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Timestamp: 2018-11-21 11:39:03+00:00

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Carlos Rosenkrantz brindo un par de reportajes donde entre otras cosas afirmó que "el país en algún sentido perdió la fe en el Poder Judicial" y consideró que "es injusto imputarle toda la responsabilidad" a los tribunales "por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes" que existen. "No puede haber un país donde los ciudadanos dudan de la imparcialidad de sus jueces. Y si hay un desafío, es recuperar la credibilidad y legitimidad del Poder Judicial para resolver los conflictos entre los argentinos". Señalo que la causa por los cuadernos sobre la carterización de la obra pública "puede representar un antes y un después" ante esta mirada social sobre los jueces. Respecto de la prisión preventiva entiende el supremo que "debe basarse en un razonable pronóstico acerca de la probabilidad de que el acusado pueda obstaculizar el proceso o fugarse". Además el presidente de la Corte consideró que la ley del arrepentido es una buena herramienta procesal al considerar que "sin esa figura se vuelve demasiado difícil romper la solidaridad que está en la base de cualquier organización criminal". Rosenkrantz resaltó que "la sociedad argentina se convenció de que los jueces buscan proteger un privilegio" al estar exentos de Ganancia, cuando, en su opinión, el sistema prevé que los magistrados paguen este impuesto, pero "sin que su sueldo de bolsillo se vea reducido" para el juez "El tema del impuesto a las ganancias no es la consagración de un privilegio". Y ante ello el jurista se interroga "La pregunta es cuál es el juez que usted quiere; cuál es el salario referente para determinar cuánto tiene que ganar; cuál es el mercado de referencia que tienen esos jueces, que es el mercado de la abogacía". Para el presidente de la Corte la mala imagen de la Justicia es, "en parte, producto de deficiencias, de problemas comunicacionales" y agrego que "El país en algún sentido perdió fe en el derecho y en el Poder Judicial. En las encuestas la reputación del Poder Judicial, cuando se la compara con la de otros países, es baja". A ese respecto afirmó que, cuando se pregunta a los que litigan en el sistema, la imagen "sube notablemente", al tiempo que opinó que "es injusto imputarle" a los tribunales "toda la responsabilidad por la corrupción que depende, centralmente, de las leyes que tenemos"."Es verdad que la impunidad deslegitima el sistema penal. Pero para adjudicar responsabilidades debemos esperar sentencias definitivas. No deberían existir ni la impunidad ni la condena mediática"
–¿Por qué decidieron cortarle el mandato como presidente a Ricardo Lorenzetti? –Esa fue una segunda decisión. La primera fue la elección de autoridades. Cuando resultó elegido Rosenkrantz, se discutió si era conveniente que iniciara antes la transición. Todos estuvimos de acuerdo en que empezara antes el mandato. Como se venía fin de año, pensamos en la importancia de utilizar el tiempo que quedaba. Para algunas cuestiones era relevante que quien asumiera tuviera tres años de mandato por delante. Por ejemplo, pensamos en el diálogo con el Congreso por el presupuesto, para el Poder Judicial. Rosenkrantz ejerce la función de representación hacia afuera. –¿Por qué un grupo de ustedes decidió no ir al almuerzo convocado por el Gobierno? –Fue la decisión que se tomó en un acuerdo, dos semanas atrás. Se decidió que la Corte estaba representada por el presidente y la vice. –¿Les parecía bien sentarse a comer con el Gobierno? –Nos pareció que ante una invitación formal estaba bien que la Corte estuviera representada por el presidente y vice. Analizamos antecedentes. Había gente que se acordaba de otras invitaciones hace muchos años. Lo que nunca hubo fue una invitación a los cinco integrantes, o a toda la Corte, salvo en el inicio de las sesiones ordinarias, o en el acto de Afonsín hace poco, pero era un acto abierto. En este caso era una invitación que llegó del Ministerio de Justicia y decía que iba a estar el ministro, el Presidente y creo que el jefe de Gabinete. –¿Hay una “mayoría peronista” en la Corte? –No. Por un lado está la elección de autoridades que es una decisión que se toma cada tres años, cuyo resultado responde a la valoración que cada uno haga de la situación. Esa decisión terminó cuatro votos a uno. En mi caso sabía que había dos postulantes porque ambos me lo dijeron, y ambos sabían en el momento del acuerdo que conversamos el tema, por quién yo me iba inclinar. Los votos de los fallos tienen otra lógica. Uno falla en un caso previsional, laboral, penal, según la ley. Eso no puede cambiar cada vez que cambia el Presidente. Uno no puede decir “ahora la prisión preventiva la entiendo diferente porque cambió el Presidente”. Yo no he cambiado el sentido de mis votos. Yendo a la “mayoría peronista”, todos tenemos un pasado. Yo estoy orgulloso del mío y de mi pertenencia, que cesó al ingresar a la Corte, porque uno se tiene que desafiliar. Todos tenemos una forma de pensar y algunos adherimos a algo. Algunos más explícitamente que otros. En mi caso, he tenido cargos públicos políticos siempre dentro de la democracia y siempre dentro del mismo partido. Cuando se analizó mi pliego y tuve la audiencia pública en el Senado, en las exposiciones finales de los presidentes de bloque, donde recuerdo la de Angel Rozas y Miguel Pichetto, ellos tuvieron palabras elogiosas respecto al pasado político de un candidato a la Corte, asumiendo que esto implicaba un compromiso. El Senado, que me dio el acuerdo con 60 votos, entendió esto como un valor. –¿Existe una “politización” del Poder Judicial en sus decisiones? –Hay un fenómeno bastante global que es que frente a cierta defección de los poderes representativos para resolver determinados problemas hay una judicialización creciente y un traslado de responsabilidad hacia los