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Timestamp: 2019-02-15 22:46:28+00:00

Document:
Publicado en BOJA núm. 76 de 24 de Abril de 2017
CAPÍTULO II. AUTORIZACIÓN DE CULTIVOS MARINOS
Artículo 4 Autorización de la actividad de cultivos marinos
Artículo 6 Concurrencia con otros instrumentos administrativos
Artículo 9 Petición de informes
Artículo 10 Informe técnico
Artículo 12 Oferta de condiciones
CAPÍTULO III. Registro Oficial de establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
Artículo 14 Adscripción, objeto y finalidad
Artículo 15 Estructura y contenido
CAPÍTULO IV. Comprobación de obras y puesta en marcha de la actividad en zona de dominio público
Artículo 17 Comprobación previa
Artículo 18 Ejecución de las obras
Artículo 19 Puesta en marcha de la actividad
CAPÍTULO V. Modificaciones de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y de la autorización de cultivo
Artículo 20 Modificación de la ocupación o de la autorización de cultivos marinos
Artículo 21 Cambio de titularidad de la autorización de cultivo y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre
CAPÍTULO VI. Vigencia, prórroga y extinción de la autorización
Artículo 22 Vigencia de la autorización de cultivo marino
Artículo 23 Prórroga de la autorización de cultivos marinos
CAPÍTULO VII. Diversificación acuícola
Artículo 25 Actividades complementarias a la acuicultura
Artículo 26 Fomento de la diversificación económica del sector acuícola
CAPÍTULO VIII. Comité de Acuicultura de andalucía
Artículo 27 Creación y naturaleza
Artículo 31 Utilización de medios electrónicos
Artículo 32 Grupos de trabajo
Disposición adicional primera Especies exóticas
Disposición adicional segunda Actividades prohibidas
Disposición adicional tercera Coordinación entre Registro Oficial de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía con el Registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre
Disposición adicional cuarta Inscripción en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía
Disposición transitoria primera Solicitudes de autorización de cultivos marinos en tramitación
Disposición transitoria segunda Registro electrónico
ANEXO II . Documentación necesaria para la solicitud de autorización de cultivos marinos.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular la actividad de acuicultura marina en Andalucía, estableciendo el régimen administrativo de las autorizaciones para su ejercicio, así como la inscripción de los establecimientos y empresas dedicadas a cultivos marinos en el Registro Oficial creado al efecto por la Ley 1/2002, de 4 de abril, de ordenación, fomento y control de la Pesca Marítima, el Marisqueo y la Acuicultura Marina.
2. Asimismo, tiene por objeto la creación del Comité de Acuicultura de Andalucía, en adelante Comité, como órgano de consulta y asesoramiento para el fomento, impulso y mejora de la actividad acuícola.
1. A los efectos del presente Decreto se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Especie de cultivo: aquella perteneciente a la fauna o la flora que puede ser cultivada en agua marino-salobre.
b) Especie exótica invasora: aquella que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o seminatural y que es un agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa, ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética.
c) Especie localmente ausente: aquella especie o subespecie de un organismo acuático que, por motivos biogeográficos, se halla ausente de una zona determinada dentro de su zona de distribución natural.
d) Especie prohibida: aquella que se cultive sin la correspondiente autorización o que esté expresamente prohibida por la legislación sectorial aplicable.
2. A los efectos de la cumplimentación de los Anexos I y II del presente Decreto se tendrán en cuenta las definiciones contenidas en el Anexo III.
3. Para las definiciones no contempladas en el apartado anterior serán de aplicación las descritas en el Reglamento (CE) núm. 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común, en la Ley 23/1984, de 25 de junio, de cultivos marinos y en la Ley 1/2002, de 4 de abril.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, el ejercicio de la actividad de cultivos marinos en cualquier tipo de establecimiento requerirá la autorización de dicha actividad. Dicha autorización establecerá las condiciones técnicas sobre el cultivo a desarrollar y, en su caso, las condiciones de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre, conforme a lo establecido en el presente Decreto.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, excepcionalmente se podrán otorgar autorizaciones temporales para actividades de cultivo carácter experimental, cuando se trate de nuevos cultivos, proyectos innovadores o de los que no existan experiencias en la Comunidad Autónoma. La autorización de la actividad de cultivos marinos será necesaria para la realización de actividades de carácter experimental.
A la finalización del desarrollo de la actividad experimental la persona interesada deberá aportar un informe sobre los resultados de dicha experiencia.
3. Quedan excluidos de la obtención de autorización de cultivos marinos regulada en la presente disposición las actividades desarrolladas con una finalidad científica o formativa, así como aquellos proyectos cuyo objetivo sea el mantenimiento, la reproducción controlada, cría, preengorde y/o engorde de especies de la fauna o la flora dulceacuícolas, propias de ríos, embalses y lagunas y aquellos proyectos que contemplen la utilización de agua dulce con aditivos de sales, por considerarse agua marina artificial.
1. El órgano con competencia para la instrucción del procedimiento de autorización de cultivos marinos y de otorgamiento del título habilitante de ocupación del dominio público marítimo-terrestre necesario para el desarrollo del mismo, será la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de acuicultura marina de la provincia donde se localice el proyecto de cultivo.
2. El órgano con competencia para la resolución del procedimiento de autorización de cultivos marinos y de otorgamiento del título habilitante de ocupación del dominio público marítimo-terrestre necesario para el desarrollo del mismo, será la Dirección General competente en materia de acuicultura marina.
