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Timestamp: 2020-02-20 07:33:12+00:00

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﻿ SENTENCIA 28259 DE NOVIEMBRE 19 DE 2008
SENTENCIA 28259 DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS POR ABUSO DE AUTORIDAD. FALLA DEL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD POR ATAQUES A LA POBLACIÓN CIVIL
Sentencia 28259 de noviembre 19 de 2008
Expediente: 28.259
Rad. 07001-23-31-000-2000-0348-01
Actor: Mario Galvis Gelves y otros.
Demandado: Nación (Mindefensa, Ejército Nacional y Fuerza Aérea).
La parte demandada y 19 de los 23 grupos familiares demandantes conciliaron en segunda instancia (1) . Por lo tanto, en cumplimiento de la decisión adoptada por la Sección Tercera en sesión del 13 de diciembre de 2007, la cual consta en el acta 20 de 2007, en el sentido de fallar con prelación éste proceso dada su naturaleza e importancia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Nación y por los 4 grupos familiares restantes, frente a quienes se improbó el acuerdo conciliatorio (procesos 2003-351, 2003-354, 2003-356 y 2003-359), contra la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Arauca el 20 de mayo de 2004, por la cual resolvió:
“1. DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea Colombiana (FAC), por los perjuicios ocasionados a los actores, por los hechos acaecidos el día 13 de diciembre de 1998, en la vereda Santo Domingo del municipio de Tame (Arauca), cuando al ser impactado un vehículo por parte de un helicóptero de la FAC, se causaron muertes, lesiones y daños en los bienes de la población civil.
2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Fuerza Aérea Colombiana al pago de las siguientes sumas de dinero:
(...) Expediente 2000-351
A Carmen Edilia González Arévalo (compañera) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Neftali Neite González (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Neila Neite González (hija) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Salomón Neite González (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Amalio Neite González (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Elizabeth Neite González (hija) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Marcos Neite González (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Carmen Edilia González Arévalo (compañera) la suma de...($ 900.000), en la modalidad de daño emergente. Por lucro cesante la suma de ...($ 37’854.817).
Neftali Neite González (hijo) la suma de...($ 3’999.853).
(...) Expediente 2000-354.
A Nerys Duarte Cárdenas (compañera) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Darwinson Duarte Cárdenas (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Andersson Duarte Cárdenas (hijo) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
Rafael Díaz Ramírez (padre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Clemencia Cobo (madre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
A Nerys Duarte Cárdenas la suma de …($ 36’274.138).
Davinson Duarte Cárdenas la suma de ...($ 5’873.712).
Andersson Duarte Cárdenas la suma de ....($ 6’315.899).
Expediente 2000-356
A Norberto Leal (padre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Benilga Pachecho Leal (madre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Norelis Leal Pacheco (hermana) cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales.
(...) Expediente 2000-359
A Exelino Martínez Rodríguez (padre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
Teodora Carreño Alarcón (madre) cien (100) salarios mínimos legales mensuales.
A Exelino Martínez Rodríguez la suma de ...($ 860.000).
(...) Las anteriores sumas deberán actualizarse (...).
3. Dése cumplimiento a lo dispuesto en esta sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y 177 del CCA.
4. Deniéguense las demás pretensiones de la demanda. (...)” (fls. 356 a 448, cdno. ppal.).
Fueron presentadas en ejercicio de la acción de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y los diversos procesos fueron acumulados en primera instancia.
En todos se solicitó que se declarara administrativamente responsable a la Nación por los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998 en la vereda de Santo Domingo, municipio de Tame, departamento de Arauca y que, en consecuencia, se indemnizara a los actores en la forma en que se relaciona a continuación:
1.1. Proceso 2000-0351:
Fecha de presentación de la demanda: 25 de septiembre de 2000
La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte del señor Salomón Neite y de las lesiones que sufrieron Amalio Neite González y el menor Neftaly Neite González.
Demandantes Perjuicios
Morales Materiales
Carmen Edilia González Ravelo - 1.000 gr. oro por la muerte de su cónyuge Salomón Neite. - $ 900.000 por daño emergente por la muerte de Salomón Neite.
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su hijo Amalio Neite González. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su hijo Neftaly Neite González. - La suma que se logre probar por daño emergente y lucro cesante por las lesiones de Amalio Neite González y Neftaly Neite González
Neftaly Neite González - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre Salomón Neite. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su hermano Amalio Neite González.
- 1.000 gr. oro por las lesiones sufridas él.
Neila Neite González - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre Salomón Neite. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su hermano Neftaly Neite González.
Salomón Neite González - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre Salomón Neite. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
Amalio Neite González - 1.000 gr. oro por las lesiones de las que fue víctima. No se solicitaron
Elizabeth Neite González - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre Salomón Neite. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
Marcos Neite González - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre Salomón Neite. - La suma que se logre demostrar por lucro cesante por la muerte de Salomón Neite.
Romelia Neite de López - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano Salomón Neite. No se solicitaron
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su hermano Amalio Neite.
- 1.000 gr. oro por las lesiones de su sobrino Neftaly Neite González.
1.2. Proceso 2000-0354:
Fecha de presentación de la demanda: 25 de septiembre de 2000.
La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte del señor Carmen Antonio Díaz Cobos.
Nerys Duarte Cárdenas - 1.000 gr. oro por la muerte de su compañero.
- $ 1’000.000 por daño emergente.
- La suma que se pruebe por lucro cesante.
Davinson Duarte Cárdenas - 1.000 gr. oro por la muerte de su padrastro. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Andersson Duarte Cárdenas - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Rafael Díaz Ramírez - 1.000 gr. oro por la muerte de su hijo. No se solicitaron
Clemencia Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hijo. No se solicitaron
Ana Lucía Díaz Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Sonia Díaz Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Giovanni Díaz Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Leonel Díaz Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Luz Helena Díaz Cobos - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
1.3. Proceso 2000-0356:
La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte de Edilma Leal Pacheco.
Norberto Leal - 1.000 gr. oro por la muerte de su hijo. - $ 1’000.000 por daño emergente.
Benilda Pacheco de Leal - 1.000 gr. oro por la muerte de su hijo. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Rubiela Leal Pacheco - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Edwin Leal Pacheco - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Frady Alexi Leal Pacheco - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Norelis Leal Pacheco - 1.000 gramos oro por la muerte de su hermano. - La suma que se pruebe por lucro cesante
1.4. Proceso 2000-0359:
La indemnización se solicitó con ocasión de la muerte del señor Luis Orlando Martínez Carreño.
Lucero Talero Sánchez - 1.000 gr. oro por la muerte de su compañero permanente. - $ 1’000.000 por daño emergente.
Luis Eduardo Martínez Talero - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Yésica Martínez Talero - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Doris Adriana Martínez Talero - 1.000 gr. oro por la muerte de su padre. - La suma que se pruebe por lucro cesante
Exelino Martínez Rodríguez - 1.000 gr. Oro por la muerte de su hijo. No se solicitaron
Teodora Carreño Alarcón - 1.000 gr. oro por la muerte de su hijo. No se solicitaron
Pedro Virgilio Martínez Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
José Vicente Martínez Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Manuel Alfonso Martínez Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Claudia Exelina Martínez Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
Ana Fidelia Martínez Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
María Elena Carreño - 1.000 gr. oro por la muerte de su hermano. No se solicitaron
“1. El día domingo 13 de diciembre de 1998 en el caserío de Santo Domingo, jurisdicción del municipio de Tame, departamento de Arauca, siendo las 10:30 horas aproximadamente, en desarrollo de una operación militar por parte del Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas combinadas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana, con el uso de un avión plataforma o fantasma y un número no determinado de aviones y/o helicópteros de guerra, irrumpieron bombardeando dicho caserío, el cual se encontraba atestado de ciudadanos que participaban en un bazar desarrollando actividades culturales y deportivas, organizadas por la Junta de Acción Comunal para recolectar fondos económicos para fines de bienestar comunitario.
2. A consecuencia de esta operación militar, murieron de manera violenta diecisiete (17) personas, entre adultos y menores de edad (...).
3. El Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana justificaron la operación militar y negaron su responsabilidad en las muertes (...).
4. Una vez ocurrido el bombardeo que mató y lesionó a tantas personas, la población civil que habitaba el caserío de Santo Domingo, se vio obligada a abandonar sus viviendas originando un desplazamiento hacía otras áreas seguras del municipio de Tame por diecisiete (17) días, que fue el tiempo que permaneció el Ejército en el área.
5. Durante los diecisiete (17) días que el Ejército permaneció en el caserío, las casas de la población civil fueron abusivamente violentadas, se registraron allanamientos ilegales y fueron saqueados sus comercios, destruidos sus enseres, hurtados sus dineros y joyas, y fueron consumidas las gallinas de propiedad de la población civil, por los soldados.
6. Una vez retiradas las tropas del caserío Santo Domingo la comunidad organizó regreso a él y organizó un cordón de seguridad alrededor, hasta que llegaran las autoridades civiles para levantar las actas correspondientes, tomar las fotografías y videos como medios de prueba para demostrar los actos vandálicos e ilegales de los miembros de la Fuerza Pública. (...)”.
2. Trámite (sic)
2.1. Las demandas fueron admitidas por auto del 2 de octubre de 2000, en el cual se ordenó notificar personalmente a la Nación y al Agente del Ministerio Público (fls. 35 a 36, cdno. 3; 33 a 35, cdno. 12; 28 a 30, cdno. 17 y 36 a 38, cdno. 26).
2.2. Al contestar la demanda, la Nación, Ministerio de Defensa Nacional se opuso a las pretensiones porque no se acreditó que los perjuicios que sufrieron los demandantes fueran causados por la demandada, ni la causa de la muerte y de las lesiones que padecieron las víctimas.
Explicó que el armamento que los demandantes afirman que fue utilizado el día de los hechos no es de uso exclusivo de las Fuerzas Militares y que es de público conocimiento que la subversión utiliza todo tipo de armamento.
Manifestó que el día de los hechos, la Fuerza Pública estaba en cumplimiento de su deber constitucional y legal, como era impedir el tráfico de drogas y que, por ese motivo actuó contra la insurgencia y no contra la población civil, circunstancia que provocó el combate ante la reacción de la subversión. Agregó, que las Fuerzas Militares asumieron la defensa de los ciudadanos en una circunstancia de desventaja y ante una situación impredecible e irresistible. Alegó, finalmente, que el daño es imputable al hecho de un tercero como es la subversión (fls. 42 a 47, cdno. 3, 41 a 46; cdno. 12, 36 a 41, cdno. 17 y 44 a 49, cdno. 26).
2.3. La etapa probatoria se abrió mediante autos proferidos los días 4 de diciembre de 2000 (fls. 58 a 60, cdno. 3) y 22 de enero de 2001 (fls. 81 a 83, cdno. 12; 76 a 78, cdno. 17 y 84 a 86, cdno. 26).
2.4. El Tribunal Administrativo de Arauca decretó la acumulación de los procesos 2003-348, 2003-350, 2003-351, 2003-352, 2003-353, 2003-354, 2003-355, 2003-356, 2003-357, 2003-358, 2003-359, 2003-360, 2003-361, 2000-0362, 2003-363, 2003-364, 2003-365, 2003-366, 2003-367, 2003-1265, 2003-1266, 2003-1267 y 2003-1268 (fls. 110 a 115, cdno. 1).
2.5. Vencido el período probatorio, se ordenó el traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran sus escritos finales (fl. 166, cdno. 1).
2.5.1. La Nación informó que desde el 12 de diciembre de 1998 se desarrolló un operativo militar conjunto entre el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea para combatir a la guerrilla en el área general de Tame, que comprendió el Caserío de Santo Domingo; que para tal efecto, se expidieron las órdenes Relámpago II, Pantera y Pantera II, con el fin de efectuar reconocimiento helicoportuado, ocupación, registro y control militar del área, con la intervención de las contraguerrillas Nº 36 Comuneros, Alacrán 5 y 6 del Batallón de Contraguerrillas Nº 30 y Cobra 5 y 6 del Batallón de Contraguerrilla Nº 24.
Explicó que el operativo conjunto se llevó a cabo para impedir el tráfico de drogas y contra la insurgencia, y reiteró que no se dirigió contra la población civil; que como resultado de dicha operación militar murieron 7 uniformados (CS. Orlando Rafael Rodríguez Garrido, SLV. Leonardo Alfonso Calderón, SLV. Chiribí Sánchez Luis Felipe, SLV. Mora Ropero Eudes, SLV. Chinome Chinome Wilson Hernando, SLV. Cepeda Durán Juan y SLV. Prada Naranjo Guillermo) y 15 resultaron heridos (Suboficiales C.P. Gómez Leal Norberto, C.P. Waspa Real Fabián Humberto y C.P. José Romero Banda; Soldados Voluntarios SLV. Rairez Escamilla José, SLV. Barajas Bernal Gelver, SLV. Gómez Celis Javier, SLV. Parra Rojas Carlos, SLV. Ordóñez Lamprea Wilson, SLV. Duque Cadena Rosemberg, SLV. Nelson Castañeda Zabala, SLV. Melquisedeth Silva, SLV. Javier Albino Sandobal, SLV. Pulido Beltrán José, SLV. Bucuru Onatra Tito y SLV. Duarte Luis).
En relación con la ocurrencia de los hechos indicó que está demostrado que en la mañana del 13 de diciembre de 1998, uno de los helicópteros que sobrevolaba la zona y que hacía parte del convoy militar, dejó caer un artefacto explosivo que hizo impacto, entre otras partes, sobre un camión que estaba estacionado, ocasionando la muerte y lesiones de varias personas. No obstante lo anterior, afirmó que no existía claridad sobre los hechos en que se presentó el enfrentamiento y, al respecto, concluyó:
“En consideración a todo lo anterior parece indicar, que el Ejército Nacional y la Fuerza Aérea Colombiana en el operativo para capturar la aeronave con drogas y armas se convierte en un enfrentamiento cuando la guerrilla FARC y ELN presta apoyo y vigilancia a dicho aerodino, la cual fue obligada a aterrizar y capturada en el aeropuerto de Tame, lo que originó los combates en la vereda de caño verde y sus alrededores desde el 12 de diciembre de 1998 hasta el 22 de diciembre de 1998, tras requerimiento que hiciera la fuerza de superficie el componente de la FAC quien prestó apoyo de transporte de personal de la tropa, evacuación del personal de heridos y muertos en combate y apoyo de fuego con el fin de minimizar la intensidad del conflicto, lo que llevó a que aeronaves de la Fuerza Aérea sobrevolaran dicha zona dando seguridad y protección a los integrantes del Ejército Nacional que se encontraba en tierra combatiendo con la guerrilla ocasionando daños de conformidad con la providencia penal adelantada por la unidad de instrucción penal militar especial de fecha junio 14 de 2001”.
