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PAZ, DEMOCRACIA Y CAPACIDAD DE DECISION EN EL PAIS VASCO (2008) | Ramonzallo.com
PAZ, DEMOCRACIA Y CAPACIDAD DE DECISION EN EL PAIS VASCO (2008)
Publicado el junio 17, 2008 por rzallo
PAZ, DEMOCRACIA Y CAPACIDAD DE DECISION EN EL PAIS VASCO (2008) (Informe para el profesorado de Universidades extranjeras y del Estado Español)
Elkarbide, nació en 2003 como una iniciativa de un sector del profesorado universitario vasco que propugnaba una convivencia plural y normalizada así como un debate público sereno sobre todas las cuestiones esenciales de la sociedad vasca.
Tras distintas actividades, el 16 de marzo del 2005 sen altaba s pasedel otro entes de unos y otro en un juego de vas a ver lo que es bueno y de mejor no meneallo. produjo su constitución como asociación y como corriente de opinión, con un manifiesto fundacional suscrito por 400 profesores y profesoras de diferentes universidades (Universidad del País Vasco -UPV/EHU, Universidad de Deusto, Universidad de Mondragón, Universidad Pública de Navarra, Universidades de Madrid, Barcelona, Santiago, Pau, Reno…)[1]. La misión que se dió a si misma fue rescatar la reflexión rigurosa, la racionalidad y la tolerancia que deben presidir las actuaciones universitarias facilitando las aportaciones constructivas basadas en el respeto a los derechos humanos y colectivos.
Desde entonces, Elkarbide ha continuado con su actividad pública, y además de encarar, desde una convicción centrada en el derecho de decisión, su apoyo a la resolución del conflicto nacional vasco, defiende una Euskal Herria humanizada, democrática, pacífica, identificable, integradora, ecológica, solidaria y digna. Solo nos referiremos aquí al lado político del conflicto vasco.
NOTA: Para una introducción a la demografía, sociedad, economía y modelo institucional en el País Vasco, ver en el ANEXO.
Han transcurrido 30 años desdela Transición Política. Elmundo ha cambiado (pertenecemos a la UE, el Muro se desplomó, vivimos en globalización…), se han despejado algunas de las incertidumbres de la Transición (amenazas de golpe de Estado….), se ha hecho una experiencia sobre lo que funciona o no funciona y sobre las competencias que se han querido transferir o incumplir; y hay nuevas generaciones que no habiendo participado en la confección del modelo tienen derecho a mejorarlo. Parece llegada la hora de hacer balances que permitan corregir rumbos y solventar asignaturas pendientes, y una de ellas es la cuestión de las nacionalidades.
El llamado “problema vasco” es un conflicto político originado por un mal ajuste de un Estado plurinacional que no reconoce serlo y la negación del derecho a la autodeterminación; es decir: del derecho de las personas con residencia en Euskal Herria, a decidir la forma de articular sus relaciones con otras comunidades y pueblos y con los Estados en los que se ubica. El ejercicio de tal derecho debería incluir, el diálogo y negociación con esas otras comunidades y Estados y, desde luego, el derecho de consulta de las ciudadanías vascas.
Hoy por hoy, y desde 1979 el Estatuto de Gernika está vigente enla Comunidad Autónomade Euskadi; y conforme a él se organiza su sistema político. Pero su periplo ha terminado y el modelo vigente de autogobierno y de relaciones entre el País Vasco y el Estado está agotado. Ha llegado a un límite en que no resuelve sino que agudiza algunos de los problemas y está en proceso de revisión y en la agenda política porque lo propugna una mayoría de la opinión pública vasca, al menos enla Comunidad Autónomade Euskadi.
La profunda insatisfacción vasca se deriva de varias circunstancias.
En primer lugar, se ha producido un incumplimiento estatutario mediante la congelación de algunas transferencias importantes del Estatuto de Autonomía (seguridad social, ciencia y tecnología..). Varias leyes de Bases o generales (Universidad, Educación, Presupuestos, Televisión,…) han convertido el Estatuto en norma crecientemente vaciada y en regresión. El Tribunal Constitucional se ha prodigado en interpretaciones nada garantistas. En suma, un autogobierno estancado ya es un tapón para el desarrollo económico y el dinamismo social vasco necesitados de un autogobierno de regulación y no de mera gestión.
En segundo lugar, el paso de una sociedad industrial a otra que quiere jugar en el nuevo modelo post-industrial en un contexto global y diverso, tiene sus exigencias. Lograr la paz y el reconocimiento de la identidad cultural y política, como punto de partida para ser visibles, cohesionados y preactivos es una de ellas. Pero otra es tener la capacidad decisoria para obtener y gestionar los recursos decisivos de nuestro tiempo, desde un autogobierno con herramientas de política pública para la gestión del bienestar (seguridad social, políticas sociales), del conocimiento (ciencia, tecnología, valores añadidos inmateriales) y de la internacionalización (infraestructuras, relaciones internacionales…). Es todo esto, y no la supuesta insaciabilidad vasca, lo que espolea el cambio.
En tercer lugar, está el empeño en dejar a los vascos un país imposible y sin solución. Sacrificado, por un lado, a la comprensión centralista, autoritaria y represiva del Estado y, por otro lado, a la intervención de ETA que es funcional, como mal menor y excusa, para que el Estado no aborde el problema de fondo, y se niegue incluso a que la ciudadanía pueda chequear su pensamiento mediante una consulta ad hoc.
Con esa experiencia de tres décadas y la reclamación de una mayor capacidad de decisión por parte vasca, se ha entrado en un período de revisión el estatus de relaciones entre España y Euskal Herria, conforme a criterios que entroncan con los principios modernos de autodeterminación o de derecho de decisión democrática, teniendo los aspectos históricos una función legitimante complementaria. Por ello, se debate en la actualidad la sustitución del actual Estatuto en Euskadi, o bien por otro distinto en claves de asociación con España desde la libre decisión, o bienmediante la reforma del Estatuto vigente.
El Parlamento Vasco de la legislatura 2001-2005 se pronunció por la primera alternativa. El 30 de diciembre de 2004 aprobó un nuevo proyecto, por mayoría absoluta (39 contra 34) para su negociación con el Gobierno de España y de cara a formalizar un pacto político de relación institucional. Se instaba al Estado español a convertirse en un Estado plurinacional, en lugar del modelo mononacional quela Constituciónparece consagrar y que, en 1978, contó con un muy escaso (34%) respaldo popular vasco.
Ese proyecto de “Estatuto político dela Comunidadde Euskadi” se definía como de “libre asociación con el Estado Español”. Con más competencias que el vigente –se acercaba a un modelo federal/confederal para un Estado Español plurinacional –, ponía especial énfasis en los mecanismos bilaterales para la verificación del cumplimiento de los compromisos y en la consideración del Pueblo Vasco como sujeto político con derecho de decisión y la obligación de negociación con el Estado central. Fue rechazado por el Congreso de los Diputados español sin ser tan siquiera discutido, pero sus contenidos forman parte del nuevo debate vasco sobre el autogobierno en la legislatura comenzada en el 2005.
El argumento tan repetido de que esa propuesta rompía a la sociedad vasca simplemente no era razonable. ¿En qué molestaba o molesta a los votantes del PSE o del PP que haya más autogobierno, una administración más cercana o una representación internacional, incluidas unas selecciones deportivas internacionales propias?. El principio de subsidiaridad es hoy algo compartido por todala sociedad. Elproblema está en los aparatos políticos, en los partidos, con intereses propios que los atribuyen a la sociedad para escudarse, mientras se niegan a resolver los problemas para cuya resolución nacieron.
Además en la democracia española hay horror a preguntar, a consultar. Es un contrasentido. La unión forzosa sin derecho a contabilizarse siquiera cuántos ciudadanos están de acuerdo o no con la forma en que, en un momento dado, se está dando esa unión (no ya la independencia) no es patrimonio de los pueblos libres: ni del impedido ni del que en nombre del cual se impide consultar. La española es una democracia de baja calidad, en deterioro. La larga experiencia del franquismo y la forma pactada de la Transición democrática proyectan una larga sombra sobre el sentido democrático de las élites españolas con una utilización de las normas como corsés contra el sentido democrático último o las identidades nacionales.
El conflicto vasco es históricamente muy anterior a la existencia de ETA pero la violencia armada de esa organización le ha acompañado desde los años 60 del siglo XX. Aunque busque justificarse en el déficit democrático o en los comportamientos antidemocráticos del Estado, ETA vulnera derechos esenciales, deshumaniza las relaciones ciudadanas y hace degenerar las libertades democráticas. Esa duración de casi medio siglo no aporta justificación alguna, ni moral ni política, para la actividad armada.
Pero tampoco es honesto tomar la violencia como excusa para no abordar los problemas de fondo hasta que aquella desaparezca. La resolución del conflicto vasco sólo puede y debe producirse en el espacio de la acción política y de la decisión ciudadana.
La última violencia en Europa
Desde 1968 al 2006 se estiman en más de 1.000 los muertos en condiciones de violencia política. De ellos, 800 han sido provocados por ETA, y los demás –especialmente en el tardofranquismo y la transición– en enfrentamientos, manifestaciones, comisarías, grupos parapoliciales… Si algunos de los años 80 se saldaban con cerca de cien muertos, en los 90 los asesinatos de electos y las bombas indiscriminadas fueron frecuentes.
En efecto, durante todos estos años ha habido episodios especialmente dolorosos, como los asesinatos por parte de ETA de José María Ryan y Ángel Pascual –ingenieros de la paralizada construcción de la Central Nuclearde Lemoiz–, las bombas en el Banco Vizcaya en Bilbao, en Hipercor de Barcelona, en el cuartel de la Guardia Civilde Zaragoza o en Vallecas (Madrid), la ejecución anunciada de Miguel Ángel Blanco, los asesinatos de Juan Mari Jauregi y Fernando Buesa o el cautiverio de Ortega Lara. Tras la última tregua, en diciembre del 2006 murieron asesinadas dos personas en el Aeropuerto de Barajas; más tarde dos guardias civiles en Francia; y, dos días antes de las elecciones generales de 9 de marzo del 2008, el ex concejal socialista Isaías Carrasco. A ello hay que añadir múltiples actos de violencia callejera (kale borroka) contra personas y bienes.
