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Timestamp: 2016-10-22 09:56:38+00:00

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RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa Mis Leyes
RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Madrid, don José Aristónico García Sánchez, contra la negativa del registrador de la propiedad n.º 6, de Madrid, a inscribir una escritura de compraventa.
En el recurso interpuesto por el Notario de Madrid don José Aristónico García Sánchez contra la negativa del Registrador de la Propiedad, titular del Registro número 6 de Madrid, don Pedro Álvarez González, a inscribir una escritura de compraventa.
El día 9 de marzo de 2005 don José Aristónico García Sánchez, Notario de Madrid, autorizó una escritura de compraventa en la que uno de los vendedores, don J.B.M. interviene en su propio nombre y derecho y, además, en nombre y representación de su hermano don I.B.M.cuyos datos personales se reseñan, «haciendo uso del poder, vigente según afirma, que le tiene conferido en escritura otorgada ante el Notario de Madrid don Javier Lucas y Cadenas, el día 23 de febrero de 2005, número 686 de orden de protocolo», y se añade por el Notario lo siguiente: «Copia autorizada de la escritura reseñada en último lugar tengo a ala vista, y yo, el Notario, estimo bajo mi responsabilidad que dicho señor resulta suficientemente facultado para otorgar esta escritura de compraventa».
El título se presentó en el Registro de la Propiedad el 14 abril 2004, con asiento número 3072 del Diario 85; y fue objeto de la siguiente calificación negativa:
Se ha apreciado, previa calificación registral, los siguientes defectos:
1. Don J.B.M. actúa además de por sí en representación de su hermano Don I.B.M. en virtud de la escritura de poder autorizada ante el Notario de Madrid don Javier Lucas y Cadenas, el día 23 de febrero de 2005, número 686 de protocolo. Falta la reseña identificativa contenida en la escritura, en el segundo de los aspectos que señala la Resolución DGRN de 12 de abril de 2002, consistente en una relación o transcripción somera pero suficiente, de las facultades representativas, y como independiente del juicio de suficiencia (artículos 18 LH y 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y también las siguientes Sentencias: Sentencia dictada por le Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de fecha 12 de noviembre de 2003 en el Recurso de Apelación 532/2003; y Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Alicante de fecha 28 de Abril de 2004 en el Recurso de Apelación 764/2003).
Para que sirva de ayuda a los interesados, y sin perjuicio de otros posibles medios admisibles en Derecho, el defecto señalado podrá subsanarse por uno de estos procedimientos:
Mediante Acta, Diligencia o como el Notario autorizante considere oportuno, aclarando tal extremo.
Aportando copia auténtica de la indicada Escritura.
Aportando Testimonio notarial por fotocopia de copia auténtica de dicha Escritura, siendo el Testimonio Notarial de fecha 3 de Diciembre de 2004 sic o posterior.
2. La descripción completa de la finca según Registro es la que consta en la nota simple, que protocolizada consta en la escritura, es decir, faltan linderos en la descripción transcrita en la escritura.
Se acuerda la no inscripción por las causas expresadas.
Contra el presente Acuerdo podrá interponerse Recurso Gubernativo... Madrid, a 26 de abril de 2005. El Registrador de la Propiedad. [Firma ilegible. Existe sello con el nombre y apellidos del Registrador].»
Según consta en el informe del Registrador, la calificación se notificó al Notario autorizante el 26 de abril 2005.
Por medio de escrito enviado por vía postal el 26 de mayo de 2005, que tuvo entrada en el Registro de la Propiedad número 6 de Madrid el 30 de mayo, el Notario autorizante de la escritura calificada interpuso recurso gubernativo únicamente contra el primero de los defectos expresados en la anterior calificación, con base en los siguientes argumentos:
1.º La existencia de numerosas resoluciones de este Centro Directivo que han interpretado el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, en un sentido claramente contrario al mantenido por el Registrador, aduciendo el carácter vinculante de esas resoluciones mientras no se anulen por los Tribunales; 2.º En sentido análogo al de dichas Resoluciones se han pronunciado la Sentencias de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 18 de marzo de 2004, de l Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de Baleares de 12 de noviembre de 2004; y aunque varias Audiencias Provinciales han dictado resoluciones contradictorias sobre el presente asunto, son ampliamente mayo ritarias las dictadas en el mismo sentido que se propone en este recurso;
El Registrador de la Propiedad emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escritos con fecha de 6 de junio de 2005, que tuvieron entrada en este Centro el día 10 de junio.
