Source: https://tc.vlex.es/vid/2002-g-sek-229467
Timestamp: 2019-06-26 12:34:45+00:00

Document:
STC 151/2004, 20 de Septiembre de 2004 - Jurisprudencia - VLEX 229467
Número de Recurso: 3660-2002
Sentencia citada en: 450 sentencias, 18 artículos doctrinales, 19 resoluciones administrativas
En el recurso de amparo núm. 3660-2002, promovido por don Fernando A.G., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega y asistido por el Abogado don Diego Peñalosa Izuzquiza, contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, de 14 de mayo de 2002, dictada en el recurso de suplicación núm. 184-2002 formalizado contra la Sentencia recaída en el Juzgado de lo Social de Segovia en autos núm. 559-2001, de fecha 14 de enero de 2002. Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte la Universidad SEK, representada por el Procurador de los Tribunales don Albito Martínez Díez y asistida por el Letrado don Gonzalo Ruiz García. Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, quien expresa el parecer de la Sala.
Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el 12 de junio de 2002, la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Cañedo Vega, actuando en nombre y representación de don Fernando A.G., interpuso recurso de amparo contra las resoluciones mencionadas en el encabezamiento.
Don Fernando A.G., demandante de amparo, es periodista y presta sus servicios en el periódico 'El Norte de Castilla' en la edición de Segovia. Además de ello, fue contratado a tiempo parcial como profesor de la Facultad de Periodismo de la Universidad SEK de Segovia desde el día 1 de octubre de 1999.
El actor, en fecha de 5 de agosto de 2001, publicó en el diario 'El Norte de Castilla' un artículo del siguiente tenor literal:
'PESADILLA SIN FIN.
Se cumple un año desde el despido del ex decano de Ciencias de la Información, Carlos Díaz Güell, y desde entonces la Universidad SEK ha atravesado una larga crisis de la que será difícil que se reponga en años, porque los rescoldos de las hogueras inquisitoriales no sólo afectan al inmediato y crematístico número de matriculaciones, sino al prestigio de la institución. El desastre sin paliativos de lo que ha ocurrido desde entonces "con una cuarentena larga de docentes despedidos, incluidos los decanos de Biología y Arquitectura" es tan inconcebible, que en más de una ocasión muchos de los que asistimos a tan lamentable espectáculo desde una u otra posición hemos tenido que pellizcarnos para constatar que, lamentablemente, no se trataba de una pesadilla.
Sea como fuere, tiene tal arraigo y fortaleza, que ha podido con cualquier atisbo de actitud ética e inteligencia empresarial. ¿Cómo es posible poner en riesgo el crédito académico y económico de una Universidad por la sospecha de que dos profesores "Ángel Vilches y Manuel Sesma" se han presentado a unas elecciones sindicales para perpetuarse en el puesto de trabajo? Y lo peor es que la sospecha tiene indemostrable fundamento, pues cuando dichos profesores se presentaron a las elecciones en marzo de 2000 nada les hacía temer por su continuidad: contaban con la plena confianza académica de su decano y se encontraban entre los mejor valorados por los alumnos de su facultad. Incluso de ser cierta la hipótesis, me pregunto, ¿merece como respuesta este desaguisado?
Al desatino inicial "despedir a Díaz Güell por negarse a interferir en el proceso electoral, lo que pidió la dirección a varios cargos entonces de su confianza y se da por hecho probado en varias sentencias" le han seguido otros muchos igual de desacertados y dolorosos, todos los cuales han dado como resultado numerosas sentencias judiciales en contra de la Universidad acusada de vulnerar derechos fundamentales "expresión, ideología, cátedra y libertad sindical" por más que la dirección del centro y su entorno mediático intenten convertir sus pocas y pírricas victorias judiciales en éxitos sin parangón.
En este clima desconfiado e insano del que se ha querido hacer partícipes a los alumnos, ¿es posible educar a alguien? Yo lo voy a seguir intentando.., mientras me dejen y esté en mi derecho'.
Con fecha de 14 agosto de 2001, la Universidad SEK Segovia concedió al actor el plazo de dos días para efectuar cuantas alegaciones tuviese por conveniente, y para practicar la prueba que estimase pertinente en relación con el artículo publicado "según decía la SEK" el día 8 de agosto en el diario 'El Norte de Castilla'. El actor remitió escrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Universidad, sosteniendo la veracidad de los hechos relatados en su artículo, la inexistencia de ánimo de perjudicar a la SEK, pues su publicación respondía por el contrario a una voluntad de contribuir a la superación de la situación de conflicto, y denunciando que la carta recibida el 14 de agosto atentaba contra su derecho a la libertad de expresión y al ejercicio de su profesión de periodista.
