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Timestamp: 2017-10-20 03:10:14+00:00

Document:
ENMIENDAS A PROTOCOLO MODIFICATORIO DE CONVENIO SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EN DAÑOS ANTE CONTAMINACIÓN POR HIDROCARBUROS
ACUERDO ENTRE CHILE Y MOLDOVA SOBRE EXENCIÓN DE REQUISITO DE VISA PARA TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, OFICIALES Y DE SERVICIO
CREACIÓN DE REGISTRO VOLUNTARIO DE CONTRATOS AGRÍCOLAS. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
CREACIÓN DE ADMINISTRADORES PROVISIONAL Y DE CIERRE DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENMIENDA A ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL REGULADA EN LEY N° 20.529. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
REGLAMENTO DE REGISTROS DE AGENDA PÚBLICA Y DE LOBBISTAS Y GESTORES DE INTERESES PARTICULARES DEL SENADO
Sesión 57ª, en martes 21 de octubre de 2014
Y SEÑORES EUGENIO TUMA ZEDAN, VICEPRESIDENTE, ALEJANDRO NAVARRO BRAIN Y ALEJANDRO GUILLIER ÁLVAREZ, PRESIDENTES ACCIDENTALES
Concurrieron, además, el Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas de Mesa; la Ministra Secretaria General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; y el Ministro de Minería subrogante, señor Ignacio Moreno Fernández.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Las actas de las sesiones 55ª, ordinaria, en 14 de octubre, y 56ª, ordinaria, en 15 de octubre, ambas del presente año, se encuentran en Secretaría a disposición de las señoras y señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con los nueve primeros retira la urgencia y la hace presente nuevamente, calificándola de "suma", para la tramitación de las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto de ley que regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales de uso público (boletín Nº 8.335-24).
2.- Proyecto de ley que modifica el régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de Televisión (boletín Nº 9.398-04).
3.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica normas legales que indica (boletín Nº 9.287-06).
4.- Proyecto que modifica la ley Nº 17.798, de Control de Armas, y el Código Procesal Penal (boletín Nº 6.201-02).
5.- Proyecto que establece ley interpretativa que adecua la legislación penal a los tratados internacionales en materia de derechos humanos (boletín Nº 6.422-07).
6.- Proyecto de ley respecto de comunicación de órdenes de apremio en juicios de alimentos (boletín Nº 7.765-07).
8.- Proyecto que modifica la ley Nº 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en adolescentes (boletín Nº 9.529-07).
9.- Proyecto de ley que establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de la especie jurel y modifica regulación para establecimiento de ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (boletín Nº 9.097-21).
Con los otros cuatro retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "simple", para el despacho de los asuntos que se enuncian a continuación:
2.- Proyecto que declara la nulidad del decreto ley Nº 2.191, de 1978 (boletín Nº 4.162-07).
3.- Proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del sistema de justicia penal (boletín Nº 8.810-07).
4.- Proyecto de ley que tipifica el delito de incitación al odio racial y religioso (boletín Nº 7.130-07).
De Su Excelencia la Presidenta de la República, con el que requiere el acuerdo del Senado a fin de nombrar integrantes del Consejo para la Transparencia a los señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge Andrés Jaraquemada Roblero (boletín Nº S 1.744-05), respecto de lo cual hace presente la urgencia en los términos del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
De la señora Ministra Secretaria General de la Presidencia (S):
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor Horvath, relativa a la tramitación del proyecto de ley que aplica la Convención Internacional sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES (boletín Nº 6.829-01).
Contesta acuerdo del Senado, adoptado a proposición de los Honorables señores Bianchi, Horvath y Quinteros, que solicita la asignación de recursos en la Ley de Presupuestos del año 2015 para construir un hospital público en la comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos (boletín Nº S 1.668-12).
Responde solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Honorable señor Bianchi, respecto de las causas de las enfermedades profesionales del sargento segundo de la Fuerza Aérea de Chile señor José Quintullanca Álvarez y de la legalidad de su llamado a retiro, al tenor de lo establecido en el artículo 232 del Estatuto de las Fuerzas Armadas.
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Honorable señor Navarro, sobre diversos aspectos relacionados con la importación de petcoke, la regulación de este insumo en termoeléctricas y actividades industriales, y su incidencia en la extracción de carbón por pirquineros.
Del señor Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral:
Expone, en respuesta a solicitud de información enviada en nombre del Honorable señor De Urresti acerca de factibilidad de crear nuevas circunscripciones electorales en la Región de Los Ríos, que ella fue remitida al señor Director del Servicio Electoral por ser materia de su competencia.
Atiende solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor De Urresti, en cuanto al estado en que se encuentra el proyecto "Construcción Cuartel PDI Panguipulli", código BIP Nº 30097646-0.
Da respuesta a solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Prokurica, tocante a avances en los estudios tendientes a satisfacer las necesidades de los funcionarios públicos de la Región de Atacama.
Responde consulta, formulada en nombre del Honorable señor Navarro, concerniente a instrumentos y programas para atraer inversiones y fomentar emprendimientos de las pequeñas y medianas empresas de la Región del Biobío, montos estimados de inversión en los años 2014 y 2015 e innovaciones en capacitación y reconversión.
Del señor Superintendente de Seguridad Social (T y P):
Atiende solicitud de información, hecha en nombre de la Honorable señora Von Baer, referente a la reconsideración de la incapacidad que afecta al señor Juan Fernando Muñoz Saavedra, RUT Nº 7.516.444-0.
De la señora Superintendente de Servicios Sanitarios:
Remite minuta en respuesta de solicitud de información relativa al estado del alcantarillado de viviendas de la población Manuel Montt, del sector Chacra Alicia y del sector población Los Lagos, todos de la localidad de Dichato, materia consultada a Essbío en nombre del Honorable señor Navarro.
Del señor Superintendente del Medio Ambiente (T y P):
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor De Urresti, en materia de fiscalizaciones del proyecto de construcción de la central hidroeléctrica San Pedro de Colbún, en la comuna de Los Lagos, en cuanto a verificar eventuales incumplimientos de la normativa ambiental.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización del Biobío:
Responde solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, tocante a proyectos de ese servicio para recuperar el mercado de Concepción, declarado monumento histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales.
De la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, recaído en el oficio con el que Su Excelencia la Presidenta de la República requiere el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo Nacional de Televisión a las señoras Marigen Ariadna Julia Hornkohl Venegas y Mabel Natali Iturrieta Bascuñán (boletín Nº S 1.718-05) (con la urgencia del inciso segundo del número 5) del artículo 53 de la Constitución Política de la República).
--Queda para la tabla de la sesión especial respectiva.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino de Dinamarca, en materia de programa de vacaciones con permiso de trabajo (Working Holiday Programme)", suscrito en Copenhague, Dinamarca, el 8 de diciembre de 2008 (boletín Nº 9.439-10).
--Por acuerdo de la Sala, queda para la tabla de esta sesión.
De los Honorables señores Chahuán y Prokurica, con la que inician un proyecto que modifica la ley Nº 19.496, sobre protección de los derechos de los consumidores, para excluir a las empresas de menor tamaño de la clase de los proveedores que dicho cuerpo legal establece (boletín Nº 9.660-03).
De los Honorables señores Espina, Allamand, Chahuán, García y Prokurica, con la que se da inicio a un proyecto que sustituye el texto de la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su penalidad, a fin de dar mayor protección a la ciudadanía y fortalecer la paz social (boletín Nº 9.669-07).
--Pasa a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77 de la Constitución Política de la República, se manda poner en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema.
Moción del Honorable señor Letelier, con la que propone un proyecto de ley que hace extensivos a las personas contratadas a honorarios los derechos y obligaciones que establece el Estatuto Administrativo y el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales.
A continuación se darán a conocer los acuerdos de Comités.
1.- Que se traten como si fueran de Fácil Despacho, en la presente sesión ordinaria, las siguientes iniciativas, signadas con los números 5, 6 y 4 en el Orden del Día:
a) Proyecto de acuerdo que aprueba las "Enmiendas a las Cuantías de Limitación que figuran en el Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1969", aprobadas el 18 de octubre de 2000 por Resolución Leg. 1 (82) del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional (boletín Nº 9.165-10).
b) Proyecto aprobatorio del "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Moldova sobre Exención de Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio", suscrito en Chisinau, República de Moldova, el 18 de julio de 2013 (boletín Nº 9.420-10).
c) Proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas (boletín Nº 8.829-01).
2.- Colocar en el tercer lugar del Orden del Día de la presente sesión el proyecto de acuerdo signado con el número 2, esto es, el que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado (boletín Nº S 1.742-09), y, en todo caso, votarlo en general en la sesión ordinaria de mañana, miércoles 22 de octubre.
3.- Citar a sesión especial para mañana, miércoles 22 de octubre, entre las 15:30 y las 16, para resolver sobre el oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República que recaba el acuerdo del Senado para nombrar integrantes del Consejo Nacional de Televisión a las señoras Marigen Hornkohl y Mabel Iturrieta (boletín Nº S 1.718-05).
4.- Que se trate en el primer lugar del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana, miércoles 22 de octubre, el proyecto que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile; modifica la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros (boletín Nº 9.336-25), siempre que se haya dado cuenta del respectivo informe de la Comisión de Hacienda.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Saludo a los integrantes del Complejo Educacional Maipú, de la comuna de Maipú, que nos visitan.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Honorable señor Letelier sobre la Cuenta.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, he presentado un proyecto para hacer efectivo el contenido de la Ley Zamudio, sobre antidiscriminación, en el caso de los trabajadores que se encuentren en una relación laboral de subordinación y dependencia tanto en el Gobierno central como en los municipios -se trata de introducir una modificación en el Estatuto Administrativo y en el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales-, y se ha informado que se consideró inadmisible.
Pido que el texto sea revaluado por la Secretaría -como se redactó en forma adecuada, creo que la conclusión que se ha dado a conocer no corresponde- antes de que la Sala tome una decisión.
La señora ALLENDE (Presidenta).- La Mesa se ocupará en el asunto en un rato más.
Saludo al Ministro de Minería subrogante, señor Ignacio Moreno.
Boletín N° 9165-10
La señora ALLENDE (Presidenta).- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba las "Enmiendas a las Cuantías de Limitación que figuran en el Protocolo de 1992, que enmienda el Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos de 1969", aprobadas por Resolución Leg. 1 (82) del Comité Jurídico de la Organización Marítima Internacional, el 18 de octubre de 2000, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.165-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Relaciones Exteriores: sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal que se persigue es garantizar una indemnización suficiente a personas que sufran daños causados por la contaminación resultante de derrames o descargas de hidrocarburos procedentes de barcos petroleros.
La Comisión discutió el proyecto en general y en particular por ser de aquellos de artículo único y lo aprobó por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro, Lagos, Letelier y Pizarro, en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados.
El señor LETELIER.- Señora Presidenta, el texto es muy sencillo. Lo que hace es aumentar en un cincuenta por ciento los límites de la indemnización a las víctimas de la contaminación a que se ha hecho referencia. Ese es el sentido del convenio.
Invito a la Sala a pronunciarse a favor sin más trámite.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, como bien dijo el Presidente de la Comisión, el proyecto pretende garantizar una compensación suficiente a las personas que experimenten daños por el efecto de derrames o descargas de hidrocarburos en la situación descrita, para lo cual se contempla un incremento.
El Acuerdo enmienda el artículo 6 1) del Protocolo de 1992, relativo al Convenio de Responsabilidad Civil.
Se hace referencia a "unidades de cuenta", y eso se refleja en dólares.
Me parece muy importante -el caso de Quintero justamente se registró hace pocos días- que exista un debido resarcimiento. Obviamente, ello es cancelado por los seguros que los petroleros están obligados a mantener.
La Unión Demócrata Independiente, por lo tanto, va a votar a favor.
El señor CHAHUÁN.- Señora Presidenta, Honorable Sala, la aprobación del proyecto sobre las enmiendas al Protocolo de 1992, relativo al Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, acogidas por la Resolución Leg. 1 (82), cobra especial relevancia ante el desastre ecológico ocurrido recientemente en la bahía de Quintero, con motivo del derrame de un inmenso volumen de crudo desde una nave que lo traspasaba hacia la refinería de petróleo en Concón y que afecta a todo el sector costero aledaño.
Costará varios años poder solucionar esta verdadera tragedia ambiental, que no solo ha impactado a la biodiversidad y la fauna marina, sino también a tantos pescadores artesanales que hacen de su esforzada actividad una fuente de ingresos para ellos y sus familias.
Con las reformas introducidas al Convenio, las cuales acabamos de aprobar en la Comisión de Relaciones Exteriores, las eventualidades de similar naturaleza serán drásticamente sancionadas en el futuro en lo que respecta a la responsabilidad objetiva que les cabe a los causantes de los daños -estos últimos se deberán indemnizar íntegramente-, que no prescribirá sino hasta tres años después de ocurrido el siniestro.
En consecuencia, la normativa contenida en el instrumento internacional en estudio es de suma importancia para castigar en su verdadera dimensión hechos tan graves, que perjudican tanto a la pesca artesanal como a la flora y fauna marinas, y alteran el ecosistema en forma muy significativa.
Lo establecido en estas disposiciones implica que los seguros con que deberán contar las naves que transporten combustibles a Chile tendrán que aumentar hasta en un cincuenta por ciento, por lo que las indemnizaciones también se incrementarán.
