Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/PL-2015/as20151L400.html
Timestamp: 2019-03-21 22:16:13+00:00

Document:
as20151L400
AUTO SUPREMO Nº 400/2015-RA-L
Expediente : Santa Cruz 135/2008
Parte Acusadora : Juan Carlos Hurtado Cuellar
Parte Imputada : Yonny Villarroel Parada y otra
Por memorial presentado el 30 de julio de 2008, cursante de fs. 610 a 618, Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 142 de 17 de junio de 2008, de fs. 527 a 528 vta., pronunciado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal que sigue Juan Carlos Hurtado Cuellar contra los recurrentes, por la presunta comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del Código Penal (CP).
a) En mérito a la conversión de acción pública (fs. 118) y acusación particular (fs. 135 a 136 vta.), desarrollado y concluido el juicio oral y público, el Juez Séptimo de Sentencia y Partido Liquidador de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, pronunció la Sentencia de 8 de abril de 2008 (fs. 484 a 488), por la que declaró a Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, autores y culpables de la comisión del delito de Estelionato, previsto y sancionado por el art. 337 del CP, condenándoles a sufrir a cada uno, la pena privativa de libertad de tres años y seis meses de presidio, a cumplir en la Cárcel Pública de la ciudad de Santa Cruz, “Palmasola”, más el pago de reparación de los daños civiles.
b) La mencionada Sentencia, fue objeto de apelación restringida por parte de los imputados Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel; y, Juan Carlos Hurtado Cuellar que constan (fs. 497 a 504 vta.; y, 507 a 508), respectivamente, que mereció el pronunciamiento del Auto de Vista 142 de 17 de junio de 2008 (fs. 527 a 528 vta.), que los declaró improcedentes.
c) Notificados los recurrentes con el Auto de Vista impugnado el 25 de julio de 2008 (fs. 529), interpusieron recurso de casación, el 30 del mismo mes y año, objeto del presente análisis de admisibilidad.
1) El Tribunal de alzada no se pronunció sobre la falta del instructivo por el que Mario Cadima, Fiscal Coordinador de Delitos Complejos, habría sido delegado por el Fiscal de Distrito para autorizar la conversión de acción pública a privada, en el cuaderno de investigación; no obstante que fue reclamada en su momento y que la presunción del Juzgador de instancia sobre la existencia de tal instructivo, violó su derecho a la defensa, constituyéndose la acción promovida en ilegal, resultando defecto absoluto, no susceptible de convalidación, conforme establece el art. 169 “inc. 2)” del Código de Procedimiento Penal (CPP).
2) El Fiscal Ángel Álvarez, admitió la solicitud del querellante sobre requerimiento al Notario de Fe Pública para que extienda fotocopias legalizadas del contrato de préstamo de dinero de 30 de diciembre de 2005 y del testimonio de protocolización del documento de préstamo con garantía hipotecaria; empero, el referido representante del Ministerio Público, nunca fue designado al caso y los documentos solicitados tienen fecha posterior a la autorización de la conversión de acción; por lo que, dicha prueba resulta ilícita y es un defecto absoluto; tampoco las partes fueron notificadas conforme manda el art. 8 del CPP; asimismo, afirma que la Sentencia, basó su condena en hechos no contemplados en la acusación, que considera defecto absoluto, regulado en el art. 169 inc. 3) del CPP.
3) Enunciando que la Sentencia dictada por el Juez Séptimo de Sentencia incurrió en los defectos previstos en el art. 370 incs. 5) y 6) -se asume es del CPP-, violando su derecho a la defensa, garantía al debido proceso e incurriendo en actividad procesal defectuosa, aplicando erróneamente los arts. 6, 12, 13, 216, 217, 307, 333, 335, 342, 355 del CPP; y, 9 y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE), cita el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que determina que el Tribunal de alzada debe resolver los puntos reclamados en la apelación, desglosando a continuación que denunció que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados; o en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; que existe contradicción entre su parte dispositiva y la considerativa [art. 370 inc. 8 del CPP]; que las pruebas reclamadas mediante incidente de exclusión probatoria eran ilegales, siendo la Resolución que lo resolvió, contrario a la norma procesal vigente, puntos que el Auto de Vista no resolvió, haciendo sólo mención en cuanto a las reclamaciones del art. 370 inc. 6) del CPP, violentando la “garantía constitucional” de la seguridad jurídica.
4) El Tribunal de alzada no contempló que para que haya existido el delito de Estelionato, tendría que haberse perfeccionado “dicho documento”, que no cuenta con reconocimiento de firmas, debido a que no existió el objeto del contrato, conforme exige el art. 491 del Código Civil (CC), relativo a los requisitos de la hipoteca voluntaria. Tampoco analizó que en ninguna parte de la Sentencia se fundamentó su actuar doloso; por lo que, no se subsume al tipo penal referido; por lo que, denuncian que se los juzgó y condenó atropellando sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, las reglas del debido proceso, como el principio de igualdad, derecho a la defensa y a producir prueba y rebatirlas, “concordante” con el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006, cuyo contenido describe.
