Source: http://spanish.caracas.usembassy.gov/noticias-y-eventos/informes/derechos-humanos/2011.html
Timestamp: 2013-05-22 10:29:40+00:00

Document:
Derechos Humanos 2011 | Embajada de los Estados Unidos Caracas, Venezuela English
> Derechos Humanos 2011
Informe de los Derechos Humanos 2011: Venezuela
Venezuela es una república
constitucional multipartidista. En 2006, se realizó una elección presidencial en la cual
resultó reelecto Hugo Chávez Frías, representando al partido Movimiento Quinta
República. Las misiones de observadores internacionales consideraron
que las elecciones fueron, por lo general, libres e imparciales, pero señalaron
algunas irregularidades. En septiembre de 2010, se realizaron las elecciones
legislativas para los 165 diputados a la Asamblea Nacional. Las elecciones
fueron, por lo general, libres e imparciales, aun cuando hubo algunos informes
de irregularidades. Sin embargo, algunos observadores electorales nacionales y partidos
políticos de la oposición criticaron tanto la ley electoral, argumentando que
ésta violaba el principio constitucional de la proporcionalidad, como el uso
partidista de los medios de comunicación del Estado por parte del gobierno. Hubo casos en que algunos efectivos de
las fuerzas de seguridad actuaron de forma independiente del control civil.
concentración del poder en el Ejecutivo siguió aumentando de manera
significativa. Una Ley Habilitante aprobada por la saliente Asamblea Nacional
en diciembre de 2010 (menos de tres semanas antes de que los nuevos diputados
asumieran sus cargos) otorgó al Presidente de la República amplios poderes para
decretar leyes durante un período de 18 meses sin consulta ni aprobación de la
Asamblea Nacional electa. La ley fue solicitada por el Presidente para tener
las autoridades necesarias para enfrentar la emergencia presentada por las
inundaciones a finales de 2010. Por medio de esta autoridad el presidente
Chávez decretó 26 leyes, entre ellas un número de disposiciones para restringir
derechos fundamentales en materia de economía y de propiedad.
principales abusos de derechos humanos reportados durante el año se encuentran las
acciones del Gobierno para impedir la libertad de expresión y criminalizar a la
disidencia. El Gobierno acosó e intimidó a estaciones de televisión privadas, a
otros medios y a periodistas durante todo el año, por medio del uso de
amenazas, multas, confiscación de propiedades, regulaciones dirigidas a ellos y
de investigaciones penales y procesamientos. El Gobierno no respetó la
independencia judicial ni permitió que los jueces actuaran conforme a la ley
sin miedo a represalias. El Gobierno utilizó el poder judicial para atemorizar y
procesar de manera selectiva a dirigentes políticos, sindicales, empresariales
y de la sociedad civil que se mostraron críticos de las políticas o acciones
del Gobierno. La falta de cumplimiento
con los derechos al debido proceso, de protección de la seguridad física y de
dotación de condiciones humanas para los prisioneros, contribuyó con la
propagación de la violencia, motines y muertes en las prisiones del país.
siguientes problemas de derechos humanos fueron reportados por organizaciones
no gubernamentales (ONG), los medios de comunicación social y, en algunos
casos, el propio Gobierno: ejecuciones extrajudiciales, entre ellas, las
ejecuciones sumarias de sospechosos delincuentes; la tortura y otros tratamientos crueles, inhumanos o
degradantes; la violencia
dentro de las cárceles y las duras condiciones en las que éstas se encuentran; centros de detención juvenil
inadecuados; arrestos y detenciones arbitrarias; corrupción e impunidad en las
fuerzas policiales; corrupción, ineficiencia y politización en un sistema
judicial caracterizado por retrasos procesales y violaciones al debido proceso;
presos políticos; violación al derecho a la privacidad de los ciudadanos;
restricciones a la libertad de expresión; corrupción en todos los niveles del
gobierno; amenazas contra ONG nacionales; violencia contra las mujeres; antisemitismo
en los medios oficiales; trata de personas; violencia contra personas por su orientación sexual
e identidad sexual; y restricciones al derecho de asociación de los trabajadores.
El Gobierno a veces tomó acciones para
sancionar a funcionarios de bajo rango que cometieron abusos, pero no hubo
investigaciones o procesamientos de funcionarios de alto rango por supuestos
casos de corrupción o de abuso.
Sección 1 Respeto
a la integridad de la persona, incluido el derecho a:
ser privado de la vida de manera arbitraria o ilegítima Ni el Gobierno ni sus agentes cometieron ningún asesinato
por motivos políticos; no obstante, se acusó a los cuerpos de seguridad de
cometer ejecuciones extrajudiciales, entre ellas, ejecuciones sumarias de sospechosos
Hubo varias
denuncias de que los cuerpos de seguridad cometieron asesinatos arbitrarios o
extrajudiciales. La ONG
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) reportó
173 muertes por acciones de las fuerzas de seguridad entre octubre de 2010 y
septiembre de 2011, una disminución del 27 por ciento, en comparación con la
cifra de los 12 meses precedentes. Las causas de las muertes fueron
clasificadas de la siguiente manera: 129 por ejecuciones, siete casos por uso
excesivo de la fuerza, 15 casos por uso indiscriminado de la fuerza, 12 casos
por tortura o tratamiento cruel y dos
casos por negligencia.
Los fiscales ocasionalmente presentaron demandas
en contra de los autores de tales delitos. Con frecuencia, las sentencias fueron
poco severas y las condenas se anularon en segunda instancia. Según PROVEA, 37 entidades policiales
nacionales, estatales y municipales, así como miembros de la fuerza armada
estuvieron implicados en ejecuciones extrajudiciales entre octubre de 2010 y
septiembre de 2011, siendo el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) y la Guardia Nacional las entidades vinculadas con el
mayor número de estas violaciones. No hubo información disponible sobre el
número de funcionarios públicos que fueron procesados o que fueron sentenciados
a prisión por haber estado involucrados en ejecuciones extrajudiciales.
El 28 de mayo,
dos agresores encapuchados asesinaron a Juan José Barrios, siendo éste el
séptimo miembro de su familia en ser asesinado presuntamente por agentes de la
policía del estado Aragua, desde que la familia Barrios públicamente denunció
el abuso policial en Aragua en 1998. El 2 de junio, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado deplorando la ejecución
extrajudicial y afirmando que “el Estado venezolano no ha adoptado las medidas
necesarias para proteger la vida de los miembros de esta familia, quienes
siguen siendo blancos de asesinatos, detenciones, allanamientos, amenazas y
acosos” (ver sección 1.e.). La familia Barrios ha estado amparada por medidas
cautelares de protección emitidas por la CIDH desde 2004.
El 26 de mayo,
tres detenidos, Pedro Rivero, William Pérez y Rubén Arnal, murieron en un
centro de detención en El Rosal, en Caracas. El CICPC inicialmente indicó que los
detenidos habían muerto por asfixia relacionada con el consumo de drogas, pero
una investigación del Ministerio Público demostró que los cuerpos exhibieron
signos de tortura. Según informes de prensa, otros prisioneros afirmaron que
los guardias habían golpeado a los hombres, los sometieron a electrochoques, y cubrieron sus cabezas con bolsas
llenas de insecticida. El Ministerio
Público acusó formalmente a seis funcionarios del CICPC, Evert Rondón, Miguel
Hernández, Edgard Humbría, Michael Borges, Jepzon Díaz y Alfredo Suarez, de
homicidio intencional, trato cruel y quebrantamiento de los pactos y convenios
internacionales. El Ministerio Público también acusó al patólogo Franklin Pérez
por intento de encubrimiento, falsificación de documentos y quebrantamiento de
pactos y convenios internacionales. El 13 de octubre, los seis funcionarios del
CICPC fueron imputados por todos los cargos y, para finales del año,
permanecían en detención en espera de juicio.
El 21 de junio,
un tribunal compuesto por una jueza profesional y dos escabinos concedió la
libertad plena a los 10 funcionarios de la policía del estado Lara imputados
por la tortura y asesinato a tiros de seis personas en Chabasquén, estado Portuguesa,
en 2008. La jueza salvó su voto en la decisión.
siguió procesando a individuos vinculados con los asesinatos en Caracas durante
el suceso conocido como el “Caracazo”, en 1989, en los cuales el Ministerio
Público calcula que murieron 331 personas; con la masacre de El Amparo en 1988,
en la cual fuerzas de seguridad del Gobierno presuntamente asesinaron a 14 personas;
con la masacre de Yumare en 1986, en la cual fueron asesinadas nueve personas; y
con la masacre de Cantaura en 1982, en la cual miembros de las fuerzas armadas
y de servicios de inteligencia presuntamente asesinaron a 25 personas. Por ejemplo:
Caracazo: El 6 de mayo, el Ministerio Público acusó al ex Gobernador
del Distrito Federal (ahora Distrito Capital), Virgilio Ávila Vivas, de
homicidio intencional y quebrantamiento de los pactos y convenios
internacionales. El 1 de octubre, el
tribunal ordenó un juicio para el ex ministro de Defensa Ítalo del Valle
Alliegro; el ex comandante de la Policía Metropolitana, el general retirado José
Rafael León Orsoni; el ex comandante segundo de la Policía Metropolitana Luis
Guillermo Fuentes Serra; y el general retirado Freddy Maya Cardona por sus
acciones durante la masacre del Caracazo. Fuentes Serra y Maya Cardona habían sido imputados el 9 de febrero por asesinato
premeditado y quebrantamiento de acuerdos internacionales en conexión con las muertes
de 21 y 10 víctimas, respectivamente.
El Amparo: En abril, PROVEA solicitó una reunión con
representantes de la Oficina del Fiscal General, sobrevivientes de la masacre y
familiares de las víctimas para obtener información sobre las acciones del
Gobierno para investigar la masacre. PROVEA también solicitó que, conforme a
una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2010, el
Gobierno presente un cronograma con las acciones planificadas para investigar y
procesar a los responsables. El Gobierno no
respondió a la solicitud de PROVEA.
Yumare: En mayo, un tribunal sentenció al general retirado
Alexis Ramón Sánchez Paz a 13 años en prisión por su implicación en la masacre.
Sánchez admitió su responsabilidad.
Cantaura: Ni la Asamblea Nacional ni el Gobierno tomó acciones
ante las peticiones consignadas por PROVEA solicitando el allanamiento de la
inmunidad parlamentaria al diputado recientemente electo Roger Cordero Lara,
así como una investigación por su presunta participación (como piloto de uno de
los aviones) en el bombardeo del campamento del frente guerrillero Américo
Silva en Cantaura.
octubre, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para Sancionar Crímenes,
Desapariciones, Tortura y Otras Violaciones a los Derechos Humanos por Razones
Políticas en el Período 1958-1998 (Ley contra el Olvido). La ley tiene por
objeto establecer los mecanismos para investigar y sancionar a los responsables
de los hechos de violaciones de derechos humanos cometidos durante los gobiernos
dentro del lapso señalado contra “militantes revolucionarios” luchando por “la
justicia social y el socialismo”. También crea una Comisión por la Justicia y la
Verdad y brinda indemnizaciones para las víctimas. La ley no cubre todas las
violaciones de derechos humanos, entre ellas las cometidas después de que el
presidente Chávez tomó posesión en 1999. No hubo aplicación de esta ley para
finales del año. b. No ser
víctima de desaparición No hubo informes fundamentados de desapariciones por
c. No ser
sometida ni a torturas ni a otros tratos o penas
crueles, inhumanas o degradantes Aun cuando la
Constitución estipula que ninguna persona puede ser sometida a penas crueles,
inhumanas o degradantes, hubo denuncias fiables de que fuerzas de seguridad torturaron
y abusaron de varios detenidos. Durante el año la Asamblea Nacional no respondió a la
disposición transitoria cuarta de la Constitución que le exigía que adoptara en
2001, ya sea una ley o una reforma al código penal para estipular sanciones por
casos de tortura. La ONG Red de Apoyo por la Justicia y
la Paz reportó que la falta de dicha ley contribuyó a que el Gobierno no haya
sancionado apropiadamente a funcionarios responsables de torturas; que no se
hayan creado programas para la dotación de servicios médicos, psicológicos y de
rehabilitación a las víctimas, y que no se haya destinado un fondo para
indemnizar a las víctimas.
del Pueblo no publicó estadísticas para el 2011 con respecto a las alegaciones
de tortura por parte de la policía; sin embargo, PROVEA reportó que hubo 20
víctimas de tortura y 75 víctimas de “trato cruel e inhumano” entre octubre de 2010
y septiembre de 2011, una reducción de 45 por ciento y 79 por ciento,
respectivamente, de las cifras del año previo. PROVEA define “tortura” como los
métodos empleados por miembros de los cuerpos de seguridad del estado para
extraer información de las víctimas y “trato cruel e inhumano” como los métodos
empleados por esos mismos cuerpos de seguridad para sancionar y amedrentar a
Los grupos de defensa de derechos humanos siguieron cuestionando
el compromiso de la Fiscal General y de la Defensora del Pueblo para realizar investigaciones
imparciales. No se dispuso de datos sobre las condenas en casos de presunta
tortura. Según la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, ningún funcionario
gubernamental había sido procesado en conexión con alguna de las 243 denuncias
de tortura reportadas desde 2003.
Fueron comunes los
informes de prensa y de las ONG sobre golpizas y tratos humillantes en el
arresto de sospechosos que involucraban
a varias agencias de seguridad. Se reportaron casos de tortura y de otros
tratos y penas crueles, inhumanas o degradantes contra prisioneros durante el año.
Un método común
de tortura o de trato degradante fue la negativa de brindar atención médica a
los internos por parte de autoridades de la prisión (ver Condiciones de las
Prisiones más adelante).
tortura psicológica fue el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, a quien se le dio casa por cárcel el 8 de
febrero (ver sección 1.d.). Los abogados de Afiuni y un principal defensor de derechos
humanos afirmaron que las restricciones del Gobierno contra el acceso de Afiuni
a atención médica, a sus informes médicos, a la luz del sol, y a los
tribunales, constituyeron una tortura “psicológica”. El 29 de julio, los
abogados de Afiuni interpusieron una denuncia ante un tribunal, alegando que,
con frecuencia, ningún efectivo de la Guardia Nacional hacía acto de presencia para
transportar a Afiuni a sus comparecencias obligatorias bimensuales ante un
tribunal, sometiendo así a Afiuni al miedo de que le revoquen el arresto
domiciliario y de que regrese a prisión, donde había recibido amenazas por
parte de funcionarios e internas. El 1 de agosto, el Centro por los Derechos Humanos
de la Universidad Católica Andrés Bello interpuso una solicitud de acción
urgente en nombre de Afiuni ante el Relator Especial de la ONU por tortura.
Condiciones de las prisiones y los centros de detención
las prisiones eran duras debido a un personal mal capacitado y presuntamente
corrupto; a la violencia y las presuntas extorsiones por parte de guardias e
internos, algunas de ellas relacionadas con conflictos entre pandillas y estimuladas
por el tráfico de armas y drogas; al gran hacinamiento en algunos
establecimientos carcelarios y a la escasez de alimentos y agua potable. Expertos
de prisiones e informes de prensa con frecuencia afirmaron que las cabecillas
de pandillas carcelarias y no las autoridades gubernamentales controlaban las
prisiones. La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reportó que hasta
el 3 de noviembre, había aproximadamente 48.602 internos en las 33 prisiones y centros
penitenciarios del país, de los cuales aproximadamente 4.400 eran mujeres. Las principales ONG encargadas de
seguir de cerca la situación en las prisiones calcularon que las prisiones en
todo el país tenían capacidad para sólo 15.000 internos.
Según el OVP,
el VIH/SIDA, la tuberculosis, y una falta de atención médica eran la causa de
aproximadamente 50 muertes en las prisiones durante el año. Un estudio
completo, publicado en septiembre por la ONG Acción Solidaria, arrojó que las
reglas carcelarias con respecto a la clasificación de los internos condujeron
al aislamiento de los infectados con VIH/SIDA en “espacios inadecuados sin
comida ni atención médica”.
