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Timestamp: 2019-10-17 23:14:05+00:00

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N- tribunal primero civil, seccion primera - página 2
VOTO Nº 916-F-11
TRIBUNAL AGRARIO DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE SAN JOSÉ. Goicoechea, a las quince horas dos minutos del treinta de agosto del dos mil once.-
PROCESO ORDINARIO, establecido por JORGE ARTURO PIZARRO PIZARRO, mayor, divorciado una vez, agricultor, vecino de Liberia, con cédula de identidad número cinco - cero noventa y siete- cero cuarenta y uno, contra CLUB SAN RAFAEL, con cédula jurídica número tres-ciento uno-cero uno seis tres ocho seis, representada por su apoderado generalísimo sin límite de suma Albert Edward Norman Junior, mayor, de nacionalidad estadounidense, con pasaporte número uno cinco tres dos uno ocho seis seis cero. Intervienen el licenciado Jorge Silva Loaiciga, mayor, casado, abogado, vecino de San José con cédula de identidad número uno cinco - ciento sesenta y uno - quinientos seis, y el licenciado Roberto Iglesias Mora, mayor, casados dos veces, abogado, vecino de San José, y con cédula de identidad número uno - quinientos veinticinco - ciento veintiséis en su condición de apoderado especial judicial del demandado.-
La parte actora solicita que en sentencia se declare: "Como válido y eficaz el documento otorgado ante el notario Luis Bernardo Echeverri Trujillos, que es escritura pública número cien en donde comparecen a otorgar el mismo el suscrito Reynaldo Gutiérrez Valdez como Presidente de la sociedad Río Nimboyure S.A. En el cual se me otorgan conforme a segregación y traspaso la cantidad de 40 hectáreas como producto de la negocación realizada en el juicio que se tramitó en el Juzgado II Civil de Mayor Cuantía de San José bajo el expediente 567-94-3 del cual aportamos copias debidamente certificadas. 2.- De igual forma solicito respetuosamente se ordene al Registro de la Propiedad la inscripción de las cuarenta hectáreas que corresponden al suscrito de dicho documento con todos los derechos, en favor de Jorge Arturo Pizarro Pizarro como lo indica el mismo, por haber nacido dicho acuerdo de una voluntad expresa de las partes y debidamente aprobado por el Juez de instancia, tratándose de una sentencia con carácter de cosa juzgada material. 3.- Que la empresa que aparece como dueña del inmueble antes mencionado, deberá restituir la titularidad registral sobre el bien dicho, al suscrito Jorge Arturo Pizarro Pizarro. 4.- Que en sentencia se condene a Club San Rafael S.A. al pago de las costas procesales y personales de la presente ejecución. 5.- De igual forma solicito se les condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados, toda vez que esta más que demostrado con la prueba testimonial que mi imagen se ha deteriorado ante la comunidad al no poder inscribir dicho documento ante el Registro de la Propiedad, y la angustia que toda esta situación ha causado a mi persona y mi familia. 6.- De igual forma solicito se declara con lugar en sentencia lo pedido en el punto ocho y nueve de los hechos, en cuanto a la prescripción positiva en mi favor, ya que esta totalmente demostrado que durante quince años, he poseído dicho inmueble de forma quieta pública, pacífica, continúa y a título de dueño..."
(folios 49 a 55).
