Source: http://www.libertadidioma.com/2004/20040212.htm
Timestamp: 2020-05-24 21:39:32+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Jueves 12 Febrero 2004
José Luis Alvite La Razón 12 Febrero 2004
POLÍTICA LINGÜÍSTICA E INTEGRISMO NACIONALISTA
Editorial La Razón 12 Febrero 2004
Un sistema educativo al servicio del adoctrinamiento nacionalista
J. J. SALDAÑA ABC 12 Febrero 2004
Multan a un empresario barcelonés con 600 euros por no poner rótulos en catalán
Barcelona EP Estrella Digital 12 Febrero 2004
Opinión El País 12 Febrero 2004
Los liberticidas agentes de la cultura vasca
EDITORIAL Libertad Digital 12 Febrero 2004
La mentira del Bloque
Editorial El Ideal Gallego 12 Febrero 2004
Rouco de Palma
Iñaki Ezkerra La Razón 12 Febrero 2004
Traspiés europeo de Ibarretxe
Carmen Gurruchaga La Razón 12 Febrero 2004
Prodi replica al PNV que el plan Ibarretxe no tiene base legal en el Tratado de la UE
LOURDES PÉREZ/BILBAO El Correo 12 Febrero 2004
«El gran fraude», una reflexión sobre la rentabilidad que los nacionalistas obtienen de ETA
J. P. ABC 12 Febrero 2004
El PNV desoye al TSJ y mantendrá su idea de la «inmigración española»
Redacción - Madrid.- La Razón 12 Febrero 2004
Mayor acusa a Ibarretxe de mostrar un «desprecio máximo» por los vascos
M. J. C. / O. B./VITORIA / BILBAO El Correo 12 Febrero 2004
Caen en Francia los etarras que esperaban el arsenal incautado al cabecilla Gárate
D. MARTÍNEZ / J. PAGOLA ABC 12 Febrero 2004
Acebes explica que en ETA todos hacen de todo porque su plantilla de terroristas es más reducida
Libertad Digital 12 Febrero 2004
En Galicia los chavales estudian castellano, gallego, francés e inglés, pero muchos creen que la gramática es una enfermedad venérea, así que cuando acaben el bachillerato, estarán en condiciones de fracasar en cuatro idiomas. Los perros, como no van a clase, suelen ser los más espabilados de la casa. En los círculos nacionalistas lleva años arraigada la idea de elevar la lengua gallega por encima de la lengua castellana hasta conseguir su progresivo e implacable destierro. Al mismo tiempo, el nacionalismo defiende el estudio de una Historia estrictamente autóctona.
Y como quiera que en Galicia no andamos sobrados de personajes, a lo mejor en los manuales hay que incluir la alineación del Celta de Vigo, previa nacionalización del ruso Mostovoi y la decoloración racial del brasileño Wagner. En cuanto al ferrocarril de alta velocidad, no faltará quien defienda la supremacía de la Santa Compaña como medio de comunicación de masas. A Valle-Inclán, naturalmente, ni mirarle a la cara. En un acto de magnanimidad, a don Ramón María acaso se le permitiese pasar la fregona en los baños de cualquier biblioteca de pueblo. Hay que negarle el agua a los que pensaron o escribieron en castellano y se niegan al reciclaje redentor. En la Televisión de Galicia pasan en versión original muchas películas anglosajonas pero se dobla al gallego los culebrones venezolanos.
Claro, hay un problema: la lengua gallega carece de autores vivos de calidad comparable a Cunqueiro, a Blanco Amor, a Pedrayo o a Cabanillas, así que lo que cunde entre la intelectualidad vernácula es un lenguaje saturado de ideología y de hostilidad que en algunos políticos ultranacionalistas podría considerarse tenencia ilícita de armas. Al diputado Paco Rodríguez, por ejemplo, le gustaría que incluso los números de la lotería se tradujesen al gallego. El caso es que los gallegos de aldea saben que para hablar como el diputado Paco Rodríguez, además de su rencorosa entonación, se necesitaría una buena dentadura postiza. Yo creo que si nos gobernase alguien así, a Galicia le esperaría un espléndido pasado.
CON dos torpes pero significativos pronunciamientos sobre política lingüística, el Gobierno vasco y el tripartito catalán han vuelto a enconar el debate sobre la convivencia del castellano con las lenguas cooficiales. Al menos, las reacciones provocadas han demostrado que los nacionalismos se equivocan al creer que en estos tiempos es posible afirmar alegremente la primacía de los derechos de las lenguas, si es que existen, sobre los derechos de las personas. Éste es el criterio último que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a suspender cautelarmente la circular de la Consejería de Educación que calificaba como «inmigrantes» a los alumnos llegados a la Comunidad vasca y les obligaba a matricularse en los planes bilingüe o exclusivamente en euskera. Por su parte, el consejero de Educación del tripartito catalán, Josep Bargalló, anunció la disposición de su partido, Esquerra Republicana de Cataluña, a exigir la imposición de sanciones a comercios que rotulen sólo en castellano, tal y como prevé la Ley de Política Lingüística de 1998, aprobada bajo el mandato de CiU. Tanto los socialistas catalanes como los «ecocomunistas» se han desmarcado de su colega republicano, en un nuevo alarde de la incoherencia interna del tripartito, como si de ERC cupiera esperar otra cosa que no fuera convertir el independentismo en «sharia» para Cataluña. Con acierto, Josep Piqué ha reprochado al tripartito que provoque un problema donde no lo hay.