Dada la importancia que reviste el proyecto para nuestro país, de un extenso y rico litoral, debemos aprobarlo -ojalá en forma unánime- para mitigar eventualidades de tan perniciosas consecuencias como la ocurrida hace unos días en las costas de nuestra Región.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Puede intervenir la Honorable señora Pérez.
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señora Presidenta, juzgo que el contenido del texto es un avance, pero insuficiente, ya que otros países contemplan un fideicomiso para poder enfrentar este tipo de situaciones. La Senadora que habla está trabajando en un proyecto de ley para concretar lo que plantea.
La verdad es que tres años es bastante poco plazo -sé que son rangos internacionales- para poder comprobar efectivamente un derrame de petróleo como el registrado en la bahía de Quintero o de otros hidrocarburos.
Comprendo que se sigue la línea de respetar convenios y que se da un paso adelante, sin duda, pero estimo que eso no basta. Generalmente, este tipo de casos no solo afecta la flora marina, sino también, como aquí se ha dicho, la pesca artesanal y la industrial; pero los efectos se acentúan mucho más en las zonas costeras, que dicen relación con comunas de servicios y de turismo, donde normalmente existen balnearios y se perjudica el sector del comercio.
Es preciso establecer, entonces, mayores sanciones, pero igualmente más compensaciones para aquellos grupos y personas que enfrentan esta clase de problemas. En realidad, no se trata de accidentes, como algunos pretenden, sino francamente de negligencias.
Con todo, obviamente voto a favor.
--Por 27 votos a favor, se aprueba en general y particular el proyecto de acuerdo.
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor PIZARRO.- Señora Presidenta, se ha dado cuenta del oficio relativo al informe de Comisión Mixta sobre el proyecto que crea el Administrador Provisional y Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
Como Comité, sugiero que ello se vote en esta sesión -ya fue aprobado por la Cámara de Diputados- para que la tramitación del proyecto quede terminada definitivamente. Además, dicha Corporación acogió el texto en los mismos términos en que lo despachó el Senado. Por lo tanto, aquí no debiera haber ni siquiera debate. En la Cámara Baja no se aprobó lo propuesto por nosotros solo porque, según entiendo, faltaron dos votos para los efectos de enterar el quórum.
Entonces, le rogaría, señora Presidenta, que se pudiera poner el informe de la Comisión Mixta al final de los proyectos que se tratarán como si fueran de Fácil Despacho y antes de iniciar la discusión de la iniciativa sobre capitalización de CODELCO.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Efectivamente, como dijo Su Señoría, en la Cámara de Diputados el proyecto no se aprobó por falta de quórum y la Comisión Mixta lo despachó en los mismos términos en que fue acogido por el Senado.
¿Habría acuerdo para tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en la iniciativa que crea el Administrador Provisional después de los proyectos de Fácil Despacho, tal como se ha pedido?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Antes de continuar, quisiera saludar a los alumnos del American British School, de la Florida.
Boletín N° 9420-10
La señora ALLENDE (Presidenta).- En seguida, corresponde tratar el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Moldova sobre Exención de Requisito de Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales y de Servicio", suscrito en Chisinau, República de Moldova, el 18 de julio de 2013, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.420-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 49ª, en 24 de septiembre de 2014.
Relaciones Exteriores: sesión 55ª, en 14 de octubre de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, el objetivo principal del proyecto de acuerdo es eximir del requisito de visa a los nacionales de ambos Estados que posean pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio.
La Comisión de Relaciones Exteriores discutió en general y en particular el proyecto, por tratarse de aquellos de artículo único, aprobándolo en los mismos términos en que fue despachado por la Cámara de Diputados, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Chahuán, García-Huidobro y Letelier.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo (25 votos favorables).
Votaron las señoras Allende, Goic, Lily Pérez y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, Espina, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros y Andrés Zaldívar.
Boletín N° 8829-01
La señora ALLENDE (Presidenta).- A continuación, también como si fuera de Fácil Despacho, corresponde tratar el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea un registro voluntario de contratos agrícolas.
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.829-01) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Agricultura (segundo): sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Agricultura (nuevo segundo): sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Hacienda: sesión 91ª, en 4 de marzo de 2014.
Mixta: sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Sesión 76ª, en 3 de diciembre de 2013 (se aprueba en general).
Sesión 6ª, en 8 de abril de 2014 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe señalar que las divergencias suscitadas entre ambas Corporaciones derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de tres enmiendas efectuadas por el Senado, correspondientes a los artículos 3°, 4° y 16 (17 del texto despachado por el Senado).
a) La Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 3° que incluye nueve literales que definen los conceptos que deben utilizarse para una correcta aplicación de la ley. Al efecto, define contrato agrícola, producto agrícola, productor agrícola, agroindustrial, intermediario, primera transacción, etcétera.
El Senado, en el segundo trámite constitucional, acogió dos modificaciones al citado artículo 3°, en particular a la letra b), sobre producto agrícola, y la letra g), que define el formulario.
b) La segunda diferencia obedece a que la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 4° cuyo inciso primero establece los requisitos para que las partes de un contrato agrícola se acojan a esta ley, mientras que su inciso segundo señala que, para los efectos de esta, la fecha del contrato será la de su registro.
El Senado, en el segundo trámite, sustituyó el artículo 4° por otro que elimina la referencia a la forma en que se suscribirá el formulario y suprime su inciso segundo, que determina que la fecha del contrato será la de su registro.
c) Por último, la tercera diferencia dice relación a que la Cámara de Diputados, en el primer trámite constitucional, aprobó un artículo 16 (que pasó a ser 17) que regula la eventual responsabilidad solidaria por los perjuicios causados al comprador.
El Senado, en el segundo trámite, sustituyó el texto de aquel precepto por otro que reemplaza la solidaridad por una indemnización legal de perjuicios.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en lo siguiente:
-Aprobar el texto propuesto por la Cámara baja para la letra b) del artículo 3° y el literal g) del artículo 3° propuesto por el Senado, que introduce una modificación de mera concordancia.
-Acoger, en los mismos términos, el artículo 4° despachado por el Senado y efectuar enmiendas en los artículos 12 y 13 (13 y 14 del Senado), con el fin de armonizarlos y de entregar una mayor certeza en la comparecencia del contrato.
-Finalmente, sustituir el texto propuesto para el artículo 16 (17 del Senado).
La Comisión Mixta adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Moreira, Quinteros y Patricio Walker y Diputados señoras Carvajal y Pascal y señores Barros y Chahin), respecto del artículo 3°; por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Moreira y Patricio Walker y Diputados señoras Carvajal y Pascal y señores Chahin y Paulsen), en lo referente al artículo 4°, y también por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores García, Quinteros y Moreira y Diputados señora Pascal y señores Barros, Chahin y Paulsen), en lo que dice relación con los dos primeros incisos del artículo 17. Por último, el inciso final fue aprobado por la unanimidad de los presentes, conformada por los Senadores señores García, Moreira y Patricio Walker y los Diputados señoras Carvajal y Pascal y señor Chahin.
Por último, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión de 14 de octubre de 2014, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran, en la cuarta y quinta columnas, la proposición de la referida Comisión y el texto como quedaría de aprobarse el informe que ella sugiere, respectivamente.
El señor LETELIER.- ¿Puede abrir la votación, señora Presidenta?
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si no hay inconveniente, se acogerá la petición del señor Senador.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, este proyecto, que crea un registro voluntario de contratos agrícolas, ha sido objeto de un tratamiento bastante extenso tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Finalmente, hubo que convocar a una Comisión Mixta para dirimir siete diferencias que surgieron con la otra rama del Parlamento.
Todas ellas fueron resueltas por unanimidad. Tal vez la más importante es la que restablece la responsabilidad solidaria cuando uno de los contratantes no cumple el contrato original, esto es, cuando alguien tiene que venderle a una segunda persona y en lugar de ello le vende a un tercero, lo que, obviamente, le origina perjuicios económicos al comprador con quien se contrató originalmente.
Se discutió mucho si la responsabilidad solidaria era el instrumento más eficaz para disuadir a las personas para que, frente a cambios bruscos en los precios, se sintieran tentadas a dejar de cumplir un contrato y buscaran negociar con un tercero.
En el Senado establecimos otra modalidad: un sistema de multas, de tal manera que, si no se cumplía el contrato original, hubiera castigos en dinero.
Los Diputados mantuvieron su opinión en cuanto a que la responsabilidad fuera solidaria, a fin de que la tercera persona que compre a sabiendas de que los mismos productos ya están contratados con otra se haga responsable de los perjuicios que le ocasione a quien aparezca en el primer contrato.
Nosotros somos partidarios de aprobar y despachar este proyecto y, por tanto, de reponer finalmente la responsabilidad solidaria, porque aun cuando esta fue una materia en que hubo desacuerdo, también fue un punto de encuentro con los Diputados en la Comisión Mixta.
De lo que se trata, en definitiva, es de que los contratos agrícolas tengan un mercado en el cual se puedan transar y de que los productores obtengan con anticipación los retornos o recursos que esperan de un contrato. Para eso, la bolsa de productos es una institucionalidad muy importante. Y además ellos hicieron presente muchas veces que les era más significativo transar contratos que tuvieran la cláusula de responsabilidad solidaria.
Por eso, señora Presidenta, mi sugerencia a la Sala es que apruebe el informe de la Comisión Mixta, entendiendo que lo que vamos a permitir es que haya más transparencia en materia de contratos agrícolas, más seguridad, más certeza jurídica; que las transacciones que se realicen en instituciones como la bolsa de productos vayan acompañadas, por tanto, de menores tasas de interés, y que esta clase de contratos sea mucho más factible de transarse en una bolsa de productos.
Votaron las señoras Allende, Goic y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Señores Senadores, en la sesión anterior quedó pendiente fijar plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley, iniciado en moción del Senador señor Navarro, que prohíbe discriminación laboral frente a análisis genéticos, el cual ya fue aprobado en general por la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- No se fijó plazo en esa oportunidad porque no había quórum para ello.
Se sugiere, para tal efecto, el lunes 10 de noviembre.
La señora ALLENDE (Presidenta).- A petición del Comité Demócrata Cristiano, específicamente del Senador señor Pizarro, a continuación se tratará sobre tabla el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que crea el Administrador Provisional y el Administrador de Cierre de Instituciones de Educación Superior y establece regulaciones en materia de administración provisional de sostenedores educacionales.
Comisión Mixta: sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Sesión 30ª, en 9 de julio de 2014 (se aprueba en general); sesión 51ª, en 1 de octubre de 2014 (se aprueba en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La divergencia suscitada entre ambas ramas legislativas deriva del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en el tercer trámite constitucional, de la sustitución del artículo 8° del proyecto (9° en el texto del Senado).
En el primer trámite constitucional, la Cámara Baja aprobó como artículo 8° una disposición que establece la posibilidad de que se nombre un administrador provisional que cumpla con ciertos requisitos, sin que exista previamente un período de investigación preliminar, cuando se den algunas de las causales que se contemplan.
En el artículo 10, la Cámara de Diputados instituye la facultad, para los representantes legales o quienes ejerzan la dirección académica y administrativa de la institución de educación superior, de impugnar administrativamente dicha resolución ante el Consejo Nacional de Educación.
Por su parte, el Senado, a raíz de una indicación presentada por Su Excelencia la Presidenta de la República, reemplazó el referido artículo 8° por otro que, como artículo 9°, establece y regula el procedimiento de reclamación de la resolución que nombra al administrador provisional, entregando a la Corte de Apelaciones respectiva su conocimiento.
La Comisión Mixta, como forma de resolver la divergencia entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en aprobar el artículo 9° del texto despachado por el Senado, fijando la competencia en la Corte de Apelaciones pertinente.
La Comisión adoptó este acuerdo por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Allamand, Rossi, Quintana e Ignacio Walker, y Diputados señora Girardi y señores Bellolio, Edwards, Espinoza y Venegas.
Cabe hacer presente que el artículo 9° contenido en la propuesta del órgano bicameral es una norma que tiene carácter orgánico constitucional, por lo que la proposición requiere para su aprobación 22 votos favorables.
Finalmente, corresponde informar que la Cámara de Diputados, en sesión del día de hoy, aprobó la proposición de la Comisión Mixta.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en su poder figura la referida proposición y el texto como quedaría en caso de que ella sea aprobada.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En discusión el informe.
El señor WALKER (don Ignacio).- Señora Presidenta, deseo corroborar lo que acaba de expresar el señor Secretario y decir que en la Comisión Mixta la propuesta en debate fue aprobada por la unanimidad de todos los Senadores y Diputados, tanto de Gobierno como de Oposición.
Se trata de un artículo que se había caído en la Cámara Baja solo por una cuestión de quórum. De tal manera que se volvió a analizar en la Comisión Mixta, donde fue aprobado en forma unánime. Además, la proposición ya fue ratificada en la otra rama del Parlamento.
Así que yo propongo proceder en iguales términos, sin discusión -porque la discusión general y particular ya la hicimos en su oportunidad-, acogiendo, con el quórum requerido, la propuesta que se nos plantea, que es la misma que hizo el Senado.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, si le parece a la Sala, abriré la votación.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Vamos a tocar los timbres, pues hay muchos Senadores trabajando en las Subcomisiones de Presupuestos.
Esperaremos algunos momentos.
Ahora sí, señor Secretario, consulte.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Falta el Senador Montes.
Votaron las señoras Allende, Goic y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Chahuán, Coloma, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quinteros, Rossi, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Boletín N° 9530-08
APORTE DE CAPITAL EXTRAORDINARIO A CODELCO Y AUTORIZACIÓN PARA ENDEUDAMIENTO FISCAL
La señora ALLENDE (Presidenta).- Ahora pasamos al punto que figura en el primer lugar del Orden del Día, correspondiente al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un aporte de capital extraordinario para la Corporación Nacional del Cobre de Chile y la autoriza para contraer endeudamiento, con certificado de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.530-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 51ª, en 1 de octubre de 2014.