Lamentablemente la parte mayoritaria del nacionalismo radical,la Izquierda Abertzalepolítica y civil, guarda silencio ante esos desmanes y ha permitido que ETA sea la vanguardia, imponga las situaciones al conjunto de la corriente ideológico-social que se reconoce como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). En el plano electoral la izquierda abertzale mayoritaria ronda los 100-150.000 votantes, un 10% del electorado, aunque en los años 90 fue bastante superior.
Por parte del Estado nunca se depuraron las responsabilidades por los crímenes del franquismo, incluidos los últimos episodios de fusilamiento de Juan Paredes (Txiki) y Ángel Otaegi en 1975 o de la represión policial de 1976 en Vitoria-Gasteiz con la muerte de cinco obreros. En la transición a la democracia y posteriormente hubo asesinatos (Xabier Galdeano, Santi Brouard, Josu Muguruza…) perpetrados por el Batallón Vasco Español o por el parapolicial GAL -auspiciado por la cúpula socialista en los 90- o por la extrema derecha. Igualmente, murieron asesinados como resultas de torturas en comisarías varios militantes de ETA (Joxe Arregi, José Antonio Lasa, José Ignacio Zabala o Mikel Zabalza).
Los casos de torturas policiales fueron incontables y su continuidad llega hasta nuestros días. En efecto, solo en el año 2007 –año en el que había tregua de ETA- se produjeron 42 denuncias de torturas. Los informes de Amnistía Internacional o del Relator de la ONU contra la Tortura dan fe de ello. Uno de los casos de especial impacto fue la denuncia del Director del diario Berriak –Martxelo Otamendi- detenido porla Guardia Civilen ocasión de la clausura de las instalaciones del diario Egunkaria.
Para erradicar la violencia tanto instituciones como movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones, instancias eclesiásticas, grupos de personalidades relevantes e incluso observadores internacionales han efectuado distintas propuestas, cuyo sentimiento unánime ha sido la necesidad del cese definitivo de la violencia y la humanización de los fenómenos vinculados (acercamiento a cárceles vascas de los más de 600 presos vinculados a ETA dispersados por cárceles lejanas…).
La última experiencia de negociación
En marzo del 2006 se produjo la buena noticia de que ETA declaraba un “alto el fuego permanente”. El País Vasco ha vivido traumatizado todos estos años y parecía verse la luz al final del túnel. La tregua formalmente iniciada en marzo del 2006 (aunque no hubo muertos desde bastante antes) acabó en marzo del 2007. Pero en diciembre del 2006 en el aeropuerto de Barajas ETA asesinaba incidentalmente a dos personas. Quedaban quebrados los procesos de diálogo que habían tenido lugar, con una doble mesa, con interlocutores y contenidos diferentes: la mesa sobre la violencia (Gobierno Socialista– ETA) con autorización del Congreso y el apoyo del Parlamento Europeo; y la mesa política de futuros o de normalización sobre los problemas más de fondo entre las principales fuerzas políticas vascas (Partido Socialista, PNV y Batasuna). Esta última deja un documento importante pero inconcluso: el preacuerdo de Loiola, de 31 de octubre del 2006, y que lleva por título de “Bases para el diálogo y el acuerdo político”. Es un punto de partida para futuros nuevos encuentros.
Se intentó pero no puso ser. La inmadurez y autoritarismo militarista de ETA (cuando se tenía un preacuerdo mejorable y poniendo la bomba de la T-4); la morosidad de Rodríguez Zapatero, a pesar de la real implicación del Partido Socialista; el descontrol de una hiperpolitizada y derechista Justicia; y un boicoteador PP (partido español de derechas y muy nacionalista), minaron el proceso hasta que ETA decidió dinamitarlo. La experiencia, no obstante, no queda en saco roto. Ni en futuras metodologías -que habrán de ser distintas a la que no ha funcionado en ésta o en anteriores ocasiones- ni en los elementos formales de encuentro logrados esta vez.
Las anteriores experiencias de negociación
Con anterioridad se habían ensayado múltiples vías (Conversaciones de Argel, Pacto de Ajuria Enea, Vía Ardanza, Acuerdo de Lizarra, Proyecto de Estatuto político) que no parecen repetibles.
Las fracasadas conversaciones de Argel (1989) entre ETA y Gobierno, con una tregua de solo tres meses, fueron sobre contenidos políticos y desde posiciones muy alejadas.
La vía del Pacto de Ajuria Enea (1988) y que duró diez años como plataforma de encuentro entre partidos vascos, a excepción de Batasuna, se convirtió en puro antiterrorismo sin cambios; y la “vía Ardanza” (1996) la anularon los socialistas (Nicolás Redondo y Rosa Díez eran los dirigentes) con la apuesta de la pinza antinacionalista con el PP.
Tampoco funcionó el “Pacto de Lizarra” entre todo el nacionalismo, Ezker Batua-Izquierda Unida y la mayoría sindical. Seguía el modelo irlandés pero la confusión entre pacificación y normalización le daba un cheque casi en blanco a ETA cuya inmadurez e impaciencia lo arruinó. La tregua formalmente duró de septiembre 1998- noviembre 1999.
La Propuesta de Nuevo Estatuto Político votada en el Parlamento Vasco el 30-12-2004 tuvo la caducidad de un portazo en las Cortes españolas, y queda como material revisable en reserva.
No esperar, preparar
En la actualidad el proceso de paz está en suspenso, roto. ETA ha seguido atentando sobre personas y bienes y, a lo largo del 2007 y2008, ha continuado el proceso de deterioro de derechos y libertades democráticas. En esas condiciones es imposible cualquier proceso de diálogo resolutivo. Pero es inevitable en el tiempo porque ni ETA puede continuar -ya está deslegitimada ante la propia izquierda abertzale- ni cabe cerrarle la puerta a un país durante mucho tiempo.
La tesis de la espera supone una doble quimera: confiar en que ETA renuncie solo por deslegitimación y represión; y que el Estado pase de mononacional a plurinacional por convicción o prestidigitación. El efecto es que le da a ETA la doble llave de su propia actividad y de la política general; y que le da al Estado la excusa para no moverse e impedir cualquier cambio que, en el fondo, es lo que más le preocupa, mientras ETA ejerce de sparring útil para el inmovilismo y contra el derecho de decisión.
Uno de los efectos de este bloqueo es la paralización de la Izquierda Abertzale. Por un lado, ilegalizada por el Estado y expulsada de las instituciones; y por otro, imposibilitada para legitimar su acción pública por su acriticismo respecto a ETA o a sus acciones y su falta de cohesión para emprender un camino propio asumiendo el liderazgo definitivo de la corriente
Hay que tomar iniciativas acertadas, simultáneamente pero de manera separada, en los dos campos (paz y normalización) para que ETA no le robe la agenda a la sociedad real, a los partidos e instituciones; y para que el Estado no bloquee el cambio del marco jurídico-político. De hacerlo convertirá esta nación sin Estado en rehén de una institucionalización que no respaldó (Constitución) y de una vía agotada (el viejo Estatuto) y que ya no sirve para sus retos actuales.
Hay que preparar las condiciones del cambio. En el inmediato futuro será necesario restablecer el diálogo político mediante iniciativas que nos devuelvan al esquema que casi todas las fuerzas aceptaron en la última tregua de ETA: ausencia de violencia y una separación radical -y mediando un declaración de alto el fuego definitivo- entre la negociación entre el Gobierno central y ETA sobre la desmilitarización del conflicto, y la negociación entre todas las fuerzas políticas vascas sobre contenidos que avancen en una solución democrática del mismo.
III. DETERIORO DE DERECHOS Y DE LIBERTADES EN LA DECADA
La nueva Ley de Partidos Políticos (Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio) y la normativa antiterrorista forman una tela de araña que puede ir cercando a distintas organizaciones o a las dirigentes molestos para el sistema, bastante más allá de la izquierda nacionalista, y según se necesite. Bajo el mandato de Rodríguez Zapatero los abusos judiciales, a impulso político de la Fiscalía general o de los propios jueces, han sido muy preocupantes.
El Gobierno socialista de Felipe González, con la aprobación de la Ley orgánica 9/1984, de 26 de diciembre -contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas- estableció los pilares básicos de la lucha antiterrorista en el estado español. Contenía una preocupante restricción de los derechos procesales de la persona.
A partir del año 2000 el Gobierno de Jose María Aznar (Partido Popular) endureció aún más la anterior y ya restrictiva legislación antiterrorista (policial, penitenciaria y judicial). Así la nueva reforma del Código Penal de enero de 2003 establecía entre otras medidas la elevación de la pena máxima para los delitos de terrorismo de30 a40 años de prisión o que los condenados a penas superiores a 5 años de prisión no pudieran acceder al tercer grado penitenciario hasta cumplir de modo efectivo un “periodo de seguridad” correspondiente como mínimo a la mitad de la condena impuesta.
Otras medidas que reformaban la Ley de Enjuiciamiento Criminal eran restrictivas de los derechos fundamentales de la persona: una persona podrá ser suspendida en el ejercicio de un cargo público en virtud de un simple auto de procesamiento; prolongación de la detención gubernativa durante 5 días y su completa incomunicación[2]; posibilidad de prórroga de la prisión provisional[3], lo cual entraña de facto la aplicación anticipada de la pena sin sentencia en firme[4]; en algunos supuestos, cabe la violación del domicilio y la interceptación de las comunicaciones privadas aún sin autorización judicial[5] y por tiempo ilimitado; aplicación de “procedimientos de urgencia” a delitos de terrorismo[6]; los casos de terrorismo se investigarían y juzgarían exclusivamente en un tribunal especial,la Audiencia Nacional, creada en 1975, independientemente del domicilio del enjuiciado.
