Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=70547
Timestamp: 2017-12-15 17:55:55+00:00

Document:
Sentencia C-828 de 2002 Corte Constitucional
Referencia: expediente D-3821
Demandante: Manuel Adolfo Rincón Barreiro.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano Manuel Adolfo Rincón Barreiro demandó el artículo 9 (parcial) de la ley 712 de 2001.
Cumplidos los trámites procesales y legales propios del proceso de constitucionalidad, la Corte Constitucional integrada por los magistrados, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Eduardo Montealegre Lynett, Clara Inés Vargas Hernández, y Pedro Lafont Pianetta, quien actuó como conjuez, oído el concepto del señor Procurador General de la Nación, procede a decidir el asunto de la referencia.
Donde no haya juez laboral del circuito, conocerá de estos procesos el respectivo juez del circuito en lo civil”.
En este sentido el actor persigue la declaración de inexequibilidad del apartado del tercer inciso del artículo 9 de la ley 712 de 2001, “del circuito en lo”. Ya que según él, al suprimirse tal expresión, la norma no fijaría la competencia exclusivamente en el juez civil del circuito, quedando a salvo la posibilidad de que la misma se radique en cabeza del juez civil municipal; de esta manera se garantizaría la posibilidad de que los ciudadanos acudan a los funcionarios de la Rama judicial del Poder Público como auténtica alternativa para la solución de los conflictos, evitándose según él, caminos no ortodoxos como las vías de hecho o la justicia privada.
Por otro lado, considera el demandante que la expresión “más alto” utilizada para calificar el salario mínimo en el inciso segundo del artículo 9º de la ley 712 de 2001, desconoce el principio de igualdad, al sugerir la existencia de tarifas diferenciales en el salario mínimo, en consecuencia solicita que, aunque tal expresión fue derogada tácitamente con la entrada en vigencia del decreto 01 de 1985 que unificó la cuantía del salario mínimo en el territorio nacional, se “expida una sentencia integradora” con el fin de eliminar la expresión del ordenamiento jurídico y “garantizar la igualdad del salario mínimo, no sólo en el aspecto real sino también en el formal.”
El ciudadano Ernesto Forero Vargas, actuando como miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, intervino en el proceso de la referencia en el sentido de solicitar la declaración de exequibilidad de los apartes de la norma acusada.
El Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, mediante concepto 2889 del 20 de mayo de 2002, solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del artículo 9 de la ley 712 de 2001.
El Procurador alude en su escrito a la sentencia C-1541 de 2000, en la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del artículo 25 de la ley 1984, que establecía la competencia en única instancia de los asuntos laborales de cuantía menor a dos salarios mínimos en los jueces civiles municipales, en aquellos lugares donde no existieran jueces laborales. El Procurador señala que la Corte fundó su decisión en la violación del principio de igualdad, debido a que la norma establecía “instancias y cuantías distintas para iguales procesos”. Situación que según él, es idéntica a la que plantea el caso bajo estudio, por lo cual considera que atender las razones del demandante, “significaría no sólo el desconocimiento del principio de igualdad sino el de la cosa juzgada constitucional.”
Por otro lado considera el Procurador que tal disposición no desconoce el derecho al libre acceso a la administración de justicia, ya que considera “razonable” que para garantizar el principio de igualdad, el Legislador haya previsto que en los lugares en los cuales no exista juez laboral del circuito, la autoridad competente sea el juez civil del circuito. La igualdad se ve amparada entonces por la identidad en la jerarquía de los funcionarios judiciales.
Por último frente a la expresión “más alto” considera el Procurador que la misma es innecesaria en el texto de la norma demandada, por haber desaparecido después de la unificación del salario mínimo en el año de 1985, de tal forma que su inclusión no ofrece como tal un problema constitucional.
1. La Sala plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9 (parcial) de la ley 712 de 2001, presentada por el ciudadano Manuel Adolfo Rincón Barreiro, en los términos del artículo 241 numeral 4 de la Constitución.
2. En el presente caso, el Procurador aduce que sobre la norma demandada existe cosa juzgada material en virtud del pronunciamiento contenido en la sentencia C-1541 de 2000. Por lo tanto, antes de entrar a resolver sobre el fondo de las pretensiones, es preciso que la Sala estudie los argumentos sobre la eventual configuración de la cosa juzgada material, ya que de resultar acertadas las consideraciones tanto del interviniente como del Procurador, esta Corporación debería, en principio, estarse a lo resuelto en esa sentencia.
