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Timestamp: 2019-11-14 11:49:20+00:00

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Su papel primordial lo constituye el ser interprete final de los principios y valores contenidos en la carta federal y, en este sentido, controlar la regularidad constitucional de los actos y disposiciones de las autoridades.
Esto lo convierte en un poder distinto al que imparte la justicia ordinaria (es decir, la que resuelve controversias entre particulares o con base en leyes ordinarias)12, pues es la Constitución misma la que le otorga la función de impartir, de manera exclusiva, lo que podríamos llamar "justicia político constitucional."
Esta justicia constitucional, mediante el control de los actos de las autoridades y de la regularidad constitucional de las disposiciones por ellos emitidas, contribuye a definir el papel que cada una de las instituciones políticas tiene y, por tanto, a definir las relaciones generales del derecho con la política.
Como señalábamos, en los estados modernos que aspiran al nuevo ideal de Estado Social y Democrático de Derecho, la naturaleza política de los tribunales se ve acentuada, pues las funciones de los otros dos poderes requieren un contrapeso y un control que solo el Poder Judicial puede proporcionar.
De los Órganos del Poder Judicial de la Federación
II. El tribunal electoral;
III. Los tribunales colegiados de circuito;
IV. Los tribunales unitarios de circuito;
V. Los juzgados de distrito;
VI. El tribunal fiscal;
VII. El tribunal federal de lo social;
VIII. Los juzgados federales de lo social;
IX. El Consejo de la Judicatura Federal;
X. El jurado federal de ciudadanos, y
XI. Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio de la Justicia Federal.
Ante la complejidad creciente de las relaciones humanas, principalmente económicas de la vida moderna, el Estado asume una realidad convencional cuando sus gobernantes actúan en nombre de una comunidad dentro de una organización personalizada, conforme a la ley. De ese modo, el Estado puede ser acreedor, deudor, accionista, empresario, actor y demandado ante los tribunales, crea y reconoce otros entes públicos o privados y celebra actos jurídicos, entre otras actividades, cuyas características esenciales concurrentes estriban en que todas, absolutamente todas, están encaminadas a la realización del bien común; actividades que de acuerdo con la estructura de nuestro sistema político, están a cargo de los Poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo. El primero, esencialmente, a través de la creación del orden jurídico que nos rige; el segundo, al aplicar la ley mediante la impartición de justicia, y; el tercero, como titular de la Administración Pública, reconocida ésta como una organización que se caracteriza por ser un conjunto de órganos centralizados, desconcentrados y por excepción descentralizados, que tienen a su cargo el atender las imprescindibles necesidades públicas, organizadas en servicios administrativos generales o en servicios públicos y comprende toda la actividad estatal, salvo las funciones legislativa, judicial y la de gobierno. Administración Pública que, en consecuencia, se traduce generalmente en aquella parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa; función que se rige por el principio del Estado de derecho y que por virtud de su actividad se encuentra subordinada al mandato de la norma jurídica. En este sentido, el artículo 90 Constitucional dispone que: "La Administración Pública será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso de la Unión, la que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación, que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación". Así, de acuerdo con este precepto constitucional y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los órganos administrativos que integran la Administración Pública, para constituirla y darle unidad se pueden ordenar, a través de la centralización administrativa, cuando aquellos se encuentran colocados en diversos niveles pero todos en una situación de dependencia en cada nivel hasta llegar a la cúspide en donde se halla el Jefe Supremo de la Administración Pública; la desconcentración, cuando el titular de una dependencia delega ciertas facultades de autoridad en favor de órganos que le están subordinados, jerárquicamente; la descentralización, cuando se confía la realización de algunas actividades administrativas a organismos desvinculados en mayor o menor grado de la Administración Central, y; el sistema de empresas de participación estatal, como forma de organización a la que el Estado recurre como uno de los medios directos para intervenir en la vida económica del país. Nuestro país, debido al sistema federal que lo caracteriza como Estado, asume una estructura orgánica que se divide en tres niveles de gobierno: el municipal, el estatal y el federal. Y en cada uno de ellos es dable encontrar el correspondiente ámbito administrativo.