5) El Juez de mérito, en audiencia de inspección, de oficio exigió al Notario de Fe Pública fotocopias legalizadas del documento privado, sin mediar petición de partes, prueba que fue valorada y sobre la cual se les condenó, extremo sobre el que el Tribunal de alzada, erróneamente sostiene que es una facultad prevista por el art. 218 del CPP, atentando los principios de imparcialidad, igualdad y seguridad jurídica.
6) Haciendo mención a que en juicio se probó que el querellante mandó a labrar el documento con su abogado y que su declaración inicial resultó contradictoria con la de los testigos de cargo, afirma, que se le negó la recepción del testimonio de descargo, bajo el argumento que las partes debieron estar presentes el día del juicio; empero, no se practicaron las citaciones, omisión atribuible al Órgano Jurisdiccional, tal como lo determinó la Sentencia Constitucional (SC) 115/2004-R de 28 de enero.
7) Afirma que la Sentencia y posterior Auto de Vista (recurrido), contradicen los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 319 de 24 de agosto de 2006, realizando una vaga descripción del contenido de este.
8) El Auto de Vista impugnado, contradice lo resuelto por el Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007; por cuanto, el juicio se suspendió por un lapso mayor a un mes, “por casi dos años”, prorrogándose los plazos procesales, violando el principio de celeridad y continuidad, debido a que el Juzgador no consideró que el proceso y en concreto el juicio no puede tener un tiempo de duración de más de tres años, conforme establece el art. 133 del CPP.
9) El Tribunal de alzada, asumió que la introducción del testigo Marcelo Parada, que no fue ofrecido como testigo, se trató de un lapsus calami, lo que tilda de ilegal; por cuanto “NO PODÍAN, BAJO NINGÚN CONCEPTO DETERMINAR LA IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN RESTRINGIDA SOBRE APARIENCIAS” (sic), a cuyo efecto cita el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, dictado por la sala Penal Primera de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, en el que se introdujo “testigo que jamás declararon en juicio”; por lo que, se debió aplicar el art. 413 del CPP, que no establece una nueva instancia.
Adicionalmente cita la SC 1733/2003-R.
En autos, se constata que Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel, fueron notificados con el Auto de Vista recurrido, el 25 de julio de 2008, habiendo formulado recurso de casación el 30 del mismo mes y año, ante la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, extremo que evidencia que dicho medio de impugnación se planteó dentro del plazo legal y ante el mismo Tribunal que emitió el Auto de Vista impugnado, conforme exige el art. 417 del CP.
En ese entendido, es imperioso precisar que el impugnante tiene la carga procesal de fundamentar de forma clara y precisa la existencia de precedentes contradictorios con el Auto de Vista recurrido, a partir de la comparación de hechos similares y de las normas aplicadas en sentidos jurídicos diversos, además de especificar en qué consisten los defectos de pronunciamiento impugnado con la finalidad de viabilizar el análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a la naturaleza jurídica del recurso de casación en materia penal. Así, en el caso de autos se advierte que la fundamentación del recurso de casación, carece de precisión y coherencia en cuanto a los presuntos agravios que habrían sido provocados por el Auto de Vista impugnado; por cuanto, los recurrentes en los motivos segundo y sexto, efectúan descripciones inherentes a la etapa investigativa o al desarrollo del juicio; por cuanto, cuestionan la participación del Fiscal Ángel Álvarez en la emisión de requerimiento fiscales; a cuyo efecto, se habría introducido a juicio prueba ilícita; que la Sentencia se habría basado en hechos no contemplados en la acusación; que se probó que el querellante mandó a labrar el documento con su abogado, resultando su declaración inicial contradictoria con la atestación de los testigos de cargo; y, que no se permitió la declaración de los testigos de descargo, debido a su ausencia el día del juicio; empero, no especifica de qué modo el Auto de Vista habría producido los presuntos agravios a tiempo de conocer y resolver los referidos cuestionamientos, a partir de una explicación de la presunta contradicción con algún precedente contradictorio, conforme exige la normativa procesal penal.
Por lo expuesto, se advierte que los recurrentes pretenden que este Tribunal ingrese directamente a revisar la labor de las autoridades jurisdiccionales y de investigación, desarrolladas dentro de las etapa preparatoria y de juicio oral; no obstante, que en etapa de casación se tiene claramente circunscrita la labor de este Máximo Órgano Jurisdiccional en materia penal, a revisar cuestiones de derecho, revisadas previamente por el Tribunal de apelación y sobre las cuales hubiera emitido criterios contrarios a la doctrina legal existente, que debió haber sido invocada por los recurrentes, acompañados de un debida y coherente explicación, al no haberlo hecho, las denuncias genéricas descritas resultan inadmisibles.
