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Timestamp: 2019-02-18 18:04:41+00:00

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Acuerdo y Sentencia 14/2018 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C.A. 2ª SALA Nº 14/18
JUICIO: "QUEEN ANNE S.A. C/ PROVIDENCIA DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2016 DICT. POR LA SUB SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN".
En la Ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los diez y nueve días del mes de Febrero de dos mil diez y ocho , estando presentes los excmos. miembros del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala, magistrados, , ARSENIO CORONEL BENITEZ, MARIA CELESTE JARA TALAVERA y RAMÓN ROLANDO OJEDA, en su. Sala de Audiencias y Público Despacho, bajo la presidencia del primero de los nombrados , por ante mí el Secretario Autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: “QUEEN ANNE S.A. C/ Providencia de fecha 29 de Agosto de 2016 dict. por la SUB-SECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN”.
Previo el estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, 2da. Sala, resolvió plantear y votarla siguiente.-
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: ARSENIO CORONEL BENITEZ, MARÍA CELESTE JARA TALAVERA y RAMÓN ROLANDO OJEDA.
Y EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL de CUENTAS- ARSENIO CORONEL DIJO: En fecha 19 de Setiembre de 2016, se presenta ante este Tribunal el Abogado Carlos Sosa Jovellanos, en representación de la firma QUEEN ANNE S.A, según poder obrante en autos y plantea demanda contencioso administrativa contra el Dictamen DANT N° 339/16 del 12 de Julio dictada por la SUB-SECRETARÍA de ESTADO de TRIBUTACIÓN, manifestando en las partes más relevantes de su escrito de promoción de demanda cuanto sigue: “Que siguiendo precisas instrucciones de mi poderdante, vengo por la presente a instaurar la acción contencioso administrativa contra la Resolución DICTAMEN DANT N° 339 de fecha 12 de julio de 2016 convertida en resolución conforme con la providencia de fecha 29 de agosto de 2016 suscripta por la Viceministra de Tributación, que resuelve el recurso de reconsideración planteado por el contribuyente, en base a las siguientes consideraciones de hecho y de derecho que a continuación pasamos a exponer: Para una mejor exposición que facilite la compresión de los temas de la litis en cuestión, hemos organizado la misma conforme se expone a continuación: 1. LA RESOLUCIÓN DICTAMEN DANT N° 339 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2016; 1.1. SUPUESTOS PROVEEDORES OMISOS O INCONSISTENTE; 1.1.1. POR HABER SIDO NEGADO POR EL EMISOR DEL DOCUMENTO 1.1.2. POR CARECER DE INVENTARIO, COMPRA O IMPORTACIÓN SUFICIENTE PARA PROVEER LA MERCADERIA VENDIDA 1.1.3. POR EXISTIR EN RECONOCIMIENTO TÁCITO PROVENIENTE DE LA RECTIFICACIÓN DEL IMPUESTO I.1.a. LA RESPONSABILIDAD ES DEL EMISOR DEL COMPROBANTE I.1.b. NO SE HA PROBADO LA OMISION DE IMPUESTO DE LOS PROVEEDORES. I.l.C) LA INFUNDADA MULTA 1.2. LA ESPADA DE DAMOCLES 1.2.1 EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO 1.3. LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD 1.3.1 CAUSAS DE FUERZA MAYOR ILLA PRETENSION FISCAL IMPLICA DOBLE IMPOSICION III. LA CANCELACION DEL TIMBRADO IV.SUSPENSION DEL PROCESO DE. COBRANZA. IV. PETITORIO Veamos cada uno de los temas I. LA RESOLUCIÓN DICTAMEN DANT N° 339 DE FECHA 12 DE JULIO DE 2016 La Resolución de referencia resuelve un recurso de reconsideración planteado por el contribuyente, en los siguientes términos: No hacer lugar a la solicitud de exclusión de responsabilidad, rechazar la prórroga solicitada para el pago de los supuestos adeudos, autorizar excepcionalmente la impresión de documentos timbrados por un plazo de noventa días, y proseguir el proceso de cobranza. Al respecto es importante destacar que este expediente administrativo ha tenido su origen en una inspección que culminara con un Acta Final N° 68400001409 de Fecha 12 de noviembre de 2015 en la que se objeta, para el IVA, el crédito fiscal provenientes de una cantidad de comprobantes de venta de un grupo de proveedores de nuestra firma, y para el IRACIS, los mismos documentos como gastos deducibles. En este sentido con relaciona al Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios pretenden el cobro de Gs. 3.121.013.047 mas una multa del 150% en concepto de defraudación, de Gs'. 4.681.532.611 que suman en total el importe de Gs. 7.802.545.658.- Por razones ajenas de nuestra voluntad, que serán explicadas mas adelante, hemos decidido abonar el supuesto Impuesto a la Renta reclamado, pero no debido, de Gs 3.121.013.044 en 47 cuotas de Gs 133.929.667 y la ultima de Gs. 141.281.516 y una entrega inicial de Gs. 622.255.961, habiéndose a la fecha ingresado, al entraba inicial y seis cuotas. Esto lo hemos hecho debido a las presiones recibidas, pero con el firme propósito de discutir en este sumario la pertinencia del impuesto que se esta abonando. Con relación al IVA, existe igualmente otro sumario administrativo, independiente al presente, pero que trata sobre los mismos documentos objetados que se encuentra en la etapa de defensa y prueba. Como primera conclusión queremos dejar constancia que QUEEN ANNE SA no ha cometido ninguna infracción, ni ha dejado de abonar los impuestos que hoy se le reclama. No obstante, por circunstancias muy particulares que será debidamente expuesta, la empresa ha decidido ingresar los impuestos reclamados, como una especie de solve et repete voluntario, para luego reclamar su falta de sustento legal y devolución respectiva. Veamos cada uno de los puntos en cuestión. En consecuencia esta acción contencioso administrativa viene a enervar la procedencia de la determinación Tributaria y la aplicación de multas efectuada por la Resolución Particular DGFT N° 6900000339 de fecha 8 de febrero de 2016 en base al Acta Final N° 68400001409 de Fecha 12 de noviembre de 2015, yconfirmada por la Resolución Dictamen DANT N° 339 de fecha 12 de julio de 2016.- 1.1. SUPUESTOS PROVEEDORES OMISOS O INCONSISTENTES El Informe Final de la inspección dice cuanto sigue en su parte pertinente:"Atendiendo a los resultados obtenidos del análisis de los registros contables y de las declaraciones juradas rectificativas presentadas por el fiscalizado con posterioridad al inicio de las intervenciones realizadas por la SET queda demostrado que QUEEN ANNE S.A. ha declarado indebidamente montos de egresos respaldados en facturas de contenido falso, montos que no representan operaciones reales, afectando directamente la base imponible para la determinación del IVA y del IRACIS en los periodos de los ejercicios fiscales abarcados en la presente fiscalización" "Por otro lado, el fiscalizado realiza un reconocimiento tácito de la indebida imputación de sus créditos fiscales, costos y gastos, al rectificar, corregir y desafectar operaciones irregulares, redeterminando sus impuestos (IVA Periodos fiscales 01/2010 a 03/2015 e IRACIS del Ejercicio Fiscal 2010 al 2014), generándose en consecuencia, saldos a favor del Fisco. De este modo, se confirma las presunciones de la Auditoria respecto de las facturas irregulares que respaldan las operaciones de compra." "Como consecuencia de la rectificación de las declaraciones juradas desafectado las operaciones de compras consignadas en Facturas de contenido falso, se originaron deudas con el Fisco por las cuales se solicito el 11/11/2015 la facilidad de pago correspondiente en el Expediente 20153034390." "De acuerdo a lo expresado en los párrafos anteriores y conforme a las consideraciones de hecho y derecho expuestas con relación a la Fiscalización efectuada a QUEEN ANNE S,A. con RUC 80024926 se tiene: considerando que QUEEN ANNE S.A. ha utilizado facturas de contenido falso aumentando sus costos, gastos y créditos fiscales, para no ingresar al fisco los impuestos correspondientes, solo es dable afirmar que con el obrar del contribuyente se configuro la defraudación contemplada en la norma tributaria vigente, según se enuncie seguidamente..."Por su parte, la Resolución DICTAMEN DANT N° 339 del 12 de julio del 2016 en su parte pertinente dice: "Es importante mencionar que en su escrito la firma no cuestiono formal y sustancialmente la verificación realizada en Orden de Fiscalización N° 65000001381, la cual derivo en la Resol. Particular DGFT N° 6900000339 del 08 de febrero del 2016, como consecuencia de la conformidad de la misma, mediante la cual la SET determino a la recurrente el IRACIS General de Ejercicio Fiscales 2010/2011/2012/2013/2014 y aplico una multa por defraudación de Gs. 4.681.519.566, por la utilización de comprobantes de contenido falso" "Al respecto, señalamos en cuanto a la solicitud de exclusión de responsabilidad en materia de infracciones, no corresponde otorgarla conforme a lo que establece el Art. 185 de la Ley 125/91 debido a que no existe nexo de causalidad entre el siniestro comunicado y la utilización de documentos de contenido falso, puesto que aquel ocurrió con posterioridad y por ende no fue un impedimento para que la firma cumpla correctamente con sus obligaciones tributarias" Conforme con el Informe Final, la Administración Tributaria le resta validez de una serie de comprobantes de ventas de determinados proveedores de QUEEN ANNE S.A. por los siguientes motivos: a) por haber sido negado por el emisor del documento; b) por carecer de inventario compra o importación suficiente para proveer la mercadería vendida; y, c) por existir un reconocimiento tácito proveniente de su rectificación de impuesto. Veamos cada uno de los argumentos utilizado por el fisco como fundamento de la validez de dichos comprobantes: 1.1.1. POR HABER SIDO NEGADO POR EL EMISOR DEL DOCUMENTO Expresa el Informe Final de Auditoria en uno de los párrafos que durante el proceso de fiscalización ante requerimiento del Fisco a los proveedores de QUEEN ANNE S.A., algunos de ellos han declarado no haber tenido operaciones comerciales con dicha firma ni haber emitido los comprobantes que se le atribuyen. Esto indudablemente se inscribe en la garantía constitucional de que nadie esta obligado a declarar contra si mismo. Obviamente, el proveedor o los proveedores de QUEEN ANNE S.A >v que han negado dichas operaciones y asi como los comprobantes / que las respaldan solo han hecho uso de dicha garantía constitucional pero la Subsecretaría de Estado de Tributación nada hizo para verificar si esta Declaración de dichos contribuyentes respondía a la realidad. No existe ningún sumario administrativo con respecto a dichos proveedores, tampoco consta en el sumario que los mismos hayan sido fiscalizados para verificar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y muy especialmente las ventas a La Administración Tributaria se ha limitado exclusivamente en considerar valida la declaración efectuada por los proveedores bajo el paraguas de la garantía Constitucional de no declarar contra si mismo frente a las siguientes pruebas documentales contundentes en contra: A) Las facturas con el nombre del proveedor, su RUC, dirección correcta, cumplimiento todos los requisitos legales y reglamentarios. B) La registración contable por parte de QUEEN ANNE S.A. que demuestra la activación de los bienes adquiridos en la cuenta de mercaderías y el pago de las mismas que hacen plena prueba en contra del proveedor. En ningún juicio, estadio procesal o en ninguna nación en donde rija el Estado de Derecho, la declaración interesada del proveedor de mercaderías negando la provisión así como el comprobante a su propio nombre pueden tener mayor valor que las pruebas documentales mencionadas precedentemente. 