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Timestamp: 2019-04-21 10:27:24+00:00

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“videla, Jorge Rafael, menéndez, Luciano Benjamín y otros p ss aa. Abuso de Poder, Usurpación, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos-“
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//doba, 29 de marzo de dos mil doce.
Estos autos caratulados: “VIDELA, Jorge Rafael, MENÉNDEZ, Luciano Benjamín y otros p.ss.aa. Abuso de Poder, Usurpación, Allanamiento ilegal de domicilio, Robo calificado, Privación ilegítima de la libertad agravada, Imposición de tormentos-“ (Expte N° 755/2010), venidos a conocimiento de la Sala B de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación deducidos en primera instancia, respectivamente, por la defensa técnica de Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Ernesto Guillermo Barreiro, Enrique Alfredo Maffei, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Alberto Ramón Lardone, José Andrés Tofalo, Angel O. Corvalán y Jorge Ezequiel Acosta, a cargo de la Defensora Pública Oficial Dra. María Mercedes Crespi, en contra de la resolución dictada con fecha 18 de octubre de 2010 (Registro N° 309/10), obrante a fs. 2621/64 y su aclaratoria de fecha 21 de octubre de 2010 (Registro 318/2010), de fs. 2665 y vta., asimismo los imputados Videla, Menéndez, Rodríguez, Díaz, Lardone y López apelaron dichas resoluciones por derecho propio; por el imputado Jorge Exequiel Acosta, por los fundamentos dados por la Defensora Pública Oficial, Dra. María Mercedes Crespi, en contra de la resolución registrada bajo el número 309/2010, glosada a fs. 2621/64; por la defensa técnica de José Luis Yañez, a cargo del Dr. Ernesto Alberto Gaudin, en contra de la resolución de fs. 2621/64 (Registro 309/2010); por la defensa técnica de Eduardo Porfidio Ríos, ejercida por el Dr. Jorge Alberto Agüero, en contra de la resolución de fs. 2621/64 (Registro 309/2010); por el imputado Luis Alberto Manzanelli, con los fundamentos dados por su abogado defensor, Dr. Jorge Alberto Agüero, en contra de la resolución de fs. 2621/64 (Registro 309/2010); y por el Fiscal Federal Dr. Enrique José Senestrari en contra de la resolución dictada el 18 de octubre de 2010, registrada bajo el número 308/2010, que obra glosada a fs. 2611/2620 del expediente.
El auto interlocutorio dictado por el señor Juez Federal Subrogante del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, con fecha 18 de octubre de 2010, Registro n° 308/2010, obrante a fs. 2611/2620, dispone: “I) SOBRESEER a Jorge Rafael Videla, con relación a los hechos nominados primero y segundo del resultando, por prescripción de la acción penal (arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del Código Penal y art.336 inc. 1° del C.P.P.N.). II) RECHAZAR el planteo de nulidad parcial incoado por el Sr. Agente Fiscal, contra la sentencia obrante a fs. 262/265vta –confirmada por la Excma. Cámara Federal de Apelaciones a 713/717- por la cual se sobreseyó al encartado Luciano Benjamín Menéndez en orden a los hechos nominadosprimero y segundo del resultando (cfme. art. 172 del C.P.P.N. –a contrario sensu-). PROTOCOLÍCESE Y HAGÁSE SABER.”
