Source: http://www.libertadidioma.com/2006/20060127.htm
Timestamp: 2018-11-21 17:58:27+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 27 Enero 2006
El Consejo propone utilizar el nombre de uso común de las autonomías
I. G. de M. La Razón 27 Enero 2006
Constitución multilingüe: constitución anticonstitucional
Nota del Editor 27 Enero 2006
El Consejo de Estado para los pies a Zapatero
Editorial Elsemanaldigital 27 Enero 2006
O sea que sí: cerrar el Estado de las Autonomías
José Javier Esparza elsemanaldigital 27 Enero 2006
Federico Quevedo elconfidencial 27 Enero 2006
No hay cocodrilos blancos
José García Domínguez Libertad Digital 27 Enero 2006
Los dineros del Estatuto catalán
Editorial ABC 27 Enero 2006
El Estado de Derecho, bajo mínimos
Pablo Sebastián Estrella Digital 27 Enero 2006
Los cuernos del villano
IGNACIO CAMACHO ABC 27 Enero 2006
EL PP LLAMA AL PUEBLO
Por C. ALONSO DE LOS RÍOS ABC 27 Enero 2006
Bombas y mociones
Editorial El Correo 27 Enero 2006
JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 27 Enero 2006
Funcionarios en tierra de nadie
Cataluña y el retorno de las consignas
LUIS IGNACIO PARADA ABC 27 Enero 2006
Con tus firmas, pintarán bastos
Aurelio Alonso Cortés Libertad Digital 27 Enero 2006
UN ACUERDO LETAL
LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS El Ideal Gallego 27 Enero 2006
Zapatero contra Maragall
LAS PESQUISAS DE MARCELLO Estrella Digital 27 Enero 2006
Raúl Tristán Periodista Digital 27 Enero 2006
La Constitución una vez adulterada, debe ser reformada
Fernando Gallego Periodista Digital 27 Enero 2006
"Consumatus est"
Federico Fijo Quintero Periodista Digital 27 Enero 2006
Una más de adoctrinamiento
Ignacio Villa Libertad Digital 27 Enero 2006
Palestina: el peor escenario
Terroristas que ganan elecciones
EDITORIAL Libertad Digital 27 Enero 2006
VÍCTOR HAREL ABC 27 Enero 2006
Cartas al Director El Correo 27 Enero 2006
ZAPATERO, CON GABILONDO, SOBRE EL CASTELLANO
Libertad Digital 27 Enero 2006
Tensión en el pleno de Azkoitia que aprobó una moción sobre los asesinos de Baglietto
ANTONIO SANTOS/AZKOITIA El Correo 27 Enero 2006
«Se está preparando una secesión con el apoyo del Gobierno»
Daniel Forcada Periodista Digital 27 Enero 2006
Fusi y Zarzalejos reivindican la sustancia española como «lo mejor del País Vasco»
BLANCA TORQUEMADA ABC 27 Enero 2006
Más de 30.000 funcionarios en Cataluña exigen a Zapatero que les aclare su futuro
EP ABC 27 Enero 2006
ARCHIVADA DEFINITIVAMENTE LA QUERELLA DEL GOBIERNO VASCO CONTRA MIKEL BUESA
Foro de Ermua 27 Enero 2006
"La película te hace reflexionar bastante, quizás no genera polémica pero no te deja tranquilo"
Minuto Digital 27 Enero 2006 El Consejo propone utilizar el nombre de uso común de las autonomías
Madrid- El informe del Consejo de Estado, que propone varias soluciones para todas las cuestiones de la consulta elevada por el Gobierno, aboga por denominar a las autonomías en el título preliminar de la Carta Magna y en el VIII y propone que la denominación que figure sea el nombre de uso común con el que se las conocen. Además de que figuren todas en castellano y en el idioma que se utilice en su territorio. Por ejemplo, figuraría Cataluña/Catalunya. El informe advierte contra el modelo territorial español que otorga a las comunidades una potestad que les permite impulsar cambios a través de la reforma de sus Estatutos como imperdirlos, vetando los que consideren inadecuados.
A su juicio, «esto excede no sólo la potestad de autoorganización de que disfrutan muchos entes dotados de autonomía administrativa, sino que, en cierta forma, va incluso más allá de la que las Constituciones federales reconocen a los Estados miembros para la reforma de sus propias Constituciones».
Además, alerta de que «los riesgos de crisis que la apertura del sistema territorial genera se hacen además graves, por razones obvias, cuanto más se acerca el ámbito competencial de las comunidades al máximo admitido por la Constitución. En esta situación, cerca de la que nos encontramos ya, cualquier propuesta de reforma que pretenda ampliar las competencias de la comunidad respectiva puede dar lugar a acusaciones de que con ella se pretenden rozar o violentar, de manera deliberada o no, los límites constitucionales. Con ello, una cuestión estrictamente jurídica se lleva al debate político, con daño tanto para el derecho como para la política», avisa. El Consejo dedica una parte de las 325 páginas de las que consta su informe a advertir contra las reformas estatutarias y el traspaso de mayores competencias a las autonomías. Incluso aboga por que el techo competencial se fije en la Carta Magna.
Tras esas advertencias, concluye que «sea cual fuere el valor que se atribuya a su opinión, es obvio que ésta se mantiene en el plano de la consideración teórica de los problemas, y que la conveniencia de abordarlos y, en su caso, el momento de hacerlo, depende fundamentalmente de razones de oportunidad política que escapan de su competencia específica».
Sí, el mundo es una aldea global, por eso yo no llevo boina ni en casa ni de viaje aunque sea a Londres/London, porque a veces me encuentro con gentes que de Francia/France, y con otros que han estado de vacaciones en Suecia/Sverige, y recibo tarjetas postales de Thailandia /ค้นข้อมูลเพิ่มเติม; y fotos de unos amigos que viajan frecuentemente a Grecia/Ελλάς, y veo películas de familiares que han estado en El Cairo/لا توجد نتائج بحث عن, y vale como muestra.
El Art. 3º de la Constitución Española establece que el único idioma que los españoles tenemos el deber de conocer es el idioma español, así que utilizar cualquier otro idioma en la CE es absolutamente anticonstitucional.
El PSOE y sus aliados han recibido un varapalo jurídico a su proyecto de reforma constitucional encubierta. Ni en el contenido ni sobre todo en las formas se ajusta a Derecho.
27 de enero de 2006. El informe que el Gobierno solicitó al Consejo de Estado sobre sus intenciones de reforma constitucional, y que ayer se conoció en borrador, es un nuevo obstáculo en el camino de José Luis Rodríguez Zapatero. Éste anunció una reforma constitucional "limitada" al inicio de la legislatura. Su debilidad parlamentaria y la lógica democrática imponía que dicha reforma se pactase con el gran partido de la oposición. Pero su radicalismo y el de sus aliados le hizo rechazar esa posibilidad. El supremo órgano consultivo del Estado le va a recordar sus obligaciones jurídicas.
En realidad, el Consejo de Estado no interfiere en las decisiones que corresponden a los políticos. Se limita, en cambio, a dar forma y orden legal a las intenciones anunciadas por el Gobierno. Prescindiendo de otras cuestiones menores, y de lo relativo a la Corona, en lo que parece haber amplio acuerdo, Zapatero se ha mostrado dispuesto a modificar la articulación territorial de las Comunidades Autónomas. Es su competencia promover esa reforma, pero para ello debe actuar dentro de la lógica de la Ley y de la Constitución.
La Constitución tiene sus propias reglas para ser reformada; pueden definirse de nuevo las competencias de las autonomías recogidas en el Título Octavo, y no cabe duda de que muchas imprecisiones y flecos residuales del momento constituyente de 1978 podrían mejorarse. Todo es modificable, en realidad, incluso los derechos y deberes fundamentales de los españoles, pero siempre pasando por la Constitución. Y no es legal ni legítimo introducir cambios en lo regulado por la Constitución recurriendo a un Estatuto de Autonomía, que no deja de ser una simple Ley Orgánica. Y esto, por muy pocas ganas que Zapatero tenga de pactar con el Partido Popular, que tiene la llave de cualquier reforma legal de la Constitución.
El Consejo de Estado parece pensar, como la mayor parte de los juristas españoles, que los atajos son peligrosos para las instituciones. Si se violan las normas de toda reforma constitucional se habrá roto para siempre la misma Constitución; y naturalmente si en una reforma constitucional de cualquier tipo se modifican las condiciones esenciales y previas sobre las que se basó el acuerdo de 1978 -la unidad nacional, la soberania popular única, la igualdad de derechos- se trataría de una nueva Constitución.
En pura lógica, lo que procede es reformar primero, en lo que sea deseable, la Constitución. Y Zapatero tendría los votos del PP, por ejemplo, para delimitar las competencias de las Comunidades Autónomas, o para incluir la relación nominal de éstas en la Carta Magna. Después, sobre ese consenso, se podrían modificar los Estatutos de Autonomía, pero en beneficio de las comunidades y de la nación, sin emplear la autonomía regional como atajo ilegítimo para reformar la Constitución sin mayoría para ello.
La noticia no ha agradado al PSOE de Zapatero, que no detendrá su camino después de haber pactado con los nacionalistas catalanes pero que ve su imagen ulteriormente deteriorada. Ha cumplido todas las expectativas del Partido Popular, y especialmente las de los navarros de Unión del Pueblo Navarro, que han visto la Disposición Transitoria Cuarta -que prevé su anexión al País Vasco- entre los aspectos de plausible modificación constitucional.
Cuando todo era talante, ZP encargó al Consejo de Estado un informe sobre la reforma constitucional. Ahora el Consejo ha aprovechado su respuesta para hacer una recomendación: que en la reforma de la Constitución se señale claramente el techo de competencias de las comunidades autónomas. Aquí habíamos propuesto hace meses una fórmula imperativa: "Hay que cerrar el Estado de las Autonomías". Eso es lo que ha venido a decir el Consejo de Estado en un informe que se suma al del Consejo General del Poder Judicial, que ha denunciado los numerosos puntos inconstitucionales del Estatut. Y se suma, también, al clamor que hay en la calle, a la abierta disidencia en los medios de comunicación no domesticados, al malestar del Ejército y a la posición institucional de los obispos, que ha sido claramente contraria al proyecto de nuevo Estatuto para Cataluña.
Como la realidad es que apenas nadie, fuera de Cataluña, quiere el Estatut, el Gobierno y sus tentáculos han acometido la mayor campaña de propaganda que España ha vivido en decenios. Una catarata de demagogia se ha precipitado sobre nuestras cabezas. Ante semejante aluvión, uno no sabe qué admirar más: si la holgura de los medios desplegados o si el osado desprecio de la verdad en las consignas gubernamentales. Ciertamente, mucho tienen que haberse asustado para que todos -¡todos!- hayan roto a proclamar las bondades del "acuerdo global" con una unanimidad propiamente búlgara. El PSOE tiene que vender como sea que ha logrado sacar la pata en este asunto, y que lo ha hecho de modo tal que consigue reforzar la unidad de España al mismo tiempo que la disgrega. Como saben que tienen el viento (mediático) a favor, no les arredra ni el límite lógico del absurdo. Mientras tanto, Bono se retrata con la cúpula militar. ¿De verdad creen que a fuerza de demagogia van a modificar el estado de la opinión? Es posible que ganen la anuencia de los indiferentes, pero difícilmente convencerán a los ciudadanos mejor informados, que siempre son menos, pero, también siempre, son los más decisivos.
Ahora el Gobierno puede hacer dos cosas. Una, ceder a las orientaciones del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial, revisar sus propias posiciones sobre el Estatut y tratar de enmendar el desaguisado. Otra, perseverar en el error y estirar indefinidamente el disparate, todo para que ZP siga en el machito. El sentido común, la razón jurídica, la seriedad política y el sentimiento popular aconsejarían rectificar y dar marcha atrás en esta loca carrera hacia el vacío. Pero a ZP, por lo que le vamos conociendo, se le dan una higa todas esas cosas e, inversamente, le atrae mucho el vacío. Este hombre ha perdido ya el control sobre las fuerzas que ha despertado. Como todos los aprendices de brujo.
Siempre he tenido a Mariano Rajoy por un político inteligente. Mucho, todo lo contrario que su contrincante político y actual presidente del Gobierno, aunque eso tampoco tiene ningún mérito. Me sorprendió, sin embargo, no escuchar la voz del líder de los ‘populares’ el domingo pasado tras hacerse efectivo algo que, a día de hoy, no me atrevo a calificar ni como acuerdo ni como nada, sino como una mera confluencia de intereses entre Rodríguez y Artur Mas. Esa ausencia pública del principal referente político del centro-derecha propició lo que se ha podido convertir en un auténtico cisma en las filas del PP. Además, le ha dado al PSOE y al Gobierno unos días de respiro tras el ‘Pacto de la Vergüenza’ del sábado por la noche. Reconducido temporalmente el desaguisado, Rajoy se ha puesto manos a la obra en lo que, en este momento, es lo más vital para el futuro de nuestro país, al margen de piques y piqués, y eso es el modo en el que Rodríguez está pactando de manera clandestina el derribo de la estructura jurídico-social que fundamenta el Estado de Derecho.
