Source: https://es.scribd.com/doc/111419857/Sentencia-c-22097
Timestamp: 2016-10-21 20:47:00+00:00

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Sentencia c 22097
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AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Significación/LIBERTAD JURIDICA DE UNIVERSIDADES/UNIVERSIDAD EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Constituyente consagró en la Carta Política el principio de autonomía universitaria, que en las sociedades modernas y post-modernas se considera como uno de los pilares del Estado democrático, pues sólo a través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento, el cual dejando de lado su condición de privilegio, se consolida como un bien esencial para el desarrollo de los individuos y de la sociedad; dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídica que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades, para autogobernarse y autodeterminarse, en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen. La regla general aplicable con fundamento en la C.P. es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas; no obstante, esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y, en el caso de las públicas, emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquélla que esté presente siempre y en todo lugar, que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban "...guetos cerrados...campos de concentración del saber..." Los límites a esa libertad de acción le corresponde establecerlos al legislador a través de la ley, obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales. LEY ORDINARIA-Interpretación, reforma y derogación por legislador/LEY ORDINARIA-Establecimiento de excepciones por legislador No obstante que se plantea el hecho de que el legislador haya violado con la decisión impugnada un artículo de la ley ordinaria, a través del cual el legislador creó la categoría jurídica de entes universitarios autónomos, ese aspecto no será el objeto de examen por parte de esta Corporación, pues tal categoría jurídica tiene origen legal y como tal, con fundamento en la Constitución Política, que le atribuyen al Congreso las facultades de interpretar, reformar y derogar las leyes, además de expedir aquellas que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos, es susceptible de ser derogada, modificada o adicionada por el mismo legislador, a través de una norma legal de igual o superior jerarquía. Tampoco se detendrá la Corporación en la acusación de omisión inconstitucional presentada, porque es facultad privativa del legislador establecer excepciones a sus mandatos, siempre y cuando ellas no contraríen el ordenamiento superior. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Límites por legislador Es competencia del legislador establecer los límites a la libertad de acción que en ejercicio de la autonomía universitaria se le reconoce a las universidades públicas y privadas; tales límites los debe imponer el legislador de manera expresa a través de la ley, constituyendo éstos excepciones a la regla general, sin que pueda entenderse que la regulación del quehacer de las universidades, per-se, sea una obstrucción a la autonomía. ESTABLECIMIENTO PUBLICO-Elementos esenciales/ESTABLECIMIENTO PUBLICOAutonomía relativa
UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS-No asimilación para efectos presupuestales La autonomía universitaria que consagra la Constitución Política, autonomía como sinónimo de legítima capacidad de autodeterminación, no corresponde a la autonomía restringida que la ley le reconoce a los establecimientos públicos, por lo que pretender asimilarlos, así sea únicamente para efectos presupuestales, implica para las universidades viabilizar una constante interferencia del ejecutivo en su quehacer, que se traduce, en un continuo control de sus actividades por parte del poder central, inadmisible en el caso de las universidades, y en el propósito, como obligación legal por parte del ejecutivo, de ajustar y coordinar las actividades de esas instituciones con la política general del gobierno de turno, aspecto que contradice su misma esencia. UNIVERSIDAD PUBLICA-No es establecimiento público/UNIVERSIDAD PUBLICAAutonomía en presupuesto con régimen especial No hay razón válida para que a las universidades del Estado se les aplique la disposición impugnada, que ordena que para efectos presupuestales se les asimile a los establecimientos públicos, mucho menos cuando ello implicaría vulnerar su condición esencial de entes autónomos del Estado; por eso, por existir ese régimen legal especial para las universidades del Estado, la norma acusada no incluyó dentro de las excepciones a su mandato a las universidades públicas, pues ellas al igual que el ente rector de la televisión, también dotado de autonomía por el Constituyente, deben acogerse en materia presupuestal a lo dispuesto en la ley especial que las rige. Las universidades oficiales, al igual que el Banco de la República y la CNTV, son órganos autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente. El legislador, al omitir incluirlas expresamente, no quiso, como lo interpreta equivocadamente el gobierno nacional, incluirlas tácitamente dentro del grupo que para efectos presupuestales se asimila a los establecimientos públicos, simplemente tuvo en cuenta que las universidades estatales, en tanto entes autónomos del Estado, están sometidas, inclusive en lo presupuestal, a un régimen especial. ESTABLECIMIENTO PUBLICO-Autonomía administrativa y financiera Cuando el legislador atribuyó a los establecimientos públicos funciones administrativas, lo hizo con el objeto de crear unas personas jurídicas especializadas, a las que les reconoció un cierto grado de independencia, no obstante que hacen parte activa de la administración, con el objeto de que ejercieran de manera técnica algunas de las funciones propias de aquel; para ello les reconoció autonomía administrativa, que no es otra cosa que la facultad relativa que tienen esas entidades de manejarse por sí mismas, y autonomía financiera, que se traduce en que cada establecimiento público tiene su propio patrimonio y su propio presupuesto, como persona jurídica que es, el cual no obstante debe programar y ejecutar conforme a las directrices del respectivo ministerio o departamento administrativo al cual esté adscrito o vinculado, y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. AUTONOMIA DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO-Ajenas a interferencias del poder político/AUTONOMIA DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO-No sujeción al control de
eso no quiere decir que no deban. que se traduce en las diferentes clases de control. o como organismos supeditados al poder ejecutivo. cumplir con las reglas y procedimientos que el legislador. diseñe y consigne especialmente para ellas. para efectos presupuestales. a los establecimientos públicos.tutela de establecimiento público/ESTABLECIMIENTO PUBLICO-Control de tutela no aplicable a universidades estatales Las universidades del Estado. no es aplicable a las universidades en tanto instituciones autónomas. que al ser aplicados no atenten contra su naturaleza y que tengan en cuenta las singularidad que caracteriza el sujeto que en ese caso se controla. exigen el diseño de mecanismos de control especiales. pues. El control de tutela que se ejerce sobre los establecimientos públicos. ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos. mecanismos que el legislador debe diseñar y establecer. como entidades públicas que manejan recursos públicos y cumplen una trascendental función en la sociedad. pretender asimilarlas. que se nutren principalmente del Estado. ENTIDAD DESCENTRALIZADA POR SERVICIO-Clasificación control de tutela UNIVERSIDADES DEL ESTADO-Diseño de mecanismos de control especial El control de tutela diseñado para los establecimientos públicos. AUTONOMIA PRESUPUESTAL DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO-Alcance respecto a la unidad presupuestal El principio de unidad presupuestal no puede traducirse en un vaciamiento de la autonomía presupuestal que se le reconoce a las universidades del Estado. someter su gestión al control de la sociedad y del Estado. concepto que por sí mismo niega la autonomía. ellas y sus presupuestos. y como instituciones públicas. garantizando la realización de un control efectivo de los recursos del Estado y propendiendo por involucrar a la sociedad en esa tarea. en consecuencia no pueden entenderse como parte integrante de la administración. La
. son instituciones que para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político. CONSTITUCIONALIDAD CONDICIONADA-Autonomía en presupuesto de universidades estatales AUTONOMIA DE UNIVERSIDADES DEL ESTADO-No exclusión de disposiciones constitucionales sobre presupuesto No hay ningún elemento que permita concluir que las universidades del Estado. deben tener espacio dentro del presupuesto de la Nación. riñe y es contrario al principio de autonomía que el Constituyente reconoció para las universidades. pues por el contrario ellos son indispensables para el cumplimento de sus objetivos y misión. cuando son financiadas por el Estado y manejan recursos públicos. contraría el ordenamiento superior al vulnerar y desvirtuar su condición de entes autónomos. puedan excluirse de las disposiciones superiores. de acuerdo con su naturaleza y misión. dichas instituciones. un ente al que se le reconoce capacidad de autodeterminación. o que rechacen la implementación de mecanismos de articulación con dicho Estado y la sociedad. en desarrollo del principio de autonomía que consagró el Constituyente en la Constitución Política.
el Magistrado Sustanciador decidió admitir la demanda de la referencia. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida en el artículo 241 de la Constitución Política. en materia presupuestal. Mientras tanto. Santafé de Bogotá. "Por el cual se compilan la ley 38 de 1989. el ciudadano AUGUSTO HERNANDEZ BECERRA solicitó a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad del artículo 4° del Decreto 111 de 1996. la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto". Acción pública de inconstitucionalidad contra el artículo 4° del Decreto 111 de enero 15 de 1996. no fue incluída en el actual Estatuto Orgánico de Presupuesto.. Una vez cumplidos todos los trámites indicados para esta clase de procesos de control de constitucionalidad. lo que no impide que el legislador. a las universidades del Estado les serán aplicables. pueda producir normas orgánicas de presupuesto aplicables a las universidades del Estado.categoría entes universitarios autónomos creada por el legislador. siempre y cuando con sus decisiones no desvirtúe su condición de órganos autónomos dotados de esa condición por el constituyente. abril veintinueve (29) de mil novecientos noventa y siete (1997) I.
. procede la Corte a pronunciar su decisión. "Por el cual se compilan la ley 38 de 1989. D. Actor: Augusto Hernández Becerra. prioritariamente las disposiciones de la Ley 30 de 1992 y aquellas de la ley orgánica de presupuesto que no desvirtúen el núcleo esencial de su autonomía. la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto".C. II. y enviar las comunicaciones respectivas al señor Presidente de la República y al señor Ministro de Hacienda y Crédito Público. 111 DE 1996 (enero 15). FABIO MORON DIAZ. Magistrado Ponente: Dr. en desarrollo de las competencias que le son propias. Referencia: Expediente D-1470. EL TEXTO DE LA NORMA ACUSADA DECRETO No. ordenar su fijación en lista. "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989. Por auto del 9 de octubre de 1996. la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico de Presupuesto.ANTECEDENTES. el traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación para efectos de recibir el concepto fiscal de su competencia.
dice el demandante. 63)".. específicamente del inciso segundo del mencionado artículo 69 de la Carta Política. LA DEMANDA A. el legislador expidió la ley 30 de 1992. norma compilada que hace parte del Estatuto Orgánico de Presupuesto. incluidas las estatales. En desarrollo de ese principio de rango constitucional. reconocer y garantizar la autonomía universitaria.. todas las personas jurídicas públicas del orden nacional.. entre el Estado y la sociedad. entendida ésta como la legítima capacidad que tienen dichas instituciones para autodeterminarse. y el carácter de entidades públicas que tienen aquellas cuyos recursos y patrimonio provienen del Estado.P. agrega. B.. Ese régimen especial caracterizó a la universidades del Estado como entes universitarios autónomos. las dotó de una naturaleza jurídica con la cual quiso compatibilizar el ejercicio de la autonomía que el Constituyente reconoció sin distingo para todas las universidades."El Presidente de la República de Colombia. Los fundamentos de la demanda Remitiéndose al artículo 69 de la Constitución Política.. el actor señala que fue voluntad expresa del Constituyente de 1991. que el legislador en cumplimiento de las disposiciones del artículo 69 de la C. es decir. dicho principio. Para efectos presupuestales. por lo que el pronunciamiento de la Corte cobijará una y otra disposición. a abstenerse con sus decisiones de debilitarla o vulnerarla. por lo que fue necesario que el Constituyente estableciera de forma expresa un compromiso solemne. El texto de la disposición impugnada corresponde al texto del artículo 63 de la ley 179 de 1994. en ejercicio de las facultades constitucionales y legales. y las funciones y compromisos que ellas tienen con la sociedad.
