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Timestamp: 2019-12-12 14:18:04+00:00

Document:
STC 182/2004, 2 de Noviembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 231599
STC 182/2004, 2 de Noviembre de 2004
Número de Recurso: 4833/99
Sentencia citada en: 334 sentencias, 5 artículos doctrinales, un formulario
En los recursos de amparo acumulados núms. 4833/99 y 5147/99, promovidos por don Carlos M.M., representado por las Procuradoras de los Tribunales doña María Elisa Alcantarilla Martín y doña María Lourdes Cano Ochoa, y asistido por la Abogada doña Paula Bar Franco, contra la Sentencia de 29 de octubre de 1999, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso especial núm. 1553/99, y contra el Auto de 19 de noviembre de 1999 dictado por la misma Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, también en el recurso núm. 1553/99, desestimatorio del recurso de súplica interpuesto contra el Auto de 21 de octubre de 1999. Han intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito que tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal el 19 de noviembre de 1999, don Carlos M.M. solicitó el nombramiento de Procurador del turno de oficio que formalizara demanda de amparo contra la Sentencia citada en el encabezamiento, bajo la dirección de la Letrada doña Paula Bar Franco, quien manifestaba su renuncia a cobrar honorarios. Por diligencia de ordenación de la Sala Primera de 29 de noviembre de 1999 se tuvo por recibido el anterior escrito y se concedió un plazo de diez días al recurrente para aportar copia de la Sentencia recurrida, acreditar el derecho a la asistencia jurídica gratuita que se le haya otorgado en la vía judicial previa o, subsidiariamente, aportar copia de haber pedido al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid la designación de Procurador de oficio, presentar el escrito de renuncia de honorarios de la Letrada designada y formular la demanda de amparo con los requisitos establecidos en el art. 49 LOTC. Al recurso se le atribuyó el número de registro 4833/99.
El 3 de diciembre de 1999 presentó en el Registro General del Tribunal don Carlos M.M. escrito en el que solicitaba el nombramiento de Procurador del turno de oficio que formalizara demanda de amparo contra el Auto citado en el encabezamiento, bajo la dirección de la Letrada doña Paula Bar Franco, quien manifestaba su renuncia a cobrar honorarios. Por diligencia de ordenación de la Sala Segunda de 16 de diciembre de 1999 se tuvo por recibido el anterior escrito y se concedió un plazo de diez días al recurrente para aportar copia de la resolución recurrida, acreditar haber invocado ante la jurisdicción ordinaria el derecho constitucional que estima violado y que el derecho a la asistencia jurídica gratuita se le ha otorgado en la vía judicial previa, o, subsidiariamente, aportar copia de haber pedido al Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid la designación de Procurador de oficio y presentar el escrito de renuncia de honorarios de la Letrada designada. Al recurso se le atribuyó el número de registro 5147/99.
El 14 de febrero de 2000 presentó la Procuradora de los Tribunales doña María Elisa Alcantarilla Martín la demanda de amparo correspondiente al recurso de amparo núm. 4833/99. A su vez, en la misma fecha presentó la Procuradora de los Tribunales doña María Lourdes Cano Ochoa la demanda de amparo correspondiente al recurso de amparo núm. 5147/99. Ambas demandas traen causa de los siguientes hechos:
El recurrente interpuso un recurso contencioso-administrativo especial de protección del derecho de reunión contra la Resolución de la Secretaría General de Seguridad Ciudadana de la Delegación del Gobierno de Madrid de 13 de octubre de 1999, por la que se autorizaba una manifestación a celebrar el 30 del mismo mes, en la localidad de Aranjuez (Centro Penitenciario Madrid VI), fijándose por la Administración el itinerario a seguir -uno de los propuestos alternativamente por los promotores de la manifestación- y la duración máxima de la misma, de las 11 a las 17 horas del citado día -esto es, un máximo de seis horas, frente a la duración de veinticuatro horas pretendida por el solicitante, argumentándose que esta duración se consideraba suficiente para el ejercicio del derecho. Al notificar la resolución administrativa se le comunicó al demandante de amparo la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, el plazo para hacerlo, y se le indicó que debía trasladar copia de dicho recurso debidamente registrada a la Delegación de Gobierno, de acuerdo con lo previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, y en los arts. 10.1, 14 y 122 LJCA.
