Source: http://bazica.org/conceptos-basicos-del-derecho-procesal-civil.html
Timestamp: 2019-03-25 16:11:47+00:00

Document:
Dra. Ivonne Pérez Gutiérrez
Secretaria de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal
Sumario: 1. Límites de la jurisdicción en el específico ámbito civil. 1.1. Criterios de atribución. A) Vertical o jerárquica. B) Funcional. C) Territorial. 1.1.1. Falta de competencia. 2. La acción en el proceso civil. 2.1. Acción y pretensión. 2.2. Acumulación de pretensiones. 2.3. Otras solicitudes. 3. Diferencia entre proceso y procedimiento. 3.1. Clases de proceso civil. 3.2. Acumulación de procesos. 3.3. Constitución de la relación jurídica procesal. 3.4. Extinción del proceso. 3.5. Efectos del proceso. 4. Las partes en el proceso civil. Los terceros. 4.1. Requisitos de las partes. 4.1.1. La postulación procesal. 4.2. Las partes en los procesos relativos a la familia. 5. Una reflexión final
1. Límites de la jurisdicción en el específico ámbito civil
En Derecho Procesal Parte General aprendimos, con Mendoza Díaz, que por jurisdicción concebimos a esa potestad de decidir con fuerza vinculante para las partes una determinada situación jurídica controvertida o la satisfacción de pretensiones, todo conforme al Derecho objetivo.
De manera que la jurisdicción, en tanto potestad del Estado materializada en la aplicación del Derecho para la solución de casos concretos y controvertidos, no puede ser clasificada, porque ello sería limitar esta función de administrar justicia; pero, lo cierto es que, doctrinal y legalmente, se ofrece una sistematización general por materias lo que facilita su estudio. Así, con la voz “jurisdicción civil” se delimita un ámbito jurisdiccional en pos de, luego, establecer los criterios de atribución de competencia de esta área de la función jurisdiccional.
Sin embargo, el artículo 4 de la Ley de Procedimiento Civil, Administrativo, Laboral y Económico, en lo adelante LPCALE, establece que “La falta de jurisdicción es declarable de oficio en cualquier estado del proceso”, lo que entra en franca contradicción con lo que teóricamente ya sabemos, por lo que no resulta coherente hacer alusión a una falta de jurisdicción. Y es que estamos en presencia de lo que el profesor Grillo Longoria, en consonancia con la doctrina, ha optado por llamar “incompetencia de jurisdicción” y que se refiere, precisamente, al ejercicio de la función de administrar justicia por materias, pues corresponde a las secciones y salas de lo Civil, únicamente, el conocimiento, tramitación y solución de los casos civiles que le son sometidos, no pudiendo ejercer su jurisdicción (facultad-deber de solución) en asuntos penales, administrativos, laborales o económicos, cuyo conocimiento está conferido a otras secciones y salas de los tribunales. Válido aclarar que a nivel provincial y del Tribunal Supremo, se produce una agrupación de salas en las que las materias no penales pueden estar reunidas bajo una misma égida.
Corresponde, entonces, a la categoría “competencia” establecer los límites del conocimiento de cada una de las secciones y salas de lo civil de los tribunales; de ahí la afirmación de que “la competencia es la medida de la jurisdicción”. En primer lugar, resulta necesario puntualizar que la competencia civil puede ser genérica o específica; genérica, cuando no se precisan los supuestos de Derecho que le corresponden, sino que se utilizan fórmulas como “De las materias que le son propias” o “Las que no estén asignadas a otro orden jurisdiccional”; y, específica, cuando la Ley ofrece la posible relación de supuestos de hecho que le son atribuibles. Esta última es la que sigue nuestra Ley, en su artículo 2, al precisar que corresponde a la jurisdicción civil conocer de las cuestiones civiles que se susciten entre personas naturales o jurídicas, siempre que al menos una de ellas sea cubana; y, las que se susciten entre personas naturales o jurídicas extranjeras con representación o domicilio en Cuba, siempre que la litis no verse sobre bienes situados fuera de Cuba.
