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Timestamp: 2019-10-14 20:57:30+00:00

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septiembre 2018 – Página 8 – Confidencial HN
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(Spútnik) El peso argentino se depreció un 3,2% y arañó los 42 pesos para la venta, a dos días del acuerdo que el Gobierno pactó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El Banco Central de la República Argentina anunció también un cambio en su política monetaria, y controlará la inflación a base de enfriar la cantidad de dinero circulante hasta junio de 2019. Además fijó entre los 34 y los 44 pesos la zona de flotación del dólar.
Partido Liberal tiene cinco días para explicar por expulsión de 17 parlamentarios
El Partido Liberal tiene cinco días para responder sobre los motivos que orillaron a expulsar a 17 parlamentarios, anunció hoy el secretario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Alejandro Martínez.
El funcionario recibió la documentación el pasado miércoles luego que los parlamentarios recibieran la denuncia por habérseles violentado el debido proceso por la cúpula partidaria.
Hasta el momento, añadió, el ente no ha decidido sobre el reclamo que se hizo, por lo que reiteró que la cúpula partidaria tiene cinco días para que emita una respuesta.
Los representante del presidente del partido, Luis Zelaya, tendrán que dar explicaciones en cuanto a la expulsión, aunque a última hora decidieron dar marcha atrás a cualquier intención.
Cabe recordar que los legisladores fueron expulsados la medianoche del martes luego que los congresistas decidieran avalar la intervención del Registro Nacional de las Personas (RNP) en conjunto con el Partido Nacional y Libertad y Refundación (Libre).
Poder Judicial da vía libre a reformas a Ley de privación de dominio
El Poder Judicial de Honduras dio hoy visto bueno a las reformas a la Ley de privación de dominio, la cual había sido vetada en abril anterior por el presidente Juan Orlando Hernández.
El extenso documento contiene una serie de análisis respecto a la controvertida norma que concluyen que varios apartados violentan garantías plasmadas en la Carta Magna y restará que el Parlamento discuta y apruebe las reformas para que sea ratificado constitucionalmente.
Alrededor de 17 de los 18 artículos que fueron enviados por el Congreso al Judicial fueron sujetos de observaciones por lo que procede su modificación.
Opinión de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal
Emisión de Opinión en el Ámbito de la
Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito
Tegucigalpa. M. D. C. 28 de Septiembre del 2018
• Oficio No.- 53-2018-PS/CN
• Asunto: Solicitud de Opinión por parte de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, en caso de existir abusos o excesos en el ámbito de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito o de considerar necesario emitir un borrador para un Nuevo Proyecto de Reforma.
• Institución de procedencia: Primera Secretaria del Congreso Nacional de la República de Honduras
II.- Sinopsis del Caso:
1. A través del Oficio No.- 53-2018-PS/CN de fecha 6 de abril de 2018, remitido por la Primer Secretaria del Congreso Nacional de la República, por el Honorable Diputado Abogado José Tomas Zambrano Molina, se ha solicitado a esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal emitir opinión en el caso de existir abusos o excesos en el ámbito de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito en el término de noventa (90) días o de considerar necesario emitir un borrador para un Nuevo Proyecto de Reforma.
El Oficio No.- 53-2018-PS/CN de fecha 6 de abril de 2018, se conforma de una sola hoja con los logos de uso oficial del Congreso Nacional de la Republica de Honduras, la que es acompañada por los siguientes documentos:
• Auténtica firmada por el Primer Secretario del Congreso Nacional de la República, Honorable Diputado Abogado José Tomas Zambrano Molina, (29 Folios Útiles) que certifica:
a) Copia sobre el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018.
b) Copia del Veto Presidencial de fecha 2 de abril del 2018.
2. En fecha 20 de marzo del 2018, el Congreso Nacional de la República, aprobó en el Derecho No. 30-2018, contentivo de las reformas en los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 24, 33, 37, 38, 41,42, 55 y 80 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
3. En fecha 18 de septiembre del 2018, se sostuvo conversatorio entre los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, presidida por el Señor Presidente de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal Abogado Rolando Argueta y representantes de las instituciones siguientes: Secretaria de Seguridad, Asociación para una Sociedad más Justa, Ministerio Público, Procuraduría General de la República, MACCIH, Congreso Nacional, Especialista de la Embajada Americana, Comisión Interinstitucional de Justicia Penal , Dirección Policial de Investigación, Secretaria de Justicia y Colegio de Abogados.
4. En fecha 25 de septiembre, se sostuvo sesión entre los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, presidida por el Señor Presidente de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal Abogado Rolando Argueta.
III. Análisis Jurídico y Motivación Intelectiva:
Sometida a consideración de esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, el caso sub examine, en referencia al Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, que estructuralmente es un decreto de tres (3) artículos, el que siendo aprobado por el Congreso Nacional de la República, fue remitido para su sanción o veto a la Presidencia de la República, como lo establece el proceso de formación, reforma o derogación de Ley, previsto en la Constitución de la República.
El Decreto en mención fue Vetado por la Presidencia de la República en fecha 2 de abril del año 2018, al exponer diversas valoraciones y considerarlo “no conveniente sancionar y promulgar” , devolviéndose al Congreso Nacional. El veto presidencial no se funda en que el proyecto de ley es inconstitucional, pero propone que se realice un análisis en el seno de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, antes que el Congreso Nacional continué con el proceso constitucional. De la lectura del Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, se establece la reforma de dos (2) leyes:
a) El Decreto No. 27-2010 de fecha 05 de mayo del 2010 de la “Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito” vigente desde el 16 de junio del 2010, y;
b) El Decreto No. 144-2014 de fecha 13 de enero del 2015 de la “Ley Especial Contra El Lavado de Activos”, vigente desde el 30 de abril del 2015.
