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Timestamp: 2019-05-23 01:58:03+00:00

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Cuando un Estado miembro reconoce a una sociedad la facultad de transformarse, también debe otorgársela a una sociedad constituida en otro Estado miembro
El Derecho húngaro autoriza a las sociedades húngaras a transformarse, pero no permite la transformación de una sociedad de otro Estado miembro en sociedad húngara.
La sociedad italiana VALE COSTRUZIONI S.r.l. fue constituida e inscrita en el Registro Mercantil de Roma en el año 2000. El 3 de febrero de 2006, esta sociedad solicitó la cancelación de su inscripción en el registro porque deseaba trasladar su domicilio social y su actividad a Hungría, y cesar su actividad en Italia. El 13 de febrero de 2006, la inscripción de la sociedad fue cancelada en el registro italiano, donde se anotó que la sociedad se ha trasladado a Hungría.
El Legfelsobb Bíróság (Tribunal Supremo, Hungría), que debe resolver sobre la solicitud de inscripción de la sociedad VALE Építési kft, pregunta al Tribunal de Justicia si la normativa húngara que permite transformarse a las sociedades húngaras, pero prohíbe a las sociedades de otro Estado miembro una transformación en sociedades húngaras, es compatible con el principio de libertad de establecimiento. En este contexto, el tribunal húngaro quiere saber si, en la inscripción de una sociedad en el Registro Mercantil, un Estado miembro puede denegar el registro de la predecesora de esa sociedad, originaria de otro Estado miembro.
En su sentencia de hoy, el Tribunal de Justicia recuerda, en primer lugar, que a falta de una definición uniforme de las sociedades en el Derecho de la Unión, éstas sólo tienen existencia a través de las legislaciones nacionales que regulan su constitución y su funcionamiento. De este modo, en el contexto de una transformación transfronteriza de una sociedad, el Estado miembro de acogida puede establecer las normas pertinentes para tal operación y aplicar su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regula la constitución y el funcionamiento de una sociedad.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia indica que la legislación nacional en este ámbito no puede eludir, de entrada, el principio de libertad de establecimiento y, por tanto, sus disposiciones que prohíben la transformación de una sociedad procedente de otro Estado miembro, a la vez que permiten transformarse a las sociedades nacionales, deben examinarse a la luz de este principio.
El Tribunal de Justicia señala, a este respecto, que la normativa húngara controvertida, al prever únicamente la transformación de las sociedades que ya tienen su sede en Hungría, establece, de manera general, una diferencia de tratamiento entre sociedades en función del carácter interno o transfronterizo de la transformación. Ahora bien, tal diferencia de tratamiento, al poder disuadir a las sociedades que tienen su sede en otros Estados miembros de ejercer su libertad de establecimiento, constituye una restricción no justificada del ejercicio de esta libertad.
El Tribunal de Justicia añade que, por una parte, la realización de una transformación transfronteriza requiere la aplicación consecutiva de dos Derechos nacionales a tal operación jurídica. Por otra parte, el Tribunal de Justicia afirma que de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE sobre la libertad de establecimiento no pueden deducirse reglas precisas que puedan sustituir a las normas nacionales. En tales circunstancias, la aplicación de las normas nacionales debe efectuarse respetando los principios de equivalencia y efectividad, al objeto de garantizar la salvaguardia de los derechos que el Derecho de la Unión confiere a los justiciables.
En consecuencia, el Tribunal de Justicia constata, en primer lugar, que no puede cuestionarse la aplicación, por Hungría, de las normas de su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regulan la constitución y el funcionamiento de una sociedad, como el requisito de elaborar un balance y un inventario de activos.
En segundo lugar, cuando un Estado miembro exige, en el marco de una transformación interna, una estricta continuidad jurídica y económica entre la sociedad predecesora que ha solicitado la transformación y la sociedad sucesora transformada, también puede exigir lo mismo en el marco de una transformación transfronteriza.
Sin embargo, el Tribunal de Justicia declara, en tercer lugar, que el Derecho de la Unión se opone a que las autoridades de un Estado miembro, con motivo de una transformación transfronteriza, se nieguen a mencionar en el Registro Mercantil a la sociedad del Estado miembro de origen -como predecesora legal de la sociedad transformada-, cuando tal mención de la sociedad predecesora sí se inscribe con motivo de las transformaciones internas.