También, con independencia de estos presupuestos generales, la Ley determina requerimientos específicos según el tipo de asunto a tramitar o naturaleza del proceso de que se trate, relativos a la competencia, capacidad de las partes, representación y requisitos de las demandas, entre otros.
1.1. Criterios de atribución
La determinación del tribunal competente (sección o sala) para conocer de un asunto, la realiza la ley en función de los criterios objetivo (vertical) y funcional. Cuando hacemos referencia a un criterio objetivo está claro que aludimos al tribunal –como órgano- y no a los jueces que concretamente dilucidarán el caso, pues la situación de que alguno pudiere estar incurso o no en causal de recusación es lo que se conoce como competencia subjetiva, en tanto depende de circunstancias personales expresamente previstas por el legislador. Estos criterios objetivo y funcional resultan indisponibles para las partes, pues se trata de normas de ius cogens y, consecuentemente, de ineludible cumplimiento.
A) Vertical o jerárquica: que distribuye el conocimiento de los asuntos entre tribunal municipal, provincial y supremo (arts. 5, 6, y 7, respectivamente), y se distinguen dos especialidades: por razón de la materia y por razón de la cuantía.
En atención a la cuantía resulta una regla muy sencilla, pues corresponden a tribunal municipal las reclamaciones cuya cuantía o el valor de los bienes sobre los que se litigue no exceda de diez mil pesos y serán de conocimiento de tribunal provincial, cuando lo reclamado exceda de diez mil pesos o sea inestimable o indeterminable; en este ámbito no corresponde conocer y resolver al Tribunal Supremo, dada su condición esencial de examinador de Derecho. Sin embargo, en razón de la materia se hacen específicas regulaciones en la ley procesal en cuanto a los tres niveles jerárquicos (arts. 5, 6 y 7) y aunque parecen muy sencillas estas reglas, es lo cierto que la labor de calificación que realizan los abogados al determinar cuál es el proceso idóneo y cuál es el tribunal competente, cuando de materia se trata, no siempre resulta fácil.
La Ley de Procedimiento Civil, Administrativo y Laboral, de 7 de agosto de 1977, fue modificada por el Decreto-Ley No. 241, de 26 de septiembre de 2006, que insertó el proceso económico por lo que en su artículo 4 estableció la variación del nombre de la norma a LPCALE, la que introdujo importantes cambios relativos a la competencia vertical. A saber: elevó el monto (de mil pesos a diez mil pesos) para distinguir si corresponde a tribunal municipal (tope o máximo) o a tribunal provincial (exigencia mínima); y, en virtud de la materia, ofreció dos definiciones: los conflictos consecuentes de las limitaciones derivadas de las relaciones de vecindad son de conocimiento de los tribunales municipales, mientras que las demandas referidas a la nulidad o ineficacia de actos jurídicos o de la escritura pública que lo contiene, corresponde su conocimiento a los tribunales provinciales. Parecía que con estas disposiciones quedaban resueltas las dudas, pero hoy todavía subsisten algunos cuestionamientos, por ejemplo, de si estamos en presencia de un proceso referido a las relaciones de vecindad, de conocimiento de tribunal municipal, o de un procedimiento en razón de áreas comunes atribuido a las Direcciones Municipales de Vivienda.
Otra disposición con incidencia en el ejercicio de la jurisdicción y de su delimitación competencial en el ámbito vertical, está referida a la modificación del artículo 629, que establece algunas limitaciones para que pueda interponerse recurso de casación contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los tribunales provinciales, en el entendido de que limita el examen de derecho del Tribunal Supremo en materia de alimentos, de liquidación de la comunidad matrimonial de bienes y de partición del caudal hereditario.
B) Funcional: el tribunal conoce no solo del asunto principal, sino también de todo aquello que le es accesorio, incluso lo preprocesal; tales como cuestiones incidentales, excepciones, medidas cautelares y ejecución de lo dispuesto. Resulta también aplicable para los procesos que se tramitan con posterioridad a uno principal que le dio origen, en aquellos casos en que el pronunciamiento definitivo y firme no goza del efecto de cosa juzgada material. A manera de ejemplo, véase el artículo 392 que regula que las cuestiones sobre guarda y cuidado de los hijos, patria potestad, pensiones alimenticias o cualquier otra similar, así como la liquidación de comunidad matrimonial de bienes, se sustanciarán “en las propias actuaciones por los trámites que esta Ley señala para los incidentes”, con lo cual marca su dependencia al proceso de divorcio del cual traen causa.
