Source: https://josepdemarti.blogspot.com.es/2010/
Timestamp: 2017-07-27 22:49:31+00:00

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Una de las tareas más difíciles que puede desarrollar un ser humano es la de gobernar la vida de otros seres humanos. Bueno, gobernar "bien" la vida de otros.Me imagino lo complicado que debe ser tener todo un país en la cabeza, sopesando las decisiones, sabiendo que gastar en una cosa supone no poder gastar tanto en otra o, algo no desdeñable: que ser capaz de encontrar a alguien capacitado para encabezar un ministerio o una secretaría de estado puede suponer que las políticas a desarrollar tengan más o menos éxito, pudiendo llegar el titular a hacer sombra al propio líder.Como aficionado a la política, me parece que los momentos de crisis (sustitución de ministros) son muy interesantes.Me pareció muy significativa en 2008 la creación del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. Por un lado nos daba señales claras de que "eso de la dependencia" no le preocupaba lo suficiente como para que tuviese entidad propia, además, frente al Ministerio Pupurri puso a una persona que parecía preparada y decidida a ser la Ministra de Educación pero que se había encontrado con que, de propina le habían metido dos cosas más. Después resultó que la Sra. Cabrera era una de esas políticas grises pero que van haciendo. Incluso nos sorpendió un día con un arranque de sinceridad cuando dijo que la crisis económica podría llegar a tener algún efecto en el desarrollo de la Ley de Dependencia.Cuando la política social, y por ende la dependencia, pasó a depender de Sanidad y se puso a la cabeza a Trinidad Jiménez pensé que nuestro sector iba a ganar espacio en la agenda del presidente. Trinidad Jiménez puede ser muchas cosas pero no es gris: ella nunca hubiese dicho que la Ley de Dependencia se podría ver afectada por la crisis. Ella dice que los presupuestos de dependencia seguirán creciendo, mete la tijera en forma de anulación de la retroactividad, reduce el Plan Concertado y después nos convence de que no ha habido recorte.¿Qué quiere decir ahora que Leyre Pajín sea la nueva Ministra? A mí he ha cogido totalmente descolocado. Una cosa es dar a un ministerio "perfil político" pero otra es sólo darle ese perfil. Me cuesta mucho creer que entre las filas socialistas, entre los políticos/técnicos que gobiernan desde ese partidos en grandes ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas.. no haya encontrado nuestro Presidente del Gobierno a una persona con una trayectoria en la que hubiese experiencia en gestión política de algo relacionado con la sanidad o los serivicios sociales. O a alguien que gozase de una autoridad profesional que, a priori le hiciese merecedor de confianza.A mi entender el Presidente ha optado por la fidelidad política por encima de todo lo demás. No creo que con el nombramiento haya persequido un arreglo a la deficiente aplicación de la Ley de Dependencia o, por lo menos la búsqueda de un sistema de relación con las comunidades autónomas que permitan aplicar la actual ley de una forma más pacífica.No me cabe duda de que en la mente del Presidene la Ley de Dependencia no ocupa más que un especio residual. Estoy convencido de que el hecho de que esté sirviendo para repartir dinero entre las familias en vez de prestar servicios ya le parece bien porque lo ve como una medida contra la crisis más que contra la dependencia.Por eso Zapatero ha elegido a una luchadora más que a una gestora, y supongo que la victoria a que aspiriará la Sra. Pajín no será la de la mejora de la Ley de Dependencia sino la de las elecciones del 2012.Como a menudo me equivodo, espero hacerlo esta vez también. En este foro no hablo de fútbol pero yo fui de los que pensé que Guardiola no llegaría a ver la Navidad, cuando lo nombraron entrenador en verano.Si la Sra. Pajín gana seis copas, aceptaré mi error desde este blog.
