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Timestamp: 2018-02-22 12:27:04+00:00

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Sentencia Penal Nº 75/2012, AP - Madrid, Sec. 17, Rec 343/2011, 17-01-2012 | Iberley
Lamela Diaz, Carmen
Sentencia Penal Nº 75/2012, Audiencia Provincial de Madrid, Sección 17, Rec 343/2011 de 17 de Enero de 2012
Sentencia Penal Nº 143/2012, AP - Jaen, Sec. 1, Rec 57/2012, 14-06-2012
Órden: Penal Fecha: 14/06/2012 Tribunal: Ap - Jaen Num. Sentencia: 143/2012 Num. Recurso: 57/2012
Sentencia Penal Nº 250/2013, AP - Castellon, Sec. 1, Rec 441/2013, 17-07-2013
Órden: Penal Fecha: 17/07/2013 Tribunal: Ap - Castellon Num. Sentencia: 250/2013 Num. Recurso: 441/2013
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Sentencia Penal Nº 78/2005, AP - Alava, Sec. 2, Rec 22/2005, 11-05-2005
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Resolución de TEAC, 00/4963/2009, 22-03-2011
Núm. Resolución: 00/4963/2009
Resolución de TEAC, 00/10484/1996, 17-11-1999
Órgano: Tribunal Económico Administrativo Central Fecha: 17/11/1999
Núm. Resolución: 00/10484/1996
Ponente: Lamela Diaz, Carmen
Núm. Sentencia: 75/2012
Núm. Cendoj: 28079370172012100049
ROLLO DE APELACION Nº 343/11 RP
JUICIO ORAL Nº 15/11
SENTENCIA Nº 75/12
SECCION DECIMOSÉPTIMA
ILMOS. SRAS.:
Dª CARMEN LAMELA DIAZ
Dª Mª JESÚS CORONADO BUITRAGO
Dª ROSA BROBIA VARONA
En Madrid a diecisiete de enero de dos mil doce.
VISTAS, en segunda instancia, ante la Sección Decimoséptima de esta Audiencia Provincial de Madrid, las presentes diligencias seguidas por el trámite de procedimiento abreviado nº 15/11 , en virtud de recurso de apelación interpuesto por D. Juan Luis , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once , en la causa citada al margen.
VISTO, siendo Ponente la Magistrada de la Sección, Ilma. Sra. Dª CARMEN LAMELA DIAZ, quien expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO.- Por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, en el procedimiento que, más arriba se indica, se dictó sentencia, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once , cuyo relato fáctico es el siguiente: " Se considera probado y así se declara que el acusado Juan Luis , de 45 años de edad, el día 31 de julio del 2009, sobre las 9:30 horas de la noche circulaba con el vehículo Fiat Seicento matrícula 6866 BLY, propiedad de internacional Comercio e Industria SA, por la Avenida de Buenos Aires de Madrid, saltándose el paso de cebra que le obligaba a para el turismo, lo que provocó que atropellase en dicho paso a la menor Yolanda , de 14 años de edad en el momento del accidente, la cual había iniciado su marcha a pie por el paso de peatones correctamente, consiguiendo tirarla al suelo como consecuencia del impacto.
Realizada la prueba de alcoholemia al acusado arrojó un resultado de 0,49 mg/litro la primera prueba y 0,52 mg/litro por aire espirado la segunda prueba. El acusado presentaba además síntomas de haber ingerido alcohol, ojos vidriosos, y habla repetitiva, como describieron los agentes de la policía municipal que acudieron al lugar del siniestro y levantaron el oportuno croquis del accidente.
Como fruto del impacto, Yolanda sufrió : "traumatismo en pierna izquierda" y "erosiones en pie derecho", requiriendo tratamiento médico: inmovilización, analgésicos y antiinflamatorios, precisando para su curación 15 días, todos impeditivos, como determinó el médico forense.
El vehículo conducido por el acusado está asegurado en la Mutua Madrileña Automovilista".
