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ServicioS y herramientaS del
Documento de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos
Documentos de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos
SERVICIOS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL GUBERNAMENTAL Documento de consulta para autoridades, funcionarios y servidores públicos.
Departamento de Prevención de la Corrupción
Contraloría General de la República Jr. Camilo Carrillo 114, Jesús María Teléfono: (511) 330-3000 www.contraloria.gob.pe
Tarea Asociación Gráfica Educativa Pasaje María Auxiliadora N.º 156 – 164 Breña, Lima-Perú
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2016-10235
El SIStEma NacIoNal dE coNtrol y la coNtraloría GENEral dE la rEpúblIca
El Sistema Nacional de Control La Contraloría General de la República Las Gerencias de Coordinación Regional Los Órganos de Control Institucional Las Sociedades de Auditoría Facultades de la Contraloría General
El Control Gubernamental Los Servicios de Control La facultad sancionadora de la Contraloría General
Servicios de Control Previo Informe Previo de Endeudamiento
Informe Previo de Proyectos de Inversión Pública (PIP) ejecutados bajo el mecanismo de “Obras por Impuestos”
Informe Previo de Asociaciones Público Privadas (APP)
Autorización Previa de Prestaciones Adicionales para Obras y Supervisión de Obras
Servicios de Control Simultáneo Servicios de Control Posterior
El control de los Programas Sociales y de las medidas de responsabilidad para el Sector Público
El control de las medidas de seguridad de los sistemas informáticos en las entidades públicas
mEdIdaS prEvENtIvaS y dE traNSparENcIa
Herramientas e-control Declaración Jurada de Ingresos, Bienes y Rentas Declaración Jurada de Nepotismo Rendición de Cuentas de los Titulares de las entidades
Sistema de información sobre obras públicas – INFObras Participación ciudadana: Auditorías Juveniles
Iv. GloSarIo dE térmINoS rElacIoNadoS
dIrEctorIo dE laS GErENcIaS dE coordINacIóN rEGIoNal y dE laS coNtraloríaS rEGIoNalES
ISTEMA N ACIONAL d E
C ONTROL y LA CONTRALORIA G ENERAL d E LA R E p UBLICA
R El SIStEma NacIoNal dE coNtrol
El Sistema Nacional de Control es el conjunto de órganos de control, normas, métodos y procedimientos, estructurados e integrados funcionalmente con el objetivo de conducir y desarrollar el ejercicio del control gubernamental en todas las instituciones públicas del país.
Su actuación comprende a todas las actividades y acciones en los campos administrativo,
presupuestal, operativo y financiero de las entidades públicas, así como del personal
que presta servicios en estas, independientemente del régimen que las regule.
R la coNtraloría GENEral dE la rEpúblIca
La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacio-
nal de Control, dotado de facultades para supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. Tiene como misión dirigir y supervisar el control
gubernamental con eficiencia y eficacia, orientando su accionar al fortalecimiento y
transparencia de la gestión de las entidades, así como promover valores y responsabi- lidad en los funcionarios y servidores públicos.
Contribuye con los Poderes del Estado en la toma de decisiones, y con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. Para realizar adecuadamente sus
funciones cuenta con autonomía administrativa, funcional, económica y financiera.
Como ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, ejerce una vigilancia di-
recta en los tres niveles de la administración pública: nacional, regional y local, a
través de su esquema descentralizado de prevención y fiscalización.
La Contraloría General opera con una estructura organizacional orientada a crear valor para la ciudadanía y atender satisfactoriamente la demanda de sus servicios bajo un modelo de gestión basado en el concepto cliente-producto-producción. Esta moderna estructura se proyecta de manera vertical y horizontal, y se soporta en tres grandes áreas: administrativa, gestora de servicios para los clientes, y de control de productos, las cuales posibilitan una gestión especializada, moderna y efectiva, tanto en la sede central como en sus dependencias.
Es el funcionario de mayor rango del Sistema Nacional de Control y la más alta autoridad de la Contraloría General. No está sujeto a subordinación, autoridad o dependencia alguna en el ejercicio de su función.
El Contralor General de la República ejerce la conducción integral del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, y es el responsable de establecer políticas, estrategias y objetivos institucionales, así como de aprobar y dictar la normativa para regular y supervisar sus acciones y funcionamiento, entre otras facultades, que van en concordancia con los mandatos de la Constitución Política del
8 Perú y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General.
El vicecontralor General de la república
Es el segundo funcionario en el rango dentro del Sistema Nacional de Control, reemplaza al Contralor General en caso de ausencia, impedimento temporal o vacancia.
Tiene a su cargo la dirección y supervisión de las labores de carácter técnico operativo que ejecutan los órganos del Sistema Nacional de Control y ejerce las atribuciones que le delega el Contralor General de la República.
La Contraloría General de la República, con la finalidad de ampliar su cobertura
de control y ofrecer a los ciudadanos de todo el país un espacio para que puedan acceder a sus servicios, ha implementado las Gerencias de Coordinación Regional y las Contralorías Regionales, dependencias que a continuación detallamos:
R laS GErENcIaS dE coordINacIóN rEGIoNal
Son las instancias macrodesconcentradas del Sistema Nacional de Control y tienen entre sus funciones: conducir los servicios de control gubernamental posterior y simultáneo que ejecuten las Contralorías Regionales que están a su cargo, así como supervisar y ejecutar servicios de control y servicios relacionados en las entidades públicas que se encuentran bajo su ámbito, con el afán de lograr un control
gubernamental más eficiente y activo en las diversas regiones del país. Están a cargo
de un gerente de Coordinación Regional.
Para todo el país se han establecido cuatro (4) Gerencias de Coordinación Regional:
Gerencia de Coordinación Regional Lima, Gerencia de Coordinación Regional Norte, Gerencia de Coordinación Regional Centro y Gerencia de Coordinación Regional Sur.
contralorías regionales 1
Son las dependencias desconcentradas del Sistema Nacional de Control y dependen directamente de una Gerencia de Coordinación Regional. Tienen la responsabilidad directa de dirigir y ejecutar servicios de control y servicios relacionados en las entidades públicas que se encuentran en su ámbito. Están a cargo de un Contralor Regional.
La Contraloría General cuenta con veintisiete (27) Contralorías Regionales en el ámbito nacional.
R loS órGaNoS dE coNtrol INStItucIoNal
¿Qué es un órgano de control Institucional (ocI)?
Es una unidad especializada de la Contraloría General que funciona de manera autónoma en el interior de la propia entidad pública sobre la cual
ejerce el control gubernamental, con la finalidad de promover la correcta y
transparente gestión de los recursos y bienes del Estado.
1 Ver directorio de Gerencias de Coordinación Regional y Contralorías Regionales. Páginas 90 y 91.
La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría General, dispone la implementación del OCI en las entidades públicas con dependencia funcional de la Contraloría General, es decir, que están sujetos a los lineamientos, disposiciones y reglamento del Sistema Nacional de Control, actuando con independencia técnica dentro del ámbito de su competencia.
Los jefes de OCI son designados por el Contralor General de la República.
¿Qué sucede si los titulares no cumplen con implantar e implementar un ocI en su entidad?
La omisión o incumplimiento de la implantación e implementación del OCI constituye una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General, conforme a lo previsto en el literal b) del artículo 42° de la Ley N° 27785.
Excepcionalmente, la Contraloría General podrá autorizar, únicamente por razo- nes presupuestales u otras debidamente sustentadas, que una entidad se mantenga transitoriamente sin OCI, condicionada a que algún órgano del Sistema Nacional de Control ejerza el control simultáneo o posterior sobre ella.
¿cómo deben ejercer sus funciones los ocI?
Los OCI ejercen sus funciones en la entidad pública con independencia funcional y técnica respecto de aquella, dentro del ámbito de su competencia, sujeta a los principios y atribuciones establecidos en la Ley N° 27785 y a las normas emitidas por la Contraloría General. El personal del OCI no participa en los procesos de gerencia o gestión de la administración de la entidad donde opera.
En caso se afecte la autonomía del OCI, el jefe de este órgano debe comunicar sobre este hecho, de manera oportuna y fundamentada, a la Contraloría Gene- ral y al Titular de la entidad pública correspondiente.
¿Qué sucede si se interfiere con las labores del OCI?
Los actos u omisiones de cualquier autoridad, funcionario, servidor público
o tercero que interfieran o impidan el desarrollo de las funciones del OCI,
constituyen una infracción sujeta a la potestad sancionadora de la Contraloría General, conforme a lo previsto en el inciso c) del artículo 42° de la citada Ley.
Implantación e Implementación y funciones del ocI, según directiva
N° 015-2015-cG/procal “directiva Institucional”*
*Aprobado mediante R.C. N° 353-2015-CG del 03.Dic.2015
Numeral 7.1.1 Implantación e implementación del ocI
Las entidades bajo el ámbito del Sistema Nacional de Control deben contar con un OCI, conforme a lo establecido en el artículo 17° de la Ley N° 27785.
Numeral 7.1.2 Nivel Jerárquico
Para un desempeño independiente del control gubernamental y a fin
de permitir el acceso y coordinación directa con el Titular, el OCI se
ubica en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad, es decir, en el primer nivel de la estructura orgánica de la misma.
Numeral 7.5.1 obligaciones del titular de la entidad pública
El titular es responsable de promover el control gubernamental a ni- vel institucional y tiene, respecto del OCI, las obligaciones siguientes:
• Implantar e implementar una unidad orgánica denominada Órgano de Control Institucional (OCI) conforme a las disposiciones que emita la Contraloría General.
Ubicar al OCI en el mayor nivel jerárquico de la estructura de la entidad y asignar al Jefe y personal del OCI respectivo.
Aprobar la organización interna del OCI propuesta por el Jefe del OCI previa conformidad del Departamento de Gestión de Órganos de Control Institucional (DOCI) o la unidad orgánica que haga sus veces en Contraloría General.
Adecuar el ROF de la entidad conforme a las funciones del OCI previstas en la Directiva.
Aprobar la clasificación y número de los puestos asignados al
OCI, conforme a la comunicación efectuada por el Jefe del OCI.
Asignar el presupuesto necesario para asegurar que el OCI cuente con infraestructura, capacidad operativa y logística para el cumplimiento de sus funciones, conforme al requerimiento efectuado por el Jefe del OCI.
Informar oportunamente al DOCI la reducción del presupuesto, personal, infraestructura o logística para el OCI.
Asignar o disponer la contratación del personal al OCI que cumpla con los requisitos establecidos en el numeral 7.3.1 de la Directiva conforme al requerimiento efectuado por el Jefe del OCI.
Cubrir las plazas del Cuadro de Puestos del OCI o ampliarlo, si corresponde.
Disponer que los funcionarios y servidores de la entidad proporcionen la información requerida por el OCI, en forma oportuna y conforme al requerimiento efectuado.
Cautelar que el OCI mantenga la autonomía técnica y funcional que le permita cumplir sus funciones sin interferencias, ni limitaciones.
Disponer que el Jefe y el personal del OCI participen en eventos de capacitación.
Informar al DOCI de Contraloría General los casos de renuncia, fallecimiento, licencias o descanso médico mayores de treinta (30) días, del Jefe del OCI, cuando este tenga dependencia laboral o contractual con la entidad.
Numeral 7.1.7 Funciones del ocI
Entre las principales funciones del OCI, tenemos las siguientes:
• Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás normas emitidas por la Contraloría General.
competentes de la Contraloría General, el Plan Anual de Control, de acuerdo con las disposiciones que sobre la materia emita la Contraloría General.
• Ejecutar los servicios de control y servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la Contraloría General.
• Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de los procesos y productos a cargo del OCI en todas sus etapas y de acuerdo con los estándares establecidos por la Contraloría General.
Comunicar oportunamente los resultados de los servicios de con- trol a la Contraloría General para su revisión de oficio, de corres- ponder, luego de lo cual debe remitirlos al Titular de la entidad o del sector, y a los órganos competentes de acuerdo a ley; confor- me a las disposiciones emitidas por la Contraloría General.
Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General
• Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la entidad se adviertan indicios razonables de falsificación de
documentos, debiendo informar al Ministerio Público o al Titular, según corresponda, bajo responsabilidad, para que se adopten las medidas pertinentes, antes de efectuar la coordinación con la unidad orgánica de la Contraloría General bajo cuyo ámbito se encuentra el OCI.
Elaborar la Carpeta de Control y remitirla a las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por la Contraloría General.
o atender las denuncias,
otorgándoles el trámite que corresponda, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Denuncias o de la Contraloría General sobre la materia.
• Realizar el seguimiento a las acciones que las entidades dispongan para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General.
Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la Contraloría General para la realización de los servicios de control en el ámbito de la entidad en la cual se encuentra el OCI, de acuerdo con la disponibilidad de su capacidad operativa. Asimismo, el Jefe y el personal del OCI deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos desconcentrados de la Contraloría General, en otros servicios de control y servicios relacionados fuera del ámbito de la entidad. El Jefe del OCI debe dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación del desempeño, toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de Control.
• Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General.
• Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la Contraloría General.
• Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto asignado o al ROF, en lo relativo al OCI, se realice en conformidad con las disposiciones de la materia y las emitidas por la Contraloría General.
• Promover la capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de competencias del Jefe y el personal del OCI a través de la Escuela Nacional de Control o de otras instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.
• Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10) años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, denuncias recibidas y, en general, cualquier documento relativo a las funciones del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.
• Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en los aplicativos informáticos de la Contraloría General.
Presidir la Comisión Especial de Cautela en la auditoría
financiera gubernamental de acuerdo con las disposiciones que emita la Contraloría General. • Otras que establezca la Contraloría General.
R laS SocIEdadES dE audItoría
• Las Sociedades de Auditoría (SOA), para efectos de esta Ley, son las personas jurídicas calificadas e independientes en la realización
de servicios de control posterior externo, que son designadas por la Contraloría General, previo Concurso Público de Méritos, y contratadas por las entidades para examinar las actividades y operaciones de estas,
opinar sobre la razonabilidad de sus estados financieros, así como evaluar
la gestión, captación y uso de los recursos asignados.
• El proceso de designación y contratación de las SOA, el seguimiento y evaluación de informes, las responsabilidades, así como su registro, es regulado por la Contraloría General.
• Las Auditorías Financieras Gubernamentales comprenden el examen de estados presupuestarios y estados financieros, conforme a la normativa
del control gubernamental y a los manuales técnicos que la Contraloría General emite.
