Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2013/as201312085.html
Timestamp: 2019-03-19 03:48:12+00:00

Document:
as201312085
Auto Supremo Nº 085/2013-RRC Sucre, 28 de marzo de 2013
Expediente: Cochabamba 6/2013
Partes: Ministerio Público y Florencia Mérida Romero c/ Juan José Siancas Acosta
Por memorial presentado el 31 de enero de 2013, que cursa de fs. 640 a 643, Juan José Siancas Acosta interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2012, de fs. 614 a 619 vta., pronunciado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y la acusadora particular Florencia Mérida Romero contra el recurrente, por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 Bis del Código Penal (CP).
En mérito a la acusación pública (fs. 1 a 4) y acusación particular (fs. 16 a 21) y desarrollada la audiencia de juicio, por Sentencia 11/2012 de 8 de mayo (fs. 553 a 573 vta.), el Tribunal de Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró a Juan José Siancas Acosta, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del CP, imponiéndole la pena privativa de libertad de quince años de presidio y multa de trescientos días a razón de Bs. 1.- por día, con costas y responsabilidad civil a favor de la parte civil y del Estado averiguables en ejecución de sentencia.
Contra la mencionada Sentencia, el imputado Juan José Siancas Acosta, formuló recurso de apelación restringida (fs. 586 a 591 vta.), siendo resuelto por Auto de Vista de 28 de diciembre de 2012 (fs. 614 a 619 vta.), dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, que declaró improcedente el recurso y consiguientemente confirmó la Sentencia apelada, suprimiendo en la parte resolutiva la pena de trescientos días multa, motivando la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación (640 a 643) y del Auto Supremo 044/2013-RA de 25 de febrero, dictado en el caso de autos, se extrae la denuncia a ser analizada en la presente Resolución, aspecto sobre el cual, este Tribunal circunscribirá su análisis conforme al mandato establecido en el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y art. 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
El recurrente denuncia en el título: “FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL AUTO DE VISTA IMPUGNADO Y PRECEDENTE INVOCADO” (sic), que el Auto de Vista impugnado omitió los argumentos expuestos en el punto 1.4 de la apelación restringida referidos al art. 370 inc. 8) del CPP, en la que expuso que la Sentencia emitida vulnera el art. 363 inc. 3) del CPP, el cual señala, que se dictará Sentencia absolutoria cuando la prueba aportada no fuera suficiente para generar en el juez o tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado, y que el precedente contradictorio, Auto de Vista 18183/2004 de 3 de mayo de 2007, refiere que: “…sin embargo en la sentencia apelada simplemente se limitan a dictar sentencia absolutoria a favor del indicado imputado por delito previsto en el Art. 308 bis con la agravante del Art. 310 núm. 2), 3) y 4) del Código Penal, sin mencionar si se absuelve o condena al imputado por el delito acusado previsto en el Art. 312, aspecto que en virtud de lo establecido por los Art. 167 y 169 núm. 3) constituye defecto absoluto que no puede ser convalidado o subsanado.” (sic), habiendo dispuesto el Tribunal en el caso del precedente, la procedencia del recurso de apelación restringida, anulando la Sentencia y disponiendo la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia.
Además, afirma que en la Sentencia que le declara culpable, también se presentó esta incoherencia, por cuanto el Tribunal de juicio, al no existir prueba suficiente, tuvo absoluta certeza de la inexistencia del delito señalado en el art. 308 Bis (Violación de Niño, Niña o Adolescente); sin embargo, no determinó su absolución tal cual prescribe el art. 363 del CPP, pretendiendo eximir su aplicación con el principio iura novit curia; en consecuencia, existe una contradicción con el precedente invocado y la vulneración de garantías constitucionales, a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la igualdad jurídica, constituyéndose en un defecto absoluto previsto en el art. 169 inc. 3) del CPP.
El recurrente solicita la admisión del recurso, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido y se dicte resolución estableciendo la doctrina legal aplicable.