Las máximas autoridades encausadas
La condena a penas de dos años de inhabilitación para cargo público y a multas de 108.000 euros, del Pleno de la Sala Penaldel Tribunal Supremo (TS en adelante), por desobediencia al mismo[7], al entonces presidente del Parlamento Vasco, Juan María Atutxa (miembro del PNV) y a los ex miembros de la Cámara, Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (Ezker Batua- Izquierda Unida) son una muestra de la extensión de la Legislación antiterrorista o dela restrictiva Ley de Partidos incluso a personas o autoridades totalmente opuestas al terrorismo. También son una prueba de que el antiterrorismo puede implicar pérdida de derechos ciudadanos y de garantías procedimentales.
Asimismo, están encausados el Lehendakari, Presidente del Gobierno Vasco, Juan José Ibarretxe y el líder de Partido Socialista de Euskadi, Patxi López, por reunirse con dirigentes de Batasuna para buscar la paz, contraviniendo una abusiva prohibición judicial genérica de que los partidos tuvieran relaciones con la Izquierda Abertzale. En el aspecto procesal ha quedado en evidencia el interés político de los jueces afines al Foro de Ermua[8] y su doble rasero. No queriendo sobreseer el caso, promovido solo a instancias de la “acusación popular” (Foro de Ermua y Dignidad y Justicia) y contra el criterio de la fiscalía, han entendido inaplicable la doctrina Botín. El TS ha hecho suya esa interpretación[9].
El cierre de diarios
La estrategia antiterrorista del Partido Popular, secundada por el Partido Socialista, produjo el cierre de dos periódicos. En junio de 1998 el juez Garzón cerró “cautelarmente” el diario Egin, acusado de formar parte del conglomerado empresarial “controlado por ETA”. El 14 de julio de 1998 el mismo juez instructor decretó mediante auto el cese de las actividades del grupo Orain, que editaba el diario Egin.
El día 19 de febrero de 2003 el juez instructor de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, autorizó mediante un auto a la Guardia Civilpara proceder al registro de las instalaciones del diario Euskaldunon Egunkaria y, un día más tarde, ordenó la clausura “temporal” del único diario que se publicaba desde 1990 íntegramente en lengua vasca, euskara, por su presunta vinculación con ETA, quien -afirmaba el fantasioso auto- controlaba la empresa editora del diario. La fiscalía misma contradijo y criticaba el auto y no presenta acusación. Tras el cierre del periódico Egunkaria, un grupo de directivos y periodistas fueron detenidos y recluidos en régimen de incomunicación. Tras su liberación, Martxelo Otamendi y otras personas detenidas afirmaron haber sido torturadas mediante el método de la “bolsa” (asfixia con una bolsa de plástico) y con ejercicios físicos agotadores, amenazas y simulacros de ejecución.
Un informe redactado por un grupo de juristas internacionales sobre estos cierres[10] señalaba que la medida cautelar de cierre de un medio de comunicación supone el sacrificio del derecho fundamental a la libertad de expresión, tanto en su vertiente individual como desde el prisma colectivo, esto es, como el derecho a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno. Si ya era innecesaria en el momento mismo de su imposición- existían otras alternativas sin interrupción de la actividad informativa- el cierre temporal supone en la práctica un cierre definitivo y la negación del derecho constitucional a la libertad de expresión, lo que constituye una vulneración de los artículos 10 y 15 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como del art. 20 dela Constitución Española que sólo habilita la suspensión del derecho de información y de expresión en supuestos de estado de excepción o de sitio (art. 55.1) y no en los casos de terrorismo (art. 55.2).
Ilegalización de partidos políticos: Batasuna y en ciernes EHAK y ANV
En el 2002 se aprobó la nueva Ley de Partidos. Se trata de una Ley especial que se aplica sobre intenciones y no sobre conductas, y no para toda la ciudadanía por igual sino solo sobre un segmento (el artículo 9 en su totalidad está redactado para perseguir a determinados ciudadanos de determinada ideología para los que se suspenden de hecho los derechos y garantías y pasan al estadio de presuntos culpables permanentes)[11].
Esta Ley de Partidos no era necesaria para proteger la democracia puesto que bastaba el Código Penal que contiene todos sus supuestos. Es así una Ley redundante destinada a un uso político contra la disidencia -empezando por la izquierda abertzale- ya que el bien final a proteger es “el sistema democrático” aunque solo bajo la modalidad definida en la Constitución.
El Gobierno Vasco presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra la Ley de Partidos al considerar que vulnera algunos derechos fundamentales, puesto que no condenar los atentados de ETA no significa secundar ni aprobar sus atentados y, por ende, no es motivo para ilegalizar a un partido político representativo. Si bien el Tribunal admitió a trámite el recurso el 17 de octubre 2002, el recurso era desestimado cinco meses después con lo que el Tribunal Constitucional respaldaba la decisión del TS al respecto[12].
En aplicación de esa Ley, el Gobierno de España remitió el 6 de agosto a la Fiscalía Generalun informe que contenía los motivos fundamentales para proceder a la ilegalización de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna[13]. El 17 marzo de 2003, el TS las ilegalizaba y ordenaba su disolución al estimar que estas formaciones habían vulnerado la Ley de Partidos.
Para que las candidaturas de ANV y de EHAK no pudiesen estar presentes en las Elecciones Generales del 9 de marzo del 2008 fueron suspendidas por el TS y la Audiencia Nacional. En aplicación de la Ley de Partidos se ha procedido al embargo de las cuentas de ANV y EHK[14], al cierre de sus sedes y a la prohibición de realizar cualquier actividad orgánica o acto público. Es el anuncio de dos nuevas ilegalizaciones. Se argumentó que estos partidos no condenaban la violencia de ETA y eran lo mismo que Batasuna (partido ya ilegalizado) y que por sus relaciones quedaban contaminados. Por tanto también ellos eran parte de ETA. Se ha ampliado el círculo de la aplicación de la ley.
El sistema judicial, especialmentela Audiencia Nacionalpero no solo, es cada vez menos garantista.
Segúnla Asociación Vascade Abogados “Eskubideak”, amparándose “en la lucha antiterrorista, el Estado español está vulnerando derechos de opinión, expresión, asociación y manifestación inherentes a asociaciones, organizaciones sociales y populares, partidos políticos, y particulares, siendo en definitiva un ataque a la oposición y disidencia política y una agresión a la pluralidad de ideas”.
Aparte de otros sumarios (18/01, 33/01, 15/02, 35/02, 44/04 y 6/03) que también comparten su incoación por impulso político, el caso más llamativo es la sentencia del macro-sumario 18/98. En el 18/98,[15] se ha condenado a cada una de las cincuenta personas, algunas de ellas pertenecientes a distintos colectivos, a penas superiores a los 10 años. Pertenecientes a grupos sociales y políticos diversos, se concluye que son de ETA porque participan de los designios de ETA aunque ellos mismos no lo sepan y no tengan que ver con la violencia de ETA. La contaminación unidireccional basta. A ello se añade el hecho de aceptar como pruebas suficientes los informes policiales, cuando son solo opiniones de un funcionario policial.
En este sumario la arbitrariedad alcanzó sus más altas cimas en el caso del grupo condenado por su pertenencia a la Fundación Zumalabe. El argumento básico de la sentencia era el siguiente: como ETA en sus boletines internos hablaba en la época a favor de la “desobediencia civil” como otra forma de lucha y los de la Fundación organizaron unas Jornadas sobre el tema, son todos lo mismo, concluye que la Fundación es un apéndice de ETA aunque no lo sepan. Toda una exhibición de racionalidad y rigor científico y un evidente caso de error judicial dada la composición y finalidades de dicha Fundación
Por una parte, la suspensión de ANV y EHAK, las detenciones de los dirigentes de Batasuna, el empleo de torturas en comisarías, los sumarios no garantistas como el 18/98, el cierre de medios de comunicación o los próximos procesos contra Egunkaria y Udabiltza o la judicialización de la política –caso Atutxa/Knorr/Bilbao, imputación al lehendakari y Patxi López- no son tolerables desde el respeto a los principios democráticos y los derechos políticos.
Por otra parte, la violencia armada o los sabotajes como formas de lucha no tienen espacio político en los regímenes democráticos. Más aún, la violencia de ETA, además de matar y de ser una amenaza permanente contra los derechos humanos, cercena derechos civiles como el derecho de todas las personas y opciones políticas a defender libremente sus posiciones.
Desde luego, ETA sabía que la ruptura de la tregua traería la ilegalización de cualquier representación política de Batasuna. Y, desde su militarismo,la rompió. Peroeso no conviertela actual Leyde Partidos ni las indiscriminadas, repetidas y politizadas actuaciones judiciales en instrumentos de defensa legítima dela democracia. Todono vale con la excusa de la eficacia antiterrorista: degrada a un Estado de Derecho.
La tesis de que todo aquel que no condene expresamente a ETA es, también, ETA, constituye una desfachatez que quiebra el sentido común y la objetividad judicial. Para excluir a Batasuna del espacio político público, solo debería caber la constatación de una participación en los atentados contra personas, bienes o derechos. Es evidente que eso no ha ocurrido. Son un sinsentido las nuevas figuras judiciales fácticas que denuncian los 300 juristas europeos dela “Iniciativa de Observación Internacional”: el “terrorismo pacífico”, el “terrorismo desarmado” y el “terrorista sin saberlo”.
