Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-00334-1280-2011-de-agosto-14-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_061e3ad4a6060148e0530a0101510148&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 05:16:04+00:00

Document:
SENTENCIA 2011-00334 DE 14 DE AGOSTO DE 2014
CONTENIDO:LISTA DE ELEGIBLES. HACER PARTE DE UNA LISTA DE ELEGIBLES NO CREA EXPECTATIVAS DE LAS CUALES EL ADMINISTRADO PUEDA VALERSE PARA DEMANDAR EL QUIEBRE DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, DERIVADO DE UN CAMBIO SÚBITO DE REGLAS POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, EMPLEADO PÚBLICO, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA, LISTA DE ELEGIBLES EN EL CONCURSO DE MÉRITOS, VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA
Ref.: Expediente 110010325000201100334 00
Nº Interno 1280-2011
“Resolución 1933
Por la cual se decide en segunda instancia una reclamación por presunta desmejora laboral, interpuesta por servidores docentes vinculados con el servicio educativo estatal administrado por la entidad territorial certificada de Bogotá D.C.
1.1. Mediante la Resolución 4052 de 11 de diciembre de 2002 y la Resolución 3227 del 31 de octubre de 2003, la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., dispuso la incorporación como coordinadores, de algunos servidores con derechos de carrera docente y nombramiento en propiedad en el empleo denominado director. La identificación del directivo docente y el acto de incorporación se precisan en el cuadro siguiente
Blanca Nieves Ospina Ovalle 20643761 Resolución 4052 /11/12/2002
Ruth Yamile Hernández Montoya 38258617 Resolución 4052 /11/12/2002
Aura María Estupiñán 41715608 Resolución 3227 /31/10/2003
Jairo Milton Canter Rico 317985 Resolución 4052 /11/12/2002
Orlando Ríos Antolinez 19179397 Resolución 4052 /11/12/2002
Martha Janeth Arias Cortés 35456904 Resolución 4052 /11/12/2002
Héctor Benigno Garavito Torres 19222730 Resolución 4052 /11/12/2002
Pedro Iván Calderón Castaño 19247280 Resolución 4052 /11/12/2002
Lidia Sofía Bermúdez Ramírez 51645776 Resolución 4052 /11/12/2002
Julio César Pérez Rozo 19349192 Resolución 4052 /11/12/2002
Ana Virginia Rodríguez Salinas 41629205 Resolución 4052 /11/12/2002
Gloria Marina Rodríguez de Guio 241145531 Resolución 4052 /11/12/2002
Maria del Carmen Velázquez 41550275 Resolución 4052 /11/12/2002
Marbel Cala Rodríguez 5157513 Resolución 4052 /11/12/2002
Víctor Hugo Galindo Buitrago 11374238 Resolución 4052 /11/12/2002
Esther Real Real 41570493 Resolución 4052 /11/12/2002
Marleny Amanda Sarmiento Mancipe 41716431 Resolución 4052 /11/12/2002
Virginia Nader de Mayorga 20938866 Resolución 4052 /11/12/2002
María del Carmen Murcia 41652981 Resolución 4052 /11/12/2002
Nohora Judith Aldana Acero 41566073 Resolución 4052 /11/12/2002
Myriam Gloria Guevara Salazar 41500780 Resolución 4052 /11/12/2002
Edelmira Rojas de Niño 23581612 Resolución 3227 /31/10/2003
María Amparo Ramos 41460193 Resolución 4052 /11/12/2002
Héctor Manuel Rodríguez Díaz 19332739 Resolución 4052 /11/12/2002
1.2. Posteriormente la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., estableció a incorporación de los servidores docentes antes referidos, en el empleo de directivo docente - coordinador de la planta de personal docente perteneciente al servicio educativo estatal administrado por el Distrito Capital, por medio de la Resolución 2225 del 2 de julio de 2004.
