Source: http://liudeco.com.uy/nuevo_sitio/derechos.html
Timestamp: 2020-04-10 00:08:56+00:00

Document:
Ley Nº 18.507
2.1.	El reclamante presentará su solicitud de audiencia ante el Juzgado Competente en un formulario donde consten los datos requeridos por el artículo 117 del Código General del Proceso y, especialmente, el monto máximo a reclamar. Recibida la solicitud, el Juez fijará dentro de las cuarenta y ocho horas una audiencia, que deberá realizarse en un plazo máximo de treinta días. El reclamante tendrá la carga de comparecer a notificarse de la audiencia fijada so pena de tenerlo por notificado, y al demandado se le notificará personalmente.
2.2. La audiencia será pública y el Juez comenzará oyendo a las partes por su orden, las que formularán sus respectivas proposiciones y ofrecerán prueba. Acto seguido se tentará la conciliación y, de lograrse ésta, se labrará un acta resumida, dictándose la providencia que la homologue, la que tendrá los mismos efectos que la sentencia definitiva pasada en autoridad de cosa juzgada. La inasistencia a la audiencia fijada se regirá por lo dispuesto en el artículo 340 del Código General del Proceso. Cuando resulte de aplicación el artículo 340.3 del Código General del Proceso el Juez no diligenciará medio probatorio alguno y dictará sentencia de inmediato, la que para el caso de condena no podrá exceder el monto indicado en la solicitud de audiencia.
2.3.	De no lograrse la conciliación se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes. De ofrecerse prueba testimonial ésta tendrá como máximo tres testigos por cada parte.
2.4.	El Juez interrogará a los testigos y a las partes, gozando de los más amplios poderes inquisitivos y de dirección de la audiencia. En caso de no poderse diligenciar toda la prueba en la audiencia, ésta podrá prorrogarse por única vez y por un plazo no mayor a quince días, si el magistrado lo estima pertinente.
2.5.	Finalizada la audiencia el Juez dictará sentencia, que se pronunciará sobre todas las defensas interpuestas incluyendo las excepciones previas y, sólo en casos excepcionales, podrá prorrogarse el dictado de la misma por un plazo de hasta tres días. La misma impondrá las costas y costos, en caso de corresponder, del proceso de cargo del vencido. Sin embargo, el Juez podrá apartarse de este principio, en forma fundada, cuando la parte, a su juicio, haya actuado con alguna razón.
2.6.	Contra las providencias dictadas durante el curso del procedimiento podrá deducirse el recurso de reposición y la sentencia definitiva sólo admitirá los recursos de aclaración y ampliación. En este último caso el mismo deberá ser interpuesto y resuelto en la propia audiencia una vez dictada la recurrida, sin posibilidad de prórroga alguna. El Juez podrá rechazar liminarmente cualquier incidente planteado durante el curso del proceso y su decisión será irrecurrible.
2.7.	Resultará aplicable lo dispuesto por el artículo 7º de la Ley Nº 16.011, de 19 de diciembre de 1988.
Artículo 3º. (Asistencia letrada).- La comparecencia en estos procesos no requerirá asistencia letrada obligatoria.
Artículo 4º. (Tributación).- Las partes sólo deberán reponer un timbre Poder Judicial equivalente al 1% (uno por ciento) del monto reclamado.
Artículo 5º. (Caducidad).- La acción para reclamar por el procedimiento sumario previsto por la presente ley caducará al año de verificado el acto, hecho u omisión que la fundamente, sin perjuicio de los plazos consagrados en la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000.
Esta caducidad no impide la promoción del tratamiento de la pretensión en proceso ordinario o extraordinario en su caso, al que se le aplicarán las normas de la ley citada.
Artículo 6º. (Normas supletorias).- En lo no previsto en la presente ley, será de aplicación lo establecido por el Código General del Proceso y demás normas modificativas y concordantes.
La ley garantiza al consumidor la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate
Artículo 6º.- Son derechos básicos de consumidores
B)	La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, la libertad de elegir y el tratamiento igualitario cuando contrate.
C)	La información suficiente, clara, veraz, en idioma español sin perjuicio que puedan emplearse además otros idiomas.
La publicidad es legalmente parte del contrato. Todo lo que se promete debe ser dado.
Son derechos básicos de consumidores
Frente a dos informaciones escritas diferentes, vale la que más favorezca al consumidor
Toda información referente a una relación de consumo deberá expresarse en idioma español sin perjuicio que además puedan usarse otros idiomas.
Las garantías deben ser planteadas por escrito, señalando todo lo que cubren, la fecha de vigencia y quién la ofrece.
Artículo 23. El proveedor de productos y servicios que ofrece garantía, deberá ofrecerla por escrito, estandarizada cuando sea para productos idénticos. Ella deberá ser fácilmente comprensible y legible, y deberá informar al consumidor sobre el alcance de sus aspectos más significativos.
A)	Identificación de quien ofrece la garantía.
B)	Identificación del fabricante o importador del producto o del proveedor del servicio.
C)	Identificación precisa del producto o servicio, con sus especificaciones técnicas básicas.
D)	Condiciones de validez de la garantía, su plazo y cobertura, especificando las partes del producto o servicio cubiertas por la misma.
E)	Domicilio y teléfono de aquellos que están obligados contractualmente a prestarla.
F)	Condiciones de reparación del producto o servicio con especificación del lugar donde se efectivizará la garantía.
G)	Costos a cargo del consumidor, si los hubiere.
H)	Lugar y fecha de entrega del producto o de la finalización de la prestación del servicio al consumidor.
