Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1999/SU168-99.htm
Timestamp: 2017-11-20 06:02:53+00:00

Document:
SU168-99
La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por su Presidente Eduardo Cifuentes Muñoz y por los Magistrados Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Carlos Gaviria Díaz, José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz, Vladimiro Naranjo Mesa y Martha V. Sáchica Mendez
1. El día 4 de marzo de 1998, los ciudadanos Orlando Tovar Torrijano y Luis Hugo Rojas Rodríguez entablaron conjuntamente, mediante apoderado, acción de tutela contra el Gobernador del Tolima, por cuanto estiman que éste - al proferir los decretos 0117 y 0118, del 25 de febrero de 1998, a través de los cuales determinó suspenderlos en el ejercicio de sus funciones como alcaldes de Coyaima y Guamo, respectivamente -, vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a la participación política.
2.1. El Consejo Nacional Electoral expidió las resoluciones N° 46 del 8 de mayo de 1996 y 30 del 12 de marzo de 1997, con el objeto de ampliar el período de ejercicio de los alcaldes de Coyaima y de El Guamo (Tolima), respectivamente, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que estableció que el período de los alcaldes elegidos popularmente era, en todo caso, de tres años, independientemente de la causa que hubiera generado la convocatoria de las elecciones. A continuación se transcriben distintos apartes de la resolución N° 46 de 1996, cuyo contenido coincide fundamentalmente con el de la resolución N° 30 de 1997:
“Resolución N° 46 de 1996
“2. Que en las elecciones celebradas en el municipio de El Guamo (Tolima), el día 4 de febrero de 1996, se consignó en el acta de declaratoria de elección, que el período del nuevo alcalde doctor LUIS HUGO ROJAS RODRIGUEZ sería el comprendido entre 1996 y 1997 y así se hizo constar en la respectiva credencial.
“3. Que el alcalde elegido, por intermedio de su apoderado doctor Orlando Arciniegas Lagos solicitó la revocatoria directa de dicha acta en lo que se refiere al período, ya que el mismo debe ser de tres (3) años contados a partir de su posesión.
“4. Que el Código Contencioso Administrativo prescribe en su artículo 69 que “los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte en cualquiera de los siguientes casos(...)
“ARTÍCULO PRIMERO. Revocar parcialmente el acta de declaratoria de elección como alcalde del municipio de El Guamo (Tolima), del doctor LUIS HUGO ROJAS RODRIGUEZ en lo que respecta al período para el cual fue elegido en los comicios del 4 de febrero de 1996.
“ARTÍCULO SEGUNDO. Declarar elegido como alcalde municipal de El Guamo (Tolima), al doctor LUIS HUGO ROJAS RODRIGUEZ... para el período 6 de febrero de 1996 al 6 de febrero de 1999.
“ARTÍCULO TERCERO. Ordenar la expedición de la respectiva credencial de conformidad con lo resuelto en esta providencia. (...)”
2.2. Las dos resoluciones del Consejo Nacional Electoral que han sido mencionadas fueron objeto de varias demandas de nulidad parcial - referidas precisamente a la ampliación del período de los alcaldes y a la orden de expedirles una nueva credencial -, cuyo conocimiento le correspondió a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Es así como contra la resolución N° 30 del 12 de marzo de 1997 - referida al alcalde de Coyaima -, se tramitaron los expedientes 1699 y 1710, mientras que contra la resolución N° 46 del 8 de mayo de 1996 - referida al alcalde de El Guamo -, cursaron los expedientes 1698, 1711 y 1716. A continuación se describirá brevemente el estado de esos procesos, en el momento de instauración de la acción de tutela:
- En el expediente 1699, la Sección Quinta determinó, mediante providencia del 31 de julio de 1997, admitir la demanda de nulidad parcial impetrada contra la resolución N°030 de 1997, del Consejo Nacional Electoral. Al mismo tiempo, denegó la solicitud de suspensión provisional del acto, por cuanto “en el acto acusado se invoca como motivación de la revocatoria, la jurisprudencia de la H. Corte Constitucional, lo cual introduce un elemento que impide la adopción de la medida provisional, por cuanto es necesario que se interprete en su conjunto, la totalidad de las normas pertinentes y la aplicabilidad de la jurisprudencia del citado tribunal al caso concreto, estudio que sólo puede hacerse al momento del fallo”.