Teniendo en cuenta los anteriores argumentos, la Nación solicitó que se estudie el asunto bajo el título de imputación jurídica denominado daño especial, por cuanto la Fuerza Pública actuó en desarrollo del mandato constitucional consagrado en el artículo 2º y resaltó que, dentro del proceso, se acreditó que el hecho administrativo que causó el daño provino de una actuación legítima de la administración, que generó el rompimiento de las cargas públicas que deben soportar los administrados; que se concretó el daño y se demostró el menoscabo y el rompimiento del principio de igualdad frente a la ley y las cargas públicas, así como el nexo de causalidad entre el hecho administrativo legal y el perjuicio ocasionado, elementos suficientes para descartar la falla del servicio.
Finalmente, realizó observaciones en relación con los daños sufridos por las víctimas, pues en algunos casos no se probó, y los perjuicios reclamados por algunos demandantes quienes, en su criterio, carecen de legitimación en la causa por activa:
“Proceso 2000-351
(...) Observaciones sobre la falta de demostración del daño. Respecto de la reclamación de los lesionados no aparece disminución de la capacidad laboral, de Neftalí Neite González, hijo menor de la víctima ya (sic) no se practicó por carecer de la historia clínica. En cuanto a Amalio Neite González, hermano de la víctima, la junta regional de invalidez de Arauca le fijó como disminución el 0,00%. En consecuencia no se está demostrando el daño como uno de los requisitos de la responsabilidad extracontractual.
(...) Proceso 2000-354
(...) Observaciones legitimación. Faltan los registros civiles de nacimiento y matrimonio de los padres Clemencia como (madre) y Rafael Díaz Ramírez (padre). Respecto de la reclamación de perjuicios de la compañera permanente no hay prueba de que la víctima fuera el compañero permanente, solamente aparece que se inició un proceso de filiación natural para probar que Anderson Duarte (hijo) es hijo de la víctima. No se deben reconocer perjuicios morales para los padres y hermanos de la víctima por cuanto no se allegaron los registros civiles de nacimiento y matrimonio de los padres. Tampoco habría reconocimiento como terceros damnificados ya que de ello no hay prueba testimonial que así lo acredite.
(...) Proceso 2000-356
(...). Legitimación observaciones. No se encuentra demostrado la legitimación en la causa por activa por falta de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de los padres: Norberto Leal (padre), Benidla Pacheco de Leal (madre) y Fredy Alexi Leal Pacheco (hermano).
Perjuicios reclamados: Reclama por lucro cesante $ 128’875.103,30 muerte edilma hija no hay pruebas de perjuicios. NO hay vocación para el reconocimiento de perjuicios morales para los padres y hermanos de la víctima, por falta de registros civiles de nacimiento de los padres y de matrimonio para demostrar la calidad con que reclaman, igual circunstancia ocurre con los hermanos.
(...) Proceso 2000-359
(...) Legitimación observaciones. No se encuentra demostrada la legitimación en la causa por activa por falta de los registros civiles de nacimiento y de matrimonio de los padres. En consecuencia no se puede probar la calidad de hermanos y padres que reclaman. Tampoco se podría pensar en reconocer como terceros damnificados, por falta de prueba testimonial, que acredite la calidad con la que demandan.
En relación con la compañera permanente no hay vocación de perjuicios por falta de pruebas que así lo acredite, no documental ni testimonialmente. Al contrario las declaraciones recepcionadas en el despacho comisorio del Juzgado Promiscuo Municipal de Saravena, es que la víctima vivía con sus padres” (fls. 169 a 206, cdno. 1).
2.5.2. La parte demandante solicitó que se declare administrativamente responsable a la Nación por falla del servicio por cuanto, con su actuación, violó las normas que rigen el derecho internacional humanitario, así como los derechos fundamentales a la vida, a la dignidad, a la honra, a la integridad y a los bienes. Pidió además que, en caso de que no encuentre acreditada la falla, aplique el principio iura novat curia.
Criticó la actuación de la Fuerza Pública porque desde el 13 de diciembre de 1998, utilizó procedimientos falsos y obstruyó y dilató las diversas investigaciones adelantadas por los hechos que ahora se juzgan, cuando es evidente que lo ocurrido fue una masacre. Señaló además que la prueba documental aportada por la Nación es incoherente e incongruente y evidencia los errores tácticos y estratégicos en que incurrió, así como la inexistencia del carrobomba.
Indicó que está plenamente acreditado que el 13 de diciembre de 1998, el piloto y el técnico de vuelo del helicóptero UJ-1H, FAC-4407, transportaban un dispositivo cluster y lo arrojaron a la hora en que ocurrió la masacre sobre el Caserío de Santo Domingo, prueba que confirmaron los expertos balísticos del laboratorio del FBI, quienes concluyeron que la bomba cluster transportada por dicha aeronave impactó sobre el caserío en mención.
Destacó los dictámenes periciales elaborados por técnicos criminalísticos, quienes analizaron 6 fragmentos metálicos encontrados en las viviendas del caserío de Santo Domingo y extraídos de las víctimas durante las necropsias, que resultaron compatibles, en su morfología y dimensiones, con el dispositivo cluster. Asimismo resaltó el dictamen emitido por el FBI, que confirmó que los restos del dispositivo corresponden a una bomba de fragmentación y fusible AN–M41, que fue diseñado en Estados Unidos (fls. 222 a 268, cdno. 1).
El Tribunal Administrativo de Arauca dictó sentencia el 20 de mayo de 2004, por la cual acogió parcialmente las súplicas de la demanda. Estudió el asunto bajo el título jurídico de imputación de falla del servicio en consideración a que si bien, en principio, las actuaciones del Ejército Nacional y de la Fuerza Aérea fueron legítimas al combatir a la guerrilla, lo cierto es que tal conducta se desdibujó cuando el helicóptero FAC 4407 disparó hacia personal civil con dolo eventual.
Encontró acreditado que el 12 de diciembre de 1998 se presentaron combates entre miembros de la subversión y el Ejército Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea en el Caserío de Santo Domingo, municipio de Tame; dicho enfrentamiento continuó el 13 de diciembre de ese mismo año, fecha en la cual un helicóptero de la FAC disparó de forma indiscriminada contra objetivo civil, situación que violó el derecho internacional humanitario.
El a quo resaltó la comunicación que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas dirigió a la Vicepresidencia de la República el 6 de enero de 1999, con ocasión de los hechos ocurridos en el Caserío de Santo Domingo, la cual se trascribe a continuación:
“(...) el objeto de la presente comunicación es transmitirle las preocupaciones y observaciones de la oficina en relación con los hechos sucedidos en la mañana del pasado 13 de diciembre del corriente año en Santo Domingo, departamento de Arauca, los cuales provocaron un saldo de 17 muertos, entre ellos 6 niños, y 25 heridos, así como alrededor de 380 desplazados.
(...). me permito respetuosamente hacerle llegar las preocupaciones de la misma por la gravedad de las consecuencias de los hechos señalados, los cuales, según las denuncias recibidas y los elementos de convicción recabado de la observación en el terreno, permitirían suponer que estos hechos habrían sido producto de una acción militar por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia, como consecuencia del impacto y explosión de cohetes lanzados sobre la población de Santo Domingo, contraviniendo las exigencias del Derecho Internacional Humanitario y en particular su Protocolo II.
Con el propósito de colaborar en la búsqueda de soluciones para proteger los derechos humanos, me permito transmitirle las siguientes recomendaciones:
La oficina exhorta a las autoridades de la República que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los hechos, estableciendo las autorías, responsabilidades y sanciones adecuadas; así como a garantizar una reparación adecuada a las víctimas y sus familiares (...)” (fls. 356 a 448, cdno. ppal.).
4.1. La Nación consideró que el tribunal debió estudiar el asunto bajo el título de imputación de daño especial debido a que tanto el Ejército como la Fuerza Aérea actuaron en cumplimiento del deber legal y constitucional consagrado en el artículo 2º de la Constitución Política, consistente en impedir el tráfico de drogas. Añadió que al cumplir con los objetivos del Estado, ocasionalmente se causan daños a los ciudadanos en ejercicio de una acción legítima los cuales, si bien son resarcidos por la administración, están enmarcados dentro del daño especial toda vez que el bien general debe prevalecer sobre el particular (fls. 466 a 468, cdno. ppal.).
4.2. La parte demandante criticó el procedimiento adoptado por el a quo para el reconocimiento y cuantificación de los perjuicios morales y materiales y, por lo tanto, solicitó reformar el fallo en el sentido de elevar la indemnización (fls. 469 a 522, cdno. ppal.).
5.1. El 11 de febrero de 2005, se admitió el recurso de apelación interpuesto por ambas partes (fl. 540, cdno. ppal.).
5.2. Por auto del 13 de mayo siguiente, se citó a las partes a la celebración de la audiencia de conciliación a solicitud del agente del Ministerio Público, la cual se declaró fallida el 3 de noviembre de 2005, por falta de acuerdo entre las partes (fl. 542 y 643, cdno. ppal.).
5.3. El 11 de noviembre de 2005, se ordenó traslado a las partes y al señor Agente del Ministerio Público para que presentaran sus escritos finales (fl. 648, cdno. ppal.).
5.3.1. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado encontró acreditado el daño, consistente en la muerte y lesiones de varias personas, así como los perjuicios sufridos por los demandantes, como consecuencia de esos daños.
Coincidió con el a quo en que el título de imputación objetiva aplicable es el de falla del servicio, toda vez que se demostró que el 12 de diciembre de 1998, miembros del Ejército y de la Fuerza Aérea realizaron operativos en el cacerío de Santo Domingo, tendientes a impedir el desplazamiento de una aeronave que transportaba narcóticos; que a raíz de dicho operativo, se produjo el enfrentamiento entre la Fuerza Pública y la subversión; que el 13 de diciembre de 1998, una aeronave de la FAC arrojó el dispositivo cluster contra la población civil; que por tales hechos, la Procuraduría General de la Nación sancionó disciplinariamente al piloto y al técnico de la aeronave que lanzó el artefacto explosivo, pues se probó que la causa de la muerte de la mayoría de las víctimas “devino por esquirlas de un artefacto explosivo”, conducta que se consideró como una infracción grave del derecho internacional humanitario, por agresión a la población civil mediante fuego aéreo. Concluyó que existió falla del servicio, por lo siguiente:
“Situación que lleva a compartir el análisis del a-quo frente al proceder imprudente de referido persona, quienes tenían a su cargo el operativo aéreo, y quienes o no se asesoraron adecuadamente, o procedieron en forma apresurada, y con ello ocasionaron el daño antijurídico a todos los moradores del citado caserío. Tal proceder permite concluir que la responsabilidad que se atribuye a la Administración se haga recaer de manera prevalente en la falla en el servicio, al tener establecidos cada uno de los presupuestos que la conforman, como son un acto o conducta de un agente de la Administración, un daño antijurídico y un nexo causal entre aquél y éste.
(...). En efecto, el conjunto del material probatorio permite concluir, sin ningún asomo de duda, que el hecho notorio, por la forma y publicidad que recibió, del llamado desastre de Santo Domingo, del 13 de diciembre de 1998, se debió a la utilización por la Fuerza Aérea de un artefacto explosivo con el sistema Cluster, como lo, acreditan en el experticio técnico del F.B.I., que no sólo revaluó las conclusiones sacadas en precedencia con anteriores dictámenes por los demás organismos especializados, sino que presenta una total coincidencia con las demás pruebas, como son las inspecciones judiciales a los cadáveres, al sitio de los hechos, al vehículo automotor, las actas de necropsia y los testimonios”.
Destacó que la señora Lucero Talero Sánchez (proceso 2003-359) no acreditó la calidad de compañera permanente del señor Luis Orlando Martínez Carreño y, en relación con los hermanos, dijo que basta con demostrar el parentesco para el reconocimiento del perjuicio moral, razón por la cual, solicitó que se indemnizara por tal rubro a los demandantes que lo hubieran acreditado y frente a quienes la sentencia de primera instancia resultó desfavorable.
Finalmente, el Ministerio Público pidió la prelación del fallo del proceso dada su importancia jurídica y su relación con un hecho de lesa humanidad, situación que cumple con los supuestos consagrados en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 para alterar el turno para fallo (fls. 581 a 640, cdno. ppal.).
5.3.2. La Nación informó que los hechos objeto de éste proceso fueron demandados por parte de los actores ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aportó los alegatos de los peticionarios sobre el fondo del asunto, trámite internacional dentro del cual está pendiente la audiencia de solución amistosa y aún la comisión no ha hecho recomendaciones.
Insistió en que se debe aplicar el título de imputación jurídica de daño especial o, en su defecto, de riesgo excepcional, porque no existió falla del servicio. Sostuvo que en ningún momento desconoció el daño sufrido por las víctimas ni los perjuicios causados a los demandantes, con ocasión de los resultados que se presentaron en la operación de la Fuerza Aérea, en cumplimiento de su función constitucional y legal de defender el Estado de los grupos subversivos, ni de la carga impuesta a la población civil que no tenía por qué padecerla.
Agregó que además no es cierto que se trate de un crimen de lesa humanidad, por cuanto la Fuerza Pública actuó de forma legítima y no quiso causar en ningún momento un agravio o malestar a la población civil, razón por la cual, no se puede entender que su actuación haya sido dolosa pues, al contrario, trató de defender a la comunidad y sus intereses. Al respecto, agregó:
“(…) de conformidad con la doctrina que alimenta lo relacionado con los DD.HH y el D.I.H., se entiende por Crimen de Lesa Humanidad “cualquier acto que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, aspecto éste que no se contempla dentro de la relación fáctica que ha dado lugar a la presente acción”.
Reiteró, finalmente, su inconformidad en relación con el reconocimiento y cuantificación de los perjuicios materiales y morales (fls. 670 a 717, cdno. ppal.).
5.3.3. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación y reiteró la solicitud de prelación de fallo elevada por el agente del Ministerio Público (fls. 649 a 652, cdno. ppal.).
6. El Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado reiteró la solicitud de citar a las partes a audiencia de conciliación (fl. 742, cdno. ppal.).
7. El 24 de noviembre de 2006, las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio, que fue ratificado en audiencia del 8 de noviembre de 2007 (fls. 750 a 757, cdno. ppal.).
8. Mediante auto del 13 de diciembre de 2007, la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó la conciliación respecto de la Nación y 19 de los 23 litisconsortes facultativos y declaró terminado el proceso; improbó el acuerdo logrado entre la Nación y los 4 litisconsortes facultativos restantes, frente a quienes ordenó seguir el proceso y son objeto de esta sentencia (fls. 750 a 758, cdno. ppal.).
