Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2006-20113.htm
Timestamp: 2017-08-22 03:28:53+00:00

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B.O.E. Nº 276 de 18/11/2006
Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
La disposiciÃ³n adicional primera, apartado 1, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energÃ©ticos y del rÃ©gimen fiscal comÃºn aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes y regula el rÃ©gimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, reconoce el carÃ¡cter especial de la relaciÃ³n laboral de los abogados que prestan servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del Ã¡mbito de organizaciÃ³n y direcciÃ³n del titular de un despacho, individual o colectivo, y habilita al Gobierno para que regule dicha relaciÃ³n laboral especial.
Haciendo uso de dicha habilitaciÃ³n, a travÃ©s de este real decreto se procede a regular la indicada relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial.
La regulaciÃ³n de una relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial implica el que, para una relaciÃ³n de trabajo en la que concurren las notas definitorias de las relaciones de trabajo por cuenta ajena -voluntariedad, ajenidad, retribuciÃ³n e inclusiÃ³n en el Ã¡mbito de organizaciÃ³n y direcciÃ³n de otra persona que hace suyos los frutos del trabajo- se establezca una regulaciÃ³n especÃ­fica y diferenciada de la regulaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral comÃºn que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo en razÃ³n a que en aquÃ©lla se dan determinadas peculiaridades o especialidades que se concilian o avienen mal con la regulaciÃ³n que de la relaciÃ³n laboral comÃºn se contiene en la indicada norma estatutaria.
En este sentido, en el caso de la relaciÃ³n laboral que se establece entre los abogados y los despachos de abogados se pueden identificar como peculiaridades o especialidades que justifican una regulaciÃ³n especÃ­fica, distinta a la prevista para la relaciÃ³n laboral comÃºn, las siguientes:
a) El Ã¡mbito en que se desarrolla la relaciÃ³n laboral, los despachos de abogados, en el que aparece una relaciÃ³n triangular, titular del despacho, cliente y abogado que, sin duda, condiciona el desarrollo de la relaciÃ³n laboral entre los abogados y los despachos.
b) Las condiciones en que los abogados tienen que desarrollar su actividad laboral en los despachos, en la medida en que ademÃ¡s de las normas laborales que resulten de aplicaciÃ³n, a los abogados se les aplicarÃ¡n las normas que rigen la profesiÃ³n, incluidas las estatutarias y las Ã©ticas y deontolÃ³gicas.
El sometimiento de los abogados a la normativa que rige la profesiÃ³n condiciona el desarrollo de la relaciÃ³n laboral con los despachos en la medida en que la aplicaciÃ³n de dicha normativa implica:
El reconocimiento a los abogados de un mayor grado de autonomÃ­a, independencia tÃ©cnica y flexibilidad en la organizaciÃ³n y direcciÃ³n de su trabajo.
La limitaciÃ³n de las facultades de direcciÃ³n y control del trabajo de los titulares de los despachos en su condiciÃ³n de empleadores de los abogados.
Mayores exigencias a los abogados en la ejecuciÃ³n de su actividad laboral en cuanto al cumplimiento de los deberes especÃ­ficos de diligencia y confidencialidad y de los plazos que se establecen en las normas procesales.
Un mÃ¡s estricto respeto entre los titulares de los despachos y los abogados de los principios de buena fe y recÃ­proca confianza.
La imposiciÃ³n a los abogados de un rÃ©gimen de incompatibilidades y de prohibiciones en el ejercicio de su actividad profesional que impide a los abogados actuar en caso de existir un conflicto de intereses y defender intereses en conflicto.
Y, en fin, el sometimiento estricto de los abogados, cualquiera que sea la forma en que ejerzan la profesiÃ³n, a las normas y usos de la deontologÃ­a profesional de la abogacÃ­a, a las normas colegiales, y al consiguiente rÃ©gimen disciplinario colegial.
En definitiva, a los abogados se les reconocen derechos y se les imponen obligaciones en normas o por poderes no estrictamente laborales, que deben ejercitar o cumplir al mismo tiempo que los derechos y deberes laborales, y cuyos incumplimientos estÃ¡n sometidos a sanciÃ³n por parte de poderes asimismo ajenos a los del empleador.
AdemÃ¡s, en el ejercicio de su profesiÃ³n la funciÃ³n de los abogados trasciende o va mÃ¡s allÃ¡ de los intereses concretos de los clientes y de los despachos, en la medida en que son un instrumento bÃ¡sico para garantizar sus derechos, pero tambiÃ©n para hacer efectiva la tutela judicial en la medida en que participan en la funciÃ³n pÃºblica de la administraciÃ³n de justicia.
Las peculiaridades antes indicadas, que son inherentes al ejercicio de la profesiÃ³n de abogado, proyectadas en el Ã¡mbito de los despachos de abogados en los que el cliente difiere de la persona del empleador, son las que hacen inviable la total o completa aplicaciÃ³n de la regulaciÃ³n laboral comÃºn contenida en el Estatuto de los Trabajadores a la relaciÃ³n laboral que se establece entre los abogados y los despachos.
Por todo ello se hace necesario modular o adaptar determinados aspectos de la relaciÃ³n laboral comÃºn que se regula en el Estatuto de los Trabajadores; en concreto, los siguientes:
El poder de direcciÃ³n que las normas laborales reconocen a los titulares de los despachos, en su condiciÃ³n de empleadores, en la medida en que las facultades inherentes al mismo aparecen en este caso condicionadas o limitadas.
