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Timestamp: 2019-06-25 03:36:44+00:00

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sobre los informes anuales de 2012 y 2013 sobre subsidiariedad y proporcionalidad
7. Destaca que las instituciones europeas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, consagrados en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y en el Protocolo n° 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que tienen carácter general y son obligatorios para las instituciones cuando ejercen las competencias de la Unión, excepción hecha de los ámbitos que son competencia exclusiva de la Unión, en los que no es aplicable el principio de subsidiariedad;
9. Lamenta, pues, que los informes anuales preparados por la Comisión sean, en cierto modo, superficiales, y a menudo no entren en consideraciones más detalladas sobre cómo se respetan la subsidiariedad y, en particular, la proporcionalidad en la elaboración de políticas de la UE;
22. Hace hincapié en que las instituciones europeas y los Parlamentos nacionales todavía deben hacer mucho más para fomentar una «cultura de la subsidiariedad» en toda la UE; recomienda emprender dos iniciativas concretas que ayudarán, desde ahora, a que la subsidiariedad se tenga más en cuenta en el procedimiento legislativo, a saber, facilitar una mejor integración en el diálogo político de las posiciones, perspectivas o sugerencias de otro tipo que planteen los Parlamentos nacionales –en particular en el curso de los trabajos preparatorios, tales como los libros verdes o los libros blancos que elabora la Comisión– y considerar la posibilidad de ampliar el período de consulta de los Parlamentos nacionales contemplado en el procedimiento de control del respeto de la subsidiariedad si estos lo solicitan debido a limitaciones de tiempo basadas en razones objetivas justificadas, como catástrofes naturales y periodos de vacaciones, que deberán acordarse entre los Parlamentos nacionales y la Comisión; considera que esto podría lograrse mediante un compromiso político entre las instituciones y los Parlamentos nacionales en primera instancia, sin dar pie a retrasos en la aprobación de la legislación pertinente;
23. Considera importante que el procedimiento de «tarjeta amarilla» sea fácilmente aplicable por los parlamentos, a la vez que reafirma el principio de subsidiariedad de conformidad con los Tratados;
24. Señala que varios Parlamentos nacionales de la COSAC han manifestado su interés en proponer la introducción de una «tarjeta verde» como instrumento para mejorar el diálogo político, que daría a los Parlamentos nacionales, una vez asegurado el apoyo del Parlamento, la oportunidad de presentar propuestas constructivas para su consideración por parte de la Comisión y con el debido respeto del derecho de iniciativa de la Comisión;
25. Observa que las propuestas legislativas pueden experimentar cambios drásticos en el período que transcurre hasta su adopción por las instituciones; recuerda que el respeto del principio de subsidiariedad se evalúa al inicio, pero no al término, del procedimiento legislativo; recuerda también que las evaluaciones de impacto, más en general, solo se llevan a cabo para las fases iniciales del procedimiento legislativo y no para sus fases finales; destaca la necesidad de una evaluación intermedia después de comenzar el proceso de adopción y al final del proceso legislativo, lo que quizás pueda permitir advertir a los Estados miembros cuando no respeten el principio de subsidiariedad;
26. Pide, por consiguiente, que, al finalizar las negociaciones legislativas y antes de la adopción del texto definitivo, se lleve a cabo un nuevo control del respeto de la subsidiariedad y una evaluación de impacto completa, a fin de que quede garantizado el cumplimiento de la subsidiariedad y de que puedan realizarse evaluaciones en las que se tenga en cuenta la proporcionalidad; cree que este «período de reflexión» ayudaría a los responsables políticos a valorar si la legislación cumple con los principios de la Unión, y aumentaría la transparencia de los resultados de unos períodos de negociación a menudo de elevada intensidad;
27. Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias;
28. Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los Estados miembros beneficiarios;
29. Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados;
30. Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»;
31. Destaca la necesidad de aclarar, en relación con el principio de subsidiariedad, la división de competencias en los casos en los que las políticas comerciales afectan a inversiones distintas de las inversiones extranjeras directas, en particular las inversiones de cartera, dado que persisten las controversias en los actuales acuerdos de libre comercio; toma nota, en particular, de los recientes debates sobre la resolución de litigios entre inversionistas y Estados y de las propuestas de la Comisión dirigidas a actualizar y reformar el actual modelo; destaca, a este respecto, que los Estados miembros deben asumir también la responsabilidad que les incumbe en este proceso, teniendo en cuenta su actual compromiso suscrito en los acuerdos bilaterales con terceros países; pide que se respete el principio de proporcionalidad en la negociación y aplicación de cláusulas de salvaguardia bilaterales; recuerda que el artículo 3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea define la política comercial común como un ámbito integral de competencias exclusivas de la Unión basadas en principios uniformes; señala que, en consecuencia, el principio de subsidiariedad no se aplica a la política comercial común;
32. Pide que se aclare si los instrumentos comerciales, como la resolución de litigios entre inversionistas y Estados, pueden menoscabar el principio de subsidiariedad en lo que respecta a las competencias de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Convención de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, con el fin de que la Comisión pueda firmar dicha convención en nombre de toda la Unión; lamenta la actual situación, en la que algunos Estados miembros de la UE son parte de la convención y otros no; considera que este ejemplo demuestra de forma obvia la necesidad de aclarar la situación con respecto a todas las partes acerca de las competencias exclusivas de la Unión en el ámbito de la inversión extranjera directa; recuerda que las diferentes políticas de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones han llevado a la situación actual, en la que los Estados miembros son partes contratantes de unos 1 400 tratados bilaterales de inversión que incluyen a veces disposiciones dispares que podrían provocar distorsiones en el mercado único y un trato desigual de los inversionistas de la UE en el exterior;
33. Pide, en relación con la asistencia financiera de la UE a otros países, en particular la asistencia macrofinanciera, que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post más exhaustivas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas propuestas, con objeto de que la asistencia sea eficaz y ayude verdaderamente a nuestros socios en situación de necesidad; insiste en la necesidad de establecer una mayor condicionalidad para el desembolso de la ayuda, así como un control adecuado de la utilización de los fondos que incluya medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y un seguimiento riguroso y exhaustivo por el Parlamento; pide una sólida integración de los instrumentos exteriores de la UE, de tal forma que se combinen el comercio, el desarrollo y la política exterior y de seguridad; destaca que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso en este sentido;
34. Destaca la importancia esencial de una consulta, un diálogo y una participación adecuados de los ciudadanos, las empresas (en particular, las pymes) y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión en materia de política comercial;
Textos aprobados, P7_TA(2014)0061.
Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios (COM(2012)0130).
Carta de 12 de septiembre de 2012 enviada por el vicepresidente Šefčovič a los Parlamentos nacionales.
Propuesta de la Comisión para la creación de la Fiscalía Europea (COM(2013)0534).
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y a los Parlamentos nacionales sobre la revisión de la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea en relación con el principio de subsidiariedad, de conformidad con el Protocolo nº 2, de 27 de noviembre de 2013 (COM(2013)0851).
