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Timestamp: 2019-05-23 20:43:24+00:00

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En la Ciudad de Buenos Aires, a los 27 días del mes de junio del año dos mil dieciocho, se reúnen los integrantes de la Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal, doctores Carlos Alberto Mahiques, Liliana E. Catucci y Eduardo Rafael Riggi, bajo la presidencia del primero de los nombrados, asistidos por la Secretaria de Cámara, doctora María de las Mercedes López Alduncin, para resolver en la causa n° 51000313/2000/CFC1 caratulada “Galetti, Carlos Antonio y otros s/recurso de casación”, con la intervención de la representante del Ministerio Público ante esta Cámara, doctor Raúl Omar Pleé y de la defensa de los imputados a cargo del doctor Martín Guillermo Avalos.
Efectuado el sorteo para que los señores jueces emitan su voto, resultó el orden siguiente: Catucci, Mahiques y Riggi.
La señora juez doctora Liliana Elena Catucci, dijo:
Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de esta Cámara a raíz del recurso de casación deducido por el Fiscal General contra la resolución del Tribunal Oral Criminal Federal de Santa Fe, que declaró la extinción de la acción penal, y por ende sobreseyó a Carlos Antonio Galetti, Gerardo Alberto Ingaramo y Nicolás Eduardo Imaz por presunta apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social (art. 9 de la ley 24.769).
Concedido el remedio intentado, el recurrente mantuvo la impugnación y renunció a los plazos procesales, y la defensa aceptó dicha renuncia.
El impugnante motivó su presentación en las resoluciones de la Procuración General de la Nación atinentes a los criterios de ese organismo respecto de la aplicación de las normas tributarias.
En lo que se refiere al caso en concreto destacó la errónea aplicación de la ley 27.430 como norma más benigna a los supuestos de autos.
El representante del Ministerio Público Fiscal recurrió los sobreseimientos de Carlos Antonio Galetti, Gerardo Alberto Ingaramo y Nicolás Eduardo Imaz por la apropiación indebida de los recursos de la Seguridad Social (art. 9 de la ley 24.769) dictado por el Tribunal a quo, correspondientes a diciembre 2004 por la suma $40.072,02; enero 2005 por $23.427,13; febrero 2005 por $23.616,77; marzo 2005 por $23.616,77; abril 2005 por $29.078,11; mayo de 2005 por $31.012,37; junio de 2005 por $31.256,58; julio de 2005 por $30.844,31; agosto de 2005 por $30.844,31 y septiembre de 2005 por $38.673,13.
Motivó su agravio en la errónea aplicación retroactiva de la ley más benigna en referencia a la Ley Penal Tributaria 27.430.
Dicha norma publicada en el Boletín Oficial el 29 de diciembre de 2017 elevó los márgenes de punibilidad de la conducta tributaria omisiva imputada a los antes nombrados y, derogó el régimen de la ley anterior 24.769.
La nueva ley por su art. 7 reprime con prisión de dos a seis años al empleador que no depositaré total o parcialmente dentro de los treinta (30) días corridos de vencido el plazo de ingreso, el importe de los aportes retenidos a sus dependientes con destino al sistema de la seguridad social, siempre que el monto no ingresado no superase la suma de cien mil pesos ($100.000), por cada mes.
La anterior, n° 24.769 contemplaba la misma sanción ante la falta de oportuno depósito del empleador de un monto de veinte mil pesos ($20.000).
La comparación de los montos establecidos como tope de punibilidad en una y otra ley dejan en evidencia que la última es para los casos expuestos, la más favorable, en virtud del principio establecido en el artículo 2 del código de fondo.
Cuestión análoga sobre la cual ya he tenido oportunidad de pronunciarme al resolver in re “Zini, Vicente s/ recurso de casación”, causa n° 15.971, Reg. N° 1376, rta. el 28/9/12 y sus citas, entre otras, que marca el criterio que se ha de seguir mutatis mutandi en la presente y a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad.
