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Timestamp: 2019-09-19 14:43:51+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 63, de 09/04/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 63
- Proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. (Número de expediente 121/000003). ... (Página2)
- Solicitud de creación de una subcomisión para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los reales decretos-leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales y 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. A petición de los grupos parlamentarios Socialista, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, Vasco (EAJ-PNV) y Unión Progreso y Democracia. (Número de expediente 158/000009. ... (Página11)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la reunión de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas. En el orden del día tenemos tres puntos. El primero de ellos es la ratificación de la ponencia designada para informar la iniciativa y si no hay objeciones la damos por aprobada por asentimiento. (Asentimiento).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día, que es el análisis del proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Todos los grupos parlamentarios han presentado enmiendas, por lo que habrá turno de intervención para todos. Daremos la palabra de menor a mayor, comenzando por el Grupo Mixto. Quiero anunciar antes del inicio del debate que, como todos ustedes saben, tras finalizar este tema tendremos que debatir la solicitud de creación de una subcomisión y que procederemos a la votación final de todo; es decir, tanto de las enmiendas al articulado de la ley como de la creación de la subcomisión. Esa votación no se realizará antes de las siete menos cuarto de la tarde; calculo que será entre las siete menos cuarto y las siete si las intervenciones se ajustan a los tiempos previstos.
Sin más, comenzamos el debate. Habrá un turno de diez minutos por grupo parlamentario. En primer lugar intervendrá el Grupo Parlamentario Mixto, a quien recuerdo -porque solo veo a una representante- que hay enmiendas de diversos grupos.
La señora JORDÀ I ROURA: Las daremos por defendidas todas.
El señor PRESIDENTE: La portavoz en esta Comisión las dará por defendidas como considere oportuno.
Tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Hoy De Guindos ha vuelto a culpar a las comunidades autónomas mientras que Beteta las amenazaba de intervención -en especial a Cataluña- si no cumplen con los objetivos impuestos por el Estado mediante el presente proyecto de ley. El Gobierno, a nuestro entender, hace de juez, hace de parte y, a la vez, hace también de policía. Dice De Guindos que el Gobierno no es el policía malo. Pues sí, sí lo es; pero además es el juez prevaricador que impone sentencias injustas y abusivas a todas las comunidades autónomas por igual y sin aplicárselas con igual fuerza a sí mismo. La pluralidad y, a la vez, la singularidad de las diferentes comunidades autónomas del Estado español no pueden tratarse bajo los mismos parámetros. No es ningún secreto que las diferentes administraciones territoriales no contribuyen fiscalmente de la misma manera. Mientras hay comunidades autónomas como la de Cataluña, que colabora de manera desmesurada con las arcas estatales, a pesar de padecer un agónico déficit fiscal que entre recorte y recorte se ha convertido en expolio social, hay otras que se dedican a desbaratar los escasos recursos actuales en banalidades como copas América, fórmulas 1, ciudades que quieren convertirse en metrópolis de las artes y otros eventos de una magnitud exorbitante en los tiempos que corren y en el contexto en el que estamos.
Es, pues, de sentido común que se guarde correspondencia con el esfuerzo fiscal realizado en cada territorio. También deben contemplarse las diferentes condiciones estructurales de financiación. En esta dirección va buena parte de nuestras enmiendas.
En segundo lugar, no podemos dejar de denunciar en este articulado la exagerada falta de proporcionalidad; mejor dicho, la nula proporcionalidad aplicada en este proyecto de ley. La distribución de los límites de deuda está en las antípodas de todo aquello que tenga relación con lo proporcional. A nuestro entender, los porcentajes expresados en términos nominales del PIB nacional deberían ser del 19,7% para la Administración central, el 30% para el conjunto de las comunidades autónomas y un 10,3% para el conjunto de las corporaciones locales. Otra consideración es que incluso castigan a aquellas comunidades que pueden tener superávit obligándolas a destinarlo a la reducción del endeudamiento neto. Proponemos que la mitad de este superávit pueda servir para reducir el coste social previamente aplicado a los sangrantes objetivos aquí fijados. Advertimos, una vez más, que el Estado no puede seguir actuando con la arbitrariedad con la que lo hace. El Estado impone unos objetivos y unas medidas correctoras en su Administración central que, a diferencia de las territoriales, no tiene que someterse a ninguna otra validación ni tampoco rendir cuentas a nadie más que al propio Consejo de Ministros. A nuestro entender, no solo el ministerio tiene que tener el control sobre la deuda sino que exigimos que también lo tenga el Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre el Gobierno central para que deje de ser juez y parte.
La enmienda que presentamos propone que entre las situaciones de emergencia que se consideren excepcionales para que el Estado pueda incurrir en déficit no esté el gasto militar. Se pretende evitar que este Gobierno haga como el anterior, que justo antes de reformar la Constitución para limitar el déficit solicitó un crédito para gasto militar que lo incrementaba.
Finalmente, doy por defendidas todas las enmiendas presentadas al articulado de este proyecto de ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera por las diferentes formaciones políticas que integran el Grupo Mixto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco del PNV.
El señor AZPIAZU URIARTE: En el debate de totalidad que celebramos hace unos días tuvimos ya la ocasión de fijar nuestra posición en relación con el conjunto y la filosofía del proyecto. Pusimos nuestros reparos tanto de contenido político, por lo que se refería a la reforma constitucional, como económico, entre otras cuestiones, por la dificultad de medir el propio déficit estructural, etcétera, y otorgamos al Gobierno un margen de confianza, sin presentar una enmienda a la totalidad, con la esperanza de que tendríamos una oportunidad para hablar, para pactar o para negociar nuestras enmiendas. Sinceramente, la realidad -y lo siento- es que ni el Gobierno ni el Grupo Parlamentario Popular han dado muestras de esa voluntad negociadora; quizá entiendan que la mayoría absoluta es suficiente y que no merece la pena realizar esfuerzos para llegar a acuerdos con otros grupos parlamentarios. No sé si esto se debe al estrés político del Gobierno, al que les ha llevado la situación económica -que yo entiendo que es realmente estresante- y al fundamentalismo reformista, este de caiga quien caiga y una reforma detrás de otra, dando más importancia a la cantidad que a la calidad de las mismas. Creo que estamos en un momento preocupante, con subidas de impuestos y recortes de gasto público como los que se están planteando en cuestiones sociales básicas, en el que hay que pararse y reflexionar. Si me lo permiten, les diré que no debería ser suficiente solo con esa mayoría absoluta de la que dispone el PP, porque creemos que eso incluso tiene un coste en términos democráticos. Lo que no vale es que algunos estemos planteando cuestiones con buena voluntad y que no recibamos por parte del Gobierno ni del grupo parlamentario que lo apoya ninguna satisfacción, ni siquiera una comunicación al respecto.
Quiero pedir perdón a la señora Madrazo, porque no es una cuestión personal, ni mucho menos, pero es que me acaba de decir que el Grupo Popular todavía no sabe qué hacer con una de las enmiendas que ha presentado nuestro grupo, concretamente la número 10 -que ahora planteamos junto con el Grupo Socialista-, referida a las haciendas forales, que estaba pactada con el propio ministro, sobre la que habíamos llegado a un acuerdo, y que estaba incluida en el anteproyecto de ley. Nadie sabe -tampoco el ministro ni el secretario de Estado- cómo ha desaparecido de ahí. Esta es una enmienda clásica que aparece habitualmente en los textos de carácter económico para preservar la especificidad foral; es una enmienda que ya estaba en las anteriores leyes de estabilidad. No lo entendemos. Sinceramente, me parece una falta de respeto, en el sentido de que si el grupo parlamentario o el Gobierno no han tenido tiempo suficiente para estudiar en profundidad las enmiendas no teníamos que haber estado hoy en esta reunión. Esto era para avanzar en los acuerdos y en los pactos. Si no hay nada que pactar ni que acordar, si me dicen algo parecido a lo dicho en ponencia, es decir, que no se va a aceptar ninguna enmienda de mi grupo parlamentario ni se va a debatir nada, no hubiera ido a la ponencia ni hubiera venido hoy aquí, solo hubiera ido el jueves al Pleno con las enmiendas que hemos mantenido a ver si había más suerte, que espero que la haya. Lo que quiero comentar es que si después de haber llegado a un acuerdo con el propio ministro esta enmienda no es aceptada en el Pleno de esta semana, el comportamiento de este portavoz, no solo en esto sino en otros temas económicos, va a estar muy condicionado por esta decisión. No quiero dar la sensación de estar muy enfadado, pero es que me parece que lo que se está haciendo, a lo mejor no solo con este
grupo parlamentario, pero mi grupo es lo que más me preocupa, es una tomadura de pelo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Como las enmiendas son numerosas y el tiempo breve, voy a intentar agruparlas por bloques para facilitar la exposición y la discusión.
Hemos presentado 11 enmiendas, que no voy a enumerar, que pertenecen a un mismo bloque temático y tienen que ver con los controles previos que UPyD propone introducir, reforzando la propuesta del Gobierno. Como dijimos en el Pleno, nos parece que hay unos controles a posteriori que mejoran claramente la situación actual, pero que también es bueno no llegar a esa situación límite; por tanto, sería más conveniente tener controles previos, controles a priori. Estos controles son de tres tipos. En primer lugar, controlar directamente el gasto público, no indirectamente a través del déficit estructural sino directamente mediante la imposición de techos de gasto a todas las administraciones. Habría techos de gasto en los diferentes niveles administrativos, no autoimpuestos sino a propuesta de las comunidades y ayuntamientos, pero decididos por el Gobierno. En segundo lugar, dentro de esos techos de gasto, con el fin de asegurar una calidad alta de la sanidad y de la educación, similar en toda España, se determinarían las grandes líneas de distribución de ese gasto, poniendo un gasto mínimo en sanidad y en educación, de forma que también se priorizasen los recortes en otro tipo de partidas menos importantes. En tercer lugar, habría un mecanismo de supervisión previa; es decir, que antes de ir a los parlamentos autonómicos los presupuestos serían supervisados para comprobar que cumplen con estos grandes requisitos. Las 11 enmiendas que desarrollan este bloque temático son las números 126, 128, 129, 130, 131, 134, 135, 136, 140, 141 y 142.