3. Cuando la ubicación del proyecto de cultivo marino afecte a más de una provincia, la Dirección General competente en materia de acuicultura marina instruirá el procedimiento, sin perjuicio de que pueda delegar dicha competencia en una de las Delegaciones Territoriales o Provinciales afectadas.
4. La Dirección General competente en materia de acuicultura marina, conforme a lo previsto en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en los artículos 103 y 104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, podrá avocar para sí la instrucción del procedimiento de autorización de cultivos marinos de aquellos proyectos que, por su especial incidencia en el desarrollo y fomento de la acuicultura, su magnitud o sus posibles afecciones lo hagan conveniente. Dicha decisión, que corresponderá a la persona titular de la mencionada Dirección General, deberá ser motivada y notificada a la persona solicitante de la actuación.
La obtención de la autorización de cultivos marinos no eximirá a las personas o entidades titulares o promotoras de obtener cuantas otras autorizaciones, concesiones, licencias o informes resulten exigibles según lo dispuesto en la normativa sectorial que resulte de aplicación a la actividad.
1. La solicitud de autorización de cultivos marinos, así como la de actividades de carácter experimental, se dirigirá al órgano competente para la resolución del procedimiento, y se ajustará al modelo de solicitud que figura como Anexo I.
2. La documentación que ha de presentarse junto a la solicitud, en función del tipo de cultivo a desarrollar, es la relacionada en el Anexo II y tendrá que ser firmada por la persona solicitante o por quien la represente, debiendo ésta acreditar dicha representación.
3. Las solicitudes que se formulen por medios no telemáticos se presentarán en el registro de la correspondiente Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de acuicultura marina o, en su caso, en el registro central de la citada Consejería, sin perjuicio de que puedan presentarse en cualquiera de las oficinas o registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
4. Las solicitudes por medios electrónicos se presentarán en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos o la documentación previstos en los apartados anteriores, el órgano competente para instruir el procedimiento requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición previa resolución que deberá ser dictada por el órgano competente para resolver, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Asimismo, el órgano competente para la instrucción podrá recabar de la persona solicitante la modificación o mejora voluntaria de los términos de la solicitud, en cumplimiento del artículo 68.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
1. Admitida a trámite la solicitud, se someterá el expediente a información pública, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento, presentar alegaciones y manifestarse sobre el mismo.
2. El plazo de información pública tendrá una duración mínima de veinte días y se hará público mediante su anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. El anuncio expresará las características fundamentales de la solicitud y la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y el uso en zona de servidumbre de protección, según corresponda.
3. La persona solicitante podrá requerir que se mantenga la confidencialidad de aquellos datos que obren en la documentación aportada y que tengan trascendencia comercial o industrial frente a personas o entidades distintas de la Administración, mediante solicitud razonada en la que concreten los datos afectados por la limitación así como la documentación que resulte necesaria para acreditar tal carácter.
El órgano competente en la instrucción de la autorización, en el plazo máximo de un mes, dictará y notificará resolución motivada en la que se determinará qué datos tendrán el carácter de confidencial, de acuerdo con la legislación vigente en materia de secreto industrial y comercial, salvaguardando, en todo caso, los intereses generales. En caso de que no sea notificada resolución expresa en el plazo que se señala, podrá entenderse estimada la petición, entendiendo que tendrán carácter reservado todos los datos que, en tal sentido, haya indicado en su petición la persona o entidad solicitante.
4. Cuando la actuación promovida esté sujeta a otras autorizaciones o concesiones administrativas que incluyan en su procedimiento el trámite de información pública, éste se podrá realizar de manera conjunta con el de la autorización de cultivo, si la persona promotora o titular así lo solicita al inicio del procedimiento. El órgano instructor del expediente indicará en el anuncio público el alcance del trámite de información pública.
5. Siempre que no sea requerido por otra normativa de carácter sectorial, el trámite de información pública no será necesario cuando la explotación se encuentre en terrenos de propiedad privada, para proyectos experimentales y para modificaciones de las autorizaciones de cultivos marinos que no tengan el carácter de sustancial.
1. Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano competente para la instrucción recabará de los distintos organismos e instituciones, los informes que tengan carácter preceptivo de acuerdo con la normativa aplicable, así como aquellos otros que se consideren necesarios.
Dichos informes habrán de ser emitidos en un plazo máximo de diez días desde la recepción de dicho requerimiento, salvo que por norma se establezca otro plazo.
2. Para aquellas autorizaciones de cultivos marinos donde fuese preciso ocupar terrenos de dominio público marítimo-terrestre, se requerirá informe preceptivo del Ministerio competente en dominio público marítimo-terrestre, al que de forma simultánea se solicitará el establecimiento del correspondiente canon por ocupación lucrativa de dicho dominio.
3. El informe al que se hace referencia en el apartado anterior se emitirá en el plazo de dos meses conforme a lo establecido en el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral.
4. Las solicitudes de utilización del dominio público marítimo-terrestre que se opongan de manera notoria a lo dispuesto en la normativa aplicable, se podrán desestimar sin necesidad de recabar el informe del Ministerio competente en dominio público marítimo-terrestre.
