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Timestamp: 2019-10-16 00:07:01+00:00

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﻿ RESOLUCIÓN 58 DE MARZO 13 DE 2008
RESOLUCIÓN 58 DE 13 DE MARZO DE 2008
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMINAS)
CONTENIDO:ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS. SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DE RECAUDO DE CARTERA Y SE AJUSTA EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COACTIVO DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGÍA Y MINERÍA "INGEOMINAS"A LAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, TAL COMO LO ORDENA LA LEY 1066 DE 2006 Y EL DECRETO 4473 DE 2006.
TEMAS ESPECÍFICOS:ESTABLECIMIENTO PÚBLICO, ENTIDAD PÚBLICA, FUNCIÓN PÚBLICA, PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PLANEACIÓN Y DESARROLLO, RECAUDO DE LA CARTERA DE CRÉDITO, INGEOMINAS, HACIENDA PÚBLICA, ESTATUTO TRIBUTARIO
DIARIO OFICIAL N°:46948 DE ABRIL 2 DE 2008
RESOLUCIÓN 58 DE 2008
“Por la cual se adopta el Reglamento Interno de Recaudo de Cartera y se ajusta el Procedimiento Administrativo Coactivo del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” a las disposiciones del estatuto tributario”.
El Director General del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”,
en ejercicio de sus facultades constitucionales, legales y en especial las conferidas por la Ley 685 de 2001, artículo 9º, numeral 12 del Decreto 252 de 2004, Ley 1066 del 29 de julio de 2006, artículo 6º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, y
Que conforme a los principios que regulan la administración pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del tesoro público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones;
Que la expedición de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006, mediante la cual el Congreso de la República dictó normas para la normalización de la cartera pública, en su artículo 5º estableció la obligatoriedad para las entidades públicas que tienen a su cargo la facultad de cobro coactivo, la aplicación del procedimiento descrito en el estatuto tributario;
Que el numeral 1º del artículo 2º de la precitada ley señaló, para las entidades públicas que tengan cartera a su favor, la obligación de establecer el reglamento interno del recaudo de cartera;
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto Reglamentario 4473 de diciembre 15 de 2006, el cual determinó los requisitos mínimos de contenido del reglamento así como las directrices para el otorgamiento de facilidades de pago;
Que el Decreto 252 de 2004, artículo 12, numeral 8º, facultó al secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería, Ingeominas, para ejercer las funciones que en materia de jurisdicción coactiva le asigne la ley;
Que para el manejo efectivo del cobro persuasivo y procesos coactivos, esto es, obtener el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de títulos mineros o cualquier otra acreencia a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, y/o el tesoro nacional, es necesario adoptar el reglamento interno de recaudo de cartera pública y ajustar el procedimiento administrativo coactivo de conformidad con lo establecido en el estatuto tributario tal como lo establece la precitada Ley 1066 del 29 de julio de 2006;
ART. 1º—Adoptar el reglamento interno del recaudo de cartera y el procedimiento administrativo coactivo del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, en los términos del procedimiento descrito en el estatuto tributario, tal como lo ordena el artículo 5º de la Ley 1066 de 2006 y el artículo 6º del Decreto 4473 del 15 de diciembre de 2006, el cual estará compuesto por los siguientes capítulos:
Generalidades de la jurisdicción coactiva
1. Objetivo. El presente reglamento tiene como objetivo establecer el procedimiento que debe aplicar el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” para el cobro de la cartera por las obligaciones económicas derivadas de títulos mineros y cualquier otra acreencia que se adeude al Instituto, para la celebración de facilidades o acuerdos de pago; el otorgamiento de garantías y la liquidación de intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto por la Ley 1066 de 2006 y sus normas reglamentarias.
2. Ámbito de aplicación. Las disposiciones del presente reglamento aplican para el cobro persuasivo y coactivo de las deudas referidas en el objetivo, contenidas en actos administrativos en firme, que contengan obligaciones claras, expresas y exigibles a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
3. Unidad de valor tributario. La UVT es la medida de valor empleada para ajustar los valores contenidos en las disposiciones del presente reglamento. El valor de la unidad de valor tributario se reajustará anualmente en la variación del índice de precios al consumidor para ingresos medios. El director general de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, publicará mediante resolución antes del 1º de enero de cada año, el valor de la UVT aplicable para el año gravable siguiente.
4. Definición y naturaleza del proceso administrativo de cobro. Es un privilegio de las entidades públicas que consiste en la facultad de cobrar directamente sin que medie autorización judicial, las deudas a su favor, justificado en la prevalencia del interés general y la eficaz ejecución de los fines del Estado. Tiene asignación específica a un servidor público y es de naturaleza administrativa, por ello las decisiones que se tomen en transcurso de este tienen el carácter de actos administrativos.
5. Normatividad aplicable. El procedimiento administrativo de cobro se rige por lo dispuesto en los artículos 823 y siguientes del estatuto tributario, Código Contencioso Administrativo, Código de Procedimiento Civil, Ley 1066 de 29 de julio 2006, Decreto 4473 de diciembre 15 de 2006 y demás normas concordantes y aplicables.
6. Principios aplicables. El procedimiento administrativo de cobro se regirá por los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía procesal, celeridad, imparcialidad y publicidad.
7. Partes que intervienen en el proceso. Intervienen en el proceso administrativo de cobro.
7.1. Sujeto activo. El sujeto activo del procedimiento es el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, acreedor de las obligaciones originadas de los títulos mineros y demás obligaciones o acreencias a favor de la entidad. Es deber del secretario general iniciar de oficio los procesos administrativos de cobro coactivo, atendiendo los lineamientos que establece la ley y los descritos en el presente reglamento.
7.2. Sujeto pasivo. Es la persona natural o jurídica, la sociedad de hecho, la sucesión ilíquida o la entidad sobre las cuales se realice el hecho generador de la obligación que se encuentra en mora de cumplimiento.
El sujeto pasivo en caso de ser una persona natural, puede intervenir en el proceso en forma personal o por medio de su representante legal o de apoderado, cuando se trate de personas jurídicas o sus asimiladas, el deudor podrá actuar a través de sus representantes, o a través de apoderados.
En caso de solidaridad, el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, podrá iniciar el proceso de cobro en contra de todos o exigir el pago solo de uno, este deudor tendrá las facultades de repetición que le otorga la ley en contra de los demás deudores solidarios.
8. Competencia. Es la facultad que la ley otorga a un funcionario para producir un acto administrativo. En relación con el procedimiento administrativo coactivo, la competencia está determinada por dos factores: el funcional y el territorial.
8.1. Competencia funcional. Será competente para adelantar las gestiones de cobro coactivo del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” secretaria general - grupo de trabajo de la jurisdicción coactiva.
8.2. Competencia territorial. El procedimiento persuasivo y coactivo deberá adelantarse por el grupo de trabajo de la jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, en el domicilio principal del Instituto Colombiano de Geología y Minería de la ciudad de Bogotá, D.C., sin embargo, podrá comisionarse a los grupos de trabajo regional de Ingeominas, la notificación de los actos administrativos que se profieran en curso del proceso, así como el trámite para la celebración de acuerdos de pago, sin que implique por ello que avoquen conocimiento.
Del título ejecutivo
1. Definición. Para los efectos del procedimiento administrativo coactivo, por título ejecutivo se entiende el documento en el cual consta una obligación de manera clara, expresa y exigible, consistente en una suma de dinero a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y a cargo de una persona natural o jurídica, y es la base para adelantar el proceso administrativo de cobro.
Se permite la pluralidad del mismo, es decir podrán existir títulos ejecutivos complejos, conformados por el acto administrativo inicial junto con el que decide los recursos de ley constituyendo así una unidad jurídica.
Los funcionarios competentes para proferir la resolución que constituya título ejecutivo contra un deudor solidario es el director del servicio minero, el subdirector de fiscalización y ordenamiento minero y los coordinadores de los grupos de trabajo regional del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
2. Documentos que prestan mérito ejecutivo en la jurisdicción coactiva. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.
Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.
Los demás actos administrativos ejecutoriados, en los que se fijen sumas líquidas de dinero a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
Las garantías y cauciones prestadas a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” para afianzar el pago de las obligaciones, a partir de la ejecutoria del acto de la entidad que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.
Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses.
3. Ejecutoria del título ejecutivo. Se encontrará en firme y ejecutoriado el título ejecutivo en los siguientes casos:
• Cuando contra él no procede recurso alguno.
• Cuando vencido el término para interponer los recursos, no se hayan interpuesto, o no se presenten en debida forma.
• Cuando se renuncie expresamente a los recursos o se desista de ellos.
• Cuando los recursos interpuestos en la vía gubernativa o las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho se hayan decidido en forma definitiva.
No surtirá efectos el acto administrativo que no haya sido notificado en debida forma y de acuerdo con los lineamientos estipulados.
1. Definición. Es la oportunidad en la cual el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, en su condición de acreedor, invita al deudor a cancelar sus obligaciones vencidas previamente al inicio del proceso administrativo coactivo, con el fin de evitar dicho trámite y los costos que conlleva el ejercicio de tal acción.
2. Procedimiento. El cobro persuasivo podrá realizarse a través de los siguientes mecanismos: Llamada telefónica, correo electrónico e invitación formal, o a través del llamado requerimiento persuasivo.
3. Contenido del requerimiento. El requerimiento persuasivo escrito contendrá:
• Identificación plena del deudor y su dirección.
• Número de radicación del requerimiento.
• Concepto de la obligación.
• Cuantía de la obligación.
• Plazo para realizar el pago, el cual no podrá ser superior a dos meses.
• Advertencia que de no realizar el pago en el término estipulado se dará inicio al proceso administrativo de cobro.
4. Facilidades o acuerdos de pago en la etapa de cobro persuasivo. En la etapa de cobro persuasivo, el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” podrá proyectar las facilidades o acuerdos de pago de deudores que manifiesten interés en su celebración, con el fin de extinguir la obligación a cargo de los títulos mineros o cualquier otra acreencia que adeuden. El proyecto de facilidad o acuerdo de pago deberá regirse por lo establecido en el capítulo sexto del presente manual.
5. Término de la etapa persuasiva. El término máximo para adelantar la gestión persuasiva de cobro no debe superar los (2) dos meses, contados a partir de la fecha del primer oficio o comunicación telefónica. Vencido este término, sin que el deudor haya cancelado la obligación a su cargo o se encuentre en trámite la concesión de un plazo para el pago, el grupo de trabajo de jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” deberá proceder al inicio del proceso administrativo de cobro coactivo.
