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Timestamp: 2019-10-14 10:04:32+00:00

Document:
RESOLUCIÓN 2868 DE 01 DE JULIO DE 2011
CONTENIDO:ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA ADELANTAR EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN Y COBRO DEL APORTE PARAFISCAL DEL 3% CON DESTINO AL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR. DEROGA LAS RESOLUCIONES 731 DE 2008 Y 1530 DE 2011.
TEMAS ESPECÍFICOS:ICBF, CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, INTERVINIENTES EN EL DERECHO LABORAL, PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES, PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES
VIGENCIA:DEROGADA POR LA RESOLUCIÓN 575 DE 2016 ARTÍCULO 22 DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.
RESOLUCIÓN 2868 DE 2011
“Por la cual se establecen los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF”.
(Nota: Derogada por la Resolución 575 de 2016 artículo 22 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)
Que la principal fuente de recursos económicos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-Cecilia de la Fuente de Lleras, ICBF, proviene del aporte parafiscal del 3% sobre las nóminas mensuales de salarios pagados por todos los empleadores públicos y privados, conforme a lo ordenado por el artículo 1º de la Ley 89 de 1988.
Que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley 6ª de 1992, le corresponde al ICBF adelantar los procesos de fiscalización y cobro para determinar el correcto y oportuno pago de los aportes a su favor.
Que el Decreto 2388 de 1979 establece en su artículo 86 que las entidades y empresas deben suministrar al ICBF la información que este requiera para verificar la exactitud de los aportes, y, de conformidad con el inciso 4º del artículo 15 de la Constitución Política, para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigírseles a todas las personas la presentación de los libros de contabilidad y demás documentos privados en los términos que señale la ley.
Que el artículo 8º de la Ley 828 de 2003, “por la cual se expiden normas para el control a la evasión del sistema de seguridad social”, determina que el ICBF, entre otras entidades, puede solicitar la información a los aportantes y señalar un plazo de treinta (30) días para que se entreguen los documentos y la información respectivos.
Que de conformidad con el artículo 93 del Decreto 2388 de 1979 y el procedimiento establecido por el Instituto mediante la Resolución 327 de 1997, es procedente reintegrar los mayores valores pagados por concepto de aportes, previa reclamación del aportante.
Que el artículo 4º del Decreto 562 de 1990 establece que los funcionarios autorizados por el ISS, Sena, ICBF, cajas de compensación y la Caja de Crédito Agrario, en su caso, podrán verificar en las empresas la afiliación correcta y oportuna de los trabajadores a las respectivas entidades, como también las bases de liquidación y el pago oportuno de los aportes a que se refieren las disposiciones correspondientes y dicho decreto conforme a las normas vigentes.
Que el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 establece, como mecanismo para el control de la evasión de los recursos parafiscales, que para la celebración, renovación o liquidación por un particular, de contratos de cualquier naturaleza con entidades del sector público, se requerirá verificar el cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar.
Que mediante la Resolución 731 de 5 de marzo de 2008, la dirección general del ICBF estableció los lineamientos para adelantar el proceso de fiscalización y cobro del aporte parafiscal del 3% a favor del ICBF.
Que teniendo en cuenta que han surgido cambios legales que sustentan los procesos de fiscalización del aporte parafiscal, y que el ICBF fue reestructurado mediante el Decreto 117 de 21 de enero de 2010, se hace necesario realizar algunas modificaciones a los lineamientos para el proceso de fiscalización y cobro con miras a recaudar los recursos financieros con los cuales el Instituto desarrolla su objeto social.
ART. 1º—Lineamientos de fiscalización. Los servidores públicos del ICBF deberán regirse por los lineamientos establecidos en la presente resolución al adelantar los procesos de fiscalización y cobro de los aportes parafiscales del 3%.
ART. 2º—Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente resolución se aplican para la verificación del correcto pago o la determinación de las obligaciones con destino al ICBF por concepto de los aportes parafiscales del 3%.
Trabajador: Es la persona natural que presta su servicio personal a otro, denominado empleador, mediando una subordinación con respecto de aquel, a cambio de una remuneración denominada salario.
Salario: Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio, cualquiera sea la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentaje sobre ventas y comisiones.
Aportes parafiscales: Son los recursos que los empleadores públicos o privados aportan al ICBF equivalentes al 3% del valor de las nóminas mensuales de salarios.
