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Timestamp: 2019-09-19 02:41:02+00:00

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﻿ SENTENCIA SL713-2018/57630 DE MARZO 14 DE 2018
SENTENCIA SL713-2018 DE 14 DE MARZO DE 2018
CONTENIDO:REQUISITOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR LA DEMANDA CASACIÓN LABORAL. SE EXPLICA LOS REQUISITOS MÍNIMOS PARA TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE REALIZAR UNA DEMANDA DE CASACIÓN LABORAL SEGÚN EL ARTÍCULO 90 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO LABORAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LOS QUE SE ENCUENTRAN: I. LA DESIGNACIÓN DE LAS PARTESII. LA INDICACIÓN DE LA SENTENCIA IMPUGNADAIII. LA RELACIÓN SINTÉTICA DE LOS HECHOS EN LITIGIOIV. LA DECLARACIÓN DEL ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. POR LO TANTO, DEBERÁ INDICAR EL RECURRENTE LOS PRECEPTOS LEGALES SUSTANTIVOS QUE ESTIMA VIOLADOS Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN. SI ES DIRECTAMENTE, RELACIONARÁ SI ES POR APLICACIÓN INDEBIDA, INTERPRETACIÓN ERRÓNEA O INFRACCIÓN DIRECTAMIENTRAS QUE SI ES POR LA VÍA INDIRECTA DEBERÁ INDICAR EN CUÁLES ERRORES DE HECHO O DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS SE FUNDA EL RECURSO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, SEGURIDAD SOCIAL, SALA DE CASACIÓN LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DEMANDA DE CASACIÓN, SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, DEMANDA LABORAL
Sentencia SL713-2018/57630 de marzo 14 de 2018
SL713-2018
Rad.: 57630
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por Humberto Gómez Hinestroza, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, el 8 de marzo de 2012, en el proceso que le instauró al Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
Humberto Gómez Hinestroza demandó al Instituto de Seguros Sociales para que fuera condenado a pagarle la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento de su hija, a partir del 27 de enero de 2008, los intereses moratorios y las costas procesales.
Fundamentó sus peticiones en que su hija Flor de Luz Gómez Obando falleció el 27 de enero de 2008, estando afiliada al ISS desde el 11 de agosto de 1994 hasta el fallecimiento; que dependía económicamente de su hija por lo que el 6 de diciembre siguiente solicitó la pensión de sobrevivientes, sin que a la fecha de presentación de la demanda se hubiere dado respuesta alguna.
Al dar respuesta a la demanda el Instituto de Seguros Sociales aceptó únicamente la fecha de fallecimiento de la causante. Se opuso a las pretensiones y propuso como excepciones las de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido, carencia e inexistencia de la pretensión o acción, carencia de legitimación activa en la causa y también la pasiva y prescripción.
El Juzgado Veintiséis Adjunto Laboral del Circuito de Santiago de Cali, mediante fallo del 30 de noviembre de 2011, condenó al Instituto de Seguros Sociales al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 27 de enero de 2008, en cuantía no inferior al salario mínimo de cada anualidad, junto con las mesadas adicionales de junio y diciembre, al pago del retroactivo pensional por valor de $25.808.750 causado hasta el 30 de noviembre de 2011; así como al pago de los intereses moratorios a partir del 16 de diciembre de 2009 y hasta el momento del pago efectivo.
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, mediante fallo del 8 de marzo de 2012, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada, revocó la decisión proferida por el a quo.
El tribunal para resolver el problema jurídico relativo a si el demandante tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes con ocasión de la muerte de su hija, ocurrida el 27 de enero de 2008, fijó como norma aplicable, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, que exige 50 semanas cotizadas en los 3 años anteriores al fallecimiento, requisito que dio por cumplido.
La controversia giró entonces en torno al otro requisito exigido por la norma, vale decir, si el señor Gómez Hinestroza era beneficiario de la prestación porque dependía económicamente de su hija fallecida.
Para dar cumplimiento a la carga de probarlo, aportó declaración extrajuicio rendida por él (f.°8) donde manifestó que ella “[…] era la única persona que me aportaba y suministraba todo lo necesario para el diario vivir tal como alimentación, vivienda, vestuario, medicamentos […]”; así como la declaración extrajuicio de los señores Camila Rodríguez Solís y Benjamín Barahona Estupiñán quienes dijeron que “[…] era la señora Flor de Luz Gomez Obando (Q.E.P.D.) la única persona que le aportaba y suministraba a su padre todo lo necesario para el diario vivir tal como alimentación, vivienda, vestuario, medicamentos […]”.
Desestimó ambas declaraciones, pues la primera fue rendida por el propio demandante y como es el directo interesado en el proceso, no la tuvo en cuenta en virtud de que “Nadie puede constituir su propia prueba”; y de la segunda, como no se solicitó su ratificación dentro del proceso, en ella, por sí sola, no demostraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar que indicaran por qué les constaba a los declarantes, lo afirmado.