La parte demandada fue debidamente notificada de la presente acción la cual la contestó en forma negativa y opuso las excepciones de falta de derecho, falta de legitimación activa y pasiva, de legitimación ad procesum activa, título nulo mala fe, y compensación folios 447 a 460. A su vez contrademandó y solicita que en sentencia se declare: 1) Que la reconventora es la legítima propietaria de la finca inscrita en la provincia de Guanacaste, con la matrícula 24723-000 y que se describe en la demanda. 2) Que la reconventora tiene derecho a reivindicar dicho terreno en la porción que posee el reconvenido y cualesquiera otro de los codemandados, en virtud de que el acuerdo extrajudicial entre los reconvenidos mediante el cual pusieron término a los procesos judiciales, civil y penal, referidos en la demanda así como los acuerdos y declaraciones contenidas en la escritura pública número cien, otorgada a las 15 horas del día 14 de marzo de 1996, ante el notario público Luis Bernardo Echverri Trujillo, fueron, en cuanto atañe a la finca matrícula 24723-000 de Guanacaste, hechos en fraude de ley, no tienen causa justa, sino inmoral y contraria a las buenas costumbres, por lo que son contrarios a derecho y nulos, resultando ineficaces e inoponibles en Derecho a la sociedad aquí reconventora, la cual no está en consecuencia obligada a suscribir escritura alguna de traspaso de porción alguna a los reconvenidos. 3) Que la posesión ejercida por el coreconvenido Jorge A. Pizarro Pizarro en los terrenos que reclama en su demanda y a que se refiere este juicio, ha sido antijurídica, de mala fe y presenta vicio de discontinuidad. 4) Que los coreconvenidos Román y Larios, han procedido también de mala fe en cuanto pretendan haber adquirido derechos sobre parte de las 40 hectáreas que reclama Pizarro Pizarro. 5) Que a los efectos de la acción reivindicatoria planteada, se declarará además, que la sociedad Jota I S.A. no le transmitió legalmente derecho real alguno de propiedad, que fuera legítimo y verdadero a la empresa Río Nimboyure S.A., traspaso que es nulo e ineficaz en derecho frente a la reconventora reivindicante, quedando a salvo el derecho sustantivo de propiedad de la reconventora y con la reserva de preservar la devolución de la titularidad meramente registral que hizo Río Nimboyure S.A. a la reconventora en la finca en cuestión, mediante la conciliación judicial efectuada en sede penal con Río Nimboyure S.A. y su representante legal. 6) Que Río Nimboyure S.A. nunca fue ni llegó a ser la legítima propietaria de la finca matrícula 24723-000, de la provincia de Guanacaste, la cual le pertenecía y pertenece aun en forma exclusiva a la sociedad reconventora. 7) Que ni Jorge A. Pizarro Pizarro, ni los coreconvenidos Román y Larios, ostentan un justo título, verdadero y válido, para los efectos de una usucapión conforme a la ley, sobre el terreno mencionado y descrito en la referida escritura número cien. 8) Que ninguno de los codemandados ha adquirido derecho real alguno legítimo, oponible, válido y eficaz, sobre porción alguna en la finca matrícula 24723-000 de Guanacaste, a que se refiere este juicio, no estando por consiguiente la reconventora en obligación legal de reconocerles derecho alguno en esa finca. 9) Que la sociedad reconventora es la única y legítima propietaria de la finca matrícula24723-000 de Guanacaste, a que se refiere este juicio en toda su extensión y conforme a la cabida registral, la cual que incluye la porción reclamada por esos codemandados. 10) Que por consiguiente, la sociedad reconventora tiene derecho a que se le restituya la porción de terreno poseída por el reconvenido Jorge A. Pizarro Pizarro dentro de dicha finca y, en su caso, por los demás reconvenidos. 11) Que debe Jorge A. Pizarro Pizarro, desalojar el terreno que ocupa dentro de la finca de la reconvenida, dentro del término de quince días a partir de la firmeza de la sentencia que así lo ordene. Dicha orden se ampliará de determinarse que algún otro de los reconvenidos se encuentra ocupando alguna porción de esos terrenos, de manera que también queden obligados a desalojar esos terrenos. 12) Que los reconvenidos, Pizarro Pizarro, Román y Larios, deben indemnizar a la reconventora por los daños y perjuicios causados y a que se refiere la demanda, por la pérdida del usufructo en el terreno que ocupan en perjuicio de la reconventora, en el monto que se fijará en sentencia de ser posible o en su defecto en ejecución del fallo. Se condenará a dichos tres reconvenidos al pago de los intereses de ley sobre la suma que en definitiva se establezca por ese concepto a partir de la firmeza de la sentencia. De existir algún reclamo de mejoras, obras o trabajos por parte de alguno de los reconvenidos, se compensarán en lo que corresponda con la indemnización por daños y perjuicios otorgada. 13) Se condenará solidariamente al pago de ambas costas únicamente a los reconvenidos Pizarro Pizarro, Román Trigo y Larios Ugalde..."