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 132, numeral 10 del CCA., la Sala es competente para decidir el recurso de apelación interpuesto por la Nación y los señores Carmen Edilia González Ravelo, Neftaly Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Amalio Neite González, Elizabeth Neite González, Marcos Neite González, Romelia Neite de López (proceso 2003-351); Nerys Duarte Cárdenas, Davinson Duarte Cárdenas, Andersson Duarte Cárdenas, Rafael Díaz Ramírez, Clemencia Cobos, Ana Lucía Díaz Cobos, Sonia Díaz Cobos, Giovanni Díaz Cobos, Leonel Díaz Cobos, Luz Helena Díaz Cobos (proceso 2000-354); Norberto Leal, Venilda Pacheco de Leal, Rubiela Leal Pacheco, Edwin Leal Pacheco, Frady Alexi Leal Pacheco, Norelis Leal Pacheco (proceso 2000-356); Lucero Talero Sánchez, Luis Eduardo Martínez Talero, Yésica Martínez Talero, Doris Adiana Martínez Talero, Excelino Martínez Rodríguez, Teodora Carreño Alarcón, Pedro Virgilio Martínez Carreño, José Vicente Martínez Carreño, Manuel Alfonso Martínez Carreño, Claudia Exelina Martínez Carreño, Ana Fidelia Martínez Carreño y María Elena Carreño (proceso 2000-359), respecto de una providencia proferida en proceso de doble instancia (2) .
El asunto bajo análisis se encuentra actualmente en estudio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en virtud de la denuncia presentada el 18 de abril de 2002 por la Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la creación, el comité regional de Derechos Humanos “Joel Sierra”, el colectivo de abogados “José Alvear Restrepo”, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, y el Center for International Human Rights of Northwestern University School of Law, la cual fue declarada admisible por la comisión el 6 de marzo de 2003, a través del informe 25 de 2003.
En dicho informe, la Comisión afirmó que las decisiones emitidas por la jurisdicción contencioso administrativa resultan insuficientes, en consideración a que no cumplen con los requisitos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, dado que, “permite obtener una indemnización por daños y perjuicios causados por abuso de autoridad” y, con sustento en lo anterior, concluyó que para conocer del asunto “no es necesario agotar estos recursos antes de recurrir al sistema interamericano” (3) .
A pesar de lo anterior, cabe señalar que este caso no se rige por la Ley 288 del 5 de julio de 1996 (4) porque no existe una decisión previa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que concluya que el Estado Colombiano incurrió en violación de derechos humanos, ni recomendaciones formuladas por ese órgano internacional, ni concepto previo (5) favorable por el comité constituido por los ministerios del Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y de Defensa Nacional.
Resulta igualmente necesario precisar que la competencia de la Sala se limitará, en este caso, a decidir sobre los daños y perjuicios solicitados por los demandantes de los grupos familiares frente a los que se improbó la conciliación, en consideración a que existe un acuerdo previo entre las partes, en el cual la entidad pública demandada reconoció su responsabilidad por los hechos objeto de debate y que está debidamente acreditada, tal como se constató en la providencia del 13 de diciembre de 2007,
En efecto, la responsabilidad de la demandada se puede deducir porque están acreditados los hechos objeto de debate. Se encuentra debidamente probado dentro del expediente que el 13 de diciembre de 1998 fallecieron 17 personas y 22 más resultaron heridas, como consecuencia de la explosión de una bomba tipo CLUSTER lanzada desde un avión por parte de miembros de la Fuerza Aérea Colombiana en Santo Domingo. Así lo muestran los estudios balísticos realizados sobre los fragmentos recuperados en inspecciones judiciales y en las necropsias de algunas de las víctimas, piezas que se compararon con las constitutivas de las bombas AN-MIA2 del dispositivo CLUSTER, en donde se concluyó la compatibilidad y la correspondencia de su morfología y dimensiones. Igualmente otros fragmentos de constitución de aluminio y de latón recuperados en el sitio de los hechos, corresponden a la cabeza o nariz de la espoleta ANSI-A2, como se observa de la comparación física hecha en la base de Apia.
Respecto de la forma como ocurrieron los hechos, la Sala destaca:
— El día 12 de diciembre de 1998 se presentaron enfrentamientos entre el Ejército Nacional, apoyado por la Fuerza Aérea Colombiana, y miembros de la subversión (Ofic. 1406, abr. 30/2001 de la inspección general de la Fuerza Aérea Colombiana; informes dic. 24/98 del comandante del Batallón contraguerrilla 36, de dic. 15/98 del oficial de enlace FAC, de dic. 17/98 del Comandante de la Base Aérea).
— El 18 de diciembre de 1998, varios habitantes (6) del caserío de Santo Domingo denunciaron penalmente a los miembros de la Brigada Móvil 18 de Arauca del Ejército Nacional ante la Fiscalía Única Seccional, por la masacre del 13 de diciembre de ese mismo año y presentaron declaraciones sobre los hechos. Se destaca la denuncia del presidente de la junta de acción comunal de la Vereda de Santo Domingo, que coincide con la de los habitantes del caserío, quien relató los hechos que se transcriben a continuación:
“El día 13 de diciembre a las diez de la mañana, estaban rodeando el caserío 6 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana incluyendo 3 helicópteros y dos avionetas que le dicen gavera y un avión cuatrimotor grande, ellos estaban borbandeando a unos (...) setecientos metros retirado del caserío en una zona montañoza que hay, donde se oían disparos; siendo las diez y media de la mañana, llegó un helicóptero negro y descargó cuatro bombas sobre la población civil en la cual los habitantes se salieron a la carretera para que los pilotos de los aviones los miraran y se dieran cuenta que eran personal civiles, en la cual había niños, ancianos y señores, pero de lo contrario nada sirvió la salida de la población civil a la carretera para que los miraran, siendo objetivo militar por parte de los aviones de guerra (...) en el momento de los hechos quedaron heridos 18 de gravedad y quedaron 13 muertos (...) claro que murieron otros pocos aproximadamente 6 muertos que murieron después, dentro del caserío habían dos carros que eran de los habitantes de ahí en la cual uno de ellos quedó completamente destruido por una bomba, (...) rechazamos las declaraciones que hace el señor Luis Barbosa comandante de la Brigada 18, en la cual dice que la población que el 90% de la población eran guerrilleros, cuando mueren una cantidad de niños inocentes (...) el Coronel Barbosa dice que la guerrilla se escudaba detrás de la población civil cuando eso es falso, ahora a partir del momento el ejército acantonado en el caserío de Santo Domingo nos están desvalijando las casas o sea saqueando las casas (...) el día 13 que yo me di cuenta, estuvo normal hasta las 8 de la mañana del mismo día, no se oían disparos, los aviones estaban pero no disparan, después de las 8 de la mañana se oyeron unos disparos dentro de la montaña, luego siguieron disparando pero dentro de la montaña, lejos del caserío, por ahí a los diez minutos de esto llegaron otros cuatro aviones más que dispararon ráfagas en la zona motañoza, cuando llegó un helicóptero de color negro que fue quien bombardeó el caserío en varias oportunidades” (fls. 67 a 70, cdno. anexo 1).
— El 15 de diciembre de 1998, el Oficial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Batallón de Ingenieros Nº 18 General Rafael Navas Pardo, con sede en Tame (Arauca), informó al Fiscal Regional 41 los hechos sucedidos, así:
“El día viernes 12 de diciembre de 1998, a las 16:00 horas de la tarde, en el sitio denominado Vereda Santo Domingo, Jurisdicción del municipio de Tame (Arauca), cuando tropas del Batallón de Contraguerrillas Nº 36 adscitas a la Décima Octava Brigada, se encontraban cumpliendo labores de registro y control militar de arca, en cumplimiento de la misión constitucional, fueron atacados por elementos subversivos de la ONT FARC pertenecientes a la Compañía Alfonso Castellanos del frente 45 y el 10 frente de este grupo narcoterroristas.
(...) Los insurgentes en el momento del contacto armado se escondieron en las casas de los habitantes del sector y desde allí les disparaban las tropas usando la población civil como escudos humanos, involucrándolos al conflicto, poniendo en peligro la vida de estas indefensas personas y violando el Derecho Internacional Humanitario.
Es necesario que los organismos encargados de defender, divulgar y difundir los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario se enteren también que estos sujetos al margen de la Ley tienen en el sector instalados campos minados, poniendo en peligro la vida de los habitantes de la región.
Como puede usted fácilmente analizar y comprobar los grupos al margen de la Ley, como son los integrantes de la ONT del 10 frente y la compañía Alfonso Castellanos de las FARC al mando del sujeto Germán Briceño Suárez Alias Granobles, continúan violando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (...) “ (fls. 62 a 64, cdno. anexo 1).
— El 13 de diciembre de 1998, en horas de la mañana, el helicóptero UH- 1H de matrícula FAC 4407 disparó, de forma indiscriminada, a la población de Santo Domingo, produciéndose la falla del servicio (informativo de la Procuraduría General de la Nación; inspección judicial de la Fiscalía General de la Nación, fls. 292 y ss., anexo 7; dictamen elaborado por el Laboratorio de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal; informe del comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; dictamen 0232 de la división de criminalística del DAS; testimonios, anexo 13; dictamen del departamento de Investigaciones de Estados Unidos FBI, entre otros).
— El 18 de diciembre de 1998, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la fiscalía realizó la diligencia de inspección judicial en el caserío de Santo Domingo y, en la respectiva acta, dejó plasmadas las siguientes observaciones:
“(...) en el lugar de los hechos procedemos a una descripción del mismo; la vereda de Santo Domingo se ubica en las siguientes coordenadas: norte 6 grados 34 minutos 18 segundos. Oeste 71 grados, 19 minutos, 11 segundos; tiene aproximadamente una hectárea en donde se encuentran viviendas construídas en tabla de 2-50, techos en tejas de aluminio y algunas viviendas con techo y enramada cubiertas de paja en donde se puede apreciar una carretera que atraviesa de sur a norte. Tomamos como referencia la curva en el centro de la cual encontramos en la parte interna hacía el norte la construcción totalment destruida observándose tejas de zinc sobre la superficie con trastos de incendio. Este sitio se encuentra ubicado a la salida de un caserío denominado Santo Domingo por vía pavimentada que conduce exactamente hacía Panamá de Arauca. Exactamente a 10 con 70 metros de esta construcción se encontró una enramada de madera con tejas de cartón en perfecto estado porque no presenta signos de destrucción o militar. Nos desplazamos por la misma vía pavimentada que conduce hacía en suroeste hacía la población de Letolles exactamente a 244 metros encontramos sobre el borde izquierdo de la vía encontramos un camión totalmente destruido su motor y cabina en el cual se encontraron varios orificios producidos por esquirlas metálicas en el cual se hizo una exploración y se recogieron muestras y fragmentos para su análisis tanto en su interior como en la casa que se encuentra al sur del mismo vehículo afectada también en menor proporción observándose en ella el mismo tipo de orificios que se hallaron en el vehículo. Igualmente la casa contigua donde funcionaba una tienda de víveres donde al parecer se encontraron los cuerpos de las víctimas en el interior de la misma se recogieron fragmentos y muestras al parecer de sangre los cuales serán objeto también del análisis balístico para determinar su composición y presencia de residuos explosivos (...)” (fls. 116 a 117, cdno. anexo 1).
— El 28 de diciembre de 1998, el técnico criminalístico del área de balística y explosivos y el técnico judicial i del área de fotografía y video de la Fiscalía General de la Nación, realizaron la inspección de balística y explosivos en el corregimiento de Santo Domingo, municipio de Tame (Arauca), con los siguientes resultados:
“(...) Observaciones y hallazgos:
Luego de ingresar en el pueblo de Santo Domingo se encontraron huellas de destrucción en dos sitios, a los cuales se ordenó la inspección de balística y explosivos por parte del Fiscal de Derechos Humanos. Los sitios se enumeraron como evidencias 1 y 2 (...).
Evidencia 1. Se encontró un camión de mediano tamaño, el cual presentó características compatibles con efectos producidos por explosión. (...).
Evidencia 3. Se encontró un pequeño cráter de 12 cm de diámetro en forma de cono con una profundidad de 3 cm y orificios pequeños de distintos tamaños y formas, distribuidos en forma de abanico en dirección noreste y a 3 metros hacía el oriente del camión antes mencionado sobre la misma vía pavimentada. Al parecer dicho cráter fue producido por explosión de un artefacto explosivo con fragmentación metálica (...).
Evidencia 4. Se hallaron múltiples orificios de entrada y salida de distintas formas y tamaños, compatibles con los producidos por fragmentación metálica de un artefacto explosivo, localizados en láminas de la cabina, puertas, guardafangos, motor, capot y llantas delanteras del camión antes citado (...).
Evidencia 5. Fueron hallados fragmentos metálicos compatibles con la denominada ‘metralla’ que comúnmente es utilizada en bombas o artefactos explosivos caseros. Se recuperaron algunos del interior del camión, alrededor del camión y en el interior de las dos viviendas afectadas y que se encontraban a 4,5 metros y 8,0 metros de la evidencia Nº 1. (...).
Evidencia 6. Frente a la vivienda incinerada, a 12 mestros en el centro de la curva sobre la vía pavimentada, se encontró un crater pequeño (...) con orificios pequeños de tamaño y forma uniforme, distribuidos alrededor y agrupados junto al crater y que por sus características es compatible con la explosión de una granada de mano de fragmentación. (...).
4. Recolección de muestras
4.1. Muestras de evidencia 1 y 5: Se recolectaron trece (13) muestras con fragmentos metálicos de diferentes formas y tamaños, compatibles con ‘metralla’ comúnmente utilizada como carga múltiple en bombas o artefactos explosivos de fabricación casera. Estas muestras se levantaron del interior del vehículo, sus alrededores, en el interior de las dos casas afectadas ubicadas frente al camión inspeccionado.
4.2. Muestras de evidencia 3: Se reconectó una muestra del centro del cráter, marcada con el Nº 5. (...).
5. Operaciones realizadas.
5.1. Consulta a catálogos y tablas de balística y explosivos.
5.2. Análisis físico químico de muestras 4.1 y 4.2: Las catorce (14) muestras recolectadas, fueron enviadas al laboratorio de química forense del área científica del DAS, solicitando un análisis físico químico, a fin de establecer qué tipo de sustancias explosivas pueden estar adheridas a sus superficies.