Por carta recibida el día 5 de septiembre de 2001 se le notificó su despido de la Universidad, en los siguientes términos:
'Muy señor mío:
Así por ejemplo se afirma en su artículo que a don Carlos Díaz Güel se le despidió por negarse a interferir en el proceso electoral, lo que no es cierto, como tampoco lo es que en ninguna sentencia se haya acusado a esta Universidad de interferir de forma ilegal en el proceso de elección de los miembros del Comité de Empresa, o que se haya adoptado cualquier medida de represalia por tal motivo. Dice también en su artículo que '...han dado como resultado numerosas sentencias judiciales en contra de la Universidad acusada de vulnerar derechos fundamentales "expresión, ideología, cátedra y libertad sindical"', cuando, con independencia de lo que gratuita e impunemente se pueda haber afirmado, no existe hoy ninguna sentencia que contenga condena por vulneración del derecho de libertad de cátedra o ideológica (las que han declarado vulneración de otros derechos fundamentales hoy todavía no son firmes), derechos los de libertad ideológica y de cátedra que han sido respetados escrupulosamente y que resultan de gran aprecio para esta Universidad. Es obvio que no puede pasarle desapercibido que la afirmación por parte de alguno de sus profesores de lo contrario, en un medio de comunicación, resulta de una gravedad extrema, por el perjuicio que ello supone, tanto interna como externamente, en cuanto constituye una clara invitación a que los alumnos escojan otra Universidad para cursar sus estudios y no ésta.
No le falta razón al decir que el origen del conflicto se encuentra en el despido de don Carlos Díaz Güel, pero no tiene en cuenta que finalmente se ha reconocido que aquél tenía su causa en la falta de acatamiento de legítimas instrucciones que le fueron impartidas por el Rector, o en excesos cometidos en el ejercicio de su libertad de expresión, como se olvida también de que, por ello, las reacciones que aquella medida desencadenó carecen de fundamento y que lo que se impone es tener cautela antes de realizar acusaciones que luego pueden resultar totalmente infundadas pero cuyos perjuicios resultan imposibles de reparar. Por ello nos parece igualmente injusto que se aluda a hogueras inquisitoriales, no encendidas por esta Universidad, sino por los que se precipitaron al solidarizarse con quien, desde la responsabilidad que le imponía su cargo, dejó de cumplir con las obligaciones que le alcanzaban, y que ahora no quieren reconocer su error y el grave e inmerecido perjuicio que han causado en el prestigio de la Universidad, que usted también contribuye a socavar con su artículo, incidiendo en una conducta completamente desleal, ausente de toda buena fe (si se trata de informar se debe de ofrecer información suficiente "omite muchos extremos que resultan imprescindibles para un cabal conocimiento de lo sucedido" y veraz), que perjudica como se ha dicho antes no sólo a esta Universidad, sino también a quienes trabajan en ella, creando un ambiente que no permite el correcto desarrollo de una relación como la laboral.
Sin otro particular le saluda atte.'
Don Fernando A.G. interpuso, tras los oportunos trámites, demanda en la que se solicitaba la declaración de nulidad del despido y subsidiariamente su improcedencia. Tras el juicio oral correspondiente, se dictó Sentencia por el Juzgado de lo Social de Segovia, de 14 de enero de 2002.
La Sentencia califica el despido como improcedente y condena a la empresa a optar entre readmitir o indemnizar al actor y abonarle los salarios de tramitación. En sus fundamentos jurídicos rechaza la nulidad del despido, considerando que no se había producido la vulneración de los derechos fundamentales alegados. En particular, respecto de las libertades de expresión e información, señala que el día 8 de agosto de 2001 el actor no publicó artículo alguno en el diario 'El Norte de Castilla' por lo que, no existiendo tal artículo, único al que se refiere la carta de despido, la decisión extintiva no puede tener fundamento en la vulneración de aquellas libertades. Si bien es cierto que el actor publicó un artículo en ese diario con fecha 5 agosto de 2001, la carta de despido lo omite, refiriéndose a un artículo inexistente y de otra fecha (8 de agosto), circunstancia que en todo caso pudo haber sido subsanada por la empresa demandada, al amparo del art. 55.2 LET, lo que, sin embargo, no hizo. En razón de ello, no estando comprometidos esos derechos fundamentales y careciendo la extinción de otras causas que pudieran habilitarla, la Sentencia declara que el despido fue improcedente.
Tanto la empresa como el trabajador recurrieron la Sentencia en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, que tras los trámites oportunos dictó Sentencia el día 14 de mayo de 2002. En ella se rechazan ambos recursos, manteniéndose la calificación del despido realizada en instancia.
Dice la Sala no compartir la razón en la que hace descansar el juzgador a quo la declaración de improcedencia. A juicio del Tribunal Superior de Justicia, la referencia a la fecha del artículo en la carta de despido es simplemente un error. No obstante, según indica en el fundamento de Derecho cuarto, la conducta del actor no tuvo la gravedad suficiente como para justificar su despido, por lo que, conforme a la tesis gradualista en la imposición de sanciones, mantiene la declaración de improcedencia de la extinción del contrato de trabajo. Para llegar a esa conclusión el Tribunal ad quem tuvo que descartar la existencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados. En particular, en lo que ahora importa, a la vista de las lesiones denunciadas en la demanda de amparo, considera la Sala de lo Social que las expresiones vertidas en el artículo publicado en el diario 'El Norte de Castilla' no pueden ampararse en el derecho constitucional de libertad de expresión porque 'ponen de manifiesto un exceso' y contienen 'calificaciones innecesarias'. Por otra parte, tampoco concurre una lesión del derecho de huelga (art. 28.2 CE), toda vez que ha quedado acreditado que el actor no secundó la totalidad de las convocatorias y que ha transcurrido un tiempo suficiente entre aquéllas y el despido como para que pueda desprenderse una relación causa-efecto. Ni se habría producido, finalmente, vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de garantía de indemnidad, dado que tampoco existe relación causa-efecto entre los hechos alegados (apoyar a un Decano despedido, acompañarle en su reincorporación a la Universidad y actuar como testigo en una comparecencia de ejecución del procedimiento que le afectaba) y el despido, por el tiempo transcurrido, por la escasa trascendencia de la actividad desplegada por el Sr. Aranguren en ese conflicto y por el momento de su comparecencia como testigo, que fue posterior en el tiempo al acto extintivo.
