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Timestamp: 2018-03-23 16:21:54+00:00

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Estatutos - Servicarne, S. Coop.
Servicarne, S. Coop.
CAPITULO I.- DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMICILIO
Artículo 1º.- Denominación, Régimen legal
Con la denominación, "SERVICARNE, S.COOP" se encuentra constituida en Barcelona, una Sociedad Cooperativa de Trabajo Asociado, adecuada a los principios y disposiciones de la Ley 27/1999 de 16 de Julio de Cooperativas y demás disposiciones complementarias con plena personalidad jurídica y con responsabilidad limitada para las obligaciones sociales.
Artículo 2º.- Objeto Social
a) El objeto social de la Cooperativa será el propio de la industria cárnica y el trabajo en la realización de todas las operaciones necesarias y complementarias para conseguir tal objeto y por extensión : el despiece, cuarteo, embolsado, embandejado, manipulación y elaboración de las piezas de carne, menudos y despojos comestibles, carga, descarga, salar y doblar pieles y realizar tareas afines, llevar a cabo operaciones tales como pesaje, marcaje, numeración distribución, orden y cuidar de mantener las temperaturas correctas en las cámaras frigoríficas, así como otras de análogas situaciones.
b) Realización de trabajos en general en régimen de pastoreo, estabulación, ganaderías, granjas, incubadoras y mataderos de aves y de conejos.
c) La adquisición de bienes, arrendamientos, alquiler y realización de cuantos actos sean necesarios para que la Cooperativa pueda ser titular por cualquier causa de Mataderos, salas de despiece y locales relacionados con la función de esta entidad, pudiendo concurrir a cuantos concursos y subastas convoquen las administraciones públicas de toda clase, sobre la explotación de Mataderos y salas de despiece.
d) La creación y dirección de Escuelas de formación profesional para la enseñanza de materias relacionadas con los fines de la Cooperativa.
e) Fabricación y manipulación de embutidos, envasados y bandejas precocinadas.
En estos objetivos implicaran todos los socios sin excepción con su trabajo, según sus condiciones personales de aptitud profesional.
f) Realizar actividades y servicios cooperativizados con terceros no socios, en las condiciones y con las limitaciones que establece la Ley 27/99 de 16 de Julio, así como otras Leyes de carácter sectorial que les sean de aplicación.
Artículo 3º.- Duración.
La Sociedad se constituye por tiempo indefinido y su ámbito de actuación será el territorio Español.
El domicilio social de la Cooperativa se encuentra en Gran Vía de les Corts Catalanes, 162 local 1 y 2 de Barcelona, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro del término municipal por acuerdo del Consejo Rector. El cambio fuera de este supuesto precisara del acuerdo de la Asamblea General que modifique este precepto estatutario y deberá ser inscrito en el registro correspondiente previa práctica de Escritura Pública.
CAPÍTULO II.- DE LOS SOCIOS
Artículo 5º.- Personas que pueden ser socios.
Pueden ser socios trabajadores aquellas personas que, teniendo capacidad de obrar, puedan realizar una actividad profesional dirigida a la consecución de lo determinado en el objeto social o puedan aportar un trabajo útil a la Sociedad asimismo los extranjeros podrán ser socios trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación específica sobre la prestación de su trabajo en España.
Artículo 6º.- Procedimiento de admisión.
Para la admisión de una persona como socio deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) El determinado en él artículo anterior.
b) Solicitarlo por escrito al Consejo Rector, comprometiéndose a cumplir con las normas estatutarias y cuantas sean de necesaria observancia.
c) Tener capacidad de obrar de acuerdo con lo preceptuado en el Código Civil.
d) Suscribir la aportación obligatoria al capital social que le corresponda, efectuar su desembolso y abonar en su caso, la cuota de ingreso en la forma prevista en los artículos 46 y 52 de la Ley 27/1999 de Cooperativas.
e) Superar un período de prueba de seis meses, durante el cual la relación entre la Cooperativa y el socio aspirante podrá resolverse unilateralmente, por decisión de cualquiera de las partes. El periodo de prueba puede ser reducido o suprimido por acuerdo entre las partes. El socio aspirante durante este período conserva el derecho de voz, pero no de voto, y tiene derecho de información. Durante el periodo de prueba se aplicará a los aspirantes a socios el régimen de Seguridad Social que se establezca para los socios.
Las decisiones referentes a la admisión corresponden al Consejo Rector, el cual deberá ser por escrito y deberá resolver y comunicar su decisión en el plazo no superior a tres meses, a contar desde el recibo de aquélla, y dando publicidad del acuerdo en la forma que estatutariamente se establezca. Transcurrido el plazo sin haberse adoptado la decisión, se entenderá estimada.
Podrá denegarse la admisión, si de la misma se derivase la imposibilidad o dificultad para el desarrollo de la actividad económica de la Cooperativa, el propósito de mejorar la condición de sus socios o de su entorno social o la imposibilidad de llevar a buen fin el objeto social.
Si el acuerdo del Consejo Rector fuese denegatorio, deberá ser motivado y fundamentado en la Ley o en estos Estatutos, con criterios objetivos. El acuerdo podrá recurrirse por el solicitante en el plazo de veinte días, a contar desde su notificación ante la Asamblea General. y la Asamblea General en la primera reunión que se celebre, mediante votación secreta, siendo preceptiva, en ambos supuestos, la audiencia del interesado. Su acuerdo podrá recurrirse ante la Jurisdicción ordinaria.
El acuerdo de admisión puede ser impugnado ante la Asamblea General en el plazo de cuarenta días desde su publicación en el tablón de anuncios, si así lo solicitan el diez por ciento al menos de los socios de la Cooperativa. Siendo preceptiva la audiencia del interesado. Los derechos del nuevo socio quedaran en suspenso mientras no decida la Asamblea General
Artículo 7º.- Acceso de los trabajadores a la condición de socio.
Las personas que siendo trabajadores con contrato por tiempo indefinido estén más de un año prestando sus servicios en la Cooperativa, podrán adquirir la condición de socios-trabajadores.
Artículo 8º.- Socios excedentes.
Los socios, con causa justificada y una antigüedad mínima de tres años en la cooperativa, podrán dejar de realizar su actividad y mantener la condición de socios excedentes, con voz y sin voto en la Asamblea y sin poder formar parte de los órganos rectores, previa autorización del Consejo Rector.
Artículo 9.- Obligaciones de los socios.
Los socios están obligados a:
Cumplir puntualmente con todas sus obligaciones económicas
Participar en las actividades societarias, mediante su trabajo y durante las horas y días del calendario socio-laboral que fije el Consejo Rector, cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos sociales de la cooperativa. y cumplir con diligencia y profesionalidad los trabajos que le sean encomendado.
Ser responsable de su propia seguridad personal en la realización de su trabajo, teniendo la obligación de proveerse de cuantas prendas de protección sean necesarias con el fin de evitar riesgos y accidentes laborales. Estas prendas u objetos deberán ser homologados, según las disposiciones vigentes sobre seguridad en el trabajo y podrán ser suministradas por la Cooperativa o bien por otros conductos.
Aceptar los cargos sociales, salvo causa justificada. No dedicarse a actividades que puedan competir con el objeto social de la Cooperativa, ni colaborar con quien las lleve a término, excepto autorización expresa del Consejo Rector.
Guardar secreto en lo referente a los asuntos de la Cooperativa, la divulgación de los cuales pueda perjudicar los intereses sociales.
Participar en las actividades de formación y de intercooperación.
Todas aquellas que resulten de normas legales o estatutarias.
Participar en las actividades cooperativizadas que desarrolla la cooperativa para el cumplimiento de su fin social, en la cuantía mínima obligatoria establecida en sus Estatutos. El Consejo Rector, cuando exista causa justificada, podrá liberar de dicha obligación al socio, en la cuantía que proceda y según las circunstancias que concurran y podrán ser suministradas por la Cooperativa o bien por otros conductos.
Artículo 10º.- derechos de los socios.
Participar con voz y voto en la adopción de todos los acuerdos de la Asamblea General y otros órganos de los que formen parte.
Participar, sin discriminación, en la realización del objeto social de la Cooperativa.
Elegir y ser elegido para cargos de los órganos de la Sociedad.
Recibir información según lo establece el artículo siguiente de estos estatutos.
Participar en los excedentes según lo establecido
Percibir la liquidación de su aportación actualizada en caso de baja o de disolución de la Sociedad
Artículo 11.- Derecho de Información
El ejercicio de los derechos de los socios y el cumplimiento de sus obligaciones, se apoyan en el mejor conocimiento del funcionamiento de la Cooperativa, la cual procurara medios de información asequibles y claros a todos sus socios.
El Consejo Rector dotará a cada socio, al admitirlo, de un ejemplar de los Estatutos Sociales y de haberlo, del Régimen Interior y les notificara las modificaciones que en los mismos se produzcan.
Todo socio tiene derecho a:
a) Consultar el estado de su situación económica, que deberá serle aclarada en el plazo máximo de un mes.
b) Examinar el Libro de Registro de Socios y el de Actas de la Asamblea General y recibir copia certificada de los acuerdos adoptados por la misma o por el Consejo Rector que le afecten particularmente.
c) Recibir cualquier informe o aclaración sobre la marcha de la Sociedad que solicite por escrito al Consejo Rector, el cual deberá responder en el plazo de quince días. Si la respuesta no fuese correcta, podrá reiterar la solicitud y en este caso deberá ser respuesta públicamente por el Consejo Rector en la primera Asamblea General que se lleve a cabo en los quince días de reiterada la petición.
Desde el día de la convocatoria de la Asamblea General Ordinaria, los socios podrán examinar en el domicilio social: El Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la memoria explicativa del ejercicio, la propuesta de distribución de los excedentes o de los beneficios extra-cooperativos o de imputación de las pérdidas, el informe de los Interventores de Cuentas.
Los socios pueden pedir por escrito al Consejo Rector hasta cinco días antes de la Asamblea, las aclaraciones que crean convenientes sobre cualquier punto de la referida documentación. Este mismo derecho tienen los socios en el supuesto de Asambleas Extraordinarias en las que deba deliberar y tomar acuerdos sobre cualquier asunto de naturaleza económica, en relación con la documentación básica que recoja dicha cuestión económica.
El Consejo Rector, si estima que el procurar la información solicitada pone en grave peligro los intereses legítimos de la Sociedad, puede denegarla, salvo que deba hacerlo en Asamblea General y la mitad más uno de los presentes y representados den soporte a la solicitud de información. La negativa de la Asamblea General o del Consejo Rector puede ser impugnada en la forma legalmente prevista.
Artículo 12º.- La responsabilidad patrimonial de los socios.
La responsabilidad del socio por las obligaciones sociales se limitará a las aportaciones al capital suscritas, tanto si han sido desembolsadas como si no y tendrá el carácter de mancomunada simple.
El socio que se dé de baja continuará siendo responsable ante la Cooperativa, con la limitación señalada en el párrafo anterior, durante cinco años por las obligaciones contraídas por la misma con anterioridad a la fecha de la pérdida de su condición de socio.
Artículo 13º.- Baja del socio.
Cualquier socio puede causar baja voluntariamente en la Cooperativa, mediante preaviso por escrito al Consejo Rector que deberá enviarse con una antelación mínima de un mes, salvo en caso de fuerza mayor o necesidad grave. La inobservancia del preaviso será considerado como una baja no justificada.
La baja será justificada:
a) Cuando de su permanencia se pueda derivar la imposibilidad o la dificultad del cumplimiento de los fines o propósitos sociales y así lo estime el Consejo Rector.
b) Disconformidad con el acuerdo de la Asamblea General que acuerde la fusión de la Cooperativa, siempre que el socio solicite la baja en el plazo de cuarenta días desde la adopción del acuerdo, mediante escrito dirigido al Consejo Rector de la Cooperativa.
c) Si se adoptan acuerdos que comporten el aumento de las aportaciones obligatorias de los socios. Deberá ser comunicado por escrito al Consejo Rector dentro de los cuarenta días a contar del siguiente al de la recepción del acuerdo, si el socio hubiera asistido a la Asamblea y hecho constar expresamente su voto en contra, o en el mismo plazo, si no hubiese asistido a contar desde la fecha en que se le notifico el acuerdo. La baja, tendrá la consideración de justificada.
Serán dados forzosamente de baja los socios que pierdan los requisitos establecidos en estos estatutos para formar parte de la Cooperativa. El acuerdo deberá ser tomado por el Consejo Rector previa audiencia del interesado.
Las cuestiones que se planteen entre el consejo Rector y el socio sobre efectos y calificación de su baja voluntaria, podrán ser recurridas por este, en el plazo de un mes a contar desde su notificación, ante la Asamblea General. En caso de que sea un socio o un grupo de ellos quienes no estén de acuerdo con la decisión adoptada podrán recurrir en los términos establecidos en la ley.
En el caso de que se produzcan causas económicas, técnicas, organizativas, de producción o derivadas de fuerza mayor, que afecten sustancialmente al buen funcionamiento de la cooperativa, la asamblea general a propuesta del consejo rector, una vez hayan estado contrastadas, puede acordar la suspensión total o parcial de la actividad cooperativizada de todos los socios o una parte de estos. En el mismo acuerdo se ha de establecer la duración de la medida y los socios afectados por ella. Mientras los socios estén en situación de suspensión total o parcial, el resto de sus derechos no quedarán afectados.
Si por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o las derivadas por fuerza mayor, para mantener la viabilidad empresarial de la cooperativa, a criterio de la asamblea general, es necesario reducir con carácter definitivo, el número de puestos de trabajo de la cooperativa o modificar la proporción de las cualificaciones profesionales del colectivo que la integra, la asamblea general ha de designar a los socios trabajadores, que deberán ser baja de la cooperativa por alguna de las causas indicadas en este artículo. La baja que hace referencia el párrafo anterior tiene la consideración de baja forzosa justificada y por lo tanto los socios afectados tienen derecho inmediato al reembolso de sus aportaciones sociales voluntarias y al reembolso de las aportaciones sociales obligatorias en el término máximo de dos años.
Artículo 14º.- Consecuencias económicas de la baja.
El derecho al reembolso de las aportaciones al capital social, en caso de baja del socio, se regirá por las normas siguientes:
Del importe de las aportaciones en el momento de la baja, deben deducirse las pérdi-das imputadas al socio correspondientes al ejercicio en que estas se hayan producido y también, las correspondientes a ejercicios anteriores que no hayan sido compensa-das. El Consejo Rector tendrá un plazo de tres meses desde la fecha de la aprobación de las cuentas del ejercicio en el que haya causado baja el socio, para proceder a efectuar el cálculo del importe a retornar de sus aportaciones al capital social, que le deberá ser comunicado. El socio disconforme con el acuerdo de la liquidación efectuada por el Consejo Rector podrá impugnarlo en el plazo de un mes.
El plazo de reembolso no puede exceder de cinco años.
Si la baja es por defunción no se aplicara deducción alguna y el plazo de reembolso no podrá exceder de un año desde la fecha de comunicación a la cooperativa del hecho causante.
En ambos supuestos, sobre las cantidades no reembolsadas se aplicara el interés legal del dinero, no siendo susceptibles de actualización.