La conjunción de medidas legales, resoluciones judiciales y actuaciones policiales contrala Izquierda Abertzalemayoritaria constituye una estrategia política que viola derechos democráticos básicos y, en especial, el derecho a que una opción política pueda defender sus propuestas, y sea la sociedad la que le de o quite su apoyo. Sacarle ahora del sistema cuando antaño se quería que entrara, es una apuesta propia de una democracia que no cree en si misma y que rezuma electoralismo.
Pero además, esa estrategia carece de límites. Nada se salva de su incontrolada onda expansiva (Fundación Zumalabe, Egunkaria..). Ni siquiera las más altas instituciones vascas. Se ponen obstáculos, un día si y otro también, para desanimar a la sociedad y desviar el abordaje de los problemas de fondo.
La Audiencia Nacionaly el TS, en nombre de la defensa de la democracia, compiten con el propio Gobierno por ir más allá de todo límite democrático. La excepción ya esla norma. Salvandolas distancias entre los gobiernos de Zapatero y de Aznar respecto al diálogo político para la paz, ambos se han apalancado, en lo relativo a las libertades y derechos vinculados al conflicto vasco, en la estela del antiterrorismo preventivo de Bush desde el 11-S.
Hay que parar todo esto antes de que se consolide un agujero negro por el que, sin mesura alguna, vayan degradándose libertades y derechos. Lo peor que podría ocurrirnos como ciudadanía es que, cansados de las gestiones fracasadas -entre Gobierno y ETA para la paz y entre los partidos para la normalización democrática-, desistiésemos de expresarnos en la esfera pública. Si queremos evitar una prolongación interminable de los conflictos hay que subir el volumen y el tono de la voz de la sociedad civil. La cuestión misma del derecho a decidir no es un territorio en propiedad de las instituciones, ni la sociedad civil debe verla como algo ajeno.
IV. EL DERECHO DE DECISION
El reconocimiento formal del derecho de decisión pasa por ejercerlo de hecho.
La consulta a la ciudadanía, sobre cuestiones relevantes y claramente formuladas que condicionen futuros desarrollos de resoluciones institucionales, es un elemento sustancial a una democracia avanzada. Las dos condiciones de una consulta -relevancia y claridad- no sustituyen a las formas habituales –las elecciones, fundamentalmente- del sistema de decisión (parlamentos, gobiernos). Pero, además de reforzar y complementar esos otros canales para que las instituciones tomen las decisiones, son especialmente oportunas cuando se requiere una legitimación adicional, lo que supone un ejercicio democrático de alta calidad.
En la “hoja de ruta” (septiembre 2007) anunciada por el Lehendakari ante el Parlamento Vasco se establecían fechas, requisitos de relevancia y, se supone, que el Parlamento Vasco exigirá claridad en su formulación.
Seis meses después que ETA diera por terminada su última tregua, en el debate de Política General del Parlamento Vasco del 28 de septiembre del 2007, el lehendakari presentaba una nueva hoja de ruta con el doble objetivo de “alcanzar la paz y abordar la solución del conflicto vasco”. Anunciaba que el 28 de octubre del 2008 consultaría a la sociedad vasca, sea para ratificar un acuerdo que se hubiera logrado con el presidente español en los temas de pacificación y normalización sea, en caso de desacuerdo, para realizar una consulta habilitadora, no vinculante, que socialmente mandatará a todas las partes a hallar acuerdos. Todo ello condicionado a que el Parlamento Vasco apoye esa convocatoria por mayoría o, de lo contrario, se adelantarían las elecciones autonómicas.
Los contenidos de las preguntas sometibles a la primera consulta rezarían sobre la pertinencia del diálogo para la desmilitarización, por un lado, y para la negociación política entre partidos sobre las salidas políticas, por otro lado. La primera consulta sería de simple constatación ciudadana de que hay un doble problema de violencia (principio ético) y de reconocimiento jurídico pactado de nuestra realidad nacional (principio democrático). De hecho se reiteraría el apoyo a una decisión del propio Parlamento español (final dialogado de la violencia si no hay violencia) y se apuntaría hacia un acuerdo entre partidos para entrar al fondo del modelo de relaciones entre Euskadi y España.
Si la primera consulta es autorizada por el Parlamento Vasco (25-6-08) y tuviese una amplia respuesta positiva (25-10-08), se pondría en marcha un proceso de acuerdo entre los partidos vascos o en el Parlamento Vasco sobre el modelo de autogobierno sustancialmente distinto al actual, a ratificar mediante una segunda consulta que, para que tuviera valor jurídico, debería ser autorizada, esa sí, por el Gobierno central según la Constitución.
La segunda consulta –a tres años vista- también sería así sobre otra obviedad: un acuerdo de Normalización, y que no sería muy distinto del preacuerdo de Loiola (PSE-EE, PNV y Batasuna). O sea, que en lo que respecta a su contenido podría ser firmable por la mayoría de los socialistas y de la izquierda abertzale. Esta última se supone que aceptará que ala Comunidad Foralde Navarra o a los de Iparralde (País Vasco de Francia) solo les puedan y deban consultar, si quieren, sus instituciones o ellos mismos, pero no el Parlamento Vasco.
Hasta aquí la propuesta del lehendakari.
Ignoramos si este calendario se llevará o se podrá o no llevar a cabo pero, desde luego, se ha criticado injustamente esa hoja de ruta como un desafío al Estado, como inoportuna, ilegal…
En primer lugar, en una democracia de baja calidad (J. M. Colomer, dixit)[16], nacida de una Transición amnésica, predominan los “demócratas” con miedo a la democracia. El modelo español está plagado de techos unilaterales, de ruborizantes legislaciones de excepción, de ámbitos ultrapolitizados de la Justicia, de interpretaciones restrictivas permanentes de las normas progresistas….
Se recurre al “imposible jurídico”. Y, sin embargo, no hay problema jurídico para una consulta. El Gobierno de Zapatero puede no prohibirla y puede evitar quela Audiencia Nacional, el TS o el Tribunal Constitucional la impidan; cabe una transferencia provisional por apelación al Derecho Histórico, a que los vascos sepan de si mismos; cabe la aplicación por analogía de la vía de consulta ya existente en el ordenamiento jurídico español, aprobada en los Estatutos de Catalunya y Andalucía. Cuestión de voluntad. Ni más ni menos.
Si hubiese un acuerdo entre Madrid y la ComunidadAutónomaVasca(primer paso propuesto por Ibarretxe) ni la más estricta lectura de la Constituciónimpediría poner en marcha el proceso. Si no lo hubiera, el propio Lehendakari ha reconocido que la consulta no tendría valor jurídico, sino que sería habilitadora o de mandato ciudadano para que se vuelva a los diálogos por la paz, la normalización y la articulación del derecho a decidir de la sociedad vasca. ¿Por qué no puede el Parlamento Vasco tomar una iniciativa así, diciendo no o sí a un pacto con el Gobierno español, o a las condiciones de esa consulta desbloqueadora y no vinculante, si en su sede están todavía todas las ideologías y en él reside la soberanía popular dela Comunidad Autónoma?. ¿Por qué sería ilegal una consulta meramente consultiva, ya contemplada en las legislaciones catalana y andaluza?.
En segundo lugar, el problema de fondo es que hay un problema de reconocimiento del sujeto nacional. El término de nación aparece en un preámbulo estatutario (Catalunya) o se le llama “realidad nacional” (Andalucía) pero no se acepta que un Estado plurinacional de hecho lo sea de Derecho. Los partidos mayoritarios con su “vivimos juntos, decidimos juntos”, la gestionan con una aritmética de apisonadora de nación única y ajena a la filosofía de la capacidad de decisión sobre el vivir juntos. El bipartidismo en alternancia (PSOE y PP) a escala de los 42 millones de habitantes del Estado Español garantizará siempre unas mayorías del NO…y, así, españoles ala fuerza. En esa interpretación literal se han especializado la mayoría de constitucionalistas “demócratas”, expertos en justificar jurídicamente el imposible democrático de un Estado mononacional en un país plurinacional, en justificar que las naciones sin Estado sean rehenes del Estado unitario, indisoluble e indiscutible y en que, además, no puedan preguntárselo en un referéndum, a pesar de las encuestas reiteradas que reflejan el malestar mayoritario sobre el modelo actual y de que las mayorías electorales periódicas en cada nación tampoco se aceptan para las cuentas. De la voluntad popular al respecto ¡Todo un andamiaje de cartón piedra!
En otro plano distinto, se ha criticado la hipotética consulta indicando que no incluía a Navarra. Desde luego las instituciones dela ComunidadAutónomaVascano pueden ni deben tomar resoluciones que suplanten a Navarra. Obviamente pueden plantear –con el debido respeto- opiniones o propuestas. Fuera de esto sólo a las instituciones y fuerzas políticas y sociales navarras les corresponde abrir el proceso -y a su ciudadanía resolverlo- sobre otro modelo de articulación política, por ejemplo, conla ComunidadAutónomaVasca.
V. UNAS ALTERNATIVAS VIABLES: LA PROPUESTA DE ELKARBIDE Y ERABAKIA
Hay que evitar las dobles varas de medir. No podemos mirar a un solo lado, sea a la violencia, sea al deterioro de las libertades, sea a la capacidad de decisión. Hay que mirar a todos los lados.
Proceso de paz y proceso de normalización o de salida democrática
No son procesos que se deban condicionar mutuamente, sino que deben abordarse unilateral y separadamente, aunque su desarrollo cualitativo se dará en condiciones de avance en las dos vías.
La consecución de la paz es una prioridad que pasa por separar tajantemente proceso de paz y proceso de normalización, como vías completamente autónomas. Junto a la ausencia de violencia, la paz también pasa por la humanización del conflicto en relación a las víctimas de la violencia y a la política penitenciaria. Estará bien que ETA busque en el futuro un acuerdo sobre las secuelas de la violencia pero, en ningún caso, puede erigirse en intérprete del destino de todos y que solo a una sociedad sin tutelas compete.