Y cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que debo condenar y condeno a Juan Luis como autor criminalmente responsable de un delito contra la seguridad vial con resultado de lesiones producidas por imprudencia grave, sin que concurra en el mismo ninguna circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, imponiéndole la pena de 6 MESES DE PRISIÓN, inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES POR 2 AÑOS Y 6 MESES, lo que entraña la pérdida de vigencia del permiso de conducir.
En concepto de responsabilidad civil el acusado deberá indemnizar ex delito a la perjudicada Yolanda , que al ser menor, está representada por su madre, en la cantidad e 877 euros, más los intereses legales correspondientes.
Es responsable civil directo la Compañía Mutua Madrileña Automovilista, a quien se le imponen los intereses previstos en el art. 20 LCS desde la fecha del siniestro (31 de julio del 2009).
Las costas procesales se imponen al acusado".
SEGUNDO.- Contra dicha sentencia se interpuso en tiempo y forma, por el Procurador D. Javier Cereceda Fernández-Orduña en representación de D. Juan Luis , recurso de apelación que basó en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el recurso, se dio traslado del mismo a las demás partes personadas, remitiéndose las actuaciones ante esta Audiencia Provincial.
TERCERO.- En fecha cinco de octubre de dos mil once, tuvo entrada en esta Sección Decimoséptima el precedente recurso, formándose el correspondiente rollo de apelación, y se señaló día para la deliberación y resolución del recurso, acto que tuvo lugar el día señalado.
CUARTO.- SE ACEPTAN los antecedentes de hecho de la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes.
SE ACEPTA el apartado de hechos probados de la sentencia recurrida.
PRIMERO.- SE ACEPTAN los razonamientos jurídicos de la sentencia apelada, en cuanto no se opongan a lo que a continuación se expresa.
SEGUNDO.- Se denuncia en primer lugar por el recurrente infracción del art. 142 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a la formación de la sentencia al no reflejarse en el apartado de hechos probados de la misma que la ingesta de bebidas alcohólicas efectuada por el acusado influyera en su conducción.
Es cierto que el apartado de hechos probados no recoge la influencia que la ingesta de alcohol tuvo en la conducción del acusado. Ello no obstante en el Fundamento de Derecho primero apartado 4º de la sentencia se consigna expresamente que "...el acusado ingirió alcohol antes de conducir y que este influyó en la conducción..." lo que permite conocer que tal influencia ha sido considerada probada por la juzgadora de instancia, de manera que el factum queda integrado con los datos incluidos en los fundamentos de derecho, integración que ha sido admitida por el Tribunal Supremo en sentencias de 18/7/2007 y 16/7/1998 (implícitamente). En todo caso, la apreciación de este motivo de recurso llevaría a declarar la nulidad de la sentencia, conforme a lo dispuesto 792.2 en relación con el art. 790.2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , y no la absolución del acusado, como se pretende por el recurrente.
TERCERO.- Examinando en segundo lugar la denuncia que efectúa el recurrente, falta de motivación de que adolece la resolución recurrida, es cierto que tal omisión, de haberse producido, podría impedir conocer el razonamiento lógico que ha llevado al juzgador a adoptar la decisión contenida en la misma, pudiendo contravenir con ello el Derecho a la tutela judicial amparado constitucionalmente, debiendo recordar en este punto la doctrina del Tribunal Constitucional ( S.T.C. 18-12-1995 ) que recuerda la doctrina reiterada de dicho Tribunal en el sentido de que el derecho a la tutela judicial, protegido por el artículo 24. 