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Derecho Administrativo Sancionador Electoral. Las penas por delitos o sanciones electorales serían impuestas por los jueces. La Comisión Federal Electoral. - ppt descargar
Publicada porLoída Arias
Presentación del tema: "Derecho Administrativo Sancionador Electoral. Las penas por delitos o sanciones electorales serían impuestas por los jueces. La Comisión Federal Electoral."— Transcripción de la presentación:
Las penas por delitos o sanciones electorales serían impuestas por los jueces. La Comisión Federal Electoral podía cancelar, previa garantía de defensa, el registro de los partidos políticos. El IFE tiene atribuciones para conocer de las infracciones al Cofipe y notificará a la Sala Central del Tribunal Federal Electoral para que éste imponga la sanción correspondiente. Establece al Tribunal Federal Electoral como órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, para sustanciar y resolver los recursos de apelación e inconformidad, así como para imponer las sanciones a los partidos políticos en materia electoral. El IFE tendrá competencia para tramitar, sustanciar y resolver procedimientos administrativos e imponer sanciones a partidos políticos nacionales. El TEPJF conocerá de las impugnaciones sobre resoluciones en procedimientos iniciados con motivo de quejas a partidos. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) Código Federal ElectoralCofipe Antecedentes
Tipos de procedimientos Procedimiento sancionador ordinario; Procedimiento especial sancionador; Procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gastos de los partidos políticos; Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas. Legislación vigente
Derecho Administrativo Sancionador Manual de Derecho Administrativo Sancionador Ministerio de Justicia de España, Thomson, Aranzadi, Conjunto de normas jurídicas que disciplinan el ejercicio de la potestad sancionadora por parte de las administraciones públicas. Derecho Administrativo Sancionador Electoral Se puede definir como la rama del derecho público que regula el ejercicio de la potestad sancionadora conferida a las instituciones electorales. Concepto
Es la potestad del Estado para sancionar a los gobernados, siempre que se cumplan y observen los imperativos constitucionales y legales que limitan el actuar autoritario y confieren derechos al trasgresor de la norma. Es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. Se traduce literalmente como "derecho a penar" o "derecho a sancionar. Ius puniendi
Aquel poder jurídico reconocido por el ordenamiento jurídico cuyo ejercicio exige que se concreten ciertas circunstancias fácticas determinantes del ejercicio del mismo en el plano de la legalidad aplicable. Atribución propia de la administración que se traduce en la posibilidad jurídica de imponer sanciones a particulares, a los funcionarios que infrinjan sus disposiciones, o a sus servidores que, en el ejercicio de sus funciones, transgredan sus mandatos o desconozcan sus prohibiciones. La potestad sancionadora está integrada por un conjunto de facultades básicas: la del establecimiento, la de la imposición y la de la ejecución. Potestad sancionadora Tribunal Supremo Español. Sentencia 8086 del 20 de octubre de 1994 Ossa Arbeláez, Jaime, Derecho administrativo sancionador. Hacia una teoría general y una aproximación para su autonomía, Colombia, Legis, 2000, p. 126.
Marco normativo de la potestad sancionadora electoral Artículos 41, base III, Apartado D, y base V, párrafo décimo; 73, fracción XXI; 109, fracción III y 113, párrafo primero. CPEUM Artículos 108, 118.1, inciso w, y Libro Séptimo (340 al 378) Cofipe Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE
Daniel Maljar y Alejandro Nieto Diferencias entre derecho penal y derecho administrativo sancionador Derecho penal Derecho administrativo sancionador Sanciona el juez Sanciona el órgano administrativo DelitosInfracciones PenalSumario (administrativo) Monopolio absoluto de penas privativas de libertad Multas Código Penal Dispersas en todo el ordenamiento jurídico CriminalAdministrativa Diferencias Órgano sancionador Conductas Procedimiento Sanciones Normatividad Potestad
Principios aplicables al régimen administrativo sancionador electoral
Dworkin, Ronald, Los derechos en serio, Barcelona, Ariel, p. 72. El principio es un estándar que ha de ser observado, no porque favorezca o asegure una situación económica, política o social que se considera deseable, sino porque es una exigencia de la justicia, la equidad o alguna otra dimensión de la moralidad. Principios aplicables Los principios contenidos y desarrollados por el derecho penal, le son aplicables mutatis mutandis, al derecho administrativo sancionador electoral, porque ambos son manifestaciones del ius puniendi estatal. Estos principios deben adecuarse en lo que sean útiles y pertinentes a la imposición de sanciones administrativas y siempre que no se opongan a las particularidades de éstas. Tesis XLV/2002 del TEPJF
Principios dispositivo e inquisitivo DispositivoInquisitivo Se encuentra esencialmente en la instancia inicial del procedimiento, donde se exige la presentación de un escrito de queja que cumpla con determinadas formalidades, y se impone la carga de aportar elementos mínimos de prueba, por lo menos, con valor indiciario. Una vez que se recibe la denuncia, corresponde a las autoridades competentes la obligación de seguir con las etapas correspondientes del procedimiento, según lo prescriben las normas legales y reglamentarias. Jurisprudencias 64/2002 y 3/2008 (no vigentes)Jurisprudencias 64/2002 (no vigente) y 12/2010
Principio de prohibición de excesos o abusos de la autoridad en el ejercicio de las facultades discrecionales IdoneidadNecesidad o intervención mínima Se refiere a que la prueba sea apta para conseguir el fin pretendido y tener ciertas probabilidades de eficacia en el caso concreto, por lo que bajo este criterio, se debe limitar a lo objetivamente necesario. Al realizar varias diligencias razonablemente aptas para la obtención de elementos de prueba, deben elegirse las medidas que afecten en menor grado los derechos fundamentales de las personas relacionadas con los hechos denunciados. Proporcionalidad En las diligencias encaminadas a la obtención de elementos de prueba, la autoridad estimará la gravedad de los hechos denunciados, la naturaleza de los derechos enfrentados, así como el carácter del titular del derecho, debiendo precisarse las razones por las que se inclina por molestar a alguien en un derecho, en aras de preservar otro valor. Jurisprudencia 62/2002 del TEPJF
Principio de tipicidad Es un mandato que deriva del principio de legalidad, y se encuentra tutelado por el artículo 14 de la Constitución Federal, que establece: En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata. Esta reglas son igualmente aplicables para aquellas disposiciones que prevean la posibilidad de imponer una sanción de naturaleza administrativa en materia electoral. Es la descripción legal de una conducta específica, a la que se conectará una sanción administrativa. De manera ordinaria en el derecho penal la tipificación es directa e individualizada, pero en materia administrativa sancionadora, dada la complejidad de sus mandatos y prohibiciones, así como la multiplicidad de leyes, reglamentos, lineamientos o acuerdos generales en los cuales pueden recogerse, es imposible tener un catálogo definido de faltas administrativas, con la asignación, a cada una, de su correspondiente sanción. Eduardo García de Enterría, 2004 Tesis XLV/2001 del TEPJFSUP-RAP-018/2003
Principio de exhaustividad Impone el deber de agotar cuidadosamente en la resolución, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver. Jurisprudencias 12/2001, 43/2002, y tesis XXVI/99 del TEPJF
