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Timestamp: 2017-08-20 19:35:55+00:00

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Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Ordenación Académica, sobre aspectos relativos a la aplicación de las normas de convivencia escolar.
Publicado en BORM núm. 241 de 19 de Octubre de 2009
Vigencia desde 08 de Noviembre de 2009.
Primero.- Plan de Convivencia Escolar.
Segundo.- Actuaciones ante una situación de presunto acoso escolar.
Tercero.- Aplicación del Decreto 115/2005.
Cuarto.- Competencia del Consejo Escolar del centro para revisar medidas disciplinarias impuestas a un/a alumno/a por la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia escolar.
Quinto.- Uso de teléfonos móviles en los centros.
La normativa que regula la convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Región de Murcia viene dada por:
- Decreto 115/2005, de 21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 2 de noviembre).
- Orden de 20 de febrero de 2006, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 2 de marzo).
- Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con la situación de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (B.O.R.M. de 22).
Esta normativa, junto con los cuadros interpretativos para la tipificación y corrección de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia y los modelos de formularios elaborados por la Dirección General de Ordenación Académica para llevar a cabo los procedimientos ante dichas conductas, se encuentra publicada en la página Web de la Consejería de Educación, Formación y Empleo de la Región de Murcia:
www.carm.es/educación Destacados Convivencia Unidad de Convivencia.
Asimismo, la Resolución de 13 de junio de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones para el final del curso 2005-2006 y comienzo del 2006-2007, en los centros que imparten educación infantil, primaria y secundaria, recogía orientaciones aclaratorias sobre las actuaciones que los centros debían llevar a cabo ante determinadas cuestiones de convivencia escolar.
Sin embargo, el marco temporal en el que se inscribe dicha Resolución, "final del curso 2005-2006 y comienzo del 2006-2007", limita la vigencia de unas instrucciones que, por otra parte, han mostrado ser de gran importancia para los centros a la hora de favorecer un clima de respeto y tolerancia entre todos los miembros de la comunidad educativa, así como de fomentar la eficacia en la tramitación y resolución de expedientes disciplinarios.
Por todo ello, es necesario emitir una nueva Resolución que, exenta de las restricciones temporales anteriormente descritas, renueve y actualice las referidas instrucciones e incorpore nuevas directrices, destinadas a clarificar diversos aspectos relativos a la aplicación de la normativa vigente en materia de convivencia escolar.
Con tal fin y en virtud de las competencias otorgadas en el Decreto del Consejo de Gobierno 329/2008, de 3 de octubre, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Educación, Formación y Empleo (B.O.R.M. del 4), esta Dirección General:
1. Implantación del Plan de Convivencia Escolar.
De acuerdo con la disposición adicional segunda de la Orden de 20 de febrero de 2006, por la que se establecen medidas relativas a la mejora de la convivencia escolar, los centros docentes aplicarán, desde el inicio de curso, el Plan de Convivencia Escolar, una vez haya sido aprobado por el Consejo Escolar e incorporado al Proyecto Educativo. En su elaboración, de conformidad con el artículo 2.1 de la citada Orden, deberán haberse tenido en cuenta las medidas e iniciativas propuestas por el Consejo Escolar y por el Claustro de profesores, con el fin de favorecer la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos.
2. Seguimiento, evaluación y difusión del Plan de Convivencia Escolar.
Según los artículos 6.1 y 6.2 de la referida Orden de 20 de febrero de 2006, corresponde a la Comisión de Convivencia el seguimiento y coordinación del Plan de Convivencia Escolar, que se reunirá, al menos, una vez al trimestre, para analizar las incidencias producidas, las actuaciones realizadas y los resultados conseguidos. A tal fin, el Director, según lo establecido en el artículo 129, letra i) de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOE), deberá informar trimestralmente al Claustro de profesores y al Consejo Escolar de los conflictos disciplinarios y de la imposición de sanciones.
