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JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS - PDF
JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS
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Ricardo Carrizo Ruiz
1 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS ACUERDO Y SENTENCIA NÚMERO Ochenta y dos En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de noviembre del año dos mil doce, estando reunidos en la Sala de Acuerdos del Excelentísimo Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Tercera Sala, los señores Miembros Dres. MARÍA MERCEDES BUONGERMINI PALUMBO, NERI VILLALBA FERNÁNDEZ y ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO, bajo la presidencia de la primera de los nombrados, y ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado como más arriba se menciona, a fin de resolver los recursos de nulidad y apelación interpuestos por los abogados xxxx representante de la parte actora, xxxx y xxxx representantes de los codemandados- contra la S.D. Nº 463 de fecha 16 de junio de 2011, y su aclaratoria, la S.D. Nº 681 de fecha 26 de agosto de 2011, dictadas por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del Tercer Turno Previo estudio de los antecedentes del caso, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes; C U E S T I O N E S: ES NULA LA SENTENCIA APELADA? EN SU CASO, SE DICTO CONFORME A DERECHO? Practicado el sorteo de ley resultó el siguiente orden de votación: MARTÍNEZ PRIETO, BUONGERMINI PALUMBO y VILLALBA FERNÁNDEZ A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL DR. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO DIJO: El Abg. xxxx presenta una fundamentación contradictoria de este recurso, pues desiste expresamente del recurso de nulidad por él interpuesto, pero a la vez en su escrito de agravios afirma que su mandante ha corrido en desventaja en todo el andar del juicio, pues afirma que hubo una deficiente notificación de la demanda, lo cual le ha privado de ejercer el derecho a la defensa, y porque los siguientes incidentes que se relacionaban con la
2 violación de de los derechos de la defensa fueron rechazados de forma sistemática por el juzgado Así pues, haciendo uso de la facultad de encuadre jurídico que corresponde al juzgador, hemos de examinar las precedentes afirmaciones en el contexto de la nulidad, ya que aluden a defectos procesales en el modo de conducir el juicio El demandado afirma que ha corrido en desventaja en el juicio debido a notificaciones deficientes y a que ello ha conducido a la violación de su derecho a la defensa. Sobre esto, sin embargo, ya en primera instancia ha presentado dos incidentes de nulidad de actuaciones (fs. 107/111 y 195/196), que fueron resueltos a través del A.I. N 583 de fecha 30 de abril de 2009 (fs. 256), los que, a su vez, fueron confirmados íntegramente en apelación, por el A.I. 278 del 06 de mayo de 2010, dictado por este Tribunal (fs. 268/278). Estas cuestiones, pues, ya han sido suficientemente dilucidadas y han pasado en autoridad de cosa juzgada, y por ende ya no son susceptibles de volver a ser revisadas. Con posterioridad a las mismas, no existen nuevos incidentes o actos procesales atacados de nulidad.--- Ahora bien, es harto sabido que el recurso de nulidad, de conformidad con el art. 404 del Cód. Proc. Civ., se da contra resoluciones judiciales, para atacar los vicios que éstas padezcan, y no para atacar la nulidad de actos procesales, para lo cual el legislador destinó toda la Sección II del Capítulo I del Título V del Cód. Proc. Civ. Los vicios procesales deben siempre ser impugnados por la vía y en la instancia en que se produjeron. En estas condiciones, considerando que no se advierten vicios en la resolución judicial objeto de estudio, corresponde desestimar el recurso de nulidad interpuesto por el Abg. xxxx Por su parte, la Abg. xxxx no ha fundado este recurso. Por ello, y al no advertirse vicios o defectos que
3 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS autoricen a declarar, de oficio, la nulidad, este recurso debe ser declarado desierto A SUS TURNOS los Dres. Buongermini Palumbo y Villalba Fernández, manifestaron que votan en idéntico sentido A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. ARNALDO MARTÍNEZ PRIETO PROSIGUIÓ DICIENDO: Por la sentencia apelada Nº 463 de fecha 16 de junio de 2011 el a quo resolvió: I. NO HACER LUGAR, con costas, a la excepción de falta de acción como medio general de defensa opuesto por el codemandado Sr. xxxxx contra los Sres. xxxx, xxxx Y xxxx, por las consideraciones vertidas en el exordio de la presente resolución. II. HACER LUGAR, con costas, a la demanda de indemnización de daños y perjuicios y daño moral planteados por los Sres. xxxx, xxxx Y xxxx, contra los señores xxxx y xxxx, en consecuencia, condenar