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Timestamp: 2020-06-04 10:13:32+00:00

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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE EXPIDE LA LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO - GRUPO PARLAMENTARIO PRI GUANAJUATO
C. DIPUTADA MARTHA ISABEL DELGADO ZÁRATE
PRESIDENTA DEL HONORABLE CONGRESO DEL
Las y los que suscribimos, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, fracción II y 65, fracción I de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; así como por lo establecido por los artículos 66, 167, fracción II, 168 y 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, nos permitimos presentar y someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se expide la Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente:
El 24 de febrero de 2017, fue publicado el decreto por el que se reformaron el inciso d), de la fracción V, del artículo 107 constitucional; las fracciones XVIII, XIX, XX, XXI y el inciso b), de la fracción XXVII; se adicionan la fracción XXII Bis y el inciso c) a la fracción XXXI del Apartado A, y se elimina el último párrafo de la fracción XXXI del Apartado A, todos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Esa reforma resultó de gran trascendencia porque dio respuesta a los reclamos de la sociedad a la que se le venía adeudando una justicia cercana, pronta, expedita, objetiva, imparcial y eficiente, lo cual impuso la necesidad de una revisión profunda no sólo a las formas sino a la esencia misma de nuestras instituciones, con la decisión de cambiar lo que resultara obsoleto y caduco sin otra finalidad que la de garantizar el acceso a procesos efectivos de impartición de la llamada justicia cotidiana.
Entre los puntos esenciales de dicha enmienda constitucional, se plantea en el segundo párrafo de la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional que:
«… Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales…»
Y es que la principal consecuencia de este trascendente cambio fue la desaparición de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que los asuntos derivados de los conflictos individuales y colectivos que se susciten entre el capital y el trabajo sean conocidos, ventilados y resueltos, en lo futuro, por tribunales del trabajo dependientes del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Dado que dentro de las funciones sustantivas de las Juntas se encuentra la conciliación, ha sido necesario que se instituya un organismo que se encargue de ésta, lo cual ha dado cauce al Centro Federal de Conciliación y Registro, y en las entidades federativas, a los Centros locales de Conciliación, como organismos públicos descentralizados, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dotados de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión.
En ese orden de ideas, en fecha 1° de mayo de 2019, se publicó la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que reglamenta la mencionada reforma constitucional, en la que se atribuyen funciones específicas tanto al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, como a los Centros Estatales de Conciliación.
Como secuencia lógica y necesaria de ese proceso de reformas al esquema de la justicia laboral, el pasado 6 de enero de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que contiene la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro, que en el plano laboral tendrá, además de la función de registrar los contratos colectivos, la de llevar a cabo la conciliación que han tenido las juntas desde su implantación en 1931.
Es importante destacar, que los organismos se instituyen no con la simple intención de absorber la función conciliatoria que nominalmente tenían las juntas, sino con el propósito firme de privilegiar el avenimiento de las partes que se había venido perdiendo en los tribunales tripartitas.
Además, se busca que el proceso conciliatorio sea el mismo en todo el territorio nacional, y se procura que éste sea dinámico y sencillo, con la pretensión de que las partes diriman cara a cara sus diferencias como instrumento fundamental del esquema de justicia cotidiana.
Ciertamente, se pretende que, en la solución de los conflictos, en primer lugar, se eche mano de esta herramienta de autocomposición que haga posible construir acuerdos provechosos para ambas partes, reservando a la autoridad jurisdiccional los asuntos que, por su complejidad, requieran de la intervención de un juzgador profesional, honesto e imparcial.
A esos efectos, se ha establecido como requisito indispensable para poder presentar la demanda, el de agotar previamente este procedimiento conciliatorio, a fin de que no se vaya demeritando la autocomposición como paulatinamente fue sucediendo en las Juntas, cuyo único esfuerzo se limita, en muchas ocasiones, a formular al trabajador la propuesta de aceptar la mitad de las que hubieran sido sus prestaciones en caso de ganar el juicio.
Los Centros estatales se rijan por los principios de transparencia, imparcialidad, legalidad, equidad, eficacia, certeza, independencia, objetividad, profesionalismo, confiabilidad y autonomía, procurando además que se preserven los derechos fundamentales de los trabajadores.
Esta iniciativa propone la expedición de la Ley que crea el Centro Conciliador en Guanajuato para dar cabal cumplimiento al mandato expreso del Constituyente Permanente y para homologar tanto nuestra legislación, como la estructura de la autoridad conciliadora con su homóloga de la Federación.
La Ley que sometemos a su consideración establece el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato como organismo público descentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio propios, dotado de plena autonomía técnica y de gestión, para prestar este servicio público de interés general y trascendencia social, el cual operará en todo el Estado, por medio de Centros regionales con una competencia territorial, correspondiente a la jurisdicción de los juzgados laborales.