Las Normas Internacionales de Auditoría y el Manual de Pronunciamientos Internacionales de Control de Calidad, Auditoría, Revisión, Otros Aseguramientos y Servicios Relacionados, que rigen a la profesión contable en el país, son igualmente aplicables a todos los aspectos de la Auditoría Financiera Gubernamental.
• Por su naturaleza, las Auditorías Financieras Gubernamentales son de carácter
anual. Los resultados de dichas auditorías son orientados, entre otros, a
14 determinar la razonabilidad de la información presupuestaria y financiera presentada para la formulación de la Cuenta General de la República a cargo
del Ministerio de Economía y Finanzas, que es materia de evaluación por la Contraloría General, de acuerdo a sus atribuciones.
El período de designación de una Sociedad de Auditoría es de dos (2) períodos auditados, y el primero debe corresponder al año en el que se solicita dicha designación, salvo las excepciones contempladas en la Directiva N° 006-2015-CG/PROCAL “Gestión de Sociedades de Auditoría”. Un período auditado corresponde a un ejercicio económico.
• Actualmente, el Registro de Sociedades de Auditoría y Auditores Financieros (RESAF) es administrado por el Departamento de Gestión de Sociedades de Auditoría de la Contraloría General y, hasta el 20 de junio de 2016, cuenta con 133 SOA inscritas, 1 482 Auditores Financieros y 474 Expertos registrados.
• La distribución geográfica de las 133 SOA es la siguiente:
P.C. DEL CALLAO
R FacultadES dE la coNtraloría GENEral
La Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General, en su artículo 22°, señala las siguientes atribuciones de la Contraloría General, que le permiten ejercer su labor de controlar el manejo de los recursos públicos en las diversas entidades del Sector Público.
• tener acceso en cualquier momento y sin limitación a los registros, documentos e información de las entidades públicas, aun cuando sean
confidenciales y/o secretos; así como requerir información a particulares
que mantengan o hayan mantenido relaciones con las entidades, siempre y cuando no violen la libertad individual.
Emitir opinión previa vinculante sobre las adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras, que conforme a ley tengan el carácter de secreto militar o de orden interno exonerados de licitación pública, concurso público o adjudicación directa.
otorgar autorización previa a la ejecución y al pago de los presupuestos adicionales de obra pública y de las mayores prestaciones de supervisión en los casos distintos a los adicionales de obras, cuyos montos excedan
a los previstos en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
respectivamente, cualquiera sea la fuente de financiamiento.
Informar previamente sobre las operaciones, fianzas, avales y otras garantías que otorgue el Estado, inclusive los proyectos de contrato, que
en cualquier forma comprometa su crédito o capacidad financiera, ya sean
estas negociaciones en el país o en el exterior.
designar, de manera exclusiva, las Sociedades de Auditoría que se requieran -a través de un Concurso Público de Méritos- para efectuar auditorías en las entidades, supervisar sus labores con arreglo a las disposiciones que para el efecto se emitan.
• Emitir disposiciones y/o procedimientos para implementar operativamente medidas y acciones contra la corrupción administrativa, a través del control gubernamental, promoviendo una cultura de honestidad y probidad de la gestión pública, así como la adopción de mecanismos de
transparencia e integridad al interior de las entidades, considerándose el concurso de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil.
recibir y atender denuncias y sugerencias de la ciudadanía relacionadas con las funciones de la administración pública, otorgarles el trámite correspondiente sea en el ámbito interno o derivarlas ante la autoridad competente. La identidad de los denunciantes y el contenido de la denuncia deben estar protegidos por el principio de reserva.
promover la participación ciudadana, mediante audiencias públicas y/o
sistemas de vigilancia en las entidades, con el fin de coadyuvar en el
Establecer los procedimientos para que los titulares de las entidades rindan cuenta oportuna ante el órgano rector por los fondos o bienes del Estado a su cargo, así como de los resultados de su gestión.
• Efectuar las acciones de control ambiental y sobre los recursos naturales, así como sobre los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación, informando periódicamente a la Comisión competente del Congreso de la República.
C ONTROL G UBERNAMENTAL
Informe Previo de Proyectos de Inversión Pública (PIP) ejecutados bajo el mecanismo “Obras por Impuestos”
Informe Previo de Asociaciones Público Privadas (APP) Autorización Previa de Prestaciones Adicionales para Obras y Supervisión de Obras Servicios de Control Simultáneo Servicios de Control Posterior
El control de los Programas Sociales y de las medidas de responsabilidad para el Sector Público.
R El coNtrol GubErNamENtal
Implica la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el
uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las
normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, evaluando los
sistemas de administración, gerencia y control con fines de su mejoramiento a través
de la adopción de acciones preventivas y correctivas pertinentes.
El control gubernamental es interno y externo. Su desarrollo constituye un proceso integral y permanente.
El control interno se refiere a las acciones que desarrolla la propia entidad pública con la finalidad de que la gestión de sus recursos, bienes y operaciones se efectúe correcta y eficientemente.
El control externo es entendido como el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos técnicos que compete aplicar a la Contraloría General u otro órgano del Sistema Nacional de Control por encargo o designación de esta, con el objeto de
supervisar, vigilar y verificar la gestión, la captación y el uso de los recursos y bienes
R loS SErvIcIoS dE coNtrol
Constituyen un conjunto de procesos cuyos productos tienen como propósito dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de control gubernamental que corresponde a los órganos del Sistema.
Los servicios de control son prestados por la Contraloría General y los OCI, conforme a su competencia legal y funciones descentralizadas. Los servicios de control poste- rior pueden ser atendidos por las Sociedades de Auditoría, cuando son designadas y contratadas en conformidad con la normativa sobre la materia.
• Autorizar presupuestos adicionales de obra y mayores servicios de supervisión
• Informar sobre las operaciones que en cualquier forma comprometan el crédito o capacidad financiera del Estado
• Opinar sobre las contrataciones con carácter de secreto militar o de orden interno
• Otros establecidos por normativa expresa
b) Servicios de control Simultáneo
• la acción Simultánea. Es la modalidad de control simultáneo que consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución
de un proceso en curso, verificando y revisando documental y físicamente
que se realice conforme a las disposiciones establecidas.
• La Orientación de oficio. Es la modalidad de control simultáneo que se ejerce alertando por escrito y de manera puntual, al Titular de la entidad o quien haga sus veces, sobre la presencia de situaciones que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un proceso, de los cuales se puede tomar conocimiento a través de la misma entidad u otras fuentes.
la visita de control. Es la modalidad de control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos en curso relacionados a la entrega de bienes, presentación de servicios o ejecución de obras públicas, constatando que su ejecución se realice conforme a la normativa vigente.
• Otros que determine la Contraloría General, de conformidad con su competencia normativa y autonomía funcional.
auditoría de cumplimiento 2 . Es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y
las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado.
Tiene como finalidad la mejora de la gestión, transparencia, rendición de
cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permiten optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno
auditoría Financiera 3 . Es el examen a los estados financieros de las entidades que se practica para expresar una opinión profesional e independiente sobre la razonabilidad de estos, de acuerdo con el marco de información
financiera aplicable para la preparación y presentación de información financiera. Tiene como finalidad incrementar el grado de confianza de los usuarios de los estados financieros, y se constituye, igualmente, en una
herramienta para la rendición de cuentas y la realización de la auditoría
a la Cuenta General de la República. Incluye la auditoría de los estados
financieros y la auditoría de la información presupuestaria. • auditoría de desempeño 4 . Es un examen de la eficacia, eficiencia,
economía y calidad de la producción y entrega de los bienes o servicios
que realizan las entidades con la finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano. Se orienta hacia la búsqueda de mejora
continua en la gestión pública, considerando el impacto positivo en el bienestar del ciudadano y fomentando la implementación de una gestión
2 Ver Directiva N° 007-2014- CG-GCSII “Auditoría de Cumplimiento” y “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, aprobada mediante R.C. N° 473-2014- CG del 22.Oct.2014. 3 Directiva N° 005-2014-CG/ AFIN “Auditoría Financiera Gubernamental” y “Manual de Auditoría Financiera Guberna- mental-MAF” aprobada mediante R.C. N° 445-2014- CG del 03.Oct.2014. 4 Directiva N° 008-2016- CG/GPROD “Auditoría de Desempeño” y el “Manual de Auditoría de Desempeño”, aprobada mediante R.C. N° 122-2016- CG del 04.May.2016.
por resultados y la rendición de cuentas. Su análisis puede adquirir un carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes o prestación de servicios públicos, en las que pueden intervenir diversas entidades de distintos sectores o niveles de gobierno.
El desarrollo de los servicios de control comprende la utilización de las técnicas, prácticas, métodos y herramientas de control y de gestión necesarias para el adecuado cumplimiento de sus objetivos, teniendo en cuenta la naturaleza y características particulares de las entidades. De igual forma, se deben considerar su carácter integral y especializado, su nivel apropiado de calidad y el uso óptimo de los recursos.
Las características y las condiciones de tales servicios son determinadas por la Contraloría
General en la normativa específica, de acuerdo con los requerimientos y la naturaleza
particular de cada uno de los tipos de servicio de control, conforme a sus atribuciones legales y autonomía funcional.
R la Facultad SaNcIoNadora dE la coNtraloría GENEral
A partir del 6 de abril de 2011, la Contraloría General está facultada para determinar y sancionar por responsabilidad administrativa funcional a aquellos funcionarios y servidores públicos por hechos considerados como infracciones graves o muy graves en perjuicio del Estado, derivados de los informes de control emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control. El procesamiento de las demás infracciones (que no son graves ni muy graves) es competencia del Titular de la entidad pública.
La Contraloría General asume esta nueva facultad con el propósito de orientar la
conducta de los funcionarios y servidores hacia una gestión transparente y eficaz,
previniendo así acciones que afecten los recursos públicos, buscando, asimismo, generar conciencia de que resulta más ventajoso cumplir con la normativa vigente que intentar violarla.
La sanción tiene los siguientes objetivos específicos:
Orientar a los funcionarios y servidores públicos hacia una conducta transparente.
Prevenir comportamientos que atenten contra el cumplimiento de obligaciones inherentes a la gestión pública.
• Prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las disposiciones infringidas.
• Cumplir con su carácter punitivo.
¿Quiénes pueden ser sancionados por la contraloría General?
Los funcionarios y servidores públicos a quienes se les identifique una presunta
responsabilidad administrativa en los informes de control, independientemente de su régimen laboral, contractual, estatutario, administrativo o civil al que pertenezcan.
La sanción administrativa no exonera al funcionario o servidor público de que se inicie en su contra un proceso judicial civil o penal por los mismos hechos. Asimismo, los procedimientos de responsabilidad penal o civil, no afectan la potestad de la Contraloría General de sancionar administrativamente a los funcionarios o servidores públicos que hubieran incurrido en responsabilidad administrativa funcional, salvo disposición judicial que exprese lo contrario.
Excepciones: No se encuentran comprendidos en los alcances de la potestad sancionadora de la Contraloría General las autoridades elegidas por votación popular, los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuentan con la prerrogativa del antejuicio político.
¿Qué infracciones puede sancionar la contraloría General?
Según el artículo 46° de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785,
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional, las siguientes conductas infractoras en materia de responsabilidad administrativa funcional son aquellas en las que incurren los servidores y funcionarios públicos que contravengan el ordena- miento jurídico-administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, y se encuentran por lo tanto sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General:
Incumplir las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las enti- dades para el desarrollo de sus actividades, así como las disposiciones inter- nas vinculadas a la actuación funcional del servidor o funcionario público.
• Incurrir en cualquier acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios, deberes y prohibiciones señalados en las normas de ética y probidad de la función pública.
• Realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento.
• Incurrir en cualquier acción u omisión que importe negligencia en el desem- peño de las funciones o el uso de estas con fines distintos al interés público.
tipos y escala de sanciones que aplica la contraloría General tipos de sanción
De acuerdo a la gravedad de la infracción, las sanciones pueden ser:
• Inhabilitación para el ejercicio de la función pública de uno (1) a cinco (5) años. Comprende la privación de la función y cargo, así como la incapacidad legal para el ejercicio de la función pública.
• Suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, sin goce de re- muneraciones no menor de treinta (30) ni mayor de trescientos sesen- ta (360) días calendario. Comprende la separación del cargo y la sus-
pensión del goce de remuneraciones, compensaciones y/o beneficios.
La normativa vigente regula 47 conductas y sus agravantes, que son consideradas infracciones graves o muy graves.
Las infracciones graves son sancionadas con:
La suspensión temporal en el ejercicio de las funciones, no menor de treinta (30) días calendario y hasta trescientos sesenta (360) días calendario, o
• La inhabilitación para el ejercicio de la función pública, o menor de uno (1) ni mayor de dos (2) años.
• La inhabilitación para el ejercicio de la función pública, no menor de dos (2) ni mayor de cinco (5) años.
• Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785 e incorpora el subcapí- tulo II “Proceso para sancionar en materia de responsabilidad adminis- trativa funcional”.
D.S. N° 023-2011-PCM, el cual aprueba el Reglamento de la Ley N° 29622, “Reglamento de Infracciones y sanciones para la responsabilidad admi- nistrativa funcional derivada de los informes emitidos por los órganos del Sistema Nacional de Control”.
• R.C. N° 129-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 010-2016-CG/GPROD “Procedimiento administrativo sancionador por responsabilidad adminis- trativa funcional”.
El procedimiento para sancionar la responsabilidad administrativa funcional se genera en dos instancias:
Es el encargado de determinar la responsabilidad administrativa funcional, para la cual podrá iniciar indagaciones previas y actua- ciones que considere necesarias, así como emitir cargos y recibir y evaluar los descargos. Luego emitirá un pronunciamiento sobre
la existencia o no de infracciones y recomendará las sanciones. Si lo considera necesario, podrá proponer la ejecución de la medida preventiva de separación del cargo del administrado.
Emite resolución motivada declarando la procedencia o improce- dencia de la imposición de la sanción, contra la cual cabe recurso de apelación en el plazo de quince (15) días hábiles.
Esta instancia está conformada por cinco vocales titulares del tribunal
y uno alterno. Constituye la máxima instancia administrativa en el
procedimiento sancionador, con autonomía para revocar, confirmar o
modificar lo resuelto en primera instancia. Contra la resolución moti- vada emitida solo cabe un proceso contencioso-administrativo.
Durante las investigaciones se respetará el debido proceso, así como el derecho de los implicados a ejercer su defensa, presentar descargos y, si lo consideran conveniente, podrán ser asesorados por un abogado.