Los derechos y deberes que se reconocen a los abogados en su condiciÃ³n de trabajadores en la medida en que unos y otros estÃ¡n condicionados, en mayor o menor grado, por las normas que rigen la profesiÃ³n, incluidas las Ã©ticas y deontolÃ³gicas.
Especial modulaciÃ³n debe hacerse del deber de obediencia que las normas laborales imponen a los trabajadores, pues en el caso de los abogados este deber, al tener que compatibilizarse con otras obligaciones y deberes que le imponen las normas que rigen la profesiÃ³n, aparece debilitado o limitado.
La regulaciÃ³n del tiempo de trabajo, en la medida en que la realizaciÃ³n de la actividad profesional de los abogados requiere, por parte de Ã©stos, disponer de un mayor margen de flexibilidad en la utilizaciÃ³n y distribuciÃ³n del mismo.
La regulaciÃ³n de las consecuencias que se puedan derivar de la falta de diligencia en el ejercicio de la actividad profesional por parte de los abogados o de los incumplimientos de los deberes de buena fe y confianza mutua, en la medida en que los indicados deberes y obligaciones aparecen reforzados en esta relaciÃ³n laboral.
A todo ello habrÃ­a que aÃ±adir, ademÃ¡s, que al hacer la regulaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral especial de los abogados en los despachos es necesario aclarar o profundizar en determinadas cuestiones.
La primera es que, por la variedad de modalidades en que se puede ejercer la profesiÃ³n de abogado, es necesario delimitar, con absoluta precisiÃ³n, el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral especial que se regula en este real decreto.
La segunda es que, dado el carÃ¡cter especial de la relaciÃ³n laboral que se regula, es necesario modular el rÃ©gimen de fuentes de la misma, con el fin de adaptarlo a las exigencias derivadas de dicho carÃ¡cter especial de la relaciÃ³n laboral.
Y la tercera es que, con el fin de garantizar la adquisiciÃ³n del aprendizaje prÃ¡ctico y la experiencia necesaria para ejercer la profesiÃ³n, es necesario modular en este real decreto el contrato de trabajo en prÃ¡cticas, que se regula en el artÃ­culo 11 del Estatuto de los Trabajadores.
En la direcciÃ³n indicada se mueve este real decreto; en efecto, la regulaciÃ³n que se recoge en el mismo estÃ¡ orientada y se circunscribe, precisamente, a modular o adaptar la regulaciÃ³n de los aspectos que de la relaciÃ³n laboral comÃºn resultan incompatibles o se concilian mal con la naturaleza y peculiaridades que concurren en la relaciÃ³n laboral especial de los abogados con los despachos.
En la elaboraciÃ³n de este real decreto han sido consultadas las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales mÃ¡s representativas, asÃ­ como el Consejo General de la AbogacÃ­a EspaÃ±ola.
En su virtud, de conformidad con lo establecido en la disposiciÃ³n adicional primera, apartados 1 y 2, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, antes citada, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales y de Justicia, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 17 de noviembre de 2006.
1. El presente real decreto, de acuerdo con lo previsto en la disposiciÃ³n adicional primera, apartado 1, de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, por la que se incorporan al ordenamiento jurÃ­dico espaÃ±ol diversas directivas comunitarias en materia de fiscalidad de productos energÃ©ticos y de electricidad y del rÃ©gimen fiscal comÃºn aplicable a las sociedades matrices y filiales de estados miembros diferentes, y se regula el rÃ©gimen fiscal de las aportaciones transfronterizas a fondos de pensiones en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, regula la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial de los abogados que prestan servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro del Ã¡mbito de organizaciÃ³n y direcciÃ³n del titular de un despacho de abogados, individual o colectivo.
No estÃ¡n incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral especial que se regula en este real decreto:
a) Los abogados que ejerzan la profesiÃ³n por cuenta propia, individualmente o agrupados con otros, como socios en rÃ©gimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho.
2. De conformidad con lo previsto en el apartado anterior no estÃ¡n incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto especÃ­ficamente:
a) El ejercicio en comÃºn de la profesiÃ³n de abogado como socio a travÃ©s de sociedades profesionales constituidas de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurÃ­dico.
b) Las relaciones que concierten los abogados con empresas o entidades, pÃºblicas o privadas, que no tengan el carÃ¡cter de despachos de abogados.
c) Las relaciones que se establezcan entre abogados que se limiten a compartir locales, instalaciones u otros medios o servicios de cualquier naturaleza, siempre que se mantenga la independencia entre ellos, no se identifiquen de forma conjunta ante los clientes y no se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relaciÃ³n establecida con los clientes.
d) Las relaciones que se establezcan entre los despachos y los abogados cuando la actividad profesional concertada a favor de los despachos se realice con criterios organizativos propios de los abogados y la contraprestaciÃ³n econÃ³mica percibida por Ã©stos por dicha actividad profesional estÃ© vinculada enteramente a la obtenciÃ³n de un resultado o a los honorarios que se generen para el despacho por la misma. Se exceptÃºan de este supuesto las relaciones en las que se garantice a los abogados por la actividad profesional concertada, periÃ³dicamente, unos ingresos mÃ­nimos.
e) Las actividades profesionales que desarrollen los abogados contratados por un despacho, con autorizaciÃ³n de Ã©ste, a favor de sus propios clientes cuando cobren los honorarios devengados por tales actividades profesionales directamente de los mismos.
f) Las actividades profesionales que realicen los abogados contratados por un despacho derivadas del turno de oficio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 del artÃ­culo 10 de este real decreto.
3. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 de este artÃ­culo, no estarÃ¡n incluidos en el Ã¡mbito de aplicaciÃ³n de la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto, los abogados que prestan servicios en un despacho con cuyo titular tengan una relaciÃ³n familiar y convivan con Ã©l, salvo que se demuestre la condiciÃ³n de asalariados de los mismos.
A estos efectos se considerarÃ¡n familiares el cÃ³nyuge, los descendientes, ascendientes y demÃ¡s parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopciÃ³n.
ArtÃ­culo 2. Fuentes de la relaciÃ³n laboral especial.
Los derechos y obligaciones concernientes a la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial que se establece entre los abogados y los despachos de abogados para los que trabajan se regulan:
b) Por los convenios colectivos especÃ­ficos y de aplicaciÃ³n exclusiva a los despachos de abogados.
c) Por la voluntad de las partes, expresada en el contrato de trabajo, que habrÃ¡ de respetar lo dispuesto en las disposiciones y convenios colectivos antes citados.
Elementos bÃ¡sicos de la relaciÃ³n laboral especial
ArtÃ­culo 3. Objeto de la relaciÃ³n laboral especial.
El objeto de la relaciÃ³n laboral especial que se regula en este real decreto es la prestaciÃ³n de la actividad profesional de abogado en despachos de abogados.
ArtÃ­culo 4. Sujetos de la relaciÃ³n laboral especial.
1. PodrÃ¡n ser sujetos de la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial que se regula en este real decreto, en concepto de trabajador, quienes, de acuerdo con la normativa que resulte de aplicaciÃ³n, estÃ©n habilitados para ejercer la profesiÃ³n de abogado.
2. PodrÃ¡n ser sujetos de la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial que se regula en este real decreto, en concepto de empleadores, quienes sean titulares de despachos de abogados, individuales o colectivos.
A efectos de lo previsto en este real decreto, se entenderÃ¡ por despacho colectivo aquel cuya titularidad corresponda conjuntamente a dos o mÃ¡s abogados agrupados, en rÃ©gimen societario o bajo cualquier otra forma admitida en derecho, para el ejercicio profesional de la abogacÃ­a de forma conjunta, siempre que asÃ­ aparezcan identificados ante los clientes y se atribuyan a la sociedad que eventualmente pudieran constituir los derechos y obligaciones inherentes a la relaciÃ³n establecida con los clientes.
3. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de despachos de abogados los despachos multiprofesionales legalmente constituidos que incluyan entre los servicios profesionales que ofrezcan a sus clientes, los correspondientes al ejercicio profesional de la abogacÃ­a, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para esta forma de ejercer la profesiÃ³n de abogados en las normas que regulan la misma.
ArtÃ­culo 5. Derechos y deberes de los abogados.
1. Los abogados, en su condiciÃ³n de trabajadores de la relaciÃ³n laboral especial que se regula en este real decreto, tendrÃ¡n los derechos que se establecen en el artÃ­cuÂ­lo 4.1 y 2 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el contenido y alcance que, para cada uno de ellos, se establecen en la presente norma.
2. AdemÃ¡s de los indicados derechos, los abogados tendrÃ¡n, en la relaciÃ³n de trabajo concertada con los despachos, los siguientes:
a) Poder actuar, en todo momento, de acuerdo con los principios, valores, obligaciones y responsabilidades que imponen a los mismos las normas que rigen la profesiÃ³n de abogado, incluidas las Ã©ticas y deontolÃ³gicas.
b) Recibir durante el desarrollo de la relaciÃ³n laboral la formaciÃ³n necesaria para mantener un nivel adecuado de capacitaciÃ³n tÃ©cnica y profesional, en los tÃ©rminos previstos en este real decreto, en el convenio colectivo de aplicaciÃ³n o en el contrato de trabajo.
c) Participar en las actividades docentes e investigadoras que desarrolle el despacho, en los tÃ©rminos que se acuerde en los convenios colectivos que resulten de aplicaciÃ³n o en el contrato de trabajo que se concierte.
d) Poder asesorar y defender al cÃ³nyuge y demÃ¡s familiares por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, y en su caso por adopciÃ³n, sin perjuicio del rÃ©gimen de exclusividad que se concierte.
a) Cumplir las obligaciones inherentes a los servicios profesionales contratados correspondientes a la profesiÃ³n de abogado, de conformidad con las reglas de la buena fe y con la diligencia exigida en las normas que rigen la indicada profesiÃ³n.
b) Cumplir las obligaciones impuestas a los trabajadores en la normativa de prevenciÃ³n de riesgos laborales y observar las medidas de prevenciÃ³n que se adopten para proteger su seguridad y salud en el trabajo y la de aquellas otras personas a que pueda afectar su actividad profesional.
c) Cumplir las Ã³rdenes e instrucciones del titular del despacho, salvo que contravengan los principios y valores de la abogacÃ­a o las obligaciones que imponen a los abogados las normas que rigen la profesiÃ³n.
d) No concurrir profesionalmente con la actividad del despacho, en los tÃ©rminos previstos en este real decreto, en el convenio colectivo o en el contrato.
f) Completar y perfeccionar su formaciÃ³n y capacitaciÃ³n profesional siguiendo las directrices del titular del despacho.