La Generalitat ha aunciado en Julio que piensa convertir las 14.000 plazas de colaboración en concertadas mediante un sistema en el que "invitará" a las residencias colaboradoras a presentar una oferta en la que deberían acreditar que cumplen unos determinados requisitos.Primero dijo que las invitaciones se empezarían a enviar en Septiembre y que empezarían por las más grandes (las que tienen más plazas colaboradoras), ahora dicen que será en Octubre y que empezarán por las que no tengan sanciones pendientes ni expedientes sancionadores abiertos.Ante estas manifestaciones de voluntad pública me gustaría hacer tres reflexiones:1. Sobre la credibilidad de los actuales responsables del Departamento En los últimos tres años, el Departament d'Acció Social i Ciutadania, a través de la consellera o la directora general del ICASS ha ido haciendo anuncios que después no se han sustanciado en nada. Por ejemplo, en diciembre de 2008 dijeron que durante 2009 se podrían acreditar nuevos centros colaboradores (no fue así), que antes de finalizar 2009 habría un decreto de acreditación (tampoco fue así). Estos incumplimientos de la palabra dada no tenían ninguna relación con la crisis económica debido a que no hubiese costado dinero abrir la convocatoria o sacar un Decreto que parece tienen preparado hace meses.Hubo residencias que creyeron lo que dijo la Generalitat y esperaron poder acreditarse durante 2009. Hoy son de los que no pueden ingresar, a pesar de cumplir los requisitos para ser colaboradores, ningún residente beneficiario de la Ley de Dependencia. Incluso ven como sus residentes actuales tienen que irse a otros centros cuando solicitan la ayuda ya que, desde servicios sociales les dicen que tienen que ingresar en un centro colaborador o concertado para poder tramitar la ayuda.Estas residencias no podrán presentarse a la nueva concertación ya que, como está sometida a "invitación previa", quedarán excluídas sin remisión.Algunas de ellas piensan: "Si no hubiese creído a la administración me hubiese presentado como centro colaborador antes de acabar 2008 y ahora no se estarían yendo los residentes".2. El abuso del sistema negociado sin publicidadLas administraciones públicas están obligadas, cuando contratan a aplicar unos principios que intentan garantizar que contraten el mejor servicio y al mejor precio. Entre estos principios están los de concurrencia o transparencia.Sin embargo Acció Social i Ciutadania utiliza un sistema, que la ley permite con ciertas cautelas, que es el "negociado sin publicidad", esto le permite invitar a los licitadores entre aquéllos que ella considere adecuados.Cuando, en abril de 2009 convocó 1500 plazas de concierto pudieron presentarse a la licitación todas las residencias que pensaban que cumplían los requisitos y querían hacer una oferta. Fue un ejemplo de cómo deben hacerse las cosas (aunque también hubo detalles cuestionables). El problema fue que se generó tanto trabajo para el servicio de contratación que parece que ya no están dispuestos a volver a utilizar ese sistema de nuevo. Lo cierto es que la documentación que se tiene que presentar (y debe ser estudiada por los funcionarios) es igual de voluminosa para comptrar dos mesas que para contratar un concierto de 500 plazas. Si se presentan 200 residencias a uno de esos "concursos" el servicio se bloquea.Entiendo que, a pesar de ello, la Generalitat debería dar la oportunidad de presentarse a todas las residencias que cumplan con los requisitos que ella determine.3. Violación del principio de presunción de inocencia y surgimiento de un caso de indefensiónSi fuese cierto que las residencias que tengan un expediente sancionador abierto no serán invitadas a concertar, estaríamos ante un a violación clara del principio de presunción de inocencia.Una residencia puede tener un expediente sancionador abierto que, durante su tramitación se archive (porque no se habían probado suficientemente los cargos o porque la corrección de las deficiencias se consideró suficiente para proponer el archivo). De hecho e principio de presunción de inocencia establece que todos somos inocentes salvo que se demuestre lo contrario (mediante una resolución administrativa o judicial). En esos casos, si el mero hecho de tener el expediente abierto hace que la administración no "invite" se produce una clara violación de este principio.Pero es aun más grave ya que, si sucede, la víctima no podrá hacer nada ya que no tendrá nada que recurrir. Si va a la administración ésta le podrá decir que ella invita a quién considera más adecuado y que no le tienen que dar explicaciones porque no tiene la consideración de interesado en un expediente que no conoce porque es "sin publicidad".Ante esta situación, no es de extrañar que surjan opiniones totalmente contrarias a la concertación que propugnan que ninguna residencia debiera aceptar la invitación.Yo creo que cada cual debe hacer su valoración pero que, sea como sea, no se están haciendo bien las cosas.