La Contraloría General remitirá en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles al Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Des- pido (ente administrado por la Autoridad Nacional del Servicio Ci-
vil), las sanciones que se hubieran impuesto, con la finalidad de que
se conozca qué personas están inhabilitadas o suspendidas tempo-
ralmente en el ejercicio de la función pública. Conforme al regla- mento aprobado mediante D.S. N° 023-2011-PCM, las resoluciones que concluyan el procedimiento administrativo sancionador y que
queden firmes son de cumplimiento obligatorio e inmediato por los
funcionarios o servidores públicos y las entidades vinculadas.
La facultad sancionadora prescribe luego de cuatro (4) años con- tados a partir del día en que se hubiera cometido la infracción o desde que esta cesó, en caso fuera una acción continuada. En todo caso, la duración del procedimiento sancionador no podrá exce- der los dos (2) años desde su inicio.
¿cómo evitar las sanciones administrativas?
Cumpliendo las normas y dispositivos vigentes. La forma más efec-
tiva de lograr una gestión pública eficiente, transparente y sin
sanciones es contar con una cultura de control interno que asegu- re el cumplimiento del marco normativo, promueva la rendición de cuentas y reduzca los riesgos de corrupción.
potestad para sancionar por infracciones al ejercicio del control
En cumplimiento de su misión y sus atribuciones, la Contraloría Ge- neral tiene la facultad de aplicar directamente sanciones por la co- misión de las infracciones al ejercicio del control, que hubieran co- metido las entidades sujetas a control, sus funcionarios o servidores públicos, las Sociedades de Auditoría, el Jefe y personal del Órgano de Control Institucional que dependen laboral o contractualmente de las entidades, -no incorporados en los alcances de la Ley N° 29555- y las personas jurídicas y naturales que manejen recursos y bienes del Estado a quienes haya requerido información o su presencia en relación a su vinculación jurídica con las entidades.
Las infracciones se encuentran previstas en el artículo 42° de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría Gene-
ral, Ley N° 27785; y, especificadas en el Reglamento de Infracciones
y Sanciones aprobado por R.C. N° 134-2015-CG, habiéndose conside- rado, entre otras, las siguientes conductas infractoras:
La obstaculización o dilación para inicio de las acciones de control
• La omisión o incumplimiento a la implantación e implemen- tación de los Órganos de Control Institucional y de la afecta- ción de su autonomía
• La interferencia o impedimento para el cumplimiento de las funciones inspectivas inherentes al control gubernamental
• La omisión en la implantación de las medidas correctivas reco- mendadas en los informes elaborados por los órganos del Sistema
La omisión o deficiencia en el ejercicio del control guberna- mental o en el seguimiento de medidas correctivas
• La omisión en la presentación de la información solicitada o su ejecución en forma deficiente o inoportuna, según el
requerimiento efectuado
El incumplimiento en la remisión de documentos e información en los plazos que señalen las leyes y los reglamentos
• La denuncia maliciosa
Los administrados podrán ser sancionados administrativamente con amonestación escrita, multa, suspensión temporal o exclusión defi- nitiva del Registro de Sociedades de Auditoría, cuando corresponda.
El Reglamento regula los criterios y requisitos para la aplicación de la potestad sancionadora; asimismo, establece un procedimiento sumario, que contempla una instancia única compuesta de dos fases: instructora y sancionadora.
atENcIóN dE coNSultaS Gerencia de Gestión de responsabilidades
Teléfono: (01) 330-3000 Anexo: 5551
R ImplEmENtacIóN y SEGuImIENto a laS rEcomENdacIoNES dE loS INFormES dE audItoría
La Directiva N° 006-2016-CG/GPROD “Implementación y Seguimiento a las Recomenda- ciones de los Informes de Auditoría y su publicación en el Portal de Transparencia Están- dar de la entidad”, aprobada por R.C. N° 120-2016-CG, establece las disposiciones que regulan la implementación de recomendaciones de los informes de auditoría por parte de la entidad, la evaluación y determinación del estado estas por parte de los OCI y la supervisión por la unidad orgánica competente de la Contraloría General, precisando al mismo tiempo las obligaciones y responsabilidad de los partícipes en dicho proceso.
Asimismo, establece las disposiciones que regulan la publicación de las recomenda- ciones orientadas a la mejora de la gestión y sus estados respectivos, en el Portal de Transparencia Estándar de la entidad.
El proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría
1. Implementación de las recomendaciones
La implementación de las recomendaciones de los informes de auditoría se desarrolla de manera permanente y continua a través de las acciones
concretas que dispone el Titular de la entidad y los funcionarios designa-
dos por este para dicho fin.
En la implementación de las recomendaciones de los informes de audito- ría, es preciso tener en cuenta los siguientes aspectos:
• El informe de auditoría. Expone por escrito los resultados de la ejecución del servicio de control posterior, y es comunicado a la
entidad con la finalidad de brindar oportunamente a su Titular y
a otras autoridades u organismos competentes, recomendaciones
para mejorar la gestión de la entidad, así como para el deslinde de
responsabilidades que se hubieren identificado. • las recomendaciones de los informes de auditoría. Son las medi-
das concretas y posibles que se exponen en el informe de auditoría resultante de la ejecución del servicio de control posterior, con
el propósito de mejorar la eficiencia de la gestión de la entidad
así como implementar las acciones que permitan la determinación
de las responsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos cuando se ha señalado la existencia de presunta respon- sabilidad administrativa, civil o penal. Las recomendaciones se en-
cuentran clasificadas en tres categorías:
a) recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la
entidad: orientadas a mejorar la capacidad y eficiencia de la gestión de la entidad en el manejo de sus recursos y eje- cución de sus procedimientos, contribuyendo a la transpa- rencia de la gestión.
b) recomendaciones para el inicio de las acciones administra-
tivas: dirigidas a la implementación de las acciones adminis- trativas por parte de los órganos competentes con el propósito de determinar la responsabilidad exigible a los funcionarios y servidores públicos, cuando en el informe de auditoría se ha señalado la presunta responsabilidad administrativa.
c) recomendaciones para el inicio de las acciones legales:
orientadas a la implementación de las acciones legales por par- te de los órganos competentes para la determinación de las res- ponsabilidades exigibles a los funcionarios y servidores públicos, cuando en el informe de auditoría se ha señalado existencia de presunta responsabilidad civil o penal.
El Funcionario monitor, es designado por el Titular de la entidad y se constituye en el responsable del monitoreo del proceso de implementación de las recomendaciones del informe de auditoría. Tiene a su cargo la coordinación de acciones con los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones, a fin de cum- plir con los plazos y condiciones establecidos en el Plan de Acción, el cual debe informar de manera oportuna y adecuada al OCI.
• El plan de acción. Es un documento clave e indispensable que sus- tenta el inicio del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones del informe de auditoría, y muestra el compromiso que el Titular de la entidad asume para la implementación de las
recomendaciones. El Plan de Acción define las medidas concretas,
plazos y responsables asignados para tal fin. Su elaboración se efec- túa de acuerdo a la estructura establecida por la Contraloría General.
2. Seguimiento a la implementación de las recomendaciones
El OCI efectúa permanente seguimiento a la implementación de las recomen- daciones, para lo cual realiza coordinaciones con el Titular de la entidad, el funcionario monitor y los funcionarios responsables de implementar una o más recomendaciones que le hayan sido asignadas en el Plan de Acción.
Durante el seguimiento a la implementación de las recomendaciones, en el marco de las disposiciones que regulan el Sistema Nacional de Control así como las que emite la Contraloría General, el OCI debe adoptar las acciones que sean necesarias con el propósito de que el Plan de Acción se cumpla en la forma y plazos establecidos.
obligaciones y responsabilidades del titular y funcionarios públicos de la entidad con relación a la implementación y seguimiento de recomendaciones:
a) del titular de la entidad • Suscribir y aprobar el Plan de Acción.
• Disponer al funcionario monitor, la remisión del Plan de Acción al OCI en los plazos y forma establecidos en la Directiva.
• Designar mediante documento expreso a un funcionario de la en- tidad, quien tendrá la condición de monitor del proceso de im- plementación y seguimiento a las recomendaciones, así como designar a los funcionarios responsables de implementar las re- comendaciones, y determinar las acciones que adoptarán y los plazos que aseguren su implementación efectiva y oportuna.
• Disponer que los funcionarios designados en el Plan de Acción adop- ten oportunamente las acciones o medidas necesarias que aseguren la implementación de las recomendaciones en los plazos establecidos.
• Mantener en permanente evaluación y seguimiento los avances del proceso de implementación de las recomendaciones y adoptar las medidas correctivas para asegurar su implementación.
b) del funcionario responsable del monitoreo del proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones
• Elaborar, suscribir y remitir el Plan de Acción al OCI. • Coordinar de manera permanente con los funcionarios responsa-
bles de implementar las recomendaciones a fin de cumplir con las
acciones y plazos establecidos en el Plan de Acción.
• Registrar de manera adecuada y oportuna en el aplicativo infor- mático la información y documentación integral y veraz que sus- tenta las acciones adoptadas por los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones, o remitir dicha información y documentación al OCI a cargo del seguimiento.
c) de los funcionarios públicos responsables de implementar las recomendaciones
Suscribir el Plan de Acción para el inicio del proceso de implemen- tación y seguimiento a las recomendaciones.
Adoptar las acciones o medidas dispuestas en el Plan de Acción y to- das aquellas que sean necesarias para asegurar la implementación de las recomendaciones de manera efectiva en los plazos establecidos.
Informar al funcionario monitor, en forma oportuna y con los docu- mentos que las sustentan, las acciones o medidas adoptadas para implementar las recomendaciones que se encuentran a su cargo.
• Solicitar, cuando lo considere necesario, apoyo técnico al OCI a fin de que dicho órgano de control explique o absuelva las consultas que pudieran existir sobre las recomendaciones. Esta acción no suspende ni afecta los plazos establecidos en el Plan de Acción.
El Titular de la entidad, el funcionario monitor y los funcionarios responsables de implementar las recomendaciones deben informar a la Contraloría General y al OCI, cuando corresponda, en la forma y plazos que sean requeridos y con los documentos que las sustentan, las acciones o medidas adoptadas para asegurar la implementación de las recomendaciones.
obligación de publicar las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas a mejorar la gestión de la entidad
Las entidades tienen la obligación de publicar en su Portal de Transparencia Estándar las recomendaciones de los informes de auditoría orientadas a mejorar la gestión de las entidades así como el estado de su implementación, en el marco de las normas del Sistema que regulan la publicidad de los informes de auditoría y lo dispuesto en el literal p) del artículo 8° del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Dichas recomendaciones se publican semestralmente en el rubro “Planeamiento y Organización” del Portal de Transparencia Estándar de la Entidad; de acuerdo
con lo establecido en el numeral 10.2.4 de la Directiva Nº 001-2010-PCM-SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las
Entidades de la Administración Pública” (modificado por la R.M. N° 252-2013-PCM).
El incumplimiento de la publicación de las recomendaciones, en el plazo establecido en la Directiva, da lugar al inicio de las acciones por parte de la entidad para la determinación de responsabilidad conforme a los procedimientos establecidos en el marco de la normativa aplicable.
Facultad sancionadora de la contraloría General
La Contraloría General tiene la potestad sancionadora, en el marco del Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) y del Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) de la Contraloría General, cuando el Titular de la entidad, los funcionarios públicos, el Jefe del OCI y los Procuradores Públicos incurren en infracción en el proceso de implementación y seguimiento a las recomendaciones de los informes de auditoría.
R SErvIcIoS dE coNtrol prEvIo El Informe previo de Endeudamiento
¿Qué es el Informe previo de Endeudamiento y qué propósito tiene?
En el marco de lo dispuesto por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General”, el Informe Previo de Endeudamiento está referido al control previo de las operaciones de endeudamiento que comprometan el crédito o la capacidad
financiera del Estado, y tiene como propósito cautelar que dichas operaciones
cuenten con la documentación sustentatoria respectiva y las opiniones favorables
de las unidades orgánicas o entidades competentes en los aspectos técnicos,
financieros y legales que correspondan.
La norma antes citada establece como atribución de la Contraloría General emitir
una opinión previa sobre las operaciones, fianzas, avales u otras garantías que
otorgue el Estado, inclusive sobre los proyectos de contrato que en cualquier forma
comprometan su crédito o capacidad financiera, tanto para negociaciones en el país como en el exterior. Se compromete el crédito o la capacidad financiera, cuando
se incrementa el stock y el servicio de la deuda pública, o se generan pasivos
contingentes para el Estado derivados de operaciones financieras o no financieras.
Están dentro del alcance del informe previo, únicamente las operaciones que incluyan compromisos por plazos mayores a un año.
¿Qué operaciones están sujetas al Informe previo de Endeudamiento?
Operaciones de endeudamiento público (interno y externo)
Operaciones de administración de deuda pública
• Otras operaciones, fianzas, avales o garantías en las que se comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado.
¿cuál es el plazo para la emisión del Informe previo de Endeudamiento?
El plazo general para la emisión de este informe es de diez (10) días hábiles, salvo el caso de las operaciones correspondientes a endeudamiento del Gobierno Nacional, cuyo plazo es de cinco (5) días hábiles.
¿Qué entidades están obligadas a solicitar un Informe previo de Endeudamiento?
Todas las entidades públicas de los tres niveles de gobierno: Nacional, Regional y Local; es decir:
• Gobierno Central, sus entidades y órganos que formen parte del Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y sus respectivas instituciones
• Unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial y del Ministerio Público
Organismos reguladores de los servicios públicos
Empresas del Estado o aquellas en las que participe como accionista
• Gobiernos Regionales y Locales e instituciones pertenecientes a estos.
¿En qué momento se solicita este Informe previo?
Antes de la promulgación del Decreto Supremo que aprueba la operación a ser concertada por el Gobierno Nacional o con su aval.
Antes de suscribir los contratos y/u otros documentos que hagan sus veces, en los que constará la operación.
¿Qué instancia evalúa las solicitudes del Informe previo de Endeudamiento?
El Departamento de Control Preventivo, unidad orgánica dependiente de la Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de Inversión.
atENcIóN dE coNSultaS departamento de control preventivo
Teléfono: (01) 330-3000 Anexos: 3131/3132/3133
¿Qué es el Informe previo de proyectos a ejecutarse bajo el mecanismo de “obras por impuestos” y qué propósito tiene?