3. Recuerda la Corte que la sentencia C-1541 de 2000 declaró la inexequibilidad del artículo 25 de la ley 11 de 1984 (mediante la cual se reformaba el código de procedimiento laboral). La referida disposición definía tres aspectos relativos a la competencia: la competencia por razón de la cuantía, la competencia funcional en los lugares en los que no existiera juez laboral, y la competencia en única o en primera instancia. En esta oportunidad de manera concreta el Legislador atribuyó la competencia así: a los jueces del circuito en lo laboral para conocer en única instancia, de los procesos cuya cuantía no excediera de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto vigente, y en primera instancia, de todos los demás. Igualmente, dispuso que en los lugares en donde no existiera juez laboral del circuito, conocerían de los procesos laborales los jueces civiles, así: "a) El municipal, en única instancia, de todos aquellos negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a dos (2) veces el salario mínimo mensual más alto vigente. b) El del circuito, en primera instancia, de todos los demás."
En aquella ocasión, el eje de la argumentación lo constituyó el principio de igualdad. La Corte consideró que ese mandato constitucional había sido desconocido por el legislador, debido a que “la existencia o inexistencia de juzgados laborales en la ciudad o municipio en donde deba iniciarse la acción laboral no es un criterio de diferenciación relevante para dar un trato distinto a los demandantes”. Según la sentencia, no era admisible que un mismo proceso laboral tuviera una o dos instancias dependiendo del hecho de que en el lugar en que se iniciara, existiera o no juez laboral.
4. Para la Corte es claro que existe una cierta identidad temática entre el artículo ahora demandado y la norma declarada inexequible mediante la sentencia C-1541 de 2000, pues ambas disposiciones regulan la competencia de los jueces laborales en razón de la cuantía y ambas prevén una competencia alternativa en caso de que en el municipio en cuestión no existan jueces laborales. Sin embargo, esa identidad temática no implica que los contenidos normativos de ambas disposiciones sean idénticas. Frente a esta situación la Sala considera indispensable reseñar brevemente el contenido de los referidos artículos:
5. El artículo 25 de la ley 11 de 1984, declarado inexequible por la sentencia C-1541 de 2000, contenía las siguientes normas jurídicas de autorización: (i) Competencia del juez laboral en única instancia de los negocios laborales cuya cuantía no excediera del equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo. (ii) Competencia del juez laboral en primera instancia de los negocios laborales cuya cuantía excediera del equivalente a cinco (5) veces el salario mínimo. (iii) Competencia del juez civil municipal en única instancia de los negocios laborales cuya cuantía no excediera del equivalente a dos (2) veces el salario mínimo en aquellos municipios en los que no existieran jueces laborales. (iv) Competencia del juez civil del circuito en primera instancia de los negocios laborales cuya cuantía excediera del equivalente a dos (2) veces el salario mínimo en aquellos municipios en los que no existieran jueces laborales.
6. Es claro que ni las disposiciones normativas (textos) ni los contenidos normativos de los artículos 25 y 9 en cuestión, son idénticos. Primero, porque la cifra que constituye las cuantías, varía de una disposición a otra: del equivalente de 5 a 10 salarios mínimos, y del equivalente de 2 a 10 salarios mínimos. Segundo, porque con el artículo 9 de la ley 712 de 2001, desaparece el trato discriminatorio establecido en el artículo 25 de la ley 11 de 1984, que permitía que únicamente los procesos cuya cuantía estuviese entre el equivalente de 2 y el equivalente de 5 salarios mínimos, adelantados en los lugares en los cuales no hubiese juez laboral, tuvieran eventualmente la garantía de la segunda instancia. Y tercero, porque desaparece la competencia de los jueces civiles municipales para el conocimiento de asuntos laborales.
7. La constatación de la diferencia existente entre el artículo declarado inexequible por la sentencia C-1541 de 2000 y la disposición ahora demandada es suficiente para concluir que, contrario a lo que afirman tanto el interviniente como el Procurador General, en el presente caso no se presenta cosa juzgada material; en consecuencia es procedente un pronunciamiento de fondo, aunque obviamente la doctrina desarrollada en la sentencia C-1541 de 2000 será tenida en cuenta en lo pertinente.
8. El artículo demandado establece la competencia para conocer de los asuntos laborales y de la seguridad social, tanto en única como en primera instancia en los jueces laborales del circuito; así mismo dispone que en los municipios en los cuales no exista juez laboral del circuito, el juez competente será el juez civil del circuito. La norma demandada establece entonces, a partir del criterio de especialidad, la competencia para conocer de los asuntos laborales y de la seguridad social en dos autoridades judiciales diferentes: los jueces del circuito laborales y civiles.
9. En múltiples ocasiones la Corte se ha pronunciado sobre la libertad de configuración normativa del Legislador, la cual le permite una amplia discreción al momento de diseñar la configuración de los procedimientos y de las instituciones del Estado[1].
