Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-859-02.htm
Timestamp: 2019-02-16 08:08:18+00:00

Document:
T-859-02
T 602996 ACCIONESPOPULARES
Sentencia T-859/02
LIBERTAD DE CATEDRA-Valoración académica que hace el profesor no puede ser modificada por un juez/DEBIDO PROCESO-Cumplimiento en la revisión de notas
Cuando el estudiante cree que hay arbitrariedad, puede acudir ante el profesor y pedir la revisión de la nota. El Juez de tutela analizará si se respetó el debido proceso y si ello no ocurrió ordenará cumplirlo, pero la valoración académica que hace un profesor, respaldada en el ejercicio de la libertad de cátedra, no puede ser alterada por un Juez; éste solamente podrá hacer cumplir el debido procedimiento a seguir en la revisión de una nota, para que la autoridad educativa correspondiente lleve hasta el final el trámite de la revisión, ponderando la existencia de dos valores: el derecho a la educación y la libertad de cátedra.
EDUCACION BASICA Y MEDIA-Modelo de evaluación académica
EDUCACION BASICA Y MEDIA-Exclusión de evaluación cuantitativa
Al margen de la funcionalidad o no del modelo adoptado, tema que no corresponde analizar al juez de tutela, lo cierto es que la filosofía y reglamentación del sistema diseñado para la educación básica y media excluye la evaluación cuantitativa del rendimiento escolar. El argumento según el cual los dos modelos no son contradictorios sino complementarios carece de sustento, en la medida que ellos son opuestos tanto en su definición como en su naturaleza. Por tal motivo, las instituciones respectivas, ya sean públicas o privadas, tienen la obligación de ajustar sus manuales de convivencia a las exigencias allí previstas, pues no hacerlo supone desconocer el derecho fundamental a la educación en uno de sus componentes esenciales, cual es el de la evaluación cualitativa (aplicando el método) al proceso de formación académica de los discentes.
SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION-Normas son de orden público
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Prohibición de aplicar calificación numérica en educación básica y media
El colegio demandado no podía, ni puede aún, apelar a las escalas numéricas de calificación para determinar el nivel de aprendizaje de sus alumnos y la promoción o pérdida del respectivo grado. En consecuencia, teniendo en cuenta que el Colegio aplicó un sistema de evaluación académica cuantitativo, y que el mismo no podía ser utilizado, la Sala revocará las decisiones de instancia y en su lugar concederá la protección del derecho fundamental a la educación. Sin embargo, es necesario analizar qué medida debe ser tomada para garantizar el derecho, sin invadir la órbita de autonomía docente e institucional y sin afectar tampoco situaciones que ya fueron consolidadas.
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO-Evaluación cualitativa de la alumna
Referencia: expediente T-595511
Acción de tutela de Ginna María Bejarano Pinzón
La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández y Eduardo Montealegre Lynett, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente
La peticionaria cursó sus estudios desde el grado 5º de primaria hasta el grado 11º en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de la ciudad de Bogotá.
Inconforme con esta decisión, la estudiante acudió tanto al colegio como a la Secretaría de Educación de Bogotá para que se adoptaran los correctivos a que hubiere lugar. En sentir de la peticionaria, el colegio no podía calificar su desempeño con valores numéricos, pues con ello desconocía el espíritu de cambio en el proceso de evaluación cualitativa y promoción flexible previsto en la ley 115 de 1994 y el Decreto 1860 del mismo año. No obstante, consideró que de aplicarse la evaluación cualitativa, según la Resolución No.17486 de 1984, la nota aprobatoria es de tres cero (3.0) sobre cinco (5.0) y no la indicada por el colegio.
El Cuerpo Técnico de Supervisores de la localidad de Usaquén, luego de adelantar la investigación correspondiente, determinó que la utilización de escalas numéricas únicamente aplicaba para aquellos eventos en los cuales una persona aspiraba a continuar sus estudios en el exterior (Decreto 1063 de 1998) y que, en caso de haber seguido en forma incorrecta el proceso de evaluación académica, la institución debía modificar la decisión inicialmente adoptada. A pesar de ello, el Colegio consideró que su proceso de evaluación se ajustó a la normatividad vigente, por lo cual mantuvo inalterada su decisión.
