Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1171163
Timestamp: 2018-02-18 01:34:27+00:00

Document:
Memoria democrática y para la convivencia
Ley 14/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana (DOCV de 13 de noviembre de 2017) Texto completo.
La Ley 14/2017 determina las políticas públicas para la recuperación, protección y conservación de la memoria democrática valenciana.
Por otra parte regula el reconocimiento y reparación y garantía de no repetición de las víctimas contempladas en esta ley.
Asimismo, la propia Constitución recoge en su artículo 10 del citado título I que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de su personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.
Con espíritu de reconciliación, integración, concordia y respeto al pluralismo se aprobó la Ley 52/2007, de 26 de diciembre , por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que implicó un cambio sustancial al integrar medidas, reconocer derechos y sentar “las bases para que los poderes públicos lleven a cabo políticas públicas dirigidas al conocimiento de nuestra historia y al fomento de la memoria democrática”.
Desde entonces, algunas comunidades autónomas han adoptado normas que garantizan y establecen medidas que hacen eficaz lo previsto en esa ley. En concreto, la Ley de Cataluña 13/2007, de 31 de octubre, del memorial democrático; la Ley de Cataluña 10/2009, de 30 de junio , sobre la localización e identificación de las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, y la dignificación de las fosas comunes; la Ley foral de Navarra 33/2013, de 26 de noviembre, de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados y víctimas de la represión a raíz del golpe militar de 1936; la Ley del País Vasco 4/2014, de 27 de noviembre , de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos; la Ley de las Illes Balears 10/2016, de 13 de junio, para la recuperación de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo; y la Ley 2/2017, de 28 de marzo , de memoria histórica y democrática de Andalucía. En otras comunidades autónomas se encuentran en trámite. Todas sirven de inspiración y modelo.
Uno de los objetivos esenciales de la estructura política de la Comunitat Valenciana, establecido en el artículo 1.3 del Estatuto de autonomía, es el refuerzo de la democracia. En este sentido, su artículo octavo prevé, por un lado, que “los valencianos y valencianas, en su condición de ciudadanos españoles y europeos, son titulares de los derechos, deberes y libertades reconocidos en la Constitución española y en el ordenamiento de la Unión Europea y en los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos, individuales y colectivos, en particular, en la Declaración universal de derechos humanos; en los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales; en la Convención europea de derechos del hombre y libertades fundamentales, y en la Carta social europea”, y por otro lado, que “los poderes públicos valencianos están vinculados por estos derechos y libertades y velarán por su protección y respeto, así como por el cumplimiento de los deberes”. Asimismo, el referido Estatuto de autonomía en su artículo 12 establece la obligación de la Generalitat de velar por la protección y defensa de los valores e intereses del pueblo valenciano.
La Organización de Naciones Unidas en la Resolución 2.004/72 de la Comisión de Derechos Humanos, Conjunto de principios actualizado para la protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad (E/CN.4/2005/102/Add.1), señala, dentro de las obligaciones de los estados, la adopción de medidas eficaces para luchar contra la impunidad, la garantía del derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho al saber. El principio 3.º sobre el deber de recordar proclama: “El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, a evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.
No existe reconciliación justa y duradera si no se satisface efectivamente la necesidad de justicia a través del derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación. En este sentido, la Resolución de Naciones Unidas 47/133 (adoptada en la Asamblea General celebrada el 18 de diciembre de 1992) aprobó la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, señalando que las desapariciones forzadas afectan a los valores más profundos de toda sociedad respetuosa de la primacía del derecho, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, y que su práctica sistemática representa un crimen de lesa humanidad. Esta resolución no solo implica la prevención y eliminación de las desapariciones forzadas, sino que se extiende, asimismo, a las investigaciones oportunas en cuanto se tenga conocimiento de personas desaparecidas sin que el tiempo transcurrido desde que se produjo la desaparición suponga obstáculo alguno. Además, hay que mencionar la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles , inhumanas o degradantes que, como uno de los tratados internacionales más relevantes en materia de derechos humanos contra la tortura, ya estableció en el año 1984 la prohibición total a los estados del uso de torturas, sin admitir ninguna excusa ni situación extraordinaria.
En noviembre de 2013, el Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada emitió un informe que expresaba preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. En el mismo informe recomendó a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran “los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes”.
En febrero de 2014, Naciones Unidas volvió a lamentar la falta de colaboración de las instituciones del Estado a la hora de recuperar la memoria democrática en España. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones finales relativas al sexto informe periódico presentado por España sobre el cumplimiento del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, expresa y reitera su preocupación por las dificultades de “investigación de las violaciones de los derechos humanos del pasado, en particular, los delitos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias”. De igual manera, “está preocupado por las lagunas y deficiencias en la regulación de los procedimientos de búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas, en particular, por el hecho de que la localización e identificación de personas desaparecidas se dejan a cargo de la iniciativa de los familiares y por las desigualdades que de ello resulta para las víctimas dependiendo de la región de que se trate”.
El estado surgido como consecuencia de la guerra civil es un régimen ilegal y como tal fue condenado por la ONU en 1946 en resoluciones como la 39 (I) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 12 de diciembre de 1946, que declara que “en origen, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen de carácter fascista, establecido en gran parte gracias a la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y de la Italia fascista de Mussolini. Se trata, por tanto, de un régimen ilegal en virtud de su procedencia ilegítima”.
2. Su aplicación se llevará a cabo de conformidad con el ordenamiento jurídico estatal y autonómico y los principios y directrices básicos del derecho internacional, así como con espíritu colaborativo con la Ley 52/2007, de 26 de diciembre , por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.
c) Las minorías culturales, étnicas como el pueblo romaní o gitano, lingüísticas y religiosas represaliadas por el franquismo
Artículo 13. Protocolo de puesta en conocimiento por indicios de la comisión de delitos
La conselleria competente en materia de memoria democrática podrá autorizar a la Abogacía General de la Generalitat la iniciación de procesos o su personación en los ya existentes, de conformidad con la Ley de asistencia jurídica de la Generalitat , para el ejercicio de las correspondientes acciones procesales frente a los órganos jurisdiccionales, por la existencia de indicios de comisión de delitos en esta materia.
De la documentación relativa a la memoria
democrática valenciana
Del derecho a la reparación y al
Símbolos, vestigios y actos contrarios
Instituto Valenciano de la Memoria Democrática,
los Derechos Humanos y las Libertades Públicas
Organización y estructura del Instituto Valenciano
de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos
Artículo 56. Régimen económico-financiero
Primera. Retirada de elementos contrarios a la memoria democrática
Segunda. Desaparición de fondos documentales
Tercera. Reconocimiento y restitución personal como consecuencia de la ilegitimidad de los tribunales y otros órganos
Cuarta. Inscripción en el Registro Civil del fallecimiento de víctimas
La Generalitat impulsará la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional octava de la Ley 20/2011, de 21 de julio , del Registro Civil.
Quinta. Desaparición forzada de niños y niñas
Sexta. Comisión de la verdad
Séptima. Inscripción en el Inventario general del patrimonio cultural valenciano
Primera. Puesta en funcionamiento del Instituto Valenciano de la Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas
Tercera. Grupos de trabajo en funcionamiento

References: artículo 10
 artículo 1
 artículo 12
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 

Artículo 13

Artículo 56