Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0328_ES.html
Timestamp: 2019-12-09 20:47:28+00:00

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– Vistos la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, firmada en Ginebra el 28 de julio de 1951 y su Protocolo de 1967,
– Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A8-0328/2018),
A. Considerando que, pese al gran número de anuncios y solicitudes de vías seguras y legales que ofrecen acceso al territorio europeo para las personas que buscan protección internacional, en la actualidad no existen a escala de la Unión una armonización de los procedimientos de entrada protegida ni un marco jurídico en materia de visados humanitarios, a saber, los visados expedidos para alcanzar el territorio de los Estados miembros con vistas a solicitar protección internacional;
B. Considerando que, según jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 7 de marzo de 2017 en el asunto C-638/16(2), los Estados miembros no están obligados, en virtud del Derecho de la Unión, a expedir un visado humanitario a las personas que deseen entrar en su territorio con la intención de pedir asilo, pero son libres de hacerlo sobre la base de su Derecho nacional; que esta sentencia interpreta el Derecho vigente de la Unión que puede ser modificado;
C. Considerando que varios Estados miembros han tenido o tienen en la actualidad regímenes nacionales de expedición de visados humanitarios o permisos de residencia para garantizar la entrada nacional protegida de las personas que lo necesiten;
D. Considerando que el número de personas admitidas sobre la base de procedimientos nacionales de entrada para protección humanitaria o a través del reasentamiento sigue siendo bajo en comparación con las necesidades globales, y muestra diferencias significativas entre los Estados miembros; que el ámbito de aplicación de los procedimientos nacionales de entrada para protección humanitaria y reasentamiento tiene una definición limitada y, en caso de reasentamiento, estrictamente vinculada a criterios de vulnerabilidad e inscripción como refugiado con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados;
F. Considerando que las mujeres sin pareja que viajan solas o con menores, las mujeres que son cabeza de familia, las mujeres embarazadas y las lactantes, las personas con discapacidad, las adolescentes y las mujeres de edad avanzada se encuentran entre las personas especialmente vulnerables en las rutas migratorias hacia Europa y corren un riesgo considerablemente mayor de sufrir violencia de género, como la violación, la violencia y ser objetivo de traficantes y tratantes de personas con fines de explotación sexual y económica; que las mujeres y las niñas tienden a ser más vulnerables a todas las formas de explotación, incluidas la explotación laboral y la explotación sexual a lo largo de las rutas migratorias hacia la Unión y a menudo se ven obligadas a prostituirse para sobrevivir y poder continuar su viaje;
G. Considerando que el coste humano de estas políticas se ha estimado en al menos 30 000 muertes en las fronteras de la Unión desde principios de la década de 2000; que es urgentemente necesario un marco jurídico de la Unión como medio para hacer frente al inaceptable número de muertes que se producen en el Mediterráneo y en las rutas migratorias que conducen a la Unión, combatir realmente el tráfico de personas y la exposición a la trata de personas, a la explotación laboral y a la violencia, gestionar de forma ordenada la llegada, recepción digna y tramitación justa de las solicitudes de asilo y optimizar el presupuesto de los Estados miembros y la Unión para procedimientos de asilo, control de las fronteras y actividades de búsqueda y salvamento, así como para lograr prácticas coherentes en el acervo de la Unión en materia de asilo;
H. Considerando que el Parlamento ha intentado incluir disposiciones que van en este sentido en el Reglamento (CE) n.º 810/2009;
I. Considerando que tanto el Consejo como la Comisión han rechazado las correspondientes enmiendas, alegando, entre otras cosas, que tales disposiciones no deben incluirse en el Reglamento (CE) n.º 810/2009, dado que este solo se aplica a los visados de corta duración;
J. Considerando que el Parlamento, ante la inactividad de la Comisión, se ha visto obligado a elaborar el presente informe de iniciativa legislativa sobre los visados humanitarios;
K. Considerando el intenso trabajo realizado, en ocasiones con la ayuda de expertos, para redactar las recomendaciones que se adjuntan a la presente propuesta;
1. Pide a la Comisión que presente, antes del 31 de marzo de 2019, sobre la base del artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), una propuesta relativa a un Reglamento por el que se establezca un visado humanitario europeo, siguiendo las recomendaciones que se recogen en el anexo;
