Source: https://www.slideshare.net/andrearengifo94/introduccion-trabajo
Timestamp: 2017-11-23 04:29:53+00:00

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1. INTRODUCCION AL DERECHO DEL TRABAJO Javier Neves Mujica Facultad de DerechoPontificia Universidad Católica del Perú 1
2. INDICE PáginasINTRODUCCION ……………………………………………………………………………. 51. AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO DEL TRABAJO 1.1 EXPLICACION…………………………………………………………….. 9 1.2 TRABAJO OBJETO DE PROTECCION POR EL DERECHO DEL TRABAJO 1.2.1 TRABAJO HUMANO …………………………………………… 11 1.2.2 TRABAJO PRODUCTIVO ……………………………………… 12 1.2.3 TRABAJO POR CUENTA AJENA ……………………………… 15 1.2.4 TRABAJO LIBRE ………………………………………………… 16 1.2.5 TRABAJO SUBORDINADO …………………………………….. 19 1.3 ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RELACION LABORAL 1.3.1 PRESTACION PERSONAL ……………………………………… 24 1.3.2 SUBORDINACION ………………………………………………. 25 1.3.3 REMUNERACION ………………………………………………. 28 1.4 PRINCIPIO DE LA PRIMACIA DE LA REALIDAD …………………….. 29 1.5 CONTRATO TIPICO Y CONTRATOS ATIPICOS ………………………. 32 1.6 REGIMEN LABORAL PRIVADO Y PUBLICO ………………………….. 34 1.7 LABORES EXCLUIDAS Y EQUIPARADAS …………………………….. 352. FUENTES DEL DERECHO DEL TRABAJO 2.1 CONCEPTO ………………………………………………………………… 37 2.2 NIVELES Y SUBNIVELES ……………………………………………….. 39 2.3 PRINCIPALES PRODUCTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 2.3.1 CONSTITUCION …………………………………………………. 42 2.3.2 TRATADO ………………………………………………………… 50 2.3.3 LEY Y OTRAS NORMAS ESTATALES 2.3.3.1 LEY Y REGLAMENTO …………………………………. 56 2
3. 2.3.3.2 DECRETO LEGISLATIVO Y DECRETO DE URGENCIA 58 2.3.4 CONVENIO COLECTIVO ………………………………………... 60 2.3.5 REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO ……………………… 67 2.3.6 COSTUMBRE ……………………………………………………... 68 2.3.7 SENTENCIA ……………………………………………………….. 71 2.3.8 CONTRATO DE TRABAJO ……………………………………….. 733. VIGENCIA DE LOS PRODUCTOS NORMATIVOS Y NO NORMATIVOS LABORALES EN EL ESPACIO Y EN EL TIEMPO 3.1 VIGENCIA EN EL ESPACIO ……………………………………………….. 74 3.2 VIGENCIA EN EL TIEMPO ………………………………………………... 794. RELACIONES ENTRE NORMAS Y ACTUACION DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 4.1 CONCEPTO DE PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL TRABAJO ………… 87 4.1.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DERECHO DEL TRABAJO 4.1.1.1 IRRENUNCIABILIDAD DE DERECHOS ……………….. 87 4.1.1.2 IGUALDAD ANTE LA LEY, DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES ……………………………………….. 94 4.1.1.3 OTROS QUE OPERAN EN EL CAMPO DE LAS RELACIONES ENTRE NORMAS Y HECHOS, Y ENTRE NORMAS. …………………………………………………. 100 4.2 RELACIONES ENTRE NORMAS Y HECHOS, Y ENTRE NORMAS 4.2.1 EXPLICACION ……………………………………………………... 100 4.2.2 NINGUNA NORMA APLICABLE 4.2.2.1 ANALOGIA, INTERPRETACION EXTENSIVA Y PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO ………….. 103 4.2.3 UNA UNICA NORMA APLICABLE 4.2.3.1 IN DUBIO PRO OPERARIO …………………………….. 105 4.2.4 UNA NORMA APLICABLE RELACIONADA CON OTRA 4.2.4.1 SUPLETORIEDAD ……………………………………… 111 4.2.4.2 SUBSIDIARIEDAD …………………………………….. 113 4.2.4.3 CONFLICTO. NORMA MAS FAVORABLE …………. 113 4.2.4.4 SUCESION. CONDICION MAS BENEFICIOSA ……… 124 3
4. 4.2.5 VARIAS NORMAS SIMULTANEAMENTE APLICABLES 4.2.5.1 COMPLEMENTARIEDAD ………………………….….. 130 4.2.5.2 SUPLEMENTARIEDAD ……………………………….. 131BIBLIOGRAFIA .………………………………………….…………. 133 4
5. INTRODUCCION El Derecho del Trabajo es un desprendimiento del Derecho Civil, relativamente reciente -en perspectiva histórica-, ya que su antigüedad no se remonta ni siquiera a doscientos años atrás. Para comprender las razones de esa escisión, debemos reparar en un dato jurídico de inmensas repercusiones sociales, que es el de los principios que inspiran el ordenamiento civil. En el marco de las colosales transformaciones que supusieron la Revolución Industrial, en el plano de la ideología económica, así como de las formas de organización de la producción y del trabajo, y la Revolución Francesa, en el ámbito de las ideologías políticas y jurídicas, el Derecho Civil moderno se construye sobre pilares que pueden producir desastres sobre algunas relaciones sociales. Se proclama que todas las personas son formalmente iguales y libres, por lo que pueden concurrir al mercado a comprar o vender cualquier bien. Como este mercado está regido por una ley natural de la oferta y la demanda, las condiciones de dicha adquisición son fijadas por ésta. Las partes pueden en esta operación, acordar sin restricciones lo que convenga a sus intereses, en virtud de la autonomía privada individual. El Estado debe garantizar que los sujetos puedan celebrar el contrato y luego lo cumplan según lo pactado, pero no debe intervenir en la determinación de los derechos y obligaciones establecidos en aquél. Si hubiera alguna ley que señalara el contenido de las relaciones jurídicas, ésta tendría carácter dispositivo, por lo que cualquier regulación diferente del contrato prevalecería sobre aquélla. La aplicación de este esquema en el campo de las relaciones laborales, más aún con la rigidez propia del liberalismo entonces en auge, mostró que los valores consagrados por el Derecho Civil no se verificaban en la realidad: el trabajador sólo dispone de su energía, que debe ofrecer a quien la vaya a utilizar, que será un empresario, a cambio de una retribución; pero como la necesidad de obtener un empleo, es mucho mayor que las probabilidades de encontrarlo, la voluntad única del empleador establece los derechos y obligaciones entre las partes. Esto condujo a un régimen de extrema explotación de la mano de obra, sin precedentes en la historia: jornadas extenuantes, salarios miserables, pagados muchas veces en vales, pésimas condiciones de seguridad e higiene, etc. Hay multitud de testimonios de este cruel período, en la historia, la filosofía, la economía, la literatura... No tardó en surgir una reacción de los mismos afectados por este sistema, alentada por el pensamiento anarquista y socialista (en el Perú no puede omitirse, además, al aprista). El instrumento por excelencia en esa lucha estuvo en la organización sindical. Pese a que los ordenamientos penales consideraban un delito la existencia y funcionamiento de los sindicatos, éstos se formaron y consolidaron hasta llegar a constituir una verdadera amenaza contra el régimen económico y político. Los trabajadores tenían conciencia de que sólo por esa vía podrían presionar al Estado para la fijación de reglas básicas para las relaciones 5
6. laborales, así como a sus propios empleadores, en dirección de lograr un régimende trabajo menos abusivo. En este contexto, el Estado se vio forzado a abandonar su posición deabstención en la determinación del contenido de los derechos y obligaciones delos sujetos laborales individuales, que iba acompañada de una intervenciónrepresiva sobre las acciones sindicales. Allí, el contrato que vinculaba altrabajador con el empleador, entonces llamado arrendamiento de servicios, fueextraído del Derecho Civil, para poder apartarlo de los valores antes mencionadosy sujetarlo a otros distintos y hasta contrarios. Este es el origen del contrato detrabajo y del área que se ocupa de todas las relaciones derivadas de él: el Derechodel Trabajo. Los supuestos del nuevo ordenamiento laboral son muy distintos a los delcivil. Se entiende que los sujetos de la relación laboral son materialmentedesiguales, porque uno tiene poder económico y el otro no, y, por tanto -tambiénen la esfera sustancial-, al último de éstos le falta libertad. La autonomía privadaindividual puede, por consiguiente, constituir el vínculo entre las partes, pero laregulación está limitada desde afuera por la ley. Esta se ocupa, pues, no sólo delacceso y la ejecución del contrato, sino además de su contenido, y lo hace demodo relativamente imperativo: fijando beneficios mínimos en favor deltrabajador, que por autonomía privada pueden incrementarse pero no reducirse.Constatado el desequilibrio real entre los sujetos laborales individuales, elpropósito del Derecho del Trabajo es el de compensarlo con otro desequilibrio enel nivel jurídico, de signo opuesto al anterior: la protección del contratante débil.Este es el sentido de la intervención tuitiva del Estado en esta área. Pero el único vehículo de nivelación no es el que proviene del Estado: laley; sino que hay otro surgido de la relación directa entre las organizacionessindicales y el empleador: el convenio colectivo. La autonomía privada seensancha desde entonces para abarcar, además de la individual, la colectiva. Deallí nacen múltiples y complejas relaciones entre la ley y el convenio colectivo enla regulación de las relaciones laborales, que varían mucho en los modelosdemocráticos y los autoritarios. La creación del Derecho del Trabajo supuso, en definitiva, que laregulación de las relaciones laborales que había estado tradicionalmente a cargode fuentes de configuración -en los hechos- unilateral: el contrato dearrendamiento de servicios, el reglamento interno de trabajo y la costumbre, queexpresaban la disparidad, se trasladara a las nuevas fuentes: la ley laboral y elconvenio colectivo, que buscan la paridad. Como la relación laboral es, de un lado, conflictiva, porque los intereses de los trabajadores -como individuos y como categoría- son diferentes y a veces opuestos a los de los empresarios -como individuos y como categoría-, siendo ambos legítimos, se requiere regulación, para que el conflicto discurra entre los márgenes del sistema; pero como, de otro lado, es estructuralmente desigual, porque los trabajadores no tienen poder económico y los empresarios sí, se requiere que esa regulación sea equilibrada, para balancear con la ventaja 6