Empleador moroso: Es el empleador, plenamente identificado por el ICBF, que realiza regularmente los aportes, pero que en la actualidad presenta mora en el pago.
Empleador elusor: Es el empleador, plenamente identificado por el ICBF, que realiza el pago de sumas inferiores a la obligación real, es decir, paga menos de lo debido.
Empleador evasor: Es aquel que nunca ha pagado los aportes a pesar de estar obligado a efectuarlos, ya sea conscientemente o por desconocimiento de la ley.
Facilidad de pago: Documento mediante el cual el ICBF otorga a los deudores una facilidad de pagar en un término definido las obligaciones parafiscales adeudadas junto con los intereses.
Promoción del recaudo: Es el conjunto de actividades mediante las cuales el ICBF, a través de diferentes estrategias, garantiza la orientación, información y asistencia técnica a los aportantes para promover el pago adecuado y oportuno del aporte parafiscal del 3% sobre el valor de la nómina mensual de salarios, dando a conocer a los aportantes la obligatoriedad del pago de los parafiscales y la inversión de los mismos en la asistencia social de los niños, niñas, jóvenes y familias colombianas que lo requieran.
Revisión documental en dirección regional: Acción realizada por el servidor público con funciones de fiscalizador de aportes del ICBF, al empleador, en las oficinas de la dirección regional del ICBF, en la que revisa los documentos que soportan el correcto pago de los aportes parafiscales, de la cual se debe obtener una liquidación.
Servidor público con funciones de fiscalizador de aportes (asesor o promotor de aportes): Es la persona que en nombre del ICBF realiza la visita o revisión de la documentación de los empleadores con el fin de verificar el correcto pago o determinar la deuda por aportes parafiscales del 3% con destino al ICBF.
Liquidación: Documento que contiene el valor desagregado de la deuda de aportes, con sus correspondientes intereses, como resultado de la aplicación de los factores salariales, de acuerdo con la clasificación del empleador.
Resolución de determinación de la deuda: Es el acto administrativo motivado mediante el cual se determina la deuda del aportante y se ordena su pago.
Vía gubernativa: Es un mecanismo que garantiza el derecho de defensa en cuanto le permite al interesado impugnar decisiones administrativas mediante los recursos de ley.
Agotamiento de la vía gubernativa: Se entiende agotada la vía gubernativa cuando un acto administrativo queda en firme como consecuencia del vencimiento de los términos establecidos para presentar los recursos establecidos en la ley o cuando no fueron interpuestos, ya fueron resueltos o el interesado renuncia a ellos.
Cobro persuasivo: Procedimiento mediante el cual, una vez determinada la obligación incumplida, se requiere el pago al deudor por escrito o telefónicamente con el fin de evitar el cobro administrativo coactivo.
Cobro administrativo coactivo: Procedimiento de carácter jurisdiccional mediante el cual las entidades públicas pueden perseguir directamente el pago forzado de las obligaciones exigibles a su favor.
Deudor de aportes: Toda persona que adeude una suma de dinero por concepto de contribuciones parafiscales.
Interés moratorio: Es el porcentaje o tasa que se aplica como sanción por el incumplimiento de las obligaciones de conformidad con la normativa vigente.
Requerimiento telefónico: Consiste en apremiar telefónicamente al aportante con el fin de que solucione su situación de pagos para con la entidad.
Carta de requerimiento: Documento por medio del cual se invita al presunto deudor a acercarse al ICBF con el fin de aclarar su situación de pagos y, de ser el caso, determinar el valor de la deuda por concepto de aportes parafiscales del 3%.
ART. 4º—Grupo de recaudo de la dirección financiera de la dirección general. Al grupo de recaudo de la dirección financiera le corresponde:
a) Establecer los lineamientos para la aplicación de las políticas que determine la dirección general para la promoción, la fiscalización y la administración de la cartera por aportes parafiscales del ICBF y coordinar su aplicación;
b) Hacer seguimiento del recaudo corriente y de cartera de los aportes parafiscales;
c) Brindar asesoría a las direcciones regionales en todo lo relacionado con estos procesos.
ART. 5º—Directores regionales, coordinadores financieros y coordinador del grupo de recaudo de la dirección regional Bogotá. Les corresponde coordinar y organizar la gestión en materia de promoción, recaudo, fiscalización, cobro y administración de la cartera del aporte parafiscal del 3% en sus respectivas sedes.