2. Considera que los Estados miembros deben poder expedir un visado humanitario a las personas que buscan protección internacional, de manera que dichas personas puedan entrar en el territorio del Estado miembro que haya expedido el visado con el único objetivo de presentar una solicitud de protección internacional en ese Estado miembro;
3. Considera que los visados humanitarios europeos deben complementar —y no sustituir— los procedimientos nacionales de entrada existentes para protección humanitaria, los procedimientos de reasentamiento y las solicitudes espontáneas con arreglo a la legislación internacional sobre refugiados;
5. Hace hincapié en la necesidad urgente de vías seguras y legales para la Unión, de las cuales una sería el visado humanitario, también especialmente importante desde el punto de vista de la igualdad de género, ya que las mujeres son particularmente vulnerables y, por tanto, están más expuestas a la violencia sexual y de género en las rutas y en los centros de acogida; hace hincapié en que, a menudo, su vulnerabilidad económica y otros tipos de dependencia colocan a las mujeres y las niñas de terceros países en una situación en la que les es aún más difícil que a los hombres solicitar asilo de manera segura;
6. Considera que parte de las repercusiones financieras de la propuesta solicitada debe ser asumida por el presupuesto general de la Unión como manifestación concreta del principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad, también en el aspecto financiero, entre los Estados miembros, de conformidad con el artículo 80 del TFUE;
Sentencia del Tribunal de Justicia de 7 de marzo de 2018, X y X versus Estado belga, C-638/16 PPU, ECLI:EU:C:173:173.
– tener como base jurídica el artículo 77, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE);
– la laguna jurídica existente actualmente en el Derecho de la Unión, además de los procedimientos de reasentamiento aplicables a los refugiados vulnerables, no prevé procedimientos específicos, ni en la legislación sobre visados ni en la relativa al asilo o las fronteras, para la admisión en el territorio de los Estados miembros de las personas que buscan protección (se estima que el 90 % de las personas que posteriormente han sido reconocidas como refugiados y beneficiarios de protección subsidiaria llegaron al territorio de los Estados miembros de forma irregular(1), a menudo a través de rutas en las que se juegan la vida);
– el riesgo de fragmentación, ya que los Estados miembros establecen cada vez en mayor medida sus propios programas y procedimientos de admisión humanitaria, lo que va en contra del objetivo general establecido en el artículo 78, apartado 1, del TFUE de desarrollar una política común en materia de asilo, protección subsidiaria y protección temporal, y podría también, en vista de la existencia de diferentes regímenes, afectar a la aplicación uniforme de las disposiciones comunes relativas a la entrada en el territorio de los Estados miembros de nacionales de terceros países establecidas en el en los Reglamentos (CE) n.º 810/2009(2) y (UE) 2016/399(3) del Parlamento Europeo y de Consejo;
– los elevados costes humanos, pero también en términos sociales, económicos y presupuestarios, asociados con la situación actual para los nacionales de terceros países de que se trate (honorarios de los pasadores de fronteras, riesgo de trata y explotación, riesgo de persecución, riesgo de muerte y malos tratos, etc.) y para los Estados miembros y la Unión (elevado presupuesto de búsqueda y salvamento, incluido el transporte privado, protección de las fronteras, cooperación con terceros países, procedimientos de asilo y posible retorno en caso de rechazo de las solicitudes de protección internacional, así como de lucha contra la delincuencia organizada, la trata y el tráfico ilícito, etc.);
– el valor añadido de la acción de la Unión, a la hora de garantizar el cumplimiento de los valores de la Unión, incluidos los derechos fundamentales, la confianza mutua entre los Estados miembros y la confianza en el sistema por parte de los solicitantes de asilo, la seguridad jurídica, la previsibilidad y la aplicación y ejecución uniforme de las normas, la obtención de economías de escala y la reducción de los costes anteriormente citados vinculados a la situación actual;
– recuerda que la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(4) y el Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo(5) solo se aplican en el territorio de los Estados miembros, mientras que, en la actualidad, existen insuficientes vías legales para que los solicitantes de asilo puedan alcanzar dicho territorio;
