Source: https://derechomercantilespana.blogspot.com/2017/09/la-renuncia-del-administrador-tiene-que.html
Timestamp: 2018-10-20 10:47:29+00:00

Document:
DERECHO MERCANTIL: La renuncia del administrador tiene que comunicarse a la sociedad por el notario personalmente
Y es que, constatada la voluntad del administrador de dimitir, no se sigue ningún perjuicio para el tráfico de la inscripción de dicha dimisión en el Registro. Al contrario, si la dimisión es una declaración de voluntad unilateral que no requiere para su eficacia de la aceptación de la sociedad, ésta no puede impedirla y, por tanto, tampoco podrá retrasar legítimamente la declaración “negándose” a recibir la declaración de voluntad. A una negativa debe equipararse la negativa a recibir una comunicación del administrador – como parece que ocurrió en el caso – o la desaparición de la sociedad del domicilio social. Recuérdese que, en el caso, se trataba de una de los dos administradores solidarios. Si se deja “descabezada” la sociedad, existen reglas que obligan al administrador a convocar junta para que la sociedad pueda designar a quien haya de sustituirle.
Tenemos la impresión de que la DGRN trata de forzar a estos administradores a proceder a la disolución y liquidación de la sociedad en lugar de dimitir, pero, ya se sabe, covert tools are not reliable tools.
La argumentación de la DGRN en su Resolución de 3 de agosto de 2017 es la siguiente
aunque no se excluye la facultad de libre renuncia al cargo de administrador de la sociedad de responsabilidad limitada, se supedita el reconocimiento registral de la dimisión a su previa comunicación fehaciente a la sociedad (artículos 147 y 192 del Reglamento del Registro Mercantil). Y, a tal efecto, se debe considerar suficiente el acta notarial acreditativa del envío por correo certificado con aviso de recibo del documento de renuncia, siempre que la remisión se haya efectuado al domicilio social de la propia entidad, según el Registro, y resulte del acuse de recibo que el envío ha sido debidamente entregado en dicho domicilio (cfr. Resolución de 21 de noviembre de 1992).
En casos en los cuales el documento de renuncia no ha podido ser entregado por la indicada vía postal, este Centro Directivo ha puesto de relieve (vid. Resoluciones de 30 de enero de 2012 y 16 de diciembre de 2013) que el acta autorizada conforme al artículo 201 del Reglamento Notarial acredita únicamente el simple hecho del envío de la carta por correo, la expedición del correspondiente resguardo de imposición como certificado, entrega o remisión, así como la recepción por el notario del aviso de recibo y la devolución del envío por no haber podido realizarse la entrega, pero no cambia los efectos de la notificación, que serán los establecidos con carácter general para las cartas certificadas con acuse de recibo por el Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales, que en su artículo 32, párrafo final señala que «el envío se considerará entregado cuando se efectúe en la forma determinada en el presente Reglamento», sin que de este Reglamento resulte que la devolución de un correo certificado con acuse de recibo produzca los efectos de una notificación.
Según las citadas resoluciones (relativas a casos en que se había hecho constar en acta un simple envío postal ex artículo 201 del Reglamento Notarial), es cierto que hay sentencias (cfr. las citadas en los «Vistos») que entienden que cuando las comunicaciones por correo certificado con acuse de recibido son devueltas con la mención avisado «ausente», «caducado», o «devuelto», se considera que hay falta de diligencia imputable al destinatario, que salvo prueba razonada y razonable de la imposibilidad de la recepción, no impide la eficacia del acto que se notifica o para el que se lo requiere. Pero –añaden– son sentencias referidas al procedimiento administrativo ordinario o común de notificaciones –no al previsto en el Reglamento Notarial– y a los efectos de no entender caducado el procedimiento.
… en el ámbito del Reglamento Notarial existe otra forma más ajustada: el principio constitucional de tutela efectiva y la doctrina jurisprudencial que asegura, en el mayor grado posible, la recepción de la notificación por el destinatario de la misma, a cuyo fin deben de extremarse las gestiones en averiguación del paradero de sus destinatarios por los medios normales (véase, por todas, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 158/2007, de 2 de julio); y que esa vía es el procedimiento previsto en el artículo 202 del Reglamento Notarial, de manera que habiendo resultado infructuoso el envío postal, el notario debe procurar realizar la notificación presencialmente, en los términos previstos en dicho artículo.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 201
 Real Decreto 
 artículo 32
 artículo 201
 artículo 202