5. De conformidad con el artículo 3.3 de la Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino, la autorización de cultivos marinos requerirá, cuando sea preciso, del informe favorable del Ministerio competente en materia de medio marino respecto de la compatibilidad de la actividad acuícola con la Estrategia Marina.
6. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, las administraciones intervinientes en los procedimientos regulados en el Capítulo II del presente Decreto, ajustarán sus relaciones recíprocas a los deberes de información mutua, colaboración y coordinación para garantizar la eficacia y celeridad en la tramitación de la autorización de cultivos marinos y, en su caso, del título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, necesarios para la realización de actividades de acuicultura en la zona marítimo-terrestre.
Concluido el período de información pública y de petición de informes, se elaborará un informe técnico por parte de la Delegación Territorial o Provincial correspondiente sobre los criterios de valoración a aplicar para otorgar o denegar la autorización, en el que se incluirá el resultado de la evaluación del proyecto, así como los condicionantes que se deriven de los informes emitidos.
1. El órgano competente para la instrucción elaborará la propuesta de resolución de autorización de cultivo y de título habilitante para la ocupación si la hubiere, en la que se incorporarán las consideraciones del informe técnico realizado, como resultado del análisis de las aportaciones de los informes recabados en la información pública y de petición de informes.
2. Salvo en los casos previstos en los apartados 3 y 4 del artículo 5, se dará traslado al órgano competente para resolver, a efectos de la finalización del procedimiento, de la propuesta de resolución, así como de una copia del expediente completo.
1. La Dirección General con competencia en materia de acuicultura marina dará traslado de la propuesta de resolución a la persona solicitante, otorgándole un plazo de diez días para realizar alegaciones. De ser ésta estimatoria de la solicitud, la misma establecerá las condiciones técnicas y administrativas en que podría serle otorgada la autorización, debiendo la persona interesada manifestar expresamente su aceptación en el plazo antes indicado.
Para las autorizaciones de cultivos marinos en terrenos de dominio público portuario, la persona promotora deberá aportar, junto con la aceptación de las condiciones ofertadas, título habilitante para la ocupación del dominio público, emitido por la autoridad competente.
2. En caso de no aceptar las condiciones ofertadas, de no hacer manifestación alguna en el plazo otorgado al efecto, o de no aportar título habilitante de ocupación del dominio público portuario, se declarará concluido el procedimiento y se archivará el expediente por desistimiento de la persona interesada.
1. En el plazo máximo de seis meses desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su instrucción, el órgano competente dictará y notificará la resolución de autorización de cultivos marinos conforme a los criterios establecidos en el artículo 49.2 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, cuando ésta implique ocupación del dominio público marítimo-terrestre o portuario. Dicho plazo será de tres meses para las autorizaciones de cultivos marinos en terrenos de propiedad privada.
2. La resolución, que pondrá fin al procedimiento, habrá de recoger los siguientes extremos:
a) Datos identificativos de la persona titular, localización de la instalación, superficie que ocupa y las especies a cultivar, sistema y fase de cultivo empleado, así como la procedencia y abastecimiento de semilla o alevines a utilizar para el mismo y la producción anual máxima autorizada.
b) Determinación de las condiciones del cultivo en orden a lo establecido en el proyecto aprobado y las condiciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre, en su caso.
c) Ámbito temporal de la autorización de cultivo y ocupación del dominio público marítimo-terrestre, en su caso, y las posibilidades de prórroga.
d) Plazo para la puesta en explotación de la instalación.
e) Plano de localización geográfica del establecimiento.
f) Otros informes o autorizaciones que hayan sido necesarios para el desarrollo de la actividad.
3. El plazo máximo establecido para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos a un órgano de la misma o distinta Administración.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, transcurrido dicho plazo sin que se haya notificado la resolución, la solicitud de autorización de cultivos marinos podrá entenderse desestimada.
4. La autorización de cultivo se inscribirá en el Registro oficial de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía regulado en el Capítulo III.
5. Una vez otorgada dicha autorización de cultivos marinos y el título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre necesario, se remitirá una copia de la misma a la Administración General del Estado, a través del Servicio Periférico de Costas correspondiente, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 226 del Reglamento General de Costas, aprobado por el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre.
Registro Oficial de establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía
1. El Registro oficial de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en adelante Registro, creado mediante el artículo 57 de la Ley 1/2002, de 4 de abril, estará adscrito a la Dirección General competente en materia de acuicultura marina, y tendrá por objeto la inscripción de las autorizaciones de cultivos marinos.
2. El Registro tendrá como finalidad servir de instrumento para la elaboración de directrices, planes y estadísticas relacionados con la actividad acuícola.
1. Los datos que conforman el Registro quedarán integrados en la base de datos informatizada denominada Sistema Integrado de Gestión Ganadera (SIGGAN), siendo su estructura la establecida para dicho Sistema.
2. Los datos objeto de inscripción y anotación serán los siguientes:
a) Datos de la persona titular de la explotación: apellidos y nombre o razón social, sexo, número o código de identificación fiscal, dirección, código postal, municipio, provincia, teléfono y correo electrónico.
b) Datos de otros titulares relacionados con la explotación: apellidos y nombre o razón social, sexo, NIF y relación con la explotación.
c) Coordenadas geográficas de la ubicación de la instalación.
d) Relación de documentos del expediente administrativo correspondientes al establecimiento acuícola.
e) Tipo de explotación según el ámbito donde se realice el cultivo.
f) Estado en el registro (alta, inactiva o baja).
g) Información sobre el suministro de semillas o alevines.
h) Clasificación según el tipo de cultivo.
i) Clasificación según el tipo de instalación, ya sea en tierra o mar.
j) Capacidad máxima, datos de producción y comercialización.
k) Datos de empleo de la instalación, segregados por sexo.