1.1.2. POR CARECER DE INVENTARIO, COMPRA O IMPORTACIÓN SUFICIENTE PARA PROVEER LA MERCADERÍA VENDIDA. Otro de los argumentos expresados por la fiscalización es que supuestamente alguno de los proveedores carecía de inventario, compras o importaciones que sustenten las ventas realizadas. Por un lado, es menester dudar de éste argumento dado que no existe, como ya se expresara, ningún vestigio de que dichos proveedores han sido fiscalizados para llegar a la conclusión precedentemente. Y aun, en el negado caso de que haya existido una fiscalización integral a dichos, contribuyentes, es evidente que aquel contribuyente que no registra sus ventas facturadas tampoco con mucha probabilidad registrará sus compras o importaciones porque hacerlo sería un suicidio impositivo o tributario. Quien vende en negro, también compra en negro. Por esta misma razón, este argumento debe ser absolutamente, rechazado, pues QUEEN ANNE S.A. ha comprado en blanco las mercaderías con facturas emitidas legalmente que cumplen con los requisitos reglamentarios y dichas mercaderías adquiridas de esos proveedores han sido vendidas y facturadas legalmente produciendo IVA DÉBITO y Utilidad que fueron consideradas en sus respectivas Declaraciones juradas tanto de los IVA mensuales como del IRACIS anual 1.1.3. POR EXISTIR UN RECONOCIMIENTO TÁCITO PROVENIENTE DE LA RECTIFICACIÓN DE IMPUESTO Si bien es cierto que el Contribuyente ha realizado las rectificativas del IRACIS en función a las facturas de supuesto contenido falso, sin embargo, expresamente en uno de los escritos presentados ante la Administración Tributaria el contribuyente ha expresado que éstas rectificativas y pago del Impuesto a la Renta no implican el reconocimiento de las infracciones que se le imputan con lo cual ha quedado patente que no existe reconocimiento tácito ni expreso, y por el contrario, lo que QUEEN ANNE S.A. ha hecho es el rechazo de las supuestas omisiones o defraudaciones de impuesto y de sus multas que son su consecuencia. La firma QUEEN ANNE S.A. ha preferido, en la instancia en que se encontraba, ingresar los impuestos indebidamente reclamados y las multas, como una especie solve et repete voluntario para evitar otras consecuencias que pendían sobre la cabeza de sus administradores para; luego reclamar la devolución de lo pagado de más o indebidamente. Esto será expuesto con mayor detalle en el punto denominado "La Espada de Damocles". 1.1.4. NO SE HA PROBADO LA OMISION DE IMPUESTO DE LOS PROVEEDORES. Por otro lado, es dable destacar que la Administración Tributaria no ha probado en este sumario que los proveedores hayan omitido en sus declaraciones juradas respectivas los impuestos correspondientes a las supuestas facturas de contenido falso. No existe ninguna prueba documental ni siquiera de los sustentos contables que respalden una aseveración semejante. Sin embargo, en contrapartida, la fiscalización ha encontrado que todas las facturaciones emitidas por QUEEN ANNE S.A. en la venta de las mercaderías adquiridas, incluso las que son objetadas supuestamente por ser de contenido falso, han sido registradas y han tributado el IVA correspondiente y su utilidad también ha sido considerada en la liquidación del IRACIS. Es por esta razón, que no habiendo hallado nada que objetar en las ventas, encarnizadamente se han dedicado a objetar comprobantes de venta de los proveedores, situación en el que en vez atribuir la responsabilidad al emisor del comprobante, pretenden trasladar la responsabilidad al comprador y receptor de los comprobantes emitidos por terceros, sin base legal alguna, transgrediendo las normas correspondientes a la responsabilidad subjetiva por los actos propios. Por otro lado, en ninguna etapa de sumario, se ha cuestionado la documentación que acredita el crédito fiscal, la que cumple con todos los requisitos legales, ni tampoco han cuestionado la vinculación del gasto efectuado por el contribuyente con las operaciones gravadas del contribuyente, la que ha quedado acreditada igualmente. La objeción planteada por el fisco es un argumento balad!: La sospecha, no probada ni acreditada, de que dichos x comprobantes son de contenido falso solo porque dichos A proveedores niegan las operaciones. El Fisco nunca ha probado hasta hoy que dichos proveedores no han emitido, dichos comprobantes, ni siquiera han probado que han iniciado una fiscalización o investigación a dichos contribuyentes, que en el negado e hipotético caso que fuera cierto que han evadido, el procedimiento de cobro dé los impuestos y multas deberán recaer sobre los mismos. En la resolución recurrida erradamente se pretende desconocer la compra manifestando que la misma es de contenido falso con argumentos insuficientes para ello. Pero solo desconocen la compra pero aceptan la venta de lo que supuestamente no compramos, lo cual en si mismo es una contradicción evidente y no sustentable. Con este criterio el IVA ingresado por las ventas de estas mercaderías y el impuesto a la Renta abonado por las utilidades generadas por dichas ventas son válidas, pero sin embargo el crédito fiscal producido por las compras no son reconocidos, ni el costo deducible para la liquidación del Impuesto a la Renta. ¿Cuales han sido los argumentos para considerar inexistente las compras? Increíblemente, el argumento principal que han esbozado para considerar no valida la compra ha sido la negación por parte, de los proveedores de las operaciones y de los comprobantes. Prácticamente la decisión adoptada por la resolución recurrida se basa en dicha información, que carece del valor ¡ probatorio por estar relevado de decir verdad y además por: a) Ha sido realizado fuera del sumario, como un procedimientoA de investigación por parte de los inspectores actuantes, b) No ha sido realizado como un anticipo de prueba con las garantías del debido proceso que debe cumplirse, c) No ha sido tomada la declaración o información con la participación del investigado, entonces, y hoy sumariado, d) Y finalmente siendo el declarante, al mismo tiempo, el proveedor de la empresa que vendió con dicho comprobantes, se encuentra bajo el paraguas constitucional de no estar obligado a declarar contra si mismo, por lo que su declaración se encuentraA minada por la inexistencia de la obligación de decir la verdad; Sin embargo, las pruebas respecto de la valides de dichos comprobantes son contundentes: a.) Las facturas presentadas por QUEEN ANNE SA son facturas reales de los proveedores, "por contener todos los requisitos legales y reglamentarios. B) Los emisores de los documentos objetados existen, tiene casa de negocio abierta con dirección comprobada, con RUC valido a la fecha de la operación y con timbrado también vigente. No es una empresa fantasma o de maletín, ni una estructura jurídica destinada a proveer facturas de contenido falso. C) Son empresas cuyo objeto social coincide con los bienes y servicios vendidos tal cual fuera documentada en las facturas objetadas. d) Por último, QUEEN ANNE SA registro la compra en todos los libros legales y tributarios exigidos, y, así mismo registro las ventas de las mercaderías adquiridas con dichas facturas objetadas indebidamente. Abono el IVA y el Impuesto a la Renta proveniente de la operación. Entonces, por un lado, la actuación de QUEEN ANNE SA. es la de un contribuyente cumplidor. En efecto, sujeto a una fiscalización, cumple con todos los pedidos realizados por el fisco, acompaña los documentos solicitados, los fiscalizadores comprueban que la compra fue registrada en todos los registros obligatorios sin ningún tipo de diferencia, se comprueba que el contribuyente declaro la ventas de mercaderías, y registro igualmente en todos los libros fiscales y legales, y pago los impuestos respectivos. En tanto, por el otro lado, la actuación es contraria dado que niegan la venta, no cumple con la petición de acompañar la copia de dicha factura, carecen de inventario y de mercaderías para la venta. Sin embargo incomprensiblemente el Informe Final fiscalización y la resolución recurrida cree en el intributario y no en el cumplidor, cuando las pruebas, además, le respaldan. Esto resulta absolutamente sintomático. Por tanto, conforme se ha demostrado y argumentado las compras fueron reales, el crédito fiscal ha sido bien utilizado, el costo de las mercaderías posteriormente vendidas constituye gasto deducible, y consecuentemente no existe impuesto al Valor Agregado ni IRACIS que reclamar En consecuencia solicito la revocación de la resolución recurrida en función a los argumentos y pruebas presentadas, estableciendo que los comprobantes objetados por la Administración Tributaria son validos porque reúnen los requisitos legales y reglamentarios, no fueron adulterados ni tachados o borrados, y porque finalmente dichas compras han producidos ventas que generaron el pago de IVA y del Impuesto a la Renta sobre las utilidades. 1.1.5) LAS INFUNDADAS MULTAS Si el impuesto reclamado por el Fisco proveniente de supuestos comprobantes de contenido falso no probado ni acreditado y que fuera expresamente rechazada su pertinencia por QUEEN ANNE S.A. aun cuándo rectificara sus declaraciones juradas, cotizando el ingreso o pago del IRACIS, resulta aun mas improcedente la extraordinaria multa por defraudación aplicada al comprador de buena fe y receptor de los bienes adquiridos, luego vendidos generando IVA y Rentas. En otros términos, si no existe infracción cometida por la firma QUEEN ANNE S.A. si los comprobantes no son de contenido falso, debe pues rechazarse las multas que también penden sobre la cabeza del contribuyente como un peso económico que afectarla gravemente a la fuente productora de rentas. Y aún, en el peor de los casos, si los proveedores no han declarado o no han considerado dichas facturas en las declaraciones juradas de impuestos, habiendo omitido o defraudado el impuesto a la Renta correspondientes a dichas ventas documentadas en los comprobantes respectivos, ésta responsabilidad es de los contribuyentes vendedores que no puede trasladarse por arte de magia al comprador de buena fe QUEEN ANNE S.A., que vuelvo a repetir, ha registrado dichas compras incorporando en sus estados contables y los ha vuelto a vender con comprobantes legales emitidos, registrados y considerados en sus declaraciones juradas del IVA y del IRACIS respectivo. En conclusión no existe impuesto consecuentemente tampoco multa que abonar 1.2. LA ESPADA DE DAMOCLES Esta es una Frase muy utilizada para expresar la presencia de un peligro inminente o de una amenaza y proviene de la mitología griega. ES el caso de QUEEN ANNE SA. En efecto, la fiscalización de la empresa se ha realizado junto con una intervención de la fiscalía penal, que secuestro toda la documentación de la empresa, sin orden de allanamiento, sin pedido previo en forma civilizada, haciendo uso y abuso del poder publico, en un aparatoso procedimiento, con presencia de la fuerza policiales y con amenazas de penas de penitenciaria, si no se aceptaba abonar los impuestos y multas que la Administración Tributaria determinara. Es en esta circunstancia que nuestra empresa decide, para evitar la amenaza, abonar los impuestos y multas, pero no aceptando la infracción y con ello tampoco la multa. Esto es lo que se llama vicio de la voluntad. Los vicios de la voluntad son los que afectan directamente a la voluntad. Distorsionan el querer del. sujeto, que padece de los vicios. Recordemos que la voluntad requiere cuatro elementos: tres internos (discernimiento, intención y libertad) y uno externo: su exteriorización. La falta de cualquiera de ellos hace involuntario al acto. Para nuestro Código Civil son vicios de la voluntad los que afectan a la intención y a la libertad. Dice el Código Civil cuanto sigue: Art. 358.- Es. anulable al acto jurídico:... c) si estuviese viciado de error, dolo, violencia o simulación; Por tanto se habla de la existencia de este vicio cuando por medio de la violencia o coerción, ya sea mediante apremios físico, ya sea mediante intimidaciones o amenazas, se obligue al afectado a celebrar o ejecutar un acto que, en otras condiciones, no lo haría. El articulo 358 del Código, Civil hace referencia al clásico vicio de la violencia, o falta de libertad, como FUERZA Y TEMOR. Los requisitos para que la amenaza o intimidación, vicien el acto son los siguientes: a) que se trate de una amenaza respecto de un mal inminente, que dicho mal sea grave y que provoque temor fundado en el amenazado. La amenaza era pues la imputación y posterior acusación de evasión de impuesto si no se abonaba lo determinado por./la Administración Tributaria, con probable pena de penitenciaria. Esto es un mal grave para un empresario que determina prácticamente su muerte civil, pues al ser imputado, esto significa no poder acceder a créditos del sector bancario y financiero, y peor aun en el caso de la acusación y eventual sanción. Esto ha provocado en los dueños de la empresa un temor fundado que le han empujado a realizar las rectificaciones de impuesto para luego poder enervar su procedencia y reclamar su devolución como lo estamos haciendo en esta acción contencioso administrativa. Por tanto, en ningún caso puede interpretarse que, la rectificación de los impuestos reclamados por el fisco o incluso su aceptación, sea considerada como un allanamiento o aceptación tácita, como dice la resolución recurrida, por que la voluntad del contribuyente estaba distorsionada por el temor como se ha expresado, y, no ha sido realizado, como un acto libre dentro de un proceso legalmente llevado conforme con el debido proceso. Por el contrario, ha sido producto de la amenaza y prácticamente, imposición. 