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Timestamp: 2019-10-15 14:23:15+00:00

Document:
﻿ LEY 877 DE 2004
LEY 877 DE 02 DE ENERO DE 2004
CONTENIDO:SE APRUEBA LA "CONVENCIÓN SOBRE SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO, HECHA EN NUEVA YORK EL 9 DE DICIEMBRE DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:ORGANISMOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL, DELITO
LEY 877 DE 2004
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994)”.
Visto el texto de la “Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado“, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice:
“Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
“Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
Profundamente preocupados por el creciente número de muertos y heridos como resultado de atentados deliberados contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado,
Teniendo presente que no puede justificarse ni aceptarse que el personal que actúa en nombre de las Naciones Unidas sea objeto de atentados o malos tratos de cualquier tipo quienquiera los cometa,
Reconociendo que las operaciones de las Naciones Unidas se realizan en interés de toda la comunidad internacional y de conformidad con los principios y los propósitos de las Naciones Unidas,
Reconociendo la importante contribución que el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado aportan a las actividades de las Naciones Unidas en las esferas de la diplomacia preventiva, el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la paz, y las operaciones humanitarias y de otro orden,
Conscientes de los acuerdos existentes para velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado, en particular de las medidas adoptadas por los órganos principales de las Naciones Unidas a ese respecto,
Reconociendo no obstante, que las medidas existentes para la protección del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado son insuficientes,
Reconociendo que la eficacia y la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas mejoran cuando esas operaciones se realizan con el consentimiento y la cooperación del Estado receptor,
Apelando a todos los Estados en que haya desplegado personal de las Naciones Unidas y personal asociado, y a todas las entidades cuya ayuda pueda necesitar ese personal, para que presten apoyo cabal con miras a facilitar la realización y el cumplimiento del mandato de las operaciones de las Naciones Unidas,
Convencidos, por ello, de la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir los atentados cometidos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y para castigar a quienes los hayan cometido,
a) Por “Personal de las Naciones Unidas“ se entenderá:
i) Las personas contratadas o desplegadas por el Secretario General de las Naciones Unidas como miembros de los componentes militares, de policía o civiles de una operación de las Naciones Unidas;
ii) Otros funcionarios y expertos en misión de las Naciones Unidas o sus organismos especializados o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se encuentren presentes, con carácter oficial, en una zona donde se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas;
b) Por “personal asociado“ se entenderá:
i) Las personas asignadas por un gobierno o por una organización intergubernamental con el acuerdo del órgano competente de las Naciones Unidas;
iii) Las personas desplegadas por un organismo u organización no gubernamental de carácter humanitario en virtud de un acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, con un organismo especializado o con el OIEA, para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas:
c) Por “operación de las Naciones Unidas“ se entenderá una operación establecida por el órgano competente de las Naciones Unidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y realizada bajo la autoridad y control de las Naciones Unidas:
i) Cuando la operación esté destinada a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, o
ii) Cuando el consejo de seguridad o la asamblea general haya declarado, a los efectos de la presente convención, que existe un riesgo excepcional para la seguridad del personal que participa en la operación;
d) Por “Estado receptor“ se entenderá un Estado en cuyo territorio se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas;
e) Por “Estado de tránsito“ se entenderá un Estado, distinto del Estado receptor, en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas y asociado o su equipo esté en tránsito o temporalmente presente en relación con una operación de las Naciones Unidas.
1. La presente convención se aplicará al personal de las Naciones Unidas y al personal asociado y a las operaciones de las Naciones Unidas, según se definen en el artículo 1º.
2. La presente convención no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el consejo de seguridad como medida coercitiva de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas, a las que se aplica el derecho relativo a los conflictos armados internacionales.
1. Los componentes militares y de policía de las operaciones de las Naciones Unidas, así como sus vehículos, embarcaciones y aeronaves, llevarán una identificación distintiva. El resto del personal y de los vehículos, las embarcaciones y las aeronaves que participen en la operación de las Naciones Unidas llevarán la debida identificación a menos que el Secretario General de las Naciones Unidas decida otra cosa.
2. Todo el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado portará los documentos de identificación correspondientes.
Acuerdos sobre el estatuto de la operación
El Estado receptor y las Naciones Unidas concluirán lo antes posible un acuerdo sobre el estatuto de la operación de las Naciones Unidas y de todo el personal que participa en la operación, el cual comprenderá, entre otras, disposiciones sobre las prerrogativas e inmunidades de los componentes militares y de policía de la operación.
