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Timestamp: 2019-11-17 17:32:01+00:00

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Cuba y la Economía: 09/24/18
[24.09.2018]- Actualización 7:00 pm de Cuba
Incrementan capacidad operacional en puerto camagüeyano
Una inversión de 40 millones de pesos ejecutan en el Puerto de Tarafa, en la Bahía de Nuevitas, en la provincia de Camagüey, para mejorar la infraestructura del enclave marítimo.
Las acciones constructivas permiten reconstruir espigones, levantar dos nuevos muelles y un tercero que será destinado para recibir cruceros, un renglón turístico que se incrementa en el país.
Roberto Curbelo, director de la Unidad portuaria, destacó la conclusión del incinerador de desechos sólidos, único en puertos de la costa norte de Cuba y obra de gran importancia en el cuidado del medio ambiente.
La inversión triplicará la capacidad de manipulación de mercancías y permitirá al país contar con dos importantes radas en la costa norte e igual cantidad en la sur, decisivas en el pronto despacho, para operar barcos con mercancías ensacadas.
Aciertos e insuficiencias de la producción de papa
La Primera Secretaria del Partido Comunista de Cuba en la provincia de Mayabeque, Yanina de la Nuez Aclich, llamó en la Plenaria Provincial del cultivo a trabajar con planificación, disciplina y el afán de resarcir las deficiencias durante la campaña 2018-2019.
Las roturas en las sembradoras y cosechadoras, la deficiente preparación de suelos y bajos rendimientos en varias unidades, son problemáticas que deben resolverse en la venidera temporada.
Se destacó que Mayabeque sobrecumplió la producción en la pasada cosecha papera, con envío para los pobladores de la provincia y La Habana, y fueron reconocidas además las Empresa de Batabanó, Güines, Nueva Paz y Nazareno como las más destacadas.
Inversión para elevar la calidad de las producciones de la siderurgia
La empresa siderúrgica José Martí, conocida como Antillana de Acero, ejecuta desde hace algún tiempo un proyecto de modernización tecnológica, a partir de una inversión rusa que sobrepasa los 160 millones de dólares.
Hasta la fecha, cerca de 50 contratos han sido firmados, los cuales corresponden a la importación de equipamiento.
El proceso inversionista en Antillana de Acero deberá concluir dentro de 7 años, y en un primer período abarcará la reparación capital de naves, montaje de grúas viajeras y la instalación del laminador 250, equipo con tecnología moderna y automatizada para la obtención de las barras de acero.
Arrancó la cosecha de café en Santiago de Cuba
Con el compromiso de alcanzar las 4 mil toneladas del plan estimado se inició la cosecha de café en la provincia Santiago de Cuba, territorio que mantiene las mayores producciones del aromático grano en el país.
En el acto de comienzo de la recogida las más de 250 estructuras cafetaleras de las montañas santiagueras, manifestaron el compromiso de realizar una recolección que dedicarán al aniversario 60 del triunfo de la Revolución.
Santiago de Cuba mantiene un ritmo ascendente en cantidad de latas de café recolectadas, gracias al trabajo sostenido en la recuperación de cafetales y en las atenciones priorizadas de ese rublo exportable.
Encabezado por el municipio Tercer Frente, mayor productor de café en Cuba, el resto de los territorios incorporados a la campaña cafetalera, esperan alcanzar cifras superiores en comparación a la cosecha anterior.
Crecerá el ganado menor con nuevo proyecto en Ciego de Ávila
Un novedoso proyecto para la creación de centros multiplicadores de ganado ovino-caprino está en marcha en Ciego de Ávila para incrementar la producción de carne, sustituir importaciones y beneficiar a la economía nacional.
La primera etapa del plan consiste en el acondicionamiento de cuartones para hembras y machos con suficiente pastos y forrajes, además de sementales de raza y la atención de productores privados y estatales, quienes han recibido capacitación.
Leonardo Pérez Rodríguez, especialista en ganadería, precisó que habrá cruzamientos y se podrá determinar el patrón que mejor se comporte en la reproducción de sementales y pies de crías para quienes estén interesados en comprarlos y desarrollarlos.
La Unidad Empresarial de Base de Ganado Menor en el territorio avileño es la encargada de atender a los criadores, acopiar las carnes y comercializarlas en la red de carnicerías creadas hace unos años y con amplia demanda de la población.
Tienen avileños más áreas para la agricultura urbana
Más de 14 mil 500 hectáreas que estaban con alto porcentaje de maleza en los alrededores de pueblos y ciudades de Ciego de Ávila, rinden sus frutos por labriegos estatales y campesinos que adquirieron tierras ociosas o son dueños de sus parcelas.
La Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar (AUSF) es la encargada de atender a esos productores, que laboran en unas cuatro mil 500 fincas puestas en explotación hace varios años, incluidas las casas de cultivos protegidos, aunque escasea el petróleo para las maquinarias, lo mismo que otros insumos como fertilizantes y sistemas de irrigación.
A pesar de las altas temperaturas y la humedad en algunos municipios, de enero a agosto esta modalidad productiva aportó más de 30 mil toneladas de hortalizas, cinco mil por encima de lo previsto, precisó el ingeniero Osmany Fleitas González, director de ese proyecto agrario en Ciego de Ávila.
Bananeros de Ciego de Ávila con más producción y calidad
Los trabajadores de la empresa de cultivos varios La Cuba, del municipio de Baraguá, en la provincia de Ciego de Ávila, completaron el acopio de 400 mil quintales de plátanos en menos de cuatro meses y medio de labor sostenida para garantizar más alimentos y ayudar también a otros territorios.
El ingeniero Carlos Blanco Sánchez, director general de esa agrupación, informó a la Agencia Cubana de Noticias que el volumen recolectado de mayo hasta ahora equivale a 18 mil 411 toneladas de plátano macho, burro y fruta, distribuidos a los mercados agropecuarios estatales, puntos de venda, al turismo y a una decena de provincias.
Dijo que desde el año anterior pusieron en marcha seis cámaras de frío para la maduración del plátano fruta, lo que representa un gran paso de avance desde el punto de vista económico y social, pues los equipos son de moderna tecnología italiana y sirven, además, para proteger los granos, papas y otros productos.
La inversión frigorífica ha sido esencial para Ciego de Ávila, pues más del 90 por ciento de esa fruta que se cosecha en los campos avileños de La Cuba se destina a las instalaciones turísticas del país.
Moa; tierra de níquel y desarrollo
Dada su prolongada explotación, los yacimientos de níquel de Moa podrían agotarse en poco más de dos décadas, lo cual ha hecho buscar variantes económicas para ese municipio holguinero.
Desde el 2013 se trabaja en pos de reorientar el desarrollo futuro del territorio, y el pasado año se creó un Grupo Gubernamental para supervisar el Plan de Desarrollo Integral de esa zona.
En el más reciente chequeo realizado por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez, dijo que un diagnóstico reveló un saldo migratorio negativo en Moa, con un promedio de 782 personas que abandonan la región al año en el último lustro, señala Granma.
El programa de reanimación incluyó el arribo al municipio de equipamiento para la industria láctea; la reparación de una panadería y de varias naves avícolas y la adquisición de motosierras y otros equipos para la actividad forestal.
El municipio holguinero se ha beneficiado con nuevos servicios telefónicos, tres zonas wifi, una sala de navegación y la reparación de viales y redes hidráulicas.
En la reunión se habló sobre el mal estado de los viales, así como del fondo habitacional, que en el 36 por ciento fue calificado como regular o malo.
Díaz-Canel insistió en que todo lo que se haga tiene que ser sostenible en el tiempo, y llamó a impulsar la actividad forestal en Moa con encadenamientos productivos, y que se combine, por ejemplo, con aserríos e industria de muebles.
También instó a realizar estudios sobre la producción allí de café y coco; la industria de materiales de la construcción y la posible exportación de agua embotellada, igual recordó que el níquel se irá agotando, y para entonces hay que estar preparados.
Cayería del oriente cubano crecerá hasta 2030
El desarrollo del turismo en la cayería de la oriental provincia cubana de Camagüey tiene planteado un amplio desarrollo que abarca hasta el 2030, con alrededor de 25 mil habitaciones hoteleras.
Un informe publicado por el periódico Granma, agrega que cada objeto de obra está a cargo de personal experimentado con estrictos niveles de calidad.
La apertura en los próximos meses del primer hotel que se construye en Cayo Cruz, Esmeralda, significa el arranque definitivo del desarrollo turístico en la cayería norte de Camagüey, previsto hasta el año 2030.
Varadero crecerá en número de habitaciones
Ivis Fernández Peña, delegada del Ministerio del Turismo (MINTUR) en la occidental provincia de Matanzas aseguró que Varadero, el principal polo turístico de sol y playa de Cuba, dispondrá para el año 2020 de tres mil habitaciones más, de continuar el buen ritmo de las inversiones que se ejecutan allí.
Dijo que al finalizar 2018 se sumarán las 946 del nuevo hotel Internacional, enclavado en una de las mejores franjas de playa de la ciudad balneario, y en 2019 deberán estar listos los dos hoteles que actualmente se construyen en la llamada parcela Oasis, a la entrada de la península de Hicacos.
"En ese sitio también quedará concluido un centro extra hotelero", precisó la directiva, y reafirmó que el cronograma inversionista avanza según lo previsto, al igual que otras construcciones en la localidad de Santa Marta, como bases de almacenes y de transporte, que aseguran la infraestructura del sector.
Fernández Peña destacó la terminación de la Factoría Varadero, una fábrica de cerveza artesanal, nuevo atractivo para la llamada temporada alta que se iniciará el 15 de noviembre próximo, y la restauración de la Casa del Ron, ubicada en el Centro de la urbe, que combina la historia de la caña de azúcar con la degustación del típico ron cubano.
De una de las obras más importantes, a punto de concluir la primera etapa, calificó la restauración de la Mansión Xanadú, Monumento Nacional, que ya exhibe los beneficios en la parte exterior del inmueble, otrora propiedad del multimillonario estadounidense Alfred Irenee Dupont, y que está previsto continuar en 2019 hacia el interior de la casona.
