Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/12/ultraactividad-vigencia-del-i-convenio.html
Timestamp: 2018-06-21 09:57:29+00:00

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EL BLOG DE EDUARDO ROJO: Ultraactividad. Vigencia del I Convenio colectivo nacional de los servicios de prevención ajenos. El TS reitera su doctrina y confirma la sentencia de la AN. Nota breve a la sentencia de 11 de noviembre de 2015 (y amplio recordatorio de la doctrina del TS).
Ultraactividad. Vigencia del I Convenio colectivo nacional de los servicios de prevención ajenos. El TS reitera su doctrina y confirma la sentencia de la AN. Nota breve a la sentencia de 11 de noviembre de 2015 (y amplio recordatorio de la doctrina del TS).
1. El día 21 de diciembre la página web de la Federación de Servicios de ComisionesObreras publicó una nota de prensa con el título “El Tribunal Supremo confirma la vigencia del Convenio de Servicios de Prevención hasta su renovación”, y el subtítulo “La Sala de los Social del Tribunal Supremo, en una sentencia notificada recientemente, vuelve a dar un 'ZASCA' a las patronales ASPA, ANEPA y ASPREN y a su intención de enterrar el Convenio Colectivo y los derechos laborales y salariales de las plantillas del sector”. En la citada nota, la federación sindical denuncia el intento patronal de “privar a las plantillas de sus derechos, proponiendo inicialmente recortes generalizados de derechos y dilatando la negociación especulando con una posible sentencia favorable a sus intereses, que finalmente no se ha producido”, y anuncia que pedirá a las autoridades laborales para el año a punto de iniciarse que “el cumplimiento riguroso del Convenio Sectorial se incluya de forma ordinaria en las inspecciones de trabajo de los Servicios de Prevención”.
Al día siguiente el profesor, y buen amigo, Guillermo González tuvo la amabilidad, que le agradezco, de enviarme el texto de la sentencia referenciada, dictada el 11 de noviembre por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y de la que fue ponente el magistrado Antonio V. Sempere, que reitera en los mismos términos que la propuesta contenida en el preceptivo informe emitido por el Ministerio Fiscal, la jurisprudencia de la Sala acogida en tres sentencias anteriores dictadas este año y que han sido objeto de atención en el blog, las de 17 de marzo, 2 y 7 de julio, confirmando la sentencia dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia nacional el 20 deenero de 2014. No he encontrada publicada aún en las redes sociales, y tampoco en el CENDOJ, el texto de la sentencia.
La Sala efectúa una síntesis de la doctrina sentada en las sentencias anteriores, recordando además que una de ellas, la dictada el 7 de julio con ocasión del conflicto en la empresa UMIVALE Prevención, “guarda enorme conexión con el presente”, y si bien no puede afirmarse en puridad jurídica que exista la identidad subjetiva necesaria para que pueda operar la institución de la cosa juzgada (art. 222 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), “… lo debatido y resuelto es exactamente lo mismo que ahora”, es decir la Sala se pronunció “exactamente sobre el mismo problema que ahora, aunque respecto de una sola de las entidades de prevención afectadas por el convenio colectivo”.
2. La únicas manifestaciones “propias” contenida en la sentencia ahora comentada, se encuentran en el párrafo primero del fundamento de derecho primero, y en el apartado 1 del fundamento de derecho segundo. Para la Sala “estamos ante un conflicto de estricta interpretación jurídica y similar al resuelto ya en ocasiones precedentes por esta Sala, y antes de pasar a explicar dicho criterio precedente pon de manifiesto que “ya se ha advertido que, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de (arts. 9.3 y 14 CE) de las normas hemos de resolver el presente recurso aplicando la doctrina contenida en anteriores sentencias”, y ello ha de ser así, hace constar la Sala (¿a la espera de un posible cambio jurisprudencial?) “pese a concurrir en la deliberación y decisión del presente caso un Magistrado que no estuvo presente en ellas y tres Magistrados que formularon voto particular a las mencionadas resoluciones, precisamente postulando la interpretación acogida por los recursos que ahora resolvemos”.
