Source: https://www.scribd.com/doc/117245492/Propuestas-Codigo-Civil
Timestamp: 2017-01-22 13:14:24+00:00

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BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksArticlesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinPropuestas del diputado nacional Pablo G.Tonelli para el nuevo Código Civil y Comercial
El diputado nacional Pablo G. Tonelli integra la "Comisión Bicameral para la reforma, actualización y unificación de los códigos Civil y Comercial de la Nación" en representación del PRO. En ese carácter ha propuesto importantes modificaciones al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y a consideración del Congreso. Mientras se prepara un texto más exhaustivo con todas las modificaciones propuestas y su fundamentación doctrinaria, el presente documento pone a consideración los cambios que el autor considera más importantes para la discusión pública. Como se verá a lo largo de este documento, las modificaciones más importantes propuestas por el bloque PRO apuntan a defender y proteger la libertad, la familia y la propiedad privada.
1. Artículo 14. Este artículo consagra la existencia de los derechos de incidencia colectiva pero no los define, lo cual abre la puerta a posibles abusos y arbitrariedades. El artículo propone limitar el ejercicio de los derechos individuales cuando un ejercicio abusivo de ellos pueda "afectar al ambiente y a los derechos de incidencia colectiva en general". La fórmula es vaga e imprecisa, sobre todo porque los "derechos de incidencia colectiva" no están definidos en el proyecto, lo que podría dar lugar a interpretaciones diversas y, en definitiva, peligrosas para el efectivo goce y ejercicio de los derechos individuales. Por eso sugerimos modificar este artículo y volver a la fórmula, probada y más precisa, del actual artículo 1071 del Código Civil.1
“ARTICULO 1071.- El ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.”
2. Artículo 19. Este artículo regula el comienzo de la existencia de la persona humana haciendo una distinción y diferenciación entre el embrión concebido en el seno materno y el embrión concebido artificialmente pero no implantado. A este último el artículo no le asigna la condición de persona humana, lo cual es de muy dudosa legalidad por la desigualdad que implica. Además, parece contradecir tratados internacionales de Derechos Humanos que gozan de jerarquía constitucional, de acuerdo con los cuales se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, sin aclaraciones ulteriores. Si bien es cierto que existe controversia sobre la naturaleza de los embriones humanos no implantados, creemos que debió prevalecer el principio "pro homine". En definitiva, esta doble categoría para considerar el comienzo de la persona humana es inadmisible y es dudoso que pueda sortear exitosamente un test de constitucionalidad. La Convención Americana de Derechos Humanos y los demás pactos concordantes no hacen distinciones al respecto, por lo cual es muy dudoso que el Código Civil pueda hacerlas. Sería más razonable y adecuado prever, sencillamente, que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción", sin agregados ni distinciones. 3. Artículo 240. Este artículo reitera que "el ejercicio de los derechos individuales … debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva" (ver punto 1 de este documento). Y agrega que ese mismo ejercicio debe "conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros, según los criterios previstos en la ley especial". Como se aprecia, se trata de muchos límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes y, para peor, demasiado imprecisos, como los referidos a "los valores culturales" o "el paisaje" y hasta "otros". Además, la "ley especial" aún no existe, porque no ha sido sancionada, lo que agrega incertidumbre e imprecisión a las limitaciones a los derechos individuales. Consideramos necesario precisar y ajustar esos límites para que la propiedad privada cumpla la función social que corresponde sin riesgos de ser desnaturalizada o desconocida.
