Source: http://cronologiadelsecreto.blogspot.com/2006/
Timestamp: 2018-05-27 13:37:14+00:00

Document:
CRONOLOGIA DEL SECRETO: 2006
Secretismo 2006
Estas primeras semanas de este año 2006 han mostrado señales de que el debate en torno al secretismo y la información pública entro en una nueva etapa. En efecto, mientras estuvo vigente el regalmento de secreto de los actos y documentos públicos, todos los esfuerzos ciudadanos se concentraron en obtener su derogación, lo que en definitiva ocurrio a principios de año. Sin embargo, a partir de ese importante hito, han ocurrido ciertos hechos de connotación pública que dan cuenta de otras aristas del problema que deben ser abordadas.
En este sentido, polémicas como las ocurridas con la licitación de la vacuna DPT y la insulina "wosulin", la licitación del Mineduc de los sitemas informaticos con la consultora Cofisa (que adjudicaron de manera errónea los créditos con aval del estado), y la excesiva alza de las contribuciones de predios no agrícolas (respecto de las cuales no se sabe la metodología que uso el SII), por solo mencionar los casos más importantes, permiten afirmar la existencia de prácticas secretistas dentro de la administración del estado que seguiran vigentes de no mediar un cambio cultural.
Además, es de preveer que dichas prácticas asumirán formas cada vez más complejas, por lo que el acceso a los criterios y metodologias usados asumirá una importancia crucial en esta materia.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 13:30 2 comentarios:
Segpres distribuye a los Servicios guía con reglas sobre acceso a la información
Les hacemos llegar el texto del oficio ORD (DJ) Nº 072-2006 de Segpres, de fecha 24.01.06, que complementa las orientaciones en materia de transparencia y publicidad de los actos de la Administración contenidos en el Oficio ORD (DJ) Nº 914-2005, y que contiene además como anexo la "Guía de reglas y criterios aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa".-
La confección de esta guia habia sido anunciada en el oficio respuesta a la presentación efectuada por la Red Proacceso a la Información Pública, Foro Chileno por la Libertad de Expresión y Participa, en noviembre del año pasado, en la que se solicitaba se declarara la derogacion tácita del reglamento de secreto desde el momento en que entró en viegencia el nuevo artículo 8º de la Constitución. Dicha derogación fue reconocida mediante el D.S. 134/Segpres, publicado en el Diaio Oficial de fecha 05.01.2006.-
Bajar "Guía de reglas y criterios aplicables en materia de publicidad y acceso a la información administrativa" aquí .
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 20:17 No hay comentarios.:
En esta carta la director publicada hoy en La Tercera, Jaime Bellolio plantea, entre otros temas, el que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.-
El 15 de enero concluyó el proceso presidencial, todo un ejemplo de cultura cívica para el país y América Latina. Los canales de televisión chilenos y Anatel contribuyeron al éxito señalado, informando las posturas de los candidatos, difundiendo sus declaraciones, cubriendo sus campañas y transmitiendo gratuitamente las dos tandas de franja electoral, además de convocarlos a dos debates televisivos.
Este proceso, sin embargo, no puede agotarse en la cobertura del acto electoral. Es necesario recoger los lineamientos de los candidatos y sus equipos acerca de los temas más importantes de la televisión chilena: libertad de expresión, acceso a la información pública, delimitación entre lo público y lo privado y despenalización de las figuras de responsabilidad de los medios de comunicación.
En el caso de la Presidenta electa, dichas directrices formarán parte de su agenda de gobierno y materializarlas será un desafío durante los próximos cuatro años. El candidato Piñera, en la medida que continúe en el servicio público, esperamos que siga apoyando las iniciativas que vayan en beneficio de la libertad informativa.
Quizás nunca antes hubo tanta coincidencia en los distintos sectores políticos, en cuanto a que la transparencia y la lucha contra todo tipo de corrupción pasan necesariamente por un fluido acceso a la información pública.
La libertad para informar y la creación de figuras modernas de responsabilidad que eviten ver a periodistas o directores acusados penalmente o privados de libertad son considerados en Chile como hitos de una democracia moderna y vigorosa.