Hay un segundo bloque, formado por 5 enmiendas, las números 123, 125, 127, 144 y 146, que tratan otra gran cuestión, y es que se cree un consejo de estabilidad presupuestaria, formado por técnicos independientes, que realice las funciones técnicas que en la Ley de Estabilidad se otorgan al Ministerio de Economía, como el cálculo de los déficit estructurales, el cálculo del crecimiento del PIB a medio plazo y el informe de situación económica. Creemos que estos cálculos son técnicos y que si quedan en manos del ministerio pueden dar lugar a comportamientos discrecionales, a que se negocien políticamente. Por eso proponemos que se cree un consejo de expertos independientes, el Consejo de estabilidad presupuestaria, que realice dichos cálculos.
El tercer bloque temático está formado por 2 enmiendas -me gustaría llamar la atención de los grupos, porque creo que podemos compartir estas cuestiones-, las número 122 y 133, que tienen que ver con la Seguridad Social. En la Ley de Estabilidad se determinan cuestiones muy importantes de la Seguridad Social que deberían dejarse para el Pacto de Toledo. La enmienda 122 se refiere a que todo el déficit de la Seguridad Social lo absorberá la Administración central y la enmienda 133, de supresión, a que si hay un déficit en las pensiones se aplicará automáticamente el factor de sostenibilidad. Creemos que estos temas son de mucho calado. Si hay un déficit grande en la Seguridad Social afectará de forma importante a las cuentas públicas del Estado y aplicar automáticamente el factor de sostenibilidad sin una discusión parlamentaria no parece lo más adecuado. Por eso proponemos sacar estos temas de la Ley de Estabilidad y dejarlos en el ámbito natural, que es el Pacto de Toledo.
Hay otro bloque de cuatro enmiendas que también podrían ser compartidas por otros grupos. Se trata de las enmiendas 120, 132, 139 y 143, que de nuevo pretenden garantizar la calidad de los servicios básicos fundamentales, sanidad y educación, pero no por la vía de asignarles un gasto mínimo, como en las enmiendas anteriores, sino introduciendo detalles en otros artículos del texto. La enmienda 120, por ejemplo, propone que en el principio de responsabilidad de las administraciones se introduzca velar por las prestaciones básicas que tengan encomendadas. En la enmienda 132 se propone introducir que velarán para que los ajustes en el gasto no afecten a esas prestaciones básicas de los servicios públicos fundamentales. La 139 pide que remitan información sobre la prestación de estos servicios. En la 143 se solicita que el fondo de contingencia de las comunidades se dedique prioritariamente a cubrir esos servicios básicos fundamentales. Por tanto, se intenta garantizar la calidad de los servicios básicos fundamentales, pero no como en otras enmiendas con un gasto mínimo, sino con estos retoques en otros artículos.
Por último, hay otro par de enmiendas que quiero destacar, porque de nuevo pueden ser compartidas por algún otro partido. Se trata de las enmiendas 124 y 138. La 124 es una mejora del artículo, porque este dice que el gasto tiene que crecer menos que el PIB nominal a medio plazo, pero puede haber años, como el actual, en los que eso permita que el gasto crezca o años en los que haya inflación y permita un crecimiento del gasto. Lo que queremos matizar es que si hay desequilibrio no haya que llegar necesariamente a esos topes, que ese tope se dé en épocas normales, sin desequilibrio, pero no en situaciones de desequilibrio en las que el crecimiento del gasto debería estar más limitado. En la enmienda 138 nos fijamos en la situación de las comunidades autónomas que tienen la tutela financiera de las corporaciones locales que haya en su territorio, matizando que si la comunidad que tiene esa tutela financiera sobre las corporaciones locales no la ejerce, el Gobierno de la nación pueda requerir a esa comunidad que ejerza las funciones que tiene encomendadas.
Estas son básicamente las enmiendas que presentamos. Hay algunas otras secundarias, pero estas son las que quería destacar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural, tiene la palabra don Alberto Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Como saben, nuestro grupo presentó una enmienda a la totalidad a esta ley, pero no la pudo defender en el Pleno porque coincidió con la huelga general. Presentamos esa enmienda a la totalidad porque no compartimos la filosofía de la ley orgánica; de hecho, creemos que va en el camino incorrecto. El conjunto de enmiendas que hemos presentado intenta mitigar el efecto perverso de aquellos componentes de la ley que consideramos más perjudiciales y, sobre todo, como han hecho otros grupos en sus enmiendas, salvaguardar aspectos fundamentales del Estado del bienestar, como son los servicios públicos más básicos en sanidad, educación y otros ámbitos. Esta ley representa claramente un intento de dar confianza a los mercados, pero creemos que no va a funcionar, y no va a hacerlo por dos motivos. En primer lugar, esos llamados mercados, que aglutinan los intereses económicos de los grandes bancos, de las grandes empresas y de las grandes fortunas, son insaciables. Desgraciadamente, en el vaivén de la prima de riesgo y otros indicadores se está poniendo de manifiesto que efectivamente son insaciables. En segundo lugar, esta ley va a presionar para que se haga un ajuste permanente, para que se hagan recortes tras recortes, que van a deteriorar los ingresos públicos, haciendo que nos pase al final lo mismo que les está pasando a Grecia y Portugal. Portugal lleva más de un año de recortes, pero su economía está cayendo al 1,6 y se prevé que caiga al 3,2 el próximo año, y Grecia ha visto dispararse su déficit. Esta ley va a introducir una palanca en nuestro sistema que va a hacer que vayamos más rápido hacia el mismo destino.
Compartimos con el Partido Popular y creemos que con el resto de los partidos que la deuda es un instrumento muy complejo, pero la deuda pública y la deuda privada. Hasta determinados niveles, la deuda fomenta el crecimiento económico, fomenta que las empresas puedan ir mucho más allá de su propio potencial y fomenta que el Estado pueda acometer inversiones que sin esa deuda no podría acometer. Al final, si esos proyectos son viables y adecuados, los beneficios se recuperan y se puede salir adelante con crecimiento económico. Sin embargo, alcanzado un cierto umbral, la deuda se convierte en una espiral muy peligrosa para el estado de cualquier agente económico. El Banco Internacional de Pagos ha sacado un working paper hace muy poco en el que da un dato según el cual el umbral de los Estados debería estar en torno al 85% del PIB. Maastricht señala un 60% y esta ley intenta llegar a Maastricht, es decir, son leyes mucho más duras que las que los economistas técnicos están recomendando, incluso los de instituciones como el Banco Internacional de Pagos. Por otra parte, el problema no solo está en lo público, también afecta a las entidades privadas y esta ley no habla de ellas, ni de las empresas ni de los hogares. En el año 2007, la deuda pública, en términos del PIB, era del 50%, mientras que la de los hogares era del 100% y la de las empresas del 200%. El problema de la deuda está más en las entidades privadas, a las que esta ley no hace ninguna referencia, que en las entidades públicas.
Termino. Esta ley intenta hacer algo muy interesante de analizar, porque está encorsetando las finanzas públicas a la vez que el Estado absorbe los costes de las crisis a través de las medidas de ayuda a la banca, a través de los planes de estímulo. Esos dos fenómenos, de forma conjunta, obligan a todo el Gobierno a hacer recorte tras recorte, lo cual, por la propia naturaleza del recorte, es al final un ajuste permanente, como decía el principio. Este encorsetamiento de las finanzas, este doble fenómeno, que responde a los intereses de la Unión Europea, una Unión que está viendo que su fragilidad institucional tiene mucho que ver con el carácter antidemocrático en las instituciones, hace que esta ley se convierta en una palanca que va a destruir poco a poco, pero en realidad muy deprisa, el Estado del bienestar. Por eso, nuestras enmiendas, que son muchas, intentan reducir el impacto negativo que tendría esta ley. Insistimos en que esta ley nos parece un error muy grave. No pudimos defender nuestra enmienda a la totalidad, pero la filosofía que acabo de describir es la que subyace a todas las enmiendas. Por tanto, damos por defendidas nuestras enmiendas y también la enmienda a la totalidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, señoras y señores diputados, nuestro grupo parlamentario fue uno de los que enmendó a la totalidad este proyecto de ley en el debate que se produjo la semana pasada en el Pleno del Congreso de los Diputados, aunque también adelantó que estaba totalmente a favor del rigor presupuestario y de actuar con la máxima firmeza y contundencia en la lucha contra los endeudamientos y los déficits excesivos de las administraciones, tanto de la central, como de las autonómicas y de las corporaciones locales. Nosotros siempre hemos defendido una filosofía muy elemental, y es que ninguna administración puede gastar más de lo que ingresa; ninguna administración puede sobrepasar esta operación elemental, incorporando, lógicamente, aquellos déficits que están perfectamente encuadrados en la legislación vigente. Sentadas estas tres premisas importantes para nuestro grupo, presentamos una enmienda a la totalidad, porque entendíamos que esta legislación era muy rígida, más rígida que la que planteaba la Unión Europea para todos los Estados miembros.