6. Investigación de bienes. Agotada la vía persuasiva, sin que el ejecutado haya cancelado la obligación, el funcionario ejecutor, en aras de establecer la ubicación y solvencia del deudor, oficiará a las entidades públicas y privadas, que considere pertinentes, a fin de que informen el domicilio del deudor y la mayor información que tengan sobre los bienes que posea el ejecutado.
De las etapas procesales del proceso administrativo de cobro coactivo
1. Mandamiento de pago
1.1. Definición. Es el acto administrativo con el que se da inicio al proceso administrativo de cobro, a través del cual se da al deudor la orden de cancelar a favor de Ingeominas la suma líquida de dinero adeudada contenida en el título ejecutivo, junto con los intereses y las costas del proceso. El mandamiento de pago será proferido por el secretario general.
1.2. Contenido del mandamiento de pago. El mandamiento de pago se realizará a través de una resolución que deberá contener, una parte considerativa y otra resolutiva así:
1.2.1. Parte considerativa
• Nombre de la entidad ejecutora.
• Ciudad y fecha.
• Identificación de cada una de las obligaciones por su cuantía, concepto, periodo y el documento que la contiene —título ejecutivo—.
• La identificación plena del deudor o deudores, con su nombre o razón social, NIT o cédula de ciudadanía, según el caso.
• Valor de la suma adeudada.
• Exigibilidad de la obligación.
• Normas de procedimiento y competencia con que se actúa.
1.2.2. Parte resolutiva
La orden de pago por la vía administrativa coactiva a favor de Ingeominas y en contra del deudor con el mandato expreso de pagar el valor de la obligación, intereses moratorios, sanciones y costas del proceso.
Término en que debe cancelarse la obligación equivalente a quince días hábiles.
La orden de citar al deudor con el fin de notificarle la respectiva providencia personalmente; deberá indicarse que cuenta con el término de 10 días siguientes al recibo del oficio de citación para tal efecto so pena de ser notificado por correo.
Término para proponer excepciones el cual será el mismo que se otorga para pagar y empezará a correr desde el mismo momento de este.
La firma del funcionario ejecutor.
1.3. Notificación del mandamiento de pago. A través de la notificación se pone en conocimiento del deudor la orden de pago. En primer lugar deberá enviarse una citación al deudor por correo certificado dando el término de 10 días hábiles para comparecer ante el grupo de trabajo de la jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” de la secretaría general y efectuar la notificación personal; si vencido dicho término no se ha logrado la concurrencia del deudor, se enviará por correo certificado copia del mandamiento de pago con oficio adjunto, en el cual se hará la advertencia que a partir del recibo del mismo empezará a correr el término para pagar o proponer excepciones.
1.4. Corrección de la notificación. Según el artículo 48 del Código Contencioso Administrativo, la falta de notificación o la efectuada en forma defectuosa, impide que el acto administrativo produzca efectos legales, lo que en este caso significaría que todas las actuaciones posteriores al mandamiento de pago sean nulas.
Para subsanar tales irregularidades, el artículo 849-1 del estatuto tributario autoriza hacerlo en cualquier momento y hasta antes de aprobar el remate, obviamente la corrección de la notificación deberá subsanarse antes de que se produzca la prescripción.
Cuando la irregularidad hubiere recaído sobre la notificación del mandamiento de pago, una vez declarada, toda la actuación procesal se retrotraerá a la diligencia de notificación inclusive, lo cual significa que todas las providencias posteriores a ella son nulas y habrá necesidad de rehacerlas. Las únicas actuaciones que no se afectan por la irregularidad procesal en cuestión son las medidas cautelares, las que se mantendrán incólumes, pues se tomarán como previas.
1.5. Vinculación de deudores solidarios. Tal como lo dispone el artículo 828-1 del estatuto tributario, la vinculación de deudores solidarios se realizará a través de la notificación del mandamiento de pago. Los títulos ejecutivos contra el deudor principal lo serán contra los deudores solidarios y subsidiarios, sin que se requiera la constitución de títulos individuales adicionales.
2. Actuaciones del deudor. Frente al mandamiento de pago y luego de efectuada la notificación el deudor podrá:
2.1. Pagar la obligación. Cuando esto ocurra, se dictará un auto de terminación y archivo del proceso y se levantarán las medidas cautelares previas decretadas si es el caso; adjunto deberá obrar copia en la cual se verifique el pago.
2.2. Guardar silencio. Si vencido el término para pagar la obligación o proponer excepciones, no se ha realizado alguna de estas dos opciones, se dictará una resolución por medio de la cual se ordenará seguir adelante la ejecución. En dicha resolución se podrán decretar medidas cautelares respecto de bienes ya identificados del deudor, igualmente si fueron decretadas medidas previas se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor. Contra está resolución no procederá recurso alguno.
2.3. Proponer excepciones. El deudor deberá presentar por escrito el pliego de excepciones que pretenda sean consideradas por el secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”; de igual forma adjuntará los documentos que pretenda obren como pruebas dentro del proceso, poder en caso de actuar como apoderado o certificado de existencia y representación legal en el caso de personas jurídicas.
3. Excepciones en contra del mandamiento de pago
3.1. Excepciones que se pueden proponer. El deudor sólo podrá hacer uso de las excepciones que se encuentren taxativamente enumeradas en el artículo 831 del estatuto tributario. Lo cual quiere decir que podrá proponer estas, y no otras, en caso que ello ocurra por medio de resolución motivada se ordenará seguir adelante la ejecución. Dichas excepciones son:
Pago efectivo. El deudor demuestra que el pago de la obligación que se cobra, ha sido realizado antes de la expedición del mandamiento de pago o antes de ser propuesta la excepción.
Existencia de acuerdo de pago. En cuanto se encuentre una facilidad de pago vigente y sin haber sido declarado el incumplimiento por parte del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” podrá proponerse como excepción.
Falta de ejecutoria del título. Ocurre cuando el título ejecutivo no se encuentra en firme por lo que aún puede ser controvertido a través de los recursos de ley, la falta de ejecutoria ocurre:
• Cuando contra el acto administrativo procede algún recurso y no se ha vencido el término para su interposición.
• Cuando interpuesto el recurso, este no se ha decidido en forma definitiva.
• Cuando no se ha notificado en debida forma - en este caso no procederá la declaratoria de dicha excepción, sino la suspensión de la diligencia de remate y siempre y cuando se realice la solicitud de restitución de términos; si la decisión de la solicitud resulta favorable al deudor el proceso se retrotraerá a la etapa de constitución del título ejecutivo declarando nulo lo realizado con posterioridad.
Pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.
La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió. Existe falta de título ejecutivo cuando no llena los requisitos para serlo, por cuanto no es expreso, claro y exigible. Así mismo serán competentes para su expedición el director del servicio minero, el subdirector de fiscalización y ordenamiento minero y los coordinadores de grupos de trabajo regional del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
3.2. Presentación y trámite de las excepciones. Los artículos 832 y 833 del estatuto tributario establecen el trámite de las excepciones. De estas normas se deduce que ellas deberán proponerse por escrito dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del mandamiento de pago.
El escrito de excepciones debe presentarse personalmente ante la secretaría general - grupo de trabajo de jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” deberá anexarse el poder y/o el documento que acredite la representación legal en caso de personas jurídicas y las pruebas en que se apoyen los hechos alegados, según el caso, de acuerdo con los artículos 555 a 559 del estatuto tributario.
3.3. Término para resolver las excepciones. Las excepciones deberán resolverse dentro del mes siguiente a la fecha en que fueron propuestas, dentro de este término y antes de decidir deberán practicarse las pruebas que hayan sido solicitadas. En este punto se puede presentar:
3.4. Excepciones probadas. En el caso que las excepciones propuestas se encuentren probadas, la secretaría general - grupo de trabajo de jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, mediante resolución así lo declarará y en la misma providencia ordenará la terminación y el archivo del proceso, el levantamiento de medidas cautelares y la notificación al deudor. Contra la misma no procederá recurso alguno.
3.5. Excepciones probadas parcialmente. En tal evento se proferirá resolución en la que conste tal situación señalando las excepciones probadas, las no probadas y ordenando seguir la ejecución de las obligaciones respecto de estas; igualmente se podrán decretar medidas cautelares o si se decretaron medidas previas se ordenará avaluar y rematar los bienes embargados y secuestrados, practicar la liquidación del crédito y condenar en costas al deudor.
3.6. Excepciones no probadas. No probadas ninguna de las excepciones propuestas, se proferirá resolución por la cual se ordena seguir adelante la ejecución, decretando el embargo y secuestro de bienes, ordenando el avalúo y remate de bienes objeto de medidas previas, liquidación del crédito y condena en costas al deudor.
4. Demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sólo serán demandadas ante el contencioso administrativo la resolución que falle las excepciones y ordene llevar adelante la ejecución. El deudor deberá aportar al proceso una copia autenticada del auto admisorio de la demanda o, en su defecto, una certificación sobre el hecho de haberse dictado dicha providencia; así las cosas y mediante auto se suspenderá la diligencia de remate hasta cuando exista pronunciamiento definitivo de la jurisdicción contencioso administrativa, es decir, sentencia ejecutoriada.
5. Orden de ejecución. Si vencido el término para excepcionar el deudor hubiere guardado silencio o no hubiere pagado la obligación, se proferirá resolución ordenando seguir adelante la ejecución; igualmente se decidirá sobre medidas preventivas y se condenará en costas. Contra esta resolución no procede recurso alguno.
6. Medidas cautelares o preventivas
6.1. Definición. Son medios que tienen como finalidad la inmovilización de los bienes del deudor para que una vez determinados e individualizados y precisado su valor mediante el avalúo, se proceda a su venta o adjudicación a fin de garantizar el pago de las obligaciones a cargo de este y a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”. Dentro de estas se encuentran las medidas de embargo y secuestro.
6.2. Medidas cautelares previas. Se adoptan antes de notificar el mandamiento de pago al deudor, e incluso, antes de que este se dicte; las medidas previas son procedentes dentro del proceso administrativo de cobro.
6.3. Medidas cautelares dentro del proceso. Son aquellas que se pueden tomar en cualquier momento del proceso, después de notificado el mandamiento de pago.
6.4. Embargo. Es la medida cautelar que tiene como efecto dejar los bienes del deudor fuera del comercio a fin de ser evitada su enajenación; se debe realizar mediante resolución motivada y ordenar la inscripción si se trata de bienes sujetos a registro o su secuestro si son muebles.
6.4.1. Perfeccionamiento del embargo. El embargo se perfecciona por la inscripción, bien sea en la oficina de registro de instrumentos públicos, respecto de bienes inmuebles o derechos reales sujetos a registro, o con la inscripción de la resolución correspondiente en la cámara de comercio donde se encuentra registrada la sociedad, cuando se trate de embargo del interés que un socio tenga en sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o en sociedad en comandita. En cuanto a lo que hace relación a vehículos automotores, su embargo se perfecciona con la inscripción de la parte pertinente de la resolución de embargo, en la oficina de tránsito donde se encuentra matriculado el vehículo.
