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Timestamp: 2019-08-18 02:40:58+00:00

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VI . CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS
La Corte recuerda que las excepciones preliminares son actos mediante los cuales un Estado busca, de manera previa, impedir el análisis del fondo de un asunto cuestionado, para lo cual puede plantear la objeción de la admisibilidad de un caso o de la competencia del Tribunal para conocer de un determinado caso o de alguno de sus aspectos, ya sea en razón de la persona, materia, tiempo o lugar, siempre y cuando dichos planteamientos tengan el carácter de preliminares21. Si estos planteamientos no pudieran ser considerados sin entrar a analizar previamente el fondo de un caso, no pueden ser analizados mediante una excepción preliminar22.
En relación con el presente caso, la Corte considera que los planteamientos presentados como “excepciones preliminares” por el Estado se refieren a requisitos formales para someter el caso o corresponden a cuestiones de fondo o, eventualmente, de reparaciones, pero no afectan la competencia de la Corte para conocer del presente caso. Es decir, no son materia de excepción preliminar.
Sin perjuicio de lo anterior, la Corte considera, respecto del primer punto, que el Estado cuestionó, por un lado, si se cumplieron o no los requisitos establecidos en el artículo 35.1 y 35.2 del Reglamento relacionados con la identificación de las presuntas víctimas del caso, lo cual será analizado en el siguiente capítulo a modo de Consideraciones Previas (infra Capítulo VI). Por otro lado, el Estado cuestionó el carácter o condición de varias personas como presuntas víctimas, lo cual será analizado y resuelto por la Corte en el capítulo de Reparaciones de la presente Sentencia (infra párrs. 420 a 435).
En relación con el segundo punto, la Corte constata que lo planteado implicaría analizar detenidamente la adecuación y efectividad de medidas implementadas por el Estado para dar cumplimiento a las recomendaciones de la Comisión vertidas en el Informe de fondo. Esto corresponde ser analizado, de ser pertinente, al determinar las reparaciones en caso de verificarse las alegadas violaciones a la Convención. El tercer planteamiento se refiere a cuestiones relacionadas con admisibilidad de la prueba y no del caso en sí, lo que, además, ya fue objeto de un pronunciamiento por parte del Presidente de la Corte en la Resolución de 19 de diciembre de 201223. Por último, no corresponde al Tribunal pronunciarse de forma preliminar sobre el marco fáctico del caso, ya que dicho análisis corresponde al fondo del mismo, en cuyo momento los alegatos del Estado pueden ser tomados en cuenta, de ser pertinente.
CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS
En relación con lo planteado por el Estado acerca de la individualización de las personas que pueden ser consideradas presuntas víctimas en el presente caso (supra párr. 23), la Corte constata que en su escrito de sometimiento del caso la Comisión señaló que, de conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte, adjuntaba el Informe de fondo 64/11, que incluía un anexo relativo a la identificación de las presuntas víctimas, en el cual figUrabán 446 personas24. Sin embargo en ese mismo escrito, la Comisión señaló que “que mediante comunicación posterior a la emisión del Informe de fondo, los representantes de las víctimas presentaron un listado organizado, depurado y completado de víctimas de desplazamiento forzado” y que en “dicho listado habían incluido a 26 nuevas familias de víctimas que no habrían podido estar presentes en el primer censo que realizaron”. Ese segundo listado se encuentra incluido dentro de los anexos del trámite ante la Comisión25 remitidos a la Corte y en el mismo figuran 497 personas26. Por otro lado, mediante comunicación de 25 de enero de 2012, la Comisión remitió un tercer listado de víctimas que le había sido entregado por los representantes de las presuntas víctimas por escrito de 2 de noviembre de 2011, mediante el cual destacaron que el listado de víctimas del Informe de fondo no corresponde en su totalidad a quienes desde marzo de 1997 vienen siendo parte del proceso organizativo y sujetos de las acciones nacionales e internacionales27. En ese tercer listado figuran los nombres de 512 personas28. Con respecto a las diferencias entre las listas, la Comisión resaltó que en el presente caso han coincidido una serie de complejidades y dificultades que justifican precisamente la necesidad de adoptar criterios flexibles que atiendan a las particularidades del mismo.