Reconozco que hay una inexactitud en el titular de esta columna. La Gran Mentira no nació el 11-M, sino el día aciago en el que la política española consensuó, para nuestra desgracia, la cuota de poder que la Democracia le concedía a los nacionalistas. El 11-M lo que hizo fue otorgar a los enemigos de la Libertad, la Democracia y la Nación capacidad política para llevar adelante sus planes. De ahí que siempre haya defendido -y seguiré defendiendo- que aquello no fue un atentado terrorista más del islamismo radical, sino una operación perfectamente diseñada para derribar al PP del poder, aunque de eso hablaremos otro día, que habrá tiempo para ello y ya son muchos los que me lo reclaman de nuevo. Pero lo cierto es que esa Gran Mentira gobierna hoy nuestro país, y el riesgo de descomposición de todo aquello que hasta ahora sostenía nuestra estructura social es absoluto. Y Rodríguez es el actor principal, el director de la orquesta que simula mover una batuta que, en el fondo, no es la suya.
La verdad es que ha sabido manejar con cierta maestría, incluso de modo habilidoso, la farsa del talante haciendo creer a una buena parte de la opinión pública y, sobre todo, a un elenco de plumillas entregados a la causa de su pérfida sonrisa, que con diálogo y consenso era capaz de arreglar todos los problemas del país. Permítanme, sin embargo, que afirme, parafraseando a Francisco Sosa Wagner, que “el diálogo y el consenso no pueden convertirse en el taparrabos de quien no tiene rabo que tapar”. Rodríguez no tiene más voluntad de diálogo y de consenso que la que nace de su necesidad de mantenerse en el poder. De ahí el ‘Pacto de la Vergüenza’ con Artur Mas, una operación salida de la mente abstracta de Rubalcaba para evitar la foto de su jefe con Carod Rovira, consciente de que le hacía más daño que otra cosa. Estos agradables chicos de CiU, Mas y Durán, son los novios que todas las madres quieren para sus hijas. No así Carod y Puigcercós, que espantan a cualquiera que tenga un mínimo de sentido común y pasión por la libertad, y que hoy se sienten como la novia despechada.
Pero lo pactado, es decir, lo que ha servido de excusa para hacerse la foto, porque la subasta no ha hecho más que comenzar, es lo mismo hoy que ayer, y tiene el mismo objetivo destructivo. La única diferencia, cierto, es que CiU ha rebajado un poco sus aspiraciones económicas. Por ahora. De ahí que, si Rajoy quiere desenmascarar esta Gran Mentira y que los españoles comprendan que este juego está destinado a favorecer nuestra desaparición como Nación, deba participar en el mismo. Tengo para mí que así lo ha entendido, y por eso el PP va a aceptar la oferta de diálogo extendida por Rodríguez y va a sentarse a negociar no se sabe qué, con el fin último de dejar en evidencia que el inmovilismo del que le acusan a él y a su partido se encuentra, realmente, instalado en la agenda del presidente: Rodríguez no quiere pacto alguno con el PP, y menos en la medida que cualquier diálogo con la derecha democrática implica poner sobre la mesa la soberanía nacional, el orden constitucional, la solidaridad y la igualdad entre los españoles, y la libertad.
Nada de esto ocurre porque sí, como diría el propio Rajoy. La Gran Mentira tiene su fundamento ideológico en las raíces marxistas, nocivas para la sociedad, de una izquierda que no ha sabido evolucionar definitivamente hacia posiciones democráticas y liberales. De la mano de esa izquierda colectivista y monolítica, el estado democrático ha degenerado, como denuncia Sosa Wagner, “en Estado de Partidos, más exactamente, en Estados mangoneados por las cúpulas de los partidos, lo que obliga a buscar nuevas legitimidades, llamadas a ser asumidas e incorporadas en las estructuras históricas tradicionales”. Sin lugar a dudas, la España de Rodríguez es hoy la demostración palpable de que esto ha sido así a lo largo del tiempo, incluso bajo el Gobierno del PP, y el debilitamiento que eso ha provocado en las estructuras esenciales ha permitido que, hoy, el país esté gobernado por sus más flagrantes enemigos, dispuestos como aves de rapiña a abalanzarse sobre los restos del reparto.
Esa es la razón de que Rajoy tenga, además, la obligación de situar a la sociedad frente a sí misma para poner remedio a esta enfermedad. Es necesario superar ese lugar común de que todos los políticos son iguales, de que no existe ideología, sino intereses particulares. Por desgracia, hoy por hoy, la sociedad no confía en sus políticos, y si a esa desconfianza y al tradicional adormecimiento a que se la ha sometido se une la superficialidad sentimentalista con la que Rodríguez ha empañado la manera de hacer política, el resultado es un caldo de cultivo perfecto para ahondar en los conflictos y buscar salidas ajenas a los sentimientos comunes de Nación y Libertad, que es lo que pretenden el nacionalismo radical y la izquierda acomplejada. La misma izquierda que guarda cómplice silencio cuando un tipo cuyo nombre no merece ser puesto negro sobre blanco en estas páginas se atreve a decir en un programa de la televisión pública catalana “¡que se vaya a la mierda la puta españa!”.
El alemán Thomas Darnstädt, en su obra La trampa del consenso, afirma que “sin una completa renovación de la organización del Estado, de la democracia, de los partidos, de las asociaciones y los municipios, así como de la política de enseñanza y de la política social, sin una nueva relación hacia la Unión Europea, un fortalecimiento de las regiones y la eliminación del particularismo de los estados pequeñitos no habrá salida de la trampa”. Darnstädt entiende por estados pequeñitos aquellos en los que reina el caciquismo y la política de pequeños vuelos, una manera de acercarse al modo de hacer política en aquellas regiones en las que gobierna el nacionalismo. En definitiva, salir de esta situación implica, necesariamente, volver a reinventar la democracia para acabar con este chantaje permanente de la dictadura nacionalista y poder hacer política desde la autoridad que confiere el resultado de las urnas, sin necesidad de tener que recurrir permanentemente a la trampa del consenso.
En España sólo existe algo más sólido, inamovible y perenne que el tupé de Artur Mas: la fe ciega en el mito del catalanismo moderado. El porqué del pábulo que la gente otorga a ciertas leyendas urbanas, siempre será un misterio. Pero, por absurdo que se antoje, el personal sigue empeñado en creer que las cloacas de Nueva York están infestadas de enormes cocodrilos blancos; alimañas que habrían aterrizado allí dándose cates por las cañerías cuando los yuppis las arrojaron por la taza del váter. E igual que se empecinan en dar crédito a esa fantasía absurda, también quieren creer, contra toda evidencia, que sea real lo que su mitomanía ha dado en bautizar como catalanismo moderado.
Contra toda evidencia. Porque, en los últimos cien años, ha emergido el catalanismo de derechas, el catalanismo de izquierdas, el catalanismo imperialista, el catalanismo independentista, el catalanismo de Iznájar, el catalanismo expulsado de Huelva por Franco, el catalanismo ilustrado, el catalanismo de Puig y Tardà, el catalanismo honrado, el catalanismo de todo a cien, el catalanismo de cursos para parados con subvención europea gestionada por Enric Millo, el catalanismo de Piqué… Todo, menos el catalanismo moderado.
En ese asunto de los lagartos, lo más probable es que el dislate proceda del abuso de las videoconsolas entre nuestros eternos adolescentes de cuarenta años. Y en el otro, también. Porque bastaría con entretenerse un rato leyendo al padre de la criatura, Prat de la Riba, para salir de esa ensoñación pueril. Escribe Prat, tras caer de rodillas después de ser iluminado por la luz blanquísima que precedió a la revelación milagrosa del Volksgeist patrio: “Cataluña tiene ese espíritu nacional misterioso que al correr de los siglos va engendrando y renovando el derecho y la lengua (…) Un mismo espíritu que se manifiesta uno y característico bajo la variedad de toda la vida colectiva (…) Cataluña es, pues, una Nación”. En esas tres frases empieza y acaba todo el enigma del famoso catalanismo moderado. Y cuántas lágrimas de cocodrilo (y de Vendrell) se podrían ahorrar en Madrid si dedicasen sólo un minuto a leerlas con atención.
Porque descubrirían, al fin, que la genuina esencia del catalanismo no es política –la construcción de un Estado nacional–, sino religiosa: recuperar la pureza primigenia de esa identidad tribal, mística y eterna, contaminada ahora por el estigma castellano. Entenderían que, en el fondo, resulta accesoria la división entre independentistas, confederalistas, soberanistas, asimétricos y centristas de Puente Aéreo. Comprenderían, de una vez, que el catalanismo no es un argumento político, sino una forma de argumentar políticamente: la que se fundamenta en presentar su fin como si fuese una realidad objetiva de la Naturaleza. Y, de paso, adivinarían por qué Piqué acabará abandonando el PP antes de que se vote el Estatut.
DESPUÉS de un largo y secreto (tirando a oscuro) proceso de negociación, Zapatero ha llegado a un acuerdo sobre la financiación autonómica con CiU e ICV. Entre otras cosas, el Gobierno cede a la Generalitat el control sobre la mitad del IRPF y del IVA, acuerda con ella un compromiso de inversión pública mínima garantizada durante los próximos siete presupuestos y abre la puerta para que dentro de unos años exista una Agencia Tributaria catalana independiente de la nacional. Asimismo, Cataluña no aportará nada al fondo de suficiencia. Sustanciosa tajada, sobre todo si tenemos en cuenta que el acuerdo contiene una cláusula que garantiza que Cataluña alcance la financiación del País Vasco. Parece que había que cerrar un acuerdo «como sea» en la financiación y el jefe del Ejecutivo tiró de manual.
Los expertos han hecho ya cálculos sobra qué regiones saldrán beneficiadas (las más ricas) y cuáles perjudicadas (las más pobres). La gravedad de este pacto es difícil de exagerar, y sería tan irresponsable predicar la catástrofe económica como mirar hacia otro lado y fingir que no pasa nada. Pasa, ciertamente, bastante, y no todo lo que pasa tiene que ver con las posibles alteraciones que produzca este acuerdo en la distribución regional del gasto. Es muy probable que el reajuste de flujos de gasto público no altere mucho la posición relativa de las autonomías. El gasto público puede que sea una ayuda para sacar a zonas atrasadas de su pobreza, pero los obstáculos al avance económico de las economías pobres no hay que buscarlos sólo en la falta de fondos sino en instituciones internas, que poco o nada tienen que ver con los fondos públicos. La reforma del Estatuto catalán, incluyendo sus aspectos económicos, era totalmente innecesaria. Es dudoso que una administración descentralizada de los ingresos y gastos públicos sea más eficiente que la centralizada, pero, sobre todo, es más dudoso aún que un sistema de finanzas públicas disperso esté más a salvo de la manipulación por parte de intereses particulares que un sistema central.
En general, los nacionalismos necesitan hacer crecer el aparato público para intervenir y controlar la economía y para recompensar a las élites promotoras del programa nacionalista. No podría haber un mejor ejemplo de esto que el proyecto catalán que se discute ahora. Sus pretensiones intervencionistas rozan lo absurdo y ponen de manifiesto la escasa valoración que sienten sus autores por la libertad económica. El pacto entre el Gobierno y los nacionalistas no es malo sólo por sus consecuencias redistributivas en en el resto del país, sino por el freno al desarrollo que implicará también en Cataluña. Es difícilmente imaginable que las ambiciones intervencionistas del nacionalismo vengan acompañadas de una rebaja de impuestos y una apertura de mercados, y si las aspiraciones fiscales catalanas se extienden al resto de las autonomías tendremos el campo sembrado para una espiral de gasto público e impuestos más altos.
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, debería cuidar sus palabras y sus decisiones, además de velar por el imperio de la ley y el cumplimiento de la legalidad, de la que la Constitución española es la primera norma, porque el deterioro del Estado de Derecho en nuestro país está alcanzando cotas preocupantes que convierten al titular del departamento de Justicia en el peor ministro de la transición que pasó por dicho cargo. Y eso que todavía están por ver las consecuencias que nos traerá la sumisión del Gobierno y del poder judicial a la cabalgada soberanista de los partidos nacionalistas de Cataluña y del País Vasco.
No es de extrañar que en la última encuesta del CIS que acaba de hacerse pública la Justicia ocupe uno de los peores lugares en la valoración de prestigio institucional que hacen los ciudadanos, entre otras cosas porque el ministro López Aguilar está dedicado y más preocupado en servir a los nacionalistas, para que no estalle el Estatuto catalán, que en ocuparse de cuestiones tan serias como las del atasco procesal que se registra en la Audiencia Nacional a propósito de los sumarios de los atentados masivos del 11M en Madrid, que está permitiendo que personas imputadas y sospechosas de colaborar con la histórica y terrible masacre salgan en libertad, al agotarse el plazo de prisión preventiva.
Y éste es uno de los asuntos más graves que están desatendidos, mientras el ministro se preocupa tanto del traslado los papeles de la Guerra Civil de Salamanca a Barcelona, otro regalo al nacionalismo que se convierte en precedente para desguazar cualquier archivo o museo español, al igual que la reforma de la Justicia que ha planteado el ministro López Aguilar, en el solo beneficio de los nacionalistas, acabará desguazando el Tribunal Supremo.
De la misma manera que perderán valor y prestigio los juzgados de primera instancia por causa del invento, también nacionalista, de los juzgados de proximidad para adaptarlos a la reforma territorial catalana, y para ir preparando el terreno del poder judicial del Estado catalán, hoy nación catalana, y luego el del Estado o nación vasca. A ver si con la fractura de la unidad judicial de España los nacionalistas se instalan en sus tribunales (con la ayuda de los nuevos Consejos autonómicos del poder judicial), donde ya está siendo expulsado el idioma castellano —otra inconstitucionalidad—, para que se faciliten áreas de impunidad política o, llegado el caso, para que se ponga en marcha en el País Vasco la salida de presos de ETA con delitos de sangre, si la negociación con la banda terrorista consigue progresar.