Por su parte, el auto interlocutorio dictado por el señor Juez Federal Subrogante del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba con fecha 18 de octubre de 2010, Registro n° 309/2010, obrante a fs. 2621/2664, dispone: RESUELVO: I. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez como coautores mediatos (art. 45 del C.P.) de los hechos nominados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo y vigésimo, encuadrados en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55 C.P.) con la prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), y del hecho nominado décimo noveno, encuadrado en la figura penal prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), del CP. todos ellos del CP, en los términos del art. 306 del CPPN. II. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables de los imputados Videla y Menéndez hasta cubrir la suma de pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000) por cada uno, o inhibirlos por igual monto. III. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Hermes Oscar Rodríguez como autor mediato (art. 45 del C.P.) de los hechos nominados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, encuadrados en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55 C.P.) con la prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), todos ellos del CP, en los términos del art. 306 del CPPN. IV. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables del imputado Rodríguez hasta cubrir la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000), o inhibirlo por igual monto. V. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Ernesto Guillermo Barreiro como autor mediato (art. 45 del C.P.) de los hechos nominados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, encuadrados en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55 C.P.) con la prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), todos ellos del CP, en
los términos del art. 306 del CPPN. VI. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables del imputado Barreiro hasta cubrir la suma de pesos VEINTE MIL ($ 20.000), o inhibirlo por igual monto. VII. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Eduardo Porfidio Ríos, José Luis Yáñez y Enrique Alfredo Maffei, como coautores (art. 45 Poder Judicial de la Nación - 89 -del C.P.) de los hechos nominados primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, décimo quinto, décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo, encuadrados en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55 C.P.) con la prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), todos ellos del CP, en los términos del art. 306 del CPPN. VIII. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables de los imputados Ríos, Yáñez y Maffei hasta cubrir la suma de pesos QUINCE MIL ($ 15.000) por cada uno, o inhibirlos por igual monto. IX. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, José Andrés Tofalo, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, como coautores (art. 45 del C.P.) del hecho nominado segundo, encuadrado en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55 C.P.) con la prevista en el art. 144 ter., 1er. párrafo (ley 14.616), todos ellos del CP., en los términos del art. 306 del CPPN. X. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables de los imputados Acosta, Manzanelli, Díaz, Vega, Tofalo, Lardone, López y Romero hasta cubrir la suma de pesos QUINCE MIL ($ 15.000) por cada uno, o inhibirlos por igual monto. XI. ORDENAR EL PROCESAMIENTO de Ángel O. Corvalán como autor (art. 45 del C.P.) del hecho nominado undécimo, encuadrado en la figura penal prevista en el art. 144 bis, inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), del CP, en los términos del art. 306 del CPPN. XII. TRABAR EMBARGO sobre los bienes registrables del imputado Corvalán hasta cubrir la suma de pesos DIEZ MIL ($ 10.000), o inhibirlo por igual monto. XIII. SOBRESEER a Arturo Gumersindo Centeno por los - hechos nominados primero a vigésimo-, por extinción de la acción penal por muerte del imputado (art. 336 inc. 1° del CPPN., en función del art. 59 inc. 1ero. del Código Penal). XIV. SOBRESEER a Orestes Valentín Padován y Juan Eusebio Vega, en orden al -hecho nominado segundo-, en los términos del art. 336 inc. 4to. del CPPN. XV. PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.”
La aclaratoria del último auto interlocutorio, resolución N° 318/2010 de fecha 21.10.2010 (fs. 2665 y vta.), que fuera dictada en los términos prescriptos por el art. 126 del C.P.P.N., dispone: “RESUELVO: RECTIFICAR el punto 1ero. de la parte resolutiva de la resolución de fs. 2621/2665, debiendo entenderse que la conducta de los imputados Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez —con relación al hecho nominado décimo noveno- se encuadra legalmente como infracción art. 144 bis inc. 1 y último párrafo (ley 14.616), en función del art. 142, inc. 1 (ley 20.642), en concurso real (art. 55, C.P.) con la prevista en el art. 144 ter, 1er párrafo (ley 14.616), todos ellos del C.P. – (art. 126 del C.P.P.N.). PROTOCOLÍCESE, HÁGASE SABER Y NOTIFÍQUESE.”
I. ACERCA DE LA APERTURA DE LA PRESENTE INSTANCIA
Que se presenta a esta Sala la cuestión de responder a los recursos de apelación interpuestos por las defensas y el Ministerio Público Fiscal en contra de los decisorios de fecha 18 de octubre de 2010 (Registro N° 308/2010 y N° 309/2010 del Protocolo del Juzgado de instrucción) y aclaratoria de fecha 21 de octubre de 2010 (Registro N° 318/2010) —cuyos fragmentos resolutivos se leen transcriptos en los párrafos precedentes—.
En concreto, cabe decidir acerca de las apelaciones interpuestas por: a) los imputados Jorge Rafael Videla, Luciano Benjamín Menéndez, Hermes Oscar Rodríguez, Ernesto Guillermo Barreiro, Enrique Alfredo Maffei, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Alberto Ramón Lardone, José Andrés Tófalo, Angel Osvaldo Corvalán y Jorge Exequiel Acosta, representados en el proceso por la Defensoría Pública Oficial; b) el imputado José Luis Yañez, cuya defensa se halla a cargo del Dr. Ernesto Alberto Gaudin; c) los imputados Eduardo Porfidio Ríos y Luis Alberto Manzanelli, ambos asistidos por el abogado defensor Dr. Jorge Agüero; d) el Fiscal Federal Dr. Enrique José Senestrari.
Se consigna que la Defensora Pública Oficial Dra. María Mercedes Crespi, Dr. Jorge Alberto Agüero y Dr. Ernesto Alberto Gaudin, han informado oralmente ante este Tribunal en representación de sus respectivos asistidos (art. 454, C.P.P.N.), habiendo formulado informe además el señor Fiscal General Dr. Alberto G. Lozada (v. constancias de acta labrada por Secretaría).
