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La argentina según monsanto – Center for Human Rights and Environment
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23 de Julio de 2013 a la(s) 22:50
La agrobiotecnología en el orden jurídico argentino en relación a la liberación de semillas modificadas genéticamente (organo vegetal genéticamente modificado – OVGM) comienza a tener relevancia recién con la vigencia del Decreto n° 2.183 a partir del 21 octubre 1991 que aprueba una nueva reglamentación de la Ley de Semillas (20.247), derogando las anteriores reglamentaciones. Posteriormente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca crea la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) -Resolución n° 124 del 24 de octubre de 1991 designándola como autoridad de control en la ejecución de planes y políticas en materia de tecnología agropecuaria agroindustrial.
De las efectos adversos al medio ambiente de los paquetes tecnológicos da cuenta el propio Poder Ejecutivo Nacional a través de la Secretaria de Política Ambiental en un informe de Marzo del 2008 “El avance de la frontera agropecuaria y sus consecuencias»(2). La Argentina es el tercer país del mundo donde más se ha desarrollado y se aplica in situ la agrobiotecnología, después de Estados Unidos y Brasil.-
En ese informe el propio estado Argentino señalo que » Las compañías biotecnológicas argumentan que cuando los herbicidas son aplicados correctamente no producen efectos negativos ni sobre el hombre ni sobre el ambiente. Los cultivos transgénicos a gran escala favorecen aplicaciones aéreas de herbicidas y muchos de sus residuos acumulados afectan a microorganismos como los hongos micorríticos o la fauna del suelo. Pero las compañías sostienen que el glifosato se degrada rápidamente en el suelo y no se acumula en los alimentos, agua o el propio suelo. El glifosato ha sido reportado como tóxico para algunos organismos del suelo, sean controladores benéficos como arañas,ácaros, carábidos y coccinélidos o detritívoros como las lombrices y algunas especies de la microfauna. Existen reportes que el glifosato también afecta a lagunos seres acuáticos como los peces y que incluso actúa como disruptor endocrinológico en anfibios. El glifosato es un herbicida sistémico (se desplaza por el floema) y es conducido a todas las partes de la planta,incluidas aquellas que son osechables. Esto es preocupante ya que se desconoce exactamente cuánto glifosato se presenta en los granos de maíz o soja transgénicos, ya que las pruebas convencionales no lo incluyen en sus análisis de residuos de agroquímicos.» (3)
Durante estos últimos quince años, y por razones de urgencia y necesidad el análisis de la problemática de los paquetes tecnológicos se centro exclusivamente en fijar – judicialmente y/o legislativamente – limites razonables a las aplicaciones aéreas o terrestres de los agroquimicos con el fin de distanciarlas de los centros urbanos o poblados.
1) la CONABIA y Dirección de Biotecnología que realizan un dictamen en relación a la evaluación de los riesgos para los agroecosistemas ; la actuación esta regulada en la Resolución 763/11. (4)
La AGN señala la necesidad de que la Dirección de Agroquímicos y Biológicos – DIRABIO – (que funciona en la órbita del SENASA) efectúe exámenes periódicos de los productos ya registrados para determinar si procede la cancelación del registro de habilitación o la reclasificación de los mismos. Todo ello en concordancia con lo establecido por la FAO en su versión revisada del “código internacional de conducta para la distribución y utilización de plaguicidas”. El informe de AGN sostiene expresamente que “es imprescindible que el Estado extreme las medidas de control sobre los agroquímicos en todas las etapas” y que “se realicen monitoreos permanentes de los alimentos para detectar la presencia de residuos, con el fin de garantizar la salud de los ciudadanos”.
Las empresas agrobiotecnologicas encabezadas por Monsanto Argentina SAIC han reclamado históricamente al Gobierno Argentino el pago adicional de un canon por el uso de los agricultores de las semillas transgénicas que aquellas le comercializan, alegando derechos exclusivos de propiedad intelectual. No alcanza el pago de la venta de la semilla, ademas es necesario incluir el pago de un canon adicional, en concepto de patente.
En efecto, en la Argentina no está permitido el patentamiento de plantas y procedimiento esencialmente biológicos. El articulo 6 de la ley 24481 (ley de patentes) es claro y excluye la patentabilidad a toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza. Luego el Decreto reglamentario 260/96 especifica que no se considerara materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos. El patentamiento otorgaría derechos exclusivos a los obtentores (empresas biotecnologicas) por un plazo de tiempo sobre sus semillas transgenicas, concediéndose el uso solo frente al pago de una regalía.
Y la fundamentación ontológica de la impatentabilidad de las plantas y variedades vegetales – como se adelanto ut supra – es correcta y reside en que la materia viva como las plantas no son inventos sino descubrimientos científicos, lo que hace necesaria la exclusión de patentabilidad a fin de que la concesión de derechos de propiedad intelectual dificulte el avance de la ciencia, que es justamente uno de los objetivos de la ley de patentes.
