Source: http://colegioabogadosazul.org.ar/info/nota/2215-novedades-en-jurisprudencia
Timestamp: 2017-11-20 02:13:58+00:00

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19.07 | Jurisprudencia Compartir
Con fecha 29 de Junio de 2017, la Cámara Civil y Comercial (Sala II) de Azul en la causa N° 61.763 "HERRERA, NÉLIDA MÓNICA C/ ZULAICA, JULIO CÉSAR S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO", resolvió declarar la inconstitucionalidad (en el caso concreto) del art. 27 Dec. 2530/2010 (Reg. de la Ley 13.951) y modificar los Honorarios de la Mediadora con aplicación analógica de los arts. 16 y 28 Dec.Ley 8904/77.
(...) "En estos autos, la parte demandada, en un recurso formalmente válido, ha atacado de inconstitucional a las normas referidas. En atención a ello cabe señalar, que los argumentos que abren la instancia no son un límite para exponer otros y que puedan apreciarse relevantes para dirimir la cuestión pues, "el único mecanismo jurisdiccional para dejar de aplicar una ley es su declaración de inconstitucionalidad, ya que los Tribunales sólo en ese caso pueden prescindir de ella, no siendo práctica aceptable eludir la aplicación de la norma sobre la base de argumentos valorativos, de justicia e injusticia, conveniencia o inconveniencia, oportunidad o inoportunidad"...
"... la declaración de inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias constituye una de las más delicadas funciones susceptibles de encomendar a un tribunal de justicia; es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la última ratio del orden jurídico. La atribución de decidir la inconstitucionalidad de preceptos legales sólo debe ejercerse cuando la repugnancia con la cláusula constitucional es manifiesta y la incompatibilidad inconciliable" (SCBA, causa B57349, RSD-174-16, S del 10/08/2016, "Fino María Cristina c/ Municipalidad de Adolfo Alsina s/ Demanda contencioso administrativa", pub. en JUBA, Sum.B99838) (el destacado me pertenece)."...
" (...) El espíritu de la Ley 13.951, plasmado en su exposición de motivos como se sostuvo "supra", ha sido el de contribuir a la solución del litigio de forma rápida y antes de llegar a la justicia, no el de agregar un costo desproporcionado a los ciudadanos cuando deben acceder a ese mecanismo. Este sistema alternativo, además de obligatorio en muchos casos, se ha pensado para ayudar a una solución y no para encarecer sin sentido el costo de litigar. Más aún cuando la mediación no prosperó pues, si la misma hubiera sido útil, la parte no debe abonar los honorarios de los abogados por labores judiciales pues ellos no se hubieran originado. Por el contrario, cuando la mediación no ha llegado a buen término, es decir, no se ha logrado acuerdo y se va a juicio, la tarea del mediador no resultó útil para llegar a una solución sin tener que recurrir a la justicia, incumpliendo la finalidad de creación de la ley 13.951 según su propia exposición de motivos. Ello nos lleva a concluir que, en realidad, no es la "obligatoriedad" de la mediación la que podría, en su caso, conducir a una vulneración del derecho de acceso a la justicia (arts.14 de la C.N y art.15 de la Constitución Provincial), sino la aplicación de las normas arancelarias específicas que ella contiene (art.31 Ley 13.951 y art.27 del D.R.2530/10) en tanto conduzcan a montos exorbitantes y alejados de toda proporcionalidad con los intereses en juego y la labor efectivamente cumplida."
(...) "En este aspecto, cabe señalar que también el Decreto-Ley 8904/77, en ciertos casos, fija los honorarios en consideración al valor del "jus" (v. gr. art. 9, ley 8904). Pero, sin embargo, la diferencia esencial entre las disposiciones del artículo 9 del Decreto-Ley 8904/77 y el 27 del Decreto Reglamentario 2530/10 radica en que las tareas que la primera norma enuncia son todas no susceptibles de apreciación pecuniaria, a diferencia del segundo que fija en jus -en los incisos 1 a 7 de ese art.- juicios de montos determinados (excepto el inciso 8 referido a los de monto indeterminado que estipula 14 jus). En atención a ello considero que el honorario en jus no es la suma "fija" que el legislador expresó en el artículo 31 de la ley 13.951. Ello asi pues, en mi opinión, debió preveerse la actualización de las escalas de montos de los juicios previstas por el mentado artículo 27 en concordancia con la variación de la unidad de valor (jus) lo cual permitiría mantener los emolumentos en razonable proporción entre los valores en juego y la remuneración del mediador, con la que resultaba de su aplicación al momento de dictarse el referido Decreto Reglamentario 2530 (02/12/2010)."
(...) Consecuentemente, por los fundamentos expuestos, considero que la forma de calcular los honorarios de los mediadores en atención sólo a la suma reclamada, torna arbitraria tal estimación por no adecuarse a la índole de la labor realizada, la dedicación, complejidad del tema y demás pautas que contiene el art.16 del Decreto-Ley 8904/77 para el ejercicio de la profesión de Abogados, por lo que resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Nacional (art.31 Constitución Provincial) y es abiertamente desigual con las pautas para fijar los honorarios judiciales y extrajudiciales de los abogados; por lo cual, desde este horizonte, vulnera los artículos 16 de la Constitución Nacional, art.11 Constitución Provincial y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos."
" El sistema de retribución del mediador -función que en el régimen legal provincial solo puede recaer en un abogado- y el de los letrados en su actividad judicial difieren en las pautas, lo que por sí no sería objetable si no produjera disparidades o desproporciones injustificadas, que es lo que acontece en autos. En el caso del mediador, quien participa en la etapa prejudicial, en tanto se le regulan sus honorarios sólo con pautas de valor variables en relación a una suma fija –el monto reclamado o el del acuerdo o sentencia- termina siendo desmedido con relación al del abogado, a quien en un proceso de monto determinado se le establece un porcentaje de esa suma –establecida acorde diversas formas de valorar la importancia e incidencia de su trabajo- que culmina siendo, en muchos casos, comparativamente mucho menor que la del mediador, no obstante haber asesorado y acompañado a su cliente en todo el proceso –incluso en etapas recursivas- y en la ejecución de la sentencia, con una responsabilidad constante en la prestación del servicio profesional, es decir, con una labor profesional de mucha mayor envergadura y responsabilidad; ello sin contar el tiempo de duración del proceso. Sin embargo, al momento de justipreciar sus honorarios, comparativamente resulta mucho mejor retribuído el mediador, el cual, se reitera, realizó un trabajo que, aunque requiere igual responsabilidad, insume mucho menor complejidad, tiempo y dedicación, diferencia que se acentúa aún más en los casos de mediación fracasada (arts. 2, CADH; 7, 23, DUDH; 24, CADH; 7, PIDESC). Basta observar, a título de ejemplo, las vicisitudes procesales que han acontecido a lo largo del presente, las distintas actividades realizadas por los profesionales intervinientes y los montos que se han regulado al mediador y a los abogados, aplicando las distintas normativas. Por otra parte, esa desproporción se acentúa en caso de demandas exageradamente abultadas, por ejemplo, en los juicios de daños en los que la doctrina legal de la SCBA ha dicho que: "...si bien debe ponderarse el mérito de las tareas desarrolladas y la entidad y naturaleza de la cuestión de fondo debatida, no debe arribarse a la fijación de valores que resulten manifiestamente excesivos. En función de ello, se afirmó que debe partirse de un hipotético progreso de la demanda a los efectos de fijar la base sobre la cual se procederá a regular los honorarios" (SCBA, Ac.67.487 del 14/02/01, "Enrique..."; esta Sala, causas n° 49.392, "Strack", sentencia del 2-10-06 y nº 54.494 del 15/02/11, "Martínez..."; Hitters - Cairo, "Honorarios de abogados y procuradores", págs. 254 a 257) "De ello se desprende que tal forma de regular los honorarios a los mediadores implica, por un lado, desigualdad respecto de la labor profesional comprendida en el Decreto-Ley 8904/77 y, por otro, un encarecimiento desproporcionado para la gente obligada a su pago, que vulnera el acceso a la justicia y que no resulta acorde al espíritu de la ley 13.951 ni a las directivas del art.31 de la misma."
"Lo más palmario del caso se advierte en que ese gasto mayor nace, como en el caso sujeto a la decisión de esta alzada -como ya dije-, cuando la mediación no prosperó, pues ello no evita al justiciable los ulteriores gastos y honorarios judiciales. Pero, si la tarea del mediador no fue útil -independientemente del esfuerzo que este haya aportado para llegar a una solución sin recurrir a la justicia-, la reglamentación respectiva debió prever que a la retribución del mediador se sumarían los honorarios generados por la intervención de los profesionales del derecho y, en ciertos casos, también, de los peritos. Es decir, en el sistema previsto por el art.27 del D.R. 2530/10, acorde los resultados a que se arriba en el caso concreto analizado, se vulnera el artículo 17 de la Constitución Nacional y el artículo 21 inc. 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. "
(...) "Por los fundamentos dados, considero que el artículo 27 del decreto 2530 vulnera los artículos 15, 57, 144 inc. 2 de la Constitución de la Provincia; 16, 17 de la Constitución Nacional y arts. 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, razón por la cual corresponde, declarar su inconstitucionalidad en el caso concreto analizado."
" IV) En tanto se declara inconstitucional, para el caso concreto de autos, el art. 27 del decreto 2530/2010 y conforme al deber de resolver que pesa sobre los jueces (arts.1, 2, 3, 730 y concs. del C.C.C.N), lo establecido por los arts. 14, 14bis, 16, 17 y 18 C.N. y arts.11, 15, y 27 C.P.B.A.) se impone regular los honorarios definitivos a la Mediadora. A cuyo efecto considero aplicable, por analogía, siguiendo los principios de razonabilidad, el derecho a una retribución justa e igual remuneración por igual tarea (art.11 de la Constitución Provincial y art.16 de la Constitución Nacional; art.2 del CADH y 7 y 23 de la DUDH), el Decreto-Ley 8904/77, que es la normativa general vigente para los Honorarios de Abogados, en esta Provincia..."
Causa N° 61.763 "HERRERA, NÉLIDA MÓNICA C/ ZULAICA, JULIO CÉSAR S/ DIVISIÓN DE CONDOMINIO"

References: artículo 9
 artículo 31
 artículo 27
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 21
 artículo 27