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Timestamp: 2018-05-25 03:14:50+00:00

Document:
Resolución de TEAC, 00/2403/2005, 07-11-2006 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/2403/2005 de 07 de Noviembre de 2006
Núm. Resolución: 00/2403/2005
En el acuerdo de adopción de medidas cautelares conforme al artículo 128 de la LGT (Ley 230/1963 redacción Ley 66/1997), que consisten en dirigir mandamiento de anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad sobre una finca inscrita a nombre de la deudora, se describen de forma pormenorizada las circunstancias, detallando nombres, fechas, ubicaciones, datos registrales y otros extremos y acompañando a ello abundantes fotocopias de las inscripciones registrales, de escrituras públicas y de informaciones catastrales. Frente a ello, no se ha presentado prueba alguna que desvirtúe la veracidad de los hechos en los que se fundamenta el acuerdo de adopción de medidas cautelares. En el caso concreto, se han utilizado los beneficios y ventajas que produce la separación de patrimonios para debilitar el principio de la personalidad patrimonial creando sociedades con fines fraudulentos de eludir el pago de deudas, que son utilizadas por los interesados para descargar rendimientos que son imputables a otras sociedades o a otras personas y vaciar su patrimonio en perjuicio directo de los intereses de terceros.
En la Villa de Madrid, a 7 de noviembre de 2006 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D.ª ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 31 de marzo de 2005, reclamación ..., en asunto relativo a adopción de medidas cautelares, cuantía: 374.683,02 €.
PRIMERO.- En el curso de los procedimientos recaudatorios seguidos contra D.ª A para el cobro de las deudas tributarias contraídas por la misma en calidad de deudor principal del IVA de los ejercicios 1998-99 por importe de 90.412,05 € y como responsable subsidiario de las deudas de las sociedades X, S.L., Y, S.L. y Z, por importes respectivos de 133.598,65 €, 9.515,46 € y 141.156,86 €, en fecha 28 de mayo de 2003, el Delegado de la AEAT de ... dictó acuerdo de adopción de medidas cautelares consistentes en dirigir mandamiento de anotación preventiva de embargo en el Registro de la Propiedad de ..., de la finca ... inscrita a nombre de la deudora.
Contra dicho acuerdo interpuso la interesada recurso de reposición que fue desestimado por resolución de fecha 2 de octubre de 2003 frente a la que D.ª A planteó reclamación económico-administrativa ante el Tribunal Regional de ... que fue también desestimada por acuerdo de 31 de marzo de 2005.
SEGUNDO.- Contra el mencionado acuerdo interpuso la interesada recurso de alzada para ante este Tribunal Central en el que en esencia dijo reiterarse en las razones ya expuestas en la reclamación interpuesta ante el Tribunal Regional y en el recurso de reposición, en los que ya denunció la grave indefensión en que se halla la recurrente causada por infracción del principio de tutela judicial efectiva consagrado por el artículo 24 de la Constitución, así como la existencia de perjuicios irreparables y lesión de derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, manteniendo que no deben prevalecer los alegatos sin pruebas vertidos por la Administración y asumidos por el TEAR ... En el mismo escrito solicitó la entidad interesada la suspensión de la ejecución del acto impugnado aduciendo la existencia de apariencia de buen derecho y la falta de justificación de la medida cautelar adoptada por la Administración, así como la falta de indicios racionales de que en caso de no adoptarse medidas cautelares la efectividad del acto administrativo podría verse gravemente perjudicada.
PRIMERO.- Concurren en el presente recurso de alzada los requisitos de competencia, legitimación y formulación en plazo que constituyen presupuesto para la admisión a tramite del mismo, en el que la cuestión que en definitiva se plantea, es la de la adecuación o no a derecho del acuerdo del Tribunal Regional de ... que confirmó el acuerdo de adopción de las medidas cautelares antes referido.
SEGUNDO.- El artículo 128 de la Ley General Tributaria en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, establece en su apartado 1 que "Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado". El siguiente apartado 2 dispone que las medidas habrán de ser proporcionales al daño que se pretende evitar, estableciendo a continuación el tipos de medidas cautelares que pueden adoptarse entre las que se encuentra "el embargo preventivo de bienes o derechos" que según se dispone a continuación "se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de bienes muebles embargados".
