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Timestamp: 2018-08-19 23:49:28+00:00

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Posted By fabbia On enero 5, 2014
Ya en el año 2005 decíamos: “Observadas hoy en día, todas las leyes de semillas refieren a la represión. Tratan acerca de lo que los agricultores no pueden hacer. Dictan qué tipo de semillas no pueden venderse, no pueden intercambiarse y en algunos casos incluso no pueden usarse. ¡Todo en nombre de la regulación comercial y la protección de los productores agrícolas! En este sentido, las leyes de semillas se complementan con los regímenes de derechos de propiedad intelectual (DPI) como la protección de variedades vegetales y las patentes. Los dos tipos de leyes —regulaciones para la comercialización y derechos de propiedad— se refuerzan mutuamente.
¿Qué es UPOV?
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza). La UPOV fue creada por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. El Convenio fue adoptado en París en 1961, y fue revisado en 1972, 1978 y 1991. Según su propia definición “la misión de la UPOV es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para beneficio de la sociedad”.
El Convenio UPOV 91 es el que hoy se está intentando imponer en todo el mundo bajo el pretexto de la “protección”. Sin embargo en el presente está ampliamente demostrado que UPOV 91 niega los derechos de los agricultores tanto a nivel particular como en su sentido más amplio al cercenar su derecho a guardar semilla para la siembra y permitir a las corporaciones adueñarse de la biodiversidad, logrando un control comercial completo sobre las semillas y los conocimientos de las comunidades. Además, los criterios de protección de obtenciones en UPOV exacerban la erosión de la biodiversidad por promover la uniformidad de las semillas. Esto es tremendamente peligroso pues la uniformidad conduce a pérdidas de cosecha y a mayor inseguridad alimentaria. Finalmente la privatización de las semillas afecta negativamente a la investigación y el intercambio de conocimientos.
En América Latina y el Caribe son miembros de UPOV Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay. De estos Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Perú son los únicos que en este momento aplica UPOV 91.
El saco sin fondo de las ambiciones empresariales
Las leyes de semillas que hoy buscan imponerse son una aplicación irrestricta y a menudo ampliada de UPOV 91. Por lo tanto,
a) Permiten la privatización de variedades “descubiertas”, lo que además de ser absurdo desde el punto de vista de los supuestos principios de la propiedad intelectual (que dice privatizar sólo lo inventado), es un absurdo en el ámbito de las semillas, ya que toda variedad vegetal es obra humana. En otras palabras, las nuevas leyes permiten a las empresas o centros de investigación apropiarse del trabajo ajeno, más específicamente de las semillas campesinas. Este robo se ve facilitado por el hecho que la circulación de una variedad por circuitos locales campesinos no impide que quien se apropie de ella la defina como “nueva”.
b) El robo luego es llevado hasta límites impensables cuando las nuevas leyes expanden la propiedad otorgada a toda variedad “similar”, sin importar cuánto tiempo ella haya existido. Es decir, las leyes UPOV buscan imponer un robo con retroactividad. Una cláusula como ésta fue incluida en la resolución 970 del ICA en Colombia, inclusión que fue uno de los detonantes del Paro Agrario que se llevó a cabo en Colombia y que obligó al gobierno colombiano a retirar tal resolución.
c) Las sanciones contra quienes no obedezcan el absurdo aumentan significativamente, permitiendo la confiscación no sólo de las semillas que se consideren “ilegales”, sino también de los cultivos, plantaciones, cosechas y productos elaborados que provengan de tales semillas. Los procedimientos judiciales para tales confiscaciones serán del tipo sumario, lo que significa que se harán de manera rápida y con poca exigencia de pruebas. La experiencia práctica permite temer fundamentadamente que las empresas desplegarán estrategias de acusaciones múltiples sin mayores pruebas para amedrentar a campesinos y agricultores “díscolos”. La situación se agrava más aún por el hecho que al empresariado se le otorga explícitamente la posibilidad de perseguir penalmente a los agricultores, imponiendo penas de cárcel.
