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Reducción del plazo de prescripción de las acciones personales
miércoles, 28 octubre 2015 11:56
Hasta fechas recientes los demandantes en España se han beneficiado de un más que generoso plazo límite de quince años para el ejercicio de la mayor parte de las acciones personales. En virtud de una importante reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del Código Civil, que entró en vigor el pasado 7 de octubre de 2015, este plazo ha sido reducido a cinco años.
Este nuevo plazo de prescripción de las acciones personales afecta el ejercicio de la mayoría de las acciones de base contractual, tales como la infracción, la falta de pago, la entrega de bienes defectuosos, revisiones de alquiler y todas las reclamaciones relativas a contratos de venta. La nueva normativa tiene por objeto lograr un mayor equilibrio entre el interés del acreedor en conservar su derecho a reclamar, y la necesidad de establecer un límite temporal razonable. El plazo de quince años ha sido considerado como excesivo por parte de la doctrina y, principalmente, por los deudores; ahora, el nuevo sistema armoniza el sistema de límites español con el de otros países comunitarios, donde opera un límite de cinco años.
En un caso como éste, en el que el límite temporal al ejercicio de las acciones era de quince años, las disposiciones transitorias adquieren gran importancia.
Así, el nuevo límite se aplicará únicamente a las obligaciones que nazcan tras la entrada en vigor de la reforma (7 de octubre de 2015). Las obligaciones que hubiesen nacido antes del 7 de octubre de 2000 ya han prescrito, puesto que el plazo de quince años ya ha expirado. Por su parte, las obligaciones nacidas entre dicha fecha y el 7 de octubre de 2005 están sujetas al cumplimiento del antiguo plazo. En lo relativo a las obligaciones surgidas con posterioridad a esta última fecha y con anterioridad al 7 de octubre de 2015, expirarán el 7 de octubre de 2020 (es decir, les será aplicable el beneficio de cinco años desde la fecha de entrada en vigor de la reforma;a modo de ejemplo: una obligación nacida el 7 de octubre de 2010 expirará en 2020 y no en 2025).
En vista de lo anterior, recomendamos a nuestros clientes que revisen urgentemente las reclamaciones pendientes nacidas en fecha posterior al 7 de octubre de 2000.
Quedamos a su disposición para el caso de que requieran información adicional en relación con la reducción del plazo objeto de esta noticia.
Autor: Alba Mª López
Un llamativo expediente de la Competencia española frente a una Entidad de gestión de derechos de autor, SGAE, que se resuelve sin sanción
lunes, 26 octubre 2015 11:42
El 9 de julio de este año se resolvió el enésimo expediente de la CNMV contra una entidad de gestión colectiva española, SGAE, la administradora de los derechos de autor de música. En esta ocasión, el procedimiento examinaba una denuncia de diversos compositores por las medidas adoptadas por la entidad para reducir el uso predominante que esos canales hacían de obras de su propio control editorial. Este primer objetivo de la investigación quedó superado, en un segundo momento, por un enjuiciamiento de los acuerdos de la entidad con todos los operadores de televisión, públicos y privados.
Durante la fase de investigación, la autoridad de la competencia consideró que se apreciaban presuntamente dos posibles infracciones: la aplicación de tarifas y descuentos discriminatorios y la imposición de condiciones abusivas al vincular determinados descuentos a que las televisiones limitaran el uso de su repertorio propio.
A pesar de esta valoración inicial, la autoridad de la competencia aceptó concluir el expediente a través de una terminación convencional; vía aplicable en materia de prácticas prohibidas cuando los infractores proponen compromisos que resuelven los problemas de competencia derivados de su conducta y queda garantizado suficientemente el interés público, según dispone el artículo 52 de la Ley de Competencia española.
Son numerosas las cuestiones que suscita este caso, pero nuestra atención se centra en dos de ellas. La primera se halla vinculada a la tensión entre la competencia y la obligación de las entidades de gestión de evitar una injusta utilización preferencial de las obras de los usuarios, según el artículo 153.2 de la Ley de Propiedad Intelectual española; la segunda tiene que ver con el criterio del órgano administrativo para decidir cuándo sancionar y cuando optar por una vía pactada.
En esta recensión comentaremos exclusivamente este último aspecto de la resolución y abordaremos el segundo en futuros comentarios.
