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Timestamp: 2016-12-06 12:47:00+00:00

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LEY 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto Local
LEY 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto Local	LEY 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto Local Mis Leyes
LEY 3/2003, de 11 de marzo, para el desarrollo del pacto Local Estado	:
Artículo 2. Materias susceptibles de transferencia o delegación.
Artículo 4. Convenios de encomienda de gestión.
CAPÍTULO II. DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS.
Artículo 5. Ley de transferencias.
Artículo 6. Solicitud de transferencias.
Artículo 7. Decretos de traspasos.
Artículo 8. Revocación de las competencias.
CAPÍTULO III. DE LA DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS.
Artículo 10. Decretos de delegación.
Artículo 11. Aceptación de la delegación.
Artículo 12. Revocación de la delegación.
CAPÍTULO IV. PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS O DELEGACIONES DE COMPETENCIAS.
Artículo 13. Participación de las Entidades Locales.
Artículo 14. Funciones de la Comisión.
Artículo 15. Acuerdos de la Comisión Mixta de Coordinación.
Artículo 17. Funcionamiento de la Comisión Mixta de Coordinación.
Artículo 18. Comisiones Sectoriales.
Artículo 19. Régimen especial de Madrid.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Financiación de los servicios y funciones transferidos o delegados.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Constitución de la Comisión Mixta.
La Constitución española organiza territorialmente el Estado en Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, que gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses -artículo 137-. Tanto los Municipios como las Provincias, que disponen de personalidad jurídica plena, conforman la Administración Local del Capítulo II del Título VIII de la Constitución.
Desde la teoría general del Estado Constitucional, la autonomía municipal es consecuencia tanto del principio constitucional de división y fragmentación del poder, como del propio principio democrático, que exige que todo el poder político haya sido elegido por el pueblo y pueda desarrollar un núcleo de competencias, así como de un principio de eficacia y de descentralización administrativa. Así, las entidades locales desarrollan una función referible al Estado de Derecho, en cuanto contribuyen a la división del poder; una función política de reforzamiento de la democracia y de la participación social de los ciudadanos; una función de realización del Estado social en la atención a las necesidades más básicas de los ciudadanos; y una función relativa a la estructuración territorial del Estado, que facilita la homogeneización del territorio y limita la centralización autonómica. El reconocimiento de la autonomía local dentro del Título VIII de la Constitución que regula la organización territorial de nuestro país refuerza la idea de que uno de los fundamentos últimos de su definición constitucional es ser un elemento estructural y de división territorial del Estado.
A diferencia de las Comunidades Autónomas, la Constitución no ha establecido unas competencias concretas de los Entes locales sino que se ha limitado a reconocerles autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Así, además del artículo 137 de la Constitución Española, que reconoce la autonomía de Municipios, Provincias y Comunidades Autónomas, el artículo 40 establece que la Constitución garantiza la autonomía de los Municipios. Los rasgos constitucionales que acompañan a los Entes Locales son los formales -personalidad jurídica, modo de elección, órganos de gobierno- y no los materiales -competencias-. No se ha establecido así ninguna reserva constitucional de Municipio o de Provincia, es decir, no existen preceptos constitucionales que especifiquen competencias concretas y exclusivas de las entidades locales que no pueden ser suprimidas por el legislador. Esto no significa que no existan, sino que al no deducirse de la lectura del texto constitucional -y de los Estatutos como es el caso de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas- tienen que ser objeto de una interpretación constitucional indudablemente más compleja. En una primera aproximación, se puede afirmar que el concepto constitucional de autonomía local contiene dos elementos: Por una parte, un conjunto de competencias que la Constitución reserva a las entidades locales; por otra, la autonomía en el ejercicio de esas competencias.
