Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1999/C-253-99.htm
Timestamp: 2017-10-18 09:14:37+00:00

Document:
C-253-99
Sentencia C-253/99
ACUERDO SOBRE ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACION JUDICIAL MUTUA-Constitucionalidad
El Acuerdo objeto de análisis constitucional estipula la mutua colaboración y asistencia en materia legal y judicial, así como el intercambio de información y pruebas, investigaciones y actuaciones en asuntos penales; la notificación de providencias; la localización y traslado de testigos y peritos; la ejecución, en los territorios de los Estados Partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se haya cometido delito. La Corte estima que, en general, las cláusulas que se han suscrito para hacer efectiva la cooperación pactada encajan en los presupuestos constitucionales y simultáneamente facilitan el ejercicio del deber estatal de administrar justicia dentro del territorio, vistas las posibilidades que hoy tiene la delincuencia de evadir la acción de las autoridades nacionales.
COOPERACION JUDICIAL-Ejecución de medidas para captura y deportación de extranjeros
En lo que se refiere a la ejecución de las medidas concretas que la cooperación implica, para la captura y deportación de extranjeros perseguidos por la justicia en el mencionado caso, será indispensable atender lo que contemplen los regímenes de extranjería vigentes en cada Estado, siempre sobre la base de que, como el mismo Tratado lo exige, se respeten los derechos y garantías fundamentales de los afectados.
ACUERDO SOBRE ASISTENCIA LEGAL Y COOPERACION JUDICIAL MUTUA-Solicitud y denegación de asistencia
Es regulada la denegación de asistencia, por parte del Estado requerido. Las causales de la misma (artículo VII) obedecen todas al recíproco respeto del ordenamiento jurídico del otro Estado y a la intangibilidad de los derechos mínimos de los procesados. Lo propio puede afirmarse de los requisitos formales que deben reunir las solicitudes de asistencia (artículo VIII) y la ejecución de las mismas (artículo X) así como de las limitaciones en el uso del acuerdo, elementos todos ellos que confieren certeza jurídica respecto de la obtención de la cooperación internacional y del trámite de los procesos mismos y evita indebidas injerencias de un Estado en las decisiones de otro, lo que realiza los postulados que acoge el artículo 9 de la Carta respecto de la directriz básica para el manejo de las relaciones internacionales de Colombia.
Referencia: Expediente LAT. 120
Revisión de constitucionalidad de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá', hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)"
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiún (21) días del mes de abril de mil novecientos noventa y nueve (1999).
De la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República se recibió fotocopia autenticada de la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, "Por medio de la cual se aprueba el 'Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá', hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993)".
por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial, mutua entre
el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
Visto el texto del “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993), que a la letra dice:
«Acuerdo sobre asistencia legal y cooperaciOn judicial mutua entre el Gobierno de la RepUblica de Colombia y el Gobierno de la RepUblica de PanamA.
Las Partes, de conformidad con lo dispuesto en el presente acuerdo y con estricto cumplimiento de sus respectivos ordenamientos jurídicos, se comprometen a:
Aplicación y alcance de la asistencia
Además de la asistencia legal y judicial descrita en el artículo II, las Partes se comprometen a brindarse la más amplia colaboración en la zona fronteriza, en los siguientes términos:
Los requerimientos de asistencia en virtud de este acuerdo se efectuarán a través de las autoridades centrales competentes, tal como se indica en el presente enunciado:
La autoridad central del Estado Requerido podrá negar la asistencia cuando a su juicio:
Entrega de documentos y objetos
Notificación y entrega de documentos
Comparecencia de testigos y peritos
De otras diligencias probatorias
Las Partes podrán convenir la realización de otras diligencias probatorias contempladas por su ordenamiento interno y que no hayan sido mencionadas en el presente acuerdo. Dichas diligencias serán tramitadas y ejecutadas de acuerdo con lo dispuesto en el presente acuerdo.
Las autoridades centrales celebrarán consultas en fechas acordadas con el fin de evaluar la asistencia prestada en desarrollo del presente acuerdo.
Artículo 1º. Apruébase el “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993).
