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Timestamp: 2017-04-29 01:43:32+00:00

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Sentencia Civil Nº 250/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 102/2015, 20-11-2015 | Iberley
InicioJurisprudencia CivilJuzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz2015Trinidad Santos, Maria TeresaEstimaSentencia250/2015102/2015
Sentencia Civil Nº 250/2015, Juzgado de Primera Instancia - Vitoria-Gasteiz, Sección 7, Rec 102/2015 de 20 de Noviembre de 2015
Jurisprudencia Sentencia Civil Nº 186/2015, JPI Vitoria-Gasteiz, Sec. 7, Rec 218/2014, 07-07-2015 Órden: Civil
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Num. Recurso: 461/2014
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Núm. Sentencia: 250/2015 Núm. Recurso: 102/2015
Núm. Cendoj: 01059420072015100249
Núm. Ecli: ES:JPI:2015:551
Núm. Roj: SJPI 551:2015
e-mail: 010228001@AJU.ej-gv.es
01.02.2-15/002134
01059.47.1-2015/0002134
Proc.ordinario / Prozedura arrunta 102/2015 - I
Victorino Abogado/a /
Abokatua: CECILIA PIRIS ASIAIN
Prokuradorea: PALOMA BAJO MARTINEZ DE MURGUIA
Demandatua: CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CREDITO
S E N T E N C I A Nº 250/2015
En Vitoria-Gasteiz, a 20 de noviembre de 2015.
Vistos por mí, Mª Teresa Trinidad Santos, Magistrada- Juez del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Vitoria-Gasteiz, los presentes autos del Juicio Ordinario 102/15 entre partes, de una como demandante,
Victorino representado por la Procuradora Paloma Bajo Martínez de Murguía y asistido de la Letrada Cecilia Piris Asiáin y de otra como demandada CAJA LABORAL POPULAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO representada por la Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes y asistida de la Letrada Maria Teresa Cobo Martínez, sobre condiciones generales de la contratación, y los siguientes
Antecedentes PRIMERO.-La Procuradora Sra. Bajo interpone en nombre y representación de
Victorino demanda de Juicio Ordinario contra la entidad Caja Laboral Popular Sociedad Coop. de Crédito (en adelante Caja Laboral), antes Ipar Kutxa, en la que tras alegar los hechos que en ella se indican e invocar los fundamentos jurídicos que estima aplicables, termina suplicando que se dicte sentencia en la que:
1. Se declare nula de pleno derecho la cláusula del contrato de préstamo on garantía hipotecaria firmado por las partes el 24 de febrero de 2009 que establece que 'El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser en ningún caso superior al quince por ciento ni inferior al tres con cincuenta por ciento nominal anual'.
2. Condene a la demandada a recalcular los pagos que hubiesen tenido que efectuarse en el caso de que la cláusula declarada nula nunca hubiese existido, así como a recalcular de forma efectiva el cuadro de amortización del préstamo hipotecario desde su constitución, y que regirá en lo sucesivo hasta el fin del préstamo, devolviendo las cantidades indebidamente percibidas en aplicación de la cláusula declarada nula. Así miso deberá condenarse a la demandada al abono del interés legal del dinero sobre este importe desde la fecha de presentación de la presente demanda hasta sentencia, incrementados en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su pago, de conformidad con los
artículos 1108 del Código Civil y 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ; así como al abono de las cantidades que por este concepto se vayan devengando durante la sustanciación de este pelito y hasta el efectivo abono de las mismas y cese de la aplicación de la cláusula declarada nula, devengando estos importes que se devenguen durante la tramitación del pleito el interés legal del dinero desde la fecha de cada respectivo pago y hasta sentencia e incrementado el interés legal del dinero en dos puntos desde la fecha de la sentencia hasta su efectivo abono.
3. Se condene en costas a la demandada.
SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la demandada para contestar. La demandada contesta oponiéndose a todas las pretensiones de la contraria.
TERCERO.- En la Audiencia Previa, la demandante introduce una petición subsidiaria consistente en la devolución de las cantidades cobradas en virtud de la cláusula declarada nula desde la publicación de la
sentencia del TS de 09.05.2013 . La demandada se muestra dispuesta a llegar a un acuerdo, proponiendo la eliminación de la cláusula suelo y devolución de los intereses cobrados en virtud de la cláusula suelo desde la publicación de la indicada Sentencia del TS, con archivo del procedimiento sin condena en costas. La parte demandante no acepta la finalización del procedimiento sin costas para la demandada.