C) Horizontal o Territorial: luego de determinar qué tribunal es competente desde los puntos de vista objetivos y funcionales, queda un último criterio de atribución en el que sí influye la autonomía de la voluntad, pues de existir acuerdo entre las partes en relación con el tribunal al cual someterán su asunto, nada obsta para que así sea. Por ello, a esta competencia horizontal se le reconoce como prorrogable o disponible, pues se parte del presupuesto de que ante tribunales igualmente competentes por razón de la jerarquía, se puede escoger cuál específicamente conocerá del caso.
Puntualiza Montero Aroca que a las “… reglas de atribución de la competencia territorial a un órgano jurisdiccional concreto, se denominan tradicionalmente en nuestro Derecho fueros”. De manera que la LPCALE, en su artículo 11, establece los fueros legales o aquellas reglas que “acomodan” la competencia vertical ante la falta de acuerdo de las partes, en particular el demandado, en relación con el tribunal al que confiarán su caso; pero, previamente, reconoce la posible sumisión expresa o tácita de las partes a un órgano jurisdiccional, en lo que la doctrina reconoce como fueros convencionales.
Esos supuestos de autonomía de la voluntad de las partes aparecen recogidos en los artículos del 8 al 10 de la Ley procesal civil, que registran como sumisión expresa a la que realizan los interesados cuando en sus primeros escritos (demanda o contestación, según la posición procesal que ocupen) renuncian “clara y terminantemente a su propio fuero y designando con toda precisión al Tribunal a que se someten”; mientras que entiende la tácita para el actor por el mero hecho de acudir al tribunal y en cuanto al demandado, por no plantear la inhibitoria. En la praxis forense no se aprecian los supuestos de sumisión expresa, sino que lo habitual resulta su tácita invocación.
1.1.1. Falta de competencia
El control de la competencia es atribuible tanto al tribunal como a las partes, pero hay que partir de establecer la diferencia entre la falta de competencia, referida a la competencia vertical o improrrogable, declarable de oficio, única causante del rechazo de plano de la demanda por el tribunal (arts. 21 y 22 LPCALE), y las propiamente llamadas cuestiones o conflicto de competencia, que se refieren a la competencia horizontal o territorial, sometida primordialmente a la disposición de las partes por sumisión expresa o tácita (arts. 8 al 10), y en caso de desacuerdo o ausencia de dicha voluntad, a las reglas de determinación comprendidas en los artículos 11, 26 y siguientes de nuestra Ley de Procedimiento.
De tal forma, pudiéramos perfilar que, ante la configuración de una falta de competencia, se ejerce el control de oficio cuando el tribunal rechaza de plano la demanda, por no haberse cumplido con el presupuesto de competencia jerárquica, y si no se percata de ello queda expedita la posibilidad de que se ejerza el control de parte cuando se le concede al demandado la prerrogativa de excepcionar dentro del plazo para contestar (art. 233.2 en relación con el 24).
Por el contrario, cuando se “cuestiona” la competencia solo resulta posible el control de parte, pues el tribunal es competente por razón de la materia o la cuantía y, consecuentemente, está “apto” para conocer del asunto. En estos supuestos, el demandado interesa la aplicación de las reglas del artículo 11 y solicita el conocimiento del asunto ante el tribunal que considera competente por razón del lugar y ello lo efectúa dentro de la primera mitad del plazo para contestar.
Útil precisar que nuestra LPCALE, en su artículo 25, alude a una “cuestión de competencia”, aunque realmente se está refiriendo a una falta de competencia. Error que se arrastra desde el nombre del Capítulo IV, que engloba a las dos figuras dentro “De las cuestiones de competencia entre tribunales”.
