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Timestamp: 2019-01-17 13:37:25+00:00

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﻿ Sentencia 1999-01215 de marzo 24 de 2011
SENTENCIA 1999-01215 DE 24 DE MARZO DE 2011
CONTENIDO:REALIZACIÓN DE UNA CONDUCTA CRIMINAL DENTRO DE UN CENTRO CARCELARIO. SE QUEBRANTA POR OMISIÓN EL DEBER DE CONTROL Y VIGILANCIA IMPUESTO POR EL ESTADOEN ATENCIÓN A LA POSICIÓN DE GARANTE DEL INPEC, DE LA RELACIÓN DE ESPECIAL SUJECIÓN ENTRE LA AUTORIDAD Y EL DETENIDO RESPECTO DE LA CUAL EL ESTADO ES EL LLAMADO A RESPETAR Y GARANTIZAR LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DEL INTERNO ANTE ACCIONES TANTO DE OTROS RECLUSOS, COMO DE FUNCIONARIOS O PERSONAL DE LA GUARDIA DE LA CÁRCEL.
TEMAS ESPECÍFICOS:INTERNO, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INTERNO
Sentencia 1999-01215 de marzo 24 de 2011
Radicación: 50001-23-31-000-1999-01215-01 (22269)
Actor: María de los Ángeles Reina y otros.
Demandado: Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.
La corporación es competente para conocer del asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en proceso de doble instancia(1), seguido contra la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, en el cual se accedieron parcialmente a las pretensiones de la demanda.
Se advierte por la Sala, que como la sentencia sólo es apelada por la parte demandante, deberá cumplirse lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, de tal manera que el recurso se entiende interpuesto respecto a lo desfavorable al apelante.
El análisis de la impugnación se circunscribirá a los argumentos expuestos y desarrollados por la parte demandante en el recurso de apelación, específicamente en lo que tiene que ver con la inconformidad en determinar la responsabilidad de la entidad demandada en un cincuenta por ciento (50%), el no reconocimiento de los perjuicios morales a la compañera permanente ni a las hermanas del señor Ramiro Reina, ni tampoco el reconocimiento de los perjuicios de orden material.
Con la Carta Política de 1991 se produjo la “constitucionalización” de la responsabilidad del Estado y se erigió como garantía de los derechos e intereses de los administrados(2), sin distinguir su condición, situación e interés(3). Como bien se sostiene en la doctrina,
“La responsabilidad de la administración, en cambio, se articula como una garantía de los ciudadanos, pero no como una potestad(4); los daños cubiertos por la responsabilidad administrativa no son deliberadamente causados por la administración por exigencia del interés general, no aparecen como un medio necesario para la consecución del fin público”(5).
Según lo prescrito en el artículo 90 de la Constitución, la responsabilidad extracontractual del Estado tiene como fundamento la determinación de un daño antijurídico causado a un administrado, y la imputación del mismo a la administración pública(6) tanto por la acción, como por la omisión. Dicha imputación exige analizar dos esferas: a) el ámbito fáctico, y; b) la imputación jurídica, en la que se debe determinar: i) atribución conforme a un deber jurídico (que opera conforme a los distintos títulos de imputación consolidados en el precedente de la Sala: falla o falta en la prestación del servicio —simple, presunta y probada—; daño especial —desequilibrio de las cargas públicas, daño anormal—; riesgo excepcional); adicionalmente a lo anterior, resulta relevante tener en cuenta los aspectos de la teoría de la imputación objetiva de la responsabilidad patrimonial del Estado.
“La Corte Constitucional ha entendido que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación estatal armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho debido a que al Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los administrados frente a la propia administración”(7).
De igual manera, el precedente jurisprudencial constitucional considera que el daño antijurídico se encuadra a los “principios consagrados en la Constitución, tales como la solidaridad (art. 1º) y la igualdad (art. 13), y en la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos, prevista por los artículos 2º y 58 de la Constitución”(8).
Sin duda, en la actualidad todo régimen de responsabilidad patrimonial del Estado exige la afirmación del principio de imputabilidad(9), según el cual, la indemnización del daño antijurídico cabe achacarla al Estado cuando haya el sustento fáctico y la atribución jurídica(10). Debe quedar claro, que el derecho no puede apartarse de las “estructuras reales si quiere tener alguna eficacia sobre las mismas”(11).
En cuanto a esto, cabe precisar que la tendencia de la responsabilidad del Estado en la actualidad está marcada por la imputación objetiva, título autónomo que “parte de los límites de lo previsible por una persona prudente a la hora de adoptar las decisiones”(12). Siendo esto así, la imputación objetiva implica la “atribución”, lo que denota en lenguaje filosófico-jurídico una prescripción, más que una descripción. Luego, la contribución que nos ofrece la imputación objetiva, cuando hay lugar a su aplicación, es la de rechazar la simple averiguación descriptiva, instrumental y empírica de “cuando un resultado lesivo es verdaderamente obra del autor de una determinada conducta”(13).
