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Timestamp: 2017-02-28 10:01:06+00:00

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Equipo Nizkor - Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950
Convenio europeo de DH de 1950
Convenio para la protección de los
derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de
Protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952.
Protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en
Estrasburgo el 28 de abril de 1983.
RESOLUCIÓN de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica, por la que se
hacen públicos los textos refundidos del Convenio para la protección de los
1950, el protocolo adicional al Convenio, hecho en París el 20 de marzo de 1952, y el
El Consejo de Europa ha elaborado los siguientes textos refundidos:
Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales,
hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 («Boletín Oficial del Estado» número 243, de 10 de octubre de 1979),
con las modificaciones introducidas por el protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos
de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del
Estado» número 152, de 26 de junio de 1998).
Protocolo adicional al Convenio para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, hecho en París el 20 de marzo de 1952 («Boletín Oficial del Estado» número 11, de 12 de enero de 1991), con las
modificaciones introducidas por el protocolo número 11, relativo a la reestructuración de los mecanismos de
control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado»
número 152, de 26 de junio de 1998).
Protocolo número 6 al Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales relativo a la abolición de la pena de muerte, hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983 («Boletín Oficial del
Estado» número 92, de 17 de abril de 1985), con las modificaciones introducidas por el protocolo número 11,
relativo a la reestructuración de los mecanismos de control establecidos en el Convenio, hecho en Estrasburgo el
11 de mayo de 1994 («Boletín Oficial del Estado» número 152, de 26 de junio de 1998).
Madrid, 5 de abril de 1999.-El Secretario general técnico, Julio Núñez Montesinos.
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Considerando la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948;
Considerando que esta declaración tiende a asegurar el reconocimiento y la aplicación universales y efectivos de
los derechos en ellas enunciados;
Considerando que la finalidad del Consejo de Europa es realizar una unión más estrecha entre sus miembros, y
que uno de los medios para alcanzar esta finalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de
las libertades fundamentales;
Reafirmando su profunda adhesión a estas libertades fundamentales que constituyen las bases mismas de la
justicia y de la paz en el mundo, y cuyo mantenimiento reposa esencialmente, de una parte, en un régimen político
verdaderamente democrático, y, de otra, en una concepción y un respeto comunes de los derechos humanos que
ellos invocan;
Resueltos, en cuanto Gobiernos de Estados europeos animados de un mismo espíritu y en posesión de un
patrimonio común de ideales y de tradiciones políticas, de respeto a la libertad y de preeminencia del Derecho, a
tornar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de algunos de los derechos
enunciados en la Declaración Universal,
Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona dependiente de su jurisdicción los derechos y libertades
definidos en el título 1 del presente Convenio.
1. El derecho de toda persona a la vida está protegido por la Ley. Nadie podrá ser privado de su vida
intencionadamente, salvo en ejecución de una condena que imponga pena capital dictada por un tribunal al reo de
un delito para el que la ley establece esa pena.
2. La muerte no se considerará infligida con infracción del presente artículo cuando se produzca como
consecuencia de un recurso a la fuerza que sea absolutamente necesario:
a) Todo trabajo exigido normalmente a una persona privada de libertad en las condiciones previstas por el artículo
5 del presente Convenio, o durante su libertad condicional.
b) Todo servicio de carácter militar o, en el caso de objetores de conciencia en los países en que la objeción de
conciencia sea reconocida como legítima, cualquier otro servicio sustitutIvo del servicio militar obligatorio.
e) Todo servicio exigido cuando alguna emergencia o calamidad amenacen la vida o el bienestar de la
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los
casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la Ley:
b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una orden judicial
o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.
e) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer ante la
autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una infracción o cuando se
estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de haberla cometido.
d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de vigilar su
educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la autoridad
e) Sise trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad
contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.
f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona para impedir
que entre ilegalmente en el territorio o contra la qué esté en curso un procedimiento de expulsión o extradición,
2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua que
comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.
3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) del
presente articulo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad habilitada por la ley
para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad
durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la
comparecencia del interesado en juicio.
4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar
un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de
libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.
5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias a las
disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación.
1. Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable,
por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y
obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella.