Con la aprobación de la presente iniciativa estaremos contribuyendo a la creación de un modelo de justicia laboral más acorde con las necesidades de la sociedad; al fortalecimiento de una cultura de paz; a la vigorización de la vida democrática y al fortalecimiento de nuestras instituciones.
Además, se aplicará ampliamente la conciliación laboral como un mecanismo mediante el cual uno o más conciliadores, intervendrán facilitando la comunicación entre los intervinientes en la controversia y proponiendo recomendaciones o sugerencias que les ayuden a lograr una solución que ponga fin al mismo, total o parcialmente.
Para observar el cumplimiento de las disposiciones contempladas en la presente iniciativa, el régimen transitorio propone que el Centro inicie sus funciones de conciliación a la entrada en vigor de la reforma a la Ley Federal del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 1° de mayo de 2019, en cuyo artículo Quinto TRANSITORIO se establece que los Centros de Conciliación locales y los Tribunales del Poder Judicial del dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor de ese decreto, mismo que, conforme al artículo Primero TRANSITORIO entró en vigencia al día siguiente de dicha publicación.
En los términos del artículo quinto transitorio, de las reformas del año 2019 a la Ley Federal del Trabajo, el cual norma el plazo de inicio de funciones de la autoridad conciliadora local y tribunales locales, nos menciona que los Centros de Conciliación Local y los Tribunales del Poder Judicial de la Entidades Federativas iniciarán actividades dentro del plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigor del decreto, en los términos que establezca su propia normatividad y posibilidades presupuestales, conforme a lo que determinen sus poderes locales, dichos Centros de Conciliación Locales deberán entrar en operación en la misma fecha en que lo hagan los Tribunales Locales. Por lo que debemos de prever las adecuaciones normativas y logísticas para que los operadores de la norma estén en posibilidades fácticas de acatar dicho decreto y seguir a la vanguardia en nuestro país.
Proponemos un servicio laboral de carrera para el personal adscrito al Centro de Conciliación Laboral, el cual, garantice acceso a programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación constante, en los términos establecidos por los reglamentos que en su momento se apliquen.
Independientemente de la armonización mencionada, y de lo que legal y constitucionalmente nos corresponde en nuestro Estado como legisladores; en el Grupo Parlamentario del PRI a través de esa iniciativa estamos procurando impulsar una ley integral, es decir, no solo nos avocamos a cumplir con lo que nos mandatan los artículos transitorios, si no que, con el afán de contar con una legislación vasta, con resultados eficientes y eficaces nos estamos yendo más allá.
Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 209, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato; los que suscribimos la presente iniciativa coincidimos en que de aprobarse ésta, tendrían cabida los siguientes impactos:
En el ámbito jurídico, se está creando la estructura legal necesaria, para que funcione el Centro de Conciliación Laboral, con lo cual se da debido cumplimiento a una reforma a nuestra Ley Suprema, para dar cauce a un nuevo sistema de justicia laboral. A efecto de que el Centro cumpla con su cometido, se requiere que jamás soslayen sus integrantes, el valor estratégico de la conciliación, como piedra de toque para la consecución de una justicia pronta, expedita e integral, como lo prevé el artículo 17 de la Constitución.
En el plano administrativo, se pretende que el Centro cuente con personal capacitado y profesionalizado, y que no se caiga en el error que se le señala a la Justicia Alternativa, de incorporar a dicho organismo a profesionales que, si bien se han capacitado en técnicas para propiciar acuerdos, carecen de conocimientos jurídicos y más específicamente relacionados con el Derecho del Trabajo, para que realice de manera eficiente la función conciliatoria.
En materia presupuestal, se tendrán que realizar las previsiones necesarias, para la creación y el efectivo funcionamiento del Centro, asignando de manera suficiente las partidas presupuestales necesarias, para que este organismo comience a funcionar sin retrasos en el tiempo previsto por la legislación federal.
En el ámbito social, se pretende contar con mejores instituciones en materia laboral, mejorando los procedimientos en aras de una operación más eficiente, respondiendo a los retos que demandan los guanajuatenses. De igual manera, se pretende que las partes concurran en pie de igualdad formal y que no se incurra en desequilibrios materiales, que perviertan la función tutelar de esta rama del Derecho.
En mérito de lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el siguiente proyecto de:
Artículo Único. Se expide la LEY DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, bajo los siguientes términos:
Artículo 1. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, es un organismo público descentralizado dotado de personalidad y patrimonio propio.
Artículo 2. La presente Ley es de orden público, de interés social y de observancia general en todo el Estado de Guanajuato y tiene por objeto:
Regular y proveer a los factores de la producción una instancia eficaz y expedita para la resolución de sus conflictos, y
Establecer las competencias del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.
