Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/plena/RE-2014/re201400060.html
Timestamp: 2019-03-21 06:05:01+00:00

Document:
rs201401060
RESOLUCION: 60/2014
EXP. N°: 173/2014
PROCESO: Medida Precautoria.
PARTES: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas contra la Fundación Bolivia Exporta
VISTOS EN SALA PLENA: La solicitud de medidas precautorias del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas sobre los bienes de la Fundación Bolivia Exporta, los antecedentes del proceso y el Informe de la Magistrada tramitadora Rita Susana Nava Duran.
CONSIDERANDO: Que el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luís Alberto Arce Catacora, por memorial de fojas 41 a 47 y memorial ampliatorio de fojas 62 a 63, solicita la imposición de medidas precautorias sobre los bienes la Fundación Bolivia Exporta, manifestando lo siguiente:
El D.S. Nº 23056 de 12 de febrero de 1992, en su artículo 1, autoriza la suscripción del Convenio de Crédito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) hasta un monto de 16.600.000 de Derechos Especiales de Giro destinados a financiar el Proyecto “Desarrollo Agroexportación”. En mérito a lo señalado, se suscribió el Convenio de Crédito de Desarrollo Nº 2322-BO, por el monto de 16.600.000 de Derechos Especiales de Giro, por el plazo de 40 años incluyendo 10 años de gracia, destinados a financiar el Proyecto antes señalado, a ser ejecutado por la Fundación Bolivia Exporta, suscribiéndose el Convenio de Administración de Recursos en fecha 20 de octubre de 1992, el mismo que fue modificado en cuatro oportunidades: Primero, incrementando el préstamo y reduciendo la donación y el interés anual; Segundo, otorgando nueva prórroga del monto correspondiente al pago de interés diferido; Tercero, otorgando nuevas condiciones para el diferimiento al pago de interés por parte de la Fundación Bolivia Exporta (FBE), ampliando el cronograma de pagos y considerando un pago adicional de la fundación (FBE) a la República; y Cuarto, finalmente se amplió el plazo para el pago de capital hasta el 15 de octubre de 2013 y la Fundación (FBE) se compromete a efectuar un pago adicional de 9.597.879,12 Derechos Especiales de Giro, con el propósito de mantener el valor presente neto del cronograma de pagos.
Los anteriores hechos demuestran el fumus bonis iuris o presunción de buen derecho que el Estado de Bolivia tiene sobre el pago del capital de 5.714.462 de Derechos Especiales de Giro conforme se encuentra determinado en los convenios suscritos, así como los intereses corrientes por un importe de 1.896.772,33 de Derechos Especiales de Giro y el pago adicional de 9.597.879,12 de Derechos Especiales de Giro, otorgados en calidad de préstamo mediante el Convenio de Crédito Nº 2322-BO, suscrito entre el Banco Mundial y el Gobierno de Bolivia relativo al Proyecto de Desarrollo Agroexportador, ejecutado por la Fundación Bolivia Exporta (FBE).
Por otro lado, la Nota SCAE/327/2012 de fecha 28 de junio de 2012, realizada por la Contraloría General del Estado, concluye sobre la existencia de riesgo antes de que se cumpla el plazo establecido para la devolución del préstamo y pago de intereses por diferimiento de la Fundación Bolivia Exporta (FBE), motivo por el cual pone en conocimiento del Ministro de Economía y Finanzas Públicas para que adopte las acciones correspondientes precautelando los recursos del Estado.
Ante el peligro en la demora o periculum in mora, debido a la existencia de un riesgo cierto y evidente que se verifica en la Nota SCAE/327/2012 de la Contraloría General del Estado, así como la aceptación expresa por la Fundación Bolivia Exporta (FBE) de verse impedida de continuar con pagos posteriores al mes de octubre de 2014 de acuerdo a lo expresado en la Nota FBE-GG.060/10 y el preaviso de retiro a todo el personal en relación al cese de funciones a partir del 1 de enero del 2014, establecido en la Nota FBE-GG-049/13, siendo axiomática la disminución gradual de las inversiones entre las gestiones 2005 a 2010, que repercute en el ingreso por rendimiento financiero de la Fundación Bolivia Exporta (FBE), demostrándose la existencia de un peligro de lesión o frustración del derecho, el mismo que debe ser atendido al no tratarse de un mero temor subjetivo sino un hecho claro y concreto sobre la posible disposición de los bienes de la Fundación Bolivia Exporta (FBE).
