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Timestamp: 2019-05-23 09:29:49+00:00

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﻿ SENTENCIA 1995-00121/14808 DE MARZO 10 DE 2005
SENTENCIA 1995-00121 DE 10 DE MARZO DE 2005
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LA BASE DE LA PRESUNCIÓN DE LA FALLA DEL SERVICIO, POR CUANTO EL DAÑO ANTIJURÍDICO FUE CAUSADO CON UN ARMA DE DOTACIÓN OFICIAL. LA DEFENSA PUTATIVA RECONOCIDA EN UN PROCESO PENAL, NO CONSTITUYE ELEMENTO SUFICIENTE PARA LIBERAR DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL AL ESTADO, CUANDO SUBSISTIÓ UNA APRECIACIÓN ERRÓNEA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA POR PARTE DEL CONSCRIPTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FUERZA PÚBLICA, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, CULPA DE LA VÍCTIMA, DAÑO MORAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RESPONSABILIDAD POR FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA PUTATIVA, PRESUNCIÓN DE DAÑO MORAL, ARMAS DE DOTACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA
Sentencia 1995-00121 de marzo 10 de 2005
Radicación número: 85001-23-31-000-1995-00121-01(14808)
Actor: M. E. G. y OTROS
Referencia:Indemnizatorio
Bogotá D.C., diez de marzo de dos mil cinco
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, el 16 de enero 1998, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en el siguiente sentido:
“Primero. Declarar administrativa y extracontractualmente responsable a la Nación, Ministerio de Defensa, por la muerte del señor R.V.G., en las circunstancias relatadas en este proveído”.
“Segundo. En consecuencia, se condena a la Nación - Ministerio de Defensa a pagar por concepto de perjuicios morales el equivalente en pesos de las cantidades de oro fino que a continuación se señalan a favor de las siguientes personas:
“A M.E.G., identificada con la cédula de ciudadanía xxx de Medina (Cund) en su condición de madre de la víctima, el equivalente a mil (1000) gramos de oro fino”.
“A P.E.V.D., identificado con cédula de ciudadanía xxx de Ubalá, en su condición de padre de la víctima el equivalente a mil (1000) gramos de oro fino”.
“Tercero: Niéganse las demás pretensiones de la demanda.
“Cuarto. Las cantidades reconocidas ganarán intereses corrientes dentro de los seis (6) meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia y moratorios desde el vencimiento de este término hasta su cancelación”.
“Quinto. Este fallo deberá ser cumplido en los términos de los artículos 176, 177 y demás concordantes del C.C.A.”.
“Sexto. Teniendo en cuenta que esta demanda se presentó como de primera instancia y así se aceptó en el auto que obra a folio 22 del cuaderno principal, si esta sentencia no fuere apelada, consúltese con el superior”.
Mediante demanda presentada el 12 de mayo de 1995, a través de apoderado judicial ante la oficina judicial de la ciudad de Tunja, los señores M.E.G., en nombre propio y en representación de su menor hijo J.A.V.G.; P. E.V.D., J.H., G., O. E, C. y P.I.V.G., solicitaron que se declare patrimonialmente responsable a la Nación Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - por los perjuicios morales causados con la muerte de Raúl Vaca Garzón, en hechos sucedidos el día 16 de mayo de 1993 en la población de Támara (Casanare).
En la demanda se narró que miembros del Ejército Nacional, en las horas de la noche del 16 de mayo de 1993, causaron la muerte del señor R.V.G., en cercanías del Municipio de Támara, cuando la víctima se desplazaba, desde el centro de esta población a una vereda donde trabajaba su compañera permanente.
Se indicó en el escrito introductorio de la demanda, que la acción fue llevada a cabo por los militares, inmediatamente que le gritaron “alto” a la víctima. (folios 14 a 15 del cuaderno principal).
El tribunal la admitió mediante providencia de 14 de junio de 1995, y le imprimió el trámite de ley ( folio 22 del cuaderno principal).