a los demandados a abonar a los actores las siguientes sumas: GUARANÍES VEINTE MILLONES (G ) en concepto de daños materiales del vehículo Renault Clío propiedad de la actora xxxx, y más la aplicación del 1% mensual desde el día de ocurrido el accidente; y GUARANÍES CUATRO MILLONES (G ) a favor de la Sra. xxxx en concepto de daño moral, equivalente al 20% (veinte por ciento) sobre los daños materiales, GUARANÍES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (G ) a favor del Sr. xxxx en concepto de daño moral y GUARANÍES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL (G ) a favor de la Srta. xxxx en concepto de daño moral, todo de conformidad a las argumentaciones establecidas en el exordio de la resolución. III. ANOTAR (fs. 299/300). Por la aclaratoria de la anterior resolución, S.D. Nº 681 de fecha 26 de agosto de 2011, el a quo resolvió: HACER LUGAR, parcialmente, al recurso de aclaratoria, en consecuencia, aclarar que el monto por daño moral que debe abonar los demandados a la Sra. xxxx es de la suma de CUATRO MILLONES DE GUARANÍES (G ). ACLARAR además que los intereses creados deben
4 ser computados desde el día de ocurrido el hecho, imponiendo el 1% mensual sobre el monto de los daños y perjuicios. NO HACER LUGAR al recurso de aclaratoria en cuanto a los intereses creados por Daño Moral, de conformidad con el exordio de la presente resolución. ANOTAR (sic.)(fs. 303 vta.) De dichas sentencias recurren los abogados xxxx y xxxx, representantes de los codemandados, y el abogado xxxx, representante de la parte actora En primer término, el Abg. xxxx presenta su escrito de expresión de agravios, que obra a fs. 313/315, en el cual manifiesta que la resolución recurrida agravia considerablemente a su mandante debido a que en este juicio civil no se ha demostrado su responsabilidad en el accidente y menos se pudo acreditar el costo de los supuestos daños a la parte actora. Aduce que el juez sentenciante ha interpretado erróneamente los hechos acaecidos en el accidente de tránsito en debate, tomando partido por el lado de la parte actora, pues dio como verdad absoluta las declaraciones testificales de algunas personas que supuestamente se encontraban en el lugar del accidente. Sostiene que el magistrado de primera instancia no tuvo en cuenta que dichos testigos, al ser ofrecidos por la parte actora, no habían podido salir en contra de las directivas de sus oferentes por lo que, alega, eran sin dudas testigos de favor. Arguye que el juez inferior no ha señalado en qué elemento probatorio se ha basado en su resolución en el sentido de referir que el accionado estaba ebrio. Asevera que el sentenciante debe contar con elementos serios e irrefutables para aplicar una condena pecuniaria y que, al no ser probada con suficiencia la culpabilidad, corresponde revocar la resolución. También se agravia del monto determinado por el inferior en concepto de daño material guaraníes veinte millones-, y sostiene que el juzgado ha
5 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS reconocido como válida la copia simple de los presupuestos de reparación y reposición (fs. 23, 25 y 26), los cuales, afirma, carecen de la más mínima seriedad para ser presentados en juicio al no reunir los requisitos establecidos por las normas tributarias. Asimismo, manifiesta que la nota remitida por la firma Rieder y Cia. (fs. 173) no ha sido agregada al expediente como prueba instrumental, pues no ha sido dictada la providencia de agréguese respecto de la misma, además de notarse incoherencia e incongruencias entre ambos documentos, especialmente en el precio de los repuestos, por lo que el Juzgado no debió haberle dado validez alguna. Concluye solicitando la revocatoria, con costas, de la S.D. Nº 463 de fecha 16 de junio de La Abogada xxxx contesta el traslado en los términos del escrito de fs. 319/323 y expone los argumentos señalados a continuación. Señala que la adversa fundó recurso contra la S.D. Nº 463/11 y omitió agraviarse contra la aclaratoria de ésta, la S.D. 681/11. Manifiesta que el juez analizó detenidamente las piezas procesales de autos y ha tomado sus determinaciones en base a las declaraciones de los testigos presenciales y a las piezas procesales en la causa caratulada: Investigación fiscal s/ hecho punible c/ la seguridad de las personas en el tránsito terrestre, atada por cuerdas. Con respecto a la afirmación de que los testigos no podían salir en contra de las directivas de sus oferentes como sostiene la adversa- expresa que fueron estas personas quienes presenciaron el accidente de tránsito en el mismo instante en que ocurrió, y explicaron secuencialmente la dinámica del accidente, antes, durante y después del hecho dañoso. Aduce que el a quo ha citado expresamente la causa caratulada: Investigación fiscal s/ hecho punible c/ la seguridad de las personas en el tránsito terrestre, atada por cuerdas, donde obra a fs. 40 la prueba de alcotest practicado a xxxx, con un resultado positivo de