7. jurídica la desventaja material y, de ese modo, contribuir a la materialización de la justicia y la paz. El ordenamiento laboral en su conjunto cumple así la función de regularla utilización del trabajo ajeno por un empresario y la obtención de ganancias deél, permitiéndola pero controlándola, y de encauzar los conflictos individuales ysociales que se originan en esa relación. Esta función se adapta a las diversascircunstancias en las que debe ejercerse, como pueden ser los distintos niveles dedesarrollo económico o las diferentes situaciones de expansión o de crisiseconómicas, pero en su esencia se mantiene inalterada. Los temas esbozados son justamente los que corresponden a la teoríageneral del Derecho del Trabajo. A ésta le compete -desde nuestro punto de vista-el estudio de cuatro cuestiones. La primera es la evolución histórica del trabajo yde su regulación jurídica, deteniéndose en los factores que concurren a laformación del Derecho del Trabajo, así como su presencia en el mundo actual,caracterizado por las innovaciones tecnológicas y la globalización económica. Lasegunda se refiere al campo de aplicación del ordenamiento laboral, especialmentea los requisitos que debe poseer un trabajo para estar comprendido en aquél. Latercera se ocupa de las fuentes del derecho en esta área, tanto respecto de susrasgos en sí, como de sus relaciones entre ellas. Y la última, tiene como objeto alos principios del Derecho del Trabajo. Pues bien, en este libro vamos a estudiar sistemáticamente las tresúltimas. Sobre la primera habrá diversas referencias, pero no un análisis deconjunto, porque nos parece que éste requiere un enfoque interdisciplinario. Lostemas a tratar son, entonces, los siguientes: ámbito de aplicación, fuentes, vigenciaen el espacio y en el tiempo y relaciones entre normas y actuación de losprincipios. Un detalle mayor de los puntos a abordarse puede encontrarse en elíndice. Todas estas cuestiones, en nuestro ordenamiento, no se encuentranreguladas o lo están de modo disperso, dado que su espacio natural es el TítuloPreliminar de una Ley General del Trabajo y todavía carecemos de ésta. En talTítulo Preliminar deberían establecerse los criterios para la interpretación yaplicación de las normas laborales, que son, justamente, las piezas centrales de lateoría general del Derecho del Trabajo. Esta obra está doblemente ligada a la vida universitaria. De un lado, esproducto de las lecturas, reflexiones y exposiciones efectuadas con motivo deldictado del curso de Derecho Laboral, que desde 1984 está a nuestro cargo en laFacultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. De otro lado,está concebido con un material para la enseñanza. En esta perspectiva, es sólo unpunto de partida para entrar al conocimiento del Derecho del Trabajo. Nodudamos que lo sostenido en este libro puede ser objeto de profundizaciones,cuestionamientos y -cuando se den cambios legislativos- actualizaciones. Supropósito es el de abrir y no el de cerrar el debate. 7
8. Al elaborar el trabajo -en el marco de la finalidad señalada- hemosutilizado los esquemas de clase, enriquecidos a lo largo de los años, buscandopresentar cada tema como lo hacemos en el aula: proporcionar conceptos yclasificaciones, proponer ejemplos y hacer las referencias normativas pertinentes.El resultado debía ser lo más parecido a un fiel cuaderno de apuntes. Por ello,hemos evitado cargar al lector con citas doctrinarias, que muchas veces obedecenmás a la vanidad que a la necesidad. Están hechas sólo las indispensables, cuandoel aporte personal de un autor nos parece único en un tema. En la bibliografía seofrece una relación de libros, ensayos y artículos, principalmente de autoresnacionales, cuya consulta consideramos imprescindible para un buen manejo delos diversos aportes doctrinarios sobre la teoría general del Derecho del Trabajo. Creemos que si alguna utilidad tuviera este libro, ella podría apreciarseen una metodología de trabajo activa, donde los estudiantes hubieran leído el texto-acompañado naturalmente de otros- con anticipación a la clase en que se trate eltema respectivo, para que en ésta pueda suscitarse la reflexión colectiva, quepermita a cada uno extraer sus conclusiones y construir su posición. Finalmente, queremos reconocer que las ideas expuestas aquí, pertenecenen mucho a un equipo de trabajo formado en la Facultad de Derecho de laPontificia Universidad Católica del Perú en torno al curso de Derecho Laboral.Muchos de sus antiguos integrantes son hoy en día destacados docentes de nuestraArea Laboral, así como investigadores que en sus tesis u otros trabajosacadémicos vienen brindando valiosas contribuciones teóricas en estaespecialidad. No nombramos a cada uno de ellos porque, afortunadamente para elDerecho del Trabajo peruano, su número es ya elevado. Este reconocimiento nopuede dejar de extenderse a los alumnos de la asignatura en todos estos años, quehan constituido el estímulo indispensable para la actividad docente, en el planointelectual y en el afectivo. Lima, julio del 2007. 8
9. 1. AMBITO DE APLICACION DEL DERECHO DEL TRABAJO 1.1. EXPLICACION El sentido en que el Derecho del Trabajo utiliza el término trabajo no es coincidente con el que ese concepto tiene en el lenguaje común. En éste, el trabajo es cualquier ocupación, mientras para aquél es sólo la que posee ciertas características. Así, en su acepción amplia, es trabajo la labor desempeñada por un vendedor callejero que ofrece mercadería en una carretilla al público transeúnte, o la del campesino que labra la tierra en su parcela, o la de un médico que atiende a sus pacientes en su consultorio. Sin embargo, para el Derecho del Trabajo ninguna de estas actividades reúne los requisitos necesarios para entrar en su campo de aplicación. Cuáles son los factores que el Derecho del Trabajo exige a una ocupación para considerarla dentro de su objeto de regulación, es una cuestión de la mayor importancia, ya que sólo en aquélla el sujeto que la ejecuta gozará de protección. Vamos a pasar revista en primer lugar a esas características, que son las mencionadas en la línea superior del cuadro adjunto: trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre y subordinado. Ese esquema, así como los conceptos básicos contenidos en él, los manejamos centralmente a partir de las elaboraciones de Alonso Olea y Casas Baamonde (1991: 31 y ss.). En cada caso estableceremos las diferencias con los términos opuestos. Luego nos detendremos en el análisis de los elementos esenciales de la relación laboral, que se infieren de los factores mencionados. La doctrina concuerda en que esos elementos son tres: prestación personal, subordinación y remuneración. La jurisprudencia nacional lo estableció así, ya desde hace buen tiempo. Pero la cuestión tiene en nuestro medio base normativa recién a partir de la dación de la Ley de Fomento del Empleo, que les atribuyó esa condición en su artículo 37 (hoy convertido en el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral). Es claro, pues, que todos ellos y sólo ellos, configuran una relación como laboral. Para que estemos ante una relación laboral, entonces, los mencionados elementos deben presentarse en forma conjunta. Si alguno de ellos falla, la relación jurídica tendrá otra naturaleza. Por ejemplo, si hay una prestación personal y retribuida, pero autónoma. Pero a la vez, esos elementos bastan, no hace falta ningún otro. Los demás factores -no esenciales- pueden servir para asignar un régimen laboral u otro (por ejemplo, el carácter privado o público del empleador) o para acceder a ciertos beneficios (por ejemplo, el requisito de una jornada mínima de cuatro horas diarias para el disfrute de la estabilidad laboral o la compensación por tiempo de servicios, en nuestro ordenamiento), pero no para calificar la relación como laboral. 9
10. TIPOS DE TRABAJO SUBORDINADO LIBRE POR CUENTA AUTONOMO AJENA PRODUCTIVO FORZOSO POR CUENTATRABAJO HUMANO PROPIA NO PRODUCTIVO 10
11. Después estudiaremos los casos en que se oculta una relación laboral bajo la apariencia de una civil o mercantil, para eludir la protección brindada por el ordenamiento laboral al sujeto que presta el servicio. En este supuesto opera el llamado principio de la primacía de la realidad. Finalmente, abordaremos otros tres asuntos: si todos los que son trabajadores para el Derecho del Trabajo caen bajo una misma regulación; si sólo ellos reciben tutela del ordenamiento laboral (y de Seguridad Social); y si hay trabajadores excluidos del ordenamiento laboral. Lo primero nos lleva al tema del contrato de trabajo típico y los atípicos, de un lado, y del régimen laboral privado y público, del otro. Lo segundo, a la figura de la equiparación, por la cual se extiende ciertos beneficios a sujetos que no tienen relación laboral pero sí determinados rasgos que veremos en su oportunidad. Y lo tercero, a las modalidades formativas laborales.1.2. TRABAJO OBJETO DE PROTECCION POR EL DERECHO DEL TRABAJO 1.2.1 TRABAJO HUMANO El trabajo consiste en una acción consciente llevada a cabo por un sujeto. La evolución científica permite preguntarse hoy en día si sólo la especie humana es capaz de realizar un trabajo, así entendido, o también pueden hacerlo otras especies animales. No nos referimos a las labores instintivas que ejecutan algunos animales, en las cuales comprometen su actividad: las faenas desarrolladas por las abejas en torno al panal, por ejemplo, menos todavía a las que aquéllos desempeñan como medio para el trabajo humano: los bueyes tirando del arado, por ejemplo; sino a la transformación deliberada de la naturaleza que ciertos animales pueden emprender: los chimpances convirtiendo una rama en instrumento para procurarse alimento o defenderse de los enemigos, por ejemplo. Más allá de que actividades como éstas puedan considerarse trabajo, lo cierto es que sólo los hombres somos sujetos de derecho y, por tanto, es nuestro trabajo el único que le interesa al derecho. El Derecho del Trabajo -el derecho en general- se ocupa, pues, del trabajo humano. Este ha sido tradicionalmente dividido en manual e intelectual, según utilice preponderantemente materias o símbolos. En un inicio la distinción se pretendió radical y conllevó condiciones diferentes para unos y otros trabajadores. Ello sucedía cuando el trabajo intelectual era desarrollado por los hombres libres y el manual por los esclavos o los siervos. Pero, posteriormente, la separación entre un tipo y otro de trabajo empezó a relativizarse, por cuanto todo esfuerzo humano tiene en 11
