Source: http://www.derechos.org/nizkor/impu/guisse.html
Timestamp: 2019-04-25 10:57:10+00:00

Document:
Subcomision de DDHH de la ONU: El ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Traducción no oficial al español.
E/CN.4/Sub.2/1997/8
27 de Junio de 1997. INGLÉS
Original : FRANCÉS.
49º período de sesiones - Tema 4 de la agenda provisional
El ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
Informe final sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales), preparado por el Sr. El Hadji Guissé, Relator Especial, de conformidad con la resolución 1996/24 de la Subcomisión.
A. Antecedentes del estudio
B. Objetivo del estudio
II. ALGUNAS PRÁCTICAS QUE ORIGINAN VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
A. Algunos precedentes históricos.
Saqueo del patrimonio cultural del Tercer Mundo.
B. Prácticas actuales que son la causa de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano.
Los programas de ajustes estructurales.
Embargos comerciales.
Fraude fiscal y de derechos arancelarios y otros delitos económicos.
III. LAS CONSECUENCIAS DE DICHAS PRÁCTICAS PARA LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES Y LOS DERECHOS COLECTIVOS
A. Violaciones de los derechos colectivos o comunales.
Violación del derecho al desarrollo.
Violaciones del derecho a un medio ambiente sano.
B. Violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales individuales.
Violaciones del derecho al trabajo.
C. Violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de grupos vulnerables.
IV. LA CAMPAÑA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS AUTORES DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ECONÒMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.
A. Prevención de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
B. Medidas jurisdiccionales contra la impunidad.
V. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
A. Sugerencias.
1. Por decisión 1991/110, adoptada en su 43º período de sesiones, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías solicitó a dos de sus miembros, el Sr. El Hadji Guissé y el Sr. Louis Joinet redactar el borrador de un documento de trabajo, examinando en profundidad la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos.
2. El Documento de trabajo (E/CN.4/Sub.2/1992/18) fue presentado a la Subcomisión en su 44º período de sesiones. Incluye un análisis preliminar de los mecanismos legales y de las prácticas que facilitan la impunidad y propone directrices para la consideración de medidas anti-impunidad. En su resolución 1992/23, del 27 de Agosto de 1992, la Subcomisión tomó nota del documento de trabajo preparado por el Sr. El Hadji Guissé y el Sr. Louis Joinet y decidió solicitarles redactar un estudio sobre la impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos y, en particular, proponer medidas que combatan dichas prácticas. La Comisión de Derechos Humanos, en su resolución 1993/43 del 5 de Marzo de 1993, respaldó la decisión de la Subcomisión y el Consejo Económico y Social, con su decisión 1993/266 aprobó la actuación de la Comisión. En el párrafo 5 de su resolución 1992/23, la Subcomisión decidió considerar el informe en su 45º período de sesiones en 1993.
3. El 26 de Agosto de 1993, en su resolución 1993/37, la Subcomisión acogió satisfactoriamente el informe preliminar -y no el informe provisional como fue erróneamente titulado- (E/CN.4/Sub.2/1993/6), preparado conjuntamente por los Sres. Guissé y Joinet, solicitándoles la presentación, en su 46º período de sesiones (1994), de un informe con conclusiones y recomendaciones sobre el primer aspecto de la cuestión de la impunidad, relacionado con los derechos civiles y políticos y continuar el estudio sobre el segundo aspecto de la cuestión, concerniente a los derechos económicos, sociales y culturales. Por tanto, en el 46º período de sesiones, fue presentado un breve informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/1994/11) sobre la impunidad y los derechos económicos, sociales y culturales. En dicho período de sesiones, y teniendo en cuenta las dificultades de coordinación entre los dos autores y con el propósito de facilitar el tratamiento de la cuestión, la Subcomisión decidió, en su resolución 1994/34, encomendar al Sr. Joinet la finalización del primer aspecto relativo a los derechos civiles y políticos, y al Sr. Guissé el segundo aspecto concerniente a los derechos económicos , sociales y culturales , y solicitó a los Relatores Especiales presentar sus respectivos informes a la Subcomisión en su 47º período de sesiones.
4. En el 47º período de sesiones (1995), fue presentado por su autor, el Sr. Guissé, un primer informe preliminar relativo a la oposición a la impunidad de los autores de violaciones de derechos humanos (derechos económicos, sociales y culturales) (E/CN.4/Sub.2/1995/19). En vista del interés sobre el tema tratado en el estudio y de la importancia de las cuestiones planteadas, fue presentado, en 1996, un segundo informe preliminar (E/CN.4/Sub.2/1996/15); fue planeado para complementar el anterior estudio e incluye las sugerencias hechas por algunos de los miembros de la Subcomisión, así como por individuos y organizaciones no gubernamentales involucrados en la cuestión. En su resolución 1996/24, la Subcomisión solicitó al Relator Especial presentar un informe final en su 49º periodo de sesiones (1997).
5. Este documento, basado en los dos últimos informes antes mencionados, constituye, por tanto, el informe final sobre la impunidad de los autores de violaciones de derechos económicos, sociales y culturales ­ un informe final en el que muchas cuestiones de gran importancia son, no obstante, planteadas. A pesar de todo, el propósito esencial es, sin duda, preparar el terreno para una discusión sobre el tema y promover un intercambio de ideas a este respecto. Esto posibilitaría completar el estudio y contribuir a un verdadero ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales.
B. Objetivo del estudio.
6. Esta parte del estudio, que trata únicamente el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, se refiere a todas las violaciones actuales o recientes de estos derechos y de los llamados derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano, independientemente de sus autores, bien sean Estados o sus agentes, grupos de Estados, organizaciones nacionales o internacionales o individuos o grupos que actúan fuera de la competencia del Estado. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si un Estado tolera en su territorio - o en territorio ocupado por la fuerza - la realización, por individuos, de actos que constituyen violaciones, tiene la responsabilidad y el deber de impedir su impunidad.
7. También será necesario, a través de una investigación más detallada, identificar a las víctimas o sus representantes y cuantificar, tanto como sea posible, el daño que les ha sido infligido. Este estudio sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales incluye una serie de sugerencias y recomendaciones para prevenir e impedir dichas violaciones.
8. El primer concepto de los derechos humanos es de carácter político: comprende el respeto, por parte del Estado, de los derechos y libertades de la persona humana; este concepto prohibe la intervención del Estado en el área de los derechos y libertades del individuo. Estos, así llamados derechos convencionales, se derivan de un enfoque individualista; sitúan a sus beneficiarios contra el Estado. Mientras estos derechos estaban siendo clasificados, apareció una segunda categoría de derechos, a saber, los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales ya no situaban a los individuos contra el Estado, sino que ambos se convertían en aliados para conseguir los derechos en cuestión. En tanto que, en el caso de los derechos civiles y políticos, el Estado debe permanecer a un lado para permitir que el individuo los ejerza sin interferencia, los derechos económicos, sociales y culturales requieren que el Estado actúe y dé al individuo el apoyo material necesario para poder ejercerlos eficazmente.
9. Esta característica, que se deriva de su forma de aplicación, de ninguna manera perjudica la indivisibilidad de los distintos derechos humanos, tal como afirman algunos instrumentos internacionales. El preámbulo común a las dos Pactos Internacionales de Derechos Humanos reconoce que, de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el ideal de seres humanos libres disfrutando la libertad sin miedos ni carencias, puede obtenerse únicamente si las condiciones creadas permiten disfrutar tanto de los derechos económicos, sociales y culturales como de sus derechos civiles y políticos. La Proclamación de Teherán de 1968 confirmó que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles; en este contexto de interdependencia, el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, es de vital importancia para el ejercicio eficaz de los derechos civiles y políticos.
10. La Asamblea General de las Naciones Unidas también ha estipulado que, para el ejercicio, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos, como de los derechos económicos, sociales y culturales, se les debe dedicar igual atención y urgente consideración. Por tanto, el concepto de derechos humanos se convierte en un concepto político-económico, abarcando en uno solo la seguridad y protección del individuo y su bienestar material y moral.
11. Los derechos humanos constituyen un todo indivisible, reflejando la unidad y singularidad del ser humano. La, frecuentemente citada, indivisibilidad de las diversas categorías de derechos humanos impide a economistas y juristas dar preponderancia a una categoría sobre otra, en función de su capacitación y del nivel de desarrollo de su país.
12. En su resolución 4 (XXXIII) del 12 de Febrero de 1977, la Comisión de Derechos Humanos subraya la responsabilidad y el deber de todos los miembros de la comunidad internacional de crear las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, como vía esencial que asegure el disfrute real y significativo de los derechos civiles y políticos y de las libertades fundamentales. Hace un llamamiento a todos los Estados a tomar medidas rápidas y efectivas, a nivel nacional e internacional, para eliminar todos los obstáculos que impiden el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales y para promover acciones que aseguren el disfrute de dichos derechos.
13. Ciertos Estados, particularmente aquellos en desarrollo, han subrayado las dificultades que pueden surgir cuando se intentan conciliar los objetivos de un desarrollo material planificado y la protección de los derechos humanos. Sin embargo, algunos Estados han afirmado que dan una alta prioridad al desarrollo económico y material y al fortalecimiento de sus instituciones.
14. Esta interdependencia entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales confirma su idéntica base legal, aún cuando cada categoría de derechos tenga sus propias normas.
15. La naturaleza especial de los derechos económicos, sociales y culturales fue claramente expresada durante la discusión sobre los métodos para ponerlos en práctica. El Secretario General de las Naciones Unidas advirtió que podría, de hecho, llevar tiempo transformar estos derechos en derechos directamente aplicables y sancionados por la ley. En otras palabras, estos derechos podrían, a su debido tiempo, recibir una forma concreta que podría invocarse ante un tribunal de justicia. En tal caso, las violaciones de dichos derechos, sea quién sea el autor de las mismas, no deben ni podrán quedar impunes.
16. Durante la discusión sobre los métodos para poner en práctica los derechos económicos, sociales y culturales, cuyo ejercicio necesita un cierto nivel de desarrollo económico y medios materiales, los representantes de algunos países en desarrollo expresaron su temor de que la inevitable lentitud en el ejercicio de estos derechos podría tomarse como una dejación por su parte. Ellos no habían tenido en cuenta la determinación de los países desarrollados de socavar cualquier posible base que permita un orden económico mundial verdaderamente justo, donde los derechos económicos, sociales y culturales tendrían la oportunidad de ejercitarse. Poco después se observó que los temores de los primeros y la hipocresía de los últimos se convirtieron rápidamente en una fuente de graves y masivas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano.
17. La Asamblea General ha recordado la necesidad y la urgencia para asegurar, tanto nacional como internacionalmente, el progreso en el área de los derechos humanos. La Asamblea hizo hincapié sobre este punto en el artículo 2 de la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social de 1969, el cual estipula que "el progreso social y el desarrollo en lo social se fundan en el respeto de la dignidad y el valor de la persona humana y deben asegurar la promoción de los derechos humanos y la justicia social".
18. El Artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos expresa que "toda persona ... tiene derecho ... a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ... la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad". Con relación a la referencia sobre la cooperación internacional, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estipula en su artículo 2, párrafo 1, que "Cada uno de los Estados Partes del presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente ... la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos".
19. Este compromiso es una garantía para la protección jurídica de estos derechos. Mientras que es cierto que la mayoría de los estudios que han sido realizados sobre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos, tales como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, lo han sido desde el punto de vista de su historia, bases legales, alcance o reglamentación, muy pocos se han realizado combatiendo sus violaciones. Cualquier estudio serio de este tipo tendrá que tomar en cuenta la adscripción de un valor legal definitivo a estos derechos, cuya base existe en los numerosos y relevantes instrumentos internacionales de derechos humanos.
20. Antes de realizar un listado de estos instrumentos y como respuesta a las peticiones hechas por algunos representantes de Estados o de Organizaciones No Gubernamentales, es importante esbozar una definición de impunidad, la cual es el tema de este informe. La impunidad puede ser entendida como la ausencia o deficiencia de penas y/o compensaciones por las graves y masivas violaciones de los derechos humanos de los individuos o grupos de individuos. Esta definición es aplicable a los derechos civiles y políticos, a los derechos económicos, sociales y culturales y a los derechos colectivos o comunales.
21. Para que la campaña contra la impunidad sea completa y eficaz debe estar precedida de una investigación seria y concienzuda que saque a la luz los orígenes reales de las violaciones e identifique a los autores y las víctimas; de esta manera, los primeros pueden ser castigados y el daño causado a las víctimas puede ser remediado adecuadamente.
22. La campaña contra la impunidad debe concentrarse en la ausencia de penas o compensaciones y en la ineficacia de las actualmente existentes o contempladas. La obligación de proteger y promover todos y cada uno de los derechos humanos incluye castigar y compensar por los daños resultantes de dichas violaciones.
