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Timestamp: 2017-07-21 04:37:33+00:00

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Reseña de las últimas Sentencias y Resoluciones con mayor relevancia en el ámbito tributario.
Doctrina TEAC
F. desde:
F. hasta:
Tributos locales. La exención del ICIO a favor de los inmuebles de la Iglesia Católica puede constituir ayuda de estado.
STJUE de 27 de junio de 2017, C-74/2016. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTOS LOCALES, Posible consideración como ayuda estatal prohibida de la exención del tributo en favor de los inmuebles de la Iglesia Católica. Solicitud de devolución de congregación religiosa de lo abonado en concepto de ICIO al Ayuntamiento de Getafe por las obras realizadas en un inmueble destinado al ejercicio de actividades sin una finalidad estrictamente religiosa. Una exención fiscal como la controvertida puede estar comprendida en el ámbito de la prohibición establecida en el artículo 107 TFUE, apartado 1, si tales actividades son de carácter económico, extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional remitente.
+ IIVTNU. No resulta necesario probar que no hubo plusvalía para obtener la nulidad de las autoliquidaciones.
SJCA Numero 2 de La Coruña, de 30 de junio de 2017. IIVTNU. Interpretación de la STC de 11 de mayo de 2017. La sentencia dictada por el Tribunal Constitucional mediante la cual declaró inconstitucionales y nulos y expulsó del ordenamiento jurídico los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, no presenta unos efectos acotados, sino que por el contrario “(..) La declaración de inconstitucionalidad de la disposición pero también la nulidad de la norma es incondicionada, y no se limita tampoco a unos concretos escenarios en los que el cálculo de la base imponible determine la inexistencia de plusvalía (..)”. Por tanto, no resulta necesario probar que no hubo plusvalía para obtener la nulidad de las autoliquidaciones (o, en su caso, liquidaciones).
+ Procedimiento tributario. La solicitud de rectificación de una liquidación del IS fundada en la regularización practicada a otro obligado tributario no puede desestimarse con el único argumento de la no firmeza de la liquidación.
RTEAC de 11 de julio de 2017, rec. 7828/2015. LGT. Solicitudes de rectificación de autoliquidaciones derivadas de previos acuerdos de liquidación que tienen una incidencia directa en magnitudes declaradas en las autoliquidaciones de otro obligado tributario distinto de aquel al que se practicó la liquidación. Denegación de las solicitudes fundada en la falta de firmeza de los acuerdos de liquidación. La normativa reguladora del procedimiento de rectificación de autoliquidaciones únicamente prevé la exigencia de firmeza en el supuesto contemplado en el artículo 129.2 del RD 1065/2007, es decir, el supuesto de rectificación de autoliquidaciones de repercutidores de cuotas, instadas por quienes las soportaron, en casos de indebida repercusión del Impuesto, cuando se les hubiese denegado el derecho a deducir dichas cuotas por tal causa, exigiéndose la firmeza de dicha regularización.
Fuera de dicho supuesto, no hay una norma que ampare la exigencia de firmeza del acuerdo de liquidación que constituye la causa de la solicitud de rectificación de autoliquidaciones, siendo plenamente trasladable a este ámbito la doctrina del TEAC relativa a la posibilidad de la Administración de dictar liquidaciones provisionales de períodos posteriores, que tienen su causa en liquidaciones de períodos anteriores, aunque tales liquidaciones no hayan adquirido firmeza por haber sido impugnadas en ulteriores vías revisoras e incluso se haya suspendido su ejecución en dichas vías.
Por lo tanto, No resulta procedente la desestimación de la solicitud de rectificación de la autoliquidación con el único argumento de la no firmeza de la liquidación, basándose la solicitud de rectificación en los mismos fundamentos sobre los que la Administración ha sustentado su liquidación.
Procedería estimar la solicitud de rectificación de la autoliquidación, practicando la Administración la correspondiente liquidación provisional.
