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Timestamp: 2019-11-19 11:07:39+00:00

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efectos sociales | Discriminación | Derechos
EFECTOS SOCIALES Según la National Council for Voluntary Organisations (NCVO) Al (2012) los efectos sociales es una combinación de todos los efectos que tiene una organización en todo el mundo y todo lo relacionado o influenciado por su trabajo. Esto incluye los efectos previstos, así como los efectos no intencionales, los cambios negativos y positivos, el impacto a largo plazo y los beneficios a corto plazo o provisional; En consecuencia a esto la migración trae consigo un flujo migratorio que alteran la parte social en su estructura demográfica especialmente en las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a nivel personal y familiar.
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Ta b l a d e Co n t e n i d o s
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Taller N°1.1, Ciudadanos, Dècimo
Según la National Council for Voluntary Organisations (NCVO) Al (2012) los efectos
sociales es una combinación de todos los efectos que tiene una organización en
todo el mundo y todo lo relacionado o influenciado por su trabajo. Esto incluye los
efectos previstos, así como los efectos no intencionales, los cambios negativos y
positivos, el impacto a largo plazo y los beneficios a corto plazo o provisional; En
consecuencia a esto la migración trae consigo un flujo migratorio que alteran la parte
social en su estructura demográfica especialmente en las condiciones
socioeconómicas, políticas y culturales, las cuales tienen a su vez repercusiones a
nivel personal y familiar.
8.1. Derechos humanos de los trabajadores migratorios y de sus familiares
De acuerdo a la comisión católica internacional de migración. CCIM (2008), En las
partes III, IV y V de la Convención sobre trabajadores migratorios se conceden
diversos derechos a estos trabajadores y a sus familiares. Sobre este punto, cabe
resaltar que muchas de las disposiciones de esta Convención dicen exactamente lo
mismo que las disposiciones existentes en otros instrumentos internacionales, como
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de
Derechos Civiles y Políticos, “aunque sustituyen el término “personas” o “individuos”
por el de “trabajadores migratorios y sus familiares”. Pero la Convención también
aborda necesidades específicas de protección, y otorga algunas garantías
adicionales, teniendo en cuenta de este modo la específica vulnerabilidad de los
trabajadores migratorios por encontrarse fuera de su país de origen.
En virtud de ello, al estudiar esta Convención pueden distinguirse derechos que ya
han sido consagrados en otros instrumentos internacionales de derechos humanos
y que la Convención reitera en términos idénticos, dada la relevancia que estos
derechos tienen. Tal cosa ocurre, por ejemplo, con el derecho a no ser sometido a
tortura y a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, con el derecho
a la personalidad jurídica y con el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia
y religión. Existen también derechos que esta Convención reitera, pero no ya en
términos idénticos, sino que a través de una regulación especial que los adecúa a
la realidad propia de los trabajadores migratorios y sus familiares.
Por último, en la misma línea de las regulaciones especiales, pueden encontrarse
también derechos que no tienen un reconocimiento previo en otros instrumentos
internacionales y que, por lo tanto, esta Convención, innovando sobre la materia,
consagra por primera vez. Un ejemplo de ello es el derecho a la información sobre
las condiciones de la migración.
8.1.1. Derechos económicos, sociales y culturales.
Con respecto a este derecho, cabe señalar que la CTM se aplica precisamente a
un cierto tipo de trabajadores, que ésta denomina “migratorios”, y cuya definición se
encuentra en el artículo 2 de este instrumento internacional. La CTM no se refiere
expresamente al derecho al trabajo, pero sí consagra el derecho de los trabajadores
migratorios y sus familiares, siempre que estén documentados o en situación
migratoria regular, a elegir libremente su actividad remunerada, derecho que se
encuentra sujeto a las restricciones señaladas en sus artículos 52 y 53.
Además, en esta materia deben mencionarse los artículos 49 y 51 de la Convención,
también aplicables sólo a los trabajadores migratorios documentados, que se
refieren a las autorizaciones de residencia y de empleo que deben obtener estos
trabajadores en los Estados de acogida, pues, dada su calidad de extranjeros, tales
autorizaciones les son exigidas por las legislaciones internas como requisito
indispensable para ejercer el derecho al trabajo dentro de los mercados laborales
Tratándose de los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren
indocumentados o en situación migratoria irregular, la CTM no les reconoce el
derecho al trabajo, ni tampoco el derecho a elegir libremente su actividad
remunerada, pero, si éstos logran encontrar un empleo en los Estados de tránsito o
de destino, tienen derecho, a pesar de su condición migratoria irregular, a gozar de
un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales de esos
Estados con respecto a las remuneraciones y a las condiciones de trabajo y de
empleo, conforme a lo establecido en el artículo 25 de la CTM.
