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Timestamp: 2016-10-01 17:57:21+00:00

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Instituciones y Normas Legales sobre
VIOLENCIA SEXUAL referidas a NIÑOS, NIÑAS
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes © Asociación Solidaridad Países Emergentes, ASPEm Calle Coronel Zegarra 270, Lima 11-Perú Teléfonos: (511) 266 0504 / 265 9448 e-mail: aspem@infonegocio.net.pe web: www.aspem.org Esta publicación ha sido elaborada en el marco del Proyecto: “Cerros Seguros en el distrito de El Agustino: Una respuesta social frente al abuso sexual de niñas”. Financiado por el Fondo Italo Peruano. Revisión y ajuste de contenido: Carmen Rosa Sandoval Muñoz Corrección de estilo: Hernando Burgos Diagramación: Sinco Editores SAC Impreso en: Sinco Editores SAC Jr. Huaraz 449 - Breña Teléfono: 433-5974 sincoeditores@yahoo.com. Primera edición: Julio 2011 Tiraje: 1000 ejemplares Impreso en Perú Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2011-09743
Introducción 1 Instituciones de Protección para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes 2 Normatividad Penal referida a Violencia Sexual en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes 3 Acuerdo Plenario 4 Legislación Comparada 5 Importancia del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y el Ente Rector Bibliografía Anexo 5 7
La violencia contra niños, niñas y adolescentes sigue siendo en nuestras sociedades un revelador del real estado de derecho y el grado de impunidad que sigue beneficiando a perpetradores de estos graves crímenes, ante la aún insuficiente mirada y acción por parte de autoridades y miembros de nuestras comunidades. El no relevar la importancia de proteger a las personas más vulnerables y de sancionar efectivamente a quienes violentan sus esferas, muestra negación del problema, desconocimiento de las repercusiones personales y sociales de las mismas, y una lamentable indiferencia por el devenir de las otras y los otros. Prevenir, atender y sancionar son verbos insuficientes para explicar las necesarias articulaciones de todas las entidades y los organismos gubernamentales y sociedad en general a fin de brindar los servicios en las diferentes dimensiones que una agresión en general y una de tipo sexual, en particular pueden requerir. Las niñas, los niños y los adolescentes agredidos sexualmente atraviesan las consecuencias negativas de acciones que son reconocidas como injustos jurídicamente, no obstante que la libertad sexual es un bien jurídico futuro aún para ellos, el proteger su desarrollo y ejercicio latente mediante la defensa de la indemnidad sexual es uno de los mecanismos con los que cuenta la normatividad interna, y que tiene además con correlato en la normatividad internacional, así como en las legislaciones internas de países vecinos. Para emprender la tarea de la defensa de la indemnidad sexual de niñas, niños y adolescentes, debemos comenzar por adquirir la información que brindan las instituciones y organismos públicos, servicios e instrumentos legales, es por ello que el presente compendio repasa y pone énfasis en conocer aquello con lo que se puede emprender las actividades y acciones de protección de los menores de edad en riesgo de una vulneración de tipo sexual, o las de atención ante el acaecimiento de ésta. El análisis y atención de cada situación de vulneración requiere desterrar ciertos mitos de nuestras mentes, siendo uno de los principales aquel que considera que el entorno
familiar y local necesariamente es seguro. La detección temprana de situaciones de riesgo debe empezar por educación directa y mirada libre de prejuicio, pues de ello dependerá poder o no impedir que más niñas, niños y adolescentes sean victimizados sexualmente por personas de o no de su confianza. Otros aspectos a tener en cuenta son el respeto a la víctima y sus familiares, a su dignidad y derecho a reserva de la información, garantías básicas para poder empezar a reparar los daños. Los impactos físicos, psicológicos, emocionales y sociales producto del profundo impacto que causa la violencia sexual, puede ser revertido en función de una pronta y oportuna atención. En igual sentido, el proceso de obtención de justicia se puede ver drásticamente mermado en función del retraso e inadecuado proceder que pudieran tener los actores llamados a brindar auxilio a las y los afectados. Otro aspecto a tener en cuenta durante el análisis de la información y la implementación de las acciones es que, si bien nuestra legislación ha abandonado la discriminación contra la mujer, y ha ido desarrollando el reconocimiento pleno de derechos para las personas más allá del género, la perpetración de violencia sexual y su tratamiento sigue teniendo este fuerte cariz, son muchas más las infantes, niñas y mujeres que son víctimas de violencia sexual, no sólo por los perpetradores de los hechos tipicados como delitos, sino que también son discriminadas por los sistemas públicos, y por los prejuicios de otros miembros de la sociedad. ASPEm con el Proyecto Cerros Seguros en el Distrito de El Agustino: Una respuesta social frente al abuso sexual de niñas, de la mano del Municipio, y el financiamiento y soporte del Fondo Ítalo Peruano decidió emprender una tarea: desarrollar un modelo de intervención integral que permita evidenciar la realidad sobre la violencia sexual en agravio de menores de edad en las zonas menos favorecidas del distrito: 7 de los asentamientos humanos ubicados en los terrenos de los cerros que se encuentran allí delimitados; a fin de conocer, analizar y proponer alternativas de solución que articulen los esfuerzos por prevenir, atender y proteger a las niñas, niños y adolescentes, poner coto a la impunidad, fomentar el acceso a la justicia y a recursos físicos y legales que puedan sentar las bases que garanticen el ejercicio irrestricto de derechos; generando condiciones de equidad y bienestar necesarios para alcanzar el desarrollo personal y comunitario, durante cada etapa debidamente construida y disfrutada. Esperamos que el presente material sirva para alcanzar estos objetivos, que aún siendo complejos y progresivos, no son menos que lo imprescindible para que procurar paz, desarrollo humano sostenible y justicia.
Instituciones de Protección para la Prevención y Atención de la Violencia Sexual en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes
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Cuando hablamos de proteger y atender a las víctimas de la violencia sexual, es este caso, específicamente niñas, niños y adolescentes, debemos tener en cuenta que todos dentro de la sociedad cumplimos en mayor o menor medida un rol, ya sea directo o indirecto, como representantes del Estado unos y como críticos al accionar de estos, otros. Estos roles que pueden pasar por los deberes de protección, formación en respeto de las personas y su dignidad, redes locales de control y prevención, hasta el cumplimiento de deberes y funciones por parte de las autoridades con competencia en la atención de estos casos. El Estado debe llevar a cabo una serie de acciones en cumplimiento de sus mandatos, que incluyan actividades concretas a favor del bienestar de las niñas, niños y adolescentes dentro de su gestión. Para ello debe articular adecuadamente las políticas e intervenciones, lo cual sólo es posible a través de un cabal conocimiento de competencias y funciones dentro de la organización, por parte de funcionarios y servidores pero también por parte de los usuarios de los sistemas. El presente capítulo se observarán una selección de aquellos órganos e instituciones con labores definidas o definibles en materia de protección y atención de menores de edad que hayan sido agredidos sexualmente, detallándose programas, actividades y servicios -entre otros- además de relevar los medios y mecanismo para acceder a ellos. Esperamos que esta información sea orientadora y resulte eficaz a la hora de generar prevención, protección, asistencia y justicia a quienes su indemnidad sexual se encuentre en peligro o haya sido ya vulnerada, a fin que puedan evitarse las vulneraciones y en caso que estás sucedan, una red de servicios ayuden a reconstituir el bienestar.
Su visión al año 2011 es “ser reconocido por su efectividad en la mejora de la calidad de vida de las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social, en base a su participación; mediante una gestión descentralizada de programas de protección social, que involucra a actores públicos, privados y sociedad civil”
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La atención en los Centros de Emergencia Mujer consta de cuatro etapas: admisión, atención básica, atención especializada y seguimiento, y evaluación del caso.
1.1 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES)
El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES) dirige las políticas sociales en materia de equidad de género, protección y desarrollo social de poblaciones vulnerables que sufren exclusión, para garantizar el ejercicio de sus derechos con la finalidad de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y promover su realización personal y social. Tiene como misión “promover el fortalecimiento de la familia, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y brindar atención integral a los niños, niñas y adolescentes”1. La visión del MIMDES al año 2011 es “ser reconocido por su efectividad en la mejora de la calidad de vida de las personas y familias en situación de pobreza y exclusión social, en base a su participación; mediante una gestión descentralizada de programas de protección social, que involucra a actores públicos, privados y sociedad civil”2. A comienzos de enero de 1999, mediante Ley Nº 27055, se modificarón diversos artículos del Código de los Niños y Adolescentes referidos a las víctimas de violencia sexual, señala: “El niño o adolescente víctima del maltrato físico, mental o de violencia sexual merecerá atención integral mediante programas que promuevan su recuperación física y sicológica. Estos programas deberán incluir a su familia. El Estado tiene el deber de garantizar el respeto de los derechos de la víctima en todos los procedimientos policiales y judiciales”. De acuerdo al mandato de la noma el MIMDES deberá establecer y/o promover programas preventivos que reduzcan los efectos de la violencia dirigida contra los menores de edad.
Numeral 4 del Plan Estratégico Institucional 2009-2011, aprobado por Resolución Ministerial Nº 092-2009-MIMDES. Ídem.
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Dentro del MIMDES encontramos el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que tiene a su cargo los Centros de Emergencia Mujer3 (CEM). Sus principales funciones son formular y proponer lineamientos respecto a la atención, prevención e investigación del problema de violencia familiar y sexual; promover y desarrollar mecanismos de articulación intersectorial para la atención de la violencia familiar y sexual; el estudio e investigación sobre las causas de esta violencia y de las medidas a adoptarse; coordinar y fortalecer redes con la participación de los diferentes actores sociales en las materias señaladas; diseñar y evaluar las estrategias de prevención y apoyo integral para las personas afectadas o involucradas en casos de violencia familiar o sexual; y promover el desarrollo de Casas Refugio en coordinación con las municipalidades y la sociedad civil. Según el directorio de la página web del MIMDES se cuenta con 114 CEM a nivel nacional. Estos centros brindan atención psicológica, legal y social en forma gratuita. En el departamento de psicología se debe rehabilitar la salud del menor de edad por medio de terapias y consejería. Los abogados de los Centros de Emergencia Mujer dan asesoría legal a las víctimas y a sus familiares, formulan denuncias ante la policía o la Fiscalía de Familia para que se investigue el caso, y solicitan la obtención de medidas de protección cuando peligra la vida e integridad de la víctima. • La atención en los Centros de Emergencia Mujer consta de cuatro etapas: admisión, atención básica, atención especializada y seguimiento, y evaluación del caso. La admisión se inicia con la recepción del caso y su correspondiente derivación interna o externa. La atención incluye la detección de la situación de violencia y el ingreso de la persona al servicio. En esta etapa se identifica el motivo de la
Mediante Decreto Supremo Nº 008-2001-PROMUDEH, de fecha 24 de abril de 2001, se creó el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual como un órgano de línea del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano.
La valoración del riesgo es la intervención profesional que tiene por objetivo identificar los factores de riesgo o probabilidad de ocurrencia de un nuevo evento de violencia. Para este fin es necesario valorar la peligrosidad de la persona agresora, así como las limitaciones que tiene la persona usuaria para evitar la ocurrencia de nuevos hechos violentos.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes El MIMDES cuenta con un servicio telefónico a través de la línea 100, servicio público especializado que atiende casos de violencia familiar y sexual, ofrece asesoría legal, servicio de orientación social y apoyo psicológico. Esta línea atiende las 24 horas del día, las llamadas son confidenciales, anónimas y se puede acceder desde cualquier teléfono fijo, público o celular. También se brinda información especializada a través del mail: ayuda100@ mimdes.gob.pe.
consulta. Si la persona es afectada por hechos de violencia familiar o sexual, se registran sus datos en la Ficha de Registro correspondiente. Esta comprende la primera entrevista y la valoración del riesgo. La valoración del riesgo es la intervención profesional que tiene por objetivo identificar los factores de riesgo o probabilidad de ocurrencia de un nuevo evento de violencia. Para este fin es necesario valorar la peligrosidad de la persona agresora, así como las limitaciones que tiene la persona usuaria para evitar la ocurrencia de nuevos hechos violentos4. • La atención especializada implica recibir acompañamiento psicológico para el proceso legal, asistencia legal gratuita desde la etapa policial hasta la conclusión del proceso y atención social orientada a fortalecer su red familiar. Seguimiento y evaluación del caso, a fin de verificar los avances en la protección, recuperación, acceso a la justicia y fortalecimiento de capacidades y redes socio-familiares de la persona afectada.
Durante el año 2006 en los CEM se atendieron casos sobre violencia familiar y violencia sexual, que involucraron a 7,045 niños, niñas y adolescentes a nivel nacional. La mitad de los menores de edad que fueron atendidos en los CEM durante el primer trimestre del 2007 fueron adolescentes que oscilan entre los 12 y 17 años. Éstos representaron casi el 51% de las víctimas menores de 18 años que acudieron al servicio entre los años 2002 y 2007. Los niños de 6 a 11 años constituyen aproximadamente el 35%, mientras que los niños menores de 5 años el 15%5. El MIMDES cuenta además con un servicio telefónico a través de la línea 100, servicio público especializado que atiende casos de violencia familiar
http://www.mimdes.gob.pe/archivos_sites/registro_pncvfs/casos_atenciones.htm MIMDES. Maltrato Sexual en el Perú: ¿A cuántos afecta y cómo enfrentarlo? Registros del PNCVFS. Folleto informativo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Información correspondiente enero-marzo 2007.
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y sexual. Este servicio ofrece asesoría legal, servicio de orientación social y apoyo psicológico. Esta línea atiende las 24 horas del día, las llamadas son confidenciales, anónimas y se puede acceder desde cualquier teléfono fijo, público o celular. También se brinda información especializada a través del mail: ayuda100@mimdes.gob.pe. En el año 2006, el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual implementó la línea 100, como una respuesta del Estado frente a los altos índices de maltrato y explotación sexual comercial en agravio de niños, niñas y adolescentes6. Esta línea establece un nexo entre las personas afectadas y el CEM. En el año 2009 atendió 7,052 consultas de menores de 18 años de edad7.
1.1.1 Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010
El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA) está a cargo del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, fue aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2002-PROMUDEH del año 2002. Posteriormente fue aprobado mediante Ley Nº 28487 en abril del año 2005. Es un instrumento marco de las acciones, programas y estrategias que deberán asumir y ejecutar los diferentes sectores e instituciones del Estado y la sociedad civil para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Se adecúa a los preceptos señalados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Los objetivos estratégicos del Plan para el año 2010 son: 1. Asegurar una vida sana para niños y niñas de 0 a 5 años. 2. Ofrecer una educación básica de calidad para todos los niños y niñas de 6 a 11 años.
http://www.mimdes.gob.pe/linea-100/3660.html Informe Anual de Avances de las Metas del PNAIA 2002-2010 – Periodo 2009, p.82.
El resultado esperado Nº 22 para el 2010 fue la disminución del maltrato y la erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. La meta para el año 2010 fue: reducir en un 50% los casos de maltrato infantil y adolescente y erradicar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Las cifras de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) disminuyeron en el año 2009, en que se reportaron 35,749 casos de sexo femenino, de los cuales 10,905 correspondieron a niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de edad.
3. Crear espacios de participación para los niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años de edad y promover su desarrollo pleno. 4. Instituir un sistema de garantías para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de 0 a 17años de edad. Estos objetivos a su vez definen: 1. Resultados esperados: son los efectos deseados sobre la niñez y la adolescencia y sobre la capacidad institucional pública, privada y de la comunidad. 2. Acciones estratégicas: conjunto de actividades y tareas que se realizan con los insumos financieros, humanos, técnicos, materiales, organizacionales y de tiempo que se movilizan para el logro de los resultados y objetivos. 3. Metas: resultados cuantificados en términos de tiempo, calidad y alcances de la intervención. El Objetivo Estratégico Nº 4 del PNAIA contempló como resultado esperado para el año 2010: • • Consolidar un ordenamiento jurídico y sistema de administración de justicia especializada en niñez y adolescencia. Infraestructura y servicios que respondan a las necesidades y cultura de todos los niños, niñas y adolescentes, priorizando a quienes tienen necesidades específicas. Sistemas confiables y oportunos de información sobre niñez y adolescencia. Reducción de la explotación sexual de niñas y niños. Disminución del maltrato y erradicación del abuso sexual en niñas, niños y adolescentes.
Con relación al tema específico de este documento, tenemos el resultado esperado Nº 22 para el 2010, que fue la disminución del maltrato y la
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erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. La meta para el año 2010 fue: reducir en un 50% los casos de maltrato infantil y adolescente y erradicar el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Para lo cual todos los organismos e instituciones del Estado con competencias y funciones para la protección y defensa de la indemnidad sexual de menores deben sumar esfuerzos, articulando sus acciones de manera estratégica. Se reconoce como principales acciones estratégicas las siguientes: • • • • Promoción de campañas de información, educación y comunicación sobre crianza adecuada de niños, niñas y adolescentes. Difusión de las normas relativas al maltrato y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes. Fortalecimiento de programas y servicios orientados a la atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato y abuso sexual. Incorporación del enfoque de resiliencia y actividades lúdicas como medios de prevenir el maltrato infantil y abuso sexual y recuperar a las víctimas del mismo. Difusión de los programas que previenen y atienden casos de maltrato de niños, niñas y adolescentes.