Pero el desarrollo definitivo de la paz se garantizará profundizando en la democracia, la justicia y el cierre de conflictos, y no a costa de ellos, y asegurando que todos los proyectos políticos se puedan materializar en condiciones de igualdad, por vías políticas, pacíficas y democráticas.
Cuatro iniciativas simultáneas y diferentes
Es posible preparar las condiciones mediante iniciativas simultáneas y unilaterales para que esos procesos tengan éxito. Esas condiciones son, a nuestro juicio, cuatro:
a) El final del deterioro de los derechos y libertades democráticas.
Las libertades, para un sector de la población (izquierda abertzale mayoritaria), están hoy en suspenso en aplicación de la Ley de Partidos y son administradas judicialmente contra las aspiraciones políticas y culturales vascas (procesamientos del Lehendakari, mesa del Parlamento Vasco). Ello es un impedimento para la canalización de un proceso de paz y para la resolución del propio contencioso político, así como una degradación grave de derechos democráticos, por lo que hay que denunciarlos y deben derogarse, cesarse o sobreseerse, según los casos.
b) La exigencia del abandono de la lucha armada de modo definitivo.
La dolorosa cantidad de víctimas producidas por ETA durante todos estos años, constituye una profunda herida moral y política de nuestra sociedad que requiere una justa reparación y es un lastre sobre el desarrollo de la izquierda abertzale como fuerza democrática. La ruptura de la tregua de ETA a finales del 2006 con la vuelta a los atentados mortales así como la intermitente de la kale borroka durante todo ese año nos conducen cuesta abajo.
Las mismas voces que nos alzamos contra las injusticias exigimos la definitiva paralización de ETA. No se trata sólo de negarle a ETA el derecho a representar a nadie o de insistir en sus efectos destructivos. Se trata, además, de que convirtamos en un clamor que esa violencia política constituye en si misma una violación de nuestros derechos democráticos colectivos y suspende la libertad de los colectivos amenazados.
c) La humanización del conflicto en todos sus extremos.
La humanización del conflicto implica varios temas.
Por un lado, un apoyo público, moral y material, institucional y social, a aquellas personas, sectores de la sociedad civil, representantes y cargos de partidos, profesores, jueces… que han sufrido una insoportable violencia por parte de ETA, pero también de los que han sufrido o sufren la violencia injusta del Estado o de fuerzas parapoliciales o de la extrema derecha.
Por otro lado, un inmediato cambio radical de la política penitenciaria (acercamiento de presos, liberación de quienes han cumplido tres cuartas partes de la condena y de los enfermos graves, retirada de la doctrina “Parot”…) o el cese de las torturas y malos tratos en las comisarías.
d) Un acuerdo de principio y de método entre las fuerzas políticas.
Para avanzar en el acuerdo de contenidos es de especial importancia el documento “Bases para el diálogo y el acuerdo político” que es el fruto del preacuerdo de Loiola (31 de octubre 2006)[17]. Habría que retomarlo desde el punto y momento mismo en que estuvieron de acuerdo PSE-EE, PNV y Batasuna, y desarrollarlo ya sea a través de reuniones entre partidos o en una Comisión Parlamentaria. Todo ello partiendo de que todas las fuerzas tengan iguales oportunidades para defender sus proyectos para la normalización política del conflicto vasco.
Como dice en su segundo manifiesto (abril 2008) la plataforma unitaria Erabaki en la que también participa Elkarbide:
“Aquel fue un preacuerdo de contenidos de métodos y de calendario de gestión entre las fuerzas políticas de cara al derecho de decisión. (..) Es la base acordada más avanzada entre diferentes partidos vascos en los distintos campos.”
“Ese documento señala unos contenidos sustanciales: el reconocimiento de la identidad nacional del pueblo vasco; el compromiso de que las decisiones de la ciudadanía vasca serán respetadas por las instituciones del Estado y de que todos los proyectos podrán ser defendidos y materializados”.
“Su metodología acepta la incorporación de los acuerdos al marco jurídico, prevé la creación de un órgano institucional común para los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi y de la Comunidad Foral de Navarra con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa; los acuerdos adoptados en las mesas se aprobarán en los Parlamentos Vasco y de Navarra y en las Cortes generales, y se someterían a referéndum…”
“Se supone que PSE-EE, PNV y Batasuna, artífices de este último proceso de acuerdo, no deberían decir ahora que aquel documento solo valía porque había tregua. Sería tanto como decir que existe Pueblo Vasco o contencioso solo si hay tregua. Puede y debe asumirse y desarrollarse aunque, para activarlo como acuerdo resolutivo, se requerirían unas condiciones de cese de la violencia y la participación del conjunto de partidos vascos”
“Pasadas las elecciones generales está en manos de Rodríguez Zapatero canalizar el conflicto y evitar el bloqueo. Si el presidente español reconoce ese preacuerdo suscrito por su propio partido, o simplemente acepta sus contenidos básicos, no haría falta más hoja de ruta que la definida en Loiola. Si no se reconoce ese preacuerdo o no se canaliza el derecho de decisión, sería legítimo que se consulte a la ciudadanía de manera inmediata sobre el reconocimiento jurídico de nuestro derecho a decidir como sujeto político o sobre los contenidos de Loiola”
Sostenemos el derecho de la sociedad vasca a decidir su futuro político, a un final dialogado de la violencia (si no hay violencia) y a que sea consultada sobre el reconocimiento jurídico de nuestra realidad nacional y, à posteriori, sobre una propuesta concreta con un nivel de consenso suficiente sobre el modelo relacional entre Euskadi y Estado. El 25 de junio el lehendakari presentará en el Parlamento vasco una propuesta que podría ser un punto de arranque en ese sentido, especialmente, si lograra la mayoría parlamentaria.
En suma, para empujar en esas direcciones proponemos desde la pluralidad, al igual que Erabaki, un gran acuerdo de la sociedad civil vasca, a través de instituciones como los sindicatos, las iglesias, las universidades o los movimientos sociales…y la apoyen los partidos que quieran darle una salida democrática a este nuestro dolorido y activo país.
Baleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Joxe Ramón Bengoetxea, José Manuel Castells, Xabier Ezeizabarrena, Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Amaia Lizarralde, Jon Gurutz Olaskoaga, Patxi Zabalo y Ramón Zallo, miembros de la plataforma Elkarbide del profesorado universitario vasco
Bilbao/Donostia 25-5-2008
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3. Te invitamos a solidarizarte con el siguiente texto remitiéndolo a quien te lo hizo llegar:
“Sostengo la necesidad del diálogo para lograr la paz en Euskadi, así como de una negociación entre las fuerzas políticas representativas para dar una salida democrática al conflicto de ajuste entre España y el País Vasco”.
ANEXO: INTRODUCCION SOCIO-CULTURAL, POLITICA Y ECONOMICA AL PAIS VASCO
País Vasco, Vasconia o Euskal Herria es el país de los vascos y vascas visto desde un punto de vista histórico, cultural, lingüístico y de identidad. Euskal Herria también puede traducirse por Pueblo Vasco, el sujeto colectivo que lo habita.
Situado en el extremo occidental y ambos lados de la cordillera de los Pirineos, le baña el Golfo de Bizkaia (Mar Cantábrico). Ocupa una superficie de 20.664 Km2, habitados por unos tres millones de personas. Ahí es donde el Pueblo Vasco ha permanecido como comunidad, durante milenios ya que su presencia es anterior a los llamados tres tipos europeos del final del Neolítico e inicio de la Edad del Bronce: nórdico, mediterráneo y alpino. Ahí ha mantenido el uso de su propio idioma, el euskera (la lengua vasca), posiblemente la lengua más antigua del continente europeo y que, milagrosamente, ha perdurado hasta nuestros días, en que la habla una media del 25% de la población y la entiende un 40% en Euskal Herria, siendo los porcentajes algo más altos (37 y 50% respectivamente) enla Comunidad Autónoma de Euskadi. Hoy el castellano y el francés son dominantes, y lo conocen todos los habitantes a uno y otro lado del Pirineo, respectivamente. Es decir, se trata de un pueblo antiguo y pequeño, con una fuerte identidad propia y una historia y cultura diferenciadas. Si su organización política viene de antiguo su conciencia nacional, tal como hoy se entiende, se fue forjando a lo largo del XIX para expresarse nítidamente desde principios del XX.
En la actualidad está dividido en tres marcos jurídicos y políticos diferentes:
-La “Comunidad Autónomade Euskadi” o “Comunidad Autónoma del País Vasco” –como dice el Estatuto de Autonomía– que comprende los territorios de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y que tiene por capitales a Vitoria-Gasteiz (Araba), Bilbao (Bizkaia), Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa).
-La Comunidad Foralde Navarra (Navarra o Nafarroa) tiene por capital a Pamplona-Iruñea.
- Iparralde (la parte norte) o País Vasco de Francia, está conformado a su vez por los territorios de Lapurdi, Zuberoa y Baja Navarra cuyas capitales respectivamente son Baiona, Maule y Donibane Garazi (Saint Jean Pied de Port).
Mientras dos de ellos (Comunidad Autónoma de Euskadi y Comunidad Foral de Navarra) forman parte del Estado español o España, y se entienden como Hegoalde (la parte sur) o Euskal Herria peninsular, Iparralde pertenece ala República Francesa.
Territorios y situación de Euskal Herria en Europa
Euskal Herria es así la suma de estos tres ámbitos políticos, o si se quiere de los siete territorios.
En la Comunidad Autónomade Euskadi reside el 72% de la población de Vasconia (2.141.116 habitantes), mientras que el 19% lo hace en Navarra (605.022) y el 9% en Iparralde (262.640). Lo que totaliza para toda Euskal Herria 3.008.778 personas (INE 2007).