La Universidad SEK solicitó aclaración de la Sentencia requiriendo la devolución del depósito y la no imposición de las costas que la Sentencia había establecido, dictándose Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 21 de mayo de 2002, acordando no haber lugar a la misma.
En la fundamentación jurídica de la demanda el solicitante de amparo alega que las resoluciones judiciales reseñadas vulneran los derechos fundamentales de libertad de expresión, libertad de comunicar información, huelga y tutela judicial efectiva en su vertiente de garantía de indemnidad [respectivamente, arts. 20.1 a), 20.1 d), 28.2 y 24.1 CE]. Considera el recurrente, en primer lugar, que de los hechos declarados probados y de todas las constatadas circunstancias concurrentes, sobre todo del contenido del artículo de opinión publicado, se infiere con claridad meridiana que lo que su autor ha realizado no es más que una valoración critica de la situación a la que cualquiera tiene derecho, más aún siendo afectado por el conflicto y periodista. En tal análisis y valoración es lógico y normal que aparezcan referencias discrepantes y descriptivas de la actitud de la Dirección.
No obstante todo lo expuesto, la Sentencia recurrida de la Sala de lo Social de Burgos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, para considerar excedidos los límites de la libertad de expresión, se centra (fundamento quinto) en dos partes del artículo de prensa. En primer lugar, en la explicación que el autor intenta encontrar a todo lo ocurrido ['han acabado convenciéndome que éste se reduce a un problema de soberbia']. Entiende el recurrente que ese enunciado constituye simplemente la explicación que el trabajador presenta como posible a la difícilmente explicable situación descrita; explicación que se presenta como subjetiva, como lo que él cree o considera, lo cual no traspasa límite alguno. En segundo lugar, la Sentencia de la Sala de lo Social toma en consideración la parte final del artículo en la que el trabajador despedido se refiere a la situación de los que quedan en la Universidad y el ambiente de desconfianza que reina tras el conflicto. Pues bien, también en ese punto se ofrece una valoración y conclusión a partir de ciertos datos, sin proferir insultos ni dirigirse a nadie en concreto. En suma, existe un ambiente de conflicto y discrepancia, que se verifica en las opiniones manifestadas por todas las partes, no siendo de recibo, por tanto, fijarse sólo en las declaraciones del actor aplicando sobre ellas la máxima medida disciplinaria.
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, por providencia de 6 de noviembre de 2003, acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, y al Juzgado de lo Social de Segovia, a fin de que, en plazo que no excediese de diez días, remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes, respectivamente, al rollo de suplicación núm. 184-2002 y a los autos núm. 559-2001, debiendo previamente emplazarse a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que en el plazo de diez días pudieran comparecer, si lo desean, en el presente proceso.
En escrito presentado el 18 de diciembre de 2003, el Procurador de los Tribunales don Albito Martínez Díaz se personó en representación de la Universidad SEK.
Por diligencia de ordenación de 8 de enero de 2004 se tuvo por personado y parte en el procedimiento al Procurador don Albito Martínez Díez en nombre y representación de la Universidad SEK, acordándose entender con él las sucesivas actuaciones. Asimismo, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que, dentro del expresado término, pudieran formular las alegaciones que estimaran pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC.
La Universidad SEK, en escrito de alegaciones registrado el 28 de enero de 2004, interesa de este Tribunal que se dicte Sentencia desestimando el amparo. En primer lugar, por inexistencia de vulneración del derecho a la libertad de expresión: el recurrente, en el artículo periodístico que publicó en el diario 'El Norte de Castilla', hizo mucho más que una valoración crítica; afirmó y dio por ciertos diversos hechos falsos, respecto de los que luego efectúa comentarios, cuestión de importancia porque ese elemento compromete dos derechos distintos, no sólo el derecho de libertad de expresión del artículo 20.1 a) CE, sino también el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, contemplado en el mismo artículo y número, pero distinto apartado, el d). En ese sentido, en el recurso de amparo se sientan premisas de carácter fáctico al margen de los hechos declarados probados de la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia, hechos que además son inciertos y que por ello no pueden representar una cimentación válida de la pretensión.
Por ejemplo, prosigue, el afirmar que 'se da por hecho probado en varias sentencias' que a don Carlos Díaz Güell (que fuera Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, en la que estaba integrado como profesor el hoy recurrente) se le despidió por negarse a interferir en el proceso electoral, nadie podrá considerarlo como una opinión, como un pensamiento o como una idea (ejercicio de derecho a la libertad de expresión), incidiendo de lleno en el ámbito del derecho a comunicar información, que debe ser, por tanto, veraz. Tiempo ha tenido el hoy recurrente de indicar en qué concreta sentencia se establece como hecho declarado probado que a don Carlos Díaz Güell "y a varios cargos entonces de su confianza" la Universidad SEK le despidiera por negarse a interferir en el proceso electoral. Tampoco en el recurso de amparo se indica una sola sentencia que contenga tal hecho declarado probado, lo que debía de resultar sencillo cuando dice el artículo de prensa que son varias. La prueba de tales hechos no es cuestión opinable; o existen esas sentencias o no existen, y como quiera que es esto último lo que ocurre se concluye que se ha vertido, a través de un medio de comunicación, una información inveraz, incierta, que ha socavado de manera importante el prestigio y buen nombre de la Universidad, por lo que en ningún caso puede considerarse que el recurrente, al obrar como lo hizo, estuviera ejercitando un derecho, mucho menos fundamental; antes al contrario, vulneró el derecho al honor de la Universidad.
