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Timestamp: 2020-06-04 20:17:14+00:00

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Derechos del enfermo | Fatiga crónicaDerechos del enfermo - Fatiga crónica
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A tener una prestación
Incapacidad temporal: baja médica
Incapacidad permanente: vitalicia pero revisable
¿los autónomos tienen derecho a incapacidad permanente?
Y cuando llega a la edad jubilación, ¿qué se cobra?
los funcionarios: Jubilación por incapacidad permanente
La Incapacidad Temporal es la prestación derivada de una enfermedad común, profesional o un accidente, sea o no de trabajo, que impide ejercer su actividad al trabajador y que requiere asistencia sanitaria. Se regula en los arts. 128 y siguientes de la LGSS y durante la misma tiene derecho a una prestación económica cuyo importe equivalente a un tanto por ciento sobre la base reguladora, que se fijará y se hará efectivo en los términos establecidos en la normativa de aplicación.
Para tener derecho a ella se debe tener cubierto un periodo de cotización de:
En caso de enfermedad común, 180 días dentro de los 5 años inmediatamente anteriores al hecho causante.
En caso de accidente, sea o no de trabajo, y de enfermedad profesional, no se exige periodo previo de cotización.
El nacimiento del derecho a la prestación de IT se produce:
En caso de enfermedad común o accidente no laboral, desde el 4º día de la fecha de la baja para el trabajo.
En caso de AT o EP, a partir del día siguiente a la baja médica para el trabajo, estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja.
El derecho al subsidio no nace durante las situaciones de huelga o cierre patronal.
La pensión de incapacidad permanente de la Seguridad Social es una prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral (art. 136.1 LGSS).
Beneficiarios: Las personas incluidas en cualquier régimen de la Seguridad Social que reúnan los requisitos exigidos para cada grado de incapacidad. (art. 138LGSS).
Grados: (art. 137 LGSS) y cuantías (art. 139 LGSS):
Parcial para la profesión habitual: Ocasiona al trabajador una disminución no inferior al 33% en el rendimiento para dicha profesión. La prestación será una indemnización a tanto alzado equivalente a 24 mensualidades de la base de la IT.
Total para la profesión habitual: Inhabilita al trabajador para su profesión habitual pero puede dedicarse a otra distinta. La prestación será el 55% de la base reguladora calculada según el art. 140 LGSS. Se incrementará un 20% adicional a partir de los 55 años.
Absoluta para todo trabajo: Inhabilita al trabajador para toda profesión u oficio. La prestación será del 100% de la base reguladora calculada según el art. 140 LGSS.
Gran invalidez: Cuando el trabajador incapacitado permanente necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida. La cuantía de la prestación se obtiene aplicando a la base reguladora el porcentaje correspondiente a la incapacidad permanente total o absoluta, incrementada con un complemento.
Extinción: La pensión, aunque sea derivada de sentencia firme, puede extinguirse por:
revisión de la incapacidad declarada;
por reconocimiento de la pensión de jubilación cuando se opte por la misma;
y por fallecimiento del pensionista.
La prestación de incapacidad permanente se reconoce en los mismos términos y condiciones que en el Régimen General con las siguientes peculiaridades:
Contingencias profesionales: siempre que se hayan acogido a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y además, hayan optado por acogerse a la cobertura de la prestación por incapacidad temporal.
Base reguladora: No se integran las lagunas de cotización con las bases mínimas. Si la incapacidad deriva de accidente de trabajo o enfermedad profesional: la base reguladora será la base de cotización del trabajador en la fecha del hecho causante.
Incapacidad permanente parcial: Si deriva de contingencias comunes: no se protege.
Incapacidad permanente total: El porcentaje para el cálculo de la pensión por incapacidad permanente total, se incrementará en un 20% siempre que el pensionista:
Tenga 55 o más años.
No ejerza una actividad retribuida, por cuenta ajena o propia, que dé lugar a su inclusión en cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social.
