Source: https://www.scribd.com/doc/23552927/12-el-mercosur-y-tics-la-jurisdiccion-aplicable
Timestamp: 2016-08-31 17:21:12+00:00

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BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out more1MERCOSUR: El impacto de las “Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación” –TICs- en materia contractual. E-Commerce. Contratos por adhesión. La autonomía de la voluntad en los contratos de consumo. La jurisdicción aplicable a los contratos de consumo celebrados por medio de la red de Internet bajo la modalidad “on line”.
Nuevas han de
Tecnologías de la Información y de la Comunicación –TICs- cuya aplicación producido un gran impacto en las características, formas y modalidades
contratación. Ello ha profundizado el proceso denominado “Crisis del contrato” afectando de sobremanera los principios tradicionales de la libertad y del equilibrio contractual, la autonomía de la voluntad y la buena fe.
En los contratos celebrados en base cláusulas generales de contratación, la
libertad contractual es mínima, y en los contratos por adhesión y en los de contenido predispuesto, dicha libertad prácticamente no existe.
El esquema de la contratación masiva y la estandarización de la materia
contractual rompen con el paradigma del contrato tradicional, de esta manera, el presupuesto de la igualdad y equilibrio de los contratantes son ilusorios.
En este estado de cosas, en la celebración de los contratos internacionales, la
autonomía de la voluntad es prácticamente eliminada por lo que resulta imprescindible su protección y tutela en el ordenamiento jurídico toda vez que ello constituye un requisito fundamental de un país jurídicamente estable.
Conforme a la materia jurisdiccional, de hecho las relaciones contractuales
internacionales derivadas de los contratos de consumo formalizados por la red de Internet a través del proceso electrónico/informático sintetizado (“click”), quedan fuera de la autonomía de la voluntad, por lo que el consumidor y/o usuario que contrata de
2 buena fe merece una protección diferente a la existente, basada en una doble fundamentación: la materia contratada y el medio empleado.
En los contratos por adhesión formalizados mediante la red informática de
Internet (TICs), le corresponde al consumidor y/o usuario la opción para entablar la demanda contra el proveedor del servicio ya sea: a) ante el magistrado de su propio domicilio; b) ante el magistrado del lugar desde el que se envió la “aceptación” mediante un proceso electrónico/informático sintetizado (“click”); c) ante el magistrado del lugar de cumplimiento de la prestación; o, d) ante el magistrado del domicilio del demandado.
Cuando la demanda es dirigida por el proveedor de servicios, será competente el
magistrado del domicilio del consumidor y/o usuario.
En el ámbito regional del Mercosur resulta imprescindible e ineludible contar con
una normativa común unificada que objetivamente trate la materia del comercio electrónico (TICs) con especial tratamiento de las relaciones contractuales de consumo derivadas de los contratos por adhesión y/o de contenido predispuesto y demás relaciones jurídicas conexas.
1. El permanente uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación –TICs- producto del continuo desarrollo tecnológico, han producido un profundo impacto en las características, formas y modalidades de contratación hasta el punto que ha profundizado el proceso denominado “Crisis del contrato” afectando los principios tradicionales de la libertad y del equilibrio contractual, la autonomía de la voluntad y la buena fe. (1) La realidad es demostrativa que el nuevo orden económico internacional impuesto por la globalización y por ende, el creciente tráfico comercial comprende a los contratos internacionales con una firme y directa tendencia hacia la privatización del conflicto jurídico, y al arbitraje privado. En virtud de ello, es evidente y manifiesto que la autonomía de la voluntad parece convertirse cada día más, en un mero rótulo bajo el que se intenta subsumir una cantidad de fenómenos previstos por la ley, pero cuyo contenido lejos está coincidir con él. Es notorio y palmario que no se conforma de manera efectiva en la realidad, la
3 relación contractual equilibrada entre las partes en la manera o con la intensidad con que se la declara. Ello exige replantear la cuestión de la libertad del contrato a efectos de esclarecer si en el comercio internacional actual, TICs mediante, aún cuando no se trate de contratos de consumo y relaciones jurídicas conexas, las partes contratantes se encuentran en igualdad de condiciones para convenir libremente la jurisdicción, o si por el contrario, la misma le es impuesta por la parte comercialmente más fuerte a la más débil, como una cláusula más del convenio, vulnerando las condiciones equitativas propias de todo contrato comercial.
2. En la práctica comercial internacional, quien contrata la adquisición y/o el consumo final de los bienes y servicios, concurre a dicha relación contractual de
consumo como un mero “consumidor y/o usuario”, ubicándose en un extremo opuesto y lejano del que se ubicará el proveedor/oferente, generalmente la parte
comercialmente más fuerte. En ese sentido, la Ley 24.240/93 de Defensa del Consumidor y del Usuario del derecho argentino, a la razón “Derecho Supletorio” en materia de dichas relaciones contractuales derivadas de los contratos de consumo, establece en su art. 37 Interpretación: “Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no
convenidas:… b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte” (2)-(3).