12. proporciones diversas componentes manuales e intelectuales; y las regulaciones de ambos fueron unificándose y uniformándose. En nuestro ordenamiento, la tendencia a suprimir las diferencias entre trabajadores predominantemente manuales -llamados obreros- y predominantemente intelectuales -llamados empleados-, tanto en su denominación como en su régimen, comenzó el siglo pasado en la década del setenta en el campo de la Seguridad Social y fue recogiéndose en el ámbito laboral recién a inicios de la década del noventa. Ahora, con pocas excepciones, a veces justificadas (como una protección mayor frente a accidentes de trabajo o enfermedades profesionales para los trabajadores de actividad sobre todo manual), la regulación se encuentra bastante fusionada.1.2.2 TRABAJO PRODUCTIVO El trabajo -como ya vimos- es un esfuerzo dirigido a un fin. El sujeto al desplegar su actividad se propone lograr un objetivo. La finalidad perseguida puede ser una sola o varias, en este último caso combinadas entre sí de diversas maneras. Para estos efectos nos remitimos al cuadro adjunto. Pues bien, de todo ese conjunto, la única actividad excluida del ámbito del Derecho del Trabajo, es la que se lleva a cabo con fines puramente no económicos. Por ejemplo, las tareas de organización ejecutadas en un partido político por un militante de éste, como parte de sus responsabilidades, o la participación en grupos de vigilancia nocturna por los vecinos de una localidad en la que viven. Por cierto, esto no quiere decir que necesariamente en todas las demás interviene dicha área jurídica, ya que también podría hacerlo el Derecho Civil o el Derecho Mercantil. El primer tipo de trabajo es, pues, no productivo y el resto puede considerarse productivo. El voluntariado, definido por la Ley General del Voluntariado, como: “Labor o actividad realizada sin fines de lucro, en forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual” (artículo 2), es el típico trabajo no productivo. El agente, en este caso, podrá percibir ayuda en capacitación, alimentos, medicinas, infraestructura, etc. (artículo 12 de la citada ley), pero no una retribución. El trabajo es productivo cuando se encamina a reportar un beneficio económico, de cualquier magnitud, a la persona que lo realiza. Dicho en otras palabras, quien cumple la labor espera obtener de ella un provecho económico, significativo o no, aunque también tenga otras aspiraciones. Veamos algunos ejemplos y detengámonos en los elementos de este concepto. 12
13. Antes, precisemos que el beneficio económico al que nosreferimos va a consistir generalmente en dinero, entregado a cambio deservicios o bienes, pero podría también tratarse de cualquier objeto,siempre que sea valorizable económicamente. Pero no quedacomprendido en aquél, lo que el sujeto produce para su propio consumo.Por ejemplo, las reparaciones de gasfitería o albañilería que una personaejecuta en su domicilio. Ahora sí vamos a los ejemplos. Si un grupo de médicos constituyeuna asociación civil, en cuyos estatutos se establece que el fin es el deprestar servicios profesionales gratuitos a una comunidad de personasindigentes, y cada médico se obliga a concurrir a un local dos veces porsemana, tres horas en cada ocasión, para atender a los pacientes, su trabajono sería productivo. Pero si con sus propios recursos contrataran unasecretaria para que ordene las citas y lleve los archivos de la asociacióncivil, el trabajo de ésta sí sería productivo. Ella no es asociada, no está porconsiguiente inmersa en el objetivo social, y tiene derecho a recibir unacontraprestación económica por su labor. Lo mismo sucedería en el hogar familiar, en el cual el desempeñode las tareas domésticas por padres e hijos, no constituiría un trabajoproductivo, pero el de un cocinero o un chofer, sí. Para que un trabajo sea calificado como productivo, el fineconómico procurado por el sujeto que lo presta no tiene que ser el único,ni siquiera el principal, ni tampoco cuantioso. Basta que exista eseobjetivo, cualquiera sea su proporción con los demás que comúnmente loacompañarán. Un profesor universitario, que enseña porque le permiteestar actualizado en su especialidad, le otorga prestigio en su medioprofesional o tiene vocación de formación a la juventud, y percibe uningreso magro por su labor, realiza un trabajo productivo. Debemos tener en cuenta que el resultado esperado por el sujetoque realiza la tarea, podría no alcanzarse. Por ejemplo, si un campesinosiembra maíz para después comerciar su producto, pero antes de la cosechaocurre una inundación y los bienes se destruyen. O un pintor elabora uncuadro y cuando busca un comprador no lo encuentra. En cualquiera deesos casos, el trabajo sería productivo, porque para esos efectos no interesatanto que el provecho económico se llegue a obtener, como que encondiciones normales se hubiera logrado. En otras palabras, que el trabajosea susceptible de arrojar ese resultado. El beneficio económico del que nos ocupamos, debe ser individualy directo. Lo primero no desconoce que -como proclama la Constitución ensu artículo 22- el trabajo es base del bienestar social a la vez que medio de 13
14. realización personal. Sólo que se toma como factor de medida la utilidad personal del trabajo, al margen de la social que suele también tener, aunque ésta no es indispensable para considerarlo productivo. Lo segundo, se refiere a que el provecho esté inmediatamente derivado de la acción ejecutada. De este modo, no sería trabajo productivo la prestación de un servicio, inicialmente no cobrado, por un profesional que busca hacerse conocido para después obtener una clientela, a la cual sí cobrarle. Por último, el momento para calificar un trabajo como productivo o no es el del inicio de su ejecución: la actitud con la que el sujeto emprende su actividad. Pero, esa actitud podría tener originalmente un sentido y luego transformarse en otro. Por ejemplo, una labor comenzada por entretenimiento, podría convertirse en algún momento en económica. Este sería el caso de una persona aficionada a la repostería, que prepara postres para consumir u obsequiar, y luego decide venderlos. De lo expuesto puede observarse que casi siempre una persona va a requerir desempeñar al menos una labor productiva para poder subsistir, salvo que tenga otras fuentes de ingreso (por ejemplo, utilidades por acciones en empresas en cuya gestión no interviene, o mantenimiento por un familiar). Pero casi siempre también, va a llevar a cabo otras labores no productivas.FIN PERSEGUIDO POR EL SUJETO QUE TRABAJA NO ECONÓMICO ÚNICO ECONÓMICO NO ECONÓMICA CON PREVALENCIA ECONÓMICA MIXTO CON EQUIVALENCIA 14
15. 1.2.3 TRABAJO POR CUENTA AJENA Un sujeto puede realizar un trabajo productivo por su iniciativa o hacerlo por encargo de un tercero. En el primer caso, aquél será el titular de los bienes o servicios producidos, de los que dispondrá después, comúnmente a cambio de dinero, mediante un contrato de compraventa. Estamos ante un trabajo por cuenta propia. En cambio, en el segundo caso, el tercero tendrá la titularidad de esos bienes o servicios, y le pagará por su producción al sujeto que los ha realizado, con el que está vinculado a través de un contrato de prestación de servicios. Su trabajo es por cuenta ajena. Podemos distinguir entre ambos tipos de trabajo a partir de un ejemplo. Si un artesano que produce vajilla, ha hecho por su cuenta 100 piezas, para luego venderlas en su taller a cualquier comprador, su trabajo es por cuenta propia. Pero si conviene con un hotel la elaboración de esas piezas, con determinadas características y en determinado plazo, a cambio de cierta suma de dinero, su trabajo es por cuenta ajena. Podría suceder que el artesano tuviera ya hechas 30 piezas de las que quería el hotel, y por tanto le haga falta elaborar las otras 70. En ese caso, su trabajo es por cuenta propia respecto del primer grupo y por cuenta ajena respecto del segundo. O que tuviera producida la vajilla, pero sin acabados (diseños y colores), los que elabora a gusto del adquirente. En el primer tramo su trabajo es por cuenta propia, y en el segundo, por cuenta ajena. Por último, si el artesano condujera un taller en el que laboran dos operarios a su cargo, el trabajo de éstos para aquél será por cuenta ajena. Lo mismo ocurriría si no tuviera dependientes pero subcontratara con otros artesanos la elaboración desde sus respectivos talleres de una cantidad de las piezas en cuestión. La doctrina considera trabajo por cuenta propia, por excepción, pese a haber pluralidad de sujetos, el que presta un individuo a determinados núcleos a los que pertenece. Este es el caso de la familia, de un lado, y de las cooperativas de trabajadores, del otro. En el primero, el trabajo desempeñado por padres e hijos en su hogar (que como vimos en el punto 1.2.2, no es productivo), no es prestado por unos a otros, sino por todos a la unidad familiar. En las cooperativas de trabajadores, por mandato legal, todos los que trabajan son socios y todos los socios trabajan. Las dos condiciones, por tanto, se funden en una. No es posible perder una y mantener la otra. Esto distingue el caso anterior del de una empresa constituida como sociedad anónima, en la que se hubiera repartido acciones a todos los trabajadores. Estos serían, por consiguiente, socios y trabajadores a la vez, 15
16. pero ambas condiciones son perfectamente escindibles. El trabajo sigue siendo, pues, por cuenta ajena. El trabajo que interesa al Derecho del Trabajo es únicamente el que se cumple por cuenta ajena. Pero la regulación de este sector no le corresponde en exclusiva al Derecho del Trabajo, aunque sí la del subsector compuesto por quienes se vinculan con el tercero en forma subordinada (como veremos en el punto 1.3.2). Los otros subsectores, integrados por sujetos que se desempeñan con autonomía, los regula el Derecho Civil o el Derecho Mercantil. Esta circunstancia ya excluye de partida del ordenamiento laboral en nuestro país, dada la estructura de la población económicamente activa, a alrededor del 60% de ésta, que se ocupa en labores por cuenta propia: campesinos, ambulantes, artesanos, etc.1.2.4 TRABAJO LIBRE El vínculo que se establece en el trabajo por cuenta ajena entre quien ofrece un servicio y quien lo requiere, puede tener su origen en un acuerdo de voluntades entre dichos sujetos o en la imposición derivada de una situación jurídica o fáctica. El primero es el trabajo libre y el segundo, el forzoso. El trabajo del que se ocupa el Derecho del Trabajo es, por cierto, el libre. Lo mismo el Derecho Civil o el Derecho Mercantil. El trabajo forzoso o está proscrito o está regulado por otras áreas jurídicas. La libertad de trabajo consiste en el derecho de toda persona a decidir si trabaja o no, en qué actividad y para quién. Es, por consiguiente, contrario a ella, tanto obligar a un individuo a prestar un servicio, como impedirle desempeñarse en una actividad determinada. Está proclamada por nuestra Constitución (numeral 15 del artículo 2 y artículo 59) y por numerosos instrumentos internacionales de derechos humanos, como la Declaración Universal de Derechos Humanos (numeral 1 del artículo 23), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (numeral 1 del artículo 6), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XIV) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (numeral 1 del artículo 6). Tal como la hemos definido, la libertad de trabajo podría parecer incompatible con el deber de trabajar que establece la Constitución (artículo 22), así como la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo XXXVII). Pero no es así, porque éste tiene manifestaciones morales y sociales, pero no constituye una obligación jurídicamente exigible. Si esto último sucediera, por ejemplo, a través de la dación de una ley que reprimiera la vagancia en sí -y no por las conductas antisociales que suelen acompañarla-, entonces surgiría una abierta vulneración de la libertad de trabajo. Así lo ha entendido la Organización Internacional del Trabajo, el pronunciarse sobre la cuestión. 16