poderes judiciales. Se judicializan temas que antes eran considerados políticos no judiciables. Se proyecta este tema hacia un tribunal de justicia, y después se está pendiente. Y si dice blanco o negro, resulta que está politizado. Me parece que la línea entre lo político judiciable y no judiciable se está corriendo y no sólo pasa en Argentina. Es una cara del problema. Luego están las llamadas injerencias de los poderes ejecutivos sobre los judiciales. Ahí soy un poco más escéptico. Los jueces tenemos herramientas suficientes para resistir todo tipo de presión. Si uno considera que está siendo presionado debe denunciarlo y si no debe renunciar a su cargo. Lo que no corresponde es cobrar el sueldo a fin de mes y no sacar una sentencia o sacarla varios años después, y decir ‘no lo hice porque estaba presionado’. Nosotros tenemos estabilidad, tenemos un sueldo decoroso, tenemos las herramientas suficientes, la constitución y la ley que nos ampara. –Pero no hace falta que se presione en forma directa a un juez... ¿No ve el uso político de expedientes? –Es algo que estuvo siempre y que hay que erradicar. No se puede explicar que con la misma prueba un juez saque una conclusión diez años después que la que tenía diez años antes. Para eso está en Consejo de la Magistratura. –¿Hoy hay sectores políticos que alegan que la justicia se usa para perseguirlos y que esto se instrumenta, por ejemplo, con el abuso de la prisión preventiva? –Esto va a llegar a la Corte y veremos cada expediente. –¿Por qué tiene tan mala imagen el Poder Judicial? –Porque es lento. Para la percepción general, falta una ejemplaridad moral. Lo ve no modernizado en la tecnología. Ahora es más visible porque se mide. Me preocupa. Pero hay muchas herramientas para combatirlo. Por ejemplo, en materia penal, el juicio acusatorio. Debe ser implementado porque va a acelerar y democratizar el proceso. Yo soy defensor del juicio por jurados. Lo defendí como ministro de Justicia. Es una forma de administrar ciudadanía y generar un compromiso. La transparencia es otro factor. La exhibición de las declaraciones juradas de bienes, el patrimonio. –La Corte no da el ejemplo. El único que la exhibe es usted... –Se exhiben, lo que hay es una demanda para que sean más detalladas. Cada uno interpreta si corresponde sólo a pedido de un tribunal. Yo he tenido una interpretación más amplia. Es algo que hay que cambiar. –¿Es confiable la ciudadanía resolviendo un caso? –Por supuesto que sí. Lo digo en base a varios factores. Primero, hay que cumplir con la Constitución. Estamos en el marco de decisiones sobre si una persona es culpable o inocente. Hay terrícolas como los ingleses, nortaemaricanos, panameños, que lo aplican. Hay argentinos como los bonaerenes y rionegrinos que también. Yo no comprendo que el pueblo no esté preparado. Si los constitucionales de 1853, con el nivel de analfabetismo que había en esa época, entendían que el pueblo podía juzgar, como no voy a creer ahora que el pueblo pueda juzgar. Dicen que van a estar influenciados por la opinión pública ¿y quién dice que el juez no lo está? El juez sale de la sociedad. El jurado también. Sería una herramienta muy importante. De auténtica democratización. Por Irina Hause Página 12
Durante el 16 al 19 de octubre se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador de Jujuy, el Encuentro Federal organizado por la Coordinación de Diseño Curricular y Articulación con las jurisdicciones, de la Subsecretaria de Formación y Carrera del Personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, conjuntamente con el Ministerio de Seguridad y el Instituto de Seguridad Pública del Gobierno de la Provincia de Jujuy, donde tuvo destacada participación el Dr. Alberto Pravia, el ex fiscal y camarista federal. El encuentro sirvió para presentar el Manual de Marco Legal para Agentes de Policía y se procedió a capacitar a docentes e instructores de los Institutos de Formación Policial de todas las jurisdicciones provinciales del país. El objetivo perseguido es que el agente de policía comprenda que el trabajo policial va de la mano del trabajo de los operadores jurídicos. La presentación del Manual y del curso se realizó por parte de la Mg. Alejandra Adorno a cargo de la Coordinación de Diseño Curricular y dell Ministro de Seguridad provincial Dr. Ekel Meyer, junto a la Rectora del Instituto de Seguridad Pública de Jujuy Lic. Carolina Calvo. A cargo de la elaboración del contenido teórico del Manual de Marco legal y de la capacitación subsecuente a los docentes e instructores de policía de las escuelas de Policía de todo el país convocado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, se encontró el Dr. Alberto Pravia, especialista en la materia y autor de varios libros sobre las Fuerzas de Seguridad y el Procedimiento Penal. A ese respecto Pravia se manifestó “agradecido por el reconocimiento al trabajo desplegado en estos últimos veinte años capacitando a las fuerzas policiales de todo el país, máxime cuando vengo postulando desde hace años la idea de la conceptualización de un nuevo derecho humano, el de la seguridad ciudadana que tiene todo ciudadano en orden al pleno y total goce de todos los derechos humanos que le corresponden, la vida, la integridad física, el patrimonio etc” Para finalizar nos señaló el Dr. Pravia que “los planes de estudio policiales se olvidan de darle contenido práctico a la currícula, no toman en cuenta que están trabajando sobre futuros policías no sobre abogados, y no utilizan una nueva forma de enseñanza, la práctica profesional debe girar por toda la enseñanza teórica con aplicación práctica sin que haya compartimientos estancos, en ese sentido necesitamos docentes que conozcan no solo de la teoría sino de la práctica y que conjuguen ambas en beneficio del futuro policía, y por ende en beneficio de la comunidad que lo espera para prevenir y asegurar el orden y la tranquilidad públicas”.