En el caso de baja no justificada por incumplimiento del período de permanencia mínimo, a que se hace referencia en el art. 17.3 de la Ley 27/1999 de Cooperativas, se podrá establecer una deducción del 10% sobre el importe resultante de la liquidación de las aportaciones obligatorias, una vez efectuados los ajustes señalados en el punto anterior.
Artículo 15º.- Faltas disciplinarias de los socios.
Se consideran faltas las acciones u omisiones que supongan quebranto o desconocimiento de los deberes de cualquier índole impuestos por las disposiciones legales en vigor.
A) FALTAS LEVES. Se consideran faltas leves las siguientes:
De una a tres faltas de puntualidad, durante un período de treinta días naturales sin causa justificada.
No notificar en dos días hábiles la baja correspondiente de I.T. por la razón de falta al trabajo por motivos justificados, a no ser que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
Faltar un día al trabajo sin causa justificada en un período de treinta días naturales.
El abandono de trabajo sin causa justificada por breve tiempo.
Pequeños descuidos en la conservación del material
La falta incidental de aseo o limpieza personal.
No comunicar el cambio de domicilio, dentro de los diez días de producido.
Discutir sobre asuntos extraños al trabajo.
Leer durante el trabajo cualquier clase de impresos o publicaciones ajenos al servicio.
Dejar ropa o efectos fuera de los sitios indicados para su conservación o custodia.
Cuantas infracciones se cometan a estos Estatutos por vez primera no comprendidas en los anteriores apartados y así lo determine la Asamblea General.
B) FALTAS GRAVES. Son faltas graves las siguientes:
De cuatro a ocho faltas no justificadas de puntualidad en un período de treinta días naturales.
Faltar dos días al trabajo sin justificación en un período de treinta días naturales. Faltar un día al trabajo antes o después de festivo, siempre que se produzcan dos faltas en sesenta días naturales, o tres faltas en ciento ochenta días naturales.
No comunicar con la puntualidad debida los cambios experimentados en la familia que puedan afectar a las prestaciones de la Seguridad Social. Si existiese malicia, se considerará falta muy grave.
Entregarse a juegos durante las horas de trabajo, sean éstos de la clase que sean.
No prestar la debida atención al trabajo encomendado.
Simular la presencia de otro trabajador, valiéndose de su firma, ficha o tarjeta de control.
Negligencia o desidia que afecte a la buena marcha del trabajo.
La imprudencia en acto de servicio que implique riesgo grave de accidente o avería de las instalaciones; podrá ser considerada falta muy grave de existir malicia.
Realizar, sin el oportuno permiso, trabajos particulares en la obra o centro de trabajo, así como utilizar para usos propios herramientas de la empresa, tanto dentro como fuera de los locales de trabajo.
La reincidencia en las faltas leves, salvo en las de puntualidad, aunque sea de distinta naturaleza, dentro de un trimestre.
La ocultación de hechos o faltas que el trabajador hubiese presenciado, siempre que ello ocasione perjuicios graves, así como no advertir inmediatamente a sus jefes cualquier anomalía de importancia que se observe en las instalaciones.
La omisión, a sabiendas o por negligencia, o ignorancia inexcusable, de informes manifiestamente injustos o la adopción de acuerdos en las mismas circunstancias.
Los descuidos y equivocaciones que se repitan con frecuencia o los que originen perjuicios a la empresa, así como la ocultación maliciosa de estos errores a la Dirección.
La reiteración en la comisión de faltas leves por las que el socio haya sido sancionado en los tres años anteriores.
No realizar la revisión médica anual, cuando el puesto de trabajo implique contacto con alimentos o animales.
No cumplir las normas de Seguridad e Higiene marcadas por la cooperativa y por el centro de trabajo.
No cumplir las normas de Manipulación de alimentos.
No utilizar los Equipos de Protección Individual, necesarios para realizar las tareas de forma segura.
No participar en las actividades de formación en materia de prevención de riesgos laborales, de manipulación de alimentos así como de intercooperación.
El abuso, en la utilización de los medios electrónicos de comunicación, para fines ajenos a la cooperativa es decir: "internet, teléfono y correo electrónico".
Son faltas muy graves las siguientes.
Las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo: Se consideran en tal situación, más de ocho faltas no justificadas de puntualidad en un período de treinta días naturales, 16 faltas no justificadas de puntualidad en un período de ciento ochenta días naturales, y más de 24 faltas no justificadas de puntualidad en un período de un año. En el caso de las faltas de asistencia, lo constituye el faltar al trabajo tres días, sin causa justificada, durante un período de treinta días.
La indisciplina o desobediencia en el trabajo. Entre otros, se considerarán casos de indisciplina o desobediencia:
Los descuidos de importancia en la conservación de materiales o máquinas, cuando de dicho descuido se derive peligro para los compañeros de trabajo o perjuicio para la empresa.
Causar accidente grave por imprudencia o negligencia inexcusable.
Fumar o comer en los lugares en que está prohibido por razones de seguridad e higiene. Esta prohibición deberá figurar muy claramente en los lugares de peligro por medio de carteles, banderas o cualquier otro sistema conveniente.
Las ofensas verbales o físicas al empresario o a personas que trabajen en la empresa o a los familiares que convivan con ellos.
Utilizar un socio, los caudales de la Sociedad o la firma social para negocios por cuenta propia.
La no participación mediante su trabajo personal en los términos establecidos en el apartado b) del artículo 9 de estos estatutos, o la falta de diligencia en la realización de los trabajos que le hayan sido encomendados por los órganos competentes.
La violación de secretos que produzcan un grave perjuicio para la Cooperativa.
El incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas.
Operaciones de competencia, fraude en las operaciones al capital y ocultación de datos relevantes.
Falsificación de documentos, firmas, estampillas y semejantes, relevantes para la relación de la Cooperativa con sus socios o con terceros.
Faltas societaria de los socios.-
A).- FALTAS LEVES.-Se consideraran faltas leves las siguientes:
1.- La primera falta de asistencia no justificada, a las Sesiones de la Asamblea General a las que el socio fuese normalmente convocado.
2.- La falta de consideración o respeto hacia otro socio en los actos sociales.
B).- FALTAS GRAVES.-Se consideraran faltas graves las siguientes:
1.-.No aceptar o dimitir sin causa justificada de los cargos o funciones para los que el socio haya sido elegido.
2.- El incumplimiento de las obligaciones económicas relativas al pago de cuotas periódicas o de las aportaciones al capital social, cuando se produzcan por vez primera.
C).- FALTAS MUY GRAVES.- Se consideran faltas muy graves las siguientes:
1.-Incumplir los acuerdos sociales, con perjuicio para la Cooperativa, o realizar actuaciones nocivas para la misma.
2.-.El incumplimiento reiterado de las obligaciones económicas.
3.- Falsificación de documentos, firmas, estampillas y semejantes, relevantes para la relación de la Cooperativa con sus socios o con terceros.
4.- Faltas de asistencia reiteradas de un miembro del Consejo Rector a los actos sociales a los que fuese convocado.
5.-Incumplir los acuerdos sociales, con perjuicio para la Cooperativa, o realizar actuaciones nocivas para la misma
Artículo 16º.- Sanciones y procedimiento sancionador.
Las faltas leves serán sancionadas con amonestación verbal o por escrito, descuento de anticipos laborales de dos días y/o multa de 3,01 a 30,05 Euros.
Las faltas graves con suspensión del derecho a ejercer cargos en los órganos sociales durante un año; descuento de anticipos societarios de quince días y/o multa de 30,06 a 300,51 Euros; traslado de centro de trabajo.
Las faltas muy graves con descuento de anticipos societarios de dieciséis a sesenta días como máximo y/o sanción de 300,52 a 901,52 Euros; inhabilitación para ocupar cargos en los órganos sociales durante cinco años; expulsión.
La sanción de suspender al socio en sus derechos no alcanzara al derecho de información ni, en su caso, al de percibir retorno, al devengo de intereses por sus aportaciones al capital social, ni a la de actualización de las mismas. Únicamente se podrá imponer dicha sanción al socio que esté al descubierto de sus obligaciones económicas o no participe en las actividades cooperativizadas, en los términos establecidos en los presentes estatutos.
Las infracciones leves prescriben a los dos meses las graves a los cuatro meses y las muy graves a los seis meses. El plazo de prescripción se computa desde el momento en que se haya cometido la infracción. El plazo se interrumpe al incoarse procedimiento sancionador y vuelve a computarse si en el plazo de cuatro meses no se ha dictado ni notificado resolución.
El procedimiento sancionador se regirá por las normas siguientes:
a) La facultad sancionadora corresponde al Consejo Rector.
b) Es preceptiva la audiencia previa al interesado y sus alegaciones deberán realizarse por escrito en los casos de faltas graves o muy graves.
c) Se puede recurrir contra todas las sanciones, ante la Asamblea General, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de la notificación de la sanción.
d) El acuerdo de sanción o, si procede la ratificación por la Asamblea General pueden ser impugnados en el plazo de un mes, a contar desde la notificación.
La expulsión de un socio puede ser acordada por una falta tipificada como muy grave, mediante expediente instruido al efecto por el Consejo Rector, con audiencia del interesado: Si afectase a un cargo social el mismo acuerdo rector podrá incluir la propuesta de cese simultáneo en el desempeño de dicho cargo.
El socio puede recurrir contra el acuerdo de expulsión ante la Asamblea General en el plazo de quince días a contar desde la notificación del acuerdo.
El recurso a la Asamblea General debe ser incluido como primer punto del orden del día de la primera reunión que se celebre y debe ser resuelto, con audiencia previa del interesado, por votación secreta.
El acuerdo es ejecutivo desde el momento en que la ratificación del acuerdo es notificado por la Asamblea General mediante votación secreta, o bien una vez finalizado el plazo para recurrir contra el acuerdo.
El acuerdo de expulsión puede ser impugnado en el plazo de un mes, a contar desde el día en que haya adquirido carácter ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria
CAPÍTULO III.- RÉGIMEN ECONÓMICO
Artículo 17º.- Recursos económicos de la Cooperativa.
Para llevar a cabo el objeto social, la Cooperativa contara con los recursos siguientes:
a) La cuota de ingreso de los socios, en su caso.
b) Las aportaciones obligatorias y voluntarias al capital.
c) Las cantidades procedentes de la financiación voluntaria de los socios, no incorporables al capital social.
d) Los provenientes de préstamos, créditos y otros medios de financiación que concierte con terceros.
e) Las donaciones, subvenciones o cualquier otro tipo de ingreso que obtenga la Cooperativa de manera gratuita.
f) Las rentas y productos de explotación de su patrimonio.
g) Cualesquiera otros recursos que obtenga, no contrarios a la naturaleza cooperativa o estatutaria.
Artículo 18º.- El capital social.
El capital social está constituido por las aportaciones obligatorias de los socios, más que las voluntarias que se le incorporen, por acuerdo adoptado por la Asamblea General.
Las aportaciones se acreditaran mediante títulos nominativos que deberán reflejar con claridad las aportaciones, actualizaciones y excesos de percepción que se acuerde capitalizar.
Los títulos deberán tener un valor de NOVENTA CON QUINCE EUROS cada uno y cada socio deberá poseer al menos uno, el desembolso de los cuales se realizara de la siguiente forma: en su totalidad en el momento de ser admitido como socio.
La cuantía de las aportaciones obligatorias de los nuevos socios no puede exceder de las ya efectuadas por los socios anteriores.
El capital social mínimo es de 3.000 €.TRES MIL EUROS.
Artículo 19º.- Aportaciones obligatorias.
La Asamblea General puede acordar, por mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados, la exigencia de nuevas aportaciones al capital social, fijando la cuantía, plazo y condiciones de desembolso. La Asamblea General podrá fijar para cada ejercicio económico el interés a pagar por estas aportaciones, que no podrá exceder del interés legal del dinero.
Artículo 20º.- Aportaciones voluntarias.
La Asamblea General por mayoría simple de los votos presentes y representados, a propuesta del Consejo Rector, puede acordar la admisión de aportaciones voluntarias al capital social, que se suscribirán en el plazo de un mes desde la fecha de adopción del acuerdo y desembolsaran en el momento de su suscripción. El acuerdo de emisión determinara si se abonaran intereses para estas aportaciones y de hacerlo, en los límites señalados en el artículo anterior.
Artículo 21º.- Morosidad en el cumplimiento de las obligaciones económicas.
El socio que incurra en morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones económicas, podrá ser suspendido de sus derechos políticos y económicos, hasta que no proceda a su abono, sin perjuicio de una sanción grave o muy grave si de acuerdo con las normas disciplinarias fuere imputable. Una vez que la Cooperativa le haya requerido para efectuar el pago de la aportación debida más el interés legal, si pasan treinta días sin que lo haga, el Consejo Rector mediante el procedimiento establecido en estos Estatutos podrá proceder a su expulsión.
Artículo 22º.- Actualización de las aportaciones.
El balance de la Cooperativa podrá ser regularizado en los mismos términos y con los mismos beneficios que se establecen para las sociedades de derecho común mediante acuerdo de la Asamblea General y de conformidad con el artículo 49 de la Ley 27/1999 de Cooperativas:
Artículo 23º.- Transmisión de las aportaciones.
a) Por actos "ínter vivos" entre los socios, con la previa oferta de transmisión publicada en el tablón de anuncios del domicilio social y comunicándolo al Consejo Rector en el plazo de veinte días desde la conclusión del acto. En cualquier caso, el socio transmitente deberá conservar como mínimo la aportación obligatoria al capital social.
b) Por sucesión "mortis causa". En este caso los herederos podrán solicitar adquirir la condición de socio, cuando reúnan las condiciones necesarias para su admisión, repartiendo entre ellos la aportación del causante, que deberá ser completada si la parte que cada uno de los mismos reciba no cubre el mínimo obligatorio exigido para ingresar en la Cooperativa. En todo caso, los herederos tienen siempre el derecho a la liquidación del crédito que representa la parte social transmitida en el plazo máximo de un año desde que el hecho causante se ponga en conocimiento de la cooperativa
Artículo 24º.- Reducción del capital social.
Si como consecuencia del reembolso a los socios o a sus herederos de las partes sociales, el capital social quedare por debajo del mínimo establecido en estos Estatutos, si se mantiene durante un año se deberá disolver la cooperativa.
Artículo 25º.- Aportaciones voluntarias que no se incorporan al Capital Social.
Se establece que todos los socios aportarán mensualmente a través de la cuota cooperativa una cantidad que determinará la Asamblea General, para sufragar los gastos de la cooperativa, que en ningún caso se incorporará al Capital Social, ni será reembolsable.
Artículo 26º.- Ejercicio económico, resultados. Excedentes.
El ejercicio económico de la Cooperativa coincide con el año natural. Para cada ejercicio y dentro de los seis meses siguientes a su cierre, el Consejo Rector presentara a la Asamblea General para su aprobación, la memoria explicativa de la gestión social, el balance, la cuenta de resultados y la propuesta de distribución de excedentes, o en su caso, de imputación de pérdidas, así como los planes de gestión para ejercicios sucesivos. Para determinar el excedente neto de cada ejercicio económico se consideraran deducciones:
- El importe de los anticipos laborales de los socios trabajadores, que no pueden ser superiores a las retribuciones normales de la zona.