Recibido el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo en la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ésta dictó providencia el 18 de octubre de 1999 requiriendo al recurrente para que en el plazo de una audiencia, con apercibimiento de archivo de las actuaciones, acreditase el traslado, mediante copia debidamente registrada, del escrito de interposición de este recurso especial a la Delegación del Gobierno, al tiempo que citaba a las partes y al Fiscal a una audiencia a celebrar el 21 de octubre siguiente. Dicha providencia no fue recurrida por el ahora demandante de amparo quien, el 19 de octubre, aportó la comunicación previa de interposición del recurso (a la que se refería el art. 110.3 de la Ley 30/1992, y que ya había presentado con anterioridad) pero no acreditó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que hubiera comunicado a la Administración demandada el recurso efectivamente interpuesto, en la forma prevista en el art. 11 de la Ley Orgánica 9/1983 y el art. 122 LJCA. Consecuentemente, la Sala dictó Auto el 21 de octubre de 1999 por el que se acordaba el archivo de las actuaciones, por no haberse cumplido el requisito indicado en la providencia de 18 de octubre. Contra dicho Auto interpuso recurso de súplica la representación procesal del recurrente, recurso que fue desestimado por Auto de 19 de noviembre de 1999. Dichos Autos fueron recurridos en amparo (recurso de amparo núm. 5147/99).
El mismo día 21 de octubre de 1999, horas después de la notificación del precitado Auto de la misma fecha, el demandante de amparo se dirigió nuevamente a la Delegación del Gobierno de Madrid con un anuncio de manifestación para la misma fecha antes indicada -30 de octubre de 1999- y con idéntica duración pretendida -veinticuatro horas. La Delegación del Gobierno dictó Resolución el 22 de octubre de 1999 en la que, tras declarar la identidad existente entre el anterior anuncio y el realizado el 8 de octubre, y que podía "la presente manifestación considerarse una reproducción de la anterior", entró en el fondo acordando limitar la duración de la manifestación en el mismo sentido que en su precedente resolución de 13 de octubre de 1999, esto es, una duración máxima de seis horas, desde las 11:00 a las 17:00. En la Resolución se reiteraba que esta duración se consideraba suficiente para el ejercicio del derecho, añadiéndose que "la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de reuniones y manifestaciones ... ha de ser racional, por cuanto lo contrario podría suponer un perjuicio para la seguridad ciudadana".
Contra dicha Resolución interpuso el demandante de amparo recurso contencioso-administrativo, tramitado también ante la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. En la vista, celebrada el 28 de octubre, el Abogado del Estado y el Fiscal se opusieron al recurso, por entender que éste se dirigía contra un acto que era simple reproducción de otro anterior, el de 13 de octubre de 1999, firme y consentido. La Sala dictó Sentencia el día 29 de octubre, en la que acordó la inadmisión del recurso, por aplicación del art. 51.1 c) LJCA, en relación con el art. 28 de la misma Ley, al entender la Sala que la Resolución impugnada de 22 de octubre de 1999 es reproducción de la anterior Resolución de 13 de octubre de 1999, esto es, un acto confirmatorio de otro anterior consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma, toda vez que el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 13 de octubre fue archivado al no haber atendido el recurrente el requerimiento de subsanación del defecto formal advertido. Dicha Sentencia ha sido recurrida en amparo (recurso núm. 4833/99).
En la demanda de amparo del recurso núm. 4833/99 alega el recurrente que se han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE) y el derecho de reunión (art. 21 CE). Sostiene que la Sentencia impugnada, al inadmitir el recurso contencioso-administrativo, constituye una resolución arbitraria e irrazonable al considerar como cosa juzgada y consentida lo que no fue ni juzgado (se archivó el recurso por la existencia de un defecto formal sin haber efectuado un juicio de fondo sobre la cuestión planteada) ni consentido, pues el Auto por el que se declaró el archivo fue recurrido en súplica y el recurrente volvió a comunicar a la Administración la celebración de la manifestación.