Esto, sin duda, es un aporte que se representa en lo considerado por Larenz según el cual había necesidad de “excluir del concepto de acción sus efectos imprevisibles, por entender que éstos no pueden considerarse obra del autor de la acción, sino obra del azar”(14). Con lo anterior, se logra superar, definitivamente, en el juicio de responsabilidad, la aplicación tanto de la teoría de la equivalencia de condiciones, como de la causalidad adecuada, ofreciéndose como un correctivo de la causalidad, donde será determinante la magnitud del riesgo y su carácter permisible o no(15).
En ese sentido, el precedente jurisprudencia constitucional indica:
“... el núcleo de la imputación no gira en torno a la pregunta acerca de si el hecho era evitable o cognoscible. Primero hay que determinar si el sujeto era competente para desplegar los deberes de seguridad en el tráfico o de protección frente a determinados bienes jurídicos con respecto a ciertos riesgos, para luego contestar si el suceso era evitable y cognoscible(16). Ejemplo: un desprevenido transeúnte encuentra súbitamente en la calle un herido en grave peligro (situación de peligro generante del deber) y no le presta ayuda (no realización de la acción esperada); posteriormente fallece por falta de una oportuna intervención médica que el peatón tenía posibilidad de facilitarle trasladándolo a un hospital cercano (capacidad individual de acción). La muerte no le es imputable a pesar de la evitabilidad y el conocimiento. En efecto, si no tiene una posición de garante porque él no ha creado el riesgo para los bienes jurídicos, ni tampoco tiene una obligación institucional de donde surja un deber concreto de evitar el resultado mediante una acción de salvamento, el resultado no le es atribuible. Responde sólo por la omisión de socorro y el fundamento de esa responsabilidad es quebrantar el deber de solidaridad que tiene todo ciudadano”(17).
“En la actualidad, un sector importante de la moderna teoría de la imputación objetiva (la nueva escuela de Bonn: Jakobs, Lesch, Pawlik, Müssig, Vehling) estudia el problema desde una perspectiva distinta a la tradicional de Armin Kaufmann: el origen de las posiciones de garante se encuentra en la estructura de la sociedad, en la cual existen dos fundamentos de la responsabilidad, a saber: 1) En la interacción social se reconoce una libertad de configuración del mundo (competencia por organización) que le permite al sujeto poner en peligro los bienes jurídicos ajenos; el ciudadano está facultado para crear riesgos, como la construcción de viviendas a gran escala, la aviación, la exploración nuclear, la explotación minera, el tráfico automotor, etc. Sin embargo, la contrapartida a esa libertad es el surgimiento de deberes de seguridad en el tráfico, consistentes en la adopción de medidas especiales para evitar que el peligro creado produzca daños excediendo los límites de lo permitido. Vg. Si alguien abre una zanja frente a su casa, tiene el deber de colocar artefactos que impidan que un transeúnte caiga en ella. Ahora bien, si las medidas de seguridad fracasan y el riesgo se exterioriza amenazando con daños a terceros o el daño se produce —un peatón cae en la zanja— surgen los llamados deberes de salvamento, en los cuales el sujeto que ha creado con su comportamiento peligroso anterior (generalmente antijurídico) un riesgo para los bienes jurídicos, debe revocar el riesgo —prestarle ayuda al peatón y trasladarlo a un hospital si es necesario— (pensamiento de la injerencia). Esos deberes de seguridad en el tráfico, también pueden surgir por asunción de una función de seguridad o de salvamento, como en el caso del salvavidas que se compromete a prestar ayuda a los bañistas en caso de peligro.
Los deberes institucionales se estructuran aunque el garante no haya creado el peligro para los bienes jurídicos y se fundamentan en la solidaridad que surge por pertenecer a ciertas instituciones básicas para la sociedad. Se trata de deberes positivos, porque contrario a los negativos en los cuales el garante no debe invadir ámbitos ajenos, en éstos debe protegerlos especialmente contra ciertos riesgos(18)”(19).
“Si alguien tiene deberes de seguridad en el tráfico, lo trascendente para la imputación es si esa persona desplegó deberes de diligencia para evitar que el peligro creado no excediera los límites de lo prohibido. Si se es garante, no interesa si el sujeto originó un curso causal (acción) o no impidió el desarrollo del mismo (omisión), sino, si ha cumplido con los deberes de seguridad que le impone el ejercicio de una actividad peligrosa. Vg. Si alguien maneja una represa y el agua se desborda ocasionándole daño a una poblador?, en el juicio de imputación lo sustancial no es si el operario abrió la compuerta más de lo debido (acción) o simplemente no la cerró a tiempo (omisión); lo fundamental es si cumplió o no con los deberes de seguridad que surgían del control de una fuente de peligro. Lo mismo acontece, cuando en virtud de relaciones institucionales se tiene el deber de resguardar un determinado bien jurídico contra determinados riesgos. El padre de familia incumple sus deberes de protección frente a su hijo, no sólo cuando entrega el arma homicida, también lo hace cuando no evita que un tercero le ocasione una lesión mortal. En la actualidad, se afirma que la técnica moderna y el sistema social, hacen intercambiables la acción y la omisión(20). Günther Jakobs ha demostrado que todos los problemas del delito de omisión son trasladables a la acción. Hay conductas activas, socialmente adecuadas, que se convierten en un riesgo jurídicamente desaprobado cuando la persona tiene una posición de garante. Ejemplo: es socialmente adecuado apagar la luz del portón de una casa (acción) aun cuando sea probable que un peatón puede tropezar en la oscuridad; pero se convierte en un comportamiento prohibido (apagar la luz) si el propietario ha realizado una construcción frente a ella, porque al crear una fuente de peligro aparecen deberes de seguridad en el tráfico: alumbrar la obra para que nadie colisione con ella”(21).
