Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDD200805200016.CODI.%29
Timestamp: 2019-11-20 12:27:00+00:00

Document:
BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 16, de 20/05/2008
158/000003 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para el análisis de la situación de los jóvenes españoles, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso... (Página 7)
299/000002 Personal eventual al servicio de los miembros de la Mesa del Congreso de los Diputados. Nombramiento... (Página 8)
Nombramientos... (Página 8)
161/000075 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, de medidas para avanzar en la aconfesionalidad del Estado... (Página 9)
161/000068 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de la población Bubi (Guinea Ecuatorial)... (Página 10)
161/000070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre el cierre de los centros de detención ilegales de Estados Unidos, y en especial el de la bahía de Guantánamo... (Página 11)
161/000084 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de los derechos humanos en Colombia... (Página 12)
161/000086 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre solicitud del cese del Fiscal General del Estado... (Página 15)
161/000066 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre moratoria de uso de uranio empobrecido y otras medidas... (Página 16)
161/000076 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas... (Página 18)
161/000077 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la prohibición de las bombas de racimo... (Página 19)
161/000080 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la cesión de uso de terrenos del Ministerio de Defensa en la ciudad de Barcelona... (Página 20)
161/000062 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia...
161/000064 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modificación del Plan Director del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia... (Página 22)
161/000065 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la necesidad de revisar el Real Decreto 503/2007 por el que se reforma el Reglamento que regula la prestación de servicios de Correos en lo concerniente al reparto postal en ámbitos rurales...
161/000063 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la situación de la población inmigrante indocumentada con orden de expulsión que no se puede ejecutar... (Página 23)
161/000069 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre estudio de las consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores con jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y sus medidas compensatorias... (Página 25)
161/000078 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización...
161/000083 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre medidas para proteger al consumidor frente a la supresión de la tarifa eléctrica nocturna... (Página 27)
161/000081 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a medidas para mejorar los criterios de distribución de la cuota láctea en el Estado español... (Página 28)
161/000082 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre la prohibición de la fabricación y comercialización de cualquier producto derivado de las focas... (Página 29)
161/000087 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos... (Página 30)
161/000088 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la aplicación del artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local para que el Gobierno disuelva las corporaciones locales gobernadas por Acción Nacionalista Vasca... (Página 31)
161/000071 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre organigrama y políticas del Instituto Cervantes y los Centros Culturales... (Página 32)
161/000067 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, sobre accesibilidad en los trenes y demás transportes públicos... (Página 33)
181/000016 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Ingenieros (RING-8), en Melilla... (Página 34)
181/000017 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Caballería, en Melilla...
181/000018 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Artillería Antiaérea (RCAC 10), en Melilla... (Página 34)
181/000019 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Artillería de Campaña número 32 (RAC-32), en Melilla... (Página 35)
181/000020 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Regulares (GRM-52), en Melilla... (Página 35)
181/000021 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán durante el período 2008 a 2011 en el Tercio Gran Capitán I, de la Legión, en Melilla... (Página 35)
181/000022 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos a fecha 15/04/2008 que tiene en Melilla el Batallón del Cuartel General... (Página 35)
181/000023 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos a fecha 15/04/2008 que tiene la Compañía de Mar de Melilla... (Página 35)
181/000024 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos a fecha 15/04/2008 que tiene la ULOG-24, en Melilla... (Página 35)
181/000025 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de compañías que componen el Regimiento de Caballería en Melilla a fecha 15/04/2008, así como de efectivos que componen dicho regimiento... (Página 36)
181/000026 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de compañías que componen el Regimiento de Ingenieros (RING-8) en Melilla a fecha 15/04/2008, así como de efectivos que componen dicho regimiento... (Página 36)
181/000027 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de compañías que componen el Regimiento de Artillería (RCAC 10) en Melilla a fecha 15/04/2008, así como de efectivos que componen dicho regimiento... (Página 36)
181/000028 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de compañías que componen el Regimiento de Artillería de Campaña número 32 en Melilla a fecha 15/04/2008, así como de efectivos que componen dicho regimiento... (Página 36)
181/000029 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de tabores de Regulares y de compañías y regulares que los componen en Melilla a fecha 15/04/2008... (Página 36)
181/000030 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de banderas de la Legión y compañías que las componen en Melilla a fecha 15/04/2008... (Página 36)
181/000031 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares que componen la Compañía de Mar en Melilla a fecha 15/04/2008... (Página 37)
181/000032 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares que componen la ULOG-24 en Melilla a fecha 15/04/2008... (Página 37)
181/000033 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares que componían el Batallón del Cuartel General en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 37)
181/000034 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares que componían la Compañía de Mar en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 37)
181/000035 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares que componían la ULOG-24 en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 37)
181/000036 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares de batallones y de compañías que componían el Regimiento de Caballería en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 37)
181/000037 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares, de batallones y de compañías que componían el Regimiento de Ingenieros (RING-8) en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 38)
181/000038 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre reducción de tabores o de compañías y de efectivos que ha tenido Regulares en Melilla entre el 01/07/2004 y el 15/04/2008...
181/000039 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de tabores de Regulares, de compañías y regulares que los componían en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 38)
181/000040 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre reducción de banderas, de compañías y de efectivos que ha tenido la Legión en Melilla entre el 01/07/2004 y el 15/04/2008...
181/000042 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares, de batallones y de compañías que componían el Regimiento de Artillería (RCAC número 10) en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 38)
181/000043 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos militares, de batallones y de compañías que componían el Regimiento de Artillería de Campaña número 32 en Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 38)
181/000044 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de banderas de la Legión y de compañías y legionarios que las componían en Melilla a fecha 01/07/2004 ... (Página 39)
181/000045 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de efectivos del Ejército que se encontraban destinados en Melilla a fecha 01/07/2004. ... (Página 39)
181/000046 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre Unidades del Ejército que se encontraban establecidas en la ciudad de Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 39)
181/000047 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de Unidades del Ejército que se encontraban establecidas en la ciudad de Melilla a fecha 01/07/2004... (Página 39)
181/000048 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre reducción de efectivos del Ejército en Melilla entre el año 2004 y el primer trimestre de 2008... (Página 39)
181/000049 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán en la Compañía de Mar, en Melilla, entre 2008 y 2011... (Página 39)
181/000050 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán en la ULOG-24, en Melilla, entre 2008 y 2011... (Página 40)
181/000051 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gutiérrez Molina (GP), sobre número de jefes, oficiales y suboficiales que se reducirán en el Cuartel General, en Melilla, entre 2008 y 2011 ...
181/000005 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la circunvalación norte en Ourense... (Página 40)
181/000006 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para el inicio de las obras de la circunvalación norte en Ourense... (Página 40)
181/000007 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la autovía Ourense-Lugo... (Página 40)
181/000008 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad entre Lugo y Ourense... (Página 40)
181/000009 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para el inicio de las obras de la autovía Lugo-Ourense... (Página 41)
181/000010 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Ourense y Lugo.... (Página 41)
181/000011 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Ourense y Vigo... (Página 41)
181/000012 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad entre Vigo y Ourense... (Página 41)
181/000013 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad entre Lubián y Ourense... (Página 41)
181/000014 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre fecha prevista para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Ourense... (Página 41)
181/000015 Pregunta formulada por el Diputado don Celso Luis Delgado Arce (GP), sobre medidas que adoptará ADIF para que no se vuelvan a producir vertidos de gasoil desde sus depósitos, en Ourense al río Miño... (Página 42)
181/000052 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre valoración de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia... (Página 42)
181/000053 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre número de empleos creados desde que se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y distribución de los mismos... (Página 42)
181/000054 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre número de plazas nuevas y centros residenciales públicos creados desde la entrada en vigor de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia... (Página 42)
181/000055 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre fecha prevista para aprobar la normativa reglamentaria que desarrolla la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia... (Página 42)
181/000056 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Barrachina Ros (GP), sobre número de cuidadores familiares dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde que se aprobó la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como el coste asumido por el Estado y su distribución por Comunidades Autónomas... (Página 42)
181/000001 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre medidas en relación con la tragedia ocurrida en Myanmar tras el paso del ciclón Nargis... (Página 43)
181/000002 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre cantidad que va a destinar la Agencia Española de Cooperación Internacional a Myanmar en ayuda humanitaria para paliar los efectos del ciclón Nargis... (Página 43)
181/000003 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre Ministerios y cantidades con las que van a participar en las tareas de ayuda humanitaria tras el paso del ciclón Nargis por Myanmar...
181/000004 Pregunta formulada por el Diputado don Gonzalo Robles Orozco (GP), sobre previsiones acerca de que la Agencia Española de Cooperación Internacional destine otro tipo de Ayuda Oficial al Desarrollo a Myanmar, aparte de la ayuda humanitaria, tras el paso del ciclón Nargis... (Página 43)
158/000003
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para el análisis de la situación de los jóvenes españoles.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, sobre el procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones, en el seno de las Comisiones de la Cámara, de fecha 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, tiene el honor de solicitar la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para el análisis de la situación de los jóvenes españoles.
En España existen 8.071.800 jóvenes entre 16 y 29 años, lo que supone un 20% de la población total. Los jóvenes españoles representan el presente y el futuro de nuestro país. Por ello, los poderes públicos, las instituciones y los partidos políticos no pueden pasar por alto los problemas que afectan a este colectivo tan importante de nuestra sociedad.
Las principales preocupaciones de la juventud española, de hoy en día, están relacionadas con el empleo, la formación, la vivienda, las enfermedades, las drogas, el alcohol, la exclusión y la integración social.
La crisis económica que atraviesa nuestro país también afecta muy de cerca al colectivo de la juventud que ha sufrido el incremento de paro de los últimos meses y que cada vez tiene mayores dificultades para acceder a una vivienda y obtener una hipoteca.
El Grupo Parlamentario Popular es consciente de la importancia de las políticas de juventud y por ello considera conveniente crear un espacio en el Congreso de los Diputados para el análisis de los problemas de la juventud española, donde puedan comparecer expertos, y se puedan plantear soluciones a problemas como el empleo o la vivienda.
La única experiencia similar en el Congreso fue la Subcomisión relativa a la formación, inserción laboral y acceso a la vivienda de la juventud española que se creó en el año 1996, durante el Gobierno del Partido Popular, donde comparecieron numerosos expertos y se redactó un dictamen con propuestas como resultado de los trabajos realizados.
En la Legislatura pasada, el Grupo Parlamentario Popular, manteniendo su compromiso con los jóvenes, presentó la solicitud de creación de una subcomisión para el estudio de las cuestiones relativas a la problemática juvenil en los diversos ámbitos. Sin embargo, esta subcomisión nunca se llegó a poner en marcha.
En esta Legislatura el Grupo Parlamentario Popular sigue insistiendo en la importancia de las políticas de juventud y en la necesidad de crear un espacio de debate de las políticas que afectan a los jóvenes en el Parlamento.
En consecuencia de todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, solicita la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para estudiar la situación de la juventud española y proponer medidas que aporten soluciones efectivas a sus problemas.
La Subcomisión emitirá un dictamen con propuestas en el plazo de dos periodos de sesiones, con los resultados de sus trabajos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-Soraya Sáez de Santamaría Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 8 de mayo de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Adriana Bonezzi Pérez, a propuesta de la Excma. Sra. doña Ana Pastor Julián, con efectos de 8 de mayo de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Secretaria de la Vicepresidencia Segunda del Congreso de los Diputados.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 8 de mayo de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a petición del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 8 de mayo de 2008, de doña Margarita María Cazenave Zarandona como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de mayo de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien disponer el cese, a petición del Excmo. Sr. don José Luis Ayllón Manso, con efectos de 11 de mayo de 2008, de don Antonio Manuel López Polo, como personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2008.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 9 de mayo de 2008 el Excmo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Margarita María Cazenave Zarandona, a propuesta del Excmo. Sr. don Jesús María Posada Moreno, con efectos de 9 de mayo de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Presupuestos.
De conformidad con lo dispuesto en artículo 2.º del Estatuto del Personal de las Cortes Generales, con fecha 8 de mayo de 2008 e1 Excmo. Sr.
Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido bien nombrar a doña Fidela Sara Díaz Hernández, a propuesta del Excmo. Sr. don Gaspar Llamazares Trigo con efectos de 7 de mayo de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Sanidad y Consumo.
Sr. Presidente del Congreso de los Diputados ha tenido a bien nombrar a doña Judit Vila Vilalta, a propuesta del Excmo. Sr. don Pere Macias Arau, con efectos de 9 de mayo de 2008 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención del Presidente de la Comisión de Vivienda.
Proposición no de Ley de medidas para avanzar en la aconfesionalidad del Estado.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en la Comisión Constitucional, y entendiendo que en el apartado 3 se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión Constitucional.
Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, de medidas para avanzar en la aconfesionalidad del Estado para su debate en la Comisión Constitucional.
El artículo 16.3 de la Constitución Española afirma que "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". Ese mismo artículo especifica que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y que en virtud de ello se "mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia Católica y las demás confesiones". No obstante, estas relaciones no están suficientemente acotadas respecto a la acción de los poderes públicos y se dan casos en que se pone en entredicho la aconfesionalidad del Estado (sin ir más lejos el protocolo de promesa o juramento del cargo de los Ministros se hace delante de una Biblia y un crucifijo). Es pues necesario garantizar el cumplimiento de la aconfesionalidad del Estado, acotando y complementando la legislación vigente.
En este sentido, la presente iniciativa pretende acotar el significado de cooperación con las religiones para que esta fórmula no sea tan ambigua como para permitir por parte de las instituciones y servicios públicos del Estado una promoción de ellas, porque ésta lesiona los derechos de las personas con concepciones religiosas diferentes, laicas o ateas.
Desde este punto de vista, las instituciones públicas o sus miembros cuando actúen como tal no pueden realizar o participar en ritos religiosos ni hacer apología mediante símbolos o declaraciones.