23. Numerosos instrumentos legales internacionales incorporan el principio de combatir la impunidad en relación con las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo. Aunque el marco legal concerniente al derecho a un medio ambiente sano es en la actualidad inexistente, no es un impedimento para incluirlo en el marco legal vigente. Los instrumentos más importantes que consagran este principio incluyen la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos:
(a) La Carta de las Naciones Unidas: en su Preámbulo expone que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos "a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre" y "a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad". El artículo 1, párrafo 3, estipula que uno de los Propósitos de las Naciones Unidas es "realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religion". El Artículo 55 añade: "Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización promoverá ... el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos y libertades".
(b) La Declaración Universal de Derechos Humanos: de acuerdo con el Artículo 22, toda persona "tiene el derecho ... a obterner, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ...la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad".
24. Este principio ha sido recogido y desarrollado por otros instrumentos internacionales adoptados por las Naciones Unidas y agencias especializadas afiliadas, incluyendo:
(a) El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual, en su artículo 2, estipula que cada Estado Parte del Pacto, adoptará las medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente el total ejercicio de los derechos reconocidos en El Pacto. Este compromiso significa que el Estado debe asegurar el efectivo disfrute de estos derechos y el establecimiento del marco legal que haga posible protegerlos y castigar su violación;
(b) La Proclamación de Teherán de 1968, por la que la comunidad internacional reafirmó su determinación para poner fin a las flagrantes negaciones de los derechos humanos y para intensificar esfuerzos e iniciativas, en los niveles nacionales e internacionales, en el área de los derechos humanos. La Conferencia Internacional de Derechos Humanos de Teherán fue la oportunidad para revisar el progreso realizado en la protección de los derechos humanos desde la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, evaluar la efectividad de los métodos y técnicas empleadas e identificar los principales obstáculos encontrados en el área;
(c) La Declaración sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General);
(d) El Programa de Acción sobre el Establecimiento de un Nuevo Orden Económico Internacional (resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea General);
(e) La Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social (resolución 2542 (XXIV) de la Asamblea General);
(f) La Declaración de Principios de Derecho Internacional concernientes a las Relaciones Amistosas y Cooperación entre Estados de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas (resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General);
(g) La Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados (resolución 3281 (XXIV) de la Asamblea General);
(h) Resolución 3362 (S-VII) de la Asamblea General sobre el desarrollo y la cooperación económica internacional;
(i) La Declaración de Filadelfia de 1944, de la que forma parte la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT);
(j) La Declaración Tripartita de Principios Concernientes a Empresas Transnacionales y Política Social de 1977, adoptada por el Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. El Artículo 4 de la Declaración indica que los principios expuestos en la Declaración son encomendados a los Gobiernos, organizaciones de trabajadores y empleados y a las propias empresas transnacionales. El Artículo 8 estipula que todas las partes involucradas en la Declaración respetarán la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales;
(k) La Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 (resolución 41/128 de la Asamblea General); y
(l) La Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993.
25. Las declaraciones y convenciones regionales han tomado, de forma más cercana, las características especiales de los pueblos que gobiernan. En consecuencia, no son vías opuestas a las disposiciones de los instrumentos internacionales, sino que son complementarias. Los dos grupos de instrumentos constituyen una importante maquinaria legal para la mejor protección y promoción de los derechos humanos. A nivel regional pueden citarse los siguientes instrumentos:
(a) La Carta Africana sobre los Derechos de las Personas y los Pueblos (en particular los artículos 20, 21 y 22);
(b) La Carta Social Europea; y
(c) El Protocolo de Enmienda a la Carta de la Organización de Estados Americanos de 1985 y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1988.
26. Estos instrumentos, y muchos más, establecen, inequívocamente, la obligación de los individuos, grupos de personas, Estados y la comunidad internacional de combatir la impunidad de aquéllos que violen los derechos económicos, sociales y culturales. En algunos Estados, donde la promoción y protección de los derechos humanos es un asunto gubernamental, ha sido necesario elaborar la legislación apropiada para castigar cualquier violación de derechos humanos, además de la incorporación a la legislación nacional de las normas legales internacionales para hacer posible su aplicación por parte de las autoridades nacionales legales, administrativas y económicas
27. Este informe final se centra en tres puntos:
(a) El primero se refiere a ciertas prácticas que dan lugar a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Mientras que algunas de estas prácticas pertenecen ahora a la historia, han dejado, no obstante, a pueblos enteros en la más absoluta miseria sin ninguna reparación. Otras prácticas actuales son la causa de serias violaciones de derechos económicos, sociales y culturales.
(b) El segundo punto expone las consecuencias de tales prácticas para los derechos económicos, sociales y culturales y para los derechos colectivos; y
(c) El tercer punto describe la campaña actual contra la impunidad; tratará la organización de la campaña, primero en términos de medidas preventivas y, finalmente, en términos jurisdiccionales.
II. Algunas prácticas que originan violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
28. Los acontecimientos y actos que conducen a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser de cualquier tipo. No son ni identificables de antemano ni necesariamente conocidos en su totalidad. Pueden estar relacionados a acontecimientos históricos o ser de relevancia actual. Estas prácticas pueden afectar a los derechos individuales o colectivos. La siguiente lista no es, por tanto, exhaustiva, sino que se refiere a casos escogidos debido a su gravedad extrema y alta frecuencia. Cuando los acontecimientos y actos que conducen a las violaciones se relacionan con acontecimientos históricos, sólo son de interés en este estudio si han tenido, y continúan teniendo, efectos graves y muy negativos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos y los pueblos. Las graves violaciones a que han dado lugar han quedado impunes y no ha existido reparación alguna. Las más conocidas son, esencialmente, la esclavitud, la colonización, el apartheid y el expolio del patrimonio cultural del tercer mundo (ver sección A, a continuación).
29. Las violaciones antes enumeradas son internacionales e involucran a varios países porque, o sus autores - Estados o sus connacionales - o sus víctimas son individuos o pueblos de varios países. Son acciones de gran magnitud que, a menudo, se han desarrollado durante un largo período de tiempo. Su realización en el tiempo y el espacio constituye ofensas internacionales que deben entrar bajo la competencia de la jurisdicción universal y deben considerarse imprescriptibles. Mientras que, de acuerdo a la ley vigente en la mayoría de los países, los procesos judiciales y la imposición de penas prescriben al expirar el período de tiempo fijado por la ley, los crímenes bajo la legislación internacional se consideran imprescriptibles, es decir, no prescriben, cualquiera que sea el período de tiempo que ha pasado desde la comisión del delito, y siempre será posible procesar y castigar a los autores y reparar el daño ocasionado. Este principio se fortalece por el principio de jurisdicción universal, que indica que un crimen internacional puede estar bajo la competencia jurisdiccional de todos los Estados.
30. La impunidad en la violaciones de los derechos básicos compromete la obligación internacional de los Estados de garantizar estos derechos y castigar la falta de respeto a los mismos. ¿Qué sentido tiene proclamar los derechos si pueden ser incumplidos y violados impunemente? En este sentido, debe recordarse que la eficacia del sistema internacional para la protección de los derechos humanos del individuo está basada en el derecho a un reparación efectiva; sin embargo, los diversos mecanismos que originan la impunidad hacen que este derecho sea absolutamente inoperante. Esta denegación de justicia ocurre, en primer lugar, a un nivel local, pero también a un nivel internacional, puesto que impide cualquier acceso, por parte de los individuos, a los organismos internacionales de derechos humanos.
31. Las actuales violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son nacionales e internacionales. Los siguientes ejemplos se refieren a prácticas internacionales que originan graves violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales: la deuda, programas de ajuste estructural, deterioro de los términos del intercambio, la corrupción, el lavado de dinero negro procedente del narcotráfico, las actividades fraudulentas de las compañías transnacionales, etc. Las violaciones cometidas en territorio nacional, la mayoría de las cuales podrían ser consideradas delitos procesables judicialmente, incluyen: la apropiación de fondos públicos, el mal uso de los bienes de las empresas, la corrupción, la evasión de impuestos y de pagos arancelarios, la especulación financiera, el enriquecimiento fraudulento o ilícito, la explotación del trabajo ilegal y los trabajadores migratorios, etc.
32. El Relator Especial consideró adecuado referirse a estas violaciones porque aún tienen un efecto negativo en los derechos económicos, sociales y culturales de pueblos enteros. Desde el punto de vista de la legislación internacional, estas violaciones deberían considerarse como crímenes contra la humanidad y, en consecuencia, no sujetos a un estatuto de limitaciones y sí bajo la competencia de la jurisdicción universal. Dicha caracterización debe prevenir que los autores de estas violaciones se favorezcan de la impunidad de la que disfrutan hoy en día. Esta impunidad, relativa a los crímenes contra la humanidad, en forma de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, de los derechos fundamentales y el derecho al desarrollo, impide sistemática y gravemente el disfrute efectivo y la total aplicación de los derechos humanos en todo el mundo.
33. De acuerdo con la legislación internacional, y principalmente aquélla desarrollada a partir del juicio del Tribunal de Nuremberg y del trabajo de la Comisión de Derecho Internacional , los crímenes contra la humanidad incluyen también graves acciones contra cualquier población civil, bien sea en el contexto de un conflicto armado o fuera del mismo. La impunidad de estos crímenes niega a los seres humanos la posibilidad de vivir en un mundo basado en la justicia, la paz, la libertad y la democracia.
34. Acciones internacionales ilegales que comprometan la responsabilidad de un Estado hacia otros Estados o hacia la comunidad internacional en su conjunto, constituyen lo que se denomina un delito de Estado. Este delito, conforme a la Comisión de Derecho Internacional, puede ser el resultado de una violación, grave y de gran envergadura, de una norma internacional de vital importancia para la protección de los seres humanos, tales como aquéllas que prohiben la esclavitud, el genocidio o el apartheid. Estas acciones, que comprometen la responsabilidad internacional de un Estado, son las mismas que dan lugar a una responsabilidad criminal individual en el caso de personas que, bien sea en grupo o individualmente, cometan acciones que constituyan un delito. De acuerdo con el preámbulo de la Convención de la Haya del 18 de Octubre de 1907 - aprobada en Francia por la Ley de 25 de Mayo de 1910 - las poblaciones quedan bajo la protección de la norma de los principios de la ley de naciones, que surgen, entre otras cosas, de las leyes de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública. El deber de procesar y castigar los delitos bajo el derecho internacional recae inicialmente en el Estado en cuyo territorio se han cometido y en el que los autores pueden ser capturados.
35. De este concepto se infiere que la obligación de reparar los daños causados recae en los individuos, los Estados y en toda la comunidad internacional. Compete al Estado y a la comunidad internacional organizar el marco político y legal necesario para llevar a cabo, con alguna posibilidad de éxito, la campaña contra la impunidad de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, bien sean individuales o colectivos. La consideración actual de las violaciones históricas de estos derechos no deja ninguna duda de que esta campaña requiere la cooperación entre los Estados y la comunidad internacional.
36. Entre los casos históricos de importancia, en este informe se hará especial referencia a: la esclavitud, la colonización, el apartheid y el saqueo del patrimonio cultural del tercer mundo.
1. La Esclavitud.
37. La esclavitud no era un fenómeno nuevo en el siglo XIV. Se había practicado por otras civilizaciones sobre otros pueblos. Sin embargo, la forma sistemática y masiva en que se realizó en África, sobre los pueblos africanos, fue absolutamente desproporcionada respecto a lo sucedido en otros lugares. Llevada a cabo de la manera más inhumana, ha sido la más costosa en vidas humanas, la más destructora del tejido social y la que produjo el mayor saqueo económico y cultural que la humanidad haya conocido jamás. Se sistematizó y generalizó hasta tal punto, que fue llamada la "trata de esclavos negros".
38. El largo y doloroso período en el que floreció el comercio de esclavos, fue, sin duda, iniciado por individuos, pero con posterioridad fue descaradamente desarrollado por empresas o compañías y, por último, dirigido y organizado por Estados, todos ellos europeos. Durante siglos, millones de hombres, mujeres y niños fueron arrancados de su sociedad y llevados a la fuerza a las Américas para ser allí tratados de la manera más inhumana y degradante. Algunas de estas personas, después de increíbles sufrimientos, perecían durante la travesía oceánica. La historia africana, en el período de la esclavitud, está surcada por una serie de crímenes y de todo tipo de violaciones de los derechos de la persona humana, que, aunque empiezan a ser reconocidos, nunca han sido objeto de una reparación, mientras que, los Poderes inicialmente responsables de este tráfico continúan beneficiándose de él. Por lo tanto, el continente africano ha sido testigo, durante siglos, de la explotación y el saqueo de sus recursos físicos y humanos. Desde el punto de vista histórico, esta explotación es característica de la impunidad, por las graves violaciones que sufrieron estos pueblos.
39. Inmediatamente, se debe mencionar que no sólo los pueblos africanos fueron víctimas de la esclavitud. Los pueblos indígenas del Nuevo Mundo fueron despojados de todas sus tierras, que pasaron a ser explotadas con la mano de obra gratuita que generaba la esclavitud. El doble genocidio, cometido en ambos sentidos de la esclavitud, permanece impune.