ArtÃ­culo 6. El ejercicio del poder de direcciÃ³n de los titulares de los despachos.
1. A los titulares de los despachos de abogados, en el ejercicio de su poder de direcciÃ³n, les corresponde:
a) La organizaciÃ³n, planificaciÃ³n y direcciÃ³n del trabajo de los abogados que trabajen para el despacho, y ello sin perjuicio de la participaciÃ³n que en tales cometidos se reconozca a los mismos, que se determinarÃ¡, en su caso, en los convenios colectivos o en los acuerdos alcanzados entre los despachos y los representantes de los abogados.
b) Distribuir los clientes y los asuntos del despacho entre todos los abogados que trabajan en el mismo asÃ­ como dar las Ã³rdenes o instrucciones oportunas sobre la forma en que se hayan de prestar los servicios profesionales de los mismos.
c) Verificar el cumplimiento por parte de los abogados que trabajan en los despachos de las obligaciones laborales que hubieran asumido en el contrato, asÃ­ como controlar la actividad profesional que desarrollen, respetando en todo caso lo establecido en el apartado siguiente.
2. Los titulares de los despachos deberÃ¡n ejercer el poder de direcciÃ³n que se les reconoce respetando, en todo caso, los principios y valores que son inherentes al ejercicio profesional de la abogacÃ­a y preservando en todo momento el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades que imponen a los abogados las normas que rigen el ejercicio de la profesiÃ³n de abogado. En particular, los titulares de los despachos deberÃ¡n respetar la libertad y la independencia profesional de los abogados en el ejercicio de la profesiÃ³n.
Asimismo, los titulares de los despachos, en el ejercicio de su poder de direcciÃ³n, no podrÃ¡n dar Ã³rdenes o instrucciones ni encomendar asuntos a los abogados que trabajan en los despachos que impliquen la realizaciÃ³n de actividades que sean legalmente incompatibles, o que vulneren las obligaciones que legalmente tienen los abogados de no actuar en defensa de intereses en conflicto o de guardar el secreto profesional.
ArtÃ­culo 7. Forma y contenido del contrato.
1. Los contratos de trabajo que se concierten al amparo de lo previsto en este real decreto deberÃ¡n formalizarse por escrito y podrÃ¡n concertarse bajo cualquiera de las modalidades previstas legalmente, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones establecidos para la modalidad elegida en la normativa comÃºn o en la presente norma.
De los indicados contratos se extenderÃ¡n dos copias firmadas por las partes contratantes, entregÃ¡ndose una a cada una de ellas. Una copia bÃ¡sica del contrato se remitirÃ¡ al servicio pÃºblico de empleo correspondiente y otra a los representantes legales de los abogados.
2. En los referidos contratos deberÃ¡n constar, como mÃ­nimo, las siguientes especificaciones:
c) La duraciÃ³n del contrato y del periodo de prueba, en su caso.
d) El rÃ©gimen de jornada, horarios de trabajo, vacaciones y descansos.
e) La retribuciÃ³n convenida.
f) El rÃ©gimen de la prestaciÃ³n de los servicios.
ArtÃ­culo 8. DuraciÃ³n del contrato y periodo de prueba.
1. Los contratos de trabajo que se concierten al amparo de lo establecido en este real decreto podrÃ¡n celebrarse por tiempo indefinido o por duraciÃ³n determinada en los tÃ©rminos que estÃ¡n previstos en el Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo, con las peculiaridades que se establecen en esta norma.
2. Los contratos que concierten los abogados y los despachos podrÃ¡n someterse a un periodo de prueba que en todo caso deberÃ¡ constar por escrito.
En defecto de pacto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrÃ¡ exceder de seis meses en el caso de contratos de carÃ¡cter indefinido y de dos meses en el caso de contratos de duraciÃ³n determinada, si su duraciÃ³n es superior a dicho periodo de tiempo.
ArtÃ­culo 9. El contrato en prÃ¡cticas.
1. PodrÃ¡n celebrarse contratos de trabajo en prÃ¡cticas con quienes estando habilitados para ejercer la profesiÃ³n de abogado deseen iniciarse en el ejercicio profesional de la abogacÃ­a y adquirir el aprendizaje prÃ¡ctico de dicha profesiÃ³n, colaborando o participando para ello en la actividad profesional del despacho.
2. Las condiciones en que habrÃ¡n de realizarse los indicados contratos en prÃ¡cticas serÃ¡n las previstas en el artÃ­culo 11 del Estatuto de los Trabajadores, con las siguientes peculiaridades:
a) El plazo de cuatro aÃ±os a que se refiere el citado precepto legal se empezarÃ¡ a contar desde la fecha en que se hubiera obtenido el tÃ­tulo que habilite para el ejercicio de la profesiÃ³n de abogado.
b) La actividad laboral que el trabajador desarrolle en el despacho deberÃ¡ permitir adquirir el aprendizaje prÃ¡ctico de la profesiÃ³n de abogado.
c) Al trabajador se le asignarÃ¡ como tutor de las prÃ¡cticas que realice a un abogado del despacho, que deberÃ¡ tener mÃ¡s de 5 aÃ±os de antigÃŒedad en el ejercicio de la profesiÃ³n.
d) El trabajador tendrÃ¡ derecho a adaptar su jornada y horario de trabajo para asistir a actividades formativas externas que tengan la misma finalidad, en los tÃ©rminos previstos en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo.
e) Si el trabajador continÃºa prestando servicios despuÃ©s de agotar la duraciÃ³n mÃ¡xima del contrato, Ã©ste se transformarÃ¡ en indefinido y se seguirÃ¡ rigiendo por lo dispuesto en este real decreto.
