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Timestamp: 2019-10-16 12:39:15+00:00

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﻿ Sentencia 1995-02484 de marzo 10 de 2011
CONTENIDO:PACTO EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO. SE PRESENTA UNA RENUNCIA TÁCITA AL PACTO ARBITRAL, CUANDO QUIERA QUE SE PRESENTA LA DEMANDA ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA PARTE DEMANDADA GUARDA SILENCIO Y NO PROPONE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN, LO CUAL HABILITA AL JUEZ PARA DECIDIR LA CONTROVERSIA SOMETIDA A SU CONOCIMIENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ARBITRAJE, PACTO ARBITRAL, PACTO EN EL CONTRATO ADMINISTRATIVO
Sentencia 1995-02484 de marzo 10 de 2011
Rad: 27001-23-31-000-1995-02484-01(15935)
Actor: EVS Construcciones Ltda. y Jaime Lozano C.
8. El Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley 80 de 1993(2) y el Código Contencioso Administrativo en sus artículos 82(3) —modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006— y 129(4), modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998, toda vez que el valor de la pretensión mayor ascendió a la suma de $ 51’619.155,12 (fl. 2) y la cuantía que se requería para la época de presentación de la demanda —1º de diciembre de 1995— para que el asunto fuera susceptible del recurso de apelación, era de $ 9’610.000.
9. La Sala debe establecer: i) si el pacto arbitral contenido en un contrato estatal —cláusula compromisoria— conduce a que obligatoriamente se deban llevar las controversias derivadas de tal contrato a un tribunal de arbitramento o si las partes pueden apartarse de lo acordado en él y acudir a la jurisdicción contencioso administrativa; ii) si el acto administrativo por medio del cual se liquidó unilateralmente el contrato celebrado entre las partes es válido o no, teniendo en cuenta la existencia de una previa liquidación bilateral del contrato, es decir de común acuerdo; y finalmente, iii) a qué reconocimientos tiene derecho el demandante, según lo probado en el proceso.
10. El 14 de febrero de 1994, fue suscrito por las partes el contrato de obra pública Nº 001 de 1994, cuyo objeto fue la rehabilitación y complementación del sistema de alcantarillado, que comprendía la construcción de 1239 mts de tubería PVC de 06” y 08” y suministro e instalación de 361 domiciliarias e intradomiciliarias del municipio de Nóvita, por valor de $ 199’920.829 y con un plazo de duración de 112 días, contados a partir de la fecha en que el municipio impartiera al contratista la orden de iniciación de la obra contratada, que se daría una vez perfeccionado el contrato. En la forma de pago, se acordó la entrega de un anticipo equivalente al 40% del valor del contrato, que sería cancelado una vez perfeccionado, contra cuenta de cobro y previa presentación por parte del contratista y aprobación del municipio de las garantías de cumplimiento y buen manejo del anticipo. El pago del saldo, se haría mediante la presentación de cuentas de cobros mensuales, correspondientes a las labores desarrolladas en el respectivo mes, a las cuales se les descontaría un 30% como amortización del anticipo entregado, hasta completar su monto total. Se acordó que la entrega de los suministros sería en el sitio en donde se ejecutaran los trabajos y que serían pagados una vez fueran instalados, según las especificaciones técnicas correspondientes y que las facturas debían ir acompañadas de todos los comprobantes y documentos de soporte necesarios para sustentar las cantidades de obra ejecutada durante el mes anterior. El pago de las cuentas, se efectuaría dentro de los 30 días siguientes a su presentación. El contrato está acompañado del anexo con la lista de cantidades de obra y precios unitarios. En la cláusula décima quinta del contrato, se pactó (contrato original, fls. 13 a 29):
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Conciliación de controversias. Las diferencias o controversias que surjan entre el municipio y el CONTRATISTA, por concepto de la celebración, interpretación, ejecución o terminación del presente contrato, y que no puedan ser resueltas de común acuerdo, serán dirimidas conforme al siguiente procedimiento: 15.1. Si la diferencia fuere de naturaleza técnica, contable o jurídica, podrá solicitar la intervención de árbitros a fin de que éstos diriman los conflictos contractuales presentados. 15.2.1. El respectivo laudo será proferido en derecho y el lugar de funcionamiento del tribunal será la ciudad de Quibdó. El laudo arbitral será obligatorio para las partes. 15.2.2. El tribunal estará compuesto por tres árbitros, los cuales serán designados de común acuerdo por las partes. 15.2.3. Si las partes no se pusieren de acuerdo en la designación de uno o más árbitros, éstos serán designados por la Cámara de Comercio de Quibdó y deberán ser abogados titulados. 15.3. En caso de duda sobre la naturaleza de la discrepancia entre las partes, se entenderá que ésta es de naturaleza jurídica y por consiguiente será dirimida por arbitramento. PAR.—Queda claro que las cláusulas de terminación unilateral y caducidad, así como sus efectos no son susceptibles de decisión arbitral.