Se delimitan los hechos litigiosos, se propone prueba, se admite la pertinente y útil y se señala juicio.
CUARTO.- En el acto del juicio, el demandante renuncia a la petición subsidiaria introducida en la Audiencia Previa. Se practica la prueba propuesta y las partes formulan conclusiones, quedando el pleito visto para sentencia.
En el presente procedimiento se han cumplido las normas procesales, no habiéndose dictado sentencia en plazo debido a la carga de trabajo que sufre este Juzgado.
Fundamentos PRIMERO.- El demandante ejercita acción individual de nulidad de la conocida como 'cláusula suelo' inserta en el contrato de préstamo hipotecario suscrito con la demandada, al amparo de lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (LCGC) y en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007, de 16 de noviembre).
El demandante suscribió el 24.02.2009 con Ipar Kutxa Rural Sociedad Cooperativa de Crédito (hoy Caja Laboral Popular SCC), y ante el Notario Enrique Arana Cañedo-Argüelles, escritura pública de préstamo hipotecario con el número 532 del protocolo notarial (doc. 3 de la demanda). El capital del préstamo, destinado a financiar la adquisición de vivienda según el propio expositivo II de la escritura, ascendió a 113.000 euros, con un plazo máximo de amortización de 35 años, un tipo de interés fijo inicial el primer año del 5 % y partir del 10.03.10 con revisión anual, un tipo de interés resultante de adicionar al tipo básico de referencia (Euribor a un año) un diferencial de 1,25 puntos que podía verse reducido hasta un 0,70 en función de que el prestatario contratara una serie de productos o servicios con la prestamista en las condiciones señaladas en la cláusula adicional de la escritura. Sin embargo la variabilidad del tipo de interés se encuentra limitada por un tipo mínimo del 3,50 % y un máximo del 15 %.
TRES CON CINCUENTApor ciento nominal anual
TERCERO.- S
obre la consideración de las cláusulas impugnadas como condición general de la contratación.
Es un hecho notorio que las escrituras públicas de préstamos hipotecarios se redactan por el Notario conforme a la minuta preparada, redactada y presentada por la entidad financiera. A día de hoy constituye igualmente un hecho notorio que al menos determinadas entidades utilizaron durante un tiempo este tipo de cláusulas limitativas de la variación del tipo de interés en una pluralidad de contratos. La cuestión es si la cláusula fue objeto de específica y verdadera negociación en este caso como alega la demandada para negar que estemos ente una condición general de la contratación o por el contrario es una cláusula impuesta. Imposición que evidentemente no significa que se haya obligado al cliente a contratar con la demandada ¿o que tuviera obligación de hacerlo- sino que se trate de una cláusula que se presenta como necesaria en la oferta que la entidad efectúa al cliente y que éste no puede influir en su supresión o en su contenido. Negociación que correspondería acreditar a la demandada como empresario predisponente (
art. 3.2 pfo. 3º de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo de 5 de abril, y en el art. 82.2 pfo.- 2º del TRLCU). Sin embargo, pese a que la demandada insiste en negar la naturaleza de condición general de la contratación de la cláusula impugnada, los argumentos que utiliza no pueden ser aceptados porque se oponen a la jurisprudencia antes citada. El que la cláusula se refiera al objeto principal del contrato no excluye la naturaleza de condición general, como tampoco el hecho de que, en teoría, el prestatario pueda elegir entre distintas ofertas del mismo empresario o entre ofertas de distintos empresarios. Si lo que la entidad ofrece al cliente es una oferta global (un determinado capital, plazo de amortización, tipo de referencia, diferencial, bonificable o no, comisiones, tipo fijo inicial,¿) que el cliente solo puede aceptar en bloque o rechazar y optar por otra modalidad distinta de préstamo u otra oferta global en la que cambian sustancialmente el resto de condiciones financieras para obtener un préstamo sin cláusula suelo, no hay verdadera negociación individual. Tampoco por el hecho de haber podido negociar otras cláusulas o condiciones, como el plazo de amortización, o ¿en teoría- el diferencial pactado, se excluiría el carácter no negociado de la cláusula impugnada.
