Source: https://issuu.com/crespial/docs/estado-arte-pci-2008-colombia
Timestamp: 2019-02-18 15:26:57+00:00

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stado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial - Colombia - CRESPIAL by CRESPIAL ORG - Issuu
Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial - Colombia
Colombia RocĂ­o Rubio Serrano
Fiestas Hanga Roa / Isla de Pascua, Chile. Competidores en embarcaciones de totora. Celebración Fiesta Tapati. Fotografía: Claudia Peñafiel.
Alfarería. Pilén. Región del Maule. Chile, Loceras de Pilén. Fotografía: Programa Artesanía CNCA.
La estructura de la actualización del Diagnóstico del Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en Colombia responde a las Consideraciones Técnicas del Centro Regional para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de América Latina (CRESPIAL) para la presentación del Documento de Consultoría (CRESPIAL 2007). No obstante, es de anotar que existen dinámicas particulares que no son factibles de ubicar exclusivamente en uno de los apartes que lo estructuran. Tal es el caso del Programa Vigías del Patrimonio. En su dimensión de programa, corresponde a una iniciativa de política pública que agencia el Grupo de Difusión y Fomento de la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura. No obstante, este programa presenta desarrollos regionales diferenciales que van creando institucionalidad, configurando sus propios marcos conceptuales, generando capacidades locales y propiciando la apropiación social del patrimonio en el ámbito territorial. Ejemplo de ello es el Programa de Vigías en el Departamento de Antioquia.1 En consecuencia, en el documento se señalan vínculos recíprocos entre cada uno de los numerales que lo estructuran. El segundo numeral presenta los antecedentes del PCI en Colombia. En éste se señala cómo los asuntos en la materia han sido trabajados desde vieja data y diferentes perspectivas, a pesar de que el patrimonio inmaterial no ha contado con un 1
Colombia tiene una extensión territorial de 1.141.748 kilómetros cuadrados. Según el Censo de 2005, su población es de 42.888.592 (http://www.dane.gov.co/censo/files/consulta/ PoblacionConciliada.xls). El país está dividido, política y administrativamente, en treinta y dos departamentos y el Distrito Capital de Bogotá. Los departamentos, a su vez, están divididos en municipios (algunos de los cuales también son distritos, pero no con las características del de Bogotá). El municipio es la célula territorial o unidad político-administrativa del país, prestador de los servicios públicos. Actualmente, existen en el país 1.098 municipios.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú
marco de regulación específico ni con recursos técnicos y financieros de destinación definida. También se resalta cómo en los últimos tres años se han llevado a cabo iniciativas sobre la materia, asumido nuevas responsabilidades y presentado avances conceptuales y metodológicos, no obstante el énfasis institucional en el patrimonio material (reconocido en ejercicios de planeación del desarrollo y de prospectiva). El tercer numeral versa sobre el marco normativo del país, las garantías que establece sobre el patrimonio cultural e iniciativas de regulación alrededor del patrimonio inmaterial. Aquí se resalta la mirada a la cultura como fundamento de la nacionalidad y el deber estatal de proteger el patrimonio de la nación, para lo cual se proyectan fuentes de financiamiento, se definen competencias entre los niveles de gobierno territorial y se incluye el tema en ejercicios de planificación. También se reseña la existencia de un marco legal para el sector cultural y dentro de éste un título específico relacionado con el patrimonio cultural. Sin embargo, se anota cómo las disposiciones legales tienen un sesgo alrededor del Patrimonio Cultural Material (PCM), mueble e inmueble, sin que se le asocien contextos inmateriales, lo que resulta un límite para reglamentaciones más acordes con la naturaleza del patrimonio inmaterial. Posteriormente, se alude a los avances conceptuales alrededor del tema y se reseña cómo éstos han sido incorporados en la reforma de la Ley General de Cultura en curso en el país. Adicionalmente, se hace una breve revisión de otras legislaciones con incidencia en el tema. En general, se observa que a pesar de las garantías constitucionales y el reconocimiento de avanzar en regulaciones específicas, se presenta una suerte de “disonancia cognitiva” en las disposiciones, acciones requeridas y metas propuestas en el marco legal con referencia al patrimonio inmaterial.2 En el numeral cuarto se presenta la situación actual para la aprobación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO 2003). Inicialmente, se realiza una breve reseña del procedimiento que debe seguir toda iniciativa de este estilo para ser parte de la legislación nacional. A renglón seguido, se describe el trámite cursado por la Convención, anotando que los inconvenientes para su incorporación no han sido de orden conceptual, sino de términos y de procedimientos en el Congreso de la República y de la revisión por parte de la Corte Constitucional. En la actualidad, la Convención está en la Corte, que debe
“Disonancia cognitiva” es un término prestado de la psicología. Se refiere a las tensiones internas en los sistemas de creencias, actitudes y emociones de una persona al mantener al tiempo dos pensamientos en contradicción. Para el caso que nos compete, la citada disonancia está relacionada con la ausencia de correspondencia entre los diagnósticos o planteamientos sobre el PCI, las acciones desarrolladas y metas formuladas en la política pública.
pronunciarse sobre el tema. Ya lo hizo una vez declarando un vicio de forma subsanable y fijándole al Congreso un tiempo para corregirlo. El numeral quinto revisa las políticas generales de mayor relevancia para el PCI, aquellas que tienen que ver con las iniciativas de prospectiva y planeación. Se concluye de este ejercicio que no se ha logrado formular el PCI como un problema de política coherente e inscribirlo en la agenda pública a partir de su referencial (Muller 2006). Posteriormente se examinan las políticas particulares del sector cultural y se observa el tratamiento dado al PCI. Se plantea un marco amplio que permite su inclusión. No obstante, existe un énfasis institucional en el patrimonio material evidenciable en planes, programas y presupuestos, por ejemplo, hecho que no es equilibrado con el manejo integral del patrimonio cultural, la Ley General de Cultura. Dicho énfasis no se ha capitalizado a favor del patrimonio inmaterial, lo cual es una pérdida de activos. Son pocos los esfuerzos por asociar los contextos de patrimonio inmaterial a otros patrimonios (material, arqueológico, sumergido, por ejemplo). En contraste con las políticas institucionalizadas y validadas, se anotan iniciativas y apuestas públicas más cercanas al ethos del PCI, relacionadas con investigaciones en el tema, las declaratorias de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional3 y las proclamaciones como Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, por parte de la UNESCO, del Carnaval de Barranquilla y el espacio cultural de Palenque de San Basilio. En adición, se reseñan los avances conceptuales de los últimos tres años en el país y los instrumentos metodológicos desarrollados, que trabajan procesos de identificación más que inventarios para la salvaguardia y la propuesta de lineamientos para una política pública sobre el manejo de la salvaguardia del PCI. Por último, se hace referencia a las fuentes proyectadas para el sector cultural y se citan los recursos asignados dentro de éste al PCI. En el numeral sexto, se presentan las instituciones que trabajan alrededor del PCI. Hay un examen de las instituciones del orden nacional (públicas) y del tercer sector nacionales o bien de origen territorial, pero que han entrado en la escena nacional dada su reflexión o quehacer en torno a la salvaguardia de expresiones y espacios culturales declarados (o que pretenden serlo) Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional (Ley 397 de 1997.) Se realiza un balance que observa los acentos de las acciones institucionales, de las organizaciones y las instancias de la sociedad
A la fecha han sido declaradas expresiones y espacios culturales: i) el Concurso Nacional de Bandas de Paipa, Boyacá; ii) la Institución del Palabrero Wayúu; iii) el Espacio Cultural del Palenque de San Basilio; iv) el Conocimiento de la Naturaleza y la Tradición Oral Nukak Makú; v) el Carnaval de Riosucio del municipio de Riosucio, Caldas; y vi) el Carnaval de Negros y Blancos que se realiza en la ciudad de San Juan de Pasto, Nariño.
civil (el tercer sector), así como los vacíos. En cuanto a la sostenibilidad de tales acciones, es preciso decir de entrada que el país social aún está en una etapa de aprendizaje de pensar sus prácticas bajo la lógica del PCI, un aprendizaje cargado de expectativas que deberá irse decantando de manera participativa e incluyente de la diversidad de voces presentes. En este contexto, resulta adecuada la propuesta de los Procesos de Identificación y Recomendaciones para la Salvaguardia (PIRS), que, además de leerse como una herramienta metodológica, pueden ser instrumento de reflexión–acción que promueva la autogestión y la construcción de alianzas estratégicas a partir de los objetivos que sobre el patrimonio inmaterial establecen sus portadores, hacedores, creadores, sabedores, la ciudadanía en general y los propósitos de la salvaguardia. En este se realiza un cuadro resumen que describe las organizaciones, su naturaleza, trayectoria, ámbito territorial y principales acciones en torno a la salvaguardia del patrimonio inmaterial. En los numerales séptimo y octavo se presentan, respectivamente, las conclusiones y recomendaciones que se consideran más pertinentes y estratégicas. En ambos numerales, la información se presenta de manera resumida y se clasifica por grandes ejes para facilitar su lectura. Antes de invitar a la lectura del presente documento, es preciso manifestar el reconocimiento a las instituciones públicas y privadas que prestaron su colaboración para la actualización del diagnóstico del 2005. En particular, quiero manifestar mi agradecimiento al Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial (Bexielena Hernández y Manuel Salge), al Grupo de Difusión y Fomento y a Diana Ramírez de la Dirección de Patrimonio, a Luz Amparo Medina (Grupo de Políticas Culturales y Asuntos Internacionales) del Ministerio de Cultura, a Mónika Therrien, Subdirectora Técnica del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), e igualmente a Patricia Uribe y Gonzalo Castellanos.
Sin duda, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003, da un marco de referencia y de organización para los asuntos relacionados, precisamente, con el PCI y sus debates. Es claro que muchas expresiones inmateriales y sus respectivos espacios culturales han sido estudiados, investigados, difundidos, promocionados y gestionados en el país desde diferentes perspectivas (etnográficas, históricas, antropológicas, folclóricas, políticas, académicas, de turismo cultural, de procesos de reivindicación étnica y construcción de identidades, 150
por ejemplo) y desde diferentes instituciones, con anterioridad a la expedición de la Convención. En efecto, PCI no es un tema del todo nuevo para Colombia. Sin embargo, sí lo es desde un campo de producción (Bourdieu 2003) específico para lo inmaterial de las culturas y la asignación de un sentido patrimonial, en lo territorial y lo nacional, asociado con la creación-recreación de las memorias y la construcción de identidades, vínculos y sentidos de pertenencia a una nación. Hace diez años, en 1997, se expidió la Ley General de Cultura, que recoge el mandato constitucional de 1991 de la cultura como fundamento de la nacionalidad y el imperativo de la protección del patrimonio cultural. Una exégesis de la ley permite anotar que fue redactada bajo lógicas más acordes con las del patrimonio material (mueble e inmueble), salvaguardando el arqueológico y atendiendo especificidades temáticas de otros patrimonios, con especial interés en el histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, productos y representaciones de la cultura popular. La diversidad patrimonial presente en la ley podría dar a entender una concepción holística e integral en su gestión. Sin embargo, los énfasis en las decisiones, las medidas específicas y los presupuestos han estado puestos sobre el PCM (mueble e inmueble), sin que a éste, necesariamente, se le asocie a su contexto inmaterial. Efectivamente, ha faltado tanto un enfoque como una gestión integral del patrimonio cultural, empezando por la misma Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, cubriendo el sector cultural, llegando a otros sectores y a lo territorial, a partir de una mirada transdisciplinaria, incluyente y participativa. No obstante, los asuntos relacionados al PCI van abriendo su espacio entre los márgenes institucionales. De hecho, en el Plan Nacional de Cultura (2001–2010), el patrimonio no sólo está asociado a lo material, sino también a la creación y recreación de las memorias, al igual que a la construcción de sentidos de pertenencia, permanencia e identidad. En el nuevo siglo XXI, los asuntos relacionados con el PCI entran a la escena y van adquiriendo un protagonismo mayor. Entre los márgenes normativos e institucionales se van desarrollando los debates sobre el tema sin que aún esté incorporada la Convención de la UNESCO, 2003, y exista un marco regulatorio a nivel nacional y sectorial. Se ha realizado avances conceptuales significativos y asumido responsabilidades adicionales, que retan a la gestión institucional y la re-significan. En los últimos tres años (2004-2007), se realizaron adecuaciones institucionales en el Ministerio de Cultura (creación del Comité de Patrimonio In151
material, del Grupo de Patrimonio Inmaterial y del Premio de Gastronomía y Patrimonio, por ejemplo) .y se abordaron las responsabilidades derivadas de las declaratorias como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional de seis expresiones diversas y de las proclamaciones del Carnaval de Barranquilla y Palenque de San Basilio como Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. No sólo se ha incorporado el lenguaje de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003, sino que se han realizado gestiones para su incorporación en la legislación nacional y se viene adelantando una reforma a la legislación sectorial que adecúa, armoniza y complementa sus disposiciones con la Convención. De otra parte, el PCI adquiere una relación mayor con los procesos de construcción de memoria(s) y creación de una comunidad política imaginada (una nación). En esta relación hay debates, discusiones, puntos de acuerdo o de partida y conflictos. Sin embargo, ello es propio de la naturaleza del tema y su carácter dinámico, a lo que se suman las implicaciones de su vigencia en un país diverso, en vías de desarrollo y atravesado por situaciones de conflicto violento (que restringen libertades ciudadanas y espacios públicos). Un país que, no obstante, apuesta a su construcción desde la diversidad (étnica, cultural, regional) y cuyo reto es no sólo fortalecer sus culturas, sino propiciar relaciones entre éstas de forma participativa, pluralista y democrática. En este marco y en estos márgenes, se ha avanzado en proponer una definición institucional del PCI por parte del Grupo de Patrimonio Inmaterial (Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura). Esta definición revisa lo formulado por la Convención de la UNESCO, 2003, las primeras propuestas realizadas por la Dirección de Patrimonio, las dinámicas conceptuales de la Campaña de Sensibilización sobre el PCI (Demuestra quién eres), los debates del Comité de Patrimonio Inmaterial y los aportes académicos y conceptuales del ICANH, señalando que: “El PCI está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.”
