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Timestamp: 2017-11-25 03:36:14+00:00

Document:
Viernes, 07 de Marzo de 2014 20:54
Sentencia del Tribunal de Medellín donde aplica la doctrina de la Lex Tertia o "conjugación de disposiciones" en un caso de microtráfico. Ley 1709 de 2014.
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN.
050016000206201320235
Acusada condenada
Liliana Chavarria Chavarria, alias “Miryam Consuelo Guerra”
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 CP, modificado Ley 1453 de 2011, Art. 11). Cantidades de 19,7 gramos de cocaína y 3,2 gramos de anfetamina (rivotril)
Abril 12 de 2013; Hora: 00:05 a.m. Calle 58-A Carrera 40, Barrio Boston, Medellín
Juzgado a quo
Veinte (20) Penal del Circuito de Medellín
Apelación de sentencia condenatoria terminada por allanamiento y leída el 23 septiembre de 2013 (f. 40-48, co-1)
SAP-S-2014-007
Aprobado por Acta
Nº 044 de febrero 7 de 2014
Audiencia de lectura
Lunes, febrero 14 de 2014
Se confirma condena. Se concede subrogado
Aplicación de Ley favorable. Ley 1709 de 20 enero de 2014. Fenómeno de la Lex tertia
Subrogado penal- Nuevos requisitos
NELSON SARAY BOTERO
Medellín, Antioquia, Febrero siete (7) de dos mil catorce (2014)
1.- ASUNTO
Se dicta sentencia de segunda instancia en el proceso de la referencia adelantado en contra de la señora LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, acusada por el delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (Art. 376 CP, modificado Ley 1453 de 2011, Art. 11).
2.- IDENTIFICACION DE LA PROCESADA (Arts. 128. 288-1° y 337-1 CPP)
Es la ciudadana LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, de mayoridad, identificada con la cédula de ciudadanía Nº 43’906.219 de Bello, Antioquia, hija de MARIA, nacida en Ituango, Antioquia, el 4 junio de 1981, habitante de la calle.
3.- HECHOS, ACTUACION PROCESAL, SENTENCIA E IMPUGNACION
En los primeros minutos de la madrugada de 12 abril de 2013 en el sector de la calle 58-A con carrera 40, Barrio Boston de Medellín, agentes del orden observaron que una dama, cuando se percató de la presencia de los uniformados, arrojó una bolsa al suelo, razón por la cual procedieron a la requisa personal. Encontraron 16 bolsas transparentes con sustancia a base de cocaína con peso de 19,7 gramos y 10 pastillas que luego se constató corresponden a anfetaminas (rivotril) con peso de 3,2 gramos.
La implicada responde al nombre de LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, se allanó a cargos en la primera audiencia preliminar, razón por la cual se dictó sentencia por el trámite abreviado en la data de 23 septiembre de 2013 por parte del señor Juez 20 Penal del Circuito de Medellín (f. 40-48, co-1). Se reconoció por la Fiscalía la circunstancia de marginalidad y pobreza del Art. 56 del CP (f. 3, co-1). La sanción que se impuso fue prisión de 14 meses y multa por valor de $250.000,oo, con las accesorias de rigor, se negó subrogado penal y se expidieron órdenes de captura (f. 47-48, co-1)
Contra la sentencia de condena, el señor abogado defensor público de la implicada, doctor GUSTAVO A. MORA ROJAS, interpone y sustenta el recurso de apelación (f. 50-54, co-1), por medio del cual impetra el subrogado penal del Art. 63 del CP.
4.- FUNDAMENTOS JURIDICOS DEL FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
4.1 Aspectos sustanciales de favorabilidad
El censor no ataca responsabilidad penal ni determinación concreta de la sanción sino que pide la revocatoria de la negativa de los subrogados penales, concretamente, la concesión del Art. 63 del Estatuto de las Penas, así que por la limitación de la impugnación la Sala solamente resolverá dicho aspecto.
La ley 1709 de 20 enero de 2014 con vigencia desde la misma fecha consagra un régimen más favorable en tema de libertad condicional que la anterior normativa, esto es, el Art. 63 de la Ley 599 de 2000.