ART. 6º—Coordinadores financieros, coordinador del grupo de recaudo de la dirección regional Bogotá y quien haga sus veces en las direcciones regionales. Les corresponde:
a) Dar aplicación a los lineamientos establecidos en materia de promoción, recaudo, fiscalización, cobro y administración de la cartera del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF;
b) Dar traslado al grupo jurídico del expediente, junto con la certificación de pagos, si los hay, y la actualización de los saldos de capital e intereses a la fecha de remisión, para que se inicie el respectivo proceso de cobro coactivo;
c) Enviar a los coordinadores jurídicos la resolución con los soportes correspondientes, para que sea designado el apoderado que representará al ICBF en los procesos de reorganización y de liquidación judicial de que trata el régimen judicial de insolvencia empresarial y acuerdos de reestructuración, certificando el monto de la deuda actualizado a la fecha de entrega del expediente.
Cuando un empleador se acoja a uno de los procesos antes referidos y tenga sucursales o filiales en diferentes ciudades del país, la representación del ICBF en dichos procesos estará a cargo de la dirección regional donde aquel tenga su domicilio principal. Para tales efectos, la dirección regional cuyo domicilio no sea el principal dará traslado del expediente en original al competente y realizará los registros contables pertinentes;
d) Conjuntamente con el contador de la dirección regional, asegurar la administración de la cartera, su clasificación, registro, control y conciliación de los registros en los estados financieros, en cumplimiento de lo establecido en la resolución de lineamientos financieros expedida por la dirección financiera.
PAR.—Corresponde al coordinador del grupo de gestión de recursos, en las direcciones regionales en las cuales no esté implementada la jurisdicción coactiva, dar traslado del original del expediente a la oficina asesora jurídica de la dirección general para que se adelante el proceso de cobro administrativo coactivo.
ART. 7º—Coordinadores jurídicos. Corresponde al grupo jurídico de las direcciones regionales representar al ICBF, por medio de apoderado, en los procesos de reorganización y de liquidación judicial de que trata el régimen judicial de insolvencia empresarial y procesos de reestructuración en los que, de conformidad con la ley, el ICBF deba hacerse parte.
Si la acreencia se encuentra en cobro coactivo, será responsabilidad del funcionario ejecutor remitir el expediente a la autoridad competente con el fin de garantizar la presentación del crédito para su pago. Los apoderados que concurran a estos procesos deberán ser abogados.
PAR.—Los coordinadores jurídicos deberán presentar trimestralmente al área de recaudo de las direcciones regionales un informe sobre el estado de los procesos a que se refiere este artículo, registrando la última actuación, según formato que para tal efecto establecerá el grupo de recaudo de la dirección financiera.
ART. 8º—Proceso de promoción. La dirección financiera, en coordinación con las direcciones regionales, determinará los componentes y acciones de orientación y atención al aportante y aprobará conjuntamente con la oficina asesora de comunicaciones y atención al ciudadano los documentos o formatos que permitan materializar la aplicación de las normas y la orientación y asistencia que requieran los aportantes.
PAR. 1º—Para llevar a cabo la fiscalización, el ICBF debe hacer la detección de presuntos evasores, elusores y morosos mediante cruces de información periódicos con fuentes internas o externas que contengan información que permita establecer la existencia de deudas con el ICBF.
PAR. 2º—El grupo de recaudo de la dirección financiera de la dirección general, las direcciones regionales, los grupos financieros, el grupo de recaudo de la dirección regional Bogotá y los encargados del recaudo en las direcciones regionales, tendrán a su cargo la administración de las bases de datos que contienen la información recibida de otras entidades sobre aportantes, constituyéndose esta en la base de información sobre la que se determinarán las acciones de promoción y fiscalización. Además de lo anterior, deben realizar acciones complementarias que permitan minimizar los niveles de elusión, evasión y morosidad del aporte parafiscal.
ART. 10.—Requerimientos a los aportantes detectados como presuntos deudores de aportes. Mensualmente, las direcciones regionales del ICBF, de acuerdo con la verificación mensual de pagos y la depuración de bases de datos realizada en el mes inmediatamente anterior, generarán un requerimiento dirigido al aportante, el cual deberá ir firmado por el coordinador del grupo financiero en las direcciones regionales, y en la dirección regional Bogotá, por el coordinador del grupo de recaudo.
