Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2019/06/
Timestamp: 2020-04-04 02:10:19+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: junio 2019
UE. Empresa. Nueva Directiva sobre marcos de reestructuración preventiva. Relación de preceptos de interés y con impacto sobre los trabajadores.
1. El Diario Oficial de la Unión Europea publicó el miércoles 26 de junio la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y delConsejo, de 20 de junio de 2019, “sobre marcos de reestructuración preventiva,exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar laeficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneraciónde deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 (Directiva sobre reestructuración e insolvencia)”.
El texto aprobado encuentra su origen en la propuestapresentada hace dos años y medio, el 22 de noviembre de 2016, y entrará en vigor a los veinte días de su publicación, estipulándose que la transposición deberá efectuarse como máximo el 17 de julio de 2011, ampliándose un año más para los Estados que experimenten “especiales dificultades” para su aplicación.
2. La norma contiene numerosos preceptos que afectan directamente a los sujetos trabajadores, y de ahí que su estudio sea de interés en el ámbito laboral. A la espera de un análisis más detallado, reproduzco ahora los apartados de la introducción y los preceptos del texto articulado que tiene a mi parecer mayor relevancia para las relaciones laborales en la empresa afectada por la reestructuración preventiva. .
“(1) El objetivo de la presente Directiva es contribuir al correcto funcionamiento del mercado interior y eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales, tales como la libertad de circulación de capitales y la libertad de establecimiento, resultantes de las diferencias entre las normativas y los procedimientos nacionales en materia de reestructuración preventiva, insolvencia, exoneración de deudas e inhabilitación. La presente Directiva pretende eliminar tales obstáculos sin que ello afecte a los derechos fundamentales y libertades de los trabajadores, garantizando que: las empresas y empresarios viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos nacionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar su actividad; que los empresarios de buena fe insolventes o sobreendeudados puedan disfrutar de la plena exoneración de sus deudas después de un período de tiempo razonable, lo que les proporcionaría una segunda oportunidad; y que se mejore la eficacia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, en particular con el fin de reducir su duración.
(2) … Tales marcos deben ayudar a evitar la pérdida de puestos de trabajo y de conocimientos y competencias y maximizar el valor total para los acreedores -en comparación con lo que habrían recibido en caso de liquidación de los activos de la empresa o en caso de aplicarse la mejor solución alternativa en ausencia de un plan de reestructuración-, así como para los propietarios y para la economía en su conjunto.
(3) … En los marcos de reestructuración deben protegerse los derechos de todos los implicados, incluidos los trabajadores, de manera equilibrada. Al mismo tiempo, las empresas no viables sin perspectivas de supervivencia deben liquidarse lo antes posible. Cuando un deudor en dificultades financieras no es económicamente viable o no puede recuperar fácilmente la viabilidad económica, los esfuerzos de reestructuración pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en detrimento de los acreedores, los trabajadores y otros interesados, así como de la economía en su conjunto.
(4) … Las soluciones preventivas son una tendencia creciente en la normativa en materia de insolvencia. Se tiende a favorecer planteamientos que, a diferencia del clásico que consiste en la liquidación de las empresas en dificultades financieras, tengan por objeto la recuperación de estas o al menos el rescate de aquellas de sus unidades que sigan siendo económicamente viables. Dicho planteamiento, además de aportar otros beneficios a la economía, a menudo contribuye a mantener los puestos de trabajo o a reducir las pérdidas de puestos de trabajo.
(10) Toda operación de reestructuración, en particular cuando es de gran envergadura y conlleva repercusiones importantes, debe basarse en un diálogo con los interesados. Dicho diálogo debe abordar tanto la elección de las medidas previstas en relación con los objetivos de la operación de reestructuración como las opciones alternativas, y debe existir una adecuada participación de los representantes de los trabajadores tal como se dispone en Derecho de la Unión y nacional.
(16) La eliminación de los obstáculos a la reestructuración preventiva efectiva de deudores viables en dificultades financieras contribuye a minimizar la pérdida de puestos de trabajo y las pérdidas de valor para los acreedores en la cadena de suministro, permite preservar los conocimientos técnicos y las capacidades y, por lo tanto, beneficia a la economía en general.
(23) En un intento de reforzar el apoyo a los trabajadores y a sus representantes, los Estados miembros deben velar por que se permita a los representantes de los trabajadores acceder a información pertinente y actualizada sobre la disponibilidad de herramientas de alerta temprana y también deben tener la posibilidad de prestar asistencia a los representantes de los trabajadores a la hora de evaluar la situación económica del deudor.
