Source: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?author_name=saul-lopez-noriega
Timestamp: 2018-10-21 10:46:18+00:00

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Ante una tradición jurídica, como la mexicana, marcada por un trasnochado fetichismo legal, una raquítica capacidad de autocrítica, así como una pomposa pero falsa erudición, Jueces, constitución y absurdos jurídicos resulta un libro atípico pero indispensable.
Su singularidad y tino reside en que se trata precisamente de un conjunto de ensayos que desacralizan al derecho para ubicarlo, sin concesiones, en su justa dimensión: como una herramienta diseñada por nosotros –los humanos- para regularnos a nosotros mismos. Lo cual, inevitablemente, implica que el derecho es reflejo nítido del colorido collage de expresiones de la condición humana: desde las más grotescas, hasta las más sublimes. Y aunque esto debiese ser obvio, y fácil de concluir al acercarse al mundo jurídico, lo cierto es que ningún libro en nuestro país ha puesto interés en el derecho, y en varios de los aspectos que giran alrededor de éste, de la manera como lo hace Jueces, constitución y absurdos jurídicos.
En efecto, el libro que usted tiene en sus manos destaca porque está anclado en cualidades difíciles de encontrar, por estas latitudes, en una obra jurídica. En primer lugar, un sólido y cosmopolita conocimiento de las diversas aristas del derecho; por otra parte, una generosa cultura que sin pretensiones salta entre obras clásicas del derecho, sin olvidar aquellas de la literatura, pintura, cine, fotografía y música y; por último, un fino sentido del humor, a partir del cual se ejerce el más filoso de los aguijones críticos: reírse de sí mismos, hacer hablar al derecho para que se pitorree de sí y de aquellos que ven a éste con solemnidad y cursilería –y que, de esta manera, lo convierten no en un instrumento para resolver problemas sociales sino en un mero florero.
Con este arsenal, Jueces, constitución y absurdos jurídicos reúne un variopinto mosaico de viñetas sobre juicios o experiencias jurídicas disparatadas. Estampas que, por un lado, retratan a grupos de personas –demandantes, legisladores- que utilizan el derecho para fines excéntricos por decir lo menos y, por el otro, que dibujan una lógica judicial que, al no pasar por el filtro de la realidad y el sentido común, resulta en una espiral de despropósitos en el mejor de los casos irrisorios.
Alguien podría pensar, a estas alturas, que Jueces, constitución y absurdos jurídicos es tan sólo un cúmulo de anécdotas chuscas y extrañas del mundo judicial. Sin embargo, lo cierto es que estos retratos están atados por un hilo que le da coherencia y estructura a la obra. Una lectura crítica del derecho y, en concreto, de la impartición de justicia –tarea cada vez más protagónica en las sociedades contemporáneas. Una visión por demás saludable para nuestra tradición jurídica, que parte de que al final lo que está en el centro del desempeño institucional de los tribunales es la impredecible conducta humana, con todas las consecuencias que esto conlleva; que es indispensable desmitificar el aura de impartidores de justicia que gira alrededor de los jueces, para evaluarlos desde una perspectiva mucho más terrenal y; por último, estos ensayos parten de que el derecho, como utensilio para coadyuvar a la convivencia entre las personas, si no tiene un pie en la realidad corre el riesgo de perderse en abstracciones y absurdos. De ahí que sea medular que el estudio de la justicia irónicamente no sea feudo de abogados ni trinchera intelectual exclusiva del derecho. Por el contrario, para entender y exprimir su potencial es necesario leerlo desde diversas perspectivas.
Todo esto es posible gracias a que Alejandro Anaya reúne a su vez características poco comunes en el gremio de abogados de nuestro país: una destacada formación académica, probada experiencia en el servicio público judicial, combinado con una erudición intelectual que parte de que el conocimiento al final es uno sin especializaciones caprichosas. De tal manera que nos ofrece una obra que desentume los músculos del entendimiento jurídico, aguijonea la creatividad y, en la medida de lo posible, hace un esfuerzo por regresar al derecho a la República de las letras. Lo cual resulta, insisto, en que Jueces, constitución y absurdos jurídicos se trata de una obra atípica pero de lectura obligada.
Saúl López Noriega. Profesor e investigador titular de la División de Estudios Jurídicos. Twitter: @slopeznoriega
Donald Trump está lejos de cumplir sus primeros 100 días como Presidente de los Estados Unidos y ya enfrenta una creciente opinión pública que exige que sea removido de su cargo. La metralla de sus torpes tuits, junto con sus rabietas en contra de los medios de comunicación y, principalmente, el abanico de órdenes ejecutivas que ha firmado y que no rebasan al más mínimo rasero político, moral y jurídico, configuran el escenario a partir del cual buena parte de la sociedad estadunidense considera que urge iniciar un impeachment (juicio político) en contra del presidente Trump. Sin embargo, y más allá lo repugnante y peligroso que es este personaje, vale preguntarse qué tan viable es la destitución de Trump. ¿Cuáles son los requisitos legales para concretar el impeachment del Presidente de Estados Unidos? ¿Existen otras vías jurídicas para removerlo de su cargo? ¿Qué tan propicio es el contexto político para echar a andar esta maquinaria legal?
¿Qué se necesita para un impeachment?
La cuarta sección del artículo 2º de la Constitución estadunidense señala expresamente lo siguiente: “El Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos serán separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves”. A la Cámara de Representantes le corresponde, con tan sólo una mayoría, presentar la acusación en contra de alguno de estos funcionarios; mientras que los senadores tienen la responsabilidad de evaluar dicha acusación y, en su caso, mediante una mayoría de dos tercios, determinar si es culpable. La sanción que corresponde es la separación del cargo y, a discreción de los senadores, eventualmente se puede sumar la prohibición de volver a ocupar un cargo público.
Ahora bien: el texto constitucional no dice nada respecto qué tipo de empleados públicos incluye la expresión “funcionarios civiles”. Sin embargo, se ha entendido que se trata de aquellos que tengan una autoridad relevante, es decir, burócratas que sean nombrados por el Presidente y/o que sean titulares de alguna institución como una secretaría de estado, comisionado de alguna agencia reguladora, etcétera. En toda la historia de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha impulsado la destitución de 19 funcionarios: 15 jueces federales, un senador, un miembro del gabinete y dos presidentes. En 16 de estos casos, el Senado ha considerado pertinente abrir el juicio y evaluar la acusación formulada por los representantes. No obstante, sólo 8 de estas acusaciones han resultado en una sentencia condenatoria, siendo todos estos jueces federales.