Artículo 3. El Centro tendrá su domicilio legal en la Ciudad de Guanajuato y para el cumplimiento de su objeto podrá establecer oficinas en el territorio del estado, en las cabeceras de región de los juzgados laborales.
Centro: El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato;
Conciliador: Prestador de Servicios capacitado para facilitar la comunicación entre las partes que intervienen en un conflicto sujeto al conocimiento del Centro, quien puede sugerir opciones de solución al mismo, siendo responsabilidad de las partes adoptar la más satisfactoria para las mismas;
Junta de Gobierno: La Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato;
Convenio Conciliatorio: Acuerdo de voluntades celebrado por escrito y de manera voluntaria entre las partes contendientes que pone fin a la controversia total o parcialmente;
Director General: Director del Centro de Conciliación del Estado de Guanajuato;
Intervinientes: Personas que participan en la conciliación laboral, en su calidad de solicitante e invitado, o sus apoderados con el objeto de resolver una controversia;
Ley: La Ley del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato.
Principios rectores del Centro
Artículo 5. En el desempeño de las funciones del Centro se regirá por los principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, neutralidad, confidencialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad.
Artículo 6. En la Conciliación Laboral el conciliador, los empleados de apoyo administrativo del Centro, los intervinientes y en general toda persona que participe deberán observar los siguientes principios:
Confidencialidad: Toda persona debe mantener absoluto sigilo respecto de la información obtenida durante el desarrollo de una conciliación laboral, debiendo abstenerse de divulgarla o utilizarla para fines distintos. El conciliador deberá informar a las partes sobre la importancia y alcances de la confidencialidad. Este principio implica además que las sesiones de conciliación de que se trate se celebrarán en privado;
Equidad: Es la obligación de vigilar por el conciliador que las partes entiendan claramente los contenidos y alcances del convenio que hubieren acordado, y de verificar que no sea contrario a derecho o producto de información falsa, de una comparecencia de mala fe o de imposible cumplimiento. Igualmente, cuando el conciliador detecte desequilibrio entre las partes, procurará, sobre la base de sus intervenciones, balancear y equilibrar el procedimiento;
Flexibilidad. El procedimiento de que se trate evitará sujetarse al cumplimiento de formas y solemnidades rígidas. Los conciliadores y las partes tienen la facultad para convenir la forma en que se desarrollará el procedimiento respectivo, pudiendo obviar, de ser necesario, una o más etapas del mismo;
Honestidad. Es obligación del conciliador excusarse de participar en un procedimiento por falta de aptitudes suficientes, o cuando se ubique en alguno de los supuestos de impedimentos y excusas a que alude la legislación laboral aplicable al conflicto;
Independencia: La persona conciliadora debe dar a conocer a las partes cualesquiera hechos o circunstancias susceptibles, desde el punto de vista de las partes, de poner en duda su independencia, así como cualquier circunstancia que pudiere dar a lugar a dudas razonables sobre su imparcialidad.
Imparcialidad: El conciliador debe contener sus impulsos naturales de simpatía, agrado o concordancia con determinadas ideas, situaciones o partes que se encuentren involucradas en una conciliación laboral;
Neutralidad: Es la obligación del conciliador para abstenerse de emitir juicios u opiniones que puedan influir en las conclusiones a que arriben las partes; y
Voluntariedad: Las partes deberán estar libres de presión alguna para permanecer o retirarse de la conciliación laboral de que se trate; aportar la información que consideren pertinente; así como decidir si llegan o no a un acuerdo.
Artículo 7. Son atribuciones del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato las siguientes:
Prestar el servicio público de conciliación laboral para solución de conflictos procurando el equilibrio entre los factores de producción;
Proporcionar a las personas que lo soliciten, servicios de información y orientación gratuita sobre los procedimientos de conciliación laboral;
Facilitar a las personas que lo soliciten la designación de un conciliador que podrá intervenir, de manera neutral, en la búsqueda de soluciones a un conflicto, asistiéndolos en ejercicio de la conciliación laboral;
Formar, capacitar, evaluar y certificar a los conciliadores que intervendrán en la atención de los casos;
Mantener y llevar un Libro de Gobierno, archivos documentales o base de datos certificada, para el registro y control de los asuntos de conciliación laboral, iniciados y tramitados ante el Centro;
Intervenir en la elaboración de las actas y convenios que celebren las partes como resultados de la conciliación laboral;
Participar en la celebración, revisión o terminación de los contratos colectivos de trabajo, así como en los casos en que se reclamen violaciones a dichos instrumentos jurídicos, con respeto a los principios de bilateralidad, legalidad, dialogo y transparencia;
Elaborar y mantener actualizada la información estadística, en el ámbito de su competencia;
Expedir copias certificadas de los convenios laborales fuera de juicio que se suscriban por las partes en el procedimiento de conciliación y del resto de los documentos que obren en los expedientes que se encuentren en los archivos del Centro;
Expedir las constancias de no conciliación; y
Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de su objeto, así como proceder en su caso, a su enajenación, con apego a las disposiciones jurídicas.