En los anteriores términos, la responsabilidad extracontractual del Estado se puede configurar una vez se demuestre el daño antijurídico y la imputación (desde el ámbito fáctico y jurídico), y excepcionalmente procederá cuando el caso lo permita la imputación objetiva(sic). Conforme al anterior esquema, se analizará el caso a resolver.
En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse.
En virtud de dicha circunstancia, esta Sección ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en centros carcelarios, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política.
Así pues, ha puesto de presente que, en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(22), teniendo en cuenta su sometimiento a un régimen jurídico especial, pero correlativamente, al limitar el ejercicio de ciertos derechos, surgen otros de carácter especial que deben ser garantizados por la autoridad competente.
“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(23). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.
“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(24). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(25). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuando quiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”(26) (resaltado por la Sala).
Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado por la muerte del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
De lo anterior se pueden plantear como problema jurídico: establecer si el caudal de pruebas recaudado en el sub lite permite concluir que concurren los presupuestos necesarios para declarar la responsabilidad del Estado por los daños causados al accionante como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones inherentes a la entidad demandada respecto a la vida, seguridad y vigilancia de los reclusos, o si, por el contrario, se acreditaron los elementos necesarios para estimar configurada una eximente de responsabilidad patrimonial a su favor, o la concurrencia de causas para disminuir la obligación indemnizatoria.
La muerte del señor Ramiro Reina el día 25 de abril de 1998 se encuentra debidamente acreditado en los siguientes documentos:
A folio 125 del cuaderno 1 obra copia auténtica del protocolo de necropsia Nº A-236-98 del 26 de abril de 1998, practicada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses —regional oriente—, en la cual se concluyó que la muerte del señor Ramiro Reina obedeció por “(...) choque hipovolémico secundario A laceración de vísceras toraco-abdominales secundarios A heridas arma cortopunzante (...)”.
Así mismo, a folio 152 del cuaderno 1 obra copia auténtica del registro civil de defunción indicando que la fecha y hora de la defunción fue el 25 de abril de 1998 a las 3:00 p.m. y, la causa del deceso se produjo por muerte violenta.
Por otro lado, teniendo en cuenta que la parte actora en la oportunidad procesal solicitó remisión de copia autenticada de la investigación penal adelantada contra las personas que le ocasionaron la muerte al señor Reina o Rojas, y en tal expediente se encuentran las declaraciones rendidas por los reclusos Benjamín Ruiz Beltrán, Jorge Alberto Ruiz Erazo y Yuber Bedoya López, la Sala no valorará tales declaraciones, toda vez que no cumplen con los requisitos previstos en el artículo 185 y 229 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco fueron solicitadas por la parte demandada y/o de forma conjunta por las partes(27).
Respecto de las pruebas documentales allegadas en el presente proceso contencioso administrativo, sí se tendrán en cuenta para efectos de determinar si la responsabilidad del Estado es o no total, o si por el contrario, se presenta un eximente de responsabilidad que reduzca el quantum indemnizatorio a la administración, toda vez que en la oportunidad de contradicción surtida en este nuevo proceso, no fueron objeto de tacha de falsedad (CPC, art. 289).
Así mismo, se tendrá en cuenta el testimonio rendido por el señor Alonso Pérez.
A folio 40 del anexo, obra el informe de los hechos del 25 de abril de 1998, rendido por el inspector Báez Morales Nelson Hernán, oficial de servicio, en el que manifestó:
“(...) me dirigí a su despacho con el fin de informarle que en el día de hoy 25 de los corrientes siendo aproximadamente las 15:00 horas, se me acercó a la guardia externa un individuo que acababa de salir del penal y el cual se encontraba de visita, quien no quiso identificarse manifestándome que no lo hacía por su seguridad y que solo el (sic) quería colaborar con los hechos acaecidos en la tarde de hoy, manifestándome que el (sic) había observado que el interno que lo apodan el chiqui y otro de sudadera gris marca Adidas con zapatillas, mono, joven, fueron los que atacaron a los internos que resultaron heridos durante la visita.
