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Timestamp: 2020-08-09 18:17:10+00:00

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Prefacio para un estudio de economía
Como abogado, hablar de temas económicos resulta una prueba de fuego o el paso por una cuerda floja, en la que ambas situaciones exigen respeto a una cuestión medular en la vida de las demás esferas sociales en las que el hombre interviene.
No me extenderé más, les comentaré mis puntos de vista de la nueva, pero limitadas apertura económica de la que hoy se habla en el país.
El ambiente actual de las pequeñas y más pequeñas empresas particulares cubanas, pues no podemos hablar ni de medianas empresas, se caracterizan de modo general por falta de derechos de los propietarios, altos impuestos por ingresos personales y en ocasiones por supuestas utilidades que no le son probadas a los cuentapropistas.
De igual forma la falta de un poder judicial y junto a este, instituciones garantes de imparcialidad, que ante el incumplimiento de obligaciones contractuales requieren de un tercero que no responda a los intereses estatales y sirva de mediador ante potenciales conflictos.
Si a todo esto se le suma que la práctica exige programas contables eficientes y de fácil acceso, ante la falta de capacitación básica para enfrentar los nuevos retos y la falta de pericia en el desempeño de la actividad; elementos que entorpecen objetivamente la esencia de su constitución y la gestión de negocio para su desarrollo.
Hasta tanto no se resuelvan dichas limitantes, la plataforma en la cual se erigen estas controversiales formas privadas nacerán torcidas, y parafraseando el viejo refrán diré que si se edifica sobre estas, jamás se enderezarán.
Publicado el 23 de diciembre de 2013 9 de diciembre de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, capacitación. Legalidad, Cuba, protección, trabajo privado. 4 comentarios
Por Lic. Dora Mesa Crespo* y Lic. Odalina Guerrero Lara**
*Coordinadora de la Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil
**Abogada de la Asociación Jurídica Cubana
El Convenio no. 138 y la Recomendación no.146 de la Organización Internacional del Trabajo
El Derecho Internacional Público repercute constantemente en el Derecho laboral al disponer por conducto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de convenciones de carácter general.
El Convenio no. 138 de la OIT sigue siendo la norma internacional básica sobre trabajo infantil.
El tratado establece una edad mínima para la admisión de los niños al empleo y es una obligación y compromiso de los Estados Miembros que lo ratifican. Para la mayoría de los países la edad mínima está entre los 15 y 17 años.
Desde el año 1975 la edad mínima especificada por Cuba fue de 15 años y por ser uno de los Estados que ratificó el Convenio no. 138, Cuba se compromete “a seguir una política nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños y eleve progresivamente la edad mínima de admisión al empleo o al trabajo a un nivel que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores“.
El Convenio 138 se aplica a todos los sectores de actividad económica, sin importar que se remunere o no con un salario a los niños que trabajan. Se trata de un instrumento flexible que permite mejoras progresivas y, sobre todo, que los países en vías de desarrollo (es decir, aquellos cuyos sistemas educativo y/ o económico estén insuficientemente desarrollados) establezcan inicialmente edades inferiores de admisión al empleo. En la Recomendación no.146 del Convenio no.138 se facilita orientación acerca de un extenso ámbito de medidas necesarias para lograr ese fin en concordancia con el art. 32 de la Convención de los Derechos del niño, de la cual Cuba es signataria desde el año 1990.
Vigencia de las leyes internacionales en la legislación cubana
En el Código civil cubano, Ley No. 59, tipifica en su Artículo 20:
Si un acuerdo o un tratado internacional del que Cuba sea parte establece reglas diferentes a las expresadas en los artículos anteriores o no contenidos en ellos, se aplican las reglas de dicho acuerdo o tratado.
Las barreras que impiden el cumplimiento efectivo de las normas internacionales pueden ser muchas, incluidos factores políticos, jurídicos, económicos, estructurales y culturales. Es útil reconocer esas limitaciones desde el principio y tenerlas en cuenta a la hora de mejorar el sistema y las legislaciones nacionales.
