Source: https://www.aedaf.es/es/gabinete-de-estudios/newsletter/actualidad-fiscal-02-2019/752d8f775b9743e2068250129e851c84
Timestamp: 2019-08-19 00:07:15+00:00

Document:
AEDAF Newsletter - nº 2 - Actualidad Fiscal 02 - 2019 - BDR Consultores Tributarios y Empresariales, S.L.
Régimen de ventas a distancia del IVA
Laboral. Retribución variable. ¿Qué efectos tiene fijar un objetivo inalcanzable?
Laboral. El TJUE se pronuncia sobre la indemnización del contrato de obra o servicio determinado
Laboral. Los tres primeros días de enfermedad del trabajador no necesitan parte de baja
Laboral. Las madres autónomas pueden acceder a la tarifa plana tras su baja por maternidad
Laboral. Entran en vigor las medidas sociales del RDL 6/2019 y RDL 8/2019
Modificación del procedimiento y condiciones de domiciliación del pago de deudas
Laboral. La firma del finiquito no libera al trabajador del pago de las cantidades adecuadas a la empresa.
Laboral. Creada la comisión paritaria que resuelve las reclamaciones previas sobre prestación por cese de actividad.
Laboral. La indemnización por fin de contrato temporal declarado fraudulento y por despido improcedente son compensables
En los últimos años, estamos viviendo una evolución tecnológica constante que afecta a la forma de entender el mercado por los consumidores de manera que estos, cada vez con más frecuencia, optan por adquirir sus productos a través de plataformas digitales evitando así desplazarse hasta puntos de comercio físico.
Este régimen altera la regla de localización de las entregas de bienes en los siguientes supuestos:
Ventas a distancia desde otros estados miembros de la Unión Europea al territorio español de aplicación del impuesto. Estas ventas tributarán en territorio de aplicación del impuesto (destino) cuando se cumplan los siguientes requisitos:
- los destinatarios de las citadas entregas sean particulares personas físicas, particulares personas jurídicas no identificadas, o empresario no identificados.
- la expedición o el transporte de los bienes se efectúe por el vendedor o por su cuenta.
- los bienes objeto de dichas entregas sean distintos de medios de transporte nuevos, de bienes objeto de instalación o montaje, o de bienes que hayan tributado en el régimen especial de bienes usados en el estado de origen.
- el importe total, excluido el impuesto, de las empresas efectuadas por el empresario o profesional en el territorio de aplicación del impuesto, haya excedido, durante el año natura precedente, la cantidad de 35.000 euros. También será aplicable a las entregas efectuadas cuando se haya superado el límite durante el año en curso.
No obstante, las ventas a distancia efectuadas desde otros estados miembros tributan en el estado miembro de origen cuando no se superen los 35.000 euros.
Ventas a distancia desde el territorio de aplicación del impuesto con destino a otros estados miembros.
Cabe destacar que es posible optar por tributar en destino por todas las operaciones aunque se hayan superado los límites fijados por cada estado. Esta opción comprenderá, como mínimo, dos años naturales.
Destacar que este régimen será objeto de modificación a partir de 1 de enero de 2021.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 11 de abril de 2019, repasa el régimen jurídico del régimen de inversión del sujeto pasivo en la Directiva 2006/112/CE del Consejo, con punto de partida en las dos siguientes ideas:
6.000,00 570 44.000 21,00
50.000,00 5.190 En adelante 23,00
Es un impuesto directo de titularidad municipal, de carácter real y devengo instantáneo, que grava el incremento de valor que experimenten dichos terrenos, como consecuencia de la transmisión de su propiedad por cualquier título, o de la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos.
Es decir, se grava la teórica revalorización que experimenta dicho inmueble durante los años transcurridos desde la anterior transmisión. La base imponible del IIVTNU está constituida por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un periodo máximo de 20 años, que puede o no coincidir con la situación del mercado, puesto que se determina conforme a un procedimiento y unos baremos establecidos en el TRLRHL.
