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Timestamp: 2020-03-29 08:34:25+00:00

Document:
BOCG. Senado, apartado I, núm. 490-3328, de 17/03/2015
cve: BOCG_D_10_490_3328
PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
En el Preámbulo, en concreto en el párrafo decimotercero de su parte III, se ha aprobado una enmienda de orden técnico en coherencia con las que, en términos idénticos, se han introducido en los siguientes artículos:
— Apartado 3 del artículo 8
— Letra d) del apartado 2 del artículo 11
— Apartado 3 del artículo 42
— Disposición adicional cuarta.
En el artículo 4, relativo a los «Principios rectores de la acción de los poderes públicos en relación con la seguridad ciudadana», se ha aprobado una enmienda, que afecta al apartado 1, para destacar la relevancia de los derechos fundamentales entre aquellos principios.
En el artículo 6 se ha introducido una enmienda técnica en relación con la referencia a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, que pasa a ser una referencia genérica y no acotada a su título IV.
En el artículo 7 se ha aprobado una enmienda que añade un nuevo apartado para incluir en el deber de colaboración al que se refiere este artículo al personal que realice funciones de policía administrativa.
En el artículo 15 se ha aprobado una enmienda que reordena sistemáticamente este artículo.
Se ha modificado el apartado 1 del artículo 25 con la finalidad de incluir entre las actividades relevantes para la seguridad ciudadana mencionadas en el mismo, el transporte de personas.
En el artículo 26 se ha aprobado una enmienda en relación con la habilitación normativa para la adopción de medidas de seguridad en los establecimientos e infraestructuras mencionados en el precepto.
En el artículo 35 se ha aprobado una enmienda, que afecta en concreto al apartado 1, con la finalidad de plasmar una tipificación más precisa de la infracción contemplada en dicho apartado, tanto por la vinculación explícita del supuesto descrito con la circunstancia de la generación de un riesgo para la vida o la integridad física de las personas como por el desgajamiento del supuesto relativo a la interferencia en el funcionamiento de las infraestructuras en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, que pasa a constituir una infracción grave.
En el artículo 36 se han aprobado cuatro enmiendas, que afectan a los apartados 3, 9, 11 y 24, con las finalidades, respectivamente, de precisar el supuesto contemplado en el apartado 3, incorporando al propio tiempo a este apartado la conducta descrita en el apartado 24 del mismo artículo, establecer para el apartado 9 una redacción concordante con la enmienda aprobada en relación con el apartado 1 del artículo 35, clarificar el supuesto contemplado en el apartado 11, y suprimir el apartado 24, en concordancia con la modificación del apartado 3.
En el artículo 37 se ha aprobado una enmienda que afecta a su apartado 16, para precisar la descripción de la infracción contemplada en el mismo.
Se ha modificado el apartado 1 del artículo 38 con la finalidad de reducir los plazos de prescripción a que se refiere este precepto.
En la disposición final primera (nueva) se ha aprobado una enmienda con la finalidad de incorporar en la modificación prevista de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, la referencia explícita al respeto de la normativa internacional de derechos humanos y específicamente de protección internacional.
En la disposición final tercera (antes segunda) se ha aprobado una enmienda de orden técnico en relación con la identificación de los preceptos de la Ley con carácter orgánico y, correlativamente, de los que no tienen tal carácter.
Por último, se ha modificado la disposición final quinta (antes cuarta), para establecer una adecuada ordenación de la entrada en vigor de la Ley.
En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad judicialmente complementada responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho. En cuanto a los autores de las conductas tipificadas como infracciones, se exime de responsabilidad a los menores de catorce años, en consonancia con la legislación sobre responsabilidad penal del menor. Asimismo se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho.
La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en el título IV de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La Administración General del Estado y las demás administraciones públicas con competencias en materia de seguridad ciudadana se regirán, en sus relaciones, por los principios de cooperación y lealtad institucional, facilitándose la información de acuerdo con la legislación vigente y la asistencia técnica necesarias en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, y, cuando fuese preciso, coordinando las acciones destinadas a garantizar el cumplimiento de esta Ley, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad judicialmente complemen- 3. El Documento Nacional de Identidad permite a los españoles mayores de edad que gocen de plena capacidad de obrar y a los menores emancipados la identificación electrónica de su titular, así como la firma electrónica de documentos, en los términos previstos en la legislación específica. Las personas con capacidad modificada judicialmente podrán
tada podrán ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar. ejercer esas facultades cuando expresamente lo solicite el interesado y no precise, atendiendo a la resolución judicial que complemente su capacidad, de la representación o asistencia de una institución de protección y apoyo para obligarse o contratar.
d) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad judicialmente complementada, de acuerdo con lo dispuesto por la ley. d) Cuando el órgano judicial competente haya prohibido la salida de España o la expedición de pasaporte al menor de edad o a la persona con la capacidad modificada judicialmente, de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
2. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad. 2. Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad.
En tales supuestos, y para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo. 3. Para la entrada en edificios ocupados por organismos oficiales o entidades públicas, no será preciso el consentimiento de la autoridad o funcionario que los tuviere a su cargo.
3. Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente. 4. Cuando por las causas previstas en este artículo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entren en un domicilio particular, remitirán sin dilación el acta o atestado que instruyan a la autoridad judicial competente.