Hay un aspecto que nos preocupa muchísimo en esta ley orgánica, que es el establecimiento de unos techos de endeudamiento, desde nuestro punto de vista, incumplibles para las comunidades autónomas, sin contemplar poner el contador a cero en un momento determinado. El planteamiento que hace esta ley -que en 2020 todas las administraciones autonómicas lleguen a un techo de deuda del 13%- va a ser imposible de cumplir para muchas comunidades autónomas que hoy tienen unos techos de deuda pública superiores al 20%. En ocho años va a ser totalmente imposible que estas comunidades autónomas que están por encima del 20%, algunas de ellas en el 23%, como es el caso de Cataluña -no por la gestión de Convergència i Unió sino por la gestión heredada-, lleguen a un endeudamiento del 13% en el año 2020. Nosotros no vamos a poder cumplir estrictamente lo establecido por esta ley, pero tampoco lo van a poder cumplir otras comunidades autónomas que están por encima del 20%. A partir de este elemento, relevante para nuestro grupo parlamentario, intentamos negociar en diferentes enmiendas que se pueda aplicar la misma fórmula que ha establecido la Unión Europea para los Estados miembros cuya deuda pública está muy por encima del 60% del PIB, algunos de ellos, como Italia, por encima del 100%. A estos Estados que están muy por encima del 60% se les han aplicado unos plazos de amortización de veinte años. En nuestras enmiendas planteamos que a aquellas comunidades autónomas que están por encima del 13% que la ley especifica para el año 2020 se les aplique una fórmula similar a la que ha establecido la Unión Europea. Partimos de la base de que la voluntad de todas las comunidades autónomas, también del Gobierno de la Generalitat de Catalunya, es cumplir la ley, pero no podemos votar a favor de una ley que todos sabemos que algunas comunidades no van a poder cumplir.
De aquí se deduce otra problemática importante que hemos plasmado en nuestras enmiendas. La ley establece medidas coercitivas para las comunidades que no puedan cumplir este calendario de amortización de deuda pública, medidas importantes que van a ir contra el corazón del autogobierno de las comunidades autónomas, porque se va a producir una intervención por parte del Estado. Dicen que seguramente no se producirá, que no suframos, pero no es que suframos o dejemos de sufrir, es que lo dice la ley y, si la ley es para cumplirla, tenemos que tener clara la idea de que el que no la cumpla se puede ver abocado a una intervención por parte del Gobierno, del color que sea, en el momento en el que se produzca el incumplimiento. Por tanto, partiendo de la base de que las consideraciones iniciales son importantes para nuestro grupo, porque estamos a favor del rigor presupuestario, en contra del sobreendeudamiento de todas las administraciones, a favor de un plan de austeridad, etcétera, intentamos introducir un poco de sentido común, proponiendo que se ponga el contador a cero a partir del año 2012, en función de los endeudamientos de cada comunidad autónoma y, a partir de ahí, se planteen unas fórmulas para que todas las comunidades autónomas y, por supuesto, también el Estado puedan cumplir con lo que hoy se va a aprobar en esta Comisión.
Dado que va a ser muy difícil, por las conversaciones que hemos mantenido con el Grupo Popular, que nos acepten las enmiendas correspondientes, voy a detallar las que se refieren a los tres puntos en los que pedimos la flexibilidad que se ha establecido para algunos países de la Unión Europea, para defenderlas con más extensión el próximo jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados. Nuestra enmienda 182, que se refiere a los artículos 11.2 y 11.3, plantea la posibilidad de que se apliquen los mismos criterios de flexibilidad que se han establecido para otros países miembros de la Unión Europea como filosofía fundamental. Hay otros déficits públicos que no están tan encorsetados. El que plantea el proyecto de ley es del 0%, pudiendo llegar en casos extraordinarios o de reformas estructurales, que no se detallan, al 0,4%, mientras que en la Unión Europea se plantea el 0,5%. En la misma dirección va la enmienda 183. La enmienda 185 hace referencia a la posibilidad de establecer un calendario diferente sobre la base de una amortización a veinteavas partes, como se ha planteado en algunos países de la Unión Europea, para todas aquellas comunidades autónomas que tengan unos endeudamientos excesivos, heredados o no de otros Gobiernos, de manera que en el año 2020 puedan llegar al 13%. Esta es quizás la cuestión más importante que reivindicamos en esta ley, porque no tiene ningún sentido aprobar una ley que establece que todas las comunidades autónomas tienen la obligación de llegar en 2020 al 13%, cuando sabemos perfectamente que para que esto sea así muchas de ellas no podrán hacer ninguna inversión en los próximos ocho años y no podrán atender sus servicios básicos en educación, servicios sociales y sanidad. Vale la pena intentar plantear en este trámite parlamentario cuestiones objetivas para que todos podamos ir en la dirección de cumplir con la ley que se está tramitando en estos momentos.
Hay otras enmiendas que son consecuencia de estas modificaciones importantes que planteamos para conseguir unos niveles de endeudamiento objetivos para todas las comunidades autónomas. Son las que hacen referencia a las medidas coercitivas. No podemos estar de acuerdo con una legislación que va en la dirección de una intervención de todas aquellas comunidades autónomas que no cumplan con los requisitos de endeudamiento. Como no son unos requisitos objetivos y reales, pedimos una modificación sustancial en todos aquellos aspectos que hacen referencia a las medidas coercitivas.
Hay un tema que no es menos importante, pero que no nos hubiera llevado a presentar una enmienda a la totalidad, que es el capítulo de las sanciones. Aquí parece que también queremos ser más papistas que el papa. Cuando en la Unión Europea se están planteando sanciones para todos aquellos Estados que no cumplan con el techo de déficit y deuda del 0,1%, aquí aplicamos
sanciones del 0,2%. La aplicación de estas sanciones del 0,2% a las comunidades autónomas llevará a una parálisis total y absoluta de sus actividades de autogobierno. Por tanto, aquí tratamos de plantear algunas cuestiones de sentido común que no lesionarían el objetivo fundamental de la ley y darían una sensación de naturalidad, de realidad y de objetividad de cara a los mercados, porque los mercados también valoran lo que se puede cumplir y lo que no. Aquí no se puede engañar a nadie. Todo el mundo sabe cuáles son las pautas económicas que tienen de margen el Estado y las comunidades autónomas para poder salir de esta situación que consideramos delicada.
Finalmente -con esto acabo, señor presidente-, hay una cuestión con la que, si no somos capaces de rectificarla en el trámite parlamentario, estaríamos castigando a todos aquellos ayuntamientos y a todas aquellas administraciones que han cumplido con su deber, que no han entrado en déficits excesivos y en endeudamientos excesivos y que, cumpliendo escrupulosamente con la ley, si ahora tienen superávit, estas administraciones se van a ver obligadas a incorporar todo este superávit a la amortización de su deuda. Cuando esto no tiene ningún sentido, porque vamos a limitar el crecimiento de todas aquellas administraciones que, con una buena gestión, sean del color que sean, van a ver imposibilitado plantear inversiones de cara al futuro. Hemos planteado la enmienda número 183, en la cual damos una posible solución para que todas aquellas administraciones que han cumplido con la ley escrupulosamente y tengan superávit que el fondo de reserva que plantea la ley que se ha de crear o pueda ir a la amortización de la deuda o también pueda servir para realizar nuevas inversiones. Entendemos que esta es una cuestión tan objetiva y tan de sentido común que valdría la pena que nos pusiéramos de acuerdo para -repito- no castigar a todas aquellas administraciones que han cumplido con la ley y han hecho una gestión brillante y tienen superávit y ahora se van a ver abocadas a no poder hacer inversiones en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Tiene ahora la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Saura.
El señor SAURA GARCÍA: Desde el Grupo Socialista somos conscientes de la situación difícil que vive la economía española, de la situación dura que está afrontando la economía española, y, desde ese punto de vista, primero, no presentamos una enmienda a la totalidad a esta ley fundamentalmente por responsabilidad y hemos querido utilizar el tiempo de la Comisión de Hacienda para poder seguir negociando con el grupo mayoritario para poder, en primer lugar, cambiar la ley, en segundo lugar, mejorar la ley y, en tercer lugar, volver a ese acuerdo político pactado entre el Partido Socialista y el Partido Popular meses atrás. Queremos seguir utilizando este tiempo en esta Comisión y en el propio Pleno, pero entendemos de manera clara que el Grupo Popular tiene prisa en aprobar esta ley y tiene prisa fundamentalmente porque su política económica ya tiene un problema claro de credibilidad y más concretamente su política presupuestaria tiene un problema de credibilidad y de confianza y con esta ley quiere ganar crédito y ganar confianza. Sin embargo, con esta ley, tal como está, no va a ganar confianza, como más adelante trataré de explicar. Lo que sucede en realidad es que esa política económica, y dentro de la política económica la política presupuestaria, en este momento a ojos de los agentes económicos nacionales y extranjeros es un puro lío, es una ocurrencia tras otra o son meras opiniones personales, como la del ministro de Economía esta mañana en relación con el copago sanitario, según el vicesecretario de organización del Partido Popular es una mera reflexión de carácter personal. Ese lío, esa ocurrencia detrás de otra, no ayuda a ganar confianza, sino todo lo contrario. A esto se une el retraso de los presupuestos, desde el punto de vista táctico, priorizando los intereses políticos del Partido Popular a la urgencia y a la necesidad de los intereses generales. También es un lío el baile de cifras ante la Comisión Europea o la amnistía fiscal en los presupuestos para el año 2012, que está más cerca del esperpento que de la racionalidad económica. Unos presupuestos que no se cree nadie, ni por el lado de los gastos, a la hora de repartir y de ordenar los gastos, ni tampoco por el lado de sostenibilidad de los ingresos. En definitiva, son unos presupuestos que deterioran nuestra situación fiscal en el corto y sobre todo en el medio plazo.