Ambos casos son realmente significativos de la inadaptación de los nacionalismos a sociedades abiertas y plurales, e implican una defensa de la identidad de las personas basada no en el conjunto de sus derechos fundamentales como ciudadanos en un marco constitucional, sino en su adhesión a proyectos de agrupación gregaria, trabados con elementos identitarios sobrepuestos a la libertad individual. Por eso se queda corto cualquier análisis que minimice como simples excesos momentáneos los talantes desvelados por ambas iniciativas nacionalistas. Su respuesta exige recuperar el planteamiento esencial del proyecto constitucional de 1978 para afirmar algo tan simple como que nadie es inmigrante en su propio país y que es inadmisible la mera posibilidad de que en España un ciudadano pueda ser sancionado por rotular o anunciar su comercio sólo en castellano. No son, lamentablemente, excesos momentáneos, porque el conseller Bargalló ya anunció que no iba a cumplir la Ley de Calidad de la Enseñanza, que obliga a aumentar cuatro horas la enseñanza de castellano en educación primaria. Ésta es la veta natural de ciertos nacionalismos, incapaces aún de asumir que la diversidad cultural y lingüística de España es patrimonio de sus ciudadanos, no al revés, y que tienen derecho a administrar libremente, como expresión de su personalidad.
El problema de fondo es cómo se ha llegado a una situación en que, desde administraciones del propio Estado, se ejecutan y se proponen políticas de discriminación de castellano-hablantes, incluso con rango de ley, como en el caso catalán; ley que no se ha aplicado por el convencimiento de que cualquier sanción no superaría el más laxo de los juicios de constitucionalidad. La cooficialidad lingüística ha sido uno de los avances más emblemáticos del modelo autonómico del Estado y su mantenimiento es también un ejercicio de lealtad constitucional. La convivencia de lenguas cooficiales debe descansar en la adaptación de los ciudadanos a su uso libre y paritario, con políticas activas de las Administraciones autonómicas. El límite infranqueable es tan elemental como no hacer de peor condición a quien, en España, sólo hable castellano.
Un informe de FAES denuncia que el PNV ha convertido la educación en un pilar para la difusión de su ideario, tanto con el control sobre los contenidos como en la selección del profesorado por la vía de exigir el dominio del vascuence y la marginación de la enseñanza en castellano
VITORIA. El nacionalismo lleva años tejiendo una «tela de araña» en torno a la educación del País Vasco, donde la demanda de enseñanza en castellano (modelo A) empieza a ser minoritaria, tras un proceso de recorte y marginación. Los pocos docentes no euskaldunes que subsisten en el sistema educativo viven bajo la amenaza de tener que dominar el vascuence para no perder su puesto de trabajo.
El PP y el PSE-EE se felicitaron por la suspensión, por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de las directrices dictadas por la consejería de Educación, Anjeles Iztueta, en septiembre de 2003, en las que calificaba de «inmigrante» a todo alumno no vasco, al que, además, ordenaba que sólo se le ofreciera enseñanza en euskera -en los modelos B (bilingüe) o D (en euskera)-. Ambos partidos denunciaron, en su día, que la circular formaba parte «de la estrategia de supresión definitiva de la enseñanza en castellano (modelo A)», y acusaron al PNV y EA de «utilizar el sistema educativo como una herramienta al servicio del nacionalismo». Por el contrario, Iztueta insistía ayer en que las instrucciones recogidas en la circular sólo «son orientaciones» y, en modo alguno, una obligación para los padres y atribuyó la expectación levantada a que «estamos en campaña electoral».
Educación, clave en el nacionalismo
Bajo el título de «Nacionalismo: Asalto a la educación para la consecución de la soberanía», un documento interno de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), constata que el sistema educativo vasco ha desarrollado «un papel fundamental en la difusión y éxito del nacionalismo», y ha sido «el primer eslabón para la consecución de sus objetivos secesionistas actuales». En este estudio, al que ha tenido acceso ABC, se analiza el complejo entramado que el nacionalismo ha desarrollado hasta poner a la red educativa «al servicio de su modelo soberanista y secesionista».
En primer lugar, el documento hace hincapié en la manipulación de la asignatura de historia en los libros de texto de primaria -extremo que ha sido denunciado por la Real Academia de Historia-, con el objetivo de inculcar a los niños que «existe una base objetiva, sustentada por datos históricos de carácter científico» para cualquier reclamación soberanista. Así, se les enseña, como «dogma», en las primeras fases de escolarización, la existencia de un pueblo vasco o Euskal Herria, dotado de características históricas, políticas y culturales que aglutinaría a siete provincias,_cuatro españolas y tres francesas, lo cual coincide con el ideario de PNV, EA y Batasuna.
Al objeto de potenciar esta «concepción política nacionalista», añade el informe, «se anulan procesos históricos; desaparecen siglos enteros y se manipulan datos geográficos», incluyendo las fronteras actuales, con la finalidad «de ofrecer una historia común que justifique la ruptura de los lazos con España y con Francia, y la desaparición de todos los vínculos comunes del País Vasco con el resto de España y de Francia».
Destaca, asimismo, como otro de los objetivos principales del mundo nacionalista, el lograr una comunidad docente, desde la enseñanza primaria hasta la etapa universitaria, «completamente vascoparlante». Es una reivindicación que, en su día, apoyaron todos los grupos políticos democráticos, que se ha convertido «en una de las grandes vías de agua» del sistema educativo vasco, y «en el principal causante de su deterioro actual». La contratación, en exclusiva, de profesorado con dominio del euskera ha llevado «a que a día de hoy resulte prácticamente imposible obtener una plaza en un centro público de enseñanza primaria, secundaria y universitaria en el País Vasco si no se acredita dominio del euskera». Esto contrasta, como vienen denunciando populares y socialistas, con el desigual uso social de esta lengua, ya que según el Instituto Vasco de Estadística, sólo uno de cada tres residentes en la Comunidad autónoma entienden y son capaces de hablarla sin dificultad.
A través de ese procedimiento se ha logrado que «la mayor parte de las personas que ingresan en la enseñanza en los últimos años sean afines a las ideas nacionalistas». De tal modo, que es algo «habitual» que en las fiestas de las ikastolas (centros de enseñanza sólo en euskera) prolifere simbología de apoyo a los presos de ETA; en contra de la ilegalización de Batasuna o del cierre de Egunkaria.
