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Timestamp: 2019-03-26 04:12:21+00:00

Document:
as201412055
AUTO SUPREMO Nº 055/2014-RRC
Expediente : Tarija 13/2013
Parte imputada : Carlos Salinas Rodríguez y otro
Por memorial presentado el 21 de octubre de 2013, que cursa de fs. 161 a 163, Carlos Salinas Rodríguez interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 47/2013 de 30 de septiembre, de fs. 158 a 160, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el recurrente y Nicolás Iver Salinas Núñez, por la presunta comisión de los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Uso de Instrumento Falsificado, previstos y sancionados por los arts. 198, 199 y 203 del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública (fs. 14 a 17) y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 39/2010 de 30 de octubre (fs. 125 a 133), el Tribunal Segundo de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró al recurrente absuelto de los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, previstos por los arts. 198 y 199 del CP, respectivamente; asimismo, autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado, tipificado por el art. 203 del CP, condenándole a la pena privativa de libertad de dos años, con costas en favor del Estado a fijarse en ejecución de sentencia. Por otro lado, absolvió al coimputado Nicolás Iver Salinas Núñez, de los tres delitos acusados.
Contra la citada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 136 a 137), que fue resuelto por Auto de Vista 47/2013 de 30 de septiembre (fs. 158 a 160), que declaró sin lugar al recurso de apelación y confirmó la sentencia impugnada en su integridad, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación (fs. 161 a 163) y del Auto Supremo 291/2013-RA de 19 de noviembre (fs. 171 a 173), dictado en el presente proceso, se extrae el motivo a ser analizado en la presente Resolución, sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia: “VULNERACIÓN DE LA GARANTÍA CONSTITUCIONAL DEL DEBIDO PROCESO POR FALTA E INEXISTENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA, E INOBSERVANCIA DEL ART. 124 DEL CPP” (sic) que constituye defecto absoluto conforme el art. 169 inc. 3) del Código de Procedimiento Penal (CPP) y defecto de sentencia según lo regulado por el art. 370 inc. 5) de la misma norma adjetiva penal, puesto que, previa mención al debido proceso según el entendimiento de la Sentencia Constitucional 146/2006-R de 6 de febrero, refiere que el Tribunal de Sentencia habría incumplido la obligación de motivar la Sentencia, en contradicción a la doctrina legal aplicable establecida por Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004.
Esta denuncia se sustenta en que el Tribunal de Sentencia, reconoce que pese de haberse solicitado el examen grafológico, el mismo no se realizó, siendo que no se llegó a determinar a quién correspondía la escritura y la firma, ni quiénes fueron los responsables del forjado de los 21 vales observados. La Sentencia de manera expresa señala que el Tribunal en pleno no tiene certeza de que los documentos (vales) fueron fabricados por los imputados. Siendo lo más paradójico, que el Tribunal de Sentencia le absuelve por los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica porque no se demostró que esos documentos sean falsos; pero contradictoriamente establece su responsabilidad por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, constituyendo esa determinación defecto absoluto de la Sentencia.
El recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista y se ordene nueva emisión, ordenado la reposición del juicio por otro Tribunal, conforme la doctrina legal aplicable señalada.
Mediante Auto Supremo 291/2013-RA de 19 de noviembre, cursante de fs. 171 a 173, este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo.
Una vez concluido el debate del juicio oral, el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dictó Sentencia condenatoria contra el recurrente, argumentando en lo pertinente, lo siguiente: i) Respecto al delito de Uso de Instrumento Falsificado, se establece que fue Carlos Salinas Rodríguez quien recogía combustible del surtidor Lapach con vales originales de la Sub Prefectura que eran otorgados por el policía Luis Miranda, que también recibió tres vales falsos en fechas 3, 14 y 24 de febrero de 2008, recogiendo el combustible en persona, mandando a su hijo Nicolás Iver Salinas Núñez o a sus empleados; ii) La responsabilidad del uso de los vales falsos solamente es atribuible a Carlos Salinas Rodríguez, porque es el dueño de un negocio de venta de lubricantes, haciendo el trato para recibir y cambiar los vales falsos sin ser servidor público; iii) La conducta de Carlos Salinas es típica, puesto que se subsume a los supuestos de hecho previstos por el art. 203 del CP, es antijurídica porque no se advierte causas de justificación, sabiendo del alcance y límites de sus actos, siendo esta conducta culpable por ser reprochable.
El imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 136 a 137); entre sus argumentos de relevancia señaló: i) La Sentencia adolece de debida fundamentación, porque con relación al contenido, se advierte incoherencia absoluta, puesto que se presentó acusación por los delitos de Falsedad Ideológica y Material, dictándose Sentencia absolutoria respecto de ambos; sin embargo, se dicta Sentencia condenatoria por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, sin que se haya demostrado que su persona tuviese conocimiento de la falsedad de los vales de gasolina; es decir, el dolo, siendo los fundamentos del Tribunal de Sentencia, el hecho de que su persona sería el propietario de una tienda, que fue la persona que adquirió los vales y que recogía combustible con otros vales entregados por el policía Miranda, argumentos subjetivos que no explican de manera razonable, cuál es la conducta sancionada; ii) Refiere también, que no se realizó una valoración integral de la prueba, ya que produjo prueba testifical que evidencia que adquirió los vales de buena fe, desconociendo que eran falsos; además, con la solicitud de que los recibos estén a su nombre, se demuestra su buena fe; iii) Que sólo el estado de certeza absoluta puede fundar una decisión condenatoria, sin que la duda ni la probabilidad sean suficientes, lo que se conoce como principio in dubio pro reo. En este caso no se demostró en grado de certeza, que hubiese tenido conocimiento que los vales eran falsos, siendo su actuar siempre de buena fe, por lo que ante la duda, debió aplicarse este principio.
Con estos argumentos, solicitó que el Tribunal de apelación repare la inobservancia en la aplicación de la ley, dictando Sentencia absolutoria en su favor.
Previa radicatoria de la causa, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, resolvió el fondo del recurso de apelación restringida, emitiendo el Auto de Vista impugnado, con los siguientes fundamentos jurídicos:
Con relación al primer agravio, se tiene que los razonamientos del Tribunal de Sentencia son lógicos y sustentan la convicción sobre la autoría del acusado de la comisión del delito de Uso de Instrumento Falsificado, siendo motivada su decisión.
Respecto al segundo agravio, conforme se tiene de la Sentencia impugnada, el Tribunal de Sentencia valoró toda la prueba para llegar finalmente a la conclusión de su decisorio, siendo además una facultad privativa del Tribunal sentenciador y no del Tribunal de alzada, que tiene en el último caso, la labor de verificar que los razonamientos respondan a la lógica, que exista coherencia en las argumentaciones, lo que ocurre en la Sentencia apelada conforme se detalla en el punto IV de dicho fallo.
Sobre el tercer agravio, la circunstancia de que un tribunal, a partir de la prueba y su valoración, llegue a la convicción de la culpabilidad del acusado y con ello, a un grado de certeza, no vulnera el principio in dubio pro reo. En el caso de autos, el Tribunal de Sentencia asevera que tiene la certeza, más allá de la duda razonable, en la participación del recurrente, en consecuencia no existe violación a este principio.
Con esos argumentos, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró sin lugar el recurso de apelación, confirmando la Sentencia impugnada en su integridad.
III. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DEL PRECEDENTE INVOCADO CON LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA
A los fines de resolver la problemática planteada, es necesario identificar la doctrina legal aplicable establecida en el precedente invocado por la parte recurrente, efectuar puntualizaciones en el orden doctrinal respecto al delito de uso de instrumento falsificado para finalmente resolver el caso concreto.
Este Tribunal, admitió el presente recurso, abriendo su competencia a fin de verificar la existencia de contradicción del Auto de Vista impugnado con el precedente invocado por el recurrente, Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004; constituyendo el contenido del reclamo, que el Tribunal de Sentencia, incumplió su obligación de motivar la Sentencia, que señaló que se tuvo certeza en que no se determinó a quién correspondía la escritura y la firma, ni quienes fueron los responsables del forjado de los vales observados, absolviéndolo por los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica; y contradictoriamente, estableció su responsabilidad por el delito de Uso de Instrumento Falsificado.
