Source: http://mingaonline.uach.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502003000200009&lng=es&nrm=iso&tlng=es
Timestamp: 2019-05-22 07:40:02+00:00

Document:
Revista de derecho (Valdivia) - REFERENCIA A LA TUTELA CAUTELAR EN EL DERECHO INGLÉS
Rev. derecho (Valdivia) v.15 Valdivia dic. 2003
Revista de Derecho, Vol. XV, diciembre 2003, pp. 191-204
MEDIDAS PROVISIONALES, JUSTICIA EXPEDITA, PROCESO CIVIL.
Hay situaciones en las cuales una injunction no debe ser concedida; así, por ejemplo, cuando la lesión ha cesado con anterioridad al inicio del juicio, o cuando resulta imposible volver al estado que existía con anterioridad a la violación del derecho. En estas situaciones este remedio de equidad no resulta apropiado. Sheridan cita un proceso en el cual se prohibió, mediante una interim injunction, la publicación de un libro que en opinión del actor violaba cierta información confidencial. Al momento de presentarse la demanda, el libro ya había sido publicado en el extranjero, concretamente en los Estados Unidos de Norteamérica, y las copias del mismo pronto estuvieron disponibles en Inglaterra. En consecuencia, la Cámara de los Lores desechó la solicitud de una permanent injunction en contra de The Sunday Time que prohibiría la publicación de extractos de aquel libro, puesto que ya “no había ninguna información confidencial que proteger”.5
En el ámbito del derecho privado estas medidas tienen por objetivo limitar las infracciones a los derechos del demandante mientras se tramita el proceso. Así, según apunta Burrows,8 una interim injunction tiene el propósito de proteger los derechos que alega el demandante durante la inevitable demora previa al juicio. Como solución jurídica que se emplea respecto de ilícitos civiles (torts) e infracciones de contratos (breach of contract), cumple una análoga función que una injunction definitiva (final injunction), pero de un modo más rápido, y en muchas ocasiones, más efectivo. Bean,9 por su parte, observa que el tribunal al conocer la solicitud una interim injunction no realiza un juicio sobre el fondo de la cuestión. Usualmente no hay testimonio oral y no hay oportunidad para contrainterrogatorios. Respecto del proceso de exhibición de prueba y examen de documentos éstos no tienen lugar; de hecho es posible que el escrito de demanda y de contestación no hayan sido aun notificados. No debe creerse, en todo caso, que una interim injunction es un remedio secundario o de menor importancia. Por el contrario, cada año los tribunales en comparación conceden mucho más este remedio que una injunction definitiva, por el simple hecho de que como Lord Denning expresó: “Casi siempre, no obstante, los procesos no llegan a la etapa de juicio. Las partes aceptan la resolución prima facie del tribunal o arreglan directamente la disputa. En todo caso, 99 causas sobre 100 no van más allá [...]”.10
El artículo 37 apartado (1) de la Ley del Tribunal Supremo de 1981 (Supreme Court Act 1981) establece la jurisdicción (competencia) del Tribunal Superior de Justicia para dictar una injunction, disponiendo al efecto: “Poderes del Tribunal Superior en materia de injunctions y depositarios”:
La competencia, pese a los amplios términos en que está redactada la disposición, no es tan extensa. Según apuntan Hanbury y Martin, debe ser ejercida no de acuerdo con las preferencias individuales de cada juez, sino “en conformidad a razonamientos legales o de acuerdo con principios jurídicos”.13 Así, un demandante sin derecho no puede obtener una injunction, a pesar de lo “justo y conveniente” que ello pueda ser. En este sentido, si bien hubo diferentes opiniones en cuanto a la verdadera extensión del artículo 25 (8) de la Ley del Tribunal Supremo de 1873, que introdujo por primera vez en el derecho procesal inglés una disposición similar a la vigente actualmente, 14 la Cámara de los Lores precisó que dicha normativa no había extendido la competencia de los tribunales para conceder injunctions, sino que más bien se trataba de una norma de procedimiento.15
Esta sección dispone en el número 25.1. párrafo 1 que el tribunal puede conceder las siguientes medidas provisionales: letra a) una interim injunction.16 La enumeración de las medidas provisionales que contempla el párrafo 1 se extiende hasta la letra “n” y ella no es exhaustiva. La sección 25.1. párrafo 3 dispone que el hecho de que una expecífica medida provisional no se encuentre en la enumeración del párrafo 1, no afecta las facultades del tribunal para conceder esa medida. La posibilidad de nombrar un depositario, de acuerdo con el artículo 37 apartado (1) de la Ley del Tribunal Supremo de 1981 (Supreme Court Act 1981), es típicamente una medida que el tribunal puede conceder aun cuando no se encuentra recogida en la enumeración referida.