«Éxodo» del profesorado
Mientras, los profesores vascos que desconocen el euskera se han visto obligados a marcharse o a aprender euskera a edades avanzadas. Se da la casualidad que este «profesorado marginado», con edades en general superiores a los 40 años, «políticamente constituía un grupo profesional no susceptible de prestarse al juego de la manipulación política imperante».
De este modo, se ha procedido a un «reajuste» de plantilla -el 5 por ciento de la población ocupada en Euskadi trabaja en el sistema educativo, unas 47.400 personas-, con el pretexto de que las necesidades de enseñanza en euskera «aumentan de manera exponencial, mientras que la demanda educativa en los modelos en castellano decrece de forma alarmante».
El ámbito universitario tampoco está a salvo. Desde hace algún tiempo, el reclutamiento del profesorado más joven, así como del personal de administración y de servicios, «se hace exclusivamente con base en el conocimiento de euskera» , lo que producirá, «desde el punto de vista académico, consecuencias devastadoras», y, por otro, la politización de la universidad, como vienen denunciado el PP y el PSE con la futura la ley de universidades de PNV, EA e IU/EB, y que ha obtenido el respaldo de Batasuna.
Según señala el informe, el criterio de «bilingüismo» para cualquier plaza ha excluido a más del 70 por ciento de la población universitaria vasca y a la práctica totalidad de universitarios de otros centros españoles, mientras que los sindicatos afines a la ilegalizada Batasuna, STEE/ILAS y LAB, han visto incrementar su fuerza «de manera exponencial a medida que se ha producido la cobertura de plazas en euskera».
La sanción está firmada por el anterior secretario general de Consumo, cesado recientemente tras la llegada del tripartito a la Generalitat
Un empresario barcelonés ha sido sancionado por la antigua Conselleria de Trabajo, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat con una multa de 600 euros por no poner los rótulos y la documentación destinada al público de su empresa en catalán y estar redactadas exclusivamente en castellano. La sanción está firmada por el anterior secretario general de Consumo y Seguridad Industrial, cesado recientemente tras la llegada del tripartito a la Generalitat. Fuentes de la actual Conselleria de Comerç, Consum i Turisme, explicaron que desde junio de 2002 se han iniciado expedientes similares, pero que esta resolución es de las primeras que se ha concluido con una multa por no usar el catalán.
En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, se afirma que el empresario, del sector de la construcción, vulneró la Ley de Política Lingüística, aprobada en 1998 por el Parlament de Catalunya, porque los letreros y documentación para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados "al menos, en catalán".
El 29 de enero de 2003, la inspección de la Dirección General de Consumo y Seguridad Industrial levantó un acta en un establecimiento de la empresa. Según la inspección, existía una falta de "información, rótulos y carteles en idioma catalán". Meses después, el empresario alegó en el pliego de cargos que los únicos carteles que había en las oficinas estaban redactados en catalán.
El 24 de octubre del mismo año, la Dirección General notificó la propuesta de resolución en la que mantenía los cargos imputados al empresario y proponía una sanción económica de 600 euros por no tener carteles en catalán.
En la propuesta, se señalaba que el empresario no había demostrado que tenía carteles en catalán, como aseguraba él, por lo que vulneraba el artículo 27.2 de la Ley 1/1990, aprobada por el Parlament el 8 de enero, sobre disciplina del mercado y defensa de los cosumidores y usuarios.
Según dicho escrito, debía ser el empresario quién tenía que demostrar que no toda la información estaba redactada en castellano, puesto que se consideraba "como ciertos" los hechos descritos en las actas de inspección. Además, se insistía en que el inspector de la Dirección General había constatado que "tanto la información que se entregaba a los consumidores" como "los rótulos y carteles que figuraban en el local estaban redactados en lengua castellana".
Por ello, la propuesta citaba la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Política Lingüística, que señala que la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben ser redactados, al menos, en catalán.
El empresario volvió a alegar contra la propuesta, entre otras razones, porque "el artículo 3 de la Constitución española establece la oficialidad del castellano en todo el territorio", además de insistir en que los únicos carteles que tenía en la empresa estaban redactados en catalán. Finalmente, el anterior director general de Consumo y Seguridad Industrial, Josep Tous i Andreu, ha denagado las alegaciones del empresario y le ha sancionado por vulnerar el apartado "f" del artículo 5 de la Ley 1/1990 que recoge el "incumplimiento, en relación con la protección del consumidor y el usuario, de las normas relativas a documentación, información, libros o registros establecidos obligatoriamente para el adecuado régimen y funcionamiento de la empresa, la instalación o el servicio".
Asimismo, también considera que ha vulnerado el aparatado "d" del artículo 8.1 de la Ley 1/1998 que recoge que "la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidores de los establecimientos abiertos al público han de ser redatctados, al menos, en catalán".
Por ello, la resolución sancionadora concluye que el empresario cometió una infracción administrativa de ambas leyes y le impone una multa de 600 euros. El representante legal del empresario anunció a Europa Press que recurrirá la sanción ante la Conselleria en los próximos días porque la considera "absurda e ilógica".
En el año 2000, el de la ruptura de la tregua, hubo 70 atentados de ETA, que provocaron 23 muertes; en 2003 hubo 23 atentados y tres víctimas mortales. Al mismo tiempo, durante el pasado año se registraron 192 detenciones de miembros de ETA, 46 de ellas en Francia, incluyendo las de los máximos dirigentes de su aparato militar. Ayer fueron detenidos en la zona de Limoges dos activistas acusados de participar en numerosos atentados; la víspera habían sido arrestados otros dos terroristas cuando trasladaban un arsenal que incluía cerca de 40 kilos de explosivos. En 2004 continúa, por tanto, la situación que llevó al consejero vasco de Interior, Javier Balza, a concluir, en septiembre del año pasado, que "terminar con ETA es sólo cuestión de tiempo".