Por otro lado, el Estado no puede establecer ningún tipo de discriminación positiva en la legislación ni permitir actividades o difusión de signo religioso desde su esfera pública. El Estado debe dejar esta responsabilidad en manos de las diferentes organizaciones religiosas, sin menoscabar por ello que en virtud de la cooperación que establece la Constitución Española se colabore con éstas -como con otras organizaciones de diferente signo- en el ámbito de su actividad, siempre que no comprometa la laicidad del Estado.
1. Garantizar la neutralidad religiosa de las instituciones y servicios públicos del Estado, evitando en su actividad la promoción de cualquier creencia o acción religiosa mediante símbolos, documentos o cualquier otro medio.
2. Revisar, en el marco de la presente legislatura, los acuerdos suscritos por el Estado con las diferentes confesiones para plantear nuevas vías que se ajusten estrictamente a la fórmula constitucional de cooperación con las confesiones, pero garantizando que las instituciones y servicios públicos no promocionan como tales y mediante ningún medio a ninguna confesión o acción religiosa.
3. Realizar las modificaciones legales oportunas para eliminar del ordenamiento jurídico todo tipo de discriminación positiva por motivos religiosos o cualquier reconocimiento de la promoción por parte de las instituciones y servicios públicos de cualquier confesión o acción religiosa mediante cualquier medio.
4. Crear una Comisión para estudiar las medidas anteriores, establecer mecanismos que aseguren su cumplimiento y, en su caso, proponer nuevas medidas para cumplir con la aconfesionalidad del Estado."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la población Bubi (Guinea Ecuatorial) para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
La isla de Bioko está situada a 32 km de la costa de Camerún en el Africa oeste central. Bioko, anteriormente llamada Fernando Poo, forma parte de Guinea Ecuatorial, conocida como Guinea española antes de su independencia en 1968.
Bioko es el hogar de la etnia Bubi, mientras que la etnia Fang pertenece al continente.
Aunque su origen aún no está claro se cree que los bubis proceden de diferentes oleadas de emigrantes que desde hace 2.000 años se vieron obligados a abandonar las costas del actual Camerún por la presión de la ocupación geográfica Fang. Sólo en la segunda mitad del s. XIX el rey Moka consiguió unificar políticamente a todos los Bubis, situación que no duraría mucho debido a la represión española que acabó con el encarcelamiento del último cocorocó, el rey Malabo. A partir de entonces los españoles comienzan a trasladar Fangs del continente para trabajar los campos de la isla, ante la falta de disposición de los Bubis. De esta manera, acabarán convirtiéndose en los habitantes mayoritarios de la isla, gobernándola desde la independencia en 1968 sin la casi participación Bubi en la administración de sus propios asuntos y ejerciendo contra ellos una política de discriminación y represión.
Este tipo de actos gozan de impunidad y son un foco de inestabilidad. Ante la reciente historia de conflictos étnicos sangrientos en los que la Comunidad internacional ha intervenido demasiado tarde, es necesario adoptar una serie de medidas de prevención, de control y de democratización del sistema político y judicial guineano, y especialmente en lo referido a la población bubi.
1. Solicitar y defender en el seno de las Naciones Unidas la presencia de observadores internacionales para determinar el grado de vulnerabilidad de la población bubi.
2. Solicitar información del gobierno de Guinea sobre la situación de la población Bubi y reclamar, en su caso, el exhaustivo cumplimiento de los derechos humanos respecto a ella, así como de las oportunas medidas de control y garantía para tal fin
3. Solicitar, en el seno de las Naciones Unidas, la adopción de las medidas oportunas para la protección de todos los derechos judiciales y políticos de la población bubi, así como el reconocimiento y la realización de un referéndum de autodeterminación para la isla de Bioko
4. Condicionar la Ayuda Oficial bilateral española con el Estado Guineano al cumplimiento de los derechos políticos y judiciales básicos en el Estado de Guinea Ecuatorial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000070
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cierre de los centros de detención ilegales de Estados Unidos, y en especial el de la Bahía de Guantánamo para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
- Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un proceso justo y, en particular, su Resolución de 7 de febrero de 2002 sobre la situación de los prisioneros de la Bahía de Guantánamo, en que pide a las Naciones Unidas clarificar el estatus jurídico de los prisioneros de Afganistán, y su Recomendación al Consejo de 10 de marzo de 2004 sobre el derecho de los detenidos en Guantánamo a un juicio justo,
- Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 28 de abril de 2005 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo en 2004, en que pide a todos los Estados que no procedan a detenciones secretas y que mantengan un registro de todos los detenidos, así como que permitan a todas las personas privadas de libertad el acceso rápido a la asistencia letrada y, en caso necesario, a personal médico. Asimismo, reafirma que para luchar contra el terrorismo los gobiernos deben respetar el Estado de Derecho y atenerse a sus compromisos en virtud de los derechos humanos internacionales,
- Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 18 de enero de 2006 sobre Afganistán, en que pide a los Estados Unidos que cierren todas las "prisiones oscuras" secretas en el país,
- Vista la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984,
- Vistas las orientaciones de la Unión Europea en materia de lucha contra la tortura y la pena de muerte, así como las orientaciones sobre el diálogo con terceros países en materia de derechos humanos, adoptadas en 2001,
- Vista la Ley sobre la autorización de la defensa, firmada por el Presidente Bush el 30 de diciembre de 2005, en la que se incluyen tanto la enmienda McCain, por la que se prohíbe el uso de la tortura, como la enmienda Graham-Levin, que establece, de conformidad con la interpretación ("declaración firmada") de la Casa Blanca, que los extranjeros detenidos en Guantánamo no tienen derecho a que sus casos de hábeas corpus sean tratados por los tribunales civiles de los Estados Unidos,
- Visto el nuevo reglamento del ejército de los Estados Unidos 190-55, que entró en vigor el 17 de febrero de 2006, que permite que los prisioneros condenados a muerte por tribunales militares puedan ser ejecutados en todos los centros de detención, incluido el de la Bahía de Guantánamo,
- Visto el informe elaborado por cinco expertos de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, que acusa a EE.UU. de denegar el derecho de los detenidos a tener un juicio, reclama que inicie de forma expeditiva un procesamiento judicial o que los ponga en libertad de inmediato, y reclama su cierre en una demanda respaldada por su Secretario General,
- Visto el llamamiento efectuado por la Canciller alemana en favor del cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo,
Vista la Resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero de 2006 sobre Guantánamo, donde se solicita que Estados Unidos "proceda al cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo e insiste en que todos los prisioneros deben recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser
juzgados en el plazo más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente, independiente e imparcial".
1. Pedir al Gobierno de los Estados Unidos que proceda al cierre del centro de detención de la Bahía de Guantánamo y al resto de centros de detención ilegales e insistir en que todos los prisioneros deben recibir un trato conforme a la legislación humanitaria internacional y ser juzgados en el plazo más breve posible tras una vista justa y pública a cargo de un tribunal competente, independiente e imparcial;
2. Condenar todas las formas de tortura y de malos tratos y reiterar la necesidad de respetar el Derecho internacional;
3. Reiterar que la lucha contra el terrorismo sólo puede llevarse a cabo con éxito si se respetan plenamente los derechos humanos y civiles;
4. Solicitar a la Unión Europea, a las Naciones Unidas y a todos aquellos organismos internacionales que se estimen oportunos que identifiquen los centros de detención ilegales que tiene los Estados Unidos y tomen medidas efectivas para su cierre;
5. Transmitir la presente Resolución a las instancias internacionales oportunas, y en particular, al Presidente y al Congreso de los Estados Unidos de América."
161/000084
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado don Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, para su debate en Comisión de Asuntos Exteriores.
La Comisión Colombiana de Juristas, ONG con estatus consultivo ante la ONU, en su informe 2002-2006 contabiliza que en este período hubo más de 31.000 personas asesinadas o desaparecidas por violencia sociopolítica (más de 20 personas al día, siendo 1 de cada 3 fuera de combate), y cuya responsabilidad correspondió en un 60% a grupos paramilitares, en un 25% a las guerrillas y en un 15% a agentes estatales (quienes aumentaron su promedio en un 73% en este período y mayoritariamente en el marco de las grandes operaciones militares de la política llamada de "seguridad democrática").
Pero más allá de las más graves violaciones de derechos humanos de agentes estatales, la Comisión Colombiana de Justicia señala que existen toda una serie de actuaciones que ponen en entredicho al Estado de Derecho, como por ejemplo, que existan un promedio de 5 personas al día que son detenidas arbitrariamente.
Además, el Estado democrático y de derecho se ve lesionado por una violencia que afecta también directamente a la actividad normal y cotidiana de los partidos políticos y los representantes públicos. Desde el año 2000, han sido asesinados más de 250 concejales y es constante el hostigamiento y la represión que sufre la oposición democrática y, en particular, el Polo Democrático Alternativo en el desarrollo de sus funciones.
Por otro lado, se investiga a representantes políticos como instigadores de dicha violencia y como financiadores y encubridores del paramilitarismo. Así, gracias a las investigaciones de organizaciones de derechos humanos, de algunos políticos como Gustavo Petro o Piedad Córdoba, de la Fiscalía y otros órganos del Estado, se ha conseguido establecer de manera probada esta relación entre las fuerzas paramilitares y algunos representantes políticos que ya están encarcelados.
La violencia política afecta también a la actividad sindical. De esta manera, Colombia sigue siendo, según la Confederación Sindical Internacional, con 78 sindicalistas asesinados en 2006, el país más peligroso del mundo para el desarrollo y defensa de los derechos laborales. Amnistía Internacional ha denunciado que desde 1991 han sido asesinados 2.500 sindicalistas y considera que, a pesar de las medidas aplicadas por los sucesivos gobiernos colombianos para la seguridad de éstos, las agresiones "continuarán si no se toman las medidas efectivas para poner fin a la impunidad" (Susan Lee, directora del Programa regional para América de Amnistía Internacional). Asimismo, Amnistía Internacional ha valorado positivamente el pacto firmado por el gobierno, los representantes de las organizaciones empresariales y los Sindicatos obreros, bajo los auspicios de la OIT, quien establecerá una presencia permanente en Colombia para vigilar el cumplimiento del derecho a la libertad sindical.
Esta situación de violencia sindical está financiada y amparada por algunas empresas. De hecho, una de ellas ha sido recientemente condenada en Estados Unidos por la financiación de estos grupos paramilitares. Las organizaciones pro derechos humanos y las víctimas reclaman que el dinero de la multa impuesta -25
millones de dólares- sea destinado a reparación de las víctimas y que los culpables sean extraditados para ser presentados ante la Justicia colombiana.
Pese a que hay que felicitarse por la existencia de un proceso, auspiciado por el Estado, de desarticulación de las estructuras paramilitares, el optimismo debe de ser moderado pues no parece que se vaya a poner punto final a este movimiento armado. El propio ex jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, así lo constata al afirmar, en un comunicado desde la cárcel de Itagüí, que parte los desmovilizados están volviendo a organizarse y ya cuentan con más de 5.000 nuevos miembros. Este dato es coincidente con lo expresado en distintos documentos de la Organización de Estados Americanos, Indepaz o Internacional Crisis Group.
Por otro lado, en el reciente informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, se señala que no existe voluntad del Estado para desmantelar el paramilitarismo ya que establece una amnistía de facto para el 92% de los agentes paramilitares y para el 8% restante un trato descaradamente benévolo que no se ajusta a lo dictaminado por la Corte Consitucional. De hecho, la FIDH denuncia en ese informe que "los paramilitares no están obligados a confesar sus crímenes ni a desvelar la verdad de quiénes apoyaron sus estructuras, ni a mostrar siquiera arrepentimiento por sus crímenes, ni han sido obligados a entregar todas sus armas de guerra, ni tampoco a entregar sus bienes para reparar a las víctimas, mientras que éstas y sus representantes tienen un acceso muy limitado a las audiencias, ven imponer obstáculos en su participación en las audiencias" y no han recibido la protección adecuada hasta el punto que 16 de ellas han sido asesinadas con total impunidad. Estas circunstancias han llevado a la FIDH a reclamar que de manera supletoria la Corte Penal Internacional debe actuar para investigar y juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia desde noviembre de 2002, considerando que el proceso abierto por el Estado colombiano ha desarrollado este proceso para esquivar la CPI.
Todo lo expuesto anteriormente demuestra la existencia de una situación caracterizada por la constante violación de derechos humanos que es verdaderamente preocupante y, sobre todo, cuando no existen visos de resolución del conflicto en un horizonte cercano. La actuación del Estado colombiano con el compromiso de erradicar estas violaciones de los derechos humanos son absolutamente insuficientes y parciales. Así, pese a la existencia del Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia, que principalmente se fundamenta en los informes emitidos por la Fuerza Pública, que es una de las partes del conflicto, la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU en su informe para ésta señala que este Observatorio "no incluye ejecuciones extrajudiciales, ni detenciones arbitrarias, ni tampoco ciertas categorías de infracciones al derecho internacional humanitario". En este mismo sentido, es necesario subrayar que el Director del Departamento Nacional de Estadística dimitió en 2004 al denunciar presiones gubernamentales para no hacer públicos los resultados de la encuesta de victimización de hogares de las ciudades de Bogotá, Cali y Medellín.
Por otro lado, cuando el Estado es ineficiente en la lucha contra la violación de los derechos humanos es cuando más relevancia toma la actuación de las personas y las organizaciones de derechos humanos. No obstante, éstas están directa y gravemente afectadas por esta misma violencia. En este sentido, ante una cierta pasividad y/o ineficacia estatal en su deber de defenderlos, Colombia es el país del mundo donde más agresiones se producen a los defensores y defensoras de los derechos humanos, según el Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos. De hecho, en 2006 se produjeron más de 217, entre las que destacan 30 asesinatos o intentos de asesinato y 122 amenazas de muerte.
