Source: http://www.libertadidioma.com/2002/20020910.htm
Timestamp: 2018-11-20 15:34:48+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Martes 10 Septiembre 2002
Editorial ABC 10 Septiembre 2002
ALFONSO USSIA ABC10 Septiembre 2002
Santiago ARAÚZ DE ROBLES La Razón 10 Septiembre 2002
Un fenicio en Amorebieta
FERNANDO LOPEZ AGUDIN El Mundo 10 Septiembre 2002
Sobre la suspensión de Batasuna
JOSÉ MANUEL GÓMEZ-BENÍTEZ El País 10 Septiembre 2002
SANTIAGO GONZÁLEZ/ El Correo 10 Septiembre 2002
«Bajo ningún concepto se pueden justificar actitudes pasivas frente a los que intentan incumplir la legalidad»
EL CORREO Y AGENCIAS/BILBAO 10 Septiembre 2002
La ex fiscal Stoller compara en un libro a ETA con el terrorismo islamista
F. ITURRIBARRIA/ CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 10 Septiembre 2002
Más de 3,4 millones de europeos estudiaron español en el curso 2000-2001
EFE Libertad Digital 10 Septiembre 2002
Cartas al Director ABC 10 Septiembre 2002
Actuación y reflexión
EDITORIAL El Correo 10 Septiembre 2002
Mayor Oreja denuncia una estrategia común entre PNV y Batasuna para mantener el «régimen» en el País Vasco
MADRID. AGENCIAS ABC 10 Septiembre 2002
Michavila afirma que Carod está pidiendo «que haya asesinatos selectivos»
LA revelación de los contactos entre Esquerra Republicana de Catalunya y Batasuna, con el objetivo reconocido por José Luis Carod Rovira, secretario general de ERC, de pactar con ETA una tregua en la comunidad catalana,
demuestra la profunda insolidaridad en la que es capaz de incurrir el nacionalismo frente a los intereses generales de la sociedad española.
Pese a que el terrorismo es una agresión a la vida y a la libertad, principios radicales de cualquier mente civilizada, los republicanos catalanes han sublimado su sentimiento nacionalista para sentirse legítimamente desvinculados de los demás españoles a la hora de buscarse la vida, nunca mejor dicho. Cortesía entre nacionalistas, en definitiva. Pero, además de la falta de escrúpulos éticos que es necesaria para pedir a una banda terrorista que no estropee con sus asesinatos la imagen y las expectativas del independentismo catalán, la actitud de ERC está alimentada por una
radical negación de que puedan existir intereses comunes con el resto de España. El problema no es sólo suyo.
El nacionalismo está generando con intensidad creciente una fuerza centrífuga, apoyada en unos planteamientos
que dan por inacabado o por caducado el modelo constitucional de la unidad de España. La reivindicación permanente o el conflicto institucional como método de relación con el Estado se convierten en la respuesta política de un nacionalismo que somete continuamente a revisión la construcción histórica y política de España, cuestionando el principio de libre voluntad y de identidad nacional común que une a la inmensa mayoría de los españoles. El consentimiento constituyente de la soberanía popular y la decantación de la propia historia individual y colectiva son fundamentos de la realidad española que no pueden ser eludidos por el revisionismo nacionalista, ni
sustituidos por leyendas, mitos o agravios pasados -o, peor aún, por la manipulación arrojadiza de las lenguas y culturas propias-, salvo para mantener indefinidamente abierto un debate arbitrario sobre España.
En el contexto marcado por la estrategia nacionalista, el Partido Socialista Catalán ha asumido el impropio papel de pivote ideológico, suministrando a las fuerzas nacionalistas una percha de la que se cuelgan aspiraciones
soberanistas, más contenidas en unos nacionalismos que en otros.
El federalismo asimétrico que ayer defendió Pascual Maragall ante sus compañeros socialistas de Valencia, Aragón y Baleares -foto rancia de pancatalanismo-, es el hilo conductor de los argumentos nacionalistas que defienden releer la Constitución -el constitucionalismo útil- o simplemente superarla. Supone, además, aprovisionamiento ideológico en época de necesidad. La reunión de los firmantes de la Declaración de Barcelona -BNG, CiU y PNV-, que tendrá lugar hoy, será escenario para una terapia de grupo, complicada por los recelos internos pero necesaria para superar el sentimiento de acoso y marginación que les ha provocado los procesos judiciales contra Batasuna y, especialmente, la votación en el Congreso de los Diputados. La apuesta federalista del socialismo catalán, asociado en el Senado con Iniciativa per Catalunya y los independentistas de ERC, dará un respiro a la Declaración de Barcelona, aunque suponga reabrir a la dirección nacional del PSOE su frente siempre inestable sobre el modelo de Estado que en algún momento tendrá que proponer. Rodríguez Zapatero no puede acabar con aprobado su aprendizaje intensivo de hombre de Estado si se presenta ante la sociedad con la asignatura de España suspendida por culpa de una ponderación egoísta de los intereses tácticos y estratégicos del socialismo catalán.
por ALFONSO USSIA ABC 10 Septiembre 2002
LA última bobada de Arzallus, «del Ebro abajo todos están contra nosotros», me ha servido para comprobar que, una vez más, yerra plenamente. El Ebro nace en Fontibre, junto a Reinosa, en Cantabria. Es río montañés de
nacimiento, y el ingenio del hombre construyó un embalse con su agua muy cerca de su cuna, con una orilla en La Montaña y la otra en la provincia de Burgos. En la carretera de Madrid a Santander, superado el puerto de
Carrales -quizá con el hayedo más compacto y bello de la alta Castilla, y que compite con los otoñales sienas lebaniegos de Eduardo García de Enterría-, se pasa por un pueblo feo y de calle única, Cabaña de Virtus,
casi poblado del Oeste americano y en el que la Guardia Civil sorprende a menudo a los conductores poco respetuosos con las señales de tráfico. Detrás de una casa en ruinas, de la que puede salir de un momento a otro John Wayne o Robert Mitchum, se abre un enorme praderío que muere en el embalse. Más al norte, el puerto del Escudo, púlpito que ofrece la bienvenida verde de Cantabria, también abrigado en su altura media de hayas, castaños y robles.