Sin embargo es necesario extractar que en dichos precedentes se señaló la necesidad de atender a la doctrina del Superior sentada in re: “Palero, Jorge Carlos s/recurso de casación”, P. 931. XLI, rta. el 23 de octubre de 2007, en relación a la pena de multa correspondiente al aumento, no de la sanción punitiva, sino de la modificación de un elemento del delito como es la condición objetiva de punibilidad, traída en las leyes tributarias.
El tema se centró en la debida intelección del interés del Estado al aumentar el valor económico de la frontera de punibilidad como reflejo de su desinterés en la desincriminación de determinadas conductas.
Analizada la modificación traída en la ley 27.430, a tenor del criterio asentado por el Alto Tribunal en el fallo de cita, se desprende que se trata de una cuestión de política criminal y dinámica social, basada en la pérdida del interés punitivo del Estado en mantener una incriminación por una obligación tributaria no cumplida de valor mínimo. De ahí el aumento.
Entonces, puesto en evidencia a través de la sanción de la ley 27.430 el desinterés del Estado en el incumplimiento de tributos considerados de bajo monto, no cabe sino concluir que la incriminación atribuida a los encausados debe examinarse según dicha norma.
De esa conclusión se concluye que la decisión impugnada está ajustada a derecho, y por ende el recurso fiscal debe ser rechazado.
En consecuencia, propongo al Acuerdo rechazar el recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas.
El señor juez doctor Carlos Alberto Mahiques dijo:
1. Llega la causa a estudio de esta instancia a raíz del recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe que declaró la extinción de la acción penal por aplicación retroactiva de la ley 27.430 y sobreseyó a Carlos Antonio Galetti, Gerardo Alberto Ingaramo y Nicolás Eduardo Imaz.
En el requerimiento de elevación a juicio se le atribuyó a los nombrados la apropiación indebida de recursos de la seguridad social (art. 9º de la ley 24.769) en relación a los períodos fiscales: 12/2004 por $40.072,02; 1/2005 por $23.427,13; 2/2005 por $23.616,77; 3/2005 por $23.616,77; 4/2005 por $29.0748,11; 5/2005 por $31.012,37; 6/2005 por $31.256,58; 7/2005 por $30.844,31; 8/2005 por $30.844,31 y 9/2005 por $38.673,13, todos ellos en concurso material entre sí.
El 6 de febrero del corriente año, la defensa técnica de los nombrados solicitó el sobreseimiento de sus asistidos por haber acaecido la extinción de la acción penal. Fundó su pedido en la sanción y promulgación de la ley 27.430 por considerarla más benigna que la 24.769.
Se corrió vista a las partes y tanto la querella (Afip-DGI) como el fiscal entendieron que, con sustento en las Resoluciones PGN 05/12 y 18/18, no resultaba aplicable el principio de retroactividad de la ley penal más benigna ante las modificaciones introducidas por la ley 27.430 a las normas que disponen aumentos de las sumas de dinero que establecen un límite de punibilidad, ya que fueron actualizadas con el fin de compensar la depreciación monetaria (fs. 1047/48 y 1050/51).
El a quo entendió que debía aplicarse de forma retroactiva la ley 27.430 por resultar la ley penal más benigna conforme lo normado en el art. 2 del CP y el precedente “Palero” de la Corte Suprema.
2. Estimo que en el caso, el tribunal de mérito incurrió en una errónea aplicación de la ley penal puesto que, dadas las particularidades del caso, no corresponde aplicar, en función del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, la reciente ley 27.430.
Conforme ya sostuve en la causa CFP 14217/2003/TO1/128/CFC77, caratulada: “Astiz, Alfredo Ignacio y otros s/recurso de casación”, el principio de retroactividad de la ley penal más benigna es una expresión del principio de legalidad. Si bien conforme el principio rector, la ley penal aplicable es aquella vigente al momento del hecho (art. 18 y 19 de la CN), excepcionalmente es posible aplicar la ley penal posterior o intermedia cuando ésta sea más benigna para el imputado (cfr. artículos 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuya incorporación al bloque constitucional advino por efecto del art. 75 inc. 22 de la C.N). Tales principios fueron recibidos por la legislación nacional en los arts. 2 y 3 del Código Penal que regulan lo que suele denominarse sucesión de leyes penales en el tiempo.
La ratio esendi de este principio finca en que la ley penal es expresión de los valores sociales imperantes en determinado momento histórico y es a su través que el Estado procura proteger los bienes, intereses y funciones más relevantes para la sociedad. Si con el transcurso del tiempo la comunidad ha dejado de considerar relevante la protección penal de un interés determinado y en función de ello decide despenalizar su lesión o sancionarla de una manera menos grave, ello necesariamente debe repercutir en la aplicación de la ley penal en el caso concreto y beneficiar al sujeto involucrado. Es que si ese delito ha dejado ya de merecer reproche social, el derecho penal no puede entonces continuar sancionando a quienes lo cometieron en el pasado, pues ese hecho ha quedado fuera del ámbito de la persecución estatal.
La aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más benigna, a su vez, se orienta a asegurar que las penas no se impongan o mantengan cuando la valoración social que pudo haberlas justificado en el pasado ha cambiado, de modo que lo que antes era reprobable ahora no lo es, o no lo es en la misma magnitud. Por ello, la sanción de una nueva ley que podría beneficiar al imputado de un delito, entraña la evaluación de si esa nueva ley es la expresión de un cambio en la valoración de la naturaleza del delito que se imputa. Pues sólo si así lo fuera, tendría ese imputado el derecho a su aplicación (cfr. Dictamen del Procurador, precedente “Torea” en Fallos: 330:5158 y precedente “Simón”, Fallos 326:3988).
Desde este punto de vista, entiendo que la elevación del monto para el tipo de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, operada por la ley 27.430, no puede dar lugar a su aplicación retroactiva en función del principio de benignidad invocado. Es que a diferencia de la ley 24.769 y sus posteriores modificaciones, la actual ley que regula el régimen penal tributario ha puesto expresamente de manifiesto que la elevación de los umbrales cuantitativos a superar no se relaciona con un menor reproche penal de los delitos establecidos en la norma en cuestión sino con cuestiones de política económica.
Para determinar el quantum del monto a elevar en esta última reforma se tuvieron en cuenta los cambios económicos acaecidos en nuestro país desde el año 2011 por la depreciación de la moneda y el proceso inflacionario. Ello surge expresamente del mensaje de elevación del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, del proyecto de ley que luego se convirtió en la 24.730, en donde se afirma “En lo respectivo a la conducta punible, dado el tiempo transcurrido desde la última modificación en 2011, se entiende oportuno actualizar los montos de las condiciones objetivas de punibilidad de cada uno de los delitos tipificados en la ley a fin de adecuarlos a la realidad económica imperante, consecuente con el objetivo tenido en cuenta originariamente desde la vigencia de la ley 24.769, y antes la ley 23.771, que fue sancionar penalmente únicamente a las conductas graves”.
Al identificar los montos con condiciones objetivas de punibilidad, además de acabar con el arduo debate suscitado con la sanción de la ley 24.769 sobre la naturaleza jurídica de éstos elementos del delito (elementos del tipo o condiciones objetivas de punibilidad), el legislador expresamente reconoce que éstos se vinculan con una decisión de política criminal que busca limitar la punibilidad, con total independencia del tipo penal y la culpabilidad del autor.
Las condiciones objetivas de punibilidad (introducidas en la teoría jurídica por Binding), son elementos que el legislador incluye en las figuras penales, en función de necesidades político-criminales y económicas, que presuponen que la pena resulta ser el único medio eficaz para que el sistema penal cumpla con su finalidad. Stratenwerth sostiene que más allá de la realización culpable del ilícito, hay otros presupuestos de la punibilidad, que condicionan la necesidad de protección penal mediante la imposición de una pena (Stratenwerth, Gûnter, “Derecho Penal. Parte General I. El Hecho Punible”, 4ª edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2005, p. 137).
El Código penal italiano califica como condiciones objetivas de punibilidad aquellas circunstancias que condicionan la punibilidad del hecho aún cuando no hayan sido queridas por el culpable del delito (ver artículo 44 Codice Penale “Condizione obiettiva di punibilità. Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto”).
Estos elementos van más allá del merecimiento de pena, vinculado con el juicio de desvalor ético social que genera la conducta, pues suponen que ha sido merecedora de pena una conducta desaprobada por su adecuación al injusto penal previsto normativamente. Es necesario que además concurra un especial menoscabo de los valores de orden amparados por el correspondiente precepto penal para que se reconozca la necesidad político criminal de la pena (Jescheck, Hans-H, “Tratado de derecho penal, Parte General”, t.II, Comares, Barcelona, 1981, p. 764). La indroducción de condiciones objetivas de punibilidad cumple la función de delimitar o reducir la relevancia penal de determinados comportamientos (dado que la punibilidad se encuentra subordinada a la verificación de circunstancias posteriores), y cumple también una función de garantía vinculada con el principio de estricta legalidad, ya que no deja librado al poder discrecional del juez la valoración sobre la conveniencia y oportunidad de pena sino que es el mismo legislador quien establece de manera expresa las circunatancias capaces de influenciar en su concreta aplicación. (cfr. Fiandaca, Giovanni y Musco, Enzo, “Diritto penale. Parte generale”, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, p. 748).
En la doctrina comparada es posible calificar a este tipo de condiciones objetivas de punibilidad como extrínsecas, es decir, aquellas que nada agregan a la lesión del interés protegido sino que se limitan a reflejar valoraciones de oportunidad vinculadas a un interés externo al perfil ofensivo del hecho. Las intrínsecas, en cambio, serían aquellas que califican o actualizan la lesión del interés tutelado por la norma que ya había sido realizada por el hecho en sentido estricto (cfr. Fiandaca, Giovanni y Musco, Enzo, “Diritto penale. Parte generale”, Zanichelli Editore, Bologna, 2004, p. 751 y 752).
En efecto, la finalidad perseguida por el legislador al establecer umbrales cuantitativos es definir cuándo una conducta es penalmente reprochable y cuándo no, dejando dentro de la esfera del derecho penal sólo aquellas conductas de cierta magnitud que, en consonancia con el principio de ultima ratio, demuestran la necesidad de darles una respuesta sancionatoria penal. Se afirma que este tipo de decisiones de política criminal tienen “un doble objetivo en la instauración de umbrales o pisos cuantitativos: limitar la intervención penal a los ilícitos económicamente significativos... y reducir el número de casos que llegan a la justicia penal para evitar los efectos paralizantes que puede generar la denuncia de numerosos casos de poca entidad” (cfr. De Llanos, Hernán, ”Una aproximación a la política criminal argentina en materia de delitos económicos”, en Derecho Penal Económico, Tomo I, coordinadores Ramiro Rubinska y Daniel Almena, Marcial Pons, Buenos Aires, Madrid, 2010, p. 313 y debate parlamentario de la ley 24.769).
Las referidas condiciones, no siempre resultan fáciles de identificar en las normas penales, en función de lo cual se establecen diferentes criterios de identificación. El primero y más importante es el jurídico formal o gramatical, en virtud del cual debe recurrirse al texto legal, ya que de él emergerá si el legislador ha tenido la voluntad de otorgarle a una determinada circunstancia el carácter de condición objetiva de punibilidad. Se afirma “no es otro sino el legislador quien otorga a un elemento el carácter de condición objetiva de punibilidad, por lo que este criterio resultará de suma importancia a la hora de determinar si nos encontramos o no ante una condición objetiva de punibilidad” (cfr. Bienati, María Lucila, “los montos previstos en la Ley Penal Tributaria: ¿condiciones objetivas de punibilidad o elementos del tipo?”, en Institutos de Derecho Penal Tributario, dirigido por Carolina Robiglio, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 2017, p. 218).
Con base en lo antes expuesto, es posible afirmar que, por expresa disposición legal, los montos de la ley 24.769 deben ser considerados en la actualidad como condiciones objetivas de punibilidad. Consecuentemente, la elevación de éstos no puede dar lugar a la aplicación retroactiva de la ley penal puesto que no manifiesta una modificación sobre la valoración social del injusto penal, sino una decisión de política criminal y económica estatal (en este mismo sentido, cfr. lo expuesto por el Dr. Riggi en votos en causas nro. 15.971, “Zini, Vicente y otros s/recurso de casación”, Reg. n° 1376/12, rta. el 28/9/12 y nro. 15.967 “Kruger, Hugo Alberto s/recurso de casación” Reg. nro. 1632/12, rta. el 20/11/12).
Tanto ello es así que el legislador, en la actual ley penal tributaria creó la unidad de valor tributario (UVT) como unidad de medida de valor homogénea para reemplazar a los parámetros monetarios del Régimen Penal Tributario y los importes fijos, impuestos mínimos, escalas, sanciones y todo otro patrón monetario contemplado en las leyes de tributos y demás obligaciones cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentre a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, incluidas las leyes procedimentales respectivas.
Si bien la cantidad de UVT correspondiente a cada supuesto será establecido por una nueva ley que el Poder Ejecutivo propondrá antes del 15 de septiembre de 2018 (art. 303), mediante la cual esta unidad de valor se tornará operativa, la ley 24.730 dispuso que la relación de conversión entre UVT y pesos se ajustará anualmente con base en la variación anual del Índice de Precios al Consumidor que suministre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (art. 304 de la ley 27.430). Para evaluar la configuración de delitos y otros ilícitos se considerará la relación de conversión entre pesos y UVT vigente al momento de su comisión (art. 305 de la ley 27.430).
En el marco antes descripto, surge, a mi ver, con claridad que el legislador ha sido consciente de la problemática que engendra en una economía sujeta a una constante inflación como la nuestra, condicionar la punibilidad de las conductas disvaliosas a montos monetarios fijos (tal como oportunamente estableciera la ley 24.769 en tiempos de estabilidad y convertibilidad). En función de ello, mediante esta nueva norma, se ha procurado reemplazarlos por una unidad de medida actualizable anualmente a partir del índice de precios al consumidor por afuera de la ley penal.
Con ello queda demostrado que la actual elevación de los montos no es más que una actualización monetaria de las condiciones objetivas de punibilidad que no puede ser asimilada a un menor reproche de la conducta de evasión.
En el indicado sentido, recientemente, el Procurador General de la Nación, en la Resolución PGN 18/18, instruyó a todos los fiscales pertenecientes al fuero penal tributario a oponerse a la aplicación retroactiva de la presente ley. Se remitió en su apoyo, a los fundamentos de lo oportunamente dispuesto por el entonces Procurador General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Esteban Righi quien había emitido la Resolución PGN Nro. 5/2012, donde afirmaba que las sumas modificadas en la ley penal tributaria tienen por finalidad actualizar los montos a raíz de la depreciación sufrida por la moneda en los años anteriores como así también “...está dirigida a mantener un tratamiento igualitario a través del tiempo entre maniobras de valor económico equivalente en un contexto en el que la moneda en la que fue expresado ese valor se ha depreciado” pero no indicaban “...un cambio en la valoración social de los comportamientos que justificó la adopción de la ley 24.769”.
La instrucción trae a colación la doctrina establecida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con respecto a las sumas estipuladas como pena de multa, la cual indica que: “...las leyes penales ex post facto no alcanzan a las disposiciones legales que reajustan el monto de las multas, pues ellas no ‘hacen (n) a la multa más onerosa, sino que mantiene(n) el valor económico real de la moneda frente a su progresivo envilecimiento...la actualización del monto de una multa no constituye una agravación de la pena si ella está dirigida a asegurar que personas que cometieron delitos idénticos en un mismo momento se enfrenten a penas de multa de idéntico valor económico a pesar de que unos sean sancionadas más tarde que los otros en un contexto en que la moneda en la que está expresado el valor de la multa se desprecia...la actualización garantiza un trato igualitario a través del tiempo...”.