Mediante Auto Supremo 044/2013-RA de 25 de febrero, cursante de fs. 663 a 665 vta., este Tribunal admitió el recurso formulado por el imputado para su análisis de fondo, únicamente respecto al primer motivo de la denuncia contenida en el acápite II.1 de la referida Resolución.
Concluido el juicio oral, el Tribunal de Sentencia de Sacaba del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, dictó Sentencia condenatoria en contra del recurrente, argumentando que:
i) El Tribunal llega a la convicción que es imposible que una niña a sus seis años de edad, haya sufrido una penetración vaginal, total o parcial, del pene de un varón mayor, por la desproporción de las dimensiones de los genitales, ya que caso contrario se provocarían lesiones a nivel del periné o rectovaginales y se tiene certeza también que la gimnasia no produce desgarro, por lo que, refiere el Tribunal, no existen elementos suficientes que lleven a la convicción que hubo violación.
ii) Sin embargo, conforme a la prueba aportada, el Tribunal llega a la certeza que la menor fue objeto de Abuso Deshonesto, conclusión a que llegan por las declaraciones de la víctima, quien señaló -en lo pertinente- que el imputado procedió a ganarse su confianza para luego, mediante el juego de las cosquillas, proceder a realizar tocamientos impúdicos en sus pechos, estómago y genitales, atestación que fue corroborada por el dictamen técnico pericial psicológico realizada en la menor y el testimonio de la hermana de la víctima, quien refirió que también fue objeto de toques impúdicos de parte de Juan José Siancas Acosta.
iii) La menor víctima posee secuelas psicológicas y según la prueba pericial se encontraba abandonada y descuidada, por lo mismo vulnerable a peligros como el hecho ocurrido, ahora enjuiciado, debido a la falta de afecto emocional y física de parte de sus padres, quienes tenían problemas de pareja.
iv) Si bien el acusado pretendió refutar el hecho señalando que no cometió el delito y que se trataría de un proceso fraguado, que es buen ciudadano y un buen policía; empero, atendiendo el cuadro probatorio, no es descabellado concluir que en el imputado se presentó la posibilidad de buscar una justificación ad extra.
v) Es cierto que los elementos constitutivos del tipo penal previsto por el art. 308 Bis del CP, no se cumplen, en razón de la prueba insuficiente; sin embargo, el Tribunal adjudica al hecho una calificación jurídica distinta a la formulada en la acusación, en virtud del principio iura novit curia, adecuando el hecho a la calificación jurídica de Abuso Deshonesto previsto por el art. 312 del CP.
Juan José Siancas Acosta, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 586 a 591 vta.); entre sus argumentos de relevancia señala que:
Existe defectos en la Sentencia previsto por el art. 370 inc. 3) del CPP, ya que la acusación del fiscal establece los alcances del juicio oral y el ámbito de acción del Juez o Tribunal y de las partes, siendo que el objeto del proceso en ningún momento mencionó la existencia de otros hechos punibles como el caso presente de actos libidinosos no constitutivos de acceso carnal, no constando en la acusación la enunciación del hecho típico de Abuso Deshonesto; sin embargo, el Tribunal de Sentencia, de manera arbitraria e ilegal toma en cuenta en la parte dispositiva el injusto típico, pronunciando una Sentencia ultra petita.
Denuncia también, que la Sentencia incumple el requisito previsto por el art. 370 inc. 5) del CPP, por cuanto en la fundamentación fáctica se omite el hecho y objeto de juicio, suprimiéndose una parte estructural de la fundamentación, sin que el hecho fáctico establecido en la Sentencia tenga relación directa con el objeto del proceso. Asimismo, en la fundamentación probatoria descriptiva se presentan todos los medios probatorios de manera inextensa de cargo y descargo, y en la fundamentación probatoria intelectiva, el Tribunal valora el testimonio de la menor que sostenía el supuesto delito de violación objeto de la acusación y que no fue probado. Resultando que la fundamentación es contradictoria entre la parte considerativa y resolutiva, no se ha razonado debidamente la valoración de las pruebas en relación al hecho, lo que es contrario a la sana crítica.