El tribunal, mediante providencia de 13 de septiembre de 1995, tuvo por no contestada la demanda, por cuanto considero que el poder otorgado por el representante legal de la entidad demandada al apoderado no tenía la nota de presentación personal, ni se acreditó la condición de representante judicial de la entidad pública por quien lo confirió. (folio 38).
El tribunal intentó en varias ocasiones celebrar esta diligencia, sin embargo esta no se realizó porque finalmente la entidad demandada manifestó que no le asistía ánimo conciliatorio. (folio 98 del cuaderno principal).
6. Alegatos de conclusión de primera instancia.
En su orden intervinieron:
Dentro del término previsto por la ley para conceptuar, el señor Procurador Delegado ante el Tribunal, solicitó que se declare la responsabilidad patrimonial de la demandada con apoyo en el título de imputación de la falla presunta del servicio, ya que está demostrado que el soldado J. A.M., disparó arbitrariamente su arma de dotación oficial contra la víctima, a pesar de que ésta ni lo agredió, ni las armas que portaba el occiso —peinilla— representaba alguna amenaza para la vida del uniformado.
Pidió que se declare la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada, pues en su criterio se encuentran estructurados todos los elementos que configuran la responsabilidad extracontractual del Estado. Como lo son un hecho imputable a la administración, el daño antijurídico y el nexo de causalidad entre estos dos. (folio 104 a 107 de cuaderno principal).
El a quo mediante providencia de 16 de enero de 1998, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. (folio 113 a 130 del cuaderno principal), con fundamento en la teoría de la falla presunta del servicio, ya que encontró probado testimonial y documentalmente, que el soldado J.A.M.imprudentemente disparó su arma de dotación oficial contra la víctima, la cuál ni si quiera intentó amenazar o agredir al uniformado con la peinilla o machete que portaba.
De otra parte, encontró acreditado con los señores P.E.V.D. y M.E.G el grado de parentesco de padres con la víctima y, que el deceso de ésta les ocasionó perjuicios morales. En cambio el Tribunal no reconoció estos perjuicios a favor de los otros demandantes, porque no demostraron que hubieran tenido buenas relaciones con el occiso. En el caso particular del señor J. A.V. G., el a quo denegó las pretensiones porque el accionante no intervino en legal forma, habida cuenta que siendo mayor de edad, el poder para demandar fue otorgado por su progenitora, a pesar de que carecía de facultad para ello.
El tribunal para arribar a la anterior conclusión sostuvo en lo fundamental lo siguiente:
“De las pruebas citadas anteriormente principalmente de la copia del fallo de primera instancia proferido por el comandante competente dentro del ejército nacional se desprende que el soldado J.A.M., así a la postre no resultare condenado, en ejercicio activo y con arma de dotación oficial, causó la muerte del señor R.V.G., quien no tenía antecedentes judiciales ni tuvo intención de hacer frente al ejército, ni habría podido hacerlo dado que carecía de arma idónea para el efecto, coligiéndose por tanto que la actitud del soldado fue imprudente e irresponsable configurándose así la falla presunta del servicio. Lo anterior conllevaría a declarar la responsabilidad de la Nación - Ministerio de Defensa, pues se dan en el subjúdice los presupuestos que reiteradamente ha venido señalando el Consejo de Estado como son…” (folio 127 a 128 del cuaderno principal)
Lo interpuso la parte actora ( folio 143 a 144), con el fin de que se revoque parcialmente la sentencia y en su lugar se acceda al reconocimiento de perjuicios morales en favor de los hermanos de la víctima, dado que considera que estos se encuentran demostrados con las pruebas aportadas al proceso, tales como los registros civiles de nacimiento de los demandantes, cuyos documentos, en sentir del apoderado, son medios probatorios suficientes que no solo sirven para acreditar la condición de hermanos de la víctima, sino también para tener por demostrado el perjuicio alegado. Citó, como fundamento de sus objeciones, la sentencia proferida por la Sección el 29 de septiembre de 1994 en el expediente No. 9230, donde analizó un caso similar al ahora planteado.
