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Timestamp: 2017-03-28 02:23:49+00:00

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Imprimir | Enviar Debate sobre la rehabilitación de Julián Grimau Senador de IU | 15 Nov 06
DEBATE Y VOTACIÓN DE LA MOCIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROCEDER A LA REHABILITACIÓN CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA DE LA FIGURA DE DON JULIÁN GRIMAU, VÍCTIMA DE LA REPRESIÓN FRANQUISTA. (S.661/000326) El señor PRESIDENTE: Entramos en el punto primero del orden del día: Debate y votación de la moción del Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a proceder a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de don Julián Grimau, víctima de la represión franquista.
España, 9 de noviembre de 1962, año vigésimo tercero de la paz de Franco. La prensa madrileña informa de que el comunista, Julián Grimau, ha caído desde una ventana de la Dirección General de la Seguridad franquista por la que se ha tirado cuando estaba siendo interrogado. Los jueces franquistas le acusan, además, de un delito de tentativa de suicidio. Julián Grimau seguirá sufriendo la ignominia de un juicio y de una sentencia espantosa tanto jurídica, como política. Julián Grimau fue detenido por la Brigada Político Social de la policía franquista el día 7 de noviembre de 1962. Su delito: ser comunista, ser un luchador antifranquista por la libertad y por la democracia arrebatada por las armas en contra del legítimo Gobierno de la república. Grimau fue brutalmente torturado en la sede de la Dirección General de Seguridad, hoy Casa del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Al no conseguir que hablara, fue arrojado desde una ventana del edificio al patio interior, simulando un suicidio, y como no murió, fue curado. Posteriormente fue llevado a juicio el 18 de abril de 1963 sin pruebas ni testimonios directos y condenado a la pena de muerte. Este juicio, como todos los del franquismo, fue una burla a la verdad y a la democracia. Vulneró hasta las propias leyes ilegales del franquismo, hubo una quiebra absoluta del régimen de garantías, no había imparcialidad en los jueces militares y existía una indefensión total del acusado. Grimau fue juzgado por un tribunal militar de acuerdo con la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 -la llamada ley de represión de la masonería y el comunismo- y se le aplicaron preceptos del Código de Justicia Militar de 1880. Los juicios militares en aquellos años, señorías, no exigían que los miembros del tribunal fueran letrados, solo militares, lo que sí se exigía para cumplir con los derechos de los procesados era que el vocal ponente debía ser obligatoriamente abogado, y esta es una de las irregularidades más de dicho proceso. El vocal ponente encargado de asesorar al tribunal militar en temas legales no era abogado, se hacía pasar por letrado, como quedó demostrado meses después e incluso fue condenado por otros hechos -por cierto, este vocal comandante intervino en cerca de 4.000 juicios sumarísimos y envió a un millar de presos políticos a los paredones franquistas-. En ese juicio no existieron pruebas de ningún género ni testimonios directos, salvo que el fiscal, cumpliendo órdenes superiores, le impone la máxima de pena de muerte. Señorías, si los juicios del régimen franquista fueron ilegales el de Grimau rozó el esperpento. Para justificar su asesinato se le juzgó por los delitos de adhesión a la rebelión militar y otro de rebelión militar -curiosa acusación de los que habían si precisamente los rebeldes-. De haber cometido estos delitos según el régimen habría sido durante la Guerra Civil, 25 años antes de ser juzgado. Si a Grimau se le hubiesen aplicado las leyes vigentes en el momento de ser juzgado no habría podido ser condenado porque esas leyes ya estaban prescritas. Señorías, todo un cúmulo de irregularidades y de despropósitos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.	Turno en contra.