En efecto, se consagró en el canon 29 de la mencionada ley 1709 de 20 enero de 2014:
Artículo 29. Modifícase el artículo 63 de lo Ley 599 de 2000, el cual quedará así:
Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena. La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia, se suspenderá por un período de dos (2) o cinco (5) años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos:
1.- Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de cuatro (4) años.
2.- Si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso 2° del artículo 68A de la Ley 599 de 2000, el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo.
Con respecto al numeral primero (1º) de la norma en mención, se tiene que la condena en el sub lite es de 14 meses de prisión, esto es, inferior al límite de los cuarenta y ocho (48) meses de la normativa vigente.
Con respecto al numeral segundo (2º), se tiene:
Uno: Que la implicada LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA” no tiene en su haber sentencia de condena por ningún delito, razón por la cual procede el subrogado en comentario de manera “objetiva” como reza la nueva normativa.
Dos: ahora bien, en caso de condena, la misma debe ser por los delitos del original inciso 2° del artículo 68-A de la Ley 599 de 2000, adicionado por la Ley 1142 de 2007, Art. 32, modificado por la Ley 1453 de 2011, Art. 28, y modificado por la Ley 1474 de 2011, Art. 13, y que por supuesto que repitan en la nueva norma, que expresa:
“Tampoco tendrán derecho a beneficios o subrogados quienes hayan sido condenados por delitos contra la Administración Pública, estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada, lavado de activos y soborno transnacional.
Tres: Aunque el Art. 32 de la Ley 1709 de 20 enero de 2014 reformó dicha norma, y el mencionado inciso 2º del Art. 68-A de la Ley 599 de 2000 quedó del siguiente tenor:
“Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la Administración Pública; delitos contra las personas y bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario; delitos contra la libertad, integridad y formación sexual; estafa y abuso de confianza que recaigan sobre los bienes del Estado; captación masiva y habitual de dineros; utilización indebida de información privilegiada; concierto para delinquir agravado; lavado de activos; soborno transnacional; violencia intrafamiliar; hurto calificado; extorsión, lesiones personales con deformidad causadas con elemento corrosivo; violación ilícita de comunicaciones; violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial; trata de personas; apología al genocidio; lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro; desplazamiento forzado; tráfico de migrantes; testaferrato; enriquecimiento ilícito de particulares; apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan; receptación; instigación a delinquir; empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos; fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares; delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones; espionaje; rebelión; y desplazamiento forzado; usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera; exportación o importación ficticia; evasión fiscal; negativa de reintegro; contrabando agravado; contrabando de hidrocarburos y sus derivados; ayuda e instigación al empleo, producción y transferencia de minas antipersonal”.
Lo cierto del caso es que la filiada sencillamente no tiene antecedente penal en su contra.
Se puede considerar, en caso de antecedente penal, que se debe acudir a la norma original que estaba vigente para el momento de los hechos y no a la nueva normativa que es más restrictiva y desfavorable al implicado, con lo cual la Sala aplica la denominada lex tertia, en cuyo caso tendrá derecho al subrogado penal en forma simplemente objetiva.
De todas maneras y considerando el antecedente penal, en caso de existir, y que no se le aplique la prohibición de la nueva Ley 1709 de 2014, con respecto al numeral tercero entonces se tiene el antecedente penal, razón por la cual, en principio, podría considerarse cometido dentro de los cinco (5) años anteriores.
Pero, la nueva ley 1709 de 2014 rige a partir de su promulgación, esto es, desde 20 enero de 2014, de tal forma que el antecedente penal debe ser posterior a esta fecha: 20 enero de 2014, y obviamente que en el sub examine no lo es.