Si a finales del XIX, con la industrialización, llegaron muchos inmigrantes a Bizkaia y Gipuzkoa, procedentes sobre todo de Castilla, Navarra, Galicia, La Rioja y Extremadura, en los años 50 a70 del siglo XX hubo otra fuerte inmigración, que llegó igualmente a Araba y Navarra. En cambio, el crecimiento poblacional ha sido escaso en los últimos años. Solo la inmigración de principios del siglo XXI ha supuesto una nueva inyección.
La población se concentra en su inmensa mayoría (95%) en zonas urbanas de tamaño medio y pequeño, aunque abunden los pueblos pequeños en todos los territorios, especialmente en Iparralde, Navarra y Araba. La ciudad más grande, Bilbao, tiene 354.168 habitantes, pero el Bilbao metropolitano –que incluye los pueblos de las márgenes derecha e izquierda de la Ría– ronda el millón.
Aunque el término “Euskal Herria”, hoy en día no define un espacio político institucional como tal, sí define una entidad histórica y cultural que comparte una parte significativa de patrimonio, arte, cultura, idioma e historia.
Dentro dela propia Euskal Herriahay diferencias de identidad nacional entre personas, opciones políticas y mayorías ciudadanas de sus diversas comunidades territoriales. Por eso, la defensa de un proyecto de construcción política propia y común para el conjunto de ella, sólo tendrá legitimidad democrática desde la compatibilidad de los sentimientos nacionales y de pertenencia de la ciudadanía, desde el respeto a la libre decisión previa y particular de Iparralde, Nafarroa yla Comunidad Autónoma Vascay, siempre, desde la garantía del reconocimiento pleno de los derechos de las minorías resultantes.
La percepción de la identidad
La conciencia de la identidad cultural y política vasca ya se produjo a lo largo del XIX en la Euskal Herriapeninsular. Fueron manifestaciones al respecto la reclamación colectiva de defensa de las instituciones forales, al igual que el choque con el modelo unificador español y la debilidad de la identidad nacional española en aquella época. Fue común (por influencia de los liberales fueristas y de los carlistas) percibirse como una nación cultural distinta al resto de España, pero no como otro proyecto global.
Hubo que esperar al siglo XX para que surgiera la conciencia colectiva de nación política que, aunque de la mano del nacionalismo, irá influyendo simultáneamente en parte de las élites y del pueblo, hasta generar esa conciencia colectiva de comunidad nacional. Ésta es hoy la actitud mayoritaria, incluso más allá del nacionalismo.
Con los datos de un reciente estudio editado por el Gobierno Vasco y elaborado por la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, (Identidad y cultura vasca a comienzos del siglo XXI) el dibujo de la Comunidad de Euskadi es el de un país con fuerte identidad y muy plural. Desde el punto de vista de la identidad cultural nacional quienes se sienten sólo vascos o más vascos que españoles son el 55% (frente a los que se sienten sólo españoles o más españoles que vascos que son sólo el 9%) mientras que quienes se perciben tan vascos como españoles son el 28%.
En Euskadi la significativa presencia de la identidad personal vasca (“sólo vascos”, “más vascos que…” y “tan…como”) es nada menos que un 83%. Pero tampoco hay que olvidar la compatibilidad en algún grado entre lo vasco y español para el 46%, porcentaje que indica la importancia de los mestizajes, de las diversas identidades plurales compatibles con una identidad vasca general. En el Estado español sólo se acerca a este fuerte trazo identitario, y a bastante distancia, Catalunya.
En el caso de Navarra, todos los navarros se perciben como tales aunque la gran mayoría hacen compatible su navarridad con una identidad colectiva política más amplia, sea española o vasca. O sea, hay navarros que se sienten vascos, o españoles, o solo navarros, o las tres cosas ala vez. El sentimiento de vasquidad alcanza a una cuarta parte de la población navarra aunque llega casi al 30% entre los jóvenes.
Esas medias no hacen justicia a la distribución territorial desigual dela vasquidad. Mientrasen la Montaña (los valles pirenaicos, Navarra Húmeda y cuenca prepirenaica) ese sentimiento es muy mayoritario, enla llamada Zonamedia, incluida Iruñea-Pamplona, es bastante importante –mayoritario en la Sakana o en Tierra Estella– y, en cambio, es muy minoritario enla Ribera. Porotra parte, hay que constatar que la reciente inmigración alcanza al 10% de la población.
II EL MARCO POLITICO VASCO EN EL ESTADO ESPAÑOL
La transición, democracia y Estatuto
Tras la muerte de Franco (1975) se inició la transición española con tres posturas claramente diferenciadas: los partidarios de mantener el régimen franquista, los defensores de una reforma controlada y los que pedían una ruptura con el régimen anterior. No hubo revolución ni ruptura, sino “reforma pactada” entre el ala moderada del régimen franquista y la mayoría de la oposición. Después de un referéndum para definir el modelo de la reforma política, se celebraron las primeras elecciones legislativas (junio de 1977) y se elaboró la Constitución Española que fue sometida a referéndum (diciembre de 1978). Enla Comunidad Autónoma Vasca sólo la respaldó con su voto positivo un tercio del censo. En Navarra sólo la mitad.
El Estatuto de Autonomía de Gernika fue aprobado en referéndum en 1979. Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se constituyeron en Comunidad Autónoma del País Vasco o de Euskadi con un 53,96% de los votos del censo. El Gobierno Vasco en el exilio se disolvió y cedió sus funciones al nuevo Gobierno legítimo salido de las urnas.
El Parlamento Vasco y el Gobierno Vasco, con sede en Vitoria-Gasteiz, son las principales instituciones de ámbito autonómico de la Comunidad Autónoma de Euskadi y tienen su fundamento en el Estatuto de Autonomía de Gernika, aprobado en referéndum el año 1979. Son instituciones comunes para los tres Territorios Históricos (Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) que, además, tienen igual representación en la cámara legislativa o Parlamento Vasco (25 representantes o escaños por cada territorio) independientemente de las diferencias poblacionales. Este es el órgano supremo de representación popular de Euskadi. Sus funciones principales son las de legislar, impulsar y controlar la acción del Gobierno Vasco, así como aprobar los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Entre sus miembros se elige al Lehendakari (Presidente) que, además de ser cabeza visible del Gobierno Vasco, ostenta el liderazgo y la máxima representación del país, y nombra a los diferentes consejeros (equivale a ministros) que gestionan los distintos departamentos (Hacienda, Cultura…).
Asimismo, hay un Tribunal Superior de Justicia con competencia en toda Euskadi y en el que se agotan las distintas instancias ordinarias del sistema judicial.
Aparte de ello, hay una Delegación del Gobierno central en Euskadi.
En el caso de Navarra,la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra fue promulgada en 1982, aunque sin referéndum.
Iparralde, País Vasco de Francia, forma con el Bearn (no vasco) un único Departamento. Actualmente una mayoría institucional reclama la constitución de un Departamento propio para el conjunto del País Vasco de Francia
Derechos históricos y foralidad
Las incorporaciones a Castilla a lo largo del siglo XII y XIII de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba -que habían pertenecido en anteriores momentos al Reino de Navarra- se produjeron en condiciones de mantenimiento parcial de sus instituciones tradicionales. De esta manera, los reyes o señores de los territorios, que en el siglo XX conformarían la Comunidad Autónomade Euskadi juraban el acatamiento de los Fueros -conjunto de normas nacidas de la costumbre continuada de autogobierno de los territorios, tanto de Derecho público como de Derecho privado- que servían para regular la administración de las provincias vascas y de Navarra. Los Fueros no eran una gratia (privilegio o gracia real), sino un ius (derecho) con reconocimiento real y con origen en un pacto mutuo. Costumbre hecha norma, reconocimiento real y voluntad de pacto son sus componentes necesarios.
Hasta las guerras carlistas -la primera guerra carlista duró de 1833 a1840 y la tercera de 1872 a1876- se reconocían a estas comunidades derechos de zona franca, exención de impuestos a la Corona, la liberación del ejercicio de las armas –salvo en defensa de su territorio–, habeas corpus por gozar de “hidalguía universal” y el respeto a su libre organización interna. Como consecuencia de la derrota carlista que hizo bandera de los derechos forales, todas estas particularidades se abolieron, dejando sólo como derivaciones la organización política provincial basada en las Diputaciones, una capacidad recaudatoria y el Concierto Económico.
También en la actualidad cada uno de los tres territorios de Euskadi cuenta con sus instituciones, con unos parlamentos provinciales o forales (Juntas Generales de Araba, Juntas Generales de Bizkaia y Juntas Generales de Gipuzkoa) y un gobierno provincial (Diputaciones) con competencias bastante amplias, entre ellas la recaudación de los impuestos directos e indirectos.
La propia Constituciónde 1978 incorpora al bloque constitucional el reconocimiento y amparo de los Derechos Históricos como una realidad política para los territorios forales vascos.
Las relaciones de orden tributario entre Euskadi y el Estado español se regulanmediante el sistema de Concierto Económico. El Concierto proporciona plena autonomía ala Administraciónpública vasca para fijar tipos en los impuestos directos y recaudar toda clase de impuestos y posibilita el ejercicio de las competencias (funciones y servicios) que corresponden a Euskadi en virtud de su Estatuto de Autonomía. La competencia tributaria reside en las Haciendas Forales de sus tres Territorios Históricos. Es un sistema tributario general, similar, con algunas limitaciones a las de un Estado. Se deriva del sistema foral, pero en su fórmula moderna data de 1841 en Navarra y 1878 en Euskadi.
Recaude lo que recaude –vaya mal o bien la economía vasca y asumiendo un riesgo que no fue positivo en los años 80– Euskadi debe entregar un Cupo al Gobierno de Madrid, para que haga frente a las cargas generales que son de competencia exclusiva del Estado, y que no hayan sido transferidas a Euskadi, especialmente las relaciones internacionales, defensa, los regímenes aduanero y arancelario y el transporte de ámbito o interés general. Está calculado desde 1981 en un 6,24% anual de los Presupuestos Generales del Estado.
