debe su regulación, en cuanto a normas de derecho privado, a su origen como parte del derecho mercantil, pues las actividades realizadas dentro del mercado de valores son actos de comercio. Por otra parte hay un elemento subjetivo que abre la puerta a este tipo de normas, en atención a los sujetos que conforman el mercado de valores; pues en el caso de México, los 23 organismos autorregulatorios se constituyen como instituciones privadas, que realizan actividades públicas y gozan para ello de prerrogativas otorgadas por el Estado, estableciéndose como “entes que cumplen una gestión autónoma o de autoadministración mediante el ejercicio de potestades públicas que reciben por delegación o transferencia del Estado, titular originario de tales prerrogativas.”24 La regulación del Mercado de valores requiere del pleno conocimiento de sus instituciones, figuras, relaciones y sujetos que lo componen. Tomando en cuenta que “el derecho, por su naturaleza, no puede modificarse con la misma velocidad que las finanzas, por lo que su retraso en algunas de sus disposiciones más sustanciales antepone barreras al desarrollo,”25 resulta favorable el hecho de que la reglamentación expedida por estos organismos sea elaborada por quienes de forma activa incurren en el mercado de valores, pues son versados en el tema y poseen pleno dominio de las necesidades a satisfacer. Lamentablemente así como el derecho puede ser un catalizador para el desarrollo económico, en caso de no emplearse de forma adecuada, puede implicar un límite al mismo, al no responder a las demandas del mercado bursátil. “Una deficiente política monetaria y financiera, como es natural, puede arruinar las economías más superlativas. Pero ninguna política financiera, cualquiera que fuere el grado de excelencia de su diseño, puede llevar a la prosperidad a una organización social apática, mal equipada, ignorante, egoísta o desinteresada crónicamente de toda forma de cooperación y solidaridad.”26 De ahí la importancia que tiene la aplicación de normas acordes a la realidad y a los cambios tecnológicos suscitados en el Mercado de Valores. 24 DROMI, José Roberto. Derecho administrativo económico. t I, 2ª reimpresión, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1983, p. 50. 25 MARTÍNEZ CASTILLO, Carlos Alberto. op cit, p. XVI. 26 SAVRANSKY, Jorge. Bancos y entidades financieras. Operaciones. Contratos de préstamo. Oferta pública de valores. Ed. Astrea, Argentina, 1988, p. 19. 24
CAPÍTULO 2 ORGANISMOS AUTORREGULATORIOS 2.1. Concepto La necesidad de regular internamente el funcionamiento del mercado bursátil se vio satisfecha con la creación de los organismos autorregulatorios, instituciones buscan perfeccionar las operaciones que en él se dan, brindando seguridad a los participantes. Dentro de su marco normativo se ha puesto especial atención al fomento de la conducta ética de sus miembros, mediante la facultad reguladora que les es conferida en el artículo 229 de la Ley del Mercado de Valores, que establece que éstos pueden emitir normas relativas a: “I. Los requisitos de ingreso, exclusión y separación de los miembros. II. Las políticas y lineamientos que deben seguir en la contratación con la clientela a la cual presten sus servicios los miembros. III. La revelación de información distinta o adicional a la que derive de esta Ley. IV. El fortalecimiento de la conducta ética de sus miembros y otras personas vinculadas a éstos. V. Las políticas y lineamientos de conducta tendientes a que sus miembros y otras personas vinculadas a éstos con motivo de un empleo, cargo o comisión, conozcan y se apeguen a la normativa aplicable, así como a los sanos usos y prácticas del mercado de valores. VI. Los requisitos de calidad técnica, honorabilidad e historial crediticio satisfactorio aplicables al personal de sus agremiados. VII. La procuración de la eficiencia y transparencia en el mercado de valores. VIII. El proceso para la adopción de normas y la verificación de su cumplimiento. IX. Las medidas disciplinarias y correctivas que se aplicarán en caso de incumplimiento, así como el procedimiento para hacerlas efectivas.” 