Source: http://www.legaltoday.com/blogs/transversal/blog-administracion-publica/el-cambio-de-uso-forestal-por-razon-de-incendio
Timestamp: 2018-12-09 23:34:39+00:00

Document:
10 de diciembre de 2018 | 12:34
Después de escribir sobre infracciones y delitos, después de escribir sobre el delito de incendio forestal, solo podía escribir sobre el cambio del uso forestal por razón de incendio.
Siempre que hay incendios como los acaecidos en Galicia se suceden las noticias, publicaciones, etc. que culpan de los mismos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Sin embargo, a diferencia de lo que mucha gente piensa la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, ni sus modificaciones, son las responsables de los incendios.
Es necesario acudir al artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes para verificar esta afirmación. Este artículo ha sido modificado en dos ocasiones, por lo que es necesario analizar todas sus versiones:
1. Redacción original:
2. Redacción de la Ley 10/2006, de 28 de abril, que modifica los apartados 1 y 2:
3. Redacción de la Ley 21/2015, de 20 de julio, que modifica el apartado 1:
El objetivo de este artículo de la Ley de Montes es la preservación del uso forestal de los suelos incendiados. Es decir, que si un suelo está clasificado como suelo en la situación rural, el incendio no puede servir para su reclasificación en suelo urbanizado.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, todo el suelo se encuentra, a los efectos de dicha ley, en una de las situaciones básicas de suelo rural o de suelo urbanizado, estando en la situación de suelo rural
La disposición adicional sexta del Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, también prevé el mantenimiento de los terrenos incendiados en situación de suelo rural:
Una vez expuesto el régimen jurídico de los terrenos incendiados, procede analizar la redacción original del artículo 50 de la Ley de Montes.
La redacción del año 2003 concedía a las comunidades autónomas libertad para fijar los plazos y el procedimiento para la prohibición del cambio del uso forestal por razón del incendio.
Por tanto, no es cierto que la Ley de Montes en su redacción original prohibiese la reclasificación de estos terrenos de manera indefinida, sino que se remetía a la regulación de las comunidades autónomas.
Lo que hace la modificación del año 2006 es limitar la libertad que tienen las comunidades autónomas estableciendo dos condiciones:
1. Prohíbe el cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
2. Prohíbe toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica.
Es decir, que a partir de la modificación del año 200, no se puede reclasificar un terreno forestal incendiado al menos durante 30 años, a pesar de que una comunidad autónoma establezca un plazo menor.
También es cierto que se establecen excepciones a esta limitación temporal, pero las mismas son totalmente coherentes con dicha limitación temporal. Se permite el cambio de uso cuando dicho cambio estuviera ya previsto con anterioridad al incendio (en un planeamiento ya aprobado, o pendiente de aprobación pero ya con evaluación ambiental favorable o ya sometido a información pública, o cuando una directriz de política agroforestal contemple el uso agrario o ganadero).
Pero la polémica ha surgido con la modificación del artículo 50 por la Ley 21/2015, de 20 de julio. La modificación permite que con carácter excepcional las comunidades autónomas puedan acodar el cambio de uso forestal, pero tienen que darse los siguiente requisitos:
1. Deben concurrir razones imperiosas de interés público de primer orden.
2. Estas razones deben ser apreciadas mediante ley.
3. Se tienen que adoptar medidas compensatorias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemadas.
4. Las medidas compensatorias deben identificarse en la ley.
5. En ningún caso procede esta excepción en montes catalogados.
Por tanto, para que se puedan aplicar estas excepciones es necesario que las leyes autonómicas lo contemplen y, salvo alguna excepción, las comunidades autónomas no han adaptado sus legislaciones a lo dispuesto en este artículo, por lo que no se pueden aplicar excepcionalidades.
Aragón sin embargo sí lo ha hecho mediante la aprobación por Decreto Legislativo 1/2017, de 20 de junio, del texto refundido de la Ley de Montes de Aragón:
4. También con carácter singular, de forma excepcional, y cuando concurran razones de interés público basadas en necesidades derivadas de la ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma, el Gobierno de Aragón, previa la tramitación del correspondiente procedimiento, podrá dispensar la prohibición de la pérdida o cambio del uso forestal o de desarrollo de actividades que fueran incompatibles con la regeneración de la cubierta vegetal aun cuando no haya transcurrido el límite temporal a que se refieren ambas prohibiciones, mediante acuerdo motivado y justificado siempre a tal fin.
Lo cierto es que no creo que las necesidades de ordenación del territorio sean necesidades de interés público de primer orden, y tampoco el Texto Refundido de la Ley de Montes de Aragón prevé el establecimiento de medidas compensatorias.
Pero ni Asturias ni Galicia, contemplan estas excepciones, y es más, Galicia ha modificado recientemente la Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia, por Ley 5/2017, de 19 de octubre, y ha seguido sin incluirlas.
Por lo tanto, es claro que los incendios de Galicia y Asturias no han sido cometidos para modificar el cambio de uso forestal de los terrenos incendiados.
Asimismo, indicar que en caso de delito de incendio forestal el Código Penal contempla que los Jueces o Tribunales puedan acordar que: la calificación del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un plazo de hasta treinta años. Igualmente podrán acordar que se limiten o supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el incendio, así como la intervención administrativa de la madera quemada procedente del incendio.
Todo esto no quita que aunque sea muy difícil aplicar las excepciones previstas en el artículo 50 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, lo mejor sería suprimir las excepciones al cambio de uso forestal de los terrenos incendiados, con el fin de proteger el valor forestal de los mismos.

References: artículo 50
 artículo 21
 Real Decreto 
 artículo 50
 artículo 50
 artículo 50