Ahora bien, un aspecto medular de este procedimiento es el significado de los supuestos por los cuales debe proceder el impeachment: traición, cohecho u otros delitos y faltas graves (treason, bribery, or other high crimes and misdemeanors). Al respecto, como suele suceder en la academia estadunidense, existe un sinfín de textos que analizan los alcances de estos términos. No obstante, si seguimos la lectura de Cass Sunstein, uno de los mejores constitucionalistas de Estados Unidos, y el estudio elaborado por el propio Congreso apenas en el 2015 sobre este procedimiento de destitución, es posible encontrar ciertos criterios orientativos. Así, la conducta del Presidente que puede ser motivo de impeachment debe exceder o abusar indebidamente de los poderes de la oficina presidencial; traducirse en un comportamiento incompatible con la función y el propósito de la oficina; o implicar un mal uso de la oficina para un propósito impropio o para el beneficio personal.
Vale insistir en que la calificación de si la actuación del presidente Trump se ubica en algunos de estos supuestos corresponde al Congreso. Y, por ello, se trata una ponderación enteramente política que puede estirarse o contraerse conforme los vaivenes de la opinión pública y de las batallas político-electorales. Sin embargo, a partir de los precedentes de impeachment, los debates de la Convención de Filadelfia (en la cual se creó la constitución estadounidense), así como los pronunciamientos de los padres fundadores de Estados Unidos, es posible considerar a los anteriores criterios como la brújula más adecuada para trazar la ruta de una eventual destitución del presidente Trump.
Primera trinchera de ataque: conflicto de intereses
En este sentido, la estrategia que desde hace unas semanas inició un grupo relevante de abogados liberales consiste en generar un elemento objetivo que sirva como cuña para presionar a las fuerzas políticas y así iniciar el proceso de destitución del presidente Trump. Y, para ello, el primer paso fue interponer una demanda en contra de él en una corte federal de Nueva York, con el propósito de atacar uno de sus puntos más frágiles: el conflicto de intereses.
En efecto, el punto neurálgico de esta demanda parte de la sección novena del artículo 1º de la Constitución estadunidense, conocida coloquialmente como la cláusula de emolumentos, y que establece que ningún funcionario público puede aceptar un “[…] regalo, emolumento, empleo o título, sea de la clase que fuere, de cualquier monarca, príncipe o Estado extranjero, sin consentimiento del Congreso”. Como es fácil de imaginar, el propósito de esta disposición consiste en evitar que gobiernos o poderes extranjeros usen dinero, regalos u otro recurso para corromper la lealtad de la oficina presidencial con el pueblo de los Estados Unidos.
Para los demandantes, este escenario justamente se actualizó a partir de que Trump asumió formalmente la presidencia y, si bien decidió abandonar la dirección de su conglomerado empresarial para pasarles la estafeta a sus hijos Donald y Eric, mantuvo su participación en el fideicomiso que guarda sus activos comerciales y financieros mientras él es Presidente. A partir de ese momento, según los demandantes, a través de sus hoteles y otros negocios, el presidente Trump se ha beneficiado económicamente cada vez que un país extranjero apoya alguno de los negocios de su conglomerado. Los ejemplos pueden ir desde el caso de que varios representantes de países extranjeros, invitados a su toma de protesta como Presidente, se hospedaron el hotel Trump de la ciudad de Washington D.C., hasta cuestiones mucho más sofisticadas como el apoyo de gobiernos extranjeros para que concrete cierta inversión en su país, sea otorgándole facilidades impositivas en la compra de terrenos o también dándole acceso a créditos en bancos que son controlados por esos gobiernos extranjeros o, en su defecto, donde éstos tienen participación accionaria.
La administración Trump ha ninguneado públicamente esta demanda; sin embargo, lo cierto es que tendrá que responder y esperar la decisión de los jueces. El propósito de este grupo de abogados liberales es conseguir una victoria judicial y aprovecharla como un trampolín para lanzar una justificación política de que el presidente Trump, al violar la cláusula de emolumentos, ha hecho un mal uso de la oficina presidencial para beneficio personal. Y, de esta manera, allanar el terreno para un eventual impeachment.
Segunda trinchera de ataque: desacato a los tribunales
En la opinión pública se ha manejado una segunda razón que podría servir de base para iniciar un impeachment en contra de Trump: el desacato judicial. El ahora Presidente de los Estados Unidos ha tenido una relación por demás ríspida con los jueces. Durante toda su campaña electoral, así como en sus primeros días de gobierno, Trump ha sido particularmente crítico con la judicatura —especialmente cuando sus fallos no le favorecen—.
En plena campaña electoral, Trump cargó en contra del juez federal Gonzalo Curiel, un ciudadano estadounidense nacido en el estado de Indiana con ascendencia mexicana. De acuerdo con Trump, Curiel —al ser un “juez mexicano”— tenía un “inherente conflicto de interés” y por ende debía de excusarse de seguir conociendo del juicio que diversos estudiantes de la extinta Trump University habían presentado en contra del todavía candidato Trump. El caso finalmente terminó en un acuerdo: Trump accedió pagar 25 millones de dólares a los estudiantes presuntamente defraudados. Pero más allá de que en este caso no fue posible ver la reacción de Trump frente a una resolución potencialmente adversa, lo cierto es que este litigio fue una primera muestra del escaso respeto que Trump tiene por el poder judicial.
Durante su gestión como Presidente de los Estados Unidos, Trump ha continuado con su costumbre de criticar ferozmente a los jueces que emiten fallos en su contra. Quizá el mejor ejemplo de lo anterior sea la manera en que reaccionó frente a la resolución mediante la cual James L. Robart, un juez federal en el estado de Washington, ordenó la suspensión temporal del llamado “veto musulmán”, esto es, la orden ejecutiva mediante la cual Trump pretende prohibir la entrada a Estados Unidos a personas nacidas en una lista de países preponderantemente musulmanes. Después de que Robart concedió la suspensión, los tuits de Trump no se hicieron esperar. Entre otras cosas, tuiteó el Presidente lo siguiente: “¡La resolución de este supuesto juez, que esencialmente elimina la capacidad de nuestro país para hacer cumplir la ley, es ridícula y será anulada!”.