Aunque al común de los mortales no se lo parece, un observatorio puede ser mucho más que un edificio coronado por una cúpula de a que emerge un telescopio.Desde hace años, no existe área de actividad, por baladí que sea, que no disponga de su propio “observatorio”. Los tenemos flamantes como el de la violencia de género, curiosos como el de convivencia escolar e incluso exóticos como el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas (quien crea que es broma que Googlee un poco).Lo llamativo es que cuando hablamos de la Ley de Dependencia, la astenia que se vive a la hora de desarrollar aspectos básicos (normas autonómicas de acreditación y copago, por ejemplo), se torna en frenesí cuando se trata de crear observatorios que de forma directa o indirecta observen la aplicación de la Ley. Así, hay algunos de carácter institucional como el de Personas Mayores o el de la Discapacidad que ya existían. Surgieron iniciativas autonómicas como la Gallega donde antes de las últimas elecciones anunciaron la creación de un Observatorio Permanente para la Dependencia e incluso Ayuntamientos como el de Fuenlabrada que creó su Observatorio Municipal de la Dependencia. Fuera de la administración vemos que la Universidad de Valencia tiene su ONDEP, Observatorio Nacional de Dependencia, FEAPS también tiene el suyo y la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales su Observatorio Para el Desarrollo de la Ley de Dependencia (que se ha hecho famoso con controvertidos informes en que ponen notas a las comunidades autónomas o desvelando cuáles “hacen caja con la ley”).Al lado de estos observatorios “oficiales” y “denunciantes” recientemente ha aparecido una nueva modalidad que yo denominaría como “observatorio arrojadizo”. En Madrid, se ha creado uno, del que forman parte los sindicatos mayoritarios, asociaciones de vecinos y una asociación de consumidores, en la presentación del cual han anunciado que una de sus finalidades es denunciar los reiterados incumplimientos de la Ley por parte de la Comunidad de Madrid.Me parece perfectamente lícito y beneficioso que los ciudadanos “vigilen” a las administraciones ya que creo que los poderes públicos deben ser muy escrupulosos cuando gestionan lo que es de todos y sabemos que lo hacen mejor cuando se sienten controlados. Lo que me produce risa es que sean los sindicatos, financiados con dinero público, quienes se constituyan en vigilantes y me produce aún más risa, rozando la carcajada, cuál ha sido la reacción de la Comunidad de Madrid: “lo más lógico sería crear un Observatorio Social para la Dependencia de carácter Estatal y no uno en cada región”. O sea, otro más.Si vemos los antecedentes no es descabellado pensar que acabaremos con diecisiete observatorios autonómicos, otro estatal, uno de los sindicatos, otro de las patronales y catorce o quince más de diferente pelaje. Me pregunto, ¿tendría éxito un metaobservatorio que se dedicase a observar los observatorios?Por cierto, para los que no hayan googleado, el Observatorio Experimental Piloto de Iniciativas de Paz y Desarrollo en Territorios de Minorías Étnicas, no es español sino colombiano, pero con un nombre así no podía resistirme a referirme a él.