– recuerda que, tras la presentación de una solicitud de asilo en un Estado miembro, se aplican las disposiciones del Sistema Europeo Común de Asilo de la Unión;
– destaca que una negativa de una solicitud de visado humanitario europeo no afectará en modo alguno al derecho a solicitar asilo en la Unión ni impedirá que el solicitante quede incluido en otros regímenes de protección disponibles;
– incluir en su ámbito de aplicación a los nacionales de terceros países que deben estar en posesión de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 539/2001(6), y cuando las alegaciones de estar expuestos o correr el riesgo de persecución tal como se definen en la Directiva 2011/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(7) sean manifiestamente fundadas, pero que no estén todavía en el proceso de reasentamiento, tal y como se define en los regímenes nacionales de reasentamiento o en [el nuevo Reglamento por el que se establece un Marco de Reasentamiento de la Unión o] la Directiva 2001/55/CE(8);
– disponer que dichas solicitudes de visado se evalúen sobre la base de la declaración y la entrevista del solicitante y, en su caso, de la documentación justificativa, sin llevar a cabo un proceso completo de determinación del estatuto;
– disponer que, antes de la expedición de este tipo de visados, todo solicitante sea objeto de un control de seguridad, mediante las correspondientes bases de datos nacionales y de la Unión, para garantizar que el solicitante no entraña ningún riesgo de seguridad;
– disponer que estos visados sean expedidos usando una etiqueta adhesiva común e incluidos en el Sistema de Información de Visados;
– disponer que, una vez que se expida un visado humanitario, este permita a su titular entrar en el territorio del Estado miembro que lo haya expedido con el único objetivo de hacer una solicitud de protección internacional en dicho Estado miembro;
– disponer que las solicitudes de este tipo de visados sean evaluadas por personal con la formación adecuada;
– prever que un Estado miembro que expida dicho visado humanitario tenga acceso a la misma compensación en virtud del Fondo de Asilo y Migración que si un Estado recibe a un refugiado a través del marco europeo de reasentamiento;
– Reglamento (CE) n.º 810/2009, a fin de aclarar que las disposiciones del Reglamento por el que se crea un visado humanitario europeo se aplican a las personas que tratan de obtener protección internacional;
– Reglamento (CE) n.º 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo(9), a fin de prever la introducción en este sistema de las solicitudes de visados humanitarios;
– Reglamento (UE) 2016/399, para ajustar las condiciones de entrada de las personas que han obtenido un visado humanitario europeo,
– el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, a fin de proporcionar financiación a los Estados miembros para la aplicación del Reglamento por el que se crea un visado humanitario europeo;
– el artículo 26 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes(10) y la Directiva 2001/51/CE(11) del Consejo, con el fin de eximir a transportistas que trasladan a nacionales de terceros países de toda responsabilidad, obligación y sanciones si los nacionales de terceros países afectados declaran su intención de solicitar protección internacional o humanitaria en el territorio de los Estados miembros.
El Parlamento empezó a pedir visados humanitarios en el contexto de la crisis migratoria y ante el número inaceptable de muertes en el Mediterráneo. La institución ha expresado sus opiniones en su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración, entre otras.
Esta debe ser, en primer lugar, la actual paradoja de que no exista en el Derecho de la Unión ninguna disposición sobre cómo los refugiados deben llegar a la Unión, lo que da lugar a una situación en la que casi todas las llegadas tienen lugar de forma irregular. Esta situación tiene graves consecuencias para las personas, pero también para los Estados miembros. Las personas que huyen se ven obligadas a recurrir a pasadores de fronteras para, a cambio de grandes sumas de dinero, emprender un viaje en el que se juegan la vida y están expuestas a explotación, malos tratos y abusos. Entre las consecuencias negativas para los Estados miembros pueden citarse los efectos de la llegada incontrolada de migrantes (sin que los países dispongan de información sobre cuántas personas llegan a su territorio o sobre su identidad) y los esfuerzos cada vez mayores que hacen falta para gestionarla en términos de un mejor control y vigilancia de las fronteras, actividades de búsqueda y rescate, cooperación con países terceros, etc. Al mismo tiempo, los Estados miembros se enfrentan a redes de delincuencia organizada cada vez más fuertes, que se benefician de las ganancias económicas obtenidas mediante la trata de personas.