Hace un año hubo en las páginas del diario Gara un conato de debate sobre la conveniencia o no de que ETA desapareciera. Por primera vez se planteaba en términos de coste-beneficio: "ETA mata a cinco personas y el Estado detiene a 600 ciudadanos". A ello se añadía que "no paga las fianzas millonarias, no reflota periódicos"... Es decir, que ETA deja a los suyos en la estacada. Un mal negocio. La paulatina disminución del número de atentados del IRA desde mediados de los ochenta fue el preludio de su decisión de abandonar las armas.
ETA no sólo ha perdido apoyos sociales. También ha perdido, con la ilegalización de su brazo político y la disolución de su entramado social, influencia política y cantera: las acciones de violencia callejera, que fueron más de mil en 1996, y 500 el año de la ruptura de la tregua, apenas superaron el centenar en 2003. El nacionalismo gubernamental acaba de rechazar una oferta de Batasuna para constituir candidaturas unitarias por la autodeterminación, y ello pese a que la oferta fue avalada por ETA mediante la insinuación de que podría estudiar una tregua.
Hay condiciones, por tanto, para transformar el ocaso en derrota definitiva. Pero para ello será preciso no repetir errores que en el pasado sirvieron para que ETA encontrase sentido a su continuidad. El primero, el de intentar sacar ventaja del fin de la violencia, ligándolo con la aceptación de determinadas propuestas políticas; el segundo, convertir la lucha antiterrorista en motivo de enfrentamiento electoral. Aznar defendió el lunes la continuidad del Pacto Antiterrorista como garantía frente a ese error; el martes aprovechó la detención de varios etarras para poner en duda la sinceridad del compromiso de los socialistas por haber pactado en Cataluña con Esquerra. También esto es intentar sacar ventaja del fin de ETA.
Los liberticidas "agentes de la cultura vasca"
Las Juntas Generales de Guipúzcoa han aprobado este miércoles, gracias a Aralar, PNV, EA e IU, dos declaraciones institucionales: Una tiene por objetivo "humanizar" la situación de los presos de ETA; la otra, denunciar el "feroz acoso antidemocrático" que supuestamente padecen "los artistas vascos".
Es el colmo de la desfachatez y de la perversión del lenguaje que, encima de insultar, agraviar y menospreciar a las víctimas del terrorismo -no otra cosa es equiparar su sufrimiento al justo castigo de esos criminales-, los socios de ETA en Estella salgan ahora a denunciar el "feroz acoso antidemocrático" contra los artistas vascos, cuando ninguno de estos suscribiría esta supuesta declaración en su defensa. Entiéndase bien: Los únicos artistas vascos que padecen un acoso real, antidemocrático y tan feroz que llega hasta el extremo del exterminio físico son los no nacionalistas. Y no todos. Los artistas nacionalistas, y algunos que dicen no serlo, a lo más que han llegado es a ser objeto de una merecida crítica proveniente de quienes, ejerciendo nuestra libertad de expresión y haciéndonos eco de la indignación de las víctimas del terrorismo, les hemos criticado por arroparse en la bandera de la creación artística para establecer una equidistancia entre las víctimas y sus asesinos.
Decir que la obra de Julio Medem es una nausebunda muestra de esa equidistancia no es atentar contra la "libertad de expresión", es ejercerla. Y la verdad es que los medios de comunicación constitucionalistas -digan lo que digan ahora los del Pacto de Estella- hemos ejercido nuestra libertad de expresión en ese sentido no tanto como debemos. ¿De verdad se cree alguien -pongamos como ejemplo- que la concentración para reclamar a los asistentes de los Premios Goya el "ETA no", no hubiera pasado de unas pocas decenas de personas, si los medios de comunicación constitucionalistas, en lugar de una simple muestra de solidaridad con las víctimas del terrorismo, hubieran instigado desde sus portadas a acudir a su convocatoria?
La presencia en el orden del día del Parlamento gallego del debate sobre el plan Ibarretxe suponía una ocasión ideal para evaluar el nivel del compromiso que las tres fuerzas representadas en el pazo do Hórreo tienen con la Constitución. Pocas dudas, por no decir ninguna, existían respecto al PP y al PSdeG, todo lo contrario de lo que ocurría con el Bloque, que se ha movido en la ambigüedad desde que el lehendakari empezó a desvelar los puntos básicos de su proyecto secesionista. La sesión arrojó luz y dejó claro que la tibieza de la que se han valido los nacionalistas gallegos es una estrategia muy calculada, diseñada para ganar tiempo y evitar pronunciarse, con el fin de, por un lado, no herir a los “hermanos” vascos y, por otro, eludir las críticas que pudieran llegar desde la propia Galicia. El debate permitió arrancar la careta al Bloque y comprobar que padece la misma enfermedad del victimismo que el PNV y con episodios similares en los que recurre a la mentira para tratar de presentar sus argumentos como reales. Porque es una auténtica falsedad la afirmación realizada por Xosé Manuel Beiras de que la discusión en la cámara autonómica del plan Ibarretxe suponga un caso de “intrusismo anticonstitucional”. Ese calificativo es justamente la mejor definición para la iniciativa del lehendakari, que no es ni más ni menos que un ataque contra la Carta Magna, atentando contra los principios básicos sobre los que se sustenta el Estado de las Autonomías. La moderación de la que presumía el BNG ha saltado por los aires, lo que suscita serias dudas sobre la capacidad de liderazgo de Anxo Quintana.
Hay dos cosas en las que la Iglesia es asombrosamente parecida al cine español: en la incapacidad para conectar con la sociedad y en el pertinaz empeño a su vez de querer ser el gran oráculo social. La gente va cada vez menos a misa igual que va cada vez menos a ver películas españolas y por una razón que es la misma en el fondo: porque sencillamente no se siente identificada ni con el estilo ni con los mensajes de ambas instituciones. Muchos cinéfilos, como muchos teófilos, ven que en las pantallas, como en los altares, no se les habla de sus verdaderos problemas, sus inquietudes, sus intereses reales. Y ven también que cuando se les habla es para salir con una pata de banco que ratifica la desconexión y la distancia.