Por último, el Tribunal de Justicia responde que las autoridades del Estado miembro de acogida que deben resolver una solicitud de registro de una sociedad deben tener en cuenta los documentos procedentes de las autoridades del Estado miembro de origen que acreditan que dicha sociedad, en la cesación de sus actividades en ese último Estado, cumplió efectivamente la legislación nacional del Estado de origen.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera) de 12 de julio de 2012
Artículos 49 TFUE y 54 TFUE - Libertad de establecimiento - Principios de equivalencia y efectividad - Transformación transfronteriza - Denegación de la inscripción en el registro
En el asunto C378/10, que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Legfelsobb Bíróság (Hungría), mediante resolución de 17 de junio de 2010, recibida en el Tribunal de Justicia el 28 de julio de 2010, en el marco de una solicitud de inscripción en el Registro Mercantil presentada por VALE Építési Kft
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera), integrado por el Sr. K. Lenaerts, Presidente de Sala, y el Sr. J. Malenovský, la Sra. R. Silva de Lapuerta y los Sres. G. Arestis y T. von Danwitz (Ponente), Jueces; Abogado General: Sr. N. Jääskinen; Secretario: Sra. A. Impellizzeri, administradora; habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 14 de septiembre de 2011; consideradas las observaciones presentadas:
- en nombre de VALE Építési Kft, por el Sr. P. Metzinger, ügyvéd;
- en nombre del Gobierno húngaro, por el Sr. Z. Fehér, y por las Sras. K. Szíjjártó y K. Veres, en calidad de agentes;
- en nombre de Irlanda, por el Sr. D. OHagan, en calidad de agente, asistido por los Sres. Collins, SC, B. Doherty, BL, J. Buttimore, BL, así como por la Sra. L. Williams;
- en nombre del Gobierno del Reino Unido, por el Sr. S. Hathaway y la Sra. H. Walker, en calidad de agentes, asistidos por el Sr. K. Beal, Barrister;
- en nombre de la Comisión Europea, por los Sres. G. Braun y A. Sipos y por la Sra. K. Talabér-Ritz, en calidad de agentes;
- en nombre de la Autoridad de Vigilancia de la AELE, por el Sr. X. Lewis y la Sra. F. Simonetti, en calidad de agentes; oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 15 de diciembre de 2011; dicta la siguiente
2 La cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (Ley n.º V de 2006, relativa a la publicidad societaria, el procedimiento judicial de registro de sociedades y la liquidación voluntaria) establece, en su artículo 25:
1) La inscripción registral indicará respecto de toda sociedad, si resultare procedente:
El órgano jurisdiccional encargado del Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la predecesora legal resolverá acerca de la modificación de la forma societaria. Dicho órgano jurisdiccional cancelará la inscripción de la predecesora legal -con indicación de la sucesora legal- y, simultáneamente, inscribirá en el Registro Mercantil a la sociedad sucesora. Seguidamente, si resultare procedente, ordenará la remisión de la documentación societaria al órgano jurisdiccional encargado del Registro Mercantil correspondiente al domicilio social de la sucesora legal.
4 La gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Ley n.º IV de 2006, sobre las sociedades mercantiles; en lo sucesivo, Ley de sociedades mercantiles) establece, en su artículo 69, apartado 1:
Salvo que legalmente se disponga lo contrario, a la transformación de una sociedad mercantil en otra sociedad mercantil le serán de aplicación las disposiciones relativas a la constitución de una sociedad mercantil. Resultarán igualmente aplicables a la transformación las disposiciones en materia de transformación que establece esta Ley en relación con las distintas formas societarias.
1) Salvo que el contrato de sociedad establezca lo contrario, el máximo órgano de la sociedad mercantil tomará, en relación con la transformación, una decisión en dos fases. [...]
2) [...] En la primera fase, el órgano apreciará, sobre la base de una propuesta de la dirección -tras haber consultado al comité de vigilancia si en la sociedad mercantil lo hubiere-, si los socios (accionistas) de la sociedad aprueban la intención de transformarla, a continuación decidirá la forma jurídica de la sociedad resultante de la transformación e identificará a los socios (accionistas) de la sociedad que quieren convertirse en socios (accionistas) de la sociedad resultante de la transformación.