En el fuero federal de Seguridad Social se presento un amparo con medida cautelar en contra de la resolución del ANSES 131/2018 que obligaba a las mutuales a un reempadronamiento donde se establecía un acotado tiempo de solo sesenta días corridos. El fallo de primera instancia resulto favorable a lo peticionado por el amparista, establece que PluralCoop no puede verse limitada en un tiempo tan perentorio de reempadronamiento por aplicación de los artículos 53 y 46 de dicho resolutorio, por lo que se otorga una medida cautelar sin límite temporal de aplicación entendiendo que el universo etario que compone la masa societaria son personas de la tercera edad a los que no puede exigersele una concurrencia personal tan limitada en el tiempo a las oficinas del ANSES o recurrir al acceso por vía web por las complejidades que les acarrea dicha situación.
“Las reglas son las que hacen posible la existencia misma de una comunidad. Constituyen la comunidad. No hay verdadera comunidad sin reglas”, enfatizó hoy el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Carlos Rosenkrantz, durante la apertura del J20, acto en el que participó el Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri. Frente a los restantes ministros del Máximo Tribunal, Presidentes, Ministros y Jueces de Cortes Internacionales, Superiores Tribunales y Tribunales Constitucionales de distintos países, el Presidente de la Corte dijo que si bien las condiciones económicas y sociales son necesarias para generar un desarrollo equitativo y sustentable, una condición crucial es la “existencia de reglas”. “Sin reglas no hay desarrollo equitativo y sustentable posible, por la sencilla razón de que solo las reglas pueden estructurar la cooperación. Sin reglas es imposible, por un lado, generar los incentivos para que las interacciones de los miembros de una sociedad sean cooperativas y, por el otro, diseñar los mecanismos necesarios para distribuir los beneficios de la cooperación”, señaló. En este punto, Rosenkrantz remarcó que “las reglas nos limitan, pero al mismo tiempo nos protegen. En tanto nos protegen, las reglas permiten no solo la cooperación, sino que también hacen posible nuestra libertad. Sin reglas no solo no hay cooperación, sino que tampoco hay libertad”. Por su parte, el Presidente Macri enfatizó sobre la importancia de la generación de consensos para la construcción de una comunidad equilibrada y sustentable. “Ustedes son protagonistas y tienen un rol a desempeñar”, dijo, y ahondó en el respeto a la ley, la transparencia y la lucha contra la corrupción. El discurso, el primero que da Rosenkrantz desde la asunción de la Presidencia de la Corte el 1° de octubre, fue ante un auditorio compuesto por magistrados de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, China, Corea, España, Francia, India, Indonesia, Italia, Jamaica, México, Países Bajos, Reino Unido, Rusia, Rwanda, Senegal, Singapur, Sudáfrica y Turquía, tribunales de Naciones Unidas, África, Europa, el Caribe e Interamericano, jueces federales y nacionales. El eje de este primer encuentro del J20 giró alrededor de la misma pregunta que se postuló a lo largo de todas las reuniones que se celebraron este año en el contexto del G20: cómo se construye un consenso para el desarrollo equitativo y sustentable y, en particular, cuál es el rol de los jueces en ello. Anoche, la Dra. Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte Suprema, dio las palabras de bienvenida en el marco de una cena en el Patio de Honor, en tanto en la mañana de hoy enfatizó su rol como juez mujer y saludó a todas las presentes. Por su parte, en su discurso el Presidente se refirió a la imparcialidad y a la independencia del Poder Judicial, no solo de otros poderes, sino también de las convicciones de los propios jueces, y habló de la complejidad de la tarea que deben desarrollar. “La independencia del Poder Judicial y la imparcialidad de los jueces no se satisfacen meramente con la independencia de otros poderes. Ser un juez independiente e imparcial exige mucho más, pues nos exige la independencia más difícil de honrar. Nos exige la independencia de nuestras propias convicciones ideológicas y políticas”, apuntó. “La posibilidad de que las reglas existan en una comunidad (no como grafismos escritos en el papel sino como categóricos hábitos de conducta) requiere de la existencia de jueces. Requiere una institución, que ante las dudas, aclare qué es lo que exigen las reglas y, ante el incumplimiento de las normas, las aplique, las imponga y las ejecute. Esa institución es el Poder Judicial. Son los tribunales y las cortes que lo integran”, agregó y remarcó: “Nosotros debemos ser los custodios de estas reglas. Los jueces somos irreemplazables para cimentar la cooperación en el marco de nuestras comunidades”. En nuestras democracias “hay una tendencia creciente a la judicialización de absolutamente todos los asuntos”, los jueces estamos “sometidos a la crítica de los que creen que no tenemos legitimidad y los que nos piden que resolvamos gran parte de los asuntos de interés, tarea para la que se requiere la legitimidad que muchos dicen que no tenemos”. En esa línea, y antes de cerrar su discurso, Rosenkrantz señaló que “las sociedades que logran un mayor grado de desarrollo equitativo y sustentable son las sociedades cuyos jueces son más independientes e imparciales”. Agenda Luego de los discursos, los magistrados se encaminaron al CCK donde sesionarán hasta mañana en una serie de paneles y talleres. El Dr. Horacio Rosatti moderará el primer panel sobre “Derechos y justicia”, que contará con la participación de João Otavio de Noronha (Brasil); Roger Bilodeau (Canadá); Yves Gounin (Francia); Daria de Pretis (Italia); Jorge Mario Pardo Rebolledo (México); Larisa Karasavchikova (Rusia); Mehmet Kürtül (Turquía), Sylvain Ore (Tribunal Africano de Derechos Humanos) y Ricardo Pérez Manrique (Corte Interamericana de Derechos Humanos). Luego, el Dr. Ricardo Lorenzetti lo hará con el segundo panel, sobre “Desarrollo sustentable”, en el que participarán Laurent Fabius (Francia), Pascal Chauvin (Francia), Sharad Arvind Bobde (India), Mamadou Badio Camara (Senegal), Saïdu Nourou Tall (Senegal) y Alejandro Álvarez (Unidad de Estado de Derecho, Oficina Ejecutiva del Secretario General, Naciones Unidas). Por su parte, el Dr. Juan Carlos Maqueda abrirá el primer panel de la segunda jornada, sobre “Fortalecimiento del estado de derecho”. Allí participarán Ulrich Hermann (Alemania), Sibylle Kessal-Wulf (Alemania), Giovanni Mammone (Italia), Mandisa Muriel Lindelwa Maya (Sudáfrica), Zühtü Arslan (Turquía), Lord Justice Gross (Reino Unido), José Antonio Gutiérrez-Fons (Corte de Justicia de la Unión Europea) y Iván Aróstica (Chile). La Dra. Elena Highton de Nolasco moderará el de “Reforma judicial”. Participarán allí Liu Hehua (China), Kwon Soon.-il (Corea), Pyotr Serkov (Rusia), Jeffrey Minear (Estados Unidos), Haroldo Osvaldo Brito Cruz (Chile), Theo Groeneveld (Países Bajos), Steven Chong (Singapur), Jesús Gullón Rodríguez (España) y Adrian Saunders (Corte de Justicia del Caribe). El último panel, “Democracia global y mercados globales”, será moderado por el Dr. Rosenkrantz, con la participación de Cármen Lúcia (Brasil), Anwar Usman (Indonesia), Mogoeng Mogoeng (Sudáfrica), Bryan Sykes (Jamaica), Emily Kayitesi Rusera (Ruanda) y Juan Antonio Xiol Rios (España). En paralelo, en una serie de talleres de los que participarán jueces federales y nacionales, se trabajará sobre derechos sociales (con las palabras de Sylvain Ore y Ricardo Pérez Manrique); el rol de la justicia en la lucha contra la corrupción (João Otavio de Noronha, Mogoeng Mogoeng, Guillermo Silva y Juan Antonio Xiol Ríos); el rol de la justicia en la lucha contra el narcotráfico (Alejandro Álvarez), y justicia y género (Mandisa Muriel Lindelwa Maya).