El Auto Supremo invocado, estableció doctrina legal aplicable que versa, por un lado, sobre el apego al debido proceso en la sustanciación del juicio oral; y, por otro, hizo hincapié en la debida fundamentación que debe observar toda sentencia, asumiendo la siguiente doctrina legal: “Que el juicio oral, público y contradictorio conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio. En su desarrollo las partes asumen el papel protagónico de someterse a las reglas del debido proceso en igualdad de condiciones. Los Tribunales de Sentencia o el Juez deben emitir la sentencia fundamentada consignando todos y cada uno de los hechos debatidos en el juicio, con un análisis de todas y cada una de las pruebas de cargo y descargo incorporadas legalmente en el proceso, debiendo la fundamentación ser clara sin contradicción entre la parte considerativa y la resolutiva, con indicación de las normas sustantivas o adjetivas que respalden el fallo requisitos que toda sentencia debe contener, constituyendo su omisión defectos de sentencia insubsanables al tenor del artículo 370 inciso 3) y 5) del Código de Procedimiento Penal, por lo que en esos casos corresponde aplicar el primer parágrafo del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal”.
III.2. Sobre el delito de Uso de instrumento Falsificado.
Antes de considerar la problemática planteada, resulta útil realizar algunas precisiones respecto al tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado; en principio, este precepto penal, incluido dentro de las normas penales que protegen el bien jurídico Fe Pública, tiene estrecha relación con los diferentes tipos penales de falsedad previstos en el capítulo relativo a la “Falsificación de Documentos en General” del Código Penal, a saber: Falsedad Material, Falsedad Ideológica, Falsificación de Documento Privado y Falsedad Ideológica en Certificado Médico, pues el verbo rector del tipo penal es hacer uso de un documento falso, lo que remite necesariamente a los delitos señalados. Sin embargo, esta remisión no importa, como condición o elemento configurativo del tipo penal, que previamente se acredite la autoría del documento falso en cuestión y menos que el autor del delito de Uso de Instrumento Falsificado sea condenado previamente o al mismo tiempo, como autor de la falsedad; es decir, del forjado del documento falso o adulterado, pues el referido precepto normativo penal, está dirigido a castigar precisamente la conducta de agentes que no han intervenido en la elaboración del documento falso, pero que hacen uso de él, de ahí que no puede existir, por ejemplo, concurso de los delitos de falsedad (sea material o ideológica) con el uso de dicho documento, porque a la conducta del agente que labró el documento, no le alcanza el tipo penal de Uso. Esto es, porque la condición configurativa del tipo penal de los delitos de falsedad es el perjuicio, por tanto, el mismo tipo penal ya encierra o cubre la conducta de utilización del documento falso; al contrario, el tipo penal de Uso de Instrumento Falsificado está dirigido exclusivamente a la conducta del tercero que no intervino en el forjado, pero que utilizó un documento falso, teniendo conocimiento que no era auténtico o verdadero.
Este entendimiento tiene su base legal en el mismo tipo penal del art. 203 del Código Penal Boliviano que señala: “El que a sabiendas hiciere uso de un documento falso o adulterado, será sancionado como si fuere autor de la falsedad.” La última idea, da cuenta de todo lo que hasta ahora se ha dicho, pues claramente la norma prescribe: “…como si fuere autor de la falsedad”, luego, la propia norma descarta que el sujeto activo de este tipo penal, sea la misma persona que forjó ese documento, en conclusión, no se puede sancionar al mismo sujeto, como autor de un delito de Falsedad y también de Uso.
Sobre la misma temática, el profesor español Francisco Muñoz Conde, comentando este delito, también previsto en la legislación española con similares características a la nuestra, señala: “La falsificación de un documento desemboca naturalmente en su uso. Por eso, si el uso es llevado a cabo por el propio falsificador, es un acto posterior impune.