Los conflictos deben ser resueltos por los tribunales, pero no son la base para desconfiar y limitar a los medios que ejercen sus labores legítimamente. Por ello, el período que se avecina exige del gobierno y las instituciones del país esfuerzos para lograr que los medios y especialmente la televisión sean no sólo un instrumento de información y entretención, sino una eficaz herramienta de ejercicio de derechos, de control de los poderes públicos y de responsable expresión de las ideas.
El sentido e importancia de estos principios los hemos hecho ver en reiteradas ocasiones a la opinión pública y los seguiremos defendiendo e impulsando con igual fuerza en el futuro.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 14:54 No hay comentarios.:
El Ministerio de Educación rechazó ayer informar sobre la existencia o no de otros contratos con la consultora de Christian Larraín, Cofisa S.A. El propio economista declaró a los medios que no tenía más vínculos contractuales con la secretaría de Estado que los informados: una asesoría en 2004 por $ 3 millones y dos contratos en 2005 para diseñar e implementar el modelo crediticio -por $ 12 y 16 millones- entre los cuales fue nombrado director ejecutivo de la Comisión Administradora de Créditos para Estudios Superiores (La Tercera, 26 de enero). -
Tras conocerse los contratos, la Contraloría investiga el alcance de estos pagos. Larraín señaló que "me parece fantástico porque no tenemos nada que ocultar".
A una consulta de La Tercera sobre si había otros contratos con Larraín -y, en caso afirmativo, cuáles eran los conceptos, duración y monto de los mismos-, la secretaria de Estado respondió que no se entregará ninguna información mientras "sea materia de revisión de Contraloría". El abogado Moisés Sánchez, encargado del área legal de Proacceso, dijo que "no hay motivo ni resolución administrativa que ampare la reserva de estos antecedentes por parte del ministerio".
Al no existir un sumario de Contraloría, los datos quedan afectos al artículo 8° de la Constitución, que define como públicos todos los actos del Estado.
Ir a noticia aqui
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 11:58 No hay comentarios.:
Los problemas de transparencia y secretismo que se generaron a propósito del error (inexcusable por cierto) en la asignación de los créditos con aval del Estado, dieron pie a la publicación en estos último dias de varios artículos y columnas de opinión, especialmente en La Segunda y La Tercera:
Presidente de Inacap cuenta como logró romper el Secretismo
(La segunda version impresa 23.01.2006)
Transparencia y error en créditos a educación superior
(la Tercera 24.01.2006)
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 22:04 No hay comentarios.:
En relación con el crédito para estudiantes con aval del Estado, si bien está claro que hubo un error en la asignación, no queda claro si este se debió a la aplicación de un crietrio discrecional o si bien si se trató de un "simple error computacional", lo que en cualquiera de los casos constituye una negligencia inexcusable.
De manera ejemplar, se me ocurre que las personas afectadas podrían solicitar al Ministerio que les haga entrega de la información de los recursos que se entregaron a las 100 personas que aparecen dentro de la lista de benficiados con los ingresos más altos. Eso podría ayudar a esclarecer más la discusión, y a dimensionar la entidad del error.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 16:31 No hay comentarios.:
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 15:37 No hay comentarios.:
Secretismo en las calificaciones de los ministros de Corte
La semana pasada fuimos testigos de la negativa de la Corte Suprema de entregar las calificaciones del ministro Carlos Cerda Fernandez a la comisión de constitución del Senado, situación que fue "salvada" por el propio ministro que solicitó autorización para llevarlas personalmente.
La resolución de la Corte Suprema fue escueta, y se limitó a señalar que tal reserva "fluye" de los artículos 274 y 276 del Código Orgánico de Tribunales. Sin embargo, un detalle no menor es la existencia de importantes votos disidentes (cuyo contenido no conocemos), lo que da cuenta de que dicha opinión no es sólida. En este sentido, algunos juristas plantean que la reserva que tratan esos artículos solo se refieren al proceso de generación de calificaciones, y que por lo tanto dicha información debería tener carácter público.