El 16 de julio,
el presidente Chávez exhortó públicamente al Poder Judicial que utilizara sus
autoridades jurídicas existentes para otorgar libertad condicional humanitaria
a los presos “gravemente enfermos” en necesidad de tratamiento médico, incluso
permitirles regresar a sus hogares. El 19 de julio, el Gobierno conformó una
comisión interinstitucional que analizó el estado de salud de 54 presos
gravemente enfermos, quienes posiblemente reunían los requisitos para el
beneficio de libertad condicional. El 21 de julio, el Gobierno otorgó libertad
condicional a 44 de los 54 presos y anunció que los demás también obtendrían la
libertad condicional después. Dos de tales prisioneros liberados habían afirmado
ser presos políticos. Luego, durante el año, el Gobierno otorgó libertad
condicional humanitaria al ex funcionario policial Julio Rodríguez y al ex
comisario policial Henry Vivas, encarcelados por su presunta implicación en el
golpe de estado de 2002, y al diputado electo a la Asamblea Nacional José Sánchez
(“Mazuco”), condenado por cargos que, según él, tenían motivos políticos.
seguridad y las autoridades del orden público con frecuencia recluían a menores
juntos con adultos en un mismo recinto, aun cuando existían instalaciones
separadas. Debido a que los reformatorios estaban repletos, cientos de niños
acusados de infracciones fueron confinados en centros de detención juvenil
donde se alegó que estaban hacinados en pequeñas celdas insalubres. Por lo
general, hombres y mujeres estaban recluidos en prisiones separadas. El OVP indicó que, por lo general, en
los presidios para mujeres había menos violencia que en los presidios para hombres.
La Guardia Nacional y el Ministerio del Poder Popular
para las Relaciones Interiores y Justicia tienen la responsabilidad de la
seguridad exterior e interior de las cárceles, respectivamente. El Gobierno no proporcionó seguridad adecuada en las
cárceles. El OVP reportó que
hubo 560 internos muertos en 2011, en comparación con 476 en 2010. La mayoría
de tales muertes y heridos se debió a la violencia entre presos, motines,
incendios y a las condiciones generalmente insalubres e inseguras de las
cárceles. Según informes
de prensa, más de 100 internos resultaron heridos en las luchas a cuchillo
entre presos, conocidas como el "coliseo", que se realizaron en la
Penitenciaría Uribana en el estado Lara y en la Penitenciaría General de
Venezuela en el estado Guárico. El 22 de febrero, la CIDH reiteró su condena de
la violencia e hizo hincapié en la obligación del Gobierno de garantizar la
seguridad de los reos.
varios presos protagonizaron huelgas de hambre y alzamientos violentos para
protestar por los retrasos administrativos y las duras condiciones cancelarias.
A los presos y detenidos se les permitió continuar con sus prácticas religiosas
y recibir visitas, pero en algunos casos los funcionarios de las cárceles
presuntamente intimidaron o abusaron de los visitantes. Durante el año
hubo motines, casi de manera constante, en las cárceles que tuvieron como
resultado internos muertos y heridos, incluyendo un motín en la Penitenciaría
El Rodeo en el estado Miranda, que se inició como un conflicto entre bandas
rivales fuertemente armadas el 12 de junio, que tuvo una duración de 27 días, y
dejó al menos 34 internos y tres funcionarios de la Guardia Nacional muertos. El
17 de junio, 4.000 efectivos de la Guardia Nacional libraron una batalla con
armas de fuego contra los internos cuando intentaban tomar por asalto la
prisión para poner fin al motín. Aunque la Guardia Nacional retiró a 2.500
internos de las instalaciones, otros 2.000 se protegieron con una barricada y
siguieron resistiendo a la Guardia Nacional. Antes de que los internos se
rindieran el 13 de julio, uno de los dos cabecillas de la banda, 26 de sus
seguidores, y aproximadamente otros 50 internos habían escapado, a pesar de la
presencia de soldados y tanques apostados en todos los alrededores de la
prisión. El 9 de agosto, el Ministerio
Público presentó cargos de corrupción y de facilitación del tráfico de armas y
drogas contra el ex director y el director adjunto de la Penitenciaría El
Rodeo, así como a un capitán de la Guardia Nacional. Observadores de
derechos humanos siguieron experimentando largos retrasos administrativos y
acceso restringido a las prisiones y a centros de detención. El Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) no tuvo acceso a las prisiones, excepto a
las dos controladas por el SEBIN y la Fuerza Armada para detenidos por razones
de seguridad. La Defensora del Pueblo, por lo general, no abogó en nombre de
los presos y detenidos para buscar alternativas al encarcelamiento.
la CIDH emitió varios comunicados en los que exhortaron al Gobierno a mejorar
las condiciones carcelarias y a adoptar medidas para evitar brotes de
violencia. El 9 de febrero, como respuesta a las muertes de presos en las
prisiones de Villa Hermosa y Tocorón, la CIDH instó al Gobierno garantizar que
los internos fueran protegidos de manera adecuada y adoptar medidas apropiadas
para evitar brotes similares de violencia. El 16 de junio, como reacción al motín
carcelario en El Rodeo, la CIDH emitió un comunicado reiterando su preocupación
por los altos índices de violencia en los centros penitenciarios del país y por
la presencia en varias prisiones de organizaciones criminales en posesión de
armas alto calibre.
Interamericana de Derechos Humanos continuó supervisando la situación de los centros
penitenciarios venezolanos, de conformidad con su decisión emitida en 2006, con
respecto a la necesidad de mejorar las condiciones carcelarias. En resoluciones
de fecha 15 de mayo y 6 de julio, la Corte nuevamente exigió al Gobierno consignar
informes bimensuales con información específica sobre las acciones tomadas para
"proteger la vida y la integridad" de los reclusos, pero no hubo
información pública disponible sobre el cumplimiento de este requerimiento por
parte del Gobierno. El 25 de julio,
en respuesta al motín en la Penitenciaría de El Rodeo, el presidente Chávez anunció
la creación del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios
y asignó a la diputada de la Asamblea Nacional, Iris Varela, como la titular de
este nuevo despacho. Varela inmediatamente propuso unas reformas para reducir
el hacinamiento y la violencia, incluso por medio del otorgamiento de libertad
condicional para un número aproximado de 20.000 prisioneros que reunían los
requisitos para tal beneficio y una prohibición de transferencia de nuevos
presos a los penales. Para finales del año el Gobierno no había aplicado estas
d. No ser
sometida a arresto o a detención arbitraria
La Constitución prohíbe
el arresto o detención de una persona sin una orden judicial; asimismo estipula
que el acusado será juzgado en libertad, excepto por las razones determinadas
por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso, y dispone además que toda
persona detenida tiene derecho a comunicarse de inmediato con sus familiares,
abogado o abogada, quienes, a su vez, tienen derecho a ser informados del lugar
donde se encuentra la persona detenida.
Durante el año el
presidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones
Unidas, la Comisión Internacional de Juristas, ONG internacionales y nacionales
de defensa de derechos humanos y prominentes figuras internacionales solicitaron
al Gobierno liberar a la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue detenida en 2009
por su decisión de poner en libertad al banquero Eligio Cedeño. El 8 de
febrero, un tribunal otorgó a Afiuni casa por cárcel para que se pudiera recuperar
luego de una cirugía a la que tuvo que ser sometida de manera urgente, pero le
prohibió salir de su apartamento (ver sección 1.c.). El tribunal exigió que personal de la Guardia
Nacional escoltara a Afiuni a sus comparecencias ante el tribunal cada 15 días.
El tribunal siguió con el juicio contra Afiuni, a pesar de una declaración de
mayo de 2010 por parte del fiscal de “que no se desprende que la ciudadana María
Lourdes Afiuni haya obtenido algún dinero o beneficio económico” para aprobar
la libertad de Eligio Cedeño. Durante el año Afiuni se negó a participar en el
juicio, argumentando que el juez principal, Alí Paredes, había admitido
públicamente su apoyo “incondicional” al presidente Chávez y por tanto no era
imparcial. El tribunal denegó su petición de recusar a Paredes como juez
principal. Sin embargo, el 6 de octubre, el Tribunal Judicial Disciplinario reconoció
la denuncia de Afiuni contra Paredes y abrió una investigación. En una rotación
anual de rutina de jueces el 16 de diciembre, el tribunal nombró al juez
Robinson Vásquez para reemplazar a Paredes como juez del juicio en el caso Afiuni,
decisión que se hará efectiva a principios del año judicial de 2012. El 13 de
diciembre, el tribunal extendió el período de detención de Afiuni por dos años
El 14 de abril,
el Ministerio Público acusó formalmente a 10 directores de las casas de bolsa
más grandes del país, quienes habían sido detenidos desde mayo de 2010 e
imputados en julio de 2010 por "comercialización ilegal de divisas" y
conspiración. Los directores fueron acusados formalmente bajo la Reforma
Parcial de la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, que entró en vigor en mayo de
2010, después de que habían ocurrido sus presuntas actividades ilícitas. La ley
no disponía de retroactividad en su aplicación. Papel de la policía y del aparato de seguridad La Guardia
Nacional, una rama de la Fuerza Armada, es la encargada de mantener el orden
público, custodiar el exterior de las principales instalaciones gubernamentales
y prisiones, de realizar operaciones contra el tráfico de narcóticos, de vigilar
las fronteras y de mantener el orden público en las zonas remotas. El
Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia controla
el CICPC, que realiza la mayoría de las investigaciones penales, y el SEBIN (la
anterior DISIP), que realiza labores de inteligencia dentro del país y se
encarga de investigar los casos de corrupción, subversión y tráfico de armas.
Existen cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales. Los alcaldes y gobernadores supervisan
las fuerzas policiales municipales y estatales.
Gobierno estableció el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y anunció
la disolución de la Policía Metropolitana de Caracas (PM). Para finales de
2011, el Gobierno había eliminado por etapas la PM, la cual contaba con 10.547
funcionarios, según el ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami. Según
la agencia de noticias de la Asamblea Nacional, desde el 16 de diciembre,
aproximadamente 3.200 ex funcionarios habían recibido adiestramiento y habían
sido incorporados al CPNB, aproximadamente 800 de ellos habían sido
transferidos a otras posiciones dentro del ministerio, y los demás habían
recibido su jubilación o habían sido destituidos por motivos de salud, por
acciones disciplinarias o por otras razones.
diciembre, el número total de funcionarios del CPNB era de 6.848, según el ministro
El Aissami. El CPNB principalmente se enfocó en prestar servicios de policía en
un municipio de Caracas y tenía sólo una presencia mínima en cinco de los 23
estados del país. Durante el año el CPNB también comenzó a proteger las autopistas,
ferrocarriles, sistema del metro y misiones diplomáticas del área de Caracas.
violencia en la sociedad siguió siendo alto. Según informes de prensa, las
estadísticas del CICPC demostraron un aproximado de 18.500 homicidios en todo
el país durante el año (una tasa de 65 asesinatos por cada 100.000 habitantes),
en comparación con los 14.500 homicidios que el ministro El Aissami reportó
para 2010. La práctica de los secuestros
para exigir rescate también fue muy común tanto en centros urbanos como en
áreas rurales; entre ellos se encontraban los “secuestros express”, en los
cuales las víctimas fueron retenidas durante varias horas y luego liberadas, y
los secuestros tradicionales. El 19 de noviembre, la prensa citó fuentes del
CICPC reportando 1.115 casos de secuestros hasta esa fecha en 2011, un aumento
del 26 por ciento en comparación con los 885 secuestros reportados en todo el
año 2010. Ciertas ONG y funcionarios policiales indicaron que muchas víctimas
no reportaban los secuestros ni a la policía ni a otras autoridades.
Hechos de corrupción,
la falta de adiestramiento y equipo policial adecuados, e insuficientes fondos
del Gobierno central, particularmente para cuerpos policiales en estados y
municipios gobernados por funcionarios de la oposición, fueron factores que
redujeron la efectividad de los cuerpos de seguridad. Hubo continuos informes
de abusos de la policía y de su implicación en crímenes, entre ellos
detenciones ilegales y arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, secuestros y
uso excesivo de la fuerza. Durante los
12 meses previos a octubre, PROVEA registró
10 denuncias de personas desaparecidas, presuntamente secuestradas por policías
o miembros de las Fuerzas Armadas, en comparación con las 39 denuncias de ese
tipo en el período precedente de 12 meses. Por ejemplo, el 15 de marzo, según informes de prensa, agentes de
la policía municipal detuvieron a tres efectivos del CBNP por secuestro y robo.
Jean Carlos Jesús Colorado Linares, Rubén Darío
Troconis Díaz y Néstor José Vásquez Olmos presuntamente secuestraron a tres jóvenes con armas de fuego; les
robaron su dinero, carro y ropa; y luego los dejaron en una calle del municipio
Sucre de Caracas. En otro ejemplo, el 30 de agosto, el Ministerio Público arrestó
a un funcionario policial del estado Apure, Deibis Pantoja, por su presunta
participación en el secuestro de un comerciante, Henry Claret Bolívar, el 26 de
agosto. La impunidad
siguió siendo un problema dentro de los cuerpos de seguridad. El Ministerio
Público es responsable de iniciar investigaciones judiciales de abusos de las
fuerzas de seguridad. El informe anual del Ministerio Público para 2010 citó
9.131 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de presuntos
funcionarios policiales y militares, de los cuales 266, o menos del 3 por
ciento, desembocaron en imputaciones; el resto fue sobreseído o archivado. Ni el Ministerio Público ni la Defensoría del
Pueblo proporcionaron estadísticas comparables para 2011.
estatales y municipales también investigan a sus respectivos cuerpos
policiales. Por ley, los cuerpos policiales municipales, estatales y nacionales
tienen un Consejo Disciplinario de Cuerpos Policiales, que emprende acciones
contra funcionarios de seguridad que cometen abusos. La Asamblea Nacional puede
investigar los abusos de los cuerpos de seguridad. El Consejo General de
Policía ha desarrollado políticas y reformas en respuesta a los abusos
Según la ONG
Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la falta de suficientes fiscales
dificultó el procesamiento de funcionarios policiales y militares presuntamente
involucrados en abusos de los derechos humanos. Durante el año,
los gobiernos tanto a nivel local como nacional tomaron algunas acciones para
sancionar a los funcionarios involucrados en abusos. Por ejemplo, en mayo, el
municipio Chacao de Caracas, gobernado por un alcalde de la oposición, expulsó
a 10 funcionarios policiales después de que un video los mostrara pateando y
golpeando a un grupo de presos esposados. En junio, el CPNB expulsó a 86
funcionarios por corrupción. En octubre, el gobierno pro-oposición del estado
Zulia, expulsó a 114 funcionarios vinculados con hechos de extorsión, homicidios,
robos y violaciones a los derechos humanos. No hubo información pública
disponible sobre el procesamiento de los funcionarios expulsados.
fallecimiento de tres presos en unas instalaciones de detención del CICPC en
mayo (ver sección 1.a.), el Gobierno anunció planes para reformar el CICPC. El
7 de junio, el ministro El Aissami afirmó que un equipo multidisciplinario de
expertos de la Comisión para la Reforma Policial y de la Red de Apoyo a la Paz
y a la Justicia, evaluaría y emitiría recomendaciones para la reestructuración
del CICPC. El 22 de septiembre, El Aissami nombró a José Humberto Ramírez
Márquez como el nuevo director del CICPC y anunció un “Plan Estratégico para la
Transformación del CICPC”. No hubo información con respecto a algún cambio realizado
en la estructura o funciones del CICPC para finales del año.
En junio de 2010, la defensora del Pueblo Gabriela
Ramírez anunció la creación de oficinas para la asistencia a las víctimas, entre
ellas víctimas de crímenes o abusos cometidos por la policía. El Gobierno
exigió que las oficinas fueran localizadas en un lugar apartado de las
estaciones de policía y conformadas por un personal interdisciplinario para
garantizar así un trato “justo, respetuoso, igualitario y no discriminatorio” y
para proteger “la privacidad de los demandantes”. El 22 de marzo, la Fiscal General
reportó que las oficinas habían atendido a 120.560 personas en 2010.
Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), inaugurada en octubre 2010 para
profesionalizar el adiestramiento en materia de seguridad para personal del CPNB
y de otros estados y municipios, contaba con centros en Caracas y cinco otras
ciudades, con una matrícula de 11.290 estudiantes hasta septiembre. La UNES
exige capacitación en derechos humanos como parte del pensum para todos los
nuevos funcionarios que ingresen al CPNB, así como a cuerpos policiales
estatales y municipales. Algunos cuerpos policiales municipales y estatales
también ofrecieron capacitación en derechos humanos para su propio personal.