6 alcohol de 0,56 g/l. Arguye que a fs. 23, 25, 26 no obran copias simples como afirma su contraparte, sino copias autenticadas de los presupuestos de reparación y reposición, y que los originales han sido retirados por su parte. Alega que si bien es cierto que el Juzgado no firmó la providencia obrante a fs. 165 vuelta que agrega el informe remitido por Rieder y Cia.- la actuaria ha citado dicha prueba en su informe final de fs. 283 y se dictó la providencia que agrega ésta con las demás pruebas producidas, providencia que no ha sido repuesta por la adversa. Afirma además que la negación de la validez de las pruebas documentales no es suficiente para tornarlas ineficaces, sino que el agraviado debió impugnarlas por la vía establecida en el art. 308 del Código Procesal Civil, que no utilizó. Concluye manifestando que ninguno de los argumentos del apelante tiene sustento, por lo que corresponde no hacer lugar a lo solicitado por el mismo. Otrosí, solicita el pronunciamiento de este Tribunal sobre el ejercicio abusivo del derecho en contra de los codemandados xxxx y xxxx, sosteniendo que éstos se han excedido ampliamente en el ejercicio regular del derecho y han dilatado el proceso en detrimento de sus mandantes, por lo que, arguye, sus conductas se hallan incursas dentro de lo previsto en los incisos b) y d) del art. 53 del C.P.C La Abogada xxxx esta vez en su calidad de apelante de las resoluciones en cuestión- presenta su escrito de expresión de agravios de fs. 316/318 y manifiesta cuanto sigue. Aduce que, respecto del daño moral, el a quo no ha recurrido a las pruebas en el expediente para fundar su sentencia, sino que dogmáticamente estableció un porcentaje del daño material como parte del moral (20%), sin tomar en cuenta que el rostro de su mandante cambió irreversiblemente como consecuencia del accidente. Señala que, según la jurisprudencia actual, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales son entidades distintas, por lo que
7 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS resarcir el daño moral tomando un porcentaje del daño material es erróneo. Alega que el daño moral debe ser valorado teniendo en cuenta la suma solicitada por su parte en el petitorio a fs. 30, es decir, G a la Sra. xxxx y las sumas de G para xxxx y xxxx, respectivamente, más un interés del 2% mensual desde la fecha del hecho dañoso. En cuanto al interés aplicado al daño material, 1% mensual, arguye que el a quo no argumentó y que estableció dicho porcentaje dogmáticamente. Expresa que tal porcentaje es injusto y solicita que se aplique el interés del 2% mensual. Por último, manifiesta que el a quo ha denegado la aplicación de intereses al daño moral y, en ese sentido, alega que el daño moral es una forma más de reparar el hecho antijurídico, sobre cuyo monto corresponde que también se imputen intereses A fs. 325/327 se presenta el Abogado xxxx por el codemandado- a contestar el traslado de los agravios expresados por la adversa. Manifiesta negar todos y cada uno de los hechos en que la adversa funda su apelación. Sostiene que no se ha demostrado en autos que la parte demandada haya sufrido daños físicos que merecieran un monto de indemnización mayor que el establecido por el juzgado. Aduce que no es verdad que el juzgado haya fijado un interés bajísimo sobre la suma condenada y agrega que los intereses no deben computarse desde el día del accidente. Con respecto a la suma solicitada por la adversa en concepto de daño moral, alega que el monto es exagerado y sostiene que la jurisprudencia ha venido sosteniendo que la reparación del daño moral no debe sobrepasar el 20% de la condena aplicada como daño emergente. Asimismo expresa que es exagerada la suma de G pretendida por la adversa en concepto de daño moral a favor de los Sres. xxxx y xxxx, pues éstos no sufrieron lesiones de consideración que merezcan tal indemnización. Arguye que la adversa, al solicitar se