12. El 20 de septiembre de 1994, las partes suscribieron el otrosí Nº 2, por medio del cual se prorrogó el plazo del contrato en 45 días, a partir del 14 de octubre de 1994 (fl. 30).
13. El plazo del contrato fue nuevamente modificado mediante otrosí Nº 3 del 28 de noviembre de 1994, el cual lo prorrogó por 17 días a partir del 28 de noviembre de 1994, quedando la fecha final de entrega para el día 15 de diciembre de 1994 (fl. 31).
14. El 22 de febrero de 1995, el Alcalde del municipio de Nóvita y el representante del consorcio EVS Construcciones Ltda. Jaime Lozano Espinosa, suscribieron un acta de liquidación bilateral del contrato 01 de 1994, en la cual se consignaron los siguientes datos (documento original, fls. 39 a 41):
Fecha prórroga Nº 1
septiembre 20 de 1994
Plazo prórroga Nº 1
Fecha prórroga Nº 2
noviembre 28 de 1994
Plazo prórroga Nº 2
$ 199’920.829
Valor final ejecutado
$ 153’234.127,58
Valor de los reajustes
$ 24’029.066,59
Las resumidas en el acta parcial de obra Nº 1 y final.
16. Se consignó en el acta que el 20 de junio de 1994 le fue entregado el anticipo al contratista, por valor de $ 79’968.331,60, equivalente al 40% del valor del contrato y que durante su vigencia, fueron presentadas actas Nº 1 y 2 y se tramitó por el municipio sólo la primera, así:
Amort. Antic.
f Valor neto
Acta 1 del 11-11-94
$ 30’923.772,58
$ 9’277.13,77
$ 21’646.640,81
Acta de recibo de obra final
$ 51’619.155,17
Reajuste acta Nº 1
$ 3’458.831,34
Reajuste acta final
$ 20’570.235,25
17. El Alcalde del municipio de Nóvita expidió la Resolución 11 del 31 de marzo de 1995, por medio de la cual resolvió ordenar la liquidación unilateral y definitiva del contrato 01/94, suscrito con el consorcio EVS Construcciones Ltda.- Jaime Lozano Espinoza y reconocer como saldo final a favor del contratista, la suma de $ 40’419.082,13. En este acto administrativo se consignó que el día 20 de junio de 1994 fue entregado al contratista el anticipo pactado y se suscribió el acta de iniciación de las obras; que el contratista estaba retrasado en su ejecución, según oficios del 5 y 26 de mayo enviados por el interventor; que debido a su desinterés, éste sugirió la imposición de multas al contratista; que la alcaldía, el 20 de septiembre de 1994, sin consultar con el interventor le otorgó al contratista una prórroga de 45 días; que el 11 de noviembre de 1994, se efectuó la primera entrega parcial de obras por un valor total de $ 30’923.772,58, del cual se amortizó el 30% del anticipo, es decir la suma de $ 9’277.131,77, quedando un valor neto a pagar de $ 21’646.640,81; que finalizado el plazo del contrato, la obra se entregó incompleta, manifestando el municipio que “(…) por lo tanto la obra faltante la contratará el municipio de Nóvita con los recursos del mismo contrato”. Y que la liquidación final del contrato fue efectuada por la interventoría sin que el contratista la hubiera suscrito, a pesar de las múltiples comunicaciones efectuadas, razón por la cual se procedió a la liquidación unilateral, la cual arrojó los siguientes valores (documento público original, fl. 83):
Según contrato original
$ 199’920.829,60
Acta Nº 02 (final)
$ 93’450.541,23
$ 124’374.313,81
Valor del anticipo recibido
$ 79’968.331,60
Valor amortizado en acta Nº 01
$ 9’277.131,77
Valor amortizado en acta Nº 02
$ 70’691.199,83
Sumas iguales $ 79’968.331,81
Valor reajuste acta Nº 01
$ 3’458.501,59
Valor reajuste acta Nº 02
$14’201.239,14
$ 17’659.740,73
Valor obra ejecutada
$ 124’374.313,80
Mas reajustes
$ 142’034.054,53
Menos obra pagada