3. En todo caso, no podrÃ¡ celebrarse el contrato en prÃ¡cticas a que se refieren los apartados anteriores:
a) Con quienes hubieran estado vinculados con el mismo u otro despacho con otro contrato de trabajo en prÃ¡cticas que haya agotado su duraciÃ³n mÃ¡xima.
b) Con quienes hubieran estado vinculados con el mismo u otro despacho con el contrato de trabajo que se regula en este real decreto, por un perÃ­odo superior a dos aÃ±os.
c) Con quienes hubieran ejercido con anterioridad la profesiÃ³n de abogado por cuenta propia o en virtud de un contrato suscrito con empresas o entidades, pÃºblicas o privadas, que no tengan el carÃ¡cter de despachos, por un perÃ­odo superior a dos aÃ±os.
4. El titular del despacho en que se hubieran realizado las prÃ¡cticas a que se refiere este artÃ­culo, deberÃ¡ entregar al trabajador a la finalizaciÃ³n del contrato un certificado en el que conste la naturaleza de las actividades realizadas, el grado de prÃ¡cticas alcanzado y la duraciÃ³n de las prÃ¡cticas.
La organizaciÃ³n del trabajo y el rÃ©gimen de prestaciÃ³n de la actividad laboral
ArtÃ­culo 10. RÃ©gimen de exclusividad.
1. Los abogados prestarÃ¡n sus servicios a los despachos en rÃ©gimen de dedicaciÃ³n exclusiva, salvo que el contrato de trabajo concertado lo sea a tiempo parcial o establezca lo contrario.
2. Cuando los abogados presten sus servicios profesionales para un Ãºnico despacho en rÃ©gimen de exclusividad:
a) No podrÃ¡n ejercer la profesiÃ³n de abogado por cuenta propia ni podrÃ¡n celebrar otros contratos de trabajo con otros despachos o con otras entidades, pÃºblicas o privadas, para ejercer la profesiÃ³n de abogado y, si asÃ­ se hubiera pactado, para ejercer cualquier otra actividad profesional.
b) TendrÃ¡n derecho a percibir una compensaciÃ³n econÃ³mica adecuada por la exclusividad, que se determinarÃ¡ en el convenio colectivo o, en su caso, en el contrato de trabajo.
3. En todo caso, serÃ¡ compatible con el rÃ©gimen de exclusividad, la prestaciÃ³n de asistencia letrada y defensa jurÃ­dica derivada del turno de oficio o la que afecte a los familiares a que se refiere el pÃ¡rrafo d) del apartado 2 del artÃ­culo 5 de este real decreto, u otras obligaciones que por imperativo legal debieran realizar los abogados.
Asimismo serÃ¡ compatible con el indicado rÃ©gimen, la realizaciÃ³n de actividades compatibles con la abogacÃ­a y complementarias de Ã©sta tales como las docentes, las representativas u otras de similar naturaleza.
Las condiciones en que se podrÃ¡n prestar las indicadas actividades se determinarÃ¡n en los convenios colectivos o en su caso en el contrato de trabajo.
4. Los abogados que prestan servicios profesionales en los despachos podrÃ¡n asesorar o defender a sus propios clientes y cobrar los honorarios directamente de los mismos cuando asÃ­ se hubiera pactado expresamente en el contrato de trabajo, en el que se establecerÃ¡n las condiciones en que se compatibilizarÃ¡n las actividades por cuenta ajena y por cuenta propia.
ArtÃ­culo 11. El pacto de permanencia.
1. Las partes de la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto podrÃ¡n establecer el pacto de permanencia a que se refiere el apartado 4 del artÃ­culo 21 del Estatuto de los Trabajadores y en consecuencia pactar que los abogados deban permanecer en los despachos durante un cierto tiempo, cuando aquÃ©llos hubieran recibido, con cargo a los mismos, una formaciÃ³n o especializaciÃ³n profesional durante un cierto tiempo y un determinado coste, en los tÃ©rminos que se establezcan en los convenios colectivos o en el contrato de trabajo.
2. El pacto de permanencia no podrÃ¡ tener una duraciÃ³n superior a dos aÃ±os, se formalizarÃ¡ siempre por escrito y sÃ³lo serÃ¡ vÃ¡lido cuando concurran los requisitos que se establezcan en el convenio colectivo o en su caso, en el contrato de trabajo.
3. Si el abogado abandona el despacho antes de terminar el plazo pactado de permanencia, el despacho tendrÃ¡ derecho a la indemnizaciÃ³n de daÃ±os y perjuicios que se hubiera pactado en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo, que en ningÃºn caso podrÃ¡ ser superior a los gastos que hubiera soportado el despacho como consecuencia de la formaciÃ³n o especializaciÃ³n.
ArtÃ­culo 12. El pacto de no competencia postcontractual.