. se predica esencial en un Estado democrático de derecho. nueva categoría jurídica que creó el legislador teniendo en cuenta las especiales y singulares características que las identifican y diferencian sustancialmente de otras instituciones públicas.. que conmina al primero.) (.) "Artículo 4°. no obstante en la presente providencia la referencia se hará siempre al artículo 4 del decreto 111 de 1996. cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta o asimiladas a éstas por la ley de la República. y específicamente a los poderes públicos que lo conforman. art. se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional (Ley 179 de 1994. III.. en especial las conferidas por la ley 225 de 1995 (. por la cual organizó el servicio público de la educación superior y estableció el régimen especial que ordenó el Constituyente para las universidades del Estado.) "DECRETA (. Normas constitucionales que se consideran infringidas El demandante considera que la disposición acusada es violatoria del artículo 69 de la Constitución Política.
incluidas las públicas. que están sujetos a poderosos controles de tutela administrativa. cualquier decisión del legislador dirigida a devolverle a las universidades del Estado el carácter de establecimientos públicos." Para el actor. así sea la ley orgánica de presupuesto. la cual ya no se limita exclusivamente a lo académico. por el Congreso como sujetos directamente sometidos a su función normativa y por el gobierno como dependencias subordinadas.La creación de esa nueva categoría fue necesaria. ellas son vistas. Todas las leyes. y cuyos presupuestos deben someterse a la normativa especialmente diseñada para ellos. desconociendo sus singulares características y la misión que tienen dentro de la sociedad. como había sido tradicional. están necesariamente subordinadas a la Constitución Política. en gran medida. esto es desconociendo la característica que les es esencial. señala el actor. la autonomía. pues ello no solo es contrario sino que niega el principio de autonomía universitaria. pueden contrariar el principio constitucional de la autonomía de las universidades colombianas. surge. a todas las personas públicas del orden nacional. incluyendo tácitamente a las universidades del Estado. se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional. por lo que deben tener con él mecanismos de articulación y coordinación eficaces pero que no desvirtúen o atenten contra el principio superior que las caracteriza. Lo anterior por cuanto los establecimientos públicos son organismos adscritos a los respectivos ministerios o departamentos administrativos. Por eso demanda el contenido del artículo 4 del Decreto 111 de 1996. lo que implica que su preparación y ejecución estén fuertemente intervenidas y dirigidas por el ejecutivo. que no sólo les fue reconocida en el ordenamiento superior. todas estas características. es contraria a las disposiciones del artículo 69 de la Carta Política. del hecho de que en tanto instituciones que hacen parte de la estructura del Estado y que están cerca del poder público. que su pretensión no es emancipar a las universidades oficiales del Estado. lo que reclama es que se dé aplicación a la naturaleza jurídica propia de las universidades públicas. En su criterio. el desconocimiento o vulneración del principio constitucional que reconoce la autonomía de las universidades del Estado. pasando por las estatutarias y las orgánicas. disposición del Estatuto Orgánico de Presupuesto. ni ninguna otra. o que se les reconozca a las mismas una libertad absoluta por fuera incluso de la Constitución y de la ley. pues se trata de un tipo o categoría de ente público absolutamente sui generis. de una parte para dar cumplimiento al mandato del artículo 69 de la Carta Política. Señala. que le impone al Estado la obligación de garantizar la autonomía de las universidades. ellas hacen parte del Estado.
. no asimilable a otras naturalezas jurídicas que se han desarrollado en el mundo del derecho público. que establece que para efectos presupuestales. Dice el demandante: "Ni las leyes ordinarias. y de otra por la inconveniencia de seguir atribuyéndole a las universidades del Estado el carácter de establecimientos públicos. la cual por sus características es la negación plena de autonomía universitaria. contradicen por sí mismas el principio de autonomía que el constituyente consagró para las universidades. ni la especial que el Congreso dicte para las universidades del Estado. desde las ordinarias hasta las especiales. pero especialmente inconfundible con la de los establecimientos públicos. pues esa categorización impide la realización por parte de dichas instituciones del principio que les es consustancial: el de la autonomía universitaria. que no estén expresamente exceptuadas de dicho tratamiento. sostiene el actor. sino que les es indispensable para el cumplimiento de sus especiales objetivos y misión.
que declare exequible la disposición acusada. solicitó a esta Corporación declarar exequible el artículo 4 del Decreto 111 de 1996..no significa que a los entes universitarios autónomos se les haya menguado el margen de manejo de sus presupuestos. En consecuencia. en manera alguna significa el desconocimiento de la autonomía que la Carta y la ley de la educación superior les ha reconocido en punto a la elaboración y disposición de su presupuesto. OTRAS INTERVENCIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. pues de lo contrario. fue explicitar una atribución propia del ejecutivo. Además. pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 352 de la Constitución Política. para respaldar su primera petición. ésta debe ceder al principio de unidad presupuestal consagrado en el artículo 347 superior. con el fin de solicitar a esta Corporación que se declare inhibida para decidir sobre la misma o. por lo que la Corte. dice el apoderado del Ministerio de Hacienda. el Decreto 111 de 1996 no es un decreto con fuerza de ley. el artículo 24 de la Ley 225 de 1995 no confiere al Presidente de la República las facultades extraordinarias y pro témpore a que la Constitución Política se refiere en el numeral 10° de su artículo 150. la ley orgánica correspondiente es el instrumento matriz del sistema presupuestal colombiano. se propiciarían entes autárquicos que como tales "desquiciarían el sistema presupuestal. en calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. pues ellas no fueron solicitadas por el gobierno nacional y no tienen un término fijo de duración. El ciudadano JUAN FERNANDO ROMERO TOBON. que desde un punto de vista formal.
. en su defecto. intervino dentro del término de fijación en lista de la demanda de la referencia. el Congreso no transfirió a través de la disposición citada una facultad exclusivamente suya. esgrimiendo como fundamentos jurídicos de su petición los que a continuación se sintetizan: Manifiesta el interviniente. en pro de su defensa.. sostiene que desde un punto de vista material. pues la incompetencia se desprende no del contenido del Decreto acusado. solicitud que funda en las siguientes consideraciones: Manifiesta el Ministerio Público. dice. dice el concepto del Ministerio Público. si se tiene en cuenta que la autonomía universitaria no es absoluta.IV. no obstante que el contenido del mismo reproduzca el de las leyes compiladas. lo que hizo. de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 241 de la Carta. Así. al que deben ajustarse los presupuestos de todas aquellas entidades que manejen recursos de carácter público. ". La asimilación que establece la norma impugnada. consagrada por el Constituyente de 1991 en los numerales 10 y 11 del artículo 189 superior. que la disposición acusada en nada contraría el ordenamiento constitucional. pues el hecho de que tengan que insertarse dentro del haz normativo que informa el proceso presupuestal colombiano."
V. no tiene competencia para examinar su constitucionalidad. doctor LUIS EDUARDO MONTOYA MEDINA. de acuerdo con las funciones que les corresponden. sino de su condición y jerarquía. EL CONCEPTO FISCAL El señor Procurador General de la Nación (E).
cuya competencia corresponde a la Corte Constitucional. las universidades públicas. lo que significaría.La competencia y el objeto de control El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.El interviniente sustenta su segunda y subsidiaria petición. únicamente. en opinión del interviniente. su conocimiento corresponde al Consejo de Estado. el legislador no afectó la autonomía que la Constitución le reconoció a las universidades. Dijo la Corte: "¿Significa lo anterior un cambio de la jurisprudencia de la Corte en este campo? En manera alguna. por lo cual corresponde al supremo tribunal de lo contencioso conocer de las acusaciones que pongan en cuestión el decreto compilador como tal. los artículos que lo integran son materialmente legales". conocer de los distintos artículos de estos decretos compiladores. además. No obstante. por ejemplo porque se considere que hubo vicios de forma en su expedición. Finalmente.conforme al artículo 241 ordinal 4 de la Carta. Esta tesis se reafirma en esta sentencia. al asimilar los denominados entes universitarios autónomos a los que se refiere la ley 30 de 1992. en reciente decisión. Sin embargo. pero no contra uno o varios de los artículos que lo integran. pues nótese que en la sentencia C-305/96 la Corte se inhibió de conocer una acusación contra la totalidad de un decreto compilador. a producir efectos respecto de una clase específica de instituciones. en su intervención solicitó a esta Corporación producir fallo inhibitorio en la demanda de la referencia. esta CorporacióCorte Constitucional. la declaratoria de exequibilidad de la norma acusada. pues según él la Corte Constitucional no es competente para conocer la acusación formulada contra el artículo 4 del Decreto 111 de 1996. en tratándose de universidades públicas es relativa y no implica un tratamiento presupuestal especial e independiente de los demás órganos de la administración pública. Alejandro Martínez Caballero. estableció que ". pero no pueden afectar las normas materialmente legales que integran esos decretos. con los establecimientos públicos. sin cambiar su redacción ni contenido.. Dr. Sentencia C-508 de 1996. en caso de que la Corte decidiera retirarla del ordenamiento jurídico vigente. VI.. el cual. está dirigida. M.. norma cuyo contenido prevalece sobre el de una ley ordinaria como lo es la citada ley 30 de 1992. dado que ese decreto tiene naturaleza ejecutiva y se limita a compilar las normas legales orgánicas del presupuesto. pues ella. está consagrado en la ley orgánica de presupuesto. pues consideró que el decreto como tal es de naturaleza ejecutiva y. en el hecho de que la acusación del actor si bien es contra todo el artículo. Estatuto Orgánico de Presupuesto.. Es pues obvio que las decisiones del Consejo de Estado sobre los decretos ejecutivos compiladores sólo recaen sobre la compilación misma. pues si bien el decreto es en sí mismo ejecutivo. cuyo conocimiento ha sido atribuido a la Corte Constitucional. por ende.. pues se trata de normas legales.
. corresponde a la Corte Constitucional.al garete (sic) presupuestal entidades que no tienen el carácter de entes universitarios autónomos". no puede ese tribunal pronunciase sobre los artículos y los contenidos normativos que integran tales decretos.P. y no al Consejo de Estado. dejar ".
evidencia un claro entendimiento por parte del legislador de los alcances y proyección de ese mandato superior. en esos casos. la de entes universitarios autónomos. Materia de la Demanda. creó para las universidades del Estado una nueva categoría jurídica. creado una categoría sui generis para las universidades del Estado. en su concepto. esa categoría es contraria y niega el principio de autonomía que se reivindica como esencial para las universidades. dadas las características de éstos últimos. de una inconstitucionalidad por omisión. la cual deriva de la particular naturaleza de esos decretos compiladores. dentro del marco de la ley y la Constitución. por eso. como por ejemplo a la de establecimientos públicos. se asimilan a los establecimientos públicos. que les permita. por parte de esta Corporación. para el diseño y desarrollo de sus políticas y funciones y para la programación y ejecución de su presupuesto a las directrices del poder ejecutivo. en su concepto. de los entes universitarios autónomos. situación que los ubica dentro del grupo de instituciones públicas. no se entiende ni justifica que para efectos presupuestales las haya asimilado a una
. que para efectos presupuestales."Ibídem. de manera consecuente con lo dispuesto en el mandato superior que considera transgredido. anota. En su opinión. contenido especialmente en la ley 30 de 1992. no obstante ser organismos públicos y como tales estar insertos en la estructura del Estado. que según él se origina en la no inclusión. viola el principio de autonomía universitaria consagrado en el artículo 69 de la Carta Política. con la cual quiso imprimirles a las universidades del Estado una nueva naturaleza. norma que hace parte del Estatuto Orgánico de Presupuesto. los objetivos mismos que se atribuyen a dichas instituciones hacen imperativo que se les organice y estructure de manera tal que puedan ejercer la autonomía que se les reconoce como necesaria. que en tanto los establecimientos públicos son organismos adscritos a los respectivos ministerios o departamentos administrativos.Se trata pues de una compleja distribución de competencias. dentro de las excepciones establecidas en el artículo 4 del Decreto 111 de 1996. norma acusada. La Corte es pues competente para asumir el estudio del artículo 4 del Decreto 111 de 1996. en aquellos casos en que el legislador ha determinado la necesidad de dotar de autonomía a instituciones cuyo patrimonio total o parcialmente es del Estado. sin que por ello se diluya la relación y la responsabilidad que tienen con el Estado como entidades públicas que son. tales como la de empresas comerciales e industriales del Estado o la de empresas de economía mixta. que fue reconocida y garantizada por el Constituyente y luego materializada por el legislador. especial y no sustituible por la aplicable a otras categorías. La demanda del actor pretende la declaratoria. ejercer la autonomía que les es esencial y sin la cual sencillamente se desvirtuarían y dejarían de ser. Esa nueva categorización. pues aplicarla implicaría desconocer la naturaleza propia de las universidades. la de entes universitarios autónomos. Tales argumentos le sirven al actor para sostener. afirma. Segunda. que habiendo el legislador. Señala el demandante. lo cual. el desarrollo legislativo del artículo 69 de la Constitución Política. exige paralelamente una base normativa diferente. sujetos a un intenso control de tutela por parte de la administración central y sometidos. que permite compatibilizar su doble condición de entes autónomos y entes del Estado. ha tenido que acoger categorías distintas a la denominada establecimientos públicos.