Dejemos de lado, mientras no haya cambios, la pregunta formulada en el paréntesis, y señalemos nada más con respecto a esta sentencia que el TS desestima el recurso de casación interpuesto por la parte empresarial contra la citada sentencia de la AN de 20 de enero de 2014. Dicho recurso, que reitera en síntesis la tesis defendida en instancia, sostiene que la AN aplicó incorrectamente la normativa y jurisprudencia aplicable, en concreto el art. 86.3 de la LET en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 “y la jurisprudencia del TC (STC 210/09) en relación con el art. 4ª del I Convenio colectivo estatal de los servicios de prevención ajenos…”. En el recurso se afirma además que la “amplia” interpretación efectuada por la AN sobre qué debe entenderse por la expresión pacto en contrario “vulnera la disposición transitoria 4º de la Ley 3/2012”.
Dado que el TS confirma la sentencia de la AN y menciona también de forma expresa a la dictada en el caso UMIVALE Prevención, recupero algunos contenidos relevantes de las dos sentencias, recogidos en mis análisis efectuados de las mismas.
3. Con respecto a la SAN de 20 deenero de 2014:
“La sentencia, la tercera de la AN en materia de ultraactividad de convenio, se dicta con ocasión de la demanda interpuesta el 17 de septiembre por FES-UGT y COMFIA CCOO en proceso de conflicto colectivo contra la Federación de servicios de prevención ajenos (ASPA), la Asociación nacional de entidades preventivas acreditadas (ANEPA) y la Asociación de sociedades de prevención de mutuas de accidentes de trabajo (ASPREM). El acto de juicio, previo intento fallido de avenencia, se celebró el 9 de enero.
Conviene recordar que la segunda sentencia de la AN, dictada el 19 de noviembre, también versó sobre la aplicación del convenio del mismo sector, si bien la demanda iba dirigida contra una empresa del mismo (UMIVALE PREVENCIÓN) y con ampliación posterior de la demanda para las organizaciones empresariales ahora demandadas. En concreto, la sentencia estimó la demanda y declaró que “el I Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos mantiene su vigencia normativa en la entidad UMIVALE PREVENCIÓN hasta que se pacte un nuevo Convenio Colectivo aplicable a dicha entidad…”. En mi comentario a dicha sentencia puse de manifiesto que “La sentencia es idéntica, en su fundamentación jurídica, a la dictada en el primer conflicto conocido por la AN y resuelto por sentencia de 23 de julio sobre la aplicación del art. 86.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 de 6 de julio, de reforma del mercado laboral. Y digo que es idéntica porque aquello que efectúa en el fundamento jurídico quinto es reproducir textualmente gran parte de la argumentación expuesta en su primera sentencia, previa manifestación de que “como las partes conocen esta Sala ya se ha pronunciado sobre la cuestión en su SAN 23 de julio de 2013…”, y manifestando para concluir que “la aplicación de la anterior doctrina al caso de autos implica, sin necesidad de mayor razonamiento, la estimación de la demanda”, y a continuación me detuve, y remito a todas las personas interesadas al comentario de dicha sentencia, en el análisis más concreto del conflicto en cuestión, “ya que se trata de la (futura) inaplicación de un convenio colectivo de ámbito estatal por una empresa del sector, y en donde la ingeniería jurídica de la parte demandada ha tratado de evitar, a mi parecer, que la demanda prosperara más por cuestiones de forma (excepciones procesales) que de fondo (legalidad de la decisión adoptada al amparo de los preceptos legales anteriormente citados)”.
La tercera sentencia de la AN se pronuncia en los mismos términos que las dos anteriores, estimando la demanda de las organizaciones sindicales, y declara “la vigencia actual del contenido normativo del Primer Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos, de acuerdo con lo previsto en su artículo 4 (Prórroga y denuncia), condenando a las demandadas a estar y pasar por esta declaración”.