25 Tomando en cuenta que la labor de creación de normas jurídicas es facultad exclusiva del poder legislativo, los entes en comento tienen a su cargo, de forma excepcional y limitada, la creación de lineamientos específicos enfocados al actuar ético de miembros y clientes; así como la conformación de su estructura interna orgánica y funcional. Las normas autorregulatorias son elaboradas por especialistas en materia bursátil que se basan en su experiencia para crear lineamientos cuya supervisión y sanción recae en ellos mismos. Lo que deja ver que la creación de las normas emanadas de los organismos autorregulatorios le corresponde a los sujetos a quienes van dirigidas, “las normas del derecho son, por el contrario heternónomas, ya que su origen no está en el albedrío de los particulares, sino en la voluntad de un sujeto diferente.”1 El propósito perseguido con la creación de estos organismos es contribuir al sano desenvolvimiento del Mercado de Valores, esto se logra mediante la adaptación a las necesidades derecho bursátil que se presentan debido a su dinamismo; la existencia de tecnicismos y la aplicación de nuevas tecnologías requieren del conocimiento profundo de su funcionamiento. Por otra parte, en esta materia el comportamiento ético tiene una gran
importancia, ya que el sano desenvolvimiento del mercado de valores depende directamente del grado de credibilidad que tengan los participantes en él, en especial los inversionistas, pues “los inversionistas tienden a abandonar el mercado cuando existe la sospecha de manipulación en él, particularmente cuando en el marco jurídico aplicable no existen mecanismos apropiados para obtener un resarcimiento.”2 Previendo esta situación y como requisito indispensable para la eficacia de la normatividad autorregulatoria, existen medidas correctivas y disciplinarias aplicables en caso de incumplimiento, así como evaluaciones periódicas cuyo propósito es mostrar el grado de cumplimiento que hay sobre las normas expedidas. 1 GARCÍA MAYNEZ, Eduardo. Introducción al estudio del Derecho, 55ª edición, Ed. Porrúa, México, 2003, p. 22. 2 ALVAREZ MACOTELA, Óscar Salvador. Manipulación del mercado de valores: situación y normas de combate, Ed. Porrúa, México, 2003, p. 7. 26 La supervisión del cumplimiento de dichas normas y la aplicación de sanciones se encuentra a cargo del organismo autorregulatorio. Cabe destacar que estas normas siempre estarán subordinadas a las fuentes principales, supletorias y complementarias del Mercado de Valores. Pese a que la legislación bursátil no brinda un concepto de estos entes, sí existe una definición proporcionada por El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ratificado por el H. Senado de la República el 22 de noviembre de 1994; el cual en su capítulo XIV intitulado “Servicios financieros”, establece la definición de organismos reguladores autónomos de la siguiente forma: Organismos reguladores autónomos “significa cualquier entidad no gubernamental, incluso cualquier bolsa o mercado de valores o de futuros, cámara de compensación o cualquier otra asociación u organización que ejerza una autoridad, propia o delegada, de regulación o de supervisión, sobre los prestadores de servicios financieros o las instituciones financieras.” Los organismos autorregulatorios del Mercado de Valores son entidades coadyuvantes, por lo que suelen ser identificados como instituciones de apoyo, cuyo objeto es implementar estándares de conducta y operación entre sus miembros, a fin de contribuir al sano desarrollo del mercado de valores, como lo establece el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores. No se trata de instituciones operativas como sucede en el caso de los intermediarios, cuya función consiste en la captación y colocación de recursos; sino que se limitan a facilitar o apoyar a la realización de tales operaciones. Tampoco se pretende que suprimir la labor legislativa con su existencia, pues la normatividad que emiten se encuentra limitada a la conformación de los miembros, clientes y las sanciones aplicables a los mismos en caso de incumplimiento a lo previsto. Convertida en una práctica cada vez más usual, “la autorregulación es el mecanismo o proceso mediante el cual los agentes económicos afectados por una situación conflictiva (por razones de ineficiencia o injusticia o, más en concreto, por tensión entre afán de lucro y comportamiento ético) deciden asumir por sí mismos, la responsabilidad de establecer y exigir la observancia de ciertos 27
