Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A068-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 23:04:44+00:00

Document:
A068-01
Auto 068/01
Referencia: expediente ICC-237
Conflicto de competencia entre el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Acción de tutela instaurada por Januario Cano Arenas contra la Fiscalía General de la Nación y otros
Januario Cano Arenas interpuso ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Parqueadero Hegar II, en torno a la retención de un vehículo suyo, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación ante denuncia por hurto instaurada por el anterior propietario.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en providencia del 19 de enero de 2001 consideró que, si bien la acción de dirigía contra las citadas entidades públicas y contra un particular, en realidad estaba incoada contra el Administrador del Parqueadero, quien se negaba a entregar el vehículo hasta tanto se le cancelara la suma adeudada.
Señaló el Tribunal que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo primero del Decreto 1382 de 2000, la competencia, en este caso, estaba radicada en cabeza de los juzgados municipales, a los que, en consecuencia, se remitió el expediente.
El Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, al cual se repartió la tutela, manifestó en providencia del 31 de enero de 2001 que no resultaba acertado variar el alcance de la petición para excluír al ente público por cuya voluntad el vehículo fue retenido, pues ello impediría emitir una decisión que eventualmente pudiese vincular a dicha entidad, y por ello, mirada armónicamente la petición y siguiendo las disposiciones del Decreto 1382 de 2000, estimó el Juzgado que el conocimiento de esa acción correspondía al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y provocó el conflicto negativo de competencias que corresponde definir a esta Corporación.
La Corte Constitucional tiene establecido que ella sólo resuelve conflictos de competencia cuando éstos se suscitan entre jueces o tribunales que no tienen un superior común, tal como acontece en este caso.
Ya entrando en materia, la Corte es enfática en señalar que inaplica las disposiciones del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 por cuanto el Gobierno, so pretexto de ejercer su potestad reglamentaria, no era competente para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, restringiendo el ámbito de la acción de tutela consagrado en el artículo 86 C.P. que regula la acción para hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas y que, por lo mismo, cualquier cambio en el procedimiento debía ser objeto de una ley estatutaria tal como lo dispone el artículo 152 C.P. que señala:
Mediante el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, expedido en virtud de las facultades extraordinarias que le concedió al Presidente de la República el artículo 5 transitorio de la Constitución, se había establecido la competencia a prevención, de los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivó la presentación de la solicitud de tutela, es a esta norma a la que debe ceñirse la competencia.
En los términos del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, considera esta Corporación que el competente para conocer de la acción de tutela de la referencia, es el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante quien se interpuso la acción.
Segundo.- DIRIMIR el conflicto de competencias suscitado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá, en cuanto a la acción de tutela incoada por Januario Cano Arenas contra la Fiscalía General de la Nación y otros, en el sentido de que la competencia para conocer de ella corresponderá al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al cual se remitirá el expediente respectivo.

References: artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 152
 artículo 37
 artículo 5
 artículo 37