Principio de legalidad Se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral, para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales. Jurisprudencia 21/2001 del TEPJF
Principios de concentración, inmediatez y celeridad ConcentraciónInmediatez El procedimiento en su totalidad, debe conocerlo el mismo órgano jurisdiccional o el mismo órgano administrativo competente, en un número limitado de etapas y actuaciones procedimentales. Favorece la comunicación directa del justiciable o de los denunciantes con el juzgador o el órgano administrativo competente, particularmente en relación con los actos de prueba. Celeridad Obliga a la autoridad a sustanciar el procedimiento a la mayor brevedad posible, suprimiendo los trámites innecesarios, a fin de dictar resolución en forma pronta. Al efecto, confluyen dos exigencias igualmente necesarias que deben ser maximizadas: La garantía de un pronunciamiento jurisdiccional o de una determinación administrativa que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento (lo que supone cierto tiempo). Evitar que la eventual decisión ajustada a derecho pero tardía, resulte ineficaz. SUP-RAP-017/2006
Principio de irretroactividad de la ley A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Teoría de los derechos de adquisición. No se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que aquéllos se regirán siempre por la ley a cuyo amparo nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas o de su esfera jurídica, aun cuando esa ley hubiese dejado de tener vigencia al haber sido sustituida por otra diferente. Artículo 14 constitucional SUP- RAP-50/2005
Principio de presunción de inocencia In dubio pro reo Se debe presumir la inocencia mientras no se declare responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Es una manifestación del principio de presunción de inocencia, que obliga a absolver en caso de duda sobre la culpabilidad o responsabilidad del acusado. El TEPJF revocó la determinación del Consejo General del IFE que resolvió con una fe notarial - única prueba- determinar la compra de votos, mediante la aplicación del principio in dubio pro reo, porque consideró que a partir de los hechos que se desprendían de la fe notarial, no se colmaban los elementos de convicción, ya que dicha prueba es ineficaz para generar certeza sobre los hechos que se pretendían probar. Implica la imposibilidad jurídica de imponer consecuencias previstas para un delito o infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad, motivo por el cual, se erige como principio esencial de todo Estado democrático. Tesis LIX/2001, XVII/2005 y XLIII/2008 del TEPJF Artículo 20 constitucional SUP-RAP-71/2008
Principio de non bis in idem Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. Vertiente material. Es la garantía, para quien comete un acto ilícito, de que no podrá ser sancionado dos veces por el mismo hecho. Aspecto procesal. Un mismo hecho no podrá ser objeto de dos procesos distintos. Daniel E. Maljar, 2004 Artículo 23 constitucional
a) a) Conocimiento b) b) Investigación c) c) Sustanciación del Procedimiento Formulación de imputación y citación del probable responsable para formular su defensa. Oportunidad de contradicción y ofrecimiento de pruebas Resolución Toma de declaración del probable responsable Recopilación de elementos tendentes a acreditar la probable conducta irregular, circunstancia de tiempo, modo y lugar. Etapas del Procedimiento (denuncia, queja o de oficio)
Relación entre principios y etapas del procedimiento Dispositivo Inquisitivo Prohibición de excesos (criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad) Tipicidad Exhaustividad Noticia criminis Investigación, sustanciación y resolución Investigación Imputación y determinación de la sanción En la investigación y en la resolución Denuncia o queja de oficio
Elementos para determinar la sanción
Responsabilidad Consiste en la imputación o atribución a una persona o ente jurídico de un hecho determinado y sancionado normativamente. SUP-RAP-188/2008
Sanción Para sancionar, la Administración necesita que exista: Una norma con rango de ley que describa con carácter previo y suficiente la infracción (principio de legalidad); Que haya, al menos, negligencia en la actuación del sujeto (responsabilidad); Que el tiempo fijado para la prescripción no hubiese transcurrido; Seguir un procedimiento donde se acrediten (pruebas idóneas y suficientes) los hechos, partiendo de la inocencia del ciudadano; Que el castigo sea adecuado a las circunstancias concurrentes (proporcionalidad), y Que no se impongan dos castigos por un solo hecho (non bis in idem). Manual de Derecho Administrativo Sancionador Ministerio de Justicia de España, Thomson, Aranzadi, 2005.
Determinación de la sanción Jurisprudencia 24/2003 Obliga, con carácter general, a que la naturaleza de la represión de las infracciones administrativas sea adecuada a la naturaleza del comportamiento ilícito (legislador), y específicamente impone un deber de concretar la entidad de la sanción a la gravedad de los hechos (administración). Principio de proporcionalidad Una vez acreditada la infracción cometida por un partido político y su imputación subjetiva (conducta y situación del infractor en la comisión de la falta), la autoridad procederá a la determinación de la sanción y si esta establece un mínimo y un máximo a graduar o individualizar, la que corresponda de acuerdo con la ley. Determinación de la sanción
Sujetos Partidos políticos. Agrupaciones políticas nacionales. Aspirantes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular. Ciudadanos, o cualquier persona física o moral. Observadores electorales o las organizaciones de observadores electorales. Autoridades o servidores públicos de cualquiera de los Poderes de la Unión; de los poderes locales; órganos de gobierno municipales o del DF; órganos autónomos, y cualquier otro ente público. Notarios públicos. Extranjeros. Concesionarios y permisionarios de radio o televisión. Organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político. Organizaciones sindicales, laborales o patronales, o cualquier otra agrupación con objeto social diferente a la creación de partidos políticos, así como sus integrantes o dirigentes, en lo relativo a la creación y registro de partidos políticos. Ministros de culto, asociaciones, iglesias o agrupaciones de cualquier religión. Artículo 341 del Cofipe
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. NO ADMITE LITISCONSORCIO PASIVO NECESARIO.De la interpretación funcional del artículo 368, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del criterio sostenido reiteradamente por esta Sala Superior, en el sentido de que en el procedimiento administrativo sancionador en materia electoral son aplicables los principios del ius puniendi, entre los cuales se encuentra el de responsabilidad individual de los infractores; se colige que si bien, el Instituto Federal Electoral tiene la obligación de ordenar el emplazamiento de todos los denunciados, ello no se traduce en admitir la existencia de un litisconsorcio pasivo necesario, que pueda postergar la indagatoria de los hechos. Lo anterior, porque en estos procedimientos las responsabilidades pueden investigarse de manera conjunta o independiente, atendiendo a la forma y grado de participación de los presuntos infractores, sin que por ello se transgredan las reglas esenciales del procedimiento, por lo cual, no es dable suspender la investigación hasta en tanto se emplace a todos los denunciados, pues se atentaría contra los objetivos de reprimir conductas violatorias de los principios esenciales que rigen la materia, para restablecer el orden jurídico vulnerado. Jurisprudencia 3/2012