Toda esa belleza, grandiosa y espectacular, montañesa y castellana, es del Ebro, de arriba del Ebro y de abajo del Ebro. El embalse alcanza hasta la provincia de Palencia, cumplido el paso por los robledales de Valderredible,
y allí se alza un paisaje figurado por osos pardos y lobos huidizos.
Después, el Ebro abandona Castilla y riega a La Rioja, a Navarra, a Aragón y a Cataluña, en cuya costa muere entregado al mar Mediterráneo. No es por lo tanto punto de referencia para los vascos, ni de paisajes ni de ánimos,
porque sencillamente es río ajeno a sus tierras bellísimas. Es agua abundante y generosa que Cantabria nace y entrega a otras regiones de España según acuerdo natural con el propio río que deriva en diagonal hacia el
«Mare Nostrum». Esa generosidad no se cumple después en otras regiones, que lo quieren para sí como si fuera un patrimonio propio e intransferible, pero ése es otro asunto.
Y en un libro de texto de la Generalidad de Cataluña, los niños han estudiado que el Ebro «es un río catalán que nace en la nación vecina», cuando el Ebro se hace catalán ya muy mayorcito, casi con seiscientos kilómetros de edad. Otro asunto que hoy no viene a cuento.Antes de Carrales, agonía de la meseta, ya abandonado el prodigioso valle del Rudrón, entre rocas fantásticas y piedras nobles, se alza el lugar de Quintanilla de Escalada, que el Ebro atraviesa y cruza. Es todavía un Ebro de agua clara y rompiente y un viejo puente permite superarlo.
Así que en ambas riberas, la de arriba y la de abajo -según se va a Santander-, miraban el correr del río dos hombres solitarios, tan comunes en los paisajes de Castilla que parecen puestos ahí para animar las melancolías de los sitios. Mientras conducía, le daba vueltas y más vueltas a la frase de Arzallus. Y detuve la marcha para no desperdiciar la ocasión histórica. Tenía ante mí, apenas separados por una veintena de metros -no es río de anchuras el Ebro en sus primeros pasos-, a un español de arriba del Ebro y a otro de abajo del Ebro.
Me dirigí a ellos con el respeto debido, primero al de abajo y después al de arriba, formulándoles la misma pregunta. «¿Qué opina usted de Javier Arzallus?». El de abajo me miró como si estuviera loco, y me respondió con un contundente venablo que no estimo prudente reproducir aquí en homenaje al paisaje descrito. Tenía algo que ver con los machos cabríos, abundantes en la zona. Crucé el Ebro y le pregunté lo mismo al de arriba.
Respuesta exacta. El de arriba del Ebro y el de abajo del Ebro pensaban que Arzallus era la misma cosa. Pongo a disposición de todos, Arzallus incluido, los resultados de mi investigación.
La pastoral que se anuncia sobre nacionalismo está suponiendo un doloroso ejercicio de reflexión para la conferencia episcopal, y no se elaboraría ¬posiblemente¬ sin el previo documento de los obispos vascos «Preparar la paz». Es necesario, pues, hablar de este último.
Para empezar, dos afirmaciones: la primera, que tales obispos no me inspiran respeto reverencial, hablan en cuanto hombres, no se pronuncian sobre cuestiones de fe o de moral, sino políticas, y en consecuencia su opinión no
merece más crédito que la de cualquier ciudadano; y la segunda, que ese documento de los obispos no cuestiona mi fe ni mi actitud religiosa, puesto que a pesar de la invocación que el documento hace al Espíritu Santo, se
mueve exclusivamente en el campo de las opiniones humanas. Y con la misma libertad con que se expresan los obispos, califico su escrito de gravemente dañino, al menos en tres aspectos.
Decía el documento de los obispos vascos que persiguen la paz, se justifica en el título y en el texto por un «anhelo de paz». E inmediatamente responsabiliza de la falta de paz a toda la sociedad, a la ausencia de diálogo, afirma, «entre identidades nacionales contrapuestas, con miras a la paz». Esta conexión resulta perversa, y es falsa. En España, sólo una facción atenta contra la paz: Eta, y quienes la apoyan y legitiman. Nadie mata (habrá que recordar que ni siquiera los terroristas son abatidos por las fuerzas del orden), nadie extorsiona, nadie coacciona políticamente salvo Eta y adláteres. El diagnóstico de la violencia es claro e inequívoco: el nacionalismo excluyente es su causa. Identificar violencia con falta de diálogo o es miopía o es falsedad. En España se puede hablar de todo y con todos, en los medios de opinión, en la calle y en las instituciones; la violencia del nacionalismo excluyente ¬y Eta «es» el ápice del nacionalismo excluyente, ningún otro interés aglutina a sus miembros¬ constituye una alternativa previa al diálogo y elegida precisamente para excluir la posibilidad del diálogo. Tal vez ¬seguro, de nuevo¬ porque el resultado de un diálogo sereno y que persiga la verdad sería, se sabe de antemano, contrario al nacionalismo independentista: por eso se hace «excluyente» a priori. En consecuencia, al responsabilizar de la falta de paz precisamente a los excluidos del diálogo por los violentos, aquel documento era
radicalmente injusto y, como tal, contribuía a que se perpetuase la violencia.
Segundo enfoque dañino de la carta pastoral vasca: el nacionalismo vasco, como tal, no es respetado. «Nadie ¬dice¬ ha de subestimar las señas peculiares de este país, como son, entre otras, la lengua y la cultura». La
advertencia supone el riesgo. ¿Pero existe realmente ese riesgo, en cualquier medida? ¿O, más bien, el riesgo real es el contrario? Nadie quema ikurriñas, pero se quema la bandera de España; nadie mata, por fortuna, a
concejales del PNV o de Batasuna, mientras que mueren asesinados los del PP o PSOE; nadie de Burgos extorsiona, por ejemplo, a la Cooperativa de Mondragón, pero empresarios nacionalistas y no nacionalistas son coaccionados desde el País Vasco para que financien la violencia; no hemos leído pintadas que amenacen al txakurra vasco, pero sí al txakurra español; nadie objeta la enseñanza del euskera, ni amenaza a artistas vascos, mientras que se amordaza a Oteiza, Ibarrola, Savater, Uriarte o Juaristi. Dar por supuesta la coacción a un sano nacionalismo vasco constituye estímulo al nacionalismo violento, piénsenlo ustedes, señores obispos. Hay un sesgo peligrosísimo en semejante deformación de la realidad: en la medida en que no se acepte que el nacionalismo vasco constituye toda y la única realidad para los vascos, toda y su única historia ¬se viene a decir¬ el nacionalismo está presionado. Lo cual supone, por sí solo, inducirle a convertirse en totalitario, antihistórico e insolidario. ¿Hace falta defender lo que no está amenazado? Hay un rictus de inferioridad acomplejada, de cultura telúrica (que es la forma más clara de incultura) en la alerta episcopal, que viene a echar leña al fuego. Es la incuestionable historia común de España (con tantos logros de solidaridad y de identidad colectiva) la que está ciertamente amenazada, y para la que los obispos vascos deben reclamar respeto.