Lo más grave del caso es que, como se ha reportado en los medios estadounidenses, durante varios días la administración de Trump se negó a cumplir con la orden de Robart. Y si bien para ello se echó mano de argumentos francamente leguleyos, lo cierto es que esta manera de reaccionar sugiere que Trump y los funcionarios de su administración están dispuestos a retar al sistema judicial y eventualmente generar una crisis constitucional. Esto es particularmente relevante para un posible impeachment: si Trump continúa con su desafío a las órdenes judiciales, eventualmente algún tribunal podría determinar que el Presidente y/o sus subordinados han incurrido en desacato judicial, lo cual —según algunos expertos— podría encuadrar en el supuesto de “delitos y faltas graves”, al que hace referencia la constitución estadounidense como una de las causales para que proceda el impeachment.
¿Una tercera trinchera de ataque?: incapacidad de Trump
Finalmente, también cabe apuntar que en la opinión pública y en la academia se ha barajeado otra vía judicial mediante la cual se podría remover a Trump. El primer párrafo de la sección 4 de la Enmienda XXV de la constitución estadounidense establece literalmente lo siguiente: “Cuando el Vicepresidente y la mayoría de los principales funcionarios de los departamentos ejecutivos […] trasmitieran al Presidente pro tempore del Senado y al Presidente de Debates de la Cámara de Diputados su declaración escrita de que el Presidente está imposibilitado de ejercer los derechos y deberes de su cargo, el Vicepresidente inmediatamente asumirá los derechos y deberes del cargo como Presidente en funciones”.
Así, en principio, para la remoción de Trump sería suficiente una acción coordinada entre el vicepresidente Mike Pence y una mayoría del gabinete. Sin embargo, esta enmienda constitucional establece un procedimiento —y un juego político— bastante más complicado. Incluso si el vicepresidente y el gabinete logran concertar esta acción, bastaría con que Trump rindiera una comunicación escrita en la que manifieste que no existe imposibilidad o incapacidad alguna. Si esto sucediera, Trump reasumiría sus funciones como Presidente, a menos de que el Vicepresidente y la mayoría del gabinete, de nueva cuenta, se pronunciaran a favor de la incapacidad. En este escenario, la disputa se trasladaría a la arena legislativa, siendo necesario el voto de dos terceras partes de ambas cámaras para proceder a la remoción definitiva de Trump.
Un pequeño (gran) problema: el ajedrez electoral
Estas estrategias constitucionales, más allá de que siempre pueden tener aspectos jurídicos debatibles, en principio funcionan muy bien en el pizarrón. Sin embargo, la suerte de éstas depende enteramente del contexto político. En particular, resulta indispensable la construcción de una mayoría política que esté dispuesta a iniciar el procedimiento de impeachment en contra del presidente Trump, o bien, a removerlo mediante el procedimiento de la Enmienda XXV. Actualmente, y por más que consideremos que la nueva presidencia estadunidense acumula méritos para este objetivo, el escenario pinta muy complicado: si bien Trump es un presidente bastante impopular, sigue mantenimiento el apoyo de un importante segmento de la población y, en particular, de los votantes republicanos. Asimismo, el Partido Republicano tiene la mayoría en ambas cámaras y, hasta el momento, sigue en su luna de miel con su desagradable presidente, la cual muy probablemente se prolongue hasta que los desvaríos de Trump comiencen a generar costos significativos en términos electorales.
Ante esto, no pocos hanm dirigido la mira a las elecciones intermedias de 2018: esa es la oportunidad para que el Partido Demócrata capitalice una gestión presidencial que no sólo apunta a hilvanar valores contrarios a la tradición democrática y liberal de Estados Unidos, sino que también acumulará errores propios de su inexperiencia y soberbia. Sin embargo, es necesario dimensionar el reto que tienen los demócratas en estas elecciones legislativas que se avecinan.
Respecto la Cámara de Representantes, el partido demócrata necesita arrebatarles a los republicanos 24 escaños. Se trata de una meta titánica, sobre todo si ponemos el dato en perspectiva histórica: en las elecciones intermedias de 2006 —durante el segundo periodo del presidente Bush hijo y cuando ya era evidente el fracaso de la guerra de Irak y brotaban las consecuencias de la negligencia de la administración federal en la catástrofe del huracán Katrina— los demócratas lograron quitarles 31 escaños a los republicanos.
El panorama es igualmente complicado si volteamos al Senado. Ciertamente, en 2018 se renovarán 33 escaños, lo cual abre la posibilidad a que los demócratas retomen el control de esta cámara. No obstante, 25 de esos 33 escaños son posiciones que actualmente ya ocupan los senadores del Partido Demócrata, y otros 2 corresponden a senadores independientes que suelen votar con los demócratas. Esto significa que, para romper la mayoría republicana que actualmente impera en el Senado, estos 27 legisladores deberán conservar sus escaños y, además, los demócratas tendrán el reto de ganar al menos tres escaños que actualmente estén en manos de los republicanos. Dicho de otro modo: se necesita una auténtica catástrofe en el campo republicano —esto es, perder 30 de las 33 elecciones de 2018— para que los demócratas puedan controlar el Senado.
Pero incluso si en 2018 los demócratas logran esta hazaña en ambas cámaras, lo cierto es que los legisladores demócratas se encontrarían aún muy lejos de las mayorías calificadas que se exigen para poner en marcha el impeachment, o bien, el procedimiento de incapacidad contemplado en el Enmienda XXV. El panorama, para decirlo pronto, es poco alentador.
Es cierto que vivimos tiempos impredecibles y muchos procesos políticos en Estados Unidos están siendo inéditos. Parecería, por tanto, que casi cualquier cosa puede suceder en los siguientes meses y años. Desde esta perspectiva, no es descabellado pensar que, si el estridente presidente de los Estados Unidos comete una serie de errores de proporciones mayúsculas, un número suficiente de republicanos podría eventualmente sumarse a los demócratas a fin de remover a Trump vía impeachment o vía incapacidad.