1.2.1.EL PAGO INDEBIDO DEL IMPUESTO Por esta, razón venimos también a solicitar la devolución, vía el acreditamiento en nuestra cuenta, de todas las cuotas que se paguen hasta que la Sentencia del Tribunal de Cuenta y/o su confirmación por la Corte Suprema de Justicia quede debidamente ejecutoriada.- Todo ello en base al artículo 217 de la Ley N° 125/91 que dice: Artículo 217-Repetición de pago - El Pago indebido o en exceso de tributos, intereses, recargos y multas, dará lugar a repetición. La devolución de tributos autorizada por leyes o reglamentos, a título de incentivo, franquicia, tributaria o exoneración, estará regida por la ley o el reglamento que la conceda y solo supletoriamente se someterá al presente procedimiento. Los pagos a cuenta o anticipos excesivos serán devueltos de oficio o de acuerdo a las normas pertinentes. Artículo 218-Procedencia de la repetición de pago - La repetición procederá tanto cuando el pago se haya efectuado mediante declaración jurada o en cumplimiento a una determinación firme del tributo. Artículo 219-Legitimación activa - La acción de repetición corresponderá a los contribuyentes, responsables o terceros que hubieren realizado el pago considerado indebido o excesivo. En el caso analizado, se trata de un pago del impuesto a la Renta, producido por amenaza o intimidación, que en el caso de resultar favorable la Sentencia del Tribunal, se configurara la calidad de pago indebido del Impuesto a la Renta correspondiente y corresponderá su acreditamiento hasta el monto abonado, suspendiendo o interrumpiendo las cuotas pendientes de pago.- 1.3. LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD La firma QUEEN ANNE S.A. ha sido objeto de un voraz incendio en su depósito ubicado en la calle Del Maestro Barrio San Francisco de la ciudad de Salto del Guaira, prácticamente ha consumido todas las mercaderías que forma y parte de su existencia para las ventas. Acompaño a los efectos de la constatación de evento mencionado los siguientes documentos: a) Acta Notaria de fecha 1 del mes de febrero de 2016 pasada ante la Escribana Mirta E. Estigarribia. b) Fotografías y recortes de diarios que forman parte del Acta Notarial. C) Informe del Siniestro emitido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios d) Denuncia policial efectuada por el Señor Cristóbal Rojas Vallejos en representación de QUEEN ANNE SA. E) Denuncia formulada por el Sub. Comisario O.S. Plugo R. Contreras Miranda a la Unidad Penal N° 03, Fiscalía Zonal Salto del Guaira, a cargo del.Abog. Ysrael Villalba Ramírez. El mencionado incendio ha dejado a la empresa prácticamente sin mercaderías que comerciar o vender, razón por la cual ha decidido cerrar temporalmente sus puertas, dada esta situación excepcional. En este sentido, debemos señalar que la empresa como consecuencia de este hecho fortuito se encuentra en un estado de necesidad que le impide cumplir con las obligaciones asumidas, lo cual conforme con nuestra legislación impositiva es causal de exclusión de responsabilidad. Dice el artículo 185 cuanto sigue: Artículo 185 -Exclusión de responsabilidad en materia de infracciones - Excluyen responsabilidad: 1) La incapacidad absoluta, cuando se carece de representante legal o judicial. Cuando el incapaz tuviere representante ambos responderán -solidariamente, pero el primero solamente hasta la cuantía del beneficio o provecho obtenido, fuerza mayor o el estado de necesidad. 3) El error excusable, de hecho o derecho, en base al cual se halla considerado lícita la acción u omisión."1.3.1 CAUSAS DE FUERZA MAYOR En la doctrina el caso fortuito y la fuerza mayor pertenecen, ambos, al género de causa extraña no imputable, por lo que deben presentar las notas de imprevisibles, irresistibles, extrañas y absolutas, para su configuración. Puntualiza Gamarra un prestigioso civilista que: "Los acontecimientos mencionados presentan, todos ellos, un rasgo común; son de carácter extraordinario, y se imponen al hombre con una fuerza que este no puede resistir. (...) para que un hecho sea caso fortuito o fuerza mayor debe ser imprevisibles e irresistible". Y concluye luego: "Sólo hay imposibilidad cuando el deudor se enfrenta a un obstáculo que la fuerza humana no es capaz de superar". La causa es imprevisible cuando no ha podido ser imaginada o representada como una posibilidad; irresistible en el supuesto de no poder enfrentarla y superarla, ya que escapa al sujeto; extraña porque es exterior, ajena e independiente de su conducta; y, por último, absoluta por oposición a relativa, esto es, incide de tal forma que impide totalmente el cumplimiento de la obligación o del deber. Se trata entonces, de causales objetivas, las cuales son imposibles de superar no solamente por este deudor, sino también por cualquier otro. La fuerza mayor no está definida por las normas tributarias. Sin embargo, la doctrina considera a aquel acontecimiento que previsto no puede evitarse. En cambio el caso fortuito es aquello que no ha podido preverse. El argentino Villegas diferencia, en este punto, al caso fortuito de la fuerza mayor, señalando que contemplan lo mismo en dos aspectos correlativos: el primero es lo objetivo del hecho extraordinario, mientras que el segundo es lo subjetivo de la imposibilidad de prever y de evitar el caso fortuito. Continúa afirmando este autor que: "Los casos fortuitos o de fuerza mayor pueden ser producidos por dos grandes causas: 1) por la naturaleza; por ejemplo: los terremotos y temblores de tierra, las tempestades o inundaciones, las pestes, enfermedades, incendios, etc.; en todas estas hipótesis, el caso fortuito o de fuerza mayor se caracteriza como un accidente natural; 2) otras veces, los casos fortuitos son hechos del hombre; por ejemplo: la invasión del país por ejércitos enemigos, los impedimentos resultantes de una orden o prohibición de las autoridades públicas, el robo, etc.; para que los hechos humanos lleguen a constituir casos fortuitos o de fuerza mayor, es indispensable que tengan una fuerza de imposición tan grande que el deudor no haya podido resistirlos" VILLEGAS, Héctor B. Curso de finanzas, derecho financiero y tributario. Buenos Aires, Depalma, 7ma. Ed., 1999, p. 308. El incendio ocurrido es un caso fortuito y de fuerza mayor que no ha podido ser previsto y que ocurrido no ha podido evitarse de tal suerte que ha consumido casi la totalidad de las mercaderías de la empresa lo que deja al contribuyente en un estado de necesidad que le imposibilita el cumplimiento de la obligación contraída. El estado de necesidad en materia fiscal, impide cumplir con las obligaciones como consecuencia resultante de un hecho fortuito o de fuerza mayor como el incendio. Para que se configure el estado de necesidad, es preciso que se encuentren dos bienes jurídicos en juego, los cuales a nuestro entender pueden ser tanto patrimoniales como personales, y que el sujeto sacrifique uno, evitando el mal que se podrá generar en el otro, el que no debe tener causa en su conducta, y debe ser inminente e inevitable. ¿Puede, esta causal, ser invocada en los casos de crisis empresarial? Esto es, por ejemplo, cuando el empleador debe optar entre destinar el monto del impuesto a refinanciar su actividad, ya. que si abona al Fisco podría comprometer la existencia de su unidad productiva o como en este caso, que habiéndose consumido casi en su totalidad todos sus bienes de seguro "cumpla con su obligación cambio debe esperar para poder reponer sus mercaderías y volver a operar en el mercado. Entendemos que la salvaguarda de la unidad productiva, es una causal que, configura un estado de necesidad- Nótese que es el nuestra legislación impositiva consagra el principio de Conservación de la empresa, habiendo sido recepcionado por nuestra "jurisprudencia y siendo aplicable, en algunos supuestos, a estas eximentes. Es asi que la salvaguarda de la unidad productiva y la conservación de la empresa son motivos valederos para ampararse en esta eximente, y, mas aun, cuando la salvaguarda de la continuidad de la empresa depende, no fondos propios, sino que del cumplimiento de un seguro que servirá para reponer las mercaderías perdidas en el incendio. La imposibilidad de pago como consecuencia de acontecimientos imprevisibles que afectan gravemente a la unidad productiva y generadora de renta que imposibilita cumplir con obligaciones involuntariamente contraídas no requiere como dice la resolución administrativa accionada por este escrito, que haya "un nexo de causalidad entre el siniestro comunicado y la utilización de documentos de contenido falso. . " Este no es el nexo de causalidad que exige esta causal de excusación de- responsabilidad. Lo que requiere es que exista UN NEXO DE CAUSALIDAD ENTRE EL SINIESTRO Y LA IMPUNIBILIDAD de un impuesto y multa asumido por temor Y no puede negarse que este nexo existe y ha sido demostrado en instancias administrativas, por lo que este es otro de los motivos expuesto en el sumario administrativo para que la resolución recurrida excuse al contribuyente de dicha responsabilidad, asumida por temor. II. LA PRETENSION FISCAL IMPLICA DOBLE IMPOSICION Como efectivamente expresa el acápite de este punto, la pretensión fiscal de gravar la compra por el IVA y el IRACIS considerando que no es crédito fiscal ni gasto o costo deducible por supuesta inexistencia de la operación produce como consecuencia una doble imposición Con respecto al IVA, al gravar las COMPRAS con el IVA por no permitir el uso como crédito fiscal por supuesta utilización indebida provenientes de supuestas operaciones inexistentes, se produce la doble tributación, pues por otro lado el contribuyente al vender dichas mercaderías genera un débito fiscal que produce el pago del IVA, en este caso sin crédito fiscal directo proveniente de su compra, produciéndose un doble pago del impuesto, no permitida por la Constitución Nacional, que convierte a un impuesto no acumulativo y un tributo acumulativo, transgrediendo las normas legales contenidas en la Ley N° 125/91. Igual ocurre con el Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios, pues al considerar las compras de las mercaderías como un costo no deducible o inexistente, se abonarla el Impuesto a la Renta sobre dicha compra no deducible, y al vender el contribuyente dichos bienes adquiridos con utilidad, que fueron declaradas en sus balances y DDJJ de impuesto, se produce se paga el Impuesto a la Renta sobre la venta de dichas mercaderías cuyas compras no fueron deducibles, produciéndose igualmente una doble tributación que es inconstitucional. En conclusión, la resolución objeto del recurso de reconsideración debe ser revocada in totum, admitiendo la veracidad de la operación de compra y consecuentemente las mercaderías y declarando la inexistencia de infracción alguna en estos conceptos, y por ende, de ningún tipo de multa, por la inexistencia de una conducta reprochable impositivamente III. LA CANCELACION Y HABILITACION DEL TIMBRADO Dice el decreto N° 6539/05 por el cual se dicta el reglamento general de timbrado y uso de comprobantes de venta, documentos complementarios, notas de remisión y comprobantes de retención, lo siguiente en su artículo primero: "Art. 1°.- AU TO RIZA CION DE IMPRESION Y TIMBRADO DE DOCUMENTOS.-Los contribuyentes solicitarán a la Administración Tributaria autorización para la impresión de los Comprobantes de Venta, Documentos Complementarios, Notas de Remisión de mercaderías y Comprobantes de Retención de impuestos y su timbrado, a través de las Empresas Gráficas que efectuarán su impresión, en los términos y bajo las condiciones del presente Decreto. A estos fines, se entiende por "timbrado" a la intervención de la Administración Tributaria previa a la impresión de los documentos citados en el párrafo precedente, expresada en caracteres numéricos, constituyendo un acto administrativo en virtud del cual los mismos quedarán habilitados para su expedición dentro de un plazo determinado a fin de sustentar los hechos económicos que tienen efectos fiscales. Esta habilitación y timbrado se realizará con respaldo de la tecnología que disponga la Administración Tributaria. La Administración Tributaria podrá autorizar en casos excepcionales la auto impresión de documentos a través de los sistemas computarizados de los propios contribuyentes. Para obtener esta autorización y el timbrado correspondiente, se deberá cumplir con las condiciones que establezca la Administración Tributaria. La Administración Tributaria también autorizará la impresión y timbrado de Tickets emitidos a través de máquinas registradoras que cumplan con las condiciones de control que ésta establezca.
