Source: https://medicalguardians.eu/vias-para-reclamar-en-caso-de-una-negligencia-medica/
Timestamp: 2020-07-09 07:40:11+00:00

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Vías para reclamar por daños derivados de negligencias médicas y sanitarias. | Medical Guardians
Las siguientes son las vías principales para reclamar por daños derivados de negligencias médicas y sanitarias.
Desde el momento en el que la actuación negligente del cuerpo médico nos irroga un daño o perjuicio, las posibilidades para denunciarlo van a depender del supuesto concreto.
En nuestro ordenamiento jurídico existen tres vías procedimentales para reclamar o denunciar unos hechos presuntamente negligentes y otras dos vías más para solicitar el reintegro de los gastos sanitarios sufragados por el paciente.
Las 4 vías principales para reclamar:
1º. Vía contencioso-administrativa
2ª. Vía Civil
3ª. Vía Penal
4ª. Vía Social
Esta vía está reservada para demandar a la sanidad pública.
El artículo 106.2 de la Constitución Española reconoce el derecho de los particulares a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia de los servicios públicos. No obstante, en la actualidad, la responsabilidad en esta vía requiere el concurso de la culpa; ya no es de tipo objetivo.
La vía contencioso-administrativa comienza con la interposición de una reclamación administrativa ante el Servicio de Salud de cada una de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de sanidad o, en su caso, ante el Ministerio correspondiente en supuestos de responsabilidad estatal. Debemos distinguir la vía administrativa (primer paso obligatorio) de la vía judicial (segundo paso).
Es una vía que se puede utilizar para conseguir el reintegro de gastos como concepto de responsabilidad patrimonial por daños y perjuicios.
Existe la posibilidad, en la vía administrativa previa, de llegar a un acuerdo indemnizatorio con la Administración pública; más bien con su aseguradora, si la tiene.
La historia clínica del perjudicado llega al expediente administrativo en un plazo relativamente breve acompañada, entre otra documentación, de un informe elaborado por la Inspección Médica, que no es vinculante pero sí, en muchos casos, extraordinariamente relevante y revelador.
Llamada, también, la vía “lenta”. La Administración pública no siempre es capaz de resolver en plazo. De hecho, no lo hace en la mayoría de las ocasiones, motivo por el que se regula la figura del silencio administrativo que considera desestimadas las pretensiones cuando se supera el plazo de seis meses desde la interposición de la reclamación sin respuesta de la Administración pública. El plazo para resolver es de seis meses a partir de la reclamación y el de interposición de recurso contencioso-administrativo es de seis meses a partir de la finalización del anterior plazo y, en caso de resolución expresa, dos meses a partir de la notificación de la resolución.
La duración del procedimiento no suele ser inferior a tres años, aproximadamente, hasta obtener Sentencia. La acción prescribe al año, desde la determinación de las secuelas o el fallecimiento, en su caso.
Es importante tener en cuenta que no debemos dejar que transcurran los plazos de reclamación legal porque prescriben nuestros derechos. Dependiendo de la comunidad autónoma puede haber costas o no en la
El proceso civil comenzará mediante interposición de demanda por la víctima o el perjudicado.
En esta vía se registra el mayor número de Sentencias favorables para el paciente. Además, es la vía más rápida y se puede utilizar para demandar a particulares, hospitales, sociedades médicas, aseguradoras de profesionales y centros clínicos. También se puede utilizar para demandar reparación de daños y perjuicios a las aseguradoras de la sanidad pública mediante la conocida acción de responsabilidad directa de la aseguradora.
Se trata de una vía en la que, además de los honorarios de letrado y procurador, habitualmente es imprescindible acompañar con la demanda el dictamen de un perito médico, generalmente con igual capacidad que aquel cuya responsabilidad se enjuicia. El problema es que la parte que ve desestimadas sus pretensiones suele ser condenada al pago de las costas procesales, lo que conlleva una verdadera carga. No obstante, si las pretensiones se estiman parcialmente, no habrá costas y si se estiman íntegramente la parte demandada será la que pague las costas que se destinarán siempre a compensar los gastos del demandante. También cabe la posibilidad de que el juez o tribunal no imponga las costas al considerar que existen dudas de hecho o de Derecho.
Un procedimiento penal se debe iniciar por medio de denuncia o querella y va encaminado a la imposición de la condena del facultativo o del cuerpo médico determinado. Las sanciones van a depender de la gravedad de la negligencia y del resultado. Por ello, una conducta imprudente y contraria a las más elementales normas de cuidado no lleva aparejada responsabilidad, ni penal ni civil, si de la misma no se deriva daño alguno.
La reforma del Código penal, si bien ha modificado el escenario al despenalizar las faltas, no ha cambiado la estructura de conducta y resultado.
El artículo 152 CP regula las lesiones imprudentes.