La inscripción en el Registro se efectuará de oficio por la Dirección General competente en materia de acuicultura marina, una vez otorgada la autorización de cultivos marinos y el título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre o portuario en su caso, así como cualquier modificación relacionada con la citada autorización.
Comprobación de obras y puesta en marcha de la actividad en zona de dominio público
1. En aquellos supuestos en que la autorización o concesión de ocupación del dominio público marítimo-terrestre implique la realización de obras, de forma previa al inicio de las mismas la persona titular de la autorización de cultivo y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre solicitará por escrito el replanteo de las obras. Dicha solicitud se presentará en la Delegación Territorial o Provincial de la Consejería competente en materia de acuicultura marina. El replanteo se practicará por la persona encargada de la dirección de obra, con asistencia de personal técnico de la Delegación Territorial o Provincial correspondiente, de la persona concesionaria y del personal adscrito al Servicio Periférico de Costas, levantándose acta y planos general y de detalle.
2. Cuando se constaten deficiencias en el cumplimiento de los condicionantes impuestos, éstas serán notificadas por parte de la Delegación Territorial o Provincial a la persona titular, quien mediante certificación deberá acreditar su subsanación dentro del plazo concedido al efecto, como requisito necesario para el inicio del proyecto.
1. La persona titular de una ocupación de dominio público marítimo-terrestre dará comienzo y fin a las obras dentro de los respectivos plazos que se señale en el pliego de condiciones particulares y prescripciones, ambos contados desde el día siguiente a la fecha de notificación de la autorización de cultivo y del título habilitante para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
2. Si la persona concesionaria, antes de terminar las obras de las instalaciones, renunciara total o parcialmente a la ocupación, perderá la fianza constituida al amparo del artículo 186 del Reglamento General de Costas, a menos que la renuncia fuese motivada por la denegación de licencias, permisos u otras autorizaciones necesarias.
1. Terminadas las obras, la persona concesionaria presentará el certificado de la obra, suscrito por el director de la misma, en el que deberán estar incluidas todas las obras, y solicitará por escrito a la Delegación Territorial o Provincial competente el reconocimiento final de las mismas, que se practicará con asistencia de personal técnico representante de aquella, de la persona concesionaria y de la persona directora de obra, con la asistencia del personal adscrito al Servicio Periférico de Costas, levantándose acta y planos general y de detalle, con los mismos requisitos que los del replanteo. El incumplimiento de esta condición producirá la caducidad de la autorización de cultivo y de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre.
2. La fianza definitiva se devolverá a la persona concesionaria, previa solicitud de la misma, al año de la aprobación del reconocimiento final de las obras, en caso de concesión o de autorización con plazo de vencimiento superior al año, y en otro caso, a su vencimiento, salvo en los supuestos de renuncia y caducidad, con deducción de las cantidades que, en su caso, deban hacerse efectivas en concepto de penalidades y responsabilidades en que haya podido incurrir la persona concesionaria, conforme a lo establecido en el artículo 88.5 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el artículo 189.1 del Reglamento General de Costas.
Modificaciones de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre y de la autorización de cultivo
1. Cuando por razones de mejoras técnicas y/o de viabilidad económica, se promuevan modificaciones que impliquen cambios sustanciales de las condiciones técnicas y administrativas en que fue otorgada la autorización de cultivo, la Dirección General competente en materia de acuicultura marina podrá modificarla a instancia de la persona titular de dicha autorización, la cual formalizará la solicitud conforme al modelo del Anexo I, acompañándola de la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de la modificación pretendida, en la que se indique la justificación motivada que la aconsejan.
b) Proyecto de obra civil, si es el caso.
c) Memoria de cultivo.
e) Memoria de evaluación de impactos ambientales derivados de la modificación.
2. Se considerará que una modificación tiene el carácter de sustancial cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) La alteración del objetivo principal, que implica la realización de usos o actividades distintos a aquellos para los que fue otorgada la autorización o la ocupación, o un incremento de la producción proyectada inicialmente.
b) El aumento de la superficie concedida o autorizada.
c) El aumento de la superficie de las instalaciones construidas, volumen o altura máxima de éstas, en más del 10% sobre el proyecto autorizado.
d) El traslado de equipos existentes en la instalación a otra zona del dominio público no amparada en el título habilitante.
e) La modificación de las características de las obras o instalaciones que generen una afección ambiental diferente a la evaluada inicialmente, y en todo caso, las realizadas en un Espacio Natural Protegido o Áreas de Especial Protección designadas en aplicación de normativas europeas o convenios internacionales. Con relación a las actividades acuícolas en los parques naturales se atenderá a lo establecido en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del espacio natural protegido donde se pretenda realizar la instalación de un establecimiento acuícola.
f) La incorporación de especies no incluidas en la autorización original.
3. Analizada la solicitud de modificación presentada y la documentación aportada conforme al apartado 1 de este artículo, la Delegación Territorial o Provincial correspondiente emitirá propuesta, a la vista del cual, la persona titular de la Dirección General competente en materia de acuicultura marina podrá, previa audiencia al interesado, resolver la denegación de la solicitud presentada, o instar a la Delegación Territorial o Provincial para la continuación de la tramitación del expediente, solicitando a estos efectos los informes que en su caso fuesen necesarios conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de este Decreto.