Hacienda: sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.
Hacienda (certificado): sesión 57ª, en 21 de octubre de 2014.
Sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014 (aprobado en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La iniciativa fue discutida y aprobada en general en sesión de 15 de octubre.
La Comisión de Hacienda deja constancia, para efectos reglamentarios, de que los artículos 1° y 2° del proyecto no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que deben darse por aprobados, salvo que algún señor Senador, con el acuerdo unánime de los presentes, solicite su votación o discusión.
La Comisión de Hacienda efectuó enmiendas al inciso 1° del artículo 3° del proyecto de ley aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de la Comisión respecto de alguna de ellas o existieran indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado en que se transcriben las modificaciones introducidas por la Comisión de Hacienda y el texto como quedaría de ser aprobadas.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Entonces, de acuerdo a lo señalado por el señor Secretario, procederemos a dar por aprobados los artículos 1° y 2°, que no fueron objeto de modificaciones ni de indicaciones.
El señor LABBÉ (Secretario General).- A continuación, está la enmienda que la Comisión de Hacienda propone acordar por unanimidad, que debe ser votada sin debate, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición efectuada por ese órgano técnico.
El señor LETELIER.- Abra la votación, señora Presidenta.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se accederá a ello.
En votación la modificación unánime de la Comisión de Hacienda al inciso primero del artículo 3°.
El señor COLOMA.- Señora Presidenta, deseo hacer una breve exposición en el debate en particular de este proyecto, que fue aprobado en general la semana pasada.
Esta iniciativa -recordemos- genera la mayor capitalización que se otorga a una empresa pública, en este caso CODELCO: 3.000 millones de dólares en directo y 1.000 millones a través de distintas formas de endeudamiento.
Nosotros, junto con el Senador García-Huidobro, presentamos nueve indicaciones a este proyecto, en las cuales la idea matriz era dejar más claramente establecido a qué fin se podrían destinar los 4.000 millones de dólares capitalizados por esta vía: no a cualquiera, sino a la aplicación de un Plan de Negocios y Desarrollo durante cuatro años. Debo decir que el objetivo de los recursos fue debidamente explicado en la Comisión de Hacienda por el Presidente de CODELCO; pero una cosa es explicar algo en una Comisión, y otra distinta qué dice la ley.
Y, como nadie tiene una varita mágica (no sé si la coalición de Gobierno se mantendrá en el poder luego de tres años o existirá un cambio copernicano o una realidad distinta), me pareció importante que se establecieran criterios para fiscalizar que efectivamente los recursos aprobados se destinen a los objetivos del Plan que pondrá a disposición el Directorio de CODELCO, y la Comisión acordó dejar constancia de ello en su informe.
Finalmente, como este conjunto de indicaciones apuntaban a aquello: a dejar claro -insisto- que estos recursos no son para cualquier propósito, sino para financiar un Plan de Negocios y Desarrollo específico, que contiene siete proyectos estructurales precisos dirigidos a generar inversión, y como una forma de contar con una información adecuada, a la primera indicación le subsumimos la otra idea para que fuera aprobada en forma unánime.
La modificación que se propone tiene tres ideas centrales.
Primero, que toda la información deberá ser puesta por el Directorio de CODELCO a disposición de la Junta de Accionistas y de las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado (el proyecto original hablaba solo de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja), lo cual me parece de todo sentido para buscar una buena fiscalización.
Segundo, respecto del Plan de Negocios y Desarrollo a que hace referencia el artículo 3°, se deja en claro que es por el período 2014-2018. Y Sus Señorías podrán darse cuenta de que hay una segunda innovación en esa materia.
Por último, al final del primer inciso se establece que el detalle de la entrega anual de la información del Plan tiene que ser "desagregado por cada uno de los proyectos estructurales y sus correspondientes inversiones". Esto, que es bien importante y que a todos nos interesa, fue una sugerencia transversal dentro de la Comisión que apunta precisamente a hacer un seguimiento de que los recursos capitalizados por esta vía o por los que se autoriza al Estado para endeudarse se utilicen en estos proyectos estructurales específicos, y que las inversiones correspondan precisamente a eso, para evitar que algún Director pueda sentirse habilitado, en tres o cuatro años más, a destinar esos recursos a algo distinto, que no sean esos proyectos estructurales y sus inversiones.
Conforme a lo anterior, señora Presidenta, generamos una nueva indicación, que fue aprobada, y retiramos las otras. De esta manera, llegamos a un acuerdo unánime en la Comisión, y esperamos que sea ratificado por la Sala.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Deseo saludar al Ministro de Hacienda, señor Arenas, presente hoy en la Sala.
El señor GARCÍA.- Señora Presidenta, a raíz de la modificación que estamos votando, referida a las obligaciones legales de entrega de información que tendrá CODELCO con respecto a esta capitalización, quiero señalar que en el artículo 1° se autoriza al Ministro de Hacienda para efectuar aportes extraordinarios de capital por un monto de hasta 3 mil millones de dólares a la Corporación Nacional del Cobre de Chile.
Nosotros, junto con el Senador Coloma, habríamos querido que aquí se dijera que el destino de ese monto era apalancar una inversión de 23.500 millones de dólares, contenidos en el Plan de Negocios y Desarrollo sobre el cual se expuso en la Comisión de Hacienda.
Durante el debate habido en la Comisión se mencionaron diversas consideraciones, y finalmente concordamos en que en el artículo 3° se incorporaran mayores obligaciones de información, se hiciera expresa referencia al Plan de Negocios y Desarrollo 2014-2018 y se desagregara la información que se debe entregar al Congreso Nacional por cada uno de los proyectos estructurales y sus correspondientes inversiones.
En consecuencia, señora Presidenta, nosotros concurrimos con nuestros votos a la capitalización de CODELCO por estos 3 mil millones de dólares, entendiendo que estos recursos tienen por única finalidad contribuir al financiamiento del Plan de Negocios y Desarrollo de CODELCO 2014-2018. Ese es el objetivo de esta capitalización. ¡No otro!
Y pedimos que se consignara para la historia fidedigna de la ley que el destino de estos recursos no puede ser otro que el contemplado en el Plan de Negocios y Desarrollo de CODELCO para los años 2014 al 2018.
El señor ORPIS.- Señora Presidenta, tal como lo manifestaron los Senadores Coloma y García, pienso que es importante el agregado que se hace al artículo 3°.
Y, como no se menciona cuáles son los siete proyectos estructurales, quiero dejar constancia en la Versión Oficial de esta sesión de que se trata de los señalados entre las páginas 23 y 25 del informe.
Por lo tanto, respecto a eso habrá que informar.
Sin embargo, quiero hacer presente en la Sala que tengo una duda acerca del inciso final del artículo 3° del proyecto, que señala: "Con todo, la Corporación Nacional del Cobre deberá presentar a la opinión pública y a las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía del Senado y de la Cámara de Diputados, un análisis detallado del cumplimiento de las metas".
¿Dónde están las metas? En ninguna parte, a pesar de que se debe informar sobre su cumplimiento.
Aunque deben establecerse previamente, no se expresa en el texto quién las fija y cuándo lo hace. Porque la evaluación tiene que efectuarse sobre la base de las metas, a efectos de entregar recursos y el informe respectivo.
En tal sentido, veo una ambigüedad muy grande porque, al final, las metas pueden ser cualquier cosa. Lo lógico habría sido que en cada uno de los proyectos estructurales, que se hallan consignados en el informe, se señalara cuál era su meta.
Al revisar la información que entregó CODELCO, se aprecia que no aparece ninguna meta, sino un traspaso de recursos a proyectos estructurales sobre los cuales se debe ir informando a efectos de la inversión.
La normativa expresa que anualmente se tienen que cumplir metas establecidas en forma previa. Pero no se encuentran fijadas en ninguna parte.
Lo lógico sería informar a las Comisiones acerca de las metas anuales por cumplir y que la evaluación de fin de año se llevara a cabo sobre la base de ellas.
Reitero que al respecto existe una ambigüedad muy grande. Y para lo único que sirven las ambigüedades es para prestarse a distintas interpretaciones.
El señor PROKURICA.- Señora Presidenta, pareciera que el país y el propio Senado no se han dado cuenta de que este debe ser uno de los proyectos más importantes tramitados en el Parlamento.
Voy a votar a favor de esta modificación, porque me parece necesaria y conducente, ya que asegura de alguna manera que estos recursos se gasten en CODELCO y no en otros objetivos.
Se trata de un plan de largo plazo, en donde nos vamos a embarcar como país en una inversión de más de 23 mil millones de dólares para llevar a cabo en las minas subterráneas más grandes de todo el orbe proyectos de ingeniería que representarán tremendos desafíos y que no existen en otras partes del mundo.
Pareciera que no nos diéramos cuenta de eso.
Por tal razón voy a apoyar esta enmienda. Porque los recursos tienen como objetivo -lo plantearon los tres Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra- el financiamiento de los siete proyectos estructurales de CODELCO, en los que resulta indispensable invertir recursos para que Chile mantenga el nivel de ingresos que ha tenido durante toda la historia de la empresa.
En nuestro país se producen fenómenos telúricos y catástrofes que hacen cambiar los planes. Le ocurrió al Presidente Piñera, que tenía un programa de Gobierno, pero antes de asumir sucedió el terremoto del 27F y debió introducirle los cambios necesarios.
Todos conocemos la historia de CODELCO en el sentido de que siempre le sacan recursos que no son repuestos o que no se reinvierten en suficiente cantidad. Un ejemplo de ello es que la inversión promedio en las empresas mineras privadas a nivel mundial es superior al 50 por ciento de los excedentes. En cambio, si uno ve la historia de nuestra cuprífera estatal esa cifra no supera el 8 por ciento.
Estamos frente a un gran desafío. Y, por lo mismo, tenemos que asegurar que estos fondos se destinen a los cambios estructurales que requiere esta empresa tan importante para Chile.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señora Presidenta, el debate general ya lo hicimos en la Sala.
Me parece que en la Comisión de Hacienda se dejó constancia, a través de las exposiciones en PowerPoint tanto del Ministro de Hacienda como del Director Ejecutivo de CODELCO y de los expertos que asistieron a las sesiones, de cuáles eran los siete proyectos por financiar.
Se afirmó que no hay metas.
La primera de ellas es que la empresa no llegue a un nivel de producción que la haga inviable. Es decir, si no se realiza esta inversión, la producción de CODELCO -así lo indican los gráficos que nos mostraron- caería a menos del 40 por ciento actual, lo cual haría inviable la existencia de la pieza maestra de la economía nacional.
Por consiguiente -así lo escuché-, todo el mundo llegó a la conclusión de que esta iniciativa, como muy bien manifestó el Senador Prokurica, reviste gran trascendencia. Yo la considero importantísima, sin perjuicio de que conste de tres artículos, porque nuestro objetivo es potenciar una actividad determinante en la economía de Chile.
¿Cómo hacerlo? A través de una capitalización de CODELCO como nunca se había hecho.
También apreciamos en los gráficos que la minería privada reinvierte todos los años en su área de producción cerca del 50 por ciento de sus utilidades, mientras que CODELCO ha reinvertido -es responsabilidad de todos- 8 por ciento en promedio.
Lo anterior nos llevó a la situación que enfrentamos hoy.
Entonces, existen metas.
Invito al Senador Orpis a revisar la documentación, pues en ella están clarísimas: qué producirá cada uno de los siete proyectos; qué cantidad de toneladas se van a extraer; cómo se recuperarán; cuál será la relación precio costo; qué ley tendrá el mineral.
Y se llega a la conclusión de que resulta necesario invertir 4 mil millones de dólares: mil millones provenientes de las utilidades de CODELCO -en realidad, 800 millones más 200 millones que ya puso el Fisco- y 3 mil millones provenientes del Estado.
En cuanto a la última cifra se produjo una discusión respecto de por qué no efectuar el aporte a través de fondos soberanos, de ahorros del país.
Pero el Ministro de Hacienda nos demostró que para capitalizar CODELCO era más conveniente, desde los puntos de vista fiscal y financiero, recurrir a un endeudamiento de bajo costo como el que ahora se puede obtener.
¿Qué significa invertir 4 mil millones de dólares? Que CODELCO, además de aumentar su producción anual a más de 2 millones de toneladas, de seguir siendo el más grande productor de cobre del mundo y de tener utilidades para que el Fisco siga disponiendo de ellas, evitará una crisis.
Adicionalmente, si utilizáramos recursos de los fondos soberanos, provocaríamos una complicación financiera, sobre todo en el balance estructural del presupuesto fiscal.
Entonces, se ha explicado por qué se recurre más bien al endeudamiento.
Ahora, sí le encontré alguna razón -aunque tengo plena confianza en todo lo dicho durante la discusión de este proyecto respecto de que los 4 mil millones de dólares se van a destinar a CODELCO para producir un apalancamiento de inversión de 23 mil millones en 4 años- al Senador Coloma cuando hizo ver que había que cambiar la referencia a "Plan de Negocios y Desarrollo 2014" por "Plan de Negocios y Desarrollo 2014-2018".
Estuve de acuerdo, porque eso dura el Plan.
Por otro lado, qué querían lograr los Senadores mediante una de las indicaciones que formularon? Que se entregara al Parlamento información trimestral de la labor de CODELCO, lo cual no corresponde.