4. Artículo 431. Este artículo contempla los "derechos y deberes de los cónyuges", entre los cuales sólo ha previsto el compromiso de "desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación y el deber moral de fidelidad", con la única obligación de "prestarse asistencia recíproca". Eso y vaciar de contenido al matrimonio es lo mismo. Proponemos agregar los 2
deberes de convivencia y cohabitación como inherentes al matrimonio, de acuerdo con varios otros artículos del proyecto que sí los mencionan. El nuevo texto podría ser el siguiente: "Asistencia y deberes. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común, basado en la convivencia, la cooperación y los deberes de cohabitación y fidelidad. Deben prestarse asistencia recíproca." 5. Artículo 437. El proyecto consagra un sencillísimo trámite de divorcio para el que basta la voluntad de uno solo de los cónyuges. Tan fácil y carente de requisitos es que ha sido bautizado como "divorcio express". En atención a ello y a fin de evitar decisiones apresuradas en una materia tan trascendente proponemos agregar la exigencia de una mediación familiar previa al trámite judicial. Esta instancia puede ser particularmente importante durante los primeros años del matrimonio, durante los cuales los cónyuges pueden ser más propensos a los arrebatos y debería ser obligatoria, al menos, para divorcios que se promuevan durante los dos primeros años de matrimonio. 6. Artículo 442. Este artículo prevé la posibilidad de otorgar una "compensación económica" al cónyuge "a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación". Aquí proponemos agregar, entre las pautas a tener en cuenta para la fijación judicial de esa compensación económica, el cumplimiento de los deberes y la asistencia previstos en el artículo 431. De esa manera, tales deberes serían elevados a una categoría un poco más alta que la de meros "deberes morales". 7. Artículos 509 al 528. Proponemos eliminar la "unión convivencial", que es una situación a mitad de camino entre el matrimonio y la amistad, por carecer de fundamento adecuado y suficiente. Tanto en el régimen actualmente vigente como en el que lo sucederá en caso de aprobarse el proyecto de nuevo código es perfectamente posible casarse y divorciarse las veces que se quiera. Por lo tanto, la pareja que decide no contraer matrimonio no lo hace debido a un impedimento legal sino a la simple voluntad de no hacerlo y de eludir el régimen matrimonial. Es decir que hay que suponer que las parejas que inicien una vida en común sin contraer matrimonio lo hacen sustrayéndose consciente y deliberadamente de los derechos y obligaciones que impone el matrimonio. No parece entonces razonable y sí violatorio de la autonomía y de la libertad individual que quien voluntariamente decidió sustraerse al régimen legal del matrimonio luego pretenda beneficios o derechos como si se hubiera casado; o, visto desde otra perspectiva, que a quien tomó esa decisión de vivir libre de ataduras luego se le impongan deberes y obligaciones como si se hubiera sometido al régimen del matrimonio. 8. Artículo 560. Este artículo consagra las "reglas generales relativas a la filiación por técnicas de reproducción humana asistida". No nos parece adecuado regular en el Código Civil sobre el instituto de la fertilización asistida. Más bien parece peligroso porque la fertilización asistida requiere, ineludiblemente, de un marco regulatorio muy preciso que contemple todas 3
las variantes biotecnológicas que pueden emplearse y el necesario control estatal. Si se habilita la fertilización asistida sin proporcionarle, al mismo tiempo, ese marco regulatorio, coherente con los derechos humanos fundamentales, se corre el riesgo de habilitar prácticas sin control y que ocasionen perjuicios a largo plazo. Por otra parte, este artículo parecería consagrar una suerte de "derecho al hijo" en franca contradicción con lo expresado en los fundamentos del proyecto y que, en caso de ser reconocido como tal, debería modificar sustancialmente la concepción y regulación de la adopción. Este último instituto dejaría de tener como objeto exclusivo "proteger el derecho de los niños a vivir y desarrollarse en una familia" y pasaría a ser, además, un modo de satisfacer ese "derecho al hijo". 9. Artículo 562. Este artículo regula la "gestación por sustitución" o maternidad subrogada, que a nuestro juicio debería ser suprimida. 