La fijación de un sistema de retribución variable entra en la esfera del poder de dirección de la empresa. No obstante, la Audiencia Nacional declara que el que alguno de los objetivos sea inalcanzable no supone la nulidad del sistema en su conjunto sino que supone que, en el mes en que se haya impuesto este objetivo, el impuesto se dé por cumplido para todos los trabajadores.
La empresa, perteneciente al sector de contac center, tiene establecido un sistema de retribución variable, para cuyo cálculo, desde agosto de 2018, ha incluido un nuevo elemento llamado "productividad" que supone un 20% sobre el total de los objetivos, según el cual para su consecución tiene que atender un determinado número de llamadas a la hora conforme al objetivo mensual establecido por el cliente.
La representación sindical considera que en determinados meses, al incluir para su cálculo los periodos de descanso, el objetivo resulta inalcanzable ya que, si en algún momento no entran las llamadas, el operador no puede alcanzar el número de llamadas exigidas. Por el contrario, la empresa considera que para su establecimiento​ han utilizado parámetros racionales y contrastados (toma en consideración de las pausas por PVD establecidas en el convenio colectivo, el tiempo de trabajo en el que no se atienden llamadas y la duración media de las mismas) y que, además, desde que se implantó el sistema hay más trabajadores que perciben el incentivo.
La AN considera que en el sector de contac center no existe ningún precepto convencional que imponga a las empresas el establecimiento de un sistema de retribución variable. Esto supone que el establecimiento de un sistema de incentivos en el que se valore el número de llamadas que un operador realice de media por hora entra dentro del ejercicio del poder dirección y organización del empresario. Por ello, al ser lícito el establecimiento del objetivo, se desestima la pretensión que solicita la eliminación del ítem de productividad.
Respecto de la cuestión de que algunos de los objetivos mensuales sean inalcanzables por imposibilidad física, al no ser posible humanamente, o por imposibilidad jurídica, por vulnerar normas de obligada observancia como son las correspondientes al régimen de descansos, la AN declara que la nulidad de uno de los objetivos no da lugar a la nulidad del sistema en su conjunto sino a que en el mes en que se haya impuesto el​ objetivo inalcanzable, el mismo se dé por cumplido para todos los trabajadores, lo que en el supuesto enjuiciado no ha sido solicitado por las partes; asimismo, considera que mientras la representación sindical no ha acreditado que los objetivos resulten inalcanzables, la empresa sí lo ha justificado.
Por ello, se desestima la demanda planteada por la representación sindical.
El TJUE considera que existe una razón objetiva que justifica que a la finalización de una contrata se abone a los trabajadores vinculados mediante contrato de obra o de servicio determinado una indemnización inferior que a los trabajadores fijos despedidos en el marco de un despido colectivo.
El JS Santiago de Compostela núm 3 considera que los contratos de obra o servicio determinado fueron celebrados en fraude de ley y que, por consiguiente su extinción constituía un despido improcedente, debiendo abonar la empresa, en caso de optar por la indemnización, una cuantía equivalente a 33 días por año trabajado. En sede de suplicación, el TSJ Galicia considera que el contrato de obra o servicio determinado puede estar vinculado a la duración de una contrata y que la resolución de esta constituye la realización del servicio objeto del contrato e implica su finalización. No obstante, se plantea la duda de si está justificada la diferencia en la cuantía de la indemnización (12 días) frente a la percibida por los trabajadores fijos comparables (20 días) a la extinción de sus contratos en virtud del mismo supuesto de hecho (la extinción de la contrata). Por ello eleva cuestión prejudicial al TJUE para que resuelva la duda.
El TJUE considera aplicable la cláusula 4ª.1 del Acuerdo Marco europeo sobre el Trabajo de Duración Determinada que prohíbe, por lo que respecta a las condiciones de trabajo, tratar a los trabajadores con una duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. Por lo tanto, se debe comprobar si existe una razón objetiva que justifique la diferencia de trato entre los contratos de trabajo por obra o servicio y los trabajadores fijos despedidos por causas objetivas. Para el TJUE, las indemnizaciones asociadas a la extinción de estos contratos se enmarcan en diferentes contextos:
- la indemnización de 12 días, prevista para los supuestos de extinción del contrato por expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio objeto del contrato (ET art.49.1.c), debe abonarse cuando finaliza la tarea objeto de un contrato de duración determinada.