En el marco de lo dispuesto por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la Repúbli- ca”, el Informe Previo de proyectos de inversión pública a ser ejecutados bajo el me- canismo de la Ley N° 29230, “Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con participación del Sector Privado”, y el artículo 17° de la Ley N° 30264, “Ley que establece medidas para promover el crecimiento económico”, la cual incorpora a las entidades del Gobierno Nacional en los alcances de la Ley N° 29230, está referido al control previo que se debe realizar a esta modalidad de procesos, en tanto que
comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, y tiene como propósito
cautelar que dichas operaciones cuenten con la documentación sustentatoria respec-
tiva y las opiniones favorables de las unidades orgánicas o entidades competentes en
los aspectos técnicos, financieros y legales que correspondan.
¿Qué operaciones están sujetas al Informe previo de proyectos a ejecutar- se bajo el mecanismo de “obras por impuesto”?
Están sujetos a la emisión de este Informe Previo todos aquellos proyectos de inversión pública cuya ejecución se realice a través de la empresa privada, en
el marco de lo dispuesto en la Ley N° 29230, el artículo 17° de la Ley N° 30264,
El plazo general establecido para la emisión de este informe no excederá de diez (10) días hábiles para las solicitudes que contengan un (1) proyecto de inversión pública, y de quince (15) días hábiles para aquellas que contengan dos (2) o más proyectos de inversión pública; ambos plazos contados a partir de la entrega de toda la documentación que se haya requerido.
Antes de la aprobación de las bases del proceso de selección de la empresa
privada, que financiará y/o ejecutará el proyecto de inversión pública (PIP).
¿Qué es el Informe previo de asociaciones público privadas y qué propósito tiene?
En el marco de lo dispuesto por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, y el numeral 16.2 del artículo 16° del Decreto Legislativo N° 1224,
se refiere al control previo que ejerce la Contraloría General sobre los contratos
de las Asociaciones Público Privadas (APP) que comprometan el crédito o la ca- pacidad financiera del Estado, y tiene como propósito cautelar que dichas ope- raciones cuenten con la documentación sustentatoria respectiva y las opiniones favorables de las unidades orgánicas o entidades competentes en los aspectos
técnicos, financieros y legales que correspondan.
Las normas antes citadas establecen que la Contraloría General tiene la atribu-
ción de emitir un informe previo sobre los proyectos de contrato que en cualquier
forma comprometa el crédito o la capacidad financiera del Estado, situación que
se genera cuando se incrementa el stock y servicio de la deuda pública o se crean pasivos contingentes para el Estado derivados de operaciones que conllevan co-
financiamiento con recursos públicos y/o garantías, sean estas financieras o no financieras.
Asimismo, en el caso de iniciativas privadas cofinanciadas o autofinanciadas con garantía (financiera o no financiera), corresponderá emitir un Informe Previo
antes de la declaratoria de interés, según lo previsto en el numeral 46.1 del ar-
tículo 46° del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1224, aprobado mediante el D.S. N° 410-2015-EF publicado el 27 de diciembre de 2015.
¿Qué operaciones están sujetas al Informe previo de app?
Todas aquellas modalidades de Asociación Público Privada, generadas por ini-
ciativa estatal o por iniciativa privada, en los tres niveles de gobierno, que
tengan cofinanciamiento o sean autofinanciadas con garantías (financieras o no financieras), tales como:
• Cualquier otra modalidad contractual permitida por ley.
¿cuál es el plazo para la emisión del Informe previo de app?
El plazo general para la emisión del Informe Previo es de quince (15) días hábiles.
¿Qué entidades están obligadas a solicitar un Informe previo de app?
Gobierno Central, sus entidades y órganos que formen parte del Poder Ejecutivo
Unidades administrativas del Poder Legislativo, Poder Judicial y del Ministerio Público
¿En qué momento se solicita el Informe previo de app?
La solicitud de emisión del Informe Previo debe presentarse a la Contraloría antes de que se concreten las siguientes situaciones:
a. Presentación de propuestas, en todos los casos de operaciones de Asociacio- nes Público Privadas que involucren procesos de selección, sean cofinancia- das o autofinanciadas (con garantía financiera o no financiera). En caso se proceda por adjudicación directa será previo a la suscripción del contrato.
b. Declaratoria de interés, en los casos de operaciones de Asociaciones Pú- blico Privadas referidas a iniciativas privadas cofinanciadas y autofinan- ciadas (con garantía financiera o no financiera).
¿Qué instancia evalúa las solicitudes del Informe previo de app?
Existen dos tipos de prestaciones adicionales: Prestación adicional de obra y Prestación adicional de supervisión de obra. A la Contraloría General le corresponde autorizar es- tas operaciones, cuyos presupuestos excedan a los previstos en la Ley de Contrataciones
del Estado, y su respectivo Reglamento, cualquiera sea la fuente de financiamiento.
¿Qué es una prestación adicional de obra?
Es la prestación no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original, cuya realización resulta indispensable y/o necesaria realizar para dar cumplimien- to a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional.
¿Qué es una prestación adicional en la supervisión de obra?
Es la prestación no considerada en el contrato original, pero que, por razones que provienen del contrato de obra, distintas de la ampliación de obra, resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento al contrato de supervisión; también por aquellas provenientes de los trabajos que se produzcan por varia- ciones en el plazo de obra o en el ritmo de trabajo de obra.
¿Qué es un presupuesto adicional de obra?
Es la valoración económica de la prestación adicional de una obra.
¿Qué es un presupuesto adicional de supervisión de obra?
Es la valoración económica de la prestación adicional de supervisión de obra.
¿Qué entidad autoriza las prestaciones adicionales?
En relación a los adicionales de obra, el Titular de la entidad autoriza cuando los montos, restándoles los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no supe- ren el quince por ciento (15%) del monto del contrato original; porcentaje que inclu- ye los montos acumulados de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios. Cuando se supere dicho porcentaje y hasta un máximo de cincuenta por ciento (50%), luego de ser aprobadas por el Titular de la entidad, requieren previamente para su ejecución y pago, la autorización expresa de la Contraloría General (en adicionales con carácter de emergencia, dicha autorización se emite antes del pago).
En el caso de adicionales de supervisión de obra, cuando en los casos distintos a los de adicionales de obra se produzcan variaciones en el plazo de la obra o varia- ciones en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la entidad, el Titular de esta puede autorizarlas hasta por un monto máximo del quince por ciento (15%) del monto contratado de la supervisión, considerando para el cálculo todas las prestaciones adicionales previamente aprobadas. Cuando se supere el citado por- centaje, se requerirá la autorización, previa al pago, de la Contraloría General.
Por otro lado, el literal y) del artículo 23° de la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República”, seña- la como atribuciones de la Contraloría General el regular, entre otros procesos, el procedimiento, requisitos, plazos y excepciones para el ejercicio de este con- trol previo externo, razón por la cual, para el caso de adicionales de obra, se ha emitido la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra” que regula dicho procedimiento. Para el caso de adicionales de supervisión de obra se ha emitido la Directiva N° 012-2014-CG/ GPROD, “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”.
¿cuáles son los requisitos que se deben cumplir para solicitar la autoriza- ción previa de la contraloría General?
Contar con la aprobación del Titular de la entidad
Contar con la disponibilidad presupuestaria respectiva
Comunicación a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inver-
sión Pública sobre las modificaciones al Proyecto de Inversión Pública
En el caso de adicionales de obra, debe demostrarse que las prestaciones adicionales son indispensables para dar cumplimiento a la meta prevista de
la obra principal, y que se enmarcan en las causales que señala la norma- tiva correspondiente (situaciones imprevisibles posteriores al perfeccio-
namiento del contrato y/o deficiencias del expediente técnico de obra);
además de contar con el sustento técnico respectivo. La documentación que se requiere para el trámite de adicionales de obra ante la Contraloría General se encuentra contenida en la Directiva N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”.
• En el caso de adicionales de supervisión de obra debe demostrarse que las prestaciones adicionales son indispensables para dar cumplimiento al contrato de supervisión y que se enmarcan en las causales que señala la normativa correspondiente (variaciones en el plazo de la obra o variacio- nes en el ritmo de trabajo de la obra, autorizadas por la Entidad, gene- radas en casos distintos a los de adicionales de obra); además de contar con el sustento técnico respectivo. La documentación que se requiere para el trámite de adicionales de obra ante la Contraloría General se encuentra contenida en la Directiva N° 012-2014-CG/GPROD, “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”.
¿cuál es el plazo que tiene la contraloría General para emitir un pronunciamiento sobre la solicitud de autorización previa de prestaciones adicionales de obra y de supervisión de obra?
En el caso de adicionales de obra, la Contraloría General cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para emitir pronunciamiento, contados a partir del día siguiente a la fecha en que la entidad presenta la documentación sustentatoria correspondiente. De requerirse información complementaria, la Contraloría General formulará este requerimiento, en una sola oportunidad, a más tardar al quinto día hábil contado desde que se inició el plazo antes men- cionado; en este caso, el plazo se interrumpe y se reinicia a partir del día hábil siguiente de la presentación de la documentación complementaria o del venci- miento del plazo establecido cuando la entidad no cumpla con remitir la infor- mación complementaria. Dicha información debe ser presentada en una plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción de la comunicación de requerimiento. (Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y numeral 7.1.3 b.1 de la Directiva N° 011-2016-CG/ GPROD, “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”).
En el caso de adicionales de supervisión de obra, la Contraloría General cuenta con un plazo máximo de quince (15) días hábiles para pronunciarse, contados desde el día en que la entidad presenta la documentación sustentatoria corres- pondiente. De requerirse información complementaria, el plazo se suspende y se reanuda a partir del día hábil siguiente de la presentación de la documen- tación complementaria o del vencimiento del plazo establecido (Artículo 34.4° de la Ley de Contrataciones del Estado; numerales 6.2.6 y 6.2.7 de la Directiva N° 012-2014-CG/GPROD, “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”).
A los plazos antes indicados, se debe adicionar el necesario para la comunica-
ción o notificación, establecidos en las Directivas
N° 011-2016-CG/GPROD, “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adi- cionales de Obra”, y N° 012-2014-CG/GPROD, “Control Previo de las Prestacio- nes Adicionales de Supervisión de Obra”.
¿Qué entidades se encuentran obligadas a solicitar esta autorización pre- via a la contraloría General?
Aquellas entidades sujetas al ámbito de aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado, tales como:
El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones
Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones
• Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú
• Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de pro- piedad del Gobierno Nacional, Regional o Local y las empresas mixtas bajo control societario del Estado
• Los proyectos, programas, fondos, órganos desconcentrados, organismos públicos del Poder Ejecutivo, instituciones y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u operativas de los Poderes del Estado; así como los organismos a los que alude la Constitución Política del Perú y otros que sean creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
¿En qué momento se solicita la autorización previa para un adicional de obra y supervisión de obra?
Conforme a lo señalado precedentemente, si el presupuesto por prestaciones adicionales, ya sea de obra o supervisión, excede el 15% (y menor de 50% en el caso de obras) del monto del contrato inicial, corresponde a la Contraloría General autorizar este proceso. Estos deben solicitarse luego de que el Titular de la entidad haya aprobado las prestaciones adicionales que correspondan. En el caso de adicionales de obra, antes de la ejecución y el pago, salvo el caso de adicionales con carácter de emergencia; y en el caso de adicionales de supervisión, antes del pago respectivo.
En el caso de adicionales de obra, en el numeral 7.1.2 b de la Directiva N° 011-2016- CG/GPROD, “Servicio de Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Obra”, se establece que la solicitud deberá ser presentada a la Contraloría General a más tardar el quinto día hábil siguiente a la fecha de emisión de la resolución aprobatoria por parte de la entidad.
En el caso de adicionales de supervisión de obra, en el numeral 6.2.2 de la Directiva N° 012-2014-CG/GPROD, “Control Previo de las Prestaciones Adicionales de Supervisión de Obra”, se establece un plazo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha en que queda consentida la resolución de la entidad que se pronuncia respecto a la causal que genera la prestación adicional de supervisión de obra.
¿Qué instancia aprueba las solicitudes de autorización previa?
Después de la evaluación realizada por la unidad competente de la Contraloría General, la Gerencia de Control Preventivo y Proyectos de Inversión de la Contraloría General aprueba las solicitudes de autorización previa de prestaciones adicionales de obra o de prestaciones adicionales de supervisión.
Si la entidad no estuviese conforme con el pronunciamiento emitido, puede optar por plantear su recurso de apelación, el cual será resuelto por el despacho del Contralor General de la República.
departamento de control preventivo
Teléfono: (01) 330-3000 Anexo: 3131/3132/3133
R SErvIcIoS dE coNtrol SImultÁNEo
El Control Simultáneo es una modalidad del control gubernamental que se desarrolla en el momento en que están sucediendo las actividades de las entidades públicas para la prestación de los servicios al ciudadano, de tal forma que la gestión pueda adoptar las acciones para mitigar los riesgos detectados.
De esta forma el control gubernamental contribuye oportunamente a que los gestores puedan administrar los riesgos inherentes a las actividades y proyectos en favor de la
ciudadanía, sin que su labor interfiera con las acciones propias de la gestión.
Dada la importancia del servicio y que en muchos sectores, los servicios que están
en contacto directo con el beneficiario están dispersos geográficamente, se puede
identificar la necesidad que el ejercicio del control sea a nivel masivo requiriéndose
de acciones inopinadas masivas donde participa personal de las diferentes Unidades Orgánicas de la Contraloría General.
Son realizados por la Contraloría General y los Órganos de Control Institucional a la actividad o actividades de un proceso en curso de la entidad sujeta a control, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de
hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de promover
la adopción de las medidas preventivas pertinentes que contribuyan a mitigar y, de
ser el caso, a superar el riesgo identificado.
El ejercicio del control simultáneo:
• No supone la conformidad de los actos de gestión de la entidad.
• No limita el ejercicio del control posterior.
• No conlleva a la injerencia en los procesos de dirección y gerencia a cargo de la administración de la entidad.
Las modalidades del servicio de control simultáneo son: Acción Simultánea,
Visita de Control y Orientación de Oficio.
1. acción Simultánea
Consiste en evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución
que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales.
Etapas: planificación, ejecución y elaboración del informe.
plazo: máximo 20 días hábiles, excepcionalmente y por la naturaleza de las actividades materia de revisión, al efectuar el planeamiento puede autorizarse mayores plazos.
resultado: Informe de Acción Simultánea remitido a la entidad a través
del cual se comunica al Titular de la entidad los riesgos identificados por
el equipo a cargo.
2. visita de control
Esta modalidad se orienta a la calidad del servicio que está recibiendo el ciudadano en el contexto de la normativa y contratos suscritos con proveedores u otros, coadyuvando a que se reciban servicios con los estándares de calidad de satisfacción del ciudadano y cumpliendo la normativa aplicable.
