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Timestamp: 2017-09-26 10:19:41+00:00

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Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de delegación de determinadas funciones en las Diputaciones Provinciales.
Publicado en BOCL núm. 243 de 18 de Diciembre de 1990
Vigencia desde 19 de Diciembre de 1990
Artículo 2 Efectividad de la delegación y condiciones de la misma
Artículo 3 Designación de las competencias y funciones que se delegan y preceptos legales afectados
Artículo 4 Valoración del coste efectivo de los servicios delegados
Artículo 5 Régimen Financiero
Artículo 6 Facultades de control sobre bienes de las Diputaciones Provinciales
Artículo 7 Control del ejercicio de las delegaciones
De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Estatuto de Autonomía, artículo 37 de la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y artículos 11 y siguientes de la Ley 6/86, de 6 de junio, reguladora de las Relaciones entre la Comunidad de Castilla y León y las Entidades Locales se delega en las Diputaciones Provinciales de Castilla y León el ejercicio de las funciones contenidas en el presente Decreto, en relación con los municipios de población inferior a 20.000 habitantes.
1. La delegación tendrá efectividad a partir del 1 de enero de 1991, siendo su duración indefinida.
2. Para la efectividad de la misma, se requiere la aceptación de las Diputaciones Provinciales a cuyo objeto deberán remitir en el plazo máximo de un mes desde la publicación del presente Decreto acuerdo corporativo expresivo de la aceptación.
1. Disposición de bienes patrimoniales de las Corporaciones Locales.
1.1. La autorización de los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles patrimoniales de las Corporaciones Locales, cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. ( Artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril).
1.2. Recibir la dación de cuenta en los expedientes de enajenación, permuta o gravamen de bienes inmuebles patrimoniales de las Corporaciones Locales, cuando su valor no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. ( Artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril).
1.3. Recibir la dación de cuenta en expedientes de enajenación directa o permuta con colindantes de parcelas no utilizables y sobrantes de vía pública cuando su valor no exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto anual de la Corporación. ( Artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril).
1.4. Autorización para venta directa o permuta al colindante en expedientes de enajenación de parcelas no utilizables y sobrantes de vía pública cuando su valor exceda del 25 por 100 de los recursos ordinarios del Presupuesto anual de la Corporación. ( Artículo 79.1 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril).
1.5. La autorización para la adjudicación directa del derecho de superficie sobre terrenos de su propiedad con destino a la construcción de viviendas, servicios complementarios, instalaciones industriales y comerciales y otras edificaciones determinadas en los Planes de Ordenación cuando fuese legalmente necesario. (Artículo 172.1 de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana).
1.6. Recibir la dación de cuenta de las cesiones gratuitas de bienes inmuebles patrimoniales de las Entidades Locales. ( Artículo 109.2 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio).
1.7. Recibir copia para su archivo de los Inventarios de Bienes de las Entidades Locales. ( Artículos 31 y 32 del Real Decreto 1372/86, de 13 junio).
1.8. Recibir comunicación de la iniciación de los expedientes de investigación de bienes instruidos por las Corporaciones Locales. ( Artículo 49.2 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio).
2. Administración y aprovechamiento de bienes de las Corporaciones Locales.
2.1. La aprobación de expedientes de desafectación de bienes comunales de las Corporaciones Locales. ( Artículo 78 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril y artículo 100 del Real Decreto 1372/86, de 13 de junio).
2.2. La aprobación de los expedientes de inclusión de bienes comunales en concentración parcelaria. (Real Decreto 3532/81, de 29 de diciembre, en relación con la Orden de 20 de julio de 1956).
2.3. La autorización de las adjudicaciones en pública subasta del disfrute y aprovechamiento de bienes comunales mediante precio. ( Artículo 75 del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril).
3.1. La aprobación de Escudos Heráldicos municipales previo informe de la Real Academia de la Historia. (Artículo 187 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre).