Al hacer la averiguaciones (sic) del caso, se pudo constatar que los internos mencionados por el visitante, corresponden a los nombres de Bermúdez Gutiérrez Arnold Estiven (conocido como el chiqui) y Bedoya López Yuber el cual corresponde con la descripción del visitante informante, al parecer hay otros internos involucrados en estos hechos ya que el informante manifestó haber visto mas (sic) internos en la acción que no recuerda en el momento (...)”.
Dentro del expediente penal reposa copia del informe presentado por el comandante vigilante, señor Romero Nelson, informando lo siguiente: (fl. 40 del anexo)
“(...) Comando de vigilancia. Pase el presente informe suscrito por el inspector Báez Morales Nelson Hernán, donde nos da cuenta que los internos Bermúdez Gutiérrez Arnold Estiven (alias chiqui) y Bedoya López Yuber, presuntamente fueron los responsables de las lesiones a los internos Ramiro Reina o Rojas Jorge Armando y Benjamín Ruiz, el primero de los citados internos falleció en el hospital de la ciudad esto debido a las heridas recibidas en la riña en el patio Sucre de acuerdo al informe anteriormente expuesto, al despacho del señor director para los fines y tramites (sic) a seguir. Conceptuado que los presuntos agresores se encuentran en aislamiento celular por seguridad, como también se debe investigar este delito y formular el denuncio penal ante las autoridades competentes” (...).
Así mismo, se encuentra copia del oficio del 20 de junio de 1998 (fls. 62 y 63, cdno. 1), elaborado por William Rojas Molina, investigador judicial I, quien manifestó lo siguiente:
“(...) De conformidad con lo establecido en el artículo 316 del Código de Procedimiento Penal, me permito rendir el presente informe.
Teniendo en cuenta lo solicitado en la misión de trabajo de la referencia, donde ordena que se adelante las pesquisas necesarias tendientes a esclarecer las circunstancias en que perdió la vida Ramiro Reina y Benjamín Ruiz Beltrán, reclusos de la cárcel distrital de esta ciudad, a continuación me permito rendir los resultados obtenidos a la fecha:
Inicialmente me entrevisté con el señor Benjamín Ruiz Beltrán con cédula de ciudadanía 17.346.974 de Villavicencio (Meta), quien salió lesionado en los hechos materia de investigación, manifiesta que estos se ocasionaron en el momento que aún (sic) visitante se le estravió (sic) la billetera y en ese instante aparecieron dos (2) internos, diciéndoles que devolviera la billetera, contestandoles (sic) que ellos no la habían cogido, motivo por el cual los agresores los intimidaron con arma blanca, encerrandolos (sic) en el baño y lesionandolos (sic) de esta forma, resultando herido de gravedad su amigo Ramiro Reina, quien horas más tarde falleciera en el hospital regional de esta ciudad.
Mediante labores investigativas y con ayuda del señor Benjamín Ruiz Beltrán, se logró establecer que los presuntos homicidas, se identifican de la siguiente manera:
Nombres: Yuber
Apellidos: Bedoya López
Cédula de ciudadanía: 80.499.420 de Fusagasugá (Cund.)
Condenado: 320 meses de prisión por el delito de homicidio.
El otro presunto sindicado se identifica como Bermúdez Gutiérrez Arnold Steven alias “Chiqui”, quien se encuentra detenido por el delito de hurto y en la tarjeta de reseña que lleva la cárcel de esta ciudad, no aparece con más datos personales (…)”.
Por último, obra copia del oficio del Fiscal 21 Seccional de Villavicencio en el cual informa que se procede a dictar resolución de apertura de instrucción de conformidad con el artículo 334 del Código de Procedimiento Penal, por los delitos de homicidio y lesiones personales en contra de Yuber Bedoya López y Arnold Steven Bermúdez Gutiérrez (fI. 70 anexo).
Conforme a las anteriores pruebas documentales, se tiene certeza que el 25 de abril de 1998, en la Cárcel Distrital de Villavicencio, siendo aproximadamente las 3:00 p.m., se presentó una riña en el patio Sucre del centro carcelario de Villavicencio, resultando herido el señor Benjamín Bermúdez y fallecido el señor Ramiro Reina por heridas ocasionadas por otros reclusos con arma cortopunzante.
Al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, se le atribuyeron como funciones las de ejercer la dirección, administración y control de los centros carcelarios y penitenciarios del orden nacional; vigilar y custodiarlos; proponer y participar en los sistemas y esquemas de seguridad, vigilancia y control al interior y exterior de los establecimientos de reclusión; proveer la asistencia integral de los internos a su cargo, entre otras (D.L. 2160/92, art. 4º).
El Inpec tiene dos clases de obligaciones: La de custodia, entendida como el deber de cuidado, la asistencia y conservación de las personas que se encuentran en los centros penitenciarios y carcelarios y la de vigilancia, que conlleva el deber de atención exacta en las conductas de las personas a su cargo.