La verdad es que en momentos en que el país se compromete cada día más con la transparencia, resulta contradictoria y anacrónica la postura de este Alto Tribunal, que viene a poner trabas a la posibilidad de generar un debate público respecto del perfil, opiniones y méritos de los candidadatos que son postulados. Por ello, la posición del ministro en cuanto a permitir el acceso a sus calificaciones a la comisión no sólo habla bien de él, sino que es un ejemplo del espíritu que deberá animar la judicatura en esta nueva etapa, de mayorn participación y transparencia.
Suprema autorizó a ministro Cerda a enviar sus calificaciones al Senado
Corte Suprema define cambios del "gobierno judicial"
J.M. Vivanco: "Hay jueces que se resisten a terminar con el secretismo"
Ministro Bates también desea transparentar el Poder Judicial
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 11:56 No hay comentarios.:
La Comisión de Constitución del Senado debiera recibir hoy en Valparaíso al juez Carlos Cerda antes de decidir respecto de su ratificación para asumir como ministro de la Corte Suprema. Resulta, sin embargo, una incógnita si el procedimiento general de ratificación se atendrá o no a lo dispuesto en el nuevo Artículo 8 de la Constitución, el cual establece el criterio de publicidad para todos los actos del Estado.-
Desde que se promulgara el nuevo texto de la Constitución en agosto pasado, el Senado ha votado la ratificación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos y el Consejo del Banco Central. En aquellas instancias el voto secreto ha predominado.
Coincidentemente, por estos días se debate en el Senado de Estados Unidos la nominación del juez Samuel Alito a la Corte Suprema de ese país. No es el objeto de esta columna analizar el fondo de los debates respecto de ambas nominaciones. Lo que se intenta resaltar, en cambio, son las diferencias en ambos procedimientos. Y las distinciones fundamentales en este caso dicen relación con la transparencia y la participación ciudadana.
La Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos realizó audiencias públicas la semana pasada para conocer a fondo la posición del juez Samuel Alito respecto de temas de gran interés público, y la prensa ha dado una amplia cobertura a este proceso. Por televisión se ha podido seguir el transcurso de las audiencias y en las páginas editoriales de los principales diarios del país se ha generado un amplio debate.
Es posible experimentar, a la distancia, la sensación de verdadero escrutinio público respecto del proceso para su ratificación y ha sido posible constatar su carácter eminentemente público y transparente. The New York Times informó hace algunos días que los senadores Arlen Specter (republicano), presidente de la Comisión de Justicia, y Patrick J. Leahy (demócrata) aseguraron al nominado juez Alito "un trato justo antes de decidir su voto, pero le han advertido que, antes de darle sus votos, debe convencerlos a ellos y, por tanto, al pueblo estadounidense de que merece tener un asiento en la Suprema Corte". Podemos decir que, de igual forma, los representantes en el Congreso deben convencer al pueblo estadounidense de que la decisión que tomen será la correcta.
Durante todo el proceso en cuestión, el diálogo entre los senadores de la Comisión de Justicia del Senado de Estados Unidos ha sido directo y franco. En la página web de la Comisión de Justicia, por otra parte, se puede revisar el currículum completo del juez, así como sus sentencias y su declaración patrimonial. El juez Alito declara poseer una casa avaluada en US$ 869.500 e inversiones financieras por un monto de US$ 788.750. Con estos y otros tantos antecedentes públicos, los representantes de los ciudadanos estadounidenses en el Senado podrán votar dentro de los próximos días (está anunciada la votación en sala para el 31 de enero) y los ciudadanos no sólo podrán saber cómo votaron sus parlamentarios, sino que tendrán a la mano los mismos antecedentes que ellos.
El proceso de votación respecto del nombramiento del juez Carlos Cerda se produce en un punto de inflexión en nuestra cultura de secretismo. Está en manos de nuestros parlamentarios y del Poder Judicial decidir si el procedimiento será más transparente que los vistos hasta ahora.