En ese sentido, en atención a la interpretación de la norma jurídica et supra y valorando la documentación aportada como sustento de dicha solicitud, se exponen los puntos referidos al Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018 que en su artículo 1, plantea la reforma de 18 de los 86 artículos de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito. En general los ejes temáticos sobre los cuales se pueden agrupar los 18 artículos sujetos a reforma, son los siguientes:
1. De la Institución de la Privación de Dominio
2. De la Investigación en los Casos de Privación de Dominio
3. De las Medidas Precautorias, Cautelares o de Aseguramiento
4. De las Garantías y del Debido Proceso
IV. Ejes temáticos sobre los cuales versa la reforma del Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018:
1.- De la Institución de la Privación de Dominio
(Capítulo I, II, III y IV de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito)
La naturaleza de la privación de dominio como instituto de derecho sustancial o material, se encuentra contenida en el desarrollo de los primeros cuatro (4) capítulos, artículos 1 al 13 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito . El Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11 y 12, dejando inalterables los artículos 1, 2, 8, 9 y 13.
1.- De la reforma del artículo 3, 4 y 5.
En el artículo 3 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describen las definiciones para efectos de la aplicación de la Ley en dieciséis (16) numerales, distribuidos en orden correlativo del 1 al 16. Concretamente el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma de las definiciones de los numerales 5), 6) y 7), referentes a la Medida Precautoria Cautelar de Aseguramiento, Incautación y Comiso o Decomiso, respectivamente. No obstante, en la página 5 del Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, la redacción de la reforma termina en el numeral 14, omitiendo señalar las definiciones de los numerales 15 y 16, de la OABI y UIF.
Al numeral 5) Medida Precautoria Cautelar de Aseguramiento, de su redacción original se pretende introducir o agregar en la reforma dos (2) párrafos. La primera introducción es en el párrafo que describe “Pasados doce (12) meses de dictada la medida de aseguramiento sin que el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación del dominio, y sin que se haya otorgado la prórroga del plazo, ésta debe ser revocada”.
La segunda introducción es el último párrafo que dice: “Sobre aquellos bienes que constituyan el domicilio familiar y el menaje del hogar, únicamente procede la medida precautoria de aseguramiento”.
Al numeral 6) Incautación, de su redacción original se pretende introducir o agregar en la reforma un párrafo. “Pasados seis (6) meses de dictada la medida de incautación sin el Ministerio Publico haya promovido la acción de privación del dominio, y sin que se haya otorgado la prórroga del plazo, esta debe ser revocada”.
Al numeral 7) Comiso o Decomiso, de su redacción original con tres párrafos se pretenden sustituir en el primer párrafo la expresión “sentencia firme” por “sentencia definitiva”, y suprimir el último párrafo que describe lo siguiente: “En el caso de que el que posea el bien, producto, instrumento o ganancia, bajo cualquier título, esté sometido a proceso penal, el fallo que en esa causa se profiera, no alterará la medida del comiso”.
En el artículo 4 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe el “Concepto de Privación de Dominio”, de su redacción original con dos párrafos, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma en su último párrafo ampliando en la conceptualización de los terceros de buena fe. La reforma agregar lo siguiente: “Los terceros de buena fe, que siendo titulares de derechos reales sobre bienes sujetos a medidas precautorias o cautelares, podrán hacer valer su derecho sobre los mismos rindiendo caución, la cual será fijada por el juez en base al valor del bien”.
En el artículo 5 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe las “característica de la acción”, de su redacción original con tres párrafos, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la eliminación o supresión de su último párrafo que dice: “La acción de privación definitiva de dominio recae sobre bienes, productos, instrumentos o ganancias, sin hacer distinción alguna acerca de quien ostente la posesión, la propiedad o la titularidad de aquellos”.
Valoración No. 1: El artículo 3 engloba en sus distintos numerales del 1 al 16, las definiciones o términos específicos de utilización en los diversos parajes de lectura de la Ley. El carácter normativo del artículo 3, corresponde a una técnica de redacción legislativa definitoria. Esta sirve para fijar con claridad, exactitud y precisión la significación de una palabra o expresión utilizada en la norma.
En la reforma al numeral 5 y 6, se pretende introducir a las definiciones una línea de temporalidad, referida a la existencia de un “plazo” de doce (12) meses para la medida de aseguramiento y de seis (6) para la incautación. La introducción de “plazos” en definiciones o conceptos no corresponde a una técnica legislativa adecuada por un lado, y por otro se duplica la misma redacción en la reforma que se describe al artículo 33 en el último párrafo del decreto (aspecto que se valorará en páginas adelante).
Dándole lectura integra al Veto Presidencial, no se refiere en específico a las definiciones antes señaladas en sus numerales 5 y 6, pero sí advierte que suprimir o eliminar el último párrafo de la redacción original en el numeral 7 de la definición de comiso o decomiso, se está eliminando una característica principal de la institución de privación de dominio . A su vez, en la mesa de discusión en el seno de la Comisión Interinstitucional, en la opinión de los funcionarios públicos adscritos al Ministerio Público, Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, OABI, se trataron ejemplificativamente estas definiciones.
Existe un criterio común entre los operadores, que los conceptos de “medida precautoria, cautelar o aseguramiento” e “incautación”, se han tergiversado más en el campo práctico desde la misma vigencia de la Ley, por una errónea interpretación para su aplicación, que por una cuestión de semántica descrita en la norma, consideraciones que debe superarse por otras vías distintas a la conceptualización, por ejemplo con una metodología más práctica que teórica contenida en manuales, folletos, etc.
En todo caso, será criterio de la Comisión dictaminadora del Congreso Nacional, apreciar la posible aclaración o precisión de las figuras asociadas a las medidas cautelares, precautorias, de aseguramiento e incautación, mismas que por acuerdo tomado en esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, seguirán la línea de pensamiento anterior.