1.3. La comisión de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., asumió conocimiento, en primera instancia, de la reclamación por desmejora laboral interpuesta por los servidores docentes en mención. Entre las pretensiones de la reclamación se destacan las siguientes:
1.4. La comisión de personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., en sesión celebrada el 24 de marzo de 2010, luego de relatar a rasgos generales y sucintos el asunto objeto de reclamación, decidió a través del Acuerdo 003:
Que conforma al análisis de requisitos y funciones de los empleos, estos, directivo director y directivo docente rector son equivalentes; y que según la verificación de las condiciones laborales al momento de la incorporación, es decir quienes teniendo condiciones para ejercer el cargo se encontraban en la condición de encargados para el 2 de julio de 2004 —fecha de incorporación— vistas las certificaciones de la oficina de personal, las reclamaciones presentadas deberían resolverse favorablemente, para quienes reúnan estas condiciones.
“… nuestra petición no atenta contra la actual convocatoria para el cargo de rector establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil toda vez que se realizó para 60 cargos de rector en Bogotá, existiendo a la fecha más de 88 cargos de rector en vacancia definitiva, lo cual permite concluir que nuestros 24 cargos de rector que veníamos ejerciendo no altera el número de cargos convocados aunque pueda generar algún ruido por parte de quienes hoy tienen una expectativa legítima de ser elegibles en firma para su participación en una convocatoria de audiencia pública.
1.7. El despacho sustanciador efectuó requerimientos de información con los oficios 11548 del 30 de abril de 2010 y 15598 del 9 de junio del mismo año, buscando obtener suficientes elementos demostrativos sobre el trámite en primera instancia, la oportunidad de la impugnación, la situación de vinculación laboral de los servidores reclamantes su perfil ocupacional y empleo respecto del que adquirieron nombramiento en propiedad y derechos de carrera docente.
1.8. Mediante certificación laboral remitida por el responsable de la unidad de personal, se pudo establecer que los servidores reclamantes, antes de su última incorporación, ostentaban derechos de carrera y nombramiento en propiedad en el empleo denominado director del servicio educativo oficial de la entidad certificada de Bogotá, D. C. Adicionalmente, se deja constancia de que las funciones asignadas en el empleo de director fueron las establecidas en el Decreto 144 de 1963 hasta el 7 de febrero de 1994, y que a partir de ésta última fecha, las funciones eran las previstas en el Decreto 1860 de 1994. El acto administrativo de nombramiento y el nombre del servidor se escriben a continuación
Blanca Nieves Ospina Ovalle Decreto 548 /23/08/1996 Director
Ruth Yamile Hernández Montoya Decreto 223 /16/05/1990 Director
Aura María Estupiñán Decreto 415 /16/04/1986 Director
Jairo Milton Canter Rico Decreto 651 /11/06/1986 Director
Orlando Ríos Antolinez Decreto 662 /22/10/1996 Director
Martha Janeth Arias Cortés Decreto 117 /04/03/1994 Director
Héctor Benigno Garavito Torres Decreto 117 /04/03/1994 Director
Pedro Iván Calderón Castaño Decreto 117 /04/03/1994 Director
Lidia Sofía Bermúdez Ramírez Decreto 223 /16/05/1990 Director
Julio César Pérez Rozo Decreto 117 /04/03/1994 Director
Ana Virginia Rodríguez Salinas Decreto 117 /04/03/1994 Director
Gloria Marina Rodríguez de Guío Decreto 117 /04/03/1994 Director
Maria del Carmen Velázquez Decreto 548 /23/08/1996 Director
Marbel Cala Rodríguez Decreto 223 /16/05/1990 Director
Víctor Hugo Galindo Buitrago Decreto 012 /12/01/1996 Director
Esther Real Real Decreto 3811 /30/11/1999 Director
Marleny Amanda Sarmiento Mancipe Decreto 548 /23/08/1996 Director
Virginia Nader de Mayorga Decreto 117 /04/03/1994 Director
María del Carmen Murcia Decreto 560 /25/09/1995 Director
Nohora Judith Aldana Acero Decreto 548 /23/08/1996 Director
Myriam Gloria Guevara Salazar Decreto 651 /11/06/1986 Director
Edelmira Rojas de Niño Decreto 3811 /30/11/1999 Director
María Amparo Ramos Decreto 117 /04/03/1994 Director
Héctor Manuel Rodríguez Díaz Decreto 560 /25/09/1995 Director
1.9. Al momento de efectuar el estudio de la presente reclamación, todos los servidores docentes arriba en mención, se encuentran promovidos laboralmente mediante encargo en empleos de rector del servicio educativo estatal administrado por el Distrito Capital. Situación que es certificada por el jefe de la oficina de personal en el reporte de novedades de la historia laboral.
