Source: http://sisepuedevalladolid.org/2016/07/
Timestamp: 2019-03-19 08:41:41+00:00

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julio 2016 - Si se puede
La Asociación de Vecinos de La Rondilla está denunciando ahora mismo a través de sus Redes Sociales (@avrondilla) el vallado del edificio San Juan de la Cruz que se está llevando a cabo por orden de la tesorería de la Seguridad Social para proceder a su derribo el lunes día 1 de agosto.
Desde SÍVA, queremos denunciar una situación indignante, despótica, y que obvia las reclamaciones populares de los vecinos del barrio y de la ciudad. Además, dicha actuación se ha programado sin previo aviso ni anuncio público.
Mañana, la misma asociación ha convocado una asamblea a las 12:00 h con participación abierta a todos los ciudadanos de Valladolid para reclamar una vez más – y todas las que sean precisas – la rehabilitación del edificio para uso dotacional y social en el barrio.
El Gobierno del Partido Popular mediante el Real Decreto 1867/1998 introdujo una reforma del Reglamento Hipotecario que permitía que la Iglesia Católica pudiera proceder a la inscripción registral de una ingente cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico que hasta entonces tenían el carácter de bienes de dominio público, es decir de la ciudadanía. Con este Decreto, la Iglesia Católica se equiparaba a una corporación de derecho público con la potestad de inmatricular (hacer la primera inscripción en un registro de la propiedad) bienes de dominio público en la Ley Hipotecaria de 1946 (art. 206) y en su reglamento (art. 304); pudiendo los obispos y arzobispos ejercer como fedatarios de rango público a la hora de inscribir bienes a nombre de la Iglesia Católica mediante certificación propia y sin aportar ningún título material y previo que justifique la titularidad del derecho real.
Con la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario que entró en vigor en 2015 desaparece la posibilidad que la legislación de 1944-1946 otorgó a la Iglesia Católica de utilizar el procedimiento especial. Se pone fin a este abuso de derecho que ha supuesto la legalización de una apropiación indiscriminada de bienes, en multitud de casos construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos.
Poco antes de la entrada en vigor de esta reforma legal, numerosos obispados procedieron a la inmatriculación de bienes emblemáticos y de incuestionable valor artístico en la historia de España y de nuestros municipios.
Y si en los últimos tiempos hablamos mucho de transparencia, del reconocimiento del derecho a la información como un derecho fundamental, de transparencia activa, de asegurar la información pública, debemos llevar a efecto dichos principios. Y es que actualmente no hay un inventario público con los bienes registrados por la Iglesia Católica. Sólo listados facilitados a algunas comunidades autónomas que los han pedido al M. de Justicia.
Pese a que en el Pleno, la bancada popular ha aludido a la persecución de los bienes de la Iglesia y a la intención de nuestro partido de “expropiarlos” incitando a sus seguidores en RRSS a creer esa idea, lo único que reivindicamos en un proceso transparente en el que los datos se compartan públicamente. Y es que queremos saber. Eso es todo. Queremos saber qué bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia Católica mediante este procedimiento especial.
Nuestra moción ha sido aprobada enmendada por mayoría en el Pleno.
Apoyamos la moción presentada por Ciudadanos para conocer las necesidades reales de personal del Ayuntamiento porque los recortes a los que la anterior legislatura ha sometido a los gobiernos municipales mermaron la plantilla de las administraciones locales de manera difícilmente recuperable. Es difícilmente recuperable porque la Ley de techo de gasto impide convocar nuevas plazas para acometer el ingente trabajo que se lleva a cabo en la Casa Consistorial. También, porque 20 años de jubilaciones sin reposición, de anquilosamiento de cargos a dedo y de inactividad en la necesaria modificación de las RPT han propiciado una situación de emergencia y es preciso gestionar adecuadamente los escasos y muy valiosos RRHH del Ayuntamiento. La moción se ha aprobado finalmente enmendada en Pleno.
También hemos apoyado la moción presentada por VTPL para buscar referencias culturales de las ciudades del mundo con menos recursos y fomentar la interculturalidad más enriquecedora. Cuando se acomete el discurso sobre la inmigración en Europa, a menudo se aborda única y exclusivamente a través del prisma de la ilegalidad. A menudo, también, se apela a la problemática de la huída del talento, sobre todo en esta comunidad. Los medios hablan de la crisis de los refugiados, el dilema ético de las devoluciones en caliente, la trata de blancas y la falta de humanidad en definitiva que provocan que el intercambio cultural parezca imposible.