En este momento el problema más importante de la economía española es la política errática del Gobierno del Partido Popular y el Gobierno y el PP quieren aprobar cuanto antes esta ley. No ayuda a la recuperación de la confianza que el PP quiera aprobar en solitario la ley. No es un buen mensaje a los agentes económicos internacionales, no es un buen mensaje a los mercados, no ayuda a la recuperación de la confianza una ley que retrasa la recuperación de la economía española, que antepone el déficit cero al crecimiento económico. Eso no ayuda a recuperar la confianza perdida por parte del Gobierno. No ayuda a la recuperación de la confianza una ley que es, como se ha dicho anteriormente, más papista que el Papa, para quedar bien ante la galería -esto es muy típico del Partido Popular-, porque una cosa es lo que se aprueba y otra cosa bien distinta es lo que se termina cumpliendo. En esta ley se plantean unos objetivos y unas reglas fiscales muy duras, por eso digo que pensando en la galería y más papista que el Papa, que se amontonan unas detrás de otras, que son contradictorias unas con otras. En ese sentido, nos preocupa el proyecto de ley tal como está, porque si se cumple la norma, malo y, si no se cumple, también malo, desde el punto de vista de la reputación de la economía española y desde el punto de vista de la reputación de la política económica y presupuestaria.
Para recuperar la confianza en materia presupuestaria y en materia fiscal se tienen que plantear, en el marco de esta ley, una serie de premisas de partida. En primer lugar, olvidar los intereses partidistas. El PP debería querer acordar esta ley y se debería acordar definitivamente la ley. En segundo lugar, nuestro país debería tener una senda de consolidación fiscal seria, creíble, ordenada, sistemática, acompasada con el crecimiento económico y pausada en el tiempo. En tercer lugar, una senda acompasada al ritmo de crecimiento de la economía y, en cuarto lugar, una cuarta premisa que tiene que ver con esta ley, una política de ingresos creíble y una política de gastos que apueste por la productividad y la competitividad. Estas deberían de ser a nuestro juicio las premisas relacionadas con esta ley para devolver la confianza y para ganar confianza en un momento muy complicado, porque somos conscientes de las dificultades por las que está atravesando la economía española. No nos gusta la ley tal como está, nos gustaría cambiarla por las razones que ya se comentaron en el Pleno, que comentó nuestro grupo y que también he ido enumerando en estos minutos, porque retrasa la recuperación económica, no genera confianza ante los actores económicos nacionales e internacionales, tiene un marcado componente ideológico y además no cumple el pacto político Partido Socialista-Partido Popular e incluso es una ley más restrictiva que el Pacto fiscal que acaba de firmar el Gobierno de España en Europa.
En cuanto a la recuperación económica, se antepone, como he dicho anteriormente, el déficit cero a ultranza a la política de crecimiento. En segundo lugar, tiene un componente ideológico muy serio. Lo voy a tratar de explicar rápidamente. No busca como objetivo fundamental priorizar la reducción del déficit público, sino reducir el nivel de los servicios públicos. ¿Qué quiero decir con esto? Me voy a referir a la primera regla fiscal del proyecto de ley que nos llevaría al año 2020. Esa primera regla establece que el gasto público debe crecer por debajo del PIB real de la economía española. Señorías, lo importante es el saldo fiscal, no una parte del saldo fiscal, es decir, se puede reducir el déficit público manteniendo el nivel de los servicios públicos fundamentales, es perfectamente posible. ¿Cómo hay que hacerlo? Con unos ingresos estructurales que estén de acuerdo con ese nivel de servicios públicos fundamentales. No confundamos el saldo fiscal con una parte del saldo fiscal. Si tenemos una regla de reducción del déficit para llegar a 2020, si tenemos una regla de reducción de la deuda, para qué ponemos esta regla de reducción del gasto. La consecuencia más importante de esta regla es que los recortes no van a ser coyunturales, van a ser recortes que se mantengan de manera permanente en la sociedad española y no cumplen el pacto político firmado con el Partido Socialista. El proyecto de ley plantea que el equilibrio presupuestario se consigue con un déficit estructural cero en 2020. El pacto político hablaba del 0,4, que podía incrementarse ante situaciones extraordinarias, incluyendo la recesión económica. También es más restrictivo que el Pacto fiscal que acaba de firmar el Gobierno en Europa que habla de que se puede llegar al equilibrio presupuestario con un déficit estructural del 0,5 o incluso del 1% si la deuda está por debajo del 60%. Esto no lo decimos solo nosotros, sino que lo dicen las enmiendas que han presentado el resto de grupos parlamentarios que vienen a decir que el proyecto de ley es mucho más restrictivo que el Pacto fiscal europeo. La apreciación del Consejo de Estado en su página 33 es clara y rotunda y subraya la diferencia existente entre lo que dice el proyecto del Partido Popular y lo que dice el Pacto fiscal, que es lo que plantea el Partido Socialista, que en definitiva es el acuerdo entre el PP y el PSOE. Finalmente, para que quede clara nuestra posición nos gustaría consensuar la ley, sería bueno para la economía española y para su confianza. Busquemos ese acuerdo, lo contrario va contra la confianza de la política y de la economía española.
Si el PP no aprueba nuestras enmiendas, quiero dejar claro y poner de manifiesto que nuestra voluntad es de mantenerlas para el Pleno. Son quince enmiendas y quiero destacar rápidamente las más importantes. La que tiene que ver con el artículo 3.2, en esencia para nosotros la Constitución, cuando habla de equilibrio presupuestario, está hablando de equilibrio presupuestario a lo largo del ciclo. Está hablando del déficit cero a lo largo del ciclo. Nosotros creemos que hay que incluir esa enmienda y corregir de manera clara la ley. El artículo 11.2 también sufre enmiendas por el Grupo Socialista, porque, como he dicho anteriormente, el déficit estructural podría ser del 0,5 en 2010, podríamos consensuar el 04 o el 05, el 05 es lo que estipula el Pacto fiscal, podríamos llegar al 1% si la deuda está por debajo del 60%. Entendemos que se debería aclarar la metodología para calcular el déficit estructural que evidentemente debe tener en cuenta la posición cíclica de la economía española y sus consecuencias desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos.
Otra enmienda que para nosotros es importante es la que tiene que ver con las medidas coercitivas al resto de administraciones, más concretamente a las comunidades autónomas. Esas medidas coercitivas del proyecto de ley hablan del 0,2 en relación con el PIB, el Pacto fiscal europeo habla del 0,1 en relación con el PIB y nosotros entendemos que tenemos que irnos a ese pacto fiscal. Otra enmienda muy importante es la que tiene que ver con el tránsito a 2020, la que tiene que ver con el periodo transitorio, la que tiene que ver con la disposición transitoria primera. Hay que cumplir el acuerdo político en relación con la deuda y en relación con que esa deuda sea el 60% del PIB en 2020, de acuerdo con lo que tenemos firmado -es lo que además precisa el Pacto fiscal europeo-, pero la senda tiene que ser consistente con la recuperación económica. Por eso planteamos tres reglas fiscales distintas a las tres reglas fiscales que ha planteado el Gobierno. La primera regla fiscal es la regla de gasto, contenida en el artículo 12 de la ley, una regla de gasto que tiene en cuenta no solo la evolución de los
gastos, sino también la evolución de los ingresos, se aplicará aminorando el 1% la tasa de referencia del crecimiento del PIB a medio plazo de la economía española. La segunda regla fiscal es que cuando la deuda supere el 60% del PIB se reducirá la diferencia al menos en una veinteava parte en promedio anual. Esto es lo que dice el Pacto fiscal y muchas de las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios. La tercera regla fiscal es que el déficit estructural se deberá reducir en un 0,5% del PIB en promedio anual. Estas tres reglas nos llevan a que en el año 2020 se pueda cumplir el 60% y que se pueda acompasar los objetivos instrumentales presupuestarios con el crecimiento económico.
También hay otra enmienda, que coincide con el Partido Nacionalista Vasco, que trata de reconocer en la ley la especificidad de los regímenes forales propios de Navarra y del País Vasco. Rescatamos exactamente lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2007. Sería bueno, desde el punto de vista de la credibilidad, que hubiera el máximo de acuerdo parlamentario. Tenemos tiempo todavía y, sobre todo, ganaríamos en confianza, desde el punto de vista de la política presupuestaria, si se acompasara lo instrumental, la corrección del déficit cero a lo largo del ciclo, con el crecimiento económico. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, en primer lugar, me gustaría darle la importancia que tiene a este trámite que estamos haciendo hoy del proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las administraciones públicas, porque desde el Grupo Popular consideramos que es un proyecto esencial y es un requisito necesario para iniciar la recuperación económica y para generar y empezar a crear empleo. No es el único requisito que debemos cumplir, por supuesto debemos acompañarlo de otra serie de reformas estructurales en las que el Gobierno está trabajando desde el primer día intensamente. Pero sí es requisito necesario para iniciar otra vez esa senda de recuperación económica y de creación de empleo. Señor Saura, por eso creemos que no es que tenga prisa el Partido Popular por aprobar este proyecto de ley, es que tiene prisa España. España tiene prisa en generar credibilidad, como usted decía, ante los mercados y ante sus socios de la Unión Europea. Que usted hable precisamente de credibilidad me parece bastante irónico, porque hace muy poco tiempo que se celebraron unas elecciones en España y los ciudadanos consideraron que su partido, el Partido Socialista, que había gobernado los últimos años en España, había engañado a los españoles sobre la crisis económica. Primero negó la existencia de la crisis, después tomó medidas que fueron totalmente contradictorias y, finalmente, protagonizaron ustedes los mayores recortes sociales de la democracia y dejaron a España con más de 5 millones de parados. Eso ha pasado hace muy poco tiempo, el Gobierno apenas lleva cien días en el Gobierno tomando medidas. Siento recordarle también que el responsable último de que la confianza en España se haya echo añicos en estos últimos años fue precisamente el Gobierno socialista, porque se comprometieron ustedes a cumplir con un 6% de déficit y ocultaron hasta el último momento que el déficit real en el año 2011 fue del 8,5%. Por supuesto que nos gustaría llegar a consensos y por supuesto que estamos abiertos al diálogo y a la negociación, pero le pedimos al Partido Socialista que ayuden ustedes, que ayuden a conseguir esa confianza, por el bien de España y por el interés de España.