17. La proclamación de la libertad de trabajo supone la prohibición deltrabajo obligatorio. Este se encuentra expresamente vedado por nuestraConstitución (artículo 23) y por los instrumentos internacionales dederechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[inciso a) del numeral 3 del artículo 8], la Convención Americana sobreDerechos Humanos (numeral 2 del artículo 6) y los ConveniosInternacionales del Trabajo 29 (artículo 1) y 105 (artículo 1). En igualdirección va el Código Penal (numeral 2 del artículo 168). Habría queañadir a esta relación los numerosos preceptos que proscriben la esclavitudy la servidumbre, formas jurídicas que adoptó el trabajo forzoso por cuentaajena a lo largo de la historia. La cuestión es la de determinar cuándo estamos ante un trabajoobligatorio y, por tanto, abolido. Aquí debemos analizar básicamente tressituaciones: la del trabajador que requiere desempeñar una actividad paraobtener de ella la retribución que le permita subsistir; la de quien se haobligado en su contrato a prestar un servicio; y la de quien está compelidopor la ley a cumplir un trabajo. El Derecho del Trabajo no ignora que el trabajador no essustancialmente libre al celebrar el contrato y establecer los derechos yobligaciones de las partes, porque no es tampoco materialmente igual alempleador. Este hecho es el que justifica la propia existencia delordenamiento protector del contratante débil. Pero en este caso, adopta unaperspectiva formal: le interesa que jurídicamente el trabajador puedaexpresar su consentimiento, sin considerar que los condicionamientoseconómicos lleguen a viciarlo. En otras palabras, entiende que hay unafalta de libertad real, para cuya subsanación instituye reglas de tutela alcontratante desfavorecido, tras las cuales éste adquiere la igualdad ylibertad jurídicas. No hay además otra opción, porque de no proceder asítendría que restringir su regulación a las relaciones laborales en las que hapodido verificar la presencia de una real y efectiva libertad, excluyendo alas demás, que pasarían a convertirse en relaciones laborales no surgidas deun contrato de trabajo (que conlleva un indispensable acuerdo devoluntades), y, por tanto, paradójicamente, privadas de tutela. Por ello,pese al contexto en el que se produce el acuerdo, se tiene al trabajo comolibre. Tampoco se entiende como forzoso el trabajo que el trabajadordebe ejecutar en virtud del propio contrato. De éste nacen derechos yobligaciones para las partes y la principal obligación del trabajador esprecisamente la de poner su actividad a disposición de su empleador. Esaes la razón de ser del contrato de trabajo. Sin embargo, si el trabajador noquiere cumplirla, el empleador puede sancionarlo, pero no puedecompelerlo a trabajar. Lo mismo sucedería si se hubiera establecido unplazo de duración para la relación laboral –por ejemplo, mediante uncontrato de trabajo sujeto a modalidad o un pacto de permanencia- ybastante antes de su vencimiento el trabajador decidiera ponerle fin, 17
18. causándole perjuicio al empleador. En ese caso, podría haber lugar al pagode una indemnización por responsabilidad derivada del incumplimientocontractual, pero no imposición de trabajo. La libertad de trabajo opera,pues, desde el nacimiento de la relación laboral en adelante, a lo largo detoda su vida. La tercera situación propuesta (la imposición legal de trabajar) es lamás compleja. Para esclarecerla, debemos ubicarnos en la definición detrabajo forzoso que ofrece el Convenio Internacional del Trabajo 29(numeral 1 del artículo 2): todo trabajo para el cual un individuo no seofrece voluntariamente y que se le exige bajo la amenaza de una penacualquiera. Si aplicamos en rigor ese concepto a diversos supuestos en queciertas personas en determinadas circunstancias deben prestar un serviciopor mandato legal, estaremos ante formas de trabajo obligatorio. Porejemplo, cuando se impone a un sujeto la realización del servicio militarobligatorio, o la participación en mesas durante los procesos electorales, ola ejecución de tareas cuando está recluido en un establecimientopenitenciario. Todas estas actividades colisionarían con la libertad detrabajo y estarían, por tanto, prohibidas. Sin embargo, labores como las que hemos mencionado estánautorizadas por el Convenio Internacional del Trabajo 29 (numeral 2 delartículo 2), el Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos [incisos b)y c) del numeral 3 del artículo 8] y la Convención Americana sobreDerechos Humanos (numerales 2 y 3 del artículo 6): el servicio militarobligatorio, las obligaciones cívicas normales y el trabajo penitenciario.Sin duda, las organizaciones internacionales de derechos humanosconsideran que hay tras ellas -siempre que se cumplan dentro de loestrictamente permitido- valores superiores a la propia libertad de trabajo.Lo curioso es que en vez de calificarlas como formas de trabajo forzosoadmitidas -como en el fondo son-, las han excluido expresamente delconcepto de trabajo obligatorio, a fin de autorizarlas. En nuestro ordenamiento, todas estas figuras están recogidas. LaLey del Servicio Militar prevé dos formas de prestación del servicio: en elactivo y en la reserva (artículo 8). En la primera, cuya duración es deveinticuatro meses (artículo 45), la incorporación es voluntaria (artículos 6,34 y 42). La segunda opera para instrucción y entrenamiento, así como encasos de movilización o compromiso de la seguridad nacional (artículo 52).El llamamiento conlleva obligación de concurrencia (artículo 55). Encuanto a las obligaciones cívicas, hemos mencionado -en vía de ejemplo-el caso de la designación para conformar una mesa de sufragio. La LeyOrgánica de Elecciones señala que el cargo de miembro de mesa esirrenunciable (artículo 58). La inasistencia de las personas seleccionadas osu negativa a desempeñar el cargo, acarrea la imposición de una multaequivalente al 5% de la UIT (artículos 250 y 251). Por último, para elDerecho Penal el trabajo cumple diversas funciones. De un lado, es uno delos tipos de pena limitativa de derechos, llamada prestación de servicios ala comunidad, que se realiza en entidades asistenciales, hospitalarias, 18
19. escuelas, orfanatos o similares, sin interferir con la jornada normal del trabajo habitual del condenado (artículos 28, 31 y 34 del Código Penal, artículos 119 y siguientes del Código de Ejecución Penal y artículos 248 y siguientes de su Reglamento). Del otro, es concebido como un derecho y un deber del interno, que se cumple de manera voluntaria y contribuye a su rehabilitación; y como un mecanismo de redención de la pena, a razón de un día de pena por dos días de labor efectiva (artículos 44, 45 y 65 del Código de Ejecución Penal y artículos 102 y siguientes, 174 y siguientes, y 248 de su Reglamento). Para terminar, no podemos dejar de mencionar que lamentablemente en nuestro país y otros lugares del mundo, sobre todo en zonas rurales, la abolición del trabajo forzoso no se ha hecho aún plenamente efectiva. Subsisten formas de trabajo compulsivo, en perjuicio especialmente de la población infantil, que reclaman una firme intervención del Estado para ponerles fin.1.2.5 TRABAJO SUBORDINADO En el trabajo por cuenta ajena (como ya vimos en el punto 1.2.3), dos individuos tienen entre sí un vínculo jurídico previo a la elaboración del producto, que hace titular de éste al tercero. Pues bien, ese vínculo puede ser subordinado o autónomo, según la posición de uno de los sujetos respecto del otro. El primero, le permite al acreedor de trabajo dirigir la prestación del deudor; en el segundo, en cambio, este último dirige su propia prestación. El concepto de subordinación y sus límites, lo vamos a tratar con más detenimiento en el punto 1.3.2. Históricamente este criterio (tipo de vínculo) -como ha puesto de manifiesto Sanguineti Raymond (2000: 35 y ss.)- ha corrido parejo con otros dos, al configurar los diversos tipos contractuales que han regulado el trabajo libre por cuenta ajena: el contenido de la promesa de trabajo y la asunción del riesgo del trabajo. El primero se refiere a la obligación que adquiere el deudor de trabajo frente al acreedor, y puede ser de actividad o de resultado, según se comprometa a desplegar su energía laboral o a entregar un producto. La segunda, alude al sujeto sobre el que recae la responsabilidad ante el incumplimiento del fin esperado por el acreedor de trabajo.La combinación de estos tres criterios se ha producido de la manera resumida en el cuadro adjunto. De este modo, en el antiguo derecho romano, que fue retomado por el derecho francés en el siglo XIX, existían sólo dos figuras contractuales para regular la prestación de servicios por cuenta ajena. En la primera de ellas (locatio conductio operarum / arrendamiento de servicios), el deudor de trabajo pone su actividad a disposición del acreedor, quien a cambio de poder dirigirla le paga una retribución, a la que aquél tiene derecho aun 19
