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Timestamp: 2020-02-29 13:08:07+00:00

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TRIBUTARIO – EMALCONT SAC
“Además, el perceptor de los honorarios tiene derecho a deducir el 20% de S/ 37,625 por concepto de gastos de mantenimiento de su oficina o consultorio, lo que equivale a S/ 7,525; que sumado a los S/ 30.100, el monto inafecto anual es de S/ 37.625″, sostuvo el gerente del Centro Legal de la CCL, Víctor Zavala.El Gobierno aumentó en 100 soles el valor de la UIT que pasó de S/4,200 a S/4,300 desde el 1 de enero del 2020. Con esto los trabajadores peruanos que estén en planilla (dependientes) y los que emitan recibos por honorarios (independientes) pagarán menos Impuesto a la Renta (IR) este año.
Se recomienda enviar dicha constancia al correo electrónico del perceptor de la renta al momento de ser generada, para que pueda consultarla e imprimirla las veces que lo requiera.La retención del 8%
Empieza a regir la R. S. Nº 318-2017-SUNAT.
Las instituciones educativas, centros culturales privados y empresas de transporte ya se encuentran obligadas a emitir comprobantes de pago electrónicos, tras empezar a regir la R. S. Nº 318-2017-SUNAT.
Esta obligación además alcanza a las operaciones de las empresas que prestan el servicio de transporte terrestre, ferroviario y transporte aéreo especial de pasajeros. Igualmente, a las empresas que brindan el servicio de transporte acuático (marítimo, lacustre o fluvial) y las de transporte aéreo de carga, entre otros.
La entrega de comprobantes de pago electrónicos recae específicamente en las operaciones por las cuales, las citadas entidades, deban emitir documentos autorizados, correspondiendo otorgar en su lugar factura o boleta electrónica.
Así, estos obligados podrán emitir sus comprobantes desde sus propios sistemas, o con el operador de servicios electrónicos, pero también desde Sunat en Línea.
Fijan criterios para corregir errores tributarios prescritos
La judicatura fijó como nuevo criterio que es posible corregir errores de períodos prescritos, a fin de determinar o reflejar la verdadera obligación tributaria.
Esto mediante la sentencia de la Casación Nº 3297-2016-Lima, en que se pronunció sobre la posibilidad de que la autoridad tributaria requiera información de un período prescrito a fin de corregir la determinación de un período no prescrito.
Al respecto, el tributarista Percy Bardales expresó su discrepancia con el criterio asumido por la Corte Suprema por considerarlo antitécnico debido a que supuestamente abre una puerta para la vulneración a la seguridad jurídica.
“En nuestro sistema jurídico, cada tributo y período podrá ser corregido por la autoridad tributaria luego de haberse iniciado válidamente el correspondiente procedimiento de fiscalización y, producto de ello, se hubiera emitido la respectiva resolución de determinación”, dijo.
En su opinión, para que la autoridad fiscal pretenda trasladar la “corrección” de un tributo y período a otro tributo y período debe haber iniciado previamente una verificación o fiscalización durante el plazo de prescripción del tributo y período originario.
“Solo si se inició y concluyó la fiscalización con la consecuente emisión de la resolución de determinación en el plazo de prescripción, este acto administrativo podrá ser opuesto válidamente en el tributo y período posterior”, afirmó el experto y socio de EY en el Perú.
En ese contexto, aseveró que no es posible señalar que lo que prescribe es la facultad de determinación, mas no la posibilidad de fiscalizar o verificar un tributo y período específico. Ello toda vez que solo se puede corregir si se emite una resolución de determinación, previa fiscalización. Son inescindibles.
Incluso enfatizó que dicho criterio ha sido establecido en su oportunidad por la sentencia de Casación Nº 11236-2009, en la cual se estableció que sostener que lo que prescribe es la determinación y no la fiscalización, es violar en forma indirecta el plazo de prescripción general de cuatro años previsto en el artículo 43 del Código Tributario (CT).
“Dicho artículo debe ser leído e interpretado conforme al principio de literalidad y legalidad. Así, conforme a estos parámetros, la autoridad tributaria no puede hacer lo que la ley no le permite”, acotó el abogado tributarista.
Por tanto, sostuvo que dicha norma no permite, en parte alguna, que se puedan corregir períodos anteriores prescritos sin iniciar válidamente una fiscalización y consecuente determinación; y trasladar en forma indirecta el efecto de un período prescrito a uno no prescrito. “Los tributos se volverían imprescriptibles, situación que precisamente busca proteger la ley al evitar interpretaciones que van con el propósito de proteger la seguridad jurídica”.
