Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2010-05879.htm
Timestamp: 2017-09-20 20:08:13+00:00

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B.O.E. Nº 89 de 13/04/2010
Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperaciÃ³n econÃ³mica y el empleo.
El objetivo de impulsar el crecimiento de la economÃ­a espaÃ±ola y, con Ã©l, la creaciÃ³n de empleo, y de hacerlo sobre unas bases mÃ¡s sÃ³lidas y sostenibles, exige la adopciÃ³n en este momento de una serie de medidas que refuercen la capacidad de nuestro tejido productivo y garanticen un apoyo efectivo de las instituciones pÃºblicas a ese crecimiento.
El Gobierno, en el marco de la Estrategia de EconomÃ­a Sostenible, ha adoptado ya diversas iniciativas de reforma del marco jurÃ­dico de la actividad econÃ³mica con esa finalidad. En este contexto, y en el escenario internacional de progresiva retirada de las medidas de estÃ­mulo a la demanda agregada, es urgente introducir ahora una serie de medidas adicionales, necesarias para ordenar y orientar el proceso de recuperaciÃ³n desde su mismo inicio.
AsÃ­ lo ha entendido el Gobierno que, de acuerdo con la iniciativa formulada por su Presidente en la comparecencia parlamentaria del pasado 17 de febrero y con la disponibilidad general mostrada por diversos grupos parlamentarios, iniciÃ³ el pasado 1 de marzo una ronda de negociaciones, con el fin de adoptar, en diÃ¡logo abierto y constructivo con ellos, nuevas medias de impulso de la reactivaciÃ³n y hacerlo con un consenso polÃ­tico que, en sÃ­ mismo, es especialmente positivo por cuanto contribuye de modo muy intenso a elevar la confianza en la capacidad de EspaÃ±a para superar los problemas derivados de la crisis econÃ³mica.
Sin perjuicio de los procesos de diÃ¡logo y concertaciÃ³n abiertos en sedes especÃ­ficas en materia de DiÃ¡logo Social, Pacto de Toledo y estabilidad presupuestaria, asÃ­ como de futuros acuerdos en la tramitaciÃ³n legislativa de iniciativas parlamentarias en la misma lÃ­nea, particularmente la Ley de EconomÃ­a Sostenible, la citada ronda de negociaciones ha permitido constatar, tras varias reuniones, y a partir de las diferentes propuestas remitidas por el Gobierno y por los grupos polÃ­ticos con representaciÃ³n parlamentaria, un consenso suficiente sobre diversas iniciativas de impulso a la recuperaciÃ³n econÃ³mica y el empleo.
Consecuencia de ese acuerdo bÃ¡sico es la adopciÃ³n por parte del Consejo de Ministros y con carÃ¡cter inmediato, con el fin de que incidan cuanto antes en el proceso de recuperaciÃ³n econÃ³mica, de las medidas surgidas de esa ronda de negociaciones mediante los correspondientes acuerdos, normas reglamentarias o iniciativas legislativas. El presente real decreto-ley recoge de entre esas medidas las que unen a su carÃ¡cter urgente la exigencia de rango legal.
De acuerdo con la finalidad expuesta, el real decreto-ley aborda reformas en diferentes Ã¡mbitos que, bien por su incidencia sobre el conjunto del sistema productivo espaÃ±ol, bien por su peso especÃ­fico en el mismo o bien por su relevancia en el actual momento de estabilizaciÃ³n y recuperaciÃ³n, resultan especialmente relevantes en este momento,
AsÃ­, en el capÃ­tulo I, se incluyen reformas destinadas a recuperar la actividad en el sector de la construcciÃ³n por la vÃ­a, fundamentalmente, del impulso fiscal a la actividad de la rehabilitaciÃ³n de viviendas, y con el objetivo adicional de contribuir a la eficiencia y ahorro energÃ©tico. Se trata de medidas necesarias y urgentes en el corto plazo para propiciar incrementos en los niveles de empleo y actividad del sector, y para orientar la misma por una senda de mayor sostenibilidad.
Por su parte, el capÃ­tulo II, incluye un conjunto de reformas necesarias para favorecer la actividad empresarial, de aplicaciÃ³n general a todo el sector productivo.
Incluyen, en primer lugar, medidas que aligeran las cargas impositivas de las empresas, como la prÃ³rroga de libertad de amortizaciÃ³n en el marco del Impuesto sobre Sociedades o la flexibilizaciÃ³n de los requisitos para la recuperaciÃ³n del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido en el caso de impago de facturas, que se consideran especialmente relevantes para aliviar el impacto que el debilitamiento de la actividad econÃ³mica produce a las empresas.
En segundo lugar, se incluyen medidas que facilitan el acceso de nuestro sector productivo a nuevos mercados y, en concreto, a mercados internacionales, como son la reforma del seguro de crÃ©dito a la exportaciÃ³n o la rebaja temporal de diversas tasas en materia de transporte aÃ©reo, con el fin de apoyar la actividad turÃ­stica.
Unas y otras, por su especial incidencia en este momento en la reactivaciÃ³n del crecimiento, tanto por el lado de reducciÃ³n de cargas como por el de facilitar nuevas fuentes de ingresos, deben ser aprobadas con carÃ¡cter inmediato.
Las medidas para favorecer la actividad empresarial se completan en el capÃ­tulo III con otras mÃ¡s especÃ­ficas, destinadas a las pequeÃ±as y medianas empresas, que incluyen la reforma de mecanismos de apoyo financiero y la reducciÃ³n de cargas administrativas en el Ã¡mbito tributario. Estas reformas son necesarias para canalizar liquidez a las pequeÃ±as y medianas empresas, y en el momento econÃ³mico actual, y teniendo en cuenta la relevancia de estas empresas en el tejido industrial espaÃ±ol, son de urgente aprobaciÃ³n, evitando la incertidumbre propia de un procedimiento normativo prolongado.
Por otra parte, el capÃ­tulo IV contiene medidas con el fin de moderar el impacto negativo de la crisis econÃ³mica sobre los ciudadanos mÃ¡s vulnerables, en particular, aquellos con cargas familiares. En este contexto, es necesario y urgente aprobar una elevaciÃ³n del umbral de inembargabilidad para este conjunto de ciudadanos, limitado a la situaciÃ³n en la que el precio obtenido por la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crÃ©dito garantizado, asÃ­ como una reforma tributaria que impulse los servicios vinculados a la atenciÃ³n a la dependencia, lo que, a su vez, redunda en el apoyo al crecimiento de este sector y del empleo generado en el mismo.
El capÃ­tulo V, en el Ã¡mbito del sector energÃ©tico, incluye medidas que tienen como objetivo crear las condiciones para impulsar nuevas actividades, muy relevantes para la modernizaciÃ³n del sector, como son las empresas de servicios energÃ©ticos y el vehÃ­culo elÃ©ctrico, que por su papel dinamizador de la demanda interna y, en definitiva, de la recuperaciÃ³n econÃ³mica, deben ser aprobadas y puestas en marcha a la mayor brevedad. Asimismo, se introducen medidas para facilitar el proceso del titulizaciÃ³n del dÃ©ficit de tarifa elÃ©ctrico.
Finalmente, el capÃ­tulo VI aborda las reformas del marco regulador del sector financiero necesarias para agilizar el proceso con el fin de afianzar la reestructuraciÃ³n actualmente en curso.
En el capÃ­tulo I, el artÃ­culo 1 modifica la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas para introducir una nueva deducciÃ³n temporal por obras de mejora en la vivienda habitual. La deducciÃ³n, que soportarÃ¡ Ã­ntegramente el Estado, se establece para contribuyentes con base imponible inferior a 53.007,20 euros, que podrÃ¡n deducirse hasta el 10 por ciento de las cantidades satisfechas por las obras realizadas desde la entrada en vigor del real decreto-ley hasta el 31 de diciembre de 2012, con un mÃ¡ximo de 12.000 euros por vivienda habitual en los perÃ­odos impositivos que sea de aplicaciÃ³n, y siempre que las obras tengan por objeto, entre otros, la mejora energÃ©tica de la vivienda, la sustituciÃ³n de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas. Por otra parte, en el artÃ­culo 2 se reforma la normativa del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, permitiendo la aplicaciÃ³n del tipo impositivo reducido para todo tipo de obras de mejora y rehabilitaciÃ³n de la vivienda realizadas hasta el 31 de diciembre de 2012, ademÃ¡s de ampliar el concepto de rehabilitaciÃ³n estructural a efectos del impuesto, a travÃ©s de una definiciÃ³n de obras anÃ¡logas y conexas a las estructurales, que permite reducir los costes fiscales asociados a la actividad de rehabilitaciÃ³n. En el artÃ­culo 3 se aprueba una reforma equivalente de la tributaciÃ³n indirecta regulada en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
Las medidas incluidas en capÃ­tulo II estÃ¡n destinadas a favorecer la actividad empresarial, en diversos Ã¡mbitos.
En concreto, el artÃ­culo 4 reforma la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector pÃºblico, con el objetivo de facilitar la continuidad de la relaciÃ³n contractual con la AdministraciÃ³n a los contratistas que hayan solicitado la declaraciÃ³n de concurso de acreedores voluntario y que Ã©ste haya adquirido eficacia en un convenio; ademÃ¡s, como novedad, se permite la devoluciÃ³n de la garantÃ­a depositada por un contratista en el marco de un proceso de contrataciÃ³n pÃºblica en caso de resoluciÃ³n del contrato cuando la ejecuciÃ³n de la prestaciÃ³n no se hubiera interrumpido hasta el momento de la declaraciÃ³n de insolvencia y el concurso no hubiera sido calificado como culpable, y se facilita la cesiÃ³n del contrato, aunque el cedente no tenga ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, si Ã©ste hubiera solicitado la declaraciÃ³n de concurso voluntario. A su vez, en el artÃ­culo 5, de forma equivalente, se modifica la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, para permitir la continuidad de las subvenciones concedidas a las empresas que hayan solicitado la declaraciÃ³n de concurso de acreedores voluntario y que Ã©ste haya adquirido la eficacia en un convenio.
Por otra parte, a efectos del Impuesto sobre Sociedades, en el artÃ­culo 6 se extiende a 2011 y 2012 la libertad de amortizaciÃ³n, supeditada a mantenimiento del empleo, en los tÃ©rminos en los que estaba prevista en la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, para los ejercicios de 2009 y 2010. En el artÃ­culo 7 se modifica la normativa del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido que permite a las empresas la reducciÃ³n proporcional de la base imponible cuando los crÃ©ditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables, flexibilizando los requisitos para recuperar el impuesto en el caso de impago de las facturas, y acortando los plazos en el caso de las empresas de menor dimensiÃ³n. De forma equivalente, y con el mismo objetivo, en el artÃ­culo 8 se reforma la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
En el Ã¡mbito del comercio internacional, a travÃ©s de la reforma prevista en el artÃ­culo 9, se habilita a la CompaÃ±Ã­a EspaÃ±ola de Seguro de CrÃ©dito a la ExportaciÃ³n para otorgar cobertura en nombre propio y por cuenta del Estado sobre riesgos derivados del comercio exterior a travÃ©s de garantÃ­as, ademÃ¡s del tradicional seguro de crÃ©dito, ampliando la cartera de instrumentos a disposiciÃ³n de la entidad para apoyar la internacionalizaciÃ³n de nuestra economÃ­a, situando asÃ­ a la entidad en condiciones equiparables al resto de entidades de crÃ©dito a la exportaciÃ³n.
A travÃ©s del artÃ­culo 10, se completan las reglas de valoraciÃ³n de suelo previstas en el texto refundido de la Ley del suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, disponiendo la aplicaciÃ³n de unos coeficientes correctores, que permitirÃ¡n poner en marcha las reglas de capitalizaciÃ³n de rentas para valoraciÃ³n de suelo rural, y se prorrogan hasta 31 de diciembre de 2011 las reglas de valoraciÃ³n de suelo urbanizable previstas en la disposiciÃ³n transitoria tercera del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con el objetivo de garantizar la suave transiciÃ³n a la aplicaciÃ³n de las nuevas reglas de valoraciÃ³n previstas.
Por Ãºltimo, en materia de transporte aÃ©reo, en el artÃ­culo 11, se aprueba una reducciÃ³n temporal de determinadas tasas; en particular, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2010 la bonificaciÃ³n del 30 por ciento de las tasas de aterrizaje de aeronaves y de las tasas aplicables a pasajeros en los aeropuertos extrapeninsulares en los tÃ©rminos previstos en la Ley 5/2009, de 29 de junio, y se aprueba la subvenciÃ³n del 50 por ciento del importe de las tasas de aterrizaje y de la tarifa B.1 por los vuelos con origen o destino en los aeropuertos canarios en dÃ­as semanales determinados, desde la entrada en vigor del real decreto-ley, hasta el 31 de diciembre de 2010.
En el capÃ­tulo III, relativo a las medidas de apoyo a las pequeÃ±as y medianas empresas, en el artÃ­culo 12 se introduce un programa de financiaciÃ³n directa a PYMES y autÃ³nomos que, en las condiciones que fijarÃ¡ el Gobierno, deberÃ¡ estar operativo antes del 15 de junio de 2010. En el artÃ­culo 13, se reforma la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2010, con el objetivo de flexibilizar el funcionamiento de los fondos de titulizaciÃ³n de crÃ©ditos a pequeÃ±as y medianas empresas, FTPYME, permitiendo que los fondos derivados de la titulizaciÃ³n puedan destinarse a financiar activo circulante de las pequeÃ±as y medianas empresas, lo que debe redundar en un mÃ¡s fÃ¡cil acceso al crÃ©dito para esta finalidad.
Por otra parte, en el artÃ­culo 14, a travÃ©s de la reforma del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, se simplifican las obligaciones de documentaciÃ³n en determinadas operaciones vinculadas para las pequeÃ±as y medianas empresas. En particular, se excluye de las obligaciones de documentaciÃ³n de las operaciones vinculadas a las empresas de reducida dimensiÃ³n cuando el importe total de las operaciones vinculadas realizadas por ellas en el ejercicio no supere 100.000 euros de valor de mercado. AdemÃ¡s, para aquellas que sobrepasen dicho lÃ­mite y tengan que cumplir las obligaciones de documentaciÃ³n se establecen lÃ­mites mÃ¡ximos para las sanciones que se les puedan imponer cuando el incumplimiento formal no acarree perjuicio econÃ³mico para el Tesoro. La sanciÃ³n nunca podrÃ¡ superar el 10 por ciento del valor de mercado de la operaciÃ³n ni el 1 por ciento de la cifra de negocios de la entidad. La exoneraciÃ³n de la obligaciÃ³n de documentaciÃ³n no se aplica, en ningÃºn caso, a las operaciones con paraÃ­sos fiscales sea cual sea su importe.
El capÃ­tulo IV incluye medidas para favorecer la protecciÃ³n de los ciudadanos y consumidores. En primer lugar, se eleva el umbral de inembargabilidad en los procedimientos posteriores a la ejecuciÃ³n hipotecaria cuando el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crÃ©dito garantizado. Este umbral se eleva en un 10 por ciento del salario mÃ­nimo interprofesional, y en otro 20 por ciento adicional, por cada miembro del nÃºcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensiÃ³n, con lo que se da respuesta a la situaciÃ³n especialmente difÃ­cil de estas personas en el actual contexto econÃ³mico.
Se modifica, ademÃ¡s, en el artÃ­culo 16, la normativa del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido para aplicar un tipo impositivo superreducido, del 4 por ciento, a los servicios de atenciÃ³n a la dependencia prestados por las empresas integradas en el sistema de autonomÃ­a y atenciÃ³n a la dependencia, mediante plazas concertadas en centros o residencias o previo concurso pÃºblico para su prestaciÃ³n.
El artÃ­culo 17 reforma el Impuesto de la Renta de las Personas FÃ­sicas para aprobar una exenciÃ³n en la tributaciÃ³n del impuesto de las cuantÃ­as satisfechas por las empresas para desplazamientos entre la residencia y el centro de trabajo en transporte pÃºblico, con un lÃ­mite de 1.500 euros, con el objetivo de incentivar fiscalmente la utilizaciÃ³n de los medios de transporte pÃºblico colectivo.