1. Las partes de la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto podrÃ¡n acordar el pacto de no competencia postcontractual a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 21 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
En dicho pacto se podrÃ¡n establecer restricciones o limitaciones respecto a futuras actuaciones de los abogados en relaciÃ³n con los clientes del despacho, o con asuntos en que hubieran intervenido durante su relaciÃ³n contractual; se exceptuarÃ¡n de dichas limitaciones los clientes que el abogado hubiese aportado al despacho al inicio de la relaciÃ³n laboral, salvo pacto expreso en contrario.
En ningÃºn caso, la no competencia postcontractual que se establezca puede actuar como limitaciÃ³n general del ejercicio de la profesiÃ³n de abogado ni como limitaciÃ³n para actuar en los campos o especialidades del derecho a que se dedique el despacho.
2. En todo caso, el pacto de no competencia despuÃ©s de extinguido el contrato de trabajo no podrÃ¡ exceder de un periodo mÃ¡ximo de dos aÃ±os desde la finalizaciÃ³n del contrato y sÃ³lo serÃ¡ vÃ¡lido si se pacta una indemnizaciÃ³n adecuada para compensar econÃ³micamente las restricciones o limitaciones que se le impondrÃ¡n a los abogados en el ejercicio de su profesiÃ³n, incluidas las que se puedan establecer en relaciÃ³n con los clientes aportados al despacho al inicio de la relaciÃ³n laboral.
ArtÃ­culo 13. La clientela.
Los abogados tendrÃ¡n derecho a que se les reconozca, por parte de los despachos, la clientela que hayan aportado a los mismos al inicio de la relaciÃ³n laboral y que se les compense econÃ³micamente por la misma en los tÃ©rminos que se acuerde en los convenios colectivos o en el contrato de trabajo.
ArtÃ­culo 14. Jornada y horarios de trabajo.
1. La duraciÃ³n de la jornada de trabajo de los abogados serÃ¡ la que se pacte en convenio colectivo o, en su defecto, en el contrato de trabajo, no pudiÃ©ndose superar en ningÃºn caso los lÃ­mites de duraciÃ³n de la jornada que se establecen en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, calculados en cÃ³mputo anual.
A efectos de lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior se considerarÃ¡ tiempo de trabajo el tiempo que los abogados permanezcan en el despacho realizando actividades propias de su profesiÃ³n y el que dediquen fuera del despacho para la asistencia y defensa de los clientes.
No se computarÃ¡ a efectos de la duraciÃ³n mÃ¡xima de la jornada de trabajo, sin perjuicio de su compensaciÃ³n econÃ³mica, el tiempo que empleen los abogados en los desplazamientos o esperas, salvo que durante los mismos realicen actividades propias de su profesiÃ³n. En los convenios colectivos se determinarÃ¡n los supuestos concretos de desplazamientos y esperas que no se computarÃ¡n a efectos de la duraciÃ³n mÃ¡xima de la jornada.
2. La jornada de trabajo de los abogados se podrÃ¡ distribuir de forma irregular a lo largo del aÃ±o por convenio colectivo, acuerdo entre el despacho y los representantes de los abogados o acuerdo individual entre el despacho y el abogado.
En todo caso, la distribuciÃ³n de la jornada de trabajo deberÃ¡ hacerse de tal manera que se asegure el servicio a los clientes y el cumplimiento de los plazos procesales.
ArtÃ­culo 15. Descansos, vacaciones, fiestas y permisos.
Los abogados tendrÃ¡n derecho a los descansos, vacaciones, fiestas y permisos que disfruten el resto de los trabajadores, si bien podrÃ¡n establecerse fechas o momentos distintos de su disfrute en atenciÃ³n al carÃ¡cter perentorio o improrrogable de los plazos o de las actuaciones profesionales que tengan que realizar y de los asuntos que tengan encomendados.
ArtÃ­culo 16. FormaciÃ³n permanente.
1. Los abogados tienen el derecho y el deber de obtener la formaciÃ³n continua necesaria para mantener un nivel adecuado de capacitaciÃ³n tÃ©cnica y profesional en el ejercicio de su profesiÃ³n y con ello prestar un mejor servicio a los clientes, y los titulares de los despachos tienen la obligaciÃ³n de proporcionar o de facilitar la indicada formaciÃ³n a los abogados.
2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los abogados tendrÃ¡n derecho a:
a) Obtener permisos retribuidos para concurrir a actividades formativas para el reciclaje y perfeccionamiento profesional en las que tengan interÃ©s el despacho y el abogado.
3. En los convenios colectivos o en el contrato de trabajo se pactarÃ¡n los tÃ©rminos en que se podrÃ¡n disfrutar los derechos indicados en los apartados anteriores.
ArtÃ­culo 17. PromociÃ³n profesional y econÃ³mica.
1. Los abogados que presten servicios en los despachos se integrarÃ¡n en una Ãºnica categorÃ­a profesional.
2. La promociÃ³n profesional y econÃ³mica de los abogados se producirÃ¡ dentro de la indicada categorÃ­a, mediante la progresiÃ³n en los grados que se establezcan para la carrera profesional de los mismos, teniendo en cuenta para ello, entre otras circunstancias, el nivel de perfeccionamiento profesional y de rendimiento alcanzados, los puestos ocupados en los despachos y los cometidos o responsabilidades desempeÃ±adas dentro de la estructura de los mismos.