Por eso, es necesario abordar la interculturalidad desde una perspectiva enriquecedora y positiva porque estamos abocados a desplazarnos. Hoy, más que nunca, somos ciudadanos del mundo. Pero en nuestro periplo y asentamiento residiremos finalmente en ciudades como esta y trasladaremos lo global al ámbito local.
Pero cuando hablamos de intercambio cultural, no estamos hablando de grandes ideas revolucionarias, de cambios de rumbo ideológico o de hazañas memorables. Estamos hablando de modos de funcionar cotidianos, accesibles, ajenos, a lo mejor, a la cultura que vivimos pero que pueden facilitar nuestro día a día si tomamos como referencia las prácticas que en las ciudades. Por eso hemos propuesto una enmienda (adjunta en el presente correo) para reanudar las relaciones con las ciudades hermanadas con Valladolid que ha sido aceptada en Pleno.
Hemos apoyado la moción para la mejora de las condiciones de la práctica deportiva de corredores populares y andarines en la ciudad de Valladolid. Practicar deporte al aire libre aprovechando para ello los espacios urbanos no sólo es saludable, sino que además fomenta la convivencia intercultural, intergeneracionalidad y fomenta la identificación y unión con una causa. Todas las acciones encaminadas a facilitar la convivencia y mejora de las condiciones ciudadanas nos parecen merecedoras de apoyo. La moción ha sido apoyada enmendada en el Pleno.
Y, una vez más, la moción para la puesta en marcha de la tarifa plana para jóvenes y parados de larga duración para el uso de autobuses municipales, ha decaído. Esta misma moción ya se presentó el pasado año con los votos en contra de todos los grupos salvo Cs. La moción aporta de nuevo medidas en las que ya se están trabajando en los diferentes consejos y organismos creados al efecto, por lo que pensamos que, o bien se quieren apuntar un tanto que no les corresponde o no quieren hablar de los problemas reales que padece esta ciudad. Sea como fuere, sí que hemos considerado necesario pedirle a Luis Vélez, concejal de movilidad, responsabilidades sobre la gerencia de AUVASA, ya que el servicio lleva 9 meses sin gerencia. La moción finalmente ha vuelto a decaer en Pleno.
También hemos apoyado la moción para garantizar la seguridad de menores y adolescentes en las actuaciones municipales. Entendemos que la protección de los menores mediante el cumplimiento de este requisito legal debe hacerse en todas las concejalías y áreas cuando se desarrollen actividades y programas dirigidos a menores o que impliquen contacto habitual con estos.
El cumplimiento de los requisitos legales es una obligación en cualquier caso, haya normativa específica o no. Por eso nos parece “extraño” que propongan la elaboración de una normativa específica, aunque si no hay uniformidad entre todas las áreas podría ser positivo un protocolo de actuación unificado en todo el ámbito municipal. La moción finalmente ha sido aprobada en el Pleno.
De acuerdo a las últimas informaciones publicadas en los medios locales, queremos dejar claro el punto de vista del Grupo Municipal Sí Se Puede Valladolid en este asunto:
1.- Reconocemos que el proyecto es de gran importancia para Valladolid y que la actuación concertada de las administraciones en un proyecto tan complejo es de vital importancia, por lo que no vamos a renunciar a lo que se ha conseguido hasta el momento. No obstante, hemos de adaptar este proyecto a la nueva coyuntura del mercado inmobiliario y de restricciones presupuestarias con control estricto del déficit. La Ley del techo de gasto aprobada por el PP en la pasada legislatura para las administraciones municipales es uno de los principales obstáculos para desarrollar el Plan Rogers original.
2.- El convenio firmado en 2002 resulta inviable en la actualidad porque la financiación a través de los aprovechamientos urbanísticos del terreno liberado actualmente resulta inviable ya que la recaudación que se obtendría de la venta de dichos terrenos resultaría insuficiente. En su momento, el cálculo de las amortizaciones de los terrenos se llevaron a cabo sobre el valor del mercado en plena burbuja inmobiliaria. Hoy en día, hay que reformular el proyecto para encajarlo en la nueva coyuntura de restricciones presupuestarias. Como la postura del Ministerio de Fomento debe hacerse teniendo en cuenta las trece sociedades implicadas, es preciso esperar a la formación y consolidación del nuevo gobierno para obtener una postura definitiva.
