Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212284.htm
Timestamp: 2019-03-26 14:23:03+00:00

Document:
201211-Sala Penal Segunda-2-284
AUTO SUPREMO Nº 284/2012-RRC
Expediente : Chuquisaca 13/2012
Parte acusadora : Ministerio Público y Verónica Rojas Balanza
Parte imputada : Mercedes Thania Renjel Mirabal
Por memorial cursante de fs. 415 a 421, Mercedes Thania Renjel Mirabal, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 181/12 de 11 de septiembre de 2012, así como el de explicación, complementación y enmienda de 19 del mismo mes y año, cursantes de fs. 385 a 395 vta. y a fs. 399, respectivamente, pronunciados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Verónica Rojas Balanza contra la recurrente, por el delito de Lesiones Leves, previsto y sancionado por el art. 271 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública de fs. 1 a 6 y acusación particular formulada por Verónica Rojas Balanza de fs. 11 a 12 bis y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 08/2012 de 21 de mayo, que cursa de fs. 202 a 213, el Juez Primero de Sentencia del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, declaró a la recurrente Mercedes Thania Renjel Mirabal, autora de la comisión del delito de Lesiones Culposas, previsto en la sanción del art. 274 del CP, imponiéndole la pena de prestación de trabajo de tres meses, a razón de tres horas semanales, en labores de utilidad pública en un centro dependiente del Gobierno Municipal de Sucre o de la Gobernación de Chuquisaca.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada, la representación del Ministerio Público y la acusadora particular, formularon recursos de apelación restringida conforme a las actuaciones que cursan de fs. 283 a 286 vta., 305 a 321 y 323 a 327 vta., respectivamente, siendo resueltos por Auto de Vista 181/12 de 11 de septiembre de 2012, dictado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que declaró improcedentes los motivos de apelación del Ministerio Público y de la imputada Mercedes Thania Renjel Mirabal y procedente en parte la apelación interpuesta por la acusadora particular Verónica Rojas Balanza, dejando sin efecto el Auto Interlocutorio de 12 de junio de 2012, cursante a fs. 234, modificando la parte resolutiva de la Sentencia añadiendo a la misma "con costas", manteniendo en lo demás incólume dicha Resolución.
En mérito a las solicitudes de explicación, complementación y enmienda formuladas por la parte imputada y la acusadora particular, conforme las actuaciones que cursan de fs. 397 a 398 y 405, se emitieron las Resoluciones de 19 y 25 de septiembre de 2012, cursantes a fs. 399 y 406 de obrados, siendo notificada la recurrente con la última el 26 de ese mes y año, según consta en la diligencia que cursa a fs. 407, interponiendo el recurso de casación el 2 de octubre de 2012, que es motivo de autos.
Del memorial cursante de fs. 415 a 421, se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:
Denuncia la existencia de defectos absolutos de la sentencia que habiendo sido confirmados en apelación restringida, mantiene la vulneración a los principios constitucionales del juicio previo y al derecho a la defensa, pues ante el pedido de explicación de parte del Ministerio Público, el Juez de Sentencia declaró nula la notificación con su primera Sentencia 08/2012 de 21 de mayo, bajo el argumento de que fue incorrectamente generada por el sistema, disponiendo que en definitiva se proceda a notificar a las partes con el documento de Sentencia que cursa en el sistema.
Con este antecedente, la recurrente sostiene que esa Resolución no anuló la primera Sentencia sino sólo la diligencia de notificación, aunque extrañamente la pieza con la que nuevamente se le notificó se trataba de una segunda Sentencia, que si bien en el fondo no difiere en su parte resolutiva, contiene modificaciones esenciales; es así, que acompañó a su recurso de apelación como prueba, las copias oficiales de ambas Sentencias, que acreditaba que entre una y otra existían diferencias significativas que generaron los defectos absolutos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del Código de Procedimiento Penal (CPP), por lo que correspondía sean anuladas en apelación para que el Juez sentenciador dicte una nueva, corrigiendo esos defectos, sin necesidad de otro juicio al tratarse de un vicio de juzgamiento y no de procedimiento; sin embargo, el Auto de Vista recurrido sin mayor análisis de fondo, se limitó a señalar que al haberse anulado el acto procesal de la notificación con la primera Sentencia no fuera evidente la violación de derechos y garantías constitucionales y que incluso de emitirse nueva Sentencia, el Juez repetiría la segunda.
Sin embargo, la recurrente sostiene que al momento se tiene en el caso dos Sentencias vigentes, la primera de 21 de mayo de 2012 y tiene el número 08/2012, siendo notificada el 31 del mismo mes y año, y la que tiene esa misma fecha, pero sin número que fue notificada el 6 de junio de 2012, que es diferente de la anterior y que actualmente fruto del Auto de Vista recurrido, se mantienen, generando y subsistiendo los defectos de sentencia conforme las argumentos siguientes:
Defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP, por basarse en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas legales, resultando que en la primera Sentencia se hace referencia a prueba documental que jamás fue introducida en la audiencia de juicio correspondiendo seguramente a otro proceso, puesto que incluso se hace referencia a otra persona como imputada.
Sobre el defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP; señaló que el Auto de Vista al haber en la práctica confirmado ambas Sentencias, mantiene vigente el defecto de sentencia, al haberse valorado pruebas que jamás fueron introducidas al juicio y peor contradichas por su defensa, pues si bien la Sentencia empieza haciendo referencia a los hechos juzgados, extrañamente luego refiere a otro caso, otra acusada y otros hechos.