La Sección Primera del Tribunal Constitucional, tras recibir el testimonio del recurso contencioso-administrativo núm. 1533/99, acordó por providencia de 28 de enero de 2002 la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 4833/99, emplazando al Abogado del Estado para que pudiera comparecer en el plazo de diez días y dando vista de todas las actuaciones en la Secretaría de la Sala Primera al Ministerio Fiscal, al recurrente y al Abogado del Estado si compareciere, para que, de conformidad con el art. 52 LOTC, dentro del plazo de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Abogado del Estado se personó el 30 de enero de 2002 en el recurso de amparo núm. 4833/99 y presentó su escrito de alegaciones el 11 de febrero de 2002, solicitando la desestimación del recurso de amparo. Razona el Abogado del Estado, en primer lugar, que su argumentación se centra en los aspectos referentes a la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que la relativa al derecho de reunión y manifestación no se encuentra correctamente planteada. Argumenta, sin embargo, respecto a esta última que todo derecho debe ejercitarse con arreglo a pautas de razonabilidad y una manifestación de veinticuatro horas de duración no lo es. En cuanto a la supuesta vulneración del art. 24.1 CE, aduce la Abogacía del Estado que el demandante de amparo no cuestiona que el acto administrativo enjuiciado en el recurso inadmitido sea un acto reproductorio del anterior acuerdo relativo a la misma manifestación, basando su pretensión en el equivocado argumento de suponer que el acto reproducido, determinante de la inadmisión del reproductorio, ha de estar positivamente enjuiciado en una resolución de fondo, siendo así que sobre el acto reproducido no existió un pronunciamiento de fondo por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa, al apreciarse un obstáculo de tipo procesal, por lo que no era procedente aplicar la causa de inadmisibilidad del art. 51.1 c) LJCA, en relación con el art. 28 de la misma Ley. Sostiene el Abogado del Estado que esto no es así, porque la causa de inadmisibilidad no atiende a la confirmación judicial de validez del acto precedente, ni siquiera resulta condicionada a su impugnación. Lo único que condiciona la aplicación de la causa de inadmisibilidad es la firmeza del acto precedente en cualquiera de sus modalidades. Dándose esta firmeza en el caso de autos, la causa de inadmisibilidad ha sido correctamente aplicada y el recurso de amparo debe decaer por sus propios fundamentos.
El 22 de febrero de 2002 presentó sus alegaciones la representación procesal del demandante de amparo. En ellas se limitaba a reiterar lo expuesto en el escrito de formalización del recurso de amparo núm. 4833/99.
El 28 de febrero de 2002 presentó su escrito de alegaciones el Ministerio Fiscal en el recurso de amparo núm. 4833/99. El Ministerio Fiscal considera que, respecto a la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, la demanda ha de ser desestimada, porque la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado una Sentencia plenamente razonada y fundada, apreciando la concurrencia de una causa de inadmisión, apreciación que no puede ser revisada por el Tribunal Constitucional, ya que constituye una interpretación de la legalidad ordinaria. Por otro lado, la apreciación de que en el presente caso no ha existido violación del derecho a la tutela judicial efectiva conlleva la inadmisión de la queja referida a la pretendida lesión del derecho de reunión, pues si la inadmisión del recurso contencioso-administrativo se ha acordado sobre la base de una causa legal, sin lesión del derecho a la tutela judicial efectiva, tal falta de agotamiento de la vía judicial procedente -necesaria para preservar la naturaleza subsidiaria del recurso de amparo constitucional-, es imputable únicamente al demandante de amparo. No obstante, para el caso de que el Tribunal Constitucional no lo entienda así, la queja relativa a la lesión del derecho de reunión debe ser estimada, puesto que la Administración fundamenta la menor duración de la manifestación en razones -racionalidad en el uso de las Fuerzas de Seguridad y que el tiempo máximo autorizado es suficiente para la expresión de las ideas y reivindicaciones que motivan el acto- que no están previstas legalmente, por lo que su decisión ha lesionado el derecho de reunión. Termina el Fiscal interesando se dicte Sentencia por la que sé que desestime la queja referida al derecho a la tutela judicial efectiva, y, en consecuencia, se declare inadmisible la de lesión del derecho de reunión; o, subsidiariamente, estime esta última y, en consecuencia anule la resolución de la Delegación de Gobierno de Madrid y la Sentencia de 29 de octubre de 1999 de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Asimismo interesa la acumulación del recurso de amparo núm. 4833/99 con el recurso de amparo núm. 5147/99.
