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Lourdes Correa Alvarado
1 Voces: MATRIMONIO ~ CELEBRACION DEL MATRIMONIO ~ PRUEBA ~ NULIDAD DE MATRIMONIO ~ CONYUGE ~ DERECHOS DEL CONYUGE ~ DISOLUCION DEL MATRIMONIO ~ APELLIDO ~ IMPEDIMENTO MATRIMONIAL ~ MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO ~ UNIFICACION CIVIL Y COMERCIAL ~ CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION Título: Matrimonio: los principales cambios en el derecho sancionado Autor: Orlandi, Olga E. Publicado en: Suplemento Especial Código Civil y Comercial de la Nación. Familia 2014 (diciembre), 04/12/2014, 1 - LA LEY2014-F, Cita Online: AR/DOC/4264/2014 Sumario: 1. Introducción. 2. Los principios rectores. 3. Requisitos del matrimonio. 4. La celebración del matrimonio. 5. Prueba del matrimonio. 6. Nulidad del matrimonio: absolutas y relativas. Los cambios. Supresión de la causal de impotencia. 7. Derechos y deberes de los cónyuges. 8. Causales de disolución. 9. El apellido de los cónyuges. 10. Cuadro comparativo. 11. Conclusiones (*) Todas las posiciones son válidas... si se expresan las premisas desde las cuales se parte y las perspectivas de análisis. Abordamos el tema en el derecho sancionado desde la perspectiva de los DDHH 1. Introducción El derecho de familia en épocas recientes ha debido enfrentar transformaciones relevantes activadas por cambios sustanciales de la realidad social y la creciente relevancia y reconocimiento de los derechos fundamentales del individuo. La familia y el matrimonio contemporáneos han adquirido connotaciones particulares propias de la postmodernidad (1). La sociedad, la familia y la noción de matrimonio han mudado de aires y el derecho debe acompañar esos cambios. Actualmente, como pauta legislativa, existe la tendencia a fijar la atención sobre los valores comunes, respecto de los cuales se consideran las diferencias. El reconocimiento de los Derechos Humanos (DDHH) en el ámbito internacional ha ejercido influencia en los ordenamientos internos, incidiendo profundamente en las instituciones familiares existentes, reacomodándolas, readaptándolas, modificándolas, y muchas veces, reemplazándolas en aspectos importantes (2). La internacionalización de los derechos humanos y el principio de centralidad de la persona, provocan cambios en las instituciones jurídicas, en tanto los derechos del individuo comienzan a tener una nueva entidad logrando enlazar al Derecho Público (que aporta su teoría de los Derechos Humanos) y al Derecho Privado (que aporta su teoría de los Derechos Personalísimos) (3). Nos hallamos ante una transformación de la concepción jurídica del matrimonio cuyo eje es la recepción de los derechos humanos. En el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC), la igualdad es un principio constitucional que subraya el régimen jurídico matrimonial y su ruptura, constituyéndose en el eje rector de las normas y de su interpretación. Se veda toda discriminación en razón de la orientación sexual y de género de sus integrantes (artículo 75, inc. 22 CN que recepta las Convenciones y Tratados de DDHH - art. 402 CCyC). También el CCyC reconoce un avance de la autonomía de la voluntad en el derecho de familia y especialmente en el derecho matrimonial art. 19 de la CN, teniendo en cuenta en esto diversas sentencias que han declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Civil (CCiv.) por arremeter contra el principio de libertad de los cónyuges en la construcción, supervivencia y ruptura matrimonial. Las modificaciones del derecho matrimonial apuntan a lograr un mejor y mayor equilibrio en la clásica Thomson La Ley 1
2 tensión entre autonomía de la voluntad y orden público (4). La impronta axiológica queda revelada en aspectos trascendentes que hoy suscita nuestra materia: el pluralismo, la autonomía de la voluntad con los límites necesarios en un "derecho matrimonial flexible". Se amplía la aptitud de decisión de los integrantes del matrimonio, flexibilizando las normas de orden público contrarias a la noción de pluralismo con fundamento en la doctrina internacional de los Derechos Humanos En esta senda, el derecho de familia matrimonial se sustenta en valores y principios comunes. Los valores como ideales que guían una acción y los principios como reglas sobre las cuales se construye una acción. Entre los valores revisten especial importancia en materia familiar: el respeto de la dignidad humana, la promoción de los derechos del hombre y el pluralismo. Los principios comunes reglas que construyen una acción son la libertad, la igualdad y la solidaridad, que aseguran la unidad de las relaciones familiares. Esto lleva a analizar el rol que cumple el derecho matrimonial y el orden público matrimonial cuyo contenido se sitúa en diversas perspectivas: la libertad e igualdad de la persona en miras a la preservación de la dignidad humana, las obligaciones impuestas en miras a acentuar el principio de solidaridad intrafamiliar, la protección de los derechos e intereses de terceros. Analizamos el derecho matrimonial sancionado en el CCyC que ha receptado los aportes de la doctrina y los precedentes jurisprudenciales y refleja las consecuencias de los cambios de la evolución social (5). En este trabajo se plasmará una visión general del "matrimonio" tal como se legisla en el CCyC sancionado acentuando algunos aspectos novedosos como la relación entre salud mental y matrimonio, el matrimonio de personas menores de edad, los cambios en materia de nulidad y apellido de los cónyuges, y la enunciación de los deberes de los cónyuges. 2. Los principios rectores Lo primero que se examina en la regulación del Matrimonio en el CCyC es la referencia a los principios de igualdad y libertad, (Libro Segundo: Relaciones de Familia, Título I: Matrimonio, Capítulo 1: Principios de libertad e igualdad). Los principios son reglas sobre las cuales se construyen las acciones. La libertad es nominada y no se desarrollada como principio, aunque la sola enunciación se compendia como criterio que luce claro en toda la regulación. La igualdad es enunciada en el art. 402 del CCyC. La solidaridad familiar, aún cuando no esté nominada explícitamente como principio resalta ahondada en todas las normas que regulan las relaciones familiares (6). Estos principios son los ejes rectores que deben guiar cualquier abordaje del matrimonio. Debemos señalar que parte de la doctrina no recepta favorablemente o interpreta de modo diverso la enunciación de principios o refiere a que dichos principios están enunciados en forma incompleta (7) El principio de libertad La acepción del término "libertad" en el Diccionario de la Real Academia Española dice: "facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos; "Falta de sujeción y subordinación". (8) Llevada esta acepción al tema en análisis se puede proyectar en dos sentidos: existe un derecho a no contraer matrimonio (libertad negativa); y por otro lado la libertad positiva (casarse), de manera que contraer matrimonio no es un deber u obligación. La libertad matrimonial exige que ninguna persona deba asumir el estado civil de casado ni las radicales consecuencias jurídicas, personales y patrimoniales que este conlleva contra su voluntad. El ordenamiento no puede imponer a los particulares la celebración de un matrimonio, del mismo modo que no puede prohibirlo (9). Esto nos lleva a referir a las nociones de libertad y autonomía en las relaciones de familia. Se trata de regular Thomson La Ley 2
