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querella | G. Varela Abogados
¿Quién es quién en la Justicia?
Posted on 28/08/2013 por José Miguel Serrano Gutiérrez
Nuestro blog cumple UN AÑO en el día de hoy, y para celebrarlo, además de darle un nuevo emplazamiento directamente en nuestra web, emularemos a un conocido juego de mesa, descubriendo “Quién es quién en la Justicia”.
En muchas ocasiones, los usuarios de la Justicia se ven perdidos entre una gran maraña de personajes que pueblan la Administración de Justicia, sin saber bien a quién acudir y cuál es el cometido de cada uno de ellos. Grandes salas en las que decenas de personas se aferran a un ordenador, Salas de Vistas con estrados en los que, vestidos con toga, unos señores o señoras muy serios parecen discutir utilizando términos jurídicos incomprensibles.
Y en medio de todo ese baile y entramado burocrático, el usuario, que naufraga aferrándose a una tabla en forma de abogado, quien en no pocas ocasiones es incapaz de transmitir a su cliente qué hace (o no hace) cada persona y cuál es el comportamiento adecuado en cada momento.
Por ello, y para que todos nuestros lectores conozcan el “hormiguero” de la Administración de Justicia, pasaremos a explicar “quién es quién”:
1.- Jueces y Magistrados: Regulados en los artículos 298 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Magistrados son los encargados de realizar la “función jurisdiccional”. ¿y qué significa “función jurisdiccional”?
Utilizando un lenguaje coloquial, la función jurisdiccional consiste en IMPARTIR JUSTICIA, es decir, mediante la aplicación de las infinitas normas, resolver conflictos que les han sido planteados, ya sean estos de Derecho privado (civil y laboral) o de Derecho público (penal y contencioso administrativo).
Cada Juez y Magistrado son INDEPENDIENTES en el ejercicio de sus funciones, sin más límites en sus decisiones que los marcados por el ordenamiento jurídico. Eso significa que, en la organización de su trabajo y el dictado de sus resoluciones, ningún Juez puede recibir órdenes de un “superior”, ya que funcionalmente esa superioridad es inexistente. “Un Juez, un Reino”.
Funcionalmente, un Juez puede ser “de Instrucción”, estando encargado de la práctica de diligencias tendentes a la averiguación de determinados hechos, o ser un Juez “de juicios”, encargado de dictar Sentencias, tras la celebración de una vista o Juicio.
2.- Secretarios Judiciales: La figura del Secretario Judicial es una de las grandes desconocidas por parte de los legos en Derecho y se regula en los artículos 435 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Sus funciones más destacables, que se han ido ampliado a lo largo del tiempo con el fin de descargar de trabajo a los Jueces y Magistrados, son:
– Fe pública procesal: En la práctica la fe pública procesal se traduce en el control del acta videográfica de las vistas y declaraciones. Hasta hace no poco tiempo, dichas actas eran recogidas en papel. No obstante, con la entrada de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia ha facilitado mucho la tarea de recoger de manera fiel todo lo que se dice en una Sala de Vistas. Asimismo, la fé pública procesal permite que el Secretario Judicial levante acta en una entrada y registro, en un lanzamiento por desahucio o en muchas otras ocasiones. Haciendo un paralelismo, podríamos decir que el Secretario Judicial actúa como un Notario en cuantos actos procesales es requerido para ello.
– Organización del proceso: toda actuación procesal, a no ser que se encuentre declarada como secreta, ha de ser notificada a las partes. Así, el señalamiento de un Juicio, la citación de un testigo, la designación de un perito o una gran infinidad de comunicaciones de carácter procesal, han de ser dictadas por el Secretario Judicial.
En este sentido, el Secretario Judicial actúa como un “jefe de Administración” de cada Juzgado.
– Control de la cuenta de consignaciones del Juzgado: Cuando hay ejecuciones dinerarias (embargos en cuenta, de nómina, etc), el dinero ejecutado pasa a una cuenta bancaria de la que es titular el Juzgado. A los efectos de entregar ese dinero al acreedor del mismo, el Secretario Judicial será el encargado de emitir un documento conocido como “mandamiento de devolución” que, a modo de cheque, podrá ser canjeado por dinero en un Banco.
3.- Ministerio Fiscal: Previsto como uno de los órganos con relevancia constitucional, la figura del Ministerio Fiscal se encuentra regulada en el artículo 124 de la Constitución Española, según el cual “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social”.
¿y en qué se traduce todo eso?
En la práctica, el Ministerio Fiscal se encarga de las siguientes funciones:
– En la Jurisdicción Penal para mayores de edad, y hasta que sea modificada la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal, se encarga, en la mayoría de las ocasiones, de la acusación en delitos públicos, con independencia de que exista o no acusación particular.
– En la Jurisdicción Penal para menores de edad, el Ministerio Fiscal es el encargado de la instrucción de los expedientes de reforma, actuando a modo de Juez de Instrucción.
– En la Jurisdicción Civil, el Ministerio Fiscal es el encargado de velar por los intereses de los menores o incapaces.
Por ejemplo, en un divorcio con hijos menores, el Ministerio Fiscal solicitará las medidas (pensión de alimentos, visitas, guarda y custodia, etc) que considere más beneficiosas para el desarrollo del menor.
Asimismo, en procedimientos en los que se solicita la incapacitación de una persona, el Ministerio Fiscal velará por el cumplimiento de todos los requisitos así como por la comprobación de que la persona cuya incapacitación se pretende se encuentre realmente afectada en un grado tal que no pueda regir sus bienes y su persona.
3.- Procurador de los Tribunales: Figura prevista en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que encuentra sus inicios en la Edad Media, cuando los Procuradores eran los encargados de llevar a caballo las notificaciones desde los Tribunales a las distintas ciudades en las que vivían los que ejercían la defensa.
En la práctica, el Procurador es la persona encargada de la REPRESENTACIÓN PROCESAL de la persona que se ve en la obligación a iniciar un procedimiento de naturaleza judicial o que ha sido llamada a él a través de denuncia, querella o demanda.
¿y qué conlleva esa representación procesal? La presentación de escritos en nombre del cliente, la notificación de resoluciones y escritos presentados de contrario, la entrega y cobranza de mandamientos de devolución, la realización de gestiones de todo tipo ante los Juzgados y Tribunales, la asistencia obligatoria a diligencias de lanzamiento por desahucio, la notificación a contrarios de todo tipo de escritos, etc.
Podemos decir que el Procurador es el encargado de realizar todo tipo de tareas de carácter administrativo, mediando entre su cliente y los órganos de la Administración de Justicia.
Para que un Procurador pueda llevar a cabo su tarea es preciso que el cliente otorgue lo que se conoce como “Poder General para Pleitos”, ya sea ante notario o “apud acta”, es decir, ante el Secretario Judicial.
5.- Perito: Regulado en los artículos 335 y siguientes, el perito es aquella persona que posee especiales conocimientos de una materia y de la que se sirven el resto de operadores de la Justicia para comprender unos determinados hechos.
Evidentemente, ni un Juez, ni un Fiscal, ni un abogado tienen conocimientos universales sobre todo tipo de materias. Sin embargo, como consecuencia de las controversias que se suscitan, pudiendo versar éstas sobre cualquier cosa (desde defectos constructivos, pasando por humedades, hasta artificios financieros de todo tipo), los Jueces y las partes tienen que acudir a la figura del perito, quien, al ser llamado, realizará un informe sobre aquellos aspectos para los que sea requerido, y comparecerá en Juicio a los efectos de explicar el contenido de ese informe y ser preguntado de cuantos aspectos no queden claros.
6.- Testigo: Los artículos 360 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil y 410 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal prevén la figura del testigo, que es aquella persona que tenga noticia DIRECTA de los hechos controvertidos y cuya declaración pueda aportar luz para la resolución del procedimiento.
Toda persona llamada como testigo a un procedimiento judicial está obligada a acudir, pudiendo ser conducido por Fuerza Pública en caso de incomparecencia.
A modo de anécdota podemos señalar que solo el Rey, la Reina y el Príncipe Heredero tienen dispensa legal para poder acudir como testigos a un procedimiento, pudiendo testificar por escrito el resto de miembros de la Familia Real, así como el Presidente del Gobierno, los Presidentes del Congreso de los Diputados y el Senado, el Fiscal General del Estado, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Presidente del Tribunal Supremo y los Presidentes de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, podrán declarar desde sus despachos los Diputados y Senadores, así como otros cargos públicos.
Resulta imprescindible poner de manifiesto que todos los testigos en la Jurisdicción Civil, tengan éstos la relación que tengan con las partes, están OBLIGADOS A DECIR VERDAD, so pena de ser imputado por la comisión de un delito de falso testimonio.
Asimismo, en la Jurisdicción Penal, están dispensados de declarar los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos.
7.- Abogado: El abogado, previsto en el artículo 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es aquella persona encargada del asesoramiento jurídico cualificado, así como la defensa técnica de la parte que comparezca a un procedimiento judicial, pudiendo hacerlo igualmente en procedimientos de naturaleza administrativa.