En opinión del experto, incluso la interpretación conforme al principio de literalidad y legalidad encuentra pleno respaldo en la Casación Nº 4392-2013. En efecto, este precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia señala que no se puede interpretar las normas para establecer criterios que van en contra de la interpretación literal de la ley.
En otro momento, Bardales remarco también que en atención a que el procedimiento de fiscalización es integral y definitivo, salvo los casos previstos en el Art. 108 del CT, corresponde que la autoridad valide todas las situaciones que considere tienen efectos fiscales. “Por tanto, si la autoridad omitió formular alguna observación en un ejercicio tributario ya prescrito, no puede alegar imposibilidad o excusa para subsanar dicha omisión con motivo de la fiscalización de un período no prescrito”.
El experto justificó también su postura al citar la reciente RTF N° 07832-9-2018, en que el Tribunal Fiscal manifiesta que en el supuesto de no haberse fiscalizado ejercicios previos o no se hubiera cuestionado la determinación de un período previo, es imposible que la autoridad traslade los efectos tributarios de dichos ejercicios al período fiscalizado no prescrito porque ello supondría una determinación indirecta.
“Asumir por un momento como correcta la casación en mención es asumir que la autoridad tributaria debe reliquidar todos los saldos o pérdidas de períodos anteriores en favor de contribuyentes, a fin de establecer en el período no prescrito materia de fiscalización el correcto y real saldo a favor o pérdida”, lamentó el experto.
Así, añadió, si se llega a comprobar que un usuario contaba con un mayor saldo que tenía origen hace 10 años, y este se debe haber trasladado a la actualidad, la autoridad está obligado a ello conforme a este criterio de la Corte Suprema. Ello, máxime cuando el Art. 76 del CT dispone que la autoridad como parte de la determinación del tributo fija la existencia del crédito.
El experto Percy Bardales justificó su posición en el análisis del Código Tributario (CT). Así, dijo, el primer párrafo del Art. 61 del CT refiere que la declaración jurada presentada por el contribuyente está sujeta a verificación o fiscalización cuando constate la omisión o inexactitud de la información presentada, emitiendo la correspondiente resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago.
Luego, el primer párrafo del Art. 75 del CT establece que concluido el procedimiento de fiscalización o verificación, la autoridad tributaria emitirá la respectiva resolución de determinación, resolución de multa u orden de pago si fuera el caso.
Bardales explicó además que de acuerdo con el Art. 76 del CT la resolución de determinación es el acto en virtud del cual la autoridad tributaria pone en conocimiento del deudor tributario el resultado de su labor destinada a controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y establece la existencia del crédito o de la deuda tributaria.
Mientras que el Art. 43 del CT manifiesta que la acción de la autoridad tributaria para determinar la obligación fiscal, así como la acción para exigir su pago y aplicar sanciones, prescribe a los cuatro años.
Fuente Oficial: elperuano.com
Un total de 575 personas fueron sentenciadas con penas efectivas de cárcel; de los cuales el 75% estuvo comprendido en delitos aduaneros y el 25% restante en delitos tributarios.
El Poder Judicial, a través de sus diversas instancias, sentenció a 81 personas con penas efectivas de cárcel por haber cometido delitos tributarios o aduaneros que afectaron al erario nacional y a los negocios que sí pagan sus impuestos, informó la Sunat.
Dichas sentencias, que van de entre 5 a 8 años de prisión, tienen su origen en las acciones de fiscalización realizadas por la entidad tributaria, que permitieron obtener los elementos probatorios para formalizar denuncias por los citados delitos, los cuales fueron comprobados durante el proceso judicial.
En lo que va del año se ha logrado sentenciar a una mayor cantidad de personas por delito tributario, respecto al 2018, debido a una mayor eficiencia de la fiscalización y la acción de la Procuraduría Pública.
La mayor incidencia de sentenciados se ha dado en Lima, Arequipa y Cuzco.
En todos estos casos, a los condenados se les impone el pago de la reparación civil que es equivalente a la devolución del monto indebidamente obtenido.
De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat, desde el año 2011 a la fecha: 575 personas fueron sentenciadas con penas efectivas de cárcel; de los cuales el 75% estuvo comprendido en delitos aduaneros y el 25% restante en delitos tributarios.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 43
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución