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Timestamp: 2020-08-03 20:15:50+00:00

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﻿ Sentencia 2006-02427 de julio 11 de 2013
SENTENCIA 2006-02427 DE 11 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:DERECHOS CONVENCIONALES DE EMPLEADOS PÚBLICOS. COMO LOS SINDICATOS DE EMPLEADOS PÚBLICOS NO PUEDEN PRESENTAR PLIEGO DE PETICIONES NI BENEFICIARSE DEL FUERO CIRCUNSTANCIAL, TAMPOCO PODRÁN COBIJARSE POR LOS ACUERDOS CONTENIDOS EN LAS CONVENCIONES COLECTIVAS. SIN EMBARGO, AUNQUE EL CAMBIO DE NATURALEZA DE LA VINCULACIÓN DE TRABAJADOR OFICIAL A EMPLEADO PÚBLICO IMPLICA LA PÉRDIDA DE ESOS BENEFICIOS, LOS DERECHOS SALARIALES Y PRESTACIONALES ADQUIRIDOS DEBEN RESPETARSE POR EL TÉRMINO INICIAL DEL ACUERDO CONVENCIONAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, AUXILIO DE CESANTÍAS, EMPLEADO PÚBLICO, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CONVENCIÓN COLECTIVA
Sentencia 2006-02427 de julio 11 de 2013
Rad.: 050012331000200602427 01
Actor: Mercedes Ayala López
Número Interno 1605-2012
De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación interpuesto, es preciso dilucidar si se ajusta o no a derecho el Oficio 17186 del 1º de noviembre de 2005 expedido por el jefe de recursos humanos de la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación, por el cual no se accede al reajuste de la pensión de jubilación ni al auxilio de cesantía a la luz del artículo 98 de la convención colectiva suscrita en el año 2001, entre el Instituto de los Seguros Sociales y Sintraseguridad Social.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las pretensiones de la demanda con el argumento de que los beneficios de la convención colectiva solamente se aplicaron hasta la vigencia inicial de dicho acuerdo, esto es, hasta el 31 de octubre de 2004. Sus efectos no se extienden a las posteriores prórrogas, puesto que con la expedición del Decreto 1750 de 2003 se modificó su régimen laboral de trabajadora oficial a empleada pública y en tal condición no se beneficia de la convención colectiva.
La fijación de criterios y objetivos del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 150 numeral 19, literal e) de la Constitución Política, corresponde al Congreso de la República, mientras que el Gobierno debe con sujeción a ellas fijar el reconocimiento del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de la rama ejecutiva.
De acuerdo con lo anterior, es preciso establecer si los beneficios de la convención colectiva en materia salarial y prestacional pueden amparar a los empleados públicos.
ART. 416.—Limitacion de las funciones. (Texto subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE) Los sindicatos de empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga(1).
Lo anterior encuentra su fundamento en la vinculación de tipo legal y reglamentaria de los empleados públicos, que restringe la posibilidad de afectar la facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo(2).
Obviamente, si los empleados públicos no pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, tampoco pueden declarar ni hacer huelga, lo cual resulta apenas lógico si se tiene en cuenta el vínculo legal y reglamentario existente entre ellos y el Estado. Si pudieran entrar en huelga paralizarían la función pública correspondiente y atentarían contra el interés colectivo, que debe prevalecer según el artículo 1º de la Constitución. La continuidad en el ejercicio de sus funciones resulta esencial para el funcionamiento del Estado. Únicamente bajo esa perspectiva puede garantizarse el logro de los fines estatales a que se refiere el artículo 2º de la Carta. (Sent. C-110/94, M. P. José Gregorio Hernández Galindo).
“Por su parte, para los trabajadores oficiales se encuentra la referencia que se hace al régimen de prestaciones sociales mínimas que debe expedir el legislador y que aparece mencionada en el numeral 19 literal f) del artículo 150 de la Carta Política como una de las leyes marco, lo cual da idea y fundamento para afirmar que bajo esta categoría, los servidores públicos pueden negociar las cláusulas económicas de su vinculación a la administración y que las prestaciones sociales pueden aumentarse convencionalmente en el contrato, así sea por virtud del conflicto colectivo y de la negociación o de la huelga, salvo en materia de servicios públicos esenciales. (Sent. C-484/95, M. P. Fabio Morón Díaz).
Ella contiene una serie de disposiciones instituidas para regular las relaciones de trabajo en la empresa. Así, en la convención colectiva se establecen en forma general y abstracta las estipulaciones que rigen las condiciones de los contratos de trabajo, las obligaciones concretas del patrono frente a cada uno de sus trabajadores, como también, las obligaciones que el patrono en forma común adquiere frente a la generalidad de los trabajadores. (Sent. SU-1185/2001, M. P. Rodrigo Escobar Gil).
Con base en las anteriores disposiciones la misma ESE, por medio del acto administrativo demandado, le reconoció a la actora unos derechos derivados de la convención colectiva, por el periodo comprendido entre el 26 de junio de 2003 y el 31 de octubre de 2004, fecha en la cual, de conformidad con lo establecido en la convención colectiva de trabajo suscrita en el año 2001, finalizaba su vigencia inicial.
Se encuentra probado en el proceso que la señora Mercedes Ayala López prestó sus servicios al Instituto de los Seguros Sociales desde el 5 de septiembre de 1982 en el cargo de auxiliar de servicios asistenciales.