2. Posición del Colegio
En escritos dirigidos tanto a la Secretaría de Educación Departamental como a la peticionaria, a su apoderado, y al juez de instancia durante el trámite de la acción de tutela, la rectora del Colegio Nuestra Señora del Bueno Consejo, Imelda Ríos Jacobo, reitera su posición según la cual la institución no ha vulnerado derecho alguno de la peticionaria. Advierte que solamente se dio aplicación al manual de convivencia, el cual hace parte integrante del contrato de matrícula y exige aprobar los grados de educación media con una calificación superior a tres cinco (3.5) en cada una de las materias.
Impugnada la decisión, correspondió decidir en segunda instancia a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien mediante fallo del ocho (8) de marzo de 2002 confirmó la Sentencia proferida por el a-quo. En primer lugar, apoyado en las actas suscritas por la Comisión de Evaluación, el tribunal concluye que el centro educativo obró en forma coherente, objetiva, seria y responsable en el seguimiento individualizado de sus alumnos respecto del rendimiento escolar. En segundo lugar, considera que el juez de tutela no puede emitir juicios de valor o de mérito frente al reglamento educativo, ni deducir su conveniencia o inconveniencia según el perfil académico del centro docente. Y en tercer lugar, advierte que la peticionaria puede demandar las normas o reglamentos aplicados por la institución, pero dentro de un proceso con mayor amplitud en el debate que no es propio del trámite de la tutela.
- Copia del informe académico de la estudiante Ginna María Bejarano Pinzón, correspondiente al año lectivo de 2001 (fl. 10).
- Copia de la queja presentada ante el Cuerpo Técnico de Supervisores de la Secretaría de Educación de la zona de Usaquén (fl. 11-12), así como de los escritos dirigidos por el colegio y el informe respectivo (fls. 14, 15, 37 a 42).
- Copia de la respuesta suscrita por la rectora del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, dirigida al apoderado de la peticionaria (fls. 33 a 36).
- Copia de varias actas de “Reunión Académica y Comisión de Evaluación”, (Números 6, 8, 10, 11, 12, 16, 20 y 22), correspondientes al proceso de evaluación del rendimiento escolar de los estudiantes del centro educativo durante el año lectivo de 2001 (fls. 15 a 107).
- Copia de los registros académicos de las asignaturas de Lengua Castellana, Química y Cálculo, de la estudiante Ginna María Bejarano, así como de los programas curriculares respectivos (fls. 108 a 156).
- Copia de algunos apartes del Manual de Convivencia del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo (Fls. 157 a 163).
- Copia de un concepto remitido por el Ministerio de Educación Nacional sobre el proceso de evaluación en las instituciones de educación básica y media, así como los mecanismos previstos para superar los eventuales errores en que se hubiere incurrido.
5. Insistencia de la Defensoría del Pueblo
Procedencia de la tutela para cuestionar los actos académicos tanto de las instituciones públicas como de las instituciones privadas. Límites del juez
Teniendo en cuenta la jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado, según la cual los actos académicos de las universidades, y en general de los establecimientos educativos públicos, no son objeto del control contencioso administrativo[1], la Corte Constitucional ha señalado reiteradamente que la acción de tutela constituye el mecanismo idóneo para controvertir dichos actos, pues en un Estado Social de Derecho las actuaciones de esa naturaleza no pueden sustraerse del respeto a los derechos fundamentales[2]. En sentido similar, la Corte ha reconocido que las actuaciones de las instituciones educativas privadas que prestan un servicio público, pueden ser también debatidas en sede de tutela, como ocurre, por ejemplo, cuando las directivas imponen sanciones disciplinarias sin garantizar el debido proceso[3], o cuando interpretan las normas de los reglamentos internos de forma incompatible con la Constitución[4]. En uno y otro evento la ausencia de otros mecanismos judiciales de defensa, así como la necesidad de definir con prontitud el asunto, demuestra la procedibilidad de la acción, lo cual de ninguna manera conlleva que por esa sola circunstancia el amparo deba prosperar.