$101’614.972,41
$ 40’419.082,13
18. La decisión administrativa de liquidación unilateral fue objeto de recurso de reposición y confirmada por la Resolución 15 del 17 de mayo de 1995. En la motivación de este acto administrativo, la entidad sostuvo que el contratista había demorado la iniciación de los trabajos, lo que se podía comprobar a través de oficios cruzados con la interventoría, en los que aquel avisa, el 18 de abril de 1994, que por paro cívico no había comunicación terrestre pero que en esa semana iniciaría los trabajos; y la interventoría le recuerda al contratista el 27 de abril y el 5 de mayo del mismo año, que deben iniciar las obras. No obstante, a renglón seguido se consigna que con la entrega del anticipo pactado, se suscribió el acta de inicio de la obra el 20 de junio de 1994. Se relacionan supuestos atrasos del contratista en la ejecución de las obras y se observa que citado para evaluar conjuntamente el avance del contrato, no asistió. Sin embargo, se consignó también en el acto, que “Teniendo en cuenta que al finalizar el plazo del contrato aún faltaban algunos trabajos por ejecutar y que el contratista venía en los últimos dos meses con altos rendimientos y que de acuerdo al oficio fechado el 25 de noviembre de 1994 en el cual el contratista deja claro el compromiso de ‘terminar los trabajos en su totalidad y se hacen los ajustes pertinentes’ y en concordancia con la cláusula trigésima segunda del contrato, el interventor fija un último plazo para su recibo final (…)”.
20. El contratista entregó el 11 de noviembre de 1994, obras por valor de $30’923.772,58 y descontado el 30% de amortización del anticipo, le fueron cancelados $ 21’646.772,58 (acta parcial de obra Nº 01, Resolución 893 de 1994 por medio de la cual se ordena y reconoce un pago y cuenta de cobro - orden de pago suscrita por el contratista como constancia de recibido, aportadas por el alcalde municipal en diligencia de interrogatorio de parte iniciada por el a quo, fls. 91, 92 y 93).
21. Como el contrato de obra pública objeto de la presente controversia fue celebrado entre una entidad territorial —municipio— y un particular el 14 de febrero de 1994, el mismo está sometido a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, contentiva del régimen de la contratación de las entidades estatales, que ya había entrado en vigencia(5).
25. En el presente caso, se observa que las partes acordaron en la cláusula compromisoria, que las controversias surgidas de la celebración, interpretación, ejecución o terminación del contrato serían sometidas a la decisión de un tribunal de arbitramento, pero no incluyeron lo concerniente a la liquidación del contrato, por lo cual el litigio que se suscitara con ocasión de la misma, seguía siendo de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa y su discusión y decisión, estarían por fuera de los límites materiales de la decisión la arbitral, so pena de rebasar el principio de congruencia de las sentencias, al resolver sobre asuntos respecto de los cuales no le correspondía decidir, teniendo en cuenta el marco que a su accionar le imponen tanto la ley —según el artículo 1º del Decreto 2279 de 1989, modificado por el art. 111 de la Ley 446 de 1998 y compilado en el artículo 115 del Decreto 1818 de 1998, el arbitraje debe recaer sobre conflictos de carácter transigible— como las partes, quienes disponen en la respectiva cláusula compromisoria o compromiso, de manera concreta y específica, los asuntos que serán materia de resolución por parte del tribunal de arbitramento.