El pasado 25 de mayo, el País publicó una noticia según la cual PSOE y CiU habían pactado el IVA suerreducido (4%) para las estancias en residencias por parte de beneficiarios de la prestación vinculada de la Ley de Dependencia. Esta rebaja tenía que entrar en vigor el 1 de julio pero, después de esa noticia todo quedó en nada: silencio, duda.Lo único claro es que el Estado ha bajado el IVA a las Comunidades Autónomas para que puedan pagar menos por el concierto de plazas y que las residencias privadas han subido el IVA del 7 al 8%, una subida que han sufrido los usuarios en la mayor parte de casos pero que en otros han tenido que asumir las residencias, perdiendo una parte de su facturación.En Cataluña, los usuarios de "plazas colaboradoras" pagan una cantidad que viene determinada en una resolución de la Generalitat. Ésta a su vez paga la diferencia entre lo que paga el usuario y una cantidad que se determina "IVA incluído" que oscila entre los 1.500 y 1.850 aproximadamente. El hecho de que el precio se determine "IVA" incluido hace que las residencias colaboradoras hayan tenido que facturar por una cantidad total equivalente al precio establecido por la Generalitat o sea que, al subir el IVA, han tenido que rebajar la base.Aunque no se trata de una cantidad muy elevada por cada residente, sumando la de todos sí supone dejar de ingresar una cantidad a la que se tiene derecho.Según nos informan algunos asociados a Inforesidencias.com algo parecido está pasando en comunidades como la de Madrid o Asturias.A los que hoy viven esa peculiar situación, les parecerá bueno saber que la propuesta siguió su camino y que el 7 de Julio el Senado ha aprobado el IVA del 4% a los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día y de noche y atención residencial contemplados en la ley de dependencia "siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras, o como consecuencia de una prestación económica vinculada a tales servicios, que cubra más del 75% de su precio".La pregunta es, ¿tendrá alguna repercusión sobre los centros colaboradores? Se permitirá la "subidilla" manteniendo el precio IVA incluido o no.En principio una bajada o subida del tipo de IVA no debiera tener ninguna repercusión sobre los prestadores ya que ellos lo cobran y lo repercuten. Si alguna ventaja hay es que si el IVA baja, el servicio que se ofrece se convierte en más atractivo al tener un precio final más barato.Ya sé que las plazas colaboradoras no son exactamente iguales a las de prestación vinculada pero, ¿no podría la Generalitat dar una pequeña alegría a una parte del sector aprovechando la circunstancia?Ver noticia completaDependencia. El Senado aprueba el IVA superreducido para las prestaciones vinculadas al servicio :: Salud :: Medicina :: Periodista Digital
Dicen que Georges Soros dijo, tras perder varios millones de dolares en una operación financiara, una frase que describe muy bien la situación económica que estamos viviendo. Quizás la música ha parado de sonar pero la gente sigue bailando (ver cita).Hace unas semanas que no consigo quitarme esta frase de la cabeza y es que en poco tiempo he impartido varias conferencias ante auditorios diferentes teniendo en común que siempre comparto mesa con algún representante de la administración. Mi discurso suele ser bastante parecido: "hemos desnaturalizado la Ley de Dependencia tanto que la hemos convertido en un zombi que se parece a la ley que habíamos querido pero sin espíritu"; "estamos en una situación de crisis tan profunda que es necesario replantear la forma en que aplicamos la Ley más allá de la supresión de la retroactividad", "quizás deberíamos plantearnos una moratoria de forma que en 2011 no entre la dependencia moderada, considerar la diferenciación entre costes hoteleros y asistenciales a la hora de determinar el copago o reducir considerablemente la cuantía de las prestaciones económicas no profesionales para desincentivarlas y hacerlas verdaderamente excepcionales".Mis intervenciones suelen provocar reacciones diversas. Entiendo que algunas personas que ilusamente se creen las promesas de los poderes públicos se nieguen a aceptar "recortes". Lo que me llama poderosamente la atención es que haya personas con algún tipo de responsabilidad que todavía esté utilizando argumentos como "no se puede poner la excusa de que no hay dinero para limitar las prestaciones de la Ley de Dependencia". Esto es lo que escuché a Dña. Emilia Caballero, Adjunta Primera del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, con la que compartí mesa en una sesión sobre aspectos jurídicos de la Ley de Dependencia que tuvo lugar en Alicante el día 10 de junio. En esa misma jornada escuché de boca de D. Joaquín Martínez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat Valenciana que cuando la Comunidad reconoce una prestación económica para el cuidador, el coste de la misma se la reparten a partes casi iguales entre comunidad y estado (paga un poco más el estado) pero que cuando se reconoce un servicio de residencia la comunidad paga tres cuartas partes del coste. El debate entre estos dos ponentes resultó interesante ya que la Sra. Caballero vino a decirnos que se recibían tantas quejas sobre la Ley de Dependencia en esa comunidad que ellos concluían con que la aplicación estaba siendo muy deficiente.Unos días antes, el 2 de junio en