Éste es el corazón de las leyes UPOV. Otros elementos altamente dañinos también han sido introducidos en algunas propuestas de ley. El proyecto chileno inicialmente entregaba el control de la aplicación de la ley a las empresas semilleras, creando de facto una policía privada. El proyecto argentino crea un registro obligatorio de usuarios de semillas, lo que significa que todo el que quiera sembrar debe registrarse.
Pero los intentos de privatización van más allá de UPOV. La certificación y las leyes de comercialización han sido centrales en la privatización de semillas de México y Colombia. Brasil está utilizando normas de comercialización. En Argentina avanza la privatización de eventos biotecnológicos y en todo el Cono Sur las empresas están creando su mundo legal paralelo a través de la imposición de contratos privados para cobro de regalías. A ello se agregan casi universalmente las políticas crediticias y de asistencia técnica que exigen el uso de semillas provenientes de las empresas o de los centros de investigación.
Todos estos mecanismos actúan conjuntamente y complementándose para desde distintos frentes intentar el fin último del control absoluto de las semillas.
La resistencia crece y se multiplica
Pero también es en América Latina donde las resistencias se están expresando de manera más contundente y donde los pueblos han logrado frenar en muchos países estos intentos de doblegar su autonomía. A continuación hacemos un recorrido por la situación en los diferentes países donde el protagonismo popular y campesino ha sido clave para detener estos avances corporativos y donde las luchas hoy continúan cada día.
La ofensiva de UPOV en Chile difiere poco de lo que está intentando imponer en muchos otros países. Diversos artículos facilitan la apropiación de semillas locales por parte de las empresas, criminalizan el uso de semillas propias por parte del campesinado, e imponen elementos absurdos como que aquellas empresas que registran alguna variedad como propia luego pueden impedir el uso de cualquier semilla que se le parezca. Y la amenaza de la confiscación de semillas, cultivos y plantaciones es parte de las nuevas que se imponen a las familias campesinas que osen continuar haciendo lo que han hecho toda su vida.
Lo que las empresas y el gobierno no esperaban es la reacción social que poco a poco se ha ido construyendo en Chile. La ley de semillas de acuerdo a UPOV 91 fue aprobada en primer trámite en el año 2010, a pesar de la fuerte oposición de diversas organizaciones campesinas —especialmente de Anamuri y de la CLOC-VC—, así como de grupos de la sociedad civil.
A pesar de esta primera derrota, las organizaciones siguieron informando y denunciando los contenidos de la ley, por lo que cuando Chile adhirió al Convenio UPOV 91, la oposición fue muchísimo más amplia y activa, lo que llevó a un grupo de senadores a solicitar que el Tribunal Constitucional declarara la inconstitucionalidad de esta adhesión. Aquí se sufrió una nueva derrota, pero el trabajo de información siguió y se amplió, entre otros medios, a través de las muchas movilizaciones sociales que se han realizado en el país desde 2011.
Actualmente, el rechazo a la privatización de las semillas y a la Ley UPOV 91 es una preocupación nacional y transversal que hasta hace poco había impedido que la ley fuese aprobada en segundo trámite. Sin embargo, el gobierno de derecha —bajo la presión del gobierno de Estados Unidos— le dio urgencia a este segundo trámite, intentando empujarla sin que las organizaciones pudiesen reaccionar. La movilización esta vez fue a nivel nacional y por todo tipo de medios, desde marchas en todo el país que causaron gran impacto, a campañas de información por internet, a programas de radio, entrevistas por televisión, a talleres de información en comunidades rurales, universidades, reuniones con autoridades religiosas, conversaciones e intercambio de información con senadores, etc.
El impacto de miles de personas movilizándose, presionando a senadores y protestando, fue suficientemente fuerte como para romper al menos parcialmente el férreo cerco informativo que se vive en Chile y para convencer a una mayoría de los senadores (21 de 38) a comprometerse a votar en contra del proyecto de ley.
Ante esta nueva situación, el gobierno retiró la ley de la votación, con el fin de postergarla hasta después de las elecciones que se harán en noviembre de 2013, cuando varios de los senadores actualmente comprometidos contra la ley habrán cesado sus labores parlamentarias.
Las organizaciones campesinas y de la sociedad civil seguirán movilizándose para exigir que el voto de rechazo se haga efectivo a la brevedad.