El día 29 de diciembre fueron recibidos los siguientes resultados:
Reactivo o técnica Sustancia a identificar Resultado
Lunge (,uestras 1 y 6) Nitritos y nitratos Positivo
Nessler (muestra 9) Trazas de amoniaco Positivo
Lunge (2 al 5 y 7 al 14) Nitritos y nitratos Negativo
Nessler (1 al 8 y 10 a 14) Amoniaco Negativo
Timol (1 al 14) Nitroglicerina Negativo
Acetona (1 al 14) TNT Negativo
Cromatografía en capa fina con patrón RDX, TNT, TERN y nitrato de amonio Negativo
Con base en las características generales observada en los efectos hallados en la evidencia Nº 1 (camión semidestruido), es decir, orificios, distribución, trayectoria, destrozos, ubicación del foco de explosión y teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las pruebas técnicas realizadas, se conceptúa que en este vehículo fue colocado un artefacto explosivo de fabricación casera , cargado con ‘metralla’ (fragmentos metálicos de distintos tamaños y formas), posiblemente ubicado en la parte delantera derecha del vehículo o en el interior del motor hacía el mismo costado, proyectando sus fragmentos en distintas direcciones, pero con mayor concentración hacía la parte de la cabina del camión y hacía la izquierda del mismo donde se encuentran las viviendas en Santo Domingo-Tame-Arauca.
No fue posible establecer el por qué de los destrozos hallados en la evidencia 2 (casa incinerada, debido a que no fue posible recolectar muestras para el análisis de explosivos. (...).
8. Observaciones y sugerencias
Es importante acotar que en el análisis químico de las muestras recogidas en la Evidencia 1, se encontraron trazas de amoniaco y residuos de sustancias nitritos y nitratos, sustancias que conforman químicamente el nitrato de amonio, el cual es la materia prima que comúnmente se utiliza y se ha encontrado en bombas o artefactos explosivos de fabricación casera. Los artefactos o armas explosivas militares no contienen este tipo de sustancias” (fls. 292 a 304, cdno. anexo 1).
El 18 de enero de 1999, los técnicos forenses del Laboratorio de Balística Forense de Medicina Legal presentaron ante la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación el resultado de los análisis realizados sobre los elementos recolectados en las necropsias del personal civil que murió el 13 de diciembre de 1998 en Santo Domingo, que arrojó lo siguientes resultados:
“De acuerdo con la morfología, composición y demás características técnicas de los fragmentos metálicos descritos (...) correspondientes a lo recuperado en las necropsias (...) de personal civil (...), estos son compatibles de ser producto de la acción de un elemento explosivo, razón por la cual y acorde con lo ordenado por este despacho, se remiten a la división de criminalística del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, a fin de que se determine concretamente el tipo de artefacto del que provienen” (fls. 312 a 319, cdno. anexo 1).
— El 2 de octubre de 2002, la Comisión Especial Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación profirió fallo de primera instancia dentro del proceso disciplinario adelantado contra el capitán César Romero Pradilla, el teniente Johan Jiménez Valencia, ambos miembros de la Fuerza Aérea Colombiana y contra el Mayor del Ejército Juan Manuel González González, por el ataque contra la población civil del corregimiento de Santo Domingo, municipio de Tame (Arauca) con artefactos explosivos disparados desde una aeronave. La comisión consideró que los cargos formulados contra algunos de los miembros de la Fuerza Aérea se acreditaron y concluyó la trasgresión de la ley disciplinaria por violación del Derecho Internacional Humanitario, razón por la cual resolvió:
“PRIMERO: ABSOLVER al Mayor del Ejército Nacional Juan Manuel González González (...). SEGUNDO: ABSOLVER al Teniente de la Fuerza Aérea Colombiana Johan Jiménez Valencia (...) TERCERO: SANCIONAR con suspensión del cargo, por el término de tres (3) meses, al hoy Capitán de la Fuerza Aérea Colombiana César Romero Pradilla, (...), en su condición de piloto y comandante del helicóptero UH-1H de matrícula FAC 4407 que el día trece (13) de diciembre de 1998 participó en las operaciones militares desarrolladas en el corregimiento Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, dentro de las cuales esta nave arrojó un dispositivo Cluster sobre la población civil, violando el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, causando la muerte de 17 personas y las lesiones de otras 22, tal como se ha argumentado dentro de este fallo. CUARTO: SANCIONAR con suspensión del cargo, por el término de tres (3) meses, al técnico de vuelo Héctor Mario Hernández Acosta, (...), en su condición de técnico de vuelo del helicóptero UH-1H de matrícula FAC 4407 que el día trece (13) de diciembre de 1998 participó en las operaciones militares desarrolladas en el corregimiento Santo Domingo, municipio de Tame, Arauca, nave dese la que arrojó un dispositivo Cluster sobre la población civil, atendiendo la orden ilegítima del piloto, violando el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario, causando la muerte de 17 personas y las lesiones de otras 22, tal como se ha argumentado dentro de este fallo. (...)” (fls. 270 a 322, cdno. 1).
Lo anterior, también se corrobora a través del concepto emitido por el Laboratorio de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI, en el que se manifestó, que las muestras suministradas son restos detonados que concuerdan con una bomba de fragmentación y mecha AN-M41 de 20 libras, diseñada en Estados Unidos (anexo 15) y entregada a la Fuerza Pública de Colombia.
Como se advierte, en este caso se demostró la falla del servicio en que incurrió la Nación, al disparar contra el personal civil durante la persecución de una aeronave clandestina que presuntamente realizaba tareas del narcotráfico, conducta que resulta reprochable a la luz de los preceptos constitucionales e internacionales.
Por consiguiente, al declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, no solamente se resarcen los daños causados a las víctimas, sino que se vela por la protección de los derechos fundamentales, con el fin de que los hechos juzgados no se vuelvan a repetir.
Precisado lo anterior se pasará al estudio del caso en particular.
2.1.1. Grupo familiar 2003-351
Está probado (7) que con la actuación del Estado se produjo la muerte del señor Salomón Neite. El protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses–Regional Oriente Dirección Seccional de Arauca el 14 de diciembre de 1998, confirmó que el señor Neite murió el 13 de diciembre de 1998 por “shock hipovolémico, secundario a heridas viscerales múltiples, secundario a heridas por esquirla de artefacto explosivo, probable manera de muerte: presunto homicidio” (fls. 226 a 228, cdno. anexo 1).
Está igualmente acreditada la lesión que sufrió el señor Amalio Neite. La historia clínica muestra que sufrió una herida por “arma de fuego por esquirlas que le dejaron cicatriz hemitorax izquierdo, región escapular” y que, de acuerdo con certificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la pérdida de capacidad laboral fue del 0% (fls. 82 y 84, cdno. 2, exp. 0351).
La Sala, al igual que el apelante, no encuentra demostrada la lesión que alegó sufrir el señor Neftalí Neite González, pues no obra dentro del expediente documento alguno, como la historia clínica, que evidencie el daño padecido. Por el contrario, obra informe de la junta regional de calificación de invalidez de Arauca en el cual se informa que “en relación al dictamen de calificación del señor Neftalí Neite González, no se practicó por cuanto la junta regional de calificación no recibió la correspondiente historia clínica y otros elementos de juicio para tal fin” (fl. 81, cdno. 2, exp. 0351).
2.1.2. Grupo familiar 2003-354
Se acreditó la muerte del señor Carmen Antonio Díaz Cobos. Según el acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el señor Díaz murió el 13 de diciembre de 1998 a las 9:45 am en Santo Domingo (Arauca), por un artefacto explosivo. En el acápite “descripción de las heridas”, se anotó: “herida abierta de 5,5 cms de diámetro por 4 cm de ancho en la región del cuello, herida abierta de 2,5 cm de diámetro por 1,5 cm de ancho en la región del epigastrio lado izquierdo, herida abierta de 2,5 cms de diámetro por 1 cm de ancho en el antebrazo parte radial lado izquierdo, herida abierta de 1 cm de diámetro en la región del cubito del antebrazo izquierdo, herida abierta en la región de los vacios lado izquierdo de 2 cm de diámetro por 1 cm de ancho, herida abierta de 3,5 cm de diámetro por 2 cm de ancho en la región de la rodilla izquierda, presenta edema testicular” (fls. 28 a 30, cdno. anexo 1).
El protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses–Regional Oriente Dirección Seccional de Arauca el 14 de diciembre de 1998, confirma que el señor Díaz murió el 13 de diciembre de 1998 por “shock multitraumático, secundario a heridas viscerales, y de grandes vasos secundario a heridas por esquirla de elemento explosivo, probable manera de muerte: presunto homicidio” (fls. 250 a 252, cdno. anexo 1).
2.1.3. Grupo familiar 2003-356
e probó la muerte de la señora Edilma Leal Pacheco. Según el acta de inspección y levantamiento de cadáver realizada por el Inspector de Policía de Betoyes, municipio de Tame, la señora Leal murió el 13 de diciembre de 1998 a las 9:45 am en Santo Domingo; presentaba heridas en el estómago y pecho. El Inspector de Policía remitió dicha acta a los médicos legistas del hospital de Tame, con el fin de que realizaran la respectiva necropsia (fls. 43 a 44, cdno. anexo 1).
El protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses–Regional Oriente Dirección Seccional de Arauca el 14 de diciembre de 1998, corrobora que la señora Leal murió el 13 de diciembre de 1998 por “shock hipovolémico, secundario a múltiples laceraciones viscerales, secundario a heridas por elemento explosivo, probable manera de muerte: presunto homicidio” (fls. 222 a 224, cdno. anexo 1).
2.1.4. Grupo familiar 2003-359
Está demostrada la muerte del señor Luis Orlando Martínez Carreño. Según el acta de inspección judicial con levantamiento de cadáver adelantada por la Fiscalía General de la Nación, el señor Martínez murió el 13 de diciembre de 1998 a las 9:45 am en Santo Domingo (Arauca) por un artefacto explosivo. En el acápite de “descripción de las heridas”, se anotó: “Herida abierta de 7 cm de diámetro en la región occipital lado izquierdo, herida abierta de 3 cm de diámetro por 2 cm de ancho, en la región silomática lado izquierdo, herida abierta de 5 cm de diámetro por 4 cm de ancho, en la región de los hipocondrios lado derecho, herida abierta de 4 cm de diámetro por 3 cm de ancho en la región escapular izquierdo. Herida abierta de 4 cm por 5 cm en la región escapularia izquierda, facelación de la piel en el muslo izquierdo. Presenta herida abierta de 5 cm de diámetro en el gemelo de la pierna derecha. Herida abierta de 8 cm de diámetro, en la región del tercio superior del muslo izquierdo” (fls. 25 a 27, cdno. anexo 1).
El protocolo de necropsia realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses–Regional Oriente Dirección Seccional de Arauca el 14 de diciembre de 1998, confirma que el señor Martínez murió el 13 de diciembre de 1998 por “shoxk multitraumático, secundario a laceraciones vicerales múltiples, secundario a heridas por elemento explosivo, probable manera de muerte: presunto homicidio” (fls. 214 a 216, cdno. anexo 1).
2.2. Los perjuicios.
Los demandantes invocaron vínculo de parentesco con las personas que murieron o padecieron lesión, para sustentar los perjuicios morales y materiales. Del análisis de las pruebas, la Sala encuentra probado lo siguiente:
2.1. Proceso 2000-0351.
2.1.1. Muerte de Salomón Neite.
Los demandantes acreditaron ser familiares cercanos del señor Salomón Neite, al aportar la prueba del parentesco.
Demandante Calidad Prueba
Carmen Edilia González Arévalo Cónyuge RCM(8), fl. 23, cdno. 1, exp. 0351
Neftalí Neite González Hijo RCN(9), fl. 25, cdno. 1, exp. 0351
Neila Neite González Hija RCN, fl. 24, cdno. 1, exp. 0351
Salomón Neite Gonz Hijo RCN, fl. 27, cdno. 1, exp. 0351
Amalio Neite González Hijo RCN, fl. 26, cdno. 1, exp. 0351
Elizabeth Neite González Hija RCN, fl. 28, cdno. 1, exp. 0351
Marcos Neite González Hijo RCN, fl. 29, cdno. 1, exp. 0351
Romelia Neite de López Hermana RCN propio y de la víctima, fls. 21, 30, cdno.1, exp.0351
2.1.2. Lesiones de Amalio Neite.
Los demandantes acreditaron ser familiares cercanos del señor Amalio Neite, al aportar la prueba del parentesco.
Carmen Edilia González Arévalo Madre RCN del lesionado, fl. 25, cdno. 1, exp. 0351
Neftalí Neite González Hermano RCN, fl. 26, cdno. 1, exp. 0351
Neila Neite González Hermana RCN, fl. 24, cdno. 1, exp. 0351
Salomón Neite Gonz Hermano RCN, fl. 2, cdno. 1, exp. 0351
Elizabeth Neite González Hermana RCN, fl. 28, cdno. 1, exp. 0351
Marcos Neite González Hermano RCN, fl. 29, cdno. 1, exp. 0351
Romelia Neite de López Tía RCN propio, del padre del lesionado y de la víctima, fls. 21, 30, cdno.1, exp.0351
2.2. Proceso 2000-0354.
Muerte de Carmen Antonio Díaz Cobos
Nerys Duarte Cárdenas Compañera No probó su condición de compañera ni de damnificada. No basta la aportación de su registro civil de nacimiento.
Darwison Duarte Cárdenas Hijastro No probó su condición de hijastro ni de damnificado. Aunque aportó RCN, en no figura que su padre sea Carmen Antonio Díaz Cobos (fl. 24, cdno. 1. exp. 0354).
Anderson Duarte Cárdenas Hijastro No probó su condición de hijastro ni de damnificado. Aunque aportó RCN, en no figura que su padre sea Carmen Antonio Díaz Cobos (fl. 23, cdno. 1. exp. 0354).
Rafael Díaz Ramírez Padre RCN de la víctima, fl. 22, cdno. 1, exp. 0354
Clemencia Cobo Madre RCN de la víctima, fl. 22, cdno. 1, exp. 0354
Ana Lucía Díaz Cobos Hermana RCN, fl. 25, cdno. 1, exp. 0354
Sonia Díaz Cobos Hermana RCN, fl. 27, cdno. 1, exp. 0354
Giovanni Díaz Cobos Hermano RCN, fl. 29, cdno. 1, exp. 0354
Leonel Díaz Cobos Hermano RCN, fl. 26, cdno. 1, exp. 0354
Luz Helena Díaz Cobos Hermana RCN, fl. 28, cdno. 1, exp. 0354
2.3. Proceso 2003-0356
Muerte de Edilma Leal Pacheco
Norberto Leal Padre RCN de la víctima, fl. 19, cdno. 1 exp. 0356.
Benilda Pacheco Leal Madre RCN de la víctima, fl. 19, cdno. 1 exp. 0356.