8 aplique el interés del 2% mensual sobre el daño moral, pretende lucrar indebidamente con un hecho accidental. Por otro lado, alega que su parte ha entrado gratuitamente en esta contienda, porque el a quo no ha tenido en cuenta que la Camioneta Toyota Hilux ya no estaba bajo su dominio, pues la había transferido al momento de ocurrir el accidente, y que la burocracia del Estado llevó a la excesiva demora en la inscripción de los contratos de transferencia ante el Registro del Automotor. Expresa su desacuerdo con que los intereses tengan que correr desde el día del accidente, debiendo correr desde el día de la notificación de la demanda. Concluye solicitando se exonere a su parte de la responsabilidad de pagar la indemnización, por los fundamentos que serían expuestos con la presentación de su escrito de expresión de agravios A su vez, a fs. 329/331 el Abg. xxxx ha contestado los agravios de la Abg. xxxx, y expone los argumentos señalados a continuación. Niega todos y cada uno de los hechos en los cuales la adversa funda su apelación. Expresa que la parte demandante no ha sufrido daños físicos que merecieran un mayor monto de indemnización que el establecido por el Juzgado. Sostiene que no es cierto que el juzgado haya fijado un interés bajísimo sobre la suma condenada y aduce que éstos no deben computarse desde el día del accidente. Expresa que la parte accionante peticiona montos exagerados, que no guardan relación con los hechos demostrados en autos. Afirma que los montos de G y G solicitados por la adversa en concepto de daño moral son exagerados, ya que esas personas no han sufrido lesiones de consideración que mereciesen tan alta indemnización. Alega que el daño moral no tiene por finalidad la obtención de lucro, por lo que el juez sentenciante no aplicó tasa de interés sobre ellos y la resolución apelada estuvo adecuada a derecho. Asimismo, arguye que la aplicación del 2% de interés mensual sobre el
9 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS daño moral abriría la puerta a un lucro inmerecido, ya que el hecho se produjo en un accidente de tránsito, que nadie pretendió que ocurriera. Afirma que los intereses deben correr desde el día de notificación de la demandada y no desde el día del accidente. Concluye refiriéndose a su escrito de fundamentación de la apelación de fs. 313/315 y solicita se revoque la sentencia recurrida En relación con el recurso de apelación y nulidad interpuesto por el Abg. xxxx, por A.I. 416 de fecha 21 de junio de 2012 este Tribunal ha declarado caduca la instancia en cuanto a los recursos interpuestos por el mismo, por haber transcurrido en exceso el término prescripto en el Art. 172 del Código Procesal Civil Se trata aquí de determinar la procedencia de una demanda de indemnización de daños y perjuicios provenientes de un accidente de tránsito, así como del monto establecido en concepto de indemnización por daño material y daño moral, además de la tasa de interés aplicable Primeramente hemos de examinar una circunstancia de conexidad vinculada a esta causa, que es la existencia de un juicio penal sobre los mismos hechos que dan sustento fáctico a esta pretensión resarcitoria En efecto, atada por cuerdas al expediente obra la causa caratulada: Investigación fiscal s/ hecho punible c/ la seguridad de las personas en el tránsito terrestre, en el cual consta el acta de la prueba de alcotest realizada en el Sr. Walter Pereira Díaz Pereira, cuyo resultado ha sido de 0,56 mg/l (fs. 40/41). Ante la Fiscalía de Mariano Roque Alonso, el demandado admite el hecho y solicita la aplicación del criterio de oportunidad, ofreciendo además una reparación por el daño causado (fs. 48). La Fiscalía, a su vez, requiere la aplicación del criterio de oportunidad al Juez de Paz de Mariano Roque Alonso (fs. 83) y éste haciendo uso de la facultad establecida en el Art. 44 del Código Procesal Penal de entender en la prescindencia de la
10 acción penal pública en la aplicación del criterio de oportunidad- dicta el A.I. N 908 de fecha 30 de septiembre de 2004, por el cual ordena la prescindencia de la acción penal pública a favor de xxxx, y declara la extinción de la acción penal pública (fs. 24 de la causa principal bajo estudio en esta instancia), resolución que ha quedado firme. Así las cosas, se advierte que el juicio penal ha llegado a su término, lo cual, conforme lo manda el art. 1865, habilita a este Tribunal a dictar sentencia de mérito en la causa civil No hacemos sino reiterar cosa sabida cuando decimos que para la procedencia de una demanda por indemnización de daños y perjuicios proveniente de hechos ilícitos es preciso que se den los elementos de antijuridicidad, imputabilidad de dicho acto, daño sufrido por el actor en alguno de sus derechos personales o patrimoniales, y la relación de causalidad entre el ilícito y el daño, así como también deben acompañarse elementos que permitan llegar, o cuanto menos aproximarse, a una cuantificación pecuniaria del perjuicio sufrido. Hemos de empezar por lo primero y, en este tren, debemos establecer si el accidente involucró alguna trasgresión de las reglas de tránsito y a quién debe atribuirse dicha circunstancia.-- Del examen de las constancias de autos se concluye que el siniestro ocurrió el día 14 de marzo de 2004, a la altura del Km 17 1 / 2 de la Ruta N 3 Gral. Aquino. Circulaban en direcciones contrarias la camioneta conducida por el Sr. xxxx -Toyota Hilux, matrícula N AVY 909- y el automóvil en el que se desplazaban los demandantes -Renault Clío, matrícula N ABR Según las declaraciones testificales a fs. 115/116, el accidente se produjo cuando el conductor de la camioneta Toyota Hilux se adelantó al colectivo, por la derecha del colectivo, y luego quiso retomar su carril, pero pasó al otro carril que era contramano. En zigzag venía. Chocó por un vehículo rojo que