La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la
prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la
seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida
privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida considerada necesaria por el tribunal, cuando en
circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
2. Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente
a) A ser informado en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la
causa de la acusación formulada contra él.
c) A defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo,
poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo exijan.
d) A interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y a obtener la citación y el interrogatorio de
los testigos que declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos que lo hagan en su contra.
1. Nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no
constituya una infracción según el derecho nacional o internacional. Igualmente no podrá ser impuesta una pena
más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida.
2. El presente artículo no impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o de una omisión
que, en el momento de su comisión, constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por
las naciones civilizadas.
2. No podrá haber injerencia dela autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto en cuanto esta
injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea necesaria para
la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención
del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los demás.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho implica la
libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus
convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas
y la observancia de los ritos.
2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones no puede ser objeto de más restricciones que las que,
previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad pública, la
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la protección de los derechos o las libertades de los
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la
libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas
y sin consideración de fronteras. El presente articulo no impide que los Estados sometan a las empresas de
radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.
2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, en
una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa
del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los
derechos ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la
imparcialidad del poder judicial.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacifica y a la libertad de asociación, incluido el derecho
de fundar con otras sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa de sus intereses.
2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, previstas por la Ley,
constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la seguridad pública,
la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los
derechos y libertades ajenos. El presente artículo no prohibe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio
de estos derechos para los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de la Administración del Estado.
A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes
nacionales que rijan el ejercicio de este derecho.
Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan sido violados tiene
derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia nacional, incluso cuando la violación haya sido
cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales.
El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción
alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en
que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que
dimanan del derecho internacional.
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación al artículo 2, salvo para el caso de muertes
resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7.
3. Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario
general del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá
igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado
de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación.
Ninguna de las disposiciones de los articulos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de que prohibe a
las Altas Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de que implique para un
Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la
destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de
estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.
Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no
podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual han sido previstas.
Con el fin de asegurar el respeto de los compromisos que resultan para las Altas Partes Contratantes del
presente Convenio y sus protocolos, se instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en lo sucesivo
denominado «el Tribunal». Funcionará de manera permanente.
1. Los Jueces deberán gozar de la más alta consideración moral y reunir las condiciones requeridas para el
ejercicio de altas funciones judiciales o ser jurisconsultos de reconocida competencia.
3. Durante su mandato, los Jueces no podrán ejercer ninguna actividad que sea incompatible con las exigencias
de su independencia, imparcialidad o disponibilidad necesaria para una actividad ejercida a tiempo completo,
cualquier cuestión que se suscite en torno a la aplicación de este párrafo será dirirmida por el Tribunal.
1. Los Jueces serán elegidos por la Asamblea Parlamentaria en razón de cada Alta Parte Contratante, por
mayoría absoluta de votos, de una lista de tres candidatos presentada por esa Alta Parte Contratante.
2. Se seguirá el mismo procedimiento para completar el Tribunal en el caso de adhesión de nuevas Altas Partes
Contratantes y para proveer los puestos que queden vacantes.
1. Los Jueces son elegidos por un período de seis años. Son reelegibles. No obstante, en lo que se refiere a los
jueces designados en la primera elección, las funciones de la mitad de ellos terminarán al cabo de tres años.
2. Los Jueces cuyas funciones concluyan al término del período inicial de tres años serán designados por sorteo
efectuado por el Secretario General del Consejo de Europa inmediatamente después de su elección.
3. A fin de asegurar, en lo posible, la renovación de las funciones de una mitad de los Jueces cada tres años, la
Asamblea Parlamentaria podrá decidir, antes de proceder a una elección ulterior, que uno o varios mandatos de
los Jueces que deban elegirse tengan una duración distinta de los seis años, sin que ésta pueda, sin embargo,
exceder de nueve años ni ser inferior a tres.
4. En el caso de que proceda conferir varios mandatos y de que la Asamblea Parlamentaria haga aplicación del
párrafo precedente, el reparto de mandatos se realizará mediante sorteo efectuado por el Secretario General del
Consejo de Europa inmediatamente después de la elección.
5. El Juez elegido en sustitución de un Juez cuyo mandato no haya expirado ejercerá sus funciones hasta
completar el mandato de su predecesor.
7. Los Jueces permanecerán en sus funciones hasta su sustitución. No obstante, continuarán conociendo de los
asuntos que tengan ya asignados.