II Actuación en esta instancia.
1. Alegatos de conclusión.
Dentro del término previsto por la ley para alegar, las partes en uso de este derecho, presentaron los escritos que obran a folios 150 a 151 y 152. El Ministerio Público guardo silencio.
La mandataria judicial de la entidad demandada, solicitó que se revoque la sentencia de primer grado, dado que a su juicio la víctima fue la única responsable de la ocurrencia de los hechos, porque aquella no atendió la orden de alto que lanzaron los militares, lo que obligó a que los uniformados dispararan contra el señor R.V.
Agregó el señor apoderado, que la conducta de la víctima debe considerarse una causa extraña, que si bien no libera de responsabilidad a la administración, sí incide para reducir el monto de la condena conforme lo prevé el artículo 2357 del Código Civil.
De su lado el apoderado de la parte actora, reiteró los planteamientos consignados en el escrito de apelación, en el sentido de que se revoque parcialmente la sentencia de primera instancia, y que en su lugar, se reconozcan perjuicios morales a favor de los hermanos de la víctima, por cuanto a su juicio en el proceso está acreditado debidamente el grado de parentesco entre los demandantes y el occiso y, de otra parte, porque la jurisprudencia de la Sala con la prueba del parentesco de los hermanos ha establecido la existencia de los perjuicios morales por el fallecimiento de su allegado.
La sentencia recurrida será modificada, para acceder a las pretensiones objeto del recurso de apelación interpuesto por la parte actora. El fundamento de esta decisión encuentra apoyo en los siguientes medios de convicción que valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica, permiten concluir que los hermanos de la víctima, padecieron perjuicios morales.
La Sala precisa que examinará en su integridad el fallo de primera instancia en virtud del grado jurisdiccional de consulta, el cual se surte a favor de la administración por virtud del artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, —antes de ser modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998— aplicable para el caso en concreto, en cuanto que establecía la obligación de adelantar dicho trámite para cuando se impusiera una obligación o condena a cargo de una entidad pública y ésta no hubiese apelado la respectiva providencia.
1. Copia auténtica del registro civil de defunción del señor R.V.G., en el cual consta que la víctima falleció el día 6 de mayo de 1993. (folio 27 del cuaderno de pruebas).
2. Copia auténtica del certificado de matrimonio de los señores P.E.V.D. y de M.H.G.M. en el cual consta que contrajeron matrimonio el día 23 de octubre de 1966. (folio 5 del cuaderno principal).
3. Copias auténticas de los registros civiles de nacimiento de los señores J. H., R., G., O. E. J. A., P. I. y C. V.G., en los cuales consta que son hijos de los señores P.E.V. y de M.E.G.(folios 6 a 12 del cuaderno principal).
4. Informe en copia auténtica de mayo 17 de 1993, dirigido por el teniente N.A.B.D. al Capitán H.Z.S. Comandante Batallón Salamanca de C/G Nro 29 Paz de Ariporo, en el cuál da cuenta de los hechos que rodearon la muerte del señor R.V.G. En lo sustancial se retiene lo siguiente:
“La cuarta escuadra bajo el mando del C.P. C. C.D. se encontraba efectuando cierre con una maniobra de emboscada sobre la vía que conduce de Támara hacia la vereda Guayabal y vieron aproximarse hacia ellos( sobre la vía que cubrían) un individuo a caballo, quien ante la presencia de la tropa en la localidad inició huida con el fin de eludir la patrulla y salir del pueblo. Ante esto los soldados voluntarios C.M.J., SLV A.C.H., SLV B.M.H.Y SLV A.M.J., quienes conformaban el equipo de cierre al mando del CP C., ordenaron al sujeto que se detuviera, identificándose como miembros del Ejercito, pero este hizo caso omiso de la orden, por lo cual el SLV B.M.efectuó tres disparos al aire. En razón a que el sujeto aún no detenía su marcha, el SLV A.M.J., salió de su sitio y se atrevesó en medio de la vía con el fin de impedir que este se escapara, pero en lugar de hacerlo llevó a su mano al cinto al parecer para sacar un arma, por lo cual el soldado disparó su arma de dotación propinándole dos impactos que le causaron la muerte en forma inmediata.