27. Por otra parte, aún en el evento en el que se considerara que la liquidación hacía parte de la materia que debía ser sometida a decisión arbitral, por ser la consecuencia obligada de la terminación del contrato, se observa que en relación con el pacto arbitral —cláusula compromisoria o compromiso—, la jurisprudencia de la Sección ha considerado que, puesto que se trata de un acuerdo de voluntades concluido entre las partes del contrato, ellas también pueden acordar dejarlo sin efectos, es decir, renunciar a su aplicación y someter la decisión de la controversia a su juez natural, en este caso, al contencioso administrativo, quien no puede alegar la existencia de dicha cláusula compromisoria para sustentar su incompetencia o falta de jurisdicción, pues “(…) si las partes acuden -pese al pacto- a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se entiende que renuncian a la cláusula arbitral o al compromiso, y por ende la jurisdicción de lo contencioso administrativo puede asumir competencia”(7).
28. En el presente caso el contratista, consorcio EVS Construcciones Ltda. Jaime Lozano Espinosa, a pesar de la existencia de la cláusula compromisoria en el contrato que suscribió con el municipio de Nóvita, presentó demanda ante el Tribunal Administrativo del Chocó, para que éste dirimiera la controversia suscitada con ocasión de la expedición de la liquidación unilateral del contrato celebrado con dicha entidad y del incumplimiento contractual de la misma, lo cual significa que renunció a la justicia arbitral a la que se había deferido la decisión de tales litigios.
(...) aunque cierto es que en una época se concluyó que para derogar el pacto compromisorio las partes debían suscribir otro documento “de la misma naturaleza en que se consignó dicho pacto”, sin que por ello el silencio pudiese surtir igual efecto (sent. abr. 17/69), posteriormente esta misma corporación, en fallo proferido el 22 de abril de 1992, consideró que la conducta procesal de los contratantes también puede ser, en un momento dado, signo evidente, si no de una derogatoria general que extienda sus efectos a todos los procesos futuros que puedan llegar a presentarse, sí por lo menos de una ineficacia sobreviniente y aceptada de común acuerdo, circunscrita en sus efectos al respectivo proceso en curso.
Salta a la vista, en consecuencia, el desacierto de la censura cuando pretende que se declare la nulidad del proceso o, en su defecto, se tenga por probada de oficio la excepción previa de cláusula compromisoria, toda vez que, respecto a la primera hipótesis, no puede ser nulo un proceso en el que las partes, tácitamente, consintieron la actuación ante la jurisdicción ordinaria (…)(9).
32. En virtud de lo expuesto, considera la Sala que, en el sub lite, sí era procedente el análisis por parte del tribunal a quo, de las pretensiones planteadas en su demanda por el consorcio EVS Construcciones Ltda. Jaime Lozano Espinosa, en la medida en que la entidad demandada, al no contestar la demanda, renunció tácitamente a la cláusula compromisoria pactada en el respectivo contrato, razón por la cual la sentencia de primera instancia será revocada y en su lugar, se decidirá de fondo la controversia.
33. La liquidación del contrato, como es bien sabido, constituye la etapa final del negocio jurídico, en la cual las partes se ponen de acuerdo sobre el resultado último de la ejecución de las prestaciones a su cargo y efectúan un corte de cuentas, para definir, en últimas, quién debe a quién y cuánto, es decir para establecer el estado económico final del contrato, finiquitando de esa forma la relación negocial, como de tiempo atrás lo tiene establecido la jurisprudencia de la corporación, al considerar que la misma “(…) tiene como objetivo principal que las partes definan sus cuentas, que decidan en qué estado quedan después de cumplida la ejecución de aquél; que allí se decidan todas las reclamaciones a que ha dado lugar la ejecución del contrato, y por esa razón es ese el momento en que se pueden formular las reclamaciones que se consideren pertinentes. La liquidación finiquita la relación entre las partes del negocio jurídico, por ende, no puede con posterioridad demandarse reclamaciones que no hicieron en ese momento”(11).
ART. 60.—De su ocurrencia y contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
38. Y es evidente que, en el presente caso, no se dio ninguna de las anteriores condiciones, toda vez que se acreditó la existencia de un acta original de liquidación bilateral del contrato de obra pública Nº 001 de 1994, que no ha sido tachada de falsedad ni cuestionada su validez de manera alguna y que aparece suscrita tanto por el alcalde municipal de Nóvita(13) como por el representante del consorcio EVS Construcciones Ltda. Jaime Lozano Espinosa, acta en la cual las partes, de común acuerdo, procedieron a verificar el estado final de ejecución de las prestaciones a su cargo, el grado de avance de las obras entregadas por el contratista, su recibo a satisfacción por parte del municipio contratante y el interventor y los montos reconocidos como contraprestación por la entidad, concluyendo en la existencia de un saldo a favor del contratista por valor de $ 75’648.221,76, por concepto de i) acta de recibo de obra final en cuantía de $ 51’619.155,17, ii) reajuste del acta Nº 1 en cuantía de $ 3’458.831,34 y iii) reajuste del acta final, por cuantía de $ 20’570.235,25.