Incrementan infraestructura para beneficio de tabaco tapado
Para responder a los incrementos agrícolas del tabaco tapado y agilizar el proceso de beneficio, la provincia de Sancti Spíritus impulsa la construcción de una escogida con capacidad para 200 toneladas de la hoja, cuya terminación permitirá cubrir sin contratiempos la venidera campaña.
En declaraciones a la ACN, Yoan Molina Pérez, director de la preindustria en la Empresa de Acopio y Beneficio de Tabaco de Sancti Spíritus, subrayó que hoy solo hay en el territorio dos instalaciones en función del beneficio del tapado: una en Santa Lucía que asimila 80 toneladas y otra en Jíquima, de 30 toneladas.
Esta situación obliga a recepcionar en estos centros un volumen mayor del que pueden recibir y, por ende, se alarga el periodo de permanencia en ellos, significó Molina Pérez.
Aclaró que si se tienen en cuenta las 20 toneladas que se produjeron en la campaña 2013-2014 y las 280 toneladas que se prevé cosechar en el cercano año tabacalero, esta es una tecnología que ha tenido un crecimiento rápido en la región y ello ha obligado a buscar disímiles alternativas para su procesamiento.
Tuberías avileñas de polietileno en programa hidráulico cubano
Obreros de la empresa Ciegoplast de Ciego de Ávila continúan con su aporte al desarrollo de la voluntad hidráulica cubana al garantizar tuberías de polietileno de alta densidad para la ejecución este año de obras de interés económico y social de todas las provincias.
Arael Otero Sutil, especialista principal de la producción en la entidad, una de las tres existentes en el país, informó a la ACN que Acueducto y Alcantarillado, la Agricultura, el Grupo Azucarero Azcuba, Vivienda y Turismo son los principales clientes en 2018.
Señaló Otero Sutil que tubos y conexiones de diferentes diámetros y presiones benefician las redes y nuevas conductoras de acueducto y alcantarillado de unas 12 ciudades y capitales provinciales afectadas por las grandes pérdidas de agua.
Entre esas localidades están Guantánamo, Holguín, Santiago de Cuba, Camagüey, Trinidad, Cárdenas, Las Tunas, Villa Clara, Artemisa, Matanzas, Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila e Isla de la Juventud, donde el servicio es deficiente por el deterioro de los caños, explicó.
Fuentes: Radio Habana Cuba (RHC); Radio Reloj; Agencia Cubana de Noticias (ACN); Prensa Latina; Opciones/Juventud Rebelde; NTV; Cubadebate
Publicado por Humberto Herrera Carlés en 20:01 No hay comentarios:
Capitalismo, socialismo e ilibertad
En este momento hay dos artículos en la página de inicio del New York Times –una pieza de opinión de Corey Robin, y un análisis de noticias de Neil Irwin– que creo que deberían ser leídos juntos. Como pareja, captan mucho de lo que hay de equivocado en la ideología neoliberal (y sí, creo que ese es el término correcto aquí) que ha dominado gran parte del discurso público desde la década de 1970.
Después de todo, ¿cuáles son los reclamos para vender impuestos bajos y mínima regulación económica? Parcialmente, por supuesto, la reivindicación de que un gobierno pequeño es la clave para conseguir geniales resultados económicos, que si la marea sube, suben todos los barcos. Esta reivindicación persiste –porque hay poderosos intereses económicos que quieren que persista– incluso a pesar de que la era de dominio neoliberal ha estado, de hecho, marcada por un crecimiento económico mediocre que no ha sido compartido con los trabajadores ordinarios:
La otra reivindicación, sin embargo, ha sido que los mercados libres se traducen en libertad personal: que una economía de mercado desregulada libera a la gente corriente de la tiranía de las burocracias. En un mercado libre, continúa la historia, no necesitas adular a tu jefe o a la compañía que vende tus productos, porque saben que siempre puedes acudir a otra persona.
Lo que señala Robin es que la realidad de una economía de mercado no se parece nada a eso. De hecho, la experiencia diaria de decenas de millones de estadounidenses –especialmente aquellos que no ganan mucho dinero, pero no solo– es una de constante dependencia de la buena voluntad de empleadores y otros actores económicos más poderosos.
Es cierto que, como Brad DeLong dice, mucho de los ejemplos de Robin en realidad son aplicables a cualquier sistema económico complejo: he gastado mi tiempo tratando tanto con Verizon como con la administración de la Seguridad Social, y en ambos casos mi estatus socioeconómico desde luego lo hizo mucho más fácil de lo que hubiera sido para cualquier trabajador con un salario mínimo. (Por otro lado, he tenido sistemáticamente buenas experiencias en el vilipendiado DMV[1]). Pero la idea de que los mercados libres eliminan las relaciones de poder de la ecuación es simplemente naif.