1 CE , entendido como derecho a una resolución jurídicamente fundada, implica integrar en el contenido de esa garantía constitucional el derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales; de tal manera que la motivación de las resoluciones es una consecuencia necesaria de la propia función judicial y de su vinculación a la Ley, existiendo un derecho del justiciable a exigirla, al objeto de poder contrastar su razonabilidad para ejercitar, en su caso, los recursos judiciales, y, en último término, para oponerse a las decisiones arbitrarias que resulten lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva. Sentado lo anterior, no parece sin embargo que el recurrente ignore el motivo que ha llevado al juzgador de instancia a adoptar la resolución recurrida, pues los razonamientos que sirven de base a la resolución impugnada aparecen convenientemente expresados en los fundamentos de derecho de la citada resolución, y, en concreto, en el fundamento primero se expone, no solo los síntomas que presentaba el acusado y los hechos de carácter objetivo que evidencian, a juicio del juzgador, el estado de embriaguez bajo el que se encontraba, sino también qué actos de los realizados por el mismo desencadenaron o fueron la causa eficiente del atropello de la menor, así como qué pruebas de las realizadas a su presencia le llevan a establecer tales conclusiones. No es solo el atropello de la menor, como ahora se verá, lo que llevó a determinar que el acusado conducía bajo los efectos del alcohol, sino que la juzgadora de instancia valoró las declaraciones de los testigos en el acto del juicio oral en donde expresaron los síntomas apreciados en el acusado, y las circunstancias objetivas de la vía explicando porqué el acusado sí tenía la visibilidad suficiente para percatarse de la presencia de la menor en la calzada cruzando por el paso de cebra. El que el recurrente no esté conforme con los hechos que se declaran probados y con la fundamentación jurídica de la sentencia impugnada no significa que ésta esté falta de motivación.
CUARTO.- Se denuncia como tercer motivo de recurso error en la apreciación de la prueba, al no influir la ingesta de bebidas alcohólicas por parte del acusado en su conducción y no ser responsable del resultado del accidente, al entender que la única prueba valorada en la sentencia de instancia son las declaraciones de los agentes que se limitaron a ratificar el atestado exponiéndose por los mismos la apreciación de unos síntomas en el acusado que, además de ser subjetivos, pueden ser consecuencia de otras circunstancias ajenas a la ingesta de alcohol, no siendo necesariamente el accidente consecuencia de la afección de las capacidades del acusado como consecuencia de la ingesta de alcohol.
Frente a los razonamientos expuestos por el recurrente y tras un examen detenido de las actuaciones, puede concluirse junto al juez de instancia que aquel conducía después de haber consumido bebidas alcohólicas, que aquellas influían de forma clara en su conducción y que el estado de embriaguez en que se encontraba el recurrente fue decisivo en la causación del accidente. Así, en primer lugar la regularidad de la prueba de alcoholemia ha sido incuestionable por cuanto ha sido realizada mediante un aparato de detección alcohólica autorizado (etilómetro autorizado Dräger 7110, debidamente verificado, el acusado se sometió voluntariamente a ella siendo informado convenientemente de sus derechos conforme se desprende del acta levantada al efecto (f. 25 y 26), fue requerido a una segunda prueba, dando como resultado, respectivamente 0'49 y 0'52 miligramos de alcohol por litro de aire, y se le ofreció la posibilidad de efectuar una extracción sanguínea, que fue rechazada por aquél. Es cierto que tal resultado no integra el tipo penal contenido en el art. 379.2 in fine del Código Penal , pero, si puede ser valorado, junto con otros datos de carácter objetivo, para valorar si la conducta del acusado puede ser incardinada en el inciso primero del citado art. 379.2. Pero es que, además, el Juez de instancia ha contado con otras pruebas para formar la convicción que expresa en la sentencia recurrida; así, comparecieron en el acto del juicio oral los agentes de la policía municipal que acudieron al lugar de los hechos tras producirse el accidente, los cuales no se limitaron a ratificar el atestado, sino que manifestaron los síntomas que apreciaron en el acusado, coincidiendo básicamente en señalar que éste presentaba fuerte olor a alcohol en el aliento, ojos enrojecidos, conversación repetitiva y rostro sudoroso, llegando a expresar el agente nº NUM000 que tenía un aspecto que no supo definir pero indicaba como si fuera desaliñado. Y el agente nº NUM001 señaló que solicitaron el equipo de atestados como consecuencia de haber implicada una menor y por los síntomas que presentaba