- Los gastos necesarios para el funcionamiento de la Cooperativa.
- Los intereses debidos a los socios para las aportaciones al capital social, a los obligacionistas y otros acreedores.
- Las cantidades destinadas a amortización.
- Cualesquiera otras deducciones autorizadas con los mismos efectos por la legislación fiscal aplicable.
Se consideran beneficios extra cooperativos y por tanto figurarán en cuenta aparte, los procedentes de plusvalía en la venta de los elementos del activo inmovilizado y los obtenidos de otras fuentes no necesarias para los objetivos específicos de la Cooperativa, así como los derivados de las inversiones o actuaciones en empresas no cooperativas.
Artículo 27º.- Aplicación de los excedentes, Fondos y retorno cooperativo.
Los resultados netos del ejercicio, una vez deducidas las pérdidas y antes de la consideración de impuestos, deben destinarse a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores si las ha habido. Del excedente restante, el porcentaje que como mínimo debe destinarse como Fondos son los siguientes:
a) El 30% al Fondo de Reserva Obligatorio y el 10% al Fondo de Educación y Promoción Cooperativo.
Deducidos los porcentajes a destinar para Fondos Obligatorios, los excedentes disponibles se destinarán a retorno cooperativo. La Asamblea General determinará como se procederá al cierre del ejercicio económico y la forma y cuantía del retorno cooperativo, que se acreditará a los socios en proporción a los servicios realizados por los mismos en la Cooperativa.
Artículo 28º.- Imputación de pérdidas.
La compensación de las pérdidas resultantes del ejercicio económico se realizara de la siguiente forma:
a) Al fondo de reserva obligatorio podrán imputarse, como máximo, dependiendo del origen de las pérdidas, los porcentajes medios de los excedentes cooperativos o beneficios extracooperativos y extraordinarios que se hayan destinado a dicho fondo en los últimos cinco años o desde su constitución, si ésta no fuera anterior a dichos cinco años
b) La diferencia resultante se imputará a cada socio en proporción a las operaciones o actividades realizadas en la Cooperativa, o bien de forma directamente proporcional a los anticipos laborales que perciban.
c) Las pérdidas imputadas a cada socio se satisfarán directamente, dentro del ejercicio económico siguiente a aquel en que se han producido, mediante deducciones en las aportaciones al capital social. También pueden satisfacerse con cargo a los retornos que puedan corresponder a los socios en los cinco años siguientes al ejercicio en que se produjo la pérdida; si pasado este plazo quedaran pérdidas por compensar, deberán ser satisfechas directamente por el socio en el plazo de un mes.
En ningún caso se imputarán las pérdidas en función de las aportaciones al Capital Social.
Deberán imputarse al Fondo de Reserva Obligatorio las pérdidas derivadas de la enajenación de los elementos del activo inmovilizado y las derivadas de las actividades ajenas a los fines específicos de la Cooperativa o de inversiones o participaciones sociales en otras personas físicas o jurídicas no cooperativas. Si el importe del Fondo de Reserva Obligatorio es insuficiente para compensar estas pérdidas, la diferencia debe ser recogida en una cuenta especial, para amortizar con cargo a futuros ingresos provenientes del Fondo de Reserva Obligatorio; con este fin, hasta que no hayan sido amortizadas las referidas pérdidas, se abonarán al Fondo de Reserva Obligatorio la totalidad del saldo resultante de la actualización del balance.
Artículo 29º.- El Fondo de Reserva Obligatorio.
Es un fondo irrepartible que se constituye:
a) Con el porcentaje de los excedentes netos de cada ejercicio económico establecido en el art. 27.
b) Con los beneficios extra cooperativos.
c) Con las deducciones sobre las aportaciones obligatorias por baja del socio.
d) Con las cuotas de ingreso y periódicas establecidas.
e) Con el porcentaje correspondiente sobre el resultado de la regularización del balance.
Artículo 29º bis.- El Fondo de Reserva Voluntario.
El Consejo Rector propondrá anualmente a la Asamblea General la dotación de reservas irrepartibles, integradas en las Reservas Voluntarias, para hacer frente a posibles riesgos o responsabilidades
Artículo 30º.- El Fondo de Educación y Promoción Cooperativo.
Es un fondo inembargable e irrepartible y se constituye con:
a) El porcentaje del excedente neto de cada ejercicio establecido en el artículo 27.
b) Las multas y otras sanciones que por vía disciplinaria imponga la Cooperativa a sus socios.
c) Las subvenciones, donaciones y cualquier otro tipo de ayuda recibida de los socios o terceros, para el cumplimiento de los fines propios del Fondo.
La Asamblea general fijará las líneas básicas de aplicación de este fondo, las dotaciones del cual deberán figurar en el pasivo del balance con separación de otras partidas.
Artículo 31º.- Documentación social y contabilidad.
La Cooperativa deberá tener en orden y al día los siguientes libros:
1.- Libro de Registro de Socios.
2.- Libro de Aportaciones Sociales.
3.- Libro de Actas de la Asamblea General y Consejo Rector.
4.- Inventario, Balance y Diario.
La contabilidad será llevada a cabo de conformidad con las disposiciones establecidas en la legislación vigente.
Dentro del mes siguiente a la fecha en que hayan sido aprobados por la Asamblea General, la Cooperativa debe depositar en la Dirección General competente, las cuentas anuales que deberán comprender: El Balance, La Cuenta Anual de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa del ejercicio.
CAPÍTULO IV.- ORGANIZACIÓN SOCIAL INTERNA
Artículo 32º.- Régimen de la Seguridad Social.
A los efectos previstos en el R.D. 84/1996 de 26 de Enero, reformado por RD.708/2015 de 24 de Julio, esta Cooperativa opta para sus socios trabajadores por el Régimen Especial para Trabajadores Autónomos.
Artículo 33º.- Elementos básicos.
La organización funcional interna de la Cooperativa podrá ser fijada por un Reglamento de Régimen Interior, que deberá ser aprobado por la Asamblea General y del cual se dotará a cada socio de un ejemplar.
Con independencia a lo dispuesto en dicho Reglamento y debido a las peculiaridades de la relación de trabajo en la Cooperativa, los socios que por causa ajena a la voluntad o Gestión del Consejo Rector, se quedaran sin su habitual puesto de trabajo, por suspensión de pagos, quiebra, reestructuración de plantilla, rescisión de contrato, fuerza mayor, etc., de algún centro de trabajo en el que estuvieran adscritos por haber contratado con la Cooperativa una prestación de servicios, quedarán en la expectativa mientras perdure dicha situación y en tanto los órganos sociales de la Cooperativa no le procuren un nuevo puesto de trabajo, que deberán aceptar con independencia de su especialidad, periodicidad, horario, remuneración o ubicación del mismo. En ningún caso pretenderán su inclusión en un equipo o centro laboral si a juicio del Consejo Rector, ello representara una evidente distorsión productiva en la plantilla o en el centro de que se tratare.
Mientras estén en situación de suspensión, conservarán el resto de sus derechos y obligaciones como socio. Es competencia del Consejo Rector, la designación de los socios trabajadores concretos que deben causar baja en la cooperativa, que tendrá la consideración de baja obligatoria justificada.
Los socios trabajadores que sean baja obligatoria conforme a lo establecido en el número anterior del presente artículo, tendrán derecho a la devolución inmediata de sus aportaciones voluntarias al capital social y a la devolución en el plazo de dos años de sus aportaciones obligatorias periodificadas de forma mensual. Los importes pendientes de reembolso devengarán el interés legal del dinero que deberá abonarse al ex-socio trabajador por la cooperativa de forma anual. Cuando la cooperativa tenga disponibilidad de recursos económicos objetivables, la devolución de las aportaciones obligatorias deberá realizarse en el ejercicio económico en curso.
En el supuesto de que los socios que causen baja obligatoria sean titulares de las aportaciones previstas en el art. 45.1.b) de la Ley 27/1999 y la cooperativa no acuerde su reembolso inmediato, los socios que permanezcan en la cooperativa deberán adquirir estas aportaciones en el plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de la baja, en los términos que acuerde la Asamblea General.
CAPÍTULO V.- DEL GOBIERNO, GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA
Artículo 34º.- Órganos sociales.
Los órganos de la Sociedad Cooperativa son:
Artículo 35º.- La Asamblea General.
La Asamblea General, constituida por los socios debidamente reunidos, es el órgano supremo de expresión de la voluntad social.
Sus acuerdos son obligatorios para todos los socios, incluso para los disidentes y para los que no hubieran participado en la reunión. Ello no obstante, no impide su impugnación de conformidad con lo dispuesto en estos Estatutos y la Ley 27/1999 de Cooperativas.
Artículo 36º.- Competencias de la Asamblea General.
La Asamblea General fijará la política general de la cooperativa y podrá debatir sobre cualquier otro asunto de interés para la misma, siempre que conste en el orden del día, pero únicamente podrá tomar acuerdos obligatorios en materias que esta Ley no considere competencia exclusiva de otro órgano social.
Todos los asuntos de la Cooperativa pueden ser objeto de debate en la Asamblea General. En todo caso, su acuerdo es siempre preceptivo en los casos siguientes:
a) Nombramiento y revocación de los cargos del Consejo Rector, de los Interventores de Cuentas y de los Liquidadores.
b) Censura de la gestión social, aprobación de las cuentas anuales y distribución de excedentes, o imputación de pérdidas en su caso. así como sobre la cuantía de la retribución de los consejeros y de los liquidadores.
c) Aprobación de nuevas aportaciones obligatorias, admisión de aportaciones voluntarias, actualización del valor de las aportaciones al capital social, fijación de las aportaciones de los nuevos socios, establecimiento de cuotas de ingreso o periódicas, así como el tipo de interés a abonar por las aportaciones al capital social
d) Emisión de obligaciones. Emisión de títulos participativos y participaciones especiales
e) Modificación de los Estatutos Sociales.
f) Fusión, escisión, transformación y disolución de la Sociedad.
g) Venta o cesión de la empresa por cualquier título o de alguno de sus centros de trabajo, bienes, derechos o actividades, la desaparición de las cuales impida la realización del objeto social.
h) Creación de Cooperativas de segundo o ulterior grado, de crédito o adhesión a las mismas. y de grupos cooperativos o incorporación a éstos si ya están constituidos, adhesión a entidades de carácter representativo así como la separación de las mismas.
i) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector, los Interventores de Cuentas y los Liquidadores.
j) Decidir sobre la conveniencia del nombramiento de director.
k) Todos aquellos otros exigidos por la Ley o por los Estatutos.
Estas competencias de la Asamblea General, sobre las que debe pronunciarse preceptivamente, son indelegables..
Artículo 37º.- Clases de Asambleas.
La Asamblea General puede ser ORDINARIA y EXTRAORDINARIA.
La Asamblea Ordinaria se reunirá necesariamente una vez al año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio económico, siendo sus competencias:
a) Examen y censura de la gestión social.
b) Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuenta de resultados y memoria.
c) Distribución de los excedentes y, en su caso imputación de las pérdidas.
d) Actualización de las aportaciones del socio al capital social, si así lo propone el Consejo Rector.
e) Aprobación del plan de gestión del ejercicio siguiente.
Todas las Asambleas no comprendidas en el anterior apartado tienen la condición de Extraordinarias.
La Asamblea Universal se considerara válidamente constituida cuando estando presentes todos los socios, ninguno de ellos se oponga a su celebración.
Artículo 38º.- Convocatoria de la Asamblea General.
La Asamblea General, Ordinaria o Extraordinaria, será convocada por el Consejo Rector, mediante un anuncio en el tablón de anuncios en el domicilio social y por escrito a cada socio, con una antelación mínima de quince días y máxima de dos meses a la fecha prevista para su celebración.
La convocatoria expresará con precisión y claridad los asuntos a tratar, el lugar, el día, y hora de la reunión, estableciéndose un margen de media hora entre la primera y segunda convocatoria.
La convocatoria se anunciará también, con la misma antelación, en un determinado diario de gran difusión en el territorio en que tenga su ámbito de actuación. El plazo quincenal se computará excluyendo de su cómputo, tanto el día de la exposición, envío o publicación del anuncio, como el de celebración de la Asamblea.
Artículo 39º.- Convocatorias especiales.
La Asamblea General ordinaria deberá ser convocada por el Consejo Rector, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio económico Si el Consejo Rector no convocara la Asamblea General Ordinaria en el plazo estipulado, los Interventores deberán instarla del Consejo Rector y si este no la convoca dentro de los quince días siguientes al recibo del requerimiento, deberán presentar una solicitud de convocatoria al Juez que sea competente por razón del domicilio social de la Cooperativa, adjuntando una propuesta de orden del día. El Juez, con audiencia previa al Consejo Rector, deberá resolver sobre la procedencia de la convocatoria, el orden del día, la fecha y el lugar de la Asamblea y la persona que debe presidirla. Transcurrido el plazo legal sin haberse realizado la convocatoria de la Asamblea ordinaria, sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior, cualquier socio podrá solicitar de la referida autoridad judicial que la convoque. En todo caso, la autoridad judicial sólo tramitará la primera de las solicitudes de convocatoria que se realicen.
El Consejo Rector podrá convocar Asamblea General Extraordinaria siempre que lo considere conveniente para los intereses de la Cooperativa. También la convocará cuando así lo soliciten un número de votos sociales que no baje del diez por ciento del total o bien si es solicitada por alguno de los Interventores de Cuentas, señalando el orden del día. Si no es convocada dentro del plazo de un mes, los solicitantes podrán instar la convocatoria ante el Juez competente, en los mismos términos que los establecidos para la Asamblea General Ordinaria.
En el supuesto que el Juez realizara la convocatoria, éste designará las personas que cumplirán las funciones de Presidente y Secretario de la Asamblea
Artículo 40º.- Constitución de la Asamblea.
La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentren reunidos, presentes o representados más de la mitad de los votos sociales y, Caso de no ser así, se procederá a segunda convocatoria que se considerará válidamente constituida sea cual sea el número de asistentes . La Asamblea la presidirá el que es Presidente del Consejo Rector o persona nombrada al efecto, siendo sus funciones dirimir y mantener el orden en los debates, con las formalidades legalmente exigidas. Será su Secretario el que lo sea del Consejo Rector o persona nombrada al efecto. La Asamblea se reunirá en cualquier lugar que señale el Consejo Rector en la localidad del domicilio social, entendiéndose que este es el lugar de reunión salvo disposición en contrario.
Artículo 41º.- Adopción de acuerdos.
La Asamblea General adoptará los acuerdos por mayoría simple de los votos presentes y representados, salvo que la Ley o los Estatutos requieran mayoría reforzada para determinados asuntos.
Es necesario el voto favorable de las dos terceras partes de los socios presentes y representados en las siguientes materias.
a) Exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital social.
b) Emisión de obligaciones.
c) Cualquier acuerdo que comporte la modificación de los Estatutos Sociales.
d) Escisión.