Un Juez sólo podrá ser relevado de sus funciones si los demás jueces deciden, por mayoría de dos tercios, que
ha dejado de reunir las condiciones requeridas para serlo.
El Tribunal tendrá una Secretaría cuyas funciones y organización se establecerán en el reglamento del Tribunal.
Estará asistido de refrendarios.
1. Para el examen de los asuntos que se le sometan, el Tribunal actuará en Comités formados por tres Jueces o
en Salas de siete Jueces o en una Gran Sala de diecisiete Jueces. Las Salas del Tribunal constituirán los
Comités por un periodo determinado.
2. El Juez elegido en representación de un Estado parte en el litigio será miembro de pleno derecho de la
respectiva Sala y de la Gran Sala; en su ausencia, o cuando no esté en condiciones de intervenir, dicho Estado
parte designará una persona que actúe de Juez.
3. Forman también parte de la Gran Sala el Presidente del Tribunal, los Vicepresidentes, los Presidentes de las
Salas y demás Jueces designados de conformidad con. el reglamento del Tribunal. Cuando el asunto sea
deferido a la Gran Sala en virtud del artículo 43, ningún Juez de la Sala que haya dictado la sentencia podrá actuar
en la misma, con excepción del Presidente de la Sala y del Juez que haya intervenido en representación del
Estado parte interesado.
Un Comité podrá, por unanimidad, declarar inadmsible o eliminar del orden del día una demanda individual
presentada en virtud del artículo 34, cuando pueda adoptarse tal resolución sin tener que proceder a un examen
complementario. La resolución será definitiva.
1. Si no se ha adoptado resolución alguna en virtud del artículo 28, la Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y
el fondo de las demandas individuales presentadas en virtud del artículo 34.
2. La Sala se pronunciará sobre la admisibilidad y el fondo de las demandas de los Estados presentadas en
virtud del artículo 33.
3. Salvo decisión en contrario del Tribunal en casos excepcionales, la resolución acerca de la admisibilidad se
toma por separado.
Si el asunto pendiente ante una Sala plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus
protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada
anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado
sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello.
a) Se pronunciará sobre las demandas presentadas en virtud del artículo 33 o del artículo 34, cuando el asunto le
haya sido elevado por la Sala en virtud del artículo 30 o cuando el asunto le haya sido deferido en virtud del
1. La competencia del Tribunal se extiende a todos los asuntos relativos a la interpretación y la aplicación del
Convenio y de sus protocolos que le sean sometidos en las condiciones previstas por los artículos 33, 34 y 47.
Toda Alta Parte Contratante podrá someter al Tribunal cualquier incumplimiento de lo dispuesto en el Convenio y
sus protocolos que, a su juicio, pueda ser imputado a otra Alta Parte Contratante.
El Tribunal podrá conocer de una demanda presentada por cualquier persona física, organización no
gubernamental o grupo de particulares que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes
Contratantes, de los derechos reconocidos en el Convenio o sus protocolos. Las Altas Partes Contratantes se
comprometen a no poner traba alguna al ejercicio eficaz de este derecho.
1. Al Tribunal no podrá recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas, tal como se entiende
según los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y en el plazo de seis meses a partir de la
fecha de la resolución interna definitiva.
b) Sea esencialmente la misma que una demanda examinada anteriormente por el Tribunal o ya sometida a otra
instancia internacional de investigación o de arreglo, y no contenga hechos nuevos.
3. El Tribunal considerará inadmisible cualquier demanda individual presentada en aplicación del artículo 34
cuando la estime incompatible con las disposiciones del Convenio o de sus protocolos, manifiestamente mal
fundada o abusiva.
4. El Tribunal rechazará cualquier demanda que considere inadmisible en aplicación del presente artículo. Podrá
decidirlo así en cualquier fase del procedimiento.
1. En cualquier asunto que se suscite ante una Sala o ante la Gran Sala, la Alta Parte Contratante cuyo nacional
sea demandante tendrá derecho a presentar observaciones por escrito y a participar en la vista.
2. En interés de la buena administración de la justicia, el Presidente del Tribunal podrá invitar a cualquier Alta
Parte Contratante que no sea parte en el asunto o a cualquier persona interesada distinta del demandante o que
presente observaciones por escrito o a participar en la vista.