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Julio Amancio Piaggio, contra la resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de dicha jurisdicción que había confirmado el sobreseimiento de un acusado de apropiarse indebidamente de los recursos de la seguridad social de sus empleados. Para así resolver, el Tribunal de Alzada entendió que no podía aplicarse retroactivamente la Ley 27.430, en consonancia con lo dispuesto por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, en la Resolución PGN N°18/2018. Los hechos El implicado se encuentra imputado por la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los empleados, correspondiente a los periodos de diciembre de 2009 y junio de 2011, por $20.876,54 y $21.194,80, respectivamente, en los términos del artículo 9° de la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario). Oportunamente, el Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora resolvió sobreseer al imputado , en orden al delito previsto en el artículo 7° de la Ley 27.430, por entender que se trataba de la ley penal más benigna,. Tal resolución fue apelada por el fiscal Piaggio, pero la Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó el sobreseimiento, lo que motivó el consecuente recurso de casación. En su presentación –que fue mantenida por el titular de la Fiscalía General N°2 ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Pleé- el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el tribunal realizó una errónea interpretación de los artículos 1° de la ley 26.735, 2° del Código Penal y 18° de la Constitución Nacional, al aplicar retroactivamente al caso la Ley 27.430. En ese sentido sostuvo que “la conducta reprochada en modo alguno se ha modificado en virtud de la sanción de la Ley 27.430; sólo ha sufrido un aumento de los monto[s] mínimos a fin de compensar la depreciación monetaria de la moneda durante la vigencia de la Ley 27.469”. Agregó que “no ha existido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.430 una variación por parte del legislador en la valoración social de las conductas tipificadas en la ley anterior”. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal El 12 de septiembre pasado, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, revocó la resolución recurrida y reenvió la causa al inferior para que continúe con su sustanciación. En su voto, el juez Eduardo Riggi sostuvo que “las modificaciones a los montos dinerarios en los artículos correspondientes en la ley penal tributaria no son más que actualizaciones, que no comporta una ley penal más benigna” y agrego que “el examen acerca de si la acción penal continua activa o no, debe evaluarse a la luz de lo estipulado en las leyes 23.771 y 24.769, más no en lo dispuesto en la ley 26.735. Ello es así, por cuanto sostenemos que la modificación operada en los montos dinerarios de los artículos de la ley penal tributaria vía sanción de la ley 26.735 –actualmente 27.430-, no comporta una ley penal más benigna en los términos del art. 2° del código sustantivo”. En ese sentido, el magistrado señaló que “la aplicación retroactiva de una ley penal sólo tendrá lugar sí se produce una modificación en la valoración jurídica del hecho que le resulte más favorable al imputado, y no cuando obedezca a determinados cambios coyunturales no vinculados ni vinculables con la ponderación social de la conducta particular”. En igual sentido se expresó su colega Juan Carlos Mahiques, quien señaló que “el tribunal de mérito incurrió en una errónea aplicación de la ley penal, puesto que, dadas las particularidades del caso, no corresponde aplicar, en función del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, la reciente ley 27.430”. En ese orden de ideas sostuvo que “la elevación del monto para el tipo de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, operada por la ley 27.430, no puede dar lugar a su aplicación retroactiva en función del principio de benignidad invocado. Es que a diferencia de la ley 24.769 y sus posteriores modificaciones, la actual ley que regula el régimen penal tributario ha puesto expresamente de manifiesto que la elevación de los umbrales cuantitativos a superar no se relaciona con un menor reproche penal de los delitos establecidos en la norma en cuestión sino con cuestiones de política económica”. En su voto, también destacó la Resolución PGN N°18/18, mediante la cual el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, “instruyó a todos los fiscales pertenecientes al fuero penal tributario a oponerse a la aplicación retroactiva de la presente ley”, reeditando los argumentos de la resolución PGN N°5/2012 –dictada por el entonces procurador general de la Nación, Esteban Righi- en la que se afirmaba que “las sumas modificadas en la ley penal tributaria tienen por finalidad actualizar los montos a raíz de la depreciación sufrida por la moneda en los años anteriores como así también ‘está dirigida a mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor, se ha depreciado’ pero no indicaban ‘un cambio en la valoración social de los comportamientos que justificó la adopción de la ley 24.769’”. Finalmente, la camarista Liliana Catucci votó en disidencia y sostuvo que debía rechazarse el recurso de casación, de conformidad con la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la interpretación de los límites para considerar punibles determinadas conductas. En tal sentido, sostuvo que el caso analizado replica el caso “Palero, Jorge Carlos”, en el que se hizo mérito de la modificación introducida por la ley 26.063 a la 24.769 que aumentara el límite de punibilidad. En ese entendimiento consideró que “la modificación del monto de la deuda punible responde a una cuestión de política criminal y dinámica social, basada en la pérdida del interés punitivo del Estado en mantener una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento”.
