Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2014/re201400046.html
Timestamp: 2019-03-23 12:36:40+00:00

Document:
rs201401046
RESOLUCION: 046/2014
EXPEDIENTE Nº: 566/2013
PARTES: Gerencia de Grandes Contribuyente La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales contra la Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
VISTOS EN SALA PLENA: El recurso de reposición interpuesto por Marco Antonio Juan Aguirre Heredia en su condición de representante legal de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (fs. 56 a 57), en el proceso contencioso administrativo que sigue contra la Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria y el informe del Magistrado tramitador Antonio Guido Campero Segovia.
CONSIDERANDO: Que mediante memorial cursante de fojas 56 a 57, Marco Antonio Juan Aguirre Heredia en representación legal de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, al amparo del artículo 215 del Código de Procedimiento Civil, formuló el Recurso de Reposición contra la providencia de fecha 4 de septiembre de 2013,emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, argumentando que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales es una institución dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, razón por la cual se encontraría exenta del pago de valores judiciales.
En virtud a esos fundamentos solicitó se reponga y modifique la providencia de 4 de septiembre de 2013, sin que se conmine el pago de valores judiciales.
CONSIDERANDO: Que de la revisión, compulsa y análisis de los fundamentos expresados en el recurso de reposición, los antecedentes del proceso y las normas aplicables al mismo, se colige que la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, formuló demanda contencioso administrativa contra la Directora Ejecutiva General de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, misma que fue observada por el decreto de fecha 19 de agosto de 2013 (fs. 39), que dispuso “Con carácter previo cumpla con el pago de valores judiciales y señale el domicilio real del tercero interesado”.
Una vez notificada la entidad demandante con el citado decreto, mediante memorial cursante a fojas 44, Marco Antonio Juan Aguirre Heredia en su condición de representante legal de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, subsanó en parte las observaciones planteadas, toda vez que señaló el domicilio del tercero interesado, pero, no pagó los valores judiciales, lo cual mereció la providencia de fecha 4 de septiembre de 2013 (fs. 45), que señaló: “Estando parcialmente subsanada la observación de fojas 39 se conmina a la entidad demandante a cumplir con el pago de valores judiciales en el plazo de 3 días computables de su notificación”.
En este marco normativo se tiene que el parágrafo I del artículo 115 en concordancia con el parágrafo I del artículo 178, ambos de la Constitución Política del Estado, establecieron que la potestad de impartir justicia por los jueces y tribunales se sustenta en diferentes principios, entre ellos el de gratuidad que consiste en facilitar a todas las personas el acceso efectivo a la justicia en situaciones de igualdad, procurando con ello la satisfacción de sus pretensiones, de tal forma que las condiciones de orden económico no se constituyan en una limitante que coarte el normal ejercicio de sus derechos.
Precisamente, es en atención a los citados artículos 115 y 178 de la Constitución Política del Estado, que el numeral 8 del artículo 3 de la Ley Nº 025 de 24 de junio de 2010, prescribió que el acceso a la administración de justicia es gratuito y sin costo alguno para el pueblo boliviano. Asimismo, el artículo 10 del mismo cuerpo legal apuntó que queda suprimido y eliminando todo pago por concepto de timbres, formularios y valores para la interposición de cualesquier recurso judicial y cualquier otro pago que grave a los litigantes, sin embargo, debe observarse también que la citada Ley Nº 025 en su Disposición Transitoria Décimo Segunda dispuso que: “La supresión de valores y aranceles judiciales a favor de los litigantes según lo establece el Artículo 10, será de aplicación progresiva conforme lo determine el Tribunal Supremo de Justicia” es decir, que la misma normativa legal vaticinó que la materialización efectiva de la gratuidad en la justicia boliviana no sería de aplicación inmediata y por el contrario su implementación respondería a un proceso paulatino y progresivo.
Por su parte, la Ley Nº 212 de 23 de diciembre de 2011, en su artículo 7 estableció que “I. A partir del 3 de enero de 2012, se suprime y elimina todo pago por concepto de timbres, en todo tipo y clase de proceso; II. A partir del 3 de enero de 2013, se suprime y elimina todo pago por concepto de formularios de notificación y papeletas de apelación en todo tipo y clase de proceso; y III. La supresión de cualquier otro formulario o valorado que grave a los litigantes y usuarios, se regirá acorde a la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley del Órgano Judicial” es decir, que si bien es cierto que se eliminaron los timbres judiciales, formularios de notificación y papeletas de apelación, conforme al parágrafo III del citado artículo los demás valorados se suprimirían y eliminarían conforme lo determine éste Tribunal Supremo de Justicia.
En relación a la circular CM-DNRH-024/13 de fecha 9 de mayo de 2013, emitida por el Consejo de la Magistratura a través de la cual se comunica que “(…) a partir del 3 de enero de 2012, cualquier actuado emergente de todo proceso judicial, como ser legalización de fotocopias, exhortos, ordenes instruidas testimonios de apelaciones desgloses, etc. Se encuentran libres de todo cobro de timbres” corresponde observar que la misma hace referencia a los timbres y no así a los valores que recauda éste Tribunal Supremo de Justicia.
No obstante de todo lo precedentemente referido, corresponde puntualizar que una de las condicionantes para la materialización del acceso efectivo a la justicia, resulta ser la implementación de la gratuidad en la misma, axioma que pretende evitar que los privilegios económicos se constituyan en una limitante para alcanzar una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En esa comprensión, corresponde amparar las pretensiones formuladas por el impetrante en su Recurso de Reposición y admitir el mismo sin el correspondiente cobro de valores judiciales.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, con la facultad conferida por los artículos 215 y 217 del Código de Procedimiento Civil, DEJA SIN EFECTO la providencia de fecha 4 de septiembre de 2013, cursante a fs. 45 y en su mérito dispone:
En atención a la Resolución Administrativa de Presidencia Nº 03-0420-13 de 28 de junio de 2013, téngase por legalmente apersonado a Marco Antonio Juan Aguirre Heredia, en representación legal de la Gerencia Graco La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales, debiendo hacérsele conocer ulteriores providencias.

References: artículo 215
 artículo 115
 artículo 178
 artículo 3
 artículo 10
 Artículo 10
 artículo 7
 Resolución