con las de economía mixta y aquellas que se les asimilen por mandato de la ley. a través de la norma impugnada. la de establecimientos públicos. reclamando su condición de fines en sí mismos y no de meros instrumentos. pero distinta de ella misma. dicen.. cuyo fundamento es el perfeccionamiento de la vida y cuyo objetivo es contribuir a la formación de individuos que reivindiquen y promuevan ese fundamento. no pueden proclamarse como universidades.. que se excluyen la una a la otra. a través del dominio de "un saber" y de la capacidad de generar conocimiento. sostienen. que les es esencial para mantener su naturaleza y no desvirtuar su misión en la sociedad. Grasset. es la universidad que requiere. En el mundo contemporáneo el concepto de "universidad" es objeto de continuos y profundos debates. que fundamentan su quehacer en objetivos distintos. no obstante. París 1987 sostiene que ". que a su vez se sustentan en ideologías diversas. La universidad. desde sus orígenes en los siglos XIII y XIV. implica negar de forma definitiva la posibilidad de que las mismas ejerzan el derecho a ser autónomas. quedando supeditadas en todo a la tutela y directrices del poder central. mucho menos cuando con esa decisión vulnera lo dispuesto en el artículo 69 de la Carta. Tal distinción subyace en la legislación de nuestro país. para "ser". distinguiéndolas y muchas veces oponiéndolas. al no señalarlos expresamente como una de las excepciones a dicho mandato legal. de hecho gran parte del pensamiento filosófico contemporáneHenry Michel. por eso. La universidad es. la cual hace parte del Estatuto Orgánico de Presupuesto. él se caracteriza y analiza desde la singular óptica de diferentes paradigmas de pensamiento. sin el cual. según Michele Henry. no solamente distintas sino heterogéneas. si bien son necesarias en el mundo moderno. Tales discusiones confrontan la universidad con la sociedad. cumple un papel decisivo en el fortalecimiento del fundamento esencial de la sociedad que no es otro que la vida. como si lo hizo por ejemplo con las empresas industriales y comerciales del Estado. cuando ella se dedica y dirige sus esfuerzos a objetivos distintos al perfeccionamiento de la vida. Edit. la universidad.son dos esencias.categoría diferente. que distingue entre universidades y otras instituciones de educación superior. "deja de ser". las cuales. como por ejemplo a la imposición de la técnica como objetivo último en el mundo de la modernidad.. muchas veces antagónicas. reconociéndoles autonomía plena. Otro tipo de instituciones de educación superior. coinciden al proclamar inherente al concepto de universidad el principio de autonomía. dado que sin autonomía presupuestal no hay autonomía académica. como por ejemplo la mera profesionalización. concepto que se
. ella se desdibuja. incluyó tácitamente a los entes universitarios autónomos dentro del grupo de instituciones públicas que ordena asimilar para efectos presupuestales a los establecimientos públicos. Tercera. "universidad acrítica". su misión fundamental es. del reconocimiento efectivo de su autonomía. y si con ello vulneró o no la autonomía universitaria consagrada como principio fundamental en el artículo 69 de la Constitución. Le corresponde entonces determinar a esta Corporación. la universidad se desvirtúa. "La Barbarie". únicamente a las primeras (artículos 16 y 20 ley 30 de 1992).. pierde su razón de ser. pues asimilar para efectos presupuestales las universidades públicas a los establecimientos públicos.". La universidad una institución social cuyo fundamento esencial es la autonomía. "la cultura". necesaria para la sociedad que la crea y la reclama. si efectivamente el legislador. una institución marginal. no absoluta.
un campo ideal constituido y definido por las leyes que lo rigen. quienes coinciden en un objetivo. lo razonable. lo conveniente. sino de esos otros actores de la sociedad. en el Estado que la provee de recursos y en la sociedad civil que espera fortalecerse a través de ella. la cual está determinada por el poder coyuntural que lo orienta. dadas sus características y la lógica que caracteriza su quehacer. pues cualquier obstrucción a esa condición la desvirtúa. Ahora bien. esa universidad. esto es. con su individual saber y razón. leyes que paralelamente permitan su conservación y crecimiento. que la reclama como pilar de su propia estructura. tiene como objetivo principal protegerlas de la interferencia del poder político central. desde sus inicios se concibió como una organización autónoma. lo que significa que esa autonomía encuentre legitimación y respaldo no sólo en sus propios actores.. para "ser". Ella está inserta en una determinada sociedad que la reivindica como agente de conservación y de cambio. esa autonomía que el constituyente le reconoció a las universidades. se trata de que quienes conforman la universidad trasciendan su propia e individual convicción de que lo que hacen es lo pertinente. coinciden con los de la sociedad o con los del Estado en el que funcionan. leyes diferentes a aquellas que rigen a la sociedad. tiene que ser autónoma. como le corresponde. autogobernarse y autolegislarse colectivamente. ella tiene su propio ethos. la ciencia y la estética. como un ente plural en el que confluyen. en la que aspira al desarrollo de la autonomía individual y al ejercicio de la libertad por parte de cada uno de sus asociados. teniendo en cuenta las consecuencias e impacto de sus acciones en la sociedad. que sean ajenas e independientes del mismo Estado:
. leyes que en conjunto constituyen una ética". que evaluarán si la autonomía ejercida por sus universidades prevé. único y diferenciable. por eso. y a transmitir un determinado saber a tiempo que lo hace crecer con base en la investigación. La universidad. la producción y adecuación de conocimiento como insumo esencial para la formación de hombres potencialmente capaces de desarrollar sus múltiples dimensiones. sometiéndolo a consideración no solo de sus pares. y que se realiza a través de acciones dirigidas a producir y adecuar conocimiento.preserva y construye a partir del tríptico que conforman la ética. sino. capaz de autodeterminarse. sino en la sociedad en la que la universidad materializa sus objetivos. el ejercicio de la autonomía implica para las universidades el cumplimiento de su misión a través de acciones en las que subyazca una ética que Weber denominaría "ética de la responsabilidad". que le exige una participación activa pero independiente en el replanteamiento de sus propios fundamentos. para darse sus propias leyes y directivas. Pero esa caracterización no las hace ajenas a su entorno o irresponsables frente a la sociedad y al Estado. a un universo individual. incluso lo no previsible. surge como una organización marginal. y así lo reconocen el Estado y la sociedad. no obstante eso no implica. como lo ha dicho la Corte. los individuos [actores] que la conforman. e identificando en el individuo que educa no a un mero instrumento para sus propios objetivos. sus prioridades. al igual que ocurre por ejemplo con el organismo estatal que creó para el manejo de la televisión. casi nunca. los cuales no siempre.. diferente de la lógica que predomina en el Estado. su singular sistema de valores. Por eso quienes la integran están legitimados. como ".
pluralista e igualitaria.. permitiéndole un desarrollo autónomo. designación y períodos de sus directivos y administradores. El artículo 1 de la Constitución Política proclama que Colombia es un Estado Social de Derecho."Vale la pena aclarar que la autonomía entregada por la Carta a la entidad encargada del manejo de la televisión.
. la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica. que a través de un quehacer no interferido contribuya a la consolidación y fortalecimiento de la cultura a partir de la cual se erige la Nación. Vladimiro Naranjo Mesa). para autogobernarse y autodeterminarse. norma a través de la cual reconoció la necesidad imperiosa que tiene una sociedad democrática. estatuir los mecanismos referentes a la elección. La universidad en el Estado Social de Derecho. efectivamente. dicho principio se traduce en el reconocimiento que el Constituyente hizo de la libertad jurídicEl concepto de "libertad jurídica" lo define Kant como el poder de autolegislarse colectivamente. Cuarta.P. un estado democrático regulado por la ley.. Dr. definir su régimen interno. participación y pluralidad. el cual dejando de lado su condición de privilegio. M. las cuales serán legítimas en cuanto propendan por su bienestar y evolución. sentencia C-310 de 1996." (Corte Constitucional. de una universidad autónoma. o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. pues cualquier entidad pública por el simple hecho de pertenecer a un Estado de derecho. "En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos. señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores.el artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria. haciendo coincidir el concepto de libertad con el concepto de autonomía. singular e integral. en el que priman los principios de igualdad. pues sólo a través de ella las universidades pueden cumplir la misión y objetivos que le son propios y contribuir al avance y apropiación del conocimiento. en reiteradas oportunidades se ha pronunciado esta Corporación: ". que en las sociedades modernas y post-modernas se considera como uno de los pilares del Estado democrático. no le da el carácter de órgano superior del Estado ni le concede un ámbito ilimitado de competencias [tampoco a las universidades del Estado]. En tal sentido. Ese es el fundamento de lo dispuesto por el Constituyente en el artículo 69 de la Carta Política. que tienen las instituciones de educación superior reconocidas como universidades. Acorde con esta caracterización el Constituyente de 1991 consagró en el artículo 69 de la Carta Política el principio de autonomía universitaria. y en el que el individuo se erige como epicentro de las acciones del Estado. se consolida como un bien esencial para el desarrollo de los individuos y de la sociedad. en el marco de las limitaciones que el mismo ordenamiento superior y la ley les señalen. se encuentra sujeta a límites y restricciones determinados por la Constitución y la Ley. La autonomía se entendería como la capacidad de autodeterminación de un colectivo que coincide en el ejercicio de un que hacer fundamental para el Estado sin perder por ello su identidad y consecuente diversidad. el cual logra en la medida en que pueda. independiente de los órganos de poder que conforman el Estado. realizar sus derechos fundamentales. esto es.
en el caso de las públicas. es la de reconocer y respetar la libertad de acción de las mismas.establecer los programas de su propio desarrollo. según lo establece con claridad el artículo citado. fijar sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley. el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores. por el contrario. Flamamarion. le corresponde a la Corte decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. limita u obstaculiza la libertad de acción de las mismas. ya que es en las normas legales en donde se encuentran los límites de la señalada autonomía.. obviamente cuidando de que ellos no se extiendan hasta desvirtuar el principio de autonomía o impedir su ejercicio por parte de las instituciones reconocidas como tales.N. La universidad a la que aspira la sociedad contemporánea es aquélla que esté presente siempre y en todo lugar. el hecho de que el legislador haya. no obstante que el demandante plantea como uno de los puntos de la controversia. hacer algunas precisiones: De conformidad con lo establecido en el artículo 241-4 de la C. Dr.campos de concentración del saber.P. de tal manera que se desvirtúa el principio de autonomía que la Constitución les reconoció. que supere el revaluado modelo que la identificaba con aquellos campus que materializaban ". de asimilar para efectos presupuestales las universidades públicas a los establecimientos públicos. aprobar y manejar su presupuesto. "La légende des Anges". que respecto de las universidades. M. sobre este presupuesto la pregunta qué surge.. en su criterio. París 1993. esto es verificar si su contenido viola o no el ordenamiento superior..la ley 30 de 1992 no reviste las características necesarias para que
.. la norma constitucional no establece ninguna diferencia. en el caso que ocupa a la Corte. en el caso que se analiza.. los planes de estudio que regirán su actividad académica.. "El papel del legislador en la materia es bien importante. impidiendo que dichas instituciones públicas la puedan ejercer? Para resolver este interrogante es necesario." (Corte Constitucional... a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados. violado con la decisión impugnada el artículo 57 de la ley 30 de 1992. si la hubo. pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno.P.. esa libertad de acción no puede extenderse al punto de propiciar una universidad ajena y aislada de la sociedad de la que hace parte y. ley ordinari". Edit. es la siguiente: ¿ La decisión tácita del legislador. a efectos de que las universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico y. de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley. por eso. contenida en la norma impugnada. José Gregorio Hernández Galindo). Es claro entonces.. P. luego lo que se confronta es la norma legal demandada con los preceptos de la Constitución. no obstante. cumplan la función social que corresponde a la educación (artículo 67 C.Serres Michele. tanto de las públicas como de las privadas. "En síntesis..) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona. la regla general aplicable con fundamento en el artículo 69 de la C. emancipada por completo del Estado que las provee de recursos y patrimonio. Sentencia T-492 de 1992.guetos cerrados. Los límites a esa libertad de acción le corresponde establecerlos al legislador a través de la ley. previamente.
autonomía. M. por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral. per-se. especialmente con lo dispuesto en el artículo 69 de la C. entonces resulta forzoso concluir que la normatividad sub-examine corresponde a las denominadas leyes ordinarias expedidas por el órgano legislativo. y a la ley establecer las condiciones requeridas para la creación y gestión de los centros educativos. pues tal categoría jurídica tiene origen legal y como tal. que le atribuyen al Congreso las facultades de interpretar. Vladimiro Naranjo Mesa). puede entenderse como una legítima limitación a la libertad de acción.. a través de una norma legal de igual o superior jerarquía. se concluye que la autonomía universitaria no es absoluta." (Corte Constitucional.. sea una obstrucción a la autonomía.amerite ser calificada como una ley estatutaria (por no tratarse de la regulación de un derecho constitucional fundamental). siempre y cuando ellas no contraríen el ordenamiento superior. ese aspecto no será el objeto de examen por parte de esta Corporación. ¿La asimilación de las universidades públicas a los establecimientos públicos.P. el legislador las incluyó tácitamente. para efectos presupuestales. a través del cual el legislador creó la categoría jurídica de entes universitarios autónomos. Sentencia C-547 de 1994. tales límites los debe imponer el legislador de manera expresa a través de la ley. sin que pueda entenderse que la regulación del quehacer de las universidades. dentro del grupo al cual esta dirigido su mandato. las
. situación positiva que será la que se confronte con el ordenamiento superior. en primer lugar porque es facultad privativa del legislador establecer excepciones a sus mandatos. Quinta. es competencia del legislador establecer los límites a la libertad de acción que en ejercicio de la autonomía universitaria se le reconoce a las universidades públicas y privadas. intelectual y física de los educandos.. para efectos presupuestales. Dr.P. Carlos Gaviria Díaz) Ahora bien. M. y es imposible que pueda ser enmarcada bajo las denominadas leyes generales (por no existir facultad constitucional que así lo permita). de dichas instituciones? Como quedó dicho. Sentencia C-311 de 1994. Dr. Sobre el particular ha dicho la Corte: "Haciendo un análisis sistemático de las normas constitucionales que rigen este asunto. modificada o adicionada por el mismo legislador. Tampoco se detendrá la Corporación en la acusación de omisión inconstitucional que presenta el actor. en tanto instituciones públicas del orden nacional cuyo patrimonio está constituido por fondos públicos. no solo en desarrollo del artículo 69 sino también del artículo 352 de la C. constituyendo éstos excepciones a la regla general. al no hacerlo.P.P. la Corporación procederá a establecer si cabe como legítima dentro de la regulación que le corresponde expedir al legislador. con fundamento en los numerales 1 y 23 del artículo 150 de la C. reformar y derogar las leyes. y en segundo lugar porque en el caso sub-examine. según los términos de la demanda y el tratamiento presupuestal que a dichas instituciones les da actualmente el gobierno nacional." (Corte Constitucional. esto es dentro del grupo que para efectos presupuestales se asimilará a los establecimientos públicos. asimilar. además de expedir aquellas que regirán el ejercicio de las funciones públicas y la prestación de los servicios públicos.P. es susceptible de ser derogada. con el objeto de verificar si ella lo vulnera o no. puesto que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad. y dictar las disposiciones con arreglo a las cuales las universidades pueden darse sus directivas y regirse por sus estatutos.