(43) Los acreedores afectados por un plan de reestructuración, incluidos los trabajadores, y, cuando proceda con arreglo a la normativa nacional, los tenedores de participaciones deben tener derecho de voto sobre la adopción de un plan de reestructuración. Los Estados miembros deben poder establecer excepciones limitadas a esta norma. …
(48) Es necesaria la confirmación de un plan de reestructuración por una autoridad judicial o administrativa para garantizar que la reducción de los derechos de los acreedores y de los tenedores de participaciones sea proporcional a las ventajas de la reestructuración y que tengan acceso a una tutela judicial efectiva. La confirmación resulta particularmente necesaria cuando: existan partes afectadas disidentes; cuando el plan de reestructuración contenga disposiciones sobre nueva financiación; o cuando el plan implique la pérdida de más del 25 % de la mano de obra. No obstante, los Estados miembros deben poder determinar que es necesaria la confirmación de una autoridad judicial o administrativa también en otros casos. Únicamente debe ser necesario confirmar planes que impliquen la pérdida de más del 25 % de la mano de obra cuando la normativa nacional permita que los marcos de reestructuración preventiva dispongan medidas con efecto directo sobre los contratos de trabajo.
(60) A lo largo de todo el procedimiento de reestructuración preventiva, los trabajadores deben disfrutar plenamente de la protección del Derecho laboral. En particular, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los trabajadores garantizados por las Directivas 98/59/CE (12) y 2001/23/CE (13) del Consejo, y por las Directivas 2002/14/CE (14), 2008/94/CE (15) y 2009/38/CE (16) del Parlamento Europeo y del Consejo. Las obligaciones relativas a la información y consulta a los trabajadores con arreglo a la normativa nacional de transposición de dichas Directivas siguen plenamente vigentes. Esto incluye las obligaciones de informar y consultar a los representantes de los trabajadores sobre la decisión de recurrir a un marco de reestructuración preventiva de conformidad con la Directiva 2002/14/CE.
(61) Se debe proporcionar a los trabajadores y a sus representantes la información referente a la propuesta de plan de reestructuración en la medida en que lo disponga el Derecho de la Unión, a fin de permitirles efectuar una evaluación en profundidad de las distintas posibilidades. Además, los trabajadores y sus representantes deben participar en la medida que sea necesaria para satisfacer los requisitos de consulta previstos por el Derecho de la Unión. Habida cuenta de la necesidad de garantizar un nivel adecuado de protección de los trabajadores, los Estados miembros deben estar obligados a eximir los créditos impagados de los trabajadores de cualquier suspensión de ejecuciones singulares con independencia de si estos créditos tienen su origen con anterioridad o posterioridad a la concesión de la suspensión. La suspensión de la ejecución de los créditos impagados de los trabajadores solo debe permitirse en las cantidades y durante el período en que el pago de dichos créditos esté eficazmente garantizado a un nivel similar por otros medios con arreglo al Derecho nacional. Cuando el Derecho nacional establezca limitaciones a la responsabilidad de las instituciones de garantía, ya sea en términos de duración de la garantía o del importe abonado a los trabajadores, estos deben poder hacer valer sus créditos adeudados frente al empresario, incluso durante el plazo de suspensión. De forma alternativa, los Estados miembros deben poder excluir los créditos de los trabajadores del ámbito de aplicación de los marcos de reestructuración preventiva y disponer su protección con arreglo a la normativa nacional.
(62) Cuando un plan de reestructuración suponga la transmisión de una parte de una empresa o negocio, los derechos de los trabajadores que resulten de un contrato de trabajo o de una relación laboral, en particular, el derecho a un salario, deben protegerse de conformidad con los artículos 3 y 4 de la Directiva 2001/23/CE, sin perjuicio de las disposiciones específicas que se aplican en caso de procedimiento de insolvencia de conformidad con el artículo 5 de dicha Directiva y, en particular, las posibilidades previstas en el artículo 5, apartado 2, de dicha Directiva. La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos de información y consulta, que están garantizados por la Directiva 2002/14/CE, en particular sobre las decisiones que pudieran provocar cambios sustanciales en cuanto a la organización del trabajo y a los contratos de trabajo con vistas a llegar a un acuerdo sobre tales decisiones. Además, en virtud de la presente Directiva, los trabajadores cuyos créditos se vean afectados por un plan de reestructuración deben tener derecho de voto en relación con dicho plan. A efectos de la votación en relación con un plan de reestructuración, los Estados miembros deben poder decidir clasificar a los trabajadores en una categoría separada de otras categorías de acreedores.