20. cuando no se llegue al resultado perseguido por éste. En la segunda(locatio conductio operis / arrendamiento de obra), el deudor de trabajoofrece un resultado, para cuyo logro conserva la conducción de suactividad, a cambio del cual percibe una retribución, que sólo puede exigirsi aquél llega a hacerse efectivo. El primer tipo contractual sería el que vincula al carpinteroconductor de un taller, con los operarios que laboran en él sujetos a susinstrucciones; y el segundo, el existente entre ese carpintero y laUniversidad que le encarga la producción de 50 carpetas para equipar unaula de clases, las que van a fabricarse en dicho taller. O, respectivamente,el de un médico con la empresa a la que se integra para atender durante sujornada de trabajo, a los obreros que aquélla le indique; y el del médico quedesde su consultorio recibe a los pacientes que solicitan su servicio. Justamente a propósito de los servicios prestados por profesionalesliberales (trabajadores por cuenta ajena autónomos, como el segundomédico del último ejemplo), la doctrina alemana consideró que ellos nocelebraban contratos de arrendamiento de obra, como establecía lalegislación francesa, porque si bien el tipo de vínculo jurídico eraautónomo, el contenido de la promesa de trabajo no era un resultado sino laactividad. Y diseñó una nueva figura contractual, llamada prestación deservicios no dependientes, que introdujo una variante en el esquema delderecho romano y del derecho francés: es posible ofrecer la actividad yconservar la autonomía. El punto de discrepancia franco-alemana se encuentra en elconcepto de resultado. Para la tesis francesa es la labor idónea para arribaral fin último perseguido por el acreedor de trabajo: por ejemplo, ladiligencia profesional esperable de un abogado que asume el patrocinio deuna persona en un proceso, pero no la obtención de una sentencia favorablea su cliente. Y, por eso, considera que puede ser objeto del contrato. Para latesis alemana, en cambio, el resultado es aquel fin último al que aludimosantes y, por tanto, ajeno al contrato. Lo que es materia de éste, entonces, esla actividad del deudor de trabajo, que se plasma en la labor idónea quehemos mencionado. Si retomamos los ejemplos que pusimos antes, del carpintero y delmédico, entre los dependientes que laboran en el taller y el carpintero quelo conduce, o entre el médico y la empresa a la que se incorpora, habríasendos contratos de trabajo, tanto para el derecho francés como para elalemán; entre el carpintero y la Universidad que le encarga las carpetas, uncontrato de obra, para ambos ordenamientos; pero respecto del vínculoentre el médico y los pacientes que acuden a su consultorio, habríadesacuerdo: un contrato de obra para el derecho francés y uno de locaciónde servicios para el alemán. Este último sería el nexo típico que relaciona aun profesional liberal con sus clientes, por ejemplo, cuando se le pide undiagnóstico y un tratamiento a un médico, o una opinión sobre determinadasituación jurídica a un abogado. El riesgo del trabajo le corresponde al 20
21. acreedor, quien debe retribuir el servicio aunque no sea enteramentesatisfactorio, excepto cuando el deudor incurra en dolo o culpainexcusable, supuesto en el cual podría accionar contra él por los daños yperjuicios. Ahora bien, todos los tipos contractuales de que nos hemosocupado han formado parte del Derecho Civil. Por este motivo se hansometido a sus valores de igualdad y libertad de los contratantes, que leshan permitido establecer los derechos y obligaciones que les corresponden.El problema se presentó cuando se aplicaron dichos valores a relaciones enlas cuales la disparidad era manifiesta, como la existente entre los sujetosque ofrecían su actividad subordinada y quienes la dirigían. La cuestión nofue tan grave en los tiempos del derecho romano e incluso en las primerasdécadas de aplicación del Código Civil francés de 1804, porque lapoblación que realizaba un trabajo por cuenta ajena y libre era reducida,respecto de quienes se encontraban bajo la esclavitud o la servidumbre. Pero con la Revolución Industrial la situación se modificóradicalmente. Las grandes unidades productivas sustituyeron a laspequeñas, aglutinando a muchos trabajadores. La utilización del contratode arrendamiento de servicios empezó a masificarse. Allí se puso enevidencia que la inserción de esa figura en el Derecho Civil, conducía a laregulación de la relación laboral individual por la voluntad unilateral delacreedor de trabajo y, por tanto, al establecimiento de condicionesdeplorables, en cuestión de duración de la jornada de trabajo, monto de laremuneración, seguridad e higiene en el trabajo, entre otras. Hacía falta,pues, sustraer ese tipo contractual del Derecho Civil y construir unordenamiento inspirado en valores distintos, que reconociera el contexto decelebración del acuerdo y tutelara al contratante débil. Así el contrato dearrendamiento de servicios se transformó en contrato de trabajo y surgió elDerecho del Trabajo para regular todas las relaciones derivadas de aquél. Reparemos en que los criterios de contenido de la promesa detrabajo, tipo de vínculo jurídico y asunción del riesgo del trabajo, sonidénticos en ambos tipos contractuales: prestación de actividadsubordinada y remunerada, con riesgo en el acreedor de trabajo. La razónde la transformación a que hemos aludido, no se encuentra, pues, en elcambio de alguno de ellos, sino en que a partir de los fenómenos queacompañaron a la industrialización, la pertenencia del contrato dearrendamiento de servicios al Derecho Civil llevaba a un régimen dedramática explotación de la mano de obra. Esta suscitó reacciones adversasen diferentes sectores, especialmente entre los propios trabajadores, que seorganizaron en sindicatos (aunque la ley lo prohibía), y obtuvieron laintervención del Estado para controlar esa situación. En el derecho moderno, el trabajo por cuenta ajena se regulabásicamente por tres tipos contractuales en los ordenamientos que seinscriben en la línea del derecho alemán (como es el caso del nuestro,desde la dación del Código Civil de 1984): contrato de trabajo, de un lado, 21
22. y de locación de servicios y de obra, del otro; y por sólo dos en los quesiguen la ruta del derecho francés: el primero y el tercero de losmencionados, pero no el segundo. El contrato de trabajo está - como esobvio- regulado por el Derecho del Trabajo, y los otros dos, por elDerecho Civil. Hay otras figuras de prestación de servicios propias delDerecho Mercantil: agencia, comisión y corretaje, que no están reguladassistemáticamente por nuestro ordenamiento. En el punto 1.3 tendremosoportunidad de contrastar estos tipos contractuales, a partir del análisis delos elementos esenciales de la relación laboral. 22
23. EVOLUCION DEL TRABAJO LIBRE POR CUENTA AJENA FACTORES ORDENAMIENTOCONTENIDO DE LA TIPO DE VINCULO ASUNCION DEL RIESGO DERECHO DERECHO DERECHO DERECHOPROMESA DE JURIDICO DEL TRABAJO ROMANO FRANCES ALEMAN MODERNOTRABAJO CONTRATO CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATOACTIVIDAD SUBORDINACION ACREEDOR LOCATIO ARRENDAMIEN ARRENDAMIEN DE TRABAJO CONDUCTIO TO DE TO DE OPERARUM SERVICIOS SERVICIOS CONTRATO CONTRATOACTIVIDAD AUTONOMIA ACREEDOR DE DE LOCACION PRESTACION DE SERVICIOS DE SERVICIOS NO DEPENDIENTES CONTRATO CONTRATO DE CONTRATO DE CONTRATORESULTADO AUTONOMIA DEUDOR LOCATIO ARRENDAMIEN ARRENDAMIEN DE OBRA CONDUCTIO TO DE OBRA TO DE OBRA OPERIS 23
24. 1.3. ELEMENTOS ESENCIALES DE LA RELACION LABORAL 1.3.1. PRESTACION PERSONAL La actividad cuya utilización es objeto del contrato de trabajo, es la específica de un trabajador determinado. De aquí deriva, en primer lugar, que el trabajador es siempre una persona natural, a diferencia del empleador, en que puede desempeñarse como tal una persona natural (como en el hogar o los pequeños negocios) o jurídica, adoptando cualquier forma asociativa, lucrativa o no. También distingue al trabajador de los deudores de trabajo en los contratos de locación de servicios y de obra, llamados locador y contratista, respectivamente, que pueden ser personas naturales o jurídicas: por ejemplo, un bufete profesional o una empresa constructora. Y deriva, además, que esa persona concreta debe ejecutar la prestación comprometida, sin asistirse por dependientes a su cargo, ni - menos aún- transferirla en todo o en parte a un tercero. Así lo establece la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 5, que sólo admite por excepción, reservada a ciertos supuestos, la colaboración de familiares directos dependientes. De este modo, la tarea asignada por el empleador la cumple el trabajador solo o con los colaboradores o asistentes que aquél le designe. La relación se desnaturaliza si el trabajador puede contratar por su cuenta a sujetos que lo apoyen o lo reemplacen en su obligación. Aquí encontramos nuevamente diferencias cruciales con los contratos de locación de servicios y de obra. En el primero, la prestación del deudor es, en principio, personal, pero el locador puede valerse, bajo su propia dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos, en ciertas condiciones (artículo 1766 del Código Civil). La prestación personal del deudor de trabajo no es, pues, esencial en este contrato. Lo mismo ocurre y aun más radicalmente en el contrato de obra. En éste, el contratista puede subcontratar la realización de la obra, parcial o íntegramente, en este último caso con autorización del comitente (artículo 1772 del Código Civil). En los contratos mercantiles, el agente, el comisionista o el corredor -que son las denominaciones que adoptan los deudores de trabajo- podrían ser personas naturales o jurídicas y contar con auxiliares o sustitutos a su cargo. En ellos, por tanto, la prestación personal del servicio tampoco es un elemento esencial. De lo expuesto se desprende que si el trabajador se incapacita para el cumplimiento de su actividad, de manera temporal o definitiva, o fallece, la relación laboral se suspende o se extingue, según los casos (artículos 12 y 16 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral). En esas hipótesis u otras en las que la prestación del trabajador cesa, como, por ejemplo, durante el descanso vacacional, quien fuera contratado para sustituirlo (contrato de suplencia según el artículo 61 de 24
25. la Ley de Productividad y Competitividad Laboral), tendrá una relación laboral nueva y distinta. En cambio, la situación del empleador es diferente. Si es persona natural, las reglas son similares a las expuestas. La Ley de Productividad y Competitividad Laboral prevé la extinción del vínculo laboral por fallecimiento del empleador, cuando es persona natural (artículo 16). Y luego, en el artículo siguiente, se pone en el supuesto de que se trate de un negocio y los herederos decidan liquidarlo. En tal caso, la relación laboral se extiende hasta la verificación de ese objetivo. Pero no se plantea la posibilidad de que esos herederos decidan que el negocio prosiga indefinidamente, o que no sea un negocio sino el hogar familiar, en el que subsistan personas adultas, o que no estemos ante un fallecimiento sino ante un traspaso del negocio entre vivos. En estos casos, en virtud del principio de continuidad de la relación laboral, ésta debe prorrogarse. En esta misma dirección va la solución que debe darse al supuesto de que el empleador sea una persona jurídica: si se disuelve y liquida ésta, las relaciones laborales se extinguen, previo procedimiento administrativo [inciso c) del artículo 46 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral); pero si se transfiere a otros propietarios o se fusiona con otra empresa -por incorporación o por absorción, que son las modalidades previstas en el artículo 344 de la Ley General de Sociedades- o se escinde en dos o más unidades, en atención al mismo principio mencionado, los vínculos laborales prosiguen.1.3.2. SUBORDINACION La subordinación es un vínculo jurídico entre el deudor y el acreedor de trabajo, en virtud del cual el primero le ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción, de un lado, y dirección, del otro, son los dos aspectos centrales del concepto. La subordinación es propia del contrato de trabajo (artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral), ya que en las prestaciones de servicios reguladas por el Derecho Civil o Mercantil, existe autonomía (en los contratos de locación de servicios y de obra, según los artículos 1764 y 1771 del Código Civil, respectivamente). El poder de dirección que el empleador adquiere a partir del contrato de trabajo, se plasma en algunas atribuciones y se somete a ciertos límites, como veremos a continuación. En lo que se refiere al contenido del poder de dirección, según la doctrina éste le permite al empleador dirigir, fiscalizar y sancionar al trabajador. De modo similar define la subordinación la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, en su artículo 9. El empleador puede, pues, impartir instrucciones, tanto de forma genérica, mediante reglas válidas para toda o parte de la empresa (incorporadas comúnmente 25