Y es incluso más naif ahora de lo que lo fue hace unas décadas porque, como indica Irwin, los actores económicos grandes dominan la economía más y más. Está cada vez más claro, por ejemplo, que el poder monopsónico está haciendo caer los salarios; pero eso no es lo único que hace. La concentración de la contratación en unas pocas empresas, junto con elementos como cláusulas de no competencia y colusión tácita que refuerzan su poder de mercado no solo reducen tu salario si eres contratado. También reducen o eliminan tus opciones si eres maltratado: renuncia porque hayas tenido un jefe abusivo o problemas con la política de la compañía, y puede que tengas graves problemas para conseguir un nuevo empleo.
¿Pero que se puede hacer al respecto? Corey Robin dice “socialismo” –pero hasta donde puedo entender, realmente quiere decir socialdemocracia: Dinamarca, no Venezuela–. Las protecciones a los empleados obligadas por el gobierno puede que restrinjan la capacidad de las corporaciones para contratar y despedir, pero también blindan a los trabajadores contra algunas formas muy reales de abuso. Los sindicatos, en cierto modo, limitan las opciones de los trabajadores, pero también ofrecen un importante contrapeso contra el poder corporativo monopsónico.
Ah, y los programas de una red de seguridad social pueden hacer mucho más que limitar la miseria: pueden ser liberadores. He conocido a muchas personas que se quedan atascadas con empleos que aborrecen por miedo a perder la cobertura sanitaria; el Obamacare, defectuoso como es, ha reducido notablemente ese tipo de “bloqueo”, y una completa garantía de cobertura sanitaria haría a nuestra sociedad visiblemente más libre.
El otro día me divertía con el índice de libertad económica entre estados del Cato Institute, que encuentra a Florida el más libre y a Nueva York el menos libre. (¿Está bien que yo escriba esto, camarada comisario?) Como señalé, la libertad al estilo Cato parece asociarse, entre otras cosas, con una alta mortalidad infantil. ¡Vive libre y muere! (New Hampshire está justo detrás de Florida).
Pero, seriamente, ¿las diferencias reales entre Nueva York y Florida hacen a los neoyorquinos menos libres? Nueva York es un estado altamente sindicado –el 25,3 por ciento de la fuerza de trabajo– mientras que solo el 6,6 por ciento de los trabajadores de Florida están representados por sindicatos. ¿Hace esto a los trabajadores de Nueva York menos libres, o les empodera contra el poder corporativo?
Asimismo, Nueva York ha expandido el Medicaid y ha intentado que funcionen los intercambios según la ACA [Affordable Care Act], de modo que solo el 8 por ciento de los adultos no ancianos carece de seguro médico, comparado con el 18 por ciento de Florida. ¿Se resienten los neoyorquinos bajo la pesada mano de la ley sanitaria, o se sienten más libres sabiendo que corren mucho menos riesgo de arruinarse por una emergencia médica, o de ser lanzados al abismo si pierden su empleo?
Si eres un profesional altamente remunerado, probablemente no haya mucha diferencia. Pero intuyo que la mayoría de los trabajadores se sienten al menos algo más libres en Nueva York que en Florida.
Ahora bien, no hay respuestas perfectas al sacrificio inevitable de algo de libertad que implica vivir en una sociedad compleja; no hay utopía en el menú. Pero los abogados del poder corporativo sin restricciones y la mínima protección de los trabajadores se han salido con la suya durante demasiado tiempo, fingiendo que son los defensores de la libertad –la cual, en realidad, no es otra palabra para decir que ya no te queda nada que perder.
[1] N. del. T.: el equivalente a la española Dirección General de Tráfico.
Premio Nobel de Economía en 2008, es profesor en el Graduate Center de CUNY (Universidad de la Ciudad de Nueva York) y columnista del New York Times.
The New York Times, 26 de agosto de 2018
Publicado por Humberto Herrera Carlés en 19:53 No hay comentarios:
SEPTIEMBRE 24, 2018JULIO CÉSAR GUANCHE
Foto: Randdy Fundora
DRAFT Cuban Constitution 2018 (English)
Por Luis Emilio Aybar Toledo
Título fuerte. Pero es justamente eso lo que argumentaré en el presente artículo. Sin pretender agotar todas las dimensiones del problema, abordaré tres de ellas:
1) Una gran parte de la propiedad social es alienable, prescriptible y embargable
La Constitución vigente, en su artículo 15, lista el conjunto de los bienes que conforman la propiedad social: las aguas, los bosques, el subsuelo, las vías de comunicación… y también los centrales azucareros, las fábricas, los medios fundamentales de transporte, los bancos, los centros científicos, las instalaciones culturales y deportivas… Al finalizar, afirma que la propiedad sobre los bienes listados no puede ser transmitida a personas naturales o jurídicas (son inalienables), salvo casos excepcionales, donde deben cumplirse dos requisitos: que dicha transmisión se destine a los fines de desarrollo del país, y que no afecte los fundamentos del Estado (o sea, la existencia de una economía basada en la propiedad socialista de todo el pueblo)
En el proyecto de Constitución se introducen cambios significativos en este artículo, ahora correspondiente al número 23. Se conservó solo la primera parte: el subsuelo, los bosques…, y al terminar de listarlos se afirma el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de “estos bienes”, o sea los mencionados anteriormente. Seguidamente, se exponen los mismos dos requisitos de la constitución vigente para la transmisión de derechos sobre ellos. Por último, se coloca la siguiente expresión: “La propiedad socialista de todo el pueblo incluye otros bienes, cuyo régimen legal se define en la ley”.