En la demanda de amparo del recurso núm. 5147/99 alega también el recurrente que se han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE) y el derecho de reunión (art. 21 CE). El recurrente considera que el Auto impugnado, al confirmar el archivo de las actuaciones por apreciar la existencia de un defecto de forma, ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva. En su opinión, la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid es desproporcionada, ya que el defecto formal apreciado -no haber acreditado que se ha dado traslado del escrito de interposición del recurso a la Administración- no ha tenido consecuencias prácticas, ya que la finalidad que pretendía cumplirse a través de ese requisito -que la Administración conociera la existencia del recurso- se ha conseguido igualmente al personarse la Administración recurrida en las actuaciones y haber acudido a la vista oral. También pone de relieve que creyó haber subsanado el defecto mediante la presentación del escrito original por el que anunció la interposición del recurso (la comunicación previa a la que se refería el art. 110.3 de la Ley 30/1992).
Por providencia de 17 de diciembre de 2001 la Sección Tercera del Tribunal Constitucional acordó, de conformidad con el art. 50.3 LOTC, oír al recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo de diez días sobre la posible existencia de las causas de inadmisión consistentes en no haber agotado la vía previa [art. 50.1 a) en relación con el art. 44.1 a) LOTC] y carecer la demanda manifiestamente de contenido constitucional [art. 50.1 c) LOTC].
Por providencia de 5 de marzo de 2002, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional acordó la admisión a trámite del recurso de amparo núm. 5147/99, emplazando al Abogado del Estado para que pudiera comparecer en el plazo de diez días y dando vista de todas las actuaciones en la Secretaría de la Sala Segunda al Ministerio Fiscal, al recurrente y al Abogado del Estado si compareciere, para que, de conformidad con el art. 52 LOTC, dentro del plazo de veinte días pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniesen.
El Abogado del Estado se personó el 12 de marzo de 2002 en el recurso de amparo núm. 5147/99 y presentó su escrito de alegaciones el 3 de abril de 2002, solicitando la desestimación del recurso de amparo. Aduce, en primer lugar, que siendo el objeto del recurso de amparo un Auto de archivo, al no haberse entrado por la jurisdicción contencioso-administrativa en el fondo del asunto, podría existir, en su caso, un defecto en la tutela judicial, pero no una vulneración del derecho a manifestarse. No obstante, rechaza el Abogado del Estado que el Auto de archivo haya lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva, pues el trámite de dar traslado a la Administración de copia del recurso presentado ante los tribunales por quien reacciona frente a una prohibición o modificación de circunstancias de una manifestación no es una mera formalidad accesoria, calificable de rigorista y de cuya falta se pueda prescindir al amparo del benevolente principio pro actione, sino que es un trámite esencialísimo, que responde a una finalidad legítima y sin el cual, ni la Sala puede conocer la existencia del acto, ni la otra parte defenderse. En el caso en cuestión, además, la Administración expresó la procedencia de dicha carga al recurrente con toda claridad y la Sala, al advertir la omisión del traslado, dio nueva oportunidad a la parte de realizarlo. Ha seguido así ésta la solución que puede reputarse más favorable al demandante, considerando asimilada la diligencia de traslado prevista en el art. 122 LJCA a los supuestos contemplados en el art. 45 de la misma ley, y con ella a la consecuencia -prevista en su apartado 3- de haberse de acordar el archivo, si el demandante no subsana el defecto advertido. Una pretensión sanatoria por ulteriores iniciativas del órgano jurisdiccional o, como postula el recurrente, por la simple desconsideración de lo mandado por la ley, parece fuera de lugar. El derecho a la tutela judicial presupone la adecuada absolución de las cargas procesales que corren a cargo de quien lo invoca y en el presente caso se ha incumplido patentemente este presupuesto.
