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Timestamp: 2019-09-22 18:41:55+00:00

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C-55 de 1999
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020002746CC-SENTENCIAC55199903/02/1999CC-SENTENCIA_C_55__1999_03/02/1999200027461999Sentencia C-055/99 IGUALDAD LABORAL -Diferencia entre patrono público y privado La protección del trabajo en todas sus formas y la cláusula específica de igualdad en materia laboral implican que la diferencia entre patronos público y privado no es en sí misma un criterio relevante de diferenciación en relación con las prestaciones debidas a los trabajadores. Por ello la Corte considera que en principio no es admisible que la ley establezca diferencias de beneficios jurídicos entre los trabajadores exclusivamente por la distinta naturaleza de los patronos. Así, en varias ocasiones, esta Corporación ha realizado juicios de igualdad entre trabajadores de los regímenes privado y público, como quiera que se considera que la naturaleza jurídica del empleador no excluye prima facie la comparación entre los trabajadores al servicio del Estado y los particulares, y por ende son dos aspectos susceptibles de comparación. PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS TRABAJADOR -Aplicación y configuración de la ley El principio de igualdad de los trabajadores en la aplicación y configuración de la ley, parte de la base de que si bien la existencia de dos regímenes jurídicos es una opción constitucional válida para el Legislador, aquella no significa que la naturaleza jurídica del empleador justifique en sí misma la diferencia de trato entre los trabajadores de los dos regímenes jurídicos. Sin embargo, lo anterior no significa un mandato de parificación y de igualitarismo, pues en determinados casos esa diferencia de patrono puede constituir una justificación relevante para un trato diferente, pero en tales casos el examen constitucional de igualdad por el juez constitucional tiene que ser más riguroso. CONGRESO -Expedición de ordenamientos de índole laboral Considera la Corte que constitucionalmente nada impide al legislador expedir uno o varios ordenamientos en los que consagre las disposiciones que deben regir las relaciones laborales de los trabajadores tanto del sector público como del privado, siempre y cuando respete las normas del estatuto supremo y garantice los principios mínimos fundamentales contemplados en el artículo 53 ibidem, cuya finalidad protectora cubre a todos los trabajadores, cualquiera que sea el régimen al que deban sujetarse. En consecuencia, la decisión de expedir uno o varios ordenamientos de índole laboral es un asunto de técnica legislativa que compete decidir exclusivamente al Congreso de la República, dentro de la facultad que tiene de hacer las leyes y de expedir códigos en todos los ramos de la legislación. LEGISLADOR -Establecimiento de regímenes diferenciados en materia laboral El artículo 53 del estatuto superior no pretende una ciega unificación normativa en materia laboral que desconozca la facultad del legislador de establecer regímenes diferenciados mas no discriminatorios, atendiendo a las particularidades concretas de las relaciones de trabajo que se pretenden regular. Su finalidad es la de exigir al legislador la consagración uniforme en los distintos regímenes de los principios mínimos fundamentales que protegen a los trabajadores y la manera de garantizarlos, en aras de hacer efectivo el principio de igualdad ante la ley. Referencia: Expediente D-2125 Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º parcial del Código Sustantivo del Trabajo.
Gabriel Alonso Palencia CruzCONSTITUCIONALIDADCarlos Gaviria DíazDemanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º parcial del Código Sustantivo del Trabajo.D2125Identificadores20020002747true12859Versión original20002747Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 3º parcial del Código Sustantivo del Trabajo.
"Artículo 3. Relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de derecho individual del trabajo de carácter particular, y las de derecho colectivo del trabajo, oficiales y particulares.
De otra parte, en el artículo 150-23 ibidem, se le confieren facultades al legislador para "dictar las leyes que han deregir el ejercicio de las funciones públicas". En los artículos 122 y ss se regula la función pública, y en el artículo 150-19-e-f se establece que corresponde a la ley dictar las normas generales a las que ha de sujetarse el Gobierno para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos y las prestaciones mínimas de los trabajadores oficiales.
Tales diferencias no dependen únicamente de la naturaleza del vínculo laboral -contrato de trabajo para los particulares y relación legal y reglamentaria para los servidores públicos-, sino también de otros factores como las necesidades que se busca satisfacer -públicas por un lado, privadas por el otro-, de los intereses que se protegen -interés general en contraposición al interés particular-, de la calidad de las partes que participan en cada evento -el Estado empleador frente al empresario privado-, y de las funciones que cumplen los diferentes estamentos dentro de la sociedad -funciones públicas versus funciones privadas-.
Inclusive el mismo Código Sustantivo del Trabajo, materia de acusación parcial, reconoce la existencia de estatutos especiales para los servidores públicos, como se lee en el artículo 4: "Las relaciones de derecho individual del trabajo entre la administración pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas de obras públicas y demás trabajadores del Estado, no se rigen por este código sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten". Disposición que guarda concordancia con lo dispuesto en el artículo 492 del mismo ordenamiento.
"La voluntad del Constituyente en esta materia es, por el contrario, que toda disposición legal anterior o posterior al cambio constitucional de 1991, se ajuste en sus contenidos a los mencionados principios mínimos fundamentales, y que en adelante se expida una ley que reemplace a los actuales códigos sustantivo y procesal del trabajo, para darle mayor vigor a la legislación vigente.