Es legítimo que a lo largo de 20 años puedan los partidos abordar, siempre con el consenso necesario, una nueva resolución que pudiera solventar aquellas indefiniciones que pudieran surgir hacia aquella primitiva Ley de Amnistía aplicada en el año 1977. Y eso es lo que se enfrentó en el año 2002. En el año 2002 la Comisión Constitucional, ante un día relevante como era el 20 de noviembre, acordó, a través de cinco proposiciones no de ley, llegar a un acuerdo definitivo, por el cual se instaba al Gobierno a que promueva un reconocimiento público sobre los ciudadanos represaliados por profesar convicciones democráticas, acuerdo que resulta, a mi modo de ver, fundamental, se obtiene en el consenso y bajo un Gobierno o bajo un mandato o bajo una legislatura cuyo Gobierno con mayoría absoluta lo ostentaba el Partido Popular y tan solo resaltaré los apartados dos y tres, los demás de la propia resolución son de suyo. El segundo dice que el Congreso de los Diputados reitera que resulta conveniente para nuestra convivencia democrática mantener el espíritu de la concordia y de reconciliación que presidió la elaboración de la Constitución de 1978 y que facilitó el tránsito pacífico de la dictadura a la democracia. El apartado tres dice que el Congreso de los Diputados reafirma una vez más el deber de nuestra sociedad democrática de proceder al reconocimiento moral de todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil Española, así como de cuantos padecieron más tarde la represión.
Por parte del portavoz del Partido Nacionalista Vasco se afirma algo tan importante como el deber de proceder al reconocimiento moral de todos los españoles, hombres y mujeres, que fueron víctimas de la guerra civil y posteriormente padecieron la represión de la dictadura franquista. Y en segundo lugar, el deber de la sociedad democrática de impulsar el apoyo institucional a las iniciativas puestas en marcha por los familiares. Pero añade y subrayo, que el límite consiste en que no hay que resucitar el enfrentamiento civil. Por el diputado López Lerma, del Grupo de Convergència i Unió, y previamente citando al señor Guerra González, el cual aludió literalmente a que la constitución fue hecha para futuras generaciones y no para los políticos que en su momento la hicieron, es decir, pensando en el futuro, afirma algo tan claro como que se trata de una referencia a la dramática realidad histórica de España, deseando que quede en la historia para que sirva de ejemplo de un camino que nunca se debió pisar. Y con el deseo de que el Gobierno cumpla, y como dijo el señor Alcaraz, esperando cerrar un debate que tenemos abierto desde hace mucho tiempo y que ha generado confrontaciones que no deberían haberse dado, toda vez que, afortunadamente, nos une la Constitución, la libertad y el concepto de democracia.
Pues bien, a más abundamiento el Gobierno trajo a esta Cámara el proyecto de ley de memoria histórica, que recientemente hemos visto en esta Cámara, que desde mi grupo hemos considerado inoportuno, hemos considerado que no era adecuado, que además fundamentaba de alguna manera la legitimidad política en esta memoria histórica y nosotros consideramos que era legitimada y la democracia actual se fundamenta básicamente en la Constitución Española. Pero más allá de que nuestro voto fue en contra, ahí está la Ley de Memoria Histórica y ahí se ha cerrado un debate. Traer aquí un tema de nuevo plantea, aunque individualmente y no con carácter general, reabrir estas heridas. Es para nosotros, repito, inoportuno y fuera de lugar, con independencia del respeto a la persona del señor Grimau, pero algo que puede suponer la ruptura de ese consenso alcanzado en el año 2002. Es cierto, y no iba a aludir a ello, que hay un proyecto de ley de nuevo planteado por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Este grupo lo estudiará con profundidad. Veremos lo que podremos acordar, pero, en todo caso, lo fundamentaremos siempre en el consenso y con base en la reconciliación nacional. En segundo lugar, quería plantearlo en términos históricos, y ahí sí que tengo que hacer alusión al senador Muñoz Alonso, en su intervención en comisión y en Pleno, en la llamada Ley de Memoria Histórica, cuando citaba al profesor Álvarez Tardío y nos decía que la idea de la reconciliación significa algo más que el restablecimiento de la concordia, implicaba un compromiso de futuro, un compromiso con la construcción de la democracia de todos los españoles y exigía un sacrificio: el de no rememorar el pasado para encontrar argumentos con los que enfrentarse al adversario político y con los que deslegitimarse. Por el contrario, la historia solo debió ser desenterrada en el terreno de la vida política si servía para apoyar y reforzar los grandes acuerdos que permitieron la fundación y consolidación de la democracia. Y esto no es fácil, pero si queremos que las generaciones futuras puedan desarrollar un marco jurídico sobre la base de la libertad, la tolerancia y la democracia, nunca lo podemos olvidar, porque supondría superar, rebasar ese límite del portavoz vasco del Congreso de los Diputados.	Pero no plantearé ningún límite a la historia. Lo decía antes y lo digo ahora. En el estudio de ella tendrán que hacerlo los historiadores y allí llegaremos a la conclusión que se llegue y la conoceremos todos los españoles. No podemos huir del conocimiento de la historia, pero, como decía el senador Muñoz Alonso, no nos arrojemos nuestra propia historia los unos a los otros. Y ahora, recientemente, en días pasados, el escritor Muñoz Molina, nada sospechoso de coincidir con las ideas de la derecha, volvía a incidir en lo mismo, que los políticos no pueden arrojarse la historia los unos contra los otros. Pero entiéndaseme bien. Desde el respeto a la persona del señor Grimau y también desde el respeto a algunos otros que no han sido traídos a colación pero que también pudieron tener los mismos avatares, desde ese respeto y desde ese límite del señor Ercoreca, no reabramos las heridas a través de estudios individualizados. Si lo que se quiere reabrir es de nuevo esta discusión, entonces este senador estará pensando que se quiere llegar a esta segunda transición que, repito, no podrá existir porque no será una segunda transición, que será la ruptura que se planteó en el año 1977, porque España es única, con su historia y con sus episodios, buenos y malos, pero es algo que pertenece a España y nunca se puede excluir.