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ESPECIAL SANCIONADOR. SUJETOS LEGITIMADOS PARA PRESENTAR LA QUEJA O DENUNCIA.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 361, párrafo 1, 362, párrafo 1 y 368, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se concluye que, por regla general, cualquier sujeto puede presentar denuncias para iniciar el procedimiento administrativo especial sancionador, salvo en el caso de difusión de propaganda que denigre o calumnie, en el que solamente la parte agraviada estará legitimada para denunciar. Lo anterior obedece a que el procedimiento mencionado es de orden público, por lo que basta que se hagan del conocimiento de la autoridad administrativa sancionadora hechos que presuntamente infrinjan normas electorales para que dé inicio el procedimiento respectivo. Jurisprudencia 36/2012
Calificación de la falta Tipo de falta OmisiónAcción Elementos subjetivosElementos objetivos Responsabilidad HechosConsecuencias Calificación de la falta La calificación de las faltas que se consideren demostradas (tarea a cargo del órgano sancionador) debe comprender el examen de los siguientes aspectos: Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP 83/2007, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010
Elementos subjetivos Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP- 24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010 De resultar relevante, los medios utilizados La vulneración sistemática de una misma obligación, distinta en su connotación a la reincidencia La reiteración de la falta Conducta Enlace personal entre el autor y su acción Reincidencia Dolosa Intencional Culposa Negligencia Responsabilidad Situación del infractor Jurisprudencia 41/2010, y SUP- RAP-83/2007 y SUP-RAP-62/2010
OrdinariaEspecialMayor Particularmente grave Infracción sistemática Levísima Leve Grave Calificación de la falta Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP-31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010
Individualización de la sanción La individualización de la sanción en el procedimiento sancionador electoral puede definirse como el acto mediante el cual la autoridad administrativa electoral pondera la infracción a la norma electoral y la sanción que corresponde a su infractor. La magnitud de la sanción es la expresión de la infracción, acorde al grado de responsabilidad del sujeto infractor de la norma electoral.
Circunstancias de la faltaGravedad de la falta Las condiciones en las que se produjo la infracción: Tiempo Modo Lugar Se determina a partir del análisis de dos extremos: Trascendencia de la norma trasgredida Efectos que la trasgresión genera, respecto de los objetivos y los intereses jurídicos tutelados por el derecho. Al individualizar la sanción que corresponda al infractor de la norma electoral, la autoridad electoral administrativa, debe considerar: Circunstancias y gravedad al individualizar la sanción Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP-29/2001, SUP-RAP-24/2002, SUP-RAP- 31/2002, SUP-RAP-48/2010 y SUP-RAP-96/2010
DILIGENCIAS DE INSPECCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. REQUISITOS PARA SU EFICACIA PROBATORIA. De lo dispuesto por los artículos 36, 37, 38, 39 y 40, del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, se advierte que las diligencias de inspección ordenadas en el procedimiento administrativo sancionador, que tienen por objeto la constatación por parte de la autoridad electoral administrativa de la existencia de los hechos irregulares denunciados, se instituyen en un elemento determinante para el esclarecimiento de éstos y, en su caso, para la imposición de una sanción; ello, si se toma en consideración que es la propia autoridad electoral administrativa quien, en ejercicio de sus funciones, practica de manera directa tales diligencias y constata las conductas o hechos denunciados. Jurisprudencia 28/2010
Por tanto, para que el juzgador esté en aptitud de reconocerle valor probatorio pleno se requiere que en el acta de la diligencia se asienten de manera pormenorizada los elementos indispensables que lleven a la convicción del órgano resolutor que sí constató los hechos que se le instruyó investigar, como son: Por qué medios se cercioró de que efectivamente se constituyó en los lugares en que debía hacerlo; Que exprese detalladamente qué fue lo que observó en relación con los hechos objeto de la inspección; Así como la precisión de las características o rasgos distintivos de los lugares en donde actuó, entre otros relevantes, sólo de esa manera dicho órgano de decisión podrá tener certeza de que los hechos materia de la diligencia sean como se sostiene en la propia acta; en caso contrario, dicha prueba se ve mermada o disminuida en cuanto a su eficacia probatoria. Jurisprudencia 28/2010
Individualización de la sanción En el artículo 355, párrafo 5, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que una vez acreditada la actualización del supuesto previsto en la norma jurídica catalogada como tipo sancionador, así como la responsabilidad del sujeto denunciado, la autoridad electoral procederá a individualizar la sanción, con sustento en diferentes circunstancias que rodean la falta cometida, entre otras, las condiciones socioeconómicas del sujeto infractor. Se ha sostenido el criterio relativo a que, si la capacidad económica del infractor constituye una condición necesaria a examinar para la individualización de la sanción, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, resulta inconcuso que la autoridad administrativa electoral está facultada para allegarse de los elementos o medios de convicción necesarios, a fin de conocer la situación económica real del responsable, esto es, puede recabar, aun de oficio, de las autoridades correspondientes, la información que estime conducente para garantizar el mayor grado de objetividad en la determinación de la sanción que debe aplicar, pues de ello dependerá, en buena medida, la proporcionalidad de la sanción que se imponga. SUP-RAP-96/2010
Individualización de la sanción La obligación de atender a la situación económica del infractor se sustenta en que la afectación producida con la imposición de una sanción pecuniaria depende del estado patrimonial del responsable. Así, la imposición del monto mínimo de la multa puede ser gravosa para un sujeto en estado de insolvencia, en tanto que es posible que el cobro de una multa superior a la media sea prácticamente inocuo para un sujeto con un patrimonio considerable. Luego, si la responsable al establecer el monto de las multas impuestas omitió ponderar la capacidad económica de los sancionados, se debe concluir que dichas sanciones no se encuentran debidamente fundadas y motivadas, ya que tal garantía obliga a la autoridad a individualizar la sanción correspondiente teniendo en cuenta, entre otros elementos, la capacidad socioeconómica del infractor, con la finalidad de que la sanción sea proporcional y así no se comprometa el cumplimiento de sus propósitos fundamentales. SUP-RAP-96/2010
La autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: Elementos a considerar para individualizar la sanción La gravedad de la responsabilidad (calificación de la falta) en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan las disposiciones del Cofipe. Para ello precisará la norma violada y su jerarquía constitucional, legal o reglamentaria; el valor protegido y el bien jurídico tutelado; el efecto producido por la transgresión, y el peligro o riesgo causado por la infracción y la dimensión del daño. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. El IFE valorará si la falta fue sistemática y si constituyó una unidad o multiplicidad de irregularidades. Artículos 355 del Cofipe y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) y SUP-RAP- 62/2010 Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP-156/2010 que confirma dicha resolución.
La autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, entre otras, las siguientes: Elementos a considerar para individualizar la sanción Las condiciones socioeconómicas del infractor. Las condiciones externas y los medios de ejecución. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones. En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. El grado de intencionalidad o negligencia. Otras agravantes o atenuantes. Los precedentes resueltos por el IFE y el TEPJF con motivo de infracciones análogas. Artículos 355 del COFIPE y 61 del Reglamento de Quejas y Denuncias del IFE Jurisprudencia 24/2003 (no vigente) Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP- 156/2010 que confirma dicha resolución.
SUP- RAP 01/2007 Adicionalmente, la Sala Superior del TEPJF ha considerado en casos específicos, que también se deben considerar los siguientes elementos: Si existe dolo o falta de cuidado. Si hay unidad o multiplicidad de irregularidades. Si el partido o la agrupación política presenta condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos. Si ocultó o no información. Si con la individualización de la multa no se afecta sustancialmente el desarrollo de las actividades del partido político o de la agrupación. Elementos a considerar para individualizar la sanción Como ejemplo de un procedimiento para individualizar una sanción, véase la resolución del IFE: SCG/PE/IEPCT/CG/347/2009, así como el SUP-RAP- 156/2010 que confirma dicha resolución.
Procedimientos administrativos sancionadores electorales
Procedimientos sancionadores electorales Pueden definirse como la secuencia de actos, trámites y diligencias realizados por la autoridad administrativa electoral competente, para conocer, sustanciar y resolver las irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados en los términos de la legislación electoral aplicable. La autoridad debe realizar esta actividad mediante la investigación de los hechos correspondientes y la valoración de los medios de prueba que obren en el expediente del caso.
Contratar o adquirir tiempo en radio o TV. Difundir propaganda política o electoral que contenga expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas. Realizar actos anticipados de precampaña o campaña. Incumplir las obligaciones o infringir las prohibiciones sobre financiamiento y fiscalización. Partidos políticos Realizar actos anticipados de precampaña o de campaña. En el caso de los aspirantes o precandidatos, solicitar o recibir recursos, en dinero o en especie, de personas no autorizadas por el Cofipe. Omitir en los informes los recursos recibidos, en dinero o en especie, y que hayan sido destinados a su precampaña o campaña. No presentar el informe de gastos de precampaña o campaña. Exceder el tope de gastos de precampaña o campaña establecido por el Consejo General. Aspirantes, precandidatos o candidatos Sujetos e infracciones Artículos 342 a 353 del Cofipe Concesionarios o permisionarios de radio y tv Vender tiempo de transmisión a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Difundir propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al IFE. Incumplir su obligación de transmitir los mensajes y programas de los partidos políticos y de las autoridades electorales, conforme a las pautas aprobadas por el IFE. Manipular o superponer la propaganda electoral o los programas de los partidos políticos con el fin de alterar o distorsionar su sentido original, de denigrar a las instituciones, a los propios partidos, o calumniar a los candidatos.
Negarse a entregar la información requerida por el IFE, entregarla en forma incompleta, con datos falsos, o fuera de los plazos requeridos, respecto de sus operaciones mercantiles, los contratos que celebren, los donativos o aportaciones que realicen, o cualquier otro acto que los vincule con los partidos políticos, los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular. Contratar propaganda en radio y TV, en territorio nacional o en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o bien, que esté a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, o persona física o moral Difundir propaganda durante los procesos electorales, en cualquier medio de comunicación social. En caso de propaganda gubernamental se prohíbe su difusión del inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral, excepto información sobre servicios educativos y de salud, o para la protección civil en casos de emergencia. Incumplir el principio de imparcialidad, afectando la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales. Utilizar los programas sociales y sus recursos, en el ámbito federal, estatal, municipal, o del Distrito Federal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. Autoridades o servidores públicos Sujetos e infracciones Artículos 342 a 353 del Cofipe
Sujetos Sanciones Partido político APN Aspirantes, precandidatos y candidatos Ciudadanos, dirigentes y afiliados Personas morales Observadores electorales y organizaciones Concesionarios o permisionarios de radio y tv Organizaciones de ciudadanos Organizaciones sindicales o laborales Amonestación pública XXXXXXXXX Multa hasta 200 días X Multa hasta 500 días X Multa hasta 5,000 días XXX Multa hasta 10,000 días XX Multa hasta 100,000 días XX Reducción de hasta el 50% de financiamiento público X Interrupción de la transmisión de propaganda X Suspensión parcial o total de prerrogativas XX Cancelación del registro (o procedimiento para obtenerlo) XXXXX Suspensión del registro X Perdida a ser registrado X Sujetos y sanciones
IFE Comisión de Quejas y Denuncias Consejo General Secretaría del Consejo General Órganos desconcentrados Órganos competentes - Conocen y resuelven las denuncias relativas a la ubicación física o contenido de propaganda política o electoral impresa, pintada en bardas u otra diferente a la transmitida en radio y TV, sólo en los procedimientos especiales sancionadores. - Conoce infracciones, y en su caso, impone sanciones. - Inicia procedimientos y dicta medidas cautelares. - Recibe, tramita y substancia el procedimiento que corresponda, y elabora el proyecto de resolución. - Ejerce la facultad de atracción en procedimientos iniciados en los órganos desconcentrados. - Resuelve sobre la adopción de medidas cautelares. - Revisa y valora los proyectos de resolución que le presenta la Secretaría. - Turna al Consejo General los proyectos de resolución, o devuelve a la Secretaría con observaciones. Artículos 52, 118.1, inciso w, 120.1, incisos e y f, y 356 del Cofipe
Procedimiento administrativo sancionador ordinario
Artículo 21 del Reglamento de Quejas y Denuncias Finalidad del procedimiento sancionador ordinario Su finalidad es determinar la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral de los sujetos señalados en el Cofipe, mediante la valoración de indicios y medios de prueba que obren en el expediente, atendiendo al catálogo de infracciones previsto en el mismo código.
