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Timestamp: 2017-07-24 00:33:54+00:00

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Colegio de Bioquímicos de la Provincia de Buenos Aires | Banner
DISCURSO DEL PRESIDENTE EN ASAMBLEA 2017
ESTIMADO COLEGA: Con fecha 20 de Mayo de 2017, se llevó a cabo la Asamblea Anual Ordinaria en la localidad de Junín. En la oportunidad, el Presidente del Colegio, Dr. Jorge Pedro E. Blanco, dio lectura al siguiente discurso: COLEGIO DE BIOQUIMICOS
DISCURSO ASAMBLEA DE JUNÍN 20 – 05 - 17
Hemos tomado conocimiento de algunas voces en las redes sociales que expresan malestar por la existencia de laboratorios donde la tarea que le corresponde al Bioquímico, es realizada por técnicos.
Curiosamente esas mismas voces reconocen que no hacen la denuncia correspondiente, por un sentido “ético” de no imputar a un compañero, sin comprender que por razones de índole pecuniaria, el día de mañana también ellas podrán ser objeto de sustitución por parte de algún técnico. Por eso, el Colegio necesita esos datos para poder actuar.
El art. 3º de la ley 8271 de creación del Colegio dice: EL COLEGIO TIENE POR OBJETO VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE LEY. EJERCERÁ LA REPRESENTACIÓN Y DEFENSA INSTITUCIONAL DE LOS COLEGIADOS EN TODO LO RELATIVO AL LIBRE EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. TAMBIÉN COLABORARÁ CON LOS PODERES PÚBLICOS PARA CUMPLIR CON LOS FINES SOCIALES DE LA ACTIVIDAD.
Esta colaboración con los poderes públicos es el nudo central de la cuestión, porque debe entenderse que ambos, Estado y Colegio, trabajando de manera mancomunada y armónica, den solución a los numerosos problemas que genera el Ejercicio profesional, en sus más variadas posibilidades.
Y éste es el punto en el que me quiero detener.
La administración pública en general y el Ministerio de Salud en lo específico, además de otros sectores, es un organismo proteiforme, que funciona en dos niveles: los funcionarios de carrera, que son los que verdaderamente conocen y operan el complejo mecanismo administrativo y los funcionarios políticos, que vienen de distintos orígenes, que llegan con el ministro de turno y se van con él, para ser reemplazados como en una calesita por otro ministro que nombra a funcionarios políticos con igual mayor o menor desconocimiento del área que les toca administrar.
Cuando se presenta un problema se sigue la vía administrativa, la cual termina indefectiblemente en el funcionario político.
Se pide una audiencia con él, que la concede con mayor o menos tiempo de espera y se explica el motivo de la reunión. En general se comienza contando que es el Colegio, que atribuciones tiene, sus funciones, el contenido de la ley, etc. y luego el desarrollo del problema en si. Finamente, con un funcionario de carrera a su lado que apuntala la conversación, nos dice entender lo explicado y pide un tiempo para estudiar la solución que el Colegio propone.
Voy a dar algunos ejemplos prácticos que han tenido finales diversos.
Hace ya algunos años, habilitar un nuevo laboratorio implicaba una inaceptable pérdida de tiempo con el consiguiente perjuicio para el colega que debía esperar meses para tener su habilitación en regla, con los consiguientes gastos de alquiler, falta de trabajo, etc. Esto era debido a que el Organismo carecía del número necesario de inspectores idóneos. Muchas veces las inspecciones de habilitación las hacían odontólogos, arquitectos, farmacéuticos, etc., pero creo que nunca un bioquímico. Entonces le ofrecimos al ministerio firmar un convenio de cooperación, por el cual el Colegio se hacía cargo, a su costo, de la inspección de habilitación solicitada por un bioquímico. Si se cumplían las condiciones que la ley exige, ese laboratorio comenzaba a funcionar inmediatamente, a la espera de la disposición final, emitida por el Ministerio, que llegaba meses después. Además, el Estado no dejaba de percibir las tasas que tal operación devengaba.