Etimológicamente, el término “abogado” proviene del latín “advocatus”, cuyo significado es “llamado al auxilio”.
El abogado, por su forma de ser llamado al procedimiento, puede ser de naturaleza particular, contratado directamente por el cliente, o de oficio, designado por organismo público para la defensa de los intereses de su cliente.
Como siempre, nos ponemos a su disposición, con los mejores profesionales, para aclarar cualquier duda al respecto, solicitando cita en nuestro Despacho de Abogados de Madrid o a través de los siguientes medios:
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Circula, SEGURO, no circula, SEGURO. La obligación de asegurar vehículos a motor
Posted on 17/12/2012 por José Miguel Serrano Gutiérrez
Con motivo de una reciente consulta de un buen amigo y cliente de G. Varela Abogados, los Letrados que conformamos el equipo del Despacho hemos tratado de conocer hasta qué punto el ciudadano es consciente de las obligaciones que comporta ser titular de un vehículo a motor.
Resulta sobradamente conocido por nuestro lector que cualquier vehículo a motor o ciclomotor que CIRCULE por la vía pública, está obligado a tener suscrita una póliza de responsabilidad civil debido a los riesgos que la conducción pudiera comportar. Así lo dispone el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en su artículo 2.
Ahora bien, ¿y qué ocurre si en lugar de circular por la vía pública, el vehículo a motor de nuestra propiedad CIRCULA POR UN TERRENO PRIVADO? ¿qué ocurre si el vehículo NO circula, sino que simplemente SE ENCUENTRA ESTACIONADO EN LA VÍA PÚBLICA? ¿o qué ocurre si tenemos el vehículo bajo una lona en nuestro garaje particular?
Son éstas el tipo de preguntas que realizamos a nuestros lectores, clientes y amigos, encontrando, en este punto, que existe un casi absoluto desconocimiento del particular.
Para poder responder con propiedad, debemos remontarnos al año 2008, ya que, la publicación del Real Decreto 1507/2008, por el cual se desarrolla el Reglamento de responsabilidad civil y seguro en la circulación de Vehículos a motor, que “despenaliza”, en cierto modo, la falta de recibo acreditativo de seguro en vigor en el interior del vehículo, dotando de gran importancia al Fichero Informativo de Vehículos Asegurados (FIVA).
Así, la existencia de un fichero “on line” que permite a los agentes comprobar la vigencia de seguro de responsabilidad civil sobre un determinado vehículo, se convierte en lo que desde G. Varela Abogados consideramos como un arma de doble filo.
Por un lado, palía el despiste que puede suponer olvidar el pequeño recibo en soporte papel, pero por otro… permite a la Administración comprobar, sin necesidad de parar a un conductor, si el vehículo del que resulta titular dispone del seguro obligatorio en vigor.
Y hete aquí el quid de la cuestión respecto de los vehículos que NO circulan o que lo hacen por vías privadas. El artículo 2 al que anteriormente hacíamos referencia, no especifica que los vehículos que tienen la obligación de estar asegurados, sean únicamente aquéllos que circulen por la vía pública, por lo que debemos entender que CUALQUIER VEHÍCULO CON ESTACIONAMIENTO HABITUAL EN ESPAÑA vendrá obligado a mantener una póliza de seguro en vigor, con independencia que dicho vehículo circule, sea por donde sea, o se encuentre estacionado en un garaje bajo una lona.
Si bien de inicio pudiéramos pensar que se trata de una medida “injusta”, pudiera resultar posible que el vehículo que circula por una vía privada atropelle igualmente a un peatón o que el vehículo que se encuentra estacionado en la vía pública o en un garaje privado salga ardiendo, provocando daños a otros vehículos.
Por ello, solo la baja temporal o definitiva de un vehículo en los registros de la Dirección General de Tráfico eximen al propietario de suscribir la obligatoria póliza de seguro de responsabilidad civil, comportando dicha baja la PROHIBICIÓN ABSOLUTA de circular con el mismo.
Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la temática de la entrada o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid nº 77.796
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Participaciones preferentes: Hay esperanza
Posted on 04/12/2012 por José Miguel Serrano Gutiérrez
Durante las últimas semanas muchos de nuestros lectores y clientes nos han requerido al verse afectados por las campañas que, en su momento, las entidades bancarias, promocionaron con la venta de lo que se viene a conocer como “participaciones preferentes“.
La fuerza y tamaño de las sociedades que comercializaron tales productos, puede llevar, en ocasiones, a pensar que todo esta perdido.
No obstante, y debiendo ser estudiado cada caso de manera concienzuda, los Letrados especialistas de G. Varela Abogados, se encuentran en disposición de ejercer la defensa de sus intereses de la manera más adecuada para la recuperación de sus cantidades.
Poco a poco, las resoluciones emanadas de los órganos Judiciales vienen a confirmar, en multitud de ocasiones, que gran parte de los adquirentes de “participaciones preferentes” no cumplían con el perfil previsto por la normativa europera al efecto, por lo que los contratos suscritos entre la entidad bancaria y el particular han sido declarados NULOS, obligando al emisor de dichas participaciones a devolver las cantidades desembolsadas por quien, al fin y al cabo, ha demostrado ser un simple ahorrador.
Sirva como ejemplo la siguiente Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Cambados (Pontevedra), de 10 de julio de 2012, condenando a la entidad NOVACAIXA GALICIA a la restitución de cantidades y declarando nulo un contrato de suscripción de “participaciones preferentes”:
SENTENCIA: 00083/2012 Juicio Ordinario 21/2012
En Cambados, a 10 de julio de 2012.
Que dicto, Olga Martín Álvarez, Jueza del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción n°1 de Cambados y su partido judicial, en los presentes autos n° 21/2012, seguidos a instancia de Don J L C M, frente a NOVAGALICIA BANCO S.A.,
PRIMERO.- En fecha 18 de enero de 2012 se presentó por el Procurador Don Miguel Ángel Palacios Palacios, demanda de juicio ordinario frente a Novagalicia Banco, en el ejercicio de la acción de nulidad de contrato de depósito o administración de valores y suscripción de participaciones preferentes, y de manera subsidiaria acción de resolución de contrato e indemnización de daños y perjuicios, en reclamación de 7.560 euros más los intereses legales desde la fecha de suscripción de los títulos.
Dicha demanda fue admitida por Decreto de la Secretaria Judicial de 27 de enero de 2012, en el que se acordó el traslado a la parte demandada para su contestación en el plazo de 20 días.
SEGUNDO.- El día 29 de febrero del mismo año se presentó escrito de contestación de la demanda en el que, tras la alegación de los hechos y los fundamentos de derecho que se consideraron de aplicación, se terminaba solicitando al Juzgado el dictado de una sentencia desestimatoria de la pretensión del actor.
Por Diligencia de Ordenación de 7 de marzo de 2012 se tuvo por presentado el anterior escrito y se citó a las partes para la celebración de la Audiencia Previa, el día 9 de abril de 2012, si bien, finalmente tuvo lugar el día 20 del mismo mes.
TERCERO.- El día señalado tuvo lugar la celebración de la misma en la que, llegado el trámite oportuno, las partes propusieron prueba consistente en la documental ya obrante en las actuaciones, la testifical de Don P M, Doña S D O y Doña M I M Á, así como la práctica de una prueba pericial sobre la autenticidad de la firma que consta en el documento n°5 del escrito de contestación a la demanda; dicha prueba fue admitida en su integridad. La parte demandante propuso el interrogatorio del demandante, la testifical de Don P M, Doña S D O y Don J L V A, así como la documental ya aportada, dicha prueba también fue admitida en su integridad, salvo la testifical de Don J L, al no tener conocimiento personal de los hechos y no ser pertinente su declaración como testigo. Tras la admisión de prueba se señaló como fecha para el juicio el
día 25 de junio de 2012.
CUARTO.- Llegada la fecha señalada tuvo lugar la celebración del mismo, en el que se practicó la prueba propuesta y admitida, salvo la testifical de M I M a la que renunció la parte proponente, tras lo cual se dio la palabra a las partes para formular sus conclusiones y quedaron los autos vistos para resolver.
QUINTO.- En la tramitación del presente proceso se han observado todas las prescripciones legales.
PRIMERO.- De las pretensiones de las partes. Señala el demandante que al constituir un depósito por 10.000 euros en la oficina de Caixanova, actualmente Novagalicia Banco, de Dena, el director de la sucursal, Don P M, le ofreció contratar un tipo de depósito de alta rentabilidad, que le permitía disponer de su dinero en todo momento y en el que no existían riesgos, presentando para justificar dichos extremos el documento n°1 de la demanda, escrito manualmente por el testigo indicado, en el que se aprecian los datos explicados al demandante en el momento de suscribir el contrato. Dicho contrato es presentado como documento n°2 del escrito de demanda. Por otro lado señala el demandante que en fecha 29 de mayo de 2009 procedió a retirar parte del dinero que había depositado, lo cual se pudo realizar sin ningún tipo de problema o alegación por parte de la entidad.