40. La esclavitud dejó a África en un estado de ruina económica y cultural, marcada por devastaciones sociales de las que nunca se ha recuperado. El ámbito de este estudio es demasiado limitado para una descripción detallada de las graves y numerosas violaciones de derechos de todo tipo, tanto civiles y políticos como económicos, sociales y culturales y tanto en su aspecto individual como colectivo.
41. La comunidad internacional y los Estados beneficiarios de la esclavitud han reconocido el daño causado a los pueblos víctimas, pero las disculpas pedidas a África, aunque vengan del Sumo Pontífice, no son suficientes para borrar el odioso crímen y deshacer sus consecuencias, incluyendo la extrema pobreza, el subdesarrollo, la miseria, la enfermedad y la ignorancia. Estas violaciones deben ser tenidas en cuenta, aunque cualquier perspectiva de remedio decente requiera una voluntad decidida y valentía política.
42. La esclavitud conlleva también el saqueo de las riquezas y los recursos de los países víctimas y, cuando dicha explotación continúa durante siglos, es innegable que el daño causado es inmenso y difícil, si no imposible, de cuantificar, aunque, a pesar del tiempo transcurrido, su realidad sea innegable.
2. La Colonización.
43. Cuando la comunidad internacional tuvo conciencia de la seriedad y alcance del desastre de la esclavitud, se puso a la tarea de su abolición, pero ya se había dejado una puerta abierta a otra forma de explotación y dominación: la colonización. Los Poderes esclavistas se convirtieron en Poderes coloniales. Al igual que en el anterior sistema, los conflictos que precedieron y acompañaron las conquistas coloniales fueron brutales e inhumanos. El Profesor Mohamed Bedjaoui ha definido la colonización como un acto social, económico y político. Según explica, la colonización se expresó a sí misma en las relaciones jurídicas de dominación y explotación. Desde el punto de vista del derecho internacional, no es más que un intento de establecer una relación de subordinación entre dos naciones en todos los ámbitos.
44. La colonización acarreó la destrucción y la modificación de las estructuras de los pueblos colonizados. Los modelos de civilización y desarrollo impuestos sirvieron sólo para profundizar y empeorar el trabajo de destrucción emprendido por los colonizadores, que no estaban interesados en ayudar a los pueblos colonizados a escapar de su ignorancia. La comunidad internacional, a través de su organismo deliberante del momento - La Asamblea General de la Liga de las Naciones - que estaba dominada por los países occidentales, había autorizado a estos países a dividir el tercer mundo para formar imperios coloniales. Además, contaban con el apoyo de la comunidad internacional para saquear el tercer mundo y para desposeer a los pueblos colonizados de casi todas sus tierras y propiedades. De este modo, se sintieron fortalecidos para no detenerse ante ninguna forma de explotación, aprovechando esta situación para desarrollar sus propios países y enriquecer a sus pueblos.
45. La esclavitud y la colonización acabaron arruinando la totalidad del tercer mundo, que, además, nunca ha podido recuperarse. Durante siglos, los Poderes coloniales, fácilmente identificables hoy en día, saquearon la riqueza de los países colonizados en beneficio y en nombre de sus ciudadanos, para asegurar su propio desarrollo económico y social. Los países y pueblos colonizados, agotados y arruinados, finalmente se levantaron en armas para liberarse, a costa de grandes sacrificios. Hoy en día, es la Neocolonización la que perpetúa la dominación y explotación de los países atrapados en la maquinaria del sistema.
46. El movimiento de descolonización, tras la ruptura de los lazos de dominación y explotación, planteó el problema de las relaciones entre las antiguas colonias y el colonizador en términos de desarrollo, igualdad y restitución de las riquezas, lo que, por supuesto, encontró la resistencia de los países colonizadores. Esta dio lugar a la máxima de que uno de los requisitos previos para la descolonización era asegurar el mantenimiento del estatus quo preexistente.
47. Uno de los factores más importantes en el mantenimiento de esta situación es la cooperación ofrecida por los antiguos Poderes coloniales, que utilizan una serie de coacciones para imponer su voluntad sobre la antigua colonia, ahora convertida en un "Estado soberano", pero en realidad sin medios o poder. En esta desigual relación entre el asistido y el asistente, el último impone su voluntad y así mantiene la orientación general de las estructuras existentes o nuevas en las esferas económica, social y cultural. Cualquiera sea la forma en que se logró la descolonización, bien de forma violenta o negociada, en todas partes ha conducido al mismo resultado desastroso de dependencia y explotación, manteniendo un orden económico mundial injusto, que los países en desarrollo, compuestos esencialmente por las antiguas colonias, insisten en que debe ser revisado para lograr un equilibrio más justo.
3. El Apartheid.
48. El apartheid, un vestigio trágico de la dominación colonial, recuerda, de alguna forma, a la esclavitud. El sistema consistía, en términos económicos, en el completo y eficaz disfrute por parte de una minoría blanca, de toda la riqueza y los recursos naturales de un pueblo dominado y excluido en términos raciales. Se instituyó como un sistema de gobierno y fue aplicado, durante aproximadamente un siglo, acompañado de violaciones de derechos humanos, tanto derechos económicos, sociales y culturales como derechos civiles y políticos. Estas violaciones, masivas y graves, nunca han sido reparadas en forma alguna, aunque hayan sido caracterizadas en su conjunto como crímenes contra la humanidad, no estando, por tanto, sujetas a ninguna prescripción.
49. Desde el establecimiento de la primera colonia Holandesa, los "blancos" extendieron gradualmente su dominación sobre todo el territorio de Sudáfrica. Esta tendencia, se vio intensificada con la llegada de los Británicos y otros grupos de poblaciones "blancas", que, por medio de la violencia o la astucia, se apropiaron de casi todas las tierras agrícolas y residenciales en el territorio Sudafricano. Los "blancos", que representaban el 20% de la población, controlaban y usaban el 80% del territorio, mientras que los "negros" que representaban el 70% de la población, controlaban sólo el 13% de las tierras. Como ya se ha mencionado, esta situación, que se mantuvo a expensas de los negros, duró más de un siglo. Este sistema no fue sólo característico de Sudáfrica. Lo que hoy es Namibia fue gobernada durante mucho tiempo mediante el mismo sistema, consistente en una mayoría negra dominada por una minoría blanca. Aún hoy en día, sobrevivientes de este sistema continúan ocasionando víctimas.
4. El saqueo del patrimonio cultural del tercer mundo.
50. A la vez que los pueblos y países dominados eran abominablemente explotados, sus patrimonios culturales eran saqueados. Hoy en día, los bienes culturales que pertenecían a estos pueblos y países se encuentran fácilmente en los museos del mundo Occidental, sin, por supuesto, ningún quid pro quo. Este saqueo cultural del tercer mundo por parte de los antiguos Poderes coloniales continúa, por medio de un tráfico deliberadamente organizado por ellos. Actúan, por lo tanto, con desacato a las leyes de los países del tercer mundo y burlan las normas internacionales elaboradas por la comunidad internacional, a la que han accedido libremente.
51. Para los pueblos y países víctimas, la esclavitud, la colonización, el apartheid y el saqueo cultural del tercer mundo fueron marcos que ocasionaron violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos y un total desprecio a su derecho al desarrollo. Estas violaciones nunca han sido reparadas y privan a las víctimas de cualquier posibilidad de desarrollarse y llevar una vida digna.
52. Las prácticas antes enumeradas pertenecen al pasado pero tienen consecuencias funestas en la vida económica de los pueblos y países que fueron sus víctimas. Hoy en día, estos pueblos viven en un estado de absoluta pobreza, lo que, frecuentemente, es destacado por la comunidad internacional. Los graves delitos de violaciones masivas de los derechos humanos producidos por estas prácticas, aún continúan. El principio, en tales casos, es que, mientras no cesen los actos infames no puede haber prescripción, aún más dado que éstos son crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles y sujetos a los principios de la jurisdicción universal. Este principio hace posible que los tribunales de cualquier país tengan competencia sobre un acto que constituya un crímen contra la humanidad.
53. Estas prácticas y procedimientos, que son causa de violaciones de los derechos económicos de individuos o grupos en todas las sociedades, no pueden ser enumeradas exhaustivamente debido a su naturaleza ordinaria. Las citadas a continuación son, quizás, las más usuales, pero no son las únicas. En muchos casos también pueden involucrar a varios países simultáneamente y a varios sectores de la población. Los países afectados no son necesariamente los países en desarrollo. Las economías y las personas de los países desarrollados también son víctimas de ellas. En el último caso, el daño adopta la forma de un alto nivel de desempleo acompañado de una profunda crisis social.
54. Es absolutamente esencial y urgente entender la difícil situación, catastrófica e intolerable, de los países en desarrollo que soportan la pesada carga de la deuda, que impide cualquier mejora económica. Resultado de varios sistemas perniciosos de explotación, la deuda necesita de soluciones muy diversas - políticas y/o legales, pragmáticas o planificadas. Los pueblos que se ven afectados por la deuda y el servicio de la deuda se empobrecen constantemente, más y más cada día, viéndose impedidos, de forma sistemática, a ejercer sus derechos básicos.
55. La Comisión Lester Pearson ya había estimado que, hacia 1977, el servicio de la deuda, es decir, el pago anual de la restitución del capital más el pago de intereses, excedería por sí solo el importe bruto de un nuevo préstamo en un 20% en África y un 30% en América Latina. En otras palabras, los nuevos préstamos que un país en desarrollo necesita para su desarrollo no podrían usarse para ese objetivo y no serían ni siquiera suficientes para cubrir el servicio de la deuda existente. Los países en desarrollo tendrán que endeudarse nuevamente, no para inversiones, sino para liquidar la deuda.
56. De esta forma, la deuda, que se incrementa a medida que va siendo liquidada, se convierte en un nuevo lazo de dependencia. Para muchos países es una carga intolerable. Esta situación ha llevado a una crisis respecto a la deuda en casi todos los países en desarrollo, necesitando el alivio o la renegociación de su deuda, pero sin haberse encontrado soluciones duraderas. Esta situación da lugar a crisis económicas y sociales que, frecuentemente, culminan en disturbios sociales, generando inestabilidad política que, a menudo, impide cualquier desarrollo económico. Las crisis respecto a la deuda de los años 80 obligaron a los países deudores a aceptar condiciones Draconianas para la reorganización de sus economías. Por lo tanto, no sólo tenían que exportar más para liquidar su deuda, sino también tuvieron que reestructurar sus economías de acuerdo a los principios neoliberales, es decir, liberalizar la actividad económica, privatizar las empresas públicas y recortar en gran medida el gasto público.
57. Mientras que la deuda pública se incrementa constante y rápidamente, debido a las graves consecuencias descritas, la ayuda oficial para los países en desarrollo decrece. Los países "desarrollados", que perpetúan esta situación, y las instituciones internacionales (el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional), que actúan como sus agencias de cobro, deberían revisar sus políticas para asegurar una transferencia internacional de recursos a los países en desarrollo, suficiente para evitarles las dificultades causadas por el endeudamiento. La misión primordial de las instituciones financieras internacionales es, precisamente, promover dichas transferencias.
58. Se recordará que, en 1944, la Conferencia de Bretton Woods decidió crear el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el objetivo de ayudar a mejorar las relaciones comerciales en el mundo. El artículo 1 de los Estatutos del Acuerdo del FMI expone seis objetivos para el Fondo, uno de los cuales es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y contribuir, así, a la promoción y el mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos. Las recomendaciones y directrices del FMI, que son especialmente duras con los países que desean renegociar sus deudas, están en flagrante contradicción con los objetivos expuestos en el artículo 1 de sus estatutos. Merece la pena anotar que los préstamos otorgados a los países en desarrollo han sido, en realidad, una mera serie de operaciones ficticias sin beneficio alguno para las poblaciones interesadas, que, no obstante, se ven obligados a reembolsarlos. Los préstamos concedidos toman, de hecho, diferentes caminos, pero ninguno llega a los sectores de la población realmente necesitados. Estos préstamos son, en parte, utilizados para el servicio de la deuda y, en parte, malversados por aquellas personas encargadas de administrarlos; pero, en definitiva, son nuevamente depositados en bancos, o reinvertidos en empresas, de los países acreedores.
59. Las principales consecuencias de dichas prácticas son la multiplicación y la exacerbación de los problemas de los países en desarrollo. Las principales víctimas son, por supuesto, los sectores desheredados de las sociedad, que son los que tienen menos recursos para vivir, y nada parece poder detener su caída hacia la más absoluta pobreza. Esta evidencia sugiere que perpetuar la deuda de los países en desarrollo es el resultado de una decisión política deliberada, diseñada exclusivamente para frustrar cualquier intento de los países en desarrollo, y de su población, de lograr un progreso económico y social.
