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Timestamp: 2019-10-15 11:43:33+00:00

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STC 237/2006, 17 de Julio de 2006 - Jurisprudencia - VLEX 331555
STC 237/2006, 17 de Julio de 2006
Número de Recurso: 1921-2004
Sentencia citada en: 199 sentencias, 4 artículos doctrinales
En el recurso de amparo núm. 1921-2004, promovido por don J. R. M., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Rosa Sorribes Calle y asistido por el Letrado don Agustín Cruz Núñez, contra el Auto de 28 de octubre de 2003, la Sentencia de 7 de enero de 2004 y el Auto de 18 de febrero de 2004 dictados por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona en el procedimiento abreviado núm. 475-2002, por infracción del principio de igualdad (art. 14 CE) y del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 25 de marzo de 2004, don J. R. M. interpuso recurso de amparo contra las resoluciones judiciales citadas en el encabezamiento.
En el procedimiento abreviado 475-2002, seguido por presunto delito de alzamiento de bienes ante el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Manresa a instancia del demandante de amparo que ejercitaba la acusación particular y del Ministerio Fiscal, en el que figuraban como acusados don Mario Subirana Gou y doña Carmen González Salcedo, se dictó Sentencia el 17 de julio de 2003 en la que se absolvía a estos últimos del delito de que habían sido acusados.
Contra la anterior resolución, la representación procesal del demandante de amparo interpuso recurso de apelación, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, solicitando en el escrito de formalización la celebración de la vista oral para que en su transcurso se procediera al interrogatorio de los acusados y a la práctica de la prueba testifical de un total de cuatro testigos que ya habían comparecido como tales en el juicio oral celebrado en la primera instancia.
Mediante Auto de 28 de octubre de 2003 la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona acordó no haber lugar a admitir la práctica de la prueba propuesta por el apelante ni tampoco la celebración de vista, al entender que el art. 790.3 LECrim no permite la práctica de la prueba en el supuesto de autos. Contra esa decisión se presentó por el recurrente escrito de 2 de diciembre de 2003 poniendo de manifiesto la doctrina constitucional establecida a partir de la STC 167/2002 que exige la celebración de vista y la práctica de la prueba para revisar la valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia. Escrito de protesta que no recibió respuesta jurisdiccional por parte del Tribunal de apelación.
La Audiencia Provincial de Barcelona dictó Sentencia el 7 de enero de 2004 por la que, con desestimación del recurso de apelación interpuesto, confirmó íntegramente la resolución de la instancia.
"tal como conoce el recurrente es doctrina reciente del Tribunal Constitucional la que indica que ?el recurso de apelación en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de novum iudiciumm, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el Juez a quo (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4; 120/1999, de 28 de junio, FF JJ 3 y 5; ATC 220/1999, de 20 de septiembre). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim. otorga al Tribunal ad quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el art. 24.2 CE. De modo que, la Audiencia Provincial ha de respetar los principios de publicidad, inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con toda las garantías, lo que impide que valore por sí misma la prueba sin la observancia de los mencionados principios, dado su carácter personal, y que corrija con su propia valoración la del Juzgado de lo Penal (Cfr. TC SS 172/1997, de 14 Oct. y 167/2002, de 18 Sep.). (TC 2ª S 230/2002 de 9 Dic.)
En el caso presente esta doctrina es aplicable, pues este Tribunal no ha tenido ocasión de realizar, bajo los principios de publicidad, inmediación y contradicción, la prueba personal que el recurrente afirma haber sido erróneamente valorada por el juzgador de instancia lo que impide corregir la valoración efectuada por aquél también sobre la documental aportada e interpretada a la luz de la valoración de las declaraciones, prueba utilizada para constatar su insuficiencia en orden a acreditar la concurrencia del elemento subjetivo del delito de alzamiento de bienes que el juzgador de instancia rechaza al decir que no consta que el acusado Subirana conociera personalmente todas las vicisitudes del juicio ejecutivo y concretamente la Sentencia dictada en la primera instancia, ni consta acreditado que al tiempo de concertar las ventas de las fincas Subirana pretendiera evitar que Jacinto Roca se hiciese pago y no consta probado que la acusada González conociera la existencia del crédito a favor de Roca, ni ha quedado probado que fuera Mario Subirana quien de manera efectiva gestionase o continuase la explotación y efectuara una nueva valoración sobre su existencia, so pena de incurrir en vulneración de derechos fundamentales. Y añadir, tal como se dijo en el Auto anterior, de fecha 28 de octubre de 2003, que no es factible la repetición de la prueba practicada en la primera instancia en esta alzada, que se interesa en el recurso, al no existir previsión legal para ello en la regulación procesal de este procedimiento -artículo 790.3 LECrim- procedimiento que ha sido modificado por la Ley de 24-10-2002, es decir con posterioridad a las dos primeras de estas Sentencias enunciadas, dictadas por el Tribunal Constitucional" (sic, incluido el subrayado).