Un argumento adicional en favor de este nuevo instrumento legislativo es el riesgo de fragmentación. Es evidente que los Estados miembros están estableciendo regímenes nacionales, pero todos ellos son diferentes. El ponente acoge con satisfacción cualquier iniciativa que garantice un paso seguro pero, al mismo tiempo, dado que la Unión constituye un espacio de libertad, seguridad y justicia sin fronteras interiores (artículo 3, apartado 2, del TUE), considera que debe hacerse mayor hincapié en las políticas comunes.
Además, puesto que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana y respeto de los derechos humanos (artículo 2 del TUE), un instrumento de esta naturaleza es, en última instancia, necesario para que la Unión cumpla con las obligaciones que le incumben en virtud de sus propios Tratados.
El nuevo instrumento debe ir dirigido a todos los nacionales de terceros países sujetos a la obligación de visado que necesitan protección porque corren un riesgo real de sufrir persecución o daños graves y que no pueden acogerse a ningún otro instrumento, como el reasentamiento. El ponente es un firme defensor del reasentamiento, pero este no puede constituir la única vía legal y segura de llegada, ya que es aplicable únicamente a un número reducido de refugiados ya reconocidos como tales.
El instrumento exigirá a los Estados miembros unos esfuerzos administrativos para los que deben poder recibir apoyo, también de carácter económico. Pueden modificarse a tal efecto los programas financieros del nuevo MFP, y en particular el Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras. Además, se espera poder ahorrar en otros ámbitos, puesto que las llegadas tendrán lugar de manera más ordenada y llegarán menos personas que claramente no necesitan protección internacional. El uso de tecnologías de comunicación modernas debería suponer un ahorro adicional.
OPINIÓN de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (10.9.2018)
A. Considerando que está ampliamente admitido que el género entra dentro del ámbito de la pertenencia a un grupo social determinado, que es uno de los motivos de protección en virtud de la Convención de las Naciones Unidas de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo de 1967 (Convención sobre el Estatuto de los Refugiados), que la persecución por razón de género constituye un motivo para solicitar y obtener protección en virtud de los marcos jurídicos internacionales y de la Unión, incluido el Convenio de Estambul, y que en todo el mundo las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por formas de violencia sexual y otras formas de violencia de género, específicamente en los conflictos armados y las guerras;
B. Considerando que, en la actual crisis de refugiados, las mujeres sin pareja que viajan solas o con menores, las mujeres que son cabeza de familia, las mujeres embarazadas y las lactantes, las personas con discapacidad, las adolescentes y las mujeres de edad avanzada se encuentran entre las personas especialmente vulnerables en las rutas migratorias hacia Europa y corren un riesgo considerablemente mayor de sufrir violencia de género;
C. Considerando que en las Directrices del ACNUR sobre persecución por motivos de género (2002) se aboga por que la definición de refugiado cubra las solicitudes por motivos de género y se insta a los responsables de la concesión de asilo a adoptar una «interpretación sensible a la dimensión de género» de los motivos de protección y a garantizar un proceso no discriminatorio;
D. Considerando que, según las estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2014 más de 15 000 migrantes han desaparecido o perdido la vida en el Mediterráneo de camino a Europa; y que el Mediterráneo central ha seguido siendo la ruta más mortífera, cobrándose en 2015 la vida de dos viajeros de cada cien, lo cual es inaceptable;
E. Considerando que el Convenio de Estambul, y en particular su artículo 60, exige que las Partes adopten las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para garantizar que la violencia de género contra las mujeres pueda ser reconocida como una forma de persecución y velen por que los motivos de asilo indicados en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 se interpreten teniendo presente la cuestión del género;
F. Considerando que urge disponer de vías seguras y legales para llegar a la Unión, también desde una perspectiva de género, y que los visados humanitarios pueden complementar, aunque no sustituir, a otras vías seguras como el reasentamiento y la admisión humanitaria;