Artículo 2º. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo sobre asistencia legal y cooperación judicial mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá”, hecho en la ciudad de Panamá el diecinueve (19) de noviembre de mil novecientos noventa y tres (1993), que por el artículo 1º de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
El ciudadano MIGUEL ALBERTO GOMEZ VELEZ, obrando en calidad de apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado escrito mediante el cual solicita a la Corte declarar exequibles el Acuerdo en revisión y su Ley aprobatoria.
Afirma que estos instrumentos internacionales, debidamente suscritos por el Gobierno Nacional, se constituyen en mecanismos jurídicos aptos para enfrentar la lucha contra la criminalidad transnacional. En igual sentido, facilitan el intercambio de información, de pruebas y agilizan las investigaciones y actuaciones penales que adelanten las partes signatarias del presente Acuerdo.
Manifiesta que este Convenio es producto de la facultad constitucional que tiene el Ejecutivo, según lo dispuesto por el artículo 189, numeral 2, y agrega que fue suscrito por los ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho de ese momento.
Así mismo, sostiene el interviniente que el Tratado desarrolla lo dispuesto por los artículos 201, numeral 1, y 226 de la Carta Política. Según el primero, corresponde al Gobierno, en relación con la rama judicial, prestar a sus funcionarios, con arreglo a las leyes, los auxilios necesarios para hacer efectivas sus providencias y, por el segundo, estipula que el Estado promoverá la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
Destaca que con ocasión de la cercanía limítrofe de los estados que suscriben el Convenio en revisión, cobra importancia lo dispuesto por el artículo 227 de la Carta, que dispone la integración económica, social y política del Estado colombiano con las demás naciones y especialmente con los países de América Latina y del Caribe, mediante la celebración de tratados.
A juicio del representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, resulta oportuno que el Acuerdo determine y garantice principios tales como el que rechaza la doble incriminación. Además, es necesario asegurar postulados como el de confidencialidad y el de la "garantía temporal", los cuales se encuentran debidamente definidos en este Tratado Internacional.
En lo relativo al análisis de los aspectos formales, considera que se trata de un tratado con vigencia indefinida, que no excluye la cooperación que puedan prestarse los países en virtud de cualquier otro acuerdo de tipo bilateral o multilateral.
También ha presentado escrito el Fiscal General de la Nación, doctor ALFONSO GOMEZ MENDEZ, con el fin de respaldar la constitucionalidad de la normatividad objeto de revisión, en cuyos aspectos materiales concentra sus consideraciones.
Opina que tanto el Acuerdo como la Ley aprobatoria constituyen un avance en materia de cooperación judicial internacional y cumplen las disposiciones constitucionales y legales de los Estados partes.
A su juicio, el Acuerdo reguló algunos asuntos que merecen y ocupan trascendental importancia para nuestro sistema de investigación penal. De esta forma, considera que resulta oportuna la consagración y desarrollo del tema de las medidas cautelares reales dentro de los procesos penales como también el de la extinción de dominio.
Según sostiene, en la última materia enunciada, es inconstitucional e ilegal la extinción de dominio de facto, por lo cual para que proceda conforme a Derecho se requiere que previamente se agoten los procedimientos consagrados por el artículo 29 de la Carta Política, que a su vez fue desarrollado por las leyes 333 de 1996 y 365 de 1997.
Finalmente, el Fiscal General de la Nación considera que las extinciones de dominio que se desarrollen conforme al presente Acuerdo tienen actualmente su fundamento legal en el inciso 2 del artículo 29 de la Ley 333 de 1996.
El Procurador General de la Nación manifiesta, por su parte, no tener reparo alguno de índole constitucional que afecte la validez del instrumento público internacional objeto de la presente revisión constitucional.
Considera el Jefe del Ministerio Público que el Convenio contiene una serie de disposiciones tendientes a fortalecer la asistencia legal y la cooperación judicial en materia penal entre los gobiernos de Colombia y Panamá, como miembros de la comunidad internacional conscientes de su responsabilidad ante la lucha contra la delincuencia.
Afirma que este Convenio tiene por objeto la prestación de asistencia legal y judicial recíproca y la colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de extranjeros perseguidos por la justicia, que se encuentren irregularmente en la zona fronteriza de los Estados contratantes.
Para llevar a buen término el cometido anterior, los países signatarios se comprometen a prestarse asistencia mutua en el intercambio de información y pruebas, investigaciones, juzgamientos y actuaciones en materia penal.