Al finalizar el curso, el Consejo Escolar del centro evaluará el Plan de Convivencia Escolar y elevará al Equipo Directivo las propuestas para su mejora que, junto con las del Claustro de profesores, serán tenidas en cuenta para la actualización del mismo.
Los centros deben realizar, mediante el procedimiento que consideren adecuado, el seguimiento del alumnado que incumpla las normas de convivencia del centro y, en particular, el de los alumnos implicados en situaciones de acoso entre iguales.
Los responsables de la orientación en los centros de Educación Infantil y Primaria (Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica) y de Educación Secundaria (Departamento o Unidad de Orientación) colaborarán con el Equipo Directivo y el profesorado en el logro del necesario clima de convivencia en los mismos. El Plan de Acción Tutorial establecerá el calendario de reuniones y los mecanismos que considere idóneos para llevar a cabo lo establecido en el Plan de Convivencia Escolar, promoviendo aquellas pautas y hábitos de convivencia que impulsen acciones preventivas y de resolución de conflictos. En esta misma línea, los profesores tutores, en el ejercicio de la labor tutorial, y el profesorado, en general, dedicarán una atención especial a la transmisión de aquellos valores que promuevan entre el alumnado la consideración del estudio como deber básico, la tolerancia y la solidaridad entre los compañeros, así como la participación en el centro y el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.
Para la difusión del Plan de Convivencia, los centros establecerán los mecanismos que consideren más apropiados, pudiendo emplear todos los cauces que estimen oportunos para darlo a conocer a los alumnos y sus familias. Al respecto, se recomienda que se exponga en el tablón de anuncios del centro, en la página Web, en los departamentos o unidades de orientación y en Jefatura de estudios de forma permanente. Igualmente se facilitará una copia al AMPA y a todos los padres que lo soliciten.
La comunicación de situaciones de presunto acoso entre alumnos puede realizarla cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o indicios razonables de la misma (alumnado, profesorado, familias o personal no docente) en el ámbito de sus respectivas responsabilidades.
Los centros establecerán los medios y procedimientos para facilitar la comunicación de las situaciones de presunto acoso, garantizando el anonimato de la identidad de la persona que realiza la comunicación.
La Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por la que se dictan instrucciones en relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares, establece el procedimiento de actuación que hay que seguir para confirmar la existencia de indicios de acoso escolar.
Estas actuaciones previas no comportan la apertura de ningún tipo de expediente disciplinario (tal como viene regulado en el Decreto 115/2005), ya que se trata, en todo caso, de averiguar si existen indicios suficientes para incoar dicho expediente.
Todas las investigaciones que conforman estas actuaciones preliminares deben hacerse, con el mayor sigilo y confidencialidad, en el plazo máximo de cinco días lectivos que prevé el artículo 55.1, del referido Decreto, para la incoación de expediente disciplinario, en su caso.
1. Corrección por conductas gravemente perjudiciales.
En cuanto al procedimiento a seguir en la corrección de medidas educativas por conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro, hay que tener presente que dentro de la tipología recogida en el artículo 51 del Decreto 115/2005, unas conductas son susceptibles de ser tratadas por el procedimiento abreviado y otras por el procedimiento ordinario, de acuerdo con lo siguiente:
- Se instruirán por el procedimiento abreviado las conductas tipificadas en las letras b), f), i), l) y m), del artículo 51. Las medidas educativas de corrección se impondrán según las previstas en el artículo 52.1 de dicho Decreto.
- Se instruirán por el procedimiento ordinario las conductas tipificadas en las letras a), c), d), e), g), h), j) y k) del artículo 51. Las medidas educativas de corrección se impondrán según las previstas en el artículo 52.2 de dicho Decreto.
2. Cambio de centro.
El artículo 53.2 del Decreto 115/2005 establece que cuando el Director imponga la medida correctora de "cambio de centro" motivará, en su resolución, la necesidad de la misma. Por tanto, en el texto de la resolución, antes de su parte dispositiva, es necesario que se detallen las razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea cambiado a otro centro. Asimismo, se recomienda que esta medida extrema se aplique una vez agotadas todas las medidas previstas en el Plan de Convivencia del centro, contemplando como objetivo la integración del alumno en el sistema educativo.