El Informe Anual de las Metas de Avances del PNAIA 2002-2010. Período 2009, respecto a la Meta Nº 2, sobre la erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, presenta los siguientes resultados: • Las cifras de violencia en los Centros de Emergencia Mujer (CEM) disminuyeron en el año 2009, en que se reportaron 35,749 casos de sexo femenino, de los cuales 10,905 correspondieron a niñas, niños y adolescentes menores de 17 años de edad. 768 intervenciones y operativos relacionados con denuncias sobre maltrato infantil (trabajos forzados, explotación sexual infantil), a nivel nacional.
Tiene como misión “la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés social, así como para velar por la moral pública; la persecución del delito y la reparación civil.”
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes En los casos que las víctimas sean menores de edad, se ha elaborado un procedimiento especial para su declaración, que contempla el uso de ambientes adecuados y la asistencia de personal especializado. Los fiscales deben estar capacitados para brindar un tratamiento adecuado a las víctimas y sus familiares durante las investigaciones.
1.2 Ministerio Público
El Ministerio Público es otro organismo cuyo rol es gravitante para la atención de casos en agravio de menores de edad Según la Constitución Política del Perú, el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado, presidido por el Fiscal de la Nación. Son funciones del Ministerio Público “Promover de oficio, o a petición de parte, la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Velar por la independencia de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Representar en los procesos judiciales a la sociedad. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. Emitir dictamen previo a las resoluciones judiciales en los casos que la ley contempla. Ejercer iniciativa en la formación de las leyes; y dar cuenta al Congreso, o al Presidente de la República, de los vacíos o defectos de la legislación.” La visión del Ministerio Público es ser un ente organizado, moderno y eficiente, que brinde un servicio de alta calidad a la sociedad y contribuya a mejorar la administración de justicia; integrado por fiscales, funcionarios y profesionales con una cultura humanista, de sólidos valores morales y éticos y compromiso para enfrentar nuevos retos, que inspiren la confianza de la sociedad y el respeto del Estado. El Ministerio Público representa a la sociedad cuando ésta resulta agraviada por la comisión de todo delito, salvo los de acción privada, como las querellas. Tiene como misión “la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos; la representación de la sociedad en juicio, para los efectos de defender a la familia, a los menores e incapaces y el interés
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social, así como para velar por la moral pública8; la persecución del delito y la reparación civil.” “Velará por la prevención del delito dentro de las limitaciones que resultan de la presente ley9 y por la independencia de los órganos judiciales y la recta administración de justicia y las demás que la señalan la Constitución Política y el ordenamiento jurídico de la nación.” Como titular del ejercicio de la acción penal pública actúa de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular o policial. La Ley Nº 27115,10 establece la acción penal pública en los delitos contra la libertad sexual; así mismo, establece nuevos lineamientos para la intervención en los procesos de violación sexual. En los casos que las víctimas sean menores de edad, se ha elaborado un procedimiento especial para su declaración, que contempla el uso de ambientes adecuados y la asistencia de personal especializado. Los fiscales deben estar capacitados para brindar un tratamiento adecuado a las víctimas y sus familiares durante las investigaciones. El Ministerio Público es una de las instituciones encargadas del cumplimiento del Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia 2002 – 2010, (PNAIA). En cumplimiento de dicho Plan, el Ministerio Público, mediante Resolución de la Fiscalía de la Nación Nº 981-2003-MP-FN, aprobó el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2004-2006, así como la Adecuación y Actualización del Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) para el período 2004-2006. El propósito de esa medida es que se incorporen los lineamientos de política institucional encaminados a intensificar las acciones de implementación del PNAIA 2002-2010.
La moral pública es un concepto amplio, generalmente referido a la moral y a la forma en la que ella es ejercida por el Estado. El sentido público tiene relación con aquellos actos en los que se expresa la moral en el llamado Derecho Público. Decreto Legislativo Nº 052, del 18 de marzo de 1981. Publicada el 26 de abril de 1999.
A través de la página web del Ministerio Público se pueden realizar denuncias, cuando se tiene conocimiento de la presunción de un delito. Recomendamos acceder a dicho enlace a través de la siguiente dirección: www.mpfn. gob.pe/denuncias.php
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Las preguntas que se realizan a la víctima en el reconocimiento médico se deben ceñir solo a los aspectos vinculados al examen practicado, evitando preguntas o comentarios que resulten impertinentes. Si la víctima se niega a someterse al examen, no se continuará con el mismo...
Ambos instrumentos de gestión proponen “dinamizar las acciones para efectivizar los objetivos señalados en el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, con el fin de erradicar la violencia ejercida contra niños, la violación y acoso sexual de niños, adolescentes y escolares dentro de los centros educativos, así como contribuir con la reducción del tráfico de los mismos y el consumo de drogas”11. El Ministerio Público creó el programa de Fiscales Escolares. Este programa tiene como finalidad promover la formación de los estudiantes en temas de derechos humanos, derechos del niño y del adolescente, prevención del pandillaje, consumo de drogas, castigo físico, abuso sexual y protección del medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. También se promueve el desarrollo de capacidades en los adolescentes para ejercer la función de fiscal escolar, afianzando su liderazgo entre los demás alumnos. A través de la página web del Ministerio Público se pueden realizar denuncias, cuando se tiene conocimiento de la presunción de un delito. Recomendamos acceder a dicho enlace a través de la siguiente dirección: www.mpfn.gob.pe/denuncias.php. Para ingresar una denuncia a través de la web se debe registrar el nombre del denunciante, lugar y fecha donde ocurrieron los hechos, nombre del denunciado, nombre del agraviado, domicilio del agraviado, describir los hechos y señalar la prueba o documentación que se presentaría. Estos datos serán corroborados a través de la RENIEC y por vía telefónica.
1.2.1 Instituto de Medicina Legal (IML)
El IML, es un órgano desconcentrado del Ministerio Público. Su visión es ser el órgano rector de la Medicina Legal y las Ciencias Forenses a nivel nacional que brinde servicios especializados con calidad, eficiencia, ética y respetando las normas jurídicas, para contribuir a la administración de
Ministerio Público. Fiscalía de la Nación. Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia del Ministerio Público 2004- 2010.
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justicia. Su misión es brindar la consultoría y asesoría técnica forense especializada y científica que requieran la función fiscal, judicial y otros que colaboren con la administración de justicia. Cuenta con peritos que brindan servicios a través de los exámenes especializados a las víctimas, entre otras, de violencia sexual. El médico forense y el médico psiquiatra deben realizar el examen clínico y psiquiátrico integral de la víctima y del procesado, y describir las lesiones y patologías. Los exámenes de peritaje científico-forenses que realiza la Clínica Forense son: integridad física, integridad sexual, gineco-obstétrico, casos de tortura, estado de salud, enfermedades laborales, determinación de edad aproximada, violencia familiar, psicosomáticos, reconocimiento médico legal, valoración de daño psíquico y valoración de daño físico. Las preguntas que se realizan a la víctima durante el reconocimiento médico se deben ceñir sólo a los aspectos vinculados al examen practicado, evitando preguntas o comentarios que resulten impertinentes. Si la víctima se niega a someterse al examen, no se continuará con el mismo y se hará constar lo sucedido en el certificado correspondiente. ”El examen médico legal será practicado, previo consentimiento de la víctima, exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia de un profesional auxiliar. Se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la víctima”12. Las condiciones de atención a víctimas menores de edad están normadas por Ley, así tenemos que “En el Instituto de Medicina Legal existe un servicio especial y gratuito para niños y adolescentes, debidamente acondicionado, en lugar distinto al de los adultos. El personal profesional, técnico y auxiliar que brinda atención en este servicio estará debidamente capacitado”13.
Ley Nº 27115 artículo 3.2. Ley 27337, Ley del Nuevo Código de los Niños y Adolescentes
...tendrán valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos por violencia familiar, los certificados que expidan los médicos de las instituciones privadas con las cuales el Ministerio Público y el Poder Judicial celebren convenios para la realización de determinadas pericias.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ..es necesario que la policía brinde un trato especial cuando la víctima se apersona a la comisaría a denunciar. En el interrogatorio se debe respetar el estado emocional del menor de edad. La policía debe evitar formular preguntas impertinentes.
Los certificados de salud física y mental que expiden los médicos del Instituto tienen valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos sobre violencia familiar. Esos certificados deben contener información de los resultados de las evaluaciones físicas y psicológicas a las que se sometió a la víctima. Los exámenes o pruebas complementarias para emitir diagnósticos serán gratuitos siempre que lo justifique la situación económica de la víctima. Estos certificados también pueden ser expedidos en los establecimientos de salud del Estado, como el Ministerio de Salud, ESSALUD, las dependencias especializadas de las municipalidades, por los médicos de los centros parroquiales, cuyo funcionamiento se encuentre autorizado por el Ministerio de Salud y se encuentren registrados en el Ministerio Público. Asimismo, tendrán valor probatorio del estado de salud física y mental en los procesos por violencia familiar, los certificados que expidan los médicos de las instituciones privadas con las cuales el Ministerio Público y el Poder Judicial celebren convenios para la realización de determinadas pericias14. El portal de la página web del Instituto de Medicina Legal indica que están exonerados de pago los exámenes solicitados por orden del Ministerio Público o del Poder Judicial15.
1.3 Policía Nacional del Perú (PNP)
La PNP, es una institución del Estado creada para garantizar el orden interno, el libre ejercicio de los derechos fundamentales de las personas y el normal desarrollo de las actividades ciudadanas. La policía tiene por finalidad garantizar, mantener y restablecer el orden interno; presta protección y ayuda a las personas y la comunidad; garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado; previene,
Ley Nº 27016, ley que modificó el artículo 29 del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar. http://www.mpfn.gob.pe/iml/servicios.php
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investiga y combate la delincuencia16. Entre sus funciones “brinda protección al niño, al adolescente, al anciano y a la mujer que se encuentran en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, previniendo las infracciones penales”17. En las investigaciones referidas a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia sexual, es necesario que la policía brinde un trato especial y adecuado cuando la víctima se apersona a la comisaría a denunciar. En el interrogatorio se debe respetar la dignidad y el estado emocional del menor de edad. La policía debe evitar formular preguntas impertinentes, subjetivas o calificativas respecto a la conducta de la o el menor. La policía sirve de apoyo al Fiscal Especializado. Cuando se presume la existencia de delito, realiza las diligencias propias de la investigación. En los casos de violencia sexual colabora con las fiscalías y juzgados de familia en la aplicación de medidas de protección a favor de los menores de edad. Mediante Resolución Directoral 007-2010-DIRGEN/EMG, del 11 de enero del 2010, se creó la Dirección de la Familia, Participación y Seguridad Ciudadana (DIRFAPASEC) de la PNP. Este es un “órgano especializado, técnico, normativo y de carácter sistémico a nivel nacional, fusionando ambas especialidades; y actualmente, con el DS-001-2010-IN del 18 de agosto del 2010 se le considera como una Dirección Especializada
Existen 1,204 comisarías a nivel nacional, de las cuales26 son Comisarías de Mujeres. En Lima existen siete comisarías y en el Callao una.
Artículo 166 de la Constitución Política del Perú. Artículo 7°, numeral 4, de la Ley Nº 27238, Ley de la Policía Nacional del Perú y artículo 9° numeral 5, del Decreto Supremo N°008-2000-IN, Reglamento de la Ley Orgánica de la PNP , coinciden en establecer que es una de las funciones de la policía el brindar protección y ayuda al niño y al adolescente que se encuentren en situación de riesgo de su libertad e integridad personal, en abandono moral o material, o expuestas a peligro y colaborando en la ejecución de medidas socio-educativas, en coordinación con entidades públicas y privadas. El artículo 51° de dicho Reglamento indica que la PNP tiene entre sus obligaciones actuar con imparcialidad, responsabilidad, diligencia, eficiencia y prontitud, así como conportarse con lealtad y ética profesional.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Al Ministerio de Salud, le corresponde promover y fortalecer los Centros especializados de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Es necesario que las víctimas y sus familiares identifiquen los Centros de Salud y hospitales para la atención que sea necesaria.
dentro de los Órganos Ejecutivos de Orden y Seguridad de la PNP”18. Esta Dirección realiza actividades y tareas orientadas a consolidar la labor de organización y capacitación de la población para la seguridad ciudadana. Así como la prevención y atención de la violencia familiar, maltrato explotación y abuso sexual infantil de la población vulnerable. Promociona los derechos y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes, y de las mujeres. La visión de la DIRFAPASEC es ser una policía especializada con reconocimiento nacional e internacional por su valiosa contribución al fortalecimiento familiar, seguridad ciudadana y paz social. Su misión es prevenir e investigar los delitos de violencia familiar y las infracciones a la ley en que se encuentren inmersos los niños, niñas y adolescentes. También promueve la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana para mejorar los niveles de orden, tranquilidad, seguridad, respeto de derechos y desarrollo integral familiar, que posibiliten la paz social y el fortalecimiento de la relación comunidad y policía. “La División de la Familia y sus Sub Unidades, desarrollan un conjunto de actividades preventivas, propias de su especialidad, dentro de las que se destacan el patrullaje especializado en terminales terrestres y aeropuertos. Sin embargo, debido a que este tipo de patrullaje, sus formas, frecuencia y modalidades, están considerados en diversos manuales del servicio policial básico, se obvia incluirlos en el presente capitulo, destacándose las acciones preventivas frente a la violencia sexual”19. La DIRFAPASEC capacita al personal policial y la comunidad en temas de prevención y atención de víctimas de violencia familiar, maltrato y abuso infantil. Realiza campañas de sensibilización para la prevención del maltrato y abuso sexual Infantil. Promueve la difusión de la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar en diferentes espacios públicos y privados.
htp://www.dirfapasec.gob.pe/ quienes-somos.html P . Manual de Procedimientos Policiales Operativos en la Intervención con Familia 2006, p. 32. .N.P
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La mujer policía cumple un rol estratégico en la atención de las denuncias por violencia familiar. Existen 1,204 comisarías a nivel nacional, de las cuales 26 son Comisarías de Mujeres. En Lima existen siete comisarías de este tipo y en el Callao, una20. Las comisarías de mujeres atienden especialmente a niños, niñas, adolescentes, mujeres y ancianos; investigan los delitos de violencia familiar; desarrollan actividades educativas, recreativas y de rehabilitación dirigidas a niños, niñas, adolescentes y mujeres afectados por violencia familiar; colaboran con las fiscalías y juzgados de familia en la aplicación de las medidas protectoras21. También realizan acciones de prevención en contra del comercio sexual de niñas, niños y adolescentes; vigilan a los niños, niñas y adolescentes trabajadores para protegerlos; coordinan con los directores de las instituciones educativas los casos de castigo físico y ausentismo escolar; atienden temporalmente a las niñas y niños víctimas de maltrato dándoles residencia provisional en los centros preventivos, donde se les proporciona albergue y atención médica, hasta que el Juez de Familia determine la medida correspondiente.
1.4 Ministerio de Salud
“El Ministerio de Salud es un órgano del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la intervención del sistema nacional coordinado y descentralizado de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable”22. Su visión incluye el establecimiento de mecanismos equitativos de acceso a los servicios de salud “mediante un sistema nacional coordinado y descentralizado de salud, y desarrollando una política nacional de salud que recoja e integre los aportes de la medicina tradicional
Fuente: Instituto de Defensa Legal, Entrevista al general PNP Erick Romaní Coronado, Director de Familia, Participación y Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional (DIRFAPASEC) por Aldo Blume Rocha y Enrique Arias Aróstegui, 16 de marzo del 2010. http://www.accionporlosninos.org.pe/archivos/publicaciones/sm_86326_gspavv.pdf http://www.minsa.gob.pe/portalminsa/directorioinstitucional/nododis.asp?nodo=01
Los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) se encargan de atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato o violencia familiar, están ubicados en los establecimientos de salud (hospitales).
