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Timestamp: 2020-02-17 01:55:23+00:00

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﻿ SENTENCIA 15448 DE MAYO 8 DE 2008
SENTENCIA 15448 DE 08 DE MAYO DE 2008
CONTENIDO:IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO PREDIAL
Sentencia 15448 de mayo 8 de 2008
Número interno: 15448
Radicación: 270012331000200201183 01
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, contra el municipio de Quibdó. Impuesto predial unificado.
En los términos de la apelación precisa la Sala si se ajustan a derecho los actos administrativos por los cuales el municipio de Quibdó determinó a Aerocivil el impuesto predial unificado respecto de varios inmuebles de su propiedad en donde funciona el Aeropuerto El Caraño, de dicha ciudad, conforme a la siguiente relación:
Acto administrativo Inmueble Períodos gravables Cuantía
Resolución 2355 de 2002 Cédula catastral 010101630001000 1998 a 2002 $ 7.763.265
Resolución 2356 de 2002 Cédula catastral 000000000001000 1984 a 2002 $ 458.843.168
Resolución 2357 de 2002 Cédula catastral 010101820001000 1998 a 2002 $ 382.615.899
En concreto, determina si la actora es o no sujeto pasivo del impuesto predial, por ser propietaria de los inmuebles donde funciona el aeropuerto del municipio, aspecto sobre el cual la Sala se ha pronunciado en oportunidad anterior, criterio que ahora reitera (1) .
Por el artículo 2º de la Ley 29 de 1963 se derogaron todas las disposiciones de carácter nacional que decretaban exoneraciones o exenciones del impuesto predial para personas privadas. Y, en su parágrafo se dispuso que las exenciones temporales continuarían por dos años. Además, la citada ley limitó las exenciones que podían decretar los municipios.
De este recuento normativo se concluye que “en ningún momento las normas que crearon el tributo, que en sus comienzos fue nacional, establecieron expresamente el gravamen para los inmuebles de propiedad de las entidades públicas, y por el contrario de las normas que derogaron aquellas que concedían exenciones [se] permitía inferir que aquel (sic) solo gravaba a la propiedad privada” (2) .
Lo anterior, porque la facultad impositiva de los municipios es derivada, pues debe ejercerse de acuerdo con la Constitución y la ley; y, por ende, los municipios no pueden gravar los bienes públicos sin expresa autorización legal (3) .
Por último, la Ley 44 de 1990 que creó el impuesto predial unificado (4) , mantuvo el régimen excepcional de las entidades públicas en relación con el impuesto predial, pues no derogó la normatividad preexistente.
Ahora bien, como resultado de la fusión entre el Fondo Aeronáutico Nacional (5) y el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil, ordenada en el artículo 67 del Decreto 2171 de 1992, se creó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, cuyo régimen se encuentra previsto en el Decreto 2724 de 1993. Así, el artículo 1º del Decreto 2724 dispuso que la Aerocivil es una entidad especializada, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Transporte, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente.
De otra parte, el artículo 2º del Decreto 2724 de 1993 prevé que a Aerocivil le corresponde administrar directa o indirectamente los aeropuertos de su propiedad o de propiedad de la Nación (6) .
No obstante, los aeropuertos públicos son bienes de uso público, que no se encuentran gravados con el impuesto predial, puesto que su uso pertenece a todos los habitantes del territorio (C.C., art. 674). Lo anterior, porque los aeródromos públicos, que son las superficies destinadas a la llegada y salida de aeronaves (C. Co., art. 1809), son para uso público (art. 1811 ibídem). Además, el transporte aéreo es un servicio público esencial (L. 336/96, art. 68).
Los bienes de uso público son aquellos de propiedad pública, administrados por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso y goce de la comunidad. Tales bienes están sometidos a un régimen jurídico especial, se encuentran por fuera del comercio en consideración a la utilidad que prestan en beneficio común, y son inalienables, inembargables e imprescriptibles por disposición constitucional (C.N., art. 63).
El ser inenajenables se refiere a la imposibilidad de que exista alguna mutación del dominio o de sus elementos esenciales, pues tales bienes están destinados al uso público; y es natural que no puedan celebrarse actos que atenten contra ese uso común (7) . La inembargabilidad, que se desprende de la inalienabilidad, significa que los bienes de uso público no pueden ser objeto de embargos. Y, la imprescriptibilidad, por su parte, se debe a que la prescripción reposa en la posesión y esta, a su vez, en la exclusividad. “Y mal puede coexistir una posesión exclusiva de una persona con el uso común de todos” (8) .
Sin embargo, al igual que los bienes de uso público, los fiscales son imprescriptibles (9) . A pesar de lo anterior, siguen existiendo las dos categorías de bienes públicos, pues la imprescriptibilidad dejó de ser criterio de diferenciación, “sin que por tal razón la disimilitud se haya esfumado” (10) .
