Source: http://www.acardozos.com/417999095
Timestamp: 2018-11-13 21:12:21+00:00

Document:
Celular 74430770 * Sucre - Bolivia
La Conciliación Previa EN LA LEY 439
El Código Procesal Civil establece para iniciar una demanda en los procesos de conocimiento, en el artículo 362, necesariamente debe estar presidida de la Conciliación. Requisito que no es indispensable en los procesos extraordinarios, de estructura monitoria, ejecutivos, o concursales, donde es optativo.
La Conciliación no constituye una novedad procesal pues ya se establecía en el abrogado Código de Procedimiento Civil, que en la vía jurisdiccional era factible concluir un proceso por la vía de la conciliación.
El Código Procesal Civil no regula el trámite específico de la Conciliación, por lo que debemos recurrir a la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial) en sus artículos 87 y siguientes y la Ley 708 (de Conciliación y Arbitraje) a los fines de establecer el procedimiento a seguir, y los aspectos fundamentales que hacen a este instituto jurídico.
1.- La Ley 025 establece conciliadores jurisdiccionales y la Ley 708 hace referencia a los Centros de Conciliación.
2.- El Código Procesal Civil no establece que la Conciliación previa deba realizarse necesariamente ante los Conciliadores dependientes del Órgano Judicial, por lo tanto serán competentes para la Conciliación tanto la intentada ante los Conciliadores Jurisdiccionales como en los Centros de Conciliación a los que hace referencia la Ley 708.
3.- Las partes interesadas en la Conciliación, sí tendrá que tener presente que los Conciliadores jurisdiccionales y aquellos de los Centros de Conciliación tienen materias o temas específicos en los que están imposibilitados de actuar.
4.- Sin embargo en ambas instancias, las partes acuden de manera voluntaria, no requieren necesariamente de la presencia de abogados patrocinantes que los asista en el proceso conciliador, aun cuando sí el Conciliador o las partes así lo solicitan podrá el Conciliador admitir su presencia y su asistencia profesional, pero será con las partes con quien dialogue y actué el Conciliador.
5.- La Conciliación es una actuación de una sola audiencia, aunque los Conciliadores o a pedido de las partes, según como se desarrolle la audiencia podrán excepcionalmente establecer una segunda audiencia para a su conclusión establecer aquello que se hubiese conciliado y aquellos aspectos sobre los cuales no se ha logrado conciliar.
6.- Los Conciliadores serán los que administren y dirijan la audiencia, así como podrán proponer a las partes alternativas para alcanzar la conciliación.
7.- A la conclusión de la audiencia se elaborará un acta en el que se sintetice el objeto de la conciliación, los puntos específicos conciliados y aquellos puntos específicos en los que no se hubiese alcanzado la conciliación.
8.- Por el carácter reservado de cuanto se diga en la audiencia y por el principio de confidencialidad que caracteriza a la Conciliación, no deben figurar en Acta todos los detalles de cuanto se ha manifestado por las partes o por los Conciliadores, sino exclusivamente los resultados.
9.- Aquellos puntos específicos que no lograron conciliarse, serán los que pueden ser formalizados en una demanda ordinaria, que deberá resolverse en un proceso ante el Juez Público de Materia.
10.- Aun cuando no está establecido en el Código Procesal Civil, consideramos que ha sido un error que el Órgano Judicial haya establecido que la Conciliación debe formularse y dirigirse al Juez Público de Materia y no directamente al Conciliador, obligado que sea el Juez quien derive la solicitud de Conciliación, al Conciliador, puesto que con ese proceder se están afectando los principios de celeridad, simplicidad, economía procesal, y se vulnera el principio de excluir la formalidad del proceso, conciliador.
Sucre, 4 de enero del 2017
PROCESO ORDINARIO EN LA LEY 439
El Código Procesal Civil establece para este tipo de proceso, el requisito previo de haberse intentado la conciliación, es decir que el Juez solo habrá de conocer en la demanda aquellos aspectos que no hayan podido conciliarse.
Una vez citado el demandado, la norma prevé tres posibilidades: a) que se allane el demandado en cuyo caso el Juez pronunciará sentencia, es decir que, si el allanamiento se produce el último día del plazo concedido para la contestación (30 días), podemos afirmar que el proceso debería concluir en un plazo extremo de 50 días.
b) La segunda posibilidad es que el demandante conteste negando la demanda dentro del plazo de 30 días computados desde el día siguiente de su citación y en días calendario. Con la contestación el Juez debe fijar audiencia dentro de los 10 días siguientes, plazo que deberá computarse en días hábiles, lo que representa que estimado en días calendario, podemos afirmar que la audiencia Preliminar se habrá de desarrollar máximo 52 días después de la presentación de la demanda.
En esta audiencia Preliminar las partes se ratificarán en la demanda y contestación, se recibe la prueba vinculada a las excepciones, si es que se hubiesen formulado estas, y el Juez en la misma audiencia las resuelve, así como procede al saneamiento del proceso en todo aquello que corresponda. Procediendo luego a la recepción de prueba y solo convocará a una audiencia complementaria a los fines de se ratifica a manera Por lo tanto, la demanda habrá de limitarse precisamente producir aquella que no pudo producirse en esa audiencia preliminar. De donde se desprende que, si en la audiencia preliminar se pudo producir toda la prueba, entonces el Juez está en la obligación de dictar sentencia, lo que significa que la Resolución Final de la controversia debería producirse en los 52 días, y en los casos en que por su complejidad así lo amerite, el Juez dispone de 20 días adicionales para dar lectura de sus fundamentos en una audiencia de simple lectura de sentencia, en otros términos debe entenderse que cuando el proceso contengan aspectos complejos a resolver, el Proceso Ordinario debe concluir en 72 días calendario como máximo; en otros términos el Proceso Ordinario no debería durar más allá de dos meses y 12 días.
c) Finalmente la tercera probabilidad es que luego de la citación al demandado, éste decida reconvenir, en cuyo caso deberá correrse en traslado y con el mismo plazo para contestar a la demanda, y en los demás se debería mantener los plazos y el desarrollo del proceso, en cuyo caso habrá que añadir los 30 días adicionales concedidos para responder a la reconvención. En estos casos el proceso ordinario no debería durar más allá de 102 días, es decir 3 meses y doce días.
Finalmente, para la eventualidad de que sea necesaria la realización de una audiencia complementaria deberíamos añadir 10 días adicionales, que conforme el Código Procesal Civil es el plazo en el que debe realizarse la convocatoria a la audiencia complementaria, plazo que se computa desde la finalización de la misma audiencia preliminar, pues se entiende que es en ésa audiencia que el Juez notifica a las partes de la realización de la audiencia complementaria. En esta eventualidad habría que añadir esos diez días adicionales para la audiencia final, con lo cual en definitiva el proceso ordinario debería tener Sentencia en Primera Instancia en un plazo no mayor a los 112 días, es decir en un plazo que no podrá superar los 4 meses.
Este es el diseño del proceso ordinario que ha previsto la Ley, y que además se halla en plena concordancia con los artículos 2 y 6 del mismo Código Procesal Civil que imponen a las autoridades judiciales la responsabilidad de adoptar todas las medidas orientadas a la finalización del proceso, lo que guarda plena concordancia con el principio de celeridad; si ello no fuese suficiente el artículo 6 le aclara a las autoridades jurisdiccionales que al interpretar el Código, él debe tener presente que el objeto del proceso es la efectividad de los derechos reconocidos en el Código Civil, preservando ciertamente las garantías constitucionales, pero de ninguna manera priorizando aspectos formales o actuaciones que tiendan a dilatar el proceso.
Así como las partes están en la ineludible obligación de cumplir rigurosamente los plazos establecidos en el Código Procesal Civil, a riesgo de que en unos casos se produzca caducidad o en otros precluya el derecho. Así también las autoridades tienen la ineludible obligación de cumplir rigurosamente los plazos que la Ley establece. Ello no sólo que sería el absoluto sometimiento de todos a la Ley, sino que se habría cumplido con los principios de celeridad procesal y oportunidad de las resoluciones.
Esperemos que las autoridades jurisdiccionales asuman con verdadera responsabilidad el rol que les corresponde en el proceso y no introduzcan prácticas viciosas que dilaten el trámite del proceso. Conocemos extraoficialmente que, en algunos departamentos, los jueces han adoptado en variadas oportunidades el criterio de que en la audiencia preliminar solo conocen y resuelven las excepciones si ellas han sido formuladas, así como se pronuncian sobre las admisión o rechazo de la prueba, e inmediatamente proceden a suspender la audiencia para convocar a la audiencia complementaria, donde se producirá la prueba y se deberá pronunciar sentencia, es decir que ya han incorporado una práctica que esperemos en el tiempo sea corregida por ellos mismos, o mediante la jurisprudencia que al respecto se pueda generar en cada distrito judicial.
Sucre, 3 de octubre del 2016
La reforma del Derecho Procesal Civil Boliviano del sistema escriturado al sistema oralidad, pretende reducir la retardación de justicia y lograr una justicia ágil, eficiente y oportuna. El Código Procesal Civil promulgado mediante Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, cuya vigencia plena recién se inicia el 6 de febrero del 2016.