9 VALE Costruzioni Srl (sociedad italiana de responsabilidad limitada; en lo sucesivo, VALE Costruzioni), constituida mediante acta de 27 de septiembre de 2000, fue inscrita en el Registro Mercantil de Roma (Italia) el 16 de noviembre de 2000. El 3 de febrero de 2006, esta sociedad solicitó la cancelación de su inscripción registral indicando su intención de trasladar su domicilio social y su actividad a Hungría y de cesar su actividad en Italia. Atendiendo a esa solicitud, la autoridad encargada del Registro Mercantil de Roma canceló la inscripción registral de esta sociedad el 13 de febrero de 2006. De los autos se desprende que fue anotado en el registro, bajo el epígrafe Cancelación registral y traslado de domicilio, que la sociedad se ha trasladado a Hungría.
10 Dado que la sociedad constituida originariamente en Italia con arreglo a Derecho italiano había decidido trasladar su domicilio social a Hungría y operar conforme al Derecho húngaro, el gerente de VALE Costruzioni y otra persona física aprobaron el 14 de noviembre de 2006 en Roma los estatutos de VALE Építési Kft (sociedad húngara de responsabilidad limitada; en lo sucesivo, VALE Építési), con vistas a su inscripción en el Registro Mercantil húngaro. Además se desembolsó el capital requerido para el registro por la normativa húngara.
11 El 19 de enero de 2007, el representante de VALE Építési solicitó ante el Fovárosi Bíróság (órgano jurisdiccional de Budapest), en su condición de cégbíróság (Tribunal mercantil), la inscripción de la sociedad con arreglo al Derecho húngaro. En su solicitud, señaló que VALE Costruzioni era la predecesora legal de VALE Építési.
12 El Fovárosi Bíróság, en su condición de tribunal mercantil en primera instancia, denegó la solicitud de inscripción. En segunda instancia, el Fovárosi ítélotábla (Tribunal regional de apelación de Budapest), ante el que VALE Építési interpuso recurso, confirmó la resolución denegatoria. Según ese órgano jurisdiccional, una sociedad constituida y registrada en Italia no puede, con arreglo a las normas húngaras aplicables en materia de sociedades, trasladar su domicilio social a Hungría y no cabe la inscripción de la forma solicitada. Añade que, según la normativa húngara en vigor, en el Registro Mercantil sólo pueden figurar las menciones enumeradas en los artículos 24 a 29 de la Ley n.º V de 2006 y, en consecuencia, no es posible hacer constar como predecesora legal a una sociedad que no sea húngara.
13 VALE Építési interpuso un recurso de casación ante el Legfelsobb Bíróság (Tribunal Supremo), solicitando que se anulara la resolución denegatoria y se ordenara la inscripción registral de la sociedad. La sociedad alega que la resolución impugnada infringe los artículos de aplicación directa 49 TFUE y 54 TFUE.
14 La sociedad señala al respecto que dicha resolución no tiene en cuenta la diferencia fundamental entre, por una parte, el traslado internacional del domicilio social de una sociedad sin cambio del derecho nacional aplicable y, por otra parte, la transformación internacional de una sociedad. Ahora bien, el Tribunal de Justicia reconoció claramente tal diferencia en su sentencia de 16 de diciembre de 2008, Cartesio (C210/06, Rec. p. I9641).
15 El órgano jurisdiccional remitente ha confirmado la apreciación del Fovárosi ítélotábla y señala que el traslado del domicilio social de una sociedad que opera con arreglo al Derecho de otro Estado miembro, en el caso de autos la República Italiana, con una reconstitución de la sociedad según el Derecho húngaro y la mención de su causante italiana, tal como solicita VALE Építési, no puede admitirse en Derecho húngaro como transformación, pues la normativa nacional sobre transformaciones sólo se aplica a situaciones internas. Sin embargo, se pregunta sobre la compatibilidad de tal normativa con la libertad de establecimiento, señalando que el caso de autos se distingue del asunto en que se dictó la sentencia Cartesio, antes citada, en el sentido de que en el caso de autos se trata de un traslado del domicilio social de una sociedad con cambio del Derecho nacional aplicable, manteniendo la personalidad jurídica, es decir, de una transformación transfronteriza.
16 En estas circunstancias, el Legfelsobb Bíróság decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
1) ¿Tiene que atenerse el Estado miembro de acogida a los artículos [49 TFUE y 54 TFUE] en el supuesto de que una sociedad constituida en otro Estado miembro (de origen) traslade su domicilio social al Estado miembro de acogida y, simultáneamente, cancele a estos efectos su inscripción registral en el Estado miembro de origen, los accionistas de la sociedad otorguen una nueva escritura de constitución con arreglo al Derecho del Estado miembro de acogida y la sociedad solicite su inscripción en el Registro Mercantil del Estado miembro de acogida con arreglo al Derecho de dicho Estado?