El examen de las conductas de SGAE con los operadores de televisión y los compromisos asumidos por SGAE
La investigación de los acuerdos de la entidad española SGAE con organismos de radiodifusión pretendía verificar si existían prácticas discriminatorias aplicadas a los usuarios. A estos efectos, la autoridad de la competencia centró su examen en dos extremos: existencia de homogeneidad en las condiciones de las licencias otorgadas y el estudio del doble régimen tarifario ofrecido por la entidad.
Respecto al primer objeto de estudio, la Comisión detectó que existían varias diferencias en los textos contractuales usados por la entidad que se concretaban básicamente en tres aspectos.
En primer lugar, existían diferencias que afectaban a la definición de conceptos como la base de ingresos de las televisiones que la entidad toma en cuenta para el pago de los derechos de autor, y que se describía con diverso grado de precisión o con particularidades en los diversos contratos.
De la misma manera, la Comisión advirtió que no existía una igualdad absoluta en las previsiones contractuales que permiten la revisión del contrato en caso de que la entidad sufriera una disminución notable en el repertorio administrado.
Y, por último, la Comisión observó que no existía una identidad de redacción en la cláusula que contempla el derecho de los licenciados a reclamar las mejores condiciones otorgadas a otro usuario.
Ahora bien, estas diferencias de redacción no llevaban aparejada una prueba clara de que dieran lugar a aplicaciones discriminatorias de precio. De hecho la propia resolución atribuye las diferencias no a cuestiones de fondo, sino a la evolución temporal de los conceptos o de redacción de textos que se producen en un periodo superior a una década.
En relación con las tarifas aplicadas por SGAE, también la resolución persigue encontrar si han existido discriminaciones. Para ello, hace un resumen de los sistemas tarifarios aplicados por SGAE en su histórica relación con las televisiones, distinguiendo dos tipos sistemas: la tarifa denominada promediada o por disponibilidad y la llamada tarifa por uso efectivo.
La tarifa por uso promediado o por disponibilidad consiste en el pago de un porcentaje de los ingresos brutos de explotación independientemente del grado de presencia de música en la programación de la televisión. Este sistema –dice la resolución- se contemplaba para televisiones generalistas.
Siendo públicas estas tarifas y habiéndose ofrecido a todas las televisiones no parece que la Competencia encuentre problemas tampoco en este régimen dual de tarifa.
Pero, a partir de este primer análisis, la investigación se adentra en descubrir si estas tarifas se han acompañado de políticas de descuentos que derivaran en tratos discriminatorios para lo que realiza un análisis de los aplicados por SGAE, y centra sus objeciones en dos de ellos.
En esta situación, es cuando la entidad de gestión formula una propuesta para terminar el expediente mediante la asunción por su parte de una serie de compromisos:
1.- La elaboración y publicitación de un documento marco contractual unificado en el que se recojan todas las condiciones aplicadas a los operadores de televisión.
2.- La extensión a todos los operadores equivalentes los descuentos que SGAE pudiera admitir a cualquier televisión.
3.- La asunción de un deber de negociación de tratamientos singulares a todos los operados que justifiquen circunstancias objetivas diferentes. Este compromiso viene acompañado de la obligación de publicitación de todas las condiciones especiales pactadas, así como su justificación.
4.- La determinación de la deducción a aplicar por los operadores públicos de la subvención en razón a que su destino son servicios no televisivos mediante un sistema objetivo, que se basará en un informe de un auditor para cuantías superiores a tres millones.
5.- Establecimiento de una suerte de ventanilla de quejas para atender a quienes crean haber sufrido una desventaja competitiva para su examen y compensación en su caso. Lo más llamativo de este punto, y que merecería comentario aparte, es la sumisión a la decisión de la CNMC en caso de discrepancia.
A la vista de estos compromisos, la Autoridad de la Competencia española decide terminar el expediente, aceptando la propuesta de la entidad de gestión.
Cuándo y porqué la terminación convencional
El artículo 52 de la Ley de Competencia española es el único precepto que regula el proceso de terminación convencional. Su texto concede una enorme discrecionalidad al órgano de la competencia, puesto que se limita a reservar esta fórmula a procedimientos en materia de acuerdos y prácticas prohibidas cuando los compromisos resuelvan los efectos sobre la competencia que generan las conductas examinadas y se garantice suficientemente el interés público.