Cuando se realice la notificación de la resolución del "cambio de centro" ante la Dirección General de Ordenación Académica, se acompañará de toda la documentación contenida en el expediente, a los efectos de agilizar su tramitación.
3. Ejecutividad de las correcciones.
Las medidas educativas de corrección previstas en el artículo 49, letras d), e), f), g) y h) del Decreto 115/2005, ante la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, serán inmediatamente ejecutivas, de acuerdo con el artículo 50.4 de dicho Decreto. Sin embargo, según lo dispuesto en el artículo 50.5, el alumno o sus padres o representantes legales pueden presentar reclamación contra la resolución del Director del centro ante la Dirección General de Ordenación Académica en el plazo de dos días lectivos, por lo que se recomienda posponer tres o cuatro días la aplicación de la medida educativa de corrección impuesta hasta que haya transcurrido dicho plazo que comenzará a contar, no obstante, a partir del día siguiente en que se produjo la notificación de dicha resolución.
Las medidas educativas de corrección previstas en el artículo 52 del Decreto 115/2005, por la comisión de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, solamente podrán ser ejecutadas o cumplidas cuando haya transcurrido el plazo establecido para entablar reclamación o recurso de alzada (dos días lectivos en el procedimiento abreviado o un mes en el procedimiento ordinario) y el alumno o sus padres o representantes legales no los hayan presentado, o, en el caso, de que se hubieran impugnado, cuando haya recaído resolución de la Dirección General de Ordenación Académica, poniendo ésta fin a la vía administrativa, siempre que sea confirmatoria en todo o en parte de la resolución impugnada.
Si antes del cumplimiento de una medida correctora, adoptada por resolución del órgano competente, conforme al Decreto 115/2005, el alumno cambia de centro, dicha medida deberá aplicarse en el centro de destino. Para ello, el centro de origen remitirá al de destino, la documentación que lo acredite, e informará de ello a la Dirección General de Ordenación Académica.
4. Descripción de los hechos y conductas.
Los hechos o conductas objeto de un expediente, así como en los restantes casos, deberán describirse y detallarse con el suficiente grado de claridad y concreción (día, hora, lugar, alumnos implicados, etc.), bien en los formularios elaborados por la Dirección General de Ordenación Académica o en aquellos confeccionados a tal fin por los centros. Entre dichos formularios, en el caso de un expediente instruido por el procedimiento ordinario, se deberá notificar al alumno expedientado o a los padres o tutores legales del mismo, si éste es menor de edad, de forma fehaciente, el inicio del expediente, la adopción de medidas provisionales (si las hubiere), el pliego de cargos, la propuesta de resolución y la resolución final.
A este respecto, no hay que confundir las conductas con las tipificaciones de las mismas recogidas en los artículos 48 y 51 del Decreto 115/2005, según se trate de conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia. Así, por ejemplo, cuando un alumno cometa un acto de ofensa o falta de respeto a un miembro de la comunidad educativa, esta conducta deberá describirse detalladamente, sin que ello suponga transcribir literalmente los conceptos que figuran en la tipificación que presumiblemente le correspondería según el artículo 48, letra e): "Los actos de indisciplina, incorrección o desconsideración hacia el profesor u otros miembros de la comunidad educativa" (si fuera valorada como conducta contraria a las normas de convivencia), o según el artículo 51, letra a): "Los actos graves de indisciplina, injuria u ofensa contra los miembros de la comunidad educativa" (si fuera valorada como conducta gravemente perjudicial para la convivencia).
En todo caso, siempre se garantizará, al redactar la resolución final, el derecho a la intimidad y el anonimato de personas distintas del alumno sancionado.
