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Legislación	Directiva Europea.
Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991
Directivas: definiciones
Una Directiva europea establece los objetivos que deben lograr los Estados miembros, dejándoles elegir los medios para hacerlo. La Directiva puede ir dirigida a uno, varios o todos los Estados miembros. Para que los principios en ella establecidos surtan efecto para los ciudadanos, el legislador nacional debe adoptar una norma de derecho interno que conforme el ordenamiento jurídico nacional a los objetivos de la Directiva.
La Directiva fija una fecha límite para la transposición al Derecho nacional. Los Estados miembros cuentan con un margen de maniobra que permite tener en cuenta sus peculiaridades nacionales. La transposición tiene que realizarse dentro del plazo que marca la Directiva.
La Directiva se utiliza para armonizar las legislaciones nacionales, por ejemplo en temas relacionados con el mercado único (normativas sobre seguridad de los productos, etc.).
¿Qué son las “Medidas Nacionales de Transposición”?
Por Medidas Nacionales de Transposición se entiende uno o varios textos que aprueba oficialmente un Estado miembro para incorporar lo dispuesto en una Directiva a su propio ordenamiento jurídico.
Como no cualquier texto que se remita a la Secretaría General constituye necesariamente una auténtica “transposición”, los Servicios de la Comisión Europea efectúan un examen previo.
Cada Estado miembro es responsable de incorporar el Derecho de la Unión a su ordenamiento jurídico interno (transposición dentro de los plazos, conformidad y correcta aplicación). En virtud de los Tratados, corresponde a la Comisión Europea velar por que lo haga correctamente. Cuando no es así, la Comisión tiene poderes propios, contemplados en los artículos 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y 141 del Tratado CEEA (el llamado “recurso por incumplimiento”), para intentar poner fin a la infracción y puede incluso recurrir al Tribunal de Justicia.
Se entiende que hay incumplimiento cuando los Estados miembros no cumplen sus obligaciones con arreglo al Derecho de la Unión, ya sea por acción o por omisión. Por Estado se entiende el Estado miembro que infringe el Derecho de la Unión, sea cual sea la autoridad – central, regional o local – responsable del incumplimiento.
En caso de recurso por incumplimiento, la Comisión Europea empieza por incoar el procedimiento administrativo denominado “de infracción” o “precontencioso”. En esta fase se trata de lograr que el Estado miembro cumpla voluntariamente las normas del Derecho de la Unión.
Esta actuación consta de varias etapas, que pueden ir precedidas de una fase de investigación o examen, sobre todo si el procedimiento de infracción se incoa por denuncia.
La primera etapa de la fase precontenciosa es la carta de emplazamiento, en la cual la Comisión Europea solicita al Estado miembro que le comunique en un determinado plazo sus observaciones sobre el problema de aplicación del Derecho de la Unión de que se trate.
En el dictamen motivado, la Comisión Europea se pronuncia sobre la infracción, determina el contenido del posible recurso por incumplimiento e insta a que se ponga fin al mismo en el plazo establecido. El dictamen motivado debe exponer de forma coherente y detallada las motivos por los cuales la Comisión Europea concluye que el Estado en cuestión ha incumplido alguna de las obligaciones que le impone el Tratado.
El recurso al Tribunal de Justicia inicia la fase contenciosa.
Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión Europea tiene potestad discrecional para iniciar el procedimiento de infracción, recurrir al Tribunal de Justicia y decidir en qué momento lo hace.
Toda persona puede denunciar ante la Comisión una medida (legal, reglamentaria o administrativa) o práctica de un Estado miembro que considere contraria a una disposición o principio de Derecho de la Unión. El denunciante no tiene por qué demostrar sus intereses en el asunto. Tampoco debe demostrar que la infracción que denuncia le afecta grave y directamente. Ahora bien, sólo se admiten denuncias por infracción del Derecho de la Unión por parte de Estados miembros, y no en contenciosos privados.
1. Presentación de las denuncias
3. Vías de recurso nacionales
4. Garantías administrativas
5. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal
6. Recurso al Defensor del Pueblo Europeo
Las denuncias deben formularse por escrito mediante carta, fax o correo electrónico.
Es muy importante que el expediente de denuncia sea completo y exacto en lo que respecta a los hechos que usted imputa al Estado miembro, las gestiones que ya haya realizado (a todos los niveles) y, en la medida de lo posible, las disposiciones del Derecho de la Unión que a su juicio se hayan infringido, así como, en su caso, la presencia de financiación de la Unión. Los documentos que notifican medidas o prácticas contrarias al Derecho de la Unión en los Estados miembros se examinan en el plazo de un mes para determinar si constituyen una denuncia.