Señorías, la Ley 18/2001 de Estabilidad Presupuestaria -y su complementaria la Ley Orgánica 5/2001- supuso un muy buen instrumento en el proceso de consolidación fiscal, fue una de las claves de la política económica que hizo posible el acceso de España a la unión económica y monetaria en 1999. Desde el Grupo Popular consideramos que la política presupuestaria ha sido y será un elemento de primer orden para que el rigor en las cuentas públicas mejore la gestión presupuestaria y consiga los objetivos económicos fijados. A pesar de la eficacia que demostraron estas leyes, el anterior Gobierno socialista pretendió adaptar la ley a su propia visión del Estado y a las necesidades de su política económica. Como todos ustedes saben, por la Ley 15/2006 -y su complementaria las Ley Orgánica 3/2006- se llevó a cabo la flexibilización del principio de estabilidad presupuestaria para adaptarlo al ciclo económico. De manera que la política presupuestaria pudiera adecuarse a la situación económica en cada momento. La crisis económica puso rápidamente de manifiesto la insuficiencia de los mecanismos de disciplina de esa Ley de Estabilidad Presupuestaria que ustedes, el Partido Socialista, modificaron en el Gobierno. Ha sido en el marco precisamente de esa ley, reformada por el Partido Socialista, en el que España alcanzó el mayor déficit de nuestras administraciones públicas, con un 11,2% del producto interior bruto en 2009. Por eso se hizo necesario el pasado verano una reforma constitucional y por eso se llegó a un acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque consideramos esencial conseguir la estabilidad en nuestras cuentas públicas.
Señorías, este proyecto de ley orgánica de estabilidad y sostenibilidad financiera desarrolla el mandato constitucional del artículo 135 y da cumplimiento a las obligaciones contraídas en el marco europeo y además cumple también, a pesar de lo que dice el portavoz del Grupo Socialista, con lo establecido en el acuerdo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque, como ustedes saben, el artículo 135 de la Constitución española establece que todas las administraciones públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria. El Estado y las comunidades autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados miembros y el nuevo Pacto fiscal en la Unión Europea establece igualmente
que la situación presupuestaria de las administraciones públicas de cada Estado miembro deberá ser de equilibrio o superávit presupuestario. Esta norma se considerará respetada, según este tratado fiscal, si el saldo estructural anual de las administraciones públicas alcanza el objetivo nacional específico a medio plazo, definido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, con un límite inferior de déficit estructural del 0,5% del producto interior bruto a precios de mercado. Por tanto, el objetivo a medio plazo se revisará cada tres años en función de la situación de diferentes variables que influyen en la evolución presupuestaria, entre las que se encuentran las proyecciones demográficas, el envejecimiento de la población, etcétera. En caso de reformas en estos ámbitos que mejoren la evolución del saldo presupuestario a largo plazo se relajaría el objetivo de saldo estructural a medio plazo, operando en cualquier caso ese límite inferior del 0,5%. Los países miembros pueden fijar objetivos de saldo estructural más exigentes, siendo los establecidos en el nivel comunitario unos mínimos. Por otro lado, señorías, como usted conocen, en el acuerdo político se estableció que la ley orgánica fijaría en un 0,4% el déficit estructural máximo del conjunto de las administraciones públicas a partir de 2020, y se estableció efectivamente un reparto entre el Estado y las comunidades autónomas. Es decir, el acuerdo político estableció un déficit estructural máximo más exigente -el 0,4%- que el límite inferior permitido por la Unión Europea -del 0,5%- y prohíbe efectivamente un endeudamiento del sector público superior al 60%. Señorías, este proyecto de ley parte de la nueva redacción del artículo 135, respeta en su totalidad y de manera estricta el acuerdo político del Partido Popular y del Partido Socialista y se adapta perfectamente al texto del Tratado fiscal europeo, que establece la situación de equilibrio o superávit de las administraciones públicas en el medio plazo. El principio general, como he dicho, es el de equilibrio o superávit, pero se permite un déficit estructural del 0,4% en el conjunto de las administraciones públicas, condicionado, eso sí, a la realización de reformas estructurales con impacto presupuestario positivo a largo plazo. Finalmente, en términos de déficit, se permite un margen de flexibilidad como está previsto también en la Constitución y el en el tratado fiscal porque ese límite de déficit estructural del 0,4% podrá superarse en algunos casos, tasados en la propia ley, de catástrofe natural, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinarias que escapen del control de las administraciones públicas.
En el contexto actual, señorías, y con la situación delicada y difícil que atraviesa nuestro país, la norma aprobada por el Consejo de Ministros recoge el primer objetivo de la política económica del Gobierno, que es, por supuesto, el control del déficit público, ya que pensamos que la estabilidad y la sostenibilidad presupuestaria son la clave y el primer requisito, como he dicho al inicio de mi intervención, para el crecimiento económico y la creación de empleo. No es suficiente, pero es necesario llegar a esos objetivos de déficit. Los tres objetivos básicos que persigue esta ley son garantizar precisamente la sostenibilidad presupuestaria de nuestras administraciones públicas como garantía del mantenimiento a medio y largo plazo de nuestro Estado de bienestar, de la sanidad, de la educación, de los servicios públicos. Malamente podremos garantizar esa sostenibilidad, esa financiación de los servicios públicos esenciales si no somos capaces de mantener en orden nuestras cuentas públicas. Otro objetivo también es fortalecer por supuesto la confianza de los mercados y de la Unión Europea en la estabilidad de la economía española y reforzar los compromisos de España con la Unión Europea. A estos objetivos el Partido Popular, el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Popular que sustenta a ese Gobierno no vamos a renunciar en ningún momento. Por eso, para nosotros la sostenibilidad financiera se configura como el principio rector de la actuación de todas las administraciones públicas. Por ello la primera novedad está en el propio título de la ley, que no solamente habla de estabilidad presupuestaria, sino también de sostenibilidad financiera de las administraciones públicas en el medio y largo plazo.
Voy ahora a referirme a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos políticos, que han sido numerosas, exactamente doscientas seis. Quiero volver a mostrar la disposición del Grupo Parlamentario Popular en todo momento a poder consensuar y llegar a acuerdos hasta el último momento de la tramitación de este proyecto de ley, que no termina hoy. Quisiera mencionar algunas a las que hemos estimado oportuno dar nuestro visto bueno en esta fase de la tramitación del proyecto de ley y otras en las que trabajaremos para poder llegar a acuerdos en próximas fases. Vamos a votar favorablemente la enmienda número 15 de Coalición Canaria, que modifica el primer párrafo de la exposición de motivos con objeto de reflejar que esta ley desarrolla el mandato constitucional del artículo 135 de nuestra Constitución. Vamos a votar también favorablemente la enmienda número 97, la 109 y la 110 de Unión del Pueblo Navarro y la número 138 de Unión Progreso y Democracia. En esa disponibilidad a llegar a acuerdos de aquí al Pleno que se celebrará el próximo jueves creemos que es posible lograrlo en la enmienda número 14 del Grupo Mixto, en concreto de Compromís. En principio la votaremos negativamente, pero se puede transaccionar, aunque hay que matizar la redacción en lo que se refiere a la modificación del artículo 25.1.b). Entendemos que la justificación de esta enmienda parece razonable, pero es imprecisa la redacción y debería concretarse la fórmula ligada al presupuesto municipal para constitución del depósito en caso de incumplimiento de los planes de reequilibrio económico financiero. También creemos que se puede llegar a una transaccional con la enmienda número 96 de UPN. El punto 1 nos parece correcto y el punto 2 se puede transaccionar, pero con la redacción que ya introdujo el Grupo Parlamentario Popular con su enmienda número 149. Creemos que igualmente se
podría transaccionar la enmienda número 111 de Unión del Pueblo Navarro, pero solo en el sentido de incluir alguna referencia a la deuda comercial en el marco presupuestario plurianual como información a facilitar y no como un umbral de tesorería. No consideramos conveniente regular un umbral mínimo del remanente de tesorería en esta ley orgánica de estabilidad presupuestaria. También se podría transaccionar el texto de la enmienda número 112 de Unión del Pueblo Navarro y ver si el mínimo del 1,5% que plantean en ella para el Fondo de contingencia se aplica al Estado ya y si el 2% para el Estado se puede transaccionar. La enmienda número 124 de Unión Progreso y Democracia se podría transaccionar de aquí al jueves. Propone una regla de gasto más exigente en caso de reequilibrio. No podemos aceptarla tal y como está redactada, pero estamos planteándonos tramitar una enmienda similar, una transaccional a la redacción de UPyD. Podríamos transaccionar asimismo la enmienda número 190 de CiU con la número 9 del PNV, pero con la redacción siguiente: no se incumple el objetivo de estabilidad presupuestaria. La supresión del apartado 2 se rechazaría. Donde se dice la imposibilidad de emitir deuda a largo plazo cuando se supere el 95%, el límite de deuda establecido es un mecanismo de ajuste automático que se considera esencial para dar cumplimiento a las exigencias de la normativa europea en esta materia. También podríamos transaccionar la número 204. Estamos dispuestos a transaccionarla también, pero con otra redacción.