El gobierno corporativo de la cuprífera estatal, por supuesto, debe entregar una cuenta anual a su junta de accionistas, que en el fondo es el propio Estado representado por la Presidenta de la República, quien a su vez mandata a los Ministros de Hacienda y de Minería para tales efectos.
¡El Parlamento no puede estar verificando cada tres meses si se llevan a cabo o no las inversiones o cómo se hacen!
Tiene que darse una cuenta que el Parlamento tiene que conocer. Pero ello no significa interferir en los planes de inversión del gobierno corporativo, sino más bien fiscalizar que el plan propuesto se cumpla.
Otra de las indicaciones que se aceptaron, por unanimidad, fue una relativa a que el Plan no solo se diera a conocer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sino también en la del Senado.
Además, se dispone que dicho informe se entregará una vez al año y desagregado por cada una de las distintas inversiones. Así, cuando vengan a darnos cuenta, dirán: "En el proyecto 1 está pasando tal cosa, hemos avanzado en la Carta Gantt respectiva de esta forma; en el proyecto 2, tal otra cosa; en el proyecto 3, esto otro".
Ahora bien, la responsabilidad es del gobierno corporativo de CODELCO. Nosotros aquí solo podemos emitir un juicio político a propósito del grado de cumplimiento del referido plan.
Por eso la única indicación que se votó en la Comisión fue aprobada por unanimidad.
Me parece que el proyecto tiene un buen objetivo. Tal vez habría sido mejor -se mencionó en su oportunidad- cambiar una parte. Donde se señala¿
Le doy un minuto más para terminar.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Gracias.
Decía que mejor que "Autorízase un aporte de 3 mil millones de dólares" sería la expresión "Deberá entregarse un aporte de 3 mil millones de dólares".
Tengo plena confianza en que este Gobierno -y cualquiera otra Administración-, frente a las expectativas de CODELCO, efectuará el aporte de 3 mil millones de dólares para que se llegue a una inversión total de 24 mil millones en cuatro años. De este modo, dicha Corporación seguirá siendo la primera productora de cobre del mundo.
El señor GUILLIER.- Señora Presidenta, estoy de acuerdo con el proyecto.
Solo deseo plantear tres pequeñas observaciones, algunas de las cuales ya fueron expuestas acá.
En primer término, hemos legislado con urgencia, puesto que no podemos decirle que no a CODELCO, y tampoco queremos hacerlo. Estamos conscientes de su situación, cuya responsabilidad no solo es atribuible a ella, sino, principalmente, a los sucesivos Gobiernos que ha habido, los que no tuvieron una política y una estrategia de largo plazo para el financiamiento de la Corporación Nacional del Cobre.
En segundo lugar, efectivamente la iniciativa se ha aprobado muy en línea gruesa en lo referente a los proyectos estructurales. Esta materia quedará abierta.
Y la tercera consideración es algo singularmente complejo: muchos proyectos de alto impacto local, sin ser necesariamente estructurales, no quedaron claramente definidos.
Por supuesto, voy a dar mi voto favorable a lo que se nos propone.
Si bien tengo plena conciencia de lo que significa CODELCO para el país, pienso que sería prudente que el Senado, a través de las Comisiones de Minería y Energía y de Hacienda, siga la pista de ciertas definiciones que se hallan pendientes.
No olvidemos que el propio Presidente Ejecutivo de CODELCO ha señalado acá, en el Senado, especialmente en la Comisión de Minería y Energía, que los proyectos están en un proceso de nueva evaluación por parte de un tercero; de manera que serán más objetivos, probablemente, los resultados que se obtendrán en el curso de los primeros tres meses del próximo año.
Por lo tanto, estimo relevante efectuar el seguimiento referido como garantes de la fe pública. Se ha hecho un esfuerzo nacional -nadie lo pone en duda-, pero igual se requiere la seriedad del seguimiento parlamentario, además de las labores propias de CODELCO y del Supremo Gobierno.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García- Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, señores Ministros, en primer lugar, valoro el trabajo realizado por la Comisión de Hacienda sobre este proyecto, que busca entregar un aporte extraordinario a CODELCO para que realice inversiones que son muy necesarias. En cuatro años se requerirán alrededor de 23 mil millones de dólares, siempre y cuando los siete proyectos contemplados sean factibles. Sin lugar a dudas, lo más probable es que no todos lo sean.
En tal caso, deberán priorizarse los que impliquen menores costos y más proyección, con el objetivo de recuperar la producción histórica de CODELCO.
Hoy tenemos una producción cercana a un millón 700 mil toneladas. Necesitamos bajar los costos lo más posible.
¿Cuál es el problema? Que el cobre ha tenido baja ley y los costos de producción han subido. Por lo tanto, el endeudamiento de CODELCO -es importante señalarlo- se ha incrementado.
Según las cifras que nos entregaron el año 2013, aquel era de 10 mil 800 millones de dólares, prácticamente 11 mil millones. La cifra es bastante alta. Estamos en un límite complejo de deuda e intereses. Ahora, si comparamos este monto con el de 1999, que fue de mil 400 millones de dólares, se aprecia una enorme diferencia.
Por consiguiente, cabe reconocer que dicha empresa está muy endeudada. En 2012 su endeudamiento era de 8 mil 800 millones de dólares.
Aprobaremos la decisión de entregarle 3 mil millones a CODELCO -sumados a los mil que va a aportar la propia empresa-, con el fin de avanzar fuertemente en la inversión de los proyectos contemplados.
¿Qué pedimos? El máximo de transparencia e información.
El gobierno corporativo de CODELCO lleva en funciones casi cuatro años, y es interesante analizar cuál ha sido su comportamiento y qué ha ganado el país en transparencia durante ese período al despolitizar una empresa que antes era prácticamente un botín político de los Gobiernos de turno. Lo que importa es contar con los mejores profesionales y la mayor capacidad de gestión posible en la Corporación Nacional del Cobre.
Por tal motivo, sería interesante evaluar el trabajo del gobierno corporativo de CODELCO y plantear mejoras, tal como se conversó en la Comisión de Hacienda y en esta Sala la semana pasada. La idea es entregarle instrumentos legales a la empresa estatal para que pueda realizar una mejor gestión, en forma independiente, profesional, sin presión externa sobre temas que no sean la producción de cobre y el mayor aporte que debe entregar al país, para que el Estado lleve a cabo programas de apoyo en beneficio de la gente más necesitada.
Por ello, señora Presidenta, estimo que es importante esta iniciativa.
Finalmente, hago presente -no sé si quedó claro en las intervenciones anteriores- que el informe que CODELCO debe hacer llegar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, a mi juicio, también debiera remitirse a las Comisiones de Minería de ambas Cámaras, que son los órganos especializados en esta materia.
--Se aprueba la enmienda unánime propuesta por la Comisión de Hacienda (29 votos a favor y una abstención), y queda aprobado el proyecto en particular y despachado en este trámite.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, García-Huidobro, Guillier, Harboe, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Se deja constancia de la intención de voto favorable del Senador señor Girardi.
El señor ARENAS (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señora Presidenta.
Por su intermedio, saludo a todos los Senadores y las Senadoras.
Este proyecto, que busca capitalizar a CODELCO, se enmarca en nuestro plan de reforzamiento de la inversión, que anunció la Presidenta de la República el 1 de septiembre pasado, destinado a financiar un nuevo programa de inversiones para la referida Corporación.
Tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado he visto un apoyo transversal a esta iniciativa, que permite alternativas de financiamiento y de modernización para la principal empresa minera del país y -¡por qué no decirlo!- de cobre del mundo.
Con esta capitalización demostramos que es posible tener políticas de Estado que cuenten con el apoyo de los parlamentarios tanto de Gobierno como de Oposición, lo cual refleja un importante acuerdo transversal, que respalda en esta nueva etapa a nuestra empresa estatal, líder en el mercado cuprífero.
Por otra parte, fortalecer los proyectos estructurales de esta empresa es una muestra de confianza en el desarrollo productivo del sector minero del país. Esperamos que el plan de inversiones de CODELCO también estimule la llegada de nuevas inversiones al sector privado.
Agradecemos a la Sala del Senado y, muy especialmente, a la Comisión de Hacienda, por la celeridad en la tramitación de la iniciativa y por el apoyo y la confianza que han demostrado en el futuro de CODELCO y en su capacidad para continuar generando excedentes para el Estado de Chile, los que dependen, entre otras cosas, de la ejecución oportuna del Plan de Negocios y Desarrollo 2014-2018, por 23 mil 500 millones de dólares.
Nosotros haremos el seguimiento a ese plan porque es vital para el desarrollo de la Corporación Nacional del Cobre.
CODELCO necesita ser competitivo, tanto en la gestión de sus activos como en la obtención de fondos para financiar sus proyectos.
Esta capitalización complementa la política de endeudamiento que definió el Directorio de la empresa, que considera el uso de deuda mientras el rating crediticio de investment grade no sea puesto en riesgo.
Por eso es relevante el apoyo que hoy nos dio el Senado, porque esta capitalización financiará el plan de inversiones que permitirá mantener la competitividad y -¡por qué no decirlo!- la producción.
¡Es muy importante mantener la producción de CODELCO en los futuros años!
El sector minero del país requiere seguir avanzando en su modernización y, como Gobierno, estamos reafirmando nuestro compromiso con el crecimiento de ese ámbito productivo.
Chile -tanto el mundo público como el privado, y también su clase política- precisa que sigamos creyendo que es posible recuperar nuestra actividad económica y que creceremos más como país en los próximos años.
Esta iniciativa ayudará a que Chile siga siendo un ejemplo de crecimiento y desarrollo minero.
Finalmente, señora Presidenta, agradezco una vez más al Senado la celeridad para despachar la iniciativa.
Por nuestra parte, promulgaremos esta semana la ley, con el objeto de que se realicen los trámites administrativos a la brevedad; se obtenga la información de la empresa, y se avance en la capitalización de CODELCO. Aquello será una señal -no solo un mensaje- para nuestras empresas públicas, para la inversión pública y, también, para el sector minero: resulta muy relevante implementar esto lo antes posible.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Les damos las gracias al Ministro de Hacienda y al Ministro de Minería subrogante.
El Senado ha dado su apoyo al proyecto, pues todos tenemos conciencia acerca de la trascendencia que significa dotar a CODELCO de este instrumento de capitalización.
Agradezco a todos por haber aprobado la iniciativa.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En el siguiente punto de la tabla aparece una reforma constitucional importante, en la que se han refundido dos mociones. Me refiero al proyecto sobre protección de los derechos de los consumidores.
Como la mayoría de los Senadores y las Senadoras se encuentran trabajando en las Subcomisiones de Presupuestos y dicha iniciativa requiere quórum especial de aprobación, recabo la autorización de la Sala para que veamos este asunto en el segundo lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana, después de votar el proyecto que aumenta la dotación de Carabineros.
Boletín N° s1742-09
La señora ALLENDE (Presidenta).- Corresponde tratar el proyecto de acuerdo que aprueba el Reglamento de los Registros de Agenda Pública y de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares del Senado, con informe de la Comisión de Ética y Transparencia.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1.742-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indica:
Ética y Transparencia: en sesión 56ª, en 15 de octubre de 2014.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El objetivo principal de la iniciativa es dar cumplimiento al mandato legal contenido en los artículos 10, inciso cuarto; 12, N° 4; 13, inciso final, y segundo transitorio de la ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y los funcionarios, en el sentido de que la Comisión de Ética y Transparencia proponga a la Sala tanto las normas que regulen los registros a que se refiere la aludida ley en lo concerniente al Senado como otras disposiciones administrativas que sean convenientes y necesarias en las materias que le conciernen específicamente.
Dicha Comisión, por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores García, Guillier, Larraín, Montes y Zaldívar, propone la aprobación de la idea de legislar y sugiere que, atendida la cercanía de la fecha en que debe comenzar a regir el Reglamento aludido, así como las diversas actuaciones que deben efectuarse antes, se abra un plazo breve para la recepción de indicaciones.
El texto que se sugiere aprobar en general se transcribe en las páginas 24 a 38 del primer informe de la Comisión de Ética y Transparencia.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, quiero informar sobre el proyecto que nos ocupa, que busca reglamentar el lobby en el Senado, iniciativa que se halla alineada con otra similar que se discute en la Cámara de Diputados, con el propósito de que en el Congreso exista la reglamentación adecuada para dar cumplimiento a nuestra obligación legal.
Como ustedes recordarán, la ley N° 20.730 estableció la regulación del lobby y de las gestiones que representan intereses particulares ante autoridades y funcionarios. Su finalidad es asegurar que las actuaciones de terceros que procuran influir en las decisiones de las autoridades de distinta índole sean transparentes, evitándose así las acciones indebidas y las influencias impropias.
Estoy hablando de gestiones de lobby, que son las que llevan a cabo representantes de actividades con carácter remunerado, y de gestiones particulares, que son las que realizan personas en representación de entidades gremiales o de asociaciones diversas que no persiguen fines de lucro.
La ley regula estas materias en un espacio bastante extenso y señala que el Ejecutivo debe dictar un reglamento aplicable a sus actuaciones y que, dentro de los 90 días posteriores, el Congreso ha de hacer lo propio. Por lo tanto, la entrada en vigencia de nuestro reglamento será el 29 de noviembre. Entonces se cumplen los 90 días de promulgado el reglamento de lobby del Gobierno.
Lo que ha hecho la Comisión de Ética y Transparencia, bajo el marco legal y de las normas reglamentarias que fijó el Ejecutivo, es proponer el documento que ya está en conocimiento de Sus Señorías.