Todos los escritos dirigidos a la Secretaría General de la Comisión Europea son objeto de un primer acuse de recibo en el plazo de quince días hábiles a partir de su recepción, conforme a lo establecido en el código de buena conducta administrativa. En caso de duda sobre la naturaleza de un escrito, la Secretaría General de la Comisión Europea consultará a los departamentos competentes en un plazo de quince días naturales a partir de su recepción.
La Secretaría General de la Comisión Europea consigna en su base de datos todos los escritos que puedan ser objeto de instrucción.
El análisis en cuanto al fondo de los escritos y las denuncias es competencia de las Direcciones Generales y los Servicios de la Comisión Europea.
Cuando se formulen denuncias múltiples por un mismo motivo, se asignará un número de registro único. 2. Tramitación
Las fases del procedimiento de infracción son las siguientes:
2.1. Fase de investigación
Tras la recepción de una denuncia, puede ser necesario obtener información adicional para aclarar lo ocurrido y determinar las cuestiones de Derecho que afectan al expediente.
En caso de que la Comisión Europea tenga que ponerse en contacto con las autoridades del Estado miembro denunciado, sólo revelará la identidad del denunciante si este se lo autoriza expresamente.
Cuando sea preciso, se pedirá al denunciante que proporcione más información.
Una vez analizados los hechos, los Servicios de la Comisión Europea podrán apreciar, a la luz de las normas y prioridades establecidas por la institución para el inicio y la continuación de los procedimientos de infracción, si debe o no darse curso a la denuncia.
2.2. Inicio del procedimiento de infracción: contactos formales con el Estado miembro denunciado
Si la Comisión Europea considera que puede existir una violación del Derecho de la Unión que justifique el inicio del procedimiento de infracción, remitirá al Estado miembro una “carta de emplazamiento”, invitándole a comunicar sus observaciones en un determinado plazo de tiempo.
El Estado miembro denunciado tendrá que definir su posición sobre las razones de hecho y de derecho por las que la Comisión Europea ha decidido iniciar el procedimiento de infracción.
A falta de respuesta, o en función de cuál sea el contenido de esta, la Comisión Europea podrá enviar un “dictamen motivado” en el que expondrá clara y definitivamente las razones por las que considera que se ha infringido el Derecho de la Unión, exigiendo al Estado miembro que la cumpla en un plazo determinado (normalmente de dos meses).
Estos contactos formales tienen por objeto determinar si se ha producido realmente una infracción del el Derecho de la Unión y, en caso afirmativo, rectificar la situación sin tener que recurrir al Tribunal de Justicia.
En atención a la respuesta que reciba, la Comisión Europea también podrá optar por abandonar el procedimiento de infracción, por ejemplo si el Estado miembro se compromete de manera creíble a modificar su legislación o sus prácticas administrativas. La mayoría de los casos logran resolverse de este modo.
2.3. Acción ante el Tribunal de Justicia
Si el Estado miembro no se atiene al dictamen motivado, la Comisión Europea puede acudir al Tribunal de Justicia.
El Tribunal resuelve en un plazo medio de dos años.
Las sentencias del Tribunal de Justicia son diferentes de las de los tribunales nacionales.
Al término del procedimiento, el Tribunal dicta una sentencia en la que constata (o no) la infracción imputada.
El Tribunal no puede dictar la anulación de una disposición nacional que no se ajuste al Derecho de la Unión. Tampoco puede obligar a una administración nacional a que satisfaga las demandas de un particular, ni condenar a un Estado miembro a que pague una indemnización por daños y perjuicios a un particular afectado por una violación del Derecho de la Unión.
Corresponde al Estado miembro condenado por el Tribunal tomar las medidas oportunas para cumplir la sentencia y dar con una solución al conflicto que motivó la denuncia.
Si no lo hace, la Comisión Europea puede acudir de nuevo al Tribunal y solicitar que le imponga una multa coercitiva hasta que el Estado miembro desista de la infracción. 3. Vías de recurso nacionales
También son los únicos que pueden condenar a un Estado miembro a reparar los daños causados a los particulares por las violaciones del Derecho de la Unión que le sean imputables. 4. Garantías administrativas
Se han previsto en favor del denunciante las garantías administrativas siguientes:
a) Al registrar la denuncia en la Secretaría General de la Comisión Europea, se le atribuye un número oficial y se envía al denunciante un acuse de recibo con dicho número, que deberá mencionarse en toda la correspondencia.
