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Timestamp: 2018-07-17 08:05:50+00:00

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Jurisprudencia | La opción de educar en casa
La socialización como tarea propia del Estado
Publicado en abril 30, 2015 por madalen
La archiconocida Sentencia del Tribunal Constitucional 2 de diciembre de 2010, (Antecedentes, nº 7, ap. a), nos dice que la educación a la que todos tienen derecho y cuya garantía corresponde a los poderes públicos como tarea propia no se contrae, por tanto, a un proceso de mera transmisión de conocimientos sino que aspira a posibilitar el libre desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos y comprende la formación de ciudadanos responsables llamados a participar en los procesos que se desarrollan en el marco de una sociedad plural en condiciones de igualdad y tolerancia, y con pleno respeto a los derechos y libertades fundamentales del resto de sus miembros [cfr. art. 2.1 b), c) LOE].
Y este es el concepto que los tribunales están dando a la idea de socialización. Pongamos un ejemplo, los padres pueden educar a sus hijos de manera que desconozcan que las mujeres tienen derecho al voto, que son iguales a los hombres y que tienen los mismos derechos. Aunque traten con familiares o personas dedicadas al comercio en su entorno, se puede dudar de que su socialización es adecuada,porque han aprendido que la mujer es inferior al hombre y no tienen modo de contrarrestar esa opinión.
Los valores que la escuela debe incorporar según la Constitución serán los valores indubitados en nuestra sociedad. ¿Cuáles son? Una vez hice un trabajo sobre esto y creo que llegué a cuatro bloques de valores sociales:
1. La igualdad de género, de la mujer, de los gays y lesbianas para contraer matrimonio o adoptar, licitud de la transexualidad etc, que no son pervertidos, ni es un castigo divino, ni son enfermos desviados, como puede transmitirse desde el punto de vista de ciertas convicciones religiosas.
2. La prohibición absoluta de la explotación de personas sobre personas. En el mundo laboral, la prostitución, la trata de blancas, la esclavitud encubierta u otras violaciones de derechos fundamentales.
3. Tolerancia social: no al racismo, ni tentaciones de raza superior sobre los inmigrantes, respeto a otras culturas, idiomas, costumbres.
4. Respeto al medio ambiente y sostenibilidad, conciencia sobre la limitación de elementos como el agua, etc…
La asignatura Educación para la Ciudadanía intentó reflejar estos principios en una asignatura, pero para mí el error estaba en la ausencia de transversalidad del proyecto. Son valores que deben reflejarse en ciencias naturales, ciencias humanas, literatura, idiomas e incluso en gimnasia…
De manera que cuando los jueces hablan de socialización (por ejemplo en las sentencias del TEDH), se refieren a eso, no a si tienen o no amigos, y si hacen o no actividades con otros niños.
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Un auto de Jurisdicción Voluntaria de Soria
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Desde un artículo de Ana Llano Torres
Publicado en febrero 19, 2014 por madalen
Me está resultando muy interesante la lectura del libro coordinado por Irene Briones, sobre todo por la riqueza de sus aportaciones en temas diversos, la mayoría de contenido jurídico.
Por ejemplo esta párrafo de uno de los artículos de la recopilación, el de Ana Llano Torres, titulado “La regulación del homeschooling ante las exigencias democráticas”.
Ante la sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2010:
“La facultad de los padres de elegir para sus hijos una educación ajena al sistema educativo no está comprendida en ninguna de las libertades constitucionales y la escolarización obligatoria de los niños entre 6 y 16 años impuesta por el legislador es perfectamente válida, pues no supone una restricción desproporcionada de los derechos constitucionales de los padres. Ello no excluye la constitucionalidad de otras opciones educativas, siempre que respeten los apartados 2.,4,5 y 8 del artículo 27 CE: también lo dejó claro la sentencia contribuyendo así a reactivar el debate.
Se ha pasado así, de una interpretación extensiva, de la que deben ser objeto por principio los derechos humanos, a una interpretación restrictiva de las libertades educativas. Lo más discutible es el otorgar a la escolarización carácter fundamental confundiendo lo sustantivo, la educación y lo instrumental, la escolarización. Es palpable el influjo alemán en este giro interpretativo. El argumento clave de los tribunales alemanes -en los casos Leuffen y Konrad- a la hora de hacer prevalecer la asistencia obligatoria a la escuela, frente a la opción del homeschooling ha sido que la educación no sólo proporciona conocimientos, sino también competencias cívicas y sociales importantes como la tolerancia. Es más, alegan que existe un interés legítimo compartido en frenar la aparición de “sociedades religiosas o ideológicas paralelas y hacer de la escuela un lugar de integración de las minorías”, y el Tribunal admitió que es una de las posibles interpretaciones acordes con el Convenio Europeo de Derechos Humanos”. (Hasta aquí el texto de Llano Torres).