Este precepto convierte en típica la imprudencia grave con resultado grave en su apartado primero:
“El que por imprudencia grave causare alguna de las lesiones prevista en los artículos anteriores será castigado, en atención al riesgo creado y el resultado producido:
Con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, si se tratare de las lesiones del apartado 1 del art.147.
Con la pena de prisión de uno a tres años, si se tratare de las lesiones del art.149.
Con la pena de prisión de seis meses a dos años, si se tratare de las lesiones del art.150.
Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años”.
Únicamente se condenará por delito cuando la imprudencia sea grave y la lesión también lo sea.
Y en el apartado segundo se encarga de tipificar la imprudencia menos grave con resultado grave:
“El que por imprudencia menos grave causare alguna de las lesiones a que se refieren los arts. 149 y 150 será castigado con una pena de multa de tres meses a doce meses…”.
Las lesiones menos graves por imprudencia, el art. 142 CP contiene la siguiente redacción:
“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años… Si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años.
El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses…”.
Es la única manera de conseguir la inhabilitación o prisión del facultativo. Si la pena impuesta es inferior a dos años el facultativo podrá solicitar la suspensión de la pena de prisión, pero deberá cumplir, en todo caso, la pena de inhabilitación profesional. En poco tiempo se obtiene el historial médico del perjudicado, se toma declaración a los investigados, el médico forense adscrito al juzgado emite un informe de valoración de la presunta negligencia y del daño causado, sin necesidad de acudir a una prueba pericial de parte.
En esta vía, además de depurar la responsabilidad penal, también se ventila la responsabilidad civil lo que significa que se puede solicitar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En caso de que la negligencia médica sea por delito leve, la acción penal prescribe al año.
Se trata de una vía complicada, entre otras cosas porque el Poder Judicial se resiste a condenar penalmente al cuerpo médico. La condena surge cuando la “lex artis ad hoc” ha sido gravemente vulnerada, la negligencia profesional está absolutamente acreditada, el daño ha sido real y grave y, además, no existe una mínima duda acerca de la autoría y la responsabilidad del facultativo.
Por otro lado, es sumamente difícil encontrar supuestos en los que el médico forense del juzgado considere que existe negligencia médica, motivo por el que el ciudadano puede tener la impresión de presencia de corporativismo.
Se utiliza para el reintegro de los gastos por las prestaciones que el sistema sanitario nos niega indebidamente. Tenemos derecho a cobrar los gastos sanitarios soportados por asistencias urgentes en centros privados y los soportados cuando el sistema sanitario no reconoce la prestación de forma injustificada.
En desarrollo del derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43.1 de la Constitución, se indica en el artículo 4.3 del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización que:
“La cartera de servicios comunes únicamente se facilitará por centros, establecimientos y servicios del Sistema Nacional de Salud, propios o concertados, salvo en situaciones de riesgo vital, cuando se justifique que no pudieron ser utilizados los medios de aquél. En casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata se reembolsarán los gastos de la misma, una vez comprobado que no se pudieron utilizar oportunamente los servicios de aquél y que no constituye una utilización desviada o abusiva de esta excepción. Todo ello sin perjuicio de lo establecido en los convenios internacionales en los que España sea parte o en normas de derecho interno reguladoras de la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de prestación de servicios en el extranjero”.
En cuanto al carácter vital de la urgencia, la Real Academia Española establece el significado de vital como “perteneciente o relativo a la vida” y “de suma importancia o transcendencia”.
Por otra parte, la interpretación jurisprudencial de dichos significados aboga por una interpretación amplia, por lo que no se requiere que esté en riesgo inminente la vida del paciente pues es suficiente que una probabilidad de retraso en recibir la asistencia pueda producir daños graves para la salud, ya sea en forma de secuelas o e en la prolongación en el tiempo de graves sufrimientos.
Los 2 tipos de procedimiento:
1. NEGLIGENCIAS MÉDICAS OCURRIDAS EN LA SANIDAD PÚBLICA
2.- NEGLIGENCIAS OCURRIDAS EN LA SANIDAD PRIVADA
Si el centro donde se cometió la negligencia médica pertenece a la sanidad pública (hospital público, centro de especialidades, centro de salud, consultorio, servicio de emergencias…), el procedimiento que ha de iniciarse es una RECLAMACIÓN POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL.
¿Frente a quién se dirige?
En estos casos, el demandado (frente al que se dirige el procedimiento) es la Administración sanitaria en su conjunto, por ejemplo: Servicio de Salud de Castilla la Mancha (SECAM), Servicio de Salud de Castilla y León (SACYL), Servicio Extremeño de Salud (SES), Servicio Andaluz de Salud (SAS), Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)…
¿Objeto de procedimiento?
Se le reclama una indemnización por daños y perjuicios de carácter: físico, psicológicos, morales y económicos.