El alcalde de Coyaima, Orlando Tovar Torrijano, propuso incidente de nulidad contra el mencionado auto interlocutorio del 28 de agosto de 1997, que admitió la demanda de nulidad y ordenó la suspensión provisional de la resolución N° 30 de 1997, pero la Sección negó la solicitud de nulidad.
2.3. Mediante escrito del día 27 de enero de 1998, el Gobernador del Tolima le solicitó a la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado que le precisara los alcances del auto del 28 de agosto de 1997, proferido dentro del expediente 1710, iniciado a partir de una de las demandas instauradas contra la resolución del Consejo Nacional Electoral que prolongaba el período de ejercicio del alcalde de Coyaima. Puesto que en el mencionado auto se decidió suspender provisionalmente la resolución N° 30 del 12 de marzo de 1997, el gobernador consulta: “La duda radica en el hecho de si se requiere o no suspender al alcalde del ya mencionado municipio, por cuanto al producirse la suspensión provisional de tal acto administrativo, entonces el período de éste culminó el día 31 de diciembre de 1997, pues, quedó en plena vigencia el acto administrativo expedido por la Comisión Escrutadora Municipal. De otra parte, es de observar que la sentencia C-448 de 1997, de la Honorable Corte Constitucional, determina que el período de los alcaldes es personal y no institucional, por ende para el caso en comento el período del alcalde Tovar Torrijano iría hasta el 31 de enero de 1999, correspondiente a los tres años de gobierno”.
La Sección Quinta contestó la consulta mediante auto del 16 de febrero de 1998. En su respuesta cita los artículos 66 del C.C.A. y 108 de la Ley 136 de 1994. El primero establece que la suspensión provisional de un acto administrativo hace que éste pierda su fuerza ejecutoria, y el segundo que cuando la jurisdicción contencioso administrativa ha dispuesto la suspensión provisional de la elección de un alcalde el Presidente o el gobernador deberán designar su reemplazo. De estas normas concluye:
“Entonces, queda claro cuáles deben ser las medidas que debe adoptar el señor Gobernador una vez le sea comunicado que el acto de declaratoria de la elección de un alcalde del respectivo departamento ha sido suspendido provisionalmente por esta jurisdicción
“Ahora bien, en caso de que la sentencia declare la nulidad del acto administrativo proferido por la organización electoral y esta quede en firme, la misma Ley 136 de 1994 ha dispuesto mecanismos para proveer la falta absoluta que se presentaría, lo cual no es materia de análisis en esta instancia procesal.
“En relación con la apreciación contenida en la petición en el sentido de que la Corte Constitucional determinó en sentencia N° 448 de 1997 que el período de los alcaldes es personal y no institucional, debe advertirse que como dicho planteamiento es cuestión de debate en el asunto sub-exánime, será pertinente dilucidarlo en el fallo de fondo”.
2.4. El 25 de febrero de 1998, el gobernador del Tolima, Carlos Alberto Stefan Upegui, expidió los Decretos 0117 y 0118, por medio de los cuales decide suspender en sus funciones a los alcaldes de Coyaima y El Guamo, respectivamente, y designar provisionalmente sus sustitutos, hasta tanto le fuera remitida la terna para la designación de los nuevos alcaldes. Los decretos fueron expedidos en atención a los autos de agosto 28 y septiembre 4 de 1997 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dictados en el curso de las acciones de las que dan cuenta los expedientes Nos. 1710 y 1711, respectivamente, y mediante los cuales se decretó la suspensión provisional de las resoluciones Nos. 30 de 1997 y 46 de 1996, en las cuales el Consejo Nacional Electoral decidió extender los períodos de ejercicio de los alcaldes de El Guamo y Coyaima.
“Que mediante oficio número 98-011 del 16 de enero de 1998 y recibido el 19 de enero de los corrientes, dirigido al Señor Gobernador del Tolima, el Secretario de la Sección Quinta del Honorable Consejo de Estado, informa que: ‘para los fines pertinentes me permito enviar copia auténtica de la providencia fechada el 28 de agosto de 1997, por medio de la cual se decretó la suspensión provisional de la resolución número 30 de marzo de 1997 expedida por el Consejo Nacional Electoral, en lo que respecta al período para el cual fue elegido como alcalde del municipio de Coyaima - Tolima al señor Orlando Tovar Torrijano’.
