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Timestamp: 2019-10-19 14:39:33+00:00

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Podemos y Cs ignoran en sus programas propuestas sobre exportación e internacionalización
La exportación y el comercio exterior representan en los programas electorales de los cinco principales partidos políticos apenas un 1% de sus propuestas, y solo PP, PSOE y Vox recogen propuestas sobre exportación e internacionalización en sus propuestas electorales, según un estudio realizado por el Club de Exportadores e Inversores Españoles.
La asociación empresarial recuerda que el sector exterior supone actualmente el 34% del PIB del país y que el pasado año movió 414.162 millones de euros entre bienes y servicios.
Dignidad y Justicia ha destacado su compromiso con la sociedad en general y las víctimas del terrorismo en particular, para esclarecer los 379 asesinatos de ETA que están aún sin resolver y evitar la impunidad de los filoetarras para homenajear “a los asesinos que tanto daño han causa y siguen causando” al Estado de Derecho.
“No aceptaremos un final sin vencedores ni vencidos, y con este nombramiento haremos llegar a Europa todas las atrocidades de ETA y su entorno, aunque algunos no quieran que se recuerden. No olvidamos que sigue habiendo víctimas y lucharemos por sus intereses y contra todo tipo de terrorismo venga de donde venga y tenga la intensidad que tenga”, ha señalado el presidente de la asociación, Daniel Portero de la Torre.
PAMPLONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) –
El Tribunal Supremo ha estimado un recurso presentado por vecinos de Castejón contrarios al segundo grupo de la central térmica de este municipio y obliga al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a pronunciarse sobre una sentencia anterior relacionada con una autorización para esta central.
El Supremo toma esta decisión ante la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que consideraba que la sentencia que anulaba la autorización dada a la central para poder funcionar “era meramente declarativa y no exigía ninguna otra acción para su cumplimiento”, según ha afirmado la Fundación Sustrai Erakuntza en una nota.
El TSJ de Madrid llegaba a esa conclusión porque “a pesar que en 2013 el propio tribunal anulaba la autorización, en el año 2012, el ministerio de energía había convalidado la autorización administrativa concedida en 2005”. “De esa manera, la administración pretendía subsanar una autorización que estaba a punto de ser anulada por un tribunal”, ha añadido la Fundación Sustrai Erakuntza.
Ahora, el Tribunal Supremo establece que esa convalidación está directamente relacionada con el cumplimiento de la sentencia que anulaba la autorización. “De esta manera, pasa de nuevo la pelota al TSJ de Madrid, y le obliga a tener que pronunciarse sobre si la sentencia que anulaba la autorización está ejecutada o no. Deberá decidir también si esa convalidación que se dio mientras el proceso judicial estaba abierto buscaba únicamente salvar una autorización que sabían iba a ser anulada”, ha explicado la entidad.
Esta fundación ha afirmado que “14 años después de que se autorizara la instalación del segundo grupo de la central de Elerebro, y ahora de la mano de la Fundación Sustrai Erakuntza, los vecinos de Castejón siguen pleiteando, sin ninguna ayuda de las administraciones Navarras, para que se haga justicia”.
Según la entidad, “la sentencia de mayo de 2013 del TSJ de Madrid, confirmada posteriormente en octubre de 2016 por el propio Tribunal Supremo, declaraba que la autorización que se le dio al segundo grupo de la central no cumplía con la normativa ambiental que en esa época era de aplicación”. “La autorización ha sido declarada ilegal, y confirmada su ilegalización la administración estatal ha hecho lo posible por seguir manteniendo la ilegalidad y el Gobierno de Navarra ha mirado y sigue mirando para otro lado”, ha criticado.
A continuación, la fundación ha explicado que esta es la segunda sentencia del Tribunal Supremo que le da la razón en este tema y ha planteado “qué más necesita el Gobierno de Navarra para decretar la paralización de la actividad de la central”.
La Fundación Sustrai Erakuntza ha afirmado que “las centrales térmicas de Castejón son el pilar fundamental de la línea eléctrica a 400 kV que une Castejón y Muruarte, y que en estos momentos están intentando prolongar hasta Itsaso, en Gipuzkoa”. “La función de esta línea, tal y como ya se ha informado recientemente, es la exportación de la producción energética de estas centrales y otras, a Francia”, ha apuntado.
El Supremo fija que los condenados a penas de inhabilitación para cargo público no son elegibles aunque la sentencia no sea firme.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido que no son elegibles para ningún cargo público los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado, a penas de inhabilitación o de suspensión para empleo o cargo público, cualesquiera que sean los empleos o cargos públicos a los que se refiera dicha pena. La Sala subraya que “la sociedad contemporánea reclama que empleos y cargos públicos de base representativa no puedan ser ocupados por sujetos que hubieren sido objeto de inhabilitación especial tras una condena penal independientemente del ámbito de la Administración Pública en que hubiera tenido lugar la comisión del delito”.
De esta forma, el Supremo estima el recurso de casación del Cabildo Insular de Fuerteventura, que acordó la incompatibilidad de Domingo González Arroyo para el cargo de Consejero del Cabildo de Fuerteventura al haber sido condenado por un juzgado de lo Penal de Puerto Rosario por prevaricación continuada a 9 años de inhabilitación especial para el cargo de alcalde, teniente de alcalde, concejal y cualquier otro de naturaleza electiva y ámbito local que implicase una participación en el Gobierno municipal durante 9 años. El Tribunal Superior de Justicia de las Palmas de Gran Canarias anuló la resolución administrativa al entender que la inhabilitación solo afectaba al ámbito municipal. Ahora, el Supremo anula la sentencia recurrida y afirma que es “certera” la interpretación que hizo el Cabildo.