¿De qué plazo se dispone?
A priori el plazo es de un año desde el momento en el que tuvo lugar la negligencia médica. No obstante, deben realizarse algunas consideraciones al respecto.:
En caso de fallecimiento como consecuencia de la negligencia médica el plazo de un año se computará desde la fecha del fallecimiento. Si por ejemplo el bebé sufre una situación de hipoxia cerebral durante el parto y esto le provoca una parálisis cerebral y su posterior fallecimiento a consecuencia de la misma meses más tarde, el computo comenzaría en el momento del óbito.
En caso de lesiones el plazo de un año se computará desde el momento en el que se produzca la estabilización de las secuelas y se tenga conocimiento del alcance definitivo de las mismas. Por ejemplo, un retraso en la asistencia tras un ictus, el plazo no comenzaría a computar hasta el momento en el que termine la rehabilitación y se conozca el alcance real de las secuelas generadas como consecuencias del retraso asistencial.
B) ACCIÓN DIRECTA CONTRA LA COMPAÑÍA ASEGURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Si el centro donde se cometió la negligencia médica pertenece a la sanidad pública (hospital público, centro de especialidades, centro de salud, consultorio…) puede optarse por iniciar un procedimiento en ejercicio de la acción directa prevista en la Ley del Contrato de Seguro contra la compañía aseguradora del Servicio de Salud en cuestión.
Directamente contra la compañía aseguradora con la que tenga suscrito un seguro de responsabilidad civil la administración pública responsable de la negligencia médica.
Del mismo establecido en el caso anterior.
Estos dos procedimientos, son mutuamente excluyentes entre sí. Generalmente la acción directa es un procedimiento más rápido y en él se consiguen mayores indemnizaciones (entre otros motivos por los intereses moratorios definidos en el Artículo 20 de la Ley del Contrato de Seguro, que aplica un tipo de interés especial más ventajoso para el demandante en caso de éxito).
Si el centro donde se produce la negligencia médica es privado (por ejemplo, un hospital privado, o una consulta médica privada, un dentista, una clínica de fisioterapia, una clínica quirúrgica o un centro capilar…) o se el acto médico se ha dispensado bajo la cobertura de una póliza de seguro médico, entonces, el procedimiento que se debe iniciar es de tipo civil.
Puede dirigirse frente al concreto profesional que comente la negligencia médica, contra la compañía asegurara con la que el profesional tenga suscrito su seguro de responsabilidad civil (en ejercicio de la acción directa) y/o contra la asegura médica al amparo de la cual se dispensó el acto médico (por ejemplo, SANITAS, SEGURCAIXA ADESLAS, DKV, ASISA, MAPFRE CAJA SALUD…)
También puede iniciarse este procedimiento cuando la negligencia médica se produce en un acto médico dispensado a paciente beneficiarios de las mutualidades de funcionarios públicos (MUFACE, ISFAS…).
Se le reclama una indemnización por daños y perjuicios de carácter: físico, psicológico, moral y económico.
En un procedimiento por responsabilidad civil, el plazo varía. Si no existe contrato entre las partes, es de un año, mientras que, si existe suscrito un contrato, sería de cinco años.
El plazo en cuestión se computa según lo establecido en el apartado referente a la responsabilidad patrimonial.
Este procedimiento es complementario y en ocasiones excluyente a los otros dos. Puede iniciarse cuando la negligencia médica tiene lugar tanto en un centro público como en uno privado. Si en este procedimiento se efectúa una reserva de la acción civil, puede iniciarse de forma previa o posterior (nunca simultanea) a un procedimiento administrativo o civil (según los casos) para reclamar la indemnización correspondiente.
Sufrir una negligencia (ya sea en forma de pérdida de un familiar, o cambios en la calidad de vida presente y futura) puede requerir a juicio de los afectados algo más que una compensación económica. En esos casos ha de iniciarse un procedimiento penal que imponga una pena a la o a las personas que cometieron la negligencia médica.
Aquí lo que se persigue es la imposición de una pena para los profesionales sanitarios implicados en el acto (en forma de prisión, inhabilitación profesional y/o multa), así como un resarcimiento económico compensatorio en forma de indemnización por los daños sufridos (salvo que expresamente se renuncie a este para ejercitarlo en un procedimiento civil o administrativo).
El plazo de prescripción es variable, en función del tipo delictivo en la que pueda incluirse la negligencia médica en cuestión. Puede variar de los 6 meses a los 5 años.
Este procedimiento, es poco habitual y entraña una serie de riesgos de viabilidad que el cliente debe valorar.
¿No está seguro de qué vía de reclamación le conviene a usted?

References: artículo 106
 resolución 
 artículo 152
 artículo 43
 artículo 4
 Real Decreto 
 Artículo 20