Pues bien, el acuerdo de adopción de medidas cautelares aquí cuestionado, se fundamenta esencialmente en las siguientes circunstancias de hecho: a) D.ª ..., además de ser trabajadora por cuenta propia, es administradora de tres sociedades pertenecientes al grupo de la familia ...; b) dichas sociedades están a su vez integradas en un conjunto de 18 sociedades, nueve de ellas de carácter patrimonial y otras nueve de carácter instrumental, relacionadas todas con una determinada familia de la que forma parte D. ..., compañero sentimental de D.ª ..., que es administrador de 15 de dichas sociedades y que ha sido declarado insolvente c) Las sociedades patrimoniales son propietarias de un importante número de inmuebles y no son deudoras a la Hacienda Publica, mientras que las sociedades instrumentales carece de bienes y son deudoras a la Hacienda Publica; d) D. ..., ha adquirido un buen número de inmuebles como persona física, que se detallan en el acuerdo, transmitiéndolos después a sociedades del grupo familiar; e) las sociedades instrumentales explotan determinadas fincas rústicas, que también se identifican en el acuerdo, propiedad de las sociedades patrimoniales.
TERCERO.- La descripción de los hechos que acaban de narrarse se efectúa en el acuerdo de adopción de medidas cautelares de forma pormenorizada, detallando nombres, fechas, ubicaciones, datos registrales y otros extremos y acompañando a ello abundantes fotocopias de las inscripciones registrales, de escrituras públicas y de informaciones catastrales, todo lo cual demuestra que para llegarse al conocimiento de los citados hechos se ha efectuado un estudio serio y extenso de las circunstancias que en el acuerdo se narran. Frente a ello, la ahora recurrente no ha presentado en ninguna de las instancias prueba alguna que desvirtúe la veracidad de los hechos en los que se fundamenta el acuerdo de adopción de medidas cautelares, lo cual conduce a este Tribunal a compartir la conclusión a la que se llega en el mencionado acuerdo al mantener que en este caso se han utilizado los beneficios y ventajas que produce la separación de patrimonios para debilitar el principio de la personalidad patrimonial creando sociedades con fines fraudulentos de eludir el pago de deudas, que son utilizadas por los interesados para descargar rendimientos que son imputables a otras sociedades o a otras personas y vaciar su patrimonio en perjuicio directo de los intereses de terceros.
A la vista de tales conclusiones, resulta evidente la concurrencia en este caso de las circunstancias que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley General Tributaria antes citado, posibilitan la adopción de las medidas cautelares, por lo que procede la confirmación del acuerdo del Tribunal Regional que confirmó a su vez el de adopción de medidas cautelares, con la consiguiente desestimación de la presente reclamación, sin que al haberse resuelto ya el recurso planteado sea procedente pronunciarse sobre la suspensión solicitada.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Desestimarlo, confirmando el acuerdo impugnado.
Sentencia Civil Nº 170/2015, AP - Madrid, Sec. 8, Rec 525/2014, 23-04-2015
Orden: Civil Fecha: 23/04/2015 Tribunal: Ap - Madrid Ponente: Gavilan Lopez, Jesus Num. Sentencia: 170/2015 Num. Recurso: 525/2014
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Orden: Civil Fecha: 26/12/2012 Tribunal: Ap - Navarra Num. Sentencia: 253/2012 Num. Recurso: 110/2012
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Orden: Civil Fecha: 10/12/2009 Tribunal: Ap - Alicante Ponente: Soriano Guzman, Francisco Jose Num. Sentencia: 468/2009 Num. Recurso: 558/2009
Sentencia Civil Nº 457/2010, AP - Murcia, Sec. 1, Rec 960/2009, 19-09-2010
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NOTA: El artículo 629 de la LEC, establece que cuando el embargo recaiga sobre bienes inmuebles u otros bienes o derechos susceptibles de inscripción registral, el Secretario judicial encargado de la ejecución, a instancia del ejecutante, libra...

References: Resolución 
 artículo 128
 resolución 
 resolución 
 artículo 24
 artículo 128
 artículo 28
 artículo 128
 artículo 629