Ninguna prueba existe de la efectiva negociación de la cláusula impugnada. La demandada que es quien tiene la carga de acreditarla como empresario predisponente se vale del testimonio de su propio empleado que en realidad nada en concreto recuerda más allá de insistir en que se le ofrecieron unas condiciones financieras que el cliente aceptó. Cuando se le pregunta si fue negociada la cláusula, señala que él pidió unas condiciones, la entidad ofreció unas condiciones y el cliente las valoró y aceptó. Sin embargo, no recuerda cuales eran las condiciones que pedía el cliente; tampoco las que ofreció la entidad; no recuerda si el cliente puso alguna pega a las condiciones ofrecidas; tampoco si se modificó en algo la propuesta inicial. En definitiva lejos de acreditar que la cláusula fue negociada, lo único que acierta a poner de manifiesto el gestor es que el cliente aceptó lo que la entidad le ofrecía, con lo que no puede hablarse de negociación de la cláusula suelo.
art. 4.2 LCGC. Este precepto establece que no será de aplicación la referida ley a las condiciones generales que vengan reguladas específicamente por una disposición legal o administrativa de carácter general y que sean de aplicación obligatoria para los contratantes. El TS en sentencia de 09.05.2013 trató esta cuestión en los párrafos 167 a 178, señalando en este último que 'la existencia de una regulación normativa bancaria tanto en cuento a la organización de las entidades de crédito como en cuanto a los contratos de préstamo hipotecario y las normas de transparencia y protección de los consumidores, no es óbice para que la LCGC sea aplicable a los contratos de préstamo hipotecario objeto de esta litis'.
El Tribunal Supremo ha declarado en varias sentencias la procedencia de realizar un control de transparencia de las condiciones generales de los contratos concertados con consumidores, y en especial de aquellas que regulan los elementos esenciales del contrato, esto es, la definición del objeto principal del contrato y la adecuación entre precio y retribución. Esta línea jurisprudencial se inicia en sentencias como las núm. 834/2009, de 22 de diciembre , 375/2010, de 17 de junio , 401/2010, de 1 de julio , y 842/2011, de 25 de noviembre , y se perfila con mayor claridad en las núm. 406/2012, de 18 de junio , 827/2012, de 15 de enero de 2013 , 820/2012, de 17 de enero de 2013 , 822/2012, de 18 de enero de 2013 , 221/2013, de 11 de abril , 638/2013, de 18 de noviembre y 333/2014, de 30 de junio .
art. 1.6 CC asigna a la Jurisprudencia: ' Este doble control consistía, según la sentencia núm. 241/2013 , en que, además
del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, « conforme a la Directiva 93/13/CEE y a lo declarado por esta Sala en la Sentencia 406/2012, de 18 de junio, el control de transparencia, como parámetro abstracto de validez de la cláusula predispuesta, esto es, fuera del ámbito de interpretación general del Código Civil del 'error propio' o 'error vicio', cuando se proyecta sobre los elementos esenciales del contrato, tiene por objeto que el adherente conozca o pueda conocer con sencillez tanto la 'carga económica' que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, la onerosidad o sacrificio patrimonial realizada a cambio de la prestación económica que se quiere obtener, como la 'carga jurídica' del mismo, es decir, la definición clara de su posición jurídica tanto en los presupuestos o elementos típicos que configuran el contrato celebrado, como en la asignación o distribución de los riesgos de la ejecución o desarrollo del mismo ».
STJUE de 21 de marzo de 2013, asunto C-92/11, caso RWE Vertrieb AG y la de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 , añadiendo que '
QUINTO.- Debe partirse de que la demandante alega el hecho negativo de falta de información suficiente que le permitiera conocer la existencia de la cláusula suelo, y menos aún la incidencia real que tiene en el precio del préstamo y el riesgo que con los concretos topes mínimo y máximo asumía una y otra parte. Frente a ello, la demandada, que es quien alega el hecho positivo, es quien debería encontrarse en disposición de aportar la prueba que acredite la información y documentación que se entregó a la prestataria (regla de la facilidad y disponibilidad de la prueba,
art. 217.7 LEC ). Sin embargo, la demandada no aporta ni un solo documento con su contestación que se refiera a la información que pudo facilitar a los prestatarios en el curso de la oferta comercial. Lo que aporta es el documento de autorización al tratamiento de datos de carácter personal, lo que nada nos dice a los efectos que interesan.