Por Ãºltimo, el artÃ­culo 18 modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de valores, para requerir la intervenciÃ³n de una entidad autorizada para prestar servicios de inversiÃ³n en determinadas ofertas de valores dirigidas al pÃºblico en general, que no requieran folleto y que empleen para ello cualquier forma de comunicaciÃ³n publicitaria, con el objetivo Ãºltimo de instrumentar cauces adecuados para la protecciÃ³n del inversor.
En el capÃ­tulo V, relativo a medidas en el sector energÃ©tico, en primer lugar, en el artÃ­culo 19 se define el concepto de empresa de servicios energÃ©ticos, y se dispone la aprobaciÃ³n de un Programa de Acuerdos Voluntarios con empresas de servicios energÃ©ticos, que pondrÃ¡ en marcha el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travÃ©s del Instituto para la DiversificaciÃ³n y Ahorro de la EnergÃ­a. De este modo se impulsa el desarrollo de un sector de reciente creaciÃ³n y con una importante capacidad de generaciÃ³n de empleo y, a la vez, se avanza en la mejora de la eficiencia energÃ©tica en nuestro paÃ­s, mejorando asÃ­ las condiciones estructurales de nuestra economÃ­a.
AdemÃ¡s, a travÃ©s del artÃ­culo 20, se modifican algunos aspectos del marco regulador de contratos del sector pÃºblico, para agilizar los procesos de contrataciÃ³n de las empresas de servicios energÃ©ticos con las administraciones pÃºblicas, como fÃ³rmula especialmente efectiva de dinamizaciÃ³n del sector y de ahorro energÃ©tico.
Por otra parte, en los artÃ­culos 21 y 22, se reforma la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico, para facilitar el proceso de titulizaciÃ³n del dÃ©ficit de tarifa elÃ©ctrico y el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energÃ©tico y se aprueba el bono social, respectivamente, estableciendo en la ley el procedimiento para financiar los posibles desajustes temporales en las liquidaciones de las actividades reguladas.
A travÃ©s del artÃ­culo 23, se incluye en el marco normativo del sector elÃ©ctrico un nuevo agente del sector, los gestores de cargas del sistema, que prestarÃ¡n servicios de recarga de electricidad, necesarios para un rÃ¡pido desarrollo del vehÃ­culo elÃ©ctrico como elemento que aÃºna de nuevo, las caracterÃ­sticas de nuevo sector en crecimiento y de instrumento de ahorro y eficiencia energÃ©tica y medioambiental. Por otra parte, en el artÃ­culo 24, y con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energÃ©tica, se establece que la AdministraciÃ³n podrÃ¡ adoptar programas especÃ­ficos de ahorro y eficiencia energÃ©tica en relaciÃ³n con el desarrollo del vehÃ­culo elÃ©ctrico.
Por Ãºltimo, el capÃ­tulo VI, contiene un conjunto de medidas en el Ã¡mbito del sector financiero de urgente implantaciÃ³n ante las necesidades de encarar con la mÃ¡xima eficacia la evoluciÃ³n de la crisis financiera. En un contexto de reestructuraciÃ³n del sistema financiero, el artÃ­culo 25 clarifica el rÃ©gimen aplicable a los sistemas institucionales de protecciÃ³n que se creen entre entidades de crÃ©dito con objeto de garantizar la mÃ¡xima seguridad jurÃ­dica de las operaciones de este tipo. En concreto, se especifica el rÃ©gimen de consolidaciÃ³n contable, la adhesiÃ³n a los fondos de garantÃ­a de depÃ³sitos, y la formalizaciÃ³n de consultas vinculantes en el Ã¡mbito tributario.
El artÃ­culo 26 supone la modificaciÃ³n del Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraciÃ³n bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crÃ©dito, con el fin de de facilitar la mÃ¡xima prontitud y seguridad jurÃ­dica en la reestructuraciÃ³n ordenada del sector. Con esa intenciÃ³n se reducen los plazos previstos agilizando la operativa del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria y, asimismo, se realizan una serie de ajustes en su regulaciÃ³n. AsÃ­, en cuanto a la reducciÃ³n de plazos, se establece que el plan de actuaciÃ³n que asegure la viabilidad de la entidad deberÃ¡ presentarse de manera simultÃ¡nea al momento en el que se informe al Banco de EspaÃ±a de la situaciÃ³n de debilitad, en lugar de en el plazo de un mes, y se reduce el plazo de un mes a 10 dÃ­as naturales para el caso en el que sea el Banco de EspaÃ±a el que concluya que una entidad presenta debilidades en su situaciÃ³n econÃ³mico-financiera, y deba presentar un plan de actuaciÃ³n. AdemÃ¡s, se reducen de diez a cinco dÃ­as hÃ¡biles los plazos de que dispone la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda para oponerse a las propuestas realizadas por los Ãrganos del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria. Finalmente, para las emisiones de cuotas participativas que realice una Caja de Ahorros que vayan a ser suscritas Ã­ntegramente por el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, se prevÃ© la sustituciÃ³n de los informes a que se refiere el Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros, por un informe del propio Fondo, lo que implica una considerable reducciÃ³n de plazos. Asimismo, para el caso de apariciÃ³n de circunstancias sobrevenidas que no hagan posible una soluciÃ³n viable para una entidad de crÃ©dito, se prevÃ© su reestructuraciÃ³n con intervenciÃ³n del Fondo. Por otra parte, las modificaciones en la regulaciÃ³n urgente del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, clarifican el rÃ©gimen de las cuotas participativas suscritas por el Fondo a efectos de la normativa sobre recursos propios, estableciendo que dichas cuotas serÃ¡n computables como recursos propios bÃ¡sicos, es decir como capital de la mÃ¡xima categorÃ­a, y disponen, finalmente, que no resultarÃ¡ obligatoria la cotizaciÃ³n en mercados secundarios regulados de las cuotas adquiridas por el Fondo.
Finalmente el artÃ­culo 27, dentro del conjunto de reformas del Ã¡mbito financiero y con el objetivo de facilitar la operativa de los fondos de titulizaciÃ³n, incrementando la seguridad jurÃ­dica, se modifica la legislaciÃ³n vigente para permitir que estos fondos sean titulares de los inmuebles, derechos y cantidades resultantes de los remates de la ejecuciÃ³n de los prÃ©stamos hipotecarios de los que son titulares como consecuencia de su titulizaciÃ³n.
En lo que se refiere a las reformas introducidas en el Ã¡mbito de la rehabilitaciÃ³n de viviendas, las dirigidas a favorecer la actividad empresarial, las destinadas especÃ­ficamente al apoyo a las pequeÃ±as y medianas empresas y las que tienen como objetivo favorecer la protecciÃ³n de los ciudadanos, la extraordinaria y urgente necesidad de este real decreto-ley se sustenta en la necesidad de ponerlas inmediatamente en marcha para favorecer la actividad econÃ³mica y la generaciÃ³n de empleo, para conseguir que resulten eficaces en la configuraciÃ³n de los nuevos sectores de desarrollo econÃ³mico y, finalmente, para evitar la incertidumbre y la parÃ¡lisis en la actividad que podrÃ­a derivarse de un procedimiento normativo prolongado.
Las medidas en el Ã¡mbito del sector energÃ©tico son de extraordinaria y urgente necesidad, por una parte, para completar la puesta en marcha del proceso de titulizaciÃ³n del dÃ©ficit del sector elÃ©ctrico, que permite dar una soluciÃ³n financiera a las cantidades adelantadas por las empresas para financiar los desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas del sistema elÃ©ctrico; y, por otra, para crear un marco jurÃ­dico que cree los oportunos incentivos para el desarrollo de nuevas actividades en el sector, como son los servicios de eficiencia energÃ©tica prestados por las denominadas empresas de servicios energÃ©ticos, y el desarrollo del vehÃ­culo elÃ©ctrico. La aprobaciÃ³n de las modificaciones normativas en este Ã¡mbito debe hacerse de forma inmediata, con el fin de no perjudicar el proceso de titulizaciÃ³n del dÃ©ficit de la tarifa elÃ©ctrica, que ya estÃ¡ en marcha, y de sentar las bases de nuevas actividades de servicios en el Ã¡mbito del sector energÃ©tico, a cuyo desarrollo estÃ¡n ligados de forma muy estrecha la modernizaciÃ³n del sector y el fortalecimiento de la eficiencia energÃ©tica, asÃ­ como la generaciÃ³n de nuevas oportunidades de empleo.
Por su parte, las medidas referidas al sector financiero, son de extraordinaria y urgente necesidad para facilitar su rÃ¡pida reestructuraciÃ³n. Su inmediata aprobaciÃ³n es estrictamente necesaria para afianzar la solvencia de nuestras entidades de crÃ©dito, que ya han iniciado ese proceso. A su vez, la necesidad de abordar con urgencia la aprobaciÃ³n de medidas para afianzar la recuperaciÃ³n de la economÃ­a, a la que estÃ¡ ligada la creaciÃ³n de nuevos puestos de trabajo, y que depende del buen funcionamiento del mercado financiero, justifican la urgente aprobaciÃ³n de medidas en este Ã¡mbito, que apuntalen su actual proceso de reforma y reestructuraciÃ³n.
En su virtud, haciendo uso de la autorizaciÃ³n contenida en el artÃ­culo 86 de la ConstituciÃ³n, a propuesta de la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda, del Ministro de Fomento y del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y previa deliberaciÃ³n del Consejo de Ministros en su reuniÃ³n del dÃ­a 9 de abril de 2010
Medidas en materia de rehabilitaciÃ³n de viviendas
ArtÃ­culo 1. Nueva deducciÃ³n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas por obras de mejora en la vivienda habitual.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima novena en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y de modificaciÃ³n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
Â«DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima novena. DeducciÃ³n por obras de mejora en la vivienda habitual.
Los contribuyentes cuya base imponible sea inferior a 53.007,20 euros anuales, podrÃ¡n deducirse el 10 por ciento de las cantidades satisfechas desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2010 hasta el 31 de diciembre de 2012 por las obras realizadas durante dicho perÃ­odo en la vivienda habitual o en el edificio en la que Ã©sta se encuentre, siempre que tengan por objeto la mejora de la eficiencia energÃ©tica, la higiene, salud y protecciÃ³n del medio ambiente, la utilizaciÃ³n de energÃ­as renovables, la seguridad y la estanqueidad, y en particular la sustituciÃ³n de las instalaciones de electricidad, agua, gas u otros suministros, o favorezcan la accesibilidad al edificio o las viviendas, en los tÃ©rminos previstos en el Real Decreto 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y RehabilitaciÃ³n 2009-2012, asÃ­ como por las obras de instalaciÃ³n de infraestructuras de telecomunicaciÃ³n realizadas durante dicho perÃ­odo que permitan el acceso a Internet y a servicios de televisiÃ³n digital en la vivienda habitual del contribuyente.
No darÃ¡n derecho a practicar esta deducciÃ³n las obras que se realicen en plazas de garaje, jardines, parques, piscinas e instalaciones deportivas y otros elementos anÃ¡logos.
La base de esta deducciÃ³n estarÃ¡ constituida por las cantidades satisfechas, mediante tarjeta de crÃ©dito o dÃ©bito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crÃ©dito, a las personas o entidades que realicen tales obras. En ningÃºn caso, darÃ¡n derecho a practicar esta deducciÃ³n las cantidades satisfechas mediante entregas de dinero de curso legal.
La base mÃ¡xima anual de esta deducciÃ³n serÃ¡ de:
b) cuando la base imponible estÃ© comprendida entre 33.007,20 y 53.007,20 euros anuales: 4.000 euros menos el resultado de multiplicar por 0,2 la diferencia entre la base imponible y 33.007,20 euros anuales.
Las cantidades satisfechas en el ejercicio no deducidas por exceder de la base mÃ¡xima anual de deducciÃ³n podrÃ¡n deducirse, con el mismo lÃ­mite, en los cuatro ejercicios siguientes.
A tal efecto, cuando concurran cantidades deducibles en el ejercicio con cantidades deducibles procedentes de ejercicios anteriores que no hayan podido ser objeto de deducciÃ³n por exceder de la base mÃ¡xima de deducciÃ³n, el lÃ­mite anteriormente indicado serÃ¡ Ãºnico para el conjunto de tales cantidades, deduciÃ©ndose en primer lugar las cantidades correspondientes a aÃ±os anteriores.
En ningÃºn caso, la base acumulada de la deducciÃ³n correspondiente a los perÃ­odos impositivos en que Ã©sta sea de aplicaciÃ³n podrÃ¡ exceder de 12.000 euros por vivienda habitual. Cuando concurran varios propietarios con derecho a practicar la deducciÃ³n respecto de una misma vivienda, el citado lÃ­mite de 12.000 euros se distribuirÃ¡ entre los copropietarios en funciÃ³n de su respectivo porcentaje de propiedad en el inmueble.
En ningÃºn caso darÃ¡n derecho a la aplicaciÃ³n de esta deducciÃ³n, las cantidades satisfechas por las que el contribuyente practique la deducciÃ³n por inversiÃ³n en vivienda habitual a que se refiere el artÃ­culo 68.1 de esta ley.
2. El importe de esta deducciÃ³n se restarÃ¡ de la cuota Ã­ntegra estatal despuÃ©s de las deducciones previstas en los apartados 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artÃ­culo 68 de esta ley.Â»
ArtÃ­culo 2. AmpliaciÃ³n del concepto de rehabilitaciÃ³n estructural en el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido y reducciÃ³n del tipo de gravamen aplicable a la renovaciÃ³n y reparaciÃ³n de viviendas particulares.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido:
Uno. El nÃºmero 1.Âº del apartado dos del artÃ­culo 8 queda redactado de la siguiente forma:
Â«1Âº. Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de una edificaciÃ³n, en el sentido del artÃ­culo 6 de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 33 por ciento de la base imponible.Â»
Dos. El nÃºmero 22.Âº del apartado uno del artÃ­culo 20 queda redactado de la siguiente forma:
Â«22.Âº A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar despuÃ©s de terminada su construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n.
A los efectos de lo dispuesto en esta ley, se considerarÃ¡ primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificaciÃ³n cuya construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n estÃ© terminada. No obstante, no tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de primera entrega la realizada por el promotor despuÃ©s de la utilizaciÃ³n ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos aÃ±os por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opciÃ³n de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizÃ³ la edificaciÃ³n durante el referido plazo. No se computarÃ¡n a estos efectos los perÃ­odos de utilizaciÃ³n de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resoluciÃ³n de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderÃ¡n aquÃ©llos en los que se hayan realizado las obras de urbanizaciÃ³n accesorias a las mismas. No obstante, tratÃ¡ndose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carÃ¡cter accesorio no podrÃ¡n exceder de 5.000 metros cuadrados.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el nÃºmero 1Âº del artÃ­culo 7 de esta ley no tendrÃ¡n, en su caso, la consideraciÃ³n de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este nÃºmero.
La exenciÃ³n prevista en este nÃºmero no se aplicarÃ¡:
a) A las entregas de edificaciones efectuadas en el ejercicio de la opciÃ³n de compra inherente a un contrato de arrendamiento, por empresas dedicadas habitualmente a realizar operaciones de arrendamiento financiero. A estos efectos, el compromiso de ejercitar la opciÃ³n de compra frente al arrendador se asimilarÃ¡ al ejercicio de la opciÃ³n de compra.
b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitaciÃ³n por el adquirente, siempre que se cumplan los requisitos que reglamentariamente se establezcan.
c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demoliciÃ³n con carÃ¡cter previo a una nueva promociÃ³n urbanÃ­stica.
B) A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitaciÃ³n de edificaciones las que reÃºnan los siguientes requisitos:
1.Âº Que su objeto principal sea la reconstrucciÃ³n de las mismas, entendiÃ©ndose cumplido este requisito cuando mÃ¡s del 50 por ciento del coste total del proyecto de rehabilitaciÃ³n se corresponda con obras de consolidaciÃ³n o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas o con obras anÃ¡logas o conexas a las de rehabilitaciÃ³n.