De la Organización, Administración y Funcionamiento del Centro
Del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato
Artículo 8. La organización, el funcionamiento y la operación administrativa del Centro se sujetarán a la presente Ley y la Ley Federal del Trabajo.
Artículo 9. El Centro contará con los siguientes órganos de gobierno y administración:
Las Direcciones;
El Órgano Interno de Control;
El Comité de Transparencia y Acceso a la Información; y
Las estructuras técnicas y administrativas que le autorice el presupuesto.
Artículo 10. La Junta de Gobierno es la autoridad suprema del Centro y se integrará en forma tripartita por ocho integrantes que serán designados:
El Secretario de Finanzas, Inversión y Administración;
El Procurador de la Defensa del Trabajo;
Dos integrantes de los organismos de Trabajadores con mayor número de afiliados;
Dos integrantes de los organismos empresariales con mayor número de asociados; y
Los representantes de los organismos empresariales y de trabajadores durarán en su encargo 4 años, con la posibilidad de ser removidos en forma anticipada por el organismo que los nombró, quienes los sustituyan lo harán para concluir el periodo correspondiente.
Las personas que integren la Junta señalados en las fracciones I, II y III no recibirán retribución, compensación u honorario alguno por su participación, caso contrario los referidos en las fracciones IV y V recibirán la retribución que señale el presupuesto de egresos del Centro.
Requisitos para ser representantes de trabajadores y patrones
Artículo 11. Para ser representantes de los trabajadores y de los patrones deberán satisfacer los requisitos siguientes:
Ser licenciado en derecho o carrera a fin; y,
No pertenecer al estado eclesiástico.
Suplencia de los integrantes de la Junta de Gobierno
Artículo 12. Las personas integrantes de la Junta de Gobierno de manera excepcional podrán ser suplidas en las sesiones.
Intervenciones de los integrantes de la Junta de Gobierno
Artículo 13. Las personas integrantes de la Junta de Gobierno y en su caso, sus suplentes, tendrán derecho a voz y voto.
De las sesiones de la Junta de Gobierno
Artículo 14. A las sesiones de la Junta de Gobierno asistirá el Director General y el Comisario Público, con derecho a voz, pero sin derecho a voto.
Intervención en las sesiones
Artículo 15. A solicitud de los integrantes de la Junta de Gobierno, en las sesiones podrán participar los servidores públicos y personas expertas que, de acuerdo con la agenda de temas a tratar, resulte conveniente; lo harán exclusivamente durante el desahogo de los puntos para los que fueron convocados y no tendrán derecho a voto.
El presidente de la Junta de Gobierno contará con el auxilio de una secretaria técnica, quien lo auxiliará en el desarrollo de las sesiones y en la elaboración y resguardo de actas.
Duración del cargo y remoción de los integrantes de la Junta de Gobierno
Artículo 16. Los integrantes de la junta de gobierno durarán en su cargo seis años y podrán ser removidos por la Junta de Gobierno, a petición de la representación que los hubiere propuesto. La solicitud de remoción que presente el sector se hará́ por conducto del Director General. En tanto se reúne la Junta de Gobierno, los integrantes de la Junta de Gobierno cuya remoción se haya solicitado, quedarán de inmediato suspendidos en sus funciones.
De la presidencia en las sesiones
Artículo 17. Los integrantes de la Junta de Gobierno presidirán las sesiones en forma rotativa cada dos años, por las representaciones en el orden siguiente:
Iniciará el Gobierno Estatal;
Le seguirá un representante del Centro Patronal de León; y
Continuará un representante de las dos organizaciones de trabajadores más representativo en Guanajuato.
Artículo 18. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias como mínimo cada tres meses. Cuando se estime necesario, o por la naturaleza del asunto, también podrá sesionar en forma extraordinaria.
Las sesiones serán convocadas por el Presidente o, en su defecto, por el Secretario la Junta de Gobierno a petición de la mayoría de los integrantes o del Director General.
Las sesiones serán válidas cuando asistan, por lo menos, siete de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones se tomarán por mayoría de los integrantes presentes. El presidente tendrá voto de calidad en caso de empate.