No lo digo por provocar: percibo un parecido espectacular entre el Rouco Varela que defiende que «la violencia de género se debe a la revolución sexual» y la Rossy de Palma que afirma que «un atentado de ETA es un accidente de la vida y el azar». Diríase más bien que quienes quieren provocar son ellos con esa extraña lógica cocinada en la irrealidad que ignora que el control de la natalidad y el reconocimiento del derecho de la mujer al placer sólo nos han traído una vida más feliz y más fácil o por lo menos más cabal y que antes no se hablaba del maltrato a la mujer por que la existencia entera de la mujer era ya por sí misma un maltrato constante desde que empezaba hasta que terminaba. Diríase que sólo una monjil reclusión en el claustro del celuloide puede llevar a alguien a querer ignorar que lo que caracteriza al terrorismo es que añade a las inevitables calamidades de la vida una calamidad más que es artificial, buscada, intencionada y perfectamente prescindible.
Hay otras dos cosas en las que se parecen los cineastas a los obispos; en su endogamia autocomplaciente y en arrogarse una autoridad moral que consideran incluida en el oficio y que no hay que ganarse a pulso todos los días. Gracias a ellas hay gente que se cree que tiene un carnet de rojo o de santo que no caduca nunca. Gracias a ellas es posible un cardenal frívolo cuando habla de la violencia hogareña y una actriz ultrabeata que acepta con resignación cristiana para los guardias civiles y los demás amenazados «todos los atentados que Dios les dé».
¿Y a mí, que Rouco me parecía el Suárez de la Conferencia Episcopal y que me gustaba Rossy de Palma! Y yo, que llegué a pensar, Rossy, guapa, que si Almodóvar valía algo era porque había sabido ver tu luz y que tenías en efecto luz en esa cara de vidriera vanguardista, y que Picasso y el Greco y Gaudí te habían fabricado en un laboratorio y que llevabas dentro de ti y tus ángulos cubistas y tus ojos barrocos y tus ondulaciones modernistas una radicalidad portuaria, un mosqueo siciliano y esencial con la injusticia. Y me sales con esa frase de niña pija.
No uno, sino dos estacazos se ha llevado esta semana el lehendakari Ibarretxe y cuanto su persona representa en el nacionalismo de Euskadi. Europa ha golpeado consecutivamente las ansias soberanistas del Gobierno vasco.
El pasado lunes el Tribunal de Estrasburgo, en respuesta al recurso presentado por el Ejecutivo autonómico respecto a la Ley de Partidos Políticos que permitió la ilegalización de Batasuna, ha expresado el sentido sin siquiera entra a valorar el fondo de la cuestión. Simplemente responde a la demanda planteada el último septiembre, que el Gobierno vasco carece de legitimidad para proponer semejante asunto a tan alto Tribunal internacional porque según el artículo 34 del Convenio de Derechos Humanos sólo tienen legitimación para presentarse ante esa instancia las personas o colectivos que hayan sido víctimas de vulneración de derechos.
¿ Y qué derechos se habían atropellado al Gobierno vasco? Hay gente, o como en este caso instituciones, que se van a dar un paseo por las ventanillas de la última instancia europea como también hay gente que pretende imposibles recursos de amparo en el Constitucional español. Quizás Ibarretxe y su gabinete pidieron protección en Europa por si sonaba la flauta. O para meter ruido. Pero el efecto bumerán de su tiro ha sido un duro correctivo a sus pretensiones de soberanía. Porque ya se había advertido por parte de juristas que no necesitaron romperse la cabeza en concluir el fracaso del recurso. Y ello debido, sencillamente, a que una región no puede denunciar ante el Tribunal de Estrasburgo a un Estado del que forma parte. De manera que los magistrados europeos no tuvieron que devanarse los sesos buscando meollos o intríngulis. Tras una simple lectura, estos otros papeles de Ibarretxe entraron por la ventanilla de registro, y tras una sorprendida ojeada, salieron por la de asuntos despachados sin mayor consideración.
Ayer el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, contestó a una pregunta de Josu Ortuondo, representante del PNV en el Parlamento europeo. El diputado nacionalista quería saber si la reforma del Código Penal español, por la que se puede encarcelar a un presidente autonómico que convoque un referéndum, se compagina con la legislación europea. Y ello porque tal proceder colisiona con los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión. Prodi es categórico al responder, asesorado por su eminente gabinete jurídico, que la Comisión no puede inmiscuirse en los asuntos internos de un país y que el Plan Ibarretxe no tiene cabida en el Tratado. En castellano viejo eso es ir por lana y salir trasquilado. Dos veces. Y sin dilatados estudios previos a la negativa para ambas cuestiones planteadas, una ante el Judicial y otra ante el Ejecutivo europeos. El Gobierno vasco ha quedado desasistido tras su demanda y su pregunta a la Comunidad de naciones del viejo continente. El nacionalismo queda jurídica y políticamente aislado en sus pretensiones soberanistas. Y el Plan Ibarretxe cotizando a la baja.
La Comisión y el Consejo rechazan investigar la reforma penal del PP como pedía Ortuondo, que presenta una queja
El PNV ha recibido en Europa una doble negativa ante su denuncia de la reforma del Código Penal promovida por el Gobierno de Aznar para castigar al lehendakari si convoca un referendum unilateral. El eurodiputado de la formación peneuvista, Josu Ortuondo, había dirigido sendas preguntas a la Comisión y al Consejo para intentar que las instituciones europeas investigaran si la iniciativa del Ejecutivo español «viola» los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos consagrados y protegidos por los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión. La iniciativa ha sido rechazada en ambos casos, con una advertencia añadida sobre el plan Ibarretxe en el caso de la Comisión.