2.Âº Que el coste total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento del precio de adquisiciÃ³n de la edificaciÃ³n si se hubiese efectuado aquÃ©lla durante los dos aÃ±os inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitaciÃ³n o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificaciÃ³n o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontarÃ¡ del precio de adquisiciÃ³n o del valor de mercado de la edificaciÃ³n la parte proporcional correspondiente al suelo.
Se considerarÃ¡n obras anÃ¡logas a las de rehabilitaciÃ³n las siguientes:
a) Las de adecuaciÃ³n estructural que proporcionen a la edificaciÃ³n condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecÃ¡nica.
b) Las de refuerzo o adecuaciÃ³n de la cimentaciÃ³n asÃ­ como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
c) Las de ampliaciÃ³n de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
d) Las de reconstrucciÃ³n de fachadas y patios interiores.
e) Las de instalaciÃ³n de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectÃ³nicas para su uso por discapacitados.
Se considerarÃ¡n obras conexas a las de rehabilitaciÃ³n las que se citan a continuaciÃ³n cuando su coste total sea inferior al derivado de las obras de consolidaciÃ³n o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y, en su caso, de las obras anÃ¡logas a Ã©stas, siempre que estÃ©n vinculadas a ellas de forma indisociable y no consistan en el mero acabado u ornato de la edificaciÃ³n ni en el simple mantenimiento o pintura de la fachada:
a) Las obras de albaÃ±ilerÃ­a, fontanerÃ­a y carpinterÃ­a.
b) Las destinadas a la mejora y adecuaciÃ³n de cerramientos, instalaciones elÃ©ctricas, agua y climatizaciÃ³n y protecciÃ³n contra incendios.
c) Las obras de rehabilitaciÃ³n energÃ©tica.
Se considerarÃ¡n obras de rehabilitaciÃ³n energÃ©tica las destinadas a la mejora del comportamiento energÃ©tico de las edificaciones reduciendo su demanda energÃ©tica, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones tÃ©rmicas o a la incorporaciÃ³n de equipos que utilicen fuentes de energÃ­a renovables.Â»
Tres. El nÃºmero 7.Âº del apartado uno.1 del artÃ­culo 91 queda redactado de la siguiente forma:
Â«7.Âº Los edificios o partes de los mismos aptos para su utilizaciÃ³n como viviendas, incluidas las plazas de garaje, con un mÃ¡ximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se transmitan conjuntamente.
En lo relativo a esta ley no tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de anexos a viviendas los locales de negocio, aunque se transmitan conjuntamente con los edificios o parte de los mismos destinados a viviendas.
No se considerarÃ¡n edificios aptos para su utilizaciÃ³n como viviendas las edificaciones destinadas a su demoliciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 20, apartado uno, nÃºmero 22.Âº, parte A), letra c) de esta ley.Â»
Cuatro. Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley y vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, el nÃºmero 15.Âº del apartado uno.2 del artÃ­culo 91 queda redactado de la siguiente forma:
Â«15.Âº Las ejecuciones de obra de renovaciÃ³n y reparaciÃ³n realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los siguientes requisitos:
a) Que el destinatario sea persona fÃ­sica, no actÃºe como empresario o profesional y utilice la vivienda a que se refieren las obras para su uso particular.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, tambiÃ©n se comprenderÃ¡n en este nÃºmero las citadas ejecuciones de obra cuando su destinatario sea una comunidad de propietarios.
b) Que la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de la vivienda a que se refieren las obras haya concluido al menos dos aÃ±os antes del inicio de estas Ãºltimas.
c) Que la persona que realice las obras no aporte materiales para su ejecuciÃ³n o, en el caso de que los aporte, su coste no exceda del 33 por ciento de la base imponible de la operaciÃ³n.Â»
ArtÃ­culo 3. AmpliaciÃ³n del concepto de rehabilitaciÃ³n estructural en el Impuesto General Indirecto Canario.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias:
Uno. El nÃºmero 4.Âº del nÃºmero 2 del artÃ­culo 6 queda redactado de la siguiente forma:
Â«4.Âº Las ejecuciones de obra que tengan por objeto la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de una edificaciÃ³n, en el sentido del nÃºmero 5 del artÃ­culo 5 de esta ley, cuando el empresario que ejecute la obra aporte una parte de los materiales utilizados, siempre que el coste de los mismos exceda del 33 por ciento de la base imponible.Â»
Dos. El nÃºmero 22 del apartado 1 del artÃ­culo 10.Âº queda redactado de la siguiente forma:
Â«22) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar despuÃ©s de terminada la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n.
Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderÃ¡n aquellos en los que se hayan realizado las obras de urbanizaciÃ³n accesorias a las mismas. No obstante, tratÃ¡ndose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carÃ¡cter accesorio no podrÃ¡n exceder de 5.000 metros cuadrados.
Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el artÃ­culo 9, apartado 1.Âº, de esta ley no tendrÃ¡n, en su caso, la consideraciÃ³n de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este apartado.
La exenciÃ³n no se extiende:
b) A las entregas de edificaciones para su rehabilitaciÃ³n por el adquirente.
A los efectos de esta ley, son obras de rehabilitaciÃ³n de edificaciones las que reÃºnen los siguientes requisitos:
aÂŽ) Que su objeto principal sea la reconstrucciÃ³n de la edificaciÃ³n a que se refiera, entendiÃ©ndose cumplido este requisito cuando mÃ¡s del 50 por ciento del coste total del proyecto se corresponda con obras de consolidaciÃ³n o tratamiento de elementos estructurales de la misma o con obras anÃ¡logas o conexas a las de rehabilitaciÃ³n.
bÂŽ) Que el importe total de las obras a que se refiera el proyecto exceda del 25 por ciento del precio de adquisiciÃ³n de la edificaciÃ³n si se hubiese efectuado Ã©sta durante los dos aÃ±os inmediatamente anteriores al inicio de las obras de rehabilitaciÃ³n o, en otro caso, del valor de mercado que tuviera la edificaciÃ³n o parte de la misma en el momento de dicho inicio. A estos efectos, se descontarÃ¡ del precio de adquisiciÃ³n o del valor de mercado de la edificaciÃ³n la parte proporcional correspondiente al suelo.
aÂŽ) Las de adecuaciÃ³n estructural que proporcionen a la edificaciÃ³n condiciones de seguridad constructiva, de forma que quede garantizada su estabilidad y resistencia mecÃ¡nica.
bÂŽ) Las de refuerzo o adecuaciÃ³n de la cimentaciÃ³n asÃ­ como las que afecten o consistan en el tratamiento de pilares o forjados.
cÂŽ) Las de ampliaciÃ³n de la superficie construida, sobre y bajo rasante.
dÂŽ) Las de reconstrucciÃ³n de fachadas y patios interiores.
eÂŽ) Las de instalaciÃ³n de elementos elevadores, incluidos los destinados a salvar barreras arquitectÃ³nicas para su uso por discapacitados.
aÂŽ) Las obras de albaÃ±ilerÃ­a, fontanerÃ­a y carpinterÃ­a.
bÂŽ) Las destinadas a la mejora y adecuaciÃ³n de cerramientos, instalaciones elÃ©ctricas, agua y climatizaciÃ³n y protecciÃ³n contra incendios.
cÂŽ) Las obras de rehabilitaciÃ³n energÃ©tica.
Se considerarÃ¡n obras de rehabilitaciÃ³n energÃ©tica las destinadas a la mejora del comportamiento energÃ©tico de las edificaciones reduciendo su demanda energÃ©tica, al aumento del rendimiento de los sistemas e instalaciones tÃ©rmicas o a la incorporaciÃ³n de equipos que utilicen fuentes de energÃ­a renovables.
c) A las entregas de edificaciones que sean objeto de demoliciÃ³n con carÃ¡cter previo a una nueva promociÃ³n urbanÃ­stica.Â»
Tres. La letra f) del nÃºmero 1.Âº del apartado 1 del artÃ­culo 27.Âº queda redactada de la siguiente forma:
Â«f) Las ejecuciones de obras, con o sin aportaciÃ³n de materiales, consecuencia de contratos directamente formalizados entre el promotor y el contratista, que tengan por objeto la construcciÃ³n y rehabilitaciÃ³n de las viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial, asÃ­ como la construcciÃ³n o rehabilitaciÃ³n de obras de equipamiento comunitario.
Se entenderÃ¡ por equipamiento comunitario aquÃ©l que consiste en:
Los edificios de carÃ¡cter demanial.
Las infraestructuras pÃºblicas de agua, telecomunicaciÃ³n, ferroviarias, energÃ­a elÃ©ctrica, alcantarillado, parques, jardines y superficies viales en zonas urbanas.
La consideraciÃ³n como equipamiento comunitario de las infraestructuras pÃºblicas ferroviarias comprenderÃ¡ tanto aquellas en las que la AdministraciÃ³n competente sea quien las promueva directamente, como cuando la misma actÃºe de manera indirecta a travÃ©s de otra entidad que, no teniendo la consideraciÃ³n de AdministraciÃ³n pÃºblica, sea quien ostente, mediante cualquier tÃ­tulo administrativo habilitante concedido por parte de la AdministraciÃ³n pÃºblica, la capacidad necesaria para contratar la realizaciÃ³n de dichas infraestructuras.
No se incluyen, en ningÃºn caso, las obras de conservaciÃ³n, mantenimiento, reformas, rehabilitaciÃ³n, ampliaciÃ³n o mejora de dichas infraestructuras.
Las potabilizadoras, desalinizadoras y depuradoras de titularidad pÃºblica.Â»
ArtÃ­culo 4. Continuidad de los contratos pÃºblicos en determinadas situaciones concursales.
Uno. Se modifica el apartado b) del artÃ­culo 49.1, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) Haber solicitado la declaraciÃ³n de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en Ã©ste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervenciÃ³n judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el perÃ­odo de inhabilitaciÃ³n fijado en la sentencia de calificaciÃ³n del concurso.Â»
Dos. Se modifica el artÃ­culo 208.5, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«5. En todo caso el acuerdo de resoluciÃ³n contendrÃ¡ pronunciamiento expreso acerca de la procedencia o no de la pÃ©rdida, devoluciÃ³n o cancelaciÃ³n de la garantÃ­a que, en su caso, hubiese sido constituida. SÃ³lo se acordarÃ¡ la pÃ©rdida de la garantÃ­a en caso de resoluciÃ³n del contrato por concurso del contratista cuando el concurso hubiera sido calificado como culpable.Â»
Tres. Se modifica el apartado b) del artÃ­culo 209.2, de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por ciento del importe del contrato o, cuando se trate de la gestiÃ³n de servicio pÃºblico, que haya efectuado su explotaciÃ³n durante al menos una quinta parte del plazo de duraciÃ³n del contrato. No serÃ¡ de aplicaciÃ³n este requisito si la cesiÃ³n se produce encontrÃ¡ndose el adjudicatario en concurso aunque se haya abierto la fase de liquidaciÃ³n.Â»
ArtÃ­culo 5. Continuidad en la aplicaciÃ³n del rÃ©gimen de subvenciones en determinadas situaciones concursales.
Uno. Se modifica el apartado b) del artÃ­culo 13.2, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) Haber solicitado la declaraciÃ³n de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarados en concurso, salvo que en Ã©ste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervenciÃ³n judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el perÃ­odo de inhabilitaciÃ³n fijado en la sentencia de calificaciÃ³n del concurso.Â»
Dos. Se modifica el pÃ¡rrafo tercero del artÃ­culo 34.4, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«En ningÃºn caso podrÃ¡n realizarse pagos anticipados a beneficiarios cuando se haya solicitado la declaraciÃ³n de concurso voluntario, haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declarado en concurso, salvo que en Ã©ste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervenciÃ³n judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el perÃ­odo de inhabilitaciÃ³n fijado en la sentencia de calificaciÃ³n del concurso.Â»
ArtÃ­culo 6. AmpliaciÃ³n de la libertad de amortizaciÃ³n con mantenimiento de empleo a los aÃ±os 2011 y 2012.
Se modifica la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que queda redactada de la siguiente forma:
Â«DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. Libertad de amortizaciÃ³n con mantenimiento de empleo.
1. Las inversiones en elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias afectos a actividades econÃ³micas, puestos a disposiciÃ³n del sujeto pasivo en los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009, 2010, 2011 y 2012, podrÃ¡n ser amortizados libremente siempre que, durante los veinticuatro meses siguientes a la fecha de inicio del perÃ­odo impositivo en que los elementos adquiridos entren en funcionamiento, la plantilla media total de la entidad se mantenga respecto de la plantilla media de los doce meses anteriores. La deducciÃ³n no estarÃ¡ condicionada a su imputaciÃ³n contable en la cuenta de pÃ©rdidas y ganancias.
Este rÃ©gimen tambiÃ©n se aplicarÃ¡ a dichas inversiones realizadas mediante contratos de arrendamiento financiero que cumplan las condiciones establecidas en el artÃ­culo 115 de esta ley, por sujetos pasivos que determinen su base imponible por el rÃ©gimen de estimaciÃ³n directa, a condiciÃ³n de que se ejercite la opciÃ³n de compra.
2. Lo establecido en el apartado anterior no serÃ¡ de aplicaciÃ³n a las inversiones cuya puesta a disposiciÃ³n tenga lugar dentro de los perÃ­odos impositivos establecidos en dicho apartado, que correspondan a elementos nuevos encargados en virtud de contratos de ejecuciÃ³n de obras o proyectos de inversiÃ³n cuyo perÃ­odo de ejecuciÃ³n, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos aÃ±os entre la fecha de encargo o de inicio de la inversiÃ³n y la fecha de su puesta a disposiciÃ³n o en funcionamiento. No obstante, en estos casos, la libertad de amortizaciÃ³n a que se refiere el apartado anterior se aplicarÃ¡ exclusivamente sobre la inversiÃ³n en curso realizada dentro de los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009, 2010, 2011 y 2012.
3. TratÃ¡ndose de inversiones correspondientes a elementos encargados en virtud de contratos de ejecuciÃ³n de obras o proyectos de inversiÃ³n cuyo perÃ­odo de ejecuciÃ³n, en ambos casos, requiera un plazo superior a dos aÃ±os entre la fecha de encargo o de inicio de la inversiÃ³n y la fecha de su puesta a disposiciÃ³n o en funcionamiento, aunque Ã©stas Ãºltimas se produzcan con posterioridad a los perÃ­odos indicados en el apartado primero, la libertad de amortizaciÃ³n se aplicarÃ¡ exclusivamente sobre la inversiÃ³n en curso realizada dentro de los perÃ­odos impositivos iniciados dentro de los aÃ±os 2009, 2010, 2011 y 2012.Â»
ArtÃ­culo 7. SimplificaciÃ³n de los requisitos para recuperar el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido en el caso de crÃ©ditos incobrables.
Se modifican los apartados cuatro y cinco del artÃ­culo 80 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, que quedan redactados de la siguiente forma:
Â«Cuatro. La base imponible tambiÃ©n podrÃ¡ reducirse proporcionalmente cuando los crÃ©ditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
A estos efectos, un crÃ©dito se considerarÃ¡ total o parcialmente incobrable cuando reÃºna las siguientes condiciones:
1.Âª Que haya transcurrido un aÃ±o desde el devengo del Impuesto repercutido sin que se haya obtenido el cobro de todo o parte del crÃ©dito derivado del mismo.
No obstante, cuando se trate de operaciones a plazos o con precio aplazado, deberÃ¡ haber transcurrido un aÃ±o desde el vencimiento del plazo o plazos impagados a fin de proceder a la reducciÃ³n proporcional de la base imponible. A estos efectos, se considerarÃ¡n operaciones a plazos o con precio aplazado aquÃ©llas en las que se haya pactado que su contraprestaciÃ³n deba hacerse efectiva en pagos sucesivos o en uno sÃ³lo, respectivamente, siempre que el perÃ­odo transcurrido entre el devengo del Impuesto repercutido y el vencimiento del Ãºltimo o Ãºnico pago sea superior a un aÃ±o.