Y, finalmente, la advertencia sobre la Ley de Partidos como «asunto candente y resbaladizo». Recordé hace pocos días en otro artículo que, cualquiera que fuera su eficacia, la ilegalización de las sociedades para el crimen es una
cuestión de dignidad. Cualquier sociedad pierde su autoestima si se permite el funcionamiento legal de las mafias. La iglesia, ella menos que nadie, no puede caer en el empirismo, en la sublimación de la eficacia. La economía de
la salvación no es la de la utilidad diaria, sino la de la dignidad humana.
Y, en el País Vasco, no se puede permitir un estado de cosas en que, mientras los batasunos jalean a los terroristas y a sus acciones desde tribunas públicas, las fuerzas del orden tienen que disimular su identidad bajo capuchas. La Ley de Partidos constituye una exigencia de la dignidad personal. Y, además, resultará eficaz, al tiempo. Los señores obispos tienen que recuperar los valores humanos ¬raíz del mensaje evangélico¬ para que sus
palabras no susciten justificado rechazo. No contenía ninguna mentira la pastoral «Preparar la paz», puesto que reconoce la violencia de Eta que condena sin paliativos, pero silencia las dos grandes verdades del proceso:
que es la cultura española (parte sustancial de la vasca) la única que está coaccionada, y que la violencia nacionalista, material y psicológica es una opción previa y contra el diálogo. Aquella pastoral ha hecho necesaria la
que ahora se prepara. ¿Y qué puede y debe decir esta última? En primer lugar ¬pienso¬ recordará que el catolicismo es universal, y que ninguna frontera puede prevalecer contra aquél. El «nacionalcatolicismo», cualquiera, fue y es una aberración anticristiana.
Y en segundo término, que el concepto nación está subordinado al de hombre, de modo que cualquier nacionalismo que roce, en lo más mínimo, a los derechos humanos, cualesquiera, es execrable.
Finalmente tendrá que poner los valores en su sitio, y recordar que la raza nunca puede ser el cimiento de una nación, salvo que volvamos al estado de la pura zoología. Verdades tan elementales va a costarle sangre, sudor y
lágrimas, sin embargo, recordarlas a la conferencia episcopal. Pero es necesario por imperativo evangélico, y para reparar el daño causado.
El escándalo no reside en haberse reunido con Batasuna cuando era una coalición legal sino en el contenido de la conversación mantenida durante la reunión, celebrada hace un año en la localidad de Amorebieta, entre el líder
de Esquerra Republicana y los dirigentes batasunos.
Si es cierto que Carod-Rovira intentó pactar a través de Otegi el cese de atentados terroristas en Cataluña, información que no ha sido desmentida, estaríamos ante una canallada como con toda razón ha denunciado Rodríguez Ibarra.
Nada podría ser más lesivo para la sociedad catalana que la confirmación de la existencia de una tentación fenicia, mercadear la obtención de un ámbito catalán libre de asesinatos, a cambio de la influencia en grupos de opinión,
intelectuales y medios de comunicación que pudiera tener la tercera fuerza política de Cataluña que nuclea el voto independentista. De ser así, Carod-Rovira superaría el peor de los peores estereotipos sobre el judío catalán.
No ha podido recibir mejor regalo Aznar en las vísperas de una conflictiva Diada. Que una sigla nacionalista catalana asuma el proyecto criminal de los terroristas vascos, más allá de su concreto territorio autonómico, es mucho más que una mera expresión desafortunada como ha intentado disculparse torpemente el propio Carod-Rovira.
Fue ingenuo al proponer lo que propuso, cuándo, dónde y cómo lo propuso; multiplica al cubo su ingenuidad al relativizar su enorme error político y descomunal deriva ética. Es todo un torpedo en la línea de flotación de la
Declaración de Barcelona y anula de entrada el alcance de la cita que van a mantener sus integrantes estos días en la ciudad condal.
Imposible causar más daño a quienes critican, desde fuera de Euskadi, tanto la Ley de Partidos Políticos como el controvertido auto judicial del magistrado Garzón sobre la suspensión cautelar de las actividades de Batasuna. Por poner, hasta pone bajo sospecha la Entesa Catalana de Progrés que reúne a toda la izquierda catalana, nacionalista o constitucionalista, en el Senado.
A la vez, la filtración de esta información es todo un aviso para navegantes. Carece de sentido interrogarse sobre el origen y el propósito de su divulgación, puesto que la intensa batalla política sobre la cuestión vasca aparece por vez primera desnuda.Precisamente porque ha desaparecido la exquisita etiqueta y ha llegado la hora de arremangarse, todo es posible y nada es improbable.
De la misma forma en que se ha filtrado lo que se acaba de filtrar, podrían igualmente filtrarse otros contactos detallados con representantes de formaciones estatales celebrados en Pamplona, Madrid y Bilbao.No parece
casual, por ejemplo, que el líder vasco de Izquierda Unida aparezca también aludido en las charlas entre Carod-Rovira y Otegi. Al fin y al cabo, antes, durante y después de la tregua, no pocos dirigentes políticos, incluso
alguno que gestó el pacto antiterrorista, se reunieron con los directivos batasunos. Que la actual hegemonía política de Aznar los obligue a hacer lo que no quisieron hacer, no borra lo que entonces hicieron. No solamente los
fenicios viajaron a Amorebieta.