En el marco de las competencias funcionales de administración, vigilancia y control sobre los sistemas de carrera administrativa asignadas a la Comisión Nacional del Servicio Civil, la misma Ley 909 establece en el literal d, del artículo 12 que esta entidad resolverá en segunda instancia la reclamaciones sometidas a su conocimiento en relación con los asuntos del empleo público de carrera. Por este motivo, el recurso de apelación que sea elevado contra la decisión tomada por la comisión de personal se encuentra incluido como uno de los trámites y actuaciones que corresponden a la CNSC, el cual cursará siempre y cuando se agoten todos los requisitos de forma y oportunidad estipulados por las normas legales y reglamentarias especiales y generales para los procesos administrativos de competencia de esta comisión.
Revisado él escrito de presentación de la reclamación en segunda instancia mediante recurso de apelación, la CNSC encuentra que reúnen todos los requisitos de forma y oportunidad de que tratan los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo, procediendo en consecuencia a analizar la corrección o no de la decisión sustantiva tomada por la comisión de personal de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, confrontándola con los motivos de inconformidad alegados por los reclamantes.
a) Modificación de las competencias laborales exigidas originalmente para acceder al respectivo empleo público, que requieran del servidor la aplicación de conocimientos, saberes o técnicas de una disciplina academia no relacionada con él perfil ocupacional acreditado;
e) Cambo definitivo y desmedido de la ubicación geográfica donde el servidor de carrera debe comparecer a desempeñar sus funciones públicas.
f) Modificación injustificada o ilegítima de jornada laboral ordinaria sin que responda a la satisfacción de necesidades del servicio en la entidad estatal respectiva.
‘Instituciones educativas. Institución educativa es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.
Las instituciones educativas estatales son departamentales, distritales o municipales’.
Esta nueva estructura del establecimiento educativo, consagró un deber ineludible de reorganización administrativa e institucional del servicio educativo oficial en el Distrito Capital, que se reflejó a su vez en una modificación de la composición laboral de su planta de personal de docentes y directivos docentes. Proceso administrativo que sólo reviste interés para la CNSC en cuanto resulte en una situación de movilidad laboral y modificación de las condiciones de desempeño para los servidores públicos con derechos de carrera docente.
‘Que el Alcalde Mayor expidió el Decreto 364 del 26 de agosto de 2002, por el que modificó la planta global de cargos directivos docentes, trasformando 133 cargos de directivos docentes —directores en 127 cargos de directivos docentes coordinadores y con el Decreto 409 del 25 de septiembre del presente año trasformó 297 cargos directivos docentes— directores en 284 cargos de directivos docentes coordinadores, aclarando que por Decreto 432 del 16 de octubre de 2002, en el sentido de indicar que regirá a partir de la fecha en que entre en vigencia la reglamentación que expida el gobierno en lo relativo a la organización de la planta global de cargos de los establecimientos educativos estatales…’.