Por supuesto todo este clima de violencia social y política afecta a las condiciones de vida de la gente, no sólo en lo referente a la ausencia de paz, sino en la productividad agraria, en la alimentación, en la generación y reparto de la riqueza, en las condiciones sanitarias y educativas, etc. Paradójicamente, estos elementos que se ven agravados son los que provocaron la situación de violencia que hoy se vive en el país, y que obliga a buena parte de la población a huir de sus hogares.
Según la Consultoría para los Derechos Humanos y desplazamiento forzado desde 1986 hasta 2005, más de 3 millones y medio de personas fueron desplazadas de sus territorios. Estas personas exigen del Estado que no se legalice la usurpación y que se proceda a la restitución de sus tierras (alrededor de 1 millón y medio de hectáreas, según la Universidad de los Andes y la Contraloría General de la Nación) y demás bienes usurpados con violencia.
En este orden de cosas, hay que señalar que la propia Corte Constitucional ha declarado que el gobierno ha incumplido sus obligaciones básicas frente a la población desplazada, que sólo en el período 2002-2005 -que se cifra en más de un millón de personas- afectaron al 87% de los municipios del país.
Este éxodo interno se ve acompañado de un éxodo externo, que provoca que en los últimos 20 años se haya pasado de 1,5 millones de personas residiendo en el extranjero a 3,5 millones (el 70% de las cuales, mujeres), según la Universidad Nacional de Colombia. Estos éxodos están provocados no sólo por la violencia, sino por las situaciones de pobreza que afectan especialmente a determinadas regiones y colectivos. Uno de los colectivos trágicamente afectados es la infancia.
Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Unión Europea cerca de 4.500 niños que viven en las calles de Colombia están enfermos, consumen drogas o son víctimas de abuso sexual. El principal motivo de su situación es el abandono del hogar huyendo de las condiciones derivadas de la situación de
extrema pobreza y violencia, y la mayoría de ellos se concentran en Bogotá, Medellín, Cali y Pereira.
De hecho, un informe de la Universidad de Externado sobre mortalidad infantil relacionada con desnutrición, una de cada cinco defunciones de niños colombianos de 1 a 4 años (1 de cada 10 en menores de 1 año) está asociada con la desnutrición. De hecho, alrededor del 30% de niños menores de 12 años sufre anemia. Y no es casual que los más altos índices de mortalidad infantil se sitúen en las regiones con mayor presencia indígena.
Finalmente, respecto a la situación de la mujer, Amnistía Internacional en su informe de 2007 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo señala que "los combatientes continuaron matando, sometiendo a abusos sexuales, secuestrando y amenazando a mujeres y niñas". Esta información coincide con la que describe la Alta Comisionada de la ONU en su informe, quien añade que, a pesar de los avances en materia de igualdad de la mujer, "persisten la violencia e inequidades, especialmente en las áreas de ingresos, empleo, participación y salud". Asimismo, el informe subraya el mayor grado de vulnerabilidad de las mujeres "indígenas, afro-colombianas, de comunidades aisladas, desplazadas o en situación de extrema pobreza", señalando que "tienen mayores riesgos de ser víctimas de prostitución y trata de personas". Por los motivos señalados el informe de la Alta Comisionada incluye en sus recomendaciones que las medidas para el reconocimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, presten "la debida atención a las mujeres, los niños y las minorías étnicas".
Por todo lo expuesto, es necesario reclamar del Estado español -con claros vínculos históricos y culturales con Colombia-, un mayor compromiso, tanto bilateral como multilateral, en la superación del conflicto y en la atención a las víctimas y a los colectivos y territorios que padecen mayor exclusión social. Asimismo, hay que redoblar los esfuerzos para que el compromiso y la cooperación sean coherentes y oportunos. Y en esta línea, habría que redefinir el Fondo de Reconciliación para atender a las prioridades que exige este momento del conflicto y a las que marca la legalidad internacional para que haya un proceso efectivo y real de reconciliación.
"El Congreso de los Diputados muestra su preocupación por la violación sistemática de los derechos humanos en Colombia e insta al gobierno español a:
1. Reclamar al gobierno colombiano la adopción las siguientes medidas:
a) Medidas eficientes para el desmantelamiento total del movimiento paramilitar en un proceso tutelado por la comunidad internacional.
b) Medidas dirigidas a una solución política negociada del conflicto que tenga como primera fase inmediata la suscripción de un acuerdo humanitario.
c) Medidas que garanticen el derecho de todas las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación (con la atención debida a las mujeres, los niños y las minorías étnicas), en los términos establecidos por la legalidad internacional y reclamados por la Corte Constitucional.
d) Medidas que garanticen procesos electorales con todas las garantías democráticas y sin injerencias de los actores militares.
e) Medidas para cumplir con las recomendaciones realizadas por los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo particularmente los relativos a los derechos de la mujer.
f) Medidas efectivas que garanticen la plena libertad e integridad de las defensoras y defensores de los derechos, así como la personas comprometidas socialmente, sindicalmente y políticamente.
g) Medidas para profundizar en la igualdad laboral de las mujeres, en la atención de las mujeres desplazadas y en situaciones de vulnerabilidad.
2. Promover y/o apoyar en la Unión Europea:
a) La supervisión integral de los procesos electorales colombianos.
b) El condicionamiento de los acuerdos comerciales con Colombia al cumplimiento de los derechos humanos y al refrendo de dichos acuerdos por consulta popular.
c) El apoyo de todas las medidas explicitadas en el punto 1, así como una política global con Colombia plenamente coherente con ellas.
3. Promover y/o apoyar ante la ONU las siguientes medidas en Colombia:
a) Velar por el cumplimiento del desmantelamiento integral de las estructuras paramilitares.
b) Instar, apoyar y mediar por una solución dialogada del conflicto, comenzando por un acuerdo humanitario.
c) Mantener y reforzar el mandato integral de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.
d) Instar al Consejo de Derechos Humanos a analizar anualmente de manera específica la situación de Colombia.
e) Adoptar medidas efectivas para la plena garantización de los derechos humanos y democráticos en Colombia.
f) Reforzar el papel de la OIT y el ACNUR en su actividad en Colombia.
4. Desarrollar las siguientes actuaciones respecto a Colombia:
a) El apoyo de todas las medidas explicitadas en el punto 1, así como una política global con Colombia plenamente coherente con ellas.
b) Solicitar al gobierno de Estados Unidos la extradición de aquellas personas juzgadas y condenadas en dicho país por financiación del paramilitarismo para que puedan ser juzgadas en Colombia.
c) Reclamar que las sanciones económicas establecidas por los tribunales estadounidenses por financiación del paramilitarismo colombiano sean destinadas a reparación de víctimas en Colombia.
d) Impulsar una política de cooperación basada en apoyar la articulación y el fortalecimiento de la sociedad civil y la atención tanto a víctimas como a colectivos y territorios especialmente marginados.
e) Redefinir, de manera consensuada con las organizaciones no gubernamentales del Estado que cooperan de manera estable con Colombia, el Fondo de Reconciliación (2007-2010) con el fin de reforzar la obligación de cumplir con la normativa internacional del derecho de todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, así como de apoyar a las organizaciones de víctimas y a los órganos de control del Estado que trabajan en este sentido.
f) Estudiar, y en su caso impulsar el trámite, para llevar a la Corte Penal Internacional aquellos crímenes de lesa humanidad cometidos en Colombia y que han quedado impunes, si hay algún caso entre la ciudadanía del Estado español que lo permita."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Rosa Díez González, diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD) al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre solicitud de cese del Fiscal General del Estado para su debate en Comisión.
El artículo 66.2 de nuestra Constitución establece como tarea del Parlamento la de "controlar la acción del Gobierno". Esta función, consustancial a la división de poderes, es la piedra angular de cualquier sistema democrático. Los diputados, como representantes directamente elegidos por el pueblo soberano (artículo 1.2 CE), deben ejercitarla con la máxima diligencia.
El Gobierno, conforme determina el artículo 124.4 CE, elige al Fiscal General del Estado, quien, entre otras funciones, realiza una labor básica y esencial como principal responsable de este instituto de "dependencia jerárquica" (artículo 124.2 CE) para la "defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley", tal y como marca el artículo 124.1 CE.
En estos últimos años, la actividad desempeñada por el actual Fiscal General del Estado no ha estado exenta de intensa polémica, especialmente en relación con una materia tan delicada y trascendental como la persecución del terrorismo, donde se deben utilizar todas las herramientas que nos proporciona el Estado de Derecho. En este sentido, y en conexión con el acceso de determinadas formaciones políticas ligadas a ETA a diversos Ayuntamientos del País Vasco y Navarra en las elecciones municipales del pasado 27 de mayo de 2007, se produjeron unas actuaciones del Fiscal General del Estado de muy dudosa legalidad, con consecuencias realmente nefastas para la vida democrática española, y más concretamente para el derecho a la vida y a la libertad de los ciudadanos españoles, tal y como se está comprobando en estas últimas semanas en diferentes Ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) en el País Vasco y Navarra.
Los hechos contrastados que motivan nuestra solicitud del cese del Fiscal General del Estado por parte del Gobierno se centran en su manifiesta arbitrariedad, totalmente inaceptable, en la admisión y rechazo de determinadas candidaturas, concretamente al Ayuntamiento de Mondragón en las elecciones municipales de 27 de mayo de 2007. Abunda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que condena la arbitrariedad en la actuación de los poderes públicos, entre otras ver SSTC 71/1982, de 30 de noviembre; 77/1985, de 27 de junio; 34/1995, de 6 de febrero; 50/1995, de 23 de febrero; 225/1998, 25 de noviembre; 49/1999, de 5 de abril y 91/2000, de 30 de marzo.
Gracias a la siempre diligente vigilancia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que velan por nuestra seguridad y defensa de derechos y libertades (artículo 104.1 CE), el Fiscal General del Estado tuvo, en tiempo y forma, información suficiente sobre determinados candidatos de Eusko Abertzale Ekintza/Acción Nacionalista Vasca (EAE/ANV), como Galparsoro Marcaide, Aramburu Iriarte o Pagaldai Urrutia, por citar sólo algunos ejemplos: todos ellos tenían implicaciones y
vinculaciones contrastadas, verificadas y manifiestas, con la ilegalizada Herri Batasuna.
Sin embargo, en una actuación arbitraria e incompetente, y en manifiesto incumplimiento de sus funciones constitucionalizadas en el artículo 124.1 CE, el Fiscal General del Estado, máximo responsable jerárquico del Ministerio Fiscal, permitió que los candidatos citados, entre otros 18 casos más, se pudieran presentar a las elecciones municipales del pasado 27 de mayo de 2007 mientras que -y de aquí se deriva la denuncia de arbitrariedad y falta de racionalidad y fundamentación en su actuación- impedía que otros candidatos de la Agrupación Arrasateko Abertzale Sozialistak, como Zubizarreta Lasagabaster, Urrizalqui Jáuregui o Trojaola Berecibar, por citar tan sólo tres ejemplos entre otros 18 casos, no pudieran presentarse como candidatos municipales en las mentadas elecciones teniendo similares vinculaciones con la ilegalizada Herri Batasuna, si no menos en algunos supuestos.
La inaceptable y lamentable consecuencia de esta arbitraria e injustificada actuación del Fiscal General del Estado es conocida por todos, como se deduce de los intentos actuales del Gobierno de la Nación para evitar ahora que los representantes de ANV gobiernen 33 municipios del País Vasco y Navarra. Situación que podía haberse evitado si, tal y como ha quedado demostrado, el Fiscal General del Estado hubiera actuado de acuerdo con la suficiente y contrastada información que tenía para actuar conforme a los criterios jurídico constitucionales, tal y como marca el citado artículo 124 CE, y no conforme a los siempre peligrosos, subjetivos, coyunturales y arbitrarios criterios de oportunidad política.
Pedimos que el Gobierno cese al Fiscal General del Estado, don Cándido Conde Pumpido, por esta actuación arbitraria, no conforme a sus funciones constitucionales, que permitió a unos candidatos presentarse (los de ANV) y a otros no (los de Abertzale Sozialistak) teniendo todos las mismas vinculaciones con la ilegalizada Herri Batasuna, como demuestra la información de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Actuación arbitraria que ha causado, por lo demás, un irreparable daño a la hora de combatir el terrorismo, una lacra de máxima gravedad para España, combate donde la arbitrariedad y el oportunismo político no pueden ni deben caber.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el más breve plazo posible el cese del Fiscal General del Estado, don Cándido Conde Pumpido, por las gravísimas actuaciones apuntadas en la exposición de motivos, respecto al manifiesto incumplimiento de sus funciones constitucionales reguladas en el artículo 124.1.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de mayo de 2008.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre moratoria de uso de uranio empobrecido y otras medidas para su debate en la Comisión de Defensa.
Desde hace años se acrecienta la preocupación sobre los daños que causa el uranio empobrecido tanto en los soldados que usan armamento que lo contiene como en las poblaciones, especialmente civiles, que son bombardeadas con este tipo de armamento. Tanto es así que a finales de 2007, Naciones Unidas "tomando en consideración los posibles efectos perjudiciales de la utilización de armamentos y municiones que contienen uranio empobrecido en la salud humana y el medio ambiente" pidió al Secretario General que recabara información de los Estados miembros y de las organizaciones internacionales pertinentes para incluir en su sexagésimo tercer período de sesiones el tema "Efectos de la utilización de armamentos y municiones que contienen uranio empobrecido".
El oncólogo Dr. Jawad Al-Al-Ali, iraquí estudiado en el Reino Unido, constata en su experiencia hospitalaria que de 1989 a 2001 se pasó de 11 anormalidades por cada 100.000 nacimientos a 116 (un 1.000% más), y que mientras en 1989 murieron 34 personas de cáncer, en 2001 murieron 603. La guerra de 2003 todavía aumentó exponencialmente estas cifras. Esta información está documentada con fotografías ilustrando los
tipos de deformidades y de tumores de nacimiento que observó en el hospital Saddam Teaching, de Basra, justo antes de la guerra del 2003.