2.1. Por otro lado, en las relaciones comerciales del turismo y hospedaje internacional, los convenios celebrados conforme a las modalidades y formas usuales de entablar las relaciones jurídicas emergentes de tal actividad, se han transformado en verdaderos contratos de consumo, y sin embargo, contienen en la gran mayoría de los casos, cláusulas de prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales privados, y hasta en tribunales supranacionales. Dichas cláusulas, de hecho, lesionan y configuran una negación del acceso a la justicia, y por tanto implican verdaderos abusos para el consumidor y/o usuario, aún cuando las mismas estén admitidas en las disposiciones normativas del instituto del “contrato de viaje” regulado por la misma Convención de Bruselas –incorporada a la normativa nacional mediante el Decreto-ley ratificatorio 19.918/72-. Con criterio opuesto, el derecho brasilero conforme a la ley 8.078, establece en su artículo 51º y concordantes, el argumento prescripto por la Ley 24.240/93 al cual adherimos: la nulidad de pleno derecho de las cláusulas contractuales que establezcan obligaciones consideradas inicuas y abusivas, y que coloquen al consumidor en una
4 desventaja exagerada o sean incompatibles con la buena fe o la equidad; ese mismo artículo prescribe idéntica sanción para los casos en que se determine en esos tipos de relaciones contractuales, la utilización compulsiva de la figura del arbitraje en cualquiera de sus formas y jurisdicciones (4).
3. En materia de convenios internacionales, en el Tratado de Derecho Civil de Montevideo de 1940 ratificado oportunamente por los gobiernos de la República Argentina, de la República del Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, no se establece norma especial de competencia alguna para las relaciones de
consumo/usuario, por lo que sustentamos que la competencia es la ordinaria. Únicamente se admite la prórroga de jurisdicción para asuntos de índole patrimonial, si después de promovida la demanda, el demandado -notificación fehaciente mediante-, la admite en forma positiva y no ficta, (ejerciendo así su derecho de sumisión al foro) (5); en cuanto al Protocolo Adicional a dicho Tratado Internacional, su artículo 5º
establece un criterio restrictivo cuando expresa que la jurisdicción no podrá ser modificada por voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley. (6) Conforme al derecho interno de los países firmantes y ratificantes del Tratado de Montevideo, sólo en la República Argentina se admite la autonomía de la voluntad en materia de prórroga de jurisdicción. En efecto, dicha autonomía esta taxativamente contemplada en el art. 1º del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sin embargo, tal como supra referimos, en la materia especial que constituyen las relaciones de consumo/usuario argumentamos de acuerdo ex lege que toda cláusula que prorrogue la jurisdicción debe ser considerada como no convenida (conforme a la doctrina del art. 37º de la Ley 24.240/93 de Defensa del Consumidor y del Usuario), por lo que debemos concluir que en materia específica de derechos del consumidor y del usuario, no existe el principio universal de la “autonomía de la voluntad” cuando se trate de la prórroga de jurisdicción; ésta debería ser suplida de iure por el Derecho protectorio de los Estados.
4. Con respecto al Derecho Continental, y específicamente en el ámbito de las Conferencias Interamericanas, la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, ratificada, entre otros por los cuatro Estados Parte del Mercosur, en su art. 1º permite el acuerdo de partes en tanto estas se obliguen voluntariamente a someter a una decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter estrictamente mercantil (7); este principio legal admite una limitación, en efecto el art. 5º, inciso 2do, apartado “a”,
5 establece que se podrá denegar el reconocimiento y la ejecución de una sentencia arbitral si la autoridad competente que pide el reconocimiento y la ejecución comprueba que el objeto de la diferencia no es susceptible de solución por vía de arbitraje. Por esta norma, queda sujeto el reconocimiento y la ejecutabilidad de una sentencia arbitral a la susceptibilidad de ser arbitrada según lo admita la ley del Estado Parte (conforme al principio de soberanía jurídica) en donde se intenta el
reconocimiento o la ejecución.
5. En cuanto al Derecho Internacional Privado y en el ámbito del Mercosur, el Protocolo de Buenos Aires en materia de jurisdicción contenciosa acuerda a las partes autonomía suficiente para decidir el foro en el que se va a dirimir la contienda, pudiendo someterse ante jueces estatales o tribunales arbitrales, pero restringe dicha autonomía de la voluntad excluyendo del ámbito de su aplicación a los contratos de
compra y venta al consumidor/usuario.
