Source: https://es.scribd.com/doc/159596396/Accion-Popular
Timestamp: 2016-05-30 21:23:38+00:00

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consideramos oportuno hacerlo a partir de la noción de la res pública.
Ulpianus Libro X. no debe ser uno obligado a hacer la defensa como procurador”. In popularibus actionibus. 2
4. y para comprender la importancia del mismo.3.23. Ad Edictum. como los derechos”. nec religiosa. Ad D.-Bona “Los bienes de una ciudad se llaman civitatis abusive “publica” dicta sunt.16. ni las sacra. Paulo 9 ed .2.15.Inter “publica” habemus non no contamos ni las sagradas.23. defensionem ut procurator praestare cogendus non est. abusivamente
Antecediendo a esta cita veremos que en D.3.“En las acciones populares. ubi quis quasi unus ex populo agit. 50.16... 50.. nec quae publicis religiosas. Ulpianus Libro XIV. 50.”. “Entre las cosas „públicas‟
Edictum..“Rei” appellatione et causae.16. sino que también procuraba su arreglo de acuerdo con las condiciones y medios procesales que el derecho romano establecía para ello. Ad D. es el argumento que da vida a la acción popular. cuando era afectado como miembro de ese
populus. la protección del “interés colectivo”.
ciudades. ni las que están destinadas a usibus destinata sunt. Especifica. como los bienes.43.16.17..2 Interés colectivo.compromiso no solo de abstenerse a dañar al interés colectivo. porque
D. sed si qua sunt usos públicos.. para lo cual citaremos lo que el Digesto en el libro “sobre la significación de las palabras” nos dice: D.16. . sino las que son de las civitatum velut bona. “En la denominación de
Ulpianus Libro X. 50.17. „cosa‟ se comprenden así las causas et iura continentur
D. 50.. en las que uno litiga como individuo del pueblo.
.3 . cit. Citado por IGLESIAS.3 afirmación que considero resume la esencia de la
res publica. para accesar a medios procesales que permitan legitimar la defensa de aquellos derechos que tutelan intereses colectivos del grupo social. se reitera el interés colectivo que da vida a la acción popular. p. como sedicioso es el que en una ciudad se aparta.43. 9. como lo analizaremos con mayor precisión en siguiente punto. 4. “Del mismo modo que tu eres integrante del organismo social. Esta noción es congruente con lo que ya Marco Aurelio decía: “la razón del mundo es social”.sola enim ea publica sunt. no coincide con la actual... concluimos que: “La res publica es cosa de todos. en la experiencia romana de la época clásica. la acción común está orientada a alcanzar a su vez un fin común. J. así también toda acción tuya es parte integrante de la vida social.4 En la cita. segunda edición.A.
Apoyados en Iglesias. ya que ahora
IGLESIAS. la posibilidad de facto. ob. separándose de la acción común”.. Por tanto. y nos acerca a comprender con mayor claridad que el interés de todos.
es en consecuencia el interés de Roma. en la que los intereses individualistas han ganado terreno y sobre todo cuando los ordenamientos legales. Centro de Estudios Ramón Areces. se advierte de manera diversa a la concepción actual.23.. escinde la unidad y es sediciosa.55. al tiempo que todos son de ella”. cualquiera acción tuya que no tenga ni inmediata ni remota relación con este fin común. niegan en algunos casos. Soliloquios. ya que la noción de la legitimación en el pensamiento romano de la época clásica.
El tema reviste especial interés. perturba la vida.p. lo cual resulta congruente con el principio de justicia y bien común que caracterizó a la sociedad romana. nace a partir de un fin común: la protección de la res pública Hasta aquí concluimos que: el interés colectivo. 5. quae populi solamente son públicos los que son del Romani sunt.
pueblo romano”.30. S. Espíritu del Derecho Romano. 4 MARCO AURELIO. Por tanto cualquiera acción. J.
para hablar de la noción actual de “derecho subjetivo”.3. ubi quis quasi D.2. IGLESIAS. no compartido.3.6 Así tenemos que. es consecuencia del ejercicio del poder personal. que como miembro de populus le es connatural a cada ciudadano romano. Porrúa. y para lo romano solo podría comprenderse a partir de la idea de “poder”. Introducción al Estudio del Derecho.
Cfr.“En las acciones unus ex populo agit. Paulo 9 ed . México.5 Iglesias nos dice: “Poder personal y.cit.
individuo del pueblo. íntegro. frente al pensamiento romano lo haremos a partir del “poder personal”. debe ser íntegro y pleno. y así en lo público como en lo privado..”. -. ob. esto es. pp. p. noción ajena al pensamiento moderno que solo nos faculta y legitima a partir de la existencia de un ordenamiento legal. Cfr.88.El poder se explica abierta y totalmente por la acción singular de cada uno y no por la acción cooperadora de todos los investidos con la representación única e igual.43. no debe ser uno obligado a hacer la defensa como procurador”.. ob. E.
..poder compartido es poder negado. El romano entiende que el poder. la legitimación. 1990.cit. p... por ello. en las que uno litiga como procurator praestare cogendus non est. . defensionem ut populares. Para continuar con el desarrollo propuesto a partir de las fuentes citaremos lo expresado en:
In popularibus actionibus. J.se habla de “derechos subjetivos” como facultad concedida al particular por el ordenamiento jurídico (derecho objetivo).. GARCÍA Maynez. 6 IGLESIAS.186-204..87. J.. además. en sus varias manifestaciones.
ob. la legitimación activa juega un papel de suma importancia ya que como se ha dicho anteriormente el interés colectivo y la facultad de poder accionar en defensa y protección de la res publica.cit.69.cit. Le “actiones populares”.. Bosch. la acción popular legitimará “a cualquiera del pueblo” (quivis ex populo) La legitimación procesal es: activa y pasiva. se legitima al actor que actúa como unus ex populo .7 al interpretar no coincidentemente el sentido de la expresión. quien se pronuncia en este mismo sentido.. Idem libro I.. p. BRUNS.. ob.23. La legitimación popular en el proceso romano clásico. Libro
Estudios realizados por MOMMSEN.63-64. con este término se designa el interés único y exclusivo del ciudadano como miembro del populus. p..En la cita. citados por LOZANO y Corbi. veremos lo que a continuación nos señalan las siguientes citas: D.2. es decir. pp. E. A. 47.. Barcelona. Para continuar con el análisis propuesto a través de las fuentes.8 Así. legitima en consecuencia a “cualquiera del pueblo” (quivis ex populo). en calidad de individuo.