5. Declaraciones y trámites de audiencia al alumnado.
Las declaraciones de un alumno o los trámites de audiencia llevados a cabo para el esclarecimiento de los hechos deben realizarse, si éste es menor de edad, en presencia de los padres o representantes legales del mismo, levantándose acta de dicha comparecencia que deberá ser firmada por todos los asistentes. En el supuesto de que alguno declinara su asistencia a dicha comparecencia o rehusara firmar dicha acta, circunstancias que no invalidan ni paralizan el desarrollo del procedimiento, se deberá dejar constancia expresa que acredite cualquiera de ambas circunstancias.
En este sentido, cuando se imponga una medida correctora de las previstas en el artículo 49, letras g) y h), del Decreto 115/2005, que deberá estar debidamente motivada en la resolución dictada, el trámite de audiencia al alumno en presencia de sus padres o representantes legales será un requisito inexcusable y necesario si éste es menor de edad, levantándose acta de dicha comparecencia en los términos expresados anteriormente, según lo establecido en el artículo 50.1, letra d). Este requisito de la presencia de los padres o tutores legales será excusado cuando se vayan a imponer medidas correctoras recogidas en el artículo 49, letras a), b), c), d), e) y f), de dicho Decreto.
Igualmente, cuando se decida incoar un expediente por el procedimiento abreviado u ordinario y, en su caso, se vayan a adoptar medidas provisionales, el instructor deberá llevar a cabo el trámite de audiencia a un alumno en presencia de sus padres o representantes legales, levantándose acta de dicha comparecencia en los términos expresados anteriormente según lo preceptuado, respectivamente, en los artículos 53.1 y 55.6 del Decreto 115/2005.
6. Reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia.
El Director de un centro podrá utilizar el procedimiento abreviado para los alumnos que hayan cometido dos o más conductas contrarias a las normas de convivencia del centro en un mismo curso escolar. Dicha conducta de reiteración deberá ser tipificada como gravemente perjudicial según el artículo 51, letra b), del Decreto 115/2005, y corregirse con cualquiera de las medidas educativas previstas en el artículo 52.1 de dicho Decreto.
En tal sentido, para que pueda darse la circunstancia de "reiteración de conductas contrarias a las normas de convivencia", deberá haber constancia documental de que la conducta o conductas precedentes han sido debidamente corregidas por resoluciones firmes, es decir, cuando las medidas correctoras impuestas hayan sido fehacientemente notificadas a los padres o representantes legales del alumno y éstas no hayan sido objeto de reclamación o, en su caso, se haya emitido resolución desestimatoria por parte de la Dirección General de Ordenación Académica y ésta no haya sido recurrida en los tribunales.
A tal efecto, no se debe confundir la reiteración con la acumulación de conductas contrarias a las normas de convivencia escolar. Para que se pueda aplicar la reiteración, las conductas cometidas deberán haber sido corregidas por las medidas educativas previstas en el artículo 49, letras d), e), f), g) y h) del citado Decreto.
Cuando la resolución del Director se dicte por "reiteración de conductas" no podrá considerarse dicha reiteración, en la misma, como circunstancia acentuante, de conformidad con el artículo 45.2, letra a), del citado Decreto.
7. Duplicidad de sanciones educativas.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Constitución Española, íntimamente vinculado a los principios de legalidad y de tipicidad de los delitos, faltas e infracciones, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 133 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuando exista "identidad de sujeto, hecho y fundamento" dentro de un mismo procedimiento, se evitará la concurrencia o duplicidad de sanciones respecto a un mismo hecho o conducta, ya sea ésta contraria o gravemente perjudicial para la convivencia.
La pluralidad de sanciones por un mismo hecho o conducta conlleva una desproporcionalidad que vulnera el artículo 42.2, letra c), del Decreto 115/2005 y, al mismo tiempo, conculca el principio jurídico "non bis in ídem".