2. La acción en el proceso civil
En cuanto a la acción, puede ser definida desde dos puntos de vista: el primero es de carácter genérico, imprescriptible, inclasificable, derivado de la concepción constitucionalista que la ve como un derecho potestativo de tutela de los derechos -tutela judicial efectiva- y no atañe solo a “poner en funcionamiento la maquinaria estatal de justicia”, sino que, además, las partes han de cumplir con los presupuestos de capacidad y representación, mientras que el órgano jurisdiccional judicial ha de ser competente y tiene la obligación de ofrecer garantías y pronunciarse sobre el fondo del asunto -acción en sentido abstracto-. El otro concepto está permeado de la herencia civilista que la identifica con el derecho subjetivo que se ejercita -acción en sentido concreto-, y que es la que prima en la práctica jurídica.
Nuestra ley recoge las dos concepciones, pues ningún tribunal puede rehusar el conocimiento de los asuntos que le son sometidos, previo cumplimiento de los requisitos ex lege (art. 3 en relación con el 2 de la LPCALE, referido al principio de non liquet o no abstención); de manera que por infundada que resulte una reclamación, el tribunal viene obligado a tramitar y resolver sobre la litis planteada, siempre que se cumplan los presupuestos de Ley. Mientras que, de otra parte, la propia norma (art. 227) recaba que tanto el actor como el demandado acompañen los documentos en que funden el derecho que aleguen, en clara alusión a la concepción concreta de la acción. De manera que, conforme a estas posiciones teórico-legales no resulta posible invocar, por vía de excepción, la falta de acción del demandante, pues acción tenemos siempre; cuestión distinta es carecer de legitimación o no haber cumplido con los presupuestos procesales referidos al carácter o la representación. Sobre el complejo tema de las excepciones, consultemos a Mendoza Díaz en capítulo posterior.
2.1. Acción y pretensión
La acción en el proceso civil se ejercita a través de la demanda; específicamente, se materializa en la pretensión concreta donde se formula nuestro pedimento al tribunal sobre el asunto sometido a su conocimiento.
La pretensión puede mantenerse por quien tiene un derecho o por quien no lo tiene, de ahí que existan pretensiones fundadas e infundadas; mientras que acción tenemos todos, como consecuencia de ese “derecho cívico de pedir”.
La acción como facultad es previa al proceso y existe tanto si se ejercita como si no se hace uso de ella. La pretensión no es previa al proceso, sino que se formula, “viaja” en la demanda que da inicio al proceso, constituye el núcleo esencial de la demanda y del proceso.
Como regla, el ejercicio de la acción será efectivo en la medida en que la pretensión sea fundada o infundada; o sea, según le asista o no el derecho subjetivo que le sirve de fundamento. ¿Y qué es la pretensión? Desde los estudios realizados en virtud de la Teoría General del Proceso, aprendimos que la pretensión como objeto del proceso se identifica con el “tema o asunto jurídico fundamental sobre el que el actor pide sentencia del juez, previa contradicción del demandado”, despojado de las cuestiones de índole procesal que también se tratan durante la tramitación. Al respecto, Montero Aroca ha significado que “…la noción de objeto del proceso no puede consistir en un derecho del actor, porque un proceso tiene objeto antes de que el juez se pronuncie (y, eventualmente, reconozca) sobre lo que el actor pide, y lo habrá tenido cualquiera haya sido el sentido del pronunciamiento”.
Pueden identificarse como elementos de esa relación entre acción y pretensión:
Subjetivos: órgano jurisdiccional, persona que la interpone y frente a quién se interpone.
Objetivos: petición que se dirige al órgano jurisdiccional (petitum) y lo que se alega o afirma como fundamento de dicha petición (causa petendi).
Cuando aludimos al petitum, nos referimos a la solicitud de una cierta actuación jurisdiccional, que se formula respecto a un determinado bien jurídico in genérico. En las pretensiones de condena, es una prestación; mientras que en las pretensiones declarativas y constitutivas, situación o relación jurídica, o negocio, sobre los cuales se pide la declaración de existencia, creación, modificación o extinción.