Proacceso, en conjunto con diversas organizaciones civiles, instituciones académicas y ciudadanas ha enviado hace pocos días una carta a la Comisión de Constitución de nuestro Senado, solicitando que la audiencia de hoy tenga carácter público. Confiamos en que nuestra solicitud será acogida favorablemente, pues creemos que las utilidades que los estadounidenses han reconocido en la transparencia de sus procesos públicos -ejemplificada en el proceso de ratificación del juez Alito- también debiesen beneficiar al sistema político chileno.
Secretismo: Chile vs. EEUU (La Tercera 18.01.2006)
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 10:03 No hay comentarios.:
Transparencia en el Poder Judicial, por Laureano Checa
La inquietud de la nueva presidencia de la Corte Suprema en torno a eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que está dibujando la propia Constitución.-
La decisión de la nueva presidencia de Corte Suprema —que a partir de enero estará encabezada por Enrique Tapia— de relevar el tema de la transparencia en el Poder Judicial abrió un debate enriquecedor y que puede arrojar grandes frutos para la democracia chilena.
No han sido pocas las veces en las que se ha cuestionado el excesivo secretismo que ronda los tribunales, así como tampoco es extraño que la Justicia chilena haya salido mal parada en los dos últimas mediciones sobre acceso a la información que se presentaron este año.
En mayo la Corporación Participa presentó un estudio realizado junto a Open Society Justice Initiative en 10 países. La investigación midió el nivel de respuesta que tuvieron 140 pedidos de información efectuados a 5 ministerios (Justicia, Hacienda, Defensa, Mideplan y Secretaría General de la Presidencia) a los que se agregó la CONAMA, dos instituciones del Poder Judicial (Corte Suprema y Juzgado Civil Nº1), dos empresas prestadoras de servicios al Fisco (Aguas Andinas y Megavisión) y 8 Municipios (Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Lo Prado, Lo Espejo, Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda). En dicho sondeo Chile ocupó el último lugar en el ranking de solicitudes de información sin respuesta, con un 69% de peticiones omitidas.
En Poder Judicial estuvo claramente sobre la media: no respondió ninguno de los pedidos. De las 14 solicitudes de información, no se respondieron 12, una se redirigió a otro servicio y la restante ni siquiera se pudo entregar formalmente. Este sondeo se realizó únicamente con pedidos en la Corte Suprema (7 omisiones, una solicitud no recibida) y en el Juzgado Civil Nº1 de Santiago (7 omisiones, una transferencia a otro servicio).
El segundo estudio fue el II Barómetro de Acceso a la Información, realizado por la Universidad Diego Portales y la Asociación Nacional de la Prensa, que se presentó el 30 de noviembre de 2005. Se trató de una encuesta hecha a periodistas sobre su percepción respecto de la entrega de la información por parte de las “fuentes noticiosas”, un concepto que abarcó a los tres poderes del Estado, empresas públicas, empresas privadas de servicios públicos, fuerzas armadas y de orden público y otros organismos.
En él, la percepción sobre el Poder Judicial (Corte Suprema) fue bastante alarmante. Quedó ubicado en el antepenúltimo lugar (de 51). Fue la peor calificada en cuanto a entrega oportuna de la información, la segunda peor en cuanto a disponibilidad a facilitarla y ocupó el quinto peor puesto en cuanto a confiabilidad de los datos remitidos.
La última de las conclusiones de este informe señala que el " Poder Judicial es la institución pública peor evaluada: este poder del Estado está ubicado dentro de las 3 peores evaluaciones en el ranking general, tanto por la poca disposición, confiabilidad y oportunidad mostrada a la hora de entregar información según la percepción de los periodistas. En la medición del 2004 se ubicó en el último lugar del ranking general de acceso a la información".
Por eso es tan importante que la inquietud de eliminar el secretismo y las trabas a la información en el Poder Judicial, en general, y a la Corte Suprema, en particular, haya nacido la nueva presidencia del máximo tribunal. Es un valioso antídoto contra la percepción de que la Justicia estaba quedando rezagada anacrónicamente en esta materia y pone a la institución en la senda de la transparencia que están dibujando un cuerpo de leyes (algunas en trámite, otras ya aprobadas) y la propia Constitución.
