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Timestamp: 2019-10-19 02:40:25+00:00

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STS 397/2011, 24 de Mayo de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 282782279
STS 397/2011, 24 de Mayo de 2011
Número de Recurso: 2304/2010
Número de Resolución: 397/2011
TRAFICO DE DROGAS. ESCASA ENTIDAD. En relación con el parámetro "escasa entidad del hecho" entendemos que se cumple, pues se trata de la tenencia de cinco papelinas de cocaína para su venta, que reducidas a pureza, dos de ellas ni siquiera superan la dosis mínima psicoactiva y las tres restantes solo muy ligeramente. Pues bien, tratándose de una cantidad tan próxima a la llamada dosis mínima psicoactiva, la capacidad de lesión del bien jurídico protegido, salud pública, e incluso de la salud individual debe entenderse escasa. Fijémonos, que la ley permite aplicar el subtipo incluso en los casos en que concurran los supuestos del articulo 369 CP , que constituyen auténticos subtipos agravados, lo que debe abundar en la mayor posibilidad de ser aplicado en los casos de simple concurrencia primaria del artículo 368 CP , como tipo básico de referencia sobre el que aplicar la reducción de la pena en uno o dos grados. Nada se dice, por otro lado, en el relato histórico, sobre la contemplación de la escena por otras personas, eventuales prosélitos, o sobre el carácter de la zona como propensa o proclive a la venta habitual a consumidores, con denuncia de escandalizados vecinos, circunstancia que nos permitiría inferir el favorecimiento del delito, su impunidad, la convivencia del crimen con la vida ordinaria y el peligro abstracto, en suma real e intensificado para el bien jurídico protegido. En conclusión creemos que concurre el parámetro de la escasa entidad del hecho. En primera instancia se condena al acusado. Se estima la casación.
Sentencia citada en: 173 sentencias, un artículo doctrinal
En el recurso de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por Luis , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 21ª, que condenó al acusado como autor penalmente responsable de un delito contra la salud pública; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dicho recurrente representado por el Procurador Sr. Luis Rodríguez.
El Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona, incoó Diligencias Previas con el número 4704 de 2009, contra Luis , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Barcelona, cuya Sección 22, con fecha 26 de julio de 2.010, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: PROBADO Y ASI SE DECLARA que el acusado Luis , de nacionalidad nigeriana y residente ilegal en España, mayor de edad y sin antecedentes penales fue detenido por una dotación policial uniformada el día 1 de octubre de 2009 sobre las 04,30 horas en el Portal de Pau de Barcelona al lanzar al hueco de un árbol una bolsa que portaba y que posteriormente analizada resultó ser un paquete que contenía cinco papelinas de una sustancia que posteriormente analizada resultó ser cocaína con pesos netos de 0,141 y 0,164 gramos con una riqueza del 22,36% y de 0,165, 0,132 u 0,191 gramos con una riqueza del 57,57%, cocina que poseía para su posterior venta a terceros.
Al acusado le fueron ocupados también 55 euros producto de la venta de sustancias estupefacientes.
El gramo de la cocaína alcanza en el mercado ilícito un precio de 60 euros.
FALLO: Que DEBEMOS CONDENAR Y CONDENAMOS a Luis como autor responsable de un delito de contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud, tipificado en el articulo 368 del Código Penal , sin circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, por el que se le impone la pena de Tres años y un día de prisión y la pena de multa de Sesenta euros (60E), con responsabilidad personal subsidiaria de diez días en caso de impago y el pago de las costas procesales.
La pena privativa de libertad que se sustituirá por la expulsión del territorio nacional.
Se acuerda el decomiso de sustancia, dinero y demás objetos intervenidos.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se preparó recurso de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Luis que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
PRIMERO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ. y 852 LECrim. por infracción del derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías del art. 24 CE .
SEGUNDO .- Al amparo del art. 5.4 LOPJ. y 852 LECrim.
TERCERO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim .
CUARTO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim . por infracción del art. 27 y 28 CP .
QUINTO .-Al amparo del art. 849.1 LECrim . por infracción de los arts. 123 y 124 CP . en relación con el art. 121 LECrim .
SEXTO .- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 850 LECrim .
SEPTIMO .- Por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851 LECrim .
Quinto.- Instruidos el Ministerio Fiscal y el recurrente del recurso interpuesto, el Fiscal ha apoyado parcialmente la adaptación que del recurso ha realizado el recurrente al evacuar el traslado prevenido en la Disposición Transitoria Tercera letra c) de la LO. 5/2010 de reforma del Código Penal ; la Sala admitió el mismo quedando conclusos los autos para señalamiento de Fallo cuando por turno correspondiera.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día diez de mayo de dos mil once.
El motivo primero por infracción de precepto constitucional en base a los arts. 852 LECrim. y 5.4 LOPJ. derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso público con todas las garantías, art. CE. con efectiva indefensión.
Se solicita la nulidad de la prueba documental, informes del Servicio de Química del Instituto Nacional de Toxicología, al no haber sido ratificados por los peritos que los elaboraron, pese a haber sido impugnada por la defensa en el escrito de conclusiones provisionales.
El Ministerio Fiscal propuso como prueba la pericial del facultativo INT, a efectos de ratificación y en su caso ampliación en su escrito de conclusiones provisionales aún cuando fuese objeto de renuncia por parte de la acusación pública.
La Audiencia declaró pertinentes las pruebas propuestas, pero no obstante no se citó al perito para comparecer a juicio, y en el desarrollo de la vista oral, en la práctica de la prueba, la defensa solicito la ratificación por parte de los técnicos que elaboraron los informes, siendo inadmitida por la Sala, y objeto de protesta por la defensa por no haberse procedido a la práctica de la prueba que le impedía someterla a contradicción.
El motivo no debe merecer favorable acogida.
Como decíamos en la STS. 771/2010 de 23.9 , con cita STS. 31.1.2002 , los dictámenes y pericias emitidas por Organismos o Entidades oficiales, dada la imparcialidad, objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes, ofrecen toda clase de garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirles, "prima facie", validez plena SSTS 10.6.99 , 23.2.2000 , 28.6.2000 , 18.1.2002 )".
Igualmente en el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 21.5.99, se acordó (punto 2º) la innecesariedad de ratificación del dictamen de los peritos integrados en organismos públicos, salvo que la parte a quien perjudique impugne el dictamen o interese su presencia para someterlos a contradicción en el plenario y lo hiciera en momento procesal oportuno, señalando la STS de 31.10.2002 el momento procesal en el que ha de producirse tal impugnación cuando dice que:
"... la impugnación de la defensa debe producirse en momento procesal adecuado, no siendo conforme a la buena fe procesal la negación del valor probatorio de la pericial documentada si fue previamente aceptado, expresa o tácitamente. Aunque no se requiere ninguna forma especial de impugnación, debe considerarse que es una vía adecuada la proposición de pericial de los mismos peritos o de otros distintos mediante su comparecencia en el juicio oral, pues nada impide hacerlo asía la defensa cuando opta por si aceptar las conclusiones de un informe oficial de las características ya antes expuestas. Esta prueba, en principio cuando sea propuesta en tiempo y forma, debería ser considerada pertinente". En el mismo sentido la STS. 16.4.2001 citando jurisprudencia anterior, afirma con carácter general que:
"... como se expresa en sentencia de esta Sala 1642/2000 de 23.10 , son numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal de casación que declaran la validez y eficacia de los informes científicos realizados por los especialistas de los Laboratorios Oficiales del Estado, que, caracterizados por las condiciones de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos niveles de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y sofisticados medios propios en las modernas técnicas de análisis, viene concediéndoseles unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que les otorga "prima facie" eficacia probatoria sin contradicción procesal, a no ser que las partes hubiesen manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la competencia o imparcialidad de los peritos, es decir, que el Informe Pericial haya sido impugnado de uno u otro modo, en cuyo caso será preciso la comparecencia de los peritos al juicio oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen sometiéndose así la prueba a la contradicción de las partes, para que sólo entonces, el Tribunal pueda otorgar validez y eficacia a la misma y servirse de ella para formar su convicción. Pero cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o aclaración alguna de ésta, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma implícita SSTS 1.12.95 , 15.1 y 6.6.96 entre otras muchas).