En lo que respecta al defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, cuando la Sentencia se base en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba; la Sentencia vigente que no fue anulada por el Juez de Sentencia pese a haber emitido luego otra, incurre en dicho defecto, pues todos los hechos a los que se refiere en el apartado de prueba documental en la Sentencia, resultan inexistentes para el caso, pero además no han sido acreditados en el juicio al no haber sido introducidos al mismo, con lo cual se ha generado defectuosa valoración de la prueba.
También se incurrió en el defecto absoluto previsto en el art. 370 inc. 8) del CPP, ante la existencia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa, ya que en la primera Sentencia que sigue vigente, en su parte considerativa, se usa prueba documental que no ha sido introducida al juicio y luego incluso en su valoración se refiere a elementos que no han sido objeto del proceso.
Afirma que la segunda Sentencia es nula de pleno derecho, toda vez que la primera jamás fue anulada, por lo que resulta absurdo que los vocales confirmen dicha pieza e incluso añadan una modificación poco clara, enfatizando que existe una grave vulneración a sus derechos y garantías al haber sido condenada con base a pruebas que jamás fueron introducidas al juicio vulnerando sus derechos al juicio previo y a la defensa, lo que también constituye incurrir en defectos absolutos; debiendo Tribunal de apelación y/o casación pronunciarse de oficio, conforme disponen los Autos Supremos 5 de 5 de enero de 2008, 128 de 6 de marzo de 2008 y 333 de 9 de junio de 2011. Sin embargo, para una mejor y mayor fundamentación invoca los Autos Supremos 183 de 6 de febrero de 2007, 337-A de 31 de agosto de 2006, 274 de 26 de noviembre de 2004, 152 de 17 de marzo de 2004, 436 de 24 de agosto de 2007 y 340 de 28 de agosto de 2006, relativos a los defectos de la sentencia.
Alega la existencia de nueva vulneración a los derechos a la tutela judicial efectiva y al principio de igualdad por medio del Auto de Vista impugnado y las Resoluciones complementarias de 19 y 25 de septiembre de 2012, pues a partir del añadido "con costas" a la Sentencia, omiten aclarar como los arts. 364 y 266 del CPP en relación con el art. 124 de la referida Ley Adjetiva Penal, les obligan, que al tratarse de una Resolución mixta condena por un delito y absuelve por otro, las costas deben pagarse en función a esa naturaleza, aunque lo más práctico es lo que hizo el Juez de Sentencia al haber resuelto la inexistencia de costas por lo mixto de la Sentencia.
En ese sentido, señala que la Resolución complementaria, extrañamente
suscrita sólo por uno de los vocales que intervinieron en el Auto de Vista recurrido, indica que fuera claro lo dispuesto sobre las costas, juicio que resulta manifiestamente vulneratorio de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, que exige que el órgano jurisdiccional responda y resuelva puntualmente cada uno de los pedidos de las partes y lo haga además de manera fundamentada, pues en el caso presente, ante lo adicionalmente resuelto sobre las costas, el Tribunal de apelación no tuvo el cuidado de cumplir con su obligación de fundamentación de sus Resoluciones conforme el art. 124 del CPP, dejando claramente establecido conforme los arts. 266 y 364 del referido cuerpo de leyes y ante el antecedente que la absolución por lesiones se fundó en el inc. 3) del art. 363 del CPP, que tratándose de un fallo mixto las costas debieran imponerse por una parte a la acusación por la absolución y por otra a la imputada por la condena.
Invocando el Auto Supremo 520 de 20 de septiembre de 2004, sostiene que esa manifiesta omisión que fue pedida oportunamente sea subsanada con base al art. 125 del CPP, genera a su vez otros defectos de la sentencia esta vez en el Auto de Vista impugnado, conforme los incs. 5) y 10) del art. 370 del CPP, por vicio de fundamentación de la Resolución y por la resolución del pedido de complementación sólo por uno de los vocales que dictaron el auto impugnado; citando los Autos Supremos 667 de 16 de diciembre de 2010, 45/2012 de 14 de marzo, 49/2012 de 16 de marzo y 52/2012 de 16 de marzo y 31/2012 de 23 de marzo.
Por último, manifiesta que si por alguna extraña causa, lo que se ha pretendido con el confuso Auto es que sólo sea la parte declarada culpable por un delito la que soporte exclusivamente las costas y no lo haga la acusación por no haber destruido su inocencia por su acusación de lesiones, se habría incurrido en una grotesca violación del principio constitucional de igualdad previsto en los apartados I y V del art. 14 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Por lo expuesto, el recurrente solicitó se declare la nulidad de ambas Sentencias vigentes, disponiendo que el Juez de Sentencia dicte nueva sentencia y en caso contrario de mantenerse vigentes ambas Sentencias se dicte nuevo Auto de Vista fundamentado de las costas mixtas.
Mediante Auto Supremo 259/2012-RA de 17 de octubre, cursante de fs. 430 a 433, este Tribunal, admitió el recurso interpuesto.
II.1. Mediante la Sentencia 08/2012 de 21 de mayo (fs. 202 a 213), se declaró a Mercedes Thania Renjel Mirabal, autora de la comisión del delito de Lesiones Culposas, incurso en la sanción prevista por el art. 274 del CP; asimismo, se la absolvió de la comisión del delito de Lesiones Leves previsto y sancionado por el art. 271 del CP; llegando a dicha determinación conforme fluye del acápite III. CONCLUSION 1. y 2. de la referida Sentencia, porque no se tuvo acreditado que la conducta de Mercedes Thania Renjel Mirabal, encuadraba en el tipo penal de Lesiones Leves, toda vez que no se tuvo acreditado la concurrencia del dolo como elemento esencial del tipo penal de Lesiones, motivo por el cual correspondió de conformidad al art. 363 inc. 3) del CPP, absolverla de dicho delito; asimismo, la Sentencia refiere que fue posible verificar que el accionar imprudente de la imputada ha tenido resultados dañosos en la integridad física de Verónica Rojas Balanza, por lo que se aplico el art. 13 quater del CP, mediante el principio iura novit curia, también se habría verificado que el hecho fue por culpa y, estando dicho supuesto previsto y expresamente sancionado por ley correspondió modificar la calificación jurídica, ya que el accionar de la imputada se subsumió en la previsión del art. 274 del CP.