Norelis Leal Pacheco Hermana RCN, fl. 22, cdno. 1, exp. 0356
Rubiela Leal Pacheco Hermana RCN, fl. 21, cdno. 1, exp. 0356
Edwin Leal Pacheco Hermano RCN, fl. 23 vto., cdno. 1, exp. 0356
Fredy Alexi Leal Pacheco Hermano No probó su condición de hermano ni de damnificado.
2.4. Proceso 2003-0359.
Muerte Luis Orlando Martínez Carreño
Exelino Martínez Rodríguez Padre RCN de la víctima, fl. 21, cdno. 1. exp. 0359.
Teodora Carreño Alarcón Madre RCN de la víctima, fl. 21, cdno. 1, exp. 0359.
Lucero Talero Sánchez Compañera No probó su condición de compañera ni de damnificada. Si bien aportó declaraciones extrajuicio sobre su relación con Luis Orlado Martínez Carreña, esa prueba no cumple con los requisitos de ley (fl. 523, cdno. ppal.).
Luis Eduardo Martínez Talero
Yésica Martínez Talero
Doris Adriana Martínez Talero Hermanos Aunque en los RCN figura como padre el señor Exelino MartRodríguez (fls. 23 a 26, cdno.1, exp.0359), lo cierto es que se logró establecer que éste es su abuelo y que el verdadero padre es Luis Orlando Martínez Carreño. En efecto, el 16 de junio de 2000, los señores Exelino Martínez y Lucero Talero acudieron ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Saravena (Arauca), a la audiencia adelantada dentro el proceso 2000-0067, en la que se declaró que Luis Orlando Martínez “es el padre extramatrimonial de los menores Yésica Paola, Luis Eduardo y Doris Adriana, hijas biológicas de Lucero Talero Sánchez, y como quiera que en el presente caso específico ha habido una completa y total voluntad de las personas adultas involucradas en el mal registrar el nacimiento de dichos menores, el solucionar y enderezar dicha situación que afecta a los menores en cuanto a que se les respete su derecho fundamental a tener su nombre y nacionalidad legítimas y verdad es, el despacho entonces sin mayores miramientos o disquisiciones jurídicas y el procura de la economía procesal ha de fallar positivamente el presente asunto” (fls. 36 a 38, cdno. 2, exp. 0359).
Pedro Virgilio Martínez Carreño Hermano RCN, fl. 26, cdno. 1, exp. 0359
José Vicente Martínez Carreño Hermano RCN, fl. 27, cdno. 1, exp. 0359
Manuel Alfonso Martínez Carreño Hermano RCN, fl. 28, cdno. 1, exp. 0359
Claudia Exelina Martínez Carreño Hermana RCN, fl. 29, cdno. 1, exp. 0359
Ana Fidelia Martínez Carreño Hermana RCN, fl. 30, cdno. 1, exp. 0359
María Elena Carreño Hermana No acreditó su condición de hermana ni damnificada. Aunque aportó su RCN, en éste no aparece constancia de quiénes son sus padres.
Teniendo en cuenta el material probatorio relacionado, la Sala observa que no todos los demandantes acreditaron el parentesco con las víctimas directas ni la calidad de damnificados, situación que impide reconocer la indemnización que reclaman por concepto de perjuicios morales, como pasa a explicarse.
3.1.1. Grupo familiar 2003-351
3.1.1.1. Perjuicios morales por la muerte del señor Salomón Neite
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos, en razón a la angustia padecida por la muerte de su esposo, padre y hermano (fls. 4 y 5, cdno. 1, exp. 351).
Está claramente probado que Salomón Neite murió el 13 de diciembre de 1998; que era cónyuge de Carmen Edilia González Arévalo; padre de Neftali, Neila, Salomón, Amalio, Elizabeth y Marcos Neite González; y que era hermano de Romelia Neite de López.
Lo anterior permite inferir (10) que la cónyuge, hijos y hermana del señor Salomón Neite padecieron perjuicios morales por la muerte de su familiar, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco de consaguinidad, la Sala deduce (11) que su muerte, les produjo gran tristeza y congoja.
El tribunal reconociuna indemnización por este rubro equivalente a 100 smmlv a favor de la cónyuge de la víctima y de 50 smmlv para los hijos. Se advierte además que el a quo negó aquella solicitada por la señora Romelia Neite López, en consideración a que, en su calidad de tía del señor Salomón Leite, no demostró el grado de congoja y aflicción.
Cabe precisar que la señora Romelia Leite López no acudió al proceso en calidad de tía del señor Salomón Neite sino como su hermana, condición que, como se explicó, está claramente acreditada y de la cual se presume el perjuicio moral que sufrió.
Teniendo en cuenta que la parte demandante impugnó la sentencia con el fin de que se aumentara la indemnización por concepto de perjuicios morales (fls. 469 a 522, cdno. ppal.), la Sala accederá a dicha petición, en consideración a que, conforme a los criterios establecidos por la Sección, en los eventos de muerte se reconocen los topes máximos acogidos por la jurisprudencia para los parientes cercanos, toda vez que, como se ha expuesto en reiteradas providencias, el deceso de un ser querido produce un sentimiento muy intenso.
Se reconocerá por tanto, el equivalente en pesos a 100 smmlv a favor de cada una de las siguientes personas: la cónyuge, señora Carmén Edilia González Arévalo; y los hijos, Neftalí Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Amalio Neite González, Elizabeth Neite González y Marcos Neite González. Y el equivalente en pesos a 50 smmlv a favor de la hermana, señora Romelia Neite de López.
3.1.1.2. Perjucios morales por las lesiones padecidas por el señor Amalio Neite
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos, en razón a la angustia padecida por las lesiones de su hijo, hermano y sobrino (fl. 5, cdno. 1, exp. 351).
En este caso se demostró que el señor Amalio Neite sufrió lesiones en los hechos del 13 de diciembre de 1998; que su madre es la señora Carmen Edilia González Arévalo; sus hermanos son Neftali, Neila, Salomón, Elizabeth y Marcos Neite González; y que su tía es la señora Romelia Neite de López.
La Sala encuentra probado que la lesión padecida por Amalio Neite le produjo perjuicios morales al sufrir directamente el daño. Está igualmente acreditado que sus familiares cercanos, madre y hermanos, también padecieron angustia y congoja.
Respecto de la indemnización por perjuicios morales en casos de lesiones, la Sección Tercera había considerado que, para efecto del reconocimiento de dicho perjuicio era necesario diferenciar el tipo de lesión —grave o leve— con el fin de establecer una presunción de carácter probatorio para acceder a la indemnización. En varias oportunidades y, con fundamento en dicha posición, se afirmó que cuando la lesión fuera de aquellas graves, los parientes cercanos de la víctima estaban obligados a demostrar la gravedad de la lesión y el parentesco, para que se pudiera inferir que padecieron el perjuicio moral; y que en los casos en que la lesión fuera leve, los parientes cercanos tenían la carga de acreditar la lesión, el parentesco y la congoja y la tristeza que sufrieron, dado que sin esas pruebas, resultaba imposible inferir el padecimiento moral de los familiares cercanos. En todo caso, en ambos eventos, el directamente lesionado tenía derecho a la indemnización por concepto de perjuicios morales, en consideración a que fue quien sufrió el impacto de la lesión.
Esa posición varió y, mediante sentencia del 16 de octubre de 2008, la Sala consideró que no hay lugar a diferenciar el tipo de lesión a efecto de presumir los perjuicios morales, sino que su efecto útil recae es en el grado de intensidad del daño y cobra relevancia en la graduación del monto de la indemnización mas no en la prueba del perjuicio como tal. En esa oportunidad, la Sala abandonó la tesis según la cual la presunción del perjuicio dependía de la intensidad de la lesión y acogió la posición descrita, según la cual dicha presunción opera en los eventos de lesiones corporales, sin importar si son graves o leves:
Así las cosas, la Sala recoge la tesis que entendía que la presunción por perjuicios morales dependía de la intensidad de la lesión, para en cambio señalar mayoritariamente que la presunción para los perjuicios morales opera en los eventos de lesiones corporales sin importar que éstas sean graves o leves” (12) .
La Sala reitera en esta oportunidad la anterior posición y, con fundamento en ella, procederá a reconocer la indemnización por perjuicio moral a favor de los parientes cercanos del lesionado Amalio Neite, quienes acreditaron el parentesco de consaguinidad.
En materia de perjuicios morales, la Sección Tercera ha sostenido, con fundamento en el pronunciamiento de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que éste tipo de perjuicios se presumen cuando se trata de los padres, los hijos, el cónyuge y los hermanos menores, siempre que se pruebe el parentesco (13) .
En otras palabras, la presunción del perjuicio moral solo opera respecto de los parientes cercanos, quienes se consideran así, hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil cuando se prueba el parentesco (14) .
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, considera que el perjuicio moral se puede inferir en los casos de muerte, frente a las víctimas indirectas, esto es, aquellas personas que tienen estrechos vínculos familiares con la víctima directa del daño, entre ellas, los parientes próximos (15) .
Con fundamento en lo anterior y, atendiendo el criterio establecido por la Sala en sentencia del 16 de octubre de 2008 según la cual, el perjuicio moral se presume respecto de los familiares cercanos, la Sala accederá a la indemnización solicitada respecto de los familiares próximos del lesionado, esto es, aquellos que tienen vínculos de consanguinidad hasta el segundo grado o primero civil.
Ahora, para efecto de la cuantificación del perjuicio, la Sala encuentra claramente acreditado que la lesión que sufrió el señor Amalio Neite fue leve, toda vez que, de acuerdo con certificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la pérdida de capacidad laboral fue del 0% (fls. 82 y 84, cdno. 2, exp. 0351).
Por consiguiente, se reconocerá el equivalente en pesos a 10 smmlv a favor de cada una de las siguientes personas: el lesionado, Amalio Neite; y la madre, señora Carmen Edilia González Arévalo; y el equivalente en pesos a 5 smmlv para cada uno de los hermanos del lesionado, Neftalí Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Elizabeth Neite González y Marcos Neite González.
3.1.2. Grupo familiar 2003-354.
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos, en razón a la angustia padecida por la muerte del señor Carmen Antonio Díaz Cobos (fls. 6 y 7, cdno. 1, exp. 354).
Está claramente probado que el señor Carmen Antonio Díaz Cobos murió el 13 de diciembre de 1998; que era hijo de Rafael Díaz Ramírez y Clemencia Cobos; y que era hermano de Ana Lucía Díaz Cobos, Sonia Díaz Cobos, Giovanni Díaz Cobos, Leonel Díaz Cobos y Luz Helena Díaz Cobos.
Lo anterior permite inferir (16) que la cónyuge, hijos y hermana del señor Salomón Neite padecieron perjuicios morales por la muerte de su familiar, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco de consaguinidad, la Sala deduce (17) que su muerte, les produjo gran tristeza y congoja.
No ocurre lo mismo respecto de la señora Nerys Duarte Cárdenas, quien dice actuar en calidad de compañera permanente y de los señores Darwinson Duarte Cárdenas y Anderson Duarte Cárdenas, quienes afirmaron ser hijastros del señor Carmen Antonio Díaz Cobos, no acreditaron la condición de tales.
En efecto, a pesar de que la señora Nerys Duarte Cárdenas aportó su registro civil de nacimiento, ese documento no basta para demostrar la relación que tenía con el señor Díaz ni el dolor que sufrió por su muerte o el vínculo que tenía con la víctima directa.
En relación con la prueba de la compañera permanente y/o damnificado, la Sala ha reiterado (18) en varias ocasiones que esta se logra por cualquiera de los medios judiciales previstos en el Código de Procedimiento Civil, a fin de acreditar la convivencia, unión permanente y lazos de afecto, siendo la más común la testimonial. En sentencia del 11 de diciembre de 2002, la Sala dijo:
“Por lo tanto la calidad de compañera se puede acreditar por cualquiera de los medios ordinarios de prueba previstos en el artículo 175 Código de Procedimiento Civil entre los cuales están, entre otros, los testimonios. Y la parte actora solicitó en su demanda declaraciones de terceros los cuales fueron decretados por el tribunal a quo, con los cuales se establece que dicha señora era la compañera permanente de Wilson Reinosa Castañeda; así:
De la señora Blanca Cecilia Hincapié Cortes; señaló que conoce de trato a la esposa del señor Wilson Castañeda se llama Olga Castaño, quien no trabaja; que el señor Castañeda visitaba con mucha frecuencia a Olga, hasta que fue recluido en la cárcel y que esta relación se sostuvo durante el tiempo que él estuvo interno en la cárcel y de la misma nació una niña (fls. 121).
De maría Elena Gutiérrez de Restrepo; indicó que Wilson Reinosa Castañeda convivió con Olga Castaño durante año y medio, antes de que aquel fuese recluido; que ella no trabajaba porque la sostenían sus papas y que después “Wilson le daba para ella y para la niña”; que la niña nació antes de la muerte de Wilson (fls. 117 a 118). En el mismo sentido testimonió el dragonenante Luis Lorenzo Lopera quien indicó además que a Wilson Reinosa Castañeda lo visitaba en la cárcel la señora Olga Cataño, con la cual tuvo una niña (fls. 119 a 120).
Esas declaraciones testimoniales confirman que la señora Olga Castaño y el señor Wilson Castañeda convivieron como compañeros permanentes desde año y medio antes de que fuera recluido y que también durante el tiempo en que el mismo señor Reinosa estuvo interno, hasta que falleció ...” (19) .
Igual situación se presenta respecto de Davinson Duarte Cárdenas y Anderson Duarte Cárdenas, quienes afirman actuar en calidad de hijastros del señor Carmen Antonio Díaz Cobos, pues no demostraron tal relación familiar con la víctima directa ni su condición de damnificados por la muerte de este. Aunque aportaron el registro civil de nacimiento, en tal documento no aparece acreditado que el señor Díaz era su padre y, al no probar la calidad con la que dicen actuar dentro del proceso, no es posible inferir el perjuicio moral frente a ellos.
En este caso, el tribunal reconociuna indemnización por este rubro equivalente a 100 smmlv a favor de la “compañera permanente”, los “hijastros” y los padres de la víctima directa y la negó en relación con los hermanos.
Teniendo en cuenta que la parte demandante impugnó la sentencia con el fin de que se aumentara la indemnización por concepto de perjuicios morales y se reconociera aquella respecto de las personas a quienes el a quo la negó (fls. 469 a 522, cdno. ppal.), la Sala modificará la sentencia de primera instancia frente a este grupo familiar, para mantener la indemnización concedida a los padres de la víctima, acceder a dicha petición en relación con los hermanos y revocar la indemnización reconocida a quienes afirmaron ser la compañera permanente y los hijastros de la víctima directa, pero no lo probaron.