Sobre el tema de los antecedentes penales dentro de los cinco (5) años anteriores, se pueden consultar las providencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con Rad. 31.568 de 28-10-08 y Rad. 31.985 de 01-06-11, precisamente a raíz del Art. 68-A del C.P., adicionado por Art. 32 Ley 1142 de 28-06-07, declarado exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-425 de 2008, reformado por Art. 28 Ley 1453 de 24 junio de 2011 y luego por el Art. 13 de Ley 1474 de 12 julio de 2011, donde se explicó que los antecedentes del delito doloso cometido en los cinco (5) años anteriores deben ser posteriores a 28 junio de 2007 fecha de vigencia de la Ley 1142 de 2007.
Esta es una razón adicional que lleva a pregonar la aplicación de la norma más favorable.
Así las cosas, como expresa la parte final del numeral 2º del Art. 29 de la Ley 1709 de 2014: “el juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en el requisito objetivo señalado en el numeral 1º de este artículo”.
En consecuencia, se revocará la negativa para conceder el subrogado penal de la condena de ejecución condicional de la pena y en su lugar declarar su reconocimiento.
El término de suspensión de la pena principal y las penas accesorias será de dos (2) años.
La fulminada LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, quien se identificó con el alias de “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, deberá suscribir diligencia de compromiso del artículo 65 del Código Penal para lo cual prestarán caución juratoria de su cumplimiento.
Se le entera y advierte del contenido del Art. 66 del Código Penal, el cual expresa:
Artículo 66. Revocación de la suspensión de la ejecución condicional de la pena y de la libertad condicional. Si durante el período de prueba el condenado violare cualquiera de las obligaciones impuestas, se ejecutará inmediatamente la sentencia en lo que hubiere sido motivo de suspensión y se hará efectiva la caución prestada.
Igualmente, si transcurridos noventa días contados a partir del momento de la ejecutoria de la sentencia en la cual se reconozca el beneficio de la suspensión condicional de la condena, el amparado no compareciere ante la autoridad judicial respectiva, se procederá a ejecutar inmediatamente la sentencia.
4.2 Prohibición y favorabilidad. Conjugación de normas. Lex tertia
4.2.1 Sobre la favorabilidad penal
La favorabilidad ha estado consagrada en la Ley desde el año 1887. En efecto, expresan los Artículos 44 y 45 de la Ley 153 de 15 agosto de 1887[1]:
ARTICULO 44. En materia penal la ley favorable ó permisiva prefiere en los juicios á la odiosa ó restrictiva, aún cuando aquella sea posterior al tiempo en que se cometió el delito.
Esta regla favorece á los reos condenados que estén sufriendo su condena.
ARTICULO 45. La precedente disposición tiene las siguientes aplicaciones:
La nueva ley que quita explícita ó implícitamente el carácter de delito á un hecho que antes lo tenía, envuelve indulto y rehabilitación.
Si la ley nueva minora de un modo fijo la pena que antes era también fija, se declarará la correspondiente rebaja de pena.
Si la ley nueva reduce el máximum de la pena y aumenta el mínimum, se aplicará de las dos leyes la que invoque el interesado.
Si la ley nueva disminuye la pena corporal y aumenta la pecuniaria, prevalecerá sobre la ley antigua.
Los casos dudosos se resolverán por interpretación benigna.
A nivel constitucional, el postulado de la favorabilidad fue reconocido desde la Carta de 1886 en su Art. 26 inciso 2º.
Los convenios internacionales ratificados por el Estado, en especial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968, artículo 15) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972, artículo 9º), consagran el principio de la favorabilidad.
La Constitución Política de 1991 igualmente consagra el postulado de la favorabilidad en el Art. 29 inciso 3º.
Así mismo, el postulado está consagrado en los Artículos 6ª como norma rectora de los de 1980 y 2000. El Código Penal de 2000 agrega la expresión “sin excepción”.
Es ley más benigna, se ha dicho, es “la que habilita menor ejercicio de poder punitivo”[2].
4.2.2 Sobre la denominada como lex tertia
El fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones, también denominado como lex tertia, significa que de una o varias leyes puede ser tomado aquello que beneficie al procesado y simultáneamente desechado aquello que lo perjudica, es una forma de integración de disposiciones[3].