II.2. Realizada las diligencias de notificación con la Sentencia de 21 de mayo de 2012 a las partes; a Verónica Rojas Balanza el 1 de junio de 2012, a Luisa Heredia, Fiscal de Materia y Mercedes Thania Renjel Mirabal, el 31 de mayo del mismo año, conforme consta a fs. 176, 177 y 178, respectivamente; Ana Luisa Heredia Barrón, Fiscal de Materia, presentó memorial solicitando explicación, complementación y enmienda, conforme cursa a fs. 217, habiendo el Juez Primero de Sentencia mediante Auto de fecha 4 de junio de 2012 (fs. 218), respondido y establecido que, revisado el memorial en el que se solicitó una serie de enmiendas y correcciones a la Sentencia, realizó la confrontación de los puntos del referido memorial con el documento de la Sentencia que cursaba en el archivo del sistema IANUS, advirtiendo que efectivamente el documento del sistema no guardaba ninguna relación con el documento definitivo impreso y físicamente anexado al expediente, por error en el sistema, habiendo realizado el reclamo correspondiente en su debida oportunidad e infiriéndose que la auxiliar de despacho en error involuntario procedió a la notificación con la errónea sentencia a todas las partes procesales, lo cual conllevaría conforme prevé el art. 166 incs. 2) y 5) del CPP, la nulidad de dicho actuado procesal; disponiendo en consecuencia anular la notificación con la Sentencia incorrectamente generada por el sistema y procederse a notificar a las partes con el documento de Sentencia que ya cursaba en el Sistema; procediéndose entonces a la notificación dispuesta con la Sentencia 08/2012 de 21 de mayo.
II.3. Una vez efectuada la notificación determinada por el Juez Primero de Sentencia, la imputada Mercedes Thania Renjel Mirabal, mediante memorial de 8 de junio de 2012, solicitó la explicación, complementación y enmienda de dicha Resolución, habiendo respondido el mencionado Juez, a través del Auto de 12 de junio de 2012 (fs. 234), estableciendo la complementación de la Sentencia en su parte resolutiva, referido a las costas procesales "Sin costas, por el carácter mixto del fallo" (sic).
II.4. De forma posterior, contra la Sentencia 08/2012 de 21 de mayo (fs. 202 a 213), Mercedes Thania Renjel Mirabal (fs. 283 a 286), Ana Luisa Heredia Barrón, Fiscal de Materia (fs. 305 a 321) y Verónica Rojas Balanza (fs. 323 a 327 vta.), formularon recurso de apelación restringida. La imputada denunció defectos absolutos de la Sentencia que generaron vulneración a principios constitucionales de juicio previo y derecho a la defensa, en razón de que no se anuló la primera Sentencia, sino simplemente se anuló la diligencia de notificación respectiva, por lo que observó los defectos generados por las dos Sentencias relativo a defectos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6), y 8) del CPP; por otra parte, Verónica Rojas Balanza respecto al tercer motivo de su recurso de apelación, denunció defecto de la Sentencia por violación del derecho de acceso a la justicia por imposición de costas, solicitando la aplicación de costas en contra de la imputada. Asimismo, la representante del Ministerio Público denunció errónea aplicación de la ley sustantiva penal y contradicción entre la parte considerativa y dispositiva, contradicción en la fundamentación de la Sentencia, inobservancia del principio de congruencia y, violación del derecho a la igualdad.
II.5. Las apelaciones restringidas fueron resueltas mediante Auto de Vista 181/12 de 11 de septiembre de 2012; estableciéndose a lo pedido por Mercedes Thania Renjel Mirabal que, sobre el primer motivo de la denuncia de defectos absolutos de la Sentencia que generaron la vulneración a los principios constitucionales de juicio previo y derecho a la defensa, por haberse notificado a la imputada con dos Sentencias, solicitándose que el Juzgador dicte nueva Sentencia corrigiendo todos los vicios; el Tribunal de alzada evidenció que el Juez de Sentencia emitió el Auto Interlocutorio de 4 de junio de 2012 (fs. 218), anulando el acto procesal de nulidad de notificación con la copia de la Sentencia que no era correcta, disponiendo una nueva notificación; y al haberse procedido de dicha forma, no fue evidente que dicho acto procesal vulnere derechos y garantías constitucionales, además que si se anularía las dos Sentencias y dispondría que el Juez a quo emita nueva Sentencia, obviamente se volvería a emitir la Sentencia que cursa de fs. 202 a 213; en consecuencia, señaló que no le es posible dejar sin efecto la Sentencia observada; en relación a los motivos de: que las pruebas documentales a que haría referencia la Sentencia jamás fueron introducidas en la audiencia respectiva; la fundamentación de la Sentencia sea insuficiente o contradictoria; que la Sentencia contendría defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP; y, la existencia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa de la Sentencia; resolvió el Tribunal de alzada en sentido que, el recurrente haría sus observaciones en el contenido de la Sentencia "incompleta" y no en el contenido de la Sentencia (fs. 202 a 213), por lo que no consideró evidente las denuncias referidas; finalmente, respecto a la denuncia de grave vulneración de derechos y garantías, por haber sido condenada la imputada en base a pruebas que jamás fueron introducidas a juicio, determinó el Tribunal de alzada que de la lectura de la Sentencia de fs. 202 a 213, se advierte no ser evidente que el Juez a quo se hubiera basado en pruebas no introducidas a juicio, declarando en consecuencia improcedente la apelación.
