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BOE.es - Documento BOE-A-1989-16989
Documento BOE-A-1989-16989
«BOE» núm. 170, de 18 de julio de 1989, páginas 22747 a 22753 (7 págs.)
BOE-A-1989-16989
La competencia, como principio rector de toda economía de mercado, representa un elemento consustancial al modelo de organización económica de nuestra Sociedad y constituye, en el plano de las libertades individuales, la primera y más importante forma en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa. La defensa de la competencia, por tanto, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación, ha de concebirse como un mandato a los poderes públicos que entroncan directamente con el artículo 38 de la Constitución.
La Ley se asienta en los sólidos pilares de la experiencia. Por una parte se inspira en las normas comunitarias de política de competencias, que han desempeñado un papel trascendental en la creación y funcionamiento del mercado común. Y, por otra parte, nace con el propósito de superar los defectos que fustraron la plena aplicación de la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia, que ahora se deroga.
Bajo el título primero, «De la libre competencia», se regula en el capítulo primero, «De los acuerdos y prácticas restrictivas o abusivas», un sistema de control flexible de los acuerdos que limitan la competencia en el mercado nacional, y se prohíbe tanto el ejercicio abusivo del poder económico como aquellas conductas unilaterales que por medios desleales sean capaces de falsear sensiblemente la competencia. En el capítulo segundo, «De las contrataciones económicas», se establece un régimen de control de aquellas que, por su importancia y efectos, pudieran alterar la estructura del mercado nacional en forma contraria al interés público. Y en el capítulo tercero, «De las ayudas públicas», se instituye un sistema que permitirá analizar éstas con criterios de competencia y, llegado el caso, prevenir sus efectos indeseables desde la perspectiva de los intereses generales.
Sección primera. De las conductas prohibidas y de las autorizadas
Artículo uno. Conductas prohibidas.
Artículo dos. Conductas autorizadas por Ley.
b) No impongan las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para la consecución de aquellos objetivos, y
2. Asimismo se podrá autorizar, siempre y en la medida en que se encuentren justificados por la situación económica general y el interés público, los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1, o categorías de los mismos, que:
a) Tenga por objeto defender o promover las exportaciones, en cuanto sean compatibles con las obligaciones que resulten de los Convenios internacionales ratificados por España, o
Artículo cinco. Exenciones por categorías.
Artículo seis. Abuso de posición dominante.
Artículo siete. Falseamiento de la libre competencia por actos desleales.
Artículo ocho. Corresponsabilidad de las empresas controladas que ejercen influencia dominante.
Artículo nueve. Intimaciones del Tribunal.
Quienes realicen actos de los descritos en los artículos 1, 6 y 7 podrán ser requeridos por el Tribunal de Defensa de la Competencia para que se cese en los mismos y, en su caso, obligados a la remoción de sus efectos.
Artículo diez. Multas sancionadoras.
Quedan excluidos de la sanción aquellas personas que, formando parte de órganos colegiados de administración, no hubieran asistido a las reuniones o hubieran votado en contra o salvando su voto.
Artículo once. Multas coercitivas.
Artículo doce. Prescripción de las infracciones y de las sanciones
Articulo trece. Otras responsabilidades y resarcimiento de daños y perjuicios.
Artículo catorce. Ámbito de aplicación.
Artículo quince. Notificación voluntaria y autorización tácita.
2. Se determinará reglamentariamente la forma y contenido de la notificación, de modo que se garantice la confidencialidad del hecho de no presentación y, en su caso, la de aquella parte de la misma que deba ser reservada.
En la notificación constarán los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la operación y, en particular, los datos identificativos de los sujetos intervinientes, los balances de la empresa y/o grupos de empresas y sus cuotas respectivas de mercado, la forma y desarrollo de la operación y la situación económica y jurídica resultante de la misma.
