Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-1355-2003-18-05-2006-53351
Timestamp: 2018-07-21 07:58:29+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/1355/2003, 18-05-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/1355/2003 de 18 de Mayo de 2006
Núm. Resolución: 00/1355/2003
La obtención de un premio de lotería francesa no está exenta en el IRPF en España.
En la Villa de Madrid, a 18 de mayo de 2006 vista la reclamación económico administrativa que, en única instancia, pende de resolución ante este Tribunal Económico Administrativo Central, en Sala, promovida por DOÑA ..., con domicilio a efectos de notificaciones administrativas en el despacho profesional del Letrado Don ..., contra Resoluciones del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en ..., de 21 de febrero de 2003, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución de 20 de enero de 2003, practicando liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000, y cuantía de 655.104,83 € (109.000.272 pta), así como contra la de 20 de febrero de 2003, por la que se impone sanción por importe de 299.802,23 € (49.882.894 pta).
PRIMERO.- Con fecha 26 de diciembre de 2002, la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en ... instruyó a la obligada tributaria Acta modelo A.02, núm. ..., por el concepto y períodos referidos, en la que, en síntesis, se hace constar lo siguiente: 1º) La fecha de inicio de las actuaciones fue el día 21 de octubre de 2002, y en el curso de las actuaciones se han extendido 3 Diligencias, sin que se hayan producido dilaciones imputables a la obligada tributaria ni períodos de interrupción injustificada. 2º) De las actuaciones practicadas y demás antecedentes resulta que el sujeto pasivo no presentó declaración liquidación por el período comprobado. Procede regularizar su situación tributaria en régimen de tributación individual, al serle más favorable La contribuyente obtuvo, junto con otros cinco familiares, un premio de la super loto francesa, celebrada en Francia el ... de 2000, por importe de 50.019.210 francos franceses, equivalente a 7.625.378,55 € (1.268.756.235 pta), correspondiendo a la obligada la sexta parte, que ascendió a 8.336.535 francos franceses, es decir, 1.270.896,56 € (211.459.395 pta). 3º) La obligada tributaria tiene su residencia habitual en territorio español durante el período comprobado, por lo que es contribuyente del Impuesto y está obligada a declarar la totalidad de la renta que obtenga, con independencia del lugar donde se hubiera producido, y cualquiera que sea la residencia del pagador. 4º) El premio no se halla comprendido en ninguno de los supuestos configurados por el art. 7.ñ) de la Ley 40/1998, de 6 de diciembre, por lo que no está exento del Impuesto. El importe obtenido constituye una alteración patrimonial y tiene, por tanto, la consideración de ganancia patrimonial, que no ha sido declarada en el período comprobado. 4º) El Acta ha sido calificada de previa, de acuerdo con el art. 50.2.b) del Reglamento General de la Inspección de los Tributos, ya que el hecho imponible ha sido desagregado, y la Inspección se ha limitado a comprobar las ganancias patrimoniales obtenidas durante el ejercicio. 5º) En consecuencia, se formula la siguiente propuesta de liquidación: cuota de 599.604,46 € (99.765.788 pta), e intereses de demora por importe de 52.518,78 € (8.738.390 pta), que integran una deuda tributaria de 652.123,24 € (108.504.177 pta).
SEGUNDO.- Una vez emitido por la actuaria el correspondiente informe ampliatorio, y habiendo sido puesto de manifiesto el expediente a la interesada, presentó escrito de alegaciones, oponiéndose a la propuesta de liquidación. Por Resolución del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección, de 20 de enero de 2003, se practicó liquidación con una Deuda tributaria de 655.104,83 € (109.000.272 pta), comprensiva de cuota de 599.604,46 € (99.765.788 pta) e intereses de demora de 55.500,37 € (9.234.485 pta). La liquidación fue notificada a la obligada tributaria el siguiente día 31, según acuse de recibo por correo certificado, que figura incorporado al expediente.
TERCERO.- Disconforme con la anterior liquidación, la interesada interpuso, con fecha 11 de febrero de 2003, recurso de reposición contra la misma, manifestando su discrepancia con la resolución impugnada por no aplicar principios constitucionales en contra de una norma legal, y dando por reproducidas sus alegaciones al Acta. El recurso fue desestimado por Resolución del Inspector Jefe de 21 de febrero de 2003, procediéndose a su notificación el siguiente día 12 de marzo, conforme queda acreditado en el expediente mediante acuse de recibo por correo certificado.