Nada de todo esto hubiera ocurrido si no estuviera el Estatuto catalán de por medio, y por supuesto el empeño de Zapatero de pactar con los nacionalistas al margen de los pactos constitucionales de 1978 y del propio marco constitucional. Ni estaríamos ante semejante reforma de la Justicia, al servicio del nacionalismo soberanista, ni tampoco habríamos asistido al bochornoso espectáculo —puede que con prevaricación y fraude de ley— de ver a un presidente del Gobierno defendiendo el derecho de reunión de la banda terrorista y al ministro de Justicia mirando hacia atrás, en vez de movilizar de manera rotunda —como lo han hecho con el caso del archivo de Salamanca— al fiscal general y al abogado del Estado contra la convocatoria de la Asamblea de Batasuna.
Y podríamos hablar de otros muchos abusos por acción u omisión, desde la OPA de Gas Natural contra Endesa, pasando por los Consejos Audiovisuales de censura contra los medios de comunicación, o las arbitrarias concesiones de radio y televisión, etc. Para, finalmente, llegar al meollo de todo este desbarajuste que pone por los suelos el Estado de Derecho, la seguridad jurídica y el imperio de la Ley, como es el Estatuto catalán, en el que se incluye la palabra nación, se impone la bilateralidad, el blindaje de competencias, se rompe la solidaridad entre regiones, se condicionan para los próximos siete años los Presupuestos Generales del Estado, o se persigue, discrimina y sanciona a los españoles que pretendan estudiar o trabajar en Cataluña utilizando la lengua castellana.
Todo ello es inconstitucional como seguramente lo serán otros muchos apartados del Estatuto que el Gobierno de Zapatero y su ministro de Justicia quieren colar como Ley Orgánica y a la vez burlar al Consejo de Estado, que ya avisa sobre la catástrofe que se nos viene encima, dejando al Tribunal Constitucional enfrentado al referéndum catalán de ratificación del pacto inconstitucional. Es decir, burlando todas las garantías y al final promoviendo la soberanía catalana por encima de la soberanía nacional española, lo que traerá conflictos de gran envergadura, como los que ya se vislumbran en el horizonte español.
Y todavía este ministro de Justicia, este joven jurisconsulto al que le queda tan grande el collar del cargo —a lo mejor por eso lo nombraron, para facilitar y allanar el camino al nacionalismo—, se permite denunciar una petición de referéndum que debería ser exigida por el propio Gobierno tras consultar previamente el Estatuto catalán al Tribunal Constitucional antes de que las Cortes opinen sobre el texto y antes también de que se someta a votación en Cataluña. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben que ni el Tribunal Constitucional, ni los españoles aprobarían el desafío nacionalista que apoya Zapatero y su ministro de ocasión. Y no sólo no defienden e imponen las máximas garantías, sino que además pretenden el enmudecimiento del poder judicial ante semejante atropello, para ayudar a sus socios nacionalistas y convertirse en colaboradores necesarios de un posible fraude de ley y de una clara vulneración del texto constitucional.
El Gobierno no quiere que opinen los tribunales, ni que hable el Poder Judicial, ni el Consejo de Estado, ni desean un referéndum, ni permiten una votación cualificada del Congreso de los Diputados ante una flagrante reforma constitucional. Y si pudieran impondrían la mordaza en los medios de comunicación. Ya sabemos que el primer responsable de todo esto es Zapatero, pero conviene recordar las responsabilidades políticas y personales en semejante momento de tan suma gravedad. Y las del ministro de Justicia, López Aguilar, son las máximas con todos los agravantes, de lo contrario hace tiempo que se habría tenido que marchar. Y que no nos hable, con esa verborrea procesal que utiliza, de Justicia o de Democracia, porque no está en condiciones de hacerlo. Basta ver lo ocurrido ayer en Azkoitia que es otra prueba de la impunidad de algunos y del Estado de Derecho que impera en la España de Zapatero y de López Aguilar.
Por IGNACIO CAMACHO ABC 27 Enero 2006
LA política española necesitaba un villano con el que sustituir al malhumorado Arzallus cuando éste decidió, alabado sea el Señor, abandonar las candilejas. Lo encontró pronto y, como es natural, en las filas del nacionalismo, cantera de tipos hoscos, mal encarados, retadores e insolidarios. Carod-Rovira era todo eso, y además practicaba una chulería antiespañolista, como si para afirmar su ser catalán tuviese que faltar al respeto a los que no lo somos. Felipe llegó a decir de él que sólo podría ser más tonto a base de entrenamiento. El café con los etarras en Perpiñán le llevó a cruzar la frontera de la felonía, y desde entonces es por mérito propio la bestia negra favorita de la escena pública nacional, aupado sobre un inexplicable protagonismo que Zapatero le concedió para sostenerse en un poder desde el que al fin parece haber comprendido que tenía alternativas menos desestabilizadoras.
Para soltar ese lastre ha necesitado el presidente verse bajar en picado en las encuestas, y aún no se atreve a dejarlo caer del todo para no arrastrar de golpe a un Maragall que también sufre horas bajas. A Maragall y a Carod les ha puesto Zapatero unos cuernos muy vistosos con Artur Mas, que es como el yerno presentable y guaperas de Pujol, con su cara cuadrada de maniquí de grandes almacenes, y ahora los dos andan llorando por las esquinas o haciendo mohínes de enfado, pese a que a los de ERC no les llegan las camisas negras al cuerpo, empavorecidos como están de pensar que si hay elecciones anticipadas en Cataluña se pueden quedar fuera del calorcito presupuestario. Maragall, que fue el primer rehén de Carod y ha adquirido un lamentable síndrome de Estocolmo, está ya destinado al jubileo: le darán palmaditas y una medalla, y lo mandarán en vida al panteón de los ilustres como su abuelo.
Esta tardía caída presidencial del caballo que ha supuesto la coyunda estatutaria con el nacionalismo moderado de Convergencia no le redime a Zapatero, sin embargo, de la responsabilidad de haber dado alas y vara alta a la arrogancia rupturista de ERC. Nadie obligó a los socialistas a firmar ese monumento antidemocrático que fue el pacto del Tinell, ni a otorgar a Esquerra una lacerante prioridad en las negociaciones del Presupuesto, ni a recibir al villano oficial en La Moncloa con honores preferenciales. Que se lo haya acabado sacando de encima con una finta que lo ha arrojado del tálamo para hacer sitio a otros inquilinos de mejor pinta sólo indica que el poder no obedece a otras razones que las de su propia supervivencia. Pero los vientos del desencuentro ya han salido de la caja de Pandora -que se lo pregunten a los empresarios que han sufrido el boicot navideño-, y a ver quién los encierra de nuevo ahora que se han acostumbrado a viajar en coche oficial y volar en bussines.
Ante la política de renovación de Estatutos que planteó Zapatero al llegar a la Presidencia, el PP pudo elegir entre dos vías: la catalana representada por Piqué o la vasca defendida por María San Gil (heredera de Jaime Mayor). Optó por la primera.
¿En qué se diferenciaban estas dos vías? Por la primera se entraba en los cambios de Estatutos, es decir, en un nuevo modelo de Estado, en una segunda nueva transición, en un proceso de altísimo riesgo planeado y dirigido por los socialistas y los nacionalistas, en el que, en el mejor de los casos, el PP actuaría de corrector.
Como digo, Mariano Rajoy eligió el método Piqué coincidente con el de Maragall y Zapatero. A partir de ese momento el PP renunciaba a una estrategia propia. ¿Le dio miedo la soledad? Hubo, sobre todo, oportunismo: quiso sacar tajada en aquellos territorios en los que es hegemónico. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo. En todas las comunidades dominadas por el PP se comenzaron a redactar Estatutos nuevos mientras el Parlamento catalán terminó por aprobar un texto cripto-constituyente. En ese momento sonó la alarma. Tarde ya. La vía Piqué había llevado al PP a contradicciones de todo tipo: después de rechazar por inconstitucional el proyecto aprobado por el Parlamento catalán, anunció que participaría en la Comisión Constitucional y ahora, una vez conocido el acuerdo entre el PSOE y CiU, propone la celebración de un Referendum (que debería convocar obviamente el gobierno de Zapatero) sobre el futuro de la Nación española y la participación del pueblo soberano en el cambio de modelo de Estado.
¿Con qué fuerza moral? ¿Acaso el PP no ha estado favoreciendo los cambios de Estatutos en diversas Comunidades? ¿Va a renunciar Núñez Feijóo a negociar con el Bloque y el PSG un nuevo Estatuto gallego.. de máximos, por cierto?
Frente a la estrategia social/nacionalista el PP tenía una opción muy clara: la inspirada en los principios que ahora recomiendan el Consejo de Estado y el Poder Judicial. Ahí radicaba su fuerza. Y su grandeza. Y la claridad de su mensaje. Sin concesión alguna. El Pacto de Tinell podía excluirle de las mesas cripto-constituyentes pero nunca del papel de defensor de la Constitución. ¿En la soledad? Acompañado por sus diez millones de votantes.Y más que llegarían.
El PP tenía que haber elegido la vía vasca. Porque, además, el cambio de modelo de Estado lleva a la legalización de ETA, y pone fechas a la secesión del País Vasco y de Cataluña.
Las dos bombas que ETA hizo explotar ayer en Murgia (Álava) y Balmaseda (Vizcaya) evidencian, una vez más, la realidad de la banda terrorista y sus fundamentos criminales. Dos atentados, sin aviso previo, hechos para amedrentar y reafirmar su poder de destrucción; la única manera que tiene de hacerse presente en una sociedad que masivamente rechaza su violencia, y de seguir chantajeándola y extorsionándola. ETA, con sus bombas, fija con claridad el contexto sobre el que actúa: una comunidad plural sacudida por la violencia, con una parte notable de sus habitantes amenazados o perseguidos por motivos ideológicos o funcionales y con una acción política condicionada por el terror. La normalidad ciudadana y el ejercicio pleno del Estado de Derecho son sus grandes enemigos; y de ahí su afán por sembrar el caos, por probar la firmeza democrática, por fraccionar y enfrentar a la sociedad y por poner precio a la paz. Y ante este peligro no hay mejor e incuestionable factor de cordura que las víctimas.
Es evidente que las víctimas, su memoria y su reparación, deben ser un referente permanente. Y eso incluye tanto la justicia penal como la asunción por parte de la sociedad de que su dolor y su pérdida no han sido en vano y que su recuerdo tendrá un lugar preferente. Pero también ha de serlo que el terrorismo jamás encontrará explicación y que los verdugos no podrán situarse nunca al mismo nivel moral que sus víctimas. Ayer, en Azkoitia, se trataron mociones que abordaban una circunstancia que pone a prueba esta convicción: dos condenados por terrorismo, cumplida su estancia en prisión, vuelven a integrarse en la sociedad, donde conviven con sus víctimas, y encuentran el apoyo de un cierto número de convecinos ante la acción de la justicia, que investiga su capacidad económica para hacer frente a sus responsabilidades penales. Un caso, con tendencia a generalizarse, que merece dos consideraciones, una procesal y otra ética. En situaciones de conflicto como ésta no hay otra salida que la aplicación estricta de la ley. La justicia debe actuar en su independencia y determinar el cumplimiento riguroso de las penas, tanto de privación de libertad como económicas, determinadas en la sentencia. Y ello de ninguna manera va en detrimento del derecho a la reinserción del penado. Pero además, la plena rehabilitación social, el paso hacia lo que prematuramente se empieza a llamar reconciliación, exige unos requisitos que, por desgracia, siguen sin cumplirse. Si no existe un proceso de asunción de culpa y arrepentimiento por parte del verdugo, si no hay una petición expresa de perdón hacia la víctima, cualquier reparación es imposible. Sólo desde el resarcimiento moral se podrá construir una verdadera conciliación. Y mientras ese paso no se dé, la mejor manera de honrar a las víctimas es sacándolas del juego político y no mezclándolas con quienes han sido la causa de su dolor, ni siquiera en pronunciamientos solidarios. Ya se encargan ETA, con sus bombas y chantajes, y su entorno implacable de que la herida no cicatrice.
Por JUAN PEDRO QUIÑONERO ABC 27 Enero 2006
La evolución del «modelo» español suscita reflexiones sobre las «metamorfosis» que está sufriendo Europa y su posible exportación sahariana.
No sin cierta cautela verbal, Le Monde da por descontada una «recomposición de la mayoría gubernamental, en Madrid, en detrimento de ERC». Le Figaro, por el contrario, publica a toda página un amplio informe titulado «El Estatuto catalán dibuja el mapa de una España federal». El matutino recoge los distintos elementos del complejísimo puzle político español, que intenta completar con una entrevista a Arcadi Espada, que resume sus posiciones de este modo: «Ha llegado la hora de pasar realmente al posnacionalismo. Maragall nos ha traicionado. Los nacionalistas tienen tendencia a aplicar métodos totalitarios, ya que su manera de pensar es excluyente, por definición. Cataluña y el País Vasco están secuestrados por el nacionalismo».
Por su parte, el Observatoire du communautarisme publica un amplio informe titulado «La tela de araña identitaria en Europa». A su modo de ver, varios proyectos políticos paralelos, ecologistas, federalistas, autonomistas, nacionalistas, etcétera, están «recomponiendo», en muy distinta medida, la geografía política europea, intentando pasar de la Europa de las regiones a la Europa de los pueblos y de la Europa de los pueblos a la Europa de las tribus, «apoyándose en numerosas instituciones europeas para promover una concepción étnica y comunitarista de Europa».