- la indemnización de 20 días, se abona en caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción imputables al empresario (ET 53.1.b). Tiene por objeto compensar la frustración de las expectativas legítimas de un trabajador de continuar la relación laboral.
Por ello, el TJUE declara que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual, en una situación en la que la resolución de la contrata celebrada por el empresario y uno de sus clientes, ha tenido como consecuencia la finalización de los contratos de trabajo por obra o servicio que vinculaban a dicho empresario con determinados trabajadores y, por otra parte, ha dado lugar al despido colectivo, basado en una causa objetiva, de trabajadores fijos contratados por dicho empresario, la indemnización por extinción de la relación laboral abonada a los primeros es inferior a la concedida a los t​rabajadores fijos.
El Tribunal Supremo declara el derecho de los trabajadores de la empresa a disfrutar del permiso retribuido durante los tres primeros días de cada periodo de enfermedad sin necesidad de que se declaren en situación IT, aceptando como justificante de ausencia el emitido por el médico del SNS o de la Mutua que es distinto del parte de baja. Considera que el permiso retribuido por enfermedad que regula el convenio colectivo no tiene la misma naturaleza jurídica que la IT.
Hasta la aplicación de este acuerdo, las ausencias de hasta 3 días de duración sin declaración de baja médica se justificaban mediante la aportación de documentos emitidos por facultativos del Servicio Público de Salud o de la Mutua, según la contingencia, siendo admitidos por la empresa. A partir de esta fecha, la empresa informa que para justificar cualquier ausencia por enfermedad, al margen de su duración, no se va admitir ningún otro documento diferente al parte médico de baja. Disconforme, la representación sindical plantea demanda de conflicto colectivo ante la sala de lo social de la AN, que es estimada por lo que la empresa interpone recurso de casación ante el TS.
La cuestión a debatir consiste en determinar si es o no adecuada la práctica empresarial según cual, la justificación el permiso retribuido por enfermedad únicamente puede realizarse mediante un parte de baja emitido por un facultativo del servicio público de salud, por aplicación de la legislación vigente (OM ESS/1187/2015).
Para resolver la cuestión el TS recuerda que la situación de IT se define como la debida a enfermedad común o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador recibe asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, y es cuando la enfermedad pasa al 4º día de duración cuando se inicia protección de la Seguridad Social y, por tanto el cobro del subsidio.
Es por ello que las enfermedades que imposibiliten para trabajar de uno a tres días no se encuentran dentro de la la acción protectora de la Seguridad Social; y esta exclusión justifica que el acuerdo colectivo complete la protección de los trabajadores cubriendo los tres primeros días de enfermedad estableciendo un permiso retribuido que excluye la posibilidad de que la ausencia del trabajador pueda constituir una falta sancionable con el despido.
Por ello, se concluye que, en cuanto que el permiso retribuido no participa de la misma naturaleza de la IT​, el acuerdo colectivo no puede exigir acreditar la enfermedad mediante partes de baja idénticos a los de la IT. En todo caso, a los efectos del permiso y en los términos previstos en el acuerdo colectivo, el trabajador tiene la obligación de acreditar la situación de enfermedad con un justificante emitido por el sistema sanitario público, bastando cualquier documento justificativo de la situación de​ enfermedad procedente de la constatación médica del sistema público.
Por todo ello, se desestima el recurso de casación interpuesto por la empresa y se confirma la sentencia dictada por la AN.
La DGOSS ha cambiado su criterio y permite a las trabajadoras autónomas que regresen del descanso por maternidad acogerse a la tarifa plana de 60 euros, sin necesidad de darse de baja en el RETA. El cambio de criterio produce efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2019.