Tarragona, varias personas después de mi intervención en una Jornada sobre Dependencia en el ámbito de la discapacidad me dijeron que el problema es que yo era muy pesimista y que no se debería hablar de recortes en esta ley cuando vamos tan atrasados con relación a otros paises europeos. Yo les pregunté si leían los periódicos o veían la televisión ya que quizás no eran conscientes de que estamos en una situación desconocida de incertidumbre e inseguridad frente al futuro ellas me dijeron que había otros sitios para recortar y que siempre pagan los más débiles.Unos días antes, el 19 de mayo, asistí a unas jornadas sobre acreditación y calidad en Cataluña y escuché de boca de la Sra. Pilar Solanes, subdirectora del ICASS, cuáles eran las claves del sistema de acreditación de Cataluña. No hubiesen resultado sorprendentes si su intervención no hubiese sido precedida por la de la Directora General, Carolina Homar que anunció, cariacontecida que era más que probable que el tijeretazo fuese a llegar a la sanidad y a los servicios sociales vía reducción de gasto en prestaciones/conciertos.La frase de Soros es muy importante. Quien quiera leer la presentación de la Sra Solanes convendrá conmigo que los criterios de acreditación incrementarán los costes de prestación de servicios y quien haya escuchado a la Sra. Homar estará de acuerdo con que, durante un tiempo, va a haber menos dinero para hacer las cosas. ¿NO es incongruente? Yo creo que sí.A nadie nos gusta que las cosas no vayan bien pero hace falta hacer algo. Yo creo que la idea de que estamos en una situación difícil y que hace falta hacer más con menos debería ser la premisa de todo lo que nos digan los políticos, pero no sólo el presidente del Gobierno sino todos. Esa idea debería imperar en todas las decisiones que se tomen con relación a la Ley de Dependencia y debería llevar a criterios de acreditación imaginativos que permitan no incrementar costes, criterios de copago lo más equitativos posibles en los que quién pueda pague verdaderamente más y así con todo.Si no lo hacemos, seguiremos bailando sin música o lo que es peor con la música de la orquesta del Titanic.
El BOE de 12 de marzo nos trae dos nuevas perlas producidas por el sistema de la Dependencia. Se trata de dos resoluciones que quieren, una mejorar el sistema de valoración y la otra la calidad de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.¿Se acuerdan de aquélla prestación excepcional que permitía dar dinero para que una persona dependiente fuese cuidada por familiares en su casa? ¿Se acuerdan de cómo fuimos todos al diccionario a buscar el significado de la palabra excepcional cuando vimos que la mitad de las ayudas de la dependencia eran económicas para el cuidador no profesional?Pues, nuestros queridos gobernantes han decidido que seguirán sorprendiéndonos. Según el Diccionario de la Real Academia, es excepcional aquello que constituye excepción de la regla común, se aparta de lo ordinario, u ocurre rara vez. Por eso, si decimos que una cosa es excepcional y acaba pasando en la mitad de las ocasiones, es que algo raro pasa.Supongo que, después de estos años de continuas quejas sobre el uso abusivo de esta prestación el corazón del Consejo Territorial se ha ablandado y han decidido tomar cartas en el asunto, pero a la hora de hacerlo, en vez de actuar de forma seria parece que han decidido hacernos reír a todos. Para empezar, se establecen unos requisitos que debe reunir el familiar cuidador que son: ser familiar, cuidar y poder hacerlo (o sea, que no podrá ser cuidador el que no pueda cuidar por no disponer de tiempo o ser a su vez dependiente). Pero, ¿no era eso obligatorio ya?. ¿Podemos entender que si no se especifica esto hay sitios en los que se está la ayuda para que un dependiente cuide a otro?La cosa no acaba aquí. La resolución que regula la prestación excepcional nos dice que “Excepcionalmente, en el caso de varias personas cuidadoras que se sucedan de forma rotatoria, con cambio o no de domicilio de la persona en situación de dependencia, se determinarán claramente los periodos de tiempo que corresponden a cada una de ellas” o sea que se crea una excepcionalidad dentro de lo excepcional. También nos dice la resolución que “Las personas cuidadoras no familiares del entorno tienen el carácter de excepcionalidad dentro de esta prestación”.O sea que ahora es posible que una forma excepcional de cuidado no profesional (la del “no familiar”) se pueda dar en forma excepcional (rotatoria) recibiendo una prestación económica excepcional. ¿Alguien le ve lógica? Yo tampoco.La resolución también apuesta porque las comunidades vigilen el buen uso de la prestación. Supongo que piensan que la inspección de servicios sociales entre en los domicilios o cosas por el estilo. ¿Alguien cree que las comunidades autónomas van a crear una legión de inspectores para entrar en centenares de miles de domicilios? Yo tampoco.Supongo que soy mucho más soso y aburrido que el Consejo Territorial y por eso se me ocurren ideas menos entretenidas: ¿No podría decirse sencillamente que el número de prestaciones económicas para el cuidado no profesional no puede suponer nunca más que el 5% del total de ayudas? O, dando un paso más, ¿No se podría quitar del todo esta prestación y centrarnos en la prestación profesional que es la que genera riqueza al país?