No obstante, este escenario se antoja complicado. Como referíamos anteriormente, la luna de miel entre el Presidente y los legisladores de su partido continúa, y la probabilidad de que se presente una rebelión interna en las filas republicanas se reducirá conforme se acerquen las elecciones intermedias de 2018. En razón de lo anterior, parece que la vía más efectiva para acotar a Trump será, paradójicamente, la electoral. Cierto: ganar el control de ambas cámaras de 2018 representa un reto titánico. Pero incluso esto parece más factible que apostar por una fractura mayúscula en las filas republicanas en un contexto político dominado por el partidismo y la polarización.
Peor aún: para una eventual derrota electoral de Trump es indispensable un Partido Demócrata con liderazgos capaces de reorganizar, reinventar su narrativa y encontrar el ángulo adecuado para atacar de manera provechosa a Trump y los republicanos. Se necesita, pues, una oposición capaz de emocionar y ganar el corazón y las mentes de un electorado cada vez más complejo. Y, al menos por el momento, parece que esto no está sucediendo: el Partido Demócrata sigue recuperándose el enorme descalabro electoral que implicó la presidencia de Obama, cuya cereza en el pastel fue el triunfo de Trump. Incluso es justo decir que las mayores victorias en contra de Trump han ocurrido en la arena judicial, en casos impulsados desde la sociedad civil. Parece, por desgracia, que tendremos Trump para rato, y que para deshacerse de él no quedará sino apostar por los mecanismos electorales en 2018 y, sobre todo, en 2020.
Calidad: un sólido candidato para la Corte
Por convicción o conveniencia, Gorsuch ha tratado de presentarse a sí mismo como un sucesor natural de Scalia. Y, a 1 decir por las reacciones que ha generado en la opinión pública, parecería que ha sido exitoso. Pero su adherencia al originalismo no es la única razón por la que la candidatura de Gorsuch resulta sólida, particularmente para la mayoría republicana que actualmente controla el Senado.
El presidente Trump cerró su primera semana como presidente de los Estados Unidos con un abanico de órdenes ejecutivas que implican un drástico golpe de timón en la política migratoria al redefinir de manera significa quién puede ingresar y permanecer dentro de este país.
En efecto, en primer lugar, gracias a estas órdenes, se estableció una nueva guía de prioridades de las personas que deben ser deportadas de suelo estadunidense, al permanecer en éste sin una causa legal justificada. Asimismo, se determinó una serie de medidas con miras a que éstas coadyuven a concretar este nuevo objetivo, tales como construir un muro en la frontera con México, aumentar el número de agentes federales migratorios y presionar a las llamadas “ciudades santuario” a que cooperen con esta nueva política de deportación bajo la amenaza de que en su caso perderán el apoyo económico de la federación. Por último, con el argumento de proteger a la sociedad estadunidense del terrorismo, se presentó un filtro migratorio más estrecho para impedir el ingreso a Estados Unidos, por cierto número de días, de aquellas personas cuya nacionalidad se encuentre en un nuevo listado de siete países cuyo hilo en común es que su población comulga mayoritariamente con la religión musulmana.
Como era de esperarse, y de manera por demás justificada, la reacción de buena parte de la sociedad civil de Estados Unidos y del mundo fue contundente: abultadas manifestaciones y numerosos medios de comunicación criticaron este ramillete de decisiones por vulnerar derechos humanos y evidenciar el carácter autoritario del presidente Trump y de su cerebro: Steve Bannon, su jefe de estrategia política. Pero además de estos defectos no menores, es importante subrayar que todo parece indicar que estas órdenes ejecutivas serán prácticamente inviables en los términos que se plantearon, además de que su suerte dependerá de un sinfín de conflictos jurídicos que se zanjaran en los tribunales de ese país en los siguientes años.
Quiénes pueden ser deportados
Uno de los primeros problemas institucionales de estas órdenes ejecutivas es la definición de quiénes pueden ser deportados. Durante la campaña electoral, Trump señaló en varias ocasiones que su prioridad para deportar serían aquellas personas sin documentos legales y que hubiesen cometido algún delito. En principio, su lógica corría de la siguiente manera: expulsar a aquellos que llegaban a Estados Unidos ilegalmente y dañaban a su sociedad al cometer un crimen. Sin embargo, estas nuevas decisiones amplían la definición de potenciales deportados a dos categorías clave: por un lado, aquellas personas acusadas de un delito, aun no hayan sido consideras culpables por un juez (“have been charged with any criminal offense, where such charge has not been resolved”) y, por el otro, personas que hayan realizado actos que puedan resultar en acusaciones de delitos (“have commited acts that constitute a chargeable criminal offense”).
No es necesario ser un experto en temas jurídicos para detectar que a través de estos dos últimos criterios —sobre todo el segundo— se puede hacer candidato de deportación a cualquiera de los millones de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos, incluyendo a un sector por demás delicado en términos morales y políticos: los jóvenes llamados dreamers, esto es, los extranjeros que llegaron a Estados Unidos durante su infancia y que han sido educados en el sistema de escuelas de Estados Unidos.
Esto, por supuesto, representa un enorme reto de implementación institucional, así como de recursos económicos y humanos. Pero además de estos desafíos, la falta de claridad y certeza de dichas órdenes abre la puerta a que eventualmente sean combatidas en la arena judicial. Pues, más allá de los argumentos morales, lo cierto es que cualquier presidente de los Estados Unidos en principio tiene facultades para definir cómo administrar los recursos de su gobierno para efectos de priorizar su política de deportación. Sin embargo, el punto clave aquí es la construcción de esos criterios de prioridad para cumplir con el debido proceso, las correspondientes facultades en materia migratoria entre el presidente y el congreso y demás exigencias legales.
Esto cobra todavía mayor relevancia porque la Suprema Corte de ese país resolverá en las siguientes semanas un caso de enorme impacto para este tema: Lynch, Att’y Gen. v. Dimaya (15-1498). Hace apenas un par de semanas, los justices escucharon los argumentos orales respecto este asunto que llegó a la Corte Suprema debido a que varios tribunales de menor jerarquía han considerado que la expresión “crímenes violentos” —establecida en la legislación actual en materia migratoria como causal para deportar a personas indocumentadas— es demasiado ambigua y, por ello, debe considerarse inconstitucional. Es cierto: la medida ejecutiva de Trump va más allá y ni siquiera menciona como causal de deportación la comisión de crímenes violentos.