Cuando los bienes no tengan registro la medida cautelar se perfecciona con el secuestro.
6.4.2. Momento en que se puede proferir resolución de embargo
• Por resolución previa, simultánea o posterior al mandamiento de pago.
• En cualquier etapa del proceso en la que se detecten bienes del deudor moroso.
• En la resolución que deja sin efecto la facilidad para el pago.
• En la resolución que resuelve negativamente las excepciones, total o parcialmente.
• En la resolución que ordena llevar adelante la ejecución cuando se guardó silencio.
• Cuando se ofrecen bienes para su embargo.
6.4.3. Límite del embargo. El embargo se limitará a lo necesario para garantizar el pago de la obligación y no causar un perjuicio injustificado al deudor, por ello se restringirá al doble de la deuda, más los intereses, sanciones y las costas prudencialmente calculadas.
Si estando en firme el avalúo del bien, su valor excediere del doble de la deuda más sus intereses, se deberá reducir el embargo de oficio o a solicitud del interesado, antes de decretarse el remate. De dicho acto deberá darse comunicación al deudor y al secuestre.
6.4.4. Concurrencia de embargos. Cuando se decrete el embargo de un bien mueble o inmueble dentro del procedimiento administrativo de cobro y sobre este ya existiere otro embargo, la oficina competente del respectivo registro, lo inscribirá y comunicará al Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y al juez que haya ordenado el embargo. En este evento deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Código Civil y estatuto tributario sobre prelación de créditos, ya que si el otro embargo inscrito es de un crédito de grado inferior al perseguido por la entidad, de ello se informará al juez respectivo y, si este lo solicita, pondrá a su disposición el remanente del remate.
Si el crédito que origina el embargo anterior es de grado superior al perseguido por el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, este se hará parte en el proceso ejecutivo y velará por que se garantice la recuperación de la deuda con el remanente del remate del bien embargado en dicho proceso. —Artículos 2494 y ss. del Código Civil y el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil—.
6.4.5. Disposiciones aplicables a la medida cautelar de embargo. Lo dispuesto sobre prelación de créditos, bienes y derechos inembargables y el embargo de diferentes bienes del deudor como inmuebles, muebles, vehículos, salarios, cuentas bancarias, etc., se regirá y deberán ser aplicadas para tal efecto las disposiciones del Código Civil, Código de Procedimiento Civil, estatuto tributario, Código Sustantivo del Trabajo, Código de Comercio y demás leyes que reglamenten el tema.
Aquí algunas normas que podrán ser consultadas:
Prelación de créditos: Artículos 2494 y ss. del Código Civil y el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil.
Bienes y derechos Inembargables: Artículos 682, 684 y 794 del Código de Procedimiento Civil, 1677 del Código Civil, artículos 154, 155, 156 y 157 del Código Sustantivo del Trabajo.
6.4.6. De los embargos en particular. En términos generales, para efectuar el embargo de bienes es indispensable que se determine el derecho del deudor sobre el bien o bienes a embargar y el monto del respectivo embargo. Los derechos sobre los bienes deben verificarse y el embargo ordenarse, según las solemnidades que para ejercer el derecho de dominio, exija la ley respecto de los bienes en particular.
6.4.6.1. Embargo de bienes inmuebles. Establecida la propiedad del inmueble en cabeza del deudor mediante el certificado de propiedad y tradición, expedido por el respectivo registrador de instrumentos públicos de la jurisdicción en la que se encuentra ubicado el bien, el embargo se decreta mediante auto, que deberá contener las características del inmueble, ubicación, número de matrícula inmobiliaria y demás características que lo identifican. Acto seguido se procede a comunicarlo a la oficina de instrumentos públicos para su inscripción, a dicha comunicación se adjunta copia del acto. Tanto la inscripción del embargo como la expedición del certificado con su anotación, están exentos de expensas, de conformidad con lo establecido en el artículo 6º, numeral 2º del Decreto 2936 de 1978. Inscrito el embargo, el registrador así lo informará al funcionario ejecutor, a quien remitirá certificado de propiedad y tradición donde conste su inscripción.
6.4.6.2. Embargo de vehículos automotores. Al igual que los bienes inmuebles y conforme a lo preceptuado en la Ley 153 de 1989, reglamentada por los decretos 1344 y 1809 de 1990, los vehículos automotores requieren del registro para establecer la propiedad. En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de manera reiterada, por lo que se hace necesario establecer la propiedad mediante el certificado de la respectiva oficina de tránsito del lugar en que se encuentre matriculado el vehículo a embargar.
Para efectuar el embargo se dictará el correspondiente auto, en el cual se enunciarán las características del vehículo, tales como clase, marca, modelo, tipo, color, placas, etc., se ordenará además librar los oficios a la respectiva oficina de tránsito para su inscripción. Recibida la respuesta donde conste la anotación, se librará oficio a la Sijín, indicando si es posible la dirección donde pueda encontrarse el vehículo para su captura.
6.4.6.3. Embargo de naves y aeronaves. La propiedad de naves y aeronaves se encuentra sujeta a registro, conforme a lo dispuesto en el artículo 1908 del Código de Comercio, por lo que su propiedad se establece mediante el correspondiente certificado de matrícula, expedido por el capitán del puerto respectivo, si se trata de naves, o en la oficina de registro aeronáutico si se trata de aeronaves. Decretado el embargo se comunicará mediante oficio a la oficina respectiva, para que se lleve a cabo su inscripción; al comunicado se anexará copia de la providencia que lo ordenó, la cual debe contener las características del bien embargado.
6.4.6.4. Embargo de cuotas partes de interés de socios de una sociedad colectiva, de responsabilidad limitada o de cualquier otra sociedad de personas. Este embargo se comunicará mediante oficio a la cámara de comercio del lugar donde tenga el domicilio principal la sociedad, con el fin de que sea inscrito en el libro correspondiente; a partir de ese momento la cámara de comercio debe abstenerse de registrar cualquier transferencia, gravamen o reforma que implique la exclusión del socio demandado o la disminución de sus derechos en ella.
Este embargo se extiende a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado corresponda. Se requiere además, para el perfeccionamiento de la medida, la notificación al representante legal de la sociedad, mediante la entrega del oficio en el que esta se comunica y se le informará que todos los pagos a favor del socio que se encuentren cobijados con la medida, deberán realizarse a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, en la respectiva cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario.
De igual forma se perfeccionará el embargo del interés de un socio en sociedades civiles sometidas a las solemnidades de las sociedades comerciales.
6.4.6.5. Embargo de acciones en sociedades anónimas o en comanditas por acciones, bonos, certificados nominativos de depósitos, unidades de fondos mutuos, efectos públicos nominativos, títulos valores a la orden y similares. Este embargo se comunicará mediante oficio directamente al gerente, administrador o liquidador de la sociedad o al representante legal de la entidad pública, para su registro, de lo cual deberá informar al funcionario ejecutor dentro de los tres (3) días siguientes a su verificación.
El embargo se considera perfeccionado desde la fecha de recibo del oficio y a partir de esa fecha no podrá aceptarse, ni autorizarse, transferencia ni gravamen alguno sobre los títulos embargados.
El embargo de acciones, títulos y efectivos públicos, títulos valores y efectos negociables, al portador, se perfeccionará con la entrega del respectivo título al secuestre, es decir, con la práctica de la diligencia de secuestro sobre los documentos respectivos (art. 681, num. 6º, inc. 2º).
Estos embargos se extienden a los dividendos, utilidades, intereses y demás beneficios que al derecho embargado correspondan, los que se consignarán oportunamente por la persona a quien se comunicó la medida, a órdenes de la Superintendencia de Sociedades en la respectiva cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario.
6.4.6.6. Embargo de bienes muebles no sujetos a registro. Tratándose de bienes muebles, es necesario decretar su embargo y secuestro coetáneamente, por cuanto su embargo, salvo los casos de los muebles ya estudiados que son objeto de registro, sólo se perfecciona en el momento que la cosa mueble ha sido aprehendida y practicado el respectivo secuestro.
6.4.6.7. Embargo de mejoras o cosechas. El embargo de los derechos que posea una persona originados en mejoras o cosechas realizadas en predio de propiedad de otra, se perfeccionará con la práctica del secuestro, previniendo al mejorista obligado al pago y al dueño del terreno que en adelante se entiendan con el secuestre para todo lo relacionado con las mejoras y sus productos o beneficios. Cuando se trate de embargo de derechos que una persona tenga respecto de mejoras plantadas en terrenos baldíos, se notificará al titular de los derechos para que se abstenga de enajenarlos o gravarlos.
6.4.6.8. Embargo de créditos y otros derechos semejantes. Se perfecciona con la notificación al deudor, mediante entrega del oficio en que se comunica el embargo, en el cual, además, se le advertirá que debe efectuar el pago a órdenes del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” en la respectiva cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario, una vez se haga exigible. En el oficio debe transcribirse, además, la parte pertinente de la resolución que ordena el embargo y se le prevendrá que informe por escrito al funcionario ejecutor dentro de los tres (3) días siguientes sobre los siguientes hechos:
• Si existe el crédito o derecho.
• Fecha de exigibilidad.
• Valor si fuere posible.
• Si con anterioridad se le ha comunicado otro embargo.
• Si se le notificó alguna cesión o la aceptó, indicando nombre del cesionario y la fecha.
En caso de que el deudor no consigne el dinero oportunamente, el ejecutor designará secuestre quien podrá adelantar proceso judicial para tal efecto.
Si la obligación era de dar bienes diferentes a dinero, necesariamente deberá efectuarse el nombramiento del secuestre y proceder a la realización de la diligencia.
Este procedimiento es válido para decretar el embargo sobre rendimientos de patrimonios autónomos a favor de terceros, de derechos generados en contratos de fiducia mercantil.
6.4.6.9. Embargo de derechos que se reclaman en otro proceso. Los derechos o créditos que se tienen o persiguen en otro proceso por el ejecutado pueden ser: el derecho de herencia, los derechos litigiosos que en cualquier proceso tenga el ejecutado y los créditos que está cobrando el ejecutado dentro de otro proceso ejecutivo.
El embargo se perfecciona comunicando la medida, mediante oficio a la autoridad que conoce del otro proceso, para que tomen nota y el ejecutado no pueda ceder los derechos o créditos, enajenarlos ni renunciar a ellos mediante desistimiento. El embargo queda consumado en la fecha y hora en que el oficio haya sido entregado en el respectivo despacho, que estará en obligación de poner a disposición del ejecutor los pagos que con ocasión del proceso llegaren a efectuarse.