- En los bebés nacidos en Iraq en 2002, la incidencia de anophthalmos (ausencia de ojos) fue de 20 casos cada 4.000 nacimientos cuando la ocurrencia natural, es de un caso entre 50 millones de nacimientos.
Leuren Moret, presidenta de Científicos para los Pueblos Indígenas, afirma que se han dado casos espeluznantes donde los bebés nacen sin cerebros, los órganos están fuera del cuerpo o las mujeres dan a luz bebés que difícilmente se reconocen como tal.
- En un estudio del gobierno de EE.UU., conducido por el Departamento de Asuntos de Veteranos, en el 67% de los bebés de veteranos posteriores a la guerra del Golfo se encontraron defectos de nacimiento o enfermedades serias. Nacieron sin ojos, oídos, órganos, piernas o brazos, o con dedos fundidos, daño en las tiroides u otras malformaciones de órganos.
En este sentido, hay que destacar que la Conferencia de Hamburgo afirmó que los síntomas de contaminación interna por uranio entre civiles de Iraq y Afganistán son idénticos a los síntomas de los veteranos de EE.UU.
y de la coalición que padecen la "Enfermedad de la Guerra del Golfo".
A pesar de estos datos, un informe de la OMS afirmaba que no había hallado base científica para establecer una relación causa-efecto entre el uranio empobrecido y las enfermedades detectadas en los soldados. No obstante, la propia OMS ha reconocido que podría suponer una amenaza aunque limitada para la salud y afirma que se debe seguir investigando. En este mismo sentido, el asesor más destacado de la OMS en radiación hasta que se jubiló en el año 2003, el doctor Keith Baverstock, junto con dos especialistas más en la materia, realizó un estudio en que denunciaba que el uso masivo de armas con uranio empobrecido podría plantear una amenaza única para la salud de la población civil, advirtiendo que tanto adultos como niños podrían contraer cáncer después de respirar polvo que contenga uranio empobrecido que es radiactivo y químicamente tóxico.
Asimismo, la base científica para dar explicación a las malformaciones antes expresadas en los nacimientos se basan en dos aspectos fundamentales: Primero, cómo ataca la contaminación por uranio empobrecido al ADN. Segundo, y como demuestran estudios realizados a veteranos de la Guerra del Golfo, porque los subproductos radioactivos no sólo se excretan a través de la orina, sino también a través del semen.
En otro orden de cosas, hay que subrayar que soldados españoles participantes en operaciones militares anteriormente citadas podrían ser víctimas del llamado "Síndrome de los Balcanes". Así, la Oficina del Defensor del Soldado denunció, cuando este tema salió a la luz pública, que habían muerto cinco soldados españoles y que otros 11 estaban afectados por leucemia, tumor cerebral, cáncer de estómago, riñón, colon, pelvis y testículos o linfomas de Hodking y Burkkit.
Cuando la ODS realizó la denuncia, en el 2001, quedaban todavía pendientes de diagnóstico muchos otros casos.
A pesar de que el Ministro de Defensa español en aquel momento, Federico Trillo, nunca los reconoció ya que siguiendo las directrices del gobierno estadounidense, consideró que no había pruebas fehacientes de relación causa-efecto entre estas muertes y el uranio empobrecido, y que achacó las muertes a una mera coincidencia estadística, existen razones fundadas para pensar que es demasiada la coincidencia entre el cuadro clínico presentado por estos soldados españoles y los del Ejército de EE.UU. o los italianos -quienes sí achacaron la culpa al uranio empobrecido- o las poblaciones civiles afectadas por los bombardeos.
Curiosamente en aquella comparecencia del Ministro Trillo en la Comisión de Defensa el 16 de enero de 2001, los Grupos de la oposición, y entre ellos el Grupo Socialista que hoy sustenta al gobierno, pusieron en cuestión las pruebas y emplazaron al gobierno a seguir investigando, dado el tiempo de latencia en los afectados, que puede provocar que la enfermedad se haga evidente años más tarde de la contaminación.
En conclusión, determinamos que existen demasiadas casualidades entre el uso del uranio empobrecido y graves daños para la salud de aquéllos que están en contacto, consideración avalada por la Resolución del Parlamento Europeo sobre las consecuencias de la utilización de municiones con uranio empobrecido, por la Conferencia de Armas de Uranio de Hamburgo con científicos independientes de todo el mundo, por el Seminario internacional sobre Uranio Empobrecido de Gijón y por numerosas organizaciones ecologistas.
Así, si bien todavía no hay pruebas fehacientes comprobadas científicamente de que el causante sea el uranio empobrecido -aunque es el principal sospechoso- hay que investigar más a fondo para determinar cuál es el causante y en qué circunstancias: bien sea a causa del uranio empobrecido, el nitróxido dioxide, el cadmio o el plutonio -como denunció el Gobierno alemán-, y bien solos o combinados con otros elementos químicos o con unas facultades genéticas, biológicas determinadas, es innegable que la contaminación producida por el armamento utilizado en la Guerra de los Balcanes, Iraq o Afganistán, -aunque hay otros casos como el palestino- son causas de enfermedades graves, malformaciones en recién nacidos y muertes.
"El Congreso de los Diputados insta al gobierno español a, en un plazo de 6 meses:
1. Crear una Comisión de expertos para estudiar exhaustivamente la salud de los soldados que hubieran sido destinados a la zona de los Balcanes, Iraq o Afganistán desde 1991. Dicha Comisión será una Comisión paritaria de expertos designados por el gobierno, el Parlamento español y la Oficina del Defensor del Soldado, así como por asociaciones ecologistas.
La Comisión tendrá como misión la elaboración de un informe, con los votos particulares de los expertos disconformes, que será remitida a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados y al gobierno español.
2. Reclamar en todas las instancias internacionales oportunas, incluyendo la ONU, la OTAN y la Unión Europea, la moratoria del uso de armamento con uranio empobrecido, así como la investigación en profundidad de sus consecuencias y, en su defecto, de otro tipo de armamento utilizado en los bombardeos de Iraq, Afganistán y los Balcanes.
3. Paralizar todo tipo de investigación, compra o producción de armamento con uranio empobrecido hasta que el informe de Naciones Unidas "Efectos de la utilización de armamentos y municiones que contienen uranio empobrecido" determine que no existen riesgos para la salud de quienes usan armamento con uranio empobrecido y de las poblaciones civiles que habiten en zonas bombardeadas con este tipo de armamento.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.- Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
Proposición no de Ley para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que en el apartado 3 se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Patalunya Verds, a instancia del diputado don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la cesión de instalaciones militares no utilizadas o infrautilizadas a las poblaciones donde están situadas para su debate en la Comisión de Defensa.
El Consejo de Ministros dio luz verde en enero de 2005 a la primera fase de la "Operación Campamento", nombre con el que se conoce una actuación urbanística de enajenación de nueve millones de metros cuadrados de suelo público propiedad del Ministerio de Defensa en la ciudad de Madrid que pretende cumplir con el compromiso del gobierno español de facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda mediante la enajenación de suelo público. En este sentido, el proyecto contempla en estos terrenos 7.000 viviendas protegidas, 1.100 de las cuales destinadas a alquiler y a jóvenes, así como zonas verdes, equipamientos o servicios públicos.
El compromiso del gobierno español de enajenación de suelo público para facilitar el acceso de la ciudadanía a la vivienda no puede restringirse sólo a la ciudad de Madrid. Ante esta consideración y ante las demandas de Ayuntamientos de otras zonas del Estado para la cesión o enajenación de espacios de titularidad estatal infrautilizados o en total desuso, sería necesario recopilar y estudiar dichas demandas para ver qué actuaciones en persecución de una finalidad social se pueden realizar en dichos espacios.
1. Abrir un período de seis meses en que los Ayuntamientos puedan demandar al Ministerio de Defensa la enajenación o cesión de espacios (suelo o edificios) de su titularidad infrautilizados o en desuso con el objetivo de realizar proyectos con finalidades sociales para poblaciones necesitadas de ellas.
2. Hacer efectiva la enajenación o cesión de aquellos espacios de titularidad del Ministerio de Defensa infrautilizados o en desuso a los Municipios que lo soliciten, siempre que el Ministerio de Defensa no acredite en el período de un mes, a partir de la fecha de finalización del período de seis meses de los Ayuntamientos para solicitarlo, un proyecto de uso para aquel espacio.
3. Realizar las modificaciones legales o administrativas oportunas para establecer los canales adecuados con el fin de que los Ayuntamientos puedan solicitar directamente la cesión o enajenación de espacios del Ministerio de Defensa que estén en un futuro infrautilizados o en desuso, garantizando el espíritu de los dos puntos anteriores."
161/000077
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de las de bombas de racimo para su debate en la Comisión de Defensa.
La Coalition on Cluster Munition es una coalición internacional contra las bombas de racimo que incluye a prestigiosas y conocidas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Esta organización, que ha trabajado y documentado zonas de conflicto donde se han utilizado armas de racimo, ha atendido a víctimas y desarrollado tareas de prevención, está realizando una campaña de sensibilización sobre los efectos de este tipo de armas y reclama la adopción de una ley internacional para su regulación. En este mismo sentido, Greenpeace ha realizado una campaña y ha hecho público el informe "Bombas de racimo. La lluvia de acero. Razones para la prohibición", de donde se ha extraído la información para la realización de la presente Proposición no de Ley.
Una bomba de racimo es aquella que en su interior contiene docenas de submuniciones que son expulsadas en su trayectoria cayendo sobre una amplia superficie. Estas submuniciones deberían estallar al chocar contra el suelo, pero entre el 5% y el 30% de ellas no lo hacen.
Un informe de Handicap Internacional ha demostrado documentalmente la muerte de más de 11.000 civiles por las bombas de racimo, aunque se cree que la cifra total se aproximaría a los 100.000.
Sólo en Laos han muerto más de 12.000 personas desde el final de la guerra. Y todavía, más de 30 años después de la finalización del conflicto en que se utilizaron, mueren una media de 2 ó 3 personas al mes por culpa de las submuniciones que no explotaron y otras 6 ó 7 resultan heridas, la mitad de la cuales son menores.
Asimismo, la ONU ha estimado que después del ataque de EE.UU. sobre Afganistán de 2001 y 2002, 40.000 municiones de las 250.000 aproximadamente que se lanzaron, no estallaron.
La problemática que generan las municiones que no explotan es sumamente grave y costosa. Por un lado, inutiliza grandes extensiones de tierra, tanto para el cultivo (en zonas necesitadas por una pobreza agravada por el conflicto armado) como para la reconstrucción de infraestructuras como carreteras, hospitales o escuelas.
Por otro lado, se requiere el reconocimiento de los terrenos afectados para marcar y señalizar los explosivos que se retirarán o detonarán posteriormente, educar a las poblaciones cercanas a estos terrenos para evitar ser víctimas y ayudar a las víctimas tanto en la atención médica y la rehabilitación como en su reintegración social y laboral.
El proceso de limpieza en el caso de las bombas de racimo es especialmente complicado porque la gran sensibilidad de los mecanismos de detonación -que pueden estallar por un simple cambio de temperatura- comporta que no se puedan utilizar radios para avisar de la localización ni detectores electromagnéticos. Por lo tanto, se aconseja no eliminarlas ni desactivarlas, sino destruirlas una a una, y desde una distancia de unos cien metros para evitar el efecto devastador que provoca, que es tal que impide que la limpieza se pueda hacer con artefactos mecánicos (pueden quedar dañados o incluso destruidos).
El Estado español produce y dispone de armas de racimo, y aunque asegura que se están adoptando medidas para incluir mejoras en ellas, no ha señalado cuáles son éstas ni que exigencias se requerirán.
En esta línea, no ha ratificado el Protocolo Adicional V de "Convención sobre prohibiciones o restricciones sobre el uso de armas convencionales que pueden ser excesivamente dañinas o puede tener efectos indiscriminados" (CCW), en el cual se establecen responsabilidades sobre la limpieza, la retirada y destrucción de los residuos explosivos tras la guerra, a la vez que se realizan recomendaciones respecto a la mejora de la fiabilidad y sé insta a la educación en la prevención de las poblaciones afectadas.
Si bien es cierto que los países productores están realizando mejoras como la introducción de mecanismos de autodestrucción o de autoneutralización en caso de que las municiones no exploten al impactar contra el suelo, todavía no se han logrado tasas de error menores al 2,5% y ello en condiciones de laboratorio que pueden ser alteradas sobre el terreno por circunstancias como la climatología, el tipo de suelo, etc.
Es por ello que el Parlamento Europeo aprobó en octubre de 2004 una resolución reclamando una moratoria sobre el uso, almacenamiento, producción y transferencia de bombas racimo. Diversos países han realizado avances en este sentido. De esta manera, Noruega encabeza un proceso dirigido a conseguir un Tratado para la prohibición de la utilización de las bombas de racimo. El Estado español ha mostrado su apoyo a este proceso y debería predicar con el ejemplo.
El Congreso de los Diputados condena el uso de las bombas de racimo e insta el gobierno español a:
1. Prohibir la producción, almacenamiento y uso de bombas de racimo en territorio español.
2. Prohibir la transferencia o ventas de bombas de racimo al exterior.
3. Destruir o desmantelar los arsenales de bombas de racimo en poder del Ejército español
4. Apoyar, en todas las instancias internacionales oportunas, la adopción de un tratado internacional para la prohibición de las bombas de racimo.
En este sentido, el Estado español se sumará a los esfuerzos realizados por otros países y liderados por Noruega, de modo que España ratifique un tratado a favor de la eliminación total de estas armas, sin excepción.
5. Velar por garantizar que las tropas de la Unión Europea nunca utilizarán bombas de racimo en el marco de las operaciones militares en las que intervenga, en consonancia con la resolución del Parlamento Europeo.
6. Instar a los países de todas aquellas instituciones con quien el Estado español comparta una finalidad militar a la prohibición de la producción y el almacenamiento de bombas de racimo en sus respectivos territorios, así como a prohibir su uso, y especialmente, en aquellas operaciones militares colectivas o conjuntas.