El Tribunal Superior de Justicia no hizo alusión en su fundamentación jurídica y razonamientos a estos concretos pasajes del artículo publicado por el señor Aranguren, y, en consecuencia, no se analizaron desde la perspectiva que se acaba de exponer "el derecho a comunicar y recibir información. Sin embargo, a juicio de la SEK, el progreso del recurso de amparo y el acogimiento de la pretensión articulada en su suplico exigiría que el Sr. Aranguren no se hubiera extralimitado en el ejercicio de aquel derecho al publicar el artículo periodístico, con independencia de los aspectos que hayan sido motivo de atención para la Sala de lo Social. Más aún cuando la Universidad denunció en su recurso de suplicación la falsedad de esos hechos, situando la cuestión en los espacios del derecho a la libertad de información (no de expresión), aunque con grave incongruencia la Sala restringiera el debate al derecho a la libertad de expresión.
Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia considera que no queda amparado por la Constitución española el pasaje que se refiere a las supuestas delaciones dentro de la Universidad. Delatar es 'revelar a la autoridad un delito, designando al autor para que sea castigado, y sin ser parte obligada del juicio el denunciador, sino por su voluntad.'. Pues bien, en el recurso de amparo no se menciona a ningún delator, ni los hechos supuestamente revelados a la dirección de la Universidad, ni las prebendas, ascensos o premios otorgados por tal motivo al delator. No debería de ser tan difícil cuando supuestamente era práctica tan extendida que constituía, según el recurrente, una paranoia colectiva. Sin embargo, ni durante el procedimiento laboral ni ahora en esta sede se menciona a un solo delator ni a una sola persona delatada, ni el beneficio otorgado por la empresa a quienes de esa forma se ponían en connivencia para medrar.
También hay que significar que, como dice el Tribunal Superior de Justicia, 'dichas expresiones ponen de manifiesto un exceso, que no puede ampararse en el derecho constitucionalmente protegido de libertad de expresión, al contener calificaciones innecesarias', máxime si se tiene en cuenta que la relación laboral no anula los derechos a la libertad de expresión e información, pero sí los condiciona, sobre todo cuando lo que se dice resulta innecesario para el ejercicio de la crítica y además no tiene que ver con el despido o cualquiera de las cuestiones tratadas de adverso. El mismo exceso se produce tildando de soberbia a la Institución y a su Presidente, expresión que es desde luego formalmente injuriosa, y que resulta innecesaria sobremanera si atendemos a que el Estatuto de los trabajadores exige la buena fe en el desenvolvimiento de la relación laboral, que es justamente lo contrario de lo que ocurre cuando se desprestigia a la empresa a través de un medio de comunicación.
La Universidad SEK sostiene, en segundo lugar, que no se ha lesionado tampoco el derecho a la libertad de información. Además de por lo ya expuesto, porque la alegación no reúne los mínimos requisitos de fundamentación. Tampoco cabe apreciar la vulneración de los derechos de huelga (art. 28.2 CE) y de la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE). El propio recurso dice que el recurrente abandonó la huelga, y así resulta de los hechos declarados probados decimotercero y décimo, según los cuales no secundó ninguna convocatoria a partir del día 13 de febrero de 2001, dejando por tanto de participar en las convocadas los días 19 de febrero a 2 marzo, 26 de marzo a 30 de marzo, 2 a 5 de abril, 17 a 20 de abril y 24 a 27 de abril, todas del año 2001. Por otro lado resulta que don Fernando Aranguren fue despedido el día 5 de septiembre de 2001, siete meses después de que secundara la última de las huelgas en las que participó, por lo que se encuentra perfectamente justificado lo expresado en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a que 'resulta que ha transcurrido un tiempo suficiente del que no puede desprenderse una relación causa-efecto'. Finalmente, por lo que respecta al derecho de indemnidad, en el recurso de amparo no se dice ni tan siquiera que don Fernando Aranguren haya formulado ninguna demanda o reclamado frente a la Universidad con anterioridad a su despido, por lo que difícilmente pudo vulnerarse aquella garantía del art. 24.1 CE. De igual manera, carece de encaje, y es además desfavorable al recurrente, la alusión que hace a la incoación de expediente disciplinario por la denuncia que frente al mismo hizo una alumna, puesto que la Universidad resolvió el mismo en sentido favorable para el señor Aranguren, sin que por otro lado tenga nada de particular que acompañara a otro trabajador cuando se reincorporó a su puesto de trabajo después de haber sido despedido, a lo que se atribuye de contrario una importancia que no tiene y que se intenta crear de forma completamente artificial.
Sobre la base de los antecedentes del caso, manifiesta el Fiscal en su escrito de alegaciones registrado el 30 de enero de 2004, en primer lugar, que la Sentencia cuestionada se limita a entrecomillar ciertos pasajes del texto del artículo periodístico para afirmar que los mismos constituyen un exceso, al contener calificaciones innecesarias, sin ulterior explicación, de una forma meramente apodíctica. Tal proceder aparece ya, per se, cuestionable, al no entenderse la pretendida innecesidad de un juicio de valor crítico sobre la génesis de un conflicto de consecuencias tan negativas para todos los implicados, ante lo que el autor entiende ha sido el detonante del mismo, ni tampoco que no resulte de recibo el examen de ciertas consecuencias para determinados, y no identificados, implicados, y las dificultades que ello entraña para que la Universidad cumpla sus tareas educativas.