Destaca el Procurador que este Acuerdo no se aplica a asuntos relacionados con la extradición de personas, transferencia de procesos o la ejecución de sentencias penales, como tampoco se pronuncia en cuanto a la asistencia a particulares o a terceros Estados.
Afirma que el Tratado Internacional consagra mecanismos aptos para la solución de las controversias que se originen en torno de las solicitudes de asistencia, así como en torno a la interpretación y aplicación del contenido del Acuerdo, y estima que con ello se atiende a las exigencias constitucionales.
Sin embargo, advierte que es oportuno celebrar un Protocolo adicional, mediante el cual se precisen las condiciones del traslado del Estado requerido y retorno del Estado requirente de los testigos o peritos que voluntariamente acepten prestar su colaboración judicial, para que se asegure la efectividad de la garantía temporal prevista en el artículo XIV del Acuerdo.
Esta Corte es competente para efectuar la revisión de la Ley en referencia y del Acuerdo que mediante ella se aprueba, según lo previsto en el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política.
a. El Proyecto de Ley Nº 12 fue presentado al Senado de la República por el Gobierno Nacional a través de las ministras de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho, el día 30 de julio de 1997. En esta fecha fue repartido para su estudio a la Comisión Segunda Constitucional Permanente. Su texto aparece publicado en la Gaceta del Congreso N° 302 del 31 de julio de 1997 (págs. 11 a 16).
b. La Comisión Segunda del Senado designó ponente para primer debate y su trabajo fue publicado en la Gaceta del Congreso N° 347 del 29 de agosto de 1997 (págs. 7 y 8).
c. El Proyecto de Ley fue discutido y aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 24 de septiembre de 1997, con un quórum deliberatorio y decisorio integrado por diez de los trece senadores que conforman esta Comisión. Así mismo la votación a favor fue de 10 y de ningún voto en contra, al tenor de la certificación expedida por el Secretario General de la Comisión Segunda del H. Senado de la República (folio 26).
d. El Proyecto de Ley fue aprobado en segundo debate con el lleno de los requisitos legales, constitucionales y reglamentarios, según certificación del Secretario General del Estado y de conformidad con el Acta Nº 19 de la sesión ordinaria del día 25 de noviembre de 1997, publicada en la Gaceta del Congreso, año VI. Nº 504, del 2 de diciembre de 1997 (págs. 13 y 14).
e. De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el primer debate tuvo lugar día 13 de mayo de 1998. Asistieron trece representantes y el proyecto de ley se aprobó por unanimidad, según consta en la Gaceta del Congreso Nº 89 de fecha 1 de junio de 1998 (págs. 2 y 3).
f. En sesión plenaria de la Cámara de Representantes, de fecha 2 de junio de 1998, fue considerado y aprobado por unanimidad de los presentes (129 representantes), el Proyecto de Ley No. 148 según consta en certificación suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes.
g. De acuerdo con la certificación expedida por la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, el Ejecutivo sancionó la Ley 450 el día 4 de agosto de 1998.
h. El día 11 de agosto de 1998, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 10, de la Constitución Política, la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió a esta Corte los textos de la Ley aprobada y del Acuerdo.
Puede verse que, además de haberse aprobado el proyecto de ley en sus distintas etapas con el quórum y las mayorías constitucionalmente exigidas (artículos 145 y 146 C.P.), se respetó el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y se respetaron los intervalos de días entre los debates y entre la culminación del trámite en una cámara legislativa y su reiniciación en la otra (8 y 15 días, respectivamente), por lo cual se atendió el mandato del artículo 160 de la Constitución.
Por otra parte, el proyecto pasó primero por el Senado de la República y después por la Cámara de Representantes, como corresponde a las iniciativas referentes a materias internacionales, según la exigencia del artículo 154 de la Constitución Política.
En cuanto al trámite del Acuerdo aprobado, el Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, en escrito presentado el día 24 de septiembre de 1998, ha informado a la Corte que fue suscrito por los entonces ministros de Relaciones Exteriores y de Justicia y del Derecho.