“Que el señor Gobernador del Departamento del Tolima y en aras de clarificar el oficio antes mencionado, solicitó concepto a la oficina jurídica del Departamento, al Ministerio del Interior, al Consejo Nacional Electoral y al Consejo de Estado.
“Que el honorable Consejo de Estado a través del oficio número 98.077 suscrito por el secretario de la Sección Quinta, da respuesta a la petición del señor Gobernador, respecto al alcance de la providencia proferida en el caso del Municipio de Coyaima (Tolima), recibida por la Secretaría de Gobierno y del Ordenamiento Jurídico el día 24 de febrero del presente año, remitiéndose fotocopia informal de la providencia dictada dentro del proceso electoral número 1710 (...)
“Que es obligación del señor Gobernador dar cumplimiento a la providencia fechada el 28 de agosto de 1997 y, del 16 de febrero de 1998, comunicada esta última el 20 de febrero del presente año (que da respuesta a la petición del señor Gobernador), con ponencia del Honorable Consejero JOAQUÍN J. JARAVA DEL CASTILLO, de conformidad con el inciso segundo del artículo 158 del C.C.A., dada la claridad que sobre el particular hizo dicha Corporación.
“ARTÍCULO PRIMERO: SUSPENDER en el ejercicio de sus funciones de alcalde municipal de COYAIMA, al señor ORLANDO TOVAR TORRIJANO, por las consideraciones expuestas.
“ARTÍCULO SEGUNDO: DESIGNAR provisionalmente al doctor JAIRO CHAVARRO HERNANDEZ.... como alcalde encargado del municipio de Coyaima, hasta tanto se proceda a enviar la terna para la designación respectiva en los términos del inciso primero del artículo 106 de la Ley 136 de 1994. (...)
3. El 4 de marzo de 1998, los señores Orlando Tovar Torrijano y Luis Hugo Rojas Rodríguez, actuando mediante apoderado, instauraron conjuntamente acción de tutela, como mecanismo transitorio, contra el Gobernador del Tolima. Manifiestan que éste vulneró sus derechos fundamentales de petición y a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y a ejercer sus derechos políticos, al expedir los Decretos 0117 y 0118 del 25 de febrero de 1998. Estiman que, con los mencionados actos administrativos, el gobernador les está causando un perjuicio irremediable, situación que legitima el recurso a la tutela, a pesar de la existencia de otros mecanismos de defensa judicial.
- La orden de retiro de los alcaldes se produjo, a pesar de que en los autos del Consejo de Estado en los que se dispuso la suspensión provisional - parcial - de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral no se había ordenado notificar al gobernador del Tolima para que procediera a suspender a los alcaldes;
- Los Decretos 117 y 118 del gobernador del Tolima se sustentan en una consulta formulada por el gobernador al Consejo de Estado, consulta que fue absuelta por el magistrado ponente.
- Los autos del Consejo de Estado en los que se acoge la solicitud de suspensión provisional formulada por los demandantes, se refieren únicamente al aparte de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en el que se determinó la extensión del período de ejercicio como alcaldes, y no a la elección misma de los alcaldes. En efecto, “no se ha proferido, ni se va a proferir decisión que declare la NULIDAD de la elección de los alcaldes referidos, por cuanto el pronunciamiento comprende, única y exclusivamente, una parte de la resolución que no tiene nada que ver con la elección”. Por lo tanto, la suspensión de los alcaldes no tiene ningún fundamento legal, puesto que ella solamente puede operar en estos casos cuando la justicia contencioso administrativa ha dispuesto la suspensión provisional de la elección del alcalde concernido.
- Los decretos acusados desconocen los pronunciamientos de la Corte Constitucional, la cual ha establecido, en sus sentencias C-011 de 1994, C-586 de 1995 y C-448 de 1997, que “aquellos alcaldes que han sido elegidos popularmente, se entiende que lo fueron por los tres años establecidos en la Constitución”.