Consiste en presenciar actos o hechos en curso relacionados con la entrega de bienes y servicios públicos a los ciudadanos, así como con el estado y mantenimiento de la infraestructura pública, y constatar que su ejecución se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales. En estas visitas se interactúa muchas veces con los ciudadanos que reciben los servicios de la Entidad, pudiéndose conocer, de primera mano, el grado de satisfacción de los servicios recibidos, así como de los riesgos que requieren acción de mitigación de la entidad. Como resultado, se emite el Informe de Visita
de Control a través del cual se comunica al Titular de la entidad los
riesgos identificados por el equipo a cargo. Etapas: planificación, ejecución y elaboración del informe. plazo: máximo 7 días hábiles. resultado: Informe de Visita de Control remitido a la entidad a través
3. Orientación de Oficio
Se ejerce cuando se toma conocimiento de la presencia de situaciones que puedan conllevar a la gestión a incurrir en errores, omisiones o incumplimientos en el desarrollo de una o más actividades de un proceso. Como resultado, se
emite un oficio u otro documento a través del cual se comunica al Titular de la entidad los riesgos identificados por los analistas a cargo.
No tiene un plazo establecido.
Seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por la entidad
El Órgano de Control Institucional que realizó el servicio de control o el OCI designado por la Contraloría General es responsable de efectuar el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas por la entidad, respecto a los riesgos comunicados mediante Informe de Acción Simultánea y Visita de Control.
• El Titular de la entidad tiene diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la recepción del respectivo informe, debe remitir al OCI que realizó el servicio de control simultáneo o el designado por la Contraloría General, las medidas dispuestas con el propósito de mitigar los riesgos comunicados; los funcionarios responsables de efectuarlas; plazos para su ejecución, así como las acciones realizadas a la fecha de remisión de dicha información.
Los OCI remiten a la Contraloría General el resultado de esta evaluación, semestralmente: enero-junio, a más tardar el último día hábil del mes de enero del año siguiente; julio-diciembre, a más tardar el último día hábil del mes de enero del año siguiente.
plazo: hasta la mitigación de los riesgos comunicados o por el plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la recepción del informe de acción simultánea o visita de control.
R SErvIcIoS dE coNtrol poStErIor auditoría de cumplimiento
La Directiva N° 007-2014-CG/GCSII, “Auditoría de Cumplimiento” y “Manual de Auditoría de Cumplimiento”, aprobada por R.C. N° 473-2014-CG de 22 de octubre de 2014, establece las disposiciones que regulan la auditoría de cumplimiento, su metodología, así como los criterios para llevar a cabo el control de calidad durante su ejecución a cargo de la Contraloría General y los OCI.
La auditoría de cumplimiento es un examen objetivo y profesional que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema Nacional de Control han observado la normativa aplicable, disposiciones
internas y las estipulaciones contractuales establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos
del Estado; y tiene por finalidad fortalecer la gestión, transparencia, rendición
de cuentas y buen gobierno de las entidades, mediante las recomendaciones incluidas en el informe de auditoría, que permitan optimizar sus sistemas administrativos, de gestión y de control interno.
1. planeamiento de la auditoría de cumplimiento
El proceso de planeamiento permite identificar las entidades y las
materias a examinar; comprender su estructura de negocio, control
interno y el entorno; establecer los objetivos, criterios y recursos para la ejecución de la auditoría; elaborar el plan de auditoría inicial y el programa con procedimientos mínimos o esenciales, que se comunican a la comisión auditora a través de la carpeta de servicio.
La interacción entre el proceso de planeamiento a través de la carpeta
de servicio y la etapa de planificación del proceso de auditoría de cumplimiento se muestra en el gráfico siguiente:
Interacción del planeamiento (carpeta de servicio) con el proceso de la auditoría de cumplimiento y el cierre de la auditoría
Fuente: Manual de Auditoría de Cumplimiento aprobados por R.C. N° 473-2014-CG.
2. El proceso de auditoría de cumplimiento
La auditoría de cumplimiento se desarrolla en tres etapas: i) Planifica- ción, ii) Ejecución y iii) Elaboración de informe. Estas son realizadas por la comisión auditora.
i) Planificación
En esta etapa, la comisión auditora desarrolla las actividades de acreditación e instalación de la comisión auditora, aplicación de técnicas de auditoria para el conocimiento y comprensión de la entidad, su entorno y la materia
a examinar, con base en la información contenida en la carpeta de servicio;
así como, la aprobación del plan de auditoría definitivo.
La acreditación de la comisión auditora se realiza ante el Titular de
la entidad mediante comunicación escrita emitida por la autoridad competente de la Contraloría General, con lo cual da inicio a la etapa de
planificación de la auditoría de cumplimiento. La comisión auditora puede
sostener reunión con el Titular de la entidad o el funcionario designado por este, para hacer de su conocimiento la materia a examinar, los objetivos y el alcance de la auditoría, así como del apoyo y colaboración que se requiere para el logro de tales objetivos.
Durante esta etapa, el Titular de la entidad o el funcionario designado por este debe brindar a la comisión auditora todas las facilidades para su instalación, con ambientes seguros y recursos logísticos que permitan su operatividad, así como para la entrega de la documentación e información en las condiciones y plazos que sean requeridos.
Cuando la auditoría de cumplimiento es desarrollada por un OCI, el inicio
de esta se produce con la comunicación escrita que remite el jefe del OCI al Titular de la entidad.
Instalada la comisión auditora, esta realiza un proceso sistemático e iterativo de recopilación de documentación e información, mediante la utilización de técnicas de auditoría como la indagación, observación, entrevista, análisis, entre otras, para lograr el conocimiento, comprensión y entendimiento de la entidad, su entorno y la materia a examinar.
Asimismo, la comisión auditora efectúa la evaluación de los controles
internos de la materia a examinar y determina las deficiencias, establece
los objetivos específicos y procedimientos finales de la auditoría para el plan de auditoría definitivo que es revisado y validado por el responsable
del planeamiento y aprobado por el nivel competente de la Contraloría General o por el respectivo OCI.
ii) Ejecución
En la etapa de ejecución, la comisión auditora ejecuta el plan de
auditoría definitivo y determina las observaciones y aspectos relevantes.
De ser necesario, cuando la información a revisar es abundante o
excede la capacidad operativa de los recursos que dispone la comisión
auditora, esta procede a definir una muestra representativa utilizando
métodos estadísticos o no estadísticos aplicando la metodología aprobada por la Contraloría General.
La comisión auditora ejecuta el plan de auditoría definitivo, aplicando
los procedimientos contenidos en el programa de auditoría, con la
finalidad de obtener evidencias de auditoría suficientes y apropiadas
que fundamenten la conclusión del auditor respecto del trabajo
realizado. A partir de ello, identifica y elabora las desviaciones de
cumplimiento, las cuales son comunicadas a las personas involucradas
en los hechos a fin de que, de considerarlo, presenten sus comentarios
en los plazos establecidos. La desviación de cumplimiento revela el hecho deficiente detectado,
cuyo nivel o curso de desviación debe ser evidenciado (condición);
la norma o disposición aplicable al hecho deficiente detectado (criterio); el perjuicio identificado o resultado adverso o riesgo
potencial, ocasionado por el hecho deficiente detectado (efecto); y la razón o motivo que dio lugar al hecho deficiente detectado, que
se consignará cuando haya podido ser determinado a la fecha de la comunicación (causa).
La comisión auditora, cautelando el debido proceso de control, comunica las desviaciones de cumplimiento a través de cédulas de manera escrita y reservada a las personas que participaron en dichas
desviaciones. La comunicación se realiza en el domicilio real, legal o último domicilio señalado por el auditado en la entidad. En los casos que se desconozca el domicilio o este no sea ubicado, se procede a citar mediante publicación de edicto.
La presentación de los comentarios de las personas involucradas en la desviación de cumplimiento se efectúa por escrito, de manera individual, y, en su caso, adjuntando u ofreciendo la documentación correspondiente. Los comentarios son evaluados por la comisión auditora, contrastados documentalmente con la evidencia obtenida.
Si como resultado de la evaluación de los comentarios recibidos por las personas incluidas en los hechos comunicados no se desvirtúan las desviaciones de cumplimiento, estas con incluidas en el informe de auditoría como observaciones, señalando la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil, según corresponda.
Terminada la etapa de ejecución, la comisión auditora devuelve a la entidad toda la documentación original que le fue proporcionada.
iii) Elaboración del informe
La comisión auditora elabora un informe por escrito que contiene
las deficiencias de control interno, observaciones derivadas de las
desviaciones de cumplimiento, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la gestión de la entidad, incluyendo el señalamiento de la presunta responsabilidad administrativa funcional, penal o civil,
según corresponda, e identificando a las personas comprendidas en
los hechos, considerando las pautas del deber incumplido, la reserva, la presunción de licitud y la relación causal.
Asimismo, el informe de auditoría contiene las recomendaciones que
constituyan medidas específicas, claras y posibles que se alcanzan a
la administración de la entidad, para la superación de las causas de
las deficiencias de control interno y las observaciones evidenciadas
En el caso de las presuntas responsabilidades administrativas funcionales que no se encuentren sujetas a la potestad sancionadora de la Contraloría General, se recomienda al Titular de la entidad auditada disponer su procesamiento y la aplicación de las sanciones correspondientes, conforme al marco legal aplicable; cuando las presuntas responsabilidades administrativas se encuentren bajo la potestad sancionadora de la Contraloría General, se incluye una recomendación para su procesamiento por el órgano competente de la
Contraloría General, en el marco de la Ley N° 29622, Ley que modifica
la Ley N° 27785, “Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General” y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.
Respecto al señalamiento de la presunta responsabilidad civil o penal, se debe consignar una recomendación para que se interponga la acción legal respectiva por parte de la Procuraduría Pública correspondiente o de los órganos que ejerzan la representación legal para la defensa jurídica de los intereses del Estado.
El informe de auditoría es aprobado por los niveles competentes de la Contraloría General o por el Jefe de OCI cuando dicho órgano de control ha ejecutado la auditoría, y se remite en copia autenticada a la entidad auditada para la implementación de las recomendaciones.
Auditoría financiera 5
Con el propósito de regular las auditorías financieras e incrementar la confianza de los usuarios en los estados presupuestarios y financieros del sector público, y
de sustentar los dictámenes de la Contraloría en la auditoría de la Cuenta General de la República, se aprobaron la directiva y el manual de auditoría Financiera (Directiva N° 005-2014-CG/AFIN, “Auditoría Financiera Gubernamental” y “Manual de Auditoría Financiera Gubernamental-MAF”, aprobada mediante R.C. N° 445-2014- CG del 04.Oct.2014) que entre sus principales aspectos considera:
• Auditoría Financiera basada en riesgos
Planificación de auditoría evidenciada a través de formatos preestablecidos
(16 formatos incluidos en el Manual de Auditoría Financiera)
• Determinación del riesgo combinado para la estrategia de auditoría
• Oportunidad en el inicio de las auditorías financieras (antes del cierre de los estados financieros y presupuestarios)
• Oportunidad en el inicio de las auditorías financieras (antes del cierre de los estados financieros y presupuestales)
• Conciliación entre los estados presupuestales y financieros (paralelismo contable)
Relevamiento de control interno asociado a la generación de información
• Prueba del diseño e implementación de los controles
• Determinación de la materialidad, error tolerable y umbral mínimo para acumular errores
• Identificación de cuentas significativas
46 5 Memoria de la Gestión 2009-2016 de la Contraloría General de la República, página 40.
Participación de auditores de Tecnología de la Información con procedimientos
enfocados a la generación de información financiera y presupuestaria
Emisión de siete guías orientadoras para la ejecución de la Auditoría Financiera
Auditoría de pliegos considerando las Normas Internacionales de Auditoría
• Reemplazo del Informe largo por reportes: Reporte de Alerta Temprana (RAT), Resumen de Diferencias de Auditoría (RDA), Resumen de
Deficiencias Significativas (RDS), Reporte de asuntos de fraude y Carta
auditoría de desempeño 6 Considerando necesario el desarrollo de un marco normativo que permita la ejecución
de una auditoría con enfoque proactivo, se aprobó la Directiva N° 008-2016- CG/ GPROD, “Auditoría de Desempeño” y “Manual de Auditoría de Desempeño”, aprobada mediante R.C. N° 122-2016- CG del 04.May.2016, que regula la auditoría
de desempeño, la cual incorpora los principios de eficacia, eficiencia, economía y
calidad en los diversos procesos de gestión, con las siguientes características:
• Evalúa la eficacia, eficiencia, economía y calidad de la producción y
entrega de bienes o servicios que realizan las entidades públicas, con la
finalidad de alcanzar resultados en beneficio del ciudadano.
No determina responsabilidad administrativa funcional, civil o penal, sino
que procura conjuntamente con la entidad identificar las deficiencias
que limitan su desempeño.
Su análisis adquiere un carácter transversal, dado que examina la entrega de bienes o servicios públicos en la que pueden intervenir una o varias entidades públicas en sus diferentes niveles de gobierno y sectores.
• Promueve la participación del gestor, especialmente en su compromiso de implementar las recomendaciones resultantes a través de acciones de mejora de desempeño (Plan de Acción).
R El coNtrol dE loS proGramaS SocIalES y dE laS mEdIdaS dE rESpoNSabIlIdad para El SEctor públIco
El control de los programas sociales
¿cuál es el rol de la contraloría General en relación a los programas sociales?
La Contraloría General contribuye a fomentar el buen uso de los recursos públicos destinados a los programas sociales, ejerciendo un control gubernamental moderno,
6 Memoria de la Gestión 2009-2016 de la Contraloría General de la República, página 41.
eficiente y eficaz, a través de servicios de control a efecto de maximizar la inversión
social con mayor impacto en la población objetivo.
departamento y órganos de línea responsables
Es el Departamento de Estudios e Investigaciones que tiene como función gestionar los sistemas de información de la Contraloría General, entre ellos: (i) sistema Web Mochica (Programa de Complementación Alimentaria-PCA y Programas Sociales en General-PSG) y (ii) sistema del Programa del Vaso de Leche.
función ejecutar los
servicios de control de las entidades bajo su ámbito de control, entre ellas las que
tienen a cargo Programas Sociales.