El Supremo destaca que la libertad de expresión no ampara la venganza por una denuncia penal previa.
La Sala Primera, de lo Civil, del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que declara que el director de prnoticias.com, y E-Contenidos S.L., como editora de dicha publicación digital, cometieron una intromisión ilegítima en el derecho al honor de I.L., cuando éste era director de comunicación del Consejo General de Enfermería de España, por varios artículos y comentarios periodísticos del director publicados entre enero y marzo de 2014. El Supremo condena a los demandados a pagar solidariamente una indemnización de 10.000 euros, y a difundir el fallo en la página web de la publicación y en una cuenta de twitter del periodista.
El Supremo ha valorado el tono general vejatorio de los textos enjuiciados así como el hecho de que existiera una denuncia penal previa de I.L. contra el director de la publicación por delito de amenazas condicionales. La Sala destaca al respecto que la libertad de expresión en un periódico digital no ampara la venganza por una denuncia penal previa del demandante contra el demandado. Para el alto tribunal, en este caso “no se aprecia tanto la comunicación pública de opiniones sobre un asunto de interés general cuanto la venganza por haber sido denunciado y valiéndose para ello de su condición de director de un periódico digital, finalidad que no puede quedar amparada por la libertad de expresión”.
El TC resuelve que la tramitación de las leyes de referéndum y de transitoriedad del Parlament vulneraron derechos de Cs
El Tribunal Constitucional (TC) ha hecho públicas este martes dos sentencias que resuelven sendos recursos de amparo presentados por Cs contra los acuerdos del Pleno y Mesa del Parlamento catalán, de septiembre de 2017 que tramitaron la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Por unanimindad, el TC considera que la Cámara legislativa catalana vulneró el derecho de participación política del partido liderado por Albert Rivera.
Estos acuerdos alteraron el orden del día de la sesión de dicho órgano y suprimieron todos los trámites reglamentarios y legales preceptivos para permitir que la citada proposición de ley fuese directamente sometida a debate y votación. Además, el acuerdo de la Mesa del Parlamento, denegó al Grupo Parlamentario de Ciudadanos el traslado de la solicitud del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias.
La cuestión suscitada en el presente recurso de amparo consistía en determinar si los acuerdos del Parlamento de Cataluña vulneraron el ‘ius officium’ de los diputados recurrentes, cercenando así los derechos políticos que ampara el artículo 23.2 de la Constitución.
El tribunal de garantías se ha remitido a la sentencia por la que declaró inconstitucional y nula la Ley 19/2017, de 6 de septiembre de referéndum de autodeterminación. En ella las razones consistieron en “la existencia de vicios de procedimiento en la tramitación parlamentaria de la ley, al articular un insólito procedimiento legislativo no previsto en el reglamento de la Cámara”.
“La mayoría se sirvió para improvisar y articular ‘ad hoc’ un insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados”.
Asimismo, se concluyó que en la tramitación parlamentaria de la Ley de referéndum de autodeterminación “se incurrió en muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes (art. 23.1 y 2 CE)”.
La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Encarnación Roca, considera que la adopción de los acuerdos objeto del presente recurso de amparo determinó la supresión de una serie de trámites en el procedimiento legislativo que condujo a la aprobación de la ley fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y que afectó a las facultades que integran el ejercicio de la función legislativa de los recurrentes que forma parte del núcleo de su función representativa parlamentaria.
En cuanto a la denegación de dar traslado a la solicitud del dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias, el Tribunal se remite a lo ya resuelto en sentencia de este mismo órgano que afirmaba que la eliminación de este trámite parlamentario “se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable”.
En cuanto a la tramitación de la a Ley del Parlamento de Cataluña 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la República, la segunda setnencia hecha pública este martes por el TC considera que también vulneró derechos de Ciudadanos porque la proposición de ley se tramitó y aprobó “al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos y regulados en el Reglamento del Parlamento de Cataluña ya a través de una vía del todo inapropiada, que fue el artículo 81.3 del citado reglamento.
La mayoría, según el TC se sirvió de esta norma de la que la mayoría se sirvió para improvisar y articular ‘ad hoc’ un “insólito cauce en cuyo curso quedaban por entero a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados.
Los recurrentes en amparo consideraban que los acuerdos impugnados vulneraban también en este caso el ‘ius in officium’ protegido por el artículo 23 de la Constitución, ya que la mayoría parlamentaria, amparándose en el entonces artículo 81.3 del reglamento de la cámara soslayó el procedimiento legislativo, desconociendo el derecho de los diputados a tener, con 48 horas de antelación, la documentación objeto del debate y votación.
Así, el Tribunal recuerda que la sentencia por la que declaró inconstitucional y nula la ley de ‘desconexión’ ya señalaba que en la tramitación parlamentaria de esta norma incurrió en “muy graves quiebras del procedimiento legislativo, que afectaron sin duda a la formación de la voluntad de la Cámara, a los derechos de las minorías y a los derechos de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes”.
En consecuencia, la adopción de los acuerdos objeto del presente recurso de amparo determinó la supresión de una serie de trámites en el procedimiento legislativo que condujo a la aprobación de la ley fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 23
 artículo 81
 artículo 23
 artículo 81