4. El órgano competente dictará la resolución y notificará la modificación de la autorización de cultivos marinos en el plazo máximo de tres meses. No obstante, si fuera necesaria la tramitación de información pública el plazo máximo para resolver será de 6 meses. En todo caso, transcurrido dichos plazos sin haberse emitido la resolución, la solicitud se entenderá desestimada.
5. Cuando se pretendan modificaciones que no impliquen cambios sustanciales en la resolución de la autorización de cultivos marinos, la persona titular de dicha autorización tendrá la obligación de informar al órgano competente en materia de acuicultura marina, remitiendo la documentación técnica que refleje la modificación proyectada a la Delegación Territorial o Provincial correspondiente con una antelación mínima de un mes al inicio de la actuación.
6. Para la explotación de proyectos de cultivos marinos podrán celebrarse contratos que impliquen la participación de un tercero, que deberá notificarse al órgano con competencia en materia de acuicultura marina a los efectos de dar traslado a Servicio Periférico de Costas, cuando corresponda. Dicha participación deberá ser recogida en la autorización de cultivos marinos mediante una modificación, que tendrá carácter sustancial, donde se identifique al menos la nueva persona titular, duración del contrato y grado de participación en la explotación o proyecto, conforme al artículo 141 del Reglamento General de Costas.
1. La transmisión de la autorización de cultivos marinos derivada de actos «inter vivos», se tramitará como una modificación sustancial de la autorización de cultivo. Dicha modificación se tramitará a instancia de los interesados conforme al modelo de solicitud del Anexo I y deberá ir acompañada, al menos de la siguiente documentación:
a) Solicitud de cambio de titularidad firmada por las dos partes.
b) En su caso, documento que acredite la representación de los dos firmantes por cualquier medio válido en Derecho, o mediante declaración en comparecencia personal del interesado.
c) En su caso, DNI del representante y NIF de la empresa que cede los derechos (original o fotocopia compulsada).
d) Documentación acreditativa de la persona física o jurídica adquirente; si se trata de una persona jurídica, escritura de constitución o de modificación de estatutos debidamente inscrita en el Registro Mercantil en la que figure como objeto social la acuicultura, así como acuerdos sociales donde se apruebe la petición y se acepten los derechos y obligaciones derivados de la titularidad de los títulos de la ocupación y autorización de cultivo cedidos; si se trata de una persona física, documento que acredite estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
e) Documentación acreditativa de la disponibilidad de los terrenos, en el caso de corresponder a titularidad privada, (escritura de compraventa, contrato de arrendamiento y nota simple del registro).
f) Declaración responsable de aceptación y cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización y concesión original.
g) Cuando los terrenos solicitados se encuentren afectados por expediente de deslinde en litigio, se deberá aportar certificación que acredite dicha circunstancia.
h) Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos establecidos para ser titular de las concesiones, conforme a lo establecido en el artículo 65 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, y en el artículo 134 del Reglamento General de Costas, aprobado mediante el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre; la declaración del cumplimiento de las condiciones establecidas en el título concesional; y la documentación en la que conste el tracto sucesivo en la titularidad de la concesión hasta el transmitiente.
2. La transmisión «inter vivos» sólo será válida si, con carácter previo a la resolución, la Delegación Territorial o Provincial correspondiente reconoce el cumplimiento, por parte de la persona adquiriente, de las condiciones establecidas en la concesión, conforme a lo establecido en el artículo 141.2 del Reglamento General de Costas.
3. También se considera modificación sustancial de la autorización cualquier cambio en la titularidad de las acciones o participaciones que suponga sustitución de los socios o accionistas que lo fueren al tiempo del otorgamiento de la ocupación, en porcentaje igual o superior al 50% del capital.
Dicha modificación se tramitará a instancia de persona interesada conforme al modelo de solicitud del Anexo I y deberá ir acompañada, al menos, de la documentación establecida en el apartado 1.
4. La transmisión de la autorización de la actividad de cultivos marinos «mortis causa», a efectos de este Decreto se considera una modificación sustancial de la autorización de cultivo. Dicha modificación se tramitará a instancia del interesado conforme al modelo de solicitud del Anexo I y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Certificado de defunción y del Registro de Últimas Voluntades.
b) Copia autenticada del testamento o declaración de herederos, acreditando documentalmente la entrega del bien legado, o la escritura o sentencia que apruebe el cuaderno particional, así como la documentación que garantice el tracto sucesivo desde el último titular de la concesión y el justificante de estar al corriente del pago del canon.
c) Declaración responsable de aceptación y cumplimiento de las condiciones establecidas en la autorización y concesión original.
5. En los supuestos de cambio de titularidad la nueva persona titular se subrogará en las mismas condiciones, derechos y obligaciones de la anterior persona titular, incluidas las condiciones de rentabilidad y buen uso de la explotación previstos en el título administrativo de otorgamiento, todo ello sin perjuicio de lo establecido en los artículos 142.2 y 143.3 del Reglamento General de Costas.
6. Sin perjuicio de lo establecido en el presente artículo, cuando el cambio de titularidad afecte a autorizaciones de cultivos marinos en terrenos de propiedad privada, será suficiente con la comunicación por parte del titular a la Delegación Territorial o Provincial correspondiente.