Este criterio ha sido avalado por el Tribunal Constitucional (SS. 127/90 , 24/91 ) al declarar la validez como elemento probatorio de los informes practicados en la fase previa al juicio, basados en conocimientos especializados y que aparezcan documentados en las actuaciones que permitan su valoración y contradicción, sin que sea necesaria la presencia de sus emisores, y ha sido seguido en multitud de sentencias de esta Sala que, al abordar el mismo problema suscitado ahora, ha dejado dicho que si bien la prueba pericial y cuasipericial en principio, como es norma general en toda clase de prueba, ha de ser practicada en el juicio oral, quedando así sometida a las garantías propias de la oralidad, publicidad, contradicción e inmediación que rigen tal acto, puede ocurrir que, practicada en trámite de instrucción, nadie propusiera al respecto prueba alguna para el acto del juicio, en cuyo caso, por estimarse que hubo una aceptación tácita, ha de reconocerse aptitud a esas diligencias periciales o "cuasi periciales" para ser valoradas como verdaderas pruebas, máxime si han sido realizadas por un órgano de carácter público u oficial SSTS 5.5 , 30.11.95 , 23.11 y 11.11.96 )".
Impugnación que coincide substancialmente con la argumentación expuesta en el motivo, y que no debe prosperar.
En efecto en relación a la exigencia del fundamento material de la impugnación existen, ciertamente, algunas fluctuaciones jurisprudenciales, pudiéndose detectar dos tendencias: una más laxa que otorga operatividad a la impugnación pura y simple y otra estricta que exige que la impugnación sea acompañada de una argumentación lógica.
Ejemplos de la tendencia laxa los encontramos en las SSTS. 114&2003 de 5.11, 1520/2003 de 17.11 , 1511/00 de 7.3, que consideran que "no cabe imponer a la defensa carga alguna en el sentido de justificar su impugnación del análisis efectuado" y que "el acusado le basta cualquier comportamiento incompatible con la aceptación tácita para que la regla general (comparecencia de los peritos en el Plenario) despliegue toda su eficacia". Siguiendo esta interpretación la STS. 585/2003 de 16.4 afirma que: "basta con que la defensa impugne el resultado de los dictámenes practicados durante la instrucción, o manifieste de cualquier modo su discrepancia con dichos análisis, para que el documento sumarial pierda su eficacia probatoria, y la prueba pericial deba realizarse en el juicio oral, conforme a las reglas generales sobre carga y práctica de la prueba en el proceso penal.
La jurisprudencia de esta Sala, tendente a una interpretación estricta ha declarado que se trata de un mero trámite formal que debe considerarse fraudulento, la mera impugnación sin una concreta queja no teniendo la indefensión un contenido formal, sino material ( SSTS. 31.10.2003 y 23.3.2000 ). A la impugnación como mera ficción también se refiere la STS. 7.3.2001 , cuando no se expresan los motivos de impugnación o estos son generalizados. Así la STS. 140/2003 de 5.2 , dice textualmente:
"la impugnación tuvo carácter meramente formal, pues ni en el momento de llevarla a cabo, ni en Juicio ni, incluso, en este Recurso, se explican las razones materiales por las que tal impugnación se produce, los defectos advertidos, las dudas interpretativas, etc. que le hacen a la Defensa ver la necesidad de la solicitud de comparecencia de los peritos informantes para poder someterles al interrogatorio correspondiente, en cumplimiento del principio de contradicción que se alega...", añadiendo que "...de acuerdo con doctrina ya reiterada de esta Sala, en ese mismo sentido, SSTS 04/07/2002 , 05/02/2002 , 16/04/2002 , la argumentación del recurrente, en este punto, no puede admitirse, ya que, como dicen las SSTS de 7 de julio de 2001 , y 1413/2003 de 31 de octubre, una cosa es que la impugnación no esté motivada y otra distinta que la declaración impugnatoria sea una mera ficción subordinada a una preordenada estrategia procesal, cuyo contenido ni siquiera se expresa en el trámite del informe subsiguiente a elevar las conclusiones a definitivas, pudiendo tenerse en cuenta lo dispuesto en el art. 11.1 y 2 LOPJ ... lo que permite corregir los abusos procesales como pueden ser las impugnaciones ficticias y meramente oportunas carentes de cualquier fundamento". En este sentido la STS. 72/2004 de 29.1 exige que la impugnación "no sea meramente retórica o abusiva, como declaran algunas sentencias de esta Sala casacional, esto es, sin contenido objetivo alguno, no manifestando cuales son los temas de discrepancia, si la cantidad, la calidad o el mismo método empleado, incluyendo en esta la preservación de la cadena de custodia".
Interpretación ésta asentada en la jurisprudencia, tras la entrada en vigor de la LO. 9/2002 de 10.12, cuya disposición adicional 3ª modificó la Ley 38/2002 de 24.10 , añadiendo un segundo párrafo al art. 788.2 LECrim . a cuyo tenor: " En el ámbito de este procedimiento, tendrán carácter de prueba documental los informes emitidos por laboratorios oficiales sobre la naturaleza, cantidad y pureza de sustancias estupefacientes cuando en ellos conste que se han realizado siguiendo los protocolos científicos aprobados por las correspondientes normas." Como ya ha anticipado la STS. 97/2004 de 27.1 , en relación con en relación con este nuevo precepto "no significa que no exista posibilidad de contradicción y que las conclusiones de este tipo de informes resulten irrebatibles. La defensa podrá someter a contradicción el informe solicitando otros de distintas entidades cualificadas, o de laboratorios particulares, si lo considerase oportuno, o incluso solicitando la comparecencia al acto del juicio oral de los que hayan participado en la realización de las operaciones que quedan plasmadas en el informe, pero lo que será necesario en cada caso es justificar que la diligencia que se reclama es necesaria y apta para satisfacer el derecho de contradicción, justificando el interés concreto a través de las preguntas que se le pensaba dirigir, alejando la sospecha de abuso de derecho prescrito por el art. 11 LOPJ y permitiendo que se pueda verificar por el Tribunal la aptitud de la comparecencia solicitada a tales fines", ( STS. 279/2005 ).
No de otra forma se ha pronunciado la Sala Segunda en el Pleno no jurisdiccional de fecha 25.5.2005, que en relación al art. 788.2 LECrim . adoptó el siguiente acuerdo: "La manifestación de la defensa consistente en la mera impugnación de los análisis sobre drogas elaboradas por Centros Oficiales, no impide la valoración del resultado de aquellos como prueba de cargo, cuando haya sido introducido en el juicio oral como prueba documental, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el art. 788.2 LECrim .
En la sentencia posterior de 3.2.2009 hemos dicho que la previsión legal del art. 788.2 LECrim . tiene su explicación en las particularidades de esta clase de prueba generalmente consistente en la aplicación de procedimiento químicos o protocolos estandarizados, lo que unido a las garantías que ofrecen los organismos oficiales que los realizan, aporta las necesarias dosis de seguridad acerca de los resultados. Y añade que no impide que la defensa pueda proponer la práctica de cuantas pruebas considere procedentes a la defensas de sus tesis, orientadas a completar, a precisar o a contradecir los resultados de tales análisis, especialmente en los casos de mayor complejidad o que presenten características extraordinarias, aunque su admisión quede condicionada a las reglas generales de pertinencia o necesidad. Tampoco impide que la defensa censure a través de sus argumentaciones y planteamientos determinados aspectos del análisis que pudieran ser considerados por el tribunal en el momento de valorar las pruebas disponibles. En consecuencia, mientras que en el ámbito de la pericial, la impugnación de la prueba excluye la tácita aceptación de su resultado haciendo necesaria la comparecencia del perito como presupuesto condicionante de su misma validez probatoria, en el de la documental la validez y eficacia de la prueba directamente resulta de su propia naturaleza, lo que no obsta la posibilidad de contraprobar como se estime oportuno mediante proposiciones probatorias dirigidas a demostrar su falta de validez o a evidenciar su falta de credibilidad ya en el campo de la valoración de las pruebas contradictorias ( STS. 866/2009 de 27.9 ).