Luego de la escisión de la entidad, a partir del 26 de junio de 2003, quedó vinculada como empleada pública en la ESE Rafael Uribe Uribe en el mismo cargo hasta el 30 de junio de 2005, fecha en que le fue reconocida su pensión de jubilación.
Mediante la Circular Externa 00052 de 16 de julio de 2004 proferida por el presidente del Instituto de Seguros Sociales y el Ministerio de la Protección Social, se hicieron unas precisiones en relación con la aplicación de la Sentencia C-314 de 2004. En ella señaló que se reconocerían beneficios convencionales por el lapso comprendido entre el 26 de junio y el 31 de octubre de 2004, y a partir de esta última fecha se daría cabal cumplimiento al régimen legal correspondiente a los empleados públicos.
Mediante la Resolución 001466 del 13 de enero de 2005 (fl. 35) la ESE Rafael Uribe Uribe en Liquidación estableció el monto de la liquidación de prestaciones sociales definitivas dejadas de percibir por la actora desde el 26 de junio de 2003 hasta el 31 de octubre de 2004 en cumplimiento de la Sentencia C-314 de 2004.
A través de la Resolución 004483 del 13 de junio de 2005 la ESE Rafael Uribe Uribe le reconoció la pensión de jubilación, equivalente al 75% del promedio de lo percibido en los últimos 10 años de servicios por concepto de todos los factores que constituyen salario, con efectos fiscales a partir de la fecha del retiro definitivo del servicio.
Afirma la demandante que se debe reliquidar y reajustar la pensión de jubilación reconocida, en el equivalente al 100% del salario promedio, con fundamento en el artículo 98 de la citada convención que se encuentra vigente, o en subsidio, con base en el artículo 101 ibídem, si resultare más favorable, indexando la primera mesada y reliquidar el auxilio de cesantías en forma retroactiva, cancelando la indemnización moratoria, por no pago completo y oportuno del mismo.
Frente al anterior argumento es importante tener presente que la Corte Constitucional en la Sentencia C-314 de 2004 al referirse a la protección de los derechos convencionales, señaló que debía hacerse por el tiempo de su vigencia inicial, es decir, se deben respetar los derechos salariales y prestacionales adquiridos, entendidos como aquellos que han ingresado al patrimonio del servidor, sin embargo, tal protección se daría por el término inicial del acuerdo convencional, esto es, hasta el 31 de octubre de 2004.
A lo anterior se agrega que para el momento en que el periodo inicial de la convención colectiva llegó a término (oct. 31/2004) la mayoría de trabajadores de la ESE, incluyendo la actora, ya eran empleados públicos motivo por el cual no podían denunciar la convención, suscribir una nueva o convocar un tribunal de arbitramento.
En el presente asunto, para ser considerado el reconocimiento pensional como un derecho adquirido se debe determinar si para el 31 de octubre de 2004, fecha hasta la cual se extendió el reconocimiento de los beneficios convencionales, contaba con los requisitos para su reconocimiento.
El artículo 98 de la convención, dispone:
El trabajador oficial que cumpla veinte (20) años de servicio continuo o discontinuo al instituto y llegue a la edad de cincuenta y cinco (55) años si es hombre y cincuenta (50) años si es mujer, tendrá derecho a pensión de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio de lo percibido en el periodo que se indica a continuación para cada grupo de trabajadores oficiales…
La señora Mercedes Ayala López para el 31 de octubre de 2004 contaba con una edad de 49 años (nació el 7 de febrero de 1955), y un tiempo de servicio de 20 años, pues ingresó a laborar al Instituto de los Seguros Sociales el 5 de septiembre de 1982, por lo cual, como lo señaló el tribunal la actora no está amparada por las normas de la convención colectiva, pues no reunía el requisito de la edad para ser cobijada por la convención.
No es viable avalar la interpretación de la Corte Constitucional sostenida en la Sentencia T-1166 de 2008, pues a la luz de lo expuesto por la misma alta corporación en las sentencias de constitucionalidad, las cuales tienen efecto erga omnes, la protección deriva del concepto amplio de derecho adquirido y no puede ser una excusa para que la actora sostenga que con posterioridad al 31 de octubre de 2004 e incluso para el año 2005 aún era beneficiaria de la convención colectiva.
Ahora bien, respecto de la reliquidación de sus cesantías en forma retroactiva, observa la Sala que mediante Resolución 6995 del 2 de agosto de 2005 le fue reconocido el auxilio de cesantía y demás prestaciones sociales a la actora desde el 26 de junio de 2003 hasta el 29 de junio de 2005. Igualmente, mediante Resolución 2124 del 11 de marzo de 2009 suscrita por el vicepresidente administrativo del ISS se reconoció y se ordenó el pago de los reajustes de las cesantías de la actora por el tiempo en que estuvo vinculada a esta entidad (5 de septiembre de 1982 hasta el 25 de junio de 2003).
Dichos actos, de acuerdo con lo probado dentro del expediente, no fueron objeto de recurso alguno ni de la acción pertinente dentro de la oportunidad legal, por lo cual, no es viable efectuar un pronunciamiento frente a la liquidación de prestaciones durante dicho lapso pues, se reitera, los actos administrativos que las concedieron no se encuentran demandados.
En consecuencia se confirmará la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda interpuesta por Mercedes Ayala López.
CONFÍRMASE la sentencia de 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia que negó las pretensiones de la demanda formulada por la señora Mercedes Ayala López, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

References: artículo 98
 artículo 150
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 150
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 98
 artículo 101
 artículo 98
 Resolución 
 Resolución