En el sistema procesal escriturado, el procedimiento se caracterizaba por una formalidad que reclamaba el cumplimiento riguroso de una secuencia de actos jurídicos que se iniciaban con la demanda y que debían observarse minuciosamente en procura de la sentencia, último acto con el que debía concluir toda controversia, entendiendo que así se garantizaba el debido proceso. Sin perjuicio de la posibilidad de la posibilidad de que quien no estuviese conforme con lo resuelto pudiese recurrir en apelación, respetando el principio de la doble instancia o de revisión y en determinados procesos incluso la posibilidad extraordinaria de la casación; mecanismos estos que también disponían de fases y etapas de riguroso cumplimiento, así en síntesis lo describía el Profesor James Goldschmidt en su obra Derecho Procesal Civil en 1936; que con las variantes propias y los fundamentos que a su turno desarrollaron doctrinarios del derecho procesal civil como Francesco Carnellutti o Hugo Alsina. Con esa visión también se redactó el Código de Procedimiento Civil boliviano de abril de 1976.
Prueba evidente de aquella realidad se manifiesta en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia que en el Auto Supremo 228/2014, a tiempo de fundamentar un recurso de casación sostiene:
“Interpuesto el recurso de casación, corresponde inicialmente realizar algunas consideraciones generales referidas al proceso, denominado así el conjunto sistemático de actos jurídicos procesales desarrollados en procura de arribar a la resolución del conflicto planteado por las partes, estructurado en etapas y fases con la finalidad de otorgar a los litigantes las garantías de igual y defensa, establecidas en la Constitución Política del Estado, proceso que sin embargo puede en su tramitación, resultar vulnerable a la realización u omisión de actos que pudieren afectar su avance con la normalidad que se debe y que en algunos casos estas situaciones obsten con la finalidad primaria del proceso jurisdiccional que en definitiva consiste en la emisión de un fallo que resuelva el conflicto planteado.” Es decir que primaba el respeto el orden sistemático de actos, etapas y fases en “procura de arribar a la resolución del conflicto”.
La reforma vigente desde febrero del 2016, supone un cambio de mentalidad no sólo por el hecho de asumir un sistema de oralidad, que supone la preponderancia de las actuaciones orales y de la inmediación. Sino que fundamentalmente el proceso civil ha cambiado de objetivo; de la rigurosidad de las formas, plazos y la rigidez en el cumplimiento de determinados actos, por lo fundamental sigue siendo resolver la controversia, pero concluirla lo antes posible, sin que ello signifique vulnerar derechos o la garantía del debido proceso.
El artículo 6 del Código Procesal Civil (Ley Nº 439) claramente define que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos; y en esa línea el artículo 2º del mismo Código sostiene que la responsabilidad de los Jueces es adoptar las medidas orientadas a la finalización del proceso. Siendo que el debido proceso es una garantía constitucional para las partes, el Juez tendrá que tener presente aquello, pero deberá buscar la forma de concluir con los procesos lo antes posible, porque así se lo impone la Ley.
Por ello mismo, sin que se atropellen las actuaciones o se suprima el derecho legítimo de las partes a defender sus propias pretensiones en el proceso; corresponderá al Juzgador que si en la primera audiencia ya ha formado convicción clara de lo que habrá de ser su decisión final, podrá pronunciar resolución o sentencia en esa misma audiencia y si el procedimiento establece la posibilidad de dos audiencias, ello no significa que deba esperar a la celebración de esa segunda audiencia para pronunciar sentencia. Así como cuando la Ley le permite al Juez la posibilidad de celebrar excepcionalmente una audiencia adicional, eso tampoco significa que el Juez se organice de forma tal se convierta en una rutina en sus actuaciones, el que recurra al fácil expediente de convertir la excepcional audiencia adicional en una práctica cotidiana.
Como se podrá apreciar el éxito o fracaso en la vigencia y correcta aplicación del Código Procesal Civil, depende hoy en gran medida de la actitud y determinación de los Jueces, en la conducta que asuman los abogados litigantes, para exigir ese debido impulso procesal y la correcta interpretación de la Ley, no solo porque los abogados patrocinantes de una causa tengan una correcta y absoluta buena fe y lealtad procesal, sino que además tengan el coraje de reclamarla y exigirle al Juzgador.
A seis meses de su vigencia, es prematuro realizar una evaluación de los resultados alcanzados y en la forma en que reclama la Ley 439, pero hacemos votos que todos los sujetos que intervienen en el proceso, lo hagan imbuidos de esa mentalidad.
Sucre, 3 de septiembre del 2016

References: artículo 362
 Resolución 
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 artículo 6
 artículo 2
 resolución