el acusado. También explicaron que la zona estaba iluminada y había visibilidad y que existía un seto en la mediana, concretando el agente nº NUM001 que se trataba de arbustos que no dificultan la visibilidad, circunstancia que, conforme se señala en la sentencia, puede comprobarse con el examen de la fotografía obrante al folio 23 de las actuaciones. A estos testimonios se suman las declaraciones de la menor atropellada, Yolanda y de sus amigas, también menores, Esperanza y Paloma , quienes señalaron que el accidente se produjo en el segundo carril de circulación, cuando Yolanda ya había rebasado el primer carril donde se habían detenido los vehículos que por él circulaban, lo que pone de manifiesto que el seto permitía ver a las menores, (las vieron los conductores del primer carril más próximo al mismo y por tanto a los que más podría haber sorprendido su presencia), que iba a mayor velocidad de lo que aconsejaban las circunstancias de la circulación, y que no respetó el paso de cebra, ya que siguió circulando pese a la existencia del mismo y la presencia de las menores en la calzada, cuando Yolanda procedía a atravesar el segundo carril, y sus amigas, a las que tampoco vio, se encontraban en el primero. También pusieron de manifiesto la actitud del acusado tras el accidente, en concreto, que no paró inmediatamente lo que incluso les llevó a pensar que iba abandonar el lugar sin detenerse, (circunstancia que también se objetiva en el atestado en el que se indica el punto de detención del vehículo alejado del paso de cebra (f.22)), que se bajó del vehículo nervioso, como yendo para todos lados, según explicó Paloma , como riendo y sin aparentar la más mínima preocupación por lo que acababa de suceder, llegando a señalar Paloma , a preguntas del letrado de la defensa, que el acusado iba un poco bebido y que se bajó del coche y solo se reía, lo cual solo es explicable desde la desinhibición que la ingesta de alcohol podía producir en aquel.
Y es evidente que el accidente se produjo al no ir el acusado atento a las circunstancias del tráfico debido a esa ingesta de bebidas alcohólicas, pues de otra manera, necesariamente tendría que haberse apercibido de la presencia de las tres menores en la calzada y de la detención en el paso de cebra de los vehículos que circulaban por el primer carril, hecho este que ya por si solo implica la presencia de personas en la calzada. Y, consecuentemente con ello, debería haber detenido su vehículo a tiempo o desplazarlo de tal manera que no colisionara a la menor, lo que podía haber hecho (si como explica la velocidad a la que circulaba no era excesiva) si se hubiera encontrado en pleno uso de sus facultades.
No debemos olvidar en este punto que nos encontramos ante un tramo recto de doble sentido, que el acusado circulaba por el segundo carril de circulación, y que el seto en la mediana, como ya se ha razonado, no le impedía la visibilidad, encontrándose la vía suficientemente iluminada. En las mismas circunstancias los demás vehículos vieron a las menores y detuvieron su marcha ante su presencia en el paso de cebra.
Por todo ello es obvio que la juzgadora de instancia ha dispuesto de pruebas más que suficientes para afirmar que la conducción estuvo influenciada por el alcohol, realizando así la apreciación racional y en conciencia que le compete por el art. 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal .
Procede por lo expuesto la desestimación, también en este punto, del recurso formulado.
QUINTO.- Se interesa con carácter subsidiario por el recurrente que se le absuelva del delito de lesiones por imprudencia grave por el que ha sido condenado y se le condene como autor responsable de un falta de lesiones por imprudencia, tipificada en el art. 621 del Código Penal , a la pena de multa de un mes, a razón de cinco euros diarios.
Tal pretensión no puede ser estimada por cuanto que, conforme a los razonamientos expuestos en el apartado anterior, los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra la seguridad vial previsto y penado en el art. 379.2 inciso primero del Código Penal , si bien el acusado ha sido condenado como autor de un delito de lesiones causado por imprudencia grave del art. 152.1.1º y 147.1 del Código Penal por aplicación de lo dispuesto en el art. 382 del mismo texto legal .