Artículo 19. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones:
Aprobar anualmente el anteproyecto de presupuesto de egresos;
Aprobar el Reglamento Interior;
Aprobar los Programas Institucionales;
Vigilar que el Centro conduzca sus actividades en forma programada;
Aprobar los manuales de organización, de procedimientos y de servicios al público;
Fijar las remuneraciones que correspondan a los representantes de las organizaciones de trabajadores y de patrones por su participación en las sesiones la Junta de Gobierno, atendido a las disponibilidades presupuestales;
Establecer el servicio laboral de carrera;
Recibir el informe anual de Actividades del Director General;
Aprobar su calendario anual de sesiones;
Aprobar a propuesta del Director General, el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio del estado;
Autorizar la creación de Comités de Apoyo y en su caso, la participación y honorarios de profesionistas independientes en los mismos; y
Conocer los informes que presente el Órgano Interno de Control.
De los Comités de Apoyo de la Junta de Gobierno
Artículo 20. La Junta de Gobierno podrá contar con los comités de apoyo para el desahogo de los asuntos encomendados.
Integración de los comités de apoyo
Artículo 21. Los comités a que se refiere el artículo anterior se integrarán por servidores públicos del Centro y algún miembro la Junta de Gobierno que lo presidirá.
Podrán participar como invitados a los comités, profesionistas, académicos y representantes de organismos nacionales e internacionales.
Requisitos para ser Director General
Artículo 22.- Para ser Director General del Centro se requiere además de lo establecido en el mismo precepto constitucional lo siguiente:
Ser mayor de 35 años;
Tener título profesional de Licenciado en Derecho expedido con antigüedad no menor a ocho años anteriores a la designación;
Comprobar experiencia mínima de tres años en las materias que constituyan el objeto del Centro;
Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en materia administrativa;
No haber ocupado un cargo en algún partido político, ni haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección en el año anterior a la designación;
Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso; y
No encontrarse en ningún supuesto de conflicto de intereses.
Nombramiento y remoción del personal del Centro
Artículo 23. A propuesta del Director General, la Junta de Gobierno podrá nombrar y remover a los Directores de área del Centro, los que deberán reunir los requisitos previstos en este artículo.
Duración del cargo, designación y remoción del Director General
Artículo 24. El Director General desempeñará su cargo por 6 años y podrá ser ratificado por un periodo más, por una sola ocasión.
Para la designación del Director General, se hará de acuerdo con el procedimiento siguiente:
El Gobernador del Estado de Guanajuato someterá una terna a consideración del Congreso del Estado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas realizará la designación correspondiente. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los diputados, dentro del plazo de treinta días.
En caso de que el Congreso rechace la totalidad de la terna propuesta, el Gobernador someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna no logre el quorum de votación requerido, se designará aquel que haya obtenido mayores votos. En caso de falta absoluta, la persona que lo sustituya será nombrada mediante el mismo procedimiento con el que se designó al Director General, solo para concluir el periodo respectivo, quedando como encargado del despacho quien ocupe el nivel inmediato inferior hasta en tanto se nombra al nuevo Director General, dejando intocado su posibilidad de ser reelecto.
El Director General sólo podrá ser removido por causa grave; y durante su encargo no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúe en representación del organismo y de los desempeñados en actividades docentes, científicas, culturales o de beneficencia.
Facultades y Obligaciones del Director General
Artículo 25. Son facultades y obligaciones del Director General las siguientes:
Dirigir técnica y administrativamente las actividades del Centro;
Ejecutar los programas del Centro;
Representar legalmente al Centro, así como delegar su representación;
Presentar a la aprobación la Junta de Gobierno el anteproyecto del presupuesto de egresos del Centro;
Ejercer el presupuesto del Centro;
Presentar a la aprobación la Junta de Gobierno, el proyecto de Reglamento Interno, Manual de Organización y Manual de Procedimientos;
Presentar a la Junta de Gobierno, durante en el mes de septiembre del año anterior a su ejercicio para su aprobación, el proyecto de Programa Institucional, así como un informe de resultados respecto del ejercicio anterior, que deberá contener al menos, metas, objetivos, recursos, indicadores de cumplimiento y deberá considerar las prioridades y lineamientos sectoriales;
Presentar la Junta de Gobierno de manera trimestral los informes que establezcan el estado que guarda el Centro;
Someter a la aprobación de la Junta de Gobierno, el establecimiento, reubicación y cierre de oficinas en el territorio del estado. El reglamento Interior del Centro determinará el ámbito de actuación de tales oficinas;
Definir las políticas de instrumentación de los sistemas de control, incorporando información estadística para la mejora de la gestión;
Imponer las multas previstas en la Ley Federal del Trabajo, para el caso de inasistencia de los intervinientes, cuando éste sea el patrón, dentro del procedimiento de conciliación contemplado en la mencionada Ley;
Nombrar y remover libremente a aquellos que no están sujetos al nombramiento del órgano de gobierno;
Vigilar y conservar el patrimonio del Centro;
Realizar los actos jurídicos para cumplir los fines del Centro; y
Nombrar a los conciliadores.