Si no se revisa la legislación interna o se promulgan leyes nuevas y más eficaces, los esfuerzos para comprender, explicar y, en última instancia, aplicar la legislación internacional resultan difíciles y, en ocasiones, virtualmente imposibles si existen lagunas en el derecho.
El Derecho laboral guarda estrecha relación con el Derecho Constitucional. El Derecho del trabajo adquiere la garantía máxima de su cumplimiento gracias al Derecho Constitucional. En las Constituciones Políticas como la Constituciòn de la Repùblica de Cuba, se regulan los principios básicos del Derecho laboral.
La Constituciòn de la Repùblica de Cuba establece en su artículo 45 que el trabajo en la sociedad socialista es un derecho, un deber y un motivo de honor para cada ciudadano. Se refiere a la protección de los niños y jóvenes en el artículo 40 cuando dispone:
La protección efectiva de los niños y niñas requiere de un reconocimiento inicial de todos sus derechos, los cuales están claramente establecidos según el Derecho Internacional, en la Convención de los Derechos del Niños.
El Artículo 1 de la trascendental Convención estipula:
Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.
Por tanto, para facilitar la comprensión de las temáticas a tratar, todo ciudadano cubano menor de 18 años será considerado como niño o menor salvo los casos previstos por la legislación interna de Cuba.
A partir de esas consideraciones hablaremos de niño(a)s y menores cubanos que son obreros calificados, estudiantes de politécnicos quienes pertenecen a la Enseñanza Técnica y Profesional (ETP), ya se refiera a los estudiantes para obreros calificados o técnicos de nivel medio y/o graduados de ambas categorías. Las diferenciaciones pertinentes se harán de ser necesario considerar la relación jurídica del trabajador(a) de acuerdo a lo reglamentado por las leyes vigentes en la nación.
Publicado el 11 de noviembre de 2013 4 de noviembre de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, Cuba, protección, trabajo infantil. 4 comentarios
A fines de mayo de 2013, tuvo lugar el Ejercicio “Meteoro”, el cual, se realiza anualmente en toda Cuba, teniendo como objetivo fundamental medir la eficiencia de los planes para proteger la integridad física de todos los residentes en el país y disminuir riesgos ante eventuales fenómenos climatológicos y desastres naturales, propósito al que Gobierno y Estado por intermedio de la Defensa Civil, dedican especial atención, medios y recursos, actividad en la que se ha acumulado un vasta experiencia.
La realización de tal Ejercicio, me hizo pensar en la necesidad de crear un mecanismo jurídico, que tenga como función cardinal la protección de los ciudadanos ante las arbitrariedades, ilegalidades, injusticias y desmanes de autoridades, funcionarios, empleados y agentes estatales a todos los niveles , que cuente con poder y fuerza legal para, de manera efectiva, restablecer la legalidad soclialista cuando sea quebrantada, sin reparar en el nivel o jerarquía del infractor de la legalidad, protegiendo así, sin distinción alguna, las garantías y derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna.
Ese Órgano, sin dudas es el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales. Dicho Tribunal estaría legitimado para hacer pronunciamientos similares al que a continuación cito, emitido por la extinta Sala de Garantías Constitucionales y Sociales del Tribunal Supremo, Sentencia Número Uno de 14 de enero de 1972, Juez Ponente el Magistrado Luis M. Buch Rodríguez: CONSIDERANDO: que los funcionarios judiciales que dictaron independiente del testimonio del cónyuge de la acusada, para el caso de dictar sentencia, lo cual ha originado que ésta se apoye exclusivamente en la confesión de la procesada y el testimonio de su cónyuge, con evidente infracción del artículo veintiséis de la Ley Fundamental, la Sala considera que debe imponer a los citados funcionarios una corrección disciplinaria de represión que se les notificarán a los efectos procedentes. FALLAMOS: que debemos declarar y declaramos inconstitucional y nula la sentencia impugnada y ordenamos a la Sala Tercera de lo Criminal de la Audiencia de La Habana que dicte nueva sentencia teniendo siempre en consideración lo resuelto por esta Sala.