La anterior definición se incorpora a la propuesta de Lineamientos de Política Pública sobre el Manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial, que está en discusión y para aprobación del Despacho de la Ministra de Cultura. Adicionalmente, es el marco de referencia para los conceptos técnicos que debe rendir el Grupo de Patrimonio Inmaterial en relación con proyectos de patrimonio cultural (financiados por recursos del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a la Telefonía Móvil y los presentados en el Programa de Concertación y en el Programa de Estímulos, liderados por el Ministerio de Cultura) e inspira la propuesta metodológica sobre los PIRS. También es referente para otros conceptos en otros ámbitos de política pública como, por ejemplo, las regulaciones sobre turismo cultural, derechos de propiedad, derechos colectivos, planes educativos, políticas regionales.
Marco normativo del PCI
3.1. Dimensión constitucional Colombia es una república organizada bajo una forma descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, con jurisdicciones especiales para los territorios indígenas y con la facultad de la titulación colectiva para las comunidades negras. Cuenta con un sistema político presidencialista y de soberanía popular, bajo un marco democrático, participativo y pluralista. El Estado colombiano es un Estado Social de Derecho. Es decir, que se trata de una forma estatal que no sólo debe velar por los derechos de primera, segunda y tercera generación (individuales o colectivos) de sus asociados, sino que además debe garantizarlos y promoverlos. La Constitución Política de 1991, por su parte, establece que Colombia es un país pluriétnico y multicultural. Asimismo, consagra el respeto por la diferencia y señala que la diversidad es un eje para la construcción de la nación (unidad en la diversidad). En consecuencia, cada uno de sus ciudadanos tiene derecho al desarrollo de la libertad e igualdad, lo que prohíbe toda forma de discriminación. En este orden, la cultura es fundamento de la nacionalidad; por tanto, el Estado debe protegerla, fomentarla, promocionarla y difundir sus valores. Adicionalmente, le corresponde la protección del Patrimonio Cultural de la Nación desde una perspectiva acorde a la de derechos culturales, responsabilidad que es compartida con la ciudadanía. La Constitución establece competencias entre la Nación y las entidades territoriales con respecto a las regulaciones sobre el patrimonio, las fuentes para su 153
financiamiento y la inclusión en los ejercicios de planificación territorial. Además, permite y establece representaciones del sector cultural para que agencien sus intereses, dentro de los cuales están los asuntos relacionados con el patrimonio cultural. Es de anotar, de otra parte, que la cultura es observada constitucionalmente no sólo con referencia a expresiones artísticas o estilísticas, sino también como marco de referencia o de sentido para una visión compartida de futuro, una suerte de politeia, que permite la convivencia entre los colombianos y crea lazos, vínculos y sentidos de pertenencia a una comunidad política imaginada; es decir, a la Nación (Anderson 1997). En resumen, en el país existe un marco constitucional que genera las garantías necesarias y suficientes para la protección, salvaguardia, desarrollo y demás aspectos relacionados con lo cultural y lo que en este ámbito es definido como patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. El referente constitucional orienta y permite desarrollos legales, al igual que diferentes regulaciones tanto desde lo sectorial como desde lo territorial y lo poblacional. Se trata de un marco de sentido que, además, genera instrumentos, mecanismos y da facultades a los ciudadanos para que defiendan, protejan e instauren acciones en pro de la defensa del patrimonio cultural.
3.2. Legislación sectorial Como se anotó, existe un marco constitucional amplio y garante de los asuntos culturales, con un enfoque de derechos. Con base en los mandatos constitucionales, el Congreso de la República expidió la Ley 397 en 1997, por la cual se desarrolla los Artículos 70, 71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias. La citada ley es conocida como la Ley General de Cultura, que retoma el concepto de la(s) cultura(s) como fundamento de la nacionalidad y señala que sus manifestaciones son parte integral de la identidad colombiana. En cuanto al patrimonio cultural, la ley refuerza el compromiso o responsabilidad compartida entre el Estado y sus asociados para protegerlo. A renglón seguido, le fija al Estado un compromiso mayor con el patrimonio cultural (asociado a la identidad) de los grupos étnicos y lingüísticos. En adición, formula que el objetivo de la política estatal es “la preservación del Patrimonio Cultural de la Nación y el apoyo y el estímulo a las personas, comunidades e instituciones que desarrollen o promuevan las expresiones artísticas y culturales en los ámbitos locales, regionales y nacional” (Ley 397, Artículo 2; énfasis de la autora). 154
En particular, el segundo título de la Ley 397 está dedicado al patrimonio cultural y lo define como los bienes (materiales e inmateriales) de especial interés (temático) y los valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, al igual que las manifestaciones de la cultura popular. Crea la figura jurídica de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, que pueden ser declarados por el Ministerio de Cultura de acuerdo con criterios previamente establecidos. Asimismo, establece un régimen para este tipo de bienes, indicando que son inembargables, imprescriptibles e inalienables. Adicionalmente, la ley formula que la política en la materia tendrá como “objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro” (Ley 397 de 1997, Artículo 5; es de resaltar el énfasis en lo material). Cabe anotar que si bien la Ley General de Cultura responde al marco constitucional, articulando el patrimonio con la identidad, los sentidos de pertenencia, la diversidad y la nacionalidad (que a su vez supone una relación con la creación – recreación de memorias colectivas), sus disposiciones sobre el patrimonio cultural parecen estar inspiradas en el marco conceptual del PCM, sin que necesariamente estén presentes vasos comunicantes con el inmaterial u otro tipo de patrimonio. Es claro que una de las características del PCI es su carácter dinámico, lo que no necesariamente implica una preservación de sus manifestaciones o su conservación - rehabilitación. En efecto, estas manifestaciones, al transmitirse en el tiempo y en diferentes espacios, experimentan procesos de transformación que no son antagónicos necesariamente a las dinámicas de creación de memoria, de construcción de identidades y sentidos de pertenencia o, en términos generales, a la vigencia y respeto de la diversidad cultural. De otra parte, la ley asocia un interés temático al patrimonio cultural, hecho que en principio no es cuestionable. Sin embargo, al revisar sus siguientes disposiciones no se observa la participación que deben tener los individuos, grupos y comunidades en la definición de lo que es patrimonio. No obstante, este olvido es subsanado por el Ministerio de Cultura en el Plan Nacional de Cultura, puesto que uno de sus tres campos de política es, precisamente, la participación. Existen, además, otras legislaciones sectoriales que promueven la participación ciudadana. Tal es el caso de las leyes de planeación y de participación (Ley 152 de 1994 y Ley 134 de 1993). En cuanto a la participación de grupos étnicos, es de mencionar que Colombia incorporó en la legislación nacional el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través de la Ley 21 de 1991, que establece la obligación 155
de realizar un proceso de consulta previa en relación con los asuntos que les competen o afectan y con la expedición de medidas legales y administrativas. En resumen, es factible afirmar que la legislación sectorial retoma mandatos constitucionales y desarrolla una ley marco para la cultura. En ésta, lo relacionado con el patrimonio cultural tiene un peso preponderante. El patrimonio se presenta como un concepto integral que incluye el material, inmaterial, arqueológico, sumergido, entre otros, así como las manifestaciones de la cultura popular. Sin embargo, las disposiciones específicas de la ley están diseñadas u orientadas con un énfasis más material (mueble e inmueble), sin que necesariamente se le asocie un contexto inmaterial, lo que se convierte en una restricción al tratar de realizar desarrollos reglamentarios más acordes y específicos con esta perspectiva. Sin embargo, el Ministerio de Cultura y, en particular, el Grupo de Patrimonio Inmaterial han realizado avances conceptuales que sirven de marco de referencia para la acción estatal. En particular, en cuanto al PCI, son de citar: 1. La propuesta de lineamientos en torno a una “Política Pública sobre el Manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial” y 2. El “Manual para la Implementación del Proceso de Identificación y Recomendaciones de Salvaguardia de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial (PIRS)” Estos desarrollos buscan incorporar las voces de las comunidades. Su participación, concurso y apropiación es condición sine qua non para adelantar las intervenciones estatales. Sin lugar a dudas, lo reseñado podría potenciarse aún más de contar con la ratificación de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y con disposiciones sectoriales más acordes con el tema. Conciente de este límite, el Ministerio de Cultura ha liderado el proceso de incorporación de la Convención y se encuentra adelantando una reforma a la Ley 397.
3.3. Reforma a la Ley General de Cultura Entre el 2005 y el 2006, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, presentó la reforma a la Ley 397 de 1997. Esta fue radicada en el Senado de la República e incluyó ciertas referencias a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. El proyecto de ley cursó su trámite y fue aprobado por el Senado. En aquel entonces se había tomado la decisión de que no se haría 156
referencia explícita al patrimonio inmaterial, dado lo reciente del tema. Sin embargo, en su trámite en la Cámara de Representantes, el Ministerio de Cultura tomó la decisión institucional de incluir disposiciones sobre el PCI. En la actualidad, el proyecto de reforma ya fue aprobado en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes y espera su debate en la plenaria. Si el proyecto es aprobado en sesión plenaria de la Cámara, deberá pasar por un proceso previo antes de ser enviado a sanción presidencial. Este proceso consiste en una comisión de conciliación, conformada por una delegación de parlamentarios del Senado y una de la Cámara. Lo anterior debido al texto modificatorio que se introdujo en el debate en la Comisión Sexta. En este documento sólo se hará referencia a las disposiciones relacionadas con el PCI. El primer artículo del proyecto de ley reforma el Artículo 4 de la Ley 397 de 1997 e incluye en la integración del patrimonio cultural de la nación las manifestaciones inmateriales, definiendo como objetivos de la política la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación y señalando como sus instrumentos los planes sectoriales y de desarrollo social y económico. Igualmente, establece un régimen especial para los Bienes declarados de Interés Nacional y las manifestaciones incluidas en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial. De otra parte, la reforma en curso crea el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, conformado por las instancias públicas con competencias en la materia, por los bienes y las manifestaciones del PCI, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional (planificación, información) y por las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, “articulados entre sí, que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación” (Artículo 2 de la Propuesta Sustitutiva de la Ponencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes). También se introduce cambios en la composición, funciones y denominación del Consejo Nacional de Monumentos.4 Con la reforma, éste se denomina Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y conserva su carácter de órgano asesor del Gobierno Nacional, pero para la “salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación” (Artículo 4 de la Propuesta Sustitutiva de la Ponencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes).
En la integración se elimina la presencia del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH.
En adición, la reforma establece que el patrimonio cultural “está constituido, entre otros, por las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva. Es transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno, su interacción con la naturaleza, historia y contribuye a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana” (Artículo 8 de la Propuesta Sustitutiva de la Ponencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes). De otra parte, crea la figura de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, que incorpora las declaratorias de manifestaciones y los espacios culturales y establece la obligatoriedad de los planes de salvaguardia, orientados al “fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación”. El contenido y alcance de los planes será reglamentado por el Ministerio de Cultura y el ICANH ayudará en la definición de herramientas para la identificación de las manifestaciones, proceso que contará con la participación de las comunidades. Finalmente, proyecta una serie de estímulos para el patrimonio cultural y, en el caso del patrimonio inmaterial, se señala que habrá futuras reglamentaciones de los mismos para la “salvaguardia y divulgación de las manifestaciones del PCI, en consideración a que éste carece de propietario individualizado” (Artículo 14 de la Propuesta Sustitutiva de la Ponencia de la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes). Se consideró importante presentar algunos detalles de la reforma a la Ley General de Cultura dadas las disposiciones que efectúa en relación con el PCI. Este desarrollo no sólo visibiliza un cambio político, sino a la vez permite observar los avances conceptuales y técnicos que se han debatido en los últimos dos años en el país. En la reforma, se retoma y recrea la definición de PCI que establece la Convención de la UNESCO, 2003. No obstante, la definición de la Convención es ajustada dándole primacía a los sentidos de pertenencia y los vínculos con la memoria colectiva, al igual que al reconocimiento colectivo. Adicionalmente, el eje ordenador de las actuaciones estatales es la salvaguardia y los lineamientos para desarrollar procesos de identificación. Son de resaltar, como un aporte del debate nacional al tema, los procesos de identificación y el énfasis en la participación de las comunidades. La identificación se 158
asume como una herramienta más adecuada para la salvaguardia y la naturaleza dinámica del PCI que los inventarios (señalados en el Artículo 12 de la Convención, UNESCO 2003). De otra parte, cabe destacar las adecuaciones de lenguaje y técnicas que introduce la reforma en cuanto al Sistema Nacional de Patrimonio Cultural, la figura de la Lista Representativa, la división intra-sectorial de competencias con respecto a las entidades territoriales y la puerta que abre a futuras reglamentaciones. Actualmente, el país está en un momento político favorable y con un acervo técnico sólido para avanzar en un proyecto legislativo más acorde con el carácter del PCI. Muestra de ello es la decisión política de incluir el tema en la reforma de la Ley General de Cultura. Este es un paso significativo que debe darse y un marco de referencia para incorporar lo inmaterial en otras legislaciones sectoriales o regulaciones estatales. En adición, se recomienda que si bien es necesaria la especificidad del PCI, no se debe olvidar sus lazos comunicantes con otros tipos de patrimonio y otros aspectos del sector cultural y de la cultura en general.