Contra esta Sentencia la representación del ahora recurrente de amparo promovió incidente extraordinario de nulidad de actuaciones, que fue inadmitido a trámite mediante Auto de 18 de febrero de 2004 con la fundamentación que sigue:
"por la parte apelante se solicita que se tenga por interpuesto incidente de nulidad de actuaciones contra el Auto dictado por este Tribunal en fecha 28-10-2003 notificado por fax a dicha parte en fecha 31-10-2003, y contra la Sentencia dictada en fecha 7-1-2004, notificada en fecha 22-1-2004. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 240.3 LOPJ procede inadmitir a trámite el incidente planteado tanto respecto del mencionado Auto, por ser extemporáneo, como respecto de la Sentencia, ya que la misma no hace más que reiterar, a modo de recuerdo, en lo referente a la inadmisión de la prueba solicitada, lo acordado con anterioridad en el meritado Auto, no concurriendo en definitiva los requisitos exigidos por dicho artículo para la admisión a trámite del incidente propuesto".
Contra las resoluciones anteriores se interpuso recurso de amparo el 25 de marzo de 2004 por parte de don J. R. M. por vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE) y del derecho fundamental a la prueba e infracción del derecho al recurso (art. 24 CE).
Por providencia de 11 de noviembre de 2004 la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3 LOTC conceder al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo común de 10 días para que formularán las alegaciones que estimasen pertinentes en relación con la carencia manifiesta de contenido constitucional de la demanda -art. 50.1 c) LOTC-. Asimismo se hacía saber al recurrente que en el indicado plazo de diez días debía acreditar fehacientemente la fecha de notificación a la representación procesal del recurrente de la Sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona de 7 de enero 2004, así como la del Auto de 18 de febrero de 2004 dictado por la misma Audiencia.
El 30 de noviembre de 2004 el Ministerio Fiscal intereso la admisión a trámite de la demandada amparo.
En cuanto al fondo del asunto el Ministerio público afirma que el motivo de la incongruencia interna carece de contenido constitucional al no presentar el razonamiento jurídico una quiebra lógica que determine su irrazonabilidad y debe conducir a la anulación correspondiente de la resolución recurrida. Entiende que no hay tal contradicción interna pues "lo que la Sala sostiene, ajustándose a la doctrina constitucional de la STC 167/2002 y posteriores, es que la exigencia de inmediación y de contradicción implica que para efectuar el novum iudicium que prevé el recurso de apelación penal cuando la Sentencia de primera instancia es absolutoria y al pronunciamiento se ha llegado luego de una valoración exclusiva de la prueba personal, es preciso para acordar su revocación y sustituirla por otra de signo condenatorio que el Tribunal celebre en la vista del recurso la práctica de la prueba oyendo a los acusados y a los testigos o peritos en la misma para continuar, en segundo lugar, que tal alternativa procesal que sería la procedente para efectuar en dicho caso la función revisora de la Sentencia de instancia, no es posible de lege data porque la norma procesal no contempla este supuesto". No hay contradicción interna, en definitiva, porque la decisión de desestimar el recurso se apoya, en el criterio de la Sala, en un obstáculo procesal, la imprevisión legislativa para permitir la reproducción en la segunda instancia de una prueba ya celebrada en la primera, lo que le lleva a entender que ha de desestimase el recurso y confirmarse la Sentencia de instancia.
Por escrito registrado en este Tribunal el 1 de diciembre de 2004 el recurrente en amparo ratificó la demanda originaria presentada.
Por providencia de 21 de julio de 2005 la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional acordó conocer del presente recurso de amparo y admitir a trámite la demanda presentada y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona para que en un plazo que no excediera de diez días remitiese certificación de las actuaciones correspondientes al rollo de apelación 435-2003, así como al Juzgado de lo Penal núm. 1 de Manresa para que en el mismo plazo remitiera certificación de las actuaciones correspondientes al procedimiento abreviado número 435-2002 advirtiendo a este órgano judicial de la obligación de emplazar en el recurso de amparo a quienes hubieran sido parte del procedimiento, excepto a la parte recurrente, para que, si así lo desearan, pudiesen comparecer en el plazo de diez días.
Por diligencia de ordenación 18 de octubre de 2005 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que presentaran, dentro de dicho plazo, las alegaciones que estimasen pertinentes de conformidad con el art. 52.1 LOTC.