La jurisprudencia, según el tratadista Carlos Arturo Gómez Pavajeau en su artículo “Principio de legalidad, dinámica de la teoría de la norma”[4], rechazó la posibilidad de que se construyera, por parte del intérprete judicial una especie de “tercera ley”, tomando de la norma vigente en el momento de realización de la conducta lo favorable y sumándoselo a lo favorable de la nueva ley o viceversa.
Esa negativa a la tercera ley fue tajante y enfáticamente rechazada por la jurisprudencia, señalando por ejemplo la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que:
“es obvio que la favorabilidad ha de predicarse de una ley respecto de otra; pero ¿qué ha de entenderse por ley para tales efectos? He aquí un problema interesante y delicado. Para llegar a solución correcta parece conveniente distinguir entre las varias leyes en conflicto según que consten de un solo artículo o de una pluralidad de ellos; en el primer caso bastaría cotejar las dos o tres normas enfrentadas para determinar cual de ellas es más favorable; en el segundo evento, sería necesario distinguir su contenido y clasificarlas en monotemáticas o simples y pluritemáticas o complejas, según que se ocupen de una misma materia jurídica o de una variedad de ellas; entonces se examinará en conjunto la regulación legal de tal materia, entendida como concreta, institución jurídica (tentativa, coparticipación, concurso, prescripción), o como tipo penal genérico (homicidio, peculado, secuestro). Si se trata de leyes monotemáticas, el cotejo es bien simple porque basta estudiar el tratamiento que dan al fenómeno de que se ocupan y decidir cuál de ellas ofrece la respuesta más favorable; cuando, en cambio, las leyes son pluritemáticas ―ejemplo clásico de ellas son, precisamente, los códigos penales― debe examinarse la materia jurídica referida al hecho cuya solución se busca, en las diversas normas que a ellas se refieren. Quiere esto significar que la ley cuya favorable aplicación demandan la Constitución y los principios rectores del derecho es concretamente aquella disposición o aquel conjunto de disposiciones que, formando parte de una cualquiera de las que se confrontan, regulen normativamente con mayor beneficio para el interesado, el hecho humano o jurídico generador del conflicto. Lo que no resulta valedero, como lo advierte la doctrina universal y como esta misma corporación lo ha manifestado (ver casación de julio 11/52 y auto de mayo 21 de 1981) es tomar la primera ley solamente lo que en determinado aspecto favorezca al procesado y de la otra lo que desde otro lo beneficie igualmente, porque en tal hipótesis el juzgador no estaría aplicando de las leyes enfrentadas la más favorable, sino creando una tercera con pedazos de aquellas, con lo que se convertiría arbitrariamente en legislador”[5].
También la doctrina patria negó tal posibilidad[6], y en cuanto a la doctrina extranjera, por ejemplo ROXIN apoyado en la jurisprudencia, manifiesta que “hay que aplicar la ley más benigna en el caso concreto como un todo, es decir, incluyendo sus componentes más duros”[7].
La doctrina penal española coincide en acordar la inaplicabilidad de la lex tertia, puesto que reconoce que no es “posible elegir fragmentariamente aquellos aspectos parciales más favorables de las distintas normativas concurrentes, pues en ese caso el órgano judicial estaría, mediante esa integración de fragmentos de diversas leyes, creando una tercera y distinta norma legal, con invasión de funciones legislativas”[8]. Pero además, “la ley antigua y la ley nueva han de ser consideradas en bloque, de modo que, por la propia naturaleza de las cosas, no es posible efectuar una conmixtion de ambas leyes, tomando de cada una de ellas lo que resulte más favorable”[9].
Sin embargo, desde hace unos pocos años, según el profesor GOMEZ PAVAJEAU, se ha roto el prejuicio del juez legislador que conllevaba la idea del rechazo de la lex tertia por patrocinar la invasión de órbitas de otros poderes públicos, y hoy precisamente a raíz de la superación del juez como boca de la ley, imagen del positivismo decimonónico, se ha aceptado por el constitucionalismo moderno que el administrador de justicia ostenta importantes facultades para la creación del Derecho[10].
