Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2004/A094-04.htm
Timestamp: 2017-11-22 05:43:27+00:00

Document:
A094-04
Auto 094/04
INCIDENTE DE DESACATO-Juez competente/INCIDENTE DE DESACATO-Trámite por juez de primera instancia
Referencia: expediente ICC-817
Conflicto de competencia entre el Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare y la Corte Suprema de Justicia.
Acción de tutela promovida por Gladys Gómez Ramírez contra la Gobernación de Guaviare.
Bogotá, D. C., siete ( 7 ) de Julio de dos mil cuatro (2004)
1. El 10 de marzo de 2004, Gladys Gómez Ramírez, presentó, acción de tutela contra la Gobernación de Guaviare por considerar lesionado su derecho fundamental al mínimo vital, entre otros, en razón a que con ocasión de la muerte de su compañero permanente -Abelardo Santofimio-, la entidad demandada mediante Resolución 048 de 1998 le reconoció y pagó una indemnización sustitutiva por pensión de jubilación, decisión que a su juicio considera errónea por las razones que expresa en su solicitud de amparo tutelar.
2. La acción de tutela fue tramitada en primera instancia por el Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare, despacho judicial que mediante Sentencia del 29 de marzo de 2004 concedió el amparo solicitado, por lo cual ordenó a la Gobernación de Guaviare que en el plazo improrrogable de quince (15) días hábiles profiera el Acto Administrativo correspondiente donde se reconozca y disponga el pago de la pensión de sobreviviente a la petente.
3. Ante el incumplimiento de la orden de tutela por parte de la Gobernación de Guaviare, la señora Gladys Gómez Ramírez, invocando el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, promovió ante el Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare, incidente de desacato contra dicha entidad.
4. El Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare, mediante Auto del 4 de mayo de 2004, decidió declararse incompetente para conocer del trámite del referido incidente, bajo el argumento según el cual, es a la Corte Suprema de Justicia quien le corresponde llegado el caso sancionar al Gobernador de Guaviare. Dispuso, en consecuencia, remitir el expediente a dicha Corporación de conformidad con el numeral 4° del artículo 235° de la Constitución Política[1], en concordancia con el artículo 9° del Decreto 306 de 1992[2].
5. La Corte Suprema de Justicia, mediante proveído del 18 de mayo de 2004, señaló que la competencia para conocer del incidente de desacato está atribuida al juez que falló la acción de tutela, tal y como lo dispone el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Así mismo, señaló que: “... el numeral 4° del artículo 235 de la Constitución Política, en que se sustenta el Juez Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare para remitirlo a esta Corporación (auto 4 de mayo de 2004), hace referencia a los procesos de naturaleza penal que se adelanten contra los funcionarios allí citados y no en relación con los de tutela.” Dispuso, en consecuencia devolver el expediente al Juez Unico Promiscuo del Circuito de San José del Guaviare.
6. El juez Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare, mediante decisión de mayo 28 de 2004, indicó que en este caso, se hace necesario que el máximo tribunal de tutela, se pronuncie de manera definitiva de quién debe conocer el incidente de desacato al que se ha hecho mención. En consecuencia, envió el expediente a la Corte Constitucional para que determine el despacho judicial que debe conocer del incidente de desacato.
1. La controversia procesal que se analiza, se originó en la discusión del Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare y de la Corte Suprema de Justicia, tendiente a establecer, en cuál de ellos radica la competencia para tramitar y decidir el incidente de desacato.
2. Esta Corporación, mediante providencia del 20 de agosto de 2002 con ponencia del Magistrado Eduardo Montealegre Lynett, luego de hacer una interpretación sistemática del Decreto 2591 de 1991, señaló categóricamente que el juez de primera instancia (singular o plural), que haya conocido el trámite de tutela, es el competente para conocer del trámite incidental por desacato. Dijo, la Corte en dicha oportunidad:
“ D. Interpretación sistemática del decreto 2591: Funciones del juez de primera instancia para hacer efectivo el restablecimiento del derecho o hacer cesar las amenazas sobre el mismo.
De otra parte, el inciso cuarto del mismo artículo[3], dice: "En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza."
7. En Conclusión, la Sala encuentra que el juez de primera instancia (singular o plural), que haya conocido el trámite de tutela, es en todo caso el competente para conocer del trámite incidencial por desacato. Esta interpretación tiene fundamento en los siguientes aspectos: (i) Obedece a una interpretación sistemática del decreto 2591 de 1991, (ii) genera claridad en términos de seguridad jurídica, al desarrollar el principio de igualdad en los procedimientos judiciales, (iii) esta en armonía con el principio de inmediación del trámite de tutela y, (iv) protege la eficacia de la garantía procesal en que consiste el grado jurisdiccional de consulta.
3. En esta medida, siguiendo el criterio sostenido por la Corte Constitucional, la Sala Plena ordenará al Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare asumir de forma inmediata el conocimiento del incidente de desacato promovido por Gladys Gómez Ramírez.
Ordenar al Juzgado Unico Promiscuo del Circuito de San José de Guaviare asumir en forma inmediata el conocimiento del incidente de desacato promovido por Gladys Gómez Ramírez.
Que el H. Magistrado doctor MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA, no firma el presente Auto por encontrarse en comisión oficial en el exterior..
Salvamento de voto al Auto 094/04
Peticionario: Gladys Gómez Ramírez
1. Constitución Política de Colombia. Artículo 235. Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia.
[2] Decreto 306 de 1992. Artículo 9. Imposición de sanciones. Para efectos de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuando de acuerdo con la Constitución o la ley el funcionario que haya incumplido una orden proferida por el juez sólo pueda ser sancionado por determinada autoridad pública, el juez remitirá a dicha autoridad copia de lo actuado para que ésta adopte la decisión que corresponda.”
[3] la Corte se ha pronunciado incluso a propósito de la resolución de conflictos de competencia, sobre esta especial obligación del juez de tutela de primera instancia. Cfr. Auto 051 de 1995, Auto 008 de 1996 y Auto 146 de 2001.

References: Resolución 
 artículo 52
 artículo 235
 artículo 9
 artículo 52
 artículo 235
 Artículo 235
 Artículo 9
 artículo 52
 resolución