En ese marco, si hay que creer a Liberation y Casafree.com, el Rey de Marruecos se estaría «inspirando» en el «modelo catalán» para proponerlo como alternativa internacional al problema del Sahara. A juicio de Casafree.com y Liberation, Rabat intentaría «inspirarse» en el «modelo autonómico español» para organizar una «gran consulta regional en el Sahara». Consulta de carácter más o menos étnico; ya que, en definitiva, las poblaciones saharauis han tenido históricamente una organización tribal oscilante entre distintas fidelidades feudales.
En muy otro plano internacional, Financial Times (FT) consagra una de sus columnas Lex a las amenazas emergentes para Repsol en Hispanoamérica. Problemas con su YPF argentina. Problemas con los proyectos nacionalistas bolivianos, a la luz de «los riesgos de las políticas suramericanas». Ante tales amenazas, el matutino financiero más influyente de Europa aconseja a Antonio Brufau que tome «medidas más radicales». ¿Con incidencia en la coyuntura específicamente española de su compañía?
EL Estatuto de Cataluña supondrá «en la práctica, la extinción de los órganos y entidades del sector público estatal», puesto que la gestión de servicios administrativos de su competencia «pasará a ser desarrollada por la Generalitat catalana». Este el diagnóstico de la Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado -que agrupa a 31.219 empleados públicos en casi todos los Departamentos ministeriales y organismos públicos dependientes de los mismos con servicios territoriales-. El 10,5 por ciento de los funcionarios de la Administración General del Estado en Cataluña pertenecen a cuerpos superiores (inspectores de Hacienda, inspectores de Trabajo, abogados del Estado y Letrados de la Seguridad Social, entre otros), que quedarían a expensas de una posible integración en la Administración de la Generalitat o en expectativa de un nuevo destino en la Administración del Estado que les obligaría a «abandonar su lugar de residencia para pasar a desempeñar un nuevo puesto de trabajo en otro destino administrativo fuera de Cataluña». Sombrío panorama, en cualquier caso: o una integración en una organización autonómica que podría plantear problemas de discriminación funcionarial o traslado forzoso.
Por LUIS IGNACIO PARADA ABC 27 Enero 2006
HERMANADA con la censura, la propaganda y el adoctrinamiento, la consigna ha sido un recurso eficaz en manos de todas las dictaduras e incluso de muchos partidos políticos en las democracias más asentadas. A menudo las consignas se reflejan en frases asequibles al lenguaje popular que indican con claridad la idea que se quiere expresar para movilizar las masas hacia un convencimiento o una acción. Pero a menudo emanan de organismos cuya misión es más de intermediación y arbitraje que de encauzamiento y proselitismo.
Una de las consignas más siniestras que hizo el Ministerio de Información y Turismo en tiempos de Sánchez Bella fue la que alertaba sobre la publicación de esquelas de Salvador Allende en 1973. Decía: «Los delegados provinciales deberán ponerse en contacto urgentemente con los directores de diarios y revistas de información general para significarle la postura oficial sobre la inserción de estas esquelas» (...) «Personas y grupos interesados manipulan la figura y la memoria del fallecido presidente chileno para abanderar propósitos y objetivos de clara significación política. Es manifiesto el propósito de ampararse en dichas inserciones seudo religiosas para hacer manifestaciones ideológicas de simpatía o descalificación política».
En un régimen de consignas, los empresarios periodísticos sólo pueden elegir entre cumplirlas a rajatabla o esperar a que les cierren el periódico. Es un método más sibilino que el de la censura pero deja igualmente claro que los medios de comunicación están sufriendo una incautación alevosa por parte del poder político. Ayer se ha sabido que el Consejo del Audiovisual de Cataluña realizará unas recomendaciones dirigidas a los medios de comunicación sobre el tratamiento periodístico del nuevo Estatuto catalán que garantice que los ciudadanos reciban una buena información antes de ser llamados a las urnas para refrendarlo y poder influir en ellos antes del inicio de la campaña. Da vergüenza hasta escribirlo.
Cuente señor Rajoy con mi firma, desde ya. Y las de millones de españoles que, sin militar en el PP, carecemos de voz y voto para evitar que el proyecto de Estatuto catalán sea el anticipo de una más o menos próxima, aunque innegable, división de España. Estaba presente en el Foro Nueva Sociedad cuando usted anunció la recogida. Manténgase firme frente a quienes –incluso desde el interior de su partido– desaconsejan las mesas petitorias.
Aunque no sea su objetivo personal estas firmas pueden ser, también, el germen de votos que le dé el gobierno en las elecciones del 2008. Así podrá restaurar tantas leyes derogadas sin tiempo a ser estrenadas, sin contar con el interés general. Sólo por sacar pecho frente al PP tras derrotarlo sin conocerse el cómo. Si usted persiste le votarán los muchos centristas, siempre indecisos, y no pocos socialistas para los que el separatismo es incompatible con el progreso al que aspiran.
Coincidimos como ciudadanos en reclamar que se nos permita ejercer el derecho a ser oídos, y aceptaremos gustosos por tanto su mediación para que se nos dé voz. Rechazamos que el destino del pueblo soberano se pacte en el vodevil nocturno y aldeano de La Moncloa. Por parejas venidas discretamente por carretera, eludiendo el concurrido puente aéreo de Barcelona a Madrid.
¿Cómo no se dan cuenta de lo horteras que son las manitas a trío, para la foto, tras haber puesto las astas a la pareja que les precedió en la coyunda antinatura? Usurpan el lugar del pueblo soberano, titular único del poder para reformar la Constitución, cuando pactan su modificación por la puerta de atrás, en fraude de las leyes orgánicas capaces para variar los Estatutos pero no una Constitución. Esta exige, como es sabido, mayoría reforzada y un complejo procedimiento que termina en la confirmación en referéndum de todos los españoles. Precisamente el que usted, señor Rajoy, nos devuelve al solicitar nuestra firma.
Deseche cualquier preocupación por las objeciones a su iniciativa. Empezando por Rubalcaba que la califica de “perversión constitucional de primero de carrera”. No hay más perversión que las mencionadas coyundas monclovitas, concertadas por el susodicho químico –o más bien alquimista– que como dice el refrán“quiso hacer del hierro oro, e hizo del oro hierro”.Los alquimistas usan para ello la “piedra filosofal”, en este caso las artificiosas mayorías del cuatripartito.
Desprecie los argumentos de los “entrambasaguas” de este país hasta ahora llamado España que alegan escrúpulos formalistas. Y también la objeción de los “constitucionalistas de plantilla” que ahora proliferan. A nadie prohíbe nuestra Constitución la recogida de firmas. Puede que no sirvan para convocar un referéndum fundado en el artículo 87.3. de la Constitución que lo impedirá al haber tramitado, fraudulentamente, como ley orgánica un Estatuto que reforma la Carta Magna. Pero nuestras firmas podrán amparar, política y moralmente, la aplicación del artículo 92 según el cual “las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Rechace asimismo otras dos objeciones. La de quienes a estas alturas de la película invitan a un debate entre los dos mayores partidos que garantice la plena constitucionalidad del texto final. Yo mismo lo sugerí en su momento y en esta columna cuando nadie lo apuntaba. La oferta de diálogo, reiterada hasta la saciedad por el PP, sólo ha servido para dar tiempo a los alquimistas para conspirar. Y la de los que sostienen que la recogida de firmas aminorará el poder parlamentario de los 148 escaños y casi diez millones de votantes del PP. No parecen percibir lo evidente. Y es que tanto poder está siendo peligrosamente ignorado por el frentismo izquierdoso y las minorías bisagra.
Mariano Rajoy demuestra con esta iniciativa que ha decidido combatir lo pactado en La Moncloa también desde la calle, sin dejar el campo parlamentario y el judicial. Y comienza a verse como el vistoso oro del alquimista se convierte en bastos, metáfora del hierro del refrán. Acaban de conocerse los informes del Consejo General del Poder judicial, y del Consejo de Estado que consideran inconstitucional el Estatuto catalán. Evite el Gobierno motejarlos de “no vinculantes” como acostumbra.
No pueden ignorarse. Refuerzan el poder constitucional del pueblo español, y justifican los millones de firmas que vamos a depositar para provocar el referéndum que refuerce el sentido nacional y unitario de la Constitución de 1978, blindándola esta vez de verdad.
POR LORENZO BERNALDO DE QUIRÓS El Ideal Gallego 27 Enero 2006
El acuerdo entre Zetapé y Artur Mas sobre el Estatut de Cataluña es el reconocimiento por la vía de los hechos de la bilateralidad de las relaciones entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de la nación. Se ha acordado un trato de privilegio a las conexiones económicas entre el Principado y el Estado. Se trata, en definitiva, de un paso más hacia la definición de un anclaje confederal de Cataluña en España y en consecuencia es un éxito para los nacionalistas.
El aparente pragmatismo de Convergencia i Unió frente al maximalismo retórico de Esquerra Republicana de Catalunya permite al gabinete socialista vender el pacto como una fórmula de moderado compromiso lo que constituye un error monumental. Los convergentes siempre han considerado las concesiones económicas por parte del Estado como el mecanismo más sólido para avanzar en sus reivindicaciones.
De entrada, la cesión del 50 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas al Gobierno catalán le aporta unos 1.824 millones de euros más, la transferencia del 50 por ciento del IVA suministra a las arcas de Pasqual Maragall 1.174 millones de euros y la del 58 por ciento de los Impuestos Especiales 615 millones de euros más. El total de los recursos obtenidos por Cataluña asciende a unos 3.613 millones de euros.
La primera pregunta es de dónde sale ese dinero. La respuesta es doble: o bien se recortan los gastos generales del Estado en la misma cuantía o bien otras comunidades autónomas recibirán menos fondos o las dos cosas. Por lo tanto se está ante un juego de suma negativa en el cual hay perdedores netos y un ganador claro, los políticos catalanes, que dispondrán de más plata para gastar sin someterse a la desagradable tarea de subir los impuestos sobre los que tienen capacidad normativa. Éste es un golpe demoledor al principio de corresponsabilidad fiscal y un incentivo poderoso al despilfarro.
En el juego de la competencia política entre las comunidades autónomas e invocando el sagrado nombre de la igualdad parece obvio que las demás comunidades autónomas no van a quedarse atrás en sus demandas ni van a aceptar un trato asimétrico a Cataluña. En otras palabras, pedirán un trato similar al obtenido por el Gobierno catalán. De lo contrario se produciría la paradoja de que los pobres financian a los ricos, singular visión redistributiva del socialismo patrio.
Ello implica extender el acuerdo financiero Zetapé-Mas a todos. Si este enfoque se materializa, el coste para los Presupuestos Generales del Estado será de unos 20.000 millones de euros, el equivalente a todas las inversiones estatales en infraestructuras y al gasto en seguridad ciudadana. En este escenario, el Estado carecerá de capacidad financiera para atender a sus funciones clásicas o se convertirá en un cascarón vacío, en una realidad virtual. Desde esta perspectiva, los efectos dinámicos del pacto entre el PSOE y CiU contribuye a conseguir un objetivo permanente de los nacionalistas: debilitar las instituciones estatales.
Como no podía ser de otra manera, Zapatero se hizo el retrato en la Cuatro con su entrevistador de cabecera, que sobrevoló los temas con picardía pero ni le preguntó ni entró a fondo, y mucho menos a matar, por eso de la cortesía y del compañerismo ideológico y sentimental. Zapatero, el de las mercedes, es más nacionalista que Mas y que Ibarretxe, habla como uno de los suyos y justifica y defiende con ideas someras y argumentos infantiles las posiciones de las minorías soberanistas frente a la España real y nacional.
Tan es así, que Zapatero, como única noticia de la entrevista, le negó a Maragall el apoyo para ser el presidente de la Generalitat en una segunda legislatura catalana, que es lo que diría y lo que quiere Artur Mas. Por lo demás, el presidente del Gobierno no aportó novedad alguna que no le hayamos oído antes, como esa vaguedad de citar el federalismo de EEUU y Alemania que él desconoce y de los que oculta la lealtad constitucional que obliga a todos los federados al respeto de la unidad indisoluble del Estado, su historia, su bandera, su himno, su lengua, su ejército, su política exterior. Todo eso de lo que abominan o rechazan los nacionalistas vascos y catalanes con los que tanto se identifica Zapatero, incluso para defender el derecho de reunión de ETA y no dar un puñetazo sobre la mesa ante la ignominia de ayer en Azkoitia.
Sobre el idioma castellano en Cataluña, otra mentira, otra infamia; dice que hay un caso aislado cuando son miles las denuncias, cuando se persigue el castellano, cuando se impide la enseñanza del idioma español o como cuando se sanciona a los que lo hablan. Y lo mismo sobre la financiación del nuevo Estatuto, los blindajes, la fiscalidad, etc.
Susurros y mentiras grabadas en vídeo o en DVD, como cuando el nacionalista Zapatero niega haber dicho en Cataluña que apoyaría en Madrid lo que aprobara el Parlamento catalán. Semejante frase, grabada está.
Y encima insiste en que la nación es discutida y discutible, y mete a Alfonso Guerra en un aprieto cuando le recuerda que una vez, en 1979, habló de nación de naciones.
Todavía este presidente del Gobierno, al que se le ha escapado Carod de la pista central del circo de la Moncloa, tiene la desfachatez y la habilidad de decir que en España no pasa nada y que ha emprendido esta incierta reforma de los Estatutos de Autonomía precisamente porque todo iba muy bien. ¿Si todo iba muy bien, para qué cambiar?