60. Se tiene la certeza de que los desequilibrios financieros golpearán directamente a las ya frágiles economías de los países en desarrollo. Estos desequilibrios continuarán empeorando si las estructuras económicas siguen marcadas por unos términos del intercambio desiguales. Más aún, existen claros indicios de que la perpetuación de la deuda significa su uso como un arma poderosa, para doblegar a los países en desarrollo. Todo ello otorga a las clases gobernantes los medios para protegerse y ser los defensores - mejor sería decir los arquitectos - de una política económica catastrófica para la gran mayoría de los pobres del mundo.
61. A modo de ejemplo, y en relación con la situación del África Subsahariana, cabe mencionar que el Secretario General de las Naciones Unidas inició el 15 de Marzo de 1996 un programa, sin precedentes, para movilizar a todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y obtener fondos por una cantidad de 25 billones de dólares, con el fin de restablecer las economías de estos países. Los recursos no serán nuevos, sino más bien una reorientación de los ya existentes en los niveles nacional e internacional. Las instituciones financieras internacionales están considerando una serie de medidas que aligeren el peso de los países más endeudados. De acuerdo al Banco Mundial, es imposible romper el círculo vicioso de la deuda con los instrumentos financieros existentes, por lo que será necesario crear unos nuevos. El Banco propone, en primer lugar, establecer un tope para el servicio de la deuda, que no debe exceder el 20% ó 25% de los ingresos procedentes de las exportaciones del país en cuestión. En lo que se refiere a la deuda, su peso no debe superar 2,5 veces el valor de las exportaciones. En la práctica, estos mecanismos de alivio sólo tendrían lugar como un último recurso, una vez que todos los actuales remedios convencionales hayan sido agotados. Dado que la deuda multilateral no puede ser renegociada, y mucho menos anulada, las medidas propuestas parecen ser un simple recurso provisional, diseñado para asegurar el pago de la deuda. Todos recordamos las promesas realizadas al implantar los programas de ajuste estructural, que, con celeridad, se han convertido en un rotundo fracaso en todos los países donde han sido aplicados.
62. La forma en que la deuda es gestionada actualmente, también posibilita que las empresas transnacionales frustren cualquier intento, por parte de los países en desarrollo, de reivindicar su soberanía o trazar el curso de su propio desarrollo. Debido al papel que la deuda juega hoy en día, es un instrumento formidable para la dominación que las empresas transnacionales ejercen de manera efectiva sobre los países en desarrollo. Debemos hacer referencia en este punto al fracaso de las instituciones del Breton Woods para llevar a cabo sus objetivos primarios - el de crear y mantener un equilibrio entre los varios actores de la vida económica internacional en beneficio de la humanidad. Este fracaso, combinado con las actividades de las empresas transnacionales y el egoísmo de los países desarrollados, ha generado el establecimiento de dos prácticas dañinas y destructivas: los programas de ajuste estructural y, más recientemente, la devaluación de las monedas de los países en desarrollo.
2. Programas de ajuste estructural.
63. La interdependencia de las economías nacionales de los Estados y su dependencia en el actual marco de la economía mundial, hace que la cooperación entre los Estados sea cada vez más importante y acentúa la responsabilidad de los agencias y miembros asociados involucrados en el desarrollo, en conexión con los programas de ajuste estructural que, como debe recordarse, son simples técnicas o fórmulas de controlar los déficits con el propósito declarado de tener la deuda bajo control.
Este intento de controlar la deuda ha sido, hasta ahora, un fracaso tan evidente como significativo. Los programas de ajuste estructural han originado sufrimientos inhumanos y contraproducentes en las poblaciones deprimidas de los países deudores. Estos métodos de gestionar los déficits fueron impuestos a los países deudores por los acreedores, en complicidad con las instituciones financieras internacionales, en un contexto ficticio de negociación, en el cual estos últimos tuvieron el poder de imponer la ley; todo ello empeora, constantemente, el estado de extrema pobreza de los pueblos deudores.
64. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en un nuevo enfoque de política social, está haciendo lo posible para aliviar las penurias sociales, no sólo creando sistemas de protección sino también realizando acciones preventivas como la de establecer un diálogo más intenso, con la idea de influir en las instituciones de Bretton Woods. El 21 de Junio de 1993, la Conferencia Internacional del Trabajo reafirmó este enfoque, al adoptar la resolución titulada "Resolución relativa a la protección social y la disminución del desempleo y la pobreza, y la dimensión social del ajuste estructural y la transición a una economía de mercado". El espíritu de la OIT difiere, por tanto, completamente, de la actitud de las instituciones de Bretton Woods, como si éstas no pertenecieran al mismo sistema de las Naciones Unidas. Esta falta de armonía demuestra, si todavía fuera necesario, la desviación de las instituciones financieras de sus objetivos primarios.
65. Los programas de ajuste estructural imponen una pesada carga en los trabajadores y sus familias y en otros grupos vulnerables, tales como las mujeres, los niños, los desempleados, los parados y los discapacitados. Dichos programas ponen en peligro el gasto público dedicado a la educación, la salud y los servicios sociales colectivos. Los niveles salariales caen, y es frecuente la pérdida de puestos de trabajo. En pocas palabras, ningún derecho humano, económico, social y cultural es ejercido o protegido. Las medidas adoptadas en el contexto de los programas de ajuste estructural han culminado con una revisión a la baja de los tipos de cambio, que reduce el poder adquisitivo de los trabajadores y causa un incremento de la inflación que es insoportable para los sectores de la población más desfavorecidos.
66. Los programas de ajuste estructural, al efectuar drásticos recortes en los presupuestos de los Estados afectados, impiden, eventualmente, que éstos consigan cumplir con sus obligaciones sociales y de bienestar general de sus ciudadanos. Los programas de ajuste estructural no han hecho más que empeorar el estado de ruina económica de los países subdesarrollados. Son, en realidad, medidas de embargo diseñadas para recuperar las cantidades adeudadas a los países ricos, sin ninguna preocupación hacia las dificultades de los países deudores.
67. Los ajustes a la baja de los tipos de cambio o las devaluaciones monetarias han debilitado considerablemente las economías de los países del tercer mundo. Independientemente del poder económico del Estado, los efectos multiplicadores de tales políticas monetarias perjudican las posibilidades de inversión de las empresas privadas o de los individuos, originando la inflación y la fluctuación incontrolable de los precios. Las empresas, por lo tanto, se ven obligadas a reducir su tamaño y a despedir trabajadores, con la consecuencia de una evidente reducción de ingresos. La devaluación conduce a un cambio en los precios relativos de las importaciones, que se encarecen en la moneda nacional, y de las exportaciones, que se abaratan en las monedas extranjeras. Debido a que los países en desarrollo están, de hecho, sufriendo un deterioro en los términos del intercambio, una caída de los tipos de cambio sería desastrosa para su economía.
3. El Embargo.
68. Con el propósito de luchar contra ciertos regímenes totalitarios irrespetuosos de los derechos de la persona humana, la comunidad internacional puede adoptar medidas diseñadas para castigar a los mismos. Busca, por tanto, por medio de una acción coordinada, su aislamiento político, económico y comercial. Un Estado objeto de dichas medidas no puede importar ni exportar los productos necesarios para su desarrollo y para el bienestar material de su gente. De esta forma, el embargo fijado puede ser total, y comprender todo lo que un país pueda necesitar (productos alimenticios, medicinas, materiales de construcción, material escolar, equipamiento militar, etc.), o parcial, y estar asociado únicamente a ciertos materiales, principalmente los militares.
69. En ambos casos, las privaciones resultantes dirigidas a derrocar a los líderes, tienen un grave impacto sobre la población civil, y principalmente sobre los sectores vulnerables, que son los primeros en sufrirlas. Este parece ser el caso de Irak, donde cientos de miles de niños han muerto como resultado del embargo total impuesto a su país después de la Guerra del Golfo. Se ha comprobado que, de hecho, con las medidas adoptadas en el marco del embargo en cuestión, sólo ha sufrido la población civil. La eficacia esperada nunca se ha conseguido. Se deben analizar más detenidamente las medidas que deben tomarse para rescatar a la población civil de las garras de los dictadores, en vez de tirar las frutas frescas con las pochas.
70. Sin embargo, en ningún caso debe privarse a nadie de medicinas y comida, y los sectores vulnerables deben, de acuerdo con el espíritu de los instrumentos internacionales que gobiernan las instituciones internacionales, recibir la ayuda mejor y más apropiada en caso de necesidad. Para la comunidad internacional sería una completa aberración, y la mayor contradicción desarrollada dentro del sistema de Naciones Unidas, resultar culpable de violaciones masivas de los derechos económicos, colectivos e individuales.
71. La palabra "corrupción" significa el abuso de la confianza pública con fines privados. Es un fenómeno moral, aunque haya dinero involucrado en la gran mayoría de los casos. Se utiliza un cargo público para el beneficio de uno o más individuos en vez de en interés nacional. La corrupción puede existir independientemente del beneficio financiero; es universal y multiforme. De acuerdo con el Profesor Robert Kiltgaard, de la Universidad de Harvard, existen varias definiciones de corrupción, pero puede decirse, simplemente, que la corrupción es el abuso de un cargo con fines personales. Este cargo, dice el Profesor Kiltgaard, puede ser público o privado, pero la corrupción es considerada, normalmente, como un fenómeno público. Un individuo abusa de la confianza pública que se le otorga para servir a sus propios intereses o aquéllos del grupo al que pertenece. Para poder entender las múltiples formas que adopta la corrupción, es necesario, primeramente, considerar la naturaleza de las situaciones y de las personas involucradas: funcionarios, hombres de negocios, individuos privados o empresas que usan los mismos procedimientos. El factor externo que interviene en el proceso de toma de decisiones influye en el beneficio injustificado obtenido, en forma de gratificación o de su promesa, por aquél que toma o ejecuta la decisión.
72. El Seminario Inter regional sobre la Corrupción en los Gobiernos, celebrado bajo los auspicios de las Naciones Unidas en La Haya, del 11 al 15 de diciembre de 1989, conjuntamente con el Departamento de Cooperación Técnica para el Desarrollo, identificó la impunidad como un elemento subyacente de las diversas formas de corrupción. El VIII Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Delincuencia y el Tratamiento de los Delincuentes, celebrado en La Habana del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990, señala, en su resolución 7 sobre la corrupción en los Gobiernos, que esta forma de corrupción es universal y que tiene efectos perjudiciales en las economías de todos los países pero, particularmente, en las de los países en desarrollo. Hoy en día, esta forma de corrupción se está desarrollando a una escala mundial. A nivel internacional, es perjudicial para las economías de aquellos países afectados individualmente y, más aún, aumenta los desequilibrios causados por el orden económico mundial considerado en su conjunto.
73. En su resolución 1992/50 sobre el enriquecimiento fraudulento o ilegal de altos cargos estatales, la Comisión de Derechos Humanos señala, claramente, la responsabilidad del Norte en relación con la perpetración de este delito en los países del Sur y, por lo tanto, planteó la cuestión, aún no muy clara en el derecho internacional, de la restitución a los pueblos despojados, para la reinversión en el desarrollo económico, social y cultural, de los fondos que sus líderes les han hurtado, normalmente con la complicidad de los bancos extranjeros. La existencia de mercados de capital altamente desarrollados fomenta ciertos delitos, tales como los delitos relacionados con el abuso en el uso de la información privilegiada. Ocurre lo mismo en los países con economías en transición. La precipitada privatización que tiene lugar es acompañada de fenómenos similares.
74. La corrupción afecta a todos los ámbitos de la vida económica, pública y privada. La existencia de un sector público y un sector privado es un requisito previo para la corrupción, pero se pueden observar algunas diferencias en cuanto a los intereses perseguidos. Un hombre de negocios, que, trabajando en el marco de la ley, ofrece disimuladamente un incentivo, está normalmente buscando un objetivo equivalente a los intereses de su compañía. Este hecho - aunque censurable - se encuentra dentro de las prácticas normales de la empresa. Éste es también el caso de los políticos que, en beneficio propio o de su partido, tratan de tapar un escándalo financiero; sin embargo, esto no pueden realizarlo sin la ayuda de otras personas, cuya acción o inacción deben comprar. Otro área muy propicia a la corrupción es el nepotismo. Este es un fenómeno extremadamente difícil de precisar, pero, se puede observar desde el momento en que el criterio de competencia se ve reemplazado por el de favoritismo, creándose, entre el que toma la decisión y el beneficiario de la misma, una relación de dependencia que puede influir en futuras decisiones.
75. El corrompido y el corruptor no son cómplices: cada uno es el autor de un delito distinto, sujeto a sus propios procesos y penas. Más aún, la corrupción debe distinguirse del tráfico de influencias, que un individuo ejerce sobre otros, para persuadirlos de que se abstengan de realizar una de sus obligaciones, y, de esta manera, recibir un desmesurado provecho. El corruptor y el corrompido pueden ser funcionarios, agentes o representantes del Estado, individuos privados o cargos electos. La corrupción, por lo tanto, crea una doble responsabilidad: el corrompido (el sujeto pasivo) es tan responsable como el corruptor (el sujeto activo). Esta doble responsabilidad ocasiona que ambas partes sean susceptibles de condena. La corrupción también puede comprometer la responsabilidad del Estado si el corruptor la organiza a través de la estructura de sus organismos o cuando, en una actitud permisiva, acepta que las entidades o individuos privados la practiquen.