Ahora bien, el art. 382 del Código Penal exige para su aplicación que se haya producido un resultado lesivo constitutivo de delito, esto es, conforme señala el art. 147 del mismo texto legal , que la lesión requiera objetivamente para su sanidad, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico. Expresado en otros términos, los hechos enjuiciados solo serán constitutivos de delito de lesiones causados por imprudencia si las lesiones padecidas por la menor Yolanda precisaron para su curación tratamiento médico, ya que de otra manera no se podría aplicar el art. 152.1,1º del Código Penal al no concurrir los elementos del tipo penal descrito en el art. 147.1 del Código Penal .
Tal concepto debe ser examinado en términos legales y no estrictamente médicos. Pues bien, si entendemos por tratamiento médico el resto de los actos terapéuticos subsiguientes a la primera asistencia y considerados necesarios para la curación de las lesiones del sujeto y una vez perfilado el diagnóstico que corresponde al concepto de "primera asistencia", a la vista de los informes médicos obrantes en las actuaciones, la menor Yolanda no precisó para su curación tratamiento médico,
Según consta en las actuaciones, la menor fue asistida en el lugar de los hechos por facultativos del SAMUR (f. 28) que apreciaron "herida inciso en pie derecho y contusión en pie izquierdo" haciendo constar que la misma accedió a la unidad por sus medios, siendo trasladada no obstante a un centro hospitalario para la valoración de sus lesiones, en concreto, al Hospital Gregorio Marañón (f.29) presentando contusión en pierna izquierda y erosión en pie derecho que precisó reposo relativo, pierna en alto, hielo local e Ibuprofeno aconsejando cita con su médico a los 2 ó 3 días. Por su parte, el Médico Forense (f.64) señala que precisó tratamiento médico consistente en inmovilización, analgésicos y antinflamatorios, tardando en curar quince días, durante los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, curando sin secuelas.
Ahora bien, viene señalando el Tribunal Supremo ( S.T.S. 18.02.00 ) que el concepto de tratamiento médico "es un concepto normativo que, en ausencia de una definición legal, debe ser alcanzado mediante las aportaciones doctrinales y jurisprudenciales que otorgan al mismo la necesaria seguridad jurídica que la interpretación del tipo requiere".
De ahí que jurisprudencialmente se haya señalado que por tal debe entenderse "toda actividad posterior a la primera asistencia... tendente a la sanidad de las lesiones y prescrita por un médico" (Cfr. STS 2.2.94 ). "Aquel sistema que se utiliza para curar una enfermedad o para tratar de reducir sus consecuencias, si aquella no es curable... siendo indiferente que tal actividad posterior la realice el propio médico o la haya encomendado a auxiliares sanitarios, también cuando se imponga la misma al paciente por la prescripción de fármacos o por la fijación de comportamientos a seguir, quedando al margen del tratamiento médico el simple diagnóstico o la pura prevención médica" (Cfr. STS 9.1.96 ).
El tratamiento quirúrgico es la acción reparadora del cuerpo para restaurar o corregir, mediante la aplicación de arte quirúrgico mayor o menor, cualquier alteración funcional u orgánica producida como consecuencia de la lesión ( STS 28-2-92 , 13-7-93 y 2-3- 94).
De lo hasta aquí expuesto, debe resaltarse como requisito imprescindible para que la actividad reparadora pueda definirse como tratamiento médico la necesidad del recurso a tal aplicación o tratamiento para la obtención de la sanidad de la lesión padecida, cuya valoración ha de realizarse de forma objetiva, conforme expresamente recoge el artículo 147 del Código Penal , con independencia de que la misma se haya llevado a cabo efectiva y realmente, ya que, como se recoge en las Sentencias del T.S. de fecha 26-02-1.998 y 9-12-1.998 , en el mismo sentido antes expuesto, "de lo contrario quedaría en manos del facultativo, más o menos exigente, la presencia de un delito o de una falta, de la misma manera que tampoco puede quedar en manos de la víctima el decidir si se necesita, tras la primera asistencia, un tratamiento posterior, médico o quirúrgico".