A pesar del riesgo que supone establecer una pauta en estos casos, sí podemos indicar que la experiencia de terminaciones convencionales en el ámbito de la gestión colectiva apunta a que la autoridad de la competencia se inclina a favor en todos aquellos supuestos en que la investigación no reúne la solidez o convicción suficiente para sostener rotundamente el caso como podría suceder en este expediente. Igual tendencia favorable se produce cuando la Competencia encuentra que los compromisos generan un marco general favorable a la competencia más interesante que el que derivaría de la mera resolución del caso particular.
Naturalmente, y en cualquier supuesto, los compromisos deben dar solución a los problemas de competencia apreciados y garantizar suficientemente el interés público. En el presente caso, es fácil identificar que los efectos que pudieran derivarse de la conducta de SGAE quedan resueltos, puesto que la SGAE asume unas exigencias muy claras respecto a la transparencia de sus condiciones y términos contractuales, llegando incluso a asumir la entidad la compensación de aquellos que hubieran sufrido alguna desventaja. Calibrar el interés general es más complicado. La autoridad española lo ha identificado en ocasiones con la prontitud en la finalización de un expediente y la implementación rápida de remedios en una situación de restricción de la competencia. Aunque también en sus valoraciones, ha tenido muy en cuenta que no se dañe el carácter disuasorio que se deriva del ejercicio del poder sancionador; circunstancia que ha determinado que se muestre más contraria a vía convencional cuanto más próximo esté la finalización del expediente y la acreditación de las conductas infractoras. La propia norma prohíbe, de hecho, que se aborde esta vía de solución cuando la investigación formula la propuesta de resolución.
Es curioso, en todo caso, que cuando la reciente reforma de la Ley de Propiedad Intelectual ha reforzado el alcance de la Comisión a la que la ley atribuye las competencias para resolver controversias entre entidades y usuarios, la autoridad de la competencia se haya reservado, en esta terminación, una papel tal relevante para el seguimiento de la conducta de la entidad. ¿Celos o mero deber de vigilancia que le corresponde de estos expedientes?
Autor: Pablo Hernández
Un giro de 180º en el sistema de concesión de patentes en España (II)
viernes, 09 octubre 2015 11:13
Hasta la fecha, un solicitante que desee presentar una solicitud de patente española debe pasar por diversos trámites, que comienzan por un primer examen en el que se examinan determinadas cuestiones formales, así como de carácter técnico y de claridad de la invención que se desea reivindicar, y que continúan por una búsqueda realizada por un técnico examinador de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de todas aquellas divulgaciones anteriores a la fecha de presentación de la solicitud que pudieran suponer algún obstáculo para la patentabilidad de la invención.
Cabe recordar que la Ley de Patentes actualmente en vigor ya establece que, para que una invención sea patentable, debe ser nueva e inventiva (es decir, no obvia) sobre toda divulgación anterior ocurrida antes de la fecha de prioridad de la solicitud.
Pues bien, esta búsqueda, que se concreta en el llamado “Informe sobre el Estado de la Técnica” o IET, recoge todos aquellos documentos encontrados por el examinador de la OEPM y que, en su opinión, supondrían un obstáculo contra la patentabilidad de la invención reivindicada, ya sea porque careciera de novedad o porque fuera obvia a la vista de lo ya conocido en el estado de la técnica.
Lo paradójico de la situación actual es que, aunque la opinión del técnico examinador de la OEPM sobre la patentabilidad de la invención sea más o menos negativa, o incluso totalmente negativa, si el solicitante no pide que la OEPM lleve a cabo el examen (opcional) de los requisitos de patentabilidad, esta solicitud seguirá un curso automático que le llevará hasta la concesión de la patente de una manera inexorable.
Tal patente concedida, lógicamente, estará al albur de que un tercero a quien la existencia de esa patente le moleste, presente una demanda de nulidad ante los tribunales españoles y, si la decisión del juez coincide con la opinión del técnico examinador, el final más probable será la declaración de nulidad de la patente por parte del juez, con lo que es como si nunca hubiera existido. Todo esto supone unos costes tanto para el solicitante, como para terceros, como para la sociedad en general, que podrían evitarse si, desde la etapa de tramitación de la patente ante la OEPM, solamente se concedieran aquellas patentes que superaran un examen de fondo de los requisitos de patentabilidad, examen que en la actualidad es enteramente opcional.