En los hechos probados de la sentencia se deja debida constancia de la negociación del II convenio colectivo estatal, tras la denuncia del I Convenio cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2011 y constitución de la comisión negociadora el 27 de octubre anterior. No ha habido acuerdo para suscribir el nuevo convenio, y se recoge en el hecho probado cuarto que las negociaciones “se mantienen hasta el 5 de julio de 2013”. De especial importancia para abordar la resolución jurídica del conflicto, es el hecho de que varias empresas del sector (no sólo pues la afectada por la sentencia de 19 de noviembre) comunicaron a sus trabajadores desde principios de julio que el convenio decaía en su vigencia a partir del 8 de julio, y a tal efecto en el hecho probado quinto se reproduce un escrito dirigido por varias de ellas a sus trabajadores, que conviene reproducir: “Transcurrido el plazo contemplado en el artículo 86.3 del TRET, en su redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio , sin haberse logrado un Acuerdo expreso en el seno de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Nacional de los Servicios de Prevención Ajenos, y no existiendo Convenio Colectivo de ámbito superior aplicable, y sin perjuicio de que se pudiera interpretar que el I Convenio Colectivo ha perdido su vigencia, desde esta Sociedad de Prevención os queremos indicar que inicialmente se ha decidido mantener las condiciones fijadas en el citado Convenio Colectivo, en tanto se espera a la evolución de la negociación colectiva que en su caso se pudiera iniciar o retomar en esa Comisión Negociadora. En consecuencia, y teniendo en cuenta el artículo 86.4 del TRET, este mantenimiento provisional e inicial de las condiciones establecidas en el I Convenio Colectivo , que ya no resultarían de aplicación si se suscribiera un nuevo Convenio Colectivo para el sector, se realiza ''ad cautelam" e inicialmente hasta el 31 de diciembre del 2013, entendiendo que esa aplicación no consolida esas condiciones, ni supone su consideración como derechos adquiridos o su incorporación automática al ámbito del contrato individual de los trabajadores”.
Las partes demandantes solicitaron que se declarara que el I convenio seguía vigente hasta la suscripción de un nuevo acuerdo, y se basaron en que la redacción del art. 86.3 de la LET y la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012 debían ponerse en relación con lo dispuesto en el art. 3 del convenio, regulador del ámbito temporal, y en el art. 4, que trata sobre la prórroga y denuncia. A los efectos de mi examen interesa hacer mención del contenido de este último, y más concretamente de su segundo párrafo, en el que se dispone que “denunciado el Convenio y hasta que no se logre acuerdo expreso, a los efectos previstos en el art. 86.3 y 4 del Estatuto de los Trabajadores, se entenderá que se mantiene la videncia de su contenido normativo en los términos que se desprenden de su propia regulación.".
Por su parte, las demandadas pusieron el acento, al igual que ocurrió en el conflicto de UMIVALE PREVENCIÓN, en la importancia del cambio normativo acaecido con la reforma laboral y la sustancial modificación operada en la redacción del art. 86.3 de la LET en punto a la concreción del momento de finalización de la vigencia del convenio, defendiendo que la nueva regulación “ha derogado las previsiones normativas sobre ultractividad anteriores y que la remisión a la negociación colectiva deba entenderse referida a momento posterior a la entrada en vigor de las nuevas previsiones normativas”, con búsqueda de apoyo de su tesis lógicamente en una determinada interpretación del preámbulo de la norma y la necesidad, afirmada en el mismo, de evitar la “petrificación” de las condiciones de trabajo. Con una cuidada argumentación para defender su tesis, más afinada que en otras sentencias que he tenido oportunidad de comentar, las demandadas argumentaron que el efecto principal de las nuevas previsiones normativas incorporadas al art. 86.3 de la LET era “la elusión de la ultractividad legal de un año, que sólo parece posible a partir del momento en que las partes conocen el nuevo régimen legal”.