Otro aspecto de valoración expuesto por los integrantes de la mesa, sumado a los criterios vertidos por los expertos en la materia, especialistas de la Embajada Americana y de la MACCIH, es el referido a una de las características de la institución de privación de dominio como lo es su carácter de independencia frente a la responsabilidad penal que por su naturaleza no debe depender de la responsabilidad penal del titular, pues su objeto es el origen o destinación ilícita del bien y no la conducta de las personas.
Con esta última afirmación, que por su naturaleza el objeto de la privación de dominio recae en el origen o destinación ilícita del bien y no de la persona, se desestimaría la finalidad que persigue el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, en la reforma al artículo 4, donde se plantea hacer valer el derecho a rendir caución a “terceros de buena fe” sobre los bienes sujetos al proceso de privación de dominio.
El concepto de la participación de “terceros buena fe”, fue un punto de discusión en la Mesa de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal. Los representantes de la sociedad civil particularmente de ASJ, son del criterio que no existen reglas claras en cuanto a la participación de los terceros de buena fe en el proceso de privación. El Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende resolver esta problemática mediante la introducción de la caución en el concepto de privación del artículo 4, pero ésta institución que tiene una dimensión más de carácter procesal, que podría ser considera en los apartados referidos a la etapa administrativa y judicial, y no en los aspectos conceptuales de privación de dominio.
En el mismo sentido, la eliminación o supresión de su último párrafo del artículo 5, que plantea la reforma, desnaturaliza la institución de privación de dominio, al suprimir la afirmación que “la acción de privación recae sobre bienes…..sin hacer distinción alguna acerca de quien ostente la posesión, la propiedad o la titularidad de aquellos”. Debido a que, la misma finalidad de la Ley, por ser una institución de carácter real, recae sobre estos bienes, productos o instrumentos, característica esencial de la institución.
De manera que, dejando para un tratamiento procesal y no conceptual, el tema de los plazos y la figura de los terceros de buena fe; y que sobre los artículos 4 y 5, esta Comisión Interinstitucional de Justicia Penal a través de la Sala de lo Constitucional, se había pronunciado favorablemente en cuando a su constitucionalidad , la reforma de los artículos 3, 4 y 5 en el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, le resta eficacia y desnaturaliza la institución de privación de dominio, apartándola de su finalidad, por ende deben mantenerse los artículo 3, 4 y 5 conforme a su redacción original contenida en el Decreto No. 27-2010 de fecha 05 de mayo del 2010 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, vigente desde el 16 de junio del 2010.
2.- De la reforma del artículo 6, 7, 10, 11 y 12
En el artículo 6 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe el Principio de Licitud, de su redacción original con cuatro (4) párrafos, se pretende eliminar o suprimir aspectos concretos de su párrafo primero y párrafo tercero, en el sentido siguiente:
1. Párrafo primero texto original “La acción de privación definitiva de dominio…, cuando el titular del dominio acredite que su derecho…el ordenamiento jurídico”.
Redacción de la reforma “La acción de privación definitiva de dominio…, cuando su derecho… el ordenamiento jurídico”. Frase de supresión: “…el titular del dominio acredite que…”.
2. Párrafo tercero del texto original se suprime en las reformas las líneas siguientes: “Las personas están en la obligación de actuar con la debida diligencia respecto a los antecedentes u origen del bien, al momento de la suscripción de un contrato de adquisición o disposición”.
En el artículo 7 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Presunción de Ilicitud, de su redacción original el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo y/o sustituirlo completamente incorporando otro principio el denominado “Carga de la Prueba (Onus Probandi)”, en la redacción siguiente: “Para los efectos de aplicación de esta Ley, corresponde al Ministerio Público probar que los bienes están sometidos al proceso de privación dominio, provienen de actividades ilícitas o se han adquirido de esta forma”.
En el artículo 10 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Prelación en la Tramitación del Proceso, de su redacción original con un solo párrafo el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo para adicionarle un segundo párrafo, en el que se señala lo siguiente:
“Cuando se dicte sentencia absolutoria a favor de la persona sometida a proceso penal y se ordene en dicha sentencia la devolución de los bienes relacionados con el delito imputado, se procederá a ejecutar la misma”.
En el artículo 11 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Procedencia de la Acción de Privación de Dominio, de su redacción original con dos párrafos y diez (10) numerales, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende suprimir o eliminar los numerales 4, 7 y 10 y reformar los numerales 8 y 9, en el sentido siguiente:
1. Numeral 8 texto original “Cuando en cualquier caso el afectado o interesado no se logre justificar el origen licito del bien, producto, instrumentos o ganancias, que es objeto de persecución”;
Redacción de la reforma “Cuando en cualquier caso el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (PGR) pruebe el origen ilícito de los bienes, producto, instrumentos o ganancias, que es objeto de persecución.
Frase que se suprime “…el afectado o interesado no se logre justificar…” y se sustituye por la frase: “…el Ministerio Público o la Procuraduría General de la República (PGR) pruebe…”.
2. Numeral 9 texto original “Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos, tarjetas de débito, cheques de viajero u otros instrumentos monetarios que no hayan sido declarados al salir o ingresar a la República de Honduras o cuando habiéndose realizado la declaración exigida por la Ley, exista falsedad en las misma respecto a los bienes, de acuerdo a lo que establece la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos”;
Redacción de la reforma “Cuando se trate de bienes, productos, instrumentos, cheques de viajero u otros instrumentos monetarios que no hayan sido declarados al salir o ingresar a la República de Honduras o cuando habiéndose realizado la declaración exigida por la Ley, exista falsedad en las misma respecto a los bienes, de acuerdo a lo que establece la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos”
Frase que se suprime: “…tarjetas de débito…”.