La esencia de la garantía institucional de la autonomía local no es tanto la competencia sino la gestión bajo la propia responsabilidad. El artículo 3.1 de la Carta Europea de Autonomía Local entiende por autonomía local el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes. Ya tempranamente explicó el Tribunal Constitucional en la misma Sentencia, que la idea de autonomía no admite una relación de dirección y es incompatible con los controles de oportunidad por parte de las otras Administraciones. No obstante, la autonomía es compatible con los controles de legalidad, ya que aquí no se limita la oportunidad política sino que se analiza si la actividad jurídica está sometida plenamente a la Ley y al Derecho -si respeta los derechos en presencia- o si la actividad política se ha salido del marco jurídico.
El Tribunal Constitucional ha señalado que la autonomía local es un concepto jurídico de contenido legal, que permite, por tanto, configuraciones legales diversas -STC 170/1989-. El desarrollo de la autonomía local está, por consiguiente, en manos del legislador del Estado y autonómico, según la distribución constitucional y estatutaria de competencias. Le corresponde a las Comunidades Autónomas la alteración de los términos municipales y las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones Locales y cuya transferencia autorice la legislación sobre régimen local -artículo 148.1.2-. Así, el artículo 2.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local, señala que para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las Entidades Locales, la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, reguladora de los distintos sectores de la acción pública, según la distribución constitucional de competencias, deberán asegurar a los Municipios, las Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.
Son distintas las razones por las que se plantea a partir del año 1992 la necesidad de desarrollar la autonomía de las Entidades Locales. Si los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales fueron postergadas en la descentralización política que se produce en nuestro país desde la Constitución, esta situación cambia parcialmente a partir de la consolidación del Estado autonómico. Algunos años antes, en 1988, España se adhirió a la Carta Europea de la Autonomía Local, aprobada por la Conferencia Permanente de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa y ratificada por el Comité de Ministros de los veintiún Estados miembros el 15 de octubre de 1985 en Estrasburgo. En el Preámbulo de esa Carta se afirma que la defensa y el fortalecimiento de la autonomía local representan una contribución especial en la construcción de una Europa basada en los principios de democracia y descentralización del poder. La autonomía local es definida como el derecho y la capacidad efectiva de las Entidades Locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes -artículo 3.1-. Esta Carta señala que el ejercicio de las responsabilidades públicas debe, de modo general, incumbir preferentemente a las autoridades más cercanas a los ciudadanos -artículo 4.3-. Este principio de subsidiariedad, que asumía el artículo 2.1 de la Ley de Bases de Régimen Local se recoge también en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De hecho, la única reforma constitucional española, precisamente por exigencia de la ratificación del Tratado de Maastricht, fue efectuada para conceder el derecho de sufragio pasivo a los ciudadanos comunitarios en las elecciones municipales.
Una de las dificultades del desarrollo de las Entidades Locales residía en que las medidas a adoptar para fortalecerlas no recaían sobre un solo ámbito competencial, sino que lo hacían tanto en el del Estado como en el de las Comunidades Autónomas, lo que obligaba a aunar varias voluntades. Por tanto, era premisa inexcusable un Pacto Local que respetase la distribución de competencias Estado-Comunidades Autónomas que se recoge en la Constitución, en los distintos Estatutos de Autonomía y en el resto de normas que integran el bloque de la constitucionalidad. En general, la mayoría de las competencias que reivindican los Entes Locales son de tipo ejecutivo y se encuentran atribuidas a las Comunidades Autónomas, lo que obliga a aprobar Leyes autonómicas, consecuencia de Pactos Locales en ese ámbito. Lo que le ha correspondido al legislador estatal es el fortalecimiento de las instituciones locales, que se lleva a cabo a través de la aprobación de la Ley 11/1999, y de Leyes Orgánicas 7/1999 y 8/1999, todas ellas de 21 de abril, que modificaban respectivamente la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Con estas Leyes se pretende consolidar las instituciones de gobierno y de representación de la Administración Local, como paso previo a una ampliación de su marco competencial.
El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid ya prevé, en su artículo 38, que la Administración de la Comunidad de Madrid desarrollará su actuación a través de los órganos, organismos y entidades dependientes del Gobierno que se establezcan pudiendo delegar dichas funciones en los Municipios y demás Entidades Locales reconocidas en este Estatuto si así lo autoriza una Ley de la Asamblea, que fijará las oportunas formas de control y coordinación.