Sin embargo, lo anterior no significa que el juez pueda sustituir una valoración académica, v. gr. la evaluación a un examen, pues no sólo invadiría la órbita de la autonomía del docente, sino que muy probablemente carecería de la suficiente formación pedagógica para hacerlo. La Corte no desconoce que la autonomía del docente encuentra sus límites en la racionalidad, o la evidencia fáctica[5], pero tampoco es ajena a las condiciones y limitaciones con que podría encontrarse el juez si asumiera el rol que le fue reservado al docente o sus pares.
Como fue explicado en la sentencia T-314 de 1994, donde la Corte analizó el caso de una estudiante que fue evaluada con una nota de uno (1.0) sobre diez (10), por no haber llevado el periódico para un trabajo literario a pesar de haber presentado el informe exigido por el profesor, la misión del juez consiste en establecer si el debido proceso fue vulnerado y en caso afirmativo adoptar medidas para garantizarlo, dejando siempre a salvo la autonomía del docente. Sobre el particular dijo lo siguiente:
El Juez de tutela analizará si se respetó el debido proceso y si ello no ocurrió ordenará cumplirlo, pero la valoración académica que hace un profesor, respaldada en el ejercicio de la libertad de cátedra, no puede ser alterada por un Juez; éste solamente podrá hacer cumplir el debido procedimiento a seguir en la revisión de una nota, para que la autoridad educativa correspondiente lleve hasta el final el trámite de la revisión, ponderando la existencia de dos valores: el derecho a la educación y la libertad de cátedra.”
La misma posición fue reiterada en la sentencia T-052 de 1996, que estudió la solicitud de tutela presentada por un aspirante a ingresar en un programa de postgrado, quien no obtuvo la calificación suficiente para hacerlo. La Corte precisó que “ni el juez de tutela ni el juez de revisión pueden alterar la evaluación que dentro de un margen de apreciación hace una Universidad a la cual el Estado le ha otorgado autonomía, salvo que se adopte una conducta arbitraria que rompa el principio constitucional de la buena fe.”
El manual de convivencia escolar y su eficacia normativa. Reiteración de jurisprudencia
El manual de convivencia constituye el reglamento donde constan los derechos y obligaciones de los estudiantes, sus padres o tutores y la entidad educativa, el cual es aceptado al momento de firmar la correspondiente matrícula (Ley 115 de 1994, artículo 87 y Decreto 1860 de 1994, artículo 17). Tiene una naturaleza tripartita, pues de un lado reviste las características propias de un contrato de adhesión[6]; por el otro, constituye las reglas mínimas de convivencia escolar, dentro del ámbito de la autonomía conferida a los centros educativos y, finalmente, es también expresión de la participación y el pluralismo, toda vez que en su diseño concurre toda la comunidad educativa (directivos, padres de familia, docentes, egresados, alumnos).
No obstante, en esas tres dimensiones los manuales de convivencia encuentran como límite último el respeto no sólo de los derechos fundamentales y de la Constitución en general, sino también de la concreción legal que de ellos se haga. Su eficacia depende, en consecuencia, del grado de armonía con los derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior, como ya ha tenido ocasión de reseñarlo la jurisprudencia de esta Corporación[7]:
“...los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad de los educandos...”
La pregunta que surge es entonces si, en el caso del manual de convivencia del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, las normas relacionadas con el procedimiento de evaluación para los grados de educación media (10º y 11º) respetaron las normas que regulan la materia. No obstante, para dar respuesta a ese interrogante es necesario establecer previamente cuál es el diseño del sistema de evaluación en las instituciones de educación básica y media, tema sobre el cual la Sala considera necesario hacer algunas precisiones.
El modelo de evaluación académica en la educación básica y media
Dentro del proceso de enseñanza aprendizaje la evaluación constituye sin duda uno de sus elementos esenciales, pues solamente a partir de ella es posible determinar variables e indicadores que den cuenta o no de la calidad de la educación, entendida ésta última como el “proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y sus deberes” (Ley 115 de 1994, artículo 1º).