El Proyecto de modificación de la Ley de Semillas en Argentina es fruto de un lobby concreto de Monsanto que comenzó en el 2003 cuando la empresa comenzó a solicitar que se cambiara la Ley de Semillas para garantizar la “seguridad jurídica” de sus inversiones en transgénicos. En ese entonces no encontró ecos en el gobierno y anunció que se retiraba del país no introduciendo nuevos eventos. En su lucha por el cobro de regalías, Monsanto frenó embarques enteros de soja transgénica en puertos de Europa con demandas judiciales porque contenían genes de su propiedad y Argentina no admitía el pago de regalías. Finalmente esta demanda fue ganada por Argentina cuando los tribunales europeos desestimaron la demanda de Monsanto.
Si bien durante los últimos años de la década pasada el gobierno anunció en varias ocasiones que iba a presentar una nueva Ley de Semillas al Congreso fue recién en el año 2012 que se produce un radical cambio de postura sobre el tema. En junio del 2012, la presidenta Cristina Fernández anuncia en el Consejo de las Américas que a partir de sus conversaciones con Monsanto, la empresa volvería a realizar inversiones en el país con eje en una planta de procesamiento de maíz transgénico en el Barrio Malvinas Argentinas -en la Ciudad de Córdoba.
A los pocos meses, en una conferencia de prensa conjunta, el Ministro de Agricultura Norberto Yahuar y Pablo Vaqueros, Presidente de Monsanto Argentina anunciaron la aprobación y lanzamiento de la nueva soja transgénica RR2 “Intacta” (resistente al glifosato e insecticida) y la modificación de la Ley de Semillas para proteger a los inversores por “los grandes gastos que tienen”. El compromiso allí explicitado fue presentar la Ley al Congreso antes de fines del 2012 para que fuera tratada y aprobada.
La reacción de las organizaciones sociales no se hizo esperar y fue mucho más contundente cuando se hizo público que el borrador en discusión estaba siendo negociado en secreto dentro del Ministerio de Agricultura por las grandes cámaras semilleras y los grandes terratenientes del país. El rechazo a la modificación de la Ley de Semillas se extendió ampliamente en la sociedad y diferente colectivos incluyeron la demanda en diferentes actividades, movilizaciones, charlas y documentos.
Los análisis de las organizaciones sociales de una copia filtrada del proyecto en discusión encontraron que el mismo introducía, a partir de modificaciones en el articulado de la Ley vigente (que data del año 1973), casi todos los contenidos de UPOV 91 y las restricciones que esta norma impone.
El Movimiento Nacional Campesino Indígena junto a Amigos de la Tierra y GRAIN comenzó una campaña de recolección de firmas que hacia fines de noviembre contaba ya con más de 500 adhesiones de organizaciones sociales y más de 3 mil 500 firmantes particulares.
El documento “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina” expresa que “la ley propuesta no protege los conocimientos ni la biodiversidad; sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. De esta forma expande un principio inaceptable, el de que es posible y aceptable privatizar los conocimientos y diversas formas de vida” y que “Abre las puertas para que se profundice la expropiación y privatización de la biodiversidad agrícola y silvestre de Argentina. El proyecto de ley hace posible la mayor privatización de los recursos genéticos y de la biodiversidad nativa de Argentina al expandir los llamados derechos de obtentor sobre las especies vegetales”. Además “ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior”.
El documento concluye con un llamado a “Rechazar un proyecto de ley que atenta gravemente contra el conjunto de los habitantes de nuestro país. La agricultura tiene un carácter eminentemente social, puesto que tiene la función de sustentar y alimentar a toda la población. Poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria de Argentina a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales que están en el negocio agrícola es avanzar por el camino de la pérdida de soberanía para nuestro pueblo”.
El extendido rechazo que muy pronto encontró eco en varios sectores del oficialismo produjo que el Proyecto nunca ingresara al Parlamento, lo que fue entendido por las organizaciones como una victoria parcial. Durante los primeros meses del año 2013 el Ministro de Agricultura expresó que por ser un año electoral el Proyecto no sería enviado al Congreso pero ante evidentes nuevas presiones de Monsanto a las pocas semanas el Secretario de Agricultura anunció que ni bien concluyeran las elecciones el Proyecto ingresaría al Congreso.