Esos “otros bienes” son los ampliamente especificados en el inciso «b» del artículo 15 de la constitución vigente (las fábricas, los bancos, los centrales azucareros…). Por la modificación del orden de las afirmaciones, ahora quedan fuera del carácter inalienable, imprescriptible e inembargable, que solo es referido para los bosques, las aguas, las minas… Esto significa, guiándonos por el glosario dispuesto al final del proyecto de Constitución, que nuestras fábricas, bancos, centrales azucareros, instalaciones culturales y deportivas, etc., pueden ser vendidos, cedidos, donados, permutados, embargados, incautados, y que nuestra propiedad sobre ellos pudiera perder vigencia con el transcurso del tiempo.
También quedan fuera de los dos requisitos consignados para la transmisión de derechos, es decir, se puede autorizar que otros actores los usen, disfruten y gestionen aunque ello afecte los fundamentos del Estado, y aunque no contribuya al desarrollo del país.
Por último, el proyecto de Constitución no especifica el régimen bajo el que funcionará el comercio exterior, un campo muy sensible, cuyo control ha sido una de las principales conquistas de la Revolución. El artículo 18 de la constitución vigente, el cual consagra la dirección y regulación estatal del comercio exterior, fue suprimido.
Estas modificaciones tienen un contrapeso en el artículo 20 del proyecto de Constitución, donde se afirma que la propiedad socialista de todo el pueblo es la forma de propiedad principal, y en el artículo 26, donde se afirma que la empresa estatal es el sujeto principal de la economía, y desempeña el papel principal en la producción de bienes y servicios. Se entiende entonces, por un lado, que la propiedad socialista de todo el pueblo debe predominar, y por el otro, que los derechos sobre nuestra propiedad deben ser mayoritariamente cedidos a la empresa estatal, una entidad que, si funciona en clave socialista, puede llegar a generar muchos beneficios para el pueblo (el propietario), como la historia de la Revolución ha demostrado.
Sin embargo, el adjetivo “principal” no es acompañado de una lista de medios de producción, como sí sucede en la constitución vigente, donde el adjetivo “fundamental” es acompañado de la larga lista ya citada. Esto deja margen de interpretación. Un gobierno futuro pudiera considerar que “principal”es solo la mayor parte de los centrales, los hoteles, y las fábricas de medicamentos, de acuerdo con su papel en el PIB, y entregar el resto a empresas capitalistas nacionales o extranjeras, en propiedad o en gestión. Es una idea que será menos descabellada en lo adelante, pues no hay garantía de que las nuevas generaciones de dirigentes tengan el umbral de compromiso con el pueblo que ha caracterizado al liderazgo histórico de la Revolución. El proyecto de Constitución deja margen para hacer valer estas medidas como constitucionales, si el grupo dirigente en cuestión tuviera poder suficiente para imponer su interpretación [1].
Lo más conveniente para el pueblo es que aparezcan especificados el conjunto de los bienes que integran su propiedad, por eso opto por mantener el inciso «b», modificando su redacción de la manera siguiente:
“[Son propiedad socialista de todo el pueblo]
b) las escuelas, los hospitales, los centros de investigación, las universidades, los bancos, las fábricas, los centrales azucareros, los hoteles, las instituciones culturales, las instalaciones deportivas, el equipamiento militar[2], los medios fundamentales de transporte y comercio, y cuanto medio físico permita el predominio de la propiedad socialista en la economía y en la sociedad”.
Seguidamente, se afirmaría el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable del conjunto de estos bienes.
En artículo subsiguiente, se establecería que el Estado administra directamente los bienes que conforman la propiedad socialista, o crea empresas estatales encargadas de su administración.
Por último, se daría la posibilidad de conceder derechos sobre algunos de esos bienes a actores no estatales con la condición de no afectar los fundamentos del Estado, quedando sobrante así el párrafo 106 del proyecto de Constitución, donde se lee: “la ley define otras formas en las que este tipo de propiedad puede ser gestionada”.
Esta propuesta de redacción y organización de los artículos y las afirmaciones, tendría varias virtudes:
– Detallaría el conjunto de los bienes que conforman la propiedad social, protegiéndolos constitucionalmente.
– Establecería el carácter inalienable, imprescriptible e inembargable de todos ellos, no solo de los recursos naturales y vías de comunicación.
– Dejaría explícita la administración estatal de toda la propiedad social.[3]
– Ofrecería la posibilidad de concesionar derechos sobre los bienes sociales a actores no estatales para los fines de desarrollo.
– Establecería el requisito de autorizar dicha concesión sin afectar los fundamentos del Estado para el total de los bienes, no solo para los recursos naturales y las vías de comunicación.