El primer antecedente de la lex tertia en la jurisprudencia patria se dio a varios meses de la entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, cuando se explicó que a partir de los cambios normativos resaltados, será necesario reinterpretar el significado de la palabra “ley” en el artículo 6º de la Ley 599 de 2000.
En efecto, se dijo en sentencia de 3 septiembre de 2001, radicación No 16.837, M.P. Jorge Aníbal Gómez Gallego (acta 131):
“en primer lugar, la favorabilidad es un problema que ocupa al funcionario judicial en el momento de aplicar la ley, desde luego siempre de cara a una vigencia sucesiva de normas. Es decir, como no es un problema de producción legislativa (legislador) sino de aplicación de la ley (funcionario judicial), debe atenderse al máximo al caso concreto o a la práctica y un poco menos al acervo teórico, con más veras si el propósito legislativo ha sido el de que no se ponga cortapisa a la aplicación de la ley benigna o favorable así definida (sin excepción, dice el precepto). En razón de la amplitud que perfila el legislador en la aplicación de la ley permisiva, ha de entenderse por ley la norma o precepto que por regular jurídicamente un comportamiento, materia, problema o institución determinada, logra su propia individualización y tiene su particular ámbito de aplicación, sin importar en el concepto el grado de relación entre ellas, porque éste se encuentra supeditado a la ontología de aquéllas. Así pues, en el caso de las penas principales concurrentes, como quiera que cada una de ellas tiene su regulación general, sus propios fines y el respectivo ámbito de aplicación que depende solamente del cumplimiento de la condición que significa el supuesto de hecho, en hipótesis (justificable sólo para determinar la ley más favorable) sería factible conformar una norma con cada una de ellas y el presupuesto común…Quienes piensan que la favorabilidad sólo puede preverse en relación con el código, ley o tipo complejo como sistemas o instituciones, y así, verbigracia, aplicarían integralmente el nuevo estatuto porque consagra una pena privativa de la libertad más benigna, no obstante contemplar una sanción pecuniaria más grave que la del anterior ordenamiento, sencillamente han dejado de aplicar la favorabilidad en esa última materia, a pesar de ser ésta perfectamente deslindable en su concepción teórica y práctica, aunque haga parte de un todo orgánico; o, en otras palabras, le han puesto restricciones a un instituto que el legislador quiere que los jueces desplieguen generosamente, siempre y cuando el precepto conserve su identidad y sentido jurídicos, por más que en su aplicación concreta deba relacionarse con otras normas. Adicionalmente, quienes de esa manera proceden, han puesto a depender la identidad y concreción de la pena de multa (o de la accesoria, en su caso) de la sanción privativa de la libertad, y no de la realización del supuesto de hecho, como debe ser. Lo importante es que identificada una previsión normativa como precepto, cualquiera sea su conexión con otras, se aplique en su integridad, porque, por ejemplo, no sería posible tomar de la antigua ley la calidad de la pena y de la nueva su cantidad, pues un tal precepto no estaría clara y expresamente consagrado en ninguno de los dos códigos sucesivos, razón por la cual el juez trascendería su rol de aplicador del derecho e invadiría abusivamente el ámbito de la producción de normas propio del legislador. A esta distinción de preceptos para efectos exclusivos de favorabilidad (ella supone una ficción), de modo que hipotéticamente puedan separarse en su aplicación, contribuye, verbigracia, el espíritu del artículo 63 del estatuto vigente, según el cual el juez podrá suspender la ejecución de la pena privativa de la libertad y exigir el cumplimiento de las otras (multa e inhabilitación), sin que por ello se convierta en legislador o renegado de la respectiva disposición sustantiva que obliga la imposición de las tres penas como principales y concurrentes, pues la decisión judicial no es norma sino derecho aplicado”.
Se aplica ahora entonces la favorabilidad sin excepción, en consecuencia, se ha abierto camino la llamada lex tertia, según la cual la misma es producto de “una especie de conjugación normativa que reivindica a plenitud el principio de favorabilidad”[11].