4.1. La iniciación de oficio, ordenación, instrucción y aprobación de los expedientes de constitución de Agrupación de Municipios para sostenimiento de plazas únicas de Cuerpos Nacionales y la aprobación de sus Estatutos. ( Real Decreto 1174/87).
1. El coste efectivo de los servicios delegados se cifra en veintisiete millones de pesetas anuales, distribuidos en cantidades iguales a tres millones de pesetas por provincia.
2. La revisión de la valoración de los servicios delegados, se realizará conforme a las previsiones establecidas en el artículo 15 de la Ley 6/86, de 6 de junio.
1. Las cantidades a las que se refiere el artículo anterior, se librarán por la Consejería de Economía y Hacienda, a favor de la Diputación Provincial receptora, por doceavas partes, a lo largo del año, antes de la finalización de cada mes.
2. Por el Consejo de Cooperación, se propondrá, antes del 1 de septiembre de cada año, los criterios, niveles y cuantía de los recursos que han de ser incluidos en el Proyecto de Presupuesto de la Comunidad Autónoma afectados a esos fines, y que se relacionan en un anexo dedicado a las Administraciones Locales.
3. Las Diputaciones Provinciales receptoras de la delegación deberán prestar semestralmente con el estado de ingresos y gastos, una memoria de la gestión de los servicios delegados, así como certificación de la intervención referida a la situación de los fondos afectados al ejercicio de las funciones delegadas.
Las facultades de control sobre disposición de bienes de las propias Diputaciones Provinciales, seguirán siendo ejercitadas por la Junta de Castilla y León conforme a la normativa vigente.
Corresponde a la Consejería de Presidencia y Administración Territorial la dirección y control del ejercicio de las competencias delegadas, pudiendo a tal efecto:
a) Emanar instrucciones técnicas de carácter general.
b) La resolución de los recursos de alzada contra las resoluciones dictadas por las Diputaciones Provinciales y la revisión de oficio de los actos de las mismas, en los términos establecidos por la legislación vigente.
c) La elaboración de programas y directrices sobre la gestión de las funciones delegadas.
e) Formular los requerimientos pertinentes a los Presidentes de las Diputaciones para la subsanación de las deficiencias observadas.
f) Previo informe del Consejo de Cooperación, y en los supuestos de incumplimiento de las directrices, denegación de las informaciones solicitadas o inobservancia de los requerimientos formulados, revocar la delegación así como, en su caso, ejecutar la competencia en sustitución de la Entidad Local.
Con anterioridad a la fecha efectiva de la delegación, se remitirá a cada Diputación Provincial copia del fichero de expediente relativo a su provincia, correspondiente a los dos últimos años.
Los expedientes cuya entrada haya tenido lugar, en la Administración de la Comunidad Autónoma, con anterioridad al 1 de enero de 1991, serán resueltos por ésta, remitiendo a las Diputaciones Provinciales todos aquellos expedientes cuya entrada sea posterior a esa fecha, para su resolución.
A petición de las Diputaciones Provinciales, se remitirán cuantos antecedentes administrativos sean precisos para la resolución de los expedientes, incluidos expedientes originales o copias autorizadas de los mismos.
1.ª Artículo 2.º, apartados 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del Decreto 245/1988, de 22 de diciembre sobre desconcentración de funciones de la Consejería de Presidencia y Administración Territorial en los Delegados Territoriales de la Junta de Castilla y León.
2.ª Cuantas otras disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto.
El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León».

References: Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7
 artículo 20
 artículo 37
 Artículo 79
 Real Decreto 
 Artículo 79
 Real Decreto 
 Artículo 79
 Real Decreto 
 Artículo 79
 Real Decreto 
 Artículo 109
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Artículo 49
 Real Decreto 
 Artículo 78
 Real Decreto 
 artículo 100
 Real Decreto 
 Artículo 75
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 15
 resolución 
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 Artículo 2