Otra dimensión de la problemática que aquí analizamos tiene que ver con la gestión estatal de la propiedad social. Para el marxismo, la transición socialista persigue la apropiación total de los bienes comunes por parte de la clase trabajadora y el pueblo. Esta apropiación total implica el poder sobre los medios de producción, no solo la distribución de los resultados que con ellos se obtienen. Por tanto, la dirección y administración estatales, es decir el ejercicio del poder sobre los medios por parte de un grupo de funcionarios a nombre del pueblo, no es un fin en sí, sino un momento inevitable de esa transición. En materia de socialismo, debe siempre caminarse hacia la construcción de la política económica y empresarial, y el control de la actividad económica por parte de la clase trabajadora y el pueblo. Es la única manera en que las empresas estatales no terminan adquiriendo una naturaleza funcional al capitalismo, o plenamente identificada con él.
Hay muchas alarmas de un proceso así en nuestro país hoy en día. Una porción significativa del producto social es privatizado de facto, vía corrupción, en una red que comienza en el lugar de producción o importación, con sucesivos intermediarios en entidades estatales, hasta llegar al mercado negro, donde alimenta la acumulación originaria de los negocios privados. La privatización ilegal de los bienes comunes no funciona sólo en lo horizontal, entre sectores de producción, sino también en lo vertical, entre trabajadores de diferente rango, donde hay incluso obtención de plusvalía. Hay lugares donde están todos puestos de acuerdo. El jefe es quien posee los medios de producción (su decisión, su firma, sus redes) y se queda con más.
Ya hoy no podemos decir que es un robo de subsistencia, un “ajuste salarial”, en la mayoría de los casos. Ya muchos roban directamente para vivir con lujos, invertir, emigrar, con la consiguiente pérdida de producto nacional.
Aun cuando la corrupción abastece de una serie de rubros cuyo precio oficial es incosteable para el bolsillo de a pie, el más afectado es sin dudas el pueblo, quien no ve repartido de forma equitativa y honesta el resultado del trabajo colectivo, y ve afianzarse el déficit presupuestario.
Mirándolo desde otro ángulo, no son pocos los lugares donde directivos e incluso trabajadores actúan con respecto a los servicios o los bienes que están bajo su cargo como si fueran sus dueños, sin sentir que se deben al pueblo, ni a los clientes, ni a la comunidad donde están enclavados, mientras ya tenemos directivos para los cuáles son más importantes los indicadores de producción que las personas.
En conclusión, no basta con que la Constitución diga que el sujeto principal es la empresa estatal. Hay muchas empresas estatales en el mundo capitalista, y ninguna ha cambiado su naturaleza como sistema. Necesitamos una empresa estatal que merezca el apellido de socialista, esto es: empresa estatal que hace parte de un proceso de socialización creciente de la propiedad, el poder y el saber.
La Constitución tiene que decir mucho más. El proyecto de Constitución dice menos incluso que la vigente. El artículo 16 de esta última, afirma que “en la elaboración y ejecución de los programas de producción y desarrollo participan activa y conscientemente los trabajadores de todas las ramas de la economía y de las demás esferas de la vida social”. En el artículo 27 del proyecto de Constitución se cambió por una expresión menos precisa: “Los trabajadores participan activa y conscientemente en estos procesos, conforme a lo establecido”.Es un cambio relevante, no es lo mismo explicitar que se participa en la “elaboración” de los programas de producción y desarrollo, que decir: “participan”, a secas, en estos procesos. Ser un buen trabajador puede interpretarse como una forma de “participar activa y conscientemente”.
Por otro lado, se introduce el término autonomía, sin apellidos, para las empresas estatales. Esta es una adición esencialmente contradictoria, por 2 razones fundamentales.
Una: si la empresa administra bienes que son propiedad del pueblo, ¿cómo va a ser autónoma con relación al propietario? ¿Cómo el pueblo, que es el propietario, y sufre su mal desempeño, no va a poder influir sobre cómo es administrada? Única manera, además, de ponerle coto a la corrupción y el patronato.
La otra: si en Cuba rige la planificación socialista, y esta (no el mercado) determina la asignación de la mayor parte de los recursos, ¿cómo puede sostenerse la autonomía de una empresa cuyas cifras principales de producción deben ser conciliadas con la autoridad estatal, principalmente el Ministerio de Economía y Planificación? A menos que se pretenda desmontar la planificación anual, establecer relaciones de libre mercado entre las empresas, y reducir el papel de la planificación al establecimiento de planes de desarrollo (los que existen perfectamente en muchos países capitalistas).
Es preferible hablar más bien de una autonomía relativa, y dejar escrito que la ley dispondrá canales para que los trabajadores y el pueblo puedan controlar efectivamente la administración de la empresa estatal, con participación en las decisiones de las unidades de base, en las empresas y en las Juntas de Gobierno de las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE).
Resumiendo, en lo referente a la protección del predominio de la propiedad social, la constitución actual es claramente superior a la que se nos propone. Simultáneamente, no se aprovecha la oportunidad para ampliar el acceso del pueblo y de la clase trabajadora (más bien se reduce) a la dirección y el control de la administración estatal, lo cual sería un poderoso escudo contra el proceso de privatización.
