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Timestamp: 2020-07-04 18:19:17+00:00

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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES QUE SUFREN UN ACCIDENTE DE TRABAJO
En el artículo 115 de la Ley General de la Seguridad Social define el concepto de accidente de trabajo de la siguiente forma:
“Se entiende por accidente de trabajo toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena.”
Es de aplicación tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los que lo son por cuenta propia. Sin embargo, los trabajadores autónomos presentan algunas salvedades que se detallan en el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre, a las que se aludirá expresamente en los apartados que corresponda.
A diferencia de lo que sucede con las bajas por Contingencias comunes, en los casos de Accidentes de trabajo no se exige periodo de carencia, esto es, se tendrá derecho a la percepción de las prestaciones por la contingencia de Accidente de trabajo desde el primer día de trabajo efectivo.
Rige el principio de automaticidad, lo que implica, que el accidentado va a recibir la prestación independientemente del cumplimiento de las obligaciones del empresario. Es decir, aunque el empresario no haya dado de alta al trabajador, si este sufre un accidente de trabajo tiene derecho a la prestación indicada siempre y cuando quede acreditada la relación laboral y se determine la contingencia como accidente de trabajo.
Se mejoran las bases de cotización, ya que se incluyen las horas extraordinarias.
Los accidentes de trabajo tienen la siguiente clasificación en base al artículo 115.2 LGSS:
Tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
a)Los que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo.
En cuanto a estos tipos de accidentes también denominados accidentes in itinere, son aquellos que se produzcan al ir o al volver del trabajo, y la jurisprudencia ha marcado ciertos requisitos entre los que destacan los siguientes:
- Elemento teleológico: Determinar el motivo del desplazamiento, es decir, si el motivo del desplazamiento es de índole laboral.
- Elemento cronológico: El accidente debe ocurrir en momentos anteriores o posteriores a la entrada o salida del trabajo. Se trata de un tiempo inmediato o razonablemente próximo.
- Elemento topográfico: hace referencia a la utilización del trayecto habitual y no otro más peligroso ni más largo…
- Elemento modal o mecánico: Se trata de utilizar un medio de transporte que tiene que ser racional y adecuado.
A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, la normativa aplicable a los autónomos no prevé como accidente de trabajo aquellos accidentes que sufra el trabajador al ir o volver del lugar del trabajo.
Los accidentes acaecidos en misión son aquellos que suceden durante el tiempo en el que el trabajador está a disposición de la empresa aunque en este momento no se esté realizando la actividad laboral. No ocurren de camino al trabajo ni en el centro de trabajo. Por ejemplo, el TS declaró como accidente de trabajo la muerte de un camionero que sufrió isquemia miocárdica, accidente que se produjo en tiempo de trabajo, dentro del camión mientras el trabajador dormía. Aunque no se presta trabajo efectivo de conducción, se está realizando servicio de guardia y vigilancia tanto del camión como de la mercancía, al igual que cumpliendo con las horas reglamentariamente estipuladas para descanso.
b) Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o al volver del lugar en que se ejerciten las funciones propias de dichos cargos.
c) Los ocurridos con ocasión o por consecuencia de las tareas que, aun siendo distintas a las de su categoría profesional, ejecute el trabajador en cumplimiento de las órdenes del empresario o espontáneamente en interés del buen funcionamiento de la empresa.
d) Los acaecidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.
e) Las enfermedades, no incluidas en el artículo 166 de la Ley General de Seguridad Social, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su trabajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.
f) Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.
Un claro ejemplo sería el caso de una trabajadora que padecía una patología respiratoria previa y la misma se viese agravada en lugar y tiempo de trabajo como consecuencia del polvo generado por una obra cercana a su centro de trabajo, lo que evidencia la existencia de nexo causal entre lesión y trabajo.
g) Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiridas en el nuevo medio en que se haya situado el paciente para su curación.
Por ejemplo: Un trabajador se cae de un andamio y como consecuencia a veces tiene mareos. Estos mareos tendrán la consideración de Accidente de Trabajo.
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que son constitutivas de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo.