El señor CUENCA CAÑIZARES: Muchas gracias, señor presidente. Intervendré brevemente para plantear dos cuestiones. En primer lugar, quiero decir que asumo la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y, en segundo lugar, en cuanto al tema de debate, quiero formular varias cuestiones.
El señor CASAS I BEDÓS: Muchas gracias, señor presidente. Intervengo con cierto pesar, porque observo atónito desde la barrera, aunque no tengo más remedio que bajar a la arena, ya que por algo ejerzo el cargo de senador. Me gustaría que, de una vez por todas, intentáramos hacer las cosas con cierta sensatez.
Voy a votar afirmativamente por una razón: porque en el Congreso de los Diputados, con la ley de la memoria histórica, y a través de una serie de enmiendas y de acuerdos políticos en los que pudimos colaborar, se le dio un aire distinto a lo que pretende ser esta ley aquí. Se están haciendo las cosas con más prudencia, y se han abordado algunos casos singulares. El portavoz del Grupo Parlamentario Popular decía que no había habido ninguna singularidad, aunque se hizo con Carrasco i Formiguera por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero yo quería ir por otro camino. Creo que el señor Cuenca ha dado excesiva trascendencia a su intervención, porque se está hablando de hechos que hace muchos años que han pasado, y que están superados por la sociedad española. Al final ha lanzado alguna acusación, que tengo por no oída, porque si todos entráramos a hablar en estos términos no serviría de nada el Parlamento ni el esfuerzo que se ha hecho durante muchos años. Por tanto, prefiero tenerla por no oída.
No todo lo que se hizo durante la república fue bueno, la guerra civil fue tremenda y murió mucha gente inocente y durante el franquismo también pasaron cosas muy desagradables, pero no se puede pretender ahora revisar la guerra civil y decir que unos eran buenos y otros malos, que los que ganaron perdieron y que los que perdieron ganaron. Fue un error colectivo de todos y así hay que asumirlo, y a partir de aquí hay que ser muy prudentes. Paul Preston, en relación con estas cuestiones, dice que hay una tercera España y yo creo que es la gran mayoría, la que ha sufrido las consecuencias de las barbaridades de la república -y también hay que decirlo, señor Cuenca- y de las barbaridades del franquismo. Esa es la tercera España, que es la que más víctimas ha tenido. Les voy a poner un ejemplo. Carrasco i Formiguera fue un dirigente democristiano al que el Gobierno de la Generalitat en la época republicana no le pudo garantizar la seguridad de su vida simplemente por ser cristiano y tuvo que huir de Cataluña y, luego, el franquismo le condenó y le fusiló por catalanista. Estas son las víctimas de unos y de otros, esta es la tercera España. ¿Cuánta gente inocente murió en la guerra civil luchando en uno y otro bando? Todos inocentes. Por tanto, pido moderación cuando se quiere rehabilitar la figura de Julián Grimau. Sin duda, lo comparto y me parece muy bien que se quiera recordar a una persona que fue juzgada en condiciones no democráticas y que falleció de una forma dramática, pero creo que se puede hacer desde el respeto, sin abrir heridas, entendiendo que en España se han cometido muchos errores y que estamos aquí para que no vuelva a suceder, respetando a las personas que hoy democráticamente representan a la sociedad española y sin hacer sectarismo con declaraciones sobre si unos son buenos o otros malos. Es muy fácil defender a la tercera España, y yo les pido que en este debate -e insisto en que lo miro desde la barrera porque me da pavor- sean más prudentes todos juntos. Muchas gracias, señor presidente. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Zubia. El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor presidente. Tomo la palabra para anunciar que este portavoz y, por tanto, el grupo parlamentario al que tengo el honor de representar votará favorablemente la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador de Izquierda Unida por la Comunidad Autónoma de Madrid, el señor Cuenca Cañizares, que ha sido por él mismo defendida hace un momento. Se trata de una moción que, como ya se ha dicho, tiene por objeto instar al Gobierno a que proceda a la rehabilitación de la figura de Julián Grimau, que fue dirigente del Partido Comunista y padeció la represión del régimen franquista siendo torturado, procesado y, finalmente, ejecutado. Con la aprobación de esta moción habremos dado un paso más hacia la tan costosa y lenta rehabilitación de todas las personas, que son muchas, que fueron represaliadas durante la dictadura. Quien les habla era casi un niño, tenía 13 años, el 20 de abril de 1963, fecha en la que fue ejecutado Julián Grimau tras una farsa de juicio; fue un consejo de guerra el que por rebelión militar y en unas pocas horas, no más de cinco y como se esperaba, dictó la condena a muerte. Recuerdo perfectamente la víspera y las horas previas a su ejecución. No he olvidado las reacciones internacionales de protesta, la presión internacional al caudillo, las manifestaciones multitudinarias en no pocas capitales europeas y latinoamericanas, pero todo ello fue inútil. El Consejo de Ministros reunido el día 19 de abril, pese a que incluso el entonces Papa Juan XXIII intercedió para que se conmutara la pena, adoptó la decisión unánime de firmar la sentencia y, por tanto, su ejecución, como así sucedió en la madrugada de ese 20 de abril. Tiempo después, ya en mis años universitarios, tuve ocasión de acercarme y conocer con más detalle aspectos de este episodio que tanto me había conmocionado en su momento. Supe así que el vocal ponente del proceso fue Manuel Fernández Martín, un habitual de los juicios políticos que ni siquiera había aprobado primero de Derecho, aunque para cuando fue descubierto y condenado a prisión ya había enviado al paredón a algunos cientos de personas. Supe, también, que incluso con las leyes políticas de la época el juicio no era ajustado a derecho, que los delitos de los que se le acusó a Julián no fueron probados y que los testigos de la acusación declararon que conocían los mismos de oídas. Y supe, también, que el defensor de Julián Grimau, única persona en la sala con formación jurídica, el único capacitado para ejercer su papel, como de hecho hizo, fue Alejandro Rebollo; un Alejandro Rebollo al que veintitantos años después, lo que es la vida, tuve la suerte de conocer al coincidir con él en labores parlamentarias en el Congreso de los Diputados. Desde entonces a ahora han pasado ya más de 40 años, casi 44 largos años, pero hay que reconocer que el Estado sigue teniendo contraída una deuda con las víctimas del franquismo, como sucede con el caso que nos ocupa. Varias han sido, también es cierto, las iniciativas presentadas en los últimos años en distintas sedes parlamentarias, si bien han corrido una suerte bien dispar. Confiamos en que esta de hoy sea, por fin, la definitiva y para ello, como decía al principio, nuestro grupo va a votar a favor de la moción con el texto final resultante de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por el autor de la iniciativa. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el senador Bruguera. El señor BRUGUERA BATALLA: Muchas gracias, señor presidente. Anuncio también, en nombre de mi Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el voto afirmativo a la moción presentada por el senador Cuenca Cañizares, del Grupo Parlamentario Mixto. Votaremos afirmativamente por tres razones básicas y fundamentales. En primer lugar, por la coherencia de los antecedentes parlamentarios previos a través de mociones o proposiciones no de ley tramitadas en el Congreso de los Diputados similares a la que hoy ha presentado el señor Cuenca Cañizares. Efectivamente, no es la primera vez que las Cortes Generales abordan propuestas como la que hoy nos plantea el senador Cuenca Cañizares en relación con personas o líderes políticos que padecieron la represión del régimen franquista, y en este sentido quiero citar dos ejemplos. Una de estas personas fue Manuel Carrasco i Formiguera, al que ya se ha referido el senador Casas, y la otra Luis Companys, para el que este mismo año el Congreso de los Diputados, a través de una proposición de ley, acordó la rehabilitación pública del honor del president de la Generalitat de Cataluña con la celebración un acto solemne en el castillo de Montjuic de Barcelona, lugar donde fue ejecutado. Además, votaremos afirmativamente porque, aparte de las resoluciones adoptadas por las Cortes Generales, algunos parlamentos autonómicos han acordado sus propias resoluciones, y entre ellas quiero destacar una presentada en la Asamblea de Madrid prácticamente en los mismo términos en los que estamos debatiendo la de hoy, que, por cierto, fue aprobada por unanimidad. En segundo lugar, vamos a votar afirmativamente por el contenido concreto de la parte dispositiva de la moción. Efectivamente, el senador Cuenca Cañizares solicita la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau; es decir, se trata de una reparación pública y moral que no entra tanto en cuestiones de tipo jurídico, en cuyo caso sería más discutible y hubiesen sido abordadas por la Ley de amnistía del 77, que decretaba una amnistía general para todos los delitos y faltas de carácter político y, por tanto, ya tenía efectos jurídicos como la extinción de la responsabilidad criminal y la eliminación de los antecedentes penales. En este caso, estamos hablando de la rehabilitación ciudadana y democrática de un líder comunista, Julián Grimau, detenido, torturado, procesado en un consejo de guerra sumarísimo sin pruebas y sin las garantías legales mínimas y, finalmente, ejecutado en el año 1963.
En tercer lugar, vamos a votar afirmativamente a la moción porque queda sustancialmente mejorada por la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por el senador proponente. Digo esto porque creo que esta moción enmarca con el debate parlamentario que, desde un punto de vista más amplio, está teniendo lugar en el Congreso de los Diputados, y me estoy refiriendo a la iniciativa parlamentaria que sobre la rehabilitación de las víctimas del franquismo está en trámite parlamentario en este momento. Por otra parte, entendemos que con esta enmienda se mejora de forma importante la moción presentada. Por lo tanto -y con esto termino, señor presidente-, por estas tres razones vamos a votar afirmativamente esta moción. Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
El señor MANSILLA HIIDALGO: Gracias, señor presidente.	Desde nuestro punto de vista, con esta moción, así como con cualquier otra que se pudiera presentar, no se trata en ningún caso de reabrir la historia, sino de hacer verdad lo que se ha señalado por parte del Grupo Popular sobre el consenso de los años 1977 y 1978, que tampoco puede hacerse realidad si no hay un reconocimiento de parte, es decir, un reconocimiento mutuo. Por tanto, aunque uno de los argumentos empleados por el Grupo Popular para votar en contra es que se ha individualizado en una persona concreta, ya le avanzo que tantas mociones sobre represiones realizadas durante el franquismo presente el Grupo Popular, tantas mociones serán votadas favorablemente por el Grupo Socialista. Lo digo para que no tenga mala conciencia porque se vota una moción referida a un individuo. Todas las que se presenten a tal fin consideraremos que persiguen la intención de rehabilitar la memoria histórica, incluso familiar de mucha gente represaliada por el franquismo, lo que no significa ni ruptura ni estar en contra del consenso, sino todo lo contrario, porque en España todavía hay mucha gente que sufre en sus carnes el hecho de que durante mucho tiempo se ha machacado una imagen en sentido radicalmente contrario a la que expresó la realidad. Y este es uno de los ejemplos, como puede haber otros más, lo que no debiera preocupar ni molestar a nadie, porque eso no es ir en contra del consenso, sino permitir que en algunos casos la verdad aparezca por sí sola.
Hay un elemento que debiera unirnos a todos, porque estamos hablando de un caso en el que alguien fue asesinado por un delito político, no por otra razón. Si se tratase de alguien que cometió un delito común y fue condenado, seguramente el debate sería otro. Sin embargo, por cometer un supuesto delito político, una persona es asesinada. No deja de ser en parte cierto, pero me ha chocado que se hiciera referencia al orden legal del momento. Para aquellos que tenemos principios democráticos muy interiorizados, solo consideramos que existe orden legal cuando viene del propio pueblo, no cuando se impone por la fuerza de las armas o de cualquier otra manera. ¿Era el orden legal del momento? Sí. ¿Y todos sabemos que el Derecho ha de tener continuidad? Sí. Pero, tomando en consideración nuestra actual Constitución, cualquier derecho que durante el franquismo pudiera suponer el fusilamiento de una persona por delito político se da de narices con esta. Por tanto, no queda por menos que reconocer que estos hechos se daban. Y esto no es ir en contra de nadie, mucho menos contra el Partido Popular, porque parece que ustedes consideran esta iniciativa como si supusiera una afrenta a alguien.
Ha habido momentos importantes también en lo que se refiere a los cambios de opinión. En 2002 se aprobó una resolución por unanimidad expresando la voluntad política del Congreso de los Diputados en relación con este asunto. También es verdad -y le agradezco que lo haya leído- que la posición del Grupo Parlamentario Socialista de Diego López Garrido expresó que suponía un avance cualitativo considerable, como seguimos manteniendo. Pero eso supuso la quiebra de cierto reconocimiento, al menos en cuanto a la posición que parecían sostener algunos grupos políticos. No obstante, supuso un avance cualitativo. Por eso, en 2004 también hay un mandato del Congreso al Gobierno que pide que remita un proyecto de ley para cerrar este asunto, como expliqué al defender la enmienda. Y este proyecto de ley, que hoy está en el Congreso, pretende cerrar este debate y este asunto. Manteniendo el mismo fondo político que la resolución de 2002, porque no la modifica en absoluto, pretende concretar todo tipo de cuestiones, con nombres y apellidos, haciendo referencia a aquellas personas que hayan sido objeto de represión o asesinato durante el franquismo, que es como yo lo llamo -cada uno que lo llame como quiera-. Pero la cadencia de los hechos es esta, y no otra. No buscamos confrontación, ni que algunos se sientan heridos. Sólo buscamos lo que va de suyo, que cae por su propio peso. ¿Podemos decir con tranquilidad que hubo una persona llamada Julián Grimau que fue asesinada por ser comunista? El delito político en la democracia no existe. Por tanto, ¿afirmar que debe haber un reconocimiento expreso es negativo para el consenso constitucional? No, en absoluto. Y esto es lo que dice la moción, no dice otra cosa. Por eso, nuestra enmienda pretende que a través del proyecto de ley que en estos momentos se debate en el Congreso hagamos lo posible para que ese reconocimiento sea explícito, porque también es muy importante que a una persona, por muy mayor que sea, se le pueda decir con toda tranquilidad que no fue un delincuente, sino que intentó que en España llegase cuanto antes la democracia. No sé qué tiene eso de malo, ni que vaya contra el consenso. Les aseguro que no lo entiendo. ¿Por qué cada uno puede explicar sus problemas familiares y no estos? Yo los he tenido, como cualquier otro, aunque aquí no se trata de eso, sino de reconocer mutuamente que hubo errores. Pero no es lo mismo un error en democracia que bajo una dictadura. No sé si ven alguna diferencia. Yo la veo muy grande. Puedo entender que un gobierno elegido democráticamente comete muchos errores y procuro cambiarlo a través de las urnas. Pero, cuando uno pretende cambiar un Gobierno elegido por las urnas a través de las armas, ya no es un error: hay una diferencia. Y esa diferencia se ve en esta moción, o en otras miles que ustedes pueden presentar, si quieren, con nombre y apellidos, que, desde luego, tendrán todo nuestro cariño.
El segundo planteamiento es el referido al tema procedimental, el tema jurídico. Creo que no podemos olvidarlo, como ha dicho el senador Mansilla. Había un orden legal. Discutamos o no acerca de aquel orden legal, pero hay en él una continuación. Por tanto, ese orden legal, con aplicación en sentencias -ni más ni menos que en sentencias-, ha de ser anulado por quien tiene la capacidad y la facultad de anularlo, que es el órgano jurisdiccional. Y el orden legal actual, el de los años 90, absolutamente democrático, que radica en el Tribunal Supremo, se ha enfrentado acerca de la nulidad o no del procedimiento de Julián Grimau y ha dicho que no -ese es el camino-, y puede decir que sí. Si mi información es correcta respecto al juicio que se celebró en el año 1973 -cuando yo ya tenía más años, como el señor Julián Grimau tenía pocos años con respecto a Salvador Puig Antich-, es la segunda vez que se ha planteado el recurso de remisión ante el Tribunal Supremo. Se ha planteado por segunda vez y se está discutiendo, porque a lo mejor es nulo. Y si es nulo, tendrá toda nuestra bendición, porque se declararía nulo a través del Tribunal Supremo, que es el órgano que lo puede hacer, y no la Cámara legislativa, que está diciendo, como apunta el senador Zubía, que el procedimiento es nulo porque estos hechos son irrefutables. Pero es que en este caso no lo dice un tribunal jurisdiccional. Por tanto, ese orden legal, cuando tenemos que conectar el pasado con el presente, lo tienen que determinar los tribunales. Y cuando se manifiesten los tribunales, lo aplaudiremos.