3.- Además, en la sociedad “Valladolid Alta Velocidad S.A.” se han producido errores importantes de gestión, de administración y carencia de previsión. Estos errores han provocado una situación que no ha sido analizada ni debatida. Por eso, desde SÍVA consideramos preciso llevar a cabo una auditoría completa sobre la gestión de la sociedad para asegurar la procedencia o improcedencia de la deuda generada.
4.- El problema de la deuda bancaria de la sociedad, pese a ser importante y urgente, no puede marcar la agenda de desarrollo del proyecto que necesita una revisión completa.
5.- La discusión de las alternativas ferroviarias no es ni puede ser el principal motivo de revisión del proyecto; creemos que es el momento de repensar las infraestructuras y el planeamiento urbano para alcanzar la mejor alternativa urbana y territorial realizable en la nueva coyuntura.
6.- El proceso seguido hasta la fecha por las administraciones implicadas adolece de falta de transparencia y mecanismos efectivos de participación de la ciudadanía en el proyecto. En SÍVA, consideramos que estos aspectos resultan básicos para llevar a buen puerto un proyecto tan complejo; y, sin una información veraz y completa sobre los aspectos sustanciales del problema, la consulta ciudadana nos parece precipitada.
7.- Nuestra postura como responsables de la oposición a los gobiernos de los partidos que han conducido el proyecto hasta este descarrile, es implicarnos en la crítica activa de la ciudadanía para resarcir el déficit de transparencia y participación pública, y hacer de este proceso la base de la revisión del proyecto de integración urbana del ferrocarril en Valladolid.
Hemos dejado constancia de nuestra postura en la reunión celebrada al efecto hoy a las 12:00 h con el resto de Grupos Municipales en el Ayuntamiento de Valladolid.
La Iglesia Católica se equiparaba a una corporación de derecho público con la potestad de inmatricular (hacer la primera inscripción en un registro de la propiedad) bienes de dominio público en la Ley Hipotecaria de 1946 (art. 206) y en su reglamento (art. 304); pudiendo los obispos y arzobispos ejercer como fedatarios de rango público a la hora de inscribir bienes a nombre de la Iglesia Católica mediante certificación propia y sin aportar ningún título material y previo que justifique la titularidad del derecho real.
El Gobierno del Partido Popular mediante el Real Decreto 1867/1998 introdujo una reforma del Reglamento Hipotecario que permitía que la Iglesia Católica pudiera proceder a la inscripción registral de una ingente cantidad de bienes inmuebles de alto valor cultural, patrimonial y económico que hasta entonces tenían el carácter de bienes de dominio público, es decir de la ciudadanía. Con la modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Catastro Inmobiliario que entró en vigor en 2015 se pone fin a este abuso de derecho que ha supuesto la legalización de una apropiación indiscriminada de bienes, en multitud de casos construidos, restaurados y/o mantenidos con fondos públicos.
Dado que los vecinos y vecinas del municipio de Valladolid no tienen constancia de cuáles han sido los bienes que han sido objeto de estas prácticas en su municipio, se propone la siguiente propuesta de
El Ayuntamiento de Valladolid recabará del Ministerio de Justicia todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en la ciudad de Valladolid, desde 1946 hasta hoy.
El Ayuntamiento de Valladolid elaborará un inventario con todos aquellos bienes que desde 1946 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble de que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aún en el supuesto de que no esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento.
El Ayuntamiento de Valladolid aportará toda la información que obre en su poder y que pueda recabar a través de sus vecinos y vecinas, facilitando canales de participación al citado inventario, respecto a los bienes comprendidos en el punto anterior que se hallen en su término municipal.
El Pleno del Ayuntamiento de Valladolid insta a la Junta de Castilla y León a que realice un inventario de todos los bienes inmuebles ubicados en Castilla y León inmatriculados por la Iglesia Católica desde 1946 hasta el mes de marzo de 2015 para atribuirse la propiedad siendo del bien común.
Hoy, hemos vuelto a acercarnos al Cementerio del Carmen de Valladolid para que Julio del Olmo, de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, nos contase cuáles han sido los últimos avances del equipo que está trabajando en las fosas comunes de los represaliados de la Guerra Civil allí ubicadas.