- Que, en la escritura de constitución recibida en el Estado de acogida, la sociedad solicitante haga constar como predecesora legal a la sociedad constituida en el Estado miembro de origen, cuya inscripción registral ha cancelado, y solicite que se mencione a dicha sociedad como su predecesora legal en el Registro Mercantil del Estado miembro de acogida.
- En el supuesto de una transformación internacional intracomunitaria, a efectos de la resolución del Estado miembro de acogida acerca de la solicitud de inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, ¿está obligado el Estado miembro de acogida a tener en cuenta el acto por el que el Estado miembro de origen anotó en su Registro Mercantil el hecho del cambio de domicilio social y, en caso afirmativo, en qué medida?
4) ¿Está legitimado el Estado miembro de acogida para resolver con arreglo a las disposiciones de su Derecho de sociedades que regulan las transformaciones societarias internas, acerca de la solicitud de inscripción en el Registro Mercantil de ese Estado formulada por una sociedad que realiza una transformación internacional intracomunitaria, exigiendo a dicha sociedad que cumpla todos los requisitos que establece el Derecho de sociedades del Estado miembro de acogida para las transformaciones internas (por ejemplo, la elaboración de un balance y de un inventario de los activos) o, por el contrario, está obligado, sobre la base de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE, a diferenciar entre las transformaciones internacionales intracomunitarias y las transformaciones internas y, en caso afirmativo, en qué medida?
18 A efectos de examinar, respectivamente, la admisibilidad de la remisión prejudicial en su integridad o de las cuestiones tercera y cuarta, cabe recordar la jurisprudencia consolidada según la cual las cuestiones sobre la interpretación del Derecho de la Unión planteadas por el juez nacional en el marco fáctico y normativo definido bajo su responsabilidad y cuya exactitud no corresponde verificar al Tribunal de Justicia disfrutan de una presunción de pertinencia. La negativa del Tribunal de Justicia a pronunciarse sobre una cuestión planteada por un órgano jurisdiccional nacional sólo es posible cuando resulta evidente que la interpretación solicitada del Derecho de la Unión no tiene relación alguna con la realidad o con el objeto del litigio principal, cuando el problema es de naturaleza hipotética o también cuando el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos de hecho o de Derecho necesarios para responder de manera útil a las cuestiones planteadas (sentencia de 22 de junio de 2010, Melki y Abdeli, C188/10 y C189/10, Rec. p. I5667, apartado 27 y la jurisprudencia allí citada).
19 Ahora bien, las cuestiones planteadas en el caso de autos tienen por objeto la interpretación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE en un litigio real sobre la inscripción de VALE Építési en el Registro Mercantil. Además, la calificación por el órgano jurisdiccional remitente de la operación controvertida en el litigio principal de transformación transfronteriza de una sociedad no resulta carente de pertinencia, ya que según los autos la autoridad encargada del Registro Mercantil en Roma canceló la inscripción de VALE Costruzioni, anotando en el registro, bajo el epígrafe Cancelación y traslado de domicilio, que la sociedad se ha trasladado a Hungría.
- Sobre el ámbito de aplicación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE
24 Por lo que respecta a si dicha normativa entra en el ámbito de aplicación de los artículos 49 TFUE y 54 TFUE, procede recordar que el Tribunal de Justicia declaró, en el apartado 19 de la sentencia de 13 de diciembre de 2005, SEVIC Systems (C411/03, Rec. p. I10805), que las operaciones de transformación de sociedades, en principio, pertenecen al ámbito de las actividades económicas para las que los Estados miembros están obligados a respetar la libertad de establecimiento.
28 También es jurisprudencia consolidada que, conforme al artículo 54 TFUE, a falta de una definición uniforme dada por el Derecho de la Unión de las sociedades que pueden gozar del derecho de establecimiento en función de un criterio de conexión único que determine el Derecho nacional aplicable a una sociedad, la cuestión de si el artículo 49 TFUE se aplica a una sociedad que invoca la libertad fundamental consagrada en dicho artículo constituye una cuestión previa que, en el estado actual del Derecho de la Unión, sólo puede ser respondida sobre la base del Derecho nacional aplicable (sentencia de 29 de noviembre de 2011, National Grid Indus, C371/10, Rec. p. I0000, apartado 26 y jurisprudencia allí citada).