. Studi sulle azioni populari romane. con apoyo en lo dicho por Guzmán Brito. al cual pertenece. GUZMÁN Brito. es decir. Die römischen Popularklagen. 1982. La crítica a esta doctrina de CASAVOLA. 8 Cfr. Ad Edictum –Si El mismo. E. en el caso de la primera.. p. interpretación que ha sido objeto de diversos análisis y discusiones entre importantes romanistas.69. como miembro del populos. E.9
En la acción popular. En el caso de la segunda. no obstante. obra traducida al italiano por SCIALOJA.238.cit. LOZANO y Corbi. ob. era en el momento de concluir la litis
contestatio. afirmaremos que. de acuerdo al ordenamiento procesal romano. que la
legitimación activa se reconocería en el titular del derecho afirmado. 9 Cfr. Comentarios al Edicto. y LOZANO y Corbi.. CASAVOLA. se hará consistir en la parte que participe en calidad de reo en la litis
contestatio. cuando se quedaba resuelta la posición de parte.
” ob. En este sentido.cit.. descuidado en sus negocios y ajeno a las cuestiones de la res publica y otro culto.J.D. pero no el otro.plures simul agant populari actione. que fundaran un interés personal superior al de otros actores. Alba Crespo señala que: “. lo mismo en el caso del “interés”.3. de la actio de positis vel suspensis por causa de una cosa colocada sobre la vía pública y en lugar por el que necesariamente debe pasar uno de los postulantes.In popularibus actionibus is. por lo tanto. I. Acciones e interdictos populares.3.. Pero si ambos reunieran estas condiciones y se tratase por ejemplo. pudo el magistrado decir que éste era más idóneo y. 47. 47. La cita indica que al existir pluralidad de actores se elegirá al más idóneo. cívicas y culturales de los actores
podrían influir en el ánimo y criterio del magistrado para otorgar la acción a quién considerara el “más idóneo”.Sed si ex eadem causa Edicto. 1. praefertur.
I. Argentina.entre un actor popular inculto. acción. Los términos “idóneo” e “interesado”.Si muchos ejercitaran al mismo Praetor eligat idoniorem
tiempo la acción popular. preferirlo..En las acciones populares es preferido aquél a quien le interesa. 47. Paulo.23. 47.4.
Cfr. considerando lógico pensar que existieran circunstancias particulares. aluden a circunstancias estrictamente personales o como señala Alba Crespo. siendo uno mismo el hecho. cuidadoso de sus cosas y preocupado de las cuestiones atinentes al pueblo.23. quum idem factum sit. libro I. Paulus libro III.-Pero si por una misma saepius agatur. cuius opone la excepción vulgar de cosa interest. Comentarios al
Edictum.pp.1617. Eudecor SRL.16.Comentarios al Edicto. el Pretor elegirá al más idóneo. que se observan en las citas anteriores. veamos lo que nos dice la siguiente cita: D.. causa se ejercitara muchas veces la exceptio vulgaris rei iudicatae opponitur.
.4. se 1. Ulpiano. p.23.
juzgada. J. ALBA Crespo..
Ad D. ad Edictum..23.. sociales. seguramente el magistrado debió preferir al primero por estar directamente interesado.11 D. 1999...
se otorga en ejercicio del poder que goza y emana del populus. aquélla a quien por el Edicto le es lícito pedir. nisi quum ad eos dan las acciones populares..6.Popularis
personae libro III. ya que en el caso de la acción popular éste igualmente estaría legitimado para accionar directamente. qui eam movet. Lo cual excluye de esta posibilidad a las mujeres y los menores.23.-El que fuere demandado con la acción popular puede nombrar procurador para que le defienda. ser ciudadano romano.5.El ejercicio de la acción
D. pero el que la promueve no puede nombrar procurador. como se indica en la siguiente cita. representando el interés colectivo.
permititur. ad Edictum.23. es claro que la acción procedente es una de carácter privado..
. is autem.
cuando las cosas les pertenezca a ellos.. D.A la mujer y al pupilo no se les actiones non dantur. Paulus libro VII. Comentarios al Edicto. Comentarios al Edicto.-Qui populari actione convenietur.Mulieri et pupillo populares XXV. en defensa y protección de la res publica.
La anterior cita nos recuerda que es requisito esencial para ejercitar la acción popular. a cualquiera que lo integre. 47. hoc est. Paulo. 47. procutorem dare non potest.12 A manera de conclusión y trayendo a cuenta lo analizado anteriormente. postulare licet. ad Ulpiano. libro
Edictum. con facultad de defender una causa en juicio. libro VII. a través de un procurador. nos permitiremos realizar la siguiente afirmación: la legitimación activa en el caso de la acción popular. ad defendendum procuratorem dare potest. En esta hipótesis. sino res pertineat. cui per Edictum popular se le permite a persona íntegra. Ulpianus libro XXV. excepto cuando se trate de una afectación directa.
se considera como un requisito necesario. p. p.4.14 De las hipótesis que señalamos. J. tomo IV. Cfr.191. México. Torino. o bien. 3 edición. y toda vez que no es objeto de la presente investigación entrar al estudio de estas teorías. El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho. El espiritu del derecho romano. Este supuesto ha sido objeto de estudio por parte de diversos juristas que explican a la acción como un derecho subjetivo a partir de teorías como “la de la voluntad”(WINDSCHEID). traducción Legaz y Lacambra. nos compete la primera: en el supuesto de encontrarse legitimado por una norma determinada para el ejercicio de una acción. 15 WINDSCHEID. en el pensamiento moderno.87. que confiere el derecho de ser escuchado por el juzgador y que llegue a fijar una litis... ya que el “interés” a que
Cfr. pero no suficiente para el ejercicio de la acción.cit.15 “ La del interés jurídicamente protegido”(JHERING).cit. traducción O. que ejercitándolo no encontrara resistencia alguna por parte del obligado. E. y por ende de carácter procesal.. por mencionar a las mas representativas. vol. que postula la idea de sociedad (derecho objetivo) e individuo(derecho subjetivo). Madrid.