4. El Ministerio de Economía y Hacienda remitirá al Tribunal los expedientes de aquellos proyectos u operaciones de concentración o de toma de control notificados voluntariamente por los interesados que considere pueden obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, para que aquél, previa audiencia, en su caso, de los interesados dictamine en el plazo de tres meses.
Artículo dieciséis. Informe del Tribunal.
Artículo diecisiete. Competencia del Gobierno.
Artículo dieciocho. Sanciones.
Artículo diecinueve. Competencia del Tribunal.
1. El Tribunal de Defensa de la Competencia, a solicitud del Ministro de Economía y Hacienda, podrá examinar las ayudas otorgadas a las empresas con cargo a recursos públicos, en relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia. A la vista del dictamen del Tribunal, el Ministro podrá proponer a los poderes públicos la supresión o la modificación de ayudas, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al mantenimiento o al restablecimiento de la competencia.
Sección primera. De la organización del Tribunal
Artículo veinte. Adscripción orgánica del Tribunal: sede y ámbito territorial de su competencia.
Artículo veintiuno. Composición.
3. Los Vocales del Tribunal tendrán la consideración de altos cargos. Cuando el nombramiento recaiga en personas al servicio de las Administraciones Públicas en activo, éstas pasarán a la situación de servicios especiales o equivalentes.
Artículo veintidós. Incompatibilidades de sus miembros,
Artículo veintitrés. Causas de cese y suspensión en el ejercicio del cargo.
2. El Presidente, el Vicepresidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de su cargo: a) Cuando se dictare contra ellos auto de prisión o procesamiento por delito doloso; b) Cuando se acuerde en expediente disciplinario o de declaración de incapacidad transitoria; c) Por sentencia firme condenatoria que imponga la suspensión como pena principal o accesoria.
Sección segunda. De las funciones y facultades del Tribunal
Artículo veinticuatro. Funcionamiento del Tribunal.
Artículo veinticinco. Competencia.
Artículo veintiséis. Funciones consultivas y de emisión de informes.
Artículo veintisiete. Otras funciones.
Artículo veintiocho. Funciones del Presidente.
1. Son funciones del Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia: a) Representarlo en las relaciones con otros Órganos públicos; b) Convocar el Pleno por propia iniciativa o a petición de, al menos, tres de los Vocales, y presidirlo; c) Mantener el buen orden y gobierno del Tribunal; d) Dar cuenta de las vacantes que se produzcan en el Tribunal; e) Conceder licencias o permisos a los Vocales y al personal del Tribunal; f ) Ordenar los gastos, y g) Resolver las demás cuestiones no asignadas al Pleno del Tribunal.
Artículo veintinueve. Sanciones por incumplimiento del deber de suministro de datos.
Sección primera. De la adscripción y funciones del Servicio
Artículo treinta. Adscripción orgánica.
Son funciones del Servicio de Defensa de la Competencia: a) Instruir los expedientes por conductas incluidas en esta Ley; b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en aplicación de esta Ley; c) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia; d) Las de estudio e investigación de los sectores económicos analizando la situación y grado de competencia de cada uno de ellos, así como la de posible existencia de prácticas restrictivas de la competencia. Como consecuencia de los estudios e investigaciones efectuadas podrá proponer la adopción de medidas conducentes a la remoción de los obstáculos en que se ampara la restricción; e) Las de información, asesoramiento y propuesta en materia de acuerdos y prácticas restrictivas, concentración y asociación de Empresas, grado de competencia en el mercado interior y exterior en relación con el nacional, y sobre las demás cuestiones relativas a la defensa de la competencia; f) Las de cooperación, en materias de competencia, con Organismos extranjeros e Instituciones internacionales.
Sección segunda. De la colaboración de la Administración y de las facultades del Servicio de Defensa de la Competencia
Artículo treinta y dos. Deberes de colaboración e información.
Artículo treinta y tres. Funciones de investigación e inspección.
Artículo treinta y cuatro. Investigación domiciliaria.
Sección tercera. Del Registro de Defensa de la Competencia
Artículo treinta y cinco. Carácter público del Registro y actos inscribibles.