Por último, indica que fue en el mes de octubre de 2011 cuando pretendió retirar la cantidad depositada y se le informó por parte de Novagalicia Banco que ello no era posible, ya que el contrato suscrito tenía por objeto la adquisición de participaciones preferentes y que, debido a la situación del mercado, no podían amortizarse en ese momento.
La parte demandada por su parte señala que el contrato suscrito por el demandante fue el de adquisición de participaciones preferentes propiamente dicha, que como justificante de dicha adquisición el demandante recibió un extracto que identificaba el detalle de la operación, documento que se adjunta con el número 2 de la contestación.
Además, señala dicha parte que se realizó el oportuno test de conveniencia, que acompañan como documento número 3.
Señala la entidad bancaria que se informó correctamente al demandante de las características del producto contratado, y que se le entregó el tríptico resumen del folleto informativo, inscrito en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; por otro lado indican que el demandante ha percibido puntualmente los rendimientos de las participaciones suscritas; y por otro lado, en relación al documento n°1 de la demanda, que el mismo refleja claramente las características de las participaciones preferentes explicadas por el director de la oficina de Dena al demandante, y que si bien es cierto que se incluye la expresión “liquidez inmediata” ello se refería al momento de la suscripción de las mismas.
En lo referente a la alegación del demandante de que en el año 2009 pudo retirar parte de ese dinero, la entidad demandada señala que para disponer del mismo, Don J L firmó una orden de venta de participaciones preferentes, la cual se acompaña como documento n°5 del escrito de contestación a la demanda, operación de la que además se le envió luego información por correo (documento n°6). Por último alega dicha parte que el demandante ha percibido puntualmente los rendimientos de las participaciones suscritas, lo cual se notifica al mismo por correo, en cuyos justificantes se lee claramente: PART CAIXANOVA 05-MY, el importe percibido y el número de valores, por lo que entiende dicha parte que la alegación del demandante de que desconoce los detalles de la operación suscrita es contradicha por sus propios actos.
SEGUNDO.- De la normativa legal y doctrina jurisprudencial reguladora del presente supuesto.En relación a la adquisición de participaciones preferentes ha tenido posibilidad de pronunciarse la jurisprudencia, concretamente, la reciente Sentencia emanada de la AP de Pontevedra, 1155/2012, de la sección 6a, de 25 de abril de 2012, de la que es ponente Don Eugenio Francisco Míguez Tabares, que señala: “FUNDAMENTOS DE DERECHO. PRIMERO.- Frente a la declaración de nulidad del contrato suscrito entre los litigantes con fecha 28 de noviembre de 2006 se alza la parte actora, sustentando su recurso de apelación en base a los siguientes motivos: error en la valoración de la prueba, infracción del art. 1281 CC e infracción del art. 217 LEC; todos ellos se relacionan con la afirmación efectuada por la parte recurrente de que a la demandante se le ofreció completa información del producto y que lo suscribió de forma voluntaria.
Con carácter previo debemos reseñar algunos hechos probados que tienen especial relevancia para la correcta resolución de esta litis. Y así resulta acreditado, a la vista de la documental obrante en autos y de la declaración prestada en la vista por los testigos, que Doña Teodora. en fecha 21 de abril de 2005 suscribió en la oficina del Banco de Santander de la Avda. de la Florida de esta ciudad un Fondo de Inversión de Renta Fija (SCH Tesorería FIAMM) por importe de 110.000 euros; con el fin de obtener un mayor rendimiento el Director de la oficina bancaria, Don Eufemiano, le recomendó la suscripción del contrato de Participaciones Preferentes Grupo SOS Cuétara. Las negociaciones las llevaron a cabo el citado testigo Director de la sucursal y Don Aniceto, hijo de la demandante. El señor Eufemiano reconoció en la vista que el hijo de la actora le indicó que en un plazo de dos años su madre necesitaba disponer del dinero, pues según resulta de la documentación aportada con la demanda la actora tenía intención de adquirir una vivienda en la localidad de Bueu. Dicho Director se desplazó a la vivienda de la demandante a fin de obtener la firma para proceder a la cancelación del Fondo FIAMM, procediéndose a la venta del mismo con fecha valor 14/12/06 obteniendo 110.320,42 euros; y con fecha 20/12/06 se procedió a la suscripción de las participaciones preferentes invirtiendo en la operación la cantidad de 100.000 euros, tal y como resulta de los movimientos de la libreta de ahorros de Doña Teodora, aun cuando la orden de suscripción se firmó con fecha 28/11/06. No se ha podido concretar, ante las versiones contradictorias mantenidas por ambas partes litigantes, si tras la firma del contrato se le facilitó copia del mismo a la demandante, aunque sí consta la recepción del resguardo de formalización de la anotación en cuenta aportada como documento n° 5 de la demanda.
SEGUNDO.- (…) El error en la valoración de la prueba invocado por la parte recurrente se basa en el hecho no discutido de que Doña Teodora firmó una serie de documentos que seguidamente pasamos a analizar. No se impugna la autenticidad de la firma de la demandante en los mismos pero existe discrepancia en cuanto al valor probatorio que debe otorgarse a dichos documentos.
Se cita la orden de suscripción de valores de fecha 28 de noviembre (documento n° 7 de la demanda) en la que se hace constar que “el ordenante manifiesta tener a su disposición y haber leído, antes de la firma de esta orden, Resumen de la Nota de los Valores registrado por CNMV de la emisión” y que “recibe copia de la presente orden, que conoce su contenido y transcendencia”. Asimismo el Anexo 2 (documento n° 3 de la contestación a la demanda igualmente firmado por la actora) en el que se hace constar que la misma recibió información de las características y riesgos del producto tras lo cual decidió proceder tras su propio análisis a realizar dicha suscripción. También se hace referencia por la parte recurrente al folleto-resumen informativo de 10 hojas (documento n° 1 de la contestación a la demanda) en el que figuran los apartados de características generales de la emisión, aspectos relevantes y datos del emisor, indicándose en este punto los principales riesgos que afectan a los valores, aunque no consta la firma de dicho folleto. Se invoca asimismo el documento en el que se hace constar que la cliente ha recibido información detallada sobre el producto Participaciones Preferentes Grupo SOS (documento n° 2 de la contestación a la demanda) y documentación consistente en orden de suscripción de valores y documento resumen de la Nota de Valores.
Nos encontramos por lo tanto ante la necesidad de determinar si efectivamente, en base a los documentos reseñados, cabe considerar acreditado que Doña Teodora recibió de la entidad bancaria una información suficiente, comprensible y clara sobre el producto que iba a contratar y los posibles riesgos a asumir.
La parte recurrente aduce, en relación con la interpretación que debe atribuirse a dichos documentos, la infracción del art. 1281 Cc al considerar que nos encontramos ante términos claros por lo que hay que estar a la literalidad de los mismos.
No existe duda que los documentos citados constituyen un supuesto de contrato de adhesión por cuanto el cliente no ha intervenido en forma alguna en la redacción de dichos documentos los cuales han sido elaborados por la entidad bancaria; ello es así aun cuando, por ejemplo, se indique en el Anexo II “que he decidido proceder, tras mi propio análisis, a realizar dicha suscripción”, pues en todo caso y más allá de la literalidad de dicha expresión debe resultar acreditado que ha existido un conocimiento claro y plena conciencia por parte del cliente acerca de lo que contrata. Esto supone que en la fase precontractual Doña Teodora debió recibir una información completa yprecisa acerca de las características del producto y los riesgos que asumía. Sin embargo en el presente supuesto no consta que haya sido así, porque en modo alguno cabe deducir que Doña Teodora sea una inversora con conocimientos profundos de los mercados financieros, ni una persona experta en la materia; por el contrario ha resultado probado que se trata de una señora mayor que con anterioridad se había limitado a invertir en un fondo de inversión de renta fija garantizado.