Los asuntos a tratar por la Asamblea General no pueden ser otros que los establecidos previamente en el orden del día, con las excepciones siguientes:
a) Convocatoria de una nueva Asamblea General
b) Realización de la censura de cuentas.
c) Ejercicio de la acción de responsabilidad contra los miembros del Consejo Rector.
Artículo 42º.- Derecho de voto y representación.
Cada socio tiene derecho a emitir un voto. Este derecho podrá ejercerse mediante otro socio en la Asamblea General. La representación deberá ser por escrito y expresa para una sesión concreta y su admisión corresponde al Consejo Rector al comenzar la sesión.
Cada socio no puede ostentar más que una sola representación.
Artículo 43º.- Acta de la sesión.
Finalizada la Asamblea General, se elaborara un Acta de la sesión:
El acta de la sesión podrá ser aprobada por la propia Asamblea General a continuación del acto de su celebración, o, en su defecto, habrá de serlo dentro del plazo de quince días siguientes a su celebración, por el Presidente de la misma y dos socios sin cargo alguno designados en la misma Asamblea, quienes la firmarán junto con el Secretario.
- Lugar y fecha en que se ha celebrado.
- Nombre de asistentes.
- Si se ha celebrado en primera o segunda convocatoria.
- Resumen de los asuntos tratados, con los acuerdos adoptados y el resultado de las votaciones.
- Las intervenciones de los socios que soliciten consten en Acta.
La aprobación del Acta puede realizarse de dos formas:
a) Inmediatamente después de celebrada la Asamblea, firmándola el Presidente y el Secretario de la Cooperativa.
b) Dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Asamblea, firmándola el Presidente y dos socios interventores de acta nombrados para ello por la propia Asamblea y que no pueden ostentar cargo societario alguno.
Si hay socios discordantes en número superior al diez por ciento, podrá elegir entre ellos uno de los Interventores de Acta.
Cualquier socio puede solicitar certificaciones de los acuerdos tomados y el Consejo Rector tiene obligación de proporcionárselos.
Artículo 44º.- Impugnación de los acuerdos sociales.
Los acuerdos de Asamblea General que sean contrarios a la Ley, se opongan a los Estatutos o lesionen, en beneficio de uno o diversos socios, adheridos o terceros, los intereses de la Cooperativa, pueden ser impugnados según las normas y en los plazos que establece el Artículo 31 de la Ley
Artículo 45º.- El Consejo Rector.
Es el órgano de gobierno y representación de la Sociedad, gestiona la entidad y ejerce en su caso, el control permanente y directo de la gestión por parte de la dirección. En todo caso tiene competencia para establecer las directrices generales de actuación de la Cooperativa, con subordinación a la política fijada por la Asamblea General y para realizar todos aquellos actos que le vengan atribuidos por la Ley o los Estatutos.
Corresponde especialmente al Consejo Rector:
a) Ejecutar y hacer cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos tomados válidamente por la Asamblea General.
b) Regir y organizar, con las más amplias prerrogativas las actuaciones sociales en todos sus aspectos y administrar los fondos cooperativos.
c) La admisión de nuevos socios, la aceptación de baja de los mismos y su expulsión.
d) Representar a la Sociedad en juicio y fuera del mismo, en toda clase de actos y contratos y utilizar la firma social. Adquirir los bienes, derechos y productos necesarios para el desarrollo de las funciones propias de la Sociedad y concertar los compromisos, créditos o préstamos necesarios para el mejor cumplimiento del objeto social.
e) Librar, aceptar, endosar, domiciliar, negociar, cobrar y pagar letras de cambio y otros documentos de giro, así como su protesto. Abrir y cancelar cuentas corrientes y de crédito, tanto de carácter privado como con el Banco de España y otras de carácter oficial y Cajas de Ahorro, firmando talones contra las mismas y recibir su importe, con facultad para suscribir o autorizar todos los documentos que sean necesarios al respecto.
f) Recaudar los ingresos y realizar los pagos que procedan por razón de las operaciones o actuaciones sociales, sea en relación con los particulares, como con otros entes jurídicos, públicos o privados y Organismos de la Administración Pública del Estado, Autonómica, Provincial o Municipal.
g) Nombrar y separar todo el personal de la entidad, sea directivo o administrativo, técnico u obrero, fijando sus condiciones laborales.
h) Contratar seguros, pagar sus primas y cobrar las indemnizaciones que fueran procedentes.
i) Levantar actas notariales y librar y contestar notificaciones y requerimientos.
j) Ejercitar las acciones judiciales y extrajudiciales que puedan corresponder a la Sociedad, y en consecuencia representar a la misma en juicio y fuera de él y, por tanto, comparecer por sí o por medio de Procuradores u otros apoderados (a los que podrá conferir y revocar facultades) ante autoridades, centros y funcionarios del Estado, la Generalitat y demás Comunidades Autónomas, organismos autónomos, Provincia o Municipio y ante Sociedades y demás personas o entidades, en particular Compañías suministradoras de agua, gas, electricidad, teléfono y otros servicios públicos y ante toda clase de Juzgados, Audiencias, Jurados, Tribunales, Delegaciones, Comisiones, Comités, Sindicatos, Fiscalías, Juntas, Ministerios, Consejerías, Cajas e Institutos Nacionales y ante ellos instar, seguir y terminar, como actor, demandado o en cualquier otro concepto, toda clase de trámites, expedientes, juicios y procedimientos civiles, penales, administrativos, contencioso-administrativos, económico-administrativos, gubernativos y laborales en todos los grados, jurisdicciones e instancias, elevando peticiones y ejercitando acciones y excepciones en cualesquiera procedimientos, trámites y recursos, incluso de casación, revisión y nulidad; prestar cuando se requiera la ratificación personal, absolver posiciones y en general, realizar todos los actos que permitan las respectivas leyes de procedimiento; presentar, solicitar y retirar documentos y certificaciones, especialmente en toda clase de Registros.
k) Designar mandatarios y conferir poderes, tanto de carácter general como especiales para asuntos administrativos, en orden a toda clase de asuntos determinados, incluso para relaciones bancarias o de crédito en cualquiera de sus manifestaciones, con el alcance y las limitaciones que el propio Consejo estime pertinentes, ya sea en favor de miembros del propio Consejo, de la Cooperativa o de personas ajenas a la Sociedad, pudiendo alterar o revocar en cualquier momento los poderes o mandatos conferidos.
l) Practicar operaciones de tipo registral o inmobiliario sobre los bienes de la Cooperativa, incluso segregaciones, divisiones y declaraciones de obra nueva.
ll) Tomar parte en concursos, subastas, concurso - subastas y en general licitaciones ante organismos de la Administración central, Autonómica, provincial o municipal, entidades y organismos autónomos y particulares, haciendo propuestas, aceptando adjudicaciones provisionales y definitivas, constituyendo y retirando fianzas y garantías provisionales y definitivas y firmando los documentos públicos y privados que sean necesarios al efecto.
m) En general, toda clase de actos y negocios jurídicos de gestión, administración, disposición y gravamen.
La anterior determinación de facultades del Consejo Rector es solo enunciativa y no limita de ninguna manera las atribuciones que por cualquier causa son de su competencia para gobernar, dirigir y administrar los intereses de la Cooperativa, en todo aquello que no esté expresamente reservado a la competencia de otros órganos de la misma.
Artículo 46º.- Composición del Consejo Rector.
El Consejo Rector se compone de tres a quince miembros, elegidos todos ellos entre los socios de la Cooperativa, por Asamblea General en votación secreta.
Los cargos son: Presidente, Secretario, Tesorero y el resto Vocales.
Su distribución corresponde a la Asamblea General y el nombramiento debe ser inscrito en el Registro de Cooperativas.
Artículo 47º.- Duración, renovación, obligatoriedad, revocación y gratuidad del cargo de Consejero.
Los cargos del Consejo Rector tienen una duración de cuatro años y se renovarán por mitad de sus miembros y tiempo sin que coincidan en la renovación, el Presidente y el Secretario, pudiendo ser reelegidos en sus cargos.
En la primera renovación, se renovarán los cargos de Presidente y Tesorero y los vocales pares y en la siguiente los de Vicepresidente y Secretario y los vocales impares.
El ejercicio del cargo es obligatorio, salvo reelección u otra causa justa. La Asamblea General podrá acordar la revocación de los miembros del Consejo Rector antes del vencimiento del plazo por el que fueron nombrados; el acuerdo requerirá mayoría absoluta de los votos sociales y si no hubiere quórum suficiente se procederá a segunda convocatoria en el plazo de treinta días, la cual decidirá por mayoría simple.
Las vacantes que se produzcan en el Consejo Rector, antes del vencimiento de su mandato, se proveerán en la primera Asamblea que se celebre y el elegido permanecerá en el cargo el tiempo que le quedaba a su antecesor.
El ejercicio del cargo de consejero es gratuito, pudiendo ser compensado por la Cooperativa de los gastos que ocasione su función, por acuerdo de la Asamblea General.
Artículo 48º.- Funcionamiento del Consejo Rector.
El Consejo Rector se reunirá con carácter ordinario, previa convocatoria por su Presidente, al menos una vez cada tres meses. Con carácter extraordinario siempre que así lo acuerde su Presidente o sea solicitado por alguno de sus miembros. En este último caso, si la solicitud no fuere atendida en el plazo de diez días, podrá ser convocado por aquel que la haya realizado, siempre que consiga a favor de la convocatoria la adhesión, al menos, de una tercera parte de los miembros del Consejo Rector.
Para que las deliberaciones sean válidas, será necesario que asistan a la reunión más de la mitad de sus componentes.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes.
Artículo 49º.- Delegación de Facultades del Consejo Rector.
El Consejo Rector podrá delegar facultades en uno de sus miembros o en comisiones compuestas por los mismos y creadas al efecto. La delegación requerirá el voto favorable de dos tercios del Consejo y será preciso que sea inscrita en el Registro de Cooperativas correspondiente. La delegación solo puede abarcar el tráfico empresarial normal de la Cooperativa. El Consejo Rector conserva siempre las siguientes facultades:
a) Fijar las directrices generales de actuación de la gestión de la Cooperativa, con sujeción a la política general establecida por la Asamblea General.
b) Controlar permanente y directamente la gestión empresarial delegada.
c) Presentar a la Asamblea General la memoria explicativa de la gestión, la rendición de cuentas y la propuesta de imputación y asignación de resultados.
d) Autorizar la prestación de avales o fianzas a favor de terceras personas.
Artículo 50º.- Responsabilidad del Consejo Rector.
Los miembros del Consejo Rector han de ejercer sus cargos con la diligencia que corresponde a un legal representante y a un ordenado gestor y responden solidariamente ante la Cooperativa y ante los socios, de los perjuicios causados por malicia, abuso de facultades o negligencia. La responsabilidad de los consejeros e interventores por daños causados, se regirá por lo dispuesto para los administradores de las sociedades anónimas, si bien, los interventores no tendrán responsabilidad solidaria. . El acuerdo de la Asamblea General que decida sobre el ejercicio de la acción de responsabilidad requerirá mayoría ordinaria, que podrá ser adoptado aunque no figure en el orden del día. En cualquier momento la Asamblea General podrá transigir o renunciar al ejercicio de la acción siempre que no se opusieren a ello socios que ostenten el cinco por ciento de los votos sociales de la cooperativa.
Están exentos de responsabilidad los Consejeros que hayan hecho constar expresamente su voto en contra de los acuerdos causantes del perjuicio y hayan hecho todo lo posible para evitar el daño.
Quedan a salvo las acciones que indemnización que puedan corresponder a los socios y a los terceros por actos del Consejo Rector que lesionen directamente sus intereses. El plazo de prescripción para establecer la acción correspondiente es el previsto en el párrafo anterior, si el demandante es socio, o el general establecido en el Artículo 1968 del Código Civil, si es un tercero.
Artículo 51º.- Incompatibilidad y prohibiciones al cargo de Consejero y Director.
No pueden ser miembros del Consejo Rector ni de la Dirección:
a) El personal al servicio de la Administración Publica que tenga encargadas tareas relacionadas directamente con las actividades propias de la Cooperativa.
b) Los menores de edad.
c) Los que ejerzan actividades complementarias de las de la Cooperativa o en competencia con la misma, salvo que la Asamblea General los autorice expresamente.
d) Las personas que sean inhabilitadas conforme a la Ley Concursal, Ley 22/2003 mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso, quienes se hallen impedidos para el ejercicio de empleo o cargo público y aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer actividades económicas lucrativas.
Son incompatibles entre sí los cargos de miembros del Consejo Rector y de la Dirección.
Artículo 52º.- El Presidente, el Secretario y el Tesorero.
El Presidente del Consejo Rector, que lo es asimismo de la Cooperativa, tiene atribuida en su nombre la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad y la presidencia de sus órganos. Le corresponde:
a) La representación legal de la Cooperativa, actuando en su nombre en toda clase de actos y ante toda clase de organismos, autoridades, tribunales, corporaciones y otros entes públicos y privados.
b) Presidir las sesiones de la Asamblea General y el Consejo Rector dirigiendo sus debates y deliberaciones.
c) Velar para la ejecución de los acuerdos del Consejo Rector y ejecutarlos.
d) Dar el visto bueno a las actas y certificaciones y llevar la firma social.
e) Otorgar en favor de Abogados y Procuradores de los Tribunales, con las más amplias facultades, poderes generales, especiales y para pleitos.
f) Cuantas funciones le sean encomendadas por la Asamblea General y por el Consejo Rector o resulten de los Estatutos Sociales o de la legislación vigente.
a) La custodia de los libros, documentos y sellos de la Cooperativa, exceptuando los contables.
b) Redactar las actas de la Asamblea General y del Consejo Rector.
c) Librar certificaciones autorizadas con la firma del Presidente, con referencia a los libros y documentos sociales.
d) Efectuar las notificaciones procedentes de los acuerdos adoptados por la Asamblea General y el Consejo Rector.
a) Custodiar los fondos de la Cooperativa, respondiendo de las cantidades de que se ha hecho cargo.
b) Custodiar y llevar los libros de contabilidad.
c) Comunicar inmediatamente al Consejo Rector del incumplimiento o irregularidades que se produzcan en los cobros, pagos y en general, en la gestión económica de la Cooperativa.
Artículo 53º.- Los Interventores de Cuentas.
La Asamblea General nombrará de entre sus socios de uno a tres Interventores de Cuentas, los cuales ejercerán el cargo durante cuatro años.
El cargo es gratuito, si bien pueden ser compensados por la Cooperativa de los gastos que ocasione su ejercicio.
La condición de Interventor es incompatible con la de miembro del Consejo Rector.
Dicha incompatibilidad alcanzará también al cónyuge y parientes de los expresados cargos hasta el segundo grado de consanguinidad o de afinidad.
Artículo 54º.- Funciones de los Interventores.
Los interventores presentarán a la Asamblea General, al cierre de cada ejercicio económico, un informe detallado sobre la memoria explicativa de la Sociedad, el Balance, la Cuenta de Resultados y otros documentos que preceptivamente deban someterse a la Asamblea para su aprobación. El plazo de que dispondrá es de un mes desde que se le libro la documentación.
La Asamblea General podrá adoptar acuerdo de someter las cuentas del ejercicio económico a la verificación de personas Ajenas a la Cooperativa, expertas en materia contable.
