Source: http://www.jurischile.com/2020/07/se-condena-banco-por-cobrar-deuda.html
Timestamp: 2020-08-03 23:34:26+00:00

Document:
JurisChile 2020: Se condena a banco por cobrar deuda cancelada
Se condena a banco por cobrar deuda cancelada
Primero: Que comparece el abogado Omar Matus de la Parra Sardá, en representación de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.p.A., y deduce reclamación en contra de la Resolución Exenta SS/Nº 88, de 21 de enero de 2020, pronunciada por la Superintendencia de Salud, que desestimó el recurso jerárquico y confirmó el rechazo del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución Exenta
IP/Nº 2560, de 22 de agosto de 2019, de la Intendencia de Prestadores, la que a su vez impuso una multa de 700 Unidades Tributarias Mensuales. Relata el compareciente que Manuel Fuenzalida Orellana, en representación de Natalia Aravena García, interpuso un reclamo en contra de su representada por una eventual infracción a lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 173 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, señalando que el 2 de diciembre de 2016, con motivo de las atenciones de salud proporcionadas a la señora Aravena García por la Clínica, se había exigido la suscripción de un pagaré para garantizar tales prestaciones, en circunstancias que se encontraba en condición de urgencia vital y/o de riesgo de secuela funcional grave. Agrega que a raíz de dicho reclamo la Intendencia de Prestadores formuló cargos a Clínica Dávila por la infracción señalada y el 22 de agosto de 2019 dictó la Resolución Exenta IP/N° 2560 que impuso la multa. Señala luego que los síntomas de la paciente no eran indicativos de una condición de urgencia vital y los actos realizados no pueden ser considerados, ex post y bajo ningún respecto, como constitutivos de infracción en contra de la normativa que rige la denominada Ley de Urgencia. Precisa que la paciente acudió al Servicio de Urgencia de Clínica Dávila siendo categorizada en Triage a las 22:49 horas y en dicha instancia, al registrarse sus signos vitales, se estableció como categoría 3, lo que implicaba que se encontraba en condiciones de aguardar por atención médica. Tal categorización, explica, no era indicativa de urgencia con riesgo vital o peligro de secuela funcional grave y por ende al solicitarse la suscripción del pagaré que respaldaría el otorgamiento de prestaciones se obró dentro del marco legal. Expone que recién al ser evaluada por el médico residente del Servicio de Urgencia de la Clínica, y solo con posterioridad a realizar diversos exámenes, se constató la gravedad del diagnóstico, por lo cual solo en ese momento se le asignó Ley de Urgencia para resolución quirúrgica, la que se realizó a las 3:00 horas del día siguiente, insistiendo que atendida la sintomatología no era posible advertir la gravedad con anterioridad. Explica a continuación que la condición de salud o cuadro clínico de emergencia o urgencia debe ser determinado en la primera atención médica en que la persona sea atendida, ya sea en una unidad de urgencia pública o privada, por el diagnóstico efectuado por un médico cirujano de acuerdo con un protocolo dictado por el Ministerio de Salud y, así las cosas, habiéndose certificado la urgencia vital de manera posterior a la realización del ingreso de la paciente, fue que se solicitó la garantía. Alega el reclamante que la Superintendencia aplica ex-post a la situación un criterio que es inoportuno, ya que se determina sin consideración al contexto y la forma como efectivamente se dieron los hechos, calificando a posteriori la situación en que se encontraba la paciente, pero conociendo su evolución y el resultado de los exámenes practicados, pretendiendo que igual calificación debió haberse hecho al momento del ingreso a la Clínica, lo que no es factible ni tampoco exigible. En subsidio alega falta de proporcionalidad de la multa, la que equivale al 70% del monto máximo que la ley faculta a la Superintendencia de Salud para aplicar a un prestador institucional y, asimismo, que no se justifica el monto o entidad con fundamentos o razones, en circunstancias que el mínimo asciende a 10 Unidades Tributarias Mensuales, motivo por el cual solicita se rebaje prudencialmente.
Quinto: Que, en efecto, como ha resuelto la jurisprudencia, el certificado del estado de emergencia o urgencia adquiere singular importancia precisamente cuando la calificación de este estado es controvertido, y la circunstancia de no haberse extendido la certificación no puede constituir un obstáculo para demostrar que esa condición efectivamente existió, en tanto aparezca de los antecedentes probatorios que den cuenta de ella, puesto que la urgencia con riesgo vital y/o secuela funcional grave son condiciones de salud objetivas, cuya existencia puede concluirse luego de la evaluación diagnóstica que efectúe el profesional de la medicina que atiende al paciente en la urgencia y, faltando ésta, tal estado puede acreditarse por medio de un análisis ulterior de los antecedentes clínicos. En tal escenario, no resulta verosímil sostener que la paciente ingresó en una condición no calificable de urgente a las 22:49 horas del 2 de diciembre de 2016 y que sólo la adquirió en el instante inmediatamente anterior a ser intervenida quirúrgicamente a las 3:00 horas del día 3 del mismo mes y año, esto es, transcurridas sólo poco más de cuatro horas, y por ello no cabe sino concluir que la paciente efectivamente ingresó en tal condición y que no pudo condicionarse su atención de salud a la entrega de un documento en garantía, como en el hecho aconteció en el caso de que se trata. De este modo, la prohibición contenida en el inciso séptimo del artículo 173 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 resultaba plenamente aplicable a la reclamante, de lo que se sigue que la sanción fue acertadamente impuesta y que la autoridad no incurrió en ilegalidad alguna.
Sexto: Que en cuanto a la petición subsidiaria de rebaja del monto de la multa, se la desestimará por cuanto la cuantía fijada se halla dentro del margen que señala la ley y no aparece en lo absoluto desproporcionada ni carente de racionalidad o razonabilidad. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas y en el artículo 113 del Decreto con Fuerza de Ley N° 1 de 2005, del Ministerio de Salud, se rechaza el reclamo deducido por el abogado Omar Matus de la Parra Sardá, en representación de Clínica Dávila y Servicios Médicos S.p.A., contra la Resolución Exenta SS/Nº 88, de 21 de enero de 2020, pronunciada por la Superintendencia de Salud. Regístrese y archívese. Redacción del Ministro señor Balmaceda. N°Contencioso Administrativo-90-2020.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 173
 Resolución 
 resolución 
 artículo 173
 artículo 113
 Resolución