criterios y reglas dirigidos a solventar el conflicto.”3 Una definición más aproximada en el sistema financiero mexicano es la que concibe a la “autorregulación como el conjunto de normas mediante las cuales un grupo de entidades o profesionales de cierta actividad, establecen estándares y lineamientos sobre los que debe conducirse su práctica profesional, en adición a la regulación pública, todo lo cual puede documentarse en códigos de ética, normas, reglamentos y políticas, cuyo objeto es lograr un mercado eficiente, equitativo, transparente, seguro y de calidad.”4 Además de la expedición de normatividad autorregulatoria, existen elementos inherentes a todo organismo autorregulatorio contemplado en la Ley del Mercado de Valores, tales como la conformación de éstos como sociedad anónima con duración indefinida, con domicilio en territorio nacional y dado que sus servicios son considerados de carácter público, para constituirse como tales requieren de la concesión otorgada discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 2.1.1. Constitución como Sociedad Anónima En atención a que es requisito indispensable para ser concesionado como organismo autorregulatorio, la existencia previa de éste como sociedad anónima, es que le son aplicables las disposiciones establecidas en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Aunque la denominación de sociedad anónima "es únicamente formal; no existe anonimato posible puesto que la incorporación a la sociedad se concibe únicamente como resultado de la inscripción de la sociedad en cuestión en la sección de intermediarios del registro."5 Por lo que es necesario recurrir al concepto legal de Sociedad Anónima que se encuentra en la ley en comento, la cual establece en su artículo 87 que 3 TENA RODRÍGUEZ, Vicente. Análisis de los Mercados de Valores. Una aproximación a su estructura y funcionamiento. Ed. Dixon, España, 2000, p. 406. 4 http://www.condusef.gob.mx/Seccion_Cambiante/Otros_Paises/ci4_asoc_gremiales.html. 5 IGARTÚA ARAIZA, Octavio. Introducción al Estudio del Derecho Bursátil Mexicano. 3ª edición, Ed. Porrúa, México, 2001, p. 226. 28 sociedad anónima es la que existe bajo una denominación y se compone exclusivamente de socios cuya obligación se limita al pago de sus acciones. Al tratarse de una sociedad mercantil en términos de lo establecido por el capítulo V de la Ley General de Sociedades Mercantiles se conforma por la asamblea de accionistas como órgano supremo; la administración se encuentra a cargo del consejo de administración, integrado por un mínimo de cinco y máximo de quince consejeros, de los cuales cuando menos el veinticinco por ciento deberán ser independientes conforme a los requisitos de independencia previstos por las sociedades anónimas bursátiles; adicionalmente a este órgano, la administración se encuentra encomendada a un director general. La Ley del Mercado de Valores establece que el consejo de la administración podrá establecer comités necesarios para el mejor desempeño de las funciones de la sociedad, dicha ley impone la obligación de crear comités
específicos dependiendo del organismo autorregulatorio de que se trate, siendo los siguientes: ¾ Bolsa de valores: comités encargados de la admisión de miembros; del listado de emisoras; de auditoría (presidido por un consejero independiente), de normativa y de sanciones. ¾ Instituciones para el Depósito de Valores: comité de auditoría ¾ Contrapartes centrales: La ley establece en el artículo 306 que el consejo de administración de las contrapartes centrales de valores deberá contar con al menos tres órganos colegiados que se encargarán de llevar a cabo lo siguiente: “I. El primero determinará y aplicará el sistema de administración de riesgos y emitirá normas de carácter operativo, prudencial y autorregulatorio aplicables a la sociedad y a sus deudores y acreedores recíprocos. II. El segundo vigilará el cumplimiento de las normas citadas en la fracción anterior. III. El tercero aplicará las medidas disciplinarias por el incumplimiento de las normas citadas en la fracción I de este artículo.” 