Los interventores tienen derecho, en cualquier momento, a comprobar la documentación de la Cooperativa y de ser más de uno, en caso de discrepancia, podrán emitir informe por separado.
CAPÍTULO VI.- DE LA MODIFICACIÓN, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COOPERATIVA
Artículo 55º.- Modificación de los Estatutos Sociales.
La Asamblea General adoptará los acuerdos para modificar los Estatutos Sociales con una mayoría de dos tercios de los votos presentes y representados.
Para la inscripción en el Registro de Cooperativas de la modificación de los Estatutos Sociales, será preciso adjuntar la solicitud de inscripción con la certificación del acta correspondiente elevada a Escritura Pública.
Artículo 56º.- Disolución y liquidación.
Son causas de disolución de la Cooperativa:
a) El acuerdo de la Asamblea General, expresamente convocada adoptado por mayoría de los dos tercios de los socios presentes y representados.
b) La finalización del objeto social o la imposibilidad de realizarlo.
c) La reducción del número de socios por debajo del mínimo legalmente establecido, si se mantiene más de seis meses.
d) La reducción del capital social por debajo del mínimo establecido estatutariamente, sin que se restablezcan en el plazo de un año.
e) Por la paralización de los órganos sociales o de la actividad cooperativizada durante dos años, sin causa justificada, de tal modo que imposibilite su funcionamiento.
f) La fusión o escisión que comporten la desaparición de la Sociedad.
g) El concurso, la quiebra, siempre que lo acuerde la Asamblea General como consecuencia de la resolución judicial que la declare.
h) Cualquier otra causa establecida en la Ley o en los Estatutos.
3. Cuando concurra cualquiera de los supuestos b), c), e) o h), el Consejo Rector deberá convocar la Asamblea General, en el plazo de un mes desde que haya constatado su existencia, para la adopción del acuerdo de disolución. Cualquier socio podrá requerir al Consejo Rector para que efectúe aquella convocatoria si, a su juicio, existe causa legítima de disolución. Para la adopción del acuerdo será suficiente la mayoría simple de votos salvo que los Estatutos exigieran otra mayor.
Si no se convocara la Asamblea o ésta no lograra el acuerdo de disolución, cualquier interesado podrá solicitar la disolución judicial de la cooperativa.
4. El acuerdo de disolución elevado a escritura pública o, en su caso, la resolución judicial o administrativa, se inscribirá en el Registro de Sociedades Cooperativas y deberá publicarse en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia del domicilio social.
La Sociedad conserva su personalidad jurídica mientras se practica la liquidación; durante este periodo es preciso añadir a la denominación social la frase "en liquidación".
El acuerdo de disolución, elevado a escritura pública o, en su caso, la resolución judicial o administrativa, además de inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas, debe publicarse en un periódico de gran difusión y otro de gran circulación en el ámbito territorial donde la Cooperativa tenga su domicilio social.
Artículo 57º.- Nombramiento y atribuciones de los liquidadores.
Los liquidadores, en número impar, son nombrados por la Asamblea General, en votación secreta. Transcurridos dos meses desde la disolución de la Cooperativa y la Asamblea no ha hecho el nombramiento, el Consejo Rector ha de solicitar al Juez competente que nombre de los liquidadores, en primer lugar de entre los socios y, de no ser posible, entre personas ajenas a la sociedad. La solicitud de nombramiento de liquidadores también puede ser hecha por cualquier socio de la Cooperativa si el Consejo Rector no lo ha hecho en el plazo de un mes. Su nombramiento no surtirá efecto hasta el momento de su aceptación y deberá inscribirse en el Registro de Sociedades Cooperativas Desde el momento en que se hayan nombrado los liquidadores, el Consejo Rector y la Dirección cesan en sus funciones.
Los liquidadores deberán observar durante el periodo de liquidación las disposiciones legales y estatutarias aplicables sobre régimen de las Asambleas Generales a las cuales comunicarán la marcha de la liquidación y someterán el balance correspondiente para su aprobación.
Los liquidadores llevarán a cabo todas las operaciones necesarias para la liquidación de la Sociedad y les corresponderá especialmente:
a) Suscribir junto con el Consejo Rector, el inventario y el balance de la Cooperativa en el momento del inicio de sus funciones, referidos al día en que se inicie la liquidación.
b) Llevar y custodiar los libros sociales y la correspondencia de la Cooperativa, velando por la integridad de su patrimonio.
c) Realizar las operaciones pendientes y las nuevas que sean precisas para la liquidación de la Sociedad.
d) Enajenar bienes sociales.
e) Reclamar y percibir los créditos pendientes, incluso por vía judicial, pudiendo otorgar al respecto poderes para pleitos a favor de Abogados y Procuradores.
f) Pagar a los acreedores, sean socios o terceros.
g) Convenir transacciones o compromisos si conviene a los intereses sociales.
h) Ostentar la representación de la Cooperativa, para el cumplimiento de las funciones encomendadas.
Artículo 58º.- Adjudicación del haber social.
La Asamblea General fijará las normas según las cuales se practicará la adjudicación del haber social, respetando el orden que disponen las letras a), b), c) y d) del artículo 75.2 la Ley 27/99 Ley de Cooperativas.
En cualquier caso, no se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya procedido a su consignación o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.
Mientras no se reembolsen las aportaciones previstas en el art. 45.1.b) los titulares que hayan causado baja y solicitado el reembolso participarán en la adjudicación del haber social una vez satisfecho el importe del Fondo de Educación y Promoción y antes del reintegro de las restantes aportaciones a los socios.
Artículo 59º.- Operaciones finales.
Finalizada la liquidación, los liquidadores realizarán el balance final, que será sometido a la decisión de la Asamblea.
Aprobado el balance, los liquidadores procederán a adjudicar el haber social y solicitarán en el plazo de quince días la cancelación de los asentamientos registrales en el Registro correspondiente, depositando en el mismo los libros y documentos relativos al tráfico de la Cooperativa
Disposición Adicional Primera.-
Comunicaciones Electrónicas.- Las comunicaciones entre los socios y la cooperativa, incluida la remisión de documentación, convocatorias de Asambleas, solicitudes e información, podrá efectuarse por cualquier medio electrónico que asegure la correcta comunicación entre la cooperativa y los socios cooperativistas.
Disposición Adicional Segunda.-
De conformidad con los criterios de la Ley 27/99 de Cooperativas, esta Cooperativa hace suyos los compromisos de participación inter-cooperativa y fomento de formación.
CHAPTER I. NAME, CORPORATE PURPOSE, TERM AND REGISTERED ADDRESS
Article 1. Name and legal framework
A Workers' Cooperative has been incorporated in Barcelona under the name "SERVICARNE, S.COOP", which is subject to the principles and provisions set out in Act 27/1999 of 16 July on Cooperatives and to all other additional provisions, and as such it has full legal personality and limited liability in respect of its corporate obligations.
Article 2. Corporate purpose
a) The Cooperative's corporate purpose shall be inherent to that of the meat industry and the work completed in all necessary related operations to discharge this purpose, which therefore includes: the splitting, quartering, packing, tray packaging, handling and preparation of meat cuts, edible giblets and waste offal; the loading, unloading, salting and folding of hides and related tasks; carrying out operations such as weighting, labelling, numbering, distributing, arranging and keeping the refrigeration chambers at the right temperature, in addition to other similar situations.
b) General work related to grazing, stabling, stockbreeding, farming, poultry incubators, and poultry and rabbit slaughterhouses.
c) Acquiring assets, leasing, renting and carry out any other actions that may be necessary for the Cooperative to hold in any way whatsoever Slaughterhouses, splitting rooms and premises related to this entity's functions, whereby it may submit requests for tenders and bids called by any class of public administration for the exploitation of Slaughterhouses and splitting rooms.
d) The creation and management of vocational training Schools for teaching subjects related to the Cooperative's purposes.
e) The manufacture and handling of cold meats, packaged goods and pre-cooked meals.
All members without exception shall pursue these objectives by working according to the scope of their professional skills.
f) To conduct business and render cooperative services, under the conditions and subject to the restrictions provided for in Act 27/1999 of 16 July, as was as in other Laws related to the sector that may apply.
Article 3. Term.
The Company has been incorporated for an indefinite term and its scope of operations shall be limited to the territory of Spain.
Article 4. Registered address.
The Cooperative's registered address is at Gran Vía de les Corts Catalanes, 162 local 1 y 2 in Barcelona, but may move to other premises in the same municipality by resolution of the Management Board. Changes of address other than as described above shall require that the AGM pass a resolution to amend this statutory requirement and must be registered in the corresponding registry prior to executing a Public Deed.
CHAPTER II. MEMBERSHIP
Article 5. Persons who may become members.
Any persons may become worker-members who are able to work, carry out a professional activity that contributes to attaining the objectives set out in the corporate purpose or who are able to make a useful contribution to the Company. Furthermore, foreigners may become worker-members in accordance with the provisions in the specific legislation on their working in Spain.
Article 6. Admissions procedure.
In order to be admitted as a member, individuals must fulfil the following requirements:
a) Comply with the provisions in the previous article.
b) Submit a written application to the Management Board, whereby they undertake to comply with the rules of the articles of association and any others that must be observed.
c) Be able to work in accordance with the requirements of the Spanish Civil Code.
d) Subscribe for the mandatory share capital contribution to which they are subject, pay it up and, if applicable, pay the membership fee as provided for in sections 46 and 52 of Act 27/1999 on Cooperatives.
e). Complete a six-month trial period successfully, during which the relationship between the Cooperative and an aspiring member may be unilaterally terminated on the decision of either of the parties. The trial period may be reduced or cancelled by mutual agreement between the parties. During this period, an aspiring member shall have the right to have a say, but not to vote, and shall have the right to information. During the trial period, aspiring members shall be subject to the Social Security scheme that has been established for members.
Decisions on admissions are the responsibility of the Management Board, which must hand them down in writing and inform of its decisions within a deadline of no more than three months, to be counted from the time they are made, and give notice of such agreements as set out in the articles of association. Should the deadline elapse without a decision having been made, it shall be understood that an admission has been accepted.
Admissions may be denied should they make the growth of Cooperative's business activity, its resolve to improve the status of its members and social environment or its pursuit of its corporate purpose impossible or difficult.
Should the Management Board reject an admission, it must be founded on the basis of the Law or these Articles of Association, and objective criteria must be observed. Applicants may appeal against a decision before the AGM within a deadline of twenty days, to be counted from the time of its notification, and the AGM must cast a secret ballot at its next meeting, whereby the interested party, in both cases, shall be entitled to have a hearing. An appeal against the AGM's decision may be lodged before the ordinary Courts of Justice.
A decision to admit a member may be challenged by the AGM within a deadline of forty days from the time of its posting on the notice board, should a request to do so be made by at least ten per cent of the Cooperative's members. The interested party must be given a hearing. The rights of a new member may be suspended until the AGM has made a decision.
Article 7. Admission of workers as members.
Persons who have been workers under an indefinite contract for more than one year working for the Cooperative may become members.
Article 8. Absentee members.
Members may, provided they have legitimate grounds and a seniority of at least three years at the Cooperative, stop working and become absentee members, with a right to have a say but not to vote at AGMs, but without the right to form part of the governing bodies, subsequent to authorisation from the Management Board.
Article 9. Obligations of the members.
Members are obliged to:
Pay all financial dues in a timely manner.
Make a contribution to the Cooperative through their work during the timetables and working days set by the Management Board, comply with all resolutions validly passed by the Cooperative's governing bodies and work to the highest of professional standards in all tasks entrusted to them.
Take responsibility for their own health and safety at the workplace, whereby they must provide themselves with any protective clothing that may be necessary to avoid occupational hazards and accidents. This clothing and other protective equipment must meet safety standards, pursuant to the provisions in force on health and safety at work, and may be provided by the Cooperative or through other channels.
Accept positions of responsibility, unless on legitimate grounds.
Refrain from conducting business that could compete with the Cooperative’s corporate purpose, or work with someone who does so, except if express consent has been sought to do so from the Management Board.
Keep matters concerning the Cooperative in the strictest confidence, the disclosure of which could damage its corporate interests.
Attend training courses and activities for cooperation between cooperatives.
Comply with all rules provided for by law and these articles of association.
Contribute to activities for cooperation between cooperatives run by the Cooperative in order to meet its corporate purpose, in the minimum amount established in its Articles of Association. Whenever it deems that there are legitimate grounds for doing so, the Management Board may release a member from this contribution in the amount it deems fit and according to circumstances, and it may be provided by the Cooperative or through other channels.
Article 10. Rights of the members.
The members are entitled to:
Have a say and vote in the passing of all resolutions tabled by the AGM and other bodies that form part of it.
Participate, without limitation, in the discharge of the Cooperative's corporate purpose.
Vote for and be voted into office on the Cooperative's governing bodies.
Receive information as established in the next article herein.
Become an absentee member as provided for.
Receive settlement of their contribution at its current worth in the event of their withdrawal or the dissolution of the Cooperative.
Article 11. Right to information.
The members are better able to exercise their rights and fulfil their obligations by fully understanding how the Cooperative works, which shall provide clear, readily available information to all of its members.
On their admission, the Management Board shall provide all members with a copy of the Articles of Association and, if applicable, the Internal Regulations, and it shall notify them of any amendments made to them.
All members are entitled to:
a) Consult the state of their financial position, which must be disclosed to them within a maximum deadline of one month.
b) Examine the Shareholders Registry and the Minutes of the AGM, and receive a certified copy of the resolutions passed by it or the Management Board that specifically affect them.
c) Receive any report or statement on the Cooperative's state of affairs if requested in writing to the Management Board, which must reply within fifteen days. Should the reply be wanting, the request may be resubmitted, in which case the Management Board must give a reply in public at the first AGM held in the fifteen days following the submission of the request.
From the time an AGM is called, the members may examine the following at the Cooperative's registered office: the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, the notes to the accounts for the year, the proposal for the appropriation of surplus earnings and extra-cooperative profits or for loss carryback, and the report of the Account Auditors.
Members may ask the Management Board in writing for clarifications up to five days before a Meeting that they may believe relevant to any matter in the aforementioned documentation. The members have the same right in the event of Extraordinary General Meetings in which resolutions must be discussed and passed on any financial matters, in relation to the basic documentation that deals with such financial matters.
The Management Board may deny such requests should the information requested put the Cooperative's legitimate interests in serious danger, unless the information must be disclosed at the AGM, and half plus one of those in attendance in person or by proxy uphold the information request. The refusal of the AGM or Management Board to disclose such information may be challenged as provided for by law.
Article 12. The personal liability of the members.
The members' liabilities in respect of the Cooperative's obligations shall be limited to the capital contributions subscribed, both whether or not they have been paid up, whereby their liabilities shall be of a joint nature only.
Members who withdraw from the Cooperative shall continue to be liable to it, subject to the limitations set out in the previous paragraph, for five years in respect of the obligations assumed by it prior to the date they withdrew their membership.
Article 13. Withdrawal of members.