En la práctica, el pueblo no ha podido utilizar las posibilidades que ofrece la constitución vigente para evitar el deterioro de la propiedad social, pero constituyen una herramienta a su disposición, y como tal deben ser mantenidas y ampliadas.
2) Se impide la concentración de la propiedad, no de la gestión (ni del dinero)
Un elemento novedoso, necesario debido al reconocimiento de la propiedad privada, ha sido el establecimiento de la obligación del Estado de impedir la concentración de la propiedad en personas no estatales. Sin embargo, el párrafo 106 establece la posibilidad de que la propiedad socialista de todo el pueblo pueda ser gestionada por otros actores. Como ya sabemos esto se combina con el margen de interpretación que ofrece el adjetivo “principal”. Existe entonces la posibilidad, sobre la base de una interpretación laxa de esa palabra, de autorizar la concentración de la gestión de una serie de medios sociales en una misma empresa capitalista, nacional o extranjera. A esta se le impondrían tributos en todos los casos, pero donde quiera que se obtiene el derecho de uso y disfrute de un conjunto de propiedades el margen de ganancia y el poder de decisión son amplios.
A esto se le suma que el proyecto de Constitución no impide la concentración de dinero en personas no estatales. En conclusión, no quedan cerradas las puertas al surgimiento de actores con poder empresarial y monetario suficiente para que sus intereses terminen siendo más importantes en la toma de decisiones que las necesidades populares.
La concentración de dinero es también un tema sensible. En el mundo de hoy, tiende siempre a convertirse en inversión de capital y en poder. Una eventual agudización del proceso de privatización que ya tiene lugar, ocurrirá siempre a partir del dinero: dinero para corromper a las instancias de control administrativo, y dinero para influir en las decisiones políticas necesarias para seguir acumulando capital.
Por otro lado, desde los valores socialistas, la acumulación de dinero es siempre injusta. La sociedad es interdependiente y el trabajo es social: no hay forma de reivindicar una riqueza que no haya sido fruto del trabajo colectivo, sea directa o indirectamente. Acumulación de dinero significa la posesión de una cuota mucho mayor del producto social, que no podrá ser respaldada por un aporte equivalente a la sociedad, pues solo se explica por la existencia de un ordenamiento injusto. Incluso en los casos en que no media explotación económica, sino un régimen desigual de pago, es dinero que no puede disfrutar el resto, sean nacionales o extranjeros, habiéndolo generado también con su trabajo. Contribuye a la existencia de personas que no tienen las condiciones básicas para llevar una vida digna. La presencia de injusticia en las leyes convierte esta riqueza en legal, y la presencia de injusticia en nuestros valores la convierte en legítima. Por tanto, el socialismo se hace siempre para superar esas leyes, esos valores, y sus prácticas.
Propongo la siguiente redacción para el artículo 22:
“El Estado tiene la obligación de impedir la concentración de riqueza, a fin de preservar los límites compatibles con los valores socialistas de equidad y justicia social. Para ello:
a) Regula que no exista concentración de la propiedad en personas naturales o jurídicas no estatales.
b) Regula que predomine en la sociedad la distribución equitativa de la riqueza en su forma de dinero y bienes de consumo.
La ley establece las regulaciones que garantizan el efectivo cumplimiento de estas obligaciones”.
Opto una vez más por sustraer el párrafo 106 del proyecto de Constitución y mantener la redacción vigente, que establece el requisito de no afectar los fundamentos del Estado en la trasmisión de derechos, como forma de evitar la concentración de la gestión en personas no estatales.
Por último, exhorto a que desarrollemos una labor educativa y comunicativa sobre las esencias contenidas en el artículo 31 del Proyecto, donde se afirma que el trabajo en la República de Cuba es la fuente principal de los ingresos y que “la distribución de la riqueza con arreglo al trabajo aportado, se complementa con la satisfacción equitativa de los servicios sociales universales y otros beneficios”. Estas afirmaciones deben quedar arraigadas en las actitudes de las mayorías, como base cultural para la defensa de la riqueza colectiva frente al acaparamiento capitalista ilegal o legalizado.
3) El Estado no está obligado a prestar los servicios de salud.
En el artículo 83 del proyecto de Constitución se lee: “La salud pública es un derecho de todas las personas. El Estado garantiza el acceso y la gratuidad de los servicios de atención, protección y recuperación. La ley define el modo en que los servicios de salud se prestan”.
Aquí se introduce un cambio importante. Ya no se afirma que el Estado es quien presta el servicio. Solo se establece su obligación de garantizar el acceso de todos y la gratuidad para todos. La definición de la prestación de los servicios de salud quedaría fuera de la Constitución. Se abre así la posibilidad de desarrollar una legislación, ya no votada directamente por el pueblo, donde se permite la concesión a empresas estatales y privadas, pagándoles el Estado por el servicio a nombre del pueblo para garantizar un acceso universal y gratuito.