Por lo anteriormente señalado y que las medidas precautorias son actos procesales que buscan asegurar el resultado práctico de la pretensión, garantizando la existencia de bienes sobre los cuales debe cumplirse la sentencia judicial y que el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, señala que antes de presentarse la demanda o durante la sustanciación del proceso pueden pedirse las siguientes medidas: anotación preventiva, embargo preventivo, secuestro, intervención y prohibición de celebrar actos o contratos sobre bienes determinados, se solicita las siguientes medidas precautorias de los bienes que se detallan a continuación:
5.1 ANOTACION PREVENTIVA DE BIENES INMUEBLES
Nº DE FOLIO REAL
SOPRASUR Propiedad Iscayachi
6.05.2.09.0000019
6.05.2.09.0000020
FUNDO EXFLOBOLSA-MARQUINA
Lote A (3AP)
3.09.1.02.0001527
3.09.1.02.0001741
Lote C (5AP)
3.09.1.02.0001526
18152.61 m²
FUNDO RUSTICO EL CHARAL
Propiedad Ganadera – Reserva Privada de Patrimonio Natural
8.03.2.01.0002026
300.000 Has.
Urbanización la Glorieta
Nº 45 Manzano 114
2.01.0.99.0061545
A este efecto, se solicita que se oficie mediante exhorto suplicatorio a las Oficinas de Derechos Reales de las ciudades de Tarija, Beni, Cochabamba y La Paz para que se proceda a la anotación preventiva de los bienes señalados. Asimismo se oficie a la Dirección de Derechos Reales dependiente del Consejo de la Magistratura – Sucre, para que emita un informe a nivel nacional respecto a los bienes que actualmente están registrados a nombre de la Fundación Bolivia Exporta, detallando la matrícula, descripción, titularidad, gravámenes, hipotecas o cancelación de hipotecas.
5.2 BIENES MUEBLES SUJETOS A REGISTRO
a) Bienes Muebles Sujetos a Registro
Clase- Marca
Tipo - Modelo
Motor- Chasis
Fundación Bolivia Exporta
TB48023052
JN1TFSY61Z0542199
Para tal efecto, se solicita se oficie mediante exhorto suplicatorio a la Dirección del Organismo Operativo de Tránsito de la Policía Nacional de la ciudad de La Paz, para que proceda a la Anotación Preventiva del vehículo descrito e igualmente, se oficie a la Dirección Nacional del Organismo Operativo de Tránsito para que informe a nivel nacional, sobre los vehículos que se encuentran registrados a nombre de la Fundación Bolivia Exporta.
b) Acciones o Derechos
Se solicita, se oficie a FUNDEMPRESA para que proceda a la anotación preventiva de aquellas acciones o derechos que la Fundación Bolivia Exporta tuviere registrados en: ENTEL, PYMECAPITAL, SOPRASUR LTDA. y CORDILL S.A..
Asimismo se solicita se oficie a FUNDEMPRESA para que informe sobre la participación accionaria, capital social, tipo de empresa comercial y datos conexos sobre las empresas registradas en su base de datos a nombre de la Fundación Bolivia Exporta.
Por último, se solicita se oficie a las Cooperativas de Teléfonos a nivel nacional, para que las mismas informen a nivel nacional sobre los bienes que tuviere registrados la Fundación Bolivia Exporta.
5.3 CONGELAMIENTO DE CUENTAS Y RETENCION DE FONDOS
Se solicita se disponga la retención de fondos que tuviere la fundación Bolivia Exporta, en todos los Bancos del Estado Plurinacional, sea por ante la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y con los oficios de Ley. Así como el congelamiento de las operaciones bancarias pasivas a nivel nacional (cajas de ahorro, cuentas corrientes y DPF´s).
Conforme al Auto Supremo Nº 193/2013, se concluye que la contención emergente de los contratos administrativos corresponde conocer en su trámite al Tribunal Supremo de Justicia en su Sala Plena como proceso contencioso, jurisdicción procesal que deberá mantenerse hasta que el órgano legislativo dote de la normativa adecuada como una jurisdicción especializada, dispuesta así por la actual Constitución Política del Estado, en la última parte del art. 179 parágrafo I, en ese mismo sentido se encuentra el 4 parágrafo I numeral 3 de la Ley del Órgano Judicial. Asimismo el art. 775 y siguientes del Código Adjetivo Civil, conforme señala la Disposición Final Tercera de la Ley 439 de 19 de noviembre de 2013, dispone que en todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, como a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentara la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327 del Código de Procedimiento Civil.
