Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2000/A154-00.htm
Timestamp: 2017-11-20 15:15:10+00:00

Document:
A154-00
Auto 154/00
Referencia: expediente ICC-161
Conflicto de competencia entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño -Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera -Subsección B- en la acción de tutela promovida por Rubén Meza y Otro, contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
Bogotá, D.C., veintinueve ( 29) de noviembre del año dos mil (2000).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia planteado entre Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño -Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -Subsección B, en la acción de tutela promovida Rubén Meza Rivera y Otra, contra la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública.
1. Los ciudadanos Rubén Meza Rivera y Nidia Esperanza Cortés Quijano, interpusieron en forma separada y ante el ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito-Putumayo, acción de tutela contra la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, en la que solicitan la protección a sus derechos fundamentales a la igualdad, a la dignidad humana y al salario móvil y digno, los cuales consideran vulnerados con la omisión del Gobierno Nacional de dar cumplimiento al artículo 53 de la Constitución Política, norma que consagra el principio del salario vital y móvil y la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales, quebrantándose así los derechos fundamentales aludidos.
2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño, mediante actas de reparto números 19 y 20 del 25 de agosto del año en curso, designó como Magistrado Ponente al Doctor Omar Coral Quintero en las acciones de tutela interpuestas por los Señores Meza Rivera y Cortés Quijano.
3. El Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- mediante providencias del 28 y 29 de agosto del año 2000 respectivamente, declaró su incompetencia para conocer de la acción de tutelas propuestas por los ciudadanos Nidia Esperanza Cortés Quijano y Rubén Meza Rivera, por considerar que éstas van dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo de carácter general (decreto 182 de 2000), por medio del cual, el Gobierno Nacional congeló los salarios de los servidores oficiales para el año 2000, por tanto, en ese orden de ideas consideró que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1º, inciso 4º del Decreto 1382 de 12 de julio del año en curso, el trámite de esta acción corresponde al Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
4. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante reparto del 1º de septiembre del año en curso, decidió acumular los expedientes de tutela de la referencia para que fueran fallados en una misma sentencia.
5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera -Subsección B, mediante providencia del 5 de septiembre de 2000, a su turno, consideró que las demandas presentadas por los Señores Meza Rivera y Cortés Quijano, no se refiere en particularmente a ningún acto administrativo de naturaleza general, sino, como bien lo señala los actores, se trata es de la “omisión” en la que incurrió el gobierno nacional al dar aplicación a una norma constitucional (artículo 53 de la C.P.) y, por otra parte sostiene además el Tribunal[1], que el gobierno nacional no podía modificar las normas contenidas en el Decreto 2591 de 1991 como se pretendió al consagrar la acción de tutela contra actos de carácter general, pues señala, que solamente mediante una ley o un decreto de naturaleza legal es posible modificar las reglas consagradas en el mencionado decreto ley. En tal virtud, concluye que el artículo 1º inciso 4º del Decreto Reglamentario 1382 del 12 de julio de 2000, que establece “Las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable” es inexequible por ser contrario a la Carta Política, por lo tanto dispone inaplicarlo en el presente caso, ordenando su remisión al Consejo de estado para que sea éste el que resuelva el conflicto negativo de competencias planteado por tratarse de órganos judiciales de la misma jurisdicción.
6. La Sala Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado, mediante providencia del 19 de octubre del 2000, consideró que teniendo en cuenta que en este caso se trata de dirimir un conflicto de competencias planteado entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera y el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en relación con las solicitudes de tutela presentada por los señores Rubén Meza Rivera y Esperanza Cortés Quijano, -es decir dentro de la jurisdicción constitucional- y dado que el Consejo de Estado no tiene competencia funcional frente al Consejo Seccional de la Judicatura que es parte en el conflicto, estima que es la Corte Constitucional la encargada de resolverlo, en su carácter de máxima autoridad de dicha jurisdicción por lo que en consecuencia ordena remitir el asunto a esta Corporación.
3. Como lo ha manifestado esta Corte en oportunidades anteriores[4], para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
9. En torno al asunto es de precisar, que para la Corte[5] es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
11. De otra parte y en lo que refiere específicamente al artículo 1º, inciso 4º del Decreto Reglamentario 1382 del 2000, por el cual se establece que las acciones de tutela dirigidas contra la aplicación de un “acto administrativo general” dictado por una autoridad nacional serán de conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, ha de señalarse que el precitado decreto tiene como finalidad reglamentar el artículo 37 del decreto ley 2591 de 1991, pero éste a su vez -en el numeral 5º del artículo 6ºibidém, señala como causal de improcedencia de la tutela cuando la misma verse sobre actos de carácter general, impersonal y abstracto, lo que a todas luces resulta entonces contradictorio respecto a la disposición jurídica que pretende reglamentar.
12. Siendo ello así, surge de manera manifiesta que el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, fue mucho más allá de la usurpación al Congreso de la República para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe para nada a ninguno de los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379).
13. Resulta entonces de lo dicho, que asiste plenamente la razón a la Sección Tercera Subsección B del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su apreciación sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 y en su decisión de inaplicarlo por ser contrario a la Carta Política.
14. Finalmente prevé la Corte, en relación con el conflicto de competencia negativo en esta oportunidad planteado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Nariño -Sala Jurisdiccional Disciplinaria y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera -Subsección B, que en el presente caso, más que un conflicto de competencia a definir entre los precitados despachos judiciales, corresponde a esta Corporación es decidir a cual despacho judicial corresponde su conocimiento, y toda vez que ninguno de los despachos judiciales mencionados, entre los cuales se desató el conflicto negativo, es competente, pues como quiera que los actores que incoan las acciones de tutela a que se refiere esta providencia, optaron por presentarlas ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Orito (Putumayo), será a ese despacho judicial al que corresponde su tramitación, por ser el lugar en el que además de prestan sus servicios, interpusieron la acción de tutela y en razón de lo dispuesto por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, se ordenará remitir el expediente para que sea ese despacho el que proceda avocar su conocimiento.
Segundo. REMITIR al Juzgado Promiscuo Municipal de Orito (Putumayo) la acción de tutela propuesta por los ciudadanos Rubén Meza Rivera y Nidia Esperanza Cortés Quijano contra la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que de el correspondiente trámite.
[1] Ver Proceso No 00-2844 MP Juan Carlos Garzón M.

References: artículo 53
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 40
 artículo 215
 artículo 37
 artículo 1
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 37
 artículo 86
 artículo 37