Por otro lado, es preciso aclarar que si bien se denuncia de forma simple que se incurrió en defectos absolutos, conforme norma el art. 169 inc. 3) del CPP, la falta de precisión argumentativa antes descrita, la ausencia de especificación de los derechos y/o garantías presuntamente lesionados y del resultado dañoso emergente de los aspectos impugnados, impiden su admisión vía flexibilización, en mérito al incumplimiento de los requisitos mínimos plasmados en el apartado IV de este Auto Supremo; por lo que se ratifica su inadmisión.
La falta de cumplimiento de los requisitos exigidos en los arts. 416 y 417, respecto a la invocación del precedente contradictorio, también se observa en los motivos primero y quinto; por cuanto, los recurrentes se limitan a denunciar que el Tribunal de alzada, a tiempo de emitir el Auto de Vista cuestionado, no se pronunció sobre la falta de un instructivo que habría facultado al Fiscal Mario Cadima a emitir la autorización de conversión de acción; y, que erróneamente sostiene que la exigencia de oficio, de fotocopias legalizadas del documento privado al Notario de Fe Pública, de parte del Tribunal de Sentencia, resulta acorde al art. 218 del CPP, debido a que omitieron invocar precedente contradictorio pertinente explicando los términos de dicha contradicción, impidiendo con esto la apertura de competencia de este Tribunal para emitir Resolución de fondo.
Ahora bien, no obstante que los recurrentes denuncian en ambos motivos, violación de su derecho a la defensa, lo que constituiría defecto absoluto, no susceptible de convalidación, conforme establece el art. 169 “inc. 2)” del CPP, así como atentado a los principios de imparcialidad, igualdad y seguridad jurídica, omiten explicar de qué modo las denuncias expuestas vulneraron el derecho y principios citados, así como el resultado dañoso provocado por las falencias atribuidas al Tribunal de alzada; en consecuencia, en definitiva los motivos analizados resultan inadmisibles.
En lo referente al tercer motivo, aduce que el Tribunal de alzada no resolvió los puntos de apelación referidos a que la Sentencia se basó en hechos inexistentes o no acreditados o en valoración defectuosa de la prueba [art. 370 incs. 5) y 6) del CPP]; que existe contradicción entre su parte dispositiva y la considerativa [art. 370 inc. 8 del CPP]; que las pruebas reclamadas mediante incidente de exclusión probatoria eran ilegales, siendo la Resolución que lo resolvió, contrario a la norma procesal vigente, habiéndose limitado únicamente a hacer mención a la reclamación vinculada al art. 370 inc. 6) del CPP; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 417 de 19 de agosto de 2003, que asevera, determina que el Tribunal de alzada debe resolver los puntos reclamados en la apelación. Al respecto, se advierte que los recurrentes se limitan a expresar que el auto de Vista no habría resuelto los puntos impugnados, contradiciendo el Auto Supremo 417 citado; sin embargo, soslayan explicar cuál la solución pretendida en cuanto al pronunciamiento de los puntos extrañados, aspecto de suma importancia a fin de determinar la intención de los recurrentes en la Resolución del recurso; por lo que, dicho motivo resulta inadmisible, por falta de fundamentación precisa y suficiente en cuanto al motivo analizado.
En cuanto a que la referida denuncia de violación de su derecho a la defensa, garantía al debido proceso, incurriendo en actividad procesal defectuosa; en aplicación de los criterios de flexibilización que constan en el presente proyecto, se verifica que los recurrentes, omitieron especificar qué tipo de defecto habría provocado y explicar cuál la relevancia de la Resolución de los puntos impugnados en la decisión final del proceso, criterio de inexcusable cumplimiento en atención al principio de trascendencia que rige el sistema de nulidades procesales, que impone al Juzgador la labor de verificar si los puntos recurridos son preponderantes en el caso concreto y por ende, merecen la nulidad de actuaciones. Por lo expuesto, el motivo analizado resulta inadmisible.