CUARTO.- Por otra parte, una vez cursada por el Inspector Jefe, con fecha 18 de diciembre de 2002, según consta en el expediente, la preceptiva autorización para la iniciación del procedimiento sancionador procedente por los hechos o actuaciones que, puestos de manifiesto en el curso del procedimiento de comprobación e investigación, pudieran constituir infracciones tributarias graves, en fecha 30 de enero de 2003, según manifestación de la interesada fue comunicado a ésta el inicio del expediente sancionador (tramitación abreviada) derivado de la presunta comisión de infracción tributaria grave por el concepto y período referidos, formulándose Propuesta de Resolución para la imposición de sanción, al tiempo que se le otorgaba el preceptivo trámite de audiencia para la presentación de alegaciones. Habiendo presentado la obligada tributaria escrito por el que manifestaba su expresa disconformidad con la propuesta de imposición de sanción, solicitando el sobreseimiento y archivo de actuaciones, por Resolución del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección, de 20 de febrero de 2003, se acordó la imposición de sanción mínima del 50%, por importe de 299.802,23 € (49.882.894 pta). La Resolución fue notificada a la interesada con fecha 11 de marzo siguiente, según queda acreditado mediante acuse de recibo por correo certificado que obra en el expediente.
QUINTO.- Disconforme la interesada con la Resolución desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo liquidatorio y con la Resolución sancionatoria, interpuso ante este Tribunal Central, el día 28 de marzo de 2003, reclamación económico administrativa contra aquéllas.
SEXTO.- Una vez recibido el expediente administrativo con los antecedentes relativos a los actos impugnados, este Tribunal Central remitió a la interesada comunicación de fecha 21 de mayo de 2003, sobre el trámite de puesta de manifiesto por término de quince días para formular alegaciones y acompañar los documentos que estimase convenientes. Mediante escrito presentado el día 4 de junio, la interesada solicitó la suspensión de actuaciones para poner de manifiesto el expediente en el domicilio de la Secretaría Delegada del Tribunal Regional de ..., donde la reclamante tiene asimismo su domicilio. En contestación al mismo, este Tribunal remitió nuevo oficio de fecha 24 de junio de 2005, manifestando que ante el riesgo de pérdida o deterioro del expediente, no se podía acceder a su petición, si bien se reiteraba de nuevo la realización del trámite.
SÉPTIMO.- Con fecha 16 de agosto de 2005, la interesada presentó escrito de alegaciones, expresando su queja por no haber sido atendida su petición, lo que pone de relieve la posible falta de eficacia que genera la descoordinación para realizar el trámite de audiencia en el TEA más cercano al domicilio del sujeto pasivo, así como la falta de descentralización. En cuanto a la cuestión de fondo, manifiesta la reclamante que, en su cualidad de nacionalidad francesa, se reserva la posibilidad de reclamar ante cualquier instancia internacional por los perjuicios que esta situación le pudiera causar. De nuevo, con fecha 28 de diciembre de 2005, le ha sido conferido trámite de audiencia, notificado el 20 de enero, a fin de que en el plazo de quince días formulase escrito de alegaciones, sin que hasta la fecha haya sido presentado escrito alguno.
OCTAVO.- Del análisis de los antecedentes incorporados a las actuaciones, se desprende que no se halla suspendida la ejecutividad de la liquidación impugnada, si bien la ejecución de la sanción impuesta, por aplicación del art. 35 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, ha quedado automáticamente suspendida por la interposición de la presente reclamación.
NOVENO.- En aplicación de la Disposición Transitoria 4ª.1.párrafo 2º, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha sido notificado a la reclamante el trámite de audiencia en el expediente de reclamación contra la sanción impuesta, a fin de que en el plazo conferido alegase lo procedente sobre la aplicación retroactiva de dicha Ley, sin que la reclamante haya presentado escrito alguno al respecto.
PRIMERO.- Concurren en este expediente los requisitos de competencia de este Tribunal Central, por razón de la materia y de la cuantía de los actos impugnados, para conocer de los mismos, legitimación e interposición dentro de plazo hábil, que constituyen el presupuesto básico de su admisión a trámite. Aunque en el trámite de alegaciones no ha formulado la reclamante las cuestiones que fundamentan su pretensión, sin embargo, en virtud de las competencias que el art. 40 del vigente Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas atribuye a este Tribunal para decidir todas las cuestiones que ofrezca el expediente de gestión, hayan sido o no planteadas por los interesados, procede entrar en el análisis y resolución de las siguientes: 1º) Si se ha producido a la interesada situación de indefensión. 2º) Conformidad a Derecho de la liquidación de la ganancia patrimonial obtenida por la reclamante. 3º) Procedencia de la calificación del expediente.