Esta facultad constitucional del Congreso, toma especial relevancia en materia de expedición de normas dirigidas a definir la estructura de la administración de justicia, a regular los procedimientos y a fijar las competencias judiciales[2]; más aún, si se tiene en cuenta que el propio Constituyente, en el artículo 150 numeral 23 atribuyó al Congreso de la República la competencia de "expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas", supuesto de hecho que comprende la administración de justicia, en los términos del artículo 228 de la Constitución: "la administración de justicia es función pública. Sus funciones son independientes..."
10. Por otro lado, también encuentra la Corte que la libertad de configuración del legislador se encuentra sometida a ciertos límites establecidos por la propia Constitución, de tal forma que no se trata de una libertad omnímoda o de una discrecionalidad sin controles.
11. La diferencia de trato a partir de la existencia o no de juez laboral en el lugar donde deben adelantarse los procesos judiciales, ya fue objeto de pronunciamiento en la sentencia C-1541 de 2000. En esa oportunidad se concluyó que la especialidad de la autoridad judicial competente, no constituía criterio relevante para establecer diferencias en la estructura de los procesos, ya que independientemente de la especialidad, los jueces deben estar preparados para fallar conforme a la ley y a la Constitución. Para la Corte resultaba inadmisible que si los asuntos laborales eran de conocimiento de los jueces civiles, por no existir un juez laboral en el municipio, los procesos tuvieran dos instancias, y no así si los mismos eran de conocimientos de los jueces laborales. Sin embargo, esa misma sentencia concluyó que no vulneraba la Carta que la ley previera que si en la localidad no había juez laboral, entonces el asunto fuera conocido por el juez civil, debido a la necesidad de satisfacer la demanda judicial y de garantizar el acceso a la administración de justicia. Sobre el punto afirmó la Corte:
“La Corte no se opone a que en los lugares en donde no haya juez laboral, el conocimiento de los procesos de esa índole se asigne a los jueces civiles, por el contrario, lo encuentra plausible y constitucionalmente legítimo, pues de esta manera se garantiza a todos los ciudadanos el acceso a la administración de justicia; lo que no puede aceptar es que esa circunstancia se tome como referente para discriminar a los demandantes, con flagrante violación del principio de igualdad, pues se repite, si la acción se debe iniciar en una ciudad en donde existe juez laboral el proceso podría ser de única instancia, en cambio, si la acción se ha de iniciar en donde no hay juez laboral ese mismo proceso correspondería a los jueces civiles y podría tener dos instancias. Además, como ya se anotó, se fijan cuantías distintas para idénticas instancias, lo cual también infringe el artículo 13 del Estatuto superior.
13. En conclusión, la Corte considera que el criterio de diferenciación empleado por el Legislador para determinar la especialidad de la autoridad judicial competente (existencia o no del juez laboral del circuito), resulta constitucionalmente admisible, por lo cual la norma contenida en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, al establecer jueces de diferentes especialidades (civil y laboral) para conocer de unos mismos asuntos (laborales y de la seguridad social), es exequible, como se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
14. Como se ha explicado, el reproche de inconstitucionalidad del actor está dirigido a señalar que la norma acusada viola el principio de igualdad y el derecho de acceder a la justicia, al no regular específicamente qué sucede con las demandas laborales en aquellos municipios que no cuentan con un juez civil del circuito.
15. En primer lugar considera la Corte que, al ser la norma demandada una de aquellas en las que se definen competencias judiciales, existe sobre la misma una presunción de constitucionalidad cualificada, en virtud del poder de irradiación del principio de libertad de configuración normativa del legislador. En este sentido, en la sentencia C-111 de 2000, la Corte al pronunciarse sobre la demanda contra el artículo 2 de la ley 362 de 1997, que establecía la competencia en la jurisdicción ordinaria especializada en lo laboral para conocer de las diferencias que surgiesen entre las entidades públicas y privadas del régimen de seguridad social integral y sus afiliados, reafirmó el alcance de la libertad de configuración normativa en estas materias; precisó entonces la Corte:
Efectivamente, la asignación legal de una competencia a una autoridad judicial supone la determinación acerca del ejercicio de una función pública, en desarrollo del mandato establecido en el artículo 150-23, en virtud del cual corresponde al Congreso de la República “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, siendo en este caso la administración de justicia la función pública regulada, la cual de conformidad con lo señalado en el artículo 228 de la Ley Fundamental, constituye materia de ley para su organización y realización, de manera pronta y eficiente."
16. En segundo lugar, del mandato constitucional de garantizar el acceso a la justicia como norma programática, se desprende la obligación de diseñar un sistema de administración de justicia que satisfaga un doble propósito: la mejor cobertura posible de los asuntos judiciales en función de la distribución geográfica, y la optimización de los recursos de la rama judicial en función de la disponibilidad presupuestal.