En el cuarto motivo, se advierte que los recurrentes, de forma general aducen que el Tribunal de alzada no contempló que para la configuración del delito de Estelionato, debió haberse perfeccionado “dicho documento” –se infiere se trata del documento de préstamo de dinero con garantía hipotecaria-, que no cuenta con reconocimiento de firmas, conforme exige el art. 491 del CC; y, que la Sentencia no fundamentó su actuar doloso; a cuyo efecto, cita el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006. De ello se tiene que, en la primera parte de la denuncia, no especifica de qué modo la Sentencia no habría considerado el perfeccionamiento del documento cuestionado y que dicho aspecto no habría sido considerado en alzada, haciendo inferir que quien tendría que haber verificado uno de los elementos del tipo penal atribuido, es el Tribunal de alzada directamente, cuando de acuerdo al sistema procesal penal vigente en Bolivia, en casación se deben cuestionar aspectos de derecho que el Tribunal no haya resuelto o lo haya hecho de forma incorrecta, en base a los razonamientos de la Sentencia, explicación o identificación que no cumplen los recurrentes, incumpliendo su obligación de fundamentar adecuadamente el presunto agravio. Por otro lado, en atención a la segunda parte de la denuncia, en la que denuncian que en el Auto de Vista recurrido no se analizó que en la Sentencia no se fundamentó su actuar doloso, resultando que no se adecuó al tipo penal de Estelionato; y, a la primera parte antes analizada, se advierte que únicamente si limitaron a citar el Auto Supremo 319 de 24 de agosto de 2006, sin efectuar ninguna explicación sobre los alcances de la presunta contradicción del Auto de Vista recurrido con el precedente simplemente mencionado; en consecuencia, no es posible admitir el motivo vía contraste jurisprudencial.
Por otro lado, la simple denuncia de vulneración de sus derechos fundamentales a la presunción de inocencia, las reglas del debido proceso, como el principio de igualdad, derecho a la defensa y a producir prueba y rebatirlas, obviando la explicación de cómo se habría producido dicha lesión -conforme se analizó en la primera parte de la denuncia-; y si la misma constituiría defecto no susceptible de convalidación que ameritaría disponer la nulidad de obrados, así como la falta de exposición de la relevancia para el caso concreto, en cuanto a la forma adecuada de resolución, ameritan ratificar su inadmisión por el no cumplimiento de los requisitos plasmados en el apartado IV del presente Auto Supremo.
En cuanto al séptimo motivo, se advierte nuevamente que los recurrentes incurren en una total falta de técnica recursiva, por falta de precisión en la identificación del presunto agravio, traducido en la contradicción del Auto de Vista recurrido con los precedentes invocados; por cuanto, se restringen a aducir simplemente que la Sentencia y el Auto de Vista impugnado contradicen los Autos Supremos 144 de 22 de abril de 2006 y 319 de 24 de agosto de 2006, sin legarlo a ninguna actuación específica, razón por la cual, resulta inadmisible.
Respecto al octavo motivo, se tiene que la simple cita del Auto Supremo 167 de 6 de febrero de 2007, sin explicar de qué modo fue contrariado por el auto de Vista recurrido, también impide su inadmisión; por cuanto, los recurrentes únicamente se limitaron a exponer que el juicio se prorrogó por casi dos años, afectando los principios de celeridad y continuidad, sin especificar de qué modo el Tribunal de alzada habría afectado la doctrina legal contenida en el Auto Supremo citado, al resolver la referida denuncia; en consecuencia, resulta inadmisible vía contraste jurisprudencia; e, igualmente en aplicación de los criterios de flexibilización; por cuanto, la falencia argumentativa anotada, al impedir identificar debidamente el agravio, no permite su admisión excepcional, sumado al hecho de que no se especificó si se aduce algún defecto no susceptible de convalidación y la relevancia del mismo en la decisión final del proceso.
En cuanto al noveno motivo, referido a que el Tribunal de alzada asumió que la introducción del testigo Marcelo Parada, que no fue ofrecido como testigo, se trató de un lapsus calami, se advierte que además de resultar la denuncia genérica y confusa; por cuanto, no especifica de qué modo dicha actuación fue resuelta ante el Tribunal de Sentencia y que habría merecido el pronunciamiento cuestionado del de apelación, los recurrentes citan el Auto de Vista 62 de 26 de mayo de 2008, como doctrina legal aplicable; empero, sin acompañarlo al recurso de casación ni explicar si dicha Resolución adquirió calidad de cosa juzgada y no fue dejada sin efecto por una resolución emitida por la entonces Corte Suprema de Justicia o este Tribunal en forma posterior, conforme exige el Auto Supremo 211 de 6 de abril de 2004; a cuyo efecto, corresponde declarar su inadmisibilidad.
Por último, es preciso aclarar que, conforme los alcances del contenido del art. 416 del CPP, las Sentencias Constitucionales no constituyen precedentescontradictorios susceptibles de análisis respecto al Auto de Vista recurrido, razón por la cual las mencionadas por el recurrente no fueron consideradas a efectos de considerar la admisibilidad del recurso.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 418 del CPP, declara INADMISIBLE el recurso de casación que se verifica de fs. 610 a 618, formulado por Yonny Villarroel Parada y Martha Nery Aguilera de Villarroel.

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