La no existencia, de tan importante órgano jurídico, su incomprensible desaparición del sistema jurídico cubano a partir de la Constitución de 1976, posibilita como acontece en la actualidad, que un número elevadísimo de ciudadanos cubanos, hayan resultado sancionados, con infracción de la garantía fundamental prevista en el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Penal; Todo delito debe ser probado independientemente del testimonio del acusado, de su cónyuge y de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. En consecuencia, la sola declaración de las personas expresadas no dispensará de la obligación de practicar las pruebas necesarias para la comprobación de los hechos; pues la declaración de culpabilidad, respecto a ellos, ha sido hecha, por los juzgadores, con apoyo exclusivo en sus propios testimonios o confesiones, única prueba practicada en el juicio oral. Lo peor, ante tamaño irrespeto a los derechos humanos, garantías constitucionales y procesales, los sancionados no tienen a que autoridad u órgano acudir en reclamó de respeto a esos derechos, quedando de ese modo en TOTAL DESPROTECCIÓN y DESAMPARO, sin acceso a una JUSTICIA efectivamente garantista, fenómeno o desastre no natural, contra el cual también deben ser protegidos todos los cubanos.
Publicado el 24 de agosto de 2013 16 de agosto de 2013 por ajudicubaPublicado en Defensa de los Derechos Humanos, Garantías ConstitucionalesEtiquetado AJC, ciudadano, Cuba, Garantías Constitucionales, legalidad, protección. Deja un comentario
Publicado el 2 de agosto de 2013 2 de agosto de 2013 por ajudicubaPublicado en Defensa de los Derechos Humanos, Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, ciudadano, Cuba, indefensión, protección, vivienda legalidad. 7 comentarios
Publicado el 21 de junio de 2013 5 de junio de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislación, opinionesEtiquetado AJC, Cuba, leyes, mujer, protección. 1 Comentario
Francisco se presenta en nuestra sede con un problema en su vivienda el cual comenzó aproximadamente en marzo de 2002. En su haber posee gran cantidad de documentos enviados a diferentes instancias, pero a pesar de todos sus esfuerzos nada ha resuelto aun.
Se trata de daños en su vivienda por filtraciones provenientes del apartamento de los altos, descritos en dictámenes técnicos realizados por el Departamento encargado al efecto, correspondiente a la Unidad Municipal Inversionista de la Vivienda (UMIV) del Municipio Plaza de la Revolución.
En junio de ese mismo año, y a solicitud del interesado, le comunican que el vecino que le ha causado estas afectaciones a su inmueble ha sido multado con la suma de $100.00 moneda nacional por el mal estado de la red hidrosanitaria.
Las filtraciones continuaron, y ya no solo afectaban el techo y las paredes del baño sino también las del comedor.
En julio de 2002 la UMIV procede a la tasación del daño en techos y paredes ascendente a $503.70 moneda nacional y paraliza el proceso con posterioridad, por haber dejado de caer el agua.
Al no haberse solucionado el problema de manera definitiva por los ocupantes del apartamento en cuestión, las filtraciones comienzan otra vez en el 2009, esta vez de aguas albañales.
En la actualidad las filtraciones han sido eliminadas pero el deterioro de la vivienda de Francisco, producto del tiempo en que estas estuvieron activas, es evidente.
A pesar de todo (y sin que el afectado haya obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la Dirección Municipal de la Vivienda de Plaza de la Revolución) en fecha Noviembre de 2010 se le confeccionó documento de reclamación con la pretensión concreta de que dicha instancia dictara Resolución al amparo de lo establecido en la Resolución 4-91 “Reglamento de los Edificios Multifamiliares” articulo 48 inciso e), valorando las acciones que deberán acometer los vecinos responsables del deterioro de su vivienda .
Al parecer, Francisco tendrá que acudir a una vía más expedita (¿tribunales?) para resolver este problema… si no quiere que el techo le caiga encima.