Se vale en primer lugar de la escritura pública aportada por la actora, para sostener, en prueba de la transparencia de la cláusula, que el Notario leyó la escritura pública y que la prestataria plasmó su firma en la misma. Efectivamente en la escritura se indica que se procede a su lectura, previa a firma de las partes, como no podía ser de otro modo en cumplimiento del Reglamento Notarial. Pero con lo que se lleva dicho debería comprenderse que la lectura notarial no suple el deber de información que recae sobre la entidad financiera y que se refiere al proceso de comercialización previo, no al otorgamiento de la escritura y que la mera claridad gramatical o formal de la cláusula no colma las exigencias de transparencia conforme a la jurisprudencia de TJUE y del propio TS. El control de transparencia, ni queda reducido a la claridad, inteligencia gramatical y comprensibilidad formal de la cláusula, ni tiene por objeto el enjuiciamiento de la validez del consentimiento otorgado, pues no tratamos de vicios del consentimiento. Por si quedara alguna duda, sobre la intervención del Notario en el otorgamiento de la escritura, establece el
La demandada vuelve ha valerse de la escritura pública para acreditar la entrega al prestatario de la Oferta Vinculante a la que se refiere la Orden Ministerial de 05.05.1994. Sin embargo, si observamos el anexo de la escritura pública que el Notario incluye en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 7 de la O.M, vemos que lo que el notario dice es que las condiciones financieras consignadas en la escritura coinciden con las incluidas en la oferta vinculante 'que se le exhibe'. De ningún modo con ello podemos dar por probado que la entidad financiera entregara al prestatario la oferta vinculante y que ésta fuera firmada por el mismos en el curso de la oferta comercial. Por otro lado, el anexo señalado dice que no hay límites a la variación del tipo de interés, luego o la oferta vinculante que se le exhibió al notario no los tenía, o el notario los pasó por alto. Pero en cualquier caso, lo que no se ha aportado a los autos es la referida oferta vinculante firmada por el prestatario y fechada con anterioridad al otorgamiento de la escritura, luego sigue existiendo un déficit probatorio en el cumplimiento por parte de la demandada de los deberes que la OM le imponía.
Por tanto, la cláusula impugnada no supera ni siquiera el primero de los controles de transparencia, el de inclusión. Y si no hay prueba de que se facilitara al prestatario un documento con las condiciones financieras del préstamo por escrito antes del otorgamiento, menos aún la hay de que se le facilitara toda la información necesaria para que alcanzara un comprensión real y no meramente formal de la cláusula. Información que permita al prestatario conocer el funcionamiento concreto de la cláusula y su relación con el resto de cláusulas del contrato (en este caso singularmente con la que establece las bonificaciones del diferencial que por la época en la que se suscribe la hipoteca resultaban ineficaces), información que destaque que se trata de una cláusula que incide en el precio del préstamo, es decir, en el objeto principal del contrato y que le permita conocer la carga económica de la misma (onerosidad y sacrificio patrimonial que le puede representar) y la carga jurídica que asume con ello, tanto en relación a los elementos típicos del contrato, como en relación al reparto de riesgos que representa. Información que no se proporciona con la mera referencia a la existencia de un tipo mínimo y un tipo máximo que incluso puede ser engañoso o inducir a error al prestatario al aparentar una reciprocidad que realmente no existe habida cuenta de los tipos mínimos y máximos concretos.
Lo único que nos aporta la demandada es el testimonio de su propio empleado que viene a manifestar que en la práctica habitual se informaba de todas las condiciones financieras y que se entregaban simulaciones, pero nada en concreto recuerda. El mencionado testimonio carece de valor probatorio alguno a los efectos pretendidos por la demandada. El
TS ha señalado en sentencia de 12.01.2015 que no es correcto que la prueba tomada en consideración con carácter principal para considerar probado que X cumplió con su obligación de información sea la testifical de sus propios empleados, obligados a facilitar tal información y pro tanto, responsables de la omisión en caso de no haberla facilitado, lo que resulta plenamente aplicable en este caso.
Tratamos de un préstamo firmado en febrero de 2009, cuando el Euribor se encontraba en un 2,622% (BOE 03.02.09), lo que unido a un diferencial de 1,25 daría lugar a un tipo de interés del 3,872 % rozando el tipo mínimo del 3,50 %. En cambio, el techo se sitúa en un 15 %, cuando el nivel más alto del euribor en toda su historia no ha pasado de un 5,393%. Y tratamos de un préstamo en el que se ofrece al cliente un diferencial bonificable en función de que contrate una serie de productos o servicios con la entidad financiera. Ni rastro hay de prueba alguna que acredite que se informó al prestatario de todas estas circunstancias, es decir, de cómo opera la cláusula suelo en relación con otras cláusulas del contrato y singularmente en el cálculo del interés a aplicar y la incidencia que puede ello tener en la bonificación del diferencial o más bien en la nula eficacia de la bonificación si el euribor se sitúa por debajo del suelo. Información que permita al consumidor percibir el riesgo que asume de que entre en juego la cláusula suelo frente a la nula garantía que le supone el techo, la carga onerosa que puede representar la cláusula limitativa ante la más mínima bajada del euribor y el coste comparativo que puede tener en relación con otros préstamos sin cláusula suelo.