3 las relaciones familiares "modeladas" por los principios y valores comunes. El nuevo derecho matrimonial de familia privilegia la autonomía de la voluntad con límites teniendo en cuenta la libertad como un principio rector. Desde la doctrina se señala que en el año 1994 se ha producido un quiebre que incide primordialmente en un nuevo "orden público familiar", un "cambio de paradigma", con una "nueva axiología jurídica". La carta magna y sus preceptos de libertad llevan a afirmar que la base y sustancia del matrimonio están implícitas en cada proyecto de vida, y no es necesario ni aconsejable que el legislador imponga un proyecto de vida. Se trata de un "giro copernicano" cuyo nuevo peso central es "asegurar los beneficios de la libertad" y la "intimidad" en los términos del Art. 19 de la CN. Desde esta visión se privilegia los derechos individuales a un proyecto de vida autorreferencial que merece reconocimiento por el hecho de ser tal y con independencia de su contenido, más que en los derivados de una idea institucional de familia con un perfil definido al servicio de determinados fines sociales (10). La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. Constituye actualmente un principio básico en el Derecho privado. Parte de la necesidad de que el ordenamiento jurídico admita que los individuos puedan establecer relaciones jurídicas acorde a su libre voluntad. Desde una perspectiva constitucional se utiliza la expresión autonomía personal teniendo en cuenta la libertad como eje central del sistema de derechos en el desarrollo del proyecto de vida autorreferencial en las relaciones familiares (11). Regular esta materia importa lograr mayor equilibrio en la tensión entre autonomía de la voluntad (mi derecho a no casarme) y orden público (solidaridad familiar), lo que exige un juicio de ponderación en donde la manda constitucional de protección de la familia y el principio de igualdad y no discriminación también son llamadas a intervenir (12). En la Unión Europea, la libertad es antes que nada la libertad de casarse y fundar una familia; libertad garantizada ante todo por la DUDH, por la Convención Europea de los Derechos del Hombre (art. 12) y por la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (art. 9) (13). La doctrina europea señala en este aspecto que si bien "es verdad que no hay un modelo jurídico familiar europeo, ni en singular ni en plural; también lo es que existen principios y valores comunes sobre la base de los cuales se construyen diversas formas de relaciones familiares: sin modelo familiar, pero con relaciones familiares "modeladas" por los principios y los valores comunes; relaciones familiares centradas no en la "célula" familiar, sino sobre el individuo, relaciones interindividuales que hacen de la familia a la europea una "red", más que un grupo" (14). En conclusión la "libertad" enunciado como principio rector en el derecho matrimonial es la base sobre la cual se modela dicha normativa y se construyen las diversas relaciones familiares teniendo en cuenta principios y valores comunes y privilegiando la autonomía personal El principio de igualdad En relación a la interpretación y aplicación de las normas, el art. 402 CCyC reza: "Ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio, y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo". La igualdad es un componente formal del derecho. Esta igualdad se formula tanto en un tratamiento igual de los iguales (prohibiendo la discriminación injusta), como estableciendo estatutos especiales favorables a determinados sujetos. No obstante ante la existencia de grupos o personas vulnerables y de situaciones particulares, el derecho matrimonial responde con una regulación protectoria. Es el caso de las mujeres, los ancianos, los discapacitados y los niños. Thomson La Ley 3
4 A la par de una recepción moderada de la autonomía personal en el CCyC, resalta, luce en forma clara, específica y transversal en todo su articulado, la "igualdad de los iguales", la tutela de los sujetos vulnerables y una profundización del principio de solidaridad familiar (15). En la esfera matrimonial, múltiples son las aplicaciones del principio de igualdad entre los cónyuges: igualdad de los roles, de los deberes y derechos conyugales, de la capacidad jurídica, la igualdad frente a los hijos, en materia del uso del nombre, en los derechos patrimoniales. Tampoco se hace diferencias en relación al sexo u orientación sexual de los cónyuges. 3. Requisitos del matrimonio En el Capítulo 2 del Libro Segundo, Título I, se regulan los requisitos del matrimonio. En él se refiere a los impedimentos dirimentes matrimoniales, la falta de edad nupcial y su dispensa judicial, la falta de salud mental y su dispensa judicial, los requisitos de existencia del matrimonio, la incompetencia de la autoridad que celebra el acto, el consentimiento y sus vicios. Abordamos algunos aspectos novedosos y de interés que marcan nuevas sendas El matrimonio "igualitario" La consagración del derecho a contraer matrimonio entre personas del mismo sexo constituía una deuda social y jurídica latente en la sociedad Argentina hace un largo tiempo. La Ley (2010) se encargó de saldarla y es consolidada por el CCyC (16). En los requisitos de existencia, se admite que los contrayentes sean del mismo o diferente sexo asegurando la conquista derechos de la Ley de Matrimonio Igualitario. En lo que a la celebración del acto matrimonial respecta, la modificación legal no sólo suprime el requisito de diversidad de sexo ya modificado en el CCiv. por la ley sino que además, disipando toda duda aclara que "el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo" (art. 402 CCyC). Se consagra así el principio de no discriminación fundado en la orientación sexual que emana de los tratados y convenciones de Derechos Humanos y es reafirmado en los tribunales internacionales. De tal manera sólo se exige el consentimiento puro y simple de los contrayentes, no viciado, brindado ante autoridad competente (arts CCyC) 3.2. Los impedimentos matrimoniales Siendo la idea de autonomía privada un eje central del derecho matrimonial cabe preguntar que alcance tiene la misma en relación a determinar las personas con las cuales se puede celebrar matrimonio. El Estado puede poner vallas a esa elección personal sobre la elección del cónyuge si tienen por objeto resguardar intereses superiores. Al referir a los impedimentos matrimoniales se alude a aquellas prohibiciones de la ley que afectan a las personas para contraer matrimonio (17). El Código sancionado enuncia los impedimentos matrimoniales dirimentes (obstáculo para la celebración de un matrimonio válido) e introduce algunas modificaciones a los fines de compatibilizar la regulación del matrimonio con el resto del ordenamiento jurídico. En el código sancionado son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio: a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo; c) la afinidad en línea recta en todos los grados; d) el matrimonio anterior, mientras subsista; e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges; f) tener menos de dieciocho años; g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. (art.403 CCyC). En su correspondencia con el art. 166 del CCiv destacamos: la utilización de términos acordes con el nuevo ordenamiento jurídico; la exigencia de "condena" como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges; la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el Thomson La Ley 4
5 acto matrimonial (antes privación permanente o transitoria de la razón) y la supresión del inc. 9 del art. 166 del CCiv. Los nominados impedimentos matrimoniales encuentran justificación razonable. La causa de la limitación de contraer matrimonio entre personas unidas por determinados vínculos familiares se basa en la prohibición ancestral al incesto absolutamente presentes en todas nuestras culturas (18), que se mantiene también en el derecho comparado. En cuanto a las restricciones de contraer matrimonio a quienes son parientes por afinidad (art. 403 inc. c: la afinidad en línea recta en todos los grados), se sigue el criterio de la doctrina que fundamenta tal límite en el hecho que "tal situación puede desembocar en conflictos familiares o personales nocivos para la pacífica convivencia de esos grupos" (19), aunque en varias legislaciones se ha suprimido. Pasamos a considerar algunas particularidades que se regulan en forma específica en el art. 403 inc. g y f. en relación a la falta de edad nupcial y de salud mental La falta de edad nupcial El art. 403, inc. f, CCyC fija como impedimento para contraer matrimonio: "tener menos de dieciocho años". En el ordenamiento jurídico argentino, las personas menores de edad siempre han podido contraer matrimonio con ciertos límites. En la Ley 2393 de Matrimonio Civil (art. 9, inc. 4)., la edad mínima para contraer matrimonio era de 12 años para la mujer y de 14 años para el varón. La Ley (1954) elevó la edad a los 14 años para la mujer y 16 años para el varón. La Ley (1987), fijó la edad nupcial en 16 años para la mujer y 18 años para el hombre. El paulatino aumento en la edad legal responde a asegurar que el consentimiento sea prestado de la manera más libre y autónoma posible, alejada de toda presión familiar y/o social. Esto responde a los cambios culturales. Se cuestionaba la diferencia de edad