. 77-78. IGLESIAS. como binomios ajenos . 1997. dependerá de la voluntad y del interés que el titular tenga para poner en movimiento al aparato jurisdiccional. La legitimación procesal. Derecho procesal civil y penal. traducción Fadda e Bensa. 1925. en cualquiera de los casos no habría litigio. ob. Diritto delle Pandette. Harla. 17 Teoría citada y criticada por GARCÍA MAYNEZ.317-355. veremos que en contraste la concepción actual liberal decimonónica. p..16 “la ecléctica”(JELLINEK)17 y “La positivista”(KELSEN)18.108. toda vez que podrían converger dos situaciones: que no exista voluntad o interés para ejercitar su derecho. F.. 16 JHERING. pp. pp. CARNELUTTI.13 ha cedido lugar a diversos debates y controversias de orden jurídico. 1933. traducción y compilación Enrique Figueroa Alfonso. para completar nuestro análisis. concluiremos: El interés colectivo no representa mayor atractivo para ninguna de las teorías mencionadas. 18 KELSEN. obra clásicos del derecho. de Meulenaere. ob.Ahora bien.
denominada acción
popular de inconstitucionalidad o acción de inexequibilidad. El artículo 255° de esta Constitución disponía: “El soborno. La Constitución de 1866 la estableció en su artículo 214 siendo conocida como acción de inexequibilidad.. En el Perú su primer antecedente es la Constitución de Cadiz de 1812. 73 24 SACHICA. 23 ALVAREZ SIMONETTI.. “Sobre la efectividad del control jurisdiccional de constitucionalidad en los ordenamientos iberoamericanos” En Ius et Praxis.Antecedentes en el Perú:19 5. Diciembre de 1984. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Manuel T. Nº 4. Sobre los Derechos Constitucional Peruano. Honduras la establece
2PAZ SOLDAN. p. 5. 22 Según J. Bogotá 1977.Antecedentes constitucionales.A. el cohecho y la prevaricación de los Magistrados y jueces producen la acción popular contra los que la cometan” La acción popular es uno de nuestros más antiguos procesos constitucionales. 58. 1º Edición
ALVAREZ SIMONETTI. p. p. Lima. Esta realidad se materializa en la ausencia de medios procesales. artículo 113 inciso 8. Editorial de la Universidad Católica del Perú. “El petitorio de Inconstitucionalidad por acción popular” Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller por la PUC (1974). Una institución de origen latinoamericano20. que legitimen al ciudadano para accionar en representación de un determinado grupo social. como una reacción al
sistema de la judicial review23 y anticipándose a los europeos en la institución de su sistema concentrado24. Cit. Cit. 68. Luis Carlos Op. 21 Constitución de 1858. Giuseppe. Las reformas de 1945 y 1968 la reformaron permitiendo inclusive la intervención coadyuvante de cualquier ciudadano. 1981.. con efecto derogatorio indirecto. p. promoviendo la defensa y protección de derechos colectivos. DE VERGOTTINI.
.C.. Grant “El efecto legal de la declaración de inconstitucionalidad”.1. 73. Manuel T. aparecida en Venezuela21 y Colombia22 en la segunda mitad del Siglo XIX e inicios del siglo pasado. pudiendo ser ejercida por no menos de veinticinco ciudadanos. Op.. pero no en función de la defensa y protección de un interés de carácter colectivo. José P. existía en 1850. Aparece en la Constitución de Cuba de 1935.aluden desde su postura es solo en cuanto al individuo.
ARTICULO 184. de un modo general y obligatorio. a la que según el artículo 241 se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Artículo 203. acuerdos. 1962 y 198327. y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano. Guatemala en la Constitución de 1965.en su Constitución de 1936 y la de 198225. A la Corte Suprema de Justicia le compete el conocimiento y la resolución originaria y exclusiva en la materia y deberá pronunciarse con los requisitos de las sentencias definitivas. Si bien es cierto que Colombia en la Reforma del 2001 ha optado por establecer una Corte Constitucional. y 3. del 06. Por vía de excepción.Las Leyes podrán ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido.. las siguientes: 1. decretos y reglamentos. 27 Constitución Política de la República de El Salvador de 1983. La guarda de la integridad de la Constitución para la cual la Corte en pleno conocerá y decidirá. 183.La declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad. 26 Reformada por los Actos Reformatorios de 1978. por el Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos 1 de 1983 y 2 de 1994. sobre la inconstitucionalidad de la Leyes. Panamá en sus Constituciones de 1946 y de 197226. resoluciones y demás actos que por razones de fondo o de forma impugne ante ella cualquier persona.La Corte Suprema de Justicia tendrá. también lo es que en el inciso 4 se mantiene la acción popular de inconstitucionalidad al
Constitución de la República de Honduras.07. en su forma y contenido.. También el Juez o Tribunal que conozca en cualquier procedimiento judicial. decretos. con las Reformas desde 1982 hasta 2003. se suspenderán el procedimiento elevándose las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia. Bolivia la recoge en su Constitución de 1938. 1982.
. En este caso y en el previsto por el numeral anterior.2000. Art. podrá solicitar de oficio la declaración de inconstitucionalidad de una ley y su inaplicabilidad antes de dictar resolución. ARTICULO 185. por quien se considere lesionado en su interés directo. con audiencia del Procurador General de la Nación o del Procurador de la Administración.La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Por vía de acción que deberá entablar ante la Corte Suprema de Justicia. podrá solicitarse. entre sus atribuciones constitucionales y legales. Bolivia ha adoptado el Tribunal Constitucional en su Constitución de 1995 y Guatemala ha optado por establecer una Corte de Constitucionalidad en la Constitución de 1985. actualizada hasta reforma introducida por el DL Nº 56. que podrá oponer en cualquier procedimiento judicial.. El Salvador en las Constituciones de 1950. 2.. personal y legítimo: 1.
