Source: http://www.un.org/spanish/documents/scaction/2002/africa.html
Timestamp: 2013-05-22 20:02:59+00:00

Document:
África Al adoptar un enfoque más amplio hacia el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, ese año el Consejo intentó abordar la situación de África en su conjunto, subrayando la importancia de la cooperación internacional y la prevención de los conflictos, incluida una mayor interacción entre las Naciones Unidas y las organizaciones regionales y subregionales. Subrayó la necesidad no solamente de prevenir las hostilidades o ponerles fin, sino también de ayudar a transformar economías políticas en sistemas saludables basados en la participación política, la inclusión social y económica y el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.
En octubre de ese año, el Consejo autorizó la creación de la Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA) para que estudiara medidas eficaces para restaurar la paz y asistir al pueblo angoleño en cuanto a fortalecimiento de la capacidad, asistencia humanitaria, promoción de los derechos humanos y coordinación de otras actividades. En el año 2000, se estableció un mecanismo de vigilancia de las sanciones impuestas a la UNITA mediante la resolución 864 (1963) y otras resoluciones posteriores.
El 22 de febrero de 2002, el líder de la UNITA, Jonas Savimbi, fue asesinado. El 13 de marzo, el Gobierno de Angola declaró su intención de poner fin a todos los movimientos ofensivos con un comunicado, que el Consejo acogió con beneplácito en una declaración de la Presidencia del 28 de marzo. Calificando la estrategia del Gobierno de "positiva, constructiva y orientada hacia el futuro", la declaración exhortaba a la UNITA a que demostrara que compartía una posición similar, con el objetivo de lograr la reconciliación nacional, que incluía una cesación general del fuego.
El 18 de abril, observando con satisfacción el acuerdo de cesación del fuego de Angola, el Consejo prorrogó hasta el 19 de octubre el mandato del mecanismo de vigilancia creado en abril de 2000 para investigar las violaciones de las sanciones impuestas a la UNITA. El Consejo pidió al mecanismo de vigilancia que presentara, dentro de los 30 días siguientes, un plan de acción detallado para su labor futura, en particular sobre las medidas financieras y las medidas relativas al tráfico de diamantes y al tráfico de armas adoptadas contra la UNITA. El 23 de abril, el Sr. Gambari manifestó ante el Consejo en un breve informe que las perspectivas de una paz duradera en Angola eran más prometedoras ahora que mientras regían los acuerdos de paz anteriores destinados a terminar con el conflicto en el país. El acontecimiento público más significativo durante su reciente misión en Angola había sido la firma del Memorando de Entendimiento que ponía formalmente fin a las hostilidades entre el Gobierno de Angola y la UNITA en una de las guerras más prolongadas de África.
El 17 de mayo, al aprobar por unanimidad la resolución 1412 (2002), el Consejo suspendió, por un período de 90 días, las restricciones a los viajes de todos los oficiales superiores de la UNITA. Esa suspensión, también propuesta por la Troika de Observadores, se prorrogó otros 90 días el 15 de agosto con la aprobación unánime de la resolución 1432 (2002).
El mismo 15 de agosto, al aprobar por unanimidad la resolución 1433 (2002), el Consejo autorizó el establecimiento, como misión de seguimiento de la Oficina de las Naciones Unidas en Angola (UNOA), la Misión de las Naciones Unidas en Angola (MNUA), por un período de seis meses hasta el 15 de febrero de 2003, y aprobó la dotación de personal correspondiente, incluido un asesor para la protección de los niños. La MNUA ayudaría al Gobierno de Angola, entre otras cosas, a proteger y promover los derechos humanos, prestar apoyo para la reinserción social y profesional de los desmovilizados por conducto de los organismos de las Naciones Unidas correspondientes y promover la recuperación económica. El 18 de octubre, el Consejo aprobó por unanimidad la resolución 1439 (2002) según la cual se prorrogaba el mandato del mecanismo de vigilancia de Angola hasta el 19 de diciembre de 2002, y se levantaba la prohibición de viajar a los miembros de la UNITA a partir del 14 de noviembre de 2002. El 9 de diciembre, aprobó por unanimidad la resolución 1448 (2002), según la cual se levantaba el resto de las sanciones contra la UNITA, incluidos los embargos de materiales, las restricciones a los viajes y las congelaciones de fondos y recursos financieros, y también decidió disolver el Comité de Sanciones contra Angola.