El Estado de tránsito facilitará el tránsito sin obstáculos del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y de su equipo hacia el Estado receptor y desde este.
a) Respetará las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito, y
b) Se abstendrá de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones.
2. El secretario general tomará todas las medidas apropiadas para asegurar la observancia de estas obligaciones.
Obligación de velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
1. El personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, su equipo y sus locales no serán objeto de ataques ni de acción alguna que les impida cumplir su mandato.
2. Los Estados partes adoptarán todas las medidas apropiadas para velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. En particular, los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para proteger al personal de las Naciones Unidas y el personal asociado desplegado en su territorio contra los delitos enumerados en el artículo 9º.
3. Los Estados partes cooperarán con las Naciones Unidas y con los demás Estados partes, según proceda, en la aplicación de la presente convención, especialmente en los casos en que el Estado receptor no esté en condiciones de adoptar por sí mismo las medidas requeridas.
Obligación de poner en libertad o devolver al personal de las Naciones Unidas y al personal asociado capturado o detenido
Salvo que ello esté previsto de otra forma en un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas que sea aplicable, si el personal de las Naciones Unidas o el personal asociado es capturado o detenido en el curso del desempeño de sus funciones y se ha establecido su identidad, no será sometido a interrogatorio y será puesto en libertad de inmediato y devuelto a las Naciones Unidas o a otras autoridades pertinentes. Durante su detención o captura, dicho personal será tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los convenios de Ginebra de 1949.
1. La comisión intencional de:
a) Un homicidio, secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o el personal asociado;
b) Un ataque violento contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o del personal asociado, que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad;
c) Una amenaza de tal ataque con el objetivo de obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto;
e) Un acto que constituya la participación como cómplice en tal ataque o tentativa de ataque o que suponga organizar u ordenar a terceros la comisión de tal ataque, será considerado delito por cada Estado parte en su legislación nacional.
2. Los Estados partes sancionarán los delitos enumerados en el párrafo 1 con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad.
Establecimiento de jurisdicción
1. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9º en los casos siguientes:
3. Todo Estado parte que haya establecido la jurisdicción indicada en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. Si ese Estado parte deroga posteriormente tal jurisdicción lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas.
4. Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9º en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que ese Estado no conceda su extradición, conforme al artículo 15, a alguno de los Estados partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 o 2.
5. La presente convención no excluirá ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con la legislación nacional.
Prevención de los delitos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado
Los Estados partes cooperarán en la prevención de los delitos enumerados en el artículo 9º, en particular:
a) Adoptando todas las medidas factibles para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de esos delitos dentro o fuera de su territorio, y
b) Intercambiando información de acuerdo con su legislación nacional y coordinando la adopción de las medidas administrativas y de otra índole que sean procedentes para impedir que se cometan esos delitos.
1. En las condiciones previstas en su legislación nacional, el Estado parte en cuyo territorio se haya cometido uno de los delitos definidos en el artículo 9º, si tiene razones para creer que el presunto culpable ha huido de su territorio, deberá comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas y, directamente o por intermedio del secretario general, al Estado o Estados interesados, todos los datos pertinentes relativos al delito cometido y toda la información de que disponga sobre la identidad del presunto culpable.
2. Cuando se haya cometido uno de los delitos enumerados en el artículo 9º, todo Estado parte que disponga de información sobre la víctima y las circunstancias del delito se esforzará por comunicarla completa y rápidamente, en las condiciones establecidas por su legislación nacional, al secretario general de las Naciones Unidas y al Estado o los Estados interesados.
Medidas destinadas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición
1. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas pertinentes, previstas en su legislación nacional, para asegurar la presencia de esa persona a los efectos de su enjuiciamiento o extradición.
2. Las medidas tomadas de conformidad con el párrafo 1º serán notificadas de conformidad con la legislación nacional y sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y, directamente o por intermedio del secretario general:
b) Al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si este es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual esa persona;
c) Al Estado o los Estados de que sea nacional la víctima;
d) A los demás Estados interesados.
El Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, si no concede su extradición, someterá el caso, sin ninguna excepción y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento establecido en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de ese Estado.
Extradición de los presuntos culpables
1. Si los delitos enumerados en el artículo 9º no están enumerados entre los que dan lugar a extradición en un tratado de extradición vigente entre los Estados partes, se considerarán incluidos como tales en esa disposición. Los Estados partes se comprometen a incluir esos delitos, en todo tratado de extradición que concluyan entre sí, entre los que dan lugar a extradición.
2. Todo Estado parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro Estado parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a su discreción, considerar la presente convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la legislación del Estado requerido.
3. Los Estados partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legislación del Estado requerido.
4. A los efectos de la extradición entre Estados partes, se considerará que esos delitos se han cometido no solamente en el lugar donde se perpetraron, sino también en el territorio de los Estados partes a que se hace referencia en los párrafos 1 ó 2 del artículo 10.
1. Los Estados partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con los procedimientos penales relativos a los delitos enumerados en el artículo 9º, en particular asistencia para obtener todos los elementos de prueba de que dispongan que sean necesarios para tales actuaciones. En todos los casos se aplicará la legislación del Estado requerido.
2. Las disposiciones del párrafo 1º no afectarán a las obligaciones derivadas de cualquier otro tratado en lo relativo a la asistencia mutua en cuestiones penales.
1. Se garantizarán un trato justo, un juicio imparcial y plena protección de los derechos en todas las fases de las investigaciones o del procedimiento a las personas respecto de las cuales se estén realizando investigaciones o actuaciones en relación con cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 9º.
2. Todo presunto culpable tendrá derecho:
a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado o los Estados de que sea nacional o al que competa por otras razones la protección de sus derechos o, si esa persona es apátrida, del Estado que esa persona solicite y que esté dispuesto a proteger sus derechos, y
Notificación del resultado de las actuaciones
El Estado parte en el que se enjuicie a un presunto culpable comunicará el resultado final de las actuaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados partes.
Los Estados partes se comprometen a dar a la presente convención la difusión más amplia posible y, en particular, a incluir su estudio. Así como el de las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario, en sus programas de instrucción militar.
Nada de lo dispuesto en la presente convención afectará a:
a) La aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reconocidas de derechos humanos según figuran en instrumentos internacionales en relación con la protección de las operaciones de las Naciones Unidas y del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, ni a la responsabilidad de ese personal de respetar ese derecho y esas normas;
c) La obligación del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de actuar de conformidad con los términos del mandato de una operación de las Naciones Unidas;
d) El derecho de los Estados que voluntariamente aporten personal a una operación de las Naciones Unidas a retirar a su personal de la participación en esa operación, o
e) El derecho a recibir indemnización apropiada en el caso de defunción, discapacidad, lesión o enfermedad atribuible a los servicios de mantenimiento de la paz prestados por el personal voluntariamente aportado por los Estados a operaciones de las Naciones Unidas.
Nada de lo dispuesto en la presente convención será interpretado en forma que menoscabe el derecho a actuar en defensa propia.
1. Las controversias entre dos o más Estados partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la presente convención que no puedan resolverse mediante negociación serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud de un arbitraje las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la organización de este, cualquiera de ellas podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el estatuto de la Corte.
2. Todo Estado parte, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1. Los demás Estados partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1 o por la parte pertinente del mismo respecto de ningún Estado parte que haya formulado esa reserva.
3. Todo Estado parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas.
A petición de uno o más Estados partes, y si así lo aprueba una mayoría de los Estados partes, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una reunión de los Estados partes para examinar la aplicación de la Convención y cualesquiera problemas que pudiera plantear su aplicación.
La presente convención estará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1995, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
La presente convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Todos los Estados podrán adherirse a la presente convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
1. La presente convención entrará en vigor 30 días después de que se hayan depositado 22 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
2. Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la convención o se adhiera a esta después de depositados 22 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la convención entrará en vigor el trigésimo día después de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
1. Los Estados partes podrán denunciar la presente convención mediante una notificación escrita dirigida al secretario general.
El original de la presente convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará a todos los Estados copias certificadas de esos textos.
Hecha en Nueva York el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on the Safety of the United Nations and Associated personnel, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 december 1994, the original of Which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme de la convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l´Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, dont l´original est déposé auprés du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies.
New York, le 16 de janvier 1995
Bogotá, D.C., mayo 15 de 2001
ART. 1º—Apruébase la “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“ hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
ART. 2º—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1º de la Ley 7ª de 1944, la “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo.
Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia y del Derecho,
En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2º de la Constitución Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter a su consideración el Proyecto de Ley por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
El día 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por consenso, una “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“. Con este convenio concluía un proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional, realizado a un ritmo excepcional, lo que se explicaba por la imperiosa necesidad de proporcionar al personal de la ONU una mejor protección durante el desempeño de sus tareas, cada vez más numerosas, peligrosas y complejas.
La asamblea general reconoció, por lo demás, plenamente esa necesidad, declarándose “gravemente preocupada por el número cada vez mayor de ataques contra el personal de las Naciones Unidas y personal asociado que han causado muertes o heridas graves“ y “reconociendo la necesidad de fortalecer y de mantener en examen los arreglos para la protección“ de ese personal (1) .