1. control Simultáneo visita de control Es la modalidad de control simultáneo que consiste en presenciar actos o hechos en curso referidos a la entrega de bienes, presentación de servicios o ejecución de obras públicas relacionadas a los Programas Sociales. Sistemas web de rendiciones de cuentas sobre programas sociales Todas las entidades que tienen a su cargo programas sociales deben registrar información relacionada con su ejecución de forma adecuada y oportuna en los aplicativos de los sistemas de información de la Contraloría General: (i) sistema Web Mochica (PCA y PSG) y (ii) sistema del Programa de Vaso de Leche. capacitación y atención de consultas Esta actividad se realiza a solicitud de la entidad a cargo del programa social, con la finalidad de orientar en aspectos de la funcionalidad de los sistemas de información: (i) sistema Web Mochica (PCA y PSG) y (ii) sistema del Programa del Vaso de Leche.
2. control posterior auditoría de cumplimiento Es un tipo de servicio de control posterior realizado por las unidades orgánicas de la Contraloría General y los OCI, que tiene como propósito determinar en qué medida las entidades sujetas al ámbito del Sistema han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales establecidas, en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado. principales recomendaciones Producto de los diferentes informes emitidos, las principales recomendaciones
sobre los programas sociales están referidas a:
• Entidad rectora de los programas sociales
• Articulación de acciones orientadas al logro de resultados en beneficio de la población objetivo
• Lineamientos e implementación de controles de seguimiento en la focalización de beneficiarios
• Mejora de las capacidades de los gestores de los programas sociales
• Implementación de documentos de gestión (línea base, marco lógico, manual de operaciones, etc.)
• Fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y evaluación
• Fortalecimiento de las áreas de planificación y administración.
rendición de cuentas de los programas sociales a la contraloría General
Los Titulares de las entidades que administran programas sociales serán los responsable de rendir cuenta a la Contraloría General dentro de los quince (15) días hábiles posteriores al término de cada trimestre. La información remitida tiene carácter de declaración jurada, y las entidades deben salvaguardar la documentación que la sustenta a través de adecuados sistemas de control interno para posterior control por los órganos del Sistema Nacional de Control.
La información sirve de insumo para la elaboración de los informes macro de gestión anuales, así como para la determinación de objetivos de control.
Sistemas web de rendición de cuentas
(i) El sistema Web mochica: permite a las entidades efectuar el registro y envío de la información relacionada con la ejecución de los Programas Sociales a su cargo.
• Programas Sociales Generales (PSG): El registro de información es obligatorio a las entidades que tienen a cargo Programas Sociales con alcance a nivel nacional.
Hasta la actualidad se encuentran 30 Programas Sociales registrados.
• Programa de Complementación Alimentaria (PCA): El registro de información corresponde a los Gobiernos Locales que tengan a cargo el PCA. Actualmente, existen 195 municipalidades provinciales y 40 municipalidades distritales de Lima Metropolitana registradas que tienen a su cargo el PCA (alcance a nivel local).
(ii) Sistema
municipalidades provinciales y distritales efectuar el registro y envío de la información relacionada al gasto del mencionado
programa y la ración mensual entregada a los beneficiarios.
Comprende el registro de 1 838 municipalidades provinciales y distritales que tienen a su cargo el Programa del Vaso de Leche.
Normativa relacionada Sistema del programa de vaso de leche
• Directiva N° 015-2013-CG/CRL publicada el 24 de octubre de 2013 mediante R.C. N° 388-2013-CG.
Ley N° 27712, Ley que modifica la Ley N° 27470, Ley que
establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, publicada el 01 de mayo de 2002.
• Ley N° 27470, Ley que establece normas complementarias para la ejecución del Programa del Vaso de Leche, publicada el 03 de junio de 2001.
Sistema Web mochica (programas de complementación alimentaria y programas Sociales Generales)
• Directiva N° 009-2013-CG/PSC publicada el 20 de setiembre de 2013, mediante R.C. N° 357-2013-CG
• D.S. N° 029-2007-PCM, que aprueba el Plan de Reforma de Programas Sociales.
• Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, Ley N° 27658.
D.S. N° 054-2011-PCM, que aprueba el Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021.
• D.S. N° 130-2004-EF, establecen criterios y mecanismos para mejorar la equidad y calidad en el gasto social, y la prioridad de
atención de grupos de beneficiarios a través de la focalización.
R.M. N° 42-2011-EF/15, que aprueba la Directiva N° 001-2011- EF/65.01 “Disposiciones para la Construcción, Actualización y Uso del Padrón General de Hogares del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH)”.
Ley N° 28540, Ley que crea el Registro Único Regional de
Beneficiarios de los Programas Sociales (RUBEN).
• R.C. N° 027-2008-CG, que determina los lineamientos para el control de los programas sociales.
• Informes de auditoría. (Portal Web Contraloría General, en secciones – conozca los resultados del control)
• Informes macro sobre la gestión de programas sociales.
secciones-Gestión
• Informes de veedurías. (Portal Web Contraloría General, en secciones – conozca los resultados del control)
• Publicaciones Libro Marco Conceptual del Control Gubernamental de los Programas Sociales.
Libro Programas Sociales en el Perú: Elementos para una propuesta desde el control gubernamental.
atENcIóN dE coNSultaS departamento de Estudios e Investigaciones
Teléfono: (01) 330-3000 Anexo: 3163
R El coNtrol dE laS mEdIdaS dE SEGurIdad dE loS SIStEmaS INFormÁtIcoS EN laS ENtIdadES públIcaS
Un sistema informático es un conjunto de elementos relacionados compuesto por uno o más procesos, hardware, software, instalaciones y personal que proporcionan la capacidad de satisfacer una necesidad u objetivo definido. 7
La seguridad de la información tiene como objetivo la preservación de la
confidencialidad (garantizar que la información sea accesible únicamente para
quienes tengan acceso autorizado), integridad (salvaguardar la exactitud y la integridad de la información y activos asociados) y disponibilidad (garantizar que los usuarios tengan acceso a la información y activos asociados cuando sea necesario) de los activos de información; también pueden estar involucradas otras propiedades
como la autenticación, responsabilidad, no-repudio y fiabilidad.
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información es la parte del sistema integral
7 Fuente: Norma Técnica Peruana NTP-ISO/IEC 12207 “Tecnología de la Información. Procesos del ciclo de vida soft- ware” 2da edición.
de gestión basada en un enfoque del riesgo del negocio para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la seguridad de la información. El sistema de gestión incluye la estructura organizacional, políticas, actividades de
planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos.
1. control preventivo a la seguridad de la información
La Contraloría General, en el marco de su Ley Orgánica, realiza labores de control preventivo de la seguridad de la información y de los recursos tecnológicos que
la soportan, y comunica a las entidades públicas las deficiencias detectadas, a fin de que se adopten oportunamente las acciones correctivas que minimicen los riesgos y preserven la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información, de acuerdo con la normativa aplicable.
2. Las deficiencias más frecuentes relacionadas con los sistemas y la seguridad informática
2.1. En la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
No se cuenta con los documentos requeridos para dirigir y dar soporte a la gestión de la seguridad de la información o, en su defecto, los documentos se encuentran desactualizados y no hay procedimientos que aseguren su revisión periódica.
No se han designado los roles requeridos para garantizar la seguridad de la información dentro de la organización.
2.2. En la Gestión de activos
• No se ha realizado una clasificación de los activos de información en términos de su valor, requisitos legales, sensibilidad y criticidad para la organización, lo que incrementa el riesgo de un inadecuado tratamiento del activo y de posibles riesgos que podrían afectar la
• Inadecuado almacenamiento de las copias de respaldo (back up) pone en riesgo la integridad y disponibilidad de la información que contienen.
2.3. En la implementación y mantenimiento de sistemas:
• Los datos de producción son usados para pruebas, desarrollos y simulaciones, sin haber sido previamente modificados para preservar su confidencialidad, por lo que se podría incumplir
inclusive el nivel requerido de protección de datos personales.
• Ausencia de segregación de funciones y duplicidad u omisiones en la ejecución de tareas en el proceso de desarrollo, mantenimiento de los
sistemas informáticos y puesta en producción, lo que pone en riesgo
la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información.
No se realiza el control de versiones de los códigos fuentes, bases de datos ni de los ejecutables de los sistemas informáticos, lo cual no permitiría el control de cambios y de los autores de estos.
• Aceptación de los sistemas informáticos con funcionalidades que no son utilizadas, con campos de datos que no permiten el procesamiento adecuado de información (controles de campo, longitud, entre otros).
Falta de integridad de datos y consecuente carencia de confiabilidad.
No se cuenta con pistas de auditoría que permitan identificar a
los autores de las operaciones, situaciones que ponen en riesgo la disponibilidad e integridad de la información.
• Documentación de los sistemas desactualizada incrementa el riesgo de errores u omisiones en el mantenimiento de estos.
2.4. En los accesos a los sistemas, servidores y red de datos • Implementación incompleta o ausencia de procedimientos de “Retiro de los Derechos de Acceso”, lo cual genera que cuentas de acceso perteneciente a personal cuyo vínculo laboral con la entidad ha concluido se encuentren activas en los sistemas informáticos, administradores de dominio, componentes de red, correo electrónico, entre otros. Esto incrementa el riesgo de que
se presenten eventos que puedan afectar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. • No contar con procedimientos que aseguren la identificación del
usuario, la creación cuentas de acceso, uso, así como la custodia e
identificación de cuentas de “perfil administrador” o de “cuentas
genéricas”, lo cual no permitiría contar con una trazabilidad
y control de las modificaciones realizadas en los sistemas
informáticos y de los autores de estas.
• Falta de “Revisión de los derechos de acceso a los usuarios” y de “Gestión de p rivilegios”, lo que podría ocasionar que personal no autorizado o que personal que haya cambiado de funciones cuente con accesos activos que le permitan gozar de privilegios que no son
requeridos para sus funciones. Esto afectaría la confidencialidad,
disponibilidad e integridad de la información, según sea el caso.
• No tener definidas las configuraciones mínimas de seguridad que deben cumplir las cuentas de acceso y no haber establecido responsabilidades en los usuarios para el uso de contraseñas.
• No se cuenta con controles en las redes, servidores y sistemas que permitan el aprovisionamiento de accesos basados en una segregación de roles, lo cual incrementa el riesgo de manipulación de información, así como afectación de la integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la información.
2.5. En los controles de protección contra software malicioso y ataques de terceros (hacking)
• No se han definido procedimientos formales o, en su defecto, no se cumplen actividades para asegurar la actualización oportuna de los sistemas de prevención de software malicioso, así como la existencia de servidores o estaciones de trabajo con software antivirus no actualizado o no licenciado.
• El personal cuenta con privilegios para modificar la configuración de las computadoras, descargar, instalar archivos y/o programas no autorizados, acceder a correos gratuitos, páginas sociales y de entretenimiento, así como a información compartida en la red, lo que pone en riesgo la seguridad de la información. Esta situación podría exponer al riesgo de introducir software malicioso en la red de datos, estaciones de trabajo y servidores.
No se cuenta con planes de continuidad del negocio apropiados para recuperarse de los ataques de virus, incluyendo todos los datos y software necesarios de respaldo y disposiciones para la recuperación.
• No se realiza evaluación de riesgo sobre los activos de información que pudieran estar expuestos a ataques de terceros (hacking), ni
se cuenta con herramientas o procedimientos a fin de desplegar
planes de contingencia ante este tipo de ataques.
2.6. En la seguridad del centro de datos/sala de servidores
Robo, vandalismo o acceso no autorizado al Centro de Datos podrían exponer el riesgo de manipulación o pérdida de información crítica, estratégica y sensible para la entidad.
• El centro de datos/sala de servidores, donde se encuentran los equipos, informáticos carecen de medidas de protección contra daños ambientales que podrían afectar negativamente el funcionamiento de los equipos en el tratamiento de la información tales como control de temperatura y humedad.
No se cuenta con dispositivos o no se cuenta con revisiones vigentes de equipos para tratar amenazas físicas como incendio, humo, aniegos, polvo, entre otros.
Ausencia de registro digital o manual de control de accesos al centro de datos/sala de servidores, lo cual no permitiría el monitoreo, supervisión y control posterior de las intervenciones físicas realizadas en dichos ambientes.
• Cables de red sin protección, sin etiquetas y desordenados exponen los equipos a desconexión y deterioro, con el riesgo de interrumpir las operaciones.
3. las principales normativas que establecen los controles aplicables a las tecnologías de la información en el sector público son las siguientes:
• Normas de Control Interno para las entidades del Estado aprobada con R.C. N° 320-2006-CG, publicada el 03.Nov.2006.
• D.S. N° 003-2013-JUS, que aprueba el reglamento de la Ley N° 29733, “Ley de Protección de Datos Personales”, del 21.Mar.2013.
• Ley N° 30096, “Ley de delitos Informáticos”, publicada el 22.Oct.2013 y sus modificatorias (Ley N° 30171).
Ley N° 30036, “Ley que Regula el Teletrabajo”, publicada el 05.Jun.2013.
• “Normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en forma convencional cuanto la producida por procedimientos informáticos en computadoras”, aprobadas con Decreto Legislativo N° 681 el
11.Oct.1991, sus modificatorias y reglamento (D.S. N° 009-92-JUS).
• “Medidas para garantizar la legalidad de la adquisición de programas de software en entidades y dependencias del Sector Público”, aprobadas
por D.S. N° 013-2003-PCM, del 12.Feb.2003 y sus modificatorias.
“Guía para la administración eficiente del software legal en la Administración Pública”, aprobada con R.M. N° 073-2004-PCM, el 16.Mar.2004.
• “Guía Técnica sobre evaluación de software para la Administración Pública”, aprobada con R.M. N° 139-2004-PCM, el 27.May.2004.
• Directiva N° 001-2014-PCM-ONGEI, “Directiva sobre Estándares de Servicios Web de Información Georreferenciada para el Intercambio de Datos entre Entidades de la Administración Pública”, aprobada por R.M. N° 241- 2014-PCM, el 23.Oct. 2014.
Plan de Acción de Gobierno Abierto del Perú (Plan AGA) 2015-2016, aprobado por R.M. N° 176-2015-PCM, el 15.Jul.2015.
• “Aprueban el uso obligatorio de la Norma Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014 Tecnología de la Información. Técnicas de Seguridad. Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información. Requisitos 2a. Edición”, aprobado por R.M. N° 004-2016-PCM, el 08.Ene.2016, para su aplicación en todas las entidades integrantes del Sistema Nacional de Informática.
• “Aprueban medidas para el fortalecimiento de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica y la implementación progresiva de la Firma Digital en el Sector Público y Privado”, aprobado por D.S. N° 026-2016-PCM, el 28.Abr.2016.