En la actualidad, la jurisdicción para conceder este remedio ha seguido las pautas sentadas en 1975 por la Cámara de los Lores en el proceso American Cyanamid v. Ethicon Ltd.20 como un “balance de conveniencia”. En esta decisión, muy discutida por la doctrina inglesa y extranjera, 21 se reformularon (y en opinión de algunos se sacudieron violentamente) los principios que gobernaban las medidas provisionales en el Derecho procesal inglés.
Tradicionalmente la concesión de esta medida provisional se basaba en el equilibrio de dos factores: (i) la solidez de los argumentos del demandante (the strength of the plantiff ’s case) y (ii) la naturaleza y extensión del daño (harm) de cada parte. Para satisfacer la primera exigencia los tribunales ingleses empleaban diferentes expresiones propias, además de la discrecionalidad de este remedio, siendo la más recurrida y aceptada (así lo sostuvo la propia Cámara de los Lores en Stratford Son Ltd v. Lindley y en primera instancia la Corte de Apelaciones en American Cyanamid v. Ethicon Ltd)22 aquella que exigía al demandante establecer un prima facie case, de ordinario un strong prima facie case,23 en dos sentidos: primero, que el demandado estuviera realizando o que intentaría realizar un ilícito en su contra y, segundo, que en apariencia él tuviera derecho a una injunction definitiva en el juicio posterior. Esta última situación ponía de relieve que bajo esta tradicional visión, un aspecto esencial para conceder la medida provisional era que el demandante mostrara a los ojos del tribunal que tenía un strong case on the merits, es decir, sólidos fundamentos de que ganaría la causa en el fondo. El segundo factor (ii), como hemos observado, aludía a la probabilidad y extensión del daño a que se veía expuesta cada parte, lo que se traducía en determinar, en relación con este eventual daño, hacia qué lado se inclinaba la balanza de conveniencia: si por la adopción o por el rechazo de la medida provisional.24
En la práctica, sin embargo, los tribunales y también los abogados otorgaban mayor importancia al establecimiento de un strong prima facie case que a la valoración de los posibles perjuicios que las partes pudieran sufrir con la decisión del tribunal. Tanto que si el demandante lograba establecer una sólida prueba a primera vista, los “tribunales parecían felices de ignorar por completo el balance de conveniencia”.25 En definitiva, los jueces ingleses no concedían la medida provisional a menos que el demandante demostrara que las probabilidades de obtener una injunction definitiva eran superiores a las de no obtenerla (más del 50% de probabilidades de éxito). De ahí que la decisión de los tribunales era vista como “un mini-juicio” (mini-trial) en conformidad con los argumentos y evidencias hasta ese momento disponibles, y que normalmente no eran otros que las declaraciones juradas de las partes y la argumentación oral de sus abogados.26
Esta tradicional visión, según se anticipó, fue removida violentamente el año 1975 con la decisión del más alto tribunal inglés. Lord Diplock, con el acuerdo de los demás Lores, buscó en la decisión del proceso American Cyanamid v. Ethicon Ltd poner fin a la idea de considerar la concesión de una interim injunction como un “mini-juicio”. En la aludida causa el demandante, una compañía de los Estados Unidos de Norteamérica, solicitó la concesión de una quia timet injunction a fin de impedir que el demandado, otra compañía también de ese país, explotara comercialmente en Gran Bretaña una sutura sintética respecto de la cual alegaba la infracción de su patente comercial. El tribunal de primera instancia concedió la medida basándose en que los demandantes habían demostrado un strong prima facie case de que su patente podría ser infringida por las ventas de Ethicon, y adicionalmente el balance entre dictar o no dictar la medida se inclinaba por mantener el statu quo hasta el juicio mismo, esto es, impedir en el tiempo intermedio la comercialización de la sutura. La Corte de Apelaciones, por su parte, después de ocho días de alegatos revocó la resolución de primera instancia, argumentando que el demandante había fallado en establecer prima facie sólidas evidencias (failed to establish a strong prima facie case),27 sin tomar en consideración el balance de conveniencia u otros elementos. La Cámara de los Lores, finalmente, repuso la decisión de primera instancia, pero con un razonamiento diferente.