7. No apoyar las operaciones militares de las instituciones internacionales de las que el Estado español forma parte si está prevista la utilización de bombas de racimo.
8. Ratificar el Protocolo V de "Convención sobre prohibiciones o restricciones sobre el uso de armas convencionales que pueden ser excesivamente dañinas o pueden tener efectos indiscriminados" (CCW).
9. Comprometer, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida correspondiente al Ministerio de Defensa, equivalente al 1% de su presupuesto, para la limpieza, prevención y sensibilización de las bombas de racimo y sus submuniciones, así como para la atención a las víctimas."
161/000080
El Grupo parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda-Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado don Joan Ridao i Martín, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la cesión de uso de terrenos del Ministerio de Defensa en la ciudad de Barcelona para su debate en la Comisión de Defensa.
La ciudad de Barcelona ha mostrado en muchas ocasiones su carácter pacifista. En virtud de este carácter y de la necesidad de espacios en la ciudad ha reclamado históricamente la cesión de uso de terrenos propiedad del Ministerio de Defensa.
Por otro lado, la ciudad de Barcelona no sufre ninguna amenaza interna o externa que aconseje mantener o aumentar el número de efectivos militares en ella. Sin embargo, sigue requiriendo espacios que puedan ser utilizados como vivienda o para albergar servicios sociales. En este sentido, un espacio como el del cuartel del Bruc en el centro de la ciudad de Barcelona podría servir para estos fines que son más necesarios y prioritarios que los del mantenimiento de la actividad militar. Es más, el gobierno español debería comprometerse,
como hizo en la Operación Campamento en Madrid, en la promoción de usos sociales en dichos terrenos e infraestructuras.
1. Realizar, en el plazo de 6 meses, la cesión de uso de los terrenos propiedad del Ministerio de Defensa en el Distrito de Les Corts de Barcelona al Ayuntamiento de la ciudad.
2. Comprometer, en los Presupuestos Generales del Estado, una partida para atender el proyecto de reforma de la infraestructura de estos terrenos para adecuarla a las necesidades sociales que decida el Ayuntamiento de Barcelona."
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia, para su debate en la Comisión de Fomento.
El Congreso de los Diputados consideró ya en su día el aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia como "una infraestructura básica y estratégica para el territorio de Gipuzkoa".
En esa misma línea, el conjunto de las Instituciones vascas, representadas en Ortzibia, así como las Juntas Generales de Gipuzkoa y el propio Parlamento Vasco se han pronunciado a favor de la operatividad, viabilidad y futuro de dicho aeropuerto.
La ejecución del actual Plan Director, con el recorte contemplado en el mismo de 300 metros en la pista actual, debido a razones de seguridad en la navegación aérea que exige la OACI, reducen considerablemente la operatividad actual de dicho aeropuerto al tiempo que cuestionan su viabilidad e impiden su desarrollo futuro.
La pérdida económica que, según el Plan Estratégico elaborado por Ortzibia S.A., se derivaría de tal hecho para Gipuzkoa podría llegar a alcanzar la cifra de los 500 millones de euros. A dicha pérdida económica habrían de añadirse los graves inconvenientes de todo orden que, de tal hecho, se derivarían para varios cientos de miles de guipuzcoanos hoy habituados a disponer y servirse de tales instalaciones Aeroportuarias. Y, en resumen, tal hecho perjudicaría y limitaría gravemente el sistema de transporte y logística del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
"1. El Congreso de los Diputados considera el aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia como una infraestructura básica y estratégica del sistema de transporte y logística del territorio histórico de Gipuzkoa.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a la paralización cautelar de las obras hoy en ejecución en dicha pista en orden a la adecuación e implantación en la misma de las medidas necesarias según la normativa OACI con el fin de proceder, a la mayor brevedad posible, en la máxima coordinación posible con el Gobierno Vasco, Diputación Foral de Gipuzkoa y municipios directamente afectados, a una revisión y modificación del Plan Director actualmente en vigor, que contemple los siguientes extremos:
a) Ampliación de su pista en 300 metros previa evaluación y compromiso de atención a los gastos derivados del impacto de dicha ampliación sobre el desarrollo residencial de los municipios de Irún y de Fuenterrabía.
b) Una revisión de las actuaciones necesarias para lograr la modernización del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia (sistemas de ayuda a la navegación y maniobras, parking, dispositivos de control, áreas de espera) así como un calendario de ejecución.
c) Un repaso de la situación del acuerdo entre España y Francia acerca de las condiciones de utilización del espacio aéreo francés en orden a, en el marco de la cooperación transfronteriza, plantear a las autoridades galas la revisión de dicho acuerdo en orden a obtener unas condiciones de utilización del espacio aéreo francés que permitan el incremento de vuelos y la ampliación del horario para los mismos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de mayo de 2008.-Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/000064
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modificación del Plan Director del aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia para su debate en Comisión.
En fecha 23 de junio de 2004, la Comisión de Fomento y Vivienda de este Congreso de los Diputados, aprobó la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (referencia 161/18), en la que se acordaba la "retirada del Plan Director del Aeropuerto de Hondarribia, renunciando a su ampliación y cesando en las expropiaciones previstas..." y ello pese a declarar que "El Congreso de los Diputados considera el aeropuerto de San Sebastián-Hondarribia como una infraestructura básica y estratégica para el territorio de Gipuzkoa".
El transcurso de estos casi cuatro años se ha traducido en un incremento del tráfico de pasajeros de un 58%, pasando de 295.553 pasajeros a 466.494, de ellos el 10% extranjeros. Las proyecciones para los cinco próximos años, de poder seguir operando las aeronaves que en la actualidad lo hacen, son duplicar el actual número de pasajeros; cifras que pueden crecer incluso en mayor medida en caso de que el aeropuerto de San Sebastián-Fuenterrabía se transforme en un aeropuerto de oferta y no, como en la actualidad, de demanda; que no puede competir con el de Loiu-Bilbao ya que se propicia, por razones estrictamente económicas, el desvío del tráfico de pasajeros.
Por otra parte, un notable número de ciudadanos guipuzcoanos -incluidos los que se aglutinan en torno a AFODESA- cuando han podido mostrar su opinión públicamente se han pronunciado por un aeropuerto operativo, viable y con futuro pese a que ello implique -para poder mantener la operatividad de la pista con su actual longitud- la ampliación en 300 metros que por razones de seguridad en la navegación aérea exige la OACI.
La reducción en 300 metros de la pista, acordada por esta Cámara para dar cumplimiento a la normativa de seguridad, supone la inviabilidad del aeropuerto en los términos en que ahora se desenvuelve y, por supuesto, cerrar definitivamente la puerta a su crecimiento, potenciación y mejora.
La imposibilidad, en ese escenario, de operar los actuales reactores supone el empobrecimiento de una infraestructura paradójicamente calificada por el Congreso de los Diputados como "básica y estratégica para el territorio histórico de Guipúzcoa". Dicho popularmente, transformándose un aeropuerto en poco más que un aeródromo.
La pérdida económica que, según estudios de AFODESA, se produciría para Guipúzcoa alcanza la cifra de unos 500 millones de ?, al margen de las incomodidades, trastornos y problemas que acarrea para los pasajeros dicha situación y de la importante pérdida de empleo directo e indirecto en la zona. Asimismo, la limitación de la operatividad del aeropuerto de San Sebastián, acarrearía unas pérdidas de 25 millones de ? anuales.
Todo ello, considerando el horizonte de 2016 año en el que si, como todos deseamos, resulta San Sebastián designada como capital europea de la cultura requerirá del incremento de todas nuestras infraestructuras especialmente de las hosteleras y de transporte que permitan dar satisfacción al incremento de viajeros, visitantes y turistas que tan importante evento puede precisar.
Por tanto, nos encontramos todavía a tiempo de reconsiderar el mandato del Congreso de los Diputados y establecer la modificación del Plan Director a fin de ampliar, con inmediatez, la longitud de la pista como mínimo en los 300 metros que por razones de seguridad requiere la OACI, y, con ello salvaguardar el futuro del aeropuerto de San Sebastián, preservar los derechos de los guipuzcoanos así como el desarrollo económico del Territorio.
El Gobierno debe liderar este cambio y buscar el máximo consenso posible con las instituciones afectadas, muy especialmente con los Ayuntamientos implicados, ofrecer medidas correctoras de la incidencia empresarial y social de la ampliación, compensadoras de los impactos municipales con los Ayuntamientos, y, reductoras del impacto medioambiental que pudiera llegar a producirse.
"1. El Congreso de los Diputados considera el aeropuerto de San Sebastián-Fuenterrabía como una infraestructura básica y estratégica para el territorio histórico de Guipúzcoa.
2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a que acuerde sin más dilación la ampliación de la pista en un margen de seguridad de 300 metros y busque el máximo nivel de consenso posible con las instituciones afectadas a fin de facilitar el llevar a efecto tal decisión.
3. En todo caso, el Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a fin de que lleve a cabo las actuaciones y obras precisas para que puedan seguir operando las actuales aeronaves, incrementándose la frecuencia de los vuelos, potenciando el aeropuerto en su integridad, preservando su plena seguridad y adoptando,
a tal fin, los compromisos presupuestarios que resulten precisos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2008.-María Soraya Sáenz de Santa María Antón, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/000065
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del diputado don Francisco Jorquera Caselas (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a necesidad de revisar el Real Decreto 503/2007 por el que se reforma el reglamento que regula la prestación de servicios de Correos en lo concerniente al reparto postal en ámbitos rurales, para su debate en Comisión.
En el BOE del 9 de mayo del año 2007 se publica el Real Decreto 503/2007 por el que se reforma el reglamento que regula la prestación de servicios de Correos. Esta normativa establece los denominados "entornos especiales" en los que se elimina la entrega domiciliaria, lo que supone el establecimiento de una flagrante discriminación entre los habitantes de las ciudades y los que habitan en las zonas rurales. En el caso de las zonas urbanas, Correos está obligado a distribuir la correspondencia a los domicilios de los ciudadanos, tal y como establece la Ley Postal y la directiva de la UE.
En cambio, indica el Decreto, Correos no tendrá obligación de repartir las cartas a los domicilios de los ciudadanos que vivan en el ámbito rural.
La fórmula será la de depositar la correspondencia en casilleros concentrados pluridomiciliarios y buzones individuales no domiciliarios como alternativa a la entrega a domicilio, casilleros ubicados en determinados cruces de carreteras.
Además, la consideración de "entornos especiales" resulta muy amplia. Por poner un caso, uno de sus supuestos establece que "tendrán esa consideración las viviendas aisladas o situadas en entornos clasificados como diseminados y que estén situadas a más de 250 metros de la vía pública habitualmente utilizada por cualquiera de los servicios públicos". Dado este planteamiento, podríamos afirmar que casi todo el ámbito rural de Galicia está englobado en esa definición.
Esta decisión va a repercutir negativamente en Comunidades Autónomas como Galicia con una alta dispersión poblacional ya que la mitad de los núcleos de población del Estado español (más de 30.000) están situados en territorio gallego.
La implantación de este nuevo tipo de modalidad supondrá un empeoramiento del servicio de Correos en núcleos de población que ya de antemano sufrían un servicio deficiente y problemático.
Sin olvidar que dará lugar a la consiguiente pérdida de puestos de trabajo que afectará a los denominados carteros rurales. Hay que tener presente que Galicia no sólo cuenta con la mitad de los núcleos de población del Estado si no también con más del 50% de los carteros del Estado español.
Es evidente que esta decisión atenta contra la igualdad de derechos puesto que introduce una clara discriminación entre la población urbana y la población rural. Además de que también vulnera la Ley de Protección de Datos por la inseguridad que generan los denominados casilleros concentrados situados a la intemperie y de fácil acceso.
Estamos, pues, ante una situación doblemente perjudicial para Galicia. Por un lado, se empeora el servicio público de Correos en el ámbito rural, y por otro lado, la modificación legislativa puede suponer la desaparición de más de 400 puestos de trabajo en el territorio gallego.
- Revisar y corregir el Real Decreto 503/2007, por el que se reforma el reglamento que regula la prestación de servicios de Correos en lo concerniente al reparto en los denominados "entornos especiales", de modo que se garantice el reparto postal a domicilio de los habitantes de las zonas rurales de acuerdo a la frecuencia establecida en las normas europeas y en la Ley Postal, y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Protección de Datos.
- Garantizar la permanencia y continuidad de los puestos de trabajo de los carteros que desarrollan su actividad laboral en los ámbitos rurales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000063
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la situación de la población inmigrante indocumentada
con orden de expulsión que no se puede ejecutar, para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Según el informe elaborado por el Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos (CEDEHU), en junio de 2006, uno de los aspectos más injustos y dolorosos de la actual Legislación de Extranjería es la situación de las personas inmigrantes que tienen una orden de expulsión que no puede ser ejecutada, por lo que se ven abocadas a la irregularidad administrativa permanente sin que puedan ser repatriadas, así como a la marginalidad, con las consecuencias que esto conlleva.
La vigente legislación en materia de Extranjería, no sólo se caracteriza por la dureza y control policial del fenómeno de la Inmigración y las escasas vías para la regularización permanente, sino porque el efecto combinado de sus normas ha venido a producir una categoría jurídica, no contemplada y no conceptuada, de inmigrantes "sin papeles". No se trata de "apátridas", puesto, que las personas que tienen reconocida tal condición jurídica de apátrida pueden gozar de derechos similares a un residente regular. Lo peculiar de estos inmigrantes "sin papeles" radica en que ni pueden ser regularizados, ni pueden ser repatriados o expulsados. De ahí que se les venga denominando como "inexpulsables".
a) Carecer de documentación de identidad que acredite su procedencia.
b) La falta de un acuerdo bilateral de repatriación entre España y su país de origen, o bien que éste no les reconozca como nacionales o no los admita.
c) La falta de fondos públicos destinados a repatriaciones.
d) Encontrarse ilocalizables.