Un argumento fino, sin embargo, que está en juego en este caso, con eventuales repercusiones de gran calado, es el siguiente: en el mundo occidental, se considera que la legislación penal —por regular valores tan delicados como la libertad y vida de las personas— debe ceñirse a una serie de exigencias técnicas que eviten o disminuyan la discrecionalidad de los jueces y demás operadores jurídicos. En este sentido, quienes defienden el caso Lynch, Att’y Gen. v. Dimaya y otros similares argumentan que las leyes migratorias deben someterse al mismo rasero técnico-legal pues lo que ponen en riesgo son valores tan relevantes como los que regulan las leyes penales. Si los justices pescan este argumento, esto significaría, por un lado, que el campo de acción en materia migratoria por parte del presidente de Estados Unidos se acotaría de manera drástica pues buena parte de la materia migratoria se tendría que regular vía el Congreso y, por otro lado, que el margen para definiciones ambiguas y elásticas se reduciría significativamente.
Algo más: este caso llegó a la Suprema Corte porque el gobierno de Obama perdió el litigio en las primeras instancias judiciales. Y, como las audiencias orales del asunto se celebraron en días previos, aun sí se eligiese en las siguientes semanas el recién candidato de Trump nominado para nuevo justice, éste no podría votar el asunto. Por tanto, la Corte Suprema de este país tendría que resolver esta discusión con cuatro justices conservadores y cuatro liberales y considerando la regla de que si hay un empate, entonces, la decisión del tribunal inferior —que va en contra de la política de deportación de Trump— es la que prevalecería.
Otro aspecto problemático, desde un punto de vista jurídico, de estas órdenes ejecutivas del presidente Trump es la exigencia a las llamadas “ciudades santuario” —es decir, aquellas que de una u otra manera protegen a las personas indocumentadas, o bien, aquellas en las que no se considera como prioridad ayudar a las autoridades federales migratorias en este objetivo— de cooperar con su gobierno bajo la amenaza de perder el apoyos económicos de la federación.
Aquí, por lo menos, hay tres obstáculos jurídicos para que la administración de Trump logre implementar esta exigencia.
En primer lugar, en la misma orden ejecutiva aparece la expresión de “ciudad santuario”. Sin embargo, éste no es un término jurídico en sentido estricto. No hay ninguna ley u otro ordenamiento que defina —o siquiera mencione— qué es una “ciudad santuario”. Se trata, más bien, de una expresión que ha permeado en los medios de comunicación y en la cultura política de ese país. Esto no es menor porque las vías en las que una ciudad puede ser “amigable” con las personas indocumentadas son variopintas. Y, de hecho, así es: no es el mismo tipo de apoyo que ofrece Chicago, que el de San Francisco, o que el de Nueva York. Por ello, parece que era indispensable que el presidente Trump definiese en concreto qué era una “ciudad santuario” y, en ese sentido, cuáles eran los términos en que debían cooperar éstas con la federación. Por el contrario, lo que hizo Trump fue darle una enorme discrecionalidad al titular del Deparment of Homeland Security (Departamento de Seguridad Interna) para que él definiese cuando una ciudad se convertía en un “santuario” para los inmigrantes ilegales.
Esta discrecionalidad y ambigüedad no es menor —y aquí el segundo obstáculo jurídico— porque eventualmente podría darse un choque de mandatos entre los objetivos de la federación y los de una ciudad o entidad federativa. Al menos esto es lo que han argüido algunos alcaldes, quienes han señalado que la eventual exigencia de colaborar con la autoridad federal en materia migratoria podría interferir con un aspecto instrumental medular para cumplir con su papel de proveer seguridad: el vínculo de confianza con su comunidad. Lo anterior, a juicio de estos alcaldes, es un mandato constitucional; y parecería que están dispuestos a defender su posición ante los tribunales —de ahí el problema de la ambigüedad de qué significa cooperar. Por ejemplo, la Corte Suprema ya determinó que no proveer información de indocumentados es inconstitucional. No obstante, como mencionábamos líneas arriba, existen muchas otras maneras de ser amigable con los migrantes indocumentados.
La tercera dificultad propia de esta exigencia tiene que ver con qué recursos federales realmente le puede cancelar la administración de Trump a una ciudad o entidad federativa. Esta duda surge porque, en términos generales, el dinero que reciben éstos de parte de la federación depende de dos grifos clave. Por una parte, recursos económicos que son fruto de la aprobación del presupuesto de egresos por parte del Congreso y, por lo tanto, su cancelación exige necesariamente la intervención de éste. Por la otra, el dinero proviene ciertamente del presidente, pero de un rubro muy puntual: tareas relacionadas con la justicia criminal, derivadas de objetivos del Justice Department o del Department of Homeland Security. De ahí que el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, haya aprovechado este esquema para amagar al presidente Trump, pues la mayoría del dinero federal que recibe esta ciudad se destina a tareas de combate del terrorismo.
No obstante, y con independencia de las esgrimas propias de la política, claramente el ingrediente de amenaza de la orden ejecutiva de Trump enfrenta un dilema no menor: o recortar recursos federales que exigen aprobación del poder legislativo, con el riesgo de un eventual ataque judicial de una ciudad o estado, o suspender la transferencia de recursos en materia de seguridad, dando pie a un revire boomerang en términos políticos.
Vale señalar, por último, respecto este aspecto de la decisión de Trump, que otra opción de éste es retrasar la entrega de recursos. Es decir, no recortar dinero federal ni de seguridad ni de aquel que es aprobado por el Congreso, sino más bien dilatar los tiempos para que llegue a las arcas de las ciudades y estados. Lo anterior conllevaría ciertos riegos políticos, pero también menos certeza de que tal argucia le implicaría costos jurídicos.