La representación del demandante de amparo presentó su escrito de alegaciones el 4 de febrero de 2004, remitiéndose a las formuladas en la demanda y haciendo hincapié en que nos encontramos ante una situación referida a un ámbito público, con un conflicto continuado, que tiene múltiples procedimientos abiertos y que es conocido en la provincia de Segovia. Se ha despedido a don Fernando Aranguren por expresar una opinión o valoración más, de entre muchas, a la que tiene perfecto derecho. La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia no efectúa ponderación alguna entre los intereses encontrados que juegan en estos casos de libertad de expresión e información de los trabajadores.
Por providencia de 16 de septiembre de 2004 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 20 del mismo mes y año.
El demandante de amparo dirige su queja contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, de 14 de mayo de 2002, dictada en el recurso de suplicación núm. 184-2002 formalizado contra la Sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia en autos núm.559-2001, de fecha 14 de enero de 2002. Considera que en esos pronunciamientos judiciales se vulneran los derechos fundamentales consagrados en los arts. 24.1 (en su vertiente de garantía de indemnidad), 20.1 a), 20.1 d) y 28.2 CE. Resumiendo lo que quedó reflejado con detalle en los antecedentes de esta Sentencia, las lesiones se habrían producido con ocasión del despido practicado tras la publicación de un artículo de prensa por el actor en el que denunció la conducta de la Universidad SEK en la situación de conflicto laboral que se vivía en la misma.
Tal como ha quedado expuesto, en este proceso constitucional se plantea la queja de don Fernando A.G. respecto de la valoración que los órganos judiciales han realizado de los derechos fundamentales alegados. Antes de analizar la eventual vulneración de su derecho a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], que se erige en el auténtico problema de constitucionalidad en este procedimiento, es preciso dar respuesta al resto de las alegaciones que se realizan y que, como se dirá, no pueden merecer favorable acogida.
Conforme a la anterior doctrina y en los términos enunciados, nos corresponde analizar si la parte actora acreditó en el caso de autos la existencia de indicios de una conducta empresarial contraria a la garantía de indemnidad, que se integra en la el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), y lesiva del derecho de huelga (art. 28.2 CE), que ejercitó el recurrente secundando diversas convocatorias en su Universidad, pues la base en la que se apoyaron las Sentencias impugnadas fue, justamente, el incumplimiento del solicitante de amparo de tal obligación probatoria.
De ahí que, en situaciones como la de autos, a los hechos que comportan el ejercicio de los derechos fundamentales invocados y a la circunstancia concurrente de la extinción del contrato de trabajo será preciso añadir otros elementos que pongan indiciariamente en conexión lo uno (el factor protegido) con lo otro (el resultado de perjuicio que concretaría la lesión "en este caso, la extinción contractual), por cuanto que el ejercicio del derecho de huelga o el de acciones o actos preparatorios o previos y necesarios para el proceso (protegidos frente a represalias empresariales por la garantía de indemnidad "art. 24.1 CE) representan únicamente, en principio, un presupuesto de la posibilidad misma de la violación de los arts. 28.2 y 24.1 CE, pero no un indicio de vulneración que por sí solo desplace al demandado la obligación de probar la regularidad constitucional de su acto.
Pues bien, esa conexión necesaria no concurre en esta ocasión. No será necesario, por tanto, entrar en otro tipo de apreciaciones, como las relativas al encuadramiento o no de los hechos acreditados por el actor en la cobertura que ofrecen los derechos fundamentales que invoca (lo que aquí, señaladamente, obligaría a una delimitación de la protección propia de la garantía de indemnidad). Y es que, en efecto, como dicen los órganos judiciales, resalta el Ministerio Fiscal y perfila la propia parte recurrente al poner su acento principal en la queja por vulneración de la libertad de expresión del art. 20.1 a) CE, no se desprende de los hechos probados un panorama que permita realmente desconectar el despido de la publicación del artículo de prensa en el diario 'El Norte de Castilla', haciéndolo descansar en hechos distintos y anteriores en el tiempo, como son el seguimiento de ciertas convocatorias de huelga o el apoyo e intervención del actor en conflictos relativos a otros compañeros de la Universidad.
Por el contrario, la entidad del conflicto laboral y la disposición del actor en el mismo no permiten soslayar "ni siquiera el recurrente lo hace" la intensa vinculación temporal y material que se produce entre el despido y sus manifestaciones en el artículo de prensa, lo que nos sitúa en los terrenos concernidos por el art. 20 CE, al no resultar razonable la desconexión entre el despido y la publicación del escrito litigioso.
Como es sabido, nuestra jurisprudencia viene distinguiendo desde la STC 104/1986, de 17 de julio, entre los derechos que garantizan la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su misma naturaleza, no se prestan a una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término 'información', en el texto del art. 20.1 d) CE, el adjetivo 'veraz' (STC 4/1996, de 19 de febrero). Sin embargo, hemos admitido que en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos.