6.4.6.10. Embargo del salario. En el auto de embargo se ordenará la comunicación al empleador, para que retenga al empleado las cuotas pertinentes de los salarios devengados o por devengar, de acuerdo con la proporción determinada en la ley, es decir, la quinta parte del salario que exceda del mínimo legal, de conformidad con los artículos 3º y 4º de la Ley 11 de 1984, además se le ordenará que haga oportunamente las consignaciones en la cuenta respectiva de depósitos judiciales del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, en el Banco Agrario. El empleador responderá solidariamente con el trabajador en caso de no hacer los respectivos descuentos y consignaciones (E.T., art. 839, par. 3º).
6.4.6.11. Embargo de dineros en cuentas bancarias y entidades similares. En el auto que decrete el embargo, se deberá señalar la suma a embargar, que no podrá exceder el monto límite que contempla el artículo 9º de la Ley 1066 de 2006, el cual adicionó al estatuto tributario el artículo 837-1, en el cual se señaló que dentro de los procesos administrativos de cobro que se adelanten contra personas naturales, el límite de inembargabilidad es de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, depositados en la cuenta más antigua de la cual sea titular el deudor.
En el caso de procesos que se adelanten contra personas jurídicas no existe límite de inembargabilidad.
El embargo deberá comprender no solamente las sumas de dinero que en el momento estén dispuestas a favor del ejecutado, sino las que se llegaren a depositar a cualquier título en la entidad financiera. El embargo se comunicará mediante oficio a la entidad respectiva advirtiendo que deberá consignar las sumas retenidas en la cuenta de depósitos judiciales del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, al día siguiente de la fecha en que se reciba la comunicación, quien deberá informar lo pertinente al funcionario ejecutor. El embargo se perfecciona en el momento en que se haga la entrega a la entidad del oficio comunicando la medida de lo cual se dejará constancia, señalando fecha, hora y lugar si fuere posible.
Cuando no se conocen las entidades financieras donde el ejecutado tiene depositadas las sumas de dinero, el embargo se comunicará a la oficina principal de todos los bancos.
6.4.6.12. Embargos de derechos pro indiviso
• Sobre bienes inmuebles. El embargo se perfecciona con la inscripción del auto que ordena el embargo de los respectivos derechos, en la oficina de registro de instrumentos públicos donde se encuentra matriculado el bien.
• Sobre bienes muebles no sujetos a registro. El embargo se perfecciona comunicándolo a los demás copartícipes, advirtiéndoles que en todo lo relacionado con estos bienes deben entenderse con el secuestre que además deben abstenerse de enajenarlos o gravarlos. El secuestre ocupará la posición que tiene el comunero sobre quien recae la medida. El embargo queda perfeccionado desde el momento en que estos reciban la comunicación (CPC, art. 681, num. 12).
6.4.6.13. Embargo y secuestro de bienes del causante. Cuando se ejecuta por obligaciones del causante antes de liquidarse la sucesión, sólo podrán embargarse y secuestrarse bienes de su propiedad. Cuando se ejecuta por obligaciones del causante, pero ya se ha liquidado la sucesión, deben perseguirse los bienes de los herederos que hayan aceptado la herencia y hasta por el monto que se les haya adjudicado, si la han aceptado con beneficio de inventario, previa vinculación al proceso administrativo coactivo.
6.5. El secuestro. El secuestro es un acto procesal por el cual el funcionario ejecutor quita o sustrae a su legítimo propietario y/o poseedor la tenencia y disfrute y goce de un bien mueble o inmueble, con el objeto de impedir que por obra del ejecutado sean ocultados o menoscaben los bienes, se deterioren o destruyan, o disponga de sus frutos, productos y rendimientos, incluso arrendamientos. En el momento de la diligencia el funcionario ejecutor deposita el bien en manos de un tercero, llamado secuestre, quien adquiere la obligación de cuidarlo, guardarlo y finalmente restituirlo cuando así le sea ordenado, respondiendo hasta de culpa leve (arts. 2273 a 2281 del C.C., y 682 y 683 del CPC).
6.5.1. Certificado de disponibilidad presupuestal para honorarios del secuestre. El funcionario ejecutor, previamente a expedir el auto que decreta la diligencia de secuestro, deberá solicitar mediante memorando dirigido al despacho del señor secretario general el certificado de disponibilidad presupuestal que autorice el pago de los honorarios provisionales del secuestre, una vez expedido este, se procederá a proferir el auto que designe al secuestre y señale lugar, fecha y hora de la diligencia.
De igual forma deberá proceder cuando se vayan a fijar los honorarios definitivos, esto es, previamente a expedir el auto que los señale, deberá solicitar el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
6.5.2. El secuestre. El secuestre es el depositario de los bienes secuestrados y ejerce una función pública como auxiliar de la justicia, dicho cargo debe ser desempeñado por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad, su designación, aceptación del cargo, calidades, custodia de bienes y dineros, sanciones, se seguirán por las normas del Código de Procedimiento Civil, artículos 8º al 11.
6.5.3. Oposición a la diligencia de secuestro. En desarrollo de la diligencia de secuestro de bienes de cualquier naturaleza es frecuente que el ejecutado o terceras personas presenten oposición a la medida alegando derechos privilegiados sobre el bien que, según los opositores, hacen nugatorio el derecho de quien solicitó y obtuvo la medida de secuestro. Además del ejecutado, pueden presentarse opositores que alegan tenencia y/o posesión personal, o a nombre de un tercero, etc. Todo el trámite de la oposición está reglamentado en el artículo 686 del Código de Procedimiento Civil, el cual es aplicable en los procesos ejecutivos por jurisdicción coactiva.
6.5.4. Trámite del secuestro. Cuando se trate de bienes sujetos a registro, la medida sólo debe decretarse después que el embargo ha sido registrado mediante auto; en los bienes muebles no sujetos a registro, el secuestro perfecciona el embargo, lo que implica que los dos fenómenos jurídicos son simultáneos y se ordenan en la misma resolución. De la parte resolutiva de las dos providencias se enviará el despacho comisorio a la inspección de policía correspondiente y allí será fijada fecha y hora para la diligencia.
La diligencia se adelantará de conformidad con lo dispuesto en los artículos 681 y 682 del Código de Procedimiento Civil. Para cada caso concreto y según la clase de bienes secuestrados, se deberá hacer al secuestre las prevenciones consignadas tanto en el Código Civil como en el Código de Procedimiento Civil, sobre la forma y modo de administrar los bienes que le han sido entregados, cuando puede disponer de ellos, que debe hacer con los dineros y las consecuencias civiles y penales en caso de desobedecer tales mandatos.
6.5.5. Honorarios para los auxiliares de la justicia. Para fijar los honorarios de los auxiliares de la justicia, se aplicarán las tarifas dispuestas para el efecto por el Consejo Superior de la Judicatura.
6.6. Procedencia del levantamiento de medidas cautelares. Se ordenará el levantamiento de medidas cautelares en los siguientes casos —artículo 837 E.T.—:
Cuando se encuentren probadas las excepciones al mandamiento de pago.
• Cuando en cualquier etapa del procedimiento el deudor cancela la totalidad de las obligaciones.
• Cuando es admitida la demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa contra la resolución que falla las excepciones y ordena llevar adelante la ejecución, siempre y cuando se preste garantía bancaria o de compañía de seguros por el valor adeudado.
• En cualquier etapa del procedimiento se podrán levantar las medidas cautelares por otorgamiento de una facilidad de pago, lo cual implica, que el deudor ha prestado garantía que respalda suficientemente el cumplimiento de su obligación, —artículo 841 E.T.—.
• Cuando se demuestre mediante el certificado de la oficina correspondiente que el bien no pertenece al deudor.
• Cuando en diligencia de secuestro se presente oposición al mismo y esta se resuelve favorablemente al opositor.
• Cuando en la reducción de embargos así se ordene, respecto de los bienes embargados en exceso.
• Cuando se hubieren embargado bienes inembargables.
• Cuando se ha admitido algún proceso especial como por ejemplo el concordato, liquidación obligatoria, liquidación forzosa administrativa, etc.
El levantamiento de medidas cautelares se hará mediante providencia motivada, contra la cual no procede recurso alguno de conformidad con lo dispuesto por el artículo 833-1 del estatuto tributario.
7. Liquidación del crédito y las costas
7.1. Liquidación del crédito y las costas. Es el acto que tiene por objeto determinar el valor exacto que se pretende recuperar con la ejecución, allí se determina el valor de la deuda intereses y sanciones y las costas procesales; deberá ser expedida luego de encontrarse en firme la resolución que ordena seguir con la ejecución. Debe darse dentro del proceso una liquidación provisional y otra definitiva:
• Liquidación provisional. Es la primera liquidación; debe realizarse una vez esté en firme la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, a su fecha de expedición deberán calcularse los intereses con la salvedad que serán calculados nuevamente de manera definitiva cuando se produzca el pago y de acuerdo con la tasa vigente en ese momento.
• Liquidación definitiva. Se realiza luego de producido el remate a fin de establecer los valores definitivos y realizar correctamente la imputación al pago.
7.2. Liquidación del crédito. Esta liquidación comprende todas las obligaciones por las cuales se ordenó seguir adelante la ejecución, es decir el valor de la deuda o capital, intereses y sanciones si hay lugar a estas, así mismo deberán considerarse los pagos que el deudor haya realizado. Las obligaciones deberán identificarse plenamente determinándose concepto, periodos y cuantía de cada una.
7.3. Liquidación de costas. El deudor además de la deuda deberá cancelar al Instituto los gastos en que esta incurrió para hacer efectivo el crédito; por lo tanto en la liquidación deberán incluirse los honorarios del secuestre, de peritos, los gastos de transporte, publicaciones, entre otros, y a su pago se debe haber condenado al ejecutado en la resolución que ordena seguir adelante la ejecución.
Todos los gastos en que incurrió el instituto, deberán estar comprobados dentro del expediente.
7.4. Trámite de la liquidación. La liquidación deberá estar contenida en un auto de trámite contra el cual no procede recurso alguno, sin embargo se dará traslado del mismo al deudor por el término de 3 días, para que formule las objeciones que considere pertinentes o aporte pruebas. Finalmente mediante auto se aprueba la liquidación incluyendo las objeciones presentadas si estas prosperaron. Tal auto no tendrá recurso alguno.
7.5. Disposición del dinero embargado. Ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante la ejecución y en firme la liquidación del crédito y las costas, se aplicará a la deuda el dinero embargado, hasta concurrencia del valor liquidado, debiéndose devolver el excedente al ejecutado, este procedimiento resulta de lo dispuesto por el artículo 522 del Código de Procedimiento Civil, perfectamente compatible con el procedimiento administrativo coactivo en este punto.