Por su parte, la causa petendi consiste en el título en virtud del cual se pide al órgano y que sirve de fundamento al petitum. Así, la solicitud de condena al pago de una cantidad determinada (petitum) puede tener diferentes causas: un acto ilícito, un incumplimiento de contrato de compraventa o de ejecución de obra.
Si fuéramos a definir la naturaleza de la causa petendi, precisaríamos que comprende a un conjunto de hechos jurídicamente relevante para fundar la petición, en tanto no se trata de normas o conceptos jurídicos impregnados de abstracción porque la causa petendi resulta algo concreto; de ello deriva el requisito que nuestra ley le asigna a la pretensión (art. 224) en el sentido de que le apellida como concreta, en razón de su necesaria claridad y concisión de lo que se pide, pues el tribunal no ha de abrigar dudas en torno al aspecto en que se busca su actuación y pronunciamiento, ya que, con apego al principio de congruencia, ha de decidir sobre la totalidad de las cuestiones oportunamente propuestas por las partes.
2. 2. Acumulación de pretensiones
Ya establecida la relación entre acción y pretensión, quedan superados los postulados de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil española que estipulaba la posibilidad de acumular acciones, pues nuestra LPCALE conforme a las concepciones de la procesalística moderna alude a la acumulación de pretensiones.
Al decir de Montero Aroca, la acumulación de pretensiones es “Aquel fenómeno procesal, basado en la conexión y cuyo fundamento se encuentra en la economía procesal, por el cual dos o más pretensiones (…) son examinadas en un mismo procedimiento judicial y decididas en una única sentencia, en sentido formal”. De manera que se produce la acumulación de pretensiones, cuando el proceso sirve para la composición de varias litis y puede ser de índole:
Subjetiva: reunión de las partes en una misma posición procesal (litis consorcio), puede ser activa, pasiva o mixta. Doctrinalmente se discute si existe en estos casos una verdadera acumulación de pretensiones, pues es lo cierto que aun cuando se trate de diferentes sujetos, todos tienen una misma pretensión, objetivamente hablando, o causa de pedir (art. 78 LPCALE).
Objetiva: cuando el actor, en una misma demanda, agrupa diferentes pretensiones, en cuya virtud existen diferentes objetos del proceso en torno a los cuales litigar. Así, podrán acumularse pretensiones que se ventilen en procesos de igual naturaleza y que sean compatibles entre sí. En este caso se trata de varias litis conexas que tienen los mismos sujetos.
Como apuntamos, el aspecto más relevante a tener en cuenta para apreciar la acumulación de pretensiones es la conexidad, cual imbricación de unas pretensiones en otras, por la presencia de elementos subjetivos objetivos comunes, con vistas a favorecer su apreciación conjunta. De ello se colige que -para apreciar la conexidad entre diferentes pretensiones- tiene que previamente descomponer las mismas en su estructura interna, es decir, en cuanto a los límites de la pretensión, y así poder apreciar las estructuras de las pretensiones y determinar si entre ellas existe total indiferencia, un grado de identidad apreciable o una similitud notoria. Es así que se comparan los límites subjetivos y objetivos de las pretensiones acumuladas.
Nuestra ley, con toda lógica, separa la acumulación de pretensiones (arts. 78 al 82) de la acumulación de procesos (arts. 83 al 91), para distinguir, en el primer caso, al ejercicio simultáneo de dos o más pretensiones en un mismo proceso, y, en el segundo, a distintos procesos relativos a un mismo objeto que habrán de ser seguidos en único procedimiento y terminados por una sola sentencia, pues de no hacerlo se producirían, o podrían producirse, sentencias contradictorias. Sobre la acumulación de procesos, volveremos un poco más adelante.