Refuta el argumento de que los 'riesgos de trastornos graves' no se pueden predicar en un pleito en el que en ejercicio de una acción individual, las cantidades a restituir al consumidor, resulten irrisorias para la entidad financiera. Sostiene: ' La afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto'. Y en relación a la 'buena fe de los círculos interesados', reitera como datos indicativos de la buena fe de las entidades financieras los motivos expresados en el apartado 293 de la S de 09.05.2013..
En consecuencia, procede revisar el criterio que venía manteniendo este Juzgado y declarar que siendo nula la cláusula suelo impugnada en este pleito por déficit de transparencia, la entidad demandada debe restituir a la prestataria las cantidades cobradas en concepto de intereses ordinarios, en aplicación de la cláusula suelo del 3,50 % y por diferencia de lo que tendría que haber pagado de aplicarse estrictamente el último Euribor publicado a fecha de cada liquidación, más el diferencial que le resultara de aplicación en cada cuota en función de los productos o servicios contratados para obtener la bonificación del mismo. Todo ello desde la fecha de la publicación de la sentencia del TS de 09.05.2013 hasta la efectiva supresión de la cláusula. A ello hay que añadir el interés legal del dinero desde las respectivas fechas de cobro hasta el pago, sin perjuicio de la aplicación del
art. 576 LEC . La consecuencia de la nulidad se limita a la restitución de los intereses cobrados conforme a lo explicado sin que queda una condena adicional al recálculo del cuadro de amortización, tal y como viene estimando la
AP de Álava, entre otras muchas, en S. de 18.05.2015 .
SÉPTIMO.- Estimada parcialmente la demanda, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad (
Fallo QUE ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda interpuesta por
Victorino representado por la Procuradora Paloma Bajo Martínez de Murguía frente a CAJA LABORAL POPULAR COOPERATIVA DE CRÉDITO representada por la Procuradora Ana Rosa Frade Fuentes,
La nulidad de la cláusula recogida en la estipulación Tercera Bis de la escritura pública de préstamo hipotecario suscrita por las partes el 24.02.2009 ante el Notario Enrique Arana Cañedo Argüelles (nº de protocolo 532) en la parte relativa a la limitación al alza ya la baja del tipo de interés, y concretamente, en la parte que dice:
El tipo aplicable al devengo de los intereses ordinarios no podrá ser, en ningún caso, superior al QUINCE por ciento ni inferior al TRES CON CINCUENTA por ciento nominal anual ';manteniendo la vigencia del contrato con el resto de sus cláusulas.
-A devolver al demandante la cantidad que se determine en ejecución de sentencia con arreglo a las siguientes bases: La demandada habrá de restituir al prestatario las cantidades cobradas en cada una de las cuota del préstamo, en concepto de intereses ordinarios, que excedan de la estricta aplicación del último Euribor publicado en el BOE a fecha de cada liquidación más el diferencial que le fuera aplicable en cada cuota y que hayan sido cobradas en aplicación de la cláusula suelo del 3,50% a partir de la publicación de la
artículo 458.2 LEC ). Para interponer el recurso será necesaria la constitución de un depósitode 50 euros, sin cuyo requisito no será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander con el número 0844 1111 04 010215, indicando en el campo concepto del resguardo de ingreso que se trata de un 'Recurso' código 02- Apelación. La consignación deberá ser acreditada al
PUBLICACIÓN.- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sr/a. MAGISTRADO que la dictó, estando la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, la Letrada de la Administración de Justicia doy fe, en VITORIA-GASTEIZ, a 25 de noviembre de 2015.
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado Artículo 576. Intereses de la mora procesal.
Artículo 455. Resoluciones recurribles en
apelación. Competencia y tramitación preferente.
Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 95 Fecha de Publicación: 21/04/1993 Fecha de entrada en vigor: 11/05/2015 Órgano Emisor: Consejo Artículo 3
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 206 Fecha de Publicación: 25/07/1889 Fecha de entrada en vigor: 16/08/1889 Órgano Emisor: Presidencia Del Consejo De Ministros Artículo 1108
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 189 Fecha de Publicación: 07/07/1944 Fecha de entrada en vigor: 27/07/1944 Órgano Emisor: Ministerio De Justicia Extracto

References: Resolución 
 Resolución 

artículo 458
 Artículo 576

Artículo 455
 Artículo 3
 Artículo 1108