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Timestamp: 2018-08-15 01:18:04+00:00

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Equipo Nizkor - Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios.
04dic89
Adoptada por la Asamblea General en su resolución A/RES/44/34, de 04 de diciembre de 1989
Entrada en vigor: 20 de octubre de 2001
Considerando que el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación contribuyen a la realización de los propósitos y principios consagrados en los Artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones Unidas,
Consciente de la necesidad de concertar, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios,
Recordando su resolución 35/48, de 4 de diciembre de 1980, en virtud de la cual estableció el Comité ad hoc para la elaboración de una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, y le pidió que elaborara lo antes posible una convención internacional que prohibiera el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios,
Habiendo examinado el proyecto de convención preparado por el Comité ad hoc en cumplimiento de la resolución citada |1| y finalizada por el Grupo de Trabajo para la elaboración de una convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios |2|, que se reunió durante el cuadragésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General,
Aprueba y abre a la firma y ratificación o a la adhesión la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, cuyo texto figura en el anexo de la presente resolución.
72a. sesión plenaria
Reafirmando los propósitos y principios consagrados en la Carla de las Naciones Unidas y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas[3],
Conscientes de que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como los de la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos.
Afirmando que debe considerarse que el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios constituyen delitos que preocupan profundamente a todos los Estados y que las personas que cometan cualquiera de esos delitos han de ser sometidas a juicio o ser objeto de extradición.
Convencidos de la necesidad de aumentar y desarrollar la cooperación internacional entre los Estados para la prevención, el enjuiciamiento y el castigo de esos delitos.
Convencidos también de que la aprobación de una convención contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios contribuiría a la erradicación de estas actividades reprensibles y, con ello, a la observancia de los propósitos y principios consagrados en la Carta,
Conscientes de que las cuestiones no reguladas por una convención de esa índole se seguirán rigiendo por las normas y los principios del derecho internacional.
A los electos de la présente Convención
d) Que no sea miembro de las fuerzas armadas de una Parre en conflicto, y
a) Que haya sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para participaron un acto concertado de violencia con el proposito de:
i) Derrocar a un gobierno o socavar de alguna otra manera el orden constitucional de un listado, o de,
c) Que no sea nacional o residente del Estallo contra el que se perpetre ese acto,
A los efectos de la presente Convención, cometerá un delito toda persona que reclute, utilíce, financie o entrene mercenarios, según la definición del artículo 1 de la Convención.
1. A los efectos de la presente Convención, cometerá un delito todo mercenario, según la definición del artículo l de la Convención, que participe directamente en hostilidades o en un acto concertado de violencia, según sea el caso.
2. Ninguna de las disposiciones del presente artículo limitará el ámbito de aplicación del artículo 4 de la presente Convención
b) Sea complice de la persona que cometa o intente cometer los delitos previstos en la presente Convención.
1. Los Estados Partes no reclutarán, utilizarán, financiarán ni entrenarán mercenarios con el objeto de oponerse al legítimo ejercicio del derecho inalienable de los pueblos a la libre determinación reconocido por el derecho internacional y tomarán, de conformidad con el derecho internacional, las medidas apropiadas para prevenir el reclutamiento, la utilización, la financiación o el entrenamiento de mercenarios para tal objeto.
3. Los Estados Partes estableceran penas adecuadas para los delitos previstos en la presente Convención en las que se tenga en cuenta su carácter grave.
Los Estados Partes cooperaran en la prevención de los delitos previstos en la presente Convención, en particular:
a) Adoptando todas las medidas factibles a fin de impedir que se prepare en sus respectivos territorios la commisión de tales delitos, tanto dentro como fuera de ellos, incluida la prohibición de las actividades ilegales de personas, grupos u organizaciones que alienten, instiguen u organicen la comisión de esos delitos o participen en ella:
b) Coordinando la adopción de las medidas administrativas y de otra indole necesarias para impedir que se cometan esos delitos.
Todo Estado Parte que tenga razones para creer que se ha cometido, se está cometiendo o se vaya a cometer uno de los delitos previstos en la presente Convención transmitirá, de conformidad con su legislación nacional, toda la información pertinente a los Estados partes afectados tan pronto como llegue a su conocimiento, directamente o por conducto del S ecretario General de las Naciones Unidas.