Any member may voluntarily withdraw membership from the Cooperative by notifying the Management Board in writing at least one month before withdrawal, except in the case of force majeure or serious hardship. Failure to serve notice shall be considered as an unwarranted withdrawal.
Withdrawals shall be deemed warranted:
a) If by a member remaining it may be difficult or impossible for the Cooperative to fulfil its corporate purpose and the Management Board deems that this is the case.
b) If a member disagrees with a resolution passed by the AGM for the Cooperative to effect a merger, provided the member requests withdrawal within a deadline of forty days to be counted from the time the resolution was passed by notifying the Cooperative's Management Board writing.
c) If resolutions are passed that entail an increase in the members' mandatory contributions. Such withdrawals must be notified to the Management Board in writing within a deadline of forty days to be counted from the day after the resolution was passed, in the event that members had attended the AGM and there is a record of their vote against the motion, or within the same deadline, to be counted from the time of notification of the resolution, in the case of members who did not attend in person. Such withdrawals shall be considered as warranted.
Members shall be forced to withdraw should they fail to meet the requirements set out herein for forming part of the Cooperative. Resolutions for withdrawing membership must be passed by the Management Board subsequent to a hearing of the interested party.
Any matters discussed between the Management Board and a member on the implications and reasons for voluntary withdrawal may be appealed against by the latter, within a deadline of one month from being informed of such, before the AGM. In the event of a member or group of members disagrees with the decision taken, they may lodge an appeal as provided for by law.
Should financial, technical, organisational, production or force majeure events arise that substantially affected the smooth running of the Cooperative, the AGM may, on the proposal of the Management Board, once such events have been corroborated, agree to the total or partial suspension of the Cooperative's operations carried out by all or a part of its members. In such a resolution, the average duration and number of members affected by it must be established. While the members are in total or partial suspension, the rest of their rights shall not be affected.
Should financial, technical, organisational, production or force majeure events arise that in order to maintain the Cooperative's business viability required, in the opinion of the AGM, the definitive reduction of its workforce or a change to the proportion of the professional categories of its staff, the AGM must designate the worker-members who must be made redundant from the Cooperative on any of the grounds set out in this article. Redundancies related to the above paragraph shall be considered as forced redundancies on warranted grounds and, therefore, the members affected shall be entitled to a refund of their voluntary and mandatory contributions to the Cooperative within a maximum deadline of two years.
Article 14. Financial consequences of withdrawals and redundancies.
The right to a refund of contributions to the share capital, in the case of the withdrawal or redundancy of a member, shall be governed by the following rules:
Of the amount in contributions at the time of a withdrawal or redundancy, losses charged to the member for the business year in which they arose must be deducted, as must those in business years that have not been offset. The Management Board shall have a deadline of three months from the date of the approval of the accounts for the year in which the member withdrew was made redundant in order to proceed to calculate the amount to be refunded in respect of share capital contributions, which must be notified to the member in question. Any members who disagree with the settlement payment made by the Management Board may challenge it within a deadline of one month.
All refunds must be made within a deadline of five years.
If a withdrawal is due to death, no deductions whatsoever shall be made and the refund deadline may not exceed one year from the date the Cooperative was informed of the event.
In both cases, any amount not refunded shall be subject to the legal rate of interest, which may not be subsequently adjusted.
In the event of an unwarranted withdrawal whereby a member failed to stay for the minimum period, as provided for in sect. 17.3 of Act 27/1999 on Cooperatives, a deduction of 10% may be made on the amount to be settled in mandatory contributions, once the adjustments set out in the above paragraph have been made.
Article 15. Disciplinary offences committed by members.
Offences are considered to be actions or omissions that involve a breach or ignorance of any of the duties of any nature whatsoever imposed by the legal provisions in force.
A) MINOR OFFENCES. The following are considered minor offences:
1 One to three times of being late for work, over a period of thirty calendar days without legitimate grounds.
2 Failure to give notice within two working days of being absent from work due to sick leave, unless it can be proved that it had been impossible to do so.
3 Missing a day at work without legitimate grounds over a period of thirty calendar days.
4 Abandoning a work station without legitimate grounds for a brief time.
5 Minor oversights in taking care of materials.
6 Occasional lapses of personal cleanliness or hygiene.
7 Failure to inform of a change of address, within ten days of moving.
8 Arguing about issues not related to work.
9 Occasional intoxication.
10 Reading any type of leaflet or publication not related to work during work time.
11 Leaving clothing and personal belongings in places not intended for their storage or safekeeping.
12 Any other offences not included in the above points that are committed for the first time shall be considered as such should the AGM so decide.
B) SERIOUS OFFENCES The following are considered serious offences:
1 Four to eight times of being late for work, over a period of thirty calendar days without legitimate grounds.
2 Missing two days at work without legitimate grounds over a period of thirty calendar days. Missing a day at work on the day before or after a bank holiday, if such an offence is committed twice over sixty calendar days or three times over eighty calendar days.
3 Failure to give timely notice of changes in family circumstances that could affect Social Security payments. If done with malicious intent, this shall be considered a very serious offence.
4 Playing any type of game whatsoever during work hours.
5 Failure to take due care in the discharge of work duties.
6 Pretending to be another worker by using her/his signature, clocking-on card or control card.
7 Negligence or carelessness that affects the smooth running of the workplace.
8 Reckless behaviour at work that poses a serious risk of accident or a breakdown at the workplace. This could be considered a very serious offence if done with malicious intent.
9 Doing private jobs on a worksite or at the workplace without due permission, in addition to using the Cooperative's tools for personal use, both on and off work premises.
10 Recommitting a number of different minor offences, other than punctuality, in the same quarter.
11 A worker covering up events or offenses that she/he has seen, if this results in serious damage, in addition to failing to immediately report a major incident she/he witnesses at the workplace to her/his superiors.
12 The omission, either wilful, or out of negligence or inexcusable ignorance, of information in reports that makes them clearly unfair, or passing resolutions under the same circumstances.
13 Carelessness or mistakes that are often repeated or that cause damage to the Cooperative, in addition to concealing these errors to the Management with malicious intent.
14 Recommitting minor offences for which a worker has been sanctioned over the past three years.
15 Failing to have an annual medical check-up, whenever a work post involves handling food or animals.
16 Non-compliance with the Health and Safety standards set by the Cooperative and each worksite.
17 Non-compliance with Food Handling standards.
18 Failing to use the Individual Protective Equipment required to work in safety.
19 Failing to attend training courses on occupational hazard prevention, food handling and cooperation between cooperatives.
20 The misuse of electronic means of communication for purposes not related to the Cooperative, namely: the Internet, telephones and emails.
C) VERY SERIOUS OFFENCES.
The following are considered VERY serious offences:
Repeated unjustified absences or arriving late to work. Such a situation is considered to have arisen in the case of arriving late for work eight times without legitimate grounds in a period of thirty calendar days, 16 times in a period of eighty calendar days and more than 24 times in a period of one year. In the case of absenteeism, failing to turn up for work three times over a period of thirty days without legitimate grounds constitutes a very serious offence.
Lack of discipline or disobedience at the workplace. Amongst others, a lack of discipline or disobedience is considered to be:
Major oversights in the care of materials and machinery, should such an oversight pose a danger for workmates or cause damage to the Cooperative.
Causing a serious accident due to lack of care or inexcusable negligence.
Smoking or eating in places where this is not allowed for reasons of health and safety. These places should be clearly marked using posters, banners or any other appropriate system.
Verbal or physical abuse to management, other workers or family members who live with them.
Using a member, the Cooperative's funds or its signature for conducting private business.
The failure to put in the personal effort required to do a job as provided for in section b) of article 9 herein, or the lack of due care in completing work entrusted by the competent bodies.
A breach of confidentiality that results in serious damage for the Cooperative.
The repeated failure to fulfil the financial obligations.
Operations involving unfair competition, fraud in capital operations and the non-disclosure of relevant information.
Falsifying documents, signatures, stamps and similar materials that are important in the Cooperative's relationship with its members or third parties.
Offences against the Cooperative by its members.
A). MINOR OFFENCES. The following are considered minor offences:
1. Failure to attend the AGMs to which members have been called as provided for in the rules on calls without legitimate grounds.
2. A lack of consideration or respect for other members at meetings.
B). SERIOUS OFFENCES. The following are considered serious offences:
1. Not accepting or stepping down from posts or functions to which a member has been elected without legitimate grounds.
2. A breach of the financial obligations arising from the payment of regular fees or contributions to the share capital, on the first occasion this happens.
C). VERY SERIOUS OFFENCES. The following are considered very serious offences:
1. A breach of any resolutions passed that could damage the Cooperative, or actively seeking to harm it.
2. The repeated failure to fulfil the financial obligations.
3. Falsifying documents, signatures, stamps and similar materials that are important in the Cooperative's relationship with its members or third parties.
4. The repeated failure of a member of the Management Board to attend the meetings to which she/he has been called.
5. A breach of any resolutions passed that could damage the Cooperative, or actively seeking to harm it.
Article 16. Sanctions and the sanctioning procedure.
Minor offences shall be sanctioned by a verbal or written warning, two days to the entitlement to advance pay being docked and/or a fine from 3.01 to 30.05 euros.
Serious offences shall be subject to suspension from the right to hold posts on the governing bodies for one year, fifteen days to the entitlement to advance pay being docked and/or a fine from 30.06 to 300.51 euros, or a transfer to another worksite.
Very serious offences shall be subject to sixteen to seventy days to the entitlement to advance pay being docked and/or a fine from 300.51 to 901.52 euros, disqualification from holding post of the Cooperative’s governing bodies for five years, or expulsion.
Should a sanction involve a member having her/his rights withdrawn, this shall not affect the right to information or, if applicable, the right to a refund when interest accrues on contributions to the share capital, or when contributions have been modified. Such a sanction may only be imposed on members who have outstanding financial obligations or who do not contribute to activities for cooperation between cooperatives, under the terms and conditions set out herein.
Minor offences are subject to a limitation period of two months, serious offences to four months and very serious ones to six months. The limitation period is calculated from the time an offence has been committed. The limitation period shall be suspended when the sanctioning procedure has been initiated and shall continue to be counted four months later if in that time no ruling has been handed down or notification of it served.
The sanctioning procedure shall be governed by the following rules:
a) The Management Board shall have the powers to impose sanctions.
b) The interested party must be given a prior hearing and her/his appeals submitted in writing in the case of serious and very serious offences.
c) Appeals may be lodged against all sanctions before the AGM, within a deadline of one month to be counted from the date of notification of the sanction.
d) Sanctions imposed or, if applicable, their ratification by the AGM, may be challenged within one month from the time of notification.
The expulsion of a member may be enforced for an offence classified as very serious, by means of disciplinary proceedings conducted by the Management Board, at which the interested party must be given a hearing. Should a member in a position of responsibility be involved, the Board's ruling may include a proposal to remove that person from this position.
A member may appeal against expulsion before the AGM within fifteen days to be counted from the time of notification of the decision.
Appeals to the AGM must appear as the first item on the agenda at the next meeting to be held and, subsequent to a hearing of the interested party, the final decision made by secret ballot.
The decision shall be final from the time the AGM ratifies it by secret ballot or once the term for lodging an appeal has elapsed.
Challenges to expulsion must be filed within one month, to be counted from the date on which the decision became final before an ordinary court of law.
CHAPTER III. FINANCIAL FRAMEWORK.
Article 17. The Cooperative's financial resources.
In order to fulfil its corporate purpose, the Cooperative shall have the following funding:
a) Membership fees.
b) The mandatory and voluntary contributions to the share capital.
c) Amounts from the voluntary financing of the members that cannot be added to the share capital.
d) Loans, credit lines and other means of financing secured from third parties.
e) Gifts, subsidies or any other type of funding that the Cooperative obtains free of charge.
f) Its returns and operating revenues.
g) Any other funding that it obtains that does not go against the Cooperative's principles or articles of association.
Article 18. Share capital.
The share capital is made up of mandatory contributions from the members, plus any voluntary ones made, as stipulated by the AGM.
Proof of contributions made shall be provided through the issue of registered share certificates that must clearly reflect the contributions, restatements and surplus revenues that it has been agreed shall be capitalised.
The share certificates must have a value of NINETY EUROS FIFTEEN CENTS each and every member must hold at least one, the payment for which shall be made as follows: in its entirety at the time an individual becomes a member.
The amount of mandatory contributions to be made by new members may not exceed that paid by previous members.
The minimum amount of share capital is THREE THOUSAND EUROS (€3,000).
Article 19. Mandatory contributions.
The AGM may pass a motion, subject to obtaining two-thirds of the votes cast in person or by proxy, to impose new contributions to the share capital, whereby it shall set the amount, deadline and conditions of payment. The AGM may set the interest rate to be paid in each business year on these contributions, which may not exceed the legal rate of interest.
Article 20. Voluntary contributions.
The AGM may, provided a simple majority of the votes cast in person or by proxy is obtained, pass a motion tabled by the Management Board to accept voluntary contributions to the share capital, which must be subscribed within one month from the date the resolution is passed and paid up at the time of subscription. The agreement to issue shares shall determine whether interest shall be paid on these contributions and, should it be paid, it shall be subject to the limitations set out in the previous paragraph.
Article 21. Arrears in the payment of financial obligations.
Any members who fall into arrears in the payment of their financial obligations may have their ownership and financial rights suspended, until such a time they proceed to make the payment, notwithstanding a serious or very serious sanction to which they may be subject pursuant to the disciplinary rules. Once the Cooperative has summoned such members to pay the contribution due plus the legal rate of interest, should they fail to make the payment within thirty days, the Management Board may proceed to withdraw their membership.
Article 22. Update of contributions.
The Cooperative's balance sheet may be subject to restatement under the same terms and with the same benefits as established for companies governed by civil law following the passing of a resolution to do so by the AGM, in compliance with section 49 of Act 27/1999 on Cooperatives.
Article 23. Transfer of contributions.
Contributions may be transferred:
a) By means of "inter vivos" arrangements, subsequent to the transfer offer being posted on the notice board at the registered offices, following which the Management Board must be notified within twenty days of the arrangement being completed. In any event, the transferring member must at least continue to hold the mandatory share capital contribution.
b) By means of "mortis causa" succession. In such cases, the heirs may request membership, provided they fulfil the conditions required to do so, whereby they shall share the deceased's contribution between them and, should they not receive the minimum mandatory amount necessary to become a member of the Cooperative, they must make up the amount required to do so. In any event, heirs shall always be entitled to a settlement in the amount of the contribution made within a maximum deadline of one year since the death of the deceased is reported to the Cooperative.
Article 24. Share capital reductions.
If the share capital fell below the minimum amount established herein as a consequence of refunding members or their heirs the stake they hold in the Cooperative, it must be dissolved if this circumstance lasts for more than one year.
Article 25. Voluntary contributions that are not earmarked for Share Capital.
All members must pay their monthly membership fee in the amount established by the AGM in order the cover the Cooperative's running expenses. These fees may neither be earmarked for Share Capital nor are they refundable.
Article 26. Business year and results. Surplus earnings.
