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Timestamp: 2019-02-16 17:59:39+00:00

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﻿ Sentencia 2000-00123 de julio 9 de 2014
SENTENCIA 2000-00123 DE 09 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. PARA QUE SE ESTABLEZCA LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA Y SE DESCARTE LA ATRIBUCIÓN DEL DAÑO A UN TERCERO, ES NECESARIO QUE LA CONDUCTA, BIEN SEA POSITIVA O NEGATIVA, DE QUIEN PADECIÓ DIRECTA O INDIRECTAMENTE EL DAÑO SEA DETERMINANTE EN LAS LESIONES OCASIONADAS. EN EL CASO ANALIZADO, EL HIJO MENOR DE EDAD DE UN AGENTE DE LA POLICÍA ADSCRITO A LA UNIDAD DE ANTINARCÓTICOS CONDUCÍA UNA CUATRIMOTO EN EL PARQUEADERO DEL SITIO DE TRABAJO DE SU PROGENITOR, MIENTRAS ESTE LABORABA. AL SER DESCARGADAS ALLÍ UNAS GARRAFAS DE ÁCIDO SULFÚRICO, EL MENOR COLISIONÓ CON UNA DE ELLAS, SE IMPREGNÓ DE SU CONTENIDO Y ESTO LE CAUSÓ LA MUERTE Y OCASIONÓ LESIONES AL AGENTE. EN ESTE CASO, LA CONDUCTA DEL AGENTE FUE ALTAMENTE IMPRUDENTE Y NEGLIGENTE, CAUSA EFICIENTE Y DETERMINANTE DE LOS DAÑOS PRODUCIDOS, PUES NO SE TRATÓ DE UNA CIRCUNSTANCIA AISLADA EN EL CURSO FENOMENOLÓGICO LO QUE PRODUJO EL DAÑO, SINO UNA CANTIDAD DE VARIABLES QUE NO SOLO HACÍAN PREVISIBLE EL HECHO, SINO QUE EVIDENCIABAN UNA ABSURDA EXPOSICIÓN AL RIESGO, SIENDO ESTA, SIN DUDA, LA CAUSA DIRECTA Y ÚNICA DE SU PRODUCCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MENOR DE EDAD, ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, POLICÍA NACIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, CULPA DE LA VÍCTIMA
Sentencia 2000-00123 de julio 9 de 2014
Expediente: 30.821
Rad.: 50 001 23 15 000 2000-00123 01
Demandante: Héctor Darío Alzate Arcila y otros
Demandado: Nación —Ministerio de Defensa, Policía Nacional— y otros
1. Corresponde a la Sala decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 12 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, en el caso sub examine.
2. De conformidad con los lineamientos legales y jurisprudenciales recientes, se reconocerá valor a la prueba documental que se encuentra en copia simple, pues en relación con las normas que rigen la materia, es preciso señalar que en sentencia del 28 de agosto de 2013(3), la Sección Tercera de esta corporación, unificó el criterio de validez de las mismas, trazando con especial sindéresis, los parámetros de interpretación que se transcriben, in extenso así:
“ART. 252.—Documento auténtico. Artículo modificado por el artículo 26 de la Ley 794 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad. El documento privado es auténtico en los siguientes casos: 1. Si ha sido reconocido ante el juez o notario, o si judicialmente se ordenó tenerlo por reconocido; 2. Si fue inscrito en un registro público a petición de quien lo firmó; 3. Si habiéndose aportado a un proceso y afirmado estar suscrito, o haber sido manuscrito por la parte contra quien se opone, esta no lo tachó de falso oportunamente, o los sucesores del causante a quien se atribuye dejaren de hacer la manifestación contemplada en el inciso segundo del artículo 289. Esta norma se aplicará también a las reproducciones mecánicas de la voz o de la imagen de la parte contra quien se aducen, afirmándose que corresponde a ella; 4. Si fue reconocido implícitamente de conformidad con el artículo 276; 5. Si se declaró auténtico en providencia judicial dictada en proceso anterior, con audiencia de la parte contra quien se opone en el nuevo proceso, o en la diligencia de reconocimiento de que trata el artículo 274. Se presumen auténticos los libros de comercio debidamente registrados y llevados en legal forma, el contenido y las firmas de pólizas de seguros y recibos de pago de sus primas, certificados, recibos, bonos y títulos de inversión en establecimientos de crédito y contratos de prenda con estos, cartas de crédito, contratos de cuentas corrientes bancarias, extractos del movimiento de estas y de cuentas con aquellos establecimientos, recibos de consignación y comprobantes de créditos, de débitos y de entrega de chequeras, emitidos por los mismos establecimientos, y los títulos de acciones en sociedades comerciales y bonos emitidos por estas, títulos valores, certificados y títulos de almacenes generales de depósito, y demás documentos privados a los cuales la ley otorgue tal presunción. Inciso modificado por el artículo11 de la 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente: en todos los procesos, los documentos privados manuscritos, firmados o elaborados por las partes, presentados en original o en copia para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, se presumirán auténticos, sin necesidad de presentación personal ni autenticación. Esta presunción no aplicará a los documentos emanados de terceros de naturaleza dispositiva. Se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos establecidos en el artículo 488, cuando de ellos se pretenda derivar título ejecutivo. Los memoriales presentados para que formen parte del expediente se presumirán auténticos salvo aquellos que impliquen o comporten disposición del derecho en litigio y los poderes otorgados a apoderados judiciales que, en todo caso, requerirán de presentación personal o autenticación” (negrillas y subrayado adicionales).
