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Timestamp: 2018-08-21 15:23:58+00:00

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﻿ SENTENCIA 2011-00610/2197-2015 DE OCTUBRE 12 DE 2016
SENTENCIA 2011-00610 DE 12 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:NO PUEDE EVADIRSE EL PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY 550 DE 1999, EN TANTO LAS OBLIGACIONES PREEXISTENTES A LA NEGOCIACIÓN DEL ACUERDO DE RESTRUCTURACIÓN DEBERÁN SER RECONOCIDAS, PESE A SER SOMETIDAS A REBAJAS, DISMINUCIÓN DE INTERESES, Y CONCESIÓN DE PLAZOS O PRORROGAS, SIN QUE EL DEUDOR INSOLVENTE EVADA O SE EXIMA DE OBLIGACIONES LABORALES. LOS CRÉDITOS LABORALES EN CASO DE INSOLVENCIA POR PARTE DEL EMPLEADOR, NO PUEDEN SER DESCONOCIDOS O CERCENADOS POR LA ADMINISTRACIÓN CON OCASIÓN DE CRISIS ECONÓMICAS QUE DEBA ENFRENTAR. LOS ACUERDOS DE RESTRUCTURACIÓN DEBEN VALORAR ADECUADAMENTE EL CONJUNTO DE LAS DEUDAS, LOS DERECHOS DE LOS ACREEDORES Y SOBRE LA BASE DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, INCUMPLIMIENTO EN EL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN, PASIVOS LABORALES, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES, REESTRUCTURACIÓN DEL PASIVO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL, PAGO DE PASIVOS LABORALES, ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA, RECONOCIMIENTOS DE LOS PASIVOS LABORALES, INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE PASIVOS LABORALES
Sentencia 2011-00610 de octubre 12 de 2016
Bogotá, D.C., 12 de octubre de 2016.
Rad.: 08001 23 31 000 2011 00610 01
Interno: 2197-2015
Demandante: Dalis Esther Ruiz Mejía
Demandado: Municipio de Soledad (Atlántico)
Asunto: Sanción moratoria. Acuerdo de reestructuración no implica desconocer obligaciones laborales preexistentes
Fallo de segunda instancia – Decreto 01 de 1984
De acuerdo con los motivos de oposición expuestos por las partes contra la sentencia de primera instancia, le corresponde a la Sala determinar en el presente caso, a partir de qué momento se predica la exigibilidad y el límite final de la sanción por mora dentro del régimen de liquidación anualizado de cesantías.
Establecido lo anterior, la Sala deberá analizar como problema jurídico asociado, si la entidad demandada puede eximirse del pago de la sanción moratoria, en virtud de que la actora no hizo parte en el acuerdo de restructuración.
Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará el análisis de los siguientes aspectos: (i) Del régimen de liquidación del auxilio de cesantías anualizado en el sector público y la sanción por mora; (ii) Del límite final de la sanción moratoria producto del incumplimiento en el pago de las cesantías anualizadas; (iii) antecedentes jurisprudenciales; De los acuerdos de reestructuración de pasivos de las entidades públicas y pago de las acreencias laborales y (ii) del caso concreto.
Del régimen de liquidación del auxilio de cesantías anualizado en el sector público y la sanción por mora.
El régimen de liquidación, reconocimiento y pago anualizado del auxilio de cesantías está regulado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990(15), el cual consagró la obligación del empleador de realizar una liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente el 31 de diciembre de cada año, así como efectuar la consignación del valor correspondiente antes del 15 de febrero del año siguiente a la vigencia en que se causó la prestación en cuenta individual del trabajador, y la sanción de un día de salario por cada día de retardo en el evento en que incumpla el plazo señalado.
La Ley 344 de 1996 «Por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones»(16) en el artículo 13 amplió la liquidación anual del auxilio de cesantías a todas las personas que se vinculen a los órganos y entidades del Estado (ramas legislativa y ejecutiva)(17), a partir de su entrada en rigor, esto es, el 31 de diciembre de 1996. Dice la norma:
«(...) Artículo 13. Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente ley, las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:
a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;
b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo».