Esta circunstancia naturalmente incide en la certidumbre que puedan tener los servidores docentes acerca de lo definitivo o transitorio de la modificación de sus condiciones de desempeño laboral y la designación en el nuevo empleo de carrera docente. Incertidumbre que se acentúa para aquellos servidores directivos docentes que recibieron la titularidad de encargos en empleos de rectores, acto seguido de su designación como directivos docentes coordinadores, tal y como en el resumen de novedades en la historia laboral remitido por el jefe o responsable de la unidad de personal de la Secretaría de Educación Distrital.
Al respecto, el inciso 4º del artículo 60 del Decreto 1278 de 2002, prevé el propósito principal y ámbito natural de desempeño del cargo de director, precisando expresamente que ‘El coordinador auxilia y colabora con el rector en las labores propias de su cargo y en las funciones de disciplina de los alumnos o en funciones académicas o curriculares no lectivas’.
Comparados los componentes funcionales de los empleos objeto de estudio, esto es, director de escuela y coordinador, es posible concluir que en este factor no son equivalentes. Primero, porque los procesos educativos asociados al empleo de coordinador tienen responsabilidades laborales diferentes a las asignadas anteriormente al director de escuela, resultando en que ahora los reclamantes han dejado de ser la más alta autoridad administrativa, académica, institucional y disciplinaria al interior de la institución educativa distrital. Segundo, en su calidad de coordinadores vienen a estar relegados de las funciones de diseño, planeación, dirección y formulación de los programas, planes y estrategias académicas que permiten la adecuada prestación del servicio educativo en la institución educativa distrital, Así mismo, pierden la representación institucional ante la comunidad escolar y ante las autoridades administrativas de la Secretaría de Educación Distrital.
Razones que permiten concluir la configuración de una situación de desmejora laboral, derivada de una actuación de movilidad laboral por parte de la autoridad nominadora, en la que se cambia de manera abrupta el ámbito funcional de desempeño que debe ser asumido por los directivos docentes y sin que las actuales actividades laborales guarden relación de equivalencia con las del empleo sobre que han adquirido derechos de carrera y nombramiento en propiedad.
Frente al cumplimiento de las competencias laborales exigidas para desempeñar el empleo de rector, según lo establece el artículo 7º del Decreto 3982 de 2006, es satisfecha con la figura de incorporación automática; la que procede por darse la revinculación en un empleo igual tal y como está previsto en el artículo 87 de Decreto 1227 de 2005, al decir: “Cuando se reforme total o parcialmente la planta de empleos de una entidad y los cargos de carrera de la nueva planta sean iguales o se distingan de los que conformaban la planta anterior solamente en su denominación, los titulares con derechos de carrera de los anteriores empleos deberán ser incorporados en la situación en que venían, por considerarse que no hubo supresión efectiva de estos, sin que se les exija requisitos superiores para su desempeño”…
Las claras condiciones que se desprenden del artículo son: a) cuando la similitud entre los empleos comparados es íntima o no distinguible, los demás requisitos no son relevantes para obstaculizar la permanencia del servidor en la nueva planta de personal, y; b) tratándose de competencias laborales, no es necesario efectúa análisis adicionales pues legalmente se presume su aptitud para desempeñar los nuevos empleos.
Como lo certifica la Secretaría de Educación Distrital, los servidores reclamantes vienen desempeñando mediante encargo el empleo de rector al momento de emitir éste pronunciamiento, por lo que su situación real de vinculación estaría conforme a las expectativas legítimas de desempeño. Sin embargo, la naturaleza de este tipo de vinculación laboral es tan solo transitoria y no otorga ninguna prerrogativa de permanencia en el empleo docente respectivo.
Por otra parte, el perjuicio de la desmejora laboral se concreta cuando la Secretaría de Educación Distrital se presta a proveer los empleos de rector haciendo uso de la lista de elegibles conformada con la Resolución 258 del 24 de febrero 2010 (modificada por la Res. 1766 de mayo 11/2010), dentro del proceso de selección laboral adelantado mediante a Convocatoria 062 de 2009 para el servicio educativo oficial administrado por Bogotá, D. C.; aunque conforme el artículo 37 de la Ley 715 de 2001, prevalece la oportunidad de acceso permanente en los empleos de carrera docente vacantes definitivamente para los servidores docentes por nombramiento en propiedad y derechos de carrera docente.