Concepto o definición del proceso de acción popular El proceso de Acción Popular es el que tiene por objeto defender la supremacía de la Constitución y se dirige a impugnar mediante acción interpuesta por cualquier persona. en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo. según decisión del órgano
jurisdiccional el que. la validez de las normas generales que infringen la Constitución y/o la Ley por la forma o por el fondo. por infracción de la Constitución y de la ley.2. en todo caso. y el artículo 118º inciso 8) del mismo texto normativo (que considera dentro de las atribuciones del Presidente de la República la de “Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas. que es ventilado exclusivamente al interior del Poder Judicial. normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general. pro futuro). En el ámbito doctrinario. tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación”. 5. cualquiera sea la autoridad de la que emanen. pero examinando las normas inferiores a la ley En definitiva. César Landa señala que “La Acción Popular está estrechamente ligada a la acción de inconstitucionalidad de las leyes..señalarse
inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes. lo que se declara mediante sentencia de efectos generales y con declaratoria de nulidad (ex tunc.
. y dentro de tales límites. total o parcialmente. dictar decretos y resoluciones”). la ley sobre las normas de menor jerarquía. la cual procede contra los reglamentos. y que presenta como objetivos el de velar por la defensa del artículo 51º de la Carta Magna (el cual prescribe que “La Constitución prevalece sobre toda norma legal. El artículo 200º numeral 5) de la Constitución Política del Perú de 1993 incluye dentro de las garantías constitucionales a la Acción Popular. deberá determinar sus alcances en el tiempo. y así sucesivamente”). además del legal. pro
praeterita) o de anulabilidad (ex nunc. el proceso de Acción Popular constituye un mecanismo de control concentrado de las normas reglamentarias.
cuando se vulneran los artículos 51º y 118º inciso 8) de dicho cuerpo normativo 6. es decir. “Derecho Constitucional Colombiano”. mientras que en el proceso de Acción Popular la sentencia estimativa puede anular una norma reglamentaria no solo por infringir de forma directa la Carta Magna.
La Acción Popular es una acción pública de inconstitucionalidad con el alcance de efectos generales en sus fallos28. ya sea en Pleno o mediante una Sala Especializada. Los efectos de la sentencia no son particulares. 652.Naturaleza jurídica. 1979. es un medio de control constitucional y legal de tipo jurisdiccional sobre normas inferiores como son las de nivel administrativo. en única instancia y “de manera definitiva”. sino generales. La controversia en una Acción Popular constituye una discusión de puro derecho.
. p. la resolución que declara fundada la demanda expulsa la norma declarada inválida por vulnerar directamente la Constitución. por la innegable trascendencia política que tiene la declaración de inconstitucionalidad de una norma. Jaime. en el que debe determinarse si la norma de inferior jerarquía contraviene la Constitución o la ley. encomendándose a la Corte Suprema. la acción de inconstitucionalidad y el proceso competencial tienen como rasgos comunes el de servir a la defensa objetiva de la Constitución. Editora Beta.Así. sino también por quebrantarla indirectamente. Bogotá. la Acción Popular es el remedio para defender la constitucionalidad y legalidad frente a las normas administrativas que la contradicen. su ámbito de vigencia es para un colectivo y no una determinada persona. El control es encargado al Poder Judicial. Tanto el proceso de acción popular. En el proceso de inconstitucionalidad. que constituye una manifestación del control interorgánico del ejercicio de la función legislativa por parte del órgano jurisdiccional al que se encomienda “la
BETANCUR CUARTAS. la tramitación de los procesos resolviendo como “único tribunal competente”. es decir.
. por el artículo 200 inciso 4 de la Constitución de 199331.Son garantías constitucionales: [.Hay acción popular ante el Poder Judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gubernativos de carácter general que infrinjan la Constitución o las leyes.guarda de la integridad de la “Constitución”.. 31 Constitución de 1993. Otro supuesto de acción popular es la prevista en las Constituciones de 197932 y 199333 para interponer la demanda de acción de inconstitucionalidad. está facultado para impugnarla el uno por ciento de los ciudadanos del respectivo ámbito territorial. siendo retomada por el artículo 295 in fine de la Constitución de 197930 y. Si la norma es una ordenanza municipal.. contra los reglamentos y normas administrativas y contra las resoluciones y decretos de carácter general que expiden el Poder Ejecutivo.. normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general.. [. Artículo 200.
..] 5. contra los reglamentos.. que procede.La Acción Popular. actualmente..[.. En el Perú. La excepción la constituyen nuestras Constituciones que no lo precisan.Están facultados para interponer la acción de inconstitucionalidad: [.] Una ley orgánica regula el ejercicio de estas garantías y los efectos de la declaración de inconstitucionalidad o ilegalidad de las normas. En cuanto a
Constitución de 1933. cualquiera sea la autoridad de la que emanen.Cincuenta mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. 30 Constitución de 1979. La ley establecerá el procedimiento judicial correspondiente.Están facultados para interponer acción de inconstitucionalidad: [. esta garantía constitucional aparece en el artículo 133 de la Constitución de 193329..] 5.... reservándose su procedencia contra las normas de inferior jerarquía a la ley.. 33 Artículo 203.] 6.. los gobiernos regionales y locales y demás personas de derecho público.. por infracción de la Constitución y de la ley.Cinco mil ciudadanos con firmas comprobadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Artículo 295. siempre que este porcentaje no exceda del número de firmas anteriormente señalado. Artículo 133. sin perjuicio de la responsabilidad política de los Ministros.
Artículo 299..] Hay acción popular ante el Poder Judicial por infracción de la Constitución o la ley.
t. órgano que las declaró improcedentes por resoluciones de Sala Plena. por no haberse dictado la ley procesal que desarrollara la norma constitucional. pública o ciudadana. por considerarse “que no está expedito el ejercicio de la facultad concedida al Poder Judicial por el artículo 133º de la Constitución al no haberse dictado la ley de procedimiento judicial respectiva” 34. Mediante ella. El legislador peruano siempre reservó la declaración de inconstitucionalidad en última instancia a la Corte Suprema. en 1948. Incomprendida en sus inicios por muchos. La acción popular es un auténtico paradigma de la democracia. Rebajar el número de cincuenta mil ciudadanos a cinco mil o al uno por ciento de ciudadanos en caso de ordenanzas municipales es un signo de democracia rescatable en una Constitución que tiene su origen en un régimen autocrático. 364-366 y 367. con el artículo 7 de
Ejecutoria de fechas treinta de abril. es muy saludable que la Constitución de 1993 haya flexibilizado la restringida legitimación activa de la ciudadanía para ejercitar la acción popular prevista en la Constitución de 1979. 348-349. es decir. También se cometió el error de exigir que el accionante acreditara interés económico o moral para interponer su demanda. 10 de agosto y 17 de agosto de 1948. se interpusieron tres demandas de acción popular directamente ante la Corte Suprema. p. Año Judicial de 1948. XLIV. cualquier ciudadano tiene legitimación activa para interponer una demanda. publicadas en los Anales Judiciales de la Corte Suprema de la República. durante la vigencia de la Constitución de 1933.