Posteriormente, en el escrito de solicitudes y argumentos, los representantes presentaron un cuarto listado de presuntas víctimas en el cual constan 531 nombres. En ese escrito solicitaron que: a) la Corte excluya del universo de presuntas víctimas a quienes, por equivocación fueron consideradas como tales, sin serlo, por la Comisión Interamericana29; b) se reconozca como víctimas a 121 personas que no fueron enlistadas en el Informe de fondo proferido por la Comisión y que sí fueron presuntas víctimas de la Operación ―Génesis y la simultánea incursión paramilitar, y c) se incorpore la lista completa de familiares de Marino López, que fueron desplazados durante la Operación Génesis, y que además eran habitantes ancestrales de la Cuenca del Rio Cacarica30. Posteriormente, durante la audiencia pública, los representantes indicaron que efectivamente “el universo de víctimas del que estamos hablando en el presente caso es de 531 personas”, y que “en efecto [el listado] es diferente al listado inicial presentado por la Comisión Interamericana”31. Agregaron que esas diferencias se explican por “las dificultades de acceso al territorio de conflicto armado y el riesgo permanente en el que están las comunidades a la hora de realizar una lista definitiva de víctimas”32.
La Corte recuerda que, de conformidad con el artículo 35.1 del Reglamento, el informe al que se refiere el artículo 50 de la Convención debe contener “todos los hechos supuestamente violatorios, inclusive la identificación de las presuntas víctimas”. En este sentido, corresponde a la Comisión y no a este Tribunal, identificar con precisión y en la debida oportunidad procesal a las presuntas víctimas en un caso ante la Corte33. Sin embargo, el Tribunal recuerda que, de conformidad con el artículo 35.2 del Reglamento, “[c]uando se justificare que no fue posible identificar [en el sometimiento del caso] a alguna o algunas presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad si las considera víctimas”.
Según fue constatado en este caso, los listados presentados por la Comisión y por los representantes efectivamente difieren en cuanto a que los segundos incluyen a más personas (supra párrs. 37 y 38). Del mismo modo, es relevante recordar que durante este proceso la Comisión se refirió reiteradamente a las complejidades y dificultades para identificar plenamente a todas las presuntas víctimas, en las circunstancias propias del caso, y a la consecuente necesidad de adoptar criterios flexibles que atiendan a las particularidades del caso. Ese criterio fue compartido por los representantes. Además, como fuera señalado por los mismos representantes, sin que haya sido controvertido, las peculiaridades del contexto y las dificultades de acceso al territorio fueron reconocidas por el mismo Estado cuando éste hizo referencia a los motivos por los cuales no se había investigado de manera adecuada los hechos del desplazamiento forzado.
En aplicación del artículo 35.2 del Reglamento, para que una persona pueda ser considerada víctima y se acoja a una reparación, tiene que estar razonablemente identificada. Sin embargo, según consta en los escritos principales, el caso se refiere a hechos que involucraron a varios centenares de personas que habrían sido forzadas a desplazarse hacia distintos destinos, que habrían ocurrido hace unos 15 años, en una zona de difícil acceso y con presencia de grupos armados al margen de la ley. El Tribunal recuerda que no es su propósito “trabar con formalismos el desarrollo del proceso sino, por el contrario, acercar la definición que se dé en la Sentencia a la exigencia de justicia”34.
Por ello, teniendo en cuenta la magnitud y naturaleza de los hechos del caso, así como el tiempo transcurrido, el Tribunal estima razonable que sea complejo identificar e individualizar a cada una de las presuntas víctimas más aún cuando se trata de poblaciones desplazadas, en situación de vulnerabilidad, difícilmente localizables. Es por ello que considera razonable que el listado inicial de presuntas víctimas presentado por la Comisión pueda haber variado en el transcurso del trámite del presente caso, por lo cual, en aplicación del artículo 35.2 del Reglamento, la Corte tomará en cuenta el listado presentado por los representantes en su escrito de solicitudes y argumentos.

References: artículo 35
 Resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 50
 artículo 35
 artículo 35
 artículo 35