A diferencia de la normativa existente en esta Convención, en otros instrumentos
internacionales de derechos humanos se consagra expresamente, a favor de toda
persona, el derecho al trabajo y otras consecuencias de éste, como por ejemplo, el
derecho a la libre elección del trabajo y el derecho a una remuneración equitativa y
satisfactoria. Ello ocurre en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo
23), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 6), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (artículo 5.e.i), en la Convención Internacional
(artículos 11 y 16.1.g), en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
(artículo 32), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
(artículos XIV y XXXVII) y en el Protocolo de San Salvador (artículo 6).
b) Derecho a unas condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
Sobre el particular, la CTM establece:
 Los trabajadores migratorios, sin distinción alguna, tienen derecho a gozar
de un trato que no sea menos favorable que el que reciben los nacionales
del Estado de empleo con respecto a la remuneración y a: a) Otras
condiciones de trabajo, es decir, horas extraordinarias, horario de trabajo,
descanso semanal, vacaciones pagadas, seguridad, salud, fin de la relación
de empleo y cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a la
legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas en este término; b)
Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de empleo, restricción
del trabajo a domicilio y cualesquiera otros asuntos que, conforme a la
legislación y la práctica nacionales, se consideren condiciones de empleo.
Es ilegal menoscabar en los contratos privados de empleo el principio de
igualdad de trato antes referido (artículos 25.1 y 25.2).
 Los Estados Partes deben adoptar todas las medidas adecuadas para
asegurar que los trabajadores migratorios, sin distinción alguna, no sean
privados de ninguno de los derechos derivados del principio de igualdad de
trato a causa de irregularidades en su permanencia o empleo. En particular,
los empleadores no quedarán exentos de ninguna obligación jurídica ni
contractual, ni sus obligaciones se verán limitadas en forma alguna a causa
de cualquiera de esas irregularidades (artículo 25.3). Este artículo refleja la
inquietud formulada en el preámbulo de la Convención que establece que “la
práctica de emplear a trabajadores migratorios que se hallen en situación
irregular será desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos
humanos fundamentales de todos los trabajadores migratorios (…)”.
 Sin perjuicio del principio de igualdad de trato consagrado en el artículo 25
de la CTM, los trabajadores migratorios documentados o que se encuentren
en situación migratoria regular, tienen derecho a gozar también de igualdad
de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con: a)
La protección contra los despidos; b) Las prestaciones de desempleo; c) El
acceso a los programas de obras públicas destinados a combatir el
desempleo; d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o darse
término a otra actividad remunerada, con sujeción a lo dispuesto en el artículo
52 de la Convención (artículo 54.1).
 Si un trabajador migratorio documentado alega que su empleador ha violado
las condiciones de su contrato de trabajo, tiene derecho a recurrir ante las
autoridades competentes del Estado de empleo, en condiciones de igualdad
con los nacionales del Estado de que se trate y con las debidas garantías
(artículo 54.2).
 Los trabajadores migratorios documentados que hayan obtenido permiso
para ejercer una actividad remunerada, con sujeción a las condiciones
adscritas a dicho permiso, tienen derecho a igualdad de trato respecto de los
nacionales del Estado de empleo en el ejercicio de esa actividad remunerada
(artículo 55). • Los Estados Partes deben tomar medidas no menos
favorables que las aplicadas a sus nacionales para garantizar que las
condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores migratorios y sus
familiares en situación regular estén en consonancia con las normas de
idoneidad, seguridad y salud, así como con los principios de la dignidad
humana (artículo 70).
De manera similar, este derecho se reconoce a favor de toda persona en la
Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 23), en el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 7), en la Convención
Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial
(artículo 5.e.i), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículos 11.1.b, 11.1.c, 11.1.d y 11.2),
en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (artículos 32.a y 32.b)
y en el Protocolo de San Salvador (artículo 7).
c) Derecho a la seguridad social.
Conforme al artículo 27.1 de la CTM, los trabajadores migratorios y sus familiares,
sin distinción alguna, tienen derecho a gozar en el Estado de empleo, con respecto
a la seguridad social, del mismo trato que los nacionales en la medida en que
cumplan los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese Estado o en los
tratados bilaterales y multilaterales aplicables. Las autoridades competentes del
Estado de origen y del Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las
disposiciones necesarias para determinar las modalidades de aplicación de esta
norma. Agrega el párrafo segundo que “cuando la legislación aplicable no permita
que los trabajadores migratorios o sus familiares gocen de alguna prestación, el
Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los nacionales que
estuvieren en situación similar, considerará la posibilidad de reembolsarles el monto
de las contribuciones que hubieren aportado en relación con esas prestaciones”.