Se advierte que la aplicación de la deuda del dinero embargado no es posible antes de ejecutoriarse la resolución que ordena seguir adelante la ejecución, a menos que el deudor autorice por escrito que le sean abonados dichos dineros a su obligación.
8. Avalúo del bien
8.1. Definición. Es la estimación del valor del bien embargado en dinero; para su práctica es menester que se haya realizado previamente el embargo y secuestro. La ley no prescribe el momento procesal en que debe realizarse, sin embargo, para seguir un orden lógico dentro del proceso podrá practicarse luego de realizar la liquidación provisional del crédito y las costas y obviamente deberá estar ejecutoriada la resolución que ordena seguir adelante la ejecución.
• Avaluó preliminar. Es el que efectúa el funcionario al momento de practicar el secuestro, su finalidad es evitar que el valor de los bienes embargados exceda del doble de la deuda más los intereses; puede estar contenida en la resolución de embargo del bien, a través de un cálculo aproximado del valor del bien.
• Avaluó con fines de remate. Para este efecto lo podrá realizar el funcionario ejecutor si cuenta con los conocimientos suficientes para ello, de lo contrario se nombrará un perito mediante auto en donde se le fijará un término prudencial para rendir el dictamen: tal nombramiento se comunica personalmente al perito, al posesionarse, deberá expresar bajo juramento que no se encuentra impedido y prometerá desempeñar bien y fielmente los deberes de su cargo, y manifestará que tiene los conocimientos necesarios para rendir el dictamen.
8.2. Traslado del avalúo. Rendido el avaluó mediante auto se dará traslado al ejecutado, en donde además de ser fijados los honorarios del perito se advertirá al deudor que si no está de acuerdo podrá solicitar dentro de los diez días siguientes a la notificación, su aclaración, complementación u objeción por error grave. En caso de objeción se procederá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 838 del estatuto tributario, en concordancia con lo dispuesto sobre el particular en el Código de Procedimiento Civil.
9. Remate del bien
9.1. Definición. Es la venta en pública subasta del bien embargado y secuestrado, se deberá revisar el proceso a fin de detectar vicios de procedimiento y posibles nulidades que invaliden la actuación para ser subsanadas por el mismo Instituto, ya que a esta altura el proceso debe estar completamente saneado. En todo caso las irregularidades se considerarán saneadas cuando a pesar de ellas el deudor actúa en el proceso y no las alega, y en todo caso cuando la actuación cumplió su fin y no se violó el derecho de defensa.
9.2. Requisitos. Se fijará fecha para llevar a cabo el remate siempre y cuando se cumpla lo siguiente:
• Que el mandamiento de pago se haya notificado en debida forma.
• Que se encuentre en firme la resolución que ordena adelantar la ejecución.
• Que el bien o bienes se encuentren debidamente embargados, secuestrados y avaluados.
• Que estén resueltas las oposiciones o peticiones de levantamiento de medidas cautelares.
• Que se encuentren resueltas las peticiones sobre reducción de embargos o la condición de inembargable de un bien o bienes.
• Que se hubieren notificado a los terceros acreedores hipotecarios o prendarios, a quienes se debe notificar personalmente o por correo, con el fin de que puedan hacer valer sus créditos ante la autoridad competente.
• Que se encuentre resuelta la petición de facilidad de pago que hubiere formulado el ejecutado o un tercero por él, en caso de haberse presentado solicitud en tal sentido.
• Que en el momento de fijarse la fecha del remate, no obre dentro del proceso la constancia de haberse demandado ante el contencioso administrativo la resolución que rechazó las excepciones y ordenó seguir adelante la ejecución, pues en tal evento no se puede proferir el auto fijando fecha para remate, sino de suspensión de la diligencia, conforme a los artículos 835, en concordancia con el 818, inciso final del estatuto tributario.
9.3. Trámite del remate. Mediante esta diligencia se logra obtener el cabal cumplimiento de la obligación no atendida oportunamente por el deudor. Su objeto es lograr el pago de la obligación con la venta de un bien.
Una vez en firme la resolución de seguir adelante la ejecución, la liquidación del crédito y las costas, el funcionario ejecutor dicta un auto, inapelable, por medio del cual ordena el remate de los bienes, siempre que estos hayan sido embargados, secuestrados y avaluados, y señala la fecha, día y hora para llevar a cabo la primera licitación de la diligencia en pública subasta. En el auto será determinada la base de la licitación, la cual es del 70% del avalúo.
En el evento de quedar desierta la primera licitación por falta de postores, el funcionario ejecutor señalará fecha y hora para una segunda licitación, cuya base será el 50% del avalúo. Si en la segunda licitación tampoco hubieren postores, será establecida una nueva fecha para el remate, con una base del 40% del valor del avalúo. Si tampoco se presentaren postores en esta ocasión, será repetida las veces que fuere necesario, y se podrá, incluso, solicitar un nuevo avalúo (CPC, art. 533).
9.4. Aviso y publicación. El remate debe anunciarse al público mediante aviso, el cual contendrá lo siguiente:
• Fecha y hora de inicio de la subasta.
• Los bienes materia del remate con indicación de su clase, especie y cantidad, si son muebles; si son inmuebles, la matrícula de su registro si existiere, el lugar de ubicación, nomenclatura o nombre y a falta del último requisito, sus linderos.
• El avalúo correspondiente a cada bien o grupo de bienes y la base de la subasta.
• El porcentaje que deba consignarse para hacer la postura.
El aviso será publicado por una vez, con antelación no inferior a diez (10) días a la fecha señalada para el remate, en un periódico de amplia circulación en el lugar y en una radiodifusora local, si la hubiere; la página del diario en que aparezca la publicación y la constancia del administrador o funcionario de la emisora sobre su transmisión serán agregadas al expediente antes de darse inicio a la subasta. Con la copia o la constancia de la publicación del aviso, deberá allegarse un certificado de tradición y libertad del inmueble actualizado, expedido dentro de los cinco (5) días anteriores a la fecha prevista para la diligencia de remate.
En la Secretaría será fijado el aviso durante los diez (10) días anteriores al remate y se agregará al expediente con constancia del secretario sobre las fechas de fijación y desfijación. (Arts. 141, 525, modificado por el artículo 55 de la Ley 794 de 2003, 526, modificado por el artículo 56 de la Ley 794 de 2003, 530 y 533 del CPC).
9.5. Depósito para hacer postura. De conformidad con lo establecido por el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 56 de la Ley 794 de 2003, toda persona que pretenda hacer postura en subasta pública, deberá consignar previamente en el Banco Agrario de Colombia o en el que haga sus veces, el cuarenta por ciento (40%) del valor del avalúo del respectivo bien, indicando el nombre del proceso. Esta consignación debe hacerse a órdenes del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” a la cuenta que se determine para el efecto.
Sin embargo, quien sea único ejecutante o acreedor ejecutante de mejor derecho, podrá rematar por cuenta de su crédito los bienes materia de la subasta, sin necesidad de consignar el porcentaje del 40%, siempre que aquel equivalga por lo menos al veinte por ciento (20%) del avalúo. En caso contrario, consignará la diferencia.
De conformidad con el artículo 527 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 57 de la Ley 794 de 2003, llegados el día y la hora señalados para el remate, el funcionario ejecutor del grupo de trabajo de jurisdicción coactiva, para el efecto, anunciará en alta voz las ofertas a medida que sean hechas. Transcurridas al menos dos (2) horas desde el comienzo de la licitación, el funcionario ejecutor adjudicará al mejor postor los bienes materia de la subasta, luego de haber anunciado por tres (3) veces que de no existir mejor oferta declarará cerrada la subasta.
En la misma diligencia serán devueltos los títulos de tales sumas depositadas a quienes las consignaron, excepto la que corresponda al rematante, que se reservará como garantía de sus obligaciones para los fines del artículo 529 del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, debe procederse en forma inmediata a la devolución cuando por cualquier causa no se lleve a cabo el remate.
9.6. Acta de remate. Efectuado el remate será elaborada un acta haciendo constar lo siguiente:
• Fecha y hora de la diligencia.
• Designación de las partes en el proceso —Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y nombre del Ejecutado—.
• Las dos (2) últimas ofertas que se hayan hecho y el nombre de los postores.
• La designación del rematante, la determinación de los bienes rematados, y la procedencia del dominio del ejecutado si se trata de bienes sujetos a registro.
• El precio del remate.
• La orden de devolución de los títulos judiciales a los postores vencidos.
• En el caso de no haber postores, de ello se dejará constancia.
9.7. Pago del precio e improbación del remate. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 529 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 59 de la Ley 794 de 2003, el procedimiento que debe seguir el funcionario ejecutor para efectos de la forma como el rematante debe pagar el precio del remate es el siguiente:
Dentro de los tres (3) días siguientes a la diligencia, el rematante deberá consignar el saldo del precio, descontada la suma que depositó para hacer postura, y presentará el recibo de pago del impuesto que prevé el artículo 7º de la Ley 11 de 1987.
Vencido el término sin que se hubiere hecho la consignación y el pago del impuesto, el juez improbará el remate y decretará la pérdida de la mitad de la suma depositada para hacer postura a título de multa.
9.8. Causas que invalidan el remate. El artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 60 de la Ley 794 de 2003, faculta al funcionario ejecutor para invalidar el remate en el evento de incumplimiento de las formalidades prescritas en los artículos 523 al 528 del Código de Procedimiento Civil, por ejemplo:
• Que no sea publicado el aviso en legal forma.
• El no anexar al expediente la página del diario y la constancia de la emisora, de la publicación del aviso.
• El no señalar fecha, hora y lugar del remate.
• No realizar el remate personalmente el funcionario ejecutor, etc.
9.9. Aprobación del remate. Pagado oportunamente el precio y cumplidas las formalidades previstas en los artículos 523 al 528 del Código de Procedimiento Civil, el funcionario ejecutor aprueba el remate mediante auto en el cual ha de disponer, de conformidad con el artículo 530 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 60 de la Ley 794 de 2003, lo siguiente:
• La cancelación de los gravámenes prendarios o hipotecarios que afecten el objeto del remate.
• La cancelación del embargo y secuestro que gravan al bien rematado.
• La expedición de copia del acta de remate y del auto aprobatorio. Si son bienes sujetos a registro dicha copia será inscrita y protocolizada en la notaría correspondiente al lugar del proceso, y copia de la escritura será agregada luego al expediente.
• La entrega por el secuestre al rematante de los bienes rematados.
• La entrega al rematante de los títulos de la cosa rematada que el ejecutante tenga en su poder.