Podrán presentar por escrito, en forma oral o por medios de comunicación eléctricos o electrónico, quejas o denuncias por presuntas violaciones a la ley electoral ante los órganos centrales o desconcentrados del IFE. Nombre del quejoso o denunciante; Firma autógrafa o huella digital; Domicilio para oír y recibir notificaciones; Documentos necesarios para acreditar la personería; Interés jurídico; Narración expresa y clara de los hechos; De ser posible, los preceptos presuntamente violados; Ofrecer y aportar pruebas o mencionar las que habrán de requerirse en caso de que se omita algún requisito, la Secretaría deberá prevenir al denunciante para que subsane la omisión en tres días improrrogables. Requisitos Inicio del procedimiento sancionador ordinario Partidos políticos Funcionarios del IFE (de oficio) Personas físicas y morales La facultad del IFE para fincar responsabilidades por infracciones administrativas prescribe en cinco años. Artículos 361 y 362 del Cofipe
Recibida la denuncia, los órganos centrales o desconcentrados Remiten a la Secretaría del CG del IFE dentro de 48 horas, para su trámite Recibida la queja o denuncia, la Secretaría procederá a: Etapas del procedimiento sancionador ordinario Se admite Registrarla, debiendo informar de su presentación al Consejo. Revisarla y analizarla para determinar si debe prevenir al quejoso. Analizarla para determinar su admisión o desechamiento (cinco días para emitir el acuerdo correspondiente). En su caso, determinar y solicitar las diligencias necesarias para el desarrollo de la investigación. Si dentro de los cinco días de recibida la denuncia, la Secretaría valora que deben dictarse medidas cautelares, lo propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias para que resuelva en un plazo de 24 horas. Artículos 362, párrafos 6 al 9 y del Cofipe
Admisión de queja o denuncia Si se admite, la Secretaría La Secretaría emplaza al denunciado, quien tendrá un plazo de cinco días para contestar. De no hacerlo, perderá su oportunidad de ofrecer pruebas. Dictará de inmediato las medidas necesarias para dar fe de los hechos denunciados, para impedir que se pierdan, destruyan, o alteren las huellas o vestigios y en general, para evitar que se dificulte la investigación. La contestación deberá: Señalar el nombre del denunciado o su representante, con firma autógrafa o huella digital. Referirse a los hechos que se le imputan. Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones. Ofrecer y aportar pruebas. Artículos 364 y del Cofipe
Se allegará de los elementos de convicción que estime pertinentes para integrar el expediente respectivo. Investigación en el procedimiento sancionador ordinario La Secretaría cuenta con 40 días para realizar una investigación sobre los hechos, que podrá ser ampliado en forma excepcional por un período igual. Podrá solicitar a las autoridades (federales, estatales o municipales) los informes, certificaciones o el apoyo necesario para la realización de diligencias que coadyuven para indagar y verificar la certeza de los hechos denunciados. La investigación deber ser: Seria Congruente Idónea Eficaz Expedita Completa Exhaustiva Puede solicitar mediante oficio a órganos centrales o descentralizados del IFE, que lleven a cabo investigaciones o recaben pruebas. Artículo 365, párrafos 1, 3 y 5 del Cofipe
Cuando concluya el desahogo de pruebas y se agote la instrucción, la Secretaría pondrá el expediente a la vista de las partes durante un plazo de cinco días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. El proyecto de resolución se envía al Consejero Presidente, quien convoca a sesión. El CG aprueba o rechaza la resolución y establece las sanciones correspondientes. La Secretaría envía el proyecto de resolución a la Comisión de Quejas y Denuncias, para que lo conozca y estudie en un plazo de cinco días. Se convoca a sesión de la comisión, para analizar y valorar el proyecto: Si no se aprueba, se devuelve a la Secretaría para que, en un plazo no mayor a 15 días, emita un nuevo proyecto. Si se aprueba, se turna al Consejo General para su estudio y votación. Conclusión del procedimiento sancionador ordinario Transcurrido el plazo, elaborará el proyecto de resolución en un término máximo de diez días (podrá ampliarse por un plazo igual). Artículo 366 del Cofipe
Resolución del procedimiento sancionador ordinario En caso de empate en la votación, debido a la ausencia de algún consejero, se realizará una segunda votación. Si persiste el empate, el Consejero Presidente determinará que se presente en una sesión posterior, en la que estén presentes todos los consejeros. El consejero que disienta de la mayoría podrá formular voto particular. Presidente del Consejo General recibe el proyecto correspondiente: Convoca a sesión y remite copia del proyecto a los demás consejeros, por lo menos tres días antes de la fecha de la sesión. El Consejo General del IFE determinará: Rechazarlo y ordenar a la Secretaría elaborar un nuevo proyecto, (Acuerdo de devolución) Aprobarlo con modificaciones, en la propia sesión Aprobarlo ordenando al Secretario realizar el engrose Aprobarlo en sus términos Artículo 366, párrafos 5 al 8 del Cofipe
Antecedentes Sentencia SUP-RAP-17/2006, en el recurso promovido por la Coalición Por el Bien de Todos, en contra de la omisión del Consejo General del IFE de aprobar el proyecto de acuerdo por el que se ordena a la coalición «Alianza por México» que retire promocionales en radio, televisión e internet, que violan la Constitución y el Cofipe. El Consejo General del IFE: No cumplió con la obligación de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral. Realizó una incorrecta interpretación del sistema jurídico electoral federal, en el sentido de dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones. Con la interpretación que sostuvo violó el principio de justicia pronta previsto en el artículo 17 de la Constitución federal, ya que un procedimiento administrativo sancionador electoral, implicaría un daño irreparable en el proceso electoral (los plazos harían nugatorias las disposiciones del Cofipe), y podrían vulnerarse los principios de equidad e igualdad, el de voto libre y las condiciones generales de la elección.
Antecedentes La Sala Superior resolvió: Aun cuando el Consejo General contaba con atribuciones legales para conocer y resolver los hechos planteados, la vía no era el procedimiento administrativo sancionador electoral. En ejercicio de sus atribuciones, debía ejecutar un procedimiento idóneo, eficaz, completo y exhaustivo, en que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento, que permitieran prevenir la comisión de conductas ilícitas y restaurar el orden jurídico electoral violado. El Cofipe no contenía normas expresas que fijaran un procedimiento distinto al sancionador, sin embargo, eso no era un obstáculo para que el Consejo General conociera y resolviera, pues de conformidad con el artículo 3°, párrafo 1, del Cofipe, debía instrumentar un procedimiento especializado, que le permitiera ejercer sus atribuciones constitucional y legalmente previstas, en el que se respetara la garantía de audiencia y se observen las formalidades esenciales (aquellas necesarias para garantizar la defensa adecuada). Dicho procedimiento debía realizarse de conformidad con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Las jurisprudencias 12/2007 y 2/2008 (histórica), así como la tesis VII/2008, obligan a las entidades federativas a instaurar este tipo de procedimientos cuando sea necesario, aun cuando no esté previsto en las leyes locales respectivas.