No ostente, la titularidad de una explotación agraria o marítimo-pesquera, o de un establecimiento mercantil o industrial como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.
Indemnización a tanto alzado: La pensión por incapacidad permanente total puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado que, en el caso de los autónomos, es la siguiente :
– Si deriva de contingencias comunes: 40 mensualidades de la base reguladora de estas contingencias. El autónomo debe ejercer la opción en el plazo de los 30 días siguientes a la declaración de incapacidad.
– Si deriva de contingencias profesionales: 40 mensualidades de la base de cotización del trabajador en la fecha del hecho causante de la prestación.
Cuando llega la edad de jubilación ¿Qué pasa con la pensión de incapacidad permanente?
La pensión de incapacidad permanente es incompatible con la pensión de jubilación del mismo régimen, y se debe de optar por una de ellas. Sólo en el caso de que se tratara de una pensión de incapacidad derivada de un accidente de Trabajo, concedida bajo el antiguo Reglamento de Accidentes de Trabajo de 22-06-1956, si será compatible con cualquier otra pensión.
Dicha pensión de incapacidad permanente puede ser compatible con una pensión de jubilación de otro régimen distinto, excepto que para acreditar dicho derecho, se tenga que acudir al régimen que reconozca la jubilación, en cuyo caso, habrá que optar por una de ellas.
Si las cotizaciones del régimen por el que se reconoce la jubilación han servido para cuantificar el importe de la incapacidad permanente, y se puede prescindir de ellas para generar el derecho, es posible reconocer dos pensiones compatibles entre sí.
Se puede calcular cada una de ellas con las cotizaciones de cada uno de los regímenes; para ello, sería necesario recalcular la pensión de incapacidad permanente, sin tener en cuenta las cotizaciones del régimen que reconoce la jubilación.
Asimismo, es importante tener en cuenta:
No se reconoce el derecho a una prestación de incapacidad permanente, derivada de contingencias comunes, cuando el beneficiario, en la fecha que ha causado el hecho, tiene la edad de 65 años y reúna los requisitos precisos, para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.
Tendrán derecho a las prestaciones de incapacidad permanente, por contingencias comunes, las personas que reúnan las condiciones exigidas y sean declaradas en dicha situación, cuando en la fecha del hecho causante tengan cumplidos 65 años y no reúnan todos los requisitos para acceder a la pensión de jubilación de la Seguridad Social.
Funcionarios: Jubilación por incapacidad permanente para el servicio
Esta jubilación se declara, de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por una “lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para el desempeño de las funciones propias de su Cuerpo, Escala, plaza o carrera, de acuerdo con el dictamen preceptivo y vinculante del órgano médico que en cada caso corresponda” (artículo 28.2.c) del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado).
La pensión de jubilación por incapacidad permanente para el servicio se calcula igual que la pensión ordinaria de jubilación por edad (15 años), con la particularidad de que se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación.
No obstante a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión ordinaria de jubilación, calculada según se indica en el párrafo anterior se reducirán en un 5% por cada año COMPLETO de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios. Si con posterioridad al reconocimiento de la pensión y antes del cumplimiento de la edad de jubilación se produjera un agravamiento de la enfermedad o lesiones del interesado de manera que le inhabilitaran para el desempeño de toda profesión u oficio, podrá solicitar el incremento de la cuantía de la pensión hasta el 100 por 100 de la que le hubiera correspondido.
Tal y como se deriva del artículo 31 del Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Ley de Clases Pasivas del Estado, la cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.
Grupo / SubgrupoLey 7/2007 Haber regulador(euros /año)
A1 40.258,62
​Años deservicio Porcentajedel regulador Años deservicio​ ​Porcentajedel regulador ​Años deservicio ​Porcentajedel regulador
Según el apartado c) del art. 67.1 de la Ley 7/2007 de 12 de abril (Estatuto Básico del Empleado Público) la jubilación de los funcionarios podrá ser:
‘Por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o, incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.’