La Constitución vigente, en cambio, afirma explícitamente en su artículo 50, que el Estado garantiza el derecho a la salud “con la prestación de la asistencia médica y hospitalaria gratuita”, y “con la prestación de asistencia estomatológica gratuita”, además de “con el desarrollo de planes de divulgación sanitaria y de educación para la salud, exámenes médicos periódicos, vacunación general y otras medidas preventivas de las enfermedades”.
Vemos que esta redacción deja claro por qué medios el Estado va a garantizar estos derechos, los cuáles quedan mucho más especificados, protegiéndolos constitucionalmente. Es una gran fortuna, y no un “exceso de detalles”, contar con una Constitución que consigna la asistencia estomatológica gratuita y todo un sistema de prevención de salud.
Tal vez a una parte de la ciudadanía no le importe quien preste el servicio con tal que sea gratuito y de calidad. Pero en el mundo, incluso en Europa, una de las formas de deteriorar los servicios de salud, aun manteniendo el acceso gratuito, ha sido la concesión a empresas privadas. Por donde quiera que se mire, significa mercantilizar y lucrar con algo que bajo ningún concepto puede ser mercantilizado ni convertido en objeto de lucro: la salud humana.Esto último es un principio fundacional de la Revolución Cubana [4].
Seguramente los dirigentes actuales de Cuba no van a privatizar la salud, pero la Constitución tiene que impedir que ninguno de los dirigentes futuros pueda hacerlo. Por tanto, debe mantenerse la redacción actual, muy superior a la que se nos propone. Más vale luchar por una gestión estatal eficaz de los servicios de salud que retroceder.
Ante los cambios presentes en el Proyecto de Constitución en los tres aspectos señalados pudiera llegarse a conclusiones muy diferentes según la posición ideológica, es decir, muchos los verán como buenas noticias y votarán por ellos. Los que identifican soluciones para Cuba en la privatización de una parte significativa de su propiedad social tienen esencialmente dos argumentos:
– el deterioro de la producción y el consumo bajo la gestión estatal, y
– las evidencias muy parcializadas de los beneficios que ofrecen en el mundo las formas capitalistas.
Olvidan aspectos claves:
– El deterioro de la producción y el consumo en Cuba no se debe a la existencia de la propiedad socialista, sino a su negación. Donde quiera que se camina en la dirección opuesta el resultado no puede ser otro, es decir, donde quiera que el pueblo se aleja de las decisiones que se toman sobre su propiedad, y donde quiera que estas decisiones dejan de estar regidas por las necesidades del pueblo. Una agresión externa permanente ha estado siempre ahí para hacer las cosas difíciles, pero en la medida que hemos sido más socialistas los resultados han sido fabulosos. Ninguno de nuestros avances de las últimas 6 décadas ha sido posible porque privatizamos más cosas, sino porque pusimos más empeño en que efectivamente fuera de todos lo que es de todos.
– Tan pronto como se amplía el foco más allá de la experiencia personal o la serie de televisión, y se mira al conjunto de los 7 mil millones de habitantes de este mundo, ya todos afectados por las condiciones capitalistas de producción, dejan de verse tantos beneficios en la privatización.
¿Por qué entonces recurrir a ella cuando existe la posibilidad de hacer bien lo que hemos hecho mal?
Fuente: https://medium.com/la-tiza/el-proyecto-de-constituci%C3%B3n-abre-puertas-a-la-privatizaci%C3%B3n-de-la-propiedad-social-d6da49c0e2b3
Luis Emilio Aybar Toledo. Sociólogo, educador popular e investigador de la Cátedra de Estudios “Antonio Gramsci” del Instituto Cubano de Investigación Cultural (ICIC) “Juan Marinello”
[1]En el marco de la actual constitución tenemos ejemplos de la problemática que aquí analizamos. El reciente decreto-ley 348, permite la concesión total de la explotación de un ferrocarril cubano a una empresa extranjera, sin quedar explícito un límite a la cantidad de ferrocarriles que pudieran ser concesionados, siendo varios de ellos muy importantes para la población y la economía. Los ferrocarriles constituyen un medio fundamental de transporte, término especificado en la constitución vigente como propiedad socialista de todo el pueblo, la cual solo puede ser concesionada sin afectar los fundamentos del Estado. Véase la Gaceta Oficial №42 Extraordinaria de 22 de agosto de 2018. También: http://www.cubadebate.cu/noticias/2018/08/22/cuba-moderniza-normas-juridicas-para-el-sistema-ferroviario-nacional/. Y Amaury Valdivia, «Sin vía libre», en:https://brecha.com.uy/sin-via-libre/
[2] Las armas también tienen que ser del pueblo, y este debe controlar su uso. Es lo más coherente con los postulados construidos por la Revolución acerca del lugar del ejército en la sociedad socialista.
[3]Que no es lo mismo que la representación del pueblo por el Estado con respecto a su propiedad, como plantea el artículo 21 del Proyecto. El Estado también representa al pueblo en el beneficio de su propiedad cuando esta es administrada por otros actores.
[4]La existencia de médicos cubanos contratados oficialmente en hospitales privados de otros países, donde se cobra el servicio y Cuba obtiene beneficios, va contra este principio.
Publicado por Humberto Herrera Carlés en 9:59 No hay comentarios:
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