Como siempre, ahora es responsabilidad del Gobierno, el Poder Judicial y los parlamentarios colaborar para que estas palabras se transformen en hechos concretos, y será la ciudadanía la encargada de ayudar para que ello sea así y de controlar que las nuevas disposiciones se ajusten a sus necesidades. La presidencia de la Corte Suprema se autoimpuso la tarea de transparentar la Justicia chilena y es tarea de todos contribuir a que esa visión se instale y perdure.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 12:31 No hay comentarios.:
Comunicado: Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana
Ciudadanía quiere presenciar el debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, donde se analizará la designación del ministro Carlos Cerda como integrante de la Corte Suprema. Se requirió también la posibilidad de canalizar sus consultas a través del presidente de dicha instancia, Alberto Espina (Proacceso, 17.01.2006).-
Mayor transparencia en las decisiones:
Sociedad Civil pide abrir sesiones de nombramientos a la participación ciudadana
La publicidad de las sesiones donde se deciden los nombramientos en el Senado ha evidenciado la carencia de un debate público en torno a la opinión sobre temas de gran interés ciudadano de aquellos candidatos a asumir cargos de alta relevancia. El análisis de lo sucedido en la sala demuestra que las decisiones se resuelven en las entrevistas que sostienen los postulantes en la comisión correspondiente, que no son públicas.
Frente a eso, una docena de representantes de la sociedad civil coordinados por Pro Acceso solicitaron al presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta, senador Alberto Espina, que permita a la ciudadanía tener un mayor conocimiento sobre lo que sucede en esta instancia, dotando de mayor transparencia todo el proceso de designación.
En una carta dirigida a Espina, representantes de ONGs, escuelas de Derecho y Periodismo y profesionales a título personal solicitaron a la comisión que les permitiera asistir a la sesión del día 18 de enero de 2006, donde se estudiará el nombramiento del Juez Carlos Cerda a la Corte Suprema. En caso de que la respuesta sea positiva, se requirió “que se deje constancia en registros de acceso público de la discusión efectuada en esta sesión”, como una forma de sentar un precedente para futuras nominaciones.
También se pidió al senador que canalice una pregunta de la Sociedad Civil al ministro, para que éste se refiera a su “posición respecto al rango jurídico que los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile deben tener en nuestro ordenamiento. Asimismo, (consultarle) en qué medida deben incidir al momento de fallar cuestiones que afectan derechos constitucionales”, indica la misiva.
Los firmantes de la carta son Juan Pablo Olmedo, presidente de ProAcceso; Felipe González, director del Programa de Derechos Humanos e Interés Público, Universidad Diego Portales; Andrea Sanhueza, directora ejecutiva de Corporación Participa; Sebastián Cox, presidente de Corporación ONG Forja; Federico Allendes, de Ciudad Viva; Jorge Osorio, director de Fundación Ciudadana para las Américas; Claudia Lagos, encargada del Programa de Libertad de Expresión del Instituto de la Comunicación e Imagen, Universidad de Chile, y corresponsal del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS); Andrea Vial, directora de la Escuela de Periodismo, Universidad Alberto Hurtado; Pedro Anguita, Escuela de Periodismo, Universidad Santo Tomás; Domingo Lovera y Jorge Contesse, profesores Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales y María José Eva, abogada.
Juan Pablo Olmedo, explicó que esta iniciativa busca aumentar la participación de la ciudadanía en aquellas decisiones que le afectan directamente, mejorando a la vez las herramientas de control ciudadano.
“Hemos detectado que la publicidad de las sesiones en sala no es suficiente, puesto que las decisiones se toman en la comisión a puertas cerradas. Por eso hemos pedido que se nos permita asistir a la comisión el 18 de enero, que la ciudadanía pueda hacer llegar sus consultas y que se fije un precedente, para que la sociedad civil pueda volver a realizar este ejercicio de control ciudadano”, enfatizó.
El presidente de ProAcceso resaltó que una respuesta positiva por parte de la comisión marcará un antes y un después en términos de participación ciudadana, sentando las bases para profundizar, trasparentar y enriquecer nuestra democracia.