17. En tercer lugar, frente al argumento del actor, según el cual en ciertas circunstancias, las dificultades materiales en términos de distancia entre el domicilio de las futuras partes y la sede del juzgado terminan por hacer nugatorio el derecho al acceso a la administración de justicia, la Corte considera que no puede ser llevado al extremo de prohijar la idea de la necesidad de existencia de un juzgado especializado en cada municipio, situación que rompería con los requerimientos de racionalidad en el diseño de la estructura de la administración de justicia, y con el mandato de equilibrio en las cargas públicas por la excesiva onerosidad que una situación semejante aparejaría.
18. Por último, la Corte determinará si la expresión “más alto”, utilizada por el Legislador en el artículo 9 de la ley 712 de 2001 para calificar el salario mínimo legal mensual, al sugerir la existencia de tarifas diferenciales, se encuentra en contradicción con el principio de igualdad en el plano formal.
Frente al segundo problema jurídico identificado, la Sala acoge el concepto rendido por el Procurador General de la Nación, en el sentido de considerar que el salario mínimo se unificó desde el año de 1985, por lo cual la expresión "más alto" utilizada para calificar el salario mínimo legal mensual carece de eficacia normativa.
Primero. Declarar exequible la expresión acusada “del circuito en lo” del artículo 9 de la ley 712 de 2001.
Tercero. Declararse inhibida para pronunciarse acerca de la exequibilidad de la expresión "más alto" contenida en el artículo 9 de la ley 712 de 2001, por carencia actual de objeto.
Con este propósito se relacionaron algunas de las jurisprudencias[3] en las que la Corte ha fijado la doctrina sobre las omisiones legislativas y ha encontrado procedente y necesario desplegar el estudio sobre su constitucionalidad. Igualmente, se indicaron los criterios[4] empleados por la Corte para identificar la existencia de este tipo de omisiones, que se pueden presentar sucintamente como sigue: i) la existencia de una norma que excluya de sus hipótesis o de sus consecuencias alguna situación que en principio debía estar incluida, ii) que tal exclusión no tenga justificación alguna y que por lo tanto la misma no supere el juicio de proporcionalidad y de razonabilidad, y iii) que dicha exclusión constituya inobservancia de un mandato constitucional impuesto al legislador.
Según datos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en Colombia existen 192 circuitos judiciales para un total de 1095 municipios[5]. Esto significa que aproximadamente 900 municipios no cuentan con jueces del circuito, y por consiguiente, las personas residentes en esas localidades deberán desplazarse a otros municipios para presentar una demanda en materia laboral o de la seguridad social, lo cual puede aparejar una carga excesiva o incluso absurda, como lo muestran los siguientes ejemplos:
Estas situaciones distan de ser excepcionales o ser las más graves. Por ejemplo, el distrito judicial de Villavicencio comprende los departamentos de Meta, Guaviare, Vichada, Vaupés, Guainía y dos municipios de Cundinamarca[6]. Ese muy extenso territorio sólo comprende cinco circuitos judiciales, de suerte que la mayor parte de los municipios no cuenta con jueces del circuito sino solo con jueces promiscuos municipales. Los desplazamientos pueden ser muy largos y costosos. Así el municipio de Macarena, que sólo tiene un juez promiscuo municipal, hace parte del circuito de Granada y se encuentra a más de 300 km., de ese municipio, y por el estado de vías, el desplazamiento por tierra dura en promedio 11 horas. Y Mapiripán está a 270 km., y nueve horas de camino de su cabeza de circuito, que es San Martín
[1] Cfr. Sentencia C-407 de 1998.
[2] Sobre la libertad de configuración normativa y la facultad del Congreso para definir las normas sobre competencias judiciales en materia laboral y penal, ver las sentencias C-111 de 2000 y C-1541 de 2001; y las Sentencias C-076 de 1993, C-208 de 1993 y C-561 de 1996, respectivamente.
[3] Cfr. Las sentencias C-543 de 1996, C-067 de 1999, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, y C-090 de 2002.
[4] Así, la sentencia C-185 de 2002
[5] Datos de la Unidad de Desarrollo y Estadística de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, actualizados para el 4 de junio de 2002.
[6] Ver Consejo Superior de la Judicatura. Atlas Judicial de Colombia, 1996, p 292.

References: artículo 9
 artículo 9
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 artículo 25
 artículo 9
 artículo 241
 artículo 25
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 artículo 9
 artículo 25
 artículo 150
 artículo 228
 artículo 13
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 150
 artículo 228
 artículo 9
 artículo 9
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