Pues bien, la lectura del recurso de suplicación que formalizó el señor Aranguren acredita que pese a caracterizar su alegación del art. 20 CE principalmente desde los perfiles propios de la libertad de expresión, denunciaba igualmente la vulneración del art. 20.1 d) CE, que consagra la libertad de comunicar información veraz, haciendo referencias en el mismo no sólo a sus derechos de opinión y crítica sino también a la autenticidad de los hechos denunciados. El recurso de suplicación de la Universidad SEK, por su parte, tras oponerse a la trascendencia que otorgó el juzgador a quo al error cometido en la carta de despido respecto de la fecha de publicación del artículo de prensa, contenía en su motivo tercero la denuncia de infracción de los arts. 54.2 c) y d) y 55.4 de la Ley del estatuto de los trabajadores (LET), sosteniendo con consideraciones similares a las que reproduce ahora en su escrito de alegaciones ante este Tribunal que el Sr. Aranguren cometió un exceso al denunciar hechos falsos y perjudiciales para la buena fama y prestigio de la Universidad, lo que justificaría en Derecho el acto extintivo. Situaba con ello el núcleo de su pretensión en el ámbito de la libertad de información [art. 20.1 d) CE], y en concreto en la necesidad de que los hechos sean veraces, sin perjuicio de que añadía a lo anterior otros fundamentos relativos a los límites de la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] para postular, en su conjunto, la procedencia del despido. Por otro lado, los respectivos escritos de impugnación perseveraban en esos planteamientos. Así, el de la empresa traía a colación el problema de la veracidad o falsedad de los hechos denunciados por el Sr. Aranguren; por su parte el solicitante de amparo destacaba su condición de periodista, la necesidad de compatibilizar esa profesión con su condición de docente a tiempo parcial en la Universidad SEK, el carácter de artículo de opinión del publicado el día 5 de agosto en el diario 'El Norte de Castilla' y, finalmente, desde la perspectiva acogida por la demandada, que tampoco podría decirse que los contenidos de aquel artículo constituyeran meros rumores, suposiciones o invenciones, sino datos constatables que incluso, en algún caso, se habían declarado probados en el presente procedimiento.
La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sin embargo, centró la resolución del caso en la existencia de manifestaciones innecesarias y excesos en el ejercicio de la libertad de expresión, marginando llamativamente una aproximación desde la óptica del art. 20.1 d) CE, pues a la libertad de información sólo hizo mención al indicar los diversos perfiles caracterizadores de los derechos del art. 20 CE, sin acometer, en cambio, un enjuiciamiento de la veracidad o falsedad de los hechos plasmados en el concreto escrito periodístico del Sr. Aranguren, circunscribiéndose por el contrario a un razonamiento sobre los límites de la libertad de expresión (fundamento de Derecho cuarto). En efecto, ningún juicio sobre la veracidad de los hechos aludidos en el artículo en cuestión precede a la escueta afirmación de que 'no se aprecia vulneración de dicho derecho de libertad de expresión e información' (así invocado por el recurrente) que, por el contrario, sí va precedido de un razonamiento atinente al ejercicio de la libertad de expresión.
No obstante, ni el recurrente de amparo ni la Universidad SEK (cuyo recurso de suplicación, centrado en este punto en la falsedad de los hechos denunciados por el Sr. Aranguren, fue desestimado, sin entrar en su análisis, por la Sentencia ahora recurrida), solicitaron la anulación de la Sentencia por causa de incongruencia a través del incidente de nulidad de actuaciones regulado en el art. 240.3 LOPJ. En consecuencia, dado que dicho incidente resulta un mecanismo destinado a que se declare 'la nulidad de actuaciones fundada en defectos de forma que hubieran causado indefensión o en la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida', resulta patente que al darse el presupuesto que permitía el recurso a dicho remedio resultaba exigible a las partes que vieron desestimadas sus pretensiones en el grado jurisdiccional de suplicación y que ahora invocan, desde sus posiciones discrepantes, el art. 20.1 d) CE, recurrir a aquella vía, eficaz y útil para sostener lo que en este procedimiento mantienen en relación con la libertad de información.
El solicitante de amparo centra la queja restante en una vulneración del derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 20.1 a) CE. Para examinar la consistencia constitucional de esta pretensión conviene recordar algunos elementos caracterizadores del supuesto de hecho en el que el presente caso se sitúa. En particular que el actor, ahora recurrente en amparo, solicitaba al órgano judicial que dictara resolución por la que declarase nulo el despido y condenase a la empresa a su readmisión; pretensión que vio denegada en sucesivas instancias. La medida sancionadora había sido adoptada por la Universidad SEK en atención a los términos del artículo de prensa publicado por el recurrente en el diario 'El Norte de Castilla', siendo destacables en lo que ahora importa, como pone de manifiesto el fundamento de Derecho quinto de la Sentencia dictada en el grado jurisdiccional de suplicación, expresiones como las siguientes: 'el origen del conflicto ... han acabado convenciéndome de éste se reduce a un problema de soberbia'; 'Me refiero a la paranoia colectiva que afecta a quienes quedan dentro y participan del sistema de delación que tan buenos resultados ha proporcionado de momento a los que se prestaron a tan terrible juego. Porque, conocido el procedimiento para librarse del vecino que amenaza honorarios, méritos y quereres, ya nadie está a salvo de nadie, ni del directivo del despacho de al lado, ni del más ¿leal? subordinado, ni del compañero de claustro con el que se tramó medrar'; 'En este clima desconfiado e insano del que se ha querido hacer partícipes a los alumnos, ¿es posible educar a alguien?'.