Regida por el principio del Estado de derecho la función administrativa y subordinada al mandato de la norma jurídica en virtud de su actividad, el control que la Administración ejerce sobre sus propios actos, con motivo de los diversos recursos administrativos que se comprenden en el derecho positivo mexicano, es insuficiente para la debida protección de los derechos o intereses jurídicos de los administrados, habida cuenta que no existe la debida o necesaria imparcialidad para llegar a considerar el propio acto o el acto del inferior como ilegal y para dejarlo, en consecuencia, sin efecto; y lo que es más, cuando en el seno de la Administración los órganos de la misma proceden normalmente con criterios uniformes. Se origina, de tal manera, la justificación del establecimiento de un control jurisdiccional de los actos de la Administración, consolidado en razón de la necesidad de contar con órganos diferentes e independientes de aquélla que dentro de formas tutelares de procedimiento, puedan juzgar y decidir, con autoridad de cosa juzgada, las controversias que susciten entre los particulares y la administración. En México, el sistema de los tribunales administrativos, o de la justicia administrativa, estriba en la existencia de una jerarquía de tribunales completamente distinta de la que forma el Poder Judicial. Sus antecedentes históricos se remontan a un Proyecto de Ley para el Arreglo de lo Contencioso Administrativo, que al ser aprobado por el Poder Legislativo se conoció más por "Ley Lares" que por su propio nombre, debido a la polémica provocada en los medios jurídicos mexicanos y que al ser impugnada ante los tribunales judiciales federales, fue declarada inconstitucional. Proyecto de ley formulado a mediados del siglo pasado por don Teodosio Lares, insigne jurista mexicano. A este proyecto le siguió la Ley de la Tesorería de la Federación del 10 de febrero de 1917, que establecía en su capítulo V un juicio de oposición que se substanciaba ante el juzgado de distrito de la jurisdicción del opositor. Después de dicha ley, aparecieron la Ley de Justicia Fiscal del 27 de agosto de 1936 y el Código Fiscal de la Federación del 30 de diciembre de 1938, el primero de estos ordenamientos dio nacimiento al Tribunal Fiscal de la Federación, cuya constitucionalidad se puso en tela de duda al afirmarse que se trataba de un tribunal en el que su existencia pugnaba con las ideas de Vallarta expuestas en el siglo pasado, con criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, aun más, de juristas al servicio del Estado. La Ley de Justicia Fiscal estuvo vigente hasta el 31 de noviembre de 1938 y el 1° de enero de 1939 entró en vigor el Código Fiscal de la Federación que recogió el contenido de aquella ley y, además, incorporó todo lo relativo a los sujetos y elementos de la obligación tributaria, procedimiento económico-coactivo e infracciones y sanciones. A estos ordenamientos siguieron el Código Fiscal de la Federación del 24 de diciembre de 1966, que no constituyó ningún extraordinario avance para la legislación tributaria mexicana, como lo fue el de 1938, por cuanto que en él simplemente se hizo una reestructuración del anterior; y el Código Fiscal de la Federación del 30 de diciembre de 1981, ordenamiento al que, desde su vigencia, lamentablemente se le han introducido infinidad de reformas abusándose de la delegación de facultades no sólo en favor del Ejecutivo Federal, sino también en favor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y hasta de un organismo descentralizado como lo es el Banco de México. No obstante, con independencia de las consideraciones que anteceden, es inobjetable, que el establecimiento del control jurisdiccional de los actos de la Administración, trajo consigo el nacimiento de una noción de extraordinaria importancia dentro del sistema jurídico mexicano: la noción del Contencioso Administrativo. Concepto entendido como el procedimiento que se sigue ante un tribunal u organismo jurisdiccional situado dentro del Poder Ejecutivo o del Judicial, con el propósito de resolver de manera imparcial las controversias que se susciten entre los particulares y la Administración Pública. Institución que se conoce también con los nombres de justicia administrativa o proceso administrativo.
De la Integración del Tribunal Fiscal del Poder Judicial de la Federación
ARTICULO 242. El Tribunal Fiscal del Poder Judicial de la Federación, estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos en materia fiscal, con la organización y atribuciones que esta Ley establece.
ARTICULO 243. El Tribunal se integrará por una Sala Superior y por las Salas Regionales.
ARTICULO 244. El Tribunal tendrá un Secretario General de Acuerdos, un Secretario Adjunto de Acuerdos para cada Sección de la Sala Superior, un Oficial Mayor, un Contralor, los secretarios, actuarios, y peritos necesarios para el despacho de los negocios del Tribunal, así como los empleados que determine el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación.