El timbrado de documentos tendrá validez por el tiempo que establezca la Administración Tributaria, que no podrá ser superior a dos (2) años. Los documentos serán autorizados y timbrados por la Administración Tributaria, de acuerdo al comportamiento tributario de los contribuyentes. La Administración Tributaria podrá suspender la validez de los documentos timbrados cuando el contribuyente no cumpla con la presentación de sus declaraciones, presente declaraciones sin movimiento o mantenga deudas firmes por un período superior al que ésta establezca. La suspensión también procederá cuando se compruebe inconsistencias o alteraciones en los documentos emitidos a través de sistemas de computación o máquinas registradoras autorizados imputables al contribuyente que los emitió. En estos casos, la. Administración Tributaría proveerá los medios para advertir de su decisión a los potenciales afectados, a través de los sistemas de verificación a que se refiere el Artículo 17° del presente Decreto. Por su parte el articulo segundo del mismo cuerpo expresa cuanto sigue; Art.2°.- COMPROBANTES DE VENTA - Cuando cumplen las disposiciones del presente Decreto y están timbrados por la Administración Tributaria, son Comprobantes de Venta los siguientes documentos que acreditan la enajenación de bienes o la prestación de servicios: 1) Facturas. 2) Boletas de Venta. 3) Autofacturas. 4) Tickets emitidos por máquinas registradoras. 5) Entradas a espectáculos público. 6) Boletos de transporte público de personas, urbano e interurbano de corta distancia, entendiéndose por tal al recorrido que desde el punto de partida no sobrepase 100 kilómetros. 7) Boletos de loterías, sorteos, apuestas y demás juegos de azar. Como puede apreciarse de los articulo transcriptos del reglamento del timbrado que ha sufrido algunas otras modificaciones reglamentarias, pero que subsiste en su concepción originaria, sobre lo que vamos a referirnos en este punto. En efecto, el mencionado reglamento establece como facultad de la Administración Tributaria suspender la validez de los documentos timbrados, lo que implica también, no habilitar la confección de comprobantes timbrados, cuando el contribuyente no cumpla con la presentación de sus declaraciones, presente declaraciones sin movimiento o mantenga deudas firmes por un periodo superior al que ésta establezca. La suspensión también procederá cuando se compruebe inconsistencias o alteraciones en los documentos emitidos a través de sistemas de computación o máquinas, registradoras autorizados imputables al contribuyente que los emitió. VV.EE. podrán apreciar que las causales de la cancelación de los timbrados de comprobantes de venta o su no habilitación constituyen infracciones cometidas por el contribuyente, que están tipificadas en la Ley N° 125/91. En el caso de falta de presentación de las declaraciones juradas, estamos en presencia de la infracción denominada omisión de impuesto o en el mejor de los casos de contravención, sino hubiera impuesto que pagar. En el caso de las inconsistencias o alteraciones de documentos, estamos en presencia de lo que se tipifica como Defraudación. Todas estas infracciones tienen su sanción prevista en la Ley N° 125/91 y el procedimiento para para aplicarlas, respetando el debido proceso al contribuyente. Pero es el caso que esta cancelación del timbrado o falta de habilitación del mismo contribuye una de las sanciones, mas graves que pueda darse en el ámbito impositivo, pues como dice el articulo 2o del Decreto antes mencionado solo "Cuando cumplen las disposiciones del presente Decreto y están timbrados por la Administración Tributaria, son Comprobantes de Venta los siguientes documentos que acreditan la enajenación de bienes o la prestación de servicios" En caso contrario no son "Comprobantes de Venta que acreditan la enajenación de bienes o la prestación de servicios. ¿Cuál es la consecuencia para el contribuyente cuando le cancelan el timbrado o no le habilitan luego de su vencimiento? Pues prácticamente la imposibilidad de vender legalmente, lo cual le impide la venta, por dos motivos: a) el comprador no va a aceptar la compra con comprobantes con timbrado vencido o inhabilitado o no valido, b) la venta con comprobante con timbrado vencido o inhabilitado, constituye una infracción sujeta a multa; c) para el comprador el crédito fiscal proveniente del comprobante no puede ser utilizado para su compensación con el débito fiscal correspondiente y además será un gasto, no deducible.- En definitiva de hecho y de derecho la facultad de cancelar, habilitar o inhabilitar timbrado, concebida en un decreto, sin juicio previo, es una de las sanciones mas graves previstas en nuestras reglamentaciones que transgreden derechos y garantías constitucionales claras y terminantes,.por lo que debieran ser revocadas, a saber: 'Artículo 17 -DE LOS DERECHOS PROCESALES En el proceso penal, o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a: 1. que sea presumida su inocencia: 2.... 3. que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales; 4. ... 5. que se defienda por sí misma o sea asistida por defensores de su elección; 6.... 7. la comunicación previa y detallada de la imputación, así como a disponer de copias, medios y plazos indispensables para la preparación de su defensa en libre comunicación; 8. que ofrezca, practique, controle e impugne pruebas; 9. que no se le opongan pruebas obtenidas o actuaciones producidas en violación de las normas jurídicas; Artículo 44 - DE LOS TRIBUTOS personales que no impondrán Nadie estará obligado al pago de tributos ni a la prestación de servicios hayan sido establecidos por la ley. No se exigirán fianzas excesivas ni se desmedidas. Artículo 86 - DEL DERECHO AL, TRABAJO Todos los habitantes de la República tienen derecho a un trabajo lícito, libremente escogido y a realizarse en condiciones dignas y justas. La ley protegerá el trabajo en todas sus formas y los derechos que ella otorga al trabajador son irrenunciables. Artículo 107-DE LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Toda persona tiene derecho a dedicarse a la actividad económica lícita de su preferencia, dentro de un régimen de igualdad de oportunidades. Artículo 137 - DE LA SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION La ley suprema de la República es la Constitución. Esta, los tratados, convenios y acuerdos internacionales aprobados y ratificados, las leyes dictadas por el Congreso y otras disposiciones jurídicas de inferior jerarquía, sancionadas en consecuencia, integran el derecho positivo en el orden de prelación enunciado. Quienquiera que intente cambiar dicho orden, al margen de los procedimientos previstos esta Constitución, incurrirá en los delitos que se tipificarán y penarán en la ley. Esta Constitución no perderá su vigencia ni dejará de observarse por actos de fuerza o fuera derogada por cualquier otro medio distinto del que ellAi dispone. Carecen de validez todas las disposiciones o actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución. Artículo 179-DE LA CREACIÓN DE TRIBUTOS Todo tributo, cualquiera sea su naturaleza o denominación, será establecido exclusivamente por la ley, respondiendo a principios económicos y sociales justos, así como a políticas favorables al desarrollo nacional. Es también privativo de la ley determinar la materia imponible, los sujetos obligados y el carácter del sistema tributario. Artículo 180 - DE LA DOBLE IMPOSICION No podrá ser objeto de doble imposición el mismo hecho generador de la obligación tributaria. En las relaciones internacionales, el Estado podrá celebrar convenios que eviten ¡a doble imposición, sobre la base de la reciprocidad. Artículo 181 - DE LA IGUALDAD DEL TRIBUTO La igualdad es la base del tributo. Ningún impuesto tendrá carácter confiscatorio. Su creación y su vigencia atenderán a la capacidad contributiva de los habitantes y a las condiciones generales de la economía del país. Todos estos derechos, y garantías constitucionales están siendo transgredido por los artículos citados del Decreto también mencionado, ya que otorga facultad irrestricta para que la Administración Tributaria habilite o no el timbrado, como si fuera una medida administrativa inocente, y lo que es peor sin juicio previo, y sin que dicha sanción este establecida por la Ley N° 125/91 texto actualizado. La Resolución recurrida o accionada en este escrito, dice chanto sigue:— ultimo, en cuanto sigue: Por último, en cuanto a sus solicitud de autorización del timbrado de documentos del 08/08/2016 corresponde señalar que el 29/07/2016 le fue autorizado de manera excepcional el timbrado por un . plazo de 30 dias, en este sentido, en virtud al articulo 186 de ley N° 125/91 que faculta a la SET A DICTAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA LA APLICACIÓN, ADMINISTRACIÓN, PERCEPCION Y FISCALICION DE LOS TRIBUROS, ESTE Departamento encuentra jurídicamente viable conceder nuevamente la autorización para imprimir documentos timbrados de forma excepcional por el plazo de 90 noventa dias en atención a que, la emisión de comprobantes de incidencia tributaria representa un obligación forma establecida por la propia Administración Tributaria, sin la cual, la contribuyente estaría realizando actividades en forma inadecuada, perjudicando tanto a sus clientes copio al premio fisco". De esta argumentación puede colegirse que: a) ante un pedido anterior solo excepcionalmente habilitaron el timbrado por treinta días, que nos fue comunicado via mail sin sumario previo. B) esto nos obligó a peticionar nuevamente la habilitación del timbrado, que quedamos habilitado por noventa dias y determinado en la resolución que resuelve la reconsideración presentada sobre otros aspectos tributarios. Todas esta habilitaciones inferiores a dos años constituye de por si una sanción administrativa, que presiona la continuidad de la empresa pues el plazo de habilitación es extraordinariamente, exiguo.
Aunque en esta oportunidad, que no ha sido como en los otros casos; pues la determinación se ha adoptado en un sumario administrativo que no trataba sobre la habilitación del timbrado, al hacerlo de la manera expuesta, se demuestra que se aplica una sanción no establecida en la Ley sino que tan solo en un decreto y ello transgrede el orden de prelación de leyes y el principio de legalidad previstas en un cuerpo legal inferior a la Ley, y sin sumario ni juicio previo. IV. SUSPENSION DEL PROCESO DE COBRANZA. Dice la resolución accionada que "Teniendo en cuenta lo señalado en el referido informe, creemos que QUEEN ANNE SA, esta en condiciones de hacer frente a sus obligaciones, por lo que recomendamos que el expediente sea remitido a la Abogacía del Tesoro para proseguir el proceso de cobranza, pues a pesar de la mejor predisposición que ha demostrado la SET, no hemos obtenido una propuesta legalmente viable por parte del contribuyente" Como puede apreciarse, el fisco pretende proseguir el proceso de cobranza remitiendo a la Abogacía del Tesoro para que esta efectúe una demanda de Ejecución de Sentencia, en base a esta resolución recurrida, embargando nuestras cuentas bancarias, mercaderías, bienes, y con ello atarnos de pie y manos, producir el quiebre de la empresa, ante la falta de pago de lo que improcedentemente reclaman. Dice el artículo 229 de la Ley N° 125/91 que "La Administración Tributaria, por intermedio de la Abogacía del Tesoro promoverá la acción ejecutiva, por medio de representantes convencionales o legales para el cobro de los créditos por tributos, multas, Intereses o recargos y anticipos, que sean firmes, líquidos o liquidables. Constituirá título ejecutivo fiscal el certificado en que conste la deuda expedido por la Administración. "Por su parte el artículo 231 establece que "El cobro ejecutivo de los créditos fiscales se hará efectivo por el procedimiento de ejecución de sentencias, conforme a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles y Comerciales. Serán admisibles las siguientes excepciones: ...c) Impugnación del acto en vía contencioso administrativa... Se podrá oponer la excepción de inhabilidad cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan discordancias entre el mismo y los antecedentes administrativos en que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva, cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio. El juez fijará los honorarios pertenecientes a los profesionales intervinientes por la Administración" Como puede apreciarse del articulo 229 transcripto, en concordancia con lo dispuesto también el Código Procesal Civil, para que sea viable la ejecución de los opéaitos fiscales estos tienen que ser firmes, líquidos o liquidables. Pero es el caso de que dichos créditos no están firmes pues los hemos objetado con esta acción contencioso administrativa que se deberá discutir en esta instancia la procedencia del Impuesto a la Renta, la multa aplicada, la excusión de responsabilidad, la procedencia de la sanción de inhabilitación del timbrado, etc., razón por la cual no se puede proseguir el proceso de cobranza ante la Abogacía del Tesoro, hasta tanto no exista una sentencia ejecutoriada en la instancia contencioso administrativa. Por otro lado, el articulo 231 expresamente dispone también en concordancia con el articulo anterior que Serán admisibles las siguientes excepciones: ...c) Impugnación del acto en vía contencioso administrativa... La ley prevé consecuentemente, en primer termino como requisito para la iniciación de la ejecución de sentencia que el crédito este firme, lo que quiere decir que no sea recurrible ni este recurrida a ninguna instancia administrativa o judicial. Y si el Fisco, aun haciendo caso omiso a dicho requisito, en uso arbitrario de su prerrogativa, iniciara, no obstante, la ejecución de sentencia, el articulo 231 establece la excepción de la impugnación del acto en lo contencioso administrativo. Pero que ocurre en la practica: Iniciada la ejecución de sentencia arbitrariamente sin tener crédito firme, en forma inmediata se determina judicialmente el embargo ejecutivo, mediante el cual se indispone las cuentas bancadas, las mercaderías y bienes de la empresa, con lo cual el contribuyente no puede vender, ni girar, disponer, pagar cuentas con sus recursos monetarios propios. El contribuyente queda atado de pie y manos, por lo menos por un tiempo no menor de noventa o mucho más dias, hasta que se haga lugar a la excepción planteada. Para entonces, el contribuyente esta en quiebra o habrá tenido que pagar lo que se discute en esta instancia. Por esta razón venimos a solicitar, como medida de urgencia, ante el peligro inminente, la suspensión del proceso de cobranza que fuera ordenada por la resolución objeto de esta acción contenciosa administrativa, la que tiene el sustento legal suficiente en los artículos precedentemente transcriptos, ofreciendo en forma inmediata la contra cautela que el Tribunal tenga a bien solicitarnos, sean estas personales o patrimoniales” (sic).