“ART. 254.—Valor probatorio de las copias.Artículo modificado por el artículo 1º, numeral 117 del Decreto 2282 de 1989. El nuevo texto es el siguiente: las copias tendrán el mismo valor probatorio del original, en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de Policía, o secretario de oficina judicial, previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le presente; 3. Cuando sean compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial, salvo que la ley disponga otra cosa” (negrillas del original).
Como se aprecia, las disposiciones contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, resultan aplicables a los procesos de naturaleza contencioso administrativa en curso, de conformidad con la regla de integración normativa contenida en el artículo 267 del Código Contencioso Administrativo
De allí que la citada disposición resultaba aplicable a los procesos contencioso administrativos que estuvieran amparados por la regla de transición contenida en el artículo 308 de la misma Ley 1437 de 2011(4).
“La confianza, en el más amplio sentido de la fe en las expectativas de uno, es un hecho básico de la vida social. Por supuesto que en muchas situaciones, el hombre puede en ciertos aspectos decidir si otorga confianza o no. Pero una completa ausencia de confianza le impediría incluso levantarse en la mañana. Sería víctima de un sentido vago de miedo y temores paralizantes. Incluso no sería capaz de formular una desconfianza definitiva y hacer de ello un fundamento para medidas preventivas, ya que esto presupondría confianza en otras direcciones. Cualquier cosa y todo sería posible. Tal confrontación abrupta con la complejidad del mundo al grado máximo es más de lo que soporta el ser humano. Este punto de partida puede considerarse como referencia, como una afirmación incontrovertiblemente verdadera. Cada día ponemos nuestra confianza en la naturaleza del mundo, que de hecho es evidente por sí misma, y en la naturaleza humana. En este nivel que es el más básico, la confianza (Zutrauen) es un rasgo natural del mundo, parte integral de los límites dentro de los cuales vivimos nuestras vidas cotidianas, aunque no es un componente intencional (y, por lo tanto, variable) de la experiencia. En segundo lugar, la necesidad de confianza puede considerarse como el punto de partida correcto y apropiado para la derivación de reglas para la conducta apropiada. Si el caos y el temor paralizante son las únicas alternativas para la confianza, hay que concluir que el hombre por naturaleza tiene que otorgar confianza, aun cuando esto no se haga ciegamente y solo en ciertas direcciones. Por medio de este método uno llega a las máximas éticas o a la ley natural (...)”(5) (Negrillas del original).
“Artículo décimo sexto. Corríjase el literal a) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012, el cual quedará así:
“Artículo 626.
“A partir de la promulgación de esta ley quedan derogados: artículos 126, 128, la expresión ”y a recibir declaración a los testigos indicados por los solicitantes” del 129, 130, 133, la expresión “practicadas las diligencias indicadas en el artículo 130” del 134, las expresiones “y no hubiere por este tiempo de practicar las diligencias de que habla el artículo 130“ y “sin tales formalidades“ del 136 y 202 del Código Civil; artículos 9º y 21 del Decreto 2651 de 1991; los artículos 8º inciso 2º parte final, 209 A y 209 B de la Ley 270 de 1996; el artículo 148 de la Ley 446 de 1998; 211 y 544 del Código de Procedimiento Civil; el numeral 1º del artículo 19 y la expresión “por sorteo público” del artículo 67 inciso 1º de la Ley 1116 de 2006; el inciso 2º del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008; la expresión “que requerirá presentación personal“ del artículo 71, el inciso 1º del artículo 215 y el inciso 2º del artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; la expresión “No se requerirá actuar por intermedio de abogado” del artículo 58 numeral 4º, el literal e) del numeral 5º del artículo 58 y el numeral 8º del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011; el artículo 34 del Decreto-Ley 19 de 2012; y, cualquier norma que sea contraria a las que entran en vigencia a partir de la promulgación de esta ley “(...)”.