"El primer elemento que se tuvo en cuenta para los anteriores propósitos. de otra parte. es decir que son parte integrante de la rama ejecutiva del poder público y en consecuencia. encontró sustento en el manejo del concepto de autonomía y en la necesaria modificación de las normas que habían de permitir a las universidades una gestión acorde con su naturaleza y dinámica. Ya anotábamos como estas normas no se compadecen con la dinámica que demanda la actividad de las universidades. recurrir al diseño de mecanismos jurídicos de excepción que les permitieran cumplir con esa primordial tarea. pues ella delimita el marco dentro del cual pueden ejercer esa prerrogativa sin desvirtuarla y les determina los instrumentos jurídico-administrativos de los que disponen para el efecto. su definición jurídica cobra especial importancia. diferente a la de establecimientos públicos. la adscripción presupone un grado de tutela. Al respecto es ilustrativo remitirse a los comentarios que sobre la creación de una nueva categoría jurídica aplicable a las universidades oficiales. Es innegable que la experiencia de las universidades oficiales mientras fueron clasificadas como establecimientos públicos fue desafortunada.universidades estatales a los establecimientos públicos. o si ello implica negar u obstruir la autonomía que la Carta Política les reconoció. fue el de precisar la naturaleza jurídica de las universidades oficiales. ordenó tácitamente esa asimilación en el caso de las universidades Si se entiende que la autonomía se traduce para las universidades públicas en la posibilidad de autodeterminarse. Con anterioridad a la expedición de la ley 30 de 1992. Con posterioridad verificará si efectivamente el legislador. que no correspondía con los fines que le son propios. Como también se había anotado. en muchas ocasiones. fiscal. y como. esto es "de hacer" de acuerdo con sus singulares objetivos y necesidades. la prerrogativa de las universidades para darse sus directivas constituía una excepción a dicho principio. Si a ello se sumaba que en los establecimientos públicos el director debía ser designado por el Presidente de la República. la investigación. dependiente y supeditada al ejecutivo. la Constitución determinó que la educación debía ser un servicio público que cumple una función social y que la educación representa un interés vital para el Estado. una de las funciones que las define como tales. razón por la cual fue necesario. y se entiende por esa sola circunstancia que son parte de la administración. pues su desarrollo académico y el ejercicio de la autonomía que les es consustancial se vieron obstaculizados por la permanente necesidad de ajustar sus objetivos a una estructura inadecuada. de suerte que el concepto de autonomía no se compadecía tampoco con la actividad que deben desplegar las universidades. Estas dos circunstancias planteaban un conflicto. no pudo lograr un desarrollo fluido y racional en dicho esquema jurídico administrativo. presupuestal. Evidentemente los establecimientos públicos gozan de una relativa autonomía. según el artículo 5 del Decreto 1050 de 1968 deben cumplir sus funciones conforme a las normas de derecho público. a través de la norma impugnada. de vigilancia y dependencia del organismo al cual los establecimientos están adscritos. de hecho. pues desnaturalizaban el concepto de autonomía. pero indudablemente con claras limitaciones de orden administrativo. en el caso de las universidades al Ministerio de Educación Nacional. Ello en primera instancia implicaba que debían ser entidades "adscritas" a la administración. produjo la doctrina: "Una de las razones fundamentales de la reestructuración del sistema de educación superior. el común de las instituciones de educación superior debían organizarse como establecimientos públicos. financiero y contractual. Razones
norma que establece lo siguiente: "Artículo 5. sin desvirtuarse.. dado que el ejercicio de cada una de ellas es condición indispensable para la realización de las otras." De la anterior definición es viable extractar. se corrobora que la naturaleza de los mismos es en efecto contraria al principio de autonomía. veamos: a. teniendo en consideración lo expuesto. pues si se examinaba la naturaleza y características de estos establecimientos y las funciones que debían desarrollar. Los establecimientos públicos se encuentran definidos en el artículo 5 del Decreto-ley 1050 de 1968. los siguientes:
. enfocadas desde el punto de vista comercial.. pero en razón de su nexo vinculante están sujetos a su orientación y coordinación "en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector educativo". las universidades del Estado pudieran efectivamente hacer uso de la autonomía que les reconoció el Constituyente. que no están sujetas al control del organismo al cual están vinculados. o autorizados por ésta. encargados principalmente de atender funciones administrativas. adicional a las que estaban previstas en el decreto 1050 de 1968: el ente universitario autónomo: En esta nueva figura. única manera en que podía preservarse su autonomía. se otorgaron características especiales. conforme a las reglas del derecho público y que reúnen las siguientes características: "a) Personería jurídica. Pero su sola denominación chocaba con la de la universidad por lo cual dichas instituciones no podían participar de la naturaleza jurídica de este tipo de entidades. tasas o contribuciones de destinación especial. Establecimientos Públicos. constituido con bienes o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos. es esencial para las universidades.similares a estas. tampoco podían denominarse establecimientos públicos. Lo anterior quiere decir. De otra parte.Noguera Calderón Camilo. separándolas de la administración y dictando normas especiales para el desarrollo de su actividad. ASCUN. Estas son las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. "b) Autonomía administrativa. económico y financiero. en particular al Ministerio de Educación Nacional. " Las anteriores consideraciones llevaron al legislador de 1992 a crear una nueva categoría de institución. y "c) Patrimonio independiente. es decir que no integran la administración. Son organismos creados por la ley. Autonomía de la Universidad Pública. Si se analizan en detalle las características propias de la categoría "establecimiento públicos". requiere de autonomía administrativa. como elementos esenciales de la categoría jurídica establecimientos públicos. prácticamente para cada característica del establecimiento público debía consagrarse una excepción cuando se tratara de universidades. la cual por lo demás no puede limitarse. el cual se repite. financiera y presupuestal. La caracterización de los establecimientos públicos.. Existía pues un amplio acuerdo sobre la imposibilidad de que incluidas en la categoría jurídica de establecimientos públicos. a lo meramente académico. habían llevado al Estado en 1968 a dar cabida a instituciones con una naturaleza jurídica diferente a la de los establecimientos públicos. pues es un hecho que la autonomía académica para poder ser ejercida.una de ellas que se trata de instituciones vinculadas a la administración. febrero de 1996.
entendida como capacidad de autodeterminación ajena a la injerencia del poder ejecutivo. y. no obstante. aspecto que contradice su misma esencia. para el cumplimiento de las demás funciones del Estado.Como organismos descentralizados presentan como requisito indispensable.P. ese organismo. De lo anterior es viable concluir. es decir funciones propias del Estado que se le trasladan a un ente especializado que hace parte de la administración y como tal integra la rama ejecutiva del poder público.Se les reconoce autonomía administrativa. como ha quedado establecido. o para llevarlos a fondos comunes. siempre y cuando ese manejo se enmarque en la política general del respectivo gobierno. al señalar que la autonomía administrativa de los establecimientos públicos ". de ajustar y coordinar las actividades de esas instituciones con la política general del gobierno de turno. inadmisible en el caso de las universidades. a las normas del derecho público y a un estricto control de tutela por parte del poder central. autónomos e independientes. dado que el establecimiento público. que se configura por el solo acto de su creación. la cual les permitiría darse sus propias normas.. desde su creación. 371 C.Son organismos que exigen creación legal. .. por disposición de la ley. ésta se traduce apenas en una relativa independencia para manejar los servicios que le han sido encomendados. y en este punto surge un significativo distanciamiento con el concepto de autonomía universitaria. Las universidades públicas en tanto órganos autónomos del Estado no hacen parte de la rama ejecutiva Ese tipo de autonomía. y en el propósito. luego ellas están sujetas.P. la denominada Comisión Nacional de Televisión (art. el cual establece. . implica para las universidades viabilizar una constante interferencia del ejecutivo en su quehacer. que definitivamente la autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la C. lo que significa que son sujetos de derechos y obligaciones. como obligación legal por parte del ejecutivo. e inclusive puede suprimirle la personería jurídica y.tiene por objeto el control de sus actividades y la coordinación de éstas con la política general del gobierno": Sobre la autonomía relativa de los establecimientos públicos señala la doctrina. está sometido a los estatutos que le son señalados en el mismo acto que lo crea. existen otros.. por tanto. en forma tal que. así sea únicamente para efectos presupuestales. que además de los órganos que integran las ramas del poder público. b. no corresponde a la autonomía restringida que la ley le reconoce a los establecimientos públicos. el poseer personería jurídica.. 77
. se hace viable en la estructura del Estado en los términos del artículo 113 de la C.Sus funciones deben ser de carácter administrativo. que se traduce. .P. puede restarle bienes para pasarlos a otro. . en un continuo control de sus actividades por parte del poder central. autonomía como sinónimo de legítima capacidad de autodeterminación. por lo que pretender asimilarlos. hacer que desaparezca el órgano como ente autónomo. durante su existencia permanece sujeto al control de tutela por parte del organismo creador. que ella no se entiende en el sentido etimológico que la traduce como facultad de autodeterminación. entre ellos el Banco de la República (art. así lo establece el artículo 7 del Decreto 1050 de 1968.).
. que les permita efectivamente ejercer esa prerrogativa. que dada la autonomía que el Constituyente le reconoció a la denominada CNTV. continuará funcionando como organismo estatal de rango constitucional. el legislador.. de naturaleza propia y especial. la determinación de su organización. domicilio y control político. patrimonial y técnica. Naturaleza y objeto. Patrimonio "(.. Sentencia C-050 de 1994.o no admitir el control fiscal que sobre ellas debe ejercer la Contraloría General de la República. denominación.
.. (. en el caso del Banco de la República y desarrollando el artículo 371 de la Carta Política.. organismos todos a los que el Constituyente dotó de autonomía. dicha entidad es una persona jurídica de derecho público. lo que implica que sea su Junta Directiva la encargada de adoptar las decisiones correspondiente según lo ordena el literal f) del artículo 12 de la citada ley 182 de 1995." "Artículo 3.P. a través de la ley 182 de 1995 lo denominó Comisión Nacional de Televisión y estableció para él el siguiente régimen: "Artículo 3. Hernando Herrera Vergara.) "Parágrafo. Para efectos exclusivamente fiscales la Comisión Nacional de Televisión tendrá régimen de establecimiento público del orden nacional.P. y con la independencia funcional necesaria para el cumplimiento de las atribuciones que le asignan la Constitución. El Banco de la República se sujeta a un régimen legal propio. expidió la ley 31 de 1992. patrimonial y técnica. con autonomía administrativa. la cual establece: "Artículo 1..P. Dr. no obstante su carácter de organismos de derecho público. Es así como el legislador.P. y no lo está simplemente por que ese organismo está regido por una ley especial.).C.. con régimen legal propio. sujetos a un régimen legal propio.). no obstante. En consecuencia. sin que ello implique "." En cuanto al ente rector de la televisión. 69 C. El organismo al que se refieren los artículos 76 y 77 de la Constitución Política se denominará Comisión Nacional de Televisión (CNTV). se regirán exclusivamente por las normas contenidas en la Constitución Política. que desarrolla el mandato constitucional. lo que quiere decir que exigen por parte del legislador un tratamiento especial. en esta ley y en los estatutos. con autonomía administrativa. El Banco de la República es una persona jurídica de derecho público. su estructura.. en cuanto se nutren de recursos públicos. creado como organismo autónomo por el artículo 77 de la C.. y de manera específica lo que tiene que ver con la materia presupuestal.. y las universidades del Estado (art. la ley y sus estatutos. sus funciones y atribuciones y los contratos en que sea parte.)" "Artículo 16.exonerarlas de todo punto de contacto con el EstadoCorte Constitucional. M. y en consecuencia no estará sujeta al impuesto de renta y complementarios. Naturaleza jurídica. Régimen jurídico. a ella no le es aplicable el mandato del artículo 4 del Decreto 111 de 1996.. no estar incluida entre las excepciones que establece dicha norma." Se desprende claramente de las normas citadas.