El debido proceso de la deportación
Durante su campaña, Trump reiteró una y otra vez que realizaría una deportación masiva de indocumentados. En este sentido, es importante enfatizar que si bien el ejecutivo cuenta con amplios márgenes de maniobra en este materia, existen ciertos controles cuasi-jurisdiccionales que limitan su poder y que garantizan —con muchas limitaciones— que en los procedimientos de deportación se garantice un debido proceso mínimo.
En esta materia, resultan particularmente importantes los procedimientos seguidos ante las cortes de inmigración. A nivel nacional, existen más de 50 cortes de este tipo, en las cuales despachan poco más de 200 jueces. Estas cortes tienen jurisdicción sobre diversos tipos de casos, pero el grueso de su carga de trabajo se concentra en los llamados “procedimientos de expulsión” (removal proceedings), mediante los cuales los jueces de inmigración determinan si procede o no deportar a una persona.
Ahora bien, como apuntábamos líneas arriba, las cortes de inmigración están muy lejos de garantizar plenamente el respeto al debido proceso. En términos de diseño institucional, se trata de cortes relativamente débiles toda vez que forman parte de la Oficina Ejecutiva para la Revisión Migratoria (Executive Office for Immigration Review), la cual forma parte a su vez del Departamento de Justicia (Department of Justice). Se trata, en un pocas palabras, de tribunales subordinados al poder ejecutivo.
Además, los estándares de protección son bastante menores en las cortes de inmigración. Los acusados pueden estar o no representados por un abogado —no existen el derecho a contar con un abogado de oficio— e incluso buena parte de las audiencias se realizan sin la presencia física de los jueces —las regulaciones relevantes permiten que dichas audiencias se realicen por videoconferencia o, peor aún, por teléfono—. Finalmente, no han sido pocos quienes señalen que la actuación de los jueces de inmigración puede llegar a ser extremadamente arbitraria, en buena medida por la falta de parámetros normativos claros a partir de los cuales se han decidir los casos.
Pese a todo, el proceso seguido ante las cortes de inmigración permite que las personas en riesgo de ser deportadas puedan defenderse y, sobre todo, ganar tiempo en Estados Unidos. Una vez que un juez de inmigración decide un procedimiento de expulsión, la parte afectada tiene el derecho de controvertir la decisión ante una instancia interna —la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals)— y eventualmente ante instancias federales de naturaleza propiamente jurisdiccional. Con una adecuada representación legal, una persona sujeta a este tipo de procedimientos puede evitar su expulsión de Estados Unidos o, por lo menos, demorarla.
Por otra parte, la enorme carga de trabajo que enfrentan las cortes de inmigración es una variable que bien podría jugar en contra de la política de deportaciones de Trump. Si bien existe una guerra de cifras, se estima que existen al menos medio millón de casos pendientes en dichas cortes y el tiempo promedio de resolución de los asuntos está cerca de los dos años. Por lo anterior, si el presidente Trump pretende emprender deportaciones masivas, no tendrá mayor remedio que aumentar muy significativamente el gasto público en este rubro.
El veto musulmán
Por último tenemos la prohibición de ingreso a Estados Unidos de personas de un listado de siete países, preponderantemente musulmanes, por cierto número de días. De nuevo: más allá de lo que implica esta decisión en clave política y moral, así como de las diversas manifestaciones que se han realizado contra tal decisión, lo cierto es que se trata de una orden ejecutiva mal diseñada y que parece que difícilmente podrá superar el escrutinio judicial.
De hecho, al día de siguiente de su publicación, la jueza federal Ann Donnelly concedió una suspensión provisional, al considerar que existe una alta probabilidad de que la orden ejecutiva viole las cláusulas constitucionales que protegen el debido proceso (Due Process Clause) y la protección equitativa (Equal Protection Clause). Por ello, en respuesta, ordenó lo que los abogados llaman medidas cautelares para efectos de, en primer lugar, permitir el ingreso de quienes estuviesen en el supuesto prohibitivo y, luego, garantizar que éstos tuviesen derecho a una audiencia para defenderse. Esto significa que, hasta el día de hoy, el punto neurálgico de esta orden ejecutiva todavía no ha sido declarado inconstitucional ni por un juez inferior, ni mucho menos por tribunales de mayor jerarquía. En términos coloquiales, entonces, lo que esta jueza hizo —y que no es menor— es subrayar que Estados Unidos no puede impedir el ingreso de personas de la nacionalidad de estos países sin antes haberles dado la oportunidad de defenderse.
Pero además de este primer paso —y como era de esperarse— la discusión jurídica en Estados Unidos se ha desatado y no es difícil encontrar en diversos espacios una ensalada de argumentos para considerar de fondo esta orden ejecutiva. Sin embargo, creemos que los más relevantes son los siguientes:
1. Debido proceso. Parecería que es inconstitucional que se impida, sin una justificación concreta, el acceso a personas que ya cuentan con una visa de trabajo o de estudio, o bien, de un permiso de residencia. Es decir, podría abrirse la posibilidad para que las negativas de ingreso a Estados Unidos se fundamenten en situaciones específicas —violación a algún ley, involucramiento en actividades ilícitas como el narcotráfico, etc.—.
2. Cláusula de igualdad. La orden ejecutiva adolece de un problema estructural porque parece no responder a una racionalidad instrumental con el combate al terrorismo. Es decir, si bien algunos terroristas que han atacado a Estados Unidos eran nacionales de uno de los países incluidos en la lista prohibida, también ha habido otros que eran de países que no están considerados en dicha lista. Y a la inversa: varios nacionales de estos países que han sido cubiertos por la sombra prohibitiva han sido estudiantes, trabajadores y residentes en Estados Unidos apegados a la ley. Para decirlo en términos técnicos: parece que la orden ejecutiva no se encuentra confeccionada estrechamente (narrowly tailored), toda vez que es subinclusiva (underinclusive) y sobreinclusiva (overinclusive) al mismo tiempo.
3. Estándar probatorio. En este sentido, una vez que se combata judicialmente el fondo de esta orden ejecutiva, la administración Trump tendrá que probar —y no será algo sencillo— que esa prohibición es adecuada porque intrínsecamente los nacionales de estos países son un riesgo para la seguridad de su país. Parecería, por tanto, que lo que debió haber impulsado el presidente Trump es un filtro mucho más estrecho para obtener alguno de los diversos permisos para ingresar a su país —con independencia de la nacionalidad del solicitante— y así evaluar de manera concreta el nivel de riesgo de cada persona. En cambio, la alternativa por la que optó el gobierno de Trump es una prohibición que tiene dos grandes problemas: no asegura que se cuele una persona de otra nacionalidad con fines terroristas y, al mismo tiempo, discrimina a un grupo de países meramente por su religión.