Ahora bien, si posteriormente el recurso o reclamación contra la liquidación primera es estimado en todo o en parte, la ulterior liquidación provisional que estimó la solicitud de rectificación habrá de ser posteriormente revertida, como consecuencia directa de la posterior sentencia o resolución que anulase el acto no firme que constituyó el fundamento en virtud del cual precisamente se estimó la solicitud de rectificación de la autoliquidación, debiendo dictar la Administración otra liquidación en ejecución de la propia sentencia o resolución, determinantes de circunstancias nuevas que habilitan corregir en sus justos términos el enriquecimiento injusto que aquella sentencia o resolución consagrarían en el contribuyente cuya solicitud de rectificación se atendió.
+ IIVTNU - Sentencia de 30 junio 2017 Juzgado Cº - Admvo. nº 2 A Coruña
En la sentencia, el Magistrado-Juez, don Enrique García Llovet, lleva a cabo un profundo y minucioso estudio de la situación del controvertido impuesto tras la referida sentencia dictada el 11 de mayo de 2017 por el Tribunal Constitucional y, tras compartir los argumentos expuestos en la demanda, concluyó estimando el recurso. Al contrario de lo sostenido por cierto sector de la doctrina, y por algunos Juzgados, el Magistrado-Juez defiende el mismo criterio que argumentó en el escrito de demanda, y que se puede resumir en que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional mediante la cual declaró inconstitucionales y nulos y expulsó del ordenamiento jurídico los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales, no presenta unos efectos acotados, sino que por el contrario “(..) la declaración de inconstitucionalidad de la disposición pero también la nulidad de la norma es incondicionada, y no se limita tampoco a unos concretos escenarios en los que el cálculo de la base imponible determine la inexistencia de plusvalía (..)”; es decir, que no es necesario probar que no hubo plusvalía para obtener la nulidad de las autoliquidaciones (o, en su caso, liquidaciones).
Si bien por razones de cuantía contra la sentencia no cabe recurso de apelación, es de suponer que los servicios jurídicos del Ayuntamiento intentarán que sea revocada por el Tribunal Supremo vía recurso de casación.
+ IIVTNU. Ni la Administración ni el juez pueden determinar si se ha producido una ganancia en la transmisión
SJCA de Santander de 14 de junio de 2017, rec. 88/2017. IIVTNU. Interpretación de la STC número 59/2017, de 11 de mayo. Según el órgano judicial, el TC no ha dictado una sentencia interpretativa, en la cual declara que un precepto no es inconstitucional condicionándolo a determinada interpretación, sino que, por el contrario, su pronunciamiento es claro declarando nulo y expulsando del Ordenamiento Jurídico los artículo 107 y 110 del TRLHL. Dado que ni la administración ni el juez pueden reconstruir la norma ni discutir, caso por caso, qué es incremento y cómo se determina o combate mediante procedimientos o pruebas alegales y solo puede hacerlo en el futuro el legislador (si es que lo hace), no cabe pretender que, una vez expulsada la norma del ordenamiento, el inciso final del fallo signifique otra cosa que un indicativo o advertencia a ese futuro legislador (ver comentario).
+ IVA. Exenciones relativas a las exportaciones fuera de la UE
STJUE de 29 de junio de 2017, rec. 288/2016. DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Exenciones relativas a las exportaciones fuera de la UE. Supuesto de prestación de servicios de transporte de bienes con destino a un país tercero, en el que dichos servicios no se prestan directamente al expedidor o al destinatario de dichos bienes. Interpretación del art. 146, apartado 1, letra e), de la Directiva 2006/112. Para la aplicación de la exención del artículo indicado se exige la existencia de un vínculo directo. Se requiere, no sólo que, por su objeto, las prestaciones de servicios de que se trate contribuyan a la realización efectiva de una operación de exportación o de importación, sino también que estos servicios se presten directamente, según los casos, al exportador, al importador o al destinatario de los bienes mencionados en dicho precepto.