No tendrán la consideración de accidentes de trabajo:
- Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al trabajo, entendiéndose por ésta la que sea de tal naturaleza que ninguna relación guarde con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente.
En ningún caso se considerará fuerza mayor extraña al trabajo la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza.
- Los que sean debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado, por ejemplo, intoxicación etílica, conducción temeraria, consumo de sustancias ilegales.
- Aquellos en los que intervenga una tercera persona y haya motivos personales entre el accidentado y esa tercera persona.
En cambio, cuando intervenga un tercero sin que entre él y el accidentado medien relaciones personales, el empresario u otro compañero, sí tendrá consideración de Accidente de trabajo. Por ejemplo, accidente de trabajo que tiene lugar porque la empleada sufre crisis de ansiedad como consecuencia del acoso laboral sufrido ya sea por parte de algún compañero o por parte del empresario.
Los requisitos para la determinación de la contingencia de Accidente de trabajo (AT) son los que se reflejan a continuación:
1.- Existencia de lesión corporal. Se incluyen secuelas psíquicas.
2.- Relación de causalidad entre la lesión y el trabajo. Es decir, la lesión ha de producirse como consecuencia del trabajo.
3.- Presunción iuris tantum. La otra parte tendrá que demostrar que no se trata de un AT, es decir, el empresario tiene la carga de la prueba y es el que tiene que probar que no se trata de un AT.
Las prestaciones a las que se tiene derecho por la contingencia de Accidente de trabajo son las siguientes:
- Asistencia sanitaria (art. 125.3 LGSS): El objetivo es el restablecimiento de la salud del accidentado y su capacidad laboral. Se trata de una reparación íntegra del daño incluyendo cirugía plástica y generadora, suministro de prótesis y ortopedia, implantación de piezas dentales, gastos por desplazamientos fuera del domicilio.
En caso de tener que pedir reembolso de gastos por los tratamientos recibidos y pagados, habrá que dirigirse a la entidad aseguradora (mutua).
- Incapacidad Temporal (IT): Tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal las debidas a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.
Es decir, el periodo durante el cual el trabajador está de baja médica tiene derecho a percibir subsidio de IT. Se calcula teniendo en cuenta las bases de cotización del mes anterior de trabajo, percibiendo el trabajador el 75%. Algunos convenios establecen mejoras a cargo de la empresa, pudiendo alcanzar así el 100% de la prestación.
El proceso de IT comienza el día siguiente al accidente.
En caso de que la empresa no esté reembolsando el subsidio de IT al trabajador, este puede exigir el pago directo de la aseguradora.
En cuanto a los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que hayan mejorado voluntariamente el ámbito de la acción protectora que dicho régimen les dispensa, incorporando la correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que los interesados, previa o simultáneamente, hayan optado por incluir, dentro de dicho ámbito, la prestación económica por incapacidad temporal, tendrán derecho a las prestaciones originadas por dichas contingencias, en la misma extensión, forma, términos y condiciones que en el régimen general, con las particularidades que se determinan en el Real Decreto 1273/2003, de 10 de octubre.
La base reguladora de la prestación de los trabajadores autónomos estará constituida por la base de cotización del trabajador correspondiente al mes anterior al de la baja médica, dividida entre 30. Dicha base se mantendrá durante todo el proceso de incapacidad temporal, incluidas las correspondientes recaídas, salvo que el interesado hubiese optado por una base de cotización de cuantía inferior, en cuyo caso se tendrá en cuenta esta última.
- Lesiones permanentes no invalidantes (150 LGSS): Las lesiones, mutilaciones y deformidades de carácter definitivo, causadas por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que, sin llegar a constituir una incapacidad permanente que supongan una disminución o alteración de la integridad física del trabajador y aparezcan recogidas en el baremo anejo a las disposiciones de desarrollo de la LGSS, serán indemnizadas, por una sola vez, con las cantidades alzadas que en el mismo se determinen, por la entidad que estuviera obligada al pago de las prestaciones de incapacidad permanente, todo ello sin perjuicio del derecho del trabajador a continuar al servicio de la empresa.