Por otro lado, señala que la Sentencia ingresa en el defecto previsto por el art. 370 inc. 6) del CPP, porque las pruebas de cargo, de manera específica, respecto al delito de Abuso Deshonesto, demuestran contradicciones, impericia e inconsistencia para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado. Observándose errores lógico jurídico de los jueces en la fundamentación del veredicto, incluyendo hechos no acreditados y en valoración defectuosa de las pruebas de cargo y descargo.
De la misma manera, refiere que existe contradicción de la sentencia en su parte dispositiva con su parte considerativa, incurriendo en errónea aplicación de la ley adjetiva, al no resolver la absolución del imputado por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, cuando señalaron en sus argumentos que no se tienen suficientes elementos para poseer convicción que hubo violación.
Denuncia por último, inobservancia a las reglas de congruencia entre la Sentencia y la acusación, siendo que en ningún momento en los actos de investigación o en los actos de prueba de la pretensión penal, se pone de manifiesto respecto al tipo injusto atribuido de Abuso Deshonesto, siendo que el principio de congruencia impone a la autoridad judicial el deber de resolver el proceso en sujeción a los hechos expresados en la acusación, conforme el art. 362 del CPP.
Solicitando que el Tribunal de Apelación anule totalmente la Sentencia y se ordene el reenvió para la realización del juicio por otro Tribunal.
Radicada la causa ante la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, éste resolvió el fondo del recurso de apelación restringida emitiendo el Auto de Vista de 28 de diciembre de 2012, señalando sobre los agravios denunciados por el apelante, lo siguiente:
Con referencia a la congruencia entre los hechos acusados y la Sentencia, considera correcta la aplicación del principio iura novit curia para modificar la calificación jurídica que el Ministerio Público y la parte querellante habían realizado en principio sobre la conducta desplegada por el acusado, por el de Abuso Deshonesto, por cuanto el hecho se mantuvo, variando sólo la calificación jurídica , en consecuencia -refiere el tribunal de alzada- no existe vulneración al principio de congruencia, tampoco contradicción entre la acusación y la base del juicio, ni entre la parte considerativa con la resolutiva de la Sentencia, por lo tanto tampoco existe conculcación al debido proceso, al derecho a la defensa, a la presunción de inocencia ni a la seguridad jurídica.
Con relación a que en la Sentencia existe una fundamentación descriptiva inextensa y detallando toda la prueba, no tiene mayor relevancia. Respecto a que en la fundamentación intelectiva se pretende sustentar con la declaración de la menor y que no se cumplió con la aplicación de Análisis de Contenido Basado en Criterios, dada la naturaleza de la prueba pericial; empero, ni en la solicitud de exclusión probatoria, ni a momento de plantear apelación restringida, presenta prueba para analizar la viabilidad de su pretensión, además, al no haber planteado su observación en ese sentido en la etapa procesal respectiva, su derecho a reclamar este tópico, ha precluido.
Sobre la duda razonable que generan las contradicciones entre el informe psicológico y las declaraciones de las menores, tal impugnación carece de mérito, pues en análisis conjunto de las pruebas, el Tribunal de alzada asumió como relevantes las coincidencias de las declaraciones relacionadas con los tocamientos y no a los datos contradictorios sobre acceso carnal.
En cuanto a que la Sentencia apelada se basa en hechos inexistentes o no acreditados por falta de contrastación entre la prueba de cargo con la de descargo, no es cierto, pues de la revisión del contenido de la Sentencia se tiene que sí se valoró, tanto las pruebas de la acusación como de la defensa, habiéndose cumplido con la motivación necesaria y valoración de cada una de las pruebas en su conjunto.
Con esos argumentos, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, declaró improcedente el recurso de apelación restringida y confirmó la Sentencia impugnada con la única modificación que en la parte dispositiva se suprime la pena de trescientos días multa.
Notificadas las partes con el Auto de Vista, el imputado planteó recurso de casación (fs. 640 a 643), que es objeto del presente análisis.