En el artículo 12 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describen los “Bienes Equivalentes”, de su redacción original con dos (2) párrafos el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo en su primer párrafo, de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 12.- Los Bienes Equivalentes. “En aquellas circunstancias en las cuales no resulte posible ubicar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, o dictar la privación definitiva del dominio de bienes determinados sobre los cuales se haya entablado la acción, el Juez, en la sentencia declarará la privación definitiva del dominio sobre los bienes o valores equivalentes del mismo titular”.
Redacción de la reforma “En aquellas circunstancias en las cuales no resulte posible ubicar los bienes, productos, instrumentos o ganancias, o dictar la privación definitiva del dominio de bienes determinados sobre los cuales se haya entablado la acción, el Juez, en la sentencia declarará la privación definitiva del dominio sobre los bienes o valores equivalentes del mismo titular, siempre y cuando la dificultad para ubicar dichos bienes sea por circunstancias o acciones imputables al afecto”.
Frase que se agregar mediante la reforma: “…siempre y cuando la dificultad para ubicar dichos bienes sea por circunstancias o acciones imputables al afecto”.
Valoración No. 2: Considera esta Comisión que por las razones expuestas en la Valoración Número 1, para seguir armónicamente con la naturaleza de la propia institución de la privación de dominio, en cuanto a sus características, conceptualización y alcances, es preciso mantener la redacción original de los artículos 6, 7, 10, 11 y 12.
2.- De la Investigación en los Casos de Privación de Dominio (Capítulo V de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito)
El Proceso de Privación Definitiva de Dominio se divide según la Ley en dos etapas: La administrativa y la judicial. Siguiendo con lo dispuesto en los convenios internacionales, en Honduras el órgano competente que dirige la investigación desde el inicio hasta la finalización le corresponde al Ministerio Público de Honduras. En esta etapa administrativa esencialmente de investigación Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma de los artículos 20, 21 y 24, dejando inalterables los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 del mismo Capitulo V.
1.- De la reforma del artículo 20, 21 y 24.
En el artículo 20 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la facultad de obtener directamente la información, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 20.- La facultad de Obtener directamente la Información. “Lo dispuesto en esta Ley, acerca de la obtención de información a través de la UIF, será sin perjuicio que el órgano jurisdiccional u otra autoridad autorizada la obtenga directamente de la institución financiera requerida”.
Redacción de la reforma del Artículo 20.- La facultad de Obtener directamente la Información. “Lo dispuesto en esta Ley, acerca de la obtención de información a través de la UIF, será sin perjuicio que el órgano jurisdiccional la obtenga directamente de la institución financiera requerida”.
Frase que se suprime mediante la reforma: “…u otra autoridad autorizada…”. En el artículo 21 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe el Secreto Bancario, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 21.- Secreto Bancario. “Para efectos de la aplicabilidad de esta ley, no se invocará el Secreto Bancario, el Secreto Profesional o Secreto de Estado.
Los protocolos de los notarios pueden ser inspeccionados por el Ministerio Público o incautados en su caso sin necesidad de autorización judicial”.
Redacción de la reforma del Artículo 21.- Secreto Bancario. “Para efectos de la aplicabilidad de esta ley, no se invocará el Secreto de Estado o Secreto Bancario, de los cuales se podrá obtener información únicamente a través del procedimiento establecido en Ley.
Los protocolos de los notarios pueden ser inspeccionados por el Ministerio Público, pudiendo obtener copias y o certificaciones de los instrumentos que requieran”.
Frase que se suprime mediante la reforma del primer párrafo: “…Secreto profesional…”.
Frase que se suprime mediante la reforma del segundo párrafo: “…o incautados en su caso sin necesidad de autorización judicial”, y se sustituye por la frase: “…pudiendo obtener copias y/o certificaciones de los instrumentos que requieran”.
En el artículo 24 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe el Secreto Bancario, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 24.- La Confidencialidad y Exenciones de Responsabilidad. “Las instituciones públicas o privadas, las personas naturales que proporcionen información que les ha sido requerida por las autoridades de conformidad a esta Ley, y las autoridades que por cualquier razón conozcan del asunto de privación definitiva del dominio, están obligadas a guardar la debida confidencialidad y al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, y además, estarán exentas de responsabilidad, penal, civil, administrativa, laboral o de cualquier índole, cuando brinden información solicitada.”
Redacción de la reforma del Artículo 24.- La Confidencialidad y Exenciones de Responsabilidad. “Las instituciones públicas o privadas, las personas naturales que proporcionen información que les ha sido requerida por las autoridades de conformidad a esta Ley, y las autoridades que por cualquier razón conozcan del asunto de privación definitiva del dominio, están obligadas a guardar la debida confidencialidad”.
Frase que se suprime mediante la reforma “….y al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, y además, estarán exentas de responsabilidad, penal, civil, administrativa, laboral o de cualquier índole, cuando brinden información solicitada.”
Valoración No. 3: Es consideración de esta Comisión Interinstitucional que resulta necesario la modificación o reforma del artículo 20, en cuanto a la necesidad de tutela judicial en su carácter de garante del control jurisdiccional de la pretensión de obtención de información bancaria, teniendo en cuenta parámetros de legalidad, proporcionalidad, necesidad, pertinencia o utilidad en los procesos que se precise o solicite por medio del Ministerio Públicos, pues con ello se cierra la posibilidad de que se pretenda esta información con fines distintos a los descritos en esta ley, y evita que cause perjuicios innecesarios o indebidos a las personas vinculadas a la investigación en el desarrollo de sus actividades personales o empresariales, que podrían generar responsabilidades de parte del Estado.