Como nuestros queridos gobernantes no se atreven o no saben dar cabida al envejecimiento de la población y al consecuente aumento de casos de personas con demencia en nuestro sistema jurídico, seguimos con los apaños y las chapuzas. Ya he dicho muchas veces (ver capítulo 3) que para mí es un error equiparar el internamiento de un enfermo mental en fase aguda en un hospital psiquiátrico con el ingreso en una residencia, sin embargo nuestra Ley lo hace y lo mantiene (la última regulación es la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000). También he dicho que considero otro error seguir regulando la incapacitación como si ésta fuese un ataque contra una persona del que debe ser protegida, algo que puede valer para casos psiquiátricos pero no para el creciente número de demencias. Sobre esto de las incapacitaciones ya me entró la risa cuando vi que, en vez de cambiar de una vez por todas la Ley, se asume que ésta no puede funcionar y, en Cataluña, un grupo de técnicos elabora un Protocolo para la aplicación de criterios de criba antes de iniciar un proceso de incapacitación. Se trata de un documento que está bien y que, si hubiera sido elaborado por representantes de la ciudadanía podría recibir un gran aplauso. Ahora le ha tocado el turno a otra de las cuestiones jurídicas en las que la realidad y la Ley han decidido tomar caminos diferentes. La Ley de Servicios Sociales de Cataluña de 2007 incluyó por primera vez en una norma legal una mención expresa a los requisitos para el uso de contenciones en residencias para personas mayores. Concretamente el artículo 12 p) reconoce el derecho a No ser sometido a ningún tipo de inmovilización o restricción de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos sin prescripción facultativa y supervisión, salvo que exista un peligro inminente para la seguridad física de los usuarios o de terceras personas. En este último caso, las actuaciones deben justificarse documentalmente, deben constar en el expediente del usuario o usuaria y deben comunicarse al Ministerio Fiscal, de acuerdo con lo establecido por la legislación. Antes se habían establecido en normas reglamentarias algunas exigencias para estos casos que incluían la prescripción médica además de la existencia de un protocolo y unos registros específicos. La inspección de servicios sociales catalana lleva años pidiendo además, en el caso de contenciones físicas la firma de los familiares. Durante el mes de febrero de 2010, la Fiscalía Provincial de Barcelona, concretamente el Servicio de Internamientos e Incapacidades, ha empezado a pedir más cosas. Muchas residencias de la provincia están recibiendo un escrito en el que la Fiscalía les indica que, a partir de ahora deberán comunicarse a este órgano las “Inmobilizaciones y restricciones de la capacidad física o intelectual por medios mecánicos o farmacológicos que se impongan a las personas ingresadas”. Se pide la comunicación de todas las contenciones, tanto anteriores como posteriores a la recepción del escrito. Esta comunicación deberá repetirse cada seis meses, cuando continúe la contención. Ante este escrito muchas residencias se están planteando cuestiones interesantes que nos han hecho llegar a Inforesidencias.com. Reproducimos algunas: Así como el uso de contenciones mecánicas resulta fácilmente identificable. ¿Qué es exactamente una contención farmacológica? Cualquier ansiolítico, hipnótico, antipsicótico o relajante muscular a determinadas dosis podría producir una reducción de la capacidad física o intelectual. Pero incluso algunos analgésicos o antihistamínicos pueden tener ese efecto. Sólo hay que ver los prospectos que recomiendan no utilizar maquinaria cuando se toman. Nos comentan desde alguna residencia que en psiquiatría se administra en ocasiones un fármaco con la única intención de “contener” a un enfermo en fase aguda. ¿Sería ese el único caso de “contención farmacológica”. ¿Debe enviarse a Fiscalía únicamente una relación con los nombres o más datos? Aunque sólo lo esté pidiendo la Fiscalía de Barcelona. ¿Si la obligación se deriva de una Ley, ¿No deberían comunicarlo a la Fiscalía de su provincia todas las residencias de Cataluña? En