Lord Diplock comunicó el parecer unánime del tribunal,28 y fue particularmente crítico con lo que consideraba era un énfasis indebido en relación con los fundamentos que el demandante debía aportar en la fase interlocutoria del proceso. Luego de expresar los motivos que tradicionalmente los tribunales ingleses habían utilizado para conceder una injunction y el objetivo que ellas perseguían, 29 observó, en primer término, que en el Derecho inglés los procesos judiciales contenían diferentes aproximaciones para decidir si se debía o no dictar una medida cautelar, entre otras: “probabilidad del derecho del actor”, “serios fundamentos a primera vista del derecho del actor”, etc., pero que, en su opinión, no había ninguna norma que así lo estableciera. Sostuvo, por el contrario, que a los jueces lo único que debía constarle era que la pretensión no fuere frívola o vejatoria. En otras palabras y en términos positivos, que detrás de la solicitud de una medida cautelar hubiera una cuestión seria que enjuiciar (a serious question to be tried).30
Si, por el contrario, la indemnización de daños y perjuicios no ofrecía una adecuada satisfacción al actor en el caso de que posteriormente tuviese éxito en su reclamación, el tribunal debía considerar la siguiente hipótesis: si el demandado tuviere éxito en que se le reconozca su derecho a realizar aquello que se le quiere prohibir, ¿sería razonablemente compensado por los daños que pueda sufrir bajo el compromiso de indemnización del demandante (the plantiff ’s undertaking)? Si la indemnización es un adecuado remedio y el demandante está en condiciones de pagarla, entonces no había razón para rechazar una interim injunction.
Como se aprecia, el mayor cambio que se produjo el año 1975 en esta materia fue que el demandante ya no necesitaba acreditar un prima facie case, sino una prueba menos exigente, a saber, la existencia de un asunto serio que enjuiciar. Bean observa que esta exigencia llevó, al menos a algunos tribunales, a adoptar una nueva regla en reemplazo de la anterior. Tras el fallo de la Cámara de los Lores sólo se tiene que demostrar que hay un asunto serio que enjuiciar, sin ninguna referencia a la relativa fortaleza de los argumentos de cada parte. Esta situación, agrega Bean, “placed a weapon for injustice in the hands of plantiffs with weak but arguable cases [...]”.33 En otras palabras, la mayor o menor solidez en los fundamentos de la acción del demandante quedó relegada a un segundo plano. Hanbury y Martin en este sentido señalan que “sólo como último recurso es apropiado considerar la relativa solidez de los argumentos de las partes, y sólo si aparece de los hechos afirmados en el testimonio notarial (affidavit evidence) [...], que la solidez de los argumentos de una parte son asimétricos con los de la otra”.34
En opinión de Burrows, la política que se encuentra detrás de esta sentencia “es que la solicitud de una medida provisional no debiera servir como un mini-juicio, en el cual la cuestión central del proceso es juzgado sólo teniendo como prueba una declaración jurada, sin evidencia oral ni contrainterrogatorios”. 35 Para Goldstein, el nuevo examen “fue claramente diseñado para obviar la necesidad de sostener un examen preliminar a fondo, sobre el mérito de los argumentos del demandante, como condición de conceder la medida provisional. De este modo, los principios de American Cyanamid, establecidos el mismo año que la Mareva injunction, representan, al igual que la Mareva, un intento adicional de inclinar la balanza en favor del demandante en materia de medidas provisionales”.36
El propio Lord Diplock apuntó, luego de establecer los nuevos principios en American Cyanamid, que “puede haber muchos otros factores especiales que deben ser tenidos en consideración de acuerdo con las circunstancias particulares de cada proceso”.39 En este sentido, la Corte de Apelaciones y los tribunales de primera instancia han desarrollado un número de casos especiales, en los cuales el demandante ha debido mostrar algo similar a un prima facie case, y en otros, el balance de conveniencia no ha sido tomado en consideración.