Respecto de la apelación restringida de Verónica Rojas Balanza sobre la violación del derecho de acceso a la justicia por imposición de costas a la imputada, al haber determinado el Juez mediante auto complementario sin costas a la imputada, por el carácter mixto del fallo, el Tribunal de alzada señaló que: "ciertamente, respecto a este motivo, el Juez A quo, incurrió en interpretación errónea de esta norma, toda vez que determina que las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado, en el caso de autos la acusada fue condenada por el delito de 'lesiones culposas en consecuencia aplicando el principio de Legalidad en su vertiente de taxatividad debe cumplirse a cabalidad dicha norma, por lo mismo la acusada debe ser condenada con costas por imperio de la ley..." (sic), declarando procedente en parte la apelación y determinando dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 12 de junio de 2012 (fs. 234), en consecuencia el Tribunal de alzada modificó la parte resolutiva de la Sentencia añadiéndose a la misma "CON COSTAS" a la imputada, manteniéndose en lo demás incólume dicha Resolución; y, finalmente en atención a la apelación restringida del Ministerio Público la declaró improcedente.
II.6. Subsiguientemente, la imputada Mercedes Thania Renjel Mirabal solicitó la complementación y enmienda del Auto de Vista impugnado, en relación a la imposición de costas, refiriendo que en previsión de los arts. 266 y 364 del CPP, por tratarse la Sentencia de un fallo mixto (condena y absolución) las costas debían de aplicarse respecto de la absolución y la condena; es decir, a una y otra, pidiendo complementar y enmendar el auto señalado aclarando que la condena en costas comprende también a la acusación por su absolución del delito de Lesiones, inmerso en el art. 271 del CP, a lo cual el Tribunal de alzada pronunció el decreto de fecha 19 de septiembre de 2012 (fs. 399), señalando que "siendo claro lo dispuesto en relación a las costas en la parte resolutiva del Auto de Vista Nº 181 de fecha 11 de septiembre de 2012, NO HA LUGAR a ninguna complementación y enmienda" (sic). Posteriormente la querellante Verónica Rojas Balanza por memorial de 19 de septiembre de 2012, solicitó la explicación, complementación y enmienda, en sentido que si se omitió demostrar el dolo o no omitieron demostrar plenamente el dolo de la imputada; ante lo cual el Tribunal de alzada mediante decreto de fecha 25 del mencionado mes y año, señaló que: "Siendo claros los fundamentos expuestos en el auto de vista 181/2012 no ha lugar a complementación ni explicación alguna..." (sic).
III.1. Doctrina legal aplicable asumida en los Autos Supremos citados
En el caso presente, la recurrente sostiene en su recurso, que existen defectos absolutos de la Sentencia que vulneran los principios constitucionales del juicio previo, sus derechos a la defensa, a la tutela judicial efectiva y de igualdad, denuncias que no habrían sido atendidos por el Tribunal de alzada, correspondiendo en primer término identificar los fundamentos de dicha Resolución para luego verificar si existe vulneración de los derechos denunciados.
En ese sentido, sobre el pronunciamiento de oficio: se tiene que los Autos Supremos: 5 de 5 de enero de 2008; 128 de 6 de marzo de 2008 y 333 de 9 de junio de 2011, versan sobre la admisibilidad de un recurso interpuesto que no cumple con los requisitos de admisibilidad señalados en los arts. 416 y 417 del CPP; en aplicación del art. 15 de la Ley de Organización Judicial abrogada (LOJabrg) con relación al art. 169 inc. 3) del CPP, para verificar si son ciertas o no las acciones que se consideran defectos absolutos, se abre competencia para la revisión excepcional y eventual de oficio que procede cuando existen violaciones flagrantes al debido proceso y defectos absolutos de procedimientos insubsanables o de la sentencia, conforme disponen los arts. 169 y 370 del referido cuerpo adjetivo penal.
Por otra parte, la recurrente para mayor fundamentación del primer motivo de su denuncia señala los siguientes Autos Supremos relativos a los defectos de Sentencia, que son: El Auto Supremo 183 de 6 de febrero de 2007, cuya doctrina legal aplicable estableció que, el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el art. 1 del CPP, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporada legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, cuya omisión constituye defectos de sentencia insubsanables al tenor del art. 370 incs. 1), 5) y 6) del CPP.
El Auto Supremo 337-A de 31 de agosto de 2006, está referido a un recurso de casación que cumplió con los requisitos formales de admisión previstos en el art. 417 del CPP; en consecuencia, se declaró admisible dicho recurso.
Respecto al Auto Supremo 274 de 26 de noviembre de 2004, revisado los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, el mencionado fallo es inexistente.
El Auto Supremo 152 de 17 de marzo de 2004, trata de la admisión de un recurso de casación, que al evidenciar que el auto de Vista impugnado era incompleto, existiendo contradicción entre la parte dispositiva y la considerativa que constituye defecto de Sentencia al tenor del art. 370 incs. 5) y 8) del CPP, por lo que en aplicación del art. 15 de la LOJabrg, admite el recurso deducido.
El Auto Supremo 436 de 24 de agosto de 2007, estableció que el Tribunal de apelación debe fundamentar la resolución que emita, de lo contrario vulneraría el principio a la tutela judicial efectiva, los derechos a la defensa y al debido proceso; asimismo, de advertir defectuosa valoración de la prueba en la Sentencia, debe anular la Resolución, previa fundamentación jurídica.
El Auto Supremo 340 de 28 de agosto de 2006, estableció como doctrina legal aplicable que se considera defecto absoluto, cuando el tenor de la resolución (Auto de Vista) es contradictorio, incongruente e incompleto traduciéndose en defecto absoluto no convalidante de acuerdo a lo establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP, porque deja en indefensión a las partes. El Tribunal de alzada velando por su observancia y la economía procesal, debe emitir sus fallos fundadamente y proceder a anular el proceso cuando no sea posible reparar directamente.
En lo que respecta al segundo motivo de la denuncia de la recurrente invocó el Auto Supremo 520 de 20 de septiembre de 2004, que tiene como temática el hecho que, mediante querella iniciada por los delitos de Difamación, Calumnia e Injuria, los imputados fueron sentenciados solamente por Difamación y Calumnia, siendo absueltos por el delito de Injurias; apelada la Sentencia por los imputados, el Tribunal de alzada anuló totalmente dicha Sentencia y declaró absueltos a ambos imputados por considerar insuficiente la prueba de cargo aportada, sin lugar a costas a favor de los imputados por no haberse fundado el fallo en la inocencia de los mismos, recurrido de casación el Auto de Vista impugnado, el referido Auto Supremo estableció que, según lo determinado por el art. 266 del CPP: "...las costas serán impuestas al imputado 'siempre que la absolución se base en la inocencia del imputado o se dicte sobreseimiento porque el hecho no existió, no constituye delito o el imputado no participó en él', principio concordante con las reglas para emisión de una sentencia absolutoria según lo establecido por el artículo 363 del mismo Código, cuyo numeral 2) menciona la circunstancia de presentación de una prueba que no llega a ser 'suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado', principios y reglas aplicables al caso de autos pues el Auto de Vista impugnado declaró absueltos a los imputados por insuficiencia de pruebas y no en mérito a una declaración de inocencia, razón por la cual se puede advertir que no existe contradicción entre lo dispuesto por el Auto de Vista impugnado...", declarándose en infundado el recurso de casación interpuesto por dichos imputados.
En relación al segundo motivo de la denuncia por la falta de fundamentación de resoluciones, la recurrente citó los Autos Supremos: 667 de 16 de diciembre de 2010; 45 de 14 de marzo de 2012; y, 49 de 16 de marzo de 2012, mismos que establecieron que todo Auto de Vista debe ser debidamente fundamentado y motivado, cumpliendo con los parámetros de especificidad, claridad, completitud, legitimidad y logicidad, respondiendo y emitiendo los criterios jurídicos sobre cada punto impugnado que se encuentre en el recurso de apelación restringida; asimismo, toda fundamentación debe circunscribirse a absolver de manera puntual y objetiva el fondo de la denuncia o denuncias realizadas, sin que la argumentación vertida sea evasiva, incongruente o haga alusión a aspectos distintos a los denunciados.
En relación al Auto Supremo 52/2012 de 16 de marzo, en la base de datos del Tribunal Supremo de Justicia, no existe el referido fallo con la fecha señalada.
Finalmente, el Auto Supremo 31/2012 de 23 de marzo, emitida por la Sala Penal Liquidadora estableció que, la Apelación Restringida, no es el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho, actividad reservada a los Jueces o Tribunales de Sentencia, bajo los Principios de Concentración, Inmediatez y Congruencia; siendo deber del Tribunal de Alzada y de Casación observar los errores de procedimiento cometidos en la sustanciación del juicio, que constituyan defectos absolutos, que atenten los derechos fundamentales, debiendo ser corregidos de oficio, conforme mandaba el art. 15 de la LOJabrg.
Del análisis del contenido del recurso de casación presentado por Mercedes Thania Renjel Mirabal, se llega a evidenciar que los puntos 1), y 2) identificados en el acápite I.1.1. de la presente Resolución, está destinado a dos motivos: en el inc. 1) sobre el primer motivo de su recurso, denunció defectos absolutos de la Sentencia que al haber sido confirmados en apelación restringida mantienen la vulneración a los principios constitucionales del juicio previo y derecho a la defensa, haciendo hincapié en los defectos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del CPP; asimismo, en el inc. 2) en relación al segundo motivo denunció vulneración de sus derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva y de igualdad, sobre la determinación asumida por el Tribunal de alzada en imponer costas a la imputada.
III.2.1 Sobre la vulneración del derecho al juicio previo y a la defensa
En relación al primer motivo del recurso de casación inmerso en elacápite I.1.1. inc. 1) del presente Auto Supremo, referido a los defectos absolutos de la Sentencia que vulneran los derechos al juicio previo y a la defensa, emergente de la denuncia sobre la "doble Sentencia"; se establece que en base al análisis del cuaderno procesal, la denuncia señalada tiene su origen en las dos notificaciones realizadas a la recurrente; la primera con la copia de la Sentencia de 21 de mayo de 2012 y Auto de 24 de mayo de 2012, el 31 del mismo mes y año, conforme consta de la diligencia cursante a fs. 178; y la segunda diligencia de notificación con la copia de la Sentencia de 21 de mayo de 2012, el 6 de junio de igual año, cuya diligencia de notificación cursa a fs. 219. Referente a la primera diligencia de notificación de la copia de Sentencia, el Juez Primero de Sentencia, mediante Auto Interlocutorio de4 de junio de 2012, cursante a fs. 218, determinó la nulidad de la notificación con esta "Sentencia" incorrectamente generada por el sistema IANUS, porque consideró que una vez revisado el documento del sistema, éste no guardaba relación alguna con el documento definitivo impreso y físicamente anexado al expediente, y que por error involuntario de la Auxiliar de su despacho, se procedió a la notificación con la "errónea
sentencia" a todas las partes procesales, acarreando la nulidad de dicho actuado procesal conforme prevé el art. 166 incs. 2 y 5) del CPP; en tales condiciones se declaró NULA la notificación con la sentencia, incorrectamente generada por el sistema, disponiendo se proceda a notificar a las partes con el documento de Sentencia que cursaba en el sistema.