El 21 de marzo de 2002 presentó su escrito de alegaciones en el recurso de amparo núm. 5147/99 el Ministerio Fiscal. En el mismo se argumenta, respecto al derecho a la tutela judicial efectiva, que la queja debe ser estimada, puesto que la Sala de lo Contencioso-Administrativo abrió un atípico trámite de subsanación de un supuesto defecto que no consta que se hubiera producido, y la inadmisión no se funda en causa legal alguna, a juicio del Ministerio Fiscal. En cuanto a la posible lesión del derecho de reunión, el Fiscal recuerda que el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983 únicamente permite a la autoridad gubernativa proponer una modificación de las circunstancias de una reunión o manifestación por la existencia de razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden público, con peligro para personas o bienes, circunstancias que en absoluto han sido consideradas por la Administración, lo que conduce a la conclusión de que la resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid lesionó el derecho fundamental de reunión del demandante de amparo, por limitar injustificadamente y sin base legal la duración de la manifestación. En consecuencia, el Ministerio Fiscal interesa el otorgamiento del amparo solicitado. Asimismo interesa la acumulación del recurso de amparo núm. 5147/99 con el recurso de amparo núm. 4833/99.
El demandante de amparo no formuló alegaciones en el recurso de amparo núm. 5147/99 en el trámite del art. 52 LOTC.
Por sendas diligencias de ordenación de las Salas Primera y Segunda del Tribunal Constitucional de 18 de abril de 2002 se concedió un plazo de diez días al Ministerio Fiscal, al Abogado del Estado y a la representación procesal del demandante de amparo para que dentro de dicho término alegaran lo que estimasen pertinente, de conformidad con el art. 83 LOTC, en relación con la posible acumulación al recurso de amparo núm. 4833/99 del seguido bajo el núm. 5147/99.
El 25 de abril y el 6 de mayo de 2002 las Procuradoras del demandante de amparo presentaron escritos en los que manifestaban que no se oponían a la acumulación. El Abogado del Estado, por escrito presentado el 25 de abril de 2002, manifestó que entendía procedente la acumulación referida. El Ministerio Fiscal interesó también el 26 de abril de 2002 la acumulación de ambos recursos de amparo.
Por Auto de la Sala Primera de 20 de mayo de 2002 se acordó la acumulación de los recursos de amparo núm. 4833/99 y núm. 5147/99 para que éstos sigan una misma tramitación en el estado procesal en que se hallen hasta su resolución también única por esta Sala.
Por providencia de 29 de septiembre se señaló para deliberación y fallo de la presente Sentencia el día 4 de octubre, en que comenzó dicho trámite finalizando el día de la fecha.
El objeto de los presentes recursos de amparo acumulados se contrae a decidir si las resoluciones judiciales impugnadas lesionaron el derecho del demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción, por haber inadmitido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sus recursos contencioso-administrativos, así como su derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE), en la medida en que tales pronunciamientos judiciales no entraron a resolver sobre la vulneración de este derecho fundamental supuestamente cometida por las resoluciones de la Delegación de Gobierno de Madrid, que limitaron la duración de la manifestación programada.
Ha de recordarse que de forma reiterada el art. 24.1 CE viene siendo interpretado por este Tribunal en el sentido de que el derecho fundamental a la tutela efectiva comprende el de obtener una resolución fundada en Derecho, que podrá ser de inadmisión cuando concurra alguna causa legal y así lo acuerde el Juez o Tribunal en aplicación razonada de la misma (por todas, SSTC 37/1982, de 16 de junio, FJ 2; 68/1983, de 26 de julio, FJ 6; 126/1984, de 26 de diciembre, FJ 2; 76/1996, de 30 de abril, FJ 4; 48/1998, de 2 de marzo, FJ 3), ya que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho de naturaleza prestacional de configuración legal cuyo ejercicio está sujeto a la concurrencia de los presupuestos y requisitos procesales que, en cada caso, haya establecido el legislador (SSTC 122/1999, de 28 de junio, FJ 2; 252/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 3/2001, de 15 de enero, FJ 5; 60/2002, de 11 de marzo, FJ 3, entre otras muchas).
A la luz de esta doctrina que acabamos de recordar es pertinente que examinemos, en primer lugar, si ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente en amparo la decisión adoptada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el Auto de 21 de octubre de 1999, confirmado tras recurso de súplica por Auto de 19 de noviembre, de archivar las actuaciones del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución del Delegado del Gobierno de Madrid de 13 de octubre de 1999, por no haber subsanado el recurrente el defecto consistente en incumplir el requisito -previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, y en el art. 122 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA)- de trasladar copia debidamente registrada del escrito del recurso contencioso-administrativo a la autoridad gubernativa, con el objeto de que ésta remita inmediatamente el expediente a la Sala.