De la certificación de afiliación en salud expedida por Saludcoop EPS dijo que, de ese documento por sí solo, no constituía elemento de convicción probatoria que le permitiera, determinar la dependencia económica del demandante respecto de la afiliada fallecida.
Interpuesto por Humberto Gómez Hinestroza, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, confirme la decisión de primera instancia que lo declaró beneficiario de la pensión de sobrevivientes.
Con tal propósito formuló dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron oportunamente replicados y serán estudiados de manera conjunta, en razón a que no cumplen con los mínimos requisitos de técnica que debe reunir el recurso de casación.
Lo denominó como “apreciación errónea”. Y como sustento de la violación dijo que el tribunal se basó en la manifestación que hizo la entidad, en el sentido de indicar que no existió dependencia económica respecto de Flor de Luz Gómez Obando, pues no presentó prueba alguna que sustentara su dicho.
Dijo que para el ad quem resultaron insuficientes las declaraciones extrajuicio y la certificación de afiliación expedida por Saludcoop EPS, por lo que no se cumplió con lo establecido en el artículo 177 Código de Procedimiento Civil.
Lo llamo “error de hecho”. Dijo que el Tribunal desestimó las pruebas aportadas por el demandante, pues ninguna norma exige que las declaraciones legalmente efectuadas ante notario, deban ser ratificadas por los declarantes, pues se entiende que esas declaraciones son rendidas bajo la gravedad de juramento y por ende amparadas por el principio de la buena fe.
Después de plantear los dos cargos, el recurrente introdujo un capítulo que señaló como “concepto de la violación de las normas sustantivas”, en donde precisó:
Para el asunto en cuestión, tenemos que se debe aplicar los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003, modificativos de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, en los cuales se establece quienes son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes y los requisitos que deben cumplirse para acceder al derecho, para lo que concierne a este proceso, existe violación a la norma sustancial arriba descrita mediante la sentencia sometida a casación en el sentido de que se debe aplicar el principio de la carga procesal consagrado en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, norma que se aplica por analogía en este asunto, como también debió dar aplicación al artículo (sic) 252 y 276 del Código de Procedimiento Civil; los Honorables Magistrados del Tribunal de segunda instancia, violaron la norma sustancia (sic) con la sentencia emitida al no darle plena aplicación a las normas procedimentales arriba descritas.
Se opuso a la demanda de casación, pues consideró que presentaba defectos de técnica insuperables. Dijo que la proposición jurídica es difícil de determinar, pues se presentó una en común para ambos cargos; igualmente tampoco es posible definir la vía por la cual presentó los reproches; no indicó en cuáles errores incurrió el tribunal. Así pues, concluyó que lo presentado por la parte recurrente se asemeja más a un alegato de instancia que a una demanda de casación.
Sea lo primero indicar que las premisas en que basó el tribunal su decisión y que deben ser derruidas por el recurrente, si quiere tener éxito, fueron: que las declaraciones extrajuicio arrimadas al proceso y la “certificación de afiliación cotizante” emitida por Saludcoop EPS, no son suficientes para probar la dependencia económica del demandante respecto de su hija fallecida, pues no dan cuenta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, para lograr probar este requisito.
El escrito con el que se pretende sustentar el recurso extraordinario de casación no cumple los requisitos mínimos previstos en los artículos 90 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social, en concordancia con el 51 del Decreto 2651 de 1991 y el 23 de la Ley 16 de 1968, exhibe graves defectos que contrarían de forma insuperable las reglas mínimas de orden formal y técnico que debe contener.
En efecto, la demanda de casación deberá tener los siguientes requisitos de forma: (i) la designación de las partes; (ii) la indicación de la sentencia impugnada; (iii) la relación sintética de los hechos en litigio; (iv) la declaración del alcance de la impugnación y, (v) la expresión de los motivos de casación. En el recurso se debe indicar cuál o cuáles son los preceptos legales sustantivos, de orden nacional, que estima violados, y el concepto de la violación; si es directamente, por aplicación indebida, interpretación errónea o infracción directa. Igualmente, en caso de estimarse que la transgresión legal ocurrió por la senda indirecta como consecuencia de errores de hecho o de derecho en la apreciación de las pruebas, citará éstas singularizándolas y expresará qué clase de error se cometió.
Recuerda la Sala que el recurso extraordinario de casación no es una tercera instancia, ni admite argumentos formulados como alegatos de instancia; así lo ha dicho de forma reiterada, en Sentencia CSJ SL17901-2017, citando la CSJ SL4281-2017, donde precisó:
Reitera, una vez más, la Corte que el recurso de casación no es una tercera instancia, en la que el impugnante puede exponer libremente las inconformidades en la forma que mejor considere.