Procedimientos de arresto y trato para los detenidos Para realizar un arresto o una detención se requiere una orden
judicial. Una detención es posible sin una orden
de arresto cuando se detiene a la persona en el acto del delito. Sin embargo, a
veces, se detuvieron a personas sin ninguna orden de arresto emitida por autoridades
judiciales. Los detenidos deben presentarse ante un fiscal dentro de las 12
horas siguientes al arresto y ante un juez dentro de las 48 horas siguientes al
mismo con el fin de establecer la legalidad de la detención. Una persona
acusada de un delito no puede permanecer detenida durante un período de tiempo mayor
al de la posible condena mínima por dicho delito ni durante más de dos años,
excepto en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando el acusado es
responsable de la demora de los trámites procesales. La ley requiere que a los
detenidos se les informe de inmediato sobre los cargos en su contra, y ese
requisito se cumplió por lo general en la práctica. Aun cuando funciona
un sistema de fianzas, éste no se aplica en determinados delitos. También se
puede negar la fianza si se ha detenido a la persona en flagrancia o si un juez
decide que hay peligro de que el acusado se escape o que obstruya la investigación. La ley estipula que a los detenidos
se les de acceso a asesoría legal y a recibir a sus familiares, y este
requisito, por lo general, se cumplió en la práctica.
Previa a un Juicio: La detención previa a un juicio fue un grave
problema. En su informe del 21 de marzo
para el Examen Periódico Universal de Venezuela en el Consejo de Derechos
Humanos de la ONU, el OVP reportó que el 68 por ciento de los 44.852 presos no
habían recibido sentencia para finales de 2010.
Observatorio Ciudadano del Sistema de Justicia Penal atribuyó los retardos procesales
a la carencia de fiscales y jueces penales. Según el informe anual del
Ministerio Público para 2010, 1.492 fiscales tuvieron que procesar
aproximadamente 257.400 casos en 2010, un promedio de 173 casos por fiscal. La ONG también cuestionó el bajo número de
jueces penales, que calculó en 4,7 por cada 100.000 habitantes en 2010.
2010, las ONG que testificaron ante la CIDH calcularon que, en promedio, un
fiscal recibía cerca de 2.000 denuncias de actividad criminal al año, pero
investigaba sólo 50. De esos 50 casos, sólo 20 llegaban a un tribunal y sólo
dos desembocaban en condenas en un juicio penal. Según el informe anual de 2010
del Ministerio Público, aproximadamente 9 por ciento de los 378.108 casos que
involucraban delitos comunes resultaban en la presentación de cargos penales.
Según algunos presos, la falta de transporte y la desorganización de las
prisiones fueron factores que redujeron su acceso a los tribunales y que contribuyeron
con los retardos procesales.
e. Un juicio
público justo
Constitución establece un Poder Judicial independiente, hubo cada vez mayor
evidencia de que éste carecía de independencia. Hubo alegaciones fiables de
corrupción e influencia política en todo el Poder Judicial. El 5 de febrero, la
presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estela Morales, reportó
que 77 por ciento de todos los jueces tenían nombramientos provisionales. Los magistrados
del TSJ, elegidos por la Asamblea Nacional, formaron parte del Comité Judicial
del TSJ que era responsable de contratar y despedir a los jueces temporales, decisión
que tomaba sin causa ni explicación. Los jueces provisionales y temporales, que
legalmente tienen los mismos derechos y autoridades que los jueces permanentes,
fueron presuntamente objeto de influencia política por parte del Ministerio de
Interior y Justicia y de la Fiscalía General. PROVEA reportó que entre octubre
de 2010 y octubre de 2011, el TSJ denegó el 93 por ciento de los casos
judiciales contra los principales órganos del Gobierno (la Presidencia, la
Asamblea Nacional, la Contraloría General, el Consejo Nacional Electoral y la
Fiscalía General), entre los cuales se encuentran las 20 acciones legales
ejemplos notables de presunta interferencia del Gobierno en el sistema judicial
El 11 de enero, el
TSJ anunció que estaba asumiendo jurisdicción en el juicio del diputado electo
a la Asamblea Nacional Biaggio Pilieri por cargos de corrupción. El día
siguiente el TSJ anuló el juicio debido a presuntas “irregularidades” y ordenó el establecimiento del juicio en una
jurisdicción diferente. Según los dos escabinos en el juicio, las acciones del TSJ se produjeron después de que
ellos mismos habían informado al juez de su decisión de absolver a Pilieri. El juez presuntamente les dijo que “no podían pronunciar tal decisión”. Pilieri había
sido absuelto en su primer juicio por los mismos cargos, pero había sido
imputado nuevamente y puesto bajo arresto domiciliario después de haber
resultado electo a la Asamblea Nacional en septiembre de 2010. Las autoridades liberaron a Pilieri de la prisión el
23 de febrero luego de una huelga de hambre realizada por estudiantes que
solicitaban la liberación de los presos políticos. Pilieri asumió su cargo el 24 de febrero y adquirió inmunidad
parlamentaria contra mayores procesamientos.
El 19 de julio, la presidenta del TSJ retiró la orden
emitida el 14 de julio para que la Fiscal General abriera una investigación por
corrupción contra el gobernador del estado Miranda y candidato presidencial, Henrique Capriles Radonski. Su decisión
se produjo un día después de que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) había anunciado que no apoyaba la
investigación porque no quería que Capriles pudiera “asumir el papel de víctima”.
Toda persona se presume inocente hasta que se compruebe
su culpabilidad. La ley estipula juicios públicos, abiertos y justos, con
procedimientos orales para todas las personas. Los acusados tienen el derecho
de estar presentes en el juicio y de consultar a un abogado. Se asignan defensores
públicos a los acusados indigentes, pero el número de aquéllos sigue siendo
escaso. Según reportes
de prensa y fuentes oficiales, los 874 defensores públicos manejaron
aproximadamente 270.000 casos en 2010. Según la Defensoría del Pueblo, abogados
pagados por el Estado representaban aproximadamente a 76 por ciento de los
Los acusados tienen derecho a interrogar a los testigos
en su contra y a convocar a sus propios testigos. Los acusados y sus abogados
tienen derecho a acceder a las pruebas en posesión del Gobierno, pero en la
práctica dicho acceso a menudo no era permitido. Los acusados y los demandantes
tienen el derecho de apelación. Las demoras judiciales fueron frecuentes.
La ley establece que los juicios para el personal militar
imputado por cometer violaciones a los derechos humanos después de 1999 deben
tener lugar en tribunales civiles y no militares.
Presos y detenidos políticos
del año, la ONG Fundación Conciencia Venezolana emitió una lista de 12 personas
clasificadas como presos políticos, la mayoría de las cuales fueron condenadas
por sus presuntas acciones durante el golpe de estado de 2002. Durante el año el Gobierno hizo uso del Poder
Judicial para amedrentar y procesar de manera selectiva a personas que tenían
una posición crítica de las políticas o acciones del Gobierno.
casos, los presos políticos fueron recluidos en la sede del SEBIN y en la
cárcel militar de Ramo Verde. Las autoridades permitieron que el Comité
Internacional de la Cruz Roja tuviera acceso a estas personas.
Casos de las
personas que afirman ser presos políticos:
Jose “Mazuco”
Sanchez fue liberado gracias a una libertad condicional otorgada por razones
humanitarias el 24 de diciembre (ver la sección 1.c.).
No hubo novedades durante el año en
el caso del General Raúl Baduel, ex ministro de defensa y ex aliado del presidente
Chávez, quien fue sentenciado en mayo de 2010 a siete años y 11 meses en
prisión por cargos relacionados con hechos de corrupción. Baduel siguió
afirmando que su arresto y encarcelamiento constituían una represalia política
por parte del presidente Chávez por haberse manifestado públicamente en contra
de la reforma constitucional promovida por éste y por haber llamado a votar
“no” en el referendo de 2007 para intentar ratificar dicha reforma.
El 31 de enero, un grupo de 10
estudiantes universitarios iniciaron una huelga de hambre frente a la oficina
de la Organización de Estados Americanos en Caracas para solicitar la
liberación de 28 presos que, según ellos, estaban recluidos por razones
políticas. A la huelga de hambre se unieron más personas, hasta llegar a 83 huelguistas
en ocho estados. La huelga llegó a su fin el 22 de febrero con el anuncio del
Gobierno del acuerdo de otorgar libertad condicional a cinco de los presos,
Felipe Rodríguez, Silvio Mérida Ortiz, Otto Gebauer, Arube Pérez y Marco
Hurtado. Todos, excepto uno, habían sido condenados por su presunta participación
en el golpe de estado de 2002. El Gobierno también acordó permitir al resto de
los 23 presos recibir atención médica por doctores escogidos por sus familiares
y revisar el caso y las condiciones de vida de cada preso.
carácter regional de la Corte de Derechos Humanos El 21 de febrero, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (Corte) emitió una resolución ordenando al Gobierno adoptar
inmediatamente “todas las medidas necesarias y extraordinarias, además de las
ya tomadas”, para garantizar la seguridad de la familia Barrios, que ya
contaban con siete miembros asesinados, presuntamente por agentes de la policía
del estado Aragua, desde que la familia públicamente denunció el abuso policial
en 1998 (ver la sección 1.a.). La Corte reiteró
su preocupación por el hecho de que el Gobierno no había logrado proteger a la
familia Barrios, para quien la CIDH había emitido medidas cautelares de protección
en 2004, y exigió al Gobierno colocar guardias permanentes en las casas de los
familiares y reportar a la Corte cada dos meses sobre las medidas tomadas. El
28 de mayo, dos agresores no identificados asesinaron a tiros a Juan José
Barrios, beneficiario de las medidas cautelares de la Corte. El 29 y 30 de junio, comparecieron ante la
Corte las partes interesadas y brindaron su testimonio sobre el caso, pero la
Corte no había emitido una decisión con respecto a la responsabilidad del
Gobierno en las muertes de los miembros de la familia Barrios para finales del
El 1 de septiembre, la Corte emitió una decisión
unánime de que el Gobierno no podía inhabilitar administrativamente al
dirigente opositor Leopoldo López e impedir que optara por un cargo de elección
popular (ver sección 3, Partidos Políticos). La Corte exigió que el Gobierno
permitiera a López registrarse y postularse en cualquier elección futura. También
exigió al Gobierno revisar “dentro de un lapso de tiempo razonable” el artículo
105 de la Ley Orgánica sobre la Contraloría General para impedir que el
Contralor General inhabilite administrativamente a personas que deseen
postularse a cargos de elección popular en el futuro. El 17 de septiembre, el presidente
Chávez afirmó, con referencia a este fallo de la Corte, “Que valor puede tener
esa corte, para mí no vale nada, es un cero a la izquierda”. El 17 de octubre, el TSJ declaró el fallo de la Corte como “inaplicable”, aunque el artículo 23 de la Constitución estipula que
los tratados y convenios internacionales relativos a derechos humanos tienen jerarquía
constitucional y son de “aplicación inmediata y directa por los tribunales”. El 20 de
octubre, la Fiscal General
afirmó que las decisiones de la Corte eran vinculantes si y sólo si no
contravinieran a la Constitución y a las leyes del país. El TSJ argumentó que tenía que balancear los derechos
garantizados en la Convención Americana con los estipulados en las Convenciones
Interamericanas y de la ONU contra la Corrupción. La afirmación subsecuente de
la presidenta del TSJ fue que López podía “registrarse y participar libremente
en las elecciones” pero no necesariamente podría asumir el cargo público por el
que optaba, en caso de resultar electo.
La Corte emitió un número de resoluciones con respecto
a las prisiones en Venezuela. Estas disposiciones requerían que el Gobierno
tomara medidas cautelares para evitar la pérdida de vida o daños a la
integridad física, mental y moral de los reclusos. Durante el año la Corte
emitió decisiones específicas con respecto a las prisiones de Yare, El Rodeo,
Monagas, Tocorón y Vista Hermosa, y el 6 de julio, emitió una resolución
exigiendo al Gobierno adoptar medidas para salvaguardar las vidas de los
internos en seis prisiones. La Corte también exigió que el Gobierno adoptara
medidas para proteger la vida del activista de los derechos de los presos, Humberto
Prado. No se conocieron acciones gubernamentales que reflejasen el cumplimiento
de estas resoluciones.
Procedimientos y recursos judiciales civiles
Existen distintos tribunales civiles que permiten a los
ciudadanos entablar demandas de indemnización por daños y perjuicios. No hay
procedimientos para que las personas u organizaciones busquen recursos civiles
por las violaciones a los derechos humanos. Como sucede con todos los tribunales del
país, los tribunales civiles seguían sujetos al estricto control del Ejecutivo.
f. Injerencia
arbitraria en la privacidad, la familia, la vivienda o la correspondencia La Constitución
estipula la inviolabilidad del hogar y de todo recinto privado de la persona,
pero en algunos casos las autoridades gubernamentales infringieron los derechos
a la privacidad de los ciudadanos al allanar domicilios, incautar propiedades o
interferir en comunicaciones personales.
Durante el año fueron
interceptadas llamadas telefónicas privadas y correos electrónicos entre
figuras de la oposición y luego transmitidas en medios controlados por el
Gobierno, hecho que viola la ley. Por ejemplo, entre el 1 y 4 de agosto, el
canal del Gobierno, Venezolana de Televisión, transmitió lo que aseguró eran
grabaciones de conversaciones telefónicas privadas entre figuras de la oposición
- incluyendo a un ex dirigente militar, activistas de partidos políticos y un
candidato presidencial - en las cuales presuntamente criticaban a otros
dirigentes de la oposición y conversaban sobre presuntos arreglos detrás de
bastidores para seleccionar candidatos de oposición para las elecciones de 2012.
Sección 2 Respeto a las libertades civiles,
a. La libertad de expresión y de prensa
Estado de la Libertad de Expresión y
de Prensa La ley estipula la libertad de expresión
y de prensa; sin embargo, el conjunto de leyes y regulaciones que rigen la
difamación y el contenido de los medios de comunicación social, así como el
acoso legal y el amedrentamiento físico tanto de personas como de los medios,
trajeron como consecuencia limitaciones de dichas libertades en la práctica. Grupos nacionales e internacionales, tales como Reporteros sin
Fronteras, la Asociación Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité de
Protección a los Periodistas, condenaron los esfuerzos gubernamentales, durante
todo el año, de restringir la libertad de prensa y crear un clima de miedo y
Libertad de Expresión: La ley estipula que insultar al Presidente se sanciona con seis a 30
meses en prisión sin fianza, con menores penas por insultar a funcionarios de
menor rango. Comentarios que expongan a otra persona al escarnio u odio público
se sancionan con sentencias de uno a tres años en prisión y con multas que van
desde BsF. 55 (aproximadamente $13). El Gobierno tomó represalias contra personas que
públicamente expresaron críticas contra el Presidente de la República o las políticas
El 21 de octubre,
la Asamblea Nacional designó una subcomisión para investigar presuntos hechos
de corrupción relacionados con el contrato de construcción, en 2006, del
diputado de la oposición Julio Montoya y su esposa. Muchos observadores
consideraron que la investigación fue una reacción a la divulgación de Montoya,
el 15 de agosto, de un informe confidencial del Ministerio de Finanzas y del
Banco Central sobre el plan controvertido del Gobierno de repatriar 211 toneladas
de reservas de oro de instituciones de EE.UU. y de Europa y transferir
aproximadamente $6,28 mil millones de las reservas internacionales venezolanas
a bancos en Rusia, China y Brasil. Previamente Montoya había denunciado que el Gobierno era cómplice en el
robo, cometido el 25 de abril, de su oficina y en la intervención ilegal de su
correo electrónico personal y su cuenta en una red social el 21 de septiembre
para “amedrentarlo” por sus investigaciones de presunta corrupción
gubernamental. Montoya había divulgado las acusaciones del presunto traficante
de drogas Walid Makled de que funcionarios de alto rango del Gobierno y del
sector militar estaban involucrados en la red de narcotráfico de éste y de que
había financiado algunas campañas políticas del Gobierno (ver más adelante).
El 13 de julio,
Oswaldo Álvarez Paz, ex gobernador del estado Zulia y candidato
presidencial en 1993, fue hallado culpable de divulgar información falsa y fue
condenado a dos años en prisión por sus comentarios durante una entrevista de
televisión en marzo de 2010. En esa entrevista afirmó que Venezuela era “un
centro de operaciones para el narcotráfico” y sugirió que el presidente Chávez
“caería” después de cualquier investigación internacional de los nexos de
Venezuela con las organizaciones terroristas FARC y ETA. Un tribunal otorgó a Álvarez Paz libertad condicional.
en cuanto al caso de Antonio Rivero, general de brigada retirado quien fue
imputado en agosto de 2010 por “difamación contra las fuerzas armadas” y por “revelar
públicamente información privada y secretos militares” por su denuncia pública
en abril de 2010 de excesiva influencia cubana en el sector militar. Rivero
permaneció libre en espera de un juicio, pero un juez militar le prohibió
abandonar el país, le exigió comparecer ante un juez cada 15 días y le prohibió
hablar en público sobre los cargos en su contra.