39. El acta bilateral de liquidación, es un acto jurídico —convención— en el que confluye la voluntad de las partes contratantes, la cual se presume que fue manifestada libre de vicios, y en consecuencia obliga a quien hizo la correspondiente manifestación, dirigida a finiquitar la relación negocial entre las partes y a dejarlas mutuamente a paz y salvo, es decir que ellas han dado su consentimiento para el logro de esta finalidad. Al respecto, el artículo 1502 del Código Civil, establece que “Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario: (…) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio”.
La Buena fe —o bona fides— es un principio general del derecho que irradia todas las relaciones jurídicas, y significa fundamentalmente rectitud y honradez en el trato entre las personas en una determinada situación social y jurídica. Dicho de otro modo, es la ética media de comportamiento entre los particulares y entre éstos y el Estado con incidencia en el mundo del derecho, descansa en la confianza respecto de la conducta justa, recta, honesta y leal del otro, y se constituye en un comportamiento que resulta exigible a todos como un deber moral y jurídico propio de las relaciones humanas y negociales(17).
Por lo demás, la buena fe, en su carácter de principio, incorpora el valor ético de la confianza y lo protege, fundamenta el ordenamiento jurídico, sirve de cauce para la integración del mismo e informa la labor interpretativa del derecho(18).
Así mismo, la jurisprudencia ha indicado que no se puede desconocer los actos y conductas expresadas válidamente por la administración o los proponentes, por incurrir en la prohibición de venire contra factum proprium non valet, en cuya virtud no le es lícito a las personas venir contra sus propios actos, desconocimiento que no se compadece con el principio de buena fe(21).
La violación de la buena fe entraña la no obtención de los derechos en los que ella es requisito, o la invalidez del acto y, por supuesto, la obligación de reparar los daños ocasionados con una conducta así calificada, con la consiguiente indemnización de perjuicios(22).
42. Por ello la única alternativa, cuando el contratista no está de acuerdo con todos los términos de la liquidación propuesta por la administración —aparte obviamente de abstenerse de suscribirla—, es hacerlo con objeciones o salvedades, es decir, consignando expresamente en ella la constancia de los puntos concretos respecto de los cuales no se comparte dicha liquidación, dejando a salvo de esta forma, el derecho de reclamar posteriormente por aquellos reconocimientos a los que se cree tener derecho y que no fueron incluidos en el acta.
43. Lo anterior se predica del contratista, pero no sólo él queda obligado por los términos de la liquidación bilateral suscrita por las partes; la administración también queda sujeta a su contenido. Al respecto, es necesario advertir que en materia de contratación, las entidades estatales también se hallan limitadas en su actuación por las normas de competencia, de tal manera que sólo pueden hacer aquello para lo cual están expresamente autorizadas por la Constitución y la ley y deben hacerlo en los términos de tal autorización, por cuanto de lo contrario, el funcionario en cuestión deberá responder por extralimitación de funciones (C.P., arts. 6º, 121 y 122(24)).
44. Se trata de una manifestación del principio de legalidad de las actuaciones estatales —a su vez, pilar del estado de derecho— y específicamente, de las actuaciones administrativas, de conformidad con el cual, las decisiones que se tomen en este ámbito, deben estar amparadas por una expresa autorización legal, puesto que si bien ellas actúan para el cumplimiento de aquella finalidad que, dentro de la estructura del Estado les ha sido señalada y que en consecuencia justifica su existencia, lo cierto es que deben hacerlo apegadas al ordenamiento jurídico, que protege los derechos e intereses de todas las personas y limita, en consecuencia, el poder estatal, para evitar las actuaciones arbitrarias que puedan atentar contra ellos.