29 Aunado a lo anterior, las sociedades deben tener la denominación social que contenga la expresión de su objeto: “bolsa de valores”, “institución para el depósito de valores” o “contraparte central de valores” 2.1.2. Duración indefinida 2.1.3. Domicilio en territorio nacional Por lo que hace a los dos rubros antes citados, baste mencionar que el Mercado de Valores requiere dar seguridad a sus participantes, por ello se establecen estos requisitos para su constitución. 2.1.4. Objeto social considerado servicio público concesionado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público La naturaleza y creación de los organismos autorregulatorios se encuentra determinada por el tipo de modelo económico adoptado por el país en que éstos se establezcan, es decir, “la autorregulación tiene un papel importante particularmente en el modelo de desarrollo que mayor fuerza tiene en la actualidad. El nivel de participación del Estado en la economía es pues una determinante del modelo económico.”6 Dada la trascendencia que tienen los organismos autorregulatorios del mercado de valores en el sistema financiero del país y al carácter de economía mixta7 que poseemos, se hace necesario el control del Estado para su sano y correcto funcionamiento. Ello en atención a que su objeto social es considerado un servicio público y varía en relación al organismo autorregulatorio de que se trate, 6 MARTÍNEZ CASTILLO, Carlos Alberto. El impacto de la globalización en la regulación financiera en México. Una propuesta para establecer el derecho de la intermediación financiera como medio para lograr el desarrollo, Ed. Porrúa, México, 2004, p. 105. 7 Sistema de economía mixta “Este sistema recibe diversos nombres: economía neoliberal; economía social de mercado; economía de mercado con planificación indicativa; economía
socialista de mercado; socialismo concurrencial; economía de mercado administrativo y, más jurídicamente. Estado social de derecho, capitalismo reglamentado. Este modelo surge en la década de los treinta como respuesta al colapso de las economías puras de mercados, sustentado en las teorías de John Maynard Keynes y en la experiencia del “Nuevo Trato” del presidente Roosevelt de Estados Unidos de Norteamérica (1934)”. Vid. WITKER VAZQUEZ, Jorge. Introducción al Derecho Económico. Ed. Harla, México, 1995, p. 19. 30 así puede ser: actuar como bolsa de valores, como institución para el depósito de valores, como contraparte central o como a las asociaciones gremiales de intermediarios bursátiles o asesores de inversión autorizados en términos de la Ley. En esa tesitura, nuestro sistema jurídico otorga originariamente al Estado la realización de actividades tendientes a brindar servicios que satisfagan las necesidades de carácter público mediante órganos estatales. Sin embargo, estos servicios pueden ser realizados por particulares. Este es caso de los organismos autorregulatorios, que son entidades privadas cuyas actividades son consideradas por la ley como servicio público, siendo la concesión administrativa la vía idónea que permite al particular desempeñar dicha actividad originalmente reservada al Estado. El carácter y la naturaleza jurídica de la concesión administrativa también se encuentra vinculada al tipo de modelo económico adoptado por el país.8 En México la creación de organismos autorregulatorios es mediante la concesión administrativa, la cual “constituye un acto administrativo discrecional, del órgano de la Administración Pública, que aplica en un caso concreto las disposiciones que regulan la materia de concesión.”9 De esta definición podemos destacar la facultad discrecional de los órganos del Estado, concebida como “la libre apreciación que se le da al órgano de la Administración Pública, con vistas a la oportunidad, la necesidad, la técnica, la equidad, o razones determinadas, que puede apreciar circunstancialmente en cada caso, todo ello, con los límites consignados en la ley.”10 La discrecionalidad establece una relación jurídica entre 8 Concesión: “su naturaleza jurídica, en nuestra opinión, varía de acuerdo con las tendencias que puedan apreciarse en la actividad del Estado; en un Estado liberal, la concesión aparecerá como un contrato, y otorgará al particular determinados privilegios, en un Estado intervencionista, o en un Estado que tienda hacia el socialismo, la concesión no será un contrato, sino un acto administrativo y paulatinamente se restringirá al régimen de concesión, para que el Estado se haga cargo de actividades que en otros Estados y en otras épocas se reconocían como parte de la esfera de actividad de los particulares.” Vid. ACOSTA ROMERO, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo, 12ª edición, Ed. Porrúa, México, 1995, p. 848. 