La actora debe ser calificada de cliente minorista en cuanto a su perfil inversor, ostentando además la condición de consumidora y, por tanto, siendo merecedora de la máxima protección. En este sentido cabe tener en cuenta que las participaciones preferentes constituyen un producto complejo de difícil seguimiento de su rentabilidad y que cotiza en el mercado secundario, lo que implica para el cliente mayores dificultades para conocer el resultado de su inversión y para proceder a su venta, y, correlativamente, incrementa la obligación exigible al banco sobre las vicisitudes que puedan rodear la inversión, entre ellos, los rumores sobre la solvencia del emisor. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha indicado sobre este producto que “son valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho a voto. Tienen carácter perpetuo y su rentabilidad, generalmente de carácter variable, no está garantizada. Se trata de un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido…. Las PPR no cotizan en Bolsa. Se negocian en un mercado organizado…No obstante, su liquidez es limitada, por lo que no siempre es fácil deshacer la inversión…”
Debe tenerse en cuenta que el artículo 79 de la Ley de Mercado de Valores, en su redacción primitiva, establecía como regla cardinal del comportamiento de las empresas de los servicios de inversión y entidades de crédito frente al cliente, la diligencia y transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente, cuidando de los intereses del cliente como propios. El Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, concretó, aún más, la diligencia y transparencia exigidas, desarrollando, en su anexo, un código de conducta presidida por los criterios de imparcialidad y buena fe, cuidado y diligencia y, en lo que aquí interesa, adecuada información tanto respecto de la clientela, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la inversión (art. 4 del Anexo 1), como frente al cliente (art. 5) proporcionándole toda la información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél de la decisión de inversión “haciendo hincapié en los riesgos que toda operación conlleva“(art. 5.3) . Dicho Real Decreto fue derogado por la Ley 47/2007 de 19 de diciembre, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores, que introdujo en nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2004/39 CE, sobre Mercados de Instrumentos Financieros, conocida por sus siglas en inglés como MIFID (Markets in Financial Instruments Directive). La citada norma continuó con el desarrollo normativo de protección del cliente introduciendo la distinción entre clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el comportamiento debido frente a unos y otros (art. 78 bis); reiteró el deber de diligencia y transparencia del prestador de servicios e introdujo el art. 79 bis regulando exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no profesional, entre otros extremos, sobre la naturaleza y riesgos del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece a los fines de que el cliente pueda “tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa” debiendo incluir la información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los instrumentos o estrategias, no sin pasar por alto las concretas circunstancias del cliente y sus objetivos, recabando información del mismo sobre sus conocimientos, experiencias financiera y aquellos objetivos (art. 79, bis núm. 3, 4 y 7).
En relación con la carga de la prueba del correcto asesoramiento e información en el mercado de productos financieros, y sobre todo en el caso de productos de inversión complejos, ha de citarse la STS Sala 1a, de 14 de noviembre de 2005 en la que se afirma que la diligencia en el asesoramiento no es la genérica de un buen padre de familia, sino la específica del ordenado empresario y representante leal en defensa de los intereses de sus clientes, y, en segundo lugar, la carga probatoria acerca de tal extremo debe pesar sobre el profesional financiero, lo cual por otra parte es lógico por cuanto desde la perspectiva de los clientes se trataría de un hecho negativo como es la ausencia de dicha información. Por tanto, el eje básico de los contratos, cualesquiera que sean sus partes, es el consentimiento de las mismas sobre su esencia, que no debe ser prestado, para surtir eficacia, de forma errónea, con violencia, intimidación o dolo, y esta voluntad de consentimiento para ser válida y eficaz exige por su propia naturaleza que los contratantes tengan plena conciencia y conocimiento claro y exacto de aquello sobre lo que prestan su aceptación y de las consecuencias que ello supone. Esta igualdad esencial que respecto de las partes debe presidir la formación del contrato, ha de desplegar su eficacia en las diferentes fases del mismo. En la fase precontractual debe procurarse al contratante por la propia entidad una información lo suficientemente clara y precisa para que aquel entienda el producto o servicio que pudiera llegar a contratar y si se encuentra dentro de sus necesidades y de las ventajas que espera obtener al reclamar un servicio o al aceptar un producto que se le ofrece. En la fase contractual basta como ejemplo la existencia de la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de Contratación, en cuyo artículo 8 se mencionan expresamente las exigencias de claridad, sencillez, buena fe y justo equilibrio de las prestaciones en el contrato suscrito entre las partes, que por la propia naturaleza del contrato van a ser fijadas por el Banco en este caso. Posteriormente, ya firmado el contrato, se exige igualmente arbitrar unos mecanismos de protección y reclamación que sean claros y eficaces en su utilización y que vayan destinados a la parte que pudiera verse perjudicada por la firma del contrato, en defensa de los posibles daños a sus intereses.
Pero en algunas ocasiones la Ley concede un plus de protección a la parte que es tenida como débil en el contrato, y así ocurre en la Ley de Defensa de los Consumidores y Usuarios, cuyo artículo 3 y bajo la rúbrica “Concepto general de consumidor y de usuario”, contiene la definición de “consumidor” a los efectos de la Ley diciendo que “A los efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”, concepto éste que inequívocamente corresponde aplicar a la actora. Debemos recordar que son derechos básicos de los consumidores y usuarios, entre otros, “La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios…”.
La propia demandada al alegar el cumplimiento de su deber de información asume implícitamente que su labor de asesoramiento va más allá de lo que podría entenderse como un simple contrato de administración y depósito de valores.
En el documento que en principio puede resultar más relevante para dilucidar si efectivamente se prestó a la demandante una información adecuada, cual es el documento n° 2 de la contestación a la demanda, se indica que la firmante comprende el contenido del producto y documentación pese a que requiere la utilización de términos y expresiones técnicas y complejas, comprendiendo en particular que el producto implica un riesgo relevante sobre amortización anticipada por parte del emisor, posible pérdida de parte del capital invertido y liquidez. Se señala asimismo en el documento que la actora considera el mismo adecuado para su “experiencia y objetivos de inversión”; sin embargo dicha expresión no se corresponde con el perfil inversor anterior de la actora y contraviene de forma expresa la intención, que expresamente se había manifestado al Director de la oficina bancaria, acerca de la necesidad de disponer del dinero en dos años. En el documento se hace referencia a la entrega de la orden de suscripción de valores y del documento resumen de la Nota de Valores. En el primero de ellos, que es propiamente el contrato concertado entre ambas partes litigantes, no constan elementos esenciales como son el plazo de vigencia, tipo de intereses remuneratorios, posibilidad de rescate o si el principal se encuentra garantizado, por lo que del contenido del mismo no se puede deducir en modo alguno las condiciones de lo contratado.
En el “resguardo de formalización de la anotación en cuenta de deuda pública” sí figura la fecha de emisión (20/12/06) y la de amortización (31/12/50), y aun cuando la clase de deuda se identifica como participaciones preferentes, lo cierto es que en la denominación del resguardo se utiliza la expresión genérica de “deuda pública” lo que puede inducir a error acerca del producto contratado.
Debemos por lo tanto considerar probado que en dicha fase previa no se le dio a la cliente información suficiente sobre los riesgos que asumía, máxime cuando la demandante no era una persona experimentada y cabe considerar que ni tan siquiera conocedora de este tipo de contratos complejos, lo que implica la existencia de vicio en la prestación del consentimiento. Así el art. 1265 Cc dispone que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo, y el art. 1266 Cc establece que para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
La STS Sala 1a, de 17 de febrero de 2005 indica que “ha de recordarse la doctrina jurisprudencial según la cual para que un error pueda invalidar un negocio, es preciso que el mismo no sea imputable a quien lo padece, y tal cosa sucede cuando quien lo invoca podría haberlo eliminado empleando una diligencia normal adecuada a las circunstancias, es decir, una diligencia media teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien no merece dicha protección por su conducta negligente (SS 24 de enero de 2003, 12 de julio de 2002y 30 de septiembre de 1999, entre otras)”.
Dice la STS Sala 1a, de 12 de noviembre de 2004, con cita de la STS de 24 de enero de 2003 que “de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento, así lo entienden las SS 14 y 18 de febrero de 1994, 6 de noviembre de 1996 y 30 de septiembre de 1999, señalándose en la penúltima de las citadas que la doctrina y la jurisprudencia viene reiteradamente exigiendo que el error alegado no sea inexcusable, habiéndose pronunciamiento por su inadmisión, si este recae sobre las condiciones jurídicas de la cosa y en el contrato intervino un letrado, o se hubiera podido evitar el error con una normal diligencia; con cita de otras varias, la S 12 de julio de 2002 recoge la doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el párr. 1.° del art. 1265 del CC y establece que será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste; y b) que no sea imputable a quien lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza infundida por la declaración ( SS 18 de febrero y 3 de marzo de 1994)”.
En el presente supuesto debemos apreciar la existencia de error por parte de Doña Teodora en cuanto a lo que constituye el objeto del contrato, es decir la clase de inversión contratada, ya que al menos sí resulta plenamente acreditado que la misma manifestó al director de la oficina que intervino en la formalización del contrato la necesidad de poder disponer del dinero invertido en un plazo de dos años, y las participaciones preferentes adquiridas se emitieron por tiempo indefinido, con fecha de amortización fijada en el 31/12/50, que únicamente se podían amortizar total o parcialmente a voluntad del emisor (SOS Cuétara Preferentes , S.A., Sociedad Unipersonal), y no a solicitud de los inversores, con autorización previa del garante (SOS Cuétara, S.A.) a partir de que hayan transcurrido 5 años desde la fecha del desembolso, lo que contraviene de forma clara la voluntad manifestada por la demandante, constituyendo el plazo de vigencia de la inversión un requisito esencial del contrato. Además en el documento n° 2 aportado con la contestación a la demanda se hace referencia a posible pérdida de parte del capital invertido (pero no se expresa si parte del capital está garantizado y en su caso cuál es el porcentaje), también se cita la amortización anticipada por parte del emisor (lo que puede inducir a pensar en la posibilidad de una amortización anticipada) y obviamente el perfil del inversor a quienes está dirigido ese tipo de participaciones preferentes no se corresponde en modo alguno con el de la demandante, máxime cuando las anteriores inversiones de la misma se limitaron a depósitos de renta fija garantizados y cuando el precio de emisión de las participaciones preferentes de SOS Cuétara suponían un importe nominal unitario de 50.000 euros (…) ”
En relación al error de consentimiento señala el CC:
– Artículo 1261. “No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
3. Causa de la obligación que se establezca”.
– Artículo 1265. “Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo”
– Artículo 1266. “Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
El simple error de cuenta sólo dará lugar a su corrección”.