1. En cualquier momento del procedimiento, el Tribunal podrá decidir cancelar una demanda del registro de
entrada cuando las circunstancias permitan comprobar:
c) Que, por cualquier otro motivo verificado por el Tribunal, ya no está justificada la prosecución del examen de la
No obstante, el Tribunal proseguirá el examen de la demanda si así lo exige el respeto de los derechos humanos
garantizados por el Convenio y sus protocolos.
2. El Tribunal podrá decidir que vuelva a inscribirse en el registro de entrada el procedimiento cuando estime que
las circunstancias así lo justifican.
a) Procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una
indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades
b) Se pondrá a disposición de los interesados a fin de llegar a un arreglo amistoso del caso, inspirándose para
ello en el respeto a los derechos humanos tal como los reconocen el Convenio y sus protocolos.
En el caso de arreglo amistoso, el Tribunal cancelará el asunto del registrode entrada mediante una resolución
que se limitará a una breve exposición de los hechos y de la solución adoptada.
2. Los documentos depositados en la Secretaría serán accesibles al público, a menos que el Presidente del
Tribunal decida de otro modo.
Si el Tribunal declara que ha habido violación del Convenio o de sus protocolos y si el derecho interno de la Alta
Parte Contratante sólo permite de manera imperfecta reparar las consecuencias de dicha violación, el Tribunal
concederá a la parte perjudicada, si así procede, una satisfacción equitativa.
1. En el plazo de tres meses a partir de la fecha de la sentencia de una Sala, cualquier parte en el asunto podrá
solicitar, en casos excepcionales, la remisión del asunto ante la Gran Sala.
2. Un colegio de cinco jueces de la Gran Sala aceptará la demanda si el asunto plantea una cuestión grave
relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter
b) No haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses después de la fecha de la
sentencia, o
1. Las sentencias, así como las resoluciones por ¡al que las demandas se declaren admisibles o no admisibles,
serán motivadas.
2. Si la sentencia no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los Jueces, cualquier juez tendrá derecho a
unir a ella su opinión por separado.
1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en
que sean partes.
1. El Tribunal podrá emitir opiniones consultivas, a solicitud del Comité de Ministros, acerca de cuestiones
jurídicas relativas a la interpretación del Convenio y de sus Protocolos.
2. Estas opiniones no podrán referirse ni a las cuestiones que guarden relación con el contenido o la extensión de
los derechos y libertades definidos en el título 1 del Convenio y sus Protocolos, ni a las demás cuestiones de las
que el Tribunal o el Comité de Ministros pudieran conocer de resultas de la presentación de un recurso previsto
por el Convenio.
3. La resolución del Comité de Ministros de solicitar una opinión al Tribunal será adoptada por voto mayoritario de
los representantes que tengan el derecho de intervenir en el Comité.
El Tribunal resolverá si la solicitud de opinión consultiva presentada por el Comité de Ministros es de su
competencia, tal como la define el artículo 47.
2. Si la opinión no expresa en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, todo juez tendrá derecho a unir a
ellas su opinión por separado.
Los Jueces gozarán, durante el ejercicio de sus funciones, de los privilegios e inmunidades previstos en el artículo
40 del Estatuto del Consejo de Europa y en los acuerdos concluidos en virtud de ese artículo.
A requerimiento del Secretario General del Consejo de Europa, toda Alta Parte Contratante suministrará las
explicaciones pertinentes sobre la manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de
cualesquiera disposiciones de este Convenio.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio será interpretada en el sentido de limitar o perjudicar
aquellos derechos humanos y libertades fundamentales que podrían ser reconocidos conforme a las leyes de
cualquier Alta Parte Contratante o en cualquier otro Convenio en el que ésta sea parte.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio prejuzgará los poderes conferidos al Comité de Ministros
por el Estatuto del Consejo de Europa.
Las Altas Partes Contratantes renuncian recíprocamente, salvo compromiso especial, a prevalerse de los
tratados, convenios o declaraciones que existan entre ellas, a fin de someter, por vía de demanda, una diferencia
surgida de la interpretación o de la aplicación del presente Convenio a un procedimiento de solución. distinto de
los previstos en el presente Convenio.
