Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L747.html
Timestamp: 2019-03-18 18:10:18+00:00

Document:
as20151L747
AUTO SUPREMO Nº 747/2015-RRC-L
Expediente : La Paz 60/2011
Parte Acusadora : Luis Diego Ponce Blanco
Parte Imputada : Mario Ismael Aranibar Medinacelli
Por memorial presentado el 17 de marzo de 2011, cursante de fs. 303 a 308, Mario Ismael Aranibar Medinacelli, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero de 2011, de fs. 272 a 277 vta. y su Auto Complementario de fs. 281, pronunciados por la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del proceso penal seguido por Luis Diego Ponce Blanco contra el recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Daño Simple con Agravante, previstos y sancionados por los arts. 345, 346, 357 con relación al 349 inc. 3) del Código Penal (CP), respectivamente.
a) Por Sentencia 9/2009 de 5 de septiembre (fs. 217 a 220), la Juez Cuarto de Sentencia de La Paz, declaró a Mario Ismael Aranibar Medinacelli, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Daño Simple con Agravación, previstos y sancionados por los arts. 345, 346, 357 con relación al 349 inc. 3) del CP, condenándole a la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de la multa de cincuenta días a razón de Bs. 50.- (cincuenta bolivianos) por día, costas y el daño civil ocasionado que deberá ser calificado conforme a procedimiento.
a) Contra la mencionada Sentencia, el imputado interpuso recurso de apelación restringida (fs. 227 a 244), resuelto por el Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero de 2011 (fs. 272 a 277 vta.) y su Auto Complementario (fs. 281), que declaró improcedente el citado recurso y confirmó la Sentencia apelada.
El recurrente denuncia la vulneración del art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP), ante la existencia de falta de fundamentación e incongruencia omisiva en la emisión del Auto de Vista recurrido, refiriendo que a pesar de que en su considerando segundo, el Tribunal de alzada sentó como uno de los motivos de apelación la vulneración a los principios de continuidad e inmediación en las audiencias de juicio oral, manifestando que sin que concurran las causales previstas en el art. 335 del CPP, el Juez de la causa hubiese suspendido dichas audiencias; sin embargo, en la parte resolutiva del Auto de Vista no se estableció ni dispuso nada sobre la problemática planteada, contradiciendo el Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004, que si bien no corresponde a los mismos delitos, se pronunció sobre la problemática (falta de fundamentación y vulneración del art. 398 del CPP), concluyendo que al haberse emitido una resolución judicial sin la debida fundamentación a los puntos apelados se generó la vulneración del principio al debido proceso y su derecho a la defensa, previstos en la Constitución Política del Estado (CPE).
El recurrente solicita que previa admisión de su recurso se emita Auto Supremo en el que se establezca la doctrina legal aplicable y en consecuencia se deje sin efecto el Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero de 2011 y su complementario emitido mediante resolución 34/2011 de 29 de enero, y en consecuencia se emita uno nuevo aplicando la doctrina legal a establecerse.
Por Auto Supremo 556/2015-RA-L de 16 de septiembre, éste Tribunal declaró admisible por precedente el único motivo expuesto en el recurso de casación interpuesto por Mario Ismael Aranibar Medinacelli.
Por Sentencia 9/2009 de 5 de septiembre (fs. 217 a 220), la Juez Cuarto de Sentencia de La Paz, declaró a Mario Ismael Aranibar Medinacelli, autor de la comisión de los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Daño Simple con agravación, previstos y sancionados por los arts. 345, 346, 357 y 349 inc. 3) del CP, condenándole a la pena de cuatro años de reclusión, más el pago de la multa de cincuenta días a razón de Bs. 50.- (cincuenta bolivianos) por día, costas y el daño civil ocasionado que deberá ser calificado conforme a procedimiento
Por memorial que cursa de fs. 227 a 244, el imputado interpone recurso de apelación restringida contra la Sentencia pronunciada, teniendo como fundamento del agravio denunciado en dicha etapa y que es motivo de casación, que:
En el primer motivo de su recurso de apelación restringida denunció vulneración del art. 334 CPP refiriendo que esta norma establece que el juicio oral se debe llevar a cabo, sin interrupción todos los días hábiles hasta que se dicte Sentencia, en consecuencia al no haberse cumplido con lo dispuesto en la norma citada se habría vulnerado el principio de continuidad e inmediación, pues en el transcurso del juicio se produjeron suspensiones sin que concurran los motivos establecidos en el art. 335 del CPP, incurriendo la Juez a quo en incumplimiento a lo previsto en el Auto Supremo 37 de 27 de enero de 2007, siendo evidente por tal situación la existencia de defectos absolutos previstos en el art. 169 inc.3) del CPP.