P.. seleccionar a sus profesores. En el título tercero de la mencionada ley. establece un régimen especial para las universidades del Estado. el artículo 69 de la C. en el inciso segundo prevé que las universidades públicas. como perteneciente a un Estado de derecho. la autonomía del ente encargado de dirigir la televisión. y establecer. como rasgo funcional del ente televisivo [en el caso que se analiza de las universidades oficiales]. que para ejercerla los entes a los cuales se les atribuye no pueden ser ". científicas y culturales.Sobre el particular es pertinente y aplicable el pronunciamiento de esta Corporación. El legislador. con régimen especial y vinculados al Ministerio de Educación Nacional en lo referente a las políticas y la planeación del sector educativo. sin intromisiones e influencias del poder político". crear. otorgar los títulos correspondientes. art. está sujeta a límites y restricciones. 77 C. en cumplimiento de ese mandato expidió la ley 30 de 1992. en términos negativos. en cuanto órganos autónomos que no hacen parte de ninguna de las ramas del poder público. desarrollando en el artículo 28 de la misma. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes universitarios autónomos. sentencia C-497 de 1995. organizar y desarrollar sus programas académicos.P. definir y organizar sus labores formativas. en tanto entes públicos dotados de plena autonomía y distintos a los órganos que conforman la rama ejecutiva. Eduardo Cifuentes Muñoz). en su primer inciso les garantiza a todas.
. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la presente ley. reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar sus estatutos. uno de los cuales es. públicas y privadas. En cuanto a la universidades. producido al analizar. autonomía. toda vez que su autonomía respecto de éstas tiene un 'plus' que la sustrae al control de tutela ordinario y cuyo alcance es el necesario para cumplir de manera independiente su función constitucional y legal.homologados a una simple entidad descentralizada del orden nacional: "En términos negativos. M. requieren de un régimen especial que les permita cumplir sus objetivos y misión sin interferencias del poder político.. y ejerce sus funciones dentro del campo prefigurado por la Constitución y la ley. en cuanto condición esencial de las universidades sean éstas públicas o privadas : "Artículo 28.. (iii) no la homologa a una simple entidad descentralizada del orden nacional. Dr.. el concepto de autonomía consagrado en el artículo 69 de la Carta. otorgada también directamente por el constituyente. en el cual de manera expresa se señalan los elementos constitutivos esenciales de esa autonomía.(ii) no le concede un ámbito ilimitado de competencias. ya que toda entidad pública. es decir. como ocurre con las universidades. de manera general. vale decir..P. precisamente. admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes. docentes. y consagra en el artículo 57 lo siguiente : "Artículo 57. esto es capacidad para darse sus propias directivas y regirse por sus propios estatutos. académicas. designar sus autoridades académicas y administrativas. el legislador da cumplimiento al mandato del inciso segundo del artículo 69 de la Carta. arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional". (Corte Constitucional. la autonomía. por lo que le ordena al legislador establecer para ellas dicho régimen especial.
pues ellas al igual que el ente rector de la televisión. Las universidades oficiales. el régimen financiero y el régimen de contratación y control fiscal. que la autonomía que se predica de las universidades del Estado incluye los aspectos presupuestales. lo que implica que no incluye a las demás instituciones de educación superior oficiales. a un régimen especial. por existir ese régimen legal especial para las universidades del Estado. "Parágrafo." De la norma transcrita es importante destacar. inclusive en lo presupuestal. tal como lo ordena el inciso segundo del artículo 69 de la Constitución. el sistema de universidades estatales u oficiales. son órganos autónomos del Estado. esto es al poder ejecutivo. autonomía académica.
. Las instituciones estatales u oficiales de Educación Superior que no tengan el carácter de universidad según lo previsto en la presente ley deberán organizarse como Establecimiento Públicos del orden nacional. segundo. por eso.. departamental.P. en tanto entes autónomos del Estado. al omitir incluirlas expresamente dentro de las excepciones al mandato del artículo 4 del decreto 111 de 1996. del personal docente y administrativo. de acuerdo con la presente ley. como lo interpreta equivocadamente el gobierno nacional. norma impugnada. del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente. no quiso. y tercero que esa autonomía es solo para las universidades públicas reconocidas como tales. es únicamente para efectos de coordinar y planear el desarrollo de políticas en el sector educativo. también dotado de autonomía por el Constituyente. están sometidas. y al igual que el Banco de la República y la CNTV. El legislador. pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder ejecutivo. que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del poder público y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos. que el legislador estableció en cumplimiento de normas constitucionales. que ordena que para efectos presupuestales se les asimile a los establecimientos públicos. deben acogerse en materia presupuestal a lo dispuesto en la ley especial que las rige. al igual que ocurrió con la CNTV. incluirlas tácitamente dentro del grupo que para efectos presupuestales se asimila a los establecimientos públicos. mucho menos cuando ello implicaría vulnerar su condición esencial de entes autónomos del Estado. no hay razón válida para que a las universidades del Estado se les apliquen las disposiciones del artículo 4 del Decreto 111 de 1996. mucho menos como establecimientos públicos. de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la C. las cuales son órganos que integran la rama ejecutiva por lo que deben organizarse como establecimientos públicos. simplemente tuvo en cuenta que las universidades estatales. la norma acusada no incluyó dentro de las excepciones a su mandato a las universidades públicas. distrital o municipal."Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características : personería jurídica. "El carácter especial del régimen de las universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de directivas. primero que la vinculación al Ministerio de Educación. Existiendo un régimen especial. patrimonio independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden. administrativa y financiera. actualmente consignado en la ley 30 de 1992.
ella puede calificarse como una "aventura". transmitiendo saberes específicos que promueven la realización de los individuos en sus múltiples dimensiones. quienes aplican una singular y propia lógica en cada actividad. luz. que como tal no puede garantizar determinados resultados. la misión de la universidad es contribuir a la realización y consolidación de la cultura que subyace e identifica la sociedad en la que ella funciona. que buscan por lo general como objetivos fundamentales de su gestión. salud. no obstante que hacen parte activa de la administración.
. cuyos "fracasos" se reivindican como importantes insumos para proseguir el camino de búsqueda de soluciones a los problemas propuestos. de sus recursos. mayor cobertura. a las que les reconoció un cierto grado de independencia. esas funciones no pueden ser calificadas. En esta perspectiva. el desarrollo y evolución de la sociedad. distinta a la aplicable al común de las actividades administrativas propias del Estado. a través de las funciones que le son propias. que encabeza una organización organizada jerárquicamente y de manera vertical. la docencia. paralelamente. mayor calidad. una actividad de esas características no puede estar orientada por la racionalidad que predomina en los administradores de la cosa pública. Caso similar ocurre con la docencia universitaria. el cual no obstante debe programar y ejecutar conforme a las directrices del respectivo ministerio o departamento administrativo al cual esté adscrito o vinculado. transporte). que exige por parte de quien la ejerce el reconocimiento y respeto a su libertad de cátedra. Las funciones esenciales de la universidad. por eso la evaluación de la misma sólo puede ser efectuada por pares. se cumplen de acuerdo con las definiciones y prioridades de quienes las ejecutan. la investigación y las actividades de extensión. sus funciones esenciales. La investigación científica. por quienes son reconocidos y están legitimados como integrantes de la respectiva comunidad científica. que se traduce en que cada establecimiento público tiene su propio patrimonio y su propio presupuesto. la mayoría de las veces. y autonomía financiera. como funciones de carácter administrativo. constituye una actividad que solo puede ser definida autónomamente por quien la concibe y adelanta. en el sentido de reducción. para ello. menores costos y optimización. sea ésta pública o privada. a proveer de un bien o un servicio a los asociados (recreación. esa tarea le corresponde a los actores que integran la institución. Como se dijo en la primera parte de esta providencia. con el objeto de que ejercieran de manera técnica algunas de las funciones propias de aquel. porque no lo son. la investigación y la extensión. en un espacio caracterizado por el respeto a la pluralidad de pensamiento y la reivindicación del principio de la igualdad en la diferencia. la docencia. que no es otra cosa que el ejercicio no subordinado de su función. lo hizo con el objeto de crear unas personas jurídicas especializadas.c. en pro de resultados específicos plenamente predecibles. dirigidas. para ello les reconoció autonomía administrativa. por ejemplo. como persona jurídica que es. y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. agua. cuyo diseño y programación en cada caso si está centrado en una determinada autoridad. no pueden ser calificadas como funciones administrativas propias del Estado. que no es otra cosa que la facultad relativa que tienen esas entidades de manejarse por sí mismas en los términos antes mencionados. impactando. crea y genera conocimiento. no de las que impongan los directivos de la institución y mucho menos de las que provengan del poder central. Cuando el legislador atribuyó a los establecimientos públicos funciones administrativas. rectores y evaluadores de su propio quehacer.
P. El grado de autonomía que el legislador le reconoce a los establecimientos públicos. El control de tutela se ejerce también sobre los actos que expiden las entidades y autoridades descentralizadas por servicios. puede clasificarse de la siguiente manera: . por lo que el control de tutela concebido en la ley para los primeros es inaplicable a las segundas. en lo dispuesto en el numeral 13 del artículo 189 de la C. o que rechacen la implementación de mecanismos de articulación con dicho Estado y la sociedad. el cual debe encargarse de encausar su actividad dentro del derrotero que exigen las metas y objetivos del poder ejecutivo.. son instituciones que para mantener y preservar su esencia deben estar ajenas a las interferencias del poder político. que las características que definen los establecimientos públicos se predican también de las universidades del Estado. los cuales deben garantizar la participación en la decisión de la comunidad académica.d. podría afirmarse con base en la descripción del punto anterior. como no es aplicable tampoco al Banco de la República o a la Comisión nacional de Televisión. lo que implica atribuirles a éstos una condición de subordinación respecto del poder central. y no lo es porque ese control le corresponde ejercerlo al ministerio o departamento administrativo al cual se halle vinculada o adscrita la respectiva entidad. de conformidad con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. concepto que por sí mismo niega la autonomía. o como organismos supeditados al poder ejecutivo. con el que el Constituyente le reconoció a las universidades? Las universidades del Estado. cuya designación está a cargo de los consejos superiores. pues por el contrario ellos son indispensables para el cumplimento de sus objetivos y misión.que ejerce el poder central sobre las entidades y autoridades descentralizadas.Control administrativo: ejercido directamente por los ministros o directores de departamento administrativo. con lo que se les otorga la calidad de agentes del mismo. en consecuencia no pueden entenderse como parte integrante de la administración.
. En principio.. no es aplicable a las universidades en tanto instituciones autónomas. sin embargo. surge el siguiente interrogante: ¿puede acaso equipararse el grado de autonomía que el legislador le atribuyó a los establecimientos públicos. someter su gestión al control de la sociedad y del Estado. Admitirlo respecto de las universidades estatales sería supeditarlas de tal manera al poder ejecutivo. Lo anterior para señalar que el control de tutela que se ejerce sobre los establecimientos públicos. para el caso de entidades descentralizadas por servicios. que se desvirtuaría por completo su autonomía. y que por lo tanto éstas bien pueden clasificarse como tales. como entidades públicas que manejan recursos públicos y cumplen una trascendental función en la sociedad. eso no quiere decir que no deban. no es equiparable al reconocido por el Constituyente a las universidades públicas. la que tiene origen. tanto territorialmente como por servicios". que establece que los gerentes y directores de los establecimientos públicos son de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. condición inaplicable cuando se habla de los rectores de las universidades. porque se ejerce sobre las personas de los funcionarios. dicho control doctrinalmente es definido como aquel ". éste. ellas deben actuar con independencia del mismo y no estar sujetas a un control de tutela como el concebido para los establecimientos públicos.. bajo la vigilancia y dirección del Presidente de la República.
entidad que toma decisiones dirigidas a alcanzar las metas y objetivos del gobierno de turno. que dadas sus características. es un control posterior y selectivo. Es evidente. Esas decisiones. Lo lleva a cabo el Congreso de la República a través de la regulación de las actividades confiadas a los establecimientos públicos. en el cual por lo demás hay representantes del gobierno central. Control Político. que por la naturaleza misma de las universidades. valga decir. en tratándose de universidades del Estado ese control debe efectuarse. ellas no pueden. en tanto órganos autónomos del Estado. supeditar el cumplimiento de sus funciones a los controles antes mencionados tal como están concebidos para los establecimientos públicos. al ser clasificadas éstas como establecimientos públicos. también es el encargado de autorizar los traslados presupuestales. de aprobar o improbar la incorporación de recursos al presupuesto y de determinar recortes o adiciones al mismo."