9 Ibidem., p. 857. 10 Ibidem., p. 1002. 31 el concedente (autoridad) y el concesionario (particular) carente de igualdad entre las partes, pues el concesionario se encuentra sometido a la reglamentación y condiciones impuestas por la autoridad; constituyendo “una herramienta importante para limitar la entrada al sistema financiero de entidades con proyectos
inviables, así como de personas moralmente indeseables y/o técnicamente incapaces.”11 La concesión administrativa envuelve grandes similitudes con la autorización, por tratarse en ambos casos de actos administrativos permisivos. Sin embargo, la primer diferencia entre ambos es en atención a la naturaleza del objeto que será autorizado o concesionado. Es decir, si se trata de una actividad susceptible de ser realizada por un particular no sujeta a ser efectuada prioritariamente por el Estado, estaremos hablando de una autorización; mientras que la concesión es “el acto por el cual se concede a un particular el manejo y explotación de un servicio público o la explotación y aprovechamiento de bienes de dominio del Estado.”12 Lo anterior se desprende del artículo 28 constitucional en su párrafo X, que establece lo siguiente: “Artículo 28, párrafo X El Estado, sujetándose a las leyes, podrá en caso de interés general, concesionar la prestación de servicios públicos o la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio de la Federación, salvo las excepciones que las mismas prevengan.” Del precepto anterior se desglosan dos circunstancias: en primer lugar la finalidad de la concesión será la satisfacción de necesidades del interés general; y por otra parte, el objeto o materia de la concesión puede ser en relación a servicios públicos o a los bienes de la Federación. 11 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Jesús. Tratado de Derecho Bancario y Bursátil. Tomo I, 5ª edición, Ed. Porrúa, México, 2007, p. 105. 12 FRAGA, Gabino. Derecho Administrativo. 40ª edición, Ed. Porrúa, México, 2000, p. 242. 32 El interés general es el equivalente legal doctrinariamente del interés público,13 definido como: “la pretensión de un sector poblacional para que un bien o actividad material o cultural, que le es común sea proporcionado o protegido por el estado al considerarlo éste primordial.”14 Por lo que hace al manejo y explotación de un servicio público, puede definirse como la “empresa oficial o privada destinada a satisfacer necesidades colectivas del público,”15, en esa tesitura, podemos afirmar que la finalidad del servicio público es la satisfacción del interés general. Como segunda divergencia entre la concesión y la autorización se encuentra en el carácter discrecional de la primera, pues en el caso de la autorización basta con el cumplimiento de los requisitos legales por parte del particular para su otorgamiento. El Doctor Jesús de la Fuente Rodríguez resume la diferencia entre concesión y autorización16 de la siguiente forma: CONCESIÓN AUTORIZACIÓN • Hay una libertad de la autoridad para concederla o no. • Está sometida a la ley, no está sujeta a la autoridad. • Es discrecional, puede o no concederse. • El particular (persona física o moral), puede exigir que se la otorgue, si cumple con los requisitos de la ley, no es