Ortuondo basaba sus quejas en las duras críticas vertidas por un centenar de profesores y catedráticos contra los cambios penales -que prevén el encarcelamiento del lehendakari en el supuesto de que organice un plebiscito-, al tiempo que apelaba a la «obligación ética, política y legal» de las instituciones europeas para que verifiquen la legalidad o no de la reforma. El presidente de la Comisión, Romano Prodi, zanja la cuestión con una respuesta de apenas ocho líneas, cuyo contenido Ortuondo dijo ayer desconocer.
En el escrito, Prodi fundamenta su negativa en que el órgano que encabeza no está facultado para intervenir ante actuaciones como las denunciadas por el europarlamentario peneuvista, pero no deja ahí el asunto. Junto a ello, y «en este contexto», recuerda a Ortuondo que el Tratado de la UE no puede ser utilizado «bajo ninguna circunstancia» como «base legal» para la propuesta de Ibarretxe y le remite a la contestación ofrecida, en los mismos términos, a la diputada Rosa Díez en octubre de 2002. Pese a aquel pronunciamiento, el lehendakari ha insistido en que la UE alienta la «presencia normalizada» de nacionalidades y regiones en sus órganos de decisión.
La réplica de Prodi se conoció pocas horas antes de que Ortuondo volviera a plantear en Estrasburgo su denuncia, esta vez dirigida al Consejo. El representante de la presidencia irlandesa, Dick Roche, la rechazó limitándose a remarcar que los principios de libertad, democracia y respeto a los derechos humanos recogidos en el Tratado de la UE y aludidos por el interpelante «son comunes a los estados miembros».
Visiblemente molesto tras conocer la primera resolución, Ortuondo se quejó ante Prodi por haberse enterado de su respuesta no por él, sino por la Prensa. Tras citar un antecedente similar protagonizado por Loyola de Palacio, el representante jeltzale arguyó que el lehendakari «nunca ha pedido a las instituciones europeas que amparen su iniciativa» y objetó que su pregunta no pedía a la Comisión que se pronunciase sobre el plan, sino sobre la «pernición constante» del Estado de Derecho realizada, a su juicio, por el Gobierno del PP.
MADRID. El miembro de ¡Basta ya!, Fernando Savater, pidió ayer a «cierto progresismo de izquierda» que deje de ser complaciente con el nacionalismo y que critique al Gobierno sólo en aquello que hace mal. En su opinión, «se ha puesto de moda» culpar a Aznar, «sólo porque es antipático y tiene el bigote mal recortado, de que los nacionalistas sean más nacionalistas. No se puede decir mayor sandez, pero todos los días tenemos que escucharla»
Savater hizo estas reflexiones en la presentación de su libro, «El gran fraude», una recopilación de artículos «para el combate», con un prólogo «cañero», y «destinada a probar con datos de qué modo el nacionalismo rentabiliza el terror de ETA y aprovecha que la sociedad está amordazada por ETA para imponer sus criterios». El representante de ¡Basta ya» está convencido de que en el País Vasco, con independencia de los intereses partidistas, surgirá de forma expontánea una alternancia al nacionalismo, cuando acabe el terror y todos puedan expresarse libremente.
A Savater se le preguntó si la campaña de sensibilización con las víctimas del terror o la elección de Imaz pueden formar parte del «rostro amable» con el que los nacionalistas quieren «vender» el «plan Ibarretxe» para ganar adeptos que ahora no tiene. Savater recordó, con ironía, cómo hace unos años un periodista proponía una negociación con ETA recurriendo a su «rostro amable» -«Josu Ternera»-, y no a «Santi Potros». Ironías fuera, dejó claro que el nacionalismo sigue ejerciendo «la arrogancia del poder», ya que, «con una cara más o menos amable, nunca cede en nada», aseguró. Así, recordó que una de las primeras iniciativas de Imaz como presidente del PNV fue intentar que PP y PSOE rompieran el Pacto Antiterrorista, que «funciona excelentemente», cuando lo «amable» hubiera sido pedir el ingreso del PNV en dicho pacto. «Quizá -sentenció Savater-, más que en su cara amable confíen en el rostro desagradable de ETA para que cuando se celebre el referéndum se hayan ido 25. 000 o 30. 000 personas más del País Vasco».
Gobierno, PP, PSE y UGT celebran la suspensión de la circular «discriminatoria»
La consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, advirtió ayer de que no cambiará los criterios de acceso de los alumnos, a pesar de la suspensión de sus circulares decretada por el TSJPV. Gobierno, PP, PSE y UGT celebraron la decisión judicial y censuraron la postura del Ejecutivo vasco.
La consejera vasca de Educación, Ángeles Iztueta, aseguró ayer que la libertad de elección del modelo lingüístico por parte de los padres de los escolares procedentes de otras comunidades autónomas «ha estado, está y estará garantizada», a pesar de la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de suspender las circulares del Ejecutivo de Juan José Ibarreche por su presunta «discriminación» con los alumnos del resto de España.
Iztueta llegó a decir, respecto a la denominación de esos niños como inmigrantes, que «la palabra inmigrante es de la Real Academia Española y no somos quiénes para cambiarla».
La decisión del Tribunal Superior vasco fue ayer bien acogida por el Gobierno, el PP, el PSE, UGT y otros colectivos sociales. El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró que supone «una buena noticia para quienes defendemos la igualdad de todos los españoles en todos los rincones de España y del País Vasco». Michavila subrayó que el hecho de que un Gobierno autonómico llame extranjeros e inmigrantes a unos españoles porque no pertenecen a su comunidad «es un pésimo camino, manifestación de un proyecto totalitario».
La ministra de Educación, Pilar del Castillo, incidió en que «las instrucciones suponen a todas luces una vulneración del derecho a la igualdad de los españoles ante la ley». El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, destacó que el auto judicial, adelantado ayer por este diario, «es coherente con la legalidad vigente pero también con el sentimiento de la mayor parte de todos los españoles en todo el territorio».