El Anexo 1C, que constituye el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC – TRIPS en Inglés) (14), dispone, en un Artículo 27 relativo a las patentes :
» Materia patentable
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, las patentes podrán obtenerse por todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. (…)
b) las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos o microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC.»
Este acuerdo ADPIC-TRIPS no define que exactamente que podría ser un «sistema sui generis eficaz» para la protección de la propiedad intelectual de las obtenciones vegetales. A pesar de la aparente flexibilidad que brinda la cláusula sui generis, la protección de variedades vegetales del tipo que ofrece UPOV fue presentada regularmente como la única opción sui generis válida para el Sur.
6.- Permite una doble protección, ya se por la ley de patentes como de semillas.
Por ello en nuestro pais las empresas agrobiotecnologicas – principalmente Monsanto – siempre se mostraron disconformes ante la vigencia de la UPOV 78 y la actual ley de semillas atento al alcance de los derechos del obtentor y las excepcion del agricultor.
Sin embargo la presión de las empresas agrobiotecnologicas – con Monsanto a la cabeza – a fin de que se modifique ese status jurídico y procurar el establecimiento de derechos exclusivos por el uso de las semillas transgenicas es evidente y urgente para sus ambiciones economicas (16). Es que el plazo de 15 años de uso exclusivo que fija la UPOV 78 ya no alcanza y de hecho caduco en los primeros eventos de soja, maíz y algodon transgenicos, por lo tanto sus usos ya son libres de todo arancel. Si bien el decreto reglamentario 2183/91 fijo un plazo de proteccion de 20 años para los obtentores, por la regla de ley superior y posterior rige el plazo de 15 años estipulado en la ley 24.376 que incorpora al ordenamiento jurídico interno los parametros de la UPOV 78.
ARPOV es la Asociacion Argentina de Produtores de Obtenciones Vegetales, y su fin primordial de esta asociacion es realizar consolidar un reclamo directo: que la Argentina proteja las variedades vegetales a traves de las leyes de patente y/o semillas reconociendo derechos exclusivos y limitando el uso propio de las semillas a los agricultores. Para ello ARPOV viene desarrollando un lobby de precisión cirujana y abarcativo de todos los estamentos sociales.
En virtud de tal contrato el agricultor solamente puede utilizar la semilla que ha reservado para su propia siembra. Toda semilla reservada para «Uso Propio» sólo puede ser utilizada por el productor en su propio establecimiento. Si se tratara de una variedad que se encuentra bajo el Sistema de Regalía Extendida, deberá abonar la regalía correspondiente al obtentor, tal como lo indica la situación contractual.
Y hasta los grandes medios nacionales han dado cuenta de la operatoria creada por Monsanto e implementada a través de ARPOV. Asi se puede leer en la Nota de Clarin Cómo se concretará el pago de las regalías en el Suplemento Rural del 22 de Febrero de 2013 «¿Cómo va a funcionar el pago de regalías por la nueva soja RR2 + Bt? Rafael Cavanagh, gerente de soja de Monsanto, lo explica paso a paso: Para comprar Intacta (tal el nombre de esta nueva tecnología), el productor tiene que haber firmado previamente una licencia de uso, que va a decir que se compromete a reconocerle a Monsanto un canon tecnológico y pagar por él. Esto será independiente de a qué empresa le compre la semilla. La licencia es de por vida y no implica compromiso de compra.
Cuando se entregue soja Intacta al acopio zonal o al exportador, se deberá avisar que se trata de grano que contiene esa tecnología. El receptor chequeará en el sistema si el productor que envía esos camiones pagó antes el canon tecnológico o no. Y, si no lo hizo, deberá pagarlo en esa instancia.» (19)
A su vez ARPOV es la fuerza de contralor de Monsanto y de las empresas agrobiotecnologicas contra los agricultores. Desde su propia pagina de internet dan cuenta de ello: «Los Coordinadores Regionales realizan visitas a campo para realizar el control y la verificación del cumplimiento de dichos contratos de multiplicación registrando todo lo constatado en informes y auditorias que luego son volcadas a un sistema diseñado especialmente para este trabajo y al cual pueden acceder todos los socios, con especial trato respecto a la confidencialidad de datos de cada criadero asociado. Todas las irregularidades encontradas por los Coordinadores son chequeadas e informadas a las empresas obtentoras a través del departamento legal y a partir de allí se procede a ejecutar las cláusulas penales acordadas en los convenios respectivos.»
Ese mecanismo Monsanto ya lo aplico con total exito en Canada y Estados Unidos. En el caso de Canada se resalta el episodio del granjero que motivara un documental revelador «David contra Monsanto» (18) que pone a luz el accionar de Monsanto.
