Source: https://jurisprudencia.cladem.org/uruguay/Comite_de_Derechos_Humanos_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-04-25 04:07:51+00:00

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1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adoptadas en julio de 1982.1
El Comité examinó el informe inicial del Uruguay (CCPR/C/1/Add.57) en sus sesiones 355ª, 356ª, 357ª y 359ª, celebradas los días 6, 7 y 8 de abril de 1982 (CCPR/C/SR.355, 356, 357 y 359) y en su 373ª sesión, celebrada el 21 de julio de 1982 (CCPR/C/SR.373).2
También se hicieron preguntas en relación con otros artículos del Pacto en especial sobre la posición del Uruguay con respecto al derecho del pueblo palestino a la libre determinación en virtud del artículo 1 del Pacto; a los derechos de la mujer, la familia y el niño en virtud de los artículos 3, 23 y 24 y a la prohibición de la propaganda en favor de la guerra, según lo dispuesto en el artículo 20 del Pacto.
2º Observaciones finales sobre el segundo informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1989.3
El Comité examinó el segundo informe periódico del Uruguay (CCPR/C/28/Add.10) en sus sesiones 876a. a 879a., celebradas los días 27 y 28 de marzo de 1989 (CCPR/C/SR.876 a 879).
No discriminación e igualdad entre los sexos4
En relación con esas cuestiones, los miembros del Comité solicitaron información sobre las leyes y prácticas encaminadas a aplicar las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 y del artículo 26 del Pacto; la condición jurídica y social de la mujer, especialmente su participación en la vida política y económica del país; la condición jurídica y social de los negros y las medidas adoptadas para mejorar la condición de estos últimos y asegurar su pleno disfrute de los derechos previstos en el Pacto. Algunos miembros manifestaron también su deseo de saber cuál era la situación actual en lo que respecta al proyecto de enmienda del artículo 140 del Código Penal en relación con la discriminación; en qué medida los derechos de los extranjeros eran menores que los de los ciudadanos; por qué el artículo 267 de la Ley No. 15.855 otorgaba al padre exclusivamente la administración legal de los bienes del niño y qué medidas se habían adoptado para eliminar el prejuicio contra la mujer en el trabajo y garantizar la aplicación del principio “a igual trabajo salario igual”.5
Derecho a la vida y prohibición de la tortura
En lo que respecta a esta cuestión, los miembros del Comité solicitaron información sobre el artículo 6 a la luz de los Comentarios Generales del Comité No. 6 (16) y 14 (23) y sobre las medidas adoptadas para asegurar la estricta observancia del artículo 7 del Pacto y el castigo de quienes lo infringieran. Algunos miembros manifestaron también el deseo de saber la tasa de mortalidad infantil; si se habían registrado últimamente muertes como resultado de la tortura u otros abusos cometidos por funcionarios militares y policiales; si las normas que reglamentaban el uso de la fuerza por dichos funcionarios se ajustaban al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; qué medidas concretas se utilizaban para controlar las actividades de las fuerzas policiales y militares y del personal carcelario y qué tipo de capacitación se ofrecía a ese personal; cómo se salvaguardaban los derechos de los enfermos mentales; cuál era la situación actual de las investigaciones en los 56 casos de desapariciones no aclaradas que había mencionado la Comisión de Derechos Humanos en 1986; qué medidas se habían adoptado para indemnizar a las víctimas de la tortura durante el Gobierno de facto; si había circunstancias en las que se considerase legal el aborto y si después de la entrada en vigor de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, se había introducido la enmienda debida al Código Penal a fin de establecer penas específicas para quienes violaran sus disposiciones.
Protección de la familia y del niño
En lo que se refiere a esa cuestión, algunos miembros del Comité expresaron el deseo de saber si, con arreglo a la Ley No. 15.855, de 17 de marzo de 1987, se había eliminado toda discriminación entre los cónyuges y todas las diferencias en la condición jurídica y los derechos de los hijos nacidos dentro del matrimonio y fuera de él; cuáles eran la legislación y la práctica relativas al empleo de menores; cuál era el papel y las funciones del Consejo del Niño en el cuidado de los menores; y qué reglamentos había aprobado el Consejo respecto de las condiciones de empleo de los menores.
Derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos
En cuanto a esa cuestión, algunos miembros del Comité manifestaron el deseo de saber cómo se reglamentaba el acceso al servicio público y qué tipo de información que figurase en los antecedentes de una persona podía excluir ese acceso.
Los miembros del Comité dieron las gracias a la delegación del Estado Parte por haber cooperado con el Comité y por haber entablado un diálogo constructivo. Expresaron admiración por los esfuerzos realizados por el Uruguay con miras a restablecer la democracia y acogieron con satisfacción los progresos impresionantes que se han alcanzado en el restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos.