Termina solicitando que previo los trámites de rigor, el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, dicte Sentencia, haciendo lugar a la presente demanda contencioso administrativa, con costas.
Posteriormente, en fecha 9 de Junio de 2017, se presenta ante este Tribunal el Abg. Walter Canclini, bajo representación del Abg. Femando Benavente, en nombre y representación de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda y contesta la demanda contencioso administrativa en los siguientes términos: “1) NEGACIÓN CATEGORICA: Niego categóricamente los hechos y derechos en que pretende fundarse la parte actora en la demanda que se responde, que no fueren expresamente reconocidos en esta presentación. Lo que peticiono se tenga en cuenta para lo que hubiere lugar. Niego también en forma categórica que corresponda la revocatoria los actos administrativos dictados por la Administración Tributaria objeto de la presente acción, fundado en las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: 2) CONSTESTACTÓN DE LA DEMANDA: Del escrito de demanda, cotejada con las actuaciones administrativas, se observa que se plantea, demanda contencioso administrativa, contra actos administrativos de determinación tributaria que confirman la responsabilidad fiscal de la firma Queen Anne S.A. en actos de defraudación tributaria (CONFESADAS Y ACEPTADAS POR LA CONTRAPARTE DURANTE TODO EL DECURSO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO SIN NINGÚN HECHO O ACTO QUE SIQUIERA HUBIERA SERVIDO PARA INMAGINAR O ANTICIPAR ESTA IMPERTINENTE DEMANDA). Efectivamente, desde el momento mismo del inicio de la fiscalización tributaria, ENCONTRABA OBLANDO HASTA QUE, PROBABLEMENTE, MAL ASESORADOS, FUERON CONVENCIDOS QUE ANTE VV.SS., POR CUALQUIER ARGUMENTO PUERIL, PUEDEN LIBRARSE DE ABONAR LAS IMPORTANTES SUMAS DE DINERO QUE DEBEN AL FISCO Y QUE REPETIMOS, HA SIDO ACEPTADAS Y RECONOCIDAS EN TODO MOMENTO POR LA CONTRAPARTE. Como fácilmente podrá observar, la alegación sostenida en esta impertinente demanda contradice de manera evidente con la defensa y conducta materializada en la etapa administrativa, por lo que evidentemente, la situación posiciona a la adversa en contradicción con el principio de los actos propios. 2.1. ACTOS CONSENTIDOS Y TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS: Como mencionáramos ut supra, la actitud asumida por el contribuyente no se ajusta a la teoría de los actos propios. En ese sentido, dicha teoría reside en que el ordenamiento jurídico no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercitar un derecho en total contradicción con una conducta suya anterior que suscitaba confianza respecto al comportamiento que se iba a observar en esa relación jurídica. Manuel María Diez en su obra Derecho Procesal Administrativo, Pag. 260 señala, "Si un particular conoce un acto administrativo que le afecta y lo consiente con su silencio, la Administración debe suponer que sus actos se han reconocido como correctos. Los nuevos actos que se produzcan no serán sino consecuencia de otros que va adquirieron una fuerza tan eficaz como la de una cosa juzgada judicial...Se requieren dos requisitos: 1°) Reproducción de un acto anterior; 2o) que este sea definitivo y firme" (subrayado es nuestro).- En el presente caso, el contribuyente consintió la determinación practicada mediante su manifestación expresa e inequívoca trasuntada en presentación remitida a la Administración Asimismo, rectificó sus Declaraciones Juradas anteriores afín de ajustar sus deudas a las determinadas por la SET. Todo materializado de forma consiente y voluntaria. Véase que la adversa manifestó su formal allanamiento a la determinación practicada solicitando inclusive facilidades de pago; efectuó consideraciones respecto a la calificación de la infracción (pidiendo clemencia) y la posterior emisión de las Resoluciones administrativas reproduce simplemente las circunstancias y el monto que ya fuera aceptado por el contribuyente. No innova ni incluye ninguna circunstancia no prevista inicialmente o que fuera desconocida para la adversa y menos ha establecido un monto diferente al aceptado expresamente por el contribuyente en su nota en cuestión. Como mencionáramos ut supra, la actitud asumida por el contribuyente se ajusta igualmente a la teoría de los actos propios. En ese sentido, dicha teoría reside, "en que el ordenamiento jurídico no puede tolerar que un sujeto pretenda ejercitar un derecho en total contradicción con una conducta suya anterior que suscitaba confianza respecto al comportamiento que se iba a observar en esa relación jurídica. Esto nos permite, siguiendo a DIEZ PICAZO ("La doctrina de los propios actos", Editorial Bosch, Barcelona, 19*63), señalar como presupuestos de aplicación de la teoría de los actos propios, los siguientes: a) que se haya observado, dentro de una determinada situación jurídica, una conducta relevante y eficaz; b) que posteriormente la misma persona intente ejercitar una facultad o un derecho subjetivo, creando una situación litigiosa y formulando en ella determinada pretensión; c) que entre la conducta anterior y la pretensión posterior exista incompatibilidad o contradicción, que atenten contra la buena fe; d) que exista identidad entre los sujetos vinculados por ambas conductas (Jorge Moisset De Espanes - "TEORIA DE LOS ACTOS PROPIOS Y RENUNCIA TACITA", LL 1983-D, pág. 524) (Subrayado es nuestro). COMO SE PODRÁ APRECIAR, EXISTE PLENA COINCIDENCIA ENTRE LOS PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS ACTOS PROPIOS Y EL CASO CONCRETO PLANTEADO, MÁXIME AUN CUANDO LA MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD DEL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA PLÁSMADO EN INSTRUMENTOS IRREFUTABLES QUE PROVIENEN DE UNA DECISIÓN UNILATERAL Y EXCLUSIVA DEL MISMO (presentaciones administrativas, declaraciones juradas de impuestos rectificativas y accediendo suscribir pagarés, inclusive). En su monografía "La Teoría de los actos propios" publicado en Internet, El Prof. Dr. Marcelo López Mesa, Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales (Universidad Nacional de La Plata). Especifista en Derecho Civil (U.NJL.P.) Postgraduado en Derecho Civil (Universidad de Salamanca, 1995) señaló, "La formulación más clásica u ortodoxa de la doctrina parece encolumnarse en la posición que requiere la existencia de un proceso para la aplicación de la regla. Así, Diez Picazo, dice que "para nuestra jurisprudencia la aplicación de la regla que impide venir contra los actos propios presupone siempre una situación procesal... es en el proceso donde no se puede venir contra los actos propios....El caso es que esa opinión hoy ha dejado de ser ampliamente mayoritaria, pudiendo citarse opiniones en contra, como la de González Pérez (43). En esa misma senda, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, elevó ésta doctrina al nivel de fuente autónoma de obligaciones, capaz de generarlas incluso fuera del marco procesal de un litigio En nuestro país, la SCBA ha aplicado también el instituto para el caso de confesiones y reconocimientos extrajudiciales, vedando la modificación en el proceso de una postura asumida en sede administrativa o extrajudicial, conformando una doctrina coherente al respecto; la Excma Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral de Neuquén, también ha seguido un criterio equivalente....Morello y Stiglitz censuran esta tesitura (47) -con cita de un antiguo precedente de la Suprema Corte (48)- porque entienden que la cuestión se halla regida específicamente por los arts. 421 y 423 del CPCyC -que elevan a categoría de plena prueba a una confesión efectuada fuera del juicio-;...Por otra parte, nos parece que debe irse un paso más allá y aplicarse la regla también por ejemplo a las comunicaciones fehacientes. Dicho en otras palabras, creemos que cuando se halle suficientemente garantizado el derecho del manifestante y no pueda - o existan garantías suficientes, 'al menos- de que la manifestación de éste ha sido libre, dirigida en sentido indudable a crear o modificar sus derechos y esté rodeada de formalidades que la hagan seria y reflexiva, la expresión extrajudicial formal -sede administrativa o comunicación fehaciente- obliga, quedando atado el manifestante a sus expresiones" (subrayado y negrita son nuestros). Bajo el título, La doctrina puede aplicarse de oficio: ', el Dr. Marcelo López Meza en la obra mencionada Ut supra señala, "Basta con que la parte haya denunciado el cambio de actitud de la contraparte para que proceda la aplicación de oficio de la regla, porque se cumple entonces la exigencia de congruencia y no se ultrapasan las alegaciones, pretensiones y defensas introducidas por los litigantes (52 );. consagrada doctrina ha postulado que lo propio autoriza la solicitud genérica de rechazo de la pretensión, cualesquiera sean los fundamentos del pedido....Procede la aplicación de oficio, en especial, en casos en que ambas conductas: la vinculante -el objeto de la pretensión- y la contradictoria -constituida por toda una serie de cuestiones que se quieren introducir en el memorial- han tenido lugaf en el mismo proceso (54);la directiva expresa de la Comisión Redactora del viejo C P. C. y C. de la Nación (Ley 17454) de procurar la moralización del proceso, faculta al juez a evitar artilugios y contramarchas que pudiesen violar la exigencia de buena fe" (subrayado es nuestro). 2.2. CUMPLIMIENTO EFECTIVO DEL ART. 212 Y 225 DE LA LEY 125/91: El Art. 212 de La Ley 125/91 establece, "Procedimiento de determinación tributaria 6) SI EL CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE MANIFESTARE SU CONFORMIDAD CON LAS IMPUGNACIONES O CARGOS, SE DICTARÁ SIN MÁS TRÁMITE EL ACTO DE DETERMINACIÓN..." (Mayúscula, negrita y subrayado son nuestros). Por su parte, el Art. 225 última parte de la Ley 125/91 establece, "Procedimiento para la aplicación de sanciones EL PROCEDIMIENTO DESCRIPTO PUEDE TRAMITARSE CONJUNTAMENTE CON EL PREVISTO POR EL ART. 212° RARA LA DETERMINACION DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE TRIBUTO O TRIBUTOS Y CULMINAR EN UNA ÚNICA RESOLUCION (mayúscula negrita y subrayado son nuestros). En el expediente administrativo se puede apreciar nota reconociendo el contenido del acta y aceptando la concepto de impuestos y multas solicitando el fraccionamiento correspondiente. Véase en el dictamen DANT No. 339 del 12 de julio de 2016 de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria que "...la firma no cuestionó formal ni substancialmente la verificación realizada en virtud de la Orden de Fiscalización No. 65000001381, la cual derivó en la Resolución Particular DGFT 690000000339 del 8/02/16, como consecuencia de la conformidad de la misma y mediante la cual la SET determinó a la recurrente el IRACIS General de ejercicios fiscales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y aplico una multa por defraudación de Gs. 4.681.519.566, por la utilización de comprobantes de contenido falso. De acuerdo al sistema Marangatu al 19/08/2016, la firma cuenta con las siguientes deudas: 511 - Ajuste IRACIS - Multa de Gs. 4.681.519.567 (vencido) y 171 - Fac. de pago renta de Gs. 6.435.975.865, en 47 cuotas de Gs. 133.929.667 y una cuota de Gs. 141.281.516, con una entrega inicial de Gs. 622.255.961 de la cual ya abonó 5 cuotas..." (sic.). COMO W.EE. PODRÁN APRECIAR, EXISTEN ACTOS INEQUIVOCOS DE RECONOCI MI IENTO DE LA OBLIGACIÓN POR PARTE DEL CONTRIBUYENTE AHORA ACTOR. ES DECIR, MANIFESTACIÓN ESCRITA, CONSIENTE Y VOLUNTARIA DE ACEPTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS CONSECUENTES.