Cuando el titular del derecho de crÃ©dito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un aÃ±o a que se refiere esta condiciÃ³n 1.Âª serÃ¡ de seis meses.
2.Âª Que esta circunstancia haya quedado reflejada en los Libros Registros exigidos para este Impuesto.
3.Âª Que el destinatario de la operaciÃ³n actÃºe en la condiciÃ³n de empresario o profesional, o, en otro caso, que la base imponible de aquÃ©lla, Impuesto sobre el Valor AÃ±adido excluido, sea superior a 300 euros.
4.Âª Que el sujeto pasivo haya instado su cobro mediante reclamaciÃ³n judicial al deudor o por medio de requerimiento notarial al mismo, incluso cuando se trate de crÃ©ditos afianzados por Entes pÃºblicos.
Cuando se trate de crÃ©ditos adeudados por Entes pÃºblicos, la reclamaciÃ³n judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condiciÃ³n 4Âª anterior, se sustituirÃ¡ por una certificaciÃ³n expedida por el Ã³rgano competente del Ente pÃºblico deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquÃ©l en el que conste el reconocimiento de la obligaciÃ³n a cargo del mismo y su cuantÃ­a.
La modificaciÃ³n deberÃ¡ realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalizaciÃ³n del periodo de un aÃ±o a que se refiere la condiciÃ³n 1.Âª anterior y comunicarse a la Agencia Estatal de AdministraciÃ³n Tributaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
Cuando el titular del derecho de crÃ©dito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 121 de esta ley, no hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un aÃ±o a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de seis meses.
Una vez practicada la reducciÃ³n de la base imponible, Ã©sta no se volverÃ¡ a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestaciÃ³n, salvo cuando el destinatario no actÃºe en la condiciÃ³n de empresario o profesional. En este caso, se entenderÃ¡ que el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido estÃ¡ incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporciÃ³n que la parte de contraprestaciÃ³n percibida.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, cuando el sujeto pasivo desista de la reclamaciÃ³n judicial al deudor o llegue a un acuerdo de cobro con el mismo con posterioridad al requerimiento notarial efectuado, como consecuencia de Ã©ste o por cualquier otra causa, deberÃ¡ modificar nuevamente la base imponible al alza mediante la expediciÃ³n, en el plazo de un mes a contar desde el desistimiento o desde el acuerdo de cobro, respectivamente, de una factura rectificativa en la que se repercuta la cuota procedente.
Cinco. En relaciÃ³n con los supuestos de modificaciÃ³n de la base imponible comprendidos en los apartados tres y cuatro anteriores, se aplicarÃ¡n las siguientes reglas:
1.Âª No procederÃ¡ la modificaciÃ³n de la base imponible en los casos siguientes:
a) CrÃ©ditos que disfruten de garantÃ­a real, en la parte garantizada.
b) CrÃ©ditos afianzados por entidades de crÃ©dito o sociedades de garantÃ­a recÃ­proca o cubiertos por un contrato de seguro de crÃ©dito o de cauciÃ³n, en la parte afianzada o asegurada.
c) CrÃ©ditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artÃ­culo 79, apartado cinco de esta ley.
d) CrÃ©ditos adeudados o afianzados por Entes pÃºblicos.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicarÃ¡ a la reducciÃ³n de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado cuatro del artÃ­culo 80 de esta ley para los crÃ©ditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditaciÃ³n documental del impago a que se refiere la condiciÃ³n 4.Âª de dicho precepto.
2.Âª Tampoco procederÃ¡ la modificaciÃ³n de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no estÃ© establecido en el territorio de aplicaciÃ³n del Impuesto, ni en Canarias, Ceuta o Melilla.
3.Âª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificaciÃ³n, se entenderÃ¡ que el Impuesto sobre el Valor AÃ±adido estÃ¡ incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporciÃ³n que la parte de contraprestaciÃ³n satisfecha.
4.Âª La rectificaciÃ³n de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberÃ¡ practicarse segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 114, apartado dos, nÃºmero 2.Âº, segundo pÃ¡rrafo de esta ley, determinarÃ¡ el nacimiento del correspondiente crÃ©dito en favor de la Hacienda PÃºblica.
Si el destinatario de las operaciones sujetas no hubiese tenido derecho a la deducciÃ³n total del Impuesto, resultarÃ¡ tambiÃ©n deudor frente a la Hacienda PÃºblica por el importe de la cuota del impuesto no deducible.Â»
ArtÃ­culo 8. SimplificaciÃ³n de los requisitos para recuperar el Impuesto General Indirecto Canario en el caso de crÃ©ditos incobrables.
Se modifican los nÃºmeros 7 y 8 del artÃ­culo 22.Âº de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, que quedan redactados de la siguiente forma:
Â«7. La base imponible tambiÃ©n podrÃ¡ reducirse proporcionalmente cuando los crÃ©ditos correspondientes a las cuotas repercutidas por las operaciones gravadas sean total o parcialmente incobrables.
Cuando el titular del derecho de crÃ©dito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 51 de esta ley, no hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un aÃ±o a que se refiere esta condiciÃ³n 1.Âª serÃ¡ de seis meses.
Cuando se trate de crÃ©ditos adeudados por Entes pÃºblicos, la reclamaciÃ³n judicial o el requerimiento notarial a que se refiere la condiciÃ³n 4.Âª anterior, se sustituirÃ¡ por una certificaciÃ³n expedida por el Ã³rgano competente del Ente pÃºblico deudor de acuerdo con el informe del Interventor o Tesorero de aquÃ©l en el que conste el reconocimiento de la obligaciÃ³n a cargo del mismo y su cuantÃ­a.
La modificaciÃ³n deberÃ¡ realizarse en el plazo de los tres meses siguientes a la finalizaciÃ³n del periodo de un aÃ±o a que se refiere la condiciÃ³n 1.Âª del pÃ¡rrafo anterior y comunicarse a la AdministraciÃ³n Tributaria Canaria en el plazo que se fije reglamentariamente.
Cuando el titular del derecho de crÃ©dito cuya base imponible se pretende reducir sea un empresario o profesional cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 51 de esta ley, no hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, el plazo de un aÃ±o a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡ de seis meses.
Una vez practicada la reducciÃ³n de la base imponible, Ã©sta no se volverÃ¡ a modificar al alza aunque el sujeto pasivo obtuviese el cobro total o parcial de la contraprestaciÃ³n, salvo cuando el destinatario no actÃºe en la condiciÃ³n de empresario o profesional. En este caso, se entenderÃ¡ que el Impuesto General Indirecto Canario estÃ¡ incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporciÃ³n que la parte de contraprestaciÃ³n percibida.
8. En relaciÃ³n con los supuestos de modificaciÃ³n de la base imponible comprendidos en el nÃºmero 6 anterior, se aplicaran las siguientes reglas:
c) CrÃ©ditos entre personas o entidades vinculadas definidas en el artÃ­culo 23, nÃºmero 3 de esta ley.
Lo dispuesto en esta letra d) no se aplicarÃ¡ a la reducciÃ³n de la base imponible realizada de acuerdo con el apartado 7 del artÃ­culo 22Âº de esta ley para los crÃ©ditos que se consideren total o parcialmente incobrables, sin perjuicio de la necesidad de cumplir con el requisito de acreditaciÃ³n documental del impago a que se refiere la condiciÃ³n 4.Âª de dicho precepto.
2.Âª Tampoco procederÃ¡ la modificaciÃ³n de la base imponible cuando el destinatario de las operaciones no estÃ© establecido en el territorio de aplicaciÃ³n del impuesto.
3.Âª En los supuestos de pago parcial anteriores a la citada modificaciÃ³n, se entenderÃ¡ que el Impuesto General Indirecto Canario estÃ¡ incluido en las cantidades percibidas y en la misma proporciÃ³n que la parte de contraprestaciÃ³n satisfecha.
4.Âª La rectificaciÃ³n de las deducciones del destinatario de las operaciones, que deberÃ¡ practicarse segÃºn lo dispuesto en el artÃ­culo 44 de esta ley, determinarÃ¡ el nacimiento del correspondiente crÃ©dito a favor de la Hacienda PÃºblica.
ArtÃ­culo 9. HabilitaciÃ³n a CESCE para que pueda instrumentar coberturas a la exportaciÃ³n en forma de garantÃ­as.
Se aÃ±ade una disposiciÃ³n adicional primera a la Ley 10/1970, de 4 de julio, por la que se modifica el rÃ©gimen del Seguro de CrÃ©dito a la ExportaciÃ³n, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional primera. GarantÃ­as en operaciones con cobertura de crÃ©dito por cuenta del Estado.
Las coberturas otorgadas en nombre propio y por cuenta del Estado por la compaÃ±Ã­a EspaÃ±ola de Seguro de CrÃ©dito a la exportaciÃ³n S. A. Cia. De Seguros y Reaseguros (en adelante CESCE), sobre riesgos derivados del comercio exterior de las inversiones exteriores y de las transacciones econÃ³micas con el exterior podrÃ¡n instrumentarse mediante garantÃ­as, o seguros de crÃ©dito, dentro de los ramos autorizados para dicha compaÃ±Ã­a.
A los efectos del pÃ¡rrafo anterior, el tÃ©rmino Â«garantÃ­aÂ» debe remitirse, aunque sin carÃ¡cter limitativo, a la regulaciÃ³n del contrato de afianzamiento mercantil que se efectÃºa en los artÃ­culos 439 al 442 del CÃ³digo de Comercio, y subsidiariamente a lo dispuesto en los artÃ­culos 1822 a 1856 del CÃ³digo Civil. En particular se incluye en las garantÃ­as citadas la fianza, la garantÃ­a a primera demanda, y cualquier otro compromiso de pago o resarcimiento, que resulte exigible en caso de incumplimiento de las obligaciones objeto de garantÃ­a y que sean estrictamente necesarias para participar en las licitaciones pÃºblicas o en determinados contratos base de exportaciÃ³n.Â»
ArtÃ­culo 10. RenovaciÃ³n de la prÃ³rroga sobre excepciones a la aplicaciÃ³n de los nuevos criterios de valoraciÃ³n de suelo.
Uno. Se modifica el apartado 2 de la disposiciÃ³n transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Los terrenos que, a la entrada en vigor de aquella, formen parte del suelo urbanizable incluido en Ã¡mbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se valorarÃ¡n conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre RÃ©gimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo, siempre y cuando en el momento a que deba entenderse referida la valoraciÃ³n no hayan vencido los plazos para la ejecuciÃ³n del planeamiento o, sin han vencido, sea por causa imputable a la AdministraciÃ³n o a terceros.
De no existir previsiÃ³n expresa sobre plazos de ejecuciÃ³n en el planeamiento ni en la legislaciÃ³n de ordenaciÃ³n territorial y urbanÃ­stica, las reglas a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡n de aplicaciÃ³n hasta el 31 de diciembre de 2011.Â»
Dos. Se modifica la disposiciÃ³n adicional sÃ©ptima del texto refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. Reglas para la capitalizaciÃ³n de rentas en suelo rural.
1. Para la capitalizaciÃ³n de la renta anual real o potencial de la explotaciÃ³n a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 23, se utilizarÃ¡ como tipo de capitalizaciÃ³n la Ãºltima referencia publicada por el Banco de EspaÃ±a del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pÃºblica de plazo entre dos y seis aÃ±os.
2. Este tipo de capitalizaciÃ³n podrÃ¡ ser corregido aplicando a la referencia indicada en el apartado anterior un coeficiente corrector en funciÃ³n del tipo de cultivo, explotaciÃ³n o aprovechamiento del suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de mercado del suelo rural sin expectativas urbanÃ­sticas.
Los tÃ©rminos de dicha correcciÃ³n se determinarÃ¡n reglamentariamente.Â»
ArtÃ­culo 11. Medidas extraordinarias para la dinamizaciÃ³n del sector turÃ­stico.
1. Durante el perÃ­odo comprendido entre el dÃ­a de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, los sujetos pasivos de la tasa de aterrizaje y de la tarifa B.1, regulada en el artÃ­culo 4 de la Ley 25/1998, de 13 de julio, tendrÃ¡n derecho a una subvenciÃ³n del cincuenta por ciento del importe devengado en los aeropuertos de las Islas Canarias los dÃ­as de la semana que se reflejan en el siguiente cuadro, siempre que el beneficiario de la subvenciÃ³n mantenga para los restantes dÃ­as de la semana el nÃºmero de operaciones ya programadas a fecha 31 de enero de 2010, para la temporada de programaciÃ³n de verano de 2010, y a fecha 31 de agosto de 2010, para la temporada de programaciÃ³n de invierno de 2010/2011.
DÃ­a de la semana
Lanzarote MiÃ©rcoles.
Tenerife Norte SÃ¡bado.
La Palma Todos los dÃ­as.
El disfrute de la presente subvenciÃ³n excluirÃ¡ la aplicaciÃ³n de la bonificaciÃ³n establecida para las citadas tasas en el artÃ­culo 103 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, durante el perÃ­odo que abarca la aplicaciÃ³n de esta medida extraordinaria.
La subvenciÃ³n deberÃ¡ solicitarse durante el mes de enero de 2011 y se satisfarÃ¡ por AENA compensando su importe con cualesquiera cantidades que le adeuden los beneficiarios y, no siendo ello posible en todo o en parte, mediante su abono en dinero antes del 31 de julio de 2011.
2. Durante el perÃ­odo comprendido entre el dÃ­a de entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 31 de diciembre de 2010, se mantiene la bonificaciÃ³n del 30 por ciento de las tasas de aterrizaje de aeronaves y tasas aplicables a los pasajeros en los tÃ©rminos establecidos en el apartado primero de la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley 5/2009, de 29 de junio.
3. Los Ã³rganos y organismos con competencias en materia de navegaciÃ³n aÃ©rea deberÃ¡n reducir sus costes de tal manera que los costes de navegaciÃ³n aÃ©rea que el Gobierno presente a Eurocontrol para el aÃ±o 2011 se reduzcan en un 7,8 por ciento.
ArtÃ­culo 12. Programa del Instituto de CrÃ©dito Oficial de financiaciÃ³n directa a PYMES y autÃ³nomos.
El Instituto de CrÃ©dito Oficial (ICO) pondrÃ¡ en funcionamiento antes del 15 de junio de 2010 un programa temporal de financiaciÃ³n directa a las PYMES y autÃ³nomos, mediante la contrataciÃ³n de una red financiera de Ã¡mbito nacional para la prestaciÃ³n de los servicios necesarios. A tal efecto, el Consejo de Ministros o la comisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos dirigirÃ¡n instrucciones al ICO en las que se contengan las condiciones generales que hayan de regir el citado programa y, en todo caso, se determinen los umbrales de la financiaciÃ³n directa que pueda otorgar en su cumplimiento, asÃ­ como el perÃ­odo de vigencia del programa.
ArtÃ­culo 13. HabilitaciÃ³n para la reinversiÃ³n en activo circulante de la liquidez captada mediante el Fondo de TitulizaciÃ³n de la PequeÃ±a y Mediana Empresa.
Se modifica el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado Uno del artÃ­culo 57 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2010, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«La entidad que ceda los prÃ©stamos y crÃ©ditos deberÃ¡ reinvertir la liquidez obtenida como consecuencia del proceso de titulizaciÃ³n en prÃ©stamos o crÃ©ditos concedidos a todo tipo de empresas no financieras domiciliadas en EspaÃ±a, de las que, al menos, el 80 por ciento sean pequeÃ±as y medianas empresas. La reinversiÃ³n deberÃ¡ realizarse, al menos, el 50 por ciento, en el plazo de un aÃ±o a contar desde la efectiva disposiciÃ³n de la liquidez, y el resto en el plazo de dos aÃ±os. A estos efectos, se entenderÃ¡ por liquidez obtenida, el importe de los activos que la entidad cede al Fondo de TitulizaciÃ³n en el momento de su constituciÃ³n asÃ­ como, en su caso, en las posteriores cesiones que se realicen como consecuencia del carÃ¡cter abierto del Fondo, durante el perÃ­odo anteriormente indicado de dos aÃ±os.Â»
ArtÃ­culo 14. SimplificaciÃ³n de las obligaciones de documentaciÃ³n de las operaciones vinculadas a cumplir por las entidades de reducida dimensiÃ³n.