Respecto de las obligaciones que deben cumplir los guardianes de la Penitenciaría Nacional(28), los más importantes son:
En el presente caso, el deber de custodia y vigilancia de los internos no se cumplió, por cuanto resultó muerto el señor Ramiro Reina como consecuencia de las heridas ocasionadas con arma cortopunzante, arma no permitida en el centro carcelario y por consiguiente se configura una omisión a los deberes de los guardianes y del personal del centro penitenciario.
En consecuencia, desde el punto de vista jurídico del deber de la autoridad carcelaria, la tarea protectora tiene como objeto mantener al recluido en las mismas condiciones que presentaba al momento de la privación de la libertad, por cuanto el deber de esa protección se amplía a la custodia y vigilancia constante de los internos(29), teniendo en cuenta la especial relación de sujeción que existe entre el Estado y el recluso o detenido. Por lo tanto, la entidad demandada estaba llamada a garantizar integralmente la seguridad del interno Ramiro Reina, de manera que debió impedir que otros reclusos o terceros (particulares), así como el personal penitenciario y carcelario (o de otra naturaleza) amenazaran, lesionaran o afectaran la vida del recluso ya fallecido.
Lo anterior permite concluir que la realización de una conducta criminal dentro de un centro carcelario, quebranta por omisión el deber de vigilancia impuesta al Estado, por cuanto la muerte producida fue consecuencia de una persona que se encontraba sometida a la vigilancia estatal; como también quebranta por omisión esos deberes legales, porque un recluso portaba un arma de fabricación carcelaria y agredió con ella a un interno, que igualmente se encontraba bajo la custodia del establecimiento penitenciario, sin perder de vista que el hecho de la agresión ocurrió en horas de visitas.
Por consiguiente con las pruebas arrimadas, la Sala concluye que el Inpec no cumplió con sus deberes de custodia y vigilancia del centro carcelario (conducta irregular por omisión), que infringe el ordenamiento jurídico legal visto, y el constitucional (art. 2º sobre el deber de proteger la vida).
El recurrente no comparte la decisión del a quo quien consideró que al presentarse el hecho de un tercero (otros reclusos) y la precariedad económica del Estado al no poder tener los instrumentos tecnológicos destinados a detectar el ingreso de drogas y armas al centro carcelario, se disminuía el quantum indemnizatorio, condenando a la administración por el cincuenta por ciento (50%).
En los eventos de la muerte de reclusos, existe la posibilidad de presentarse alguna causal eximente de responsabilidad, como la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero. Teniendo en cuenta que la muerte del señor Reina se produjo por el accionar de otros reclusos del penal, no es dable considerar la existencia de la causal eximente del hecho de un tercero, para así limitar la responsabilidad de la administración, en atención a la consideración de la posición de garante del Inpec, de la relación especial de sujeción entre la autoridad y el detenido o recluido, respecto de la cual el Estado es el llamado a respetar y garantizar la vida e integridad personal del interno ante acciones tanto de otros reclusos, como de los directivos, funcionarios o personal de la guardia de la cárcel, máxime si los hechos desafortunados se presentaron dentro del centro carcelario, incumpliendo así el Estado con la obligación de proteger la vida e integridad de las personas, tal como lo dispone el artículo 2º de la Carta Política, y la Ley 65 de 1993.
Por lo tanto, no es de recibo el argumento del tribunal en considerar que la riña ocurrió cuando se llevaba a cabo el horario de visita familiar y que por lo mismo, esta situación complicaba la permanente vigilancia de los reclusos, por cuanto este argumento de manera manifiesta demuestra la ineficiencia de los controles que debe cumplir el Inpec, máxime si tales obligaciones están contempladas en la ley que los regula y que ordena el cumplimiento de sus fines.
Para la Sala es importante resaltar que el Estado cuando ejerce la función de administrar el régimen carcelario y penitenciario está llamado a cumplir, respecto al recluso, la obligación de salvaguardia de los derechos fundamentales constitucionales que sigue ostentando toda persona, respecto a la agresión o afectación que pueda producirse por otro recluso, o por el personal de guardia y seguridad del centro carcelario, e incluso en circunstancias excepcionales, como riñas o motines, el director del centro carcelario tiene la posibilidad de solicitar el refuerzo de la vigilancia del centro de reclusión, lo que no fue atendido, así como está en la obligación de llevar a cabo una requisa razonable para evitar que al interior del centro carcelario existan y utilicen armas de cualquier tipo, cuya expresa prohibición está legamente consagrada en la Ley 65 de 1993.
Además, es inaudito que como consecuencia del incumplimiento de las expresas obligaciones legales de vigilancia y custodia, el Estado tenga que pagar este tipo de indemnizaciones, lo que representa también la falta de compromiso de la administración pública para con la política de Estado en materia carcelaria y penitenciaria, que en ningún caso puede ser objeto de medidas correctivas por vía judicial, como se impone al tener que decidir este tipo de casos.