1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. 1. Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividades relevantes para la seguridad ciudadana, como las de hospedaje, transporte de personas, acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, comercio o reparación de objetos usados, alquiler o desguace de vehículos de motor, compraventa de joyas y metales, ya sean preciosos o no, objetos u obras de arte, cerrajería de seguridad, centros gestores de residuos metálicos, establecimientos de comercio al por mayor de chatarra o productos de desecho, o de venta de productos químicos peligrosos a particulares, quedarán sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables.
Las medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, incluyendo los de acceso comercial a servicios telefónicos o telemáticos de uso público mediante establecimientos abiertos al público, se regirán por lo dispuesto en la normativa de seguridad privada que podrán establecer la necesidad de su adopción, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables. Reglamentariamente, en desarrollo de lo dispuesto en esta Ley, en la legislación de seguridad privada, en la de infraestructuras críticas o en otra normativa sectorial, podrá establecerse la necesidad de adoptar medidas de seguridad en establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicios, así como en las infraestructuras críticas, con la finalidad de prevenir la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas, o cuando generen riesgos directos para terceros o sean especialmente vulnerables.
1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluyendo su sobrevuelo y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando se haya generado un riesgo para las personas o un perjuicio en dicho funcionamiento. 1. Las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad o en sus inmediaciones, así como la intrusión en los recintos de éstas, incluido su sobrevuelo, cuando, en cualquiera de estos supuestos, se haya generado un riesgo para la vida o la integridad física de las personas.
3. Causar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos, así como la provocación de incendios en la vía pública que representen un peligro para las personas o bienes u ocasionen una alteración de la seguridad ciudadana, cuando tales conductas no sean constitutivas de delito. 3. Causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana.
9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, y la interferencia ilícita u obstrucción en su funcionamiento, cuando no constituyan infracción muy grave. 9. La intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad, incluyendo su sobrevuelo, cuando se haya producido una interferencia grave en su funcionamiento.
Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la persistencia podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo. Los agentes de la autoridad requerirán a las personas que ofrezcan estos servicios para que se abstengan de hacerlo en dichos lugares, informándoles de que la inobservancia de dicho requerimiento podría constituir una infracción del párrafo 6 de este artículo.
24. La obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos que ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana. 24. (suprimido)
16. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo. 16. La remoción de vallas, encintados u otros elementos fijos o móviles colocados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para delimitar perímetros de seguridad, aun con carácter preventivo, cuando no constituya infracción grave.
1. Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los tres años, a los dos años o al año de haberse cometido, según sean muy graves, graves o leves, respectivamente. 1. Las infracciones administrativas tipificadas en esta Ley prescribirán a los seis meses, al año o a los dos años de haberse cometido, según sean leves, graves o muy graves, respectivamente.
3. Cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad judicialmente complementada responderán, solidariamente con él, de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, según proceda. 3. Cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente, responderán, solidariamente con él, de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho, según proceda.
A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley, el Registro Civil comunicará al Ministerio del Interior las inscripciones de resoluciones de capacidad judicialmente complementada, los fallecimientos o las declaraciones de ausencia o fallecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. A efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 8.3 de la Ley, el Registro Civil comunicará al Ministerio del Interior las inscripciones de resoluciones de capacidad modificada judicialmente, los fallecimientos o las declaraciones de ausencia o fallecimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
d) (nueva) Infraestructuras de telecomunica- ciones.
Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España.» 1. Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España. 2. En todo caso, el rechazo se realizará respetando la normativa internacional de derechos humanos y de protección internacional de la que España es parte. 3. Las solicitudes de protección internacional se formalizarán en los lugares habilitados al efecto en los pasos fronterizos y se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa en materia de protección internacional.»
Tienen carácter orgánico los preceptos de esta Ley que se relacionan a continuación: 1. Tienen carácter orgánico los preceptos de esta Ley que se relacionan a continuación:
El capítulo I, excepto el artículo 5. El capítulo I, excepto el artículo 5.
Los artículos 9 y 11 del capítulo II. Los artículos 9 y 11 del capítulo II.
El capítulo III. El capítulo III.
Del capítulo V, el apartado 3 del artículo 30; el ordinal 1 del artículo 35; los ordinales 2, 7, 8 y 26 del artículo 36, y los ordinales 1 y 4 del artículo 37. Del capítulo V, el apartado 3 del artículo 30; el ordinal 1 del artículo 35; los ordinales 2, 7, 8 y 26 del artículo 36, y los ordinales 1 y 4 del artículo 37.
La disposición derogatoria única. La disposición derogatoria única. La disposición final primera (nueva).
La disposición final tercera (antes segunda). La disposición final tercera (antes segunda). 2. Los preceptos no incluidos en el apartado anterior no tienen carácter orgánico.
1. Esta Ley orgánica entrará en vigor al mes de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado. Esta Ley orgánica entrará en vigor el 1 de julio de 2015, salvo la disposición final primera, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
2. Los siguientes artículos entrarán en vigor cuando quede derogado el Libro III del Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre: (RESTO SUPRIMIDO).
— El artículo 36.1.
— Del artículo 36.6, el inciso «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de infracción penal».
— Del artículo 36.14, el inciso «el uso público e indebido de uniformes, insignias o condecoraciones oficiales o réplicas de los mismos,… cuando no sea constitutivo de infracción penal».
— Del artículo 36.17, el inciso «así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares».
— El artículo 37.2.
— El artículo 37.4.
— El artículo 37.13.
— El artículo 37.17.

References: artículo 8
 artículo 11
 artículo 42
 artículo 4
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 15
 artículo 25
 artículo 26
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 35
 artículo 37
 artículo 38
 resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 80
 artículo 8
 artículo 80
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 30
 artículo 35
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37
 artículo 37