III. VERIFICACIÓN DE OMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA CON LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA Y FUNDAMENTOS DEL PRESENTE FALLO
Este Tribunal, admitió el presente recurso abriendo su competencia a objeto de verificar la posible omisión de pronunciamiento del Tribunal de alzada, sobre el reclamo del recurrente de contradicción en la Sentencia entre la parte resolutiva con la considerativa (fundamentación), por no haberse dispuesto su absolución por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente pese de haberse establecido que el delito no existió; correspondiendo resolver la problemática planteada, a cuyo efecto se procederá a identificar los fundamentos del precedente invocado, a realizar algunas consideraciones de orden doctrinal y normativo respecto a la temática que se denuncia y que fundamenta el presente Auto, para finalmente ingresar al análisis del caso en concreto.
III.1. Precedente invocado
El recurrente sostiene, que la Resolución impugnada contradice el precedente contradictorio consistente en el Auto de Vista 18183/2004 de 3 de mayo de 2007, emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, que al resolver una problemática emergente de la comisión de un delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, donde se había absuelto al imputado, estableció entre sus fundamentos lo siguiente: “…Después de la fundamentación probatoria descriptiva, el juzgador debe realizar la fundamentación intelectiva, que es la apreciación que el juez realiza, determinando si un medio de prueba merece o no crédito y cómo lo vincula a otros medios que se presentaron en el juicio oral -aspecto que no es observado por el Tribunal a-quo a momento de emitir la sentencia apelada- Una tercera forma es la fundamentación jurídica, en la que el Tribunal debe exponer las razones de por qué aplica la norma o por qué no lo hace, aspectos que no fueron cabalmente cumplidos en la sentencia recurrida toda vez que la fundamentación de la sentencia es insuficiente cuando no permite sostener la decisión con solidez y firmeza porque no fue debidamente desarrollada en sus distintos componentes; por lo que, resulta inconsistente. Es contradictoria cuando en la fundamentación probatoria intelectiva y la fundamentación jurídica, no existe correlación entre los distintos objetos y aspectos de la fundamentación o se realiza una exposición de motivos y razones que se contraponen. En el caso de autos, como se dijo anteriormente la sentencia recurrida simplemente se limita a realizar un resumen de lo fundamentado por las partes, sin realizar una fundamentación, descriptiva e intelectiva para concluir con la sentencia absolutoria, en ese sentido la prueba aportada no ha sido considerada en su integridad para una valoración de todas y cada una de las pruebas aportadas a juicio oral tanto de cargo como de descargo (…) Asimismo (…) en la sentencia apelada simplemente se limitan a dictar sentencia absolutoria a favor del indicado imputado por el delito previsto en el art. 308 bis con la agravante del art. 310 núm. 2), 3) y 4) del Código Penal, sin mencionar si se absuelve o condena al imputado por el delito acusado previsto en el art. 312, aspecto que en virtud de lo establecido por los art. 167 y 169 núm. 3) constituye defecto absoluto que no puede ser convalidado o subsanado.”.
Del contenido del precedente, se evidencia que la decisión de anular la Sentencia apelada y de disponer la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, se fundó en la falta de fundamentación descriptiva e intelectiva en el fallo y accesoriamente en la falta de pronunciamiento sea de condena o absolución respecto a un delito acusado.
III.2. Consideraciones doctrinales y normativas
III.2.1. La fundamentación de las resoluciones judiciales por los Tribunales de alzada.
Como se tiene desarrollado ampliamente por este Tribunal, cabe recordar que entre las vertientes de trascendencia de la garantía constitucional al debido proceso, se encuentra la debida fundamentación de toda resolución judicial, que debe ser observada por todos los Tribunales de justicia, incluidos los de apelación. La motivación implica que la autoridad que dicte un fallo, en este caso en apelación, tiene la ineludible obligación de exponer los razonamientos que le llevan a asumir una decisión, ya sea en uno u otro sentido; dicho de otro modo, implica la exigencia de una fundamentación de hecho y de derecho, que sustenta la parte dispositiva del Auto de Vista; además, esta obligación abarca el inexcusable deber del Tribunal de apelación, de pronunciarse sobre cada uno de los aspectos cuestionados o reclamados, no pudiendo acudirse a criterios restrictivos u omisivos que tiendan a evadir una respuesta a todos los reclamos del apelante, en cuyo caso se vulneraría la garantía al debido proceso.