En el caso concreto, Aerocivil no declaró el impuesto predial por los años 1984 a 2002 respecto del predio con cédula catastral 000000000001000 y por los períodos 1998 a 2002 en relación con los inmuebles identificados con cédulas catastrales 010101820001000 y 010101630001000, donde funciona el Aeropuerto El Caraño, del municipio de Quibdó.
El demandado practicó a la actora liquidación de aforo respecto de los inmuebles en mención. Como Aerocivil es una unidad administrativa especial (D. 2171/92, art. 67), no es sujeto pasivo del impuesto predial por concepto de los inmuebles en donde funciona el aeropuerto de Quibdó, pues, se insiste, las entidades públicas solo están gravadas con dicho impuesto si son establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional (L. 55/85, art. 61 y D. 1333/86, art. 194).
De otra parte, los inmuebles donde funciona el Aeropuerto El Caraño no son bienes fiscales, como lo sostuvo el municipio, sino bienes de uso público, puesto que, son de propiedad pública, administrados por el sujeto público titular del derecho de dominio para el uso y goce de la comunidad. Y, se repite, los aeródromos públicos son para uso público (arts. 1809 y 1811 ibídem).
Adicionalmente, no está probado que los inmuebles objeto del impuesto se encuentren, en todo o en parte, en poder de los particulares, o que haya áreas de los mismos que se consideren como bienes fiscales.
A su vez, no asiste razón al demandado al afirmar que la actora es sujeto pasivo del impuesto predial en Quibdó, porque dicho tributo es de propiedad del municipio y la ley no puede conceder exenciones y porque el Acuerdo Municipal 16 de 1996 no concedió a la Aerocivil ni a la Nación, exención alguna.
Lo anterior, porque aun cuando el impuesto predial es de propiedad de los municipios, la facultad impositiva de los mismos no es autónoma, sino que se encuentra sujeta a la Constitución y a la ley (C.N., arts. 287 y 313 [4]); y, fue voluntad del legislador determinar que las entidades públicas solo están gravadas con dicho impuesto si son establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional (L. 55/85, art. 61 y D. 1333/86, art. 194). Dicha determinación, tiene que ver con el sujeto pasivo, como elemento esencial del tributo, al cual debe sujeción el municipio al momento de adoptar el tributo en su jurisdicción. No se trata, pues, de una exención dada por la ley respecto de un impuesto local, sino de la definición legal del sujeto pasivo, que, se repite, debe ser acatada por la entidad territorial.
Por último, respecto de la solicitud de la actora formulada en los alegatos de conclusión, en el sentido de que se levante el embargo de las cuentas, decretado dentro del proceso de cobro, la Sala precisa que en caso de existir tales medidas, para el asunto en estudio se levantarán una vez ejecutoriada esta providencia.
CONFÍRMASE la sentencia de 18 de noviembre de 2004, proferida por el Tribunal Administrativo del Chocó dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, Aerocivil, contra el municipio de Quibdó.
Se deja constancia de que esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».
(1) Sentencia de 19 de abril de 2007, Expediente 14226, C.P. Héctor J. Romero Díaz.
(2) Sentencia de 24 de febrero de 2004, Expediente 5001, C.P. Jaime Abella Zárate.
(4) En virtud del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 se fusionaron en el impuesto predial unificado los siguientes tributos: El impuesto predial regulado en el Código de Régimen Municipal; el impuesto de parques y arborización del Código de Régimen Departamental; el impuesto de estratificación socioeconómica creado en la Ley 9ª de 1989 y la sobretasa de levantamiento catastral.
(5) El Decreto 3140 de 1968 creó el Fondo Aeronáutico Nacional como establecimiento público y, por ende, sujeto pasivo del impuesto predial. Sin embargo, el artículo 13 de la Ley 3ª de 1977 dispuso que los inmuebles de propiedad del fondo serían cedidos a título gratuito a la Nación y que los que se adquirieran a partir de la vigencia de esa ley ingresarían también al patrimonio de aquella. En consecuencia, el fondo dejó de ser sujeto pasivo del impuesto predial, puesto que, por mandato legal, dejó de ser propietario de bienes inmuebles.
(6) En virtud del artículo 13 de la Ley 3ª de 1977 los inmuebles del Fondo Aeronáutico Nacional pasaron a ser de propiedad de la Nación.
(7) José J. Gómez Bienes. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1983, pág. 99.
(9) Corte Suprema de Justicia, sentencias de 19 de noviembre de 1978 y 29 de julio de 1999 y Corte Constitucional, Sentencia C-530 de 1996.
(10) Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia de 29 de julio de 1999.

References: Resolución 

Resolución 

Resolución 
 artículo 2
 artículo 67
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 13
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