La atribución de un número oficial no supone necesariamente que se vaya a iniciar un procedimiento de infracción contra el Estado miembro en cuestión.
b) En la medida en que los Servicios de la Comisión Europea tengan que intervenir ante las autoridades del Estado miembro contra el que se dirige la denuncia, lo harán respetando la elección hecha por el demandante en cuanto a la confidencialidad de su identidad. Si el denunciante no se pronuncia al respecto, los Servicios de la Comisión darán por supuesto que desea recibir un trato confidencial.
c) La Comisión Europea tratará de decidir si inicia un procedimiento de infracción o archiva el expediente en un plazo de doce meses a partir del registro de la denuncia en su Secretaría General.
d) En caso de sobrepasarse este plazo, el servicio de la Comisión responsable del expediente de infracción le informará de ello por escrito, si así lo solicita. [Nota: debido un error, las versiones inglesa y sueca del punto 8 de la Comunicación de la Comisión sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho de la Unión difieren de las demás, según las cuales la información se comunicará a instancias del denunciante]. Cuando el departamento responsable tenga la intención de proponer a la Comisión Europea el archivo del expediente, lo hará saber previamente al denunciante. Además, los Servicios de la Comisión informarán al denunciante acerca del desarrollo de cualquier procedimiento de infracción que hayan iniciado. 5. Protección del denunciante y de los datos de carácter personal
La comunicación al Estado miembro tanto de la identidad del denunciante como de los datos transmitidos por el mismo deberá contar con su autorización previa según lo dispuesto, en particular, en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos, y en el Reglamento (CE) nº 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión. 6. Recurso al Defensor del Pueblo Europeo
Si el denunciante considera que al tramitarse su denuncia ha habido mala administración por parte de la Comisión Europea al ignorar una de las presentes medidas, puede ejercer su derecho a recurrir ante el Defensor del Pueblo Europeo en las condiciones previstas en los artículos 24 y 228 del TFUE.
Encontrará una descripción completa de los procedimientos y los plazos para hacerlo en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del derecho comunitario [COM(2002)141 final].
Directiva Europea 91/174/CEE del Consejo
Una vez que sabemos que es una Directiva Europea y que ésta obliga a TODOS los estados miembros, analicemos brevemente la que nos ocupa, que es relativa a las normas zootécnicas y genealógicas que regulan la comercialización de animales de raza.
En el artículo 1 se expone que es un animal de raza, que hay asociaciones oficialmente reconocidas y que estas son las que llevan los libros genealógicos.
El artículo 2 deja muy claro que su comercializacion no puede ser prohibida, restrinjida ni OBSTACULIZADA por razones genealógicas añade que los criterios a seguir son los de la asociación que lleve el registro de la raza.
REAL DECRETO 391/1992, de 21 de abril
BOE 24-04-1992
¿QUE ES UN REAL DECRETO ?
En el sistema jurídico español, un Real Decreto es una norma jurídica con rango de reglamento, que emana del poder ejecutivo (el Gobierno), en nombre del Rey de España, y en virtud de las competencias prescritas en la Constitución. No obstante, no hay que confundir el contenido con la forma de aprobación: los actos que emanan del Consejo de Ministros adquieren la forma de Real Decreto (que es, por tanto, la forma en que se reviste el acto); pero no todo Real Decreto es un Reglamento (ello dependerá del contenido). En cualquier caso, el Real Decreto se sitúa en el orden de prelación de las normas jurídicas inmediatamente después de las normas con rango de Ley y antes de la Orden ministerial.
Su diferencia con la primera es que emana del poder ejecutivo y no del poder legislativo. Su diferencia con la segunda es que el Real Decreto precisa para su adopción de la aprobación del Consejo de Ministros exclusivamente, mientras que la Orden ministerial puede establecerse por parte de un solo ministerio.
Un Real Decreto es sancionado por el Rey, y refrendado por el Presidente del Gobierno, o los ministros competentes
Este Real Decreto 391/1992, de 21 de abril trata del reconocimiento oficial de las asociaciones de criadores de animales de raza que lleven libros genealógicos. Y es la trasposicion a nuestro ordenamiento jurídico de lo dispuesto en la Directiva 91/174/CEE del Consejo, de 25 de marzo de 1991.
Es por lo tanto el primer paso, en la regulacion de los libros genealógicos a través de asociaciones oficialmente reconocidas. Solamente tres asociaciones obtuvieron el reconocimiento oficial, la FEDERACION CINOLOGICA ESPAÑOLA, la CONFEDERACION DE CANINAS AUTONÓMICAS y la ASOCIACION GOS RATER VALENCIA. Recordar que estamos en el año 1992.
REAL DECRETO 558/2001, de 25 de mayo.
Este Real Decreto, regula el reconocimiento oficial de las asociaciones de criadores de PERROS de RAZA PURA, y las condiciones que tienen que cumplir para llevar libros genealógicos.
Divide las razas caninas en dos grupos, las razas integradas en España y las razas caninas españolas.
Hacer especial hincapié en el artículo 7 apartado 4. Todos los procesos deben llevarse a cabo por personal experto nombrado por las asociaciones reconocidas oficialmente.
Y en la disposición adicional segunda se faculta para las pruebas de aptitud, sean las que fueran, a las asociaciones debidamente autorizadas.
ANEXO RAZAS ESPAÑOLAS
No olvidemos el ANEXO de este Real Decreto, ya que en él y por primera vez se publica en España la relación de razas caninas españolas y el estandard oficial de las mismas.
ORDEN APA/880/2002,de 17 de abril
ACTUALIZACION DEL ANEXO DEL R.D. 558/2001
ORDEN APA/807/2004,de 24 de marzo
REAL DECRETO 1557/2005, de 23 de diciembre
Este Real Decreto que nos ocupa, en su artículo único, cede todas las competencias en la materia a las comunidades autónomas, rompiendo toda relacción del Ministerio con los temas caninos, que pasan en su totalidad a la autoridad de las diversas comunidades.
Actualiza en el ANEXO el catálogo de las razas caninas españolas
NOMBRAMIENTOS DIVERSOS A LA SCV Y AL GOS RATER VALENCIA.-
Una vez que sabemos que es una Directiva europea y un Real Decreto, ESTOS SON LOS PODERES DE LA SCV Y DEL GOS RATER VALENCIA.
Tenemos delante una carta del Ministerio belga de Agricultura donde nos dicen que las asociaciones Federation Cynologique Internationale y la Union Royale Cynologique <saint Hubert (ambas con sede social en Belgica) no tienen ningun reconocimiento oficial.
Recordar la Directiva Europea 91/174/CEE. ¿ Que está pasando?.
La RSCE una AUTONOMICA más.
Este documento es el reconocimiento para la llevanza de libros genealógicos de las razas integradas en España y de la autóctona Alano Español, con lo que la RSCE no deja de ser una paralela más.
Pero tambien es el documento que revoca el anterior nombramiento del año 2003. Con lo cual es el único en vigor,ya que ha sido aceptado pacíficamente, al no ser recurrido y estamos en junio de 2010.
lA Comunidad Autónoma de Madrid deja muy claro que los reconocimientos oficiales son exclusivos del titular y no pueden ser transferidos.
Extracto de los Estatutos de la RSCE: los perros inscritos en los libros oficiales tienen validez para las exposiciones, pruebas de trabajo, pruebas de campo y demás certámenes caninos que autorice la RSCE.
¿ DE QUIEN ES EL LOE?
Manuel Lamela Fernández dice que del Ministerio.
¿Puede la RSCE llevar razas caninas españolas?
Duro varapalo que infringe el Ministerio:Debe suprimirse cualquier pretensión en este sentido, le notifica.
Y la RSCE le contesta,
Nos abstenemos de presentar reglamento alguno para las razas caninas españolas.
Y que tenemos aquí, si la RSCE no puede llevar las razas caninas españolas ¿ que es ésto?
Recordar la Directiva Europea y los diversos Reales Decretos.
Y las monográficas, y los jueces, y las confirmaciones, y los concursos, y las exposiciones… y sobre todo a cuanto dinero asciende el total de la broma, o no es una broma y hay que buscarle el nombre apropiado.
RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2016
Por la que se reconoce el estándar racial y funcional y se crea el libro genealógico de la raza podenco valenciano o xarnego valencià y se establece una base de datos única para el registro de las razas autóctonas de la Comunitat Valenciana.
ORDEN 6/2015
Por la que se reconoce oficialmente a la Sociedad Canina de Valencia y a la Asociación para el Fomento, Difusión y Cría del Xarnego Valenciano a efectos de la llevanza del libro genealógico de la raza canina podenco valenciano, xarnego valencià o gos coniller valencià.

References: artículo 1
 artículo 2

REAL DECRETO 
 REAL DECRETO 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 

REAL DECRETO 
 artículo 7

REAL DECRETO 
 Real Decreto 

RESOLUCIÓN