El Decreto 1582 de 1998(18) por medio del cual el presidente de la República reglamentó parcialmente el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 con relación a los servidores públicos del nivel territorial, extendió el régimen de liquidación de cesantías anualizado de la Ley 50 de 1990 para los servidores públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 y que se afiliaran a los fondos privados administradores de cesantías, a saber:
«ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
PAR.—Cuando los servidores públicos del nivel territorial con régimen de retroactividad se afilien al Fondo Nacional de Ahorro, los aportes al mismo se realizarán por la respectiva entidad en la forma prevista en el artículo 6º de la Ley 432 de 1998». (Negrillas y subrayas fuera del texto original).
En este orden de ideas, el régimen de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a través de los llamados fondos de cesantías creados por la Ley 50 de 1990, contiene los siguientes elementos esenciales: i) la liquidación anual definitiva del auxilio de cesantías por la anualidad o la fracción correspondiente y la entrega al empleado de un certificado sobre su cuantía(19); ii) el reconocimiento y pago por parte del empleador de intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción; iii) la consignación del valor correspondiente en el fondo de cesantías elegido por el empleado; iv) los pagos de la sumas abonadas al retiro del servicio y durante la vigencia de la relación laboral para financiar los pagos en entidades de educación superior reconocidas por el Estado y en los demás eventos establecidos en la ley(20); v) la sanción por la consignación tardía a razón de un día de salario por cada día de retardo.
A su vez, la Sala debe señalar que la sanción moratoria por disposición legal se hace exigible a partir del momento en que el empleador incumple el deber de consignar el valor correspondiente a la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente (sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo), en cuenta individual del trabajador dentro del plazo legal (antes del 15 de febrero del año siguiente a aquél en que se causó la prestación).
Así las cosas, no es posible establecer la exigibilidad de la obligación a partir de la terminación de la relación laboral, por cuanto allí se genera el deber de reconocimiento o pago de las cesantías definitivas o la porción debida, cuyo incumplimiento deviene en la sanción moratoria prevista en las Leyes 244 de 1995(21) y la Ley 1071 de 2006(22), pero que se configura por el incumplimiento del término para el reconocimiento de las cesantías o el pago que se hiciere de manera tardía directamente al empleado afiliado, cuando solicita su retiro parcial o definitivo y no por la omisión en la consignación en la entidad privada administradora del derecho prestacional.
Por otro lado, no se puede predicar la exigibilidad al momento en que el empleado público advierte que no dispone de sus cesantías al solicitar retiros parciales, puesto que de conformidad con el literal b) del artículo 31 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero(23) y las instrucciones impartidas al efecto por la Superintendencia Financiera(24), las sociedades administradoras de fondos cesantías están en la obligación de remitir periódicamente (por lo menos semestralmente) a sus afiliados extractos de sus cuentas individuales, e igualmente, quienes en cualquier momento, durante el período del extracto, hayan tenido el carácter de afiliados.
Del límite final de la sanción moratoria producto de incumplimiento en el pago de las cesantías anualizadas.
Las disposiciones que regula el sistema especial del auxilio de cesantía prevén que el empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo; por lo tanto, la misma se causa hasta el momento en que la entidad cumple el deber legal de consignar la prestación social o se produzca su pago efectivo, ya sea porque el servidor público requiera un retiro parcial, siempre que se cumplan determinados requisitos para su reconocimiento relacionados con educación, mejoramiento o compra de vivienda; o con ocasión de la terminación del vínculo laboral.
A partir de allí, el deber del empleador ya no consiste en efectuar abonos parciales en el fondo administrador elegido por el servidor público, habida consideración que la obligación que se origina para aquél es la concerniente a la liquidación, reconocimiento y pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos dentro de los 15 días siguientes a la solicitud del interesado, para lo cual deberá expedir la resolución correspondiente y tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles a partir de la fecha en que adquiera firmeza el acto de reconocimiento (Ley 244 de 1995 modificada y adicionada por la Ley 1071 de 2006).
Antecedentes jurisprudenciales.
La Sección Segunda de esta corporación mediante la sentencia de 25 de agosto de 2016,(25) también unificó los diversos criterios jurisprudenciales existentes en relación con la sanción que contempla el régimen anualizado, en aras de proteger al empleado cesante afectado con el incumplimiento de la entidad pública morosa. En suma, la providencia unificó los siguientes aspectos:
— La sanción moratoria se causa a partir del incumplimiento del término legal para la consignación anualizada del auxilio de cesantías, al considerar los siguientes aspectos: i) el empleador debe entregar al trabajador un certificado sobre la cuantía de la liquidación realizada con corte a 31 de diciembre de cada año, y además, los fondos administradores de cesantías están en la obligación de informar al afiliado los saldos de su cuenta individual; y ii) la posición jurisprudencial(26) que sostenía la exigibilidad a partir de la terminación del vínculo laboral imponía al empleador una carga adicional, en tanto el empleado podía reclamar porciones afectadas por el fenómeno extintivo de la prescripción.