entre ambos sexos que sostuvo la ley argentina fundado en la necesidad de tener en cuenta los artículos 1 y 2 de la Convención de Derechos del Niño, así como otras disposiciones conexas de la misma (20). El art. 1 de la Ley (2008) modificó el inciso 5 del art. 166 del CCiv., quedando redactado: es un impedimento para contraer matrimonio "Tener menos de dieciocho años". Así quedó equiparada la edad legal para contraer matrimonio sin diferenciación de sexos. Esta modificación no alteraba el régimen legal ya que en ese momento la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Si la persona que pretendía contraer matrimonio contaba con 18 o más años y hasta que adquiriese la plena capacidad civil, podía hacerlo si contaba con la manifestación de voluntad afirmativa por ambos padres de conformidad con lo dispuesto en el art. 264 quater. Si tenía menos de la edad legal, debía contar con la pertinente autorización judicial. La Ley (2009), que disminuyó la edad en la cual se adquiere la mayoría de 21 a los 18 años, abrió una gran cantidad de interrogantes. Entre los planteos se debatía qué lugar ocupa la voluntad de los padres para la celebración del matrimonio. A partir del 2009 la edad legal para contraer matrimonio es de 18 años, la misma edad en la cual se adquiere la plena capacidad civil. Para los menores de 18 años, la sola voluntad de los padres no sería hábil para que un hijo menor de edad pueda celebrar nupcias válidamente y la única manera de sortear esta limitación es si se cuenta con la pertinente autorización judicial. Un fallo del Tribunal Colegiado de Familia N 5 de Rosario del 22/05/2009 (21), brinda sólidos argumentos en contra de la solución adoptada por el régimen legal a la luz del juego entre las Leyes y La plataforma fáctica, sumariamente, era la siguiente: los padres de una joven de 17 años de edad que se encontraba embarazada y pretendía contraer matrimonio, solicitan dispensa judicial alegando que el registro Thomson La Ley 5
6 civil les exigía tal requisito ya que la conformidad (asentimiento) por parte de ambos no era suficiente para la celebración del acto. Destaca el fallo que la solución legal choca con el principio de la capacidad progresiva de los niños que pretende explicitar la esfera de la autonomía de los sujetos en forma escalonada y paulatina art. 5 CDN, como una tendencia a quebrar la tajante división minoría-mayoría de edad y reemplazar esos conceptos por aquella visión asimilable a la evolución psíquica-biológica de la persona. También se enfrenta con las pautas para valorar el interés prevalente del niño conforme su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales (art. 3 inc. d - Ley 26061). Pasamos a observar cómo el CCyC, en relación a la edad nupcial, recepta y consolida el principio de autonomía progresiva consagrado en la CDN Autonomía progresiva y dispensa judicial La Convención sobre los Derechos del Niño implicó un giro fundamental en la forma en la que se entienden la infancia, la adolescencia y sus derechos. El cambio de paradigma de la protección integral de los derechos de la niñez significa que los niños, niñas y adolescentes deben debe ser considerados sujetos plenos de derecho y que sus derechos merecen una protección especial. El ordenamiento jurídico sancionado recepta este cambio de paradigma en lo referido a la autonomía progresiva del niño, niña y adolescente y el ejercicio de sus derechos (22). La noción de autonomía progresiva en el ejercicio de derechos traslada el eje de la mirada desde el concepto legal rígido de capacidad, hacia la noción más empírica de origen bioético de competencia. El parámetro de competencia, independizado de la capacidad de ejercicio, habilita la actuación de derechos en forma directa por su titular, aun cuando éste no ostente plena capacidad civil y en tanto se evalúe que la persona puede formar convicción y decisión razonada. La posibilidad de niños/as y adolescentes de tomar decisión en materia de derechos fundamentales se relaciona con el alcance de un cierto grado de madurez y desarrollo, a valorar prudentemente en cada caso - conf. arts. 5 y 18, CDN; 19, inc. a, 24, inc. b, ley Este desarrollo se adquiere progresivamente, conforme la evolución personal de cada niño, contorneando así su autonomía progresiva para el ejercicio de derechos. Teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva en la celebración del matrimonio partiendo de lo expresado en el art. 26 CCyC (23) que irradia a todo el régimen, el art. 404 CCyC distingue dos supuestos en relación a la autorización y/o dispensa. a) En el supuesto del inciso f) del artículo 403, el menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial. b) El menor que haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio con autorización de sus representantes legales. A falta de ésta, puede hacerlo previa dispensa judicial. En consonancia con esta modificación, el art. 645 CCyC expresa en su primera parte: "Si el hijo tiene doble vínculo filial se requiere el consentimiento expreso de ambos progenitores para los siguientes supuestos: a) autorizar a los hijos adolescentes entre dieciséis y dieciocho años para contraer matrimonio (...)". Se establecen pautas indicativas para la dispensa judicial a fin de asegurar la comprensión del acto matrimonial por parte de los menores. La decisión judicial debe tener en cuenta la edad y grado de madurez alcanzados por la persona, referidos especialmente a la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y evaluar la opinión de los representantes, si la hubiesen expresado. La dispensa para el matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela sólo puede ser otorgada si, además de los recaudos previstos, se han aprobado las cuentas de la administración. Si de igual modo se celebra el matrimonio, el tutor pierde la asignación que le corresponda sobre las rentas del pupilo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 inciso d). Con las últimas reformas, el legislador tiende a relacionar la aptitud nupcial con la madurez psicológica, Thomson La Ley 6
7 porque exige una evolución psíquica del sujeto, antes que una aptitud física. Tal tendencia es correcta, pues la importancia y trascendencia del matrimonio lleva a que el sujeto deba obrar con la debida capacidad para asumir los efectos derivados del matrimonio. No obstante estos recaudos, se habilita a solicitar la nulidad del matrimonio contraído por menores de edad (art. 425 CCyC). Puede interponerse la nulidad relativa del matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso f) del artículo 403. a) Legitimados: la nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio (ascendientes, descendientes y hermanos) b) Escucha del adolescente: en este último caso, el juez debe oír al adolescente, y teniendo en cuenta su edad y grado de madurez hace lugar o no al pedido de nulidad. c) Efectos: si se rechaza el pedido de nulidad, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado con la correspondiente dispensa. d) Inadmisibilidad: la petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal. En síntesis: las reformas conservan la edad mínima de dieciocho años para contraer matrimonio. Se relaciona la aptitud nupcial con la madurez psicológica, porque exige una evolución psíquica del sujeto, teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva. Diferencia claramente la posibilidad de autorización de ambos padres de 16 a 18 años y la necesidad de dispensa judicial para los menores de 16 años. Se perfecciona la regulación de la nulidad relativa del matrimonio contraído por menores de edad Falta de salud mental y dispensa judicial Surgen novedades en relación al matrimonio de personas con falta de salud mental. Su comprensión exige un análisis coordinado de las normas y principios del CCyC referidas a las restricciones a la capacidad (Libro Primero) (24) y a las relaciones de familia (Libro Segundo) (25). Para adaptar el régimen matrimonial al de salud mental regulado por la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y la ley , se dispone como impedimento "la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial" (art. 403 inc. g) reemplazando la expresión del art. 166 del CCiv. que se refería a la "falta permanente o transitoria de salud mental" (26). El art. 405 CCyC alude en qué casos el matrimonio se puede celebrar ante la falta permanente o transitoria de salud mental, previa dispensa judicial (27). Dicha dispensa requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. Se prevé que el juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente. La Dispensa judicial por falta de salud mental, consiste en la resolución que habilita a celebrar el matrimonio si el magistrado considera que el futuro contrayente es apto para comprender las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y para llevar adelante una vida de relación. Para ello, deberá obligatoriamente mantener una entrevista personal con los que pretenden casarse, dar participación a sus representantes legales o cuidadores si lo cree pertinente, y contar con el dictamen de los Equipos de Salud. Si el matrimonio se celebra en violación del impedimento, sin dispensa judicial, la sanción que corresponde es la nulidad relativa. (art. 425 b). En este caso, la nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el Thomson La Ley 7