Es objeto de esta Ley, de conformidad con lo establecido en la Ley de Administración Local, la regulación legal de los procedimientos de transferencia y delegación de competencias de la Comunidad de Madrid a favor de las Entidades Locales.
1. Las competencias de la Comunidad de Madrid que se transfieran o deleguen a las Entidades Locales deberán estar referidas sustancialmente a la prestación o ejercicio de las mismas, posibilitando que las Entidades Locales puedan seguir políticas propias en el ejercicio de dichas competencias, y sin perjuicio de que la Comunidad siga manteniendo, cuando se considere conveniente, las competencias de ordenación, planificación y coordinación generales.
a. Consumo.
b. Deportes.
c. Educación.
d. Empleo.
e. Juventud.
f. Medio ambiente.
g. Política de la mujer.
h. Ordenación del territorio y urbanismo.
i. Patrimonio histórico.
k. Sanidad.
l. Servicios sociales.
ll. Transporte.
m. Turismo.
n. Vivienda.
1. Las Entidades destinatarias de la transferencia o delegación podrán ser los Municipios, las Mancomunidades de Municipios y, en su caso, las Entidades Locales de carácter supramunicipal, previstas en la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
La encomienda de gestión de actividades materiales de la Comunidad de Madrid a las Entidades Locales se instrumenta mediante la suscripción del oportuno convenio según prevé la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid.
DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS.
La transferencia de competencias de la Comunidad de Madrid a los municipios o mancomunidades de municipios, se efectuará mediante Ley de la Asamblea de Madrid que determinará las facultades concretas que se transfieren en cada materia y los términos en que se transfieren, así como los criterios para proceder a la evaluación de los medios financieros, reales y, en su caso, personales que se traspasan.
Las Entidades Locales interesadas, a través de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias regulada en el capítulo IV de la presente Ley, podrán solicitar de la Comunidad de Madrid que se haga efectiva la transferencia de las competencias que la Ley de Transferencias determina.
1. Aprobada la Ley de transferencia de competencias, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, de conformidad con el procedimiento previsto en el capítulo IV de esta Ley, aprobará los correspondiente Decretos de traspasos que concretarán, para cada Entidad Local afectada, los medios destinados a financiar la competencia objeto de traspaso y, en su caso, los medios personales y reales necesarios.
La legislación aplicable a las competencias transferidas.
Los medios financieros, y, en su caso, reales y personales que se traspasan.
La fecha de entrada en vigor de la transferencia realizada y del traspaso de los medios necesarios para su gestión.
La relación de los documentos que se traspasan relativos al servicio traspasado.
1. La revocación de las competencias transferidas por Ley de la Asamblea sólo podrá realizarse por ley.
1. La Comunidad de Madrid podrá delegar competencias de su titularidad en los Municipios o Mancomunidades de Municipios cuando así lo autorice previamente una Ley de la Asamblea, que fijará las oportunas formas de control y coordinación.
1. Aprobada la ley que autoriza la delegación de competencias propias de la Comunidad de Madrid, se procederá a determinar, conforme al procedimiento regulado en el capítulo cuarto de esta Ley, las concretas funciones objeto de la delegación, así como sus destinatarios según los tramos de población que, en su caso, se fijen.
Salvo que la Ley imponga obligatoriamente la delegación de competencias, los Plenos de los municipios destinatarios de la delegación deberán aceptar la misma mediante el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.
Cuando, según la Ley de Administración Local de Madrid, proceda la revocación de la delegación de competencias para una o varias Entidades Locales se realizará por Decreto del Gobierno previo informe de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias, audiencia de la Entidad o Entidades Locales interesadas y autorización mediante Ley de la Asamblea de Madrid.
PROCEDIMIENTO PARA LA DEFINICIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS O DELEGACIONES DE COMPETENCIAS.
Para el desarrollo y ejecución del proceso de transferencia y delegación de competencias a las Entidades Locales previsto en esta Ley y asegurar su plena participación en el mismo se crea la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias.