• Decreto Legislativo que previene y sanciona la violencia en la actividad de construcción civil, aprobado por Decreto Legislativo N° 1187, el
15.Ago.2015.
016-94-INEI/SJI.
y eliminación de virus informáticos en los equipos de cómputo de la
administración pública”, aprobada con R.J. N° 362-94-INEI, de 30.Nov.1994.
Directiva N° 007-95-INEI/SJI. Recomendaciones Técnicas para la Seguridad e Integridad de la Información que se procesa en la Administración Pública”, aprobada con R.J. N° 076-95 INEI, de 15.Mar.1995.
• Directiva N° 008-95-INEI/SJI. “Recomendaciones técnicas para la protección física de los equipos y medios de procesamiento de la información en la administración pública”, aprobada con R.J. N° 090-95-INEI, de 30.Mar.1995.
010-95-INEI/SJI
Organización y Gestión de los Servicios Informáticos para la Administración
Pública”, aprobada con R.J. N° 140-95-INEI, de 08.Jun.1995.
• Directiva N° 018-2001-INEI/DTNP “Normas y procedimientos técnicos para garantizar la seguridad de la información publicada por las entidades de la Administración Pública”, aprobada con R.J. N° 347-2001-INEI, de 07.Nov.2001.
Directiva N° 016-2002-INEI/DTNP “Normas Técnicas para el Almacenamiento y Respaldo de la Información procesada por las Entidades de la Administración Pública”, aprobada con R.J. N° 386-2002-INEI, de 31.Dic.2002.
• Directiva N° 005-2003-INEI/DTNP “Normas para el uso del servicio de correo electrónico en las entidades de la Administración Pública”, aprobada con R.J. N° 088-2003-INEI, de 31.Mar.2003.
Ley N° 28612, “Ley que norma el uso, adquisición y adecuación del software en la Administración Pública”, aprobada el 23.Set.2005, sus
modificatorias y reglamento.
• “Ley sobre el Derecho de Autor (Protección Jurídica del software)”, aprobada con Decreto Legislativo N° 822, aprobada el 23.Abr.1996.
“Lineamientos de la Oficina de Derechos de Autor sobre uso legal
de los programas de ordenador (software)”, aprobados con R.J. N°
0121-1998-ODA-INDECOPI, el 09.Jul.1998.
Ley N° 27309, “Ley que incorpora los Delitos Informáticos al Código Penal”, aprobada el 15.Jul.2000.
Ley N° 27291, “Ley que modifica el Código Civil permitiendo la utilización
de los medios electrónicos para la comunicación de la manifestación de
voluntad y la utilización de la firma electrónica”, aprobada el 23.Jun.2000.
Ley N° 27269, “Ley de Firmas y Certificados Digitales”, aprobada el 26.May.2000 y sus modificatorias.
Ley N° 28493, “Ley que regula el uso del correo electrónico comercial no solicitado (spam)”, aprobada el 11.Abr.2005 y su Reglamento.
N° 043-2003-PCM que aprueba
Único Ordenado de
la Ley N° 27806, “Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, modificatorias y reglamento”, aprobado el 22.Abr.2003, sus modificatorias y reglamento. D.S. N° 070-2013-PCM “Decreto Supremo que modifica el Reglamento de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 072-2003-PCM”, publicado el 14.Jun.2013.
• R.M. N° 252-2013-PCM, que modifica la Directiva N° 01-2010-PCM/SGP, “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en la Entidades de la Administración Pública”, de 02.Oct.2013.
• Directiva N° 001-2010-PCM/SGP “Lineamientos para la implementación del Portal de Transparencia Estándar en las entidades de la Administración Pública”, aprobada con R.M. N° 200-2010-PCM, el 24.Jun.2010.
N° 29603,
que autoriza a la Oficina Nacional de Procesos
Reglamentarias para la
Electrónico”, de
20.Oct.2010.
R atENcIóN dE dENuNcIaS La Contraloría General, a través del Departamento de Denuncias, busca atender de
manera oportuna y eficaz las denuncias que presente la ciudadanía a nivel nacional
sobre presuntos hechos arbitrarios o ilegales que ocurran en alguna entidad pública respecto a la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado.
» Establecer un mecanismo que canalice la participación de la ciudadanía en el control de los bienes y recursos públicos.
» Promover acciones que faciliten el ejercicio del derecho de participa- ción ciudadana en el control gubernamental.
» Fomentar actitudes responsables por parte de la ciudadanía en el ejer- cicio de dicho derecho.
» Fortalecer los instrumentos de control para minimizar el impacto de la corrupción en los niveles administrativos.
a manera de ejemplo, los ciudadanos podrían denunciar:
» Irregularidades en obras públicas (no contar con las garantías requeri- das, ejecución de obras sin procesos de selección, incumplimiento de plazos, ejecución sin contar con estudios previos, defectos en su cons- trucción, obras sobrevaloradas).
» Irregularidades en adquisiciones del Estado (fraccionamiento en adqui- siciones, direccionamiento a un determinado proveedor, recepción de productos defectuosos, prestación de servicios sin procesos de selec- ción, adquisición de bienes sin procesos de selección).
» Otras irregularidades (contratación de familiares directos por funciona- rios que gozan de la facultad de nombramiento-nepotismo), pagos por
servicios no realizados, contratación de personal que no cumple el perfil
requerido, utilización indebida de materiales de construcción y maqui- naria, contratación de personal fantasma, deficiencias en programas so- ciales (compra, almacenamiento, distribución y calidad de los alimentos e insumos), entre otros.
Es preciso indicar que el Departamento de Denuncias no atenderá hechos cuya investigación sea competencia constitucional y legal de otra entidad del Estado, los cuales, de ser recibidos, serán derivados a la autoridad competente, de conformidad con el literal n) del artículo 22° de la Ley N° 27785. Asimismo, no se atenderán hechos referidos a aspectos de interés particular o al sector privado en los que no se advierta afectación o perjuicio para el Estado.
No se requiere que el denunciante se identifique, ya que puede presentar su denuncia de forma anónima; asimismo, la Contraloría General asume de oficio
la evaluación de denuncias de las que toma conocimiento a través de otros medios, y que a su criterio considere necesario su trámite. Estas denuncias están protegidas por el principio de reserva.
Es necesario que la denuncia sea expuesta en forma precisa, ordenada,
detallada y coherente, y contenga información que permita identificar el hecho
denunciado, respondiendo a las preguntas qué, dónde y cuándo sucedieron los
hechos o, por lo menos, incluir información que permita consultar fuentes de
información pública para su identificación.
Se aceptarán a trámite las denuncias que contengan hechos referidos a actos
y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia,
transparencia y economía en la captación, uso y destino de los recursos y bienes del Estado, así como del cumplimiento de las normas legales y de los lineamientos de política y planes de acción, conforme se establece en los artículos 6° y 8° de la Ley N° 27785; y reúnan los siguientes requisitos:
Sean presuntamente ilegales o arbitrarios ocurridos en una entidad suje- ta al ámbito de control del Sistema Nacional de Control.
» No sean materia de proceso judicial, arbitral o administrativo en trámi- te, procesos disciplinarios, requerimientos o impugnaciones de provee- dores o postores, ni que estén referidos a hechos que fueron objeto de sentencia judicial consentida o ejecutoriada, o comprendidos en causas pendientes ante el Tribunal Constitucional o investigaciones ante otras instituciones públicas competentes.
» No sean materia de un servicio de control o servicio relacionado en eje- cución o concluido.
En caso el denunciante requiera acogerse a las medidas de protección y
beneficios establecidos en la Ley N° 29542, “Ley de protección al denunciante
en el ámbito administrativo y de colaboración eficaz en el ámbito penal” y su
Reglamento, deberá cumplir con los requisitos señalados en el artículo 7° de la mencionada Ley.
La finalidad de la Ley de Protección al Denunciante es proteger y otorgar beneficios a los funcionarios y servidores públicos, o a cualquier ciudadano, que deseen acogerse a las medidas de protección y beneficios, que denuncien en
forma sustentada hechos arbitrarios o ilegales producidos en cualquier entidad pública relacionados con el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, y que puedan ser investigados o sancionados administrativamente.
De acuerdo con lo establecido en la Ley N° 29542 y su Reglamento, este Organismo
Contralor gestionará medidas de protección y beneficios a los ciudadanos que
presenten ante la Contraloría General o ante el OCI denuncias que contengan
hechos que, como resultado de su evaluación, sean calificados como admitidos, es
decir, cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 29542.
El contenido de la denuncia y la identidad del denunciante se encuentran protegidos por el principio de reserva desde su recepción hasta la culminación del proceso de atención de denuncias o del servicio de control que se derive de este, según corresponda, y posteriormente la identidad del denunciante (constituida por sus datos personales) se encuentra protegida además por la Ley N° 29733, “Ley de Protección de Datos Personales y su Reglamento”.
» Reserva de la identidad. » Impedimento de cese, despido o remoción laboral.
» Impedimento de suspensión de contratación bajo la modalidad de loca- ción de servicios o CAS.
» Impedimento de actos de hostilización laboral.
» Reducción gradual de la sanción administrativa (en caso el denunciante esté sujeto a la misma).
» Recompensa de porcentaje de multas efectivamente cobradas por in- fracción prevista en norma administrativa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 10° de la Ley N° 29542, quien denuncie ante la Contraloría General a sabiendas, hechos que no se han cometido o simule pruebas o indicios de su comisión que puedan servir de motivo para un proceso de investigación administrativa, es sancionado con una multa no mayor a cinco (5) Unidades Impositivas Tributarias (UIT) sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales a que hubiera lugar.
En Lima, en las oficinas del Departamento de Denuncias de la Sede
Central de la Contraloría General, ubicada en el jirón Camilo Carrillo N° 114 – Jesús María.
En provincias, en las Gerencias de Coordinación Regional, Contralorías Regionales a nivel nacional y en los OCI de las entidades públicas.
Lima: Lun. a vie. de 8:30 a.m. a 5:30 p.m. Provincias: Lun. a vie. 8:30 a.m. a 12:30 pm y de 1:30 a 5:30 p.m.
Mediante la presentación de un escrito vía correo postal dirigido al De-
partamento de Denuncias en las oficinas de la Sede Central, Gerencias
de Coordinación Regional, Contralorías Regionales a nivel nacional o a los OCI de las entidades públicas.
La Contraloría General ha puesto a disposición de la ciudadanía, la plataforma virtual de Denuncias en línea, en el portal institucional www.contraloria.gob.pe (en la franja rotatoria inferior).
En esta sección, todo ciudadano podrá formular su denuncia, a través de un formulario web y remitirlo a la Contraloría General para el trámite correspondiente. La información que se proporcione será tratada con
total y absoluta confidencialidad.
Luego de enviar el formulario web, el ciudadano recibirá en el correo electrónico que haya consignado, su código de registro, el cual le permitirá acceder al contenido de su formulario y descargarlo. Para iniciar el registro de su denuncia, deberá ingresar sus datos y la información solicitada.
En cualquiera de estas tres modalidades señaladas se deberá redactar la denuncia de manera clara, coherente y fundamentada, adjuntando
o indicando los documentos que sustentan lo afirmado, y de haber
solicitado que su denuncia se evalúe en el marco de lo dispuesto en la Ley
N° 29542, deberá remitir o adjuntar el Formato de Compromiso firmado.
atENcIóN dE coNSultaS departamento de denuncias
Teléfono: (01) 330-3000 Anexos: 1302/1307 https://appscgr.contraloria.gob.pe/sinad
MEd IdAS pREvENTIvAS
Herramientas e-control Declaración Jurada de Ingresos, y de Bienes y Rentas Declaración Jurada de Nepotismo Rendición de Cuentas de los Titulares de las entidades Sistema de información sobre obras públicas – INFObras Participación Ciudadana:
Auditorías Juveniles
R HErramIENtaS E-coNtrol Las herramientas e-control que utiliza la Contraloría General son:
1. barómetro de la Gestión pública
Es una herramienta informática de uso público vía internet desarrollada por
la Contraloría General que provee de manera sencilla y clara a través de un
conjunto de indicadores, cuadros y gráficos comparativos, información periódica
sobre el quehacer de los gobiernos regionales y municipalidades provinciales y
distritales en temas de presupuesto, contrataciones e inversiones, así como sobre la situación socioeconómica que presentan sus territorios o jurisdicciones.
Contribuye a promover la transparencia de la gestión del Estado y a apoyar la participación ciudadana, principios orientados a lograr institucionalizar en el país, un ejercicio efectivo de rendición de cuentas sobre el uso y destino de los recursos públicos, y constituirse en un instrumento que provea información útil que permita a la ciudadanía interactuar y ejercer vigilancia y control en
la búsqueda de una gestión pública más eficiente y comprometida con las
2. Sistema de registro de declaraciones Juradas en línea – SIdJ
Es un sistema web desarrollado por la Contraloría General para facilitar el registro, la presentación y la remisión de las Declaraciones Juradas de Ingresos y de Bienes y Rentas de los funcionarios y servidores públicos; además, para la remisión de la relación que contenga los nombramientos o contratos de los obligados a su presentación y la información pormenorizada del total de los ingresos que por dichos contratos o nombramientos perciban los obligados.
Contribuye a promover una cultura de transparencia en la gestión pública, al facilitar a los funcionarios y servidores públicos obligados, la presentación de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas; así como a las entidades respecto de la remisión de la relación de nombramientos y contratos de los sujetos obligados.
3. Sistema de información de obras públicas (INFobras)
Es un sistema web elaborado por la Contraloría General que busca fortalecer la transparencia en la ejecución de las obras públicas a nivel nacional, mediante el acceso a la información del avance mensual y la articulación de información de: Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) de las obras públicas.
Las entidades deben registrar en el INFObras las obras públicas que vienen ejecutando incluyendo el registro de los avances físicos y presupuestales, así como información detallada sobre cada una de ellas, como su ubicación
geográfica, presupuesto asignado, problemas presentados, valorizaciones,
contratista, residente, supervisor, entre otros. Es la única herramienta que permite el seguimiento de una obra en la fase de ejecución.
4. rendición de cuentas de los titulares de las entidades
Es un sistema web desarrollado por la Contraloría General con la finalidad de
que todo Titular de una entidad sujeta al Sistema Nacional de Control informe de manera oportuna y estandarizada sobre los resultados alcanzados durante su gestión, alineados a la misión de la entidad y al cumplimiento de los objetivos establecidos en sus principales documentos de gestión.