. al igual que el Banco de la República y la CNTV.. a las cuales ya hemos hecho referencia. la decisión es adoptada. encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica. y a la junta directiva de la Comisión respectivamente. al Consejo Superior de cada universidad. si se trata de preservar su esencia y viabilizar su desarrollo dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 69 de la C. obviamente. por medio de citaciones que sus comisiones pueden hacer a sus directivos y representantes legales. le corresponde tomarlas al máximo órgano de gobierno de cada institución. hacen parte de la estructura del mismo y como tales están sujetas a los controles que determinó el Constituyente. ha de ser producto del ejercicio de su capacidad de autodeterminación. en ejercicio de la autonomía que el Constituyente les reconoció. pero requiere del previo diseño de metodologías especiales elaboradas por expertos. el ministerio. como se analizará más adelante. así por ejemplo. en el caso de entes autónomos como las universidades o la CNTV. sea el que determine la asignación de recursos para funcionamiento. por las características y funciones que determinan su quehacer. bajo la dirección del presidente. por el Departamento Nacional de Planeación. Las universidades públicas.P.Control presupuestal: ejercido principalmente por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre la elaboración y ejecución de los presupuestos de rentas y gastos de la respectiva entidad. En lo que hace a los recursos de inversión. dicha facultad implica que ese organismo. fundamentales por ejemplo para el desarrollo de las actividades de investigación en las universidades del Estado. es inadmisible en el caso de las universidades. Control. o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. todo lo cual se traduce en una intensa y constante intervención que vulnera la autonomía universitaria. sus actividades y programas de carácter académico no pueden plegarse a lo que determine el gobierno de turno. que incluye los aspectos financieros. que por lo general nada tienen que ver con las necesidades y prioridades de instituciones cuya misión es la producción y transmisión de conocimiento y cuyos programas y objetivos... entre otras funciones. de gestión y de resultados. pues ello se traduciría en una innegable interferencia del poder central a su capacidad de autodeterminación: "La autonomía universitaria.P. Control fiscal: Ejercido por la Contraloría General de la República de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 de la C.
201-211. ninguna sociedad civilizada aceptaría que las actividades y el quehacer de sus universidades. cuando son financiadas por el Estado y manejan recursos públicos.. órgano de poder político. cuya naturaleza desencadenaría decisiones que desvirtuarían a dichas instituciones. sea regulado por uno de sus poderes públicos.(Corte Constitucional.. que les permitiera a éstas hacer compatible su doble condición de entes públicos pero autónomos. en lo que hace a la elaboración y ejecución de sus presupuestos de funcionamiento e inversión. Sentencia T-492 de 1992. de investigación. lo que afecta. pero menos por el legislativo. por ejemplo.P. impide y obstaculiza la realización del principio de autonomía que les garantiza el artículo 69 de la Constitución.P. la materia presupuestal. en "La Barbarie". dichas instituciones. que al ser aplicados no atenten contra su naturaleza y que tengan en cuenta las singularidad que caracteriza el sujeto que en ese caso se controla.. hacía necesario. que se traduce en las diferentes clases de control que se han mencionado... Dr."Henry Michel. como en efecto incluyó (Ley 30 de 1992). riñe y es contrario al principio de autonomía que el Constituyente reconoció para las universidades.lugares de enseñanza. al propiciar la intervención constante del gobierno en el manejo presupuestal y financiero de dichas instituciones. que tienen como prioridades las que determina el poder central. sobre el particular esta Corporación señaló lo siguiente: "El diseño institucional precedente [el de entes universitarios autónomos] permite entrever la consagración de una figura especial dentro del sistema de la descentralización administrativa. en tanto ". por servicios o funcional.. de aprendizaje. organismos a los que también el Constituyente les reconoció autonomía. exigen el diseño de mecanismos de control especiales. implica para las universidades varias limitaciones que interfieren e incluso niegan su autonomía y que no afectan.. José Gregorio Hernández Galindo) Tampoco pueden aceptar la intervención constante y la imposición de las directrices del Ministerio de Hacienda y del D. Edit. que el principio de autonomía universitaria que consagró el artículo 69 de la C. para efectos presupuestales. un ente al que se le reconoce capacidad de autodeterminación.N. El control de tutela diseñado para los establecimientos públicos. es el denominado control político que le corresponde ejercer al Congreso de la República sobre los establecimientos públicos. garantizando la realización de un control efectivo de los recursos del Estado y propendiendo por involucrar a la sociedad en esa tarea. el diseño por parte del legislador de un régimen especial para las universidades del Estado. al cual se le asignan unas características especiales que
. el ejercicio de su autonomía académica. necesariamente. 1995. "La destrucción de la universidad". pag. Todo lo anterior permite concluir que la interpretación que le da el gobierno a la norma impugnada. Es innegable. con base en la cual asimilan..P. mecanismos que el legislador debe diseñar y establecer. que es la que se propicia con la interpretación equivocada que le da el gobierno a la norma impugnada. que reúne los procesos de auto-desarrollo y de autorealización de la vida. las universidades del Estado a los establecimientos públicos.. M. régimen que debe incluir.. de hecho este tipo de tutela. Pero tal vez el control que más evidentemente riñe con la naturaleza propia de las universidades y con el carácter autónomo que les reconoció el Constituyente. tal como lo previó el Constituyente en el inciso segundo de dicha norma superior. ni al Banco de la República ni a la CNTV. denominado "ente universitario autónomo".
un atributo legal desdibujado pues el Constituyente quiso resaltar una característica propia de las democracias modernas que se traduce en el axioma de que los estudios superiores no pueden estar sometidos a ninguna forma de dirección. el ejecutivo las asimila. Sentencia C-299 de 1994. eso no quiere decir. éste bien podría recurrir a modificar esa figura o a crear otra. ". Antonio Barrera Carbonell).. "para enmarcar el diseño de la universidad oficial".4). a los establecimientos públicos. además de su objeto. a instituciones para las cuales es esencial el ejercicio de su autonomía. pues el legislador. facultad privativa del legislador. como quedó anotado previamente.P. para cualquier efecto.acentúan su autonomía. Esta circunstancia hace necesario que la Corte module los efectos de su decisió". cuyas características esenciales son inaplicables. en un esquema de organización que fuera acorde con el carácter autónomo que con rango de norma constitucional se consagró en la Carta Política para dichas instituciones. "Lo que realmente define y por supuesto diferencia a los entes universitarios de los demás organismos descentralizados por servicios. siempre y cuando la categoría que decida aplicar a las universidades del Estado. es porque quiso establecer un nuevo modelo de organismo para enmarcar el diseño de la universidad oficial. por contrarias. como quedó anotado. P. que es precisamente lo que ocurre cuando. M. sin embargo. de tal suerte. no se deriva. 69. las universidades públicas están sometidas a un régimen especial y que dicho régimen está consagrado en la ley 30 de 1992. que deja de ser. 241 ord.la Constitución no ha establecido que la Corte esté atrapada en el dilema de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad). como lo hace en relación con las otras instituciones públicas de educación superior. la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. (Corte Constitucional. tampoco de su presunta inclusión tácita en una categoría jurídica que por definición les es contraria. con base en una interpretación equivocada de la norma atacada. como hasta ahora. la Corte ha decidido mantener en el ordenamiento jurídico una norma pero condicionando su permanencia a que sólo son válidas unas interpretaciones de la misma.si la ley no incluye la organización de la universidad dentro de la figura del establecimiento público. Por consiguiente. mientras que las otras son inexequibles
.Así en ciertas ocasiones.. interferencia o confesionalismo por el gobierno". para efectos presupuestales. En esa oportunidad. La violación del principio constitucional de autonomía universitaria. de la omisión de dichas instituciones en las excepciones establecidas en la norma acusada. que cualitativamente lo hacen diferente de los demás organismos descentralizados por servicios hasta ahora reconocidos por la doctrina y legislación nacionales. conclusión que proviene de una interpretación equivocada de la norma.. al decidir sobre éstas demandas. Dr. no contraríe u obstaculice el principio fundamental de la autonomía universitaria.. que el legislador carezca de competencia para modificar o derogar la decisión legal que se comenta. acorde con la norma constitucional del art. simplemente no las mencionó. puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte compete "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes" (C.. es la "autonomía" que la Constitución les reconoce en forma expresa.. orientación. esta Corporación reconoció la pertinencia de la categoría que creó el legislador. teniendo en cuenta que por su carácter de órganos autónomos del Estado.
Sentencia C-109 de 1995. París.. puedan excluirse de las disposiciones superiores comentadas. cumplir con las reglas y
. modificación. o a un gasto decretado conforme a la ley anterior (art. Dr. deben tener espacio dentro del presupuesto de la Nación.(sentencias interpretativas o de constitucionalidad condicionada.P..P. . que señala que la totalidad de los ingresos públicos deben ingresar sin previa destinación a un fondo común. por ejemplo. que se nutren principalmente del Estado. la Corte ha declarado la exequibilidad de determinada disposición legal pero con base en una interpretación conforme a la Constitución. y su coordinación con el Plan de Nacional de Desarrollo. (art. incluidos los que realicen los órganos autónomos a los que se refiere el artículo 113 de la C.un estimativo de los ingresos fiscales y una autorización de los gastos públicos. Tratado elemental de ciencia y legislación financiera. contenidas en el capítulo 3 del título XII de la Carta Política. desde donde se asignan a la financiación del gasto público. de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo (no así de los órganos autónomos para los cuales el Congreso expide normas especiales).En otras oportunidades. 1952. Alejandro Martínez Caballero) . cuya aplicación garantiza una adecuada política presupuestal. 346). pues dicha norma desarrolla materias que son competencia del legislador.. entre ellos cabe destacar el denominado principio de unidad presupuestal. según la doctrina. el principio de unidad de caja. deben estar agrupados en un mismo documento y presentados simultáneamente para el voto de autoridad presupuestalMarcel Waline. ejecución de los presupuestos de la Nación. Sexta. las asambleas departamentales.P.los ingresos y gastos de todos los servicios dependientes de una misma colectividad pública. principalmente del Estado. ". ellas y sus presupuestos.P.. La elaboración del mismo está supeditada al cumplimiento de una serie de principios. M.. que no podrá incluirse en la ley de apropiaciones partida alguna que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido. 347). según el cual ". que consiste en que todas las rentas y todos los gastos sin excepción. El presupuesto público. en desarrollo del principio de autonomía que consagró el Constituyente en el artículo 69 de la C. y como instituciones públicas. No hay pues ningún elemento que permita concluir que las universidades del Estado. las cuales establecen.. esto es en el entendido de que sus disposiciones no cobijan a las mencionadas instituciones. que no podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el congreso. y que la ley orgánica de presupuesto regulará lo correspondiente a la programación. el principio de universalidad.. por lo cual la Corte declarará la constitucionalidad condicionada de la misma. que dicho proyecto de ley de apropiaciones deberá contener la totalidad de los gastos que el Estado pretenda realizar durante la vigencia fiscal respectiva. aprobación.P. emanadas de lo dispuesto en el artículo 352 de la C. siempre y cuando se entienda que su mandato no es aplicable a las universidades del Estado.. que normalmente cada año efectúa el órgano de representación en ejercicio del control político que en materia fiscal le corresponde". que trata del presupuesto. o los concejos municipales (art. así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. que no contrarían el ordenamiento superior. es." (Corte Constitucional.. 345)... figuren en el presupuesto. citado en Hacienda Pública. El principio de autonomía universitaria no excluye a las universidades del Estado de las disposiciones constitucionales sobre presupuesto. Los mencionados principios subyacen en las disposiciones del capítulo 3 del título XII de la C. de Juan Camilo Restrepo.