.la acción de inconstitucionalidad. de tal suerte que el Poder Judicial pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma reglamentaria con efectos derogatorios directos. pese a tratarse de una acción popular.
. que a su vez la tuvo de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español. la misma que la absolverá dentro de los cinco días posteriores a la recepción del expediente.[. Prueba de ello es que el Código Procesal Constitucional dedica un título entero a las disposiciones generales de los procesos de acción popular e inconstitucionalidad.la Ley Orgánica del Poder Judicial de 196335 y con la Ley 2496836 en apelación o en consulta obligatoria de las sentencias estimatorias no apeladas... con intervención del Procurador General de la República en representación del Estado. el cohecho. 28 de agosto de 1968 y 24 de junio de 1988.. 6. Es preciso recordar que durante la vigencia de la LOPJ de 1963. la acción popular es la acción de inconstitucionalidad de la legislación derivada..] Si no se interpone recurso de apelación contra las sentencias que amparan las demandas. se sentó la cuestionable doctrina jurisprudencial de atribuir efectos inaplicatorios inter partes a las sentencias estimatorias37 Para el suscrito. Tomando en cuenta el artículo 157 Producen acción popular contra magistrados y jueces. como proceso de puro derecho.La acción que concede el artículo 133 de la Constitución se ejercitará por la vía ordinaria. la prevaricación. 37 Ejecutorias de la Primera Sala Civil de fechas 19 de noviembre de 1967.. el procedimiento igual
Artículo 7. Basta la revisión de los respectivos articulados para percibirlo con nitidez. 36 Artículo 18º. la abreviación o suspensión de los procesos judiciales . los autos se elevan en consulta obligatoria a la Corte Suprema.Acción Popular con Contenido Penal: *La Constitución de 1920 introdujo saludables reformas y tubo notorios aciertos agrupándose en la que sus reformas eran de medidas de carácter político con su extenso e interesante capitulo de garantías sociales y nacionales. Y es que la Ley procesal de la Acción Popular Nº 24968 tuvo notable influencia de la Ley Orgánica del Tribunal de Garantías Constitucionales.1.
6.contra las garantias individuales y la prolongación indebida de los procesos sumarios *La Constitución de 1933 En lo que se refiera al poder judicial mantuvo el anacrónico sistema.. La corte suprema resolvía la demanda 6. sin perjuicio de la responsabilidad de los ministros. 6.La acción se ejercitaba ante la corte suprema: La que correrá traslado de la demanda al procurador general de la republica por el término improrrogable de cinco días. Considerando el artículo 231 Hay Acción Popular para denunciar los delitos de función y cualquier otro que cometan los miembros del poder judicial .4 La constitución de 1979 en su artículo 295:
. en la que quiso crear irrumpiendo con nuestra reiterada experiencia política un sistema mixto residencial parlamentario que ciertamente no pudo prosperar.. Absuelto el trámite por este en rebeldía del demandado se solicitaba la vista al fiscal en lo administrativo mas antiguo que deberá emitir su dictamen en el término de seis días. en ejercicio de sus funciones . L a Acción Popular comenzó a funcionar treinta años después en 1963. cuando fue reglamentada y donde se establece que hay acción popular ante el poder judicial contra los reglamentos y contra las resoluciones y decretos gobernativos de carácter general que infrinjan la constitución y las leyes.Acción Popular como garantía constitucional: Instituida desde la carta magna de 1933. También la hay para denunciar los delitos contra la ejecución de resoluciones judiciales que cometan los funcionarios del poder ejecutivo .3.2.
5.e. los gobiernos regionales o locales y demás personas del derecho publico .38 7-. 6. Tomo II
. Sin embargo no concluye con la expulsión judicial de la norma infractora del ordenamiento jurídico solo pueden declararla inaplicable parcial o totalmente pero con efectos generales que casi es lo mismo a declararla nula. En ese sentido la Acción Popular los jueces pueden declarar la inconstitucionalidad con carácter general de la norma infralegal que sea contraria a la constitución y las leyes. además del legal pero examinando las normas inferiores a la ley.autoriza el ejercicio de la acción popular ante el poder judicial por infracciones de constitución y de las leyes contra los reglamentos y normas administrativas y en contra de las resoluciones y decretos de carácter general que expidan el poder ejecutivo . Al respecto debemos mencionar que el control de los decretos reglamentos y demás normas administrativas. Destaca la doctrina de jurisprudencia sobre la acción popular. deben realizase no solamente en las normas
GARCIA BELAUNDE. Las Garantías son mecanismos que permiten proteger la vigencia de los derechos humanos en cuenta sea compatible en la seguridad y orden publico 39 LANDA ORROYO.1 Sustantivas:
La acción popular está estrechamente vinculada la acción de inconstitucionalidad contra las leyes en la medida que su objeto también es asegurar el orden constitucional objetivo.LA CONSTITUCION DE 1993: En el artículo 200 considera la acción popular como una garantía constitucional plena.. Domingo.En el párrafo final de este articulo ..El código procesal constitucional: Regula actualmente este proceso constitucional en los artículos 84 al 97. Características:39 7. I. Teoría General del derecho Constitucional. Cesar.