En la fase de la tramitación hoy en la aprobación del dictamen del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda el resto de enmiendas el Grupo Popular las vamos a votar de forma desfavorable porque algunas de ellas, como la enmienda 100 y 101 de UPN propone crear un marco específico para el cálculo de la regla de gasto para las comunidades autónomas distinta del resto de las administraciones públicas. No consideramos adecuado romper la homogeneidad en la aplicación de la regla de gasto para todas las comunidades autónomas. También votaremos desfavorablemente la enmienda número 102 de UPN porque la inclusión de la matización en lo que corresponde a cada comunidad autónoma hace más confusa -a nuestro entender- la redacción de la ley. También votaremos desfavorablemente la enmienda número 103, por las mismas razones que la 100 y la 101. Votaremos también desfavorablemente la 104; los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto han de ir destinados a reducir el nivel de deuda pública y mejorar la situación financiera de la comunidad autónoma mediante una reducción de sus pasivos y no mediante la creación de un fondo de ahorro. También la enmienda 107 la votaremos en contra porque el adelanto de la fecha al 1 de julio del informe implica que el informe sobre la ejecución del ejercicio se refiere a los cuatro primeros meses del ejercicio, y esto no se considera tiempo suficiente para elaborar previsiones sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad. Las enmiendas 113 y 114 también las votaremos desfavorablemente porque la ley orgánica de estabilidad presupuestaria que pretendemos aprobar considera más adecuado dedicar los superávits presupuestarios a reducir el nivel de endeudamiento que a constituir un fondo de ahorro. Las enmiendas 115 y 117 de UPN también las votaremos de forma negativa. La enmienda 120 de UPyD también la votaremos en contra porque pensamos que la redacción no es inocua, supone un cambio de filosofía importante. Puede no ser solo una declaración de principios, ya que podrían ser empleadas por algunas comunidades autónomas, de aceptarse la redacción de esa enmienda tal y como la propone UPyD para justificar que el objetivo de estabilidad que se les haya establecido no les permite garantizar el nivel mínimo de los servicios públicos esenciales y, por tanto, saltarse los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos invocando este precepto. La enmienda 132 de UPyD tampoco podemos aceptarla porque de nuevo condiciona los ajustes en el gasto público en que no afecte a las prestaciones básicas. Esta consideramos que es aun más grave que la anterior, ya que aquí no se hace referencia a un nivel mínimo de prestación de esos servicios; cualquier ajuste que afectara a cualquier nivel de prestación, por inadecuado que este sea, sería ilegal si aceptáramos esta redacción del articulado. También votaremos desfavorablemente la enmienda 139 de UPyD; no podemos aceptarla porque la información sobre la prestación de los servicios públicos fundamentales no es materia de esta ley. Esta es una ley financiera y, en consecuencia, le interesa la información financiera relativa a dichas prestaciones, pero no datos de las prestaciones en sí. Por tanto, esto es lo que les puedo avanzar sobre las enmiendas que han sido presentadas, mostrando una vez más nuestra disposición al diálogo y a poder alcanzar acuerdos en las fases posteriores de tramitación del proyecto de ley.
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS REALES DECRETOS-LEYES 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES Y 7/2012, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, DE IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, VASCO (EAJ-PNV) Y DE UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA (Número de expediente 158/000009).
El señor PRESIDENTE: Como les anunciaba al comienzo, vamos a pasar ahora a debatir el tercer punto del orden del día.
Antes quiero pedirles que hagamos lo posible por ordenar en todas sus posibilidades la votación que se va a producir después. Todos somos conscientes de que el procedimiento de urgencia que estamos siguiendo introduce mucha premura, pero creo que es razonable que tomemos el tiempo necesario antes de proceder a las votaciones para ordenarlas bien y que sepamos todos exactamente lo que estamos votando. El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió nos ha hecho llegar su cuaderno de votaciones. Si algún otro grupo tiene cuaderno de votaciones sería útil que nos lo fuesen haciendo llegar a la Mesa para poder organizarlo. Por otro lado, como en algún momento se ha hablado de posibles transacciones o de votaciones parciales de algunos de los artículos, animaría a que, en la medida de lo posible, se vaya avanzando en ese trabajo. En todo caso, suspenderemos la sesión al terminar el debate del próximo punto del orden del día y tomaremos el tiempo que sea necesario, que creo que no será mucho, para ordenar correctamente las votaciones.
Sin más, pasamos al tercer punto del orden del día que es la solicitud de creación de una subcomisión para elaborar un informe sobre el cumplimiento de las previsiones de los reales decretos leyes 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, y el 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Esta solicitud ha sido suscrita por varios grupos parlamentarios (Socialista, Izquierda Plural, Vasco del PNV y el de Unión Progreso y Democracia). Les voy a dar la palabra por el orden en el que están suscritos, para el que quiera utilizarla. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Los grupos que no han suscrito la solicitud podrán tener una intervención para tomar posición a continuación de que lo hayan hecho los solicitantes. Tiene la palabra la señora Batet.
La señora BATET LAMAÑA: Desde el Grupo Parlamentario Socialista queríamos defender esta propuesta que hemos impulsado y presentado relativa, como ha dicho su señoría leyendo la solicitud, a la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas para elaborar un informe sobre el cumplimiento de los dos decretos-leyes ya citados, el 4/2012 y el 7/2012. Los términos en los que se redacta la solicitud de creación de esta subcomisión, como puede ser por ejemplo su composición, están abiertos a discusión por parte de todos los grupos de la Cámara. La creación de la subcomisión busca poder resolver los temas desde el diálogo entre los grupos parlamentarios, intentando el consenso en el análisis. Por eso, llamamos a todos los grupos parlamentarios para firmar esta solicitud de creación...(Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Batet. Les ruego a todos que, aunque les he animado a ir alcanzando acuerdos, lo hagan sin perturbar la intervención de los portavoces, porque dificulta un poco el seguimiento de la Comisión.
La señora BATET LAMAÑA: Gracias, señor presidente.
Como decía, la solicitud de creación de esta subcomisión se hizo con esta voluntad de búsqueda de consenso entre los grupos, de análisis conjunto por parte de todos los grupos de toda la documentación que tanto entes locales como comunidades autónomas están llamados a entregar por mandato de estos decretos-leyes. Con esa intención se llamó a todos los grupos parlamentarios, la mayoría de los cuales se sumó a la firma de esta solicitud. No pudo ser así con el grupo mayoritario de la Cámara, al que solicitamos en este trámite que se sume a ello y que vote favorablemente esta subcomisión. Ambos decretos-leyes tienen como objetivo la cancelación de las deudas de los proveedores con las entidades locales, objetivo que compartimos y que pensamos que es del todo necesaria. Así lo manifestamos en la tribuna en el Pleno de la Cámara cuando se discutieron ambas normas. Pero también es cierto que ambos decretos-leyes dejan abiertas demasiadas cuestiones, y pensamos que el Poder Legislativo, este Parlamento, no puede quedar al margen del control y del ejercicio de sus competencias. El decreto-ley también obliga a aprobar un plan de ajuste si quieren acogerse al fondo. Este plan debe ser valorado positivamente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. No es esta una facultad menor que ejercerá este ministerio. Por ello pensamos que el Parlamento, como decía antes, no puede quedar al margen del control, del seguimiento de toda la información que el Ejecutivo vaya recibiendo. El Parlamento debe poder ejercer este seguimiento no solo del pago de las deudas, aunque es muy importante, puesto que la idea principal era que este decreto-ley ayudara a nuestro tejido empresarial. Por tanto es relevante que en el pago de las deudas se priorice también el pago a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas y no solo a las grandes empresas, pero también pensamos que ejercer este seguimiento es fundamental en cuanto a los planes de ajuste. ¿Por qué? Porque estos planes de ajuste que tienen que presentar las entidades locales pueden afectar a la propia organización municipal; pueden afectar también a la prestación de los servicios y por tanto de alguna manera pueden conllevar un gran cambio del mundo municipal. No puede ser que el Parlamento, que el Poder Legislativo español quede al margen de este cambio de facto del mundo municipal; pero además porque debemos poder garantizar que el Ejecutivo haga un análisis objetivo de estos planes de ajuste, ya que es él quien tiene que valorar positiva o negativamente cada
uno de ellos. Finalmente, es especialmente importante esta subcomisión y el papel del Parlamento teniendo en cuenta que todos estos mecanismos se han creado por decreto-ley y sin tramitación como proyecto de ley, por lo que nuestra intervención como Poder Legislativo ha sido mínima. Por esa la creación de la subcomisión permitiría al menos hacer ese seguimiento que, como decía, es esencial en la aplicación de las normas.
Dinamizar el Parlamento, que el Parlamento ejerza su función de control, evitar oscurantismos y suspicacias y hacer gala de su anunciada ley de transparencia por parte del Grupo Popular creemos que son razones suficientes para votar favorablemente a la creación de esta subcomisión; porque si aprobamos leyes o hablamos de transparencia pero luego no somos ejemplares en esta solicitud de transparencia nos podemos quedar en las cuestiones simbólicas con meras aprobaciones de textos legislativos que van al BOE pero después no las trasladamos a la actitud parlamentaria cotidiana que nuestra democracia necesita.