Por memorial ampliatorio de medidas precautorias, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas solicita la ampliación de las siguientes medidas precautorias:
Embargo Preventivo de Acciones
Tratándose del embargo preventivo de acciones que forman parte del capital accionario de entes jurídicos, como sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, conforme se describe a continuación, se solicita su registro en el libro correspondiente:
REGISTRO DE FOLIO
0002854 (752 Acciones)
07-037406-01
01914 al 01915
71-035871 (Línea telefónica)
12/Enero/1995
21-028198 (Línea telefónica)
23/mayo/1996
21-023370 (Línea telefónica)
62-001350 (Línea telefónica)
71-023327 (Línea telefónica)
71034164 (Línea telefónica)
18/marzo/1999 (Certificado aportación)
26/ febrero/2002 (modificación transferencia)
71034163 (Línea telefónica)
Teniendo conocimiento sobre la existencia de otro bien inmueble, se solicita se efectúe la anotación preventiva del inmueble que se detalla a continuación.
2.01.099.0187867
CONSIDERANDO: Que para la concesión de las medidas precautorias solicitadas se debe realizar las siguientes consideraciones de hecho y derecho:
La competencia de este Tribunal para ordenar las medidas precautorias solicitadas por el Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luís Alberto Arce Catacora, devienen del art. 775 del Código de Procedimiento Civil y art. 10 parágrafo I de la Ley Nº 212 (Ley de Transición para el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional de 23 de diciembre del 2011), que expresamente señalan:
Código de Procedimiento Civil: Articulo 775°.- En todos los casos en que existiere contención emergente de los contratos, negociaciones o concesiones del Poder Ejecutivo, conforme a las previsiones pertinentes de la Constitución Política del Estado, se presentará la demanda ante la Corte Suprema de Justicia con los requisitos señalados en el artículo 327.
Ley Nº 212: Artículo 10. (Causas Contenciosas - Administrativas).
La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia conocerá las causas contenciosas que resultaren de los contratos, negociaciones y concesiones del Órgano Ejecutivo, y de las demandas contenciosas - administrativas, a que dieren lugar las resoluciones del mismo; hasta que sean reguladas por Ley como Jurisdicción Especializada.
La Sentencia Constitucional Nº 0060/2014 de 3 de enero de 2014, ha ratificado la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para conocer los conflictos suscitados en los contratos administrativos que deben ser impugnados conforme a lo previsto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil, la referida sentencia expresamente señala: “(…)En ese sentido, de lo expuesto y a objeto de no entrar en contradicciones del caso en examen, se tiene que los tres contratos suscritos entre la UAGRM y la Empresa Constructora Aguarague, contemplaron entre una de sus cláusulas el marco legal que regirá dicha relación contractual, cuya base se tiene en el texto constitucional, además en la Ley de Administración y Control Gubernamentales, debido a que por la naturaleza administrativa de los mismos genera el sometimiento a las cláusulas de los contratos, en tal entendimiento los conflictos suscitados en los contratos administrativos deben ser impugnados ante la instancia respectiva, conforme a lo previsto en el artículo 775 del Código de Procedimiento Civil(…)”.
En el presente caso, el D.S. Nº 23056 de 12 de febrero de 1992, en su art. 1, autorizó la suscripción del Convenio de Crédito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) hasta un monto de 16.600.00 de Derechos Especiales de Giro destinados a financiar el Proyecto “Desarrollo Agroexportación”, este Decreto fue ratificado por Ley Nº 1346 de 15 de septiembre de 1992. En ejecución de la señalada ley, se suscribió el Convenio de Crédito de Desarrollo Nº 2322-BO, por el monto de 16.600.000 de Derechos Especiales de Crédito, por el plazo de 40 años incluyendo 10 años de gracia, destinados a financiar el Proyecto “Desarrollo Agroexportación”. En función al Convenio de Crédito de Desarrollo Nº 2322-BO, se suscribió el Convenio de Administración de Recursos en fecha 20 de octubre de 1992, entre la República representado por el Ministro de Finanzas Públicas, Ing. Jorge Quiroga y FBE, el mismo que fue modificado en cuatro oportunidades, siendo la última modificación de 5 de septiembre de 2005.