En consideración a que, conforme a los criterios establecidos por la sección, en los eventos de muerte se reconocen los topes máximos acogidos por la jurisprudencia para los parientes cercanos, toda vez que, como se ha expuesto en reiteradas providencias, el deceso de un ser querido produce un sentimiento muy intenso, se reconocerá el equivalente en pesos a 100 smmlv a favor de cada uno de los padres, señores Rafael Díaz Ramírez y Clemencia Cobos; y 50 smmlv para los hermanos, señores Ana Lucía Díaz Cobos, Sonia Díaz Cobos, Giovanni Díaz Cobos, Leonel Díaz Cobos y Luz Helena Díaz Cobos.
3.1.3. Grupo familiar 2003-356
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos, en razón a la angustia padecida por la muerte de la señora Edilma Leal Pacheco (fls. 4 y 5, cdno. 1, exp. 356).
Está claramente probado que Edilma Leal Pacheco murió el 13 de diciembre de 1998; que era hija de Norberto Leal y de Benilda Pacheco de Leal, y hermana de Norelis Leal Pacheco, Rubiela Leal Pacheco y Edwin Leal Pacheco.
Lo anterior permite a la Sala inferir que aquellos padecieron perjuicios morales por la muerte de su hija y hermana, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco de consaguinidad, la Sala deduce (20) que su muerte, les produjo gran tristeza y congoja.
A pesar de que el señor Fredy Alexi Leal Pacheco afirmó actuar en calidad de hermano de la víctima directa, lo cierto es que no acreditó el parentesco ni su condición de damnificado, dado que no aportó su registro civil de nacimiento, documento suficiente para probar su relación de consanguinidad con la víctima.
La Sala advierte que el tribunal únicamente reconociuna indemnización por este rubro a favor de los padres y de uno de los hermanos de la víctima, equivalente a 100 smmlv y 50 smmlv respectivamente.
Teniendo en cuenta que la parte demandante impugnó la sentencia con el fin de que se aumentara la indemnización por concepto de perjuicios morales y se reconociera aquella respecto de las personas a quienes el a quo la negó (fls. 469 a 522, cdno. ppal.), la Sala accederá a dicha petición, en consideración a que, conforme a los criterios establecidos por la sección, en los eventos de muerte se reconocen los topes máximos acogidos por la jurisprudencia para los parientes cercanos, toda vez que, como se ha expuesto en reiteradas providencias, el deceso de un ser querido produce un sentimiento muy intenso.
Se reconocerá por tanto, el equivalente en pesos a 100 smmlv para cada uno de los padres, señores Norberto Leal y Benilda Pacheco de Leal; y 50 smmlv a favor de cada uno de los hermanos, señores Norelis Leal Pacheco, Rubiela Leal Pacheco y Edwin Leal Pacheco.
3.1.4. Grupo familiar 2003-359
Los demandantes solicitaron el equivalente en pesos a 1.000 gramos de oro para cada uno de ellos, en razón a la angustia padecida por la muerte del señor Luis Orlando Martínez Carreño (fls. 5 y 6, cdno. 1, exp. 359).
Está claramente probado que Luis Orlando Martínez Carreño murió el 13 de diciembre de 1998; que era hijo de Exelino Martínez Rodríguez y Teodora Carreño Alarcón; que era padre de Luis Eduardo Martínez Talero, Yésica Martínez Talero y Doris Adriana Martínez Talero; y que era hermano de Pedro Virgilio Martínez Carreño, Josè Vicente Martínez Carreño, Manuel Alfonso Martínez Carreño, Claudia Exelina Martínez Carreño y Ana Fidelia Martínez Carreño.
Lo anterior permite a la Sala inferir que aquellos padecieron perjuicios morales por la muerte de su hijo, padre y hermano, pues al quedar plenamente demostrado el parentesco de consaguinidad, la Sala deduce (21) que su muerte, les produjo gran tristeza y congoja.
A pesar de que la señora Lucero Talero Sánchez alegó ser la compañera permanente de la víctima directa y la señora María Elena Carreño afirmó ser hermana del señor Martínez Carreño, lo cierto es que no demostraron la condición con la que afirmaron actuar dentro del proceso.
En efecto, aunque la señora Lucero Talero Sánchez aportó declaraciones extrajuicio sobre su relación con Luis Orlando Martínez Carreño, esa prueba no cumple con los requisitos de ley, porque esas declaraciones de terceros, extraproceso, no fueron ratificadas por los declarantes, previo juramento de ley, tal como lo exigen los artículos 229, 298, 299 del Código de Procedimiento Civil. Entonces, como esas declaraciones fueron tomadas extraproceso, sin la audiencia de la Nación y no fueron objeto de ratificación, es evidente que no puede valorarse por cuanto carecen de eficacia probatoria.
Respecto de la señora María Elena Carreño, quien afirmó ser hermana de la víctima directa, se observa que tampoco demostró la calidad en la que dice actuar ni su condición de damnificada. Aunque aportó su registro civil de nacimiento, en éste no aparece constancia de quiénes son sus padres y, por lo tanto, no se puede inferir de ese documento la calidad de hermana de la víctima que aduce en la demanda.
La Sala advierte que el tribunal únicamente reconoció una indemnización por este rubro a favor de los padres, equivalente a 100 smmlv.
Teniendo en cuenta que la parte demandante impugnó la sentencia con el fin de que se aumentara la indemnización por concepto de perjuicios morales y se reconociera aquella respecto de las personas a quienes el a quo la negó (fls. 469 a 522, cdno. ppal.), la Sala accederá a dicha petición frente a las personas que demostraron el parentesco con la víctima directa, en consideración a que, conforme a los criterios establecidos por la sección, en los eventos de muerte se reconocen los topes máximos acogidos por la jurisprudencia para los parientes cercanos, toda vez que, como se ha expuesto en reiteradas providencias, el deceso de un ser querido produce un sentimiento muy intenso.
Se reconocerá por tanto, el equivalente en pesos a 100 smmlv para cada uno de los padres, señores Exelino Martínez Rodríguez y Teodora Carreño Alarcón, así como para cada uno de sus hijos, Luis Eduardo Martínez Talero, Yésica Martínez Talero y Doris Adriana Martínez Talero; y 50 smmlv a favor de cada uno de los hermanos, señores Pedro Virgilio Martínez Carreño, José Vicente Martínez Carreño, Manuel Alfonso Martínez Carreño, Claudia Exelina Martínez Carreño, Ana Fidelia Martínez Carreño.
4. Perjuicios materiales
4.1. Grupo familiar 2003-351
4.1.1. Por la muerte de Salomón Neite
4.1.1.1. Daño emergente
En la demanda se solicitó la suma de $ 900.000 por concepto de los gastos en que incurrió la parte demandante para comprar la caja mortuoria y demás servicios funerarios. Para acreditar dicho rubro, los actores aportaron en original, el recibo 003 expedido por la funeraria Los Olivos de Tame-Arauca, en el que consta el pago de $ 900.000 por 1 caja mortuaria y los servicios funerarios al cadáver de Salomón Neite, efectuado por la señora Carmen Edilia González Arévalo (fl. 31, cdno. 1 exp. 351).
A pesar de que en dicho recibo no aparece la fecha en que se efectuó el pago, existe certeza de que el señor Salomón Neite murió el 13 de diciembre de 1998, circunstancia que permite a la Sala inferir que la erogación en que incurrieron los demandantes se efectuó al día siguiente de la muerte, esto es, el 14 de diciembre de 1998.
El Tribunal reconoció en la sentencia de primera instancia la suma de $ 900.000 a favor de la señora Carmen Edilia González Arévalo y la Sala la modificará, en consideración a que el a quo omitió efectuar la indexación de dicha suma de dinero.
Total daño emergente: $ 1’706.400
4.1.1.2. Lucro cesante.
Los demandantes solicitaron reconocer el lucro cesante, así:
“Salomón Neite era un hombre trabajador en plena capacidad productiva, a pesar de su edad, era trabajador agrícola y con su labor sostenía y atendía económicamente en todo, a la subsistencia de su esposa Carmen Edilia González Arévalo y sus hijos, con su fallecimiento se causan perjuicios irremediables para el futuro de estas personas los cuales tendrán que ser reconocidos por el Estado (...)”.
La Sala encuentra acreditado que el señor Salomón Neite realizaba actividades de jornalero y sostenía a la familia, aunque no se demostró en qué cuantía. Así lo afirmaron bajo gravedad de juramento los testigos Olimpo Cárdenas, María Antonia Rojas y Olinto Arciniégas, quienes declararon ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tame, por comisión del Tribunal Administrativo de Arauca (fls. 49 a 52, cdno. 2 exp. 351).
Está igualmente probado que, a la fecha de la muerte del señor Salomón Neite, sus hijos tenían las siguientes edades: (i) Neftalí 16 años; (ii) Amalio 22 años; (iii) Salomón 24 años; (iv) Elizabeth 26 años; (v) Marcos 29 años; y (vi) Neila 31 años.
Cabe precisar que la Sala ha presumido que los padres ayudan económicamente a sus hijos hasta la edad de 25 años, en consideración a que a esa edad es normal que los colombianos formen su propio hogar, situación que impide que continúen atendiendo las necesidades económicas de otros familiares.
En este caso, el tribunal reconoció la indemnización por lucro cesante solamente a favor de la señora Carmen Edilia González Arévalo (esposa) y a Neftalí Neite González (hijo); frente a éste último se efectuó la liquidación hasta la fecha en que cumpliera 18 años.
Teniendo en cuenta que la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia para que se indemnizara a las personas frente a las cuales el tribunal la negó, la Sala accederá a esta petición, en relación con los señores Salomón y Amalio desde la fecha de la muerte de la víctima hasta el día en que cumplieron 25 años y se modificará la liquidación efectuada respecto de Neftali Neite, para efectuarla hasta la fecha en que cumpliera 25 años.
En cuanto al ingreso base para llevar a cabo la liquidación, se tomará el salario mínimo mensual legal vigente para el año 1998.
Rh = Renta histórica–smmlv para el año 1998 - $ 203.826.
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 190,25 que es el correspondiente a octubre de 2008
Ipc (i) = Es el índice de precios al consumidor inicial, es decir, 100,00 que es el que correspondió al mes de diciembre de 1998
Ra = 387.778,96
A la fecha, la actualización del salario mínimo mensual legal vigente para el año 1998 ($ 387.778,96) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 461.500.); por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo y, a dicho monto, se descontará el 25% ($ 115.375), que es la porción que se presume que la víctima dedicaba para su propia subsistencia, operación que arroja como resultado $ 346.125.
La anterior suma de dinero se dividirá en dos partes iguales ($ 173.062,5), de las cuales, el 50% ($ 173.062,5) será la base para la liquidación del lucro cesante de la señora Carmen Edilia González Arévalo (cónyuge) y el 50% restante, se dividirá a su vez entre los 3 hijos de la víctima que a la fecha de su muerte no habían cumplido los 25 años de edad ($ 57.687,5).
4.1.1.2.1. Lucro cesante a favor de la señora Carmen Edilia González Arévalo (cónyuge)
Cálculo de la indemnización debida, consolidada o histórica:
Ra = Renta actualizada, es decir $ 173.062,5
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño —13 de diciembre de 1998—, esto es, 118 meses a octubre de 2008.
S = $ 27’501.733,62
n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la vida probable de la víctima (nacido en abr. 22/40; murió a los 58 años de edad), es decir 140 meses. Esta cifra resulta de calcular la vida probable de vida del lesionado, 258 meses, y restarle el número de meses transcurridos desde el momento del daño hasta la fecha de la sentencia, esto es, 118 meses.
S = $ 17’538.972,12
Lucro cesante a favor de Carmen Edilia González Arévalo = ($ 27’501.733,62 + 17’538.972,12= = $ 45’040.705,74
4.1.1.2.2. Lucro cesante a favor del señor Salomón Neite (hijo)
Ra = Renta actualizada, es decir $ 57.687,5
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño–13 de diciembre de 1998–hasta la fecha en que cumpli25 años de edad–2 de junio de 1999 (nació el 2 de junio de 1974)-, esto es, 5,66 meses.
S = $ 330.235,98
Lucro cesante a favor de Salomón Neite = $ 330.235,98
4.1.1.2.3. Lucro cesante a favor del señor Amalio Neite (hijo)
Ra = Renta actualizada, es decir $ 57.687,5.
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño–13 de diciembre de 1998–hasta la fecha en que cumpli25 años de edad–22 de agosto de 2001 (nació el 22 de agosto de 1976)-, esto es, 32,3 meses.
S = $ 2’012.463,89
Lucro cesante a favor de Amalio Neite = $ 2’012.463,89
4.1.1.2.4. Lucro cesante a favor del señor Neftalí Neite (hijo)
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño–13 de diciembre de 1998–hasta la fecha en que cumpli25 años de edad–10 de diciembre de 1991 (nació el 10 de diciembre de 1982)-, esto es, 107,9 meses.
S = $ 8’161.340,69
Lucro cesante a favor de Neftalí Neite = $ 8’161.340,69
4.1.2. Por las lesiones de Amalio Neite
En la demanda se solicitó indemnización por daño emergente y lucro cesante en los siguientes términos:
“Daño Emergente y Lucro cesante: Será el avalúo pericial que quede en firme rendido por el funcionario idóneo que ha bien nombre el honorable magistrado, como perito evaluador de los gastos incurridos para superar las lesiones sufridas por el ciudadano” (fl. 6, cdno. 1 exp. 351).
El tribunal negó la prueba pericial solicitada por innecesaria y, en la sentencia, negó la indemnización solicitada por estos rubros, dado que no encontró acreditada la lesión que padeció el señor Amalio Neite.
La Sala advierte que, a pesar de que se acreditó el daño, lo cierto es que los demandantes no probaron el daño emergente solicitado, pues no obra ninguna prueba documental que acredite la erogación que efectuaron a consecuencia de la lesión que sufrió el señor Amalio Neite.
Se observa igualmente que tampoco hay lugar a reconocer indemnización alguna por lucro cesante, toda vez que, de acuerdo con certificación de la junta regional de calificación de invalidez, la pérdida de capacidad laboral fue del 0% (fls. 82 y 84, cdno. 2, exp. 0351).
4.2. Grupo familiar 2003-354
En la demanda se solicitó la suma de $ 1’000.000 por concepto de los gastos en que incurrieron los demandantes para comprar la caja mortuaria, el arreglo del cadáver y demás servicios funerarios.
La Sala, al igual que el tribunal, encuentra que esa erogación no fue probada dentro del proceso, razón por la cual no está demostrado ese perjuicio.