8 impedimento. No puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud; y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento. El plazo para interponer la demanda de nulidad relativa es de un año, que se computa, para el que sufre el impedimento, desde que recuperó la salud mental, y para el cónyuge sano desde que conoció el impedimento. La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio (28). El plazo para interponer la demanda en este caso es de tres meses desde la celebración del matrimonio. El juez debe oír a los cónyuges, y evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al respecto. Quedan previstas, entonces, dos oportunidades para que el magistrado, con el auxilio de los equipos técnicos de salud, evalúe la aptitud matrimonial de la persona con padecimientos mentales: antes de la celebración, al tramitarse la dispensa, y luego del matrimonio, al considerar su validez o nulidad en el proceso promovido por parte legitimada. Según expresa la doctrina, es previsible que la normativa tenga su ámbito de aplicación tanto en los matrimonios de personas con padecimiento mentales cualquiera sea su edad, como en el matrimonio de adultos mayores con deterioro de sus facultades mentales en razón de su edad avanzada (29). La normativa responde a la concepción de salud mental y es un avance humanitario. Permite que personas que padecen alguna forma de capacidad restringida por razones de salud mental, puedan contraer vínculos afectivos permanentes, legítimos y tutelados Requisitos de existencia del matrimonio: el consentimiento Basado en el principio de libertad, el consentimiento matrimonial es el requisito que se constituye en eje de la existencia del matrimonio. El consentimiento es un requisito esencial para la existencia del matrimonio. Es la voluntad de cada uno de los contrayentes de unirse al otro por la sujeción a las reglas legales a que está sometido el vínculo conyugal. Para la existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo - (art. 406 CCyC), excepto lo previsto para el matrimonio a distancia. El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. El consentimiento matrimonial no puede someterse a modalidad alguna. Cualquier plazo, condición o cargo se tiene por no expresado, sin que ello afecte la validez del matrimonio (art. 408 CCyC). El consentimiento no puede estar viciado por: a) la violencia, el dolo y el error sobre la persona del otro contrayente; b) el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. El juez debe valorar la esencialidad del error considerando las circunstancias personales de quien lo alega. 4. La celebración del matrimonio En relación al acto de celebración del matrimonio, se introducen algunas modificaciones. Se regula en el Libro Segundo, Título I, Capítulo 4: Celebración del matrimonio (arts. 416 a 422 CCyC) Destacamos en relación a la oposición a la celebración del matrimonio: a) se deroga la legitimación del tutor o curador para oponerse a la celebración del matrimonio del pupilo o la persona restringida en su capacidad ya que el individuo que pretenda contraer matrimonio siempre debe contar con dispensa judicial, resultando suficiente este control judicial; b) se unifican en un mismo inciso los parientes facultados para oponerse, cualquiera sea el origen del vínculo (ascendientes, descendientes y hermanos); c) se unifica en un solo articulado las reglas del procedimiento. Thomson La Ley 8
9 A los fines de compatibilizar las reglas de la celebración con otras modificaciones que el anteproyecto recepta, se dispone que el oficial del registro proceda a la lectura de un solo artículo sobre derechos y deberes matrimoniales; en el mismo sentido, se ordena que en el acta matrimonial quede constancia de la elección del régimen matrimonial elegido, si se hubiese expresado la opción. 5. Prueba del matrimonio El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esta imposibilidad. La posesión de estado, por sí sola, no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles del matrimonio. Si existe acta de matrimonio y posesión de estado, la inobservancia de las formalidades prescriptas en el acto de celebración no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio (art. 423 CCyC) 6. Nulidad del matrimonio: absolutas y relativas. Los cambios. Supresión de la causal de impotencia El CCyC mantiene el doble régimen de nulidad absoluta (30) y relativa del matrimonio, pero se introducen algunas modificaciones a la segunda (31). Para la causal de falta permanente o transitoria de salud mental que impide tener discernimiento para el acto matrimonial se establece que cualquiera de los cónyuges que desconocía el impedimento puede peticionar la nulidad, excepto que hayan continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud el que sufre el impedimento, o luego de conocido el impedimento por parte del cónyuge sano. Se fija el plazo de un año, pues el estado de familia no puede quedar en la incertidumbre de manera indefinida. Vencido el término, solo queda habilitada la vía del divorcio. El juez debe oír a los cónyuges y evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al respecto. Se suprime la posibilidad de solicitar la nulidad por impotencia por diversas razones: ventilar este tipo de situaciones en un proceso judicial es invasiva de la intimidad y atenta a la dignidad de las personas. Las causas de la impotencia pueden ser diversas, de carácter objetiva y subjetiva, es decir, con determinada persona y no con otras, todo lo cual dificulta la prueba (32). Se define también qué se entiende por buena fe. Para el supuesto de buena fe de ambos contrayentes, a los fines de compatibilizar con las modificaciones que se introducen en otros títulos, se dispone que la sentencia firme disuelve el régimen matrimonial convencional o legal supletorio y además, que si la nulidad produce un desequilibrio económico en uno de ellos en relación al otro, se aplican las normas relativas a la institución de las prestaciones compensatorias. 7. Derechos y deberes de los cónyuges Los deberes y derechos matrimoniales acordes al respeto de la autonomía de la voluntad, parten de considerar que son los cónyuges quienes deben determinar a qué quieren obligarse durante la relación matrimonial. La versión aprobada por la Cámara de Senadores, modificó los derechos y deberes de los cónyuges expresados originariamente por la Comisión redactora agregando "la convivencia y "el deber moral de fidelidad". Sin embargo, se señala que de su articulado no se explicita la existencia de un deber de convivencia o cohabitación como existe en la actualidad (33). En forma expresa se enuncian: el deber de establecer y desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación (art. 431 CCyC), el de convivencia (art. 431 CCyC), el deber moral de fidelidad (art. 431 CCyC), asistencia mutua (art. 431 CCyC), el de alimentos (arts. 432 a 434 CCyC), el de contribución (art. 455 CCyC) (34). Son deberes mínimos, recíprocos, incoercibles salvo el de contribución y alimentos que tiene un contenido patrimonial (35). Thomson La Ley 9