La adaptación del puesto de trabajo consiste en eliminar barreras y modificar las condiciones del proceso de trabajo para que pueda ser realizado por un/a trabajador/a con discapacidad.
De lo anterior podemos deducir que es obligación del empresario, y, por tanto, correlativo derecho del trabajador, la adaptación del puesto de trabajo a sus circunstancias personales.
¿Quién puede exigir que se adapte su puesto de trabajo?
El/la trabajador/a que, para tener derecho a una adaptación, esté afectado por una discapacidad reconocida por el órgano competente, o bien, ser un trabajador sin discapacidad alguna reconocida, pero especialmente sensible a determinados riesgos derivados de las condiciones del lugar y/o puesto de trabajo que perjudiquen o agraven su salud.
¿Qué actuaciones comprende la adaptación del puesto de trabajo?
El empresario debe garantizar:
La plena igualdad en el trabajo. Está obligado a adoptar las medidas necesarias para la adaptación del puesto de trabajo y la accesibilidad de la empresa, con el fin de permitir a las personas con discapacidad acceder al empleo, desempeñar su trabajo, progresar profesionalmente y acceder a la formación.
La protección de los trabajadores que, por sus propias características personales –discapacidad física, psíquica o sensorial- sean especialmente sensibles a los riesgos derivados del trabajo, adoptando las medidas preventivas y de protección necesarias. Y no puede emplearlos en aquellos puestos que sean incompatibles con sus características personales.
La mayor parte de las causas de suspensión del contrato de trabajo tienen reserva de puesto de trabajo. El artículo 48 del Estatuto de los Trabajadores regula los diferentes supuestos relativos a la suspensión del contrato con reserva del puesto de trabajo. Entre dichos supuestos, en su apartado segundo se establece: “En el supuesto de incapacidad temporal, producida la extinción de esta situación con declaración de invalidez permanente en los grados de incapacidad permanente total para la profesión habitual, absoluta para todo trabajo o gran invalidez, cuando, a juicio del órgano de calificación, la situación de incapacidad del trabajador vaya a ser previsiblemente objeto de revisión por mejoría que permita su reincorporación al puesto de trabajo, subsistirá la suspensión de la relación laboral, con reserva del puesto de trabajo, durante un período de dos años a contar desde la fecha de la resolución por la que se declare la invalidez permanente”.
Así, la incapacidad temporal es la situación en la que se encuentra el trabajador que está temporalmente incapacitado para trabajar y precisa asistencia sanitaria de la Seguridad Social (Art. 128 LGSS) Es una situación temporal que puede convertirse en permanente en caso de que se produzcan reducciones o anulación de la capacidad de trabajar. En este caso surge el concepto de incapacidad permanente, que puede darse en diferentes grados: parcial, total, absoluta, o gran invalidez. (Art. 137 LGSS).
Las situaciones de incapacidad permanente son revisables, porque el trabajador puede mejorar o empeorar su salud. En caso de que se prevea mejoría y una posible reincorporación al puesto de trabajo, en los casos de incapacidad permanente en grados de total, absoluta o gran invalidez, subsiste la suspensión con reserva al puesto de trabajo durante 2 años a contar desde la fecha de la resolución de la incapacidad permanente. Por tanto, el trabajador/a que se encuentre en esta situación gozará de reserva del puesto de trabajo por un período de 2 años desde la fecha de resolución de incapacidad permanente.
Vacaciones tras incapacidad temporal (IT)
Si se causa una baja médica que provoca una situación de incapacidad temporal, después de esta y, tras la correspondiente alta médica SÍ se podrá disfrutar de las vacaciones correspondientes.
El art. 38.3 del Estatuto de los Trabajadores dispone que: “En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.”
Y es que, está claro para el Tribunal Supremo, la finalidad de la Incapacidad temporal (reparación de la salud) es completamente diferente a la de las vacaciones (esparcimiento y ocio).