José Manuel Gómez-Benítez es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III, de Madrid, y abogado penalista.
La clausura de sedes y locales, y la suspensión temporal de las actividades de Batasuna han sido decididas por el magistrado Baltasar Garzón en un proceso penal iniciado hace más de dos años, que está dirigido contra varios
integrantes y dirigentes de ese partido político por el delito de pertenencia a organización terrorista.Según puede leerse en la resolución en la que el magistrado adoptó tales medidas, en ese proceso se encuentra procesado y en prisión provisional, entre otros, quien desde 1992 hasta el momento de su detención, en 1998, no sólo formó parte de la Mesa Nacional de dicha asociación, sino que, además, fue su responsable de organización.
En la parte de esa resolución judicial dedicada a la vinculación económico-financiera entre Batasuna y ETA se aportan datos sobre la añadida implicación directa de este responsable de organización en el cobro del
llamado impuesto revolucionario. Concretamente, se le señala como uno de los tres que ejercieron hasta su detención el control de este procedimiento de extorsión, después de la desarticulación de un conocido comando de ETA dedicado anteriormente a ello.
Además, todavía dentro del apartado, digamos, financiero, el magistrado narra la existencia de una red de alrededor de 122 herriko tabernas dirigida por una Comisión Nacional de Herrikos, cuyo secretario, entre otros miembros, también se encuentra procesado y en prisión provisional en este proceso penal. En el auto judicial se indica que esta Comisión Nacional depende directamente de la Mesa Nacional de Batasuna y, por tanto, y muy especialmente, del antes aludido responsable de organización, así como que las herriko no sólo sirven para la financiación asidua de ETA y la realización de actividades de ésta y otras organizaciones ilegales, sino que, además, en algunas de ellas han sido incautados metralletas, pistolas, cohetes, lanzaderas y una amplia gama de municiones con motivo de la
desarticulación de determinados comandos de ETA.
En realidad, tal y como cualquier lector de periódicos sabe, todos los imputados por pertenencia a organización terrorista en el proceso penal en cuyo seno se ha acordado la clausura de locales y la suspensión temporal de
Batasuna, no sólo pertenecen a esta organización, sino que, además, desempeñan puestos de mayor o menor relevancia en la red de herriko tabernas y, por tanto, en una parte importante del entramado permanente de
financiación de ETA. El proceso penal es, precisamente, el de las herriko tabernas.
En consecuencia, y aunque sólo fuera por lo hasta ahora señalado, es decir, porque la suspensión temporal de Batasuna ha sido adoptada en el seno de un proceso penal en el que se encuentran imputados por pertenencia a
organización terrorista tanto su responsable de organización (al que, además, se le imputan concretas responsabilidades del máximo nivel en el control del cobro del impuesto revolucionario, y del que depende, entre
otros, la red de herriko tabernas) como el secretario de la comisión directiva de esta red y otros responsables de la financiación permanente de ETA -aunque sólo fuera por eso, y no es poco-, la decisión del magistrado de
aplicar el artículo 129 del Código Penal y, en consecuencia, suspender cautelar y temporalmente las actividades de Batasuna no sólo es plenamente conforme a los derechos penal y procesal, sino, además, obligada para evitar
la continuación de esas actividades delictivas.
Si en las líneas precedentes se ha prestado especial atención a algunas personas que se encuentran procesadas en ese proceso penal y su nivel de responsabilidades, es porque el catedrático de Derecho Constitucional Javier
Pérez Royo está basando toda su estrategia de descalificación pública del magistrado Baltasar Garzón y de su actuación en la más elemental ignorancia de estos y otros muchos datos contenidos en su auto. Su acusación al
magistrado en estas mismas páginas, hace pocos días, de haber prevaricado por haber tomado esta decisión sin haber imputado previamente a los dirigentes de Batasuna, sólo puede entenderse como fruto de su enemistad con
el magistrado y, en el mejor de los casos, de su temeraria ignorancia sobre la existencia de dirigentes imputados y los derechos penal y procesal.
Indicar, como hace, que el camino a emprender es el de la querella por prevaricación contra el magistrado, ignorando conscientemente hechos tan elementales como los antes expuestos, no sólo le descalifica sin paliativos,
sino que, además, le convierte en un lamentable y burdo instrumento al servicio de la confrontación malintencionada.
En nuestro derecho penal la responsabilidad es individual, lo que quiere decir que nadie responde por las conductas de otro, sino sólo por las propias. Sin demasiado fundamento, a la vista del imparable reconocimiento en derecho comparado de la responsabilidad penal directa de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, asociaciones, etcétera), el principio de la responsabilidad individual se sigue utilizando a veces para negar que las
asociaciones -en este caso un partido político- puedan o deban ser penadas como consecuencia de las conductas delictivas realizadas por sus miembros y dirigentes.
No obstante y pese a tal debate, nuestro Código Penal prevé no sólo que en determinados casos las personas jurídicas tienen que indemnizar a las víctimas de las conductas delictivas cometidas por sus integrantes, sino
también que pueden ser suspendidas, clausuradas o prohibidas, incluso cautelarmente, por tal motivo. Entre los supuestos en los que está expresamente prevista esta posibilidad se encuentra la comisión del delito de asociación ilícita por sus integrantes.
Naturalmente, esto no quiere decir que los partidos políticos o cualquier otra asociación puedan ser sometidos a estas gravísimas consecuencias por cualquier clase de delito, o por la conducta aislada y de escasa relevancia
de algunos de sus miembros o dirigentes. Por el contrario, la interpretación razonable de esta norma concluye que tales consecuencias sólo son adecuadas cuando la propia asociación está esencialmente contaminada por la grave
conducta delictiva de sus integrantes. La asociación aparece, entonces, como la expresión o manifestación de la conducta delictiva de sus miembros. Es posible, entonces, trasladar a la asociación algunas consecuencias de las
conductas delictivas realizadas por sus integrantes, entre las que se cuentan su calificación como asociación ilícita y su consiguiente suspensión cautelar o definitiva. Cuando se llega a este punto, es decir, cuando el magistrado instructor que dirige el procedimiento llega a la convicción fundamentada de que la asociación es un mero instrumento de sus miembros al servicio del crimen, es legalmente ineludible adoptar contra ella alguna de
las medidas previstas en el artículo 129 del Código Penal, además de las que proceda aplicar contra sus integrantes.