Más allá de los efectos concretos que en materia migratoria tendrán las órdenes ejecutivas de Trump, parecería que las batallas jurídicas que se han iniciado para controvertirlas serán particularmente relevantes por dos razones. Por una parte, nos permitirán ver si Trump está dispuesto a aceptar las reglas del juego y a respetar los fallos judiciales. Por la otra, estos litigios también nos permitirán ver si el poder judicial estadounidense es lo suficientemente fuerte y autónomo para para resistir los embates de un político cuya retórica y primeras acciones muestran un escaso compromiso con el Estado de derecho y los principios constitucionales.
Lo más probable es que ni el presidente ni sus críticos salgan invictos de estas batallas en la arena judicial. Veremos, por tanto, si Trump y el Partido Republicano finamente adoptan una posición de respeto institucional, o bien, si continúan con su estrategia de llevar al límite —o de plano desconocer— las reglas formales e informales del juego democrático. En principio, parecería que los republicanos podrían finalmente abandonar a Trump si las políticas de este último comienzan a generar costos políticos significativos. Pero no debemos olvidar que si algo nos ha demostrado la precampaña y campaña de Trump es cuán dúctiles son los límites de lo políticamente aceptable. No debería sorprendernos, por tanto, si en los siguientes años Trump termina por debilitar la eficacia de los controles judiciales en Estados Unidos.
[c]uando el Congreso aprueba un acuerdo comercial, el Congreso aprueba los términos en que se reglamentará el comercio de los Estados Unidos con el país o los países que sean parte en el acuerdo. […] Si los Estados Unidos se retiran del TLC, los términos en que se reglamenta el comercio entre los Estados Unidos, Canadá y México serán significativamente alterados. A falta de una disposición legislativa expresa que señale lo contrario, las disposiciones del TLC sólo pueden dejar de tener efecto con respecto a los Estados Unidos si el Congreso deroga la Ley de Implementación.
El nombramiento de un nuevo justice en la Corte Suprema
Sin duda alguna, el proceso que dominará la agenda judicial durante las primeras semanas de la presidencia de Trump será el nombramiento del nuevo justice en la Corte Suprema. Si Trump mantiene su palabra —una condición importante—, no debería haber muchas sorpresas en cuanto a los nombres de los potenciales candidatos. Durante la campaña electoral, Trump presentó dos listas: una primera con once integrantes y una complementaria con diez más. En ellas se incluyen algunos candidatos “atípicos” —un juez del fuero militar, un senador republicano y dos jueces de distrito—, pero la inmensa mayoría tiene un perfil claro: se trata de jueces que han llegado a las posiciones más altas de la judicatura federal (cortes de apelación) o local (cortes supremas estatales).
Su relevancia reside en que la legitimidad es precisamente, en buena medida, el sustrato de un tribunal constitucional para cumplir con su tarea de interpretar de manera sistemática a la Constitución. Lo cual implica limar contradicciones normativas, armonizar regulaciones aparentemente disímiles, así como enriquecer disposiciones mediante creativas lecturas de las mismas. Y todo esto, persiguiendo siempre dos grandes objetivos: destrabar de la mejor manera los conflictos políticos, así como expandir lo más posible el perímetro de libertad de los individuos. Esto ha dado como resultado que hoy en día, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales se han erigido en el árbitro último de los conflictos institucionales y en el gran definidor de los valores de una sociedad (Rabasa, 2006).
Un detalle no menor, sin embargo, reside en que para lograr que las decisiones de estas cortes zanjen de manera efectiva tales conflictos entre poderes y determinen los alcances y límites de los valores constitucionales, es indispensable que gocen de la confianza suficiente para que, independientemente del sentido de sus sentencias, su labor en términos generales sea aceptada. ¿Cómo lograr, en caso contrario, que un árbitro de este calibre cumpla con su responsabilidad de procesar los conflictos propios de una sociedad pluralista de manera institucional, si el resto de los poderes estatales y la sociedad no confían en que sus decisiones se adopten a partir de un mínimo de neutralidad y autonomía?
Sobra mencionar que esta necesidad de legitimidad de una corte constitucional se acentúa cuando ésta considera pertinente impulsar un activismo judicial. Esto es, cuando un tribunal busca con sus sentencias no sólo resolver la litis o conflicto que en concreto las partes presentan ante éste, sino sobre todo generar cambios significativos en el resto del mundo normativo. Una corte que no esté respaldada por una sólida legitimidad, difícilmente podrá impulsar una agenda de cambios sociales a través de sus resoluciones.
Estas son algunas de las razones más relevantes de porque el ingrediente de la legitimidad es fundamental para el desempeño de un tribunal constitucional. Y, por ello, es necesario regresar a la pregunta de cómo se legitima un tribunal constitucional. ¿Cómo puede legitimarse una institución que en cada una de sus decisiones inevitablemente se gana por lo menos la antipatía de una de las partes en juicio? Cualquier respuesta que se plantee al respecto exige considerar algunas de las características clave de este tipo de instituciones, pues sólo a partir de éstas es posible entender que construir y apuntalar la legitimidad de una corte constitucional representa una diversidad de retos bastante particulares.
En primer lugar, es necesario recordar que este tipo de instituciones son poderes que –por su diseño, funciones y responsabilidades- no son la mejor expresión de una institución democrática en el sentido mayoritario del término. Por el contrario, en las democracias modernas, las cortes constitucionales son las instituciones anti-mayoritarias por antonomasia. Esto se debe a que estas instituciones no son representativas de la ciudadanía; el electorado no participa en ningún momento durante el proceso de designación de sus integrantes. Se trata de una dinámica entre elites en la que intervienen, por pensar en los ejemplos de México y los Estados Unidos, solamente el presidente y los senadores de la República. Lo cual significa que los jueces constitucionales no están conectados con la sociedad por la correa de responsabilidad por definición de una democracia: el voto (Salazar, 2006).