2 Entendemos que, en caso de aceptarse, esta práctica daría lugar a situaciones negativas; además, la norma proyectada contiene preceptos disparatados. Por ejemplo, ¿cómo es posible atender al interés superior, al que alude el proyecto, de un niño no gestado? Si los dos padres titulares de la "voluntad procreacional" no aportan sus gametos el niño sería hijo de un padre biológico ― a quien nunca conocerá ― y de otros dos padres "voluntarios". Dado que la madre gestante o sustituta debe haber tenido al menos un hijo propio, ¿cómo se le explicará a ese hijo que el nuevo hijo de su madre no será su hermano? La cuestión de la remuneración es prácticamente imposible de controlar y la práctica puede dar lugar a un comercio moralmente repudiable. Por último, la falta de la ley especial a la que hace referencia el artículo proyectado provoca aún más dudas acerca de multiplicidad de cuestiones muy difíciles de resolver. 10. Artículo 563. En la segunda parte de este artículo se contempla la posibilidad de la filiación post-mortem; o sea, la posibilidad de que una mujer se haga implantar un embrión concebido con un varón fallecido. Nos oponemos a esta posibilidad. La filiación post mortem sería fuente de más problemas que beneficios y no existe razón alguna que la justifique en términos jurídicos o morales. No parece adecuado condenar al futuro niño a
El texto completo es el siguiente. "Artículo 562: Gestación por sustitución. El consentimiento previo, informado y libre de todas las partes intervinientes en el proceso de gestación por sustitución debe ajustarse a lo previsto por este Código y la ley especial. La filiación queda establecida entre el niño nacido y el o los comitentes mediante la prueba del nacimiento, la identidad del o los comitentes y el consentimiento debidamente homologado por autoridad judicial. El juez debe homologar sólo si, además de los requisitos que prevea la ley especial, se acredita que: a) se ha tenido en miras el interés superior del niño que pueda nacer; b) la gestante tiene plena capacidad, buena salud física y psíquica; c) al menos uno de los comitentes ha aportado sus gametos; d) el o los comitentes poseen imposibilidad de concebir o de llevar un embarazo a término; e) la gestante no ha aportado sus gametos; f) la gestante no ha recibido retribución; g) la gestante no se ha sometido a un proceso de gestación por sustitución más de DOS (2) veces; h) la gestante ha dado a luz, al menos, UN (1) hijo propio. Los centros de salud no pueden proceder a la transferencia embrionaria en la gestante sin la autorización judicial. Si se carece de autorización judicial previa, la filiación se determina por las reglas de la filiación por naturaleza.
nacer huérfano de padre, situación que notoriamente contraría el "interés superior del niño" que el proyecto alega proteger. Como decíamos en el punto 8 de este documento, no parece conveniente regular en el Código Civil sobre el instituto de la fertilización asistida; entendemos que por su complejidad científica, legal y por las discusiones éticas que genera debería tener un marco regulatorio específico. 11. Artículo 564. Este artículo dispone que quien ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero sólo puede acceder a la identidad del donante "por razones debidamente fundadas" y mediante un trámite judicial. En caso de mantenerse en el proyecto la posibilidad de concepción mediante técnicas de fertilización asistida y contrariamente a lo que prevé este artículo, el acceso a la información referida a la identidad y datos médicos del donante debería ser libre y no condicionado a autorización o condición alguna, de lo contrario se provocaría una situación de notoria desigualdad con el resto de las personas humanas. 12. Artículo 583. Este artículo dispone que en caso de que un niño aparezca inscripto sólo con filiación materna el Ministerio Público "debe procurar la determinación de la paternidad y el reconocimiento del hijo por el presunto padre", lo cual parece propio de un régimen policial. Más aún cuando se agrega que se "debe instar a la madre a suministrar el nombre del presunto padre y toda información que contribuya a su individualización y paradero". Constituye un atentado a la libertad individual y a la autonomía de la voluntad, además de conceder al Estado facultades que invaden la esfera de privacidad de las personas. Dado que, para peor, carece de fin útil, debe ser eliminado del proyecto. 13. Artículo 621. Este artículo otorga al juez que decide una adopción la facultad de "mantener subsistente el vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia de origen en la adopción plena" y también la de "crear vínculo jurídico con uno o varios parientes de la familia del adoptante en la adopción simple". A nuestro modo de ver, no se comprende la utilidad práctica o jurídica de mantener artificialmente "vínculos jurídicos" entre el adoptado por adopción plena y su familia de origen; o de crearlos, también artificialmente, entre el adoptado y la familia del adoptante en el caso de la adopción simple. Se generaría una mezcla de relaciones familiares no sólo inconveniente sino, además, incomprensible. La pregunta que inmediatamente surge es ¿cuál es el "vínculo jurídico" al que se refiere este artículo? ¿Se trata de parentesco? ¿O acaso estamos inventando una nueva categoría de relaciones familiares? Proponemos eliminar esta posibilidad. 