Por el contrario, adoctrinado está que el recurrente debe ceñirse a las exigencias formales y de técnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo de las inconformidades, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de la casación, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisión de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustenta el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el artículo 90 del Código Procesal del Trabajo, las cuales no constituyen un culto a la formalidad, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, según los términos del artículo 29 de la Constitución Política.
Se ha dicho con profusión que en esta sede, se enfrentan la sentencia gravada y la parte que aspira a su quiebre, bajo el derrotero que el impugnante trace a la Corte, dado el conocido carácter rogado y dispositivo de este especial medio de impugnación.
En efecto, la Corte no tiene facultades para juzgar el pleito, ni para decidir cuál de las partes tiene la razón. Su papel inicial se limita a enjuiciar la decisión del juez de segunda instancia para vigilar que haya observado las normas que estaba obligado a aplicar en la decisión del conflicto sometido a su consideración.
Por ello es que resulta inoportuno presentar ante la Corte un simple alegato, porque la materia de decisión en casación es totalmente diferente a la de las instancias. Además de reunir los requisitos formales, la demanda de casación deberá plantear en forma lógica la acusación: si se endereza por la violación directa de la ley, la argumentación demostrativa debe ser de índole netamente jurídica; y si se plantea por errores de hecho o de derecho, sus razonamientos deberán encauzarse en relación con la valoración probatoria. Indicando, en cualquiera de los eventos, las normas legales sustantivas del orden nacional que sean pertinentes para estimar el cargo.
Así mismo, debe recordarse que los requerimientos del recurso encuentran fundamento constitucional, toda vez que en el numeral 1º del artículo 235 de la Constitución Política, se atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la función de actuar como “tribunal de casación”.
Bajo las anteriores, y necesarias directrices, para la Corte son múltiples los errores de técnica cometidos por el recurrente en la elaboración de la demanda de casación que hacen imposible su estudio, resaltando que si son varias las causales del recurso, se exponen en capítulos separados los fundamentos relativos a cada una. Veamos:
(i) La proposición jurídica. Como tal puede tenerse el capítulo que, de forma común formuló para los dos cargos y que denominó “concepto de la violación de las normas sustantivas”, aunque no se pueda llegar a exigir una proposición jurídica para cada uno, en el caso que analiza la Sala no se cumplió con las exigencias legales y jurisprudenciales en su planteamiento, pues a pesar de que se acusaron como violados los artículos 12 y 13 de la Ley 797 de 2003 que modificaron el 46 y el 47 de la Ley 100 de 1993, ello no es suficiente. El recurrente debió explicar, en cada cargo, por qué consideró que el ad quem interpretó de manera errónea esas normas en el primero y cuál fue el error de hecho cometido frente a ellas en el segundo.
(ii) La vía escogida y el submotivo de violación. En ninguno de los cargos planteados se indicó la vía por la cual se produjo la violación, si por la directa o por la indirecta. Además, si bien es cierto, en el primer cargo se aludió a la interpretación errónea, no se explicó por qué ello fue así y en el segundo, del discurso no se descubre el submotivo de la violación, es decir, si las normas fueron infringidas directamente, interpretadas erróneamente o si fueron aplicadas indebidamente.
(iii) Aunque los argumentos hasta ahora esbozados, son suficientes para concluir la desestimación de los cargos, resulta preciso señalar que pese a que el recurrente aludió a algunos medios de convicción como no apreciados, no precisó cuáles fueron los particulares errores de valoración en que incurrió el juzgador, respecto de ellos, en tanto sencillamente manifestó su criterio personal sobre lo que ellos prueban, lo cual, más que la sustentación de un recurso de casación, se traduce en un alegato de instancia, pues como lo ha sostenido la Sala, no sólo basta con señalar la fuente del error sino que es obligación del casacionista, demostrar la ocurrencia efectiva del mismo, lo cual no sucedió en el sub lite.
Además de lo anterior, los presuntos errores de hecho señalados no se acompañan de la mención de las pruebas que los habrían generado, ni de la aclaración de si tales elementos de juicio fueron dejados de valorar o apreciados indebidamente.
Pues bien, el recurrente tiene la carga de acreditar, razonadamente, el error que cometió el tribunal en el análisis probatorio, de modo tal que enseñe a la Corte que se dio por probado aquello que no lo está, o que no se dio por probado lo que sí quedó demostrado, circunstancias que nacen de la errada valoración o de la falta de estudio de alguna de las pruebas calificadas en casación, a saber: los documentos auténticos, la confesión y la inspección judicial.
Son suficientes las razones esbozadas para despachar desfavorablemente los cargos propuestos.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la recurrente. Como agencias en derecho se fija la suma de tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($3.750.000), valor que se incluirá en la liquidación que haga el juez de primera instancia, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012) por el Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santiago de Cali, dentro del proceso ordinario laboral seguido por Humberto Gómez Hinestroza contra el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones.

References: ARTÍCULO 90
 artículo 12
 artículo 177
 artículo 177
 artículo 90
 artículo 29
 artículo 235
 artículo 366