Para la educación básica y media, específicamente en lo que tiene que ver con la formación del alumno, el proceso de evaluación ha sido objeto de profundas transformaciones desde hace ya varias décadas. Así, por ejemplo, en el año de 1975, fue adoptado el “Programa Nacional de Mejoramiento Cualitativo de la Educación”, con el fin de replantear los modelos de enseñanza y evaluación escolar, cuyas características pueden reseñarse en los siguientes términos[8]:
“La propuesta se inició con el cambio del modelo tradicional de enseñanza ‘clase magistral’ por una participación más activa de los educandos, incluyendo en ello, la forma de valoración del estudiante (calificado). Se dieron los primeros pasos de la calificación cuantitativa a la cualitativa e informes descriptivos, aspectos que no fueron muy bien comprendidos por maestros, alumnos, padres de familia, administradores de la educación; esto generó confusión y dudas en las concepciones y procedimientos curriculares, aspectos necesarios para tener en cuenta en la dinámica de la evolución del proceso educativo”. (Subrayado fuera de texto).
Posteriormente fueron expedidas otras normas con la misma orientación, como el Decreto 088 de 1976, el Decreto 1419 de 1978 y el Decreto 1002 de 1984, algunos de cuyos elementos serían retomados posteriormente en la Ley 115 de 1994. Sin embargo, a pesar de proyectarse un modelo de evaluación cualitativa, su receptividad no fue fácil, no sólo por la existencia de una larga tradición en sentido contrario, sino, además, por el desarrollo normativo que se le dio, como la Resolución No. 17486 de 1984, expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que señaló escalas numéricas (de 1 a 10) y valores porcentuales para la evaluación en los niveles de básica (primaria y secundaria) y media vocacional (grados 10º y 11º).
La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes descriptivos que respondan a esas características.
Estos informes se presentarán en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo. Sus finalidades principales son las siguientes: (...)". (subrayado fuera de texto)
De esta manera se consolida el cambio en el sistema de evaluación académica, que de una metodología esencialmente cuantitativa, es decir, con predominio en análisis estadísticos rígidos y prescriptivos, se transforma en una valoración descriptiva a partir de las fortalezas y debilidades del alumno durante el proceso de aprendizaje, con las características de permanencia e integralidad, expresada mediante informes cualitativos de fácil entendimiento. El documento citado explica algunas de las causas que motivaron ese cambio:
“El sistema de calificaciones cuantitativas, por lo demás, hacía recaer en extremos de subjetividad: una asignación se perdía por una décima, y una décima era decisiva para reprobar el año. En segundo término y como lo más cuestionable de esta modalidad es que el educando no encontraba más alternativa que repetir el plan de estudios completo del grado perdido, sin importar que otras o en todas las asignaturas o áreas hubiesen sido aprobadas (sic), en muchos casos con suficientes méritos; la rigidez de la solución no permitía consideración distinta, de tal modo que se resignaba a cursar nuevamente, probablemente con el mismo docente, el mismo método, iguales temas y contenidos.”[9]
“Al evaluar a los estudiantes mediante una escala cualitativa y buscar su promoción permanente se la da valor a la educación en sí mismo y no a la nota, se lleva al estudiante mediante el conocimiento claro de sus dificultades y capacidades a esforzarse por avanzar y seguir adelante. La calidad pierde valor cuando ésta se centra en una nota o calificación, ya que el estudiante no se preocupa por aprender sino por sacar la nota que se requiere para pasar.”[10]
Por último, recientemente fue expedido el Decreto 230 de 2002, “Por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación institucional”, estatuto que pretende hacer algunos ajustes sobre la materia, pero conserva, en su esencia, el modelo anteriormente reseñado, por lo cual no resulta necesario profundizar en los aspectos puntuales de aquel, pues aún no había sido expedido cuando se configuraron los hechos que dieron origen a la acción de tutela que ahora es objeto de revisión.