La DGOSS ha emitido una circular interna con el objeto de corregir su interpretación de la LETA que llevaba a las oficinas de la TGSS a denegar la tarifa plana de 60 euros durante 12 meses a las mujeres autónomas que se reincorporaban al trabajo tras el descanso por maternidad. En su criterio anterior, la DGOSS interpretaba la norma que recoge la bonificación (LETA art.38 bis) entendiendo el requisito de "cese de actividad" como baja en el RETA. De este modo, si la madre había disfrutado del descanso de maternidad y quería acogerse a la tarifa plana, debía darse de baja en el RETA y volver a darse de alta.
La DGOSS corrige ahora su criterio y considera que el requisito de cese de actividad no solo se cumple en el caso de las trabajadoras que hayan decidido no reanudar su actividad laboral y hayan producido baja en el RETA, sino también en aquellos casos en que la trabajadora autónoma, tras disfrutar del correspondiente descanso por maternidad, haya optado, sin solución de continuidad, por reanudar la actividad laboral.
El nuevo criterio tiene carácter retroactivo, con efectos a partir del 1-1-2019, de modo que las trabajadoras a las que se haya denegado la tarifa plana en base al anterior criterio, van a poder solicitar la devolución de las cuantías ingresadas por la inaplicación de la bonificación.​
El 1 de abril de 2019 han entrado en vigor una parte de las medidas sociales incluidas en los RDL 6/2019 y RDL 8/2019, entre las que destaca la ampliación del permiso por paternidad y el establecimiento del subsidio para mayores de 52 años.
​En el mes de marzo se han publicado normas que recogen diversas medidas sociales: el RDL 6/2019, sobre igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, y el RDL 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo.
Algunas de las medidas incluidas en las normas entraron en vigor al día siguiente de su publicación, y otras, como el registro diario de la jornada de los trabajadores o la ampliación de la obligación de implantar planes de igualdad a las empresas de menos de 250 trabajadores, han diferido su entrada en vigor a un momento posterior. No obstante, una parte de ellas han entrado en vigor el 1-4-2019. Son las siguientes:
1. Equiparación en la duración de la suspensión del cont​​rato por nacimiento y cuidado de menor para los dos progenitores tras un período transitorio que culmina en 2021 (ET disp.trans.13ª). A partir del 1-4-2019, la duración de la suspensión del contrato por nacimiento y cuidado de menor correspondiente al progenitor distinto de la madre biológica es la siguiente:
a) En caso de nacimiento: el progenitor distinto a la madre biológica va a poder disfrutar de un permiso de 8 semanas, de las cuales las 2 primeras deben disfrutarse de forma ininterrumpida, inmediatamente tras el parto, permitiéndose la cesión por parte de la madre biológica de hasta un máximo de 4 semanas. En este caso, la madre biológica puede ceder al otro progenitor hasta un máximo de 2 semanas.
b) En caso de adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento , cada progenitor va a disponer de un periodo de suspensión de 6 semanas que deben disfrutarse obligatoriamente y a tiempo completo, después de la resolución judicial o administrativa que resuelva la adopción, guarda o acogimiento. Además disponen, en común, de un total de 12 semanas de disfrute voluntario, de las que cada progenitor puede disfrutar individualmente un máximo de 10 semanas.
Estas modificaciones, aplicadas al sector marítimo pesquero, también entran en vigor el 1-4-2019.​
2. Recuperación del subsidio para mayores de 52 años: se reduce la edad de acceso al subsidio, hasta ahora establecida en 55 años. La modificación afecta también al momento en que se debe cumplir este requisito; a la duración máxima del subsidio, que se amplía hasta el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, y a la eliminación de la consideración de las rentas de la unidad familiar para acceder al subsidio. (ver novedad)​.
3. Las bonificaciones a la cotización en los siguientes supuestos (ver novedad):
- Transformación en indefinidos de contratos temporales de trabajadores agrarios. Las empresas que ocupen a ​trabajadores encuadrados en el sistema especial agrario y que antes del 1-1-2020, transformen los contratos de trabajo de duración temporal, cualquiera que sea la fecha de su celebración, en contratos de duración indefinida, incluidos los fijos-discontinuos, pueden obtener, durante los dos años siguientes a la transformación del contrato, bonificaciones en la cuota empresarial por contingencias comunes cuya cuantía depende del grupo de cotización a que pertenezca el trabajador.