Así las cosas, al haber derogado el Código General del Proceso, CGP, la disposición contenida en la Ley 1437 de 2011, resulta incuestionable que las normas para la valoración de las copias son las contenidas en los artículos 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil, preceptos que mantienen vigencia, ya que solo la perderán a partir del 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el artículo 627 de la codificación general citada(6).
Las reglas relativas a la valoración de las copias, que podrán entrar en vigencia el 1º de enero de 2014, según lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 627 del Código General del Proceso, son las siguientes:
“Este campo de investigación que descubrimos parece poco explorado. Y esto, si no me equivoco, procede de que se han contentado fácilmente con el principio de omnipotencia legislativa. Se ha pensado indudablemente que este dogma constitucional excluía a priori toda idea de medida de la acción del poder en materia de revelación del derecho, y se ha considerado además que en nuestro estado político y social el legislador creía manifiestamente reservar para sí solo el monopolio de toda innovación jurídica”(9).
Esta hermenéutica jurídica que permite la interacción permanente de los principios constitucionales con los aspectos legislativos, máxime si existen lagunas o puntos oscuros en el derecho, tales como saber si es posible a la luz de diáfanas y sistemáticas modificaciones normativas aplicar un sistema interpretativo en el que las copias simples tengan valor probatorio en los procesos ordinarios en materia contencioso administrativa, es lo que el neo iusnaturalismo, en cabeza de Ronald Dworkin ha señalado como la necesidad de estructuración de un sistema jurídico en el que las reglas o normas —en sentido estricto— devienen insuficientes, razón por la cual los operadores jurídicos “echan mano de estándares que no funcionan como normas, sino que operan de manera diferente, como principios, directrices políticas y otro tipo de pautas”(10).
“En el sub lite las copias simples corresponden a documentos que obran en los archivos de la gobernación del departamento de Boyacá, como son las órdenes de prestación de servicios y la petición ante la gobernación departamental del reconocimiento de las prestaciones reclamadas, entre otros. Además, se trata de copias de documentos públicos que no fueron tachados de falsos y tienen el reconocimiento implícito de quien los aporta (art. 276, ejusdem), por lo que no puede descartarse de plano su valor probatorio. El tribunal desconoció el valor probatorio de las copias aportadas sin valorar lo antes dicho y olvidando, además que en materia de conciliación podía solicitar en forma oficiosa los documentos. Así, el solo aporte en copia simple de algunos documentos no constituía óbice para improbar el acuerdo conciliatorio. Entrando al fondo del asunto conviene indicar que, según reiterada jurisprudencia, cuando se trata del contrato realidad es el valor pactado en el contrato y no otro el que sirve de base para la liquidación de la indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devenga cualquier docente y que el tiempo a reconocer en el “contrato realidad” es el efectivamente laborado”(11).
“Por lo tanto, incurrió el ad quem en el yerro jurídico endilgado al negar valor probatorio a una copia informal del certificado de defunción, cuando según las disposiciones legales arriba señaladas estaba obligado a reconocerlo, yerro que es suficiente para casar la sentencia acusada”(12).
En esa perspectiva, constituye una realidad insoslayable que el moderno derecho procesal parte de bases de confianza e igualdad de armas(13), en las que los aspectos formales no pueden estar dirigidos a enervar la efectividad del derecho material, sino que deben ser requisitos que garanticen la búsqueda de la certeza en el caso concreto y, por lo tanto, impidan que el juez adopte decisiones denegatorias de pretensiones por exceso ritual manifiesto(14). Así las cosas, se debe abogar por un derecho procesal dinámico, en el que las partes asuman sus responsabilidades a partir de un escenario serio en el que se defiendan los intereses subjetivos que se debaten al interior del litigio, sin que el operador judicial promueva rigorismos formales que entorpezcan la aplicación del mismo(15).
3.1. Copia auténtica del registro civil de defunción de Cristian Darío Alzate Patiño, en el que se constata que falleció el 1º de octubre de 1999 (fl.32).
3.2. Copia auténtica del protocolo de necropsia 04510-1999 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de Cristian Darío Alzate Patiño, en el que se anotó que el menor de cuatro años de edad falleció por falla orgánica múltiple, debido a síndrome de reacción inflamatoria sistémica secundario a sepsis por quemaduras de I, II y III grados, sobreinfectadas en el 60% de la superficie corporal (fl. 262).
3.3. Copia auténtica de historia clínica 568853, de Héctor Darío Alzate Arcila en la que se anotó:
“19-IX-99. 10:50 a.m.