1. Toma nota de la importancia de la política comercial común, en la que la UE puede hacer valer su peso para optimizar el resultado de las negociaciones, y de las relaciones económicas de la UE con países terceros y organizaciones regionales de cara al crecimiento y al empleo en la Unión; considera, por tanto, que el principio de proporcionalidad y, cuando proceda, el principio de subsidiariedad, deben respetarse plenamente también en estos ámbitos, especialmente cuando los acuerdos comerciales tengan una naturaleza mixta; acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de buscar la claridad con respecto a la naturaleza mixta de los acuerdos comerciales al remitir el acuerdo de libre comercio entre la UE y Singapur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; espera que el dictamen del Tribunal de Justicia permita avanzar hacia una mayor claridad en cuanto a aquellos elementos de las negociaciones comerciales de la UE que afectan al ámbito de responsabilidades de los Estados miembros; destaca que la claridad debe ser la base de una posición negociadora más eficaz de la UE y de un procedimiento de ratificación más rápido de los acuerdos comerciales entre la Unión y terceros países; destaca, a este respecto, la importancia fundamental de la transparencia al mantener negociaciones comerciales;
2. Destaca la necesidad de aclarar, en relación con el principio de subsidiariedad, la división de competencias en los casos en los que las políticas comerciales afectan a inversiones distintas de las inversiones extranjeras directas, en particular las inversiones de cartera, dado que persisten las controversias en los actuales acuerdos de libre comercio; toma nota, en particular, de los recientes debates sobre la resolución de litigios entre inversionistas y Estados y de las propuestas de la Comisión dirigidas a actualizar y reformar el actual modelo; destaca, a este respecto, que los Estados miembros deben asumir también la responsabilidad que les incumbe en este proceso, teniendo en cuenta su actual compromiso suscrito en los acuerdos bilaterales con terceros países; pide que se respete el principio de proporcionalidad en la negociación y aplicación de cláusulas de salvaguardia bilaterales; recuerda que el artículo 3 del TFUE define la política comercial común como un ámbito integral de competencias exclusivas de la Unión basadas en principios uniformes; señala que, en consecuencia, el principio de subsidiariedad no se aplica a la política comercial común;
3. Pide que se aclare si los instrumentos comerciales, como la resolución de litigios entre inversionistas y Estados, pueden menoscabar el principio de subsidiariedad en lo que respecta a las competencias de los Estados miembros; pide a los Estados miembros que desbloqueen la Convención de la CNUDMI sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estados en el marco de un tratado, con el fin de que la Comisión pueda firmar dicha convención en nombre de toda la Unión; lamenta la actual situación, en la que algunos Estados miembros de la UE son parte de la convención y otros no; considera que este ejemplo demuestra de forma obvia la necesidad de aclarar la situación con respecto a todas las partes acerca de las competencias exclusivas de la Unión en el ámbito de la inversión extranjera directa; recuerda que las diferentes políticas de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones han llevado a la situación actual, en la que los Estados miembros son partes contratantes de unos 1 400 tratados bilaterales de inversión que incluyen a veces disposiciones dispares que podrían provocar distorsiones en el mercado único y un trato desigual de los inversionistas de la UE en el exterior;
4. Pide, en relación con la asistencia financiera de la UE a otros países, en particular la asistencia macrofinanciera, que se lleven a cabo evaluaciones de impacto ex ante y ex post más exhaustivas en cuanto a la proporcionalidad de las medidas propuestas, con objeto de que la asistencia sea eficaz y ayude verdaderamente a nuestros socios en situación de necesidad; insiste en la necesidad de establecer una mayor condicionalidad para el desembolso de la ayuda, así como un control adecuado de la utilización de los fondos que incluya medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción y un seguimiento riguroso y exhaustivo por el Parlamento; pide una sólida integración de los instrumentos exteriores de la UE, de tal forma que se combinen el comercio, el desarrollo y la política exterior y de seguridad; destaca que los Estados miembros deben dar prueba de un mayor compromiso en este sentido;
5. Señala que los acuerdos comerciales preferenciales en vigor han demostrado que pueden ser beneficiosos para la economía europea y contribuir al crecimiento y el empleo; destaca que los efectos de los acuerdos comerciales dependen del resultado de las negociaciones, y que, por consiguiente, las previsiones de consecuencias futuras se basan siempre en una serie de hipótesis; pide a la Comisión que lleve a cabo evaluaciones del impacto sobre la sostenibilidad antes de entablar negociaciones de acuerdos comerciales, en un ejercicio de evaluación del impacto ex ante más amplio al objeto de evaluar las repercusiones económicas, sociales y ambientales para los ciudadanos y las empresas de la Unión, en particular las pymes; subraya que los Estados miembros deberían desempeñar también un papel clave en la evaluación de los posibles beneficios y repercusiones de los acuerdos comerciales preferenciales para sus respectivas economías;
6. Destaca la importancia esencial de una consulta, un diálogo y una participación adecuados de los ciudadanos, las empresas (en particular, las pymes) y la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones de la Unión en materia de política comercial.