Los demandantes solicitaron reconocer el lucro cesante a favor de la señora Nerys Duarte Cárdenas, quien afirmó ser la compañera permanente de la víctima directa, y de quienes dijeron actuar como hijos del señor Carmen Antonio Díaz Cobos.
Aunque el tribunal reconoció lucro cesante a favor de Nerys Duarte Cárdenas, Darwinson Duarte Cárdenas y Anderson Duarte Cárdenas, la Sala revocará el reconocimiento de dicha indemnización, dado que, como se explicó, esas personas no acreditaron la condición con la que afirmaron actuar dentro del proceso (compañera permanente e hijos), ni su calidad de damnificados.
4.3. Grupo familiar 2003-356
4.3.1. Daño emergente
En la demanda se solicitó la suma de $ 1’000.000 por los gastos en que incurrieron los actores con ocasión del transporte del cadáver, la compra de la caja mortuaria y demás arreglos funerarios. Para acreditar dicho rubro, los demandantes aportaron en original, la certificación expedida por la Funeraria Los Olivos de Tame-Arauca el 10 de mayo de 2000, en la que consta que el señor Norberto Leal (uno de los actores) pagó $ 1’000.000 por los servicios funerarios prestados con ocasión de la muerte de la señora Leal Pacheco (fl. 24, cdno. 1 exp. 356).
A pesar de que en dicho recibo no aparece la fecha en que se efectuó el pago, existe certeza de que la señora Edilma Leal Pacheco falleció el 13 de diciembre de 1998, circunstancia que permite a la Sala inferir que la erogación en que incurrió el señor Norberto Leal se realizó al día siguiente de la muerte, esto es, el 14 de diciembre de 1998.
El tribunal negó la indemnización por daño emergente, pues no encontró la prueba de la erogación que afirmaron realizar la parte demandante y, como se vio, el perjuicio por el que reclaman los actores está claramente demostrado.
Por consiguiente, la Sala accederá al reconocimiento del daño emergente por $ 1’000.000, cifra que será indexada, así:
Total daño emergente: $ 1’896.000
4.3.2. Lucro cesante.
“Edilma Leal Pachecho era una mujer joven, con título de bachiller, en plena capacidad productiva, de profesión empleada en actividades comerciales y con su trabajo contribuía al sostenimiento económico de su familia. Con su fallecimiento se causaron perjuicios irremediables para el futuro de sus padres y hermanos, dichos perjuicios irremediables tendrán que ser reconocidos por el Estado (...)” (fl. 5, cdno. 1, exp. 356).
La Sala encuentra acreditado que la señora Edilma Leal Pacheco trabajaba medio tiempo en una papelería, aunque no se demostró cuánto ganaba por ello; está igualmente probado que murió el 13 de diciembre de 1998, a la edad de 26 años. Así lo afirmaron bajo gravedad de juramento los testigos Rubén Arturo Cuellar y José María Castillo, quienes declararon ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Tame, por comisión del Tribunal Administrativo de Arauca (fls. 72 a 75, cdno. 2 exp. 356).
El tribunal negó la indemnización solicitada por este concepto, por cuanto la víctima directa murió a la edad de 26 años, “tiempo en el cual determina la jurisprudencia que conformaría su nuevo hogar cesando la ayuda a los padres” (fl. 425, cdno. ppal.).
Como bien lo dijo el tribunal, la Sala ha presumido que los hijos ayudan económicamente a sus padres hasta la edad de 25 años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. También ha considerado que, en los eventos en que se demuestra que los padres recibían ayuda económica de sus hijos antes del fallecimiento de éstos, se presume que tal aporte habría de prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que se demuestre la necesidad de los padres, su situación de invalidez, su condición de hijo único, etc.
En este caso, las circunstancias especiales anotadas no se demostraron y, por ello, como la señora Edilma Leal Pacheco murió a la edad de 26 años, la Sala no reconocerá la indemnización solicitada por lucro cesante, a favor de los padres de la víctima.
4.4. Grupo familiar 2003-359
Muerte de Luis Orlando Martínez Carreño
4.4.1. Daño emergente
En la demanda se solicitó la suma de $ 1’000.000 por concepto de los gastos en que incurrieron los demandantes para comprar la caja mortuoria y demás servicios funerarios. Para acreditar dicho rubro, los actores aportaron copia auténtica de la factura 00204 expedida por la funeraria Cristo Rey de Tame-Arauca, en el que consta el pago de $ 860.000, efectuado por el señor Exelino Martínez Rodríguez el 14 de diciembre de 1998, por 1 caja mortuaria, el arreglo del cadáver y la velación al cadáver de Luis Orlando Martínez Carreño (fl. 32, cdno. 1 exp. 359).
El tribunal reconoció en la sentencia de primera instancia la suma de $ 860.000 por daño emergente, y la Sala la modificará, en consideración a que el a quo omitió efectuar la indexación de dicha suma de dinero:
Total daño emergente: $ 1’630.560
“Luis Orlando Martínez Carreño era un hombre joven en plena capacidad productiva, su profesión era la agricultura y con su trabajo sostenía y atendía económicamente en todo a la subsistencia de su compañera permanente Lucero Talero Sánchez y sus pequeños hijos, con su fallecimiento se causan perjuicios irremediables para el futuro de estas personas, los cuales tendrán que ser reconocidos por el Estado ()” (fl. 7, cdno. 1 exp. 359).
A pesar de que en este caso no obra prueba alguna que demuestre que el señor Luis Orlando Martínez Carreño se dedicara a una actividad productiva, la Sala accederá a reconocer la indemnización por lucro cesante únicamente a favor de los hijos de la víctima, en consideración a la obligación alimentaria que tienen los padres con sus hijos, que se presume cumplida y que da lugar a un derecho correlativo en cabeza de aquellos, hecho que permite deducir igualmente, la existencia del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, cuando fallece uno de los cónyuges, y/o padre de hijos menores, que ya no contarán por lo tanto, con el soporte económico brindado por aquél.
Es decir que, para la jurisprudencia de la Sala, el perjuicio material en estos casos se presume —a diferencia de lo que sucede respecto de los padres de hijos mayores de 25 años, y los hermanos mayores de edad— y por lo tanto, hay lugar a su reconocimiento.
No sucede lo mismo con la señora Lucero Talero Sánchez quien afirmó actuar en calidad de compañera permanente, por no acreditó tal condición.
Se observa que a la fecha de la muerte del señor Luis Orlando Martínez Carreño, sus hijos tenían las siguientes edades: (i) Luis Eduardo 1 año; (ii) Yésica 2 años; (iii) Doris Adriana 5 meses.
Como se explicó, la Sala ha presumido que los padres ayudan económicamente a sus hijos hasta la edad de 25 años, en consideración “al hecho social de que a esa edad es normal que los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”.
En este caso, el Tribunal negó la indemnización por lucro cesante, decisión que será revocada para reconocerla a favor de los hijos de la víctima, en consideración a que la parte demandante apeló la sentencia de primera instancia frente a este punto. Por consiguiente, se efectuará la liquidación desde la fecha de la muerte de la víctima hasta la fecha en que los menores cumplan 25 años de edad.
Ra = Renta a actualizada a establecer
Rh = Renta histórica —smmlv para el año 1998 - $ 203.826.
Ipc (f) = Es el índice de precios al consumidor final, es decir, 190,25 que es el correspondiente al mes de octubre de 2008.
A la fecha, la actualización del salario mínimo mensual legal vigente para el año 1998 ($ 387.778,96) es inferior al salario mínimo legal mensual actual ($ 461.500); por tal razón, en aplicación del artículo 16 de la Ley 446 de 1998 y de los principios de reparación integral y equidad allí contenidos, se tomará este último como base para el cálculo y, a dicho monto, se descontará el 25% ($ 115.375), que es la porción que la víctima dedicaba para su propia subsistencia, operación que arroja como resultado $ 346.125.
La anterior suma de dinero se dividirá en tres partes iguales ($ 115.375), y el resultado será la base para la liquidación del lucro cesante para cada uno de los hijos a quienes se indemnizará desde la fecha de la muerte de su padre hasta que ellos cumplan 25 años.
4.4.2.1. Lucro cesante a favor de Luis Eduardo Martínez Talero
Ra = Renta actualizada, es decir $ 115.375
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño–13 de diciembre de 1998 –, esto es, 118 meses hasta la fecha de la sentencia —noviembre de 2008—.
S = $ 18’334.489,08
Cálculo de la indemnización futura o anticipada:
n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la fecha en que Luis Eduardo Martínez Talero cumpla 25 años, esto es, el 29 de junio de 2022 (nació el 29 de junio de 1997), es decir, 164 meses.
S = $ 13’013.971,46
Lucro cesante a favor de Luis Eduardo Martínez Talero = $ 18’334.489,08 + $ 13’013.971,46) = $ 31’348.460,54
4.4.2.2. Lucro cesante a favor de Yésica Martínez Talero
n = Número de meses transcurridos desde el momento del daño —13 de diciembre de 1998—, esto es, 118 meses hasta la fecha de la sentencia —noviembre de 2008—.
n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la fecha en que Yésica Martínez Talero cumpla 25 años, esto es, el 15 de abril de 2021 (nació el 15 de abril de 1996), es decir, 150 meses.
S = $ 12’261.966,12
Lucro cesante a favor de Yésica Martínez Talero = ($ 18’334.489,08 + $ 12’261.966,12) = $ 30’596.455,2
4.4.2.3. Lucro cesante a favor de Doris Adriana Martínez Talero
n = Número de meses transcurridos desde la sentencia hasta la fecha en que Doris Adriana Martínez Talero cumpla 25 años, esto es, el 29 de julio de 2026 (nació el 29 de julio de 1998), es decir, 213 meses.
S = $ 15’277.618,26
Lucro cesante a favor de Doris Adriana Martínez Talero = ($ 18’334.489,08 + $ 15’277.618,26) = $ 33’612.107,34.
5. Resumen indemnización
5.1. Grupo familiar 351
5.1.1. Por la muerte de Salomón Neite
Actor Perjuicios morales Perjuicios materiales
Carmen Edilia González Arévalo 100 smmlv $ 1’706.400 $ 45’040.705,74
Neftalí Neite González 100 smmlv NO $ 8’161.340,69
Neila Neite González 100 smmlv NO NO
Salomón Neite González 100 smmlv NO $ 330.235,98
Amalio Neite González 100 smmlv NO $ 2’012.463,89
Elizabeth Neite González 100 smmlv NO NO
Marcos Neite González 100 smmlv NO NO
Romelia Neite de López 50 smmlv NO NO
5.1.2. Por las lesiones de Amalio Neite González
Carmen Edilia González Arévalo 10 smmlv NO NO
Neftalí Neite González 5 smmlv NO NO
Neila Neite González 5 smmlv NO NO
Salomón Neite González 5 smmlv NO NO
Amalio Neite González 10 smmlv NO NO
Elizabeth Neite González 5 smmlv NO NO
Marcos Neite González 5 smmlv NO NO
Romelia Neite de López NO NO NO
5.2. Grupo familiar 354
Nerys Duarte Cárdenas NO NO NO
Darwison Duarte Cárdenas NO NO NO
Anderson Duarte Cárdenas NO NO NO
Rafael Díaz Ramírez 100 smmlv NO NO
Clemencia Cobos 100 smmlv NO NO
Ana Lucía Díaz Cobos 50 smmlv NO NO
Sonia Díaz Cobos 50 smmlv NO NO
Giovanni Díaz Cobos 50 smmlv NO NO
Leonel Díaz Cobos 50 smmlv NO NO
Luz Helena Díaz Cobos 50 smmlv NO NO
5.3. Grupo familiar 356
Norberto Leal 100 smmlv $ 1’896.000 NO
Benilda Pacheco Leal 100 smmlv NO NO
Norelis Leal Pacheco 50 smmlv NO NO
Rubiela Leal Pacheco 50 smmlv NO NO
Edwin Leal Pacheco 50 smmlv NO NO
Fredy Alexi Leal Pacheco NO NO NO
5.4. Grupo familiar 359
Exelino Martínez Rodríguez 100 smmlv $ 1’630.560 NO
Teodora Carreño Alarcón 100 smmlv NO NO
Lucero Talero Sánchez NO NO NO
Luis Eduardo Martínez Talero 100 smmlv NO $ 31’348.460,54
Yésica Martínez Talero 100 smmlv NO $ 30’596.455,2
Doris Adriana Martínez Talero 100 smmlv NO $ 33’612.107,34
Pedro Virgilio Martínez Carreño 50 smmlv NO NO
José Vicente Martínez Carreño 50 smmlv NO NO
Manuel Alfonso Martínez Carreño 50 smmlv NO NO
Claudia Exelina Martínez Carreño 50 smmlv NO NO
Ana Fidelia Martínez Carreño 50 smmlv NO NO
María Elena Carreño NO NO NO
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes haya actuado temerariamente y, como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no habrá lugar a su imposición.
MODIFICAR la sentencia que dictó el Tribunal Administrativo de Arauca el 20 de mayo de 2004, la cual quedará así:
1. DECLARAR patrimonialmente responsable a la Nación–Ministerio de Defensa–Fuerza Aérea Colombiana “FAC”, por los perjuicios ocasionados a los demandantes, por los hechos ocurridos el 13 de diciembre de 1998.
2. En consecuencia, CONDENAR a la Nación–Ministerio de Defensa–Fuerza Aérea Colombiana “FAC” a pagar las siguientes sumas de dinero:
2.1. Por perjuicios morales:
2.1.1. Por la muerte de Salomón Neite (grupo familiar 351).
CIEN (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Carmen Edilia González Arévalo, Neftalí Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Amalio Neite González, Elizabeth Neite González, Marcos Neite González.
Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de la señora Romelia Neite de López.
2.1.2. Por las lesiones de Amalio Neite González (grupo familiar 351)
Diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Carmen Edilia González Arévalo y Amalio Neite González.
Cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes para cada una de las siguientes personas: Neftalí Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Elizabeth Neite González Y Marcos Neite González.
2.1.3. Por la muerte de Carmen Antonio Díaz Cobos (grupo familiar 354)
Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Rafael Díaz Ramírez y Clemencia Cobos.
Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de las siguientes personas: Ana Lucía Díaz Cobos, Sonia Díaz Cobos, Giovanni Díaz Cobos, Leonel Díaz Cobos y Luz Helena Díaz Cobos.
2.1.4. Por la muerte de Edilma Leal Pacheco (Grupo familiar 356)
Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Norberto Leal y Benilda Pacheco Leal.
Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de las siguientes personas: Norelis Leal Pacheco, Rubiela Leal Pacheco y Edwin Leal Pacheco.
2.1.5. Por la muerte de Luis Orlando Martínez Carreño (Grupo familiar 359)
Cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de cada una de las siguientes personas: Exelino Martínez Rodríguez, Teodora Carreño Alarcón, Luis Eduardo Martínez Talero, Yésica Martínez Talero y Doris Adriana Martínez Talero.