El constituyente ha dispuesto que se expidaun estatuto del trabajo que a semejanza de un Código Sustantivo y Procesal del Trabajo desarrolle los principios mínimos fundamentales con coherencia y unidad, pero no está en su voluntad impedir que se regulen asuntosrelacionados con la misma materia en otras disposiciones legales; es más, no es admisible, dentro de estos supuestos constitucionales, que las leyes que se ocupen de los asuntos relacionados con la materia laboral, resulten inconstitucionales por la omisión general del Congreso en expedir el mencionado estatuto, o lo que sería lo mismo, que en todo caso la ley respectiva resulte inconstitucional por la ausencia de otra ley general que no ha sido expedida, y que la inconstitucionalidad recaiga sobre una materia que desde todos los puntos de vista resulta conforme con la Constitución."[8]
No sobra agregar que si bien en la Asamblea Nacional Constituyente se propuso en un principio, la expediciòn del estatuto del trabajo por medio de una ley "estatutaria uorgánica", esta propuesta finalmente no fue aceptada.
La Constitución del 91 introdujo una gran transformación en la concepción del trabajo al catalogarlo como un derecho y un deber de toda persona, que goza en sus distintas modalidades de la especial protección del Estado (art. 25 CP.). Uno de los mecanismos instituidos para garantizarlo es indudablemente mediante la expedición de normas generales que, además de regular los aspectos relativos a la prestación individual de servicios, cualquiera que sea el ámbito en que ella se desarrolle, le aseguren al trabajador una vida digna. Con tal fin el constituyente consagró una serie de "principios mínimos fundamentales" que configuran el "suelo axiológico" de los valores materiales expresados en la Constitución alrededor de la actividad productiva del hombre[9], a los cuales tiene que sujetarse el Congreso en su actividad legislativa al igual que el aplicador o intérprete de las disposiciones de ese orden y la sociedad en general.
Estos principios son postulados fundamentales que dan vida al libre desempeño de la actividad personal en condiciones dignas y justas[10], y guardan íntima relación con el funcionamiento mismo del Estado. En efecto, "cuando el constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente de la nuevalegalidad"[11], y que junto con las otras piedras angulares de nuestro sistema económico, a saber, la empresa y la propiedad, el trabajo "cumple una función social"[12].
Es más: son principios esenciales que también se relacionan con la organización política del Estado Social de Derecho, empeñado en "combatir las penurias económicas o sociales y las desventajas de diversos sectores, grupos o personas de la población [v.g. los trabajadores], prestándoles asistencia y protección"[13]; todo esto, a través de herramientas (como las del artículo 53 C.P.), dirigidas a la construcción de las condiciones indispensables "para asegurar a todos los habitantes del país una vida justa dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance"[14]. Se reconoce así el rompimiento de las categorías clásicas del Estado liberal y se centra la atención en la protección de la persona atendiendo a sus condiciones reales al interior de la sociedad[15].
Por otra parte, esas garantías mínimas disfrutan de un particular ámbito de aplicación y preservación; así, el desarrollo de ciertas actividades, genéricamente reunidas tras la denominación de trabajo, y el fin de potenciar las capacidades de la persona "requiere de las autoridades actuar efectivamente para mantener o mejorar el nivel de vida el cual incluye la alimentación, la vivienda, la seguridad social y los escasos medios dinerarios para desenvolverse ensociedad"[16]. Dicho de otra forma, uno de los fines del Estado establecidos por la Constitución es precisamente el de "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política"[17] a través de las autoridades instituidas y los funcionarios competentes.
Exequible la expresión ... ("de carácter particular " ) Artículo 3 CODIGO_SUSTANTIVO DEL TRABAJO_1951_07/06/1951
Exequible la expresión ... Artículo 3 DECRETO_2663_1950_05/08/1950
[1]Sobre el punto también puede consultarse la sentencia C-059 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico No. 4
[2]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico No. 8.1.
[3]M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. Fundamento jurídico No. 4
[4]M.P. Antonio Barrera Carbonell. Fundamento jurídico No. 2.3.
[5]M.P. Carlos Gaviria Díaz. Fundamento jurídico No. 1.
[6]Sent. C-598/97 M.P. Alejandro Martínez Caballero
[7]Gaceta constitucional No. 85
[8]Sent. C-262/95 M.P. Fabio Morón Díaz
[9]Cfr. Sentencia C-479 de 1992.
[10]Cfr. Sentencia T-462 de 1992.
[11]Sentencias T-222 de 1992 y C-546 de 1992, entre otras.
[12]Además de la ya citada C-479 de 1992, puede consultarse con provecho la sentencia C-221 de 1992.
[13]Sentencia T-426 de 1992.
[14]Iibid. T-426 de 1992
[15]De este modo, los derechos fundamentales adquieren una dimensión objetiva, más allá del derecho subjetivo que reconocen a los ciudadanos. Cfr. Sentencia C-587 de 1992.
[16]Cfr. T-426 de 1992.
[17]Sentencia C-587 de 1992.
[18]Ibid. C-587 de 1992.
[19]Ver entre otras als sentencias Nos. SU250/98 (igualdad de oportunidades para los trabajadores), T-311/98 (Remneración mínima vital y móvil), T-411/98 (irrenunciabilidad de derechos mínimos laborales), T-294/96 (conciliación en materia laboral), T-437/94 Principio de favorabilidad laboral), T-286/94 (prevalencia de la realidad sobre las formas), C-408/94 Protección a la seguridad social, etc.

References: artículo 53
 artículo 53
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 150
 artículo 150
 artículo 4
 artículo 492
 artículo 53
 Artículo 3
 Artículo 3