Mientras tanto Monsanto no permanece en actitud de espera si no que mantiene su ofensiva obligando a los compradores de la nueva soja transgénica rr2 “intacta” a firmar un “contrato de regalías extendidas”. Monsanto informa en su página web para esta soja que “Los productores que deseen optar, a su criterio y decisión, por utilizar semillas de soja conteniendo la tecnología intacta rr2 deberán suscribir con Monsanto una licencia limitada de uso de la tecnología”. Una particular manera de entender el “criterio propio y decisión” de los productores que ronda la ilegalidad.
La movilización y la atención de la sociedad sigue de cerca cada paso que se da tratando de avanzar con La ley y hoy está presente en la lucha que los vecinos de la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida y las Madres de Barrio Ituzaingó Anexo están dando en el Bloqueo a la Planta que Monsanto está intentando construir allí y que lleva mas de tres semanas de bloqueo.
En abril del año 2102 el Congreso de la República de Colombia aprobó la Ley 1518 por medio de la cual se aprobó el “Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales” cumpliendo los “deberes” que el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos le imponía para proteger los intereses de las grandes corporaciones del agronegocio.
La organizaciones sociales denunciaron rápidamente que la aprobación se realizó desconociendo disposiciones de rango superior y desarrollos normativos y jurisprudenciales internacionales, que consagran las obligaciones del Estado de garantizar y respetar los derechos de quienes están bajo su jurisdicción y específicamente la obligación de velar por la soberanía y seguridad alimentaria de la población.
Según el Grupo Semillas y la Campaña Semillas de Identidad, el Convenio Internacional fue ratificado “sin garantizar el derecho fundamental a la consulta previa de las minorías étnicas”, y su objetivo principal es buscar “la concesión y consecuente protección de derechos de obtentor de géneros y especies vegetales estableciendo, por un lado, determinadas condiciones que no pueden cumplir las variedades nativas y criollas porque el mejoramiento genético que han realizado los agricultores se basa en un enfoque y principios totalmente diferentes al que realizan los fitomejoradores modernos, y por otro, los alcances de su reconocimiento protegiendo intereses económicos de algunos e imponiendo el uso de semillas protegidas legalmente por requerimiento de las empresas transnacionales”.
A partir de este análisis diversas organizaciones realizaron una presentación ante la Corte Constitucional. Lograron, en diciembre del 2012, que la Corte Constitucional declarara INEXEQUIBLE la Ley 1518. De esta manera se logró frenar el avance de UPOV 91 bajo el argumento de la falta de consulta previa a los pueblos indígenas y tribales sobre medidas legislativas o administrativas que los afecten directamente, bajo el amparo del Convenio 169 de la OIT, en cuyo artículo 6º se establece la obligatoriedad de dicha consulta. Si bien la amenaza de la aprobación de UPOV aún permanece, hasta el momento no se ha puesto en marcha el proceso de consulta requerido por la Corte. Esto produjo la preocupación de los Estados Unidos que hizo conocer a través de los medios su “pleno derecho de pedir que Colombia compense los perjuicios ocasionados por la decisión de la Corte Constitucional colombiana de declarar inexequible las Leyes 1518 y 1520, que establecieron una serie de normas requeridas para la firma del Tratado de Libre Comercio con ese país”.
Pero durante el año 2013 los acontecimientos ligados a las luchas campesinas volvieron a poner a las semillas en el centro de la escena. Fue a partir de la difusión del documental 9.70 la historia de la semilla privatizada, de la joven directora Victoria Solano, que se comenzó a multiplicar entre la sociedad el impacto de las normas que privatizan las semillas.
La disposición 9.70 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) data del año 2010 y pretende controlar la producción, uso y comercialización de semillas en el país. Esta resolución aplica los conceptos de la propiedad intelectual a las semillas y fue promulgada como requisito para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos.
“El documental analiza los impactos de la resolución tomando como ejemplo el caso Campoalegre, un pueblo al sur de Colombia donde se aplicó la resolución. En el 2011 el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, llegó hasta el municipio e incautó 70 toneladas de arroz, luego volvió con fuerza pública, y finalmente destruyó la semilla en un basurero por considerarla ilegal” exponen sus autores.