A esto hay que agregarle que, como ya vimos, por la responsabilidad depositada en los tribunales constitucionales, por un lado, estos tienen entre sus facultades la posibilidad de echar abajo decisiones políticas expresadas en leyes, reglamentos, etcétera, de órganos como el poder ejecutivo y legislativo, que sí son representativos de la ciudadanía y que sí están atados al veredicto del voto de la ciudadanía. Y, por el otro, tienen la obligación de garantizar los derechos fundamentales, lo cual implica asumir el reto de adoptar decisiones que en no pocas ocasiones van en contra de la opinión mayoritaria de una sociedad y, eventualmente, de ubicarse en el centro de lo que se conoce como guerras culturales. Esto es, temas como el aborto, la pena de muerte o el matrimonio homosexual que dividen a la sociedad al grado de polarizarla y donde las cortes constitucionales deben tener como guía proteger a las minorías y grupos vulnerables. Con el riesgo, claro está, de asumir una postura que van en contra del sentir mayoritario de una sociedad.
¿Cómo, entonces, unos jueces constitucionales no representativos de la sociedad, sin atadura alguna al control democrático del voto y con el poder de adoptar decisiones contrarias a los intereses del resto de los poderes estatales y de la opinión de la mayoría de la sociedad, puede legitimarse? La respuesta común asegura que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en el hilo argumentativo de sus sentencias. Un tribunal se legitima con independencia del sentido de sus decisiones, siempre que éstas estén respaldadas por una cadena argumentativa que con razones sólidas las explique de manera clara, demostrando que no son fruto del capricho, el tráfico de influencias o el decisionismo (López Noriega, 2003).
No hay duda que los argumentos son un ingrediente clave en las sentencias de un tribunal constitucional. ¿Qué pasa, sin embargo, si las sentencias de un tribunal constitucional están redactadas de tal manera que sólo son inteligibles para el gremio de abogados? ¿Qué sucede si los medios de comunicación cubren de manera inadecuada el desempeño de una corte, propiciando que la opinión pública no entienda correctamente los argumentos de sus decisiones? ¿Qué tal si para cierta sociedad la legitimidad de un tribunal, más allá de sus decisiones y argumentos, depende de que éste adopte en su administración valores republicanos encaminados a la austeridad y a erradicar el nepotismo? ¿Cómo afectaría la legitimidad de una corte si se presenta un desfase entre la agenda de temas que ha confeccionado respecto aquellos que la población exige que se conozcan y resuelvan? ¿Cuál es el impacto en la legitimidad de un tribunal constitucional un proceso de designación de sus integrantes que evidencia que éste no es más una repartición de cuotas partidistas en el sentido más prosaico del quehacer político?
Estas son apenas algunas de las cuestiones que giran en torno a la legitimidad de las cortes constitucionales y que rebasan por mucho la premisa de que el fundamento de ésta se encuentra en sus argumentos. En otras palabras: la idea de que la legitimidad de un tribunal constitucional reside en su hilo argumentativo es correcta pero demasiado chata: deja un significativo número de interrogantes sin contestar. La construcción de la legitimidad de este tipo de instituciones en sociedades tan complejas como las actuales, exige estudiar un interesante abanico de temas relacionados con la transparencia, el proceso de designación de los jueces constitucionales, su agenda de asuntos a resolver, el procedimiento de decisión, el papel de la sociedad civil frente al desempeño de una corte constitucional e, inclusive, aspectos simbólicos relacionados con la vestimenta de los jueces y el diseño arquitectónico de los edificios sede de los tribunales constitucionales. Ahí, en este conjunto de aspectos y, sobre todo, en la manera en que se trencen entre sí, se encuentra el sustrato de la legitimidad de la justicia constitucional.
En efecto: otro aspecto que frecuentemente se olvida al momento de abordar la cuestión de cómo se legitiman estos tribunales, es que ésta es una tarea enteramente estratégica –inclusive al grado de que en ocasiones los jueces constitucionales llegan a utilizar la legitimidad como carta frente a sus colegas al momento de persuadir o presionar para que voten en un determinado sentido un caso (Farganis, 2009; Dworkin, 2012).
No existe una fórmula o ruta inequívoca para que una corte se legitime frente a la sociedad y el resto de los poderes de un Estado. Existen ingredientes o aspectos que hay que considerar, justo como los que acabamos de señalar líneas arribas y que a continuación desarrollaremos con mayor detalle; sin embargo, la manera como estos sean aplicados o aprovechados depende de la habilidad de cada tribunal para entender su circunstancia. Y, a partir de ésta, hilvanar una serie de políticas judiciales encaminadas a fortalecer su legitimidad.
¿Cómo lograr, entonces, que el mensaje clave de cada sentencia importante se inserte en la opinión pública de manera adecuada? ¿Qué temas deben integrar una agenda que responda a las demandas de la sociedad? Son, entre otras, preguntas clave cuyo tino de sus respuestas depende del olfato que tenga cada tribunal para detectar los márgenes de acción que su contexto social, político e histórico le ofrece y exprimirlos al máximo en su beneficio. Es, por ello, que el tema de la legitimidad traza con nitidez el carácter político de los tribunales constitucionales: el éxito que tengan en este rubro depende de las decisiones que de manera reflexiva adopten al respecto.
Las siguientes líneas, en este sentido, lo que buscan es plantear una serie de aspectos que, por lo menos, hay que considerar al momento de asumir el reto de legitimar a un tribunal constitucional. La lista no es exhaustiva, pero sí analiza algunos de los elementos más relevantes. Sobre todo, la idea es aprovecharlos para realizar una primera evaluación del desempeño de la Suprema Corte de Justicia mexicana en esta importantísima tarea: construir su legitimidad. Es decir, en última instancia, el objetivo es presentar algunos de los puntos clave de la discusión sobre el tema y relacionarlos con la circunstancia por la que atraviesa la corte constitucional de México.
Aquí el resto del texto: “La Suprema Corte mexicana y la construcción de su legitimidad” en Revista Juez. Cuadernos de investigación, No. 4, 2016, Tirant lo Blanch, pp. 51-88.
Saúl López Noriega. Profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE.

References: artículo 2
 artículo 1
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