En tal informe se expresa, entre otras circunstancias, que la escritura calificada fue inscrita el 26 de mayo de 2005 por haberse presentado la escritura de poder referida, por lo que, a juicio del Registrador, «no cabe recurso gubernativo contra la inscripción practicada, salvo que desee interponerse a «efectos doctrinales». Además, en dicho informe se añaden determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comercio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo,
1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª
El segundo requisito que ha de tener la motivación es su suficiencia; esta Dirección General entiende que para acotar de modo definitivo qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, es de plena aplicación la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha interpretado tanto el artículo 43 de la venerable Ley de Procedimiento Administrativo,
de 17 de julio de 1958, como el artículo 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Aplicada la precedente jurisprudencia a la calificación recurrida se aprecia, sin más, que la misma no se encuentra debidamente motivada, ya que el funcionario calificador se ha limitado a citar determinados preceptos legales, sentencias y una resolución de este Centro Directivo; y no llega a proporcionarse al interesado razón lógica suficiente por la cual considera dicho funcionario que el Notario debe reseñar las concretas facultades representativas de quien actúa en nombre de la entidad de crédito o consignar el contenido del poder en que conste la facultad con que actúan, sin que sea suficiente con expresar que considera suficientes las facultades representativas acreditadas para la escritura de compraventa que se otorga.
3. Por otra parte, no es atendible la objeción expresada por el Registrador en su informe sobre la improcedencia del recurso gubernativo por el hecho de que se haya inscrito la escritura calificada, después de haber sido subsanado el defecto. Conforme al vigente régimen del recurso gubernativo, cabe la interposición del mismo aun cuando se haya subsanado el defecto de que se trate (cfr. artículo 325, párrafo último, de la Ley Hipotecaria), sin que este caso tenga efectos meramente «doctrinales», como entiende el Registrador y ocurría antes de la reforma operada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. El objeto del recurso no es el asiento registral sino el acto de calificación del Registrador, de modo que en dicho expediente se decide si dicha calificación, al denegar la inscripción por concurrir defectos subsanables, fue o no ajustada a Derecho, lo que es jurídicamente posible aun cuando el asiento registral se haya practicado, mediante la subsanación del defecto invocado por el Registrador, y dicho asiento esté bajo la salvaguardia de los Tribunales.
No obstante, y a los solos efectos de explicitar para este supuesto la previa doctrina de este Centro Directivo, cabe recordar que, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14,
15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005, 21, 22 y 23 de febrero de 2004 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Por último, en el ejercicio de esa función calificadora el Registrador no podrá, en ningún caso, solicitar que se le acompañe el documento auténtico del que nacen las facultades representativas; o que se le transcriban facultades o que se le testimonie total o parcialmente contenido alguno de dicho documento auténtico del que nacen las facultades representativas; igualmente, no podrá acudir a ningún medio extrínseco de calificación. La razón esencial por la que el Regis trador ha de sujetarse en su función a lo que resulte del título presnenado se deriva de los artículos 18 de la Ley Hipotecaria y 18.2 del Código de Comercio, pues de su simple lectura se advierte que en el ejercicio de su función pública el Registrador tiene tasados los medios de calificación siendo los mismos dos: el título presentado a inscripción y los asientos del Registro del que sea titular, lo que resulta plenamente armónico y coherente con la presunción de integridad y veracidad que se atribuye al documento público notarial ex artículo 17 bis de la Ley del Notariado, de 28 de mayo de 1862.»
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «Copia autorizada de la escritura reseñada en último lugar tengo a ala vista, y yo, el Notario, estimo bajo mi responsabilidad que dicho señor resulta suficientemente facultado para otorgar esta escritura de compraventa».
6. Por último, esta Dirección General entiende que, a la vista de la calificación, pueden existir causas que justifiquen la apertura de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en dicha calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aún más importante, utilizando como base de su argumentación un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002, que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, y que son citadas en su integridad en la presente.
Madrid, 24 de septiembre de 2005.La Directora General, Pilar Blancomorales Limones.
Sr. Registrador de la Propiedad n.º 6 de Madrid.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
	RESOLUCIÓN 
 Resolución 
 artículo 98
e contrario
 artículo 43
 artículo 54
 resolución 
 artículo 325
 artículo 98
 artículo 17
e contrario
 Resolución 
 artículo 98