Según datos facilitados por el Gobierno en el mes de octubre de 2005, a través de Preguntas Parlamentarias, desde el 1 de enero de 2001 hasta el 31 de mayo de 2005, el número de expulsiones que no han podido llevarse a efecto han sido 122.238.
Dado que la expulsión lleva consigo la prohibición de entrada por un período de entre 3 y 10 años y que la prescripción de la sanción de expulsión es de entre 2 y 5 años, que no empieza a contar hasta que haya transcurrido el período de prohibición de entrada, la mayoría de estas personas, salvo quienes se hayan podido regularizar, estarían en la situación descrita, con una orden de expulsión que no se puede ejecutar.
Los crecientes esfuerzos de la Administración para proceder a la devolución o expulsión a terceros países no pueden razonablemente dar los resultados que pretenden. Sólo van a conseguir que aumenten los riesgos, que se incrementen el número de muertes y el sufrimiento. El mensaje a los países de origen es claro y contundente, "que no vengan", lo que legitima a los gobiernos y fuerzas de seguridad de estos países a utilizar cualquier medio para que se cumplan los acuerdos; se promueve por tanto la violación de los derechos humanos: persecución, represión, encarcelamiento, etc.; en definitiva se han delegado las funciones de internamiento y expulsión.
Todo ello nos lleva a decir que la situación de la población inmigrante indocumentada con orden de expulsión que no se puede ejecutar exige una urgente modificación legislativa y administrativa que dé una salida razonable y respetuosa con los Derechos Humanos para estas personas.
Dar una urgente e inmediata solución a la creciente problemática de personas con orden de expulsión que no se ejecuta en la línea de:
1. Anular las órdenes de expulsión no ejecutables.
2. No imponer la sanción de expulsión para las personas que entran de forma irregular o devienen en irregulares máxime cuando dicha sanción no sea ejecutable.
3. Modificar los artículos 34 de la Ley y 107 del Reglamento para permitir que quienes estén sin documentos de identidad puedan obtener su inscripción y, por tanto, su reconocimiento como ciudadano.
4. Procedimiento de regularización permanente para quienes se encuentren en esta coyuntura, mediante la concesión del Permiso de Residencia y Trabajo por cinco años directamente y después el Permiso de Residencia Permanente."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000069
Proposición no de Ley sobre estudio de las consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores con jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y sus medidas compensatorias.
Considerando, en relación con el apartado 1, que su aprobación no implicará en ningún caso la vinculación para la Cámara de la tramitación que deba seguirse en relación con el informe a que se alude en el mismo, y considerando asimismo que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo e Inmigración. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, al Grupo Parlamentario proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre estudio de las consecuencias negativas para las trabajadoras y trabajadores con jornada laboral en turno nocturno o a turnos rotativos y sus medidas compensatorias su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
Según datos de estudios, del propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, las personas que trabajan por turnos, demuestran una menor satisfacción con el horario y con el trabajo en general. Así, diversos estudios realizados en este sentido, muestran que las personas que trabajan en turnos rotativos conciben su trabajo como más estresante que las del turno de día, o que su trabajo es fatigante física y mentalmente.
Además está demostrado que genera un incremento del gasto médico, absentismo y accidentes laborales y desmotivación por el trabajo.
De hecho, el trabajo por los turnos rotativos obliga a las personas a modificar su ciclo vital normal, forzando unos nuevos biorritmos que reajusten las funciones corporales. Estas alteraciones, y las derivadas de ellas, crean toda una serie de consecuencias negativas para la salud.
En este sentido, según investigadores de la Universidad Nagoya de Japón, los varones que trabajan en turnos que exigen reajustes en el reloj interno del cuerpo tienen 3,5% más posibilidades de desarrollar cáncer de próstata y 2,8% más de problemas cardiovasculares -incluido infartos. Por otro lado, dicho estudio señala que las personas expuestas a una luz fuerte en medio de la noche aumentan el riesgo de insomnio y el cáncer de pecho.
Los ritmos del sueño con los cambios de turnos se ven alterados, creando a menudo insomnio. Este insomnio perjudica la recuperación física de las personas, ya que ésta se produce en la segunda parte del sueño, provocando una fatiga, que se puede convertir a largo plazo en fatiga crónica. La fatiga crónica produce consecuencias negativas de tipo nervioso (dolor de cabeza, irritabilidad, depresión, temblor de manos...), enfermedades digestivas (náuseas, falta de apetito, gastritis...) y del aparato circulatorio. Asimismo, el insomnio provoca un mayor riesgo de accidente de circulación en las personas que se desplazan en vehículos al trabajo.
Por otro lado, se muestran también trastornos en la alimentación de las personas que trabajan a turnos, que generan a su vez otras consecuencias negativas para la salud de estas personas. Según el informe "Trabajo nocturno y trabajo a turnos: alimentación", realizado por la especialista en Medicina de Empresa, Silvia Nogareda Cuixart, "las consecuencias de los ciclos circadianos digestivos vienen agravadas por el hecho de que los trabajadores/as suelen comer a disgusto y con poco apetito por no poder hacer la comida principal con la familia; a veces se saltan alguna comida (...) Desde el punto de vista nutricional, los alimentos están mal
repartidos a lo largo de la comida y suelen ser de alto contenido calórico con abuso de la ingesta de grasas; en el trabajo nocturno suele haber un aumento del consumo de café, tabaco y excitantes para combatir el sueño".
Por todo ello, la autora concluye que hay toda una serie de alteraciones que pueden producirse en este tipo de trabajo, y entre las que destacan con mayor frecuencia: "dispepsia, gastritis, colitis, pirosis (ardor de estómago), digestiones pesadas, flatulencia, úlcera de estómago, aumento de peso/obesidad por modificaciones cualitativas de los alimentos (más grasas, bocadillos, alcohol...) y cuantitativas (exceso de lípidos y falta de glúcidos/hidratos de carbono) cuando el ritmo metabólico es más bajo".
Por otro lado, respecto a los turnos nocturnos, es necesario señalar que algunos parámetros biológicos (secreción endocrina, tensión arterial, secreciones digestivas y urinarias, frecuencia cardiaca...) funcionan más lentamente por la noche, de manera que el trabajo normal requiere un mayor esfuerzo al realizarse en un horario que el cuerpo regula para el descanso, generando en este caso la jornada laboral mayor fatiga y estrés.
En otro orden de cosas, el trabajo por turnos modifica y dificulta el desarrollo personal, tanto a nivel familiar como social. A nivel social, se recorta la posibilidad de desarrollo personal, no pudiendo coincidir con familiares y amistades, no pudiendo asistir a cursos de formación o actividades de ocio, de manera que las actividades de tiempo de ocio pasan a desarrollarse de manera individual, con todas las consecuencias psicológicas que dicho aislamiento social e imposibilidad de desarrollo personal genera.
A nivel familiar, se produce tanto la modificación de la relación normal como pareja, padre o madre, etc., donde se llega a no poder compartir ni los horarios de las comidas, ni las actividades de la descendencia, la atención a las personas mayores... De hecho, se produce aquello que algún autor como Florenzano define como "estrés familiar" y cuyas características son: incapacidad de los miembros para ejercer los roles y tareas usuales, incapacidad para tomar decisiones y resolver problemas, incapacidad para cuidar a los demás en la forma habitual y cambio de foco de la supervivencia familiar a la supervivencia individual. Todos estos efectos negativos todavía se ven más amplificados cuando la pareja trabaja en turnos diferentes.
Así, por todo lo referido anteriormente, se produce una reducción de la capacidad inmunológica, e incluso, un envejecimiento prematuro, que no sólo incide en la calidad de vida, sino también en la propia esperanza de vida. Asimismo, se produce también una mayor incidencia del estrés en las personas que se ven obligadas a trabajar en turnos rotativos. Un estrés que no sólo tiene repercusiones en las trabajadoras y trabajadores (entre otras, el estrés es el culpable de entre un 20-40% de las disfunciones eréctiles), sino en la propia economía. En Europa, donde se calcula que un 28% de los trabajadores se considera estresado por su empleo, el 50-60% de los días no trabajados es por causa del estrés, produciendo unos perjuicios estimados en unos 20.000 millones de euros al año.
Es por todo lo expuesto anteriormente que se presenta la siguiente
1. Crear, en el plazo de tres meses, una Comisión de estudio sobre las consecuencias que tiene la jornada laboral en turno nocturno y por turnos rotativos para la vida de los trabajadores y trabajadoras, así como las medidas a adoptar para reducir sus consecuencias negativas y para compensarlas. La Comisión de estudio estará compuesta por 4 representantes del gobierno y por representantes de la sociedad civil (organizaciones sindicales, expertos sanitarios y psicológicos...) elegidos por la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, a razón de dos miembros por Grupo Parlamentario. La Comisión de estudio elaborará, en un plazo no superior a 9 meses, un informe donde se analicen transversalmente las consecuencias para los trabajadores y trabajadoras (salud física y psicológica, conciliación vida laboral-familiar, tiempo de ocio...), y que contenga unas conclusiones sobre las medidas a adoptar para la reducción de los efectos negativos para la calidad de vida de las personas afectadas, así como medidas compensatorias. El informe, que será presentado en comparecencia ante la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, dará lugar a las propuestas de resolución pertinentes por cada Grupo Parlamentario. Asimismo, en dicha sesión, más allá de la comparecencia de un portavoz de la Comisión que presente el estudio, se efectuarán las comparecencias de los miembros de dicha Comisión que los Grupos Parlamentarios estimen oportunas.
2. Realizar, en el plazo de tres meses desde la aprobación del informe y/o propuestas de resolución, las modificaciones legales oportunas para adaptar la legislación vigente a las medidas aprobadas por el Congreso de los Diputados en virtud del informe, incluyendo su reflejo económico en el próximo ejercicio presupuestario, en su caso."
161/000078
Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización.
Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que en el apartado 1 se insta al Gobierno al ejercicio de su iniciativa legislativa en la materia, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Trabajo e Inmigración.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización para su debate en la Comisión de Trabajo e Inmigración.
En el contexto de una economía neoliberal globalizadora, las empresas transnacionales y multinacionales, trasladan su producción a países donde las garantías y derechos sociales, laborales y medioambientales son especialmente limitados y/o reprimidos. Esta deslocalización, argumentada por la "reducción de costos" de producción, supone la drástica reducción o la total eliminación de las plantillas de trabajadoras y trabajadores locales.
Ante la amenaza de trasladar su producción a otros países, aumentando el paro, el gobierno estatal y los gobiernos autonómicos conceden diferentes medidas ventajosas para las empresas, y particularmente subvenciones, con el fin de retener la producción y mantener la ocupación. No obstante, a menudo estas medidas y subvenciones sólo consiguen su finalidad temporalmente, y después de recibir -e incluso exigir- cantidades ingentes de dinero público para quedarse, dichas empresas acaban marchándose a otros países donde la producción es más barata.
Los poderes públicos deben tomar las medidas adecuadas para garantizar que las inversiones que realiza y las subvenciones que otorga se ajusten a la finalidad pretendida, exigiendo la devolución de éstas en caso de que no sea así.
Por otro lado, ante una eventual deslocalización, o ante cualquier expediente de regulación, las empresas deberían obligatoriamente establecer un plan de recolocación de sus trabajadores y trabajadoras.
Asimismo, sería necesario extender este derecho a los despidos individuales, a la vez que se pueden estudiar las fórmulas para que en caso de necesidad de despido y consiguiendo exitosamente vías de recolocación, no se incrementen los costes de indemnización.
1. Realizar las modificaciones legales oportunas con la finalidad de que las ayudas públicas o subvenciones concedidas a las empresas en relación a la investigación, la creación o el desarrollo de sus proyectos empresariales, sean devueltas en caso de que éstas decidan trasladar la producción a otro país.
2. Instaurar los planes de recolocación como una medida necesaria ante cualquier expediente de regulación.
3. Extender el ofrecimiento de planes personalizados de recolocación a los despidos individuales."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo parlamentario de Esquerra
Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para proteger al consumidor frente a la supresión de la tarifa eléctrica nocturna, para su debate en la Comisión de Industria.
Desde su establecimiento en el año 1983 está en vigor la denominada Tarifa Eléctrica 2.0N, más conocida como tarifa nocturna. Esta tarifa se basa en la filosofía de primar el consumo en las horas nocturnas, donde la potencia consumida en el conjunto del sistema eléctrico es menor.
Los usuarios que contrataron esta tarifa lo hicieron a petición del Gobierno y de las compañías eléctricas, que entre los años 80 y 90 desarrollaron una intensa campaña institucional para fomentar el consumo responsable durante la noche y evitar posibles colapsos de la red en horas punta. Estos usuarios atendiendo a estos criterios hicieron inversiones importantes para mejorar la red eléctrica de los hogares e instalar acumuladores de calefacción, lavadoras, lavavajillas, calentadores de agua, etc., que se pueden usar de noche.
La tarifa nocturna contaba con un descuento del 55% en las horas nocturnas y un recargo del 3% en el consumo diurno.
Las condiciones de este sistema de tarifa han sido modificadas por los Reales Decretos 1634/2006, de 29 de diciembre y 871/2007, de 29 de junio.
En este último Real Decreto, la Disposición transitoria primera establece en su primer apartado que a partir del 1 de julio de 2008 desaparece la tarifa 2.0N con discriminación horaria nocturna. Además, se obliga a los clientes con tarifa nocturna a contratar una nueva potencia, superior a la que tenían en el consumo de las horas punta y a soportar un incremento del precio sobre el consumo que tenían en las horas punta, que pasa de un recargo del 3% a un 35%. En conjunto el incremento que pueden padecer, en la factura eléctrica, puede superar un 40%.
Aunque la nueva tarifa amplía el número de horas valle de 8 a 14, el descuento es menor para el usuario, del 55% actual al 47%.