discrecional. • La revocación de la concesión puede ser por reglamentación, o discrecional. • La revocación debe ser con causa justificada, no es libre. 13 Vid. MARTÍNEZ MORALES, Rafael. Derecho Administrativo. 3er y 4º cursos, 3ª edición, Ed. Oxford, México, 2000, p. 172. 14 Ibidem., p. 165. 15 PALOMAR DE MIGUEL, Juan. Diccionario para juristas, tomo I, Ed. Porrúa, México, 2000, p. 848. 16 DE LA FUENTE RODRÍGUEZ, Jesús. op. cit., p. 324. 33 El acto de autoridad que permite la existencia de los organismos autorregulatorios en la Ley del Mercado de Valores, se encuentra a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (y del Banco de México en el caso del Instituto para el Depósito de Valores y Contrapartes Centrales) siendo dicha secretaría de estado quien posee la facultad para revocar la concesión otorgada. La legislación bursátil establece que la concesión se resolverá en atención al mejor desarrollo y posibilidades del mercado, imponiendo como requisito formal la publicación en el Diario Oficial de la Federación. La ley en vigor permite la existencia de diversos entes que presten el servicio público de estos organismos, con la limitante de que sea una por cada plaza y en atención al mejor desarrollo y posibilidades del mercado, sin embargo, el mercado mexicano ha centralizado sus operaciones en un solo depósito centralizado de valores, tres contrapartes centrales y dos bolsas de valores, cuyo recinto se encuentra desde 1990 en Paseo de la Reforma 255 colonia Cuauhtémoc, en México Distrito Federal. Lo anterior permite conceptuar a los organismos autorregulatorios previstos en la legislación mexicana, de la siguiente forma: Un organismo autorregulatorio es una Sociedad Anónima, con duración indefinida y domicilio en territorio nacional, cuyo objeto social es considerado un servicio público (actuar como bolsa de valores, institución para el depósito de valores, contraparte central o asociaciones gremiales de intermediarios del mercado de valores o de asesores de inversión reconocidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores) concesionado discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Mercado de Valores Clasificación: Mercado Primario: Es aquel en el que se emiten y se colocan los valores de renta fija y renta variable por primera vez. Mercado Secundario: Es aquel donde se negocian los valores previamente colocados en el mercado primario, es pues un mercado de segunda mano o mercado de reventa. Este mercado a su vez se clasifica en: 9 Mercado Bursátil: Es aquel en el que
se negocian y contratan valores de renta fija y renta variable admitidos a cotización oficial en bolsa. 9 Mercado Extrabursátil: Son las negociaciones que se realizan fuera de bolsa (Over the Counter Market). 2. CLASIFICACIÓN DE LOS MERCADOS DE VALORES Los mercados de valores se clasifican en: 1. Mercados Primarios o de emisión: Es aquel en el que se emiten y se colocan los valores de renta fija y renta variable por primera vez. 2. Mercado Secundario: Es aquel donde se negocian los valores previamente colocados en el mercado primario, es pues un mercado de segunda mano o mercado de reventa. Este mercado a su vez se clasifica en: a) Mercado Bursátil: Es aquel en el que se negocian y contratan valores de renta fija y renta variable admitidos a cotización oficial en bolsa. b) Mercado Extrabursátil: Son las negociaciones de títulos no admitidos en cotización oficial. Inicio / Glosario / Oferta pública de valores Oferta pública de valores Operación bursátil consistente en que una persona física o jurídica anuncia públicamente a los accionistas y mercado en general la venta de valores. Los títulos y el emisor deben estar inscritos en el Registro de Valore Oferta Pública: Colocación inicial de valores entre el público inversionista a través de la BMV. Capítulo II De las ofertas públicas de valores Artículo 83.- Las ofertas públicas de valores podrán ser: I. De suscripción o de enajenación. II. De adquisición.
Las ofertas públicas de valores a que se refiere esta Ley requerirán de la previa autorización de la Comisión. Artículo 84.- Las operaciones que se lleven a cabo con motivo de una oferta pública sobre valores listados en alguna bolsa de valores, deberán concertarse dentro de éstas. s istemas de negociación:  Bolsas de Valores. (bursátil)  Empresas que administran sistemas para facilitar operaciones con valores. (extrabursátil)
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References: artículo 322
 artículo 334
 artículo 229
 artículo 228
 artículo 87
 artículo 306
 artículo 28
 Artículo 83
 Artículo 84