6. En concordancia con lo supra expuesto, el Acuerdo sobre Arbitraje Comercial Internacional del Mercosur -que tiene entre sus fuentes a la CIDIP I (1975) sobre Arbitraje Internacional y la Ley Modelo de UNCITRAL sobre Arbitraje Comercial Internacional de la ONU de 1985- tiene por objeto regular el arbitraje como medio alternativo para la solución de controversias surgidas de contratos comerciales internacionales entre personas físicas o jurídicas de derecho privado; mediante este instrumento internacional, las partes podrán elegir el derecho que se aplicará para solucionar la controversia en base al derecho internacional privado y sus principios, así como al derecho del comercio internacional; si las partes nada dispusieren en esta materia, los árbitros decidirán conforme a las mismas fuentes. Asimismo, establece para algunos supuestos que el contrato tenga algún contacto objetivo (económico o jurídico) con uno o más de los Estados Parte. Se establece que el Acuerdo es aplicable aún cuando el contrato no tuviere ningún contacto objetivo si las partes pactantes se someten al Acuerdo y si el Tribunal Arbitral se encuentra ubicado en un Estado Parte. El art. 7º del Acuerdo subexamen prescribe que la validez de la convención arbitral en cuanto al objeto será regida por el derecho del Estado Parte sede del Tribunal Arbitral, de lo que inferimos que si el Tribunal Arbitral tuviere su sede en la República Argentina, la materia de consumo no es susceptible de arbitraje tal como
efectivamente lo establece el Protocolo de Buenos Aires.
7. En las relaciones comerciales específicas relacionadas al consumo de bienes y servicios, el Protocolo de Santa María de 1996 determina la jurisdicción internacional en
6 materia de relaciones de consumo derivadas de aquellos contratos en los que una de las partes contratantes sea consumidor. Coherentemente se establece que las demandas accionadas por el
consumidor/usuario serán presentadas directamente por ante el magistrado del domicilio de éste último; también tendrán jurisdicción internacional, excepcionalmente y por voluntad exclusiva del consumidor -manifestada expresamente en el momento de iniciar la pertinente demanda- el magistrado del Estado Parte correspondiente a la celebración del contrato, el magistrado del lugar de cumplimiento de la prestación del servicio o de la entrega de los bienes, y el juez del domicilio del demandado.
8. Específicamente,
en las relaciones comerciales por vía electrónica (comercio
electrónico/e-commerce), es común que la relación de consumo/usuario se formalice mediante el rellenado de un formulario informático, el cual insertado en una página web por el empresario ofertante, posibilita que el consumidor lo complete siguiendo los diferentes ítems y exigencias conformando las instrucciones del itinerario electrónico propuesto por la empresa oferente, el cual finalmente desemboca en la cláusula “aceptar”. Al contratar mediante la red de Internet se nos presentan ilimitadas ventajas y posibilidades entre las cuales optar; sin embargo estas supuestas “ventajas” se diluyen ante el fenómeno de la “masificación contractual” que hace dificultoso y engorroso al consumidor comprender las diversas situaciones vinculadas con la validez del consentimiento prestado informáticamente, con el momento en que el contrato queda formalizado y en el que comenzará a surtir sus efectos, así como la autenticidad de las partes contratantes, y la escasa concordancia entre el tiempo que habitualmente se toma el consumidor para cumplir con el proceso electrónico/informático sintetizado “click”- y el grado de comprensión que éste tiene del acto que está llevando a cabo. Por las razones precedentemente apuntadas, es que generalmente las cláusulas y condiciones a las cuales el consumidor/usuario se adhiere no son leídas
detalladamente o mejor aún, no son comprendidas tácticamente; y menos aquellas que someten la cuestión derivada de las relaciones contractuales a una determinada jurisdicción (cláusulas cuya escritura se presenta al público, generalmente ubicadas en lugares estratégicamente imperceptibles de la página web) de las que toman conocimiento de su trascendencia recién al momento de presentarse el conflicto (cuando son notificados del traslado de la demanda o por lo menos, cuando son inhabilitados bancariamente y/o embargados y/o citados para remate). Esta falta de concordancia entre el tiempo de reflexión y el grado de comprensión impone al Estado una postura diferente a la adoptada hasta ahora, ya que a nuestro