32 Resulta, de este modo, que no puede entenderse que la expresión siempre que ese Derecho lo permita, que figura al final del apartado 112 de la sentencia Cartesio, antes citada, pretende que la normativa del Estado miembro de acogida sobre transformación de sociedades eluda, de entrada, las reglas sobre la libertad de establecimiento del Tratado FUE, sino que simplemente refleja la consideración de que una sociedad creada en virtud de un ordenamiento jurídico nacional sólo tiene existencia a través de la legislación nacional, que de este modo permite la constitución de la sociedad, si se cumplen los requisitos establecidos para ello.
- Sobre la existencia de una restricción de la libertad de establecimiento y su posible justificación
34 Por lo que respecta a la existencia de una restricción de la libertad de establecimiento, cabe recordar que el concepto de establecimiento, en el sentido de las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, implica el ejercicio efectivo de una actividad económica por medio de una instalación permanente en el Estado miembro de acogida por una duración indeterminada. Por consiguiente, supone una implantación real de la sociedad de que se trate en ese Estado y el ejercicio de una actividad económica efectiva en éste (sentencia de 12 de septiembre de 2006, Cadbury Schweppes y Cadbury Schweppes Overseas, C196/04, Rec. p. I7995, apartado 54 y la jurisprudencia citada).
42 Mediante sus cuestiones tercera y cuarta, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 49 TFUE y 54 TFUE deben interpretarse, en el contexto de una transformación transfronteriza, en el sentido de que el Estado miembro de acogida es competente para establecer el Derecho interno pertinente para tal operación y, en consecuencia, para aplicar las normas de su Derecho nacional sobre transformaciones internas que regulan la constitución y el funcionamiento de una sociedad, como el requisito de elaborar un balance y un inventario de activos. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si el Estado miembro de acogida puede negarse a inscribir la mención de predecesora legal en las transformaciones transfronterizas, cuando tal mención está prevista en el Registro Mercantil para transformaciones internas, y en qué medida está obligado a tener en cuenta los documentos procedentes de las autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de registro de la sociedad.
48 A este respecto, cabe recordar que según jurisprudencia reiterada, en numerosos ámbitos, a falta de normativa de la Unión en la materia, las medidas dirigidas a garantizar la salvaguardia de los derechos que los justiciables deducen del Derecho de la Unión se determinan por el ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables que las aplicables a situaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos conferidos por el ordenamiento jurídico de la Unión (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, por lo que respecta a la repetición de lo indebido, la sentencia de 22 de octubre de 1998, IN.CO.GE.90 y otros, C10/97 a C22/97, Rec. p. I6307, apartado 25; por lo que respecta al Derecho administrativo, la sentencia de 7 de junio de 2007, van der Weerd y otros, C222/05 a C225/05, Rec. p. I4233, apartado 28; por lo que respecta a la responsabilidad extracontractual de un Estado miembro, la sentencia de 24 de marzo de 2009, Danske Slagterier, C445/06, Rec. p. I2119, apartado 31, así como, por lo que respecta a la exigencia de un certificado para obtener una ventaja fiscal, la sentencia de 30 de junio de 2011, Meilicke y otros, C262/09, Rec. p. I0000, apartado 55 y jurisprudencia citada).
56 Sin embargo, la denegación por las autoridades de un Estado miembro, con motivo de una transformación transfronteriza, de la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad del Estado miembro de origen como predecesora legal de la sociedad transformada no es compatible con el principio de equivalencia si, con motivo de las transformaciones internas, se inscribe tal mención de la sociedad predecesora. A este respecto debe señalarse que, al margen del carácter interno o transfronterizo de la transformación, la mención de predecesora legal en el Registro Mercantil puede resultar útil para informar a los acreedores de la sociedad transformada. Además, el Gobierno húngaro no presentó ningún motivo que justifique la reserva de tal mención a las transformaciones internas.
57 Por tanto, la negativa a incluir en el Registro Mercantil húngaro la mención de VALE Costruzioni como predecesora legal es incompatible con el principio de equivalencia.
- en las transformaciones transfronterizas, deniegue la inscripción de la sociedad que ha solicitado la transformación como predecesora legal, si tal mención de la sociedad predecesora en el Registro Mercantil está prevista para transformaciones internas, y
- se niegue a tener en cuenta debidamente los documentos procedentes de las autoridades del Estado miembro de origen en el procedimiento de registro de la sociedad.

References: artículo 267
 resolución 
 artículo 25
 artículo 69
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 54
 artículo 49