Lima. 7.constitucionales y legales sino también a las sentencias del tribunal constitucional que hayan desde luego estimado o desestimado la declaración de la ley como inconstitucional. Nuevo Manual Del Código Procesal Consttucional.1-Legitimación La demanda de acción popular puede ser interpuesta por cualquier persona.Procesales: Considera también la protección del orden constitucional y legal . así como también el poder judicial debe tutelar ese derecho a la acción de cualquier ciudadano .2. los valores supremos no solo del estado . por inconstitucionales e ilegales incluso los ciudadanos extranjeros residentes en el país ..Prescripción de la acción popular: La Acción Popular prescribe a los cinco años contra las normas violatorias de la constitución y a los tres años contra las normas que infligen la ley .-Procedimiento:40 9. 2005.
. es decir que cualquier ciudadano puede incoar disposiciones reglamentarias y administrativas ante el poder judicial . sino también de la sociedad . B.
V. 9. pueden ser titulares de esta acción . la legitimidad procesal activa es anormal y material . BERRIO. la admisión a trámite de la demanda no suspende la vigencia de la norma controvertida.. Ley nº 28237. 8.. El término para la prescripción corre a partir del día de la publicación.Perú. ¿Cuándo se trata e una norma no publicada pero que es de conocimiento extra oficial ¿En este caso al no haberse publicado la norma no correrá la prescripción. Primera Edicion.
Si declara la inadmisibilidad.Plazo El plazo para interponer la demanda de acción popular prescribe a los cinco años contados desde el día siguiente de publicación de la norma. en los demás casos. La denominación precisa y el domicilio del órgano emisor de la norma iv. los siguientes datos y anexos: i. su publicación.5 -Admisibilidad e improcedencia
Interpuesta la demanda. Son competentes: 1) La Sala correspondiente. El nombre. mes viii. Copia simple de la norma objeto del proceso precisándose el día.3-Demanda La demanda escrita contendrá cuando menos. ix. El petitorio. Los fundamentos en que se sustenta la pretensión. La firma del demandante. x. por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor. objeto del proceso. iii. y/o legales que se suponen vulneradas por la que es objeto del proceso. La designación de la Sala ante quien se interpone. cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local. o de su representante o de su apoderado. que comprende la indicación de la norma o normas constitucionales vi.2-Competencia La demanda de acción popular es de competencia exclusiva del Poder Judicial. ii. 9.4. vii. y 2) La Sala correspondiente de la Corte Superior de Lima. 9. precisará el
. v. y la del abogado. la Sala resuelve su admisión dentro de un plazo no mayor de cinco días desde su presentación.9. 9. identidad y domicilio del demandante.
9. si fuesen varios. pondrá la resolución en conocimiento del emplazado. corresponde notificar al órgano que asumió sus funciones.9. por una sola vez. o en el medio oficial de publicidad que corresponda si aquella se promueve en otro Distrito Judicial. Si el órgano emisor ha dejado de operar.Emplazamiento y publicación de la demanda Admitida la demanda. al que haya firmado en primer término.8 Contestación de la demanda
La contestación deberá cumplir con los mismos requisitos de la demanda. ordenar en el auto admisorio que el órgano remita el expediente conteniendo los informes y documentos que dieron origen a la norma objeto del proceso.. la notificación se dirige al primero que suscribe el texto normativo. el cual incluirá una relación sucinta del contenido de la demanda. En el caso de normas dictadas por el Poder Ejecutivo. en el Diario Oficial El Peruano si la demanda se promueve en Lima. en lo que corresponda. 9.requisito incumplido y el plazo para subsanarlo. bajo responsabilidad. el emplazamiento se hará al Ministro que la refrenda. La Sala dispondrá las medidas de reserva pertinentes para los expedientes y las normas que así lo requieran. Si la norma objeto del proceso ha sido expedida con participación de más de un órgano emisor. Si declara la improcedencia y la decisión fuese apelada. se emplazará al de mayor jerarquía. Si se trata de órganos de igual nivel jerárquico. contado desde la notificación de dicho auto. dentro de un plazo no mayor de diez días. de oficio. El plazo para contestar la demanda es de diez días 9. 9.7 -Requerimiento de los antecedentes
La Sala puede. la Sala confiere traslado al órgano emisor de la norma objeto del proceso y ordena la publicación del auto admisorio.Vista de causa
11. los abogados pueden informar oralmente. Dentro de los tres días siguientes de recibida la notificación las partes podrán solicitar que sus abogados informen oralmente a la vista de la causa. 9. dentro de los cinco días siguientes a su notificación. 9. la que ocurrirá dentro de los diez días posteriores a la contestación de la demanda o de vencido el plazo para hacerlo.Medida cautelar Procede solicitar medida cautelar una vez expedida sentencia estimatoria de primer grado.13-Sentencia La sentencia expedida dentro de los diez días posteriores a la vista de la causa será publicada en el mismo medio de comunicación en el que se publicó el auto
. los autos se elevarán en consulta a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema.12. La Sala expedirá sentencia dentro de los diez días siguientes a la vista.. la Sala fijará día y hora para la vista de la causa. 9.Practicados los actos procesales señalados en los artículos anteriores. en la misma resolución. Recibidos los autos. El contenido cautelar está limitado a la suspensión de la eficacia de la norma considerada vulneratoria por el referido pronunciamiento. A la vista de la causa. la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema dará traslado del recurso concediendo cinco días para su absolución y fijando día y hora para la vista de la causa. La consulta se absolverá sin trámite y en un plazo no mayor de cinco días desde que es recibido el expediente.10 -Apelación y trámite Contra la sentencia procede recurso de apelación el cual contendrá la fundamentación del error. 9.Consulta Si la sentencia que declara fundada la demanda no es apelada.