11 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS venía delante (sic.) (fs. 115). Sobre este punto, sin embargo, el demandado sostiene que los testigos han sido ofrecidos por la parte actora, por lo que no podrían haber salido en contra de las directivas de ésta y manifiesta que eran testigos de favor. Aquí debe advertirse que si bien el apelante intenta descalificar la idoneidad de los testigos, no lo hizo en el plazo y forma requeridos por el art. 342 del Cód. Proc. Civ. Entonces, como el demandado ha consentido la proposición y el diligenciamiento de la prueba, no habiéndolas impugnado en tiempo y forma, las cuestiones relativas de la idoneidad del testigo o los términos de su declaración ya no pueden ser válidamente objetadas en alzada, pues se ha operado la preclusión de estos asuntos y ya solo queda que el juzgador aprecie las circunstancias o los motivos que corroboren, disminuyan o invaliden la fuerza probatoria de la deposición de los testigos, según las reglas de la sana crítica. De este modo, considerando que se trata de testigos presenciales del accidente y que no se aprecian contradicciones entre sus dichos, corresponde tener por verdad el contenido de sus declaraciones y, en consecuencia, afirmar que el demandado no ha mantenido el control de su vehículo Ahora bien, a fin de poder determinar la antijuridicidad debemos establecer cuál es la norma aplicable a este caso. El accidente ha ocurrido en el Km 17 1 / 2 de la Ruta N 3 Gral. Aquino, fuera del radio urbano Municipal de Mariano Roque Alonso -según los límites determinados en el Decreto de la Presidencia de la República No , del 26 de febrero de por lo que rigen las disposiciones del Reglamento General de Tránsito Caminero, Decreto-Ley N / Así, de la pérdida del control del vehículo y del consecuente accidente de tránsito, se advierte que el conductor de la Camioneta Toyota Hilux ha trasgredido el
12 citado Reglamento General de Tránsito Caminero, que en su art. 136 establece que Toda persona que conduzca descuidadamente un vehículo en los caminos con desprecio de los derechos o los demás, o a velocidades excesivas que peligren las personas será considerada reo de falta contra la integridad física, y pasible de las sanciones que establece este Reglamento Por otro lado, el testigo xxxx afirmó que el conductor de la camioneta Toyota Hilux perdió la dirección del vehículo a raíz de una maniobra de adelantamiento a un ómnibus, realizada del lado derecho del mismo (fs. 115). En este sentido, el Art. 96 del ya mencionado Reglamento General de Tránsito Caminero dispone que: Cuando un vehículo alcanza a otro que circula en el mismo sentido, lo pasará por la izquierda a distancia prudencial Respecto de la antijuridicidad del hecho, el Cód. Civil en su art establece que los actos voluntarios tienen el carácter de ilícitos cuando fuesen prohibidos por las leyes, ordenanzas municipales u otras disposiciones dictadas por autoridad competente. Así como también aquellos que hubieren causado un daño, o produjeren un hecho exterior susceptible de ocasionarlo. En el caso de autos sabemos que ha ocurrido un accidente de tránsito, el cual prima facie ha sido causal de lesiones físicas y a la integridad de bienes bajo dominio. Además, como hemos acordado más arriba, se ha efectuado una maniobra de adelantamiento indebida, lo cual constituye la génesis aparente del siniestro. Así pues, con la trasgresión del Reglamento General de Tránsito Caminero Decreto-Ley N /47- y el acontecer de un accidente de tránsito tenemos un acto ilícito perpetrado Ahora debemos analizar el factor de atribución o la culpabilidad. Para distinguir cuál de los conductores es el culpable del accidente de tránsito debemos remitirnos
13 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS nuevamente al orden de los hechos y obviamente a la posible inobservancia de las normas de tránsito. En tal sentido, hemos concluido más arriba que se ha trasgredido el Reglamento General de Tránsito Caminero, en lo que se refiere al adelantamiento indebido y su incorrecta maniobra. El incumplimiento de la norma tiene una relación directa con la culpabilidad que estamos analizando. Ello es así porque al producirse una infracción de las reglas de tránsito, quien la produce no obra con la diligencia debida y exigida en las normas de la circulación vehicular, salvo que se demuestre alguna circunstancia eximente, cosa que no se ha producido aquí Pero, amén de ello, siempre en relación con