Podría añadirse que, mientras que la incapacidad temporal provoca la suspensión del contrato de trabajo y, por ello, de ambas contraprestaciones básicas -pago del salario y prestación de servicios- (art. 45.1 c) ET), el disfrute de las vacaciones mantiene viva la relación, sin suspensión y con el único efecto de la interrupción de una sola de las obligaciones -la prestación de servicios-.
Por otro lado, en cuanto a los posibles límites a la posibilidad de disfrute de vacaciones posterior a un período de incapacidad temporal tenemos, por un lado, y tal y como se deriva del último apartado del citado artículo 38.3 ET, el trabajador podrá disfrutar de sus vacaciones después de una situación de incapacidad, siempre que no haya transcurrido más de dieciocho meses a partir del final del año en que se hayan originado.
Elección de especialista
Se establece en el artículo 10.13 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad que todo ciudadano tendrá derecho a elegir el médico y los demás sanitarios titulados de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley, en las disposiciones que se dicten para su desarrollo y en las que regule el trabajo sanitario en los centros de Salud.
Por otro lado, tal y como se establece en el Real Decreto 8/1996, de 15 de enero, sobre libre elección de médico en los servicios de atención especializada del Instituto Nacional de la Salud, concretamente en su artículo 1, “todas las personas con derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el ámbito de gestión del Instituto Nacional de la Salud podrán elegir médico de atención especializada, en los términos y condiciones que se determinan en el presente Real Decreto”.
A partir de aquí, es importante distinguir diferentes regulaciones que se han dado al respecto en las distintas Comunidades Autónomas.
En la Carta de Derechos y deberes de los ciudadanos en los servicios públicos de Andalucía, uno de los derechos que se establece es el de elegir médico/a especialista para consultas, cuando a juicio de su médico/a de familia o pediatra precise ser atendido por uno de ellos, así como a recibir atención por el mismo especialista durante su proceso.
Así, es en el Decreto 128/1997, de 6 de mayo, por el que se regula la libre elección de Médico Especialista y de Hospital en el Sistema Sanitario Público de Andalucía, donde se regula el desarrollo del derecho a la libre elección de médico, extendiendo éste a la asistencia especializada.
En relación a lo anterior y, tal y como se deduce de la información explicativa relacionada de la página web del Servicio Andaluz de Salud, este derecho puede ser ejercido por los usuarios de los servicios sanitarios que, a juicio de su médico de Atención Primaria, precisen ser atendidos por médicos especialistas del ámbito hospitalario.
El médico de familia o pediatra orientará a sus pacientes en la elección del especialista hospitalario, facilitándoles la información necesaria para que puedan decidir.
En cuanto a las Islas Baleares, a diferencia de muchas otras Comunidades Autónomas, ésta no posee una Carta sobre los derechos y deberes del paciente. De hecho, no es muy amplia la legislación al respecto. Sin embargo, podemos dirigirnos a la Ley 5/2003 de 4 de abril, de salud de las Illes Balears, en la que se establece en su artículo 19 (sobre los derechos de los usuarios de los servicios sanitarios públicos) y, concretamente en su apartado primero que “Los usuarios de los servicios sanitarios públicos de las Illes Balears tienen también derecho a la libre elección de médico, servicio y centro, dentro del área de salud y de acuerdo con la planificación de la asistencia sanitaria. En la atención primaria este derecho se concreta en la posibilidad de elección de médico de familia y de pediatra de entre los que prestan servicios en el área de salud correspondiente a su lugar de residencia”.
En cuanto a la regulación al respecto de las Islas Canarias encontramos, por un lado, la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, la cual en su artículo 6 sobre los derechos de los ciudadanos y, concretamente en su apartado k) se establece que se tendrá derecho a elegir el médico de acuerdo con las condiciones contempladas en esta Ley y en las disposiciones que se dicten para su desarrollo.