A CONFESIÓN DE PARTE, RELEVO DE PRUEBAS. El allanamiento del contribuyente se ajusta plenamente a lo dispuesto en el Numeral 6) del Art. 212 de la Ley 125/91, antes que la administración tributaria iniciara todo trámite administrativo para correr traslado de lo actuado al contribuyente, el mismo se presentó ante la administración tributario, aceptó la determinación practicada, realizó las declaraciones juradas rectificativas de rigor que demuestran su real adeudo impositivo (confesión) y solicitó el fraccionamiento para la cancelación correspondiente. Y es más, en la reconsideración (que no es tal por su contenido, porque solo se limita a pedir moratoria para el pago y trato especial para reducción de las multas), ratifica la aceptación de esta determinación.- ANTE DICHA ACTITUD, CORRESPONDE DAR CUMPLIMIENTO. ESTRICTO A LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 6) DEL ART. 212 DE LA LEY 125/91 Y EN CONCORDANCIA CON LO SEÑALADO EN EL ART. 225 ULTIMA PARTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DICTÓ SIN MAS TRAMITE EL ACTO DE DETERMINACIÓN QUE CONTIENE LOS MISMOS HECHOS Y MONTOS ACEPTADOS POR EL CONTRIBUYENTE, NOTIFICANDO ESTAS RESOLUCIONES AL MISMO PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A ELEVAR A SU CONSIDERACIÓN PLAN DE FRACCIONAMIENTO SOLICITADO Y PROCEDER A INGRESAR AL FISCO EL PAGO DE LOS TRIBUTOS Y MULTAS DETERMINADOS. Ahora bien, ¿Qué actitud asumió el contribuyente ante la notificación del acto de determinación?. Sorprendentemente luego de allanamiento formulado por la contraparte, también luego de rectificar sus declaraciones juradas para que su contabilidad refleje sus real adeudo impositivo e inclusive, a posteriori del pedido de fraccionamiento de la deuda y abonar 5 (cinco) cuotas de la misma, presenta un recurso de reconsideración, y es más, recurre ante lo contencioso administrativo puntualizando supuestos errores en la determinación, violación al derecho de la defensa, e infinidad de depurados, antojadizos y esforzados argumentos legales que pretenden confirmar el "negligente" y "deficiente" obrar de la Administración Tributaria, tratando de disfrazar su confesión y aceptación preliminar de la determinación tributaria, en inexistentes "presiones" por la intervención del Ministerio Público en el comiso de las facturas apócrifas utiliza para crear ficticiamente crédito fiscal y así defraudar al Fisco. LA PARTE ACTORA /SUME UNA ACTITUD OPORTUNISTA Y DE CONCEPCIÓN MAQUIAVÉLICA QUE RIÑE CONTRA EL PRINCIPIO DE BUENA FE QUE DEBE PRIMAR EN TODO LITIGIO JUDICIAL, BUSCANDO PREMEDITADAMENTE DESCONOCER UNA MANIFESTACIÓN VOLUNTARIA Y DOCUMENTADA DE LA MISMA PARA PRETENDER SOSTENER SENDAS SUPUESTAS ILEGALIDADES COMETIDAS EN EL PROCESO DE DETERMINACIÓN, CUANDO EN REALIDAD, LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | y SE AJUSTÓ PLENAMENTE A LO DISPUESTO EN EL ART. 212 NUMERAL CONCORDANTE CON LA ÚLTIMA PARTE DEL ART. 225 DE LA LEY 125/91. En su monografía, "La Teoría de los actos propios", publicada en Internet, el Dr. Marcelo López Mesa haciendo referencia a la violación del Principio de Buena Fé’ señala, "Fallos judiciales de los más diversos tribunales de nuestro país, han resuelto que "Nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos anteriores, a través del ejercicio de una conducta incompatible con una anterior deliberada, jurídicamente relevante .y plenamente eficaz....Constituye ésta una limitación al ejercicio de los derechos que se basa en el rechazo de la sorpresa y la emboscada; el Derecho exige una conducta consonante con la confianza suscitada, requiriendo la coherencia del comportamiento con virtualidad respecto de terceros. La CSJN desde antiguo ha frustrado tentativas oportunistas de evitar las consecuencias desfavorables de actos o manifestaciones propias de las partes (14); lo ha hecho utilizando herramientas disímiles, a veces invocando la doctrina de los propios actos, otras la adhesión sin reservas a un régimen jurídico (15) o la renunciabilidad de los derechos patrimoniales.."(subrayado es nuestro). Al existir allanamiento se extingue controversia alguna, al no existir controversia es innecesario un proceso contradictorio, de que sumario podríamos estar hablando cuando la Administración Tributaria determinó el impuesto dejado de ingresar al Fisco y la. multa a ser aplicada en consecuencia y el contribuyente aceptó expresamente dicha determinación. Ante esta situación, en absoluto podríamos estar hablando de una violación al debido proceso o al derecho a la defensa, dicha violación se hubiera materializado si la adversa manifestaba su oposición y la Administración no abría el sumario para que el mismo intente demostrar su eventual derecho, tal situación no se dio, por el allanamiento expreso del recurrente.- En cuanto al allanamiento, en el juicio caratulado "DIAGRO S.A. c/D.G.G.C. N°.95/04 que dispone la prosecución de lo dispuesto en la Res. N°.58 del 0//marzo/2004, D.G.G.C. N° 688 del 04/julio/2005, dictamen N° 873/5 y GCCE N° 421 del 18/0ctubre/2005, Dictamen N° 1355/5, dictadas por la Dirección Gral. de Grandes Contribuyentes, Subsecretarías de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda", el Tribunal de Cuentas, 2da. Sala en sus considerandos señaló, "Al respecto se debe tener en cuenta que lo único que faltaba para que se agoten los tramites posteriores a una verificación fue la notificación de la liquidación, elemento este (notificación) ya no indispensable en el caso de la verificación a Diagro por el hecho de que la firma consistió de ante mano la determinación, desde el, momento en que suscribió el acta final aceptando las discrepancias impositivas realizadas por los auditores, y. más aún, posteriormente, y para ratificar su decisión de allanarse a dicha determinación ha cursado una nota de fecha 7 de abril del 2.004, con entrada de fecha 12 de abril del 2.004 bajo el N° 1210, situación que han perfeccionado el acto administrativo de determinación de la obligación tributaria La notificación ya solo constituirá la comunicación a los efectos de la habilitación para el pago de lo aceptado por la firma Diagro.... El solo hecho del allanamiento de la firma constituye, la conclusión de la verificación a tenor de lo dispuesto por el Art. 209 de la Ley 125/91 el cual expresa: "La determinación, es el acto administrativo que declara la existencia y cuantía de la obligación tributaria, es VINCULANTE Y OBLIGATORIA". La determinación procede según el artículo 210 en su inc. e) cuando: "Mediante su fiscalización la Administración Tributaria comprobare la existencia de deudas" (subrayado y negrita son nuestros). VV.EE. PODRÁN APRECIAR QUE EL CASO DIAGRO S.A. ES IDÉNTICO A LA PRESENTE DEMANDADA EN EL SENTIDO DE QUE SE PRÁCTICO UNA FISCALIZACIÓN, SE FIRMÓ EL ACTA Y EL CONTRIBUYENTE INMEDIATAMENTE, ACEPTÓ LOS TÉRMINOS DEL MISMO, SOLICITANDO EL PAGO DE LOS IMPUESTOS Y MULTAS DETERMINADAS, Y ES MÁS, FRACCIONO EL TRIBUTO Y ABONO 5 CUOTAS) MÁS LA ENTREGA INICIAL. SIENDO ASI, LA NOTIFICACIÓN POSTERIOR DEL ACTO DE DETERMINACIÓN, COMO BIEN LO SEÑALÓ EL TRIBUNAL DE CUENTAS, ES LA SIMPLE COMUNICACIÓN A LOS EFECTOS DE LA HABILITACIÓN PARA EL PAGO DE LO ACEPTADO POR EL CONTRIBUYENTE EN CUESTIÓN. En función a todas las argumentaciones señaladas en el presente escrito, podemos concluir con absoluta certeza de que la demanda incoada por la adversa resulta improcedente, de hecho, la misma ha aceptado libre y espontáneamente el contenido del acta final y el monto de los impuestos y multas establecidos en el mismo, habiendo ya abonado inclusive parte de la misma; situación que configura un expresa allanamiento, no existiendo en consecuencia controversia sobre lo determinado por la Administración Tributaria, correspondía, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 212m, numeral 6) concordante con el art. 225 ultima parte de la ley 125791, emitir la Resolución de determinación, comunicar la misma ya proceder a ingresar el monto determinado al contado o fraccionado, tal como lo solicitará el contribuyente en su nota de fecha 4 de mayo de 2006.- La Reconsideración y posterior demanda, resulta una abierta afrenta al Principio de la Buena Fe que debe primar en materia procesal, su accionar absolutamente contrario al Principio de los Actos Propios, no hacen otra cosa que "crear" innumerables supuestas irregularidades que van desde la violación del derecho a la defensa hasta la "negligencia" procesal de la Administración. LA REALIDAD ES ABSOLUTAMENTE CLARA, SI EXISTE ALLANAMIENTO NO PUEDE EXISTIR CONTROVERSIA, NO ES POSIBLE ACEPTAR UNA SITUACIÓN Y LUEGO SIMPLEMENTE RECHAZARLA BUSCANDO HACER MENCIONES A ERRORES QUE LA PROPIA ACTITUD DEL DEMANDADO HA MOTIVADO, e inclusive, invocando presiones inexistentes, toda vez que es sabido que las actuaciones judiciales (en este caso del Ministerio Público), en ningún caso puede ser invocado como causal de vicio de la voluntad. Ante más, parece ser que ante la evidencia brutal de las pruebas de la evasión impositiva perpetrada por la parte actora, ha aceptado esta determinación a fin de aminorar sus penas carcelarias por la comisión de los delitos investigados en la causa penal de referencia. Lo que aparece sumamente evidente y ruego oficie VV.EE al Ministerio Publico para su certificación en estos autos en la etapa procesal oportuna. De lo expuesto, se encuentra plenamente ajustado a derecho que VV.EE. confirmen la obligación del contribuyente de abonar al Fisco las obligaciones reconocidas y adeudadas, con más la multa e intereses que fueron determinados por la Administración Tributaria en ocasión de la fiscalización puntual» practicada al contribuyente en cuestión. Por lo demás, a fin de evitar innecesarias reiteraciones, mi parte se remite in totum a los claros y contundentes hechos acreditados fehacientemente en el expediente administrativo detallados en los actos administrativos protestados por la parte actora, que encarecemos de VV.SS. sean confirmados a fin de castigar fuertemente este tipo de acciones infundadas que lo único que buscan es confundir el fino criterio del Tribunal de Cuentas y librarse así del pago de los tributos a que por Ley se encuentra obligado, todo con costas que protesto, sin olvidar igualmente de declarar el ejercicio abusivo del derecho por parte de la contraparte que deviene manifiesto por su conducta procesal contradictoria y oportunista denunciada precedentemente” (sic).
Termina solicitando, que previo los trámites de estilo, el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, dicte Sentencia, rechazando la presente demanda contencioso administrativa, con costas.