26. al reglamento interno de trabajo, al que nos referiremos en el punto2.3.5), como de forma específica, destinadas a un trabajador concreto;verificar si se cumplen adecuadamente o no; y, en caso de constatar suinobservancia imputable al trabajador, sancionarlo por ello. Al desempeñar su poder de dirección el empleador debe moversedentro de determinados marcos, fuera de los cuales incurre en ejercicioirregular de su derecho. El trabajador le ha puesto a disposición suactividad, no su propia persona, razón por la cual las atribuciones delempleador deben ceñirse a la utilización de dicha actividad, dentro de loslímites del ordenamiento laboral, sin afectar los derechos fundamentalesdel trabajador. El primer tipo de límite se refiere a la labor para cuya ejecución seha celebrado el contrato de trabajo, así como al tiempo y al lugar en quedebe prestarse. El trabajador no está al servicio del empleador paracumplir cualquier actividad, durante todo el día y todos los días y en elsitio que a éste le parezca. Si se ha convenido una labor a desempeñar demodo genérico, por ejemplo, limpieza, el empleador podría hacercambios dentro de ella (de limpieza de talleres a almacenes) o con otrastareas equivalentes en categoría; pero si se ha pactado de modoespecífico, por ejemplo, jardinería, ya no cabría el traslado a otra. Eltiempo y el lugar de trabajo, salvo que se hubieran acordadoexpresamente, admiten modificaciones razonables por el empleador. Esto significa que el poder del empleador de dirigir y el deber deltrabajador de acatar, se restringen a los factores señalados. Sin embargo,no cesan todas las obligaciones de un sujeto frente al otro, cuando larelación laboral se interrumpe. Por ejemplo, el trabajador no podría nisiquiera en estos períodos proceder de una manera que lesionara lareanudación de la relación laboral, como ocurriría si durante susvacaciones realizara por su cuenta la misma actividad que cumple en laempresa, atrayéndose a la clientela de ésta (competencia desleal), o fuerade la jornada y del centro de trabajo ocasionara deliberadamente dañosmateriales al automóvil del gerente de la empresa, en represalia por unasanción impuesta por éste (hecho derivado de la relación laboral). Enambos casos incurriría en faltas de conducta. El segundo tipo de límite comprende los derechos fundamentalesdel trabajador, que el empleador está obligado a respetar. Las órdenesimpartidas no pueden vulnerar el derecho del trabajador a la vida, a lasalud, a la dignidad, a la libertad, etc. De este modo, seríamanifiestamente arbitrario exigirle al trabajador la realización de unatarea que ponga en peligro su integridad física o moral, como operarsofisticados equipos eléctricos a quien no cuenta con la preparación o losimplementos para hacerlo. Pero también lo sería no otorgarle ningunalabor, lo que provoca humillación y descalificación. En este último casose faltaría al derecho que tiene el trabajador a la ocupación efectiva. 26
27. El problema principal que se presenta cuando el empleador ejerce irregularmente su poder de dirección, es el de determinar la actitud que puede asumir el trabajador: cumplir la orden y después reclamar ante un organismo jurisdiccional, o resistirse a ejecutarla. La cuestión es controvertida en la doctrina, porque entran en juego valores diversos. Creemos que debe admitirse el derecho de resistencia del trabajador frente a las órdenes arbitrarias del empleador, siempre que éstas afecten los derechos fundamentales del primero; y, en los demás casos, el cumplimiento y eventual impugnación posterior. Sin perjuicio de ello, la Ley General de Inspección del Trabajo faculta a los inspectores para: “Ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores” [inciso 6) del numeral 5 del artículo5], medida que se encuentra precisada por el artículo 21 del reglamento correspondiente. Para concluir, queremos resaltar que la subordinación conlleva un poder jurídico. Por tratarse de un poder, su ejercicio no es obligatorio para quien lo detenta. El empleador puede decidir si lo ejerce o no y en qué grado, según las necesidades de la empresa y la diversidad de trabajadores. Por ejemplo, los trabajadores menos calificados o de una sección neurálgica podrían estar sometidos a un control mayor. Pero además ese poder es jurídico. Interesa para configurarlo, la ubicación de una de las partes de la relación laboral frente a la otra, no la situación socioeconómica ni la preparación técnica de aquéllas. Así, el trabajador está subordinado porque le cede al empleador la atribución de organizar y encaminar su prestación, al margen de que necesite o no de la remuneración que percibe para subsistir o de su nivel de calificación. Estos dos últimos conceptos, conocidos como dependencia económica y dirección técnica, respectivamente, suelen acompañar a la subordinación, incluso constituyen fundamentos de la intervención protectora del Estado en las relaciones laborales, pero no son elementos esenciales del contrato de trabajo. A lo más, pueden servir como indicios de la existencia de éste en supuestos oscuros.1.3.3. REMUNERACION Tanto el contrato de trabajo como los de locación de servicios y de obra, de un lado, y los de agencia, comisión y corretaje, del otro, se ocupan de trabajos productivos por cuenta ajena. Esto quiere decir que el deudor ofrece su trabajo a un tercero, quien es el titular de lo que éste produce, a cambio del pago de una retribución. Este es, pues, un elemento esencial en los seis contratos. Así lo precisa el artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, respecto del contrato de trabajo, y los artículos 1764 y 1771 del Código Civil, respecto de los de locación de servicios y de obra. 27
28. La retribución otorgada en el contrato de trabajo se denominaremuneración. Nuestro ordenamiento laboral considera como tal alíntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o enespecie, siempre que sea de su libre disposición (artículo 6 de la Ley deProductividad y Competitividad Laboral). De esta definición, nos interesaresaltar dos aspectos: el carácter contraprestativo y los bienes en que sematerializa. La remuneración tiene carácter contraprestativo, pero no se agotaen éste. En otras palabras, es el pago que corresponde al trabajador por lapuesta a disposición de su actividad. Recordemos que el riesgo deltrabajo lo asume el empleador, según vimos en el punto 1.2.5, de modoque depende de éste utilizar o no y cuánto y cómo esa actividad, puestiene el poder para hacerlo. Pero es más que contraprestación, ya que lainactividad temporal del trabajador originada en ciertas causas, noconlleva la suspensión de la remuneración. Este es el caso, por ejemplo,del descanso vacacional o de la licencia por enfermedad, en que opera loque la doctrina y nuestra legislación llama una suspensión imperfecta dela relación laboral, en la que la interrupción de la prestación de trabajo noacarrea la de pago (artículo 11 de la Ley de Productividad yCompetitividad Laboral)). Asimismo, la mayor remuneración que seotorga en ciertas situaciones, como las fiestas patrias o navideñas,conocida como gratificación, tampoco tiene una explicacióncontraprestativa. La retribución que se percibe en estos supuestos sefundamenta en valores superiores, como la defensa de la vida y de lasalud del trabajador, y configura el denominado salario social. El pago puede hacerse en dinero o en especie. El precepto citadono establece pautas acerca de esto, por ejemplo, la proporción que debehacerse efectiva en dinero o el tipo de bienes en que puede realizarse elpago. Pero sí señala que la remuneración es de libre disposición, razónpor la cual concluimos que el bien predominante debe ser el dinero ytratándose de otros objetos, se aceptan si sirven para el consumo deltrabajador o éste puede venderlos sin dificultad en el mercado, a unprecio equivalente a la suma adeudada. Estos criterios fluyen deConvenio Internacional del Trabajo 95 -no ratificado por el Perú y, portanto, con valor de Recomendación entre nosotros- según el cual el pagodebe hacerse fundamentalmente en dinero, a través de moneda de cursolegal, aunque puede admitirse en cheque u otra modalidad (como eldepósito en cuenta bancaria), y sólo parcialmente en especie, con bienesapropiados al uso personal del trabajador y su familia, a los que se lesatribuya un valor justo y razonable, y que no consistan en bebidasespirituosas o drogas nocivas (artículos 3 y 4). La Ley de Prestaciones Alimentarias permite a las partes de larelación laboral pactar en forma individual o colectiva que hasta el 20%de la remuneración se suministre en alimentos. La unidad de cálculo de la remuneración está constituida,comúnmente, en función del tiempo en que el trabajador está a 28