Navarra también tiene Derechos Históricos reconocidos como cabecera de Reino que fue. De1515 a 1839, Navarra –tras la conquista castellana– conservó su condición de Reino y sus instituciones privativas (Cortes, Consejo Real, Diputación del Reino, Corte Mayor de justicia ordinaria, Cámara de Comptos para las finanzas públicas) aunque como Reino anexionado a la Corona española. Su Rey pasó a ser el de España y estaba representado por el Virrey. Sin embargo, los sucesores de los Albret (última dinastía navarra) siguieron ostentando formalmente hasta 1789 la Corona de Navarra desde Baja Navarra (País Vasco de Francia).
Entre 1841 y 1982, Navarra pasó a ser provincia española con pérdida de la capacidad legislativa y judicial, aunque mantuvo la autonomía administrativa y fiscal debiendo contribuir a las arcas estatales. Se respetó el Derecho Civil navarro. Desde 1982, y en aplicación de la Constitución de 1978 y la Ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, Navarra es Comunidad Foral con capacidad fiscal y legislativa, dentro de sus competencias. Sus instituciones representativas son el Presidente, el Gobierno y el Parlamento de Navarra.
Navarra tiene un régimen fiscal similar al de la comunidad hermana, denominado de Convenio y con un sistema de cálculo estable.
Aunque el Parlamento Vasco de la Comunidad Autónomade Euskadi es de mayoría nacionalista siendo mayoritaria la coalición de PNV con EA, con frecuencia EHAK ha votado en contra de las iniciativas del Gobierno tripartito (PNV, EA y Ezker Batua) que está en minoría. En ocasiones, Aralar ha votado con el Gobierno, y para los Presupuestos se han producido acuerdos de gobernabilidad con los socialistas.
Resultados electorales en Euskadi en 1980, mayo del 2001 y abril del 2005 al Parlamento Vasco
PARTIDO % Votos1980 Escaños1980 % Votos 2001 Escaños2001 %Votos2005 Escaños2005
Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna (EAJ-PNV+ EA)
Partido Popular (PP) (+UCD en 1980)(+UA en 2001)
EHAK-Ex Batasuna
Ezker Batua Izquierda Unida (EB) (PCE en 1980)
Euskadiko Ezkerra (nacionalista en 1980)
Censo en el 2005: 1.761.235. Votantes 1.214.604. Abstención 31,05%. Blancos y nulos 12.981.
NOTA: Partidos o coaliciones de carácter nacionalista vasco (EAJ-PNV= Partidos Nacionalista Vasco, de centro; EA= Eusko Akartasuna, escisión del anterior de los años 80, de centro- izquierda; EHAK- Ex Batasuna: izquierda abertzale o nacionalista, nacionalismo radical y de izquierda, y que participa de la misma corriente ideológica que ETA; Aralar= una escisión de la anterior o izquierda Abertzale minoritaria, y crítica con ETA); Partidos de ámbito estatal (PSE-EE= Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra, es parte del Partido Socialista Obrero Español, patriota español; PP= Partido Popular (PP), derecha conservadora y nacionalista española); Otros (EB= Ezker Batua, federado con Izquierda Unida, es federalista y de izquierda, con origen en el PCE)
En las elecciones al Parlamento de Navarra de mayo de 2007 –y con una abstención del 26,2%– se dieron los siguientes resultados: Unión del Pueblo Navarro vinculada al PP (derecha conservadora), 22 escaños (42%); Nafarroa Bai (coalición de Aralar, PNV, EA y Batzarre, con origen en izquierda radical), 12 escaños (23,6%); Partido Socialista de Navarra-PSOE, 12 escaños (22,5%); IUN/NEB (Izquierda Unida), 2 escaños (4,3%); CDN (escisión de centro de UPN) , 2 escaños. Los votos nulos atribuibles a Batasuna (ilegalizada) fueron el 5,5%. Hay Gobierno de UPN-CDN en minoría por la indecisión de los socialistas (PSN) para un acuerdo con los nacionalistas (Nafarroa Bai) e Izquierda Unida.
Parlamento de Navarra de mayo de 2007
Iparralde Ha tenido un proceso propio. Tras la Revolución de 1789 Iparralde junto con Bearn formó el Departamento de Bajos Pirineos por aplicación del centralismo jacobino a pesar de los esfuerzos de los revolucionarios hermanos Garat. A lo largo del XIX se dio un proceso de fuerte integración de élites y pueblo en la dinámica del Estado Francés.
En los últimos años el diagnóstico de la zona era preocupante: desvertebración territorial en perjuicio del interior; crisis económica y de modelo; alta emigración joven a otros territorios de Francia, combinada con una fuerte inmigración hacia la costa, lo que se ha traducido en que el 55% de la población ya es nacida fuera; debilidad de la cultura vasca y retroceso del euskera; e inexistencia institucional.
Sin embargo, hoy Iparralde vive un fuerte despertar en varios sentidos. En 1994 nacen Garapen Kontseilua –Consejo de Desarrollo (reúne a los agentes sociales)– y Hautetsien Kontseilua –Consejo de Electos (1995)– como organismos asesores en los que se producen los consensos institucionales, económicos y de las fuerzas vivas. Fruto de esos procesos fue el “Schéma d’Aménagement et de Développement du Pays Basque” (1996) –Esquema de Ordenación territorial– como proyecto de regeneración integral que se ha concretado en algunos programas como el “Hitzarmen Berezia” en el año 2000.
Sin embargo, hay falta de acuerdo en cuatro temas sensibles: la reclamación de un Departamento del País Vasco, de una Universidad tecnológica, de la cooficialidad del euskera y de una Laborantza Ganbara -Cámara Agrícola- no dependiente del Bearn. En estos temas hay mayor coincidencia entre las fuerzas económicas, los vasquistas, los socialistas y los nacionalistas.
La cooperación transfronteriza es otro de los retos de Iparralde y Hegoalde. Los precedentes dela Eurociudad Baiona-Donostia, los consorcios entre los pueblos de la frontera… anuncian la necesidad de una Euro-región del País Vasco, especialmente para temáticas culturales, relacionales y económicas.
Elecciones legislativas en Iparralde del 2007
UMP UDF-MDémocrate PS Euskal Herria Bai (AB, EA y Batasuna) Resto: PCF, LCR, Verts, CPN, FN y otros TOTAL Abstención
1ª vuelta % 43,8 13,2 21,5 8,1 11,3 100 37,6
2ª vuelta % 51,9 8,5 39,4 - - 100 38,9
Fuente: Berria 12/19-06-2007
Nota: UMP= derecha conservadora; UDF= centro; PS= Izquierda moderada; Euskal Herria Bai= coalición nacionalista; PCF = Partido Comunista; LCR=Liga Comunista Revolucionaria; FN = Frente Nacional
En lo electoral, en Vasconia continental se produce un mantenimiento de la derecha conservadora, un ascenso relativo de la socialdemocracia, así como un lento crecimiento del nacionalismo, que va superando su tradicional división tras el peso logrado por Abertzaleen Batasuna (AB) ya en el 2002. En todo caso hay un ascenso del vasquismo cultural más allá de los partidos.
III. UNA ECONOMIA INDUSTRIAL Y POST-INDUTRIAL
En el último tercio del siglo XIX se produjo la industrialización del País Vasco peninsular, teniendo un papel motor, junto con Catalunya, de la modernización de la economía del Estado Español. La industrialización se fue extendiendo desde la margen izquierda de la Ría de Bilbao en el XIX hacia el resto de Bizkaia y, sobre todo, a las comarcas de Gipuzkoa. Su distribución geográfica fue equilibrándose muy lentamente. Araba, junto con Navarra, conoció un gran cambio bastante más tarde, en los años 50 a70 del siglo XX.
La siderurgia, los transformados, la construcción naval, las navieras, los bienes de equipo, la máquina-herramienta, la industria química, las papeleras, la industria auxiliar del automóvil, el caucho… fueron los sectores industriales tradicionales de Euskadi alo largo del siglo XX.
La crisis económica de finales de los 70 del siglo XX y los efectos de la apertura económica produjeron un daño profundo en la economía vasca, cerrándose empresas y casi sectores enteros (la gran siderurgia, empresas del metal y de bienes de equipo, construcción naval…). El desempleo era más del doble del existente enla Unión Europea. Aún hoy se pueden ver sus consecuencias en algunas zonas. De suponer Euskadi el 7,5 del PIB español a finales de los 60, en 1990 bajó más de punto y medio.
Sólo a partir de 1993 la crisis empezó a remitir con una economía más diversificada, abierta al exterior y menos especializada y vulnerable que la de antaño.
El peso de la economía de la Comunidad Autónomade Euskadi en el total del Estado español es en la actualidad el siguiente:
4,8% de la población.
6,4% del Producto Interior Bruto (PIB).
8,27% de las exportaciones.
5,67% de las importaciones.
8,9% de la producción industrial.
La economía ha mejorado de forma significativa en el contexto europeo durante la última década, ya que la renta per cápita ha pasado de representar el 89,62% de la media dela Unión Europeaen 1990 al 125 % en el 2006 –25% por encima de la media europea- ya con una UE de 27 países.
La economía se sigue caracterizando por la importancia de su industria que aporta alrededor del 33% del valor añadido, cuando en los países de la UE ronda el 25%. Hoy es competitiva y tecnologizada y gana participación en los mercados exteriores, especialmente en los mercados europeos.
Con todo, en Euskadi hay una agricultura rentable especialmente en Araba (vid -vino de Rioja Alavesa- y patatas, sobre todo). La ganadería de pastoreo, sin desaparecer, ha dejado paso a las granjas. Los descensos y limitaciones en las capturas de pesca por la reserva de aguas jurisdiccionales (200 millas) y el agotamiento de recursos pesqueros han afectado a la rentabilidad de la pesca y al número de embarcaciones. Los bosques maderables (pino y eucalipto) son especialmente importantes en Bizkaia.