- Contratación indefinida de personas desempleadas de larga duración. Por la contratación indefinida de desempleados inscritos en la oficina de empleo durante al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, los empleadores tienen derecho, desde la celebración del contrato, a una bonificación de la cuota empresarial a la SS de 108,33 €/mes (1.300 €/año) durante 3 años, por trabajador contratado o, en su caso, por su equivalente diario . Si se concierta con mujeres, la bonificación es de 125 €/mes (1.500 €/año) durante 3 años.
4. Modificación de la LGSS para recuperar la financiación de las cuotas del convenio especial de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, que dejan de ser voluntarias, y pasan a financiarse con cargo a la Administración General del Estado. A partir del 1-4-2019, los efectos del convenio especial de cuidadores no profesionales se producen desde el reconocimiento de la prestación económica del SAAD, siempre que se solicite dentro de los 90 días ​naturales siguientes. En otro caso, los efectos se producen desde la solicitud.
5. Elevación del importe de la asignación económica por hijo a cargo fijándose en 341 €/año (hasta ahora 291 €/año), pudiendo incrementarse hasta los 588 €/año según los ingresos del hogar.
En cualquier caso debe tenerse en cuenta que ambas normas están pendientes de convalidación parlamentaria.
Hoy, día 2 de abril, se inicia el plazo para presentar la autoliquidación del IRPF.
Algunos servicios de la AEAT ya se han puesto en marcha. Así, desde el pasado 15 de marzo se puede acceder a los datos fiscales y obtener el número de referencia, ambos trámites pueden realizarse a través de internet o utilizando la APP de la Agencia Tributaria.
La Campaña de Renta 2018 arranca el día 2 de abril con el inicio del plazo para presentar la autoliquidación, aunque algunos servicios de la AEAT ya estaban puesto marcha. Así, desde el pasado 15 de marzo se puede acceder a los datos fiscales y obtener el número de referencia, ambos trámites pueden realizarse a través de internet o utilizando la APP de la Agencia Tributaria.
Como novedad imortante y urgente, destacamos la ampliación del plazo de domiciliación al 16 abril de 2019 para las declaraciones cuyo plazo finalice el 22 o 23 de abril, por ser el día 20 inhábil y Semana Santa en muchos lugares. Asismimo, se habilita a las entidades en régimen de atribución de rentas del artículo 35.4 de la LGT la posibilidad de hacer uso de la domiciliación bancaria.
Modificaciones del ariculado:
Art. 1 Deudas cuyo pago puede ser aplazado:
Se introduce como novedad la domiciliación del pago de los aplazamientos y fraccionamientos de pago concedidos por los órganos competentes de las Delegaciones de Economía de Hacienda.
Art. 2 Requisitos de las cuentas designadas para el adeudo de domiciliaciones:
Se clarifican cuales deben ser las condiciones que deben reunir las cuentas de domiciliación, siendo estas condiciones las siguientes:
El titular de la cuenta deberá estar identificado mediante un NIF/NIE proporcionado por la AEAT.
Si la deuda se corresponde con declaraciones anuales de IRPF bastará con que la cuenta de domiciliación sea de titularidad de cualquiera de los declarantes.
En el caso de domiciliaciones de deudas correspondientes al IRNR, la cuenta deberá ser titularidad de la persona que realiza la autoliquidación.
Las entidades en régimen de atribución de rentas, a las que se refiere el artículo 35.4 LGTpodrán domiciliar el pago de las deudas siempre que lo contemple el contrato de apertura de la cuenta, además de cumplir con los requisitos generales y en especial el que se refiere a la titularidad.
Art. 3 y D.A.1ª Domiciliación del pago de autoliquidaciones
No obstante, la DA1ª de la Orden establece un plazo de domiciliación especial para aquellas autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice el 22 o 23 de abril por ser iinhábil el día 20 de abril (Semana Santa), que se extenderá hasta el día 16 de abril.