OPINIÓN de la Comisión de Control Presupuestario (7.5.2015)
Ponente de opinión: Patricija Šulin
A. Considerando el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea y el Protocolo nº 2 del mismo Tratado en el que se establecen normas relativas a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
B. Considerando que estos principios son herramientas importantes para diseñar políticas en beneficio de los ciudadanos de la UE y que, por consiguiente, también son instrumentos que sirven para evaluar el impacto financiero de la legislación;
1. Acoge con satisfacción la puesta en marcha por parte de la Comisión de una consulta pública en relación con la revisión de sus directrices sobre las evaluaciones de impacto y la consulta a las partes interesadas(1) a raíz de la petición del Parlamento de mejora de la comunicación con la sociedad civil formulada en su Resolución, de 14 de septiembre de 2011, sobre legislar mejor, subsidiariedad, proporcionalidad y normativa inteligente(2);
2. Toma nota de los objetivos políticos de la nueva Comisión relacionados con iniciativas y propuestas legislativas de la UE, es decir: un coste mínimo; beneficios para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores; y evitar cargas normativas innecesarias;
3. Destaca que la evaluación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad es parte integrante de la elaboración de las políticas de la Unión Europea; pide a la Comisión que promueva una evaluación adecuada del valor añadido de la UE así como de la utilidad y la necesidad de su intervención;
4. Toma nota de que, al elaborar el presupuesto de la UE, las autoridades presupuestarias tendrán en cuenta una evaluación completa de los resultados de las políticas favorecidas por la Comisión;
5. Considera que los programas del marco financiero plurianual deben evaluar y demostrar el cumplimiento del principio de subsidiariedad en términos de valor añadido probado en los Estados miembros beneficiarios;
6. Expresa su preocupación por que los fondos del presupuesto de la UE se destinan en algunos casos a proyectos que no tienen resultados eficaces; insta, por consiguiente, a la Comisión, a que se plantee realizar evaluaciones in situ de los proyectos que tienen un importante impacto financiero a nivel local;
7. Reitera el llamamiento realizado en su Resolución antes mencionada de 14 de septiembre de 2011 en el sentido de que las evaluaciones de impacto nacionales se utilicen como complemento de las llevadas a cabo por la Comisión —cuya reforma se está debatiendo— en apoyo de la legislación propuesta; considera que las unidades de evaluación de impacto del Parlamento de reciente creación serán un complemento positivo al trabajo de la Comisión;
8. Pide a la Comisión que sugiera al Tribunal de Cuentas la inclusión, cuando proceda, de un control de la subsidiariedad y de la proporcionalidad de los instrumentos de la UE en sus informes especiales sobre la gestión compartida;
9. Pide a la Comisión que, de conformidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad, simplifique el procedimiento de solicitud de fondos de la UE con el fin de que sea más eficaz y se oriente hacia los resultados;
10. Recuerda a la Comisión que el Parlamento es responsable del control de la ejecución del presupuesto de la UE y que debe rendirle cuentas en lo que respecta a su gestión; señala que el control parlamentario tiene una dimensión en materia de costes y que debe centrarse en cómo corregir las irregularidades cometidas y evitar errores;
11. Confía en que la Comisión desarrolle sinergias entre los presupuestos de la Unión, nacionales y subnacionales y los evalúe sobre la base del principio de subsidiariedad.
