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Timestamp: 2020-08-09 10:29:59+00:00

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La Expropiación Petrolera – Petroquimex
en Temas de Actualidad, Edición 74: Marzo - Abril 2015
Cronología 1938-2015
El presidente Lázaro Cárdenas decidió decretar el 18 de marzo de 1938 la Expropiación Petrolera, uno de los hechos más trascendentes en la historia de México.
La expropiación consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos.
El gobierno creó dos instituciones en junio de 1938: Petróleos Mexicanos, que se encargaría de la exploración, producción y refinación, y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encomendada del mercadeo de petróleo y derivados.
A partir de agosto de 1940 el gobierno resolvió adjudicar a Pemex todo el manejo de la industria.
Con el gobierno de Miguel Alemán Valdés se promovió una campaña de que el capital externo podía participar en la industria petrolera, aunque con intervención marginal.
Sin embargo entre 1949 y 1951 el gobierno mexicano firmó los primeros contratos de riesgo, entre Pemex y pequeñas empresas estadounidenses.
Para 1960 el gobierno del presidente Adolfo López Mateos impulsó una segunda reforma constitucional a fin de prohibir los contratos de riesgo.
De 1960 a 1972 el consumo interno del país se incrementó en un promedio anual de 10%, mientras que la producción solo tuvo un crecimiento de 4.1%.
El gobierno de Díaz Ordaz propuso un incremento en el desarrollo tecnológico de la industria petroquímica nacional y se crearon mecanismos políticos para que el sector privado participara junto con el Estado en la industria petrolera.
En 1966, por primera vez en su historia, Pemex dejó de exportar petróleo, en 1971 fue necesario importar crudo, en un volumen equivalente al 15% del consumo nacional, así como otros productos petrolíferos.
En el sexenio de Luis Echeverría el país recurrió, después de siete años en los que no lo había hecho, a importaciones elevadas de petróleo y sus derivados entre 1971 y 1974.
En 1973 México recuperó su autosuficiencia petrolera.
Los últimos años del sexenio de Echeverría se caracterizaron por la gran inversión en la industria petrolera, pero también por el derroche y sobreexplotación del crudo.
México se convirtió en el sexenio de López Portillo en el cuarto exportador mundial del petróleo para beneplácito de EU.
El presidente Miguel de la Madrid Hurtado enfrentó el descenso en la demanda del petróleo a nivel internacional lo que provocó severos daños a la economía nacional.
Carlos Salinas conformó el nuevo modelo empresarial de Pemex y aprobó su Ley Orgánica, que estableció las subsidiarias: Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica.
El sexenio de Ernesto Zedillo inició con una severa crisis de la economía mexicana, que afectó rotundamente los planes para el rubro petrolero en su programa presidencial.
En el periodo de Vicente Fox Pemex puso en marcha los contratos de servicios múltiples que permiten a una empresa extranjera explorar, extraer, procesar gas natural, elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos.
Felipe Calderón impulsó la reforma energética de 2008 que resaltó la necesidad urgente de abrir la industria petrolera al capital privado y hacer alianzas estratégicas con otras compañías.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsó y finalmente se aprobó una nueva reforma energética, que establece la posibilidad de que el Estado otorgue asignaciones o contratos a Pemex, e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas.
Luego de la intransigencia de parte de las empresas petroleras para negociar un contrato general de trabajo con el recién creado Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el presidente Lázaro Cárdenas decidió decretar el 18 de marzo de 1938 la Expropiación Petrolera, uno de los hechos más trascendentes en la historia de México.
El anuncio de la expropiación se daba después de que el presidente Lázaro Cárdenas mantuviera reuniones privadas con los representantes y dueños de las compañías implicadas, con el fin de mediar y llegar a una solución que beneficiara a ambas partes. A las 8 de la noche del 18 de marzo de 1938, el presidente Cárdenas se reunió con su gabinete y dos horas más tarde se escuchaba en la radio del país el anuncio dado por el jefe del ejecutivo, el cual decía que las compañías petroleras serían nacionalizadas por haberse negado a cumplir con las leyes nacionales.
Cabe recordar que al crearse en 1935 el STPRM, una de sus primeras exigencias fue un contrato colectivo de trabajo para que los trabajadores recibieran los mismos beneficios laborales como salarios, prestaciones sociales, servicio médico, entre otras cosas por parte de todas las empresas, ante lo cual el gobierno intervino pero fracasaron dichas negociaciones.
La expropiación consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras para convertirse en propiedad de los mexicanos. Entre ellas figuraban Mexican Petroleum Company of California, Compañía Mexicana de Petróleo El Águila y la Compañía Exploradora de Petróleo la Imperial S.A., que hoy forman las más grandes corporaciones internacionales de comercialización del “oro negro”.
Esta decisión dejó absorta a la población y su apoyo se hizo presente. Hubo dos grandes marchas en la ciudad de México que manifestaron el respaldo de los mexicanos: la del 23 de marzo, a la que asistieron casi cien mil personas y la del 12 de abril, que se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes y que tuvo como peculiaridad la participación de mujeres de todos los sectores sociales dispuestas a cooperar para pagar la deuda que se tenía con las compañías.
Luego de la expropiación se fue conformando una industria nacional, por lo que el objetivo principal por parte del gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho fue saldar el pago de indemnizaciones a las empresas expropiadas.
Las empresas petroleras afectadas por la expropiación exigían al gobierno de su país que los indemnizara con una cantidad de 450 millones de dólares (mdd), lo que representó una suma exorbitante para el gobierno, que a su vez enfrentaba el problema de la Segunda Guerra Mundial, esto en 1941. Por lo tanto, el gobierno estadounidense aceptó tácitamente que el petróleo del territorio mexicano era exclusivo de México.
Se llegó a acuerdos para hacer un pago global de 40 millones de dólares en varios plazos por parte del gobierno mexicano para liquidar una deuda de la que ya se habían pagado 3 mdd. Esta consecución de llegar a buenas relaciones con el gobierno de EU permitió al gobierno mexicano tener el control absoluto sobre el petróleo nacional.
Asimismo existía el propósito de conformar un sistema racional a escala nacional; la industria que el gobierno había nacionalizado necesitaba de una gran reorganización.
Concentrar y coordinar toda la infraestructura de las compañías expropiadas resultó un problema demasiado complejo que el gobierno intentó resolver creando dos instituciones en junio de 1938: Petróleos Mexicanos (Pemex), que se encargaría de la exploración, producción y refinación, y la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, encomendada del mercadeo de petróleo y derivados, tanto de Pemex como de la Administración General del Petróleo Nacional (AGPN), dentro y fuera del país. Pemex y la Distribuidora contaban con consejos de administración separados conformados cada uno por un gerente general y varios miembros representantes de las secretarías de gobierno, la AGNP y el sindicato de trabajadores. Con esta triple organización surgieron una serie de problemas internos que el gobierno resolvió adjudicando a Pemex todo el manejo de la industria a partir de agosto de 1940.
Con el gobierno de Miguel Alemán Valdés se promovió una campaña de que el capital externo podía participar en la industria petrolera, aunque en ese documento se pedía que dicha intervención fuese marginal, que no se tocaran los grandes campos, ni la refinación, ni la comercialización del combustible y por supuesto tampoco la propiedad sobre los depósitos. Sin embargo entre 1949 y 1951 el gobierno mexicano firmó los primeros contratos de riesgo, entre Pemex y pequeñas empresas estadounidenses, quienes se comprometían a explorar y perforar pozos en zonas previamente acordadas y si éstas eran productivas, Pemex concedía a las empresas un plazo de exploración y perforación de diez a 15 años, y pactaba el reembolso de las cantidades invertidas con límite de tiempo y otorgaba a la empresa un beneficio equivalente a 15% o 18% del valor del combustible, en efectivo o especie durante 25 años.
De 16 contratos acordados solo se llevaron a cabo cinco contratos de ventas, mediante los cuales Pemex se comprometía a la venta total o de una parte de la producción del porcentaje correspondiente a éste.
Para 1960 el gobierno del presidente Adolfo López Mateos impulsó una segunda reforma a los párrafos cuarto, quinto, sexto y séptimo del artículo 27 constitucional, así como a los artículos 42 y 48 de la ley fundamental, a efecto de disponer que en materia de petróleo no se otorgaran contratos ni subsistieran los que se habían otorgado.
Tal reforma elevaba a rango constitucional la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional de 1958 que había determinado que solo la nación podía llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos que constituyeran la industria petrolera. El propósito de tal reforma fue prohibir los contratos de riesgo y el de perfeccionar el principio jurídico consistente en que solo a la nación correspondía la exploración de los hidrocarburos en las distintas fases de la industria petrolera.
Tratando del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.
Cabe recordar que de 1960 a 1972 el consumo interno del país se incrementó en un promedio anual de 10%, mientras que la producción solo tuvo un crecimiento de 4.1%. En 1966, por primera vez en su historia, Pemex dejó de exportar petróleo, en 1971 fue necesario importar crudo, en un volumen equivalente al 15% del consumo nacional, así como otros productos petrolíferos. En 1973 México recuperó su autosuficiencia petrolera. Con el descubrimiento de los campos petroleros de la zona de Reforma, Chiapas, en 1974 se alcanzó la cifra de 209.8 millones de barriles, finalmente se rompió el récord de producción de 1921. En 1982, con las perforaciones de la sonda de Campeche el volumen de producción anual fue de 1002 millones de barriles, en 1983 Pemex exportó el 58% de su producción.
Tras la cancelación de los contratos de riesgo celebrados en el sexenio anterior, el gobierno de Díaz Ordaz propuso un incremento en el desarrollo tecnológico de la industria petroquímica nacional para motivar así la producción de derivados del petróleo, exportarlos y levantar la economía del país tras un enorme endeudamiento del sexenio anterior.
De esta forma se siguieron creando mecanismos políticos para que el sector privado participara junto con el Estado en la industria petrolera. Para agosto de 1965, el gobierno fundó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), y en general, impulsó a la industria petrolera para sentarla como base de la economía nacional.
En este sexenio se registró una crisis en el sector petrolero a nivel internacional, la economía capitalista mundial estuvo en riesgo por el alza en los precios del petróleo y por el embargo petrolero a los Estados Unidos que habían impuesto los países miembros de la OPEP.
La crisis mundial en México generó fracturas en el modelo de industrialización nacional respaldado por la sustitución de importaciones. Asimismo a pesar del aumento en la producción del crudo, el país recurrió, después de siete años en los que no lo había hecho, a importaciones elevadas de petróleo y sus derivados entre 1971 y 1974.
En 1974 México se adhirió entusiastamente a la Agencia Internacional de Energía liderada por EU y algunos países europeos, nuestro país ofreció incrementar la producción y exportación de crudo a cambio de importantes empréstitos. Los últimos años del sexenio se caracterizaron por la gran inversión en la industria petrolera, pero también por el derroche y sobreexplotación del crudo.
En este gobierno se aumentó considerablemente la producción del crudo para la exportación. El presidente José López Portillo decía que la tarea del país en el futuro iba a consistir en administrar la abundancia. No obstante, el sexenio terminó en crisis financiera sin precedentes. Por un lado, la deuda externa ascendió a casi 90 mil millones de dólares, mientras que el país pasó a ser el cuarto exportador mundial del petróleo para beneplácito de EU.
La gran producción de petróleo de esos años abarató, en la parte final del sexenio, los pecios del crudo en el mercado mundial. La economía mexicana se petrolizó, y cuando los precios del petróleo y de otras materias descendieron el gobierno no pudo sostener la estabilidad económica, el peso se devaluó y muchos capitales abandonaron el país.
El presidente Miguel de la Madrid Hurtado enfrentó el descenso en la demanda del petróleo a nivel internacional lo que provocó severos daños a la economía nacional. La situación fue crítica a nivel internacional durante su sexenio, debido a que existieron algunos conflictos que propiciaron también una caída en el precio del petróleo, tales como la guerra entre Irán e Irak.
Los ingresos por exportación descendieron drásticamente para 1985, debido a que en 1984 fueron de 16 mil millones de dólares y al siguiente año bajaron 1600 millones de dólares, 800 millones de dólares por la baja del precio de este recurso y los otros 800 millones de dólares por la disminución del volumen vendido.
En este sexenio se conformó el nuevo modelo empresarial de Pemex. Durante este gobierno se revoca la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos de 1971, y se aprueba en sustitución una nueva denominada Ley Orgánica de Pemex y organismos Subsidiarios, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1992. Dicha ley estableció cuatro subsidiarias: Pemex-Exploración y Producción, Pemex Refinación, Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica. Esta división expresa la desintegración paulatina del organismo descentralizado.
Durante estos años se estancó la inversión pública en la industria petrolera y se le sustituyó por capital extranjero. En las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se pactó la apertura de la petroquímica y la electricidad de manera peculiar, se preparó en este sexenio la apertura del gas y el gobierno impulsó la creación de la Comisión Reguladora de Energía, en tanto en electricidad se comenzó a permitir la entrada de empresas extranjeras.