Durante el conversatorio sostenido, algunos de los intervinientes manifestaron que la sola solicitud de este tipo de información ocasiona perjuicios a las personas de quienes se requiera la información, en vista que existe de parte de las instituciones del sistema bancario, mecanismos de bloqueo o bases de datos de personas que pueden tener el carácter de riesgo en el cumplimiento de sus créditos. Y con solo la solicitud de esta información se prejuzga la condición de responsabilidad, transparencia o apego a la legalidad de estos sujetos, declarándolos non gratos para el sistema bancario o financiero, coartando con eso el ejercicio de actividades financieras o comerciales que a futuro pudieran realizar.
A su vez, la propuesta de reforma del artículo 20 de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Procedencia Ilícita implicaría la necesaria reforma del artículo 21, en cuanto a suprimir la frase “sin necesidad de autorización judicial” con relación a la inspección de los protocolos de los notarios, y la posibilidad de obtención de copias o certificaciones de los instrumentos; dado como se ha dicho, se precisa para el cumplimiento de garantía de parte de las autoridades judiciales, se recomendaría en su caso no solamente eliminar del artículo referido, la frase “sin necesidad de autorización judicial”, sino que agregar que para ello se requiere autorización judicial.
No obstante, respecto del artículo 24, lo relevante del decreto de reforma 30-2018, es la eliminación de la exención de responsabilidad civil, administrativa, penal, laboral o de cualquier otra índole a las personas que brinden información en el proceso investigativo, lo que a nuestro criterio implicaría riesgos de potenciales acciones judiciales contra las entidades públicas o privadas, o personas naturales o jurídicas, con posible afectación patrimonial inclusive, por estas actuaciones; lo que indudablemente justificaría el comportamiento reticente de quienes tengan en su poder información de utilidad para los procesos de investigación en el campo de la extinción de dominio, lo que afectaría la eficacia de estos procesos.
3.- De las Medidas Precautorias, Cautelares o de Aseguramiento
(Capítulo VIII de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito)
Las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento tienen como objeto preservar anticipadamente el resultado previsible en el proceso de privación definitiva de dominio. Según la Ley de Privación de Dominio su contenido se encuentra desarrollado en el Capítulo VIII, de los artículos 32 al 38. El Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma de los artículos 33, 37 y 38, dejando inalterables los artículos 32, 34, 35 y 36 del mismo Capitulo VIII.
1.- De la reforma del artículo 33, 37 y 38.
En el artículo 33 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Procedencia para las Medidas Precautorias, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 33.- La Procedencia para las Medidas Precautorias.- “En cualquier etapa del proceso y con el propósito de preservar la disponibilidad de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, el Órgano Jurisdiccional Competente a solicitud del Ministerio Público puede decretar, sin notificaciones, ni audiencias previas, medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento de los mismos.
Excepcionalmente, el Ministerio Público, en casos de urgencia o para evitar que los bienes, productos, instrumentos o ganancias sean ocultados o que haga difícil su persecución o su disponibilidad por parte de la autoridad o por cualquier otra circunstancia no se pueda tramitar ante el Órgano Jurisdiccional, puede dictar sin notificaciones ni audiencias previas, medidas precautorias o de aseguramiento sobre bienes, productos, instrumentos o ganancias a que se refiere esta Ley. Una vez ejecutada la resolución dictada por el Ministerio Público, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, procederá el recurso de reposición ante el funcionario que dictó la resolución, y subsidiariamente el recurso de apelación ante el superior jerárquico, quien debe resolverlo en un plazo no mayor a tres (3) días.
La interposición de recursos en cualquiera de las etapas dispuestas en esta Ley, no impedirá que el Ministerio Público pueda promover el procedimiento de privación definitiva del dominio ante el Órgano Jurisdiccional.
En el caso que la acción de privación del dominio, ya se haya instado ante el Órgano Jurisdiccional, y el Ministerio Público dicte la medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, lo pondrá en conocimiento del Órgano Jurisdiccional Competente dentro del término de setenta y dos (72) horas y explicará las razones que lo determinaron. El juez en auto motivado convalidará o anulará total o parcialmente lo actuado.
Contra la resolución del Órgano Jurisdiccional accediendo a la convalidación o anulación procederá el recurso de reposición, el cual será resuelto siguiendo el trámite señalado por el Código Procesal Penal.
Transcurrido el termino de doce (12) meses, después de dictadas y ejecutadas las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, éstas pueden ser revocadas. El término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente”.
Redacción de la reforma del Artículo 33.- La Procedencia para las Medidas Precautorias.- “En cualquier etapa … Excepcionalmente… La interposición… En el caso… Transcurrido el termino de doce (12) meses, después de dictadas las medida cautelar de aseguramiento y de seis (6) meses después de dictada la medida de incautación, sin que el Ministerio Público haya promovido la acción de privación del dominio, éstas pueden ser revocadas. El término indicado en este Artículo puede ser prorrogado mediante autorización judicial por un término igual por una sola vez, y se comenzará a contar a partir de la inscripción en el registro correspondiente”.
Frase que se suprime mediante la reforma “…y ejecutadas… precautorias,… o …”; se introduce la frase siguiente: “…y de seis (6) meses después de dictada la medida de incautación…”.
En el artículo 37 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Procedencia para las Medidas Precautorias, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente: Redacción original del Articulo 37.- La Revocación de las Medidas Precautorias.- “Las Medidas Precautorias, cautelares o de aseguramiento puede ser revocada por el Ministerio Público o por el Órgano Jurisdiccional Competente en los casos que esta Ley determine.
El Órgano Jurisdiccional solamente puede revocar las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento dictado, si la petición de que se revoque es presentada por el Ministerio Público o en sentencia definitiva que declare sin lugar la solicitud de privación definitiva del dominio.
La revocación se llevará a cabo en audiencia con la presencia del representante del Ministerio Público y del apoderado legal del afectado o titular”. Redacción de la reforma del Artículo 37.- La Revocación de las Medidas Precautorias.- “Las Medidas Precautorias… El Órgano Jurisdiccional, a petición de parte durante el proceso o en sentencia puede revocar o sustituir las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento dictadas siempre que se logre asegurar la finalidad del proceso. La revocación o sustitución se llevará a cabo en audiencia con la presencia del representante del Ministerio Público y del apoderado legal del afectado o titular”.