Y EL MIEMBRO MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA, ARSENIO CORONEL BENITEZ PROSIGUIO DICIENDO: Que la presente causa ha tenido como origen un allanamiento conjunto realizado por la Fiscalía de Delitos Económicos junto con la Subsecretaría de Estado de Tributación incautando la documentación, libros contables y registros informáticos del contribuyente QUEEN ANNE SA, y como resultado de la misma la Subsecretaria de Estado de Tributación redacto un Acta Final en el que se denuncia la existencia de comprobantes de compra emitidos por ciertos proveedores de QUEEN ANNE S.A. que supuestamente no reflejan la realidad de las operaciones económicas en ellos consignados haciendo responsable al receptor de dichos hechos consignados en los comprobantes como comprador de la mercaderías documentadas con los mismos, tanto del Impuesto al Valor Agregado por los créditos fiscales utilizados provenientes de dichos instrumentos y del Impuesto a la Renta por los gastos deducidles consignados en su DDJJ de impuesto. El contribuyente, con relación al IRACIS presento diversas notas ofreciendo el pago de los impuestos mencionados precedentemente, la reducción de la multa y la financiación de la deuda impositiva. La multa quedo fijada en 150% la fue financiada en 47 cuotas iguales y consecutivas con una entrega inicial del 20%, qué el contribuyente dio cumplimiento. Posteriormente el contribuyente fue objeto de un gran incendio de su depósito principal ocasionándole un tremendo daño y la casi paralización de sus actividades, razón por la cual se solicitó a la Administración Tributaria, primero, una moratoria de seis meses, y luego la exclusión de responsabilidad enría no cancelación de los impuestos ofrecidos su pago, por extrema necesidad, lo que fuera denegada por la Administración tributaria. Posteriormente el contribuyente plantea un Recurso de Reconsideración, el que mediante la Resolución dictamen DANT N° 339 de fecha 12 de julio de 2016, no hace lugar a la solicitud de exclusión de responsabilidad, rechaza la prórroga solicitada, autoriza excepcionalmente la impresión de documentos timbrados por noventa días y ordena proseguir el proceso de cobranza remitiendo los antecedentes a la Abogacía del Tesoro. Esta última resolución que resuelve el Recurso de Reconsideración fue objeto de la Acción Contencioso Administrativa que está precisamente en estudio de este Tribunal. EL MIEMBRO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS PRIMERA SALA DOCTOR ARSENIO CORONEL PROSIGUIO DICIENDO: Que las discusiones en este expediente se refieren a los siguientes temas que por importancia ordenamos de la siguiente manera: 1) Allanamiento o reconocimiento de la deuda por impuesto y multas; 2) Responsabilidad en la emisión de los comprobantes de venta, y, 3) La cancelación o reducción del plazo de vigencia del timbrado de los comprobantes de venta. 4) devolución del impuesto ingresado indebidamente. Analicemos cada uno de ellos. 1) Allanamiento o reconocimiento de la deuda por impuesto y multas; ¿Ha existido allanamiento a la denuncia formulada por los inspectores actuantes en el caso, conforme la disposición vigente en el Código Procesal Civil que rige supletoriamente para este instituto procesal? O ¿ha existido confesión de la infracción? En primer término, debemos señalar que el allanamiento se halla contemplado en el artículo 169 del Código Procesal Civil como una de las formas de terminación del proceso. Y es menester señalar que en ninguno de los escritos firmados por los representantes legales del contribuyente se ha expresado que el mismo se allanaba a las pretensiones de los denunciantes y antes bien, solicitaban reducción de la multa, plazo para el pago, y, luego del incendio, moratoria para el cumplimiento, el que fuera rechazada por la Administración Tributaria. Es menester dejar en claro que el contribuyente en ningún escrito se declaró responsable de la infracción o se allano a la denuncia de culpabilidad de la supuesta infracción tributaria que se le responsabilizaba. Solo ofreció su pago condicionado a que se le otorgue la reducción de la Inulta, la financiación en el plazo solicitado y luego la moratoria, que fuera rechazada. En este punto es válido preguntarse ¿Puede una persona allanarse admitiendo ser el contribuyente de una compraventa, operación en la que actuó como comprador de las mercaderías cuyos comprobantes se objeta, y consecuentemente hacerse cargo del Impuesto y multas correspondientes? Es Importante señalar que la calidad jurídica de contribuyente proviene de la Ley. En la Ley N° 125/91 se establece el hecho imponible del Impuesto a la Renta de las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios que no sean de carácter personal. Así la citada Ley dispone que el hecho imponible es la obtención de rentas de fuente paraguaya provenientes de las actividades comerciales, industriales y de servicio que no sean de carácter personal y que en el año el ingreso bruto del contribuyente supere el importe establecido para los pequeños contribuyentes. En consecuencia, son contribuyentes todas las personas citadas en el Artículo 3° de la Ley N° 1215/91, actualizado por la Ley N° 2421/04, que hayan obtenido renta de fuente paraguaya proveniente de las actividades comerciales. En este caso el que obtiene la renta es el vendedor de las mercaderías, por lo que el comprador de la mercadería no puede, asumir la calidad de contribuyente y la responsabilidad de ello conlleva. Lo propio ocurre con el IVA en el que se establece los hechos imponibles gravados: a) La enajenación de bienes; b) La prestación de servicios y c) la importación de bienes. Por tanto, son contribuyentes las personas citadas en el artículo 79 de la Ley N° 125/91 texto actualizado, que hayan enajenado bienes, prestado servicios o importados bienes en forma definitiva en el país. No establece que el comprador de las mercaderías es el contribuyente. Por tanto ningún comprador de las mercaderías puede allanarse y ocupar la situación jurídica de contribuyente haciéndose responsable del impuesto y las multas que correspondan a la supuesta infracción, porque ello implicaría subvertir normas constitucionales de orden público, que establecen que el hecho imponible, y la calidad de contribuyente serán establecidos exclusivamente por ley. Nadie puede por su propia voluntad asumir el carácter de contribuyente ni la responsabilidad que le corresponde al contribuyente, dado que para ello es absolutamente imprescindible que haya cumplido con el hecho imponible que es el obtener rentas de fuente paraguaya en el caso de IRACIS o el de enajenar bienes en el caso del IVA. El que compra bienes no es el que enajena ni el que obtiene rentas de fuente paraguaya. El Dr. Hernán Casco Pagano en el comentario al instituto jurídico del allanamiento expresa textualmente cuanto sigue: “el allanamiento del demandado, no obstante, no exime al juez del deber de dictar sentencia conforme a derecho y si estuviere comprometido el orden público carecerá de efectos y el proceso continuará según su estado, todo lo cual es razonable porque el juez no puede prescindir del orden jurídico vigente acogiendo un acto que carezca de fundamento jurídico, o que verse sobre derechos indisponibles o se trate de un proceso simulado o fraudulento.”. Por otro lado, y de conformidad con el artículo 168 y 169 del Código de Procedimientos Civiles y Comerciales, los representantes convencionales de la persona demandada o denunciada deberá contar con un poder, especial para el allanamiento cuestión que carecían los abogados litigantes. Estos solo han presentado un poder general para representar al sumariado en todos y cualquier litigio administrativo o judicial. El Art. 168 expresamente dispone cuanto sigue: “Para desistir de la acción o de la instancia se requiere poder especial, o la conformidad de! mandante expresado en el escrito respectivo.” Seguidamente el articulo 169 expresa en su último párrafo, lo siguiente: “Regirá para el allanamiento lo dispuesto en el artículo anterior”. El poder especial implica la cláusula de allanamiento y desistimiento haciendo constar específicamente el juicio administrativo o judicial al que hace referencia dicha facultad otorgada. Esto no ha ocurrido en la instancia administrativa ni judicial. No ha existido Poder especial, y aunque se hubiera allanado o desistido, lo que no consta en forma específica, dicho allanamiento carecería de efecto por deficiencia del poder presentado, además de los expuesto precedentemente con relación a que la calidad de contribuyente es establecida por Ley, así como la responsabilidad de deriva de ello. Por ello, a lo sumo podría asumir la calidad de gestor de negocios, al ofrecer el pago del impuesto y la multa, para luego subrogarse en las acciones que tendría el Fisco y demandar la repetición de lo pagado al contribuyente e infractor, Tampoco se trata de una confesión porque no ha existido la prueba de confesión, y los escritos presentados solo ofrecen el pago bajo condición, lo que no indica confesión de los hechos ni del derecho. Finalmente, tampoco han presentado poder especial para efectuar confesión en representación de una persona ideal, lo cual es exigida para el efecto. Por lo tanto, podemos concluir que no ha existido allanamiento ni confesión. 2) Responsabilidad en la emisión de los comprobantes de venta. Con relación a este punto debemos señalar que la responsabilidad respecto del cumplimiento de los requisitos pre impresos y del llenado de los comprobantes objetados es del emisor del documento de conformidad con la Ley N° 125/91, las reglamentaciones pertinentes y la jurisprudencia de nuestros tribunales. Así por ejemplo en el expediente caratulado “Desarrollo Agrícola del Paraguay DAP S.A. c. Nota N° 1860 de fecha 3 de agosto de 2015, dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda. (Ac. ySent. N° 58 del 19/05/2017) mediante el cual se revoca la dota de la SET que cuestionó parcialmente la devolución de crédito fiscal denegando la devolución por no haber ingresado el IVA a las arcas fiscales por parte del vendedor de los bienes y servicios, no siendo responsabilidad de la firma accionante el cumplimiento de las obligaciones tributarias de sus proveedores, constituyendo ello obligación constitucional del Poder Ejecutivo y no del contribuyente recaudar las rentas de la República, una facultad privativa de la administración que no puede ser trasladada al contribuyente por ser indelegable, y las facturas presentadas no impugnadas desvirtúan, los motivo del rechazo. En el mismo sentido la Corte Suprema de Justicia en numerosos fallos ha determinado que la responsabilidad del control sobre la emisión de comprobantes que no reúnen las condiciones requeridas legal y reglamentariamente es del Fisco, y no del contribuyente comprador quien solo debe verificar el cumplimiento exterior a simple vista del cumplimiento de los requisitos del comprobante, careciendo de facultad para iniciar una investigación respecto del pago efectivo del impuesto por parte del proveedor, quien es el único y principal responsable, de sus propias obligaciones tributarias, las que no son delegables al comprador de los bienes o servicios, proveídos. Por otro lado, los comprobantes que avalan las operaciones impugnadas por la Administración Tributaria, cumplen con todos los requisitos formales establecidas en la Ley N° 125/91 y que consultado con el Sistema de Gestión tributaria por parte del contribuyente QUEEN ANNE la respuesta dada por el fisco es que dichos comprobantes tienen RUC vigente y timbrado habilitado. Que cumpliendo con todos los requisitos establecidos y habiendo certificado la propia Administración Tributaria la validez del comprobante, por tener RUC vigente y timbrado habilitado, constituye un contrasentido que posteriormente, tachen de inválidos dichos comprobantes, por el hecho de que el proveedor no haya incluido dentro de sus DDJJ de impuesto respectivo o haya negado haber emitido dichos comprobantes. El dictamen pericial del Lic. Eduardo Burgstaller y del Lic. Augusto Mengual obrantes en el expediente son. contestes en afirmar que dichos comprobantes son válidos y documentan operaciones que se han realizado, habiendo dichas mercaderías compradas ingresado y registrado dentro del Stock de la firma Queen Anne SA siendo luego vendidas a los compradores finales, oportunidad en que nuevamente fueron registradas dichas ventas, abonándose el IVA cuando correspondía e ingresando el IRACIS sobre la renta generada por dichas ventas en el ejercicio: No es posible que se valide la venta de las mercaderías adquiridas, pero se objete su compra como si ello no hubiera ocurrido. Va contra toda lógica que se acepte la venta de las mercaderías que el fisco objeta su existencia. No se puede vender lo que no existe. Si se acepta la enajenación de las mercaderías y el ingreso de los impuestos que dicha venta genera, también debe aceptarse la compra de dichos bienes y su costo al momento de su venta. La actitud tributaria del fisco es contradictoria en este sentido. Acepta la venta de los bienes que se adquirieron con los comprobantes considerados apócrifos, pero no aceptan la compra de dichos bienes vendidos y pretende que el contribuyente comprador considere no deducible el costo, pero imponible la venta, con lo cual una misma operación abonaría dos veces el Impuesto a la Renta, uno como costo no deducible y dos como venta valida cuya utilidad es imponible. Este criterio además de ilógico es inconstitucional dado que nuestra Carta Magna prohíbe la doble imposición. Por otro lado, no consta que los proveedores hayan sido objeto de auditorías impositivas por parte de la SET o de sumarios administrativos en averiguación a los hechos investigados, siendo ellos los únicos responsables de la emisión de los comprobantes que documentan sus ventas y de la elaboración y presentación de sus DDJJ de impuesto.En conclusión, la resolución administrativa accionada debe ser revocada porque QUEEN ANNE SA no es el contribuyente en la venta de bienes que efectúan sus proveedores, y consecuentemente no ha omitido ni defraudado impuesto alguno, y los comprobantes objetados cumplen con todas las exigencias legales y reglamentarias para documentar su compra, siendo responsabilidad del proveedor y vendedor de los bienes la inclusión de dichas ventas en sus DD JJ de impuesto. 