+ Procedimiento tributario. Si solo parte de la deuda es recurrida jurisdiccionalmente, la Administración debe ejecutar la parte de la deuda liquidada no recurrida respecto de la que existe conformidad del sujeto pasivo
SAN de 7 de abril de 2017, rec. 460/2015. PRESCRIPCIÓN. Materia administrativa y tributaria. Acciones y derechos. Débitos a la Hacienda Pública. Liquidaciones objeto de impugnación jurisdiccional. El acuerdo de suspensión respecto de ellas, demora la efectiva ejecución hasta la sentencia firme. En el caso, no puede oponerse válidamente el mero dato formal de que aun pendía la decisión del Tribunal Supremo y que hasta entonces no podía cobrarse la deuda liquidada en su totalidad, pues dicha sentencia en ningún caso podía referirse a la parte de deuda ya determinada por el aquietamiento expreso de la entidad,que no fue objeto de impugnación a través del recurso de casación. La Administración tributaria está obligada a promover el cobro de las deudas tributarias -sea en su totalidad o en la parte no discutida- tan pronto como le sea legalmente posible, con la consecuencia, en caso contrario, de que comiencen a correr a partir de ese momento los plazos de prescripción de su derecho a exigir el pago y de que se consume dicha prescripción por el transcurso de los mismos.
+ Procedimiento tributario. Procede la aportación de elementos de prueba en vía contenciosa cuando previamente no se había aportado documentación en el procedimiento de gestión
STS 20 de abril de 2017, 615/2016. IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO. Deducciones y devoluciones. Devoluciones a no establecidos. Cumplimiento de todos los requisitos materiales exigidos para entender ajustada a derecho la devolución solicitada. Aportación de documentación tardía. En sede de revisión cabe admitir documentación no aportada en sede de gestión. Entender que la documentación necesaria para la resolución del expediente tiene el límite temporal otorgado por la Administración en sus actuaciones de comprobación, supone volver a una concepción meramente revisora de los procedimientos de revisión ya superada. Procede admitir que la documentación acompañada en el escrito de interposición al recurso de reposición fuese valorada y tenida en cuenta a la hora de resolverse en vía administrativa y contenciosa sin que su aportación en dicho momento sea obstáculo insalvable para hacerlo.
+ Procedimiento tributario. El obligado a cumplir una diligencia de embargo por las deudas de un tercero del que es acreedor carece de legitimidad para impugnarla
RTEAC e 31 de mayo de 2017, rec. 94/2017. RECAUDACIÓN TRIBUTARIA. Legitimados e interesados en diligencias de embargo. Impugnación por empresas operadoras que son las propietarias de las máquinas recreativas de azar de la diligencia de embargo dictada como consecuencia de la deuda tributaria de un tercero. Falta de legitimación para interponer recursos o reclamaciones por quien no es sujeto pasivo ni responsable, en ese momento. FIJA CRITERIO. 1. La entidad operadora a la que se notifica una diligencia de embargo para su cumplimiento o ejecución únicamente goza de legitimación para impugnar las actuaciones de derivación de responsabilidad que en su caso y posteriormente pudieran dirigirse contra la misma y, que eventualmente, pudieran afectar a sus intereses, si estimase que por culpa o negligencia ha incumplido dicho orden de embargo o ha colaborado o consentido el levantamiento de los bienes embargados. 2. El incumplimiento de las órdenes de embargo, por parte de tales empresas operadoras respecto de los créditos pendientes de satisfacer en el momento de la notificación de la diligencia de embargo o devengados posteriormente, como consecuencia de la relación comercial con los titulares de los salones recreativos o de establecimientos de hostelería donde se instalen tales máquinas, constituye presupuesto de hecho de la declaración de responsabilidad solidaria.
+ IS. Imposibilidad de rectificar la opción por la aplicación del criterio de caja frente al del devengo al no admitirse la tesis del error material
STS de 8 de junio de 2017, rec. 3944/2015. IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. Base imponible. Valoración de ingresos y gastos. Criterios de imputación temporal. Ejercicio de la opción adoptando el criterio del devengo por el de caja para obtener una ventaja fiscal indebida en operación con pago aplazado. Tesis sobre la existencia de un error material improcedente. La entidad pretendía anular la opción elegida y cambiarla por la que más le convenía una vez que actuó la Administración, alterando sustancialmente su propia actuación. SANCIÓN TRIBUTARIA. La parte optó por el criterio del devengo, lo que no es un error material, y pretendió deducirse el 100% de la plusvalía, ambas conductas son constitutivas de infracción; sanción procedente.
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