Este razonamiento fue asumido por ésta Sala y se encuentra plasmado en el Auto Supremo 172/2012-RRC de 24 de julio, que a tiempo de resolver un caso en el que también se denunció la omisión de pronunciamiento respecto a todos los agravios contenidos en la apelación restringida, explicó que: “El Art. 180.I de la Constitución Política del Estado, entre los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria, establece al debido proceso como principio que garantiza a todo sujeto procesal, tener acceso a un pronunciamiento motivado y fundamentado, sobre todos los motivos alegados en un recurso. Por ello a los Tribunales de alzada, no les está permitido discrecionalmente determinar o clasificar, qué motivos en su criterio son de fondo y merecen una respuesta fundamentada y qué motivos no tienen relevancia que no merezcan una respuesta debidamente fundamentada.
No existe fundamentación ni congruencia en el Auto de Vista impugnado, cuando en el mismo se evidencia que el Tribunal de alzada, no se pronunció sobre el fondo de los puntos cuestionados en el recurso de apelación restringida, no siendo suficiente escudarse en argumentos que tienen por finalidad evadir la responsabilidad de absolver expresamente los cuestionamientos deducidos por los recurrentes, aspecto que vulnera lo establecido por los arts. 124 y 398 del CPP, constituyendo un defecto absoluto no susceptible de convalidación que vulnera derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado.”.
Razonamientos que a la postre constituyeron base para emitir doctrina legal aplicable, y que tiene como fundamento legal, lo previsto por el art. 124 en relación con el art. 398, ambos del CPP. Siendo que de no cumplirse por el Tribunal de alzada con esta exigencia, conforme lo desglosado y explicado, se incurriría en defecto absoluto al sentir del art. 169 inc. 3) de la misma Norma Procesal.
III.2.2. Los principios de congruencia y iura novit curia.
El principio de congruencia está referido a la imprescindible correspondencia que debe existir en materia penal, entre los hechos acusados por la acusación pública y/o particular, con los hechos por los que se condena en sentencia, estando reconocido en el art. 362 del CPP, que prescribe: “(Congruencia). El imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación”, norma que guarda concordancia con el art. 342 de la misma Norma Procesal, al establecer que en ningún caso los juzgadores pueden incluir en el auto de apertura de juicio, hechos no contemplados en alguna de las acusaciones.
En ese contexto, la calificación legal de los hechos investigados precisada en los actos procesales anteriores a la sentencia, tales como imputación formal, aplicación de medidas cautelares, acusación pública o particular, son eminentemente provisionales, esto es, susceptibles de modificación, siendo que, la facultad de establecer en definitiva la adecuación penal que corresponde al hecho delictivo, es del Juez o Tribunal en Sentencia, en el fallo final, quien después de establecer el hecho probado, subsume el mismo en el tipo penal que corresponde conforme a los presupuestos configurativos preestablecidos por el Código Penal, para finalmente imponer la sanción prevista.
Esta facultad conocida en la doctrina como principio iura novit curia (El juez conoce el derecho), no implica vulneración alguna del principio de congruencia, ya que el legislador, si bien ha prohibido al juzgador la modificación o inclusión de hechos no contemplados en las acusaciones; empero, no así la calificación legal que se traduce en el trabajo de subsunción desarrollado en la fundamentación jurídica de la Sentencia.
También es importante remarcar, que la facultad privativa de realizar la adecuación penal del hecho al tipo penal, no puede ser discrecional ni arbitraria, pues resulta atentatorio al principio de congruencia y como consecuencia al derecho a la defensa y al debido proceso, el establecer una calificación jurídica por un delito que no se trate de la misma familia de delitos, pues no debe perderse de vista, que los medios de defensa del sindicado están orientados a rebatir un determinado hecho delictivo, y en función a ello es que se dirige su actividad probatoria de descargo, por lo que existiría quebrantamiento al derecho a la defensa, si por ejemplo, se pretendeº sancionar un hecho por el delito de Robo (que tutela la propiedad), cuando se acusó por Asesinato u otros delitos análogos (que protegen la vida).