Finalmente, el entonces Procurador manifestó que dicha postura no resultaba contradictoria con lo resuelto por la Corte en el caso “Palero” pues, en aquella oportunidad nada se dijo en los antecedentes parlamentarios que la modificación del monto se originara en su actualización a fin de compensar la depreciación de la moneda. Además, es doctrina de la Corte que la autoridad de los precedentes debe ceder ante la comprobación de la inconveniencia del mantenimiento del criterio anterior (Fallos 183:1409).
En consecuencia, en función de todo lo expuesto considero que no corresponde aplicar la ley 27.430 retroactivamente a los hechos aquí bajo análisis, debiendo estarse a lo dispuesto por la ley vigente al momento del hecho.
3. En consecuencia, conforme lo establecido en el art. 2 inc. b) de la ley 24.769, propongo hacer lugar al recurso de casación deducido por el fiscal, sin costas, y en consecuencia anular la resolución recurrida y devolver los actuados para que continúe la sustanciación de los mismos. Tal es mi voto.
Habremos de acompañar la solución propuesta por el colega preopinante, doctor Carlos A. Mahiques, en cuanto a que corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal.
Es que como inveteradamente hemos sostenido, las modificaciones a los montos dinerarios en los artículos correspondientes en la ley penal tributaria no son más que actualizaciones, que no comporta una ley penal más benigna. Dicho criterio es el que dejáramos sentado en numerosos precedentes de esta Sala, entre los que cabe destacar las causas nº 16.062 “Quiroga, Patricio Romualdo y otros s/ recurso de casación”, reg. nº 1728/12, rta. el 04/12/2012; nº 15.902 “Yapur, Carlos Alberto s/recurso de casación”, reg. nº 1762/12, rta. el 11/12/2012; nº 518/13 “Di Leva, Antonio y Di Leva, Ileana Verónica s/recurso de casación”, reg. 2018/13, rta. el 24/10/2013, entre muchas otras a las que cabe remitirnos por razones de brevedad.
En virtud de la doctrina referida, consideramos que el régimen penal tributario sancionado por la ley Nº 27.430 de fecha 27 de diciembre de 2017, en relación a los montos dinerarios no es más que una nueva actualización, que de ningún modo se encuentra desincriminada la conducta.
Tenemos particularmente en cuenta, que el Poder Ejecutivo, en su mensaje 126/17 -correspondiente del Proyecto de Ley de Reforma del Sistema Tributario Argentino- sostuvo que “...dado el tiempo transcurrido desde la última modificación en 2011, se entiende oportuno actualizar los montos de las condiciones objetivas de punibilidad de cada uno de los delitos tipificados en la ley a fin de adecuarlos a la realidad económica imperante... “.
En razón de lo expuesto, proponemos al acuerdo hacer lugar al recurso fiscal, y reenviar el Tribunal de procedencia para que continúe la sustanciación del proceso, sin costas (cfr. arts. 470, 471, 530 y 532 del C.P.P.N.).
En mérito a la votación precedente el Tribunal, por mayoría, RESUELVE:
HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal, sin costas, y en consecuencia anular la resolución recurrida y devolver los actuados para que continúe la sustanciación de los mismos. (arts. 470 y 471, a contrario sensu, 530 y 531 del C.P.P.N.).
Regístrese, notifíquese al recurrente, hágase saber a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acordada de la CSJN nº 42/15) y remítanse las actuaciones al tribunal de origen.
Autos: Galetti, Carlos Antonio s/recurso de casación
Tribunal: Cámara Federal Casación Penal
Fecha de firma: 27/06/2018
Alta en sistema: 28/06/2018
Firmado por: CARLOS ALBERTO MAHIQUES, JUEZ DE CAMARA FEDERAL DE CASACION PENAL
Firmado por: LILIANA CATUCCI, JUEZ DE CAMARA DE CASACION

References: resolución 
 artículo 2
 resolución 
 artículo 44
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
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