3. Los tÃ©rminos en que se harÃ¡ efectiva la promociÃ³n profesional y econÃ³mica de los abogados se determinarÃ¡ en los convenios colectivos o en el contrato de trabajo.
ArtÃ­culo 18. Retribuciones.
1. Los abogados, por los servicios prestados a los despachos, tendrÃ¡n derecho a percibir de los mismos las retribuciones que se acuerden en el contrato de trabajo, que deberÃ¡n respetar, en todo caso las cuantÃ­as mÃ­nimas y las garantÃ­as establecidas legalmente, o las acordadas en convenios colectivos.
Los titulares de los despachos deberÃ¡n abonar las retribuciones acordadas a los abogados aunque los clientes no hubieren realizado pago alguno por las actividades realizadas por los mismos.
2. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de salario todas las percepciones que los abogados reciban de los despachos como contraprestaciÃ³n de sus servicios profesionales, incluidas las que puedan estar vinculadas a los ingresos obtenidos por los mismos.
3. Los abogados sometidos a la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto no devengarÃ¡n ni podrÃ¡n facturar a los clientes del despacho honorarios por los servicios prestados a los mismos.
ArtÃ­culo 19. Derechos colectivos.
1. Los abogados que trabajan en los despachos tienen los derechos colectivos reconocidos a los trabajadores en la legislaciÃ³n vigente.
2. Los convenios colectivos especÃ­ficos de los despachos de abogados podrÃ¡n establecer la forma y condiciones en que se podrÃ¡n ejercer los indicados derechos colectivos teniendo en cuenta el carÃ¡cter especial de la relaciÃ³n laboral que se establece entre los despachos y los abogados.
Vicisitudes de la relaciÃ³n laboral especial
ArtÃ­culo 20. La suspensiÃ³n del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo especial que se regula en este real decreto se suspenderÃ¡ por las causas y con los efectos previstos en el artÃ­culo 45 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En caso de excedencia voluntaria, el abogado que durante la misma ejerza la profesiÃ³n en otro despacho, sin la correspondiente autorizaciÃ³n, perderÃ¡ el derecho al reingreso, lo que determinarÃ¡ la extinciÃ³n del contrato de trabajo.
2. AdemÃ¡s de los supuestos previstos en el apartado anterior, el contrato de trabajo especial quedarÃ¡ suspendido, durante dos aÃ±os, cuando el abogado pase a tener la condiciÃ³n de socio del despacho y, en consecuencia, pase a estar vinculado con el mismo con una relaciÃ³n de carÃ¡cter no laboral. Si el abogado mantiene esta relaciÃ³n mÃ¡s de dos aÃ±os, el contrato de trabajo especial se extinguirÃ¡ sin derecho a obtener ninguna indemnizaciÃ³n.
ArtÃ­culo 21. La extinciÃ³n del contrato de trabajo.
1. El contrato de trabajo especial que se regula en este real decreto podrÃ¡ extinguirse por las causas y con los efectos previstos en los artÃ­culos 49 a 56 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las modulaciones o adaptaciones que se establecen en este real decreto.
2. En atenciÃ³n a la especial confianza que caracteriza a esta relaciÃ³n laboral especial, y dejando a salvo el acuerdo al que puedan llegar las partes, la readmisiÃ³n del abogado serÃ¡ obligatoria en caso de despido de un representante legal o sindical de los abogados o cuando el despido se hubiera declarado nulo por ser discriminatorio o haberse vulnerado derechos fundamentales.
ArtÃ­culo 22. La extinciÃ³n del contrato por voluntad del abogado.
1. El abogado podrÃ¡ solicitar la extinciÃ³n del contrato de trabajo que tenga concertado con el despacho por las causas y con los efectos previstos en el artÃ­culo 50 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Asimismo, el abogado podrÃ¡ extinguir el contrato de trabajo preavisando con una antelaciÃ³n suficiente para que el titular del despacho pueda adoptar las medidas que resulten necesarias para evitar perjuicios a los intereses de los clientes y a los del despacho.
La duraciÃ³n del preaviso se podrÃ¡ acordar en convenio colectivo o, en su caso, en el contrato de trabajo, no pudiendo ser inferior a 45 dÃ­as ni superior a tres meses.
2. En todo caso, el abogado que ejercite las acciones resolutoria y de desistimiento a que se refiere el apartado anterior deberÃ¡ informar al titular del despacho sobre la situaciÃ³n en que se encuentran los asuntos que tuviera encomendados y poner a disposiciÃ³n del mismo la documentaciÃ³n correspondiente con el fin de que pueda encauzar los asuntos y dar continuidad al asesoramiento y defensa de los clientes por parte del despacho.
3. El titular del despacho podrÃ¡ exigir al abogado el resarcimiento de daÃ±os y perjuicios en el caso de que Ã©ste no respete el plazo de preaviso o no cumpla con la obligaciÃ³n de informar de los asuntos que tenga encomendados, si de ello se derivan perjuicios para el despacho.
ArtÃ­culo 23. ExtinciÃ³n del contrato por voluntad del titular del despacho.