De manera similar, el derecho a la seguridad social se consagra, a favor de todas
las personas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículos 22 y
25.1), en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 9), en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial (artículo 5.e.iv), en la Convención Internacional
(artículos 11.1.e, 13.a y 14.2.c), en la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño (artículo 26), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículos XVI y XXXV) y en el Protocolo de San Salvador (artículo 9).
d) Derecho a la salud.
La regulación que realiza la CTM de este derecho difiere según si se trata de un
trabajador migratorio documentado o indocumentado. Al respecto, el artículo 28 de
este instrumento internacional consagra a favor de todos los trabajadores
migratorios y sus familiares, sin distinción alguna, no el derecho a la salud – el que
carece de reconocimiento expreso en esta Convención –, sino que el derecho a
recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para
preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud, en condiciones de
igualdad de trato con los nacionales del Estado respectivo. Esta atención médica de
urgencia no puede negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la
permanencia o al empleo.
En cambio, los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren
documentados o en situación migratoria regular, además del derecho a la atención
médica de urgencia, son titulares del derecho a gozar de igualdad de trato, respecto
de los nacionales del Estado de empleo, en relación con el acceso a los servicios
sociales y de salud, siempre que hayan satisfecho los requisitos establecidos para
la participación en los planes correspondientes (artículos 43.1.e, 43.2 y 45.1.c).
En otros instrumentos internacionales de derechos humanos las referencias al
derecho a la salud son más explícitas, pues se establece que toda persona tiene
derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Es el caso,
por ejemplo, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(artículo 12), de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (artículo
24) y del Protocolo de San Salvador (artículo 10).
e) Derecho a la cultura. Participación en la vida cultural.
Conforme al artículo 31 de la CTM, los Estados Partes deben velar porque se
respete la identidad cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares sin
distinción alguna, y no pueden impedir que éstos mantengan vínculos culturales con
sus Estados de origen. Como contrapartida, el artículo 34 de este instrumento
dispone que todos los trabajadores migratorios y sus familiares tienen la obligación
de respetar la identidad cultural de los habitantes de los Estados de tránsito y de
Por su parte, los trabajadores migratorios y sus familiares que se encuentren
documentados o en situación migratoria regular tienen derecho a gozar de igualdad
de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con el acceso
a la vida cultural y la participación en ella (artículos 43.1.g y 45.1.d).
De manera similar, los derechos culturales se encuentran también consagrados, a
favor de toda persona, en otros instrumentos internacionales de derechos humanos,
tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 27), el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 27), el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 15), la Convención
(artículos 5.e.vi y 5.f), la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación Contra la Mujer (artículo 13.c), la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño (artículos 30 y 31), la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículos XIII y XXIX) y en el
Protocolo de San Salvador (artículo 14).
La Declaración sobre los Derechos Humanos de los Individuos que No Son
Nacionales del País en que Viven también contiene referencias a los derechos
culturales, muy semejantes a la regulación que de éstos contempla la CTM. En tal
sentido, su artículo 4 dispone que todos los extranjeros tienen el deber de respetar
las costumbres y tradiciones del pueblo del Estado en que se encuentren. Como
contrapartida, tienen derecho a conservar su propio idioma, cultura y tradiciones
(artículo 5.1.f).
Por último, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las
se contienen importantes normas referidas a esta materia:
Los Estados deben proteger la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural,
religiosa y lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos, y deben
fomentar las condiciones para la promoción de esa identidad (artículo 1).
• Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y
lingüísticas tienen derecho a disfrutar de su propia cultura y a utilizar su propio
idioma, en privado y en público libremente y sin injerencia ni discriminación de
ningún tipo (artículo 2.1).
• Las personas pertenecientes a minorías tienen derecho a participar efectivamente
en la vida cultural, religiosa, social, económica y pública (artículo 2.2).
• Los Estados deben adoptar medidas para crear condiciones favorables a fin de
que las personas pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y
desarrollar su cultura, idioma, religión, tradiciones y costumbres, salvo en los casos
en que determinadas prácticas violen la legislación nacional y sean contrarias a las
normas internacionales (artículo 4.2).
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 artículo 25
 artículo 25
 artículo
52
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 artículo 28
 artículo 31
 artículo 34
 artículo 4