Por lo anterior, en el presente caso no se predica una causal eximente de responsabilidad (hecho de un tercero) para así limitar la responsabilidad del Estado y por ende determinar la reducción del quantum indemnizatorio, por cuanto la muerte del recluso se produjo dentro del establecimiento carcelario como consecuencia de una lesión provocada con arma cortopunzante, mientras se encontraba bajo la custodia y vigilancia de los directivos, oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión, a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y es su obligación que el recluso retorne a la vida en sociedad en similares condiciones a las que tenía en el momento de su ingreso.
7.1. Perjuicios morales: Teniendo en cuenta que la responsabilidad del Estado es total, implica también que debe hacerse una modificación al reconocimiento de los perjuicios morales concedidos a los hijos y a la madre del señor Ramiro Reina, por cuanto si la responsabilidad de la administración en el presente caso escapa de algún eximente de responsabilidad, también es cierto que la indemnización también debe ser ajustada.
Así mismo, el recurrente se apartó de lo decidido por el tribunal al negar los perjuicios morales a la señora María Constanza Cleves Rivera y a las hermanas del fallecido (fIs. 197 y 198, cdno. ppal.), teniendo en cuenta que se encuentra probada la calidad de compañera permanente de la primera y el parentesco de las segundas, de acuerdo con la declaración rendida por el señor Alonso Pérez a folios 147 y 148 del cuaderno uno (fI. 205, cdno. ppal.).
La prueba de la relación de consanguinidad permite suponer la existencia de afecto y unión entre el lesionado, sus padres, sus hermanos y sus abuelos, generando así en los demandantes, una aflicción y profundo dolor por la muerte de su hijo y hermano. Las reglas de la experiencia permiten establecer como comprensible que los familiares de una persona que muere en las circunstancias del caso, homicidio o muerte violenta, se sienten moralmente afectados.
Conforme a lo anterior, encuentra la Sala que Ramiro Reina era hijo de María de los Ángeles Reina (fI. 41, cdno. 1), de la misma madre son hijas: María Mélida, Luz Mary, Blanca Aurora Reina y Ana Abigail Hernández Reina (fls. 37 a 40, cdno. 1), conforme a la copia auténtica de los certificados de registro civil expedidos por el Notario Único de Villavicencio.
Establecido el parentesco con los registros civiles, la Sala da por probado el perjuicio moral en los demandantes con ocasión de la lesión del hijo y hermano, por cuanto las reglas de la experiencia hacen presumir que el daño sufrido por un pariente cercano causa dolor y angustia en quienes conforman su núcleo familiar, en atención a las relaciones de cercanía, solidaridad y afecto, entendida la familia como núcleo básico de la sociedad(30) y en aplicación de la presunción de aflicción que el precedente de la Sala sostiene continuamente.
Por otro lado, respecto de la señora María Constanza Cleves Rivera, quien expresa ser la compañera permanente del ya fallecido Ramiro Reina, el tribunal en la recepción del testimonio del señor Alonso Reina, preguntó lo siguiente:
“(...) Preguntado: Teniendo en cuenta que usted manifiesta haber conocido a Ramiro Reina dígale al despacho si conoció la esposa o compañera del mismo e hijos de esta unión familiar, en caso afirmativo díganos los nombres. Contesto: Su compañera se llama Claudia Cleves y tuvieron dos hijos Rafael Ricardo y Johana (...)” (fI. 147, cdno. 1).
Si bien obra este testimonio, éste no deja en claro si al momento del fallecimiento existía o no prueba del vínculo sentimental, solamente se limita a establecer el nombre de la compañera y de los hijos sin que haya certeza si el vínculo existía o no para la época del deceso del señor Reina. Por lo anterior, la Sala confirmará lo expuesto por el Tribunal Administrativo del Meta respecto al no reconocimiento de los perjuicios morales a la señora María Constanza Cleves Rivera.
Para la Sala es oportuno señalar, que si bien a partir de 2001 la jurisprudencia ha venido aplicando como criterio de estimación de los perjuicios el salario mínimo mensual legal vigente de los perjuicios morales, no deja de seguir siendo un criterio que puede suponer un ejercicio discrecional (arbitrio iudicis) del juez de tasar los perjuicios morales, sin lograrse, aún, la consolidación de criterios objetivos en los que pueda apuntalarse la valoración, estimación y tasación de dichos perjuicios, con lo que se responda a los principios de proporcionalidad y razonabilidad que deben operar para el juez como centro de atención, lo que hasta el momento ha sido defendido por la Sala al afirmar la existencia de “cierta discrecionalidad”, ya que el criterio determinante está radicado en la intensidad del daño moral, que usualmente se demuestra con base en las pruebas testimoniales las cuales arrojan una descripción subjetiva de quienes, por la cercanía, conocimiento o amistad deponen en la causa, restando objetividad a la determinación de dicha intensidad del daño moral.