76. La corrupción interna descrita en el punto anterior puede tener varias conexiones en otros países: entonces traspasa las fronteras y es llevada a cabo por compañías o individuos privados a gran escala e involucra a varios Estados. La corrupción, cualquiera sea su autor o alcance, constituye, económicamente hablando, un serio obstáculo para el desarrollo social y económico de los países afectados. Así, envenenando la economía y el tejido social, la corrupción viola tanto los derechos económicos, sociales y culturales como el derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano de los pueblos y sectores sociales afectados.
77. José Arthur Rios escribió: "La corrupción es el producto de la ética invertida, en cuanto que el acto de corrupción conlleva la idea de reciprocidad, que es, en realidad, un elemento de equidad y justicia". En una sociedad moderna, esta norma de reciprocidad ocurre en la corrupción cuando involucra intercambios en los que la gestión de recursos públicos se subordina a los intereses del sector privado. En las sociedades primitivas, la costumbre de obsequiarse recíprocamente establece una red de obligaciones entre los grupos. Esta red es funcional y legítima en tales sociedades y, en teoría, no plantea el problema de la corrupción. Obserquiarse regalos puede convertirse en un instrumento que permite a algunos individuos imponer su voluntad sobre aquéllos que no pueden corresponder. Este último grupo, puede estar trabajando para el sector privado a expensas del sector público o del interés general. En el contexto de este informe, debemos evitar agrupar formas menores de corrupción (por ejemplo, de cargos públicos) y formas mayores, que son fuente de violaciones masivas de los derechos humanos.
78. La llegada de la sociedad moderna ha originado tres tipos de características diferentes del dinero, que a menudo hacen del mismo el catalizador del fenómeno de la corrupción: el dinero no tiene límites, puede ser transferido discretamente de una persona a otra y puede ser usado en cualquier tipo de acuerdo, en virtud de su naturaleza abstracta.
79. Como se ha mencionado anteriormente, la corrupción es universal. Hoy en día, todos los Estados, bien sean desarrollados o en desarrollo, sufren el mismo fenómeno en distinto grado. La corrupción es, por lo tanto, un fenómeno funcional que opera en todos los niveles y en todas las esferas de actividad. Se ha señalado, correctamente, que la corrupción no puede prosperar en una sociedad democrática y pluralista.
80. La corrupción, el tráfico de influencias y el abuso de confianza por parte de los funcionarios son, normalmente, delitos conectados y llevados a cabo dentro del mismo contexto y por medio de los mismos métodos. Estos delitos difieren de otros delitos económicos en que la víctima participa libremente, con total conocimiento del daño que se inflige, pero es atraído por el beneficio. Estos delitos, organizados y aplicados a gran escala, causan un daño desmesurado a un estrato social cada vez más amplio.
5. Fraude fiscal y de derechos arancelarios y otros delitos económicos.
81. Cuando las actividades fraudulentas constituyen un grave daño a la economía de la nación, afectan indirectamente a los derechos individuales, ya sean económicos, sociales o culturales. El concepto de fraude incluye todas las actividades ideadas para reducir el pasivo exigible en concepto de impuestos o evadir el pago de los mismos. Esto significa la violación directa o indirecta de la legislación fiscal. Este concepto es, aún, vago y, aunque todos los países combaten el fenómeno, no se ha llegado todavía a una definición clara, bien sea por consenso o sobre la base de la práctica judicial nacional. Debe mencionarse que la persona que practica el fraude está, por lo general, implicada también en la corrupción. Los delitos cometidos en las áreas antes mencionadas, afectan a algunos sectores económicos muy sensibles. Puesto que son la principal fuente de ingresos de los países en desarrollo, juegan un papel significativo en todo el esfuerzo de desarrollo.
82. Hay, por supuesto, otros delitos económicos, cuyo número e importancia varía de acuerdo a la situación económica del país en cuestión. Como señala el Profesor Fontan, que ha realizado un estudio científico de las motivaciones de los delincuentes económicos, la economía de la escasez desarrolla tanta delincuencia económica como la de la abundancia. Sin entrar en detalles sobre los delitos económicos a nivel interno, se puede decir que éstos son una fuente muy grave de violación de los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos y los pueblos. Estos incluyen la malversación de fondos públicos, el mal uso de los activos empresariales, la especulación financiera, el enriquecimiento ilícito, el lavado de dinero del narcotráfico y la complicidad de ciertas instituciones de crédito al recibir fondos que han sido adquiridos en forma fraudulenta.
83. Estos distintos delitos, que son el origen de graves violaciones de los derechos individuales, son punibles en los sistemas legales nacionales, con mayor o menor eficacia. A nivel internacional, se puede temer que los métodos adoptados para combatir este tipo de delincuencia sean de una naturaleza más bien empírica. Sería deseable que existiera una colaboración más estrecha entre los distintos países afectados, fuera del marco institucional de las Naciones Unidas.
III. Las consecuencias de dichas prácticas para los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos colectivos.
84. Las prácticas y procedimientos esbozados anteriormente han tenido un impacto negativo sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los individuos y también sobre los colectivos o comunales (derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano). Han conducido en el pasado, y siguen haciéndolo, a graves y masivas violaciones de estos derechos e, incluso, han sido totalmente ignorados por aquéllos que son los responsables y que se benefician de ellos. Esta combinación de ignorancia, por un lado, y omisión, por el otro, es una fuente de dificultades para el logro de los derechos humanos, en general, y de los derechos económicos, sociales y culturales, en particular.
85. La esclavitud, la colonización y el apartheid, prácticas que han desaparecido o están desapareciendo rápidamente, fueron, en un pasado cercano, las principales violaciones masivas de los derechos humanos individuales o colectivos. Se debe señalar aquí, que estas categorías de derechos están íntimamente relacionadas, ya que los primeros facilitan el marco para el disfrute de los segundos. Estos derechos colectivos o comunales son a los derechos económicos, sociales y culturales individuales lo que la democracia y el imperio de la ley son a los derechos civiles y políticos.
86. Mientras que los derechos civiles y políticos son actualmente más o menos una parte aceptada e integral de la mayoría de las legislaciones nacionales, no puede decirse lo mismo de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos, que algunos Estados no ven como derechos, sino como una situación de hecho. Esta idea errónea no resiste un análisis serio de los fundamentos legales y económicos de estos derechos. La actitud extremadamente reacia de los países desarrollados respecto a ellos es, simplemente, la expresión de un cierto egoísmo.
A.Violaciones de los derechos colectivos o comunales.
Violaciones del derecho al desarrollo.
87. El derecho al desarrollo surgió de la desigualdad económica y de la desfavorable situación de los países subdesarrollados. Debe mencionarse, por otra parte, que el derecho al desarrollo establece el principio de la reparación al que tienen derecho aquellos pueblos y países que, desde hace tiempo, han sido expoliados de sus riquezas mediante la esclavitud y la colonización. Las enormes desigualdades de todo tipo entre los países pobres y los desarrollados son el resultado de siglos de saqueo y explotación durante los que las civilizaciones fueron destruidas, las estructuras sociales y medios de producción aniquilados y el ecosistema devastado en África, América Latina y Asia. La desigual distribución de la riqueza e ingresos, a nivel nacional e internacional, ha empeorado en las últimas décadas, alcanzando tales dimensiones que se ha convertido en un auténtico escándalo internacional.
88. La Consulta Global sobre el ejercicio del Derecho al Desarrollo como un Derecho Humano, celebrada en Ginebra del 8 al 12 de enero de 1990, concluyó, esencialmente, que la estrategia tradicional de desarrollo era transnacional en su campo de acción y, principalmente, consistía en la creación de modernos enclaves industriales y zonas de exclusión en los países en desarrollo. Estos enclaves y zonas no tienen, usualmente, sino efectos negativos sobre las economías de los países en desarrollo y sirven, en última instancia, como bases de las empresas transnacionales para extender sus actividades entre varios países, con el objetivo de evitar el cumplimiento de las legislaciones nacionales y las normas internacionales. Se ha demostrado, generalmente, que tales establecimientos son inestables, dado que la empresa matriz puede decidir, por razones de índole comercial, económica o política, trasladar sus filiales a otros países. El propósito de estas prácticas es evadir las leyes económicas de los países en cuestión y, por sí mismas, constituyen violaciones del derecho al desarrollo de las poblaciones de uno o más países.
89. Las estrategias tradicionales de desarrollo han originado, además, la creación de élites privilegiadas nacionales, que siguen los mismos modelos de consumo que los grupos de alto nivel económico de los países desarrollados, mientras que la gran mayoría de la población no puede, ni siquiera, alcanzar sus necesidades más básicas. Esta es la forma en que los dirigentes de los países en desarrollo han diseñado sus políticas económicas durante la mayor parte del último medio siglo. No debe dejar de mencionarse que esta disparidad entre los ingresos y niveles de vida no está limitada a los países en desarrollo; también existe en los países desarrollados y se hace cada día más frecuente. Como ya se ha mencionado, los actores y beneficiarios de estas estrategias constituyen una minoría, comparado con la abrumadora, pero deprimida, mayoría.
90. Tales prácticas, cuando se combinan con el malsano impacto de la deuda y el deterioro de los términos del intercambio, junto con las nefastas actividades de las empresas transnacionales, impiden a los países en desarrollo y sus pueblos el disfrute efectivo del derecho al desarrollo.
91. La grave crisis medioambiental de las últimas décadas ha destacado la naturaleza transnacional y multidimensional de sus efectos, y ha mostrado que las soluciones requeridas son colectivas o comunales, por lo que, consecuentemente, sólo pueden ser llevadas a cabo por la comunidad internacional y por los propios Estados, bien individualmente o en cooperación con las Naciones Unidas, según se exige en los Artículos 55 y 57 de la Carta. Un ecosistema equilibrado, la conservación de los recursos naturales o, simplemente, la supervivencia del planeta son requisitos urgentes que se deben lograr si queremos que nuestro sistema no sea destruido.
92. El derecho a un medio ambiente sano ha sido violado como resultado de las actividades humanas, que incrementan las concentraciones de gases con efecto invernadero en la atmósfera, con todos los efectos consiguientes sobre el calentamiento global, la subida del nivel del mar y el clima en general. Mientras, al producir su propio efecto negativo sobre el disfrute de los derechos humanos en general y de los derechos económicos, sociales y culturales en particular, estos fenómenos adquieren un efecto multiplicador, que también agravan el incremento de los serios y numerosos problemas afrontados por las poblaciones de las regiones pobres. Entre las actividades humanas que afectan al derecho a un medio ambiente sano se incluye la deforestación, que durante siglos ha conducido a pérdidas substanciales de masas forestales y a la degradación medioambiental.
93. De acuerdo con el informe del Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la conservación de la diversidad biológica es fundamental para la vida humana. Es un factor básico, en cuanto a como se estructuran los organismos vivos. Como tal, supone un soporte para los ecosistemas, para la regulación del agua y la atmósfera y las bases de la producción agrícola. Cuando se pierden las variaciones genéticas el resultado es, por consiguiente, no sólo la pérdida de las características específicas y potenciales y las adaptaciones, sino que también disminuye el número de especies, se desequilibran los ecosistemas y se daña la capacidad para preservar la vida humana. La destrucción del ecosistema y del equilibrio necesario para la supervivencia de nuestra especie se ha agravado en la vida moderna, por los efectos de las actividades humanas contemporáneas, tales como la contaminación, los vertimientos de residuos tóxicos y peligrosos, etc.
94. La contaminación de la tierra, el mar y el aire, originada por varias causas, supone un importante riesgo para la vida, la salud y el bienestar de las poblaciones. Los desastres de Bophal y Chernóbil, son , únicamente dos ejemplos de los muchos que todavía son recordados vívidamente, especialmente por el gran número de víctimas. De acuerdo con el cálculo realizado por la Liga de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, el desastre de Chernóbil afectó, y continúa afectando, a más de 4 millones de personas, que todavía viven sobre tierras contaminadas, además de las 135.000 personas evacuadas de las poblaciones más cercanas al reactor. Estas víctimas temen por su futuro, expuestas como están, y como nos han dicho los científicos, a enfermedades congénitas y a malformaciones.
95. Los desastres ecológicos, nucleares o de otro tipo, ponen en peligro de destrucción a casi todas las formas de vida. El derecho a un medio ambiente sano está íntimamente ligado a los derechos económicos, sociales y culturales. La exportación a los países en desarrollo, particularmente a África, de residuos peligrosos producidos por las industrias del Norte es, en mi opinión, una seria violación de los más importantes derechos humanos, comenzando por el derecho a la vida. Sin embargo, individuos y compañías, movidos por el afán de lucro, se han dedicado a realizar acuerdos para el traslado de residuos industriales en la más completa ignorancia de los derechos de individuos y pueblos.