Con más pena que gloria pasó el presidente por la emisora de su cabecera con el entrevistador de cabecera y con una nota que le puede dar a ambos muy próxima al nivel de su audiencia: un cuatro. Aunque en esa noche estelar habrán batido un récord, no es de extrañar, porque el circo de la Moncloa se ha desplazado con sus mejores artistas al citado canal.
Somos españoles antes que gallegos, aragoneses, extremeños, andaluces o catalanes, porque sólo la pertenencia a ese ente superior que es el Estado, la Nación española, puede asegurarnos un futuro común de igualdad y de solidaridad. O eso pensaba yo, pues hasta esa esperanza están echándola abajo...
(Publicado el jueves 26 de enero de 2006 en mi columna "Punto Crítico" de Diario Siglo XXI)
Algunos se vanaglorian de que Rodríguez ha culminado el disparate de la desafectación de nuestro sistema constitucional con un as en la manga. Dicen que ha dejado descolocado al PP. La visión corta y miope, que estas personas tienen de los tempos políticos, y el apoyo mediático que de forma sistemática trata de ocultar la realidad, hace que cientos de ciudadanos en los que ya ha calado la desmembración del Estado en lo mas profundo de sus voluntades, den por zanjada la cuestión con un aquí no “ha pasado nada”, y al sonido triunfal de las fanfarrias mediáticas, se trasladen con la música a otra parte, al otro escenario, para continuar con mas de lo mismo, bajo la misma desinformación, pero ahora con todavía más vileza, reanudar en el País Vasco la campaña de ruptura que quedó en suspenso con la presentación infructuosa del Plan Ibarreche.
Las cosas son siempre como son, y las experiencia nos dice que no hay que juzgarlas por como suelen comenzar, sino por como acaban. El sentido común y sentido de la Justicia, conduce a la certeza de que el Estatuto Catalán acabará muy mal, como todo lo que se inicia al margen de la Ley. El aparato desmesurado del poder, ha permitido que este escuálido presidente, haya tenido suficiente margen de maniobra para manipular fiscales, diputados y ministros ensimismados en su futuro personal e inmediato y medios de comunicación, en una clara simbiosis de intereses. Unos encantados, y otros humillados por el silencio vergonzoso. Después de haberse erigido en baluartes de la Constitución, han aceptado la buena nueva del acuerdo sobre el estatuto, con una cortedad de miras inversamente proporcional a la distancia que los separa de las instituciones que dicen defender y representar.
Son traidores a los principios constitucionales, pero no son tontos. Saben con exactitud el riesgo que corren si esto se les tuerce, y han pisado el acelerador. Por eso ahora minusvalorarán a las instituciones del Estado que comienzan a poner en riesgo la delicada y costosa operación en la que se han embarcado. Ni lo que opine el Tribunal Constitucional, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo de Estado, ni la Audiencia Nacional, ni la Comisión Constitucional del Congreso, tendrá ningún valor. Se terminó a partir de ahora expresarse en libertad dentro del PSOE. Adiós a una mayoría cualificada en el Parlamento, con la presencia del PP. Tienen prisa, mucha prisa, y además tienen miedo porque saben que están cubiertos por el manto de la ilegalidad mas absoluta. El oasis catalán los ha situado en el desierto de la razón, y fuera de la realidad desean imponer un cierre de filas artificioso y torticero.
Ahora, la izquierda y los nacionalistas, de forma indirecta han abierto el melón de la reforma constitucional. El PP en la anterior legislatura se había opuesto con muchísima razón, temiendo que esta fuera un pretexto para comenzar lo que justo ahora están llevando a cabo, contando desde luego, con que no habría 11M, y ellos seguirían en el poder. El 11M cambió las cosas de forma dramática y definitiva. Los resultados cosechados hasta ahora por los nacionalismos, se han conseguido de forma tan desaforada, radical y eficiente, que uno se alarma por si pudiera existir alguna relación causa efecto.
No parece por tanto incoherente, que el PP a pesar de haberse negado en el pasado a hablar de reformas de la Constitución, ahora esté dispuesto a hacerlo. En vista de que la Constitución es amenazada de facto con esta propuesta de estatuto, es hora de defender con decisión y valentía una reforma que ordene el edificio del Estado, y que ponga a cada uno en su sitio. ¿No querían reforma?, es hora de proponerla, y ofrecer a los nacionalistas dos tazas.
El camino es arduo, y la ventaja que llevan es demasiada, demasiados años de condescendencia y cesiones ante muchas de sus abusivas e injustas demandas. Un partido socialista que ahora ejerce de sicario, con una complicidad incalificable, y demasiados ciudadanos odiando de forma irracional y rastrera el concepto de España como nación. Pero tienen demasiada prisa, una prisa delatora, una prisa solo explicable por la fragilidad, irracionalidad e ilegalidad del castillo de naipes que tratan de montar ante los ojos atónitos de la ciudadanía, y en el que piensan alojar al Estado. Un castillo, sobre el que pueden soplar los vientos del sentido común, y la mas elemental justicia, y que podría ser derribado. Mucha prisa, demasiada.., y eso juega a favor de quienes sean capaces de movilizar a la ciudadanía, y hacerle ver la enorme estafa a que está siendo sometida.
Las instituciones del Estado independientes del poder político, serán ignoradas. No hay mas que ver el recibimiento que hoy se ha dado a los dictámenes del CGPJ y del Consejo de Estado antes citados, que han sido calificados por la prensa afín como de “intromisión”, lo mismo que Begoña Errazti, presidenta de EA y parlamentaria Navarra. Que extraña coincidencia.., que tiernos compañeros de cama..
Los mismos que piensan que el pacto de Zapatero con los nacionalistas aislará por muchos años al PP, saben que si fracasan en esta gran comparsa inconstitucional, serán ellos los expulsados del poder por mucho tiempo. Aún sobreviviendo a esta tropelía, gobernarían en minoría bajo el control del nacionalismo vasco y catalán, fauces insaciables en continuo proceso de deglución y destrucción del Estado.
Por todo ello, sí a un catarsis, no por tardía innecesaria.., sí a la movilización popular, sí a una iniciativa que respalde con firmas una propuesta parlamentaria de Rajoy, que inste al Gobierno a convocar un referéndum en aplicación del artículo 92 de la Constitución [«las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos»]. Perfectamente legal y coherente, que no tiene nada que ver con la Iniciativa Legislativa Popular y el artículo 87.3, que Rubalcaba, de forma torticera, atribuyó a la iniciativa de Rajoy.
Una vez movilizada la ciudadanía, el objetivo es reformar la Constitución siguiendo las directrices que hoy publicaba el Consejo de Estado, en un dictamen a petición, nada menos, que del ínclito ZP.
Después de escuchar lo dicho en TV3 por Pepe Rubianes –a quién muchos recordarán por aquella serie nefasta de televisión llamada Maki Navaja– es difícil explicar como todavía el programa en los que ha vertido esas declaraciones contra España, los españoles y la COPE sigue en antena. O sería difícil de explicar si Cataluña no viviera secuestrada por una clase política que sólo mira con lupa hacia los medios de comunicación críticos con el poder establecido. La escena de Rubianes en TV3 confirma muchas denuncias ya realizadas con anterioridad: desde el poder político se persigue a los adversarios y se fomenta con la comprensión a aquellos que hacen el trabajo sucio de crear y azuzar un ambiente hostil contra el consenso constitucional y los principios establecidos en la democracia española.
Programas como “El Club”, en el que Rubianes ha vomitado su odio hacia todo lo que se mueve fuera de los objetivos independentistas, son más eficaces que muchas iniciativas parlamentarias. Cuando esa actitud es consentida y reída por el presentador del programa, y cuando esos insultos contra España y la normalidad constitucional son escuchados durante las 24 horas de la programación es que estamos ante una clara estrategia de adoctrinamiento. No es una frivolidad, sin más; es un diseño de ataque sistemático contra todo lo que no representa a los intereses del independentismo. Estamos, sin ninguna duda, ante esa catarata constante azuzada desde el Gobierno catalán de un pensamiento único, radical y violento contra lo que signifique un modelo cohesionado de España.
Esta estrategia política de fondo dirigida desde el poder es lo que explica que las declaraciones realizadas por Rubianes en horario infantil, con importantes índices de audiencia y en una cadena pública no hayan tenido repercusiones oficiales. Es más, el Consejo Audiovisual ha dicho –lacónicamente– que ha recibido una denuncia de lo ocurrido y se está estudiando. Eso es todo lo que ha dicho sobre el caso, mientras añadía que TV3 es la televisión más imparcial de todas, una imparcialidad que sólo forma parte de la imaginación de los redactores del informe del CAC.
¿Se pueden figurar que hubiera pasado si en TVE alguien como Rubianes insulta a Cataluña y a los catalanes? Pues sencillamente que desde el Totopartito se hubieran pedido una larga lista de dimisiones en el Ente público. En cambio, todavía no hemos escuchado ningún reproche del gobierno Zapatero y, por su silencio, pareciera que TV3 no tiene ninguna relación con el Tripartito. Los nacionalistas catalanes simplemente ríen, satisfechos de su sectarismo y su propaganda doctrinaria.
LA victoria de Hamás trastorna radicalmente el escenario palestino y proyecta sobre el Oriente Próximo una atmósfera inquietante debido a las numerosas tensiones que libera. Es cierto que la hipótesis se consideraba de antemano, ya que la enorme popularidad de Hamás y, sobre todo, su aplastante victoria en las municipales de 2005 avalaban esta posibilidad. Sin embargo, la noticia no deja de sorprender, pues coloca prácticamente a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en un callejón sin salida. Con una participación abrumadora -cercana al ochenta por ciento-, los palestinos han hecho del triunfo de Hamás una tormenta política que amenaza con llevarse por delante los frágiles mimbres de estabilidad institucional que han sido levantados con esfuerzo por el presidente de la ANP, Mahmud Abbas, desde su elección. Por de pronto, ha provocado ya la dimisión del gabinete del primer ministro, Ahmed Qurea, situando a la ANP ante una crisis política tan grave como la que vivió tras la muerte de Yaser Arafat.
En este sentido, la derrota de la histórica Al Fatah debilita enormemente la posición de Abbas y su política de aproximación pacífica a Israel, ya que agita las bases sociales palestinas y erosiona su estrategia de moderación negociadora. Con su apuesta por el islamismo radical de Hamás, los palestinos hacen suya la visceralidad antisionista de un grupo religioso que, además de desarrollar una innegable labor altruista entre la población civil, sin embargo, sostiene una organización terrorista que ha sembrado el terror en Israel y ha conducido más de una vez a la propia sociedad palestina al borde de una guerra civil.
Con todo, el contundente éxito electoral de Hamás abre casi inevitablemente las puertas del gobierno de la ANP a una grupo armado radical cuyo único programa es la confrontación armada con Israel. De hecho, desde su creación en 1987, su objetivo político ha sido hacer la guerra a su vecino y establecer un Estado islámico sobre toda la Palestina histórica, incluyendo por tanto no sólo los territorios ocupados después de 1967, sino toda la superficie que abarca el Estado de Israel. Su oposición a los acuerdos de Oslo, su apoyo a la intifada, su estrategia terrorista de atentados suicidas y, sobre todo, su trabajo de asistencia social entre la población palestina desplazada -especialmente dentro de los populosos campos de refugiados- le han permitido aglutinar a su alrededor a todos los descontentos de la desestructurada sociedad palestina y, de paso, capitalizar políticamente la tradicional imagen de resistencia armada frente a los israelíes, tal y como se ha visto finalmente reflejado en las urnas.
Así las cosas, el escenario político no puede ser más desalentador. Lo prueban las reacciones de preocupación emitidas por los EE.UU. y la Unión Europea, así como las declaraciones del primer ministro interino israelí, Ehud Olmert. Su rechazo a negociar con un gobierno de Hamás, e incluso a que pueda plantearse siquiera la posibilidad de que esta organización forme parte de la ANP mientras no renuncie a su estrategia terrorista, indica que el momento es extraordinariamente delicado. No hay que olvidar que Israel tiene por delante unas elecciones el próximo mes de marzo que habrán de desarrollarse en medio de una situación muy inestable, tras el coma de Ariel Sharón y la falta de un liderazgo político definido dentro del fragmentado panorama político israelí. Esta circunstancia, sumada al hecho de que la victoria de Hamás se produce cuando resuenan todavía en el ambiente las amenazas de destrucción proferidas desde Teherán, hacen que las tensiones liberadas por la noticia empeoren aún más, si cabe, la gravedad del momento, porque la conexión entre el chiismo inspirador de Hamás y el Irán de los ayatolás es de sobra conocida.
Avatares del destino han querido que vengan a coincidir el Día Oficial de la Memoria del Holocausto y la Prevención de los Crímenes contra la Humanidad –fecha que coincide con el aniversario de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz, de la que se cumplen 60 años– con el conocimiento de los resultados oficiales de las elecciones legislativas palestinas, que no pueden ser más escalofriantes. La organización terrorista Hamas ha logrado una aplastante victoria al lograr 76 diputados de los 132 que componen la Asamblea Legislativa.
Aunque el descalabro electoral sufrido por el movimiento oficialista Al Fatah se justifique por el grado de corrupción y empobrecimiento del país, la opción elegida por la mayoría de los palestinos no es otra que una organización mucho más fanática, empobrecedora y sanguinaria, que tiene como objetivo fundacional la completa destrucción del Estado de Israel.
No faltarán quienes apelen al respeto por el resultado de unas elecciones "limpias y democráticas". Sí, tan "limpias y democráticas" como aquellas en las que una mayoría de alemanes auparon al poder a un tal Adolf Hitler. La democracia se vicia a sí misma desde el momento en que no excluye de ella a los grupos totalitarios, contrarios al pluralismo y la tolerancia y que desprecian y vulneran los más elementales derechos humanos.