María de los Ángeles Reina (madre)
Rafael Ricardo Reina Cleves (hijo)
Cindy Jhoana Reina Cleves (hija)
María Mélida Reina (hermana)
Luz Mary Reina (hermana)
Blanca Aurora Reina (hermana)
Ana Abigail Hernández Reina
7.2. Perjuicios materiales. El recurrente consideró que respecto a los perjuicios materiales denegados por el tribunal, éstos deben ser reconocidos teniendo en cuenta la posición del honorable Consejo de Estado en sentencia del 24 de mayo de 2001, proceso 12819, M.P. María Elena Giraldo Gómez (fI. 198, cdno. ppal.).
En la sentencia anotada por la parte actora se decidió conceder los perjuicios materiales, ya que se pudo establecer a ciencia cierta la actividad económica del occiso mediante diversas declaraciones de testimonio.
En el presente caso, la parte actora solicitó por perjuicios materiales $ 90.000.000, sin determinar por cualquier medio probatorio, las razones por las cuales se debe acceder a tal pretensión. Simplemente solicitó que se tomará para el efecto, la vida probable, actividad laboral, ingresos mensuales, el estado civil, edad de compañera e hijos y salario mínimo, la variación mensual y anual del IPC según certificado expedido por el DANE, y la fórmula que sobre perjuicios materiales causados y futuros aplica el Consejo de Estado.
Dentro del testimonio rendido por el señor Alonso López se expresó lo siguiente:
“(...) Preguntado: Sabe usted qué actividad ejercía en la cárcel el señor Ramiro Reina, caso afirmativo cuántos eran sus ingresos y en qué los distribuía. Contesto: El tallaba madera, artesanía, cachos de la vaca, hacía arpas y todo eso. Él ayudaba para el sostenimiento de la mujer y los hijos y parte para la mamá (...)”.
También es cierto que dentro del acervo probatorio obra el certificado emanado por el subdirector de la Cárcel del Distrito Judicial de Villavicencio en el que hace constar que “(...) el citado interno no devengó sueldo o bonificaciones durante su permanencia en este establecimiento (...)” (fl. 144, cdno. 1).
Por lo anterior, no está demostrado que se causó un perjuicio del orden material para acceder a tal pretensión. Así pues, se confirma la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Meta en este punto.
1. Modifícase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta del 9 de octubre de 2001, la cual quedará así:
“Primero. Declárese a la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, “Inpec”, patrimonialmente responsable por la muerte del señor Ramiro Reina.
“Segundo. Condénase a la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, “Inpec”, a pagar, por concepto de perjuicios morales a las siguientes personas: María de los Ángeles Reina, 100 SMLMV; Rafael Ricardo Reina Cleves, 100 SMLMV; Cindy Jhoana Reina Cleves, 100 SMLMV; María Mélida Reina, 50 SMLMV; Luz Mary Reina, 50 SMLMV; Blanca Aurora Reina, 50 SMLMV y Ana Abigail Hernández Reina, 50 SMLMV;
“Tercero. Niéguese las demás pretensiones.
(1) La corporación admitió el recurso teniendo en cuenta que para la fecha de interposición se aplicaba el Decreto 597 de 1988, artículo 132, numeral 10 para determinar la cuantía y la vocación de doble instancia.
(2) La “responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces la obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y éste sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización”. Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996. Postura que fue seguida en la Sentencia C-892 de 2001, considerándose que el artículo 90 de la Carta Política “consagra también un régimen único de responsabilidad, a la manera de una cláusula general, que comprende todos los daños antijurídicos causados por las actuaciones y abstenciones de los entes públicos”. Corte Constitucional, Sentencia C-892 de 2001.
(3) La “razón de ser de las autoridades públicas es defender a todos los ciudadanos y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Omitir tales funciones entraña la responsabilidad institucional y la pérdida de legitimidad. El Estado debe utilizar todos los medios disponibles para que el respeto de la vida y derechos sea real y no solo meramente formal”. Sentencia de 26 de enero de 2006, expediente AG-2001-213. En la doctrina puede verse Starck, Boris. Essai d´ une théorie general de la responsabilité civile considerée en sa doublé fonction de garantie et de peine privée. París, 1947.
(4) “La responsabilidad, a diferencia de la expropiación, no representa un instrumento en manos de la administración para satisfacer el interés general, una potestad más de las que ésta dispone al llevar a cabo su actividad, sino un mecanismo de garantía destinado a paliar, precisamente, las consecuencias negativas que pueda generar dicha actividad. La responsabilidad, por así decirlo, no constituye una herramienta de actuación de la administración, sino de reacción, de reparación de los daños por ésta producidos”. Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema. 1ª ed. Madrid, Civitas, 2001, pág. 120.
(5) Mir Puigpelat, Oriol. La responsabilidad patrimonial de la administración. Hacia un nuevo sistema, ob. cit., págs. 120-121.
(6) Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al Estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes 10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, “la imputatio juris” además de la “imputatio facti”. Sentencia de 13 de julio de 1993.
(7) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996.
(8) Corte Constitucional, Sentencia C-333 de 1996; C-832 de 2001.