Sentado lo anterior, el siguiente paso consistirá en determinar si las expresiones vertidas por el hoy recurrente en el artículo de prensa y que dieron lugar al despido estaban amparadas en la libertad de expresión reconocida por el art. 20.1 a) CE, según ha sostenido en la demanda, o, por el contrario, fueron efectuadas con extralimitación del ámbito de protección que dicho precepto constitucional consagra, como ha considerado la resolución judicial a que acabamos de hacer mención. Para ello es conveniente partir, con carácter previo, de la doctrina de este Tribunal en torno a la libertad de expresión de los trabajadores en el marco de la relación laboral, señalando los elementos más relevantes a los fines del presente caso.
Al respecto, ha de comenzarse recordando que la celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, entre ellos el derecho a difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones [art. 20.1 a) CE], y cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones mediante el impulso de los oportunos medios de reparación (por todas, SSTC 6/1988, de 21 de enero; 186/1996, de 25 de noviembre; o 20/2002, de 28 de enero). Lo que se ha justificado por cuanto las organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni la libertad de empresa que establece el art. 38 del Texto constitucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas, por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares, deban soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional. Las manifestaciones de 'feudalismo industrial' repugnan al Estado social y democrático de Derecho y a los valores superiores de libertad, justicia e igualdad a través de los cuales ese Estado toma forma y se realiza (art. 1.1 CE; STC 88/1985, de 19 de julio, FJ 2). La efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito de las relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquellos y las facultades empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 CE. Por esa razón es necesario modular, según los casos, el ejercicio de todos ellos.
Se ha declarado también, en segundo término, que el ejercicio del derecho reconocido en el art. 20.1 a) CE se encuentra sometido a los límites que el apartado 4 del mismo precepto establece (SSTC 126/1990, de 5 de julio; 106/1996, de 12 de junio; o 186/1996, de 25 de noviembre, entre otras) y, en particular, que cuando nos situamos en el ámbito de una relación laboral las manifestaciones de una parte respecto de la otra deben enmarcarse en las pautas de comportamiento que se derivan de la existencia de tal relación, pues el contrato entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos y obligaciones recíprocas que condiciona, junto a otros, también el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, de modo que manifestaciones del mismo que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen por qué serlo necesariamente en el marco de dicha relación (SSTC 120/1983, de 15 de diciembre; 6/1988, de 21 de enero; 4/1996, de 16 de enero; 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 20/2002, de 28 de enero; o 126/2003, de 30 de junio). De este modo, surge un 'condicionamiento' o 'límite adicional' en el ejercicio del derecho constitucional, impuesto por la relación laboral, que se deriva del principio de buena fe entre las partes en el contrato de trabajo y al que éstas han de ajustar su comportamiento mutuo (SSTC 106/1996, de 12 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 90/1999, de 26 de mayo; 241/1999, de 20 de diciembre; o 20/2002, de 28 de enero), aunque se trate de un límite débil frente al que caracteriza la intersección del derecho fundamental con otros principios y derechos subjetivos consagrados por la Constitución (STC 241/1999, de 20 de diciembre).
Por último, en atención a lo anterior, este Tribunal ha puesto de relieve la necesidad de que las resoluciones judiciales, en casos como el presente, preserven el necesario equilibrio entre las obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito "modulado por el contrato, pero en todo caso subsistente" de su libertad constitucional (SSTC 186/1996, de 25 de noviembre, y 186/2000, de 10 de julio). Pues dada la posición preeminente de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento, esa modulación sólo se producirá en la medida estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado desenvolvimiento de la actividad productiva (STC 126/2003, de 30 de junio). Lo que entraña la necesidad de proceder a una ponderación adecuada que respete la definición y valoración constitucional del derecho fundamental y que atienda a las circunstancias concurrentes en el caso. Juicio que permitirá determinar si la reacción empresarial que ha conducido al despido del trabajador es legítima o, por el contrario, éste fue sancionado disciplinariamente por el lícito ejercicio de sus derechos fundamentales, en cuyo caso el despido no podría dejar de calificarse como nulo.
A la luz de la doctrina anterior, para apreciar si las resoluciones judiciales impugnadas han llevado a cabo un adecuado juicio de ponderación, han de examinarse ahora las expresiones del recurrente, en sí mismas y en relación con las circunstancias relevantes del presente caso.
En efecto, las referidas a los trabajadores ('paranoia colectiva que afecta a quienes quedan dentro y participan del sistema de delación...') porque su utilización para describir el ambiente de trabajo, tal y como lo percibía el autor del artículo, aunque engloba la idea de acusación y denuncia referida al comportamiento de ciertos compañeros de trabajo, lo que puede constituir ciertamente un reproche molesto, hiriente e incluso despectivo, no resulta gravemente vejatoria, menos aún cuando el artículo publicado en el diario no individualiza a quienes la protagonizarían.