No he visto por el contrario en las tesis de las demandadas, y lógicamente me tengo que referir a lo contenido en la sentencia, ninguna referencia concreta al hecho de que el artículo 4 no incluía una cláusula propia sobre el mantenimiento de la vigencia, sino que se remitía a lo dispuesto en la LET, siendo así justamente que la norma legal fue modificada en el punto objeto de conflicto, y una hipotética alegación de que las partes se habían sometido a lo dispuesto en la LET en el momento en que se pactó el convenio y por consiguiente al texto que entonces estaba en vigor, y no al que posteriormente sería modificado. En fin, se trata de una disquisición jurídica sobre las dudas que me están suscitando las estrategias empresariales de defensa de la perdida de vigencia del convenio y que dejo aquí a disposición de las personas interesadas.
La sentencia de la AN, y no podía ser de otra forma, no se aparta de la anterior, y afirma de forma clara y contundente que si el legislador hubiera optado por la tesis defendida por la parte empresarial lo hubiera establecido expresamente, algo que no ha ocurrido. Por consiguiente, y con apoyo en numerosas sentencias y con una especial atención a la del TSJ de Murcia de 28 de octubre de 2013, de la que transcribe amplios fragmentos, la Sala afirma que “Si el legislador hubiese querido que sólo fueran válidas las previsiones convencionales suscritas después de la entrada en vigor de la reforma, lo hubiese establecido expresamente. Igualmente pudo disponer normas de transitoriedad y tampoco lo ha hecho. Por tanto, el silencio del legislador y la remisión general que el artículo 86.3 ET efectúa a los convenios colectivos o al pacto en contrario abona la tesis de la pervivencia de las regulaciones anteriores a la reforma”.
Sentada esta tesis general, ha de estarse a lo dispuesto en el convenio colectivo cuestionado, y es aquí donde puede entenderse que la Sala entre, aunque no se haya planteado expresamente por las demandadas, sobre el valor que debe darse a la remisión a los apartados 3 y 4 del art. 86.3 de la LET que se recoge en el art. 4 del convenio, optando, con un criterio que me parece razonable aunque quizás necesitado de más argumentación, por considerar que en el citado artículo del convenio hay “un pacto colectivo propio y específico en la materia de ultraactividad que es objeto del presente convenio”, reiterando en el párrafo siguiente que en el precepto convencional se encuentra “un pacto expreso de ultraactividad”, no siendo por consiguiente de aplicación la modificación limitativa sobre la vigencia de un convenio introducida tras la reforma de 2012.
Dicho en otros términos, y puede ser importante para cualquier nuevo conflicto que se plantee sobre la vigencia del convenio y en el que el artículo sobre su vigencia se remita a lo dispuesto en la LET, la AN se pronuncia por potenciar la autonomía colectiva de las partes y entender que la vigencia se mantiene hasta la suscripción de un nuevo acuerdo, ya que el pacto suscrito por las partes tenía esa razón de ser en cuanto que lo vinculaban a una duración indefinida así prevista, salvo pacto en contrario, por el art. 86.3 de la LET, y de ahí que deba estarse a la voluntad de las partes manifestada con claridad, por lo que la modificación normativa operada por la LET carecería de valor para cuestionar la vigencia del convenio en cuanto que el “pacto en contrario” de las partes suscrito con anterioridad a la reforma tiene plena validez y encaje legal en el art. 86 de la LET. Probablemente, y con ello concluyo, esta sentencia abre una nueva vía de refuerzo y potenciación de la autonomía colectiva y de defensa del valor jurídico de lo pactado con remisión a lo dispuesto en la norma general de aplicación en el momento en que se pactó el acuerdo”.
4. Sobre la sentencia del TS de 7 de julio de 2015:
“Se trata de la tercera sentencia del TS que he tenido oportunidad de leer sobre la conflictiva temática de la ultraactividad de los convenios colectivos tras la reforma del art. 86.3 de la Ley del Estatuto de los trabajadores operada por la reforma laboral de 2012, primero por el RDL 3/2012 de 10 de febrero y después por la Ley 3/2012 de 6 de julio, norma esta última que ha sido la debatida en las sentencias hasta ahora dictadas por el TS. El resumen oficial de la sentencia es el siguiente: “Conflicto Colectivo UMIVALE. Ultraactividad: cláusula de mantenimiento, incluida en el propio Convenio, de vigencia del Convenio tras su denuncia (el 29(9/2011, anterior a la Ley 3/2012). Validez del pacto de ultraactividad. Reitera STS de 17/3/2015 (rcud 233/13) y de 2/7/2015 (rcud 1699/2014). Voto particular”.