The Cooperative's business year shall coincide with the calendar year. Within the six months following each business year-end, The Management Board must submit its report on the accounts, the balance sheet, the income statement, the proposed appropriation of surplus earnings or, if applicable, the write-off of losses, in addition to its business plan for forthcoming business years, to the AGM. In order to calculate net surplus earnings in any given business year, the following shall be considered as deductions:
- The amount paid in advance pay to worker-members, which may not be higher than standard remunerations paid in the area.
- The expenses necessary for running the Cooperative.
- The interest owed to members for their contributions to the share capital, outstanding obligations and other accounts payable.
- Amounts earmarked for depreciation.
- Any other deductions allowed by the tax legislation in force.
Profits from capital gains on the sale of fixed assets and from other sources not required for attaining the Cooperative's specific targets, in addition to those obtained from investments or non-cooperative business activities, are considered as extra-cooperative profits and, therefore, are reported in a separate account.
Article 27. Appropriation of the Cooperative's surplus earnings, funds and returns.
The net profit in a business year, once losses have been deducted and before tax, must be earmarked to cover losses in previous years, if any. Of the remaining surplus, amounts must be set aside as Funds in at least the following proportions:
a) 30% for the Mandatory Reserve Fund and 10% for the Education and Cooperative Promotion Fund.
Once the amounts to be earmarked for Mandatory Funds have been deducted, the surplus earnings shall be appropriated as the Cooperative's returns. The AGM shall decide how to proceed at the business year-end in respect of how and how much to set aside as the Cooperative's returns, which shall be credited to the members in proportion to the services rendered by them to the Cooperative.
Article 28. Write-off of losses.
Any losses in a business year shall be offset as follows:
a) The average proportion of surplus earnings or extra-cooperative profits and extraordinary earnings earmarked for the Reserve Fund over the past five years, or since the Cooperative's incorporation if less than five years, may be written off against the Reserve Fund.
b) The resulting difference shall be written off against each member in proportion to the operations or work they have done for the Cooperative, or directly proportional to the advance pay they receive.
c) Losses written off against members must be paid directly by them in the business year following that in which losses were incurred, by means of deductions in their share capital contributions. They may also be charged against the returns that would be paid to the members in the five years following the business year in which losses were incurred. If losses remain to be written off once this term has elapsed, they must be paid directly by the members within one month.
Under no circumstances shall losses be written off based on the Share Capital contributions.
Losses arising from the disposal of fixed assets, business activities not inherent to the Cooperative's corporate purpose, investments and shareholdings in other non-cooperative individuals or legal entities must be written off against the Mandatory Reserve Fund. If the amount in the Mandatory Reserve Fund is insufficient to offset these losses, the difference must be collected in a special account in order to write them off against future earnings from the Mandatory Reserve Fund. Thus, the total balance resulting from the restatement of the balance sheet shall be paid into the Mandatory Reserve Fund until the aforementioned losses have been written off.
Article 29. The Mandatory Reserve Fund.
This fund, which may not be distributed, is made up as follows:
a) The proportion of net surplus earnings in any given business year, as provided for in article 27.
c) Extra-cooperative profits.
c) Deductions on mandatory contributions in the event of a member leaving.
d) The initial and monthly membership fees.
e) The proportion resulting from the balance sheet restatement.
Article 29 bis. The Voluntary Reserve Fund.
The Management Board shall table a proposal to the AGM on the appropriation of reserves that may not be distributed, which shall be paid into Voluntary Reserves, in order to cover potential risks and liabilities.
Article 30. The Education and Cooperative Promotion Fund.
This fund, which may not be seized or distributed, is made up as follows:
b) The fines and penalties imposed for disciplinary sanctions by the Cooperative on its members.
c) The subsidies, gifts and any other grants received by the members or third parties, in order to attain the targets of the Fund.
The AGM shall set the basic lines for which this fund is to be used, with the amounts appropriated reported under liabilities on the balance sheet as a separate item.
Article 31. The Cooperative's books and accounts.
The Cooperative must keep the following books in order and up to date:
1. Shareholders Registry.
2. Registry of Members' Contributions.
3. Record Book of AGM and Management Board Meeting Minutes.
4. Inventory, Balance Sheet and Ledger.
The accounts must be kept in compliance with the legislation in force.
Within one month of the annual accounts being passed by the AGM, the Cooperative must file them with the General Directorate to which it must report them. The annual accounts should include: the Balance Sheet, the Profit and Loss and Loss Account and the Notes to the Accounts.
CHAPTER IV. INTERNAL ORGANISATION OF THE COOPERATIVE
Article 32. Social Security scheme.
Pursuant to Royal Decree 84/1996 of 26 January, amended by Royal Decree 708/2015 of 24 July, this Cooperative has opted to place its worker-members in the Special Scheme for Self-Employed Workers.
Article 33. Basic features.
The Cooperative's internal functional organisation shall be subject to a set of Internal Regulations, which must be approved by the AGM and a copy given to each member.
Regardless of the provisions in said Regulations, due to the peculiarities of the working relationship in the Cooperative any members who for reasons beyond the control or management of the Management Board lose their habitual jobs, due to receivership, bankruptcy, workforce restructuring, termination of contract, force majeure, etc., at a worksite to which they had been assigned following an agreement to render their services to the Cooperative must endure the situation while it lasts until the Cooperative's governing bodies provide them with a new post, which they must accept regardless of their specialisation, work schedule, timetable, remuneration and the location of the new post. Under no circumstances may they aspire to be included on a team or worksite if in the opinion of the Management Board this would clearly skew the output of the workforce or worksite in question.
Whilst members are on suspension, they shall maintain the rest of their rights and obligations. The Management Board is responsible for designating the specific worker-members who must leave the cooperative, whose compulsory redundancy shall be considered as legitimate.
Any worker-members on compulsory redundancy as provided for in the above point in this article shall be entitled to the immediate refund of their voluntary contributions to the share capital and to the refund of their mandatory monthly contributions within a term of two years. Outstanding amounts to be refunded shall accrue the legal rate of interest, which must be paid to ex-worker-members by the Cooperative on an annual basis. Should the Cooperative have demonstrable financial resources, the refund of the mandatory contributions must be made in the current business year.
In the event that the members who are selected for compulsory redundancy are holders of the contributions provided for in section 45.1.b) of Act 27/1999 and the Cooperative failed to reach an agreement on an immediate refund, the members who remain in the Cooperative must acquire these contributions within a maximum term of six months from the date of redundancy, under the terms agreed on by the AGM.
CHAPTER V. ON THE COOPERATIVE'S GOVERNANCE, MANAGEMENT AND REPRESENTATION
Article 34. Governing bodies.
The Cooperatives governing bodies are:
a) The AGM.
b) The Management Board.
c) The Account Auditors.
Article 35. The AGM.
The AGM, constituted by the members who attend it in person or by a duly appointed proxy, is the supreme authority in deciding on cooperative matters.
The resolutions passed by it are binding on all members, including those who oppose them or who were not in attendance at a meeting. Notwithstanding the foregoing, they shall be entitled to challenge them pursuant to the provisions herein and in Act 27/1999 on Cooperatives.
Article 36. Powers of the AGM.
The AGM shall set the Cooperative's general policies and may discuss any other matters that concern it, provided that they appear on the agenda, but it may only pass binding resolutions on matters that the above Act considers are not subject to the exclusive powers of another governing body.
All matters relating to the Cooperative may be tabled for debate at the AGM. In any event, resolutions are always binding in the following cases:
a) The appointment and removal of members of the Management Board, the Account Auditors and the Liquidators.
c) A vote of no confidence against the Cooperative's management, the approval of the annual accounts and appropriation of surplus earnings, or the write-off of losses, if applicable, as well as motions on the remuneration of directors and liquidators.
c) The approval of new mandatory contributions, the acceptance of voluntary contributions, restatements of the value of the contributions to the share capital, the setting of the contributions of new members, the setting of the initial and monthly membership fees, and the rate of interest to be paid for contributions to the share capital.
d) Issue of stock. Issue of membership shares and special shares.
e) Amendments to the Articles of Association.
f) The merger, spin-off, transformation and dissolution of the Cooperative.
g) The sale or transfer for whatsoever consideration of the Cooperative or one of its worksites, its assets, rights or business, the disappearance of which prevents it from performing its corporate purpose.
h) The creation of secondary or lower level cooperatives and credit unions, or the decision to join them, as well as the incorporation of cooperative groups or the decision to join them if they have already been incorporated, and the decision to join or leave representative entities.
i) The filing of liability claims against members of the Management Board, the Account Auditors or Liquidators.
j) The decision on the suitability of the appointment of a director.
k) All other matters required by Law or these Articles of Association.
These powers of the AGM, in respect of which a vote must be cast on the ensuing resolutions, may not be delegated.
Article 37. Types of AGM.
AGMs may ORDINARY or EXTRAORDINARY.
The Ordinary AGM must be held once a year, within the six months following the business year-end, has the following powers:
a) To review and cast vote of no confidence against the Cooperative's management.
b) To approve, if applicable, the annual accounts, the balance sheet, the profit and loss account, and the notes to the accounts.
c) To distribute surplus earnings and, if applicable, to write off losses.
d) To introduce restatements of the contributions to the share capital, if proposed by the Management Board.
e) To approve the business plan for the following business year.
All AGMs not included in the above section shall be deemed to be Extraordinary AGMs.
An AGM shall be considered to be validly constituted when all members attend it and none of them object to it being held.
Article 38. Calls to the AGM.
Both Ordinary and Extraordinary AGMs must be called by the Management Board, by means of a notice on the notice board at the registered offices, in addition to sending written notification to each member, at least fifteen days and a maximum of two months in advance of the date scheduled for the meeting.
The call must clearly describe in detail the matters to be dealt with the venue, date and time of the meeting, whereby there must be an interval of half an hour between the first and second call to each meeting.
Calls must also be announced, subject to the same advance notice period as above, in any widely published newspaper in the territory that falls within the scope of its operations. The fifteen-day period shall be calculated exclusive of the date of posting, sending or publishing the call, and of the date on which the AGM is to be held.
Article 39. Special calls.
An Ordinary AGM must be called by the Management Board, within the six months following the business year-end. Should the Management Board fail to call an Ordinary AGM within the deadline stipulated, the Auditors must urge the Management Board to call it and if it does not do so within the fifteen days following receipt of the summons, they must submit an application for a call to the Judge who has the powers to hand down a ruling on the basis of the Cooperative’s registered address, to which the proposed agenda must be attached. The Judge, subsequent to a hearing of the Management Board, must rule on the lawfulness of the call, the agenda, the date and the venue of the AGM, and the person who should chair it. Once the legal deadline has elapsed without the call to the Ordinary AGM having been made, notwithstanding the provisions in the previous paragraph, any member may request that the aforementioned judicial authority call it. In any event, the judicial authority may only process the first application for a call that is submitted.
The Management Board may call an Extraordinary AGM, provided it deems that it is appropriate to do so in the best interests of the Cooperative. It may also call one if requested by at least ten percent of the members entitled to vote or if one is requested by the Account Auditors, with an indication of the agenda. If it is not called within one month, the applicants may file a petition before the Judge with the powers to call it, under the same conditions as established for Ordinary AGMs.
In the event that a Judge calls an AGM, the former shall appoint the persons who are to act as its Chair and Secretary.
Article 40. Constitution of AGMs.
AGMs shall be deemed validly constituted at their first call whenever attended by over half of the members entitled to vote, whether in person or by proxy, failing which the second call to the meeting shall deemed validly constituted no matter how may members attend it. AGMs shall be chaired by the Chair of the Management Board or the person appointed to act as such, and shall be responsible for calling the meetings to order, subject to the formalities required by law. The Secretary shall be the person who acts as such on the Management Board or the person appointed to act as such at the meeting. AGMs shall be held at any venue designated by the Management Board in the city in which the registered offices are located, whereby it shall be understood as the meetings' venue unless otherwise arranged.
Article 41. Passing of resolutions.
AGMs shall pass resolutions by a simple majority of the votes cast in person or by proxy, except in the case of any matters subject to a qualified majority pursuant to the Law or these Articles of Association.
Two-thirds of the votes cast in person or by proxy in favour of a motion shall be required for the following matters.
a) The requirement for new mandatory contributions to the share capital.
b) The issue of stock.
c) Any resolution involving an amendment to the Articles of Association.
c) Spin-offs.
The AGM may not deal with any matters other than those previously set out in the agenda, with the following exceptions:
a) A call to a new AGM.
b) A vote of no confidence against the accounts.
c) The filing of liability claims against members of the Management Board.
Article 42. Right to vote and proxies.
Each member shall be entitled to cast one vote. This right may be exercised through another member at AGMs. Proxies must be appointed in writing and for a specific meeting only, whereby the Management Board shall be responsible for accepting them at the start of the meeting.
Members may not appoint more than one proxy.
Article 43. Meeting minutes.
Once an AGM has ended, the meeting Minutes must be drawn up.
The minutes may be approved by the AGM following on from the meeting, failing which they must be approved within fifteen days of its conclusion by the Chair and two members who do not sit on the governing bodies appointed at the AGM, who must all sign them together with the Secretary.
- Venue and date on which it was held.
- Number of attendees.
- Whether it was held on the first or second call.
- Summary of the matters discussed, with the resolutions adopted and the results of the voting.
- The contributions made by the members who request that they appear in the Minutes.
The Minutes may be approved in the following two ways:
a) Immediately after the AGM has been held, and signed by the Cooperative's Chair and Secretary.
b) Within the fifteen days following the conclusion of the AGM, and signed by the Chair and two members in attendance at the meeting appointed to do so by the AGM who may not be members of any of the governing bodies.
If there are dissenting members in a proportion of above ten percent, they may choose one of them to sign the Minutes.
Any member may request certified copied of the resolutions passed and the Management Board is obliged to provide them.
Article 44. Challenges to resolutions passed.
Resolutions passed by an AGM that contravene the Law, go against the Articles of Association or damage the Cooperative's best interests, to the benefit of one or several members, affiliate members or third parties, may be challenged pursuant to the provisions and within the deadlines established in section 31 of the Act on Cooperatives.
Article 45. The Management Board.
This is the Cooperative's governing and representative body that manages the entity and, if applicable, exercises permanent and direct control over the director’s management. In any event, it shall have the powers to lay down general guidelines on the running of the Cooperative, subject to the policies set by the AGM, and to complete any transactions as provided for by Law and in the Articles of Association.