Según nos ha explicado de primera mano en compañía de las representantes del equipo de gobierno, y según recoge hoy la prensa acertadamente, no todos las personas encontradas en el cuadrante 58 recibieron el mismo tipo de entierro, aunque sí que queda claro que todos padecieron una muerte violenta.
Algunas personas fueron enterradas con féretros, otras con algunas de sus pertenencias y otros tantos sin absolutamente ninguna de ellas por lo que el equipo deduce que les despojaron de cuanto tenían.
Algunos están colocados para ocupar el mínimo espacio y otros fueron simplemente arrojados al foso sin ningún decoro.
Algunos proceden de juicios sumarios (podían ser enterrados en féretros costeados por los familiares), otros, no confesaban lo que debían y eran arrojados a la fosa común sin ningún tipo de rito o cuidado. Y, por último, encontramos a aquellos que fueron ejecutados extrajudicialmente que también acababan en la fosa, en su mayoría, junto a sus pertenencias por la celeridad y el secretismo del proceso…
El equipo, compuesto por 5 arqueólogos, una bióloga y un peón, continuará durante todo el verano con las excavaciones y las exhumaciones. El lunes el Ayuntamiento de Valladolid anunciaba la firma del necesario convenio de colaboración con aportación económica para continuar con el ingente trabajo. Ahora queda ir recuperando cuerpos e historias de los familiares, amigos y vecinos de Valladolid que murieron por defender la democracia.
Y, aunque la identificación de los cuerpos va a resultar difícil, según nos aseguraba el propio Julio del Olmo, lo más importante ahora mismo pasa por dignificar y recuperar la memoria de todos aquellos vallisoletanos cuyas voces fueron silenciadas y reprimidas del modo más cruel.
Héctor Gallego Blanco, portavoz del Grupo Provincial Sí Se Puede en la Diputación Provincial de Valladolid, al amparo de lo dispuesto en el artículo 97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y artículo 67 del Reglamento Orgánico de esta institución, presenta al pleno corporativo del próximo 15 de julio de 2016 la siguiente PROPOSICIÓN:
“PROPUESTA PARA MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID”
En Castilla y León, casi la cuarta parte de la población supera los 65 años de edad. El sobre-envejecimiento es particularmente elevado en el medio rural. El IMSERSO estima que alrededor de 750.000 habitantes rurales en el país pueden considerarse grandes dependientes, es decir, que no tienen capacidad para valerse por sí mismos y no pueden desplazarse de forma autónoma fuera del domicilio.
En Castilla y León hay por un lado municipios periurbanos, más conocidos como alfoz, situados en el área de influencia urbana, en los que se concentra la mayor parte del crecimiento demográfico de la región, en los últimos años el crecimiento de estos ha incrementado su población en más de un 60%; por otro, las ciudades y los centros comarcales (Medina del Campo, por ejemplo); y, finalmente, el resto de los municipios, los más afectados por la despoblación. Cabe recordar que Castilla y León es una de las tres comunidades autónomas con mayor tasa de discapacidad, en el medio rural la tasa es de casi un 12% de la población, frente a la tasa de discapacidad registrada en las capitales de provincia castellano-leonesas, que es del 8,8% (Fuente: Elaboración Red Círculos a partir de los datos del INE).
Si a esta situación le añadimos el hecho de que la mayoría de los municipios carecen de infraestructuras y servicios asistenciales, deducimos que el cuidado de los dependientes recae principalmente en el ámbito doméstico del afectado, lo que dificulta tanto la emancipación residencial del dependiente como la trayectoria laboral del cuidador, una tarea que asumen principalmente las mujeres.
Actualmente, la Diputación de Valladolid ofrece subvenciones en los municipios de menos de 20.000 habitantes a los vecinos con un grado de discapacidad reconocido superior al 33%. Pero estas subvenciones se limitan a una cuantía que no puede superar los 1500 € anuales. Se trata de una cantidad a todas luces insuficiente. Difícilmente puede suponer una ayuda si consideramos que el sueldo mensual de un especialista en atención a personas dependientes supera ya esta cantidad. Así mismo, la medicación específica, los cuidados requeridos, la aparatología precisa o la propia adaptación de la vivienda a menudo corre a cargo exclusivamente del sueldo o pensión del afectado y/o sus familiares o tutores.