G. Considerando que la imposibilidad actual de solicitar protección por razones humanitarias fuera de la Unión lleva a los solicitantes de asilo a entrar en Europa de manera irregular, arriesgando sus vidas y su salud, con consecuencias específicas y de género para las mujeres, las niñas y las personas LGBTI, como la violación, la violencia y ser objetivo de pasadores de fronteras y tratantes de personas con fines de explotación sexual y económica;
H. Considerando que la creación de un visado humanitario concederá acceso a los procedimientos de asilo y a protección humanitaria a los colectivos vulnerables y a las personas que se enfrentan a retos específicos, como los enfermos, las personas con discapacidad, las familias, las mujeres, las mujeres embarazadas, los menores, las personas mayores y las personas LGTBI, que viajarán de manera segura a Europa, donde se tramitará su solicitud humanitaria o de asilo;
I. Considerando que las mujeres y las niñas pueden ser objeto de formas específicas de persecución y discriminación por motivos de género en los países de origen, incluidas, entre otras, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia doméstica, la violación, la violencia sexual y los «crímenes de honor»;
J. Considerando que, según el ACNUR, en 2017 las mujeres constituyeron entre el 9 y el 22 % de las llegadas por mar a Italia, Grecia y España(1), y que la gran diferencia existente entre los sexos está relacionada con la vulnerabilidad específica de las mujeres, incluyendo la dependencia económica y de otro tipo;
K. Considerando que las mujeres y las niñas corren un gran riesgo de sufrir abusos sexuales y físicos, así como ser objeto de violencia, incluyendo violaciones, y suelen ser más vulnerables frente a todas las formas de explotación, como la explotación laboral y la sexual en las rutas migratorias hacia la Unión; y que a menudo se ven forzadas a prostituirse para sobrevivir y poder continuar su viaje; que los grupos delictivos, pasadores de fronteras y tratantes de personas se aprovechan de la inexistencia de una vía de acceso segura a la Unión;
L. Considerando que las niñas y mujeres víctimas de violencia de género que necesitan protección internacional pueden mostrarse reticentes a exponer las verdaderas dimensiones de la persecución sufrida o temida y que, por tanto, precisan un entorno de apoyo en el que se les garantice la confidencialidad;
1. Hace hincapié en la necesidad apremiante de disponer de vías seguras y legales para llegar a la Unión y en que los visados humanitarios deberían ser una de ellas; considera que esto es importante desde una perspectiva de género, ya que las mujeres y las personas LGBTI son especialmente vulnerables y, por consiguiente, están más expuestas a la violencia sexual y de género a lo largo del trayecto y en los centros de acogida;
2. Lamenta que exista un elevado nivel de desigualdad entre las mujeres y los hombres que se ven forzados a abandonar sus países de origen en busca de protección internacional; hace hincapié en que, a menudo, su situación económica vulnerable y otros tipos de dependencia colocan a las mujeres y las niñas en terceros países en una situación en la que les es aún más difícil que a los hombres solicitar asilo de manera segura;
3. Condena la actual situación en la que, para solicitar asilo en la Unión, las mujeres y las niñas, así como las personas LGBTI, se exponen ellas mismas a un riesgo considerable de ser objeto de violencia sexual y de género a lo largo del trayecto y en los centros de acogida;
4. Destaca que la violencia de género, incluida la violencia sexual, repercute gravemente en la vida y la salud de las mujeres y las niñas, lo que podría afectar a la salud mental de las mujeres y provocar trastornos por estrés postraumático, ansiedad y depresión;
5. Subraya que las mujeres, las niñas y las personas LGBTI que alegan temores fundados de ser perseguidas por razones de género deben poder solicitar con seguridad un visado por motivos humanitarios;
6. Pide que, además de un programa de la Unión sobre reasentamiento y admisión humanitaria y como complemento de este, se cree un instrumento independiente en materia de visados humanitarios para ofrecer un acceso seguro y legal al territorio de la Unión a las personas que necesitan protección internacional, garantizándose un enfoque de género y la protección efectiva de las personas víctimas de persecución por motivos de género, en cuyo caso es de suma importancia que el proceso se desarrolle de manera respetuosa y con delicadeza, entendiendo plenamente la complejidad y las vulnerabilidades de todos los solicitantes y especialmente de las mujeres, los menores y las personas LGBTI;