Aunque el régimen jurídico propio del sistema específico de carrera docente no contempla un orden de prioridad o prevalencia entre mecanismos de provisión definitiva de empleos de carrera, la Ley 909 de 2004 en el numeral 2º del artículo 3º tiene previsto un instrumento de complementariedad e integración entre los regímenes normativos de los sistemas específicos y especiales de carrera administrativa y el sistema general de carrera, que consiste en la aplicación supletoria de este cuándo en alguno de aquellos se presenten vacíos e insuficiencias normativas. Así, aunque en el régimen legal del sistema de carrera docente no esté previsto expresamente el orden de aplicación de los mecanismos de provisión definitiva de los empleos docentes y directivos docentes, el sistema general sí tiene plenamente establecido la oportunidad para que dichos mecanismos operen.
Al surgir la vacancia definitiva de un empleo de carrera administrativa, debe verificarse si alguno de los mecanismos dispuestos en el artículo 7º del Decreto 1227 de 2005 puede aplicarse para proveer permanentemente dicho cargo, y solo luego de que se agote ese estudio tendría ocasión alguna de las figuras de provisión transitoria, por un término inicial hasta de seis (6) meses o por el tiempo necesario mientras se adelanta el proceso de selección laboral mediante concurso de méritos para nombrar en período de prueba y en orden mérito al aspirante que integre la respectiva lista de elegibles, hasta que se logré la designación definitiva, tal y como lo estipula el literal b) artículo 13 del Decreto 1278 de 2002.
Al referirse el numeral 3º a la reincorporación, debe entenderse que se refiere al derecho de continuidad que asiste a los servidores con derechos de carrera a quienes les fue suprimido el empleo que desempeñaban con vocación de permanencia. Este derecho tiene manifestación en el artículo 44 de la Ley 909 de 2004 que protege a los empleados públicos de carrera administrativa brindándoles un fuero de estabilidad frene a las distintas situaciones administrativas que resultan en la supresión de su cargo, al establecer que “tendrán derecho preferencial a ser incorporados en empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal”, o a elegir entre la reincorporación y la indemnización, cuando no sea factible la incorporación.
‘La provisión de cargos en las plantas financiadas con recursos del sistema general de participaciones, se realizará por parte de la respectiva entidad territorial, dando prioridad al personal actualmente vinculado y que cumpla los requisitos para el ejercicio del cargo’.
ARTÍCULO PRIMERO. Revocar la decisión adoptada por la Comisión de Personal de la Secretaría de Educación de Bogotá, D. C., en el Acuerdo 003 del 24 de marzo de 2010.
ARTÍCULO SEGUNDO. Ordenar al Secretario de Educación de Bogotá, D. C., o quien haga sus veces, designar mediante incorporación a los servidores reclamantes en las vacantes del empleo de rector, presentes en el servicio educativo oficial que administra la entidad certificada de Bogotá, D. C. La identificación de los servidores docentes sujetos de protección se precisa a continuación:
Aura María Estupiñán 41715608
Julio César Pérez Rozo 19349192
Gloria Marina Rodríguez de Guío 241145531
María del Carmen Velázquez 41550275
María Amparo Ramos 41460193
ARTÍCULO TERCERO. Notificar esta resolución al Secretario de Educación del Distrito Capital o quien haga sus veces y a los servidores reclamantes, mediante citación enviada a la Avenida El Dorado Nº 66-63 y a la Calle 25 Nº 35-39, Bloque B2, apto. 1008 en la ciudad de Bogotá, D. C., respectivamente.
ARTÍCULO CUARTO. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en vía gubernativa.
Dada en Bogotá a los diecisiete (17) días del mes de junio de 2010.
“… Acción de nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos.