En Castilla y León, la Ley que regula la accesibilidad y la supresión de barreras data de 1998.
Tanto la realidad, como el lenguaje y la sensibilidad hacia este tema han evolucionado sensiblemente. El Decreto estatal 217/2001, de agosto por el que se aprueba Reglamento accesibilidad y supresión de barreras mejora la citada Ley autonómica y estipula un plazo, el año 2017, para que todos los municipios del país adapten su accesibilidad a la citada normativa. Dotar de entornos accesibles a los municipios de la provincia es imprescindible para garantizar los derechos de sus vecinos y evitar su despoblación ya que toda la población es beneficiaria potencial de la accesibilidad y de la supresión de barreras.
Los entornos rurales padecen una amplia deficiencia en espacios accesibles porque existe una escasa concienciación sobre la accesibilidad y su influencia en la calidad de vida de las personas con disfuncionalidades. Y es que la supresión de barreras exige inversiones económicas y cambios en el entorno que, debido a la dispersión competencial y la falta de coordinación administrativa, resulta complicado acometer.
La Red Círculos denunció hace cuatro años que Castilla y León sufre importantes deficiencias para el discapacitado. El CERMI, además, advierte de que es la mujer la principal perjudicada de esta situación.
La Diputación elaborará, en colaboración con organismos locales, asociaciones y ONGs especializadas, un diagnóstico de la situación en los diferentes municipios de la provincia de Valladolid para valorar las necesidades reales de adaptación y eliminación de barreras en los edificios públicos (Ayuntamientos, puntos de información, consultorios médicos, centros educativos) de los diferentes organismos locales. La Diputación destinará una partida presupuestaria específica y suficiente para su desarrollo. Dicha partida complementará la recibida por la Junta de Castilla y León procedente de los Fondos Europeos de Desarrollo Rural (2014-2020).
Todas las obras que se acometan en adelante en dichos municipios de la provincia deberán regirse estrictamente al reglamento de accesibilidad de 2001 para recibir las ayudas que la Diputación de Valladolid destine al efecto.
La Diputación se dirigirá a los municipios de la provincia con servicio de estacionamiento regulado para que modifiquen la normativa local para facilitar el aparcamiento libre y gratuito a los vehículos de propietarios con discapacidad acreditada.
De igual manera, la Diputación se dirigirá a los diferentes municipios de Valladolid para que adapten adecuadamente la disposición del mobiliario urbano del entorno con la finalidad de convertirlo en accesible, la acometida de los rebajes en los pasos de peatones, la colocación de señalética adaptada y el acondicionamiento de accesos comunes para su adaptación paulatina al reglamento de accesibilidad.
Hace unos meses, la Concejalía de Medio Ambiente daba a conocer a los diferentes grupos municipales recién llegados a la institución la escalofriante situación de la gestión del agua en la ciudad de Valladolid.
Tras la privatización llevada a cabo en la anterior legislatura y la concesión de su explotación a la empresa ‘Aguas de Valladolid’, los resultados de una auditoría externa ratificados por el personal técnico consistorial concluían que la ciudad lleva años sin recibir un mantenimiento adecuado de su alcantarillado. De ahí, posiblemente, las numerosas averías que venía padeciendo el subsuelo de la ciudad en los últimos años. Es más, el retorno de los beneficios que la empresa devolvía por contrato al propio ayuntamiento, en torno a un 30% de los beneficios anuales, ni siquiera se reinvertía en el mantenimiento del sistema de abastecimiento.
Y, como viene sucediendo, ahora la situación es apremiante. En este caso el lema de “la herencia recibida” cobra un nuevo sentido.
Por eso, la correspondiente concejalía se puso manos a la obra y barajando posibles inversiones y presupuestos ofreció la posibilidad de replantear la gestión del Ciclo del Agua con cuatro modelos diferentes que abarcan desde la remunicipalización completa a la privatización completa (que es el actual modelo de gestión), pasando por la creación de una empresa pública de gestión municipal y la sociedad mixta (privada/pública al 50%).