El 21 de noviembre de 2005 se registró escrito de la parte recurrente en amparo alegando, básicamente, los mismos argumentos que sustentaron la demanda original planteada.
Por escrito registrado en este Tribunal el 29 de noviembre de 2005 el Ministerio Fiscal interesó la desestimación de la demanda de amparo formalizada.
En relación con el hecho de que la Sentencia de apelación dictada hubiera privado al recurrente del ejercicio efectivo de su derecho al recurso, motivo por el que solicitó la admisión a trámite de la demanda en su momento, señala el Ministerio Fiscal que con posterioridad este Tribunal ha dictado el Auto de 18 de julio de 2005 en el recurso núm. 7075-2003 en el que se afirma que "ciertamente nada impide volver a oír en apelación no sólo al encausado ... sino también a los testigos ... pero ello -se sobrentiende- siempre y cuando subyazca el convencimiento del órgano ad quem, a la vista de las apelaciones interpuestas y de las actuaciones obrantes en la causa (esencialmente, dentro de éstas, a la vista de lo razonado por el juzgador) de la culpabilidad del encausado. Si nada le lleva a tal convencimiento, se desprende con meridiana naturalidad que, en uso del margen que le concede la ley, ninguna obligación tiene de abrir la vista y de volver a realizar las pruebas de carácter personal que se efectuaron en la instancia".
Por providencia de 13 de julio de 2006, se acordó para deliberación y votación de esta Sentencia el día 17 del mismo mes y año.
El demandante de amparo alega la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación de la Ley (art. 14 CE) por parte del Auto de inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones, así como del derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE) por parte de la Sentencia recurrida en sus concretas vertientes de falta de motivación, incongruencia interna, acceso a los recursos y, en relación con éste, del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes por no haberse admitido las pruebas propuestas en segunda instancia; vulneraciones, todas ellas, cuyo origen para el demandante es común: la realización por parte del órgano judicial de una interpretación del art. 790.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim) que no respeta la doctrina constitucional sobre la necesidad de adecuar dicha norma al debido respeto al derecho a un proceso con toda las garantías.
Un correcto análisis del conjunto de quejas sometidas a nuestra consideración exige recordar que el incidente de nulidad de actuaciones se interpuso contra el Auto de 28 de octubre de 2003 y contra la Sentencia de 7 de enero de 2004, que confirmaba la argumentación del primero, en relación con la inadmisión de pruebas llevada a cabo; asimismo, contra la Sentencia se alegaba, además y como vulneraciones derivadas de esa queja principal, la infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por incongruencia interna de la resolución y falta de motivación, del derecho al recurso legal, al negarse el mismo como consecuencia de utilizar una argumentación contradictoria y, finalmente, la vulneración del principio fundamental de igualdad, al contradecirse, a juicio del recurrente, el órgano judicial en dos decisiones emitidas en el mismo proceso.
Conviene comenzar aclarando que la demanda imputa una vulneración única, la del principio de igualdad en la aplicación de la Ley, al Auto de inadmisión del incidente de nulidad impugnado, lo que debe ya desestimarse pues, no sólo el caso que se aporta de contraste no es semejante, pues allí se trataba de una resolución interlocutoria que no ponía fin al proceso y en el presente caso el Auto se ha dictado tras interponerse contra resolución irrecurrible, sino porque, además, ambas resoluciones, en el punto litigioso contienen una misma doctrina consistente en que la reparación de la nulidad solicitada debe realizarse, de modo previo, a través de los recursos ordinarios que sean pertinentes, sin que cuando tales existan sea posible acudir al remedio excepcional del incidente de nulidad de actuaciones.
Ello precisado, debemos examinar el conjunto de quejas que, sobre el fondo del asunto, se imputan en la demanda de amparo a la Sentencia de apelación impugnada. En concreto, se imputa a esta resolución judicial una serie de quejas subsumibles en el art. 24 CE y al principio de igualdad (art. 14 CE), respecto de las cuales el demandante de amparo interpuso antes de acudir en amparo un incidente de nulidad de actuaciones lo que exige examinar, con carácter previo, si con ello procedió a una prolongación artificiosa e innecesaria de la vía judicial previa que impida ahora a este Tribunal el análisis de las quejas del recurrente al ser doctrina constante la de que "el cumplimiento del plazo previsto en el art. 44.2 LOTC no constituye una exigencia formal sin justificación, sino que representa una garantía sustancial de seguridad jurídica que actúa como plazo de caducidad, improrrogable y de imposible suspensión, no susceptible de ser ampliado artificialmente por arbitrio de las partes" y la de que, en consecuencia, "la fecha en que ha de iniciarse el cómputo del referido plazo es aquella en la que al demandante de amparo se le notifica o tiene conocimiento suficiente o fehaciente de la resolución que pone fin a la vía judicial previa, sin que puedan tomarse en consideración los recursos notoriamente inexistentes o inviables que se interpongan con posterioridad a dicha fecha" (por todas, STC 245/2000, de 16 de octubre, FJ 2, y las numerosas allí citadas).