Posteriormente la recurrente ante la notificación -en palabras suyas- con la "nueva versión de la Sentencia" en fecha 6 de junio de 2012, solicitó la complementación y enmienda del mismo sobre las costas y el perdón judicial, conforme cursa memorial de fs. 232 y vta., teniendo respuesta del Juez A quo mediante Auto de fecha 12 de junio de 2012, sobre los dos aspectos peticionados; esta resolución fue notificado a la recurrente el 19 del mismo mes y año.
En contra de la Sentencia 08/2012 de 21 de mayo que cursa de fs. 202 a 213, la imputada interpuso recurso de apelación restringida denunciando defectos absolutos de la Sentencia por vulneración al derecho del juicio previo y a la defensa, por no haberse anulado -según la apelante- la primera Sentencia, sino simplemente se habría anulado la diligencia de notificación, en tal razón denunció los defectos previstos en el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del CPP, que se habrían generado por las dos Sentencias vigentes; respecto a esta denuncia, el Tribunal de alzada señaló que al haber el Juez de Sentencia emitido el Auto Interlocutorio de 4 de junio de 2012, disponiendo anular el acto procesal de notificación con la copia de la Sentencia que no era la correcta, y realizarse una nueva notificación con la Sentencia "oficial", al haber procedido de dicha forma, pone en evidencia que dicho acto procesal no vulneró derechos ni garantías constitucionales; además refirió, que en caso de disponer que el Juez a quo, emita nueva Sentencia obviamente volvería a emitir la Sentencia que cursa de fs. 202 a 213; en consecuencia, no le era posible dejar sin efecto la Sentencia observada.
De lo referido precedentemente, este tribunal establece que no existe vulneración de los derechos de juicio previo y a la defensa, habiendo el Tribunal de alzada adecuado su conducta conforme al respeto de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y la norma adjetiva penal; toda vez que de la revisión del cuaderno procesal queda claro y sin lugar a dudas la existencia de una sola Sentencia, misma que cursa de fs. 202 a 213, ya que el error del sistema IANUS y de la auxiliar respecto a la notificación con la copia de la sentencia, fue anulada mediante Auto Interlocutorio de 4 de junio de 2012 (fs. 218), entonces menos podía el Tribunal de alzada anular una "Sentencia" inexistente, que no es parte del cuaderno procesal, ni que fuera emitida por el Juez Primero de Sentencia como pretende de manera errada la recurrente hacer valer. Además que, la denunciante presentó memorial de complementación y enmienda (fs. 232) a la Sentencia que le fue notificada, señalando de manera textual que: "Habiendo sido notificada con una nueva versión de su sentencia en fecha 6 de junio del año en curso y, con base a lo previsto por el art. 125 del CPP..." solicita complementar la misma; es decir que al reconocer la Sentencia como nueva versión, otorga validez a la actuación de la nulidad, evidenciándose entonces que no existe agravio alguno en contra de las partes, menos de la recurrente; es así que, la nulidad determinada por el Juez de Sentencia Primero en lo Penal impidió que la Sentencia generada incorrectamente por el sistema cause agravio a las partes, en consecuencia la recurrente al no haber sufrido agravio alguno, su denuncia deviene en infundado.
Asimismo, referente a los defectos de la Sentencia, previstos en el art. 370 incs. 4) 5), 6) y 8) del CPP, cuyos motivos se encuentran desglosados en el acápite I.1.1. 1) incs. i), ii), iii) y iv) del presente Auto Supremo; los mismos que versan sobre:
El defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 4) del CPP,
porque en la "primera Sentencia" se habría hecho referencia a prueba documental que jamás fue introducida en la audiencia de juicio y haciendo referencia a otra persona como si fuera la imputada; al respecto el Tribunal de alzada refirió, no ser evidente la denuncia sobre pruebas y personas que contiene la copia de la sentencia primera que le fue notificada a la apelante, cuando esta ya fue sustituida con la Sentencia "oficial" que cursa de fs. 202 a 213. Estableciendo este Tribunal, sin lugar a dudas la existencia de la única Sentencia 08/2012 de 21 de mayo que cursa de fs. 202 a 213; consiguientemente, las observaciones de la recurrente debieron estar referidas a esta resolución y no a una "sentencia" inexistente, y que no consta en el cuaderno del proceso; en consecuencia, se evidencia que no ha existido vulneración de derechos en contra de la denunciante por el Tribunal de alzada.
Sobre la denuncia del defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 5) del CPP, en sentido de haberse valorado pruebas que jamás fueron introducidas al juicio y peor contradichas por la defensa, pues si bien la Sentencia empieza refiriéndose a los hechos juzgados, extrañamente luego hace referencia a otro caso, otra acusada y otros hechos; respecto a esta denuncia el Tribunal de apelación señaló que la observación de la recurrente se basa en el contenido de la Sentencia "incompleta" y no en el contenido de la Sentencia que corre de fs. 202 a 213; evidenciando este Tribunal de Casación que este motivo en su fundamento es reiterativo por la recurrente, al denunciar sobre el contenido de una "sentencia" que no cursa en obrados y sin haber realizado observación alguna a la Sentencia de 21 de mayo que corre de fs. 202 a 213 de obrados; consiguientemente se establece que no ha existido agravio en contra de la recurrente por el Tribunal de apelación.