Paciente de 27 años, quien presentó quemadura con ácido sulfúrico hace + o - 13 horas, en regiones de ambos ms ss con una SCQ de aprox. 5%. El paciente dice que de inmediato se lavó con solución jabonosa y agua.
Al examen físico se aprecian lesiones marrones no adematosas, no induradas, poco dolorosas. Dice que presenta ligero picor en zonas afectadas. Se realiza lavado abundante con S.S. y cobertura con gasas” (fl. 244).
3.4. Oficio 0373 ASDIS-Demet del 25 de febrero de 2003, suscrito por el comandante del Departamento de Policía del Meta, coronel José Arnulfo Oliveros, dirigido al Tribunal Contencioso Administrativo, en el que se indicó que para la fecha del 19 de septiembre de 1999, el señor agente Héctor Darío Alzate Arcila se encontraba adscrito a la Sexta Compañía de Antinarcóticos con sede en esa ciudad (fl. 298).
3.5. Oficio 0116/ GRUJU UIPOJ del 10 de febrero de 2003, suscrito por la Jefe Unidad Judicial Antinarcóticos Regional Villavicencio, Maricela Briceño Suárez, dirigido al Tribunal A Contencioso Administrativo del Meta, en el que se informó:
“De acuerdo a la anotación realizada el 21-09-99 se puede establecer que para el día 19-09-99, el personal se encontraba descargando unas garrafas de ácido sulfúrico de 05 galones cada una, del vehículo tipo camión de placas HAI-729 inmovilizado la noche anterior, por lo que se puede inferir que el señor agente Héctor Darío Alzate Arcila se encontraba laborando” (fl. 301).
3.6. Copia de oficio 357/Sijín Demet del 19 de septiembre de 1999, suscrito por el jefe Sijín del Departamento de Policía del Meta, Capitán Sergio Fernando Díaz Quintanilla, dirigido al Comandante del Departamento de Policía, coronel Mario Gutiérrez, en el que se informó:
“Comedidamente me permito informar a mi coronel que en el día de hoy siendo las 10:40 horas cuando el agente Héctor Alzate Arcila adscrito a la Unidad Judicial Antinarcóticos se encontraba con su hijo menor Cristian Alzate de aproximadamente cinco años de edad, quien se movilizaba dentro del parqueadero de la Sijín en una cuatrimoto, colisionó contra los timbos de ácido sulfúrico que se encuentran almacenados en estas instalaciones, explotando uno de ellos, ocasionándole graves lesiones al menor en las regiones facial y genital especialmente.
El menor recibió inmediatamente atención médica en la clínica Demet de donde fue remitido al Hospital Central de la Policía en Santafé de Bogotá. El padre del menor sufrió lesiones en los brazos ocurridas por el contacto con el ácido” (fl. 314).
3.7. Copia de oficio 0706/Sijín Demet del 4 de octubre de 1999, suscrito por el jefe seccional de Policía Judicial del Meta, dirigido al director nacional de Estupefacientes, en el que se señaló:
“Me permito comunicarle el hecho lamentable, presentado en estas instalaciones el día 19 de septiembre del año en curso, siendo las 10:30 a.m., donde resultó lesionado por quemaduras con ácido sulfúrico un menor de edad.
El menor falleció como consecuencia de las quemaduras el día 01 de octubre del presente año, en horas de la tarde en el Hospital Central de la policía Nacional, quien respondía al nombre de Cristian Darío Alzate, de cinco años de edad, hijo del señor agente Héctor Alzate Arcila, adscrito a la Unidad de Antinarcóticos que tiene su oficina en estas instalaciones. El menor se hallaba conduciendo en el parqueadero de la Sijín una cuatrimoto marca Suzuki 50 cc bajo la orientación y presencia de su progenitor, ante un descuido del adulto el menor colisionó con una de las garrafas de cinco galones, la cual se reventó y su contenido en proporción considerable lavó el cuerpo del infante” (fl. 316).