Finalidad del procedimiento especial sancionador Su finalidad es determinar de manera expedita, la existencia y responsabilidad en materia administrativa electoral, mediante la valoración de medios de prueba e indicios, cuando se denuncie la comisión de conductas que: Artículo 62 del Reglamento de Quejas y Denuncias Contravengan normas sobre propaganda política o electoral establecidas para los partidos políticos en el Cofipe. Violen disposiciones constitucionales relativas a los medios de comunicación social, o difusión de propaganda de servidores públicos. Constituyan actos anticipados de precampaña o campaña. Por irregularidades e incumplimientos, sobre las prerrogativas y tiempos disponibles para partidos políticos y autoridades electorales en radio y TV. Cuando la conducta infractora se relacione con propaganda política o electoral en radio y televisión durante los procesos electorales de las entidades federativas, la autoridad electoral administrativa competente presentará la denuncia ante el IFE. Los procedimientos relacionados con la difusión de propaganda que denigre o calumnie sólo podrán iniciar a instancia (solicitud) de parte afectada. Artículos 367 y 368, párrafos 1 y 2 del Cofipe
Nombre del quejoso o denunciante Domicilio para oír y recibir notificaciones Documentos necesarios para acreditar la personería Narración expresa y clara de los hechos De ser posible, los preceptos presuntamente violados Ofrecer y exhibir las pruebas con que cuente, o mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas En su caso, las medidas cautelares que se soliciten Admisión y desechamiento El escrito no reúna los requisitos Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral No se aporten ni ofrezcan pruebas La materia de la denuncia resulte irreparable La Secretaría notificará al denunciante, dentro de un plazo de 12 horas; vía fax, telegrama o correo electrónico, que deberá confirmar por escrito. Requisitos del escrito de denuncia: Causales de desechamiento del procedimiento especial: Artículo 368, párrafos 3, 5 y 6 del Cofipe
El CG aprueba o rechaza la resolución y en su caso establece las sanciones correspondientes. Si se determina que la propaganda viola la Constitución o el Cofipe, el CG puede ordenar el retiro físico o la suspensión inmediata de la distribución o difusión. La Secretaría del CG recibe la denuncia y la examina junto con las pruebas aportadas Admitida la denuncia, se corre traslado a las partes y las notifica para que asistan a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de las 48 horas siguientes a la admisión. Si la Secretaría del CG considera necesaria la adopción de medidas cautelares, las propondrá a la Comisión de Quejas y Denuncias dentro de las siguientes 48 horas. Etapas del procedimiento especial sancionador Dentro de las siguientes 24 horas a la celebración de la audiencia, la Secretaría del CG formulará el proyecto de resolución y lo presenta al Consejero Presidente, quien convoca a sesión para conocer y resolver el proyecto. La sesión se celebrará a más tardar 24 horas después de haberlo recibido. Artículos 368, párrafos 7 y 8 y 370 del Cofipe
Medidas cautelares Suspender los actos o hechos, evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios que rigen los procesos electorales o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la ley electoral. Finalidad Se aplicarán cuando se presuma la violación de: El derecho al uso de los medios de comunicación social, así como de las condiciones para la difusión de propaganda por servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno. La prohibición a los partidos políticos de realizar actos de precampaña o campaña en territorio extranjero, así como de los precandidatos o candidatos de realizar actos anticipados de precampaña o campaña. Las conductas que realicen los concesionarios o permisionarios de radio y televisión, que impliquen la venta de tiempo de transmisión, difusión de propaganda política o electoral y el incumplimiento a su obligación de transmitir los mensajes que le indique el IFE. Artículos del Cofipe y 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias
El acuerdo podrá ordenar al denunciado para que retire la propaganda en un plazo no mayor de 24 horas. Para el caso de propaganda transmitida en radio y televisión, la Comisión ordenará a las concesionarias y permisionarias, así como a los partidos políticos que correspondan, la suspensión inmediata de su difusión. Las condiciones de las que depende su aplicación, por ejemplo: la existencia de un derecho y el temor fundado de que mientras se resuelve el procedimiento, desaparezcan las circunstancias que hagan posible la reparación del daño que se pudiera causar. Que justifiquen que la probable afectación se pueda reparar, y que la medida es razonable, adecuada y proporcional a la conducta ilícita. Ordenar la suspensión de la transmisión de promocionales de radio y televisión. Ordenar el retiro de propaganda contraria a la ley. En una evaluación preliminar, la autoridad deberá fundar y motivar las medidas cautelares considerando: De este modo, la Secretaría podrá proponer a la Comisión: Medidas cautelares Artículo 13 del Reglamento de Quejas y Denuncias
MEDIDAS CAUTELARES EN ELECCIONES LOCALES. CORRESPONDE DETERMINARLAS AL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA DIFUNDIDA EN RADIO Y TELEVISIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 368, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se obtiene que en el supuesto de violaciones a leyes estatales durante procesos electorales locales, mediante propaganda en radio y televisión, la denuncia y la imposición de sanciones compete a la autoridad local estatal y, en estos casos, el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, a través de la Comisión de Quejas y Denuncias, colabora con la autoridad local exclusivamente para ordenar la suspensión de la transmisión de propaganda. En efecto, ambas autoridades actúan en un contexto de coordinación administrativa, con pleno respeto de sus ámbitos competenciales y para darle funcionalidad al sistema. En este orden de ideas, para el dictado de la medida cautelar que, en su caso, corresponda, el Instituto Federal Electoral, no dará inicio a un procedimiento especial sancionador, pues será el órgano administrativo electoral local el que se pronuncie respecto de la violación aducida a la legislación electoral respectiva; estimar lo contrario daría lugar a la apertura de dos procedimientos sancionadores (federal y local), en detrimento del principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 de la Constitución Federal. Jurisprudencia 23/2010
La audiencia será conducida por la Secretaría del CG, de manera ininterrumpida y en forma oral. Sólo se admitirán las pruebas documental y técnica, siempre y cuando en ésta se aporten los medios para su desahogo en el curso de la audiencia. Iniciada la audiencia, el denunciante tendrá una intervención no mayor de 15 minutos, para resumir los hechos que motivaron la denuncia y hacer una relación de las pruebas que los corroboran. El denunciado, en no más de 30 minutos, responderá a la denuncia y ofrecerá las pruebas que desvirtúen los hechos que le son imputados. La Secretaría debe resolver sobre la admisión de pruebas y proceder a su desahogo. Audiencia de pruebas y alegatos Procedimiento: Concluido el desahogo de pruebas, la Secretaría concederá 15 minutos a cada una de las partes, para alegar en forma escrita o verbal. Artículo 369 del Cofipe
Comparativo procedimientos ordinario y especial (1 de 2) EtapaOrdinarioEspecial Presentación de la queja, denuncia o inicio del procedimiento oficioso -- Ratificación de la denuncia o queja3 días Remisión a la Secretaría Ejecutiva48 horasInmediatamente Prevención3 díasNo procede prevención Admisión5 díasNo se precisa plazo Medidas cautelares 24 hrs para resolver, dentro de los 5 días para admitir. Dentro de las 48 hrs. previstas para la celebración de la audiencia Emplazamiento y contestación 5 días para contestar, posteriores al emplazamiento 48 hrs. posteriores a la audiencia de pruebas y alegatos. Investigación 40 días que puede ampliar hasta por 40 días más La investigación se hace con las constancias de autos y el contenido de la audiencia de pruebas y alegatos Vista con la investigación5 días para alegatos 15 minutos a cada parte en la audiencia Proyecto de resolución 10 días que puede ampliar por 10 días más 24 hrs. después de concluida la audiencia Artículos 361 al 370 del Cofipe
EtapaOrdinarioEspecial Remisión a la Comisión de Quejas y Denuncias 5 días Sólo en caso de medidas cautelares: 48 hrs. Sesión de Comisión de Quejas y Denuncias Un día para convocar a sesión, que debe celebrarse no antes de 24 hrs. - En caso de ser rechazado el proyecto, plazo para su nueva elaboración 15 días- Remisión al Consejo GeneralNo se establece plazoInmediatamente Sesión del Consejo General de resolución 3 días posteriores a la entrega del proyecto Dentro de las 24 hrs posteriores a la entrega del proyecto En caso de empate, por ausencia de un Consejero 2ª votación. Si persiste empate, el proyecto debe ser presentado en sesión posterior (todos consejeros) - Tiempo total mínimo sin ampliación de plazos; rechazo del proyecto de resolución, ni empate en la votación 64 días aprox.5 o 6 días aprox. Tiempo total estimado con ampliación de plazos, rechazo de proyecto y sin empate de la votación 129 días aprox.- Comparativo procedimientos ordinario y especial (2 de 2) Artículos 361 al 370 del Cofipe
Artículo 41 fracción III Constitución Federal III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social. Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
Artículo 41 fracción III Constitución Federal Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo siguiente y a lo que determine la ley:
Artículo 41 fracción III Constitución Federal Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
Artículo 41 fracción III Constitución Federal Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de concesionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.