Quiero recordar que estamos implementando una Ley de Lobby en el contexto de los sistemas que existen sobre la materia, los cuales son muy poco reglamentados legalmente. No son muchos los países que cuentan con una ley para regular dicha actividad; son pocos. Y aquellos que la tienen normalmente siguen dos modelos: el americano, que pone el énfasis en la regulación al lobbista, y el europeo, que pone el énfasis en la regulación de la actividad misma de lobby.
En el caso nuestro, el camino que siguió el legislador fue el europeo. Pero durante la discusión parlamentaria se incorporaron algunos elementos del otro sistema. Por eso, probablemente, lo propuesto se acerque a un formato mixto. Esto quiere decir que se registran las actividades de lobby y, producto de ello, se va generando un registro público de lobbistas, que va a permitir conocer quiénes son las personas que llevan adelante estas actividades.
Este es un proyecto de transparencia activa, porque encomienda a la autoridad la confección de registros públicos de audiencias, de viajes, de donativos y de lobbistas y gestores de intereses particulares. Además, se contemplan sanciones para quienes no cumplan con sus debidas atribuciones.
La ley entiende que las realidades en el sector público son diferentes. Por ello, hace responsable a cada órgano de definir su propio reglamento. Es lo que estamos haciendo aquí: adaptando la normativa legal a las complejidades propias del Parlamento. Esta le entrega a la Comisión de Ética y Transparencia la responsabilidad de asumir un rol conductor, impulsor y, luego, de control y supervisión.
En el Congreso trabajamos, primero, con la Comisión Bicameral creada para ese fin. Lo realizado en esta instancia fue gracias a la labor de las Secretarías de ambas Cámaras -en el caso nuestro, encabezada por el Prosecretario, don José Luis Alliende, y en el de la Cámara de Diputados, por el Prosecretario, don Luis Rojas-, y permitió la elaboración del documento base que daría origen a los reglamentos que se analizan en cada Corporación.
Luego, dicho documento fue conocido por la Comisión de Ética y Transparencia del Senado, la cual, una vez hechas las correcciones pertinentes, aprobó el reglamento que ahora se somete a la consideración de la Sala.
Necesitamos que se apruebe la idea de legislar para pasar al debate en particular, oportunidad en la que las Senadoras y los Senadores podrán formular las indicaciones que estimen pertinentes. Ese va a ser el camino de la discusión. No hemos podido hacerlo de otra manera, como se procede usualmente con otras iniciativas. Hemos querido desarrollar un proceso que permita la interacción entre los parlamentarios con el fin de aclarar muchas inquietudes y dudas que tienen los integrantes de nuestra Corporación sobre el particular.
Sabemos que este es un tema complejo que nos va a llenar de trabajos adicionales. Pero, en el ánimo de darle mayor transparencia a nuestra función, mayor credibilidad a la autenticidad y honestidad de nuestras decisiones, creemos importante avanzar en esta determinación.
El texto que sometemos a la consideración de la Sala fue puesto en conocimiento de la ciudadanía en nuestra página web, mediante el sistema de participación denominado "Senador virtual". Este proceso, además, fue acompañado de una promoción mediante la Televisión del Senado
Tuvimos una interesante participación de 379 personas con respecto a las preguntas que formulamos (se consignan en el informe), la cual fue muy superior a la que registró el propio Ejecutivo cuando hizo lo propio o a la de la Cámara de Diputados.
Hubo, pues, mucho interés por responder. Y los antecedentes recogidos nos permitieron resolver algunas materias de forma distinta.
En concreto, señora Presidenta -y trataré de explicar brevemente el contenido del articulado-, el reglamento que nos ocupa tiene por objeto regular el Registro de Agenda Pública y el Registro de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares del Senado; y, además, establece disposiciones destinadas a dar aplicación a la ley N° 20.730.
Asimismo, le entrega a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado la tuición de ese proceso, a través de las normas que se señalan en el artículo 2°.
Dichos registros, obviamente, son públicos, y deben ser debidamente informatizados y actualizados.
Una de las razones por las cuales tenemos cierta urgencia es la de que el día en que entre a regir el referido reglamento, el 29 de noviembre del año en curso, han de estar listos en términos informáticos los registros que aquí se plantean. Es decir, junto con comenzar su vigencia, deben estar disponibles los formularios y el respaldo técnico, para empezar a darles publicidad a las gestiones que se vayan realizando. Y eso requiere determinado tiempo.
El artículo 4° establece algunas definiciones básicas que se utilizan en el texto del reglamento propuesto. Y luego se entra a lo esencial: la regulación de los registros.
Existen -como señalé- dos registros centrales: el de Agenda Pública y el de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares.
El primero de ellos consta, a su vez, de tres registros: de Audiencias y Reuniones; de Viajes, y de Donativos.
¿Quiénes están obligados a llevar el Registro de Agenda Pública? Los denominados "sujetos pasivos", que somos nosotros, fundamentalmente: Senadores y Senadoras.
Pero, adicionalmente, se incorporan personas claves en el funcionamiento de nuestra Corporación: el Secretario General, el Prosecretario y Tesorero y los integrantes de las comisiones evaluadoras de las licitaciones a que convoque la Cámara Alta.
En seguida, hay una serie de personas que deberán ser individualizadas en cada caso. Por ejemplo, los asesores legislativos que indiquen cada Senador y Comité Parlamentario dentro del mes de mayo de cada año. Y ello fue parte de la discusión que hubo en la Comisión Bicameral. Al respecto, se optó porque la Comisión de Ética y Transparencia determine qué asesores, dentro del equipo de trabajo del Senador o del Comité Parlamentario, deben ser considerados también sujetos pasivos y, por lo tanto, tienen que cumplir la obligación de llevar los registros establecidos en la ley N° 20.730.
Lo mismo sucede con los funcionarios del Senado. Se debatió mucho si debería incorporarse a los Secretarios de Comisiones, por ejemplo. Y se adoptó la misma fórmula: los funcionarios de la Cámara Alta que la Comisión de Ética y Transparencia determine, en el mes de mayo de cada año, que, por razones de transparencia, deben someterse al cumplimiento de esta normativa.
Está finalmente el caso de las personas que, a juicio de la Comisión de Ética y Transparencia, a solicitud de un tercero, deben ser incluidas dentro de la lista de sujetos pasivos.
A continuación se indica qué actividades no deben regularse.
Es parte importante de la discusión. Por tanto, pido mucha atención.
Siempre se nos consulta si ha de declararse la reunión que el Senador realiza en terreno y durante la cual alguien se acerca a hacerle una solicitud.
¿Se debe considerar gestión particular o ejercicio de lobby que tendría que declararse?
El artículo 6° establece qué actividades no deberían regularse.
En el ejemplo que acabo de mencionar, dicha reunión no ha de incorporarse en el Registro de Agenda Pública. Por tanto, no hay que rendir cuenta de ella.
"Los planteamientos o las peticiones" -dice la letra a) del artículo 6°- "realizados con ocasión de una reunión, actividad o asamblea de carácter público y aquellos que tengan estricta relación con el trabajo en terreno propio de las tareas de representación realizadas por un Senador en el ejercicio de sus funciones.".
¿Cuál fue nuestro criterio al proponer este reglamento? Que sea lo más amplio posible.
No tenemos mucha experiencia para saber hasta dónde llegar o cómo hacerlo. Tampoco queremos incluir dentro de las tareas de los Senadores y de las Senadoras un trabajo informativo burocrático, que impida el ejercicio normal de nuestras actividades. Pero también debemos cumplir con la ley.
Buscamos el mayor equilibrio, por cierto en el ánimo de ir perfeccionando la normativa según la experiencia práctica que vayamos recogiendo.
Aquí hay una serie de otras actividades no reguladas y que, por lo tanto, no deben informarse conforme lo establecen las disposiciones del reglamento propuesto.
Tampoco se han de incorporar en el Registro las audiencias, las reuniones y los viajes cuya publicidad comprometa el interés general de la nación o la seguridad nacional, bajo los criterios que señala la norma correspondiente.
El Registro de Agenda Pública, en lo fundamental -ya lo mencioné-, contiene tres registros: de Audiencias y Reuniones; de Donativos, y de Viajes.
¿Cuándo debe incorporarse alguna información en el Registro de Audiencias y Reuniones? Cuando seamos objeto de una solicitud o de un requerimiento en algún sentido para influir sobre las decisiones propias de nuestro trabajo, tales como la dictación o la modificación de una ley; la intromisión en actos administrativos; la aprobación, enmienda, derogación o rechazo de acuerdos, declaraciones o decisiones del Congreso Nacional, de alguna de sus Cámaras, de sus comisiones y demás órganos en los que se tenga injerencia, en fin. Es decir, todo aquello que forma parte del ejercicio directo de nuestras funciones.
También se planteó en su minuto la necesidad de que cada parlamentario dé a conocer su agenda personal de reuniones. Ello quedó considerado en carácter de voluntario: si uno quiere publicita todas sus reuniones; de lo contrario, no lo hace.
Ahora, ¿cómo se formaliza el proceso de solicitud de audiencia o reunión?
A partir del artículo 11 se señalan las formalidades que deben cumplirse para incorporar esa información dentro del registro.
Se propone la presentación de una solicitud, la que contendrá ciertos datos, para que sobre esa base tengamos claridad con respecto a qué se debe hacer; y luego se llena un informe, el que debe incorporarse al registro correspondiente.
De otro lado, no toda solicitud de reunión tiene que aceptarse necesariamente. El Senador o la Senadora puede acogerla o no.
Solo se establece la igualdad de trato. Por ejemplo, si se está discutiendo una materia que afecta a la pesca y se le da audiencia a determinado grupo de pescadores artesanales, no puede excluirse de ella a otras agrupaciones que también la solicitan. Uno puede decirles que no a todos los pescadores. Pero si les dice que sí a algunos, la igualdad de trato obliga a recibir a todos los que formulen la petición.
Una vez celebrada la reunión, esa información, conforme lo establece el artículo 14, se envía al registro central, que a su vez se comunicará con el que lleva el Consejo para la Transparencia, para darle la publicidad que requiere.
En el caso del Registro de Viajes, se trata de la información de viajes que deben tener dos características: que se realicen en el ejercicio de las funciones (por lo tanto, no se registran viajes particulares de cualquier naturaleza) y que no sean financiados con cargo a las asignaciones parlamentarias existentes. Es decir, cuando uno viaja con cargo a estas asignaciones, no se debe registrar, porque se entiende que se trata del trabajo normal; pero cuando se utiliza otro financiamiento, público o privado, dentro del ejercicio de las funciones, debe informarse.
El señor PÉREZ VARELA.- Público o privado.
El señor LARRAÍN.- Si los viajes se llevan a cabo en el ejercicio de las funciones, se deben informar solo si no son financiados con recursos provenientes de las asignaciones parlamentarias.
Respecto al Registro de Donativos, existe la obligación de hacer mención de los que se reciben bajo ciertas reglas.
Desde luego, todos los provenientes de un lobbista o de un gestor de intereses particulares. Pero no se registran los donativos cuyo valor no exceda de una unidad tributaria mensual. Ello, para tener un criterio sobre qué se estima donativo susceptible de información.
Los expertos son -reitero- los registros de que consta el Registro de Agenda Publica: de Audiencias y Reuniones; de Viajes, y de Donativos.
El otro registro que se regula mediante este reglamento es el de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares.
Aquí hay básicamente dos mecanismos de registro.
Uno es voluntario: cualquier persona que quiera hacer lobby va y se inscribe en él.
El otro se forma a partir de las reuniones que nos solicitan a cada uno de nosotros. Cuando, por ejemplo, damos cuenta de que tal grupo, o tal oficina de abogados, o tal gremio, en fin, nos pide una audiencia para tratar materias que pueden influir en la decisión que debemos adoptar con respecto a determinado proyecto de ley, ello queda incorporado en nuestro registro y esas personas pasan a integrar el Registro de Lobbistas y de Gestores de Intereses Particulares. Es, pues, una integración automática.
Finalmente, el reglamento que nos ocupa, conforme lo señala la ley, establece sanciones en el caso de incumplimiento de las normas mencionadas.
El artículo 22 dispone en su inciso primero que "A los sujetos pasivos que no informen o no incorporen los datos requeridos para el Registro de agenda pública dentro del plazo establecido, se les aplicará una multa de diez a treinta unidades tributarias mensuales.".
La omisión inexcusable se sanciona con multa de veinte a cincuenta UTM.
Quien conoce y resuelve en única instancia estas materias es la Comisión de Ética y Transparencia.
Una vez ejecutoriadas sus resoluciones, se dará debida publicidad a las sanciones aplicadas.
Señor Presidente, ese es el reglamento que proponemos. Por cierto, entendemos que hay muchas materias sujetas a debate, porque -como señalé- no tenemos antecedentes e historia sobre el particular. Pero se trata de un texto que planteamos como base para una discusión que, luego de que aprobemos en general el proyecto de acuerdo, nos permita, sobre la base de las indicaciones que se formulen, primero, construir un texto adecuado y consensuado con la Cámara de Diputados, y segundo, cumplir dentro de plazo con nuestras obligaciones.
La señora ALLENDE (Presidenta).- Quiero expresar mi reconocimiento al trabajo hecho por la Comisión de Ética y Transparencia.
Les recuerdo a Sus Señorías que este proyecto de acuerdo, que estamos discutiendo en general, se votará en la sesión ordinaria de mañana.
El señor QUINTEROS.- Señora Presidenta, el Senador Larraín nos explicitó muy bien lo que dice el reglamento propuesto. Nos habló de los registros, de los viajes, de las audiencias, de los presentes.