9.Dicha publicación no sustituye la notificación de las partes. éste podrá condenar al demandante al pago de los costos cuando estime que incurrió en manifiesta temeridad. En todo lo no previsto en materia de costos.15-Competencia exclusiva del poder judicial El conocimiento de las demandas del proceso de Acción Popular Judicial. La sala correspondiente de la Corte Superior. Por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito Judicial al que pertenece el órgano emisor. cuando la norma objeto de la acción popular es de carácter regional o local.admisorio. los cuales serán asumidos por el Estado.Costos Si la sentencia declara fundada la demanda se impondrán los costos que el juez establezca.41
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. será de aplicación supletoria lo previsto en el Código Procesal Civil. El proceso de Acción Popular es el único proceso conocido por el Tribunal Constitucional.MONOGRAFIAS. Son competentes: La sala correspondiente.14. en los demás casos. 9. Si la demanda fuere desestimada por el Juez. En ningún caso procede el recurso de casación.
ejerciendo la Municipalidad su potestad de facultad normativa. Proceso de acción popular SALA CONSTITUCIONAL DE LAMBAYEQUE En Chiclayo. con fecha dieciocho de diciembre de dos mil ocho.2 de la Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General. pronuncia la siguiente resolución: ANTECEDENTES Con fecha 31 de octubre de 2008. la Sala Constitucional de Lambayeque. Figueroa Gutarra y Chávez Martos.00 por concepto de solicitud valorada. hubo aprobación de los accionistas al respecto. se expidió la Resolución de Alcaldía materia de esta impugnación. el recurrente Enrique Hebert Gonzáles Pisfil interpone proceso de acción popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú a fin de que se deje sin efecto la Resolución de Alcaldía 057-2008-a/MDM. Alega que la disposición impugnada contiene una imposición de carácter tributario y que no se ha expedido la respectiva Ordenanza Municipal. A su vez. contesta la demanda y solicita que la misma sea declarada infundada. por lo cual corresponde desestimar la pretensión. que si se cataloga el pago a efectuar como tasa.
.. la cual impone el pago de la suma de S/ 70. Acota que el actor solicitó en su momento la disminución del monto de renovación establecido en el TUPA y que como consecuencia de dicha petición. en abierta trasgresión del artículo 44. El Procurador Público de la Municipalidad. integrada por los Magistrados Carrillo Mendoza. a los treinta días del mes de enero de dos mil nueve.Sentencias constitucionales.10. que dicho concepto no ha sido consignado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos TUPA de la entidad demandada.00 por concepto de renovación de concesión y S/ 10. Por tanto.
80. Esta competencia es exclusiva del Poder judicial y como tal.FUNDAMENTOS § Sobre el proceso de acción popular 1. de fecha veinte de enero de dos mil seis. si no obrara el respectivo Edicto u Ordenanza Municipal para la emisión de una contribución. normas administrativas y resoluciones de carácter general. cual sería la no
. obedece a una circunstancia específica de un acuerdo con el actor. o cuando no hayan sido expedidas o publicadas en la forma prescrita por la Constitución o la ley. Corresponde inferir. tasa o impuesto municipal. que el derecho por concesión ascendente a la suma de S/ 80. A folios treinta y seis obra. El artículo 76° del Código Procesal Constitucional prescribe que la demanda de acción popular procede contra los reglamentos. que el Poder Judicial tiene la potestad de determinar si la Administración ha decidido en forma correcta su atribución normativa para regular relaciones de orden administrativo entre particulares. no nos encontramos frente a una incongruencia inmediata. 2. siempre que infrinjan la Constitución o la ley. cualquiera sea la autoridad de la que emanen.00. el barómetro de ejercicio de fiscalización e la acción popular supone de suyo examinar lo que ha decidido la Administración. entonces. 4. la Resolución de Alcaldía materia de impugnación. 5. a mérito de la Ordenanza Municipal 001-06-MDM. a partir de lo expuesto. Tal como alega la emplazada. a efectos de rebajar el derecho inicialmente fijado de S/. § Análisis del caso concreto 3. En tal sentido. nos encontraríamos frente a una irregularidad administrativa. De no haberse insertado en el Texto Único de Procedimientos Administrativos o de ser el caso. como recaudo de la emplazada.00 ha sido fijado por la entidad demandada oportunamente. según el caso. En el caso sublitis una particularidad relevante la constituye si el derecho de renovación de concesión ha sido establecido o no.
y. Interviene el Señor Chávez Martos por haber integrado Sala el día de la vista de la causa. consignando en el TUPA de su institución el nuevo monto por derecho de renovación. Carrillo Mendoza Figueroa Gutarra Chávez Martos VOTO SINGULAR DEL SEÑOR CARRILLO MENDOZA. DECISIÓN: Por estos fundamentos. dispusieron su publicación en el diario oficial “El Peruano” conforme a ley. DECLARA INFUNDADA la demanda de acción popular interpuesta por Enrique Hebert Gonzáles Pisfil contra la Municipalidad Distrital de Monsefú. CONSIDERANDO: Primero: El Proceso Constitucional de Acción Popular tiene por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones a su jerarquía normativa. Bajo esta pauta. consentida o ejecutoriada que sea la presente. Publíquese y notifíquese Sres.publicación del derecho de concesión. normas administrativas y resoluciones de carácter
. con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. Por ende. es como sigue: VISTOS. no apreciamos manifiesta irregularidad en el accionar de la Municipalidad demandada como decisor administrativo. y. procede contra los reglamentos. la Sala Constitucional de Lambayeque. 6. en audiencia pública. es potestad que en plazo razonable el Municipio demandado regularice la decisión contenida en la resolución impugnada. sino frente a una determinación administrativa como consecuencia de una disposición autónoma del ente emplazado a efectos de fijar una suma menor a la que fue objeto de reclamo. caso en el cual estimaríamos la procedencia de la demanda.
del veintisiete de marzo de dos mil ocho. de lo que se infiere que tal pretensión puede sustentarse en consideraciones de forma o de fondo. Segundo: En el presente caso. Organizar. interpone demanda de Acción Popular contra la Municipalidad Distrital de Monsefú con la finalidad de que el órgano jurisdiccional declare la inconstitucionalidad de la Resolución de Alcaldía N° 057-2008-A/MDM. según sea el caso. el artículo 5° del Decreto Supremo N° 004-2000-MTC. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones . dicho tributo tampoco figura en el TUPA del referido Gobierno Local. cualquiera que sea la autoridad de la que emanan siempre que infrinjan la Constitución o la Ley. resulta pertinente determinar si los montos que deben pagar quienes se dedican a la actividad que se vería supuestamente afectada con la imposición de los gravámenes constituye o no un tributo que haga necesario su establecimiento mediante ley o norma con rango de ley. Tercero: De conformidad con el artículo 191 de la Constitución Política del Estado. En tal sentido.general. y la Alcaldía.00 por concepto de “Renovación de Concesión de Servicio Moto Taxi” por período de tres años y S/. económica y administrativa en los asuntos de su competencia. entre
cuyas funciones que le asigna la Carta Magna está la de: “4. y ejecutar los planes y programas correspondientes”(artículo 192). las funciones ejecutivas” .00 nuevos soles por derecho de presentación de Solicitud Valorada. Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras. “Las Municipalidades provinciales y distritales. Tienen autonomía política. son los órganos de gobierno local.
