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Timestamp: 2018-01-21 18:39:39+00:00

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Libertad de Expresión: Honduras: ¿Golpe de Estado en Vestido Constitucional?
From: laura machado
Por Doug Cassel
(Original en inglés; versión en español, traducida por el autor sin actualización, el 13 de agosto de 2009)
Aún cuando los EE.UU. se adhirieron al voto de la OEA de 33-0,[13] el gobierno de Obama no llegó al extremo de calificar a la destitución de Zelaya de “golpe militar,” lo cual por ley resultaría en la suspensión de la ayuda inter-gubernamental a Honduras.[14] No obstante, por motivos de política exterior, el gobierno suspendió la ayuda militar y la ayuda inter- gubernamental de desarrollo.[15] Cuando menos una experta ante una audiencia del congreso estadounidense insistió en ir más allá. Denunció a la destitución de Zelaya por ser “golpe militar” que necesitaba la suspensión de ayuda.[16]
Más tarde, defensores del cambio de gobierno intentaron llenar el vacío, por citar una disposición constitucional, supuestamente “auto- ejecutable.”[30] El Artículo 239 proclama que el oficial quien propone reformar a la Constitución, para permitir la auto-sucesión presidencial, cesa “de inmediato” en el desempeño de su cargo.[31] Sin embargo, interpretar a la Constitución en el sentido de que, por si mismo, destituye a un presidente -- sin audiencia o procedimiento previo, y sin precisar quien decide sobre la destitución, o por cual base mínima de pruebas -- llevaría a una violación de principios básicos del debido proceso legal.[32] En todo caso, esta justificación pretendida era ex post facto: el decreto del Congreso de destitución de Zelaya citó a numerosas disposiciones de la Constitución, pero entre ellas no se encontraba el Artículo 239.
Es decir, luego de ser expulsado por la fuerza del país en violación de la Constitución, el Presidente Zelaya fue formalmente destituido por un Congreso sin facultad aparente para destituirle en las circunstancias, ni mucho menos en forma sumaria, sin ni siquiera lo más elemental del debido proceso legal. Esto sí era golpe de estado (si bien, a estas alturas, no quedan claros los grados relativos de las autoridades civiles y militares de responsabilidad por el golpe).
Alteración Inconstitucional del Orden Democrático
El Artículo 9 de la Carta de la OEA autoriza a la Asamblea General
suspender de participación en la OEA a un Estado miembro “cuyo gobierno democráticamente constituido sea derrocado por la fuerza.” Si esto fuera la única norma aplicable, el caso hondureño podría ser debatible: mientras el Presidente Zelaya fue expulsado del país por la fuerza, y bloqueado por la fuerza de regresar,[36] su destitución y sustitución formal se efectuaron de manera pacífica por el Congreso.
Resulta un desafío para juristas de derecho internacional. Tradicionalmente el derecho internacional impone sus propias normas autónomas para la conducta permisible de un Estado. Cuestiones de derecho interno – incluso de la constitucionalidad – se dejan a las autoridades nacionales, por ser su derecho soberano, además porque se presume que son ellos los mejores intérpretes de sus propias constituciones.
La Carta Democrática es una excepción. Con fines de erigir una salvaguarda colectiva para la democracia en cada país de la región, establece normas internacionales que obligan (inter alia) a todo Estado que cumpla en lo pertinente con su propia constitución. En la medida que la democracia depende del constitucionalismo, tal incorporación del derecho nacional en el derecho internacional es inevitable.
Segunda fue la aceptación inmediata por el Congreso de la supuesta carta de “renuncia” – cuando era notorio que, horas antes, el supuesto autor había sido exiliado por la fuerza a Costa Rica. El Presidente Zelaya rápidamente negó su autoría de la carta, y el Departamento de Estado de los EE.UU. expresó dudas públicas sobre la autenticidad de la carta.[40] Tal vez por dudas propias, el decreto del Congreso que destituyó a Zelaya no hace mención alguna de su “renuncia.” Ni tampoco los comunicados oficiales posteriores. A estas alturas la “renuncia” parece ser nada más ni menos que una maniobra embarazosa.
El Artículo 205, párrafo 20, faculta al Congreso “aprobar o improbar” la conducta administrativa de los demás poderes,[48] mientras el Artículo 218 le niega al presidente la facultad de vetar ciertas medidas legislativas, entre ellas, las leyes relacionadas con la conducta del ejecutivo.[49] Ninguno de los dos artículos se refiere a la destitución. Los Artículos 321- 23 son disposiciones generales, en el sentido de que los oficiales gozan solamente de las facultades conferidas por ley, juran fidelidad a la Constitución, y no son superiores a la ley.[50] Ninguno pretende facultar al Congreso para hacer nada, ni mucho menos destituir a un presidente.
El Congreso de Honduras optó por no ejercer su única facultad relevante – determinar que hay fundamento para acusarle al presidente de un delito, y luego enviar el caso a la Corte Suprema de Justicia para que sea enjuiciado.[61] Presumiblemente, el Congreso no quiso esperar el resultado de un juicio penal ante la Corte Suprema. Al contrario, destituyó al presidente de manera sumaria, sin ni siquiera audiencia. Si fuera interpretado en el sentido de ser auto-ejecutable, el Artículo 239 haría lo mismo. Ambas avenidas de destitución sumaria incumplen los compromisos de Honduras con los tratados internacionales, violan al debido proceso legal, y van en contra de la democracia.
Doug Cassel, miembro de la Sociedad Americana de Derecho Internacional (“ASIL”) y ex miembro de su consejo ejecutivo, es Profesor de Derecho y Director del Centro de Derechos Civiles y Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Notre Dame en EE.UU. Tiene larga experiencia en América Latina. Es presidente de la Fundación para el Debido Proceso Legal, la cual promueve la reforma judicial en la región. Fue elegido en dos ocasiones por la Organización de Estados Americanos al consejo directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, el cual presidió.
[6] Remarks by President Obama and President Uribe of Colombia in Joint Press Availability, 29 de junio de 2009 (President Obama remarked: “We believe that the coup was not legal and that President Zelaya remains the President of Honduras, the democratically elected President there”), accesible en http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-by- President-Obama
-and-President-Uribe-of-Colombia-in-Joint-Press-Availability/ (última visita 26 de julio de 2009).
[16] Hearing of the Western Hemisphere Subcommittee of the House Foreign Affairs Committee; Subject: The Crisis in Honduras, 10 de julio de 2009, FED. NEWS SERV. [en adelante, “House Hearing”], (testigo Joy Olson, Exec. Dir., Washington Office on Latin America)
[50] Ibidem. art. 321: “Los servidores del Estado no tiene más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.”
Art. 322: “Todo funcionario público al tomar posesión de su cargo prestará la siguiente promesa de ley: ‘Prometo ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.’”
Art. 323: “Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito.”
[64] U.S. Dept. of State, Daily Press Briefing, 28 de julio de 2009, accesible en http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2009/july/126589.htm#honsuras (última visita 29 de julio de 2009). Las cuatro visas revocadas hasta la fecha incluyeron, según informes, las del juez quien ordenó la captura del Presidente Zelaya, el actual presidente del Congreso, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y el jefe de las fuerzas armadas. Marc Lacey, <
Publicado por Libertad de Expresión, Honduras en 12:53

References: Artículo 239
 Artículo 239
 Artículo 9
 Artículo 205
 Artículo 218
 Artículo 239