3º Observaciones finales sobre el tercer informe presentado por el Estado adoptadas en marzo de 1993.6
El Comité examinó el tercer informe periódico del Uruguay (CCPR/C/64/Add.4) en sus sesiones 1216ª a 1218ª, celebradas los días 29 y 30 de marzo de 1993, y aprobó las siguientes observaciones.
El Comité recomienda que el Estado Parte prosiga sus esfuerzos por adaptar el derecho interno a las disposiciones del Pacto. Se debe dar mayor publicidad al Pacto y al Protocolo Facultativo con miras a asegurar que las disposiciones de sus instrumentos sean de sobra conocidas por los juristas, el poder judicial y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por el público en general. También se debe asegurar que se tomen medidas con respecto a las observaciones aprobadas por el Comité sobre casos individuales examinados con arreglo al Protocolo Facultativo.
4º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adoptadas el 27 de marzo de 1998.7
El Comité examinó el cuarto informe periódico del Uruguay (CCPR/C/95/Add.9) en sus sesiones 1653ª y 1654ª (CCPR/C/SR.1653 y 1654), celebradas el 27 de marzo de 1998, y en su 1665ª sesión (CCPR/C/SR.1665) (62º período de sesiones), celebrada el 6 de abril de 1998, formuló las observaciones que figuran a continuación.
C. Principales temas de preocupación y recomendaciones8
El Comité expresa su preocupación respecto de los artículos 89 y 90 del Código, que establecen que el matrimonio del acusado con una víctima de violación - incluso de estupro - y de otros delitos penales, extingue el delito penal o la sentencia ya dictada en el juicio, en beneficio de un autor material del delito que posteriormente se ha casado con la víctima, y así como de todos los demás participantes en el delito. El Comité recomienda que esas disposiciones se modifiquen para que se ajusten a lo dispuesto en el Pacto.9
El Comité, al tiempo que reconoce el progreso alcanzado por el Estado parte en relación con los derechos del niño y en especial el futuro Código del Menor, expresa su inquietud ante la información suministrada por la delegación en el sentido de que en el futuro Código se discrimina contra las menores y no se protege plenamente al recién nacido, ya que las madres solteras menores de edad pueden inscribir a sus hijos a cualquier edad, mientras que los padres menores de edad sólo pueden hacerlo a partir de los 16 años.
El Comité insta al Estado parte a que, en el transcurso de la redacción de este Código, ajuste plenamente todo su contenido a lo dispuesto en los artículos 3 y 24 del Pacto. El Comité desea recibir el texto del Código cuando se promulgue.10
El Comité recomienda, además, que se dé una mayor difusión al Pacto y al Protocolo Facultativo para garantizar que las disposiciones de esos instrumentos se den a conocer ampliamente a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, a los oficiales encargados de hacer cumplir las leyes y a los miembros de las profesiones legales, así como al público en general. El Comité señala a la atención del Gobierno del Uruguay las disposiciones de las directrices relativas a la forma y el contenido de los informes periódicos de los Estados partes, y solicita que su próximo informe periódico, que deberá presentarse en, contenga material que responda a todas estas observaciones finales. El Comité solicita asimismo que estas observaciones finales se den a conocer ampliamente al público en general en todo el Uruguay.
5º Observaciones finales sobre el quinto informe periódico del Uruguay.11
1.El Comité examinó el quinto informe periódico del Uruguay (CCPR/C/URY/5) en sus sesiones 3022ª y 3023ª (CCPR/C/SR.3022 y 3023), celebradas los días 23 y 24 de octubre de 2013. En su 3031ª sesión (CCPR/C/SR.3031), celebrada el 30 de octubre de 2013, aprobó las siguientes observaciones finales.
El Comité celebra las medidas legislativas adoptadas por el Estado parte para fomentar la participación de las mujeres en la vida política. Sin embargo, observa con preocupación la baja representación parlamentaria de las mujeres y su reducida presencia en puestos de decisión del Ejecutivo y del Poder Judicial. También preocupa al Comité la brecha salarial entre hombres y mujeres y el hecho de que la tasa de desempleo femenino duplique la de los hombres (arts. 3, 25 y 26).
El Estado parte debe continuar sus esfuerzos para eliminar los estereotipos de género y llevar a cabo campañas de sensibilización al efecto. El Estado parte también debe continuar adoptando las medidas especiales de acción afirmativa que sean necesarias para seguir aumentando la participación de las mujeres en la vida pública en todos los niveles del Estado, así como su presencia en puestos directivos en el sector privado. Asimismo, se han de tomar medidas encaminadas a reducir las actuales tasas de desempleo femenino y eliminar la brecha salarial existente entre hombres y mujeres.
El Comité observa que durante el período objeto de examen se equiparó la edad mínima para contraer matrimonio para ambos sexos. No obstante, y pese a la explicación ofrecida por la delegación, al Comité le preocupa que el aumento de la edad mínima legal a 16 años no baste para garantizar el libre y pleno consentimiento de los contrayentes, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos (arts. 23 y 24).
El Estado parte debe revisar su legislación a fin de velar por que la edad mínima establecida sea acorde con las normas internacionales.