49. La anterior circunstancia —que obraran pruebas de las afirmaciones sobre el incumplimiento del contratista— no habría significado diferencia alguna en cuanto a lo aquí decidido, pero se resalta el hecho, para destacar que la competencia que se le otorgó a la administración pública para liquidar unilateralmente sus contratos, no es un remedio para solucionar posibles incumplimientos de los contratistas o para sancionarlos por lo que hicieron mal o dejaron de hacer, o para corregir deficiencias de la administración en su función de vigilancia y control de la ejecución de sus contratos, sino que se trata de un mecanismo creado por el legislador para garantizar que los negocios jurídicos que así lo requieran, puedan ser debidamente culminados a través del mecanismo de la liquidación, aún en aquellos eventos en los que no se cuente con la colaboración y aceptación del contratista respecto del corte de cuentas efectuado por la entidad contratante y de esta forma, evitar que el negocio jurídico quede en un estado de indeterminación indefinida, en relación con su resultado final de ejecución y pago.
54. Y en este punto observa la Sala que, si bien el acta de liquidación bilateral presta mérito ejecutivo, por lo cual el cumplimiento de la obligación contenida en ella se puede obtener mediante la tramitación del correspondiente proceso ejecutivo, el hecho de que el demandante haya acudido a la acción contractual no obsta para que el juez contencioso administrativo se pronuncie sobre la existencia de tal obligación y profiera la respectiva condena, puesto que, tal y como sucedió en el sub lite, se produjo una acumulación de pretensiones derivadas del mismo contrato, entre ellas, la declaratoria de incumplimiento contractual de la entidad demandada, respecto de su obligación de pago del saldo debido al contratista. Al respecto, ha dicho la Sala:
El legislador contempló la viabilidad de tal ejercicio cuando señaló en el Estatuto Civil que “( ) la acción ejecutiva se prescribe por diez años, y la ordinaria por veinte. La acción ejecutiva se convierte en ordinaria por el lapso de diez años, y convertida en ordinaria durará solamente otros diez” (art. 2536)(26).
V. Los perjuicios
58. Significa lo anterior, que el resultado económico de la relación negocial que unió a las partes en virtud del contrato de obra pública Nº 001 de 1994, es el contenido en tal acta de liquidación y el saldo que arrojó a su favor, es el único reconocimiento al que tiene derecho el demandante.
61. Al respecto, se observa que en la diligencia de conciliación que se adelantó en el presente proceso (fl. 120), la parte demandada sostuvo que la deuda pendiente de pago a favor del contratista era, en principio, el monto de $ 40’419.082,13 que había resultado de la liquidación unilateral adelantada y respecto del cual el contratista había presentado cuenta de cobro el 18 de agosto de 1995, pero que “(…) con fecha 17 de ese mismo mes y año (el de recibo de la cuenta de cobro) se le comunica a la administración municipal de novita (sic) por parte de la Secretaria del Juzgado Civil del Circuito de Istmina que debe retener la suma de $ 8.550.000 m/cte., de los dineros que dicha entidad adeuda a los hoy demandantes; en ese mismo sentido el día 4 de octubre se recibe otra comunicación pero esta vez proveniente del Juez Promiscuo Municipal de Istmina, ordenando la retención de $ 2’300.000; como si esto fuera poco con fecha 29 de septiembre de la misma anualidad la señora Juez Civil del Circuito de Istmina ordena esta vez retener la suma de $ 9.427.500; ya para los días 25 de junio y 2 de octubre de 1996 remata nuevamente el Juzgado Civil del Circuito de Istmina con retenciones de $ 1.903.386 y $ 13.335.976 respectivamente , para un total de $ 35.516.862 m/cte., sumas estas giradas conforme a los mandatos judiciales ya citados (…)”.
62. La entidad demandada no aportó pruebas de las afirmaciones efectuadas en la fracasada diligencia de conciliación, puesto que tan sólo entregó copias simples de los oficios supuestamente enviados a la alcaldía por los juzgados de Istmina (fls. 126 a 131) y copia simple de documento supuestamente suscrito por el tesorero municipal de Nóvita, en el que aparece una “relación de descuentos hechos en la cuenta de ahorro Nº 4436028105-1 en el BCH de Quibdó, hechos a la firma contratista EVS y James Lozano Espinosa, contratista con Findeter y ordenados por los juzgados civil del circuito y promiscuo municipal de Istmina, respectivamente (…)”.