Hamas, catalogada con justicia como organización terrorista en las listas de la UE, ha perpetrado multitud de atentados en los que han sido asesinados y heridos centenares y miles de civiles indefensos. Su fundador, el sanguinario Ahmed Yasín, lo dejó escrito: "La paz con Israel es contraria a la ley islámica". Sus sucesores, aunque se disfracen de pragmáticos, ya han anunciado, nada más conocer su victoria, que el "combate contra Israel será reanudado".
Hamas ha hecho del exterminio judío su ideario, y siempre ha sido reacia a cualquier tregua que no sea con la finalidad de fortalecer posiciones con el objetivo final de la completa destrucción del Estado de Israel. "No hay una solución al problema palestino, salvo mediante la Guerra Santa. Iniciativas, propuestas y conferencias internacionales son sólo una pérdida de tiempo y esfuerzos vanos". Esta es y sigue siendo su carta de presentación y guía de actuación.
La comunidad internacional no puede negarse a ver la realidad de estos contemporáneos apologistas y practicantes del exterminio judío. No deben otorgar la menor representatividad y legitimidad a esta organización mientras no renuncie al terror y no reconozca a Israel el derecho de existir. La paz y la libertad de Oriente Medio dependen de esta exigencia. Mientras no lo hagan, nadie podrá negar a los judíos el derecho –y el deber– de defenderse. Los judíos no están dispuestos a olvidar el Holocausto, ni están dispuestos a volverlo a padecer.
Por VÍCTOR HAREL ABC 27 Enero 2006
«Berek Goldstein tuvo que desvestir a su hijo de cinco años, dejarlo entre gritos en la cámara de gas, llevarlo después al horno y extraer sus cenizas con una pala de madera. Tuvo que hacerlo sin llorar ni enloquecer. Sabemos que cuando fue liberado Berek Goldstein se ahorcó en un árbol en la carretera de Katowice en abril de 1945... con la imagen de su hijo muerto, desnudo en sus brazos, antes de que él mismo lo arrojara a las llamas».
Para bien de las generaciones futuras. (*) Embajador de Israel en España
Pedro Iñarritu Sainz de Baranda/Getxo-Vizcaya
En una carta publicada el día 15, Moisés Virgili, de Tarragona, tras haber pasado unos días por «Euskal Herria», criticaba a los vascos por «la falta de motivación hacia el idioma propio». Al parecer, durante su estancia constató con gran decepción (y pasmo, añadiría yo) que en nuestra vida diaria hablábamos una lengua que no era la nuestra. Según él, yo no hablo mi lengua. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni la mayoría de mis familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo. Es curioso que cueste tanto entender algo tan simple como que la lengua de una persona es la que habla desde pequeño, en la que piensa, aprendida de forma natural y que le ha acompañado a lo largo de su vida. Esa lengua, para una mayoría de los vascos, es el castellano, a pesar de que a un señor de Tarragona y a muchos nacionalistas más, de allí o de aquí, no les parezca bien y traten de cambiar la situación con obsesivo empeño.
"Existe algún caso aislado de algún problema absolutamente circunstancial pero es curioso que salga ahora"
Cuarenta y cinco minutos de conversación entre Zapatero y Gabilondo pueden ofrecer decenas de titulares. Sin embargo, la seguridad del presidente en asuntos como "la convivencia lingüística", la unidad de España, la "eventualidad nada probable de que el CAC quiera cerrar la COPE", los "datos" sobre ETA o las "conspiraciones" sobre 11-M, bien pueden resumir la extensa entrevista. Mano a mano, en Cuatro, despacharon muchos asuntos dejando la sensación de que si hay alguna preocupación es por culpa del PP –"radicales extremistas profetas del miedo"–. Una novedad: el próximo fin de semana viajará a Cataluña.
La primera pregunta de Gabilondo fue citar la fórmula del PP para consultar en un referéndum nacional. La respuesta del presidente fue la primera evasiva: "Somos una nación caracterizada por la igualdad de derechos". "Pero ¿firmaría?", interrumpió Gabilondo. "No hay que firmar lo que es obvio", señaló Zapatero. Eso sí, dijo que la pregunta del PP "tiene poca sustancia, parece más bien una nueva huida hacia delante, tiene poco realismo y nada de actitud constructiva".
¿La unidad de España no está en peligro? "En absoluto, es el momento de más unidad de nuestra historia porque lo que une es la democracia", zanjó para después explicar que "discutir competencias o el modelo de financiación es lo propio de un Estado descentralizado como pasa en Alemania o EEUU". Sin embargo –siempre brindaba la antítesis apoyándose en el PP–, "insisten en el discurso del miedo".
NACIÓN CATALANA. Zapatero dijo que ya lo ha "explicado". Pero para no ahorrar en argumentos, lo repitió: "El preámbulo irá con la afirmación que ha hecho el Parlamento catalán pero explicado". Además, el presidente dijo que "Alfonso Guerra habló de nación de naciones y nadie dijo nada".
Sin embargo Gabilondo quería algún titular y preguntó entonces a qué se debe lo que denominó "borrasca social". Zapatero le tranquilizó: "El Estatuto tenía aspectos que no encajaban en el modelo constitucional". Parecía que llegaba el gran momento cuando dijo: "La financiación por ejemplo, no garantizaba la solidaridad y dijimos 'vamos a ir adelante' para hacerlo constitucional y que garantice más autogobierno". Ahí se quedó. Más tarde habría una pregunta específica sobre el pacto de medianoche con Duran.
Gabilondo siguió preguntando aportando siempre su sentir: "Muchos creemos que no hay problema en decir que España es una nación de naciones...". Pero, por si alguien sí lo tiene, lo sirvió a Zapatero: "Yo soy respetuoso –arrancó el presidente–, la nación es un término discutido y discutible pero el término nación se reserva al conjunto, a España y luego hay un reconocimiento de nacionalidades y regiones". Añadiendo que esto resulta "bastante novedoso" volvió al PP: "Todo el debate que se intenta utilizar ahora no tiene que ver con la arquitectura del texto constitucional y la soberanía del pueblo español". Para Zapatero la garantía de todo es que la última palabra no es del que propone: "Tanto tenemos la última palabra que lo votamos en esos términos. Cuando un Parlamento como el de Cataluña que tramita un Estatuto, las Cortes deben escuchar y negociar".
ESTAMOS CULMINANDO. La siguiente de Gabilondo parecía tener más intención: "¿Tiene usted un Proyecto de España que está construyendo o está gestionando sin saber el resultado". Ni lo uno ni lo otro. Lo que hace Zapatero es culminar: "Estamos culminando un proyecto con las bases de finales de los años 70. Culminar el autogobierno y la singularidad de algunas comunidades como Cataluña. Por si no quedaba claro, repitió: "Subrayo, culminar... y lo dice el presidente del Goberino de España que sabe perfectamente las competencias que tiene el Estado. Pero –cerró el asunto–hay cosas que las hacen mejor los Gobiernos de las comunidades por que son más próximos al ciudadano". En este punto a Gabilondo no se le ocurrió preguntar por la de Madrid. Cuestión de tiempo.
¿EL BLINDAJE DE COMPETENCIAS NO ES UN ATENTADO A LA IGUALDAD? Para el presidente del Gobierno –segundos antes dijo que él sabe muy bien cuáles son las competencias del Estado– las competencias del Estado y de las CCAA están en la Constitución. los Estatutos y las leyes de bases. El único que blinda –explicó– es el Tribunal Constitucional; es la llave última". Y con esas, añadió que "el Estatuto de Cataluña, recogiendo el sentir de los ciudadanos, establece más garantías para que el Estado no penetre como ha penetrado en ámbitos que son de las comunidades". Pero , en definitiva, remachó, "será el Tribunal Constitucional, y ojalá que no haya litigios, el que blinda y desblinda".
Gabilondo le preguntó si, en cualquier caso, los presupuestos nacionales siguen contemplando infraestructuras para Cataluña. "Sí, evidentemente, Cataluña tiene una importante necesidad de infraestructuras, tiene peajes... es la Comunidad con más aportación al PIB y debe tener impulso". Por segunda vez, a entrevistador y entrevistado se les pasó citar a la Comunidad de Madrid y el intento de impedir la construcción, por ejemplo, de una radial de pago.
Se acercaban las preguntas que podrían desembocar en lo que ocurrió a medianoche con Artur Mas. Paciencia. Gabilondo preguntó por las agencias tributarias y la titularidad de las inspecciones de Hacienda. "Las hace el Estado", dijo Zapatero elogiando al cuerpo de inspectores pero, "en el IRPF se hará de común acuerdo, lo normal es que el Estado retenga la competencia pero con la fórmula que hemos acordado". ¿Cuál? Ni se pregunta ni se responde. Para Zapatero "es lógico que si las comunidades gastan participen progresivamente en impuestos territorializables. Y claro, Gabilondo le cuestiona si a eso se podrán sumar "los que lo deseen". La respuesta sorprendió: "No es obligatorio, pero habrá más que quieran. Eso es modernizar".
PROBLEMAS CIRCUNSTACIALES CON EL CASTELLANO. Quizá lo más sorprendente de toda la entrevista fue la política lingüística que prevé el Estatuto. Cuando Gabilondo le preguntó por la obligatoriedad de estudiar catalán, Zapatero describió la siguiente situación como si fuera cierta:
"En Cataluña hay convivencia absoluta en la normalidad lingüística entre el castellano y el catalán. Existe algún caso aislado de algún problema absolutamente circunstancial y es curioso que salga ahora en medio de este debate. Hay buena convivencia. Pero excitar los sentimientos no es una buena vía".
Poco después dijo comprender que hay que defender las lenguas maternas. El problema es que no citó entre ellas el castellano.
EL PACTO DE MEDIANOCHE. En cuanto a las fuerzas políticas que negocian el Estatuto, Gabilondo comenzó preguntando por ERC. Zapatero no le concedió demasiado tiempo. "Espero que se una. Espero que pueda apoyarlo".
Y llegó, por fin, el pacto de medianoche. Gabilondo le preguntó si el acuerdocon Mas se cerró ahí, en La Moncloa. El ánimo del espectador por saber, aunque sea en una televisión de Polanco lo que ocurrió se esfumó. Zapatero comenzó diciendo que el Estatuto es de largo recorrido y que hace pocos meses que se presentó, que es para muchos años... "No hablo de la unidad de España que por supuesto no ha estado nunca en cuestión más que en la estrategia política de algunos sino del modelo de descentralización". Lo que Zapatero quería decir es que "todas las fuerzas políticas en Cataluña son importantes para el concurso en el Estatuto, no es un problema de las siglas de uno u otro ni tiene que ver con las próximas elecciones ni con el Gobierno actual de Cataluña ni siquiera con el Gobierno que hay ahora en España. Hacer un Estatuto es un proyecto de país para mucho tiempo. Agradezco el comportamiento de CiU que estando en la oposición ha pensado en el futuro". Eso fue todo.
YO NUNCA DIJE... Hablando de "restañar heridas" y si "nos podíamos ahorrar algunas", Gabilondo preguntó si no generó tensión "al hacer la promesa de aceptar lo que procediera del Parlamento catalán". Y Zapatero contestó raudo: "No es cierto que yo dijera que aprobaría lo que dijera el parlamento de Cataluña sin más". De hecho le parecería increíble que un presidente del Gobierno pudiera decir semejante cosa. Arguyó entonces que lo que aceptaría sería la propuesta que luego se convertiría en constitucional –la tesis de la patena– y recordó que así ha pasado desde 1979, Claro que entonces "el centro-derecha actuaba de otra forma, ahora tienen una estrategia que les hace ser cada vez menos partido nacional". Y puso como ejemplo "la poca representación que tienen en Euskadi y Cataluña".
EL VILLANO MARAGALL ¿Cometió un error Maragall al ponerse al frente, es el villano? "No, en absoluto, todos los que le conocen –dice el presidente– saben de su vocación por Cataluña. Es un gran apasionado por España además, por tradición familiar. Su primer logro fue un cambio de Gobierno". En resumen, se le pueden reconocer "grandes logros a Pasqual aunque en el caso del Estatuto necesitarán cambios y reformas".
Pero, corta Gabilondo, ¿seguiría siendo Maragall el hombre de la siguiente legislatura? Otra vez, es la respuesta está en el tiempo: "El Estatuto es para varias décadas, quizás para siempre. Como he dicho antes, no hay que pensar ni en siglas ni en urnas ni en candidatos. Además –por si acaso– eso es un asunto del PSC y no verían bien que yo opinara".
LA CONSPIRACIÓN UNIVERSAL POR EL 11M Y LOS PROFETAS DEL MIEDO. Gabilondo se centró en el "torrente de reproches en el que lo catalán es diana de un montón de cosas". Pero Zapatero también en esto es optimista: "La naturalidad cuando se apruebe el Estatuto hará que algunos de los radicales y extremistas tengan que dar una explicación". Dice que se comportan "como profetas del miedo". Pero no le extraña: "Ya lo he vivido en otras ocasiones desde que estoy en el Gobierno: anunciaron decadencia económica y creamos más riqueza que ellos. Sobre el 11-M hablaron de una conspiración universal y hoy deberían dar explicación de esas insidias". Ya lo dijo en la comisión: "Está todo claro". Otra de las profecías del miedo es, dijo, "que los matrimonios homosexuales iban a ser una desgracia para la familia... y la familia –sonrió– esta muy bien, y ahora hay más familias". Y la última: "Dijeron que España se iba a romper y era radical y absolutamente falso". En conclusión, aconseja el presidente, "sería bueno para el PP que trabajen y exageren menos.