Artículo 116 fracción IV Constitución Federal IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;
Artículo 116 fracción IV Constitución Federal IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que: j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;
Artículo 6 Constitucional La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Artículo 7 Constitucional Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delitos de prensa, sean encarcelados los expendedores, «papeleros», operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos.
En una democracia, la libertad de expresión es un presupuesto necesario para formar la opinión pública, porque ésta surge con el diálogo e intercambio de opiniones informadas. Por esa razón, la libertad de expresión tiene una doble dimensión: la individual y la social. La Libertad de expresión
Cuando la libertad de expresión está relacionada con la materia electoral, y en general con los derechos político electorales, su ejercicio debe realizarse de manera armónica con esos derechos, así como con los principios que rigen en la materia, sin que el ejercicio de unos suprima o vaya en contra de otros. Libertad de expresión y la materia electoral
En ese sentido, los conceptos orden público y derechos de terceros, en materia electoral, adquieren significado a la luz de los derechos político-electorales y de los principios rectores de todas las elecciones democráticas. Todas las personas deben respetar ese derecho, en atención a que el ordenamiento jurídico tiene fuerza vinculante, por lo que, la sujeción u obligatoriedad de primer orden, inmediata y directa, es para los depositarios del poder público del Estado y, en segundo término, en general, para toda persona individual o jurídica, ya sea oficial, social o privada. Derechos de terceros
Así, cuando lo que se pretende propagar es la opinión del ente que desempeña sus funciones en los medios de comunicación, éste cuenta con libertad, ya que se parte de la base, que la opinión consiste en la emisión de juicios de asentimiento o repulsa sobre la cuestión que planteada, es decir, que la opinión implica un acto de voluntad de adhesión o rechazo hacia una situación concreta. OPINIÓN
En cambio, cuando lo que se quiere es que se conozca una cosa que está aconteciendo en la realidad, esto es, cuando se está en el ámbito de la noticia, la información debe ser veraz y objetiva. Esas características se deben cumplir con mayor razón en el ámbito de las noticias electorales, porque como ya se dijo, el derecho a ser votado limita la libertad de expresión, porque ésta debe garantizar que, la cobertura informativa concedida a los contendientes en un proceso electoral tenga pretensiones serias de veracidad y objetividad, además de ser equitativa en función de la actividad de cada candidato o fuerza política. NOTICIA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO.-El artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce con el carácter de derecho fundamental a la libertad de expresión e información, así como el deber del Estado de garantizarla, derecho que a la vez se consagra en los numerales 19, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles y 13, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, disposiciones integradas al orden jurídico nacional en términos de lo dispuesto por el artículo 133 del propio ordenamiento constitucional. Conforme a los citados preceptos, el ejercicio de dicha libertad no es absoluto, encuentra límites en cuestiones de carácter objetivo, relacionadas con determinados aspectos de seguridad nacional, orden público o salud pública, al igual que otros de carácter subjetivo o intrínseco de la persona, vinculados principalmente con la dignidad o la reputación. Jurisprudencia 11/2008
En lo atinente al debate político, el ejercicio de tales prerrogativas ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática. Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que apreciadas en su contexto, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y el fomento de una auténtica cultura democrática, cuando tenga lugar, entre los afiliados, militantes partidistas, candidatos o dirigentes y la ciudadanía en general, sin rebasar el derecho a la honra y dignidad reconocidos como derechos fundamentales por los ordenamientos antes invocados. Jurisprudencia 11/2008
Tribunal Constitucional Español Tribunal Constitucional Español. El derecho de réplica es instrumental en cuanto que su finalidad se agota en la rectificación de informaciones publicadas por los medios de comunicación…normalmente sólo puede ejercerse con referencia a datos de hecho… pero no frente a opiniones que de sancionarlas lesionarían el derecho que garantiza la Constitución de comunicar y recibir información libremente. Sentencia 35/1983
Prueba indiciaria La rigidez y al formalismo, en la evaluación del material probatorio, puede conducir a imposibilitar la acreditación de los hechos, ante la fragmentación y dispersión de los vestigios que se logren reunir de los pocos que hayan escapado al ocultamiento, a la destrucción o a la simulación y, por tanto, también es menester una labor cuidadosa y exhaustiva en la apreciación de los indicios, a fin de sopesar y vincular todas y cada una de sus circunstancias, dado que cualquier descuido en esta actividad puede conducir a conclusiones erróneas.
A) Que exista un solo indicio de muy fuerte y acusada potencia acreditativa, o, lo que será más normal, que existan varios indicios, varios datos que actúan como hechos-base y que estén acreditados por prueba directa. Estructura de la prueba indiciaria B) Que estén interrelacionados entre sí, y periféricos de aquella conclusión a la que se quiere llegar, y que actuaría como hecho- consecuencia. C) Que estos indicios no estén desvirtuados o rebatidos por otros de signo adverso, que, obviamente eliminarían su aspecto indiciario.