En este requerimiento se le indicará al aportante que, de conformidad con los cruces de información con fuentes internas y externas, se ha detectado diferencias que tendrán efecto respecto del ingreso base de cotización-IBC (Base gravable) sobre el cual debió liquidarse el aporte, lo que genera una deuda a su cargo por concepto de aportes parafiscales, y su valor, e indicándole que, en el evento en que no se encuentre de acuerdo con el valor señalado, lo controvierta dentro de los 30 días siguientes(1),18(sic) allegando las pruebas pertinentes, en la dirección regional del ICBF correspondiente a su domicilio.
Por último, en este requerimiento se debe indicar además las consecuencias legales de no responderlo y las normas que facultan al Instituto para efectuar la verificación de los aportes.
ART. 11.—Revisión documental en la dirección regional. Si el aportante se presenta con la documentación solicitada, el servidor público con funciones de fiscalizador de aportes deberá revisarla con el fin de verificar la situación del aportante y, de ser el caso, determinar el monto de la deuda.
ART. 12.—Programación de la visita de revisión en el domicilio del aportante. Esta etapa se presenta cuando el aportante no atiende el requerimiento dentro del término señalado para acercarse a la dirección regional del ICBF con la documentación solicitada o de acuerdo con el criterio técnico del responsable de recaudo, en el que se tendrá en cuenta los siguientes parámetros:
— Número de empleados reportados en la planilla-PILA.
— Tamaño del aportante en cuanto a activos y patrimonio registrados en el certificado de cámara y comercio (Consultar página: Registro único empresarial-RUE).
Los coordinadores financieros o administrativos y financieros y los responsables del área de recaudo de cada dirección regional programarán las visitas a estos empleadores priorizándolas de conformidad con los parámetros establecidos por la dirección financiera-Grupo recaudo, previa verificación del domicilio del empleador.
PAR.—De conformidad con los artículos 28, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, en los casos en que el empleador no atienda la visita de revisión o no suministre la información requerida, se le enviará comunicación dentro de los dos (2) días siguientes al cumplimiento del plazo que se le otorgó para presentar la documentación solicitada, con el fin de que informe el motivo por el cual no atendió la visita o no suministró la información, e informe la fecha en la que lo hará; si el empleador no contesta vencido este término, se continuará con el trámite de fiscalización y se procederá a liquidar con los valores detectados como consecuencia de los cruces de información.
ART. 13.—Documentos requeridos para efectuar la verificación de los aportes. El servidor público con funciones de fiscalizador deberá solicitar los siguientes soportes con el fin de verificar que el pago de los aportes parafiscales del 3% se ajuste a la ley o, en su defecto, pueda determinar el monto de la deuda:
1. Certificado de existencia y representación legal actualizado y expedido por la autoridad o instancia competente. En el caso de las personas naturales, copia de la cédula de ciudadanía o extranjería.
2. Registro único tributario-RUT y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa.
5. Planillas mensuales de autoliquidación de aportes a la seguridad social-PILA.
9. Copia de los contratos de trabajo, pactos o convenciones colectivas, según sea el caso.
Respecto de las entidades del sector público, no es procedente solicitar los documentos citados en el numeral 1º y será optativo el requerimiento de los documentos del numeral 3º, pero se les debe solicitar, adicionalmente a los anteriores documentos, los siguientes:
1. Resolución de nombramiento y acta de posesión del representante legal.
2. Ejecución presupuestal de gastos de cada vigencia fiscal, al nivel más detallado de ejecución.
3. Otros documentos que permitan inferir que existen pagos salariales.
ART. 14.—Documentos producto de la visita. El servidor público con funciones de fiscalizador debe proceder a revisar la documentación y diligenciar los siguientes documentos, los cuales serán el soporte de la resolución de determinación de la deuda y harán parte integral de la misma:
PAR. 1º—En aquellos eventos en que el empleador no suministre la información requerida o no atienda la visita de verificación correspondiente, se procederá a realizar el acta de verificación y la liquidación de aportes con los documentos o información en la que aparezca determinada la deuda por concepto de aportes parafiscales, previa la actuación dispuesta en el parágrafo del artículo 12 de la presente resolución.