63. Se trata, como ya se dijo, de copias simples de documentos públicos, las cuales, a la luz de lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, carecen de valor probatorio, puesto que no reúnen ninguna de las condiciones allí establecidas para que las copias tengan el mismo valor del original: 1. Que hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez, donde se encuentre el original o una copia autenticada, o 2. Que hayan sido autenticadas por notario previo cotejo con el original o la copia autenticada que se le hubiera presentado, o 3. Que hayan sido compulsadas del original o de copia autenticada en el curso de inspección judicial.
64. De acuerdo con lo anterior, estima la Sala que no existe certeza dentro del proceso de que realmente se hubieran ordenado en contra del consorcio contratista los embargos y retenciones de dineros a las que aludió la entidad demandada, como tampoco hay certeza de que efectivamente, se hayan puesto a órdenes de los juzgados civiles de Istmina cantidades de dinero provenientes del saldo del valor del contrato Nº 001 de 1994, pendiente de pago a favor del contratista.
Capital histórico por período
22 de febrero a 31 de diciembre de 1995
75’648.221,76
91’314.968,48
10’044.646,53
1º de enero a 31 de diciembre de 1996
109’093.992,84
13’091.279,14
1º de enero a 31 de diciembre de 1997
132’701.932,84
15’924.231,94
1º de enero a 31 de diciembre de 1998
156’163.634,56
18’739.636,14
1º de enero a 31 de diciembre de 1999
182’242.961,53
21’869.155,38
1º de enero a 31 de diciembre de 2000
199’063.986,87
23’887.678,42
1º de enero a 31 de diciembre de 2001
216’482.085,72
25’977.850,28
1º de enero a 31 de diciembre de 2002
233’042.965,27
27’965.155,83
1º de enero a 31 de diciembre de 2003
249’332.668,54
29’919.920,22
1º de enero a 31 de diciembre de 2004
’ 265’514.358,72
31’861.723,00
1º de enero a 31 de diciembre de 2005
265’514.358,72
280’117.648,44
33’614.117,81
1º de enero a 31 de diciembre de 2006
293’703.354,38
35’244.402,52
1º de enero a 31 de diciembre de 2007
306’861.264,65
36’823.351,75
1º de enero a 31 de diciembre de 2008
324’321.670,60
38’918.600,47
1º de enero a 31 de diciembre de 2009
349’197.142,73
41’903.657,12
1º de enero a 31 de diciembre de 2010
356’181.085,58
42’741.730,26
1º de enero a 31 de enero de 2011
358’033.227,22
7’160.664,54
Total intereses de mora:
$ 455’687.801,35
................ índice inicial
índice inicial = Índice de precios al consumidor IPC, vigente para la fecha en que se suscribió el acta de liquidación bilateral del contrato: 22 de febrero de 1995.
índice final = Índice de precios al consumidor IPC, vigente a la fecha de la presente sentencia.
PRIMERO: Declárese la nulidad de las resoluciones 11 del 31 de marzo y 15 del 17 de mayo de 1995, expedidas por el alcalde municipal de Nóvita, por las razones expuestas en las consideraciones.
SEGUNDO: Condénese al municipio de Nóvita a pagar a favor del consorcio conformado por la sociedad EVS Construcciones Ltda. y el señor Jaime Lozano Espinosa, la suma de setecientos cuarenta y siete millones cincuenta y ocho mil trescientos pesos con setenta y cinco centavos ($ 747’058.300,75).
(3) Esta norma establece que la jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas.
(4) Este artículo le atribuye al Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, la competencia para conocer en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias proferidas por los tribunales en primera instancia.
(5) Al tenor de lo dispuesto por el artículo 81 de la Ley 80 de 1993, sus disposiciones, salvo las excepciones allí dispuestas, entrarían a regir a partir del 1º de enero de 1994.