La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Ángela Ester Ledesma, Ana María Figueroa y Eduardo Rafael Riggi, en la causa CFP5926/2004/TO1/CFC1 caratulada "Menem, Carlos Saúl y otros s/ recurso de casación", con fecha 12 de octubre de 2018, resolvió por mayoría: I) RECHAZAR los recursos de casación interpuestos por las defensas de Carlos Saúl Menem y Domingo Felipe Cavallo, con costas (arts. 456, 470 y 471 a contrario sensu, 530 y cc. del CPPN), II) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la defensa de Raúl Granillo Ocampo, sin costas, III) CASAR el punto dispositivo XVII de la sentencia impugnada, IV) ABSOLVER a Raúl Granillo Ocampo en relación al delito de peculado por el que fuera acusado y en consecuencia V) CASAR PARCIALMENTE el punto dispositivo XVIII en lo que respecta al decomiso dispuesto en relación al nombrado (artículos 456, 471, 530 y cc. del CPPN). La doctora Ángela E. Ledesma que lideró el acuerdo, votó por el rechazo de todos los recursos. Entre otros argumentos, consideró que no se había afectado el plazo razonable, invocado por las defensas. Para ello, la doctora Ledesma valoró que en el caso se había dictado sentencia condenatoria y el contexto de corrupción de las maniobras imputadas. En ese marco, ponderó las obligaciones asumidas por el Estado Argentino en materia de corrupción (Convención interamericana contra la Corrupción -ley 24.759- y Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción –ley 26.097-) y señaló la necesidad de realizar un análisis de contexto en virtud de la extensión y características de la maniobra, en tanto se reprochan hechos de corrupción que transcurrieron por más de 10 años en las más altas esferas de Poder Ejecutivo Nacional. Al respecto la jueza Ledesma afirmó que “En nuestro territorio, el sistema burocrático de raíces inquisitivas impide que muchas veces se develen las verdaderas dimensiones sociopolíticas de los delitos organizados que afectan al país y sus instituciones, sobre todo cuando se encuentra lesionado el erario público.” Y agregó que “Es que, los graves y múltiples hechos denunciados en la causa que involucran la intervención de funcionarios públicos, dieron lugar a sucesivas medidas de prueba (muchas de ellas de complejidad técnica, como ser, pericias contables y prueba de informes ) orientadas a determinar la real ocurrencia de los sucesos y la determinación de quiénes habían sido los autores de una maniobra que duró 10 años en el marco de las más altas esferas del Poder Ejecutivo. Siendo ello así, la multiplicidad de acciones investigadas, justifica entonces el alongado curso de la investigación, máxime cuando se trata de maniobras de alta complejidad, tal como lo destactó el Tribunal en el fallo en crisis.” La doctora Ledesma también sostuvo que “este caso presenta particularidades que lo distinguen de otros precedentes en los que me ha tocado intervenir. En primer lugar, aquí se dictó sentencia condenatoria, lo cual constituye a mi modo de ver, un elemento trascendental para tener en cuenta. Pero no es el único. El rechazo del planteo de plazo razonable de las defensas, se funda además, en un análisis de contexto –tal como ha sido merituado más arriba- vinculado con la consideración de maniobras de corrupción complejas, con pluralidad de intervinientes que se habrían desarrollado en un ámbito institucional de máxima jerarquía.” Por su parte la jueza doctora Ana María Figueroa acerca de la alegada violación a ser juzgado en un plazo razonable consideró que tal extremo no se verificó en el caso por cuanto ya se había llevado a cabo el juicio oral y público y dictado sentencia condenatoria en el marco de respeto al debido proceso legal y en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la materia, casos “Baldeón García vs. Perú”, “Forneron e hijo vs. Argentina”, “Hilaire, Constantine y Benjamin y otros vs. Trinidad y Tobago”, “González Medina y familiares vs. República Dominicana”, “Cantos”, “Valle Jaramillo y otros” “Sawhoyamaxa”, “Masacres de Ituango” y “Kawas Fernández vs. Honduras”. Asimismo, la jueza Ana María Figueroa enfatizó que se encuentra comprometida la responsabilidad internacional en estas actuaciones, por tratarse de la denuncia de hechos de corrupción que afectaron al patrimonio del Estado y en perjuicio de toda la sociedad y que debían dilucidarse en el marco de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Por otra parte, en relación a la situación de Raúl Granillo Ocampo, remarcó que en todo Estado de Derecho, el principio constitucional de culpabilidad impide el dictado de una decisión condenatoria ante la existencia de incertidumbre, dado que el tribunal debe tener certeza apodíctica, es decir debe existir prueba en el proceso de que el suceso ocurrió de un modo determinado. De tal modo, enfatizó que los hechos de corrupción en la función pública suelen ser de difícil comprobación, y que en muchos casos, el acceso a la prueba es arduo, que existe presión social y mediática para la condena de funcionarios públicos imputados de este tipo de ilícitos, pero lo que tampoco puede soslayarse es que el principio de igualdad ante la ley impone que todos los habitantes tengan el mismo tratamiento ante los tribunales de justicia y por ello todos son juzgados con los mismos derechos y garantías. Los delitos cometidos por parte de funcionarios públicos, en aprovechamiento de su función propia, suelen ir acompañados por una premeditación particular, orientada principalmente a garantizar la impunidad de su conducta, con utilización de recursos, herramientas y conocimientos derivados de su propia función que dificulta el descubrimiento de los hechos. En definitiva, la tensión entre impunidad, juzgamiento, corrupción y principio de inocencia, deben resolverse siempre a favor de la plena vigencia de los principios y garantías