3.4. Legislación Orgánica de Planeación – Plan Nacional de Desarrollo Prioridades para el Cuatrienio 2006 - 2010 En el ordenamiento jurídico colombiano, una vez elegido el gobierno (nacional o territorial), éste deberá tramitar su respectivo plan de desarrollo, que incorpora el programa de gobierno presentado a la ciudadanía, de acuerdo con lo establecido en la Ley 152 de 1994. Para el período 2006 – 2010, el Gobierno Nacional formuló el Plan Nacional de Desarrollo: Estado Comunitario, Desarrollo para Todos. Este regula sus actuaciones y fija sus prioridades para el cuatrienio, marco para las correspondientes asignaciones de presupuesto y la gestión de los recursos de cooperación internacional. En este contexto, es prioritario revisar lo consignado en el actual Plan de Desarrollo con respecto a lo cultural y, en particular, al patrimonio. En su capítulo séptimo, Dimensiones Especiales del Desarrollo, se incluye lo relacionado al tema. Según éste, la cultura comprende tanto las expresiones artísticas, estilistas y culturales como los valores que promueven la convivencia en el país. Además, es una dimensión transversal del desarrollo y palanca para éste, dado que permite cohesión, fortalece el capital social y genera industrias. Dentro de las metas y acciones requeridas, se propone la conservación del patrimonio cultural, dada su presencia en la vida cotidiana, su poder de convocatoria, su capacidad para generar referentes colectivos, mejorar la calidad de vida, generar riqueza y crear “un ámbito en el que somos capaces de reconocernos como parte de una comunidad con voz propia” (Presidencia de 159
la República – Departamento Nacional de Planeación 2006: 577). De otra parte, se anota que existe énfasis institucional en el patrimonio histórico y monumental. Por tanto, señala la necesidad de incluir otros patrimonios (dentro de los cuales está el inmaterial) en las políticas públicas y de asociarlos con procesos socioculturales de desarrollo sostenible y con dinámicas urbanas para afianzar sentidos de identidad y pertenencia. En consecuencia, se señala como prioridad para el cuatrienio el fortalecimiento del enfoque integral del patrimonio mediante un balance en “la atención que se le presta al aspecto monumental, generalmente propio de bienes inmuebles, frente a otros aspectos de los bienes culturales muebles e inmateriales, referidos a las memorias cotidianas y al contexto sociocultural en el cual se ubican.” No obstante, las metas propuestas son “veinte monumentos intervenidos” (Presidencia de la República – Departamento Nacional de Planeación 2006: 577) . En lo anterior, se presenta una suerte de disonancia cognitiva o bien de tensión entre los postulados iniciales y las metas. A pesar del diagnóstico y la propuesta de manejo balanceado de los diferentes patrimonios, las metas mantienen el énfasis institucional que se formulaba como necesario de corregir. Este tipo de situación señala algunas incoherencias presentes en el marco normativo en pro de las actuaciones estatales alrededor del PCI y la ausencia de un referencial de política pública sobre el PCI (ver Muller 2006: 99). Otras metas o acciones requeridas que se proponen en el Plan Nacional de Desarrollo 2006–2010 están relacionadas con el fortalecimiento de la participación ciudadana en el sector, a través de la consolidación del Sistema Nacional de Cultura; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información Cultural (SINIC) y las investigaciones en antropología y lingüística; el impulso a iniciativas como el Sistema Nacional de Formación Artística y Cultural (SINAF); la continuidad de los programas nacionales de Estímulos y de Concertación, así como de los planes nacionales de Artes, de Música para la Convivencia y de Cultura y Convivencia. Se aprecia que la formulación de estas metas o acciones es de un carácter auto-contenido. En consecuencia, sería interesante observar estos planes y programas como sistemas abiertos que permitan articulaciones o bien generen vasos comunicantes con el PCI. En efecto, hay aspectos de estas iniciativas, programas y planes que permiten potenciar la participación de los ciudadanos, grupos y comunidades en el manejo, gestión, apropiación y reconocimiento del patrimonio inmaterial, en la sensibilización y la formación al respecto e igualmente en la creación de capacidades sobre el tema en lo conceptual, técnico, operativo, así como en su gestión y financiamiento.
Situación de la firma de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Inmaterial
4.1. Procedimiento general Colombia es una república unitaria y descentralizada. Su sistema político es de corte presidencialista, con un órgano de naturaleza representativa que ejerce las funciones de control político y legislativo: el Congreso de la República. Este órgano se encuentra compuesto por el Senado de la República, de circunscripción nacional, y la Cámara de Representantes, de circunscripción regional. La incorporación de una iniciativa, regulación o tratado internacional a la legislación nacional implica su discusión o debate por parte del Congreso, trámite que se surte tanto en las comisiones especializadas del Senado y la Cámara como en sus respectivas sesiones plenarias. Por tanto, es necesario que la iniciativa curse cuatro debates para ser incorporada en la normatividad nacional; luego pasa a sanción (u objeción) presidencial y, posteriormente, a revisión por parte de la Corte Constitucional.
4.2. Situación de la Convención En 2005, el Gobierno Nacional presentó al Senado de la República el proyecto por el cual se aprueba la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (aprobada en octubre 17 de 2003 en el marco de la Sección Trigésimasegunda de la Conferencia General de la UNESCO). En la primera legislatura de 2005, el citado proyecto cursó su tramité en la Comisión Segunda del Senado y fue aprobado, dando paso a su debate en la plenaria. En la segunda legislatura, el proyecto fue aprobado por la plenaria del Senado. En el 2006, la Cámara de Representantes desarrolló el debate del Proyecto de Ley 1037 de 2006, por el cual se incorpora la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003. Este proyecto cumplió su trámite tanto en la comisión como en la plenaria de la Cámara, siendo aprobado y sancionado por la Presidencia de la República e incluso fue publicado en el Diario Oficial. No obstante, la Corte Constitucional, en su revisión, declaró que existió un vicio de forma en el trámite del proyecto, factible de subsanar.5 Por tanto, demandó la revi5
El vicio de forma en cuestión tiene que ver con que el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes anunció que el proyecto se debatiría en una sesión, pero realmente no se debatió en la anunciada, sino en la sesión siguiente a la misma.
sión del citado proyecto, de nuevo, por la Cámara y fijó un tiempo perentorio para efectuar tal revisión (veinte días). En el 2007, primera legislatura, la Cámara de Representantes realizó el debate del proyecto, que fue debidamente anunciado. Sin embargo, el debate en la Comisión Segunda no se llevó a cabo en el plazo que fijó la Corte debido a que la Comisión estaba debatiendo el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América, que tenía mensaje de urgencia e insistencia por parte de la Presidencia de la República. La Convención para la Salvaguardia se debatió y aprobó en la sesión siguiente a la aprobación del TLC, pero fuera del término. En paralelo a esta situación, el Ministerio de Cultura, mediante oficio, le informó a la Corte Constitucional sobre los inconvenientes prácticos y de procedimiento para aprobar la Convención de la UNESCO, 2003, en los tiempos establecidos. Sobre el particular, la Corte respondió que esta situación la consideraría una vez dictara su fallo definitivo sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley 1037 de 2006. En el momento, la Corte Constitucional se encuentra revisando la corrección del vicio de forma, el expediente del citado proyecto y las actas de su nuevo trámite en la Cámara de Representantes. En resumen, si la Corte sopesa el mensaje de urgencia e insistencia que tenía la aprobación del TLC como la razón para que la Cámara de Representantes no hubiera cumplido con el plazo que le fijó para el Trámite de la Convención, es factible que ésta se incorpore a la legislación nacional. En caso contrario, su aprobación e incorporación tendría que iniciar de nuevo su trámite en el Congreso, decisión que retardaría al menos dos años más su aprobación e incorporación a la normatividad nacional, a juzgar por el tiempo que tomó el Proyecto de Ley 1037 de 2006.
Políticas relacionadas con el PCI
5.1. Ejercicios de Prospectiva Generales y Planes de Gobierno En Colombia, el Gobierno Nacional ha formulado un ejercicio de planeación estratégica y prospectiva conocido como Visión Colombia Segundo Centenario o Visión Colombia 2019. La Visión se constituye a partir de la consolidación de un modelo político democrático y el afianzamiento de un modelo socioeconómico sin exclusiones, teniendo en cuenta un mundo en transformación, un territorio privilegiado y una población en transición. Para alcanzar lo anterior, se propone como objetivos:
una economía que garantice mayores niveles de bienestar, una sociedad más igualitaria y solidaria, una sociedad de ciudadanos libres y responsables, y un Estado al servicio de sus ciudadanos.
En el marco del segundo objetivo se ubican los asuntos culturales y se considera a éstos como medios e instrumentos para la convivencia. En este orden, la Visión 2019 recoge la definición de cultura propuesta en la Ley 397 de 1997 y los planteamientos del Plan Nacional de Cultura 2001–2010, Hacia una Ciudadanía Democrática Cultural. En particular, formula la siguiente visión en términos de lo cultural: “En el 2019, Colombia será una Nación creativa y responsable de su memoria, donde todos los ciudadanos, sin distingo de ninguna índole, sean capaces de interactuar y cooperar entre sí, con oportunidad de creación y disfrute de las expresiones culturales, en condiciones de equidad y respeto por la diversidad” (Presidencia de la República – Departamento Nacional de Planeación 2005:266). La propuesta de Visión 2019 señala avances sustantivos en la protección de los derechos culturales. No obstante, afirma que aún faltan desarrollos para garantizar la inversión privada en la cultura, la división o definición de competencias, la consolidación del Sistema Nacional de Cultura, la creación de un sistema de información, la superación de vacíos jurídicos en torno al patrimonio, entre otras materias. En consecuencia, propone cinco metas o acciones requeridas, una de las cuales busca aumentar el porcentaje de población que tiene una apropiación social del patrimonio cultural y ejerce el reconocimiento de la diversidad.6 En este campo se propone educar a la ciudadanía en el concepto de patrimonio para sensibilizarla y comprometerla con su salvaguardia e impulsar investigaciones en la materia; específicamente, se plantean las metas del cuadro a continuación:
Los otras son: i) aumentar el porcentaje de la población que asiste a actividades y servicios culturales, ii) generar condiciones para la creación y la producción cultural; iii) aumentar el porcentaje de la población en procesos cualificados de formación cultural y artística formal y no formal; y iv) aumentar el promedio de lectura de libros por habitante.
Situación 2010
Situación 2019
Aumentar el número de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional intervenidos y restaurados.
Aumentar el número de Planes Especiales de Protección a centros históricos declarados Bienes de Interés Cultural de la Nación.
Aumentar el número de personas que participan en actividades de difusión, divulgación y promoción.
Como observa el lector, el ejercicio prospectivo carece de una aproximación integral al patrimonio cultural, donde esté presente el inmaterial. Si bien hay una formulación interesante en términos de apropiación cultural y reconocimiento de la diferencia, ésta tiene un énfasis marcadamente material dada la formulación de las metas. Sin contar, además, con el carácter netamente cuantitativo de sus indicadores y la pertinencia de los mismos, pues 8040 personas de un total de 44 millones resulta una cifra que genera hilaridad si no se conecta con otros aspectos más cualitativos. Por último, no hay coherencia entre los propósitos perfilados en materia de patrimonio cultural (educar, sensibilizar, investigar y promover su salvaguardia) y las metas propuestas. Lo anterior permite enunciar la siguiente tesis: el país no ha logrado formular cuál es el problema de la política pública al respecto y no ha logrado inscribirlo en la agenda pública, de manera que sea compartida y reconocida por actores estratégicos y públicos diversos (Muller 2006 y Roth 2006). Ahora bien, la Visión 2019 fue posterior a la formulación del pasado Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006, Hacia un Estado Comunitario, y es referente para el actual. La importancia de los planes de desarrollo radica en la definición de las prioridades políticas del Gobierno Nacional. En el contexto de la re-elección presidencial, se esperaría continuidad y complementariedad en los objetivos de política. El primer plan (2002-2006) incluye la cultura dentro del objetivo de la Seguridad Democrática, a partir del fortalecimiento de la convivencia y los valores. La cultura es observada como un instrumento para el respeto de los derechos humanos, el fomento del pluralismo y la participación ciudadana y como el común denominador de la construcción colectiva de un proyecto futuro. Realiza un balance de la situación del sector cultural, señalando riesgos para su sostenibilidad, la ausencia de estímulos para la inversión privada, de información para la toma de decisiones, la debilidad del proceso de descentralización del sector, la fragilidad de la agenda internacional de promoción, la desarticulación de las fuentes de financiación y la ausencia de un registro del patrimonio 164
intangible del país, entre otros aspectos. Finalmente, propone cuatro líneas de acción: i) reconocimiento y formación en valores; ii) Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas; iii) Plan Nacional de Música para la Convivencia; y iv) fortalecimiento de la institucionalidad cultural a través del Sistema Nacional de Cultura, la elaboración de un Plan de Estadísticas e Indicadores para el Sector, la definición de la agenda intersectorial, la reglamentación de la Ley 397, entre otras acciones. En cuanto al plan 2006–2010, las acciones ya han sido citadas en el aparte 3 del documento. Sin embargo, sería de mencionar que en éste existe un menor énfasis conceptual que relaciona la cultura con la convivencia. Por tanto, ya no está inscrita en el objetivo de seguridad democrática, sino dentro de las dimensiones especiales del desarrollo. En cuanto al patrimonio cultural, éste tiene un peso mayor en la formulación de las problemáticas e iniciativas públicas (con respecto a la sola alusión de carencia de inventarios sobre éste del anterior plan). No obstante, se presenta una suerte de disonancia cognitiva entre el diagnóstico realizado y las metas o acciones requeridas que propone el citado plan. En conclusión, las representaciones sobre el patrimonio cultural en los ejercicios de planeación y prospectiva no han logrado formular el problema alrededor de éste, sus consecuencias y factibles soluciones. Este hecho quizás se deba a la falta de sensibilización de los diseñadores de políticas públicas al respecto y de un referencial de la política pública (Muller 2006) en torno al PCI. Se advierte que lo expresado no niega los avances conceptuales y técnicos en materia del PCI, los cuales son significativos teniendo en cuenta la ausencia de un marco regulatorio específico del tema, así como los recursos técnicos y financieros con que cuenta a nivel central y sectorial.
