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Timestamp: 2019-05-25 17:27:31+00:00

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﻿ SENTENCIA 2003-10384/45109 DE MAYO 24 DE 2017
SENTENCIA 2003-10384 DE 24 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:FORMA DE ACREDITAR LA PROPIEDAD DE SEMOVIENTES. EL POSEEDOR ES REPUTADO DUEÑO, MIENTRAS OTRA PERSONA NO JUSTIFIQUE SERLO, SEGÚN EL ARTÍCULO 762. LA REGLA FUNDAMENTAL Y CARACTERÍSTICA DE LA PROPIEDAD DE BIENES MUEBLES ES LA DE QUE, LA POSESIÓN SOBRE ESTA CLASE DE BIENES, ADQUIRIDA DE BUENA FE, EQUIVALE AL TÍTULO, PARA ACREDITAR LA PROPIEDAD SOBRE DE LOS BIENES MUEBLES EL ORDENAMIENTO JURÍDICO COLOMBIANO POR REGLA GENERAL NO EXIGE UNA PRUEBA SOLEMNE, POR LO QUE SE PUEDE DEMOSTRAR CON CUALQUIER MEDIO DE PRUEBA Y ELLO EN APLICACIÓN DE LA REGLA DE LIBERTAD PROBATORIA QUE RIGE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL. SIN EMBARGO, LA INDICADA LIBERTAD PROBATORIA QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESTABLECE POR REGLA GENERAL, ENCUENTRA EXCEPCIONES NOTABLES EN AQUELLOS BIENES MUEBLES SOMETIDOS A REGISTRO COMO LOS AUTOMOTORES, LAS NAVES MAYORES Y LAS AERONAVES, EN LOS QUE LA MANERA DE ACREDITAR EL DERECHO DE PROPIEDAD LA CONSTITUYE LA LICENCIA DE TRÁNSITO DEL REFERIDO VEHÍCULO O EL CERTIFICADO EMITIDO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. EN MATERIA DE SEMOVIENTES, PARTICULARMENTE LOS BOVINOS, EL ORDENAMIENTO JURÍDICO HA ESTABLECIDO UN RÉGIMEN DE REGISTRO SIMILAR, EN LA MEDIDA EN QUE LAS CONDICIONES PROPIAS DE DICHOS SERES VIVOS LO PERMITE, AL DE OTRO TIPO DE BIENES MUEBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, ANIMAL, INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS MORALES, BIEN MUEBLE
Sentencia 2003-10384/45109 de mayo 24 de 2017
Rad.: 500012331000200310384 01 (45109)
Actor: Angélica María Marrero Oliveros y otros.
Demandado: Nación - Ministerio de Defensa y otro.
Temas: Responsabilidad del Estado por la acción de grupos al margen de la ley, imputación con fundamento en la falla del servicio. Perjuicios morales por desplazamiento forzado. Ausencia de prueba del perjuicio moral derivado de pérdidas materiales. Forma de acreditar la propiedad de semovientes. Condena en abstracto por perjuicios materiales.
Atendiendo la prelación frente a estos asuntos dispuesta en el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 y con apoyo en lo decidido por la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sesión del 26 de enero de 2017, se decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de fecha 17 de mayo de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.
Mediante escrito presentado el 18 de noviembre de 2003, los señores Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra, a través de apoderada judicial, interpusieron demanda en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación - Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia, Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Policía Nacional, Oficina del Alto Comisionado para la Paz y Departamento Administrativo de Seguridad DAS(1), con el fin de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios causados con ocasión del hurto y saqueo cometido por las FARC el 16 de noviembre de 2001 en el hato La Idea, de propiedad de la señora Angélica María Marrero Oliveros, predio ubicado en el municipio de Santa Rosalía - departamento del Vichada.
Señaló la parte actora que el hecho dañoso había ocasionado la pérdida de 311 cabezas de ganado, 9 caballos, una motobomba, monturas de animales equinos, un tanque de cemento, un mangón de 70 hectáreas y cultivos de plátano, yuca, caña de azúcar y café(2). Con todo, solicitó que a título de indemnización se reconocieran las siguientes sumas de dinero (se transcribe de manera textual):
La suma de treinta millones novecientos mil pesos moneda legal [$ 30’900.000] o el valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (…) para Angélica María Marrero Oliveros y la suma de treinta millones novecientos mil pesos moneda legal [$ 39’900.000] o el valor equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes para Carlos Enrique Marrero Parra (…).
a. La pérdida de 331 cabezas de ganado, discriminadas en: 57 vacas lecheras paridas, 100 vacas de cría, 35 novillas de uno a dos años, 53 novillas de tres años, 28 mautes o novillos de uno a dos años y 57 becerros menores de un año por valor de quinientos sesenta y dos millones seiscientos cincuenta mil pesos moneda corriente [$ 562’650.000] correspondientes al valor comercial de hechos (sic) acaecidos el 16 de noviembre de 2001 en el hato La Idea, Inspección de Guacacias, municipio de Santa Rosalía, departamento del Vichada.
b. La pérdida total de nueve millones cien mil pesos [$ 9’100.000] correspondientes al valor comercial de 9 caballos destinados a las labores ganaderas (…).
c. La quema de un mangón de setenta hectáreas en pasto llanero, donde el valor por hectárea (…) es de $ 500.000 para un total perdido de treinta millones de pesos moneda corriente [$ 30’000.000], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 (…).
d. La pérdida de 15.5 hectáreas de cultivos, por abandono forzado, así:
6 hectáreas de plátano artón (sic) a $ 2’500.000 cada una, su siembra para un total de quince millones de pesos moneda corriente [$ 15’000.000], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 en el hato La Idea, Inspección de Guacacias, municipio de Santa Rosalía, departamento del Vichada.
2 hectáreas de plátano topocho, a $ 2’500.000 cada una, su siembra para un total de cinco millones de pesos moneda corriente [$ 5’000.000], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 en el hato La Idea, Inspección de Guacacias, municipio de Santa Rosalía, departamento del Vichada.
e. La pérdida de una motobomba de alta presión (…) y sus accesorios para un valor de seiscientos dieciocho mil pesos moneda corriente [$ 618.964], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 (…).
f. La pérdida de cinco [5] monturas valor de cada una de $ 600.000 para un total de tres millones de pesos moneda corriente (…).
g. La pérdida por destrucción de tres [3] tanques para agua de mil litros cada uno (…) para un total de novecientos mil pesos moneda corriente [$ 900.000] (…).
a. La pérdida por desplazamiento de la explotación económica del hato La Idea, de 626 hectáreas con 5.171 metros cuadrados de área (…) donde permanentemente se mantienen dos reses por hectárea a razón de $ 3.000 mensual cada una, contados desde el 16 de noviembre del año 2001 hasta la presentación de esta demanda han transcurrido 23 meses, es decir que el hato ha dejado de producir a mis mandantes la suma de cuatro millones ciento cuarenta mil pesos moneda corriente [$ 4’140.000].
b. El valor de la producción de leche de 57 vacas lecheras, donde cada una producía 4 botellas diarias (…) las que se convertían 1.710 libras de queso que se vendían en Orocué, Casanare, a $ 2.000 libra (…) para un total mes en venta de queso de tres millones cuatrocientos veinte mil pesos moneda corriente mensual que multiplicado por los 23 meses que llevan sin producirlos, hasta la presentación de esta demanda nos da un total de setenta y ocho millones seiscientos sesenta mil pesos moneda corriente [$ 78’660.000].
c. Los cultivos producían seis millones de pesos moneda corriente [$ 6’000.000] anuales para un total de doce millones de pesos [$ 12’000.000] más el valor que resultare probado pericialmente hacia el futuro.
d. La pérdida por hurto de 331 cabezas de ganado cuyo valor comercial es de quinientos setenta y un millones setecientos cincuenta mil pesos moneda corriente [$ 571’750.000], más el valor que resulte probado pericialmente hacia el futuro”(3).
Como fundamentos de hecho de sus pretensiones, los demandantes refirieron, en síntesis, que el 18 de octubre de 1998 el entonces Presidente de la República declaró abierto el proceso de diálogo con las FARC, para lo cual estableció la denominada zona de distensión en varios municipios ubicados en los departamentos del Meta y Caquetá.
Señalaron que, al crearse la zona de distensión, quedaron a merced de las FARC no solamente los territorios cobijados con dicha medida sino también las regiones circunvecinas, especialmente los Llanos Orientales, incluido el departamento del Vichada, donde el grupo subversivo cometió, sin control alguno, múltiples homicidios, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados(4).
Manifestaron que la señora Angélica María Marrero Oliveros es propietaria de un hato ubicado en inmediaciones del municipio de Santa Rosalía - Vichada, en el cual ella y su esposo Carlos Enrique Marrero Parra se dedicaban a la actividad ganadera y a la siembra de diferentes productos agrícolas.
Indicaron que el 16 de noviembre de 2001 “fueron privados del goce y explotación comercial de su hato”, el cual fue saqueado por miembros de los frentes 10 y 16 de las FARC, quienes hurtaron varias cabezas de ganado, quemaron la mayoría de sus papeletas de venta y ocasionaron “desplazamiento forzado”(5).
Refirieron que, a pesar de que las Fuerzas Militares y las autoridades del Estado retomaron el control de los municipios comprendidos en la zona de distensión y su área de influencia al terminar los diálogos de paz, las áreas rurales aledañas continuaron “bajo el imperio de las FARC”, de suerte que los demandantes se vieron en la imposibilidad de explotar económicamente su predio.
La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Meta mediante providencia del 13 de enero de 2004 y notificada a las entidades demandadas en los meses de agosto y septiembre de ese mismo año(6).
1.2. Las contestaciones a la demanda.
1.2.1. En escrito presentado el 14 de septiembre de 2004, el entonces Ministerio del Interior y de Justicia(7) defendió la legalidad de los actos administrativos que establecieron la zona de distensión y recalcó el fundamento jurídico del proceso de paz adelantado con la guerrilla de las FARC durante la vigencia de dicha medida, con base en lo cual sostuvo que tales procesos no habían provocado daño antijurídico alguno que le fuera imputable al Estado colombiano, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política.