Frase que se suprime mediante la reforma “…solamente puede revocar… si la petición de que se revoque es presentada por el Ministerio Público…” y se sustituye con la frase siguiente: “…a petición de parte durante el proceso…”.
En el artículo 38 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe la Procedencia para las Medidas Precautorias, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente: Redacción original del Articulo 38.- Los Recursos Relacionados con Medidas Precautorias. Contra la resolución dictada por el Juez de Letras que acceda o deniegue decretar una medida precautoria, cautelar o de aseguramiento procederán los recursos de reposición y de apelación subsidiaria. El recurso de reposición se sustanciará de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal. El recurso de apelación se admitirá en efecto devolutivo y se sustanciará siguiendo el trámite establecido en esta Ley, para el recurso de apelación de la sentencia definitiva.
Los recursos interpuestos no suspenderán la tramitación del proceso. Redacción de la reforma del Artículo 38.- Los Recursos Relacionados con Medidas Precautorias. Contra la resolución dictada por el Juez de Letras que acceda, deniegue, revoque o sustituya…”.
Los recursos…”. Frase que se agrega mediante la reforma “…revoque o sustituya…”.
Valoración No. 4: Con respecto a la introducción de plazos que había sido el espíritu de la reforma del artículo 3 del decreto de reforma 30-2018, es conveniente valorar el establecimiento de una línea de tiempo justo y proporcional a los fines del procedimiento, previsto en el articulado del Capítulo VIII, de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, referentes a las Medidas Cautelares.
Retrotrayéndonos en el tiempo al momento en que Honduras aprueba esta ley, toma como referencia la segunda ley de extinción de dominio de Colombia, justo un año después (en el año 2011), las Naciones Unidas crea la Ley Modelo de Extinción de Dominio, en la que se regula el tema del tiempo de duración de las medidas cautelares o precautorias, distinto al que hasta ese momento se venía adoptando en Colombia y en Honduras.
Durante el conversatorio sostenido entre los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal y expertos en la materia, fue casi unánime el criterio de la necesidad de revisar los plazos y armonizar los mismos con lo dispuesto en la Ley Modelo de Extinción de Dominio de las Naciones Unidas. En consecuencia, analizado ese contexto y los antecedentes de tratamiento del tema de los plazos en las legislaciones del área, consideramos viable la reducción de plazos de duración de las medidas cautelares de aseguramiento o incautaciones, sugiriendo un plazo común máximo de duración de seis (6) meses, prorrogables por una sola vez, por motivos razonables, y ponderados por la autoridad judicial en su resolución de ampliación; esto para que se agregue en el contenido propuesto en la reforma del artículo 33, según los criterios consensuados entre los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, con la disidencia del Ministerio Público, entidad que es de la opinión que no es necesario la reforma de ese artículo, en consecuencia considera que la duración de las medidas cautelares, precautorias, de aseguramiento e incautación debería mantenerse por doce (12) meses prorrogables por un tiempo igual y por una sola vez.
Siendo consecuente con los discutido y acordado en la Sesión de Trabajo de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, se sugiere que se modifique el artículo 34 de la Ley de Privación del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, en cuanto a eliminar lo relativo a la obligatoriedad de la autoridad judicial, de poner a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, aquellos bienes, que no tengan este carácter.
Por ejemplo, en el caso de que el Juez a petición del Ministerio Publico ordene la medida de aseguramiento sobre un bien inmueble, que conceptualmente no implica ni es razonable la privación material de la posición del afectado (incautación), no debe significar que la notificación a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se interprete como lo señala el artículo 34 la obligatoriedad para que se prive materialmente de la posesión.
Con relación a la pretensión de reforma del artículo 37, contenido en el decreto 30-2018, es preciso referir, que es necesario adecuar el proceso de privación de dominio de bienes de origen ilícito, a las garantías propias de un Estado Democrático y Constitucional de Derecho, por lo que se justifica que se pretenda por vía de la reforma, que la parte que ha sido afectada con una medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, pueda solicitar o peticionar que se las mismas se revoquen o sustituyan. Durante el conversatorio y dado el contenido de la ley vigente, quedó en evidencia debido a las prácticas sostenidas por el Ministerio Público desde la vigencia de la ley hasta el día de hoy.
Las disposiciones legales existentes al respecto, han obligado a las partes afectadas con alguna medida cautelar a expresar sus pretensiones ante la otra parte del proceso, es decir, el Ministerio Público, con la finalidad de procurar que lleve la situación de restricción a control jurisdiccional, en vista que no existe otra vía que asegure la tutela judicial oportuna de su situación jurídica, lo que ha causado sin lugar a dudas grandes perjuicios, conocidos públicamente y que han derivado o podrían derivar en responsabilidad de parte del Estado.
Por lo tanto, se sugiere la incorporación de la posibilidad de que el tercero de buena fe que se considere afectado, pueda solicitarle directamente al Órgano Jurisdiccional competente que durante el proceso o en la sentencia pueda revocar o sustituir las medidas precautorias, cautelares o de aseguramiento dictadas, siempre que se logre asegurar la finalidad del proceso; esto para que se agregue en el contenido propuesto en la reforma del artículo 37, según los criterios consensuados entre los miembros de la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, con la disidencia del Ministerio Público, entidad que es de la opinión que se mantenga la redacción original del artículo.
Dando la opción por exigencia de coherencia tanto en la propuesta de redacción del artículo 37, como en el artículo 38 al agregar la revocatoria o sustitución como posibilidades de resolución judicial que serán controladas vía los recursos previstos de reposición y apelación, han sido aceptados por todos los miembros de la Comisión.