10 Una de las modificaciones sustanciales se vincula a los derechos y deberes que derivan de la celebración del matrimonio. Son enunciados en el art. 431 CCyC: "Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua". Luego se regula específicamente la prestación alimentaria durante la vida en común, sus pautas de fijación y los alimentos posteriores al divorcio (arts. 432 a 434 CCyC). Los deberes y derechos estrictamente jurídicos, son aquellos cuyo incumplimiento genera consecuencias legales. Creemos que el juez no podría basarse en la falta de convivencia matrimonial sin causa justificada o en la infidelidad de uno de los cónyuges, para negarle por ejemplo la prestación compensatoria (36). La esencia del matrimonio se constituye en el compromiso a desarrollar un proyecto (pensamiento de ejecutar algo (37)) de vida en común basado en la mutua asistencia y cooperación. Los cónyuges se proponen ejecutar, aunar fuerzas internas sustanciales para el logro de su proyecto de vida autorreferencial. Según el diccionario de la Real Academia Española, cooperación: acción cooperar; cooperar: obrar juntamente con otro u otros para un mismo fin". Los cónyuges deben obrar conjuntamente en miras a la realización de su proyecto de vida común. En relación al deber de convivencia, convivir significa "Vivir en compañía de otro u otros" (38), lo que se considera indispensable para la realización del proyecto de vida. Señala Azpiri que es muy probable que la mayoría de los matrimonios conviva, pero también puede suceder que el proyecto de vida en común no implique compartir una vivienda, manteniendo residencias separadas. Se respeta de este modo la decisión individual y personal de generar un espacio matrimonial diferente del tradicional y ello podrá ocurrir cuando, por las razones que los interesados estimen convenientes por ejemplo, porque existen hijos de uno o ambos cónyuges cuya cohabitación es considerada por ellos generadora de conflictos, deciden que celebrarán un matrimonio pero sólo convivirán los fines de semana, durante viajes o en los períodos de vacaciones. Expresa el autor que Código sancionado mantiene su estructura, dando por sentado que los cónyuges convivirán y eventualmente regula las consecuencias de la separación de hecho, pero no existe un tratamiento particular para los matrimonios cuyo proyecto de vida en común no incluya la convivencia (39). Por nuestra parte creemos que "convivencia" no es lo mismo que "cohabitación" (40), que puede existir cohabitación sin convivencia y convivencia sin cohabitación. La esencia de la convivencia se deriva del proyecto de vida en común que puede materializarse de diversas maneras. Según se expresa la doctrina, el deber de convivencia hace a la esencia del matrimonio y es el que da sentido y fundamento a la protección de la vivienda familiar y a la determinación de la competencia judicial por el lugar donde se ubica la vivienda o la determinación del derecho aplicable en el ámbito del derecho internacional privado (41). Compartimos plenamente que los derechos y deberes de carácter moral quedan reservados al ámbito privado e íntimo, lo que no significa desconocer el alto valor axiológico del deber de fidelidad. Según se expresa en los fundamentos del Anteproyecto, al receptarse un régimen incausado de divorcio, el incumplimiento de estos derechos y deberes no generan consecuencias jurídicas. En relación a la fidelidad en sentido amplio (lealtad, observancia de la fe que alguien debe a otra persona) (42) tiene un alcance mucho más profundo que la exclusividad sexual, implica un contenido personal que los cónyuges conocen, se obligan, están de acuerdo con él y lo aceptan. Coincidimos en la acepción que expresa que deber de fidelidad es un "deber moral", posición que es resistida por un sector de la doctrina con diversos fundamentos (43). La citada regla ha sido objeto de algunas críticas, en el entendimiento de que al suprimirse como deber jurídico (44), no sólo se desconoce el orden público, sino que se estaría regulando un nuevo modelo de familia alejado del sentir de la sociedad argentina; y ello en tanto se impone un matrimonio "abierto" (45). Sobre la base de los principios de solidaridad y responsabilidad familiar, desde la óptica de no Thomson La Ley 10
11 discriminación entre los miembros de la pareja el sistema legal prevé el deber de "asistencia" mutua (430 CCyC). Según el diccionario de la Real Academia Española la expresión "asistencia" se refiere a "acción de estar o hallarse presente" y "acción de prestar socorro, favor o ayuda" (46). Se trata de un derecho básico que se deriva del principio de solidaridad familiar. Los cónyuges se deben mutuamente asistencia, socorro, favor, ayuda, estar presentes. Este deber de asistencia abarca no sólo la faz material, sino también la espiritual. Como se expresa en la doctrina (47), en el matrimonio se distingue entre el deber de asistencia y el deber alimentario de los esposos (arts. 431 y 432 CCyC) La familia matrimonial y la familia convivencial no ostentan los mismos efectos; en este sentido, en el cese de la unión convivencial no se regula obligación alimentaria mientras que en el matrimonio se prevé en la separación de hecho y excepcionalmente en el divorcio (art. 432 CCyC). El deber de asistencia, resulta transgredido cuando uno de los cónyuges se abstiene de asistir al otro y no aporta para solventar las necesidades del hogar y de los hijos. Si uno de ellos elude los aportes para atender a las necesidades de la familia conforme a sus recursos se lesiona el principio de justicia distributiva tendiente a evitar las situaciones de inequidad. Se consagra específicamente el deber de contribución en el art. 455 CCyC y se conserva el derecho y deber jurídico de asistencia, previéndose expresamente el deber alimentario y las pautas para su fijación, mientras se encuentren casados conviviendo, o separados de hecho. Tras el divorcio, esa obligación se torna excepcional, pudiendo existir por acuerdo de partes o ante dos supuestos expresamente previstos, fundados en el principio de solidaridad familiar: 1) a favor de quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio, obligación que se transmite a los herederos del alimentante; y 2) a favor de quien carece de recursos suficientes y de la posibilidad razonable de procurárselos (art. 434 CCyC). La legislación vigente posee una mirada rígida sobre las relaciones humanas familiares y suele conculcar el principio de libertad de los cónyuges en la construcción, vida y ruptura matrimonial. La legislación sancionada brinda una adecuada respuesta institucional durante el matrimonio y frente al conflicto conyugal, respetando la noción de pluralismo que debe regir en las uniones afectivas, tal como lo propicia la doctrina internacional de los derechos humanos. Coincidimos con las claras reflexiones de Mizrahi (48), quien plantea que, en el régimen del divorcio sin expresión de causa, el matrimonio sólo se justifica si ambos cónyuges se mantienen en su voluntad de permanecer en él. Ante una infracción a los deberes conyugales, cualquiera de los esposos podrá libremente decidir si acepta o no el desarrollo matrimonial en tales condiciones. El abordaje jurídico de las crisis matrimoniales que impide los cónyuges puedan peticionar por el incumplimiento del deber de fidelidad; da cabal respuesta a los verdaderos problemas que conllevan aquellas crisis, promueve la coparentalidad y en general, el bienestar de los vínculos afectivos (49). El matrimonio se celebra, mantiene o disuelve por la voluntad de ambos cónyuges y no debe ser causa de enriquecimiento o empobrecimiento de ellos. En síntesis: los deberes y derechos matrimoniales enunciados son acordes al respeto de la autonomía de la voluntad, parten de considerar que son los cónyuges quienes con ciertos límites deben determinar a qué quieren obligarse durante la relación matrimonial. El incumplimiento de los deberes estrictamente jurídicos genera consecuencias legales. 8. Causales de disolución El matrimonio se disuelve por: a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente. (art. 435 CCyC) Se modifica el régimen anterior que disponía que el fallecimiento presunto producía la disolución matrimonial sólo cuando el cónyuge presente contraía nuevas nupcias por un sistema más simple. Ahora, la Thomson La Ley 11