Con efectos para los perÃ­odos impositivos que concluyan a partir de 19 de febrero de 2009, se modifican los apartados 2 y 10.1.Âº del artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, que quedan redactados de la siguiente forma:
Â«2. Las personas o entidades vinculadas deberÃ¡n mantener a disposiciÃ³n de la AdministraciÃ³n tributaria la documentaciÃ³n que se establezca reglamentariamente.
Dicha documentaciÃ³n no serÃ¡ exigible a las personas o entidades cuyo importe neto de la cifra de negocios habida en el perÃ­odo impositivo sea inferior a ocho millones de euros, siempre que el total de las operaciones realizadas en dicho perÃ­odo con personas o entidades vinculadas no supere el importe conjunto de 100.000 euros de valor de mercado. Para determinar el importe neto de la cifra de negocios se tendrÃ¡n en consideraciÃ³n los criterios establecidos en el artÃ­culo 108 de esta ley. No obstante, deberÃ¡n documentarse en todo caso las operaciones realizadas con personas o entidades vinculadas que residan en un paÃ­s o territorio calificado reglamentariamente como paraÃ­so fiscal, excepto que residan en un Estado miembro de la UniÃ³n Europea y el sujeto pasivo acredite que las operaciones responden a motivos econÃ³micos vÃ¡lidos y que esas personas o entidades realizan actividades econÃ³micas.Â»
Â«10.1.Âº Cuando no proceda efectuar correcciones valorativas por la AdministraciÃ³n tributaria respecto de las operaciones sujetas al Impuesto sobre Sociedades, al Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas o al Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la sanciÃ³n consistirÃ¡ en multa pecuniaria fija de 1.500 euros por cada dato y 15.000 euros por conjunto de datos, omitido, inexacto o falso, referidos a cada una de las obligaciones de documentaciÃ³n que se establezcan reglamentariamente para el grupo o para cada entidad en su condiciÃ³n de sujeto pasivo o contribuyente.
En los supuestos de las personas o entidades a que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del apartado 2 de este artÃ­culo a las que no resulte de aplicaciÃ³n la exoneraciÃ³n establecida en dicho pÃ¡rrafo, la sanciÃ³n a que se refiere este nÃºmero 1.Âº tendrÃ¡ como lÃ­mite mÃ¡ximo la menor de las dos cuantÃ­as siguientes:
El 10 por ciento del importe conjunto de las operaciones a que se refiere este nÃºmero 1.Âº realizadas en el periodo impositivo.
Medidas para favorecer la protecciÃ³n de los ciudadanos
ArtÃ­culo 15. Inembargabilidad de ingresos mÃ­nimos familiares.
En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crÃ©dito garantizado, en la ejecuciÃ³n forzosa posterior basada en el mismo tÃ­tulo ejecutivo, la cantidad inembargable establecida en el artÃ­culo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementarÃ¡ en un 10 por ciento y ademÃ¡s en otro 20 por ciento del salario mÃ­nimo interprofesional por cada miembro del nÃºcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario ni pensiÃ³n. A estos efectos, se entiende por nÃºcleo familiar, el cÃ³nyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado.
Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mÃ­nimo interprofesional y, en su caso, a las cuantÃ­as que resulten de aplicar la regla para la protecciÃ³n del nÃºcleo familiar prevista en el apartado anterior, se embargarÃ¡n conforme a la escala prevista en el artÃ­culo 607.2 de la misma ley.
ArtÃ­culo 16. AplicaciÃ³n del tipo superreducido del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido a los servicios de dependencia que se presten mediante plazas concertadas o mediante precios derivados de concursos administrativos.
Uno. Se modifica el nÃºmero 9.Âº del apartado uno.2 del artÃ­culo 91, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«9.Âº Las prestaciones de servicios a que se refiere el nÃºmero 8Âº del apartado uno del artÃ­culo 20 de esta ley cuando no estÃ©n exentas de acuerdo con dicho precepto ni les resulte de aplicaciÃ³n el tipo impositivo establecido en el nÃºmero 3Âº del apartado dos.2 de este artÃ­culo.Â»
Dos. Se modifica el apartado dos.2 del artÃ­culo 91, que queda redactado de la siguiente forma:
Â«2. Las prestaciones de servicios siguientes:
1.Âº Los servicios de reparaciÃ³n de los vehÃ­culos y de las sillas de ruedas comprendidos en el pÃ¡rrafo primero del nÃºmero 4.Âº del apartado dos.1 de este artÃ­culo y los servicios de adaptaciÃ³n de los autotaxis y autoturismos para personas con minusvalÃ­as y de los vehÃ­culos a motor a los que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del mismo precepto, independientemente de quiÃ©n sea el conductor de los mismos.
2.Âº Los arrendamientos con opciÃ³n de compra de edificios o partes de los mismos destinados exclusivamente a viviendas calificadas administrativamente como de protecciÃ³n oficial de rÃ©gimen especial o de promociÃ³n pÃºblica, incluidas las plazas de garaje, con un mÃ¡ximo de dos unidades, y anexos en ellos situados que se arrienden conjuntamente.
3.Âº Los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de dÃ­a y de noche y atenciÃ³n residencial, a que se refieren las letras b), c), d) y e) del apartado 1 del artÃ­culo 15 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de PromociÃ³n de la AutonomÃ­a Personal y AtenciÃ³n a las personas en situaciÃ³n de dependencia, que no resulten exentos por aplicaciÃ³n del nÃºmero 8Âº del apartado uno del artÃ­culo 20 de esta ley, siempre que se presten en plazas concertadas en centros o residencias o mediante precios derivados de un concurso administrativo adjudicado a las empresas prestadoras en aplicaciÃ³n de lo dispuesto en dicha ley.Â»
ArtÃ­culo 17. ExenciÃ³n en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas de las cantidades satisfechas por las empresas para el transporte colectivo de sus trabajadores.
Con efectos desde 1 de enero de 2010, se aÃ±ade una letra h) al apartado 2 del artÃ­culo 42, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y de modificaciÃ³n parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, que queda redactada de la siguiente forma:
Â«h) Las cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el servicio pÃºblico de transporte colectivo de viajeros con la finalidad de favorecer el desplazamiento de los empleados entre su lugar de residencia y el centro de trabajo, con el lÃ­mite de 1.500 euros anuales para cada trabajador. TambiÃ©n tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de cantidades satisfechas a las entidades encargadas de prestar el citado servicio pÃºblico, las fÃ³rmulas indirectas de pago que cumplan las condiciones que se establezcan reglamentariamente.Â»
ArtÃ­culo 18. Requisitos para determinadas emisiones dirigidas al pÃºblico en general.
Uno. Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo final en el apartado 1 del artÃ­culo 30 bis, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Cuando se trate de colocaciÃ³n de emisiones contempladas en las letras b), c), d) y e) de este apartado, dirigidas al pÃºblico en general empleando cualquier forma de comunicaciÃ³n publicitaria, deberÃ¡ intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversiÃ³n a efectos de la comercializaciÃ³n de los valores emitidos.Â»
Dos. Se aÃ±ade una nueva letra ll) bis al artÃ­culo 99, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ll bis) La colocaciÃ³n de emisiones a las que se refiere el artÃ­culo 30 bis.1 de esta ley sin cumplir el requisito de intervenciÃ³n de entidad autorizada previsto en dicho precepto, sin atenerse a las condiciones bÃ¡sicas publicitadas, omitiendo datos relevantes o incluyendo inexactitudes, falsedades o datos que induzcan a engaÃ±o en la citada actividad publicitaria, cuando, en todos estos supuestos, no se considere infracciÃ³n muy grave de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 99.n bis).Â»
Medidas relativas a los sectores energÃ©ticos
ArtÃ­culo 19. Empresas de servicios energÃ©ticos.
1. Se entiende por empresa de servicios energÃ©ticos a los efectos de este real decreto-ley aquella persona fÃ­sica o jurÃ­dica que pueda proporcionar servicios energÃ©ticos, en la forma definida en el pÃ¡rrafo siguiente, en las instalaciones o locales de un usuario y afronte cierto grado de riesgo econÃ³mico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtenciÃ³n de ahorros de energÃ­a por introducciÃ³n de mejoras de la eficiencia energÃ©tica y en el cumplimiento de los demÃ¡s requisitos de rendimiento convenidos.
2. El servicio energÃ©tico prestado por la empresa de servicios energÃ©ticos consistirÃ¡ en un conjunto de prestaciones incluyendo la realizaciÃ³n de inversiones inmateriales, de obras o de suministros necesarios para optimizar la calidad y la reducciÃ³n de los costes energÃ©ticos. Esta actuaciÃ³n podrÃ¡ comprender ademÃ¡s de la construcciÃ³n, instalaciÃ³n o transformaciÃ³n de obras, equipos y sistemas, su mantenimiento, actualizaciÃ³n o renovaciÃ³n, su explotaciÃ³n o su gestiÃ³n derivados de la incorporaciÃ³n de tecnologÃ­as eficientes. El servicio energÃ©tico asÃ­ definido deberÃ¡ prestarse basÃ¡ndose en un contrato que deberÃ¡ llevar asociado un ahorro de energÃ­a verificable, medible o estimable.
3. El Gobierno, en el plazo de 6 meses, aprobarÃ¡ un plan especÃ­fico de impulso de las empresas de servicios energÃ©ticos contemplando de forma particular un programa concreto para las Administraciones PÃºblicas.
4. Para facilitar el conocimiento de las empresas de servicios energÃ©ticos, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a travÃ©s del Instituto para la DiversificaciÃ³n y Ahorro de la EnergÃ­a, aprobarÃ¡ un Programa de Acuerdos Voluntarios con empresas de servicios energÃ©ticos, que permita la elaboraciÃ³n y publicaciÃ³n en la sede electrÃ³nica del Instituto, de una relaciÃ³n de empresas habilitadas, incluyendo la informaciÃ³n de contacto y sobre los servicios prestados que voluntariamente faciliten las empresas.
ArtÃ­culo 20. Especialidades en la contrataciÃ³n de empresas de servicios energÃ©ticos en el sector pÃºblico.
1. Durante los dos aÃ±os siguientes a la entrada en vigor del presente real decreto-ley se aplicarÃ¡n las siguientes normas procedimentales a la contrataciÃ³n necesaria para la ejecuciÃ³n del programa de prestaciÃ³n de servicios energÃ©ticos en el sector pÃºblico descrita en el apartado 3 del artÃ­culo anterior, independientemente de la forma de contrataciÃ³n utilizada:
a) Esta contrataciÃ³n tendrÃ¡ la consideraciÃ³n de urgente a los efectos previstos en el artÃ­culo 96 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector PÃºblico.
b) La adjudicaciÃ³n provisional de los correspondientes contratos deberÃ¡ efectuarse en el plazo mÃ¡ximo de 20 dÃ­as naturales, contados desde el dÃ­a siguiente a aquel en que finalice el plazo de presentaciÃ³n de proposiciones o de ofertas finales, en el caso del contrato de colaboraciÃ³n entre el sector pÃºblico y el sector privado.
c) El plazo para elevar a definitiva la adjudicaciÃ³n provisional a que hace referencia el primer inciso del pÃ¡rrafo tercero del artÃ­culo 135.4 de la Ley de Contratos del Sector PÃºblico serÃ¡ de 10 dÃ­as hÃ¡biles.
d) En el procedimiento de contrataciÃ³n por parte de los Ã³rganos de la AdministraciÃ³n General del Estado o sus organismos pÃºblicos vinculados o dependientes, la comunicaciÃ³n con Ã©stos se realizarÃ¡ utilizando sÃ³lo medios electrÃ³nicos conforme al artÃ­culo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
2. En el caso de que se opte por el contrato de colaboraciÃ³n entre el sector pÃºblico y el sector privado, ademÃ¡s se aplicarÃ¡n las siguientes normas:
a) El desarrollo del diÃ¡logo con los licitadores no excederÃ¡ de 45 dÃ­as.
b) El plazo para la presentaciÃ³n de las ofertas finales serÃ¡ de 15 dÃ­as desde la fecha en que reciban la invitaciÃ³n a que presenten la misma los participantes en el diÃ¡logo.
ArtÃ­culo 21. Cobertura financiera de eventuales desfases temporales por desajustes en las liquidaciones de las actividades reguladas en el sector elÃ©ctrico.
Se modifica la disposiciÃ³n adicional vigÃ©sima primera de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico, que queda redactada en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima primera. Suficiencia de los peajes de acceso y desajustes de ingresos de las actividades reguladas del sector elÃ©ctrico.
1. A partir del 1 de enero de 2013, los peajes de acceso serÃ¡n suficientes para satisfacer la totalidad de los costes de las actividades reguladas sin que pueda aparecer dÃ©ficit ex ante. La eventual apariciÃ³n de desviaciones transitorias por desajustes en los costes o ingresos reales respecto a los que sirvieron de base para la fijaciÃ³n de los peajes de acceso en cada perÃ­odo, darÃ¡ lugar a que las tarifas de acceso del perÃ­odo siguiente al de la apariciÃ³n de dicho desajuste temporal se modifiquen en la cuantÃ­a necesaria para su ajuste.
Cuando por la apariciÃ³n de desajustes temporales, el fondo acumulado en la cuenta especÃ­fica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en rÃ©gimen de depÃ³sito arrojara un saldo negativo, Ã©ste serÃ¡ liquidado por la ComisiÃ³n Nacional de EnergÃ­a en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:
â€Iberdrola, S. A.â€: 35,01 por ciento.
â€HidroelÃ©ctrica del CantÃ¡brico, S. A.â€: 6,08 por ciento.
â€Endesa, S. A.â€: 44,16 por ciento.
â€EON EspaÃ±a, S.L.â€: 1,00 por ciento.
â€GAS Natural S.D.G, S.A.â€: 13,75 por ciento.
Estos porcentajes de reparto asÃ­ como la lista de empresas obligadas podrÃ¡n ser modificados por real decreto, cuando se produzcan desinversiones significativas que afecten a las empresas en la actividad de distribuciÃ³n, cuando se produzcan cambios estructurales sustanciales en la actividad de generaciÃ³n que asÃ­ lo justifiquen o como consecuencia de inversiones o desinversiones significativas en activos de generaciÃ³n.
Las empresas tendrÃ¡n derecho a recuperar las aportaciones por este concepto en las 14 liquidaciones correspondientes al periodo en que se modifiquen las tarifas de acceso para el reconocimiento de dicho desajuste temporal. Las cantidades aportadas por este concepto serÃ¡n devueltas reconociÃ©ndose un tipo de interÃ©s en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijarÃ¡ en la orden por la que se aprueban los peajes.
2. Hasta el 1 de enero de 2013, las disposiciones por las que se aprueben los peajes de acceso reconocerÃ¡n de forma expresa los dÃ©ficit de ingresos que, en su caso, se estime que puedan producirse en las liquidaciones de las actividades reguladas en el sector elÃ©ctrico.
Asimismo, se entenderÃ¡ que se producen desajustes temporales, si como resultado de las liquidaciones de las actividades reguladas en cada perÃ­odo, resultara un dÃ©ficit de ingresos superior al previsto en la disposiciÃ³n por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes. Dicho desajuste temporal se reconocerÃ¡ de forma expresa en las disposiciones de aprobaciÃ³n de los peajes de acceso del perÃ­odo siguiente.
Estos porcentajes de reparto podrÃ¡n ser modificados por real decreto, cuando se produzcan desinversiones significativas que afecten a las empresas en la actividad de distribuciÃ³n, cuando se produzcan cambios estructurales sustanciales en la actividad de generaciÃ³n que asÃ­ lo justifiquen o como consecuencia de inversiones o desinversiones significativas en activos de generaciÃ³n.
3. Si el importe del desajuste temporal definido en los apartados 1 y 2 no fuera conocido en el momento de la aprobaciÃ³n de la disposiciÃ³n por la que se aprueban los peajes de acceso del periodo siguiente, en dicha disposiciÃ³n se reconocerÃ¡ de forma expresa, incluyendo los intereses que pudieran devengar, los importes que, en su caso, se estimen vayan a ser financiados.