En síntesis, será necesario e ineludible el análisis y acreditación de los presupuestos de las medidas restrictivas de carácter real que procedieran, como ser el fumus boni iuris y el periculum in mora, es decir, la apariencia de razonabilidad de la causa que motiva la medida y la necesidad de la medida dado el peligro de desaparecimiento, ocultamiento o destrucción de los bienes sujetos al proceso.
4.- De las Garantías y del Debido Proceso
(Capítulo IX, XIII y XVI de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito)
En este apartado, se establecen las garantías y principios de índole procesal que deben regir el proceso de privación definitiva de dominio, de los artículos 39 al 86. El Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, establece la reforma de los artículos 41, 42, 55 y 80 dejando inalterables los artículos 39, 40, 43 al 54, 56, al 79, 81 al 86 del misma Ley.
1.- De la reforma del artículo 41, 42, 55 y 80.
En el artículo 41 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describen “Otros derechos garantizados”, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 41.- Otros derechos garantizados. “Igualmente se garantizarán al afectado o titular los derechos siguientes:
1. Constituir su apoderado legal;
2. Acceso a acreditar el origen legítimo de sus bienes, productos, instrumentos o ganancias, cuya titularidad se discute;
3. Acceso a acreditar que los bienes, productos, instrumentos o patrimonio de que se trata, no se encuentra en las causales que sustentan la acción de privación definitiva del dominio; y,
4. Acceso a acreditar que, respecto de bienes, productos, instrumentos, o ganancias que específicamente constituyen el objeto de la acción de esta Ley, se ha producido una sentencia favorable sobre el origen ilícito de los bienes, productos, instrumentos o ganancias que deba ser reconocida como cosa juzgada dentro del proceso de privación definitiva del dominio, por identidad respecto a los sujetos, al objeto y a la causa del proceso.
Los derechos garantizados en esta Ley, también se aplicarán respecto al tercero de buena fe.
Redacción de la reforma del Artículo 41.- Otros derechos garantizados. “Igualmente se garantizarán al afectado o titular los derechos siguientes:
1. Constituir…;
2. Acceso…;
3. Acceso…; y,
4. Acceso…
Los derechos garantizados en esta Ley, también se aplicarán respecto al tercero de buena fe, quienes pueden intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios que consideren idóneos a fin de lograr la no afectación de sus bienes, productos o instrumentos.
Frase que se agrega mediante la reforma “….quienes pueden intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios que consideren idóneos a fin de lograr la no afectación de sus bienes, productos o instrumentos…”.
En el artículo 42 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe “La obligación de acreditar el Origen Ilícito”, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Artículo 42.-La obligación de acreditar el Origen Ilícito. “El afectado o titular de los bienes, productos o instrumentos sujetos a proceso de privación definitiva del dominio debe acreditar a través de los medios probatorios que considere idóneos, el origen licito de sus bienes, productos, instrumentos o ganancias, para que éstos no resulten afectados de conformidad con esta Ley.
Los terceros de buena fe, pueden intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios que consideren idóneos a fin de lograr la no afectación de sus bienes, productos o instrumentos.
Redacción de la reforma del Artículo 42.- La obligación de acreditar el Origen Ilícito. “Cuando la acción de privación de dominio sea contra las personas señaladas en el artículo 414 del Código Procesal Penal, se estará a lo dispuesto en el Capítulo III, Titulo Único, del Libro Quinto, de dicho Código”.
Frase que se cambian absolutamente toda la redacción del artículo, y se incorporan las disposiciones procesales relativas a los altos funcionarios y diputados al Congreso Nacional.
En el artículo 55 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se señala la Autoridad Encargada de Promover el Inicio del Proceso Judicial y los Requisitos de la Solicitud, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente: Redacción original del Articulo 55.- Autoridad Encargada de Promover el Inicio del Proceso Judicial y los Requisitos de la Solicitud.- “Para el trámite de la acción de privación definitiva del dominio el Ministerio Publico a través del Agente de Tribunales, presentará escrito de solicitud de privación definitiva del dominio, ante el Órgano Jurisdiccional Competente.
El escrito de solicitud de privación de dominio deberá contener entre otros requisitos:
1. El Órgano Jurisdiccional Competente.
2. La descripción e identificación de los bienes, productos, instrumentos o ganancias sobre los cuales se solicita la privación definitiva del dominio, señalando su ubicación y demás datos para su localización;
3. La enunciación de los bienes, productos, instrumentos o ganancias. En caso que sobre éstos haya recaído medida precautoria, se indicará la autoridad que haya ordenado tal medida;
4. El nombre y domicilio del titular de derechos reales principales o accesorias, de quien se ostente o comporte como tal o de ambos, si fueron conocidos por la autoridad;
5. La relación sucinta de los hechos en que se funda la petición, indicando los fundamentos que sustentan el planteamiento de la solicitud de privación definitiva del dominio;
6. El señalamiento de las pruebas directas o indiciarias de que se hará valer y que considera son las conducentes para acreditar su pretensión;
7. Lugar y fecha; y.
8. Firma y sello del Agente de Tribunales o Fiscalía del Ministerio Público”.
Redacción de la reforma del Artículo 55.- Autoridad Encargada de Promover el Inicio del Proceso Judicial y los Requisitos de la Solicitud.- “Para el trámite de la acción de privación definitiva del dominio el Ministerio Publico a través del Agente de Tribunales, presentará escrito de solicitud de privación definitiva del dominio, ante el Órgano Jurisdiccional Competente.
2. La descripción…;
3. La enunciación…;
4. El nombre y domicilio…;
5. La relación sucinta de los hechos en que se funda la petición, indicando los fundamentos que sustentan el planteamiento de la solicitud de privación definitiva del dominio, así como el acompañamiento de prueba sumarial que acredite indiciariamente el origen ilícito del bien;
6. El señalamiento…;
7. Lugar …; y.
8. Firma…”
Frase que agrega mediante la reforma es en el numeral 5“….así como el acompañamiento de prueba sumarial que acredite indiciariamente el origen ilícito del bien”.