Por otro lado el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, indica:
– Artículo 3. Concepto general de consumidor y de usuario. “A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional”.
– Artículo 8. Derechos básicos de los consumidores y usuarios. “Son derechos básicos de los consumidores y usuarios (…) b. La protección de sus legítimos intereses económicos y sociales; en particular frente a las prácticas comerciales desleales y la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos.
c. La indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos.
d. La información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute (.)”
– Artículo 60. Información previa al contrato. “1. Antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo (.)”
– Artículo 80. Requisitos de las cláusulas no negociadas individualmente. “1. En los contratos con consumidores y usuarios que utilicen cláusulas no negociadas individualmente, incluidos los que promuevan las Administraciones públicas y las entidades y empresas de ellas dependientes, aquéllas deberán cumplir los siguientes requisitos:
a. Concreción, claridad y sencillez en la redacción, con posibilidad de comprensión directa, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato, y a los que, en todo caso, deberá hacerse referencia expresa en el documento contractual.
b. Accesibilidad y legibilidad, de forma que permita al consumidor y usuario el conocimiento previo a la celebración del contrato sobre su existencia y contenido.
(.)”
Por su parte, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores señala en su artículo 78: “Sujetos obligados. 1. Quienes presten servicios de inversión deberán respetar:
a. Las normas de conducta contenidas en el presente Capítulo.
b. Los códigos de conducta que, en desarrollo de las normas a que se refiere la letra a anterior, apruebe el Gobierno o, con habilitación expresa de éste, el Ministro de Economía y Hacienda, a propuesta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
c. Las contenidas en sus propios reglamentos internos de conducta (.)”
– Artículo 79. Obligación de diligencia y transparencia. “Las entidades que presten servicios de inversión deberán comportarse con diligencia y transparencia en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios, y, en particular, observando las normas establecidas en este capítulo y en sus disposiciones reglamentarias de desarrollo
– Artículo 79 bis. Obligaciones de información. “1. Las entidades que presten servicios de inversión deberán mantener, en todo momento, adecuadamente informados a sus clientes.
2. Toda información dirigida a los clientes, incluida la de carácter publicitario, deberá ser imparcial, clara y no engañosa. Las comunicaciones publicitarias deberán ser identificables con claridad como tales.
3. A los clientes, incluidos los clientes potenciales, se les proporcionará, de manera comprensible, información adecuada sobre la entidad y los servicios que presta; sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión; sobre los centros de ejecución de órdenes y sobre los gastos y costes asociados de modo que les permita comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con conocimiento de causa. A tales efectos se considerará cliente potencial a aquella persona que haya tenido un contacto directo con la entidad para la prestación de un servicio de inversión, a iniciativa de cualquiera de las partes.
4. El cliente deberá recibir de la entidad informes adecuados sobre el servicio prestado. Cuando proceda dichos informes incluirán los costes de las operaciones y servicios realizados por cuenta del cliente.
6. Cuando se preste el servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de carteras, la entidad obtendrá la información necesaria sobre los conocimientos y experiencia del cliente, incluidos en su caso los clientes potenciales, en el ámbito de inversión correspondiente al tipo de producto o de servicio concreto de que se trate; sobre la situación financiera y los objetivos de inversión de aquel, con la finalidad de que la entidad pueda recomendarle los servicios de inversión e instrumentos financieros que más le convengan. Cuando la entidad no obtenga esta información, no recomendará servicios de inversión o instrumentos financieros al cliente o posible cliente. En el caso de clientes profesionales la entidad no tendrá que obtener información sobre los conocimientos y experiencia del cliente (.)”
TERCERO.- De la valoración de la prueba.Señaló el demandante en su declaración, que trabaja como dependiente de almacén, y que carece de profundos conocimientos en materia financiera, lo cual no se ha discutido por las partes, por lo que se considera probado que el mismo cursó estudios hasta tercero de la anterior EGB y no posee especiales conocimientos financieros, por lo que debe tener la consideración de consumidor a los efectos manifestados en el fundamento de derecho anterior de esta resolución, y como tal acudió a su oficina bancaria para constituir un depósito de 10.000 euros que tenía ahorrados.
Indicó Don J L que él nunca había invertido cantidad alguna en productos financieros, que únicamente con anterioridad había constituido un depósito a 6 meses para cubrir los gastos que generaba el mantenimiento de su cuenta corriente, lo cual se considera probado ya que, afirmado este hecho por el demandante, no se ha presentado prueba alguna en contrario por la entidad demandada, y se considera que se trata de una prueba a la que dicha entidad tiene fácil acceso ya que Don J L es cliente de la entidad desde hace varios años, y basta con consultar sus propios libros registro, historial del cliente y archivos de Novagalicia Banco S.A. para comprobar los instrumentos financieros que el demandante había contratado en ocasiones anteriores, sin embargo, no han presentado prueba alguna que contradiga la afirmación del demandante, por lo que se considera probado el extremo al no estar en absoluto afectado de dificultad de acceso a los medios de prueba en el sentido que establece el art. 217.7 de la LEC. “Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio”. Es por ello que se considera que pese a que se le realizó el test de idoneidad tal y como manifiesta la entidad demandada, el mismo no es veraz, ya que si bien está firmado por el cliente, se expresa en el mismo que Don J L está familiarizado con los grupos de productos de riesgo medio, y que ocasionalmente ha realizado inversiones en productos de riesgo medio, y que su experiencia profesional relacionada con productos financieros es media, cuando se ha demostrado que esto no es cierto, ya que afirmados estos extremos por la entidad financiera al efectuar el test de idoneidad al cliente y siendo negado este hecho por Don J L, no ha presentado Novagalicia Banco prueba alguna que contradiga esta afirmación, lo cual se considera, tal y como ya se ha dicho, que es una prueba de la que la entidad crediticia tiene facilísimo acceso, al bastar para ello la consulta de sus propios archivos y registros, sin que haya presentado ningún elemento probatorio que demuestre la supuesta experiencia financiera de J L, y su anterior contratación de productos de dichas características, no bastando para acreditarlo un mero test de 5 preguntas estereotipadas que no viene contrastado de ninguna manera por prueba documental ni siquiera testifical, ya que la misma testigo Doña S D O, interventora de la Oficina que manifestó que tanto J L como su esposa son clientes desde hace muchos años, no afirmó en ningún momento que fuera un cliente que soliera acometer operaciones de riesgo, en el mismo sentido Don P M indicó que no sabía si el demandante había contratado alguna vez un producto de riesgo medio.
Por otro lado, no debemos olvidar que las participaciones preferentes están calificadas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores como valores emitidos por una sociedad que no confieren participación en su capital ni derecho a voto, con vocación de perpetuidad y cuya rentabilidad no está garantizada. También se califica como un instrumento complejo y de riesgo elevado que puede generar rentabilidad, pero también pérdidas en el capital invertido, por lo que no se entiende que se le ofreciera a un cliente que nunca había efectuado operaciones de riesgo ni siquiera medio, como evidentemente le constaba a la entidad contratante.
Se considera que en la suscripción del contrato por parte de Don J L concurrió error invalidante del consentimiento en el sentido que establece el CC ya que, en el documento presentado con el número 1 del escrito de demanda, consta la información que le prestó el director del banco, Don P M, quien declaró como testigo y reconoció su letra en dicho documento. En dicho documento Don P M manifestó a Don J L que el producto contratado ofrecía intereses trimestrales correspondientes al EURIBOR más 0,25 puntos, que los títulos tienen un valor de 60 euros y que tienen liquidez inmediata, si bien en su declaración como testigo afirmó que la rentabilidad no es constante y que no tiene liquidez inmediata, que no se puede asegurar la recuperación del capital invertido, como finalmente ha pasado, por lo que, pese a que en dicho documento se hace referencia a “títulos” que podría hacer pensar que Don J L conocía que lo que contrataba no era simplemente un depósito, no fue debidamente informado, con los requisitos que exige la legislación de defensa de los consumidores y los arts. ya citados de la Ley reguladora del Mercado de Valores, sobre las características complejas y de alto riesgo del producto adquirido.