5.2. Ejercicio de prospectiva sectorial El Plan Nacional de Cultura 2001–2010, Hacia una Ciudadanía Democrática Cultural, es un plan colectivo desde y para un país plural, que busca ampliar lo público incorporando nuevas dimensiones. Se trata de una democracia cultural que reconozca la pluralidad de los sujetos y a éstos como agentes políticos culturales directos. El Plan de Cultura es un ejercicio de prospectiva del sector cultural, una ruta o acuerdo y un proyecto colectivo, abierto y pedagógico. Con base en la Ley 397 y los mandatos constitucionales, se presenta como una política de Estado cuyo fundamento es la pluralidad. El Plan reconoce la existencia del conflicto violento en Colombia, lo rechaza categóricamente y propone la protección de las memorias y procesos de creación. 165
La cultura y lo cultural no sólo hablan de manifestaciones culturales, sino también de procesos de significado. La cultura genera espacios para la reflexión y resignificación de las relaciones de poder y está atravesada por diversas espacialidades (tejidos y formas de vinculación a expresiones colectivas). Lo cultural se presenta como la base para la construcción del desarrollo social, político y económico. Sus planes, proyectos e iniciativas deberán ser el resultado de la discusión, diálogo y concertación con las visiones del mundo y los intereses de grupos diversos. La viabilidad depende de la pertinencia y sostenibilidad. Por tanto, las políticas culturales deben tener en cuenta “realidades contemporáneas de mundialización de la cultura y de globalización de la economía, que permitan establecer diálogos en igualdad de condiciones, aprovechar oportunidades, así como defender eficientemente los intereses sociales y culturales de sectores que puedan ser afectados desfavorablemente” (Ministerio de Cultura 2001: 12). El Plan Nacional de Cultura está estructurado a partir de tres campos de política: i) participación, ii) creación y memoria, y iii) diálogo cultural. A cada uno de éstos le corresponde una serie de políticas con sus respectivas estrategias. El primer campo pretende propiciar, en la práctica, la participación ciudadana en los espacios de decisiones y establece mecanismos que obligan al Estado a recoger las propuestas producto de ejercicios de planeación participativa. En el segundo adquiere especial importancia “el despliegue de aquellos elementos tangibles e intangibles que son colectivamente interpretados como símbolos que ligan la memoria con tiempos y territorios específicos y que crean sentidos de permanencia y pertenencia…” (Plan Nacional de la Cultura, p. 45). El tercero busca, paralelamente al reconocimiento de la diversidad, “una dinámica equilibrada de diálogo en las culturas y entre las culturas desde sus contextos y especialidades” (Rubio 2005:24). El patrimonio cultural está inscrito en el segundo campo y es el resultado del diálogo permanente entre memorias colectivas, que crean símbolos colectivos conectados a tiempos y territorios específicos, creando sentidos de pertenencia y permanencia. Es, también, fundamento de la nacionalidad y permite construir una comunidad política, crear proyectos de futuro. En consecuencia, formula el plan que el Estado debe reconocer el “derecho que cada grupo humano posee de valorar y conservar su patrimonio cultural de forma integral y que fomente todas aquellas formas de preservación, conservación, documentación, investigaciones y proyección social que sean necesarias para garantizar la actualización, creación y puesta en escena de nuevas memorias colectivas” (Ministerio de Cultura 2001: 42). 166
En el diagnóstico del Plan Nacional de Cultura, el país ha tendido al patrimonio monumental, que enfatiza lo estático e inmutable de la memoria. Esta situación se observa en la distribución de recursos. En cambio, el patrimonio inmaterial ha sido objeto de acciones discontinuas, a pesar de sus efectos positivos (en materia de investigación, valoración y difusión, por ejemplo). En contraste con lo planteado, cuando se perfilan políticas y estrategias en el plan, éstas no recogen en su totalidad, o a lo sumo de manera fragmentada, el debate conceptual que se ha realizado y no proponen alternativas de solución a la problemática planteada. En general, las propuestas tienen un sesgo hacia la creación cultural y artística. Sin embargo, es de anotar la visibilidad que se realiza del patrimonio cultural en este ejercicio y un marco conceptual amplio que permite desarrollos futuros. En síntesis, si se considera el marco normativo del sector (mandatos constitucionales y su legislación sectorial) y los ejercicios de planificación, es necesario afirmar que el PCI cuenta con un telón de fondo conceptual en el cual es factible proyectarse.
5.3. Planes, programas, proyectos e iniciativas sectoriales Existe una serie de planes, programas y proyectos sectoriales adicionales al Plan Nacional de Cultura que tienen relaciones, o bien conexiones, con el PCI. En su mayoría son diseñados e implementados por el Ministerio de Cultura e incluso algunos por la Dirección de Patrimonio Cultural. Es necesario resaltar que éstos tienen competencias subsectoriales en lo cultural; por ejemplo, relacionadas con la música o las expresiones artísticas en general. Desarrollan aspectos pedagógicos, de difusión, de investigación y de participación o bien están diseñados para la creación de estímulos y el fomento de lo cultural. No obstante, es muy precaria en éstos la apropiación del contexto del patrimonio inmaterial. En consecuencia, no existe un desarrollo de los mismos que incorpore la perspectiva del PCI.7 Un análisis inicial de la articulación del PCI en este campo da un balance poco positivo y evidencia la falta de mecanismos que permitan identificar puntos de encuentro, construir sobre activos, minimizar costos y maximizar dividendos en la materia. Quizá la excepción a lo formulado es la creación del Premio Nacional de Gastronomía:
Un ejemplo evidente es el relacionado con el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que cuenta con el CONPES 3409 de 2006 y tiene como uno de sus antecedentes el CONPES 3191 de 2002. Existiendo el Plan de Música y el Programa de Bandas, no se alcanza a comprender los pocos avances que existen alrededor del Concurso Nacional de Bandas en Paipa, expresión que en el 2004 fue declarada como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional.
Relaciones entre la alimentación y el PCI. Este premio fue creado en el 2006 en el marco del Programa Nacional de Estímulos a la Creación y la Investigación del Ministerio de Cultura y está dentro del Portafolio de Convocatorias 2007.8 Sin embargo, los énfasis de este programa están orientados en general a las expresiones artísticas.9
5.4. Iniciativas y apuestas públicas alrededor del PCI En el 2001, el Plan Nacional de Cultura reconocía que, a pesar de los esfuerzos dispersos, existían impactos positivos de las iniciativas del PCI. La Visión Colombia, por su parte, señalaba el imperativo de desarrollos legales en la materia. El Plan Nacional 2002-2006 se refería a la ausencia de inventarios del patrimonio. El actual plan avanza en los postulados conceptuales. Empero, un común denominador de las políticas reseñadas es la falta de correspondencia entre sus diagnósticos y las acciones que proponen en materia de patrimonio cultural (material e inmaterial), situación que se ha denominado como una suerte de disonancia cognitiva, debida quizás a la ausencia del referencial de la política pública, que indica que aún no se ha planteado el patrimonio inmaterial como un asunto o problema y no se le ha inscrito en la agenda pública. Sin embargo, lo dicho en el párrafo anterior no puede ser interpretado como la carencia de desarrollos, dinámicas y procesos en materia del PCI. En efecto, existen experiencias, iniciativas y propuestas valiosas que deben ser debidamente reconocidas, desarrolladas no sólo por grupos de expertos y en escenarios académicos, sino también desde una perspectiva intra e intersectorial y, por supuesto, con el concurso de los individuos, grupos y comunidades que les asignan el carácter patrimonial a las expresiones y a los espacios culturales. En los párrafos siguientes se hará una breve referencia a tales iniciativas. La perspectiva del PCI es un tema relativamente nuevo. No obstante, el país ha trabajado de vieja data manifestaciones y espacios relacionados con éste. En tal sentido, es de citar la experiencia desarrollada por el Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA),10 a través de los Programas CREA, Noches de Colombia y Aluna
Las particularidades de esta iniciativa son reseñadas en el aparte siguiente. A pesar de que en el 2007 se incluyen dos premios más relacionados con el patrimonio. El primero reconoce una experiencia exitosa del Programa de Vigías del Patrimonio, la que puede estar relacionada o no con el patrimonio inmaterial. El segundo se trata del Premio Nacional Colombo-Francés al Patrimonio Cultural, que en realidad es más un premio concebido desde la museología y museografía. COLCULTURA fue creado en 1968 y antecedió al Ministerio de Cultura. Este instituto elaboró planes de estímulo, fomento, apoyo al folclor nacional y protección del patrimonio cultural del país en todas sus expresiones. Asimismo, avanzó en la documentación, preservación, divulgación y revitalización de las
y la serie televisiva Yuruparí (ver Rubio 2005), así como los encuentros organizados por la Corporación para la Difusión y Cultura, los cuales han buscado inscribirse en una perspectiva de patrimonio inmaterial (idem). También es necesario citar las investigaciones del antiguo Instituto de Etnología y las que desarrolla el ICANH, que inauguró una nueva línea de investigación sobre el patrimonio cultural (arqueológico, sumergido e inmaterial) y ha formulado dos investigaciones específicas sobre el tema. A propósito de las proclamaciones, sin duda la del Carnaval de Barranquilla demandó que el país pensará de manera más sistemática los asuntos relacionados con el tema. La proclamación ha implicado un aprendizaje en términos de cooperación técnica internacional y de interacciones Estado – organizaciones sociales alrededor del Carnaval. Igualmente en cuanto a la formulación e implementación del Plan Decenal (2003-2013) de Salvaguardia, Revitalización y Protección del Carnaval de Barranquilla, cuyas líneas de acción son: i) investigación, ii) documentación, iii) capacitación, iv) gestión, v) sensibilización y difusión. Se observa un avance en la primera y segunda línea con la puesta en marcha de los proyectos “Río Magdalena y Carnaval” y “Censo de Actores”, ejecutados por la Corporación Parque Cultural del Caribe. En el primer proyecto se ha levantado información en diez municipios de los departamentos de Bolívar y Magdalena. El segundo está en ejecución y se esperaba en diciembre de 2007 contar con el censo de actores y con el resultado del Proceso de Identificación y Recomendaciones para la Salvaguardia de las manifestaciones asociadas al Carnaval que se practican en la ribera del Magdalena. Otro proyecto que está en marcha en el marco del Plan Decenal del Carnaval de Barranquilla es el “Inventario de Diez Expresiones Amenazadas del Carnaval de Barranquilla” con base en el PIRS. El proyecto observa el marco conceptual de la UNESCO 2003 y las propuestas del Ministerio de Cultura. Adicionalmente, plantea que “el patrimonio cultural de una sociedad es una sola realidad con una doble constitución. Las dos dimensiones de esta realidad son el patrimonio material y el inmaterial, dos conceptos que se complementan. El primero representa los objetos y bienes materiales que produce la sociedad en cuestión y el segundo, los saberes, las prácticas y los procesos que producen o hacen posible estos objetos” (Buelvas 2007a: 10). expresiones populares, especialmente de la música y la danza. Creó una Sección de Festivales y Folclor que atendía las recomendaciones de la UNESCO (1973 y 1982) sobre protección del folclor y mediante la cual se apoyaba a los festivales. Además, estos festivales eran grabados para ser conservados en el Centro de Documentación Musical y divulgados a través de grabaciones discográficas (Triana 2006).
En el marco de este proyecto se ha elaborado un mapa de los flujos territoriales de las expresiones, fichas sobre cada una de las expresiones seleccionadas y recomendaciones para su salvaguardia.11 En adición, la proclamación implicó revisiones en la estructura institucional del Ministerio de Cultura, como la creación del Comité de Patrimonio Inmaterial en el 2004, la definición de criterios para declarar un Bien de Interés Cultural y la conformación del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial en la Dirección del Ministerio. De otra parte, cabe mencionar la experiencia acumulada, los debates realizados y las discusiones en torno a la campaña de sensibilización sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial, Demuestra Quién Eres, realizada por el ICANH, así como la evaluación realizada tanto por la antropóloga Gloria Triana (2006) como las valoraciones del Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio (ver http://www.mincultura.gov.co/ patrimonio/ patrimonioinmaterial secciones/descargas/ otros.htm). Finalmente, citemos las declaratorias de las siguientes manifestaciones como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional: a. La Institución del Palabrero Wayúu, en la cual se viene adelantando el PIRS de las manifestaciones asociadas. Proyecto dirigido por el antropólogo Wielder Guerra y cuyo organismo ejecutor es el Observatorio del Caribe Colombiano. b. El Espacio Cultural de San Basilio de Palenque, que tiene previsto adelantar el PIRS. Este proyecto está en etapa de socialización con la comunidad. Conviene decir que tanto la declaratoria de Palenque como su proclamación demandan del Estado acciones tanto intra como intersectoriales, según lo señalado en el actual Plan Nacional de Desarrollo, subcapítulo de Fortalecimiento de los Grupos Étnicos y las Relaciones Interculturales; en paralelo, ha dinamizado toda una serie de gestiones.12 c. Las Bandas de Paipa, Boyacá, en donde se está adelantando el estado del arte de la documentación sobre la manifestación y recomendaciones para la salvaguardia.