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Estos módulos tienen también como objetivo sensibilizar y capacitar al personal de establecimientos de salud a fin de que puedan identificar los casos de maltrato para que puedan recibir un tratamiento oportuno.
y de las diversas manifestaciones culturales”23 de la población. Tiene la misión de proteger la dignidad de la persona, promover la salud, prevenir las enfermedades y garantizar la atención integral de salud de los habitantes del país. Propone y conduce los lineamientos de políticas sanitarias en coordinación con todos los sectores públicos y los actores sociales. Se encarga de respetar el derecho a la vida y los derechos fundamentales de todas las personas, desde la concepción. Al Ministerio de Salud, le corresponde promover y fortalecer los centros especializados de atención a niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil. Es necesario que las víctimas y sus familiares identifiquen los Centros de Salud y hospitales para la atención que sea necesaria, para ello todas las autoridades deben orientarles acerca de los servicios especializados. Los Lineamientos para la Acción en Salud Mental aprobados por Resolución Ministerial Nº 075-2004/MINSA, constituyen la base de la planificación en salud mental. Establecen como una de sus prioridades la atención de la violencia y el diseño de un programa de Intervención en maltrato Infantil y abuso sexual. Los Módulos de Atención al Maltrato Infantil en Salud (MAMIS) se encargan de atender a niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato o violencia familiar, están ubicados en los establecimientos de salud (hospitales). “El personal médico que recibe a la víctima debe emitir un diagnóstico e informar al Ministerio Público de la situación del niño, niña o adolescente víctima de la violencia. Los Centros de Salud deben dar un tratamiento integral que incluye apoyo psicológico a las víctimas”24.
Artículo 2 del Reglamento de la Ley No 27657, Ley del Ministerio de Salud. http://www.sis. gob.pe/Portal/Transparencia_pdf/Datos_Generales/Marco_Legal/Norma_de_Creacion/Regla_ Ley_27657_Ley_del_MINSA.pdf Los exámenes médicos también pueden ser realizados, según lo prescrito en el art. 3º de la Ley Nº 27055, en los establecimientos de salud estatales y los centros médicos autorizados.
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Los MAMIS trabajan “bajo seis premisas: Atención Integral (tanto a la víctima como a su familia), Atención Multidisciplinaria (apoyo de salud mental y social), Trabajo en Equipo (para coordinar acciones de protección a la víctima además de la evaluación y reajuste de las estrategias de intervención), Entrenamiento y Capacitación (jornadas informativas para el personal de salud y para el equipo del MAMIS), Intervención según Niveles de Complejidad (se delimitaron los sistemas de abordaje según la complejidad de los establecimientos del salud), e Intervención en Red (donde el MAMIS se convierte en integrante de una red de servicios complementarios e intersectoriales)”25. Estos módulos tienen también como objetivo sensibilizar y capacitar al personal de establecimientos de salud a fin de que puedan identificar los casos de maltrato para que puedan recibir un tratamiento oportuno. Según el artículo 3 de la Ley Nº 2760426, “Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestar esta atención, mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y salud. Después de atendida la emergencia, el reembolso de los gastos será efectuado de acuerdo a la evaluación del caso que realice el Servicio Social, en la forma que señale el Reglamento de la Ley General. Las personas indigentes debidamente calificadas están exoneradas de todo pago. El Reglamento establece los criterios para determinar la responsabilidad de los conductores y personal de los establecimientos de salud, sin perjuicio de la denuncia penal a que hubiere lugar contra los infractores.”
1.5 Ministerio de Justicia
Se encarga de formular las políticas, normas y programas de alcance nacional del sector. También presta servicios jurídicos a la ciudadanía. Le
http://www.unicef.org/peru/spanish/protection_3226.htm Ley que modifica la Ley General de Salud N°26842, respecto a la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en emergencias y partos.
...el Ministerio de Justicia se encargará de brindar asistencia judicial integral y gratuita a través la defensa de oficio de sus abogados. Establece que en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la asistencia legal gratuita al agraviado y a su familia es obligatoria.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Línea de Orientación Legal Gratuita, ofrece asesoría legal a las personas que requieren ser orientadas sobre sus derechos, cómo y dónde ejercerlos y defenderlos. La línea de atención gratuita es (01) 4215454.
corresponde garantizar el derecho a la defensa de oficio tanto del imputado como la víctima, esto implica que las partes que tienen escasos recursos puedan contar con asesoría legal gratuita. El Ministerio de Justicia tiene la visión de ser un Ministerio reconocido por su liderazgo como asesor jurídico y legal del Poder Ejecutivo. Su misión es velar por la vigencia del imperio de la Ley, el derecho y la justicia. Le corresponde promover una eficiente y pronta administración de justicia; fortalecer el Estado constitucional y el acceso a la justicia; reforzar las coordinaciones con los organismos vinculados a la administración de justicia, a fin que la información jurídico-legal y los mecanismos de acceso a la justicia estén al alcance de todos27. El Nuevo Código de los Niños y Adolescentes señala en el artículo 146º que el Ministerio de Justicia se encargará de brindar asistencia judicial integral y gratuita a través la defensa de oficio de sus abogados. Establece que en los casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, la asistencia legal gratuita al agraviado y a su familia es obligatoria28. Entre los servicios gratuitos de acceso a la justicia que presta, se encuentra la Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA), que tiene como visión “institucionalizar los Centros y Líneas de Orientación, como organización líder del medio y la región, en la promoción de un mayor y más efectivo acceso a la justicia del ciudadano de escasos recursos”29. Su misión es “brindar al ciu27
El artículo 6 de la Ley Orgánica del Sector Justicia, Decreto Ley Nº 25993, establece las funciones del Ministerio de Justicia: c) Formular las políticas, normas, planes y programas de alcance nacional del Sector Justicia, así como supervisar y evaluar su cumplimiento; i) Centralizar, coordinar, asesorar y promover la tutela y vigencia de los Derechos Humanos. La Ley Nº 27019 creó el Sistema Nacional de Defensa de Oficio con el objetivo de brindar asesoría y defensa legal gratuita a personas de escasos recursos económicos. El reglamento de esta Ley, el D.S. Nº 005-99-JUS, reconoce el derecho de de las niñas, niños y adolescentes agraviados en los delitos contra la libertad sexual a contar de manera obligatoria con un abogado de oficio, así como a la familia de las víctimas. En igual sentido, tenemos el artículo 146 del Código de Niñas, Niños y Adolescentes. http://www.minjus.gob.pe/alegra/1vision.html
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dadano la información sobre el contenido de sus derechos humanos, civiles y políticos, cómo y dónde defenderlos cuando sean amenazados o vulnerados, garantizando así la sostenibilidad del estado de derecho. Cambiar la percepción negativa que tiene el ciudadano de los servicios de justicia en el Perú, con la atención ágil y eficiente, cultivando una cultura de paz”30. Los servicios que presta ALEGRA son: • La Defensa de Oficio, competente para brindar asistencia legal en comisarías, asumiendo la defensa de las personas a las que se inician investigaciones, también atiende a aquellas personas que están sometidas a una investigación fiscal. Está facultada para ejercer la defensa gratuita de los imputados o procesados en salas y juzgados especializados en materia penal. El defensor de oficio asesora a los internos recluidos en establecimientos penitenciarios. Consultorio Jurídico Popular, tiene competencia para absolver consultas, prestar asesoramiento legal en temas de derecho administrativo, laboral, de familia. Ejerce el patrocinio legal en asuntos civiles, laborales, administrativos, e interpone denuncias penales. Línea de Orientación Legal Gratuita, ofrece asesoría legal a las personas que requieren ser orientadas sobre sus derechos, cómo y dónde ejercerlos y defenderlos. La línea de atención gratuita es (01) 421-5454. Conciliación Extrajudicial, promueve “la conciliación en materias civil, familiar, comisión de faltas leves y otros, a través de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos. El conciliador extrajudicial (…) ejecuta de manera efectiva la política preventiva, evitando la judicialización de conflictos y promoviendo una cultura de paz entre las personas de la comunidad”31. En temas de familia se concilia sobre tenencia, régimen de visitas y alimentos. Según la norma vigente no es materia conciliable la violencia familiar.
Ídem. http://www.minjus.gob.pe/alegra/1conciliacion.html
...instrumenta políticas que aseguran a los niños y jóvenes de todo el país iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna forma de discriminación, en un sistema educativo flexible, adecuado a las necesidades y exigencias de la diversidad y el logro de competencias básicas...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Resulta necesario que se capacite al personal docente en temas de educación sexual. Los educadores deben cumplir con enseñar el contenido de las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual, así como también las normas que sancionan a los que cometen el delito.
De acuerdo al público objetivo, estos servicios priorizan la atención a los sectores C, D y E, en atención a la mayor vulnerabilidad de las personas.
1.6 Ministerio de Educación
Es “responsable de definir la política educativa y pedagógica nacional, preservar su unidad y mantener una relación técnico-normativa con las instancias de gestión educativa descentralizada”32. Tiene la misión de asegurar ofertas educativas de calidad, sustentadas en el trabajo concertado con la sociedad civil y centradas en la formación integral de las personas, bajo una perspectiva de interculturalidad, equidad, cohesión social y desarrollo humano sostenible, que permita formar personas capaces de desarrollar su identidad, autoestima y capacidades, e integrarse adecuada y críticamente a la sociedad. Su visión es ser un organismo rector que lidera una sociedad educadora con la participación y vigilancia de la sociedad civil, para garantizar una educación integral, pertinente y de calidad que contribuya al desarrollo pleno de las personas. “El Ministerio de Educación dispone de una eficiente y eficaz capacidad de gobierno sectorial en el nivel central y descentralizado e instrumenta políticas que aseguran a los niños y jóvenes de todo el país iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato sin ninguna forma de discriminación, en un sistema educativo flexible, adecuado a las necesidades y exigencias de la diversidad y el logro de competencias básicas para que todas las personas se desenvuelvan social y laboralmente, tiendan a la creatividad e innovación, orienten su comportamiento por los valores democráticos, promueven el desarrollo humano integral y sostenible la justicia social y la cultura de paz, así como para que ejerzan el derecho a aprender en forma continua y con autonomía”33.
Artículo 4 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2006-ED. http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/ROF-MED2006.php En el Título Segundo del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación se establece la naturaleza jurídica, visión, misión y objetivos del MINEDU.
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Le corresponde al MINEDU promover políticas que mejoren la calidad de la educación pública. Por lo que debe garantizar y asegurar el normal desarrollo de los niños, niñas y adolescentes incentivando su participación en todos los ámbitos de su vida. Resulta necesario que se capacite al personal docente en temas de educación sexual. Los educadores deben cumplir con enseñar el contenido de las leyes que protegen a los niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual, así como también las normas que sancionan a los que cometen el delito34. Con la finalidad de brindar atención inmediata al educando para promover su recuperación física, psicológica y académica en caso de que haya sido víctima de maltratos físicos, psicológicos o de violencia sexual por el personal docente, y sancionar con la debida celeridad a quienes se les acredite responsabilidad en tales hechos, se establecieron los Lineamientos de Acción en los casos de Maltrato Físico o Psicológico, Hostigamiento Sexual y Violación de la Libertad Sexual a estudiantes de Instituciones Educativas35. Estos lineamientos de acción regulan el procedimiento para la formulación y atención de denuncias; señalan las acciones de prevención, asistencia y protección en casos de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violencia sexual, en agravio de los educandos, cometidos por el personal directivo, docente o administrativo de las instituciones educativas; y determinan el proceso de investigación y sanción (administrativa) cuando el agresor es personal del sector educación.
...en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos.
En caso de que los infractores del delito de violencia sexual sean los docentes la Ley Nº 27911 regula las medidas administrativas extraordinarias donde se establecen el retiro definitivo de la Institución Educativa y el registro de sanciones que está a cargo de la Unidad de Personal del Ministerio de Educación con la finalidad de impedir el reingreso del destituido a otras dependencias del sector de educación como la administración pública. Aprobados mediante Resolución Ministerial Nº 405-2007-ED.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Cualquier acto irregular o ilícito puede ser denunciado al teléfono gratuito 080013687, en el horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Ante el maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual las autoridades educativas deben considerar los siguientes principios rectores: • El interés superior del niño y adolescente: El Código de los Niños y Adolescentes en su título preliminar, artículo IX, señala que en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, del Ministerio Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así como en la acción de la sociedad, se considerará el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a sus derechos. El interés superior del niño es un principio rector que no está definido en el código. Para determinar que se debe entender por interés superior del niño debemos tener en cuenta otros principios como el derecho a que se respete su integridad moral, psíquica y física, el derecho a vivir en un ambiente sano, el derecho a la privacidad y todos aquellos derechos que garanticen y promuevan un trato digno en casos de maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual a estudiantes. Reserva, confidencialidad y derecho a la privacidad: Las autoridades educativas están prohibidas de exponer a los medios de comunicación, la identidad o imagen del estudiante víctima de maltrato físico o psicológico, hostigamiento sexual y violación de la libertad sexual. Protección integral de la víctima: La víctima de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual tiene derecho a la atención integral que permita su recuperación.
Integridad personal: Implica el respeto a la integridad física, psíquica y moral. “Quién denuncie un hecho de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual no debe ser sujeto de presión de parte de la comunidad educativa”36.
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Celeridad: “Toda intervención se impulsará de inmediato, de modo que el procedimiento tenga la máxima prontitud, siendo responsable la autoridad educativa de la instancia correspondiente en la que se encuentre el proceso, de cualquier demora por su inactividad”37. El Ministerio de Educación instaló la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER), la misma que recibe, verifica, investiga y procesa las denuncias, quejas y reclamos de hechos contrarios al ordenamiento legal y de actos reñidos contra la moral y las buenas costumbres. Cualquier acto irregular o ilícito puede ser denunciado al teléfono gratuito 0800-13687, en el horario de atención de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Los directores de las instituciones educativas tienen la obligación de abrir proceso disciplinario contra los profesores que atenten contra la integridad sexual de los alumnos y dictar medidas de protección para el estudiante agraviado, las mismas que incluyen la denuncia inmediata. Deben comunicar el hecho a sus padres e informar a la Comisión de Denuncias y Reclamos (CADER) dentro del plazo máximo de 24 horas de conocido el acto. Las oficinas de auditoría interna de cada órgano intermedio del Sector Educación deben llevar un control y realizar el seguimiento de las denuncias y procesos penales relacionados a delitos contra la libertad sexual en agravio de los estudiantes. En caso de sentencia condenatoria por la comisión del delito contra la libertad sexual en agravio de un educando, con la constancia que se encuentra consentida o ejecutoriada, el titular del órgano intermedio del sector educación aplicará la sanción de separación definitiva para los docentes y de destitución para los servidores administrativos, y la pondrá en conocimiento de la Unidad de Personal del Ministerio de Educación,
...no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. En consecuencia, sus opiniones o manifestaciones de voluntad no constituyen actos administrativos ni jurisdiccionales con efectos coercitivos. El cumplimiento de sus recomendaciones y sugerencias se basa en la persuasión...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia es el órgano encargado de la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y debe garantizar que las instancias estatales cumplan adecuadamente sus funciones en materia de defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También desarrolla investigaciones y elabora informes vinculados a la defensa y promoción de la niñez y adolescencia.
a efectos de que ésta se inscriba en el Registro de Docentes y Personal Administrativo Sancionados. El docente o servidor administrativo tendrá derecho a solicitar una reasignación inmediata a otra institución educativa de su elección, con prescindencia del procedimiento ordinario, en caso de archivamiento o sentencia absolutoria por parte del Ministerio Público o autoridad jurisdiccional, según sea el caso, respecto a la comisión de delitos de violación de libertad sexual38.
1.7 Defensoría del Pueblo
Es un órgano constitucional autónomo, se encarga de proteger los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, además debe supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de servicios públicos a la ciudadanía39. “La Defensoría del Pueblo no desempeña funciones de juez o fiscal ni sustituye a autoridad alguna. No dicta sentencias, no impone multas ni sanciones. En consecuencia, sus opiniones o manifestaciones de voluntad no constituyen actos administrativos ni jurisdiccionales con efectos coercitivos. El cumplimiento de sus recomendaciones y sugerencias se basa en la persuasión, con la cual se busca crear conciencia en los poderes públicos respecto de que su actuación debe sujetarse a la legalidad y al respeto de los derechos de los ciudadanos”40. Tiene como misión defender y promover los derechos de las personas y la comunidad. Para ello supervisará la actuación del Estado y la prestación de los servicios públicos. Pondrá en evidencia cuando se afecten y vulne38
Decreto Supremo Nº 005-2003-ED, Reglamento de la Ley que regula las medidas administrativas extraordinarias para el personal docente o administrativo implicados en delitos de violación de la libertad sexual. Cuando los derechos fundamentales son vulnerados la Defensoría del Pueblo brinda un servicio de quejas en línea: http://www.defensoria.gob.pe/serv-cuidadano.php. http://www.defensoria.gob.pe/la-defensoria.php.