pues como ha quedado establecido. con el fin de poder cumplir sus responsabilidades fiscales globales. Admitir que el Gobierno pueda reducir o aplazar partidas específicas de las otras ramas del poder y de los otros órganos autónomos del Estado.P. ya sea porque su ejecución puede afectar el equilibrio macroeconómico. y en armonía con los cometidos constitucionales y legales de la respectiva entidad. de conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la C. el presupuesto global de las universidades oficiales. de los recursos aprobados de la ley de presupuestoCorte Constitucional. o pueda tener injerencia en la administración de sus recursos. el presupuesto de las universidades oficiales proviene casi en su totalidad del Estado. el monto global del gasto público. El principio de unidad presupuestal no puede traducirse en un vaciamiento de la autonomía presupuestal que se le reconoce a las universidades del Estado Como se ha dicho. por lo cual esa interpretación
. el ejecutivo tiene suficiente capacidad para. Eduardo Cifuentes Muñoz. vale aclarar. las cuales deberán. en el caso que se analiza de las universidades del Estado. conforme a la valoración que hagan de sus propias prioridades. Esta decisión debe entonces ser tomada por las respectivas entidades autónomas. pretender asimilarlas. pero no existe ninguna razón para que el ejecutivo establezca específicamente cuáles partidas deben ser reducidas o aplazadas. para efectos presupuestales. En este orden de ideas aparece claramente que el gobierno. reducir "…en determinadas coyunturas.. diseñe y consigne especialmente para ellas.procedimientos que el legislador. a los establecimientos públicos. definir y establecer sus prioridades: "…el contenido esencial de la autonomía presupuestal de las entidades [autónomas] reside en la posibilidad que éstas tienen de ordenar y ejecutar los recursos apropiados conforme a las prioridades que ellas mismas determinen. ni que consagre trámites particulares que puedan afectar la autonomía administrativa de tales entidades. autónomamente. M. de acuerdo con su naturaleza y misión. debe incluirse en la ley anual de presupuesto. que dado su carácter de entes públicos autónomos. por ejemplo. implica un sacrifico innecesario y desproporcionado de la autonomía de esas entidades estatales. o porque no existen los recursos para que se logre una ejecución sana del presupuesto. Quiere decir lo anterior. pues él hace parte del presupuesto general de la Nación. al igual que el de la Rama Judicial." Lo que no puede hacer el ejecutivo es decidir cómo esas reducciones de carácter general (en el sentido de aplazamiento o reducción propiamente dicha de las apropiaciones aprobadas por la ley). y así debe ser. contraría el ordenamiento superior al vulnerar y desvirtuar su condición de entes autónomos.P. sentencia C-101 de 1996. lo que no impide que los particulares. Dr. afectan los presupuestos de los entes autónomos. como lo ha dicho esta Corporación. que sobre el presupuesto general de la Nación que aprueba anualmente el Congreso. sólo tiene necesidad de establecer reducciones o aplazamientos generales en las distintas entidades autónomas. Ahora bien. a través de sus máximos órganos de gobierno -sus consejos superiores-. pues la educación superior es un servicio público a su cargo. en forma independiente. Esta Corporación ya había señalado que 'la ejecución del presupuesto por parte de los órganos constitucionales a los que se reconoce autonomía presupuestal supone la posibilidad de disponer. que proviene del Estado. en nombre de la búsqueda de la estabilidad macroeconómica y de la sanidad de las finanzas públicas. puedan también ofrecerlo de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y la ley.
prioritariamente las disposiciones de la Ley 30 de 1992 y aquellas de la ley orgánica de presupuesto que no desvirtúen el núcleo esencial de su autonomía. la Corte considera que el legislador. con lo que hubiera incurrido en una clara violación del artículo 69 de la Constitución. pues dada su naturaleza no pueden estar supeditadas para su normal desempeño. Es claro que el legislador. cuyo diseño atiende las singulares características y objetivos de las instituciones a las que se dirigen. Alejandro Martínez Caballero). motivo por el cual procederá a declarar la constitucionalidad condicionada del artículo 4 del Decreto 111 de 1996.es inadmisible. les dio a éstas. no incluyó tácitamente. a las directrices y mandatos diseñados para las entidades descentralizadas y específicamente para los establecimientos públicos. norma impugnada. lo que no impide que el legislador. que les permita desempeñarse en su doble condición de entes públicos a los que se les reconoce un amplio margen de autonomía respecto de los poderes públicos. los cuales si integran las ramas del poder público. no fue incluída en el actual Estatuto Orgánico de Presupuesto. reivindicando la realización del principio de autonomía universitaria que consagra el artículo 69 de la Constitución Política. normas para el manejo de sus respectivos presupuestos.
. para efectos presupuestales. las cuales están supeditadas a un régimen especial contenido actualmente en la ley 30 de 1992. que la categoría entes universitarios autónomos creada por el legislador a través de la Ley 30 de 1992. Vale aclarar. como quedó demostrado. en desarrollo de las competencias que le son propias. de lo que se trata es de señalar que es necesario que el legislador determine para ellas. en materia presupuestal. como equivocadamente lo ha interpretado el gobierno. en cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento superior y con el fin de no desvirtuar aquéllas instituciones que no obstante nutrirse total o parcialmente de recursos del Estado. un tratamiento especial. siempre y cuando con sus decisiones no desvirtúe su condición de órganos autónomos dotados de esa condición por el constituyente. a los establecimientos públicos. Sentencia C-192 de 1997. pueda producir normas orgánicas de presupuesto aplicables a las universidades del Estado. acorde con la naturaleza que les es propia. Mientras tanto. requieren para su funcionamiento y para el cumplimiento de sus objetivos esenciales del reconocimiento de su condición de entes autónomos. Por todo lo expuesto. en el entendido de que sus disposiciones no son aplicables a las dichas instituciones. de ninguna manera puede interpretarse. a las universidades del Estado les serán aplicables. Dr. Ese tipo de tratamientos especiales. pues ella previó en el artículo 113 la existencia de órganos del Estado autónomos e independientes. como en efecto lo hizo a través de la ley 30 de 1992. a través de leyes especiales. los mandatos de la Constitución. en el caso de las universidades del Estado. se sujetan a esas normas y a aquéllas del Estatuto Orgánico del Presupuesto que no vulneren el núcleo esencial de la autonomía consagrada para las Universidades del Estado. no es extraño ni contradice.P. y en lo relativo al régimen presupuestal. que por su naturaleza y funciones no pueden integrarse a ninguna de las ramas del poder público. Lo dicho hasta ahora. los cuales globalmente deben quedar incluidos en la respectiva ley de apropiaciones." (Corte Constitucional. en el sentido de que dichas instituciones deban estar exentas del cumplimiento de las normas superiores mencionadas. a las universidades del Estado dentro del grupo de las instituciones que ordena asimilar. M.
en el entendido de que sus disposiciones no son aplicables a las universidades del Estado. Esta sentencia rige a partir de la fecha de su notificación. comuníquese. y por lo tanto así lo dirá en la parte resolutiva de esta providencia. Segundo. notifíquese.P. cuyo texto corresponde al artículo 63 de la ley 179 de 1994. en los términos de esta sentencia. el artículo 4 del Decreto 111 de 1996. norma compilada. insértese en la gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. Cópiese. y aquéllas del Estatuto Orgánico de Presupuesto que no vulneren el núcleo esencial de la autonomía que les reconoció el artículo 69 de la C. Declarar EXEQUIBLE.
CARMENZA ISAZA DE GOMEZ Magistrada (E)
EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado
.Además. la Corte Constitucional de la República de Colombia. En mérito de lo expuesto. cuyo régimen presupuestal es el ordenado por las normas de la ley 30 de 1992. cúmplase. RESUELVE: Primero. la Corte estima que el alcance de esta decisión se extiende exclusivamente a la interpretación constitucional sobre la autonomía de las universidades públicas. en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución.
el cargo formulado por el actor. como apto para resolver de fondo. Por el contrario. menos todavía para quitarles o disminuirles la autonomía garantizada en la Constitución. era suficiente para declarar que sustancialmente faltaba uno de los elementos exigidos por el artículo
.JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado
MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia C-220/97 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inexistencia de un texto real (Salvamento de voto) La Corte no tenía la obligación de considerar. la circunstancia de que la norma objeto de acción nada dispusiera sobre las universidades públicas.
en realidad. o cuando a la expedición de toda ley deben preceder el trámite y los requisitos señalados en la Ley Orgánica que plasme el reglamento del Congreso. pura y simplemente. o. la remisión al sistema consagrado para los establecimientos públicos del orden nacional acoge un continente. como las universidades públicas. pero jamás la confrontación entre normas de la misma jerarquía. y es mucho más lejano -y. al menos. para cada tipo de entidades públicas. la comparación entre el precepto legal y el principio o mandato constitucional. un cargo de inconstitucionalidad. pues ella. mas no un contenido. el más autónomo y amplio. JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-No implica confrontación entre normas de igual jerarquía (Salvamento de voto) Como en nutrida jurisprudencia se ha reconocido. e inclusive prever grados de mayor o menor autonomía entre ellos. Por lo tanto. por lo cual. el juicio de constitucionalidad implica la valoración. de los elementos intrínsecos de la norma inferior respecto de la superior. y nada de eso se deriva de la disposición que ahora examina la Corte. pues la actividad legislativa está sujeta a ellas. por el órgano competente. que. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Sujeción a ley ordinaria desfigura jerarquía normativa (Salvamento de voto)
. esto es. con base en esa oposición. para los establecimientos públicos. tal referencia solamente podría ser calificada como lesiva de la autonomía o de otros derechos de ciertas entidades si el sólo concepto "establecimientos públicos del orden nacional" implicara la pérdida de los mismos o su debilitamiento. artificial. la inconstitucionalidad de una de ellas. ya que la Ley Orgánica del Presupuesto es precisamente la que puede y debe regular lo correspondiente al régimen presupuestal de las entidades públicas. de autónomo o absorbente. como surge de su literalidad.ese componente respecto de organismos que el artículo ni siquiera menciona. hace un señalamiento genérico. Bien puede el legislador establecer un régimen presupuestal. pudiendo el legislador modificar la ley e inclusive derogarla. es señalar. ENTIDAD PUBLICA-Señalamiento régimen presupuestal/AUTONOMIA DE ENTIDADES PUBLICAS-Ausencia de elemento normativo que la afecte (Salvamento de voto) Lo que hace la norma demandada.2 del Decreto 2067 de 1991 para estructurar. a menos que sea la propia Carta Política la que condiciona formal o sustancialmente la constitucionalidad de una norma a lo que otra disponga. en sí mismo. por el contrario recortársela al máximo. el régimen presupuestal que se les asigna a las que no tengan la naturaleza de empresas industriales o comerciales del Estado ni de sociedades de economía mixta o asimiladas por la ley "se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional". como corresponde a su carácter orgánico. LEY ORGANICA DEL PRESUPUESTO-Regulación respecto de entidades públicas (Salvamento de voto) La disposición demandada ha debido ser declarada exequible. una norma legal no puede ser contraria a otra para definir. de ninguna manera puede ser calificado. es decir. en sus distintas modalidades. como tal. En el enunciado legal se encuentra ausente todo elemento normativo que en sí mismo pueda afectar la autonomía de las entidades públicas cobijadas por él.
para declarar la exequibilidad condicionada. llegamos a la conclusión descabellada de que la Ley 30 es irreformable por el legislador en lo que atañe al presupuesto de las universidades públicas. quedó atada la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Presupuesto. a propósito de una norma. excluyendo del ordenamiento jurídico determinado alcance del precepto objeto de su fallo. por lo cual se requiere que el juez de constitucionalidad
. ley ordinaria a la cual. en ejercicio de sus atribuciones. Dijo en esa oportunidad la Corporación: "Para que la Corte Constitucional pueda establecer. mediante Sentencia C-504 del 9 de noviembre de 1995. exige que la autoridad encargada de ejercerla pueda condicionar en casos excepcionales la decisión de exequibilidad. Es decir. Referencia: Expediente D-1470 Santa Fe de Bogotá. La misma función del control constitucional. diferenciar entre varios sentidos posibles del precepto admitiendo aquéllos que se avienen a la Constitución y desechando los que la contradicen. es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito. no obstante compartir la tesis de que la autonomía universitaria es un principio de rango constitucional que obliga incluso al legislador.C. La sentencia también condiciona la exequibilidad en el sentido de que se aplique a las universidades el régimen consagrado en las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto "que no vulneren el núcleo esencial de la autonomía" en este condicionamiento entraña la resignación por parte de la Corte Constitucional de su facultad y de su deber de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. abril veintinueve (29) de mil novecientos noventa y siete (1997). Es verdad que la Corte. Me permito expresar las razones por las cuales. 1. cuando de la propia disposición enjuiciada pueden surgir efectos jurídicos diversos o equívocos. la inexequibilidad que ante ella se solicita. al efectuar el cotejo de una norma con la Constitución puede introducir en ella distinciones. el que ordene la aplicación concreta del Estatuto Orgánico de Presupuesto a las universidades públicas. En mi criterio. puede la Corte. en una total desfiguración de la jerarquía normativa que nuestra Carta contempla. D.. la Sala Plena trazó pautas fundamentales en torno a los requisitos necesarios para que pueda prosperar la declaración de inexequibilidad de una norma. o que debe revisar oficiosamente. sea el que decida sobre el núcleo esencial de la autonomía universitaria. por mandato de la sentencia hoy proferida. para que sea efectiva. integrante del mismo estatuto. que ya ha sido declarada exequible sobre el supuesto anticipado del exacto juicio al respecto. con fuerza de verdad jurídica. al analizar una norma que ante ella se demanda. pues implica que otro órgano.De la Constitución no se deduce la forzosa sujeción de la Ley Orgánica de Presupuesto a las disposiciones de la Ley 30 de 1992. ya que. la Corte se apartó de una doctrina constitucional consolidada. Al aceptar el argumento del actor. no estuve de acuerdo con el condicionamiento que se plasmó en la parte resolutiva de la sentencia respecto de la exequibilidad de la norma acusada.