El Consejo celebró cuatro sesiones oficiales para considerar la situación en Burundi, que culminaron en 2002 con un acuerdo de cesación del fuego entre el Gobierno y las Fuerzas para la Defensa de la Democracia (FDD), una de las dos fuerzas rebeldes principales de ese país. Éste y otros acuerdos, firmados el 2 de diciembre, debían entrar en vigor el 30 de diciembre.
El prolongado conflicto interno de Burundi había llevado, en 1993, a un intento de golpe militar en el que fue asesinado el primer presidente elegido en forma democrática, un hutu, y a la lucha generalizada entre el ejército mayormente tutsi y los rebeldes hutus, lo que causó aproximadamente 200.000 muertos y un desplazamiento masivo. En agosto de 2000, se firmó un Acuerdo de paz y reconciliación entre la mayoría de las partes en Arusha, República Unida de Tanzanía. El 1� de noviembre de 2001, entró en vigor un plan en que hutus y tutsis compartirían el poder alternando la presidencia entre ambos.
El 5 de febrero, en una sesión pública de información, el Presidente del Gobierno de Transición de Burundi, Pierre Buyoya, exhortó al Consejo a que obligara a los rebeldes a renunciar a la violencia, acentuando que, si la vía diplomática no tenía éxito, habría que recurrir a otros medios con tal de impedir que los rebeldes paralizaran el proceso de paz; y dijo que todavía había retos genuinos que podrían comprometer el camino hacia la paz. El primer reto era la persistencia de la violencia y el segundo era la reconstrucción del país. Después de ocho años de crisis, la economía estaba en muy malas condiciones: casi el 60% de la población vivía por debajo de la línea de la pobreza, las exportaciones habían disminuido, y la deuda continuaba siendo un problema serio.
El Consejo emitió una declaración de la Presidencia el 7 de febrero en que confirmaba su apoyo al Gobierno de Transición de Burundi y exhortaba a los grupos rebeldes a que depusieran de inmediato las armas y se sumaran al proceso de paz.
El 4 de diciembre, el Vicepresidente de Sudáfrica, Jacob Zuma describió los términos de los acuerdos del 2 de diciembre y exhortó a debatir las cuestiones pendientes, inclusive el retorno a la legitimidad, el bienestar de los excombatientes, el buen gobierno y la reconciliación. El Consejo emitió una declaración de la Presidencia el 18 de diciembre en que apoyaba la aplicación inmediata e íntegra de los acuerdos, y pidió al Secretario General que estudiara los medios para responder positivamente y con urgencia a la solicitud de despliegue de la misión africana prevista en ese acuerdo. El Consejo también condenó todas las matanzas y demás actos de violencia contra civiles en Burundi.
En el año 2001, en su resolución 1343 (2001), el Consejo había impuesto sanciones amplias contra Liberia por apoyar al Frente Revolucionario Unido (FRU) de Sierra Leona y a otros grupos armados de la subregión del África occidental. El Gobierno de Liberia debía, entre otras cosas, poner fin de inmediato al apoyo que prestaba al FRU y expulsar del país a todos sus miembros, y poner fin a toda importación de diamantes en bruto que no estuviera controlada en virtud del régimen de certificados de origen del Gobierno de Sierra Leona. Se estableció un Grupo de Expertos para investigar las violaciones de esas sanciones.