constitucional y convencionalmente reconocidos como estándar mínimo de todo Estado Constitucional de Derecho. De conformidad con esos fundamentos la jueza concluyó en la absolución por duda razonable en favor de Raúl Granillo Ocampo. En su voto en disidencia, el doctor Eduardo Rafael Riggi, en base a copiosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de las distintas Salas de la Cámara Federal de Casación Penal y de prestigiosos Tribunales Internacionales, consideró que en el caso, donde habían transcurrido más de dos décadas sin que existiera un pronunciamiento firme sobre el asunto sometido a conocimiento de la justicia, se había vulnerado el derechos de los imputados a ser juzgados dentro de un plazo razonable -artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 14.1.c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-; votando en consecuencia por la absolución de los acusados Menem, Cavallo y Granillo Ocampo, en similar sentido al que se expidió recientemente en el marco de la causa nro. 330088000/1997/8/1/CFC2 caratulada “Menem, Carlos S. y otros s/ recurso de casación”, rta. el 4/10/2018, reg. 1030/18 de la Sala I. Cabe destacar que en los fundamentos del voto se tuvo particularmente en cuenta que en el caso “Goye” del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció expresamente la posibilidad de declarar el quebrantamiento de la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, aún cuando exista sentencia condenatoria, tal como ya lo había realizado anteriormente en los fallos “Podestá, Arturo Jorge” y “López de Belva, Carlos A. y otros s/ defradudación en grado de tentativa y prevaricato”, P.762.XXXVII, del 7/03/2006, “Oliva Gerli, CVarlos Artilio y otro s/ infracción ley 22.415 y art. 174 inciso 5to CP -causa nro. 1227-“ O.114.XLII, del 19 de octubre de 2010; y en “Vilche, José Luis s/ causa nro. 93249” V.161.XLVIII, del 11/12/2012. Más allá de esta postura, y sellada la suerte de los recursos de las defensas de Menem y Cavallo por parte de sus colegas preopinantes, el doctor Riggi fue llamado a dirimir la situación de Granillo Ocampo, acompañando en este punto la posición de la doctora Ana María Figueroa en cuanto a que correspondía absolver al nombrado por aplicación del principio in dubio pro reo (art. 3 del CPPN) ante la falta de certeza para la acreditación de los extremos de la imputación que se le formulara en orden al delito de peculado.
Jurará un nuevo juez de la Cámara de Apelaciones del Trabajo
El presidente de la Corte de Justicia de Salta, Guillermo Catalano, recibirá el viernes 5 de octubre el juramento de un nuevo juez del Distrito Judicial Centro. Se trata de Sergio Osvaldo Petersen, quien jurará como juez de la Sala I de la Cámara de Apelaciones del Trabajo. El acto se llevará a cabo a las 13, en el Salón Auditorio “Dr. Facundo de Zuviría” de la Ciudad Judicial de Salta.
La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) advirtió, en el marco de sus funciones, la aparición y reiteración en distintas jurisdicciones del país de estafas por vía telefónica destinadas a perjudicar a jubilados y pensionados. Quienes llevan adelante la maniobra realizan llamados simulando ser agentes de la ANSES y solicitan sumas de dinero, a cambio de agilizar trámites y/o “cobrar adelantos” vinculados al Programa Nacional de Reparación Histórica. La unidad fiscal especializada detectó que, en muchos casos, los victimarios le encomiendan al jubilado o jubilada que se dirija hacia un cajero automático con un teléfono celular para no cortar la comunicación, y una vez allí le indican cómo realizar una trasferencia bancaria a una cuenta determinada. Si los fondos de las cuentas de los damnificados no son suficientes, se los compele a la extracción de un crédito pre-aprobado -también a través del cajero- para su posterior transferencia a la cuenta bancaria suministrada por el estafador. Ante la detección de nuevos casos, la unidad especializada comparte nuevamente las sugerencias y recomendaciones oportunamente brindadas para no ser víctima de este tipo de ilícito. Ante esa situación, la UFISES aclara que: La ANSES NO se comunica telefónicamente para solicitar datos personales. El trámite del Programa de Reparación Histórica es GRATUITO, ya que los gastos los asume en su totalidad la ANSES. Incluso el organismo se hace cargo de la totalidad de los honorarios de aquellos abogados que fueron seleccionados de sus padrones. Cuando se opta por un profesional particular, la ANSES afronta sus honorarios hasta el monto acordado para los letrados inscriptos en los padrones del organismo. NO debe abonarse ningún tipo de adelanto para acceder al Programa de Reparación Histórica. Las solicitudes de dinero en efectivo o de transferencias bancarias para agilizar o cobrar adelantos vinculados al trámite de Reparación Histórica por parte de supuestos agentes de la ANSES implican un fraude. Bajo ningún punto de vista debe entregarse dinero en efectivo o transferir sumas a través de cuentas bancarias. En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como “trabajador de o para la ANSES” o como gestor o abogado que tramita beneficios en el mismo organismo, NO proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social, etc. Los agentes de la ANSES NO se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios ni para ofrecer alguna prestación o su mejora, como el caso del Programa de Reparación Histórica. La única forma de verificar si se encuentra incluido en el Programa de la Reparación Histórica es a través del sitio web oficial de la ANSES, con la clave de la seguridad social. Deben desestimarse, además de los llamados, cartas que notifiquen que se encuentra en condiciones de acceder al Programa. En caso de recibir una carta con el logo de la ANSES en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, NO establecer