7 entender debería realizar mediante la sanción y aplicación de normas jurídicas protectorias apropiadas, la defensa y protección coherente de los intereses de sus súbditos. Sin embargo, aunque parezca innecesario, merece recordarse que en muchos casos sólo se trata de ejercer con seriedad institucional los controles que ya están establecidos en las normas vigentes. Asimismo, no es una contradicción que lo apuntado anteriormente no obste a que el Estado cumpla objetivamente su rol de educador (protector), atribución que no se agota en la expresión “precaución”, sino que por el contrario, su misión es exhaustiva y por ella debe llevar a cabo todos aquellos actos necesarios como para que el mismo contratante tenga por sí mismo el grado de comprensión necesario para llevar a cabo tal contratación. Nuestra opinión es de que frente a esta realidad impuesta por las modalidades contractuales de los contratos de adhesión y de contenido predispuesto que ignoran o avasallan los principios de la autonomía de la voluntad y de la libertad del contrato, profundizando el proceso denominado “crisis del contrato” (8), implica un deber irrenunciable por parte del Estado morigerar el impacto causado a la sociedad de consumo mediante políticas previsoras y efectivas. Esta realidad ha establecido un campo de contratación masivo debido a la preformulación de los contratos por lo que resulta importante que los predisponentes oferentes obren de buena fe, la que no sólo debe presumirse sin que debe ser impuesta. (9) La labor irrenunciable del Estado entonces, no es proteger, ni tampoco se agota en controlar o regular, sino es educar, es generar una “cultura” que posibilite al consumidor/usuario pueda controlar por sí mismo la seriedad de la transacción que está realizando, una cultura que provea los mecanismos mínimos que los adapte ante tan tremenda gama de posibilidades y modalidades contractuales. Resulta notorio que hoy el consumidor/usuario pueda ejercer esos controles en forma muy escasa ya que su inexperiencia en esta modalidad de contratación no siempre lo conduce por el camino de la cautela y previsión. El postulado universal que establece que en el ámbito de los contratos internacionales en general se muestra una jerarquización de la libertad de comerciar, resulta insuficiente y mezquino cuando se pone en práctica mediante las nuevas tecnologías –TICs-, las que si bien permiten una magnífica e ilimitada apertura al mundo globalizado, exigen a su vez que el ordenamiento jurídico preste una mirada especial en este tipo de contratación. Aún cuando lo expresado pueda ser interpretado como una restricción de la libertad contractual, lo cierto es que a nuestro entender se hace necesaria la actividad protectoria de control, regulación y educación estatal. Pues bien, ello no se trata de una mordaza a la libertad en general, sino más bien se entiende como la posibilidad concreta de aplicar criterios orientativos en el uso de esa libertad tan preciada, tendientes a cuidar el patrimonio privado e individual. No
8 obstante ello, en los últimos tiempos no le fue bien al Estado Nacional, pareciera que se quiere hacer entender que se autovictimizó al no haber actuado con la suficiente voluntad precautoria de cuidarse a si mismo al no velar celosamente su patrimonio, lo que es ostensible comprender frente a las incontables demandas ejercidas por desconocidos intereses -v. g. fondos buitres, holdings de acreedores, etc.-, la mayor parte de ellas efectuadas por ante ignotos tribunales arbítrales constituidos en el extranjero.
9. Con relación a la jurisdicción competente aplicable a los convenios formalizados por medio de la red de Internet, existe una marcada tendencia que propicia establecer como jurisdicción, la del lugar en la que el contratante que se adhiere actúa de manera activa; si esto fuera observado como desfavorable por las empresas que realizan sus ofertas a través de dicha red, una solución seria sería v. g., que éstas no proyecten ofertas que tengan por objeto consumidores/usuarios en jurisdicciones desconocidas y diferentes. Tal como se expresó supra en materia de contratos internacionales de consumo, no resulta aceptable la prórroga de jurisdicción, por lo que no se debe aplicar al caso la jurisdicción ordinaria, sino una opción al consumidor/usuario que contrató de buena fe mediante la red de Internet, para demandar judicialmente al proveedor de servicios turísticos: a) Ante el magistrado de su propio domicilio; b) Ante el
magistrado del lugar en donde ejecutó el proceso electrónico/informático sintetizado “click”- de aceptación; c) Ante el magistrado del lugar de cumplimiento de la prestación; o d) Ante el magistrado del domicilio del demandado. Dicha jurisdicción se restringe cuando el que demanda es el proveedor/oferente, que en el caso puntual podrá iniciarla por ante el magistrado del lugar del domicilio del consumidor. Todo ello se conforma de esta manera dado a que los efectos producto de las relaciones contractuales derivadas de contratos internacionales que se formalicen a través de la red de Internet, merecen para el contratante aceptante una mejor y efectiva protección basada en la doble fundamentación de la materia contratada y el medio empleado para la contratación.