Se habilita a la DirecciÃ³n General de PolÃ­tica EnergÃ©tica y Minas para modificar dichos importes por los realmente financiados por cada una de las empresas, cuando se disponga de la informaciÃ³n de la liquidaciÃ³n 14 del ejercicio correspondiente.
La diferencia entre los importes reconocidos con la informaciÃ³n de la liquidaciÃ³n 14 y los resultantes de la liquidaciÃ³n definitiva del correspondiente ejercicio, tendrÃ¡n la consideraciÃ³n de coste o ingreso liquidable del sistema del ejercicio en que se produzca.
4. No obstante, para los aÃ±os 2009, 2010, 2011 y 2012, el dÃ©ficit de ingresos previsto en la disposiciÃ³n por la que se aprobaron los peajes de acceso correspondientes no serÃ¡ superior a 3.500 millones de euros, 3.000 millones de euros, 2.000 millones de euros y 1.000 millones de euros respectivamente.
5. Los dÃ©ficit del sistema de liquidaciones elÃ©ctrico generarÃ¡n derechos de cobro consistentes en el derecho a percibir un importe de la facturaciÃ³n mensual por peajes de acceso de los aÃ±os sucesivos hasta su satisfacciÃ³n. Las cantidades aportadas por este concepto serÃ¡n devueltas reconociÃ©ndose un tipo de interÃ©s en condiciones equivalentes a las del mercado que se fijarÃ¡ en la orden por la que se aprueban los peajes.
Los pagos que realice la ComisiÃ³n Nacional de EnergÃ­a necesarios para satisfacer los derechos de cobro tendrÃ¡n consideraciÃ³n de costes permanentes del sistema y se recaudarÃ¡n a travÃ©s de los peajes de acceso hasta su satisfacciÃ³n total.
Para la financiaciÃ³n de dichos dÃ©ficits, los derechos de cobro correspondientes se podrÃ¡n ceder a un fondo de titulizaciÃ³n que se constituirÃ¡ a estos efectos y se denominarÃ¡ Fondo de TitulizaciÃ³n del DÃ©ficit del Sistema ElÃ©ctrico, segÃºn lo contemplado en la disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislaciÃ³n espaÃ±ola en materia de entidades de crÃ©dito a la Segunda Directiva de CoordinaciÃ³n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, siendo de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14 mayo, por el que se regulan los fondos de titulizaciÃ³n de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulizaciÃ³n. La constituciÃ³n del Fondo de TitulizaciÃ³n del DÃ©ficit del Sistema ElÃ©ctrico requerirÃ¡ el informe previo favorable del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda.
El activo del fondo de titulizaciÃ³n estarÃ¡ constituido por:
a. Derechos de cobro generados y no cedidos a terceros por los titulares iniciales del derecho hasta 10.000 millones de euros a fecha de 31 de diciembre de 2008. El precio de cesiÃ³n de dichos derechos y las condiciones de cesiÃ³n de los mismos se determinarÃ¡ por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de EconomÃ­a y Hacienda.
b. Los derechos de cobro a que dÃ© lugar la financiaciÃ³n de los dÃ©ficits generados desde el 1 de enero de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2012, cuyas caracterÃ­sticas, asÃ­ como precio y condiciones de cesiÃ³n, se establecerÃ¡n por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de EconomÃ­a y Hacienda.
6. El pasivo del fondo de titulizaciÃ³n estarÃ¡ constituido por los instrumentos financieros que se emitan a travÃ©s de un procedimiento competitivo que se regularÃ¡ por real decreto, a propuesta conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de EconomÃ­a y Hacienda.
7. La sociedad gestora del fondo de titulizaciÃ³n serÃ¡ designada por la ComisiÃ³n, que a estos efectos se cree, dependiente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que la presidirÃ¡. Dicha ComisiÃ³n estarÃ¡ compuesta por representantes del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda. En atenciÃ³n a la naturaleza de la funciÃ³n asignada a la ComisiÃ³n, esta podrÃ¡ contar con el asesoramiento tÃ©cnico de la ComisiÃ³n Nacional de EnergÃ­a y de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores por las especiales condiciones de experiencia y conocimientos que concurren en tales organismos.
La designaciÃ³n, por la ComisiÃ³n, de la sociedad gestora deberÃ¡ realizarse de acuerdo a los principios de objetividad, transparencia y publicidad, y entre sociedades gestoras que cuenten con profesionales de reconocida y probada experiencia en la materia.
En su organizaciÃ³n y funcionamiento, la ComisiÃ³n se regirÃ¡ por lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de RÃ©gimen JurÃ­dico de las Administraciones PÃºblicas y del Procedimiento Administrativo ComÃºn, y reglamentariamente se establecerÃ¡ su composiciÃ³n en cuanto a nÃºmero de miembros y rango jerÃ¡rquico.
La extinciÃ³n de esta ComisiÃ³n se producirÃ¡ automÃ¡ticamente una vez alcanzado el fin para el que fue creada.
8. Asimismo, para cubrir eventuales desfases de tesorerÃ­a entre ingresos y pagos del fondo de titulizaciÃ³n, por acuerdo de la ComisiÃ³n Delegada del Gobierno para Asuntos EconÃ³micos, se podrÃ¡ constituir una lÃ­nea de crÃ©dito en condiciones de mercado.
9. Al amparo de lo establecido en el artÃ­culo 114 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se autoriza a la AdministraciÃ³n General de Estado, hasta el 31 de diciembre de 2013, a otorgar avales en garantÃ­a de las obligaciones econÃ³micas exigibles al Fondo de TitulizaciÃ³n del DÃ©ficit del Sistema ElÃ©ctrico, derivadas de las emisiones de instrumentos financieros que realice dicho Fondo con cargo a los derechos de cobro que constituyan el activo del mismo:
Los importes mÃ¡ximos para el otorgamiento de los avales a que se refiere el apartado serÃ¡n los que determinen las correspondientes leyes de Presupuestos Generales del Estado.
El otorgamiento de los avales deberÃ¡ ser acordado por la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y solo podrÃ¡ efectuarse una vez constituido el fondo.
De producirse la ejecuciÃ³n del aval frente a la AdministraciÃ³n General del Estado, Ã©sta se subrogarÃ¡, respecto de los importes ejecutados por cualquier concepto, en todos los derechos y acciones que tuvieran reconocidos los acreedores frente al Fondo de TitulizaciÃ³n del DÃ©ficit del Sistema ElÃ©ctrico.
En el caso de ejecuciÃ³n de los avales a que se refiere este apartado, se autoriza a la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera para que pueda efectuar los pagos correspondientes a la ejecuciÃ³n de los avales mediante operaciones de tesorerÃ­a con cargo al concepto especÃ­fico que se fije a tal fin. Con posterioridad a la realizaciÃ³n de dichos pagos, la DirecciÃ³n General del Tesoro y PolÃ­tica Financiera procederÃ¡ a la aplicaciÃ³n definitiva al presupuesto de gastos de los pagos realizados en el ejercicio, salvo los efectuados en el mes de diciembre, que se aplicarÃ¡n al presupuesto de gastos en el primer trimestre del aÃ±o siguiente.Â»
ArtÃ­culo 22. Mecanismo transitorio de financiaciÃ³n del dÃ©ficit en las actividades reguladas en el sector elÃ©ctrico hasta la titulizaciÃ³n
Se modifica la redacciÃ³n de la disposiciÃ³n transitoria primera del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energÃ©tico y se aprueba el bono social, que queda redactada como sigue:
Â«DisposiciÃ³n transitoria primera. Mecanismo transitorio de financiaciÃ³n del dÃ©ficit.
Hasta que el Fondo de TitulizaciÃ³n previsto en el artÃ­culo 1 del presente real decreto-ley no haya realizado las emisiones y desembolsado el precio de los derechos de cobro cedidos serÃ¡ de aplicaciÃ³n lo dispuesto en el artÃ­culo 24 del Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contrataciÃ³n pÃºblica.
En concreto, a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, cuando el fondo acumulado en la cuenta especÃ­fica a que se refiere el Real Decreto 2017/1997, de 26 de diciembre, abierta en rÃ©gimen de depÃ³sito tenga saldo negativo serÃ¡ liquidado por la ComisiÃ³n Nacional de EnergÃ­a en las liquidaciones mensuales aplicando los siguientes porcentajes de reparto:
â€Iberdrola S. A.â€: 35,01 por ciento.
â€Endesa S. A.â€: 44,16 por ciento.
â€E.ON EspaÃ±a, S. L.â€: 1,00 por ciento.
â€GAS Natural S.D.G, S. A.â€: 13,75 por ciento.
Las empresas tendrÃ¡n derecho a recuperar las aportaciones por este concepto, reconociÃ©ndoseles un tipo de interÃ©s en condiciones equivalentes a las del mercado, que empezarÃ¡ a devengarse a partir del uno de enero del aÃ±o siguiente, y que deberÃ¡ ser considerado de forma expresa en las disposiciones de aprobaciÃ³n de los peajes de acceso del periodo siguiente, con inclusiÃ³n del importe correspondiente como coste permanente del Sistema.Â»
ArtÃ­culo 23. HabilitaciÃ³n legal del gestor de cargas.
Se modifica la redacciÃ³n de los artÃ­culos 1, 9, 11 y 14 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico, que quedan redactados como sigue:
1. La presente ley regula las actividades destinadas al suministro de energÃ­a elÃ©ctrica, consistentes en su generaciÃ³n, transporte, distribuciÃ³n, servicios de recarga energÃ©tica, comercializaciÃ³n e intercambios intracomunitarios e internacionales, asÃ­ como la gestiÃ³n econÃ³mica y tÃ©cnica del sistema elÃ©ctrico.
2. La regulaciÃ³n de dichas actividades tiene por finalidad:
La adecuaciÃ³n del suministro de energÃ­a elÃ©ctrica a las necesidades de los consumidores, y
La racionalizaciÃ³n, eficiencia y optimizaciÃ³n de aquellas, atendiendo a los principios de monopolio natural del transporte y la distribuciÃ³n, red Ãºnica y de realizaciÃ³n al menor coste.
3. Las actividades destinadas al suministro de energÃ­a elÃ©ctrica se ejercerÃ¡n de forma coordinada bajo los principios de objetividad, transparencia y libre competencia.Â»
Â«ArtÃ­culo 9. Sujetos.
Las actividades destinadas al suministro de energÃ­a elÃ©ctrica a que se refiere el artÃ­culo 1.1 de la presente ley serÃ¡n desarrolladas por los siguientes sujetos:
a) Los productores de energÃ­a elÃ©ctrica, que son aquellas personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que tienen la funciÃ³n de generar energÃ­a elÃ©ctrica, ya sea para su consumo propio o para terceros, asÃ­ como las de construir, operar y mantener las centrales de producciÃ³n.
b) El operador del mercado, sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el artÃ­culo 33 de la presente ley.
c) El operador del sistema, sociedad mercantil que tiene las funciones que le atribuye el artÃ­culo 34 de la presente ley.
d) El transportista, que es aquella sociedad mercantil que tiene la funciÃ³n de transportar energÃ­a elÃ©ctrica, asÃ­ como construir, mantener y maniobrar las instalaciones de transporte.
e) Los distribuidores, que son aquellas sociedades mercantiles que tienen la funciÃ³n de distribuir energÃ­a elÃ©ctrica, asÃ­ como construir, mantener y operar las instalaciones de distribuciÃ³n destinadas a situar la energÃ­a en los puntos de consumo.
f) Los comercializadores, que son aquellas sociedades mercantiles que, accediendo a las redes de transporte o distribuciÃ³n, adquieren energÃ­a para su venta a los consumidores, a otros sujetos del sistema o para realizar operaciones de intercambio internacional en los tÃ©rminos establecidos en la presente ley.
El Gobierno, previa consulta a las comunidades autÃ³nomas, determinarÃ¡ los comercializadores que asumirÃ¡n la obligaciÃ³n de suministro de Ãºltimo recurso.
g) Los consumidores que son las personas fÃ­sicas o jurÃ­dicas que compran la energÃ­a para su propio consumo.
Aquellos consumidores que adquieran energÃ­a directamente en el mercado de producciÃ³n se denominarÃ¡n Consumidores Directos en Mercado.
h) Los gestores de cargas del sistema, que son aquellas sociedades mercantiles que, siendo consumidores, estÃ¡n habilitados para la reventa de energÃ­a elÃ©ctrica para servicios de recarga energÃ©tica, asÃ­ como para el almacenamiento de energÃ­a elÃ©ctrica para una mejor gestiÃ³n del Sistema ElÃ©ctrico.Â»
Â«ArtÃ­culo 11. Funcionamiento del sistema.
1. La producciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica se desarrolla en un rÃ©gimen de libre competencia en el mercado de producciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica.
El mercado de producciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica es el integrado por el conjunto de transacciones comerciales de compra y venta de energÃ­a y de otros servicios relacionados con el suministro de energÃ­a elÃ©ctrica.
El mercado de producciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica se estructura en mercados a plazo, mercado diario, mercado intradiario, la resoluciÃ³n de restricciones tÃ©cnicas del sistema, los servicios complementarios, la gestiÃ³n de desvÃ­os y mercados no organizados. Los sujetos definidos en el artÃ­culo 9 que actÃºen en el mercado de producciÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior podrÃ¡n pactar libremente los tÃ©rminos de los contratos de compraventa de energÃ­a elÃ©ctrica que suscriban, respetando las modalidades y contenidos mÃ­nimos previstos en la presente ley y en sus reglamentos de desarrollo.
2. La operaciÃ³n del sistema, el transporte y la distribuciÃ³n tienen carÃ¡cter de actividades reguladas, cuyo rÃ©gimen econÃ³mico y de funcionamiento se ajustarÃ¡ a lo previsto en la presente ley.
Se garantiza el acceso de terceros a las redes de transporte y distribuciÃ³n en las condiciones tÃ©cnicas y econÃ³micas establecidas en esta ley.
3. Sin perjuicio de lo establecido para el suministro de Ãºltimo recurso, la comercializaciÃ³n y los servicios de recarga energÃ©tica se ejercerÃ¡n libremente en los tÃ©rminos previstos en la presente ley y su rÃ©gimen econÃ³mico vendrÃ¡ determinado por las condiciones que se pacten entre las partes.
4. Salvo pacto en contrario, la transmisiÃ³n de la propiedad de la energÃ­a elÃ©ctrica se entenderÃ¡ producida en el momento en que la misma tenga entrada en las instalaciones del comprador.
En el caso de los comercializadores y de los gestores de cargas, la transmisiÃ³n de la propiedad de la energÃ­a elÃ©ctrica se entenderÃ¡ producida, salvo pacto en contrario, cuando la misma tenga entrada en las instalaciones de su cliente. El Gobierno podrÃ¡ determinar el funcionamiento del mercado diario e intradiario en base a ofertas de unidades de producciÃ³n ya sean fÃ­sicas o en cartera.Â»
Â«ArtÃ­culo 14. SeparaciÃ³n de actividades.
1. Las sociedades mercantiles que desarrollen alguna o algunas de las actividades reguladas a que se refiere el apartado 2 del artÃ­culo 11 deben tener como objeto social exclusivo el desarrollo de las mismas sin que puedan, por tanto, realizar actividades de producciÃ³n, de comercializaciÃ³n o de servicios de recarga energÃ©tica, ni tomar participaciones en empresas que realicen estas actividades.
2. No obstante, un grupo de sociedades podrÃ¡ desarrollar actividades incompatibles de acuerdo con la ley, siempre que sean ejercitadas por sociedades diferentes, y se cumplan los siguientes criterios de independencia:
a. Las personas responsables de la gestiÃ³n de sociedades que realicen actividades reguladas no podrÃ¡n participar en estructuras organizativas del grupo empresarial que sean responsables, directa o indirectamente, de la gestiÃ³n cotidiana de actividades de generaciÃ³n, comercializaciÃ³n o de servicios de recarga energÃ©tica.
b. Los grupos de sociedades garantizarÃ¡n la independencia de las personas responsables de la gestiÃ³n de sociedades que realicen actividades reguladas mediante la protecciÃ³n de sus intereses profesionales. En particular establecerÃ¡n garantÃ­as en lo que concierne a su retribuciÃ³n y su cese.