(folios 460 a 476).
El reconvenido contestó negativamente la demanda y no opuso excepciones. folio 1165.-
La Licenciada Ruth Alpízar Rodríguez jueza de primera instancia en sentencia de las nueve horas y cuarenta y seis minutos del diecisiete de mayo del dos mil once resolvió: "POR TANTO: SE HOMOLOGA EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL suscrito por Jorge Arturo Pizarro Pizarro y Club San Rafael S.A. representada por Carlos Jiménez Freer y Douglas Lee Dayley, el nueve de noviembre del dos mil diez. Una vez firme esta resolución se tiene por terminado el presente asunto ordinario, sin especial condenatoria en costas. Se deja sin efecto el señalamiento para juicio verbal programado para las nueve horas del veintisiete de julio del dos mil once. Cancélese la anotación de demanda que pesa sobre la finca veinticuatro mil setecientos veintitrés-cero cero cero, con las citas tomo 561, asiento 17099, secuencia 01, subsecuencias 0001 y 001. Remítase vía electrónica el mandamiento de cancelación en su momento oportuno y una vez realizado dicho trámite, procédase al archivo del expediente..." (folio 1202 a 1203).
La parte actora formuló recurso de apelación con indicación expresa de las razones por las cuales refuta la tesis del Juzgado de Instancia. folio 1205.
En la substanciación del proceso se han observado las prescripciones legales, y no se notan la existencia de errores u omisiones en el fallo capaces de producir su nulidad.-
Redacta la jueza Castro García, y;
No se hace pronunciamiento sobre hechos probados y no probados por carecer la resolución que se apela de tales, al ser una homologación de acuerdo extrajudicial.
II. El apoderado especial judicial de la parte actora interpone recurso de apelación (folio 1205 Tomo IV), contra la resolución de las 09:46 horas del 17 de mayo del 2011 (folio 1202 Tomo IV). Expone en su apelación que la resolución que recurre carece de elementos de forma y fondo, y no resulta procedente por la forma en que fue dictada. Aduce, a pesar de estarse ante un convenio entre partes, el despacho no se encuentra facultado para aprobar el mismo en los términos expuestos, pues debe ser garante de que se respete a las partes de una negociación y en este caso existe una evidente desproporción en perjuicio del interés de su representado.-
III. Sobre la Resolución alterna de Conflictos y los requisitos de ley. La Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social número 7727 del cuatro de diciembre de mil novecientos noventa y siete, publicada en la Gaceta del catorce de enero de mil novecientos noventa y ocho, dispone en su artículo segundo el derecho de las personas de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares, para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. El numeral tercero reza que el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares, puede tener lugar en cualquier momento, aún cuando haya proceso judicial pendiente y que tales acuerdos pueden celebrarse por los particulares mediante convenios celebrados libremente. Tales acuerdos para que surtan efecto dentro del proceso judicial, deben de ser presentados ante el juzgador juzgadora, para que proceda a su homologación.- Para ello, debe ser revisado el cumplimiento del artículo 12 de la ley Nº 7727 que indica: "ARTICULO 12.-
Requisitos de los acuerdos Los acuerdos adoptados con motivo de un proceso de mediación o conciliación, judicial o extrajudicial, deberán cumplir los siguientes requisitos: a) Indicación de los nombres de las partes y sus calidades. b) Mención clara del objeto del conflicto y de sus alcances. c) Indicación del nombre de los mediadores, los conciliadores y, si se aplica, el nombre de la institución para la cual trabajan. d) Relación puntual de los acuerdos adoptados. e) Si hubiere proceso judicial o administrativo iniciado o pendiente, indicar, expresamente, la institución que lo conoce, el número de expediente y su estado actual y la mención de la voluntad de las partes de concluir, parcial o totalmente, ese proceso. f) El conciliador o mediador deberá hacer constar en el documento que ha informado a las partes de los derechos que se encuentran en juego y les ha advertido que el acuerdo puede no satisfacer todos sus intereses. También deberá hacer constar que ha advertido a las partes sobre el derecho que las asiste de consultar, el contenido del acuerdo, con un abogado antes de firmarlo. g) Las firmas de todas las partes involucradas, así como la del mediador o conciliador. h) Indicación de la dirección exacta donde las partes recibirán notificaciones."