El señor PRESIDENTE: No sé si el Grupo Parlamento de La Izquierda Plural quiere intervenir (Denegación). El del PNV me había anunciado que no y UPyD no sé si quería tomar la palabra (Asentimiento).
Tiene la palabra el señor Anchuelo.
El señor ANCHUELO CREGO: Intervendré muy brevemente solo para explicar por qué nos hemos unido a esta petición del Grupo Socialista.
La creación del Fondo de proveedores otorga importante poderes discrecionales al Gobierno y creemos que es función del Parlamento controlar al Ejecutivo también en esas tareas discrecionales que aquí se le han concedido. Nos preocupa en particular que haya un trato discriminatorio entre diferentes ayuntamientos en función de su color político dado que el Gobierno va a aprobar unos planes presentados por los ayuntamientos con enormes poderes discrecionales. Nos preocupa también que haya un trato discriminatorio de las pequeñas y medianas empresas respecto a las grandes empresas. Estos fueron los motivos fundamentales que nos animaron a secundar la petición del Grupo Socialista, pero desde que la firmamos han ido sucediendo cosas que nos reafirman en lo adecuado de crear esta subcomisión, por ejemplo, que haya bancos que tramitan los pagos que se planteen que el pago no llegue a quien ha prestado el servicio sino que se compensen deudas pendientes o, en el caso de las subcontrataciones, que el pago no llegue a quien realizó la obra o servicio. Creemos que esta es otra cuestión a incorporar, que los pagos lleguen efectivamente a quien realizó la obra o servicio. Nosotros habríamos querido que la subcomisión tuviese un mayor equilibrio entre la supervisión de las actuaciones relacionadas con los ayuntamientos y las relacionadas con las comunidades autónomas. Creemos que está más centrada en los ayuntamientos que en las comunidades pero en cualquier caso no es nuestra subcomisión, es la propuesta del Grupo Socialista. Nos parece que en los términos que ellos lo planteaban está suficientemente justificada su creación, por eso la hemos apoyado.
El señor PRESIDENTE: Pueden intervenir ahora, si así lo estiman conveniente, los grupos parlamentarios que no han suscrito la solicitud. En primer lugar sería el Grupo Mixto, si quiere intervenir. (Denegación). ¿De Convergència i Unió? (Asentimiento). Tiene la palabra el señor Picó.
El señor PICÓ I AZANZA: Como ya manifestamos en la convalidación tanto del Real Decreto-ley 4/2012 como del 7/2012, el sistema del fondo para la financiación de los pagos va a posibilitar el pago de miles de millones de euros que adeudan las administraciones públicas, las corporaciones locales a sus proveedores. Probablemente se podrán salvar muchos puestos de trabajo, muchas pequeñas y medianas empresas y se podrá evitar que muchos trabajadores autónomos cierren sus empresas. Por tanto, desde esta perspectiva valoramos muy positivamente el objetivo de la medida, como ya manifestamos en la convalidación de ambos reales decretos, teniendo muy claro que el objetivo es luchar contra la morosidad e intentar que todas aquellas empresas que han prestado sus servicios a las diferentes administraciones puedan cobrarlos. Debemos avanzar, y este es un instrumento para avanzar y poner las bases para el real cumplimiento de los plazos de pago de las administraciones públicas de acuerdo con lo previsto en la Ley 15/2010.
La propuesta de la subcomisión se basa, como expresan sus antecedentes, en la necesidad de realizar un seguimiento de las actuaciones de la Administración General del Estado en sus relaciones con las entidades locales para lograr una mayor transparencia, toda vez que el instrumento financiero supondrá la aceptación de las políticas que desarrollan las administraciones locales por los planes de ajuste previstos; sin lugar a dudas creemos que debe existir un control de todo el proceso. El instrumento afectará a las políticas que desarrollen aquellas administraciones que se hayan acogido a la financiación ofertada en un plazo extenso, como son diez años, o a la misma organización de la corporación local, y exigirá en mayor o menor medida esfuerzos para su devolución. Por tanto, creemos que nos encontramos en un proceso que no será sencillo. Quiero recordarles en este punto -como ya hemos reclamado reiteradamente- que uno de los mecanismos de control necesarios debe venir de las propias comunidades autónomas. En el caso de Cataluña corresponde a la Generalitat el ejercicio de la tutela financiera de los gobiernos locales, respetando en todo caso la autonomía que les reconoce la Constitución. En la misma convalidación del Real Decreto-Ley 7/2012 el ministro de Hacienda se comprometió a aclarar algunos extremos del mismo para salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas en relación con las finanzas municipales, y esas modificaciones
aún no se han realizado. El primero control del procedimiento, como decía, debe venir de las mismas comunidades autónomas: control sobre el seguimiento del plan de ajuste, garantizando la participación de las comunidades autónomas en el procedimiento de valoración del plan de ajuste. Por ejemplo, las comunidades autónomas deberían ser las destinatarias de toda la información que las entidades locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde esta perspectiva, aspectos que no recoge y no debe recoger la propuesta de creación de la subcomisión, creemos que conjugando el papel de las corporaciones locales, de las competencias de las comunidades autónomas con la coordinación de la Administración General del Estado, es la forma de asegurar la transparencia y seguimiento del proceso que reclama la propuesta. En este sentido, a pesar de que de la lectura de la propuesta de creación de la subcomisión resulta un tanto desdibujado su objeto, creemos que de todas formas va en una buena línea y que avanza en el objeto que subyace en la misma. Por tanto, votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña Ana Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Señorías, con la aprobación del Real Decreto-Ley 4/2012 y del Real Decreto-Ley 7/2012 se han puesto las bases para instrumentar un nuevo mecanismo de financiación que, superando las ineficiencias de los anteriores instrumentos adoptados a través del Instituto de Crédito Oficial en los años 2009 y 2011, facilita a los proveedores de las entidades locales y de las comunidades autónomas de forma urgente y con carácter extraordinario el cobro de las obligaciones que tienen pendientes de pago. De esta manera las empresas y autónomos pueden recuperar su equilibrio financiero y aumentar su liquidez, lo que va a influir sin duda en la reactivación de nuestra actividad económica. Con esta medida, por tanto, se está estimulando la transparencia de las administraciones públicas, y este es un gran término, el de transparencia en las cuentas públicas, para generar credibilidad, para generar confianza como país y para recuperar nuestra capacidad de crecer y volver cuanto antes a la creación de empleo. Es un mecanismo extraordinario de financiación el que se establece en estos dos reales decretos; un mecanismo que es una macrooperación de inyección de liquidez en nuestra economía real, en las pequeñas y medianas empresas. Hablamos de un importe de más de 35.000 millones de euros, además de contrarrestar la restricción del crédito bancario que actualmente atraviesan nuestros empresarios. Corresponderá al Instituto de Crédito Oficial, que pertenece -como ustedes saben- al Ministerio de Economía y Competitividad, la gestión y transmisión de la información necesaria para el desarrollo de toda esta operación de endeudamiento que van a suscribir cada una de las entidades locales que se acojan a este mecanismo. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas remitirá telemáticamente al ICO el importe máximo de financiación para cada entidad local, así como la relación definitiva de los contratistas e importes que deban abonarse. Dichos importes serán el resultado de aplicar, en su caso, las reducciones que propongan los empresarios. Por tanto, señorías, la regulación del mecanismo de financiación para el pago de proveedores establece sus propios mecanismos de control, que son eficaces y severos, pues no hay que olvidar la importancia enorme de esta medida adoptada por el Gobierno del Partido Popular. No se puede dejar, y no se ha dejado, ni un solo elemento sin controlar, pues si hubiera algún elemento que no se controlara se podría distorsionar la finalidad de esta medida. Hay que tener en cuenta además que en el procedimiento intervienen dos ministerios, el de Hacienda y Administraciones Públicas y el de Economía y Competitividad, por lo que creemos que no tiene razón de ser crear una subcomisión solo en el seno de esta Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.
No obstante, el proceso aún no ha terminado; todavía están en plazo para presentar todos los importes y detallar las facturas a las que afecta este pago en esta gran operación de financiación para el pago a proveedores. Intentar ahora, en este momento de la tramitación, estudiar o elaborar un informe no sería posible si se quieren conocer todos los datos y los resultados definitivos de este mecanismo de financiación a las administraciones locales. Sin embargo, sí queremos desde el Grupo Popular ofrecer a los demás grupos el resto de cauces parlamentarios que se pueden utilizar tanto en el seno de la Comisión como en el Pleno de estas Cortes Generales, de este Parlamento, para poder solicitar información de la acción del Gobierno, de la acción administrativa que se vaya desarrollando en relación con el procedimiento de ejecución de estos dos reales decretos, tanto en forma de pregunta parlamentaria como en forma de comparecencia de algún alto cargo del Gobierno para explicar la evolución y la aplicación de estos reales decretos. Desde ese punto de vista, queremos poner a disposición del resto de grupos todos los mecanismos que ya existen de control parlamentario por parte de la oposición hacia el Gobierno. Por tanto, el Grupo Popular votará en contra de la creación de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Hacemos un receso. Votaremos, como anunciaba al principio, no antes de las siete menos cuarto. Espero que para esa hora podamos tener completos los cuadernos de votación pues ya nos ha llegado bastante información. Solo me permito, porque luego iremos más rápido, recordar a todos que las enmiendas que no sean aprobadas en esta Comisión deberán ser, en su caso, ratificadas en el plazo de veinticuatro horas para poder ser defendidas ante el Pleno. Es decir, habrá un plazo de veinticuatro horas a partir de la terminación de la Comisión para que cada grupo manifieste qué parte de sus enmiendas quiere mantener y defender ante el Pleno o no. (Pausa).