El texto es esclarecedor en el análisis de uno de los aspectos de esta sentencia, en lo que atañe a su mimetismo con la del caso Konrad dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2006. Lo más hiriente de esta identificación jurisprudencial es que la configuración del colectivo homeschooler español no tiene nada que ver con el alemán, ni las preocupaciones y responsabilidades para con los menores, son las mismas en ambos Estados de le UE.
En el caso alemán, la mayoría de las familias que se decantan por educar en casa son familias religiosas con profundos sentimientos cristianos que objetan la laicidad, no sólo del sistema escolar, sino de la propia sociedad y pretenden excluir a sus hijos de participar en esa sociedad a través del homeschool. Es una visión que para nada tiene que ver con la configuración media de la familia española que se decanta por el homeschool, en su mayoría por motivos pedagógicos (Motivos en la tesis de Carlos Cabo) que tienen que ver más con las propias carencias del sitema escolar, que con la “aparición de sociedades paralelas”. Esta aplicación por parte del Tribunal Constitucional, es superficialmente correcta desde la pura técnica jurídica, pues aplica los principios que ha asumido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, para el Estado alemán. pero su traslación a la sociedad española supone la aplicación de una medida preventiva y cautelar, (la privación para los padres de gran parte de su libertad educativa), en aras de un hipotético problema que no existe.
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El TC limita el derecho de los padres a elegir colegio ordinario
Publicado en febrero 11, 2014 por madalen
El Tribunal Constitucional acaba de dictar otra sentencia que resuelve en sentido negativo un recurso de amparo presentado por los padres de un menor al que la Consejería de Educación de Castilla La Mancha había asignado plaza en un centro especial.
El caso se remonta al año 2010, cuando los padres del menor fueron denunciados por absentismo escolar y abandono de familia. Se negaban a escolarizar a su hijo en un centro de educación especial, querían un colegio ordinario equipado con los apoyos necesarios para su completa integración y acusaban a la Junta de Castilla y León de vulnerar su derecho a elegir en este sentido.
Los padres recurrieron en amparo contra la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo que corroboró la adecuación de la decisión tomada por la Consejería de Educación de Castilla La Mancha, negando a los padres la matriculación del menor en un centro ordinario. “El fallo considera que el derecho de los padres a elegir un centro educativo para sus hijos no incluye la selección de un colegio ordinario frente a un centro de educación especial cuando la Administración pública haya decidido que esta es la mejor opción para el alumno con discapacidad”.
Sin embargo, el fallo deja a salvo al libertad de los padres de elegir centro – «En cuanto derecho de libertad –afirma- comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos»- que podría ser ejercida si optaran por un centro privado. De nuevo, el ejercicio de los derechos constitucionales está sometido, no ya a la disponibilidad de centros públicos por parte del Estado, sino a la propia capacidad económica de los ciudadanos, que ven limitado el ejercicio de derechos y libertades constitucionales en atención a sus recursos económicos.
El sistema escolar dual público/privado genera este tipo de desigualdades en la práctica judicial, que no puede escapar a la contradicción que representa dos niveles de ejercicio de derechos diferetes en función de la capacidad económica, esa desigualdad real, se impone la lógica constitucional de igualdad en el ejercicio de los derechos fundamentales, predicable para “todos los ciudadanos”.
En la actualidad son dos los casos de imputación por abandono a sendas familias que se niegan a que sus hijos sean escolarizados contra su voluntad en centros especiales, y que ante la imposición, han decidio educarles en casa. El que ha pasado por el Constitucional es el caso de un niño autista de Palencia, el otro es Ruben Calleja un niño con síndrome de Down de León, que sigue un magnífico programa de formación personalizada en su hogar con asistencia de distintos especialistas y de infraestructuras sociales.
(LA LEY 29422/2014)
Diario de Noticias, 6 Feb. 2014, Editorial LA LEY
El derecho a la educación no comporta que los padres puedan escolarizar a sus hijos en un centro ordinario si la Administración dispone que se haga en uno de educación especial.