Yo no voy a ahondar en lo que señala su texto. Solo quiero hacer un par de reflexiones a raíz de lo que se establece. Porque, a mi juicio, la imagen que tenemos frente a la opinión pública amerita que aprovechemos la oportunidad para ser más rigurosos en lo que respecta al reglamento de la Ley del Lobby.
Desde que el Presidente Frei constituyó la Comisión Nacional de Ética Pública, en 1994, se han sucedido las iniciativas destinadas a consagrar en nuestro ordenamiento jurídico los principios de probidad, transparencia, control y rendición de cuentas.
En sus comienzos, ello se encontraba inscrito fundamentalmente dentro del marco de un proceso de modernización del Estado (así se le llamó en aquel entonces). Pero a estas alturas del siglo XXI, en el actual escenario político, su fundamento arranca más bien de la necesidad de recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y profundizar la democracia.
Es decir, de ser un requerimiento técnico, pasó a constituir un factor político de primera importancia.
En efecto, la nueva realidad construida a partir del surgimiento del movimiento social del año 2011; la exigencia de mayor participación de la población, que, paradójicamente, se produce en forma simultánea con la disminución de la participación en las elecciones; el alarmante nivel de desconfianza en las instituciones, y muy especialmente en el Congreso Nacional; la revalorización de lo público para garantizar la igualdad en el acceso a derechos fundamentales, y el crecimiento de las redes sociales y sus efectos en la construcción de la opinión pública han dado otra connotación a las nuevas obligaciones que se imponen a los servidores públicos, incluidos los Senadores, y obligan a considerar tales fenómenos debidamente ahora, cuando discutimos la aplicación concreta de la Ley del Lobby en nuestra Corporación, aunque seguramente no se percibían con la misma fuerza al momento de comenzar la discusión del primer proyecto que se presentó sobre el particular, en el año 2008.
En ese contexto, antes de preguntarnos por la forma como se implementará la ley, conviene atender a los objetivos últimos de esta normativa, y especialmente, a las expectativas que existen hoy en la ciudadanía respecto de su aplicación.
Desde mi modesto punto de vista, así como la ciudadanía exige igualdad en el acceso a la educación, a la salud y a la previsión social, también pretende que exista igualdad en el acceso de los diferentes sectores, incluido el ciudadano de a pie, a la toma de decisiones de la autoridad, cualquiera que sea la materia que le ataña.
No se trata solo de mantener un registro formal de audiencias, regalos y viajes. La gente exige que haya igualdad e independencia reales.
Las personas quieren saber quiénes fueron escuchados; qué dijeron; si se atendió a todas las partes, y si existió simetría en el acceso. Me temo que para eso no basta con las obligaciones impuestas a los sujetos pasivos: hay que ir más allá.
Así, en materia de reuniones, hay que considerarlas todas y no solo las solicitadas con anticipación.
Existe un artículo que promueve la igualdad de trato en las reuniones que se concierten y regula las situaciones que no la afectan; por ejemplo, atender en una sola reunión a varias organizaciones que tienen una misma posición o delegar en otra persona la atención de la audiencia.
Pienso que podrían imponerse obligaciones más exigentes, para asegurar la igualdad de trato y evitar que esta sea solo una declaración teórica.
De otro lado, más que poner un monto mínimo a los presentes o regalos para su registro, estimo que debe disponerse un monto máximo. Hoy no existe un tope para los parlamentarios. Podemos determinar esa obligación en el reglamento, haciendo las diferencias que correspondan respecto a las donaciones con fines electorales.
Los viajes financiados por empresas o intereses determinados, en mi concepto, simplemente deben prohibirse.
Ocurre lo mismo que con los aportes reservados en la política: si hasta hace poco eran aceptados como mecanismo legítimo, hoy se perciben como un factor que distorsiona la transparencia en las decisiones.
La confianza de la ciudadanía solo la recuperaremos cuando esta pueda contar con una verdadera trazabilidad de las decisiones. Es decir, que se cuente con información pública acerca de las personas que fueron escuchadas, la forma manera en que votamos y cómo se financian las campañas.
En conclusión, el reglamento sometido a nuestra aprobación puede ajustarse a la formalidad de la ley. Empero, creo que debe ir más allá y darles rango obligatorio a las denominadas "buenas prácticas".
Opino que, en definitiva, el Senado debe hacerse cargo de la aspiración ciudadana a mayor igualdad.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Solicito la venia de la Sala para que el Senador señor Navarro me remplace cuando con el Honorable señor Zaldívar debamos ir a votar a la Primera Subcomisión de Presupuestos.
El señor ZALDÍVAR (don Andrés).- Señor Presidente, participé en la Comisión de Ética y Transparencia, donde formulé algunas observaciones al proyecto de acuerdo sobre reglamento que hoy se presenta a la Sala.
Quiero comenzar diciendo que yo no era partidario de la Ley de Lobby tal como se encuentra establecida en Chile. Más bien, tenía la idea de crear un registro de lobby activo de toda persona que quisiera desempeñar esta actividad ante cualquier autoridad, como ocurre en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos: la gente sabe que fulano es lobbista; que se halla registrado en dicho carácter y que asiste en esa calidad a determinado lugar para proteger sus intereses o los de sus representados.
Yo era partidario de un registro de lobbistas activos. Sin embargo, el Parlamento optó por un registro de lobbistas pasivos. Por tanto, quien recurra a los sujetos pasivos, o sea a nosotros, automáticamente quedará registrado en su calidad de lobbista.
Creo que ese sistema no es conveniente para regular la actividad del lobby.
Empero, estando así dispuesto, debemos determinar cómo hacer un reglamento adecuado a la ley; no podemos ir más lejos que ella. En Derecho Público, la ley debe señalar expresamente lo que permite o lo que prohíbe.
Por lo tanto, en la Comisión de Ética buscamos la forma de ceñirnos a lo que dispone la ley N° 20.730. Además, tuvimos presente el reglamento que dictó el Ejecutivo. Y, por último, debemos adecuar el nuestro al que elabore la Cámara de Diputados, para que haya textos coherentes en las dos ramas del Congreso Nacional.
Ahora, tras revisar las disposiciones del reglamento propuesto (lo hice presente al Presidente de la Comisión de Ética, Senador Hernán Larraín, y también al Secretario de ella, aunque no se recogieron mis observaciones), no puedo menos que llamar a que seamos realistas en cuanto a cómo hacer las cosas.
Por ejemplo, si aplicamos estrictamente el artículo 11 del reglamento que se propone -les pido a Sus Señorías leerlo-, vamos a tener que contar con un verdadero staff jurídico para sostener las audiencias.
En el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, la solicitud deberá contener "razón social y nombre de fantasía, si lo tuviere; su RUT, o la indicación de tratarse de una empresa extranjera sin RUT; descripción del giro o actividades que desarrolla; su domicilio; nombre de su representante legal; naturaleza de la persona jurídica y los nombres y cédulas de identidad de las personas naturales que integran su directorio u órgano encargado de la administración, si los conociere.".
O sea, cada vez que una persona jurídica solicitara una audiencia, el Senador requerido debería realizar todos estos trámites: pedir los títulos, las escrituras, las actas sobre el nombramiento del directorio, etcétera.
¡Eso no es practicable, no es posible!
En consecuencia, creo que hay que simplificar el artículo 11.
¿Qué debería hacer el Senador al que alguien le pidiera una audiencia? Registrar el nombre del requirente y consignar por qué solicita aquella o en representación de quién lo hace; pero de ningún modo decirle "Acredíteme su representación". Y luego de aquello lo referirá al registro que habrá que armar y el peticionario pasará a ser parte del lobby.
Insisto: es necesario simplificar el artículo 11, de manera que sea operable y permita la inscripción de las personas que nos soliciten audiencias y que todos los antecedentes queden en el registro de lobby activo planteado en el proyecto de acuerdo.
Lo de los viajes está bien. Sin embargo, considero que cada Senador debe registrar no solo los realizados en el ejercicio de su cargo y financiados por un tercero, no con cargo a las asignaciones parlamentarias (esos de todas maneras tienen que registrarse), sino además los que le financie el Congreso Nacional.
Me parece bien, asimismo, lo de los donativos. Tiene que haber un registro de lo que recibe el Senador por ese concepto. Pero supongo que si uno -sucede muchas veces- recibe como regalo un objeto típico del lugar que visita no deberá registrarlo.
Señora Presidenta, yo he participado -y voy a seguir haciéndolo- en la elaboración del reglamento que nos ocupa. Pero pienso que su texto debe ser lo más simple posible, para que tenga aplicación y nos permita a los Senadores hacer lo que nos ordena la ley.
Reitero que, a mi entender, nuestro país debería haber transitado por un sistema distinto del que se acordó. Pienso que el registro de lobbistas habría sido mucho más sencillo si la obligación se hubiera radicado en quien ejerce realmente el lobby , persona que debería registrarse y decir qué intereses representa y con quién habla.
Ya no podemos hacer aquello. Yo voy a seguir participando activamente en la Comisión de Ética; trataré de hacer mi aporte, pero reitero mi planteamiento en el sentido de que el reglamento sea lo más simple posible, para que se cumpla lo que nos ordena la ley.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, parece que todos coincidimos en algunas observaciones generales (estamos discutiendo la idea de legislar). De modo que hay que valorar el avance que representa el trabajo hecho por la Comisión de Ética, encabezada por el Senador Hernán Larraín, pues significa una contribución, particularmente en un momento en que la gente exige más en materia de transparencia. Por ende, mostrar nuestra labor también va a ser una fortaleza, porque el elector y los restantes ciudadanos tendrán mayores posibilidades para hacer un seguimiento al quehacer de los parlamentarios.
Por otro lado, existiendo un registro público, más oportunidades habrá para que los interesados puedan ver quiénes han sido consultados o quiénes han dado su opinión respecto a materias que se hallan en el debate y están sujetas a las decisiones del legislador, sea en el ámbito de la elaboración de proyectos de ley o en el de las resoluciones políticas.
Pienso que, en general, se ha hecho un buen trabajo. Existe el propósito de identificar quiénes son los sujetos pasivos, aspecto en el cual hay gran rigurosidad, sobre todo en la medida que se incluye a asesores legislativos y a funcionarios del propio Parlamento.
El señor TUMA (Vicepresidente).- Perdón, Su Señoría.
En este momento comenzará a presidir el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Puede proseguir, señor Senador.
El señor GUILLIER.- De otra parte, señor Presidente, se establecen criterios para definir el contenido del registro que se debe llevar. Hay bastante detalle, pero se da una buena pauta en términos de qué información se tiene que consignar.
Asimismo, se dispone el procedimiento que ha de seguirse para solicitar audiencias.
Quizá el Senador Zaldívar tiene razón cuando plantea la necesidad de que seamos más prácticos. Porque existe un problema: no vamos a tener oportunidad para verificar la veracidad de la información que se nos entrega; por tanto, deberíamos someter al requirente a un testeo bastante profundo, lo que, en razón del tiempo, la urgencia y las condiciones existentes, podría tornar más complejo el procedimiento.
En todo caso, sería factible radicar la responsabilidad en quien pide la audiencia, más que en el legislador, pues este no tiene manera de contrachequear a personas que no conoce.
Hay, por otro lado, un aspecto que considero bien interesante: la incorporación de una especie de registro en la agenda del parlamentario.
Uno de los problemas prácticos que enfrenta el parlamentario, sobre todo cuando comienza a ejercer el cargo, deriva de que el Congreso Nacional está lleno de gente que deambula por los pasillos y por todas partes, sin que uno sepa si son lobbistas, si se trata de funcionarios, si son asesores de otros congresistas. Ello impide que se produzca normalmente, en las oficinas o en otro lugar adecuado, el encuentro necesario para recabar la información requerida mediante el reglamento.
De alguna manera -reitero-, deberíamos hacer una suerte de registro o buscar algún mecanismo que posibilite enfrentar el problema expuesto, que es muy práctico, bastante concreto.
En todo caso, me parece válida la observación en el sentido de generar un registro por doble entrada: el de quienes se declaran lobbistas y se dedican al lobby profesionalmente, pero también la inscripción automática. Me refiero en particular a llamados mediante los cuales nos piden audiencias personas que en teoría no son lobbistas pero que practican la actividad profesionalmente y, sin duda, pretenden influir en la toma de decisiones.
Ese es un punto positivo que se consigna.
Sigo sosteniendo que, a mi parecer, no existe una definición más fina acerca de cómo vamos a verificar si las información que se nos entrega es correcta.
Lo otro -muy importante- es la difusión de los registros que contempla la ley.
El de transparencia es un principio de libre información. El llevar registros informáticos actualizados acerca de la labor que realizan los parlamentarios, de sus encuentros, en fin, permitiría después un cruce con otra variable, la que no está en este proyecto; probablemente es materia de otra herramienta institucional, vinculada con la difusión de las votaciones de los parlamentarios en el caso de proyectos de ley respecto a los cuales se requiere su intervención o la concesión de algún tipo de audiencia.
Ahora, debo subrayar que ningún reglamento tiene utilidad si no hay penas. Por tanto, me parece válida la existencia de un sistema sancionatorio, con procedimientos que le garanticen adecuadamente al parlamentario la posibilidad de hacer dentro de plazo las presentaciones correspondientes.
Sin embargo, en esta materia hay un aspecto bastante delicado (lo hemos comprobado en muchas situaciones que han afectado a personeros públicos): el trascendido que se hace mientras los procesos se hallan en curso, pues muchas veces es dañino para la imagen de la autoridad. Por ejemplo, cuando solo hay una investigación a un parlamentario y ello se interpreta como una suerte de sanción hacia él por parte del público desinformado, o del medianamente informado, o del interesado en manipular la información para perjudicarlo.