Libertad de Prensa: La ley estipula que un reportaje inexacto que perturbe la paz pública
es sancionable con períodos de dos a cinco años en prisión. El requisito de que
los medios divulguen solamente información “veraz” no estaba definido y abierto
a una interpretación política.
La Reforma de la Ley de Responsabilidad Social para
Radio y Televisión (RESORTE) y la Reforma a la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, que entraron en vigor en diciembre de 2010, prohíben a
todos los medios divulgar mensajes que inciten o que promuevan el odio o la
intolerancia por razones religiosas, políticas, de género, raciales o xenófobas;
que inciten, promuevan o condonen actos criminales; que constituyan propaganda
de guerra; que fomenten ansiedad en la población o que afecten el orden público;
que no reconozcan a las autoridades gubernamentales legítimas; que incite al
homicidio; y que inciten o promuevan la desobediencia al orden legal
establecido. Las sanciones van desde multas hasta la revocación de las
La ley declara
a las telecomunicaciones como un "servicio de interés público", por
tanto, le proporciona al Estado la mayor autoridad para regular el contenido y
la estructura de la radio, la televisión y los sectores de producción
audiovisual. La ley estipula que el Gobierno puede suspender o revocar
licencias cuando considere que dicha acción sea necesaria para los intereses de
la nación, el orden público o la seguridad. La ley de telecomunicaciones
habilita al Gobierno para imponer cuantiosas multas y cancelar transmisiones
por violaciones a sus normas, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
supervisa la aplicación de la ley. El Gobierno usó
su autoridad bajo la ley de telecomunicaciones para censurar a Globovisión, canal
de noticias privado transmitido por cable y crítico del Gobierno. El 17 de octubre, CONATEL impuso una multa de
BsF 9,3 millones (aproximadamente $2 millones) a Globovisión por la cobertura
de los motines en la cárcel de El Rodeo (ver sección 1.c.). CONATEL afirmó que
Globovisión buscó crear zozobra en la sociedad al manipular una cinta de audio
para añadir sonidos de ametralladoras de fondo, por transmitir reiteradamente las
declaraciones más sensacionalistas de los familiares de los internos, y por no
reportar todas las declaraciones del Gobierno con respecto al motín. Globovisión
negó los cargos en su contra, indicó que sus transmisiones habían llenado un
vacío de información dejado por la falla del Gobierno de no reportar los
sucesos en la prisión, y apeló la decisión de CONATEL. La apelación quedó
pendiente para finales del año. CONATEL tenía otras seis investigaciones
administrativas pendientes contra Globovisión para finales del año.
La ley exige que los periodistas en
ejercicio tengan título universitario en periodismo y pertenezcan al Colegio
Nacional de Periodistas y prescribe de tres a seis meses de cárcel para quienes
ejerzan el periodismo ilegalmente. Estos requisitos no se exigen a los extranjeros
ni a los columnistas de opinión.
Violencia y Acoso: Durante todo el
año, dirigentes gubernamentales de alto rango tanto
nacionales como estatales siguieron acosando y amedrentando a estaciones de
televisión y a medios privados y pro-oposición, así como a periodistas que
trabajan para estos medios por medio de amenazas, confiscaciones de propiedades,
investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos. Funcionarios
gubernamentales, entre ellos el Presidente, usaron medios del Gobierno para
acusar a dueños, directores y reporteros de medios privados de fomentar
campañas de desestabilización contra el Gobierno e intentos de golpe de estado.
Censura o Restricciones al Contenido: El Gobierno ejerció presión mediante acciones
administrativas, financieras y legales para que los medios de comunicación independientes
cambiasen sus líneas editoriales. Miembros de los medios independientes informaron, de
manera privada, que regularmente tuvieron que incurrir en la autocensura por
miedo a represalias por parte del Gobierno.
Aun cuando los principales periódicos del país eran
independientes, algunos medios impresos tendieron a mostrar cautela con el fin
de asegurar la publicidad oficial. Dos periódicos de
circulación nacional, Diario Vea y Correo del Orinoco, recibieron apoyo
financiero directo del Gobierno. El periódico de Caracas Ciudad CCS fue manejado por la Jefa de Distrito Capital, quien fue
designada en el cargo por el Presidente de la República, y recibió fondos del
Alcalde del Municipio Libertador en Caracas. El Gobierno, a
veces, incurrió en la censura directa de la prensa. El 21 de agosto,
funcionarios del SEBIN detuvieron a Dinorah Girón, directora del semanario de
línea favorable a la oposición, Sexto
Poder, por el montaje fotográfico de primera página en el que se presentaba
a funcionarias gubernamentales como chicas bailando el “cancan” y el artículo
que lo acompañaba alegaba que el Gobierno montó un “cabaret” para distraer la
atención del público de los verdaderos problemas del país. Un tribunal también
emitió una orden de arresto contra el editor del mismo semanario, Leocenis
García. En una concentración del 21 de agosto, la presidenta del TSJ, Luisa
Morales, dijo que el montaje “ofendía la dignidad” de las funcionarias y
solicitaba al Gobierno cerrar el periódico de manera inmediata por la “flagrante
violación a los derechos de la mujer”. El tribunal ordenó que el periódico dejara
de publicarse el 21 de agosto, pero permitió que volviera a publicarse el 30 de
agosto, cuando García se entregó ante las autoridades. El tribunal ordenó que
el periódico no publicara textos ni imágenes que ofendieran o insultaran la
reputación de los funcionarios públicos o de las mujeres. El Ministerio Público
imputó a Girón y a García por “instigación al odio”, “vilipendio a funcionario
público” y “ofensa pública por razones de género”. El tribunal otorgó a Girón,
pero no a García, libertad condicional. Empleados de Sexto Poder emitieron un comunicado el 30 de octubre en el cual
afirmaron que funcionarios del Gobierno estaban “presionando” a García para que
vendiera sus acciones mayoritarias del periódico a cambio de ser liberado de la
prisión. El 21 de noviembre, después de que García realizó una huelga de hambre
durante 12 días para protestar por su detención, el tribunal le otorgó libertad
condicional en espera de un juicio. El 31 de agosto, el Relator Especial para
la Libertad de Expresión de la CIDH condenó las acciones del Gobierno con
respecto a Sexto Poder, afirmando que
estos sucesos “son opuestos a los estándares de la región en materia de
libertad de expresión y tienen un efecto de amedrentamiento y autocensura, que
comprometen no sólo a las personas afectadas directamente, sino también a todos
los medios en Venezuela”.
también ejerció control sobre el contenido por medio de requisitos para las
transmisiones y para la emisión de licencias. CONATEL actuó de manera selectiva
con las solicitudes de renovación de las frecuencias de transmisión por parte
de entidades radiodifusoras privadas. La prensa reportó que aproximadamente 250
estaciones de radio operaron con licencias caducadas a pesar de haber
consignado de manera oportuna las solicitudes de renovación a CONATEL años
antes. En una entrevista del 31 del octubre, la periodista de radio, Marta Colomina, crítica del Gobierno, afirmó
que había sido despedida de la estación independiente Unión Radio a mediados de
octubre por presión del Gobierno sobre los dueños de la estación, quienes
estaban preocupados por la renovación de las licencias vencidas de 30 estaciones
de radio que componía la red. Colomina afirmó que el Gobierno estaba tratando
de provocar la auto-censura en los medios “para substituir la realidad con la ficción
de un mundo feliz”. Durante el año, CONATEL cerró 27 estaciones de radio
privadas en FM, bajo el argumento de que eran estaciones piratas operando de
manera ilegal o que no habían cumplido con sus obligaciones administrativas o
impositivas. Aun cuando algunos dueños de estaciones negaron públicamente estos
alegatos, la prensa citó al presidente de la Cámara Venezolana de la
Radiodifusión diciendo que la cámara estaba “satisfecha por las medidas
adoptadas por el Gobierno nacional contra las llamadas estaciones clandestinas”.
El 21 de enero,
la estación de televisión privada por cable RCTV, previamente registrada como
una productora audiovisual internacional, solicitó ante CONATEL registrarse
como productora audiovisual nacional y, por tanto, retomar sus transmisiones
por cable y por satélite. Las operadoras de cable habían cesado de transmitir
la señal de RCTV en enero de 2010 después de que CONATEL la reclasificara como
una “productora audiovisual nacional” y luego alegara que estaba violando el
requisito de las productoras nacionales de brindar cobertura en vivo de las
cadenas, incluyendo la mayoría de los discursos del presidente Chávez. CONATEL
no había reaccionado ante la solicitud de RCTV para finales del año. En agosto,
RCTV lanzó una estación de radio por Internet.
agosto, el TSJ declaró improcedente la solicitud de amparo introducida por la
estación privada Circuito Nacional Belfort (CNB), cuya frecuencia de radio 102.3
había sido reasignada a la Asamblea Nacional en 2009. El TSJ negó la afirmación
del CNB de que la reasignación de la frecuencia se realizaba con el fin de
“silenciar las voces disidentes” y expresó que los demandantes de CNB podían
expresar sus opiniones en otros medios. La apelación por parte de CNB de la
decisión de reasignar la frecuencia permaneció pendiente para finales del año.
Nacional: El Gobierno
buscó ejercer control sobre la prensa por medio del Centro de Estudio
Situacional de la Nación (CESNA), establecido en junio de 2010. Esta entidad
gubernamental, adscrita al Ministerio de Interior y Justicia, tendrá las
funciones de “recopilar, procesar y analizar” tanto la información emitida por
el Gobierno como otra información pública con el objetivo de “proteger los
intereses y objetivos del Estado”. El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y
cinco ONG nacionales expresaron públicamente su preocupación por el potencial
de abuso y censura por parte del CESNA con base en motivos de seguridad
nacional. En julio de 2010, Espacio Público, el CNP y el Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Prensa interpusieron una denuncia ante el TSJ en la que se
protestaba la base constitucional para la formación del CESNA. El 30 de
noviembre, la Sala Constitucional del TSJ devolvió el caso a la Sala Político-Administrativa,
ya que determinó que la denuncia no planteaba cuestiones constitucionales. La Sala
argumentó que el decreto presidencial con el que se creaba el CESNA no
representaba un ejercicio de autoridad constitucional, sino más bien autoridad
legal derivada de la Ley Orgánica sobre la Administración Pública. El caso
permaneció pendiente en la Sala Político-Administrativa para finales del año.
las Organizaciones No Gubernamentales: Una ONG que vela por la libertad
de expresión, Espacio Público, reportó que, desde el 30 de
septiembre, el Gobierno fue responsable del 68 por ciento de las 140 violaciones
reportadas a la libertad de expresión durante los nueve meses previos. Espacio
Público recibió 159 violaciones de ese tipo durante el mismo período en 2010. Entre las violaciones se encontraron ataques físicos,
amenazas y amedrentamiento, censura, acoso verbal y judicial, así como restricciones
administrativas. La ONG Instituto de Prensa y Sociedad reportó 75 ataques
físicos contra periodistas en 2010 y 2011. La violencia generalizada en el país
hacía difícil determinar si los ataques fueron producto de actividades del
“hampa común” o si fueron dirigidos específicamente contra miembros de los
Entre los ejemplos notables de
ataques contra periodistas y medios de comunicación se encuentran:
El 17 de mayo, el
cuerpo del columnista de El Clarín y
activista de la oposición política, Wilfred Ojeda Peralta, fue encontrado en el
estado Aragua. Había sido atado,
golpeado, encapuchado, y tenía un impacto de bala en la cabeza. El 23 de mayo,
la Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
condenó el asesinato y solicitó a las autoridades “no descartar la posibilidad
de que el asesinato haya sido motivado por el trabajo periodístico de Ojeda”. El 29 de junio, el CICPC reportó que había
identificado a los responsables, los hermanos Gabriel y Jesús Rafael Prieto
Araujo, quienes presuntamente asesinaron a Ojeda en una disputa personal por
El 31 de julio, varios agresores dispararon desde un
automóvil contra la sede de Vive TV en el estado Zulia, e hirieron a un guardia
de seguridad y a un policía. El presidente de la estación afirmó que el ataque tenía
la intención de amedrentar a la estación de televisión del Gobierno. Afirmó que
el reportaje de la estación era “inconveniente para ciertos sectores porque
hemos tratado asuntos fundamentales, tales como la demarcación de tierras
indígenas, producción en empresas privadas, entre otros”. En un boletín de
prensa del 3 de agosto, la Oficina del Relator Especial para la Libertad de
Expresión del CIDH condenó el acto “de violencia e intolerancia”. Según los
reportes de prensa, el CICPC rastreó el asalto hasta dar con la banda de los “Intocables”,
que estaba presuntamente involucrada en la extorsión de comercios locales. Funcionarios
del CICPC afirmaron que dos personas involucradas en el ataque a Vive TV fueron
asesinadas en un tiroteo con la policía el 3 de agosto.
Con respecto a los casos que ocurrieron en años anteriores:
El 29 de marzo, un
tribunal sentenció a Walter Pérez Cañizalez y a Yorman de Jesús Elías a 16 años
en prisión por el asesinato, en marzo de 2010, de Israel Márquez, el director
del periódico Diario 2001.
El 25 de marzo, un
tribunal sentenció a Oscar David Cabrera Fernández a 15 años en prisión por el
asesinato, en enero de 2010, del director del Diario Panorama, Wilmer Ferrer.
El 27 de julio, un tribunal ordenó a juicio a Walid
Makled, quien fue imputado como el “autor intelectual” del asesinato, en 2009,
del periodista investigativo Orel Sambrano. Previamente otras tres personas
habían sido acusadas de estar vinculadas con el asesinato de Sambrano: el ex
funcionario de la policía de Carabobo Rafael Segundo Pérez, condenado en mayo
de 2010 y sentenciado a 25 años en prisión, y José Duque Daboin y David Antonio
Yañez Inciarte, quienes permanecieron detenidos mientras se completaban sus
Durante el año no hubo restricciones gubernamentales al acceso a Internet,
y tanto personas como grupos podían expresar sus opiniones a través de
Internet, incluso por correo electrónico. Sin embargo, bajo la reformada ley RESORTE, los
proveedores de Internet están sujetos a regulaciones gubernamentales. La ley
prohíbe la divulgación de mensajes o información que pudieran incitar a la
violencia, promover odio e intolerancia, conducir a un crimen o a asesinatos, fomentar
ansiedad en el pueblo o perturbar el orden público, o ser considerados como
irrespetuosos de las oficinas públicas o de los funcionarios. Coloca el peso
del filtro de los mensajes electrónicos en los proveedores de servicios,
estipula que CONATEL puede ordenarles bloquear el acceso a sitios Web que
violen estas normas, y los sanciona con multas por distribuir mensajes
prohibidos. Defensores de derechos humanos y de la libertad de los medios de
comunicación denunciaron que la ley limitaba aún más la libertad de expresión. Luego
de la promulgación de la ley en diciembre de 2010, la SIP afirmó que las leyes
RESORTE y de telecomunicaciones trataron de “poner una lápida sobre la libertad
de prensa y de expresión”. El 21 de enero, la Alianza para la Expresión Libre,
compuesta por 14 organizaciones y universidades involucradas en asuntos de derechos
humanos y de libertad de prensa, condenaron las leyes como “antidemocráticas y
anticonstitucionales” por “limitar aún más el derecho a la comunicación libre y
plural que la Constitución garantiza para todos los venezolanos”.
Durante el año, algunas ONG, miembros de la oposición
y críticos del Gobierno, expresaron preocupación por el hecho de que el
Gobierno monitoreaba correos electrónicos y búsquedas en la Web. El 7 de
septiembre, Espacio Público denunció públicamente que, desde el 31 de agosto hasta
el 7 de septiembre, los sitios de red social y los correos electrónicos de
figuras políticas, activistas de la sociedad civil, escritores y periodistas
habían sido intervenidos ilegalmente (hackeados). Según la ONG, se usurparon las
identidades en las redes sociales y se divulgaron ampliamente comunicaciones y
mensajes personales, varios en medios controlados por el Gobierno. Cuentas de
Twitter de varias figuras de oposición fueron intervenidas ilegalmente y a
través de ellas se empezaron a divulgar mensajes a favor del Gobierno.
Espacio Público solicitó al Gobierno investigar y
castigar a los responsables de este delito informático. En un comunicado del 2
de septiembre, el grupo #N33 asumió responsabilidad por los ataques cibernéticos
y absolvió al Gobierno de cualquier responsabilidad. El grupo justificó los
ataques afirmando que las personas que habían sido el blanco de los mismos habían
usado sus propias cuentas en Twitter para “atacar en diferentes formas la
solemnidad de nuestras instituciones y, más específicamente, la del Jefe de
Estado”. El grupo prometió continuar con los ataques cibernéticos. En noviembre
hubo un brote similar de ataques en el ciberespacio. Para finales del año, el
Gobierno no había tomado acciones para investigar o sancionar a los
responsables de estos incidentes.