En cuanto a la expresión 'soberbia', empleada por el trabajador para referirse a la sucesión de actos de la empresa en el conflicto laboral existente, es claro que guarda relación con las circunstancias en que el mismo se estaba desarrollando y las graves consecuencias que, a juicio del autor del artículo, tenía la actitud de la empresa (sobre todo con la imposición de múltiples sanciones disciplinarias en forma de despido), lo que tampoco puede considerarse gravemente ofensivo o insultante puesto que aquel término, empleado en el contexto del conflicto y con ese propósito de recriminación, tiene un significado usual en castellano que pertenece al mismo campo semántico que otros que aluden a un exceso de estimación propia. Así entendida, no se trata de una expresión ofensiva, oprobiosa o impertinente para expresar la opinión que se transmite, por mucho que la Universidad pueda estimarla irrespetuosa en atención a su particular concepción de lo que deba ser la conducta de los trabajadores; concepción que no responde, sin embargo, a un imperativo constitucional ni puede convertirse entonces en un límite al ejercicio del derecho fundamental consagrado en el art. 20.1 a) CE.
Por otra parte, aunque no pongan especial acento en ello las alegaciones de la Universidad, la expresión 'soberbia' vinculada a la gestión del conflicto y del proyecto empresarial podría conectarse también con la idea de prestigio profesional, y a su través con el art. 18.1 CE (STC 282/2000, de 27 de noviembre). No cabe duda de que en la actualidad la actividad laboral o profesional posee una faceta externa, de relación social que, en cuanto tal, repercute en la imagen que de esa persona tengan los demás. Pero, por eso mismo, también la hace susceptible de ser sometida a la crítica y evaluación ajenas, únicas formas, en ocasiones, de calibrar la valía de esa actividad, sin que tal cosa suponga el enjuiciamiento de la persona que la desempeña y, en consecuencia, de su honorabilidad. En suma, la protección del art. 18.1 CE sólo alcanzaría a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente, dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado la valía profesional del ofendido (entre otras, SSTC 180/1999, de 11 de octubre; 282/2000, de 27 de noviembre; y 14/2003, de 28 de enero).
Pues bien, tampoco desde ese plano la recriminación por 'soberbia' que efectúa el actor merecería censura alguna. La crítica realizada en la gestión tiene patente acomodo y explicación en el conflicto laboral existente, sin exceder de él para llegar a la descalificación personal. Esa falta de ánimo de repercutir directamente en la consideración y dignidad individual se acredita no sólo por la justificación que a las manifestaciones hechas otorga la existencia del conflicto, sino por los propios términos del escrito publicado, que no realiza imputaciones ajenas a las que tienen significado propiamente laboral.
En segundo lugar, si se considera el significado de las expresiones en su secuencia y atendiendo al contexto en el que se produjeron, resulta coincidente que tales manifestaciones constituyeron una crítica o desaprobación pública por parte del trabajador respecto de la actuación de la Universidad SEK en el conflicto. Al reprochar públicamente a los gestores de aquélla su comportamiento en el mismo, con tales expresiones estaba haciendo valer sus propias posiciones en la controversia y censurando públicamente que la actitud de la empleadora podía afectar negativamente a la solución del conflicto, al buen fin del proyecto empresarial y al ambiente y dinámica de trabajo. Lo que se corrobora, además, con referencias expresas que el artículo realiza en ese sentido. Por ello, aun en la hipótesis de que su reacción pudiera calificarse de desabrida no cabe desconocer que el actor, al censurar públicamente que la gestión de los conflictos laborales se llevase a cabo de aquel modo, estaba defendiendo un interés específico, y los intereses que en su consideración correspondían a los trabajadores como miembro que era de ese colectivo, sin que el derecho fundamental a la libertad de expresión pueda estar condicionado por un deber de imparcialidad.
Finalmente, no se puede obviar el hecho de que los destinatarios a los que el recurrente dirigió sus críticas (la Universidad SEK y sus gestores) revestían una incuestionable notoriedad pública. Hemos dicho que cuando se ejercita la libertad de expresión reconocida en el art. 20.1 a) CE, los límites permisibles de la crítica son más amplios si ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas, están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna, pues, en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública (SSTC 159/1986, de 16 de diciembre; 3/1997, de 13 de enero, y 20/2002, de 28 de enero). En tal sentido hemos distinguido entre 'personaje público', categoría reservada únicamente a quienes tengan atribuida la administración del poder público, y 'personajes con notoriedad pública' (SSTC 134/1999, de 15 de julio; o 20/2002, de 28 de enero).
En el presente caso, aun cuando los gestores de la Universidad no fueran personas investidas de 'autoridad pública', no cabe dudar de que tienen una clara proyección pública atendiendo al puesto que ocupan o desempeñan y al servicio que la institución universitaria presta.
Las consideraciones que anteceden conducen a la estimación del amparo y sólo resta determinar el alcance de los pronunciamientos previstos en el art. 55 LOTC. Con este fin, procede declarar la nulidad de las Sentencias impugnadas que, a su vez, no declararon la nulidad del despido del recurrente en amparo por vulneración del art. 20.1 a) CE.
Estimar parcialmente el recurso de amparo interpuesto por don Fernando A.G. y, en su virtud:
Declarar que se ha vulnerado el derecho del recurrente en amparo a la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE].
Restablecerlo en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en Burgos, de 14 de mayo de 2002, así como la de la Sentencia del Juzgado de lo Social de Segovia recaída en autos núm. 559-2001, de fecha 14 de enero de 2002, con los efectos legales aparejados.
STSJ Cataluña 5761/2009, 17 de Julio de 2009 (Reclamación sobre despido disciplinario)
STS, 3 de Octubre de 1998
SAP Murcia 306/2003, 21 de Octubre de 2003
SAN, 3 de Abril de 2003

References: artículo 20
e contrario
 resolución 
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