En el caso presente consta al folio 48 informe del Servicio de Química del Departamento de Barcelona del Instituto Nacional de toxicología y Ciencias Forenses de fecha 2.10.2009 sobre el contenido de cinco papelinas, utilizando las técnicas de Cromatógrafo de gases -Espectrofotómetro de masas y Cromatógrafo. Detector de FID que dio como resultado un peso neto respectivo de 0,141 gr. 0,165 gr., 0,132 gr. 0,164 gr. Y 0,191 gr. De cocaína y cimaticina la 1 y 4, y cocaína las restantes.
Este informe fue ampliado por otro de 19.10.2009 del mismo servicio y sobre las mismas papelinas (folios 56 y 57) para la determinación de la cuantificación de cocaína y utilizando la técnica de cromatofragía de Gases con detector FID, dio un resultado las muestras 1 y 4 de cocaína base del 22,36% -+0,82% y las muestras 2, 3, 5 del 57,57% -+2,43%.
El Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional, propuso como prueba pericial (folio 605) la de Amadeo facultativo del INI. A efectos de ratificación y, en su caso, ampliación del análisis de drogas obrante en autos y como prueba documental, entre otros, los folios 48, 49, 56 y 57, relativos a aquellos análisis, indicando en el Otrosi II que para el caso de que en el escrito de Defensa no se impugne el análisis de droga obrante en autos, se interesa se tenga por renunciada la prueba pericial.
La defensa en la conclusión primera de sus provisionales (folio 72) se limitó a mostrar su disconformidad con la correlativa del Ministerio Fiscal; en tanto en cuanto no se hayan acreditado en la fase de la vista oral y desde este momento impugnó el análisis de droga obrante en autos, y en cuanto a la prueba (folio 73) propuso el interrogatorio del acusado y documental de todo lo actuado así como esa parte se adhiere a cuanta otra prueba fuera propuesta por el resto de partes comparecidas aún cuando fuere por éstas renunciada.
Impugnación meramente formal de los informes analíticos obrantes en las actuaciones, informes elaborados por Laboratorios oficiales en los que se hace constar peso neto de las muestras recibidas, sustancias identificadas, riqueza, coeficiente de variación que presentan los resultados relativos a la pureza de las sustancias y las técnicas utilizadas, que no cumplía con aquellas exigencias jurisprudenciales, y que motivó que la Audiencia Provincial no obstante declarar pertinentes las pruebas propuestas por auto de 3.6.2010, no citara a juicio al perito propuesto por el Ministerio Fiscal, y que en el acto del juicio oral no se practicara la prueba pericial, siendo solo en el tramite de la documental cuando ante la impugnación de la pericial por la defensa, La Sala le indicó que no había propuesto prueba pericial alguna en su escrito de defensa.
Decisión correcta por cuanto no es bastante la formula estereotipada de adhesión a una prueba ajena -más aun en el caso presente en que la defensa se limita a una vaga y global adhesión a cualquier prueba que fuera propuesta- porque el art. 656 LECrim . determina de forma imperativa que las partes han de manifestar en su escrito de calificación las pruebas de que intenten valerse y han de presentar lista de peritos y testigos.
En efecto la proposición de pruebas supone un acto sujeto a estrictas formalidades legales, de ahí que la cláusula usualmente empleada de proponer la prueba mediante una remisión genérica a las pruebas propuestas por las otras partes no se entiende como una verdadera y propia proposición, sino como una simple adhesión a la prueba interesada por otra parte. De esta suerte, en caso de que la parte que efectivamente la propuso renuncia a su práctica, no podrá oponer el adherido objeción alguna, ni podrá argüir en su contra.
El motivo segundo por infracción de precepto constitucional con base arts. 852 LECrim . y art. 5.4 LOPJ . derecho presunción de inocencia art. 24 CE .
Se argumenta en el motivo que como único hecho probado en la sentencia se relata que el acusado fue detenido por una dotación policial por lanzar al hueco de un árbol una bolsa que resultó ser un paquete que contenía cinco papelinas de una sustancia que posteriormente analizada resultó ser cocaína que poseía para su posterior venta a terceros, y que al acusado le fueron ocupados 55 E, producto de la venta de sustancias estupefacientes. Sin embargo el recurrente considera que la prueba indiciaria que fundamenta la tipicidad del hecho es absolutamente imprecisa, pues no ha quedado acreditado el acto de la venta a que se alude en el fundamento de derecho primero, al no haber sido identificada la persona que recibió el objeto ni que sustancia, peso neto ni grado de pureza lo constituía; de la declaración de los agentes con número de TIP NUM000 y NUM001 no se puede desprender que la cocaína hallada fuera del recurrente, al incurrir en contradicciones en la secuencia de hechos que narran, que la tenencia de droga fuese preordenada para el tráfico solo podía deducirse de su condición de no consumidor pero se omite que en las declaraciones del acusado se recoge que era consumidor ocasional de cocaína; y por último, la cantidad de sustancia aprehendida es tan ínfima que carece de eficacia alguna para producir el mínimo efecto psicofísico, y en cualquier caso estaría dentro del acopio medio de un consumidor, siendo perfectamente posible que pudiera destinarse al autoconsumo.
Es doctrina jurisprudencial reiterada, SSTS. 76/2011 de 23.3 , 383/2010 de 5.5 , 84/2010 de 18.2 , 14/2010 de 28.1 y 1322/2009 de 30.12 , entre las más recientes, la que establece, que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
Así pues, al Tribunal de casación le corresponde comprobar que el Tribunal ha dispuesto de la precisa actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia, lo que supone constatar que existió porque se realiza con observancia de la legalidad en su obtención y se practica en el juicio oral bajo la vigencia de los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad, y que el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos y razonables que permitan su consideración de prueba de cargo. Pero no acaba aquí la función casacional en las impugnaciones referidas a la vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia, pues la ausencia en nuestro ordenamiento de una segunda instancia revisora de la condena impuesta en la instancia obliga al Tribunal de casación a realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. Es decir, el control casacional a la presunción de inocencia se extenderá a la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos del tipo penal, con examen de la denominada disciplina de garantía de la prueba, y del proceso de formación de la prueba, por su obtención de acuerdo a los principios de inmediación, oralidad, contradicción efectiva y publicidad. Además, el proceso racional, expresado en la sentencia, a través del que la prueba practicada resulta la acreditación de un hecho y la participación en el mismo de una persona a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo ( STS. 299/2004 de 4.3 ). Esta estructura racional del discurso valorativo si puede ser revisada en casación, censurando aquellas fundamentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva arbitrarias (art. 9.1 CE ), o bien que sean contradictorias con los principios constitucionales, por ejemplo, con las reglas valorativas derivadas del principio de presunción de inocencia o del principio "nemo tenetur" ( STS. 1030/2006 de 25.10 ).
En síntesis, reiteramos que los cuatro puntos cardinales del control casacional en relación al derecho a la presunción de inocencia, se concretan en la verificación de si existió prueba constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, suficiente y racionalmente valorado ( STS. 987/2003 de 7.7 ).
Por otro lado hemos, igualmente señalado que, a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena, sin menoscabo del derecho a la presunción - como decíamos en STS. 870/2008 de 16.12 , siempre que:
Los indicios se basen en hechos plenamente probados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas.
Como se dijo en las SSTC. 135/2003 de 30.6 y 263/2005 de 24.10 , el control constitucional, de la racionalidad y solidez de la inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria .puede efectuarse tanto desde el canon de su lógica o coherencia (de modo que será irrazonable si los indicios acreditados descartan el hecho de que se hace desprender de ellos o no conduzcan naturalmente a él), como desde el de su suficiencia o carácter concluyente , (no siendo pues, razonable, cuando la inferencia es excesivamente abierta, débil o imprecisa), si bien en este último caso se debe ser especialmente prudente, puesto, que son los órganos judiciales quienes, en virtud del principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las garantías del acervo probatorio.
En este sentido la sentencia del Tribunal Constitucional 189/1998 partiendo en que además de los supuestos de inferencias ilógicas o inconsecuentes, deben considerarse asimismo insuficientes las inferencias no concluyentes, incapaces también de convencer objetivamente de la razonabilidad de la plena convicción judicial, ha señalado que un mayor riesgo de una debilidad de este tipo en el razonamiento judicial se produce en el ámbito de la denominada prueba de indicios que es la caracterizada por el hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia fundada en que usualmente la realización del hecho base comporta la de la consecuencia. En el análisis de la razonabilidad de esa regla que relaciona los indicios y el hecho probados hemos de precisar ahora que solo podemos considerarla insuficiente desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia, si a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado o desde una perspectiva externa y objetiva que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. En tales casos... no cabrá estimar como razonable bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente ("más allá de toda duda razonable"), bien la convicción en si ( SSTC. 145/2003 de 6.6 , 70/2007 de 16.4 ).
En el caso presente que la cocaína intervenida en el hueco de un árbol sea propiedad del acusado se acredita por la testifical de los mossos d'esquadra nº NUM000 y NUM001 que coincidieron en lo esencial en su declaración de que cuando estaban haciendo un dispositivo uniformados observaron como el acusado recibía de un chico, que describieron como extranjero, alto y rubio, unos billetes y a cambio le daba un paquete, encontrándose los agentes en un coche de 15 ó 20 metros y estas dos personas al lado de un banco, explicando como al intentar acercarse a ellos el extranjero salió corriendo no pudiendo alcanzarlo, momento en que el acusado tiró una bolsa de plástico que portaba en el hueco de un árbol, siendo detenido en ese momento, cogiendo uno de los mossos la bolsa del hueco donde la había lanzado el acusado y que contenía cinco papelinas que analizadas resultaron ser cocaína.
Pues bien, debemos recordar -por todas STS. 77/2011 de 23.2 - que las declaraciones testificales en el plenario de los agentes policiales sobre hechos de conocimiento propio al estar prestadas con las garantías procesales propias del acto, constituyen prueba de cargo apta y suficiente pare enervar la presunción de inocencia ( STS. 284/96 de 2.4 ).
En esta dirección el art. 717 LECrim. dispone que las declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas, según las reglas del criterio racional.
La sentencia Tribunal Supremo 2.12.98 , recordó que la declaración de los agentes de policía prestadas con las garantías propias de la contradicción, inmediación y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia, correspondiendo su valoración, en contraste con las demás pruebas, al Tribunal de instancia, por cuanto la relevancia del juicio oral reside en la posibilidad que tiene el Juez de percibir directamente las pruebas que se desarrollan, que en el caso de la prueba testifical, adquiere una mayor importancia, al poder discernir las condiciones del testigo, el origen de su conocimiento, su capacidad de comprensión de la realidad, lo que, en definitiva, se resume en la fuerza de convicción de sus testimonios. Igualmente la STS. 10.10.2005 , precisó que las declaraciones de autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones testificales, apreciables como éstas según las reglas del criterio racional. Estos funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad, precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional, la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un Estado Social y democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los arts. 104 y 126 CE., máxime cuando no nos encontramos con supuestos en los que la Policía está involucrada en los hechos como víctima (por ejemplo, atentado, resistencia...), o como sujeto activo (delitos de detención ilegal, torturas, contra la integridad moral, lesiones, etc.), supuestos en los que no resultaría aceptable, en línea de principio que sus manifestaciones policiales tuvieran que constituir prueba plena y objetiva destructora de la presunción de inocencia por sí mismas. Y no podría ser así porque cualquier sobreestimación del valor procesal de las declaraciones policiales llevaría consigo de modo inevitable la degradación de la presunción de inocencia de los sujetos afectados por ellas. De manera que las aportaciones probatorias de los agentes de la autoridad no deberán merecer más valoración que la que objetivamente derivara, no del a priori de la condición funcionarial de éstos, sino de la consistencia lógica de las correspondientes afirmaciones y de la fuerza de convicción que de las mismas derive en el marco de confrontación con los restantes materiales probatorios aportados por las partes.
No otra cosa ha acaecido en el caso enjuiciado en el que la Sala analiza tales declaraciones que cumplen con las exigencias formales establecidas en los arts. 287, 717 LECrim . y las contrapone a la versión del acusado, contradictoria a lo largo del procedimiento en orden a qué estaba haciendo en el momento de la detención y el origen de los 55 euros que le fueron ocupados y descartando su justificación de las contradicciones a falta de comprensión por falta de interprete en instrucción cuando consta que fue asistido tanto en instrucción como en el acto del juicio de interprete.
Acreditado por tanto, la tenencia de las papelinas, se cuestiona en el motivo la concurrencia a la finalidad de transmisión a terceros.
Debemos recordar, respecto a la concurrencia de este elemento subjetivo del tipo, que su probanza, decíamos en las SSTS. 891/2010 de 28.9 y 609/2008 de 10.10 puede venir de la mano de una prueba directa, como sucede en los casos de confesión del propio sujeto, o testigos que compraron la sustancia prohibida o la vieron ofrecer en venta o de como conocieron tal intención de entrega a terceros y así lo declaran. Sin embargo, lo más frecuente es que tales pruebas no existan y se acuda al mecanismo de la prueba indirecta o de indicios, por medio de la cual, a través de ciertos hechos básicos plenamente acreditados, a través de determinadas circunstancias objetivas que concurran en el hecho que se enjuicia se infiere la existencia de aquel elemento subjetivo.
Así los criterios que se manejan para deducir el fin de traficar con la droga son: la cantidad, pureza y variedad de la droga, las modalidades de la posesión o forma de presentarse la droga, el lugar en que se encuentra la droga, la tenencia de útiles, materiales o instrumentos para la propagación, elaboración o comercialización, la capacidad adquisitiva del acusado en relación con el valor de droga, la ocupación de dinero en moneda fraccionada, la falta de acreditamiento de la previa dependencia, entendiendo como de lo más significativo la no constancia de la adicción al consumo de drogas, la forma de reaccionar ante la presencia policial, el intento disimulado de deshacerse de ella o de ocultarla e incluso se ha aludido en alguna ocasión a las circunstancias personales del acusado.
En el caso presente la Sala de instancia descarta el carácter de consumidor del acusado por el propio reconocimiento del mismo en el acto del juicio oral en el sentido de que antes -no en ese momento- había sido consumidor de cocaína, declaración concordante con la prestada en instrucción en el día siguiente a su detención, 2.10.2009 (folio 28), en el sentido de que no consumía cocaína y negando que las papelinas fueran suyas.
Dato este que es considerado por la jurisprudencia como de lo más significativo pues si no se es consumidor es lógico deducir que la tenencia, no de una sola dosis sino de cinco papelinas, era para su venta a terceros, y en contra de lo sustentado en el motivo, destaca otros indicios que hacen razonable la deducción de la Sala como son: la forma de distribución en bolsitas independientes, la conducta del acusado al ser sorprendido por la policía intentando deshacerse de la sustancia y la posesión por su parte de una cantidad de dinero cuya procedencia no justificó, compatible con la entrega de dinero que observaron los policías.
Consecuentemente ha existido prueba válida, razonablemente valorada por la Sala, siendo su deducción lógica y racional.
Respecto a las alegaciones relativas a la escasa cuantía de las sustancias y la referente a las dosis de consumo mínimo y dosis mínimas psicoactivas:
En primer lugar debemos precisar los conceptos de dosis mínima psicoactiva y dosis de consumo habitual. El primero es un concepto utilizado preferentemente en toxicomanía con referencia a las reacciones psicosomáticas experimentadas por el sujeto tras la ingesta de cualquier tóxico y se corresponde con la concentración más reducida de principio activo que cada tipo de droga necesita para causar alguna alteración apreciable sobre el organismo humano, con independencia de su idoneidad para satisfacer las necesidades del consumidor y diferente, por tanto de las dosis de abuso habitual que es la utilizada en cada toma por los consumidores de estupefacientes y sustancias psicotrópicas con "aptitud para satisfacer sus necesidades inmediatas", y que permite, en abstracto, dentro de unos parámetros extraídos de la praxis, obtener una media razonable sobre unos mínimos y máximos cuya oscilación depende de diversos factores (peso corporal, estado de salud, frecuencia, habituación etc...), siendo cifras, en todo caso, notablemente superiores a las fijadas como dosis mínimas psicoactivas.
En segundo lugar y en relación a la dosis mínima psicoactiva, la doctrina de esta Sala -SSTS. 280/2007 de 12.4 , 870/2008 de 16.12 -, es predominante en el sentido de que también la venta de una reducida cantidad de droga pone en peligro la vigencia de la norma del art. 368 CP . pues se trata de una conducta que constituye una forma de difusión del consumo de drogas tóxicas, que la norma quiere evitar atacando, precisamente, toda manifestación individual de comportamiento que acumulativamente llegarían a poner en peligro real la salud de muchas personas.
Por ello hemos dicho en Sentencia 1081/2003, de 21 de julio , se ha aplicado siempre con carácter restringido el tema objeto de autos desde la doble consideración del análisis de la estructura típica y del principio de lesividad o de exclusiva protección de bienes jurídicos. Tratándose de un delito de peligro -aún cuando sea abstracto - dicho peligro, como riesgo de futura lesión del bien jurídico, debe contenerse en la acción, quedando excluidas aquellas totalmente inadecuadas para lesionar o poner en peligro -aún potencialmente- la salud pública.
Lo que se sanciona es la puesta en peligro del bien jurídico, como dice la Sentencia 977/2003, de 4 de julio , razón por la cual deben de quedar excluidas de la punición por este delito aquellas conductas en las que, aún cuando aparentemente se realice la conducta típica, por las especiales o excepcionales circunstancias que concurren en el caso concreto, puede excluirse totalmente la generación de riesgo alguno para el bien jurídico protegido. En este ámbito se ha hecho referencia en sentencias de esta Sala al principio de insignificancia: cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud, carece la acción de antijuridicidad material por falta de un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido en el tipo.
El objeto del delito debe tener un límite cuantitativo y cualitativo mínimo, pues como establece la Sentencia de 28 de octubre de 1996 "el ámbito del tipo no puede ampliarse de forma tan desmesurada que alcance a la transmisión de sustancias que, por su extrema desnaturalización cualitativa o su extrema nimiedad cuantitativa, carezcan de los efectos potencialmente dañinos que sirven de fundamento a la prohibición penal" es decir, cuando por dicha absoluta nimiedad la sustancia ya no constituya, por sus efectos, una droga tóxica o sustancia estupefaciente, sino un producto inocuo ( SSTS. 4.7.2003 , 16.7.2001 , 20.7.99 , 15.4.98 ).
Esta doctrina se ha aplicado ocasionalmente en supuestos de tráfico, como señala la sentencia de 11 de diciembre de 2000, núm. 1889/2000, "esta Sala Segunda viene también declarando, incluso en casos de tráfico, que cuando la cantidad de droga es tan insignificante que resulta incapaz de producir efecto nocivo alguno en la salud, carece la acción de antijuridicidad material por falta de un verdadero riesgo para el bien jurídico protegido en el tipo".
En definitiva la eliminación de la tipicidad del hecho en los casos de muy reducida cantidad de la droga objeto de tráfico ha sido apoyada en el argumento, de que hechos de esta naturaleza carecen de antijuricidad material y que, en consecuencia, no constituyen delito (ver: SSTS 1370/2001 ; 1889/2000 ; 1716/2002 ; 977/2003 ; 1067/2003 ; 1621/2003 ), argumento que ha sido completado en ocasiones haciendo referencia a la incapacidad del hecho para afectar la salud pública, dada la imposibilidad de generar con tan poca cantidad de droga un peligro para la salud pública (ver: SSTS 772/1996 ; 33/1997 ; 977/2003 ; 1067/2003 ). Ambos puntos de vista tienen a su favor que el resultado al que conducen es político criminalmente sostenible, pues evita la imposición de una pena mínima que es generalmente considerada como superior al merecimiento concreto de sanción de los casos en los que la cantidad de droga traficada se reduce a una dosis de menor significación.
Por ello, la ultima corriente jurisprudencial afirma que en el caso de los delitos graves, como son los delitos de tráfico de drogas, no cabe invocar, ni siquiera de lege ferenda , un "principio de insignificancia" que podría excluir la tipicidad, cuando ésta, formalmente, ha sido constatada u opera como causa supralegal de justificación, o bien, en todo caso, excluir, de alguna manera, la punibilidad. La necesidad preventiva de ratificación de la norma no desaparece, en los delitos graves, sólo por el reducido alcance de la acción. El legislador, por lo tanto, no ha establecido la posibilidad de renunciar a la punibilidad en casos de reducido daño social, toda vez, que, movido por la gravedad que le atribuye a estos hechos, ha considerado que el peligro abstracto es ya suficiente para justificar su intervención ( SSTS. 901/2003 de 21.6 y 250/2003 de 21.7 ).
En esta dirección la STS. 913/2007 de 6.11 , nos recuerda que el entendimiento de la construcción jurisprudencial de la insignificancia como lesión irrelevante del bien jurídico, exige, desde luego, alguna puntualización. La consideración del derecho penal como instrumento exclusivo para la protección de bienes jurídicos resulta especialmente útil para limitar el derecho penal a la sanción de las conductas nocivas para la comunidad. De hecho, esa concepción del fin de la norma penal como vehículo para la protección de valores y bienes jurídicos esenciales, forma parte del fundamento del derecho penal moderno, sin descartar algunas voces doctrinales que niegan que la exclusiva idea de tutela de bienes jurídicos pueda explicar la íntegra funcionalidad de la norma penal. Pero de esa concepción no se desprende, sin más, que deba quedar excluida la persecución de conductas que infringen frontalmente el bien jurídico, aunque de forma insignificante. Es preciso, pues, no aferrarnos a una interpretación puramente cuantitativa -y por tanto convencional- que traicione criterios fundados de política criminal, por supuesto, conectados a la escala jerárquica de valores constitucionales.
En definitiva ante las dificultades técnicas que las cantidades de mínima significación generan, esta Sala ha entendido que es preciso establecer un criterio racional capaz de garantizar una aplicación objetiva e igualitaria del art. 368 CP . y ha adoptado la posición dogmática de definir el concepto del objeto de la acción de tráfico a partir de consideraciones teleológica y ha llegado a la conclusión de que solo se debería considerar droga tóxica o estupefaciente, en el sentido del art. 368 CP , aquélla sustancia que sea apta para producir los efectos que les son propios. Por tal razón ha tomado como referencia los cálculos del principio activo de cada droga respaldados por el Informe del Instituto Nacional de Toxicología, en el Pleno no jurisdiccional de 24 de enero de 2.003, de tal manera que por debajo del mínimo de principio activo la sustancia de la que se trate no será considerada objeto de la acción típica, y ha venido aplicando de forma mayoritaria, la teoría de los mínimos psicoactivos en multitud de sentencias que constituyen un cuerpo muy sólido de doctrina legal ( SSTS. 4/2004 de 14.1 ; 152/2004 de 11.2 ; 221/2004 de 20.2 ; 259/2004 de 20.2 ; 366/2004 de 22.3 ; 1215/2004 de 28.10 ; 1.7.2005 ), y ha sido ratificada en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 3 de febrero de 2.005, en el sentido siguiente " continuar manteniendo el criterio del Instituto Nacional de Toxicología relativo a las dosis mínimas psicoactivas, hasta tanto se produzca un informe legal o se adopte otro criterio o alternativa".