1. La Comisión Mixta de Coordinación de Competencias es el órgano colegiado encargado de impulsar el proceso de transferencias o delegaciones previsto en esta Ley y velar por su desarrollo, proponiendo a los órganos competentes la adopción de las medidas oportunas, especialmente las siguientes:
Determinación de las funciones o servicios susceptibles de delegación o transferencia en los distintos ámbitos materiales de acción pública.
Fijación de los tramos de población de los municipios destinatarios de la transferencia o delegación.
Valoración de los medios financieros, materiales y personales que se traspasen como consecuencia de la transferencia o delegación.
Supervisar el adecuado de desarrollo del proceso de transferencia o delegación.
Informar en los supuestos en los que, de conformidad con esta Ley y la Ley de Administración Local de la Comunidad de Madrid, proceda la revocación de las transferencias o delegaciones
Crear y coordinar el funcionamiento de las Comisiones sectoriales previstas en el artículo 18 de esta Ley.
2. Los Acuerdos de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias relativos a una concreta Entidad Local requieren la conformidad previa de dicha Entidad Local.
1. Los Acuerdos de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias adoptarán la forma de propuestas al Gobierno de la Comunidad de Madrid que, en su caso, los aprobará mediante Decreto, incluyéndose aquéllos como Anexos.
1. La Comisión Mixta de Coordinación estará integrada por veinticuatro miembros, doce en representación de la Comunidad de Madrid y doce de las Entidades Locales.
El Consejero competente en materia de régimen local, que será su Presidente.
El Director General de Presupuestos.
Nueve representantes de las Consejerías con competencias en las materias enumeradas en el artículo 2 de esta Ley, con categoría al menos de Director General, designados por el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
1. La Comisión Mixta de Coordinación se reúne previa convocatoria de su Presidente, a iniciativa propia o previa solicitud de la mayoría de los representantes de las Entidades Locales.
1. Por Acuerdo de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias podrán crearse Comisiones sectoriales para el estudio y concreción de las funciones o servicios susceptibles de transferencia o delegación en los diferentes ámbitos materiales de acción pública de competencia de la Comunidad de Madrid, así como para la valoración de los medios financieros, materiales y, en su caso, personales que sean objeto de traspaso.
7. Artículo 19. Régimen especial de Madrid. En razón de su singularidad, se podrán crear órganos paritarios específicos de colaboración en los que participen el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, con objeto de impulsar la transferencia de competencias y servicios entre ambas Administraciones.
Por Ley de la Asamblea de Madrid se regulará la financiación de los servicios y funciones que se transfieran o deleguen en las Entidades Locales de la Comunidad de Madrid como consecuencia del Pacto Local.
En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, deberá procederse a la celebración de la sesión constitutiva de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias.
Madrid, a 11 de marzo de 2003.
Añadido por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Artículo 18 (apdo. 7):
Derogado por Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. Cerrar
LEY 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de Régimen Especial de MadridACUERDO de 20 de diciembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que se designa a los miembros de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias en representación de la Comunidad de MadridDECRETO 25/2008, de 10 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia e InteriorACUERDO de 16 de octubre de 2008, del Consejo de Gobierno, por el que se designa a los miembros de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias en representación de la Comunidad de MadridModificación de los estatutos de la Mancomunidad de Servicios Sociales 2016ACUERDO de 9 de julio de 2009, de Consejo de Gobierno, por el que se designa a los miembros de la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias en representación de la Comunidad de MadridDECRETO 94/2010, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia e In teriorAprobación de bases específicas que habrán
de regir las pruebas selectivas para la provisión de
diversas plazas reservadas a turno de promoción interna de
funcionarización de personal laboralAprobación definitiva por unanimidad de los asistentes
de la modificación de estatutos y la incorporación
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Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19
 artículo 137
 artículo 40
 artículo 3
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 38
 artículo 18
 artículo 2
 Artículo 19
 Artículo 18