La ley protege al consumidor de las cláusulas abusivas que le perjudiquen. El consumidor puede exigir la nulidad de las mismas.
A)	Las cláusulas que exoneren o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de cualquier naturaleza de los productos o servicios, salvo que una norma de derecho lo habilite o por cualquier otra causa justificada.
B)	Las cláusulas que impliquen renuncia de los derechos del consumidor.
C)	Las cláusulas que autoricen al proveedor a modificar los términos del contrato.
D)	La cláusula resolutoria pactada exclusivamente en favor del proveedor. La inclusión de la misma deja a salvo la opción por el cumplimiento del contrato.
E)	Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la carga de la prueba en perjuicio del consumidor cuando legalmente no corresponda.
F)	Las cláusulas que impongan representantes al consumidor.
G)	Las cláusulas que impliquen renuncia del consumidor al derecho a ser resarcido o reembolsado de cualquier erogación que sea legalmente de cargo del proveedor.
H)	Las cláusulas que establezcan que el silencio del consumidor se tendrá por aceptación de cualquier modificación, restricción o ampliación de lo pactado en el contrato.
La devolución es un derecho, si un producto o servicio presenta fallas que el consumidor no ha percibido en el momento de la compra
El consumidor tiene derecho al acceso a la información para la toma de decisiones. La misma debe ser suficiente, clara y veráz.
¿Quién es considerado consumidor o usuario?
La ley Nº 17.250 es muy clara en este aspecto y señala en su artículo 2º, que “ un consumidor es toda persona física o jurídica (es decir, empresa, institución u organismo) que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella”.
A modo de ejemplo, si una empresa o persona compra un aire acondicionado u otro producto para su propio uso y no para la reventa o para integrarlo a un proceso productivo, en ese caso su rol será el de consumidor.
¿Y si es gratis?
La Ley Nº 17.250 aclara que cuando se entrega un producto o se presta un servicio en forma gratuita, cuando ellos se realizan en función de una eventual relación de consumo, por ejemplo para motivar al consumidor a una compra posterior, se equiparan a las relaciones de consumo y por consiguiente rigen los mismos derechos.
Esto cubre al consumidor de situaciones tales como la entrega promocional, y por tanto gratuita, de productos o servicios, o de situaciones similares, que tienen una intencionalidad comercial evaluar o posterior.
Se se define en el artículo 5º de la ley Nº 17.250 el concepto de producto. Se señala al respecto, que “ es cualquier bien corporal o incorporal, mueble o inmueble”.
Dice también que “ servicio es cualquier actividad remunerada, suministrada en el mercado de consumo”.
Excluye de la definición a los servicios que resultan de las relaciones laborales.
La norma Nº 17.250 destaca el derecho de los consumidores a asociarse en organizaciones que defiendan sus derechos y que en caso necesario puedan representarle.
El Derecho a la Representación , implica el derecho de los consumidores a que se les escuche, a hacer valer su posición frente a las autoridades ante la formulación de políticas o resoluciones que pudieran afectar sus derechos.
Asimismo, a estar representados en aquellas instancias donde se encaran acciones, diseñan políticas o se tomas resoluciones que pueden afectarle individualmente o globalmente como consumidores.
La 17.250
La ley 17.250 destaca, en los incisos f y g del artículo 6º, el derecho a la efectiva prevención frente a daños y a ser resarcidos (compensados) si estos se produjeron tanto sean ello patrimoniales (a nuestros bienes materiales) como extra patrimoniales (como ser el buen nombre, prestigio u otros).
Asimismo, derecho a disponer de sistemas judiciales y administrativos ágiles.
El Derecho a la Compensación implica que los consumidores gocen de protección Jurídica contra abusos contractuales y tengan derecho a obtener una satisfacción justa, frente a un reclamo justo. Esto incluye el derecho a recibir compensación en casos de bienes de mala calidad, servicios mal prestados, falsificación, o cualquier otro aspecto que le afecte en cualquiera de sus derechos.
Igualmente, a tener acceso a organismos judiciales y administrativos para la prevención y resarcimiento de daños de forma fácil y eficaz, como prevé la ley.
E)	La asociación en organizaciones cuyo objeto específico sea la defensa del consumidor y ser representado por ellas.
F)	La efectiva prevención y resarcimiento de los daños patrimoniales y extra patrimoniales.
Eventuales prohibiciones
Frente a la posibilidad que un producto o un servicio presente riesgos para la salud o la seguridad de los consumidores, que impliquen alto grado de nocividad o peligrosidad, la autoridad administrativa podrá prohibir, excepcionalmente y en forma fundada, la comercialización de estos.
A)	El precio, incluidos los impuestos.
B)	En las ofertas de crédito o de financiación de productos o servicios, el precio de contado efectivo según corresponda, el monto del crédito otorgado o el total financiado en su caso, y la cantidad de pagos y su periodicidad. Las empresas de intermediación financiera, administradoras de créditos o similares, también deberán informar la tasa de interés efectiva anual.
C)	Las formas de actualización de la prestación, los intereses y todo otro adicional por mora, los gastos extras adicionales, si los hubiere, y el lugar de pago. El precio difundido en los mensajes publicitarios deberá indicarse según lo establecido en el presente artículo. La información consignada se brindará conforme a lo que establezca la reglamentación.

References: artículo 117
 artículo 340
 artículo 340
 artículo 7

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 6

Artículo 23
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 6