Auxiliares del Director General
Artículo 26. El Centro para el cumplimiento de sus facultades y obligaciones por los servidores públicos que establezca el Reglamento Interno y permita su presupuesto.
DEL PATRIMONIO DEL CENTRO
Integración del patrimonio del Centro
Artículo 27. El patrimonio del Centro se integra por:
Los bienes muebles e inmuebles que se destinen para su servicio;
Los recursos financieros que se le asignen en el Presupuesto de Egresos del Estado para su funcionamiento;
Las donaciones o legados que se otorgan a su favor; y
Los demás bienes, derechos y recursos que adquiera por cualquier título legal.
Clasificación de las Direcciones
Artículo 28. Para un adecuado funcionamiento del Centro se establecen cuatro direcciones:
Dirección de Conciliación Laboral;
Dirección de Estudio, estadística y formación; y
Competencias y Obligaciones de la Dirección de Conciliación Laboral
Artículo 29. Son competencias y obligaciones de la Dirección de Conciliación Laboral.
Supervisar el funcionamiento de las áreas a su cargo;
Atender y promover la conciliación en todas las fases del procedimiento;
Intervenir en la elaboración de las actas y convenios que celebren las partes como resultado de la conciliación laboral;
Llevar un registro de las conciliaciones, actas de no conciliación y de los convenios;
Procurar el equilibrio entre los factores de la producción, a través del servicio público de conciliación laboral, así́ como en los casos en que se reclamen violaciones a dichos instrumentos jurídicos;
Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos;
Vigilar el registro y trámite de las conciliaciones laborales.
Competencias y Obligaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos
Artículo 30. Son competencias y obligaciones de la Dirección de Asuntos Jurídicos:
Representar al Director General y al Centro en los juicios de amparo, cuando sea señalado como autoridad responsable; presentar los informes, designar delegadas o delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias, rindan pruebas, formulen alegatos, promuevan incidentes y recursos procedentes, en términos de la Ley de Amparo;
Mantener actualizado el control relativo al cumplimiento de las ejecutorias de amparo;
Presentar mensualmente un informe al Director General de las actividades relacionadas con los amparos recibidos y tramitados, así como el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, señalando el sentido de las mismas;
Auxiliar en el apoyo técnico jurídico a todos los servidores públicos para el mejor desempeño de sus actividades.
Competencias y Obligaciones de la Dirección de Estudio, Estadística y Formación
Artículo 31. Son competencias y obligaciones de la Dirección de Estudio, Estadística y Formación:
Elaborar estadísticas e informar a la Dirección General, sobre porcentajes de incrementos económicos acordados entre las partes y número de trabajadores beneficiados, resultado de las negociaciones atendidas;
Elaborar estadísticas e informar a la Dirección General, sobre porcentajes de incrementos en conciliaciones laborales;
Diseñar y coordinar el servicio laboral de carrera y poner a disposición de los sectores productivos herramientas e información útil sobre la conciliación laboral;
Integrar y mantener actualizado el Padrón de Conciliadores certificados;
Coordinar y administrar el acervo documental y la prestación del servicio de información bibliográfica y audiovisual en materia de conciliación laboral;
Proponer estudios para vincular la formación profesional con aquellas áreas prioritarias para el desarrollo del Centro;
Realizar estudios e investigaciones que permitan fortalecer la conciliación laboral, en coordinación con las universidades e instituciones de educación superior;
Promover, coordinar y organizar acciones relativas al estudio, identificación y reconocimiento de las mejores prácticas laborales del sector productivo;
Coordinar y evaluar el diseño y la ejecución de encuestas por muestreo, a fin de captar información de interés para el sector laboral, así́ como promover su utilización;
Analizar y evaluar en forma permanente las tendencias y evolución de la conciliación laboral en el estado; y
Expedir certificaciones de los documentos que obren en los archivos.