Para acogerse a la nueva Tarifa de Discriminación Horaria, los usuarios de tarifa nocturna deben asumir íntegramente los costos del cambio, estimados entre 400 y 500 euros en la adaptación de los sistemas de calefacción.
Además, una vez realizadas las modificaciones precisas, el usuario tendrá que pagar un incremento proporcional a la potencia contratada, que es una parte fija de la factura eléctrica, y deberá pagarla para las 24 horas del día, invierno como verano. En consecuencia, la nueva tarifa no favorece el ahorro, al obligar a contratar más potencia para elevar la cuota mínima, que es igual se consuma lo que se consuma.
La supresión de la tarifa nocturna tendrá un fuerte impacto sobre la factura de la luz de aproximadamente un millón de clientes que la tienen contratada.
Esta modificación unilateral y gravosa de las condiciones firmadas en el contrato de suministro de energía eléctrica entre la empresa suministradora y el particular en lo relativo a la potencia contratada y al tipo de tarifa podría vulnerar el artículo 9.3 de la Constitución Española, que garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables.
El Real Decreto no contempla ninguna medida de compensación, ni reparte cargas entre usuarios y empresas distribuidoras que, en definitiva, serán las grandes beneficiarias.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar el Real Decreto 871/2007, de 29 de junio, adoptando medidas para que el usuario no asuma todos los costes de la desaparición de la tarifa nocturna e informando adecuadamente al consumidor sobre los cambios tarifarios."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000081
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la diputada doña María Olaia Fernández Davila (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a medidas del Gobierno para mejorar los criterios de distribución de la cuota láctea en el Estado español, para su debate en Comisión.
La última campaña láctea 2007/2008, que comenzó el 1 de abril de 2007 y terminó el 31 de marzo de este año 2008, pone de manifiesto el peso de la producción láctea gallega. Galicia es la única Comunidad Autónoma donde crecieron las entregas de leche que llegaron a los 2.242 millones de kilos, que representa un 1,88% más que en la campaña anterior.
La situación en el resto del Estado español es muy diferente puesto que las entregas de leche disminuyeron en un porcentaje de 2,07%.
Precisamente, hace tan sólo dos campañas, Galicia representaba el 35,4% de la producción láctea del Estado, y actualmente, se sitúa en el 37,6% en una tendencia claramente al alza.
Las explotaciones ganaderas gallegas comercializaron 2,2 millones de toneladas, 38.500 más de la cuota atribuida pero no tendrán que pagar supertasa ya que el resto de las CC.AA. han producido menos de los que les correspondía. El conjunto de la producción estatal fue inferior a la cuota en algo más de un 2% por eso no hay que afrontar pagos de supertasa. En Galicia las entregas superaron la cuota en casi 39 millones de kilos mientras que en el resto del Estado las entregas se quedaron 167 millones de kilos por debajo de la cuota. Más del 60% de las explotaciones que superaron la cuota en el conjunto del Estado están ubicadas en el territorio gallego: 7.573 de 12.305.
Esta situación pone de manifiesto los desajustes existentes en la distribución territorial de la cuota láctea en el Estado español. Por un lado, Galicia con una producción en aumento y con un sector lácteo con clara vocación de continuidad y permanencia, y por otro lado, están los datos y las cifras de la producción láctea en el resto del Estado español que demuestran una tendencia decreciente y en proceso de retroceso.
Queda pues patente la necesidad de garantizar la distribución gratuita y con criterios sociales de la reserva estatal, incluyendo la cantidad resultante del incremento del 2% acordado en la UE. De ese modo, se priorizarían en el reparto a las pequeñas y medianas explotaciones con vocación de permanencia. No hay que olvidar que son precisamente este tipo de explotaciones las que contribuyen a fijar población en el ámbito rural.
Asimismo, sería importante que esta distribución se agilizase de modo que se permita a las explotaciones ganaderas planificar la campaña 2007/2008.
Un último aspecto que el Gobierno debería tener presente, es la necesidad de modificar la normativa sobre retenciones de modo que no se perjudique económicamente a las explotaciones ganaderas cuando la cuota no se supera. Los desajustes antes señalados entre la producción y la cuota a nivel estatal, y el hecho de que no se haya repartido la cuota de la reserva estatal, produce una situación paradójica puesto que a pesar de saberse que no habrá supertasa, a 7.573 productores gallegos se les retiene casi cinco millones de euros por sobrepasarse. Una vez que se constata que no hay supertasa en el cómputo estatal, se les devuelve la cantidad retenida.
Para terminar con este tipo de situaciones lo idóneo sería que se distribuyese tanto la cuota abandonada como la que proviene de la UE.
- Cambiar los criterios de distribución de la cuota láctea en el Estado español de modo que se garantice la distribución gratuita y con criterios sociales de la reserva estatal, incluyendo la cantidad resultante del incremento del 2% acordado en la UE.
- Priorizar a las pequeñas y medianas explotaciones ganaderas con vocación de permanencia y continuidad debido a su importancia productiva y también por su papel a la hora de fijar población en el ámbito rural.
- Tener en cuenta el peso y la relevancia del sector productor de leche de Galicia que actualmente es la única Comunidad Autónoma de todo el Estado español que tiene una tendencia al alza y un perfil de crecimiento en su producción.
- Modificar la normativa sobre retenciones para no perjudicar económicamente a las explotaciones ganaderas cuando no se supera la cuota estatal."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-María Olaia Fernández Davila, Dipu-tada.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000082
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la prohibición de la fabricación y comercialización de cualquier producto derivado de las focas, para su debate en la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca.
La cacería comercial de focas constituye una matanza de crías de focas indefensas. Si bien es cierto que las focas arpa "de pelo blanco" recién nacidas son protegidas de la cacería, apenas comienzan a botar los pelitos blancos -lo cual inicia desde los 12 días de nacidos- los cazadores pueden cazar de manera legal a estas crías. De hecho, el 97% de las focas matadas por medio de la cacería comercial de focas durante los últimos 3 años tenía menos de 3 meses de vida y la mayoría tenía menos de un mes. En el momento de la matanza, muchas de esas crías ni siquiera habían probado su primera comida sólida ni habían nadado por primera vez.
Los cazadores de focas prefieren matar las crías porque su piel está en condición "óptima" y se paga a mayor precio.
La caza comercial de focas es una caza que favorece, en primer lugar, a la potente industria de la moda, no a la de la alimentación. Las focas son despellejadas para esa industria, y el resto del cuerpo normalmente se abandona para que muera y se pudra sobre el hielo. La cantidad de carne que se comercializa es mínima. Lo
cierto es que mueren por la moda humana europea y asiática. Diseñadores europeos como Prada y Versace usan piel de foca en sus colecciones.
Los científicos coinciden en que los niveles actuales de matanza no son sostenibles. Durante los últimos 10 años, entre un tercio y la mitad de todas las crías han sido matadas por cazadores comerciales. Dado que las focas no alcanzan la edad para reproducirse hasta los 6 años, apenas se comienzan a sentir los impactos de estos altos niveles de su matanza. Si no se toman ya medidas para salvar la población de focas, puede que cuando se decida intervenir sea demasiado tarde.
En enero 2007, Bélgica se convirtió en el primer país de la Unión Europea en imponer una veda nacional al comercio de todos los productos derivados de foca.
En septiembre 2006, el Parlamento Europeo pidió que cesara el comercio de productos de foca. Un total de 425 (de 732) MPEs firmaron una Declaración por Escrito, lo cual marcó un récord para el mayor número de firmas en cualquier Declaración por Escrito. La resolución pide a la Comisión Europea producir una propuesta de legislación para una veda de focas. En octubre 2006, el Parlamento Europeo aprobó otra resolución sobre el Plan de Acción de Protección de Animales que pide una prohibición de productos derivados de foca a nivel Unión Europea.
La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pidió en noviembre 2006 a sus Estados Miembros que presentaran vedas nacionales de productos derivados de foca.
En los últimos tres años, Bélgica, Italia, Alemania, Austria, Holanda, Francia, Luxemburgo, Croacia, Irlanda, Eslovenia, México y Panamá o han puesto fin a su comercio de productos derivados de las focas o han anunciado su intención de hacerlo. Así se han unido a los EE.UU. que tiene prohibido el comercio de productos derivados de las focas desde 1972.
En estos días Loyola Sullivan, embajadora para la conservación de la pesca en Canadá está de gira por Europa para defender la caza de 275.000 focas en su país. Pretende convencer a la opinión pública europea de que golpear en la frente a una foca con un hakapik (garrote coronado con una punta de hierro) es un método de sacrificio "humano" y así evitar que la Unión Europea al completo siga los pasos de los países citados anteriormente y prohíba la importación de productos de foca.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que regule de forma inmediata la normativa necesaria para la prohibición de la fabricación y comercialización de cualquier producto derivado de las focas, en consonancia con la resolución aprobada en el Parlamento Europeo y con la regulación en este sentido ya aprobada en algunos países de la Unión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-Joan Herrera Torres, Diputado.-Gaspar Llamazares Trigo, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
El Grupo Parlamentario Mixto (UPyD), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la legislación, ordenación, concesión y explotación de recursos y aprovechamientos hidráulicos, para su debate en Comisión.
El Título VIII de la Constitución "De la Organización Territorial del Estado" se abre con un Capítulo primero donde se contemplan los "principios generales". De entre ellos brillan con luz propia el principio de solidaridad que recoge el artículo 138.1 en los siguientes términos: "El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad" y el principio de igualdad de derechos y deberes del artículo 139.1: "Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado". Ambos principios son fiel reflejo del artículo 1.1 de nuestra Norma Fundamental en el que se consagra como valor superior del ordenamiento jurídico la igualdad. A mayor abundamiento, para cerrar la regulación que sobre la materia aparece en nuestra Norma Jurídica Superior, el artículo 149.1.1.ª es muy claro al señalar que es competencia exclusiva del Estado, en un Estado social y democrático de Derecho no podría ser de otra forma, "la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos".
Sin embargo, y a pesar de la claridad con que la Constitución regula el principio de igualdad y solidaridad en lo que afecta a la organización territorial del Estado, o en lo que comúnmente se llama la España de las Autonomías, en estos últimos años estamos asistiendo a unas manifiestas y palpables disfuncionalidades del Estado de las Autonomías que están produciendo tensiones innecesarias y nada deseables entre diferentes Comunidades Autónomas en materias, como la que ahora nos ocupa: la regulación, ordenación y explotación de los recursos y aprovechamientos hidráulicos.
En el momento presente se constata una denominada batalla por el agua que afecta, por citar sólo algunos
ejemplos ilustrativos, a la Región de Murcia con Cataluña por la compra del agua a los regantes del Ebro de la Comunidad de Aragón. La Comunidad de Castilla-La Mancha recurre la venta de agua del Tajo que los agricultores de la Comunidad de Madrid han realizado a los de la Región de Murcia, por apuntar sólo algunos casos concretos de la realidad irracional que hoy se está viviendo en nuestro Estado de las Autonomías.
Es constatable un evidente conflicto por el bien escaso agua en el que el Estado debe adoptar alguna medida ante el mercadeo o compra-venta de los derechos de unos recursos hídricos que son claramente recursos esenciales.
No se puede ni se debe parchear continuamente ante una realidad que desde hace años se ve venir, las medidas provisionales fruto de la improvisación y tener que recurrir a instrumentos jurídicos como los decretos-leyes, que son normativa excepcional para materias sobrevenidas y difícilmente previsibles, no es el camino a seguir para una problemática tan seria e importante como el agua potable que precisan los españoles.
Por todo ello y tratando de abordar el problema en su raíz y no de una forma puntual y provisional, se propone que sea el Estado el que legisle, ordene, conceda y explote los recursos hídricos de toda España, para que sea el Estado el que, según contempla el artículo 9.2 de la Constitución promueva las condiciones para que la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; y remueva los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. El agua es un recurso esencial que no puede quedar al arbitrio parcial y unilateral de las Comunidades Autónomas y mucho menos politizar una cuestión que simplemente es un recurso esencial que debe asumir el Estado según el artícu-lo 128.2 de nuestra Constitución, pues es el Estado el único que puede hacer valer el interés general, la igualdad y la solidaridad de todos los españoles ante una cuestión tan delicada como la presente, que precisa, ante todo de eficacia y solidaridad frente a la problemática de un bien tan escaso y necesario como el agua potable de los españoles.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el más breve plazo posible un proyecto de ley orgánica que contemple lo siguiente:
2. Todo ello en virtud del artículo 138.1 de la Constitución que dice expresamente que corresponde al Estado garantizar la realización, no cualquiera, sino efectiva, del principio de solidaridad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de mayo de 2008.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000088
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Rosa Díez González de Unión Progreso y Democracia, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la aplicación del artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, para su debate en Comisión para que el Gobierno disuelva las corporaciones locales gobernadas por Acción Nacionalista Vasca.
El Gobierno de la Nación tiene el derecho y el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas que el vigente ordenamiento jurídico pone a su disposición para combatir desde todas las perspectivas legales la lacra injustificable que supone el terrorismo para España. La tibieza, el oportunismo político y las actuaciones de cara a la galería no son instrumentos adecuados cuando están en juego la vida de los ciudadanos y los principios democráticos.
A los efectos de avanzar desde el Estado de Derecho, consagrado en el artículo 1.1 de nuestra Constitución, para lograr que el terrorismo desaparezca definitivamente de la vida de los españoles, el artículo 6 de la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, modificó el artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, quedando redactado de la siguiente forma:
"1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses
generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales.
A los efectos de solventar de una vez el lamentable espectáculo que durante estas semanas se está viviendo en el Ayuntamiento de Mondragón y en los Ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) que mantienen una actitud inaceptable en cualquier Estado de Derecho democrático, se insta al Consejo de Ministros a aplicar el mencionado artículo 61 de la Ley 7/1985, para disolver los Ayuntamientos gobernados por ANV. Este artículo ya se aplicó en el 2006 por el Gobierno para el caso de los escándalos ocurridos en el Ayuntamiento de Marbella donde el interés general estaba siendo gravemente dañado por la gestión de dicha corporación local.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el más breve plazo posible un Real Decreto, según los términos previstos en el artículo 61.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, para disolver las corporaciones locales gobernadas por Acción Nacionalista Vasca (ANV) que según determina el artículo 61.2 de la citada Ley con sus acuerdos o actuaciones "den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares". Una vez acordada la disolución, aplíquese el artículo 61.3 de la mentada Ley 7/1985."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2008.-Rosa Díez González, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/000071
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a iniciativa del diputado Francesc Canet i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre organigrama y políticas del Instituto Cervantes y los Centros Culturales para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional asiste al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación en la dirección, formulación y ejecución de la política de cooperación internacional para el desarrollo.
Asimismo, el Instituto Cervantes es una institución pública creada para la promoción y enseñanza de la lengua española y para la difusión de la cultura española e hispanoamericana.
Sin embargo, y a pesar de que no se ajusta a ninguna de las competencias atribuidas ni a la lógica, el Instituto Cervantes y la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas dependen de la Secretaría de Estado de Cooperación, desestimando recursos propios para las políticas de cooperación a la difusión del citado Instituto y Dirección General.
Por otro lado, el Instituto Cervantes y de los Centros Culturales en su actividad destinan prácticamente todo el presupuesto a la difusión de la lengua y cultura castellana, siendo marginal el presupuesto dedicado al resto de lenguas y culturas propias del Estado.
1. Realizar las modificaciones legales oportunas con el fin de que la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas, la Subdirección General de Programas y Convenios Culturales y Científicos, y el Instituto Cervantes dependan plenamente de la Subsecretaría de Asuntos Exteriores y de Cooperación, en detrimento de su dependencia de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
2. Desarrollar una política de promoción, en los Centros Culturales y los Institutos Cervantes, de las lenguas y culturas del Estado español no castellanas que sea acorde con el peso demográfico que éstas tienen en él.
3. Garantizar que la promoción de la lengua castellana en territorios con lenguas autóctonas americanas no se realizan en detrimento de éstas, sino mediante un proceso paralelo de consolidación de las lenguas propias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Francesc Canet i Coma, Diputado.-Joan Ridao i Martín, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
161/000067
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre accesibilidad en los trenes y demás transporte público, para su debate en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad.
El Parlamento español aprobó en el año 2007 la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006.
El propósito de la misma es "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente" (artículo 1), siendo uno de los principios generales para llegar a tal propósito el de la accesibilidad (artículo 3).
Para cumplir con estos objetivos, los Estados "se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad" (artícu-lo 4.1), y en este sentido se incluye "tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad" (artículo 4.1.b.)
Finalmente, de manera más concreta, se establece que los Estados "adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones" (artículo 9.1).
El Estado español aprobó en 1982 la Ley de Integración Social de los Minusválidos que establecía que en 10 años todos los transportes públicos debían ser accesibles. Ante el flagrante incumplimiento y para cubrir nuevas demandas y necesidades de las personas con discapacidad se aprueba en 2003 la Ley de Igualdad de Oportunidades que establece un nuevo plazo para garantizar la plena accesibilidad a los transportes públicos, según unos parámetros que debían publicarse en dos años -plazo nuevamente incumplido-.
En lugar de la publicación de estos parámetros, el Gobierno español, RENFE y ADIF publicaron en 2007 una publicitada "Guía de Servicios Ferroviarios para viajeros con discapacidad que tengan dificultades en su desplazamiento", en la cual se establecen toda una serie de obstáculos burocráticos para las personas con discapacidad. Entre ellas, la solicitación del billete con al menos 48 horas de antelación y mediante un teléfono de tarificación especial o la solicitud en el Centro de Atención al Cliente de la Estación -que a menudo implica hacer una cola que supone más pérdida de tiempo- para aquellas personas que deseen acompañar hasta el tren a las personas con discapacidad en los que tienen control de acceso. Asimismo -y pese a que en la citada guía no se exprese con claridad este punto-, en la práctica, personas con discapacidad ven negada la posibilidad de acceder a los trenes que no están habilitados en términos de accesibilidad o en las estaciones que no están adaptadas para ello.
Más allá de los incumplimientos de la propia legislación española respecto a accesibilidad a los transportes públicos y de la no realización de los mandatos parlamentarios que se han realizado al Gobierno español, la práctica cotidiana de RENFE y ADIF ha supuesto un retroceso en derechos para las personas con movilidad reducida desde la adopción de las medidas explicitadas en la guía referida y que ponen en cuestión no sólo la
buena voluntad, sino incluso la literalidad de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
1. Realizar las gestiones oportunas para garantizar que las directivas o el personal de RENFE y ADIF no imposibiliten el acceso al andén o al tren de ninguna persona con discapacidad -más allá de las causas generales para todas las personas-. En este sentido, se establecerán los mecanismos que permitan sancionar a las personas responsables de estos impedimentos y la rápida y eficaz reparación de las personas afectadas.
2. Realizar las gestiones oportunas para garantizar que las directivas o el personal de los transportes públicos del Estado no imposibiliten el derecho a ellos que tiene cualquier persona con discapacidad -más allá de las causas generales para todas las personas-. En este sentido, se establecerán los mecanismos que permitan sancionar a las personas responsables de estos impedimentos y la rápida y eficaz reparación de las personas afectadas.
3. Priorizar, en las partidas asignadas a accesibilidad en los transportes públicos de los Presupuestos Generales del Estado referidas a RENFE, las estaciones que tengan cerca algún centro donde asistan cotidiniamente personas con discapacidad, donde se realicen eventos para ellas o sean centros públicos administrativos de referencia, las que tengan como cliente habitual alguna persona con discapacidad, las que sean intercambiadores y las que tengan mayor número de pasajeros."
Diputado Antonio Gutiérrez Molina
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Ingenieros (RING-8), en Melilla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de mayo de 2008.-Antonio Gutiérrez Molina, Diputado.
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Caballería, en Melilla?
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en artillería antiaérea RCAC 10, en Melilla?
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante, el período 2008 a 2011 en artillería de campaña n.º 32 (RAC-32) en Melilla?
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en Regulares (GRM-52), en Melilla?
181/000021
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en el Tercio Gran Capitán I de la Legión en Melilla?
181/000022
¿Qué número de efectivos a fecha 15 de abril de 2008 tiene en Melilla el Batallón del Cuartel General?
¿Qué número de efectivos a fecha 15 de abril de 2008 tiene la Compañía de Mar de Melilla?
¿Qué número de efectivos a fecha 15 de abril de 2008 tiene la ULOG-24, en Melilla?
¿Qué número de compañías componen el Regimiento de Caballería en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y qué número de efectivos componen dicho regimiento en esa fecha?
¿Que número de compañías componen el Regimiento de Ingenieros (RING-8), en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y qué número de efectivos componen dicho regimiento en esa fecha?
¿Qué número de compañías componen el Regimiento de Artillería (RCAC 10), en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y cuál es el número de artilleros que componen dicha regimiento en esa fecha?
¿Qué número de compañías componen el Regimiento de Artillería de Campaña n.º 32 en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y cuál es el número de artilleros que componen dicho regimiento en esa fecha?
181/000029
¿Cuántos Tabores de Regulares existen y que número de compañías los componen en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y cuál es el número de Regulares que componen dichos Tabores en esa fecha?
181/000030
¿Cuantas banderas de la Legión existen y qué número de compañías las componen en Melilla a fecha 15 de abril de 2008 y cuál es el número de legionarios que componen dichas banderas en esa fecha?
181/000031
¿Cuántos efectivos militares componen la Compañía de Mar en Melilla a fecha 15 de abril de 2008?
181/000032
¿Cuántos efectivos militares componen la ULOG-24 en Melilla a fecha 15 de abril de 2008?
181/000033
¿Cuántos efectivos militares componían el Batallón del Cuartel General en Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
181/000034
¿Cuántos efectivos militares componían la Compañía de Mar en Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
181/000035
¿Cuántos efectivos militares componían la ULOG-24 en Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
181/000036
¿Cuantos efectivos militares tenía el Regimiento de Caballería y qué número de batallones y de compañías lo componían en Melilla a fecha 1 de julio de 2004, y
cuál era el número de efectivos que componían dicho regimiento en esa fecha?
181/000037
¿Cuántos efectivos militares tenía el Regimiento de Ingenieros (RING 8), y qué número de batallones y de compañías lo componían en Melilla a fecha 1 de julio de 2004, y cuál era el número de efectivos que componían dicho regimiento en esa fecha?
181/000038
¿Qué reducción de Tabores, o en su caso de compañías y de efectivos ha tenido Regulares en Melilla, desde el 1 de julio de 2004 al 15 de abril de 2008?
181/000039
¿Cuántos Tabores de Regulares se encontraban establecidos y qué número de compañías los componían en Melilla a fecha 1 de julio de 2004 y cuál era el número de Regulares que componían dichos Tabores en esa fecha?
181/000040
¿Qué reducción de banderas, o en su caso de Compañías y de efectivos, ha tenido la legión en Melilla desde el 1 de julio de 2004 al 15 de abril de 2008?
181/000042
¿Cuántos efectivos militares tenía el Regimiento de Artillería (RCAC número 10) y qué número de batallones y de compañías lo componían en Melilla a fecha 1 de julio de 2004 y cuál era el número de artilleros que componían dicho regimiento en esa fecha?
181/000043
¿Cuántos efectivos militares tenía el Regimiento de Artillería de Campaña número 32 y qué número de batallones y de compañías lo componían en Melilla a fecha 1 de julio de 2004 y cuál era el número de artilleros que componían dicho regimiento en esa fecha?
181/000044
¿Cuántas banderas de la Legión se encontraban establecidas, y qué número de Compañías las componían, en Melilla a fecha 1 de julio de 2004 y cuál era el número de legionarios que componían dichas banderas en esa fecha?
181/000045
¿Qué número de efectivos del ejército se encontraban destinados en Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
¿Cuáles eran las Unidades del ejército que se encontraban establecidas en la ciudad de Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
181/000047
¿Cuántas eran las Unidades del ejército que se encontraban establecidas en la ciudad de Melilla a fecha 1 de julio de 2004?
181/000048
¿Qué reducción de efectivos del ejército se ha producido en Melilla durante el periodo comprendido entre el año 2004 y el primer trimestre de 2008?
181/000049
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el periodo 2008 a 2011 en la Compañía de Mar, en Melilla?
181/000050
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en la ULOG-24, en Melilla?
181/000051
¿Qué número de jefes, oficiales, suboficiales se reducirán durante el período 2008 a 2011 en el Cuartel General, en Melilla?
Diputado Celso Delgado Arce
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta en servicio de la circunvalación norte en Ourense?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de abril de 2008.-Celso Delgado Arce, Diputado.
¿Qué fecha compromete el Gobierno para el inicio de las obras de la circunvalación norte en Ourense?
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta en servicio de la autovía Ourense-Lugo?
¿Qué fecha compromete el Gobierno para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad, entre Lugo y Ourense?
¿Qué fecha compromete el Gobierno para el inicio de las obras en la autovía Lugo-Ourense?
181/000010
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Ourense y Lugo?
181/000011
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta en servicio, de la línea de alta velocidad entre Ourense y Vigo?
181/000012
¿Qué fecha compromete el Gobierno para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad entre Vigo y Ourense?
181/000013
¿Qué fecha compromete el Gobierno para el inicio de las obras de ejecución de la línea de alta velocidad entre Lubián y Ourense?
181/000014
¿Qué fecha compromete el Gobierno para la puesta en servicio de la línea de alta velocidad entre Madrid y Ourense?
¿Qué medidas adoptará ADIF para que no se vuelvan a producir vertidos de gasoil desde sus depósitos en Ourense, al río Miño?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de abril de 2008.-Celso Delgado Arce, Diputado.
Diputado Miguel Barrachina Ros
¿Qué valoración hace el Gobierno de la aplicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situaciones de dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2008.-Miguel Barrachina Ros, Diputado.
181/000053
¿Cuántos empleos, de los 300.000 nuevos anunciados por el Gobierno, se han creado desde que se aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y cuál ha sido su distribución por Comunidades Autónomas?
181/000054
¿Cuántas plazas nuevas y centros residenciales públicos se han creado desde la entrada en vigor de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia?
181/000055
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno aprobar la normativa reglamentaria que desarrolla la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia?
181/000056
¿Cuántos cuidadores familiares se han dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social desde que se aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Persona y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, así como el coste asumido por el Estado y su distribución por Comunidades Autónomas?
181/000001
Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Cooperación Internacional
Diputado Gonzalo Robles Orozco
¿Qué medidas va a tomar el Gobierno a corto, medio y largo plazo con respecto a la tragedia ocurrida en Myanmar tras el paso del ciclón Nargis?
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de mayo de 2008.-Gonzalo Robles Orozco, Diputado.
¿Qué cantidad va a destinar la Agencia Española de Cooperación Internacional a Myanmar en ayuda humanitaria para paliar los efectos del ciclón Nargis?
¿Qué Ministerios van a participar en las tareas de ayuda humanitaria tras el paso del ciclón Nargis por Myanmar, y con qué cantidades?
¿Va a destinar la Agencia Española de Cooperación Internacional otro tipo de Ayuda Oficial al Desarrollo a Myanmar, a parte de la ayuda humanitaria, tras el paso del ciclón Nargis, de qué tipo?

References: Real Decreto 
 artículo 61
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 16
 artículo 193
 artículo 193
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 193
 resolución 
 artículo 193
 artículo 66
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 124
 artículo 193
 Resolución 
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 artículo 193
 artículo 193
 artículo 193
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 194
 artículo 193
 resolución 
 artículo 194
 artículo 193
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 193
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 138
 artículo 139
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 9
 artículo 138
 artículo 61
 artículo 1
 artículo 6
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 61
 artículo 193
 artículo 193