“Una vez conocidos los hechos se registró el cadáver al que se le encontró un machete fuera de su vaina y ningún documento de identificación que permitiera establecer de quien se trataba, por lo cuál se le reconoció como N.N. , así mismo se ordenó el estricto cumplimiento de los procedimientos legales vigentes como el levantamiento ante la autoridad competente y la necropsia correspondiente, así como lo de rigor. (folio 6 a 7 del cuaderno de pruebas).
5. Testimonio rendido ante el a quo por los señores E.E.C., E.A., T.A.M.B., los días 21 y 30 de noviembre de 1995, sin parentesco con las partes, mayores de edad, de profesión agricultores y comerciantes, expresaron en lo atinente con la convivencia, el trato, las relaciones y los lazos familiares que unieron a la víctima con sus hermanos lo siguiente:
E.E.C.:
“Es que a mi no me consta nada de eso, ni se donde estarán en este momento por ejemplo S. dicen que está en el ejército, H. que esta para el lado de Villao y G. ni idea para donde estará. Pues no tengo nada que agregar en ese sentido, pues yo distingo la mamá de H., ella por ejemplo no se donde estará viviendo ni que hace, no mas… Preguntado. Diga al despacho cuáles son los nombres de los padres y hermanos de R. V. G.. CONSTESTO. Es que realmente no me acuerdo si los distinguí a él o no, pues dicen que es hermano de él distingo a S., H. y a G. y a la mamá también la distingo, es que yo no le sé el nombre a esa señora…”(folios 14 a 15 del cuaderno de pruebas).
Vea, yo ni conozco Támara, ni conozco al muchacho ese, menos saber de los hechos. Pues yo se que hay una señora que se llama M. que dicen que es la mamá de esos muchachos, pero no le sé más nombres ni nada, así como M. E.no, no sabía, lo único que hemos sido como medio amigos es con H., he visto otros muchachos, como dos que he visto, pero no les sé el nombre, y eso que la amistad con ese muchacho ha sido así por el juego del billar nada más… PREGUNTADO. Diga al despacho cuáles son los nombres de los padres y hermanos de R. V.G.? CONSTESTO. No, yo al tal R. nunca lo conocí, no digo que al único que conozco es a H. y a la mamá de él que le dicen M., pero hasta hace poco que supe que se llamaba así , para esa fecha que dicen que ocurrieron esos hechos yo ni sabia quien era la mamá de H., hasta hace poco que supe, he visto a otros dos hermanos de H., que dicen que son hermanos pero no se los nombres… (folios 16 a 17 del cuaderno de pruebas).
“Pero qué, yo lo único que sé decir es que H. y un hermano de él de nombre G.V., trabajaron en mi finca por temporadas de quince y veinte días, esto hace unos dos años aproximadamente, H., porque el otro si hace más de tres años que estuvo trabajando allá, y un día me presentaron a una señora que dijeron ser la mamá, pero no tengo ninguna relación con ellos de nada, ellos si dijeron que habían matado a un hermano por allá para el Llano, y que estaban en vueltas, inclusive que estaban en vueltas de demandar al Estado o al Ejército, pero no sé porque ni como, ese comentario me o hicieron con hace más de un año… PREGUNTADO. Dígale al despacho cuáles son los nombres de los padres y hermanos de R. V. G.? CONSTESTO. No, yo no, la mamá que me la presentaron, de apellido G., por ser hijos de ellas, sé el apellido pero el nombre no lo recuerdo, ella vive por ahí , la he visto trabajando con D. y en Restaurantes, al papá no lo conozco ni sé quien será, yo a los únicos que conozco es a G. y a H. V. Porque han trabajado en mi finca. PREGUNTADO, Sabe Ud. Cómo eran las relaciones de familia entre R.V.G., sus padres y sus hermanos? CONTESTO. No, yo no sé porque no lo conocí a él, ni al papá ni a los otros hermanos. Según lo que dicen ellos vivían era en Gazaduje, una Inspección de Medina, que por allá vivían y se vinieron a trabajar por acá”. (folios 23 a 25 del cuaderno de pruebas)