DO C 51 E de 22.2.2013, p. 87. http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/consultation_2014/index_es.htm
OPINIÓN de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (29.5.2015)
1. Opina que las políticas sociales y de empleo se inscriben, en su mayor parte, en el ámbito de competencias de los Estados miembros y que la UE tiene competencias para adoptar medidas que garanticen la coordinación de las políticas de empleo de los Estados miembros mediante la definición de pautas y, en particular, a través de documentos normativos en relación con el mercado laboral; anima por tanto a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que intensifiquen los debates sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el ámbito de esta política;
2. Acoge positivamente la mayor participación e implicación de los Parlamentos nacionales en el proceso legislativo europeo en los últimos años, lo que se ha traducido en un incremento de la toma en consideración de los principios sobre los que está fundada la UE, incluidos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el contexto interinstitucional; señala, sin embargo, que queda mucho por hacer en este contexto; sugiere que, en primer lugar, la Comisión participe en un debate anual con cada uno de los Parlamentos nacionales con el fin de reforzar el diálogo entre la Comisión y los Parlamentos nacionales;
3. Recuerda que, de conformidad con el artículo 5 del Tratado de Maastricht, la Unión Europea intervendrá solo en la medida en que los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros;
4. Subraya que la elaboración de toda política debe respetar el principio de subsidiariedad y garantizar un valor añadido europeo tangible; insiste en que los casos de subsidiariedad y proporcionalidad deben argumentarse de manera exhaustiva y no utilizarse para socavar el diálogo social en la UE; subraya que en el respeto del principio de subsidiariedad resulta fundamental tener en cuenta el papel de los interlocutores sociales y garantizar su autonomía según las costumbres y tradiciones de los Estados miembros; considera, en este sentido, que las violaciones del principio de subsidiariedad pueden conducir a consecuencias imprevistas, como que los ciudadanos europeos pierdan su fe en la Unión Europea, por lo que tales violaciones del principio de subsidiariedad deben evitarse;
6. Alienta a los Parlamentos nacionales a que emitan dictámenes motivados no solo sobre los documentos legislativos de la Comisión, sino también sobre los de carácter no legislativo que preceden a la formulación de la legislación de la UE, con el fin de influir de forma más eficaz sobre las futuras iniciativas y disposiciones legislativas de la UE;
7. Recuerda que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la UE solo tomará medidas fuera de sus ámbitos de competencia exclusiva en la medida en que los objetivos de una medida prevista puedan alcanzarse mejor a escala de la Unión que a escala nacional, regional o local; destaca que la subsidiariedad puede, en consecuencia, conducir a una ampliación de la actividad de la Unión dentro de los límites de sus competencias cuando las circunstancias así lo requieran o, a la inversa, limitar y poner fin a la acción correspondiente cuando ya no esté justificada; hace hincapié en que la subsidiariedad, en este contexto, no solo se aplica a la relación entre la UE y sus Estados miembros, sino que abarca también los ámbitos regional y local;
8. Señala que en 2012 los Parlamentos nacionales utilizaron por primera vez la «tarjeta amarilla» en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad, en respuesta a la propuesta de Reglamento sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios; señala, no obstante, que, según la Comisión, no se había violado el principio de subsidiariedad;