Las expresiones seleccionadas fueron: la Danza del Congo, la Cumbia, la Danza de Paloteo, la de los Goleros, la de los Oyongos, de los Pájaros, de los Diablos, de los Indios, las Comedias y Joselito Carnaval. Por ejemplo, la construcción de la casa de cultura ante Acción Social, la adjudicación de una licencia de radios comunitarias ante el Ministerio de Comunicaciones, la adecuación de redes de acueducto y alcantarillado ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, entre otras. Al respecto ver: Ministerio de Cultura, Dirección de Patrimonio – Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, 2007. Informe de Gestión, agosto 29 de 2007.
d. Carnaval de Riosucio, en donde se proyecta realizar un estado del arte de la documentación del carnaval y un proceso de identificación de sus manifestaciones y recomendaciones para la salvaguardia. Este carnaval cuenta con su propia corporación y con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Caldas. Está en proceso de elaborar su plan de salvaguardia. e. Carnaval de Negros y Blancos del municipio de San Juan de Pasto, Nariño. En adición, son de mencionar las iniciativas que se realizan alrededor del Día del Patrimonio –declarado por el Decreto 0853 de 1998, reglamentario de la Ley 397 de 1997–, que se conmemora el mes de septiembre de cada año en todo el territorio nacional. La reglamentación del citado día le permite a la Dirección de Patrimonio crear mecanismos para su respectiva celebración. En este contexto, desde el 2005 ha elaborado una Gaceta sobre el Patrimonio que se inserta en los diarios de circulación nacional. La primera difundió aspectos generales del patrimonio cultural de Colombia. La segunda versó sobre la misma temática, pero su público objetivo fueron las niñas y niños. La tercera, que corresponde al 2007, se concentra en difundir el papel de las comunidades frente a la salvaguardia del PCI. En sus páginas interiores se explica qué es el PCI y cuáles son sus manifestaciones, qué es la salvaguardia y para qué y para quiénes está orientada esta figura. Asimismo, se presentan desarrollos informativos sobre algunas de las declaratorias de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional, otras expresiones del patrimonio inmaterial y una reseña sobre el Premio Nacional de Gastronomía y Patrimonio, llevado a cabo dentro de la convocatoria del Programa de Estímulos en el 2006. El día del patrimonio también ha servido para que las entidades territoriales desarrollen aspectos relacionados con el PCI. Tal es el caso de Bogotá, Distrito Capital, que en el 2007 llevó a cabo el Segundo Foro Ciudad y Patrimonio. Dos de sus debates estuvieron conectados al patrimonio inmaterial y su relación con la diversidad y los derechos culturales.13 Las discusiones en el foro fueron de diferente orden y convocaron una alta participación de la ciudadanía, lo que señala la necesidad de promoción de espacios de esta naturaleza para la sensibilización, intercambio y formación de público interesado en los asuntos del PCI.
Las preguntas que orientaron los debates fueron: ¿Por qué las prácticas comunitarias que recuperan memoria son consideradas patrimonio cultural?, ¿cuáles son y cómo se ejercen los derechos culturales que existen sobre el patrimonio cultural?
5.5. Avances conceptuales e instrumentos metodológicos Lineamientos para una política pública El país no sólo viene trabajando y validando una definición institucional del PCI, ya reseñada, sino que tal definición está en estrecha relación con la salvaguardia de las expresiones inmateriales, que se asocian a los saberes, conocimientos y prácticas sobre universo y naturaleza, gastronomía, oralidad, medicina tradicional, música, danza, artes escénicas y juegos tradicionales, vestuarios, técnicas constructivas, fiestas, celebraciones y rituales. El campo de manifestaciones inmateriales fue producto de dos años de debate que parte de las propuestas realizadas en la Campaña de Sensibilización sobre el PCI y las contenidas en la Convención de la UNESCO, 2003.14 En tal sentido, cobra mayor importancia la participación y el reconocimiento que los portadores de la expresión hacen de la misma y las relaciones interculturales que se tejen en el horizonte de la creación de memoria(s), sentidos de permanencia y pertenencia a la nación; es decir, sus aportes a la construcción de la comunidad política. Lo anterior en el marco de una propuesta de lineamientos de “Política Pública sobre el Manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial”. En este orden de ideas, se propone que “la salvaguardia de las manifestaciones del PCI tiene como objeto crear condiciones para la sostenibilidad” de este patrimonio. Por tanto, se trata de un compromiso (no conservacionista) que se debe traducir en diversos instrumentos que identifiquen las expresiones inmateriales y sus amenazas, que en paralelo desencadenen acciones y alianzas institucionales que permitan su permanencia, transmisión y re-creación en el tiempo. En los lineamientos de política, se proponen cuatro mecanismos para la salvaguardia y las acciones puntuales para acompañarlos. El primero tiene que ver con la inclusión de las manifestaciones en la Lista Representativa de Manifestaciones del Patrimonio Cultural, figura que reemplazaría las declaratorias nacionales de Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional e implicaría una revisión de la Resolución 0168 de 2005, que fija los criterios, competencias y requisitos para evaluar y declarar un bien inmaterial como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. En este contexto, la inclusión en la lista implicaría un procedimiento previo investigativo no sólo de expertos, sino de las mismas comunidades, para conectar la
Propuesta de la Campaña: i) lenguas y expresiones orales; ii) conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo; iii) saberes culinarios; iv) medicina tradicional; v) elaboración de objetos, instrumentos, vestuarios, construcciones y ornamentación corporal; vi) expresiones musicales y sonoras; vii) expresiones dancísticas; viii) expresiones rituales, escénicas, ceremoniales, actos festivos, juegos y deportes y ix) formas tradicionales de organización social, jurídica y política.
expresión con los sentidos de identidad y sus necesidades. Requiere además la realización de un diagnóstico y un mapa de actores involucrados con el fin de formular el plan de salvaguardia. Es de resaltar que este mecanismo no se piensa posterior a la inclusión, sino como vigente antes, durante y después. Sin duda, una temporalidad diferente a la acontecida con las declaratorias. En adición, este mecanismo tiene en sí un carácter pedagógico, pues forma a públicos en las implicaciones de considerar una expresión cultural inmaterial como patrimonio y evita falsas expectativas (en cuanto a beneficios, deberes y responsabilidades de los involucrados en el proceso). Por tanto, permite la reflexión y la praxis en cuanto a los procesos de construcción de identidades y la permanencia de las expresiones en las memorias colectivas, su arraigo, vigencia y relaciones o su reflejo con el saber-hacer, así como en lo referido a la creatividad de quienes portan o detentan la expresión. De otra parte, la inclusión de una manifestación en la lista implica el compromiso del Ministerio de Cultura de prestar asesoría y acompañamiento técnico y de efectuar gestiones intersectoriales a favor de la salvaguardia de la expresión. El segundo mecanismo está relacionado con la inclusión en la lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad y con las disposiciones de la Convención de la UNESCO, 2003. En este mecanismo, los desarrollos no son tantos; sería interesante que el país avance en los criterios y las acciones que la Nación efectuaría para apoyar la candidatura de una manifestación y su inclusión en la citada lista Los mecanismos tercero y cuarto tienen que ver con los planes y los procesos de identificación y con las recomendaciones para la salvaguardia. Los planes se definen como “un conjunto de medidas encaminadas a crear las condiciones propicias para la permanencia y la sostenibilidad de las manifestaciones del PCI a lo largo del tiempo” (ver: Lineamientos de Política Publica sobre el Manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura, 2007: 6) y deben ser formulados a partir de las siguientes líneas de acción: identificación, documentación, fortalecimiento institucional, fortalecimiento de la transmisión de la tradición, capacitación, sensibilización y difusión. Se espera que estén orientados al “fortalecimiento de las capacidades locales dirigidas a darles continuidad a los proyectos existentes y al desarrollo de nuevas iniciativas de salvaguardia para garantizar la transmisión y los espacios en los que se reproducen las manifestaciones” (Lineamientos de Política Pública sobre el Manejo del Patrimonio Cultural Inmaterial. Ministerio de Cultura, 2007: 7). Por su parte, los PIRS son una herramienta metodológica que va más allá de la realización de inventarios estáticos y brinda información sobre la descripción, ubicación, periodicidad y contexto de las manifestaciones, su estado actual, formas de transmisión y quiénes están asociados a éstas (comunidades, grupos, portadores y gestores). 173
Tienen un fuerte componente participativo y se proponen como ejercicio, un medio antes que un fin. En efecto, los PIRS desencadenan procesos de identificación dinámicos en el tiempo y de reconocimiento de las manifestaciones, potencialidades y amenazas, con el fin de su salvaguardia. Por tanto, las recomendaciones permiten incidir en la toma de decisiones para generar políticas culturales sostenibles. Estos procesos implican la conformación de un equipo de investigadores, la formación de alianzas estratégicas y gestiones institucionales, la sensibilización de las comunidades locales y, obviamente, la identificación de las manifestaciones. Sus productos son dos: un informe descriptivo y analítico de las manifestaciones y un documento de recomendaciones. No obstante, sus resultados pueden ser registrados en variados órdenes (sensibilización, formación, difusión, apropiación, por ejemplo) a medida que avanza el proceso y la forma como se desarrolle. Esta herramienta se presenta como un manual que está en etapa de producción y de re-producción; no obstante, se recomienda un trabajo pedagógico y didáctico sobre el mismo. Adicionalmente, la herramienta viene siendo empleada para la identificación de algunas manifestaciones asociadas a ciertos “bienes inmateriales” declarados como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional o proclamados Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial. Conviene que el resultado de este ejercicio sea valorado y se realicen los ajustes del caso.
5.6. Fuentes / Presupuestos La Constitución Política establece un marco para que la cultura, sus manifestaciones y el sector cultural cuenten con fuentes financieras que permitan su desarrollo a través de incentivos y estímulos. La regulación de estas figuras se hará a través del Legislador.15 La Ley 397 de 1997 retoma el mandato constitucional y señala que el “Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana”. La acción estatal, además, deberá estar orientada tanto “al creador, al gestor como al receptor de la cultura” y garantizar el acceso a las manifestaciones, bienes y servicios culturales (Ley 397, Artículo 1, numeral 13). En cuanto al patrimonio cultural, le corresponde al Estado apoyar y estimular el desarrollo y promoción de las expresiones en diferentes ámbitos territoriales (Ley 397, Artículo 2), así como incluir acciones específicas para el fomento de la cultura 15
Al respecto consultar, por ejemplo, el Artículo 71 de la Constitución Política de Colombia, 1991.
en los planes de desarrollo socio-económico. De otra parte, existe la obligación de los colombianos de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones estatales dentro de los conceptos de justicia y equidad.16 Además de la Ley 397, existen otras que regulan y estiman fuentes de financiación para el sector cultural. Una de éstas es la Ley 666 de 2001, que autoriza a las entidades territoriales la emisión de la estampilla pro-cultura para el fomento y estímulo de la misma (Rubio 2005: 15), y la Ley 715 de 2001, que dicta normas orgánicas en materia de recursos y competencias entre la Nación y crea el Sistema General de Participación (SGP).
5.7. Recursos IVA Una fuente nueva de recursos para la cultura es la regulada por el Decreto 3093 de 2003 y el Documento CONPES 3255 del mismo año que establece los Lineamientos de Política para la Distribución del 25% de los recursos territoriales provenientes del incremento del 4% del IVA a la Telefonía Móvil. Esta garantiza recursos cuyos montos tienden a aumentar de vigencia en vigencia fiscal debido al dinamismo de la telefonía móvil en Colombia. Los recursos son distribuidos bajo el esquema de transferencias y los criterios del SGP (a saber: pobreza relativa, relación de la población urbana y rural, eficiencia fiscal y eficiencia administrativa), fijados por el Artículo 79 de la Ley 715 de 2001 sobre criterios de distribución de los recursos de la participación de propósito general. El CONPES 3255 establece que el 75% de los recursos estará destinado al Plan Sectorial de Fomento, Promoción y Desarrollo del Deporte y la Recreación y el 25% restante será presupuestado por el Ministerio de Cultura y destinado a los departamentos y al distrito capital. De este porcentaje, la mitad estará destinada a programas de fomento y desarrollo deportivo y la otra mitad al fomento, promoción y desarrollo de la cultura y la actividad artística. Estos últimos recursos se invertirán, además, atendiendo al Programa de Apropiación Social del Patrimonio Cultural (ver CONPES 3255 de 2003 y http://www.mincultura.gov.co). El CONPES señala que los recursos serán presupuestados sin perjuicio de la autonomía territorial y los giros los realizará el Ministerio de Cultura una vez el Departamento Nacional de Planeación haya realizado su distribución y el Ministerio
Sobre el tema se puede consultar, también, el Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, 1991.