la atribución de responsabilidad en el accidente, hay que considerar la posible existencia de un elemento de prejudicialidad, teniendo presente que el art del Cód. Civil en su primera parte establece: En caso de sobreseimiento libre o absolución del encausado, tampoco se podrá alegar en el juicio civil la existencia del hecho principal sobre el cual hubiese recaído el sobreseimiento o su absolución Ahora bien, dado el modo en que terminó la causa penal, el Juez de Paz de Mariano Roque Alonso ha declarado la prescindencia de la acción penal y la extinción de la misma, y no se ha producido pronunciamiento de fondo respecto de la culpa o dolo del Sr. xxxx La cuestión de la aplicación del criterio de oportunidad plantea sin duda la interrogante de cómo debe encararse la disposición del art de cara al nuevo procedimiento penal, habida cuenta que en este último se admiten otras formas de culminación del juicio penal, distintas de la sentencia condenatoria o absolutoria La aplicación del criterio de oportunidad como solución a una cuestión penal, de suyo implica la existencia
14 de un hecho antijurídico; lo que no está definido es si también importa la atribución de reproche en el autor, y con ello del factor subjetivo de culpabilidad civil. Creemos que se debe estar por la afirmativa. Ello en razón de que la admisión de los hechos supone también que los mismos se deben a la autoría de quien los admite. Así vemos que el Juez de Paz, en sus consideraciones, ha hecho expresa referencia al estado de ebriedad del Sr. xxxx al momento de la colisión, hecho que ha sido alegado en autos y ha sido objeto de consideración en la sentencia recurrida; y respecto de la prueba de alcotest, ha expresado que del resultado de los mismos xxxx dio positivo con una graduación de 0,56 MGL, es decir, se encontraba en estado de ebriedad al mando de un vehículo automotor, consecuentemente en contravención del Art. 217 del Código Procesal Penal (sic.)(fs. 24), y también que de las constancias procesales es posible afirmar que el hecho investigado se subsume en los presupuestos establecidos en el Art. 217 inc. 1 del Código Penal vigente, debiendo consecuentemente calificarse la conducta penal del encausado de la manera mencionada (sic.) (fs. 24 vta.). Asimismo, no debemos pasar por alto la confesión del Sr. xxxx, a fs. 48 de la causa caratulada Investigación fiscal s/ hecho punible c/ la seguridad de las personas en el tránsito terrestre, en la que dice que admite el hecho que se le atribuye, se arrepiente del mismo y que es la primera vez que ocurrió, que no volverá a pasar y pide disculpa por los mismos (sic.). De modo que la aplicación del criterio de oportunidad, si bien no es suficiente para fundar un reproche penal, sí es suficiente para sustentar la culpa civil, que se apoya en criterios menos estrictos de determinación Así las cosas, esta Magistratura concluye que el demandado, Sr. xxxx, conducía en estado de ebriedad el vehículo Toyota Hilux, con matrícula xxx xxx, y considera
15 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS que este hecho -admitido por el demandado- es un elemento determinante en la violación de las normas de tránsito y, por lo tanto, demuestra el nexo de culpa entre la conducta del Sr. Walter Pereira y la producción del accidente de tránsito En base a las consideraciones vertidas en los párrafos precedentes, se concluye que la imprudencia del conductor de la Camioneta Toyota Hilux con chapa Nº xxx xxx atribuye a éste la culpabilidad exclusiva por el siniestro ocurrido. Si se hubiesen respetado las normas de tránsito, en especial la prohibición de conducción bajo la influencia de sustancias intoxicantes, que precisamente están ancladas en un actuar prudente, hay probabilidad sustancial de que accidente no hubiera sucedido El análisis de los hechos, expuesto anteriormente, nos ha llevado a deducir que la atribución de culpa directa corresponde al señor Walter Pereira, conductor de la camioneta Toyota Hilux, vehículo que, por otro lado, pertenece al Abg. xxxx, codemandado en el caso de autos. Se debe, por lo tanto, analizar también la posible atribución de responsabilidad hacia este último En el escrito de contestación de agravios a fs. 325/327, el codemandado niega que deba él también pagar la indemnización, pues, según alega, la camioneta Toyota Hilux, con matrícula N xxx xxx, ya no se encontraba bajo su dominio al tiempo de producirse el accidente y responsabiliza a la burocracia del Estado paraguayo en la excesiva demora en la inscripción de los contratos de transferencia ante el Registro de Automotor (sic.). Ya en la instancia inferior el demandado planteó una excepción de falta de acción (fs. 45) debido a la supuesta falta de titularidad sobre el bien generador del siniestro, que fue resuelta por A.I. Nº 897 de fecha 8 de mayo de 2007 (fs. 69), que no hizo lugar a la excepción, sin prejuzgamiento sobre su existencia o no, y debiendo el a quo considerarla