— El salario que se tendrá como base para su liquidación es aquél que devengue el empleado al momento en que surge el incumplimiento y en el evento en que se produzca acumulación de periodos anuales de cesantías debidas, corre una única sanción hasta la fecha en que se haga efectivo el pago de la prestación o el retiro del servicio, caso en el que la indemnización moratoria deberá liquidarse con el salario correspondiente a la última anualidad causada.
De los acuerdos de reestructuración de pasivos de las entidades públicas y pago de las acreencias laborales.
El artículo 334 de la Constitución Política(27), establece que la dirección general de la economía está a cargo del Estado, para la cual interviene en las actividades financiera, bursátil, aseguradora(28), entre otras, con el fin de amortiguar la variación de los períodos económicos y garantizar la administración adecuada de los recursos puestos a su disposición y materializar los fines esenciales del Estado social de derecho consagrados en el artículo 2º de la Norma Superior.
Con fundamento en los mandatos constitucionales en cita, se expidió la Ley 550 de 1999(29), cuyo objetivo en el sector público se concretó en establecer un régimen para la reestructuración de las obligaciones a cargo de los entes territoriales en un escenario de desarrollo armónico de las regiones.
En ese orden de ideas, el Título V previó que las disposiciones relativas a los acuerdos de reestructuración son aplicables a las entidades territoriales, teniendo en cuenta su naturaleza y características especiales e igualmente, contempló el orden de prioridad para los gastos corrientes con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la administración municipal.(30)
Con relación a los derechos de los acreedores, la Corte Constitucional en Sentencia C-586 de 2001(31), fue enfática en señalar que el procedimiento previsto para este mecanismo extrajudicial constituye una solución en estados de insolvencia o iliquidez y, al mismo tiempo, permite atender los compromisos financieros, sin que ello conlleve al desconocimiento de los derechos de los acreedores, que en modo alguno pierden la garantía de lograr la satisfacción total de su crédito, lo cual no es óbice para que la ejecución singular de las obligaciones sea reemplazada por una colectiva en aras de solucionar todos sus pasivos de manera ordenada y dándole preeminencia, en primer lugar, al rescate de la empresa o la entidad territorial, en tanto ello sea posible.
Así mismo, el Consejo de Estado en la reciente sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016(32), precisó que si bien los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550 de 1999 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que pese a intervenir en ella, no la aprueben; de manera que las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo y en todo caso, conforme a la Constitución Política y la ley.
En el caso de la sanción moratoria, la Sección Segunda de esta corporación específicamente señaló que no puede ser desconocido su reconocimiento y pago de conformidad con lo establecido en el numeral 8º del artículo 34 de la Ley 550 de 1999(33), en tanto las obligaciones preexistentes a la celebración del acuerdo deberán ser atendidas, pese a ser sometidas a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, sin que se permita que al deudor insolvente desatender o peor aún, discrecionalmente eximirse de ellas. Lo anterior, conllevaría a una posición dominante que no se compadece con la figura de saneamiento económico que contiene la citada disposición normativa, en tanto permite la celebración de acuerdos que tengan como objeto suspender y no desconocer las prerrogativas laborales a las cuales tiene derecho el empleado.
Finalmente, señaló con fundamento en normas internacionales de trabajo(34), que los créditos laborales en caso de insolvencia por parte del empleador, no pueden ser desconocidos ni cercenados por la administración, con ocasión de las crisis económicas que deba afrontar, puesto que la ley propendía por la celebración de un acuerdo de reestructuración que permitiera valorar adecuadamente el conjunto de las deudas, los derechos de los acreedores y sobre la base de los compromisos adquiridos, establecer una solución real al problema que se basaba en la insuficiencia de recursos para atender simultáneamente todas y cada una de las obligaciones adquiridas.