Con independencia de que en este caso Batasuna aparece contaminada desde el principio, aunque haya tomado su tiempo reunir todos los indicios, puesto que es considerada en la resolución judicial una creación de ETA, sucede con frecuencia que esta capacidad de contaminar a la propia asociación o partido proviene de la conducta delictiva de quienes la dirigen, puesto que éstos suelen tener una capacidad especial para marcar su línea, su política. Pero,
precisamente porque la responsabilidad penal es individual, esto no quiere decir que todos sus dirigentes estén conscientemente implicados en las conductas delictivas cometidas por algunos integrantes del órgano dirigente,
de la misma manera que no todos los miembros de un Consejo de Administración de una sociedad mercantil están necesariamente implicados en las conductas delictivas de algunos de ellos. Tampoco quiere esto decir que quienes son formalmente sus dirigentes tengan siempre la capacidad real de decisión. Muy por el contrario, en organizaciones total o parcialmente clandestinas es mucho más frecuente que quienes realmente deciden y, después, transmiten e imponen sus decisiones a los órganos de la asociación no aparezcan formalmente como sus dirigentes.
A este discurso, perfectamente asentado en el derecho penal, obedece la decisión de suspender temporalmente las actividades de Batasuna. No sólo están imputados y en prisión provisional una serie de sus dirigentes, junto
a otros responsables sectoriales dependientes de ellos, sino que, además, está válidamente incorporado al proceso, según se desprende de la resolución judicial, un cúmulo de documentos que acreditan a juicio del instructor que
Batasuna no es más que una parte de ETA: actas de declaraciones de integrantes y dirigentes de Batasuna condenados por pertenencia a ETA y por concretos atentados; actas de registros practicados en el seno de este
proceso y de otros relacionados con comandos de ETA, en los que se han intervenido documentos y publicaciones internas muy significativas al respecto; resoluciones judiciales firmes -incluso sentencias condenatorias-
recaídas en distintos procesos, que adelantan la vinculación entre ETA y Batasuna; informes policiales... El material probatorio descrito en la resolución judicial es verdaderamente apabullante y se encuentra en ese proceso penal.
Esta técnica de incorporación a un proceso de material probatorio procedente de otros está absolutamente consolidada en nuestros tribunales. Por ejemplo: todas las actuaciones realizadas en el conocido proceso de la colza dirigido contra los industriales del aceite causantes del síndrome tóxico -incluidas las actas del juicio oral y las sentencias- fueron incorporadas a la causa después seguida por el mismo motivo contra determinados altos cargos de la Administración pública. Sólo quien haya perdido la más elemental percepción del Derecho y de su sistema de aplicación puede atreverse a proponer como única solución procesalmente correcta un macroproceso que afecte a todas las cúpulas de ETA, Batasuna, KAS, etcétera. Esta descabellada propuesta debería también describir un escenario con trescientos o quinientos acusados de esta naturaleza, por ejemplo, además de estar dispuesto quien lo proponga, por supuesto, a actuar en ese escenario como maestro de ceremonias. ¡Un completo
Una vez aclarado lo anterior y, por tanto, bien asentada la palmaria conformidad a los derechos penal y procesal de la decisión de clausurar sedes y locales y suspender temporalmente las actividades de Batasuna, cabe
preguntarse si en el futuro tienen que ser imputados también otros integrantes de Batasuna -especialmente de su Mesa Nacional- en este mismo proceso penal y por el mismo delito de pertenencia a organización terrorista.
De nuevo, hay que recordar que, precisamente porque la responsabilidad penal es individual, la imputación de cada dirigente o integrante sólo puede ser conforme a Derecho si existen indicios de su consciente integración en la
organización ETA al pertenecer a Batasuna, dirigirla o realizar en su seno o a su favor determinadas conductas. Hacia la demostración de esta futura y posible responsabilidad individual apuntan no sólo la resolución del
magistrado Garzón de suspender temporalmente Batasuna, cuando advierte que la probable responsabilidad de todos sus dirigentes deberá valorarse 'en función de las fechas , cargos y actividad desarrollados por cada uno', sino
también sus decisiones posteriores, que, según han recogido los medios de comunicación, ordenan a la policía judicial indagar e informar al juzgado sobre estos y otros aspectos imprescindibles para la imputación.
Estas precisiones jurídico-penales y procesales no deben terminar sin otra complementaria: es inconstitucional y puede ser delictivo pedirle a un magistrado que no aplique la ley por cuestiones de oportunidad política,
incluso si los efectos políticos de su aplicación fueran indeseados (está por ver, por cierto, que no sea positivo, por ejemplo, erradicar de Batasuna los comisarios políticos de ETA y sus pistolas). A diferencia de los políticos, que pueden y deben negociar, retrasar decisiones, adelantarlas o revocarlas, si ello conviene al interés de los ciudadanos y no entra en colisión con las leyes, los jueces sólo pueden y deben aplicar la ley.
El debate sobre la oportunidad política y la constitucionalidad de la suspensión de Batasuna debe seguir apuntando, por tanto, hacia otro lado: hacia la Ley de Partidos Políticos, sus principios y su aplicación. Hay serias dudas sobre la constitucionalidad de esta ley y la oportunidad de su puesta en marcha por la vía parlamentaria.
Mientras tanto, es preciso deshacer equívocos sobre la legalidad de la suspensión temporal de Batasuna adoptada por el magistrado Baltasar Garzón, al tiempo que insistir en que ni contra ETA, ni, por tanto, contra Batasuna;
ni desde la Ley de Partidos Políticos, ni desde la judicatura vale todo, sino sólo lo que es conforme al Derecho y, por tanto, a la Constitución.