Competencias y Obligaciones de la Dirección de Administración
Artículo 32. Son competencias y obligaciones de la Dirección de Administración:
Difundir y aplicar las políticas, normas, directrices, lineamientos y criterios técnicos para la administración de los recursos financieros y del proceso programático presupuestario en el ámbito del Centro;
Instrumentar el proceso de programación, presupuestación, administración, seguimiento y control de los recursos financieros del Centro;
Revisar y gestionar, ante la Secretaría de Finanzas, las adecuaciones presupuestarias;
Instrumentar las disposiciones de control interno en materia contable y presupuestaria que deba realizar la Secretaría, así́ como integrar y custodiar el archivo para consulta de la documentación;
Tramitar el pago de los compromisos contraídos por el Centro, administrar el fondo revolvente; efectuar la apertura, actualización y cancelación de cuentas bancarias, incluyendo el trámite de autorización a terceros firmantes;
Autorizar la entrega de la información y documentación en materia de operación financiera, programática, contable y presupuestaria de la Secretaría;
Expedir, a solicitud expresa, constancias relativas al pago de los diversos conceptos, retenciones y rendición de cuentas de operaciones ajenas, excepto las que se refieren a servicios personales;
Integrar y analizar la información relacionada con el ejercicio programático y presupuestario, así́ como coordinar las acciones de evaluación y autoevaluación que, en su caso, deba realizar el Centro;
Coordinar la contratación, operación y el seguimiento de las evaluaciones externas a los programas presupuestarios operados por el Centro, así́ como difundir los resultados de dichas evaluaciones y dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de las mismas; y
De las suplencias de las Direcciones
Artículo 33. El Reglamento interior definirá el régimen de suplencias.
Artículo 34. El Centro contará con un Órgano Interno de Control. Sus acciones tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de la gestión del Centro y evaluará el desempeño general y por funciones del organismo, realizará estudios sobre la eficiencia con la que se ejerzan los recursos presupuestados en los rubros de gasto corriente y de inversión y en general.
De las facultades y obligaciones del Órgano Interno de Control
Artículo 35. Son facultades y obligaciones del Órgano Interno de Control:
Recibir quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y darles seguimiento;
Investigar y fincar las responsabilidades a que haya lugar e imponer las sanciones respectivas, en los términos del ordenamiento legal en materia de responsabilidades;
Emitir las resoluciones respecto de los recursos de revocación que interpongan los servidores públicos;
Emitir las resoluciones respecto de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones emitidas por los titulares de las áreas de responsabilidades en los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanciones a licitantes, proveedores y contratistas previstos en las disposiciones jurídicas en materia arrendamientos, servicios, obra pública y servicios relacionados con la misma; de adquisiciones;
Llevar los procedimientos de conciliación previstos en las leyes en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obra pública y servicios relacionados con la misma, en los casos en que el Director General así́ lo determine;
Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emitan ante las diversas instancias jurisdiccionales, representando al Centro, así́ como expedir las copias certificadas de los documentos que obren en los archivos del Órgano interno de control;
Coadyuvar al funcionamiento del sistema de control y evaluación gubernamental; vigilar el cumplimiento de las normas de control que expida el Centro, así́ como analizar y proponer con un enfoque preventivo, las normas, lineamientos, mecanismos y acciones para fortalecer el control interno de las instituciones en las que se encuentren designados;
Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas de inspección e informar de su resultado al Centro, así́ como a los responsables de las áreas auditadas y apoyar, verificar y evaluar las acciones que promuevan la mejora de su gestión;
Las auditorías, revisiones y visitas de inspección señaladas podrán llevarse a cabo por los propios titulares o por conducto de sus respectivas áreas de quejas, auditoría interna y auditoría, desarrollo y mejora de la gestión pública o bien, en coordinación con las unidades administrativas del Centro u otras instancias externas de fiscalización;
Denunciar, por sí o por conducto del servidor público del propio Órgano Interno de control que el titular de Éste determine, los hechos de que tengan conocimiento y que puedan ser constitutivos de delitos o, en su caso, solicitar al área jurídica la formulación de las querellas a que haya lugar, cuando las conductas ilícitas requieran de este requisito de procedibilidad; y
Requerir a las unidades administrativas la información para cumplir con sus atribuciones y brindar la asesoría que les requieran en el ámbito de sus competencias.
Del Comité de Transparencia y Acceso a la Información
Artículo 36. El Comité́ de Transparencia y Acceso a la Información se integrará en forma tripartita, por un representante del sector de los trabajadores, uno del sector empresarial y uno del Gobierno Estatal, los cuales serán designados por la Junta de Gobierno, y durarán en su cargo seis años.
El Comité será presidido en forma rotativa, la cual se realizará anualmente.
Los servicios de Conciliación Laboral
Artículo 37. La prestación de los servicios de Conciliación Laboral se someterá y regirá por:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales suscritos y ratificados por México;
Lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo;
Ley de Justicia Alternativa del Estado de Guanajuato con aplicación de forma supletoria;
La jurisprudencia y los principios generales del derecho; y
El acuerdo entre las partes.
Artículo 38. La Conciliación Laboral será aplicable solamente en los asuntos que sean susceptibles de convenio, que no alteren el orden público, ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten derechos de terceros.