II. ACERCA DE LOS HECHOS E IMPUTACIONES
En orden a los hechos e imputaciones que se ventilan en autos, cabe indicar que se atribuye responsabilidad penal a los imputados en la comisión de los siguientes hechos, según surge de las resoluciones apeladas antes citadas:
Hecho primero:(correspondiente al requerimiento fiscal de fs. 161/171 vta, que se identifica como “segmentos A y B”). Con fecha 25 de abril de 1977 en horas de la madrugada, en un despliegue de varias operaciones simultáneas, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército Argentino, por orden emanada del entonces Comandante del mismo, General Luciano Benjamín Menéndez, sin orden judicial, y con el respaldo de quien se encontraba detentando el cargo de titular del Poder Ejecutivo Nacional, Jorge Rafael Videla , haciendo valer su condición de funcionarios públicos, habrían ingresado ilegítimamente, ocupando y apoderándose violentamente de las instalaciones de: a) la empresa Mackentor, sus oficinas administrativas y bienes muebles ubicados en calle Rosario de Santa Fe N° 71, tercer piso, oficinas 302 y 303 de esta ciudad; de los talleres, depósitos y sus bienes muebles, situados en un predio de cinco hectáreas en el camino a Los Boulevares esquina calle Tucumán de Barrio de esta ciudad; de dos campos ubicados en la Provincia de Santiago del Estero (sobre los que la firma tenía un 70% en derechos y acciones, como integrante de una sociedad integrada con una persona de apellido Hais), denominado s “Establecimiento San Ramón”, de 7.000 hectáreas ubicado en la ruta provincial 50, a cincuenta kilómetros de la localidad de Suncho corral, Departamento Moreno, y “Establecimiento Las Brujas”, de 2.500 hectáreas ubicadas en Villa Figueroa; de una finca en la Provincia de San Juan dedicada a la producción vitivinícola constituida por dos fracciones de terreno que se encontraban en el Departamento 25 de mayo, en calle 3 esquina Costa Canal, de 21 y 16 hectáreas (según plano de mensura 14600, letra “g”, año 1972); de una planta de fabricación de caños de alta presión situada en las Flores, Provincia de Córdoba; y de las oficinas que la firma tenía en la ciudad de Buenos Aires en calle Montevideo, 9° piso; b) la empresa Horcen (Hormigón Centrifugado Sociedad Anónima), perteneciente al grupo “Mackentor”, situada en un predio de 15.105 metros cuadrados en la Ruta 9, Km.688, de B° Ferreyra, zona del Parque Industrial de la ciudad de Córdoba y c) la empresa EDISA SA. (Empresa del Menor SACIF) dedicada a la fabricación de refrescos, que pertenecía al empresario Ingeniero Abichaín pero meses antes era de propiedad del grupo económico Mackentor.- Producidos los allanamientos y ocupación de los inmuebles, a requerimiento del General Luciano Benjamín Menéndez, el 26 o 27 de abril de ese año, el General Videla habría ordenado con abuso de sus funciones a las autoridades del Banco Central de la República Argentina que se dispusiera la indisponibilidad de todos los fondos que Mackentor tuviese en el sistema bancario argentino.-
Hecho segundo: (correspondiente al requerimiento fiscal de fs.161/171vta, que se distingue como “segmento B”). En el contexto del hecho anteriormente descripto, con el fin de procurar una supuesta “legitimación” de la maniobra usurpadora, bajo órdenes del por entonces Sr. Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, General Luciano Benjamín Menéndez, el Comandante de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV, General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), con fecha 28 de abril de 1977, habría comparecido ante el Juzgado Federal Nro. 1 de la Ciudad de Córdoba, del que por entonces era titular el Dr. Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido), invocando la existencia de una “investigación”, llevada a cabo según decía, por ese “Comando”, y habría solicitado al Juez la urgente intervención judicial de las empresas Mackentor SA., Del Interior SA., y Horcen SA. (que se encontraban “militarmente” intervenidas), a fin de que se le adjudicara al Ejército “el manejo total y absoluto de sus respectivas administraciones Se atribuye participación necesaria en este hecho a Jorge Rafael Videla por su respaldo como titular del Poder Ejecutivo Nacional.”, a lo que el Juez Adolfo Zamboni Ledesma hizo lugar disponiendo la intervención peticionada, y designando al militar Coronel (RE.) Rodolfo Batistella para su desempeño.