La libertad académica y actos culturales
impuso ciertas restricciones a la libertad académica y a actos culturales. Sin embargo, el 4 de enero, el presidente Chávez
anunció que no promulgaría la controvertida Ley de Educación Universitaria que
la Asamblea Nacional había adoptado en diciembre de 2010, que hubiese eliminado
el principio de la autonomía universitaria y hubiese establecido la
construcción del socialismo como el objetivo de la educación superior. Los estudiantes alegaron que el Gobierno tomó represalias
contra universidades autónomas con una línea política favorable a la oposición
al asignar presupuestos significativamente por debajo de la tasa de inflación
anual de 25-30 por ciento, lo que las obligaba a hacer recortes en los
servicios a los estudiantes y en las becas. Entre el 23 de febrero y el 26 de
marzo, al menos 30 estudiantes en varias ciudades iniciaron una huelga de
hambre a favor de un "presupuesto universitario justo", varios de
ellos se cosieron los labios como parte de la protesta. La huelga de hambre
terminó después de que el Ministerio de Educación Superior acordó incrementar
el número y el monto financiero de becas estudiantiles y negociar sobre asuntos
que involucraban servicios universitarios y salarios de los empleados.
Seguidores del Gobierno, a veces, interrumpieron
clases, marchas y concentraciones en universidades, y utilizaron la violencia y
el amedrentamiento para protestar contra las políticas universitarias y
disuadir a los estudiantes de oposición de la participación política.
El 17 de junio, en
Maracay, estado Aragua, miembros de los grupos pro-Gobierno Tupamaro y
militantes de los Círculos Bolivarianos atacaron a estudiantes y empleados
universitarios que estaban manifestando para exigir que las universidades
pagasen los salarios caídos de los trabajadores. Tres estudiantes y dos
trabajadores fueron presuntamente heridos en la confrontación. No se reportó
ninguna investigación gubernamental sobre el ataque. El 9 de diciembre,
un grupo de individuos enmascarados interrumpieron violentamente el proceso del
conteo de votos durante las elecciones estudiantiles en la Universidad Central
de Venezuela (UCV). Los agresores detonaron bombas Molotov que dañaron una
sección de la Universidad, lanzaron bombas de gas lacrimógeno y destruyeron el
equipo para el conteo de votos. El ataque causó que las autoridades electorales
de la Universidad reprogramaran las elecciones en dos de las facultades donde
aún no se había concluido la votación y que tuvieran que retrasar la emisión
del resto de los resultados, que favorecía de manera abrumadora a los
candidatos con una línea a favor de la oposición por encima de los candidatos
pro-Gobierno. La rectora de la UCV Cecilia Garcia Arocha criticó la falta de
investigación por parte del Gobierno de ataques previos contra la Universidad y
culpó a la impunidad por provocar los nuevos ataques. b. La
libertad de reunión pacífica y de asociación Libertad de Reunión
La Constitución establece la libertad de reunión y, en
general, el Gobierno respetó este derecho en la práctica. Los grupos de
defensa de derechos humanos siguieron criticando la revisión del código penal
de 2005 por las sanciones estrictas que impone a algunas formas de
manifestación pacífica. PROVEA expresó su preocupación por la
"criminalización" de las protestas e indicó que entre octubre de 2010 y septiembre de 2011, las fuerzas de
seguridad del Gobierno impidieron o reprimieron 3 por ciento de las 4.472 manifestaciones
pacíficas que, según se reportó, tuvieron lugar, en comparación con el 4,6 por
ciento de las 3.315 protestas que ocurrieron durante el período precedente de 12
Durante el año, las fuerzas de seguridad del Gobierno usaron gas
lacrimógeno, mangueras de agua y perdigones para reprimir protestas pacíficas.
Según informes de prensa, en abril, un grupo de estudiantes se encadenaron a las
puertas del circuito judicial de Barinas para solicitar la liberación del General
Delfín Gómez Parra, a quien el Gobierno había arrestado en 2006 por cargos de
corrupción que los estudiantes alegaron eran por motivos políticos. Después de 19
días, la policía dispersó a los estudiantes con perdigones y gas lacrimógeno. Según
informes de prensa, cuatro estudiantes sufrieron heridas de perdigones lanzados
a quemarropa y 10 estudiantes tuvieron otras heridas.
Constitución garantiza la libertad de asociación y la libertad de no ser
víctima de discriminación política, el Gobierno sólo parcialmente respetó este
derecho. Aunque indicaron que actuaban generalmente sin interferencia, ciertas asociaciones
profesionales y académicas denunciaron que el Consejo Nacional Electoral (CNE),
encargado de convocar todas las elecciones y de establecer las fechas y los procedimientos
para ellas, interfirió repetidamente con sus intentos de celebrar elecciones
c. Libertad de
Internacional sobre Libertad de Religión del Departamento de Estado en www.state.gov/j/drl/irf/rpt.
de circulación, personas desplazadas internamente, protección a los refugiados
y apátridas
garantiza la libertad de circulación dentro del país, viajes al extranjero, emigración
y repatriación, y el Gobierno generalmente respetó estos derechos en la
El Gobierno cooperó con la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y con otras
organizaciones humanitarias para prestar protección y asistencia a los
refugiados, solicitantes de asilo y otras personas en situaciones preocupantes.
Acceso al Asilo: La
Constitución reconoce el derecho al asilo y al refugio, y las leyes estipulan la concesión del
estatuto de asilado o refugiado. El Gobierno ha establecido un sistema para proporcionar protección a
los refugiados. En la práctica, el Gobierno proporcionó
protección contra la expulsión o retorno de los refugiados a países donde su
vida o su libertad podrían estar amenazadas por motivo de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social, o parcialidad política.
Sección 3 Respeto
a los derechos políticos: El derecho de los ciudadanos a cambiar de
La Constitución brinda a los ciudadanos el derecho a
cambiar de gobierno de manera pacífica, y los ciudadanos ejercieron este
derecho, en la práctica, mediante elecciones periódicas, libres e imparciales
con base en el sufragio universal.
Recientes: En septiembre
de 2010, los votantes eligieron a 165 diputados a la Asamblea Nacional para un
período de cinco años; la participación alcanzó el 66,5 por ciento. Los votantes
también eligieron a 12 diputados para el Parlamento Latinoamericano
("Parlatino"). El CNE no invitó a misiones electorales internacionales
para observar el proceso electoral. Sin embargo, observadores electorales
nacionales y dirigentes políticos de la oposición, por lo general, consideraron
que las elecciones fueron libres e imparciales, a pesar de que hubo ciertos
retrasos debido a problemas con máquinas de votación viejas, informes
generalizados de prácticas electorales impropias por parte del partido
oficialista, el PSUV, y ejemplos aislados de intimidación hacia los votantes.
Un rector del
CNE y partidos políticos de oposición criticaron la ley electoral y la
redistribución de los distritos electorales por presuntamente quebrantar el
principio constitucional de la proporcionalidad. Los partidos de oposición
afirmaron que los cambios condujeron a que los candidatos del PSUV ganaran
aproximadamente 59% de los escaños de la Asamblea Nacional (98) a pesar de
ganar solamente 49% de los votos nacionales. Los candidatos de oposición
ganaron aproximadamente 40% de los escaños (65) con 48% de los votos nacionales.
Un tercer partido ganó los otros dos escaños con aproximadamente 3% de los
CNE y la ONG nacional de observación electoral, Ojo Electoral, también criticaron el uso partidista que hizo
el Gobierno de los medios de comunicación del Estado en los meses previos a las elecciones y
durante la campaña electoral de un mes de duración. La ONG citó específicamente
la incapacidad por parte del CNE para garantizar el cumplimiento de sus
regulaciones, que estipulaban una "igualdad de condiciones" en el
acceso a los medios de comunicación, especialmente el uso del Presidente de
frecuentes y extensas cadenas con propósitos electorales a favor de su partido.
Partidos Políticos: En diciembre de 2010, la Asamblea
Nacional saliente aprobó dos leyes que restringen la libertad de los diputados
de la Asamblea Nacional:
La Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y
Manifestaciones prohíbe a los diputados votar contra una legislación propuesta
por la organización política que apoyó sus candidaturas; "hacer causa
común" con posiciones, partidos u organizaciones "contrarias"; y
cambiar bloques parlamentarios. Con la solicitud de 0.l % del electorado y con
la aprobación de una simple mayoría de los diputados, el Contralor General
puede sancionar a un diputado por "fraude contra el electorado" con
la inhabilitación para ejercer un cargo público. Los críticos afirman que la
ley viola el artículo 201 de la Constitución, que estipula que los diputados
están sujetos sólo a sus conciencias y que sus votos son "personales".
Ningún diputado fue sancionado bajo esta ley durante el año.
El Reglamento Interior y de Debates reduce la cantidad
del tiempo en el uso de palabra para los diputados, disminuye el umbral
necesario para sancionar a un diputado por violar las reglas del debate y
restringe el acceso de los medios de televisión privados a la Asamblea Nacional.
Durante todo el año, los diputados de oposición y periodistas independientes repetidamente
criticaron la falta de acceso a la Asamblea Nacional por parte de los medios
independientes. El 21 de junio, el CNP solicitó a ANTV televisión, que tiene el
derecho exclusivo de transmitir por televisión los debates de la Asamblea Nacional,
proporcionar una cobertura imparcial de los procedimientos parlamentarios. Con
base en un análisis del contenido de las transmisiones de ANTV, la ONG Monitor
Legislativo afirmó el 15 de septiembre que la ANTV raramente transmitía los puntos
de vista de los diputados de la oposición, los nombraban solamente para
descalificarlos, y siempre los vinculaban con planes para desestabilizar al
país. La ONG solicitó a la Asamblea Nacional que restaurara el acceso a los
medios de señal abierta a las sesiones parlamentarias.
La Constitución estipula la inmunidad parlamentaria
para quien resulte electo a la Asamblea Nacional “desde el momento de su
proclamación hasta el fin de su período o renuncia”, y los diputados electos de
la oposición Richard Blanco y Hernán Alemán fueron juramentados en
su cargo a pesar de que tenían cargos legales pendientes en su contra. Sin
embargo, el 5 de enero, a los diputados electos de la oposición que se
mantenían en prisión, José “Mazuco” Sánchez y Biaggio Pilieri, se les impidió
asumir sus funciones (ver secciones 1. c. y 1.e.). La suplente de Sánchez, Nora Bracho, fue
juramentada y legisló en su ausencia. Pilieri fue liberado de la prisión el 23
de febrero y juramentado en sus funciones el día siguiente.
Los partidos políticos de oposición se desenvolvieron
en una atmósfera restrictiva, caracterizada por el amedrentamiento, la amenaza de
enjuiciamientos o de sanciones administrativas por cargos cuestionables, prohibiciones
para recibir recursos de cualquier persona o entidad no venezolana y un
limitado acceso a los medios por la poca cantidad de estaciones de televisión y
de radio independientes (ver sección 2.a.). Durante todo el año el Ministerio
Público y la Asamblea Nacional amenazaron con abrir o reabrir las investigaciones
contra las principales figuras de la oposición política, entre ellas los
candidatos presidenciales Henrique Capriles Radonski, Pablo Pérez y Leopoldo López,
por cargos que van desde actos de corrupción hasta abusos de derechos humanos
por parte de los cuerpos policiales de sus jurisdicciones. El 28 de septiembre,
la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional decidió abrir una investigación
contra el Gobernador Henri Falcón por no aumentar los salarios de los maestros
y por la presunta corrupción en varias licitaciones durante su mandato como
alcalde de Iribarren y Gobernador del estado Lara. A principio del año, el
Ministerio Público había abierto una investigación contra Falcón por cargos
similares. Falcón aseguró que el Gobierno estaba buscando una manera de
inhabilitarlo políticamente para que no pudiese optar por la reelección en 2012. Falcón había abandonado el partido
oficialista, el PSUV, para unirse a un partido independiente en 2010.
El 1 de septiembre, en el caso de Leopoldo López (ver
sección 1.e.), la Corte Interamericana falló que la inhabilitación política
para optar a cargos públicos, sin juicio ni condena, violaba la Convención
Americana de los Derechos Humanos. El 17 de octubre, el TSJ rechazó formalmente la
decisión de la Corte Interamericana, incluyendo
la orden de ésta de revisar la ley que autoriza la inhabilitación política por
presuntos casos de corrupción. Sin embargo, la presidenta del TSJ afirmó que
López podía “registrase y participar libremente en las elecciones” pero no
necesariamente podría asumir la función pública en caso de resultar electo. Según
la Contraloría General, desde noviembre, el Contralor General había
inhabilitado políticamente a 116 personas durante el año; 343 personas en total
fueron objeto de inhabilitaciones políticas para finales del año.
noviembre, el ex diputado de la Asamblea Nacional Wilmer Azuaje admitió su
responsabilidad en los delitos de violencia física contra una funcionaria del CICPC
en marzo de 2010 y en el acoso a su ex esposa en 2009, y fue sentenciado a 12
meses de libertad condicional supervisada. Previamente Azuaje había criticado que
el procesamiento en su contra tenía motivos políticos.
Participación de la Mujeres y de las Minorías: La Asamblea
Nacional que se instaló en sus funciones el 5 de enero contaba con 26 diputadas. Durante el año tres de los cinco Poderes Públicos
estaban presididos por mujeres (Judicial, Electoral y Ciudadano) y 12 puestos
de los 31 del gabinete ministerial estaban ocupados por mujeres. Había 13
mujeres entre los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
reserva tres escaños de la Asamblea Nacional para los pueblos indígenas. Tres diputados
fueron elegidos para estos escaños en las elecciones de septiembre de 2010. Hubo un miembro indígena en el gabinete
Sección 4 Corrupción
oficial y transparencia del Gobierno La ley estipula sanciones penales por corrupción de los funcionarios
públicos. Sin embargo, el Gobierno no aplicó la ley de
manera efectiva o imparcial y, con frecuencia, investigaba y enjuiciaba a sus
opositores políticos por cargos de corrupción para acosarlos, amedrentarlos o
llevarlos a prisión. La prensa reportó que los funcionarios involucrados en prácticas
de corrupción gozaban de impunidad.
General de la República se encarga de investigar y sancionar administrativamente
los hechos de corrupción por parte de funcionarios públicos. El Ministerio
Público investiga y procesa penalmente a personas y a entidades en los sectores
públicos y privados por casos de corrupción. La Asamblea Nacional puede ordenar
al Ministerio Público que emprenda las investigaciones. El Ministerio Público y
la Defensoría del Pueblo investigan abusos cometidos por efectivos policiales y
La ONG Transparencia Venezuela reportó que entre 2004
y 2010, el Gobierno había cumplido con cuatro y había realizado algunos avances
en 12 de las 113 recomendaciones que el Mecanismo de Seguimiento a la
Aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción había realizado
para mejorar la transparencia del Gobierno y luchar contra la corrupción. La
ONG reportó que no hubo avances en las restantes 97 recomendaciones. El informe
de Transparencia Internacional de 2011 reflejó una percepción de que el sector
público era altamente corrupto. Durante su comparecencia ante la Asamblea Nacional el
15 de marzo para presentar su informe anual, el contralor general Clodosbaldo
Russián reconoció hechos de corrupción en el programa de construcción de
viviendas del Gobierno, parálisis en proyectos de obras públicas, la pérdida o
deterioración de propiedades del Estado, medicinas vencidas y comida podrida en
almacenes del Gobierno y poca rendición de cuentas sobre los fondos
transferidos del Gobierno nacional a los consejos comunitarios. Durante el año, el Contralor General sancionó a 157
funcionarios públicos por presuntos actos de corrupción: 116 fueron
inhabilitados administrativamente para optar a cargos públicos, 36 fueron
suspendidos de sus puestos de trabajo y cinco fueron despedidos (ver sección 3).
Aun cuando el Ministerio Público expresó que la
corrupción era “uno de los fenómenos que más afecta el desarrollo nacional”, el
Ministerio Público desestimó o suspendió 81 por ciento de los casos
relacionados con la corrupción que manejaba en 2010, según su informe anual. El
Ministerio Público reportó que había cerrado 3.210 casos que involucraban hechos
de corrupción tanto en el sector privado como en el oficial: 596 resultaron en
imputaciones, 2.443 fueron desestimados y 171 fueron archivados.