8. Aplicación de medidas provisionales.
De conformidad con lo regulado en el artículo 53.4 del Decreto 115/2005, cuando se vayan a adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer, así como para evitar la persistencia de los efectos de la infracción y garantizar las exigencias de los intereses generales, éstas no podrán exceder de la duración de la medida de corrección que previsiblemente se vaya a imponer a la finalización del procedimiento (que serán de abono a dicha medida) y, además, deberán guardar relación expresa con la medida correctora que finalmente se imponga, con el fin de evitar la antedicha duplicidad de sanciones educativas.
El Director del centro, por decisión propia, o a propuesta, en su caso, del instructor, podrá adoptar las medidas provisionales precisas, motivando adecuadamente su adopción, una vez decidida la incoación de expediente o en cualquier momento de su instrucción y, en ningún caso, antes de la fecha de inicio del mismo, ni después de la resolución que finalmente se haya dictado.
En relación con el artículo 55.8 del Decreto 115/2005, el artículo 127, letra f), de la LOE atribuye al Consejo Escolar del centro las siguientes competencias en materia de convivencia escolar: "Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas".
Los padres o tutores legales del alumno podrán solicitar al Consejo Escolar, en el plazo de 48 horas desde que tienen conocimiento de la resolución del Director, la revisión de la decisión adoptada. El Director del centro, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 132, letra f) de la LOE, ratificará documentalmente su resolución o dictará una nueva en el plazo de 48 horas, dejando constancia en la misma de las propuestas formuladas por el Consejo Escolar.
En este caso, el plazo para interponer reclamación (procedimiento abreviado) o recurso de alzada (procedimiento ordinario) ante la Dirección General de Ordenación Académica, empezará a contar desde la fecha de la notificación de la ratificación o de la nueva resolución dictada según lo establecido, respectivamente, en los artículos 53.1 (procedimiento abreviado) y 56.2 (procedimiento ordinario) del Decreto 115/2005.
El empleo de teléfonos móviles en los centros escolares no está explícitamente contemplado en la normativa vigente sobre convivencia escolar, sin embargo, los centros podrán incluir en su Reglamento de Régimen Interior las indicaciones que estimen oportunas para prevenir o resolver posibles conflictos causados por el uso de estos dispositivos u otros dispositivos similares (cámaras, grabadoras, etc.) en las aulas o en otras dependencias del centro. De hecho, cabe considerar como una falta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, el grabar o difundir, a través de cualquier medio o soporte, imágenes que guarden relación expresa con la vida escolar y cuyo contenido pueda dañar o atentar contra la intimidad, la integridad o la dignidad personal de cualquier miembro de la comunidad educativa.
En este sentido, se recomienda a los centros que lleven a cabo todas aquellas iniciativas necesarias que impidan la utilización de dichos aparatos en las aulas y/o autorizar su uso de forma excepcional en determinadas zonas (pasillos, patios, cantina, etc.) y tiempos del horario escolar, con objeto de evitar interferencias en el normal desarrollo de las clases y de mejorar la convivencia en el recinto escolar.
Asimismo, con objeto de proteger los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución como el derecho a la integridad física y moral (artículo 15), el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 17), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (artículo 18) y el derecho a la educación (artículo 27), el uso indebido, dañoso o irresponsable de teléfonos móviles u otros aparatos tecnológicos similares puede ser tipificado y corregido, dependiendo de la gravedad del acto, según lo contemplado en el Decreto 115/2005. Por tanto, dicha conducta es susceptible de ser tipificada por el artículo 51, letras a), c), h), o k), del Decreto 115/2005 y corregida, en consecuencia, con cualquier medida educativa prevista en el artículo 52.2 del citado Decreto.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación, Formación y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, de conformidad con los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o bien formular directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 10.1.a) y 46 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 129
 resolución 
 Resolución 
 artículo 55
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 51
 artículo 52
 artículo 53
 resolución 
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 50
 resolución 
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 48
 artículo 51
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 50
 artículo 49
 artículo 51
 artículo 52
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 45
 artículo 25
 artículo 133
 artículo 42
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 55
 artículo 127
 resolución 
 resolución 
 artículo 132
 resolución 
 resolución 
 artículo 51
 artículo 52