29. disposición del empleador, medido en días y horas. Pero a veces se pacta -parcialmente- en función del rendimiento del trabajador: piezas producidas, ventas efectuadas. Este es el caso de los destajeros y los comisionistas. Lo que ellos prometen, como cualquier trabajador, es su actividad y no un resultado, sino que el exceso sobre un monto básico se les paga en relación a éste. El riesgo del trabajo sigue siendo asumido por el empleador. Por último, queremos resaltar que la remuneración indispensable para la existencia de un vínculo laboral es la debida y no la efectiva. En otras palabras, si de la configuración de la relación fluye que el deudor de trabajo tiene derecho a percibirla, aun cuando no la obtenga en los hechos, se satisface este requisito.1.4. PRIMACIA DE LA REALIDAD El ordenamiento laboral está compuesto básicamente por normas imperativas que otorgan beneficios a los trabajadores. Por ello, existe un constante riesgo de que el empleador intente evitar su cumplimiento, con o sin la concurrencia de la voluntad formal del trabajador, que a estos efectos es irrelevante. El acto unilateral del empleador que transgreda una norma imperativa, es inválido, por cuanto no cabe proceder de ese modo contra disposiciones de esa naturaleza, según lo establece el artículo V del Título Preliminar del Código Civil; y el acto bilateral, lo es, además, por contrariar el principio de irrenunciabilidad de derechos, que abordaremos en el punto 4.1.1.1. Pero unas veces el incumplimiento de las normas es directo y otras, es indirecto. El primero se presenta, por ejemplo, en el caso de la omisión de pago por el empleador de la remuneración que le corresponde al trabajador por vacaciones. El segundo supone, en cambio, un ocultamiento de la vulneración. Se califica a una situación o relación jurídica de un modo que no guarda conformidad con su naturaleza, provocando el sometimiento a un régimen jurídico que no es el pertinente. Esta es la hipótesis que nos interesa abordar ahora. Ante cualquier situación en que se produzca una discordancia entre lo que los sujetos dicen que ocurre y lo que efectivamente sucede, el derecho prefiere esto sobre aquello. Un clásico aforismo del Derecho Civil enuncia que las cosas son lo que determina su naturaleza y no su denominación. Sobre esta base, el Derecho del Trabajo ha construido el llamado principio de la primacía de la realidad. En términos similares está formulado por nuestro ordenamiento: “en caso de discordancia, entre los hechos constatados y los hechos reflejados en los documentos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados” (numeral 2 del artículo 2 de la Ley General de Inspección del Trabajo). Esto no quiere decir, en el caso de los acuerdos entre las partes, que la declaración efectuada por ellas no tenga importancia. Por el contrario, el ordenamiento presume su conformidad con la voluntad real. Así lo establece 29
30. nuestro Código Civil en su artículo 1361. Pero se permite desvirtuar lapresunción, si puede demostrarse la disconformidad entre una y otra. El principio de la primacía de la realidad opera en situaciones como lassiguientes. Si las partes fingen la celebración de un contrato de trabajo y laconstitución de una relación laboral, para engañar a terceros, como las entidadesaseguradoras, y obtener de ellos ventajas indebidas en materia de SeguridadSocial. Asimismo, cuando los sujetos llaman a su contrato como de locación deservicios, pese a que en la relación subsiguiente el supuesto comitente ejerce unpoder de dirección sobre el aparente locador. También, si se celebra un contratode trabajo de duración determinada, que esconde una prestación de servicios portiempo indefinido. Aquí se produce lo que la Ley de Productividad yCompetitividad Laboral, en su artículo 77, denomina una desnaturalización delcontrato temporal. Igual ocurre cuando el empleador califica a un trabajadorcomo de confianza, pese a que su labor no encuadra en las características propiasde dichos cargos, que prevé el artículo 43 de la Ley de Productividad yCompetitividad Laboral. Por último, estamos ante un caso similar, si eltrabajador figura inscrito en la planilla de una empresa de servicios, que no essino una ficción para permitir que la empresa usuaria se descargue deresponsabilidades. En todos los casos mencionados en vía de ejemplos, el juez debe hacerprevalecer la realidad sobre la apariencia y considerar el acto de encubrimientocomo inválido. Este es el efecto derivado de tal situación, aun cuando enocasiones el trabajador participe del engaño y se beneficie de él. Lo común, sinembargo, es que la elaboración del disfraz de la verdad se materialice con laintervención de la voluntad formal del trabajador, aunque la real sea contraria (y,por ello, denuncia luego el hecho) o que se forme con la voluntad única delempleador, y que aquél le cause perjuicio al trabajador. El principio de la primacía de la realidad cubre en el Derecho del Trabajoun campo más amplio que el abarcado en el Derecho Civil por la institución dela simulación, aunque conduce al mismo resultado que ésta: la invalidez del actotransgresor. Decimos que su espacio es mayor, por cuanto la aplicación de estaúltima, conlleva la presencia de ciertos requisitos de compleja configuración enla casuística laboral. Esto, por supuesto, no le niega vigencia en el ámbitolaboral. La simulación supone una divergencia consciente entre la declaración yla voluntad, llevada a cabo mediante acuerdo entre las partes de un negocio, conpropósito de engaño a terceros, persiguiendo un fin lícito o ilícito. Puede ser dedos tipos: absoluta y relativa. En la primera, las partes aparentan la constituciónde un vínculo entre ellas, allí donde no existe ninguno (artículo 190 del CódigoCivil). En la segunda, hay un vínculo disimulado tras la imagen de otrosimulado, de naturaleza distinta o en el que se hace constar la participación desujetos o se consigna datos falsos (artículos 191 y 192 del Código Civil). Losdos primeros ejemplos que pusimos antes (el del fingimiento de la existencia deuna relación inexistente y del ocultamiento de una relación bajo la apariencia deotra), serían supuestos de simulación absoluta y relativa, respectivamente. Laconsecuencia de la simulación absoluta es la declaración de invalidez del vínculo 30
31. falso, y la de la simulación relativa, la del elemento falso, acogiéndose en sustitución el verdadero, siempre que sea lícito. Institución diferente, en la que no existe falsedad sino ilicitud, pero que puede aproximarse al fenómeno que venimos trabajando, es el fraude a la ley. Este consiste en eludir la regulación de la ley aplicable al hecho (ley defraudada), amparándose en una ley en estricto no aplicable a él (ley de cobertura). No interesa la intención del agente. Si una ley imperativa prohibe llegar a determinado fin mediante un negocio, entonces tampoco puede alcanzarse aquél a través de otro negocio. Se hace una interpretación extensiva de la ley defraudada -si ello es admisible-, para comprender en ésta al acto indebidamente excluido; y, en cambio, la ley de cobertura es interpretada en sentido estricto. El efecto es el de regir al acto por la ley defraudada. Puede lograrse el fraude a la ley utilizando diversas vías, una de las cuales es la simulación. Habría concurrencia de ambas instituciones si el negocio en fraude fuera el oculto.1.5. CONTRATO TIPICO Y CONTRATOS ATIPICOS Los elementos esenciales (que hemos analizado en el punto 1.3), no pueden faltar en un contrato de trabajo y nos permiten distinguirlo de otro de naturaleza civil o mercantil. Pero hay otros rasgos, llamados por la doctrina típicos, cuya presencia es frecuente aunque no indispensable, y hacen posible diferenciar entre unos contratos de trabajo y otros de la misma naturaleza. Dichos rasgos suelen favorecerse por los ordenamientos, porque -de un lado- producen mayor certeza sobre la existencia de un vínculo laboral, especialmente en supuestos de oscuridad, y -del otro- conllevan para el trabajador el más pleno disfrute de los beneficios que las normas laborales establecen. El papel que los rasgos típicos desempeñan, pues, es el de servir como indicios de laboralidad de una relación o como requisitos para el disfrute de determinados derechos. En virtud de su primera función, pueden contribuir a calificar una relación como laboral, cuando alguno de los elementos esenciales (en especial, la subordinación) no está plenamente acreditado. Gracias a la segunda, la percepción de ciertos beneficios puede estar supeditada al cumplimiento de determinado elemento típico. Vamos a ocuparnos de estas funciones a propósito del análisis de cada rasgo típico, que realizamos a continuación. Antes, debemos señalar que los criterios de tipicidad son básicamente, los siguientes: duración de la relación laboral, duración de la jornada de trabajo, número de empleos y lugar de trabajo. Atendiendo a estos criterios, el contrato típico es el que se presta con duración indeterminada, tiempo completo, para un solo empleador y en el propio centro de trabajo. Y los atípicos se dan cuando uno o más de dichos rasgos está ausente. La relación que nace de un contrato de trabajo, puede ser -en cuanto a su duración- indefinida o determinada. Los ordenamientos en los que opera la estabilidad laboral, suelen adoptarla no sólo en su regla de salida (prohibición 31
32. del despido injustificado) sino también en la de entrada (preferencia por lacontratación de duración permanente sobre la temporal). La Ley de Productividad y Competitividad Laboral ha recogido ambasreglas. En lo que toca a la segunda -lo que nos interesa ahora-, lo ha hecho através de la presunción de que toda relación laboral es de duración indefinida,admitiendo prueba en contrario (artículo 4), así como del establecimiento derequisitos para la validez de los contratos sujetos a modalidad: existencia decausa objetiva, forma escrita, verificación administrativa, duración máxima,prohibición de recontratación de trabajadores permanentes como temporales, etc.(artículos 53, 72, 73, 74 y 78). De vulnerarse las reglas establecidas en lanorma, el contrato de duración determinada se tiene como uno de duraciónindefinida (artículo 77). En todo caso, la Ley de Productividad y CompetitividadLaboral reconoce a los trabajadores temporales los mismos derechos que a lospermanentes (artículo 79). Tenemos entonces, respecto de este criterio en nuestro ordenamientolaboral, un contrato típico: el de duración indefinida, y otro atípico: el deduración temporal. Sin embargo, la regla no es muy sólida, porque la Ley deProductividad y Competitividad Laboral le establece numerosas excepciones,muchas de ellas mal perfiladas, autoriza plazos excesivos para los contratostemporales y no se ejerce sobre ellos ningún control público efectivo. La jornada de trabajo puede ser de tiempo completo, cuyo máximopermitido por nuestra Constitución es de 8 horas diarias o 48 semanales (artículo25), o de tiempo parcial, por una cifra inferior a la ordinaria en la empresa. Nuestro ordenamiento laboral acepta ilimitadamente la celebración decontratos a tiempo parcial, exigiendo sólo la forma escrita y el registroadministrativo (artículo 4 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboraly artículo 13 del Decreto Supremo 1-96-TR, Reglamento de su antecesora: laLey de Fomento del Empleo). De este modo, no tenemos en materia de duraciónde la jornada -como sí la había en la Ley 24514 en este tema, y la hay en la Leyde Productividad y Competitividad Laboral en cuanto a la duración de larelación, como acabamos de ver- una regla y una excepción, sino dosmodalidades equivalentes: tiempo completo o tiempo parcial. En rigor, noestamos ante un elemento típico en nuestro medio, dada esta situación. Si la jornada de trabajo no llega a las cuatro horas diarias, el trabajadorno percibe algunos derechos individuales muy importantes, como la estabilidadlaboral en su regla de salida (artículo 22 de la Ley de Productividad yCompetitividad Laboral), la compensación por tiempo de servicios (artículo 4de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios) y las vacaciones [inciso a)del artículo 12 de la Ley sobre Descansos Remunerados, que a estos efectosentra en conflicto con el Convenio Internacional del Trabajo 52, aprobado yratificado por el Perú, que no prevé tal exclusión]. En todos los demás derechos,debe considerárseles comprendidos (artículo 11 del Decreto Supremo 1-96-TR). Los otros rasgos típicos que -como ya dijimos- son la labor para un soloempleador y la actividad cumplida en el centro de trabajo, no son considerados 32