- De aceptarse que el Gobernador obró correctamente al suspender a los alcaldes referidos, debió haber procedido a convocar a nuevas elecciones y no hacer un nombramiento provisional - hasta cuando se elaboraran las ternas respectivas para el nombramiento del sustituto -, “no sólo en los municipios en los cuales mis poderdantes ejercen como alcaldes, sino en los demás municipios del departamento en donde se eligieron en los años 1995, 1996, y 1997 mandatarios que reemplazaron a quienes se les declaró la vacancia absoluta”. Ello para dar cumplimiento a las decisiones de la Corte Constitucional.
- Se violó el derecho a la igualdad de los alcaldes de El Guamo y Coyaima, por cuanto solamente se les aplicó a ellos el aludido criterio del Consejo de Estado, mientras que otros alcaldes elegidos en los años 1995, 1996 y 1997 - como los de Flandes, Palocabildo, Casabianca y Fresno, en el Tolima, y 53 más en todo el país - no habrían sido objeto de la misma medida.
- La suspensión de los alcaldes de El Guamo y de Coyaima constituye una violación de sus derechos al trabajo y a la participación política, por cuanto ellos “fueron elegidos popularmente para un período de tres años, tres años que se cumplen en febrero de 1999, pero que además se hallan debidamente declarados electos y posesionados en sus cargos.”
Relata que, por recomendación de la oficina jurídica del departamento, el 27 de enero de 1998, el gobernador decidió solicitarle a la Sección Quinta del Consejo de Estado una aclaración acerca del alcance de la providencia del 28 de agosto de 1997. En su respuesta, el Consejo de Estado “fija los alcances de la providencia que suspende provisionalmente la resolución número 30 del Consejo Nacional Electoral y aclara que debe darse aplicabilidad al artículo 108 de la Ley 136 de 1994. En lo que se refiere a la sentencia C-448 de 1997 de la Honorable Corte Constitucional, manifiesta que es un asunto de debate en el proceso, que será resuelto en el fallo de fondo".
Para la Sala, la actuación del gobernador fue acertada. En efecto, “él no podía actuar de otra manera porque en la práctica los alcaldes estaban ocupando los cargos única y exclusivamente en razón a que el acto administrativo electoral - que fuera suspendido - les había señalado un período; al suspenderse los efectos de esta decisión, lo obvio y natural es que cesaran en sus funciones quienes por virtud de dicho acto estaban desempeñando el cargo; no tiene sentido que mientras el acto por el cual ellos estaban ostentando el cargo haya sido suspendido, pese a ello, simultáneamente, las citadas personas continuaran ejerciendo dicha función; lo realizado por el señor Gobernador era el único mecanismo idóneo para dar cumplimiento a la decisión judicial de suspensión (...) no se entiende cómo pretende el accionante que se hiciera efectiva la suspensión provisional, la cual no puede ocurrir de otra manera que acatando la orden judicial, que a pesar de no estar expresamente contenida en los autos que decretaron la suspensión, aparece implícita porque al suspenderse los efectos del acto, necesariamente conlleva a suspender a quienes ostentaban el poder con base en tales actos”.
El día 18 de diciembre se recibió también la copia de un escrito proyectado por el Consejero Mario Alario Méndez, en el cual la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado asumía posición frente a la demanda objeto de este proceso. Sin embargo, el escrito no contaba con las firmas de los consejeros de esa Corporación, razón por la cual el Magistrado Ponente solicitó que se aclarara el carácter de ese documento. El día 22 de enero de 1999, el Presidente de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado respondió a esta solicitud, con la manifestación de que el escrito remitido constituía un proyecto que “no fue aprobado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ni por la Sección Quinta de esta Corporación, de modo que se trata del borrador de un documento de trabajo, que no tiene carácter oficial.”
- De las sentencias del 15 de enero y de 19 de marzo de 1998, dictadas por la Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado - dentro de los procesos 1698 y 1716 -, por medio de las cuales se declaró la nulidad de distintos apartes de la resolución N° 46 del 8 de mayo de 1996 del Consejo Nacional Electoral, que había determinado la ampliación del período de ejercicio del alcalde El Guamo y ordenado que le fuera expedida una nueva credencial de elección:
El Secretario de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo aportó las copias de cinco providencias, dictadas sobre los expedientes 1698, 1711, 1716, 1699 y 1710, referidos los tres primeros a la resolución N° 46 de 1996 y los dos últimos a la N° 30 de 1997.