Por sectores la producción industrial de Euskadi representa en el Estado: 90% de aceros especiales; 80% de máquina herramienta; 50% de bienes de equipo; 40% de producción de acero; 40% de electrodomésticos; 33% de caucho y plástico; 27% de construcción naval; 27% de papel y cartón; 25% de componentes de automoción; 25% de aeronáutica; 12% de electrónica, informática y telecomunicación….El peso de la construcción es bajo por lo que le afectará en menor medida la crisis inmobiliaria en ciernes.
Por otro lado, continúa el proceso de terciarización (aumento del sector servicios) de la economía vasca, a semejanza del experimentado por todas las economías avanzadas, suponiendo ya el 64% de la población ocupada.
La economía vasca depende ahora mismo más de sus relaciones económicas con la UE que del mercado español.
Su comercio exterior tiene un saldo positivo aunque es decreciente en relación a la década anterior. En 2006 las exportaciones eran 16.513 millones de euros y las importaciones 17.156 millones de euros. En las exportaciones predominan los bienes de equipo y de transporte, la metalurgia y sus manufacturas, derivados del petróleo, plásticos y caucho. En importaciones sobresalen metalurgia, productos y minerales energéticos, máquinas, material eléctrico y material de transporte. La mayor parte de la exportación (2/3) se dirige a la Europa de los 15 y, más secundariamente, a USA y América Latina. Gipuzkoa destaca por su vocación exportadora
Como economía capitalista que es sus recursos se distribuyen de forma muy desigual y el peso de los público y del as prestaciones sociales están a considerable distancia de lo que reclaman izquierda y sindicatos en un país muy organizado y con una tasa de sindicación que más que duplica la media española.
La economía de Navarra supone el 1,7% del PIB estatal. La industria tiene un peso muy fuerte en Navarra. La población ocupada en la industria y la construcción supone el 34,2%.
Aunque el peso del sector primario en el empleo es pequeño (menos del 6%), tiene importancia su cultivo de vides con denominación de origen –Rioja de Navarra- y la producción hortofrutícola de regadío (pimientos, espárrago, patatas, leguminosas, fruta diversa) que además provee a parte de su industria agroalimentaria. Les acompañan en importancia los cereales, girasol y colza enla Zona Mediay las actividades forestales en los montes maderables del norte.
El sector industrial supone el 29,1% del Valor Añadido Bruto regional –10 puntos por encima de la media española– y se ha especializado en la industria de material de transporte, metalurgia y transformados metálicos e industria agroalimentaria. Entre las tres ramas superan el 50% de la oferta industrial. Les sigue la maquinaria, el papel y las artes gráficas. La economía navarra también crece por encima de la media española y su índice de inversión en Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) es incluso superior al de Euskadi.
Su PIB per cápita en el 2006, según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE) era de 27.861 euros, el tercero en el ranking después de Madrid y Euskadi. Su índice de PIB per cápita (poder de paridad de compra) en el año 2006, desde un índice 100 para España, era de 125,8, o sea un 25% superior a la media.
El caso de Iparralde es muy distinto.
Tradicionalmente un país agrícola, en la segunda mitad del XIX se inició un turismo importante gracias al ferrocarril y al Segundo Imperio. Napoleón III, con su esposa Eugenia de Montijo, fijó su residencia veraniega en Biarritz (Miarritze), convirtiéndose la Côte Basqueen lugar de moda internacional y de nuevas construcciones y servicios.
En la actualidad, el interior de Iparralde sigue sin un modelo económico equilibrado y de desarrollo, con la excepción de la costa de Lapurdi.
La población activa es de 98.652 personas del total de 262.311 habitantes. El empleo de Iparralde se distribuye así: 6,3% en la agricultura y pesca (tras una gran caída en los últimos años, puesto que entre 1979 y2000 haperdido un 30% de empleos agrícolas); 14,8% en la industria (agro-alimentación, aeronáutica, calzado, electricidad y electrónica, actividad portuaria…) con un total de 14.095 empleos; 6,6% en construcción, que es un ámbito importante; y, sobre todo, servicios, con un 72,2% (notablemente turismo, comercio, hostelería…) y que mantiene un tono sostenido. ELKARBIDE
[1] Entre sus promotores se encontrabanBaleren Bakaikoa, Luis M. Bandrés, Jose Manuel Castells, Iñaki Goirizelaia, Juan Hernández Zubizarreta,Pedro Ibarra, Petxo Idoiaga, Iñaki Lasagabaster, Demetrio Loperena,Jon Gurutz Olaskoaga y Ramón Zallo, a los que se sumaron poco después Patxi Zabalo, Xabier Ezeizabarrena, Arantza Tapia, Amaia Lizarralde o Mikel Zurbano. Los documentos fundacionales los apoyaron más de 400 profesores y profesoras de las Universidades del País Vasco y de Navarra, así como de algunas otras Comunidades Autónomas y países.
[2] Artículo 520 bis, de ley orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC 1988)
[3] Artículo 504 bis, de LEC 1988
[4] Artículo 504, de ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal.
[5] Artículos 533 y 579 de LEC 1988.
[6] Artículo 779, de LEC 1988. Modificada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la LEC, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas.
[7] La Mesa del Parlamento Vasco se negó a disolver en 2003 el grupo parlamentario afín a Batasuna por razones formales -el Reglamento de la Cámara lo impedía- y por razones materiales: el Tribunal Supremo se inmiscuía en el funcionamiento del poder legislativo.
[8] Grupo antinacionalista vasco con origen en una parte de la intelectualidad de izquierda y que ha derivado a posiciones similares a la derecha en lo que respecta al modelo de Estado.
[9] El Tribunal Supremo entendió en el caso del magnate bancario Emilio Botín que “no puede abrirse juicio oral solo a instancias de la acusación popular” requiriéndose, paralelamente, o acusación de la fiscalía o de la acusación particular. En virtud de esa doctrina se sobreseyó el proceso. Poco después (El País 17-4-08) se corregía esa doctrina a conveniencia por el mismo TS indicando que cuando no haya perjudicados concretos y nadie ejerce la acusación particular, la acusación popular puede instar la apertura del juicio oral aunque el ministerio fiscal no acuse. Esta reinterpretación aplicada en clave política al caso Atutxa, servirá también para los procesos al Lehendakari, Patxi López y Egunkaria. La mitad progresista de los magistrados votaron en contra de esta auto-corrección del TS.
[10] Se trata de los juristas Kai Ambos (Universidad de Göttingen, Alemania), Juan Luis Gómez Colomer (Universidad de Castellón), Luis P. Salas Calero (Universidad Internacional de Florida, Estados Unidos), John Vervaele (Universidad De Utrecht, Holanda), Juan Bustos (Universidad de Santiago de Chile), Massimo Pavarini (Universidad de Bolonia, Italia) y Raúl Zaffaroni (Universidad de Buenos Aires, Argentina), en el marco de una jornada sobre «Medios de comunicación y conflicto» que tuvo lugar en el Palacio Miramar Donostia el 5-11-2007.
[11] Así aunque un partido político será declarado ilegal solo cuando con su actividad esté “promoviendo, justificando o exculpando los atentados”, y no pareciendo que el silencio equivalga a una actividad, sin embargo, por lo practicado sí es indicio de culpabilidad en la aplicación del artículo.
[12] Una consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo en relación con la ilegalización de Batasuna fue la ilegalización de las candidaturas vascas en las diversas elecciones en virtud de su conexión o no a las ilegalizadas Batasuna, Herri Batasuna y Euskal Herritarrok. En este sentido, el 21 de mayo de 2004, la sala especial del Tribunal Supremo, decidía declarar ilegal la candidatura de Herritarren Zerrenda (HZ) a las Elecciones Europeas del 13 de junio. El 26 de marzo de 2005 la misma sala anulaba, por unanimidad, la candidatura dela agrupación Aukera Guztiak (AG) a las elecciones al Parlamento Vasco del 17 de abril permitiendo, en cambio, que pudiera presentarse EHAK que, con el apoyo de la izquierda abertzale, obtuvo 7 escaños.
[13] Herri Batasuna (Unidad Vasca), Euskal Herritarrok (Ciudadanos Vascos) y Batasuna (Unidad) son las denominaciones sucesivas que ha adquirido durante los últimos años la misma opción política nacionalista radical.
[14] ANV mantendrá presencia en algunos Ayuntamientos hasta las elecciones municipales del 2011. EHAK, probablemente, desaparecerá del Parlamento Vasco en menos de un año (elecciones autonómicas del 2009).
[15] El mismo colectivo de abogados señala “Este macro-sumario ha carecido de las garantías procesales mínimas en varios aspectos: en lo referente a la obtención de prueba y mecanismos de investigación, en materia de tratamiento a las personas detenidas e imputadas, en la utilización abusiva del secreto de sumario, en cuestiones referidas a los recursos y recusaciones de jueces contaminados por su interés directo en el caso, en la falta de criterio jurídico en la interpretación de los textos penales y práctica jurídica hasta dicho momento, en la tipificación de los delitos… una auténtica utilización del derecho en base a un interés político prefijado.”
[16] En Joseph Mª Colomer “Transición a la democracia: el modelo español”. Anagrama 1998
[17] Ese documento incluía una propuesta de un órgano institucional común para los cuatro territorios peninsulares con atribuciones ejecutivas y de propuesta legislativa, residiendo naturalmente la soberanía en los Parlamentos respectivos. Para no interferir, sería una invitación a que el Parlamento de Navarra hiciera también su reflexión que, quizás, podría ser constructiva si para entonces estuviéramos en un proceso definitivo de paz. Pero eso ya depende de la capacidad de raciocinio de ETA y de la capacidad de liderazgo de PSE y Nafarroa Bai en Navarra.
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References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 9
 resolución 
 Artículo 520
 Artículo 504
 Artículo 504
 Artículo 779