Facilita que los Titulares cumplan con el deber de rendir cuenta ante las autoridades competentes y ante la ciudadanía por el uso de los bienes y recursos que les fueron asignados, mediante la presentación del correspondiente Informe de Rendición de Cuentas. Contribuye a la construcción del conocimiento ciudadano de lo realizado por los Titulares con el mandato que la sociedad les ha dado para la efectiva utilización de los fondos públicos, además de legitimar con ello, la acción pública.
5. denuncias en línea
Es un sistema web desarrollado por la Contraloría General para facilitar a la ciudadanía el formular sus denuncias de manera virtual, registrando un formulario y remitiéndolo vía sistema. La información que se proporcione será
tratada con total y absoluta confidencialidad.
6. SIGuEplaN
Aplicativo para el seguimiento del Plan de Acción de las Auditorías de Desempeño.
R dEclaracIóN Jurada dE INGrESoS, bIENES y rENtaS
Es una declaración firmada que se realiza por mandato constitucional y legal (Ley N° 27482),
mediante la cual un funcionario o servidor público informa a la Contraloría General, a través de la Dirección General de Administración (DGA) o dependencia que haga sus veces de la entidad donde labora, sobre todos los ingresos, bienes y rentas que posee o percibe.
Esta Declaración Jurada (DJ) es importante porque forma parte de una cultura de transparencia que debe existir en todos los funcionarios y servidores
públicos, ya que evidencia su realidad patrimonial y financiera. Con esto se puede verificar si existe concordancia entre sus ingresos y egresos (inversiones,
bienes y gastos). Esta DJ es importante para el país, ya que constituye no solo
un instrumento de control gubernamental, sino también de control social en el marco de la lucha contra la corrupción.
¿Quiénes están obligados a presentar esta dJ?
Los funcionarios y servidores públicos de todos los niveles que se indican en la Ley N° 27482 y su Reglamento. Están incluidos, entre otros, altos funcionarios, como:
» Presidente y Vicepresidentes de la República. » Congresistas de la República. » Ministros de Estado. » Magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público. » Gobernadores y Vicegobernadores regionales, Alcaldes provinciales y dis- tritales, Consejeros y Regidores.
En general todos aquellos funcionarios que señala la referida Ley, así como todos aquellos funcionarios que administran, manejan o disponen de fondos del Estado.
¿cómo se presenta y remite la dJ de Ingresos y de bienes y rentas?
Esta información debe presentarse de la siguiente manera: 1) A través del Sistema de Regis-
tro de Declaraciones Juradas en Línea (SIDJ) y 2) luego, de forma física y firmada ante la DGA.
1. a través del SIdJ
Toda entidad pública que se encuentre incorporada al SIDJ debe hacer uso
de este, a fin de que sus funcionarios y servidores puedan registrar su DJ
a través de este medio con solo ingresar a la página web de la Contraloría General (www.contraloria.gob.pe) desde donde podrán elaborar y hacer el envío virtual de manera rápida y segura. La ventaja del sistema en
línea es su seguridad y confiabilidad para el registro de información,
además, se puede acceder a él desde cualquier computadora que cuente con conexión a Internet.
2. de forma física ante la entidad pública
2.1. El declarante sea que formule su DJ en línea por encontrarse in-
corporado al sistema o solo en físico, en el formato aprobado por
el Reglamento de la Ley N° 27482 y sus modificatorias, la debe presentar, debidamente firmada, a la DGA de la entidad donde
ejerce su función pública.
2.2. Dicha oficina administrativa verifica la DJ, y en el caso de de- tectar un error material o que los formatos no estén completos, la devuelve al funcionario o servidor para ser subsanada. Si la
rectificación no se realiza en el plazo de cinco (5) días hábiles se
considera como no presentada.
2.3. La entidad remite el original de la DJ a la Contraloría General dentro de los siete (7) días hábiles de recibida, y archiva una copia autenticada de esta.
La Contraloría General registrará y archivará las DJ enviadas a través del SIDJ, sin que ello descarte la presentación física que debe hacerse de este formato ante la propia entidad pública, es decir, los funcionarios y servidores públicos deben realizar ambas gestiones.
La DGA o la dependencia que haga sus veces dentro de cada entidad, juega un rol de mucha importancia en este proceso. Esta área es la encargada de recibir, registrar y archivar una copia autenticada y enviar el original a la Contraloría General de las DJ, así como de poner en su conocimiento los casos de incumplimiento en la presentación del citado formato y las sanciones impuestas a los sujetos obligados por las infracciones a lo establecido en la Ley y su Reglamento.
¿cuándo se presenta la dJ de Ingresos y de bienes y rentas?
al inicio de la gestión: Dentro de los quince (15) días hábiles poste- riores al ejercicio del cargo, función o labor.
» periódicamente: Se presenta periódicamente a los quince (15) días hábiles posteriores a cumplir un año más en el cargo, función o labor.
al cese de la gestión: Dentro de los quince (15) días hábiles pos- teriores al cese del cargo, función o labor.
¿Qué sucede cuando un funcionario no presenta esta declaración Jurada?
El funcionario o servidor público que incumpla lo dispuesto en la Ley está sujeto a las sanciones administrativas, de acuerdo con el procedimiento del régimen laboral o contractual del obligado a presentar la DJ aplicable en virtud del cargo o función que desempeña, que se describen a continuación:
a) Los comprendidos en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo N° 276, estarán sujetos a las sanciones dispuestas por dicho dispositivo.(**)
b) Los “obligados” que no se encuentren comprendidos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, no podrán celebrar contratos con el Estado ni desempeñar funciones o servicios en las entidades públicas, por el período de un año contado a partir del término de los plazos señalados para la presentación.(**)
¿Qué instancia aplica la sanción que corresponde por el incumplimiento de la presentación de la dJ?
La autoridad, comisión u órgano competente de la entidad donde el funcionario o servidor ejerce la función pública, conforme lo establece el numeral 6.4 de la Directiva N° 013-2015-CG/GPROD, aprobada con R.C. N° 328-2015-CG.
** De acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del Reglamento de la Ley N° 27482.
¿cómo procesa esta información la contraloría General?
La Contraloría General analiza y corrobora la información que contienen las
DJ. Si se advierten alertas de riesgo fiscaliza esta información, conforme a lo
establecido en el literal p) del artículo 22° de la Ley N° 27785, y en el marco de la Directiva N° 08-2008-CG-FIS, aprobada por R.C. N° 316-2008-CG.
Posteriormente, si el caso lo permite, la Contraloría General remite el resultado
de dicha fiscalización al Ministerio Público.
Las DJ que procesa la Contraloría General también aportan al control cívico, ya que, en el marco de la Ley de Transparencia, estas son puestas a disposición de la ciudadanía, a través del portal web de la Contraloría General (www.contraloria. gob.pe) o a través del enlace: https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
relación de nombramientos y contratos de los obligados a presentar dJ (relación de Sujetos obligados)
Es un listado que incluye la información de los sujetos obligados a presentar DJ desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior, así como la información detallada del total de los ingresos que percibieron por parte de la entidad en ese periodo.
presentación de la relación de Sujetos obligados
El Titular del Pliego, por medio de la Dirección General de Administración o la dependencia que hace sus veces en la entidad, debe remitir a la Contraloría General, a través del SIDJ, el formato que contiene los nombres de las personas nombradas o contratadas que están obligadas a presentar su DJ, incluyendo la información pormenorizada del total de los ingresos que estos perciben.
Dicha presentación debe hacerse una vez concluido el ejercicio presupuestal. Las entidades tienen un plazo que culminará el 31 de enero del ejercicio siguiente para cumplir con la remisión de la Relación de Sujetos Obligados.
¿por qué es importante presentar la relación de Sujetos obligados?
Porque ello forma parte de una cultura de transparencia que debe existir en todas las entidades públicas. Además, porque permite conocer el universo de servidores y/o funcionarios públicos que deben presentar esta información.
¿Qué sanciones se pueden aplicar a la dGa que no cumpla con remitir la relación de Sujetos obligados?
El literal a) del artículo 45° de la versión actualizada del Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Contraloría General, aprobado por R.C. N° 134-2015-CG, contempla como infracción grave de los titulares, funcionarios y servidores públicos, el incumplimiento de presentar a la Contraloría General o registrar en los sistemas informáticos, la documentación o información que les fuera exigible por la normativa, en las condiciones, y plazos previstos en esta.
La escala de sanción aplicada por la Contraloría General, para la citada infracción va desde 1.5 hasta 5 UIT.
Los errores más frecuentes en la presentación y remisión de las DJ a la Contraloría General son los siguientes:
DJ en fotocopia. El formato debe ser remitido a la Contraloría General en original.
DJ sin la firma que corresponde al declarante.
DJ en un formato que no corresponde al vigente. El formato a utilizar debe ser el resultante de la utilización del SIDJ.
DJ incompletas. Cuando no se ha consignado la totalidad de los rubros o no se han considerado datos importantes como el ejercicio presupuestal, oportunidad de presentación, fecha de elaboración, entre otros.
Algunas DJ son presentadas directamente por el declarante, lo cual no correspon-
de al procedimiento establecido en la normativa vigente, pues deben ser presen- tadas por el declarante ante la DGA o la que haga sus veces dentro de la entidad, para que esta a su vez gestione su remisión a la Contraloría General.
atENcIóN dE coNSultaS departamento de Fiscalización patrimonial
Teléfono: (01) 330 3000 Anexos: 1269/1276/1283/1284 Horario de atención:
De lunes a viernes de 8:30 am. a 12:30 pm. E-mail: djenlinea@contraloria.gob.pe
https://apps1.contraloria.gob.pe/ddjj/
R dEclaracIóN Jurada dE NEpotISmo
Se trata de una Declaración Jurada (DJ) que deben firmar los funcionarios de una entidad pública, mediante la cual manifiestan que no tienen relación familiar con
otros trabajadores de la misma institución, de acuerdo con las disposiciones y consideraciones de la Ley N° 26771.
¿Qué se entiende por nepotismo?
Nepotismo es el acto por el cual un funcionario, directivo y servidor público, y/o
personal de confianza de una entidad pública o empresa del Estado, con potestad
para nombrar y/o contratar personal, ejerce dicha facultad con sus parientes
hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, por razón de
matrimonio, unión de hecho o convivencia. También se presume nepotismo, salvo prueba en contrario, cuando el funcionario
de dirección o de confianza que guarda el parentesco indicado ostenta un cargo
superior, y por ende, pudo haber ejercido injerencia sobre aquel que tiene la facultad de nombrar o contratar al personal en el interior de su entidad.
De igual manera, es nepotismo cuando cualquier funcionario de dirección
y/o personal de confianza ejerce injerencia en los procesos de contratación
o nombramiento para favorecer a los parientes antes mencionados en otras entidades públicas.
Parientes por consanguinidad o afinidad comprendidos en la prohibición parentesco por consanguinidad: Relación familiar existente entre personas que descienden de un tronco común. Primer Grado: los padres e hijos. Segundo Grado: los abuelos, hermanos y nietos. Tercer Grado: los bisabuelos, tíos, bisnietos y sobrinos. • Cuarto Grado: tatarabuelos, tataranietos, primos hermanos, tío abuelo y sobrino nieto.
Parentesco por afinidad. En este caso se refiere a la relación con los parientes consanguíneos de su pareja (por razón de matrimonio, unión de hecho o convivencia).
Primer Grado: el cónyuge, conviviente y por unión de hecho; así como la vinculación con suegros, con yerno/nuera, o con los hijos de la pareja.
• Segundo Grado: los abuelos, hermanos (cuñados) y nietos de la pareja
Prohibiciones para funcionarios de dirección y/o personal de confianza • Están prohibidos de ejercer la facultad de nombrar, contratar, intervenir
en los procesos de selección de personal, así como designar en cargos de
confianza o en actividades ad honórem, o nombrar miembros de órganos
70 colegiados a los parientes mencionados en los párrafos precedentes.
• Están prohibidos de ejercer injerencia directa o indirecta en los procesos
de selección de personal, así como designar en cargos de confianza o en
actividades ad honórem, o nombrar miembros de órganos colegiados a los parientes mencionados en los párrafos precedentes.
¿cuándo se produce Injerencia directa o Injerencia Indirecta?
Cuando los funcionarios de dirección o de confianza, tienen un cargo
superior a aquel que tiene la facultad para contratar o nombrar personal en el interior de la entidad. En este caso, la norma determina que se presume la existencia de nepotismo, salvo prueba en contrario.
Es aquella ejercida por un funcionario de dirección y/o confianza que,
sin formar parte de la entidad en la que se realizó la contratación o el
nombramiento, por razón de sus funciones, ha influenciado en quienes
toman o adoptan la decisión de contratar o nombrar personal.
Responsabilidad del órgano de administración u oficinas de administración
Estas dependencias deben recabar una DJ de toda persona que ingrese a prestar servicios a la entidad pública, independientemente de su régimen laboral o contractual.
Para este efecto, a las oficinas de administración les corresponde facilitar al
declarante el listado de los trabajadores de la entidad a nivel nacional.
Conforme al artículo 7° del Reglamento de la Ley N° 26771, aprobado por D.S.
N° 021-2000-PCM y modificado por D.S. N° 034-2005-PCM, que establece la
prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de personal en el sector público en casos de parentesco; así como el D.S. N° 023-2011-PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29622, “Reglamento de Infracciones y Sanciones para la Responsabilidad Administrativa Funcional”, derivado de los informes emitidos por los Órganos del Sistema Nacional de Control, se podrán imponer las siguiente sanciones:
• Destitución, despido o resolución de contrato de los funcionarios de dirección y/o personal de confianza, de comprobarse la transgresión de la Ley o Reglamento. • Suspensión sin goce de remuneraciones, por un período no mayor
a 180 días calendario (dependiendo de la gravedad de la falta) al funcionario que ha ejercido la injerencia directa o indirecta; si su
cargo es de confianza, se resolverá el contrato.
• Responsabilidad solidaria, la cual consiste en la devolución de lo percibido entre el funcionario que resulte responsable de ejercer injerencia directa o indirecta y la persona indebidamente nombrada y/o contratada. Ello como consecuencia de la nulidad referida en el artículo 4° de la Ley N° 26771.
• Multa no mayor a 180 días calendario de remuneraciones o ingresos percibidos, para quienes ya no detenten la condición de

References: artículo 42
 artículo 42
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 46
 resolución 
 resolución 
 artículo 42
 artículo 8
 artículo 22
 artículo 22
 artículo 17
 artículo 17
 artículo 22
 artículo 16
 artículo 23
 resolución 
 resolución 
 artículo 22
 artículo 7
 artículo 7
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 22
 artículo 45
 artículo 7
 resolución 
 artículo 4