Artículo treinta y seis. Iniciación del procedimiento.
La denuncia de las conductas prohibidas por este texto legal es pública; cualquier persona, interesada o no, puede formular ante el Servicio, que incoará expediente cuando se observen indicios racionales de su existencia.
Artículo treinta y siete. Instrucción del expediente sancionador.
Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de concreción de hechos que se notificará a los presupuestos infractores para que, en un plazo de quince días, puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes y, cerrado el período probatorio, efectuar en el plazo de diez días su valoración.
Sección segunda. Del procedimiento ante el Tribunal de Defensa de la Competencia
Artículo treinta y nueve. Admisión a trámite del expediente.
Artículo cuarenta. Fase probatoria del expediente.
Artículo cuarenta y uno. Vista o escrito de conclusiones.
Artículo cuarenta y dos. Diligencias para mejor proveer.
Artículo cuarenta y tres. Audiencia del Instructor y resolución del expediente.
Artículo cuarenta y cuatro. Concurrencia con procedimiento ante los Órganos comunitarios.
2. Si se hubiera impuesto sanción por los Órganos comunitarios, el Tribunal deberá tenerlas en cuenta a efectos de graduar la que corresponda según la presente Ley, pudiendo compensarla, sin perjuicio de declarar la infracción.
Sección tercera. De las medidas cautelares
Artículo cuarenta y cinco. Clases y procedimiento para acordarlas.
6. La adopción de medidas cautelares en ningún caso podrá exceder de seis meses y cesará, en todo caso, cuando se ejecute la resolución del Tribunal.
Sección cuarta. De las resoluciones del Tribunal
Artículo cuarenta y seis. Contenido, aclaración y publicidad.
f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autorice la presente Ley.
Sección Quinta. De los recursos
Artículo cuarenta y siete. Recurso contra los actos de archivo y de trámite dictados por el Servicio.
Artículo cuarenta y ocho. Trámites y resolución.
Artículo cuarenta y nueve. Recursos contra las resoluciones del Tribunal.
Artículo cincuenta. Supletoriedad de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo cincuenta y uno. Colaboración de las Administraciones Públicas.
3. Las Comunidades Autónomas, por su parte, podrán adoptar las informaciones y observaciones que consideren oportunas, las cuales se unirán al expediente.
Artículo cincuenta y dos. Deber de secreto.
Artículo cincuenta y tres. Tratamiento de información confidencial.
Artículo cincuenta y cuatro. Recaudación en vía ejecutiva.
Artículo cincuenta y cinco. Prejudicial del proceso penal.
1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas comprometidas en el artículo 1 de esta Ley y existentes a la entrada en vigor de la misma, respecto de los cuales los interesados pretendan obtener la autorización a que se refiere el artículo 4, deberán ser comunicados al Servicio de Defensa de la Competencia, a los efectos establecidos en el artículo 38, en el plazo de seis meses a contar de la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado».
Quedan derogados la Ley 110/1963, de 20 de julio, de Represión de Prácticas Restrictivas de la Competencia y, en lo que se opongan a la presente Ley, los Decretos 538/1965, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia; 422/1970, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional y de procedimiento del Servicio de Defensa de la Competencia; 3564/1972, de 23 de diciembre, por el que se modifican y refunden determinados artículos del Reglamento del Servicio de Defensa de la Competencia; la Orden de 28 de septiembre de 1973, por la que se desarrolla el artículo 9.° del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia; el artículo 4.° del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre, sobre medidas económicas, y los Reales Decretos 2574/1982, de 24 de septiembre, por el que se modifican determinados artículos del Reglamento del Tribunal de Defensa de la Competencia, y 1936/1985, de 9 de octubre, por el que se actualiza el Estatuto de los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Entrada en vigor: 7 de agosto de 1989.