a) los marcos de reestructuración preventiva disponibles para los deudores en dificultades financieras cuando la insolvencia sea inminente, con objeto de impedir la insolvencia y garantizar la
viabilidad del deudor;
b) los procedimientos para la exoneración de las deudas contraídas por empresarios insolventes, y
c) las medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas.
a) empresas de seguros o de reaseguros, tal como se definen en el artículo 13, puntos 1 y 4, de la Directiva 2009/138/CE;
b) entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
c) empresas de inversión u organismos de inversión colectiva, tal como se definen en el artículo
4, apartado 1, puntos 2 y 7, del Reglamento (UE) n.o 575/2013;
d) entidades de contrapartida central, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 648/2012;
e) depositarios centrales de valores, tal como se definen en el artículo 2, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 909/2014;
f) otras entidades y entes financieros recogidos en el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, de la Directiva 2014/59/UE;
g) organismos públicos con arreglo al Derecho nacional, y
h) personas físicas que no tengan la condición de empresario.
a) los créditos existentes o futuros de antiguos trabajadores o de trabajadores actuales;
a) insolvencia;
b) insolvencia inminente;
c) microempresas y pequeñas y medianas empresas (denominadas conjuntamente, «pymes»).
4. Los Estados miembros velarán por que exista a disposición del público, en línea,
g) las condiciones del plan de reestructuración, incluidas en particular:
i) cualquier medida de reestructuración propuesta tal como se define en el artículo 2, apartado 1, punto 1,
ii) en su caso, la duración propuesta de las medidas de reestructuración propuestas,
iii) las disposiciones en materia de información y consulta de los representantes de los trabajadores, con arreglo al Derecho de la Unión y nacional,
iv) en su caso, las consecuencias globales para el empleo, como despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares,
c) los planes de reestructuración que impliquen la pérdida de más del 25 % del personal si la normativa nacional lo permitiese.
a) el derecho de negociación colectiva y de acción sindical, y
b) el derecho de información y consulta de conformidad con las Directivas 2002/14/CE y 2009/38/CE, en particular:
i) información a los representantes de los trabajadores sobre la evolución reciente y probable de la empresa o la creación de actividades y la situación económica, que les permita comunicar al deudor preocupación por la situación de la empresa y por lo que respecta a la necesidad de estudiar mecanismos de reestructuración,
ii) información a los representantes de los trabajadores sobre cualquier procedimiento de reestructuración preventiva que pueda repercutir en el empleo, como en la capacidad de los trabajadores de cobrar sus salarios y cualquier pago futuro, incluidas pensiones de jubilación,
iii) información y consulta a los representantes de los trabajadores sobre planes de reestructuración antes de que se presenten para su adopción de conformidad con el artículo 9, o para su confirmación por una autoridad judicial o administrativa de conformidad con el artículo 10;
c) los derechos garantizados por las Directivas 98/59/CE, 2001/23/CE y 2008/94/CE.
c) el pago de los salarios de los trabajadores por trabajos ya realizados, sin perjuicio de otra protección que se establezca en la normativa de la Unión o nacional;
d) cualquier otro pago y desembolso efectuados en el curso normal de la actividad de la empresa distintos de aquellos mencionados en las letras a) a c).
Etiquetas: empresa, trabajadores, UE
Datos de interés, generales y laborales, sobre la población migrante en España.
1. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó el 25 de junio los datos provisionales de lascifras de población a 1 de enero de 2019 y las estadísticas de migraciones delaño 2018. Se trata de datos de indudable interés para conocer no solo la evolución cuantitativa de la población sino también como ha ido evolucionando la presencia de población extranjera en España desde inicios de la presente década y su impacto sobre el crecimiento de aquella, relacionado sin duda en cada momento con la situación económica, primero de crisis y después (a partir de 2014) de gradual recuperación… para una parte de la población. Y digo una parte porque cuatro días antes, el 21, el INE publicó la encuesta anual de estructurasalarial correspondiente al año 2017, donde se pueden comprobar claramente las diferencias salariales existentes por sectores, ocupaciones, sexo y también entre población nacional y extranjera. En fin, otros datos de interés sobre la presencia e impacto de la población extranjera en España nos los facilitaba el INE el día 19 con la publicación de los datos provisionales sobre el movimientonatural de la población y los indicadores demográficos básicos correspondientesal año 2018.