He leído, mi estimado consejero de Interior, la nota de su Departamento en la que se explica la estrategia de la Ertzaintza a propósito de la manifestación del domingo en San Sebastián. No diré yo que sea objetable la
actitud de nuestra policía autonómica al dejar pasar la manifestación con el fin de «evitar males mayores». Ese es, efectivamente el deber de la Policía, no sólo por razones legales, sino por imperativo del más elemental sentido
Creo que el autor material de la explicación ha sobreactuado innecesariamente al decir que «sólo políticos insensatos pueden pretender que la Ertzaintza actúe como una policía de la dictadura, disparando y
cargando contra el gentío». Pudo ir más allá: «¿qué pretendían?¿qué cargáramos contra el público de las regatas, hiriésemos de bala a cinco o seis espectadores y diésemos un pelotazo en el ojo al proel de La Marinera
?» Puestas así las cosas, no parece que se pueda añadir mucho, pero hace falta saber, mi respetado consejero, si su anónimo escribano ha planteado la cuestión en los términos correctos y me parece que no. Como diría mi
admirado Ramón Irigoyen, «entre Sodoma y Pamplona hay un justo término medio, que es París».
La manifestación había sido prohibida expresamente por el juez Garzón y por su Departamento, en una decisión que había sido refrendada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La obligación de la Ertzaintza era
impedir la marcha cuya convocatoria se había mantenido y hacerlo con el mínimo riesgo para el público. ¿Cómo se hace esto? Pues supongo que actuando en el lugar y el momento precisos y con el número de efectivos y de medios
adecuados para producir el efecto buscado, que es el restablecimiento de la legalidad conculcada.
Es que, verá, el mero hecho de la prohibición, antes de que los manifestantes supieran que no iba de veras, había hecho que fuera la concentración radical más pequeña que uno recuerda en San Sebastián. Fue pareja en número con la convocatoria de EA en Gernika, no digo más. Considere que si convertimos en regla lo del domingo, va a ser muy difícil que la Ertzaintza actúe en casos de atracos con rehenes y puede ser una tentación para convocarlas próximas manifestaciones o actos ilegales a la salida de San Mamés en días de partido. Por otra parte, es casi seguro que
irá más gente, porque en contra de lo que opinan los burukides de su partido, lo que más estimula a este personal no es la represión, sino la impunidad.
En fin, uno comprende que debe ser muy difícil hacer que la Policía a su mando haga cumplir la ley, cuando el director de Investigación Criminal de esa misma policía explica en Le Monde que dicha ley es «ineficaz y sobre
todo inútil». Que Dios reparta suerte, consejero.
MANIFESTACIÓN de San Sebastián
El Gobierno pide explicaciones a Balza y no descarta que actúe la Fiscalía
«Bajo ningún concepto se pueden justificar actitudes pasivas frente a los
que intentan incumplir la legalidad»
Los argumentos expuestos por el Departamento de Interior para justificar que la Ertzaintza no impidiera el domingo una manifestación prohibida en favor de los presos de ETA no han convencido al Ejecutivo central, que no
descarta, incluso, emprender acciones legales. El malestar del Gobierno se resume en la declaración del ministro de Administraciones Públicas y secretario general del PP, Javier Arenas, para quien la actitud permisiva de
la consejería de Javier Balza con los participantes en la marcha ilegal fue «reprobable».
Aunque en un tono más moderado, el primer partido de la oposición también comparte esas críticas. El portavoz del PSOE en el Congreso, Jesús Caldera, aseguró ayer que el Gobierno vasco ha cometido «un grave error» y subrayó
que en el Estado de Derecho «se deben cumplir las normas y las resoluciones judiciales».
El ministro Arenas resumió ayer el parecer del Gabinete Aznar con especial contundencia. Todo ejecutivo democrático tiene la «obligación» de exigir el cumplimiento de las leyes y las resoluciones judiciales, dijo, y «bajo
ningún concepto se pueden justificar actitudes pasivas frente a quienes tratan de incumplir la legalidad democrática».
A partir de este razonamiento, el Ejecutivo estudia, a través del Ministerio de Justicia, si la consejería de Balza ha «infringido el Estado de Derecho». «La Delegación del Gobierno ha solicitado al Departamento de Interior una
explicación y a tenor de esa explicación actuaría el Estado de Derecho, bien mediante la Delegación del Gobierno o de la Fiscalía», precisó el titular de Justicia, José María Michavila.
Su antecesor y actual ministro de Interior, Ángel Acebes, también se refirió a esta polémica. Ante todo, se mostró muy molesto porque el Gobierno vasco haya afirmado que «sólo políticos insensatos pueden pretender que la
Ertzaintza actúe como una Policía de la dictadura cargando contra el gentío» en una jornada de regatas como la del pasado domingo, en la que el centro de San Sebastián estaba lleno de ciudadanos. Para Acebes, esas palabras
resultan «muy graves». A modo de réplica, enfatizó que cumplir las resoluciones judiciales y no permitir que se lleve a cabo una manifestación no autorizada es «estar al servicio de una democracia consolidada». De lo
contrario, dijo, «estaríamos ante una situación de convivencia insostenible».
Acebes recalcó ue, la cuestión se reduce a «optar entre que las calles del País Vasco estén ocupadas por la Ley y el Derecho o por la violencia y el terror».
El consejero de Interior tendrá que dar explicaciones en el Parlamento vasco. El PSE-EE solicitó ayer su comparecencia urgente al considerar, en palabras de Rodolfo Ares, que las justificaciones de Interior «resultan muy
poco consistentes y contribuyen a alimentar dudas sobre la voluntad real del Gobierno vasco de hacer cumplir la ley a quienes sistemáticamente la quebrantan.
Ya el mismo domingo, el parlamentario del PP Carlos Urquijo presentó otra pregunta a Javier Balza.
F. ITURRIBARRIA/CORRESPONSAL. PARÍS El Correo 10 Septiembre 2002
Irène Stoller, ex jefa de la Fiscalía antiterrorista francesa, aprecia una aproximación de ETA al terrorismo islamista en un libro que acaba de salir a la venta en el aniversario de los atentados del 11-S. La magistrada denuncia
que le ha sido retirada la protección policial tras su jubilación hace un año pese a estar amenazada de muerte por ETA.
«ETA se ha encerrado poco a poco en una espiral de violencia fascistoide con asesinatos de periodistas y cargos electos y atentados ciegos que acercan sensiblemente este movimiento al terrorismo islámico», escribe Stoller en
Procureur à la 14 section (editorial Michel Lafon). «La política del Gobierno francés se ha endurecido algo respecto a la organización separatista -añade- pues existe el riesgo de ver esas acciones perpetradas en nuestro territorio».