3.8. Declaración de Ramiro Bautista Capador, quien sostuvo:
“... el hijo del agente Alzate... se encontraba bajo la supervisión del padre manejando un vehículo miniatura en forma de moto de cuatro llantas arrancado hacia el sector de antinarcóticos a cuyo lado derecho se encontraban almacenados varios timbos de precursores químicos incautados en la seccional al momento de la colisión aproximadamente dos o tres galones se desintegraron vaciando su contenido hacia lo alto y bañando al niño Alzate lo que le ocasionó heridas de gravedad (...). Pregunta uno:... sírvase manifestar al despacho desde cuanto y a orden de quien se encontraban esos precursores químicos y específicamente cual era el contenido de esos recipientes. Contestó: no tengo conocimiento hace cuánto tiempo estaban ahí, ya que en el sector se almacenaban constantemente sustancias incautadas generalmente por el grupo de Narcóticos o por la Sijín” (...). Pregunta dos: manifieste al despacho si para el día de los hechos a que nos estamos refiriendo existía una valla de protección dentro del parqueadero de la Sijín o avisos que advirtieran sobre la peligrosidad del contendido de los recipientes que se encontraban almacenados allí a la intemperie. Contestó: los timbos se encontraban almacenados en el fondo del parqueadero en el espacio que queda entre la última garita y la sede de antinarcóticos en un terreno sin pavimentar que queda al mismo nivel del piso del parqueadero por este sector no había tránsito peatones ni tampoco existía señalización sobre los riesgos que ofrecían estas sustancias; respecto a las barreras físicas generalmente los vehículos dañados se parqueaban al fondo del parqueadero no recuerdo si este día había o no vehículos ahí pero sí quedó el campo por donde ingresó en cuatrimoto conducido por el menor y que colisionó con el depósito de insumos” (fl. 203).
3.9. Informe de novedad del 19 de septiembre de 1999, suscrito por el Intendente Ramiro Bautista Capador, Suboficial Servicio Sijín 190999, en el que se indicó:
“Comedidamente me permito informar a mi capitán la novedad ocurrida el día de hoy a las 10:40 horas cuando el menor Cristian Alzate de cinco años de edad, hijo del agente Héctor Alzate Arcila adscrito a la Unidad de Policía Judicial Antinarcóticos, jugaba en la minicuatrimoto marca Susuki de 50 cc, color azul y blanco, a cargo de la Unidad Investigativa Antinarcóticos, en el parqueadero de la Sijín Demet, perdiendo el control del vehículo chocando contra los timbos de ácido sulfúrico que se encuentran ubicados al fondo del parqueadero, lo que le ocasionó que uno de ellos se rompiera lanzando el líquido hacia lo alto impregnando el cuerpo del menor.
El padre del menor junto con el personal de esa unidad quienes se encontraban descargando el furgón color amarillo de placas HA 1279 que contenía víveres e insumos para procesamiento de alcaloides, acudieron en forma inmediata a auxiliar al menor despojándolo de su ropa y rociando en su cuerpo con polvo blanco extraído de un bulto empacado en papel, traslapándolo en forma inmediata a la Clínica de la Policía, lugar de donde fue remitido al Hospital Central en Bogotá.
De acuerdo a las averiguaciones adelantadas las heridas del menor revisten gravedad, pueden ocasionarle pérdida funcional, mientras que el agente Alzate Arcila sufrió lesiones en ambos brazos” (fl. 271) (resaltado de la Sala).
4. Con los documentos y demás medios de prueba relacionados, se encuentra acreditado el daño alegado en la demanda, toda vez que se demostró que Cristian Darío Alzate Patiño y Héctor Darío Alzate Arcila, resultaron lesionados con quemaduras de ácido sulfúrico, falleciendo, en consecuencia, el primero de ellos.
5. Probado el daño, procede analizarse lo concerniente a la imputación fáctica, que tiene como propósito determinar si el daño es atribuible o no a un sujeto de derecho. Así las cosas, antes de abordar el análisis de la imputación jurídica o el fundamento de la responsabilidad, es imprescindible que la lesión o afectación antijurídica esté radicada en cabeza de la entidad o del sujeto pasivo de la relación. Una vez constatado lo anterior, es posible abordar el análisis sobre la imputatio iure, esto es, si existe o no, un fundamento normativo que concrete, en el caso específico, la obligación de resarcir el daño antijurídico.
En relación con la imputación(16) del daño endilgada por la parte actora en cabeza de las entidades demandadas, y en particular de la Policía Nacional, como se indicó en los alegatos de conclusión, resulta imperativo realizar una serie de precisiones, a efectos de determinar si en el caso sub examine, el daño le es atribuible, o si como lo afirman en su defensa, no existe nexo material que permita endilgarles el detrimento probado, comoquiera que emerge, una causa extraña, consistente en la culpa de la propia víctima, en la concreción del mismo.
Desde esta perspectiva debe recordarse que para que se erija la culpa exclusiva de la víctima con la virtualidad de desestructurar la formulación de la imputatio facti, se requiere, (i) una conducta, bien positiva o negativa de quien padeció directa o indirectamente el daño, (ii) y que esta haya sido determinante para el acontecer de las lesiones infligidas. Aserto bajo el cual queda inmediatamente enervado el juicio de imputación al haber quedado, prima facie, descartada la atribución del daño, a persona distinta de la víctima.
En consonancia con lo anterior, como bien lo ha señalado la Sala, el demandado se libera si logra acreditar que fue el comportamiento del propio afectado determinante y decisivo en la generación del daño, en este sentido, en sentencia del 13 de agosto de 2008, se precisó:
“En efecto, el demandado solo se encuentra obligado a evitar los daños padecidos por la víctima en aquellos eventos en que se encuentre en posición de garante(17) frente a aquella, casos en los cuales, a efectos de enervar la acción indemnizatoria debe acreditar la imprevisibilidad e irresistibilidad de la conducta que origina el daño, con miras a exonerarse de la responsabilidad que se le endilga. A contrario sensu, en las demás circunstancias, el demandado se libera si logra acreditar que fue la consecuencia del comportamiento de la propia persona que sufrió el daño”.
“En este caso, la entidad demandada y las llamadas en garantía alegaron como eximente de responsabilidad la culpa exclusiva de la víctima. Advierte la Sala que el hecho de la víctima, como causa extraña y exclusiva, impone la prueba de que se trató de un acontecimiento que le era imprevisible e irresistible para la administración. De no ser así, de tratarse de un hecho o acto previsible o resistible para la entidad, se revela una falla del servicio en el entendido de que dicha entidad teniendo un deber legal, no previno o resistió el suceso, pues como lo advierte la doctrina “solo cuando el acontecimiento sobrevenido ha constituido un obstáculo insuperable para la ejecución de la obligación, deja la inejecución de comprometer la responsabilidad del deudor(18).
“El hecho de la víctima, al decir de los hermanos Mazeaud, solo lleva “consigo la absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y la irresistibilidad del hecho de la víctima. Si no se realiza esa prueba, el hecho de la víctima, cuando sea culposo y posea un vínculo de causalidad con el daño, produce una simple exoneración parcial: división de responsabilidad que se efectúa teniendo en cuenta la gravedad de la culpa de la víctima”(19)(20) (destaca la Sala)”.
“(...)”(21) (negrillas de la Sala).
“Lo anterior no quiere significar en modo alguno, que el hecho de la víctima en ocasiones pueda ser total o parcial, en cuanto se refiere a la materialización del resultado dañoso, motivo por el cual será el juez quien en cada caso concreto el que valorará el curso o cursos causales existentes, para determinar la imputación fáctica del daño antijurídico, lo que permitirá establecer si operó una causa única o si existió una concausa, situación esta en la que habrá que fijar proporcionalmente, según el grado de participación de cada sujeto, el monto del perjuicio padecido”.
“En síntesis, no se requiere para configurar la culpa exclusiva de la víctima que el presunto responsable acredite que la conducta de aquella fue imprevisible e irresistible, sino que lo relevante es acreditar que el comportamiento de la persona lesionada o afectada fue decisivo, determinante y exclusivo en la producción del daño; incluso, una participación parcial de la víctima en los hechos en modo alguno determina la producción del daño, sino que podría de manera eventual conducir a estructurar una concausa y, por lo tanto, a reconocer una proporcionalidad en la materialización del mismo y en su reparación”.
“Así las cosas, si la culpa de la víctima es causa parcial (concausa) en la producción del daño, esta circunstancia puede constituir un factor de graduación del perjuicio, todo lo cual dependerá del grado de participación de la propia persona afectada en la concreción de los hechos que son objeto de análisis”(22) (se destaca).
6. Conforme al acervo probatorio que obra en el proceso está demostrado que el 19 de septiembre de 1999, mientras Héctor Darío Alzate Arcila, agente de la Policía Nacional adscrito a la compañía de Antinarcóticos, estaba laborando, y en las instalaciones de la Sijín estaban descargando unas garrafas de ácido sulfúrico, su hijo menor de edad conducía una cuatrimoto Suzuki 50 cc en el parqueadero donde se encontraban las sustancias, quien al colisionar con una de las garrafas, se impregnó de su contenido, causándole la muerte y ocasionando lesiones al agente.