En ese orden de ideas, el acuerdo económico y jurídico de reestructuración no puede quebrantar las disposiciones legales de las cuales se derive una sanción económica con ocasión del incumplimiento del empleador del deber de consignar las cesantías de manera oportuna, máxime cuando la facilitación del acuerdo dependerá de la definición de la cuantía y las condiciones de la totalidad de las acreencias de la entidad pública en estado de insolvencia.
Del análisis del caso concreto.
En el sub judice, el a quo declaró la nulidad del acto administrativo demandado frente a la negativa de la petición elevada por la demandante, seguidamente, declaró no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada; y a título de restablecimiento, condenó al Municipio de Soledad al reconocimiento y pago a favor de la actora, de la «sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990».
En criterio de la parte actora, el Municipio de Soledad debe ser condenado al reconocimiento de la sanción por mora, el cual deberá ordenarse desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 21 de diciembre de 2012, por ser la fecha de consignación de las cesantías de la demandante.
Por su parte, la entidad accionada manifiesta que en el caso concreto no debe aplicarse el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sino el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009, por lo que la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente a la fecha establecida para el cumplimiento de la obligación legal y; por otro lado, indicó la imposibilidad de cancelar la sanción por mora, al no presentar la acreencia en el Acuerdo de Reestructuración de Pasivos de la entidad accionada.
Al respecto, la Sala debe señalar en primer lugar, que el artículo 88 de la Ley 1328 de 2009 «Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones»(35), cuya aplicación pretende la entidad demandada no es aplicable en el caso que se analiza, toda vez que la ley aludida no regula aspectos de índole laboral, que de manera específica se encuentran reguladas en la Ley 344 de 1996 reglamentada parcialmente por el Decreto 1582 de 1998 y los artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990.
La disposición normativa en cita, está encaminada a prever normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores, entre otros; y a pesar de que el artículo 88 invocado se refiere a los intereses con cargo a la Nación y entidades públicas de cualquier orden, los mismos son los que se derivan de aspectos de carácter financiero regidos por esa disposición legal, que no pueden extenderse en materia laboral conforme el principio de unidad de materia de la ley.
Establecido lo anterior, la Sala procederá a establecer si los hechos aducidos en los recursos de alzada interpuestos por la partes, se encuentran demostrados a través de los medios probatorios allegados en primera instancia.
En el caso concreto se encuentra acreditado y no es objeto de debate que la actora ingresó a laborar con el Municipio de Soledad el 5 de enero de 2007(36), razón por la cual, en su calidad de servidora pública del nivel territorial, vinculada con posterioridad al 31 de diciembre de 1996, cuya afiliación se efectuó a un fondo privado de cesantías(37), por lo que no hay duda de que su régimen de liquidación del auxilio de cesantías por disposición legal es el anualizado.
Por otro lado, en lo correspondiente a la consignación del auxilio de cesantías para las anualidades objeto de la litis, el secretario de talento humano(38), certificó a través del Oficio Nº STH-00989 de 4 de noviembre de 2014, lo siguiente:
«(...) el pago de cesantías correspondientes a los años 2007 y 2008, le fueron consignadas a Colfondos S.A., pago de acreencias de Acuerdo de Restructuración de Pasivos del Municipio de Soledad, mediante Resolución 00701 de fecha 27 de diciembre de 2012, comprobante de egreso Nº 0512005962 de fecha 21 de diciembre de 2012, donde aparece en la casilla Nº 14 el nombre de la Sra. DALIS E. RUIZ MEJÍA, el valor de $ 3.266.861 (...)».(39)
En efecto, obra el comprobante de egreso 0512005962 de 21 de diciembre de 2012, a favor de Colfondos por concepto de «(...) PAGO DE ACREENCIAS DEL ACUERDO DE RESTRU DE PASIVOS DEL MUNICIPIO DE SOLEDAD (...) GRUPO CESANTÍAS FUNCIONARIOS RÉGIMEN DE ANUALIDAD COLFONDOS.»(40), por la suma de 375´565.418 y dentro de la planilla de reporte de afiliados del fondo administrador de cesantías se encuentra discriminado el valor correspondiente a la demandante ($5.711.170), como lo señaló la entidad accionada.
De lo anterior, se establece que la consignación por concepto de cesantías realizada por el Municipio de Soledad comprende las vigencias que son objeto de la presente litis (2007 a 2008). En consecuencia, la Sala analizará el momento a partir del cual se hizo exigible y hasta cuándo se causó la sanción por mora en el caso concreto, según lo expuesto en acápites precedentes.