Vigencia, prórroga y extinción de la autorización
1. La vigencia máxima de la autorización de cultivos marinos para los establecimientos ubicados en zonas de dominio público marítimo-terrestre o portuario no podrá ser superior a la establecida en el artículo 52.1 de la Ley 1/2002, de 4 de abril.
2. La vigencia de la autorización de cultivos marinos para los establecimientos que se ubiquen en terrenos de titularidad privada tendrá carácter indefinido, mientras no se incurra en causa de extinción de la misma.
1. La solicitud de prórroga de la autorización de cultivos marinos para establecimientos ubicados en dominio público y, en su caso, del correspondiente título habilitante de la ocupación de dicho dominio, deberá ser presentada en el periodo comprendido entre el año y los seis meses anteriores a la fecha de extinción del plazo para el que fue inicialmente concedida, conforme al modelo establecido en el Anexo I y acompañada, al menos, de la siguiente documentación:
a) Memoria de las actividades desarrolladas en el establecimiento acuícola así como actuaciones futuras proyectadas y balance de cuentas de los tres últimos años.
b) Estudio de viabilidad económica de la continuación del proyecto.
2. La resolución de concesión de prórroga de la autorización de cultivo y, en su caso, del título habilitante para la ocupación del dominio público, deberá ser emitida y notificada en el plazo de seis meses desde la presentación de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que haya sido emitida la misma se entenderá desestimada.
3. El plazo máximo de los seis meses establecido para resolver el procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender cuando deban solicitarse informes que sean preceptivos al órgano de la misma o distinta Administración.
4. Concedida la prórroga, su plazo de duración se computará desde la finalización del período de vigencia de la autorización.
1. La Dirección General competente en materia de acuicultura marina, previa audiencia a la persona titular de la autorización, declarará extinguido el título administrativo cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Por causas naturales y acontecimientos de naturaleza sanitaria, biológica o medioambiental que impidan el cultivo o la comercialización de las especies autorizadas.
b) Por razones de utilidad pública que conlleven la pérdida de la disponibilidad de los terrenos para uso acuícola.
c) Por daños ecológicos notorios o significativos sobre el patrimonio histórico, peligros para la salud pública o para la navegación u otros riesgos de análogas consecuencias, debido a las instalaciones de acuicultura o su funcionamiento.
e) Por renuncia expresa de la persona titular.
2. Para establecimientos ubicados en el dominio público marítimo-terrestre la autorización podrá extinguirse, además de las causas establecidas en el apartado anterior, en los siguientes supuestos:
a) Por vencimiento del plazo de vigencia de la autorización de cultivo y del título habilitante para la ocupación del dominio público, sin haber solicitado u obtenido prórroga.
b) Cuando se produzca la transmisión de la explotación sin autorización del órgano competente que la otorgó en su día.
c) El abandono de la ocupación o autorización por el cese de la actividad productiva por un período de veinticuatro meses consecutivos, sin que medie justa causa, atendiéndose a lo establecido en la autorización de cultivos marinos que le fue otorgada a la persona titular de la explotación. La productividad quedará acreditada mediante las encuestas oficiales anuales realizadas en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento (CE) núm. 762/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre la presentación de estadísticas de acuicultura por parte de los Estados miembros.
d) El vencimiento del plazo de puesta en explotación y de las prórrogas que, a tal fin, se pudieran otorgar.
e) Por cualquier otro incumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación estatal vigente para el uso del dominio público marítimo-terrestre.
3. Extinguida la autorización de cultivos marinos con ocupación en dominio público será obligación de la última persona titular reponer a su cargo cualquier alteración que su actividad haya ocasionado al medio, y restaurar la zona a su estado natural, previo informe de la Administración Ambiental. No obstante, la Consejería competente en materia de acuicultura marina podrá proponer el mantenimiento de las obras e instalaciones, sin perjuicio de los trámites correspondientes y siempre y cuando el mantenimiento de la actividad se considere ambientalmente viable, en los casos siguientes:
a) Cuando cualquier organismo público requiera del uso de la instalación para llevar a cabo experiencias de cultivo de nuevas especies o nuevas tecnologías con fines divulgativos y de transferencia de tecnologías, así como con fines asociados a programas de formación profesional ocupacional.
b) Cuando la Consejería competente en materia de acuicultura marina estime conveniente mantener el uso acuícola de las instalaciones, por existir demanda en el sector y considerar que las instalaciones tendrían fácil aprovechamiento por un tercero.
1. A los efectos del presente Decreto se entiende por diversificación acuícola la realización en la explotación acuícola de una actividad complementaria orientada al aprovechamiento de los recursos ambientales presentes o asociados a tal explotación, además de constituir un modelo de compatibilidad y de diversificación de la actividad económica del sector acuícola, así como de la promoción de sus productos.
2. Se entenderá por actividades complementarias aquellas que puedan desarrollarse en instalaciones acuícolas, tanto en mar abierto como en zonas de litoral, y cuyo objeto esté orientado al aprovechamiento de los recursos ambientales en cualquiera de sus tipologías:
a) Aprovechamiento de los recursos culturales y del patrimonio.
b) Aprovechamiento de los recursos naturales y del paisaje.
c) Actividades náuticas y deportivas.
d) Desarrollo de actividades educativas y formativas.
e) Cualquier otra actividad que permita la dinamización económica en las instalaciones de acuicultura y que resulte compatible con el desarrollo de la misma.