SEGUNDO.- Por lo que se refiere a la primera cuestión, manifestaba la interesada en el procedimiento de comprobación, en el escrito de alegaciones formuladas al Acta de disconformidad, que la Administración tributaria no debe impedir que las alegaciones de los contribuyentes se realicen en su defensa, para no vulnerar unas garantías procedimentales. Pues bien, resulta de las actuaciones contenidas en el expediente que se extendió Diligencia de fecha 13 de noviembre de 2002, por la que se hacían constar los antecedentes del caso, entre ellos, que la interesada había sido beneficiaria del premio de referencia de la super loto celebrada en Francia el ... de 2000, ascendiendo el premio obtenido a 8.336.535 francos franceses, es decir, 1.270.896,56 € (211.459.395 pta), sin que hubiera presentado declaración por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ejercicio 2000. A la vista de todo ello, se dio a la interesada trámite de audiencia, al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, para que dentro del plazo legal pudiera aducir las alegaciones y aportar los documentos de prueba que estimase oportunos. Con fecha 27 de noviembre de 2002, el representante de la obligada presentó escrito, solicitando ampliación del plazo para formular alegaciones, a lo que se accedió mediante Diligencia de 12 de diciembre siguiente. Por último, fue suscrita de disconformidad el Acta en fecha 26 de diciembre de 2002. Una vez emitido el correspondiente informe complementario del Acta, el representante de la contribuyente presentó escrito de alegaciones el 16 de enero de 2003, en el que se contenía la denuncia por la posible indefensión. Por el Inspector Jefe fue dictado el acuerdo liquidatorio de 20 de enero de 2003, que fue impugnado por la interesada mediante recurso de reposición, presentado el 11 de febrero. Por último, habiendo sido desestimado dicho recurso de reposición mediante Resolución de 21 de febrero de 2003, la interesada ha interpuesto contra ésta la presente reclamación.
Por otra parte, en el expediente sancionador, con fecha 30 de enero de 2003, le fue notificada la apertura del procedimiento y le fue formulada la correspondiente propuesta de resolución, concediéndole el pertinente trámite de audiencia para formular alegaciones. Habiendo presentado escrito en fecha 12 de febrero, el Inspector Jefe dictó Resolución de 20 de febrero siguiente, imponiendo la sanción mínima del 50%.
Tanto la Resolución desestimatoria del recurso de reposición contra el acuerdo liquidatorio, como esta Resolución sancionadora han sido impugnadas mediante la presente reclamación económico administrativa.
Por lo que se refiere a la reclamación que nos ocupa, debe hacerse constar que en las actuaciones practicadas, una vez recibido el expediente administrativo, fue notificado a la reclamante el trámite de puesta de manifiesto para formular el pertinente escrito de alegaciones. En contestación al mismo, la interesada presentó escrito por el que solicitaba se le pusiera de manifiesto en el domicilio de la Secretaría Delegada del Tribunal Regional de ... en ..., por tener allí la reclamante su domicilio fiscal. Mediante escrito de 24 de junio de 2005, notificado en 11 de julio siguiente, fue comunicado de nuevo a la reclamante que ante el riesgo de pérdida o deterioro del mismo, que supondrían los múltiples traslados, no se podía acceder a su petición, aunque se reiteraba nuevamente el trámite poniendo el expediente a su disposición en la sede de este Tribunal. A dicho escrito contestó la reclamante, solicitando se reconsiderase su petición, reservándose la posibilidad de poder reclamar ante cualquier instancia, en su cualidad de nacional francés. Nuevamente, con fecha 28 de diciembre de 2005, le ha sido conferido trámite de audiencia, notificado el 20 de enero, sin que hasta la fecha haya presentado escrito alguno.
De todas las actuaciones practicadas tanto en vía de gestión como en vía económico administrativa resulta que a la interesada se le han dado todas las posibilidades de formular alegaciones y aportar los documentos y pruebas que considerase convenientes a su derecho, y se han cumplido rigurosamente todas las prescripciones legales en orden a la defensa de los derechos del contribuyente, por lo que en modo alguno puede ser acogida la pretensión de nulidad por haberle sido producida a la reclamante situación de indefensión.