Cuarto: Al respecto. 10. 70. autoriza a las Municipalidades Distritales el cobro al transportador por derechos de trámite relacionados a la prestación del referido
. y las delegadas conforme a
ley. don Enrique Hebert Gonzáles Pisfil.
reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su responsabilidad” y “5. por contravenir el artículo 74° de la Constitución del Estado que recoge el principio de reserva de ley en cuyo mérito solo puede crearse tributos por ley expresa. por otro lado. Reglamento Nacional de Transporte Público Especial de Pasajeros en Vehículos Motorizados o no Motorizados. que impone el pago de la suma de S/.
los referidos pagos han sido dispuestos en el Texto Único de Procedimientos Administrativos de la entidad demandada conforme a lo normado por el artículo 70° de la Ley de Tributación Municipal Decreto Legislativo N° 776. por lo que debe desestimarse le demanda. de conformidad con la legislación vigente.
. los actos administrativos materia de cuestionamiento en modo alguno contraviene la Ley ni ha afectado la garantía constitucional de reserva de ley en su creación.servicio
Administrativos (TUPA). tal como se puede deducir de la Ordenanza Municipal N° 001-06/MDM. así como por derecho de presentación de la solicitud respectiva. del veinte de enero de dos mil seis. no constituye un tributo sino un derecho por la concesión de un servicio público establecido en el marco de la Constitución y de la Ley Orgánica de Municipalidades. el pago de los derechos que la Resolución de Alcaldía objeto de cuestionamiento dispone por Renovación de Concesión de Servicio de Taxi. corriente de folios treinta y cuatro a treinta y seis. Por otro lado. Quinto: En consecuencia. Sexto: En consecuencia.
pp. 5.cit.87.23.43.cit. E. 1990. p. Editora Jurídica Grijley E. 1997. ob. Lima. En: Pensamiento Constitucional.I. E. quien se pronuncia en este mismo sentido. p. México.. Ernesto. J. IGLESIAS. “La Interpretación Constitucional y los Interpretes de la Constitución”. ob.Bibliografía ABAD YUPANQUI.. segunda edición. Mayo del 2000. S.. Citado por IGLESIAS. Cfr. IGLESIAS. Derecho procesal civil y penal. p. F. Nº 5. p. Harla. Noviembre 1998. ob. pp.87. 77-78.. J.4. pp.p.cit. BLUME FORTINI. “Los Derechos Humanos y su protección jurídica en la experiencia política y social de América Latina”... A. J. México. Primera Edición. “Derecho Procesal Constitucional”. traducción y compilación Enrique Figueroa Alfonso. E. ob. Diritto delle Pandette... Primera Edición. Centro de Estudios Ramón Areces.238. CARPIO MARCOS.cit. Edgar y otros. CARNELUTTI.A..63-64. LOZANO y Corbi.317-355. Soliloquios..cit. GARCÍA Maynez. Torino. Teoría citada y criticada por GARCÍA MAYNEZ.. Espíritu del Derecho Romano.30.cit.88. p. traducción O. JHERING. 1998. Enrique.-“La Defensa de la Constitución a través de la Ordenanza Municipal”. Año V. J.. Gaceta Jurídica. IGLESIAS.R. pp. 1925. fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica. vol.55.. GUZMÁN Brito. ob. p. Nº 4. Lima.. IGLESIAS.cit. cit.186-204. 2004. ob. tomo IV.108. p. y LOZANO y Corbi. traducción Fadda e Bensa. 3 edición.69. E.. Samuel B. Introducción al Estudio del Derecho. ob. BERNALES BALLESTEROS..
. El espiritu del derecho romano...L.191. ob. Cfr. obra clásicos del derecho. Porrúa. 9. de Meulenaere. J. p. MARCO AURELIO. Cfr. Revista de la Academia de la Magistratura. WINDSCHEID.
“Sobre la efectividad del control jurisdiccional de constitucionalidad en los ordenamientos iberoamericanos” En Ius et Praxis.. con las Reformas desde 1982 hasta 2003. 2PAZ SOLDAN.. p. Luis Carlos Op. 58. Cit.C. p. 73 SACHICA. Diciembre de 1984. Según J. 1981. Grant “El efecto legal de la declaración de inconstitucionalidad”. DE VERGOTTINI. Editorial de la Universidad Católica del Perú..KELSEN. Nº 4. Sobre los Derechos Constitucional Peruano. Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. artículo 113 inciso 8. p. “El petitorio de Inconstitucionalidad por acción popular” Tesis para optar el Grado Académico de Bachiller por la PUC (1974). José P. traducción Legaz y Lacambra. p. Giuseppe.
. Las reformas de 1945 y 1968 la reformaron permitiendo inclusive la intervención coadyuvante de cualquier ciudadano. El método y los conceptos fundamentales de la teoría pura del derecho. 73.. Manuel T. Manuel T. Op.A. Lima. 1933. existía en 1850. Cit. 1982. Bogotá 1977. ALVAREZ SIMONETTI. Madrid. Constitución de la República de Honduras. 68. Constitución de 1858. 1º Edición ALVAREZ SIMONETTI. La Constitución de 1866 la estableció en su artículo 214 siendo conocida como acción de inexequibilidad.
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References: resolución 
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 artículo 255
 artículo 214
 artículo 113
 artículo 241
 Artículo 203
 resolución 
 artículo 118
 artículo 51
 artículo 200
 resolución 
 artículo 200
 artículo 295
in fine
 Artículo 200
 artículo 133
 Artículo 203
 Artículo 295
 Artículo 133

Artículo 299
 artículo 133
 artículo 7
 artículo 157
 artículo 133

Artículo 7
 Artículo 18
 artículo 231
 artículo 295
 artículo 200
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 artículo 44
 artículo 76
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 artículo 5
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 artículo 74
 artículo 70
 Resolución 
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