Si tales acuerdos son homologados judicialmente, tendrán autoridad y eficacia de cosa juzgada material y serán ejecutorios en forma inmediata (Art 9 Ley Nº 7727). Al respecto este Tribunal a resuelto: " Como se observa y así está regulado, se dio entre las partes de este proceso un acuerdo extrajudicial. Con base en lo acordado por las partes en un escrito firmado por ambas y autenticado por un abogado en el cual no estuvo presente el Abogado Defensor de la parte demandada se pide dar por concluido el proceso y así se ordenó por el Juzgado de origen. Recientemente, en Gaceta Nº 9 del 14 de enero de 1998, se publicó la LEY SOBRE RESOLUCIONES ALTERNA DE CONFLICTOS Y PROMOCION DE LA PAZ SOCIAL, Nº 7727, denominada comúnmente como LEY del RAC. Y ya en La Gaceta nNº 142 del 23 de julio de 1998, se publicó el reglamento a la misma. En dicha normativa se establece el PRINCIPIO DE LIBERTAD para la solución de los conflictos por medio de convenios, al prever éstos han de ser celebrados libremente como un derecho de las personas en cualquier momento, ya sea ante, durante o posterior a un proceso. Expresamente se lee: "El acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aún cuando halla proceso judicial pendiente. Incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme...". IV.- Como se aduce errónea aplicación legal, una de las formas de convenir o de acuerdo estipuladas en la legislación vigente sería la TRANSACCIÓN. Así, dentro de las formas de ponerle término al proceso se encuentra la TRANSACCIÓN. Esta técnica es una manifestación de ese derecho de libertad mencionado en el primer Capítulo de la Ley RAC, donde se otorga la opción a los particulares para que de mutuo acuerdo escojan la forma mejor para ponerle término a sus desaveniencias. Ya no es solamente para el caso de procesos pendientes en sede jurisdiccional, una decisión que obligatoriamente ha de ser hecha por los Juzgadores sino que compete a las partes decidir. A su vez, acuerda la Ley de análisis en el artículo 6- la posibilidad de poner en práctica en todas las etapas procesales, de manera opcional por los Juzgadores, las conciliación, donde la ley a su vez provee de forma optativa, que ello puede proponerse por el mismo Juez o un juez conciliador. Es importantes resaltar que como derecho de todo ser humano a buscar solución a sus conflictos por medio del diálogo impone esta normativa un deber de informar a las partes tanto para los juzgadores cuanto a los abogados (artículos 6 y 11) las formas pacíficas de ponerle fin a una contienda. Por ende, en un PRINCIPIO a tomar en cuenta es el de BUSQUEDA DE LA ARMONIA O PAZ SOCIAL. Por ésta se entiende en doctrina como la: "Concesión que se hace al adversario, a fin de concluir una disputa o conflicto, aún estando cierto de la razón o justicia propia... La transacción integra un contrato civil con proyecciones procesales, y un sustitutivo de la sentencia ya que puede poner fin a un pleito en curso, con efecto de cosa juzgada entre las partes... La transacción, que se hace sinónima de conciliación, aunque no en lo procesal, sino en cuanto armonía de intereses antes contrarios o cual reconciliación de los enemistados o enemigos, posee la ventaja infinita de resolver con rapidez las cuestiones planteadas, sin arrastrar las dilaciones ni los gastos de los juicios;... la validez de las transacciones no está sujeta a la observancia de formalidades extrínsecas; pero las pruebas quedan sometidas a las que rigen en los contratos..." (CABANELLAS GUILLERMO. Diccionario de Derecho Usual. Tomo IV. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires, Argentina. pág. 277). También se indica en la doctrina patria conforme a lo regulado en el Código Civil para la transacción, ésta lo que la caracteriza es "...por un lado, que se trate de un asunto susceptible de contención judicial; y por otro, que medien en el arreglo concesiones mutuas, de suerte que cada parte ceda en uno o varios puntos, a cambio de la ventaja que la contraria le otorgue en otros. Porque si una parte se allana por completo a las pretensiones de la otra sin obtener nada en recompensa, no puede decirse que ha mediado transacción en la contienda. Del propio modo, se requiere para que en realidad se verifique transacción, el punto sobre el cual recaiga el