El Código castiga el uso llevado a cabo por el no falsificador si es para perjudicar a otro o si lo presenta en juicio. La primera modalidad se incrimina en razón del perjuicio económico que puede causarse.” (Derecho Penal Parte Especial, pag. 706).
Este criterio también es asumido por Carlos Creus, que haciendo referencia a la autoría de falsificación y uso de documento falso refiere lo siguiente: “El principio general que aquí se ha dado por reconocido, es que el tipo del art. 296 no contempla la conducta del que falsificó y después usa del documento falsificado; por lo tanto, se da una situación de concurso aparente: las distintas figuras de falsificación documental y la de uso de documento falso, se excluyen entre sí cuando están constituidas por conductas del mismo sujeto”, para finalmente concluir: “Queda, pues, fuera de discusión, que el autor de falsificación que a la vez usa el documento, n o puede ser castigado al mismo tiempo por aquella falsificación y por este uso; únicamente puede serlo por el primer delito” (Falsificación de documentos en general, pag. 203 y 204)
Ahora bien, en el presente caso, la denuncia del recurrente se centra en el hecho de que la Sentencia dictada sería contradictoria, pues lo absolvió por los delitos de Falsedad Material y Falsedad Ideológica, al no haberse demostrado su autoría en el forjado de los documentos falsos; empero, lo condenó por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, lo que constituiría en el planteamiento de su recurso una carencia de fundamentación en la Sentencia por la señalada contradicción.
En ese contexto, de la revisión de la Sentencia 39/2010, dictada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Yacuiba, se tiene que los juzgadores, asumieron como hechos acreditados: Que Carlos Salinas Rodríguez recogió combustible del surtidor Lapach con vales originales y falsos correspondientes a la Sub Prefectura de la Provincia Gran Chaco en fechas 3, 14 y 24 de febrero de 2008, recogiendo en persona o mandando a su hijo Nicolás Iver Salinas Núñez o a sus empleados, y que tenía pleno conocimiento de que los vales eran falsos, siendo que se trataba del dueño de un negocio de venta de lubricantes y no así funcionario de la Sub Prefectura, haciendo el trato para recibir y cambiar estos vales falsos; para finalmente subsumir la conducta del imputado en el delito de Uso de Instrumento Falsificado.
Asimismo, es evidente que el Tribunal de Sentencia no estableció la autoría de los documentos falsos, pues señaló: “La totalidad del Tribunal no tiene certeza de que los acusados hubieran sido quienes forjaron los 21 vales falsos, hay duda respecto a su responsabilidad en la falsedad material…”, por lo que finalmente lo absolvieron de la comisión de los delitos de Falsedad Material e Ideológica; sin embargo, como se precisó anteriormente, para la imputación del delito de Uso de Instrumento Falsificado, basta con que se demuestre el uso del documento falso y el conocimiento de esa calidad, sin que la falta de demostración de la autoría por la falsedad material, impida adecuar la conducta del imputado a aquél tipo penal.
En consecuencia, la absolución por los delitos de falsedad en favor del imputado no implica la concurrencia de falta de fundamentación como señala el recurrente; sin soslayar que del contenido del Auto de Vista impugnado, se evidencia que el Tribunal de alzada a tiempo de dar respuesta al mismo agravio planteado en apelación restringida, verificó que la Sentencia se encontraba debidamente motivada, sin que el agravio denunciado tenga mérito. Por todo lo referido, este Tribunal concluye también que el argumento del recurrente carece de sustento, siendo correcta la decisión del Tribunal de Sentencia que en la resolución de apelación restringida fue confirmada en su integridad por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; por tanto, no se advierte contradicción alguna entre el Auto de Vista impugnado con el Auto Supremo 724 de 26 de noviembre de 2004, invocado como precedente.
En definitiva, al haberse establecido que no existe contradicción en los términos previstos por el art. 416 del CPP, en estricta aplicación de la ley, corresponde declarar infundado el recurso de casación sujeto de examen.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Carlos Salinas Rodríguez.
Magistrado Presidente Dr. Pastor Segundo Mamani Villca

References: in dubio
in dubio
 RESOLUCIÓN 
 artículo 1
 artículo 370
 artículo 413
 resolución