(6) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de marzo de 2007, expediente 32399. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de abril de 2009, expediente 29.699, reiterada en sentencia del 23 de junio de 2010, expediente 18395, C.P. Enrique Gil Botero, providencia en la cual se sostuvo que “A esta actitud silenciosa, pasiva o tácita que asumen las partes en el proceso, es decir, al hecho de que una de ellas presente la demanda y la otra asista al proceso sin excepcionar la falta de jurisdicción, la jurisprudencia le ha asignado el efecto de derogar la cláusula arbitral. En otras palabras, se trata de la asignación de un efecto al silencio de las partes, atribuyéndose a su conducta y a su comportamiento el efecto de derogar la cláusula arbitral, para retornar al juez natural”.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de noviembre de 1997, expediente 10964, C.P. Daniel Suárez Hernández, en la cual la parte demandada propuso excepción de cláusula compromisoria y de falta de jurisdicción. Dijo la Sala que “(…) No sobra reiterar, que en el presente asunto, no se trata de la falta de alegación de la correspondiente excepción, sino muy por el contrario de reconocer la eficacia de la cláusula compromisoria, que ambos demandados desde el inicio del proceso aunque por distintos cauces procesales —el uno por la vía incidental y el otro como excepción en la contestación de la demanda— alegaron, en conducta procesal inequívoca de perseverar en los efectos del pacto arbitral contenido en el contrato que ha originado el presente proceso”; y dado que se trata del vicio procesal insaneable de falta de jurisdicción que comporta la nulidad de todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, a la luz de lo preceptuado por el artículo 140, numeral 1º del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el inciso final del artículo 144 del mismo, así lo declaró en la parte resolutiva de la providencia.
(9) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 17 de junio de 1997, expediente 4781, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
(10) Auto del 19 de marzo de 1998, expediente 14097, C.P. Ricardo Hoyos Duque, sentencia del 4 de septiembre de 2003, expediente 10883, C.P. Alier E. Hernández Enríquez; sentencia del 26 de febrero de 2004, expediente 25094, C.P. Germán Rodríguez Villamizar;
(11) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 10.608. Esta posición es reiterada en numerosas decisiones de esta Sección, como por ejemplo en la sentencia de 20 de noviembre de 2003, expediente 15.308 y sentencia del 6 de julio de 2005, expediente 14113, M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(12) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente 15239, actor: Data Base System Ltda.
(13) Se trata de la misma persona que, en calidad de alcalde municipal, suscribió posteriormente el acto de liquidación unilateral, fue notificada de la demanda y otorgó poder a abogado para representar judicialmente a la entidad (fls. 66, 70 y 86).
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de 1996, expediente 10100, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.
(15) “ART. 83.—Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
(16) El artículo 23, dispone que las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal estarán regidas por los principios generales de la contratación, dentro de los cuales está el de la buena fe y el artículo 28, estableció que el principio de la buena fe se tendrá en cuenta en la interpretación de las normas de los contratos estatales, de los procedimientos de selección y escogencia de los contratistas y de las cláusulas y estipulaciones de ellos.
(17) Ver a este respecto. González, Pérez Jesús, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas, págs. 44 y ss.
(18) Cfr. González, Pérez Jesús, Ob. cit. págs. 45 y 46.
(19) Vid. Díez Picazo, Luis, “La Doctrina de los Propios Actos”, Casa Editorial Bosch, 1963, págs. 137 y ss.
(20) Estado de entrega mutua de las partes de una relación jurídica a la conducta leal de la otra, bajo el entendido de que ella será recta y honesta.
(21) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 16 de abril de 2006, expediente 16.041.
(22) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2007, expediente 24715 y acumulados, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de mayo de 1984, expediente 2796, C.P. José Alejandro Bonivento Fernández; sentencia 2 de diciembre de 1993, expediente 8310, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia 16 de febrero de 1996, expediente 7966, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia del 10 de abril de 1997, expediente 10608, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia del 6 de agosto de 1998, expediente 10496, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 15596, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(24) El artículo 6º establece que los servidores públicos son responsables no sólo por infringir la Constitución y las leyes, sino también por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones; el artículo 121, establece que “Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley” y el artículo 122, que No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento (…)”.
(25) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 14 de abril de 2005, expediente 13599, C.P. Alier E. Hernández Enríquez
(26) Sentencia del 14 de febrero de 2002, expediente 13238, C.P. María Elena Giraldo Gómez.

References: artículo 75
 artículo 1
 artículo 37
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 115
 resolución 
 artículo 1502
 artículo 254
 artículo 81
 artículo 140
 artículo 144
 artículo 23
 artículo 28
 artículo 6
 artículo 121
 artículo 122