En el mismo sentido, Isabel Celaá (PSE) recordó que la instrucción del Gobierno de Juan José Ibarreche, calificada por Jaime Mayor Oreja de «vergonzosa», «constituía una injusticia manifiesta».
Fernando Sabater y Gotzone Mora expresaron también su satisfacción por el auto judicial.
Los populares exigen la suspensión de la campaña institucional sobre la 'Y vasca'
El anuncio del lehendakari Ibarretxe de que se irá «a casa» si los vascos rechazan su plan en referéndum es para Jaime Mayor Oreja una muestra del «desprecio máximo» que el jefe del Ejecutivo siente «por la sociedad vasca y por la democracia». El cabeza de lista del PP al Congreso por Álava, que inauguró ayer junto a Ramón Rabanera la nueva sede electoral del partido en Vitoria, se refirió así a las manifestaciones que hizo Ibarretxe el pasado martes en Upsala (Suecia), que, en su opinión, revelan el «carácter totalitario» de un proyecto «que busca la imposición» de las tesis nacionalistas.
Mayor subrayó además «los dos fracasos del plan Ibarretxe» que, según su análisis, han marcado la precampaña electoral: la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de suspender la «vergonzosa» circular de Educación que tachaba de «inmigrantes» a los alumnos llegados de fuera del País Vasco y el rechazo de Estrasburgo al recurso del Gobierno vasco contra la Ley de Partidos. Para el candidato popular, que ve «especialmente nervioso» al lehendakari ante la cita del 14 de marzo, esta última resolución supone «un revés de primera magnitud a una pieza esencial del plan Ibarretxe, la esperanza de que Europa iba a estar frente a España». Mayor subrayó que, más que estos episodios puntuales, «lo importante» es que el resultado de las urnas sirva para hacer «descarrilar» el proyecto.
El PP de Vizcaya, por su parte, pidió ayer a la Junta Electoral Provincial que suspenda la campaña de publicidad institucional del departamento de Transportes y Obras Públicas del Gobierno vasco sobre la 'Y' vasca al considerar que contraviene lo establecido en la Ley Orgánica del Régimen Electoral.
El candidato popular por Vizcaya, Ignacio Astarloa, ratificó ayer precisamente el «compromiso» de su partido con la implantación de la línea ferroviaria de alta velocidad y aseguró que el proyecto será en 2010 «una realidad». En el capítulo de infraestructuras, Astarloa también apostó por «culminar» el desarrollo urbanístico y ambiental de Abandoibarra y la regeneración de Barakaldo.
La Policía investiga si Preciado y González colaboraron en el atentado que mutiló al socialista Eduardo Madina.
Uno de los arrestados intervino en la ofensiva terrorista que la banda llevó a cabo el pasado año en Vizcaya y Santander contra intereses económicos
MADRID. La Policía francesa no ceja en su acoso a ETA y, así, detuvo a primeras horas de la mañana de ayer en la ciudad de Limoges a otros dos terroristas que figuraban en la actualidad entre los más buscados: Jon Kepa Preciado Izarra, «Oier», de 28 años de edad, y Jon González González, de 29. Los investigadores tratan de confirmar si ambos, que ya pertenecieron al último «Vizcaya», habían formado un nuevo «comando» y estaban a la espera de recibir el material incautado el lunes a Gárate y Elorrieta para cometer atentados en España.
Según han informado a ABC fuentes de la lucha antiterrorista, anotaciones encontradas en poder de Luis Enrique Gárate Galarza e Ibón Elorrieta Sanz, arrestados el pasado lunes cerca de Cognac, llevaron a la Policía francesa a la localización de tres pisos, en Angulema, Lyon y Limoges, utilizados por el «aparato logístico» de la banda terrorista.
Vigilancia en torno a tres viviendas
La Policía estableció en torno a las tres viviendas un dispositivo de vigilancia. A últimas horas de la tarde del martes, los agentes desplegados en Limoges observaron que dos individuos que llegaban a bordo de un Peugeot 206 se introducían en la vivienda controlada, tras adoptar ostentosas medidas de seguridad que, sin embargo, no les sirvieron para detectar la presencia policial. Como en Francia no pueden practicarse arrestos durante la noche en el interior de los domicilios, las Fuerzas de Seguridad aguardaron hasta las seis de la mañana. Cuando, con una orden de la juez de París Laurence Le Vert, irrumpieron en la casa, sorprendieron en su interior a Preciado y González que dormían en sendos sacos de camping. Este dato, unido a que la casa se encontraba sin mueble alguno, hizo sospechar que los dos etarras se encontraban de paso.
Ambos llevaban mochilas donde guardaban sus documentos de identidad auténticos, algo inusual en los etarras que se encuentran en Francia. Este dato podía revelar que el «aparato de falsificación», dependiente de «logística», atraviesa por alguna dificultad, ya que tanto los etarras «liberados» que están en España como los que se ocultan en Francia llevan documentación falsa. Los terroristas también tenían en su poder acreditaciones trucadas de la Policía francesa, así como un listado con matrículas de coches sospechosos de pertenecer a las Fuerzas de Seguridad galas. Además, portaban sendas pistolas que no tuvieron opción de utilizar. La vivienda había sido alquilada a finales del pasado mes de enero por Ibón Elorrieta.
Una de las hipótesis que investiga la Policía es si Preciado y González formaban parte del nuevo «comando» que estaba a la espera de recibir el arsenal incautado a Gárate y Galarza para pasar a España y participar en la ofensiva que ETA planea ante las elecciones generales de marzo. Sin embargo, tampoco se descarta que los etarras ayer detenidos actuaran como «correos» dentro del «aparato logístico». De esta forma, podrían estar a la espera del citado material para, a su vez, distribuirlo a un «comando» operativo listo para atentar en nuestro país.
En la casa de Lyon los agentes se incautaron de abundante documentación en soporte informático y en papel que está siendo analizada. La de Angulema la habían dejado hace aproximadamente diez días.