PAR. 2º—La liquidación del aporte parafiscal del 3% debe contener desagregados el capital y los intereses de mora calculados a la fecha de la liquidación.
PAR. 3º—En los casos en los cuales la verificación de los aportes corresponda a información compartida en el marco del convenio suscrito con el Sena o con otra entidad, para el suministro de información que permita determinar el pago de aportes parafiscales, el servidor público con funciones de fiscalizador deberá diligenciar los formatos que para tal efecto hayan sido adoptados por el ICBF y efectuar la liquidación correspondiente al aporte adeudado.
ART. 15.—Refrendación de la liquidación. El coordinador del grupo financiero en las direcciones regionales, y el coordinador del grupo de recaudo, en la dirección regional Bogotá, deberá, en un término no mayor a dos (2) días hábiles posteriores a la verificación o a la visita, refrendar la liquidación con su firma.
ART. 16.—Envío al empleador de la liquidación de aportes. Una vez firmada la liquidación de que trata el artículo anterior, se procederá a enviar copia al empleador con una comunicación remisoria, para que en un plazo no superior a diez (10) días contados a partir del envío de la misma se acerque a la dirección regional para hacer entrega de los soportes del pago o presente la solicitud de facilidades de pago de la deuda; en su defecto, se iniciará el proceso de notificación de la resolución de determinación de deuda.
En esta comunicación se deberá indicar el valor por pagar por capital e intereses a la fecha de la visita o revisión e informar al aportante que los intereses de mora se seguirán causando diariamente de conformidad con lo establecido en la ley hasta el momento del pago total de la obligación. Además, se le recordará que dispone de diez (10) días para el pago de la deuda contados a partir de la entrega del acta de visita, y se señalarán los nombres de los bancos y los números de las cuentas habilitadas por el ICBF, para que efectúe el pago.
Igualmente se le informará que en caso de no estar de acuerdo con la obligación contenida en la liquidación, una vez le sea notificada la resolución de determinación de deuda podrá interponer el recurso de reposición, en los términos señalados por el Código Contencioso Administrativo.
PAR.—Cuando la liquidación sea producto de la información suministrada en el marco de un convenio suscrito con el Sena o con otra entidad, se le indicará adicionalmente al aportante que dispone de diez (10) días contados a partir del envío de la liquidación para realizar el pago de la obligación y entregar los soportes del pago en la dirección regional.
ART. 17.—Resolución de determinación de la deuda. Si el empleador no efectúa el pago de la obligación en el término establecido, el servidor público responsable del área de recaudo deberá proyectar la resolución de determinación de la deuda, para que sea suscrita por el director regional en un lapso no mayor a cinco (5) días.
La resolución de determinación de deuda deberá estar motivada en forma detallada, con las actuaciones realizadas, los hallazgos obtenidos, la valoración que de los mismos se ha realizado, las pruebas en que se soporta la decisión administrativa, el valor y los períodos liquidados de capital e intereses a una fecha de corte determinada y la advertencia de la causación de los intereses diarios hasta la fecha del pago total de la obligación, de conformidad con la normativa vigente.
ART. 18.—Notificación de la resolución. Dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de la resolución, el servidor público responsable del área de recaudo de las direcciones regionales, citará al deudor por escrito enviado mediante correo certificado, para que dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la citación comparezca a notificarse personalmente o por apoderado; si no comparece en este término, se fijará edicto en lugar público por el término de diez (10) días, de conformidad con lo establecido en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 19.—Recursos. En materia de aportes parafiscales, el aportante podrá hacer únicamente recurso de reposición contra la resolución de determinación de la deuda, toda vez que la dirección general delegó esta facultad en los directores regionales. Si el aportante hace uso de este recurso, la dirección regional deberá resolverlo en los términos establecidos en el Código Contencioso Administrativo.
ART. 20.—Agotamiento de la vía gubernativa. Vencido el término para presentar el recurso sin que haya sido interpuesto, o cuando haya sido resuelto, o si el aportante renuncia a términos, la resolución quedará en firme y se habrá agotado la vía gubernativa; por lo tanto, se dejará constancia de la ejecutoria del acto y se procederá a iniciar de manera inmediata el cobro persuasivo, de acuerdo con lo establecido en el reglamento interno de cartera.