Las sociedades que realicen actividades reguladas y las personas responsables de su gestiÃ³n que se determine no podrÃ¡n poseer acciones de sociedades que realicen actividades de producciÃ³n, comercializaciÃ³n o de servicios de recarga energÃ©tica.
AdemÃ¡s, las sociedades que realicen actividades reguladas, asÃ­ como sus trabajadores, no podrÃ¡n compartir informaciÃ³n comercialmente sensible con las empresas del grupo de sociedades al que pertenezcan, en el caso de que Ã©stas realicen actividades liberalizadas.
c. Las sociedades que realicen actividades reguladas tendrÃ¡n capacidad de decisiÃ³n efectiva, independiente del grupo de sociedades, con respecto a activos necesarios para explotar, mantener, o desarrollar la red de transporte o distribuciÃ³n de energÃ­a elÃ©ctrica.
No obstante, el grupo de sociedades tendrÃ¡ derecho a la supervisiÃ³n econÃ³mica y de la gestiÃ³n de las referidas sociedades, y podrÃ¡n someter a aprobaciÃ³n el plan financiero anual, o instrumento equivalente, asÃ­ como establecer lÃ­mites globales a su nivel de endeudamiento.
En ningÃºn caso podrÃ¡ el grupo empresarial dar instrucciones a las sociedades que realicen actividades reguladas respecto de la gestiÃ³n cotidiana, ni respecto de decisiones particulares referentes a la construcciÃ³n o mejora de activos de transporte o distribuciÃ³n, siempre que no se sobrepase lo establecido en el plan financiero anual o instrumento equivalente.
d. Las sociedades que realicen actividades reguladas establecerÃ¡n un cÃ³digo de conducta en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a, b y c anteriores.
Dicho cÃ³digo de conducta establecerÃ¡ obligaciones especÃ­ficas de los empleados, y su cumplimiento serÃ¡ objeto de la adecuada supervisiÃ³n y evaluaciÃ³n por la sociedad.
Anualmente, se presentarÃ¡ un informe al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la ComisiÃ³n Nacional de EnergÃ­a, que serÃ¡ publicado, indicando las medidas adoptadas para lograr el cumplimiento de lo estipulado en los apartados a, b y c anteriores.
3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1, cualquier adquisiciÃ³n de participaciones accionariales por parte de aquellas sociedades mercantiles que desarrollen actividades reguladas exigirÃ¡ la obtenciÃ³n de la autorizaciÃ³n previa a que se refiere la funciÃ³n decimocuarta del apartado 1 del punto tercero de la disposiciÃ³n adicional undÃ©cima de la Ley 34/1998, de 7 octubre, del Sector de Hidrocarburos.
4. El conjunto de obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del presente artÃ­culo no serÃ¡n aplicables a las empresas distribuidoras con menos de 100.000 clientes conectados a sus redes a quienes les hubiera sido de aplicaciÃ³n la disposiciÃ³n transitoria undÃ©cima de la presente ley.Â»
ArtÃ­culo 24. Servicios de recarga energÃ©tica.
1. El servicio de recarga energÃ©tica tendrÃ¡ como funciÃ³n principal la entrega de energÃ­a a travÃ©s de servicios de carga de vehÃ­culos que utilicen motores elÃ©ctricos o baterÃ­as de almacenamiento en unas condiciones que permitan la carga conveniente y a coste mÃ­nimo para el propio usuario y para el sistema elÃ©ctrico, mediante la futura integraciÃ³n con los sistemas de recarga tecnolÃ³gicos que se desarrollen, que faciliten la integraciÃ³n de la generaciÃ³n en rÃ©gimen especial.
2. Los servicios de recarga energÃ©tica serÃ¡n prestados por las correspondientes empresas que deberÃ¡n presentar, previamente al inicio de su actividad, una declaraciÃ³n responsable sobre el cumplimiento de los requisitos que se determinen reglamentariamente.
3. Los gestores de cargas del sistema tendrÃ¡n las obligaciones y los derechos regulados en el tÃ­tulo VIII de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico, que les sean de aplicaciÃ³n en relaciÃ³n con la reventa de energÃ­a elÃ©ctrica y para su almacenamiento, en la forma en que reglamentariamente se establezca para una mejor gestiÃ³n del sistema, conforme al artÃ­culo 9 letra h) de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico.
4. La AdministraciÃ³n adoptarÃ¡ programas especÃ­ficos para impulsar la eficiencia en la demanda de electricidad para vehÃ­culos elÃ©ctricos, con el objetivo de promover el ahorro y la eficiencia energÃ©tica y optimizar el uso del sistema elÃ©ctrico, en virtud de lo previsto en el artÃ­culo 46.2 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector ElÃ©ctrico.
ArtÃ­culo 25. RÃ©gimen jurÃ­dico de los sistemas institucionales de protecciÃ³n a efectos de su consideraciÃ³n como grupos consolidables de entidades de crÃ©dito.
Se aÃ±ade una nueva letra d) al apartado 3 del artÃ­culo 8 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de InversiÃ³n, Recursos Propios y Obligaciones de InformaciÃ³n de los Intermediarios Financieros, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«d) Que a travÃ©s de un acuerdo contractual varias entidades de crÃ©dito integren un sistema institucional de protecciÃ³n que cumpla con los siguientes requisitos:
i) Que exista una entidad central que determine con carÃ¡cter vinculante sus polÃ­ticas y estrategias de negocio, asÃ­ como los niveles y medidas de control interno y de gestiÃ³n de riesgos. Esta entidad central serÃ¡ la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del sistema institucional de protecciÃ³n.
ii) Que la citada entidad central sea una de las entidades de crÃ©dito integrantes del sistema institucional de protecciÃ³n u otra entidad de crÃ©dito participada por todas ellas y que formarÃ¡ asimismo parte del sistema.
iii) Que el acuerdo contractual que constituye el sistema institucional de protecciÃ³n contenga un compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del sistema, que alcance como mÃ­nimo el 40 por ciento de los recursos propios computables de cada una de ellas, en lo que se refiere al apoyo de solvencia. El compromiso de apoyo mutuo incluirÃ¡ las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a travÃ©s de fondos inmediatamente disponibles.
iv) Que las entidades integrantes del sistema institucional de protecciÃ³n pongan en comÃºn una parte significativa de sus resultados, que suponga al menos el 40 por ciento de los mismos y que deberÃ¡ ser distribuida de manera proporcional a la participaciÃ³n de cada una de ellas en el sistema.
v) Que el acuerdo contractual establezca que las entidades deberÃ¡n permanecer en el sistema un periodo mÃ­nimo de 10 aÃ±os, debiendo preavisar con, al menos, dos aÃ±os de antelaciÃ³n su deseo de abandonar el mismo transcurrido aquel perÃ­odo. Adicionalmente, el acuerdo deberÃ¡ incluir un rÃ©gimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y estabilidad de las entidades en el sistema institucional de protecciÃ³n.
vi) Que, a juicio del Banco de EspaÃ±a, se cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de las entidades financieras para asignar una ponderaciÃ³n de riesgo del 0 por ciento a las exposiciones que tengan entre sÃ­ los integrantes del sistema institucional de protecciÃ³n.
CorresponderÃ¡ al Banco de EspaÃ±a la comprobaciÃ³n de los requisitos anteriores a los efectos de lo previsto en este artÃ­culo.
Cuando la entidad de crÃ©dito que tenga la consideraciÃ³n de entidad central dentro de un sistema institucional de protecciÃ³n sea de naturaleza distinta al resto de las entidades integradas en el mismo y se encuentre participada por todas ellas, se adherirÃ¡ al Fondo de GarantÃ­a de DepÃ³sitos al que pertenezcan estas Ãºltimas.
Las entidades de crÃ©dito que se vayan a integrar en un sistema institucional de protecciÃ³n podrÃ¡n instar al Banco de EspaÃ±a que solicite informe a la DirecciÃ³n General de Tributos del Ministerio de EconomÃ­a y Hacienda, en el Ã¡mbito de interpretaciÃ³n de la normativa tributaria estatal, sobre las consecuencias tributarias de la integraciÃ³n, con el objetivo de asegurar la neutralidad fiscal de la operaciÃ³n.
El informe se emitirÃ¡ en el plazo mÃ¡ximo de un mes sobre la base de la concurrencia de los requisitos ya comprobados por el Banco de EspaÃ±a y tendrÃ¡ efectos vinculantes para los Ã³rganos y entidades de la AdministraciÃ³n tributaria encargados de la aplicaciÃ³n de los tributos.Â»
ArtÃ­culo 26. ReducciÃ³n de plazos y otros trÃ¡mites en caso de actuaciÃ³n del fondo de reestructuraciÃ³n ordenada bancaria.
El Real Decreto-ley 9/2009, de 26 de junio, sobre reestructuraciÃ³n bancaria y reforzamiento de los recursos propios de las entidades de crÃ©dito queda modificado en los siguientes tÃ©rminos:
Uno. El pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 6 queda redactado en la siguiente forma:
Â«SimultÃ¡neamente, la entidad en cuestiÃ³n presentarÃ¡ un plan de actuaciÃ³n en el que se concreten las acciones previstas para superar esa situaciÃ³n, que deberÃ¡n ir encaminadas a asegurar la viabilidad de la entidad, bien reforzando su patrimonio y solvencia, bien facilitando su fusiÃ³n o absorciÃ³n por otra de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial de su negocio o de unidades del mismo a otras entidades de crÃ©dito. El plan deberÃ¡ detallar, asimismo, el plazo previsto para su ejecuciÃ³n, que no podrÃ¡ exceder de 3 meses, salvo autorizaciÃ³n expresa del Banco de EspaÃ±a.Â»
Dos. El apartado 2 del artÃ­culo 6 queda redactado en la siguiente forma:
Â«2. Cuando el Banco de EspaÃ±a, a la vista del deterioro de los activos de una entidad de crÃ©dito, grupo o subgrupo consolidable de entidades de crÃ©dito, de sus recursos propios computables, de su capacidad para generar resultados recurrentes o de la confianza externa en su solvencia, concluya que aquella presenta debilidades en su situaciÃ³n econÃ³mico-financiera que, en funciÃ³n del desenvolvimiento de las condiciones de los mercados, pudieran poner en peligro su viabilidad y determinen la conveniencia de que acometa un proceso de reestructuraciÃ³n sin que la entidad en cuestiÃ³n haya presentado el plan previsto en el apartado anterior, se lo comunicarÃ¡ a la misma, exigiÃ©ndole que en el plazo de 10 dÃ­as naturales presente el plan allÃ­ exigido.Â»
Tres. El artÃ­culo 7 queda redactado en la siguiente forma:
Â«ArtÃ­culo 7. Procesos de reestructuraciÃ³n con intervenciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria.
1. ProcederÃ¡ la reestructuraciÃ³n ordenada de una entidad de crÃ©dito con intervenciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, si, persistiendo la situaciÃ³n descrita en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo anterior, se diera alguno de los siguientes supuestos:
a) en el plazo a que se refieren los apartados 1 y 2 del artÃ­culo anterior la entidad en cuestiÃ³n no presentara el plan allÃ­ exigido o hubiera manifestado al Banco de EspaÃ±a la imposibilidad de encontrar una soluciÃ³n viable para su situaciÃ³n;
b) el plan presentado no fuera viable, a juicio del Banco de EspaÃ±a, para superar la situaciÃ³n de dificultad enfrentada por la entidad o, no se aceptasen por Ã©sta las modificaciones o medidas adicionales incluidas por el Banco de EspaÃ±a o, estuviese condicionado a la intervenciÃ³n de un Fondo de GarantÃ­a de DepÃ³sitos en unos tÃ©rminos que dicho Fondo no hubiera aceptado;
c) se incumplieran de forma grave por una entidad de crÃ©dito el plazo de ejecuciÃ³n o las medidas concretas contempladas en un plan de los referidos en los apartados 1 y 2 del artÃ­culo anterior aprobado previamente por el Banco de EspaÃ±a de modo que se ponga en peligro la consecuciÃ³n de sus objetivos; o,
d) se incumplieran de forma grave por una entidad de crÃ©dito alguna de las medidas concretas contempladas en un plan de los referidos en el artÃ­culo 75 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de las entidades financieras, aprobado previamente por el Banco de EspaÃ±a de modo que se ponga en peligro la consecuciÃ³n de sus objetivos.
ProcederÃ¡ asimismo la reestructuraciÃ³n ordenada de una entidad de crÃ©dito con intervenciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria cuando encontrÃ¡ndose la entidad de crÃ©dito en la situaciÃ³n descrita en el apartado 2 del artÃ­culo anterior aparezcan circunstancias sobrevenidas que, a juicio motivado del Banco de EspaÃ±a, hagan que no sea previsible encontrar una soluciÃ³n viable para su situaciÃ³n sin el apoyo del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria.
La reestructuraciÃ³n ordenada de una entidad de crÃ©dito con intervenciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria se llevarÃ¡ a cabo de acuerdo con las reglas previstas en los apartados siguientes.
2. En los supuestos previstos en el apartado precedente, el Banco de EspaÃ±a acordarÃ¡ la sustituciÃ³n provisional de los Ã³rganos de administraciÃ³n o direcciÃ³n de la entidad afectada asÃ­ como cualesquiera otras medidas cautelares que estime oportuno al amparo de lo establecido en la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e IntervenciÃ³n de las Entidades de CrÃ©dito y demÃ¡s normas que resulten de aplicaciÃ³n. Estas medidas se mantendrÃ¡n hasta tanto se lleven a cabo las medidas en que se concrete el plan de reestructuraciÃ³n a que se refiere el apartado 3 siguiente. A la medida cautelar de sustituciÃ³n provisional de los Ã³rganos de administraciÃ³n o direcciÃ³n le resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n el rÃ©gimen previsto en el tÃ­tulo III de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e IntervenciÃ³n de las Entidades de CrÃ©dito, con las siguientes especialidades:
a) El Banco de EspaÃ±a designarÃ¡ como administrador provisional al Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria que, a su vez, nombrarÃ¡ a la persona o personas fÃ­sicas que, en su nombre, ejercerÃ¡n las funciones y facultades propias de esa condiciÃ³n.
b) En el plazo de un mes desde su designaciÃ³n, el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria elaborarÃ¡ un informe detallado sobre la situaciÃ³n patrimonial y la viabilidad de la entidad y someterÃ¡ a la aprobaciÃ³n del Banco de EspaÃ±a un plan de reestructuraciÃ³n de la entidad que permita la superaciÃ³n de la situaciÃ³n de dificultad en que se encuentre mediante su fusiÃ³n con otra u otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso parcial o total de su negocio a otra u otras entidades a travÃ©s de la cesiÃ³n global o parcial de sus activos y pasivos mediante procedimientos que aseguren la competencia, como, entre otros, el sistema de subasta. A peticiÃ³n razonada del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, el Banco de EspaÃ±a podrÃ¡ ampliar el citado plazo hasta un mÃ¡ximo de 6 meses. SimultÃ¡neamente, el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria elevarÃ¡ a la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda una memoria econÃ³mica en la que se detalle el impacto financiero del plan de reestructuraciÃ³n presentado sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡, motivadamente, oponerse en el plazo de 5 dÃ­as hÃ¡biles desde que le sea elevada dicha memoria.
Desde el momento de su designaciÃ³n como administrador provisional de una entidad de crÃ©dito y en tanto se elabora el plan de reestructuraciÃ³n al que se refiere la letra b anterior, el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria podrÃ¡, temporalmente, suministrar los apoyos financieros que se precisen de acuerdo con el principio de la utilizaciÃ³n mÃ¡s eficiente de los recursos pÃºblicos.