TERCERO.- En lo concerniente a la cuestión de fondo, queda acreditado en el expediente, como consecuencia de las actuaciones de comprobación llevadas a cabo por la Inspección, que la obligada tributaria tiene residencia habitual en España y ostenta la condición de contribuyente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, teniendo, en consecuencia, la obligación de declarar a efectos del Impuesto la totalidad de la renta que obtenga, independientemente del lugar en que se haya producido y cualquiera que sea el domicilio del pagador de la misma. En el sorteo de la Super Loto francesa de ... de 2000, la interesada obtuvo, junto con otros cinco familiares, un premio de 50.019.210 francos franceses, equivalente a 7.625.378,55 € (1.268.756.235 pta), importe del que a la obligada correspondió la sexta parte, 8.336.535 francos franceses, es decir, 1.270.896,56 € (211.459.395 pta), hecho que en ningún momento se ha desmentido ni se ha discutido tampoco su cuantía. Es evidente que la cantidad obtenida constituye una variación en el valor del patrimonio del contribuyente, que se ha puesto de manifiesto con ocasión de la alteración en su composición y tiene, por tanto, la consideración de ganancia patrimonial. Sin embargo, esta modalidad de renta, que con arreglo al art. 6.2.d) de la Ley 40/1998, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no fue declarada por la contribuyente en el período comprobado.
En el escrito de alegaciones al Acta, la interesada pretendía la aplicación de la exención prevista por el apartado ñ) del art. 7 de la Ley, que dice: "Estarán exentas las siguientes rentas: ... ñ) Los premios de las loterías y apuestas organizadas por el Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y por las Comunidades Autónomas, así como de los sorteos organizados por la Cruz Roja Española y por la Organización Nacional de Ciegos". Claramente cabe advertir que la exención está regulada de forma estricta y precisa, refiriéndose a supuestos determinados en virtud de los entes tasados que organizan los sorteos, y que el caso aquí analizado no se encuadra entre estos supuestos, fuera de los cuales no pueden considerarse exonerados de gravamen los premios conseguidos. En este sentido, la cantidad cobrada como premio no cumple las condiciones para ser exceptuada de gravamen, sino que debe ser considerada como renta obtenida. A ello debe añadirse que el art. 23.3 de la Ley General Tributaria de 28 de diciembre de 1963, así como el art. 14 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, establecen la prohibición del uso de la analogía en la interpretación de las normas tributarias: "No se admitirá la analogía para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible, de las exenciones y demás beneficios o incentivos fiscales".
En el recurso de reposición manifestaba la obligada tributaria su discrepancia con la liquidación impugnada por no aplicar principios constitucionales en contra de una norma legal, el art. 7.ñ) de la Ley 40/1998, que restringe la exención de los premios de loterías y apuestas, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, a los supuestos ya enumerados con anterioridad.
En cualquier caso, en lo concerniente a la inconstitucionalidad de las normas legales reguladoras del Impuesto, es doctrina reiterada y constante de este Tribunal Central que la vía económico administrativa no es la apropiada para enjuiciar la adecuación de las normas legales a la Constitución, ya que, de conformidad con lo previsto en los artículos 164 y 165 de la Ley General Tributaria, y 2 del Reglamento de Procedimiento en las Reclamaciones Económico Administrativas, el ámbito de competencia material de los órganos de esta vía, por estar limitado única y exclusivamente a los actos de gestión, inspección y recaudación de los tributos, no comprende la revisión de las cuestiones de legalidad y constitucionalidad de las normas reguladoras de los mismos, que nuestro Ordenamiento jurídico atribuye en exclusiva a los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y al Tribunal Constitucional.
En conclusión, el premio de la lotería francesa incorporado al patrimonio de la reclamante está sujeto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y no se encuentra exento del mismo, por lo que la liquidación practicada por la Inspección en concepto de ganancia patrimonial alcanzada por aquélla debe reputarse ajustada a Derecho, confirmándose el acto liquidatorio.