en virtud del cual la Corte se abstuvo de declarar la inexequibilidad de la norma acusada. aun aceptando en gracia de discusión que el juicio de constitucionalidad podía darse en el fondo..)la inconstitucionalidad planteada por la demandante.). como apto para resolver de fondo. La definición acerca de la posible inconstitucionalidad de un precepto tiene que ser objetiva... Por el contrario. Este criterio fue reiterado en Fallo C-587 del 7 de diciembre de 1995. (. por tanto. de las consideraciones subjetivas de quien la escribió". para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden. un cargo de inconstitucionalidad. Esta es la circunstancia del caso en estudio. No resulta posible resolver sobre cada uno de los casos particulares hipotéticamente cobijados por un precepto legal. puesto que un sencillo cotejo de los fundamentos en ella expuestos permite establecer a las claras que lo señalado por la actora como inconstitucional (. examinados el proceso de su adopción o su contenido. al menos. De lo anterior resulta que la Corte no tenía la obligación de considerar. por lo cual no es posible deducirla de otros ordenamientos ni de hipótesis no plasmadas en su texto..) Este criterio debe ser ratificado al avocar el conocimiento de la presente demanda. en el cual los demandantes piden que no se declare inexequible ninguna parte de la norma vigente sino una hipótesis arbitrariamente inferida de ella. y donde y porqué principia a quebrantarla. el cargo formulado por el actor. menos todavía para quitarles o disminuirles la autonomía garantizada en la Constitución. Para llegar a la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición de la ley es menester definir si existe una oposición objetiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución".. Empero.. ya que la Ley Orgánica del Presupuesto es precisamente la que puede y debe regular lo
. entre en contradicción con postulados o preceptos de la Carta. la circunstancia de que la norma objeto de acción nada dispusiera sobre las universidades públicas. era suficiente para declarar que sustancialmente faltaba uno de los elementos exigidos por el artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 para estructurar. 2.. pura y simplemente. (.defina hasta dónde llega el precepto en su ajuste a la Constitución. si se diera.) no proviene de la norma enjuiciada (. no resultaría del precepto acusado sino de supuestos procedentes de la misma demanda y. introduciendo comparaciones con otros casos igualmente particulares no previstos en él. según resulta del artículo 352 de la Constitución. que no han sido suministradas por el legislador. Esa apreciación es suficiente para desechar el cargo propuesto.. en mi parecer. Pero esa técnica de control difiere de aquella encaminada a establecer proposiciones inexistentes. la disposición demandada ha debido ser declarada exequible. con base en las siguientes consideraciones: "La Corte debe insistir en que el presupuesto básico para declarar inexequible una norma jurídica es el de que esa norma.
en lo que fuere pertinente. 3. como corresponde a su carácter orgánico. o. en realidad. La Corte Constitucional podría verificar las posibles discrepancias con la autonomía universitaria. es señalar. no obstante ser la autonomía y la descentralización de las entidades territoriales principio básico de nuestro sistema (art.). tal referencia solamente podría ser calificada como lesiva de la autonomía o de otros derechos de ciertas entidades si el sólo concepto "establecimientos públicos del orden nacional" implicara -que no implica. por el contrario recortársela al máximo.P. Debe observarse que. aprobación. 1 C. es decir. Bien puede el legislador establecer un régimen presupuestal. modificación. en sus distintas modalidades. y es mucho más lejano -y. para la elaboración. de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo. como en este caso ocurre. pues ella. ejecución de los presupuestos de la Nación. pero ese examen requeriría precisamente que la demanda recayera de modo específico sobre tales preceptos. a entidades que gozan de dicha característica en mayor o menor grado. artificial. No es posible adelantarlo sobre la disposición que apenas remite a ellas. Como puede verse. como tal. a las entidades territoriales. como las universidades públicas. en ese campo. de autónomo o absorbente. así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar". cuando expresa: "Los principios y las disposiciones establecidos en este título se aplicarán. al estudiar las normas legales que consagraran de manera concreta el régimen presupuestal de los establecimientos públicos del orden nacional. de ninguna manera puede ser calificado. hace un señalamiento genérico. e inclusive prever grados de mayor o menor autonomía entre ellos. y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. mas no un contenido. para los establecimientos públicos. esa norma constitucional dispone que "la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación. como surge de su literalidad.la pérdida de los mismos o su debilitamiento. en el enunciado legal del que se trata se encuentra ausente todo elemento normativo que en sí mismo pueda afectar la autonomía de las entidades públicas cobijadas por él.ese componente respecto de organismos que el artículo ni siquiera menciona. el artículo 353 ibídem hace a ellas extensivo lo así dispuesto en materia presupuestal. Por lo tanto. En efecto. aprobación y ejecución de su presupuesto". en sí mismo.
. para cada tipo de entidades públicas. el régimen presupuestal que se les asigna a las que no tengan la naturaleza de empresas industriales o comerciales del Estado ni de sociedades de economía mixta o asimiladas por la ley "se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional".correspondiente al régimen presupuestal de las entidades públicas. Todo lo que hace la norma demandada. la remisión al sistema consagrado para los establecimientos públicos del orden nacional acoge un continente. que. y nada de eso se deriva de la disposición que ahora examina la Corte. De lo cual deduzco que el concepto de autonomía plasmado en la Constitución no se opone a que la Ley Orgánica de Presupuesto disponga el régimen aplicable. el más autónomo y amplio.
hubiera asumido nivel constitucional que permitiera condicionar a ella la constitucionalidad de otro precepto. c) Patrimonio independiente. la inconstitucionalidad de una de ellas. sea la propia Carta Política la que condiciona formal o sustancialmente la constitucionalidad de una norma a lo que otra disponga. numeral 10. como las universidades públicas. pudiendo el legislador modificar la ley e inclusive derogarla. pues la actividad legislativa está sujeta a ellas. se perjudica la autonomía de unos determinados entes en ella no previstos. "Por la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior". En el análisis que ha emprendido la Corte no puede pasar desapercibido que. De los establecimientos públicos. Son organismos creados por la ley. como parece entenderlo la Corte. de los elementos intrínsecos de la norma inferior respecto de la superior. encargados principalmente de atender funciones administrativas. de jerarquía legal. quedó atada la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Presupuesto. b) Autonomía administrativa. por lo cual. en su parte resolutiva. pero de esa exequibilidad no se sigue el cambio de naturaleza de la norma pertinente. En efecto. se interpreta mal la disposición de la norma orgánica en cuanto se deduce que.
. a menos que. ley ordinaria a la cual. de manera que. la autonomía es una de las características esenciales de los establecimientos públicos. una norma legal no puede ser contraria a otra para definir. como se dijo en reciente fallo. Lo que más preocupa de la sentencia es la inclusión.4. 151 de la Carta). constituido con bienes o fondos públicos comunes o con el producto de impuestos. Así las cosas.P.: Dr. Es evidente que de la Constitución no se deduce la forzosa sujeción de la Ley Orgánica de Presupuesto a las disposiciones de la Ley 30 de 1992. de una normatividad legal específica. con base en esa oposición. o cuando a la expedición de toda ley deben preceder el trámite y los requisitos señalados en la Ley Orgánica que plasme el reglamento del Congreso (art. No se me oculta que los incisos 2 y 3 del artículo 57 de la Ley 30 de 1992 fueron declarados exequibles por la Corte (Sentencia C-547 del 1 de diciembre de 1994. la comparación entre el precepto legal y el principio o mandato constitucional. el artículo 5 de dicho decreto dispone: "Artículo 5. conforme a las reglas del derecho público. en una total desfiguración de la jerarquía normativa que nuestra Carta contempla. tasas o contribuciones de destinación especial". por el órgano competente. como en nutrida jurisprudencia se ha reconocido. o autorizados por ésta. de la Constitución). por mandato de la sentencia hoy proferida. esto es. contemplado en el Decreto 1050 de 1968. y que reúnen las siguientes características: a) Personería jurídica. 5. Carlos Gaviria Díaz). En efecto. 150. como factor obligatorio de constitucionalidad de la disposición acusada. pero jamás la confrontación entre normas de la misma jerarquía. como cuando se exige que los decretos leyes expedidos con base en facultades extraordinarias se sometan a lo estipulado en la ley habilitante (art. el juicio de constitucionalidad implica la valoración. M. según el régimen legal hasta ahora vigente para los establecimientos públicos. por haber remitido al régimen presupuestal de los establecimientos públicos del orden nacional.
de la cual. a propósito de una norma.P. decidiera reformar o derogar la Ley 30 de 1992 y. la resignación por parte de la Corte Constitucional de su facultad y de su deber de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO Magistrado
Página Principal | Menú General de Leyes | Antecedentes Legislativos | Antecedentes de Proyectos Gaceta del Congreso | Diario Oficial | Opinión . varias veces objeto de la doctrina de esta Corte. no entiendo la razón por la cual ha resultado más estricta la Corte Constitucional en lo relativo a la autonomía presupuestal de las universidades públicas que en lo referente a la misma autonomía cuando se trata de la Rama Judicial del Poder Público. llegamos a la conclusión descabellada de que la Ley 30 de 1992 es irreformable por el legislador en lo que atañe al presupuesto de las universidades públicas. 243 C. este condicionamiento entraña. ¿En qué quedaría la constitucionalidad que ahora se declara. por ejemplo. en mi sentir.P. si ella está condicionada en el sentido de que el régimen presupuestal de las universidades del Estado "es el ordenado por las normas de la Ley 30 de 1992"? (subrayo) 6.En mi criterio. En últimas. también hube de depositar salvamento de voto. que ya ha sido declarada exequible sobre el supuesto anticipado del exacto juicio al respecto. Me pregunto qué pasaría si el legislador. se aplique a las universidades el régimen consagrado en las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto "que no vulneren el núcleo esencial de la autonomía que les reconoció el artículo 69 de la C. Dejo la inquietud acerca de cuál será el régimen presupuestal concreto y definido al que quedarán sujetas las universidades públicas a partir del día siguiente al de la notificación del presente fallo. en términos tales que.) a una disposición legal. en ejercicio de la potestad que le reconoce el numeral 1 del artículo 150 de la Constitución. del artículo 63 de la Ley 179 de 1994. so pena de vulnerar dicho postulado. como puede verse en la Sentencia C-192 del 15 de abril de 1997. La sentencia también condiciona la exequibilidad en el sentido de que. 8. pues implica que otro órgano. como el legislador ni autoridad alguna pueden consagrar normas que reproduzcan lo declarado inexequible por motivos de fondo -y aquí lo fue en realidad aunque no se emplee el término. el que ordene la aplicación concreta del Estatuto Orgánico de Presupuesto a las universidades públicas. hacia el futuro. para darse ella. sea el que decida sobre el núcleo esencial de la autonomía universitaria. se dio el valor de cosa juzgada constitucional (art. Finalmente. establecer reglas distintas en el campo presupuestal para las universidades.".Consulta Senado de la República de Colombia | Información legislativa
. el contenido implícito sobre extensión del régimen presupuestal de los establecimientos públicos del orden nacional a las universidades públicas-. 7. por ese motivo entre otros. integrante del mismo estatuto.
www. La información contenida en este medio fue trabajada sobre transcripciones realizadas a partir del Diario Oficial.secretariasenado.co Disposiciones analizadas por Avance Jurídico Casa Editorial Ltda. 4 de mayo de 2007.gov. los fallos de constitucionalidad fueron suministrados por la Corte Constitucional. "Leyes desde 1992 .Vigencia Expresa y Sentencias de Constitucionalidad". Incluye análisis de vigencia expresa y análisis de fallos de constitucionalidad publicados hasta 4 de mayo de 2007.© ISSN 1657-6241. Cuando fue posible se tomaron los textos del Diario Oficial publicados por la Imprenta Nacional en Internet.
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