La intención de introducir el examen de requisitos de patentabilidad de manera opcional en el procedimiento de tramitación de una patente española en los años 2000 era la de ir animando poco a poco a los solicitantes a pedir dicho examen, principalmente en el caso de recibir un IET negativo, para así intentar revertir la opinión inicial desfavorable del examinador. Sin embargo esto no ha sido así, y a día de hoy menos del 10% de las solicitudes de patente son examinadas en cuanto a sus requisitos de patentabilidad, inclusive aquellas que recibieron un IET claramente negativo. Esto implica que hay más de un 90% de patentes actualmente en vigor sobre las cuales planea la sombra de la duda en relación a su validez.
La nueva Ley 24/2015, de patentes, cambia este panorama 180º al hacer que el examen de requisitos de patentabilidad sea obligatorio. De esta manera, sólo serán concedidas por la OEPM aquellas patentes que, a juicio del técnico examinador, cumplan con los requisitos de patentabilidad, incluyendo novedad y actividad inventiva, entre otros.
Aquellas que no lo cumplan, serán rechazadas y por tanto nunca adquirirán la condición de “patente concedida”. Esto incrementará muy notablemente la presunción de validez de las patentes españolas que lleguen a la concesión y, por ende, la seguridad jurídica tanto de los propietarios de las patentes como de terceros y la sociedad en general.
La Ley 24/2015 también modifica otros preceptos importante de la actual ley española como son el tipo de invenciones que pueden ser protegidas mediante los modelos de utilidad, que ahora incluye a las composiciones químicas (pero no las farmacéuticas), así como el estado de la técnica relevante para evaluar sus requisitos de patentabilidad, que ahora pasan a tener el mismo criterio de novedad absoluta que las patentes. También se aligera y acelera el procedimiento de tramitación, de modo que un solicitante debería recibir el IET junto con la opinión del examinador durante el año de prioridad, de manera que pueda adoptar con tiempo suficiente la decisión sobre si extender su solicitud al extranjero.
En resumidas cuentas, una actualización muy necesaria de la ley de patentes, que la equipara a las legislaciones de los países más avanzados de nuestro entorno, y que debe redundar en unas patentes más fuertes, con mayor seguridad jurídica y con una tramitación más ágil y ligera que con el sistema actual.
Autor: Francisco J. Sáez
No hay puerto seguro: navegando en la tempestad (Caso Maximilliam Schrems v Data Protection Commissioner)
miércoles, 07 octubre 2015 10:45
La largamente esperada decisión en el marco del asunto C-362/14 Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner ha sido finalmente publicada en fecha 6 de octubre de 2015. Controvertida en sus conclusiones, esta sentencia sobre una cuestión prejudicial trae nueva luz en el debate permanente en materia de recopilación, transferencia y tratamiento de datos de ciudadanos comunitarios por parte de compañías estadounidenses, y el tratamiento de estos datos por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses dentro del marco del programa PRISMA.
El señor Schrems, un ciudadano austriaco, es un usuario de la plataforma Facebook desde 2008. Tal y como resulta habitual en relación con todos los usuarios residentes en la Unión Europea, una parte o la totalidad de los datos que facilitan a Facebook es transferida desde la filial irlandesa de Facebook hacia servidores localizados en los Estados Unidos, donde son tratados.
El señor Schrems formuló una demanda ante la autoridad supervisora irlandesa (el Comisario de Protección de Datos) con base en el hecho de que a la luz de las revelaciones realizadas por Edward Snowden en 2013, sobre las actividades de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos (en particular, la NSA), la ley y las prácticas vigentes en los Estados Unidos no ofrecían protección suficiente contra la vigilancia por parte de las autoridades públicas de los datos transferidos desde la Unión Europea a ese país.
El supervisor irlandés rechazó la demanda basándose en la decisión de 26 de julio de 2000, en la que se señalaba que bajo el “esquema de puerto seguro” los Estados Unidos aseguraban un nivel de protección de los datos de carácter personal transferidos adecuado y satisfactorio (conocida como la “Decisión de puerto seguro”).
