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Timestamp: 2017-05-28 16:55:01+00:00

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Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. TÍTULO I. VIVIENDAS PROTEGIDAS (Vigente hasta el 19 de Diciembre de 2007).
TÍTULO IVIVIENDAS PROTEGIDAS
Concepto 1. Se entiende por vivienda protegida, a efectos de la presente Ley, la que cumpla las condiciones de uso, destino, calidad, precio de venta o alquiler y, en su caso, superficie y diseño, establecidas en esta Ley y en las demás disposiciones que resulten de aplicación y sean calificadas como tales por la Consejería competente en materia de vivienda.
Sujetos destinatarios de las viviendas protegidas 1. Las viviendas protegidas se destinarán a familias con recursos económicos limitados que reúnan los requisitos que, tanto para la composición de la unidad familiar como para la cuantía y determinación de los ingresos familiares, se establezcan en los diferentes programas que integran los planes de vivienda y suelo.
Destino y titularidad 1. Las viviendas protegidas se destinarán a residencia habitual y permanente.
Duración del régimen de protección 1. El plazo de duración del régimen legal de las viviendas, sean para venta, uso propio o arrendamiento, se determinará para cada programa en el correspondiente plan de vivienda y suelo, o, en todo caso, por Acuerdo del Consejo de Gobierno.
Precio máximo de venta o alquiler de la vivienda protegida 1. Durante el período legal de protección, cualquier acto de disposición, arrendamiento o adquisición de las viviendas protegidas estará sujeto a un precio o renta máximos que serán fijados para cada ámbito territorial en los correspondientes planes de vivienda y suelo.
Valor del suelo destinado a vivienda protegida 1. El valor de los terrenos destinados a la construcción de viviendas protegidas, sumado el coste de las obras de urbanización necesarias, no podrá exceder del quince por ciento del importe que resulte de multiplicar el precio máximo de venta del metro cuadrado por la superficie de las referidas viviendas, en la forma y con las determinaciones que se establezcan reglamentariamente.
Condición resolutoria Todo contrato o acto de disposición sobre suelos destinados a la promoción de viviendas protegidas estará sujeto a condición resolutoria para el caso de que se incumpla tal destino, debiendo constar tal determinación en los documentos que a tal efecto se suscriban y en el Registro de la Propiedad.
Acceso registral de las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer Las prohibiciones y las limitaciones a la facultad de disponer que resulten de la calificación como vivienda protegida de acuerdo con la normativa aplicable deberán constar en la correspondiente escritura pública y tendrán reflejo en el Registro de la Propiedad en el respectivo asiento registral.
Obligación de las personas promotoras y de las compañías suministradoras de servicios 1. Las personas públicas o privadas promotoras de viviendas protegidas están obligadas a comunicar al Ayuntamiento, al solicitar la correspondiente licencia de ocupación, el carácter de viviendas protegidas de la promoción.
Artículo 10 redactado por el apartado 1.º del artículo 2 del D-Ley [ANDALUCÍA] 6/2013, 9 abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda («B.O.J.A.» 11 abril).
CAPÍTULO IIDerechos y prerrogativas de la Administración
Derecho de adquisición preferente 1. La Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, el Ayuntamiento o la entidad pública que sean designados por aquélla, podrán ejercer el derecho de adquisición preferente sobre las viviendas protegidas de promoción privada.
Derechos de tanteo y retracto 1. Las segundas o posteriores transmisiones inter vivos de la titularidad del derecho de propiedad o de cualquier otro derecho real de uso y disfrute sobre las viviendas protegidas estarán sujetas a los derechos de tanteo y retracto legal en favor de la Administración de la Junta de Andalucía, o del Ayuntamiento o entidad pública que sean designados por aquélla.
Párrafo segundo del número 1 del artículo 12 redactado por el artículo tercero de la Ley [ANDALUCÍA] 1/2006, 16 mayo, de modificación de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Comercio Interior de Andalucía, y de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 24 mayo).Vigencia: 13 junio 2006
A partir de: 19 diciembre 2007
Véase la O [ANDALUCÍA] 20 enero 2006, relativa al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto legal en las segundas o posteriores transmisiones de viviendas calificadas como protegidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 13/2005,de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo («B.O.J.A.» 25 enero), por la que se establecen una serie de reglas clarificadoras sobre el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto previstos en el presente artículo, respecto de las viviendas calificadas como protegidas con anterioridad al I Plan Andaluz de Vivienda, y de acuerdo con los regímenes establecidos al respecto en el I Plan Andaluz de Vivienda, en el II Plan Andaluz de Vivienda y en el III Plan Andaluz de Vivienda.
Elevación a escritura pública, inscripción en el Registro de la Propiedad y otras garantías 1. Las Notarias y los Notarios, para elevar a escritura pública la transmisión de la titularidad o, en su caso, de los derechos reales de uso y disfrute vitalicio de viviendas protegidas sujetas a los derechos de tanteo y retracto, exigirán que se acrediten por las respectivas personas transmitentes y adquirentes las comunicaciones al órgano competente respecto de la oferta de venta con los requisitos señalados en el apartado 2 del artículo 12, así como el vencimiento del plazo establecido para el ejercicio del derecho de tanteo, circunstancias que deberán testimoniarse en las correspondientes escrituras.
Expropiación de viviendas protegidas 1. Con independencia de las sanciones que procedan, existirá causa de utilidad pública o interés social, a efectos de la expropiación forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad de las viviendas protegidas, cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias: a) Dedicar la vivienda a usos no autorizados, o alterar el régimen de uso de la misma, establecido en el documento de calificación definitiva.