Como el citado funcionario lo recuerda y lo ha definido de tiempo atrás la jurisprudencia de esta Corte (Cfr. Sentencia C-477 del 6 de agosto de 1992), en virtud de lo dispuesto por el artículo séptimo de la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados, la Ministra de Relaciones Exteriores no requirió de plenos poderes para suscribir el Tratado, ya que los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de Relaciones Exteriores no necesitan de su presentación. Se entiende que, por razón de los cargos que desempeña y de sus funciones primordiales, representan al Estado -en este caso el colombiano- en el aspecto relativo a la discusión, negociación y firma de tratados públicos con otros Estados o entidades de Derecho Internacional.
El Acuerdo objeto de análisis constitucional, muy similar en su contenido a varios convenios que recientemente ha revisado la Corte (Cfr. los convenios de cooperación judicial en materia penal entre la República de Colombia y el Reino de España, con el Gobierno de la República Francesa y con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, encontrados exequibles según sentencias C-187 del 24 de marzo (M.P.: Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez), C-224 del 14 de abril (M.P.: Dr. Carlos Gaviria Díaz) de 1999) y C-225 (M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo), estipula la mutua colaboración y asistencia en materia legal y judicial, así como el intercambio de información y pruebas, investigaciones y actuaciones en asuntos penales; la notificación de providencias; la localización y traslado de testigos y peritos; la ejecución, en los territorios de los Estados Partes, de órdenes judiciales relativas a inmovilización y decomiso de bienes, productos e instrumentos con los que se haya cometido delito.
La Corte estima que, en general, las cláusulas que se han suscrito para hacer efectiva la cooperación pactada encajan en los presupuestos constitucionales, ya que desarrollan los principios contemplados en los artículos 9, 150-16, 226 y 227 de la Carta Política y simultáneamente facilitan el ejercicio del deber estatal de administrar justicia dentro del territorio, vistas las posibilidades que hoy tiene la delincuencia de evadir la acción de las autoridades nacionales.
Al respecto, conviene reiterar:
"Como lo dice con carácter general el artículo 226 de la Constitución, debe el Estado promover las relaciones internacionales sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional. Y es evidente que los organismos estatales competentes cumplen mejor sus funciones en materia investigativa y en el trámite de procedimientos judiciales por la comisión de hechos punibles si cuentan con la colaboración de las correspondientes autoridades de otro Estado en el que se hayan podido iniciar o concluir los delitos objeto de indagación, o en donde se encuentren pruebas necesarias o relevantes para que la administración de justicia cumpla su cometido, y a la inversa, si es Colombia la que posee elementos que con los mismos fines puedan servir a la administración de justicia del otro Estado.
La regulación y el manejo de las mutuas relaciones con miras a facilitar tales propósitos se encuentran incorporados al ámbito de atribuciones presidenciales, en pie de igualdad con otros Estados, y se perfeccionan mediante la celebración de acuerdos o convenios que comprometen la actividad de los organismos y autoridades nacionales en colaboración con los extranjeros. Ello se aviene a la Constitución". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-225 del 14 de abril de 1999. M.P.: Dr. José Gregorio Hernández Galindo)
Se garantizan adecuadamente los derechos de las personas cuyo juzgamiento se adelante en uno de los dos países contratantes -en especial el debido proceso, la plenitud de las ocasiones de defensa, el principio que evita la doble incriminación- por lo cual estima la Corte que su ratificación no habrá de ocasionar perturbaciones en el acceso a la administración de justicia ni tendrá incidencia negativa en la situación jurídica de los incriminados, ni tampoco desmejorará las condiciones actuales de los proceso y, por el contrario, contribuirá a su agilización.
Observa la Corte que en el artículo I del Tratado se incluye como objeto de asistencia la colaboración en materia de expulsión, deportación y entrega de extranjeros perseguidos por la justicia que se encuentren irregularmente en la zona fronteriza de los Estados parte. En concordancia con esa disposición, en el artículo III, numeral 1, se estipula que "El nacional de una de las Partes que sea solicitado por las autoridades judiciales de su país, por virtud de una medida que implique su privación de la libertad, y que para eludirla haya ingresado a la zona fronteriza del otro Estado Parte, será deportado o expulsado del territorio del Estado donde se encuentre, por las autoridades competentes, y conducido a la frontera para su entrega a los agentes del Estado requirente".