En general, creo que la existencia de un proceso cauteloso, prudente, tendrá mucho que ver con el éxito de las sanciones impuestas a las malas prácticas.
Finalmente, dejo expresa una vez más mi única preocupación de fondo: la forma de verificar la veracidad de la información que uno recibe. Porque alguien podría solicitar una reunión con un parlamentario y, por error o de mala fe, no entregar información válida. Ello nos obligaría a buscar nosotros mismos un mecanismo de control o de verificación, el cual podría ser bastante engorroso.
Quizá sería factible salvar tal situación diciendo que el parlamentario tiene la obligación de solicitar la información, pero en el entendido de que la responsabilidad sobre su veracidad no recae en él.
En todo caso, estamos en la discusión general. Y, como el proyecto de acuerdo constituye un buen avance, cuenta por supuesto con mi voto a favor.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, como se ha dicho acá, cabe primero destacar el trabajo desarrollado por la Comisión de Ética y Transparencia con miras a generar una propuesta de reglamento que permita concretar lo establecido en la normativa general, en la ley.
Luego de revisar el texto que se somete a nuestra consideración, a uno le queda claro que, tal como se plantea en la ley, el peso de la prueba respecto del lobby recae en los sujetos pasivos de esta actividad. O sea -ya lo decían otros Senadores-, quienes van a ir conformando en la práctica el lobby serán los sujetos pasivos, sobre los cuales -insisto- recaerá el peso de la prueba.
Entonces, me preocupa muchísimo el hecho de que los riesgos que correremos los sujetos pasivos serán extraordinariamente altos. Por ejemplo, el de vernos enfrentados a situaciones no deseadas o no buscadas; el de no poder cumplir las normas que se establecen en el reglamento. Pero hay algo más delicado aún: ello se puede prestar -y lo decía el Senador Guillier- para que exista manipulación de la información frente a la opinión pública. Y el sistema de denuncias contemplado para el caso de que un sujeto pasivo no cumpla las normas reglamentarias puede llevar a una verdadera campaña de desprestigio, de desinformación o de manipulación ante la ciudadanía.
Francamente, no me gustó la forma como quedó la ley. Yo era partidario derechamente de un registro de lobbistas. Pero terminamos, creo yo, en el peor de los mundos.
Los sujetos pasivos del lobby enfrentaremos un problema grave, vinculado con la forma como cada parlamentario ejerce su función, que es tan especial, tan particular.
En estricto rigor, de acuerdo a la Constitución, nosotros somos elegidos para legislar. Por tanto, en la medida que nos dedicáramos solo a ello quizá podríamos establecer sistemas más claros, más transparentes, que dieran cuenta de cómo actuamos en el proceso de formación de la ley; de cómo recibimos antecedentes, información; de cómo nos relacionamos con los interesados en la tramitación de los proyectos.
Empero, el problema estriba en que la exigencia frente a los ciudadanos tiene que ver mucho más con el rol de representar a la circunscripción por la cual somos elegidos Senadores. Y, claramente, la forma como se aplicará el reglamento que nos ocupa va en una línea del todo distinta de ese rol de representación.
En efecto, debo señalar con franqueza que, tal como se plantean las cosas en el texto que nos ocupa, va a ser mejor no recibir a nadie o tratar de tener el menor contacto posible con quienes nos soliciten audiencia o nos planteen situaciones de diversa índole. Ello, porque la línea para definir lo que constituye lobby o gestión personal es demasiado fina, demasiado subjetiva.
Aquí se establecen algunos criterios. Claro, parecen razonables. Pero si uno analiza el desarrollo de cualquier agenda nuestra en terreno concluye que permanentemente podríamos ser objeto de algún tipo de lobby. Eso habrá que registrarlo. Y quienes realicen tal acción con los sujetos pasivos, es decir con nosotros, pasarán a ser lobbistas aunque no lo sean, podrán ser interpretados como tales.
Repasé mentalmente lo que hice en mi Región el último fin de semana (jueves, viernes y sábado), e inferí que, en la práctica, podrían interpretarse como lobby todas las actividades que tuve: desde reuniones públicas como las referidas por el Senador Larraín hasta encuentros con organizaciones sociales de sectores rurales. Por ejemplo, en la localidad de El Divisadero, en Punitaqui, estuve con diversas organizaciones; pero se podría decir que fui objeto de lobby, pues, más allá de plantearme problemas públicos, grupos de regantes me hicieron ver el problema de la sequía y me pidieron ayuda para los efectos de obtener recursos que les permitan mejorar sus sistemas de riego.
¿Eso es lobby? Derechamente, sí. Y a nosotros nos piden, en cuanto representantes de los ciudadanos, gestiones respecto a la implementación de políticas de gobierno.
Uno dice: "Eso es legítimo, porque se trata de una función social. Pero es lobby".
Entonces, yo tendría que inscribir a aquellos regantes (modestos, miembros de una comunidad agrícola) como lobbistas.
Supongamos que un Senador se encuentra con múltiples hechos y participa en reuniones que no están dentro de la agenda pero forman parte de la actividad parlamentaria. Perfectamente, más de alguien podría acusarlo o denunciarlo y decir: "Usted no consignó en su agenda o en su registro una reunión que tuvo con un grupo de dirigentes de una organización. No lo informó".
De otro lado, se contemplan un sistema de denuncias y un sistema de sanciones aplicables por la Comisión de Ética. Me parece bien: si existe un reglamento y no se cumple, debe haber un castigo; eso es evidente.
Entonces, uno tiene que empezar a pensar en cómo va a operar con la nueva modalidad.
El Senador Zaldívar hacía referencia a la asesoría que todos los Senadores necesitaríamos para implementar un buen registro y cumplir con el reglamento.
Pero hay otro elemento más delicado, que tiene que ver con la opinión pública. Me refiero a la falta de credibilidad de que somos objeto de manera permanente; o a la maledicencia, o, derechamente, a la mala intención que, abusivamente, exhiben en esta materia organizaciones, personeros, dirigentes, redes sociales, medios de comunicación.
Y hay otra cuestión más delicada aún: qué pasa con la autonomía de cada Senador en el momento de emitir su voto tras haber sido objeto de lobby frente a determinado asunto.
Me van a decir: "La Constitución establece que cada Senador vota de acuerdo a su conciencia y a como estima conveniente".
Sin embargo, el problema no está ahí. El problema está, según lo hemos visto, en que se generan discusiones en la opinión pública y se pregunta por qué en cierta materia tal parlamentario no se inhabilitó, o bien, se denuncia que, porque su familia, su señora, su amiga, su compañera tiene interés en determinado sector, un Diputado o un Senador votó de tal o cual manera. Y ello, ¡sin ninguna prueba!
¿Imaginan Sus Señorías lo que puede pasar a ese respecto?
El Senador Larraín colocaba como ejemplo la recepción a pescadores artesanales, cuyos intereses normalmente están en contrapunto con los de otros gremios del sector, que pueden ser industriales, semiindustriales o artesanales con embarcaciones o artes de pesca distintos. En tal caso, si yo recibo a un grupo, tengo la obligación de recibirlos a todos, pese a sus puntos de vista contrapuestos. Así las cosas, llegado el momento de votar un proyecto relacionado con ellos, cualquiera podría hacerme una imputación y decirme: "¡Ah! Usted está obedeciendo al lobby de tal persona, lo que es inaceptable" o "¿Por qué no nos hizo caso a nosotros, que fuimos a explicarle, y votó de otra manera?".
Lo que estimo de la esencia del rol parlamentario en el momento de pronunciarse será pasto fácil de todos aquellos que permanentemente piensan que todo se hace aquí sobre la base de intereses de quién sabe qué tipo. Eso lo vivimos a diario y, lamentablemente, también ahora. Es cuestión de revisar las redes, el tuiter, los distintos mecanismos a través de los cuales la gente descalifica, insulta, en fin.
Entonces, me parece que tenemos que buscar mecanismos que permitan concretar el objetivo contemplado en las leyes sobre la transparencia y el lobby; que sea de fácil procesamiento el levantamiento de los registros y el establecimiento de la información adecuada. Ello, sin que sea preciso contar con un regimiento entero de asesores para que no nos pesquen por algún lado, ya que más de algo vamos a dejar de hacer o de cumplir y que después puede ser objeto de escarnio público o de sanción.
Porque, a la larga, el único criterio que se empieza a aplicar es: "¿Sabe? Prefiero no recibir ni escuchar a nadie, ni enterarme de nada, ni involucrarme en ninguna cosa que no tenga que ver exclusivamente con el rol legislativo". Y ahí surgirá un segundo problema, ya que el instrumento que nos ocupa, en vez de ayudarnos a transparentar más la gestión, a ir generando una mayor credibilidad y confiabilidad en la opinión pública, se va a transformar en un remedio peor que la enfermedad.
Nos encontramos en la discusión general, señora Presidenta, pero cabe consignar que es evidente que tampoco podemos confundir la labor institucional, cualquiera que sea, financiada por esta Corporación con el asunto de los viajes, por ejemplo. Llevar a cabo nuestra función, ya sea dentro del país o fuera de este, en comisión de servicio, en actividades en las cuales el Congreso o el Senado participan de manera permanente, es completamente distinto de lo que se plantea en cuanto a viajes en que podemos ser invitados, o a que se nos puede convocar, o que alguien externo puede financiar para cierto cometido: una conferencia, una charla o una visita, o que la Comisión equis, en un momento determinado, resuelve por ser necesario conocer una experiencia respecto de la cual el Senado puede formular después una propuesta o pronunciarse.
Se dispone de la información de todo lo que hacemos -para que ello no se confunda en el debate- y de cuanto corresponde al cumplimiento de nuestra función parlamentaria y con qué recursos se financia. Eso se halla claramente establecido en las normas internas por el Consejo de Asignaciones y también por el funcionamiento del propio Senado. Los antecedentes se incluyen en las páginas respectivas, y si alguien los solicita, son entregados como en cualquier otra institución.
A mi juicio, es importante que podamos trabajar más en detalle. Estamos contra el tiempo. El texto en estudio comenzará a regir el 29 de noviembre próximo y es preciso consensuarlo con la Cámara. No es algo fácil. Pero, de todas maneras, alabo el espíritu y la intención con que nuestros colegas se ocuparon en la materia.
El señor NAVARRO (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, el Senador señor Guillier me remplazará en la testera, porque deseo hacer uso de la palabra.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Puede intervenir el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, desde 2007, cuando recién comenzamos a discutir sobre el punto, sabíamos que tal vez íbamos a meternos en una normativa que podía terminar haciendo más complejo un problema que ya lo era, porque se trataba de regular una actividad que existía. El lobby ha operado en Chile de diversas maneras, en forma permanente, antes de la democracia y durante ella. ¡En todo minuto! Cuando quisimos regularlo, deseábamos buscar transparencia y hacer ajustes, poner marcos. No es una tarea fácil.
La ley fue un parto dificultoso. El reglamento -ello se ha expresado aquí- también va a serlo. Se requerirá someterlo a consulta pública. Vamos a ver cuáles serán la recepción y su alcance. Es lo que dice el informe.
El señor LARRAÍN.- Ya se hizo
El señor NAVARRO.- O sea, más bien se reúnen opiniones de la ciudadanía.
Estuve leyendo los juicios mayoritarios. Son razonables. En todo caso, ninguno de ellos es descabellado.
El Diccionario de la Real Academia Española define lo que es lobby, pero no expresa nada sobre el lobbista. Expone que el primero es "Grupo de personas influyentes, organizado para presionar en favor de determinados intereses", y "Vestíbulo de un hotel y de otros establecimientos como cines, teatros, restaurantes, etc., especialmente si es grande.".
Estimo que uno de los aspectos que difícilmente podrían corregir la ley o el reglamento es lo que sucede en la calle y en el "lobby en el lobby" -es decir, en establecimientos amplios, a la salida del cine, del restaurante- o en el ámbito familiar.
Porque la pregunta es si habrá que informar también cuando en una reunión, ya sea familiar o no, pero que no se ha solicitado ni es pública, sino privada, el tema de conversación son la política y los intereses.
Los vínculos de parentesco siempre se estrechan en materia económica. ¿Habrá que dar a conocer una reunión familiar en la que se junten dos empresas que pueden ser hasta competidoras y en la que efectivamente se intercambie información respecto de un negocio, lo que podría ser bastante parecido a la colusión, por ejemplo?
¿O si se aborda a un parlamentario para pedirle su opinión, como ocurre en los almuerzos dominicales de numerosas familias que presentan la virtud de ser transversales en lo político?
Los temas se tratan sobre todo cuando son candentes, como el de la educación. Me ha tocado asistir a debates en los que sostenedores con quienes mantenemos una amistad de largos años manifiestan su interés en que la ley sea modificada. ¡Afirman que es mala! Y argumentan latamente al respecto. No se trata del Senado ni de mi oficina parlamentaria: es el espacio donde nos encontramos a diario, ya que nos conocemos desde hace largo tiempo.
A pesar de que muchas veces criticamos a los empresarios, no es ningún pecado tener amigos que se dediquen a esa actividad. ¡Claro que hay amigos y amigos¿! ¡Algunos empresarios son de cierto tonelaje y otros, que dicen serlo, son más bien de gramaje¿! Pero presentan esa condición, al fin y al cabo.
Entonces, juzgo que la posibilidad de burlar lo establecido o de no regular puede terminar con la ineficiencia del reglamento y de la ley. Si no existe la obligación de señalar lo relacionado con el ámbito familiar, personal, de la intimidad del hogar, estamos en un problema. Porque el lobby, tal como es descrito en una y otra de esas normativas, de hecho se va a dar.