33. en nuestro ordenamiento, en principio, como requisitos para el acceso a ningún beneficio laboral. En otras palabras, un trabajador puede carecer de exclusividad, prestando sus servicios a varios empleadores (lo que ocurrirá frecuentemente en el caso de los que desempeñan actividades a tiempo parcial), o hacerlo fuera del centro del trabajo, en la calle, en su domicilio o desplazándose de un lugar a otro, sin que ello afecte la percepción de sus derechos laborales. Lo cierto es que, más allá de que el ordenamiento laboral no los margine de algunos derechos, los trabajadores atípicos comúnmente se autoexcluyen, por su situación de especial debilidad, configurándose un empleo precario en su caso.1.6. REGIMEN LABORAL PRIVADO Y PUBLICO Cuando concurren los tres elementos que hemos analizado antes (en el punto 1.3), estamos ante una relación laboral. Hasta qué punto la naturaleza jurídica del empleador, pública o privada, es un factor relevante para la calificación de un vínculo como laboral, es una cuestión que ha experimentado una interesante evolución entre nosotros, en la que se puede identificar tres fases. En la primera, se consideró como una relación laboral sólo la que se establecía en la actividad privada, y se asignó al Derecho Administrativo la que se daba entre el trabajador público (tanto el funcionario, que tiene poder de decisión, como el empleado común) y el Estado. Esta es la etapa en la que se adoptó la tesis unilateralista del empleo público, según la cual la relación surgía de la voluntad unilateral de la Administración, a través del nombramiento, estableciéndose por ley los derechos y obligaciones de las partes, sin margen para la negociación. La Ley 11377, Estatuto y Escalafón del Servicio Civil, de 1950, se inscribe claramente en esta línea. La regulación de los derechos de los trabajadores públicos resultaba más ventajosa en aspectos individuales, campo en el que se reconocía la estabilidad laboral (mucho antes que en el sector privado), pero muy desfavorable en aspectos colectivos, donde los derechos básicos estaban expresamente prohibidos. En la segunda fase, cuyos hitos normativos están conformados por la Constitución de 1979 y el Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, de 1984, empieza a entenderse -no sin vacilaciones- que cualquiera fuera la naturaleza del empleador existe un vínculo laboral con quien le presta servicios. Se asume, pues, la tesis contractualista del empleo público. La relación laboral, sin embargo, se rige por ordenamientos diferenciados para los trabajadores privados y públicos, aunque éstos tienden a asemejarse cada vez más, superando las diversidades propias de la primera fase: la estabilidad laboral pasa también al sector privado y los derechos colectivos a los empleados públicos (en el caso de la negociación colectiva, con muy severas limitaciones, referidas sobre todo al contenido y al procedimiento negocial). Se excluye de éstos a los funcionarios públicos. 33
34. En la tercera y última fase, en la que nuestro ordenamiento entra desde inicios de la década final del siglo pasado, incluso los regímenes diferentes se dejan de lado y se acoge la regulación laboral del sector privado también para los trabajadores del Estado. Esta extensión operó primero -en verdad, a mediados de la década del ochenta- con los trabajadores de las empresas del Estado y algunas entidades a las que se sujetó al régimen laboral de la actividad privada, pero ahora alcanza a los propios poderes del Estado y organismos autónomos. Cada vez un número mayor de ellos se somete al ordenamiento laboral del sector privado: trabajadores administrativos del Congreso, del Poder Judicial y muchas entidades dependientes del Poder Ejecutivo. La Constitución vigente asume esta perspectiva, cuando en su Tercera Disposición Final y Transitoria le otorga provisionalidad a la separación de regulaciones entre el sector público y el privado. La absoluta privatización de la regulación laboral en el sector público, podría afectar la continuidad e idoneidad del servicio, a la que aspiraba la carrera administrativa, institución que en nuestro concepto no debería abandonarse, salvo en el caso de los funcionarios que ocupan cargos políticos o de confianza. Esta perspectiva tiene respaldo además en el artículo 40 de la actual Constitución. A contracorriente de esta tendencia privatizadora, la Ley Marco del Empleo Público se encamina hacia la unificación de los diversos regímenes laborales existentes en el Estado (poderes del Estado, gobiernos regionales y locales y otros organismos constitucionales autónomos): público, privado y excluido (a través de los llamados servicios no personales), en un nuevo ordenamiento laboral público.1.7. LABORES EXCLUIDAS Y EQUIPARADAS La presencia conjunta de los elementos esenciales de la relación laboral, como ya hemos visto, determina la existencia de un vínculo de dicha naturaleza y, por tanto, la aplicación del ordenamiento protector. Sin embargo, pueden producirse dos situaciones opuestas: que a pesar de confluir dichos elementos, la ley descalifique a la relación como laboral y le confiera otro carácter; y que aun cuando no estemos ante una relación laboral, la ley le otorgue al deudor de trabajo ciertos beneficios propios de los trabajadores. El primero fue el caso en nuestro ordenamiento de los contratos formativos; y el segundo, el del fenómeno llamado equiparación. De ambos vamos a ocuparnos en las líneas que siguen. La Ley de Formación y Promoción Laboral, en su artículo 24, disponía que los Convenios de Formación Laboral Juvenil y de Prácticas Preprofesionales no originaban vínculo laboral. De este modo, los jóvenes sin estudios concluidos, de un lado, y los estudiantes y egresados de Universidades e Institutos Superiores, del otro, que ofrecían su actividad a una empresa o entidad a cambio de obtener su adiestramiento en un rubro y percibir una retribución, estaban excluidos del ordenamiento laboral y sometidos a un régimen especial, contenido en la propia norma citada, desprovisto de los más elementales beneficios. 34
35. En nuestro concepto, el factor formativo, por más que llegara averificarse efectivamente, procurando un oficio a quien carecía de él, no essuficiente para sustraer una prestación personal, subordinada y remunerada delámbito del Derecho del Trabajo. Nos parece que este hecho, aunado alimportante porcentaje de sujetos que podían ser segregados del ordenamientolaboral por esta vía, bastaba para llamar la atención sobre la compatibilidad deesta figura con la tutela concedida al trabajo por la Constitución, que quedaría enmucho vaciada de contenido. La actual Ley sobre Modalidades Formativas Laborales, ha sustituido lasmencionadas modalidades por otras, como la Capacitación Laboral Juvenil y lasPrácticas Preprofesionales y Profesionales, reguladas en términos similares,aunque ahora se reconoce a los jóvenes mayores derechos. Lo central, desde elpunto de vista que nos ocupa, está en el artículo 3 de la mencionada ley: “Lasmodalidades formativas no están sujetas a la normatividad laboral vigente, sinoa la específica que la presente contiene“. Pensamos que al no excluirseexpresamente de la naturaleza laboral a esta figura –como en la ley anterior-, sepuede sostener que se encuentra tácitamente incluida, aunque sujeta a unrégimen especial. De prosperar esta tesis, la marginación habría culminado. La segunda situación que mencionamos al comienzo tiene más bien unsigno contrario a la anterior. La equiparación consiste en ampliar las fronterasdel Derecho del Trabajo, no por la ruta de considerar como laborales relacionesque en estricto no lo son, sino por la de extenderles a los sujetos que realizan elservicio, algunos beneficios originarios del ordenamiento laboral (y deSeguridad Social). El dato que la ley toma en cuenta para proceder de este modoes el de la situación socioeconómica de quienes desempeñan la labor. Siconsidera que ésta es similar a la que -no necesariamente (como vimos en elpunto 1.3.2), pero sí comúnmente- acompaña a los trabajadores, entonces puedeefectuar la extensión. La cuestión central es, pues, la dependencia económica. Las categorías asimiladas, sin embargo, deben reunir ciertascaracterísticas para beneficiarse de esta ampliación. Rodríguez-Piñero (1966:163-165), identifica las siguientes: debe tratarse de una prestación personal, deactividad o de resultado, no subordinada, retribuida y no dirigida al público engeneral sino a personas o círculos determinados. La legislación, sin embargo, no siempre se inspira en esos criteriostécnicos, sino que a veces sigue otro tipo de consideraciones. En nuestroordenamiento ha operado la equiparación respecto de ciertas profesiones, comolos abogados, médicos, ingenieros y otros, que prestaban servicios personalespercibiendo una retribución periódica, a los que la Ley 15132 (primerointerpretada por la Ley 26513 y luego derogada por el Decreto Legislativo 857),les concedió derecho a la compensación por tiempo de servicios y seguro devida; el Decreto Supremo 34-83-TR, que regula las relaciones laborales en lascooperativas de trabajadores, estableció que cada Asamblea Generaldeterminaría el régimen laboral de los socios-trabajadores, pero que éste -enprincipio- no podía ser inferior al previsto por la legislación laboral del sectorprivado; y a los estibadores terrestres que laboran en mercados, terminales u 35

References: IN DUBIO
 artículo 37
 artículo 4
in fine
 artículo 22
 artículo 2
 artículo 59
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 168
 artículo 2
 artículo 8
 artículo 6
 artículo 5
 artículo 61
 artículo 46
 artículo 344
 artículo 9
 artículo5
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 1361
 artículo 77
 artículo 43
 artículo 13
 artículo 12
 artículo 40
 artículo 24
 artículo 3