Y, por otro lado, el artículo 13 de Carta de los Derechos y Deberes de los pacientes y usuarios del Sistema Canario de la Salud que establece el derecho “A la libre elección de médico general, pediatra (hasta los 14 años) tocoginecólogo y psiquiatra, de entre los que presten sus servicios en la Zona Básica de Salud o en el municipio de su lugar de residencia”.
De lo anterior se puede deducir que en dicha Comunidad Autónoma no se ha desarrollado todavía la posibilidad de elección de un médico especialista, ya que dicha elección por el momento queda limitada al médico general, pediatra, tocoginecólogo y psiquiatra.
Por otro lado, se deriva de la “Carta de Drets i Deures dels ciutadans amb relació a la salut i l’atenció sanitària” elaborado por el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, concretamente en el apartado de Derechos, en su artículo 8.2 referente a los Derechos relacionados con el acceso a la atención sanitaria, el establecimiento del “derecho a escoger los profesionales y centros sanitarios”.
Por lo tanto, dicha Carta reconoce el derecho de los usuarios y de los pacientes de los servicios sanitarios públicos, que se respeten sus preferencias en cuanto al médico y centro, tanto en el ámbito de la atención primaria como en la atención especializada y sociosanitaria, en los términos en los que se establezca.
No obstante todo lo anterior, actualmente en Catalunya sólo es posible la libre elección del equipo de atención primaria de salud y de médico de cabecera y pediatra, que es lo que se regula provisionalmente por medio de la instrucción de CatSalut del año 2003.
Debido a quejas referidas a la imposibilidad de poder escoger especialista, el Síndic ha recordado al Departament de Salut la necesidad de que los derechos incluidos en la citada Carta de Drets i Deures que no han estado posteriormente recogidos en una norma, como es la libre elección de un especialista, se lleve a cabo y puedan ser vinculantes para todos los poderes públicos y que los ciudadanos puedan exigir jurídicamente su cumplimiento. Asimismo, también ha sugerido nuevamente que se desarrolle reglamentariamente y de forma específica el derecho a la libre elección del médico y centro, y se ponga fin a la provisionalidad de la Instrucción 3/2003 nombrada, la cual recoge una regulación provisional y genérica de este derecho.
Así, el Síndic considera que se debe reglamentar el derecho incluido en la Carta de Drets i Deures sobre la libre elección de especialista:
En estos casos, el Síndic estima que la asignación de oficio que hace la misma Administración de un usuario, aunque sea con intención de mejorar, no se puede equiparar a la libre elección voluntaria que pueda ejercer el propio usuario, y que la suspensión de un derecho siempre debe ser excepcional y debe estar perfectamente prevista. En este sentido, ha sugerido que estos cambios se comuniquen a todas las personas afectadas con la antelación suficiente para que puedan formular las alegaciones correspondientes y, si fuera el caso, atenderlas. Y, de la misma manera, que las solicitudes que se puedan hacer después del cambio sean valoradas por la dirección del centro, de manera individual, atendiendo a las circunstancias del centro y las particulares de los usuarios.
Derecho a obtener informe médico
La parte administrativa del acto médico se concreta en la elaboración de una serie de documentos, con distinta naturaleza y finalidad, pero todos de gran trascendencia médico-legal, tanto por su carácter obligatorio como por sus posibles consecuencias jurídicas. El artículo 18 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente y el derecho a la información establece que el paciente tiene el derecho de acceso a la documentación de la historia clínica y a obtener copia de los datos que figuran en ella, y el art. 11 del Código de Deontología Médica reconoce el derecho del paciente a obtener certificados e informes médicos.

References: Real Decreto 
 artículo 31
 Real Decreto 
 artículo 48
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 38
 artículo 10
 Real Decreto 
 artículo 1
 artículo 19
 artículo 6
 artículo 13
 artículo 8
 artículo 18