En el caso actual las cinco papelinas objeto de análisis tenían un peso neto respectivo, de 0,141 gr. 0,165 g. 0,132 gr. 0,164 gr. Y 0,191 gr. En total 0,793 con un grado de pureza del 22,36 % las numeradas en 1 y 4º lugar, y del 57,57% las restantes, lo que da una cantidad de cocaína pura, de 0,03 gr. 0,09 gr. 0,075 gr. Y 0,036 gr. 0,109gr. En total 0,34 ó 340 mg.
El principio activo de la cocaína fue fijado en el Pleno no jurisdiccional de 24.1.2003 de acuerdo con el Instituto Nacional de Toxicología en 0,05 gr. Ó 50 mg. Excluida que ha sido la tesis de la tenencia para el autoconsumo, la dosis mínima psicoactiva ha de referirse a la totalidad de las papelinas que el acusado tenia, 0,34 gr. Ó 340 mg. superior a aquel mínimo psicoactivo, e incluso si esta se valorase por cada una de las papelinas intervenidas, la cantidad correspondiente, al menos de tres de ellas, 0,09, 0,075, 0,109 gr. Excedería también de aquél limite.
El motivo tercero por infraccion del Art. 849.1 LECrim . por haberse infringido norma juridica de carácter sustantivo que debia ser objeto de aplicación de la Ley penal, acuerdo no jurisdiccional del Pleno de esta Sala Segunda de 25.10.2005 , por el que se indicaba la conveniencia de modificar la redaccion del art. 368 CP . sugiriendo una rebaja de penas o, alternativamente la posibilidad de imponer la pena inferior en grado "atendiendo a la gravedad del hecho y a las circunstancias personales del cupable".
Los acuerdos no jurisdiccionales no son leyes, ni siquiera sentencias y por tanto no son jurisprudencia del Tribunal Supremo, sino que son instrumentos de actuacion de este tribunal para posibilitar su opinion doctrinal sobre asustos de discutida y discutible interpretación. Con ellos se pretende llevar a cabo su funcion de unificacion de la doctrina penal y, en definitiva, otorgar seguridad jurídica en la aplicación de la Ley. Este mecanismo que son los acuerdos pretende dar respueta a las expectativas de seguridad que se le dirijan cuando al mismo tiempo expectativas de seguridad sobre la aplicacion de la ley. El contenido de los acuerdos va dirigido de manera directa a la actuacion del Tribunal Supremo -en el Pleno de 18.7.2006-, se decidió por unanimidad que los Acuerdos de la Sala General (Pleno no jurisdiccional) son vinculantes para los miembros de la Sala- y de manera indirecta para los jueces y magistrados de instancias inferiores. De manera indirecta porque los Acuerdas anunciarán cual va a ser a partir de ese momento la doctrina del Tribunal Supremo para los supuestos en cuestion, pero la vinculación jurídica se dará a partir del momento en que crean jurisprudencia, ddo que aún cuando estos acuerdos plenarios no son ciertamente, jurisdiccionales, ni crean jjrisprudencia, si constituyen su normal y lógico antecedente y sus criterios itnepretativos se van convirtiendo sucesivamente, en doctrina jurisprudencial.
Desde esta perspectiva resulta evidente que un acuerdo no jurisdiccional y más aún el acuerdo indicado de 25.10.2005 que se adopta para proponer al Gobierno una modificación en materia de drogas, no constituyen doctrina legal a efectos del art. 849.1 LECrim .
No obstante lo anterior la entrada en vigor de la LO. 5/2010, ha incorporado al at. 368 CP. un parrafo segundo que recoge un subtipo atenuado que respnde -como se indica en la Exposicion de Motivos de la Ley- a la preocupacion del Legislador para "acoger la prevision contenida en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 25.10.2005, en relación con la posibilidad de reducir la pena en supuestos de escasa entidad siempre que no concurra ninguna de las circunstancias recogidas en los arts. 369 bis y 370 CP ".
En la exégesis del precepto se constata, en el Anteproyecto de CP de 2006 , frustrado por el fin de la legislatura, ya se incluía la posibilidad de rebaja penológica por la vía de incrementar el arbitrio judicial, posibilitando la atenuación facultativa del marco penal de los delitos contra la salud pública vinculados al tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes y psicotrópicas. En relación con el mismo, el informe del CGPJ destacaba que "venía siendo reclamada por sectores de la doctrina y de la propia jurisprudencia como medio necesario para evitar una reacción punitiva desproporcionada que se deriva del incremento progresivo de las penas que estas modalidades han experimentado en los últimos años, en aquellos casos en que la cantidad de droga es de notoria escasa importancia, "o" las circunstancias personales del reo ponen de manifiesto una menor culpabilidad en la realización de la acción injusta -singularmente en el caso de los traficantes menores que se financian su propia adicción con el menudeo de la droga".
A pesar de la tendencia de los trabajos legislativos a recoger la atenuación facultativa estudiada, el primer texto prelegislativo de 2008 eliminó cuatquier rebaja de pena de estas características.
En el proyecto definitivo de reforma del CP, que dio lugar a la LO 5/2010, cuando accedió al Congreso el texto del articulo 368.2 CP , se excluía la posibilidad de su aplicación cuando concurrieran cualquiera de las circunstancias de los artículos 369, 369 bis y 370 CP , pero una última enmienda del Grupo Socialista permitió extender la aplicación del subtipo a las circunstancias del articulo 369 CP .
Como vemos el ejercicio de la discrecionalidad reglada que permite el precepto queda vinculado a la concurrencia de dos parámetros relacionados con la menor antijuridicidad del hecho y la menor culpabilidad del autor. La "escasa entidad del hecho" debe relacionarse con la menor gravedad del injusto típico, por su escasa afectación o capacidad de lesión o puesta en peligro del bien jurídico protegido, salud pública colectiva. Como se sugiere en la STS de 9.6.2010 , en la que se invoca la "falta de antijuricidad y de afectación al bien jurídico protegido", siendo la antijuridicidad formal la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico representado por el precepto penal y la antijuridicidad material la lesión efectiva o puesta en peligro del bien jurídico protegido, la menor entidad o gravedad del delito debe relacionarse con la cantidad y calidad de droga poseídas por el autor y, en concreto, con la superación mínima o relevante de la llamada dosis mínima psicoactiva, de manera que cuanto menor sea la cantidad y calidad de la droga poseída con finalidad típica menor será la entidad o gravedad del hecho. Así, cantidades muy próximas a la dosis mínima psicoactiva o en cualquier caso de muy escasa relevancia cuantitativa y cualitativa se encontrarian en el radio de accion del subtipo por su escasa afectación al bien jurídico protegido.
En cuanto a la "menor culpabilidad, las circunstancias personales del autor, nos obligan a ponderar todas las circunstancias subjetivas del culpable que permitan limitar su reprochabilidad personal por haber cometido el hecho antijurídico, en el bien entendido supuesto de que, dada la prohibición de doble valoración o desvaloración del artículo 67 CP , las circunstancias que sean valoradas en el ámbito del subtipo atenuado no podrán contemplarse como circunstancias independientes. También parece que las circunstancias personales del subtipo atenuado deben ser distintas de aquellas que se configuren como atenuantes o agravantes en el CP. En el informe del CGPJ al Anteproyecto de 2006, que presentaba una redacción semejante al subtipo actual se llamaba la atención como prototípica a la situación subjetiva de quien siendo adicto vende al menudeo para sufragarse su adicción. Ésta en efecto podía ser una circunstancia valorable en el ámbito del subtipo, como el hecho de que se tratase de la primera actuación delictiva sin poseer antecedentes por el delito contra la salud pública ni por cualquier otro y en general otras situaciones en que la exigibilidad del comportamiento de respeto a la ley fuese menos intensa, aunque no concurriesen propiamente los presupuestós de las causas de inimputabilidad o de inculpabilidad.