En el Derecho inglés normalmente los tribunales exigen previo a la concesión de la medida, que el actor se comprometa a indemnizar todos los perjuicios que ésta pueda causar al demandado. Galinsky45 a este propósito observa que, “la decisión de la Cámara de los Lores en la causa American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. estableció los principios que deben aplicarse por los órganos jurisdiccionales en el ejercicio sus facultades discrecionales. Los tribunales normalmente actúan basándose en el hecho de que cualquier medida provisional que es concedida queda sujeta a un compromiso de indemnización por parte del demandante. El más usual es el compromiso por el cual el actor cumplirá con cualquier resolución de este tribunal en la que se ordene pagar una indemnización de daños y perjuicios a causa de la medida concedida, si en opinión del tribunal el demandado hubiere sufrido alguno”. El propósito de exigir este compromiso, agrega el autor citado, es simple: “permitir al tribunal [...], compensar a la persona que temporalmente ha sido requerida de hacer, o no hacer algo, por el agravio que ha sufrido entretanto, si posteriormente demuestra que ha sido requerido en contravención de sus derechos”.46
Zuckerman,48 por su parte, observa que el compromiso de indemnizar los daños y perjuicios que pueda sufrir el demandante es una cuestión de justicia. En el ejercicio de sus pretensiones ante los tribunales cada parte tiene derecho a ser tratada de igual manera. Los tribunales tienen el deber de mantener la imparcialidad y de no mostrar preferencia alguna por una de las partes hasta que se haya establecido, mediante la sentencia definitiva, cuál tenía la razón de su lado. No obstante, el demandante puede obtener una medida provisional limitando la actuación del deudor, incluso antes de la sentencia definitiva, si demuestra que un daño irreparable puede afectar sus derechos. En consecuencia, cuando los tribunales conceden una interim injunction están protegiendo exclusivamente los intereses del demandante; de esto se sigue que si el tribunal tiene que mostrar igual interés por los derechos del demandado, debe tomar las medidas necesarias para protegerlo de cualquier agravio que pueda sufrir como consecuencia de las medidas adoptadas en favor del demandante. Zuckerman cita lo observado por el juez Dillon, en el sentido de que: “la crossundertaking es exactamente un asunto de equidad cuando una medida provisional es concedida en adelanto de la determinación de los derechos de las partes en el juicio”.49
1 Sharpe, Injunctions and specific performance, Toronto, 1983, p. 4; Bean, Injunctions, 7a. ed., Londres, 1996, p. 3; Sheridan, Injunctions in general, Londres, 1994, p. 1; Spry, The principles of Equitable remedies, Reino Unido, 5a. ed., 1990, p. 322; Hanbury y Martin, Modern equity, Londres, 15ª ed., 1997, p. 734. El Glosario de términos que acompaña a las Civil Procedure Rules 1998 (en adelante indistintamente CPR) señala al respecto: “Injunction: A court order prohibiting a person from doing something or requiring a person to do something”.