• La expedición o inscripción de nuevos títulos al rematante de las acciones o efectos públicos nominativos que hayan sido rematados, y la declaración de que quedan cancelados los extendidos anteriormente al ejecutado.
• La entrega al acreedor del producto del remate, hasta la concurrencia de su crédito y las costas, y del remanente al ejecutado, si no estuviere embargado. En el caso del ejecutivo por jurisdicción coactiva, no da lugar la entrega al acreedor, pues en este caso el acreedor es el mismo ejecutante, es decir, el Instituto, a favor del cual ya fue consignado el valor del remate.
La comunicación al secuestre para que entregue los bienes debe hacerse conforme al artículo 688 del Código de Procedimiento Civil.
El auto que aprueba el remate es apelable en el efecto diferido, de acuerdo con el artículo 538 del Código de Procedimiento Civil.
9.10. Entrega del bien rematado. Le corresponde al secuestre entregar los bienes materia del remate dentro de los tres (3) días siguientes a la orden de entrega. Si no lo hace, el funcionario ejecutor, mediante auto, que se notifica personalmente o por aviso y que no es susceptible de recurso alguno, fija fecha y hora para la entrega de tales bienes, la cual hará en forma personal.
En la diligencia de entrega no serán admitidas oposiciones de ninguna naturaleza, ni el secuestre podrá, en ningún caso, alegar derecho de retención (art. 531, modificado por el art. 61 de la L. 794/2003, y 688 del CPC).
9.11. Repetición del remate. Conforme el artículo 532 del Código de Procedimiento Civil, cuando se declare improbado o se anule el remate, se repetirá la diligencia y la base para hacer postura será la misma que para la anterior.
9.12. Remate desierto. El artículo 533 del Código de Procedimiento Civil, establece que el remate es desierto cuando no se presenta ningún postor y en consecuencia, no es posible llevar a cabo la diligencia, esta circunstancia se declarará en la misma acta, debiéndose proferir auto para una segunda licitación, fijando fecha y hora.
9.13. Actuaciones posteriores al remate. Luego de la aprobación del remate deben agotarse los trámites necesarios para garantizar la satisfacción de las obligaciones objeto del proceso y al rematante el disfrute del bien o derecho adquirido en la licitación. Dichos trámites son:
1. Mediante oficio se ordena al secuestre la entrega del bien rematado, dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Se efectúa una nueva y definitiva liquidación del crédito y las costas, con el fin de imputar correctamente a la obligación u obligaciones los dineros producto del remate.
3. Cuando otros acreedores hubieren promovido ejecución que diere lugar a la acumulación de embargos, en los términos indicados en el artículo 542 del Código de Procedimiento Civil, se procederá a efectuar la entrega del producto de la venta a los despachos que lo hayan requerido, de acuerdo con la prelación legal de créditos.
4. Se aplica el producto del remate al pago de costas procesales y a la obligación, conforme con la imputación de pagos establecida en el artículo 804 del estatuto tributario.
5. Se entregará el eventual remanente al ejecutado, a menos que se encontrara embargado, en cuyo caso se pondrá a disposición del juez correspondiente.
6. Se dicta el auto mediante el cual se da por terminado el proceso y se dispone el archivo del expediente, en caso de haber quedado completamente satisfecha la obligación.
10. Terminación y archivo del expediente
10.1. Terminación del proceso y archivo del expediente de cobro en las diferentes etapas. Una vez verificado el pago, la compensación u otra cualquiera forma de extinguir las obligaciones, es necesario archivar el expediente de cobro y terminar el proceso de la siguiente manera:
1. Si el pago se realizó en etapa persuasiva, bien sea por pago inmediato o por facilidad o acuerdo de pago otorgada por el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, se revisará previamente el estado de cuenta del deudor, con el fin de verificar que se encuentra a paz y salvo y se procederá a concluir la gestión de cobro, profiriendo auto de archivo del expediente, el cual se comunicará al deudor en los términos del artículo 566 del estatuto tributario, y que será de cúmplase.
2. Si existe proceso coactivo administrativo, según el artículo 833 del estatuto tributario, este se termina por una de las siguientes razones:
• Por prosperar una excepción, caso en el cual la terminación del proceso, se ordenará en la misma resolución que resuelve las excepciones.
• Por el pago de la totalidad de la obligación en cualquier etapa del proceso, hasta antes del remate, caso en el cual se dicta un auto de terminación, que ordenará además el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes.
• Por pago total de la obligación, mediante facilidad o acuerdo de pago otorgada dentro del proceso administrativo coactivo, caso en el cual también se dictará auto de terminación, que ordenará además el levantamiento de las medidas cautelares, el archivo del expediente y demás decisiones pertinentes respecto de la liberación de los respaldos y garantías que se hubiesen constituido a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” por el ejecutado.
10.2. Terminación del proceso por remisión. La resolución que ordene la remisión de obligaciones, ordenará igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo coactivo si lo hubiere, o el archivo del expediente si no se hubiere notificado el mandamiento de pago.
Actuaciones aplicables al procedimiento administrativo de cobro
1. Acumulación. Dentro del procedimiento administrativo de cobro puede darse la acumulación de obligaciones en el caso que un mismo ejecutado adeude varias obligaciones por un mismo concepto o diferentes conceptos; así mismo, podrá darse la acumulación de procesos, facultad discrecional de la entidad, en la que se materializan los principios de economía procesal, celeridad y eficacia permitiendo que a través de un mismo proceso se recuperen la totalidad de obligación que se encuentren en cabeza de un mismo deudor.
1.1. Requisitos. La acumulación procederá si concurren los siguientes requisitos:
• Que las obligaciones que se persiguen se traten de obligaciones o sanciones a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
• Que el procedimiento que deba adelantarse para el cobro de dichas obligaciones sea el procedimiento administrativo de cobro.
• Que no haya sido aprobado el remate en los procesos a acumular.
• Identidad del ejecutado.
1.2. Acumulación de obligaciones al proceso. Consiste en acumular una o más obligaciones, respecto de las cuales aún no se ha promovido gestión coactiva, a un proceso en curso contra el mismo ejecutado. En este caso, se dicta mandamiento de pago únicamente respecto de las nuevas obligaciones.
Mediante auto se decretará la acumulación para continuar tramitando los procesos como uno solo.
1.3. Acumulación de procesos. Consiste en tratar como un solo proceso varios procesos administrativos coactivos que se adelantan simultáneamente contra un mismo deudor. Siguiendo los siguientes lineamientos:
• El proceso que se encuentre en una etapa posterior se suspenderá hasta que los demás se encuentren en la misma etapa procesal, momento en el cual se decretará la acumulación mediante auto.
• Si en ninguno de los procesos existen bienes embargados, la acumulación se hará al proceso más antiguo.
• Cuando en uno de los procesos existan bienes embargados, la acumulación se hará a dicho proceso.
• Cuando en varios procesos existan bienes embargados, la acumulación se hará al proceso que ofrezca mayores ventajas para la realización del remate.
La administración a discreción puede decretar la acumulación de oficio o a petición de parte, quien tomará en consideración no sólo los principios de economía procesal, sino también los de conveniencia y oportunidad del recaudo.
2. Interrupción del proceso. Es un fenómeno jurídico en el que no se afecta la obligación sino el procedimiento y consiste en la paralización de la actividad procesal, por la ocurrencia de un hecho al que la ley le otorga tal efecto. En el procedimiento Administrativo de Cobro solo procederá la interrupción por muerte del ejecutado.
Durante la interrupción no correrán términos y no podrá ejecutarse ningún acto procesal.
Deberá ser declarada mediante auto una vez se conozca la muerte del ejecutado; en la misma providencia debe ordenarse la notificación del mandamiento de pago a los herederos.
La notificación del mandamiento de pago contra el causante interrumpirá el término de prescripción, por cuanto los herederos toman el proceso en el estado en que se encuentra lo cual significa que no debe volverse a librar mandamiento de pago contra ellos.
3. Suspensión del proceso. Al igual que la interrupción, implica la paralización temporal del mismo. Es decir, mientras dure la suspensión, no se dictarán las actuaciones administrativas tendientes a seguir el curso normal del proceso.
3.1 Causales de suspensión
• Cuando el funcionario ejecutor reciba la comunicación que sobre la apertura de concordato que le envía por escrito el juez o funcionario competente que esté conociendo del mismo; o cuando el funcionario ejecutor se entere de la apertura del concordato por cualquier medio (E.T., arts. 827 y 845). En este evento el funcionario ejecutor deberá remitir el proceso al funcionario que adelanta el concordato para efecto de su incorporación al mismo.
• Cuando se le otorgue al ejecutado o a un tercero, en su nombre, una facilidad de pago, lo que puede ocurrir en cualquier etapa del proceso administrativo coactivo, antes del remate, de acuerdo con los artículos 814 y 841 del estatuto tributario.
• Por liquidación obligatoria cuando el ejecutado entre en este proceso, caso en el cual la administración deberá hacerse parte en dicho proceso.
• Cuando se haya iniciado un proceso penal, en el que el fallo que corresponda dictar influya necesariamente en el proceso de cobro administrativo coactivo. En este caso, se dicta el auto de suspensión del proceso tan pronto se tenga conocimiento del hecho y va hasta la sentencia definitiva de dicho proceso.
• En caso de acuerdo de reestructuración de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Ley 550 de 1999, el proceso de cobro coactivo debe suspenderse inmediatamente se tenga conocimiento del inicio de la negociación, y hasta la fecha de la terminación de la negociación y/o ejecución del acuerdo de reestructuración o de su incumplimiento.
4. Notificaciones. Las actuaciones que se dicten dentro del proceso administrativo de cobro deberán ser notificadas de la forma Prevista en el artículo 565 del estatuto tributario —por correo o personalmente—. Sin embargo podrán darse los siguientes medios de notificación:
• Conducta concluyente: Este tipo de notificación la establece el artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y el 48 del Código Contencioso Administrativo, para los actos administrativos. En consecuencia es válida la notificación por este medio; esto es, cuando el deudor manifiesta que conoce la deuda o lo menciona en escrito incorporado al proceso por ejemplo con la interposición de recurso de reposición o presentación de excepciones. En este caso se tendrá por notificado personalmente el deudor, en la fecha de presentación del escrito respectivo.
• Publicación. Según el inciso final del artículo 563 del estatuto tributario, cuando no se hubiere localizado la dirección del deudor por ningún medio, la notificación se hará por publicación, que consiste en la inserción de la parte resolutiva del mandamiento en un diario de amplia circulación local o nacional.
Al expediente se incorporará la hoja del diario donde se hizo la publicación y un informe del funcionario, sobre el hecho de no haberse localizado la dirección del deudor.