Desde esta perspectiva, indubitablemente es notorio que fue la conducta altamente imprudente y negligente del padre del menor, la causa eficiente y determinante de los daños producidos, habida consideración de que no fue una circunstancia aislada en el curso fenomenológico lo que produjo el daño, sino una cantidad de variables que no solo hacían diáfanamente previsible el hecho, sino que evidencian una absurda exposición al riesgo, siendo sin duda esta exposición la causa directa y única de su producción, toda vez que i) el hecho de haber conducido y mantenido al menor en su lugar de trabajo, ii) donde permanentemente se manipulan armas, ingresan delincuentes y se almacenan las sustancias peligrosas incautadas, iii) haberle permitido conducir al niño de cuatro años de edad un triciclo motorizado, iv) en las instalaciones del parqueadero de la Sijín donde estaban las sustancias, y v) con pleno y total conocimiento de las mismas, hacen del agente un referente inexcusable de la causa directa y determinante del daño, sin que sea posible enmendar la ausencia de la imputación fáctica, con el cuestionamiento y de si era ese el lugar o no donde la Unidad de Antinarcóticos debía almacenar lo incautado, o acerca de si debían colocarse avisos de peligro donde estaba la sustancia u otras medidas similares, por cuanto, como bien lo evidencia la prueba, por el lugar no transitaban personas distintas a los miembros de la institución, quienes tenían pleno conocimiento del material allí almacenado. Así las cosas, emerge inequívocamente el hecho exclusivo y determinante de la víctima como la razón y causa del perjuicio reclamado.
Conforme lo anterior, se torna estéril cualquier análisis en cuanto a los sistemas de responsabilidad, comoquiera que nos encontramos en presencia de una falta absoluta de imputación al Estado, y aquellos tienen su basamento y razón de ser solo cuando el daño antijurídico le es atribuible a la administración, lo cual no se configuró en el caso concreto, y por ello se releva al juzgador de ese tipo de consideraciones.
Como corolario de lo anterior, se impone la confirmación de la sentencia apelada, por los motivos y razones expuestas, que impiden endilgar o atribuir en el plano material o fáctico la imputación del deceso de Cristian Darío Alzate Patiño y las lesiones de Héctor Darío Alzate Arcila a las entidades demandadas.
1. CONFÍRMASE la sentencia de 12 de enero de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, pero por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.
2. Reconózcase personería a la abogada Sonia Pachón Rozo, como apoderada de la Dirección Nacional de Estupefacientes, en los términos del poder conferido, obrante a folio 548 del expediente.
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias (I.J) del 28 de agosto de 2013, Expediente 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.
(5) Luhmann, Niklas “Confianza”, Ed. Anthropos, Ciudad de México, 2005, pág. 5 y 6.
(6) “ART. 627.—Vigencia.
(7) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 18 de enero de 2012. M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Radicado 1999-01250. Oportunidad en la que se precisó: “De conformidad con las manifestaciones de las partes, para la Sala dicho documento que obra en copia simple, tiene en esta oportunidad mérito para ser analizado y valorado, comoquiera que la parte demandada pidió tener esa copia como prueba y valorarla como tal; en otras palabras, la Nación no desconoció dicho documento ni lo tachó de falso, sino que conscientemente manifestó su intención de que el mismo fuese valorado dentro del proceso.
(8) “Concierne por igual a los filósofos y a los juristas la cuestión de determinar los requisitos que un ordenamiento jurídico tiene que llenar para poder ser considerado como un “derecho justo” o, lo que es lo mismo conforme con la justicia en la medida de lo posible. Concierne esta cuestión a los filósofos, porque por lo menos desde Platón el tema de los contenidos de justicia y de la ordenación “justa” de la convivencia humana es uno de los problemas centrales de la ética. Y concierne a los juristas, porque, si bien es cierto que los juristas pueden limitarse a cumplir las normas de un concreto derecho positivo, o las decisiones judiciales que en ese derecho positivo sean vinculantes, no pueden evitar que se les coloque incesantemente ante el problema de saber si lo que hacen es o no “justo”, sobre todo cuando las relaciones vitales cambian y los casos no se plantean ya de un modo igual. La perspectiva que en esta materia arroja más luz es, sin embargo, otra. De acuerdo con una larga tradición de la filosofía occidental, la tarea de los filósofos consiste en buscar la “unidad” que subyace bajo la multiplicidad de las normas y de las decisiones, en buscar dónde está la razón última de la validez. La tarea del jurista, en cambio, consiste en encontrar decisiones justas de casos concretos. De esto modo los unos apenas tienen noticia de lo que los otros hacen y ello es igualmente nocivo para ambos. Si los filósofos hubieran tenido en cuenta el material que los juristas han puesto a su disposición al reflexionar sobre puntos de vista que tienen que utilizar en la búsqueda de decisiones “justas”, hubieran podido ofrecernos algo más que unas formulaciones de una indeterminación tan grande que no siempre sin razón se les reprocha ser poco más que simples “fórmulas vacías”. Y si los juristas hubieran contemplado los puntos de vista que buscan y que utilizan, desde la perspectiva de una ética jurídica que vaya más allá de cada concreto derecho positivo, hubieran apreciado mejor y más conscientemente el “valor” de tales puntos de vista. Hace falta, pues, tender un puente...”. Larenz, Karl “Derecho Justo”, Reimpresión, Ed. Civitas, Madrid, 1985, proemio.