10. En el derecho argentino el turista es considerado un consumidor, y ya en el Decreto-Ley 18.829/70 que regula la actividad de las Agencias de Viaje, se le impone a dichas empresas -entre otras obligaciones- la de constituir un fondo de garantía para asegurar el cumplimiento de las mismas con el propósito de proteger los intereses del turista (10). Así, el Decreto Nº 2.172 del año 1972 que Reglamenta el Decreto-Ley de Agencias de Viajes, ha generado aun más confusión pues más allá de cometer el exceso de regular en vez de limitarse puntualmente a reglamentar, es una norma que se
9 inmiscuye en el ámbito contractual; en efecto, su art. 11º establece que los anuncios, propagandas, membretes de papelería comercial, y demás impresos deben consignar con el nombre de la agencia, la actividad para contrato internacional de viaje la cual está autorizada la misma. El
está regulado por la Convención Internacional de
Contrato de Viaje, firmada en Bruselas el 23 de abril de 1970, por 47 países; la República Argentina la ratificó mediante el Decreto-Ley 19.918 el 31-12-72; la misma establece en sus disposiciones de carácter uniforme que en materia de contrato de viaje, el mismo “puede” contener una cláusula que atribuya competencia a un tribunal arbitral, siempre que esta cláusula prevea como condición previa que el tribunal aplicará la convención misma (11); debiendo esta cláusula arbitral estar inserta expresamente en el documento de viaje (por aplicación del principio de la publicidad y notificación contractual). Esta convención que viene a subsanar la ausencia de
regulación específica en el ordenamiento jurídico argentino en el marco de los contratos de turismo internacional, a nuestro entender no resulta conveniente en la parte que
establece la prórroga de jurisdicción en favor de tribunales arbitrales, razón por la cual la Convención de Bruselas merece ser adaptada de acuerdo a la calificación que debe hacerse del contrato de viaje como contrato de consumo, tarea que le compete al legislador. Ello es así atento que la autonomía de la voluntad en materia de prórroga de jurisdicción no es tal, sino que en la práctica –reiteramos- constituye una verdadera imposición del contratante empresario sobre el consumidor. Pero ello no es todo, existen peligros ulteriores. A lo dicho hasta aquí se agrega no solo el problema derivado de la calificación del contrato de turismo como contrato de consumo, sino además lo gravoso que puede resultar para el consumidor/usuario el medio utilizado para contratar cuando es la intrincada red de Internet y las TICs, a lo cual nos remitimos a lo expresado supra en 8.
11. Refiriéndonos exclusivamente al ámbito del Mercosur, es imperioso e ineludible contar con una normativa única y uniforme que regule dentro el comercio electrónico, las relaciones de consumo establecidas por medio de la red de Internet, y en especial, que la jurisdicción no le sea impuesta al consumidor bajo ninguna circunstancia. Sin perjuicio de lo aquí expresado resulta de aplicación para los contratos internacionales de consumo celebrados bajo dicha modalidad, los Protocolos de Buenos Aires y de Santa María anteriormente mencionados.
12. En concordancia con lo examinado supra 11., recientemente la Secretaría de Coordinación Técnica de DEFENSA DEL CONSUMIDOR, mediante la Resolución
10 104/2005 estableció el pasado 27 de junio de 2005 lo que a continuación textualmente transcribimos:
Secretaría de Coordinación Técnica DEFENSA DEL CONSUMIDOR Resolución 104/2005.
Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del Grupo Mercado Común del Mercado Común del Sur, de fecha 8 de octubre de 2004, relativa al Derecho de Información al Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas por Internet. Bs. As., 27/6/2005.
VISTO el Expediente Nº S01:0136762/2005 del Registro del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, y CONSIDERANDO: Que con la finalidad de satisfacer el objetivo de constituir un Mercado Común, los Estados Partes signatarios del Tratado de Asunción aprobado por Ley Nº 23.981, han decidido reglamentar el derecho del consumidor a la información en las transacciones comerciales efectuadas a través de Internet. Que en cumplimiento de tal decisión el GRUPO MERCADO COMUN del MERCADO COMUN DEL SUR (MERCOSUR), en su carácter de órgano ejecutivo del referido Tratado, ha dictado la Resolución Nº 21 de fecha 8 de octubre de 2004 donde se fija la obligación de los proveedores de brindar en los sitios de Internet, información clara, precisa y fácilmente advertible sobre las
características de los bienes y servicios ofrecidos como así también respecto de las condiciones de comercialización de los mismos. Que, toda vez que en razón de los medios utilizados en las transacciones de comercio electrónico, el consumidor no tiene, generalmente, acceso directo a los bienes que pretende adquirir, se debe garantizar que la información otorgada por el proveedor sea suficiente a fin de que pueda tomar una decisión razonada. Que el Artículo 42 de la CONSTITUCION NACIONAL establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno, y que es deber de las autoridades proveer a la protección de esos derechos.
11 Que, en el mismo sentido, la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor dispone en su Artículo 4º que "Quienes produzcan, importen, distribuyan o comercialicen cosas o presten servicios, deben suministrar a los consumidores o usuarios, en forma cierta y objetiva, información veraz, detallada, eficaz y suficiente sobre las características esenciales de los mismos", estableciendo un marco de información necesaria que el proveedor de bienes y servicios deberá otorgar al consumidor a los fines de que este último pueda adoptar una decisión libre y debidamente fundada. Que el Artículo 43 de la ley citada en el considerando precedente establece que la Autoridad de Aplicación de dicha norma tiene, entre otras facultades y atribuciones, la de "Proponer el dictado de la reglamentación de esta ley y elaborar políticas tendientes a la defensa del consumidor e intervenir en su instrumentación mediante el dictado de las resoluciones pertinentes". Que, por lo tanto, corresponde adoptar e incluir en la Legislación Nacional la norma oportunamente dictada por el GRUPO MERCADO COMUN. Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION ha tomado la intervención que le compete. Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades conferidas por el Artículo 43 inciso a) de la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor y los Decretos Nros. 1283 de fecha 24 de mayo de 2003 y 25 de fecha 27 de mayo de 2003 y su modificatorio.