No se trata de un procedimiento de extradición sino del mutuo compromiso entre los Estados para evitar que los prófugos aprovechen la vecindad territorial para cruzar la frontera con el objeto de evadir la acción de la justicia.
Es posible pactar esta cooperación, sin violar la Constitución Política de Colombia, siempre que resulte garantizada la reciprocidad, como en este caso acontece, según el texto de lo acordado.
Es necesario advertir, sin embargo, que la hipótesis descrita cobija únicamente delitos comunes y no los políticos, respecto de los cuales serían aplicables las normas sobre derecho de asilo, en los términos de los correspondientes ordenamientos jurídicos.
Por otro lado, en lo que se refiere a la ejecución de las medidas concretas que la cooperación implica, para la captura y deportación de extranjeros perseguidos por la justicia en el mencionado caso, será indispensable atender lo que contemplen los regímenes de extranjería vigentes en cada Estado, siempre sobre la base de que, como el mismo Tratado lo exige, se respeten los derechos y garantías fundamentales de los afectados.
Es regulada la denegación de asistencia, por parte del Estado requerido. Las causales de la misma (artículo VII) obedecen todas al recíproco respeto del ordenamiento jurídico del otro Estado y a la intangibilidad de los derechos mínimos de los procesados.
Lo propio puede afirmarse de los requisitos formales que deben reunir las solicitudes de asistencia (artículo VIII) y la ejecución de las mismas (artículo X) así como de las limitaciones en el uso del acuerdo, elementos todos ellos que confieren certeza jurídica respecto de la obtención de la cooperación internacional y del trámite de los procesos mismos y evita indebidas injerencias de un Estado en las decisiones de otro, lo que realiza los postulados que acoge el artículo 9 de la Carta respecto de la directriz básica para el manejo de las relaciones internacionales de Colombia.
El artículo IX estatuye que cualquier documento, registro u objeto que haya sido entregado al Estado requirente, bajo los términos del Acuerdo, debe ser devuelto al Estado requerido una vez se cumpla la comisión para la cual fue solicitado. Así se delimita en el tiempo la posesión de tales elementos por parte de un Estado distinto del que los presta, para asegurar la continuidad de los procesos que lleve a cabo.
La norma no viola regla ni garantía constitucional alguna y, por el contrario, preserva la integridad del material probatorio de los procesos, sin perjuicio de la ayuda que se le pueda prestar al país solicitante de colaboración y asistencia.
Las disposiciones finales y las cláusulas sobre vigencia y terminación del Acuerdo son las corrientes y normales en este tipo de instrumentos internacionales, según la Convención de Viena sobre Derecho de los tratados y los principios del Derecho Internacional que Colombia profesa y acata, según el artículo 9 de la Constitución.
En relación con medidas referentes a los bienes sobre los que se solicita inmovilización o decomiso, la Corte no encuentra motivo de inconstitucionalidad en las cláusulas pactadas, aunque insiste en las distinciones que su jurisprudencia ha hecho entre tales figuras y la extinción del dominio.
Se repite lo expuesto en la Sentencia C-374 del 13 de agosto de 1997, al estudiar la constitucionalidad de la Ley 333 de 1996:
""...la figura de la extinción del dominio prevista en el inciso 2 del artículo 34 de la Constitución, no corresponde a una "constitucionalización" de los institutos legales conocidos como comiso e incautación de bienes, los cuales, sin perjuicio de aquélla, siguen cumpliendo, respecto de todo proceso penal, el objetivo que les es propio, tanto para la investigación correspondiente como en lo relacionado con el vínculo existente entre el ilícito y la destinación a él de cierto bien, o entre el delito y el provecho ilegítimo que de él podría derivarse.
Con fundamento en las precedentes consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional, cumplidos los requisitos previstos en el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,
Decláranse EXEQUIBLES el "Acuerdo sobre Asistencia Legal y Cooperación Judicial Mutua entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Panamá", hecho en la ciudad de Panamá el l9 de diciembre de 1993, y la Ley 450 del 4 de agosto de 1998, que lo aprueba.

References: artículo 9

Artículo 1

Artículo 2
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 189
 artículo 227
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 241
 artículo 241
 artículo 160
 artículo 154
 artículo 226
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 34