No obstante, como bien lo señala la Defensoría del Pueblo, existe una excepción a la regla según la cual la evaluación mediante una escala numérica carece de validez. Ella se presenta cuando una persona aspira a continuar sus estudios en el exterior y la institución educativa extranjera requiere el informe en esos términos. En tales eventos, según el Decreto 1063 de 1998[11], los informes descriptivos pueden homologarse en escala de uno a diez (1 a 10), pero esa posibilidad es excepcional y su aplicación de carácter restrictivo.
Con todo, así como la Corte no puede avalar que al interior de las instituciones educativas se apliquen normas contrarias al ordenamiento jurídico[12], tampoco puede admitir que los estudiantes eludan el cumplimiento de sus obligaciones académicas y pretendan, por esa sola circunstancia, que en los estrados judiciales les sea reconocido un logro insatisfecho en las aulas. No puede perderse de vista que es a base del esfuerzo y el mérito como la persona se proyecta, tanto en su desarrollo autónomo como en su condición de ser social. Lo propio en estos casos, según fue explicado, es adoptar las medidas necesarias para que en un escenario académico se realicen los correctivos pertinentes.
El manual de convivencia del Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo dispone que para los grados 10º y 11º la evaluación se expresará en la escala numérica de 1 a 5, siendo la nota mínima aprobatoria de tres cinco (3.5), y que con la pérdida de más de tres asignaturas se reprueba el año lectivo. En aplicación de ese reglamento estudiantil, Ginna María Bejarano Pinzón no fue promovida como bachiller, pues no alcanzó la nota mínima exigida en las materias de Química (3.2), Español (3.3.) y Matemáticas (3.0).
Sin embargo, la peticionaria considera que el colegio vulneró su derecho a la educación, porque el proceso evaluativo realizado fue de carácter cuantitativo y no cualtitativo como lo exige el Decreto 1860 de 1994; pero advierte que incluso de aplicarse ese sistema tiene derecho a ser promovida, ya que la nota aprobatoria es de tres cero (3.0) y no de tres con cinco (3.5) como lo dispuso el colegio.
La rectora del colegio señala que en la institución también existen registros cualitativos sobre el rendimiento de Ginna María, siendo la nota el reflejo de la valoración descriptiva. Si ello fuere así, aún cuando la calificación numérica está prohibida, los archivos académicos permitirían determinar con absoluta claridad si la estudiante cumplió con los logros necesarios para aprobar el grado 11º.
No obstante, revisado el material probatorio allegado por las partes y requerido por la Sala, lo cierto es que esos informes no tienen las características de descriptivos en cuanto al cumplimiento de los logros y, por lo mismo, ninguna relevancia tienen para dilucidar la cuestión. En efecto, el informe académico final consiste en una calificación numérica discriminada por materias; las actas de reunión y comisión de evaluación, analizan el rendimiento estudiantil de los estudiantes de grado 10º y 11º, a partir del número de áreas perdidas con una nota inferior a tres cinco (3.5); y los registros académicos de las materias de Lengua Castellana, Química y Cálculo, hacen referencia a los contenidos desarrollados en cada periodo, así como a la oportunidad que tuvo la estudiante para controvertir sus calificaciones, las cuales también se expresaron mediante números.
Pues bien, la peticionaria considera que debe ser promovida como bachiller, porque la nota mínima aprobatoria debió ser de tres cero (3.0) y no de tres cinco (3.5), para lo cual se refiere a la Resolución No. 17486 de 1984 y a un concepto complementario del Cuerpo Técnico de Supervisores de la Localidad de Usaquén. Empero, la Corte difiere de esa apreciación, por las siguientes razones: (i) porque la mencionada resolución fue inspirada en un sistema de evaluación y promoción escolar que no está vigente y cuya aplicación supondría avalar ese modelo; (ii) porque dicha norma carece entonces de fuerza normativa ante el cambio de sistema; (iii) porque la homologación sugerida por el Cuerpo Técnico de Supervisores hace referencia al proceso de homologación en caso de estudios en el exterior, pero no a la aplicación de la precitada resolución.