Art. 4 bis. Domiciliación del pago de autoliquidaciones
Debido a la gran aceptación de la utilización bancaria como medio de pago de las deudas tributarias, se ha considerado conveniente extender la domiciliación bancaria al pago de aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias concedidas por las Delegaciones de Economía y Hacienda.
Art. 5 y 6. Gestión de domiciliaciones y momento del pago y liberación del obligado frente a la AEAT
Se introduce la cautela de que la AEAT no responderá de las incidencias derivadas del hecho de que el adeudo se realice en una cuenta que no réúna los requisitos exigidos o en la que no exista saldo suficiente disponible para atender al pago íntegro de la deuda el día del vencimiento de la deuda. Las controversias que puedan sirgir en estos supuestos deberán ser resueltas atendiendo a las estipulaciones acordadas entre el obligado al pago y la Entidad colaboradora.
La orden incorpora una condición adicional para que no le resulte imputable al obligado tributario la falta de cargo o el cargo fuera de plazo. Esta nueva condición es que el obligado no hubiera revocado la orden de domiciliación ante la AEAT o ante las Delagaciones de Economía y Hacienda o ante la entidad de crédito en la que se encontrase abierta la cuenta designada para el adeudo del importe de la deuda domiciliada.
Disposición Adicional Única. Pagos en condiciones de comercio electrónico seguro en la Sede electrónica de la AEAT
Se introducen nuevos medios de pago. Además de las tarjetas de crédito o débito se incluye el servicio de recepción de transferencias instantáneas soportadas bajo el esquema SEPA.
Con carácter general la orden entró en vigor el 29 de marzo de 2019, al día siguiente de su publicación en el BOE.
Respecto de la domiciliación de aplazamientos y fraccionamientos de deudas no tributarias, concedidos por los órganos competentes de las Delegaciones de Economía y Hacienda: únicamente será aplicable a los vencimientos posteriores al día 1 de julio de 2019, siempre y cuando se hayan completado las adaptaciones necesarias por parte de la Administración, y en todo caso para los vencimientos posteriores al 1 de octubre.
Se introducen nuevos medios de pago. Además de las tarjetas de crédito o débito se incluye el servicio
Si en estos próximos días tiene pensado formalizar un contrato de arrendamiento, tenga en cuenta que hasta el día 5 de abril sigue vigente el Real Decreto ley 7/2019 aprobado por el Gobierno, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
Este constituye el segundo intento del Gobierno de reformar el mercado del alquiler de vivienda, puesto que en diciembre de 2018 ya se aprobó el Real Decreto-ley RD-l 21/2018 con el mismo objeto, aunque estuvo vigente tan solo algo más de un mes, ya que no llegó a convalidarse en el Congreso. Concretamente, la reforma estuvo vigente y fue aplicable a los contratos de alquiler que se celebraron entre el 19 de diciembre y el 23 de enero; a los celebrados a partir del 24 de enero se les vuelve a aplicar la normativa anterior.
Por tanto,si se puede, mejor esperar a ver si este nuevo Real Decreto-Ley 7/2019 llega finalmente a convalidarse o su aplciación finaliza el próximo 5 de abril.
Aunque la empresa estampó su sello en el lugar de la firma, el TS ha declarado que el documento de finiquito y liquidación no tiene valor liberatorio respecto de cobros indebidos de una trabajadora no incluidos en la liquidación.
​​El procedimiento tiene por objeto la reclamación de la suma correspondiente al reintegro de salarios abonados en exceso por el periodo 3/2011 a 2/2012 a una trabajadora por la empresa pública para la que prestaba servicios. El reintegro se solicita como consecuencia de la reducción salarial que la empresa debió aplicar a sus trabajadores en aplicación del RDL 8/2010, que debió de ser del 5%, no obstante lo cual a la trabajadora solo se le aplicó el 2%. Mediante acuerdo de empresa con la representación de los trabajadores se estableció que las devoluciones se llevarían a cabo a través de la reducción de las pagas extras de junio 2012 a diciembre 2014. El contrato de la trabajadora se había extinguido mediante jubilación mediante firma de saldo y finiquito.