En el caso ahora analizado, la Sala requirió al recurrente para que, en el término de una audiencia, acreditara haber dado traslado del escrito de interposición de ese recurso especial a la Delegación del Gobierno, citando expresamente el art. 122.1 LJCA. El recurrente, por error o inadvertencia sólo a él imputable, no cumplió dicho trámite, limitándose a aportar a la Sala el escrito original del anuncio de interposición ante la Administración del recurso contencioso-administrativo (esto es, la comunicación previa a la que se refería el art. 110.3 de la Ley 30/1992 en su redacción original, exigencia que fue derogada por la vigente LJCA de 1998).
Desestimada la pretendida lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa por el recurrente a los precitados Autos de 21 de octubre de 1999 y 19 de noviembre de 1999, no cabe que nos pronunciemos sobre la queja relativa a la presunta vulneración del derecho de reunión, toda vez que la falta de respuesta de fondo a esta cuestión en la vía judicial resulta imputable a la conducta procesal del propio demandante de amparo, como ha quedado señalado, pues el incumplimiento del requisito previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 9/1983 y en el art. 122.1 LJCA impidió un pronunciamiento judicial sobre la aducida lesión del derecho de reunión, lo que equivale a un defectuoso agotamiento de la vía judicial previa y por ello, dado el carácter subsidiario del recurso de amparo, resulta precluida toda posibilidad de que este Tribunal entre a conocer de la hipotética vulneración del art. 21 CE en cuanto la misma se imputa a los Autos citados, que decretan el archivo del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid de 13 de octubre de 1999.
Seguidamente nos corresponde analizar la queja sobre vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva que se dirige contra la Sentencia de 29 de octubre de 1999, que inadmitió el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de la Delegación del Gobierno de Madrid de 22 de octubre de 1999, por aplicación del art. 51.1 c) LJCA, en relación con el art. 28 de la misma Ley, al entender la Sala que la Resolución impugnada de 22 de octubre de 1999 es reproducción de la anterior Resolución de 13 de octubre de 1999, esto es, un acto confirmatorio de otro anterior consentido por no haber sido recurrido en tiempo y forma, toda vez que el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la Resolución de 13 de octubre fue archivado por Auto el 21 de octubre de 1999 -confirmado en súplica por Auto de 19 de noviembre de 1999- al no haber atendido el recurrente el requerimiento de subsanación del defecto formal advertido, consistente en el incumplimiento del requisito previsto en el art. 11 de la Ley Orgánica 9/1983 y el art. 122 LJCA.
En fin, rechazada la supuesta lesión del derecho a la tutela judicial efectiva que se imputa por el demandante de amparo a la Sentencia de 29 de octubre de 1999, no cabe, por las mismas razones señaladas en los fundamentos jurídicos 1 y 4 de la presente resolución, que este Tribunal entre a conocer de la queja relativa a la presunta vulneración del derecho garantizado por el art. 21 CE. Según quedó dicho en el fundamento precedente, nada hay que reprochar ex art. 24.1 CE a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en su decisión de acordar la inadmisión del recurso, por aplicación del art. 51.1 c) LJCA, en relación con el art. 28 de la misma Ley, al considerar la resolución impugnada un acto confirmatorio de otro anterior consentido por no haber sido recurrido en forma. Como consecuencia de lo anterior, el órgano judicial no ha podido conocer, por causas a él no imputables y sin que su proceder merezca reproche alguno de inconstitucionalidad ex art. 24.1 CE, sobre la pretendida lesión del derecho de reunión de la que se queja el recurrente. Siendo el fracaso del recurso contencioso-administrativo imputable al propio recurrente, debemos considerar no utilizado aquel cauce procesal y concluir que no se ha agotado correctamente la vía judicial previa al amparo constitucional, lo que impide, conforme al principio de subsidiariedad, que nos pronunciemos sobre la eventual lesión del derecho de reunión.
Desestimar la demanda de amparo presentada por don Carlos M.M..
Resolución nº 00/4647/2008 de Tribunal Económico-Administrativo Central, 9 de Febrero de 2010
SAP Madrid 73/2012, 6 de Febrero de 2012
STSJ Comunidad Valenciana 326/2013, 29 de Enero de 2013
SAN, 1 de Diciembre de 2004
ATS 751/2018, 10 de Mayo de 2018

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