7. Señala que el instrumento del visado humanitario también debería incluir las solicitudes de protección humanitaria fundamentadas en el estado de salud, motivos familiares imperiosos cuando no constituyan motivos para la reunificación familiar, razones de desplazamiento por el cambio climático y otros casos imperiosos de necesidad de protección humanitaria;
8. Pone de relieve que las formas de violencia y discriminación por razón de género —por ejemplo, la violación y la violencia sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, la violencia doméstica, los denominados crímenes de honor y la discriminación por razón de género consentida por los Estados— constituyen persecución y deberían ser motivos válidos para solicitar asilo o protección humanitaria y, por lo tanto, reflejarse en el nuevo instrumento; pide, en consecuencia, a la Comisión que reconozca la persecución por motivos de género como un motivo válido para solicitar la protección internacional y que garantice la inclusión de la perspectiva de género en todas las fases del procedimiento de asilo acatando las Directrices del ACNUR sobre protección internacional de 2002 (persecución por motivos de género);
9. Advierte de que el nuevo instrumento del visado humanitario no debe servir para trasladar la responsabilidad de evaluar las solicitudes de los refugiados a terceros países, sino que debe garantizar que los solicitantes de asilo y las personas que necesitan protección humanitaria viajan de manera segura hasta Europa, donde se tramitaría su solicitud; considera que propuestas como la de las plataformas de desembarco atentan esencialmente contra los propios principios fundamentales de la protección internacional y europea de los refugiados;
10. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la recogida de datos desglosados por sexo en la actual crisis de refugiados, y que velen por que las políticas de asilo pertinentes integran la perspectiva de igualdad de género;
11. Recuerda que la legislación y las políticas para luchar contra el tráfico ilícito de personas no deben impedir nunca el acceso a los procedimientos de asilo de la Unión sino ayudar a los migrantes y refugiados a evitar situaciones de explotación perjudiciales;
12. Critica la designación de terceros países como países de origen seguros, países terceros seguros y primeros países de asilo, y subraya que incluso en los países que se consideran seguros, las mujeres pueden sufrir persecución por motivos de género, al tiempo que las personas LGBTI también pueden sufrir abusos y estar por ello legitimadas para solicitar protección;
13. Pide que se ponga fin inmediatamente al internamiento de niños, de mujeres embarazadas y lactantes y de víctimas de violaciones, de violencia sexual o de trata de personas, y que se les preste un apoyo psicológico adecuado;
14. Resalta la necesidad de contar con financiación para prestar apoyo, en concreto, a las mujeres y niñas más vulnerables de nuestra sociedad, en especial las mujeres con discapacidad, las refugiadas y las víctimas de trata y abusos;
15. Pide a los Estados miembros que prevean la formación necesaria y suficiente para el personal y los profesionales sanitarios en contacto con menores, niñas y mujeres víctimas de violencia de género a su llegada a la Unión, a fin de ofrecerles servicios de asistencia y atención especializados, incluidos servicios de salud sexual y reproductiva y apoyo psicológico;
16. Lamenta que algunos Estados miembros no hayan ratificado el Convenio de Estambul y vuelve a instar a todos los Estados miembros a que lo ratifiquen y apliquen plenamente sin demora;
17. Pide a los países europeos, las organizaciones internacionales, las partes interesadas pertinentes y los sectores en los distintos niveles que compartan la responsabilidad y cooperen estrechamente; recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la protección de las personas que necesitan protección internacional es una cuestión que atañe a todos y que se ha de dar una respuesta común basada en el principio de solidaridad.

References: artículo 77
 artículo 80
 artículo 77
 artículo 78
 artículo 26
 artículo 60