LA UPOV 91 ignora y desconoce por completo el Tratado Sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la FAO que ya ante la UPOV 91 en la «Interpretacion Acordarda» les hacia recordar a las naciones miembros del UPOV ante su frenético reclamo por fijar limites al uso propio de las semillas y obtener un reconocimiento económico para las empresas agrobiotecnologicas que “en la historia de la humanidad innumerables generaciones de agricultores han conservado, mejorado y hecho disponibles los recursos fitogenéticos, sin que se haya reconocido la contribución de esos agricultores. Se arriba al concepto de los derechos del agricultor definiéndolos como los “derechos que surgen de la contribución pasada, presente y futura de generaciones de agricultores en la conservación, mejoramiento y disponibilidad de los recursos genéticos vegetales”. Tales derechos eran atribuidos a la comunidad internacional, ( Trustee ) para las generaciones presentes y futuras de agricultores, con el fin de asegurar beneficios para los mismos. No obstante, en la práctica no hubo un reconocimiento a los agricultores por su labores de conservación y mejoramiento.”
Para la solicitud de estas condiciones, Monsanto – como se adelanto – se ufana abiertamente de haber conseguido la voluntad de mas de 9 mil productores rurales que a traves de clausulas contractuales de adhesion absolutamente abusivas aquellos le han reconocido regalias extendidas a las empresas agrobiotecnologicas. Ahora solo falta que el Gobierno ceda y acepte las condiciones. Monsanto no tiene escrupulos en tal sentido, en su propia pagina web como en los principales medios ha señalado que esta a la espera del cumplimiento de esas condiciones.
A su vez el plan de acción, exige cautela y sigilo frente a cualquier pretensión de modificación de los cuerpos normativos-legislativos referentes a las patentes y semillas, con la eventual incorporación del Acta UPOV 91 por la cual se reconoce el patentamiento de los vegetales y sus variedades, y de los procesos esencialmente biológicos; y como contrapartida – para el aseguramiento económico y superedificacion del negocio de las grandes empresas y corporaciones biotecnológicas – se restringe irrazonablemente el uso propio de las semillas a los agricultores.
Por lo que se observa, se trata de un proceso de transformación normativa que solo mide variables económicas de las multinacionales, en detrimentos de derechos y libertades individuales. Y para medir el alcance de esa transformación no se puede pecar de ingenuos. El mundo se rige por dos sistemas jurídicos, uno es el régimen de los derechos de las personas que se rige por las normas de la Constitución Nacional, Carta de la ONU, Pacto de San José de Costa Rica, donde se reconoce al individuo, se reconoce su dignidad y autonomía. El otro sistema es el de los derechos de las empresas, que se rige por la normas del GATT – Organización Mundial del Comercio, UPOV ADPIC. Se trata de ordenes supranacionales, donde los estados asumen obligaciones y responsabilidades a través de instrumentos internacionales como la actas de la UPOV o el Codex Alimentarius . En esos ordenes supranacionales hay predominio eminente y palmario de las naciones con economías superdesarrolladas a la cuales pertenecen las grandes multinacionales.
Las tensiones entre ambos sistemas jurídicos es permanente. Las empresas se organizan en grandes conglomerados de asociaciones, tienden un tejido de presión en todos los órdenes tanto a nivel internacional (con ADPIC, UPOV 91) como a los niveles nacionales (ejecutivos, legislativos y judiciales) y hasta en los grandes medios nacionales, y asi visibilizan un supuesto beneficio económico para la sociedad y como contrapartida invisibilizan los grandes daños socioambientales que ocasiona su actividad como la afectacion a las libertades individuales.
Obtienen modificaciones reglamentarias expeditivas de las administraciones a medida de sus negocios, logran sanciones de leyes que se ajustan al sistema jurídico de la OMC, y como contraposicion logran silencios legislativos en materia de normas que procuran la protección de los derechos de los individuos , y como si no bastara ello hasta alcanzan una impermebealizacion de los poderes judiciales.
Pero no vale la resignación. Debemos considerar que la búsqueda por la prevalencia de los derechos humanos del hombre por sobre los fines puramente económicos de las empresas a costas de la biodiversidad biológica, de la vulneracion de las libertades individuales y la perdida de la soberania alimentaria – como es el caso que nos ocupa – es una utopía digna de asumir y hasta resulta obligatoria, si dimensionamos minimamente las implicancias en las futuras generaciones, pues como bien lo señalara Ernesto Sábato «Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía serán aptos para el combate decisivo, el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido».
3.- El informe del Estado Argentino “EL AVANCE DE LA FRONTERA AGROPECUARIA Y SUS CONSECUENCIAS” era accidental y aislado y su preparación rápida y expeditiva obedeció a la coyuntura politica del momento donde el gobierno Argentino con el dictado de la Resolucion 125/08 – que fijaba retenciones moviles sobre las exportaciones de granos (frente al boom sojero) – tuvo una fuerte resistencia de las cuatro entidades representativas del Campo (SRA, CARPA, CONIAGRO y FA) entre Marzo y Mayo del 2008-. Como artilugio para neutralizar el reclamo de las entidades agricolas, el Gobierno Argentino salio a defenestrar al herbicida icono de la actividad agrobiotecnologica e imputarle al sector agrícola la responsabilidad excluyente en los daños a la biodiversidad que aquel ocasiona.
4.- Link para leer la resolución http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/185000-189999/189067/norma.htm;
TAGS: agroquimicos agua bosques

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