mi opinión, la finalidad de esta circular y del artículo mismo de la Ley es proteger los derechos de los residentes ante posibles abusos. Si leemos el artículo de la Ley parecería que sólo hay que comunicar al Ministerio Fiscal los casos en que se ha producido una contención por motivos de urgencia. No obstante el propio Ministerio Fiscal considera que se deben comunicar todas las contenciones por lo que, entendemos, debe hacerse una interpretación extensiva y colaborar al máximo con la Fiscalía. Para eso, recomendamos que se haga una primera comunicación en la que aparezcan todos los residentes que utilizan contención, tanto física como todos aquéllos que tienen prescrita cualquier medicación que, a criterio del responsable higiénico sanitario de la residencia pueden “restringir la capacidad física o intelectual” a cualquier nivel. A este primer escrito se debería adjuntar como anexo una copia de la prescripción de las contenciones, del protocolo de contenciones así como un modelo del registro que se utiliza a tal fin, junto con una solicitud para que Fiscalía confirme que la documentación que se utiliza es correcta o indicaciones para modificarla. En el escrito se debería explicar que existen dudas sobre qué considerar contención farmacológica en un entorno “no psiquiátrico” por lo que se utiliza una interpretación muy extensiva. Así mismo, sería conveniente que la residencia comunicase a Inspección de Servicios Sociales que ha enviado información sobre las contenciones a Fiscalía, pidiendo asesoramiento, de acuerdo con el artículo 16.1 e) de la Ley de Inspección de Servicios Sociales 16/1996, sobre qué considerar contenciones farmacológicas a la vista del escrito recibido de la Fiscalía. Respecto a las residencias que no son de la provincia de Barcelona, no estaría de más que comunicasen a sus respectivas Fiscalías provinciales el uso de contenciones así como la existencia de protocolos, registros y prescripciones. De hecho, la existencia de la circular no nace de la voluntad autónoma de una Fiscalía sino de la aplicación de la Ley. No estaría de más que la Generalitat se pusiese en contacto con alguna entidad científica como la Societat Catalano Balear de Geriatria y Gerontología para incidir desde una perspectiva científica en este asunto. Para ahondar en la curiosidad, ACRA ha enviado a sus asociados a mediados de Abril de 2010 una circular en el que haciendo referencia a una “respuesta verbal” del Fiscal Coordinador a sus preguntas sobre el escrito dice que la remesa de escritos responde a un requerimiento efectuado por el Servicio de Inspección de Acción Social y Ciudadanía, con el fin de recordar a los centros sus obligaciones en esta materia y que sólo existiría la obligación de comunicar de forma generalizada las inmovilizaciones o restricciones en aquellos casos en los que no se cuente con la prescripción facultativa y supervisión, sin perjuicio de que cada centro, de manera individualizada y con ánimo de fomentar la transparencia de sus prácticas, quiera comunicar a Fiscalía todas las medidas que se tomen en este sentido. ¿Soy el único que ve una contradicción clara entre el texto de la carta enviada a las residencias y la aclaración verbal que hace el Fiscal Coordinador a ACRA? ¿No debiera el Fiscal enviar a todas las residencias a las que haya hecho llegar el requerimiento un segundo escrito con estas especificaciones? Creo que en este caso ha habido un mal funcionamiento del sistema. La verdad es que me cuesta creer que la Fiscalía envíe una circular a las residencias de la provincia de Barcelona porque se lo haya pedido la inspección pero no le informe de lo que piensa escribir exactamente (estoy seguro que la inspección le hubiese pedido ser más clara en lo que debería requerir). También me extraña que la inspección haya requerido a la Fiscalía de Barcelona a enviar esta carta y no lo haya hecho a las otras tres Fiscalías ¿o sí lo hizo? Sigo pensando que, con independencia de cualquier “respuesta verbal” que dé el Fiscal Coordinador a ACRA, todas las residencias que hayan recibido el escrito deberían contestarlo sin tardar.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 12
 artículo 16