Desde una perspectiva muchos más amplia de reflexión social, es de indudable interés la atenta lectura del VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en España, hecho público el 12 de junio. Con respecto a la población extranjera me quedo ahora con unas consideraciones de especial interés a mi parecer sobre el fenómeno migratorio y las dificultades que esta teniendo su asunción por una parte no menospreciable de la población europea, si bien antes destaco que según el Informe que España “es uno de los países donde en menor medida se expresan opiniones abiertamente xenófobas y se producen fenómenos de rechazo”.
“Es noticia diaria que una parte significativa de la población europea no quiere recibir más inmigración. Se subraya, hoy, que ese rechazo se apoya en motivos culturales. Y, sin embargo, también se enfatiza desde la cotidianidad que se necesitan inmigrantes por razones reproductivas, es decir, del desequilibrio de la población, y productivas, es decir, del crecimiento económico. Desde esta última clave se argumenta que la inmigración es necesaria porque la mercantilización de las tareas de ayuda, cooperación y cuidados no es desarrollada por la población nativa acomodada de forma autónoma. Pero también contribuye a reponer la fuerza de trabajo ocupada en las tareas más ingratas y duras, que los nativos no quieren desempeñar, como la recogida de basuras o el reparto a domicilio, la limpieza de oficinas y la seguridad en las obras y edificios. También se argumentan motivos «bienestaristas», como es el mantenimiento de las pensiones. El rechazo cultural a los extranjeros (a su religión y a sus costumbres) se alimenta del miedo a la diferencia y de la fragilidad en los valores. Lo cierto es, sin embargo, que estos temores beben en la realidad del aumento de la desigualdad económica y de la perdida de cohesión sociocultural”.
2. ¿Qué nos dicen los datos sobre las cifras de población y las estadísticas de migraciones? Pues que la población residente en España se incrementa considerablemente respecto a 2018, concretamente en 276.186 personas, superando el valor histórico más alto alcanzado en 2012 y llegando casi a los 47 millones, exactamente 46.934.632.
Ahora bien ¿a qué ha sido debido ese crecimiento? No al saldo vegetativo, es decir a los nacimientos menos las defunciones producidas, ya que este salvo es negativo en 56.262 personas (367.374 nacimientos y 423.636 defunciones), y sí, y este es el dato que deseo resaltar, por el saldo migratorio positivo de 333.672 personas, ya que la inmigración fue de un total de 643.037 y la emigración hacia el exterior de 309.365.
Con mayor detalle, los datos del INE ponen de manifiesto que el crecimiento de la población se debió al de la población de nacionalidad extranjera, que aumentó el pasado año en 285.554 personas, hasta llegar a 4.848.516. Por el contrario la población de nacionalidad española se redujo en 9.638, en el bien entendido que si solo tomamos en consideración la población nacida en Espala la reducción fue sensiblemente superior, 98.595 personas, no compensada por el número, 90.28, de quienes adquirieron la nacionalidad española durante 2018.
¿De dónde proviene la población extranjera? Es bien sabido, y a efectos laborales el análisis de los datos mensuales de empleo, desempleo y afiliación a la Seguridad Social que vengo efectuando desde hace varios años así lo ponen de manifiesto, que Marruecos y Rumania son los dos primeros países, mientras que los datos varían respecto a otros países si nos referimos a la población residente o bien a la población trabajadora (casos, entre otros, del Reino Unido, Italia, Colombia y China). Pues bien, el incremento cuantitativo del año 2018 se ha centrado en un país en grave situación económica y social, Venezuela (42.803), en otro en el que la solución al conflicto bélico sigue teniendo aún secuelas, Colombia (39.977), y en un tercero que por su proximidad geográfica es lógico que incremente su población, y más cuando su situación económica y social también tiene muchos interrogantes para la población joven, Marruecos (32.217). Además de Venezuela y Colombia, destaca en términos relativos el importante incremento de la población de otro Estado de América Central en el que las condiciones laborales y de seguridad dejan mucho que desear, Honduras (32,4%). Tanto en términos absolutos como relativos, si bien las cifras son de poca importancia, la menor presencia de la población extranjera recae en Ecuador, Rumania y Bulgaria.