(9) Geny, Francois “Método de interpretación y fuentes en derecho privado positivo”, Ed. Biblioteca de autores españoles y extranjeros, 2ª edición, Madrid, 1925, pág. 111.
(10) Dworkin, Ronald “Los derechos en serio”, Ed. Ariel, Barcelona, 1999, pág. 72.
(11) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de agosto de 2007, Expediente 2003-01162-01 (1926-04), M.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.
(12) Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral, sentencia del 30 de enero de 2013, radicado 41024, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas.
(13) Sobre el citado principio de derecho procesal, la Corte Constitucional ha puntualizado: “Con el principio de igualdad de armas, se quiere indicar que en el marco del proceso penal, las partes enfrentadas, esto es, la Fiscalía y la defensa, deben estar en posibilidad de acudir ante el juez con las mismas herramientas de persuasión, los mismos elementos de convicción, sin privilegios ni desventajas, a fin de convencerlo de sus pretensiones procesales. Este constituye una de las características fundamentales de los sistemas penales de tendencia acusatoria, pues la estructura de los mismos, contrario a lo que ocurre con los modelos de corte inquisitivo, es adversarial, lo que significa que en el escenario del proceso penal, los actores son contendores que se enfrentan ante un juez imparcial en un debate al que ambos deben entrar con las mismas herramientas de ataque y protección”. Corte Constitucional, Sentencia C-536 de 2008, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(14) En relación con el concepto de “exceso ritual manifiesto”, se pueden consultar las sentencias de la Corte Constitucional T-264 de 2009 y T-599 de 2009.
(15) Sobre el particular, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fijado su posición, en los siguientes términos: “En este caso, como en otros, el tribunal admite el valor probatorio de aquellos documentos presentados oportunamente por las partes que no fueron controvertidos ni objetados, y cuya autenticidad no fue puesta en duda... Llama la atención que en uno de los procesos el Consejo de Estado no valoró los resultados parciales de las investigaciones penales y disciplinarias en las que constaba la responsabilidad de los dos sargentos del Ejército Nacional, por considerar que la documentación fue remetida en copia simple 197. Si bien no correspondía a esta vía establecer responsabilidades individuales, al determinar la responsabilidad objetiva del Estado las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta todas las fuentes de información a su disposición. Por ende, las autoridades encargadas de estos procedimientos estaban llamadas no solo a verificar las omisiones estatales, sino a determinar los alcances reales de la responsabilidad institucional del Estado”. Corte IDH, caso Manuel Cepeda vs. Colombia, sentencia del 26 de mayo de 2010.
(16) Imputación entendida como la operación material y jurídica de atribuir o asignar a alguien el resultado producido por una acción (conducta) propia que genera una modificación en el mundo exterior. “Aquello que en una conducta puede ser atribuido como mío”. Cf. Hegel, Friedrich “Grundlinien der Philosophie des Rechts herausgegeben von Georg Lasson”, 3ª edición, Leipzig, 1930, Nº 115. Ob. cit. Reyes Alvarado, Yesid “Imputación objetiva”, Ed. Temis, pág. 4.
(17) Acerca del concepto de posición de garante, así como su aplicación en el campo de la responsabilidad extracontractual del Estado, se pueden consultar las siguientes sentencias: de 4 de octubre de 2007, Expediente 15567, de 4 de diciembre de 2007, Expediente 16894, y 20 de febrero de 2008, Expediente 16696.
(18) Luis Josserand, Derecho Civil, tomo II, vol. I; Ed. Bosch, Buenos Aires, 1950, pág. 341.
(19) Henri y León Mazeaud, Jean Mazeaud. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América. Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.
(20) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de abril de 2008, Expediente 16235, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(21) Mazeaud, Henri y León, y TUNC, André “Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil”, tomo segundo, volumen II, Ed. Jurídicas Europa - América, Buenos Aires, 1963, pág. 40.
(22) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 13 de agosto de 2008, Expediente 17.042, C.P. Enrique Gil Botero.

References: artículo 26
 artículo 289
 artículo 276
 artículo 274
 artículo11
 artículo 488
 artículo 1
 artículo 267
 artículo 308
 artículo 626
 artículo 130
 artículo 130
 artículo 148
 artículo 19
 artículo 67
 artículo 40
 artículo 71
 artículo 215
 artículo 309
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 58
 artículo 34
 artículo 627
 artículo 627