Pese a celebrar los diversos esfuerzos desplegados tanto en el plano normativo como institucional para combatir la violencia contra la mujer, y en particular la violencia doméstica, preocupa al Comité que en el Código Penal no figure el delito de violación conyugal. Asimismo, el Comité lamenta los escasos datos estadísticos facilitados por el Estado parte sobre las diferentes formas de violencia contra la mujer. El Comité tampoco dispone de información sobre la evaluación de resultados del Plan Nacional de Lucha contra la Violencia Doméstica 2004-2010. Por último, toma nota de la declaración realizada por la delegación sobre la necesidad de articular una mejor coordinación de los diversos organismos con competencias en esta materia (arts. 3 y 7).
El Estado parte debe tipificar como delito la violación conyugal e investigar con todos los medios a su alcance los hechos de violencia contra la mujer, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiéndoles penas apropiadas. El Estado parte debe también recopilar información estadística detallada sobre casos de violencia contra la mujer que incluya datos desglosados sobre el número de denuncias, investigaciones, enjuiciamientos, sentencias dictadas y medidas de reparación otorgadas a las víctimas. Asimismo, debe reforzar la coordinación entre los organismos encargados de prevenir y sancionar este tipo de violencia a fin de asegurar una actuación más efectiva.
El Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado parte para prevenir y combatir la trata de personas. No obstante, lamenta no haber recibido la información solicitada sobre el resultado de las investigaciones y las actuaciones penales conexas ni sobre las condenas impuestas a los autores de la trata. Tampoco se ha recibido la información requerida sobre sobre los mecanismos existentes para la remisión de las víctimas de la trata al sistema de asilo (art. 8).
El Estado parte debe proseguir sus esfuerzos para prevenir y erradicar la trata de personas, en particular:
Garantizar que se investiguen todas las denuncias de trata de personas, enjuiciar a los responsables y, en caso de ser declarados culpables, castigarlos con penas apropiadas;
Velar por que las víctimas reciban atención médica adecuada, asistencia social y jurídica gratuita, y reparación, incluida la rehabilitación;
Establecer mecanismos efectivos para la correcta identificación de las víctimas de la trata y remisión al sistema de asilo de aquellas personas que requieran protección internacional;
Recopilar datos estadísticos sobre las víctimas de la trata, desglosados por sexo, edad, origen étnico y país de origen, con el fin de abordar las causas fundamentales de este fenómeno y evaluar la eficacia de los programas y las estrategias que se aplican actualmente.
(A/37/40), 22 de septiembre de 1982↩
La República Oriental del Uruguay vivió bajo dictadura cívico militar desde el año 1973 hasta 1985.↩
(A/44/40), 29 de septiembre de 1989↩
El art. 149 bis del Código Penal fue incorporado por Ley Nº 16.048 de 16.6.1989 que penaliza la incitación al odio, desprecio o violencia en razón del color de su piel, raza, religión u origen nacional o étnico. Fue modificado por Ley Nº 17.677 de 29 de julio de 2003 incorporando la referencia a la identidad u orientación sexual. El 12 de julio de 1995 se aprobó la Ley Nº 16.707 (Ley de Seguridad Ciudadana. por la que se incorporó en su art. 321 bis el delito de violencia doméstica. El 2 de julio de 2002 se aprobó la Ley Nº 17.514 de Violencia Doméstica. Prevención, Detección Temprana, Atención y Erradicación. El 15.3.2007, se aprobó la Ley Nº 18.104 de Igualdad de Derechos y Oportunidades entre hombres y mujeres de la República. El 7.9.2004 por Ley Nº 17.823 se aprobó el Código de la Niñez y Adolescencia.↩
CCPR/C/79/Add.19, 5 de mayo de 1993↩
CCPR/C/79/Add.90, 8 de abril de 1998↩
El 29.12.2005, se aprobó la Ley Nº 17.938 por la que se derogó el art. 116 del C. Penal que remitía los delitos de violación, estupro y rapto por el casamiento del ofensor con la ofendida.↩
El Código de la Niñez y Adolescencia (Ley Nº 17.823 de 7.9.04) estableció el límite de edad en 12 años a las niñas y 14 años a los adolescentes, sin aprobación judicial, previa vista del Ministerio Público. Estableció como derecho deber el reconocer a los hijos cualquiera sea el estado civil. El Código de la Niñez y Adolescencia establece que INAU (Instituto de la Niñez y Adolescencia. es el órgano administrativo rector en materia de políticas de niñez y adolescencia, y competente en materia de promoción, protección y atención de los niños/niñas y adolescentes y su vínculo familiar. Tiene intervención preceptiva en materia de adopción.↩
CCPR/C/URY/CO/5, 2 de diciembre de 2013↩
Las recomendaciones se encuentran en negrital.↩

References: artículo 1
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 26
 artículo 140
 artículo 267
 artículo 6
 artículo 7