9. Considera que la retirada final de esa propuesta por la Comisión, debido a la oposición política y no como consecuencia de ningún tipo de violación del principio de subsidiariedad, según la Comisión, debe alentar a las distintas partes implicadas a iniciar un nuevo debate interinstitucional mejor orientado a la consecución de un consenso sobre este tipo de aspectos transnacionales de las relaciones laborales, así como a tener más en cuenta el principio de subsidiariedad;
10. Pide a la Comisión que facilite información previa sobre la base legal que elija para los actos legislativos, pues ello facilitará la cooperación con los Parlamentos nacionales;
11. Toma nota de que, en 2013, los Parlamentos nacionales ejercieron su derecho a emplear el procedimiento de «tarjeta amarilla», por segunda vez desde su introducción, en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad, lo que demuestra el aumento del interés, el papel y el valor añadido de los Parlamentos nacionales en el desarrollo de la legislación de la UE;
12. Subraya que el procedimiento de «tarjeta amarilla», que es un instrumento para influir en la adopción de decisiones de la UE, podría reforzarse en la práctica mediante un intercambio temprano de información sobre las posiciones de los Parlamentos nacionales, por lo que anima a estos a que intercambien pareceres sobre el alcance y los métodos de evaluación aplicados para evaluar la conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
13. Opina que el sentido de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad no está claro y que por ello los Parlamentos nacionales los interpretan de diversas maneras, lo que causa dificultades a la hora de alcanzar acuerdos y lograr que se cumplan sus decisiones; celebra que la Comisión haya establecido criterios comunes para evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; anima a los Parlamentos nacionales y a otras instituciones a que empleen estos criterios para reforzar la evaluación de la compatibilidad y la coordinación y la eficacia del mecanismo de control de la subsidiariedad;
14. Observa que los Parlamentos nacionales estuvieron cerca de mostrar una «tarjeta amarilla» en el contexto de la propuesta relativa a la Fiscalía Europea; considera que en los casos en que el procedimiento de «tarjeta amarilla» cuente con el apoyo de varios Parlamentos nacionales, la comunicación de seguimiento de la Comisión debe abordar todas las objeciones de esos Parlamentos;
15. Señala que la legislación puede tener efectos diferentes en grandes empresas y en pymes, y considera que esto debe tenerse en cuenta durante el proceso de formulación; considera que el principio de «pensar primero a pequeña escala» no tiene como objetivo eximir a microempresas y pymes de la aplicación de la legislación en materia de salud y seguridad, sino que puede más bien ser un elemento clave en el desarrollo de políticas y desempeñar un importante papel a la hora de estimular la creación de empleo y el crecimiento mediante la reducción de los costes y trámites burocráticos para las empresas y centrándose en una normativa inteligente que pueda aplicarse de forma que se garantice la igualdad de condiciones para pymes y microempresas; hace hincapié en que todos los trabajadores tienen derecho al máximo nivel de protección en materia de salud y seguridad, independientemente del tamaño de la empresa, del contrato subyacente o del Estado miembro en el que trabajen;
16. Toma nota del énfasis creciente que pone la Comisión en los ciclos de las políticas y en las evaluaciones de impacto; pide a la comisión competente que revise sistemáticamente las evaluaciones de impacto de la Comisión y el análisis de la evaluación de impacto ex ante del Parlamento en la fase más temprana posible del proceso legislativo, evaluando siempre el respeto de ambos principios; considera que, por una parte, las evaluaciones de impacto no deben sustituir a las decisiones y evaluaciones políticas y que, por otra, toda propuesta de la Comisión debe tener un valor añadido europeo tangible; pide, por tanto, un enfoque más integral de las evaluaciones de impacto que, en su caso, abarque también las consecuencias de no legislar.