Esto funcionó perfectamente, pero con el tiempo, por factores diversos, como pueden ser habilitaciones por vías de excepción que el Colegio no convalidaría, sociedades que no serían aceptadas por el Colegio, etc. este tipo de actividad fue cayendo en desuso volviendo las habilitaciones al Ministerio y hoy nos encontramos, cuando Fiscalización Sanitaria nos remite las altas de los nuevos laboratorios, con habilitaciones que son verdaderos disparates y que nos obligan a hacer los reclamos correspondientes, con la consiguiente pérdida de tiempo y a veces sin el reconocimiento explícito de la mala habilitación realizada.
Por otra parte, con motivo del dictado del Decreto 448/14 que modificó el antiguo Decreto 3280/90, el Ministerio de Salud dictó la Resolución 2519/15 que regula la habilitación de los establecimientos privados de salud.
Lamentablemente el cambio fue de normas pero se mantuvieron disposiciones arcaicas superadas por el transcurso del tiempo, en particular en lo que hace a no exigir la presencia de un bioquímico en forma permanente en los laboratorios independientes como en los que están habilitados dentro de un sanatorio con internación y en las guardias activas y pasivas.
Estos temas, así como la necesidad de que el Colegio otorgara la habilitación para el funcionamiento de los laboratorios ad referéndum del Ministerio pero con apertura inmediata, fueron planteados al funcionario político de turno que nos concedió audiencia, en el comienzo de la gestión actual, el Dr. Jorge Molina. Esto ya había sido presentado a la anterior administración. Él nos trasmitió que compartía nuestras inquietudes que consideraba razonables y justas y que las modificaciones solicitadas debían tener andamiento.
Finalmente se comprometió a darle la atención necesaria para que en un lapso muy corto la Ministro emitiera la Resolución para lo cual solicitó nuestra colaboración en la redacción de los textos.
Por dichas razones, el Colegio, a la mayor brevedad posible, redactó un nuevo anteproyecto de Resolución, que actualiza la norma, resalta la presencia del bioquímico como figura indispensable durante la realización del acto profesional, sea en el ámbito privado como en la guardia de una clínica u hospital, brindando mayor seguridad a los pacientes y, por ende a la salud pública. Pasó un tiempo prudencial desde la presentación en el Ministerio, y ante la ausencia de noticias consultamos sobre el trámite del proyecto solicitando nueva audiencia con el Dr. Molina.
Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron que este funcionario había pasado a otra órbita y quien estaba a cargo era una nueva autoridad.
Ante el pedido de audiencia para conocer el resultado de la presentación fuimos recibidos por otra funcionaria, la abogada Ana Norma Talco, quien nos manifestó que “al Ministerio” le había caído mal la presentación porque solo le correspondía a la repartición realizar modificaciones y que la falta de respuesta a nuestra propuesta constituía una “respuesta”. Quedamos a la espera de una Resolución que diera solución al problema pero aún no se dictó y tampoco se conoce que haya trámites al respecto.
-Otro ejemplo. Ante la publicación de la Resolución sobre HIV Nº 55E del M. de Salud de la Nación de enero de 2017, se hace necesario recordar la postura del Colegio en este asunto.
En agosto del 2016 se elaboró un documento, en donde el Colegio fijó posición sobre el tema.
Dijimos en esa oportunidad que este Colegio considera que no es ilegal ni violatorio de normas éticas realizar análisis de HIV sin orden médica es decir, solicitados directamente por el paciente y entregarlo directamente a él. Sin perjuicio de ello, deben tenerse presente las advertencias sobre las interpretaciones que puedan realizarse en otros ámbitos, incluyendo la justicia, en los que el criterio del Colegio no puede imponerse por si solo.
Todos conocemos los alcances de la ley 23798 de SIDA y su Decto. reglamentario 1244/91.