96. Los escándalos de 1987 y 1988 que siguieron al descubrimiento de los acuerdos por los que países Africanos recibían cantidades irrisorias de dinero de las compañías occidentales a cambio del uso de la tierra para el vertido y enterramiento de residuos tóxicos, originaron una justificable y violenta reacción por parte de algunos países en desarrollo. Es en este contexto, en el que el Consejo de Ministros de la Organización para la Unidad Africana (OUA) declaró, en su resolución 1153 (XLVIII) de 25 de mayo de 1988, que tales vertimientos eran un delito contra África y el pueblo africano. El 7 de diciembre de 1988, las Naciones Unidas, siguiendo los pasos de la OUA, adoptó la resolución en la que se expresaba la profunda preocupación por las prácticas de vertimientos de residuos nucleares e industriales en África. En 1989, la Convención Basilea sobre el Control de los Traslados Transfronterizos de Residuos Peligrosos y su Eliminación, fue un compromiso entre los partidarios de una completa prohibición a los traslados transfronterizos de residuos y los que deseaban definir el marco y las condiciones legales para el traslado de los mismos, como fuera posible algún tipo de negociación en este campo.
97. Cualquier acuerdo para el traslado de residuos es una seria violación del derecho a un medio ambiente sano y, muy obviamente, de todo el conjunto de los derechos humanos, tanto individuales o colectivos, como económicos, sociales y culturales o civiles y políticos. Dado el alcance de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano, la comunidad internacional expresó su profunda preocupación en la Cumbre de la Tierra de 1992, señalando que los traslados de residuos tóxicos estaban en contradicción con la legislación nacional y los instrumentos internacionales existentes, dañando seriamente el medio ambiente y la salud pública en todos los países, particularmente en aquéllos en desarrollo.
98. Los derechos económicos, sociales y culturales individuales son, esencialmente, el derecho al trabajo y los derechos a una adecuada alimentación, salud, vivienda y educación. No hay duda de que estos derechos se basan en el derecho más importante de todos, a saber, el derecho a la vida. Giran y se centran sobre este derecho, si por "vida" se entiende todo lo que contribuye a la existencia continuada y la mejora de la condición humana. En opinión de algunas personas, estos derechos constituyen un ideal a lograr, es decir, que no son reclamables inmediatamente. Este punto de vista es incorrecto, ya que estos derechos tienen una base legal firme y pueden ser reclamados en cualquier momento y sus violaciones castigadas.
1. Violaciones del derecho al trabajo.
99. Un informe de la Organización Internacional del Trabajo, el Informe del Trabajo Mundial de 1995, expone que la situación del empleo en los países en desarrollo, particularmente en el África Subsahariana, está determinada por la condiciones locales de mercado, que continúan siendo un freno tanto para la inversión nacional como extranjera. Las explicaciones dadas por el Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), están lejos de ser satisfactorias, especialmente cuando explica que los países africanos deben asumir reformas más importantes. En mi opinión, la explicación es preferible basarla en la injusticia y el desequilibrio generado por el orden económico mundial. El informe de la OIT sugiere que únicamente el área donde África no ha sido marginada es en la referida a la ayuda. Pienso que la "ayuda" en cuestión podría ser fácil y enteramente suspendida si la riqueza del mundo fuera equitativamente distribuida entre todas las naciones.
100. La escasez y las graves crisis tienen consecuencias inevitables sobre el mercado de trabajo con las frecuentes recesiones, cada vez mayores, que dificultan el desarrollo de cualquier política encaminada a la mejora de las condiciones de los trabajadores y su familia. El desempleo llega a ser una preocupación diaria, tanto para el individuo como para la sociedad, y la búsqueda de un puesto de trabajo, una prioridad. Los trabajadores, y sus familias, que se ven afectados por la inestabilidad o inseguridad en el trabajo, son extremadamente vulnerables.
101. Los trabajadores también enfrentan serios riegos en el desempeño de ciertos trabajos, que son forzados a aceptar a causa de la difícil situación económica. En la actualidad, las convenciones de la OIT recomendando medidas de higiene en el trabajo, no son nunca cumplidas. Esta es una seria violación de los derechos del trabajador. Los trabajadores migratorios son, ciertamente, los más afectados, debido a su reclutamiento clandestino y, algunas veces, incluso con la complicidad del Estado de acogida. Las violaciones del derecho al trabajo toman varias formas, como anota el Relator Especial en su segundo informe provisional sobre el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales:
(a) Descensos substanciales en los niveles salariales, con el correspondiente descenso del nivel de vida;
(b) Mayores niveles de desempleo;
(c) Reducción de la protección del trabajador, en relación a la salud ocupacional y las normas de seguridad;
(d) Limitaciones en el derecho de huelga;
(e) Poder negociador reducido de la clase trabajadora; y
(f) Conflictos sociales muy violentos que pueden originar graves crisis políticas y económicas.
Estas son las principales consecuencias de las violaciones del derecho al trabajo, aunque otras consecuencias, menos graves, pueden también derivarse de ellas.
102. Hoy en día, la salud es una causa de preocupación, ya que es precaria, y accesible únicamente a algunos grupos privilegiados de personas, que son cada vez menos y más singulares. En la mayoría de los países, particularmente en aquéllos en desarrollo, el sistema de salud consiste en unas pocas y pequeñas islas en un mar de personas excluidas, sin acceso a una asistencia sanitaria en su forma más elemental. Para una gran parte de la población, la asistencia sanitaria es inaccesible debido a su coste. La propagación de enfermedades graves, la facilidad de su propagación y la resistencia que se está desarrollando a sus vectores, debería conducir a una mayor solidaridad entre el rico y el pobre, ya que la seguridad del rico se salvaguarda al mantener las necesidades de salud del pobre. Los continentes se han acercado y ninguna enfermedad ni sufrimiento humano pueden permanecer encerrados dentro de las fronteras de un Estado.
103. El coste de la asistencia sanitaria es una pesada carga para los ahorros familiares y las economías de los Estados, sea grande o pequeño, desarrollado o en desarrollo. El tratamiento médico es tan costoso como la medicación necesaria para tratar las enfermedades diagnosticadas. Esta situación hace que la más mínima necesidad sanitaria esté fuera del alcance de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, a saber, los trabajadores y sus familias, los niños, las mujeres y los ancianos. Para estos grupos de seres humanos, el derecho a la salud es un lujo inaccesible.
104. Este derecho a la salud debe ser entendido tanto como un derecho individual como colectivo y ser una constante preocupación de la comunidad internacional, de los Estados y de los individuos. La comunidad internacional debe implicarse y cooperar más con los Estados, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Para tener éxito, sin embargo, esta cooperación necesita un nuevo equilibrio en el orden económico mundial y todos sus sistemas subsidiarios. Es bien conocido el hecho de que el 20% de la población mundial controla el 80% de los recursos y beneficios tecnológicos del mundo. Este desequilibrio, en constante incremento, expone a los grupos y pueblos vulnerables y desfavorecidos del tercer mundo a unas graves carencias en todas las áreas, incluida la salud. La concentración de las industrias farmacéuticas y los medios para combatir las enfermedades contemporáneas graves (tales como el SIDA) en manos de unos pocos países industrializados, impide que la mayoría de la población mundial se beneficie de los avances y descubrimientos científicos de este siglo.
3. El derecho a una alimentación adecuada.
105. Poner fin al hambre y la pobreza, tanto presente como futura, es una vieja promesa de la comunidad internacional hecha después de la II Guerra Mundial. La promesa no ha sido nunca cumplida, ni tampoco se ha llevado a cabo ningún esfuerzo serio para cumplirla. Los poderes ricos prefirieron embarcarse en una insana e increíblemente expansiva carrera armamentística que dirigió sus economías a objetivos militares y detrajo fondos de ayuda que podrían haber ayudado a los países en desarrollo. Se ha dicho que, si los países productores de armas hubieran retenido el 5% de sus gastos militares y mandado estos fondos a los países y pueblos necesitados, estos últimos serían capaces de llevar a cabo y tener éxito en el lanzamiento de su desarrollo económico, siempre que, por supuesto, el orden económico actual fuera más justo y más equitativo. La hambruna está extendida en muchos países y, ahora, está afectando a gente que, anteriormente, se creía a salvo de ella. La escasez de alimentos, agravada por un pujante crecimiento de la población mundial, hace que el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada sea, cada día, más remota.
106. Mas aún, la polución resultante de la industrialización y el uso de ciertas substancias, está conduciendo a la destrucción de todas las formas vivas de animales y plantas y, consecuentemente, de todos los recursos alimenticios. La deforestación imprudente de algunas áreas del tercer mundo, que no ha sido acompañada por ninguna reforestación, ha empeorado la situación y ha causado la desertificación de la tierra laborable. El derecho a una alimentación adecuada no es, simplemente, un asunto de la abundancia de alimentos, sino también de su calidad. La lucha contra el crecimiento generalizado de la malnutrición entre los grupos vulnerables es un camino de trabajo hacia el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. El incremento de los costes de los alimentos, el declive de la seguridad alimentaria, el descenso de los costes de producción y el recorte en los subsidios públicos a los alimentos básicos son también obstáculos para el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada. Hoy en día, muchas familias gastan la mayor parte de sus ingresos, si no todos, en comida.
107. Hoy en día, una persona de cada cinco nunca come lo suficiente y, lejos de mejorar, esta situación está empeorando en todos los países, particularmente en los del tercer mundo. El coste y la escasez de los productos alimenticios se extiende por todo el mundo, dañando seriamente el derecho de cada persona a tener una mínima cantidad de alimento para sobrevivir. Los negocios especulativos con los productos alimenticios de primera necesidad por parte de algunas firmas nacionales e internacionales, especialmente en lo que respecta a su importación y distribución, frustran todavía más toda esperanza de asegurar el derecho de cada persona a una mínima alimentación.
4. El derecho a una vivienda digna.
108. El derecho a una vivienda digna o decente está basado en un conjunto de normas relacionadas con los otros derechos del individuo y su medio ambiente. El ejercicio de este derecho es una contribución a una vida cultural de la gente y proporciona la necesaria armonía entre el hombre y su hábitat. El ejercicio de este derecho debe, así, tomar en cuenta los elementos sociales y culturales del pueblo en cuestión. Modelos de vivienda importados son, a menudo, si no siempre, destructivos de tal armonía.
109. La crisis de la vivienda de décadas pasadas fue, para muchos pueblos y personas, el resultado de una despreocupación por el derecho a una vivienda digna. Un documento de las Naciones Unidas afirmó que la difícil situación económica de muchos países a principios de los 80, se reflejó en un rápido descenso de los recursos disponibles para inversiones y servicios relacionados con el campo de los asentamientos humanos. Subsidios nacionales para la vivienda, controles de alquileres y préstamos hipotecarios han estado disminuyendo constantemente.
110. El alcance de la especulación immobiliaria ha significado que, para miles de personas, el derecho a tener una casa adecuada se haya hecho cada vez más difícil de lograr. Aún más, tal especulación ha facilitado el desarrollo de procesos de desalojo que no han tenido en cuenta el derecho humano a la vivienda. La ausencia de un control apropiado por parte de la administración pública ha privado al derecho de todo su contenido. En cualquier caso, podría recordarse que las propias autoridades públicas se embarcan, muy a menudo, en la nacionalización o expropiación de tierras pobladas sin tener en cuenta ninguna compensación para los afectados. Examinando todos estos errores y buscando soluciones apropiadas se contribuirá a el ejercicio del derecho de cada persona a una vivienda digna.
111. El ejercicio en muchos países, especialmente del tercer mundo, del derecho a la educación es muy difícil, o se hace imposible. Como todos los derechos económicos, requiere de una base material y financiera que no posee la mayor parte de la población. El derecho a la educación significa que cualquier individuo tenga la posibilidad de recibir educación, dársela a sus hijos y tener la libertad para escoger esa educación. Las violaciones y la despreocupación hacia el derecho a la educación se manifiesta en una insuficiente escolarización de los niños, una alta proporción de abandono escolar y una proporción de alfabetización en constante declive. Estas prácticas equivalen, en ocasiones, a una pura y simple negación del derecho. La calidad y el nivel educativo están siendo, en la actualidad, seriamente afectados como resultado de un menor número de horas de trabajo, un menor número de profesores y una capacitación decreciente de los mismos.
112. Un estudio de la UNESCO muestra que, en los cien países menos avanzados, el presupuesto de educación se ha reducido más del 50% en un período de 10 años. Esto revela una clara falta de preocupación hacia la educación por parte de las autoridades nacionales. Además, el Banco Mundial ha mostrado muy poca consideración hacia las dificultades que rodean el ejercicio del derecho a la educación, al imponer severos recortes en los presupuestos de educación de los países en desarrollo. En muchos países africanos, el principio de la educación primaria, e incluso secundaria, gratuita, había posibilitado, en el pasado, que mucha gente pobre recibiera, al menos, una formación elemental. Ahora que este principio ha sido abandonado, la educación, que ha llegado a ser tan costosa como la salud y la vivienda, está fuera del alcance de los sectores más deprimidos de la población.