El 27 de febrero de 2002, el Consejo adoptó la resolución 1395 (2002), que volvía a establecer el Grupo de Expertos. Éste debía llevar a cabo una misión de evaluación complementaria en Liberia y Estados vecinos con el fin de hacer una comprobación independiente del cumplimiento por el Gobierno de Liberia de lo dispuesto en la resolución.
El 6 de mayo, en su resolución 1408 (2002), el Consejo prorrogó las sanciones contra el Gobierno de Liberia por un nuevo período de 12 meses, incluidos el embargo de armas, la prohibición de viaje a sus funcionarios y una prohibición de la importación de diamantes en bruto, tras decidir que no había cumplido plenamente con las exigencias del Consejo relativas a poner fin al apoyo que prestaba al FRU y a otros grupos rebeldes armados de la región.
En una declaración de la Presidencia del 13 de diciembre, el Consejo expresó su preocupación por los ataques armados recientes del grupo rebelde Liberianos Unidos para la Reconciliación y la Democracia, y condenó el incumplimiento por el Gobierno de Liberia, otros estados y grupos que no son estados del embargo de armas impuesto en la resolución 1343 (2001). En esa misma declaración, el Consejo expresaba su resolución de promover una ampliación del papel de la Oficina de las Naciones Unidas de Apoyo a la Consolidación de la Paz de Liberia (UNOL) y afirmaba que estaba estudiando la posibilidad de enviar una misión a la región para evaluar la situación en el 2003.
Las actividades del Consejo relacionadas con Sierra Leona que tuvieron lugar durante el año se centraron en la consolidación de la estabilidad y el apoyo a las elecciones del 14 de mayo, las que acogió con beneplácito por el modo pacífico y ordenado en que se habían desarrollado, y por constituir un hito importante en el camino hacia la paz en la región, según una declaración de la Presidencia del 22 de mayo. El 16 de enero, mediante la resolución 1389, el Consejo había asignado a la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL) tareas de seguridad de diverso tipo para prestar ayuda en esas elecciones.
El conflicto de Sierra Leona databa de marzo de 1991, cuando los combatientes del FRU iniciaron una guerra desde la zona este del país, cerca del límite con Liberia, para derrocar el Gobierno. En octubre de 1999, el Consejo en su resolución 1270 (1999) estableció a la UNAMSIL con el mandato de cooperar en la aplicación del Acuerdo de Paz de Lomé (Togo), firmado el 7 de julio de 1999 entre el Gobierno de Sierra Leona y el FRU.
El mandato de la UNAMSIL se prorrogó otros dos períodos de seis meses cada uno en el 2002, más recientemente el 30 de diciembre, mediante la resolución 1436 (2002), en la cual el Consejo también instaba a la Misión a finalizar los ajustes propuestos para las fases 1 y 2 del plan del Secretario General, en particular una reducción de 4.500 efectivos y el despliegue de hasta 170 agentes de la policía civil. El Consejo destacaba que una policía, un ejército y un sistema penal eficaces, y un poder judicial independiente eran esenciales para la paz y el desarrollo a largo plazo. Instaba además al Gobierno de Sierra Leona a que buscara activamente los recursos adicionales necesarios para llevar a cabo las actividades de reintegración que eran igualmente esenciales. El Tribunal Especial para Sierra Leona y el regreso de las personas desplazadas continuaban siendo un motivo de preocupación.
El Consejo expresó preocupación a lo largo del año por el abuso de civiles que aún persistía y por las denuncias de que parte del personal de las Naciones Unidas había estado involucrado en el abuso sexual de mujeres y niños en campamentos de refugiados y de personas internamente desplazadas. Preocupado también por la falta de autoridad del Gobierno sobre las zonas productoras de diamantes, el Consejo decidió el 4 de diciembre prorrogar la prohibición del tráfico de diamantes en bruto sin certificado de origen provenientes de Sierra Leona por un nuevo período de seis meses, hasta el 5 de junio de 2003, mediante la resolución 1446.
La mayoría de los oradores de un debate público del 11 de marzo sobre la situación de Somalia apoyó una propuesta de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), una organización regional de Estados en el Cuerno de África dedicada a promover la cooperación regional y la integración económica, para celebrar una conferencia de paz y reconciliación. No obstante, una evaluación interinstitucional había confirmado que la situación de la seguridad no permitía una presencia prolongada de las Naciones Unidas y, por lo tanto, excluía la posibilidad de iniciar un programa amplio de consolidación de la paz. A continuación de una década de anarquía y hambre, a mediados del 2000 comenzó un proceso de reconciliación nacional con la celebración de una conferencia de paz en la que participaron diversas facciones en Arta, Djibouti, y con la formación de un gobierno de transición. Como muchas de las partes en el conflicto somalí no apoyaron el proceso, el país sigue enfrentando grandes desafíos de seguridad, reconstrucción y desarrollo.
En una declaración de la Presidencia emitida el 28 de marzo, el Consejo apoyó el envío de una misión de trabajo a la región, integrada por miembros interesados del Consejo y personal de la Secretaría, e indicó actividades preparatorias que se deberían llevar a cabo sobre el terreno para desplegar una misión amplia de consolidación de la paz. El Consejo, insistiendo en que no debía permitirse que la situación en Somalia se aprovechara para planificar actos terroristas desde ese país, hizo hincapié en que los esfuerzos por combatir el terrorismo en Somalia eran inseparables del establecimiento de la paz y el gobierno en el país.
El Consejo, mediante su resolución 1407 (2002), aprobada el 3 de mayo, observando con preocupación que continuaba la corriente de suministro de armas y municiones a Somalia, pidió que se estableciera, por un período de 30 días, un equipo integrado por dos miembros para presentar un plan de acción para investigar violaciones del embargo de armas de 1992 a Somalia y hacer más estricta su aplicación. La resolución 1425 (2002), aprobada el 22 de julio, pedía además que se estableciera un grupo de expertos integrado por tres miembros con el objeto de generar información sobre las infracciones del embargo de armas.
Por último, el 12 de diciembre, el Consejo acogió con satisfacción la Declaración sobre la cesación de hostilidades y las estructuras y principios del Proceso de Reconciliación Nacional en Somalia, firmada en Eldoret, Kenya, el 27 de octubre. En una declaración de la Presidencia, el Consejo acogió también con satisfacción la Declaración Conjunta emitida por las partes interesadas en Mogadishu, Somalia, el 2 de diciembre. El Consejo pidió además al Secretario General que siguiera organizando los preparativos sobre el terreno para el envío a Somalia de una misión amplia de consolidación de la paz después del conflicto, tan pronto como lo permitieran las condiciones de seguridad.
En 2002, el Consejo amplió tres veces el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO): el 27 de febrero, el 30 de abril y el 30 de julio, mediante las resoluciones 1394 (2002), 1406 (2002) y 1429 (2002), respectivamente. Con esa última medida, el Consejo prorrogó el mandato seis meses más, hasta el 31 de enero de 2003, y se manifestó dispuesto a considerar cualquier propuesta del Secretario General y su Enviado Personal que prevea la libre determinación del pueblo del Territorio.
Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguia el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO) se habían disputado el Territorio desde que España cediera el control en 1974. La MINURSO se estableció en 1991, como parte del plan de arreglo de las Naciones Unidas, para supervisar la organización de un referéndum en el cual el pueblo del Sáhara Occidental podía escoger entre la independencia y la integración a Marruecos. El proceso del referéndum ha estado trabado durante años, debido a la presentación de apelaciones en la etapa de identificación de los votantes y otros problemas. Entre los problemas humanitarios que siguen existiendo se cuentan los de refugiados, personas desaparecidas y prisioneros de guerra que no han sido aún repatriados.

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