El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo también
investigan abusos cometidos por efectivos policiales y militares. La corrupción
fue un gran problema en todos los cuerpos policiales, cuyos miembros por lo
general no recibían un buen salario y tenían una capacitación mínima. La
impunidad en casos de corrupción, brutalidad, y otros actos de violencia se
constituyó como un gran problema, reconocido de manera explícita por algunos
funcionarios gubernamentales (ver sección 1.d.). No hubo información pública
disponible sobre el número de investigaciones, enjuiciamientos y condenas de
efectivos policiales y militares durante el año.
corrupción de alto rango involucró a Rafael Ramos de la Rosa, síndico asignado
por el Gobierno para dos casas de bolsa, Uno
Valores e Italbursatil. Ramos
había sido asignado como síndico por la Superintendencia Nacional de Valores.
Fue imputado en un Tribunal del Distrito Sur de la Florida en octubre de 2010 por
alegatos de que fue a Miami, Florida, a recolectar un pago por extorsión de $1,5
millones del antiguo dueño de Uno
Valores. Se confesó culpable el 4
de julio de los cargos de extorsión y conspiración para obstruir el comercio
El 7 de noviembre,
después de una detención de 18 meses de duración, el tribunal liberó de manera
condicional, en espera de juicio, a los tres imputados por el escándalo de
“Pudreval”, en junio de 2010, en el cual miles de toneladas de comida
descompuesta se encontraron en almacenes del Gobierno en todo el país. La intención era distribuir la comida por
medio de los programas alimentarios subsidiados por el Gobierno. Las personas
acusadas eran actuales y antiguos empleados de PDVAL, la unidad de importación
y distribución de comidas de la compañía petrolera estatal, PDVSA: el director
Luis Pulido López, la antigua directora ejecutiva de operaciones Mercedes
Vilyeska Betancourt Pacheco y el antiguo gerente general Ronnal José Flores
Burgillo. El tribunal había suspendido o postergado el juicio 24 veces, anulado
los procedimientos originales y ordenado un nuevo juicio en un tribunal
diferente, y recusado a cuatro jueces en el caso, incluyendo a uno que había
reducido los cargos en contra de los acusados.
El 31 de agosto, el ex gobernador de oposición, Didalco
Bolívar, regresó al país y fue detenido en conexión a cargos pendientes de 2009
por “irregularidades en el ejercicio” de sus responsabilidades públicas. El 15
de septiembre, el tribunal otorgó a Bolívar libertad condicional con una revisión
pendiente de su caso. Poco tiempo
después de su liberación, en entrevistas con medios de comunicación controlados
por el Gobierno, Bolívar denunció públicamente a varias figuras prominentes de
la oposición, entre ellas al diputado de la Asamblea Nacional, Ismael García, por
presuntos hechos de corrupción. García negó los alegatos, afirmó que Bolívar
estaba “siguiendo el guión del Gobierno”, y contrastó la pronta respuesta del
Ministerio Público a las acusaciones de Bolívar con la falta de investigación
oficial de los diferentes alegatos de corrupción que él mismo había presentado
en contra de funcionarios gubernamentales.
Se exige a los funcionarios públicos, así como a todos
los directores y miembros de juntas directivas de compañías privadas consignar
declaraciones financieras juradas, en conformidad con la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y el Sistema de Control Fiscal Nacional y
la Ley contra la Corrupción, respectivamente (ver sección 3).
La ley estipula el acceso de los ciudadanos a la
información gubernamental. Sin embargo,
grupos defensores de derechos humanos reportaron que el Gobierno, de manera rutinaria,
hacía caso omiso de este requisito. Durante una audiencia ante la CIDH, el 25
de octubre, las ONG denunciaron las dificultades para tener acceso a la
información pública. Espacio Público afirmó que había consignado 65 solicitudes
de información relacionada con derechos humanos desde agosto, 84 por ciento de
las cuales no habían recibido respuesta. El presidente del CNP afirmó que entre
enero y septiembre, hubo 21 denuncias de limitaciones al acceso de los medios
de comunicación independientes a fuentes de información oficial pública. Afirmó
que los medios de comunicación independientes no podían tener acceso a las
oficinas gubernamentales y policiales, a las instalaciones de PDVSA, a ruedas
de prensa del Gobierno o hasta a hospitales públicos, mercados y refugios. Afirmó
que “el patrón simplemente consiste en impedir el acceso, expulsar o atacar [a
los periodistas] y alegar que el acceso requiere un permiso”. Sección 5 Actitud
del Gobierno con respecto a la investigación internacional y no gubernamental
de presuntas violaciones de los derechos humanos
grupos nacionales e internacionales independientes de derechos humanos operaron,
por lo general, con algunas restricciones gubernamentales. Las principales ONG
nacionales de derechos humanos realizaron investigaciones y publicaron sus
hallazgos sobre casos de derechos humanos. Los funcionarios gubernamentales no
cooperaron ni respondieron a sus planteamientos.
Muchas ONG
nacionales reportaron amenazas y acosos por parte del Gobierno contra sus
dirigentes, personal y organizaciones. Por ejemplo, el 18 de junio, el ministro del Interior y Justicia El Aissami públicamente
hizo responsable al director del OVP Humberto Prado de fomentar el motín en la
Penitenciaría de El Rodeo (ver sección 1.c.). Luego de la declaración de El
Aissami, en un blog se publicaron los datos personales de Prado, entre ellos su
dirección y números de teléfono privado. La entrada del blog concluyó con una
advertencia: “Pronto, publicaremos información sobre la familia… de modo que
las personas puedan juzgar si merece la pena de muerte”. Los sitios web de las agencias de noticias
del Estado afirmaron que Prado estaba trabajando con grupos de defensa de
derechos humanos favorables a la oposición y “dirigentes políticos de derecha” para
usar a los internos para generar “caos y culpar al Gobierno”. El 22 de junio,
la esposa de Prado recibió una llamada telefónica anónima en la que le decían
que su esposo sería “el próximo en caer”. El Gobierno amenazó a las ONG con
investigaciones penales por presunta recepción ilegal de fondos desde el
extranjero. En diciembre de 2010 la Asamblea Nacional adoptó la Ley de la
Defensa de la Soberanía Política y la Auto-Determinación Nacional, que prohíbe
a las personas, a las organizaciones políticas o a las organizaciones
involucradas en la defensa de los “derechos políticos” recibir recursos de una
persona o entidad no venezolana. La ley penaliza a personas y a organizaciones
con multas o con una posible inhabilitación para optar a cargos públicos
durante un periodo de cinco a ocho años. La ley define a las organizaciones
políticas como aquellas que están involucradas en promover la participación
ciudadana, ejercer control sobre oficinas públicas y promover a candidatos a
cargos públicos. Entre las organizaciones
involucradas en la defensa de los derechos políticos se encuentran las que “promueven,
divulgan, informan o defienden el pleno ejercicio de los derechos políticos de
los ciudadanos”. La ley también prohíbe a los extranjeros patrocinados por
personas u organizaciones políticas venezolanas “emitir opiniones que ofendan a
las instituciones del Estado, a sus altos funcionarios o que vayan en contra
del ejercicio de la soberanía”.
El Gobierno ni
investigó ni sancionó a ninguna organización en conformidad con esta ley
durante el año. Sin embargo, el 25 de julio, el presidente de la ONG Comité de
Familiares de las Víctimas de los Sucesos que ocurrieron entre el 27 de febrero
y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) reportó que la oficina del
registro civil negó las solicitudes de registro de cinco ONG porque entre sus
propósitos manifiestos se encontraban las palabras “democracia”, “derechos
humanos” o “derechos civiles y políticos”; los funcionarios presuntamente afirmaron
que estaban actuando bajo órdenes.
En el informe redactado por la
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, en preparación
para el Examen Periódico Universal, la UNESCO observó que las limitaciones
contenidas en la nueva ley “podían afectar la estabilidad de las ONG que
recibieron fondos internacionales y que no tenían ningún otro ingreso”. ONU y Otros
Órganos Internacionales: Durante el año, el Gobierno expresó hostilidad hacia
las entidades internacionales de derechos humanos (ver sección 1.e.). El
Gobierno nuevamente se negó a permitir la visita de la CIDH, que no ha visitado
el país desde 2002. Sin embargo, luego de una reunión el 6 de octubre con la
Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Navi Pillay, el procurador
general Carlos Escarrá anunció que “se espera una visita de Pillay” en 2012.
En respuesta a la emisión, el 14 de abril, del informe
anual de la CIDH para 2010, Germán Saltrón, el representante del Gobierno ante
la organización, dijo que “no había nada nuevo” en la inclusión del país en la “lista
negra” de la CIDH. El informe expresó preocupación por la libertad de
expresión, la falta de independencia judicial, el acoso contra los defensores
de los derechos humanos y los periodistas, la violencia en las prisiones, el
alto nivel de violencia en la sociedad y la Ley Habilitante, que consideraba “incompatible”
con la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver sección 3). El 7 y 12
de octubre, el Gobierno participó en el Examen Periódico Universal de Venezuela
por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Gobierno recibió 148 recomendaciones, de
las cuales aceptó 95, rechazó 38 y postergó 15. Aceptó recomendaciones
relacionadas con la policía, las prisiones y los servicios sociales y rechazó
las recomendaciones hechas por ciertas delegaciones en lo concerniente a la
independencia del Poder Judicial, la libertad de expresión y la sociedad civil.
El canciller afirmó que las ONG que criticaron al país durante el Examen
Periódico Universal estaban pagadas por el “imperio” (en referencia a Estados
Unidos). Varios países recibieron notas diplomáticas de la Cancillería que
expresaron preocupación por sus críticas durante el Examen Periódico Universal
y sugirieron que estas declaraciones pudieran afectar las relaciones
bilaterales. Órganos
Gubernamentales de Derechos Humanos: Aunque la Defensora del Pueblo,
nombrada por la Asamblea Nacional, es responsable de garantizar que los
derechos de los ciudadanos sean protegidos en conflictos con el Estado, las ONG
de defensa de los derechos humanos afirmaron que la Defensoría del Pueblo no
era independiente y rara vez se ocupaba de los casos de interés público. Las ONG también alegaron que la Defensora del Pueblo fue escogida en 2007
en un proceso no transparente. Los informes o recomendaciones emitidas por la
Defensoría no estaban ampliamente disponibles. Según su informe anual de 2010,
la Defensoría del Pueblo consideró 27.919 denuncias durante ese año, de las
cuales 12.582 estaban relacionadas con derechos humanos.
La Subcomisión de Derechos Humanos de la Asamblea
Nacional desempeñó un papel insignificante en los debates sobre derechos
Sección 6 Discriminación,
abuso social y trata de personas
la discriminación fundada en la raza, el sexo, la orientación sexual, la discapacidad,
el idioma o en la condición social; sin embargo, la discriminación contra las
mujeres, las personas con discapacidades y los indígenas y la discriminación
por la orientación sexual se constituyeron como problemas. El 22 de agosto, la
Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica contra la Discriminación Racial, que
el presidente Chávez promulgó el 19 de diciembre. La ley busca eliminar todas
las formas de discriminación racial, crea un nuevo Instituto Nacional contra la
Discriminación Racial para hacer cumplir la ley y estipula hasta tres años de
prisión por actos de discriminación racial.
Violación Sexual y Violencia Doméstica: La ley penaliza la violación sexual,
incluso la cometida por un cónyuge, siendo ésta punible con un período de 8 a
14 años en prisión. Sin embargo, a menudo no se denunciaban los casos ante la
policía por miedo al estigma social o al castigo, particularmente a la luz de
la impunidad prevalente. No hubo
estadísticas confiables sobre la incidencia de la violación sexual ni sobre enjuiciamientos
por este delito. Un hombre puede
evitar el castigo casándose con su víctima antes de recibir condena. Las mujeres afrontaron considerable
prejuicio social e institucional por denunciar las violaciones sexuales y la
La ley penaliza la violencia física, sexual y psicológica en el hogar, en la
comunidad y en el lugar de trabajo. La ley penaliza a los perpetradores de violencia
doméstica con sanciones que van desde 6 a 27 meses en prisión. La ley requiere
que la policía reporte la violencia doméstica a las autoridades judiciales y
obliga al personal hospitalario notificar a las autoridades cuando ingresen
pacientes que han sido víctimas de abuso doméstico. Por lo general, la policía
era renuente a intervenir en casos de violencia doméstica. La ley también
establece oficinas para tratar asuntos relacionados con la mujer en jefaturas
policiales y en tribunales locales especializados en violencia de género. Desde
octubre hubo 43 fiscales con la exclusiva responsabilidad de tratar con dichos
delitos. El 13 de septiembre, la fiscal general de la República, Luisa Ortega
Díaz, estableció un Departamento separado para la Defensa de las Mujeres dentro
Sin embargo, la violencia contra las mujeres siguió
siendo un problema. El 14 de septiembre,
Dizlery Cordero, la directora para la Defensa de las Mujeres en el Ministerio
Público, dijo que el Ministerio recibió un promedio de 15 a 45 denuncias
relacionadas con la violencia de género cada día. En su informe anual de 2010,
el Ministerio Público reportó que había presentado cargos formales en 6.530 (12
por ciento) de los 54.170 casos que involucraban violencia contra la mujer durante
el año. Desde octubre la Fiscal General
reportó que el Ministerio Público había recibido 95.877 denuncias por este tipo
de violencia. La prensa reportó el 9 de octubre que según estadísticas no
oficiales de la Fiscalía General, 501 mujeres fallecieron como resultado de
violencia doméstica durante el año.
El Gobierno buscó combatir
la violencia doméstica por medio de campañas de concienciación pública y de
programas de adiestramiento. Por ejemplo, la prensa reportó que el 20 y el 21
más de 90 funcionarios policiales formaron parte de un adiestramiento para
ayudarlos a asistir mejor a las víctimas de violencia doméstica. El Ministerio Público realizó una serie de talleres sobre la
violencia contra las mujeres entre agosto y diciembre. Acoso Sexual: El acoso sexual es ilegal y punible con
condena de uno a tres años de prisión. Aunque presuntamente común en los
lugares de trabajo, los casos de acoso sexual rara vez se denunciaban.
Derechos Reproductivos: Las parejas y las personas tienen
el derecho de decidir cuántos hijos tener, cada cuánto tiempo y en qué momento
tenerlos, y contaron con la información y los medios para tal fin sin
discriminación alguna. Hubo una gran disponibilidad de información sobre los anticonceptivos y la
asistencia especializada en el parto y la atención posparto. Por lo general, hombres y mujeres tuvieron
acceso igualitario a los servicios de diagnóstico y tratamiento de infecciones
de transmisión sexual. El Fondo de Población de la ONU reportó que personal
de salud especializado atendía a 95 por ciento de los nacimientos y que 62 por
ciento de mujeres y niñas en edades comprendidas entre 15 y 49 años usaron
métodos modernos de contracepción.
Discriminación: Mujeres y hombres gozan de igualdad ante
la ley en el matrimonio y la ley estipula la igualdad de los sexos en el
ejercicio del derecho al trabajo. La ley especifica que los empleadores no
deben discriminar a las mujeres en lo que respecta a la remuneración o a las
condiciones de trabajo. Según el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y
la Confederación de Trabajadores, estos reglamentos se hicieron cumplir en el
sector formal, aunque al parecer las mujeres ganaban, en promedio, 40 por
ciento menos que los hombres. El Ministerio de la Mujer
trabajó para proteger los derechos de las mujeres, pero no hizo públicas las
que las mujeres tienen los mismos derechos de propiedad que los hombres. No obstante, en la práctica, las
mujeres renunciaban con frecuencia a estos derechos firmando el equivalente a
un poder notarial a favor de sus esposos.
Registros de Nacimientos: La ciudadanía se obtiene por nacimiento
en el territorio del país. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), miles de niños no fueron registrados oficialmente al nacer.
Abuso Infantil: Según la UNICEF y varias ONG que
trabajan con menores y mujeres, el abuso infantil, incluyendo el incesto,
ocurría, pero rara vez se denunciaba. Según un sondeo del Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), 5 por ciento de las víctimas de abuso sexual eran menores. Aun cuando el
sistema judicial tomó medidas para retirar a los menores de las familias
abusivas, los establecimientos públicos para esos menores eran inadecuados y
contaban con personal poco capacitado.