Jon Kepa Preciado, sobre el que pesa una orden de busca y captura de la Audiencia Nacional por pertenencia a banda armada, había sido detenido en 1996 por un acto de terrorismo callejero, al ser sorprendido cuando intentaba quemar un autobús. Con posterioridad, en febrero de 2003, Preciado se incorporó, según su historial policial, en el último «comando Vizcaya», bajo las órdenes de Gorka Martínez. Cuando este fue detenido el pasado 5 de septiembre, Preciado huyó a Francia.
Cinco atentados en dos meses
Como integrante del «comando Vizcaya», participó, siempre junto con el también «liberado», Eneko Aguirresarobe, detenido el 18 de noviembre pasado en Saint Julien, en cinco atentados contra intereses financieros de Vizcaya. Así, se le atribuye la colocación de un coche bomba frente a las sedes de Antena 3 y la Hacienda Foral en Bilbao el 14 de junio de 2003 y también la de un artefacto que provocó graves daños en el Hotel Los Tamarises de Guecho el 23 de ese mismo mes. Se le considera autor, asimismo, de la colocación de otros dos coches bomba, uno junto a la sede de Iberdrola el 1 de julio y otro en los aparcamientos del aeropuerto de Santander el 27 de ese mismo mes.
Por su parte, Jon González, sobre el que no pesaban reclamaciones judiciales hasta su detención de ayer, estaba huido desde octubre de 2002 a raíz de una operación de la Ertzaintza contra «taldes» de ETA en Vizcaya. Pero el historial de Preciado y González como integrantes de ETA se remonta al año 2001, cuando constituyen el grupo denominado «Jata» que actuaba como satélite del «comando Vizcaya».
Atentados contra Madina y Cabezudo
Las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen indicios de que a ambos colaboraron con los «liberados» Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga en el robo del vehículo que fue utilizado como coche bomba en el centro de Bilbao el 12 de enero de 2002 y que provocó importantes daños materiales. También se les relaciona con la colocación de la bomba lapa colocada el 19 de febrero de 2002 bajo el coche del dirigente de las Juventudes Socialistas Eduardo Madina, que perdió una pierna en el atentado. Además, la Policía vincula a Preciado y González con el atentado perpetrado el 28 de febrero de 2002 contra la concejal del PSE de Portugalete Esther Cabezudo, que apenas resultó herida, gracias a la pericia de su escolta.
En septiembre de 2002, los dos terroristas huyeron a Francia, a raíz de que sus entonces jefes, Galarraga y Gurrutxaga, resultaran muertos al hacerles explosión el explosivo que transportaban. En mayo de 2003 Kepa Preciado se reincorporó al «comando Vizcaya», ya como «liberado», y lo situó como el más operativo en ese momento, ya que entre junio y julio perpetró cinco atentados.
UN NUEVO DETENIDO ESTE JUEVES EN BIARRITZ
En declaraciones a "La Mañana" de la Cadena COPE y a Onda Cero, el ministro del Interior, Ángel Acebes, ha explicado cuál es la situación actual de la banda terrorista.
"No son sólo, en estos momentos, unos los que transportan y se ocupan de la logística y otros los que cometen el atentado. Como ETA está más golpeada y más reducida, cada vez se confunden más lo que en otro tiempo eran compartimentos casi estanco; unos se ocupaban de la logística, otros de la captación, otros de la infraestructura. Ahora estamos comprobando más como todos hacen de todo", explicó Acebes, que puso como ejemplo que el "historial sanguinario" del responsable de logística de la banda detenido el lunes, Luis Enrique Garate Galarza, como prueba de esta aglutinación de funciones en los miembros de la banda terrorista.
Un nuevo detenido en Francia
Precisamente, este mismo jueves se ha producido una nueva detención. Un supuesto colaborador de ETA, el francés Diego Ibarra, fue arrestado en Biarritz (Francia), a raíz del arresto de dos esponsables de logística de la banda en el suroeste francés. Según fuentes próximas a la investigación, un documento con la fotografía de Ibarra, de 32 años, fue hallado entre los efectos incautados a los etarras Ibon Elorrieta Sanz y Luis Enrique Gárate Galarza. Ibarra fue miembro de la organización ilegalizada Segi, heredera de Jarrai-Haika.
Ambos fueron arrestados el pasado lunes cerca de Cognac, a unos 150 kilómetros al norte de Burdeos, después de eludir un control de aduanas cuando transportaban en una furgoneta explosivos y armas para perpetrar atentados. En el domicilio de Ibarra la policía halló documentos de apoyo a los presos de ETA.
El supuesto colaborador de la banda está bajo custodia en la comisaría de Bayona, donde es interrogado. Mientras, se prevé que sean trasladados este jueves a París Elorrieta y Gárate, así como los otros dos etarras Jon Kepa Preciado y Jon González González, detenidos en la madrugada del miércoles en un apartamento de Limoges (centro), donde se alojaban los dos primeros.
Los cuatro etarras guardan silencio
Los cuatro etarras, que guardan un silencio total, están bajo custodia en la comisaría de Limoges (centro) y serán trasladados a la capital francesa con vistas a su comparecencia ante un juez antiterrorista para su procesamiento. El registro del apartamento de Limoges dio pocos resultados, pero en cambio en el coche Peugeot 206 que estaba aparcado cerca del edificio se hallaron un ordenador y documentación en vasco, que van a ser examinados. En el vehículo había también varios juegos de falsas matrículas de coche.
En el apartamento de Limoges –muy poco amueblado y con sacos de dormir, lo que apunta que servía de refugio y lugar de paso– la Policía halló teléfonos móviles, algo de dinero en efectivo, cartuchos de 9 milímetros y ejemplares de las revistas internas de ETA, como Zuzen y Zutabe. Por otra parte, el apartamento de Poitiers (oeste) localizado por la policía gracias a la documentación hallada en la furgoneta de Elorrieta y Gárate estaba vacío.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 27
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 8
 resolución 
 artículo 34
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