(1) Preámbulo de la Resolución 49/59, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1994. La resolución lleva un anexo con el texto de la convención.
La “Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado“ (en adelante, la convención) se inscribe evidentemente en un contexto caracterizado por el considerable aumento del número y la envergadura de las operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz.
A pesar de que la ONU ha tenido que deplorar, desde sus primeros años de existencia, la pérdida de colaboradores suyos que participaban en misiones peligrosas, las amenazas con las que se ha visto a veces confrontado su personal no han obstaculizado demasiado la acción de la organización.
Desde comienzos de los años noventa, la situación ha cambiado radicalmente al respecto, ya que se han multiplicado los ataques contra la integridad e incluso la vida del personal contratado por la ONU. Si en el pasado los ataques solían ser accidentales, actualmente se ataca intencionadamente al personal de la ONU con el único propósito de paralizar el funcionamiento de la operación en la que participa.
Ese aumento del número de víctimas se debe a numerosos factores, entre los que cabe citar, en particular, el hecho de que la ONU tiene que intervenir, cada vez con mayor frecuencia, en el manejo de conflictos internos o en contextos en los que ha desaparecido toda autoridad.
La ONU comprendió pronto la necesidad de tomar medidas para mejorar la seguridad de su personal. Por ello, ya en 1992, el secretario general consideraba indispensable “(...) proteger debidamente a los funcionarios de las Naciones Unidas en circunstancias en que sus vidas corren peligro (...)“ (2) .
(2) Boutros Ghali, Un programa de paz, Doc. A/47/277, 17 de junio de 1992, párrafo 68.
La comunidad internacional en su conjunto y los Estados que participan con regularidad en las operaciones de mantenimiento de la paz, en particular, no tardaron en responder a las cuestiones planteadas por el Secretario General de la ONU. Así pues, en una declaración leída por su presidente el día 31 de mayo de 1993, el consejo de seguridad calificaba de inadmisibles los ataques perpetrados contra el personal de la ONU y exigía que los Estados reaccionasen sin demora para enjuiciar y condenar a los autores de tales actos.
El 27 de agosto de 1993, el secretario general presentó al consejo de seguridad un informe sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas. Se señalaban en él diversos enfoques que podrían mejorarla. El secretario general, al referirse a 1a posibilidad de elaborar una nueva convención relativa exclusivamente a la protección del personal de la ONU, indicaba que dicho instrumento debería “codificar y seguir desarrollando el derecho internacional consuetudinario reflejado en la práctica reciente de las Naciones Unidas y de los Estados miembros y debería refundir en un solo documento el conjunto de principios y obligaciones contenidos en los actuales tratados multilaterales y bilaterales“.
El consejo de seguridad tuvo en cuenta ese informe en su Resolución 868, en la que se prevén algunas medidas para la seguridad del personal que habrán de adoptarse cuando se organicen futuras operaciones de mantenimiento de la paz.
En las siguientes líneas se presentan brevemente las disposiciones de la convención, cuya redacción es pertinente resaltar por su estrecha relación con el derecho internacional humanitario.
El preámbulo de la convención recuerda el creciente número de ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado; hace hincapié en la insuficiencia de las medidas existentes, así como en la urgente necesidad de adoptar medidas complementarias, apropiadas y eficaces.
El artículo 1º contiene ciertas definiciones necesarias para la comprensión de la convención. Se define el personal de las Naciones Unidas como las personas directamente contratadas por las Naciones Unidas o por sus organismos especializados. El personal asociado comprende a las personas asignadas por un gobierno o por una organización intergubernamental o no gubernamental en virtud de un acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas. Por la expresión operación de las Naciones Unidas se entenderá una operación establecida por el órgano competente de las Naciones Unidas y realizada bajo su control y autoridad. Estas operaciones son las que están destinadas a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales y las que impliquen un “riesgo excepcional para la seguridad del personal“.
Además, en el artículo 1º se definen los conceptos de Estado receptor, como aquel en cuyo territorio se lleve a cabo una operación, y Estado de tránsito, como aquel en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas o su equipo esté en tránsito o temporalmente presente en relación con una operación de las Naciones Unidas.
El artículo 2º define el ámbito material de aplicación de la convención, es decir, las situaciones a las que se aplica o no la convención. puntualiza, en particular, que la convención no se aplicará a las operaciones “autorizadas por el consejo de seguridad como medida coercitiva de conformidad con el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas“ en un conflicto armado internacional.