El organismo competente para reconocer dichas lesiones es la entidad gestora, es decir, el INSS, a través de Dictamen propuesta, no obstante, la indemnización es reembolsada por la entidad aseguradora. Las lesiones se valoran a través del baremo establecido en la Orden ESS/66/2013, de 28 de enero.
En definitiva, el trabajador tiene que presentar Reclamación previa al INSS para que este organismo reconozca las lesiones, pero la entidad responsable del pago de la indemnización es la aseguradora.
- Incapacidad Permanente (IP): En la modalidad contributiva, es incapacidad permanente la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obstará a tal calificación la posibilidad de recuperación de la capacidad laboral del inválido, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo.
La invalidez permanente, cualquiera que sea su causa determinante, se clasificará con arreglo a los siguientes grados:
Incapacidad permanente parcial para la profesión habitual. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual, consistirá en una cantidad a tanto alzado.
Incapacidad permanente total (IPT) para la profesión habitual de trabajadores por cuenta ajena. La cuantía de la pensión de incapacidad permanente total no podrá resultar inferior al 55 por ciento de la base mínima de cotización para mayores de dieciocho años, en términos anuales, vigente en cada momento.
También existe la figura de la IPT cualificada que consiste en un incremento del 20% de la prestación para aquellos beneficiarios que sean mayores de 55 años y la soliciten expresamente.
Sin embargo, los autónomos no tienen la cobertura de la incapacidad permanente parcial derivada de contingencias comunes, sí la derivada de contingencias profesionales.
En el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se entenderá por incapacidad permanente parcial para la profesión habitual la que, sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 50 por 100 en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de aquélla.
En el caso de incapacidad permanente total para la profesión habitual de los trabajadores por cuenta propia, el beneficiario tendrá derecho a la entrega de una cantidad a tanto alzado equivalente a 40 mensualidades de la base reguladora, calculada ésta según lo previsto en el artículo séptimo, o a una pensión vitalicia en los mismos términos en que se reconoce en el régimen general.
c) Incapacidad permanente absoluta para todo trabajo. La prestación económica correspondiente a la incapacidad permanente absoluta consistirá en una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora.
d) Gran invalidez. Si el trabajador fuese calificado de gran inválido, tendrá derecho a una pensión vitalicia según lo establecido en los apartados anteriores, incrementándose su cuantía con un complemento, destinado a que el inválido pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de dicho complemento será equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mínima de cotización vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la última base de cotización del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situación de incapacidad permanente.
- Fallecimiento (art. 177 LGSS): En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cónyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los términos regulados en el apartado 3 del artículo 174, y los huérfanos tendrán derecho a una indemnización a tanto alzado. Esto es, corresponden al cónyuge o pareja de hecho 6 mensualidades de la base reguladora del mes anterior al fallecimiento. En cuanto a los huérfanos y los ascendientes que vivan a expensas del fallecido, les correspondería una mensualidad.
- Recargo de prestaciones (123 LGSS): Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por 100, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo, o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.
Por tanto, cabe solicitar un incremento de las prestaciones percibidas o a percibir del 30 al 50% cuando el accidente de trabajo o la enfermedad profesional haya tenido lugar como consecuencia de la falta de cumplimiento, por parte del empresario, de las medidas de seguridad exigidas en el puesto de trabajo. Por tanto, este recargo es aplicable cuando el accidente se haya producido como consecuencia de una infracción de las normas de prevención imputable al empresario.
Este procedimiento se inicia ante la Inspección de trabajo, solicitando dicho recargo.
El recargo de las prestaciones es independiente y compatible con las de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.
No será de aplicación a los trabajadores autónomos el recargo de las prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profesional por falta de medidas de prevención de riesgos laborales, a que se refiere el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
-Responsabilidad civil: Los artículos 4.2.d), 5.b) y 19 del Estatuto de los Trabajadores establecen que:
El trabajador, en la prestación de sus servicios tendrá derecho a una protección eficaz en materia de seguridad e higiene.