Además, manifestó el demandante que él quería constituir un depósito que le permitiera disponer del dinero en poco tiempo, por lo que le convenció la explicación de Don P M de que con el contrato suscrito podía tener disponibilidad inmediata, además manifestó Don J L que en ningún momento se le manifestó que el contrato suscrito tenía un vencimiento a 31 de diciembre de 2050, y que si lo hubiera sabido nunca lo habría firmado, lo cual resulta lógico habida cuenta de la edad del mismo, pues en el año 2050 constará con aproximadamente 90 años. Don P M afirma este hecho, ya que manifestó en su declaración que efectivamente indicó al cliente que el producto tenía disponibilidad inmediata, porque ello era así en aquellos momentos, pero no indicó el testigo que explicara al cliente que esta liquidez podía variar, y que las condiciones que le ofrecía no eran seguras e inmutables, él mismo manifestó claramente en su declaración que ofreció al demandante “liquidez inmediata”, sin información alternativa y profunda, ni indicando la posibilidad de que en un peor momento financiero no podría disponer de su dinero.
El documento n°2 del escrito de demanda, en el que consta el vencimiento en el año 2050 no se encuentra firmado por Don J L, lo cual indicó Don P M que ello es así por ese el ejemplar que se da al cliente, y en la entidad se quedan con el firmado, pero presenta el mismo documento la entidad bancaria con el número 1 de la contestación a la demanda, y tampoco se encuentra firmado, por lo que entendemos que en ningún momento se tuvo conocimiento de este extremo por el demandante, ya que si el ejemplar firmado es el que se queda depositado en la entidad, la demandada podría fácilmente haberlo aportado, lo cual, una vez más, no ha realizado. Además, en dicho documento consta claramente la expresión en su enunciado de “Orden de Compra de Valores”, información que tampoco percibió el demandante y que podría indiciariamente llegar a suponer que sabía que adquiría valores, pero tal y como ya se ha dicho, no se encuentra firmado por él.
Siendo que la posibilidad de liquidez inmediata fue determinante para que el demandante suscribiera el contrato, tal y como ya se ha señalado, y que al demandante se le ofertó engañosamente un producto que supuestamente alcanzaba estas condiciones pero ello no era cierto, contribuye a alcanzar la conclusión de que hubo información no veraz en la suscripción del contrato. Consta en las mismas condiciones del contrato suscrito, del que se facilitó una copia al demandante, en la cláusula relativa a su duración, que su vigencia es indefinida y que cualquiera de las partes podrá instar unilateralmente su finalización mediante un preaviso de 15 días, lo cual es eminentemente falso.
Intenta la demandada probar que Don JL conocía la naturaleza del producto contratado por el hecho de que trimestralmente percibía los intereses, y que en los recibos enviados por el banco, que se aportan como documento n°6 del escrito de contestación y que el demandante no niega haber recibido, consta el concepto PART. CAIXANOVA 05-MY, por lo que necesariamente tenía que saber que había adquirido participaciones preferentes. No se considera probado en absoluto este extremo ya que en la información suministrada a Don J L se le indicó que el contrato suscrito produciría intereses trimestrales, y como tal él los recibía con normalidad, y el hecho de que conste la expresión “PART.” en absoluto viene a demostrar los efectos pretendidos de que el demandante conocía los caracteres del producto contratado, pues se trata de una expresión que ni siquiera incluye el nombre completo y comprensible de las participaciones preferentes, y que, por otro lado, no contradice el hecho que se ha considerado probado, de que el cliente no fue debidamente informado de las características de riesgo alto y posible iliquidez que presentaba el producto en cuestión, siendo absolutamente indiferente que conste una sigla supuestamente referida a “Participación” en los recibos enviados a Don J L.
Por otro lado, se considera probado que Don J L, después de suscribir el contrato en cuestión, debió retirar parte del dinero, concretamente 2.400 euros para adquirir un vehículo en mayo del año 2009, para lo que simplemente manifestó esta circunstancia a su entidad y al día siguiente tenía le dinero en cuestión en su cuenta corriente, este hecho es afirmado por ambas partes por lo que no se considera un hecho discutido, lo que sí se discute son las consecuencias que se quiere atribuir a este hecho por las partes, ya que indica la entidad crediticia que para disponer de este dinero hubo que vender parte de esas participaciones preferentes, lo cual acredita mediante la presentación del documento n°5 de la contestación a la demanda, en el que consta la expresión “Orden de venta de valores”, por el importe exacto de 2.400 euros, cantidad que necesitaba Don J L, y que se encuentra supuestamente firmado por éste, con lo que Caixanova intenta demostrar una vez más que el demandante conocía la naturaleza del producto contratado. Lo cierto es que negada la autenticidad de la firma por el demandante, se ha efectuado prueba pericial que obra unida a las actuaciones, en la que se llega a la conclusión de que la firma que obra en ese documento ha sido falsificada, que no se ha efectuado por el demandante, lo cual se considera probado habida cuenta de la credibilidad que presenta, que ha sido elaborado por un perito experto e imparcial, que ha realizado un estudio detallado y veraz, y que no ha sido contradicho por la parte afectada por el mismo, la demandada. Este hecho confirma una vez más la nula información que Don J L recibió de las características reales del producto contratado, hecho que no queda contradicho por esta venta parcial, ya que ha quedado probado que el demandante no tuvo conocimiento ni participación en la misma, y la inmediata disponibilidad del dinero contribuyó a crear apariencia de validez al contrato de depósito con liquidez inmediata que el cliente creyó haber contratado según la información que se le suministró.
Es por todo lo dicho por lo que se considera, en línea con la jurisprudencia reseñada, que corresponde a la entidad financiera la carga de la prueba de la correcta información suministrada al cliente al tiempo de suscribir el contrato, y no ha presentado prueba alguna que demuestre que esta información se prestó y que fue veraz. De la prueba practicada resulta que el cliente no fue informado de una forma directa y comprensible de las verdaderas características del producto contratado, que era de alto riesgo, y se ofertó a un cliente calificado como conservador, que nunca había realizado operaciones de esa naturaleza y que carece por completo de conocimientos mínimos en materia financiera, sin que el test de conveniencia, pese a estar firmado por Don J L contradiga esta afirmación, ya que la nulidad de este contrato viene dada por las características del producto de las que se informó engañosamente al cliente, que no se correspondían en absoluto con el que se contrataba en realidad. Consta la información suministrada en la que se indica que el contrato suscrito le ofrece liquidez inmediata, y ello no es cierto, lo cual supone un error esencial en el consentimiento que anula el contrato suscrito, al afectar a la naturaleza de la cosa que es objeto del contrato, y a sus características esenciales que hacen que de haberlas conocido el contratante no hubiera suscrito el contrato, o lo hubiera hecho en otras condiciones. Además, contribuye a afirmar este hecho, tal y como ya se ha manifestado, la circunstancia de que los documentos en los que de una manera legible aparece el vencimiento del contrato en diciembre del año 2050 son los adquisición y venta de valores, el primero de los cuales no se encuentra firmado y en el segundo fue falsificada la firma de Don J L.
Es por lo dicho por lo que existe nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes suscrito por el demandante, por inadecuada, falsa e insuficiente información por parte de la entidad financiera que provocó error en el contratante invalidante del consentimiento, elemento esencial del contrato que produce su nulidad, por lo que se estima íntegramente la demanda interpuesta y se declara nulo el contrato de 3 de noviembre de 2008, debiendo reintegrar la demandada la cantidad adeudada de 7.560 euros, además en virtud de lo establecido en el art. 1303 del CC que señala: “Declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los artículos siguientes”, también procede el abono de los intereses legales procedentes desde la fecha de la primera reclamación al banco, ya que los intereses legales se entienden devengados, tal y como señala el art. 1108 del CC “Si la obligación consistiere en el pago de una cantidad de dinero, y el deudor incurriere en mora, la indemnización de daños Y perjuicios, no habiendo pacto en contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos, y a falta de convenio, en el interés legal” desde que el deudor incurre en mora, y se entiende que ello ocurre desde que consta una reclamación fehaciente a Novagalicia Banco, lo cual se efectuó mediante burofax debidamente entregado el día 28 de noviembre de 2011. No procede entender devengados los mismos desde la fecha de la suscripción del contrato ni tampoco por la carta certificada remitida por el demandante en octubre de 2011, ya que si bien consta la recepción por parte de Novagalicia, no se puede acreditar el contenido de la misma.
CUARTO.- De las costas. Se imponen las costas del presente proceso a la parte demandada por haber sido íntegra la estimación de pretensiones de la demanda, según lo establecido en el art. 394 de la LEC.
Que se ESTIMA ÍNTEGRAMENTE la demanda interpuesta por Don J L C M, representado por el Procurador de los Tribunales Don MIGUEL ÁNGEL PALACIOS PALACIOS, y bajo la asistencia letrada de Doña Vanessa Vidal García, frente a NOVAGALICIA BANCO S.A.,
representado por el Procurador de los Tribunales Don J M M, y bajo la asistencia letrada de Don L P S, y en consecuencia se declara:
– la NULIDAD del contrato de compra de valores suscrito entre las partes, de fecha 3 de noviembre de 2008, por error del consentimiento.