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ren los derechos de las personas e incidirá en la mejora de la política y la gestión pública. Su visión es ser una institución que contribuya efectivamente con la defensa y realización de los derechos humanos, promoviendo la gobernabilidad y buen gobierno de nuestro país, aportando a la consolidación de una sociedad inclusiva, equitativa y sostenible; sustentada en una organización eficiente y eficaz con personal altamente calificado y con vocación de servicio. La Defensoría del Pueblo dando “cumplimiento a una recomendación del Comité de Derechos del Niño, en el año 2006 creó la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia”41. La Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia es el órgano encargado de la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y debe garantizar que las instancias estatales cumplan adecuadamente sus funciones en materia de defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También desarrolla investigaciones y elabora informes vinculados a la defensa y promoción de la niñez y adolescencia. Entre las funciones que realiza destaca la de asesorar a las oficinas defensoriales42 para el desarrollo de investigaciones referidas a quejas específicas sobre violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes cometidas por entidades de la administración estatal y proponer al Defensor del Pueblo la interposición o intervención en procesos constitucionales, jurisdiccionales o procedimientos administrativos para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo, en el mes de noviembre del año 2007, publicó el Informe 126, La Aplicación de la Justicia Penal ante los casos de Violencia Sexual perpetrados contra Niños, Niñas y Adolescentes, elaborado por la Adjuntía para la Niñez y la Adolescencia.
http://www.unicef.org/peru/spanish/children_3785.htm Existen al menos una oficina defensorial por departamento, llegando a un número de 28. También cuenta con Módulos de Atención los cuales suman 10 en departamentos con mayor extensión territorial y/o población.
“En más de la mitad de los casos en que se dispuso una reparación civil, el monto no superó los 1,000 nuevos soles o aproximadamente 300 dólares. Dentro de estos en un grupo importante de sentencias se dispuso una reparación que no superó los 500 soles o 150 dólares…”
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La Defensoría es definida en el artículo 42 del Código de los Niños y Adolescentes como: “Un servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de las sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito”.
Se destacan en las conclusiones los siguientes hechos: • “La información recogida de los expedientes judiciales revela en forma alarmante que en ninguno de los procesos se mantuvo en reserva la identidad de la niña, el niño o el adolescente, víctima de delito sexual. Es decir, en la totalidad de los casos, esta identidad fue revelada en alguna o varias de las etapas del proceso, tanto por la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial”43. “En más de la mitad de los casos en que se dispuso una reparación civil, el monto no superó los 1,000 nuevos soles o aproximadamente 300 dólares. Dentro de estos en un grupo importante de sentencias se dispuso una reparación que no superó los 500 soles o 150 dólares…”44. “Los mayores niveles de dilación se presentan en la etapa judicial, especialmente en primera instancia, mientras que durante la investigación preliminar no se aprecian signos significativos de dilación. Con respecto al tiempo de duración del procedimiento (desde la denuncia hasta la conclusión del proceso), la presente investigación revela que el 42.9% de los expedientes sobre procesos sumarios tuvo una duración total que superaba en tres veces el plazo legal (previsto en 238 días). En los procesos ordinarios se observa en el 18.5% de los casos una duración global que no supera el plazo legal (previsto en 430 días), mientras que el 27.8% de casos tiene una duración que supera moderadamente el plazo legal. Por último, se ha registrado un 24.1% de casos que supera este último límite, pero que es inferior al doble del plazo legal”45.
Estas conclusiones deben ser tomadas en cuenta para realizar una adecuada atención de las víctimas menores de edad, víctimas de violencia familiar.
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Además de la atención en vivo, la Defensoría del Pueblo, en caso de la vulneración de los derechos fundamentales de la persona, brinda un servicio de quejas en línea: http://www.defensoria.gob.pe/serv-cuidadano.php.
1.8 Municipalidades
El artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 27972, establece como función específica de los gobiernos locales en materia de servicios sociales locales: “Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de la mujer y del adulto mayor propiciando espacios para su participación a nivel de instancias municipales”. Asimismo, en su artículo 84 estipula como función específica de las Municipalidades Provinciales: “Establecer canales de concertación con las instituciones que trabajan en defensa de los derechos de niños y adolescentes”. Desde el año 1993, las municipalidades provinciales y distritales han venido implementando los servicios de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS). Estos servicios se instalan de acuerdo a lo señalado por el Código de los Niños y Adolescentes”46. La DEMUNA es definida en el artículo 42 del Código de los Niños y Adolescentes como: “Un servicio del Sistema de Atención Integral que funciona en los gobiernos locales, en las instituciones públicas y privadas y en organizaciones de las sociedad civil, cuya finalidad es promover y proteger los derechos que la legislación reconoce a los niños y adolescentes. Este servicio es de carácter gratuito”. De acuerdo al Código de Niñas, Niños y Adolescente, artículo 45°, tiene competencia para denunciar ante las autoridades competentes las faltas y delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, como suce46
El Decreto Ley 26102, aprobó el Código de los Niños y Adolescentes en el año 1992. Dicha norma fue derogada por la Ley 27337 que aprobó en el mes de agosto del año 2000, el Nuevo Código de los Niños y Adolescentes.
Desde el año 1993, las municipalidades provinciales y distritales han venido implementando los servicios de las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente (DEMUNAS).
dería si toma conocimiento de un caso de presunta violación o sexual en agravio de un o una menor de edad, para ello debe respetarse el anonimato. La DEMUNA47 podrá darle seguimiento al caso.
Los delitos y faltas no conforman parte del encargo de las DEMUNAS, por lo que no constituirán casos de atención, debiendo ser derivados o denunciados.
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Normatividad Penal referida a Violencia Sexual en agravio de Niños, Niñas y Adolescentes
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Un ámbito importante de atención a víctimas de la violencia sexual, es la jurisdicción penal, donde hay que tener en cuenta -entre otros aspectos- la influencia histórica de la moral en la determinación del bien jurídico y la discriminación de la niña, la adolescente y la mujer en el alcance de la protección. Desde la época de Colonia hasta comienzos del siglo pasado, el derecho protegido ha ido evolucionando, desde un tratamiento más relacionado al honor y la honestidad de las personas (considerándose para ello en las primeras normas, estos bienes como propios del hombre esposo de la víctima, para luego pasar a ser los de la familia, llegando a reconocerse agraviada a la mujer víctima en épocas más recientes). El tratamiento en sí sobre libertad sexual como bien jurídico es mucho más reciente. Muchos cambios han debido operar para considerar -al menos normativamente- el derecho de toda persona a no ser vulneradas sexualmente, y aún con los avances alcanzados, ellos no han sido suficientes para reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derecho pleno sino hasta épocas recientes. No obstante la postura legislada actual, aún continua teniendo peso en las investigaciones mitos devastadores que sostienen que la víctima de alguna manera es responsable (en todo o en parte) del crimen perpetrado en su contra y que los agresores suelen ser personas ajenas al entorno familiar, comunitario o educativo. Prejuicios y concepciones erradas como las mencionadas, dificultan brindar las medidas de protección adecuada a menores en situaciones de riesgo, así como, atención oportuna, digna e integral frente a sucesos de violencia sexual ya acaecidos.
La libertad sexual es la facultad que tiene toda persona mayor de edad y en pleno ejercicio de sus facultades, para disponer de su sexualidad. Al disponer de su libertad la persona tiene también que ser responsable y consciente de las consecuencias que puedan traer sus actos.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...no se podría hablar de libertad en el caso de menores de edad o incapaces absolutos o relativos...
Si bien la evolución de los considerados delitos sexuales ha respondido a criterios morales, basándose en el no reconocimiento de derechos por igual a todas las personas, perjudicando en mayor medida a niñas y mujeres, el derecho penal actual no debe ser instrumentalizado (potestad punitiva), tomando conceptos morales ya que estos son vagos, amplios y variantes cultural y personalmente, que no son lo suficientemente certeros ni generales para determinar las responsabilidades en una afectación a derechos fundamentales. En el caso materia, el objeto de tutela legal es la indemnidad sexual, como derecho presente y derecho futuro (futura libertad sexual), debe ser promovido, tutelado y defendido a la luz de la equidad de género y el derecho a un pleno desarrollo libre de intervenciones negativas y/o traumáticas.
2.1 Diferencia entre el Bien Jurídico Protegido de Indemnidad Sexual y Libertad Sexual en los Menores de Edad
La indemnidad sexual y la libertad sexual son bienes jurídicamente protegidos. Sin embargo es necesario desarrollar ambos conceptos, a fin de entender las diferencias entre ellas.
2.1.1 Libertad sexual
Guillermo Cabanellas señala que la libertad es la “facultad humana de dirigir el pensamiento o la conducta según los dictados de la propia razón y de la voluntad del individuo, sin determinismo superior ni sujeción a influencia del prójimo o del mundo exterior”. Por lo que se entiende que la libertad es innata a cada persona, y mediante ella uno puede disponer y decidir lo que realizará. Se distingue entre dos tipos de libertad: libertad positiva y libertad negativa. La primera de ellas está relacionada a la voluntad de cada persona para realizar un acto, sin que esta voluntad se encuentre condicionada. La segunda, está relacionada al comportamiento que conlleva esa voluntad, hecho que tampoco se encontrará limitado o restringido.
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La libertad sexual es la facultad que tiene toda persona mayor de edad y en pleno ejercicio de sus facultades, para disponer de su sexualidad. Al disponer de su libertad la persona tiene también que ser responsable y consciente de las consecuencias que puedan traer sus actos. Se reconoce esta libertad solo a personas mayores de edad y con plena capacidad, puesto que ellas son conscientes de los actos que realizan. Las personas tienen que ser responsables de los actos que realizan para así evitar consecuencias como embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual. Se trata de un bien jurídicamente protegido y de carácter disponible, es decir, las personas en uso de su derecho pueden disponer de esta libertad y ejercerla. Si nos encontramos en casos en que esta disposición o libertad se ve vulnerada nos encontraríamos frente a situaciones de violación, supuestos contemplados en el Código Penal48.
2.1.2 Indemnidad sexual
La indemnidad sexual es un bien jurídicamente protegido, pero que a diferencia de la libertad sexual, esta es aplicable a los menores de edad que no han desarrollado su sexualidad física ni psicológica, por ello, se concluye que no tienen plena conciencia de sus actos.
...por las mismas condiciones físicas y psicológicas, estas personas no podrían disponer de su sexualidad con plena conciencia y raciocinio de sus actos. Es por esto que la norma penal trata de proteger a estas personas, y considera que la indemnidad sexual es un bien jurídico protegido de carácter indisponible.
Capitulo IX : Violación de la Libertad Sexual Artículo 170.- Violación sexual Artículo 171.- Violación de persona en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir Artículo 172.- Violación de persona en incapacidad de resistencia Artículo 173.- Violación de menor de catorce años de edad Artículo 173 A.- Violación de menor de catorce años seguida de muerte o lesión grave Artículo 174.- Violación de persona bajo autoridad o vigilancia Artículo 175.- Seducción Artículo 176.- Actos contra el pudor Artículo 176- A.- Actos contra el pudor en menores Artículo 177.- Formas agravadas Artículo 178.- Responsabilidad civil especial Artículo 178-A.- Tratamiento terapéutico
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La modificación a la norma también provoca que los adolescentes no puedan acceder formalmente a los servicios de planificación familiar que el Estado brinda, así como a los programas de paternidad responsable, pese a que estén aptos para recibir esos servicios.
Autores como Bramont Arias y García Cantizano, señalan que: “hay comportamientos dentro de los delitos sexuales en los que no puede afirmarse que se proteja la libertad sexual, en la medida que la víctima carece de esa libertad”49. Se entiende que no se podría hablar de libertad en el caso de menores de edad o incapaces absolutos o relativos50, supuestos contemplados en el Código Civil. En los supuestos mencionados, por las mismas condiciones físicas y psicológicas, estas personas no podrían disponer de su sexualidad con plena conciencia y raciocinio de sus actos. Es por esto que la norma penal trata de proteger a estas personas, y considera que la indemnidad sexual es un bien jurídico protegido de carácter indisponible.
2.2	El	Código	Penal	y	la	tipificación	del	Delito	de	Violación	Sexual	en	agravio de Niños, Niñas y Adolescentes
Es un instrumento legal que tipifica la violencia sexual como delito. Establece sanciones que van de 25 a 30 años de cárcel y en algunos casos cadena perpetua para los abusadores de niños, niñas y adolescentes.
BRAMONT - ARIAS TORRES, Luis Alberto y GARCÍA CANTIZANO, María del Carmen. Manual de Derecho Penal. Parte especial. 3ª ed. Lima: Editorial San Marcos 1997, p. 199. Artículo 43.- Incapacidad absoluta Son absolutamente incapaces: 1.- Los menores de dieciséis años, salvo para aquellos actos determinados por la ley. 2.- Los que por cualquier causa se encuentren privados de discernimiento. 3.- Los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no pueden expresar su voluntad de manera indubitable. Artículo 44.- Incapacidad relativa Son relativamente incapaces: 1.- Los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. 2.- Los retardados mentales. 3.- Los que adolecen de deterioro mental que les impide expresar su libre voluntad. 4.- Los pródigos. 5.- Los que incurren en mala gestión. 6.- Los ebrios habituales. 7.- Los toxicómanos. 8.- Los que sufren pena que lleva anexa la interdicción civil.
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La legislación que tipifica el delito de violación sexual de un menor de edad ha sido objeto de diversas modificaciones. La modificatoria realizada mediante Ley Nº 28704 ha generado una seria discusión política, jurídica y pública al elevar la edad de indemnidad sexual hasta los 18 años. Actualmente, se considera delito de violación sexual a toda relación sexual con adolescentes incluso aquellas que pudieran contar con el consentimiento de los mismos; sin embargo, hay que tener en cuenta que no obstante la minoría de edad de las partes, efectivamente puede tratarse de una agresión sexual; aunque algunos afirman que esa norma no se ajusta a la realidad; no existen estudios concluyentes sobre el grado físico-psíquico de menores en Perú, que puedan dar certeza sobre el consentimiento. Uno de los problemas de la irrelevancia del consentimiento se puede presentarse, por ejemplo cuando las adolescentes madres acuden a los Registros Civiles tienen temor de señalar el nombre del padre en la partida de nacimiento, pues éste podría ser denunciado de oficio por el delito de violación sexual. El hecho descrito trae como consecuencia la vulneración del derecho a la identidad del menor de edad; y si los padres se negaran a cumplir con los alimentos a favor de sus hijos, las adolescentes madres no podrían iniciar un proceso judicial por alimentos por falta de acreditación del vínculo de filiación, es decir el vinculo de parentesco entre el padre y el hijo. La modificación a la norma también provoca que los adolescentes no puedan acceder formalmente a los servicios de planificación familiar que el Estado brinda, así como a los programas de paternidad responsable, pese a que puedan estar necesitando esos servicios. Sin embargo, se debe hacer uso de la norma técnica de planificación familiar51, así como el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2002-2010, indican que se podrá suministrar métodos anticonceptivos temporales a aquellos adolescentes que lo soliciten, siempre que hayan recibido orientación y
Aprobada por Resolución Ministerial N° 536-2005-MINSA.
La legislación que tipifica el delito de violación sexual de un menor de edad ha sido objeto de diversas modificaciones. La modificatoria realizada mediante Ley Nº 28704 ha generado una seria discusión política, jurídica y pública al elevar la edad de indemnidad sexual hasta los 18 años.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...desde la perspectiva sustancial del principio de proporcionalidad, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito inflige a la sociedad y al grado de culpabilidad, así como al costo social del delito entendido en su relación con sus consecuencias sociales y para el imputado”.
consejería, especialmente cuando presentan riesgo de embarazo no deseado, presentan riesgo de contraer una ETS o VIH SIDA, son sexualmente activos, presentan antecedentes de embarazo o han sido víctimas de violencia sexual. A lo anterior, a fin de salvaguardar los derechos de las personas, cabe ampararse en lo estipulado por el Código Civil, que permite el matrimonio a los menores de edad. Tanto varones como mujeres pueden contraer matrimonio, con la autorización de sus padres, a partir de los 16 años de edad. También admite el derecho de las adolescentes madres a reconocer a sus hijos, demandar los gastos de embarazo y parto, así como a exigir el reconocimiento de filiación extramatrimonial52. A la hora de administrar justicia, los juzgadores deberán sopesar la pertinencia o no del Acuerdo Plenario53 N°7-2007/CJ-116 que considera, en el punto 3, aplicar el principio de proporcionalidad o de prohibición de o en exceso, el cual está regulado en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal. Por lo tanto, el órgano jurisdiccional debe “desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena, cuando la proporcionalidad abstracta de la misma no ha sido respetada por el legislador, dentro de las posibilidades que permite el ordenamiento jurídico en su conjunto y, en especial, de los principios y valores que lo informan. En consecuencia, desde la perspectiva sustancial del principio de proporcionalidad, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito inflige a la sociedad y al grado de culpabilidad, así como al costo social del delito entendido en su relación con sus consecuencias sociales y para el imputado”.
El artículo 46 del Código Civil establece que a partir del nacimiento de un hijo cesa la incapacidad del mayor de 14 años. Asimismo la Ley Nº 29600 fomenta la reinserción escolar por embarazo. El artículo 116° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Acuerdos Plenarios son adoptados por Plenos Jurisdiccionales y sirven para fijar la interpretación de las normas y unificar la jurisprudencia, de tal manera que los acuerdos se convierten en vinculantes para los órganos judiciales.