El empresario está obligado a facilitar una formación práctica y adecuada en materia de seguridad e higiene a los trabajadores que contrata, o cuando cambien de puesto de trabajo o tengan que aplicar una nueva técnica que pueda ocasionar riesgos graves para el propio trabajador, para sus compañeros o terceros.
Además, el artículo 14 de la Ley de Prevención de riesgos laborales establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.
Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.
Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Reiterada jurisprudencia dictamina que la deuda de seguridad que al empresario corresponde determina que actualizado el riesgo, para enervar su posible responsabilidad ha de acreditar haber agotado toda diligencia exigible, más allá, incluso de las exigencias reglamentarias. En definitiva, el empresario está obligado a evaluar y evitar riesgos, y a proteger al trabajador, incluso frente a sus propios descuidos e imprudencias no temerarias, estableciéndose un deber genérico de garantizar la seguridad y salud laboral del trabajador. Sin embargo, el empresario no incurre en responsabilidad alguna cuando el resultado lesivo se hubiese producido por fuerza mayor o caso fortuito, por negligencia exclusiva no previsible del propio trabajador o por culpa exclusiva de terceros no evitable por el empresario. Corresponde al empresario acreditar la concurrencia de esa posible causa de exoneración.
Constituye presupuesto necesario para la exigencia de responsabilidad indemnizatoria el que se constate, aparte del daño, una conducta calificable con una cierta culpa o negligencia empresarial en nexo causal con aquel daño. Por tanto, no en todo accidente de trabajo o enfermedad profesional necesariamente ha de existir responsabilidad empresarial, que deben aplicarse las normas protectoras de la Seguridad Social y que solo cuando conste o se acredite una efectiva conducta empresarial causante directa del daño o que haya servido para aumentar el riesgo propio del trabajo realizado podrá ser exigida la complementaria indemnización con base en responsabilidad contractual o extracontractual. Es decir, se impone la necesidad de que se acrediten acciones u omisiones culposas a añadir a la responsabilidad ya reconocida (en su caso) por infracciones de medidas de seguridad, toda vez que la existencia de las mismas no comporta necesariamente culpa civil.
En definitiva, para la concesión de la indemnización de daños y perjuicios, derivada de un accidente de trabajo, debe quedar acreditada una culpabilidad grave por parte de la empresa, de mayor entidad que de la que pueda derivar un recargo por falta de medidas de seguridad, procedería así mismo, la indemnización de daños y perjuicios, y ya la estimación del recargo de prestaciones conllevaría automáticamente la indemnización de daños y perjuicios.
A efectos penales, se considera accidente de trabajo toda lesión corporal, comprendiendo también el fallecimiento o determinadas enfermedades profesionales, sufridos por el trabajador con motivo o como consecuencia de las tareas que desarrolla por cuenta ajena. Por tanto, la jurisdicción penal ampara a los trabajadores que hayan sufrido accidentes de trabajo por la falta de aplicación de las normas de prevención de riesgos por parte del empresario. Dicha protección está plasmada en los siguientes artículos del Código Penal vigente:
Artículo 316: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”
Artículo 317: “Cuando el delito a que se refiere el artículo anterior se cometa por imprudencia grave, será castigado con la pena inferior en grado.”
Artículo 318: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título se atribuyeran a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar, además, alguna o algunas de las medidas previstas en el artículo 129 del CP.”
En estos supuestos se pretende proteger la seguridad en el trabajo, definida jurisprudencialmente como “la ausencia de riesgos para la vida y la salud del trabajador originados de las condiciones materiales de prestación del trabajo”.
Esta protección es de aplicación tanto frente a incumplimientos dolosos como culposos.
Se trata de un delito de riesgo que se consuma por la existencia del peligro en sí mismo, sin necesidad de que se produzca un resultado lesivo en relación de causalidad. Es decir, para que el delito se entienda cometido es suficiente que se produzca una situación de peligro potencial para el trabajador en el desempeño de sus labores.
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References: artículo 115
 Real Decreto 
 artículo 115
 artículo 166
 Real Decreto 
 artículo 174
 artículo 123
 artículo 14

Artículo 316

Artículo 317

Artículo 318
 artículo 129