El Senador señor Larraín me ha informado que los jueces tienen también la obligación de someterse a la ley N° 20.730 y que deberán dictar su propio reglamento.
Es una cuestión compleja para los magistrados, quienes, como toman decisiones importantes, pueden encontrarse, por cierto, en la situación de ser sujetos pasivos de lobby.
Cabe recordar que hay quienes han criticado que parlamentarios se reúnan con ministros del Máximo Tribunal.
Va a ser muy compleja la relación de los mismos jueces, que llevan causas pendientes, con personas que se relacionen directamente con los fallos que ellos deban emitir.
Por nuestra parte, estamos haciendo un esfuerzo, pero deseo consignar que vamos a tener que exhibir mucho criterio respecto de cómo será la vigencia del sistema, para que no solo se cuente con la ley y el reglamento, sino que también se logren su aplicabilidad y legitimidad.
La Comisión de Ética y Transparencia va a ser fundamental. Porque si, en definitiva, el conjunto del articulado más bien se flexibiliza o se rigidiza, en ambos casos el riesgo es la deslegitimidad de una labor.
Ello sería muy similar -y aquí hay una confusión, a veces- a lo sucedido con el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias y el Comité de Auditoría Parlamentaria.
Hicimos un esfuerzo único en el mundo. No conozco otro Congreso en el cual la remuneración de sus integrantes sea ratificada por una comisión externa, transversal, elegida en forma amplia. Mas los resultados de un trabajo de transparencia máximo son más bien mediocres, porque se sigue pensando que nosotros determinamos nuestro ingreso. A pesar de haber legislado en la materia y sido pioneros, vanguardistas, ello no ha provocado mucho efecto, pues la gente sigue creyendo que ganamos 20, 25, 30 millones de pesos, sin considerar que las asignaciones son fijadas por el Comité y que percibimos una dieta equivalente a la remuneración de un Ministro de Estado y de un monto muy inferior, por cierto, al de muchos gerentes de empresa, sea esta privada o pública.
Me parece que será necesario aclarar ese tipo de aspectos. No desestimo que la normativa tenga que ajustarse.
¿Cómo interpretaremos el lobby de un Jefe del Estado con relación a iniciativas que conllevan intereses muy importantes?
Todos los Ministros de Energía, por ejemplo, han mandado emisarios para decirnos: "El país puede quedar a ciegas. Falta desarrollo energético. No es posible oponerse a proyectos hidroeléctricos o termoeléctricos".
Y si bien los Primeros Mandatarios no son empresarios, sino que obran por el bien público, a veces se pretende imponernos que votemos en favor de medidas que generan millonarias utilidades a actores privados. Un Presidente de la República cuenta con facultad para ello, más aún en una monarquía presidencial como aquella en que vivimos.
Incluso cabe considerar el caso de los jefes de bancada. Hay parlamentarios que disentirán en proyectos de alta incidencia económica, ya sea por principios éticos, morales, por convicciones, y se les conminará a apoyarlos. ¿Ese no es un lobby?
Las leyes son de beneficio común, privado o público. En consecuencia, cuando las bancadas o el Ejecutivo nos presionan, nos aperciben a ordenarnos, se podría preguntar: "¿Eso es lobby o pasión por la disciplina?".
Se requerirá un ejercicio transparente, adecuado, de aplicación de la ley y del reglamento.
En cuanto a la alianza estratégica público-privada, invité a Matías Domeyko y Charles Kimber, ejecutivos de Celulosa Arauco, a una reunión con el Ministro de Hacienda, porque el empleo, el crecimiento, el producto interno bruto, el desarrollo productivo, están en caída libre en la circunscripción que represento. Y me asiste la convicción de que si no hay participación del Estado la Región del Biobío será un polvorín social.
Sin embargo, una abogada que había presentado un recurso de protección expresó de inmediato: "Navarro hace lobby por Arauco y está sirviendo a dos amos", en circunstancias de que a estos los he combatido toda mi vida, lo que también haré cada vez que actúen fuera de la ley y de los principios de protección ambiental.
Se verificará algo como lo que he expuesto. Porque la alianza estratégica público-privada, anunciada por la Presidenta de la República y el Ministro Arenas, nos dice: "Queremos que empresarios y Estado se alíen para sacar adelante el país". Y vamos a tener que hacer gestiones.
Entonces, juzgo que áreas como esa tendrán que ser ajustadas y discutidas de acuerdo con el reglamento.
Las asociaciones gremiales se han ido convirtiendo virtualmente en empresas. La Cámara Chilena de la Construcción está a punto de comprar el Banco Internacional. ¿Cuando vengan lo harán como entidades gremiales o empresariales?
Los sindicatos experimentan la misma transformación. Y peleamos para que sean mipymes.
Dejando de lado al público en las tribunas, que cuando las llena es siempre una fuente de presión muy importante para votar a favor o en contra, tenemos una gran oportunidad de poder disponer de una regulación en el caso de una actividad que lo requiere. Y hemos de proceder de manera consciente y responsable.
Me pronunciaré a favor, por cierto.
Será preciso consensuar el texto con la Cámara de Diputados.
El diario La Tercera publicó el domingo recién pasado un reportaje amplio -felicito a ese medio, ya que no siempre concordamos con la prensa- con el detalle de 300 empresas que efectuaron donaciones secretas en la última campaña electoral. Mi pregunta es si ello será considerado un lobby o un donativo. Porque sería absurdo tener que declarar que recibí de obsequio un lápiz Parker de 45 mil pesos -a muchos les sucedió otro tanto-, con mi nombre, y que una empresa que pudo donar decenas de millones de pesos quede al margen.
Existe una contradicción, por lo tanto, en las donaciones secretas o reservadas. En ellas no hay filantropía. Tendremos que regularlas.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
De la Honorable Cámara de Diputados, con el que informa que aprobó el proyecto de ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín Nº 9.366-04) (con urgencia calificada de "suma").
Segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que aumenta las plantas de personal de Carabineros de Chile; modifica la ley Nº 20.502, que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la ley Nº 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros (boletín Nº 9.336-25).
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo que todavía nos encontramos en la discusión del proyecto, porque mañana corresponde votar.
Solo quisiera señalar que muchas de las inquietudes planteadas dicen relación con una cuestión más de fondo del sistema finalmente recogido en la ley y que son por completo válidas; pero, por desgracia, ello no es lo que está en discusión, para los efectos prácticos. Nos hallamos ante un texto como el que nos ocupa, con las características que presenta, y tenemos que hacerlo operativo.
En definitiva, el cuerpo legal es un marco de referencia que distintos organismos, como el Poder Judicial o el Congreso Nacional, deben adaptar a su propia realidad. Y a eso nos hallamos abocados.
Por las intervenciones, me doy cuenta de que algunas de las disposiciones incorporadas en la normativa en debate son complejas. Están sobrecargadas de detalles o de aspectos burocráticos que debemos simplificar. Es precisamente lo que llevaremos a cabo.
Sus Señorías pueden abrigar la certeza de que nuestro ánimo es acoger las inquietudes expuestas. Si bien es cierto que podremos corregir el reglamento una vez que exista más experiencia de cómo opera, no tenemos ahora claridad para resolver todas las materias y queremos que se trate de algo simple, que nos ayude a cumplir el objetivo central: transparentar lo que un tercero hace cuando nos plantea de alguna forma una opinión que busca influir en nuestra votación. A eso apunta el texto y es lo que tratamos de recoger.
Me doy cuenta de que se pueden ir mejorando y precisando muchas cosas.
El Honorable señor Espina me mencionaba los donativos, por ejemplo. Obviamente, se trata de aquellos que se reciben en la calidad de Senador. Ello tal vez no lo precisa el proyecto y se encuentra implícito, pero es mejor explicitarlo para que no surja ninguna dificultad. Porque alguno de nosotros puede ser presidente de un club deportivo y recibir un regalo en esa calidad, sin tratarse de algo de lo que deba dar cuenta en la condición de parlamentario. Y pueden darse muchas situaciones de esa índole.
No hago referencia a aspectos personales.
En fin, se trata de escuchar.
Ojalá que se hagan llegar las indicaciones pertinentes, para corregir la iniciativa en la discusión en particular.
Me parece que se trata de un proyecto necesario.
A pesar de la poca experiencia existente incluso en el mundo para normar este tipo de acciones, creo que estamos dando un paso muy valioso en nuestro país y que, más allá de los errores, o las diferencias, o las inquietudes generadas por el texto, avanzamos en la transparencia en el Congreso, que ayuda a recuperar la confianza de la ciudadanía en su Parlamento.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Espina.
El señor ESPINA.- ¿Cuándo se vota, señor Presidente?
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- Mañana.
El señor ESPINA.- Entonces, prefiero hacer uso de la palabra en esa oportunidad.
El señor LARRAÍN.- En todo caso, ahí solo se fundamentará el voto.
El señor GUILLIER (Presidente accidental).- De acuerdo.
En consecuencia, se deja reservada la intervención del señor Senador para el día de mañana.
Como estamos escasos de quórum, sugiero quedar hasta aquí.
--Los oficios cuyo envío anunció el señor Presidente accidental son los siguientes:
Al señor Ministro de Defensa Nacional, para que informe sobre ALCANCES DE EJERCICIO CHILENO-ARGENTINO "SOLIDARIDAD 2014". A la señora Ministra de Salud, a fin de solicitar CIRUGÍA PARA SEÑORA SILVIA CATALINA SILVA PEÑA y para requerir informe acerca de FALENCIAS EN ATENCIÓN DE SALUD MENTAL Y MEDIDAS PARA COBERTURA DE HOSPITALIZACIÓN. A la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, para que remita información atinente a SITUACIÓN DE HUMEDAL UBICADO EN AVENIDA CARLOS KRAHMER, COMUNA DE VALDIVIA. Al señor Ministro de Bienes Nacionales, a fin de que entregue antecedentes relativos a ESTADO DE PLANTEAMIENTOS DE COMITÉ DE VIVIENDA "LA ILUSIÓN", EN ESPECIAL DE SOLICITUD DE TRASPASO DE TERRENO DE EXCÁRCEL DE VALDIVIA. Al señor Fiscal Nacional, pidiéndole PRIORIZACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE MUERTES DE SEÑORES JOSÉ CUSTODIO REINIL CARRASCO, DE RÍO BUENO, Y ALBERTO DÍAZ, DE LAGO RANCO. Al señor Director Nacional de Gendarmería, solicitándole información sobre ESTADO DE EDIFICIO DE EXCÁRCEL DE VALDIVIA Y ACCIONES DESARROLLADAS PARA TRASPASO DE SU TERRENO A COMITÉ DE VIVIENDA "LA ILUSIÓN". Al señor Superintendente de Salud, pidiéndole antecedentes referidos a NO ENTREGA POR ISAPRE CONSALUD DE COBERTURA GES A DON MILTON EDUARDO MILLÁN FUENTES, HOSPITALIZADO EN VALDIVIA. Al señor Director Nacional del Instituto de Previsión Social, requiriéndole información acerca de ESTADO DE TRAMITACIÓN DE SOLICITUD DE PAGO POR SUBROGACIÓN DE SEÑOR JORGE GEYWITZ MANQUE. Al señor Seremi de Obras Públicas y a la señora Seremi del Medio Ambiente de la Región de Los Ríos, consultándoles por VIABILIDAD PARA CONSTRUCCIÓN EN TERRENO DE HUMEDAL UBICADO EN AVENIDA CARLOS KRAHMER, COMUNA DE VALDIVIA, y solicitándoles MEDIDAS PARA PRESERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE DICHA ÁREA VERDE URBANA. Y a la señora Gerente General del BancoEstado, para que remita ESTUDIOS PARA REDUCCIÓN DE COSTOS ASOCIADOS A USO DE CUENTARRUT.
Al señor Contralor Regional de Valparaíso, pidiéndole informar en cuanto a ESTADO DE TRAMITACIÓN DE DENUNCIA SOBRE PREDIO RÚSTICO "HIJUELA 1A 1", DE COMUNA DE CASABLANCA. Al señor Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de Valparaíso, para que remita información sobre MEDIDAS RELACIONADAS CON VENTA DE PREDIOS EN COMUNA DE CASABLANCA BAJO NOMBRE DE "INMOBILIARIA E INVERSIONES LO OROZCO LIMITADA". Al señor Director Regional del Instituto de Previsión Social de Valparaíso, solicitándole antecedentes respecto a COTIZACIONES DE DON BERNARDO DE LOS ÁNGELES PERALTA HINOJOSA. Y al señor Director de Obras de la Municipalidad de Casablanca, requiriéndole información sobre VENTAS DE PREDIOS AGRÍCOLAS Y PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN EN LOTEOS "ALTOS DE TAPIHUE" Y "HACIENDA LO OROZCO".
A los señores Ministros de Obras Públicas y del Medio Ambiente, solicitándoles antecedentes relativos a IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES POR EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS EN RÍOS ESPOLÓN Y FUTALEUFÚ.
Al señor Ministro de Agricultura, planteándole, por un lado, AMPLIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO, MEDIANTE INDAP, DE PROGRAMA DE ALIANZAS PRODUCTIVAS, y por otro, MEJORAMIENTO, MEDIANTE ODEPA, DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE PRECIOS Y DE ORIENTACIONES COMERCIALES.
--Se levantó la sesión a las 18:40.

References: artículo 53
 artículo 232
 artículo 53
 artículo 77
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 3
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