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Timestamp: 2020-06-06 02:38:21+00:00

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Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 100 de 1993 y el Decreto-ley 1295 de 1994.
En uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en el articulo 189, numeral 11 de la Constitución Política,
Articulo 1º. Centro de trabajo.
Para los efectos del artículo 25 del Decreto-ley 1295 de 1994, se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
2. Que las edificaciones y/o áreas a cielo abierto de los centros de trabajo sean independientes entre si, como que los trabajadores de las otras áreas no laboren parcial o totalmente en la misma edificación o área a cielo abierto, ni viceversa.
Parágrafo. Las unidades de radiodiagnóstico y de radioterapia de los centros asistenciales o IPS., deben ser clasificadas como centros de trabajo independientes; en caso de que dichas unidades incumplan las normas de radioafísica sanitaria o bioseguridad, además de las sanciones previstas en el Decreto 1295 de 1.994, la Empresa se clasificará en la clase correspondiente a dichas unidades.
ARTÍCULO 25 DEL DECRETO 1295 DE 1.994. Se entiende por clasificación de empresa el acto por medio del cual el empleador clasifica a la empresa de acuerdo con la actividad principal dentro de la clase de riesgo que corresponda y aceptada por la entidad administradora en el término que determine el reglamento. Cuando una misma empresa tuviese más de un centro de trabajo, podrá tener diferentes clases de riesgo, para cada uno de ellos por separado, bajo una misma identificación, que será el número de identificación tributaria, siempre que exista diferenciación clara en la actividad que desarrollan, en las instalaciones locativas y en la exposición a factores de riesgo ocupacional.
ARTICULO 2º. FUNDAMENTO DE LA RECLASIFICACIÓN.
La reclasificación de centros de trabajo que implique para ellos una cotización diferente a aquélla que le corresponde a la actividad principal de la empresa, deberá ser sustentada con estudios técnicos completos, realizados por entidades o profesionales reconocidos legalmente y verificables por la entidad Administradora de Riesgos Profesionales correspondiente o el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
ARTICULO 3º. REMISIÓN DE LOS ESTUDIOS DE RECLASIFICACIÓN.
Toda reclasificación deberá ser informada por la Administradora de Riesgos profesionales ARP, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo o a la Oficina Especial de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso, o a las oficinas que hagan sus veces.
La reclasificación, en desarrollo de lo ordenado por el articulo 33 del Decreto-ley 1295 de 1.994, sólo podrá ser efectuada por la entidad Administradora de Riesgos Profesionales, cumplidos tres meses del traslado de la entidad Administradora de Riesgos Profesionales de la empresa reclasificada.
La Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en cualquier tiempo. podrá solicitar los estudios técnicos que sustentaron la reclasificación.
ARTÍCULO 33 DEL DECRETO 1295 DE 1.994. Los empleadores pueden trasladarse voluntariamente de entidad administradora de riesgos profesionales, una vez cada año, contado desde la afiliación inicial o el último traslado, el cual surtirá efectos a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que el traslado se produjo, conservando la empresa que se traslada la clasificación y el monto de la cotización por los siguientes tres meses.
ARTÍCULO 4º. ACCIDENTE DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL CON MUERTE DEL TRABAJADOR.
Cuando un trabajador fallezca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, el empleador deberá adelantar, junto con el comité paritario de Salud Ocupacional o el Vigía Ocupacional, según sea el caso, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la ocurrencia de la muerte, una investigación encaminada a determinar las causas del evento y remitirlo a la Administradora correspondiente, en los formatos que para tal fin ésta determine, los cuales deberán ser aprobados por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Recibida la investigación por la Administradora, ésta lo evaluará y emitirá concepto sobre el evento correspondiente. y determinará las acciones de prevención a ser tomadas por el empleador, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles.