En todo caso, el término máximo que puede transcurrir entre la visita de fiscalización y el agotamiento de la vía gubernativa, cuando no se interponga recurso, debe ser de cuarenta y cinco (45) días calendario. De interponerse el recurso, se adicionará el plazo anterior en dos (2) meses, en virtud del término legal para resolverlo, el cual únicamente se interrumpe mientras dura la práctica de pruebas, si es del caso.
ART. 21.—Formación de expedientes. De conformidad con el artículo 29 del Código Contencioso Administrativo, se formará un solo expediente con todos los documentos que sirvieron de fundamento para determinar el pago correcto del aporte parafiscal o la deuda con destino al ICBF y en general con el proceso de fiscalización. Por lo tanto, para efectos del control adecuado de los expedientes, se señalan a título informativo los siguientes:
— Para las personas jurídicas, el certificado de existencia y representación legal actualizado y expedido por la autoridad o instancia competente, el número de identificación tributaria-NIT y fotocopia de la cédula de ciudadanía del representante legal de la empresa.
— Para las personas naturales, fotocopia del documento de identificación y del registro único tributario-RUT.
— Oficio de remisión del proceso a jurisdicción coactiva.
ART. 22.—Controles administrativos. El grupo de recaudo de la dirección financiera establecerá los controles y los puntos de verificación mínimos de la información que garantice la correcta aplicación de esta resolución, así como también de la veracidad de la información sobre los aportantes y los demás procedimientos internos adecuados para el recaudo del aporte del 3%; no obstante, y en razón de lo establecido en la Ley 87 de 1993, se deberán implementar los controles internos que sean necesarios, por parte de quienes intervengan en este proceso.
PAR. 1º—Los formatos que establezca el grupo de recaudo de la dirección financiera, tales como acta de verificación, formato de liquidación, resolución de determinación de la deuda, acuerdo para obtener facilidad de pago y demás documentos que sean necesarios para el desarrollo de la presente resolución, formarán parte integral de ella.
PAR. 2º—Cuando sea necesario efectuar correcciones de las liquidaciones de aportes por errores en la verificación, deberán ser autorizadas por el comité de seguimiento al proceso de fiscalización, cobro y administración de cartera del aporte parafiscal del 3% con destino al ICBF del nivel regional, siempre que esta no esté contenida en resolución de determinación de deuda notificada.
ART. 23.—Indicadores de gestión. El grupo de recaudo de la dirección financiera implementará los indicadores de gestión, con el fin de evaluar periódica y conjuntamente con las direcciones regionales la eficiencia, eficacia y efectividad del proceso.
ART. 24.—Responsabilidad. En todo caso, para dar cumplimiento a lo previsto en esta resolución, el seguimiento, control y evaluación serán responsabilidad de los directores regionales.
ART. 25.—Control de los procesos de contratación del ICBF. En los procesos de contratación que realice el ICBF, en los pliegos y términos de referencia será obligatorio que se exija al proponente que documente el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes parafiscales mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. En todo caso, el instituto podrá verificar internamente lo que a él le corresponde, si lo considera pertinente.
Así mismo, los supervisores de los contratos, para expedir la certificación de pago al contratista, deberán verificar que el mismo se encuentre efectuando sus aportes parafiscales en forma oportuna.
El funcionario que no deje constancia de la verificación del cumplimiento de este requisito incurrirá en causal de mala conducta.
ART. 26.—Reglamentación del proceso de fiscalización y cobro. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrá organizar y regular el proceso de recaudo del aporte parafiscal en cualquiera de sus etapas, mediante manuales, circulares, procedimientos, instructivos o cualquier instrumento que considere pertinente, e impartir las instrucciones internas necesarias para su trámite.
ART. 27.—Vigencia. La presente resolución rige a partir de su expedición y promulgación en el Diario Oficial y deroga todas las normas que le sean contrarias, en especial la Resolución 731 de 5 de marzo de 2008 y la 1530 del 2 de mayo de 2011.

References: RESOLUCIÓN 
 ARTÍCULO 22

RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 22
 artículo 1
 artículo 113
 artículo 86
 artículo 15
 artículo 8
 artículo 93
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 50
 Resolución 
 resolución 
 resolución 

Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 29
 resolución 
 resolución 
 artículo 50
 resolución 
 Resolución