El simple hecho de que una acción se base en el capítulo VII de la Carta no implica automáticamente la no-aplicabilidad de la convención en favor de la aplicación del derecho internacional humanitario. Esta última sólo se produce en caso de enfrentamientos armados entre las fuerzas desplegadas por la ONU y fuerzas armadas organizadas.
La cláusula implica que el derecho internacional humanitario se aplica a los enfrentamientos entre las fuerzas de la ONU y fuerzas armadas organizadas, y que es el derecho relativo a los conflictos armados internacionales, y no el de los conflictos internos, el que se aplica.
El artículo 3º introduce el principio de identificación, mediante un distintivo, del personal, del material y de los medios de transporte que participen en operaciones de las Naciones Unidas.
El artículo 5º obliga al Estado de tránsito a facilitar el tránsito sin obstáculos del personal de las Naciones Unidas que participa en una operación y de su equipo.
El artículo 10 obliga a los Estados partes a adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9º.
Los artículos 11, 12, 13 y 16 introducen medidas en materia criminal o penal relativas a la prevención de los delitos, la comunicación de información, el enjuiciamiento o la extradición de los presuntos culpables, así como el principio de asistencia mutua en cuestiones penales.
Los artículos 14 y 15 estipulan la aplicabilidad del principio “aut judicare aut dedere“ a la convención. El artículo 14 obliga al Estado en cuyo territorio se haya cometido una infracción a enjuiciar sin demora al presunto culpable. El artículo 15 establece, por su parte, la obligación de extraditar a los presuntos culpables de delitos que no hayan sido enjuiciados con arreglo al artículo 14.
El artículo 17 define el trato imparcial que debe garantizarse al presunto culpable de los delitos enumerados en el artículo 9º. El artículo 18 establece la obligación de notificar el resultado final de las actuaciones incoadas en caso de violación del artículo 9º.
El artículo 20 comprende varias cláusulas de salvaguarda. Estipula, en particular, que nada de lo dispuesto en la Convención afectará la aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reconocidas de derechos humanos; los derechos de los Estados en lo que respecta a la entrada de personas en su territorio; la obligación del personal de las Naciones Unidas de actuar de conformidad con los términos del mandato de una operación de las Naciones Unidas; el derecho de los Estados que aporten voluntariamente personal a retirarlo de una operación y el derecho a recibir una indemnización apropiada en caso de defunción, discapacidad, lesión o enfermedad acontecidos en el transcurso de una operación de las Naciones Unidas.
Desde el comienzo del proceso de desarrollo progresivo del derecho que daría lugar al texto final de la convención, se puso de manifiesto que esta estaría estrechamente relacionada con el derecho internacional humanitario y que, por ello, la cláusula de salvaguarda en favor de este último sería necesaria.
Los respectivos ámbitos de aplicación material de la convención y del derecho internacional humanitario son distintos, aunque coincidan en parte. Así pues, se pueden distinguir dos tipos de situaciones: 1. Aquellas en las que la convención y el derecho humanitario se aplican, y 2. Aquellas en las que solo se aplica el derecho humanitario (es decir, las situaciones previstas en la cláusula de excepción del artículo 2º, apartado 2).
Esta dualidad entre la convención y el derecho humanitario no molesta, puesto que ambos tienen un objetivo común: garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas. La explicación es que debe considerarse que la convención, como hemos visto, se desprende del jus ad bellum, que prohíbe totalmente los ataques contra las fuerzas de la ONU y no del jus in bello.
A ese respecto, se puede pensar que la complementariedad de los regímenes previstos por la convención, por un lado, y el derecho humanitario, por otro, es conforme con la norma de distinción entre jus in bello y jus in bellum. Así pues, se puede admitir, en virtud de esa distinción, que la prohibición de atacar al personal de la ONU o al personal asociado no impide que, en caso de violación de dicha prohibición, ese personal se beneficie del derecho humanitario.
La cláusula de salvaguarda del artículo 20 completa afortunadamente la cláusula de excepción estipulada en el artículo 2º, apartado 2, de la convención y garantiza que, en todos los casos en los que la convención no baste para garantizar la protección del personal de la ONU y del personal asociado, deberá aplicarse el derecho internacional humanitario.
Dado que el contenido de la convención fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo el 9 de diciembre de 1994, y acogiendo la recomendación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución E/CN.4/RES/2000/77 del 27 de abril de 2000, el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través de la Cancillería y del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita al honorable Congreso Nacional que apruebe la Convención sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
Rómulo González Trujillo."

References: artículo 1
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 1
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 5
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 9
 artículo 18
 artículo 9
 artículo 20
 artículo 2
 artículo 20
 artículo 2
 Resolución