En esta orientación, incluso posibilitando la aplicación del referido principio por el Tribunal de alzada, el Auto Supremo 131 de 31 de enero de 2007 señaló: “Ante un eventual error en la subsunción de la conducta por el A quo si la sentencia aporta los elementos de prueba necesarios para que a partir de un nuevo análisis se pueda determinar que la conducta constituye delito dentro de la familia de los delitos que se analizan y que han sido acusados previa verificación de que para dictar nueva resolución no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el Tribunal Ad-quem, en aplicación del principio ‘iura novit curia’ y observando la celeridad procesal, en aplicación del artículo 413 del Código de Procedimiento Penal, dictará sentencia directamente”, criterio que fuera considerado por esta Sala en el Auto Supremo 337/2012-RRC de 21 de diciembre, al establecer: “De la revisión del Auto de Vista impugnado, se advierte que el mismo contiene la debida fundamentación respecto a cada uno de los motivos planteados por los recurrentes; en esa labor, con relación a la modificación del tipo penal y la imposición de una pena mayor, el Ad quem, en principio identificó en forma clara y precisa el error en el que incurrió el A quo en la aplicación de la ley sustantiva, para luego en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 413 del CPP, reparar directamente la errónea aplicación de la ley sustantiva, adecuar los hechos probados en juicio e identificados en Sentencia al delito de Violación en estado grave de perturbación de la conciencia y finalmente fundamentar el quantum de la pena; a este efecto, el Tribunal de alzada limitó su actuar al correspondiente control del sistema de valoración de la prueba y se pronunció de manera expresa, absolviendo fundadamente los motivos del recurso de apelación restringida…”.
En consecuencia, será posible adecuar una conducta al delito de Abuso Deshonesto, cuando provisionalmente estaba calificada como Violación o viceversa, al tratarse de tipos penales que protegen el mismo bien jurídico, cual es la libertad sexual de las personas, lo que descarta cualquier quebrantamiento al derecho a la defensa, pues el imputado tiene la oportunidad de prever mecanismos de defensa que podrán rebatir, en su caso, los hechos contra la libertad sexual que en esencia le endilgan. Por tanto es plenamente legal, realizar la subsunción del hecho en el tipo penal que se considera pertinente, aún sea distinto del acusado, siempre que se trate de delitos relativos al mismo bien jurídico, correspondiendo la facultad privativa para establecer la adecuación legal que corresponde al hecho delictivo acreditado como probado, al Juez o Tribunal de Sentencia, y en su caso al propio Tribunal de Apelación conforme la jurisprudencia glosada precedentemente.
III.2.3. Principio de congruencia y su connotación en la parte dispositiva de la
Sentada como está la facultad del juzgador de establecer el derecho sobre los hechos puestos a su conocimiento (principio iura novit curia), corresponde también analizar de qué manera se plasma en la parte dispositiva de la Sentencia, tomando en cuenta que en muchos casos, no sólo se atribuye provisionalmente en las acusaciones un tipo penal, sino diversos delitos al mismo tiempo. Partiendo el análisis de la orientación del Código de Procedimiento Penal vigente, que reconoce en sus normas el principio de congruencia en los términos previstos en su art. 362, debe asumirse que durante el proceso penal lo que se somete a juzgamiento son hechos y no tipos penales; en consecuencia, resulta innecesario pronunciarse en la parte dispositiva de la Sentencia sobre todos los tipos penales provisionalmente atribuidos en las acusaciones, pues los argumentos, características y connotaciones del hecho debatido y tenido como probado, están inmersas en la parte considerativa (fundamentación fáctica y jurídica) del fallo, donde se hace conocer las razones del por qué se descarta uno u otros tipos penales endilgados, y el por qué se establece que ese hecho se encuadra en uno o más de los delitos atribuidos o en otro u otros que no estaban contemplados en las acusaciones.