de Hacienda haya realizado el recaudo. Le corresponde también al Ministerio prestar asistencia técnica, administrativa y financiera para el uso adecuado de los recursos y realizar el seguimiento y evaluación anual de los planes, programas y proyectos desarrollados, ejercicio que será insumo para la elaboración de los siguientes planes de inversión y la distribución futura de los recursos. Entre el 2003 y el 2007, el Ministerio de Cultura ha girado recursos por un orden de 35.866.981.172,00, esto según la Dirección de Patrimonio del mismo. Estos recursos precisan de la correspondiente apropiación presupuestal por parte de los 32 departamentos colombianos y el Distrito Capital de Bogotá. Se debe anotar, en primer lugar, que no necesariamente el total de los recursos girados han sido apropiados y ejecutados; en segundo término, que estos recursos han carecido de controles fiscales y sociales; en tercer lugar, que la información sobre la apropiación, ejecución e impactos de los recursos es dispersa, fragmentada, incompleta, no oportuna y no validada. De acuerdo con la Dirección de Patrimonio, de los treinta y tres informes solicitados, nueve entidades territoriales (Amazonas, Bogotá, Bolívar, Cesar, Chocó, Guainía, Nariño y Vaupes) no brindaron informe alguno para la vigencia del 2006 y las restantes no presentan información clara sobre lo solicitado.17 En síntesis, las entidades territoriales no siempre brindan la información requerida por el Ministerio de Cultura y cuando cumplen con esta tarea la información no es idónea y pertinente. En consecuencia, el ejercicio de seguimiento y evaluación de los recursos no puede ser el adecuado y no cumple con el objetivo de ser referente para la distribución de los futuros recursos. Por su parte, el Ministerio carece de una herramienta metodológica para realizar el seguimiento de los recursos y de instrumentos para que sus orientaciones técnicas y controles sean observados por las entidades territoriales de manera más vinculante.18 Lo expresado lleva a que los nuevos recursos del IVA no sean ejecutados de la manera más idónea, pertinente y estratégica en el sector cultural y, particularmente, en términos de la salvaguardia del PCI, tanto en lo financiero como en lo técnico. Ello se ilustra a través del siguiente recuadro:
Por ejemplo, en el departamento de Risaralda se desconocen los valores apropiados, en el de Boyacá los valores son confusos, en Caquetá se observa inversiones en áreas no establecidas por el CONPES y en otros departamentos se afirma que los recursos IVA no han sido ejecutados. Fuente: Ministerio de Cultura – Dirección de Patrimonio. No se quiere desconocer las acciones de socialización que ha realizado el Ministerio en diferentes reuniones de secretarios territoriales de cultura o en los encuentros nacionales de los Vigías del Patrimonio, pero sí invitar a una reflexión sobre cómo podría orientar la ejecución de estos recursos y la generación de veedurías ciudadanas para hacerlo.
Recuadro Departamento del Caquetá - Inventario Patrimonio Inmaterial de Medicina Tradicional y Saberes Culinarios Municipio: Florencia – Caquetá. Nombre del Sabedor: María Eloisa Pinzón. Especie: Planta. Nombre: Caracuchito o flor colegiala. Descripción de la medicina: “caracuchito, pongámosle aunque no es el verdadero nombre, para la tos y más que todo también lo tengo para los adornos, también es para el dengue, pero no estoy segura, porque la gente viene a pedirlo para el dengue y para la tos, en aromática…”. Posología: Tres veces al día. Enseñanza: Medicina 19
5.8. Presupuesto Nacional – Ministerio de Cultura De acuerdo con el documento de Visión Colombia, el Presupuesto General de la Nación para el sector cultural desde 1998 a 2005 ha venido decreciendo. La “vulnerabilidad del sector a los ajustes fiscales es muy alta, el presupuesto del Ministerio de Cultura presenta decrecimientos reales desde su creación” (Presidencia de la República – Departamento Nacional de Planeación 2006: 264). Según la Oficina de Planeación del Ministerio de Cultura, los recursos asignados al Ministerio entre el 2005 y 2007 son los que se presentan en el cuadro a continuación: 2005
92.561,3
92.561,3 108.763
12.890,6
5.757,2
Transferencias Ctes. 43.033,3
43.033,3 44.168
61.681,1 0,0
30.880,2
61.681,1 64.472
30.880,2 44.291
108.763 125.949
Millones de pesos corrientes. No se incluyen los recursos de los entes adscritos y los descentralizados. 19
Son varios los tomos con información del estilo del recuadro que fueron financiados con recursos del IVA a la Telefonía Móvil en el departamento del Caquetá, recursos que en términos del PCI carecen de resultado e impacto y que fueron ejecutados sin considerar las recomendaciones técnicas del Ministerio, sin buscar su asesoría o bien sin incorporar los desarrollos conceptuales y metodológicos propuestos por el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial. Esta debe ser una lección a aprender para propiciar correctivos en la materia.
Para el 2005 – 2007, el Presupuesto General de la Nación se presenta en el siguiente cuadro: Presupuesto General de la Nación Año
56.681.115.052.454
39.469.793.204.602 21.443.325.246.145
117.594.233.513.201
51.667.617.522.311
38.929.959.043.120 14.795.028.318.680
105.392.604.884.111
49.046.345.154.513
31.558.043.481.933 12.463.984.824.445
93.068.373.460.891
5.9. Presupuesto Patrimonio Cultural Los recursos presupuestados y apropiados para el patrimonio cultural por el Ministerio de Cultura presentan diferencias si se trata del patrimonio material o inmaterial. El grueso del presupuesto de la Dirección de Patrimonio lo concentran los asuntos concernientes al PCM. Lo inmaterial es residual en términos de la inversión específica que adelanta el Ministerio.20 En el cuadro a continuación se presenta la evolución de los recursos asignados a la Dirección de Patrimonio: Rubro Presupuestal Restauración, Mantenimiento y Monumentos Nacionales Año
Monto del Rubro1
Recursos para PCI2
% de los Recursos
16.300.000.000 de pesos3
983.000.000 de pesos4
11.900.000.000 de pesos
186.000.000 de pesos
13.575.000.000 de pesos
152.000.000 de pesos
4.600.000.000 de pesos
24.000.000 de pesos
Fuente: Oficina de Planeación, Ministerio de Cultura Fuente: Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, Dirección de Patrimonio, Ministerio de Cultura Presupuesto proyectado, aún sin ser apropiado Presupuesto propuesto, aún no se ha aprobado
Esto no quiere decir que existan otros recursos destinados al PCI en otras direcciones del Ministerio o programas; sin embargo, resulta difícil de precisarlos.
Como se observa en el anterior cuadro, el aumento de los recursos para el PCI no es significativo salvo para el 2008. Sin embargo, se debe advertir que los recursos son los proyectados por el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial mas no los presupuestados y no existen garantías de que este monto sea el que realmente se apropie para la vigencia fiscal de 2008. Para la vigencia de 2005, los recursos anotados no fueron de inversión sino más bien de funcionamiento. Con este monto se respaldó la contratación de un profesional junior en antropología para que apoyara los temas de PCI de la Dirección de Patrimonio. Para la vigencia fiscal de 2006, los recursos estuvieron destinados a apoyar el PIRS para el Carnaval de Barranquilla. Adicionalmente, se contó con recursos de cooperación internacional del orden de 144.103 US dólares, administrados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para la primera y segunda Fase del Plan de Acción del Carnaval y la publicación del Manual para la Implementación del Proceso de Identificación y Recomendaciones para la Salvaguardia de las Manifestaciones del Patrimonio Cultural Inmaterial. Se contó además con 72 millones de pesos para la contratación de dos profesionales junior para apoyar las gestiones del PCI adelantadas por la Dirección de Patrimonio Para la vigencia fiscal del 2007, los recursos destinados al patrimonio cultural corresponden al 37% del presupuesto del Ministerio. Sin embargo, de éstos solo 186 millones están orientados al PCI. Cerca del 38% de este monto corresponde a gastos de funcionamiento, dado que estaba destinado a la contratación de dos profesionales junior que apoyaran la gestión del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, el mismo que sólo tiene asignado un cargo de planta, el de su coordinación. El 62% restante sí estaba destinado a la inversión. Los proyectos financiados entre el 2006 y 2007 son: Proyecto21 El plan de salvaguardia del Espacio Cultural de Palenque de San Basilio El PIRS del Conocimiento de la Naturaleza y la Tradición Oral de los Nukak Makú El PIRS de la Institución del Palabrero Wayúu El PIRS del Carnaval de Riosucio El PIRS Tradición Bandística de Paipa El Premio de Gastronomía La Segunda Fase de PIRS en Carnaval de Barranquilla
Recursos 20.000.000 de pesos 12.500.000 de 55.000.000 de 20.000.000 de 25.000.000 de 20.000.000 de 20.000.000 de
pesos pesos pesos pesos pesos pesos
Es importante anotar que los proyectos del Carnaval de Barranquilla, la institución del Palabrero Wayúu y el Espacio Cultural de Palenque en el monto anotado tienen recursos tanto de la vigencia fiscal 2006 como de la del 2007.
Para el 2008, el Grupo de Patrimonio Cultural ha proyectado un presupuesto de 983 millones de pesos, es decir un aumento de más de 500% que, dada la distribución de recursos para el patrimonio inmaterial, no es viable de asignar. El ejercicio de presupuesto realizado por el Grupo identifica proyectos y con base en éstos formula el presupuesto. Esta es una tarea de planeación que se debe realizar, pero también sería conveniente desencadenar un proceso más amplio de planeación estratégica que identifique las acciones y metas requeridas para desarrollar las líneas de política propuestas en los lineamientos para la salvaguardia e ir identificando fuentes tanto internas como externas al Ministerio para su financiación.
Instituciones públicas y privadas que trabajan alrededor del PCI
6.1. Desde lo público institucional El marco constitucional, legal y de política pública establece que el Estado protegerá el patrimonio cultural de la nación bajo un principio de corresponsabilidad con sus asociados. Al Ministerio de Cultura le competen una serie de responsabilidades y tareas en el tema pues es la entidad rectora del sector cultural colombiano. De acuerdo con la división de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, al Nacional le corresponde orientar la política; por tanto, el Ministerio tiene como objetivo formular, coordinar, ejecutar y vigilar las diferentes políticas culturales por desarrollar e implementar en el país. El Ministerio está estructurado a partir de direcciones, unidades administrativas especiales e institutos adscritos (ver Rubio 2005). Los asuntos relacionados con el patrimonio cultural de la nación tienen asiento en la Dirección del Patrimonio, a la que le corresponde asesorar al Ministerio en la formulación e implementación de la política pública del patrimonio cultural, orientada a la apropiación social, el reconocimiento y el respeto por la diversidad. Para esta labor, la Dirección cuenta con seis grupos de trabajo, uno de los cuales es el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial.22 Este grupo fue creado en el 2005 mediante la Resolución 1617 (modificada por la Resolución 1000 de 2006) y tiene un carácter técnico y asesor de la Dirección de Patrimonio en el desarrollo de procesos asociados a la salvaguardia del PCI. 22
Los otros grupos son: i) Investigación y Documentación; ii) Difusión y Fomento, grupo que tiene a su cargo los siguientes programas: “Programa de Participación Vigías del Patrimonio”, “Escuelas Taller en Oficios Tradicionales”, “Programa de Turismo Cultural” y “Bitácora del Patrimonio Cultural y Natural”. También tiene a su cargo la actualización y seguimiento del Sistema de Información
Funciones del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial i)
Formular y coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados con la identificación, salvaguardia y promoción del PCI. ii) Absolver consultas, prestar asistencia técnica, estudiar y analizar asuntos y proyectos relacionados con la identificación, salvaguardia y promoción cultural inmaterial. iii) Incentivar el interés de los entes territoriales, instituciones y comunidades locales para lograr su participación en los procesos de identificación, salvaguardia y promoción del PCI. iv) Diseñar y aplicar estrategias para facilitar el acceso de la población colombiana al conocimiento del PCI para su valoración y salvaguardia. v) Diseñar y aplicar estrategias para la articulación de otras entidades públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, con el fin de integrarlas a la formulación de las políticas de salvaguardia del PCI. vi) Proponer y ejecutar los planes de inversión en cada vigencia para la identificación, salvaguardia y promoción del PCI. vii) Elaborar los términos de referencia del capítulo técnico para las contrataciones de estudios y/ o proyectos relacionados con el PCI.
Conviene anotar que el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial ha contado con tres coordinadores desde su creación y sólo hasta el 2006 tiene un cargo de planta, creado con responsabilidades en la materia (a finales de tal año ese cargo pasó a ejercer las funciones de coordinación del grupo). En consecuencia, el citado grupo se conforma a partir de contratistas (desde 2006 y hasta mediados del 2007 fueron dos profesionales junior, hoy es sólo un profesional). El Grupo ha avanzado en la propuesta de lineamientos anteriormente reseñada, en el esquema de los PIRS, en las responsabilidades que se desprenden de las declaratorias y las proclamaciones, así como en la formulación de principios de gestión.23 Ha realizado diversas actividades según las líneas de acción de la Dirección del Patrimonio24 y de acuerdo a la demanda ha prestado sus servicios técnicos y apoyo a otras dependencias del Ministerio (Direcciones de Comunicaciones y Etnocultura y Fomento), a los Programas Nacionales de Estímulos y de Concertación, al ICANH y a algunos departamentos (en el marco del CONPES 3255 de 2003).
Cultural (SINIC) en el área de patrimonio; iii) Protección de Bienes de Interés Cultural, claramente asociado al patrimonio material (histórico y monumental); iv) Intervención de Bienes Culturales (inmuebles) y v) Bienes Culturales Muebles. Algunos de los postulados al respecto son: las comunidades son responsables de la identificación del PCI, todas las expresiones del PCI ameritan la misma atención estatal, la alta concentración de PCI en algunos territorios no implica un tratamiento especial y las expresiones del PCI demandan tanto la atención nacional como la territorial. A saber: i) conocimiento y valoración; ii) formación y divulgación; iii) salvaguardia y iv) fortalecimiento institucional.