En pronunciamiento de octubre 6 de 2004, en el proceso con radicado 19.445, M.P. Alvaro Orlando Pérez Pinzón, la Corte reiteró tal postura en los siguientes términos:
“2. Desde hace bastantes días, desde antes de la sentencia de 2ª instancia, se viene diciendo por la Corte Suprema de Justicia que el fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones, igualmente llamado lex tertia, tiene cabal cabida en nuestro medio. Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable
“Así ha debido obrar el Tribunal: aplicar la nueva normatividad para la prisión y acudir a la anterior en relación con la multa”.
En el fallo con Rad. 25.443 de 12 de octubre de 2006, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, también se dijo para el fenómeno de la ley intermedia:
“Por lo tanto, el precepto intermedio aplicable sería el artículo 450 de la Ley 599 de 2000 con efectos retroactivos al cobijar hechos acaecidos antes de entrar en vigencia, pero también, con efectos ultraactivos, dado que su empleo se produce cuando ya no se encuentra vigente, características propias de la denominada ley intermedia”.
Más adelante precisó, de cara al tema de la lex tertia:
“De otra parte es necesario puntualizar que respecto del principio de favorabilidad ha dicho la Sala que por ley debe entenderse la norma que, al regular jurídicamente un comportamiento, tiene su propia individualización y ámbito de aplicación y que cuando se trata de penas principales concurrentes, como cada una tiene su regulación general, sus propios fines y específico ámbito de aplicación es jurídicamente posible conformar una norma con cada una de ella respecto del presupuesto común que regulan[12] ( …)”.
Por tanto, frente a la sucesión de leyes en el tiempo es perfectamente posible tomar de una norma lo favorable y desechar lo odioso, así como tomar de la otra u otras lo benigno y dejar de lado lo desfavorable[13], como además se dijo en sentencia con Rad. 29.692 de 20 enero de 2010, en la cual se explicó que el “fenómeno conocido con el nombre de conjugación, conjunción o combinación de disposiciones” es admisible en el orden jurídico colombiano.
Claro que dicho instituto tiene limitaciones, como se explicó en el proceso con Rad. 33.665 de 7 abril de 2010, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés, cuando se dijo:
“Ahora bien, el demandante ―en el intento de buscar unos límites punitivos que le permitan reducir la sanción corporal, o bien fijar un término prescriptivo inferior al real― propone una exótica e improcedente combinación de leyes; así, pretende que el juzgador ha debido tomar el límite punitivo inferior previsto para el delito de estafa en el Código Penal de 1980, y el límite máximo según lo que señala el estatuto sustantivo de 2000. Semejante fórmula es inconcebible, pues corresponde a una modalidad de configuración de lex tertia inadmisible, pues ante la concurrencia de estatutos punitivos, el legislador debe escoger aquel que regule cada especie de pena, según criterios de favorabilidad, y aplicarlo integralmente”
4.2.3 La Ley 1709 de 2014 y el instituto jurídico denominado como Lex tertia
Aunque la nueva normatividad (Ley 1709 de 2014) en su Artículo 32 modifica el Art. 68-A del Código Penal, sobre “exclusión de beneficios y subrogados penales”, entre los cuales incluye algunos ilícitos, se debe tener en cuenta que algunos delitos no están dentro de las prohibiciones de la norma original derogada y vigente para el momento de los hechos, la cual, por favorabilidad, se ha de aplicar; adicionalmente, el antecedente, en caso de existir, debe ser posterior a la data de enero 20 de 2014.
Es decir, se ha de preferir, en el caso concreto, el Art. 68-A del Código Penal, adicionado por el Art. 32 de la Ley 1142 de 2007, modificado por el Art. 28 de la Ley 1453 de 2011, y finalmente modificado por el Art. 13 de la Ley 1474 de 2011.
La Sala ha aplicado entonces el instituto de la Lex tertia.