6. Copia auténtica de la providencia dictada por el Juez Penal Militar el 4 de enero de 1995, en el proceso seguido contra el soldado J.A.M., por el homicidio del señor R.V.G., en hechos que tuvieron lugar en la zona rural del municipio de Tamára, Casanare, el día 16 de mayo de 1993. En lo sustancial se destaca lo siguiente:
“Consonante con lo anterior este Juzgado de Instancia procederá a ordenar CESACION DE PROCEDIMIENTO dentro de las presentes diligencias sumarias, por falta de mérito para dictar resolución de convocatoria a Consejo Verbal de Guerra, en virtud de que se encuentra acreditada la causal 3ª de inculpabilidad, prevista en el artículo 36 del Código Penal Militar, es decir, estamos en presencia de una DEFENSA PUTATIVA en virtud del error de percepción del procesado respecto de la realidad, bajo el convencimiento de que estaba amparado por una causal de justificación, cual era falsamente, una legítima defensa”.
Titulo de imputación aplicable.
El tribunal de instancia estableció la responsabilidad de la Administración sobre la base de la presunción de la falla del servicio, por cuanto el daño antijurídico fue causado con un arma de dotación oficial. Este planteamiento no resulta acertado frente a la posición de la Sala, habida cuenta que los daños originados con instrumentos o medios peligrosos encuadran en el título de imputación por riesgo excepcional, siempre que no se advierta alguna falta o falla en el manejo o cuidado de esos instrumentos, porque, de lo contrario se hablaría de otra forma de imputación como fuente del daño. Ahora bien en el caso objeto de estudio la responsabilidad de la Administración se basa en la falla del servicio, originada porque los miembros de la fuerza pública dispararon contra la víctima sin que en verdad se justificara dicha conducta, toda vez que el occiso ni intentó agredir, ni atacó a los uniformados, por lo que no se puede admitir que éstos obraron adecuadamente para controlar la situación que se presentó.
La culpa de la víctima, como eximente de responsabilidad que plantea la demandada.
Este planteamiento de la demandada no es de recibo para la Sala, por cuanto no se desprende del informe rendido por las Fuerzas Militares en relación con los hechos que condujeron a la muerte del señor R.V.G., que su comportamiento ameritara, que el soldado J.A.M., disparara toda vez que, de un lado no era el procedimiento adecuado para tratar de detener a una persona que solo desatendía las órdenes de las autoridades públicas, en tanto que siempre deben las fuerzas del orden procurar causar el menor daño, pero jamás atentar directamente contra la vida de los ciudadanos, salvo en casos extremos en los que se ponga en inminente y real peligro la integridad de los uniformados. Y por cuanto la Sala ha considerado que la defensa putativa reconocida en un proceso penal, no constituye elemento suficiente para liberar de responsabilidad patrimonial al Estado, habida cuenta que subsistió una apreciación errónea de la conducta de la víctima por parte del conscripto, como lo refirió la providencia en el proceso penal.
En el proceso se encuentra debidamente corroborado que el señor R.V.G., falleció como consecuencia de los disparos que injustificadamente le propinaron, con arma de dotación oficial, miembros de la fuerza pública que se encontraban acantonados en las inmediaciones de la población de Támara, Casanare. (folios 6 del cuaderno de pruebas y 27 del cuaderno principal) y los demandantes acreditaron su condición de víctimas como hermanos, padres, compañera e hijo del occiso.
En cuanto al reconocimiento de perjuicios morales para los citados accionantes, cabe señalar, que en el proceso se encuentra debidamente acreditada su condición de hermanos de la víctima con los registros civiles de nacimiento que obran a folios 6 a 12 del cuaderno principal. En efecto consta que los mencionados demandantes y la víctima son hijos de los señores P.E.V. y M.E.G..