Según la ley, las relaciones sexuales
con un menor de menos de 13 años de edad o con una persona "especialmente
vulnerable", o con un menor de menos de 16 años de edad cuando quien ha
cometido el delito es un pariente o tutor, son punibles con condena obligatoria
de 15 a 20 años de prisión. La ley prohíbe la inducción a la prostitución y a la
corrupción de menores. Las sanciones van de tres a 18 meses en prisión y hasta
cuatro años en prisión si el menor tiene menos de 12 años de edad. Si el delito
se comete repetidamente o para obtener ganancias monetarias, es sancionable con
una condena que va de tres hasta seis años en prisión. Las condenas a prisión por inducir a un
menor a la prostitución se aumentan hasta a cinco años si ocurren varias
circunstancias agravantes. Las sanciones por varios delitos relacionados con la
prostitución infantil no tienen aplicación si el autor del delito se casa con
Explotación Sexual de Menores: Hubo informes
aislados de explotación sexual infantil durante el año. Por ejemplo, en febrero
los medios locales reportaron que funcionarios del orden público llevaron a 11
niñas que habían sido forzadas a la prostitución en Caracas a refugios del
Gobierno para víctimas de abuso sexual y arrestaron a los presuntos
traficantes. La ley prohíbe la producción y la venta de pornografía infantil y establece para tales delitos penas de
16 a 20 años en prisión. No hubo información pública disponible con respecto
al número de investigaciones o enjuiciamientos en casos de explotación sexual
comercial de menores o de pornografía infantil.
anuncio del Ministerio Público de marzo de 2010, un total de 67 fiscales fueron
asignados para manejar casos relacionados con la protección de los menores.
Menores Desplazados: La ONG Por los Derechos de la Niñez y
la Adolescencia calculó que aproximadamente 15.000 menores vivían en las calles.
Las autoridades en Caracas y en varias otras jurisdicciones impusieron toques
de queda a los menores sin supervisión para tratar de resolver esta situación,
pero por estar colmadas las instituciones pertinentes, centenares de menores
acusados de infracciones, como la contravención del toque de queda, fueron confinados
en centros inadecuados para la detención de menores. Se reportó que la misión de servicio social del Estado,
la Misión Negra Hipólita, brindó asistencia a 6.112 niños de la calle y
personas sin hogar durante el año. Según la Defensora del Pueblo, hay 243 instituciones
públicas y privadas para menores abandonados o retirados de situaciones de
peligro en sus respectivos hogares. Estas instituciones carecían de personal
especializado y de espacio y materiales adecuados.
Sustracción Internacional de Menores: El país es
parte del Convenio de la Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la
Sustracción Internacional de Menores. Antisemitismo Hubo muchos informes de abusos en la
sociedad o de discriminación fundada en el credo o la práctica religiosa, incluso
casos de antisemitismo.
Hubo un número aproximado de 9.000 judíos en Venezuela. Dirigentes de la
comunidad judía expresaron públicamente su preocupación por las numerosas
declaraciones antisemita en los medios oficiales y por parte del presidente Chávez.
El 24 de mayo, dirigentes judíos presentaron una
protesta formal ante la Fiscalía General por “incitación al odio” contenido en
una transmisión de la oficialista Radio del Sur el 4 de abril. En esa transmisión la directora de la
estación, Cristina González, promovió Los
Protocolos de los Sabios de Sión como una “lectura obligada”. El 9 de mayo,
el Gobierno anunció que González había sido reemplazada como directora por
razones no especificadas; sin embargo, continuó teniendo dos programas en la
radio gubernamental Radio Nacional de Venezuela.
El 17 de septiembre, en una carta al secretario general
de la ONU, Ban-Ki Moon, en apoyo al estado palestino, el presidente Chávez
denunció a Israel por cometer “genocidio” y “limpieza étnica” de palestinos y
tildó al sionismo de “racismo”.
El 14 de julio, un tribunal sentenció a seis de los 11 acusados a 10 años
en prisión por el vandalismo y profanación de la sinagoga Tiferet Israel en
Caracas en 2009. El juicio de los otros
cinco acusados empezó el 15 de julio y siguió para finales del año. Los
acusados fueron imputados por asociación para delinquir, robo agravado, ocultamiento
de armas, ofensa religiosa y apropiación indebida de fondos.
sobre la Trata de Personas del Departamento de Estado www.state.gov/j/tip.
Personas con discapacidades La ley prohíbe la discriminación contra las personas
que sufren de discapacidades físicas y mentales en los sectores educativo,
laboral, de salud pública y en la prestación de otros servicios públicos, pero
el Gobierno no realizó esfuerzos significativos para aplicar la ley, informar
al público al respecto o combatir el prejuicio social contra las personas con
discapacidades. La ley exige que todos los parques y edificios públicos recién
construidos o renovados proporcionen acceso adecuado para las personas con
discapacidades, pero éstas tenían acceso mínimo al transporte público y las
rampas eran prácticamente inexistentes. Por lo general, había disponibilidad de
recursos en línea y acceso a información para personas con discapacidades. La Comisión Nacional para las Personas con
Discapacidades (Conapdis), una
agencia independiente adscrita al Ministerio para las Comunas y Protección
Social, y la misión José Gregorio Hernández, defienden los derechos de las
personas con discapacidades y les brindan programas médicos, legales,
ocupacionales y culturales. Por medio de la nueva Misión Hijos de Venezuela,
anunciada el 25 de noviembre, el Gobierno ha emprendido acciones para brindar
subsidios mensuales de BsF. 600 ($140) a jefes de familias por cada niño
discapacitado o adulto a sus cuidados.
La ley prohíbe la discriminación fundada en el origen
étnico, y los funcionarios públicos de alto rango declararon repetidas veces su
apoyo a los derechos de los indígenas. Muchos de los aproximadamente 300.000 indígenas en el
país estaban aislados de áreas urbanas, carecían de acceso a establecimientos
educativos y de salud pública y padecían de una alta tasa de enfermedad. El Gobierno integró a los indígenas en
sus campañas de alfabetización y en algunos casos les enseñó a leer y a
escribir en su propia lengua, así como en español.
La ley estipula tres escaños en la Asamblea Nacional reservados
para diputados de origen indígena y también ofrece "protección a las
comunidades indígenas y su integración progresiva en la vida de la
nación". No obstante, varias ONG y los medios de comunicación social
reportaron que las autoridades políticas locales, raras veces, velaron por los
intereses de los indígenas al adoptar decisiones que afectaban a sus tierras,
culturas y tradiciones o a la asignación de los recursos naturales. Los
indígenas pidieron al Gobierno que reconociera las tierras tradicionalmente
habitadas por ellos como territorios pertenecientes a cada uno de los
respectivos grupos indígenas. El grupo indígena Yukpa también solicitó a la
Asamblea Nacional que reconociera la jurisdicción de los tribunales indígenas
para tratar casos penales en los que estén involucrados algunos de sus miembros.
Esporádicamente ocurrieron conflictos entre ganaderos y hacendados e
indígenas. Organizaciones de la sociedad civil criticaron un programa del
Estado sobre transferencia de tierras, que entregaba granjas lecheras privadas en el estado
Zulia al grupo de indígenas Yukpa, con el que se causaba tensión y violencia en
la región. El 8 de agosto, aproximadamente 100 Yukpa invadieron una granja
lechera privada en la región de la Sierra de Perijá, en la parte occidental del
país, para protestar por el incumplimiento del Gobierno con la demarcación de
las tierras indígenas. Después de 12 días, el Gobierno envió a efectivos de la
Guardia Nacional a dispersar a los invasores. El Gobierno prometió activar a
los comités compuestos por representantes del Gobierno, comunidades indígenas y
dueños de tierras para aplicar el acuerdo de demarcación de tierras alcanzado
después de una invasión violenta en 2008. El 12 de octubre, independientemente
del acuerdo de demarcación, el presidente Chávez expropió aproximadamente 39.000
acres de tierra en el estado Zulia, que incluía a 25 fincas privadas, para el
beneficio de los Yukpa. También creó una misión “indígena socialista”, la
Misión Guaicaipuro, para supervisar la transferencia de la tierra e incorporar
los programas sociales Bolivarianos en las comunidades indígenas.
Abuso y discriminación social y actos de violencia
fundados en la orientación e identidad sexual La Constitución estipula la igualdad de todas las personas ante la ley y
prohíbe la discriminación fundada en el sexo o en la condición social. Con base en este precepto, el
Tribunal Supremo de Justicia ha fallado que ninguna persona puede ser
discriminada por motivo de su orientación sexual.
Se reportaron actos de violencia contra las comunidades de lesbianas,
homosexuales, transexuales y bisexuales (LGBT) durante el año, aunque no
había estadísticas nacionales disponibles. Los medios y los principales
defensores de los derechos de la comunidad LGBT indicaron que las víctimas de
los delitos de odio por la orientación sexual con frecuencia no reportaban los
incidentes y con frecuencia fueron objeto de amenazas o extorsión si
presentaban una denuncia oficial.
En su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en preparación al Examen Periódico Universal, la ONG Diversidad e
Igualdad Sexual afirmó que, con base en 750 entrevistas realizadas en 2008, más
de 50 por ciento de lesbianas y homosexuales reportaron haber sido objeto de
violencia social o abuso policial y 83 por ciento de personas transexuales
reportados haber sido víctimas de violencia u de otro tipo de abuso. El informe también afirmaba que el Gobierno
sistemáticamente negó reconocimiento legal a las personas transexuales al impedirles
obtener documentos de identidad requeridos para tener acceso a la educación, empleo,
vivienda y atención médica.
Durante los seis primeros meses del año, la prensa
reportó que cuatro trabajadoras sexuales transexuales habían sido asesinadas en
Caracas: Jesús Nazaret Rondón, Luis Alberto Bravo, “Rubí” y “Samantha”. El
CICPC detuvo a un sospechoso en el asesinato de Rondón y a tres miembros de la
banda de “la Prince” por los asesinatos de Rubí, Samantha y Bravo. La prensa
reportó que la banda de “la Prince” extorsionaba a transexuales que trabajaban en
la avenida Libertador en Caracas.
Otros tipos de discriminación o violencia social
Según el exhaustivo
estudio sobre “El Derecho a la No-Discriminación por VIH en Venezuela” de la
ONG Acción Solidaria, con base en un sondeo de junio y noviembre de 2010 de 1.332
personas diagnosticadas con VIH/SIDA, 82 por ciento de las personas encuestadas
reportaron “no recibir igual tratamiento” por su condición de tener VIH/SIDA, y
22 por ciento de ellas afirmaron haber sido objeto de discriminación o
violencia, hasta en centros de salud. Sólo 22 por ciento de ellas reportó haber
presentado denuncias con respecto a esta discriminación ante autoridades
gubernamentales. El estudio reportó que 73 por ciento de pacientes con VIH/SIDA
habían dicho sólo a su doctor sobre su condición médica por miedo a
discriminación o acoso. Acción Solidaria concluyó que la estigmatización y la
discriminación fueron factores que impedían que las personas se realizaran exámenes
y diagnósticos y tratamiento tempranos, hizo imposible “lograr grandes avances
en la respuesta nacional contra el VIH”, y “afectó negativamente… el ejercicio
de sus libertades tanto en sus vidas públicas como personales”.
Sección 7 Derechos
de Asociación y Derecho a Negociar Colectivamente La ley
establece que todos los trabajadores de los sectores público y privado (excepto los efectivos de las fuerzas armadas) tienen
el derecho a formar y unirse a sindicatos de su preferencia, y protege la
negociación colectiva y el derecho a la huelga. Sin embargo, la ley estipula
varias restricciones a estos derechos. La
cantidad mínima requerida de miembros para los sindicatos difiere con el tipo
de sindicato. Se requiere un mínimo de 20 trabajadores para formar un sindicato
en una compañía; 40 trabajadores en el mismo campo para formar un sindicato
profesional, industrial o sectorial en una jurisdicción; 150 trabajadores para
formar un sindicato regional o nacional; y 100 trabajadores independientes para
formar un sindicato nacional profesional, industrial o sectorial. La ley requiere
que los patronos pueden negociar un contrato colectivo sólo con el sindicato
que represente a la mayoría de sus trabajadores. Organizaciones minoritarias no
pueden negociar conjuntamente en casos en los que ningún sindicato represente
una mayoría absoluta.
Aunque la Constitución y la Ley Orgánica del Trabajo
reconocen el derecho de todos los trabajadores de los sectores público y
privado a la huelga, en conformidad con las condiciones establecidas por las
leyes del trabajo, otras leyes establecen sanciones penales por el ejercicio de
este derecho en ciertas circunstancias. Por ejemplo, el artículo 56 de la Ley
Orgánica sobre Seguridad de la Nación prohíbe y sanciona con entre cinco y 10
años en prisión a quien “organice,
apoye o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de
seguridad que busquen perturbar o afectar la organización y funcionamiento de
instalaciones militares, servicios públicos, industrias y empresas básicas [minería],
o la vida económica y social del país”. Los artículos 139 y 140 de la Ley para
la Defensa de Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios estipula períodos
en prisión de dos a seis años y de seis a 10 años, respectivamente, para
quienes restrinjan la distribución de bienes y para “quienes… desarrollen o
realicen acciones u cometan omisiones que impidan, ya sea directa o
indirectamente, la producción, manufactura, importación, almacenaje, transporte,
distribución y comercialización de bienes”. Activistas laborales han sido acusados bajo estas disposiciones así como
bajo el código penal por “instigación a cometer un crimen”, por “bloquear el
acceso público” y la restricción del “derecho a trabajar”.
prohíbe “todo acto de discriminación o de injerencia contrarios al ejercicio” del
derecho de los trabajadores a afiliarse a organizaciones sindicales. No están
permitidos los trabajadores suplentes durante huelgas lícitas; sin embargo, el
Presidente puede ordenar a los huelguistas de los sectores público y privado
volver al trabajo y llevar sus disputas a una sesión de arbitraje si la huelga “pone
en peligro inmediato las vidas o la seguridad de toda o parte de la población”. En junio la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) le solicitó al Gobierno enmendar la Ley para la Defensa de las
Personas al Accesos a Bienes y Servicios para excluir servicios “que no son
esenciales en el estricto sentido del término… [y] de manera que en ningún momento
pueden ser impuestas las sanciones penales en casos de huelgas pacíficas”.
La ley prevé un
número de restricciones a la capacidad de los sindicatos de administrar sus
actividades. Por ejemplo, el CNE tiene la autoridad de administrar las
elecciones internas de los sindicatos, federaciones y confederaciones. Por ley,
las elecciones deben realizarse al menos cada tres años. Si no se realizan las
elecciones administradas y certificadas por el CNE dentro de ese período, la
ley prohíbe a los dirigentes sindicales representar a los trabajadores en las
negociaciones o involucrarse en tareas que vayan más allá de las
El Gobierno no hizo cumplir protecciones legales en el
sector público. Según PROVEA, aunque “el Instituto Nacional de Prevención,
Salud y Seguridad Laboral mejoró los procesos de inspección y ha obligado a
muchas empresas privadas a corregir las condiciones laborales peligrosas, estas
exigencias no se plantearon de manera similar en empresas y entidades del
Estado”. El Gobierno
estableció restricciones a la libertad de asociación y al derecho a la
negociación colectiva por medio de mecanismos administrativos y legales. Los
sindicatos de trabajadores denunciaron largos retrasos en la obtención de la
cooperación del CNE para organizar sus elecciones internas y para recibir
certificación de los resultados de dichas elecciones, factores que
obstaculizaron la capacidad de los sindicatos de negociar el contrato colectivo
porque no se les permitió a los dirigentes sindicales representar a los
trabajadores en las negociaciones. La OIT indicó que repetidamente encontró
casos de injerencia en las elecciones sindicales por parte del CNE.
Gobierno era presuntamente responsable de la creación de muchos sindicatos
“paralelos” que buscaron diluir el número de miembros y la efectividad de los
sindicatos tradicionales e independientes. En general, estos nuevos sindicatos
no fueron objeto del mismo escrutinio gubernamental ni de los mismos requisitos
con respecto a las elecciones de su dirigencia. Por ejemplo, el 17 de
noviembre, la Asamblea Nacional eliminó el requisito de que los profesionales
de la medicina pertenezcan a la Federación Médica Venezolana y autorizó el establecimiento
de sindicatos alternativos. Los críticos de esta medida argumentaron que el
cambio tenía la intención de permitir a los graduandos del programa de “Médicos
Integrales Comunitarios”, creado por el Gobierno, evitar tener que cumplir con los
estándares y regulaciones de la Federación. El 10 de
octubre, algunos empleados de la estatal Venezolana de Televisión (VTV) constituyeron
un nuevo sindicato, el Sindicato Nacional Socialista de Trabajadores de VTV
(Sinsotra VTV), como una alternativa al antiguo Movimiento de Trabajadores
Organizados de los Medios Audiovisuales de Venezuela (Motormav), que no había
logrado hacer que el Gobierno negociara un contrato colectivo. El secretario general de Motormav dijo que la
nueva organización estaba “liderada por el Ministro de Comunicaciones y por un
grupo de trabajadores que dieron la espalda a los intereses de los empleados”. El nuevo sindicato inmediatamente anunció que
el Ministro de Comunicaciones había acordado discutir su propuesta de un
contrato colectivo menos costoso.