2 Como se sabe, una de las características más destacadas del Derecho inglés reside en el hecho de que por muchísimo tiempo convivieron en su interior dos sistemas que originaron, a su vez, dos tipos diferentes de tribunales. Por una parte, el sistema del Common law (en sentido restringido este término fue tomado de los canonistas, quienes utilizaban el término “jus commune” para referirse al derecho general que emanaba de la Iglesia Católica, y servía para describir, ya en los tiempos de Eduardo I (1272-1307), aquella parte del derecho no promulgado, no legislado, y que era común a todo el territorio y a todos sus habitantes, en contraposición a los estatutos, a las costumbres locales y a los fueros reales) y, por el otro, el sistema de la Equity. Lo relevante de esta distinción es que cada sistema tenía sus propios tribunales y sus propias formas de solución jurídica, siendo las injunctions un remedio propio, hasta 1875, de los tribunales de equidad. En general vid. Spry, The principles..., ob. cit., cap. 4, pp. 322 y ss. Vid., asimismo, Keeton-Sheridan, Equity, 3a., ed. Londres, 1987, pp. 407-411. Vid, también, Marín, “Notas sobre la evolución del derecho inglés”, en Revista de derecho público, v. 62 (2000), pp. 194-205.
6 Plant, Editor in Chief, Blackstones’s Civil practice, Oxford, 2003, p. 418.
8 Remedies for torts and breach of contract, Londres, 2a ed., 1994 (reimpresa en 1997), p. 423. Hanbury y Martin, por su parte, observan que “el objeto de una interim injunction es evitar que un litigante que necesariamente debe sufrir los retrasos judiciales, pierda el producto de su juicio por estos retrasos”. Modern equity, ob. cit., p. 751.
10 “Nearly always, however, these cases do not go to trial. The parties accept the prima facie view of the court or settle the case. At any rate, in 99 cases out of 100 it goes no further. I should have thought that our practice in these cases was sensible and convenient. It enables the parties to adjust their differences speedily and cheaply instead of a trial which might be long expensive”. Fellowes & Son v Fisher [1976] QB p. 129.
12 Section 37. Powers of High Court with respect to injunctions and receivers: (1) “The High Court may by order (whether interim or final) grant an injunction or appoint a receiver in all cases in which it appears to the court to be just and convenient so to do”. Similares principios se aplican en los Conutry Court. Vid the Contry Court Acts 1984, artículo 38.
14 El art. 25 apartado (8) de la Supreme Court *- 1873 dispuso en materia de medidas provisionales “una injunction puede ser concedida o un depositario nombrado mediante un auto provisional, en todos los procesos en que al tribunal le parezca justo y conveniente que tal resolución se dicte; y esta resolución puede ser dictada incondicionalmente o bajo los términos y condiciones que el tribunal considere razonables”. “An injunction may be granted or a receiver appointed by an interim order of the court in all cases in which it shall appear to the court to be just or convenient that such order should be made; and any such order may be made either unconditionally or upon such terms and conditions as the court shall think just”. Una interpretación amplia de esta disposición fue realizada por el juez JESSEL, en el proceso Beddow v Beddow [1878] 9 Ch. D. p. 89, donde señaló: “I have unlimited power to grant an injunction in any case where it would be right o just to do so”.
16 Con anterioridad a la vigencia de las CPR, las injunctions se encontraban reguladas en la Sección 29 (Order 29) de las Rules of the Supreme Court (RSC) que en su norma 1 (rule 1) disponía: (1) “Una solicitud para conceder una injunction puede ser formulada por cualquiera de las partes de un proceso o disputa, antes o después de su vista oral, ya sea que la reclamación de la injunction haya sido incluida o no en el escrito de la parte, en la notificación de inicio del proceso, en la reconvención o en la citación de un tercero, según proceda”. O. 29, r.1) 1.– Application for injunction: “An application for the grant of an injunction may be made by any party to a cause or matter before or after the trial of the cause or matter, whether or not a claim for the injunction was included in that party’ writ originating summnons, counterclaim or third party notice, as the case may be”. Sobre el particular vid. Bean, Injunctions, ob. cit., capítulo 5 “Interim proceedings”, pp. 69-97.