(9) En los términos de Kant, dicha imputación se entiende: “Imputación (imputatio) en sentido moral es el juicio por medio del cual alguien es considerado como autor (causa libera) de una acción, que entonces se llama acto (factum) y está sometida a leyes; si el juicio lleva consigo a la vez las consecuencias jurídicas del acto, es una imputación judicial (imputatio iudiciaria), en caso contrario, sólo una imputación dictaminadora (imputatio diiudicatoria)”. Kant, I. La metafísica de las costumbres. Madrid, Alianza, 1989, pág. 35.
(10) El “otro principio de responsabilidad patrimonial del Estado es el de imputabilidad. De conformidad con éste, la indemnización del daño antijurídico le corresponde al Estado cuando exista título jurídico de atribución, es decir, cuando de la voluntad del constituyente o del legislador pueda deducirse que la acción u omisión de una autoridad pública compromete al Estado con sus resultados”. Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 25 de marzo de 2003.
(11) Tenía razón Welzel al considerar que el derecho debe respetar estructuras antropológicas como la capacidad de anticipación mental de objetivos cuando se dirige al hombre mediante normas. Desde luego, si el ser humano no tuviera capacidad de adoptar o dejar de adoptar decisiones teniendo en cuenta motivos normativos, sería inútil tratar de influir en el comportamiento humano mediante normas prohibitivas o preceptivas”. Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, en Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 05-05-2003 [http://criminet.urg.es/recpc], págs. 6 y 7.
(12) “El derecho se dirige al hombre y no a adivinos. Declarar típica toda acción que produzca un resultado dañoso, aun cuando éste fuese imprevisible, significaría que la ley no tiene en cuenta para nada la naturaleza de sus destinatarios; pues una característica del hombre es precisamente la de que no puede prever más que muy limitadamente las consecuencias condicionadas por sus actos. Vincular un juicio de valor negativo (el de antijuridicidad) a la producción de un resultado que el hombre prudente no puede prever sería desconocer la naturaleza de las cosas (más concretamente): la naturaleza del hombre”. Gimbernat Ordeig, E. Delitos cualificados por el resultado y relación de causalidad. Madrid, 1990, págs. 77 ss.
(13) Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”, ob. cit., pág. 7.
(14) Larenz, K. “Hegelszurechnungslehre”, en Mir Puig, Santiago. “Significado y alcance de la imputación objetiva en el derecho penal”. Ob. cit., 117.
(15) Jakobs, G. La imputación objetiva en el derecho penal. Bogotá, Universidad Externado, 1994.
(16) Cfr. Günther Jakobs. Regressverbot beim Erfolgsdelikt. Zugleich eine Untersuchung zum Gruñd der strafrechtlichen Haftung bei Begehung. ZStW 89 (i977). Págs. 1 y ss.
(18) Cfr. Günther Jakobs. Strafrecht Aligemeiner Teil. Die Grundiagen und die Zurechnungslehre (studienausgabe). 2 Auflage. Walter de Gruyter. Berlín. New York. 1993. Págs. 796 y ss.
(20) Cfr. Javier Sánchez-Vera. Pflichtdelikt und Beteiligung. Zugleich ein Beitrag zur Einheitlichkeit der Zurechnung bel Tun und Unterlassen. Duncker & Humbolt Berlín 1999. Págs. 5.1 y ss Kurt Seelmann. Grundlagen der Strafbarkeit. Komentar zum Strafgesetzbuch. Band 1. Reihe. Alternativkommentare. Luchterhand. Neuwied. 1990. Pág. 389.
(22) Sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18800, M.P. Mauricio Fajardo Gómez; sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 19849, M.P. Enrique Gil Botero. Ver Sentencia de la Corte Constitucional T-881 de 2002.
(23) Sentencia T-590 de 1998.
(24) Sentencia T-265 de 1999.
(25) Ibíd. En igual sentido T-208 de 1999.
(26) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998. En similares términos lo ha manifestado el Consejo de Estado en sentencias del 27 de noviembre de 2002, expediente 13760, M.P. María Elena Giraldo Gómez; 12 de febrero de 2004, expediente 14.955 y del 24 de junio de 2004, expediente 14.950, M.P. Enrique Hoyos Duque. Sentencia del 20 de febrero de 2008, expediente 16.996, M.P. Enrique Gil Botero.
(27) Así lo ha establecido la Sala en sentencias 12 de febrero de 2004, expediente 14955, M.P. Ricardo Hoyos Duque; Sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16.975, y 1880 del 26 de mayo de 2010, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(28) Artículo 44 de la Ley 65 del 19 de agosto de 1993, Por la cual se expide el Código Penitenciario y Carcelario.
(29) Sentencia del 27 de noviembre de 2002, expediente 13760, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(30) Ver por ejemplo, sentencia del 9 de junio de 2010, expediente 19849, M.P. Enrique Gil Botero.

References: artículo 357
 artículo 90
e contrario
 artículo 90
 artículo 185
 artículo 316
 resolución 
 artículo 334
 artículo 2
 artículo 132
 artículo 90
 artículo 90
 Artículo 44