1. Cualquier Estado puede, en el momento de la ratificación o con posterioridad a la misma, declarar, en
notificación dirigida al Secretario General de Consejo de Europa, que el presente Convenio se aplicará, sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 4 del presente artículo, a todos los territorios o a algunos de los territorios
de cuyas relaciones internacionales es responsable.
2. El Convenio se aplicará al territorio o territorios designados en la notificación a partir del trigésimo día siguiente
a la fecha en la que el Secretario general del Consejo de Europa haya recibido esta notificación.
3. En los mencionados territorios, las disposiciones del presente Convenio se aplicarán teniendo en cuenta las
4. Todo Estado que haya hecho una declaración de conformidad con el primer párrafo de este artículo podrá, en
cualquier momento sucesivo, declarar que acepta con respecto a uno o varios de los territorios en cuestión la
competencia del Tribunal para conocer de las demandas de personas físicas, de organizaciones no
gubernalmentales o de grupos de particulares, tal como se prevé en el artículo 34 del Convenio.
1. Todo Estado podrá formular, en el momento de la firma del presente Convenio o del depósito de su instrumento
de ratificación, una reserva a propósito de una disposición particular del Convenio en la medida en que una Ley
en vigor en su territorio esté en desacuerdo con esta disposición. Este artículo no autoriza las reservas de
2. Toda reserva formulada de conformidad con el presente artículo irá acompañada de una breve exposición de la
Ley de que se trate.
1. Una Alta Parte Contratante sólo podrá denunciar el presente Convenio al término de un plazo de cinco años a
partir de la fecha de entrada en vigor del Convenio para dicha Parte, y mediante un preaviso de seis meses dado
en una notificación dirigida al Secretario General del Consejo de Europa, quien informará a las restantes Partes
2. Esta denuncia no podrá tener por efecto el desvincular a la Alta Parte Contratante interesada de las
obligaciones contenidas en el presente Convenio en lo que se refiere a todo hecho que. pudiendo constituír una
violación de estas obligaciones, hubiera sido realizado por dicha Parte con anterioridad a la fecha en que la
denuncia produzca efecto.
3. Bajo la misma reserva, dejará de ser parte en el presente Convenio toda Alta Parte Contratante que deje de ser
miembro del Consejo de Europa.
4. El Convenio podrá ser denunciado de acuerdo con lo previsto en los párrafos precedentes respecto a cualquier
territorio en el cual hubiere sido declarado apticable en los términos del artículo 56.
1. El presente Convenio está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa. Será ratificado. Las
ratificaciones serán depositadas ante el Secretario General del Consejo de Europa.
3. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Convenio entrará en vigor desde el momento del depósito
4. El Secretario General del Consejo de Europa notificará a todos los miembros del Consejo de Europa la
entrada en vigor del Convenio, los nombres de las Altas Partes Contratantes que lo hayan ratificado, así como el
depósito de todo instrumento de ratificación que se haya efectuado posteriormente.
Hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar que se depositará en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a
todos los signatarios.
Protocolo Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
Resueltos a tomar medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de derechos y libertades distintos de
los que ya figuran en el título 1 del Convenio para la protección de los derechos humanos yde las libertades
fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (denominado en adelante «Convenio ... »),
Toda persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad
más que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la Ley y los principios generales del
Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los Estados de poner en vigor
las Leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de acuerdo con el interés general
o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las multas.
A nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, en el ejercicio de las funciones que asuma en el
campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres a asegurar esta educación y esta
enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas.
Las Altas Partes Contratantes se Comprometen a organizaf, a intervalos razonables, elecciones libres con
escrutinio secreto, en condiciones que garanticen la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección del
Toda Alta Parte Contratante puede, en el momento de la firma o de la ratificación del presente Protocolo o en
cualquier momento posterior, presentar al Secretario General del Consejo de Europa una declaración que indique
la medida en la que se compromete a que las disposiciones del presente Protocolo se apliquen a los territorios
que se designen en dicha declaración y de cuyas relaciones internacionales es responsable.
Toda Alta Parte Contratante que haya presentado una declaración en virtud del párrafo anterior puede,
periódicamente, presentar una nueva declaración que modifique los términos de cualquier declaración anterior o
ponga fin a la aplicación del presente Protocolo en un territorio cualquiera.