D) La valoración por parte del Tribunal de tales indicios debe de efectuarse de forma enlazada, es decir, uniendo unos a otros de forma intelectual, hasta llegar al hecho-consecuencia que se quiere llegar. E) Que se exprese el juicio de inferencia alcanzado por el Tribunal. F) Que se describa con el detalle preciso, el razonamiento que partiendo de los hechos-base, llega hasta el hecho-consecuencia al que se quiere llegar y que este proceso lógico-inductivo, aparezca no sólo razonado sino razonable de acuerdo con el canon de culpabilidad Estructura de la prueba indiciaria
SUP-RAP-122/2008
Espectaculares SUP-JDC-2683/2008
Espectaculares SUP-RAP-14/2009
JURISPRUDENCIA 2/2009 PROPAGANDA POLÍTICA ELECTORAL. LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO EN LOS MENSAJES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, NO TRANSGREDE LA NORMATIVA ELECTORAL.
De la interpretación sistemática de los artículos 41, párrafo 2, base III, apartado C, y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 347 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 2, inciso h), del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, se colige que la utilización y difusión de los programas de gobierno con fines electorales se encuentra prohibida a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, debido a que son quienes tienen a su cargo la implementación, ejecución y vigilancia de su desarrollo. JURISPRUDENCIA 2/2009
Por tanto, los partidos políticos pueden utilizar la información que deriva de tales programas, en ejercicio del derecho que les concede la legislación para realizar propaganda política electoral, como parte del debate público que sostienen a efecto de conseguir en el electorado un mayor número de adeptos y votos. Ello, en tanto que dichos programas resultan del ejercicio de las políticas públicas, cuyo contraste puede formularse por los demás partidos que expresen su desacuerdo, lo que fomenta el debate político. JURISPRUDENCIA 2/2009
SUP-RAP-225/2009
SUP-JRC-69/2009
Consulta al Instituto Federal Electoral Precandidato único SUP-RAP-3/2012 El Consejo General del Instituto Federal Electoral refirió que los precandidatos cuentan con el derecho de ejercer las libertades de expresión, reunión y asociación, pero que no se trata de libertades irrestrictas o ilimitadas, sino que deben interpretarse en el contexto en que se ejercen, de manera que en su calidad de precandidatos deben de ajustarse a las restricciones previstas en la Ley, que consisten, principalmente, en las prohibiciones de llamar al voto y difundir alguna plataforma electoral. Resolución de la Sala Superior del TEPJF ÚNICO. Se confirma el Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el cual se da respuesta a la consulta planteada por el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, en atención al oficio remitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia recaída al incidente de aclaración de oficio en el expediente SUP-JRC-0309/2011 identificado bajo la clave CG474/2011.
En proceso electoral La ubicación física o al contenido de propaganda política o electoral impresa. Por la propaganda pintada en bardas, o de cualquier otra diferente a la transmitida por radio o TV. Cuando se refieran a actos anticipados de precampaña o campaña. Junta Ejecutiva del distrito electoral de que se trate. Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital que corresponda por demarcación territorial, por la comisión de conductas que se refieran a: Fuera de proceso electoral Presentación de denuncia por propaganda NO transmitida en radio o televisión Artículo 371 del Cofipe
Se presenta el proyecto de resolución ante el consejo distrital (fuera de proceso electoral federal, ante la junta ejecutiva respectiva). Si la conducta denunciada constituye una infracción generalizada o grave, la Secretaría del CG podrá atraer el asunto. Las resoluciones de los consejos o las juntas distritales, podrán ser impugnadas ante los consejos o juntas locales, cuyas resoluciones serán definitivas. Resolución del procedimiento especial por propaganda NO transmitida en radio o televisión Artículo 371 del Cofipe
Finalidad y procedencia En el escrito de queja se narrarán los hechos y aportarán los elementos de prueba o indicios con los que cuente el denunciante. Podrán presentarse dentro de los tres años siguientes a la publicación en el DOF del dictamen consolidado relativo a los informes del ejercicio denunciado. Las quejas podrán presentarse ante los órganos desconcentrados, quienes las remitirán al Secretario Ejecutivo, dentro de las 24 horas siguientes, y éste las turnará a la Unidad de Fiscalización. Procedimiento administrativo para conocer asuntos referentes al incumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos de informar periódicamente al IFE, el origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento. Artículos 373 y 375 del Cofipe
Resolución del procedimiento en materia de quejas sobre financiamiento y gasto de los partidos políticos La Unidad de Fiscalización emplazará al partido denunciado, para que conteste por escrito en un término de 5 días, a partir de la fecha en que surta efecto la notificación. Agotada la instrucción, la Unidad de Fiscalización elaborará el proyecto de resolución, para ser presentado al CG en la siguiente sesión que celebre (en un término que no exceda de 60 días naturales). El Consejo General podrá imponer las sanciones que correspondan, para fijarlas tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta. La Unidad de Fiscalización podrá solicitar al Secretario Ejecutivo, requiera a las autoridades, personas físicas y morales, para que entreguen las pruebas en su poder o permitan obtener información reservada. Se deberá dar respuesta en un máximo de 15 días. Artículos 376, párrafos 5 y 6, y 377 del Cofipe
Procedimiento para la determinación de responsabilidades administrativas de los servidores públicos del IFE
Sanciones: Autoridad competente Procedencia Contraloría General del IFE -Apercibimiento o amonestación pública -Sanción o suspensión económica -Destitución del puesto -Inhabilitación temporal hasta por 5 años Causas de responsabilidad para los servidores públicos del IFE - Realizar cualquier conducta que atente contra la independencia de la función electoral. - Invadir la competencia de otros órganos del IFE. - Tener notoria negligencia, ineptitud o descuido en el desempeño de su función. - Conocer o participar en un asunto para el cual esté impedido. - Realizar nombramientos, promociones o ratificaciones violando la ley. - No preservar los principios que rigen al IFE. - Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de su conocimiento. - Dejar de desempeñar las funciones o labores que tenga a su cargo. - Las demás que establezca el Cofipe o las leyes que resulten aplicables. Artículos 380, 384, 391.1, incisos l y p del Cofipe
Podrá utilizarse como cita de textos sin alteraciones, señalando la fuente y con la siguiente leyenda: Centro de Capacitación Judicial Electoral, Derecho Administrativo Sancionador Electoral, Material didáctico de apoyo para la capacitación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, julio de Queda prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. ©Derechos Reservados, 2011 a favor del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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 Artículo 14
In dubio
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 Artículo 20
 Artículo 23
 Resolución 
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 Artículo 341
 artículo 368
 artículo 355
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Artículo 21
 Artículo 365
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 Artículo 366

Resolución 
 Artículo 366
 artículo 17
 artículo 3
 Artículo 62
 Artículo 368
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 Artículo 13
 artículo 17
 Artículo 369
 resolución 
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Artículo 41

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Artículo 116
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Artículo 6

Artículo 7
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 artículo 133
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 Artículo 371
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