– la parte demandada deberá restituir a la demandante la cantidad de 7.560 euros más los intereses legales procedentes desde el día 28 de noviembre de 2011 hasta el completo pago.
– se condena en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma procede interponer recurso de apelación en función de lo establecido en los arts. 455 y ss de la LEC.
Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo, Olga Martín Álvarez, Jueza titular del Juzgado de 1a Instancia e Instrucción n°1 de Cambados. Doy Fe.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia, en el día de su fecha, estando celebrando audiencia pública por la Jueza que la dictó y firma, de lo que doy fe.
A la vista de lo anterior, y como señalábamos al inicio, cada caso, con cada circunstancia, debe ser analizado de manera individual. Desde G. Varela Abogados, con Despacho en Madrid y servicio en toda España, nos ponemos a su disposición para atender cualquier consulta relacionada con la adquisición de “participaciones preferentes” o cualquier otra duda de naturaleza jurídica. Asimismo, les animamos a contactar con nosotros si precisan de asistencia o desean que intervengamos en la defensa de sus intereses.
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El atropello a la Democracia o “la nueva Ley de Tasas Judiciales”.
Posted on 21/11/2012 por José Miguel Serrano Gutiérrez
Desde hace meses, por parte del Ministro de Justicia de turno, Alberto Ruiz Gallardón (nos ahorraremos el Don para mejores ocasiones), se viene poniendo de manifiesto la “necesidad” de modificar el sistema de tasas para el acceso a la Administración de Justicia, sirviéndole como excusa burda y falaz “la mejor financiación de la Justicia gratuita.”
Desde G. Varela Abogados nos posicionamos absolutamente en contra de lo que consideramos el asesinato, con premeditación, de la tutela judicial efectiva, consagrada como Derecho Fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución Española de 1978.
Hoy, 21 de noviembre de 2012, se perpetra en el BOE la aniquilación de las clases medias, por medio de la publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, aprobada en las Cortes Generales con el único voto favorable del Partido Popular.
Hasta ahora, cuando un ciudadano quería litigar, EJERCIENDO SUS DERECHOS, se veía en la obligación de hacer frente a los honorarios de los profesionales en los que ponía su confianza para la defensa de sus intereses, ya fueran éstos abogado, procurador, perito o cualquier otro que fuera llamado al procedimiento judicial.
Desde mañana, 22 de noviembre de 2012, el Estado ejercerá su “derecho de pernada” de manera total y absolutamente abusiva ya que, el tendero de barrio al que un cliente le debe dinero o, tú, lector, que quieras recurrir una sanción de tráfico de carácter leve estaréis pagando más al Estado por el simple hecho de recurrir o presentar una demanda, que la cuantía que posteriormente se recupere.
Utilizando el argot de la calle, Gallardón y su jefe Rajoy, están “matando una mosca a cañonazos”. Imaginen, queridos lectores, por un momento, que a un ciudadano que paga sus impuestos le exige la Seguridad Social quinientos euros por un análisis de sangre. Así podrán entender la nueva situación creada.
Resulta imprescindible, en este momento, hacer notar a nuestros lectores que el nacimiento, elaboración y aprobación de la nefasta Ley se ha hecho sin contar con la opinión de los técnicos en Derecho más reconocidos en España, como pueden ser los distintos Colegios de Abogados, el Consejo General de la Abogacía Española, el Consejo General del Poder Judicial, las Asociaciones de Jueces y Fiscales y tantos otros que día a día traspasamos las puertas de los Juzgados para que nuestros clientes y usuarios vean reconocidos sus derechos.
Es probable que dentro de seis o siete años, si a algún Juez “buen samaritano” le da por presentar una cuestión de constitucionalidad sobre la Ley, el Tribunal Constitucional decida poner fin al atropello a la Democracia que hoy se perpetra. Quizás para millones de españoles sea tarde.
Espero equivocarme, pero en la práctica vaticino el cierre de pequeños Despachos, la gran mayoría en España, sin grandes y podereosos clientes, ya que aquéllos se verán obligados a asumir parte de las tasas que desde el Gobierno se nos imponen.
Y que no nos engañen, queridos lectores con la falsa bonomía de la necesidad de una mejor financiación de la Justicia gratuita. Siguen existiendo coches oficiales, siguen existiendo prebendas para la casta, sigue existiendo impunidad para el criminal sistema financiero que nos asfixia, incluso a los que no ejercimos el derecho a adquirir una vivienda…
En todo caso, y haciendo uso de nuestra vocación como abogados, seguiremos, hasta que nos dejen, al servicio del ciudadano.
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El delito de estafa, mitos y realidades
Posted on 25/10/2012 por José Miguel Serrano Gutiérrez
El desarrollo de la sociedad de la información y de la tecnología ha propiciado la rápida proliferación de ventas y todo tipo de negocios a través de la red.
Sin duda alguna, la posibilidad de adquirir bienes y servicios sin moverse de casa, comporta una evidente ventaja, debido a la comodidad así como las infinitas posibilidades de elección entre distintos ofertantes.
No obstante, aparejada a este tipo de operaciones nos encontramos en ocasiones con la figura del ENGAÑO, quizá amparada en el anonimato y la falta de inmediatez entre ofertante y comprador. En todo caso, la estafa cibernética no deja de ser una variante de reciente aparición de lo que tradicionalmente se ha conocido como ESTAFA en términos jurídicos.
Asimismo, se ha de tener en cuenta que no todo engaño derivado de una compraventa o una prestación de servicios puede tener la consideración de estafa, en base al principio de intervención mínima del Derecho Penal.
Por su gravedad, debemos mostrar, en primer lugar, la división que el Código Penal hace del ilícito estafa en función de la cuantía de lo estafado. Así, el artículo 623.4 del Código Penal, determina que serán reos de FALTA DE ESTAFA los que cometan el hecho típico que posteriormente analizaremos, siempre que la cuantía de lo estafado no supere los cuatrocientos euros. En recibimos G. Varela Abogados diariamente un gran número de consultas relacionadas con estas pequeñas estafas. Desafortunadamente, si bien la Administración de Justicia dispone los medios necesarios para la defensa de sus intereses, no son pocos los casos en los que por hastío o desconfianza el ciudadano no llega hasta el final del camino.
Sin embargo, la experiencia nos indica que el estafador cibernético lleva a cabo el hecho típico en más de una ocasión, existiendo una pluralidad de perjudicados. Por ello, recomendamos a nuestros clientes y lectores hacer un pequeño rastreo en la red, con el fin de encontrar a otras víctimas del mismo estafador. Con ello, lo que de modo aislado pudiera suponer una leve sanción para el sujeto activo, podría llegar a tener la consideración de delito continuado, permitiendo, de esta manera que por parte de los Juzgados y Tribunales se imponga un reproche penal de mayor consideración.
Asimismo, desde G. Varela Abogados recomendamos a nuestros lectores que antes de formalizar una compra o cualquier operación que suponga disposición patrimonial por internet, se haga una pequeña búsqueda acerca del vendedor u ofertante puesto que en la red circula mucha información acerca de su fiabilidad en operaciones anteriores.
Ello nos lleva a mencionar el contenido de los artículos 248 y siguientes del Código Penal, los cuales relacionan los distintos tipos de DELITO DE ESTAFA.
Varios son los elementos que constituyen el tipo del delito de estafa, siendo imprescindible la concurrencia de todos ellos para la aplicación del tipo delictivo. A modo de ejemplo, y resultando más ilustrativo mostrar un “trabajo de campo”, reflejamos la siguiente querella, formulada como consecuencia de un delito de estafa común (no cibernético) recientemente presentada ante los Juzgados de Madrid por G. Varela Abogados.
AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE MADRID QUE POR TURNO DE REPARTO CORRESPONDA
DON JOSÉ ANDRÉS PERALTA DE LA TORRE, Procurador de los Tribunales y de SIEMPRE DE FIESTA, S.L., con C.I.F. B-9999999, tal y como acredito por medio de Poder General para Pleitos con facultades especiales que como DOCUMENTO 1 acompaño, y bajo la defensa técnica del Letrado del ICAM José Miguel Serrano Gutiérrez ante el Juzgado comparezco, y como mejor proceda en Derecho, DIGO:
Que por medio del presente escrito y al amparo de lo establecido en el artículo 24 de la Constitución Española y 270 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ejercita el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos interponiendo QUERELLA CRIMINAL con fundamento en las siguientes circunstancias
Se interpone ante el Juzgado de Instrucción de Madrid por ser el competente para conocer de los hechos que esta parte reputa delictivos, al cometerse y producir dichos hechos los efectos en la ciudad de Madrid (art. 14.2 LECrm).
El querellante es SIEMPRE DE FIESTA, S.L., con C.I.F. B-9999999.
Los querellados son:
– ALFREDO MONTOYA DOMÍNGUEZ, mayor de edad, con N.I.F. 00.000.000-Z y domicilio conocido a efecto de notificaciones en (28006) Madrid, Avenida de la Gominola, nº 100.