12 sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento produce la disolución del matrimonio, contraiga o no el presente nuevo matrimonio. 9. El apellido de los cónyuges El derecho al nombre de las personas es abordado en el Código en un mismo y único capítulo, superando el tratamiento "externo" propio de la Ley (50). El tema tiene impacto en las relaciones de familia. En estos últimos años se ha ampliado la conceptualización tradicional del nombre como "designación exclusiva" e identificatoria del individuo, atributo de la personalidad, que satisface tanto intereses individuales como sociales. Hoy se concibe como un derecho humano autónomo, vinculado con el derecho de identidad, el que a su vez integra. En virtud de esta autonomía, el nombre se presenta como un derecho humano específico, comprendido en el art. 75 inc. 22 CN, reforzado en materia de infancia por la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 8) y de la Ley El CCyC califica al prenombre y apellido de la persona como un "derecho y deber" (art. 62 CCyC). Hasta la entrada en vigencia del nuevo Código se establece: "será optativo para la mujer casada con un hombre añadir a su apellido el del marido, precedido por la preposición "de". En caso de matrimonio entre personas del mismo sexo, será optativo para cada cónyuge añadir a su apellido el de su cónyuge, precedido por la preposición "de" (art. 38, ley que sustituye el art. 8 de la ley ). En relación al apellido de los cónyuges el art. 67 CCyC prevé que cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella, receptando así el principio de igualdad entre los cónyuges. La facultad de uso corresponde a ambos cónyuges; se independiza precisamente del derecho que antes sólo correspondía a la mujer. La persona divorciada o cuyo matrimonio ha sido declarado nulo no puede usar el apellido del otro cónyuge, excepto que, por motivos razonables, el juez la autorice a conservarlo. El cónyuge viudo puede seguir usando el apellido del otro cónyuge mientras no contraiga nuevas nupcias, ni constituya unión convivencial. 10. Cuadro comparativo 11. Conclusiones 1. Los principios: la regulación del Matrimonio en el CCyC hace referencia a los principios de igualdad y libertad, (Libro Segundo: Relaciones de Familia, Título I: Matrimonio, Capítulo 1: Principios de libertad e igualdad) El principio de libertad: es la base sobre la cual se modela el derecho matrimonial y se construyen diversas relaciones familiares teniendo en cuenta principios y valores comunes y privilegiando la autonomía personal El principio de igualdad entre cónyuges: se consagra la igualdad de los roles, de los deberes y derechos conyugales, de la capacidad jurídica, la igualdad frente a los hijos, en materia del uso del nombre y en los derechos patrimoniales. No se hace diferencias en relación al sexo u orientación sexual de los cónyuges. 2.Impedimentos matrimoniales: Son impedimentos dirimentes para contraer matrimonio: a) el parentesco en línea recta en todos los grados, cualquiera que sea el origen del vínculo; b) el parentesco entre hermanos bilaterales y unilaterales, cualquiera que sea el origen del vínculo; c) la afinidad en línea recta en todos los grados; d) el matrimonio anterior, mientras subsista; e) haber sido condenado como autor, cómplice o instigador del homicidio doloso de uno de los cónyuges; f) tener menos de dieciocho años; g) la falta permanente o transitoria de salud mental que le impide tener discernimiento para el acto matrimonial. (art.403 CCyC) 3. Matrimonio y falta de edad nupcial: se conserva la edad mínima de dieciocho años para contraer Thomson La Ley 12
13 matrimonio. Se relaciona la aptitud nupcial con la madurez psicológica, porque exige una evolución psíquica del sujeto, teniendo en cuenta el principio de autonomía progresiva. Diferencia claramente la posibilidad de autorización de ambos padres de 16 a 18 años (o subsidiariamente la dispensa judicial) y la necesidad de dispensa judicial para los menores de 16 años. Se perfecciona la regulación de la nulidad relativa del matrimonio contraído por menores de edad. 4. Falta de salud mental y dispensa judicial Quedan previstas dos oportunidades para que el magistrado, con el auxilio de los equipos técnicos de salud, evalúe la aptitud para contraer matrimonio de la persona con padecimientos en la salud mental: antes de la celebración al tramitarse la dispensa, y luego del matrimonio, al considerar su validez o nulidad en el proceso promovido por parte legitimada. La normativa responde a la concepción de salud mental y es un avance humanitario. Permite que personas que padecen alguna forma de capacidad restringida por razones de salud mental, puedan contraer vínculos afectivos permanentes, legítimos y tutelados. 5. Requisitos de existencia del matrimonio: el consentimiento Basado en el principio de libertad, el consentimiento matrimonial puro y simple es el requisito que se constituye en eje de la existencia del matrimonio. Es la voluntad de cada uno de los contrayentes de unirse al otro por la sujeción a las reglas legales a que está sometido el vínculo conyugal. 6. Deberes y derechos matrimoniales Son enunciados en forma acorde al respeto de la autonomía de la voluntad. Parten de considerar que son los cónyuges quienes deben determinar a qué quieren obligarse durante la relación matrimonial. El incumplimiento de los estrictamente jurídicos genera consecuencias legales. 7. Prueba del matrimonio El matrimonio se prueba con el acta de su celebración, su testimonio, copia o certificado, o con la libreta de familia expedidos por el Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. 8. Nulidad del matrimonio Se mantiene el doble régimen de nulidad absoluta y relativa del matrimonio, pero se introducen algunas modificaciones a la segunda. Se suprime la causal de impotencia. 9. Causales de disolución del matrimonio El matrimonio se disuelve por: a) muerte de uno de los cónyuges; b) sentencia firme de ausencia con presunción de fallecimiento; c) divorcio declarado judicialmente. 10. Apellido de los cónyuges: cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella. La sociedad, la familia y la noción de matrimonio han cambiado y el derecho sancionado acompaña esos cambios teniendo en cuenta el pluralismo social y fundando la normativa en la tutela de los derechos humanos. "En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe" (Eric Hoffer). (*) Profesora Adjunta de la cátedra de Derecho Privado VI. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Córdoba. Doctora en Derecho y Ciencias Sociales. Investigadora. (1) MIZRAHI, Mauricio L. Familia, matrimonio y divorcio. 2ª edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2006 (2) Cfr.: LLOVERAS, Nora; SALOMÓN, Marcelo, El derecho de familia desde la constitución nacional, Bs.As., 2009, Universidad, p. 45. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés; FAMÁ, María Victoria; HERRERA, Marisa, El Thomson La Ley 13
14 derecho de familia y los Derechos Humanos: una perspectiva obligatoria, en: Libro Homenaje a la Dra. María Josefa Méndez Costa, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Santa Fe, KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa; Matrimonio, orientación sexual y familias. Un aporte colaborativo desde la dogmática jurídica, LL 04/06/2010, 1; ; BASSET, Ursula Cristina, Parejas de personas del mismo sexo, derechos humanos y derecho civil, Sup. Act. 01/12/2009, 1, La Ley On Line. MEDINA, Graciela, Ley de matrimonio homosexual. Modificación de paradigmas, LL. Sup. Esp. Matrimonio Civil 2010 (agosto). BELLUSCIO, Augusto C., Incidencia de la reforma constitucional sobre el derecho de familia, LL 1995-A, 936. OSSOLA, Alejandro, Modificación al régimen del matrimonio, Ed. Advocatus, Córdoba, 2010, págs. 48 y sgtes., KRASNOW, Adriana N., "La custodia en la ley Una pérdida de oportunidades", Sup. Esp. LL Matrimonio Civil 2010 (agosto), 23. La Ley On Line, (3) Cfr. LORENZETTI, Ricardo Luis, El Derecho Privado como protección del individuo particular, En: Revista de Derecho Privado y Comunitario, Derecho Privado en la Reforma Constitucional, N 7, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1994, p. 54. (4) Cfr: KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; La autonomía de la voluntad en el derecho de familia argentino. En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Gráfica Campichuelo, Bs.As p.3 y ss. (5) Mediante el Decreto 191/2011, la Presidente de la Nación creó una comisión integrada por tres prestigiosos juristas, (los doctores Ricardo Lorenzetti, como Presidente, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci), quienes elaboraron el "Anteproyecto de Código Civil y Comercial de la Nación" que hoy con ciertas modificaciones ha sido sancionado por la Ley Ley y que entrará en vigencia el 1/01/2016 (6) Vg.: compensaciones económicas, asistencia mutua, responsabilidad solidaria en ciertas deudas, deber de contribución, alimentos, tutela de la vivienda familiar, etc. (7) Cfr.: BASSET, Ursula C.; El matrimonio en el Proyecto de Código. LA LEY 05/09/2012, 05/09/2012, 1. Expresa la autora: "d) Balance respecto de los principios. De nuestra parte, consideramos que sería preferible que el Código Civil contuviera enunciados concretos, según el modelo del brasileño. Ahora bien, si se opta por enunciar, no se puede hacer una enunciación sesgada que omita principios constitucionalmente e internacionalmente obligatorios. En consecuencia, deberá señalarse también (como de hecho se regula en algunos aspectos del proyecto), la corrección del que se encuentra en una posición más débil. Sobre esto, sigue diferenciándose la posición de la mujer en la relación heterosexual, respecto de la posición de los demás actores en los demás tipos de relaciones". (8) (Del lat. libertas, atis) (9) Cfr.: KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; La autonomía de la voluntad en el derecho de familia argentino. En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Gráfica Campichuelo, Bs.As p. 17. (10) Cfr.: LLOVERAS, Nora, SALOMÓN, Marcelo, "El derecho de familia desde la Constitución Thomson La Ley 14