Fecha de derogación: 01/09/2007
SE DEROGA, por Ley 15/2007, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2007-12946).
con el art. 5 , sobre exención de determinadas acuerdos de intercambio de información sobre morosidad: Real Decreto 602/2006, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-2006-9543).
sobre aplicación de las normas comunitarias de competencia: Real Decreto 2295/2004, de 10 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21496).
los arts. 10, 25, 33 y se añade la disposición adicional única, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).
el art. 16.3, por Ley 36/2003, de 11 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20695).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, aprobando el Estatuto del Tribunal de Defensa de la Competencia: Real Decreto 864/2003, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2003-13815).
SE MODIFICA el art. 16.3, por Real Decreto-ley 2/2003, de 25 de abril (Ref. BOE-A-2003-8589).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, sobre exenciones por categorías, Autorización singular y registro: Real Decreto 378/2003, de 28 de marzo (Ref. BOE-A-2003-7744).
SE MODIFICA los art. 48 y 51, por Ley 53/2002, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25412).
SE DICTA EN RELACION, sobre coordinación del Estado y las CA en materia de defesa de la competencia: Ley 1/2002, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-2002-3590).
SE DESARROLLA, por Real Decreto 1443/2001, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-1043).
SE MODIFICA los arts. 20, 21.1, 22.1, 24.1 y 57, por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2001-24965).
los arts. 5, 15, 17, 18 y 21, por Ley 9/2001, de 4 de junio (Ref. BOE-A-2001-10565).
los arts. 17.1 y 18, por Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero (Ref. BOE-A-2001-2423).
los arts. 15, 15 bis, 16, 17 y 57, por Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio (Ref. BOE-A-2000-11836).
por Ley 52/1999, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1999-24706).
SE DECLARA en los recursos 2009 y 2027/1989, la inconstitucionalidad de lo indicado de los arts. 4, 7, 9, 10, 11 y 25 a) y c) y la desaparición sobrevenida del objeto en lo referente a la disposición transitoria 1.1, por Sentencia 208/1999, de 11 de noviembre (Ref. BOE-T-1999-23950).
SE MODIFICA el capítulo II del título I , por Real Decreto-ley 6/1999, de 16 de abril (Ref. BOE-A-1999-8577).
SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre aplicación de las Reglas Europeas de Competencia: Real Decreto 295/1998, de 27 de febrero (Ref. BOE-A-1998-5570).
SE AÑADE el art. 56, por Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-28053).
SE MODIFICA los arts. 1, 2 y 15, por Real Decreto-ley 7/1996, de 7 de junio (Ref. BOE-A-1996-13002).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, creando dos Unidades Técnicas en el Tribunal de Defensa de la Competencia: Real Decreto 143/1993, de 29 de enero (Ref. BOE-A-1993-5012).
el capítulo II del Título I, por Real Decreto 1080/1992, de 11 de septiembre (Ref. BOE-A-1992-23816).
por Real Decreto 157/1992, de 21 de febrero (Ref. BOE-A-1992-4910).
SE DICTA DE CONFORMIDAD, integrando el Servicio de Defensa de la Competencia: Real Decreto 177/1990, de 9 de febrero (Ref. BOE-A-1990-3646).
en cuanto se oponga el Real Decreto 1936/1985, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-1985-21907).
en cuanto se oponga el Real Decreto 2574/1982, de 24 de septiembre (Ref. BOE-A-1982-26677).
en cuanto se oponga el art. 4 del Real Decreto-ley 18/1976, de 8 de octubre (Ref. BOE-A-1976-19644).
en cuanto se oponga la Orden de 28 de septiembre de 1973 (Ref. BOE-A-1973-1431).
en cuanto se oponga Decreto 3564/1972, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-1973-54).
en cuanto se oponga el Decreto 422/1970, de 5 de febrero (Ref. BOE-A-1970-233).
en cuanto se oponga Reglamento aprobado por Decreto 538/1965, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-1965-6164).

References: artículo 38
 artículo 1
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 38
 artículo 9
 artículo 4
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
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 Real Decreto 
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