El fuerte impacto público que tuvo el documental coincidió con el inicio de las movilizaciones campesinas del 19 de agosto que conmovieron al país y rápidamente el rechazo a la disposición 9.70 se sumó a los múltiples reclamos campesinos. A partir de estas luchas la norma 9.70 fue “congelada por dos años”, lo que representa un inmenso triunfo de las organizaciones campesinas y sociales de Colombia. Sin embargo, en el presente resulta claro que lo que el pueblo de Colombia exige es que esta resolución sea completamente derogada de la misma forma que cualquier intento de imponer UPOV 91 por otras vías.
En Venezuela está en la pauta para el tratamiento de la Asamblea Nacional un proyecto de modificación de la Ley de Semillas, que ha provocado mucha preocupación en las organizaciones sociales. Por un lado este Proyecto de Ley plantea una situación muy compleja pues pretende reglamentar la prohibición de los transgénicos en Venezuela y al mismo tiempo legislar las cuestiones de propiedad intelectual.
La Campaña Venezuela Libre de Transgénicos ha dado seguimiento a este proyecto y realizó observaciones, en las que propuso la “prohibición de las semillas transgénicas en el país, la prohibición de cualquier figura de derecho de propiedad intelectual o patentes sobre las semillas, y la solicitud de ampliar el debate de la ley desde la construcción colectiva con los colectivos y movimientos populares revolucionarios”.
Las declaraciones públicas de los impulsores de la ley hablan de que la misma prohibirá los transgénicos en Venezuela, pero la campaña ha expresado sus preocupaciones en relación al “articulado de la propuesta de ley, que continúa reconociendo derechos de obtentor (figura de propiedad intelectual sobre la semilla), no define claramente los mecanismos de control y sanción de las semillas transgénicas, establece fiscalizaciones rigurosas a la semilla campesina, establece sanciones que pueden criminalizar las prácticas de intercambio tradicionales, aún no establece mecanismos de participación del poder popular, entre otros, todos aspectos que consideramos elementos de lucha del movimiento popular en el debate de esta ley”.
El compromiso de un amplio debate público y la fuerte movilización de los movimientos sociales abre las puertas para que se produzcan en el proyecto modificaciones que respondan a las demandas que se están realizando.
Tras la puesta en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se fue articulando un escenario de leyes combinadas que incluyó a “la ley de Variedades Vegetales” (1996), la puesta en vigor de la ley de Bioseguridad de 2005 y la nueva ley de Semillas, de 2007 mediante las cuales el sistema jurídico mexicano dio un paso muy grande hacia el registro, la certificación, el patentamiento y la privatización de las semillas, buscando imponer semillas de laboratorio diseñadas y criminalizando la custodia e intercambio de semillas nativas por los canales de confianza que durante siglos fueron la base de los sistemas alimentarios indígenas, campesinos, a nivel nacional.
Aunque México no se ha suscrito a la versión 1991 del Convenio, ya su ley de Semillas de 2007 explícitamente promueve la criminalización de las semillas nativas, criterios inconsistentes con el comportamiento de las semillas en la vida cotidiana de las comunidades estableciendo criterios abstractos de calidad y una “estabilidad” que implicaría un congelamiento de sus características, casi que la “obligación de no seguir evolucionando”.
Esto, junto con la Ley de Variedades Vegetales, de 1996 (parte de las obligaciones de ser miembro de UPOV) y su reglamento de 1998, abrió la explotación y aprovechamiento privados de variedades vegetales y materiales de propagación y su concesión pagada y venta mediante reglamentaciones muy favorables a las corporaciones.
En 2012, un sinnúmero de organizaciones campesinas y de la sociedad civil lograron detener el intento de que la Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91. La reforma habría sido muy grave, porque concedía a los obtentores privados “el beneficio exclusivo [monopólico] procedente de ventas de semillas u otros materiales vegetales hasta por 15 años, o 18 en el caso de plantas perennes, ornamentales, forestales —aun cuando las plantas que se utilicen para desarrollar nuevas variedades sean del dominio público”. Se incluían los organismos genéticamente modificados en coherencia con la ley de Bioseguridad, “lo cual es absurdo dado que los OGM son creados por la introducción de material genético que no es vegetal”.