No obstante el abanico amplío de actividades que desarrolla el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial, su alcance se ve limitado dadas las restricciones en el presupuesto y en la capacidad de gestión. De ahí la necesidad no sólo de fortalecerlo internamente y consolidarlo para que sea el referente en la materia y pueda pasar de atender las demandas de diferentes sectores a ser un oferente de servicios, conceptos y metodologías al interior del Ministerio de Cultura y un inter-conector con otros sectores y a partir de las redes existentes en la identificación, reconocimiento, salvaguardia y desarrollo de las expresiones inmateriales. De otra parte, la Resolución 0263 de 2004 creó el Comité de Patrimonio Cultural Inmaterial, instancia dentro del Ministerio conformada por un delegado del Ministro de Cultura (ha sido el Viceministro), el Director del Patrimonio, el Director de Etnocultura y Fomento y el Director del ICANH. El Comité se creó para asesorar al Ministro en la formulación de políticas para la salvaguardia del PCI. Según la investigación de campo realizada para la presente actualización, el Comité no ha operado regularmente y se presentan problemas en su interior. Si bien al principio buscó atender asuntos coyunturales, luego concentró sus esfuerzos en el Carnaval de Barranquilla, sin un balance adecuado con otras expresiones. En la actualidad no opera y ha perdido la posibilidad de ser un asesor en asuntos estratégicos en lo político, en los debates conceptuales y en irradiar al Sistema Nacional de Cultura, así como también en la facultad para proponer procesos sobre el PCI en el sector cultural y en otros sectores. Es importante hacer una breve referencia a la Dirección de Etnocultura y Fomento por dos razones. La primera, esta dirección forma parte del Comité de Patrimonio Inmaterial y por tanto asesora al Ministro de Cultura en la materia. La segunda es la misión que desempeña en el Ministerio en materia de reconocimiento de la diversidad cultural, del fortalecimiento de los grupos étnicos, la promoción de la autonomía de las regiones, la descentralización en el sector cultural y la democratización en cuanto al acceso a bienes y servicios culturales. Ambas razones se entrelazan. Se recomienda considerar la segunda razón no sólo como un soporte operativo para que los lineamientos sobre el patrimonio inmaterial lleguen a los 1.098 municipios colombianos, sino también como una cadena que recoge las dinámicas territoriales, generando un proceso de retroalimentación tanto táctico como estratégico que va en doble vía (nación – entidades territoriales, entidades territoriales – nación). Para tal efecto, no sólo es conveniente armonizar las relaciones en pro de un lenguaje común con otras instancias del Ministerio, sino también avanzar en el fortalecimiento del Sistema Nacional de Cultura. Sobre este último aspecto, conviene realizar una valoración del CONPES 3255 de 2003 y una actualización o ajustes para el presente cuatrienio. 182
Finalmente, es de citar al ICANH, miembro del Comité de Patrimonio Inmaterial y entidad que ha apoyado conceptualmente al Grupo del PCI. El ICANH creó en los últimos años una nueva línea de investigación sobre el patrimonio material, inmaterial y arqueológico que recoge la pregunta por las transformaciones que genera la búsqueda de expresiones patrimoniales.25 La línea de investigación se concibe como (y se denomina) un Observatorio de Patrimonio Cultural (MIA), desde la teoría crítica y con un enfoque transdisciplinario que formula investigaciones en: i) comunidades y políticas públicas; ii) procesos locales de apropiación del discurso del patrimonio y iii) patrimonio y creación de colectivos y comunidades. El Observatorio MIA ha conformado dos mesas de trabajo, la primera sobre el Patrimonio Cultural Inmaterial a partir de una perspectiva transdisciplinaria y la segunda de corte metodológico. En la actualidad, desarrolla dos proyectos de investigación sobre el PCI, que analizan los casos de Nukak Makú y San Basilio de Palenque y están proyectados a dos años.
6.2. Desde lo Social / Tercer Sector Es de mencionar, en primer lugar, que dentro de este sector hay instituciones, organizaciones, instancias o alianzas de diversa naturaleza. Algunas son fundaciones internacionales, otras son producto de convenios entre países iberoamericanos, las terceras son instituciones académicas y otras son organizaciones sociales y regionales que adquieren visibilidad a partir de las declaratorias de expresiones culturales asociadas a sus territorios. En segundo término, la trayectoria, experiencia y dinámicas de las mismas en el tema son disímiles. Algunas se aproximan desde una perspectiva folclorista; otras, de reivindicación de las culturas populares y étnicas o de músicas y danzas tradicionales; las terceras tienen un marcado acento en la gestión cultural, la prestación de servicios culturales y la promoción del acceso a éstos, mientras que otro grupo se plantea preguntas de investigación y su aproximación a las expresiones culturales es de corte analítico. 25
Es decir, los cambios y análisis de los procesos económicos y sociopolíticos, “promovidos desde la instrumentalización del discurso del patrimonio cultural, al tiempo que produce conceptos científicos y propicia espacios de discusión sobre la política cultural en Colombia”. Fuente: http:// www.icanh.gov.co/secciones/patrimonio_cultural/intro.htm
En tercer lugar, es preciso decir que el Ministerio de Cultura, a través de sus dependencias, institutos adscritos y unidades especiales, es el que ha empezado a desencadenar acciones y reflexiones en torno a una política pública del PCI. Este hecho llama la atención pues a diferencia de otros procesos, problemáticas o asuntos públicos, la iniciativa ciudadana y social es menor en torno al PCI.26 Ciertamente, el ámbito de las organizaciones sociales no está centrado en propuestas, diseños o valoraciones de la política pública alrededor del tema. Más bien, las iniciativas ciudadanas, grupales, comunitarias o regionales se organizan en torno a la expectativa de la declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional de sus manifestaciones emblemáticas (culturales, étnicas o territoriales). En este contexto, es de mencionar que no sólo se aspira a la declaratoria por el valor patrimonial y cultural de su expresión, sino que a través de ésta sus portadores buscan visibilizar y dar respuestas a problemáticas sociales, políticas y económicas, o bien posicionar intereses y alcanzar un reconocimiento en la esfera pública nacional. Un cuarto aspecto tiene que ver con el ámbito de acción de las organizaciones sociales. Se observa que las más sólidas están conectadas a la organización de carnavales territoriales. En este sentido, concentran sus esfuerzos en los operativos logísticos y tácticos del montaje del evento liminal que, por lo general, tiene una periodicidad anual. Si bien estas instituciones señalan la importancia del conocimiento, registro y documentación de las manifestaciones asociadas al carnaval, lo cierto es que sus esfuerzos no se concentran en ello. Este ámbito no es desarrollado antes del proceso de declaratoria, sino durante y posterior a éste. En quinto lugar, existen iniciativas sociales o mixtas para el fomento, respeto y apropiación del patrimonio cultural que se convocan a partir de estímulos como los premios. En este contexto, es de mencionar el Premio Somos Patrimonio que promueve el Convenio Andrés Bello y el Premio Gastronomía – Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura. Hay un trabajo por realizar de identificación de las organizaciones a partir de las postulaciones a estos premios y para capitalizar, agrupar y sumar esfuerzos a favor del patrimonio inmaterial. Sexto, en muchas de las organizaciones del sector social se observa el interés por difundir el PCI y capacitar a diferentes públicos en la materia. Sin embargo, sus esfuerzos se concentran en eventos coyunturales. No existen estrategias de comunicación con contenidos claros sobre el patrimonio inmaterial. El único trabajo con medios
No se debe olvidar que el marco normativo colombiano genera un amplío margen de maniobra social para proponer marcos regulatorios o bien acudir a acciones judiciales para la defensa de asuntos colectivos en riesgo, amenazados o afectados.
masivos de comunicación se realizó hace dos años en el marco de la campaña de sensibilización sobre el PCI, financiada por UNESCO. Sería necesario revisar esta experiencia, aprender de sus lecciones e involucrar tanto a los medios masivos como a los alternativos en una estrategia de comunicaciones sobre el patrimonio inmaterial. De otro lado, los esfuerzos de la academia en el tema son muy pocos y tienen un acento en el patrimonio material (inmueble y arquitectónico). Sería conveniente un trabajo con el sector académico para desencadenar procesos de formación (formal y no formal) sobre el PCI desde una perspectiva transdisciplinaria, con metodologías flexibles y materiales pedagógicos pertinentes. Un último punto que se desea mencionar es cierta tensión que se alcanza a detectar en el tercer sector en torno al debate sobre qué es el PCI, cómo se relaciona con los derechos culturales y colectivos y con los procesos de creación de memoria y construcción de una nación pluriétnica y multicultural, que además vive la presencia de actores alzados en armas que constriñen la esfera pública. En este contexto, se observa a las expresiones inmateriales como la posibilidad de lograr la presencia en la escena pública de voces que han sido acalladas e invisibilizadas por la violencia, la discriminación o el no reconocimiento de sus particularidades históricas, experiencias, prácticas y narrativas. Este es un tema de debate nuevo alrededor del PCI que se plantea en Colombia, no previsto en las disposiciones de la Convención de la UNESCO, 2003.
7.1. En lo conceptual Sin duda, Colombia ha avanzado en términos conceptuales. Sin un marco legal específico y aún sin haberse incorporado a la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003, se han realizado propuestas de armonización y de ajustes a los mandatos de la Convención. El país cuenta con una propuesta metodológica (PIRS) que viene siendo aplicada en las expresiones y espacios declarados como Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional.
7.2. Gestión del PCI 7.2.1. El legado institucional en la gestión del PCI Existe un énfasis institucional en la gestión del PCM y cierta ilustración temática sobre éste (valores arquitectónicos, estilísticos, artísticos, antropológicos, arqueológicos, entre otros), antes que la asignación de sentido desde lo cultural, desde el significado construido por ciertos grupos sociales y reinterpretado por estos y otros colectivos. Esta conclusión no pretende plantear un antagonismo entre los dos tipos de patrimonio sino resaltar la necesidad de una relación institucional más equilibrada que dé cuenta de la especificidad del patrimonio inmaterial y permita que se asocie a los otros tipos de patrimonio. 7.2.2. Énfasis institucional / núcleo institucional Es importante resaltar como un avance institucional la creación del Grupo de Trabajo de Patrimonio Cultural Inmaterial. La trayectoria del Grupo señala la inestabilidad en su coordinación. Del 2005 al 2007 ha contado con tres coordinadores diferentes. De otra parte, aunque la figura es de grupo, en la actualidad este es un conjunto de dos personas, hecho que limita la capacidad de acción e, incluso, no permite nivelar las cargas entre las necesidades de desarrollos conceptuales y metodológicos, las de asesorías o acompañamientos técnicos, las respuestas a las demandas y la elaboración de ofertas en torno al patrimonio inmaterial. Los ritmos, tiempos y movimientos de cada uno de los procesos mencionados desbordan la capacidad del recurso humano. 7.2.3. La especificidad técnica: gestión del PCI y su dimensión transversal Existen avances conceptuales y técnicos, e igualmente mayor presencia del patrimonio inmaterial, en los debates sobre patrimonio cultural, el sector cultural, las memorias, las identidades y la construcción de sentidos de permanencia y pertenencia. No obstante, se presenta una tensión entre la necesidad de una especificidad técnica y los imperativos de una participación mayor en debates relacionados con el patrimonio o conexos a éste. Esta tensión es percibida por los protagonistas como conflictiva. Sin embargo, se está en un momento adecuado para capitalizarla. El fortalecimiento de la especificidad es un acervo necesario para irradiar, llegar, convocar y sumar a otros sectores a favor del PCI. 186
7.3. En lo normativo En Colombia existe un marco normativo que genera las garantías necesarias para los asuntos culturales y las definiciones del patrimonio cultural. La Constitución Política de 1991 no sólo señaló que la cultura es fundamento de la nacionalidad, sino que le exige al Estado (bajo el principio de corresponsabilidad) la protección del patrimonio cultural. Para tal efecto, dictó disposiciones generales sobre competencias entre los diferentes niveles de gobierno; proyectó fuentes de financiación; incluyó lo cultural como parte del desarrollo socio-económico presente en los ejercicios de planeación y planificación; estableció la promoción de la participación ciudadana y generó todo un marco para regulaciones desde lo sectorial (no sólo desde el sector cultural) y desde lo territorial. La Ley 397 de 1997 es la ley marco del sector cultural. Su segundo título está relacionado con el patrimonio cultural de la Nación y lo define de manera integral. No obstante, en el desarrollo de sus disposiciones se observa un peso considerable del PCM y un claro régimen para el patrimonio arqueológico, así como un énfasis en el interés temático del patrimonio y su declaratoria como Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional. En los objetivos de política e instrumentos se percibe ciertos límites para dar una adecuada respuesta en cuanto al carácter dinámico del PCI. A pesar de esta situación, el Ministerio de Cultura ha avanzado conceptualmente en los temas relacionados con este patrimonio, avances que sin duda están presentes en las propuestas de trabajo del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial y en los planteamientos de la reforma, en curso, a la Ley 397 de 1997. Asimismo, en el interés por parte del Gobierno Nacional de incorporar la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.
7.4. Situación de la Convención La Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, UNESCO 2003, ha surtido el trámite para su aprobación e incorporación a la legislación nacional. En el momento depende del concepto de la Corte Constitucional. Las expectativas en torno a su aprobación son considerables. A la fecha, los obstáculos han sido de procedimiento mas no se han presentado objeciones por inconveniencia o incompatibilidad con el cuerpo normativo nacional. Cabe anotar que al amparo del marco jurídico vigente, el Ministerio de Cultura ha venido desencadenando acciones en torno al tema y su salvaguardia, particularmente en lo relacionado con las expresiones o bien con los espacios culturales que han sido declarados como 187
Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional y los que han sido proclamados como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
7.5. Sobre las políticas públicas, disonancias cognitivas No se ha construido en el país una representación compartida del PCI y una imagen cognitiva que organice las percepciones sobre el tema. Por tanto, pese a que el país reconoce en sus ejercicios prospectivos y de planeación el imperativo de un manejo integral del patrimonio cultural y la inclusión de otros tipos de patrimonios diferentes al histórico-monumental, las metas están referidas a éste último, presentándose una suerte de disonancia cognitiva al respecto.