La Sala Penal Tercero de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, resolvió el recurso de apelación restringida interpuesto por el imputado, mediante Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero de 2011, teniéndose como fundamento al agravio motivo de autos que:
Delimitado su ámbito de competencia en cuanto a la resolución del recurso de apelación restringida el Tribunal de alzada concluyo que; i) No era evidente la errónea aplicación de la ley sustantiva denunciada por el recurrente, bajo el entendido de que los hechos denunciados y la conducta del acusado se subsumió a los tipos penales previstos y sancionados en los arts. 345, 346 y 349 del CP; ii) “Que, con respecto a los errores in iudicando referidos por el apelante cabe puntualizar que los errores in procedendo no afectan los modos de hacer el proceso, sino a su contenido. No se trata de las formas, sino del fondo, del derecho; este error consiste normalmente en aplicar mal la ley aplicable o en no aplicar la ley aplicable. Puede consistir, asimismo, en una impropia utilización de los principios lógicos o empíricos del fallo. La consecuencia de este error no afecta la validez forma de la sentencia, la que desde ese punto de vista puede ser perfecta, sino a su propia justicia. Se la llama tradicionalmente error in judicando al error judicial de fondo es decir el que comete el juzgador respecto del objeto de la resolución, el error in judicando puede ser de hecho y de derecho” (sic); iii) Desarrollados los 11 incisos del art. 370 del CPP, en cuanto a los defectos de la Sentencia, concluyen señalando que, los delitos de Apropiación Indebida, Abuso de Confianza y Daño Simple, corresponden a delitos que afectan a la propiedad, y en el caso de autos, se observó que la conducta del acusado se subsumió al tipo penal de Abuso de Confianza, ya que el querellante hizo la entrega de su vehículo al apelante, debido a que el mismo es de oficio mecánico, por lo que sería evidente que la entrega del vehículo fue a título de una prestación de servicios, es decir, que este no le transfirió ningún derecho legítimo de propiedad. En cuanto al delito de Apropiación Indebida en el entendido que el acusado no cuenta con la potestad de uso, goce y disposición del bien referido, y ante la evidencia de que el mismo usó, gozó y dispuso en provecho de sí el vehículo que le fue entregado en calidad de prestación de servicios para el mismo, tal situación implicaba la obligación de que el vehículo sea entregado y devuelto, por tales motivos observaron que la conducta del acusado se subsumió al tipo penal de Apropiación Indebida, respecto al delito de Daño Simple de la revisión del proceso se observó que la conducta del acusado se adecuaba a lo previsto por el art. 357 del CPP, al establecer el daño existente en el vehículo; y, iv) Respecto de la agravación y atenuación plasmada en la Sentencia emitida, el art. 349 del CPP establece: “En los caso de los artículos 345, 346 y 348, la pena será aumentada en un tercio, cuando el autor hubiere recibido la cosa: 1) en depósito necesario 2) Como tutor, curador, sindico, liquidador, inventariante, albacea, testamentario o depositario judicial, 3) En razón de su oficio, empleo o profesión. Y atenuada en un tercio, si el autor solo hubiere hecho uso indebido de la cosa recibida, en los caso anteriores” (sic); de la norma citada se estableció que en el caso presente el acusado recibió el vehículo en razón de su empleo, oficio o profesión.
II.4. De la solicitud de explicación, complementación y enmienda.
Notificado el recurrente con el Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero de 2011, mediante memorial presentado el 28 de enero de 2011, a fs. 279 y vta., Mario Ismael Aranibar Medinacelli, en el punto tercero pide; “Se aclare y explique cual la razón para no haber ingresado al análisis de que el presente proceso, se viene desarrollando desde el año 2006, y que la Juez Cuarto de Sentencia, ha llevado las audiencias del juicio, con suspensiones injustificadas que vulneran el art. 335 del procedimiento penal” (sic).
II.5.Del Auto de Vista 34/2011 (Complementario).