Otra de las características del subtipo de atenuación facultativa es la utilización de la conjunción copulativa "y", en lugar de la disyuntiva "o" Desde luego, la utilización de a conjunción copulativa permite afirmar que cuando cualquiera de los dos parámetros desaconseje a apreciación del precepto, por no ser menor la culpabilidad o la antijuridicidad, el párrafo segundo del articulo 368 CP no podría aplicarse. Por ejemplo, en el caso de un adicto que se costease su adicción cometiendo un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, no podría aplicarse el precepto estudiado, pues Ja culpabilidad podría ser menor, pero no la antijuridicidad del hecho. Ahora bien, el problema se suscita en aquellos casos en que simplemente es menor la culpabiiidad o la antijuridicidad, pero no ambas a la vez, y además el parámetro no concurrente se revelase como inespecífico. Serían supuestos en que concurre claramente uno de los parámetros, pero el otro, sin ser negativa, resulta simplemente neutro. Entendemos que, en este caso, el Tribunal podría apreciar la atenuación, pues el precepto sólo exige que atienda a la "escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del autor", realizando una ponderación completa y conjunta de ambos parámetros, pero sin exigir que concurran ambos, bastando con la concurrencia de uno de ellos y la inoperatividad dei otro por resultar inexpresivo.
Así las cosas, en nuestro caso, podría resultar aplicable el subtipo.
En relación con el parámetro "escasa entidad del hecho" entendemos que se cumple, pues se trata de la tenencia de cinco papelinas de cocaína para su venta, que reducidas a pureza, dos de ellas ni siquiera superan la dosis minima psicoativa y las tres restantes solo muy ligeramente. Pues bien, tratándose de una cantidad tan próxima a la llamada dosis mínima psicoactiva, la capacidad de lesión del bien jurídico protegido, salud pública, e incluso de la salud individual debe entenderse escasa. Fijémonos, que la ley permite aplicar el subtipo incluso en los casos en que concurran los supuestos del articulo 369 CP , que constituyen auténticos subtipos agravados, lo que debe abundar en la mayor posibilidad de ser aplicado en los casos de simple concurrencia primaria del artículo 368 CP , como tipo básico de referencia sobre el que aplicar la reducción de la pena en uno o dos grados. Nada se dice, por otro lado, en el relato histórico, sobre la contemplación de la escena por otras personas, eventuales prosélitos, o sobre el carácter de la zona como propensa o procflve a la venta habitual a consumidores, con denuncia de escandalizados vecinos, circunstancia que nos permitiría inferir el favorecimiento del delito, su impunidad, la convivencia del crimen con la vida ordinaria y el peligro abstracto, en suma real e intensificado para el bien jurídico protegido. En conclusión creemos que concurre el parámetro de la escasa entidad del hecho.
En cuanto a las "circunstancias personales", poco sabemos, pero sí lo suficiente. El acusado no tenía antecedentes, ni por el delito objeto de condena ni por ningún otro. Consta también que es extranjero y sin autorización legal de residencia. Así entendida, la culpabilidad o responsabilidad personal por haber cometido el hecho antijurídico podría entenderse, sin duda, concurrente, pero no intensa. No es que actúe apremiado por razones de urgencia que no podemos presumir, pese a su condición de ilegalidad administrativa, pero su comportamiento se enmarca en la venta al menudeo de sustancia próxima a la dosis mínima psicoactiva, situación tal vez próxima a la situación de autofinanciación para costearse su propio consumo.
En fin que de acuerdo con la teoría normativa de la culpabilidad, su culpabilidad es existente y real, pero el reproche personal por haber cometido el hecho ant "de escasa entidad", en ocasión aislada y en contexto vinculado á la ausencia de recursos económicos, también puede entenderse como más disculpable y de menor censura.
El motivo cuarto por infracción de Ley art. 849.1 LECrim. por haberse infringido precepto penal de carácter sustantivo, art. 27 y 28 CP .
La defensa reitera la argumentación expuesta en el motivo segundo relativa a que no se ha podido acreditar acto alguno de la venta, que la sustancia intervenida no hubiera tenido aptitud objetiva para dañar la salud y que no existen indicios suficientes que lleven a pensar que estaba preordenado al tráfico.
Es cierto, conforme hemos declarado en SSTS. 1058/2010 de 13.12 , 539/2010 de 8.6 , 180/2010 de 10.3 , 1015/2009 los juicios de valor sobre sentencias y los elementos subjetivos del delito pertenecen a la esfera del sujeto, y salvo confesión del acusado en tal sentido, solo pueden ser perceptibles mediante juicio inductivo a partir de datos objetivos y materiales probados ( STS. 22.5.2001 ).
En resumen si el propósito, ánimo, conocimiento u otro elemento de carácter subjetivo, inferido a través de la mencionada prueba de indicios o de otro modo, aparece en ese relato de hechos probados, hemos de saber que a esta parte de la narración de lo sucedido no abarca esa regla relativa al respeto a los hechos probados cuando el recurso de casación, como aquí ocurrió, se funda en el nº 1º del art. 849 LECrim . como ya hemos dicho, al amparo de esta última norma procesal sólo cabe plantear cuestiones relativas a la infracción de preceptos penales de carácter sustantivo u otra norma jurídica del mismo carácter, como literalmente nos dice tal art. 849.1º . Los a veces llamados juicios de valor, o las inferencias que se extraen después de una prueba de indicios, quedan fuera de ese obligado respeto que claramente se deduce de lo dispuesto en el nº 3º del art. 884 de la misma norma procesal. Por ello cabe discutir la concurrencia de estos elementos subjetivos, o de cualquier conclusión derivada de una prueba de indicios, bien por esta vía del nº 1º del art. 849 LECrim , la tradicionalmente admitida por esta Sala, bien por la más adecuada del art. 852 de la misma ley procesal ( STS. 266/2006 de 7.3 ).
Asimismo la STS. 748/2009 de 26.6.2009 precisa, que si bien también ha sido cuestionada, desde la perspectiva procesal, la aplicación del cauce del art. 849.1 de LECrim . para impugnar la constatación probatoria de los elementos subjetivos o internos de los tipos penales, puesto que se estaría acudiendo a un motivo de infracción de ley para dirimir lo que es realmente una cuestión fáctica. Se le daría así el carácter de norma jurídica a lo que es realmente una máxima o regla de experiencia, cuya conculcación se equipararía a la infracción de una ley. Sin embargo, esa interpretación heterodoxa del art. 849.1 cumple la función procesal de ampliar el perímetro de control del recurso de casación con el fin de que opere en cierto modo como un sustitutivo de la segunda instancia, dados los problemas que suscita en nuestro ordenamiento procesal la ausencia de recurso de apelación en los procedimientos en que se dirimen precisamente los delitos más graves.
Por tanto -como dice la STS. 518/2009 de 12.5 - el juicio de inferencia es revisable en casación, ya a través de la vía del art. 852 LECrim ., cuando nos hallamos ante una decisión arbitraria y absurda (tutela judicial), o bien por el cauce que realmente se canaliza, en el juicio de subsunción, en cuanto el relato de hechos probados sólo es vinculante cuando expresa hechos, acontecimientos o sucesos, pero no cuando contiene juicios de inferencia que pueden ser revisados ante el Tribunal Superior, si existen datos, elementos o razones que pongan de relieve la falta de lógica y racionalidad del juicio.
En este caso el recurrente ha articulado los dos cauces, por lo que la respuesta ha de ser la misma, reiterando lo ya razonado en el motivo segundo para evitar repeticiones innecesarias.
El motivo quinto por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim. por haberse infringido precepto penal de carácter sustantivo, arts. 123 y 124 CP . en relación con el art. 121 LECrim . que excluye de satisfacer las costas si al condenado se le hubiese reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita, y en este caso se desconoce si el recurrente está declarado insolvente, pero, con el carecer de "del cautelam" para el caso de que lo estuviera si debería excluir el pago de las costas.