Hay tal cantidad de asuntos que no es bueno individualizar. Hay que tratarlos en su conjunto. No es algo que nosotros afirmemos. Hay muchas afirmaciones. Hay afirmaciones hasta del presidente del Gobierno cuando dice que no es partidario de la anulación de la sentencias dictadas por el Tribunal Supremo. Lo dice el presidente del Gobierno. Dice , además, que supondría una ruptura del ordenamiento constitucional y del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, si no hay una revisión en cadena de todos los juicios planteándonos una remisión a ese orden legal en la dictadura, entonces no los individualicemos. Planteemos una ley, un acuerdo o algo que sea consensuado con los demás. Esta es la posición que en principio también la Vicepresidenta del Gobierno ha manifestado, así como el Fiscal General del Estado y el Fiscal Herrero Tejedor. Vayamos al análisis en su conjunto en el plano político, que es lo que yo he intentado explicar, y llevemos los casos individualmente ante los tribunales de justicia que son los únicos que pueden anular la eficacia de cosa juzgada en una sentencia, más allá de la opinión que podamos tener nosotros porque aunque nosotros rehabilitemos la memoria si no está anulado el procedimiento la cosa juzgada pervivirá hasta que se anule porque desde el plano político - y sería una monstruosidad jurídica- no podemos anular la sentencia de todo un período de nuestra historia. Esta es la única razón. No reabramos más casos porque dentro de un mes tendremos otro señor y dentro de otro mes otro. El Grupo Parlamentario Socialista ya ha anunciado el voto favorable a todas las revisiones que se puedan plantear de todos los consejos de guerra, que son más de 400. (El señor Mansilla Hidalgo:¡ Yo no he dicho eso!) No lo planteemos de forma individual. Hagámoslo en conjunto. Por nuestra parte el tema se cerró en 2002. En todo caso, si hay que reabrirlo reabrámoslo con consenso, pero no sobrepasemos aquella línea porque si nos arrojamos la historia los unos a los otros no marcaremos bien el camino para las futuras generaciones en convivencia, en paz, en democracia, en libertad y en tolerancia.
Esto es lo único que busca el Partido Popular. No sé si no lo he sabido explicar al principio, pero esto es lo único que busca el Partido Popular. Cerremos de una vez por todas la historia. Coincido plenamente con el señor Casas. No se debe reabrir. Lo que no entiendo es su voto. En todo caso, no se debe reabrir. Nada más y muchas gracias.
Señor Mansilla, tiene un minuto por el artículo 87. El señor MANSILLA HIDALGO: Un minuto puede ser corto, aunque voy a ser muy breve para decir dos cosas si me lo permiten.
El señor MANSILLA HIDALGO: Gracias, señor presidente. En primer lugar, toda la argumentación del Grupo Parlamentario Popular se ha hecho en términos estrictamente jurídicos formales y ni el Grupo Parlamentario Socialista ni esta moción dicen nada de revisión judicial de nada. Estamos hablando políticamente de un hecho que nos parece grave en nuestra opinión porque es verdad que existe el ordenamiento legal, pero también es verdad que existe en función de la situación política impositiva del momento que es a lo que nos estamos oponiendo. Yo aquí no pido revisión judicial alguna. No se trata de eso. Se trata de decir lisa y llanamente que una persona que pensaba de forma distinta al régimen, que peleaba por recuperar la democracia, fue asesinada y que reconozcamos eso con cierta tranquilidad. Eso no da derecho a que el Tribunal Supremo lo revise ciertamente, entre otras cosas porque el Tribunal Supremo solamente lo haría si encontrase razones muy fuertes de que las normas procesales fueron vulneradas; cosa enormemente complicada con el derecho franquista como saben. Yo tuve también la oportunidad de presenciar más de 250 consejos de guerra y todo eso es bastante complicado. En este caso no quiero entrar en esa cuestión porque no es ésta la moción. Aquí no pretendemos hacer eso que estaba diciendo. Esto no revisa la decisión judicial. No todas las personas somos iguales, sino que hay personas que son referencia por muchos motivos y en este caso Julián Grimau es un punto de referencia para un sector de la sociedad de que ocurrió precisamente esto. Que junto a Julián Grimau fueron fusilados mucha más gente, sin duda, pero Julián Grimau era un referente que sirve de ejemplo para todos los que estaban en esa situación. Por eso, no vayamos a las revisiones judiciales, que no es el caso, sino al fondo de la cuestión, a los hechos, que la moción dice lo que dice y no dice lo que usted ha dicho en su última intervención. El señor PRESIDENTE: Gracias.