La inmigración, es decir la migración exterior hacia España adquiere especial relevancia en 2018, ya que 643.037 personas establecieron su residencia en España, con un incremento de más del 20 % sobre al año anterior, mientras que se reduce la emigración, pues fueron 309365 personas, un 16,1 % menos que en 2017, las que abandonaron España para trasladarse a residir a otro país. Si paramos nuestra atención específicamente en la nacionalidad de la población inmigrante, es relevante que 559.309 eran extranjeros y solo 83.728 españoles; si nos fijamos en la emigración, la mayor parte de esta fue protagonizada por población extranjera, 229.112, y solo 80.253 por españoles, en el bien entendido además que esta última cifra se reduce aún más si nos referimos a quienes han nacido es España, que fue de 50.306.
¿Qué datos hay que destacar de la migración exterior extranjera? El importante crecimiento cuantitativo de 330.197 personas (559.309 inmigrantes menos 229.112 emigrantes), siendo el valor más alto de crecimiento para el primer grupo desde 2008 y el mas bajo desde la misma fecha para el segundo. En esta ocasión, los datos sobre crecimiento se invierten con respecto a los anteriores, ya que la población marroquí pasa a la primera posición (+ 60.926) por delante de la colombiana (53.247) y la venezolana (46.825). Por su parte, la población emigrante se incrementa en la rumana (38.807), marroquí (20.296) y británica (19.536).
También es importante reseñar que el saldo migratorio positivo de la población española (inmigración menos emigración), 3.475 personas, es la primera vez que se produce desde 2008, si bien un amplio número de las 83.728 personas que migraron hacia España tenían la nacionalidad española pero no habían nacido en España, en concreto 31.438, lo que lleva al INE a afirmar que la llegada de españoles “no consiste fundamentalmente en una inmigración de retorno”, y datos significativos al respecto son que los dos principales países de españoles inmigrantes fueron Venezuela (18.132) y Ecuador (6.399).
3. Que la población trabajadora extranjera no se encuentra precisamente entre la que percibe mejores salarios en España es un dato año tras año contrastado en las encuestas anuales de estructura salarial que realiza el INE, siendo la última la correspondiente a 2017 y en la que podemos conocer, como datos generales, que la ganancia media anual por trabajador fue de 23.646,50 €, con diferencia sustancial entre la población masculina (26.391,84 € y la femenina, 20.607,85 euros), reduciéndose sensiblemente tal cantidad si nos fijamos en el salario mediano (“el que divide el número de trabajadores en dos partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario inferior”), que pasa a ser de 19.830,12 €, y más aún si prestamos atención a cuál es la cuantía del salario más frecuentemente pagado dichos año, de 17.482 € (será conveniente esperar a conocer próximas encuestas para analizar de qué forma pueden haber influido las importantes subidas del Salario Mínimo Inter profesional en 2018 y 2019).
Pues bien, si nos fijamos, a los efectos que me interesa para esta entrada, en los salarios percibidos por la población extranjera, los datos son aún más preocupantes, ya que mientras que la población española se situó en un nivel superior al del salario medio (24.116,92 €), la restante población se situó por debajo, en porcentajes que se sitúan entre un 15,5 y un 30,8 % menor.
Así, el de la población UE (sin tomar en consideración a España) fue de 19.973,95, mientras que para el resto de Europa la cuantía fue de 16.356,07, y aún menor para población de América latina, 15.035,12 y para la del resto del mundo, 14.579,06. En todos los casos, la población trabajadora femenina percibió salarios inferiores a los de la masculina, yendo desde los 20.929,88 de la población española a los 11.993,28 de la del resto del mundo. Los datos del citado Informe Foessa nos indican que “una mujer necesita trabajar 1,5 horas más al día para ganar lo mismo que un hombre. Si esa mujer es inmigrante, 2 horas más”
4. Por fin, otros datos de indudable interés son los relativos a los indicadores demográficos correspondientes a 2018. Ya he indicado que el saldo vegetativo fue negativo, habiendo 369.302 nacimientos, de los que el 20,6 %, un total de 76.184, fueron de madre de nacionalidad extranjera, un incremento porcentual de 1,3 puntos con respecto a 2017. El número medio de hijos por mujer se ha ido reduciendo de forma gradual desde 2008, tanto en la población española como en la extranjera, de tal manera que se sitúa en 1,19 entre la primera (1,36 en 2008) y en 1,63 en la segunda (1,83 en 2008), siendo la edad media de la maternidad superior entre las españolas que entre las extranjeras, 32,7 y 29,9 años respectivamente. Los datos del INEN también nos informan de que en los matrimonios entre personas de distinto sexo, en un 17.2 % uno de los cónyuges era extranjero.
Datos para reflexionar. Buena lectura.

References: artículo 5
 artículo 5
 artículo 13
 artículo 4
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 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 9
 artículo 10