3. El plan de reestructuraciÃ³n detallarÃ¡ las medidas de apoyo en que se concretarÃ¡, en su caso, la intervenciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria y que podrÃ¡n ser, entre otras, las siguientes:
a) medidas de apoyo financiero, que podrÃ¡n consistir, entre otras, en concesiÃ³n de garantÃ­as, prÃ©stamos en condiciones favorables, financiaciones subordinadas, adquisiciÃ³n de cualquier tipo de activos que figuren en el balance de la entidad, suscripciÃ³n o adquisiciÃ³n de cualesquiera valores representativos de recursos propios y cualesquiera otros apoyos financieros tendentes a facilitar procesos de fusiÃ³n o absorciÃ³n con otras entidades de reconocida solvencia o el traspaso total o parcial del negocio a otra entidad asÃ­ como la adopciÃ³n por los Ã³rganos correspondientes de la entidad afectada de los acuerdos necesarios a tal fin; y
b) medidas de gestiÃ³n que mejoren la organizaciÃ³n y los sistemas de procedimiento y control interno de la entidad.
4. El Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria estarÃ¡ facultado, asimismo, para ceder total o parcialmente los depÃ³sitos en cuenta corriente o a plazo constituidos en una entidad administrada por el mismo a otra u otras entidades de crÃ©dito, satisfaciendo a Ã©stas su importe y subrogÃ¡ndose legalmente en la posiciÃ³n de sus titulares frente a la entidad cedente, sin que sea preciso el consentimiento de estos Ãºltimos.
Asimismo, el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, previo informe de la ComisiÃ³n Nacional del Mercado de Valores, podrÃ¡ disponer de forma inmediata el traslado de los valores depositados en la entidad administrada por el mismo por cuenta de sus clientes a otra entidad habilitada para desarrollar esta actividad, incluso si tales activos se encuentran depositados en terceras entidades a nombre de la entidad que presta el servicio de depÃ³sito.
La entidad cedente facilitarÃ¡ el acceso de la entidad de crÃ©dito a la que vayan a cederse los depÃ³sitos o la custodia de los valores a la documentaciÃ³n y registros contables e informÃ¡ticos necesarios para hacer efectiva la cesiÃ³n.
5. Cuando las medidas anteriormente citadas contemplen la adquisiciÃ³n de activos por parte del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, Ã©ste podrÃ¡ mantener su gestiÃ³n o encomendarla a un tercero. En caso de decidir su enajenaciÃ³n, la misma deberÃ¡ realizarse a travÃ©s de procedimientos que aseguren la competencia.
6. Las inversiones que realice el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria en ejecuciÃ³n de un plan de reestructuraciÃ³n no estarÃ¡n sujetas a las limitaciones u obligaciones legales no aplicables en el caso de ayudas a cargo de los Fondos de GarantÃ­a de DepÃ³sitos en Entidades de CrÃ©dito, incluidas, en todo caso, las siguientes:
b) las limitaciones a la tenencia de cuotas participativas previstas en el apartado 7 del artÃ­culo 7 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de InversiÃ³n, Recursos Propios y Obligaciones de InformaciÃ³n de los Intermediarios Financieros;
c) las limitaciones a la adquisiciÃ³n de aportaciones al capital social de cooperativas de crÃ©dito por parte de personas jurÃ­dicas;
e) la obligaciÃ³n de presentar Oferta PÃºblica de AdquisiciÃ³n con arreglo a la normativa sobre mercados de valores.
7. La adquisiciÃ³n de acciones o cuotas participativas por el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria requerirÃ¡ que se acuerde la supresiÃ³n del derecho de suscripciÃ³n preferente de los accionistas o cuotapartÃ­cipes existentes en el momento de la adopciÃ³n del acuerdo de ampliaciÃ³n de capital o de emisiÃ³n de cuotas.
8. Cuando el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria adquiera cuotas participativas de una Caja de Ahorros, gozarÃ¡ de un derecho de representaciÃ³n en la Asamblea General igual al porcentaje que aquellas supongan sobre el patrimonio neto de la caja emisora. El citado derecho excepcional de representaciÃ³n se mantendrÃ¡ exclusivamente mientras el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria mantenga la titularidad de los citados valores, no siendo transmisible a posteriores adquirentes de los mismos.
La representaciÃ³n del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria de acuerdo con lo previsto en este apartado no computarÃ¡ a los efectos del cÃ¡lculo de los lÃ­mites a la representaciÃ³n de las Administraciones pÃºblicas y entidades y corporaciones de derecho pÃºblico, previstos en la correspondiente normativa aplicable.
Para las emisiones de cuotas participativas que realice una Caja de Ahorros que vayan a ser suscritas Ã­ntegramente por el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria, los informes a que se refiere el Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de ahorros, serÃ¡n sustituidos por un informe del propio Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria y no serÃ¡ obligatoria su cotizaciÃ³n en un mercado secundario organizado en tanto sean propiedad del Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria.
Las cuotas participativas suscritas por el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria al amparo de lo dispuesto en este precepto serÃ¡n computables como recursos propios bÃ¡sicos.
9. Cuando el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria suscriba o adquiera aportaciones al capital social de una cooperativa de crÃ©dito, su derecho de voto en la Asamblea de la misma serÃ¡ proporcional al importe de dichas aportaciones respecto al capital social de la cooperativa.Â»
Cuatro. El apartado 2 del artÃ­culo 9 queda redactado de la siguiente forma:
Â«2. Con carÃ¡cter previo a la efectiva adquisiciÃ³n de estos tÃ­tulos, el Fondo de ReestructuraciÃ³n Ordenada Bancaria elevarÃ¡ a la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda una memoria econÃ³mica en la que se detalle el impacto financiero de esa adquisiciÃ³n sobre los fondos aportados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La Ministra de EconomÃ­a y Hacienda podrÃ¡ oponerse, motivadamente, en el plazo de 5 dÃ­as hÃ¡biles desde que le sea elevada dicha memoria.Â»
Cinco. La letra d) del apartado 3 del artÃ­culo 9 queda redactada de la siguiente forma:
Â«d) Las participaciones preferentes emitidas al amparo de lo dispuesto en este precepto serÃ¡n computables como recursos propios bÃ¡sicos, sin que para ello sea obligatorio que coticen en un mercado secundario organizado. A estos efectos, no les serÃ¡n de aplicaciÃ³n las limitaciones que la ley establece para la computabilidad de los recursos propios.Â»
ArtÃ­culo 27. ConsideraciÃ³n de los fondos de titulizaciÃ³n como titulares registrales.
Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo al apartado 2 de la disposiciÃ³n adicional quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la LegislaciÃ³n espaÃ±ola en materia de Entidades de CrÃ©dito a la Segunda Directiva de CoordinaciÃ³n Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al Sistema Financiero, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Los Fondos de TitulizaciÃ³n Hipotecaria y Fondos de TitulizaciÃ³n de Activos podrÃ¡n ser titulares de cualesquiera otras cantidades, inmuebles, bienes, valores o derechos que sean percibidos en pago de principal, intereses o gastos de las participaciones hipotecarias, certificados de transmisiÃ³n de hipoteca, activos financieros u otros derechos de crÃ©dito que se hubieren agrupado en su activo, por resoluciÃ³n de cualquier procedimiento judicial o extrajudicial iniciado para el cobro de tales derechos de crÃ©dito; en particular y sin Ã¡nimo limitativo, por producto del remate de procedimientos de ejecuciÃ³n de garantÃ­as hipotecarias o no hipotecarias, por la enajenaciÃ³n o explotaciÃ³n de los inmuebles o bienes o valores adjudicados o dados en pago o, como consecuencia de las citadas ejecuciones, en administraciÃ³n y posesiÃ³n interina de los inmuebles, bienes o valores en proceso de ejecuciÃ³n. La inscripciÃ³n de los bienes inmuebles pertenecientes a los Fondos de TitulizaciÃ³n en el Registro de la Propiedad y de cualesquiera otros bienes en los registros que correspondan, se podrÃ¡ efectuar a nombre de los mismos.Â»
DisposiciÃ³n adicional Ãºnica. AdaptaciÃ³n de las obligaciones de documentaciÃ³n de las operaciones vinculadas a la jurisprudencia comunitaria y al derecho comparado.
Sin perjuicio de las modificaciones introducidas en el artÃ­culo 16 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, a la vista de la jurisprudencia comunitaria y del derecho comparado, el Gobierno, en los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este real decreto-ley, tramitarÃ¡ la modificaciÃ³n de la normativa tributaria que regula las obligaciones de documentaciÃ³n de las operaciones entre personas o entidades vinculadas, para reducir las cargas formales a cumplir por las empresas, atendiendo fundamentalmente a los siguientes factores: que se trate de operaciones internas (no internacionales), que intervengan pequeÃ±as y medianas empresas, que su importe no sea muy significativo y que no intervengan paraÃ­sos fiscales.
DisposiciÃ³n transitoria primera. ModificaciÃ³n de la base imponible del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido y del Impuesto General Indirecto Canario por empresarios o profesionales cuyo volumen de operaciones no haya excedido de 6.010.121,04 euros durante el aÃ±o natural inmediato anterior en supuesto de impago por el destinatario.
Los sujetos pasivos titulares del derecho de crÃ©dito cuya base imponible se pretende reducir cuyo volumen de operaciones, calculado conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, o 51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, no hubiese excedido durante el aÃ±o natural inmediato anterior de 6.010.121,04 euros, que sean titulares de crÃ©ditos total o parcialmente incobrables correspondientes a cuotas repercutidas por la realizaciÃ³n de operaciones gravadas para los cuales, a la entrada en vigor de este real decreto-ley, hayan transcurrido mÃ¡s de seis meses pero menos de un aÃ±o y tres meses desde el devengo del Impuesto, podrÃ¡n proceder a la reducciÃ³n de la base imponible en el plazo de los tres meses siguientes a dicha entrada en vigor, siempre que concurran todos los requisitos a que se refiere el artÃ­culo 80.cuatro de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, con exclusiÃ³n del referido en la condiciÃ³n 1.Âª de dicho precepto, y el artÃ­culo 22.Âº 7 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias, con exclusiÃ³n del referido en la condiciÃ³n 1.Âª de dicho precepto.
No podrÃ¡n acogerse a lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior los sujetos pasivos que puedan reducir la base imponible conforme a lo dispuesto en el artÃ­culo 80.tres de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y en el artÃ­culo 22.Âº 6 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. ReducciÃ³n en el IVA de los mÃ³dulos aplicables a las actividades de renovaciÃ³n y reparaciÃ³n de viviendas particulares.
Antes del 1 de mayo de 2010, deberÃ¡ publicarse en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ» la modificaciÃ³n de la Orden EHA/99/2010, de 28 de enero, por la que se desarrollan para el aÃ±o 2010 el mÃ©todo de estimaciÃ³n objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas y el rÃ©gimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, con el objeto de reflejar en el importe de los signos, Ã­ndices o mÃ³dulos la reducciÃ³n del tipo impositivo establecida por este real decreto-ley a los empresarios o profesionales que desarrollan actividades relacionadas con la renovaciÃ³n y reparaciÃ³n de viviendas particulares.
DisposiciÃ³n transitoria tercera. RÃ©gimen transitorio derivado de la nueva redacciÃ³n dada a los artÃ­culos 20.uno.22.Âº de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor AÃ±adido, y 10Âº.1.22) de la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificaciÃ³n de los aspectos fiscales del RÃ©gimen EconÃ³mico Fiscal de Canarias.
Uno. La nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 20.uno.22.Âº de la Ley 37/1992, consecuencia de este real decreto-ley, se aplicarÃ¡ de acuerdo con los siguientes criterios:
1.Âº El concepto de rehabilitaciÃ³n, tal y como queda delimitado por la parte B) del artÃ­culo 20.uno.22.Âº de la Ley 37/1992, serÃ¡ aplicable a las entregas de edificaciones o partes de las mismas que pasen a tener la condiciÃ³n de primeras entregas y se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 75.uno.1.Âº de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha.
2.Âº La aplicaciÃ³n del tipo impositivo reducido que establece el artÃ­culo 91.uno.3.1.Âº de la Ley 37/1992 a las ejecuciones de obra que pasen a tener la condiciÃ³n de obras de rehabilitaciÃ³n, no teniÃ©ndola con anterioridad, serÃ¡ procedente en la medida en que el Impuesto correspondiente a dichas obras se devengue, conforme a los criterios establecidos en el artÃ­culo 75.uno de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, aun cuando se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha. Los sujetos pasivos deberÃ¡n rectificar las cuotas repercutidas correspondientes a los pagos anticipados cuyo cobro se hubiera percibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, aun cuando hubieran transcurrido mÃ¡s de cuatro aÃ±os desde que tuvo lugar dicho cobro.
3.Âº Los empresarios o profesionales que realicen las entregas a que se refiere el ordinal 1.Âº podrÃ¡n deducir Ã­ntegramente las cuotas soportadas o satisfechas por los bienes y servicios utilizados directamente en su rehabilitaciÃ³n. A tales efectos, el derecho a la deducciÃ³n de dichas cuotas nacerÃ¡ el dÃ­a de entrada en vigor de este real decreto-ley. En caso de que las citadas cuotas se hubieran deducido con anterioridad, aunque sea parcialmente, los empresarios o profesionales deberÃ¡n regularizar las deducciones practicadas en la declaraciÃ³n-liquidaciÃ³n correspondiente al Ãºltimo periodo de liquidaciÃ³n de 2010.
Dos. La nueva redacciÃ³n del artÃ­culo 10Âº.1.22) de la Ley 20/1991, consecuencia de este real decreto-ley, se aplicarÃ¡ de acuerdo con los siguientes criterios:
1.Âº El concepto de rehabilitaciÃ³n, tal y como queda delimitado por el artÃ­culo 10.Âº 1.22) de la Ley 20/1991, serÃ¡ aplicable a las entregas de edificaciones o partes de las mismas que pasen a tener la condiciÃ³n de primeras entregas y se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artÃ­culo 18.Âº 1.a) de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha.
2.Âº La aplicaciÃ³n del tipo impositivo cero que establece el artÃ­culo 27.Âº 1.1.Âº f) de la Ley 20/1991 a las ejecuciones de obra que pasen a tener la condiciÃ³n de obras de rehabilitaciÃ³n, no teniÃ©ndola con anterioridad, serÃ¡ procedente en la medida en que el impuesto correspondiente a dichas obras se devengue, conforme a los criterios establecidos en el artÃ­culo 18.Âº 1.a) y b) de la misma ley, a partir de la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley con independencia de que se hayan recibido pagos anticipados, totales o parciales, con anterioridad a dicha fecha. Los sujetos pasivos deberÃ¡n rectificar las cuotas repercutidas correspondientes a los pagos anticipados cuyo cobro se hubiera percibido con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, aun cuando hubieran transcurrido mÃ¡s de cuatro aÃ±os desde que tuvo lugar dicho cobro.
Los artÃ­culos del presente real decreto-ley que no constituyen disposiciones modificativas de otras vigentes, se dictan al amparo de los siguientes preceptos de la ConstituciÃ³n:
a) El artÃ­culo 11, en virtud del apartado 20.Âº del artÃ­culo 149.1 de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de aeropuertos y transporte aÃ©reo.
b) El artÃ­culo 12, en virtud del apartado 13.Âº del artÃ­culo 149.1 de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinaciÃ³n de la planificaciÃ³n general de la actividad econÃ³mica.
c) El artÃ­culo 15, en virtud de los apartados 6.Âº y 8.Âº del artÃ­culo 149.1 de la ConstituciÃ³n, que atribuyen al Estado competencia exclusiva en materia de legislaciÃ³n procesal y legislaciÃ³n civil.
d) Los artÃ­culos 19 y 24, en virtud del apartado 25.Âº del artÃ­culo 149.1 de la ConstituciÃ³n, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases del rÃ©gimen energÃ©tico y minero.
Se habilita al Gobierno, asÃ­ como a la Ministra de EconomÃ­a y Hacienda y a los Ministros de Justicia, Fomento e Industria, Turismo y Comercio, en el Ã¡mbito de sus competencias, para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuciÃ³n de lo establecido en este real decreto-ley.

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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