El señor CASAS I BEDÓS: Gracias, señor presidente. He sido aludido directamente por el portavoz popular. Intervendré con mucha brevedad. El sentido de mi voto es muy claro. Yo no puedo votar en contra de que a Julián Grimau se le meta en el marco de la Ley de Memoria Histórica porque me parece que corresponde, que hay un marco legal y que, además, lo voto con convicción. Otra cosa es que no me haya gustado el tono de la intervención del proponente y que haya derivado el debate a situaciones que pueden ser sectarias y que pueden inducir a equívocos a la opinión pública española. He pedido prudencia. Nada más.
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Con respecto al senador Casas diré que comparto su posición. Pero no podemos rehuir el debate jurídico porque estamos en un debate jurídico y no estamos en un debate meramente político de reconocimiento de una memoria histórica. Mal trabajo vamos a realizar individualizando en una rememoración histórica cuando no hemos anulado un procedimiento y el procedimiento se ha fundamentado en unos hechos. Yo puedo estar en desacuerdo con los hechos. Desde luego, ustedes lo están. Yo no he querido entrar en los hechos. Se hacen afirmaciones que no dicen la sentencia y que no dice el Tribunal Supremo cuando ha afrontado, porque lo ha hecho, la posibilidad de una nulidad del procedimiento realizado en el año 1962 o 1963. Y esto es un debate jurídico que es donde se tiene que centrar el análisis de una causa individualizada (Una señora senadora del Grupo Parlamentario Socialista dice:¡ Es un asesinato y no un debate jurídico!) Porque si evitamos...
El señor GUTIÉRREZ GONZÁLEZ: ... el análisis en conjunto y lo llevamos al camino de la individualización lo tenemos que llevar ante los tribunales porque la Cámara lo que no puede hacer es declarar sobre una persona y no sobre las demás porque eso puede causar perturbaciones. Y no lo digo yo, lo dice la Vicepresidenta del Gobierno cuando habla de que podría ser perturbador un análisis individualizado de las personas más allá de la tarea del poder jurisdiccional. Y por esto votamos en contra, pero conscientes de que hemos votado a favor en 2002 porque fue allí cuando se llegó al consenso. Y nos duele mucho que este consenso se pueda romper porque lo suyo es llegar a declaraciones genéricas y no individuales, aunque les duela, más allá del respeto que le tengo como persona al señor Julián Grimau.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Concluido el debate voy a pasar a dar la lectura a la enmienda porque existe una práctica que yo no comparto en general en el Senado, y por lo menos en mi Comisión voy a ser consecuente y las voy a leer , y es que se presenten enmiendas que no se lean públicamente y que los senadores no conozcan cuando las votan. Es una enmienda de sustitución la que ha defendido el senador Mansilla y ha aceptado el senador proponente que dice literalmente lo siguiente: “ Por la que el Senado insta al Gobierno a proceder, conforme a lo que disponga la ley, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura; actualmente en tramitación parlamentaria a la rehabilitación ciudadana y democrática de la figura de Julián Grimau incluyendo la indemnización que corresponda como hombre que padeció la represión del régimen franquista por defender la libertad y por profesar convicciones democráticas”. Esto es lo que vamos a someter a votación. Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 13; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. Se suspende la sesión que continuará esta tarde a las dieciséis.

References: resolución 
 resolución 
e contrario
 resolución 
 resolución 
 artículo 87