Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/documento/30654
Timestamp: 2020-04-01 09:02:35+00:00

Document:
Sentencia: TAD-CUN-SIII-2380-2009
Una entidad pública que ha celebrado un contrato de prestación de servicios puede imponer mediante resolución multas en razón del incumpliendo del contratista
TAD-CUN-SIII-2380-2009
UNION TEMPORAL SETT VS. DISTRITO CAPITAL – SECRETARIA DE TRANSITO Y TRASPORTE DE BOGOTÁ
El Distrito Capital - Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. un contrato de concesión con la Unión Temporal SETT, integrada por las sociedades Taborda Vélez Sen C y Servientrega S.A.” Las partes contratantes definieron que en caso de incumplimiento de algunas de las obligaciones, podrían cobrar al contratante incumplido multas en cuantía y oportunidades señaladas en el reglamento de la concesión, sin perjuicio de la aplicación de la sanción penal pecuniaria y de la declaratoria de caducidad del contrato, lo anterior conforme a lo previsto en la cláusula décima novena del contrato. La Secretaria de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. – STT y la Universidad Nacional de Colombia celebraron contratos para ejercer las funciones de interventoría sobre el contrato celebrado con la Unión Temporal SETT integrada por las sociedades Taborda Vélez Sen C y Servientrega S.A.” La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. con fundamento en recomendaciones de la interventoría expidió una resolución mediante la cual impuso una multa a la Unión Temporal SETT por valor de ($618.000.oo) [...] equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2002, por un presunto incumplimiento del concesionario con relación a una solicitud de trámite que fue atendida después de los 15 días de su radicación.
¿Puede una entidad pública interponer una multa, debido a que el contratista no atendió oportunamente una solicitud del interventor, sin acudir al juez administrativo para lograr la declaratoria de incumplimiento y, consiguientemente, la interposición de la misma?
«(…) La Ley 80 de 1993 otorgo a la entidad estatal contratante en forma expresa la competencia en materia de dirección y manejo de la actividad contractual e igualmente en forma expresa impuso a la entidad estatal el deber de “adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar”.
Esa atribución que el estatuto contractual entrega a la entidad estatal, constituye la normativa de competencia de la administración para ejercerla en forma directa, sin necesidad de acudir al órgano judicial y ello para nada desconoce el principio de legalidad en su versión de vinculación positiva, ni implica una actuación arbitraria de la administración; ni mucho menos retroceder a un Estado Absolutista, ni que se suplante al órgano judicial; ni que se desconozcan las garantías del contratista, por cuanto no puede perderse de vista que la decisión administrativa sancionatoria es objeto de control judicial.
En consecuencia, las cláusulas de multas conforme con la ley 80 de 1993 no son consideras cláusulas exorbitantes en cuanto las mismas no fueron objeto de consagración especial por parte del Estatuto Contractual, por tanto, es considerada una cláusula común que puede ser objeto de regulación y consagración conforme con la autonomía de la voluntad en acatamiento del articulo 40 de la ley 80 de 1993 y la cual debe ser regida conforme con las disposiciones consagradas en la legislación comercial, específicamente los artículos 1592 del código civil y el 867 del código de comercio. Quiere significar lo anterior, que las partes de común acuerdo dentro de la actividad contractual están facultados para acordar la cláusula de multas la cual no deja de ser considerada como exorbitante en los términos del artículo 14 de la ley 80 de 1993 aplicándose a su regulación los artículo 1592 del CC y 867 del Código de Comercio, antes citado.