En el artículo 80 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, se describe el principio de la retrospectividad de la Ley, el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, pretende reformarlo de la forma siguiente:
Redacción original del Articulo 80.- La retrospectividad de la Ley. “La privación definitiva del dominio se declarará, cualquiera que sea la época de la adquisición o destinación ilícita de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, si concurren las causales del Articulo 11 de esta Ley.”
Redacción de la reforma del Artículo 80.- No Irretroactividad. La presente Ley por principio constitucional no tiene efecto retroactivo, por lo cual su aplicación será a partir de su vigencia”.
La reforma suprime totalmente el artículo respecto a la retrospectividad de la Ley. Valoración No. 5: En cuanto a la reforma pretendida del artículo 41, en el mismo sentido de permitir la intervención de las personas que pudieran ver afectados sus intereses, procurando una condición de igualdad procesal, contando con las adecuadas oportunidades procesales e igualdad de armas, para hacer eficaz el principio garantía de la defensa reconocida como fundamental. Estima esta comisión, que el agregado aludido en el artículo 41, de que los terceros de buena fe, puedan intervenir en el proceso ofreciendo los medios probatorios que consideren idóneos a fin de lograr la no afectación de sus bienes, productos o instrumentos, resulta viable y coherente con la pretensión de armonización o integración de esta ley en el contexto constitucional y convencional que forma parte del derecho hondureño. El contenido del artículo 41 con la reforma, se complementaría perfectamente con el contenido original del artículo 42 de la Ley de Privación de Dominio.
Por lo que, a nuestro criterio debería dejarse subsistente el artículo 42 original. La propuesta de derogar totalmente este artículo y sustituirlo por un artículo en donde se otorgue un aforamiento o condición privilegiada para cuando los bienes afectados pertenezcan o estén en posesión de las personas señalas en el artículo 414 del Código Procesal Penal, no corresponde a una reforma progresiva para la eficacia de la aplicación de la ley, considerando que esta ley y este tipo de proceso, persigue bienes no personas, además de ser expuesto en el Veto Presidencial, la condición favorable que ha presentado el Estado de Honduras ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por sus logros en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción, en los que indudablemente ha tenido que ver las mejoras y adelantos de carácter legislativo en este interés, así que esto representaría indudablemente un retroceso en ese camino.
Del análisis de la redacción de la propuesta de reforma del artículo 55 numeral 5 a la Ley de Privación, contenido en el decreto 30-2018, se puede colegir que resulta innecesario el agregado hecho a este numeral que consiste en “…así como el acompañamiento de prueba sumarial que acredite indiciariamente el origen ilícito del bien.”, dado que el artículo referido en su numeral 6 original, ya contempla que al escrito de solicitud de privación del dominio deberá contener entre otros requisitos: 6. El señalamiento de las pruebas directa o indiciarias que se hará valer y considera son las conducentes para acreditar su pretensión.”. Estima esta Comisión que es más recomendable, la incorporación de este agregado en el numeral sexto, para mayor coherencia, precisión y eficacia de la pretensión de la reforma, en cuanto al alcance que la prueba no solo se señale, sino que se acompañe adjunto al escrito de mérito. Se advierte además que el concepto de prueba sumarial no corresponde a la naturaleza del proceso en sentido estricto, dado que no existe en este procedimiento etapa alguna que se denomine sumario, en todo caso el proceso de investigación corresponde a la fase de instrucción administrativa del Ministerio Público, siendo más adecuado utilizar los conceptos de prueba directa o indiciaria en el contexto procesal en sentido amplio, con la disidencia del Ministerio Público, entidad que es de la opinión que no es necesario la reforma de ese artículo.
Por último, con respecto a la valoración de la reforma pretendida al artículo 80 de la Ley de Privación de Dominio, en cuanto la naturaleza de la figura de extinción de dominio expuesta en epígrafes anteriores, y tomando en cuenta lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 01 de octubre del año 2013, fallo recaído sobre el caso RI-706-2011, en alusión al principio de retrospectividad de esta ley, se comparte el criterio por parte de esta Comisión Interinstitucional, de la sentencia en la cual se estima que si bien nuestra carta magna contempla la irretroactividad de la ley, con la excepción establecida en materia penal, al hacer un juicio de contraste entre la norma constitucional y el cuestionado artículo 80 de la norma secundaria, no se encuentra que este artículo contravenga la norma constitucional; y eso se estimó así por la Corte Suprema, dado el carácter objetivo y real de la acción de extinción de dominio, se posibilita por tanto su aplicación con la independencia del momento en que se adquirieron los bienes; acción que únicamente se llevará a cabo cuando concurran las causales de extinción de dominio del artículo 11 de la Ley Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito.
V. Consideración Final:
De la lectura, estudio y análisis de los parámetros expuestos en el caso sub examine, estima la Comisión Interinstitucional de Justicia Penal, pronunciarse favorablemente en cuanto a la reforma de los artículos 20, 21, 33, 37, 38, 41 y 55 de la Ley sobre Privación Definitiva de Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que se plantean en el Decreto No. 30-2018 de fecha 20 de marzo de 2018, y el artículo 67 de la Ley contra el Lavado de Activos. A su vez, que se mantengan inalterables conforme a su redacción original los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 24, 42 y 80 de la misma Ley, ya que la implementación del articulado en mención es determinante para la eficacia, adaptación e utilización de la Ley como herramienta para el combate de la criminalidad, además de ser normas legales vigentes de irrestricto cumplimiento por parte de los funcionarios públicos que conforman el Sistema de Administración de Justicia Penal.
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