Por ello, EL SECRETARIO DE COORDINACION TECNICA RESUELVE:
Artículo 1º — Incorpórase al ordenamiento jurídico nacional la Resolución Nº 21 del GRUPO MERCADO COMUN del MERCADO COMUN DEL SUR
(MERCOSUR) de fecha 8 de octubre de 2004, relativa al Derecho de Información del Consumidor en las Transacciones Comerciales Efectuadas a través de Internet, que en CINCO (5) hojas se reproduce y que como Anexo forma parte integrante de la presente resolución. Art. 2º — Las infracciones a la presente resolución serán sancionadas conforme lo dispuesto en la Ley Nº 24.240 de Defensa del Consumidor. Art. 3º — La presente resolución comenzará a regir a partir de los CIENTO OCHENTA (180) días de su publicación en el Boletín Oficial.
12 Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Leonardo Madcur.
TRANSACCIONES COMERCIALES EFECTUADAS A TRAVES DE INTERNET VISTO: el Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto y la Decisión CMC Nº 20/02 y la Resolución Nº 91/93 del Grupo Mercado Común.
CONSIDERANDO: Que la protección del consumidor es un tema prioritario en el proceso de integración, y complementa los esfuerzos de los países para la continua y eficiente defensa del consumidor. Que las relaciones de consumo por medios electrónicos, especialmente a través de INTERNET, han crecido notoriamente en los países del MERCOSUR; Que la protección del consumidor en las relaciones de consumo realizadas a través del INTERNET favorecen la generación de confianza en la utilización de este tipo de medios. Que el derecho a la información del consumidor es un factor de transparencia que facilita la toma de decisiones del consumidor.
Art. 1 - En las relaciones de consumo realizadas por comercio electrónico a través de INTERNET, debe garantizarse a los consumidores durante todo el proceso de la transacción comercial, el derecho a la información clara, precisa, suficiente y de fácil acceso sobre el proveedor del producto o servicio; sobre el producto o servicio ofertado; y respecto a las transacciones electrónicas involucradas. La presente norma será aplicable a todo proveedor radicado o establecido en alguno de los Estados Partes del MERCOSUR. Art. 2 - El proveedor deberá proporcionar al consumidor, en su sitio en INTERNET, en forma clara, precisa y fácilmente advertible, la información que a continuación se detalla: a) características del producto o servicio ofrecido conforme a su naturaleza; b) la disponibilidad del producto o servicio ofrecido, así como las condiciones de contratación del mismo y en su caso las restricciones y limitaciones aplicables;
13 c) el modo, el plazo, las condiciones y la responsabilidad por la entrega; d) los procedimientos para cancelación de la contratación y acceso completo a los términos de la misma antes de confirmar la transacción; e) el procedimiento de devolución, intercambio y/o información sobre la política de reembolso, indicando el plazo y cualquier otro requisito o costo que derive del mencionado proceso; f) el precio del producto o servicio, la moneda, las modalidades de pago, el valor final, el costo del flete y cualquier otro costo relacionado con la contratación, dejando expresa constancia que los posibles tributos de
importación que resulten aplicables, no se encuentran incluidos en el mismo; g) advertencias sobre posibles riesgos del producto o servicio; h) el procedimiento para la modificación del contrato, si ello fuera posible. La información prevista en el presente artículo deberá constar en los dos idiomas oficiales de MERCOSUR cuando el proveedor realice transacciones con consumidores de alguno de los Estados Parte cuyo idioma sea distinto al del país de radicación del proveedor. Art. 3 - Además de la información mencionada en el artículo anterior, el proveedor deberá proporcionar al consumidor en su sitio en INTERNET, en forma clara, precisa, y de fácil acceso, al menos, la siguiente información: a) denominación completa del proveedor; b) domicilio y dirección electrónica del proveedor; c) número telefónico de servicio de atención al cliente y, en su caso, número de fax y/o correo electrónico; d) identificación del proveedor en los registros fiscales y/o comerciales que correspondan; e) la identificación de los registros de los productos sujetos a sistemas de autorización previa. f) el plazo, la extensión, las características y las condiciones a la que está sujeta la garantía legal y/o contractual del producto según corresponda; g) copia electrónica del contrato; h) el nivel de seguridad utilizado para la protección permanente de los datos personales; i) la política de privacidad aplicable a los datos personales; j) métodos aplicables para resolver controversias, si estuvieran previstos; k) las lenguas ofrecidas para la celebración del contrato. Art. 4.- El proveedor deberá otorgar al consumidor, en forma clara, precisa y de fácil acceso, los medios técnicos para identificar y corregir errores
14 de introducción de datos antes de efectuar la transacción y un mecanismo de confirmación expresa de la decisión de efectuar la transacción, a efectos de que el silencio del consumidor no sea considerado como consentimiento. Art. 5 - El proveedor deberá indicar al consumidor, en su sitio en INTERNET: un modo de consulta electrónico de la legislación de defensa al consumidor aplicable al proveedor; la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la misma, y referencia a los códigos de conducta a los que estuviera adherido. Art. 6 - Las autoridades nacionales de cada Estado Parte, responsables de la defensa del consumidor, intercambiarán la información necesaria para facilitar la aplicación de la presente normativa. Art. 7 - Los órganos que incorporarán la presente Resolución en cada uno de los Estados Partes son las siguientes: Argentina: Secretaría de Coordinación Técnica del Ministerio de Economía y Producción Brasil: Ministerio de Justicia Paraguay: Ministerio de Industria y Comercio Uruguay: Ministerio de Economía y Finanzas Art. 8 - Los Estados Partes del MERCOSUR deberán incorporar la presente Resolución a sus ordenamientos jurídicos nacionales antes del 30/VI/05.
Del examen de la Resolución supra surge que: • Se resuelve una incorporación al ordenamiento jurídico nacional (la Resolución Nº 21 del Grupo Mercado Común del Sur de fecha 08-10-04). Técnicamente, se legisla una norma obligatoria de carácter imperativo y de Derecho Supranacional aplicable en todo el territorio nacional y del MERCOSUR.
Por dicha Resolución de Derecho Supranacional se obliga a los proveedores radicados o establecidos en algún Estado Parte del Mercosur- a que en toda relación de consumo realizada por medio de comercio electrónico por medio de la red de Internet, garanticen a los consumidores sus derechos a la información durante todo el proceso de la transacción comercial.
Los derechos a la información a que se refiere la norma en examen, son los garantizados por el art. 42 y ccs. de la Constitución Nacional, y los regulados por la Ley 24.240 del Defensa del Consumidor y del Usuario.
No surge del ordenamiento legal analizado alusión alguna respecto a la jurisdicción aplicable y la competencia.
También existe silencio en materia de consumo respecto a la prórroga de jurisdicción, y a la solución de los diferendos contractuales por árbitros, ambas materias expresamente prohibidas en el derecho nacional.
El art. 5 de la norma merece una especial atención, es más que elusivo, contradictorio y confuso, pues solamente expresa que “El proveedor deberá indicar al consumidor, en su sitio en INTERNET: un modo de consulta electrónico de la legislación de defensa al consumidor aplicable al proveedor; la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la misma, y referencia a los códigos de conducta a los que estuviera adherido” (SIC).
Los métodos y modalidades contractuales violatorios de la autonomía de la voluntad siguen incólumnes. La resolución examinada nada aporta a la solución de este grave problema.
Nuestra opinión sobre la resolución subexamen es que, más allá de su legitimidad constitucional o no, constituye sólo un pequeño avance en materia de defensa de los derechos del consumidor y del usuario.
En síntesis, la resolución analizada constituye el más claro y palmario ejemplo de la defectuosa técnica de legislación utilizada. Mínimamente, ni siquiera ordena derogar toda norma que disponga lo contrario o contradiga su espíritu.
13. Merece un comentario aparte el génesis de la Ley 24.240/93 de Defensa del Consumidor y del Usuario. En efecto, dicha Ley nació, según nuestro criterio, inconstitucional, pues el texto sancionado por el Congreso de la Nación fue promulgado parcialmente por el Decreto 2089/93 precisamente, contra las disposiciones legales de fondo entonces vigentes en la Constitución (texto 1853/1860) que si bien admitían (discutiblemente) el veto parcial, exigían en el caso puntual devolver el proyecto integro al Congreso sancionador. Con razón, la posterior sanción de la Ley 24.568/95 – correctamente promulgada- al sustituir el polémico art. 31 de la Ley 24.240/93 primigeniamente sancionada, implicó una suerte de purga de la inconstitucionalidad, oportuna pero improlija al fin. Igualmente improlijas son las ulteriores modificaciones de la citada ley, que en algunos casos han alterado el espíritu noble y equitativo con que fue originalmente sancionada. (12)
16 14. En conclusión, a modo de recordatorio creemos que es oportuno expresar que las garantías receptadas en el nuevo art. 42 de la Constitución Nacional (texto reformado por la H. Convención Reformadora de 1994) constituyen la pieza más importante del basamento estructural regulatorio de las condiciones generales de contratación del derecho privado moderno. La citada norma establece que “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”. Por esta nueva cláusula constitucional, se regula otro de los derechos denominados de “tercera generación”. La cláusula subexamen tiene carácter programático, ya que deriva al legislador el establecimiento de los métodos normativos de protección para prevenir y solucionar conflictos. Pues bien, dichos “conflictos”, entre otros, son aquellos precisamente originados en razón de la jurisdicción y competencia como resultantes de las contrataciones internacionales celebradas “on line”. La cláusula constitucional también expresa una directiva a las autoridades para que permitan el efectivo goce de los derechos consagrados en la norma. Esta moderna protección de la relación de consumo es garantizada por valores universales de reconocido e indubitable rango constitucional -incluso anteriores a la introducción de esta nueva cláusula incorporada en la reforma constitucional de 1994como la libertad, la equidad, la igualdad, el derecho a la información, la protección de la propiedad en sentido estrictamente constitucional, la integridad psicofísica, la intimidad, la buena fe, etc. (13) Por último, creemos que por razones de método y técnica legislativa, hubiera sido más preciso introducir estas nuevas cláusulas garantistas del art. 42, seguidamente al art. 14 bis de la Constitución Nacional.
(1) Conforme Soto Coaguila, Carlos Alberto, “La contratación masiva y la crisis del contrato – A propósito del proyecto de Código Civil Argentino de 1998”. La Ley. 29-06-99. Bs. As. 1999. (2) Conforme al artículo 37, de la Ley 24.240/93 de Defensa del Consumidor y del Usuario: “Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas que desnaturalicen obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte; c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa. En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más de cláusulas Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato si ello fuera necesario”. (3) Conforme al renombrado caso: “Giantomasi Juan Alberto c/Compañía Financiera Argentina S.A. s/consignación de sumas de dinero” (Expte. 100.347), en dicho proceso se afirmó que “la prórroga de jurisdicción es una estipulación frecuente en los contratos que reúnen estas especiales características, en virtud de la cual el consumidor o usuario se somete a la jurisdicción que le impone la empresa predisponente”. (4) Conforme El SEÇÃO II Lei 8.078 de 11-9-1990 - Das Cláusulas Abusivas. Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:(...) VII determinem a utilização compulsória de arbitragem; (5) Las acciones personales deben entablarse ante los magistrados del lugar en cuya ley está sujeto el acto jurídico materia del juicio. Podrán entablarse igualmente ante los magistrados del domicilio del demandado. Se permite la prórroga de jurisdicción si, después de promovida la acción, el demandado la admite voluntariamente, siempre que se trate de acciones referentes a derechos personales patrimoniales. La voluntad del demandado debe expresarse en forma positiva y no ficta. (6) Conforme al art. 5 - Protocolo Adicional de Montevideo de 1940: La jurisdicción y la ley aplicable según los respectivos Tratados no pueden ser modificados por voluntad de las partes, salvo en la medida en que lo autorice dicha ley. (7) Conforme al art. 1º - Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial internacional: Es válido el acuerdo de partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil. El acuerdo respectivo constará en escrito firmado por las partes o en el canje de cartas, telegramas o comunicaciones por telex. (8) Idem supra (1). (9) Idem supra (1). (10) Conforme al art. 6º - Decreto-Ley 18.829/72. Las licencias se otorgarán previa constitución de un fondo de garantía. Este fondo de garantía tendrá la finalidad de asegurar el buen funcionamiento de las agencias y proteger al turista. De él se podrán hacer efectivas las multas a que se puedan hacer pasibles las agencias. En cualquier circunstancia en que dicho fondo se vea disminuido, deberá reponerse dentro de un plazo que no exceda de treinta días. (11) Conforme al art. 29º - Convención de Bruselas. “El contrato de viaje puede contener una cláusula que atribuya competencia a un tribunal arbitral, siempre que esta cláusula prevea que el tribunal arbitral aplicará la presente Convención”. (12) López de Zavalía, Fernando J., “Teoría de los contratos”, Tº 1 –Parte General-, Zavalía Editor. Bs. As. 1997. (13) Sabsay, Daniel A. y Onaindia, José M., “La Constitución de los Argentinos” 2da. Edición (Ampliada y actualizada). Errepar. Bs. As. 1995.
Dr. Gustavo Zunino Docente UBA – UNQ – Investigador
(R) Hecho depósito la reserva de derechos intelectuales (1997-2005).
FactoringContrato de seguro - BurgosContrato de seguro - BurgosDecom - Prog. enseñanza 2009Plan de trabajo DECOM - 2do. 20093. los contratos de adhesion3 bis. los desequilibrios negociales. la lesion y los vicios2. la teoria de los contratos2 bis. la representacion y la gestion12 bis. omt11. las sociedades comerciales y su tipologia legal10. el acto de comercio y los titulos de credito. las sociedades11 bis. las sociedades comerciales. cuadro10 bis. los contratos comerciales legislados en leyes especiales7. el contrato de hospedaje 2. legislacion supletoria9. contratos atipicos, garaje, joint ventures y arbitraje9 bis. contrato de franquicia comercial8. el contrato de trabajo7. hospedaje. fallo de responsabilidad 27. hospedaje. fallo de responsabilidad 17. el contrato de hospedaje 17. el contrato de deposito y los hoteles7 ter. el contrato de servicios turísticos7 quater. contrato de turismo - convencion de bruselas y anexos
12. el mercosur y tics. la jurisdicción aplicable by api-375124011 viewsEmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less

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