Este entendimiento fue expresado en el Auto Supremo 93 de 24 de marzo de 2011, que si bien declaró infundado el recurso de casación que fuera presentado, efectuó la siguiente precisión que se considera a efectos de la resolución del presente recurso: “Conforme a la previsión contenida en el artículo 342 del Código de Procedimiento Penal, la base del juicio constituye la acusación pública o la del querellante y cuando estos sean irreconciliables el Tribunal tiene la potestad de precisar los hechos sobre los cuales se abre el juicio, vale decir que lo que se juzgan son hechos, no así tipos penales o calificaciones abstractas; bajo esta precisión conceptual tanto la imputación formal como la acusación tanto pública como particular establecen una calificación provisional en relación a la conducta del imputado y que la congruencia que debe existir es entre el hecho (base fáctica) y la sentencia y no así respecto a la calificación jurídica que provisionalmente contiene la acusación, teniendo el Juez o Tribunal, luego del desfile probatorio y del análisis de las pruebas incorporadas a juicio, realizar la ‘subsunción’ del hecho al tipo o tipos penales que correspondan pudiendo ser diferente al de la calificación jurídica realizada por la acusación en aplicación del principio procesal del iura novit curia y será la sentencia la que en definitiva efectúe la calificación definitiva del hecho como regla, siendo innecesario bajo el nuevo sistema procesal penal emitir una sentencia mixta condenando por unos delitos y absolviendo respecto a otros que no fueron probados en juicio, pues como se tiene señalado la calificación definitiva de la conducta punible se la efectúa en sentencia”. (las negrillas son nuestras).
En tal sentido, no puede considerarse como defecto de la Sentencia o que haya contradicción en ella, cuando habiéndose establecido la responsabilidad del imputado en el hecho atribuido objeto de juzgamiento, en función a la adecuación penal identificada en la fundamentación jurídica de la Sentencia, se dicta Sentencia condenatoria, sin absolverse el o los otros delitos también atribuidos en las acusaciones, por cuanto como se explicó precedentemente, lo juzgado y de inexcusable pronunciamiento, es el hecho y no el delito, así se colige de lo previsto por el art. 359 del CPP, cuando al referirse sobre las normas de deliberación y votación en Sentencia, señala: “…Los jueces deliberarán y votarán respecto de todas las cuestiones, en el siguiente orden: (…) 2) Las relativas a la comisión del hecho punible y la absolución o condena del imputado…” en concordancia con el art. 360 inc. 3) del mismo compendio normativo.
En el caso de autos, el recurrente alega que el Tribunal de alzada no se pronunció sobre todos los motivos del recurso de apelación restringida, concretamente del incurso en el punto 1.4, relativo a que existiría contradicción en la Sentencia entre su parte dispositiva con la considerativa, toda vez que habiéndose establecido en la motivación de la Sentencia que no se demostró el delito de Violación acusado y sobre el que se abrió el juicio oral, en la parte dispositiva no se lo absolvió del referido delito, limitándose a condenarlo por el delito de Abuso Deshonesto, pretendiendo suplir esa omisión con el principio iura novit curia, que no serviría de eximente. Con tal decisión estima el recurrente que existe contradicción con el precedente que invoca, Auto de Vista 18183/2004 de 3 de mayo de 2007, lo que constituiría, defecto absoluto establecido en el art. 169 inc. 3) del CPP.