EL JURAMENTO DE SANGRE DEL TINELL. Gabilondo preguntó al presidente por lo que denominó "juramento de sangre" del pacto de Tinell para apartar al PP. Zapatero aseguró que "no sólo quiero" que el PP se sume a los acuerdos de los protagonistas del pacto sino que "es su deber de oposición, les han votado para eso, para contribuir al futuro de este país. No es bueno que se queden fuera". El presidente reiteró que el mensaje del PP de que se rompía España, en su opinión no ha resultado cierto porque "ahora debatimos la financiación y cosas que se debaten en cualquier país federal".
VIAJE A CATALAUÑA. La novedad de toda la entrevista fue el anuncio de que el próximo fin de semana viajará a Cataluña para celebrar un acto con el PSE y explicar "mi visión del Estatuto y pedir a la sociedad catalana que crezca hacia afuera no hacia adentro y trasmitir que la mayoría de los españoles cree que Cataluña quiere ir de la mano con el conjunto de España, que nadie puede tener privilegios, siempre respetando la mantera de ser de cada uno. Cuando se tiene una fuerte identidad nacional hay que respetarlo, es lo democrático e inteligente para caminar juntos".
"ALGÚN DATO TENGO" DE ETA. Seguidamente, Gabilondo se refirió al asunto "de Euskadi". ¿Su esperanza se debe a que es un optimista antropológico o tiene otros datos?, preguntó. Zapatero señaló que hay dos elementos objetivos para tener una esperanza: "Estamos ante uno de los periodos más dilatados sin víctimas mortales –la famosa tregua tácita– y que nunca como ahora ha habido tantas ansias de paz y de fin de la violencia incluso entre lo que se denomina izquierda abertzale". Eso sí, "alguna información tengo", añadió. Iñaki no vio prudente profundizar. Reiteró que será un proceso largo, duro y difícil, aunque es "el principio del fin, estoy convencido". "Alimentar la esperanza puede ser positivo. Hay mucha gente que sueña con ver que se acaba el horror, la falta libertad, la dificultad en la convivencia en Euskadi. La apuesta merece tanto la pena que estoy convencido de que en esta legislatura daremos pasos sustanciales".
En cuanto a la participación de la ilegalizada Batasuna en procesos electorales, Zapatero aseguró que debe saber que "para volver a ley hay que respetar la ley, dejar atrás la violencia, su justificación y rechazarla. Nunca más violencia. La democracia es el sistema que más facilita la convivencia y abre puertas de manera generosa a participar en la vida publica. No debemos hablar de fechas. Debe pasar y pasará".
EL ASUNTO DE ALGÚN MILITAR. La siguiente pregunta de Gabilondo tuvo un preámbulo. "Hemos hecho un poco el ridículo internacional con el asunto de algún militar", sentenció Iñaki. "Pero, dejando a un lado al PP y su acierto o desacierto al gestionar ese tema..." "Desacierto evidente", interrumpió Zapatero, "¿hay algún motivo de inquietud?, preguntó al fin el entrevistador. "No, es un hecho aislado, pasajero y nos ha disgustado atodos su proyección en prensa internacional, pero no afectará a medio plazo y será una anécdota con cierta gravedad" porque es "notorio" que en un país democrático ningún militar haga pronunciamientos políticos.
¿LE PREGUNTASTE ESO A BLÁZQUEZ? Gabilondo pasó entonces a los problemas con la Iglesia y la "consagración de la laicidad". Aquí Zapatero asumió el papel de periodista: "¿Le preguntaste eso a Blázquez?" Gabilondo no respondió y el presidente explicó que España es un estado aconfesional con una relación singular con la Iglesia católica. Se comprometió a respetar los acuerdos recogidos con la Santa Sede y admitió los roces respecto a temas como la LOE o el matrimonio homosexual. Manifestó su respeto por la libertad religiosa aclarando que "ninguna fe se legisla, pertenece al ámbito íntimo de cada uno".
LE VOY A PREGUNTAR POR LA COPE. ¿El CAC estaría intentando cerrar la COPE, lo cree, debería temerlo la COPE?. No creo que esa es la intención del CAC, pero ningún organismo debería tener esa competencia de control a un medio de comunicación. Los que escuchan esa emisora saben lo que la COPE dice de este Gobierno y de su presidente, pero que lo diga con libertad y si hay algún problema son los tribunales los que deben actuar.
Iñaki seguía preocupado y le recordó que han presentado 700.000 firmas en el Parlamento europeo. Insiste, ¿pueden temer que se les cierre?. "Eso no es una eventualidad que sea nada probable. En todo caso afirmo el principio con toda contundencia". Se olvidaron de hablar del Consejo Audiovisual nacional que prepara Montilla (pantallas en negro, suspensiones, cierres).
La Ertzaintza desalojó el Ayuntamiento al enfrentarse a gritos compañeros de la víctima y radicales Los votos de PNV y EA apoyaron el texto definitivo
La tensión provocada por la presentación de dos mociones sobre los asesinos de Ramón Baglietto, contra quien ETA atentó en 1980, se desbordó ayer en el Ayuntamiento de Azkoitia. El enfrentamiento a gritos entre un grupo de ciudadanos, convocados por PP y Foro Ermua, que quisieron respaldar con su presencia a Pilar Elías, viuda de Baglietto y edil popular, y simpatizantes de la izquierda abertzale obligó a suspender el pleno varios minutos y al desalojo del salón por parte de la Ertzaintza, con lo que el debate continuó a puerta cerrada y sin periodistas.
El cruce de descalificaciones se registró apenas veinte minutos después de que comenzara la sesión en una pequeña sala abarrotada por varias docenas de periodistas y medio centenar de personas, entre quienes figuraban la directora de Atención a las Víctimas del Gobierno vasco, Maixabel Lasa, y la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Maite Pagazaurtundua. En ese momento, el alcalde, Asier Aranbarri (PNV), anunció la lectura de un comunicado previo al análisis de las dos mociones. La primera, presentada por Asier Larrañaga, edil no adscrito afín a Batasuna, exigía a la Audiencia Nacional archivar las diligencias contra Kandido Azpiazu e Iñaki Zuazolazigorraga, condenados a 49 años de prisión por el crimen de Baglietto y excarcelados tras ver reducida su condena. Ahora regentan negocios, aunque nunca abonaron la preceptiva indemnización a la viuda por declararse insolventes: Azpiazu, una cristalería bajo el domicilio de Elías y su compañero, un restaurante en Tolosa.
La segunda moción, redactada por PNV y EA -coalición con once de los diecisiete concejales-, defendía el derecho de Azpiazu y Zuazolazigorraga a «reorganizar sus vidas». El texto, modificado en la tarde del miércoles tras recibir fuertes críticas de colectivos de víctimas, PP y PSE, incluía una referencia a la viuda y su familia, así como a la necesidad de que los terroristas «reconozcan el daño, se arrepientan y cumplan con la ley» para que su reinserción sea «realidad».
Ninguna de las dos mociones pudo leerse en público. Uno de los grupos que seguía el pleno en las filas posteriores, formado en su mayoría por representantes del PP, comenzó a mostrar carteles de apoyo a Pilar Elías con lemas como 'El pueblo está contigo' y 'Asesinos fuera de aquí'. Al instante, radicales exhibieron otros con el eslogan 'Eraso eta medekurik ez. Konponbide demokratikoa orain' ('Ataques y venganza no. Solución democrática ahora'). Idénticos posters aparecieron ayer por toda la población llamando a acudir al pleno de la tarde y a la manifestación a favor de los dos ex etarras convocada para mañana sábado.
Los reproches se sucedieron de inmediato, con enfrentamientos dialécticos cara a cara, mientras la corporación permanecía sentada en sus asientos, en silencio. Unos proferían gritos de «asesinos» contra los simpatizantes de Batasuna y frases como «Pilar valiente aquí está tu gente», «Sin pistolas no sois nadie» o «Azpiazu paga ya». Los otros, enfrente, les llamaban «torturadores», «fachas» y les exigían que se marcharan «de Euskadi».
Reinserción y paz
Ante el cariz que tomaba la situación y el temor de que se llegaran a producir agresiones físicas, el alcalde ordenó a la Ertzaintza, desplegada con tres unidades antidisturbios en el exterior del Consistorio, desalojar el salón de plenos, incluidos los medios de comunicación, y continuar la sesión a puerta cerrada. Los militantes radicales continuaron con los gritos en el exterior del edificio, donde cerca de un centenar de vecinos portaban una pancarta de apoyo a Azpiazu, mientras que los representantes populares permanecían en las escaleras interiores del Ayuntamiento.
Los dieciséis ediles presentes -los once de PNV-EA, dos de Batera (el tercero de sus ediles está vacante por la presión radical), uno de PSE, Pilar Elías y el no adscrito Asier Larrañaga continuaron entonces con el pleno. Rechazaron la propuesta de Larrañaga y aprobaron con los once votos nacionalistas, la abstención socialista y la negativa de PP, Batera y el edil no adscrito, la moción de PNV-EA. Además, escucharon una declaración de Elías en la que defendía la «reinserción de las víctimas» y censuraba que Azpiazu hubiera abierto un negocio bajo su domicilio para hacerle revivir su «sufrimiento».
Una hora después de los incidentes, el alcalde denunció la «presión político-mediática» que, a su juicio, ha sufrido en los dos últimos días Azkoitia, «un municipio ejemplo de convivencia», y apostó por la «reconciliación» para poder alcanzar la paz. Aranbarri, que reconoció haber cambiado su primera moción, en la que no se citaba a las víctimas, tras hablar con el portavoz del EBB, Iñigo Urkullu, aseguró que la tensión vivida en el pleno era «el ejemplo de lo que no se debe hacer» y pidió «amplitud de miras» a los políticos». Por su parte, Pilar Elías censuró el texto del primer edil, al considerarlo «un mero maquillaje», y las formas de cómo se había decidido rectificar la primera moción de PNV-EA.
Por Daniel Forcada Periodista Digital 27 Enero 2006
Catedrático de Estructura Económica, político y colaborador de Periodista Digital y un sinfín de medios de comunicación son etiquetas que se quedan cortas para englobar la trayectoria del catedrático Ramón Tamames. Diputado de las Cortes Constituyentes de 1977 por el Partido Comunista y firmante de la Constitución, Tamames reflexiona sobre el actual texto del Estatuto del que dice, con rotundidad, que rompe la Constitución por sus cuatro costados, una “constitución encubierta” y un “fraude de ley” al plantear la reforma de la Constitución por la puerta de atrás.
Pregunta: ¿Qué la parece la propuesta de Rajoy de pedir firmas para instar al Gobierno a que convoque un referéndum?
Respuesta: Como hay un fraude de ley contra la Constitución, creo que un gran número de españoles lo apoyaremos. Cuando se desvirtúa el procedimiento de reforma y se quiere cambiar la Constitución a través de la simple reforma de un Estatuto, no cabe duda de que hay que tomar alguna medida especial. La Constitución permite claramente que haya una consulta de esas características. Pero el Gobierno se escudará en su potestad de convocarlo si quiere y no creo que lo haga en ningún caso.
P: El texto pactado entre Más y Zapatero recoge en su articulado que Cataluña es una nacionalidad y en el preambulo se habla de nación. ¿Este intento de encaje sobrepasa los límites de la Constitución?
R: Va claramente en contra del artículo 2 y en su día el Tribunal Constitucional tendrá que dirimir esta cuestión. Ya ha habido un ex presidente del Tribunal Constitucional que ha dicho que da igual que el término vaya en el preámbulo o en el articulado. Tiene el mismo valor y, por tanto, es claramente inconstitucional. Comprendo que haya gente que quiera declarar que Cataluña es una nación, pero tiene que seguir los procedimientos de reforma de la Constitución, no a través de la reforma del Estatuto y el artículo 147.3. El Estatuto es una ruptura de la Constitución por sus cuatro costados. Y eso no lo podemos admitir, empezando por los que firmamos la Carta Magna en 1978.
Hay un fraude de ley contra la Constitución, y creo que muchos españoles apoyaremos que haya un referendum
P: ¿Estamos ante una Constitución encubierta para Cataluña?
R: Absolutamente. Triplica el número de artículos del vigente Estatuto de Sau y supera el número de artículos de la Constitución española. Además, retira competencias estatales a favor de la Generalitat y establece las bases para un estado propio. De ahí a que dentro de unos años se plantee una secesión, hay muy poca distancia. Es inaudito que se esté preparando una secesión con el apoyo de la Presidencia. Uno se pregunta por qué dentro del PSOE, los barones no responden ante todo esto. Tiene que haber un cambio dentro del partido socialista, que ya no es socialista, ni nada que se le parezca. Se están destruyendo las bases estructurales del Estado español en su concepción de 1978.
P: ¿Qué opina sobre la Agencia Tributaria Compartida? ¿Será a largo plazo la única en Cataluña?
R: Sí y, además, ya lo han anunciado. La verdadera filosofía del Estatuto es que es el paso para un estado propio en el que la potestad tributaria de la nación española quede absolutamente olvidada a favor de Cataluña.
P: ¿Cómo valora la situación de Josep Piqué dentro de su partido?
R: Comprendo que está en una situación difícil. Tendría que haberse pensado mejor sus referencias al Estatuto. Lo que dijo está totalmente en contra de las tesis de su partido. Tendrá que tomar su propia decisión: seguir rectificando sus palabras, lo que le va a resultar doloroso, o mantenerse en sus posiciones y marcharse.