La Ley de Variedades Vegetales recargada habría sido clave para potenciar a la ley de Semillas de 2007, pues habría promovido una policía de las semillas, un sistema de fiscalización y decomiso de las semillas no certificadas, clasificadas absurdamente como “piratas”, por no contar con factura, registro o certificación, pese a haberse guardado e intercambiado por lo menos hace 6 mil años. La reforma de la Ley de Variedades está pospuesta, pero sería un error pensar que está desactivada su aprobación.
En el resto de América Latina y el Caribe la situación difiere según existan o no Tratados de Libre Comercio (TLC) firmados con los Estados Unidos (EUA). Es el caso de Costa Rica y República Dominicana, que por la firma del CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica-República Dominicana y Estados Unidos) debieron cambiar sus legislaciones para adaptarse al TLC; o de Perú, que también ha firmado un TLC con EUA. En el resto del continente -y aunque en estos momentos no haya ofensivas- las presiones para la adhesión a UPOV 91 son permanentes y es muy posible que en algunos países, como Paraguay, por ejemplo, en los próximos meses se produzcan embates en esa dirección.
Las resistencias dan sus frutos
Lo sorprendente en un contexto de avance del agronegocio en toda la región es que las resistencias al control corporativo de las semillas han dado sus frutos en casi todos los países donde se han presentado estas ofensivas.
En Argentina el Proyecto de Ley de Semillas no salió de su ámbito de discusión secreto en el Ministerio de Agricultura y jamás tomó estado parlamentario.
En Chile las organizaciones lograron que una mayoría de los senadores se comprometieran a votar contra el Proyecto de Ley Monsanto.
En Colombia la movilización campesina logró que la Resolución 9.70 fuera frenada.
En Venezuela existen firmes compromisos para que los principios que impulsó Hugo Chávez no sean traicionados.
También en México las luchas sociales impidieron que Ley Federal de Variedades Vegetales se reformara hacia lineamientos más afines con UPOV 91.
Todo esto ocurrió hasta el mes de octubre del 2013. No sabemos qué sucederá en los próximos meses, pero está claro que estas victorias no significan que las batallas contra la apropiación estén ganadas. Los movimientos sociales son muy conscientes de que la situación actual plantea el desafío de seguir construyendo articulaciones, conciencia y nuevos aliados para enfrentar los embates que habrá de aquí en adelante y seguir defendiendo a las semillas como Patrimonio de los Pueblos al Servicio de la Humanidad; poniéndole el cuerpo a esta hermosa consigna de la Campaña de la Semilla de la Vía Campesina.
Fuente: http://desinformemonos.org
http://desinformemonos.org/2014/01/leyes-de-semillas-en-america-latina-resistiendo-el-despojo/
La psicosis cruza el océano
06/01/14 Por Gustavo Veiga
Mapas interactivos que indican cómo avanza hacia el continente americano el cesio-137, cuyos efectos podrían afectar a poblaciones costeras. Desde Alaska hasta Baja California hay señales inquietantes en la población de animales.
La psicosis por el último desastre nuclear japonés llegó hasta las playas de Ensenada, en Baja California, México. “Fukushima is here”, escribió un anónimo caminante sobre la arena. Quinientas personas formaron el mismo mensaje posando para una foto aérea en Ocean Beach, San Francisco, Estados Unidos. La costa oeste del Pacífico, en América del Norte, suma de a poco este tipo de protestas contra la contaminación radiactiva que generaron el terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011. Informaciones oficiales contradictorias –las que hablan de un efecto inocuo para la población como las que no–, mapas interactivos que indican cómo avanza hacia el continente americano el cesio-137 pero, sobre todo, la errática política del gobierno conservador de Shinzo Abe y las malas noticias que cada tanto arroja la fallida purificación de la planta de Fukushima, provocan espanto de costa a costa.