ARTICULO 245. Los magistrados, los secretarios y los actuarios estarán impedidos para desempeñar cualquier otro cargo o empleo de la Federación, Estados, Distrito Federal, Municipios, organismos descentralizados, empresas de participación estatal o de algún particular, excepto los cargos o empleos de carácter docente y los honoríficos. También estarán impedidos para ejercer su profesión, salvo en causa propia.
De la Competencia Material del Tribunal
ARTICULO 246. El Tribunal Fiscal del Poder Judicial de la Federación conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación:
Cuando el interesado afirme, para fundar su demanda que le corresponde un mayor número de años de servicio que los reconocidos por la autoridad respectiva, que debió ser retirado con grado superior al que consigne la resolución impugnada o que su situación militar sea diversa de la que le fue reconocida por la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, según el caso; o cuando se versen cuestiones de jerarquía, antigüedad en el grado o tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal sólo tendrán efectos en cuanto a la determinación de la cuantía de la prestación pecuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases para su depuración.
XIII. Las que resuelvan los recursos administrativos en contra de las resoluciones que se indican en las demás fracciones de este artículo, inclusive aquéllos a que se refiere el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
XIV. Las señaladas en las demás leyes como competencia del Tribunal.
El Tribunal Fiscal del Poder Judicial de la Federación conocerá de los juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su competencia.
ARTICULO 247. La Sala Superior del Tribunal Fiscal del Poder Judicial de la Federación se compondrá de once magistrados especialmente nombrados para integrarla, de entre los cuales elegirán al Presidente del Tribunal. La Sala Superior del Tribunal actuará en Pleno o en dos Secciones.
ARTICULO 248. Las resoluciones del Pleno se tomarán por mayoría de votos de sus integrantes presentes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando tengan impedimento legal. En caso de empate, el asunto se diferirá para la siguiente sesión. Cuando no se apruebe un proyecto por dos veces, se cambiará de ponente.
ARTICULO 249. Cuando se apruebe un precedente o se fije la jurisprudencia por el Pleno, se elaborará la tesis y el rubro correspondiente para su publicación.
ARTICULO 250. Las sesiones del Pleno serán públicas. Cuando se designe Presidente, se ventilen cuestiones administrativas, o la moral, el interés público o la ley así lo exijan, las sesiones del Pleno serán privadas.
ARTICULO 251. Es competencia del Pleno:
I. Designar de entre sus integrantes al Presidente del Tribunal Fiscal de la Federación.
II. Resolver los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales.
III. Fijar o suspender la jurisprudencia del Tribunal, conforme al Código Fiscal de la Federación, así como ordenar su publicación.
IV. Resolver por atracción los juicios con características especiales, en los casos establecidos por el artículo 239-A, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación.
V. Resolver los incidentes y recursos que procedan en contra de los actos y resoluciones del Pleno, así como la queja y determinar las medidas de apremio.
VI. Resolver sobre las excitativas de justicia y calificar los impedimentos en las recusaciones y excusas de los magistrados y, en su caso, designar de entre los secretarios al que deba sustituir a un magistrado de Sala Regional.
VII. Dictar las medidas que sean necesarias para investigar las responsabilidades de los magistrados establecidas en la ley de la materia y aplicar, en su caso, a los magistrados las sanciones administrativas correspondientes, salvo en el caso de destitución la que se pondrá a la consideración del Presidente de la República.
VIII. Fijar y, en su caso, cambiar la adscripción de los magistrados de las Secciones y de las Salas Regionales.
IX. Expedir el Reglamento Interior del Tribunal y los demás reglamentos y acuerdos necesarios para su buen funcionamiento, teniendo la facultad de crear las unidades administrativas que estime necesarias para el eficiente desempeño de las funciones del Tribunal de conformidad con el Presupuesto de Egresos del Poder Judicial de la Federación.
X. Designar de entre los magistrados de la Sala Superior, a los magistrados que realicen visitas extraordinarias a las Salas Regionales. El Magistrado designado dará cuenta del funcionamiento de éstas al Pleno del Tribunal.
XI. Designar al Secretario General de Acuerdos, al Oficial Mayor y al Contralor.
XII. Resolver todas aquellas situaciones que sean de interés para el Tribunal y cuya resolución no esté encomendada a algún otro de sus órganos.
XIII. Las demás que establezcan las leyes.
Derecho Procesal mexicanoPoder judicial fiscalAutoridadesComposiciónOrganizaciónCompetencias

References: artículo 107
 artículo 90
 resolución 
 artículo 83
 artículo 239
 resolución