avenimiento sea dudoso en cuanto a la razón o justifica que asista a uno y otro de los contendientes; de aquí resulta por razones especiales, que uno de ellos hace en favor del otro abandono de un derecho indiscutible, no cabe decir ha transigido sino que se ha hecho donación o renuncia de tal derecho. En este sentido la jurisprudencia ha estimado: "Si entre las partes se logró un arreglo, en virtud del cual se da por terminado el juicio anticipadamente, ese arreglo no implica una transacción de acuerdo con lo estipulado en el Código Civil, pues el convenio se contrae a una novación de la deuda, o bien a un plazo de gracia, de manera que el acreedor no renuncia a derecho alguno y en la transacción cada una de las partes cede en alguno o algunos de los extremos que reclama.".. (Resolución de las 16:00 hrs. de 22 de set. 1982. Tribunal Superior Contencioso Administrativo Sección Segunda). También se dispone que la transacción: "...puede referirse a un litigio pendiente, como a alguno que esté por iniciarse, porque en ambos casos existe la misma causa impulsora del avenimiento de los interesados. En consecuencia, con estos antecedentes, se ha definido la transacción como un contrato por cuyo medio, haciéndose los estipulantes recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o evitan un litigio eventual... Un litigio es transigible en cualquier estado en que se encuentre; sin embargo, sería nula la transacción que recayera sobre el que en el momento de efectuarse el convenio, estuviera decidido por sentencia firme de que no tuvieran conocimiento ambas partes o alguna de ellas; nulidad que proviene de la circunstancia de no existir ya materia litigiosa. Además, la transacción que se efectuara en semejantes condiciones, se basaría indudablemente en un error de hecho, pues no es de creer que, habiendo conocido la parte gananciosa la sentencia le favorezca, fuera a hacer abandono de la ventaja adquirida. Dice el artículo 1379 del Código Civil: Es nula la transacción sobre cualquier negocio que esté decidido judicialmente por sentencia irrevocable ignorada por los interesados o por uno de ellos". De eso se desprende, que cuando la resolución fuere conocida de ambos litigantes, es licito transigir, aún tratándose de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, lo cual es erróneo considerando el caso desde el punto de vista científico, puesto que la incertidumbre acerca del resultado de la contienda, que es elemento esencial en las transacciones, ha desaparecido...." ...(BRENES CORDOBA, ALBERTO. Tratando de los contratos. 4ta. edición. Editorial Juricentro, 1992. págs. 340 y 341. [...]). Por su parte el artículo 219 del Código Procesal Civil prevé la forma y tramite de la transacción y dispone para que se de: "Las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio mediante escrito en que se conste el convenio, o mediante la suscripción de un acta ante juez. Este se limitara a examinar la concurrencia de los requisitos que exige la ley para la validez de la transacción, y hará o no la homologación. En este último caso continuará el procedimiento." Referente a la transacción se ha estimado algo interesante y es que ésta por no cuestionarse ya su naturaleza jurídica, "... al ser un contrato, la regulación sobre los elementos, contenido y efectos debe quedar reservada en el Código Civil. En este sentido, la norma procesal lo único que podía hacer y efectivamente hizo, fue dar entrada a la figura del campo procesal, pero remitir al juez al derecho de fondo, aunque siempre le faculto para hacer la homologación y la ejecución de la misma, estando pendiente el proceso... (ARTAVIA BARRANTES, Sergio, Derecho Procesal Civil. Tomo II. Editorial Jurídica Dupas, Costas Rica, 1995 págs. 152 y 153). Acorde a la legislación y a la doctrina supra citada este autor concluye también: En la transacción, el elemento esencial son las concesiones o sacrificios recíprocos, si no las hay, no hay transacción." ...No bastan los elementos esenciales, ni la existencia de la controversia que origina el conflicto, ni el acuerdo que asumen las partes, es necesario- y, más que necesario, es esencial- el acuerdo se realice, haciéndose las partes reciprocas concesiones sin ese requisito no hay transacción... la reciprocidad se manifiesta en el