El análisis que debemos llevar a cabo, por lo demás, exige igualmente recordar que este Tribunal viene declarando que el incidente de nulidad de actuaciones previsto en el art. 240.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, según la redacción de la Ley Orgánica 13/1999, de 14 de mayo, que es el que ha sido aplicado por el órgano judicial en este caso) constituye "el remedio procesal idóneo para obtener la reparación de los ?defectos de forma que hubieran causado indefensión o de la incongruencia del fallo, siempre que los primeros no haya sido posible denunciarlos antes de recaer Sentencia o resolución que ponga fin al proceso y que, en uno u otro caso, la Sentencia o resolución no sea susceptible de recurso en el que quepa reparar la indefensión sufrida?. En tales casos antes de acudir en amparo debe solicitarse en la vía ordinaria "el incidente de nulidad previsto en el art. 240.3 LOPJ, sin cuyo requisito la demanda de amparo devendrá inadmisible, conforme a los arts. 44.1 a) y 50.1 a) LOTC, por falta de agotamiento de todos los recursos utilizables dentro de la vía judicial" (SSTC 228/2001, de 26 de noviembre, FJ 3, y 74/2003, de 23 de abril, FJ 2, entre otras muchas). Fuera de estos supuestos, por el contrario, la interposición de un remedio excepcional como es el incidente de nulidad de actuaciones deviene en general un recurso manifiestamente improcedente, en especial, cuando se inadmite a limine por incumplimiento de los requisitos de procedibilidad exigidos por el art. 241 LOPJ (anterior art. 240.3 LOPJ).
Pues bien, de conformidad con la regulación legal del incidente de nulidad de actuaciones resulta evidente que, en ningún caso, este remedio es factible para alegar una supuesta vulneración del principio de igualdad (art. 14 CE), como se pretendía en el incidente de nulidad de actuaciones. Pero tampoco lo es respecto a las quejas que se esgrimían en ese mismo escrito al amparo del derecho a una tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24 CE).
En efecto, ello es claro en relación con la queja del derecho a la prueba que se alegaba porque, a su juicio, la doctrina aplicada era contraria a una correcta interpretación constitucional. También lo es en la queja sobre la vulneración del derecho al acceso al recurso legal. Y lo mismo debe afirmarse respecto a la falta de motivación que se imputaba a la Sentencia de apelación y que, aunque se articula en la demanda de amparo como una "incongruencia interna" de la Sentencia, tan sólo constituye un defecto de motivación y no de incongruencia (STC 140/2006, de 8 de mayo, FJ 2 y las numerosas que cita), al ceñirse la incongruencia a un "desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido" (STC 194/2005, de 18 de julio, FJ 2, y las que cita), que no ha ocurrido en el caso que nos ocupa.
Las quejas referidas, así pues, no resultaban subsumibles, por sí mismas y tal y como se planteaban en el escrito de nulidad, en ninguno de motivos previstos en el precepto legal (ni el art. 240.3 LOPJ ni el actual art. 241 LOPJ), por lo que la demanda debe ser inadmitida y este Tribunal no puede ahora entrar a conocer del fondo de las mismas. Y ello aun cuando los defectos procesales no hayan sido advertidos en fase anterior al trámite previsto en el art. 50 LOTC y sólo se hayan apreciado a la vista del conjunto de las actuaciones, pues es constante nuestra jurisprudencia afirmando que los defectos insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso de amparo no resultan sanados porque el recurso haya sido inicialmente admitido a trámite, de forma que "la comprobación de los presupuestos procesales para la viabilidad de la acción pueden reabordarse o reconsiderarse en la Sentencia, de oficio o a instancia de parte, dando lugar a un pronunciamiento de inadmisión por la falta de tales presupuestos, sin que para ello constituya obstáculo el carácter tasado de los pronunciamientos previstos en el art. 53 LOTC (por todas, SSTC 146/1998, de 30 de junio, FJ 2; y 32/2002, de 11 de febrero, FJ 2)" (STC 204/2005, de 18 de julio, FJ 2).
Inadmitir la demanda de amparo de don J. R. M..
STSJ Comunidad de Madrid 1514/2006, 29 de Diciembre de 2006
ATS 2121/2014, 11 de Diciembre de 2014
STSJ Comunidad de Madrid 21/2013, 9 de Enero de 2013

References: resolución 
 artículo 240
 artículo 50
 resolución 
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