La empresa presenta demanda en reclamación de cantidad solicitando la devolución de las cantidades indebidamente percibidas, que se desestima tanto en la instancia como en suplicación al declarar la falta de acción por haberse suscrito un documento de saldo y finiquito. Disconforme la empresa interpone recurso de casación para la unificación de doctrina.
El TS recuerda que el recibo de saldo y finiquito es firmado por la trabajadora y en el figura, además del sello de la empresa, ​​la manifestación de la trabajadora indicado que cesa en la relación. En ese acto recibe la liquidación correspondiente y reconoce hallarse saldada por todos los conceptos que pudieran derivarse de la relación laboral, que se extingue. Asimismo, expresamente declara que no le asiste ningún derecho ​para formular cualquier clase de reclamación.
Por ello, el TS considera que, de la lectura del documento, se deduce que la empresa no ha en ningún momento ha manifestado estar saldada de cualquier crédito que pudiera tener frente a la trabajadora. La única manifestación de voluntad que el documento incorpora el documento procede de la trabajadora: aceptando el cese y dando por satisfechos sus créditos frente a la empresa; por lo que concluye que el documento no contiene ninguna manifestación de voluntad de la empresa. El hecho de la liquidación y su desglose fuera elaborado por la empresa no es motivo suficiente para deducir que ésta renuncia a los posibles créditos pendientes con la trabajadora. Además, para poder ser válida, la renuncia hubiera debido expresarse​ de forma clara e indudable, lo en el supuesto enjuiciado, no sucede. (CC art. 1283).
Por ello, el TS concluye que en el documento firmado ni se aprecia una renuncia a la acción de la empresa, ni supone la voluntad clara e inequívoca de dar por satisfecho el crédito cuya litigiosidad se hallaba pendiente.
Por lo que, se estima el recurso, y en cuanto que no ha existido un verdadero pronunciamiento sobre el fondo del asunto, al limitarse la sentencia recurrida a confirmar la falta de acción, se ordena devolver las actuaciones al órgano judicial de instancia del que provienen para que dicte nueva sentencia en la que se resuelva el fondo del asunto.
Nota. Se presenta voto particular por el Magistrado López García​ de la Serrana al que se adhieren el Magistrado Salinas Molina y las Magistradas Segoviano Astaburuaga y Viroles Piñol. Consideran en primer lugar que el TS no es competente para resolver el recurso (escasa cuantía, falta de afectación general y no es i una demanda de conflicto colectivo). Asimismo, consideran que el criterio mayoritario quita valor liberatorio al documento de finiquito y liquidación del contrato respecto del concepto que no está incluido en el documento al presuponer que la empresa no renunció al cobro de lo indebidamente percibido.
Se crea la comisión paritaria que ya estaba prevista legalmente (LGSS art. 350) para informar con carácter vinculante sobre las reclamaciones previas que se formulen frente a las resoluciones denegatorias de las prestaciones por cese de actividad dictadas por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
Prestación por cese de actividad: resolución
El RDL 28/2018, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo introdujo importantes modificaciones para los trabajadores autónomos, entre ellas, la modificación de la prestación por cese de actividad. Asimismo, para las reclamaciones previas contra las resoluciones de una mutua en materia de reconocimiento, suspensión o extinción de esta prestación, se preveía la constitución de una comisión paritaria en la que estuvieran representadas las mutuas, las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos y la Administración de la Seguridad Social que van a actuar en este caso (LGSS art.350.2).
Mediante esta resolución se procede a la creación, constitución, composición, organización y demás extremos precisos para el funcionamiento de esta comisión paritaria, cuyo ámbito territorial es provincial; y tiene la siguiente composición:
-Presidente: funcionario perteneciente a la dirección provincial del INSS o del ISM (en Pontevedra, A Coruña, Lugo y Cantabria).
-Vocales: 1 representante de designado por la Asociación de MCSS, 1 representante designado por las asociaciones representativas de los trabajadores autónomos.
-Secretario: una persona designada por la Asociación de MCSS, sin la condición de miembro de la comisión.