El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el recurso de amparo formulado por los padres de un menor contra la resolución de la Consejería de Educación de Castilla y León que acordó la continuación de la escolarización de su hijo en un centro público de educación especial en lugar de en un centro ordinario, como solicitaban los demandantes. Dicha resolución fue confirmada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palencia y por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. La sentencia, dictada por la Sala primera del TC, cuenta con el voto particular discrepante de los magistrados Luis Ignacio Ortega y Juan Antonio Xiol Ríos.
Según el relato de hechos que realiza la sentencia, desde el comienzo de su escolarización, a los tres años de edad, se puso de manifiesto la «grave discapacidad» del hijo de los recurrentes, que padece autismo. Los técnicos de la Administración en materia educativa aconsejaron desde ese momento la escolarización en un centro público de educación especial puesto que las necesidades del menor aconsejaban «una atención individualizada y constante del profesor en pequeño grupo (máximo 4 alumnos)».
Los demandantes consideran que se ha vulnerado el derecho del menor a la educación (art. 27 CE (LA LEY 2500/1978)), a la igualdad (art. 14 CE (LA LEY 2500/1978)) así como a la integridad moral y a la dignidad personal (arts. 15 y 10.1), pues entienden que se debió permitir la escolarización de su hijo en un centro ordinario «con los apoyos necesarios para su integración». La Fiscalía apoya parcialmente la demanda en lo que se refiere a los derechos a la educación y a la igualdad, pues considera que la Administración no explicó de forma suficiente los motivos por los que no era posible poner los medios necesarios para que el menor pudiera ser escolarizado en un centro ordinario. Esta actitud supone, según el Ministerio Público, una causa de discriminación por la discapacidad del alumno.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Santiago Martínez-Vares, determina, en primer lugar, cuál es el alcance del derecho a la educación, entendido como «libertad de los padres para elegir un centro docente». «En cuanto derecho de libertad –afirma- comprende la facultad de elegir el centro docente, incluyendo la de escoger un centro distinto de los creados por los poderes públicos». Pero no incluye, añade la Sala Primera, «el derecho de los padres a escolarizar a su hijo en un centro ordinario de educación, en lugar de en un centro de educación especial, pues ello vendrá condicionado a la acreditación por parte de las autoridades competentes de las necesidades educativas específicas del menor».
Por otra parte, explica que la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LA LEY 4260/2006), prohíbe la discriminación de los alumnos con discapacidad y propone la «escolarización inclusiva», lo que significa que la Administración debe «promover la escolarización de los menores en un centro de educación ordinaria, proporcionándosele los apoyos necesarios para su integración en el sistema educativo si padecen algún tipo de discapacidad». Sin embargo, esta norma general cede cuando «los ajustes que deba realizar para dicha inclusión sean desproporcionados o no razonables», en cuyo caso la Administración «podrá disponer la escolarización de estos alumnos en centros de educación especial». Cuando esto suceda, «deberá exteriorizar los motivos por los que ha seguido esta opción».
En el presente caso, señala la sentencia del TC, la Resolución impugnada «permite concluir que se exteriorizaron en la misma las razones que condujeron a la decisión de escolarización adoptada en un centro de educación especial y que éstas, además, son coherentes con la finalidad principal que se pretende, que el menor satisfaga adecuadamente sus necesidades educativas especiales». Según la Sala, no se puede hablar de vulneración de los derechos a la educación y a la igualdad por déficit de motivación de la resolución «pues de la consideración del expediente educativo del alumno en su conjunto se puede deducir sin dificultad que dicha Resolución sí justifica la decisión de que el alumno continúe escolarizado en un centro de educación especial, ponderando sus especiales necesidades educativas».
La Sala concluye que, una vez que la Administración Educativa ha acreditado que la escolarización en un centro de educación especial es la decisión que resulta más indicada «en interés del menor», «no es necesario proceder a una ponderación acerca de si los ajustes que precisa pueden ser o no prestados en un centro de educación ordinario, pues dicha decisión de escolarización lleva implícito, en atención a la grave discapacidad del alumno y a la atención individualizada que requiere, que sus singulares necesidades educativas estén mejor atendidas en un centro de educación especial más que en el marco de la educación general de los centros ordinarios».