Publicado el 11 de marzo de 2013 1 de marzo de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislación, opinionesEtiquetado AJC, ciudadano, Cuba, legalidad, protección, vivienda. 1 Comentario
Publicado el 7 de marzo de 2013 11 de marzo de 2013 por ajudicubaPublicado en Defensa de los Derechos HumanosEtiquetado AJC, ciudadano, Cuba, Declaración Universal, derechos humanos, legalidad, protección. Deja un comentario
Publicado el 19 de febrero de 2013 6 de febrero de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, ciudadanos, Cuba, legalidad, protección. Deja un comentario
De cómo un ciudadano común es transformado en vulgar delincuente en cuestión de minutos.
En la mañana del 23 de octubre de 2012, William Estévez Acosta, de 51 años de edad, casado y sin antecedentes penales ni policiales, se presentó a una citación ante la Sección Sumaria de lo Penal del Tribunal Municipal del Cotorro, para una comparecencia en la que sería declarado insolvente y, acto seguido, celebrarle el juicio oral por el delito de Incumplimiento de las Obligaciones Derivadas de las contravenciones; esto es, no pagar una multa por falta de dinero.
El origen: le fue ocupada en su vivienda una antena parabólica sin instalar y en mal estado, por lo que lo multaron a 30, 000 pesos, los que, pasado el mes, tiempo para hacerla efectiva, se duplicaron, debiendo abonar por ese concepto 60,000 pesos.
Al no poder verificar dicha obligación, ocurrió lo antes narrado.
En el acto del juicio, William ratificó que no tenía la capacidad económica, como ciudadano medio, para enfrentar la multa y que desde hacía cuatro años no tenía vínculo laboral, pues padece varias enfermedades que le impiden laborar en la generalidad de ocupaciones que su capacidad intelectual le permite.
El acusado aportó un resumen de su historia clínica donde consta que padece diabetes mellitus tipo II, migraña crónica, problemas circulatorios y otros con los respectivos tratamientos.
El resultado luego de la deliberación del tribunal, fue que él sí tenía dinero, pues le habían ocupado una antena, que no le podían creer lo de sus enfermedades, desestimando el resumen de su historia clínica, que de algo estaba viviendo en este tiempo.
La sanción fue: seis meses de privación de libertad, dejándolo detenido en el acto. Al no estar acompañado, un ciudadano del público se brindó para avisar a sus familiares y, al no poder salir, William debió interponer la apelación por su propio derecho.
Supuestamente, todo sancionado es responsable de un delito. William resultó sancionado y el delito probado. Habiéndose levantado ciudadano común, devino vulgar delincuente tras la historia aquí contada.
El artículo 170.1 que le fue aplicado, en su apartado 2, conmina a los tribunales a sustituir las sanciones privativas de libertad por las de trabajo correccional con internamiento, pero el Dictamen 305 Acuerdo 43 de 11 de julio de 1989 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, explica que no impide la opción de otras medidas como la limitación de libertad.
William fue desafortunado, dijo que si la multa era adecuada, la hubiera pagado, pero incurrió en el delito de no tener dinero.
Las conclusiones, son individuales.
Publicado el 6 de febrero de 2013 6 de febrero de 2013 por ajudicubaPublicado en Ojeada a la legislaciónEtiquetado AJC, ciudadanos, Cuba, delito, legalidad, protección. 3 comentarios
Publicado el 7 de mayo de 2010 por ajudicubaPublicado en Garantías ConstitucionalesEtiquetado amor tierra, autoridades, águila, bienes, carreras, categoría, Constitución, Constitucionales., corazón, Cuba, cubanos, deberes, derechos, Dios, Estado, expulsados, extranjeros, fe, Garantías, gastos, Gastroenterología, gastrointestinales, humilde, iglesia, Instituto, jurisdicción, justicia, la Constitución de la derechos humanos, ley, mar, médico, migratoria, nacional, nicaragüense, noticia, operar, pago, públicos, permanente, problema; Consejo, protección, religiosa, República, residentes, resoluciones, Salud Pública, solidarios, territorio, Tribunal, vesícula, vida. Deja un comentario

References: Artículo 20
 artículo 45
 artículo 40
 Artículo 1
 artículo 1
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 170