Una declaración formulada conforme al presente artículo será considerada como si hubiera sido hecha conforme
al párrafo 1 del artículo 56 del Convenio.
Las Altas Partes Contratantes consideran los artículos 1, 2, 3 y 4 del presente Protocolo como artículos
adicionales al Convenio, y todas las disposiciones del Convenio se aplicarán en consecuencia.
El presente Protocolo está abierto a la firma de los miembros del Consejo de Europa, signatarios del Convenio;
será ratificado al mismo tiempo que el Convenio o después de la ratificación de éste. Entrará en vigor después
del depósito de diez instrumentos de ratificación. Para todo signatario que lo ratifique ulteriormente, el Protocolo
entrará en vigor desde el momento del depósito del instrumento de ratificación.
Los instrumentos de ratificación serán depositados ante el Secretario General del Consejo de Europa, quien
notificará a todos los miembros los nombres de aquellos que lo hubieran ratificado.
Hecho en París el 20 de marzo de 1952, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo
ejemplar, que será depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General remitirá copias certificadas a
cada uno de los Gobiernos signatarios.
Protocolo Número 6 al Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de
Los Estados miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo al Convenio para la protección
de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (a
continuación denominado «el Convenio»).
Considerando que los desarrollos ocurridos en varios Estados miembros del Consejo de Europa expresan una
tendencia general en favor de la abolición de la pena de muerte,
Un Estado podrá prever en su legislación la pena de muerte por actos cometidos en tiempo de guerra o de
peligro inminente de guerra; dicha pena solamente se aplicará en los casos previstos por dicha legislación y con
arreglo a lo dispuesto en la misma.
Dicho Estado comunicará al Secretario General del Consejo de Europa las correspondientes disposiciones de la
legislación de que se trate.
No se autorizará excepción alguna a las disposiciones del presente Protocolo invocando el artículo 15 del
1. Cualquier Estado, en el momento de la firma o del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación, podrá designar el o los territorios a los cuales se aplicará el presente Protocolo.
2. Cualquier Estado podrá -en cualquier otro momento posterior y mediante una declaración dirigida al Secretario
General del Consejo de Europa- ampliar la aplicación del presente Protocolo a cualquier otro territorio designado
en la declaración. El Protocolo entrará en vigor, con respecto a dicho territorio, el día primero del mes siguiente a
la fecha de recepción de la declaración por el Secretario General.
3. Cualquier declaración hecha en virtud de los dos párrafos anteriores podrá retirarse, en lo que respecta a
cualquier territorio designado en dicha declaración, mediante notificación dirigida al Secretario General. La
retirada tendrá efecto el día 1 del mes siguiente a la fecha de recepción de la notificación por el Secretario
Los Estados Partes consideran los artículos 1 a 5 del presente Protocolo como artículos adicionales al Convenio,
y se aplicarán consiguientemente todas las disposiciones del Convenio.
El presente Protocolo queda abierto a la firma de los Estados miembros del Consejo de Europa signatarios del
Convenio. Será objeto de ratificación, aceptación o aprobación. Un Estado miembro del Consejo de Europa no
podrá ratificar, aceptar o aprobar el presente Protocolo sin haber ratificado el Convenio simultánea o
anteriormente. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario
General del Consejo de Europa.
1. El presente Protocolo entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha en que cinco Estados
miembros del Consejo de Europa hayan manifestado su consentimiento de quedar vinculados por el Protocolo de
conformidad con las disposiciones del artículo 7.
2. Para cualquier Estado miembro que manifieste ulteriormente su consentimiento de quedar víncu lado por el
Protocolo, éste entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la fecha del depósito del instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación.
Hecho en Estrasburgo el 28 de abril de 1983, en francés y en inglés, los dos textos igualmente fehacientes, en un solo
ejemplar que quedará depositado en los archivos del Consejo de Europa. El Secretario General del Consejo de Europa
remitirá una copia del mismo certificada conforme a cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo
5
 artículo 2
 artículo 43
 artículo 34
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 28
 artículo 34
 artículo 33
 resolución 
 artículo 33
 artículo 34
 artículo 30
 resolución 
 artículo 34
 resolución

 resolución 
 artículo 47
 artículo
40
 artículo 34
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 15
 artículo 7