1. El titular del despacho podrÃ¡ extinguir el contrato de trabajo especial que se regula en este real decreto por las causas y con los efectos previstos en el artÃ­culo 49 y siguientes de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
2. AdemÃ¡s de en los supuestos previstos en el apartado anterior el titular del despacho podrÃ¡ extinguir el contrato de trabajo, en las condiciones previstas en el artÃ­culo 53 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en los siguientes supuestos:
a) Cuando exista una manifiesta y grave quiebra de la confianza entre el abogado y el titular del despacho que tenga su origen en la actuaciÃ³n profesional del abogado o en su relaciÃ³n con los clientes y asÃ­ se acredite por el titular del despacho.
b) Cuando se acredite asimismo, por el titular del despacho, que el abogado no mantiene un nivel profesional adecuado y, en consecuencia, no puede ejercer la profesiÃ³n con plenas garantÃ­as para los intereses de los clientes.
3. En todo caso, para que el acuerdo de extinciÃ³n del contrato de trabajo al amparo de lo previsto en el apartado anterior sea vÃ¡lido serÃ¡ necesario que en la comunicaciÃ³n que se haga al abogado consten con suficiente detalle las actuaciones profesionales o las relaciones con los clientes en que se base la pÃ©rdida de la confianza o el inadecuado nivel profesional y que el preaviso que se conceda al abogado tenga una duraciÃ³n de al menos 45 dÃ­as.
4. El abogado, producido el preaviso, y con independencia de que impugne la decisiÃ³n extintiva, deberÃ¡ informar al titular del despacho de la situaciÃ³n de los asuntos que tuviera encomendados y poner a disposiciÃ³n del mismo la documentaciÃ³n correspondiente.
RÃ©gimen disciplinario
ArtÃ­culo 24. La responsabilidad disciplinaria de los abogados.
1. Los abogados estÃ¡n sometidos a responsabilidad disciplinaria en la ejecuciÃ³n del contrato de trabajo que tengan concertado con los despachos al amparo de lo establecido en este real decreto, y ello con independencia de que pueda exigÃ­rseles otro tipo de responsabilidades.
2. Los abogados incurrirÃ¡n en responsabilidad disciplinaria laboral en los supuestos previstos en el artÃ­culo 54 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en caso de incumplimiento de las obligaciones que hubieran asumido en el contrato de trabajo.
Se consideran incluidas entre las infracciones laborales a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior los siguientes comportamientos o conductas de los abogados:
c) La negativa a informar al titular del despacho de la situaciÃ³n de los asuntos que le hubiera encomendado.
3. CorresponderÃ¡ a los titulares de los despachos, de conformidad con lo previsto en este real decreto y en los convenios colectivos o en el contrato de trabajo, exigir la responsabilidad disciplinaria laboral en que puedan incurrir los abogados.
ArtÃ­culo 25. Procedimiento sancionador.
1. Los titulares de los despachos sancionarÃ¡n los incumplimientos de las obligaciones laborales de los abogados atendiendo a la graduaciÃ³n de las faltas y sanciones que se establezcan en el convenio.
2. La sanciÃ³n de las faltas requerirÃ¡ la comunicaciÃ³n escrita al abogado en la que se haga constar la fecha y los hechos que la motivan. Antes de adoptar la decisiÃ³n sancionadora, deberÃ¡ darse el trÃ¡mite de audiencia al abogado.
3. En todo caso, la valoraciÃ³n de las faltas y de las correspondientes sanciones impuestas por el titular del despacho serÃ¡n recurribles ante la jurisdicciÃ³n social.
DisposiciÃ³n adicional primera. RÃ©gimen de aplicaciÃ³n de este real decreto y respeto de las condiciones mÃ¡s beneficiosas.
1. A partir de la entrada en vigor de este real decreto las relaciones celebradas entre los abogados y los despachos que reÃºnan los requisitos de esta relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial se regirÃ¡n por lo dispuesto en esta norma, con independencia de la fecha en que se hubieran concertado.
2. No obstante lo anterior, se respetarÃ¡n las condiciones mÃ¡s beneficiosas que tuvieran pactadas con anterioridad.
DisposiciÃ³n adicional segunda. PrÃ¡cticas profesionales y contrato en prÃ¡cticas.
Las prÃ¡cticas realizadas, en su caso, para acceder a la profesiÃ³n de abogado conforme a lo previsto en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales, no impedirÃ¡n que obtenida esta habilitaciÃ³n legal se puedan concertar con el mismo trabajador y en los tÃ©rminos del presente real decreto contratos de trabajo en prÃ¡cticas de cuya duraciÃ³n en todo caso se deducirÃ¡ el tiempo de realizaciÃ³n de aquÃ©llas.
DisposiciÃ³n adicional tercera. JurisdicciÃ³n competente.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimiento Laboral, texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, los conflictos que surjan entre las partes de la relaciÃ³n laboral que se regula en este real decreto, tanto individuales como colectivos, serÃ¡n competencia de la jurisdicciÃ³n social, salvo lo dispuesto en la Ley Concursal.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artÃ­culos 63 a 68 de la citada Ley de Procedimiento Laboral, por acuerdo entre los abogados y los titulares de los despachos, se podrÃ¡ someter la resoluciÃ³n de sus discrepancias a la mediaciÃ³n o arbitraje a travÃ©s de los procedimientos que se acuerden.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Derecho supletorio.
En lo no regulado en este real decreto serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en la Ley del Estatuto de los Trabajadores y las demÃ¡s normas laborales de general aplicaciÃ³n en cuanto no sean incompatibles con la naturaleza y caracterÃ­sticas especiales que concurren en esta relaciÃ³n laboral.

References: Real Decreto 
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