15 Nacional", Editorial Universidad, 2009, p. 76,77, , 287, cctes. GIL DOMÍNGUEZ, Andrés, FAMÁ, María Victoria y HERRERA, Marisa, Derecho constitucional de familia, Ediar, Buenos Aires, 2006, t. I, pp KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída "Las nuevas realidades familiares en el Código Civil y Comercial argentino de 2014". LA LEY 08/10/2014, 08/10/2014, 1. AR/DOC/3592/2014 y La autonomía de la voluntad en el derecho de familia argentino. En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Gráfica Campichuelo, Bs.As p.3 y ss. (11) Cfr.: LLOVERAS, Nora; SALOMÓN, Marcelo; "Constitución Nacional, proyecto de vida autorreferencial y el derecho de las familias" en Derecho de Familia. Revista interdisciplinaria de doctrina y jurisprudencia.. Abeledo-Perrot. nro. 51. Septiembre 2011, p. 2 (12) Cfr.: DE LA TORRE Natalia, Algunas consideraciones en torno a la regulación proyectada en las uniones convivenciales. El difícil equilibrio entre el principio de autonomía y la solidaridad familiar, En: Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia. Una mirada crítica y contemporánea, Infojus, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. Gráfica Campichuelo, Bs.As p. 336 y ss. (13) Cfr.: FULCHIRON, Hugues; "Del derecho de familia a los derechos del individuo. Reflexiones sobre la emergencia de un modelo familiar europeo". LA LEY 16/04/2014, 16/04/2014, 1. Online: AR/DOC/694/2014 (14) Cfr.: FULCHIRON, Hugues; Del derecho de familia a los derechos del individuo. Reflexiones sobre la emergencia de un modelo familiar europeo. LA LEY 16/04/2014, 16/04/2014, 1. Online: AR/DOC/694/2014 (15) A modo ejemplificativo: obsérvese la regulación específica que tutela la vivienda familiar, los alimentos, la obligación solidaria por deudas, el deber de contribución entre cónyuges y miembros de las uniones convivenciales... etc. (16) Cfr: LLOVERAS, Nora; ORLANDI Olga; FARAONI Fabián; El matrimonio civil argentino. Análisis de la Ley 26618/2010. Nuevo Enfoque Jurídico. Córdoba, Diciembre KEMELMAJER de CARLUCCI, Aída; HERRERA, Marisa; Matrimonio, orientación sexual y familias. Un aporte colaborativo desde la dogmática jurídica, LL 04/06/2010, 1. ; DOMÍNGUEZ, Andrés, FAMÁ, María Victoria y HERRERA, Marisa, Matrimonio igualitario y Derecho Constitucional de Familia, Ed. Ediar. Buenos Aires, SABIN PAZ, Eduardo N; El matrimonio y los requisitos de existencia: la eliminación de la diversidad de sexo que consolida la conquista derechos de la Ley de Matrimonio Igualitario. Rubinzal Culzoni on line: RC D 774/2014 (17) ZANNONI Eduardo A., Derecho Civil Derecho de Familia; Ed. Astrea, 5ª edic. actualizada. Buenos Aires 2006, p (18) Cfr.: BLEICHMAR, Silvia; En los orígenes del sujeto psíquico. Del mito a la historia, Amorroru Editores. Buenos Aires (19) Cfr.: CAFFERATA, José Ignacio, "Derecho de Familia" T 1, Mediterránea, Córdoba, 2005, p. 93. BELLUSCIO, Augusto C., La Corte Europea de Derechos Humanos descalifica el impedimento matrimonial de afinidad. LA LEY 2006-A, 982 Thomson La Ley 15
16 (20) El Comité de los Derechos del Niño en su Observación Final al informe presentado por el Estado Argentino en el año 2002 puso de resalto en el párrafo 25 que: "El Comité reitera su preocupación por el hecho de que en la legislación argentina haya una diferencia entre la edad mínima para contraer matrimonio aplicable a los varones y la que se aplica a las mujeres (ibíd., párr. 10)", fundado en la necesidad de tener "en cuenta los artículos 1 y 2 de la Convención, así como otras disposiciones conexas de la misma", por lo cual, "el Comité recomienda al Estado Parte que revise su legislación para aumentar la edad mínima de las mujeres para contraer matrimonio y equipararla a la de los varones" (párrafo 26). (21) Tribunal Colegiado de Familia N 5 de Rosario, 22705/2009, "G., V. A.", Abeledo-Perrot online N : El mencionado magistrado hizo lugar al pedido pero no sin antes exponer su postura al respecto. Así, sostuvo que el régimen legal vigente: a) "(...) choca con el principio de la capacidad progresiva de los niños que pretende explicitar la esfera de la autonomía de los sujetos en forma escalonada y paulatina, incorporada a la Constitución Nacional art. 75 inc. 22 por la Convención sobre los Derechos del Niño art. 5, como una tendencia a quebrar la tajante división minoría-mayoría de edad y reemplazar esos conceptos por aquella visión asimilable a la evolución psíquica-biológica de la persona"; b) "se enfrenta con las pautas para valorar el interés prevalente del niño conforme su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales art. 3 inc. d) Ley "; y c) "el desplazamiento del Poder Judicial como brazo de un "Estado intervencionista" sustentado genéricamente por la Ley 26061, junto al mentado reconocimiento del principio de capacidad progresiva arts. 3 y 37, se dejan de lado por la aplicación mecánica de una legislación que en aras de equiparar derechos entre hombre y mujer, igualó edades declinando la responsabilidad de los padres como sucedía paradójicamente hasta hace unos meses atrás en la de guiar a sus hijos menores para que puedan aprender y concretar el ejercicio de los derechos abarcados por la Convención citada, sin tener que recurrir a una dispensa judicial con los trastornos, costos, pérdidas de horas de trabajo que para toda esta familia el trámite significó". (22) Cfr.: FERNÁNDEZ, Silvia E.; Consideraciones en torno al principio de autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes en el Anteproyecto de Código Civil. SJA-2012/06/20-108; JA-2012-II (23) Art. 26 CCyC. Ejercicio de los derechos por la persona menor de edad. La persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales.no obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada.la persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne así como a participar en las decisiones sobre su persona.se presume que el adolescente entre trece y dieciséis años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física.si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores; el conflicto entre ambos se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica respecto a las consecuencias de la realización o no del acto médico.a partir de los dieciséis años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. (24) Cfr: Libro Primero, Capítulo2, Capacidad (25) Cfr: GALLI FIANT, María Magdalena; Restricciones a la capacidad y relaciones de familia: Proyecto de Código Civil. DFyP 2014 (junio), 28/05/2014, 3. AR/DOC/1313/2014. YANKIELEWICZ, Daniela L. Olmo, Juan Pablo; Salud mental en el Derecho de Familia y Sucesorio. DFyP 2014 (marzo), 03/03/2014, 135. Thomson La Ley 16