16 al momento de dictar sentencia definitiva, conforme el art. 224 inc. c) del C.P.C. Así, en la S.D. N 463 de fecha 16 de junio de 2011 (fs. 296/300), el a quo resolvió NO HACER LUGAR, con costas, a la excepción de falta de acción como medio general de defensa opuesta por el codemandado Sr. Antonio Rafael Suárez (sic.), decisión que le fue notificada en fecha 30 de agosto de 2011 (fs. 306). Si bien el Abg. xxxx ha apelado esta resolución, recordemos que los recursos de apelación y nulidad por él interpuestos han caducado, de acuerdo con el A.I. N 416 dictado por este Tribunal en fecha 21 de junio de 2012 (fs.333). En consecuencia, la resolución del inferior ha quedado firme para el Abg. xxxx, por lo que este Tribunal no puede modificar lo ya pasado en autoridad de cosa juzgada No obstante, y meramente obiter, analizaremos las alegaciones del codemandado con respecto del dominio de la Camioneta Toyota Hilux, con número de matrícula xxx. Al contestar el traslado de la demanda, el Abg. xxxx adjunta copia del contrato de compraventa celebrado en fecha 8 de marzo de 2004, por el cual vende y transfiere la Camioneta Toyota Hilux al señor xxxx (fs. 42/44). Además del contrato, sin embargo, no obra en el expediente constancia alguna de haberse realizado la inscripción de la transferencia en el Registro de Automotores, por lo que el contrato no tiene efectos frente a terceros, conforme lo estipulado en el Art. 288 del Cód. de Org. Jud. Es sabido que la titularidad del derecho propietario de los vehículos intervinientes en un accidente de tránsito escapa a la posibilidad de ser probada por otro medio que no sea la inscripción en el Registro del instrumento público respectivo. De las constancias de autos (fs. 127/161), surge que el Abg. xxxx, al tiempo de producirse el siniestro -14 de marzo de 2004-, tenía, frente a terceros, calidad de titular del dominio sobre el rodado en cuestión. Recién en fecha 8 de septiembre de 2006 casi
17 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS dos años y medio después del accidente- consta una nueva transferencia en el Registro de Automotores, a favor del Sr. xxxx. Se concluye, pues, que el Abg. xxxx era el titular del derecho de propiedad de la Camioneta Toyota Hilux con matrícula xxx xxx, vehículo conducido por el señor xxxx y con el cual se produjo el accidente de tránsito Ahora bien, la existencia de una legitimación pasiva en cabeza de un sujeto determinado no importa por sí misma la procedencia de la demanda contra éste. Se deben dar a su respecto también las circunstancias de procedencia sustancial de la acción, que en este caso se anclan en la atribución de culpa El art del Cód. Civ. establece que el dueño o guardián de una cosa inanimada responde del daño producido con ella o por ella, y si la cosa es riesgosa, solo se exime demostrando la culpa de la víctima o la de un tercero por quien no debe responder. Huelga aquí decir que todo automotor se considera una cosa riesgosa, conclusión que ha sido consolidada en jurisprudencia. El demandado alega, en suma, que el vehículo se encontraba fuera de su control, y que por ende debe eximírsele de responsabilidad. El supuesto de culpa de la víctima no es aplicable, ya que hemos establecido que la acaecencia del siniestro no se debió al actuar de los actores. Queda por comprobar la hipótesis del acto de un tercero por el cual el codemandado no deba responder, que parece ser, desde luego, el encuadre que amerita la alegación del accionado, cuando dice que el vehículo no se encontraba bajo su control. Ahora bien, cuando la norma señala la posibilidad de descargar la culpa objetiva en un tercero por quien no se deba responder, supone que el descontrol sobre la cosa se debe a que el tercero ha obrado por su propia actividad y sin conocimiento o consentimiento del dueño o guardián, privando a éste de prever el cuidado adecuado respecto de la cosa, a fin de
18 evitar la efectivización de su riesgo inherente. Pero cuando es el propio dueño o guardián quien pone al tercero en posesión de la cosa, también delega en él la custodia de ella, y debe responder por esta delegación de diligencia, como una circunstancia in eligendo. Así pues, la alegación de extrañamiento de la cosa no tiene andadura en supuestos como el presente, en el cual el propio dueño o guardián ha provocado el desplazamiento de la custodia material aunque no jurídica de la cosa Por lo tanto, la decisión del a quo en tanto hace lugar a la demanda también contra el señor xxxx está ajustada a derecho Finalmente, analizaremos los daños y el nexo causal. Para estudiar la cuestión respecto de los daños ocasionados hemos de remitirnos al material