7.6. Ecuación: fuentes, presupuestos y controles El marco normativo proyecta fuentes nacionales para la cultura. Los desarrollos de éste han generado nuevas fuentes en sectores dinámicos como la telefonía celular, que permiten estimar un crecimiento de los recursos. Adicionalmente, el sector cultural cuenta con representaciones en los procesos participativos de los ejercicios de planeación nacional y territorial. No obstante lo anterior, los presupuestos asignados para el sector presentan una tendencia que decrece en términos reales. En este contexto, los recursos de destinación específica para financiar lo relacionado con el PCI son mínimos, no tienen un flujo de caja adecuado, su distribución regional no necesariamente es la más idónea y se adolece de los controles necesarios para supervisar su ejecución y sancionar en los casos a que haya lugar.
7.7. En lo institucional En los últimos tres años, el Ministerio de Cultura ha creado realidades institucionales en respuesta a las demandas del PCI. Es de citar el Comité de Patrimonio Inmaterial y el Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial. Sin embargo, en la dinámica de estas dos instancias no se observan complementariedades. De otra parte, lo institucional no debe ser relacionado con el núcleo específico que trabaja alrededor del PCI. Es necesaria una sintonía mayor del Ministerio, empezando por la misma Dirección del Patrimonio y siguiendo con la Dirección de Etnocultura y Fomento. 188
Finalmente, las relaciones Estado – sociedad civil que se han tejido en torno a programas, iniciativas, estímulos y declaratorias es significativa; por tanto, debería ser valorada para potenciar alianzas a futuro sobre los asuntos concernientes al patrimonio inmaterial. Sin embargo, aún existen ámbitos con desarrollos muy tímidos. Por tanto, es necesario fortalecer la cadena de sensibilización, formación y comunicación en torno al patrimonio inmaterial, promover alianzas e incentivar centros de referencia y redes de intercambios.
8.1. Aprendizajes, aprehensiones y apropiaciones No es posible negar el avance conceptual y la pertinencia de la propuesta metodológica de los PIRS. Sin embargo, este acervo debe ser traducido en diferentes lenguajes de acuerdo con los auditorios y públicos a los que se desea impactar. Una vez que sean validados los lineamientos de política pública sobre el manejo de la salvaguardia del PCI y se cuente con el manual del PIRS, es necesario realizar un trabajo de comunicación, didáctico y pedagógico con base en los receptores de este valioso material. De igual forma, es necesario pensar en cuál será la estrategia de difusión y el proceso de formación alrededor de estos materiales, sin olvidar los mecanismos de seguimiento, monitoreo, evaluación y ajustes a lugar.
8.2. Sensibilizar sobre el PCI empieza en casa El Ministerio de Cultura lleva diez años de vida y su creación retoma, en buena medida, la experiencia del Instituto Colombiano de Cultura, COLCULTURA, creado en los años sesenta. Hay una experiencia significativa y una memoria institucional a considerar. Sin embargo, este activo no ha estado cercano a la perspectiva, lógicas y apreciaciones del PCI. Por tanto, es necesario que se avance en términos de sensibilización y formación de los públicos internos del Ministerio sobre qué es el patrimonio inmaterial, por qué es relevante, cómo se aproxima a éste y para qué incorporarlo en el lenguaje común del órgano rector de la cultura.
8.3. Fortalecer el núcleo institucional para avanzar en lo transversal del PCI Con recursos humanos, técnicos y financieros escasos se ha venido desarrollando el núcleo institucional del PCI. En consecuencia, sus acciones han tendido a concentrarse en los avances conceptuales y técnicos, en menoscabo de la gestión, que se precisa en diversos órdenes. Un fortalecimiento de los recursos del Grupo de Patrimonio Cultural Inmaterial y la posibilidad de avanzar en un ejercicio prospectivo y de planeación estratégica de éste permitirían capitalizar su experiencia y potenciarla. El Grupo podría desarrollarse, además, no sólo como un ente asesor y técnico, sino como un grupo que gerencia, dinamiza, facilita, promueve e interconecta el contexto inmaterial del patrimonio no sólo con las manifestaciones que han sido declaradas, sino con otras dinámicas culturales y procesos sociales en curso del país, ya sean liderados por el sector cultural o bien desde otros sectores y a nivel territorial. Conviene reactivar y redefinir el papel del Comité de Patrimonio Inmaterial. Esta instancia deberá desempeñar un rol más estratégico en la asesoría prestada al Ministro de Cultura. En particular, se debe considerar que el Ministro tiene un asiento en el Consejo Nacional de Política Económica y Social, máxima autoridad de planeación y organismo asesor del Gobierno en los aspectos relacionados al desarrollo económico y social del país. En tal sentido, el Ministro tiene voz y voto en los documentos de política sectoriales y territoriales. Por tanto, es necesaria una adecuada asesoría para que su lectura, intervención y quehacer en este contexto permita una pertinente transversalización de los asuntos relacionados con el PCI en diferentes documentos de política que son estudiados y aprobados por el CONPES.
8.4. Gestión diferencial, convocatoria y sumatoria de esfuerzos Conviene generar estrategias diferenciales de gestión hacia el tercer sector, en el marco de la responsabilidad compartida con el Estado para la protección del PCI. A partir de las líneas de acción de la Dirección del Patrimonio, se deberá identificar acciones que generen impactos en términos de la sensibilización, reconocimiento, apropiación, formación, identificación y salvaguardia del patrimonio inmaterial. Hay un trabajo necesario por desarrollar con los medios de comunicación masivos y alternativos; un aliado en esta materia puede ser la Dirección de Comunicaciones del Ministerio y las asociaciones de periodistas y comunicadores sociales. También es necesario promover, más que acciones de capacitación aislada, procesos de formación, para lo cual se debe reflexionar sobre el mecanismo más idóneo para convocar a los centros de formación, el Sena y las universidades. 190
8.5. En lo normativo Se recomienda avanzar en el horizonte de la reforma a la Ley General de Cultura, planteada en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. Se observa como positiva la inclusión de los asuntos relacionados con el PCI; no obstante, se sugiere mantener la presencia del ICANH en el Consejo de Patrimonio Cultural. En este contexto, el Gobierno Nacional debería enviar un mensaje sobre la orientación de la reforma para cuando se dé la conciliación entre las dos cámaras del Congreso. En adición, se deberá promover un debate amplio, participativo, incluyente, transdisciplinario y territorial que conduzca a un proceso de reglamentación de los asuntos concernientes al PCI en caso de aprobarse la reforma.
8.6. Sobre las políticas públicas y el PCI Sería conveniente que se adelantara un ejercicio de formulación de la política pública en torno al PCI, empezando por reconocer los avances en la materia y construir a partir de los activos existentes. Al respecto, convendría identificar no sólo la situación actual del patrimonio inmaterial en diversos órdenes (técnico, administrativo, financiero, por niveles de gobierno, intra e inter sectorial, por ejemplo), sino formular el núcleo del problema e inscribirlo en la agenda pública; para luego desencadenar el ciclo de la formulación, implementación, valoración y ajustes a lugar (Roth 2006). El país está en una coyuntura propicia para avanzar en el propósito señalado. Cuenta con una experiencia específica en términos conceptuales y técnicos que se traduce, entre otros aspectos, en las modificaciones introducidas a la reforma de la Ley 397 de 1997, en la propuesta de lineamientos de política pública para el manejo del PCI y la propuesta metodológica para llevar procesos de identificación y recomendaciones para su salvaguardia. También cuenta con iniciativas, experiencias y dinámicas (sobre todo a partir de las declaratorias y las proclamaciones) que han generado impacto en términos del patrimonio inmaterial y que permiten identificar buenas prácticas y lecciones por aprender. En adición, el tema ha tomado un interés mayor en ámbitos técnicos, académicos y políticos. En la actualidad, desde el Despacho del Ministro de la Cultura se están formulando los términos de referencia para una consultoría sobre el patrimonio inmaterial cuyo eje de reflexión es el para qué del patrimonio inmaterial. Se están generando preguntas sobre la conexión del PCI con el desarrollo y la construcción de una nación que re-conoce y valora su diversidad étnica y cultural. Sería interesante 191
que esta pregunta no sólo se piense en términos de crecimiento, sino que se aborde en términos de instituciones, desarrollos étnicos y alternativos.
8.7. Lineamientos de política pública para la salvaguardia del PCI Es importante reconocer el esfuerzo en la formulación de la propuesta de lineamientos y los aportes que en ésta se realizan. Conviene, inicialmente, que el Ministerio de Cultura genere un debate sobre los mismos, el cual permitiría densificar sus contenidos, clarificar sus procedimientos, avanzar en la definición de competencias y promover su apropiación por las diferentes dependencias e institutos adscritos. Adicionalmente, que la propuesta irradie el Sistema Nacional de Cultura y permita su apropiación local y regional, lo anterior de manera independiente, pero a la vez complementaria con las reformas legales en curso. Conviene que los lineamientos incluyan un enfoque de derechos y de proceso que permita perfilar aún más, por ejemplo, las líneas de acción dentro de los planes de salvaguardia. En tal sentido, sería útil observar en una línea de acción tres elementos articulados como son la identificación, la documentación y la investigación. Es necesario, por otra parte, hablar por igual tanto del fortalecimiento institucional como del organizativo, pero también incluir formas más dinámicas y contemporáneas e interacciones más flexibles a través de las cuales la gente agencie sus intereses, como son, por ejemplo, las redes y las alianzas temporales. Hace falta, asimismo, pensar en procesos pedagógicos, cognitivos y de aprehensión en donde la sensibilización y la capacitación (en este orden) son medios para lograr fines de conocimiento y apropiación del patrimonio. Finalmente, considerar la difusión como un elemento de todo un proceso comunicativo que implica tácticas y operaciones variadas. De otra parte, los mecanismos de la Lista Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad son adecuados a la naturaleza del tema. Conviene que en el marco de éstas se depuren los criterios, procedimientos, competencias y demás aspectos que implica asociar la dimensión patrimonial a una manifestación cultural e inmaterial. Adicionalmente, los planes de salvaguardia y los PIRS son mecanismos para incluir en los lineamientos de política la dimensión administrativa y de gestión tanto en lo sectorial como en lo territorial. La propuesta de lineamientos bien puede ser un pretexto para desencadenar un debate más amplio al respecto y llevar a la toma de decisiones vinculantes por parte de actores estratégicos. Por último, los proyectos piloto que adelantan procesos de identificación y recomendaciones para la salvaguardia deberán 192
ser valorados y retroalimentados, de manera que sea posible avanzar en el diseño e implementación de una estrategia de seguimiento y actualización de los PIRS.
8.8. Ganancias en la especificidad técnica, ¿pérdidas en su dimensión transversal? Desde el 2005, se observa que en el país se ha fortalecido la reflexión y la especificidad técnica en cuanto al PCI. Sin duda, los avances conceptuales y desarrollos metodológicos son prueba de ello. No obstante, a medida que se ha avanzado en la especificidad del tema, se ha perdido de vista su dimensión transversal. En este sentido, el patrimonio inmaterial no es sólo responsabilidad de un grupo de trabajo particular. Se debe fortalecer un trabajo orientado a asociar el patrimonio inmaterial con otros patrimonios y áreas de trabajo del Ministerio de Cultura (en especial la Dirección de EtnoFomento, dada su misión), así como con otros sectores y con las entidades territoriales. Esto precisa una dinámica del Grupo de PCI más dirigida a la oferta de sus servicios que a la demanda, lo que a su vez requiere de su fortalecimiento y consolidación.
8.9. Ecuación: fuentes, presupuestos y controles Es claro que Colombia cuenta con un marco constitucional favorable a la cultura, lo cultural y a los derechos culturales. Hay un amplio abanico de posibles fuentes para garantizar estos derechos y promover procesos, incluidos los asuntos relacionados con el PCI. No obstante, es necesario realizar mayores desarrollos legislativos en este aspecto, promoviendo la inversión privada, generando estímulos individuales e incentivos colectivos. De otra parte, las fuentes reglamentadas (como es el caso de los recursos IVA) deberán ser objeto de un mayor control. Es necesario diseñar un mecanismo en donde las partes con competencias en la materia revisen la evolución, ejecución e impacto de esos recursos en el sector cultural y, particularmente, en términos de la protección, salvaguardia y apropiación del patrimonio cultural. En este orden, se debe diseñar instrumentos metodológicos que permitan un mejor seguimiento, monitoreo y evaluación de recursos, a la par que se empodere a actores estratégicos, organizaciones e instituciones en lo territorial para que realicen un control ciudadano y social de estos recursos a través de figuras como las veedurías. Lo anterior no excluye la responsabilidad de entidades de control fiscal y político. Es necesario un papel más activo en el control de los recursos destinados a la cultura. 193
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CRESPIAL ORG
stado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial - Colombia - CRESPIAL
Artículo del libro "Estado del Arte del Patrimonio Cultural Inmaterial (2008)", correspodiente a Colombia. Los demás artículos del libro se...

References: Artículo 2
 Artículo 5
 Artículo 4
 Artículo 12
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 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 71
 Artículo 79
 Artículo 95
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