Las partes de común acuerdo pueden pactar cláusulas que consideren necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, entre las que se encuentran aquellas que facultan la imposición de multas. La mencionada cláusula no hace parte de facultades exorbitantes de la administración sino que comporta una estipulación propia de la actividad contractual civil y comercial (artículos 1592 cc y 867 del Código civil), que tiene como finalidad sancionar al contratista incumplido. Partiendo de los supuestos antes mencionados se requiere precisar si le es dado a la administración declarar el incumplimiento a través de un acto administrativo o si por el contrario tal determinación requiere decisión judicial? Para esta sala de decisión la administración sí tiene la potestad de declarar de manera unilateral el incumplimiento del contratista y hacer exigible las multas contractualmente pactadas. En efecto, teniendo en cuenta los fines de la Contratación estatal consagrados en el articulo 3 del estatuto contractual, el cumplimiento de los mismos faculta a la administración a utilizar la cláusula de multas debidamente pactada en el contrato para sancionar en forma directa el incumplimiento atribuible al contratista; así mismo es de resaltarse el carácter ejecutivo que guardan los actos administrativos y que los hace exigibles a través de un proceso ejecutivo este si adelantado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En consecuencia, puede la entidad pública imponer las multas a las cuales se encuentra facultada por expresa manifestación de las voluntad de los contratantes, debiendo producir un acto administrativo el cual presta mérito ejecutivo conforme con lo expuesto en los artículos 64 y numeral 4 del artículo 68 del CCA. Es de resaltar que la multa es un tipo de sanción de naturaleza pecuniaria que no implica la declaración y demostración de perjuicios, es decir, este tipo de sanción no conlleva a la reparación de un daño, sino simplemente la demostración de una falta al contrato celebrado, un incumplimiento a lo pactado contractualmente. (…) Por consiguiente, en el presente caso la finalidad de la multa tenía dos connotaciones: por un lado instar al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y por otro, propender la administración (entidad contratante) para que el concesionario prestara un óptimo servicio; por tanto la carga de la prueba del recurrente radicaba en demostrar que al momento de ser sancionado se encontraba cumpliendo las obligaciones emanadas del contrato y los lineamientos establecidos en el reglamento del servicio. Conforme a lo anterior el recurrente no demostró que al momento de la imposición de las sanciones se encontraba cumpliendo las obligaciones del contrato, como tampoco que se encontraba cumpliendo el reglamento de prestación de servicio; por el contrario las resoluciones objeto de control de legalidad en esta oportunidad, demuestran que la entidad cumplió el procedimiento establecido por las partes para la imposición de la multa y que existían fundamentos suficientes (que no logró desvirtuar la parte actora) que evidenciaban que el contratista incumplió el reglamento de prestación del servicio. En consecuencia, en vista que la entidad contratante tenía competencia para sancionara la concesionario y que el contratista no demostró que al momento de la expedición de las resoluciones bajo control de legalidad, se encontraba cumpliendo las obligaciones del contrato y los lineamiento del reglamento de prestación de servicios, la Sala confirmara la decisión del a quo. (…)»
Una entidad pública puede interponer varias multas a un contratista, debido a que ha incurrido en reiterados incumplimientos al omitir tramitar las solicitudes que le ha efectuado la entidad y el interventor, sin acudir al juez administrativo para lograr la declaratoria de incumplimiento y, consiguientemente, la interposición de las mismas, porque:
Las entidades estatales contratantes son competentes para adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Esta atribución que el estatuto contractual entrega a la entidad estatal, le permite imponer multas a un contratista, sin necesidad de acudir al órgano judicial y sin que con ello se desconozca el principio de legalidad, por cuanto no puede perderse de vista que la decisión administrativa sancionatoria es objeto de control judicial.
Las cláusulas de multas provienen de la autonomía de las partes y se rigen por las disposiciones consagradas en la legislación comercial y civil (artículos 1592 del Código Civil y el 867 del Código de Comercio) y, por tanto, no hacen parte de facultades exorbitantes de la administración. En este sentido, en cumplimiento de los fines de la contratación estatal consagrados en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993, la administración está facultada para utilizar la cláusula de multas debidamente pactada en el contrato, con el fin de sancionar en forma directa el incumplimiento atribuible al contratista, a través de un acto administrativo, y exigir su pago en un proceso ejecutivo adelantado ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
La facultad de la entidad para la interposición de multas se encuentra emana de la voluntad de los contratantes, debiendo producir un acto administrativo el cual presta mérito ejecutivo.
De acuerdo al contrato de concesión, la finalidad de la multa tenía dos connotaciones: por un lado instar al contratista para el cumplimiento de las obligaciones contractuales; y por otro, propender la administración (entidad contratante) para que el concesionario prestara un óptimo servicio. Por tanto, el contratista debía demostrar que al momento de ser sancionado se encontraba cumpliendo las obligaciones emanadas del contrato, deber probatorio que omitió.
PRIMERO: Se confirma la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Uno (31) Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., el veintidós (22) de abril de dos mil ocho (2008), por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Ley 80 de 1993. Artículo 13 y 14. Código civil 1592. Código de comercio 867.
Multa. «(...) Es de resaltar que la multa es un tipo de sanción de naturaleza pecuniaria que no implica la declaración y demostración de perjuicios, es decir, este tipo de sanción no conlleva a la reparación de un daño, sino simplemente la demostración de una falta al contrato celebrado, un incumplimiento a lo pactado contractualmente. (…)»
Documento: TAD-CUN-SIII-2380-2009
Una entidad pública que ha celebrado un contrato de prestación de servicios puede imponer mediante..

References: resolución 
 resolución 
 artículo 14
 artículo 1592
 artículo 68
 artículo 3
 Artículo 13