• Edicto. Según el artículo 565 del estatuto tributario, las providencias que decidan recursos se notificarán personalmente, o por edicto si el deudor, no compareciere dentro del término de los diez (10) días siguientes a la fecha de recibo de la citación. El edicto deberá fijarse por el término de 10 días hábiles.
• Estado. Por este medio podrán notificarse los autos dictados dentro del proceso que no sea necesario notificar personalmente, se fijará pasado un día de la fecha del auto y permanecerá allí durante las horas hábiles del respectivo día.
5. Retiro del expediente. En el proceso administrativo de cobro, no hay lugar al retiro del expediente por los interesados.
6. Nulidades procesales. En el procedimiento administrativo de cobro se habla de irregularidades procesales y las contempla el estatuto tributario en su artículo 849-1. Como ocurre con las nulidades pueden ser absolutas y relativas y de estas últimas es posible su saneamiento, ya sea de oficio o a petición de parte. Las irregularidades se considerarán saneadas cuando a pesar de ella, el deudor actúa en el proceso y no la alega y en todo caso cuando el acto cumplió su finalidad y no violo el derecho de defensa.
7. Otorgamiento de facilidades de pago. En cualquier etapa del proceso de cobro se puede conceder acuerdo de pago al deudor para la cancelación de sus obligaciones. En este evento, es discrecional, el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren adoptado.
La suscripción de facilidad de pago trae como consecuencia a su vez, la suspensión del proceso, el cual se reanudará con la ejecutoria de la resolución que declare el incumplimiento de la facilidad.
Facilidades o acuerdos para el pago de obligaciones
1. Competencia. El secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” tiene la competencia exclusiva para proyectar y otorgar facilidades o acuerdo de pago por las deudas que se encuentren en cobro persuasivo o coactivo.
2. Facilidades o acuerdos de pago. Si el deudor solicita plazo para pagar la obligación, el secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” podrá concedérsele mediante resolución que le será notificada personalmente y contra la cual no procede recurso alguno, en la cual se tendrá en cuenta la cuantía de la obligación, la real situación económica del deudor, las garantías que ofrezca, y otras circunstancias que el secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” evaluará a fin de determinar la viabilidad para acceder a la celebración de un acuerdo de pago, todo ello para que el resultado sea eficaz y práctico para el recaudo de las obligaciones económicas derivadas de títulos mineros o de cualquier otra acreencia del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”.
La facilidad de pago puede concederse en cualquier momento, aún estando en trámite un proceso administrativo coactivo contra el deudor. En este caso debe suspenderse el proceso de cobro y, si es pertinente, levantar las medidas cautelares, siempre que las garantías ofrecidas respalden suficientemente la obligación; de lo contrario, las medidas se mantendrán hasta el pago total de la obligación.
3. (Modificado).* Términos para las facilidades de pago o acuerdos de pago. El Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, concede plazos hasta por cinco años para cancelar los créditos a su favor, a cargo de los titulares mineros, pero para la etapa de exploración en la primera y segunda anualidad del canon superficiario únicamente se otorgara facilidades de pago de nueve (9) meses, contados a partir del momento de la causación de dicho canon y para otras obligaciones económicas que se encuentren en mora. La facilidad de pago se concederá a solicitud del deudor y a voluntad de Ingeominas, como facultad potestativa de esta.
*(Nota: Modificado por la Resolución 389 artículo 1º del Instituto Colombiano de Geología y Minería)
4. Cláusula aceleratoria. Deberá consignarse expresamente en el texto de la resolución que concede la facilidad de pago, que el incumplimiento de una cuota, será causal de terminación unilateral del acuerdo de pago, iniciándose o dando continuidad al proceso administrativo de cobro.
5. Solicitud y trámite. El interesado en obtener una facilidad de pago deberá presentar una solicitud por escrito conforme lo indica el artículo 559 del estatuto tributario, dicha solicitud debe contener por lo menos los siguientes datos:
• Valor de la obligación; concepto (canon superficiario, primera o segunda anualidad, regalías, contraprestaciones o multas) declaradas mediante resolución de caducidad, terminación, cancelación, o declaración de obligaciones económicas derivadas de títulos mineros), plazo solicitado; calidad con la que actúa el peticionario, tratándose de personas jurídicas deberá adjuntar certificado de existencia y representación legal, si además solicita levantar las medidas cautelares, deberá en su solicitud señalar con precisión la garantía ofrecida con su respectivo avalúo si fuere del caso y certificado de tradición si se trata de inmuebles.
• Presentada la solicitud, se verificarán y analizarán por el funcionario ejecutor los documentos y requisitos necesarios aportados para proyectar la resolución de facilidad de pago, en caso de que estos se encuentren debidamente cumplidos; si no es así, se concederá al peticionario un plazo no mayor a un (1) mes para que adicione, aclare, modifique o complemente su solicitud. Vencido el término anterior, sin que hubiere respuesta por parte del peticionario, se considerará que ha desistido de su petición y se podrá iniciar el proceso administrativo coactivo, si no se hubiere iniciado por encontrarse el expediente en etapa persuasiva, o continuarlo si ya estuviere iniciado. No obstante, el deudor podrá solicitar nuevamente la facilidad con el lleno de los requisitos.
6. Facilidad de pago solicitada por un tercero. Cuando la facilidad de pago sea solicitada por un tercero y deba otorgarse a su favor, en la solicitud el tercero deberá señalar expresamente que se compromete solidariamente al cumplimiento de las obligaciones generadas por la facilidad otorgada, es decir por el monto total de la deuda, incluidos los intereses y demás recargos a que hubiere lugar. Si embargo, la actuación del tercero no libera al deudor principal del pago de la obligación, ni impide la acción de cobro contra él; en caso de incumplimiento, se podrá perseguir simultáneamente a los dos, o a uno cualquiera de ellos.
Concedida la facilidad o acuerdo de pago solicitada por el tercero, el funcionario ejecutor deberá notificar al deudor, comunicándole tal determinación a su dirección, quien solamente podrá oponerse acreditando el pago total de la obligación.
7. Respaldo y garantías. Respaldo para la concesión de plazos. Las facilidades o acuerdos de pago, por tratarse de la concesión de plazos adicionales al usuario responsable de un contrato de concesión minera, de una licencia de exploración, de una autorización temporal o de cualquier contrato celebrado con el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” para la cancelación de sus obligaciones, se deben respaldar según las siguientes reglas:
7.1. Concesión de plazos sin garantía. Cuando el término no sea superior a un (1) año y el deudor denuncie bienes de su propiedad, o la del garante o solidario, para su posterior embargo y secuestro, con el compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en la resolución que concede la facilidad o acuerdo de pago.
En el evento de que el deudor, por razón de su actividad deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo al Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el deudor no se coloca en estado de insolvencia.
La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos. También se podrán conceder plazos sin garantía, cuando no se levanten las medidas cautelares, hasta terminar el pago total de la obligación con la facilidad de pago otorgada.
7.2. Concesión de plazos con garantía. Se exigirá la constitución previa de garantías, cuando la facilidad de pago solicitada sea por un plazo superior a doce meses, las que deberán constituirse a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y perfeccionarse antes del otorgamiento de la facilidad o acuerdo de pago.
La competencia para suscribir los contratos para la constitución de garantías reales será del secretario general del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” y los contratos deberán ser elaborados directamente por el grupo de contratos y convenios de la entidad.
Para el caso de las garantías personales, estas se considerarán satisfactorias aquellas cuyo valor sea igual o superior al monto de la obligación principal, más los intereses calculados para el plazo, entendiendo por obligación principal la correspondiente al capital, intereses de mora, indexaciones, hasta la fecha de expedición de la resolución que concede la facilidad o acuerdo de pago.
El garante deberá tener un patrimonio líquido por lo menos tres (3) veces superior a la deuda garantizada y no podrá ser deudor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” deberá presentar además relación detallada de sus bienes en que está representado su patrimonio, anexando la prueba de propiedad de los mismos y haciendo compromiso expreso de no enajenarlos ni afectar su dominio en cualquier forma, durante el tiempo de vigencia de la facilidad y acompañada de un estimado valor comercial de los bienes que integran la relación que está presentando, de lo cual el funcionario ejecutor deberá dejar constancia expresa en la resolución que concede la facilidad o acuerdo de pago. En el evento de que el garante, por razón de su actividad, deba enajenar o afectar en cualquier forma el dominio del bien o bienes denunciados, deberá informarlo al Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, indicando el bien o bienes adicionales o complementarios que ofrece en reemplazo del anterior o anteriores, para lo cual se verificará la propiedad de los nuevos bienes denunciados y su avalúo, con el fin de establecer que con dicha operación el garante no se coloca en estado de insolvencia.
La relación de bienes debe contener la información suficiente de ubicación, identificación, propiedad y valor comercial de los bienes ofrecidos, de manera tal que permita verificar la existencia y estado de los mismos.
— Garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguro o instituciones financieras: El aval bancario, o la póliza de una compañía de seguros, es una garantía ofrecida por una entidad autorizada por el Gobierno Nacional, para respaldar el pago de las obligaciones por parte del deudor. La entidad que otorgue la garantía debe indicar claramente el monto y el concepto de la obligación garantizada y el tiempo de vigencia, mediante la expedición de una póliza de seguros o de un aval bancario.
El funcionario ejecutor debe verificar, que quien firmó la póliza en representación de la entidad aseguradora, tiene la facultad para ello, mediante la certificación de representación legal expedida por la Superfinanciera.
Cuando se trate de garantías bancarias o pólizas de cumplimiento de compañías de seguros, el monto de las mismas deberá cubrir la obligación principal, más un porcentaje de los intereses de plazo, que garantice el total de la obligación más los intereses, en caso de incumplimiento de la facilidad o acuerdo de pago, en cualquiera de las cuotas pactadas. En ningún caso, el porcentaje de los intereses del plazo garantizado podrá ser inferior al 20% de los mismos. Para plazos mayores de un año y a criterio del funcionario ejecutor, se podrá permitir la renovación de las garantías, con por lo menos tres meses de anticipación al vencimiento de las inicialmente otorgadas.
8. Otorgamiento de la facilidad o acuerdo de pago. La facilidad o acuerdo de pago se concede mediante resolución que debe contener por lo menos, la identificación del acto administrativo que contiene la obligación, el monto total de la obligación, estableciendo los intereses de mora y los de plazo, la periodicidad de las cuotas y el tiempo total del plazo concedido, se indicarán las causales para declarar incumplida la facilidad o acuerdo de pago, y dejar sin vigencia el plazo concedido.
Cuando se concede la facilidad o acuerdo de pago respaldando la obligación con una relación de bienes detallada o con garantías reales o personales, se debe mencionar en la citada resolución, la relación de bienes denunciados y/o el perfeccionamiento de la garantía aceptada.