La autora, que durante trece años ejerció en París la acusación pública en los sumarios vascos, señala que los procedimientos de ETA se parecen bastante a los del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En el
recurso al coche-bomba traza un paralelismo con los métodos de la mafia italiana. Y atribuye la tenacidad de Aznar en la lucha antiterrorista al atentado frustrado del que salió ileso por el blindaje de su automóvil.
Stoller explica que le ha sido retirada la escolta al jubilarse «a pesar de las gestiones de mi jerarquía». «Me han dicho que ya no corría ningún riesgo. Yo no estoy tan segura...», escribe. «Puedo considerar, incluso hoy,
que los miembros de ETA no me olvidarán. Durante trece años he sido la única en acudir a las audiencias para afrontarlos, en llevar sus sumarios. Me he convertido en su bestia negra...», expone tras recordar que le hicieron
saber que era «la primera de la lista de objetivos a abatir».
La ex-fiscal antiterrorista destaca la pasividad de Francia durante muchos años con ETA «diciendo que no interviniendo no corríamos el riesgo de tener atentados en nuestro suelo». «Se dejaba a los españoles ser masacrados mientras se amparaba a responsables a los que se fingía no ver», observa. «Incluso existía una forma de simpatía por la gente de ETA en una parte de la clase política. La actitud de las autoridades cambió a partir de 1986
porque hubo los GAL. Comprendieron. Esta vez ya no era cuestión de tolerancia, ni para unos ni para otros», sentencia.
Más de 3,4 millones de europeos estudiaron español como lengua extranjera en el curso 2000-2001 en Europa y 23,5 millones de ciudadanos de la UE ya lo hablan. Francia, Gran Bretaña y Alemania reúnen el 86 por ciento de los alumnos. Para Instituto Cervantes, "el español vive un buen momento, pero aún queda mucho por hacer".
Así se desprende de la nueva edición del Anuario del Instituto Cervantes correspondiente a 2002, que fue presentada este martes por el director del mismo, Jon Juaristi, acompañado de los autores de la obra Tom
Burns Marañón, Alvaro García Santa-Cecilia, José Luján Castro, Javier Noya, José María Davó Cabra y José Antonio Cid, director académico del Instituto. El Anuario, coeditado por el Cervantes, Círculo de Lectores y Plaza & Janés, se centra en esta ocasión en la situación del español en Europa, con especial atención a Francia y Alemania-
Si la edición de 2001 constataba la creciente implantación de nuestro idioma en Estados Unidos, la de 2002 permite afirmar que el español "está en auge" en Europa, si bien no ocupa en la enseñanza el lugar que le correspondería a
la tercera lengua más hablada del mundo" después del chino mandarín y el inglés, dijo Jon Juaristi durante la presentación.
Casi 23,5 millones de ciudadanos no españoles de la Unión Europea saben español (el 7% de la población) y 3.150.000 alumnos de la UE lo estudiaron como lengua extranjera el pasado curso escolar (en toda Europa fueron 3,4 millones, sin que el Anuario incluya datos de los países pertenecientes a las antiguas Unión Soviética y Federación Yugoslava).
Los motivos por los que los europeos deciden estudiar español son diferentes. Mientras que en Francia lo hacen por razones prácticas, de tipo laboral, en Alemania la imagen del español está más vinculada al ocio y al turismo.
La globalización es beneficiosa para el español, debido, entre otros factores, a que "la existencia de una amplia comunidad a ambos lados del Atlántico asegura la reproducción demográfica del español" y a que dos
grandes países como Estados Unidos y Brasil "aseguran el predominio del español en América", afirman Emilio Lamo de Espinosa y Javier Noya en el Anuario.
En el ABC del 7 de septiembre aparecen dos informaciones contradictorias sobre el catalán; la primera es la carta de Ramón Costas donde denuncia la carencia de la enseñanza del castellano en Cataluña, la segunda es la
noticia donde Puigbó denuncia que «la lengua catalana atraviesa una situación crítica» (sic). En el año 99 se aprobó la ley de «inmersio linguistica (inmersión lingüística)», desde entonces todos los carteles «administrativos» aparecen solamente en catalán, la enseñanza en primaria y secundaria se hace casi exclusivamente en catalán (la enseñanza única en castellano cuesta alrededor de los 300 euros mensuales), nadie está obligado a hablar en castellano salvo si se le solicita... Y aún se quejan.Yo soy nacido en Barcelona, me fui por motivos familiares. No consigo reconocer esta Cataluña donde alguien que vuelve sin hablar catalán es excluído de forma sistemática por el simple hecho de no hablar catalán. José Luis García. Logroño.
La decisión adoptada por los mandos de la Ertzaintza permitiendo que los manifestantes que acudieron, el pasado domingo, a una convocatoria cuya autorización había sido denegada por el propio Departamento de Interior
lograran su objetivo de recorrer las calles del centro donostiarra constituye un hecho que requiere una pausada reflexión. Resulta siempre delicado establecer los límites con que se encuentra la policía en una situación semejante. Probablemente la Ertzaintza tenía poderosas razones para optar por el control de la movilización no autorizada ofreciendo un margen de permisividad que evitara enfrentamientos en medio de la afluencia de público que todos los años congregan las regatas de San Sebastián. Desde ese punto de vista, la actuación de los responsables del Gobierno vasco no podría ser calificada de «negligencia», ni el Departamento acusado de
«boicotear» el auto del juez Garzón, tal y como se pronunciaron los dirigentes del PP. Pero ello no significa que lo ocurrido el domingo no deba ser revisado tanto por los mandos policiales y el propio Ejecutivo como por
los mecanismos de control parlamentario.