Obligado resulta puntualizar que la norma, cuando destaca “que será incompatible el ejercicio simultáneo”, permite el planteamiento de pretensiones incompatibles entre sí, con las debidas salvedades que establece el inciso 1 del art. 79. De manera que podemos encontrarnos una pretensión principal y otra subsidiaria o alternativa, excluyentes entre sí; y, en este orden, puede estar presente lo que se reconoce como acumulación eventual, en cuya virtud la segunda pretensión solo será considerada por el tribunal en caso de que se desestime la principal, o la denominada acumulación alternativa, en razón de que se proponen para su valoración y estimación indistinta por el tribunal. También pueden invocarse una principal y otra accesoria o consecuencia de esa principal –en lo que se conoce como acumulación sucesiva-; caso en el que se configura la verdadera acumulación de pretensiones pues el proceso y la resolución judicial que le pone fin habrá de pronunciarse sobre dos pedimentos, como pudieren ser la ineficacia del acto jurídico y la consiguiente reparación de daños e indemnización de perjuicios.
Además, debemos detenernos en una cuestión que no debió obviar el legislador y es qué sucede si no se cumple con los presupuestos que marca el art. 79, pues en el aspecto referido a la competencia, no cabe duda, existe control de oficio al respecto, pero, en los otros dos supuestos –pretensiones excluyentes o que correspondan a procesos de diferente naturaleza- queda en manos del demandado la posibilidad de invocar la indebida acumulación de pretensiones. De forma tal que, en consideración propia, si el demandado no se persona o aun personándose no alega dicha excepción dilatoria, viene compelido el tribunal a conocer en el mismo proceso y a resolver en una sola sentencia.
2.3. Otras solicitudes
No todo lo que solicitamos en la demanda es pretensión: hay peticiones o anuncios que no versan sobre el fondo del asunto, pero que se relacionan con él, así aparecen algunos referidos a pruebas, medidas cautelares, comunicaciones a los registros, entre otros que pudieran citarse.
Tales solicitudes aparecen generalmente bajo la fórmula Otrosí Digo, en la parte final de la demanda, y también habrán de ser resueltas o tenidas en cuenta por el tribunal; ello en atención a la congruencia que, bajo el principio dispositivo material, propugna el art. 44 de la LPCALE.
3. Diferencia entre proceso y procedimiento
Distinción que Carnelutti cataloga de “capilar” y se pronuncia sobre la costumbre de usarlos indistintamente, definiendo al proceso como la “… suma de los actos que se realizan para la composición del litigio” y al procedimiento como “… el orden y sucesión de su realización”.
La diferenciación entre proceso y procedimiento resulta aparentemente sencilla cuando afirmamos que un proceso puede actuarse mediante varios procedimientos, o solo a través de un procedimiento o de una parte de éste; pero, ciertamente se confunden los términos incluso entre avezados procesalistas por lo que, con práctica formulación, se tiende a esclarecer que el proceso civil comienza cuando se presenta y admite la demanda y concluye cuando se obtiene la cosa juzgada. Mientras que el procedimiento es la forma u orden de proceder, los pasos que se van dando dentro del proceso y el plazo que para ello nos concede la ley, en el lógico entendido de que hacemos alusión a una definición intraprocesal, pues –como ya sabemos- también existe procedimiento fuera del proceso y del tribunal. Cuestión que sí no ha de ofrecer dudas es que cuando nos referimos a “proceso” se circunscribe a la sede judicial, por lo que resulta desacertado aludir a “proceso judicial”.
Para dilucidar esta diferencia debemos valorar cuatro situaciones que se pueden suscitar durante la tramitación de un asunto en sede judicial:
Proceso = Procedimiento: cuando culmina el proceso en la primera instancia, sin que se interpongan recursos.
Un proceso, dos procedimientos: cuando se interpone recurso y con ello se genera un nuevo procedimiento
Culmina el proceso, pero no se agotó el procedimiento: ante el desistimiento de la parte actora y, vencidos los trámites de rigor, el tribunal dicta Auto por el que, una vez firme, concluye el proceso. Si ese desistimiento se materializó en una etapa temprana del proceso, aún restaban pasos a seguir que no fueron cumplidos.
Se tramitan dos procesos con un mismo procedimiento: es el caso de la reconvención. Ante una nueva demanda se origina un nuevo proceso que sigue el mismo curso procedimental y concluyen ambos con un único pronunciamiento judicial definitivo.

References: artículo 4
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 629
 artículo 392
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 25
 resolución