El señor Schrems, a continuación, recurrió ante la High Court de Irlanda, la cual consideró que la cuestión planteada en esta acción estaba estrechamente vinculada con la normativa comunitaria ya que, en opinión de la High Court, la Decisión de Puerto Seguro no cumplía con los principios considerados en las sentencias dictadas en los asuntos C-293/12 y C-594/12, EU:C:2014:238.
Cuestión prejudicial elevada al TJUE
El 17 de Julio de 2014, la High Court de Irlanda, ante la que se había sustanciado el asunto, remitió las siguientes cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia para obtener una respuesta aclaratoria al respecto:
1) En el marco de la resolución de una reclamación presentada ante el comisario, en la que se afirma que se están transmitiendo datos personales a un tercer país (en el caso de autos, Estados Unidos) cuya legislación y práctica no prevén una protección adecuada de la persona sobre la que versan los datos, ¿está vinculado dicho comisario en términos absolutos por la declaración comunitaria en sentido contrario contenida en la Decisión 2000/520, habida cuenta de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta y no obstante lo dispuesto en el artículo 25, apartado 6, de la Directiva 95/46/CE?
2) En caso contrario, ¿puede o debe realizar dicho comisario su propia investigación del asunto a la luz de la evolución de los hechos que ha tenido lugar desde que se publicó por vez primera la Decisión 2000/520?
La Opinión del Abogado General, de 23 de septiembre de 2015
De acuerdo con la Opinión del Abogado General (Yves Bot), una compañía, por el mero hecho de contra con una certificación de Puerto seguro, no cumple de forma automática con los requisitos para transferencias de datos establecidos en la directiva comunitaria en materia de protección de datos.
Este argumento ya estaba presente en la Comunicación COM(2013) 846 y en la Comunicación COM(2013) 847.
Como era de esperar, el TJUE ha adoptado los argumentos formulados por el Abogado General.
La sentencia publicada el 6 de octubre de 2015
El TJUE ha fallado que la Decisión de Puerto seguro es inválida, y que la autoridad supervisora irlandesa debería haber analizado la reclamación del señor Schrems de forma detallada y diligentemente para determinar si la transferencia de datos por parte de la filial europea de Facebook a servidores de Facebook en Estados Unidos era conforme con los principios de protección de datos y con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos comunitarios, habida cuenta la existencia de pruebas que sugerían que las prácticas seguidas en los Estados Unidos no garantizaban un nivel de protección adecuado de los datos de carácter personal del señor Schrems.
Esta sentencia dinamita el sistema de puerto seguro que estaba en marcha y está siendo considerado tanto por los académicos como por los medios como un movimiento certero e impactante en la protección de los datos de los ciudadanos comunitarios.
El pasado 1 de octubre, el propio señor Schrems no era capaz de prever el resultado e impacto de su cruzada.
https://twitter.com/maxschrems/status/649610979567894528
Punto de inflexión. Posibles consecuencias.
Esta decisión, al igual que la famosa decisión del año pasado en el caso C-131/12 Google Spain v AEPD and Mario Costeja González (se puede pinchar aquí para un comentario en este blog), ha causado un tsunami a nivel mundial en los sectores de la protección de datos y de las tecnologías de la información.
Ahora los Estados miembros, en particular sus agencias de protección de datos, han de tomar una decisión sobre el puerto seguro en sus respectivas jurisdicciones, e incluso sobre si lo prohíben dentro de sus fronteras.
De todas formas, creemos preciso señalar que las conclusiones alcanzadas por el TJUE en relación con el Puerto seguro también serían aplicables a las compañías que operan bajo un sistema de BCR (Binding Corporate Rules) o esquemas de contratos modelo.
Por otro lado, el artículo 26 de la Directiva 95/46 establece las excepciones en las que las compañías estadounidenses podrían ampararse a la hora de seguir tratando datos de ciudadanos comunitarios (a saber, el consentimiento del sujeto del tratamiento, la necesidad de transferir los datos para ejecutar un contrato suscrito con el sujeto del tratamiento, etc).
En vista de lo anterior, esta resolución del TJUE es una llamada de aviso a las compañías extranjeras que tratan datos de carácter personal de ciudadanos comunitarios, para que protejan dichos datos de conformidad con estándares razonables desde el punto de vista de la normativa comunitaria en la materia.
Autoras: Cristina Espín y Alba López
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References: artículo 52
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 artículo 26
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