Por de pronto, resulta inadmisible que el Departamento de Interior explique su propia conducta estableciendo comparaciones con épocas pasadas, en las que la actuación de las fuerzas de seguridad no se regía por los dictados
del Estado de Derecho. Es de suponer que nadie desearía que la Ertzaintza procediera a «disparar y cargar contra el gentío». Pero, en tanto que sus responsables se guarezcan tras tan extremo supuesto, está claro que evitan
analizar y explicar más pormenorizadamente las causas de su discutida actuación. No es fácil que las circunstancias que concurrieron en San Sebastián se vuelvan a producir con otra manifestación no autorizada. No es habitual que un grupo numeroso de personas pueda concentrarse aprovechándose de una auténtica multitud para sortear el mandato judicial y burlarse del dispositivo preventivo puesto en marcha por la Ertzaintza y otro cuerpo policial. En ese sentido, la decisión de la Policía autonómica puede gozar de cierto margen de confianza que se vería gravemente defraudado si, con el argumento de «evitar incidentes», actúa en una próxima ocasión con una
permisividad injustificada. Uno de los peores males que han logrado implantar los intolerantes en la cultura dominante en Euskadi es su patológico rechazo de la ley y su facilidad para zafarse de su cumplimiento
suscitando para ello el pretendidamente cauto desistimiento de quienes son responsables de hacerla cumplir.
Mayor Oreja denuncia una estrategia común entre PNV y Batasuna para mantener
el «régimen» en el País Vasco
El líder del PP vasco, Jaime Mayor Oreja, denunció la existencia de una "estrategia común" del nacionalismo vasco para mantener el "régimen" que PNV y Batasuna han sostenido en Euskadi desde el inicio de la democracia.
Mayor Oreja, que participó en un encuentro informativo organizado por el Foro de la Nueva Economía, acusó al Gobierno vasco y al brazo político de ETA de compartir un mismo objetivo que les lleva, en ocasiones, a una
"coincidencia plena" en el camino y, otras, a una "convergencia".
"A veces actúan a la ofensiva, como cuando firmaron el Pacto de Estella; otras veces, a la defensiva, como en la campaña electoral del 2001. En ocasiones, actúan a la vanguardia, para proteger a HB; en otras, a la
retaguardia para que el Gobierno vasco no pierda el poder", explicó.
A su juicio, el proceso de ilegalización de Batasuna ha puesto de manifiesto que las únicas realidades que hay en el nacionalismo vasco son ETA y el PNV, la primera desde la "violencia" y el segundo desde la "ambigüedad". "Todo lo demás son prolongaciones", apostilló.
Mayor Oreja afirmó que la formación de Xabier Arzalluz "necesita políticamente" a Batasuna para mantener el régimen en Euskadi y justificar su postura "falsa intermedia". Cree que el PNV tiene cierto temor al "nuevo
mapa político" que surgirá una vez que el brazo político de ETA quede al margen de la ley.
En ese momento, surgirá "algo distinto" para captar el vacío dejado por ETA en el terreno político. Mayor anunció la creación de "puentes políticos" entre Eusko Alkartasuna y las escisiones del entramado terrorista, como Aralar.
No obstante, señaló que aún es demasiado pronto para aventurarse en diagnósticos futuros de este tipo, aunque sí se mostró convencide de que el PNV apostará por la "radicalidad" como estrategia para las elecciones municipales del próximo año.
Respecto a la organización terrorista, el ex ministro del Interior predijo una respuesta "virulenta" a la ilegalización de Batasuna, ya que se está ilegalizando una rama de la propia banda armada.
Recordó que cada vez que el Gobierno central ha adoptado una iniciativa para combatir el terrorismo, ha nacido un "sucedáneo" del nacionalismo. Ocurrió, según dijo, con el Pacto de Estella tras el espíritu de Ermua y aseguró que, una vez que se ilegalice Batasuna, habrá otra respuesta.
Asimismo, calificó de "mentira histórica" los postulados del PNV, al que acusó de no haber hecho la "transición" y de mantener las mismas ideas que el PNV de la Segunda República. Advirtió de que cuantos más histórica sea la mentira del nacionalismo vasco "más aliados" tendrá en el presente si no se cuenta la verdad.
Por último, criticó la actitud de algunos miembros de la Iglesia en el País Vasco que "viven dentro" del régimen del PNV o "facilitan" su continuidad en lugar de denunciarlo. A su juicio, el problema de la Iglesia es "su propia crisis de subsistencia" en Euskadi, ya que carece de la "mayoría aplastante" que tenía antaño.
El ministro de Justicia, José María Michavila, afirmó hoy que con su propuesta para que ETA dejara de atentar en Cataluña, el líder de ERC, Josep Lluis Carod-Rovira, "pide que haya asesinatos selectivos, que se mate en unos sitios sí y en otros no".
En declaraciones a Onda Cero y según un comunicado de esta emisora, Michavila se refirió a los contactos que mantuvo el líder de ERC con dirigentes de Batasuna para que le pidieran a ETA el fin de las acciones terroristas en Cataluña.
Calificó de "lamentable que haya un reconocimiento tan claro por parte de Carod-Rovira de que Otegi es la interlocución de ETA" y consideró que el político catalán "pide que haya asesinatos selectivos, que se mate en unos
sitios sí y en otros no. A mí me parece una aberración".
Respecto a la celebración de una manifestación en San Sebastián en favor de los presos de ETA que había sido prohibida por el departamento de Interior del Gobierno vasco, Michavila dijo que "no tiene sentido dejarle la calle a los violentos". "Al final se ha demostrado que la debilidad de los demócratas hace fuerte a los violentos. El gran avance de la sociedad española es tener tenacidad y coraje e ir a por el terrorismo con toda la fuerza. Da lástima ver cómo algunos partidos escurren el bulto y encuentran una excusa para no actuar contra los violentos y los terroristas", dijo el titular de Justicia.
En su opinión, tras la aprobación de la Ley de Partidos la reacción en el País Vasco es "muy satisfactoria y mayoritaria y es que la gente ha sentido que es a favor de la libertad de los ciudadanos acosados por ETA y
Batasuna". "Otros se habrán sentido decepcionados porque han sido muy pocos los que han pedido salir a la calle con esa aberración de decir que el Estado de Derecho atropella a alguien, cuando lo que hace es proteger a
En referencia a las iniciativas que se están poniendo en marcha para frenar la violencia doméstica, Michavila señaló que "hoy una mujer tiene más cauces para defenderse en la Justicia", aunque admitió que "todavía son

References: resolución 
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 artículo 129
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