La Consejería competente en materia de acuicultura marina potenciará las medidas de diversificación económica del sector acuícola, incluida la puesta en valor de recursos naturales a través de la producción ecológica.
Se crea el Comité de Acuicultura de Andalucía, como órgano de consulta y asesoramiento para el fomento, impulso y mejora de la actividad acuícola, adscrito a la Consejería competente en materia de acuicultura marina.
a) Informar con carácter preceptivo los proyectos normativos que afecten al desarrollo de la acuicultura.
b) Informar sobre cuantos asuntos les sean sometidos a su consideración por la Dirección General con competencia en materia de acuicultura marina.
a) Presidencia: La persona titular de la Dirección General competente en materia de acuicultura marina.
b) Vicepresidencia: La persona que ejerza la presidencia de la asociación u organización representativa del sector acuícola andaluz que, con representación en el Comité, acredite un mayor volumen de producción acuícola de sus asociados respecto al total de la producción andaluza.
c) Secretaría: La persona titular de la Subdirección de la Dirección General competente en materia de acuicultura marina.
1.ª Una persona representante de la Dirección General con competencia en materia de producción agrícola y ganadera con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente, a propuesta de la persona titular de dicha Dirección General.
2.ª Una persona representante de la Dirección General competente en materia de prevención y calidad ambiental con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente, a propuesta de la persona titular de dicha Dirección General.
3.ª Una persona representante de la Dirección General competente en materia de gestión del medio natural con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente, a propuesta de la persona titular de dicha Dirección General.
4.ª Dos representantes de la Dirección General con competencia en materia de acuicultura marina con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente, a propuesta de la persona titular de dicha Dirección General.
5.ª La persona titular de la Jefatura de Servicio con competencias en materia de acuicultura marina de cada una de las Delegaciones Territoriales o Provinciales ubicadas en las provincias del litoral andaluz, a propuesta de la persona titular de la Delegación Territorial.
6.ª Una persona representante del Instituto Andaluz de Investigación y Formación, Agraria, Pesquera, Alimentación y de la Producción Ecológica con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente a propuesta de la persona titular de dicho organismo.
7.ª Una persona en representación de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía con rango mínimo de Jefatura de Servicio o equivalente, a propuesta de la persona titular de la Dirección-Gerencia de dicha Agencia.
8.ª Una persona representante de la Dirección General competente en materia de sostenibilidad de la costa y del mar, de la Administración General del Estado, con rango de Jefe de Demarcación o equivalente, a propuesta de la persona titular de dicha Dirección General.
9.ª Una persona representante de la Dirección General competente en materia de marina mercante de la Administración General del Estado, con rango de Subdirector o equivalente, a propuesta de la personal titular de dicha Dirección General.
10.ª Cuatro representantes de las asociaciones u organizaciones representativas del sector acuícola andaluz que acrediten una representación mínima de sus asociados equivalente al 30% de la producción acuícola andaluza. La asignación de estas vocalías se realizará de forma proporcional a la producción que cada una de estas asociaciones u organizaciones acredite respecto a la producción total andaluza.
2. En aras de mantener una proporción equilibrada entre hombres y mujeres, de conformidad con las reglas establecidas en la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y en el artículo 19 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la designación de los vocales de las organizaciones, asociaciones o instituciones correspondientes a cada grupo se realizará conforme a los siguientes criterios:
a) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación de representantes facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada.
b) Los órganos, organizaciones e instituciones deberán designar titular y suplente de distinto género.
c) En la sustitución de miembros y suplentes designados deberá mantenerse el género de la persona que se sustituye.
3. La designación que formulen las organizaciones, asociaciones o instituciones deberán incluir también la persona suplente del vocal propuesto.
Los miembros del Comité y la persona que ejerza la Secretaria, así como sus suplentes, serán nombrados por la persona titular de la Consejería competente en materia de acuicultura marina.
4. La pérdida de la condición de miembro tendrá lugar en los siguientes supuestos:
a) Por renuncia formalizada ante el Comité.
b) Por revocación del mandato conferido por las organizaciones respectivas que los designaron.
c) Por dejar de concurrir los requisitos que determinaron su designación o por cesar en el cargo que determinó su nombramiento.
d) Por incurrir en cualquier causa determinante de inhabilitación para el ejercicio de funciones o cargos públicos.
e) Por incapacidad permanente o fallecimiento o por cualquier otra causa legal.
1. El Comité funcionará en pleno, que se reunirá en sesión ordinaria con periodicidad semestral.
2. La presidencia acordará la convocatoria y fijará el orden del día, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los demás miembros, formuladas con la suficiente antelación.
La persona que ostente la presidencia podrá convocar sesiones extraordinarias siempre que lo requiera el ejercicio de las funciones del Comité, o cuando lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros, para tratar asuntos previamente determinados.
3. Para la válida constitución del Comité se requerirá en primera convocatoria la presencia de las personas que ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes las sustituyan, y de la mitad, al menos de sus componentes. La segunda convocatoria se realizará media hora después y bastará para la constitución del Comité la asistencia de las personas que ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, quienes las sustituyan, y un tercio de los miembros del Comité.