Frente al reconocimiento de perjuicios morales para los hermanos de la víctima, así como la demostración de estos perjuicios para que sean susceptibles de indemnización, Sala en sentencia de 8 de noviembre de 2001, expediente 12820, afirmó lo siguiente:
“Respecto del perjuicio moral sufrido por los demandantes, obran en el proceso el certificado de nacimiento de J. F.O.B., de la Notaria Única de Itagüì, donde figura como hijo de J.E.O.y E.B.(folio 4). Además fue adjuntado con la demanda el certificado de matrimonio de los padres expedidos por la Notaria Primera de Envigado (folio 3). También fueron aportados los certificados de nacimiento de D. y D.P.O.B. de la Notaria Segunda de Medellín (folios 5 y 6), y se encuentran los mismos certificados de E.M. y A. O.B. de la Notaria Única de Envigado (folios 7 y 8). Los certificados muestran que son hijos de los mismos padres de J.F. y por lo tanto hermanos de este.
“Ha expresado esta Sala, en varias ocasiones(1), que el parentesco puede constituir indicio suficiente de la existencia, entre los miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y, por lo tanto, del sufrimiento intenso que experimentan los unos con la desaparición o el padecimiento de los otros. Por lo tanto se reconocerá el pago por perjuicios morales solicitado en la demanda”.
En razón de lo anterior, la Sala, como ya lo dijo, indemnizará los perjuicios morales reclamados por los hermanos del occiso; sin embargo, excluirá de este reconocimiento al señor J.A.V.G., en vista de que no otorgó poder para demandar, toda vez que en su lugar lo hizo su señora madre, a pesar de que el demandante era mayor de edad.
En este sentido, la Sala reconocerá en favor de cada uno de los hermanos del occiso, el equivalente en pesos de 500 gramos de oro fino, cuyo valor a la fecha - enero 13 de 2005 -, es de $ 16.101.035, suma que convertida a salarios mínimos legales vigentes del presente año corresponde al monto de $42.204. Aplicando este mismo procedimiento se reconocerá en favor cada uno de los padres del occiso la suma de $32.202.070, que equivale a 84.409 salarios.
PRIMERO. CONFÍRMANSE, los ordinales Primero, Tercero, Quinto y Sexto de la sentencia apelada, esto es, la proferida el 16 de enero de 1998 por el Tribunal Administrativo de Casanare.
SEGUNDO. MODIFÍCANSE, los ordinales Segundo y Cuarto de la sentencia recurrida, los cuales quedan así:
Segundo. Como consecuencia de la anterior declaración CONDENASE a la Nación -Ministerio de Defensa-, a pagar por concepto de perjuicios morales las siguientes sumas de dinero en favor de cada una las personas que a continuación se relacionan:
Para cada uno de los señores M.E.G. y P.E.V.D., la suma de treinta y dos millones dos cientos dos mil setenta pesos $ 32.202.070. Para cada uno de los señores J. H., G., O.E., C.y P.I.V.G. la suma de diez y seis millones ciento un mil treinta y cinco pesos, $16.101.035.
Cuarto. La suma liquidada ganará intereses comerciales moratorios a partir del día siguiente de la fecha de ejecutoria de la sentencia.
TERCERO. Expídanse por la Secretaría, copias con destino a la parte demandante, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del decreto 359 del 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
Cópiese y notifíquese. Cúmplase, devuélvase al tribunal de origen.
Magistrados: Ruth Stella Correa Palacio—María Elena Giraldo Gómez—Alier Eduardo Hernández Enriquez—Germán Rodriguez Villamizar—Ramiro Saveedra Becerra.
1 Ver, entre otras, sentencias del 18 de mayo, 15 de junio y 21 de septiembre de 2000, expedientes 12.053, 11.688 y 11.766, respectivamente.

References: artículo 2357
 artículo 184
 artículo 57
 resolución 
 artículo 36
 artículo 115
 artículo 37