OPINIÓN de la Comisión de Asuntos Constitucionales (7.5.2015)
Ponente de opinión: Kazimierz Michał Ujazdowski
1. Se felicita, a este respecto, por que la Comisión verifique ex ante si sus propuestas son necesarias y si los objetivos de la acción contemplada no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, así como por que motive su acción en relación con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, de conformidad con el artículo 5 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; insiste enérgicamente en la importancia de las evaluaciones de impacto para garantizar el respeto de esos dos principios en la elaboración de propuestas legislativas; subraya así mismo que garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad también debe ser una prioridad para la Comisión a la hora de evaluar las políticas de la UE existentes;
2. Recuerda que la subsidiariedad está protegida también por la imposibilidad de adoptar legislación europea sin la aprobación de una amplia mayoría de ministerios nacionales (responsables ante los Parlamentos nacionales) en el Consejo;
3. Observa que, en la práctica, la cuestión de la subsidiariedad solamente plantea problemas en relación con una pequeña minoría de propuestas legislativas, como pone de manifiesto el hecho de que nunca se haya activado el procedimiento de «tarjeta naranja» y el procedimiento de «tarjeta amarilla» solo se haya activado dos veces en seis años; considera probable que los Parlamentos nacionales estén interesados en el fondo de las propuestas y no solo en la subsidiariedad, y señala que muchos Parlamentos nacionales están reforzando sus procedimientos para poder influir en la posición adoptada por el ministro correspondiente en el Consejo;
4. Observa que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; señala que la subsidiariedad, como principio jurídico neutro asociado al concepto de nivel óptimo de acción, puede servir para ampliar las actividades de la Unión en el marco de sus competencias, cuando así lo requieran las circunstancias, o, por el contrario, para limitar o detener la acción de la Unión cuando ya no esté justificada;
5. Hace hincapié en que la utilización de las competencias de la Unión Europea debe regirse por los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal y como se establece en el artículo 5 del TUE; acoge con satisfacción que en 2012 y 2013 el respeto de estos dos principios fuera sometido a una atenta supervisión por las instituciones de la UE y por los Parlamentos nacionales;
6. Valora positivamente la labor del Comité de evaluación de impacto en cuanto a las cuestiones relativas a la subsidiariedad y la proporcionalidad de las medidas jurídicas, y pide una mayor cooperación con el Comité de las Regiones y la Comisión AFCO ya en esta fase del procedimiento sobre las dos cuestiones referidas;
7. Pide que se consulte a los Parlamentos locales y regionales con carácter regular y no solo sobre cuestiones puntuales;
8. Subraya el incremento significativo del intercambio de información por parte de los Parlamentos nacionales mediante el sistema IPEX, y observa el crecimiento del número de dictámenes motivados dirigidos por los Parlamentos nacionales (9 % en 2012, 25 % en 2013); celebra la más estrecha participación de los Parlamentos nacionales en el marco del proceso legislativo europeo, sobre todo por lo que respecta al control de las propuestas legislativas a la luz de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;
9. Destaca que tanto en 2012 como en 2013 los Parlamentos nacionales utilizaron la tarjeta amarilla en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad; considera, por tanto, que los Parlamentos nacionales mejoraron su capacidad para utilizar las prerrogativas de que disponen en el marco del mecanismo de control de la subsidiariedad; anima encarecidamente a los Parlamentos nacionales a que desarrollen aún más la cooperación entre ellos con objeto de hacer pleno uso de su papel en virtud de los Tratados en vigor;
10. Es consciente de que muchos Parlamentos nacionales desean influir en el contenido de la legislación y no simplemente formular observaciones respecto de los relativamente pocos casos en que la cuestión de la subsidiariedad podría plantear un problema; acoge con satisfacción las contribuciones presentadas a la Comisión en el marco de la «Iniciativa Barroso»; considera que la forma más eficaz de ejercer dicha influencia de los Parlamentos nacionales es perfilando la posición adoptada por los ministros de su país antes de las reuniones del Consejo, y que el período de ocho semanas también puede utilizarse con ese fin;
11. Sostiene que las instituciones europeas han de permitir a los Parlamentos nacionales examinar las propuestas legislativas y que la Comisión debe, en consecuencia, facilitar exposiciones de motivos pormenorizadas y exhaustivas respecto de sus decisiones en materia de subsidiariedad y proporcionalidad;