Ir a comunicado aqui
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 12:22 No hay comentarios.:
Salmonicultura: Necesidad de generar información pública de sus impactos ambientales
Hoy se publico en "El Mercurio" una Carta de Rodrigo Infante, Gerente General de "SalmonChile A.G.", en la que dando respuesta a las críticas del economista de Oceana Cristian Gutierrez relativas a las deficiencias de la gestión ambiental y laboral del sector, señaló que "Es absolutamente falso que la situación de los ecosistemas se tradujera en costos económicos entre 138 y 270 millones de dólares, como sostiene el economista. Hasta el momento no hay ningún estudio público que acredite que existe daño o alteración en los ecosistemas, ni tampoco ninguna acción relativa al tema que explique los montos a que él alude". Dicho de otra forma, para el no hay daños porque no hay información pública que de cuenta de el.
Lo anterior es sólo un ejemplo, que sirve para demostrar que la ausencia de información respecto de los impactos ambientales en los más importante sectores económicos de Chile (Salmonicultura, Pesca, Bosque, etc), es uno de los grandes temas pendientes. No es posible que Chile no sepa cuantos recursos naturales se "gastan" en las actividades productivas, y por ello es necesario generar información pública (a través de cuentas ambientales u otro sistema) que reflejen el costo de nuestro desarrollo.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 18:21 No hay comentarios.:
Fin del reglamento de secreto: ¿fin del secretismo?
Después de todas las acciones presentadas tanto en Contraloría como en Segpres en contra del secretismo ( y de las cuales ya hemos hablado en extenso en otras oportunidades); la reforma constitucional que garantizó en su nuevo artículo 8º el carácter públicos de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como de los fundamentos y los procedimientos que utilicen; y todo el debate generado en materia de transparencia, finalmente fue dejado sin efecto el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos, mediante el DS 134 de Segpres, publicado en el Diario Oficial el 5 de enero de 2006. Esto, sin duda alguna, constituye una gran victoria ciudadana contra la opacidad.-
Bajar DS 134 SEGPRES aqui
Celebran derogación de decreto sobre reserva de información pública
Emigre 69. the final issue, por Ed Fladung (bajo licencia creative commons)
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 13:36 No hay comentarios.:
En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.-
SANTIAGO, 13 de enero de 2006, (Cronologia del Secreto).- En los últimos días hemos sido testigos de una serie de denuncias de desviación de fondos públicos desde las arcas de INDAP, con presuntos fines electorales, a través de la adjudicación de una serie de contratos a diversas ONGs vinculadas con sectores oficialistas. Sin embargo, nadie ha reparado todavía que la información relativa a estas operaciones ya había sido declarada reservada en el año 2003 por parte de esa misma repartición pública.
En efecto, mediante la resolución administrativa Nº 7/2003, esta repartición declaro reservadas, entre otras materias, las “Auditorias, informes financieros y antecedentes patrimoniales entregados por los beneficiarios y sus organizaciones”, como asimismo las “bases de datos con información crediticia, financiera o de cualquiera otra naturaleza, de los beneficiarios de INDAP”, con lo que se limitó la posibilidad de generar controles de coherencia financiera.
Estas restricciones se establecieron amparándose en el reglamento de secreto y reserva de los actos y documentos públicos (DS 26/2001 Segpres), cuya derogación fue declarada el 5 de enero de este año, en razón de ser incompatible con el principio de publicidad de los actos de las autoridades contenidos en el nuevo artículo 8º de la Constitución, incorporado en la última reforma a la carta Fundamental.
Ahora que dicha norma de secreto ya dejo de estar vigente, y con el fin de evitar posibles ambigüedades interpretativas, se hace necesario avanzar hacia un código de buenas prácticas en esta materia, que nos permita evitar problemas como los comentados en el futuro.
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 11:54 No hay comentarios.:
Publicadas por Moisés Sánchez a la/s 12:09 No hay comentarios.:
Segpres distribuye a los Servicios guía con reglas...

References: artículo 8
 resolución 
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 Artículo 8
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 artículo 8