En la sentencia ahora objeto de anotación breve, en cuanto que su fundamentación jurídica se remite a la dictada el 17 de marzo (Caso Air Nostrum) se menciona otra sentencia dictada sobre la misma materia el 2 de julio, con idéntico contenido respecto a la afirmación del mantenimiento de la ultraactividad del convenio denunciado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 3/2012.
…. La Sala aborda en primer lugar el recurso interpuesto por la empresa demandada, que no parece precisamente un modelo de precisión jurídica a tenor de las observaciones formuladas y respuestas dadas por el alto tribunal al mismo, ya que “los motivos no aparecen amparados en precepto procesal alguno, infringiendo lo dispuesto en el art. 210.2 LRJS...”. Se solicita en primer lugar la subsanación de dos errores materiales contenidos al parecer de la recurrente en el hecho probado segundo, con propuesta de nueva redacción, no siendo ciertamente el recurso de casación la vía para pedir tal subsanación sino que hubiera debido solicitarse vía aclaración de sentencia según dispone el art. 267.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No obstante, la Sala acepta la petición, sin mayor relevancia jurídica, “dada la evidencia del error material”.
En segundo término, se alega incongruencia omisiva de la sentencia por entender la recurrente que no dio respuesta a las peticiones formuladas en la demanda, tesis desestimada, tras repasar la doctrina jurisprudencial contenida en la sentencia de la AN de 3 de abril de 2013, ya que “sí dio cumplida respuesta…”, al declarar la nulidad de la decisión empresarial de prorrogar temporalmente el convenio colectivo nacional y aceptando la petición de que se suprimiera tal limitación.
…Una vez examinado, y rechazado, el recurso interpuesto por la empresa condenada en instancia, la Sala procede al estudio y resolución de los tres recursos, con idéntico contenido, presentados por las tres organizaciones empresariales del sector, que vuelven a situar el debate en el terreno jurídico de fondo, esto es sobre qué interpretación debe darse al art. 86.3 de la LET y el plazo de un año recogido en el mismo, relacionando dicho precepto, y la tesis defendida por los recurrentes, con la disposición transitoria cuarta de la Ley 3/2012, trayendo además a colación en defensa de su tesis la sentencia del Tribunal Constitucional núm. 210/1990 de 20 de diciembre (relativa a la entrada en vigor de la Ley 4/1983, de 29 de junio, de reforma del Estatuto de los Trabajadores en materia de jornada máxima legal y de vacaciones mínimas) para defender la aplicación del principio de jerarquía normativa de la ley respecto al convenio colectivo.
… Voy concluyendo. La sentencia, ciertamente, desestima los recursos, pero hay dos votos particulares discrepantes. En primer lugar, el emitido por el magistrado Luis Fernando de Castro, que hace suyo el voto particular emitido por el magistrado Antonio V. Sempere en la sentencia de 17 de marzo y su conclusión de que la tesis de la sentencia “contradice el principio de jerarquía normativa”. En segundo lugar, el magistrado Jesús Souto mantiene idéntica tesis. Obsérvese además, y lo dejo sólo apuntado por lo que pudiera implicar en su día de cambio jurisprudencial, que el magistrado discrepante en la sentencia de 17 de marzo, Antonio V. Sempere Navarro, formó parte de la Sala que ha dictado la sentencia de 7 de julio pero sin emitir voto particular, y que el restante magistrado, José Luis Gilolmo, formuló voto particular también discrepante en la sentencia dictada el 2 de julio. ¿Hacia dónde camina el TS en su interpretación de la reforma laboral en general, y sobre el art. 86.3 de la LET en particular? Dejo aquí, de momento, sólo planteada la pregunta”.

References: artículo 4
 resolución 
 artículo 86
 artículo 86
 artículo 4
 artículo 86
 resolución