Por Nota Nº SCAE/327/2012 de 28 de junio de 2012 (fs. 1 a 4) de la Contraloría General del Estado, se informa al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que existe riesgo que antes de que se cumpla el plazo establecido para la devolución del préstamo y pago de intereses por diferimiento, la Fundación Bolivia Exporta, no tenga liquidez para realizar el pago de la integridad del préstamo y que por Misiva Nº FBE-GG-060/2012 de fecha 28 de noviembre de 2012 del Gerente General de la Fundación Bolivia Exporta, Romel Antelo Mejía, hace conocer al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que a partir de octubre del 2014, se verán impedidos de continuar con pagos posteriores, fruto de la liquidez para operar inversiones y continuar con las actividades de capital de riesgo y otras.
En el caso de autos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha solicitado varias medidas precautorias, fundado en el artículo 156 del Código de Procedimiento Civil, que dispone que antes de presentarse la demanda podrán pedirse las medidas precautorias siguientes: 1) anotación preventiva; 2) embargo preventivo; 3) secuestro; 4) intervención; 5) prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados.
Sobre las medidas precautorias solicitadas, se deben realizar las siguientes disquisiciones legales:
Sobre la anotación preventiva, es necesario indicar que conforme al artículo 1552 parágrafo 1 del Código Civil se puede pedir la anotación preventiva de los derechos en el registro público, en los siguientes casos: 1) Quien demanda en juicio la propiedad de bienes inmuebles, o que se constituya, declare, modifique o extinga cualquier derecho real; 2) Quien obtiene a su favor providencia de secuestro o mandamiento de embargo ejecutado sobre bienes inmuebles de deudor; 3) Quien en cualquier juicio obtiene sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada por la que se condena al demandado a que cumpla una obligación; 4) Quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, según el artículo 1540 inciso 14) ; y 5) Quien tenga un título cuya inscripción definitiva no puede hacerse por falta de algún requisito subsanable.
De todas las anteriores causales, se evidencia que esta se ajusta a la causal 4) del citado artículo del sustantivo civil, referida a quien deduce demanda para obtener sentencia sobre impedimentos o prohibiciones que limiten o restrinjan la libre disposición de los bienes, es decir, limitar el derecho a la libre disposición de los bienes sobre la base del Convenio de Crédito con la Asociación Internacional de Fomento (AIF), en razón de ello, este Tribunal Supremo de Justicia opta por otorgar esta medida, con la salvedad de que sí la anotación preventiva ordenada no se convierte en inscripción con la presentación de la sentencia, caducará a los dos años de ordenada de conformidad al artículo 1553 parágrafo I del Código Civil.
En relación al embargo preventivo de acciones y derechos, es preciso tomar en cuenta que el artículo 162 del Código de Comercio que en su párrafo segundo dispone que: “(…) En las sociedades por acciones y de responsabilidad limitada se puede embargar y hacer vender las acciones o cuota de propiedad del accionista o socio deudor, con sujeción a las disposiciones aplicables”. Asimismo, el anterior artículo del Código de Comercio, debe relacionarse con el artículo 158 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, que determina entre otras causales que: “El acreedor de una deuda en dinero o especie podrá pedir el embargo preventivo cuando: 2) La existencia del crédito estuviere demostrada por documento público o privado reconocido y siempre que la obligación no se encontrare suficientemente garantizada”. En el presente caso de autos, sobre la base del Convenio de Administración de Recursos de fecha 20 de octubre de 1992, suscrito entre la República de Bolivia representada por el Ministro de Economía y Finanzas, Jorge Quiroga y por la Fundación Bolivia Exporta (FBE) representada por Hugo Castellaños y que las Notas Nº SCAE/327/2012 de 28 de junio de 2012 (fs. 1 a 4) de la Contraloría General del Estado y Misiva Nº FBE-GG-060/2012 de fecha 28 de noviembre de 2012 del Gerente General (Romel Antelo Mejía) de la Fundación Bolivia Exporta, se evidencia que existe un crédito en riesgo de ser cobrado y que no está suficientemente garantizado, cumpliéndose los requisitos previstos en el art. 158 inc. 2) del Código de Procedimiento Civil, por lo que este Tribunal decide ordenar la anotación preventiva de las acciones y derechos solicitados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