5- DECISION
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PENAL, administrando Justicia en nombre de la República y autoridad de la ley, (i) CONFIRMA la sentencia de condena, por las razones expuestas; (ii) SE REVOCA la negativa a conceder el subrogado penal, en su lugar SE CONCEDE EL SUBROGADO PENAL del Art. 29 de la ley 1709 de 20 enero de 2014 que reformó el Art. 63 de la Ley 599 de 2000, el término de suspensión de la pena principal y accesorias será de dos (2) años, la señora LILIANA CHAVARRIA CHAVARRIA, alias “MIRYAM CONSUELO GUERRA”, de condiciones civiles y naturales conocidas, suscribirá diligencia de compromiso del artículo 65 del Código Penal para lo cual prestarán caución juratoria de cumplimiento, se le entera y advierte del contenido del Art. 66 del Código Penal, (iii) ejecutoriada esta sentencia se remitirán copias a ejecuciones fiscales (Art. 41 CP y parágrafo 2º Art. 3º Ley 1709 de 2014), (iv) contra esta sentencia procede casación.
HENDER AUGUSTO ANDRADE BECERRA
SANTIAGO APRAEZ VILLOTA
[1] Diarios Oficiales Nos. 7.151 y 7.152, del 28 de agosto de 1887
[2] Zaffaroni / Alagia / Slokar. Manual de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 104
[3] El principio constitucional de la favorabilidad penal. Antonio Luis González Navarro. Se puede consultar en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=5&sqi=2&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.juecesyfiscales.org%2Fdescargas%2Ffavorabilidad.zip%3Fml%3D5%26mlt%3Dsystem%26tmpl%3Dcomponent&ei=jT7qUtqQMNGukAfv04G4Bw&usg=AFQjCNHiLGOcoF6QxRgpfz_0tIa_b7lQUg
[4] Publicado en:
http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=4&sqi=2&ved=0CDkQFjAD&url=http%3A%2F%2Fmedia.wix.com%2Fugd%2Ff44647_a428ecb20327d7a02526769a0c98900a.doc%3Fdn%3DDocumento%2520Penal%25207.doc&ei=jT7qUtqQMNGukAfv04G4Bw&usg=AFQjCNEeRHkr3lZueQdRrE9T223ScL_6Lg&bvm=bv.60444564,d.eW0
[5] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación de diciembre 10 de 1981 y Auto de abril 1 de 1982
[6] Por todos REYES ECHANDÍA ALFONSO. Obras Completas Volumen I. Bogotá, Temis, 1998, pp. 67 y 68
[7] ROXIN, Derecho Penal, ob.cit, p. 168.
[8] RODRÍGUEZ MOURULLO GONZALO y BARREIRO AGUSTÍN JORGE. Comentarios al Código Penal Parte I. Madrid, Civitas, 1997, p. 32
[9] VIVES ANTÓN TOMÁS SALVADOR. Comentarios al Código Penal de 1995 Volumen I. Valencia, tirant lo blanch, 1996, p. 49.
[10] La jurisprudencia constitucional ha señalado que la “Carta, en su artículo 113, establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines. Con fundamento en este mandato constitucional, la creación del derecho en nuestro sistema jurídico es una labor compartida en la cual participan diversos órganos estatales, que en el ejercicio de sus funciones están limitados por una serie de condicionamientos materiales”; Corte Constitucional, sentencia C-836 de 2001.
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala Penal. Sentencia Rad. 19.371 de 26 noviembre de 2003
[12] Cfr. Providencia del 3 de septiembre de 2001 Radicación 16837.
[13]CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, sentencia del 06 de octubre de 2004, rad. núm. 19445.
Última actualización el Viernes, 07 de Marzo de 2014 21:00
.Precisan presupuestos procesales esenciales de la acción de tutela
FALLOS RELEVANTES RECIENTES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
Unifican jurisprudencia sobre el delito de estafa en juegos de suerte y azar
Constituye vía de hecho el incumplimiento de la medida de aseguramiento de detención domiciliaria
Precisiones sobre el delito de estafa en materia de incumplimiento contractual

References: Artículo 29
 artículo 63

Artículo 63
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 65

Artículo 66
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 63
 artículo 450
 Artículo 32
 artículo 65
 artículo 113