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la emisión del concepto por la Administradora de Riesgos Profesionales, ésta lo remitirá junto con la investigación y la copia del informe del empleador referente al accidente de trabajo o del evento mortal, a la Dirección Regional o Seccional de Trabajo, a la Oficina Especial de Trabajo d Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, según sea el caso, a efecto que se adelante la correspondiente investigación y se impongan las sanciones a que hubiere lugar.
ARTICULO 5º. INTERMEDIARIOS DE SEGUROS.
Para dar cumplimiento al inciso 2º del artículo 81 del Decreto-ley 1295 de 1.994, la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social verificará periódicamente a las entidades debidamente licenciadas por la autoridad competente cuando se dediquen a realizar actividades de Salud Ocupacional estudiando la capacidad técnica, humana y especializada con que cuentan para tal fin.
De conformidad con el inciso 4º del artículo 81 del Decreto-ley 1295 de 1.994, en ningún caso la ARP., sufragará el monto de honorarios o comisiones cuando la intermediación sea contratada por el empleador para la selección de la ARP.
Las empresas que estando vinculadas al Sistema de Riesgos Profesionales el primero (1º de agosto de 1.994, y a partir de la vigencia del presente Decreto continúen vinculadas a la misma ARP., podrán trasladarse a una nueva entidad Administradora de Riesgos Profesionales hasta el treinta (30) de noviembre de mil novecientos noventa y seis (1.996). A partir de esta fecha y para efectos del traslado deberán ceñirse a lo estipulado en el artículo 33 del Decreto-ley 1295 de 1.994.
ARTÍCULO 81 DEL DECRETO 1295 DE 1.994. Las entidades administradoras de riesgos profesionales podrán, bajo su responsabilidad y con cargo a sus propios recursos, emplear para el apoyo de sus labores técnicas a personas naturales o jurídicas debidamente licenciadas por el Ministerio de Salud para la prestación de servicios de salud ocupacional a terceros. Los intermediarios de seguros sujetos a la supervisión permanente de la Superintendencia Bancaria, podrá realizar actividades de salud ocupacional si cuentan con una infraestructura técnica y humana especializada para tal fin, previa obtención de licencia para prestación de servicios de salud ocupacional a terceros. Las administradoras de riesgos profesionales, deberán promocionar el sistema de riesgos profesionales entre los empleadores, brindando la asesoría necesaria para que el empleador seleccione la administradora correspondiente. Si para la selección de la administradora de riesgos profesionales el empleador utiliza algún intermediario, deberá sufragar el monto del honorario o comisión de éste con cargo sus propios recursos, y en ningún caso dicho costo podrá trasladarse directa o indirectamente al trabajador. PARAGRAFO: Lo previsto en el capítulo III del Decreto 720 de 1.994, o las normas que lo modifiquen, será aplicable a las entidades administradoras de riesgos profesionales.
ARTICULO 6º. ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES.
Para adelantar las labores de prevención, promoción y control previstas en el Decreto-ley 1295 de 1.994, las ARP., deberán semestralmente, (SIC) ante la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales:
2. Relación de equipos, laboratorios e instalaciones, propios o contratados, que será utilizados para la prestación de los servicios de Promoción, Prevención e Investigación
4. Proyección y ampliación de los servicios a que se refieren los numerales anteriores relacionada con cálculos de incremento de cobertura durante el periodo fijado por la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales.
5. Copia de los contratos vigentes que garanticen el cubrimiento para sus afiliados de los servicios asistenciales, de prevención, de promoción y de asesoría, con las EPS personas naturales o jurídicas legalmente reconocidas para tal fin.
6. Relación de los programas, campañas y acciones de Educación, Prevención e Investigación que se acuerden desarrollar con la empresa al momento de la afiliación
Parágrafo. Debe discriminar esta información por cada departamento del país, en donde existan oficinas de servicios y afiliados a la respectiva Administradora de Riesgo Profesionales.
ARTÍCULO 7º. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN.
En el formulario de afiliación de la empresa, la Administradora de Riesgos Profesionales se comprometerá para con la respectiva empresa a anexar un documento en el que se especifiquen los programas y las acciones de prevención que en el momento se detecten y requieran desarrollarse a corto y mediano plazo.
ARTICULO 8º. PRESTACIONES O CARGO DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES.