Trasladada la anterior doctrina al supuesto de autos, habrá de determinarse si el tratamiento pautado a la menor Yolanda constituye verdadero y necesario tratamiento médico o quirúrgico y en consecuencia determinaría la calificación de las lesiones como delito.
Así, únicamente consta en las actuaciones (f. 28 a 30 y 60 a 63) los partes de lesiones emitidos por el SAMUR y por el Servicio de Urgencias del Hospital Gregorio Marañón en los que, como antes se expresaba, consta que la menor presentaba contusión en pierna izquierda y erosión en pie derecho que precisó reposo relativo, pierna en alto, hielo local e Ibuprofeno aconsejando cita con su médico a los 2 ó 3 días. Por su parte, el Médico Forense señala (f.64) que precisó tratamiento médico consistente en inmovilización, analgésicos y antinflamatorios, tardando en curar quince días, durante los cuales estuvo impedida para sus ocupaciones habituales, curando sin secuelas, sin que obre en la causa documentación alguna de la que se infiera que la menor haya precisado cualquier otra atención médica. No consta ningún otro informe de facultativo que ponga de manifiesto que la menor haya sido revisada después. Tampoco se preguntó sobre este extremo a Yolanda en el acto del juicio oral. Pero es que, además, del informe elaborado por el Médico Forense (f. 64) no se desprende que la lesionada haya necesitado para su curación, además de una primera asistencia, tratamiento médico en sentido legal. Así, únicamente consta que presentó las lesiones descritas por las que se le recomendó inmovilización, analgésicos y antinflamatorios. No consta sin embargo informe alguno en el que figure qué tipo de inmovilización se le pautó y el informe de urgencias, como veíamos, sólo recomendó reposo relativo, que no debió durar más allá de 15 días pues son estos los que la perjudicada tardó en sanar con impedimento para sus ocupaciones habituales.
En consecuencia, teniendo en cuenta la no constancia atenciones médicas o sanitarias posteriores a la asistencia recibida en el servicio de urgencias del Hospital Gregorio Marañón y el escaso tiempo de curación de las lesiones, debe concluirse estimando que no ha habido un tratamiento posterior a la primera asistencia, que resultase necesario e imprescindible para obtener la curación.
Debe concluirse, por tanto, estimando que la acción del acusado, en su caso, no integraría el delito de lesiones causadas por imprudencia por el que venía siendo condenado y tampoco falta de lesiones por imprudencia prevista en el art 621 del Código Penal .
Por ello, siendo la conducta protagonizada por el acusado incardinable en el art. 379.2 inciso primero del Código Penal , y siguiendo el criterio de la sentencia impugnada y la petición subsidiaria del recurrente que fija la cuantía de la cuota de multa que solicita en cinco euros, la pena a imponer será la de multa de seis meses con una cuota diaria de cinco euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas que resultaran impagadas y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de un año.
SEXTO.- Procede declarar de oficio las costas procesales causadas en esta alzada.
ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Javier Cereceda Fernández-Orduña en representación de D. Juan Luis , contra la sentencia dictada por la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid, de fecha veintisiete de mayo de dos mil once , y a los que este procedimiento se contrae, REVOCAMOS EN PARTE la citada resolución en el sentido de ABSOLVER a D. Juan Luis del delito contra la seguridad vial con resultado de lesiones producidas por imprudencia grave, CONDENADOLE como autor responsable de un delito contra la seguridad vial, sin concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de MULTA de SEIS MESES con una cuota diaria de cinco euros y responsabilidad personal subsidiaria de un día por cada dos cuotas que resultaran impagadas y PRIVACIÓN DEL DERECHO A CONDUCIR VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES por tiempo de UN AÑO, confirmando en lo demás el resto de los pronunciamientos contenidos en el fallo de la sentencia impugnada, y declarando de oficio las costas causadas en esta alzada.
Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, para su conocimiento y ejecución.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en segunda instancia, y de la que se llevará certificación al Rollo de Sala, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
PUBLICACION.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada Ponente, en Audiencia Pública de la Sección Decimoséptima, en el día de su fecha. Doy fe.-

References: Resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in fine
 artículo 147
 resolución