12. Subraya su compromiso de garantizar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad mediante evaluaciones de sus propios informes de iniciativa legislativa, evaluaciones previas de las evaluaciones de impacto de la Comisión y la evaluación constante del posible valor añadido de la UE y del «coste de la no Europa»;
13. Observa, no obstante, que la mayoría de los dictámenes de los Parlamentos nacionales son presentados por un reducido número de cámaras nacionales, y anima a las demás cámaras a que participen más activamente en el debate europeo;
14. Considera que el debate sobre la ampliación del plazo para que los Parlamentos nacionales emitan un dictamen motivado en virtud del artículo 6 del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad podría ser fructífero de cara a detectar posibles mejoras del marco legislativo actual; estima que, entretanto, el plazo dado a los Parlamentos nacionales para emitir un dictamen motivado debe aplicarse de manera flexible; recuerda que cualquier modificación de este plazo requeriría la modificación del Tratado; recomienda, por tanto, que se acometa esta reflexión oportunamente a fin de permitir que la cuestión de la participación de los Parlamentos nacionales sea debatida antes de la próxima modificación de los Tratados; destaca que, en el debate sobre la ampliación del plazo actual dado a los Parlamentos nacionales, podría tenerse en cuenta el asunto del papel de los Parlamentos regionales, así como la cuestión de los recursos a disposición de los Parlamentos nacionales; pide por tanto a la Comisión que se pronuncie sobre la cuestión de la iniciativa relativa a la «tarjeta verde» de los Parlamentos nacionales;
15. Considera que, habida cuenta de su experiencia, los Parlamentos nacionales podrían contribuir significativamente al debate y el proceso decisorio europeos; anima a los Parlamentos nacionales, por tanto, a que hagan pleno uso de las competencias que les confieren los Tratados en vigor, en particular con un mayor desarrollo de la cooperación entre ellos;
16. Sugiere que una nueva medida que cabría estudiar es el procedimiento de «tarjeta verde», mediante el cual los Parlamentos nacionales podrían poner en marcha el proceso legislativo europeo y, de este modo, desempeñar un papel constructivo en dicho proceso; opina que este procedimiento podría establecerse mediante un compromiso voluntario de la Comisión y no requeriría la modificación de los Tratados;
17. Señala que en 2012 tuvo lugar la primera utilización del procedimiento de «tarjeta amarilla» por los Parlamentos nacionales respecto del principio de subsidiariedad, en respuesta a la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios (Monti II); observa que, aunque la Comisión concluyó que no se había violado el principio de subsidiariedad, retiró la propuesta debido a la falta de apoyo político; señala que en 2013 se activó un segundo procedimiento de «tarjeta amarilla» respecto de la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo relativo a la creación de la Fiscalía Europea; observa que la Comisión concluyó que la propuesta se ajustaba al principio de subsidiariedad y decidió mantenerla;
18. Subraya el enorme impacto potencial de las decisiones a nivel de la UE que puede tener la celebración de acuerdos de comercio internacional tales como la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG) sobre la capacidad de autogobierno regional y local, incluidas las decisiones sobre servicios de interés económico general; pide a la Comisión y al Consejo que tengan plenamente en cuenta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad al negociar acuerdos de comercio internacional y que informen al Parlamento de sus posibles efectos sobre la subsidiariedad;
19. Observa que los dictámenes motivados emitidos por los Parlamentos nacionales apuntan a la existencia de diversas interpretaciones de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recuerda en este contexto que el principio de subsidiariedad, tal y como se establece en los Tratados, permite a la Unión, en los ámbitos que no sean de su competencia exclusiva, intervenir solamente «en caso de que, y en la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, ni a nivel central ni a nivel regional y local, sino que puedan alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción pretendida, a escala de la Unión»; recuerda asimismo que «en virtud del principio de proporcionalidad, el contenido y la forma de la acción de la Unión no excederán de lo necesario para alcanzar los objetivos de los Tratados»; anima a los Parlamentos nacionales a ser fieles a la letra del TUE al evaluar el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad; recomienda encarecidamente a los Parlamentos nacionales y a las instituciones europeas que entablen intercambios de puntos de vista y prácticas respecto del control de la subsidiariedad y la proporcionalidad.

References: artículo 5
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 resolución 
 artículo 5
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6