14. Artículo 659. Este artículo regula la obligación alimentaria de los padres respecto de los hijos y dentro de ella incluye la de atender los "gastos por enfermedad". Esta definición parece demasiado estrecha, dado que excluiría todos los gastos referidos a prevención de la salud, que son sumamente importantes y trascendentes. Entendemos que conviene ampliar el concepto. 5
15. Artículos 765 y 766. El Poder Ejecutivo modificó la redacción propuesta por la comisión redactora y propicia volver a la solución vigente antes de la ley 23.298 en lo concerniente a las obligaciones constituidas en moneda extranjera. En ese caso y de acuerdo con el texto del proyecto, el deudor podría liberarse "dando el equivalente en moneda de curso legal". La solución es restrictiva de la autonomía de la voluntad, que conserva su rango legal, y va a contramano de la práctica cada vez más globalizada de los negocios. La aprobación del texto propuesto por el Poder Ejecutivo conspiraría no solo contra la infinidad de contratos que diariamente se celebran, por razones muy justificadas, en diversas monedas distintas de la de "curso legal", sino también contra las habituales emisiones de títulos de deuda que regularmente hacen la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en monedas extranjeras a fin de colocarlas en el exterior. Por otra parte, hay que tener presente que un principio esencial de los negocios es que la ecuación prestación / contraprestación debe ser mantenida inalterada por constituir ley entre las partes. Propiciamos, en definitiva, volver a la redacción original propuesta por la comisión redactora del proyecto que respeta el régimen legal actualmente vigente. 16. Artículo 804. Este artículo contempla las denominadas "sanciones conminatorias", que son condenaciones de carácter pecuniario que se imponen a quien no cumple deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Sorprendentemente, el artículo excluye a las autoridades públicas de quienes estarían alcanzados por medidas de ese tipo, lo cual es paradojal si se tiene presente que el Estado es el primer incumplidor de sentencias judiciales. Por lo tanto, deberían redactarse normas que persuadan u obliguen al Estado a cumplir las sentencias judiciales y no que le faciliten hacer exactamente lo contrario, como en este caso. 17. Artículo 1398. La capitalización mensual de los intereses del saldo deudor de la cuenta corriente es un abuso que debe ser eliminado. El resultado de semejante forma de capitalizar intereses conduce a saldos que se multiplican geométricamente en perjuicio del deudor, sin que haya razón alguna para apartarse de la regla general prevista en el artículo 770 del proyecto, que proscribe el anatocismo. 18. Artículo 1753. En este artículo el proyecto crea una nueva categoría de personas por quienes debe responder quien contrata a terceros, que serían aquellas "de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones". Tal ampliación parece muy riesgosa porque en esa categoría se podría incluir no sólo a las personas en relación de dependencia que cumplen órdenes de su empleador y a quienes éste puede sancionar en caso de no hacerlo adecuadamente, sino también a aquellos trabajadores autónomos vinculados al locatario de servicios a través de un contrato sin relación de dependencia y que cumplen sus funciones de manera independiente, sin 6
sujeción de ningún tipo hacia quien los contrató. Tampoco tienen con él una relación jurídica o técnica, por lo que no debería poderse endilgarles responsabilidad a quienes se encarga un servicio sin potestad de organización, dirección y control del mismo, pues no está a su alcance disponer los medios para evitar que se causen daños en el cumplimiento de lo encomendado 19. Artículos 1764 a 1766. Estos artículos, tal como fueron redactados por el Poder Ejecutivo, excluyen al Estado y a los funcionarios del régimen de responsabilidad civil regulado en el nuevo código. Ello implicaría una enorme marcha atrás en materia de responsabilidad civil del Estado y los funcionarios y podría generar situaciones de absoluta irresponsabilidad que conviene evitar. Proponemos que se respete la redacción originaria de la comisión de juristas que redactó el proyecto y que se dejen de lado las modificaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.