En atención al memorial de explicación, complementación y enmienda, la Sala Penal Tercera de la entonces Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial de La Paz, mediante Resolución 34/2011 de 29 de enero, declaró no ha Lugar a la petición impetrada, bajo el argumento de que dicha solicitud pretende una aclaración en el sentido que de los delitos por los que fue sentenciado se excluirían, lo cual sería ingresar al fondo de la Sentencia emitida correspondiente a la Resolución 9/2009, atribución que no es adecuada conforme faculta el art. 125 del CPP.
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de admisión y considerando la problemática en el recurso de casación, se ingresa a resolver esta en los siguientes términos:
Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004, dictado dentro del proceso penal seguido por M.G.C. y otro contra C.M.G.A., por la presunta comisión del delito de Asesinato, Resolución que tiene como antecedente fáctico que el recurrente denuncio que el Auto de Vista impugnado no contempla los puntos apelados, conforme las reglas establecidas en el art. 336 del Procedimiento Civil (CPC), que constituye un vicio de nulidad absoluto e infringen los arts. 407 y 409 del CPP y el art. 15 de la Ley de Organización Judicial (LOJ). Esta denuncia generó la emisión de la siguiente doctrina legal:
“Que, el derecho de recurrir se encuentra precisado de manera expresa en el art. 394 del Código de Procedimiento Penal. Que el recurso incidental que planteó el padre del procesado con la facultad conferida por el art. 389 inc. 4) del Código Penal, cumplía lo establecido en los arts. 403, 404 y 405 del Código de Procedimiento Penal, para ser elevado ante el Tribunal de alzada, pero el Tribunal de Sentencia No. 4 de la ciudad de La Paz al no remitir obrados al Tribunal de apelación, vulnera las normas del debido proceso, suprimiendo su derecho a la defensa, reconocidos por el art. 16 de la Constitución Política del Estado; derechos que competía al Tribunal de alzada restituirlos inmediatamente en ejercicio de la facultad otorgada por el art. 15 de la Ley de Organización Judicial y el tercer parágrafo del art. 407 del Código de Procedimiento Penal, que permite al Tribunal de apelación admitir y entrar al fondo de un recurso de apelación restringida, cuando se detecta la existencia de defectos absolutos y vicios de sentencia en el juicio oral, previstos en los arts. 169 y 370 del Código de Procedimiento Penal los que no pueden ser convalidados”.
Respecto al precedente invocad al corresponder a una situación de hecho similar al denunciado, una presunta falta de pronunciamiento a los puntos apelados (incongruencia omisiva), en consecuencia corresponde ingresar a considerar el fondo de la problemática planteada a los fines de establecer la presunta existencia o no de contradicción.
III.3. El debido proceso.
Entre los componentes primordiales que rige el debido proceso como garantía constitucional de protección del Estado a la persona, se encuentran la fundamentación y motivación, que a lo largo de la jurisprudencia han sido ampliamente desarrollados, no obstante, resulta conveniente recalcar los parámetros de su entendimiento no sólo a los administradores de justicia, sino también a todo administrado, consiguientemente, al respecto es necesario resaltar el criterio asumido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0682/2014 de 10 de abril, que señala: “El debido proceso previsto en el art. 115.II de CPE, ha sido entendido por el Tribunal Constitucional, en la SC 2798/2010-R de 10 de diciembre, acogiendo el entendimiento de la SC 0418/2000-R de 2 de mayo, como: ‘…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos’.
Al respecto, el Tribunal Constitucional a través de la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, refirió: ‘La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso 'exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión'.
La obligación de fundamentar las resoluciones también es aplicable a las resoluciones que resuelven apelaciones así la SC 0040/2007-R de 31 de enero, haciendo referencia a la SC 0577/2004-R de 15 de abril, indicó: ‘Esta exigencia de fundamentar las decisiones, se torna aún más relevante cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por las autoridades de primera instancia; (…), es imprescindible que dichas Resoluciones sean suficientemente motivadas y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que las sustentan y que permitan concluir, que la determinación sobre la existencia o inexistencia del agravio sufrido fue el resultado de una correcta y objetiva valoración de las pruebas, del mismo modo que se exige al apelante cumplir con la obligación de fundamentar los agravios; por cuanto, en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, el demandado tendrá la certeza de que la decisión adoptada es justa; por lo que no le esta permito a un Juez o Tribunal, reemplazar la fundamentación por la relación de antecedentes, la mención de los requerimientos de las partes o hacer alusión de que el Juez de instancia obró conforme a derecho, (…); con mayor razón, si se tiene en cuenta que el contar con una Resolución debidamente fundamentada y motivada es un derecho fundamental de la persona y forma parte del debido proceso'.
La motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas”.
III.4. Consideraciones doctrinales y normativas sobre la incongruencia omisiva.
El art. 115.I de la CPE, hace hincapié en la protección oportuna y efectiva de los derechos e intereses legítimos, cuando señala que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”. Este derecho en su contenido evidencia distintas dimensiones como el derecho de libre acceso al proceso, el derecho a la defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre las pretensiones planteadas, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas y, el derecho a los recursos previstos por ley.
Ante la denuncia la vulneración del art. 398 del CPP, por la falta de fundamentación e incongruencia omisiva en la emisión del Auto de Vista recurrido, refiriendo que a pesar de que en su considerando segundo, el Tribunal de alzada sentó como uno de los motivos de apelación la vulneración a los principios de continuidad e inmediación en las audiencias de juicio oral, manifestando que sin que concurran las causales previstas en el art. 335 del CPP, el Juez de la causa hubiese suspendido dichas audiencias; sin embargo, en la parte resolutiva del Auto de Vista no se estableció ni dispuso nada sobre la problemática planteada, contradiciendo el Auto Supremo 103 de 20 de febrero de 2004, que si bien no corresponde a los mismos delitos, se pronunció sobre la problemática (falta de fundamentación y vulneración del art. 398 del CPP), concluyendo que al haberse emitido una resolución judicial sin la debida fundamentación a los puntos apelados se generó la vulneración del principio al debido proceso y su derecho a la defensa, previstos en la CPE.
Verificada la Resolución recurrida y su complementaria, se establece que efectivamente el Tribunal de alzada no realizó ningún pronunciamiento al respecto pese a la solicitud expresa de explicación, complementación y enmienda efectuada oportunamente por el ahora recurrente, vulnerándose así la previsión del art. 398 del CPP; en consecuencia, resulta acreditada la incongruencia omisiva demandada, generando una franca vulneración del debido proceso, por cuanto las partes dentro de un determinado proceso tienen derecho a un proceso justo y equitativo, en el que las determinaciones asumidas deben conllevar una fundamentación de las razones y motivos que han servido para sus conclusiones a fin de que puedan ejercer la respectiva defensa, que adquiere mayor importancia cuando el Juez o Tribunal debe resolver en apelación la impugnación de las resoluciones pronunciadas por el juez o Tribunal a quo, ya que en la medida en que las resoluciones contengan, los fundamentos de hecho y de derecho, las partes tendrán certeza de que la determinación asumida es justa, sin que necesariamente esta resolución deba ser extensa, ya que se tendrá por cumplida la fundamentación y motivación, si la respuesta a cada punto apelado contiene las razones y motivos por los que se llegó a una determinada conclusión, lo cual no aconteció en el caso de autos.
Por cuyo motivo este Tribunal casacional acudiendo a las facultades de control, al advertir que el Auto de Vista recurrido es contradictorio y que carece de fundamentación y motivación en cuanto al agravio demandado, evidencia la inminente vulneración de los elementos constitutivos del debido proceso, de acuerdo a lo señalado en el acápite III.3., así como los elementos de la incongruencia omisiva desarrollados en el acápite III.4., de la presente Resolución, por lo que corresponde la regularización de procedimiento de acuerdo a las normas procesales y en pleno resguardo al debido proceso; en consecuencia, deja sin efecto el Auto de Vista impugnado, a los fines de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emita nueva Resolución conforme al entendimiento de la presente resolución y considerando los cambios doctrinales y vigentes respecto al principio de continuidad (AS 640/2014-RRC de 13 de noviembre entre otros).
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, declara FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Mario Ismael Aranibar Medinacelli, de fs. 303 a 308, con los fundamentos expuestos precedentemente; y en aplicación del art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 3/2010 de 5 de enero, de fs. 272 a 277 vta. y su Auto Complementario de fs. 281, disponiendo que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, previo sorteo y sin espera de turno, pronuncie nuevo Auto de Vista, en conformidad a la doctrina legal establecida en la presente Resolución.

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