Juan Pablo Fusi, José Antonio Zarzalejos y Germán Yanke arroparon al escritor en la presentación de sus memorias y apelaron a la resistencia cívica vasca
MADRID. «Dentro de un tiempo nadie se acordará del que ahora es un consejero de Hacienda del Gobierno vasco y sin embargo muchos conocerán la obra de Jon Juaristi». Estas palabras pronunciadas ayer por el historiador Juan Pablo Fusi en el auditorio de la Fundación Winterthur, en Madrid, resumían bien el estado de ánimo de la disidencia vasca frente al nacionalismo, optimista en su pesimismo gracias a la conciencia de su solidez moral e intelectual. El motivo de la convocatoria era la presentación del libro de memorias de Juaristi («Cambio de destino», editado por Seix Barral), acto en el que se demostró el poder de convocatoria del autor y en el que intervinieron, además de Fusi, otros amigos con una memoria sentimental común: el director de ABC, José Antonio Zarzalejos, y el periodista Germán Yanke. La fina esgrima dialéctica que se estableció en la tribuna de oradores fue calurosamete refrendada por los aplausos de la nutrida concurrencia.
Dijo Juaristi que el «ejercicio narcisista» de estas memorias recorre el Bilbao de la segunda mitad del siglo hasta el «cambio de destino» que las da título: en el doble sentido del momento en el que el Gobierno socialista lo destituye como director del Instituto Cervantes y de lo que el hecho supuso para, efectivamente, cambiar su destino. Juan Pablo Fusi destacó la calidad de un libro «absorbente, apasionante y emotivo» en el que Juaristi desenmascara «las imposturas del nacionalismo». También glosó cómo en estas memorias atípicas el autor desmonta una vez más, desde su profunda erudición, «los mitos vascos que en realidad son invenciones literarias del siglo XIX». Fusi quiso sin embargo contradecir a Juaristi en el pesimismo que le ha llevado a motejar como «derrota» el último capítulo del libro, y recordó que igual que los autores angloirlandeses como Yates, Joyce o Beckett son hoy considerados «lo mejor de Irlanda» el paso del tiempo dejará ver la riqueza y la profundidad de la aportación vascoespañola. Igualmente, consideró como síntoma de que la enfermedad es grave pero no terminal «la vigencia de los movimientos cívicos».
José Antonio Zarzalejos hizo notar la sofocante atmósfera del País Vasco en 2006 («lo normal es que este libro se hubiera presentado en Bilbao»), aunque confía en que «el futuro, colectivamente, nos rehabilitará, y lo vascoespañol será la médula de aquel país. Eso sí, tiene que pasar bastante tiempo». Sufre la tierra vasca, según Zarzalejos, «el mal de un nacionalismo que no es proactivo, sino reactivo y tribal», sumado ahora a la gravísima quiebra de que «hemos perdido a la izquierda liberal del País Vasco» en un ambiente en el que «ETA no mata, pero sigue delinquiendo al modo mafioso».
MADRID. La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado ha enviado una carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la que le expresa su preocupación por el futuro de la Administración estatal en Cataluña y le pide explicaciones sobre las consecuencias que la reforma del Estatuto va a tener para los 31.219 funcionarios del Estado en esa Comunidad, porque la propuesta supone «una transformación radical de nuestra organización administrativa».
La presidenta de Fedeca, Isabel Vázquez Feijoo, reclama a Zapatero que les aclare qué administración prestará los servicios que competen al Estado y cómo afectará el nuevo Estatuto a los funcionarios de los Cuerpos Superiores y a sus condiciones laborales. «Estamos convencidos de que cualquier reforma no debe perturbar las condiciones de vida personal y laboral de los funcionarios del Estado en Cataluña, que han prestado, prestan y esperemos que sigan prestando una dedicación constante al servicio público y a la Administración del Estado», explica Vázquez.
EL AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE VIZCAYA NO CONSIDERA DESPROPORCIONADO DECIR DENTRO DE UN CONTEXTO DE CRÍTICA POLÍTICA PÚBLICA QUE EL GOBIERNO VASCO FINANCIA EL TERRORISMO
Bilbao a 27 de enero de 2006. Ahora podemos decirlo con la fuerza de una resolución judicial que nos ampara en este derecho: el Gobierno Vasco financia el terrorismo. Como desde el FORO ERMUA habíamos predicho en su día, la justicia ha confirmado el archivo de la querella interpuesta por el Gobierno Vasco contra el Presidente de nuestra asociación por hacer en el año 2004 unas declaraciones en ese sentido.
El efecto probablemente buscado por el Gobierno Vasco con su querella, tratando de coartar la libertad de expresión y tratando de criminalizar, al más puro estilo totalitario, la crítica política contra su actuación, ha tenido el efecto contrario: mucha más gente se ha armado de valor y se ha atrevido a decir públicamente lo que antes manifestaba en privado: más de tres mil quinientas personas, entre las que figuran centenares de catedráticos, periodistas, juristas, profesionales y políticos se habían autoinculpado junto con Mikel Buesa haciendo suyas las afirmaciones de éste. A todos ellos, desde el FORO ERMUA, queremos darles nuestro más sincero agradecimiento.
Por otra parte, la justicia ha dejado las cosas en su sitio. El Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que confirma el archivo decretado por el juzgado de Instrucción, dice expresamente: “…las declaraciones del Sr. Buesa como portavoz del Foro Ermua fueron vertidas o se realizaron en el ámbito que puede sin dificultad considerarse como una crítica política de carácter público, no pudiendo ser consideradas las mismas como desproporcionadas desde esa perspectiva y dentro del contexto político en el que se desarrollan…”.
Lógicamente no pueden ser consideradas desproporcionadas dado que se ajustan fielmente a la realidad. Según un estudio del propio Sr. Buesa (“Consecuencias Económicas del Terrorismo Nacionalista en el País Vasco”; Documento de Trabajo nº 56; Enero 2006, IAIF, UCM), en el periodo comprendido entre 1993 y 1998, el Gobierno Vasco subvencionó a las asociaciones del entramado de ETA con un promedio de 8.361.000 Euros anuales. Lejos de hacer algo para disminuir este flujo de financiación desde las arcas públicas al entorno de la banda, los partidos que soportan el Gobierno Vasco (PNV-EA-IU/EB) han puesto todos los medios para que las medidas tomadas para terminar con esta situación desde el Gobierno y Parlamento central y por los Tribunales de justicia, no impidan que el dinero público continúe fluyendo hacia la estructura terrorista.
Buen ejemplo de esta actitud del Gobierno Vasco son las ayudas a los familiares de los terroristas –a las que Mikel Buesa hacía referencia al formular su crítica pública-aprobadas sin tener siquiera competencia para ello y que vienen a las anteriores subvenciones a las asociaciones de presos de ETA una vez ilegalizadas o suspendidas éstas por la Audiencia Nacional.
Tristemente, no podemos dejar de señalar en este comunicado que resulta revelador de la deriva que está sufriendo el PSE en nuestra Comunidad su apoyo a un Presupuesto General de Euskadi que incluye de nuevo estas ayudas al entorno terrorista.
Vivimos tiempos de enorme confusión en los que los principios democráticos de imperio estricto de la Ley y no cesión al chantaje son olvidados con facilidad. Esperamos que ser conscientes de que hay quien desde el ámbito público financia el entramado terrorista y quien por intereses partidistas les apoya, ayude a clarificar dónde se encuentra cada uno.
IÑAKI ARTETA, DIRECTOR DE "TRECE ENTRE MIL"
Minuto Digital 27 Enero 2006
Nacido en Bilbao en 1959. Arquitecto Técnico por la Universidad de Barcelona. Desde el año 1986 trabaja como fotógrafo, alternando el fotoperiodismo con la publicidad y el cine
¿Cómo valora otras películas anteriores que ya tocaban este tema, en concreto la película de Menem, La Pelota Vasca?,… ¿Cree que era hora de que alguien se fijase en el dolor y sufrimiento de las victimas y no justificase de forma alguna a los asesinos. ¿Qué opina usted de la película?.....
En primer lugar no puedo opinar sobre lo que es políticamente correcto o no, yo creo que no se debe opinar de un creativo, de un artista y además contemporáneo.
En relación a la según parte de su pregunta le diré que esta claro, que había que rescatar del olvido cinematográfico una parte de la historia que tenía que ver con el terrorismo, y dentro del terrorismo con los que más han perdido, con los grandes perdedores del terrorismo que han sido las victimas. Y dentro de ese colectivo, con las victimas de los ochenta. Lo más profundo de la vida del terrorismo tiene que ver con esas víctimas de los años ochenta. Éstas, no solo perdieron a sus familiares, sino que encima fueron aisladas y olvidadas por una parte de la sociedad civil que aunque no comulgaba con el terrorismo, por una cuestión de indiferencia o de confusión ideología las apartó.
Nosotros quisimos hacer algo que rescatara esa parte de la historia y que también colaborara para que en el mundo del cine tuvieran su presencia las victimas. Desde el punto de vista cinematográfico es un filón dramático que es importante que exista dentro del catálogo del cine español.
¿Sois concientes de que es la primera vez que el cine se vuelca con las victimas sin ningún tipo de componenda?
No es la primera vez porque se ha abordado en otras ocasiones aunque desde otro punto de vista, yo mismo lo he abordado desde otro punto de vista. Pero lo que si es cierto que aislándolo de conceptos políticos es la primera vez que se ha tratado desde la relación de las victimas con los asesinos. Se aísla la situación de las victimas para explorar su humanidad, sus sentimientos de perdida, de justicia, es decir lo más fundamental como victimas… En ese sentido la película es pionera. Se centra exclusivamente en la voz de las víctimas.
Haber tocado este tema, ¿os ha marcado a ti y al equipo? ¿Ves de otra forma este tema?
No, los que llevamos el soporte intelectual de la historia, es decir Alfonso y yo, ya nos proponíamos hacer algo en este sentido desde hace 15 años, teníamos la intención de hacer algo desde hace tiempo y no teníamos ninguna expectativa de sorprendernos con lo que íbamos a filmar. Sin embargo para el resto del equipo ha sido una experiencia vital de primer orden. Ha sido un trabajo muy duro, nos hemos dedicado a plasmar algo que ya conocíamos, que ya conocíamos a través de entrevistas, de libros… teníamos nuestra sensibilidad preparada ya.
¿Con que apoyos ha contado la película? ¿Quién la ha apoyado y quien no?
Colectivos de victimas y algunas comunidades autónomas han querido aportar dinero de forma no reglada para colaborar con la película; también el Gobierno vasco, a través de una subvención reglada, nos ha dado una pequeña cantidad, casi testimonial. El Ministerio de Cultura, por otra parte no nos ha dado dinero a pesar de que nos hemos presentado con el proyecto en tres ocasiones. Para explicar un poco como funciona, es una comisión a la que se le presentan todos los años ciento y pico proyectos. Lo que no ha habido, sin acusar a nadie, en esta comisión es sensibilidad sobre este tema. Por otro lado no han tenido ninguna fe en el proyecto. Sin embargo, la película esta recibiendo buenas críticas y ha tenido muy buena aceptación gracias a Dios.
¿Qué piensas de la respuesta que ha tenido en la calle? Me refiero al público, a su distribución etc…
Bueno, buscar distribución es tan complicado como buscar el dinero para su producción… pero al final dimos con una distribuidora que ha tomado el proyecto con mucho cariño y lo ha tratado muy bien. Han puesto todos sus medios profesionales a nuestro alcance y ha sido fantástica la promoción y la forma de trabajar para darla a conocer.
Todo este trabajo es muy complicado. Ha sido muy difícil conseguir los medios para producirla, para distribuirla y para estrenarla. También es difícil llevar a la gente al cine…a pesar de todo ha tenido muy buena prensa.
¿Porque crees que la gente no se anima a ir al cine para ver la película?
Hombre es un documental, que es un género un poco minoritario, pero por poco que se sepa de la película compromete ir a verla. La película te hace reflexionar bastante, quizás no genera polémica pero no te deja tranquilo. Yo creo que también nos movemos en una sociedad en la que la indiferencia es la causa de casi todos los problemas…
¿Qué posibilidades tiene la película de ser galardonada con el Goya a “La mejor película documental”?.¿Cómo lo ves?
Yo creo que tenemos posibilidades, pero ya veremos… Somos cuatro nominados; 'Cineastas contra magnates' de C.Bempar, 'Veinte años no es nada' de Joaquín Jordá, 'Iberia' de Carlos Saura y 'Trece entre mil' que es la nuestra. Tenemos de rival a Saura, que lleva toda la vida haciendo documentales… es complicado aunque creo que tenemos posibilidades.
¿Quiénes son los que votan para otorgar los premios?
Pues todos los académicos, desde Pajares a Sara Montiel…. Hay dos rondas. En la primera es más complicado que la hayan visto todos, pero en esta segunda sólo estamos cuatro nominados. La nuestra creo que la han tenido que ver, ahora es más reducido y seguro que tendrán la oportunidad de verla. Hombre, también es cierto que se vota por amistad, a Saura lo conocen y eso es importante.
Tratar este tipo de temas y sobre todo en el cine es bastante complicado. ¿Ha tenido algún tipo de problemas? ¿Ha notado algún tipo de presión por realizar esta película?
La mayor presión que tuve fue el día que decidí hacer la otra película, esa decisión… la presión más grande ha venido de mi mismo.

References: artículo 87
 artículo 92
 artículo 92
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 artículo 2
 artículo 147
 resolución