El gobernador del Tolima decidió suspender a los alcaldes y designarles sustitutos interinos luego de ser informado sobre distintos autos proferidos por el Consejo de Estado que decretaban la suspensión provisional de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral en las que se había decidido la extensión del período de estos alcaldes.
2. El 18 de marzo de 1998, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima denegó la tutela entablada por los señores Orlando Tovar Torrijano y Luis Hugo Rojas Rodríguez. Sostuvo la Sala que la decisión del Gobernador de suspender a los mencionados señores de su cargo de alcaldes estaba debidamente fundamentada en los pronunciamientos del Consejo de Estado. Considera que el gobernador procedió de manera correcta, por cuanto al suspenderse los efectos del acto que les señaló el período como alcaldes, “lo obvio y natural es que cesaran en sus funciones”.
3. Se trata de establecer si el gobernador del Tolima vulneró los derechos fundamentales de los alcaldes de los municipios de El Guamo y Coyaima, Tolima, al disponer su suspensión en el ejercicio del cargo y el nombramiento de sustitutos interinos, a pesar de que las sentencias de la Corte Constitucional han establecido que todos los alcaldes que desempeñan el cargo con fundamento en la elección popular tendrán un período de ejercicio de tres años.
4. En la sentencia SU-640 de 1998 la Corte Constitucional trató sobre un tema similar al que ocupa ahora a esta Corporación. En aquella ocasión, se trató sobre una demanda de tutela entablada por el alcalde de Fresno contra el Consejo de Estado. Expresaba el actor que el Consejo Nacional Electoral, mediante la resolución N° 62 de 1996, le había extendido su período de ejercicio como alcalde y había ordenado que le fuera expedida una nueva credencial. La mencionada resolución fue demandada ante el Consejo de Estado. Allí, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, mediante auto del día 9 de julio de 1997, C.P. Amado Gutiérrez Velásquez, admitió la demanda de nulidad y ordenó la suspensión provisional de la resolución.
En su sentencia, la Corte Constitucional hizo un breve recuento de las tres providencias dictadas por esta Corporación en relación con el período de los alcaldes, a saber: las sentencias C-011 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-586 de 1995, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo; y C-488 de 1997. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Con base en la mencionada exposición, la Corte Constitucional arribó a la siguiente conclusión:
“8. La reseña realizada en el aparte anterior permite llegar a la diáfana conclusión de que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que en todos los casos en que se presente vacancia absoluta del cargo de gobernador o de alcalde se debe convocar a nuevas elecciones; que el período constitucional de los gobernadores y alcaldes que son revocados o destituidos, o que renuncian, fallecen o dejan su cargo por alguna otra razón, termina en el momento en que ello sucede; y que el período de los mandatarios que los sustituyen, por causa de elección popular, es de tres años, tal como lo dispone la Constitución. Esto significa, entonces, entre otras cosas, que la jurisprudencia de la Corte ha dejado en claro, de manera reiterada, que el período de los gobernadores y alcaldes es personal y no institucional.”
El Consejo de Estado justificaba su negativa a seguir la interpretación de la Corte Constitucional con la afirmación de que de esta última Corporación solamente obligaban sus decisiones, mas no la doctrina que exponía en la parte motiva de sus sentencias, salvo en el caso de las sentencias condicionadas. Su fallo se remitía a las consideraciones que sobre el particular se habían formulado en la sentencia del 25 de noviembre de 1997, dictada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, C.P. Mario Alario Méndez.
“12. La Constitución, con el objeto de imponer sus preceptos y de dar a éstos carácter normativo, ha confiado a la Corte Constitucional la guarda de su integridad y supremacía, labor que realiza específicamente a través de su función interpretativa, gracias a la cual se actualiza en cada momento histórico el correcto entendimiento de la Carta. Las sentencias de la Corte, por consiguiente, ofrecen a los demás órganos del Estado, y a los miembros de la comunidad en general, la visión dinámica de lo que la Constitución concretamente prescribe. La interpretación que lleva a cabo la Corte no es externa al texto de la Carta, como que ésta demanda de la misma para poder actualizarse en el espacio y en el tiempo históricos. Las sentencias de la Corte Constitucional, en este sentido, por ministerio de la propia Constitución, son fuentes obligatorias para discernir cabalmente su contenido.
“La Constitución no produce simplemente una mera unidad formal del ordenamiento, sino que su propósito fundamental es el de reconducir todas sus piezas a unos principios y valores superiores, para lo cual se requiere de una interpretación articuladora que promueva una verdadera unidad sustancial. La defensa de la Constitución, por esta razón, coincide con la progresiva y coherente construcción de la voluntad constituyente. En este caso, la interpretación de la Corte Constitucional, a diferencia de la jurisprudencia de los demás jueces, en cuanto desentraña el significado de la Constitución, no puede tener valor opcional o puramente ilustrativo, puesto que sirve de vehículo insustituible para que ella adquiera el status activo de norma de normas y como tal se constituya en el vértice y al mismo tiempo en el eje del entero ordenamiento jurídico. De otro lado, las tareas que cumple la Corte Constitucional son únicas, en cuanto que ningún otro órgano podría realizarlas. Frente a la interpretación de la Constitución plasmada en una sentencia de la Corte Constitucional no puede concurrir ninguna otra, ni siquiera la del Congreso de la República. Por el contrario, esta Corporación está llamada a revisar la congruencia constitucional de la actuación del último. A diferencia de lo que acontece con los demás órganos judiciales, las sentencias de la Corte Constitucional tienen la virtualidad de desplazar la ley o incluso de excluirla del ordenamiento, cuando no la mantienen dentro de ciertas condiciones, todo en razón de su calidad de juez del Congreso.
“Si en el sistema de fuentes las sentencias de la Corte Constitucional - por ser manifestaciones autorizadas y necesarias de la voluntad inequívoca de la Constitución -, prevalecen sobre las leyes, ellas igualmente resultan vinculantes para las distintas autoridades judiciales, que no pueden a su arbitrio sustraerse a la fuerza normativa de la Constitución, la cual se impone y decanta justamente en virtud de la actividad interpretativa de su guardián, tal y como se refleja en sus fallos. La supremacía y la integridad de la Constitución son consustanciales a la uniformidad de su interpretación. Si el texto de la Constitución se divorcia de la interpretación que del mismo haya dado la Corte Constitucional en ejercicio de sus competencias privativas, de suerte que ésta última se convierta en una de las tantas alternativas plausibles de entendimiento, la fragmentación hermenéutica que se propiciaría inexorablemente conduciría a la erosión del valor cierto y vinculante de la Constitución, puesto que entonces habría tantas constituciones como intérpretes. Las exigencias de supremacía e integridad de la Constitución, por lo demás presupuestos de su valor normativo superior, sólo se satisfacen si se concede a la interpretación que la Corte hace de sus preceptos el sentido de significado genuino y auténtico de su contenido y alcance. Lo anterior adquiere mayor claridad si se tiene presente que los principios de supremacía e integridad de la Constitución no tienen existencia autónoma, como quiera que su efectiva realización precisa de una firme voluntad consagrada a su defensa, ante todo; se trata de atributos cuya posibilidad material depende de la incesante función interpretativa de la Corte Constitucional, indispensable para su protección y vigencia.”
A renglón seguido, la Corte Constitucional aseveró que en las tres sentencias de esta Corporación que han sido mencionadas se prohijó el concepto de que los períodos de los alcaldes eran personales y que esa definición constituía la ratio decidendi de las distintas declaraciones de inconstitucionalidad pronunciadas en las sentencias. Precisó la Corte que en el momento en que el Consejo de Estado dictó el auto de suspensión provisional de la resolución del Consejo Nacional Electoral ya la Corte había dictado dos sentencias de inconstitucionalidad sobre el tema del período de los alcaldes, de acuerdo con las cuales formaba parte del derecho constitucional a la participación política del alcalde de Fresno el que su período de ejercicio se extendiera a tres años. Agregó también que esta posición había sido corroborada posteriormente a través de la sentencia C-448 de 1997, dictada con anterioridad a la sentencia del Consejo de Estado en la que se declaró la nulidad de la aludida resolución 062 de 1996 del Consejo Nacional Electoral.