sacrificio y la ventaja que ambas partes obtienen. Así, por lo tanto si solo una parte se beneficia y la otra es sacrificada, no estamos en presencia de una transacción, no existe la balanza humana que caracteriza... El elemento de análisis se extrae del artículo 1369 del Código Civil, cuando expresa que la transacción debe contener, entre otros, "la renuncia que los otros contratantes hagan de cualquier acción que tenga el uno contra el otro"... Respecto al momento para interponer la transacción, es posible hacerlo ya presentado un proceso a estrados. En este caso, ...y ya las partes de encuentran en una posición de contenedores; uno que pretende y otro que defiende... el juez revisará cumpla todos los requisitos indicados, incluyendo las reciprocas concesiones; y de ser admisible la transacción , el juez dictara un auto-sentencia homologando tal acuerdo de transacción.Esa resolución produce los efectos de cosa juzgada, sea material o formal, según el proceso en que dé-esto quiere decir que la transacción, salvo las excepciones dichas, puede ser otorgada en cualquier tipo de proceso, poniéndole fin al proceso, o, cuando menos, a la fase de conocimiento... Este concluye con la resolución aprobatoria de la transacción. Si alguna de las partes incumple el acuerdo transaccional en el mismo proceso por vía de ejecución de sentencia, la parte no imcumplidora puede exigir su cumplimiento, esto significa no renacer la fase de conocimiento, simplemente, se ejecutante el mismo juez, sin necesidad de proceso nuevo... artículos 629 y 630 inc. 4)..."(op.cit págs. 161 y 162). Finalmente en lo atinente al momento hasta el cual se puede transar, del numeral 1379 del código Civil se extrae, si las partes conocen de la sentencia y aún así transan, esa transacción, esa transacción es valida. conforme al artículo 307 del Código Procesal Civil podría interpretarse la transacción sólo es procedente antes de que se dicte sentencia de segunda instancia; pero se concluye en doctrina: "Tal solución iría contra el espíritu mismo de la situación y seria inconstitucional, pues el artículo 41- sin limitación de fase o instancia del proceso- permite a las partes dirimir sus asuntos patrimoniales en forma privada. Por otro lado el código Civil no permite la transacción una vez firme la sentencia y, como sabemos, una resolución no es firme hasta tanto no se resuelvan los recursos que procedan contra ella, incluyendo... el recurso de casación. En este caso se debe remitir los autos al juez de primera instancia para que homologue la transacción.".(ob.cit.págs.173, 174 y 175). Se observa, aunque con distintos matices, la doctrina es conteste en estimar que si la sentencia quedó firme pues ya hubo casación, no seria factible la transacción en los puntos que no ha sido debatidos en el proceso. Se ha entendido que lo dispuesto en el ordinal de cita atañe a que no puede transarse en forma diferente o contraria a lo dispuesto en sentencia firme, dada la autoridad de cosa juzgada que reviste el fallo en via ordinaria. Sin embargo, siempre resulta indispensable el Juzgador se pronuncie sobre la homologación o no de lo acordado por las partes. Ahora, si la etapa de ejecución de sentencia, también debe terminar con un fallo, bien podría darse la transacción de ello antes de recaer el fallo firme en esta. De otra parte en virtud de que el objeto de la transacción es de naturaleza patrimonial, puede ser perfectamente negociado por las partes lo pendiente de resolución en la fase de ejecución de sentencia, pues no se enmarca dentro de los aspectos expresamente prohibidos para ser transados, según se establece en los numerales 1375 y siguientes del Código Civil. Pero siempre ha de ser sobre lo que ha sido objeto o resuelto en sentencia, según lo dispone el numeral 1372 del Código Civil cuando prevé:"La renuncia general de los derechos no se extiende a otros que a los relacionados con la disputa sobre la que ha recaído la transacción y a los que, por necesaria inducción de sus palabras, deban reputarse comprendidos". V.- Se estima lo convenido por las partes ha sido una transacción, donde ambas han renunciado a parte de sus pretensiones, siendo un aspecto PLECLUIDO, puesto que ninguna de ellas ha aducido vicios capaces de incidir en la validez de lo acordado. ..."