Como viene expuesto, la administración municipal tenía plazo para consignar el auxilio de cesantías causado por la fracción correspondiente del año 2007, hasta el 14 de febrero de 2008, razón por la cual a partir del día siguiente (15 de febrero de 2008), la obligación se hizo exigible y se causó por la siguiente anualidad (2007) hasta el momento en que finalizó cumplió la obligación legal, esto es, el 21 de diciembre de 2012. Lo anterior, se desarrollará a través del siguiente esquema sinóptico:
Como se observa, en el sub júdice se causó un período de mora de manera continua desde el incumplimiento del deber de consignación el valor correspondiente a la vigencia fiscal de 2007 y 2008 hasta la satisfacción de la obligación el 21 de diciembre de 2012. En tal virtud, la Sala concluye que en el caso concreto se debe condenar al Municipio de Soledad al reconocimiento y pago de la sanción por mora desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 21 de diciembre de 2012.
Igualmente, el Municipio de Soledad manifiesta en el recurso de alzada que se encuentra inmerso dentro del Acuerdo de Reestructuración de Pasivos para el pago de las acreencias, de conformidad con lo establecido en la Ley 550 de 1999.
Al respecto, si bien es cierto que los acuerdos de reestructuración celebrados en los términos previstos en la Ley 550 son de obligatorio cumplimiento para el empresario y para todos los acreedores, incluyendo a quienes no hayan participado en la negociación o que, habiéndolo hecho, no hayan consentido en ella (art. 34 L. 550/99).
A pesar que no existe prueba de haber presentado la reclamación dentro de las reuniones de determinación de votos y acreencias, no por ello se puede desconocer una obligación preexistente de la entidad territorial al celebrar un acuerdo de reestructuración, bajo el rigor de la Ley 550 de 1990, máxime cuando se pudo evidenciar que la demandante era acreedora interna del Municipio de Soledad y en consecuencia, le fueron consignadas las cesantías adeudadas el 21 de diciembre de 2012.
De acuerdo con lo expuesto, la Sala confirmará parcialmente la sentencia proferida el 20 de marzo de 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, subsección de descongestión, salvo el inciso primero del numeral tercero de la parte resolutiva, como se expone a continuación:
— El numeral tercero, inciso primero resolutivo, condenó al Municipio de Soledad a reconocer y pagar a favor de la señora Dalis Esther Ruiz Mejía, la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, sin establecer el periodo para el cual procede su reconocimiento. En ese orden, deberá modificarse en el sentido de que a título de restablecimiento, se condenará al Municipio de Soledad al pago de un día de salario por cada día de retardo, desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 21 de diciembre de 2012, según lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia proferida el 20 de marzo 2015 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, subsección de descongestión, que accedió a las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Dalis Esther Ruiz Mejía contra el Municipio de Soledad, con excepción del numeral tercero de la parte resolutiva, el cual se modifica en el primer inciso, y en su lugar, se dispone:
«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho, condenar al Municipio de Soledad al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990, a razón de un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2008 hasta el 21 de diciembre de 2012, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.»
2. Por Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para lo de su competencia.
3. RECONOCER personería a la abogada Mirna Wilches Navarro, identificada con C.C. Nº 22.476.798 de Barranquilla (Atlántico) y T.P. Nº 101.849 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la parte demandada, en los términos y para los efectos conferidos en el poder obrante a folio 301 del expediente.
15 «Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones», en los siguientes términos:
«Artículo 99.—El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:
1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.
2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.
3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que él mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. (...)».
16 Publicada en el Diario Oficial Nº 42.951 de 31 de diciembre de 1996.
17 Excepto el personal uniformado de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.
18 «Por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia».
19 Artículo 104 de la Ley 50 de 1990.
20 Artículo 102 de la Ley 50 de 1990
21 “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
22 “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan términos para su cancelación”.
23 Decreto 663 de 1993. “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”.
Artículo 31. Obligaciones de las sociedades administradoras de fondos de cesantía. Las sociedades administradoras de fondos de cesantía tendrán, entre otras, las siguientes obligaciones: (...).
b. Enviar periódicamente extractos de cuenta de los movimientos de los fondos, con arreglo a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia Bancaria; (...)”.
24 Circular Externa 043 de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia. título cuarto “Entidades administradoras de pensiones y cesantías”. Capítulo tercero “Disposiciones relacionadas con las sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías”, numeral 2.1, literal a), sub numeral 10).