4. Para el mejor cumplimiento de sus funciones la presidencia, por propia iniciativa o a instancia de un tercio de sus miembros, podrá autorizar la presencia de cuantas personas estime conveniente en razón de su experiencia y conocimiento de los asuntos concretos que figuren en el orden del día de la reunión, las cuales actuarán con voz pero sin voto.
5. Los acuerdos serán adoptados por mayoría de votos, dirimiendo los empates el voto de la presidencia, correspondiendo a la secretaría del Comité levantar acta de las sesiones y certificar sus acuerdos.
6. En caso de vacante, ausencia o enfermedad u otra causa legal, la presidencia del Comité será sustituida por la vicepresidencia o, en su defecto, por el miembro que, perteneciendo a la Administración de la Junta de Andalucía o, en su caso, a cualquier otra Administración, tenga mayor jerarquía, antigüedad en el órgano y edad, por este orden, de entre sus componentes.
7. El régimen de funcionamiento del Comité en los restantes aspectos no previstos en este Capítulo será el establecido, para los órganos colegiados, en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preeliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Sección 1ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
8. El funcionamiento del Comité se llevará a cabo con los medios personales, técnicos y presupuestarios asignados a la Consejería competente en materia de acuicultura marina.
1. La celebración de reuniones por medios electrónicos podrá acordarse por el Comité para las sesiones ordinarias y extraordinarias. Dicho acuerdo, que será notificado a las personas integrantes del órgano, especificará:
a) El medio electrónico por el que se celebrará la reunión y se realizará la convocatoria.
b) El medio electrónico por el que se podrá consultar la documentación relativa a los puntos del orden del día y el tiempo durante el que estará disponible la información.
c) El modo de participar en los debates y deliberaciones, y el periodo de tiempo durante el que tendrán lugar.
d) El medio de emisión del voto y el periodo de tiempo durante el que se podrá votar, debiendo garantizarse la identidad del emisor y la confidencialidad de su voto cuando se trate de votaciones secretas.
e) El medio de difusión de las actas de las sesiones y el periodo durante el que se podrán consultar.
3. Las personas integrantes del órgano colegiado que no pertenezcan a la Administración de la Junta de Andalucía o sus agencias, podrán mediante comunicación a quienes ostenten su presidencia o secretaría, solicitar la recepción de las convocatorias por otros medios distintos de los electrónicos.
1. El Comité podrá decidir la creación de grupos de trabajo para el análisis, seguimiento y estudio de temas concretos. Estos quedarán integrados por personas expertas en las correspondientes materias, procurando una composición multisectorial.
2. La decisión de creación del grupo de trabajo deberá especificar su composición, las funciones que se le encomiendan y, en su caso, el plazo para su consecución.
El ejercicio de la potestad sancionadora por el incumplimiento de las obligaciones previstas en el presente Decreto se ajustará al régimen sancionador previsto en el Título XI de la Ley 1/2002, de 4 de abril, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 128.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para realizar el cultivo de especies exóticas se estará a lo dispuesto en Reglamento (CE) núm. 708/2007 del Consejo, de 11 de junio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes en la acuicultura y Reglamento (CE) núm. 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras. Asimismo, habrá que atenerse a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del presente Decreto, relativo a la realización de actividades complementarias, queda prohibida la realización de actividades extractivas, el ejercicio de la pesca marítima y el marisqueo, incluido el calamento de artes fijos, en las explotaciones de acuicultura autorizadas en dominio público marítimo-terrestre.
Con objeto de facilitar la gestión y el control de las explotaciones de acuicultura se establecerán los mecanismos necesarios para coordinar el Registro Oficial de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Registro de concesiones en dominio público marítimo-terrestre en el ámbito de la comunidad autónoma.
La inscripción de los establecimientos y empresas dedicadas a los cultivos marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía se realizará conforme al procedimiento establecido en el Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula dicho Registro, previa solicitud de la persona interesada con arreglo al modelo de solicitud que figura como Anexo I.
Las solicitudes de autorización de cultivos marinos que a la entrada en vigor del presente Decreto se hallen en tramitación se resolverán conforme a la normativa vigente en el momento de la solicitud.
Conforme a lo dispuesto en la Disposición final séptima de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, mientras no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico único contemplado en dicha Ley resultarán de aplicación las normas relativas a registro telemático establecidas en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y en el Decreto 183/2003, de 24 de junio, que regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de acuicultura marina para que en el ámbito de su competencia, dicte las disposiciones oportunas para el desarrollo del presente Decreto, así como para modificar los Anexos del presente Decreto, siempre que las modificaciones respondiesen a mejoras técnicas o documentales.
Documentación necesaria para la solicitud de autorización de cultivos marinos.

References: Artículo 4

Artículo 6

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 12

Artículo 14

Artículo 15

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 31

Artículo 32
 artículo 48
 artículo 54
 resolución 
 artículo 10
 resolución 
 artículo 16
 artículo 82
 resolución 
 artículo 21
 artículo 68
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 3
 artículo 116
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 resolución 
 artículo 49
 resolución 
 artículo 24
 artículo 226
 Real Decreto 
 artículo 57
 artículo 186
 artículo 88
 artículo 189
 artículo 9
 resolución 
 resolución 
 artículo 141
 artículo 65
 artículo 134
 Real Decreto 
 artículo 141
 artículo 52
 resolución 
 resolución 
 artículo 19
 artículo 128
 artículo 25