Señaló que, en el sub lite se había configurado el hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad estatal, puesto que las actuaciones ilícitas referidas en la demanda fueron cometidas por las FARC. Agregó que, en todo caso, los diálogos de paz con ese grupo insurgente y la instauración de la zona de distensión no habían sido la causa determinante del saqueo perpetrado en la finca de los demandantes, razón por la cual no podía aducirse la ocurrencia de fallas en el servicio ni la configuración del daño especial como título de imputación(8).
1.2.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República manifestó que el daño referido en la demanda no le era imputable, toda vez que la zona de distensión y los diálogos de paz fueron dispuestos por el Gobierno nacional y no por esa entidad. En tal sentido, sostuvo que no podía predicarse la configuración de falla del servicio ni tampoco un daño especial respecto de ese departamento administrativo, toda vez que no incurrió en ninguna conducta que, en cualquiera de tales regímenes, hubiera sido determinante para provocar el daño. Bajo estos argumentos propuso la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva”.
Afirmó que los hoy demandantes solo denunciaron el saqueo de su hato dos años después de los hechos lo cual, en su sentir, pone de manifiesto su propia culpa y contribuye a la agravación del menoscabo patrimonial, puesto que el prolongado silencio impedía a las autoridades adelantar acciones para investigar el delito y recuperar los bienes sustraídos.
Planteó, finalmente, la excepción de “caducidad de la acción”, en cuya virtud manifestó que, habiendo acontecido el daño el 16 de noviembre de 2001, el plazo legal para instaurar la demanda expiraba el 17 de noviembre del año 2003, pese a lo cual, la parte actora solo promovió la acción el 18 de noviembre de dicho año(9).
1.2.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional propuso la excepción de hecho de un tercero, sustentada sobre la base de que el hecho dañoso fue cometido por la guerrilla de las FARC, en tanto que la zona de distensión y el proceso de paz adelantado con ese grupo insurgente, fueron gestionados por el Gobierno nacional y no por las Fuerzas Militares(10).
1.2.4. La Policía Nacional sostuvo que el daño había sido perpetrado por el hecho de un tercero y que, en tal virtud, no le resultaba atribuible al estamento policial. Agregó que la Constitución Política no establecía la obligación para la Fuerza Pública, de disponer unidades con presencia permanente en cada punto de la geografía nacional, como tampoco la exigencia de lograr objetivos materialmente imposibles.
Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, en virtud de la cual reiteró que el hurto y los demás hechos referidos por los demandantes fueron cometidos por un grupo subversivo y no por la autoridad pública, de suerte que no era procedente cargar al patrimonio del Estado las conductas ilícitas cometidas por quienes se encontraran al margen de la ley(11).
1.2.5. El Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— contestó la demanda en forma extemporánea, aspecto que fue declarado expresamente por el a quo mediante proveído del 2 de agosto de 2006(12).
En el mismo auto proferido el 2 de agosto de 2006, el Tribunal Administrativo del Meta abrió el proceso a pruebas y, una vez hubo concluido el período probatorio, en providencia del 19 de mayo de 2011 dio traslado a las partes para alegar de conclusión(13).
1.3.1. En esta etapa de la actuación, el Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— recalcó que la demanda no contenía ninguna imputación formulada contra esa entidad, en tanto que los hechos allí señalados evidenciaban que el daño había sido provocado por terceros, sin la participación, facilitación o contribución de las autoridades estatales.
Subrayó que, de conformidad con la ley, sus funciones consistían en actuar como cuerpo civil de inteligencia y producir la información requerida por el Estado para prevenir y reprimir los actos perturbadores de la seguridad nacional o que amenazaran la integridad el régimen constitucional, de suerte que no le resultaba legalmente exigible desempeñar funciones de policía ni repeler a los grupos insurgentes.
1.3.2. A su turno, la parte actora manifestó que en el proceso se había demostrado el derecho de propiedad ejercido por la señora Ángela María Marrero sobre el hato La Idea, de suerte que había lugar a declarar la responsabilidad de las autoridades demandadas por el hurto y las demás acciones cometidas por las FARC en dicho inmueble.
Tras reiterar los hechos de la demanda, refutó la falta de legitimación en la causa por pasiva alegada por las entidades vinculadas al proceso por cuanto, en su sentir, dicha excepción estaba fundada en la circunstancia de no haber estado presentes tales instituciones en el poblado donde ocurrieron los hechos, aspecto este que fue justamente el que configuró la falla del servicio reprochada en la demanda. En punto a lo anterior, reiteró que todos estos órganos estatales, al mando del Gobierno nacional, habían permitido que el grupo insurgente actuara sin control alguno en la zona de distensión y en sus regiones aledañas.
Con estos mismos argumentos desestimó la excepción de hecho de un tercero y, en lo restante, reprodujo los planteamientos expuestos en el libelo.
1.3.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio durante el término para alegar de conclusión.
1.4. La sentencia apelada(14).
Cumplido el trámite legal correspondiente, el Tribunal Administrativo del Meta profirió fallo el 17 de mayo de 2012, oportunidad en la cual declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio del Interior y de Justicia, rechazó esa misma excepción respecto de las demás entidades que la alegaron, declaró la no ocurrencia de caducidad y denegó las pretensiones de la demanda.
En lo atinente a la legitimación en la causa por pasiva, el juzgador a quo sostuvo que el Ministerio del Interior y de Justicia carecía de vocación para ser demandado en el presente asunto, por cuanto no expidió ni intervino en los actos administrativos que establecieron la zona de distensión, mientras que el DAS, el Ministerio de Defensa y las unidades de la Fuerza Pública sí se encontraban legitimadas en el sub lite, dado que sus atribuciones legales comprendían precisamente la protección de las personas y de sus bienes.
Con respecto a la controversia de fondo señaló que, si bien era deber del Estado velar por la seguridad de las personas, lo cierto era que los daños que estas llegaran a padecer no acarreaban la responsabilidad “automática” de las entidades, puesto que previamente debía establecerse la falla del servicio o el incumplimiento de la obligación legal que le era exigible al estamento público, así como los medios que hubiera tenido a su alcance para evitar la lesión al bien jurídico reclamado.
Al llevar esta premisa al caso concreto, concluyó que las autoridades demandadas no habían incurrido en falla del servicio determinante para provocar el daño, toda vez que nunca fueron informadas sobre la presencia de las FARC en inmediaciones del predio rural perteneciente a la actora ni recibieron denuncia alguna por la sustracción de los bienes, lo cual les impidió adelantar la investigación del delito y recuperar los semovientes y elementos hurtados.
Recalcó que el municipio de Santa Rosalía - Vichada —lugar de ubicación del hato ganadero— distaba ampliamente de la zona de distensión, de modo que no era dable señalar que la Fuerza Pública y las demás autoridades estatales no hubieran hecho presencia en la región de ocurrencia de los hechos, o que el daño fuera consecuencia de dicha medida política.
Enfatizó en la omisión de denuncia del hecho dañoso como prueba de la inexistencia de falla del servicio, para lo cual señaló:
“… al no estar probado que el actor haya informado del hurto del ganado a todas las autoridades de seguridad del Estado (…) para que adelantaran las operaciones en la zona del hurto, ni haya informado de la presencia de grupos al margen de la ley (…), el daño que se ha realizado no resulta imputable a la incuria o negligencia imperdonable de la Fuerza Pública, se insiste, el interesado nunca informó a las autoridades de la situación de riesgo en la que se encontraba la zona y pese a que el daño se ha consumado, no se puede responsabilizar del mismo a las autoridades demandadas (…), en cuanto (los demandantes) no desplegaron actividades inmediatas para la recuperación de unos semovientes”(15).
Por otro lado, subrayó que en el presente caso no había operado la caducidad de la acción puesto que, según su dicho, la demanda fue presentada ante la “Oficina judicial” el 11 de noviembre de 2003, fecha que debía ser tenida como la de radicación del libelo, al margen de que la actuación hubiera sido repartida al tribunal de primera instancia el 18 de noviembre de 2003.
1.5. El recurso de apelación y el trámite en segunda instancia.
1.5.1. Inconforme con la anterior providencia, la parte demandante interpuso recurso de apelación a efectos de que fuera revocada y en su lugar se acogieran las pretensiones de la demanda. El mecanismo de alzada fue concedido el 10 de julio de 2012 y admitido por esta corporación a través de auto del 4 de octubre de ese mismo año(16).
Manifestó la apelante que, contrario a lo señalado en el fallo impugnado, en el proceso sí se había acreditado la falla en el servicio de las entidades demandadas, en particular con los testimonios que refirieron expresamente las solicitudes previas de protección hechas por el ciudadano Alberto Albarracín y desatendidas por la administración. Agregó que era de público conocimiento la presencia de las FARC en el municipio de Santa Rosalía - Vichada, así como los asaltos que en varias oportunidades había hecho dicho grupo en la sede de la Caja Agraria, de modo que no era de recibo la afirmación hecha en la sentencia, en cuanto a que las autoridades públicas no habían sido informadas sobre el accionar de los insurgentes en la indicada población.
Insistió en que el establecimiento de la zona de distensión había contribuido a la provocación del daño, puesto que en desarrollo de esa medida el Estado descuidó los municipios comprendidos en ella y los territorios circunvecinos, entre estos el municipio de Santa Rosalía.
1.5.2. Mediante providencia de 9 de noviembre de 2012(17) se dio traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto.
1.5.2.1. En su concepto, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, manifestó que las pruebas allegadas a la causa no permitían establecer la configuración del daño, ni la identidad de quienes lo provocaron. En este punto, sostuvo que las simples afirmaciones sin sustento probatorio no podían llevar a la convicción de que el hurto referido en la demanda hubiera sido cometido por las FARC y que, aun si así pudiera establecerse, había lugar a concluir que el hecho dañoso fue cometido por un tercero, por lo cual no era posible atribuirle al Estado responsabilidad alguna por su ocurrencia. Bajo esta misma óptica, concluyó que el hecho de un tercero rompía la relación de causalidad entre el daño y el proceder de la administración, lo cual daba lugar a que se denegaran las súplicas de la demanda(18).
1.5.2.2. El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República solicitó que se acogiera íntegramente lo decidido en la sentencia apelada y se ratificó en todos los planteamientos hechos en la contestación de la demanda, referentes a la ausencia de falla del servicio que fuera predicable de dicha entidad(19).
1.5.2.3. La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional reiteró que en el presente caso se había configurado el “hecho de un tercero” como causal eximente de responsabilidad, por lo cual no había lugar a imponer condena alguna con cargo al patrimonio de las Fuerzas Militares(20).