3) La cancelación o reducción del plazo de vigencia del timbrado de los comprobantes de venta. Respecto a la cancelación del timbrado o la reducción del plazo de vigencia debemos señalar que la misma constituye una sanción que se aplica a los contribuyentes por diversos motivos, sin sumario previo y sin que dicha sanción este establecida en la Ley. En el caso de autos el contribuyente estuvo a un paso de quedar sin timbrado habilitado lo que le impediría vender porque de hacerlo ello configuraría el delito de evasión y ningún contribuyente compraría bienes documentados con comprobantes sin timbrado. Si no fuera por la medida cautelar que hemos decretado, el contribuyente estaría en la inconstitucional situación de no poder dedicarse a una actividad lícita por haberse dictado un acto administrativo que, bajo el ropaje de ser una medida meramente formal, constituye sin embargo una verdadera sanción de una gravedad inusitada que contraviene el orden de prelación de leyes y afecta derechos constitucionales inviolables. Pero en esta situación y dada la existencia de una norma reglamentaria vigente que establece y otorga facultad a la Administración Tributaria para adoptar dichas medidas en esta instancia este tribunal se declara incompetente para entender y revertir esta situación que debería ser tratada en una acción de inconstitucionalidad contra la resolución general que establece dichas facultades y penalidades sin sumario previo y sin estar previsto dichas penas en la ley. No obstante, fuimos del parecer afirmativo para otorgar la medida cautelar solicitada en autos y que fuera apelada, para evitar los efectos nocivos e inconstitucionales de la cancelación o reducción del plazo de vigencia del timbrado, como un medio de presión contra los contribuyentes. El timbrado ha sido instituido para un control más efectivo de los comprobantes que se emiten y no para utilizarlo como pena o sanción, pues su cancelación o reducción de plazo afecta el derecho de ejercer libremente una actividad lícita y el derecho a la libre competencia 4) devolución del impuesto ingresado indebidamente. El contribuyente ha demostrado y da Administración Tributaria no ha objetado, que ha ingresado el 20% del Impuesto a la Renta reclamado más las Cuotas vencidas hasta el presente correspondiente al hecho de considerar no deducible el costo de las mercaderías adquiridas al momento de su venta por estar documentadas con los comprobantes que fueran consideradas inhábiles a efectos tributarios por el fisco. Hemos sostenido en el punto anterior que QUEEN ANE SA no ha omitido ni defraudado ningún impuesto. Quedos comprobantes que respaldan las compras de mercaderías son válidos para documentar las mismas, registrar en contabilidad, y dar de baja su costo al momento de la venta. Que el contribuyente Queen Anne ha tributado el I VA al momento de la enajenación de las mercaderías cuyo costo se objeta, en los casos correspondientes, y también el Impuesto a la Renta (IRACIS) sobre la utilidad generada por dicha venta al final del ejercicio. Que el contribuyente solicita la devolución de lo pagado indebidamente a la Administración Tributaria en concepto de impuesto, intereses y multa por mora, lo que también implica obviamente que se deje sin efecto la multa por defraudación que el fisco le reclama. Ya hemos afirmado que el contribuyente no incurrió en ninguna infracción tributaria y antes bien ingreso parte del IRACIS que. le reclamaban indebidamente por compras de mercaderías respaldadas con comprobantes que cumplen debidamente con todos los requisitos legales y reglamentarios, con RUC vigente y timbrado valido, mercaderías que fueron registradas en su contabilidad como bienes de cambio y luego fueron vendidas, enajenación que nuevamente fue registrada en sus libros contables, abonándose el IVA en los casos correspondientes y generándole una utilidad que fue considerada gravada al final del ejercicio ingresándose el Impuesto a la Renta. Es indudable que la interpretación sostenida por el fisco es contradictoria y carece de fundamentos legales y lógicos. Por esta razón, en mi criterio el contribuyente debe suspender el pago del Impuesto a la Renta realizada mediante cuotas comprometidas y el importe del impuesto ya abonado, con sus intereses y multa por mora, le deberá ser devuelto mediante su acreditación para futura imposición. Con relación a la multa por defraudación que el fisco pretende aplicarle, la misma deberá ser revocada. Finalmente. Respecto a la moratoria y a la exclusión de responsabilidad solicitada por el contribuyente, su estudio resulta irrelevante por las consideraciones expuestas precedentemente en el sentido de la inexistencia de responsabilidad del comprador de bienes con relación a las infracciones que cometa el proveedor en la emisión de sus comprobantes y en sus propias DDJ.J de Impuesto. Por lo tanto, en mérito a las consideraciones precedentes, mi voto es por la procedencia de la presente términos expresados en cada punto precedente, y, consecuentemente, por la revocación de los actos administrativos cuestionados, con imposición de las costas a la perdidosa. ES MI VOTO.
A su turno, la magistrada MARIA CELESTE JARA TALAVERA, miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala, dijo: Adherirse al voto del miembro-preopinante manifestando que la firma QUEEN ANNE S.A. no ha cometido ninguna infracción, no obstante, ha decidido ingresar los impuestos al fisco, como una suerte de sol've et repete voluntario, para luego reclamar la falta de sustento legal y devolución respectiva, demostrando su buena fe. Las objeciones planteadas por el fisco carecen de suficiente argumentación, dado que se basan en una sospecha no probada ni acreditada, en cuanto a la veracidad de algunos de los comprobantes. El fisco no ha probado hasta hoy que los proveedores no han emitido comprobantes, tampoco ha probado que ha iniciado una fiscalización o investigación a dichos contribuyentes, en el eventual caso que fuera cierto que haya existido evasión.
La Administración Tributaria solo desconoció la compra, pero acepto la venta de lo que supuestamente el contribuyente no compro, lo cual en sí mismo es una contradicción evidente y no sustentable. Con este criterio el IVA ingresado por las ventas de estas mercaderías y el impuesto a la Renta abonado por la utilidades generadas por dichas ventas son válidas, pero sin embargo el crédito fiscal producido por las compras no son reconocidos, ni el costo deducible para la liquidación del impuesto a la renta. Por lo expuesto considero que existen suficientes elementos para la procedencia de esta demanda y en consecuencia corresponde hacer lugar a la misma, declarando la improcedencia del cobro del impuesto a la Renta, por no haber sido acreditado debidamente por la Administración Tributaria, como tampoco las supuestas infracciones cometidas por la firma QUEEN ANNE S.A., quedando reconocida igualmente la exclusión de responsabilidad en el caso ele alguna obligación impositiva. En cuanto a las costas las mismas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al Art. 192 del C.P.C.
A su turno, el magistrado Gregorio Ramón Rolando Ojeda, miembro del Tribunal de Cuentas - Contencioso Administrativo, Segunda Sala, dijo: Me adhiero al voto del ilustre colega Magistrado preopinante en estos autos caratulado “QUEEN ANNE S.A C/ PROVIDENCIA DE FECHA 29/08/16 DE LA SUSBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN", y me permito AGREGAR y hacer referencia a la conclusión sobre la pregunta N° 7 del resultado de la PERICIA agregada a folios 278/308 de autos, documento que refuerza y confirma la opinión del voto del preopinante, a cuyas conclusiones me fundadas conforme a derecho.
En efecto: La PREGUNTA N° 7 DEL CUESTIONARIO DE LA PERICIA DICE:
“Determine el Perito si QUEEN ANNE S.A ha efectuado pagos indebidos de impuestos, cuyos hechos imponibles no recaen sobre su persona, así como multas no imputables a su actuar”.
“En nuestra opinión, en lo referente al pago realizado por la firma QUEEN ANNE S.A respecto de las facturas consideradas por la SET como de contenido falso o compras sin erogación real, el pago, en base al examen que hemos descripto y que adjuntamos en formato digital que acompañamos, fue INDEBIDO, por no corresponder la carga tributaria al comprador al haber este realizado todos los controles que la norma le exige a fin de asentar dichas documentaciones en sus registros contables”.
También, resulta claro determinar que el proveedor que enajena la mercadería es el que obtiene la renta de fuente paraguaya proveniente de su actividad comercial, siendo por tanto, contribuyente , del Impuesto a la Renta. No es el comprador el contribuyente.
Por otra parte, de los comprobantes de respaldos de las compras, a que accedimos, realizadas por QUEEN ANNE S.A, hemos examinado y demostrado que reúnen todos los requisitos legales reglamentario vigentes y contaban con RUC valido y TIMBRADO habilitado a la fecha de su emisión”.
....”En caso, QUEEN ANNE S.A. ha abonado indebidamente el Impuesto a la Renta de Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios por Gs. 3.121.013.044, que no le correspondía pagar. Consta y surge que el contribuyente conforme balances y DDJJ que anexamos al presente Informe pericial contable ha abonado el pago sobre la renta neta imponible del Impuesto a la Renta en los ejercicios que la SET ha cuestionado.
Con relación a la multa del 150% del Impuesto a la Renta que alcanza la suma de Gs. 4.681.519.367 la misma, al ser consideradas los documentos válidos y que fueron pagados con las disponibilidades de la firma contribuyente, no correspondería aplicar lo establecido por Ley, porque si el pago del impuesto es responsabilidad del vendedor o proveedor que obtiene la renta de fuente paraguaya, y no del comprador de las mercaderías, como se ha expuesto precedentemente, este no ha podido cometer ninguna infracción proveniente de la omisión o defraudación del impuesto que correspondía ingresar por dichas operaciones a los vendedores de las mercaderías, por recaer sobre ellos el hecho imponible objetivo y subjetivo y adquirir en consecuencia la calidad de contribuyente.
Este es nuestro Informe pericial, confeccionado sobre bases de las documentaciones obrantes en autos y antecedentes administrativos, así como por los hechos y circunstancias de las que tomamos conocimiento a raíz de las tareas cumplidas tras realizar las diferentes pruebas y comprobaciones con documentos del periodo en cuestión de la firma QUEEN ANNE S.A, con RUC N° 80024926-7, según nuestro leal saber y entender, por tanto sometemos a la consideración del mejor criterio del EXCELENTISIMO TRIBUNAL DE CUENTAS SEGUNDA SALA”. ....firman Augusto Mengual Herken perito Matricula C.S.J N° 227 y Eduardo Burgstaller M Matricula C.S.J N° 1015.
Se debe considerar igualmente que la posición y conclusiones de la pericia analizada precedentemente, coincide con interpretaciones y la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ha resuelto casos similares en igual sentido. ES Mi VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto, previa lectura y ratificación del mismo, firman los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 19 de febrero de 2.018.
1.- LUGAR, a la presente demanda contencioso administrativa que promueve QUEEN ANNE S.A. contra la Providencia del 29/08/16 dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación, y en consecuencia;
2.- REVOCAR, la providencia de fecha 29 de agosto de 2016, dictada por la Subsecretaría de Estado de Tributación.
3.- IMPONER las costas a la perdidosa.
4.- ANOTAR, notificar, registrar y remitir copia a la Excelentísima Corte Suprema de justicia.

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 artículo 217
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 Artículo 219
 artículo 185
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 Artículo 181
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 artículo 231
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e contrario
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 Artículo 3
 artículo 79
 artículo 168
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