Pero posteriormente se dictó la ley 26529 de “Derechos del paciente”, que en su art 4º establece: ”La información sanitaria solo podrá ser brindada a terceras personas, con autorización del paciente”. Ello implica que el paciente tiene derecho a solicitar prestaciones para conocer su estado de salud y exigir que la información no sea suministrada a terceros.
Cabe aclarar que el hecho de que la ley 26529 sea posterior a la 23798, no implica su derogación o modificación automática; ello es así porque es un principio de interpretación jurídica que una ley general como lo es la de derechos del paciente, no siempre deroga implícitamente una ley específica sobre el tema como es la ley de SIDA, permitiendo eventuales interpretaciones jurídicas distintas a la del Colegio.
La Resolución nacional nº 55, de Febrero de este año, contiene varios considerandos, y en su parte resolutiva en su art.4º dispone: Establécese la no obligatoriedad de una orden firmada por un médico para la realización y/o procesamiento de las pruebas para la detección del virus de HIV, en todo el sistema público, bastando la simple solicitud y la firma del consentimiento informado de las personas interesadas en cualquier lugar donde se realicen los test.
El art.5º dice: Invítase a las demás jurisdicciones de la R. Argentina a adherir los términos de la presente Resolución.
El art.4º es evidentemente un avance porque coincide con el criterio sustentado por el Colegio, porque establece un “principio general” más allá de que su aplicación directa sea al ámbito público de salud de jurisdicción nacional. Lo real es que el Ministerio de Salud de la Nación sostiene la obligatoriedad de realizar el análisis de HIV sin necesidad de orden médica.
Esto también lo comunicamos por mail a todos los colegas.
Se decidió enviar una nota con la expresión de nuestro punto de vista sobre la Resolución nº 55 al Ministro de Salud nacional, Dr Jorge Lemus, con copia a la Ministra de Salud de la provincia, así como a las Comisiones de Salud de la Cámara de Senadores de la Nación y de Acción Pública y Salud de la Cámara de Diputados de la Nación.
Decimos en ella que el ministerio ha adoptado un criterio que el Colegio comparte, pero que sería conveniente para disipar toda duda que se derogara lisa y llanamente la ley de HIV o los artículos que pudieran contradecir el principio de la autonomía del paciente reiterándole los conceptos que vertiéramos en el primer comunicado enviado a los matriculados en agosto del pasado año.
Como dijimos la Resolución no menciona el ámbito privado.
A los pocos días de enviadas estas misivas, se recibió en el Colegio una invitación para una reunión de la Dra. Adriana Durán, a cargo de la Dirección Provincial de Programas Sanitarios.
Concurrió a la audiencia, por el Colegio el Dr Mario Di Croce, por el Ministerio la Dra Durán y el Dr Carrió y la Trabajadora Social Sra. Molfese.
Allí le expresaron al Dr. Dicroce que la nota enviada había llamado la atención tanto en el ámbito nacional como en el provincial. La Dra. Durán conoce ambos terrenos y le manifestó el interés de que el Colegio aportara criterios para que la provincia pudiera adherirse a la norma nacional.
Nos abocamos pues, con la colaboración del Asesor Legal, a dar forma a una propuesta de Resolución provincial que adhiriera a la norma nacional, incluyendo conceptos que el Colegio ya había vertido en otras ocasiones.
Entre los considerandos, agregamos lo siguiente:
Que la provincia de Buenos Aires coincide con el interés público que da fundamento a la Resolución.
Que, por tal motivo, adhiere por el presente a los procedimientos y fines establecidos en ella, así como en los conceptos fundamentales que contiene.
Que nuestro país ha sancionado la ley nacional de los derechos del paciente, ley 26529, que tiende a garantizar y reglamentar entre otros derechos el derecho constitucional a una asistencia integral y digna de la salud priorizando la autonomía de la voluntad del paciente y la confidencialidad del estado de su salud, eliminando las restricciones y limitaciones para pacientes y profesionales que imponía la ley 23798 y su Decto. reglamentario 1244/91 que han quedado superadas en dichos aspectos por los principios de la citada ley del paciente.