Su sexenio inició con una severa crisis de la economía mexicana, que terminó por afectar rotundamente los planes que se tenían para el rubro petrolero en su programa presidencial. La devaluación y la crisis obligaron al gobierno mexicano a solicitar el apoyo internacional, de esta forma el gobierno firmó el Acuerdo Marco con los Estados Unidos, que violó el artículo 73 de la constitución y limitó la soberanía, garantizó el pago de la deuda con el petróleo y los hidrocarburos y obligó al gobierno mexicano a entregar a los EU toda la información estratégica de Pemex.
En este sexenio siguieron las modificaciones en el funcionamiento de la industria petrolera, se intentó establecer una reforma energética para hacer más competitivo sobre todo al sector petrolero del país.
En este periodo Pemex puso en marcha los contratos de servicios múltiples que permiten a una empresa extranjera explorar, extraer, procesar gas natural, elaborar gas metano y otros petroquímicos básicos. En el gobierno de Vicente Fox se asignaron cinco contratos de servicios múltiples y en el de Felipe Calderón se firmaron tres. Con Fox se dejó a Pemex fuera de la industria del gas natural licuado, ya que a Pemex no se le permitió participar en diversas licitaciones realizadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para abastecer con este combustible a varias zonas del país. En este sexenio se admitió la entrada masiva libre de aranceles de destilados de hidrocarburos de EU y de Canadá. Además se aceleró la extracción del crudo para la economía de los EU.
En este sexenio se impulsó la reforma energética de 2008, la cual consistía en diversas modificaciones a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, así como la expedición de cuatro nuevas leyes: Ley de Petróleos Mexicanos, Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética y Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Esta reforma resaltó la necesidad urgente de abrir la industria petrolera al capital privado y hacer alianzas estratégicas con otras compañías, para poder incursionar en aguas profundas en busca del crudo” bajo el mar e incrementar la capacidad de refinación, entre otras cosas.
La propuesta fue reformar las capacidades jurídicas de Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios para realizar contratos con terceros para auxiliarse en su actividad industrial.
La propuesta hizo énfasis en el estado casi agónico de Pemex; la caída en la producción de crudo y las reservas y la necesidad de incursionar en aguas profundas; la insuficiencia en la capacidad de refinación y la urgencia de construir refinerías nuevas; la falta de tecnología emergente, de experiencia y de capital para invertir en exploración de aguas profundas. La solución planteada por el Ejecutivo fue entonces la de recurrir al capital privado y a las alianzas estratégicas.
El 28 de noviembre de 2008 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los siete decretos que integraron la reforma energética. La Reforma hizo ajustes a los artículos 25 o del desarrollo sustentable y la propiedad de áreas estratégicas, el 27, de la propiedad de tierras y aguas y su transferencia, y el 28, de los monopolios y subsidios.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se impulsó y finalmente se aprobó una nueva reforma energética, la cual establece en el Artículo 28, que la exploración y extracción de petróleo y gas son actividades estratégicas para el país.
En este mismo sentido se reafirma en el Artículo 27 que, tratándose de petróleo e hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos que se encuentren en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible. Consecuentemente, la reforma mantiene la prohibición de otorgar concesiones para la explotación de los hidrocarburos de la nación. Asimismo se establece la posibilidad de que el Estado otorgue asignaciones o contratos a Pemex, e incorpora también la posibilidad de otorgar contratos a empresas privadas.
Además la Reforma establece que las leyes secundarias regularán los tipos de contratos que el Estado podrá utilizar, con el objetivo de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo del país, tales contratos serán entre otros: de servicios, de utilidad o producción compartida, o de licencia. En todos los casos, el Gobierno podrá elegir el tipo de contrato que más convenga al país, dependiendo de las características y ventajas de cada área.
La ley regulará, entre otras, las siguientes modalidades de contraprestación: I) en efectivo, para los contratos de servicios; II) con un porcentaje de la utilidad, para los contratos de utilidad compartida; III) con un porcentaje de la producción obtenida, para los contratos de producción compartida; IV) con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo, para los contratos de licencia, o V) cualquier combinación de las anteriores. El Estado escogerá la modalidad de contraprestación tendiendo siempre a maximizar los ingresos para lograr el mayor beneficio para su desarrollo de largo plazo, mientras se establece que la renta petrolera seguirá siendo 100% para la nación.
Los resultados de dicha reforma siguen siendo poco visibles ante una caída repentina en los precios del petroleo, y un crecimiento lento en la economía nacional.
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References: artículo 27
 artículo 27
 artículo 73
 Artículo 27
 Artículo 28
 Artículo 27