contacto y dirigirse a la Unidad De Atención Integral (UDAI) más cercana, o comunicarse al 130 (línea oficial de ANSES) para comentar la recepción de la nota y acreditar su veracidad. De haber tramitado y aceptado la propuesta de reajuste de la ANSES en el marco de Reparación Histórica, la notificación de la homologación del acuerdo la recibirá su abogado en forma electrónica. NO DEBE APORTARSE NINGÚN dato a supuestos agentes del organismo que se comuniquen por cualquier medio para notificar la aprobación. La ANSES NO cuenta con oficinas particulares en edificios privados para la atención al público. Si se inscribió o desea inscribirse en el Programa de Reparación Histórica y tiene dudas sobre el trámite o su estado, consultar en las UDAI o a un abogado de confianza. NO confíe en gestores y/o intermediarios. En caso de haber sufrido hechos de esta naturaleza o haber tomado conocimiento de dichas circunstancias, las víctimas y/ organismos receptores de tales reclamos pueden contactarse por correo electrónico a ufises@mpf.gov.ar; o telefónicamente al 4371-3797/6218/3407 (UFISES). Sobre el Programa Nacional de Reparación Histórica Está destinado a beneficiarios del sistema previsional: jubilados y/o pensionados con y sin juicios previsionales en trámite, y jubilados y o pensionados cuyos haberes fueron reajustados automáticamente. Este último grupo incluyó a aquellos beneficiarios mayores de ochenta años de edad, y/o con padecimiento de una enfermedad grave y/o a quienes el haber reajustado no superara el treinta por ciento de la jubilación mínima. Luego de que el aumento se materializó en el haber, los beneficiarios tenían seis meses para prestar su conformidad. La UFISES no tienen ningún tipo de injerencia durante el trámite administrativo de la reparación histórica y solo interviene en caso de recibirse denuncias vinculadas a irregularidades con dicho programa. Pasos básicos para incorporarse al Programa Como primer paso, el beneficiario debe obtener el alta de su clave social a través del portal oficial de la ANSES. Al ingresar al sistema, el Jubilado puede consultar si se encuentra incluido en el Programa y visualizar la propuesta de reajuste del haber realizada por el organismo. En caso de aceptar el ofrecimiento deberá elegir un abogado que lo patrocine, quien debe que estar registrado en el organismo y tener Clave de la Seguridad Social. Para ello, tanto el abogado como el beneficiario tienen que concurrir a la oficina de ANSES que se designe, para incorporar la huella digital -a través de un sistema de identificación biométrica- en el documento que reproduzca el acuerdo de reajuste. La formalización del acuerdo y su presentación judicial para la homologación se tramitará por expediente electrónico. La ANSES enviará el acuerdo al Poder Judicial de la Nación y no serán necesarias presentaciones adicionales en el expediente para que el juez interviniente lo homologue. Para que ello suceda, los abogados tendrán que constituir domicilio electrónico, donde serán notificados de la resolución. Finalmente el monto acordado será depositado en la cuenta de la seguridad social del beneficiario, que es la misma que utiliza para percibir mensualmente su haber.
Tucumán: desbarataron una red de trata que tenía como fachada una agencia de modelos
El viernes 28 de septiembre se realizaron tres allanamientos en San Miguel de Tucumán para desbaratar a una organización de trata con fines de explotación sexual. Se rescató a una víctima menor de edad (de 16 años de edad) y se detuvo a los dos sujetos responsables. Los allanamientos se produjeron en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, a cargo del fiscal Pablo Camuña, y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) -encabezada por Marcelo Colombo y Alejandra Mángano-. La investigación se inició a partir de una denuncia formulada a través de la línea telefónica 145 por la ONG “No a la trata” de la provincia de Catamarca que daba información respecto a una posible organización dedicada a esa actividad en Tucumán. A lo largo de la pesquisa se comprobó que estos sujetos se habían organizado para captar mujeres jóvenes y menores de edad en situación de vulnerabilidad mediante engaños y ofrecimientos falsos de ganancias económicas para luego explotarlas sexualmente. Para ello se valían de una “agencia de modelos”, o “escuela de modelaje” propiedad de uno de ellos. Los detenidos extorsionaban y coaccionaban a sus víctimas usando distintas estrategias para restringir su libertad: desde amenazas de muerte o de la difusión de videos íntimos, hasta la manipulación psicológica. En todos los casos se aprovechaban de distintas situaciones de vulnerabilidad (económica, familiar, adicciones, minoría de edad, etc) de las adolescentes y jóvenes. La organización utilizaba para los encuentros de explotación sexual entre los prostituyentes y las víctimas inmuebles céntricos y hoteles alojamiento, dos de los cuales fueron allanados: uno en calle Salta al 700 y otro en Virgen de la Merced al 400. La Uniprojutucu de Gendarmería Nacional desarrolló las tareas investigativas y de inteligencia criminal y tuvo también a su cargo los registros domiciliarios que culminaron en la detención de las dos personas sindicadas como responsables y el rescate de la adolescente en momentos en que se iba a producir una situación concreta de explotación. Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal n° 1 a pedido del MPF. El abordaje y contención de la víctima rescatada estuvo a cargo del Programa de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, en tanto que los dos acusados quedaron detenidos e incomunicados luego de los resultados arribados en la medida.

References: resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 9
 artículo 7
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 14
in dubio