El Tribunal Constitucional descarta finalmente que la decisión de escolarizar al niño en un centro de educación especial suponga un trato degradante, pues para ello sería precisa «la concurrencia de una humillación o un envilecimiento que alcance un mínimo de gravedad», situación que no se produce en el presente caso.
En su voto particular discrepante, los magistrado Ortega y Xiol comparten el criterio de la Fiscalía y sostienen que la resolución impugnada «no analiza expresamente ni explica los motivos de por qué los apoyos que precisa el menor no pueden ser prestados “en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios”». En los casos de menores discapacitados, añade, «debe exigirse un plus de motivación».
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La sentencia del TC de 2010
Publicado en octubre 30, 2013 por madalen
Otro artículo doctrinal sobre la sentencia del TC ha sido publicado; esta vez de María Monzón Julve. Se titula “La educación en casa o homeschooling: la STC de 2 de diciembre de 2010”, y viene a analizar el recorrido de la Sentencia del TC de 2 de diciembre de 2010. Parece que la doctrina jurídica cada vez va dejando menos campo a la duda sobre la constittucionalidad de la educación en casa, y las posibilidades que desde la Constitución se abren para la libertad de enseñanza, a pesar de que el legislador ordinario haya optado por la escolarización obligatoria.
La última reflexión del Tribunal, previa a la denegación del amparo, es la de recordar que la Constitución no prohíbe al legislador democrático configurar la enseñanza básica obligatoria como un periodo de duración determinada durante el cual quede excluida la opción de los padres de enseñar a sus hijos en el propio domicilio en lugar de escolarizarlos. Esta medida no afecta a los derechos constitucionales de los padres, y si así lo hiciera habría de considerarse una medida proporcionada que encuentra justificación en la satisfacción de otros principios y derechos constitucionales (art. 27.1 y 2 CE). Con todo no es ésta una opción que venga requerida por la propia Constitución, que no consagra directamente el deber de escolarización, ni otros aspectos concretos de su régimen jurídico. Por tanto, a la vista del art. 27 CE, no cabe excluir otras opciones legislativas que incorporen una cierta flexibilidad al sistema educativo, sin que ello permita dejar de dar satisfacción a la finalidad que ha de presidir su configuración normativa (art. 27.2 CE). Cuáles hayan de ser los rasgos de esa regulación alternativa para resultar conforme con la Constitución es una cuestión cuyo esclarecimiento en abstracto excede las funciones propias del Tribunal Constitucional, como él mismo indica, que no debe erigirse en legislador positivo.
En definitiva, el Tribunal Constitucional deniega el amparo en el presente caso al entender que la decisión adoptada por el legislador mediante el art. 9 LOCE (actualmente art. 4.2 LOE) resulta constitucionalmente inobjetable.
Volviendo al ámbito de lo doctrinal observamos cómo se produce una tensión entre la obligatoriedad de la enseñanza como garantía de igualdad y las diferentes proyecciones de la libertad que existen en nuestro ordenamiento, en este caso concreto la libertad de enseñanza y también la de conciencia. Tras reflexionar sobre este reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional, podemos convenir que, desde una perspectiva constitucional y atendiendo a la ponderación de los intereses en juego (la libertad de padres y tutores de educar a los hijos conforme a las propias convicciones y el derecho del niño a una educación integral, así como el interés constitucional de que la educación básica obligatoria se transmita conforme a las exigencias del art. 27.4 CE) se puede defender el derecho a optar por una forma de educación extraescolar sin que por ello se vulnere el deber de enseñanza básica, y ello mediante la concreción legal de las funciones de control del propio Estado en el sentido de garantizar que la educación recibida en casa de adecúe a la enseñanza reglada y que se persigan los fines constitucionales, formando al menor en el respeto a los valores y libertades fundamentales, y no se vulneren de este modo los derechos del niño a la educación. De este modo estaríamos posibilitando a los cada vez más numerosos grupos de padres que reivindican tal opción una fórmula válida y un marco de mayor libertad, sin por ello, traicionar la letra ni el espíritu de la Constitución.
Opinamos que ésta sería una vía perfectamente respetuosa con las exigencias constitucionales, tanto desde el punto de vista de la educación como derecho de los menores como con la libertad de enseñanza y de conciencia que igualmente asiste, en estas materias, a los padres. Convendría, de lege ferenda, que fuera así.
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References: artículo 27
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
de lege ferenda