Desahucio administrativo 1. Procederá el desahucio administrativo contra las personas beneficiarias, arrendatarias u ocupantes de las viviendas protegidas, o de sus zonas comunes, locales y edificaciones complementarias, que sean de titularidad pública por las causas que se establecen en el apartado siguiente.
2. Serán causas de desahucio administrativo las siguientes: a) La falta de pago de las rentas pactadas en el contrato de arrendamiento o de las cantidades a que esté obligada la persona adjudicataria en el acceso diferido a la propiedad, así como de las cantidades que sean exigibles por servicios, gastos comunes o cualesquiera otras establecidas en la legislación vigente.
b) Haber sido sancionado mediante resolución firme por infracción grave o muy grave de las tipificadas en la presente Ley. c) No destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente sin haber obtenido la preceptiva autorización administrativa.
Procedimiento de desahucio administrativo 1. El procedimiento para el ejercicio del desahucio administrativo se ajustará a lo dispuesto por la normativa de procedimiento administrativo que resulte de aplicación, sin perjuicio de las especialidades previstas en este artículo.
2. Cuando el desahucio se fundamente en la causa prevista en la letra a) del apartado 2 del artículo anterior, se requerirá a la persona arrendataria o adjudicataria para que abone su importe en el plazo de quince días, apercibiéndole, si no lo hiciere, de desahucio y de un recargo del 10% sobre la cantidad adeudada. En caso de reincidencia, este recargo se multiplicará por el número de veces que dichas personas haya dado lugar a iniciar el procedimiento de desahucio.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable en el supuesto de que se hayan dictado tres resoluciones de desahucio por falta de pago contra una misma persona adjudicataria en un período de tres años consecutivos. En tal caso, en la tercera resolución que se dicte no se permitirá la enervación del desahucio mediante el pago de la deuda contraída, debiendo ejecutarse el mismo en todo caso.
3. Cuando el desahucio se fundamente en el resto de causas previstas en el apartado 2 del artículo 15 de la presente Ley, se notificará a la persona interesada la causa en la que se encuentra incurso y se le concederá un plazo de quince días para que formule alegaciones, presente la documentación que estime oportuna y proponga cuantas pruebas considere pertinentes.
A la vista de las actuaciones y previa audiencia por un plazo de quince días, el instructor elevará la correspondiente propuesta de resolución.
Sujetos responsables 1. Serán sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas a que se refiere el presente Capítulo las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aun a título de simple inobservancia.
Infracciones En relación con la finalidad de la presente Ley, sin perjuicio del régimen sancionador que con carácter general resulte de aplicación a las viviendas protegidas, tendrán la consideración de infracciones graves y muy graves las acciones u omisiones tipificadas y sancionadas como tales en el presente Capítulo.
Infracciones graves Tendrán la consideración de infracciones graves las siguientes: a) El incumplimiento, por quienes promuevan o tengan las viviendas en propiedad, de la obligación de hacer constar en la escritura pública las prohibiciones y limitaciones a la facultad de disponer resultantes de actuaciones protegidas.
d) No exponer, cuando legalmente proceda, en sitio visible durante el período de construcción, el cartel, según modelo oficial, indicativo de que la construcción está acogida al régimen de viviendas protegidas.
f) La falta de ocupación de la vivienda protegida en los plazos reglamentariamente establecidos.
Infracciones muy graves Tendrán la consideración de infracciones muy graves las siguientes: a) La percepción por la persona promotora de viviendas protegidas, durante el período de construcción, de cantidades a cuenta del precio sin cumplir los requisitos legales exigidos por la normativa de aplicación.
e) No destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas protegidas, y, en todo caso, dedicarlas a usos no autorizados o alterar el régimen de uso de las mismas.
k) La falta de comunicación a la Administración de la enajenación de la vivienda protegida a los efectos de ejercicio de los derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto u otra facultad análoga sobre viviendas protegidas previstas en las normas de aplicación.
Letra m) del artículo 20 introducida por el apartado 2.º del artículo 2 del D-Ley [ANDALUCÍA] 6/2013, 9 abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda («B.O.J.A.» 11 abril).
Letra n) del artículo 20 introducida por el apartado 2.º del artículo 2 del D-Ley [ANDALUCÍA] 6/2013, 9 abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda («B.O.J.A.» 11 abril).
Letra ñ) del artículo 20 introducida por el apartado 2.º del artículo 2 del D-Ley [ANDALUCÍA] 6/2013, 9 abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda («B.O.J.A.» 11 abril).
Letra o) del artículo 20 introducida por el apartado 2.º del artículo 2 del D-Ley [ANDALUCÍA] 6/2013, 9 abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda («B.O.J.A.» 11 abril).
Multas y su graduación 1. Las infracciones tipificadas en la presente Ley serán sancionadas con multas en las siguientes cuantías: a) Las infracciones graves, desde 3.001 hasta 30.000 euros.
Sanciones accesorias A quienes incurran en infracciones graves o muy graves previstas en la presente Ley, se podrán imponer, además, las siguientes sanciones accesorias: a) La pérdida y devolución con los intereses legales de las ayudas económicas percibidas, en caso de infracciones al régimen de financiación protegida en la promoción y adquisición de viviendas.

References: Artículo 10
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 12
 resolución 
 resolución 
 artículo 15
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2