20. Artículo 2068. Este novedoso artículo contempla la posibilidad de que en un edificio "cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente" existan sectores "con independencia económica, funcional o administrativa" que constituyan subconsorcios. Con el mismo objetivo de atender a situaciones que justifican un tratamiento diferenciado, proponemos la incorporación, también como novedad, de los "pequeños consorcios", a fin de regular de manera más sencilla, con menos órganos y con menores costos para los consorcistas, la vida de consorcios constituidos por pocas unidades funcionales. 21. Artículo 2562. Tal como está redactado este artículo del proyecto, la prescripción de las acciones del fisco para cobrar las deudas de los contribuyentes morosos se reduciría de los actuales 5 años a sólo 2 años. Semejante reducción es inconveniente y podría perjudicar gravemente la regular percepción de los tributos por parte tanto del Estado nacional como de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ello proponemos una modificación que deje bien en claro que la prescripción de este tipo de acciones se mantiene en 5 años.
Ley de sociedades y el proyecto de ley
22. Ley de Sociedades. Propiciamos que las sociedades puedan tener la opción de prever que una parte de los beneficios que obtienen no se reparta, sino que se emplee en fines de bien social (ayuda a personas necesitadas, a escuelas, a comedores escolares, a barrios carenciados, etc.) Se trata de las llamadas sociedades "B", que promueven la práctica de un capitalismo más humanizado. De acuerdo con el texto del proyecto, sólo se podrían constituir sociedades que distribuyan beneficios y pérdidas exclusivamente entre los socios. A fin de concretar la modificación se propone agregar un segundo párrafo al artículo 1° de la ley 19.550 de sociedades que estipule: "Parte de los beneficios puede ser destinada estatutariamente al cumplimiento de objetivos de bien común, a la atención de necesidades sociales o a satisfacer fines solidarios. Esta alternativa deberá reflejarse obligatoriamente en los estados contables de la sociedad. Los órganos sociales estarán imperativamente obligados a respetar y controlar el cabal cumplimiento de esta alternativa obligatoria". 23. No es razonable someter a control estatal permanente a las sociedades unipersonales, ya sea que se constituyan como sociedades anónimas (como propicia el proyecto) o como sociedades de responsabilidad limitada (como propiciamos agregar). Por lo tanto, no debería agregarse al artículo 299 de la ley 19.550 el inciso 7° propuesto en el punto 22 de las propuestas reformas a esa ley. 24. Artículo 7° del proyecto de ley. El plazo de ciento ochenta días para que el nuevo código entre en vigencia luce extremadamente exiguo. Sería conveniente extender ese plazo como mínimo al doble; es decir, a un año posterior a la publicación del código que se apruebe.
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References: Artículo 14
 artículo 1071
 Artículo 19
 Artículo 240
 Artículo 431
 Artículo 437
 Artículo 442
 artículo 431
 Artículo 560
 Artículo 562
 Artículo 563
 Artículo 564
 Artículo 583
 Artículo 621
 Artículo 659
 Artículo 804
 resolución 
 Artículo 1398
 artículo 770
 Artículo 1753
 Artículo 2068
 Artículo 2562
 artículo 1
 artículo 299
 Artículo 7