17 AR/DOC/4625/2013. FAMÁ, María Victoria, HERRERA, Marisa, PAGANO, Luz María, Salud mental en el derecho de familia, Hammurabi, Buenos Aires, 2008 (26) Cfr.: YANKIELEWICZ, Daniela L. Olmo, Juan Pablo; Salud mental en el Derecho de Familia y Sucesorio. DFyP 2014 (marzo), 03/03/2014, 135. AR/DOC/4625/2013 Expresa en relación al artículo 166 del CCiv, algunos autores (Fama, Herrera, Pagano, Bossert, Zannoni, Méndez Costa) sostienen que esta norma incluye tanto a las personas a las que se le restringió el ejercicio de la capacidad jurídica en los términos del art. 141, CCiv., como a las personas con padecimiento mental cuyo capacidad no fue restringida para realizar ningún acto o función. Asimismo, refieren que en ambos casos los sujetos pueden celebrar matrimonio siempre que se encuentren en estado de lucidez. La diferencia radicaría en la carga de la prueba: si la persona a la que se le restringió el ejercicio de la capacidad jurídica en los términos del art. 141, CCiv., sostiene que consintió lúcidamente la celebración de su matrimonio deberá probarlo, mientras que tratándose de una persona con padecimiento mental a la que no se le restringió el ejercicio de la capacidad jurídica, si se alega que estuvo "privado de la razón", por cualquier causa que fuere, deberá demostrarse. Sin embargo, aclaramos que esta opinión no es unánime. Otros autores (Fleitas Ortiz de Rozas, Borda, Mazzinghi, Sambrizzi) sostienen que las personas a las que se le restringió el ejercicio de la capacidad jurídica en los términos del art. 141, CCiv., no pueden celebrar matrimonio, ni aun en los llamados intervalos lúcidos. (27) Art. 405.Falta de salud mental y dispensa judicial. En el supuesto del inciso g) del artículo 403, puede contraerse matrimonio previa dispensa judicial. La decisión judicial requiere dictamen previo del equipo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona afectada. El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contra-yentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, representantes legales y cuidadores, si lo considera pertinente. (28) Art. 411 CCyC (29) Cfr.: GALLI FIANT, María Magdalena; Restricciones a la capacidad y relaciones de familia: Proyecto de Código Civil. DFyP 2014 (junio), 28/05/2014, 3. AR/DOC/1313/2014. (30) Libro Segundo, Título I, Capítulo 6: Nulidad del matrimonio. (arts. 424 Nulidad absoluta: parentesco, ligamen, condena criminal) (31) Libro Segundo, Título I, Capítulo 6: Nulidad del matrimonio. (arts. 425: Nulidad relativa: edad, falta permanente o transitoria de salud mental, vicios del consentimiento) (32) Cfr.: GÓMEZ, Julio L.; La supresión de la causal de nulidad del matrimonio por impotencia en el Proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio DFyP 2012 (noviembre), 01/11/2012, 70. Sostiene el autor: "Al sancionarse la ley , por medio de la cual se derogó la exigencia de la heterosexualidad como requisito de existencia del matrimonio, admitiéndose la celebración del mismo entre personas del mismo sexo, se sostuvo la factibilidad de que dicha especie de matrimonio bien podría ser pasible de ser declarada nula por impotencia". (33) Cfr.: AZPIRI, Jorge Osvaldo; El matrimonio sin convivencia y sus peculiaridades, RDF Thomson La Ley 17
18 (34) MOLINA de JUAN, Mariel F. El deber de los cónyuges y convivientes de contribuir al sostenimiento del hogar. Rubinzal Culzoni online D 296/2014 (35) Cfr.: MEDINA Graciela; "Matrimonio y disolución". En Comentarios al derecho de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial 2012, Director: Julio César Rivera, Coordinador: Graciela Medina. Abeledo Perrot P.289., p.320 y ss. (36) En razón del divorcio "incausado" tampoco podría filtrarse "la culpa" como elemento determinante de la fijación de compensaciones por la naturaleza particular de dicho instituto (arts. 441 y 442 CCyC) (37) (38) Diccionario de la Real Academia Española. Convivir. (Del lat. convivere). 1. intr. Vivir en compañía de otro u otros Mientras que Cohabitar. (Del lat. cohabitare). 1. intr. Habitar juntamente con otra u otras personas. 2. intr. Hacer vida marital. (39) AZPIRI, Jorge Osvaldo; El matrimonio sin convivencia y sus peculiaridades, RDF Dice el autor: A la luz de los puntos que brevemente se han señalado, resulta evidente que podrán existir dos especies de matrimonio, aquél en el que los cónyuges convivan y otro en el que los esposos hayan decidido no compartir una vivienda y queda en claro que el caso del matrimonio sin convivencia no ha merecido una consideración expresa, manteniéndose toda la regulación como si continuara existiendo el deber de cohabitación. Es por ello que se alude reiteradamente a la separación de hecho como supuestos que traen aparejada una modificación de los derechos existentes entre los cónyuges. Sin embargo, esta nueva realidad posible amerita que sea tenida en cuenta en forma expresa, para evitar las dificultades interpretativas que, sin lugar a dudas, se suscitarán en el futuro (40) cohabitar. (Del lat. cohabitare).1. intr. Habitar juntamente con otra u otras personas. 2. intr. Hacer vida marital. (41) Cfr.: MEDINA Graciela; "Las grandes reformas al derecho de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial 2012".en Comentarios al derecho de familia en el Proyecto de Código Civil y Comercial 2012, Director: Julio César Rivera, Coordinador: Graciela Medina. Abeledo Perrot P.289. "Matrimonio y disolución", p.313 y ss. (42) (43) Cfr.: STARÓPOLI, María del Carmen; El deber de fidelidad en el Proyecto, DFyP 2014 (marzo), 03/03/2014, 14 dice el autor: "La inexigibilidad jurídica del deber de fidelidad, impide al cónyuge afectado protegerse por la infracción y el agravio subsecuente. De esta forma, el Estado que se dice pluralista en una concepción moderna del matrimonio no reconoce por igual a todos los proyectos de vida pues quien quiera protegerse de la infidelidad no lo podrá pactar y quien quiera incurrir en infidelidad no tendrá consecuencias civiles ni económicas. Se consagra así el derecho al daño matrimonial vulnerando los principios honeste vivere, suum cuique tribuere y alterum non laedere, es decir no dañar al otro, pilares del derecho romano que ha inspirado nuestra legislación." BASSET, Ursula C; El matrimonio en el Proyecto de Código. LA LEY 05/09/2012, 05/09/2012, 1. Dice la autora: "En el Proyecto de Código hay libertad de ser swinger, de llevar Thomson La Ley 18
19 adelante un matrimonio abierto, no respetar la fe mutua de los cónyuges, no convivir; pero no hay libertad de ser fiel al voto moralmente más exigente de perdurabilidad del vínculo matrimonial, que beneficia a la sociedad. Vale decir, hay libertad para la laxitud, pero no hay libertad para las opciones morales exigentes". (44) Según Kelsen, el deber jurídico es algo radicalmente independiente de las motivaciones por las cuales obra el individuo que está sometido al Derecho. Deber moral y deber jurídico son dos realidades neta y completamente distintas. El deber moral implica que el sujeto obligado conoce el contenido de la norma, está de acuerdo con él y lo acepta. El deber jurídico existe independientemente de que el sujeto obligado conozca o acepte las normas, ya que éstas valen y obligan aunque el destinatario no las acepte. (45) A modo ejemplificativo, ver, HERNÁNDEZ, Lidia B.; OCAMPO, Carlos G. y Ugarte, Luis A., "Matrimonio y divorcio en el Anteproyecto de Código Civil y Comercial", LL del 30/5/2012, p. 1; MAZZINGHI (h.), Jorge A., "El nuevo perfil del matrimonio (Primeros apuntes sobre el Anteproyecto del Código Civil y Comercial)", ED del 4/6/2012, p. 1; BACH DE CHAZAL, Ricardo, "Anteproyecto de reformas al Código Civil. Erosión ideológica de la vida y la familia", ED del 11/6/2012, p. 1. PERRINO, Jorge Oscar; Matrimonio en el Proyecto de Código Civil. SJA 2012/12/19-36; JA 2012-IV (46) (47) Cfr.: OTERO, Mariano C., Los alimentos en el proyecto. La Ley 17/07/2012, 17/07/2012 HERRERA, Marisa y PELLEGRINI María V., La regulación de los alimentos en el Proyecto de Código, JA 2012-IV, Revista del , Fascículo 10, pág. 18; MOLINA DE JUAN, Mariel F., El deber de los cónyuges y convivientes de contribuir al sostenimiento del hogar, Rubinzal Culzoni, RC D 296/2014. (48) MIZRAHI, Mauricio L., "Regulación del matrimonio y el divorcio en el proyecto", LL del 4/7/2012, p. 3. MIZRAHI, Mauricio L., "Familia, matrimonio y divorcio", cit., p. 506, nota 167. Allí sostuvo que de esta manera se coadyuva a la dignificación de la institución matrimonial. (49) CULACIATI, Martín Miguel; Nuevos vientos sobre la fidelidad conyugal. La revalorización de los afectos para la protección de la familia que subyace al vínculo matrimonial. Fallo Comentado: Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires R., I. I. v. L., M. R. APBA (50) Cfr.: FERNÁNDEZ, Silvia E.; Nombre de las personas; Rubinzal Culzoni online D 291/2014 Thomson La Ley 19

References: artículo 403
 artículo 129
 artículo 403
 resolución 
 artículo 166
 artículo 403