Será responsable del pago de las prestaciones de que trata el Decreto 1295 de 1.994, la entidad Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentre afiliado el trabajador al momento de ocurrir un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad profesional.
En caso de que la enfermedad profesional o el accidente de trabajo o sus secuelas, se diagnostiquen con posterioridad a la desvinculación laboral del trabajador, las prestaciones deberán ser pagadas por la última ARP., que cubrió el riesgo ocasionante del daño ocupacional. La ARP., que cubrió el riesgo, podrá acudir al procedimiento señalado en el articulo 5º del Decreto 1771 de 1.994.
ARTÍCULO 5º DEL DECRETO 1771 DE 1.994. Las prestaciones derivadas de la enfermedad profesional, serán pagadas en su totalidad por la entidad administradora de riesgos profesionales a la cual esté afiliado el trabajador al momento de requerir la prestación asistencial, o de adquirir el derecho a la prestación económica. La entidad administradora de riesgos profesionales que atienda las prestaciones económicas derivadas de la enfermedad profesional, podrá repetir por ellas, contra las entidades que asumieron ese riesgo con anterioridad, a prorrata del tiempo durante el cual otorgaron dicha protección, y de ser posible, en función de la causa de la enfermedad. La entidad administradora de riesgos profesionales que asuma las prestaciones económicas, podrá solicitar los reembolsos a que haya lugar dentro del mes siguiente a la fecha en que cese la incapacidad temporal, se pague la indemnización por incapacidad permanente, o se reconozca definitivamente la pensión de invalidez o de sobrevivientes. El reembolso procede cuando se den las condiciones establecidas en el parágrafo 2° del artículo 11 del Decreto 1295 de 1.994, previa demostración que el efecto se causó durante el tiempo en que estuvo afiliado a dicha entidad administradora.
ARTICULO 9º. CONTRATACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL POR PARTE DE LAS EMPRESAS.
Para el diseño y desarrollo del Programa de Salud Ocupacional de las empresas, éstas podrán contratar con la entidad Administradora de Riesgos Profesionales a la cual se encuentren afiliados, o con cualesquiera otra persona natural o jurídica que reúna las condiciones de idoneidad profesional para desempeñar labores de Salud Ocupacional y debidamente certificadas por autoridad competente.
ARTICULO 10. AFILIACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS TEMPORALES.
Los trabajadores permanentes y en emisión de las empresas de servicios temporales deberán ser afiliados por éstas a una Administradora de Riesgos Profesionales.
ARTÍCULO 11. PROGRAMAS DE SALUD OCUPACIONAL QUE LOS PROTEGE.
Las empresas usuarias que utilicen los servicios de empresas de servicios temporales deberán incluir los trabajadores en misión dentro de sus programas de salud ocupacional, para lo cual deberán suministrar:
ARTICULO 12. PAGOS DE LAS COTIZACIONES.
Las empresas de servicios temporales tendrán a su cargo el pago de las cotizaciones para el Sistema General de Riesgos Profesionales de sus trabajadores a la correspondientes ARP, donde los hayan afiliado.
a) Para los trabajadores de planta según la clase de riesgo en que se encuentre clasificada la Empresa de Servicios Temporales
ARTÍCULO 14. REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL.
Para los efectos del cómputo del Indice de Lesiones Incapacitantes ILI, y la Evaluación del Programa de Salud Ocupacional, las empresas usuarias están obligadas a reportar a la ARP., a la cual se encuentran afiliadas el número y la actividad de los trabajadores en misión que sufran accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
ARTÍCULO 15. CONFORMACIÓN DE COMISIONES.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social reglamentará y fomentará la conformación de comisiones nacionales integradas por representantes de los trabajadores, los empleadores, entidades estatales y otras organizaciones vinculadas con el Sistema General de Riesgos Profesionales, cuyo objeto será la de hacer de instancias operativas de las políticas y orientaciones del sistema para la promoción y prevención de los Riesgos Profesionales por actividades de la economía nacional o por interés de tipo sectorial.
Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C. a 26 de agosto de 1.996.

References: artículo 25

ARTÍCULO 25

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 4
 artículo 81
 artículo 81
 artículo 33

ARTÍCULO 81

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 5
 artículo 11

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 14

ARTÍCULO 15