Desde SÍVA, apoyamos la creación de la gestión pública a través de una sociedad municipal para recuperar la gestión de un bien básico para los vecinos y las vecinas de la ciudad. Se trata de un modelo de remunicipalización que solventa la regla del techo de gasto estatal establecida por el gobierno del PP durante la anterior legislatura. Este modelo es el que están llevando a cabo la mayoría de las administraciones que quieren recuperar el control del agua para garantizar su acceso a toda la ciudadanía. La gestión consistorial directa imposibilitaría, además, la subrogación de los hasta el momento trabajadores de Aguas de Valladolid, muchos de ellos, mayores de 45 años, con cargas familiares y una amplia experiencia en la citada empresa. Con este modelo, toda la plantilla podrá conservar su empleo y poner a disposición de la ciudad su amplia experiencia en el sector.
Por eso y pese a que el grupo Municipal Socialista abogó en principio por una empresa mixta, en SÍVA consideramos imprescindible recuperar la gestión pública de los bienes básicos y defendemos la gestión a través de una empresa 100% pública en la comisión creada al efecto.
El presidente de la Diputación de Valladolid se ha comprometido con nosotros en la Junta de Portavoces celebrada hoy a atender todas las solicitudes de ayuda al alquiler joven en municipios de la provincia que se han presentado a la convocatoria de la institución y se han quedado fuera del reparto debido a la escasa inversión.
Este compromiso surge después de que en el Pleno celebrado el pasado mes de abril en la Diputación planteásemos una pregunta en la que cuestionábamos la escasa financiación destinada a cubrir esta necesidad. Lo que advertimos entonces, se ha convertido en realidad y la Diputación no ha podido atender con aquella partida presupuestaria todas las solicitudes presentadas. Han quedado fuera de las listas de beneficiarios 41 solicitudes que, cumpliendo en tiempo y forma con los requisitos establecidos, no han podido acceder a las ayudas. El Área de Igualdad de Oportunidades y Servicios Sociales ha calculado que, para poder atenderlas, la partida habría requerido aumentar en 48.162,33 € más su presupuesto.
En concreto, especificamos lo siguiente: “Cuando en diciembre de 2015 discutimos en este pleno los presupuestos de 2016, ya les dijimos que no había suficiente dinero para conseguir que nuestros jóvenes se queden en nuestros pueblos, garantizando su pervivencia y su futuro, por eso presentamos varias enmiendas de aumento de gasto en estas partidas que no nos aceptaron”
Nuestros pueblos pierden 7 habitantes al día y la población en el ámbito rural, fuera del alfoz, apenas supone ya el 17% del censo total de la provincia (datos del INE). En SÍVA, creemos que recuperar población y facilitar su asentamiento en el medio rural gracias al acceso a una vivienda digna es fundamental para fomentar el retorno del talento y permitir el desarrollo personal y profesional de nuestros jóvenes en la provincia de Valladolid.
Por eso, en el futuro, y pese a que el Grupo Popular ha propuesto en inicio modificar las bases de la convocatoria para restringir aún más el acceso a las ayudas, esperamos que lo que se modifique sea la cantidad aportada para la financiación de esta convocatoria con el fin de acoger al mayor número de solicitudes posibles.
El reconocimiento del Síndrome de Diógenes como enfermedad psiquiátrica en la ‘Clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas de salud’ (CIE- 10) se lleva a cabo debido a la gran discapacidad que supone para el sujeto, las consecuencias que este trastorno tiene para la salud pública y con el fin concienciar socialmente de esta realidad además de mejorar la identificación de los casos y su diagnóstico, estimulando la investigación y el tratamiento específico de los mismos.
Según datos estadísticos, este trastorno afecta sobre todo a mayores de 65 años con un riesgo de padecimiento de alrededor del 3%. En la ciudad de Valladolid se han detectado en los últimos años más de una docena de casos pero la probabilidad de que muchos vecinos desarrollen dicha enfermedad va a en aumento.
El Procurador del Común formulaba el pasado 16 de mayo una resolución para elaborar y aprobar un protocolo de actuación ante situaciones de riesgo para la salud pública o de insalubridad en viviendas y locales en el que se establezcan instrucciones o pautas de intervención comunes a todos los agentes implicados. Los ayuntamientos de León y de Salamanca ya disponen de un protocolo al respecto. En León, se está trabajando en la elaboración de un protocolo para solventar situaciones de insalubridad de viviendas y locales con el fin de coordinar todas las actuaciones y solucionar la problemática derivada. Salamanca, por su parte, ya dispone de este protocolo al completo y en él intervienen estratégicamente todas las administraciones implicadas.