Contra la resolución N° 46 de 1996 del Consejo Nacional Electoral - por medio de la cual se amplió el período de ejercicio del alcalde de El Guamo y se ordenó que le fuera expedida una nueva credencial - se presentaron tres demandas, radicadas bajo los números 1698, 1711 y 1716. Los procesos fueron fallados mediante sentencias proferidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado los días 15 de enero, 10 de junio y 19 de marzo de 1998.
En las aludidas sentencias de nulidad referidas a las resoluciones 46 de 1996 y 30 de 1997, sobre los alcaldes El Guamo y Coyaima, se procedió de manera similar a como se había hecho en la sentencia del 9 de junio de 1998 de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado - dictada dentro del proceso S-712, C.P. Joaquín Jarava del Castillo -, en la que se declaró la nulidad de la resolución 062 de 1996 del Consejo Nacional Electoral, que ampliaba el período de ejercicio del alcalde de Fresno y ordenaba expedirle una nueva credencial de elección.
6. Como se observa, la situación planteada en el proceso bajo examen es similar a la que se presentaba en el proceso que se falló con la sentencia SU- 640 de 1998. Tanto en el proceso que se adelantó en relación con el alcalde de Fresno, como en algunos de los procesos adelantados contra los alcaldes de El Guamo y Coyaima, el Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente las resoluciones del Consejo Nacional Electoral que extendían el período de los alcaldes y ordenaban la expedición de una nueva credencial. Ello, a pesar de que la Corte Constitucional ya había dictado dos sentencias de constitucionalidad, cuya ratio decidendi era la de que los períodos de los alcaldes eran personales y no institucionales.
Posteriormente, todos los casos relacionados con los tres alcaldes fueron definidos por el Consejo de Estado con sentencias en las que se determinó la anulación parcial de las resoluciones del Consejo Nacional Electoral - en el caso del expediente 1716 se decidió la anulación total de la resolución 46 de 1996. En todas ellas el Consejo de Estado se margina en forma consciente de la interpretación constitucional de la Corte, acerca de que los períodos de los alcaldes elegidos popularmente son, en todos los casos, personales. Todas las sentencias se fundamentan también en lo expresado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado sobre esta materia, en sentencia proferida dentro del expediente S-746, el 25 de noviembre de 1997, C.P. Mario Alario Méndez.
La decisión del gobernador del Tolima de suspender a los alcaldes de El Guamo y Coyaima se fundamentó precisamente en los autos de suspensión provisional de las resoluciones 46 de 1996 y 30 de 1997, dictados por el Consejo de Estado. Puesto que tanto los mencionados autos como las sentencias de nulidad relacionadas con las resoluciones aludidas constituyen una vía de hecho, deberá declararse que el gobernador incurrió en la misma situación al dictar los decretos de suspensión.
Primero.- REVOCAR la sentencia de tutela dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, el día 18 de marzo de 1998, que denegó la petición de amparo presentada por Orlando Tovar Torrijano y Hugo Rojas Rodríguez, y, en su lugar, CONCEDER la acción de tutela entablada por los mismos. En consecuencia, se declara que tanto los autos de suspensión provisional dictados por la Sección Quinta de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado dentro de los expedientes 1710, 1711 y 1716, como las sentencias de nulidad dictadas en los expedientes 1699, 1710, 1698, 1711 y 1716, relacionados los dos primeros con la resolución N° 30 de 1997, y los tres últimos con la resolución N° 46 de 1996, ambas del Consejo Nacional Electoral, constituyen una vía de hecho, vulneratoria de los derechos fundamentales de los actores. Igual habrá de predicarse de los Decretos 0117 y 0118 de 1998, dictados por el gobernador del Tolima, por medio de los cuales se decidió suspender en el ejercicio de sus cargos a los actores de este proceso.
Segundo.- ORDENAR a título de restablecimiento del derecho fundamental conculcado que los actores sean reintegrados a su cargo de alcaldes de los municipios de El Guamo y Coyaima (Tolima), a fin de culminar su período completo de tres años de ejercicio, en el caso de que aún no se haya realizado la elección popular de nuevos alcaldes en los mencionados municipios. De haber ocurrido esto último, sólo le restará a los actores entablar las acciones judiciales pertinentes, como se señala en la parte motiva.

References: resolución 
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 artículo 69
 resolución 
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 resolución 
 artículo 158
 artículo 106
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 resolución 
 artículo 108
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