La Tepco (Compañía Eléctrica de Tokio), que opera la central donde ocurrió el desastre, no deja de redactar comunicados inquietantes. El último, en vísperas de Nochebuena, mencionó una fuga de agua contaminada que ascendía a 1,8 tonelada. Se detectaron hasta 190 bequerelios de estroncio 90 por litro –19 veces más que lo normal– hacia el interior de las barreras que intentan impedir filtraciones de casi mil tanques donde se almacena el líquido letal. Niveles altos de ese isótopo radiactivo pueden provocar cáncer. Un problema adicional es que los tanques tienen filtraciones por fatiga de su material. Cuando ocurrió la catástrofe, esos depósitos de agua se fabricaron de apuro y con uniones de resina. No estaban soldados.
El agua depositada en ellos es la que enfría los reactores de la planta que, por lo tanto, está contaminada. Un especialista en el tema, el estadounidense Alex Kerr, acaba de declarar: “El verdadero problema es que el gobierno japonés se ha esforzado tanto en ocultar información que en este momento nadie sabe realmente lo que está pasando. Es justo decir que es un auténtico desastre y que la situación empeorará”. Kerr es el mismo experto que denunció a Tepco por contratar mano de obra no calificada para operar en Fukushima y a la que, en algunos casos, ni siquiera se le avisó que iba a trabajar en una zona radiactiva. La psicosis que se vive desde Alaska (donde aparecieron cientos de pájaros muertos, en la isla Saint Lawrence, a fines de noviembre) hasta Baja California, en México, va en aumento.
La mortandad de aves y enfermedades de la piel en osos polares, focas y morsas, hay quienes las atribuyen al cambio climático, pero otros testimonios refutan esa hipótesis. La bióloga Lanza Barrett-Lennard señaló que “algo muy raro está sucediendo”. Un mapa interactivo realizado en China y Corea causa revuelo en Internet. Medios mexicanos de Baja California se basan en él para mostrar el avance de la radiactividad hacia la costa americana del Pacífico.
Los resultados de un estudio científico difundido en septiembre pasado avalan ese fenómeno. Señalan que partículas de cesio-137, liberadas al mar tras el accidente de Fukushima, serán detectadas en la costa oeste de EE.UU. el año próximo. Pero en lo que discrepan es en las consecuencias alarmantes que tendrá la contaminación.
El estudio, publicado en la revista Elsevier y liderado por el científico Vincent Rossi, del Instituto de Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos (Ifisic), sostiene que las cantidades de cesio son inofensivas para la salud. Eso sí, tienen una vida media de treinta años y la capacidad de recorrer grandes distancias por el océano. Interpretaciones diferentes sobre las implicancias que depara el desastre nuclear surcan los cinco continentes. Si la información que fluye por la web tiene una dosis adicional de dramatismo, en buena medida es por los mensajes contradictorios de Tepco y el gobierno conservador japonés.
El multimillonario presupuesto de Tokio para 2014, según fuentes europeas, incluye 25.564 millones de euros para destinar a Fukushima y su descontaminación. Hasta hoy, las muertes se cuentan por miles (1606 fueron reportadas a consecuencia del terremoto y otro tanto por la radiación o motivos diferentes en días posteriores de 2011, 2012 y 2013). Lo contradictorio es que para estas fiestas de fin de año se autorizó el regreso de habitantes de la región de Fukushima a sus viviendas abandonadas hace tres años. Allí donde hubo 52 mil desplazados. Mientras tanto, el gobierno no decidió todavía qué hará con el agua contaminada.
El Ministerio de Industria japonés formó un panel de expertos en radiactividad para evaluar los próximos pasos. En la planta trabajan 3500 personas bajo una presión psicológica enorme, mientras que a 50 kilómetros de los reactores destruidos hay jóvenes que hacen surf sobre las olas. Japón se debate en cómo hará con la provisión de energía en los próximos años ante las derivaciones de la catástrofe de Fukushima. Su primer ministro Abe insiste con recuperar el golpeado modelo de desarrollo nuclear. Por lo pronto, en la segunda región más poblada del país, Kansai, el gobierno autorizó el funcionamiento de la planta de Oi.
Cuando se tomó la decisión, el alcalde de Osaka, Toru Hashimoto, sugirió que funcionara durante dos meses del verano porque es cuando aumenta el uso del aire acondicionado entre la población.
N°296--10/01/2014

References: resolución 
 artículo 6
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 Resolución