9. Incumplimiento de la facilidad de pago. Podrá declararse el incumplimiento de la facilidad o acuerdo de pago y dejar sin vigencia el plazo concedido, cuando el deudor incumpla el pago de alguna cuota por no cancelar en las respectivas fechas de vencimiento las obligaciones surgidas con posterioridad al otorgamiento de la facilidad de pago. El incumplimiento se declara mediante resolución, la cual deja sin vigencia el plazo concedido y en el evento en que se hayan otorgado garantías, ordenará hacerlas efectivas hasta concurrencia del saldo insoluto. En el caso de aquellas facilidades de pago que se otorgaron con base en una relación detallada de bienes, en la resolución de incumplimiento de la facilidad de pago, deberá ordenarse el embargo, secuestro y avalúo de los bienes, para su posterior remate. Igualmente en dicha resolución deberá dejarse constancia, cuando se constituyeron garantías personales, de que el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” se reserva el derecho de perseguir al garante y al deudor simultáneamente, a fin de obtener el pago total de la deuda. La resolución que declara incumplida la facilidad de pago y sin vigencia el plazo concedido, se notifica tal como lo establecen los artículos 565 y 566 del estatuto tributario, y contra ella procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que la profirió, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación (art. 8143), quien deberá resolverlo dentro del mes siguiente a su interposición en debida forma, y se notifica tal como lo señala el inciso 2º del artículo 565 del estatuto tributario.
10. Compensación. Es una forma de extinguir obligaciones, por lo cual puede ser aplicada para efecto de las contraprestaciones económicas que pagan los titulares mineros en los contratos celebrados con régimen de aporte. Cuando haya una solicitud de pago por compensación, se dará traslado de inmediato a la subdirección de fiscalización y ordenamiento minero para que proceda de conformidad y si considera viable la compensación, efectúe los ajustes a que haya lugar, para que este por resolución declare la Compensación solicitada por el deudor, y mediante memorando informen al grupo de trabajo jurisdicción coactiva y proceda a terminar el proceso de cobro respectivo.
11. Dación en pago/cesión de bienes. Las daciones en pago o cesiones de bienes, son mecanismos de pago excepcionales diferentes al pago en efectivo, para extinguir las obligaciones económicas derivadas de títulos mineros y originadas por canon superficiario, regalías, contraprestaciones, multas y otras acreencias que resultan del cobro de las obligaciones adeudadas al Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” por sus usuarios, mediante la entrega de bienes muebles e inmuebles, que podrán ser objeto de remate o destinarse a los fines que establezca el Gobierno Nacional.
Cuando se trate de daciones en pago o cesiones de bienes, provenientes de procesos concursales de liquidación obligatoria, el grupo de jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” deberá informar al grupo de servicios administrativos de Ingeominas, para que este último disponga sobre la reposición de los bienes.
Clasificación de la cartera
1. De la cartera morosa
1.1. Concepto de cartera. Entiéndase para los efectos del presente reglamento y las acciones de cobro, como toda obligación a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, cuyo plazo para el pago se encuentre vencido.
1.2. Depuración de la cartera morosa. Al hablar de depuración de la cartera morosa, nos referimos a las deudas de difícil recaudo y que comportan un gasto mayor para el Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, al que podría lograrse con las gestiones de cobro y que por este mismo hecho debe determinarse la viabilidad y beneficio del proceso administrativo de cobro.
1.3. Competencia. Será competente para adelantar la depuración de la cartera morosa, el grupo de trabajo de jurisdicción coactiva y la unidad de recursos financieros del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, dicha gestión deberá realizarse, evaluando cada título minero antes de emitir mandamiento de pago y cruzando la información financiera semestralmente.
1.4. Criterios de depuración. A fin de determinar las deudas remisibles con posibilidad de castigo, deberá observase la relación negativa costo-beneficio, atendiendo los siguientes factores: las obligaciones a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar bienes, las obligaciones sin respaldo económico, obligaciones con más de cinco años de antigüedad, obligaciones respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor, obligaciones de las cuales el costo de su recaudo supera el monto perseguido.
1.5. Remisión. La remisión es una forma de extinguir las obligaciones a cargo del deudor, con el lleno de los requisitos legales establecidos en el artículo 820 del estatuto tributario y el artículo 12 de la Ley 174 de 1994. La remisión consiste en la facultad que tienen las administraciones para suprimir de sus registros contables, las deudas a cargo de personas que hubiesen muerto sin dejar bienes, previa aportación de las pruebas que acrediten la circunstancia de no haber dejado bienes y de la partida de defunción. Igualmente los administradores tienen la facultad de suprimir las deudas que, no obstante las diligencias que se hayan efectuado para su cobro, se encuentran sin respaldo alguno por no existir bienes embargados, ni garantía alguna, siempre que, además de no tenerse noticia del deudor, la deuda tenga una antigüedad de más de 5 años.
1.6. Procedimiento. El castigo de la cartera y la remisibilidad de deudas deberá realizarse mediante resolución motivada, ordenando suprimir de la contabilidad y demás registros de la entidad las deudas, e igualmente la terminación y archivo del proceso administrativo de cobro si lo hubiere tenido en cuenta:
1.6.1. Obligaciones de personas fallecidas. Serán remisibles, las obligaciones a cargo de personas que hayan fallecido sin dejar bienes, para tal efecto dentro del expediente deberá obrar copia de la partida de defunción o la certificación que en tal sentido expida la Registraduría Nacional del Estado Civil y las pruebas de la investigación realizada que permita derivar la inexistencia de bienes a la fecha de la remisión.
1.6.2. Obligaciones sin respaldo económico. Serán remisibles las obligaciones que una vez realiza la investigación de bienes, esta arroje la falta de garantías para proseguir con el proceso de cobro coactivo; esto sin perjuicio de las acciones que deben adelantarse para obtener el pago de la obligación.
1.6.3. Obligaciones con antigüedad de cinco o más años. Serán remisibles las obligaciones que partir de su exigibilidad, haya trascurrido un tiempo mayor o igual a cinco años.
1.6.4. Obligaciones respecto de las cuales no se tenga noticia del deudor. Serán remisibles las obligaciones respecto de las cuales, no ha sido posible la localización del deudor y se haga imposible la notificación de las providencias dadas dentro del proceso.
1.6.5. Obligaciones de las cuales el costo de su recaudo supera el monto perseguido. Serán remisibles las obligaciones que presenten saldos de capital, con corte a 31 de diciembre de cada año, cuya cuantía sea igual o inferior a veinte mil pesos ($ 20.000) a la fecha del ajuste, en este caso se ajustará a cero su valor a fin de castigar la deuda.
2. Clasificación de la cartera
2.1. Definición. De conformidad con la Ley 1066 de 2006 y el Decreto Reglamentario 4473 de 2006 las entidades públicas, deberán realizar una clasificación de la cartera morosa de acuerdo a ciertos criterios, como lo son naturaleza de la obligación, cuantía, antigüedad entre otros.
2.2. Criterios de clasificación. La cartera morosa del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” se clasificará por la naturaleza y cuantía de la obligación.
2.2.1. Según su naturaleza. La cartera a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” se clasificará de acuerdo a su naturaleza y para los efectos de la presente resolución así:
2.2.1.1. Contraprestaciones económicas derivadas de títulos mineros. Constan de:
2.2.1.1.1. Cánones superficiarios. Estos corresponden a los valores causados y adeudados por parte de los titulares mineros en razón de la contraprestación económica que percibe la entidad.
2.2.1.1.2. Regalías. Son los valores adeudados por concepto de la contraprestación económica que percibe el Estado, por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad del Estado.
En el caso de las contraprestaciones, recibidos los títulos mineros y los títulos ejecutivos, se procederá a ordenar su recaudo de acuerdo con la clasificación que para tal efecto se disponga según la cuantía en el presente reglamento, atendiendo las etapas del procedimiento-persuasivo y coactivo.
2.2.1.2. Multas. Es el conjunto de sumas adeudadas a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, contenidas en actos administrativos, debidamente ejecutoriados, que imponen dicha sanción a cargo de personas naturales o jurídicas, derivada del incumplimiento de las obligaciones emanadas de los títulos mineros y en todo caso, en los eventos señalados en la ley.
El grupo de trabajo de jurisdicción coactiva del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas”, adelantará la gestión persuasiva del cobro de multas, de las cuales si no se obtuviere su pago por esta vía, en esta etapa, mediante auto, se remitirá a la subdirección de fiscalización y ordenamiento minero y/o a los coordinadores de las regionales, a fin de que se adelante el procedimiento que declare la caducidad, terminación o cancelación de los contratos, de conformidad con lo establecido en el artículo 112, literal d) en concordancia con el artículo 288 de la Ley 685 de 2001, y se profiera el acto administrativo que contenga una obligación clara, expresa y exigible que preste mérito ejecutivo para dar inicio al proceso administrativo de cobro.
2.2.2. Según su cuantía. La cartera a favor del Instituto Colombiano de Geología y Minería “Ingeominas” se clasificará de acuerdo a su cuantía y para los efectos de la presente resolución así:
2.2.2.1 Mínima cuantía. Deudas iguales o inferiores a cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.2.2.2. Menor cuantía. Deudas desde seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes hasta sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
2.2.2.3 Mayor cuantía. Deudas de sesenta y un (61) salarios mínimos legales mensuales vigentes en adelante.
De conformidad con la anterior clasificación se procederá a efectuar su cobro atendiendo lo dispuesto en este reglamento en la etapa persuasiva, en un término de dos (2) meses, contados a partir del envío del requerimiento. Si cumplido este término el deudor no comparece a realizar el pago o solicitar la celebración de un acuerdo de pago, se dará inicio al proceso administrativo de cobro. Sin embargo las deudas calificadas en mayor y menor cuantía tendrán prioridad para el inicio de las gestiones de cobro.
ART. 2º—Hacen parte integrante del presente acto administrativo los anexos técnicos que establecen los modelos de las actuaciones que rigen el procedimiento de cobro por jurisdicción coactiva.
Dada en Bogotá, D.C., a 13 de marzo de 2008.

References: RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 

RESOLUCIÓN 
 artículo 9
 artículo 6
 artículo 209
 artículo 5
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 5
 artículo 6
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 artículo 48
 artículo 849
 artículo 828
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 artículo 831
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 artículo 542
 artículo 542
 artículo 6
 artículo 1908
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 artículo 9
 artículo 837
 artículo 686
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 artículo 833
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 artículo 526
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 artículo 57
 artículo 529
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 artículo 59
 artículo 7
 artículo 530
 artículo 60
 artículo 530
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