Gobierno enjuició y castigó a dirigentes y a miembros sindicales por participar
en protestas pacíficas en defensa de sus derechos laborales. Por ejemplo: El 28 de febrero, un tribunal sentenció al dirigente
sindical Rubén González a siete años y medio en prisión por su papel en la
organización de la huelga de 2009 en la estatal Ferrominera Orinoco. Los
trabajadores estuvieron protestando por salarios caídos y el presunto
incumplimiento de la compañía con otros elementos del acuerdo colectivo de los
trabajadores. El 3 de marzo, luego de protestas por parte de activistas
laborales y estudiantes, el tribunal liberó a González con la condición de que
no abandonara el país y que se presentara ante el tribunal cada 15 días. En
junio la OIT solicitó al Gobierno renunciar a todos los cargos en contra de González
y a compensarlo por los daños sufridos. El 8 de julio, González públicamente
afirmó que el Gobierno estaba intentando despedirlo a él y a 16 colegas de sus
puestos de trabajo como “represalia política” por la huelga. En junio, la OIT solicitó al Gobierno liberar
inmediatamente a seis trabajadores de PDVSA detenidos desde 2009 por su
participación en una huelga, y a renunciar a los cargos penales en su contra.
El Gobierno siguió negándose a adjudicar o de otra manera
resolver los casos de 19.000 empleados de PDVSA que fueron despedidos durante y
después de la huelga nacional de 2002-03. El Ministerio del Trabajo siguió negándose
a registrar a UNAPETROL, un sindicato compuesto por dichos trabajadores. El 11
de mayo, un empleado despedido, Jesús Malavé, murió de falla respiratoria después
de una huelga de hambre de cinco meses de duración para protestar por los
sindicales fueron objeto de violentos ataques. PROVEA reportó que 36 dirigentes
sindicales y trabajadores fueron asesinados entre octubre de 2010 y septiembre
de 2011. En un caso notable, el 9 de
junio, el sindicalista oficialista Renny Rojas recibió un impacto de bala en la
entrada de la planta de Ferrominera Orinoco en Puerto Ordaz, estado Bolívar, donde
se reunían los trabajadores para seleccionar una comisión para organizar las
elecciones sindicales. Un grupo de hombres armados atacaron a los participantes
de la reunión. Rojas resultó muerto y
otras dos personas resultaron heridas. El 8 de agosto, el Gobierno acusó a
Rodney Alvarez de cometer el homicidio; Alvarez estaba presuntamente afiliado a
la facción sindicalista de Rubén González (ver más arriba). González insistió
públicamente que Héctor Maicán, seguidor del Gobierno y secretario de finanzas
del sindicato, era responsable de la muerte de Rojas. La policía inicialmente
detuvo Maicán en conexión con el tiroteo pero subsecuentemente eliminó el cargo
de homicidio. Alvarez permaneció en custodia en espera de juicio para finales
PROVEA reportó
que la vasta mayoría de los crímenes contra sindicalistas siguieron impunes. En
su informe al Consejo de Administración de la OIT en junio, el Comité sobre la Libertad
de Asociación expresó su “gran preocupación por las graves alegaciones de
asesinatos de trabajadores y funcionarios de los sindicatos”.
Según PROVEA, “grandes sectores de
las administraciones públicas nacionales, estatales y municipales y un número
importante de empresas del Estado siguieron negándose a discutir los contratos
colectivos”. PROVEA también observó la
dependencia del sector público de los tercerizados, quienes no están cubiertos
por contratos colectivos. Según PROVEA, 1.800 trabajadores en el Instituto
Nacional de Estadísticas eran tercerizados, algunos de los cuales habían tenido
este estatus durante más de un decenio.
b. Prohibición
del trabajo forzoso u obligatorio
La ley prohíbe el trabajo forzoso u obligatorio. No hubo
información disponible con respecto a la aplicación de la ley por parte del
Gobierno. Hubo informes aislados sobre
el tráfico ilegal de niños para propósitos laborales, particularmente en el
sector económico informal (ver la sección 7.c.). Organizaciones internacionales
y varias ONG también reportaron que había hombres, mujeres y niños de Brasil,
China y Colombia sometidos a trabajo forzoso, aun cuando no hubo información
disponible con respecto a la extensión del problema.
el informe anual del Departamento de Estado sobre la Trata de Personas en www.state.gov/j/tip.
c. Prohibición
del trabajo infantil y edad mínima para el trabajo La ley estipula que
la edad mínima para trabajar es de 14 años y permite que los niños de 12 a 14
años de edad trabajen sólo si el Instituto Nacional del Menor o el Ministerio
del Poder Popular para el Trabajo les conceden una licencia especial. Los
menores de 14 a 16 años de edad no pueden trabajar sin el permiso de sus
tutores legales y pueden trabajar no más de seis horas diarias ó 30 horas
semanales. Los menores con menos de 18 años de edad pueden trabajar solamente
entre las seis de la mañana y las siete de la noche. Los menores no pueden
trabajar ni en las minas ni en las fábricas de fundición ni en ocupaciones que
acarreen un riesgo para la vida o para la salud o que sean perjudiciales para
el desarrollo intelectual o moral. Se fijan multas
por emplear a menores con edades comprendidas entre los 8 y 11 años de edad y
por emplear a menores de 12 ó 13 años de edad sin autorización. El empleo de un
niño con menos de 8 años de edad es punible con un período que va desde uno a tres
años de cárcel. Los patronos deben notificar a las autoridades si contratan a un
menor como trabajador doméstico. La ley establece sentencias de uno a tres años
de reclusión por el delito de trabajo infantil forzoso.
El Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional del
Menor aplicaron políticas laborales para menores de manera efectiva en el
sector formal de la economía pero de manera menos efectiva en el sector
informal. No hubo información disponible sobre si se sancionaron a los patronos
que habían cometido violaciones a la ley ni cuántos patronos fueron sancionados.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, la
Cultura y el Deporte, puso en práctica programas educativos para reintegrar a alumnos
desertores y a adultos al sistema educativo, y el Gobierno también siguió
prestando servicios a menores vulnerables, entre ellos los niños de la calle,
los menores que trabajan y los menores en riesgo de trabajar. No obstante, no
se conocieron estudios independientes sobre la efectividad de éstos y otros programas
estudio de 2009 de la UNICEF, aproximadamente 370.000 menores entre 10 y 17
años de edad trabajaban ya sea en el sector formal o informal hasta 2007; los
menores de entre 10 y 13 años de edad constituían aproximadamente 18 por ciento
de este total. La mayoría de los trabajadores infantiles trabajaban en el
sector agrícola, en servicios domésticos o en pequeñas y medianas empresas, con
mayor frecuencia, en empresas familiares. Hubo informes aislados de menores que
fueron traficados para ser explotados como servidores domésticos o para ser obligados
a practicar la mendicidad.
informe Hallazgos sobre las Peores Formas
del Trabajo Infantil del Departamento de Estado en www.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm. d. Condiciones
aceptables de trabajo
El 26 de abril,
el Gobierno anunció un aumento del 26,5% en el salario mínimo mensual y en los
sueldos de todos los empleados del sector público, instrumentados en dos etapas,
que aumentó el salario mínimo a 1.548 Bs.F (aproximadamente $360). Sin embargo, la tasa anual de la inflación
reciente del país fue de 25-30 por ciento. Además, el poder adquisitivo real
anual del salario mínimo se redujo con la devaluación del bolívar de 2,6 /$1 a
4,3/$1 tanto para bienes esenciales como no esenciales. Según el INE, desde
agosto la cesta básica mensual costaba BsF 1.576,11 (aproximadamente $367),
aunque la ONG Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó
que, para el mismo mes, la cesta básica costaba BsF 3.283,55 (aproximadamente
$764), el doble del salario mínimo.
La ley estipula que la semana laboral no puede exceder de
44 horas. Se prohíbe que los gerentes obliguen a
los empleados a trabajar horas extra y los trabajadores tienen derecho a ganar
horas libres cada semana. El sobretiempo no puede pasar de dos horas diarias,
10 horas semanales ó 100 horas anuales y no puede pagarse a una tasa menor que el
equivalente a la remuneración ordinaria más un recargo del cincuenta por ciento.
establece el derecho de los trabajadores a vacaciones pagas, y la Ley Orgánica
del Trabajo establece que después de completar un año con un empleador, el
trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagas al año. En los años
subsiguientes, el trabajador tiene el derecho a un día adicional por cada año
adicional de servicio, hasta un máximo de 15 días adicionales al año.
La Ley estipula condiciones de trabajo
seguras, higiénicas y adecuadas. Los patronos deben notificar los accidentes relacionados
con el trabajo, y la ley los obliga a pagar sumas específicas (hasta un máximo
de 25 veces el salario mensual mínimo) a los trabajadores por accidentes o
enfermedades ocupacionales, independientemente de quien sea responsable. Los lugares de trabajo deben mantener
"suficiente protección a la salud y la vida contra enfermedades y
accidentes" y las multas varían de una cuarta parte al doble del salario
mínimo mensual por las primeras infracciones. Según la ley, los trabajadores pueden
retirarse por su cuenta de lugares de trabajo en condiciones peligrosas sin perjuicio
a la permanencia en el empleo.
del Trabajo cubre a todos los trabajadores incluyendo a los trabajadores
temporales, ocasionales y domésticos. El Ministerio del Trabajo veló por que
las disposiciones de las tasas de salario mínimo y los horarios de trabajo se
cumplieran de manera efectiva en el sector formal, pero aproximadamente la
mitad de la población trabajaba en el sector informal, donde, por lo general,
no se aplican ni las leyes ni las protecciones laborales. No hubo información
pública con respecto al número de inspectores o a la frecuencia de inspecciones
para instrumentar leyes en materia de salud y seguridad. Raras veces los inspectores
del Ministerio clausuraron sitios de trabajo con condiciones inseguras.
estadísticas no estaban disponibles para el dominio público, la prensa reportó
que, en los cinco últimos años, 47 trabajadores murieron mientras trabajaban en
industrias petroleras, eléctricas y mineras del Estado. El 17 de abril, la
prensa reportó un accidente fatal en la planta de acero del Gobierno.
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��font-size: 9pt; font-style: normal; font-weight: normal; margin-bottom: 20px; text-decoration: none; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: -webkit-auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px; ">La ley estipula que la edad mínima para trabajar es de 14 años y permite que los niños de 12 a 14 años de edad trabajen sólo si el Instituto Nacional del Menor o el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo les conceden una licencia especial. Los menores de 14 a 16 años de edad no pueden trabajar sin el permiso de sus tutores legales y pueden trabajar no más de seis horas diarias ó 30 horas semanales. Los menores con menos de 18 años de edad pueden trabajar solamente entre las seis de la mañana y las siete de la noche. Los menores no pueden trabajar ni en las minas ni en las fábricas de fundición ni en ocupaciones que acarreen un riesgo para la vida o para la salud o que sean perjudiciales para el desarrollo intelectual o moral.
Se fijan multas por emplear a menores con edades comprendidas entre los 8 y 11 años de edad y por emplear a menores de 12 ó 13 años de edad sin autorización. El empleo de un niño con menos de 8 años de edad es punible con un período que va desde uno a tres años de cárcel. Los patronos deben notificar a las autoridades si contratan a un menor como trabajador doméstico. La ley establece sentencias de uno a tres años de reclusión por el delito de trabajo infantil forzoso.
El Ministerio del Trabajo y el Instituto Nacional del Menor aplicaron políticas laborales para menores de manera efectiva en el sector formal de la economía pero de manera menos efectiva en el sector informal. No hubo información disponible sobre si se sancionaron a los patronos que habían cometido violaciones a la ley ni cuántos patronos fueron sancionados.
El Ministerio del Poder Popular para la Educación, la Cultura y el Deporte, puso en práctica programas educativos para reintegrar a alumnos desertores y a adultos al sistema educativo, y el Gobierno también siguió prestando servicios a menores vulnerables, entre ellos los niños de la calle, los menores que trabajan y los menores en riesgo de trabajar. No obstante, no se conocieron estudios independientes sobre la efectividad de éstos y otros programas del Gobierno. Según un estudio de 2009 de la UNICEF, aproximadamente 370.000 menores entre 10 y 17 años de edad trabajaban ya sea en el sector formal o informal hasta 2007; los menores de entre 10 y 13 años de edad constituían aproximadamente 18 por ciento de este total. La mayoría de los trabajadores infantiles trabajaban en el sector agrícola, en servicios domésticos o en pequeñas y medianas empresas, con mayor frecuencia, en empresas familiares. Hubo informes aislados de menores que fueron traficados para ser explotados como servidores domésticos o para ser obligados a practicar la mendicidad.
Ver también el informe Hallazgos sobre las Peores Formas del Trabajo Infantil del Departamento de Estado enwww.dol.gov/ilab/programs/ocft/tda.htm.
d. Condiciones aceptables de trabajo
El 26 de abril, el Gobierno anunció un aumento del 26,5% en el salario mínimo mensual y en los sueldos de todos los empleados del sector público, instrumentados en dos etapas, que aumentó el salario mínimo a 1.548 Bs.F (aproximadamente $360). Sin embargo, la tasa anual de la inflación reciente del país fue de 25-30 por ciento. Además, el poder adquisitivo real anual del salario mínimo se redujo con la devaluación del bolívar de 2,6 /$1 a 4,3/$1 tanto para bienes esenciales como no esenciales. Según el INE, desde agosto la cesta básica mensual costaba BsF 1.576,11 (aproximadamente $367), aunque la ONG Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores informó que, para el mismo mes, la cesta básica costaba BsF 3.283,55 (aproximadamente $764), el doble del salario mínimo.
La ley estipula que la semana laboral no puede exceder de 44 horas. Se prohíbe que los gerentes obliguen a los empleados a trabajar horas extra y los trabajadores tienen derecho a ganar horas libres cada semana. El sobretiempo no puede pasar de dos horas diarias, 10 horas semanales ó 100 horas anuales y no puede pagarse a una tasa menor que el equivalente a la remuneración ordinaria más un recargo del cincuenta por ciento. La Constitución establece el derecho de los trabajadores a vacaciones pagas, y la Ley Orgánica del Trabajo establece que después de completar un año con un empleador, el trabajador tiene derecho a 15 días de vacaciones pagas al año. En los años subsiguientes, el trabajador tiene el derecho a un día adicional por cada año adicional de servicio, hasta un máximo de 15 días adicionales al año.
La Ley estipula condiciones de trabajo seguras, higiénicas y adecuadas. Los patronos deben notificar los accidentes relacionados con el trabajo, y la ley los obliga a pagar sumas específicas (hasta un máximo de 25 veces el salario mensual mínimo) a los trabajadores por accidentes o enfermedades ocupacionales, independientemente de quien sea responsable. Los lugares de trabajo deben mantener "suficiente protección a la salud y la vida contra enfermedades y accidentes" y las multas varían de una cuarta parte al doble del salario mínimo mensual por las primeras infracciones. Según la ley, los trabajadores pueden retirarse por su cuenta de lugares de trabajo en condiciones peligrosas sin perjuicio a la permanencia en el empleo.
La Ley Orgánica del Trabajo cubre a todos los trabajadores incluyendo a los trabajadores temporales, ocasionales y domésticos. El Ministerio del Trabajo veló por que las disposiciones de las tasas de salario mínimo y los horarios de trabajo se cumplieran de manera efectiva en el sector formal, pero aproximadamente la mitad de la población trabajaba en el sector informal, donde, por lo general, no se aplican ni las leyes ni las protecciones laborales. No hubo información pública con respecto al número de inspectores o a la frecuencia de inspecciones para instrumentar leyes en materia de salud y seguridad. Raras veces los inspectores del Ministerio clausuraron sitios de trabajo con condiciones inseguras.
Aunque las estadísticas no estaban disponibles para el dominio público, la prensa reportó que, en los cinco últimos años, 47 trabajadores murieron mientras trabajaban en industrias petroleras, eléctricas y mineras del Estado. El 17 de abril, la prensa reportó un accidente fatal en la planta de acero del Gobierno.

References: resolución 
 resolución 
 artículo
105
 artículo 23
 resolución

 artículo 201
 artículo 56