1.5.2.4. La Policía Nacional presentó alegatos de conclusión sobre una controversia diferente a la que aquí se examina(21).
1.5.2.5. La parte actora señaló que, en su momento, la Ley 199 de 1995 le había asignado al Ministerio del Interior la función de velar por el garantizado ejercicio de todos los derechos y libertades de los habitantes del territorio nacional, de modo que dicha cartera gubernamental debía intervenir en las regiones no cobijadas por la zona de distensión. En tal sentido sostuvo que, al omitir el ministerio el cumplimiento de tal deber, incurrió en una falla en el servicio que ameritaba en el sub lite la imposición de condena patrimonial en su contra.
Afirmó que la demanda estaba dirigida contra todas las entidades que establecieron la zona de distensión, razón por la cual debía revocarse la declaratoria de falta de legitimación en la causa por pasiva, dispuesta en la sentencia apelada respecto del Ministerio del Interior y de Justicia.
Por lo demás, reiteró los argumentos expuestos en la demanda y a lo largo de la actuación(22).
1.5.2.6. Los Ministerios de Justicia y del Interior, guardaron silencio.
1.5.3. Por auto de fecha 24 de octubre de 2014, esta corporación aceptó a la Policía Nacional como sucesora procesal del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, hoy suprimido(23).
1.5.4. En escrito presentado el 22 de octubre de 2015, la parte actora solicitó que la parte demandada fuera convocada a conciliación judicial. No obstante, en audiencia celebrada el 11 de febrero de 2016 las entidades integrantes de la parte pasiva manifestaron la ausencia de ánimo conciliatorio, razón por la cual dicho trámite se dio por terminado(24).
La Sala es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 17 de mayo de 2012, en proceso con vocación de doble instancia ante esta corporación, pues la mayor pretensión que se estimó en la demanda supera los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes exigidos para la fecha de interposición del recurso(25).
En el presente asunto, advierte la Sala que la demanda se interpuso dentro del término de dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo(26).
En efecto, la responsabilidad administrativa que se impetra en el sub lite se originó en los perjuicios sufridos por los demandantes a raíz del hurto perpetrado en el hato La Idea por un grupo al margen de la ley, el 16 de noviembre de 2001, de suerte que el término de caducidad estaba llamado a expirar el 17 de noviembre del año 2003. Ahora, aunque la demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo del Meta el 18 de noviembre de 2003(27), se tendrá como presentada oportunamente, toda vez que el 17 de noviembre de 2003 fue día festivo en el calendario nacional de ese año, razón por la cual debía darse aplicación al artículo 62 de la Ley 4ª de 1913, a cuyo tenor, los plazos de meses y años cuyo último día sea feriado o vacante, deben extenderse “hasta el primer día hábil”. Asimismo, en línea con lo anterior, el artículo 121 del Código de Procedimiento Civil señala: “En los términos de días no se tomarán en cuenta los de vacancia judicial, ni aquellos en que por cualquier circunstancia permanezca cerrado el despacho”.
2.3.1. Cuestión previa sobre la forma de acreditar la propiedad de los semovientes vacunos.
En los términos del inciso primero del artículo 655 del Código Civil, “[m]uebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose ellas a sí mismas como los animales (que por eso se llaman semovientes), sea que sólo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas”.
Ahora, de conformidad con el artículo 754 del mismo código, la tradición de los bienes corporales muebles debe hacerse “significando una de las partes a la otra, que le transfiere el dominio”. Tal significación, según el mismo postulado, puede hacerse de varias maneras, entre las cuales la norma enuncia las siguientes: i) la entrega material de la cosa a favor del adquiriente, ii) la exhibición del bien ante el adquirente, iii) la entrega de “las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa”, iv) la obligación asumida por el enajenante, de poner la cosa a disposición del adquirente en el lugar convenido y, v) la “venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no traslaticio de dominio; y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario”.
Por su parte, el artículo 762 del ibídem, señala que “[e]l poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifique serlo”.
Con fundamento en estas reglas normativas, la jurisprudencia de la Sala ha señalado que “la regla fundamental y característica de la propiedad de bienes muebles es la de que, la posesión sobre esta clase de bienes, adquirida de buena fe, equivale al título”, a lo que se agregó: “para acreditar la propiedad sobre de los bienes muebles el ordenamiento jurídico colombiano por regla general no exige una prueba solemne(28), por lo que se puede demostrar con cualquier medio de prueba y ello en aplicación de la regla de libertad probatoria que rige nuestro ordenamiento legal en la materia [artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 187 del mismo código]”(29) (se destaca).
Sin embargo, la indicada libertad probatoria que el ordenamiento jurídico establece por regla general, encuentra excepciones notables en aquellos bienes muebles sometidos a registro como los automotores, las naves mayores y las aeronaves(30), en los que la manera de acreditar el derecho de propiedad la constituye la licencia de tránsito del referido vehículo o el certificado emitido por la autoridad competente(31).
En materia de semovientes, particularmente los bovinos, el ordenamiento jurídico ha establecido un régimen de registro similar, en la medida en que las condiciones propias de dichos seres vivos lo permite, al de otro tipo de bienes muebles; en efecto, a partir de la Ley 132 de 1931 se habilitó al gobierno para que reglamentara lo relativo a hierros y marcas quemadoras, lo cual se materializó con el Decreto 1372 de 1933, en el que se estableció, en el artículo 3º: “[e]n todas las alcaldías se abrirá un libro para el registro municipal de marcas, en el cual se inscribirán todas las empleadas por los ganaderos del municipio haciendo constar el nombre del dueño y su vecindad, el número de fincas en que emplee la marca, y se dejará el diseño exacto de los hierros usados por cada ganadero”(32). La finalidad de tal disposición normativa radicaba en la necesidad de controlar tanto el tamaño de la marca como su titularidad.
Si bien, los hechos que analiza la Sala en el sub lite tuvieron ocurrencia en el año 2001, cabe señalar que a partir de la Ley 914 de 2004 comenzó a operar el sistema nacional de identificación e información del ganado bovino —que rige en la actualidad—, cuyo objeto es el de funcionar como un programa en el cual se dispone “la información de un bovino y sus productos, desde el nacimiento de este, como inicio de la cadena alimenticia, hasta llegar al consumidor final”(33). Bajo este nuevo esquema, la actividad registral en la materia se atribuyó a las organizaciones gremiales ganaderas y, excepcionalmente, a las autoridades municipales, al tiempo que se tecnificó el registro de las actividades ganaderas y el de hierros, marcas y cifras quemadoras y se actualizaron las normas atinentes a los formatos y la documentación que le sirve de soporte al tráfico de ganado, entre ellos el bono de venta(34). En punto a lo anterior también sobresale, para efectos de establecer la relación existente entre el registro del hierro y la titularidad de los semovientes, por ejemplo, la Resolución 0071 de 2007 —no aplicable al caso sub judice— emitida por el Instituto Colombiano Agropecuario, en la que se establece expresamente que el bono de venta debe incluir no solo el nombre y la identificación sino la inclusión de los “hierros, marcas y/o números de dispositivos de identificación registrados del vendedor o enajenante que lo acreditan como propietario del ganado”(35).
Así las cosas, resulta válido afirmar que, con ocasión de las regulaciones que se han establecido al respecto a lo largo del tiempo, el registro de hierros y marcas quemadoras ha tenido diversos usos: por una parte, le ha permitido al Gobierno Nacional establecer programas sanitarios de erradicación de enfermedades que afectan a esos animales, pero también, de otra parte, se ha constituido en un mecanismo constitutivo y de acreditación de la propiedad de los semovientes, especialmente para efectos tributarios(36).
De esta manera, quien aparezca como titular de las marcas, hierros y cifras quemadoras que se encuentren impuestas en determinado semoviente se presumirá su propietario para todos los efectos legales(37) —sin perjuicio de que se pueda probar la transferencia de la propiedad del ganado mediante el instrumento de transferencia de dominio correspondiente—.
Con fundamento en las normas que en cada época han regulado la materia, esta subsección ha señalado que para demostrar el derecho de propiedad sobre unidades o grupos de reses, es preciso allegar el “certificado expedido por la autoridad competente en el que, quien pretenda demostrar tal situación, aparezca como el titular del hierro, marca, cifra quemadora y/o dispositivo de identificación, así como que los semovientes cuya propiedad se busca acreditar hubieren exhibido, al momento de ocurrencia de los hechos, tales hierros, marcas, cifras quemadoras y/o dispositivos de identificación”(38) (énfasis fuera de texto). En este punto cabe reiterar y precisar que, de conformidad con el artículo 3º del Decreto 1372 de 1933 —en vigor para la época de los hechos—, el certificado aludido es el del registro municipal del hierro, marca o dispositivo de identificación, expedido por la respectiva alcaldía, documento que no se suple ni se equipara al boleto o papeleta de venta, emitido por quien vende, para hacer constar la enajenación del ganado a un determinado comprador.
Al respecto, también es pertinente traer a referencia la providencia del 16 de julio de 2015(39), en la cual esta Sala, en torno a tales materias, indicó:
“…para efectos de acreditar la propiedad sobre semovientes, si bien existe libertad probatoria como por regla general la hay para la mayoría de bienes muebles, lo cierto es que desde el año de 1933 existen en el ordenamiento jurídico colombiano medios de acreditación que facilitan probar la calidad de propietario sobre este tipo de bienes, tales como el registro de hierros y marcas quemadoras o los bonos de venta.
“… la Sala encuentra oportuno aclarar que aunque la acreditación de la propiedad (o de la posesión) del terreno en el que se encuentren los semovientes no constituye prueba directa de la titularidad de los animales, sí puede llegar a convertirse, dependiendo del caso concreto, en un indicio que contribuya a inferir sobre la propiedad de las cabezas de ganado o para el provecho que se le pudiera sacar al terreno por la existencia de las mismas, pero, nunca será suficiente por sí sola para probar la propiedad de los semovientes que paste en él. (…)” (se destaca).
Lo anterior implica, en todo caso, que no existe un único elemento probatorio determinante para demostrar la propiedad de los semovientes, razón por la cual se debe hacer un análisis en conjunto de los medios de prueba aportados al proceso para establecer si tal derecho se encuentra o no acreditado, y con atención a la época de vigencia de las diferentes normas.
2.3.2. Pruebas obrantes en el proceso.
Al examinar el material probatorio aportado a esta causa, la Sala encuentra lo siguiente:
2.3.2.1. Al incoar la presente acción, la demandante Angélica María Marrero Oliveros manifestó ser la propietaria del inmueble rural La Idea, en sustento de lo cual aportó al plenario copia de la Resolución 0286 del 30 de marzo de 1994, mediante la cual el Instituto Colombiano de Reforma Agraria Incora le adjudicó a la hoy demandante el terreno baldío así denominado —y ubicado en la Inspección de Guacacías, jurisdicción del municipio La Primavera - departamento del Vichada(40)—. No obstante, en el expediente se echa de menos el respectivo certificado de inscripción en el registro de instrumentos públicos, necesario para acreditar la titularidad y propiedad sobre bienes inmuebles, de conformidad con el Decreto 1250 de 1970 —vigente para la época de los hechos y en la fecha de presentación de la demanda— y en consonancia con la jurisprudencia de esta corporación(41). En este punto es pertinente advertir que el “Formulario de calificación” aportado a la actuación(42) y, expedido por la Superintendencia de Notariado y Registro, no corresponde a la finca La Idea sino a un inmueble ubicado en la ciudad de Villavicencio, y cuyos dueños no son los demandantes de este proceso. En todo caso, dicho documento tampoco suple la exigencia del certificado de tradición y libertad en el que conste la inscripción efectiva del inmueble en el registro de instrumentos públicos.
Se sigue de lo anterior que la alegada titularidad de la señora Angélica María Marrero Oliveros sobre el aludido predio rural no fue acreditada en este proceso, sin embargo, esta falencia no impide por sí misma establecer la propiedad sobre los semovientes cuyo hurto se aduce en el libelo ya que, como se anotó anteriormente, la prueba de tal derecho de dominio no depende de que se demuestre la titularidad del demandante sobre el bien inmueble en el cual se hubieran encontrado las cabezas de ganado en el momento de ocurrencia del daño.
Ahora bien, de conformidad con el artículo 765 del Código Civil, la mencionada Resolución de adjudicación constituye justo título traslaticio de dominio del inmueble(43), apto para acreditar la posesión regular prevista en el artículo 764 ibídem. Por su parte, el artículo 981 del mismo código Civil, establece:
“Se deberá probar la posesión del suelo por hechos positivos de aquellos a que sólo da derecho el dominio, como el corte de maderas, la construcción de edificios, la de cerramientos, las plantaciones o sementeras, y otros de igual significación, ejecutados sin el consentimiento del que disputa la posesión”.
Por lo tanto, a la luz de las citadas normas, resulta procedente concluir que la Resolución de adjudicación Nº 0286 del 30 de marzo de 1994, aunada a los testimonios que —como más adelante se señalará— refirieron las actividades de dueño desarrolladas en la finca Santa Helena por los demandantes Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra, obran como indicio de que tales demandantes ejercían pacífica y regular posesión sobre el indicado predio rural, en la época de los hechos, y por consiguiente, sobre los productos de la tierra cultivada en dicho inmueble.
2.3.2.2. A fin de demostrar la propiedad sobre los semovientes y demás bienes hurtados, los demandantes Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra aportaron al proceso los siguientes documentos:
— La papeleta de venta de semovientes Nº 440, expedida por el municipio de Santa Rosalía - Vichada el 6 de enero de 1995 a favor de la actora Angélica María Marrero Oliveros, respecto de 97 cabezas de ganado, marcadas con siete hierros de diferentes símbolos(44).
— La papeleta de venta de semovientes Nº 361 expedida por el corregimiento departamental El Viento - Vichada el 15 de julio de 1995, que informa sobre la venta a favor de la señora Angélica María Marrero Oliveros, de 25 cabezas de ganado marcado con 9 cifras quemadoras(45).
— La papeleta de venta de semovientes Nº 736, expedida por el municipio La Primavera - Vichada el 15 de diciembre de 1992, que registra la enajenación, a favor de la indicada demandante, de 32 unidades de ganado vacuno junto con seis marcas de diferentes símbolos(46). Así, la demandante demostró haber comprado, antes de los hechos, un total de 154 semovientes.
— La papeleta de venta de semovientes Nº 404 expedida el 28 de septiembre de 1999 por la Inspección de Policía de Guacacías - municipio de Santa Rosalía - departamento del Vichada, documento en el cual figura el señor Carlos Enrique Marrero Parra como comprador de 12 unidades vacunas que le fueron adquiridas al ciudadano Fortunato Palencia(47).
— La papeleta de venta Nº 07948 del 16 de diciembre de 1999, que acreditó la compra por parte del señor Carlos Enrique Marrero, de dos caballos marcados con las cifras quemadoras W ψ(48).
Se aprecia en el proceso que entre los años 1999 y 2000 los aquí demandantes vendieron a terceras personas varias cabezas de ganado, algunas de ellas marcadas con símbolos que coincidían con los de las reses que previamente habían adquirido, según lo consignado en los documentos de venta aquí mencionados.
En efecto, la papeleta Nº 406 del 1º de octubre de 1999 registró la venta hecha por el señor Carlos Enrique Marrero Parra, de 34 semovientes vacunos. En el documento se indicó que dichas unidades de ganado habían llegado al patrimonio del allí vendedor, por producción de su propio criadero y por compra hecha al ciudadano Fortunato Palencia, precisamente en virtud de la papeleta Nº 404 del 28 de septiembre de 1999, antes mencionada(49). Adicionalmente, el actor vendió otras 44 reses el 1º de enero del año 2000 y 5 unidades más el 4 de noviembre de ese mismo año(50).
En lo tocante a la señora Angélica María Marrero Oliveros, las pruebas documentales aportadas permiten evidenciar que, de las 154 cabezas de ganado cuya adquisición acreditó en este proceso, 13 fueron vendidas casi dos años antes de la fecha de ocurrencia de los hechos, de acuerdo a lo consignado en las papeletas de venta Nº 07 y 19, expedidas el 11 y el 21 de enero del año 2000, respectivamente(51). Frente al ganado restante, adquirido por la actora entre los años 1992 y 1995, se desconoce en el proceso que siguió y la destinación que se le dio hasta el día de ocurrencia de los hechos materia de controversia, esto es, el 16 de noviembre de 2001.
Con todo, la existencia de ganado en el predio La Idea a la fecha de acaecimiento del daño, fue referida en el curso de la primera instancia por los testigos Pedro Elías Ortega Santos y Rumaldo Daza Chamarravi, quienes afirmaron ser trabajadores de la indicada finca, por lo cual, estaban en condiciones de conocer en razón de su oficio, el número y la titularidad de los bienes que, según la demanda, fueron objeto de hurto.
Al respecto, el testigo Pedro Elías Ortega Santos —quien manifestó ser el “encargado” de la finca La Idea y estaba presente en el momento de los hechos— afirmó (se transcriben los testimonios de manera literal, incluyendo errores):
“En primer lugar había 80 vacas lecheras de raza parda, el resto era ganado de cría, novillas, vacas horras, machos, es decir ganado de sabana (…) las vacas lecheras producían más o menos 200 botellas diarias…”(52) (destaca la Sala).
En cuanto al número de reses hurtadas por el grupo subversivo en la fecha del evento dañoso, el declarante Ortega Santos afirmó que oscilaba entre las 350 y las 380 unidades de ganado.
Por su parte, el declarante Rumaldo Daza Chamarravi —trabajador de la finca e igualmente, testigo presencial de los hechos—, al referirse a las actividades de explotación desarrolladas en el hato La Idea, manifestó:
“Era ganadería y se ordeñaban 80 vacas lecheras que había, daban 250 botellas diarias en el invierno, que se volvía queso (…), como 90 gallinas y 10 gallos, 50 marranos, 35 chivos, 30 patos…”(53).
De conformidad con el relato de este testigo, la cantidad de ganado sustraído del predio La Idea, fue de “aproximadamente 350 reses”(54).
2.3.2.3. En lo tocante a los cultivos de plátano, yuca, caña de azúcar y café, que los actores manifiestan haber perdido con ocasión del hecho dañoso, encuentra la Sala que los testigos Pedro Elías Ortega Santos y Rumaldo Daza Chamarravi dieron cuenta de los productos agrícolas que se sembraban en el indicado predio, por cuanto dichos declarantes, en su ya referida condición de trabajadores de la finca La Idea, refirieron la existencia de varias hectáreas de plátano —en sus variedades de hartón y topocho—, yuca y caña de azúcar(55), cultivos que, según tales declaraciones, también fueron destruidos por los integrantes de las FARC durante el saqueo perpetrado el 16 de noviembre de 2001 —según las probanzas que más adelante se referirán—.
— Por otro lado, en el proceso obra copia auténtica de la tarjeta de propiedad Nº 5432, expedida a nombre de la señora Angélica María Marrero Oliveros, como dueña de la motobomba marca Yamaha, modelo EDÑO 125-B y número de serie 103718(56).
En torno al hurto de este elemento, los declarantes Pedro Elías Ortega Santos y Rumaldo Daza Chamarravi manifestaron que, en efecto, durante la incursión efectuada el 16 de noviembre de 2001, los subversivos hurtaron la motobomba existente en la finca La Idea(57).
2.3.2.4. Sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo ocurrencia el hecho dañoso, el testigo Pedro Elías Ortega Santos manifestó que el 16 de noviembre de 2001 se encontraba en el inmueble La Idea en condición de encargado, cuando arribaron al predio varios hombres que se identificaron como “miembros de la guerrilla” y traían una cantidad aproximada de 3000 unidades vacunas, aparentemente sacadas de otras fincas vecinas.
“…decían que querían matar a CARLOS ENRIQUE MARRERO, porque supuestamente ellos le habían pedido una colaboración y él no se la había entregado (sic), entonces CARLOS ENRIQUE MARRERO y nosotros los trabajadores tratamos de correr, pero nosotros no pudimos porque ya nos tenían encerrados y ya en ese caso ellos buscaron la manera de no dejar ir a nadie (…). Nos mandaron a recoger todo el ganado de CARLOS ENRIQUE MARRERO Y ANGÉLICA (…), de ahí de la finca LA IDEA sacaron como de 350 a 380 reses, de ahí nos dijeron que teníamos que llevar todo el ganado que encontraran por el camino hasta llegar a un caño que se llama EL TOMO, nosotros ayudamos a pasar el ganado, el ganado lo echaban al agua para que pasara (…), allá a la orilla del caño estaba una cantidad de carpas y supuestamente estaba el que mandaba el frente 16 de las FARC y de ahí nos dijeron que nos devolviéramos (…). Tenían camuflados, tenían de toda clase (sic) de armas largas, unos cargaban unas corticas esas de quebrar y otras enteras (sic), más o menos eran como 200 hombres (…). Se llevaron lo mejor de la finca, una motobomba, platos, ollas cubiertos, lo que cogieron para comer…”(58).
Con respecto a la situación del demandante Carlos Enrique Marrero Parra en la fecha del saqueo, el testigo afirmó:
“Él siguió con nosotros (…), ellos no se dieron cuenta que era el hombre que estaban buscando y entonces él se devolvió después, como a los quince días”.
— Por su parte, el testigo Rumaldo Daza Chamarravi —quien también dijo estar presente en el momento y el lugar de los hechos— señaló que, mientras ejecutaba labores de lechería en los pozuelos de la finca, oyó los mugidos de numerosas reses transportadas por un grupo de hombres armados, quienes al llegar al predio obligaron a los obreros a reunir los vacunos allí existentes y los que se guardaban en otras fincas, para guiarlos hacia el río Tomo. Expresó:
“… nos reunimos más o menos 30 llaneros y aproximadamente 3.500 reses desde donde empezamos a reunir ganado hasta la costa del río Tomo en La Esmeralda, ahí ya nos encontramos y se reunieron más o menos 5000 reses para pasarlas al otro lado, de ahí empezamos a cruzar el ganado (…), me vine para La Idea a ver si me encontraba con Carlos Enrique, pero llegué y no encontré nada, estaba la casa quemada, la sabana, el potrero del pasto quemados, los tanques reventados, no había nada, absolutamente nada, quemaron unos palos frutales (…). Ellos estaban camuflados, con armas de largo alcance, se identificaban como guerrilleros del frente 16 de las FARC, comandado por el Negro Acacio…”(59)
Afirmó que, en el momento de los hechos, los perpetradores preguntaron por el señor Carlos Enrique Marrero Parra quien, aun cuando se hallaba en la finca, no fue reconocido por los insurgentes, circunstancia que aprovechó para infiltrarse entre los trabajadores. No obstante, según su relato, cuando el señor Daza Chamarravi estaba ayudando a pasar el ganado cerca al río Tomo, fue conminado por los guerrilleros a buscar al hoy demandante so pena de que le quitaran la vida, por lo cual se devolvió a la finca La Idea y, al no encontrar a su empleador, huyó hacia el municipio de Orocué. Adicionalmente, manifestó:
“… me dijeron ‘lo busca o si no queda en la lista negra’ y me amenazaron que a mí y a él le iban a hacer lo que le habían hecho al hijo de Albarracín (…). Cuando empezaron los problemas con la guerrilla, se reunieron todos los ganaderos de la región y nombraron a don ALBERTO ALBARRACÍN para que él fuera a donde la autoridad más cercana para que los apoyara por el problema que ellos tenían, pero no se vio eso porque el señor ALBARRACÍN fue en varias oportunidades pero nunca vino el Ejército, al contrario, la guerrilla vino y le mató al hijo que se llamaba ANCÍSAR (sic), si la Policía no salía del cuartel en Santa Rosalía, menos iba a defendernos, es más, la guerrilla después en Primavera entró y atacó a la Policía…”(60) (énfasis fuera de texto).
— En el plenario también obra el testimonio de la señora Dina Patricia Rodríguez Briceño, vecina de los hoy demandantes, quien relató lo ocurrido el 16 de noviembre de 2001, en los siguientes términos:
“Yo me encontraba en la finca BELLAVISTA, finca cercana a la de ellos, los MARRERO (…), cuando nos dimos cuenta estábamos rodeados de guerrilleros armados hasta los dientes, nos sacaron a la fuerza de la finca BELLAVISTA (…), empezaron a llevarse los ganados de todas esas fincas, me llevaron a mí, dizque para que les cocinara, para la finca LA IDEA, porque todo lo que ellos se encontraban se lo llevaban para esos lados, llegamos allá y ellos arrasaron todo, es decir, robaron, se llevaron todo el ganado que tenían en la finca, tenían más de 300 reses (…) ellos tenían unos brazaletes que decían FARC, todos venían con camuflados, armados con fusiles (…). De ahí se llevaron al señor Carlos Enrique para que les ayudara a llevar el ganado, duró como unos 12 o 15 días por allá, pensamos que lo iban a matar (…), después nos fuimos para Orocué y nos reunimos todos allá, ahí fue donde Angélica Marrero y Carlos Enrique Marrero nos contaron cuántos animales se habían llevado…”(61).
Los señores Pedro Elías Ochoa Santos y Rumaldo Daza Chamarravi —trabajadores de la finca La Idea, como ya se anotó—, manifestaron que el grupo guerrillero los obligó a emplear varios caballos para transportar el ganado hacia el río Tomo, pero que luego tales trabajadores debieron regresar a pie, por cuanto los insurgentes se quedaron también con los caballos.
— La identificación de los perpetradores como miembros de las FARC y su paso por el inmueble La Idea y otras fincas ganaderas de la zona, también fue relatada por los testigos Fernando Cortina Guayabo y Merardo Melgarejo Piñeros, quienes en la fecha de los hechos habitaban en las fincas vecinas a La Idea, a las cuales también llegaron los insurgentes para hurtar ganado, el mismo 16 de noviembre de 2001(62).
El señor Fernando Cortina Guayabo señaló, además, que antes del mencionado acontecimiento el ganadero Alberto Albarracín, efectivamente solicitó protección del Ejército Nacional, gestión en la que no tuvo éxito alguno puesto que, por el contrario, el mismo frente 16 de las FARC asesinó posteriormente a su hijo Ancízar Albarracín(63).
Tanto el testigo Fernando Cortina Guayabo como el señor Merardo Melgarejo Piñeros, afirmaron que la finca La Idea fue abandonada después de los hechos y, que las víctimas hoy demandantes, se dirigieron al municipio de Orocué, departamento del Casanare.
Los hechos acreditados en esta actuación ocurrieron en el departamento del Vichada, cuya ubicación geográfica en frontera con Venezuela y en colindancia con Casanare, Arauca, Guainía, Guaviare y Meta —departamentos con alta actividad ganadera—, así como un considerable potencial para la actividad agrícola, minera y petrolera, la convierten en una región de importante valor estratégico, lo cual ha propiciado la presencia de grupos guerrilleros desde la década de los ochenta, y la afluencia de grupos paramilitares provenientes de Casanare y Meta, a partir de los años noventa(64).
En lo que respecta al grupo subversivo FARC, informes de la ACNUR(65) documentan que su expansión tuvo cabida merced a que, durante el período presidencial de Julio César Turbay Ayala (1978-1982) dicha organización guerrillera celebró dos conferencias en las cuales optó por consolidar nuevos núcleos esenciales de dominio territorial, con lo cual llegó a conformar alrededor de diez frentes guerrilleros distribuidos en todos los departamentos de los llanos orientales. De esta manera, el frente 16 de las FARC se ubicó en el Vichada, para, desde allí tener una amplia movilidad por todo el oriente colombiano.
De conformidad con lo documentado por la ACNUR, en el marco de esta expansión territorial de las FARC, los municipios de La Primavera y Santa Rosalía - Vichada registraron —especialmente entre 1998 y 2003— altas tasas de ocurrencia de delitos y de desplazamiento forzado, tanto por el accionar de las FARC como de los grupos de autodefensa de Casanare y Meta. En el marco de este panorama, en los años noventa el avance del Estado presentó dificultades debido a las condiciones hidrográficas y selváticas de la Amazonía que se desplegaba por el sur del Vichada, todo lo cual contribuyó, además, a favorecer la producción y exportación de cocaína y el tráfico ilegal de municiones y armas desde Venezuela.
A partir del año 2000, las Fuerzas Militares incrementaron sus operaciones con algunos resultados favorables, al punto que, tras la operación “Gato Negro”, adelantada en el mes de agosto del año 2001, el ejército colombiano generó cambios en la ecuación de la guerra vivida en la zona hasta ese entonces, pues la Fuerza Pública neutralizó el dominio que tenían las tropas irregulares del “Negro Acacio” en el Vichada —frente 16 de las FARC—. Informó la ACNUR:
“En términos territoriales, las operaciones obligaron a los insurgentes a desplazarse hacia el río Guaviare para defender el dominio de su caudal por ser un eje importante para el tráfico de los insumos para producción de droga, y a correr sus bases de acción hacia Arauca para la reactivación de sus negocios de narcotráfico.
En el departamento de Vichada se encuentran instalados el Comando Específico de Oriente en Puerto Carreño, el Batallón de Infantería Nº 43 General Efraín Rojas Acevedo en Cumaribo, el Comando IV División en Villavicencio Mayor, el Batallón Fluvial de Infantería de Marina Nº 40 en Puerto Carreño y el Grupo Aéreo de Oriente en Marandúa”(66) (énfasis fuera de texto).
Con todo, si bien la Fuerza Pública logró reducir parcialmente a las FARC en el Vichada a partir del año 2000, no es menos cierto que para ese mismo período los índices de violencia mantenían niveles altos —de manera particular en el municipio de La Primavera, aledaño al lugar de los hechos que hoy analiza la Sala—, precisamente por el incremento de la confrontación armada entre el Estado y los grupos al margen de la ley, los cuales lucharon por contrarrestar el despliegue militar en esa zona del territorio nacional(67).
En este marco o estado de cosas tuvo ocurrencia el hecho dañoso examinado en el caso concreto, razón por la cual, la responsabilidad administrativa de las autoridades demandadas será analizada teniendo en cuenta ese contexto.
En el caso concreto la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico aducido en la demanda, consistente en el hurto de semovientes (reses y equinos) y el saqueo de otros bienes explotados por los hoy demandantes en la finca La Idea, así como la atribución de estos hechos al frente 16 de las FARC, el cual efectuó tales despojos el día 16 de noviembre del año 2001. Es lo que resulta de las declaraciones vertidas en la actuación, especialmente las de los testigos presenciales Pedro Elías Ortega Santos, Rumaldo Daza Chamarravi y Dina Patricia Rodríguez Briceño, no sin anotar que los testimonios de los señores Fernando Cortina Guayabo y Merardo Melgarejo Piñeros, vecinos de la finca la Idea, también aportaron evidencia sobre los actos ejecutados por las FARC en todo el sector rural de Santa Rosalía - Vichada, el 16 de noviembre de 2001.
En el examen de dichas declaraciones se advierte que coinciden en dar cuenta de la existencia de 80 vacas lecheras en la finca a la cual se ha hecho alusión, y del robo perpetrado por las FARC el 16 de noviembre de 2001, hecho que comprendió el despojo de aproximadamente 350 reses y varios caballos pertenecientes a los hoy demandantes, además del destrozo de cultivos, la sustracción de una motobomba y diversos daños materiales cometidos en el inmueble.
En lo que respecta al “desplazamiento forzado” referido en el libelo, encuentra la Sala que, según lo relatado por los mencionados testigos, los demandantes Angélica María Rodríguez Marrero y Carlos Enrique Marrero Parra decidieron radicarse en el municipio de Orocué - Casanare tras los hechos ya descritos, dado el temor que naturalmente les produjo el evento dañoso, circunstancia que constituye, en efecto, un desplazamiento forzado en los términos definidos por la Ley 387 de 1997, cuyo artículo 1º establece:
“Es desplazado toda persona que se ha visto forzada a migrar dentro del territorio nacional abandonando su localidad de residencia o actividades económicas habituales, porque su vida, su integridad física, su seguridad o libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con ocasión de cualquiera de las siguientes situaciones: Conflicto armado interno; disturbios y tensiones interiores, violencia generalizada, violaciones masivas de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario u otras circunstancias emanadas de las situaciones anteriores que puedan alterar drásticamente el orden público”.
Revisados los testimonios obrantes en el proceso, se evidencia que la señora Dina Patricia Rodríguez Briceño afirmó que el actor Carlos Enrique Marrero Parra había sido llevado y retenido por los subversivos, en tanto que el testigo Pedro Elías Ortega Santos sostuvo que el hoy demandante había permanecido con los trabajadores durante 15 días, luego de que todos ellos hubieran sido obligados a llevar el ganado hurtado hasta el río El Tomo. Así las cosas, estas declaraciones permiten tener por demostrado este elemento fáctico de la controversia, esto es, que el señor Marrero Parra fue sacado de su hacienda contra su voluntad, y por virtud de los restantes hechos, se vio impedido para regresar a ella, lo cual permite tener por establecido que los demandantes se vieron obligados a cambiar de domicilio a raíz del hecho dañoso, hecho que hace palmaria la ocurrencia del desplazamiento forzado que se alegó en el libelo.
Ahora bien, no existen en el plenario, pruebas que evidencien nexo de conexidad alguno entre el hurto perpetrado por las FARC el 16 de noviembre de 2001 y la instalación de la denominada zona de distensión, implementada en dicha época por el Gobierno Nacional para adelantar diálogos de paz con ese grupo insurgente. No obstante, en el proceso quedó demostrada la falla del servicio de las entidades demandadas, consistente en no haber cumplido sus funciones de defensa, seguridad y protección de los habitantes —incluyendo a los hoy demandantes—, pese a conocer de antemano el riesgo que corrían los campesinos y hacendados de los municipios de Santa Rosalía y La Primavera - Vichada, por cuenta del accionar de los subversivos, tal como pasa a precisarse.
En efecto, el caudal probatorio también revela que con anterioridad a los hechos del 16 de noviembre de 2001 y, ante el asedio de la guerrilla —documentado por organismos como la ACNUR, como ya se señaló—, los ganaderos de la región y vecinos del predio La Idea designaron a un delegado para que solicitara ayuda y protección ante la Fuerza Pública, petición que no fue atendida por las autoridades, al punto que el grupo insurgente regresó a la zona y asesinó al hijo del campesino que fue delegado por sus coterráneos a fin de pedir auxilio para todos, según lo refirieron los testigos Rumaldo Daza Chamarravi y Fernando Cortina Guayabo.
De lo anterior se sigue que en el presente caso, si bien ninguna de tales autoridades cometió el hecho dañoso, sí se configuró una falla del servicio puesto que, con antelación, habían sido informadas sobre la acción de los subversivos en las fincas cercanas a Santa Rosalía y La Primavera - Vichada, dados los llamados de auxilio de los ganaderos de la región, lo cual ha debido alertar a las unidades militares y policivas para ejecutar acciones de despliegue en la zona, a fin de impedir o siquiera contrarrestar el avance y la incursión de las FARC, máxime cuando tenían conocimiento de que el territorio que debía estar bajo su vigilancia, venía siendo dominado por el frente subversivo comandado por alias “el Negro Acacio”, perpetrador del hecho dañoso que hoy nos ocupa.
Es por todo lo anterior, en consonancia con el contexto ya reseñado, que, insiste la Sala, a las instituciones demandadas no les resultaba inesperado ni sorpresivo el ataque producido, pues era conocida para ellas y constituía un hecho notorio(68) la situación de violencia que azotaba al departamento del Vichada, además de haber sido previamente informadas sobre la presión violenta que las FARC estaban ejerciendo sobre los ganaderos de la zona. Precisamente por eso, por la vulneración y el desconocimiento de la suficiente y necesaria protección que debió ser suministrada a los habitantes de esa zona, especialmente en razón del peligro que corrían quienes venían siendo amenazados por el grupo guerrillero, y el conocimiento de las acciones del frente 16 de las FARC, por lo que se configuraba la posición de garante institucional(69) que debió ser asumida por el Estado.
Cabe destacar, además, que tratándose de los daños sufridos por las víctimas de hechos violentos cometidos por terceros, esta sección del Consejo de Estado ha considerado que tales daños pueden ser imputables al Estado cuando, entre otras cosas: i) en la producción del hecho dañoso intervino o tuvo participación la Administración Pública a través de una acción u omisión constitutivas de falla del servicio; ii) se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable o, iii) porque en razón de las especiales circunstancias que se vivían en el momento, el hecho era previsible y no se realizó actuación alguna dirigida a evitarlo(70).
Respecto de los deberes de seguridad y protección del Estado para con las personas residentes en el territorio nacional, esta sección del Consejo de Estado ha precisado, de tiempo atrás, que el Estado debe responder patrimonialmente a título de falla del servicio por omisión en el deber de prestar seguridad a las personas, cuando: a) Se deja a la población a merced de los grupos de delincuencia, sin brindarles protección alguna, en especial cuando se tiene conocimiento de que los derechos de esa población vienen siendo desconocidos por grupos organizados al margen de la ley; b) se solicita protección especial, con justificación en las especiales condiciones de riesgo en que se encuentra la persona; c) no se solicita expresamente dicha protección pero es evidente que las personas la necesitaban, en consideración a que existían pruebas o indicios conocidos que permitieran asegurar que se encontraban amenazadas o expuestas a sufrir graves riesgos contra su vida, en razón de sus funciones(71).
Bajo esta misma línea, la subsección C de esta sección del Consejo de Estado ha planteado varios criterios para valorar la falla del servicio con base en la cual cabe endilgar la responsabilidad patrimonial al Estado: i) que con anterioridad y posterioridad a la ocurrencia de los hechos hubiese “conocimiento generalizado” de la situación de orden público de una zona, que afecte a organizaciones y a personas relacionadas con éstas; ii) que se tuviere conocimiento de “circunstancias particulares” respecto de un grupo vulnerable; iii) que exista una situación de “riesgo constante”; iv) que haya conocimiento del peligro al que se encuentre sometida la víctima debido a la actividad profesional que ejerza, y; vi) que no se hubiesen desplegado las acciones necesarias para precaver el daño(72).
En términos generales, cabe señalar que la jurisprudencia del Consejo de Estado respecto del tema, se ha servido de este criterio de imputación —posición de garante institucional—, en múltiples eventos, para declarar la responsabilidad del Estado por falla del servicio en supuestos en los cuales se esperaba una conducta activa de la Administración pública en la protección de los ciudadanos que se han visto afectados por la acción de grupos criminales, lo que ha supuesto un significativo avance, ya que al margen de que causalmente el daño haya sido producto del actuar de un tercero, el mismo en esos casos específicos, se ha declarado imputable a la organización estatal como consecuencia del desconocimiento de la posición de garante institucional mencionada(73).
“Lo decisivo es dilucidar si una determinada violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o la tolerancia del poder público o si éste ha actuado de manera que la trasgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y de garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.1 de la Convención”(74) (negrillas adicionales).
Bajo esa perspectiva reitera la Sala que se configuró una falla del servicio al no haber implementado la administración medidas de prevención y protección eficaces en el departamento del Vichada —inmediaciones de los municipios de La Primavera y Santa Rosalía—, circunstancia que facilitó la consumación del hecho, razón por la cual el daño antijurídico les resulta imputable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía y Ejército Nacional, con fundamento en lo que se viene de señalar.
Con respecto las demás entidades demandadas(75), es de advertir que la falla que les fue atribuida en la demanda consistió en haber suscrito los actos mediante los cuales fue establecida la zona de distensión, aspecto que no guardó nexo de conexidad con el daño aquí analizado, como ya se anotó. Adicionalmente, las pruebas del proceso no demostraron que tales entidades hubieran tenido injerencia o participación alguna en el hecho dañoso, razón por la cual no se les impondrá condena alguna en el presente proceso.
Los demandantes Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra solicitaron el reconocimiento de indemnización por los perjuicios morales derivados de la “pérdida de su patrimonio económico” y del “abandono de la casa del hato La Idea, donde vivían…”(76).
Con respecto a dicho daño moral derivado de la pérdida de los bienes materiales que fueron objeto de hurto y de destrozo, quiere recordar la Sala que la jurisprudencia nacional tradicionalmente ha aceptado la procedencia de reconocer el resarcimiento de los daños morales derivados de un menoscabo patrimonial, siempre y cuando tal afectación moral aparezca plenamente probada en el proceso. Así lo explicó la sección en Sentencia de 12 de octubre de 2002(77):
“Salvo en circunstancias muy especiales, la pérdida de las cosas materiales no amerita el reconocimiento de perjuicios morales, pues ‘la materia necesita ser tratada con un especial enfoque cultural y filosófico para no rendirle culto a las personas que, no poseen las cosas, sino que se dejan poseer por ellas’.
Si bien en la generalidad de las sentencias se admite la posibilidad de indemnización moral por la pérdida de un bien material, se exige al actor demostrar plenamente su existencia, pues tal perjuicio no se presume” (destaca esta Sala).