En relación a la denuncia de defecto de Sentencia previsto en el art. 370 inc. 6) del CPP, en sentido que la Sentencia vigente no fue anulada por el Juez Primero de Sentencia, pese a haber emitido luego otra, se incurrió en dicho defecto, pues todos los hechos a los que se refirió en el apartado de prueba documental en la Sentencia, resultan inexistentes para el caso, pero además no habrían sido acreditados en el juicio al no haber sido introducidos al mismo, con lo cual se habría generado defectuosa valoración de la prueba; respecto
a esta denuncia el Tribunal de alzada reitero que existe solo una Sentencia que cursa de fs. 202 a 213 y que el hecho que se haya entregado otra copia a la recurrente que luego fuera subsanada entregándosele la copia correcta no significaba defecto de Sentencia; evidenciando este Tribunal que la determinación asumida por el Tribunal ad quem fue correcta y no se establece ninguna vulneración de derechos, toda vez que al existir una sola Sentencia, de 21 de mayo de 2012 que cursa de fs. 202 a 213, las denuncias debieron estar relacionadas a esta y no a otra copia que no tiene valor, ni existencia en el presente proceso.
Sobre la denuncia de defecto absoluto previsto en el art. 370
inc. 8) del CPP, ante la existencia de contradicción entre la parte dispositiva y considerativa, ya que en la primera Sentencia que "sigue vigente" en su parte considerativa se usó prueba documental que no habría sido introducida al juicio y luego incluso en su valoración se refirió a elementos que no habían sido objeto del proceso; al respecto el Tribunal de alzada señaló, que la recurrente realizó sus observaciones en el contenido de la Sentencia "incompleta" y no en el contenido de la Sentencia que corre de fs. 202 a 213 del expediente, por lo que no consideró cierto las denuncias referidas; evidenciándose que esta actuación del Tribunal de apelación no vulneró ningún derecho de la recurrente, toda vez que las observaciones debieron estar dirigidas a la Sentencia que cursa de fs. 202 a 213 de obrados, y no así a una "sentencia" que no existe y no cursa en el cuaderno procesal.
Por lo manifestado, este Tribunal evidencia que el actuar del Tribunal de alzada fue correcto, toda vez que queda claramente establecido que las denuncias de la recurrente tanto en la apelación restringida como en el recurso de casación devienen de la persistencia en su lógica de la existencia de dos Sentencias; concluyéndose que el Tribunal de alzada no ha incurrido en vulneración de derechos constitucionales de la recurrente, como ser los derechos al juicio previo y a la defensa, deviniendo el presente motivo en infundado.
Finalmente, sobre este motivo la recurrente afirma que existe una grave vulneración a sus derechos y garantías al haber sido condenada en base a pruebas que jamás fueron introducidas al juicio vulnerando sus derechos al juicio previo y a la defensa; sobre esta denuncia el Tribunal de alzada respondió señalando que de la lectura de la Sentencia cursante de fs. 202 a 213, se advierte no ser evidente que el Juez a quo se hubiera basado en pruebas no introducidas a juicio, declarando improcedente la apelación; razonamiento correcto, ya que de la Sentencia que cursa de fs. 202 a 213, se evidencia que la imputada fue condenada en base a pruebas legalmente introducidas a juicio, en consecuencia al no ser evidente la vulneración de los derechos al juicio previo y a la defensa por el Tribunal de alzada, este motivo deviene en infundado.
III.2.2. Referido a la tutela judicial efectiva e igualdad
En relación al segundo motivo del recurso;la recurrente denunció contra el Auto de Vista impugnado y Autos de 19 y 25 de septiembre de 2012, la omisión de aclaración de su memorial cursante de fs. 397 a 398, conforme los términos exigidos por el art. 124 del CPP, sobre la determinación asumida por el Tribunal de alzada en el Auto de Vista recurrido, de imponer costas pese a la existencia de una Sentencia mixta, que la condena por un delito y la absuelve por otro, lo cual vulneraría el principio de igualdad; en atención a este motivo, de la revisión del cuaderno procesal se establece que el Auto de Vista impugnado, respecto a las costas en su punto II.3. determinó, que al haber resuelto el Juez mediante Auto complementario sin costas, por el carácter mixto del fallo, ciertamente el Juez a quo habría incurrido en interpretación errónea de esta norma, toda vez que la misma determina que las costas serán impuestas al imputado cuando sea condenado, en el caso de autos la acusada fue condenada por el delito de "lesiones culposas" en consecuencia aplicando el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad debe cumplirse a cabalidad dicha norma, por lo mismo la acusada debe ser condenada con costas por imperio de la ley; habiendo el Tribunal de alzada determinado dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 12 de junio de 2012 (fs. 234), mediante Auto de Vista 181/12 de 11 de septiembre de 2012; consiguientemente, modificó la parte resolutiva de la Sentencia añadiéndose a la misma con costas.
Esta determinación se hizo conocer a las partes, siendo notificada la imputada con la referida Resolución, el 17 de septiembre de 2012, quien presentó memorial de complementación y enmienda el 18 del mismo mes y año, señalando que por tratarse la Sentencia de un fallo mixto (condena y absolución) las costas debían de aplicarse respecto de la absolución y la condena, solicitando complementar y enmendar el Auto señalado, conforme prevén los arts. 266 y 364 del CPP, ante lo cual el Tribunal de alzada respondió mediante decreto de 19 de septiembre de 2012, en el sentido que, estando claro lo dispuesto en relación a las costas en la parte resolutiva del Auto de Vista 181/12 de 11 de septiembre de 2012, no ha lugar a ninguna complementación y enmienda.
Al respecto, cabe recordar que las costas procesales referidas en nuestro ordenamiento jurídico penal, encuentran su fundamento en la teoría del vencimiento, por lo que el vencedor es quien se favorece, al imponerse al contrario -perdedor- las costas; cuya consecuencia deviene de la investigación del hecho ilícito ocurrido, que puede ser tipificada a inicio del proceso y sufrir modificaciones en el transcurso del proceso tanto de las investigaciones (imputación formal, acusación formal) como en la etapa del juicio oral (ampliación de la acusación), y aun en la resolución que emita el Tribunal de alzada; con ello se otorga respuesta al objeto del proceso, que es, el conocer la verdad histórica de los hechos y dar una sanción al imputado. Asimismo, en base a los principios para la aplicación de las costas nuestro Código de Procedimiento Penal reconoce los siguientes: el principio del vencedor (art. 266 y 270 del CPP) cuando es condenado el imputado o absuelto sobre los hechos acusados, el principio de la temeridad (art. 267 del CPP) cuando exista una denuncia falsa y, el pago de costas por el Estado (art. 266 del CPP) cuando se absuelve al procesado; siendo en el presente caso aplicable el principio del vencedor, toda vez que la
recurrente fue condenada por los hechos acusados, que fueron los mismos durante la investigación, juicio oral, apelación restringida y ahora casación; resulta, así que se impone costas al acusador particular o al Estado cuando existe temeridad del denunciante del hecho ilícito o la absolución de la recurrente sobre los hechos acusados, lo que en el presente caso no ha sucedido.
En ese entendido se evidencia que el Tribunal de alzada al determinar con costas a la imputada, actuó conforme a la norma establecida en el art. 266 del CPP, aplicando correctamente el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad, por lo cual el Tribunal de alzada al haber esgrimido claramente los fundamentos para la imposición de costas en el Auto de Vista impugnado, no correspondía la complementación o enmienda, concluyéndose que al haber respondido al memorial de la recurrente de complementación y enmienda no ha lugar, no ha existido vulneración al derecho de igualdad.
En lo que concierne al decreto de 19 de septiembre de 2012; refiere la recurrente que la Resolución complementaria, fue extrañamente suscrita sólo por uno de los Vocales que intervinieron en el Auto de Vista recurrido, indicando el Tribunal de alzada que fue claro sobre lo dispuesto respecto a las costas, lo que sería manifiestamente vulneratorio de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, por no responder puntualmente a cada uno de los puntos pedidos y de manera fundamentada, sin cumplir con el art. 124 del CPP; sin embargo, este Tribunal evidencia que el Tribunal de alzada al referir sin lugar a ninguna complementación o enmienda por estar claro los fundamentos en el Auto de Vista impugnado, no ha incurrido en ninguna vulneración de derechos, toda vez que de la revisión de dicho Auto de Vista, se establece que se encuentra el fundamento para la decisión de imponer costas a la imputada y el hecho que el decreto de 19 de septiembre de 2012, sólo lleve la firma del Presidente de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente ya que se le otorgó respuesta a su petición; en consecuencia, esta denuncia deviene en infundada.
En lo que respecta al decreto de 25 de septiembre de 2012, éste se encuentra relacionado a la respuesta otorgada al memorial presentado por la parte querellante que solicitó explicación, complementación y enmienda del Auto de Vista impugnado, ante lo cual el Tribunal de alzada refirió no ha lugar a la complementación y explicación, por estar claros los fundamentos expuestos en el Auto de Vista 181/12; es decir, el Tribunal de apelación dio respuesta en atención a que los fundamentos para el reclamo se encontraban plenamente identificados y fundamentados en el referido Auto de Vista.
Asimismo, la recurrente ha invocado el Auto Supremo 520 de 20 de septiembre de 2004 para mayor fundamentación de su petición, de la revisión de dicho fallo se establece que los hechos versan sobre una temática totalmente diferente al presente caso; el precedente señalado se refiere a que los imputados fueron en principio condenados por dos delitos y posteriormente mediante Auto de Vista fueron absueltos de todos los delitos; en el presente caso la recurrente fue condenada por el delito de Lesiones culposas y fue absuelta por el delito de Lesiones leves, en consecuencia no es posible tomar como referencia dicho fallo, menos encontrar alguna contradicción con el Auto de Vista impugnado, por lo que el presente motivo deviene en infundado.
Consiguientemente, de lo examinado sobre las denuncias relativas a: 1) primer motivo, defecto absoluto de la Sentencia que vulnera los derechos al juicio previo y a la defensa; con los defectos previstos por el art. 370 incs. 4), 5), 6) y 8) del CPP; y, 2) segundo motivo, vulneración de derechos constitucionales por medio del Auto de Vista 181/12 y sus Resoluciones complementarias de 19 y 25 de septiembre de 2012, se establece que el Tribunal de alzada no incurrió en violación de los derechos: de juicio previo, a la defensa, tutela judicial efectiva e igualdad, al haber adecuado correctamente su conducta a la normativa legal vigente.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mercedes Thania Renjel Mirabal, cursante de fs. 415 a 421.

References: Resolución 
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 resolución 
 artículo 363
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