‘Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió.
‘También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro”(1).
“… ART. 85.—Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pago indebidamente”(2) (subrayas y negrillas fuera del texto).
En este orden de ideas y de conformidad con las normas transcritas, es claro que el actor intentó la acción de nulidad, pero de manera indirecta ejerció el restablecimiento del derecho, es más pidió nulidad y revocatoria directa del Acto Administrativo demandado (fl. 14 escrito de la demanda cd. inicial).
En este contexto el actor dice ejercer la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Decreto 1 de 1984, sin embargo, además de la nulidad de la Resolución 1933 de 2010 de junio 17, solicitó el restablecimiento del derecho (ibíd.), que considera surge al integrar la lista de elegibles del concurso de méritos para proveer empleos de directivos docentes - rector de instituciones educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación del Distrito Capital de Bogotá, en donde el demandante ocupó la posición número 90.
Consiste en resolver si tal como lo afirma el actor la Resolución 1933 de junio de 2010 demandada vulnera los artículos 2º, 6º, 25, 29 y 125 de la Constitución, por cuanto 24 directivos docentes nombrados como rectores a través de este acto administrativos no se encuentran en el concurso de méritos, a diferencia del actor que superó las etapas del concurso previstas en el artículo 4º del Acuerdo 034 de 2009.
Al respecto, en sentencia proferida por esta misma Sección(7) en mayo 12 de 2011 Nº interno 1103 -2009, se dijo que:
“La Ley 909 de 2004(8) señaló en su artículo 1º, que su objeto es la regulación del sistema de empleo público y el establecimiento de los principios básicos reguladores de la gerencia pública y señala que los empleos de carrera, los de libre nombramiento y remoción, de periodo fijo y temporales hacen parte de la función pública. En su artículo 3º describe en forma taxativa sus destinatarios.
Las entidades que utilicen las listas de elegibles resultado de los concursos adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil deberán sufragar los costos determinados por la citada Comisión…”.
“Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la Carta Política, el legislador separó las funciones que la comisión ejerce para administrar la carrera administrativa (L. 909/2004, art. 11), de aquellas que le corresponden como órgano encargado de vigilar la aplicación de las normas relacionadas con el ingreso, ascenso y retiro de la función pública (art. 12 de la misma ley). Precisamente, las disposiciones atacadas hacen parte del artículo 12, es decir, están referidas a las atribuciones otorgadas a la comisión para ejercer su poder de vigilancia, función esta que implica una modalidad de control, es decir, indica el poder de hacer cumplir sus normas a efectos de permitírsele poder cumplir con sus funciones, para lo cual requiere de cierta autoridad coercitiva, pues de otra manera, la función de vigilancia asignada mediante el artículo 130 superior, podría quedar en el simple enunciado.
En el caso concreto se tiene que la Comisión Nacional del Servicio Civil por medio de Acuerdo 034 de 25 de marzo de 2009, convocó a concurso de méritos para proveer los empleos docentes y directivos docentes en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, en la cual se ofertaron 60 vacantes de directivo docente - rector.
A través de la Resolución 058 de febrero 25 de 2010 se adoptó la lista de elegibles para proveer empleos de directivos docentes - rector en las instituciones educativas oficiales del Distrito Capital, según Convocatoria Nº 62 de 2009 con 479 integrantes, los cuales fueron citados a audiencia pública.
Por medio de la Resolución 1766 de mayo 11 de 2010 se recompuso la lista de elegibles para proveer el cargo de rector en las instituciones educativas oficiales modificando el listado elaborado como resultado de la convocatoria del Acuerdo 034 de 2009, y, que se encontraban a la espera del respectivo nombramiento.
Posteriormente, mediante la resolución demandada se revocó el Acuerdo 003 de marzo 24 de 2010 y se ordenó incorporar a los 24 directivos docentes coordinadores como rectores.
El actor afirma que hubo una desmejora laboral pero no cumple con la carga procesal de señalar en que consiste el concepto de la violación para que sobre su pretensión pueda pronunciarse la jurisdicción contenciosa administrativa.
Está probado que integra la lista de elegibles del concurso de méritos para proveer empleos de directivos docentes rectores de instituciones educativas oficiales de la entidad territorial certificada en educación Distrito Capital de Bogotá, conformada mediante la Resolución 1766 de 11 de mayo de 2010, ocupando la posición número 90 y, tales cargos están debidamente ocupados por los primeros lugares; es decir, tampoco se desconoció el principio de confianza legítima, por cuanto este a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sent SU-360 de mayo 19/99), se define como un mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses públicos y privados, cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto, la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración, es digna de protección y debe respetarse, lo que no sucede en el sub lite, pues la Comisión Nacional del Servicio Civil no creó expectativas a favor del demandante.
En estas condiciones no es fácil determinar que se haya desconocido el justo equilibro para quienes participaron en el concurso, tal como lo sostiene el demandante, pues no obra prueba alguna que permita establecer que la Comisión Nacional del Servicio Civil no acató la Constitución y la ley, se respetaron las garantías previstas en el debido proceso y precisamente en el acto administrativo acusado, ejerció su función de vigilancia y control sobre la carrera administrativa prevista en el artículo 130 de la Constitución, al revocar el Acuerdo 003 de 24 de marzo de 2010.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
DENIEGASE la nulidad de la Resolución 1933 de junio 17 de 2010 expedida por la Comisión Nacional del Servicio Civil, por la cual se decide en segunda instancia una reclamación por presunta desmejora laboral interpuesta por servidores docentes vinculados con el Servicio Educativo Estatal administrado por la entidad territorial certificada de Bogotá, D. C.
(1) Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011; comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012.
(2) Derogado por el artículo 309 de la Ley 1437 de 2011, comenzó a regir a partir del 2 de julio de 2012.
(3) En la Sentencia C-195 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa), expresó la Corte sobre el particular: “Como es bien sabido, el plebiscito de 1957 fue la primera manifestación directa, en materia de reforma constitucional, del constituyente primario en la historia de Colombia.
Lo que lo movió a elevar la carrera administrativa a canon constitucional, fue, dentro del espíritu que inspiró ese trascendental proceso, garantizar la estabilidad en los cargos públicos, con base en la experiencia, la eficiencia y la honestidad en el desempeño de los mismos…”. Como complemento de lo anterior, en el mimo pronunciamiento la se precisó que la carrera administrativa tuvo su primera aparición en la legislación colombiana con la Ley 165 de 1938, cuyo artículo 4º estableció, como regla general, que todos los empleados que prestaron sus servicios en los ramos fiscal y administrativo, conforme a los artículos 39 y 40 del Código de Régimen Político y Municipal, quedaban sujetos a la carrera administrativa, salvo las excepciones allí previstas.
(4) Cfr. Sentencia C-963 de 2003 (M. P. Jaime Araújo Rentería).
(5) Sentencias C-479 de 1992 (M. P. José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero), C-195 de 1994 (M. P. Vladimiro Naranjo Mesa) y C-1079 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
(6) Sentencia C-1079 de 2002 (M. P. Rodrigo Escobar Gil).
(7) Referencia Expediente 110010325000200900081 00 Nº Interno 1103-2009. Actor: Francia Maritza Paniquita Pipicano y otros, contra autoridades nacionales. C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
(8) Ley 909 de 23 de septiembre de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
(9) Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, vigésima segunda edición, tomo 10.

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 Real Decreto 
 artículo 12
 artículo 60
 artículo 7
 artículo 87
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 3
 artículo 7
 artículo 13
 artículo 44
 resolución 
 artículo 84
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 130
 artículo 12
 artículo 130
 Resolución 
 Resolución 
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 Resolución 
 artículo 130
 Resolución 
 artículo 309
 artículo 309
 artículo 4