De la naturaleza de los servicios del Centro
Artículo 39. Los servicios del Centro podrán brindarse con las condiciones y metodología que se estimen convenientes para la atención de casos, debiendo acatar como mínimo los principios y demás disposiciones que de esta Ley se desprenden.
Los servicios que se ofrezcan en el Centro serán gratuitos en lo que concierne a la prestación de tales servicios.
El Centro deberá contar con espacios adecuados para el desarrollo de sus actividades, procurando siempre la confidencialidad.
Artículo 40. Las relaciones de trabajo entre el Centro y su personal se regirán por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y de los Municipios del Estado de Guanajuato.
De los derechos de los intervinientes
Artículo 41. Los intervinientes en una conciliación tendrán los siguientes derechos:
Recibir la información en relación con la conciliación y sus alcances;
Recibir la asignación de un conciliador por parte del Centro;
Solicitar la sustitución del conciliador, en caso de que el asignado o elegido, a criterio de uno o más de los participantes, no cumpla con alguno de los requisitos u obligaciones previstos en esta Ley;
Intervenir en todas y cada una de las sesiones, excepto en los casos en que acepten celebrar sesiones individuales con el conciliador respectivo;
Allegarse por sus propios medios de la asistencia que requieran de técnicos o profesionales que conozcan de una ciencia o arte especializados, que puedan aportar elementos para tomar decisiones en los asuntos que se esté interviniendo;
Dar por concluida su participación en la conciliación en cualquier momento, cuando consideren que así convienen a sus intereses;
Previa lectura que en voz alta haga el conciliador, suscribir el convenio mediante firma autógrafa o electrónica, o bien, en caso de que uno o más de los intervinientes no sepan escribir, estampando sus huellas dactilares o firmar alguien a su ruego;
De las obligaciones de los intervinientes
Artículo 42. Los intervinientes que soliciten y reciban servicios de conciliación están obligadas a:
Asistir a cada una de las sesiones de conciliación personalmente o por conducto de su representante, según corresponda;
Mantener la confidencialidad;
Observar buen comportamiento durante todo el proceso, adoptando una actitud y conducta responsable acorde con la intención de resolver en forma pacífica la controversia; y
Cumplir con los compromisos adquiridos que consten en el Convenio de conciliación.
De la conclusión de la conciliación laboral
Artículo 43. Para los efectos de esta Ley, se considera que una conciliación laboral ha concluido formalmente, cuando concurre uno de los siguientes supuestos:
Por decisión del conciliador, si a su criterio la conciliación laboral se ha dilatado por conducta irresponsable de los intervinientes;
Por decisión del conciliador, cuando alguno de los intervinientes o sus representantes incurran reiteradamente en un comportamiento irrespetuoso o agresivo;
Por decisión del conciliador, cuando tenga conocimiento de un hecho o acto a conciliar que sea presuntamente ilícito;
Por decisión de alguno de los intervinientes o de sus representantes, cuando así lo crean conveniente;
Por inasistencia de los participantes o de sus representantes a más de dos sesiones consecutivas sin causa justificada;
Por negativa de los participantes o de sus representantes para la suscripción del convenio que contenga la solución parcial o total de la controversia;
Por convenio que establezca la solución parcial o total de la controversia; y
Por los hechos a conciliar ya son materia de una controversia jurisdiccional.
De la expedición de constancias de no conciliación
Artículo 44. En los supuestos del artículo anterior el conciliador deberá expedir la constancia de no conciliación, salvo el supuesto que establece la solución total de la controversia.
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Artículo Segundo. Una vez instalada, quien presida la Junta de Gobierno del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, convocará dentro de los siguientes quince días, a la primera sesión de trabajo.
Artículo Tercero. El Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato entrará en funciones dentro de los siguientes treinta días a la designación del Director General.
Artículo Cuarto. Una vez instalado el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato deberá realizar la expedición y armonización de los reglamentos correspondientes en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Artículo Quinto. El Ejecutivo del Estado deberá realizar las adecuaciones presupuestarias, para el cumplimiento del presente decreto en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del mismo.
Artículo Sexto. El Comité de Transparencia y Acceso a la información comenzará siendo presidido al entrar en funciones por el Representante del Gobierno Estatal.
Artículo Séptimo. El personal adscrito al Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato podrá acceder al servicio laboral de carrera del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Guanajuato, para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación, en los términos establecidos en los reglamentos correspondientes.
En razón de lo anteriormente expuesto y fundado, solicitamos a Usted dar a esta iniciativa el trámite señalado en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato.
Guanajuato, Guanajuato, a 27 de febrero de 2020.
Diputado Licenciado Héctor Hugo Varela Flores.

References: artículo 107
 artículo 123
 artículo 123
 artículo 209
 artículo 17

Artículo 1

Artículo 2
 resolución 

Artículo 3

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44