The Management Board is specifically entitled to:
a) Execute and ensure compliance with these Articles of Association and validly passed resolutions by the AGM.
b) Regulate and organise, to the greatest possible extent permitted, every aspect of the Cooperative's business and to administer its funding.
c) Accept new members, their withdrawal and expulsion.
d) Represent the Cooperative in and out of court, in all classes of meetings and agreements, and to use the corporate signature. Acquire the assets, rights and products necessary for the proper running of the Cooperative, and to arrange financial commitments, credits and loans required for fulfilling the corporate purpose.
e) Release, accept, endorse, arrange the direct debit of, negotiate and pay bills of exchange and other documentary letters of credit, as well as to challenge their payment. Open and close current and credit accounts, whether arranged privately or with the Bank of Spain and other official credit institutions and Savings Banks, whereby it may draw cheques against these accounts and collect the corresponding amounts, as well as having the powers to enter into and authorise all instruments that may be required to do so.
f) Collect revenues and make any payments necessary for the Cooperative's operations and business, whether involving private individuals, other public or private legal entities, or Bodies of Central Government, and Autonomous Community, Provincial and Municipal Authorities.
g) Appoint and remove all of the entity's personnel, whether directors, administrative staff, skilled or unskilled workers, as well as setting their working conditions.
h) Take out insurance, pay premiums and collect any indemnity payments that may be awarded.
i) Execute notarial instruments, and issue and contest notifications and summons.
j) Take any legal actions in and out of court that the Cooperative may have to lodge and, as a consequence, represent it in and out of court and, therefore, appear in person or through Legal Counsel or other attorneys-in fact (to which it may grant or withdraw powers of attorney) before the authorities, bodies and officers of Central Government, the Government of Catalonia and other Autonomous Communities, autonomous community, Provincial and Municipal organisations, and before Companies and other natural persons or legal entities, specifically, water, gas, electricity telephone and other utility companies, and before all classes of Courts, Hearings, Juries, Tribunals, Delegations, Commissions, Committees, Trade Unions, Tax Authorities, Boards, Ministries, Government Departments, and National Banks and Savings Banks, and lodge before them, follow up and terminate, as a plaintiff, defendant or in any other guise, all types of procedures, legal actions, court and civil proceedings, criminal and administrative proceedings, judicial reviews, tax appeal proceedings, government and labour proceedings at any level in any jurisdiction or court by filing petitions, lawsuits and pleas in any proceeding, procedure or appeal whatsoever, including cases of repeal, review and nullity; formulate and answer interrogatories should personal ratification be required and, in general, take any action that is allowed in case law; and submit, request and withdraw documents and certifications, particularly in any type of Registry.
k) Appoint legal representatives and grant powers of attorney, both general and specific, for administrative matters, in order to deal with certain matters, including dealings with banks and credit institutions of any nature whatsoever, subject to the scope and limitations the Board deems fit, whether on behalf of the members of the Board, the Cooperative or third parties, whereby any of the legal representatives appointed or powers of attorney granted may be modified or withdrawn at any time.
l) Submit registrations and complete real estate operations on the Cooperative's assets, including land partition, division and new building work.
m) Take part in calls for bids, tenders and, in general, any requests for tender issued by Central Government, Autonomous Community, Provincial or Municipal bodies, independent and private entities and organisations, by submitting proposals, accepting provisional and final contract awards, constituting and withdrawing provisional and final sureties and guarantees, and signing any public or private instruments that may be required for this purpose.
n) In general, enter into any legal instrument and conduct any legal transactions for the management, administration, disposal and encumbrance of the Cooperative's assets.
The above powers of the Management Board are by way of example only and in no way limit the scope of these powers that for any reason whatsoever fall within its remit in respect of the governance, management and administration of the Cooperative's interests, and for any matters that have not been expressly conferred to the powers of its other governing bodies.
Article 46. Members of the Management Board.
The Management Board is made up of fifteen members, all of whom shall be elected by the Cooperative's members at an AGM by secret ballot.
The posts are: the Chair, Secretary, Treasurer and Members.
Their choice falls to the AGM and their appointment must be registered on the Registry of Cooperatives.
Article 47. Term, renewal, obligatory acceptance, revocation and unpaid nature of the post of Director.
The posts on the Management Board have a term of four years and shall be renewed for half of its members at the halfway stage of the term, whereby the time of renewal for the Chair and Secretary, who may be re-elected to their posts, may not coincide.
At the time of the first renewal, the posts of Chair, Treasurer and even-numbered members shall be renewed, and the second time around those of Vice-Chair, Secretory and odd-numbered members.
Posts are subject to obligatory acceptance, except in the case of re-election or on other legitimate grounds. The AGM may decide to revoke the posts of the members of the Management Board before the expiry of the term for which they were appointed; such resolutions require an absolute majority of the votes cast and if the quorum were insufficient, a second round of voting must be held within thirty days, which shall be decided by a simple majority.
Any posts that become vacant on the Management Board, in the event of the early termination of a term of office, must be filled at the first AGM held and the candidate elected shall remain in the post for the time left of the predecessor to complete the term of office.
Directors shall discharge their duties free of charge, but any expenses incurred therefrom may be covered by the Cooperative, subject to approval by the AGM.
Article 48. Running of the Management Board.
The Management Board shall meet for regular meetings, subsequent to a call by its Chair, at least once every three months. Extraordinary meetings may be held provided they are called by the Chair or if they are requested by any of its members. In the latter case, should the request not be acted upon within ten days, the meeting may be called by the person who submitted the request, provided one-third of the members of the Management Board can be persuaded to support the motion.
In order for deliberations to be deemed valid, at least more than half of the members must attend the meeting.
Resolutions must be passed by an absolute majority of the attendees.
Article 49. Delegation of powers by the Management Board.
The Management Board may delegate its powers to one of its members or to committees made up of some of the members created to deal with a specific matter. The delegation of powers shall require a vote in favour by two-thirds of the Board and the power of attorney granted must be registered on the corresponding Registry of Cooperatives. The delegation of powers may only cover the Cooperative's normal business affairs. The Management Board must always hold the following powers:
a) Setting the general guidelines in the way the Cooperative conducts its business, subject to the general policies established by the AGM.
b) Having permanent and direct control over business affairs that have been delegated.
c) Submitting the directors' report, the financial statements and the proposed appropriation of results.
d) Authorising sureties and guarantees granted to third parties.
Article 50. Liabilities of the Management Board.
The members of the management Board must discharge their duties with the due diligence of a legal representative and prudent businessperson, and they shall be held jointly and severally liable in respect of the Cooperative and its members for any damages arising from malice, abuse of power or negligence. Any liabilities incurred by the directors and auditors for damages shall be subject to the provisions that govern the directors of public limited companies; however, the auditors may not be held jointly and severally liable . Resolutions tabled by the AGM to decide on whether to file a liability claim shall require a simple majority and may be passed even if the motion does not appear on the agenda. The AGM may at any time forgo or waive the right to file a liability claim, provided that five percent of the Cooperative's voting members do not object to such a motion.
Directors who have expressly voted against resolutions that have given rise to damages and who have done everything possible to avoid them shall be held harmless.
Notwithstanding the foregoing, indemnity claims may not be waived if filed by members or third parties due to actions taken be the Management Board that directly harm their interests. The limitation period for filing claims is subject to the provisions that govern the directors of public limited companies, if the plaintiff is a member, or the general provisions in Section 1968 of the Spanish Civil Code, if the plaintiff is a third party.
Article 51. Disqualifications and conflicts of interest of members of the Board and Directors.
The following may not be members of the Management Board or Directors:
a) Public officers whose work is directly related to the Cooperative's business activities.
b) Minors.
c) Persons who conduct similar business to that of the Cooperative or that compete with it, unless the AGM has expressly consented otherwise.
d) Persons who have been disqualified pursuant to Act 22/2003 on Bankruptcy while they are still subject to the period of disqualification handed down as a sentence in bankruptcy proceedings; anyone who has been disqualified from employment or public office; and individuals who due to their post may not conduct business for financial gain.
Members of the Management Board may not hold the post of Director.
Article 52. The Chair, Secretary and Treasurer.
The Chair of the Management Board, who is also the Chair of the Cooperative, is appointed to act on behalf of the Cooperative in and out of court and to chair its governing bodies. The Chair's duties are:
a) To act on behalf of the Cooperative as its legal representative in all types of proceedings and before all types of organisations, authorities, courts, corporations, and other public and private entities.
b) To chair AGMs and the Management Board in their discussions and deliberations.
c) To ensure the performance of all resolutions passed by the Management Board.
d) To approve meeting minutes and certifications, and sign them on behalf of the Cooperative.
e) To grant general and special powers of attorney, as well as powers of attorney for litigation, with broad and sufficient powers as may be required, to Lawyers and Court Agents.
f) To discharge any duties entrusted by the AGM and the Management Board, or that are provided for herein or in the legislation in force.
The Secretary's duties are:
a) To safeguard the Cooperatives books, documents and seals, except those related to accounting.
b) To draw up the meeting minutes of the AGM and Management Board.
c) To issue certifications signed by the Chair, in relation to the Cooperative's books and documents.
d) To serve the notifications arising from the resolutions passed by the AGM and Management Board.
The Treasurer's duties are:
a) To safeguard the Cooperative's funds and to be answerable for all amounts paid out.
b) The safeguard and keep the accounting books.
c) To immediately report any breaches or irregularities that arise in collections, payments and, in general, the Cooperative’s financial management to the Management Board.
Article 53. The Account Auditors.
The AGM shall appoint between one and three Account Auditors from among the members, who shall hold their posts for a term of four years.
They shall discharge their duties free of charge, but any expenses incurred therefrom may be covered by the Cooperative.
Account Auditors may not be members of the Management Board.
This conflict of interest shall also apply to their spouse and relations up to the second degree of blood relationship or kinship.
Article 54. Duties of the Account Auditors.
The Account Auditors shall, at each business year-end, submit a detailed report to the AGM on the Cooperative's notes to its accounts, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account, and any other documents subject to mandatory disclosure that must be submitted to the AGM for approval. The report must be submitted within one month from the release of the documentation.
The AGM may pass a resolution to submit the annual accounts to inspection by persons from outside the Cooperative who are accounting experts.
The auditors shall be entitled, at any time, to check the Cooperative’s documentation and, should more than one do so, they may issue separate reports in the event of discrepancies.
CHAPTER VI. ON THE MODIFICATION OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION, AND THE DISSOLUTION AND LIQUIDATION OF THE COOPERATIVE
Article 55. Amendments to the Articles of Association.
The AGM must pass any resolutions to amend the Articles of Association with a majority of two-thirds of the votes cast in person or by proxy.
In order to register any amendments to the Articles of Association on the Registry of Cooperatives, filing requests must be accompanied by a certified copy of the corresponding meeting minutes executed in a Public Deed.
Article 56. Dissolution and liquidation.
The following are grounds for dissolution of the Cooperative:
a) Pursuant to a resolution passed by a majority of two-thirds of the votes cast in person or by proxy at an expressly called AGM.
b) The finalisation of its corporate purpose or the impossibility of performing it.
c) A reduction in the number of members to below the minimum established by law, if the situation lasts for more than six months.
d) A reduction in share capital to below the minimum established herein, should it not be re-established within a deadline of one year.
e) Due to the governing bodies or the Cooperative's business being brought to a standstill for two years, without legitimate grounds, in such a way that it is unable to continue running.
f) A merger or spin-off that results in the shutdown of the Cooperative.
g) The bankruptcy or receivership of the Cooperative, provided the AGM approves it as a result of a court sentence handed down in this respect.
h) Any other grounds provided for by Law or in these Articles of Association.
3. In the event that points b), c), e) or h) occur, the Management Board must call an AGM, within a deadline of one month from the time the situation has been confirmed, in order to pass a resolution to dissolve the Cooperative. Any member may require the Management Board to call such a meeting if, in the opinion of the member, there are legitimate grounds for dissolution. A simple majority of votes shall be sufficient to pass such a resolution, unless the Articles of Association required a greater majority.
Should the AGM not be called or if it failed to obtain a resolution for dissolution, any interested party may request that a court dissolve the Cooperative.
4. Once the resolution to dissolve the Cooperative has been notarised in a public instrument or, if applicable, a court or administrative ruling handed down, it must be registered on the Registry of Cooperatives and must be published in one of the newspapers with the greatest circulation in the province in which the registered office is located.
The Cooperative shall maintain its legal personality while liquidation is being carried out; during this period, the wording "under liquidation" must be added to the Cooperative's name.
The resolution to dissolve the Cooperative, notarised in a public instrument or, if applicable, the court or administrative ruling handed down, must, in addition to being registered on the Registry of Cooperatives, be published in a widely read newspaper and another with a broad circulation in the territory in which the Cooperative's' registered office is located.
Article 57. Appointment and responsibilities of the liquidators.
The liquidators, who must be of an odd number, shall be appointed by the AGM in a secret ballot. If no appointment has been made in the two months following the dissolution of the Cooperative and the AGM, the Management Board must request the Judge with the powers to do so to appoint the liquidators, who must be chosen from among the members as a first choice and, should this not be possible, from among persons who do not belong to the Cooperative. The request for the appointment of liquidators may also be made by any member of the Cooperative if the Management Board has not done so within one month. Their appointment shall not become effective until the time they accept it and once they have done so it must be registered on the Registry of Cooperatives. From the time the liquidators have been appointed, The Management Board and Directors shall step down.
Throughout the liquidation process, the liquidators must abide by all rules provided for by Law and in these Articles of Association on the rules governing AGMs, to which they must report on the progress made in the liquidation process and submit the corresponding balance sheet for approval.
The liquidators shall carry out all of the operations necessary for the liquidation of the Cooperative, whereby they shall be specifically required:
a) To sign off, together with the Management Board, the Cooperative's inventory and balance sheet at the time they took up their duties, namely, the date on which liquidation began.
b) To safeguard and keep the Cooperative's books and correspondence, as well as keeping check of the soundness of its equity.
c) To conduct any pending operations or any new ones that arise required for the liquidation of the Cooperative.
d) To dispose of the Cooperative’s assets.
3) To claim and collect outstanding loans, through the courts if necessary, whereby they may grant powers of attorney for litigation to Lawyers and Court Agents.
f) To pay creditors, whether they be member or third parties.
g) To enter into transactions and agreements if required in the interests of the Cooperative.
h) To act on behalf of the Cooperative to discharge the duties entrusted to them.
Article 58. Allocation the Cooperative's assets.
The AGM shall set the rules according to which the Cooperative's assets shall be allocated, whereby distribution shall follow the order a), b), c) and d) of section 75.2 of Act 27/1999 on Cooperatives.
In any event, the Cooperative's assets may not be allocated or distributed until all of its debts have been paid in full, the procedure for consigning them drawn up and it has been ascertained that all loans that have not yet matured have been paid off.
Until the contributions provided for in section 45.1.b) of the aforementioned Act have not been refunded, members who had been made redundant and had requested a refund shall be included in the allocation of the Cooperative's assets once the amount due to the Education and Cooperative Promotion Fund has been paid off, whereby they shall take precedence over the contributions due to the remainder of the members.
Article 59. Final operations.
Once the liquidation process has been completed, the liquidators shall draw up the final balance sheet, which shall be submitted to the AGM for approval.
Following the approval of the balance sheet, the liquidators shall proceed to allocate the Cooperative's assets and within fifteen days they must submit an application for all of the entries registered on the corresponding Registry to be cancelled, as well as filing all the books and documents relating to the Cooperative's business affairs with this Registry.
First Additional Provision.
Electronic communications. Messages sent between the members and the Cooperative, including the sending of documentation, calls to AGMs, requests and information, may be carried out using any electronic medium that ensures messages between the members and the Cooperative are properly received.
Second Additional Provision.
Pursuant to the criteria of Act 27/1999 on Cooperatives, this Cooperative has taken on the commitments relating to cooperation between cooperatives and the promotion of training.
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Artículo 38

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Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44
 Artículo 31

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50
 Artículo 1968

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 75

Artículo 59