Ahora bien, de la revisión minuciosa del Auto de Vista dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, se establece que el Tribunal de apelación, respondió uno a uno todos y cada uno de los argumentos de la apelación restringida, pues en el desarrollo del acápite titulado: “II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN”, se desvirtúa los fundamentos del recurrente, explicando amplia y correctamente el entendimiento del Tribunal de apelación sobre el principio de congruencia en relación al principio iura novit curia, y por qué considera que en el presente caso ha sido adecuadamente aplicado, siendo así que se señala entre sus conclusiones: “…Este Tribunal de Apelación de acuerdo a los fundamentos fácticos y probatorios expuestos por el Tribunal de Sentencia de Sacaba considera correcta la aplicación del principio “iura movit curia” para modificar la calificación jurídica con la que el Ministerio Público y la querellante acusaron primigeniamente la conducta desplegada por el imputado Juan José Siancas Acosta por el delito de Abuso Deshonesto, máxime si se tiene en cuenta que, en el presente caso, el hecho o “factum” se mantiene, variando sólo la anterior calificación jurídica que le adjudicó la acusación. En efecto, es necesario puntualizar que la conclusión tercera del Tribunal de Sentencia emitida en la resolución apelada, si bien ya no incorpora el argumento del acceso carnal, sin embargo quedó demostrado en juicio a través de la prueba judicializada que el imputado valiéndose de la confianza ganada con la menor y su familia, a título de enseñarle un nuevo “juego” efectuó actos y tocamientos libidinosos sin que se haya demostrado idóneamente el elemento típico del acceso carnal por penetración vaginal o anal o la introducción de objetos con fines libidinosos, por lo que se aplica la teoría finalista del delito, en la que los medios empleados no son tan importantes sino el fin que persigue el delito propiamente dicho, que en el caso corresponde al ilícito penal de Abuso Deshonesto. Consiguientemente no existe vulneración al principio de congruencia, como tampoco se advierte que exista contradicción entre la acusación y base del juicio, así como la parte considerativa con la parte resolutiva de la Sentencia…” (sic). Como se observa, el Tribunal de apelación expresamente ha dado respuesta al reclamo del recurrente, no siendo evidente la omisión de pronunciamiento que refiere el imputado.
Respecto a la denuncia de contradicción en la sentencia entre su parte dispositiva con la considerativa, al no haberse dispuesto la absolución del imputado por el delito de Violación de Niño, Niña y Adolescente, tal cuestionamiento carece de sustento legal, por cuanto conforme los fundamentos expuestos en el acápite anterior (III.2.2 y III.2.3), por un lado, de manera correcta el Tribunal de Sentencia, aplicando el principio iura novit curia, y sin infringir la disposición contenida en el art. 362 del CPP, calificó el hecho acusado y que fue objeto de juzgamiento, como Abuso Deshonesto previsto por el art. 312 del CP, que se encuentra dentro del mismo grupo de delitos que protegen la libertad sexual al que pertenece el tipo penal inicialmente acusado, emitiendo Sentencia Condenatoria en contra del recurrente Juan José Siancas Acosta e imponiendo la pena de quince años de presidio, sin que sea necesario pronunciar la absolución por el delito de Violación de Niño, Niña o Adolescente, por cuanto el objeto del juicio oral en materia penal es el hecho y no el tipo penal, teniéndose plenamente cumplido el requisito previsto por los art. 359 inc. 2) y 360 incs. 3) y 4), ambos del CPP.
En definitiva, se tiene que no existe contradicción de la Sentencia entre su parte considerativa con la resolutiva como reclamó el imputado tanto en su recurso de apelación como en el de casación. Asimismo, se evidencia también que el Auto de Vista impugnado no contradice el precedente invocado, pues la Resolución 18183/2004 de 3 de mayo de 2007, en el que se ampara, si bien dispuso la reposición del juicio por otro Tribunal de Sentencia, lo hizo principalmente por la deficiente valoración de la prueba y la ausencia de fundamentación de la Sentencia que declaraba la absolución del imputado por el delito de Violación; de modo que el último acápite del referido fallo relativo a la falta de pronunciamiento de absolución o condena por un “delito acusado”, que constituiría defecto absoluto, además de constituirse simplemente en obiter dictum (dicho de paso), resulta errado conforme los razonamientos de la presente Resolución.
Por los motivos expuestos, se concluye que las denuncias formuladas por el recurrente no son evidentes, porque el Tribunal de alzada no violentó la debida fundamentación de las decisiones judiciales, ni se vulneró las garantías constitucionales a la seguridad jurídica, al debido proceso y a la igualdad jurídica, debido a una inexistente contradicción entre la parte considerativa con la resolutiva de la Sentencia pronunciada por el Tribunal de Sentencia de Sacaba; en cuyo mérito, corresponde declarar infundado el presente recurso de casación.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la Ley del Órgano Judicial y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Juan José Siancas Acosta.

References: resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 413
 resolución 
 artículo 342
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 Resolución