La situación procesal de Jorge Rafael Videla en orden a los hechos precedentemente descriptos, que emanan del requerimiento fiscal de fs. 161/71 vta. y que fueran calificados legalmente como Abuso de Poder (artículo 248, C.P.), Allanamiento ilegal de domicilio (artículo 151, C.P.), Usurpación (artículo 181, inciso 1, C.P.), Robo calificado (artículo 166 inciso 2, primera hipótesis, en función del artículo 164, C.P.) y Abuso de Autoridad (artículo 248, C.P.), en concurso real, en carácter de partícipe necesario, fue resuelta por el Juez de instrucción en auto interlocutorio N° 308/2010.
Hecho nominado primero: (correspondiente a requerimientos fiscales de fs. 826/32vta. y 1370/81) -Víctima Ángel Vitalino Sargiotto-. Con fecha 25 de abril de 1977, en horas de la madrugada, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV a cargo del General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), dependiente del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a cargo del Comandante Luciano Benjamín Menéndez, habrían privado ilegítimamente de su libertad a Ángel Vitalino Sargiotto, directivo de la empresa Mackentor SA. El mencionado habría sido detenido en su domicilio sito en calle Arturo M. Bas N° 112, 2do. piso de esta ciudad de Córdoba, y luego trasladado al “centro clandestino de detención, concentración y tortura” denominado “La Ribera”, ubicado en barrio San Vicente de esta ciudad.
Mientras estuvo privado de su libertad en “La Ribera”, los imputados Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos (personal de la Sección 1 –Política-), Ernesto Guillermo Barreiro (Jefe de la Sección 1), José Luis Yáñez y Enrique Alfredo Maffei, (personal civil de inteligencia del Ejército), dependientes de Hermes Oscar Rodríguez, Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, habrían impuesto a Sargiotto una serie de “torturas”, tales como: a) extensas horas de interrogatorios, con el objeto de que aportara información referente al supuesto financiamiento económico de Mackentor SA. a organizaciones subversivas, en el transcurso de las cuales habría sido obligado a arrastrarse por el piso, a realizar sentadillas de manera reiterada y habría sido amenazado con ser fusilado; b) alojarlo en ocasiones en una celda o calabozo de aproximadamente 70 u 80 cm. de ancho con los ojos vendados; c) servirle la comida en un plato a los fines que la ingiriera con las manos atadas; d) no concederle autorización para hacer sus necesidades fisiológicas y golpearlo cuando se orinaba encima; e) trasladarlo el día 3 o 5 de mayo de 1977 en horas de la madrugada al patio del centro clandestino “La Ribera” esposado y atado, sometiéndolo a bajas temperaturas y simulando su fusilamiento, para que afirmara que se encontraba vinculado con la “guerrilla”; f) amenazarlo con su ejecución, ordenándole a punta de pistola que se dirigiera afuera de “La Ribera”, exclamando en presencia de otros detenidos que se encontraban a su lado “van a ver lo que le pasa a un guerrillero”; y g) mantenerlo gran parte de su cautiverio con las manos atadas y no permitirle asearse.
El día 20 de julio de ese mismo año, Sargiotto habría ingresado oficialmente al Establecimiento Penitenciario N° 2 de esta ciudad (Cárcel de Encausados), donde habría permanecido hasta el 27 de marzo de 1979, fecha en la cual habría sido trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 9 de la ciudad de La Plata, recuperando su libertad presumiblemente el día 05 de noviembre de 1980.
Este hecho habría sido llevado a cabo en atención a que Jorge Rafael Videla, en su carácter de Presidente de la Nación, desde el día 24 de marzo de 1976 hasta el 29 de marzo de 1981, no habría evitado su ejecución.
Hecho nominado segundo: (correspondiente a requerimientos fiscales de fs. 826/32vta. y 1370/81) -Víctima Enzo Alejandro Manassero-. Con fecha 25 de abril de 1977, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV a cargo del General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), dependiente del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a cargo del Comandante Luciano Benjamín Menéndez, en coordinación con tropas del Primer Cuerpo de Ejército con asiento en Buenos Aires, habrían privado ilegítimamente de su libertad a Enzo Alejandro Manassero, directivo de la empresa Mackentor SA. El mencionado habría sido detenido en las inmediaciones de su domicilio sito en calle Triunvirato N° 4053, Piso 12, Dpto. “B”, B° Villa Urquiza de Capital Federal, siendo alojado en una seccional de la Policía Federal, sita en calle Olazábal de dicha ciudad, y luego trasladado al “centro clandestino de detención, concentración y tortura” denominado “La Ribera”, ubicado en barrio San Vicente de esta ciudad.