25 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia de unificación de 25 de agosto de 2016. Rad. 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero.
26 Ver entre otras: i) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de mayo de 2009. Expediente 2070-07, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve; ii) De la Subsección A, sentencia de 15 de septiembre de 2011, C.P. Dr. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 2005-09; iii) De la Subsección B, sentencia de 9 de mayo de 2013, C.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve, Rad: 1219-2012; iv) De la Subsección A, sentencia de 20 de noviembre de 2014, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón, Rad. 3404-13; v) De la Subsección A, sentencia de 22 de enero de 2015, C.P. Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Rad. 2924-2013.
27 Artículo 334. Modificado por el art. 1º, Acto Legislativo 003 de 2011. La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir en el plano nacional y territorial, en un marco de sostenibilidad fiscal, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano. Dicho marco de sostenibilidad fiscal deberá fungir como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estado social de derecho. En cualquier caso el gasto público social será prioritario.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar, de manera progresiva, que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones. (...).
28 “Artículo 335 Constitución Política. Las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación a las que se refiere el literal d) del numeral 19 del artículo 150 son de interés público y sólo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme a la ley, la cual regulará la forma de intervención del Gobierno en estas materias y promoverá la democratización del crédito”.
29 “por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”.
30 “Artículo 58.—Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales. Las disposiciones sobre acuerdos de reestructuración e instrumentos de intervención a que hace referencia esta ley serán igualmente aplicables a las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades, de conformidad con las siguientes reglas especiales:
7. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad territorial, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el mismo acuerdo:
a) Mesadas pensionales;
b) Servicios personales;
c) Transferencias de nómina;
d) Gastos generales;
e) Otras transferencias;
f) Intereses de deuda;
g) Amortizaciones de deuda;
h) Financiación del déficit de vigencias anteriores;
i) Inversión”.
31 A través de la cual resolvió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999. M.P. Dr. Álvaro Tafur Galvis.
32 Ib. 20.
33 «Artículo 34. (...)
8. Todas las obligaciones se atenderán con sujeción a lo dispuesto en el acuerdo, y quedarán sujetas a lo que se establezca en él en cuanto a rebajas, disminución de intereses y concesión de plazos o prórrogas, aun sin el voto favorable del respectivo acreedor, salvo las excepciones expresamente previstas en esta ley en relación con las obligaciones contraídas con trabajadores, pensionados, la DIAN, los titulares de otras acreencias fiscales o las entidades de seguridad social”.
34 Al respecto, la Sección Segunda citó: El Convenio C-173 de 1972 de la Organización Internacional del Trabajo, en el que la Conferencia General de la OIT subrayó la importancia de la protección de los créditos laborales en estos casos, y consagró en la Parte II, “DE LA PROTECCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES POR MEDIO DE UN PRIVILEGIO”, las obligaciones que deben protegerse en casos de insolvencia del empleador.
35 “Artículo 88.—Intereses con cargo a obligaciones de la Nación. En todos los eventos en los que la Nación o las entidades públicas, de cualquier orden, deban cancelar intereses por mora causados por obligaciones a su cargo, la indemnización de perjuicios o la sanción por mora no podrá exceder el doble del interés bancario corriente vigente al momento de la fecha establecida legalmente para realizar el pago.
De igual forma, toda suma que se cobre a la Nación o a las entidades públicas como sanción por el simple retardo o incumplimiento del plazo de una obligación dineraria adeudada en virtud de un mandato legal se tendrá como interés de mora, cualquiera sea su denominación”.
36 Según se observa en las certificación expedidas por el secretario de talento humano de la alcaldía municipal de Soledad de 4 de noviembre de 2014 (fl. 145).
37 Certificación expedida por Colfondos, visible a folio 140 del expediente.
38 Folio 145 del expediente.
39 Ibidem 50.
40 Fl. 146 del expediente.

References: ARTÍCULO 34
 artículo 99
 artículo 13
 Artículo 13
 artículo 13
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 31
 resolución 
 artículo 334
 artículo 2
 artículo 34
 artículo 99
 artículo 99
 artículo 88
 artículo 88
 artículo 88
 Resolución 
 artículo 99
 Artículo 104
 Artículo 102

Artículo 31
 Artículo 334
 artículo 150