Vamos a comenzar las votaciones. Advierto a todos que vamos a proceder a votar todas las enmiendas, porque el tiempo que llevaría hacer el cuaderno de votaciones sería superior al que nos va a llevar hacer las votaciones, con lo cual no avanzamos nada. Por otro lado, como es lógico, hay muchas enmiendas presentadas y las posiciones de los grupos difieren muy notablemente entre sí. Lo que sí les pido a todos es que avancemos con la mayor agilidad.
Vamos a votar por orden de grupos parlamentarios, de menor a mayor, comenzando por el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto por las enmiendas presentadas por Unión del Pueblo Navarro.
El señor SAURA GARCÍA: Perdón, señor presidente. Si vamos por orden de numeración, empezamos por el PNV con la enmienda número 5.
El señor PRESIDENTE: Yo había dicho por grupos, pero...
El señor SAURA GARCÍA: Lo digo porque creo que nos vamos a equivocar menos los portavoces si lo hacemos por numeración.
El señor AZPIAZU URIARTE: Mejor por numeración.
El señor PRESIDENTE: No hay problema. Vamos a votar entonces por orden de numeración de las enmiendas.
El señor SAURA GARCÍA: En todo caso, señor presidente, si me permite, como todas las del mismo grupo van juntas, cuando acabe el PNV empezará el Grupo Mixto con la número 15 -me lo estoy inventando-. Tendríamos así dos guiones, el número y también el grupo.
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar, por tanto, siguiendo la numeración de las enmiendas que consta en la publicación, por la enmienda número 5 que, efectivamente, corresponde al Grupo Parlamentario Vasco, PNV, dado que las anteriores son las enmiendas a la totalidad que ya debatimos en el Pleno de la Cámara.
Sin más, pasamos a la votación. (Pausa).
Empezamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda número 11.
Enmienda número 15, de Coalición Canaria, de Ana María Oramas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 40; abstenciones, 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 36; abstenciones, 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 37; abstenciones, 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: en contra, 37; abstenciones, 5.
Enmienda número 27, del Grupo Parlamentario de La Izquierda Plural.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 24; abstenciones, 17.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 24; abstenciones, 15.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 37; abstenciones, 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 36; abstenciones, 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 38; abstenciones, 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 24; abstenciones, 4.
Pasamos a la enmienda 58, planteada por el Grupo Mixto, por el señor Jorquera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 3; en contra, 38; abstenciones, 1.
En cuanto a las enmiendas correspondientes al señor Jorquera parece que no hay variación en el sentido del voto entre las enmiendas número 69 a la 86. Si ningún grupo tiene otra cosa que decir, agruparíamos la votación de este bloque. Votamos el bloque de enmiendas de la 69 a la 86, ambas inclusive.
Pasamos a votar la enmienda número 87, suscrita por la portavoz de Esquerra Republicana, Teresa Jordà.
En principio podemos agrupar, salvo que alguien quiera alguna votación separada, las enmiendas 91 a 95 del mismo grupo parlamentario. Votamos el bloque de enmiendas de la 91 a la 95, ambas inclusive.
La enmienda 96 pertenece, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, a Unión del Pueblo Navarro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 40; abstenciones, 1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 40; abstenciones, 1.
Enmienda número 100.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 2
Enmienda número 101.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 38; abstenciones, 2.
Enmienda número 104.
Enmienda número 105.
Enmienda número 109.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 15; abstenciones, 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en contra, 14; abstenciones, 4.
Intentamos agrupar, salvo que alguien necesite hacer alguna votación separada, entre la 111 y la 117, ambas inclusive, todas ellas correspondientes a Unión del Pueblo Navarro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 38; abstenciones, 4.
Enmienda número 118.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 2; en contra, 24; abstenciones, 15.
Pasamos ahora a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia.
El señor ANCHUELO CREGO: Por las intervenciones en el Pleno, entiendo que el control presupuestario previo no goza de muchos apoyos y el consejo de estabilidad presupuestaria entiendo que tampoco. Querría, si facilita las cosas, individualizar las enmiendas que les he dado en la lista de votación y votar el resto conjuntamente, si es más cómodo así.
El señor SAURA GARCÍA: ¿Es posible?
El señor PRESIDENTE: Según lo que digan los demás grupos.
El señor ANCHUELO CREGO: Son ocho enmiendas que se apartan de las demás.
El señor PRESIDENTE: ¿Cuáles son?
El señor ANCHUELO CREGO: Las enmiendas 122 y 133, que tienen que ver con la Seguridad Social -dejarla para el Pacto de Toledo-, la 120, 132, 139 y 143, que se refieren a Sanidad y Educación, y la 124 y la 138.
El señor PRESIDENTE: Esas separadas.
El señor ANCHUELO CREGO: La 124 por un lado y la 138 por otro.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Socialista había pedido votación separada.
El señor SAURA GARCÍA: Nosotros tenemos votaciones distintas en dos puntos.
El señor PRESIDENTE: Pues nada, seguimos el método tradicional.
Votamos la enmienda número 119 de Unión Progreso y Democracia.
Enmienda número 120.
Enmienda número 121.
Enmienda número 122.
Enmienda número 123.
Enmienda número 124.
Enmienda número 125.
Enmienda número 126.
Enmienda número 127.
Enmienda número 133.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 1.
Enmienda número 134.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra 37; abstenciones, 4.
Enmienda número 135.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1; en contra, 39; abstenciones, 2.
Enmienda número 139.
Intentamos acumular desde la 140 de Unión Progreso y Democracia hasta el final de las suyas, o sea hasta la 147 inclusive.
El señor ANCHUELO CREGO: ¿Se podría separar la 143?
El señor PRESIDENTE: Podríamos separar la 143, por supuesto.
El señor SAURA GARCÍA: Nosotros tenemos que pedir votación separada.
El señor PRESIDENTE: ¿De todas?
El señor SAURA GARCÍA: De las enmiendas 140, 141, 142 y 143.
El señor PRESIDENTE: Votamos conjuntamente las enmiendas 140, 141 y 142.
El señor SAURA GARCÍA: Y la 143.
El señor PRESIDENTE: No porque sobre esta hay petición de votación separada.
Votamos las enmiendas 140, 141 y 142.
Votamos ahora la 143.
Votamos en bloque las enmiendas 144, 145, 146 y 147.
El señor SAURA GARCÍA: Tenemos que hacer votaciones separadas porque la 144 y la 146 tendrán el mismo voto.
El señor PRESIDENTE: Hay cuatro enmiendas y solo tres opciones de voto. Es decir, hay dos que tienen que llevar el mismo voto.
El señor SAURA GARCÍA: Votaremos en un mismo sentido, por un lado, las enmiendas 144 y 146 y, por otro, las enmiendas 145 y 147.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Votamos primero de forma conjunta la 144 y la 146.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 1, en contra, 24; abstenciones, 17.
Ahora votamos conjuntamente la 145 con la 147.
Pasamos todas las que han sido incorporadas en ponencia del Grupo Parlamentario Popular. Por lo tanto, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Salvo que algún grupo manifieste lo contrario, creo que se pueden someter a votación en bloque todas las de dicho grupo. Los que quieran pedir votación separada ahora lo indicarán, pero, en principio, salvo lo que ahora se comunique, estamos hablando de la 161 a la 176, inclusive. ¿UPyD quiere votar separadamente?
El señor ANCHUELO CREGO: Las enmiendas número 164, 165, 167, 170, 172, 174 y 176.
El señor PRESIDENTE: ¿Todas van en el mismo sentido de voto?
El señor ANCHUELO CREGO: Todas menos la 165.
El señor PRESIDENTE: Es decir, la 165 va en otro sentido. Votamos en primer lugar la 165 del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos ahora el siguiente bloque que indicaba el portavoz de Unión Progreso y Democracia, es decir, enmiendas 164, 167, 170, 172, 174 y 176. Votamos todas ellas conjuntamente.
Ahora votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Pasamos al último grupo parlamentario cuyas enmiendas quedan por votar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En principio, salvo que algún grupo quiera votación separada, las votaríamos en bloque. (Pausa). Del Grupo Parlamentario Socialista tenemos petición de un bloque separado; en realidad son tres, pero muy agrupados. Entonces haremos tres votaciones para todo el grupo.
En primer lugar, votamos las enmiendas 196, 197 y 199.
Votamos ahora un bloque extenso, que agrupa las enmiendas 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 200, 201, 202, 203, 205 y 206.
Votamos el resto de enmiendas, que son las números 182, 185, 186, 190, 195, 198 y 204.
Votamos el informe de la ponencia con la incorporación de las enmiendas que han resultado aprobadas y que hemos ido enumerando.
Recuerdo de nuevo que el plazo en esta ocasión es de tan solo veinticuatro horas para mantener las enmiendas no aprobadas en Comisión ante el Pleno cuando así se desee.
- SOLICITUD DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA ELABORAR UN INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES DE LOS REALES DECRETOS-LEYES 4/2012, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA ESTABLECER UN MECANISMO DE FINANCIACIÓN PARA EL PAGO A LOS PROVEEDORES DE LAS ENTIDADES LOCALES, Y 7/2012, DE 9 DE MARZO, POR EL QUE SE CREA EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, IU, ICV-EUIA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, VASCO (EAJ-PNV) Y UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA. (Número de expediente 158/000009).
El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la creación de la subcomisión propuesta como tercer punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la propuesta.

References: artículo 3
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 135
 artículo 25