(206-F-2000).
IV- En este caso la parte apelante aduce que la resolución carece de elementos de forma y fondo, sin que hubiera especificado. Revisada la misma por parte de este Tribunal, no se observa la existencia de omisión alguna que pudiera afectar la validez de la sentencia homologatoria y se rechaza el agravio, pues constan en ella los acuerdos a los que llegaron en forma libre y consentida. No se aduce de la misma existan vicios de la voluntad o la parte apelante hubiera concurrido sin acompañamiento de asistencia letrada, pues en dicha resolución se identifica que fue asistido para ese acto por el Licenciado Restrepo Muñoz. Sobre la disconformidad del apelante en cuanto a la desproporción de lo acordado y la afectación con ello producida al accionante, no fue indicado el motivo por el cual considera lo acordado perjudica los intereses del actor. Tampoco se presenta en este asunto la nulidad por vicio en el consentimiento, pues la parte apelante acudió a suscribir tal acuerdo, estando legitimada para ello y sin que se evidenciara o comunicara a los asuntos la existencia de algún vivió de voluntad que envalidara lo acordado, así como tampoco consta declaratoria de interdicción de ninguna de las partes. Por otra parte el artículo 135 del Código Procesal Civil estipula que los actos procesales de las partes, producirán inmediatamente la constitución, modificación o extinción de derechos y deberes procesales. Con respecto a la transacción, el numeral 219 del código citado, aplicado supletoriamente, indica que las partes podrán hacer valer la transacción del derecho en litigio mediante escrito en que conste el convenio, o suscripción de un acta ante el juez, que se limitará a examinar la concurrencia de los requisitos que exige la ley para la validez de la transacción y hará o no la homologación. Si no se hiciera, los procedimientos continuarán. En el subjudice, se aporto el convenio otorgado ante notario público que fue homologado en los términos que las partes acordaron, lo cual estima esta sede no riñe con los requisitos del artículo 122 de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos. En igual sentido el artículo 1367 del Código Civil permite que toda cuestión pendiente o no ante los Tribunales pueda terminarse por transacción, misma que se regulan por las reglas de los contratos y en el numeral 1369 y 1371 expresamente menciona los requisitos que deben contener, los cuales se cumplen en el convenio en análisis de este proceso, pues se cita en él, los nombres de los contratantes, relación puntual de sus pretensiones, forma y circunstancias del convenio.
VI- Por los motivos expuestos , se deberá confirmar la resolución apelación.
Se confirma la sentencia en lo que ha sido objeto de apelación.-
DAMARIS VARGAS VÁSQUEZ ALEXANDRA ALVARADO PANIAGUA
Nº 05-000318-387-AG
Actor:Jorge Arturo Pizarro Pizarro
Demandado: Club San Rafael S.A
Es copia fiel del original - Tomado del Sistema Costarricense de Información Jurídica el: 17/1/2013 4:22:39 PM

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 12
 artículo 6
 artículo 1379
 resolución 
 artículo 219
 artículo 1369
 resolución 
 resolución 
 artículo 307
 artículo 41
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 135
 artículo 122
 Resolución 
 artículo 1367
 resolución