– JOSÉ LUIS SEVILLA ACUSADO, mayor de edad, con N.I.F. 11.111.111-W y domicilio conocido a efecto de notificaciones en 28006) Madrid, Avenida de la Gominola, nº 100.
Los hechos que dan lugar a la interposición de la presente querella son los siguientes:
En fecha 25 de abril de 2012, mi mandante, SIEMPRE DE FIESTA, S.L., por medio de sus dos administradores mancomunados, suscribió documento con los querellados, por medio del cual SIEMPRE DE FIESTA, S.L. entregaba una señal de 6.000,00 € a los mismos, a cuenta del traspaso de local de negocio sito en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Calle After Hour, discoteca “LA NORIA 2”.
En dicho documento, ambos querellados, Sr. MONTOYA DOMÍNGUEZ y Sr. SEVILLA ACUSADO actuaban como INTERMEDIARIOS CON MANDATO DE GESTIÓN por parte de la propiedad del negocio.
Se acompaña, como DOCUMENTO 2, contrato de señal de fecha 25 de abril de 2012.
Las condiciones del acuerdo, a los efectos que nos ocupan, eran las siguientes:
– Precio de cesión del negocio con todos los enseres y maquinaria existentes en el local 60.000,00 € (SESENTA MIL EUROS).
– Renta mensual de 2.050,00 € (DOS MIL CINCUENTA EUROS).
Dichas condiciones ofertadas por los querellados eran requisito sine qua non para que mis mandantes resultasen convencidos de que el negocio jurídico de adquisición del negocio fuera llevado a cabo.
Semanas después de haber suscrito el documento de señal y haber desembolsado la cantidad de seis mil euros a los querellados, mis mandantes se pusieron en contacto con la propietaria del negocio que tenían intención de adquirir, DOÑA MARÍA ANTONIETA NAPOLEÓN RÍOS, en su calidad de legal representante de “ME JUBILO, S.L.”, a los efectos de que la misma les explicara cuál era el funcionamiento del mismo y adquirir el know how correspondiente.
Cuál fue su sorpresa cuando, en el hilo de la conversación, mis mandantes comentaron con la Sra. NAPOLEÓN cuáles eran las condiciones del contrato que habían suscrito con los querellados, Sres. MONTOYA DOMÍNGUEZ y SEVILLA ACUSADO.
En ese momento, Doña MARÍA ANTONIETA expuso que el contrato de mandato de gestión que tenía firmado con los querellados nada tenía que ver en cuanto a condiciones económicas con el que mis mandantes suscribieron en fecha 25 de abril de 2012 y que, con dichas condiciones jamás hubiera traspasado su negocio.
Así las cosas, entregó copia del documento de mandato de gestión que la misma había suscrito con los aquí querellados, entre cuyas condiciones caben destacar las siguientes:
– El Precio de cesión del negocio ascendía a la cantidad de 98.000,00 € (NOVENTA Y OCHO MIL EUROS)
– Renta mensual de 2.500,00 € (DOS MIL QUINIENTOS EUROS).
Se acompaña, como DOCUMENTO 3, contrato de mandato de gestión suscrito entre Doña MARÍA ANTONIETA NAPOLEÓN RÍOS en su calidad de legal representante de “ME JUBILO, S.L.” y los querellados, de fecha 14 de junio de 2011, con las condiciones antedichas.
Como se puede observar de la lectura de ambos contratos, las condiciones pactadas por parte de los intermediarios comerciales con una y otra parte en nada se asemejan, existiendo diferencia de más de un 50% en el precio del traspaso, así como una diferencia de casi un 30% en el precio de la renta mensual.
Tras tener conocimiento de estos hechos, mis mandante se pusieron en contacto con los querellados, a los efectos de que se produjera la devolución de las cantidades entregadas en concepto de señal, negando éstos en todo momento la suscripción de contrato alguno con la propiedad del negocio en las condiciones antedichas, lo que, a la vista del documento y firmas que en el mismo obran, constituye una falsa afirmación.
Los hechos anteriormente descritos, imputables a los querellados, son indiciariamente constitutivos de:
a) Un delito de ESTAFA, previsto y penado en el artículo 248 del C.P.
En base a lo anterior, concurren en el presente supuesto de hecho las características requeridas por la Jurisprudencia a los efectos de que el comportamiento de los querellados sea considerado como estafa, a saber:
1.- ENGAÑO PRECEDENTE O CONCURRENTE: Resulta evidente la existencia de un engaño precedente y concurrente, por cuanto los querellados ofertaron a mis mandantes el local de negocio a un precio de traspaso y renta mensual de todo punto irreales y que en modo alguno tenían que ver con las condiciones pactadas con la propietaria del negocio, tal y como hemos acreditado documentalmente.
2.-ENGAÑO BASTANTE: El engaño tiene la consideración de bastante y efectivo, toda vez que los querellados, Sres. MONTOYA DOMÍNGUEZ y SEVILLA ACUSADO se constituyen en el mercado como marca en la intermediación de operaciones comerciales de negocios de hostelería, a través de su página web www.intermediariosdisco.com, por lo que difícilmente mis mandantes podrían haber pensado que estaban siendo objeto de un engaño.
3.- ERROR EN EL SUJETO PASIVO DEL DELITO: Como indicamos, dicho engaño bastante produjo el error en mi mandante SIEMPRE DE FIESTA, S.L., que suscribió contrato de señal, con abono de cantidades, en la esperanza de poder hacerse con un local de negocio en unas condiciones pactadas, las cuales, a la postre, resultaron ser falsas.
4.- PERJUICIO PATRIMONIAL: Como consecuencia del error producido en mis mandantes a raíz del engaño urdido por los querellados, SIEMPRE DE FIESTA, S.L., entrego a los Sres. MONTOYA DOMÍNGUEZ y SEVILLA ACUSADO la cantidad de 6.000,00 €, que a día de hoy sigue en su poder y no ha sido reintegrada a la sociedad.
5.- ÁNIMO DE LUCRO POR PARTE DE LOS QUERELLADOS, que se han apropiado, a través de la firma del contrato de señal, de la cantidad de 6.000,00 €.
A efectos del esclarecimiento y comprobación de los hechos que son objeto de este escrito de querella, esta parte viene a proponer la práctica de las siguientes diligencias de prueba, sin perjuicio de las que puedan acordarse por este Juzgado al respecto.
– M E D I O S D E P R U E B A –
I.- INTERROGATORIO DE LOS QUERELLADOS, ALFREDO MONTOYA DOMÍNGUEZ Y JOSÉ LUIS SEVILLA ACUSADO.
II.- TESTIFICAL, consistente en que se cite a:
– DOÑA MARÍA ANTONIETA NAPOLEÓN RÍOS, mayor de edad, con N.I.F. 66.666.666-B y con domicilio conocido a efecto de notificaciones en Las Rozas de Madrid (Madrid), Calle Diáspora, 14, en su calidad de legal representante de “ME JUBILO S.L.”
III.- DOCUMENTAL, consistente en que se requiera a DOÑA MARÍA ANTONIETA NAPOLEÓN RÍOS mayor de edad, con 66.666.666-B y con domicilio conocido a efecto de notificaciones en Las Rozas de Madrid (Madrid), Calle Diáspora, 14, a los efectos de que aporte el original del contrato suscrito entre la misma y los querellados, de fecha 14 de junio de 2011.
SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, en nombre de mi mandante, se sirva admitir esta QUERELLA CRIMINAL y tenerme por parte en el procedimiento que se incoe, por entender que existen motivos suficientes para deducir que se han cometido ilícitos penales, merecedores de la instrucción que se solicita, procediéndose a la práctica de las diligencias que se interesan, y sin perjuicio de cualesquiera otras que se consideren pertinentes, y demás efectos legalmente pertinentes.
Por ser Justicia que pido en Madrid, a 15 de octubre de 2012.
Son, por tanto y tal y como acabamos de ver, cinco los elementos conformadores del delito de estafa:
1.- Engaño precedente o concurrente.
2.- Engaño bastante.
3.- Error en el sujeto pasivo.
4.- Perjuicio patrimonial para el sujeto pasivo.
5.- Ánimo de lucro.
Como vemos, cada caso merece especial análisis y estudio, en orden a determinar si la desilusión que nos hemos llevado porque el producto que nos vendieron no es el que esperábamos, adolece de muchos defectos que nuestro vendedor no nos puso de manifiesto o si entregamos una entrada para un piso y el vendedor desapareció, es constitutivo o no de un delito de estafa.
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References: artículo 124
 artículo 23
e contrario
 resolución 
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 2
 Real Decreto 
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 79
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 8
 artículo 3
 Artículo 1261
 Artículo 1265
 Artículo 1266
 Real Decreto 
 Artículo 3
 Artículo 8
 Artículo 60
 Artículo 80
 artículo 78
 Artículo 79
 Artículo 79
 resolución 
 artículo 24
 artículo 623
 artículo 24
 artículo 248