La condena en costas se entiende impuesto por Ministerio de la Ley a los a los criminalmente responsables de todo delito o falta artículo 123 del Código Penal , pudiendo el tribunal imponerlas de oficio, por imperativo legal y aunque ninguna de las partes lo haya solicitado ( SSTS. 71/2004 de 2.2 , 799/2006 de 30.9 ), condena en costas que es independiente de la solvencia o insolvencia del condenado. En este sentido como ha dicho con reiteración esta Sala, nada impide la tasación de costas, aunque el condenado goce del derecho de justicia gratuita, ni tampoco su eventual cobro para el caso de que el mismo llegase a mejor fortuna ( SSTS. Sala 1ª, 23.2.2004 y 25.3.2002 ).
El motivo sexto por quebrantamiento de forma del art. 850 LECrim . por haberse inadmitido en el acto del juicio oral la práctica de prueba pericial propuesta en legal tiempo y forma.
Insiste el recurrente en que la Audiencia declaró pertinente la prueba propuesta por el Ministerio Fiscal y la defensa se adhirió en su escrito de conclusiones a la prueba, aunque fuera objeto de renuncia. No obstante no se citó al perito que elaboró los informes de análisis de droga para comparecer en juicio, y en el desarrollo de la vista oral en la práctica de la prueba, la defensa solicitó la ratificación por parte de los técnicos, siendo inadmitida por la Sala y objeto de protesta por parte de la defensa, al no poder detallar las preguntas que consideraba que debían ser realizadas al perito.
El motivo, por tanto reproduce las cuestiones planteadas en el motivo primero por lo que debe seguir la misma suerte desestimatoria, debiéndose solo insistirse en que la casación por motivo de denegación de prueba establecido en el art. 850.1 LECrim . según se deduce de los términos de tal precepto, y de lo dispuesto en los arts. 656, 659, 746.3, 784.1 y 2, 785.1 y 786.2 LECrim. son necesarios unos requisitos formales: 1º) Que la diligencia probatoria que no haya podido celebrarse por la denegación de la suspensión hubiese sido solicitada por la parte recurrente en tiempo y forma, lo que implica que la prueba denegada tendría que haber sido pedida en el escrito de conclusiones provisionales y también en el momento de la iniciación del juicio en el procedimiento abreviado, en el trámite del art. 786.2 , y en el caso de testigos y peritos su designación se haga nominativamente, conforme al párrafo 2º del art. 656 y el art. 784.2 LCrim.: 2º ), que tal prueba hubiese sido declarada pertinente por el Tribunal y en consecuencia programada procesalmente; 3º) que ante la decisión de no suspensión se hubiese dejado constancia formal de la protesta, en momento procesal oportuno, con el adecuado reflejo en el acta; 4º) que tratándose de testigos y peritos se determine y solicite la consignación, siquiera que sea de modo sucinto, del contenido de las preguntas, a efectos de poder valorar la relevancia y necesariedad de su testimonio.
Pues bien, como ya hemos señalado no es procesalmente correcta la adhesión abstracta a la prueba del Ministerio Fiscal, y esto es lo que sucedió en el presente caso, en el que la defensa del acusado en su escrito de calificación provisional no propuso como prueba la declaración del perito referido sino que se limitó a adherirse a las pruebas propuestas por el resto de las partes, y según ha declarado esta Sala reiteradamente la adhesión por una parte o la prueba solicitada pues la otra, no significa proposición en sentido legal, sino solo conformidad con que se practique aquella. En el caso presente si el Ministerio Fiscal solicitante de la prueba, no pidió o reiteró en el acto del juicio la práctica de aquella, su falta de practica, no puede constituir para la defensa el quebrantamiento de forma que denuncia ( STS. 1582/94 de 14.9 , 392/2000 de 9.3 , 243/2007 de 22.3 ).
El motivo séptimo por quebrantamiento de forma, al amparo del art. 851.3 LECrim . por incongruencia omisiva, dado que la sentencia recurrida no resuelve de forma motivada la inadmision de la prueba pericial planteada por la defensa.
Como hemos dicho en SSTS. 11/2011 de 1.2 , 1029/2010 de 9.12 , 922/2010 de 28.10 , 721/2010 de 5.7 , entre las más recientes, el vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto" aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada ( STS. 170/2000 de 14.2 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado previsto en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( STS. 182/2000 de 8.2 ). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión ( STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho ( STS. 161/2004 de 9.2 , 61/2008 de 17.7 ).
"Puntos", nos dice literalmente este art. 851.3º . "Puntos litigiosos", nos decía el art. 359 LECivil derogado por la nueva Ley 1/2000 , que también habla de "pretensiones". Este último término (pretensiones) es el que usa nuestro Tribunal Constitucional cuando trata esta materia de la incongruencia por omisión a propósito del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE, mientras que en la Sala Segunda del Tribunal Supremo preferimos hablar de "cuestiones jurídicas". Expresiones varias con las que se trata de decir lo mismo: los extremos concretos que deban resolverse en toda sentencia, para excluir las meras cuestiones fácticas y también las simples argumentaciones utilizadas en apoyo de cada pretensión deducida por la parte. Las partes activas y pasivas de cualquier proceso realizan sus peticiones al tribunal correspondiente. Estas peticiones se amparan en determinados planteamientos jurídicos. Podemos decir que cada uno de estos planteamientos son los "puntos" que deben resolverse en la sentencia. "Puntos" que, se diferencian, por un lado, de los hechos en que esa petición se apoya y, por otro lado, de los meros argumentos o razones especulativas con que se trata de justificar desde el punto de vista del Derecho la necesidad de aplicar una norma determinada al caso correspondiente.
La aplicación de la doctrina expuesta al caso examinado implica la desestimación del motivo.
En efecto, con independencia de que la petición de la defensa en el propio acto del juicio oral en el trámite de la práctica de la prueba para que se ratificara el informe por el perito, fue contestada en ese mismo acto por el Tribunal, inadmitiendo tal petición, por lo que no podría hablarse de falta de respuesta, el recurrente ha articulado en su recurso diversos motivos (1º y 6º), sobre la cuestión suscitada pidiendo esta Sala pronunciarse sobre la misma.
Estimándose parcialmente el recurso las costas se declaran de oficio (art. 901 LECrim .).
Que debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por Luis , contra sentencia de 26 de julio de 2010, dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 21 ª, en causa seguida contra el mismo por delito contra la salud pública, y en su virtud CASAMOS Y ANULAMOS referida resolución, dictando nueva sentencia con declaración de oficio costas recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Joaquin Gimenez Garcia D. Andres Martinez Arrieta D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Alberto Jorge Barreiro D. Jose Antonio Martin Pallin
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 8 de Barcelona, con el número 20 de 2010 , y seguida ante la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 21ª, por delito contra la salud pública, contra Luis , de nacionalidad nigeriana y residente ilegal en España, mayor de edad y sin antecedentes penales, en libertad provisional por esta causa; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Se aceptan los de la sentencia recurrida incluidos hechos probados.
Conforme se ha razonado en la sentencia precedente es de aplicación el subtipo atenuado art. 368.2 CP , tras modificación Ley 5/2010 , con la consecuencia de la rebaja en un grado de la pena, siendo adecuada y proporcionada la de 2 años prisión y multa 40 E.
Manteniendo el resto pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 21ª, de fecha 26 de julio de 2.010 , la pena a imponer a Luis será de 2 años prisión y multa 40 E, con 10 días de responsabilidad personal subsidiaria.
STS 1049/2011, 18 de Octubre de 2011 (Trafico de drogas, Escasa entidad)
AAP Madrid 25/2004, 19 de Enero de 2004
STSJ La Rioja , 30 de Diciembre de 2002
ATC 288/1982, 29 de Septiembre de 1982

References: artículo 368
de lege ferenda
 artículo 67
 artículo 368
 artículo 123
 resolución