Ahora bien, dado que el daño moral se configura en el ámbito interior del individuo y comprende o implica la afección directa a los sentimientos del ser humano, para que haya lugar a su indemnización resulta necesario que dicho daño esté acreditado, pues, debe recordarse que sólo en el caso de muerte, privación injusta de la libertad o lesiones a la integridad psicofísica de la persona, se ha llegado a presumir la afectación moral de la víctima y de sus familiares más cercanos.
En el presente caso, los testimonios vertidos en el proceso sólo señalaron las condiciones y circunstancias en que se produjo el daño, pero no refirieron en manera alguna que los demandantes hubieran padecido dolor moral por la pérdida de los bienes sustraídos de la finca Santa Helena, razón por la que no procede el reconocimiento de indemnización por tal concepto.
No obstante, en lo que atañe al desplazamiento forzado al que fueron sometidas las víctimas, en cuanto debieron abandonar su inmueble rural a raíz del saqueo ya descrito, resulta palmario que tal circunstancia, de suyo, afecta interiormente a cualquier persona conforme a las reglas de la experiencia, máxime cuando el hecho que dio lugar a tal desplazamiento se produjo en el marco de un conflicto armado que ha aquejado de manera preponderante a la población civil —de la cual hacen parte los hoy demandantes— y que comporta per se una violación a los derechos fundamentales y una infracción al Derecho Internacional Humanitario.
En efecto, respecto de la prueba del daño moral padecido por las víctimas del desplazamiento forzado, la Sala de esta sección ha manifestado que constituye un hecho notorio que el desplazamiento forzado produce daño moral a quienes lo padecen, por lo cual no es necesario acreditar el dolor, la angustia y la desolación que sufren quienes se ven obligados a emigrar del sitio que han elegido como residencia o asiento de su actividad económica. En ese sentido se ha precisado que “[q]uienes se desplazan forzadamente experimentan, sin ninguna duda, un gran sufrimiento, por la vulneración múltiple, masiva y continua de los derechos fundamentales, como lo ha señalado reiteradamente la Corte Constitucional”(78).
De acuerdo con lo anterior, para el caso concreto, resulta viable el reconocimiento de una indemnización equivalente al valor de ochenta (80) SMLMV a favor de cada uno de los señores Angélica María Rodríguez Marrero y Carlos Enrique Marrero Parra, dado que se vieron forzados a abandonar su finca y establecerse en un lugar diferente al de su residencia habitual, como consecuencia del hecho dañoso ya descrito.
2.5.2.1. Daño emergente.
La parte actora solicitó, a título de indemnización del daño emergente, la suma de $ 562.650.000, correspondiente al valor del ganado hurtado, el cual, según su dicho, comprendió “57 vacas lecheras paridas, 100 vacas de cría, 35 novillas de uno a dos años, 53 novillas de tres años, 28 mautes o novillos de uno a dos años y 57 becerros menores de un año”(79). Adicionalmente, reclamó indemnización bajo esta misma modalidad, por los siguientes conceptos:
“… b. La pérdida total de NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS [$ 9.100.000] correspondientes al valor comercial de 9 caballos destinados a las labores ganaderas (…).
c. La quema de un mangón de setenta hectáreas en pasto llanero, donde el valor por hectárea (…) es de $ 500.000 para un total perdido de TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE [$ 30.000.000], hechos acaecidos el 16 de noviembre de 2001 (…).
d. La pérdida de 15.5 hectáreas de cultivos, por abandono forzado (…).
g. La pérdida por destrucción de tres [3] tanques para agua de mil litros cada uno (…) para un total de NOVECIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE [$ 900.000] (…)”.
Pues bien, tal como quedó visto en el acápite de los hechos probados del proceso, se encontró acreditado que el saqueo de la finca La Idea por parte de los insurgentes produjo la pérdida de semovientes —reses y equinos—, cultivos, una motosierra y los tanques abrevaderos existentes en el inmueble. De igual manera se demostró que los perpetradores del daño causaron destrozos en la casa de habitación edificada en la finca, merced a las quemas que realizaron luego de evacuar el ganado. Sin embargo, si bien fue practicada en el proceso una inspección judicial con acompañamiento de peritos —quienes además elaboraron un dictamen pericial relativo al estado del inmueble rural en el momento de la diligencia—, lo cierto es que ninguna de tales probanzas permite establecer el estado ni el número de cultivos y demás bienes que existían en la finca en la fecha de ocurrencia del daño —16 de noviembre de 2001— puesto que sólo indicaron las mejoras que, con posterioridad a los hechos, fueron introducidas en el inmueble.
Significa lo anterior que en el plenario no quedó acreditada la cantidad cierta y precisa de cada clase de elementos hurtados o destruidos, así como tampoco el valor que tenían en la fecha de ocurrencia del hecho dañoso, razón por la cual la determinación de la cuantía del daño emergente deberá realizarse mediante incidente, al tenor de lo previsto en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo.
En dicho trámite incidental, deberán recaudarse las pruebas periciales, documentales, testimoniales y las demás que sean necesarias para establecer la cantidad de reses, caballos, cultivos y enseres sustraídos o destruidos por las FARC el 16 de noviembre de 2001 en la finca La Idea, así como el valor que para esa fecha tenían dichos elementos. De igual manera se deberá determinar el valor de la edificación o vivienda del mismo predio y la cuantía de la depreciación que sufrió a raíz del hecho dañoso. Con todo, se debe tener en cuenta que el monto de la condena que se establezca por concepto de la indemnización del daño emergente, no podrá superar las cantidades que resulten de actualizar, a la fecha del incidente de liquidación, los valores expresamente solicitados en la demanda por dicho concepto. En ese mismo sentido, la condena impuesta por concepto del ganado hurtado, no sobrepasará las cantidades de reses que fueron señaladas en el libelo, y reiteradas al comienzo del presente acápite, vale decir, “57 vacas lecheras paridas, 100 vacas de cría, 35 novillas de uno a dos años, 53 novillas de tres años, 28 mautes o novillos de uno a dos años y 57 becerros menores de un año”.
2.5.2.2. Lucro cesante.
En lo que respecta a lo pedido en la demanda por concepto de lucro cesante, y que según se dijo, correspondería a lo que habría de generar la explotación económica de la finca La Idea por manutención de ganado, producción de leche y queso y producción de cultivos.
Con respecto a la manutención del ganado, se indicó en el libelo que en la finca mencionada se mantenían dos reses por hectárea, “a razón de $ 3.000 cada una”, cifra que no es indicativa de un ingreso, sino de gastos propios a cargo de los dueños del ganado, precisamente para su manutención. Por lo tanto, dicho valor no constituye un lucro cesante, ya que, por el contrario se trataba de un egreso o costo que le correspondía cubrir a las víctimas, en tanto dueñas de los semovientes.
Por lo demás, de conformidad con los testimonios rendidos por los señores Pedro Elías Ochoa y Rumaldo Daza Chavarri, el negocio o actividad económica de la finca La Idea era únicamente la producción de leche y queso para su venta, de suerte que el lucro cesante que habrá de otorgarse en el presente caso, corresponderá sólo al valor de los ingresos provenientes de dichas labores comerciales.
Ahora bien, los indicados testimonios señalaron que para la fecha de los hechos, existían en la finca La Idea 80 vacas lecheras y se producían allí entre 200 y 250 “botellas diarias” de leche, pero sin llegar a establecerse la capacidad ni el valor de cada botella ni del queso que se elaboraba y vendía en el mismo predio.
Por lo anterior, bajo tales condiciones, forzoso resulta para la Sala proferir condena en abstracto para que, por vía incidental, se dé lugar a la práctica de un dictamen pericial que establezca el monto de la condena por concepto de lucro cesante, para lo cual determinará el perito, los siguientes aspectos:
a) El período a indemnizar, por un lapso de dos (2) años, el cual se considera razonable para que los demandantes Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra hubieren logrado reactivar las actividades productivas de la finca La Idea(80).
b) El número de litros de leche diarios, producidos por cada una de las 57 vacas lecheras existentes en el momento de los hechos. Si bien los testigos afirmaron la existencia de 80 vacas, el cálculo se establecerá sobre la producción lechera de 57 vacas, por cuanto fue ésta la cantidad de unidades expresamente referida en las pretensiones de la demanda, como anteriormente se señaló.
c) El período de producción de leche de cada vaca.
d) La cantidad y el valor del queso producido y vendido mensualmente en la finca La Idea, para el año 2001.
Al establecer la cuantía del lucro cesante, el dictamen pericial deberá ajustarse a los límites ya establecidos en el proceso a la luz de los testimonios practicados en la primera instancia, los cuales señalaron que, para la fecha del hecho dañoso, se producía en la finca La Idea una cantidad no menor de 200 ni mayor a 250 botellas diarias de leche.
Por último, la Sala debe precisar que las condenas establecidas en el presente asunto deberán ser pagadas por las entidades demandadas, como obligación conjunta, en partes iguales.
REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 17 de mayo de 2012 por el Tribunal Administrativo del Meta, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar, se dispone:
1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional, por el daño antijurídico sufrido por los demandantes a raíz del saqueo material y el desplazamiento forzado, cometidos por un grupo al margen de la ley el 16 de noviembre de 2001 en la finca La Idea, ubicada en zona rural de los municipios de La Primavera y Santa Rosalía, departamento del Vichada.
2. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar en partes iguales, a favor de cada uno de los demandantes Angélica María Marrero Oliveros y Carlos Enrique Marrero Parra, la suma de OCHENTA (80) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES vigentes, a título de perjuicios morales.
3. CONDENAR a la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y Policía Nacional a pagar a los demandantes el daño emergente y el lucro cesante derivados del hurto y demás daños patrimoniales perpetrados en la finca La Idea el 16 de noviembre de 2001. El valor de tales perjuicios será establecido mediante incidente, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de esta providencia.
(1) Hoy suprimido en virtud del Decreto 4057 de 2011 y según lo establecido en el Decreto 1303 del 11 de julio de 2014.
(2) Fls. 4 y 5 del c. 1.
(3) Fls. 5 al 9 del c. 1.
(4) Fl. 18 del c. 1.
(5) Fls. 8 y 12 del c. 1.
(6) Fls. 133 al 140 del c. 1.