Mientras estuvo privado de su libertad en “La Ribera”, los imputados Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos (personal de la Sección 1 –Política-), Ernesto Guillermo Barreiro (Jefe de la Sección 1), José Luis Yáñez y Enrique Alfredo Maffei, (personal civil de inteligencia del Ejército), dependientes de Hermes Oscar Rodríguez, Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, le habrían impuesto una serie de “torturas”, tales como: falta de aseo, simulacros de fusilamiento, haciendo padecer su cautiverio con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas, a fin de obtener del nombrado a través de interrogatorios la mayor cantidad posible de información referente al supuesto financiamiento económico de Mackentor SA. a organizaciones subversivas. Asimismo, entre los días 12 y 14 de mayo de 1977, el nombrado habría sido llevado en dos oportunidades al centro clandestino de detención llamado “La Perla” por el lapso de seis a diez horas, lugar en el que Jorge Exequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, Juan Eusebio Vega, José Andrés Tófalo y Orestes Valentín Padován, personal de la Sección 3 (Operaciones Especiales), Ricardo Alberto Ramón Lardone, Arnoldo José López y Héctor Raúl Romero, personal civil de inteligencia del Ejército (PCI), dependientes del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, habrían mantenido su estado de privación ilegítima de libertad.
Durante su estadía en “La Perla”, el personal mencionado precedentemente, le habría impuesto, además de la misma clase de torturas sufridas en “La Ribera”, otras, consistentes en aplicación de picana eléctrica y el comúnmente denominado “submarino” (introducción de la cabeza de la víctima en el interior de recipientes con agua hasta causar principios de asfixia), con idéntica finalidad de obtención de información.
El día 20 de julio de ese mismo año, el nombrado habría ingresado oficialmente al Establecimiento Penitenciario N° 2 de esta ciudad (Cárcel de Encausados), donde permaneció hasta el 27 de marzo de 1979, fecha en la cual habría sido trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 9 de la ciudad de La Plata, recuperando su libertad presumiblemente el día 05 de noviembre de 1980. En el lapso comprendido entre su detención y su liberación, Manassero fue condenado con fecha 10 de mayo de 1978 por el Consejo de Guerra Especial Estable N° 3, a la pena de siete años de prisión por el delito de Encubrimiento con relación al art. 210 bis del C.P., y como consecuencia de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara dicho resolutorio, fue puesto a disposición del Poder Ejecutivo Nacional mediante decreto 1806 de fecha 28 de julio de 1979, medida dejada sin efecto por decreto N° 2115 de fecha 03 de octubre de 1980.
Hecho nominado tercero: (correspondiente a requerimientos fiscales de fs. 826/32vta. y 1370/81) -Víctima Lelia Norma Rapuzzi-. Con fecha 25 de abril de 1977, tropas de la Brigada de Infantería Aerotransportada IV a cargo del General de Brigada Arturo Gumersindo Centeno (fallecido), dependiente del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército a cargo del Comandante Luciano Benjamín Menéndez, en coordinación con tropas del Primer Cuerpo de Ejército con asiento en Buenos Aires, habrían privado ilegítimamente de su libertad a Lelia Norma Rapuzzi de Manassero, esposa de Enzo Alejandro. La mencionada habría sido detenida en las inmediaciones de su domicilio sito en calle Triunvirato N° 4053, Piso 12, Dpto. “B”, B° Villa Urquiza de Capital Federal, siendo alojada en una seccional de la Policía Federal, sita en calle Olazábal de dicha ciudad. Al día siguiente -en horas de la noche- habría sido trasladada al “centro clandestino de detención, concentración y tortura” denominado “La Ribera”, ubicado en barrio San Vicente de esta ciudad, lugar donde habría permanecido detenida hasta el día 06 o 07 de mayo de ese mismo año, fecha en la cual habría recuperado su libertad. Mientras estuvo privada de su libertad en “La Ribera”, los imputados Manuel Absalón Díaz y Eduardo Porfidio Ríos (personal de la Sección 1 –Política-), Ernesto Guillermo Barreiro (Jefe de la Sección 1), José Luis Yáñez y Enrique Alfredo Maffei, (personal civil de inteligencia del Ejército), dependientes de Hermes Oscar Rodríguez, Segundo Jefe del Destacamento de Inteligencia 141 “Gral. Iribarren”, habrían impuesto a Rapuzzi una serie de “torturas”, tales como: impedir su aseo, hacerla padecer su cautiverio con los ojos vendados y en condiciones infrahumanas, con el objeto de que dijese la mayor cantidad de información posible referente al supuesto financiamiento económico de Mackentor SA. a organizaciones subversivas.

References: resolución 
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 artículo 164