CUARTO.- Por último, en cuanto a la conformidad a Derecho de la calificación del expediente así como de la graduación de las sanciones impuestas, el art. 79 de la Ley General Tributaria define como infracción grave: "b) No presentar, presentar fuera de plazo previo requerimiento de la Administración tributaria o de forma incompleta o incorrecta las declaraciones o documentos necesarios para que la Administración tributaria pueda practicar la liquidación de aquellos tributos que no se exigen por el procedimiento de autoliquidación". En el caso que nos ocupa, con ocasión de la regularización de la situación tributaria efectuada por el concepto y ejercicio referidos, ha quedado demostrado que el obligado tributario no presentó declaración por el Impuesto y, como consecuencia de ello, no ingresó la parte de deuda tributaria correspondiente a la ganancia patrimonial alcanzada. El art. 87.1 del mismo texto legal (según la redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio) dispone que "las infracciones tributarias graves serán sancionadas con multa pecuniaria proporcional del 50% al 150% de las cuantías a que se refiere el apartado 1 del art. 80, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, y sin perjuicio de la reducción fijada en el apartado 3 del art. 82". Por otro lado, este mismo art. 82 establece las reglas para la graduación de las multas pecuniarias por infracciones graves. Pero en este supuesto, la graduación de la sanción se ha fijado en el 50% (sobre la parte de cuota que se dejó de ingresar en el ejercicio comprobado), es decir, la sanción mínima, por no concurrir circunstancias agravantes.
En consecuencia, cabe concluir que la calificación por el Inspector actuario como infracción tributaria grave (haber omitido la declaración de la ganancia patrimonial obtenida y, por ello, haber omitido el ingreso de la cantidad de 599.604,46 € de la deuda tributaria), ha sido razonada de modo suficiente y conforme a Derecho, sin que, por otra parte, quepa apreciar en el presente expediente que dicha falta de ingreso haya sido debida a una incorrecta interpretación de las normas jurídico tributarias aplicables, ocasionada por la oscuridad de éstas, o basada en una razonable discrepancia exegética con la Administración, que pudiera excluir la responsabilidad tributaria, por lo que la calificación de infracción grave y la sanción impuesta es conforme a Derecho, por lo tanto, procede desestimar la pretensión del recurrente.
QUINTO.- Sin embargo, debe tenerse en consideración, finalmente, que la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, ha venido a establecer una importante reforma del régimen sancionador en materia tributaria, tanto en lo que afecta a la cuantía de las sanciones, como a sus criterios de graduación, respecto del régimen configurado en la normativa anterior en la que se fundamentó la sanción en cuestión. La Disposición Transitoria 4ª, apartado 1, establece: "Esta Ley será de aplicación a las infracciones tributarias cometidas con anterioridad a su entrada en vigor, siempre que su aplicación resulte más favorable para el sujeto infractor y la sanción impuesta no haya adquirido firmeza. La revisión de las sanciones no firmes y la aplicación de la nueva normativa se realizará por los órganos administrativos y jurisdiccionales que estén conociendo de las reclamaciones y recursos, previa audiencia al interesado". Por ello, es preciso determinar si la nueva normativa resulta más favorable para el obligado tributario.
De acuerdo y en aplicación de las normas transcritas, y a la vista de los antecedentes de hecho ya relatados, la sanción que, a juicio de este Tribunal, debe imponerse a la reclamante por la infracción imputada es la mínima del 50%, establecida por el art. 191 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, que es la misma impuesta en virtud de la anterior Ley General Tributaria.
En conclusión, la sanción derivada de la nueva normativa sancionadora es del 50%, por lo que no procede la aplicación retroactiva de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, al no ser más favorable para el sujeto infractor que la derivada de la Ley 25/1995, de 20 de julio que debe ser mantenida.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL, en SALA, en la reclamación económico administrativa interpuesta por DOÑA ... contra Resoluciones del Inspector Jefe de la Dependencia de Inspección de la Delegación de la Agencia Tributaria en ..., de 21 de febrero de 2003, por la que se desestima el recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución de 20 de enero de 2003, practicando liquidación por el concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ejercicio 2000, y cuantía de 655.104,83 € (109.000.272 pta), así como contra la de 20 de febrero de 2003, por la que se impone sanción por importe de 299.802,23 € (49.882.894 pta), ACUERDA: Desestimar la reclamación interpuesta, y confirmar los actos administrativos impugnados.
Sentencia Administrativo Nº 1459/2014, TSJ Madrid, Sala de lo Contencioso, Sec. 5, Rec 1275/2012, 21-11-2014
Orden: Administrativo Fecha: 21/11/2014 Tribunal: Tsj Madrid Ponente: Gallego Laguna, Jose Alberto Num. Sentencia: 1459/2014 Num. Recurso: 1275/2012
Resolución de TEAF Gipuzkoa, 27.632, 15-11-2007

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