18 En el proceso Z Ltd. v A-Z and AA-LL [1982] 2 WLR 288, que trataba de un fraude cometido en contra de una compañía internacional por más de dos millones de libras esterlinas, era esencial el secreto y la rapidez en adoptar una freezing injunction. Al respecto Lord Denning señaló: “When the fraud was discovered, the Ruritanian company was anxious to trace the moneys into the various banking acounts, and also the good. It was important that any dealings should be stopped before the conspirators knew that the fraud had been discovered. It was so urgent that, before a writ, the Ruritanian company made application to the commercial judge seeking order against any of those who might possibly have had a part in the fraud, [...], and against the banks who might still be holding any of the money”, p. 293. Debe resaltarse que con la medida concedida la Compañía recuperó de inmediato casi la mitad de lo defraudado (un millón de libras esterlinas).
21 Vid. sobre este particular, Gore, “Interim injunctions-a final judgment?”, en The modern law review (1975), v. 38, pp. 672-679; Wallington, “Injunctions and the “right to demonstrate””, en The cambridge law journal (1976), v. 35, abril, pp. 82-111; Leubsdorf, “The standard for preliminary injunctions”, en Harvard law review (1978), v. 91, N° 3, enero, pp. 525-566; Hammond, “Interim injunctions: time for a new model?” en University of toronto law journal (1980), v. 30, pp. 240-282; Spry, “The myth of the prima facie case”, en The australian law journal (1981), v. 55, noviembre, pp. 784-787; Carlson, “Granting an interim injunction: what is the test?”, en Manitoba law journal (1982), v. 12, N° 2, pp. 109-128; Macleod Rogers-Hately, “Getting the pre-trial injunction”, en The canadian bar review (1982), v. 60, N° 1, pp. 1-35; Perell, “The interim injunction and irreparable harm”, en The canadian bar review (1989), v. 68, pp. 538-559.
23 Sharpe, Injunctions..., ob. cit. p. 64; Burrows, Remedies..., ob. cit., p. 424; Bean, Injunctions, ob. cit., pp. 31 y ss. Hanbury y Martin, Modern equity, ob. cit., p. 753. Sharpe, cita entre otras formulaciones, que los tribunales ingleses utilizaban las siguientes: “a substantial question to be investigated”, “a fair question”, “a serious question to be tried”, “a substantial question to be tried”. No obstante esta variedad de fórmulas, el referido autor observa que “it is submitted, however, that, to the extent that these formulations represent a variation from the prima facie case test, they present situations in which the assessment of the merits is difficult, and that, because of inability at the preliminary stage to come to a conclusion on the merits, the case must turn on the balance of convenience [...]”. Injunctions..., ob. cit., p. 64.
25 Burrows, Remedies..., ob. cit., p. 425. De hecho, esto fue lo sostenido por el juez Russell en sus conclusiones finales en la causa American Cyanamid v. Ethicon Ltd en la Corte de Apelaciones: “...if there be no prima facie case on the point essential to entitle the plantiffs to complain of the defendants’ proposed activities, that is the end of the claim to interim relief”. [1974] FSR p. 333.
26 En general, téngase presente que la solicitud de una interim injunction se realiza en audiencia pública (in open court) si la petición es ante la Sala de la Cancillería (The Chancery Division) del Tribunal Superior, y a puerta cerrada (in chambers) si es en la Sala de la Reina (Queen’s Bench Division) del mismo tribunal.
27 El juez Russell a este respecto observó que: “I am not satisfied on the present evidence that on the proper construction of this specification, addressed as it to persons skilled in the relevant art or science, the claim extends to sterile surgical sutures produced not only from homopolymer of glycolide but also from copolymer of glycolide and up 15 per cent. of lactide. That is to say that I do not consider that a prima facie case of infringement is established”. American Cyanamid v. Ethicon Ltd [1974] FSR p. 330 (el destacado es mío).