113. El disfrute efectivo del derecho a la educación, al que toda persona tiene derecho, debería ser una preocupación constante de las instituciones nacionales e internacionales, tanto privadas como públicas. En la búsqueda de este disfrute, debería pensarse que el individuo no es sólo el beneficiario sino también el arquitecto. La educación no debe ser un instrumento para la destrucción de la cultura de los pueblos o del tejido social. La alfabetización debe ser funcional, en el sentido de que el individuo sea capaz de utilizarlo para llevar a cabo su trabajo, particularmente en los sectores obreros y agrícolas. Por ello, los cursos de alfabetización no deben ser un simple aprendizaje de las letras de un alfabeto, sino que deben también ser aplicables a la vida vocacional del receptor.
C. Violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los grupos vulnerables.
114. Los llamados grupos vulnerables, que incluyen a niños, mujeres, trabajadores migratorios, ancianos y pobres, son, indudablemente, los más expuestos y los más seriamente afectados por las violaciones masivas de los derechos humanos. En un documento titulado "Perspectiva Socioeconómica Global de la Economía Mundial hacia el año 2000" , las Naciones Unidas comenta que, debido a que las perspectivas económicas globales para África y Asia son desfavorables, con un crecimiento muy bajo o casi nulo, los ingresos de los pobres no podrán incrementarse lo bastante como para eliminar la pobreza y la malnutrición. El Banco Mundial añade que el 0.7% del PIB, que sería equivalente al 20% del las contribuciones impositivas de la quinta parte más rica de la población mundial, sería suficiente para elevar los ingresos de todos los pobres de África hasta un nivel que sólo les permitiría sobrepasar el umbral de la pobreza. Por supuesto, las economías avanzadas están también sufriendo la actual crisis económica mundial. Se han visto forzadas, como resultado, a adoptar drásticas medidas que han originado el desempleo masivo, la inflación y una verdadera inseguridad.
115. En algunos países desarrollados, particularmente en Europa, las políticas económicas y de reestructuración deberían estar expresamente encaminadas a mejorar el destino de los grupos marginales deprimidos, tales como los inválidos, los personas migratorias y los miembros de las minorías étnicas, mientras aseguran la completa participación de estos grupos en la vida económica, política y social de la nación. Debe enfatizarse que los pasos dados por las instituciones financieras internacionales, en el marco de sus políticas y programas de acción, han tenido la consecuencia nefasta de agravar la pobreza y ampliar la distancia entre ricos y pobres.
116. Los problemas son aún más severos en las zonas rurales, donde los errores de las políticas económicas y políticas se han sentido de forma más grave. Así, millones de personas que viven en zonas rurales cruzan cada día el umbral de la más absoluta pobreza. La pobreza también afecta los países desarrollados con la aplicación de políticas liberales, donde todos los sectores de la población que no son capaces de competir son marginados. Todos los derechos económicos, sociales y culturales de los pobres son así violados o, simplemente, ignorados, sin realizarse ningún esfuerzo para interrumpir el proceso. En este caso, la base económica es una parte constitutiva del derecho del individuo. Lo mismo sucede a las mujeres, ancianos y trabajadores. Se debe recordar que las Naciones Unidas y sus agencias especializadas tienen dispuestos, con la participación de los Estados Miembros, una serie de instrumentos internacionales que tienen como objetivo el combate y la eliminación de los males padecidos por estos grupos. Redactar un instrumento jurídico es una cosa y aplicarlo es otra bien distinta. La protección económica de los grupos vulnerables es un requisito previo esencial para el ejercicio de sus derechos económicos. Esta obligación, de la que los Estados y la comunidad internacional son responsables, ha sido ignorada y puede seguirlo siendo largo tiempo, en vista de la falta de voluntad de todas las partes implicadas.
IV. La campaña contra la impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
117. Organizar la campaña contra la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, si se pretende que tenga algún efecto, requiere investigaciones exhaustivas, detalladas y objetivas. Para lograr este fin, será útil consultar los análisis relativos a la impunidad de los autores de las violaciones de los derechos civiles y políticos. En lo que se refiere a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales tratados en este informe, parece que existen dos tipos de acciones que merece la pena considerar :
(a) Acciones preventivas, incluyendo todas las medidas políticas, económicas, legislativas y administrativas que tengan como objetivo la eliminación de todas las prácticas y procesos que conducen a las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales; y
(b) Medidas represivas y/o reparadoras, que tengan como objetivo la condena de las violaciones que se hayan cometido. Las sanciones pueden ser una serie de medidas prácticas, tales como la restitución, indemnización, compensación, cancelación, reparación, reintegro, etc.
118. Claramente, donde existe una preocupación por los derechos económicos, sociales y culturales, las sanciones reparadoras son, con gran diferencia, las más importantes y significativas, lo que no significa que la importancia de las medidas represivas deba caer en el olvido. Ambos tipos de sanciones responden a la necesidad de justicia requerida para satisfacer a la opinión pública y lograr la reconciliación nacional, donde así sea.
A. Prevención de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales
119. La experiencia de varias décadas de esfuerzos para realizar los derechos económicos, sociales y culturales, ha sacado a la luz las muchas dificultades relacionadas con la naturaleza de estos derechos y el carácter específico de los pueblos y regiones del mundo, que son sus beneficiarios. Mientras que es cierto que casi todo pueblo o región tiene su propio carácter, no debe olvidarse la interdependencia necesaria entre los diferentes derechos humanos. Prevenir la violación de estos derechos es un cometido que debe ser llevado a cabo conjuntamente por los Estados y la comunidad internacional. Debe recordarse, así mismo, que cada Estado es responsable de elaborar la legislación y regulaciones apropiadas y de implementar la política económica y social que permita a individuos y pueblos disfrutar sus derechos económicos, sociales y culturales.
120. Las medidas preventivas son consideradas importantes y algunas van dirigidas a compensar la vaguedad que gira en torno a los delitos económicos y las sanciones mencionadas. Se plantea una duda respecto a los medios empíricos desplegados dentro de la legislación internacional. A este respecto, debería existir una estrecha relación entre Estados y entre éstos y la comunidad internacional.
Conseguir la prevención de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, o de cualquier otro, es, indudablemente, una solución ideal, aunque es también la que mayor dificultad conlleva. Requiere un esfuerzo para informar y reeducar a la opinión pública y una actitud política más valiente por parte de los Gobiernos y Estados, en aquellos territorios donde se violan los derechos humanos.
121. Desde un punto de vista internacional, merece la pena recordar la actual idea clásica de que debe establecerse un marco legal más coherente y coercitivo para forzar a los Estados a aceptar y cumplir sus obligaciones bajo el derecho internacional, el cual estipula, actualmente y con claridad, la responsabilidad estatal. Este reconocimiento de la responsabilidad estatal fue posteriormente reforzado por la Convención de Bruselas del 25 de mayo de 1962 sobre la responsabilidad de los operadores de barcos nucleares, la Convención Internacional del 29 de noviembre de 1969 sobre la responsabilidad por los daños de contaminación petrolífera y la Convención de Viena del 29 de Noviembre de 1971 sobre la responsabilidad internacional por los daños causados por objetos espaciales.
122. Las recomendaciones sobre la cooperación internacional para la prevención de los delitos y la justicia penal, en el contexto del desarrollo, fueron adoptadas en el 8º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento de los Delincuentes, celebrado en La Habana en agosto y septiembre de 1990. En estas recomendaciones, los Gobiernos fueron urgidos a promulgar leyes que combatan el delito transnacional y los acuerdos internacionales ilegales. Se mencionaba que, debido a que incluso empresas, organizaciones y asociaciones legítimas están involucradas, en ocasiones, en actividades criminales transnacionales que afectan las economías nacionales, los Gobiernos deberían adoptar medidas para su control. También deberían recabar la información de fuentes diversas para tener unas bases sólidas para la detección y el castigo de empresas y organizaciones, de sus funcionarios, o de ambos, si se vieran involucrados en tales actividades. Se sugirió que los Estados debían concebir el marco jurídico penal efectivo para combatir las actividades corruptas de los funcionarios públicos, que pueden dificultar el desarrollo y perjudicar a individuos o a la nación entera.
123. En otras palabras, en la ley nacional, todos los mecanismos y prácticas que llevan a violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales deberían ser identificados como un delito punible, dando preponderancia a la compensación. En su Comentario General Nº 3 (1990) el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, discutió acerca de la naturaleza de las obligaciones de los Estados Partes bajo el Artículo nº 2, párrafo 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y señaló, ente otras cosas, que la adopción de medidas legislativas no era nada exhaustiva respecto a las obligaciones de los Estados Partes y que a la frase "por todos los medios apropiados" se le dé su significado natural y completo; tales medidas deberían incluir la provisión de reparaciones judiciales respecto a estos derechos. Esto significa, por cierto, que los Estados deben evitar cualquier medida deliberadamente regresiva a este respecto.
124. A nivel internacional, las medidas para prevenir las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son de tipos muy diferentes. Algunas de ellas pueden ser elaboradas por las Naciones Unidas en cooperación con los Estados Miembros, mientras que otras podrían ser preparadas por los Estados en el marco de organizaciones regionales. También pueden ser el resultado de una acción por parte de las agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas. Algunas de las medidas que podrían ser tomadas por las Naciones Unidas incluyen la preparación y adopción de un protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como el que ya existe con respecto a los derechos civiles y políticos. Sería apoyado por la obligación, por parte de los Estados, de informar al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las medidas adoptadas referentes al disfrute efectivo de estos derechos y de las penas aplicadas a los actos que los vulneren. Aunque la aplicación de los procedimientos de un protocolo facultativo no daría al Comité ninguna autoridad jurisdiccional, proporcionaría una oportunidad para, a través de informes regulares y comunicaciones individuales sugerir recomendaciones útiles a los Estados Partes y se haría una contribución importante a la campaña contra la impunidad por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En espera del establecimiento y funcionamiento de dicho proceso, valdría la pena alentar al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre Comunicaciones (procedimiento 1503) para que examinen los informes periódicos realizados por Estados y comunicaciones individuales proporcionados a estos organismos de Naciones Unidas.
125. La comunidad internacional debería intentar, por todos los medios, rectificar las desviaciones actuales de las misiones de las instituciones financieras internacionales. En 1944, la Conferencia de Bretton Woods acordó crear dos instituciones internacionales financieras: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El Artículo 1º de los Estatutos del Acuerdo del FMI expone seis objetivos para el Fondo, uno de los cuales es facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, y contribuir así a la promoción y el mantenimiento de altos niveles de empleo e ingresos reales y al desarrollo de los recursos productivos. La comunidad internacional debe intentar que estas instituciones regresen a sus propósitos iniciales.
126. En la preparación de las medidas preventivas contra las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, las organizaciones no gubernamentales podrían, dentro del marco de su información y sus actividades divulgativas, ayudar considerablemente a la campaña, denunciando dichas violaciones y sugiriendo soluciones. Respecto a la riqueza cultural, sería importante y esencial preparar un acuerdo, y hacer que los Estados lo aprueben, para proteger la riqueza cultural de los pueblos, declarar como crímen contra la humanidad cualquier tráfico que afecte a dicha riqueza y pedir a los Estados que elaboren una legislación nacional protegiéndolos.
127. Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales dan derecho a remedios por el daño que han causado. Desde el punto de vista de la legislación nacional, tales violaciones son delitos y están sujetas a dos tipos de sanciones, represivas y compensatorias. Bajo su obligación garantizada, el Estado tiene que suministrar el marco legal necesario para salvaguardar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Los Estados, en general, tanto como el resto de los sujetos de derecho, deben cesar de otorgar únicamente un valor programático a los derechos económicos, sociales y culturales. La mejor manera de lograr esto es incorporar las normas legales internacionales a la legislación nacional, para que estas puedan ser invocadas ante las autoridades judiciales y tribunales de justicia nacionales.
128. Si las violaciones sobrepasan las fronteras nacionales y afectan a varios países, queda comprometida la responsabilidad internacional de sus autores, bien sean individuos, grupos de personas, empresas, Estados u organizaciones regionales o internacionales. Hay, por tanto, dos tipos de responsabilidades, la nacional y la internacional. Se debe señalar que estas no son acumulativas; son complementarias o suplementarias. Por lo tanto, sólo puede pedirse la responsabilidad internacional de un sujeto de derecho cuando no son posibles los remedios nacionales, o los mismos no son exhaustivas o son inadecuados. La cuestión en este punto es sentar las bases del estatus jurídico y justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Debe emprenderse un estudio serio de estas dos nociones , porque sin ellas, la realidad legal de los derechos económicos, sociales y culturales es una utopía.
129. Mientras que, bajo la legislación nacional, las infracciones al derecho penal son tratadas bajo una legislación que se hace cumplir, no ocurre lo mismo en derecho internacional, donde los Estados deciden su conducta libremente. Así, una infracción internacional, determinada por las normas internacionales, es resultado de una acción o de una conducta que es legal y moralmente imputable a un sujeto de derecho internacional. El castigo de un delito económico y el remedio del daño que causa suscita tres preguntas: (a) ¿quién es el responsable del delito o violación origen del daño?; (b) ¿Quién es la víctima del daño producido?; y (c) ¿Qué formas de remedio son posibles?
130. En muchos casos, los responsables por violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales y de los derechos colectivos con contenido económico, tales como el derecho al desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, son, en ocasiones, entidades internacionales que aplican políticas que constituyen una verdadera fuente de graves violaciones, a gran escala, de los derechos individuales y colectivos en los países con economías débiles. A este nivel, la responsabilidad es colectiva. El ejemplo más típico es el caso de la gestión de la deuda por parte de las instituciones financieras internacionales. Otro ejemplo es el caso de los programas de ajuste estructural, cuyas consecuencias son desastrosas para las economías de los países en desarrollo. La responsabilidad de la comunidad internacional es grande en relación a estas políticas económicas, que favorecen a los países desarrollados y que amplían diariamente la distancia entre los países ricos y pobres. El mantenimiento del actual orden económico internacional, con estas injusticias y su fracaso en adaptarse a las realidades económicas de hoy, y cuya rectificación ha sido demandada constantemente, aunque en vano, es también una responsabilidad de la comunidad internacional. En el caso de violaciones que ya forman parte de la historia, corresponde a la comunidad internacional emprender las acciones necesarias para remediar, con justicia, el daño causado a los pueblos víctimas de ellas. Esto debería hacerse en cooperación con todos los actores del escenario internacional.
134. Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser perpetradas también por individuos privados. En la amplia mayoría de los Estados, tales violaciones son delitos punibles o están, en alguna proporción, sujetos a procesos de compensación civil. Es obligación del Estado establecer un marco legal adecuado. Es muy censurable que ciertos Estados establezcan una legislación que proteja los bienes o propiedades de ciertas compañías nacionales y les otorgue una total impunidad al cometer algunas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de ciudadanos y grupos económicos privados. Así, en algunos países, no hay forma de obtener el cumplimiento de una sentencia sobre la propiedad de las compañías nacionalizadas. No puede haber embargo de ninguno de sus bienes aunque, cada vez más, están actuando como individuos o compañías privadas.
2. ¿Quién es la víctima?
135. Las víctimas o sujetos pasivos de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser individuos o grupos. Las normas del derecho internacional humanitario crean obligaciones erga omnes, por razón de la indivisibilidad del objeto que se protege. Para obtener una idea clara del concepto de víctima, merece la pena referirse a la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder. Los Estados no siempre están interesados en proteger el aspecto individual de los derechos humanos. Son más proclives a la protección de los derechos que tienen un carácter más fundamental que humanitario. Generalmente se comprometen a permitir que los individuos se valgan de mecanismos que controlen sus derechos, como es el caso de los derechos civiles y políticos.
136. El término "Víctimas" significa, de acuerdo con la Declaración, "personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales.... o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales". En este caso, las víctimas son todas aquéllas que directa y personalmente sufrieron el daño originado por las violaciones. Otro enfoque, más amplio, consiste en entender como víctima a quién pueda probar que ha sufrido daño o tiene algún interés en denunciar. El daño por el que se solicita reparación puede ser material o moral. Todas las legislaciones nacionales hace tiempo han aceptado la compensación para los daños morales, tanto para la víctima directa como para sus herederos. En el ámbito internacional, parece que esta idea esta ganando aceptación, firme y lentamente. Puede inferirse del derecho penal actual de los organismos legales internacionales que la base para determinar la cantidad y naturaleza de la compensación, no es, exclusivamente, el daño físico o material, sino también el daño moral, directo o indirecto. En sus observaciones de la comunicación Nº 107/1981, el Comité de Derechos Humanos señaló que la madre de una persona desaparecida era, en sí misma, una víctima: "El Comité comprende la angustia y el estrés que le causa a la madre la desaparición de su hija y la continua incertidumbre relativa a su destino y paradero.... A este respecto, ella también es una víctima de la violación del Pacto sufrida por su hija...". Otros organismos internacionales, tales como el Comité sobre la Eliminación de la Discriminación Racial, la Comisión de Investigación creada por la Organización Internacional del Trabajo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han confirmado el principio de compensación por daño moral. En vista de las masivas y continuas violaciones de las que los pueblos del tercer mundo han sido víctimas en un pasado cercano, tales como la esclavitud, la colonización y el expolio cultural, es obvio que sólo puede existir una solución global, con el propósito de restablecer a estos pueblos sus derechos comunales, devolviéndoles los bienes de los que han sido desposeídos ilegalmente. Estas reclamaciones colectivas sólo pueden ser gestionadas y concluidas con éxito mediante la cooperación de la comunidad internacional y la voluntad de todos los actores del escenario internacional.
137. El estatus de víctima y sus derechos son transmisibles a sus sucesores. Este concepto de sucesor podría entenderse en un sentido amplio e incluir, además de la víctima directa y sus herederos y cesionarios, a entidades legales cuyo propósito sea la defensa de los derechos económicos de los individuos o grupos cuyos derechos han sido violados. Este es el caso de los sindicatos y puede ser el de las organizaciones no gubernamentales. En relación a los sindicatos, el derecho penal del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha consagrado ya el principio, al permitirles someter a su consideración un conflicto colectivo laboral. En asuntos económicos, las víctimas son, a menudo, grupos de personas, ya que los derechos violados son, generalmente, los colectivos, que afectan a amplios sectores de la población. Esto, de ninguna forma, disminuye las violaciones individuales de los derechos económicos, sociales y culturales. Las diferentes formas de violación requieren diferentes tipos de castigo, principalmente las de naturaleza económica, como ya se ha mencionado.
138. El Estado tiene la obligación de establecer el marco legal necesario para castigar las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, de acuerdo con las disposiciones de los instrumentos internacionales ya mencionados. Esta idea está resumida en la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Velásquez Rodriguez:
"El Estado tiene el deber legal de dar los pasos razonables para prevenir las violaciones de los derechos humanos y utilizar los medios a su disposición para acometer una investigación seria de las violaciones cometidas dentro de su jurisdicción, para identificar a los responsables, para imponer las penas apropiadas y para asegurar a la víctima la compensación adecuada".
139. Los remedios por el daño resultante de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, variarán de acuerdo a si los derechos violados son individuales o colectivos. En el caso de los derechos colectivos, las penas deben ser de una naturaleza esencialmente reparadora. Así, por ejemplo, la compensación en forma de cancelación de la deuda y del servicio de la deuda, puede reparar, parcialmente, el daño causado por la esclavitud y la colonización. Como se ya se ha apuntado, existen numerosas razones históricas y legales para justificar, en la mayoría de los casos, la cancelación y, en otros, la renegociación de la deuda en términos más satisfactorios, períodos de pago, períodos de gracia y tipos de interés. La cuestión de la deuda ha sido coherentemente planteada por los países en desarrollo. En efecto, la cancelación de la deuda de los países colonizados en el pasado, ha sido planteada, ya hace tiempo, desde la 2ª sesión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, celebrada en Nueva Delhi. El Sr. Louis Nègre, el entonces Ministro de Hacienda de Mali, realizó la siguiente declaración:
"Muchos países podrían haber impugnado, legítimamente, la validez legal de la deuda contraída bajo los auspicios de Poderes extranjeros. Más allá de las consideraciones puramente legales y las reclamaciones legítimas, nosotros simplemente deseamos pedir a los países acreedores que muestren un espíritu de mayor equidad y justicia, proponiendo, como una prueba de su buena voluntad, la cancelación de todas las deudas contraídas durante el período colonial por intereses que, esencialmente, no fueron los nuestros y de cuyo servicio nuestros Estados son, injustamente, responsables".
140. La historia ha mostrado que las amplias desigualdades de hoy en día entre los países desarrollados y los países pobres son el resultado de siglos de saqueo y explotación durante los que las civilizaciones fueron destruidas, las estructuras sociales y medios de producción aniquilados y el ecosistema devastado en África, América Latina y Asia. El expolio de muchos países y el empobrecimiento de amplias capas de la población continúan bajo diversas formas: el deterioro de los términos de intercambio, la transferencia de recursos del Sur al Norte, la evasión de capital, ajustes estructurales, etc. Tanto para los bienes culturales como para los adquiridos ilegalmente durante el período del apartheid, la forma adecuada de remedio es la restitución, donde sea posible. Aquéllos que han sido ilegalmente desposeídos deben tener la capacidad de recuperar todas sus propiedades, y los bienes culturales deben ser devueltos a los pueblos que sean sus verdaderos propietarios.
141. Para el caso de las violaciones individuales, el daño que han causado puede ser remediado por muchos medios, tales como la readmisión en el puesto de trabajo (en el caso del desempleo), la indemnización, la rehabilitación, el fin de las violaciones, etc. Estas acciones presuponen la existencia de un sistema efectivo y útil de demandas a los tribunales nacionales y autoridades administrativas. En el análisis final, es más importante que las víctimas, cualquiera que sea la forma del remedio que se busca, obtengan satisfacción, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. Los procesos que originan las demandas, aunque no son un remedio en sí mismos, hacen que sea posible conseguir un remedio. Esta es la razón por la que los Estados deben, en el marco de su legislación, establecer el régimen legal para estos remedios.
142. En el actual estado de esfuerzos para combatir la impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, se deben hacer las siguientes sugerencias:
(a) En vista de las masivas violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales de los países y pueblos que fueron colonizados o sometidos a esclavitud, y como compensación por los daños sufridos, debería ser cancelada parte de la deuda y del servicio de la deuda de los Estados afectados; donde sea apropiado, la parte restante debería ser renegociada en unos términos más humanos y razonables. Este planteamiento haría posible eliminar algunas fuentes de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales;
(b) Las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales deben ser declaradas crímenes internacionales de forma que estén, consecuentemente, sujetos a los principios de la jurisdicción universal y de imprescriptibilidad, para que puedan ser castigados en cualquier tiempo y lugar. Se podrían proponer, a los Estados y las instituciones internacionales, reformas a los actuales sistemas legales nacionales e internacionales conducentes a realizar la misión de garantizar y proteger los derechos económicos, sociales y culturales;
(c) Podría redactarse, y aprobarse por los Estados, un protocolo facultativo sobre los derechos económicos, sociales y culturales, similar al que existe para los derechos civiles y políticos, en el que sería obligatorio informar sobre las medidas tomadas o por tomar para el verdadero ejercicio y mejora de la protección de los derechos económicos, sociales y culturales;
(d) La comunidad internacional, las instituciones internacionales, los Estados y las organizaciones no gubernamentales deberían, con un carácter prioritario, esforzarse para asegurar que los Estados que todavía no han ratificado los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo relativos al derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social y el derecho a un empleo seguro y estable, provean, por ello, a los trabajadores y sus familias de condiciones para una vida digna. La comunidad internacional y los Estados deberían tomar todas las medidas necesarias para proteger los derechos de los sectores de población vulnerables y tomar en muy seria consideración el mantenimiento de una discusión de gran amplitud sobre la práctica de los embargos y las sanciones económicas que son impuestas a los Estados, y que tienen consecuencias adversas para el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales de los sectores mencionados;
(e) Podrían proponerse a los Estados normas más elaboradas para combatir la impunidad en casos de corrupción, malversación de fondos públicos o privados, abuso de confianza por parte de funcionarios públicos, fraude fiscal y aduanero y, finalmente, podrían incrementarse los esfuerzos para combatirlos y dar una mayor consideración al daño sufrido por las víctimas, sean Estados o individuos; y
(f) Se podría establecer un mecanismo para controlar la gestión de los asuntos públicos y mejorarlo constantemente mediante la ayuda material y financiera a los Estados que así lo requieran, ayudándoles, en particular, a identificar y estudiar los mecanismos que permiten, facilitan o aseguran la impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales.
143. El Relator Especial desea hacer las siguientes recomendaciones:
(a) Debería organizarse un encuentro periódico de alto nivel para estimular una discusión extensa sobre la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales, en asociación con las instituciones afiliadas a las Naciones Unidas, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial de la Salud. Tal encuentro podría llevar a una mayor conciencia por parte de la comunidad internacional y los Estados para, no sólo conceder un mayor valor judicial a estos derechos y, además, castigar sus violaciones, sino también crear normas en la legislación nacional que aseguren su estatus judicial y su justiciabilidad;
(b) Las organizaciones no gubernamentales deberían ser alentadas para crear un organismo que controle el ejercicio y la protección de los derechos económicos y sociales de la persona humana. Esto permitirá que la comunidad internacional mejore la supervisión del respeto por estos derechos por parte de los Estados y otros grupos humanos.
Traducción no oficial realizada por el Equipo Nizkor del documento original en inglés en agosto de 1998. Si usted encuentra algún error en la traducción le rogamos nos lo comunique enviando un mensaje a Mailto: nizkor@derechos.org o vía fax al +34.91.553.7515.

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