En relación al congelamiento de cuentas y retención de fondos, se debe señalar que son dos medidas precautorias distintas, ya que la primera impone la prohibición total de disponer el dinero depositado en las cuentas bancarias del obligado o deudor mientras que la segunda, impone la prohibición de retener los fondos de la cuenta bancaria del obligado o deudor hasta un monto determinado. Asimismo, mientras una es innominada (congelamiento de cuentas) la otra es nominada (retención de fondos). Se hace imperioso también señalar, que de acuerdo al artículo 169 del Código de Procedimiento Civil, fuera de los casos previstos en el artículo 156 del Cuerpo Adjetivo Civil, quien tuviere fundado motivo para temer que durante el tiempo anterior al reconocimiento judicial de su derecho, éste pudiera sufrir un perjuicio inminente o irreparable puede solicitar, las medidas urgentes según las circunstancias. Por último, de conformidad al artículo 170 Código de Procedimiento Civil, es facultad del Juez limitar la medida precautoria o disponer otra diferente según la importancia del derecho que se pretende disponer, en razón de ello este Tribunal y considerando que se debe pagar un capital de 5.714.462 Derechos Especiales de Giro, así como los intereses de 1.896.772,33 Derechos Especiales de Giro y el pago adicional de 9.597.879,12 Derechos Especiales de Giro, opta por otorgar la medida precautoria de congelamiento de cuentas.
POR TANTO: La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, de conformidad a los artículos 1552 del Código Civil, 162 del Código de Comercio, 10 parágrafo I de la Ley 212 y 156 incs. 1) y 2), 158 , 169, 170 y 775 del Código de Procedimiento Civil dispone:
Se ORDENA LA ANOTACION PREVENTIVA de los siguientes bienes inmuebles y muebles sujetos a registro:
FUNDACION BOLIVIA EXPORTA
BIENES MUEBLES SUJETOS A REGISTRO
Se ORDENA EL EMBARGO PREVENTIVO de las siguientes acciones y derechos de líneas telefónicas de propiedad de la Fundación Bolivia Exporta:
26/febrero/2002 (modificación transferencia)
SE ORDENA EL CONGELAMIENTO DE CUENTAS DE CAJAS DE AHORRO, CUENTAS CORRIENTES Y DPF´S de la Fundación Bolivia Exporta en todos los Bancos y Entidades Financieras del Estado Plurinacional de Bolivia.
Para la ejecución de la anotación preventiva de bienes inmuebles por Secretaria de Sala Plena líbrese los testimonios de Ley, adjuntando la fotocopia legalizada del presente Auto Supremo para su cumplimiento por intermedio de la Dirección de Derechos Reales del Consejo de la Magistratura que ordenará su cumplimiento por los distintos jueces de Derechos Reales que correspondan.
Para la ejecución de la anotación preventiva de bienes muebles sujetos a registro por Secretaria de Sala Plena líbrese los testimonios de Ley, adjuntando la fotocopia legalizada del presente Auto Supremo para su cumplimiento por intermedio de la Dirección Departamental de Tránsito de La Paz y Gobierno Autónomo Municipal de La Paz.
Para ejecución del embargo preventivo ordenado, por Secretaria de Sala Plena líbrese los oficios de Ley, adjuntando la fotocopia legalizada del presente Auto Supremo para su cumplimiento por intermedio de la Cooperativa de Teléfonos La Paz y Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) y FUNDEMPRESA.
Para ejecución del congelamiento de cuentas ordenado por Secretaria de Sala Plena líbrese los oficios de Ley, adjuntando la fotocopia legalizada del presente Auto Supremo para su cumplimiento por intermedio de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 1553 del Código Civil a efectos de resguardo de sus derechos.
No suscriben el Magistrado Pastor Segundo Mamani Villca y la Magistrada Maritza Suntura Juaniquina por ser de voto disidente.
Fdo. Sandra Magaly Mendivil

References: artículo 1
 artículo 156
 artículo 327
 artículo 327
 Artículo 10
 artículo 775
 artículo 775
 artículo 156
 artículo 1552
 artículo 1540
 artículo 1553
 artículo 162
 artículo 158
 artículo 169
 artículo 156
 artículo 170
 artículo 1553