Cincuenta (50) salarios mínimos mensuales legales vigentes a favor de las siguientes personas: Pedro Virgilio Martínez Carreño, José Vicente Martínez Carreño, Manuel Alfonso Martínez Carreño, Claudia Exelina Martínez Carreño y Ana Fidelia Martínez Carreño.
2.2. Perjuicios materiales
2.2.1. Por la muerte de Salomón Neite (Grupo familiar 351)
A favor de la señora carmen edilia gonzález arévalo: un millón setecientos seis mil cuatrocientos pesos m/cte ($ 1’706.400).
A favor de Carmen Edilia González Arévalo: cuarenta y cinco millones cuarenta mil setescientos cinco pesos con setenta y cuatro centavos m/cte ($ 45’040.705,74).
A favor de Neftalí Neite González: ocho millones ciento sesenta y un mil trescientos cuarenta pesos con sesenta y nueve centavos m/cte ($ 8’161.340,69).
A favor de Salomón Neite González: trescientos treinta mil doscientos treinta y cinco pesos con noventa y ocho centavos m/cte (330.235,98).
A favor de Amalio Neite González: dos millones doce mil cuatroscientos sesenta y tres pesos con ochenta y nueve centavos m/cte ($ 2’012.463,89).
2.2.2. Por la muerte de Edilma Leal Pacheco (Grupo familiar 356)
A favor del señor Norberto Leal: un millón ochocientos noventa y seis mil pesos m/cte ($ 1’896.800).
2.2.3. Por la muerte de Luis Orlando Martínez Carreño (Grupo familiar 359)
A favor del señor Exelino Martínez Rodríguez: un millón seiscientos treinta mil quinientos sesenta pesos m/ctE ($ 1’630.560).
A favor de Luis Eduardo Martínez Talero: treinta y un millones trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta pesos con cincuenta y cuatro centavos m/cte ($ 31’348.460,54).
A favor de Yésica Martínez Talero: treinta millones quinientos noventa y seis mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos con dos centavos m/cte ($ 30’596.455,2).
A favor de Doris Adriana Martínez Talero: treinta y tres millones seiscientos doce mil ciento siete pesos con treinta y cuatro centavos m/cte ($ 33’612.107,34).
5. CUMPLIR lo dispuesto en los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
6. En firme este fallo, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento y EXPEDIR a la parte actora las copias auténticas con las constancias de las que trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
Magistrados: Myriam Guerrero de Escobar, Presidenta—Ruth Stella Correa Palacio —Mauricio Fajardo Gómez—Enrique Gil Botero—Ramiro Saavedra Becerra.
(1) Mediante auto del 13 de diciembre de 2007, la Sección Tercera del Consejo de Estado aprobó la conciliación judicial celebrada entre las partes, respecto de los procesos 2003-348, 2003-350, 2003-352, 2003-353, 2003-355, 2003-357, 2003-358, 2003-360, 2003-361, 2000-0362, 2003-363, 2003-364, 2003-365, 2003-366, 2003-367, 2003-1265, 2003-1266, 2003-1267 y 2003-1268 y ordenó la terminación del proceso entre la Nación y los siguientes litisconsortes facultativos: Mario Galvis Gelvez, Ócar Andrés Galvis Mujica, Jhon Mario Galvis Mujica, Luis Alberto Galvis Mujica, Nelson Enrique Galvis Mujica, Robert Yamid Galvis Mujica, Albeiro Galvis Mujica, Nelcy Moreno Lizarazo, Nidia Mayerly Carrillo Moreno, Leidy Liliana Carrillo Moreno, Deybys Daniela Moreno Lizarazo, Tulia Mora de Carrillo, Luis Enrique Carrillo Mora, Irma Nelly Carrillo Mora, Marleny Carrillo Mora, Edgar Carrillo Mora, Nelcy Carrillo Mora, Ana Mirian Durán Mora, Rosalbina Durán Mora, Graciela Durán Mora vda. de Monterrey, Marcos Neite González, Leyda Shirley Neite Méndez, Vilma Yadira Neite Méndez, Marcos Aurelio Neite Méndez, Carmen Edilia González Ravelo, Neftalí Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Amalio Neite González, Elizabeth Neite González, Jorge Henry Vanegas Ortiz, Myriam Soreira Tulivila Macualo, Jorge Mario Vanegas Tulivila, Yaritza Lisbeth Vanegas Tulivila, Edwin Fernando Vanegas Tulivila, Ludwing Vanegas Muñoz, Fredy Yovany Monoga Villamizar, María Elida Becerra Rubio, José Rafael Hernández Mujica, Diana Carolina Hernández Becerra, José Luis Hernández Becerra, Érica Yusdey Hernández Becerra, Luz Helena Hernández Becerra, Bertha Hernández Becerra, Emérita Hernández Becerra, María Cenobia Panqueva, Milciades Bonilla Ostos, Nancy Chaquira Bonilla Ávila, Jorge Eliécer Ávila, Carmen Elisa Abaunza Castillo, Sandy Yomaira Ávila Castillo, Pedro Ávila Castillo, Gladis Cecilia Ávila Castillo, Omar Ávila Castillo, Víctor Julio Palomino Ramírez, Tiberio Barranco Téllez, Eliberta Bastilla, Yilmer Orledy Barranco Bastilla, Hilda Yuraine Barranco Bastilla, Edwin Fabián Barranco Bastilla, Anvi Marieth Barranco Bastilla, Gleidys Xiomara García Guevara, Alba Janeth García Guevara, Olimpo Cárdenas Castañeda, Margarita Tilano Yánez, Erinzon Olimpo Cárdenas Tilano, Wilmer Yesid Cárdenas Tilano, Orlando Castro Londoño, Inés Yurelli Bello Tilano, Angie Camila Castro Bello, Mónica Alicia Bello Tilano, Camilo Andrés Quintana Bello, Norma Constanza Bello Tilano, Deicy Damaris Cedano, Jeinny Damaris Cedano, Pablo Gesnober Cedano, Ascensión Daza Galindo, Eliud Suárez Daza, Eliécer Suárez Daza, José Alirio Suárez Daza, Wilson Suárez Daza, Nilsa Jesús Díaz Herrera, José David Rincón Díaz, Dionisio Arciniégas Velandia, Florinda Calvo Rey, Jorge Eliécer Arciniégas Calvo, Diomedes Arciniégas Calvo, Norberto Arciniégas Calvo, Olinto Arciniégas Calvo, Argemiro Arciniégas Calvo, Erlinda Arciniégas Calvo, Gladis Arciniégas Calvo, Omayra Arciniégas Calvo, Orlando Arciniégas Calvo, Luz Dary Abaunza Castillo, Hugo Fernelu Pastrana Vargas, Marcos Neite González, Leyda Shirley Neite Méndez, Vilma Yadira Neite Méndez, Marcos Aurelio Neite Méndez, Yexi Coromoto Arciniégas Rangel y María Antonia Rojas. Además, improbó la conciliación celebrada entre la Nación y los siguientes litisconsortes facultativos (procesos2003-351, 2003-354, 2003-356 y 2003-359): Carmen Edilia González Ravelo, Neftaly Neite González, Neila Neite González, Salomón Neite González, Amalio Neite González, Elizabeth Neite González, Marcos Neite González, Romelia Neite de López, Nerys Duarte Cárdenas, Davinson Duarte Cárdenas, Andersson Duarte Cárdenas, Rafael Díaz Ramírez, Clemencia Cobos, Ana Lucía Díaz Cobos, Sonia Díaz Cobos, Giovanni Díaz Cobos, Leonel Díaz Cobos, Luz Helena Díaz Cobos, Norberto Leal, Benilda Pacheco de Leal, Rubiela Leal Pacheco, Edwin Leal Pacheco, Frady Alexi Leal Pacheco, Norelis Leal Pacheco, Lucero Talero Sánchez, Luis Eduardo Martínez Talero, Yésica Martínez Talero, Doris Adiana Martínez Talero, Excelino Martínez Rodríguez, Teodora Carreño Alarcón, Pedro Virgilio Martínez Carreño, José Vicente Martínez Carreño, Manuel Alfonso Martínez Carreño, Claudia Exelina Martínez Carreño, Ana Fidelia Martínez Carreño y María Elena Carreño y ordenó la continuación del proceso en relación con dichas personas.
(2) La pretensión mayor de la demanda fue por concepto de perjuicios materiales equivalente a 68’571.428,57 —proceso 2000-0348— y supera la mayor cuantía exigida a la fecha de presentación de la demanda, esto es, 25 de septiembre de 2000, que era de $ 26.390.000.
(3) http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/colombia.289.02.htm
(4) Por la cual se establecen instrumentos para la indemnización de los perjuicios causados a las víctimas de violaciones de derechos humanos, de conformidad con lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos. Publicada en el Diario Oficial Nº 42.826 del 9 de julio de 1996. Esa ley establece un procedimiento diferente al comúnmente adoptado en materia de conciliaciones, solo en relación con la indemnización de perjuicios a las víctimas de violaciones de derechos humanos, en cumplimiento de lo dispuesto por los órganos internacionales de derechos humanos, siempre que se configure los requisitos exigidos para tal efecto.
(5) El parágrafo primero del artículo 2º de la Ley 288 de 1996, señala que el concepto favorable para cumplir con las decisiones de los órganos internacionales debe fundamentarse, entre otros elementos, en las pruebas recaudadas y en las providencias de los procesos judiciales internos (administrativos o disciplinarios) y en la actuación adelantada ante el respectivo órgano internacional.
(6) Jorge Henry Vanegas Ortiz (fls. 71 a 72, cdno. anexo 1); Joaquín Rivero Mojica (fls. 74 a 75, cdno. anexo 1); Luis Gabriel Baena Yépez (fls. 76 a 77, cdno. anexo 1). Excelino Martínez Rodríguez (fls. 78 a 80, cdno. anexo 1); Reinaldo Vega (fl. 118 a 121, cdno. anexo 1); Wilson García Reatiga (fls. 122 a 126, cdno. anexo 1); Olimpo Cárdenas Castañeda (fls. 127 a 131, cdno. anexo 1); Ascensión Daza Galindo (fls. 136 a 137, cdno. anexo 1); Carmen Edilia González Ravelo (fls. 138 a 140, cdno. anexo 1); Margarita Tilano yánez (fls. 141 a 143, cdno. anexo 1); María Senovia Panqueva de Molina (fls. 144 a 147, cdno. anexo 1); Nilsa Díaz Herrera (fls. 148 a 151, cdno. anexo 1); Mónica Alicia Bello tilan (fls. 152 a 153, cdno. anexo 1); Hugo Fernely Pastrana Vargas (fls. 154 a 156, cdno. anexo 1); Ángel Trifilo Riveros Chaparro (fls. 157 a 158, cdno. anexo 1); Luis Sel Murillo Villamizar (fls. 159 a 160, cdno. anexo 1); Luis Enrique Carrillo Mora (fls. 161 a 162, cdno. anexo 1); Milciades Bonilla Ostos (fls. 163 a 164, cdno. anexo 1); Inés Yirelly Bello Tilano (fls. 165 a 167, cdno. anexo 1); Marcos Neite González (fls. 168 a 170, cdno. anexo 1); Luis Gabriel Baena Yepes (fls. 171 a 173, cdno. anexo 1); Víctor Julio Palomino Ramírez (fls. 174 a 176, cdno. anexo 1); José Vargas González (fls. 170 a 179, cdno. anexo 1); María Antonia Rojas Beltrán (fls. 181 a 183, cdno. anexo 1); Mario Galvis Gelves (fls. 184 a 187, cdno. anexo 1); Jorge Helí Carrascal Galvis (fls. 188 a 189, cdno. anexo 1); Miguel Nahum Guarín Téllez (fls. 190 a 192, cdno. anexo 1); Graciela Durán Vda. De Monterrey (fls. 193 a 195, cdno. anexo 1);
(7) Registros civiles de defunción, fls. 21, cdno. 1, Exp. 0348; 12, cdno. 1, Exp. 0350; 20, cdno. 1, Exp. 0351; 19, cdno. 1, Exp. 0352; 20, cdno. 1, Exp. 0353; 21, cdno. 1, Exp. 0354; 18, cdno. 1, Exp. 0356; 18, cdno. 1, Exp. 0358; 20, cdno. 1, Exp. 0359; 19, cdno. 1, Exp. 0361; 31, cdno. 1, Exp. 0365; 32, cdno. 1, Exp. 0365; 33, cdno. 1, Exp. 0365; 19, cdno. 1, Exp. 0366; 20, cdno. 1, Exp. 0367; 16, cdno. 1, Exp. 1265 y 18, cdno. 1, Exp. 1266). Y certificación expedida por la Personería Municipal de Tame, Arauca (fl. 47, cdno. 1, Exp. 0365).
(8) Registro civil de matrimonio.
(9) Registro civil de nacimiento.
(10) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.
(11) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. Dra. María Elena Giraldo.
(12) Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 16 de octubre de 2008. Exp. 17.486. C.P. Dra. Ruth Stella Correa Palacio.
(13) Sentencia del 17 de julio de 1992, MP. Dr. Daniel Suárez Hernández.
(14) Sentencia del 26 de agosto de 1999, M.P. Dra. María Elena Giraldo.
(15) Sentencia del 10 de marzo de 1994, M.P. Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss
(16) Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de mayo 11 de 2006, Exp. 14694, C.P. Ramiro Saavedra.
(17) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., sección tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. Dra. María Elena Giraldo.
(18) Sobre el tema pueden consultarse las siguientes providencias: Sección Tercera. 20 de octubre de 1995. Exp. 10.336. Actor: Lucila Díaz Acevedo. C.P. Dr. Juan de Dios Montes Hernández. Sección tercera, marzo 9 de 2000. Exp. 12.489. Actor: Álvaro Barón. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez. Sección segunda, octubre 12 de 2000. Exp. 1809-99. Actor: Flor Teresa Rubio Colmenares. C.P. Alberto Arango Mantilla. Sección tercera, junio 17 de 2004. Exp. 15.183. Actor: Elmer Francisco Vanegas Palmesano. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.
(19) Sentencia que dictó la sección tercera del 11 de diciembre de 2002. Exp. 13.818. Actor: Ana Lucía Reinosa Castañeda. C.P. Dra. María Elena Giraldo Gómez.
(20) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., sección tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.
(21) Respecto de la prueba indiciaria ver entre otras: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de febrero 16 de 2001, Exp. 12703, C.P. María Elena Giraldo.

References: artículo 176
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 18
 artículo 175
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 55
 artículo 115
 artículo 2