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El objetivo de las propuestas jurisprudenciales es que la pena tenga “una proporcionalidad concreta, adecuada, y equitativa”, basada en el análisis de cada caso en particular y las condiciones en las que se encuentran los sujetos vinculados.
2.3 Análisis de los artículos del Código Penal referidos a los delitos de violencia sexual en agravio de los niños, niñas y adolescentes
“Artículo 173º.Violación Sexual de Menor de Edad El que tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, con un menor de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1. Si la víctima tiene menos de diez años de edad, la pena será de cadena perpetua. 2. Si la víctima tiene entre diez años de edad y menos de catorce, la pena será no menor de treinta años, ni mayor de treinta y cinco. 3. Si la víctima tiene entre catorce años de edad y menos de dieciocho, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena para los sucesos previstos en los incisos 2 y 3, será de cadena perpetua”. El delito de abuso sexual de menor de edad se configura cuando hay un acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o por otros actos análogos como introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Cuando se refiere a los actos análogos importa la introducción de objetos que
El delito de abuso sexual de menor de edad se configura cuando hay un acceso carnal por vía vaginal, anal, bucal o por otros actos análogos como introducir objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Cuando se refiere a los actos análogos importa la introducción de objetos que sean similares al órgano sexual masculino (palos y prótesis) o partes del cuerpo que pueden ser dedos, manos y pies.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes “El delito también permite la coautoría y la complicidad. En el primer caso no hace falta que dos o más sujetos tengan acceso carnal con la víctima, basta advertir cómo se ha desarrollado el reparto funcional de roles según el plan acordado...
sean similares al órgano sexual masculino (palos y prótesis) o partes del cuerpo que pueden ser dedos, manos y pies. A diferencia del tipo de violación sexual forzado (artículo 170º), que requiere la concurrencia de medios de coacción (amenaza grave y violencia), este tipo penal no requiere de los elementos antes mencionados para que se configure el delito de violación sexual. El “acceso carnal sexual equivale a acoplamiento sexual de dos personas, una necesariamente hombre, con penetración de su órgano genital por una de las vías indicadas: vagina, ano, boca. En consecuencia, podrá ser típica una relación entre dos hombres o entre un hombre y una mujer, pero no entre dos mujeres. Las prácticas homosexuales femeninas pueden encajar en un delito contrario al pudor, salvo si van acompañadas de la introducción de objetos en vagina o ano”54. En la tipicidad subjetiva se requiere necesariamente el dolo para realizar el acto sexual u otro análogo. En este delito cabe la tentativa y la consumación. Se consuma con la penetración total o parcial del pene en la vagina o en el ano del menor de edad. Bramont indica como ejemplo que si se realiza el acto sexual con un niño de tres años, resulta imposible lograr la penetración del pene, aunque sea parcial, dada la desproporción de los órganos genitales; en estos casos, el delito se consumaría con el simple contacto de los órganos sexuales, hecho que en la práctica, indudablemente, va a generar graves problemas de prueba55. “El delito también permite la coautoría y la complicidad. En el primer caso no hace falta que dos o más sujetos tengan acceso carnal con la víctima, basta advertir cómo se ha desarrollado el reparto funcional de roles según el plan acordado; por ejemplo: el que se limita a sujetar al menor a fin que
Banco Mundial. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Op.cit., p.21. BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y María del Carmen GARCÍA CANTIZANO. Op.cit., p. 249.
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otro le acceda sexualmente, o el que se limita a que terceros eviten que otro sujeto acceda sexualmente al menor”56. El artículo 173 establece una causal de agravante cuando el agente haya abusado de su posición, cargo o vínculo familiar sobre la víctima o le impulse a depositar su confianza. En caso de que la víctima sea menor de 14 años la pena será de cadena perpetua. En este supuesto se encuentran todas aquellas personas están en una relación de superioridad respecto de la víctima, sea porque son sus padres, profesores, sacerdotes, médicos, o también cuando el hecho es cometido por miembros de la PNP, Fuerzas Armadas, Serenazgo en ejercicio de sus funciones. “Artículo 173º-A.Violación sexual de menor de edad seguida de muerte o lesión grave Si los actos previstos en los incisos 2 y 3 del artículo anterior causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena será de cadena perpetua”. Este artículo tipifica otra causal de agravante y señala que en los casos donde se haya producido la muerte de la víctima o en caso que se haya ocasionado una lesión grave al menor y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, se sancionará al que cometió el delito de abuso sexual con cadena perpetua. La crueldad con la que ha actuado el abusador implica que le cause dolor físico y le haga sufrir padecimientos excesivos. En este artículo se recogen dos tipos de agravantes: por el resultado, que es cuando se produce la muerte o lesión grave en el menor, siempre que el agente pudo preveerlo; por el medio empleado, que se presenta cuando el agente procedió con crueldad.
Banco Mundial. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Delitos contra la Libertad Sexual y Delitos contra la Familia. Lima, 2007, p. 24.
El artículo 173 establece una causal de agravante cuando el agente haya abusado de su posición, cargo o vínculo familiar sobre la víctima o le impulse a depositar su confianza. En caso de que la víctima sea menor de 14 años la pena será de cadena perpetua.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...en los casos donde se haya producido la muerte de la víctima o en caso que se haya ocasionado una lesión grave al menor y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, se sancionará al que cometió el delito de abuso sexual con cadena perpetua. La crueldad con la que ha actuado el abusador implica que le cause dolor físico y le haga sufrir padecimientos excesivos.
“Artículo 176º-A.Actos contra el pudor en menores El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170º, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o terceros, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 1. Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años. 2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años. 3. Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173º o el acto tiene un carácter degradante o produce grave daño en la salud física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. La conducta típica en este delito se caracteriza por realizar otro tipo de conductas sexuales diferentes al coito, sobre sí mismo o sobre terceros, conductas como tocamientos indebidos en partes íntimas, no limitadas a los órganos sexuales, o libidinosos contrarios al pudor. Este texto permite también la punición de conductas que no impliquen un contacto corporal directo con la víctima. Se amplían las formas de comisión al contemplar no solo la imposición de realización de actos a una persona, sino la posibilidad de imponer la ejecución de estos a otra persona sobre sí o sobre un tercero. El bien jurídico protegido en esta figura delictiva es la indemnidad sexual. En la tipicidad objetiva el sujeto activo puede ser hombre o mujer. El sujeto pasivo es siempre un menor, ya sea hombre o mujer, menor de 14 años de edad.
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En la tipicidad subjetiva se encuentra el dolo, es decir, la conciencia y voluntad de realizar actos contrarios al pudor. Bramont indica que el delito se consuma en el momento que se ejecuta el acto contrario al pudor con el menor de 14 años de edad, aunque el agente no haya podido satisfacer sus propias apetencias libidinosas57. Como agravantes del delito de actos contra el pudor: “Se establece por remisión a lo establecido en el último párrafo del artículo 173 del Código Penal, donde se recoge como agravante si el sujeto activo tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé, particularmente, autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza”58. Otras artículos a tener en cuenta son: “Artículo 153.Trata de personas El que promueve, favorece, financia o facilita la captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de otro, en el territorio de la República o para su salida o entrada del país, recurriendo a: la violencia, la amenaza u otras formas de coacción, la privación de libertad, el fraude, el engaño, el abuso del poder o de una situación de vulnerabilidad, o la concesión o recepción de pagos o beneficios, con fines de explotación, venta de niños, para que ejerza la prostitución, someterlo a esclavitud sexual u otras formas de explotación sexual, obligarlo a mendigar, a realizar trabajos o servicios forzados, a la servidumbre, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud u otras formas de explotación laboral, o extracción o tráfico de órganos o tejidos humanos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años.
BRAMONT-ARIAS TORRES, Luis Alberto y María del Carmen GARCÍA CANTIZANO. Op.cit., p.260. Ibíd., p.261.
...permite también la punición de conductas que no impliquen un contacto corporal directo con la víctima. Se amplían las formas de comisión al contemplar no solo la imposición de realización de actos a una persona, sino la posibilidad de imponer la ejecución de estos a otra persona sobre sí o sobre un tercero.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...cuando se trata de delitos de libertad sexual e indemnidad sexual se deja de lado la publicidad y en algunos casos se prohíbe la confrontación.
La captación, transporte, traslado, acogida, recepción o retención de niño, niña o adolescente con fines de explotación se considerará trata de personas incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios señalados en el párrafo anterior.” “Artículo 153-A.Formas agravadas de la Trata de Personas La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años de pena privativa de libertad e inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 3, 4 y 5 del Código Penal, cuando: 1. El agente comete el hecho abusando del ejercicio de la función pública; 2. El agente es promotor, integrante o representante de una organización social, tutelar o empresarial, que aprovecha de esta condición y actividades para perpetrar este delito; 3. Exista pluralidad de víctimas; 4. La víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad o es incapaz; 5. El agente es cónyuge, conviviente, adoptante, tutor, curador, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o tiene a la víctima a su cuidado por cualquier motivo o habitan en el mismo hogar. 6. El hecho es cometido por dos o más personas. La pena será privativa de libertad no menor de 25 años, cuando: 1. Se produzca la muerte, lesión grave o se ponga en inminente peligro la vida y la seguridad de la víctima. 2. La víctima es menor de catorce años de edad o padece, temporal o permanentemente, de alguna discapacidad física o mental. 3. El agente es parte de una organización criminal.”
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“Artículo 177.Formas agravadas En los casos de los artículos 170, 171, 174, 175, 176 y 176-A, si los actos cometidos causan la muerte de la víctima o le producen lesión grave, y el agente pudo prever este resultado o si procedió con crueldad, la pena privativa de libertad será respectivamente no menor de veinte ni mayor de veinticinco años, ni menor de diez ni mayor de veinte años. De presentarse las mencionadas circunstancias agravantes en el caso del artículo 172, la pena privativa de la libertad será respectivamente no menor de treinta años, ni menor de veinticinco ni mayor de treinta años para el supuesto contemplado en su primer párrafo; y de cadena perpetua y no menor de treinta años, para el supuesto contemplado en su segundo párrafo.” “En los casos de los delitos previstos en los artículos 173, 173-A y 176-A, cuando el agente sea el padre o la madre, tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5) del artículo 36.”(*) “Artículo 181-A.Explotación sexual comercial infantil y adolescente en ámbito del turismo El que promueve, publicita, favorece o facilita la explotación sexual comercial en el ámbito del turismo, a través de cualquier medio escrito, folleto, impreso, visual, audible, electrónico, magnético o a través de Internet, con el objeto de ofrecer relaciones sexuales de carácter comercial de personas de catorce (14) y menos de dieciocho (18) años de edad será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro (4) ni mayor de ocho (8) años. Si la víctima es menor de catorce años, el agente, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de seis (6) ni mayor de ocho (8) años. El agente también será sancionado con inhabilitación conforme al artículo 36 incisos 1, 2, 4 y 5.
Se busca evitar que la situación psicológica y emocional en la que se encuentra el niño, niña y adolescente se vea más afectada. Se prohíbe la reconstrucción del delito sexual con menores de edad.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes De haberse acreditado la comisión del delito deberá dictar medidas de protección, que se dictan sin escuchar a la otra parte. La ley Nº 27982 permite el retiro del agresor del domicilio y la suspensión temporal de visitas a solicitud de la víctima o de oficio. El inciso 3 del artículo 3 de la Ley Nº 27115 precisa la importancia de tener en cuenta el estado psicológico en el que se encuentra la víctima...
Será no menor de ocho (8) ni mayor de diez (10) años de pena privativa de la libertad cuando ha sido cometido por autoridad pública, sus ascendientes, maestro o persona que ha tenido a su cuidado por cualquier título a la víctima.” “Artículo 181-B.Formas agravadas En los casos de los delitos previstos en los artículos 179, 181 y 181-A, cuando el agente sea el padre o la madre, el tutor o curador, en la sentencia se impondrá, además de la pena privativa de libertad que corresponda, la pena accesoria de inhabilitación a que se refiere el numeral 5) del artículo 36.”(*) “Artículo 182-A.Publicación en los medios de comunicación sobre delitos de libertad sexual a menores Los gerentes o responsables de las publicaciones o ediciones a transmitirse a través de los medios de comunicación masivos que publiciten la prostitución infantil, el turismo sexual infantil o la trata de menores de dieciocho años de edad serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años. El agente también será sancionado con inhabilitación conforme al inciso 4 del artículo 36 y con trescientos sesenta días multa.”(*) “Artículo 183-A.Pornografía infantil El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por cualquier medio incluido la internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa. Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos sesenta y cinco días multa.
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Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173, o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años. De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 5.”
2.4 Código Procesal Penal (NCPP)
En el Derecho Penal se describe la conducta y el castigo para ella, mientras que en el Derecho Procesal Penal se investiga si hubo conducta, quien fue el autor, cuáles fueron los móviles. También se determina si el sujeto merece una sanción y, qué tipo de sanción es la que merece. El principio acusatorio garantista es uno de los pilares rectores en el Nuevo Código Procesal Penal y tiene su máxima expresión en la fase de juzgamiento en la que las partes, imputado y agraviado, deben intervenir en igual condición de armas. Es decir, deben tener idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación. Sin embargo, cuando se trata de delitos de libertad sexual e indemnidad sexual se deja de lado la publicidad y en algunos casos se prohíbe la confrontación. El legislador también ha previsto diversas medidas de seguridad dirigidas a los policías, fiscales y jueces con el fin de impedir que las víctimas menores de edad sean expuestas a un proceso de victimización secundaria en la etapa probatoria. Se busca evitar que la situación psicológica y emocional en la que se encuentra el niño, niña y adolescente se vea más afectada. Se prohíbe la reconstrucción del delito sexual con menores de edad59. “La acusación fiscal y el proceso judicial de los delitos contra la libertad sexual serán reservados, preservándose la identidad de la víctima
Artículo 146º del Código de Procedimientos Penales.
...que la confrontación solo procederá en los casos en que la víctima lo solicite.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes En las diligencias de inspección judicial y reconstrucción no se exigirá la concurrencia de los menores agraviados por delitos contra la libertad sexual, o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su participación.
bajo responsabilidad del funcionario o magistrado que lleva la causa”60. Asimismo, el artículo 218 inciso 1del Código Procesal Penal establece la reserva absoluta de las actuaciones judiciales en todas las etapas del proceso. Esto implica que los órganos jurisdiccionales y los órganos auxiliares (PNP e IML) tienen la obligación de ocultar los nombres de la víctima y todos los datos que hagan posible detectar su identidad personal. Por ejemplo, el revelar el nombre de los padres o el domicilio. Al Fiscal de Familia le corresponde intervenir de oficio cuando se presentan indicios de la comisión del delito de violación sexual. Debe disponer que se actúen los medios probatorios necesarios, como solicitar al Instituto de Medicina Legal la pericia psicológica y física61. “El examen médico legal será practicado, previo consentimiento de la víctima, exclusivamente por el médico encargado del servicio con la asistencia de un profesional auxiliar. Se permitirá la presencia de otras personas previo consentimiento de la víctima”62. “El Fiscal de Familia debe intervenir desde la etapa inicial, en toda clase de procedimientos policiales y judiciales en resguardo y protección de los derechos del niño y del adolescente. Es obligatoria su presencia en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños y adolescentes, ante la policía, bajo sanción de nulidad y responsabilidad funcional. En este caso ordena la evaluación clínica y psicológica de la víctima por personal especializado y concluida dicha evaluación remite al Fiscal Provincial Penal de turno un informe, el acta que contiene el interrogatorio de la víctima y los resultados de la evaluación. Durante la
Ley Nº 27115, artículo 3 inciso 1: La investigación preliminar, la acusación fiscal y el proceso judicial de los delitos contra la libertad sexual serán reservados, preservándose la identidad de la víctima bajo responsabilidad del funcionario o magistrado que lleva la causa. El artículo 144 del Código de Niños, Niñas y Adolescentes establece que es obligatoria la presencia del Fiscal de Familia ante la policía en las declaraciones que se actúen en casos de violencia sexual contra niños o adolescentes y responsabilidad funcional. Ley Nº 27115, artículo 3 inciso 2.
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declaración de la víctima podrá participar cualquiera de los padres o la persona que tenga bajo su tutela al menor, siempre que no fueran éstos los denunciados. Si los padres o la persona que tiene bajo su tutela al menor no pudieran participar, podrán designar una persona que los represente”63. De haberse acreditado la comisión del delito deberá dictar medidas de protección, que se dictan sin escuchar a la otra parte. La ley Nº 27982 permite el retiro del agresor del domicilio y la suspensión temporal de visitas a solicitud de la víctima o de oficio. El inciso 3 del artículo 3 de la Ley Nº 27115 precisa la importancia de tener en cuenta el estado psicológico en el que se encuentra la víctima: “Los representantes del Ministerio Público y magistrados del Poder Judicial adoptarán las medidas necesarias para que la actuación de pruebas se practique teniendo en cuenta el estado físico y emocional de la víctima. Los órganos jurisdiccionales auxiliares adecuarán sus procedimientos a efectos de cumplir con esta disposición”. En este escenario no sólo es de vital importancia la presencia de los abogados defensores, sino también la de los padres o de otros familiares o personas cercanas con las que el menor de edad siente confianza. En consideración a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el niño, niña y adolescente respecto del presunto agresor, el careo puede ocasionarle traumas psicológicos. El artículo 143 segundo párrafo del Código Procesal Penal establece que la confrontación solo procederá en los casos en que la víctima lo solicite. “Las normas procesales pretenden, en primer lugar, proteger al menor de una posible victimización terciaria; y, por ello, impide la publicidad y modulan determinados actos de investigación y de prueba, al restringir, por ejemplo, la posibilidad de ser careado con el imputado y al exigir el interrogatorio
Artículo 168º del Código de Niños, Niñas y Adolescentes.
El fiscal o el juez, según el caso, pueden dictar de oficio o a instancia de las partes, según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Una vez finalizado el proceso, siempre que se estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave, el Fiscal decidirá sobre la continuación de las medidas de protección...
indirecto, a través del juez, e incluso declarar frente al imputado. En segundo, condiciona las diligencias de instrucción y plenarias a su estado de salud psicológica, permite la presencia de un familiar y la concurrencia de un perito psicológico cuando debe intervenir en acto policial, fiscal o judicial. En tercero, configura medidas instrumentales restrictivas de derechos que incluso pueden comprenderlo (es el caso de pruebas genéticas, revisiones íntimas). En cuarto, introduce medidas de protección de diversa índole”64. Con la entrada en vigencia del Nuevo Código Procesal Penal65 las etapas del proceso fueron modificadas. Ya no se considera la etapa de instrucción o investigación judicial sino que se establece la investigación preparatoria, a cargo del Ministerio Público. Así, el fiscal investiga, y en caso considere que existe delito en los hechos analizados podrá solicitar una sanción, es decir, podrá formular acusación. Esto permitirá poner fin a la sobreposición de investigaciones que se daba, donde el fiscal y el juez investigaban un mismo caso.
2.5 Especialidades Procedimentales en los Delitos de Violencia Sexual
El artículo 182º inciso 3 denomina careo a la confrontación y establece que no procede el careo entre el imputado y la víctima menor de catorce años de edad, salvo que quien lo represente o su defensa lo solicite expresamente. El Artículo 171º inciso 3 establece que cuando deba recibirse testimonio de menores y de personas que hayan resultado víctimas de hechos que las
Banco Mundial. Proyecto de Mejoramiento de los Servicios de Justicia. Op.cit., p. 33. Mediante Decreto Legislativo Nº 957, el Nuevo Código Procesal Penal entró en vigencia el 1 de julio del 2006 en el distrito judicial de Huaura. El Decreto Legislativo Nº 958 regula el procedimiento para la implementación y transitoriedad del nuevo código promulgado. Este código se encuentra vigente en los distritos judiciales de Huaura, La Libertad, Arequipa, Moquegua, Tacna, Tumbes, Piura, Lambayeque, Cusco, Puno, Madre de Dios, Ica, Cañete, Amazonas, Cajamarca y San Martín. Su implementación en Ayacucho, Huancavelica y Apurímac se programó a partir de abril del 2011 y en octubre del mismo año se hará lo propio en Huánuco, Pasco y Junín. En tanto en el 2012, el Código entrará en vigencia en Ucayali, Loreto, Lima, Lima Norte y Callao.
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han afectado psicológicamente, se podrá disponer su recepción en privado. Si el testimonio no se actuó bajo las reglas de la prueba anticipada, el juez adoptará medidas necesarias para garantizar la integridad emocional del testigo y dispondrá la intervención de un perito psicológico, que llevará a cabo el interrogatorio propuesto por las partes. Igualmente, permitirá la asistencia de un familiar del testigo66. En las diligencias de inspección judicial y reconstrucción no se exigirá la concurrencia de los menores agraviados por delitos contra la libertad sexual, o de las víctimas que pueden ser afectadas psicológicamente con su participación (artículo 194º inciso 3). Respecto al examen corporal de personas no inculpadas, el artículo 212 inciso 1 establece que éstas pueden ser examinadas sin su consentimiento, solo en consideración de testigos, siempre que deba ser constatado, para el esclarecimiento de los hechos, si se encuentra en su cuerpo determinada huella o secuela del delito. Los exámenes o extracciones de análisis sanguíneos pueden ser rehusados por los mismos motivos que el testimonio. Si se trata de menores de edad o incapaces, decide su representante legal, salvo que esté inhabilitado para hacerlo por ser imputado en el delito, en cuyo caso decide el juez (artículo 212 inciso 3).
2.5.1 Medidas de Protección
Son medidas de urgencia o satisfactorias, cuyo objetivo es proteger a la víctima de maltrato físico, psicológico o sexual, ante una amenaza o violación de derechos fundamentales. Constituyen un requerimiento urgente de fuerte probabilidad del derecho invocado, se dictan sin escuchar a la otra
Le corresponde al juez de la investigación preparatoria realizar los actos de prueba anticipada (artículo 323 inciso 2). En el Nuevo Código Procesal Penal le corresponde al juez de la investigación preparatoria servir de apoyo al fiscal en la etapa de investigación. Éste juez cumple diversas funciones que se diferencian de la labor del juez de la etapa de juzgamiento.
Las medidas de suspensión preventiva de derechos las puede dictar el juez a pedido del fiscal, cuando se trata de delitos sancionados con pena de inhabilitación...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La Cámara de Gessel se utiliza en casos de violaciones sexuales infantiles, para que el menor de edad relate lo sucedido ante un psicólogo infantil.
parte, la resolución se ejecuta inmediatamente, y el derecho a la contradicción se difiere o posterga al proceso judicial. Son aplicables a quienes en calidad de testigos, peritos, agraviados o colaboradores intervengan en los procesos penales. Para que estas medidas se dicten el fiscal de la investigación preparatoria o el juez deben apreciar racionalmente un peligro grave para la persona, la libertad o los bienes de quien pretenda ampararse en ellas, su cónyuge o su conviviente, o sus ascendientes, descendientes o hermanos. El fiscal o el juez, según el caso, pueden dictar de oficio o a instancia de las partes, según el grado de riesgo o peligro, las medidas necesarias para preservar la identidad del protegido, su domicilio, profesión y lugar de trabajo, sin perjuicio de la acción de contradicción que asista al imputado (artículo 248º inciso 1). Las medidas de protección que pueden adoptarse son las siguientes: a. Protección policial. b. Cambio de residencia. c. Ocultación de su paradero. d. Reserva de su identidad y demás datos personales en las diligencias que se practiquen, y cualquier otro dato que pueda servir para su identificación, pudiéndose utilizar para ésta un número o cualquier otra clave. e. Utilización de cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal en las diligencias que se practiquen. f. Fijación como domicilio, a efectos de citaciones y notificaciones, la sede de la Fiscalía competente, desde la cual se las hará llegar reservadamente a su destinatario. Una vez finalizado el proceso, siempre que se estime que se mantiene la circunstancia de peligro grave, el Fiscal decidirá sobre la continuación de las medidas de protección (artículo 249 inciso 2).
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El juez de la etapa de juzgamiento puede variar las medidas de protección dictadas por el fiscal o el juez de la investigación preparatoria. El artículo 250 inc. 1 establece que el órgano judicial competente para el juicio se pronunciará motivadamente sobre la procedencia de mantener, modificar o suprimir todas o algunas de las medidas de protección adoptadas durante las etapas de la investigación preparatoria o intermedia, así como ver si proceden otras medidas nuevas. Se debe precisar que el órgano jurisdiccional, en el mismo auto que declara la pertinencia de la prueba propuesta, y si resulta indispensable para el ejercicio del derecho de defensa, podrá facilitar el nombre y apellidos de los protegidos, respetando las restantes garantías. Las medidas de protección previstas por la Ley Nº 26260, Ley de Protección frente a la Violencia Familiar, permiten el retiro del agresor del domicilio, impedimento de acoso a la víctima, suspensión temporal de visitas, inventarios sobre bienes y otras que garanticen su integridad física, psíquica o moral. La ejecución de estas medidas se realiza a través de las comisarías de la jurisdicción del domicilio de las partes a efectos de brindar las garantías para la integridad física o impedimento de acoso de la víctima, entre otras. Las medidas de retiro del hogar son temporales. Para dictarse deben ponderarse los derechos fundamentales de la persona. La medida cautelar es solicitada con la demanda, a fin de garantizar su ejecución.
2.5.2 Suspensión Preventiva de Derechos
Las medidas de suspensión preventiva de derechos las puede dictar el juez a pedido del fiscal, cuando se trata de delitos sancionados con pena de inhabilitación, sea ésta principal o accesoria, o cuando resulte necesario para evitar la reiteración delictiva. Se requiere de dos requisitos para imponer ésta medida:
...se espera que la declaración que rindan los niños víctimas de abuso sexual se efectúe una sola vez, ante un psicólogo especializado y no varias veces como ocurre hasta ahora...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Esta cámara permite que el juez, los abogados y los peritos, puedan observar a la persona que presta su declaración sin ser vistos.
a. Se debe contar con suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o participe del mismo. b. Peligro concreto de que el imputado, en atención a las específicas modalidades y circunstancias del hecho o por sus condiciones personales, obstaculizará la averiguación de la verdad o cometerá delitos de la misma clase de aquél por el que se procede. El artículo 298 del nuevo CPP regula los tipos de medidas de suspensión preventiva de derechos que pueden imponerse. Estas medidas son cinco: a. Suspensión temporal del ejercicio de la patria potestad, tutela o curatela, según el caso. b. Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, empleo o comisión de carácter público. Esta medida no se aplicará a los cargos que provengan de elección popular. c. Prohibición temporal de ejercer actividades profesionales, comerciales o empresariales. d. Suspensión temporal de la autorización para conducir cualquier tipo de vehículo o para portar armas de fuego. e. Prohibición de aproximarse al ofendido o su familia y, en su caso, la obligación de abandonar el hogar que compartiere con aquél o la suspensión temporal de visitas.
2.6 La Cámara de Gessel
La Cámara de Gesell se utiliza en casos de violaciones sexuales infantiles, para que el menor de edad relate lo sucedido ante un psicólogo infantil. También es utilizada para las víctimas de violencia familiar, testigos de violencia y testigos que hayan sido amenazados en su integridad en razón de procesos judiciales y en casos de procesos de familia que ameriten su uso.
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Esta cámara permite que el juez, los abogados y los peritos, puedan observar a la persona que presta su declaración sin ser vistos. Se mantiene la privacidad del diálogo y así se puede analizar y preguntar en un ambiente más tranquilo y menos traumático para el menor de edad. Facilita y mejora la capacidad de expresión de la persona emisora y minimiza el riesgo de la revictimización. La Cámara de Gesell constituye un espacio específicamente diseñado y acondicionado para realizar diversas observaciones en vivo de personas interactuando en situaciones reales. Está formada por dos ambientes o habitaciones continuas y separadas por un vidrio de visión unilateral (una para observadores y otra para observados), que permite una visión unidireccional de un salón hacia el otro, para así promover y facilitar un desarrollo más natural de la actividad observada. Los principios que rigen en todo momento al utilizar las Cámaras de Gesell son: la no revictimización, el acceso a la justicia, la igualdad y el debido proceso. La finalidad de las cámaras Gesell es minimizar los efectos de la revictimización, se espera que la declaración que rindan los niños víctimas de abuso sexual se efectúe una sola vez, ante un psicólogo especializado y no varias veces como ocurre hasta ahora en varios distritos judiciales. “El equipamiento electrónico (audio y video) permite que las demás autoridades competentes del Ministerio Público, Policía Nacional o Poder Judicial puedan formular sus preguntas o dudas a través del psicólogo, lo que evitará que la víctima vuelva a repetir su versión varias veces. El doctor Gino Dávila Herrera, jefe del Instituto de Medicina Legal, manifestó que se trata de un proyecto puesto en marcha desde el año pasado que ha dado buenos resultados, por lo que se vio necesario replicarlo en otras zonas. Entre los beneficios de este sistema, mencionó que el tiempo para recopilar el testimonio sería un día y no hasta diez, y si el agresor es un
El equipamiento electrónico (audio y video) permite que las demás autoridades competentes del Ministerio Público, Policía Nacional o Poder Judicial puedan formular sus preguntas o dudas a través del psicólogo, lo que evitará que la víctima vuelva a repetir su versión varias veces.
miembro de la familia que acompaña al menor será inmediatamente detenido”. En el país existen cámaras Gesell en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Cusco, Lima y en el Callao.
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PLENO JURISDICCIONAL DE LAS SALAS PENALES PERMANENTES Y TRANSITORIAS
ACUERDO PLENARIO N° 7-2007/CJ-116 Concordancia Jurisprudencial Art. 116° TUO LOPJ ASUNTO: Violación Sexual: alcance interpretativo del artículo 173° Inc. 3 del Código Penal modificado por la Ley 28704 para la determinación judicial de la pena Lima, dieciséis de noviembre de dos mil siete.Los Vocales de lo Penal, integrantes de las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisprudencial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veintidós del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, han pronunciado el siguiente: ACUERDO PLENARIO I. ANTECEDENTES 1. Las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, con la autorización del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, acordaron realizar un Pleno Jurisdiccional de los Vocales de lo Penal, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 22° y 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 2. Para estos efectos, con carácter preparatorio, se delimitó el ámbito de las Ejecutorias Supremas que correspondían analizar y se aprobó revisar las decisiones dictadas en 2006. A continuación, el Equipo de Trabajo designado al efecto, bajo la coordinación del señor San
Martín Castro, presentó a cada Sala un conjunto de Ejecutorias que podían cumplir ese cometido. Las Salas Permanente y Transitorias, en sesiones preliminares, individual y en conjunto, resolvieron presentar al Pleno las Ejecutorias que estimaron procedentes, y que constan en las carpetas de discusión y materiales que se distribuyeron a cada uno de los señores Vocales Supremos de lo Penal. 3. En el presente caso, el Pleno decidió tomar como referencia las Ejecutorias Supremas en las que la aplicación del inciso 3) del artículo 173° del Código Penal recaía sobre imputados mayores de 18 años y menores de 21 años de edad, a quienes se les impuso penas privativas de libertad no menores de 25 años. 4. En tal virtud, se resolvió invocar el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial que, en esencia, faculta a las Salas Especializadas del Poder Judicial dictar Acuerdos Plenarios con la finalidad de concordar jurisprudencia de su especialidad. Dada la complejidad y especiales características del tema abordado, que rebasa los aspectos tratados en las Ejecutorias Supremas analizadas, se decidió redactar un Acuerdo Plenario incorporando los fundamentos jurídicos correspondientes necesarios para configurar una doctrina legal y disponer su carácter de precedente vinculante. 5. La deliberación y votación se realizó el día de la fecha. Como resultado del debate y en virtud de la votación efectuada, por unanimidad, se emitió el presente Acuerdo Plenario. Se designó como ponentes a los señores Villa Stein, Prado Saldarriaga y Lecaros Cornejo, quienes expresan el parecer del Pleno. II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1. El artículo 22°, párrafo segundo, del Código Penal excluye el efecto atenuante que dicha norma establece en su párrafo inicial, para “…el agente que haya incurrido en delito de violación de la libertad sexual, tráfico ilícito de drogas, terrorismo, terrorismo agravado, atentado
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contra la seguridad nacional y traición a la Patria u otro delito sancionado con pena privativa de libertad no menor de veinticinco años o cadena perpetua”. 2. Por otro lado, el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal incorpora una prohibición y una penalidad excesivas en relación con otros delitos similares. Es así, por ejemplo, que el delito de abuso deshonesto o actos contra el pudor de menores, tipificado en el artículo 176° A del citado Código considera atípica la realización de tales actos si hay consentimiento y el sujeto pasivo tiene catorce o más años de edad. De igual manera, el artículo 179° A del texto punitivo sólo reprime con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años, al que “… mediante una prestación económica o ventaja de cualquier naturaleza, tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías con una persona de catorce y menor de dieciocho años”. Finalmente, el artículo 175° del aludido Código sanciona con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años, a quien “…mediante engaño tiene acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introduce objetos o partes del cuero por alguna de las dos primeras vías, a una persona de catorce años y menos de dieciocho años”. 3. Al respecto, se tiene presente, como reconoce la doctrina y la jurisprudencia nacionales, el principio de proporcionalidad o de prohibición de o en exceso, incorporado positivamente en el artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal, en cuya virtud: “...la pena debe ser adecuada al daño ocasionado al agente, según el grado de culpabilidad y el perjuicio socialmente ocasionado” (FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS: Derecho Penal – Parte General, Editorial Grijley, Lima, dos mil seis, páginas ciento quince y ciento dieciséis). Por consiguiente, es función del órgano jurisdiccional ejercitar y desarrollar con mayor énfasis la proporcionalidad concreta de la pena, cuando la proporcionalidad abstracta de la misma no ha sido respetada por el legislador, dentro de las posibilidades que permite el ordenamiento jurídico en su conjunto y,
en especial, de los principios y valores que lo informan. En consecuencia, desde la perspectiva sustancial del principio de proporcionalidad, es necesario adecuar la cantidad y la calidad de la pena al daño causado a la víctima, al perjuicio que con el delito se inflige a la sociedad y al grado de culpabilidad, así como al costo social del delito [entendido en su relación con sus consecuencias sociales y para el imputado –influencia en su mundo personal, familiar y social–] (ÁLVARO PÉREZ PINZÓN: Introducción al Derecho Penal, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, dos mil cinco, páginas ciento nueve y ciento doce). 4. A la luz de los antecedentes normativos y jurisprudencia evaluados se ha demostrado que el tratamiento penal que establece el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal –incluso si se tiene en cuenta delitos de un indudable mayor contenido de injusto, tales como los delitos contra la vida– es abiertamente desproporcionado en su escala punitiva abstracta. Por consiguiente, deben explorarse y desarrollarse propuestas jurisprudenciales que permitan alcanzar desde la determinación judicial de la pena una proporcionalidad concreta, adecuada y equitativa, en base a las circunstancias particulares del caso y a las condiciones especiales de los sujetos del delito. 5. En este contexto es pertinente sostener que si el legislador reprime con penas privativas de libertad no mayores de seis años las relaciones sexuales que mantiene el agente con el sujeto pasivo cuando media para ello engaño, contraprestación económica o ventaja de cualquier naturaleza, el órgano jurisdiccional no debe tratar con mayor severidad –por lo contradictorio e implicante que ello significaría desde las propias normas penales vigentes– a quien realiza prácticas sexuales con una persona mayor de catorce años y menor de dieciocho años de edad que preste su pleno consentimiento para dicha relación sin que medie ninguna presión o vicio de conciencia. 6. Ahora bien, para una mejor determinación y justificación del tratamiento penal privilegiado del agente, en los términos anteriormente señalados, el órgano jurisdiccional debe considerar también la concu-
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rrencia en el caso sub judice, y según sus propias particularidades, de factores complementarios de atenuación como los siguientes: a. Que la diferencia entre los sujetos activo y pasivo no sea excesiva. b. Que exista entre los sujetos activo y pasivo un vínculo sentimental carente de impedimentos o tolerado socialmente. c. Que las costumbres y percepción cultural de los sujetos postule la realización de prácticas sexuales o de convivencia a temprana edad. d. La admisión o aceptación voluntaria en la causa por el sujeto activo de las prácticas sexuales realizadas. 7. Desde esta perspectiva, deberá atenuarse la pena, en los casos del artículo 173°, inciso 3), del Código Penal hasta los límites considerados para los delitos tipificados en los artículos 175° y 179° A del Código acotado que tratan de conductas semejantes, en las que incluso –como se ha indicado– median el engaño y la prestación económica como determinantes de la práctica sexual antijurídica. Por otro lado, si se asume, como corresponde, la plena vigencia de los artículos 44°, 46° y 241° del Código Civil que afirman la plena capacidad de las personas mayores de dieciocho años, que las personas mayores de dieciséis años tienen una incapacidad relativa, que la prohibición absoluta está radicada en las mujeres menores de catorce años, y que pasada esa edad esa incapacidad cesa por matrimonio, entonces, cuando la relación sexual es voluntaria y el agraviado tiene entre dieciséis y dieciocho años de edad, es aplicable el artículo 20°, inciso 10), del Código Penal –que regula la institución del consentimiento– puesto que con arreglo a lo precedentemente expuesto tiene libre disposición de su libertad sexual, al punto que la ley civil autoriza que pueda casarse. Pero si la relación sexual es voluntaria y el agraviado tiene entre catorce y dieciséis años de edad, como se ha dejado sentado y conforme a las pautas ya señaladas, se aplicará una pena acorde con lo previsto en los artículos 175° y 179° A del Código Penal. Es claro, por lo demás,
que cuando el acceso carnal con una persona entre catorce y dieciocho años de edad no es voluntario, y se hace con violencia o amenaza, aprovechando el estado de inconsciencia de la víctima o cuando esta última es incapaz, es de aplicación en toda su extensión punitiva el artículo 173°, inciso 3), del Código Penal. III. DECISIÓN 1. En atención a lo expuesto, las Salas Penales Permanente y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República, reunidas en Pleno Jurisdiccional, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 116° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial; por unanimidad. ACORDARON: 1. ESTABLECER como doctrina legal, conforme a los fundamentos jurídicos nueve al doce, los criterios para el alcance interpretativo del inciso 3) del artículo 173° del Código Penal, modificado por la Ley número 28704 en cuanto a la determinación judicial de la pena. A estos efectos, los Jueces y Salas Penales deberán tener en cuenta, obligatoriamente, los criterios indicados en dichos párrafos. 2. PRECISAR que el principio jurisprudencial que contiene la doctrina legal antes mencionada debe ser invocado por los Magistrados de todas las instancias judiciales, sin perjuicio de la excepción que estipula el segundo párrafo del artículo 22° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 3. PUBLICAR el presente Acuerdo Plenario en el Diario Oficial “El Peruano”. Hágase saber. SS. SALAS GAMBOA, SIVINA HURTADO, SAN MARTÍN CASTRO, VILLA STEIN, PRADO SALDARRIAGA, RODRÍGUEZ TINEO, LECAROS CORNEJO, VALDEZ ROCA, MOLINA ORDOÑEZ, PRÍNCIPE TRUJILLO, SANTOS PEÑA, CALDERÓN CASTILLO, ROJAS MARAVÍ, URBINA GANVINI
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Los países han venido regulando el tratamiento jurídico de la violencia sexual de diversa forma, y sus maneras de tipificar y sancionar estos delitos han ido evolucionando hasta reconocer meridianamente el derecho a ejercer la libertad sexual de cada persona y la necesidad de tutelar la protección de este derecho futuro para los menores de edad, que estando en fases de su desarrollo deben gozar de la tranquilidad y bienestar para alcanzar plenitud física, psíquica y emocional. Para lograr un mejor entendimiento de nuestro ordenamiento jurídico y aprender de lecciones internas y externas, es sumamente útil analizar las normas de los países de la región con similitudes culturales, sociales y económicas, es por ello que se ha considerado pertinente hacer un breve repaso a las legislaciones de cuatro países de la región andina: Argentina, Chile, Colombia y Ecuador para poder entender a partir de la comprensión del otro.
La legislación argentina no tiene una definición legal para el término indemnidad sexual; sin embargo, existen dos corrientes doctrinarias que desarrollan este término. La postura absoluta o tradicional reconoce el derecho a no sufrir la interferencia de terceros en cuanto al bienestar psíquico, normal y adecuado proceso de formación sexual de los menores e incapaces. Prima la protección del menor. La postura relativa resguarda el correcto proceso de formación de los menores e incapaces en materia sexual con el propósito de que una vez adultos puedan decidir en libertad su comportamiento sexual y no actúen como objetos sexuales de terceras personas. Considera que estos actos pueden ocasionar graves daños traumáticos a las víctimas. La postura relativa protege, al igual que la legislación peruana, dos bienes jurídicos, por un lado la libertad sexual propia de sujetos mayores y por otro, la indemnidad sexual para garantizar la protección de los menores e incapaces.
La postura absoluta o tradicional reconoce el derecho a no sufrir la interferencia de terceros en cuanto al bienestar psíquico, normal y adecuado proceso de formación sexual de los menores e incapaces. Prima la protección del menor. La postura relativa resguarda el correcto proceso de formación de los menores e incapaces en materia sexual con el propósito de que una vez adultos puedan decidir en libertad su comportamiento sexual y no actúen como objetos sexuales de terceras personas.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes En Argentina, la edad de consentimiento es de 13 años. A pesar del reconocimiento legal de este consentimiento, existen algunas restricciones para el sexo con adolescentes entre las edades de 13 y 16 años que proceden siempre y cuando alguien mayor de 18 años, se aprovecha de la inmadurez sexual del menor o de su propia superioridad para practicarle cualquier clase de acceso carnal.
En Argentina, la edad de consentimiento es de 13 años67. A pesar del reconocimiento legal de este consentimiento, existen algunas restricciones para el sexo con adolescentes entre las edades de 13 y 16 años68 que proceden siempre y cuando alguien mayor de 18 años, se aprovecha de la inmadurez sexual del menor o de su propia superioridad para practicarle cualquier clase de acceso carnal.
La legislación chilena incluye los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el Titulo VII Libro II del Código Penal. Los delitos sexuales son actos agresivos que atentan contra la libertad o autodeterminación sexual de
Artículo 119º del Código Penal Argentino, Ley Nº 25087: Será reprimido con reclusión o prisión de seis meses a cuatro años el que abusare sexualmente de persona de uno u otro sexo, cuando ésta fuera menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa no haya podido consentir libremente la acción. La pena será de cuatro a diez años de reclusión o prisión cuando el abuso, por su duración o circunstancias de su realización, hubiere configurado un sometimiento sexual gravemente ultrajante para la víctima. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando mediando las circunstancias del primer párrafo hubiere acceso carnal por cualquier vía. En los supuestos de los dos párrafos anteriores, la pena será de ocho a veinte años de reclusión o prisión si: a) Resultare un grave daño en la salud física o mental de la víctima, b) El hecho fuere cometido por ascendiente, descendiente, afín en línea recta, hermano, tutor, curador, ministro de algún culto reconocido o no, encargado de la educación o de la guardia, c) El autor tuviere conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual grave, y hubiere existido peligro de contagio, d) El hecho fuere cometido por dos o más personas, o con armas. e) El hecho fuere cometido por personal perteneciente a las fuerzas policiales o de seguridad, en ocasión de sus funciones. f) El hecho fuere cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo. En el supuesto del primer párrafo, la pena será de tres a diez años de reclusión o prisión si concurren las circunstancias de los incisos a), b), d), e), ó f). Artículo 120º del Código Penal Argentino: Será reprimido con prisión o reclusión de tres a seis años el que realizare algunas de las acciones previstas en el segundo o en el tercer párrafo del artículo 119 con una persona menor de dieciséis años aprovechándose de su inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima, u otra circunstancia equivalente, siempre que no resultare un delito más severamente penado. La pena será de prisión o reclusión de seis a diez años si mediare alguna de las circunstancias previstas en los incisos a), b), c), e) ó f) del cuarto párrafo del artículo 119.
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las personas o bien contra la indemnidad sexual de los menores de edad. La violencia sexual no sólo está referida a la fuerza física, sino que involucra diversas y variadas formas de coacción, agresiones y abusos en torno a la sexualidad. Implica una relación de sometimiento entre agresor y víctima, en la cual esta última rechaza implícita y explícitamente el acto sexual o bien se encuentra incapacitada para consentir por falta de discernimiento. La libertad sexual es entendida por la legislación chilena como la autodeterminación sexual. Es la libre disposición de las potencialidades sexuales, tanto en el ámbito privado como frente a terceros. También es el derecho de la persona a no verse o sentirse involucrada por otro, sin su consentimiento, en un hecho que presente un contexto sexual. La indemnidad sexual es entendida como el derecho del menor de edad, principalmente los menores de 12 años, a desarrollar su sexualidad en forma normal y natural, sin interferencias de hechos que por su naturaleza anormal pervierten, corrompen o impiden dicho desarrollo. En Chile, el consentimiento de una persona para tener relaciones sexuales, es generalmente válido desde los 14 años. El consentimiento de una persona menor de 14 años no es relevante para el ordenamiento jurídico chileno. En consecuencia la persona adulta, es decir de 18 o más años, que tiene una relación sexual con un niño de 13 o menos años, aunque el consienta en tener la relación sexual, comete el delito de violación. Los delitos sexuales, en el Código Penal Chileno, se encuentran tipificados de manera distinta a la legislación peruana. El sexo sin consentimiento, cuando medie la fuerza o la intimidación, con cualquier persona mayor de 14 años será una violación, así lo establece el artículo 361, párrafo 1, del Código Penal chileno. Cuando exista cualquier contacto sexual con una persona de menos de 14 años de edad se considera abuso sexual infantil, según lo dispuesto en el artículo 361, párrafo 3, del mismo cuerpo normativo. También existe la figura legal llamada estupro. Esta figura establece
El sexo sin consentimiento, cuando medie la fuerza o la intimidación, con cualquier persona mayor de 14 años será una violación...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...se aplica específicamente cuando el consentimiento a las relaciones sexuales con mujeres adolescentes de entre 14 y 18 años se obtiene por medio de la seducción o el engaño.
algunas restricciones a los contactos sexuales con adolescentes mayores de 14 años y menores de 18. La legislación sobre el estupro está tipificada en el artículo 363.
En el Código Penal Colombiano se tipifican una serie de conductas con el fin de proteger el bien jurídico de la libertad, integridad y formaciones sexuales. Dichos tipos penales conforman el Título IV que se encuentra conformado por cuatro capítulos. Estos se encuentran referidos a la posibilidad de ejercer la sexualidad, de manera consciente y con plenitud del consentimiento físico y psíquico. La edad de consentimiento en Colombia es de 14 años, según el artículo 208 del Código Penal Colombiano - Ley 599 de 200069. El Código Penal Colombiano siempre considera como no consentidos los abusos realizados sobre menores de 13 años, o personas privadas de sentido o que padecen de trastorno mental. Los delitos sexuales se definen como cualquier acto no querido que atente contra la indemnidad sexual de otra persona, sea cual sea el acto sexual, incluyendo el acceso carnal vaginal, anal o bucal y la penetración de objetos por las dos primeras vías, en las que no exista violencia ni intimidación, debido a que atentan contra el normal desarrollo de la sexualidad, sobre todo, tratándose de menores sin la madurez para enfrentar situaciones sexuales. Para la legislación colombiana es importante proteger la formación sexual debido a que esta necesita de un conjunto de pasos biológicos y psíquicos que deben obedecer a un patrón normal, social y médicamente adecuado.
Artículo 208 del Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000: Aquel que tenga acceso carnal con una persona menor de 14 años de edad, será encerrado en prisión por 4 (cuatro) a 8 (ocho) años.
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Con respecto a la regulación de los delitos sexuales en Ecuador, la edad de consentimiento es de 14 años, tanto para los actos heterosexuales como homosexuales, según se define en el Código Penal Ecuatoriano, Artículo 512, ítem 1, para el crimen de violación de menores, y también según el artículo 506 para el crimen de atentado contra el pudor sin violencia o amenaza. En el Código Penal Ecuatoriano se regula la figura típica del estupro, que se aplica específicamente cuando el consentimiento a las relaciones sexuales con mujeres adolescentes de entre 14 y 18 años se obtiene por medio de la seducción o el engaño. La adolescente, sin embargo, debe cumplir con la definición de “mujer honesta” para que resulte un crimen. El Código de Minoridad y Adolescencia de 2003, en su Artículo 68, amplió la definición de abuso sexual de menores para incorporar cualquier contacto físico o sugerencia de naturaleza sexual obtenida mediante la seducción, chantaje, acoso, engaño, amenaza o medidas similares
...en Ecuador, la edad de consentimiento es de 14 años, tanto para los actos heterosexuales como homosexuales, según se define en el Código Penal Ecuatoriano...
Importancia del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y el Ente Rector
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Importancia del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente y el Ente Rector70
Cada organismo y entidad con competencia para la protección y la atención integral de niñas, niños y adolescentes, está llamado por la especificidad de sus competencias y funciones, a realizar una serie de acciones que garanticen el progresivo pleno ejercicio de derechos, en condiciones de equidad y respeto integral. Para ello, es necesario establecer estrategias que articulen esfuerzos, coordinando sus actuaciones especialmente en zonas o barrios desfavorecidos, donde las niñas, los niños y adolescentes pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad. Las víctimas y sus familiares necesitan contar con la certeza que sus necesidades y demandas, ante cualquier instancia, serán atendidas bajo criterios homogéneos y acordes con el respeto a la ley y a la dignidad de las personas. Para identificar los objetivos comunes y coordinar la protección y ejercicio de derechos de la niñez y adolescencia es necesario contar con un sistema articulado y un ente rector que establezca, consensue y de seguimiento a las políticas públicas que garanticen ello, facilitando el intercambio de información, la colaboración y la asistencia recíprocas, adoptando criterios comunes de actuación, anticipándose a los problemas y desafíos. Estos requerimientos no serán posibles en tanto no se dote al Ente Rector de la capacidad humana, técnica y presupuestaria para llevarse a cabo, para llevar a cabo acciones que deben ir desde la prevención, pasando por el reconocimiento de los problemas de violencia sexual que afectan a niñas, niños y adolescentes, hasta llegar a la atención en todo aspecto
Texto escrito por Jorge Valencia Corominas y publicado por UNICEF para América Latina.
Con la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes del año de 1992, se estableció el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, el cual debería estar integrado por todas las instituciones públicas nacionales, regionales y locales que desarrollen programas dirigidos para niños y adolescentes.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...un Ente Rector del Sistema Nacional, ubicado en el más alto nivel de la estructura de Gobierno, dirigido por el mismo presidente de la República o por el presidente del Consejo de Ministros, pues estaba convencido que las políticas y los programas de atención a niños y adolescentes suponían necesariamente una dimensión especializada y un ámbito de competencia intersectorial que debería involucrar necesariamente a los sectores públicos competentes, dirigidos desde el más alto nivel de Gobierno.
que haya lastimado la vulneración sexual. Sólo así los perpetradores de estos crímenes dejarán de beneficiarse de la indebida impunidad que aún debilita al sistema y a la sociedad, a fin que las víctimas puedan obtener la justicia necesaria para reparar el daño sufrido. Para efectos de la presente investigación el desarrollo de este punto resulta de importancia, pues permite analizar el proceso de conceptualización de los derechos de los niños en la legislación nacional a partir de la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. Para la prevención y protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual es necesario articular a las instituciones públicas y privadas que integran el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, y construir el Ente Rector de dicho sistema. Con la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes del año de 1992, se estableció el Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente, el cual debería estar integrado por todas las instituciones públicas nacionales, regionales y locales que desarrollen programas dirigidos para niños y adolescentes. También incluiría la participación de organizaciones privadas, así como de organizaciones sociales de base que desarrollarían acciones. Las instituciones públicas y privadas deberían de superar la notoria escasez y dispersión de esfuerzos, la evidente insuficiencia de recursos económicos de la época y deficiencias en la calificación técnica de personal del sector público, así como la distancia existente entre el Estado y las organizaciones privadas, sociales y de base.
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El Ente Rector debería dictar las políticas de atención para la niñez y conducir la ejecución del Plan Nacional de Acción por la Infancia, que fue aprobado por el gobierno peruano el 20 de noviembre de 199271. El legislador que redactó el Código del año de 1992 visionó un Ente Rector del Sistema Nacional, ubicado en el más alto nivel de la estructura de Gobierno, dirigido por el mismo presidente de la República o por el presidente del Consejo de Ministros, pues estaba convencido que las políticas y los programas de atención a niños y adolescentes suponían necesariamente una dimensión especializada y un ámbito de competencia intersectorial que debería involucrar necesariamente a los sectores públicos competentes, dirigidos desde el más alto nivel de Gobierno. La existencia de un sistema integrado y dirigido por un Ente Rector se orientaba a superar la dispersión de esfuerzos multisectoriales y el uso distorsionado de los escasos recursos orientados para la infancia. El Ente Rector debería afrontar la tarea de la necesaria intersectorialidad de los programas a favor de niños y adolescentes a fin de poner en marcha el sistema, siendo necesario partir de la situación de cada una de las instituciones públicas relacionadas con la atención de niños y adolescentes y sus posibilidades de coordinación. Para garantizar su funcionamiento era necesario contar con el presupuesto y personal técnico idóneo y garantizar su ejecución por las autoridades gubernamentales, con canales institucionales y capacidades técnicas que los sustenten72. En lo que respecta a los sectores públicos se trataba de articular y coordinar la ejecución de planes comunes a favor de la niñez no sólo con las instancias del gobierno central, sino también con los niveles regional y
Dicho Plan Nacional fue aprobado mediante Decreto Supremo 090-92-PCM. VALENCIA COROMINAS, J., YAÑEZ MALAGA, A. y CAPUÑAY CHAVEZ, L. Los derechos del niño y el adolescente. Compilación: Código de los Niños y Adolescentes, Exposición de Motivos y Convención de los Derechos del Niño y el Adolescente. Lima: Ministerio de Justicia; Radda Barnen, 1997, p. 21.
...luego de la conclusión de los trabajos de redacción por la comisión, el proyecto de Ley elaborado no fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República por la falta de interés de las autoridades políticas...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes La Ley señaló que el Sistema de Atención Integral al Niño y el Adolescente tiene la finalidad de orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional, destinados a la atención integral de niños y adolescentes.
local. De acuerdo con el Código, para ser eficaces en el cumplimiento de su misión a nivel nacional, el sistema y el Ente Rector deberían ser descentralizados. Al respecto el artículo 31° del Código señalaba que los Gobiernos Regionales y Locales establecerían dentro de sus respectivas jurisdicciones, entidades técnicas semejantes al órgano central del sistema que tendrían a cargo la normatividad, registros, supervisión y evaluación de las acciones que desarrollen las instancias ejecutivas. El Ente Rector coordinaría con dichas entidades técnicas regionales y locales el cumplimiento de sus funciones.
5.1 Hacia la Constitución del Ente Rector del Sistema Nacional de Atención al Niño y el Adolescente
Luego que concluyó el trabajo de redacción del Código en diciembre de 1992, a principios del año 1993 se instaló en el Ministerio de Justicia una comisión73 encargada de elaborar el proyecto de la Ley Orgánica del Ente Rector. Sin embargo, luego de la conclusión de los trabajos de redacción por la comisión, el proyecto de Ley elaborado no fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República por la falta de interés de las autoridades políticas; muchos políticos de la época pensaban que era suficiente la labor que venía desarrollando el Instituto Nacional de Bienestar Familiar (INABIF)74, y por lo tanto, no era necesario incurrir en mayor gasto público para crear un Ente Rector para los niños. Debemos tener presente que el INABIF fue creado con la finalidad de realizar programas de protección, promoción del “menor” para su realización como persona útil en la sociedad y para la integración de la familia. Este órgano, eminentemente asistencialista, no podía ser el competente para el diseño de las políticas sociales sobre los derechos de los niños.
Integrada por Enriqueta González, Jorge Valencia, Ana María Yáñez, Raúl Canelo y representantes del INABIF. Fue creado mediante Decreto Legislativo N° 118 en el año 1981.
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Es recién que en el año 1995, y a partir del interés del congresista César Fernández Arce, quien se desempeñaba como presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de la República, se inició la redacción del proyecto de Ley del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, aprobado como Ley N° 26518 en el mes de agosto de 1995. La Ley señaló que el Sistema de Atención Integral al Niño y el Adolescente tiene la finalidad de orientar, integrar, estructurar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas, planes, programas y acciones a nivel nacional, destinados a la atención integral de niños y adolescentes. Se definieron como integrantes del Sistema de Atención Integral al Niño y el Adolescente a los órganos sectoriales e instituciones públicas que desarrollan programas y prestan servicios de atención al niño y al adolescente; a los gobiernos regionales, locales e instancias descentralizadas de gobierno; a las instituciones privadas, las organizaciones comunales y sociales de base que desarrollan programas y acciones dirigidos al cumplimiento de los fines del sistema; y a las instituciones privadas y las organizaciones comunales y sociales de base que lleven a cabo programas en favor de los niños y adolescentes. Se estableció al Ente Rector como el órgano central del sistema, con autonomía técnica y funcional, encargado de dirigir y formular las políticas, planes y programas sectoriales e institucionales de atención al niño y al adolescente. El directorio del Ente Rector estaba integrado por un representante del Ministerio de la Presidencia –quien lo presidía–, un representante del Ministerio de Salud, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Ministerio de Justicia, un representante del Ministerio de Trabajo, un representante del Ministerio de Economía, dos representantes de la Iglesia Católica y tres representantes de la sociedad civil. El Ente Rector contaba con una secretaría técnica de monitoreo y evaluación, como el órgano responsable de proponer, coordinar, supervisar y evaluar las políticas y programas regulares y especiales que ejecuten las instituciones públicas, privadas y las organizaciones comunales y so-
...el Ente Rector fue desintegrado e incorporado al Ministerio de la Mujer, perdiéndose una gran oportunidad para fomentar la articulación intersectorial de las instituciones públicas y privadas que desarrollaban programas para la infancia...
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes El artículo 45° del Código de los Niños y Adolescentes definió a la Defensoría del Niño y del Adolescente como un servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos locales y en las instituciones públicas y privadas, cuya finalidad es resguardar los derechos que la legislación les reconoce.
ciales de base en función de su naturaleza. También tenía a su cargo a la Secretaría Técnica de Adopciones y al Servicio de Defensorías. El Ente Rector, de corta duración en la estructura gubernamental, se constituyó como un programa presupuestal del Ministerio de la Presidencia75 que dependía directamente del Ministro de la Presidencia. Lamentablemente, con la creación del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (PROMUDEH),76 en octubre de 199677, se estableció en la primera disposición complementaria de la norma de creación, la transferencia de las funciones correspondientes del Ente Rector del Sistema de Atención Integral del Niño y el Adolescente y sus respectivas secretarías. De esta forma, el Ente Rector fue desintegrado e incorporado al Ministerio de la Mujer, perdiéndose una gran oportunidad para fomentar la articulación intersectorial de las instituciones públicas y privadas que desarrollaban programas para la infancia; y también para el diseño de las políticas sociales. La estructura funcional del Ente Rector, primero, fue reducida a una dirección general, y hoy está reducido a su mínima expresión como una Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, integrada a una Dirección General de Familia y la Comunidad. Actualmente, entre otras funciones, la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes tiene la coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y el Adolescente, de acuerdo a las funciones establecidas en el Código de los Niños y Adolescentes. Asimismo, la promoción de programas y proyectos para mejorar la calidad de vida y elevar el desarrollo humano de la niñez y adolescencia, especialmente aquellas en situación de pobreza, pobreza extrema, violencia, discriminación y exclusión social. Estas funciones dis-
Durante el primer quinquenio de la década de los años 90, el Ministerio de la Presidencia era el encargado del diseño y ejecución de las políticas sociales. Actualmente tiene el nombre de Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES). Decreto Legislativo N° 866.
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tan mucho de ser cumplidas por el minimalismo al que fue sometida la estructura funcional del Ente Rector. El espíritu de la comisión que elaboró el Código de 1992, de ubicar al Ente Rector en el más alto nivel de la estructura gubernamental, quedó finalmente aniquilado.
5.2 Las Defensorías del Niño y del Adolescente
Las experiencias78 de defensa de los derechos del niño en el Perú debían fortalecerse e institucionalizarse para extenderse a las municipalidades, escuelas, parroquias y organizaciones sociales de base y organizaciones no gubernamentales. Con la finalidad de establecer una estrategia de defensa de los derechos que la Convención y el Código reconocen a la infancia, se propuso la creación del Servicio de Defensoría. Se pensó que las defensorías deberían ubicarse en las instituciones más cercanas a la población y ofrecer servicios dirigidos a niños y adolescentes. Una de las funciones asignadas fue la de promover la conciliación extrajudicial en materias de alimentos, tenencia y régimen de visitas como una alternativa a la solución de conflictos familiares y de acceso a la justicia. Las defensorías también deberían de articularse con el sistema de administración de justicia, con los jueces y fiscales especializados en niños y adolescentes. El artículo 45° del Código de los Niños y Adolescentes definió a la Defensoría del Niño y del Adolescente como un servicio del sistema de atención integral que funciona en los gobiernos locales y en las instituciones públicas y privadas, cuya finalidad es resguardar los derechos que la legislación les reconoce. El artículo 48° otorgó funciones específicas a las defenso-
La propuesta fue presentada a la comisión por Yalile Beltrán, quien comentó sobre el desarrollo de un programa de defensoría exitoso que había promovido el Instituto Nacional de Bienestar Familiar. A esta experiencia se sumaron otras que habían sido desarrolladas por organizaciones no gubernamentales en el interior del país.
Las Defensorías se convirtieron en un primer espacio de acceso a la justicia y de atención de conflictos en materia familiar para los ciudadanos de menores recursos económicos, al afrontar y solucionar casos de alimentos, tenencia y régimen de visitas a través de actas de conciliación extrajudiciales.
Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes ...todavía no existe una visión política del Gobierno central para convertirlas en un primer espacio estratégico de intervención para la ejecución de políticas sociales sobre infancia y adolescencia desde el gobierno local.
rías, tales como: intervenir cuando los derechos del niño se encuentren en conflicto para hacer prevalecer su interés superior; promover el fortalecimiento de los lazos familiares, para lo cual podrá efectuar conciliaciones entre cónyuges, padres y familiares, fijando normas de comportamiento, alimentos y colocación familiar provisional, siempre que no existan procesos judiciales sobre estas materias; promover el reconocimiento voluntario de filiaciones; orientar programas de atención en beneficio de los niños y adolescentes que trabajan; brindar orientación multidisciplinaria y a la familia para prevenir situaciones críticas; impulsar acciones administrativas de los niños y adolescentes institucionalizados y presentar denuncias ante las autoridades competentes por faltas y delitos en agravio de los niños y adolescentes e intervenir en su defensa. A partir del año 1993, diversas organizaciones79, promovieron la creación de Defensorías del Niño y de Adolescentes en diversos espacios como municipalidades, organizaciones sociales de base, parroquias y escuelas. Las Defensorías Municipales del Niño y del Adolescente –DEMUNAS– se iniciaron en septiembre de 1993 y a fines de ese año ya se habían instalado defensorías en seis municipalidades de la ciudad de Lima80. Durante los tres primeros meses de funcionamiento, estas atendieron cien casos referidos a violaciones de los derechos de los niños. A partir de 1994 se incrementó el número de DEMUNAS en las municipalidades de Lima mientras que en provincias comenzaron a funcionar en las ciudades de Trujillo, Arequipa, Piura y Chiclayo. La estrategia al implementar las Defensorías en las municipalidades81, fue que estos órganos de gobierno local podían garantizar su sostenibilidad con la infraestructura existente y asegurar los recursos humanos necesarios.
Tales como Radda Barnen de Suecia (actualmente Save The Chidren) y UNICEF Perú Distritos de San Borja, San Luis, Miraflores, Chorrillos, San Juan de Lurigancho y Cercado. Provinciales y distritales.
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Las Defensorías se convirtieron en un primer espacio de acceso a la justicia y de atención de conflictos en materia familiar para los ciudadanos de menores recursos económicos, al afrontar y solucionar casos de alimentos, tenencia y régimen de visitas a través de actas de conciliación extrajudiciales. En 1998, la Ley N° 2700782 dispuso que las Defensorías debidamente autorizadas por el Ministerio de la Mujer realicen conciliaciones extrajudiciales sobre derechos disponibles83, y que las actas suscritas ante ellas tengan título de ejecución84. También se constituyeron en un espacio estratégico para la ejecución de programas sociales para niños y adolescentes. Sin embargo, todavía no existe una visión política del Gobierno central para convertirlas en un primer espacio estratégico de intervención para la ejecución de políticas sociales sobre infancia y adolescencia desde el gobierno local. Las DEMUNAS en la actualidad tienen problemas por la permanente rotación del personal municipal, que muchas veces es capacitado por el Ministerio de la Mujer o por organizaciones de cooperación y luego es transferido a otras unidades del municipio. La mayoría reciben poco apoyo y los recursos presupuestarios que les son asignados son generalmente muy reducidos. En un documento85 preparado por la Defensoría del Pueblo que analizó la intervención de algunas DEMUNAS en los casos de castigo físico contra niños, niñas y adolescentes, el 84% de los entrevistados86 –jefes o responsables– señalaron que no cuentan con el apoyo de las municipalidades, y el 81% señaló que no había recibido capacitación en torno a la protección de los derechos de los niños frente a actos de castigo físico.
Del 2 de diciembre de 1998. Alimentos, Tenencia y Régimen de Visitas. Según el Código Procesal Penal, constituyen instrumentos que tienen Titulo de Ejecución: las sentencias, los laudos arbitrales y los demás que señale la Ley. Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo contra el Castigo Físico y Humillante a Niños, Niñas y Adolescentes. Lima, 2009. Se entrevistó a 36 jefes o responsables de DEMUNAS.
Defensa: se realiza a través de la atención de casos, vale decir, el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o vulneración de un derecho restituido.
Según la Guía de Procedimientos para la Atención de Casos en las Defensorías,87 estas intervienen en asuntos de su competencia a través de los siguientes ejes: a. Promoción: es el despliegue de acciones planificadas, orientadas a cambiar la forma de pensar y actuar de las personas en torno a los derechos de la niñez y a la adolescencia a fin de lograr su cumplimiento. b. Defensa: se realiza a través de la atención de casos, vale decir, el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o vulneración de un derecho restituido. c. Vigilancia: acciones orientadas a que las Defensorías del Niño y del Adolescente, conjuntamente con la población organizada, exijan el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y de los servicios dirigidos a los mismos.
Resolución Ministerial 66-2006-MIMDES.
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Decreto Supremo publicado en el Diario El Peruano el miércoles 19 de octubre de 2011, aprobando Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011 – 2016
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Instituciones y Normas Legales sobre Violencia Sexual referidas a Niños, Niñas y Adolescentes Se terminó de imprimir en diciembre de 2012 en los talleres gráficos de SINCO editores Jr. Huaraz 449 - Breña • Teléfono 433-5974 sincoeditores@yahoo.com
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