Source: https://colectivodeabogados.org/?Intervencion-ciudadana-en-el
Timestamp: 2019-08-26 00:07:45+00:00

Document:
Intervención ciudadana Ley 785
Frente a este argumento, las autoridades antinarcóticos colombianas mantienen la línea de que la “fumigación aérea con glifosato es el mecanismos ÚNICO, ECUÁNIME Y APLICABLE para asegurar la erradicación de cultivos” (...) no hay alternativa alguna a la fumigación aérea[1] ”.
Sin embargo, existen otros argumentos, que llamaremos “argumentos ambientales”, que igualmente, propugnan por suspender las fumigaciones:
(...) el uso inadecuado de precursores químicos en el procesamiento de la hoja de coca ocasiona daños ambientales irreversibles, que a pesar de no estar apropiadamente evaluados, podrían ser de muy graves proporciones, máxime cuando tales sustancias son vertidas directamente sobre suelos y fuentes de agua en áreas reconocidas en el mundo como de gran biodiversidad. En este sentido vale la pena anotar que especialistas en acuicultura han registrado la aparente desaparición de especies piscicolas consideradas endógenas de ciertos ríos, es decir, de peces que tan solo han sido observados allí.
Lo anterior denota la errada orientación de solucionar un daño ambiental con otro, en el marco irregular de aplicación de políticas sin estudiar debidamente el impacto que ellas tienen a nivel sanitario, ambiental y social, situación que ha sido denunciada por la Defensoría del Pueblo [3] en repetidas oportunidades:
“Respecto a las exigencias que se han establecido en materia ambiental para evitar o disminuir los impactos ambientales que la ejecución de las fumigaciones pueda generar, se advierte que ellas no se han cumplido en forma efectiva y oportuna. Concretamente, el citado programa ha sido ejecutado durante varios años, pese a la falta de aprobación definitiva de un adecuado Plan de Manejo Ambiental que se ajuste a las exigencias de los Términos de Referencia formulados por el Ministerio del Medio Ambiente. Así mismo, el programa no ha contado con una auditoria técnica idónea que, según lo dispuesto en la Resolución 005 de 2000, se encargue de realizar el seguimiento al programa. Además, en la ejecución de referido programa también se han incumplido otros requerimientos ambientales, como la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental e investigaciones sobre la regeneración y dinámica ecológica de zonas asperjadas y sobre los efectos del Glifosato en el suelo, según lo señalado por la Resolución 341 de 2001”
La Defensoría del Pueblo ha constatado -igualmente-, que la Dirección Nacional de Estupefacientes “no ha cumplido o ha dilatado el cumplimiento de ciertas exigencias de la autoridad ambiental; concretamente, se ha visto una demora injustificada para cumplir lo establecido en los términos de referencia para el Plan de Manejo Ambiental [4] ”. Y es justamente en este punto en el que vamos a centrarnos en el análisis posterior, pues el trasfondo real del último artículo de la Ley 785 de 2002, es el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental para la política antinarcóticos actual en Colombia.
En cuanto al primer factor, recordemos que al ser una actividad desarrollada con anterioridad a la normatividad ambiental vigente, entró en un “régimen de transitoriedad”, pues el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994 determinó que las actividades desarrolladas de acuerdo con la normatividad anterior a la ley ambiental podían continuar ejecutándose sin requerirse para ello licencia ambiental alguna.
Sin embargo, se aclaró que la AUTORIDAD AMBIENTAL competente, podría exigirles la presentación de un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, definido por el mismo decreto así:
Artículo 1° Plan de Manejo Ambiental: Es el plan que, de manera detallada, establece las acciones que se requieren para prevenir, mitigar, controlar, compensar y corregir los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados en desarrollo de un proyecto, obra o actividad; incluye también los planes de seguimiento, evaluación y monitoreo y los de contingencia".
Así es como el MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE -MMA- se erige como la autoridad competente para imponer un PLAN DE MANEJO AMBIENTAL -PMA- tal como el requerido para la actividad antinarcóticos dirigida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES –DNE-, lo que ocurrió efectivamente, debido a la desidia de parte de esta última para adelantar las gestiones necesarias con el fin de establecer el nivel de riesgo de la actividad ejecutada, motivo por el cuál hubo que imponérsele el PMA el 26 de noviembre de 2001 (después de casi seis años de peticiones reiteradas para que ella misma lo hiciera), a través de la Resolución 1065 de 2001.
Como es de preverse, dicha resolución fue acusada por la DNE alegando entre otros su falta de “competencia para ejecutar la totalidad del PMA”, en el sentido de ser muchas otras las autoridades las intervinientes en la lucha antinarcóticos y por lo tanto, muchas otras tendrían que ser llamadas a cumplir el Plan, sin embargo el MMA recordó a la DNE que “La DNE, como secretaría ejecutiva del CNE, tiene la responsabilidad de coordinar la elaboración y ejecución del PMA” y que su creación misma se debe a la coordinación del desarrollo y ejecución de las políticas en materia de control, prevención y represión de estupefacientes:
Ahora bien, pensemos en el siguiente ejemplo: Si como lo señala la ley 785, el MMA es el que debe encargarse de lo relacionado con la destrucción de sustancias empleadas en la producción de narcóticos, eso querría decir que funcionarios del MMA tendrían que participar de los operativos antinarcóticos (lo que requeriría un entrenamiento bélico – militar para ellos), llegar hasta el laboratorio localizado al interior de una de nuestras selvas y proceder, por ejemplo, a la quema in situ de dicho laboratorio, a fin de inutilizarlo para estos fines.
Estaremos de acuerdo, en que dicho procedimiento discrepa de la misión de ese funcionario que propende por la armonización del hombre con la naturaleza, pues el manejo de sustancias controladas en escenarios típicos de confrontación y de guerra deja pocas posibilidades para su tratamiento y por ello, bajo procedimientos típicamente militares, se prefieren opciones alejadas de los principios ambientales.
Ahora bien, supongamos que la destrucción de los insumos no se realice “in situ”, sino en instalaciones antinarcóticos. Cuál es la diferencia? El punto es que el funcionario del MMA tendría que verificar que dicha acción se realice bajo los parámetros que garanticen una disminución del daño o la generación de un daño controlado, pero lo que no debe hacer este funcionario es él mismo realizar actividades típicamente contra- ambientales.
Por demás, es por todos conocido que la mezcla de aspersión causa daño, como lo señaló el Magistrado Luis Rafael Vergara Quintero al asumir el reciente fallo del Tribunal Contencioso de Cundinamarca referido a las fumigaciones:
Con esto se viola directamente el artículo 80 de la Constitución Nacional:
Pensemos en un ejemplo extremo: que todo organismo público o privado que esté obligado a tener un PMA se abstenga de hacerlo y le imponga esa carga al Ministerio, porque considera que el menor impacto ambiental se logra de esta manera, pensemos en petroleras, ladrilleras, curtiembres, etc.
Esta situación no sólo rebosaría la capacidad del Ministerio, sino que favorecería la idea del desprendimiento de entes públicos y privados de prever mecanismos de mitigación de daños, de compensación, de solidaridad ambiental social.
3. Amicus Curiae: LAS FUMIGACIONES Y LOS DERECHOS HUMANOS. Defensoría del Pueblo: (Regresar)
4. Pág. 13 del documento citado. (Regresar)

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 38

Artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 artículo 80