En la parte resolutiva, agregamos un art., modificando el 5º, que dice así:
Art.5º: En todos los casos las pruebas de detección del virus de inmunodeficiencia humana deberán realizarse en el laboratorio del establecimiento o, si no lo hubiere, en un lugar apto, siempre con supervisión de un profesional universitario cuyo título que le dé incumbencia para realizar los análisis clínicos humanos.
El art. 6º es fruto de una inquietud planteada por los Dres. José Viegas Caetano y Regina Ercole quienes citaron a una reunión a responsables del área de HIV y expresaron su inquietud por resolver lo finalmente plasmado en este artículo que establece: “Para dar cumplimiento a la presente Resolución, cada establecimiento deberá establecer sus propias normas, que permitan brindar información, asesoramiento y, cuando corresponda, tratamiento y seguimiento clínico de aquellas personas a quienes se les haya realizado, con o sin orden médica, le prueba de inmunodeficiencia humana”.
Este anteproyecto fue enviado a la Dra. Durán quien lo giró a la Dra. Mónica Moyano, Directora del Programa de HIV y otras enfermedades contagiosas, quien lo analizó con el abogado Dr. Nuñez, que ha trabajado en la administración nacional y provincial y nos propuso modificaciones de carácter formal. Después de un intercambio de correos electrónicos con nuevos cambios propuestos por nuestra parte, el Colegio le dio redacción final.
Posteriormente el Dr. Dicroce habló con la Dra. Durán, quien se manifestó satisfecha con el resultado del trabajo y manifestó que enviaría el proyecto a la Ministro para completar el trámite correspondiente.
Tanto en los considerandos como en la parte resolutiva, aunque sin nombrarlos directamente, los profesionales de los laboratorios privados quedan incluidos en los principios que se enuncian.
Siempre queda en duda la posibilidad que una interpretación judicial distinta en caso de haber algún problema, pero ya no es solo la opinión del Colegio, sino de las Resoluciones nacional y provincial (si esta saliera como esperamos) más la ley 26529 de derechos del paciente, lo que hace muy fuerte la posición del colega que adopte como propia la nueva reglamentación pública.
Después de esta acelerada carrera para poder introducir los cambios que mejoran sustantivamente la situación, la comunicación, por el momento se ha apagado, y no hemos recibido más señales de que esta iniciativa esté activa.
-Con esta exposición he querido demostrar que actuamos en un medio difícil, donde campean a veces intereses en pugna con los que el Colegio defiende.
No obstante estos obstáculos, la tarea continúa con una comunicación constante con el ministerio y los demás poderes públicos para corregir errores, solucionar los problemas de nuestros matriculados, independientes o en relación de dependencia, tanto en el ámbito público como en el privado, defendiendo sus legítimos intereses que, en definitiva, son los de la sociedad a la que sirven.
No podemos olvidar lo que significó, tras una ardua batalla legislativa, la modificación de nuestra ley en dos oportunidades, que nos permitió actualizar derechos y beneficios para los matriculados como lo son el reconocimiento del Acto Profesional Bioquímico (APB), la figura de la sociedad familiar, la incorporación del art. 12 que reproduce las actividades reservadas al título de bioquímico reconocidas por la resolución 565 del Ministerio de Educación de la Nación; la potestad de establecer las Especialidades bioquímicas; la capacidad de emitir certificados de especialista; poder fijar las pautas tendientes a determinar la categorización y acreditación de laboratorios, etc.
La tarea del Colegio en pos de servir al bioquímico y mejorar la profesión y ser un celoso cuidador del correcto ejercicio profesional es constante. Nuestro objetivo final como el de cada uno de nuestros matriculados es brindar la mejor Salud Pública posible.
Para todo ello, ponemos nuestra mayor atención y nuestros mejores esfuerzos para lograrlo. Dr. JORGE PEDRO E. BLANCO

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