28 Los demás lores Viscount Dilhorne, Cross of Chelsea, Salmon y Edmund-Davies, básicamente señalaron: “My Lords, for the reasons given by my noble and learned friend, Lord Diplock, I would also allow this appeal”. American Cyanamid Co v. Ethicon Ltd. [1975], A.C. p. 410.
29 “La práctica de dar alivio por vía de una interim injunction surgió con el objetivo de mitigar el riesgo de que el demandante sufriera una injusticia durante el período anterior a la resolución de esta incertidumbre; sin embargo, desde la segunda mitad del siglo diecinueve esta práctica ha sido condicionada a que el demandante se obligue a indemnizar los daños y perjuicios causados por la injunction, si en el juicio se resolviere que no estaba autorizado a impedir hacer al demandado lo que éste amenazaba hacer. El objetivo de la interim injunction es proteger al demandante de los daños y perjuicios causados por una infracción de su derecho, que no resultarían compensados por las indemnizaciones a pagar en caso que la acción fuere resuelta a su favor; sin embargo, la necesidad del demandante de tal protección debe ser contrapuesta a la recíproca necesidad del demandado de protección frente a los daños y perjuicios causados por la prohibición de ejercer sus derechos, que no resulten adecuadamente compensados por las indemnizaciones que el demandante se obligó a pagar en caso que la acción fuera resuelta a favor del demandado”. “It was to mitigate the risk of injustice to the plantiff during the period before that uncertainty could be resolved that the practice arose of granting him relief by way of interim injunction; but since the middle of the 19th century this has been made subject to his undertaking to pay damages to the defendant for any loss sustained by reason of the injunction if it should be held at the trial that the plantiff had not been entitled to restrain the defendant from doing what he was threatening to do. The object of the interim injunction is to protect the plantiff against injury by violation of his right for which he could no be adequately compensated in damages recoverable in the action if the uncertainty were resolved in his favour at the trial; but the plaintiff’s need for such protection must beweighed against the corresponding need of the defendant to be protected against injury resulting from his having been prevented from exercising his own legal rights for which he could not be adequately compensated under the platiff’s undertaking in damages if the uncertainty were resolved in the defendant’s favour at the trial”. American Cyanamid Co v. Ethicon Ltd, [1975] A.C. p. 406.
35 Remedies..., ob. cit., p. 427. En palabras de Lord Diplock “it is no part of the court’s function at this stage of litigation to try to resolve conflicts of evidence on affidavits as to facts on which the claim of either party may ultimately depend nor to decide difficult questions of law which call for detailed argument and mature consideration. These are matters to be deal with at the trial”. American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd, [1975] A.C. p. 407.
36 “Recent developments and problems in the granting of preliminary relief: a comparative analysis”, en Revue hellénique de droit international, 40 ème et 41 ème années, (1987- 1988), p. 20.
39 “I would reiterate that, in addition to those to which I have referred, there may be many other special factors to be taken into consideration in the particular circumstances of individual cases”. American Cyanamid Co. v. Ethicon Ltd. [1975] A.C. p. 409.
41 El propio Lord Diplock en el proceso NWL Ltd. v. Woods [1979] 1 WLR pp. 1294 y ss. observó: “Where, however, the grant or refusal of the interim injunction will have the practical effect of putting an end to the action because the harm that will have been already caused to the losing party by its grant or it refusal is complete and of a kind for which money cannot constitute any worth while recompense, the degree of likehood that the plaintiff would have succeeded in establishing his right to an injunction if the action had gone to trial, is a factor to be brought into the balance by the Judge in weighing the risk that injustice may result from his deciding the application one way rather than the other”, p. 1.307.
45 “Interim injunctions and damages” (1992) v. 136 Solicitor Journal, p. 1.086.
47 Sobre la posibilidad de dispensar de este compromiso a la Corona vid. Zuckermann “Dispensation with undertaking in damages-an elementary injustice”, en Civil justice quarterly, 1993, pp. 268-278.

References: resolución 
 artículo 37
 artículo 25
 artículo 37
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 resolución