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción respeecto de cualquiera de los delitos previstos en la presente Convención que se cometan:
b) Por uno de sus nacionales, o por personas apátridas que residan habitualmente en su territorio si, en ese último caso, ese Estado lo considera apropriado.
2. Cada Estado parte adoptará asimismo las medidas que sean necesarias para establecer su jurisdicción repecto de los delitos previstos en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Convención en los casos en que el presunto delincuente se encuentre en su territorio y no se proceda a su extradición a ninguno de los Estados mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.
1. Si considera que las circunstancias lo justifican, cualquier Estado parte en cuyo territorio se encuentre el presunto delincuente procederá, de conformidad con su legislación, a deternerlo y a tomar otras medidas a fin de asegurar que esté presente durante el tiempo que se requiera para iniciar un procedimiento penal o de extradición. El Estado Parte procederá inmediatamente a una investigación preliminar de los hechos.
d) Al Estado Parte del cual sea nacional el presunto delincuente o, si éste es apátrida, al Estado cuyo territorio tenga su residencia habitual;
a) A ponerse sin demora en comunicación con el más próximo representante competente del Estado del que sea nacional o de aquél al que por otras razones, competa la protección de sus derechos, o, si se trata de una persona apátrida, del Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual;
4. Lo dispuesto en el párrafo 3 del presente artículo se entendera sin perjuicio del derecho de todo Estado parte que pueda hacer valer su jurisdicción, con arreglo al inciso b) del párrafo 1 del artículo 9 a invitar al Comité Internacional de la Cruz Roja a ponerse en comunicación con el presunto delincuente y visitarlo.
5. El Estado que proceda a la investigación preliminar en el párrafo 1 del presente artículo comunicará sin dilación sus resultados a los Estados mencionados en el párrafo 2 del presente artículo e indicará si se propone ejercer su jurisdicción.
Toda persona que este siendo objeto de un procedimiento en relación con cualquiera de los delitos previstos en la presente Convención gozará, durante todas las fases del procedimiento, de la garantía de un trato justo y de todos los derechos y garantias previstos en la legislación del Estado de que se trate. Deben tenerse en cuenta las normas aplicables del derecho internacional.
El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre al presunto delincuente, si no concede la extradición de este, estará obligado, sin excepción alguna y con independencia de que el delito haya sido o no cometido en su territorio, a someter el caso a las autoridades competentes a efectos del procesamiento según el procedimiento preivsot en la legislación de ese Estado. Esas autoridades tomorán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a cualquier otro delito de caárcter grave, con arreglo a la legislación de ese Estado.
1. Los Estados partes se prestaran la mayor ayuda posible en relación con los procedimientos penales que se entablen repecto de los delitos previstos en la presente Convención, incluido el suministro de todas las pruebas necesarias para el procedimiento que obren en su poder. En todos los casos se aplicará la legislación del Estado al que se solicite ayuda.
2. Las disposiciones del párrafo 1 del presente ar�ticulo no afectarán las obligaciones de ayuda judicial mutua estipuladas en cualquier otro tratado.
El Estado Parte en que se haya enjuiciado al presunto delincuente comunicarár, de conformidad con su legislación, el resultado final de ese procedimiento al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados interesados.
1. Los delitos previstos en los artículos 2, 3 y 4 de la presente Convención se considerarán incluidos entre los que dan lugar a extradición en cualquier tratado de extradición celebrado entre Estados Partes. Los Estados Partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de esxtradicón en cualquier tratado de extradición que celebren entre si en el futuro.
3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán esos delitos como casos de extradición entre ellos, con sujeción a las condiciones previstas en la legislación del Estado al que se haya hecho la solicitud.
4. A los efectos de la extradición entre Estados partes, se considerará que los delitos han sido cometidos no solamente en el lugar donde ocurrieron, sino también en los territorios de los Estados obligados a establecer su jurisdicción con arreglo al artículo 9 de la presente Convención.
a) Las normas relativas a la responsabilidad internacional de los Estados.
2. Para cada uno de los Estados que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella después del depósito de vigésimo segundo instrumento de ratificación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
1. Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo cuarto período de sesiones. Suplemento No. 43 (A/44/43), seccs. II.C y III. [Volver]
2. A/C.6/44/L.9, anexo. [Volver]

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 9
 artículo 9