probatorio agregado por la parte demandante. En el escrito de demanda (fs. 27/31), la Abg. xxxx hace alusión a los daños en el automóvil Renault Clío, con matrícula Nº ABR 219. Asimismo, obran a fs. 19/21 las instrumentales fotográficas de los dos vehículos involucrados en el accidente, en las cuales se pueden ver los daños en el automóvil de la actora, que coinciden con su relato; y a fs. 23 y 25 adjunta los presupuestos de la mano de obra y repuestos necesarios para la reparación del vehículo. Así como de lo antedicho notamos que existieron daños ocasionados, claramente también concluimos que los mismos se han producido como consecuencia del accidente debatido en autos. Esto es así porque los daños alegados coinciden con la mecánica lógica de la colisión y de los hechos tenidos como probados Habiéndose establecido que como consecuencia del hecho se produjeron daños que deben ser resarcidos, corresponde ahora determinar el monto a ser indemnizado.---- Antes de ahondar sobre este punto, recordemos que la sentencia apelada ha establecido los rubros en
19 JUICIO: xxxx C/ xxxx S/ INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS Y PERJUICIOS concepto de daño emergente en G , y el daño moral en G a favor de xxxx y G a favor de xxxx y xxxx. En sus respectivas apelaciones, la Abg. xxxx se agravia del monto establecido como daño moral, mientras que el Abg. xxxx, al tiempo de negar las pretensiones de la adversa, se agravia del monto establecido en concepto daño emergente. Analizaremos cada rubro por separado en cuanto a su procedencia y su quantum En lo que respecta a la determinación del daño emergente, la parte actora ha arrimado fotografías del automóvil Renault Clío después del accidente (fs. 19/20), así como presupuestos de reparación de la firma Rieder y Cia. S.A. (fs. 23) y del Taller Berpar (fs. 25). El Abg. xxxx, sin embargo, se agravia de dichos presupuestos, sosteniendo que carecen de seriedad para ser presentados en juicio al no reunir los requisitos establecidos por las normas tributarias. En efecto, debe puntualizarse que las instrumentales obrantes a fs. 23 y 25 son documentos privados emanados de terceros que no fueron reconocidos en juicio en la forma prevista por el art. 307 in fine del Cód. Proc. Civ Empero, de las constancias de autos y a través de las fotografías adjuntas al expediente, se ha probado la existencia cierta del daño, por lo que debe echarse mano del art. 452 del Cód. Civ, como ya se hiciera en jurisprudencia anterior, para estimar prudencialmente el rubro peticionado. En efecto, a fs. 19/20 la actora agrega una fotografía del automóvil Renault Clío chocado. Dichas fotografías -cuya veracidad no ha sido puesta en duda- deben servirnos de parámetro para estimar la entidad del daño emergente sufrido por la actora; confrontando ello con los distintos ítemes trabajos y repuestos- que indican las instrumentales presentadas se concluye que, si bien no fueron reconocidas en juicio, pueden servir como elemento indiciario para
20 establecer la cuantía de los costos de reparación en concepto de daño emergente Examinadas las fotografías de la parte delantera, lateral e interior del automóvil Renault Clío (fs. 19/20), se puede notar a simple vista que los perjuicios sufridos por el automotor afectan el paragolpes delantero, el parabrisas, las puertas trasera y delantera izquierda y sus respectivas ventanillas, el faro delantero izquierdo, las bolsas de aire del lado del conductor y del pasajero, el retrovisor izquierdo, la chapería, sin considerar los daños de electricidad y los demás no apreciables a simple vista El presupuesto N de la firma Rieder y Cia. S.A.C.I. (fs. 23), establece el costo de los repuestos o piezas necesarias para realizar los trabajos en la parte mecánica del vehículo: 1 amortiguador delantero, G ; 1 vástago de dirección, G ; 1 muñequín de dirección, G ; 1 rótula de suspensión, G ; 1 horquilla de suspensión, G ; 1 semieje RH, G ; 1 semieje LH, G ; 1 bomba de dirección, G ; 1 puerta delantera LH, G ; 1 puerta trasera, G ; 1 guardabarros delantero, G ; 1 parabrisas delantero, G ; 1 burlete de parabrisas, G ; 1 vidrio de puerta delantera, G ; 1 vidrio puerta trasera, G ; 1 vidrio ventilete LH, G ; 1 eleva vidrio delantero, G ; 1 espejo retrovisor EL, G ; tapizado puerta delantera, G ; 1 faro delantero RH, G ; 1 faro delantero LH, G ; 1 Air Bag pasajero, G ; 1 Air Bag conductor, G Todo esto arroja una suma de G Considerando el descuento del 10% por el pago al contado y el monto del 10% en concepto de IVA sobre el monto restante, el importe neto consignado en el presupuesto a fs. 23 es de G La firma Rieder y Cia. S.A.C.I., en respuesta al Oficio N 526 (fs. 85), confirmó haber

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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in fine