Por su parte, en la sentencia T-562 de 1993, la Corte revisó el caso de un estudiante que reprobó las áreas de Biología y Religión en grado 8o, pero a pesar de ello continuó sus estudios (9º, 10º y 11º), al final de los cuales le fue negado el título como bachiller por la irregularidad mencionada. La orden no fue entonces conceder el título, sino ordenar que se adelantara el correspondiente proceso de validación, pues las disposiciones legales no podían pasar inadvertidas ni por el centro educativo ni por la Corte Constitucional. Esta situación, guarda estrecha similitud con el asunto analizado en la sentencia T-218 de 1995, donde un estudiante no fue promovido como bachiller, por haber reprobado la habilitación de matemáticas correspondiente al grado 6º; en aquella oportunidad la Corte revocó la decisión de instancia y en su lugar denegó la tutela.
Primero.- REVOCAR las sentencias proferidas, el veintinueve (29) de enero de 2002, por el Juzgado Treinta y Siete (37) Penal del Circuito de Bogotá, y el ocho (8) de marzo de 2002, por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso de la referencia.
Segundo.- CONCEDER la tutela del derecho a la educación de GINNA MARIA BEJARANO PINZÓN. En consecuencia, ORDENAR al Colegio Nuestra Señora del Bueno Consejo que conforme una comisión encargada de evaluar, en términos cualitativos, el proceso formativo de GINNA MARÍA BEJARANO PINZÓN, y determine si reúne o no los logros necesarios para ser promovida, todo lo cual no podrá exceder el término de tres meses.
Tercero.- ORDENAR a la Secretaría de Educación de Bogotá que coordine e inspeccione el proceso de evaluación que se siga a la peticionaria.
Cuarto.- ORDENAR al Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo que adopte las medidas necesarias para ajustar su manual de convivencia a las previsiones señaladas en los Decreto 1860 de 1994 y 230 de 2002.
Quinto.- Notifíquese de esta providencia al a Secretaría de Educación de Bogotá.
Sexto.- Por Secretaría LÍBRESE la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados.
[1] Cfr. Consejo de Estado, Autos de junio 15 de 1970 CP. Enrique Acero Pimentel; auto del 17 de marzo de 1984 CP. Samuel Buitrago; y Auto del l 5 de enero de 1985 CP. Miguel Betancourt Rey. Sobre el particular ver Jaime Orlando Santofimio, “Tratado de Derecho Administrativo”, tomo II, Universidad Externado de Colombia, tercera edición, 1998, pág. 447 y s.s.
[2] Corte Constitucional, Sentencias T-187 de 1993, T-554 de 1993, T-314 de 1994 y T-024 de 1996, entre otras.
[3] Cfr. las sentencias T-524 de 1992, T-065 de 1993, T-015 de 1994, T-366 de 1997, T-393 de 1997, T-124 de 1998, SU-641 de 1998 y T-1086 de 2001, entre muchas otras.
[4] Sentencia T-1317 de 2001 MP. Rodrigo Uprimny Yepes.
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-314 de 1994 MP. Alejandro Martínez Caballero.
[6] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia SU-641 de 1998 MP. Antonio Barrera Carbonell.
[7] Corte Constitucional, Sentencia T-065 de 1993 MP. Ciro Angarita Barón. En el mismo sentido pueden consultarse las sentencias T-386 de 1994, T-1011 de 2001, T-272 de 2001 y T-1086 de 2001, entre otras.
[8] Omar Raúl Martínez Guerra y otros. “Finalidades y alcances del Decreto 230 de 2002. Currículo, evaluación y promoción de los educandos, y evaluación institucional”. Ministerio de Educación Nacional, Bogotá, julio de 2002, pág. 18.
[9] Idem., página 47.
[10] Idem, página 59
[11] Decreto 1063 de 1998, “Por el cual se establecen equivalencias cuantitativas en la educación formal para efectos de convalidación y homologación de estudios en el exterior”.
[12] En el ámbito de la formación académica pueden consultarse las Sentencias T-562 de 1993, T-218 de 1995 y T-426 de 1995, entre otras.

References: Resolución 
 artículo 87
 artículo 17
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 36