Según lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley Reguladora de la Institución, la aceptación o no de dicha resolución debía comunicarse en un plazo máximo de dos meses. Transcurrido ese periodo, formulamos la siguiente pregunta al Ayuntamiento de Valladolid:
¿Dispone esta institución de un protocolo de actuación para los casos afectados por el Síndrome de Diógenes que se puedan detectar en la ciudad Valladolid?
En el caso de no existir ¿va a elaborarse uno?
¿Con qué organismos y agentes se va a contar para su elaboración?
El pasado 23 de junio la Concejala de Cultura de Valladolid, Ana Redondo, reconocía ante la prensa su desconocimiento de las intenciones de la empresa Hullera Vasco Leonesa de subastar 56 obras de su propiedad que forman parte de la Colección Arte Contemporáneo y que custodia, mediante un Convenio de Comodato con la Fundación “Patio Herreriano”de Arte Contemporáneo Español de Valladolid, el museo Patio Herreriano (MPH).
Este Convenio fue suscrito por primera vez por el Ayuntamiento en enero del año 2000 y revisado y modificado en 2011, después de que Hullas de Coto Cortés, S.A. y Colecciones de Arte, S. A. manifestaran a la Asociación “Colección Arte Contemporáneo” su voluntad de disponer de las obras de arte de su propiedad al vencimiento del Convenio y de que ésta informara a la Fundación “Patio Herreriano”.
No es por tanto la primera vez que se produce la denuncia del Convenio por parte de la Colección, pero quizás sí sea la primera vez que, a falta de apenas una semana para el vencimiento del Convenio, la Fundación Patio Herreriano no ha sido informada de la intención de la Colección de deshacerse de unas obras que en este momento forman una parte importante de los fondos permanentes del Museo y entre las que incluso podrían encontrarse algunas de las comprometidas para viajar este otoño al Meadows Museum de Dallas.
Este es sólo un ejemplo de la gestión de un museo que hace tiempo que necesita replantearse sus objetivos y disponer de un proyecto que le permita alcanzarlos; un museo que no conecta con la ciudad, como muestra el escaso número de visitas incluso de la gente del sector-perceptible aún cuando no se proporcionen datos al respecto-; un museo que no compensa la nula rentabilidad económica -algunos departamentos tienen pérdidas considerables- con una rentabilidad social y cultural acorde con la intención original, la excepcionalidad del espacio expositivo y, sobre todo, las necesidades de una ciudad como Valladolid.
Es el momento de reflexionar sobre el papel del museo y sobre su futuro, de plantearse la vinculación con la Colección Arte contemporáneo -o con cualquier otra fuente de obra artística- en función de que se puedan cumplir unas expectativas, de adoptar un proyecto museístico realista y de establecer protocolos de planificación anual, de participación, y de conexión con la ciudad, su población y sus artistas.
En julio de 2003 el Grupo Municipal Socialista presentó una Moción en el Pleno de este Ayuntamiento que planteaba la necesidad de obtención de recursos económicos y la realización de medidas promocionales para dar a conocer la actividad del MPH.
En julio de 2012 Izquierda Unida planteaba una docena de medidas para impulsar la presencia del MPH en Valladolid y mejorar su oferta y su gestión.
Ahora el Grupo Municipal Sí se puede Valladolid somete a la aprobación del Pleno del Ayuntamiento los siguientes
Sacar a concurso la dirección del Museo Patio Herreriano, teniendo en cuenta la legislación vigente pero también las directivas europeas y Códigos de Buenas Prácticas en Gestión cultural, y valorando tanto la formación y experiencia de los aspirantes como el proyecto que pudieran presentar.
Crear un grupo de trabajo para el debate de los objetivos, perspectivas y posibilidades del MPH. Este grupo contará con miembros de los principales colectivos implicados: artistas visuales, críticos y profesionales de la museística y la gestión cultural, y quedaría disuelto una vez que se convoque el futuro Consejo de las Artes que debería asumir sus competencias.
Habilitar en el MPH un espacio que los artistas están reclamando: una sala para artistas emergentes.
Negociar con la Junta de Castilla y León una aportación económica acorde con la categoría del MPH, que permita la confección de un presupuesto anual objetivo y reconozca su importancia en el ámbito social y cultural de la Comunidad.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 97
 artículo 67
 resolución 
 artículo 19
 resolución