(7) Dichas carteras fueron escindidas por la Ley 1444 de 2011 para conformar, separadamente, el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior.
(8) Fls. 149 al 160 del c. 1.
(9) Fls. 168 al 174 del c. 1.
(10) Fls. 190 al 195 del c. 1.
(11) Fls. 175 al 182 y 218 del c. 1.
(12) Fls. 198 al 210 del c. 1.
(13) Fls. 218 al 223 y 371 del c. 1.
(14) Fls. 491 al 504 del cuaderno de segunda instancia.
(15) Fl. 503 del cuaderno de segunda instancia.
(16) Fls. 505 al 512 ib.
(17) Fl. 514 ib.
(18) Fls 543 al 549 ib.
(19) Fls. 516 al 521 ib.
(20) Fls. 538 al 542 ib. El Ejército Nacional solicitó la revocatoria del fallo apelado, entendiendo equivocadamente que en él se había declarado la responsabilidad patrimonial de la entidad.
(21) Fls. 527 al 530 ib.
(22) Fls. 561 al 566 ib.
(23) Fls. 590 al 597 ib.
(24) Fls. 612 y 632 al 634.
(25) La cuantía del proceso supera la exigida para que esta corporación pueda conocer en segunda instancia respecto de un proceso de reparación directa, esto es 500 SMLMV. En efecto, para la fecha de presentación de la demanda —18 de noviembre de 2003—, dicha cuantía era equivalente a $ 166.000.000 mientras que en el caso concreto, la pretensión mayor por concepto de daño emergente fue estimada en $ 562.650.000.
(26) De conformidad con lo previsto en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente “del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajos públicos”.
(27) Fl. 1 del c. 1.
(28) Cita textual del fallo: Existen bienes muebles sujetos a registro pero es la excepción, como el establecimiento de comercio, o los automotores, pero la posesión sobre ellos admite libertad probatoria.
(29) Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, Sentencia del 15 de septiembre de 2011, Exp. 20763.
(30) Cf. para las aeronaves y las naves mayores, el artículo 1427 del Código de Comercio; para los vehículos automotores, la Ley 762 de 2002.
(31) Bajo la más reciente evolución jurisprudencial para bienes inmuebles resulta suficiente el folio de matrícula inmobiliaria, Cf. Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 12 de mayo de 2014, Exp. 23128, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(32) Completado por el Decreto 1608 del mismo año, en cuanto al tamaño y el lugar de imposición de la marca; las diferentes normas establecieron, igualmente, un régimen sancionatorio, cf. Decreto 1441 de 1940.
(33) Artículo 1º.
(34) Al respecto, Cf. Decreto 3149 de 2006, modificado por los decretos 414 de 2007 y 442 de 2013.
(35) Artículo 4º.
(36) Por ejemplo, el cobro del impuesto de marcas, herretes o cifras quemadoras que se cobran como rentas municipales; ver, igualmente, el artículo 276 del estatuto tributario en cuanto al valor de los semovientes para efectos tributarios.
(37) A similar conclusión, desde el punto de vista del derecho comparado, arribó el ordenamiento jurídico argentino en el artículo 9º de la Ley 22.939 del 6 de octubre de 1983.
(38) Consejo de Estado, sección tercera, subsección “A”. Sentencia del 1º de octubre de 2014. C.P. Hernán Andrade Rincón (E), Rad. 85001-23-31-000-2002-00064-01(26344).
(39) Consejo de Estado, sección tercera, subsección “A”. C.P. Hernán Andrade Rincón (E), Rad. 500012331000200120203 01 (34046).
(40) Fl. 58 del c. 1.
(41) Al respecto, consultar la Sentencia de unificación jurisprudencial emitida por la sección tercera del Consejo de Estado el 13 de mayo de 2014. C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Exp. 76001-23-31-000-1996-05208-01 (23128).
(42) Fl. 310 del c. 1.
(43) En efecto, indica la norma: “El justo título es constitutivo o traslaticio de dominio (…). Son traslaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. Pertenecen a esta clase las sentencias de adjudicación en juicios divisorios y los actos legales de partición…”.
(44) Fl. 49 del c. 1.
(45) Fl. 50.
(46) Fl. 51.
(47) Fl. 52.
(48) Fl. 47.
(49) Fl. 53.
(50) Papeletas de venta obrantes a folios 53 y 54 del c. 1.
(51) Fls. 59 y 60.
(52) Fls. 314 y 315.
(53) Fl. 317.
(55) Fls. 315 y 317.
(56) Fl. 42 del c. 1.
(57) Fls. 315 y 317 del c. 1.
(58) Fl. 314 del c. 1.
(59) Fl. 317 del c. 1.
(60) Fl. 318 del c. 1.
(61) Fls. 300 y 301 del c. 1.
(62) Fls. 303 al 308 del c. 1.
(63) Fl. 305 del c. 1.
(64) Agencia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR. “Los derechos humanos en el departamento del Vichada”. Enlace: http://www.acnur.org/t3/uploads/media/COI_261.pdf. El documento analiza la situación humanitaria y de orden público en el departamento, hasta el año 2003. Consultado el 4 de mayo de 2016.
(68) En cuanto tiene que ver con el concepto de “hecho notorio”, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que “el hecho notorio además de ser cierto, es público, y sabido del juez y del común de las personas que tienen una cultura media. Y según las voces del artículo 177 del C. de P.C. el hecho notorio no requiere prueba; basta que se conozca que un hecho tiene determinadas dimensiones y repercusiones suficientemente conocidas por gran parte del común de las personas que tiene una mediana cultura, para que sea notorio”. Consejo de Estado, sección Segunda, Sentencia del 27 de noviembre de 1995, Exp. 8045, C.P. Diego Younes Moreno.
(69) Como lo ha referido la jurisprudencia, la posición de garante institucional es aquella que “surge no ante la generación de un riesgo con determinada actividad, sino por el hecho de pertenecer a determinada institución, de ahí su denominación. Al ser parte de un estamento —Estado—, nace una relación de especial protección, que se configura entre los asociados del conglomerado y el funcionario vinculado, este último llamado a encargarse, por razones de solidaridad, de la defensa y auxilio de los primeros, en aras de evitar que en el curso de la vida social sean dañados en su vida, integridad, honra y bienes”. Al respecto, consultar entre otras, la sentencia proferida por la sección tercera de esta corporación el 9 de julio de 2014, Exp. 44333, M.P. Enrique Gil Botero.
(70) Cfr. Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencias de 8 de noviembre de 2016, Exp. 40.341, del 26 de febrero de 2015, Exp. 30.885 y del 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374, entre otras.
(71) Al respecto, consultar la sentencia emitida por esta subsección el 11 de agosto de 2011 dentro del expediente Nº 19001-23-31-000-1998-58000-01(20325), relativo al homicidio del alcalde del municipio de Jambaló - Cauca. Igualmente, ver, entre otras, sentencias de 11 de octubre de 1990, Exp. 5737; 15 de febrero de 1996, Exp. 9940; 19 de junio de 1997, Exp. 11.875; 30 de octubre de 1997, Exp. 10.958 y 5 de marzo de 1998, Exp. 10.303. más recientemente, consultar sentencias de esta subsección proferidas el 26 de agosto de 2015, Exp. 36.374 y el 8 de noviembre de 2016, Exp. 40.341, entre otras.
(72) Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencias del 31 de enero de 2011, Exp. 17.842 y del 1º de febrero de 2016, Exp. 48.842, ambas con ponencia del Consejero Dr. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
(73) Consejo de Estado, sección tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2007, Exp. 16894, M.P. Enrique Gil Botero; Sentencia del 26 de marzo de 2009, Exp. 17994, M.P. Enrique Gil Botero, Sentencia del 11 de agosto de 2011, Exp. 20.753, entre muchas otras.
(74) Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, Caso Velásquez Rodríguez v. Honduras, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 173 y, en similar sentido, consultar, Caso Masacre de Pueblo Bello, Sentencia del 31 de enero de 2006, párr. 123.
(75) Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Ministerio del Interior y de Justicia y Departamento Administrativo de Seguridad DAS.
(76) Fl. 6 del c. 1.
(77) Exp. 13.395.
(78) Consejo de Estado, sección tercera, sentencias del 26 de enero de 2006, Rad. 25000232600020010021301 y del 15 de agosto de 2007, Rad. 190012331000200300385-01, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(79) Fl. 7 del c. 1.
(80) Al respecto consultar, por ejemplo, Consejo de Estado sección tercera, Sentencia del 14 de diciembre de 1998, Exp. 10.311. M.P. Ricardo Hoyos Duque. En aquella oportunidad se señaló:
“A pesar de que en el expediente obra prueba testimonial —Luis Hernando Bonilla C. (fls. 43-45 c. 3) y Enrique Villarreal Q. (fls. 50-53 c. 3)— demostrativa de que el HOTEL VAS no fue reconstruido con posterioridad a la ocurrencia del incendio el 18 de mayo de 1989, la Sala reconocerá perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante durante el término de un (1) año, el cual se considera fue el tiempo razonable para que sus propietarios realizaran las reparaciones locativas, si se tiene en cuenta que el mencionado incendio consumió el inmueble donde funcionaba el hotel así como la totalidad de sus muebles y enseres de dotación.
“Es decir, la situación dañina que es objeto de prolongación en el tiempo debe tener un límite racional que el juez aprecia y determina en cada caso concreto ya que “se trata, pues, de eventos en los cuales, a partir de una situación creada por el hecho dañino, se tiene que establecer hasta cuándo es admisible la prolongación de la situación. La lógica del juez colombiano en este aspecto es la de impedir que la víctima se quede impasible ante su daño. Se parte, pues, de un principio sano en el sentido de que no se avala la tragedia eterna y, por el contrario, se advierte a la víctima que su deber es reaccionar frente al hecho dañino y sobreponerse… Llegar, en efecto, a la posibilidad de que las consecuencias de la situación dañina se extiendan indefinidamente sería patrocinar la lógica de la desesperanza, de la tragedia eterna y de un aprovechamiento indebido”. (se resalta).

References: ARTÍCULO 762
 artículo 16
 artículo 90
 artículo 136
 artículo 62
 artículo 121
 artículo 655
 artículo 754
 artículo 762
 artículo 187
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 765
 Resolución 
 artículo 764
 artículo 981
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 172
 artículo 136
 artículo 1427
 Artículo 1
 Artículo 4
 artículo 276
 artículo 9
 artículo 177