Además, puede formar parte de la comisión un letrado de la Administración de la Seguridad Social integrado en el Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, con voz pero sin voto-
La comisión es competente para conocer de las reclamaciones previas interpuestas frente a las resoluciones denegatorias de las prestaciones por cese de actividad emitidas por las MCSS, siempre y cuando la mutua competente haya denegado la prestación solicitada. .La comisión provincial competente es la de la provincia en la que tenga su domicilio el trabajador autónomo solicitante de la prestación por cese de actividad.
Para la emisión del informe vinculante, la comisión valora cada expediente de manera individualizada, manifestando su conformidad o disconformidad con la propuesta de resolución de la mutua colaboradora. Los acuerdos se adoptan por mayoría simple. Si el acuerdo de la comisión es conforme con la propuesta de resolución de la mutua colaboradora, el secretario deja constancia en el acta y le comunica la decisión.
Si se acuerda la disconformidad con la propuesta de resolución de la mutua colaboradora se emite un informe vinculante en los 10 días siguientes a la celebración de la sesión.
Cuando se considere que existen cuestiones jurídicas de especial complejidad y trascendencia, la comisión puede solicitar informe al Servicio Jurídico de la Administración de la SS.
La mutua colaboradora debe ajustar la resolución de la reclamación previa a lo acor​dado por la comisión y, una vez notificada la misma al interesado, lo ponen conocimiento de la comisión a través de su secretario, aportando justificante de dicha notificación, en el plazo de los cinco días siguientes a su resolución.
Todas las comunicaciones a que se refiere esta resolución se deben realizar a través de medios electrónicos, a excepción de la notificación de la resolución de la reclamación previa al interesado por la mutua colaboradora, que será realizada a través del medio facilitado por el solicitante.
Asimismo, a nivel nacional, se prevé que se constituya una comisión asesora en la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.
El TS declara que si hubo irregularidades en la ejecución del contrato, al emplearse al trabajador en varias obras de forma sucesiva, la indemnización que paga la empresa por fin del contrato temporal es compensable con la que luego se reconoce por despido improcedente a causa de las irregularidades en el contrato.
Compensación de indeminizaciones
​El trabajador prestó servicios para la empresa que lo empleó mediante una serie sucesiva de contratos temporales de obra desde el 8-5-2014 hasta el 28-8-2015 en el que la empresa le comunica el fin de su relación laboral, entregándole la correspondiente indemnización (1.989 euros) por fin de contrato. Con anterioridad a este periodo, el trabajador había prestado sus servicios para la misma empresa mediante sucesivos contratos temporales desde el 24-10-2007 al 5-1-2012. Frente a esta extinción el trabajador interpuso demanda solicitando la improcedencia del despido que es estimada calificándolo de improcedente y fijando una indemnización de 3.163,16 euros, que considera es compensable con la con la indemnización ya abonada. El TSJ confirma la sentencia y el trabajador disconforme con la compensación de la indemnización por despido improcedente presenta recurso de casación para la unificación de doctrina.
La cuestión de​batida consiste en determinar si la indemnización por fin de un contrato temporal para obra determinada es compensable con la que, posterio​​r​mente, se reconoce por despido improcedente que se funda en irregularidades en esa contratación por emplear al trabajador en otras obras.
Para resolver la cuestión, el TS aplica su doctrina (TS 20-6-18, EDJ 517982​ y 11-7-18, EDJ 586621​) en la ha declarado que la indemnización abonada por la extinción del último contrato temporal, y la posterior indemnización superior reconocida tras la impugnación de la extinción que la declara improcedente son compensables. Por ello, la indemnización por despido improcedente debe descontarse lo ya cobrado, porque del mismo acto no puede nacer el derecho a dos indemnizaciones reparadoras del mismo daño, ya que se produciría un enriquecimiento injusto.
Por el contrario, el TS considera que si es posible aplicar la compensación cuando la indemnización correspondiente por dos causas distintas, por ejemplo despido improcedente y extinción regular del contrato temporal, ya que lo contrario produciría un ​enriquecimiento injusto al trabajador​.
Por todo ello, se desestima el recurso confirmando la sentencia del TSJ.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 35
 artículo 35
 Real Decreto 
 resolución

 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución