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Timestamp: 2019-07-19 04:57:41+00:00

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Boletin segurpri nº49 - El Abrelatas
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Boletín nº 49 publicado por la Unidad de Seguridad Privada del CNP
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Gongora Trauco Elmer
FPOL Nozick Unidad 3
Cosa (res) y su caracteristicas
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Comunidades Campesinas y Nativas
Reformas Del Codigo Penal 2015 Tablas Comparativas
ASDF 3
LeyPropiedadHorizontal
Ejecucion administrativa.
Derecho Laboral (Complemento)
Factores de La Inseguridad Juridica Sobre La Tierra Ensayo
SEGURPRI
Comisara General de Seguridad Ciudadana
DIRECCIN GENERAL DE LA POLICA
Boletn Informativo N 49
A comienzos del siglo XIX Francia se hallaba envuelta en luchas por lugares muy dispares
y distanciados de Europa, y el gobierno tuvo la ocurrencia de ofrecer un premio para aquel inventor que creara un mtodo de conservacin de la comida que permitiera proveer de ella a las
tropas de manera ms sencilla. El resultado de aquel ofrecimiento tard en llegar, pero por fin
dio sus frutos.
Nicols Appert, un cocinero francs, se llev en el ao 1809 los veinte mil francos del premio por su invento. Segn su idea, la comida era introducida en botellas de cristal, de champn
segn parece, que posteriormente eran selladas. Usar una botella de champn limitaba el tipo de
comida que se poda meter en ellas, pero en cualquier caso, funcionaba. Cuando se iba a consumir, bastaba con meter la botella en agua caliente para preparar la comida.
Un ingls llamado Peter Durand tom como base la idea del francs y cre un mtodo
similar de conserva, cambiando las botellas por latas metlicas, que tambin eran selladas para
conservar los alimentos. Aquel diseo fue patentado y poco despus aparecieron en el mercado
las primeras latas de conserva de comida.
No fue hasta 1858 cuando se invent el abrelatas y por fin se dio el salto definitivo. Se
abandonaron los cuchillos, martillos, mazas y dems ideas de fuerza bruta para abrir las latas
y se dej paso al ingenio. Este lo puso un tipo llamado Ezra Warner, un norteamericano, que patent su diseo y triunf con l.
Que las latas de conserva se inventaran unos cincuenta aos antes que el abrelatas, parece una cosa un poco extraa. No por el orden, ya que lgicamente sin latas de conserva nadie
iba a idear un dispositivo para abrirlas.
De manera similar, una vez inventada la Ley de Seguridad Privada, en el ao 2014, solo
queda patentar el Reglamento de Seguridad Privada, una vez se constituya un poder ejecutivo.
Esperemos que en menos de 50 aos...
Boletn N 49 Mayo 2016
LEY DE SEGURIDAD PRIVADA: LEY 5/2014, DE 4 DE ABRIL, DE SEGURIDAD PRIVADA (BOE nm. 83, de 5 de abril).
REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA: REAL DECRETO 2364/1994 DE 9 DE DICIEMBRE, que aprueba el Reglamento de
Seguridad Privada (BOE nm. 8 de 10 de enero de 1995).
Correccin de errores, (BOE nm. 20 de 24 de Enero de 1995.)
REAL DECRETO 938/1997, DE 20 DE JUNIO (BOE nm. 148, de 21 de junio).
REAL DECRETO 1123/2001, DE 19 DE OCTUBRE (BOE nm. 281, de 23 de noviembre).
REAL DECRETO 277/2005, DE 11 DE MARZO (BOE nm. 61 de 12 de marzo).
SENTENCIA DE 30 DE ENERO DE 2007, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE nm. 55, de 5 de
REAL DECRETO 4/2008, DE 11 DE ENERO (BOE nm. 11, de 12 de enero).
SENTENCIA DE 15 DE ENERO DE 2009, DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO (BOE nm. 52, de 2 de
REAL DECRETO 1628/2009, DE 30 DE OCTUBRE (BOE nm. 263, de 31 octubre).
Orden INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada. (BOE 42 de 18.02.2011).
Correccin de errores (BOE nm. 61 de 12.03.2011).
Modificada por: Orden INT/1504/2013 de 30 de Julio (BOE 148 de 07.08.2013)
Orden INT/315/2011, de 1 de febrero, por la que se regulan las Comisiones Mixtas de Coordinacin de la Seguridad Privada.
(BOE 42 de 18.02.2011).
Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el mbito de la seguridad privada.
(BOE 42 de 18.02.2011)
Modificado por: Orden INT/1504/2013 de 30 de Julio (BOE 148 de 07.08.2013)
Orden INT/317/2011, de 1 de febrero, sobre medidas de seguridad privada. (BOE 42 de 18.02.2011)
Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada. (BOE 42 de 18.02.2011).
Orden INT/2850/2011 (BOE nm. 255 de 22.10.2011).
SENTENCIA de 25.04.2016 DE LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL SUPREMO.
Orden INT/704/2013, de 10 de abril, por la que se establece el Da de la Seguridad Privada. (BOE 103 de 30.4.2013).
- EL ABRELATAS .........................................................................................................................1
- Sumario ......................................................................................... ......................... ..................2
- Activacin voluntaria de pulsadores de alarma (IV) ................ ......................... ..................3
- Retirada de TIP a vigilante por comisin de delito flagrante .. ......................... ..................6
- Uso compartido de comunicaciones .......................................... ......................... ..................8
- Consideracin de figuras del convenio colectivo en la LSP ... ......................... ..................9
- Validez de los cursos de formacin especfica ......................... ......................... ................10
- Funciones de V.S. en espacios abiertos .................................. ......................... ................13
- Obligatoriedad de empleados en estaciones de servicio ........ ......................... ................15
- Creacin de un centro de control de emergencias .............................................................17
- Identificacin de vigilantes en sede policial ........................................................................19
- Uso de medios de localizacin y seguimiento por detectives ............................................22
- Sentencia Retirada nmero del DNI o NIE de las TIP. ......................................................29
- Sentencia Placa de vigilantes rotuladas en cataln .........................................................34
- Actos ........................................................................................................................................ 39
Edita: UNIDAD CENTRAL DE SEGURIDAD PRIVADA (Seccin de Coordinacin)
C/ Rey Francisco, 21- 28008 MADRID
Telfono: 91 322 39 19
E-mail: ucsp.publicaciones@policia.es
Se autoriza la reproduccin, total o parcial, del contenido, citando textualmente la fuente.
En esta seccin se recogen informes emitidos por la Unidad Central de Seguridad Privada, en contestacin a consultas de Instituciones, Empresas, Personal de seguridad privada o
particulares, y que suponen una toma de posicin de la misma en la interpretacin de la normativa referente a Seguridad Privada y fija el criterio decisor de las restantes Unidades Policiales de Seguridad Privada
Con carcter previo se participa que los informes o respuestas que emite esta Unidad
tienen un carcter meramente informativo y orientativo -nunca vinculante- para quien los emite y para quien los solicita, sin que quepa atribuir a los mismos otros efectos o aplicaciones
distintos del mero cumplimiento del deber de servicio a los ciudadanos.
ACTIVACIN VOLUNTARIA
DE PULSADORES DE ALARMA (IV)
Consulta de una Unidad Territorial de seguridad Privada, de Polica Nacional, motivada por la sancin a una CRA por no hacer una comprobacin-verificacin cuando se
recibe la activacin de un pulsador anti-atraco por parte de un usuario e interpretacin de
la normativa actual.
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin
necesidad de ninguna verificacin de este
tipo de seales por la inmediatez que se requiere de la respuesta policial, conforme a lo
dispuesto en el artculo 12.4 de la Orden
INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el
mbito de la seguridad privada.
En relacin con la consulta planteada,
y previamente a elaborar las conclusiones
oportunas, conviene tener en cuenta y saber
lo que consta en los informes citados y objeto de aclaracin:
1. En primer lugar, en el informe de fecha
7/11/2014, sobre Activacin voluntaria de
pulsadores: procedimiento de verificacin y
posibilidad sancionadora, a modo de resumen consta lo siguiente: El accionamiento
voluntario de un pulsador de atraco o anti
rehn es una alarma confirmada, por lo que
debera ser comunicada de forma inmediata
No obstante, si la central entendiese
necesario realizar alguna comprobacin, debera utilizar el CCTV o audio, si el establecimiento dispone de estos medios, nunca telefonear a la instalacin por los evidentes riesgos para la vida de las personas que all se
encuentran.
Por tanto, la responsabilidad por estas
actuaciones voluntarias debern ser asumidas por los usuarios, instruyndose procedimiento sancionador por infraccin grave del
artculo 59.2.e) cuando se trate de un sujeto
obligado, o leve del 59.3.a) para el resto.
2. En el informe de fecha 6/2/2015, sobre
Ampliacin a Informe sobre activacin voluntaria de pulsadores de alarma, se trata
de aclarar el trmino activacin voluntaria
de cualquier elemento destinado a este
fin, entendiendo como voluntariedad de la
accin, el ejercicio de la libre determinacin
de la facultad de activar los elementos de
alarma de los que se dispone, con la intencin o deseo de transmitir a la central receptora dicha seal de peligro, de forma que se
provoque, tras la inmediata comunicacin de
sta al servicio policial correspondiente, la
preceptiva intervencin policial.
A priori, no resulta fcil dilucidar cundo se ha de considerar que la activacin del
pulsador ha sido voluntaria o no.
No obstante, se considera imprescindible que los sistemas de seguridad cuenten
con tecnologa que permita acceder desde la
CRA bidireccionalmente a los mismos, para
posibilitar la identificacin y tratamiento singularizado de las seales correspondientes
a las distintas zonas o elementos que lo
componen.
As mismo, se estima que las empresas de seguridad responsables de esos sistemas, podrn utilizar como gua orientadora
el conocimiento que se presume han de tener sobre lo que se puede considerar como
comportamiento del sistema, entendida como la historia conocida del devenir de cada
sistema en funcin de la utilizacin que en
concreto se hace del mismo, actuando en
consecuencia con dicho concreto conocimiento del historial de alarmas del mismo.
Por tanto, en orden a determinar la voluntariedad o no de la activacin, no resultar improcedente que las centrales de alarma, basados en el pretendido conocimiento
del sistema, puedan entender que, en determinados supuestos, para evitar automatismos de conocido o presumible resultado negativo, procedan a realizar, con lgicas precauciones, algn tipo de comprobacin complementaria, de cuyo real resultado derivar
la decisin de comunicar, o no, la seal de
alarma efectivamente comprobada, segn
dispone el artculo 11 de la Orden
INT/316/2011 que posibilita la realizacin de
acciones complementarias a los procedimientos de verificacin, pudiendo llamar a
los telfonos facilitados por el titular de la
instalacin a fin de comprobar la veracidad
de la seal de alarma recibida, concluyendo
que hasta que no se produzca el pertinente
desarrollo reglamentario, este tipo de comportamiento profesional por parte de las centrales de alarma, de producirse en los trminos expresados, no se ha de entender desajustado.
3. Por otro lado, en el informe de fecha
28/4/2015, sobre Criterios de interpretacin
sobre verificacin complementaria de activacin de pulsador de atraco, en el que se solicita la correcta interpretacin de los contenidos de los Protocolos de Actuacin Policial
ante Alarmas dimanantes de la Direccin
Adjunta Operativa frente a diversos informes
emitidos por esta Unidad Central de Seguridad Privada en relacin con la verificacin
complementaria de una alarma confirmada,
se estima que para evitar determinados automatismos con presumible resultado negativo, las CRAs procedan a realizar, con las
lgicas precauciones, algn tipo de comprobacin complementaria, de cuyo real resultado se derivar la decisin de comunicar o no
la seal de alarma efectivamente comprobada, pudiendo llamar a los telfonos facilitados por el titular con la exclusiva finalidad de
comprobar la veracidad de la seal de la
alarma recibida y comunicarla posteriormente al servicio policial correspondiente.
Y en consecuencia, el Protocolo de
Actuacin Policial ante Alarmas dimanante
de la Direccin Adjunta Operativa, contempla la posibilidad de, una vez es puesto en
conocimiento de la Sala Operativa del 091 el
aviso de alarma, y se recabe de la CRA toda
la informacin relativa a datos exactos del
lugar, zonas y dispositivos concretos que se
han activado, datos del titular, y si en el lugar
hay vigilantes del servicio de acuda, se participe a la unidad policial en servicio comisionada, junto con el resultado de las primeras
gestiones de comprobacin realizadas mediante llamada telefnica policial al propio
establecimiento o entidad.
Del estudio de la legislacin vigente se
seguridad privada en materia de alarmas y
de los informes previamente citados, como
contestacin a la cuestin planteada por la
Unidad Territorial de Seguridad Privada, respecto a la Sancin a una CRA por no hacer
una comprobacin/verificacin cuando se
recibe la activacin de un pulsador antiatraco por parte de un usuario, esta Unidad
Central estima que:
1. La activacin voluntaria de un pulsador de
atraco o anti-rehn, segn el artculo 12.4 de
la Orden INT/316/2011, de 1 de febrero, sobre funcionamiento de los sistemas de alarma en el mbito de la seguridad privada, se
considera alarma confirmada.
Por otro lado, segn dispone el artculo 13
de la citada Orden, toda alarma confirmada,
con arreglo a lo dispuesto en el artculo previamente citado, tiene la consideracin de
alarma real, y por tanto, conforme a lo establecido en el artculo 48 del Reglamento de
Seguridad Privada, las centrales de alarma
tienen la obligacin de transmitir inmediatamente al servicio policial correspondiente las
alarmas reales producidas, no siendo, por
tanto, necesario ningn tipo de verificacin ni
comprobacin previa a la transmisin de la
seal de alarma a los servicio policiales
2. Respecto a la voluntariedad, o no, de la
activacin del pulsador de atraco, es algo
que se debe realizar con posterioridad, ya
que la norma obliga a la CRA a transmitir
inmediatamente este tipo de seal, pudiendo
determinarse posteriormente si la activacin
del pulsador de atraco ha sido voluntaria o
no, susceptible de producir una intervencin
policial por tratarse de un hecho real con peligro para las personas y los bienes, sancionndose el mal uso del citado dispositivo
por el usuario del mismo con la infraccin
tipificada en el artculo 59.2.e) o 59.3.b), en
funcin de la obligatoriedad o no de la instalacin de medidas de seguridad.
CCTV o audio (solo escucha), al objeto de
facilitar toda la informacin posible a la Sala
del 091 para su transmisin a la dotacin
policial comisionada, pero en este caso
NUNCA debe llamar por telfono al establecimiento por el lgico riesgo fsico que hay
para las personas que se encuentran en su
interior y son objeto de este hecho delictivo,
debiendo mantener una comunicacin permanente con intercambio de informacin
continua y completa hasta la finalizacin del
servicio entre la Sala del 091, la CRA y la
unidad policial actuante.
Por ello, no se puede exigir a la CRA la
responsabilidad de la comunicacin de una
alarma que la norma define como
confirmada y que permite que sea transmitida sin necesidad de realizar ningn tipo de
verificacin previa a la comunicacin, salvo
que se comuniquen tres o ms alarmas confirmadas, procedentes de la misma conexin, que resulten falsas en un plazo de
sesenta das, conforme establece el artculo
14.4 de la citada Orden, debindose realizar
el procedimiento establecido en su artculo
De todo lo cual, esta Unidad Central
estima que no se debe seguir ningn criterio
particular respecto a la comunicacin por
parte de las Centrales Receptoras de Alarmas, de las seales de alarma confirmadas,
sino simplemente cumplir y hacer cumplir la
legislacin existente a ese respecto, de conformidad con lo expuesto en informes anteriores de esta Unidad Central, y expuestos
resumidamente en el presente.
Una vez transmitida esa seal de alarma a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
la CRA debe continuar con la realizacin de
gestiones al objeto de verificar la misma mediante los dispositivos de que disponga,
RETIRADA DE TIP A VIGILANTE
POR COMISIN DE DELITO FLAGRANTE
Consulta realizada por una Unidad Territorial de seguridad Privada, con motivo de
la detencin de un vigilante de seguridad, sorprendido de forma flagrante, cuando proceda al hurto de un artculo en la seccin de una gran superficie comercial, con ocultacin del mismo en una mochila de uso personal y previa anulacin del dispositivo de
alarma, se plantea la cuestin de la procedencia, o no, de la retirada de la TIP del vigilante, incurso en tal hecho delictivo.
inexistencia como infraccin administrativa,
la constituye el principio non bis in idem,
que de modo tcnico defini la STC
154/1990, sealando:
De toda la recopilacin normativa plasmada en el informe de consulta, relativa a la
Ley 5/2014, de Seguridad Privada, en relacin con la adopcin de la medida cautelar
de retirada de la TIP del vigilante, y a priori,
descartada en el mismo, por su relacin, con
la no procedencia, en cuanto a la incoacin
de un procedimiento sancionador, por tratarse de un ilcito penal, ya que, como bien ha
apuntado la Subdelegacin del Gobierno interesada, los hechos no se incardinan en la
LSP, y por tanto esa Subdelegacin se considera incompetente.
La garanta de no ser sometido a bis in
dem se configura como un derecho fundamental que, en su vertiente material, impide
sancionar en ms de una ocasin el mismo
hecho con el mismo fundamento, de modo
que la reiteracin sancionadora constitucionalmente proscrita puede producirse mediante la sustanciacin de una dualidad de
procedimientos sancionadores, abstraccin
hecha de su naturaleza penal o administrativa, o en el seno del procedimiento.
A este respecto, el Tribunal de Justicia
de la Unin Europea ha tenido ocasin de
pronunciarse no solo en casos espaoles
sino tambin en otros para concluir que la
actividad de las empresas de seguridad, y
por tanto su personal, no est relacionada
directa o especficamente con el ejercicio del
poder pblico (TJUE 2001, 150).
Lo contrario, la apertura del correspondiente expediente sancionador, para poder
adoptar, en el mbito administrativo, la medida cautelar comentada, sera, cuando menos, inocuo, ya que la razn ltima de su
A la vista de lo anterior, para que procediese la tramitacin del expediente sancionador, sera preciso observar si concurre
distinto fundamento de derecho, ya que la
identidad de sujeto y hechos tiene lugar y si
hay una relacin de supremaca especial
que vincule a los vigilantes de seguridad con
la Administracin Pblica.
La jurisprudencia ha admitido de modo
especial, entre otras, la de los funcionarios
pblicos, la de los contratistas de la Administracin y la de gestores de servicios pblicos
y, sin embargo, lo ha negado para actividades sujetas a autorizacin administrativa e
intervenidas por la Administracin, como en
actividades econmico-privadas o de la entidades de crdito (STC de 8 de junio de 2001
o STS de 19 de febrero de 1999).
El Tribunal Constitucional, en su sentencia 234/1991, con relacin a la dualidad
de bienes jurdicos protegidos ha matizado
ms, sealando:
Cosa bien distinta, y este es probablemente
el sentido que se pretende dar a la afirmacin que analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de normas para
entender justificada la imposicin de una doble sancin al mismo sujeto por los mismos
hechos, pues si as fuera el principio non bis
in idem no tendra ms alcance que el que
el legislador (o en su caso, el Gobierno, como titular de la potestad reglamentaria) quisiera darle. Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente admisible es
necesario, adems, que la normativa que la
impone pueda justificarse porque contempla
los mismos hechos desde la perspectiva de
un inters jurdicamente protegido, que no
es el mismo que aquel que la primera sancin intenta salvaguardar o, si se quiere,
desde la perspectiva de una relacin jurdica
diferente entre sancionador y sancionado.
Lo anterior conduce a entender que a
diferencia del supuesto de los funcionarios,
la posibilidad de imposicin de una doble
sancin en va administrativa y en va penal
por los mismos hechos y respecto al mismo
sujeto carece de encaje en el caso de los
A la vista de lo anteriormente expuesto, cabe concluir que en mbito del procedimiento administrativo, ni con carcter previo
a ste, cabe instar la medida cautelar comentada, ya que estamos ante un hecho atpico en la LSP, aun cuando su autora corresponde a un vigilante de seguridad, constituyendo nicamente un ilcito penal, por lo
que, cualquier medida cautelar, deber realizarse ante la autoridad judicial que conozca
del asunto.
Lo anterior enlaza necesariamente con
el anlisis, antes apuntado, de si la relacin
que vincula a los vigilantes de seguridad privada es, o no, una relacin de sujecin especial.
USO COMPARTIDO DE COMUNICACIONES
Consulta formulada por un particular, en relacin al uso del mismo canal de comunicacin entre los vigilantes de seguridad de servicio y otras personas ajenas a stos.
La vigente normativa de seguridad privada slo hace referencia a la obligacin que
tienen los vigilantes de seguridad de prestar
servicio intercomunicados, en los servicios de
transporte y distribucin de objetos valiosos o
peligrosos y explosivos, conforme se establece en los artculos 10 y 11 de la Orden
INT/314/2011, de 1 de febrero, sobre empresas de seguridad privada:
Artculo 10.e): Los vehculos dedicados al
peligrosos debern ir provistos de sistemas
de comunicacin apropiados que permitan
contactar, en cualquier momento, con la empresa y con las autoridades competentes, as
como la intercomunicacin de los vigilantes
de seguridad de transporte y proteccin con el
conductor del vehculo.
Artculo 11.c): Los vehculos dedicados al
transporte de explosivos dispondrn de un
telfono de instalacin fija en el mismo, que
permita la comunicacin con la sede o delegaciones de la empresa, as como la memorizacin de los Centros Operativos de Servicios
de las circunscripciones de las Comandancias
de la Guardia Civil por las que circule el transporte.
Por otra parte, el Real Decreto
2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Seguridad Privada,
en su artculo 49.3, regula el servicio de custodia de llaves con la siguiente redaccin:
que las llaves sean custodiadas por vigilantes
de seguridad sin armas en un automvil, conectado por radio-telfono con la central de
Igualmente, la misma norma se refiere,
en su artculo 80, a la forma de realizar los
servicios de vigilancia en los polgonos industriales o urbanizaciones, estableciendo el procedimiento en cuanto a la comunicacin entre
los componentes del servicio y la empresa:
ser prestado por una sola empresa de
seguridad y habr de realizarse, durante el
horario nocturno, por medio de dos vigilantes,
al menos, debiendo estar conectados entre s
y con la empresa de seguridad por radiocomunicacin.
Esta comunicacin permanente entre
los componentes del servicio de vigilancia y la
empresa podr realizarse mediante equipos
de telefona mvil o por equipos mviles de
radiofrecuencia; cuando se usa el espacio
radioelctrico que utilizan estos ltimos equipos debe de estar autorizado por la autoridad
competente, conforme a la Ley 9/2014, de 9
de mayo, de telecomunicaciones.
Por otra parte, la Ley 5/2014, de 4 de
abril, de Seguridad Privada, establece, en su
artculo 30.g), como principio de actuacin del
personal de seguridad privada: Reserva profesional sobre los hechos que conozca en el
ejercicio de sus funciones
Por todo lo anterior, y conforme a la normativa expuesta anteriormente, y segn se
deduce de la consulta origen de este informe,
los vigilantes de seguridad que forman el dispositivo correspondiente cumplen la normativa estando intercomunicados entre ellos y el
control de la empresa mediante un servicio de
intercomunicacin radiofnico.
No se hace constar si en este dispositivo, adems de los vigilantes de seguridad,
estn incluidos otro tipo de colaboradores o
auxiliares de la empresa, pero s se desprende que stos tambin estn intercomunicados
por una malla de comunicacin radioelctrica.
Todos ellos, en el desarrollo de sus funciones, pueden formar parte de ese dispositivo, si bien, los vigilantes de seguridad debern de tener ese especial cuidado que les
exige la Ley de Seguridad Privada en el momento que utilicen informacin sensible respecto a identificaciones de personas particulares y utilizacin de claves o consignas solo
conocidas entre ellos y la empresa, sin que se
entienda que la simple utilizacin de un mismo canal de comunicacin durante la prestacin del servicio constituya, por s sola, una
vulneracin del principio de actuacin de reserva profesional.
CONSIDERACIN DE FIGURAS DEL
CONVENIO COLECTIVO EN LA L.S.P.
Consulta realizada por una confederacin de empresarios, sobre la consideracin
de la categora profesional recogida en convenio colectivo laboral de la figura de guarda
o vigilante en relacin con la Ley 5/2014, de Seguridad Privada.
Igualmente, y conforme dispone el art.
7.2 de la Ley de Seguridad Privada:
las empresas o entidades de cualquier
tipo, en ningn caso utilizaran a sus empleados para el desarrollo de las funciones previstas en la presente ley, reservadas a las
empresas y el personal de seguridad privada.
De conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Seguridad Privada en sus artculos
2.8:Personal de seguridad privada: las personas fsicas que, habiendo obtenido la correspondiente habilitacin, desarrollan funciones de seguridad privada; articulo 5.1.a)
sobre las actividades de seguridad privada:
La vigilancia y proteccin de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto pblicos como privados, as como de las personal
que pudieran encontrarse en los mismos; y
el articulo 32 sobre las funciones de los vigilantes de seguridad y sus especialidades,
las empresas de seguridad, a travs de su
personal de seguridad, pueden prestar servicios de seguridad privada, en este caso de
vigilancia y proteccin, sin que puedan ser
contratados los mismos por ningn otro tipo
de empresas.
En consecuencia, el ejercicio de las
funciones legalmente reservadas a cada grupo profesional de seguridad privada, en este
caso a vigilante de seguridad, constituye una
infraccin muy grave del rgimen se seguridad privada.
Cualquier otra reglamentacin o convenio sectorial habr de atenerse, interpretarse o aplicarse a la luz de lo establecido a
este respecto en la Ley de Seguridad Privada y su normativa de desarrollo, a tenor de
lo cual la figura de guarda o vigilante del
convenio colectivo laboral de referencia quedara sujeto a la ejecucin de aquellas labores que en el mismo se contemplen, las cuales, en ningn caso, podrn ser coincidentes
o afectar a las reservadas legalmente a los
vigilantes de seguridad en el art. 32 de la
Ley 5/2014 de Seguridad Privada.
DE FORMACIN ESPECFICA
El titular de varios centros de formacin, formula las siguientes consultas en relacin con la imparticin de los cursos de formacin especfica a vigilantes de seguridad:
Cules son los cursos que se deben anotar en las cartillas profesionales?
Un curso de formacin especfica que no est anotado en la cartilla profesional,
pierde su validez aunque disponga del certificado o diploma correspondiente?
Cuando los aspirantes a vigilantes de seguridad son declarados aptos segn el
acuerdo correspondiente del tribunal calificador solicitan su habilitacin con su instancia y pago de tasas. Desde ese momento hasta la recogida del TIP, el futuro vigilante de seguridad tiene que esperar para poder realizar cursos de formacin especfica y que tengan validez?
En relacin con las cuestiones planteadas, cabe decir, en primer lugar, que el artculo 13 de la Orden INT/318/2011, de 1 de
febrero, sobre personal de seguridad privada, dispone en su punto 1 que A quienes
soliciten la habilitacin, previa comprobacin
de que renen los requisitos necesarios, se
les expedir, como documento pblico de
acreditacin profesional, la correspondiente
tarjeta de identidad profesional, que les habilitar para el ejercicio de las respectivas funciones, especificando ya en su punto 3 que,
Para la expedicin de la tarjeta de identidad
personal, se verificarn los datos de carcter
personal, aportados por los solicitantes, en
las bases de datos correspondientes,.
Superior de Polica o Comisara Provincial
correspondiente, o, en su caso, la Comandancia de la Guardia Civil, sellar la primera
As pues, se deduce que, la expedicin
de la tarjeta de identidad profesional es posterior a la mencionada recepcin y comprobacin de datos por parte del rgano competente y la obtencin de la habilitacin tiene
lugar cuando es entregada al interesado junto a la cartilla profesional.
Con respecto del deber de la anotacin
en la cartilla profesional del vigilante de seguridad de los cursos realizados, la Orden
INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre personal de seguridad privada, en su artculo 15,
apartado 3 establece que:
Las anotaciones de las altas y bajas se
efectuarn por las empresas en el momento
en que se produzcan, cumplimentndose
las de los cursos de formacin permanente
por los centros de formacin o responsable
policial correspondiente
Por su parte, la Resolucin de 12 de
noviembre de 2012, de la Secretara de Estado de Seguridad, por la que se determinan
los programas de formacin del personal de
seguridad privada, en su apartado tercero,
punto 2, establece que:
Por otro lado, la misma Orden, establece en su artculo 15 punto 2 que:
La cartilla profesional se entregar con la
tarjeta de identidad profesional y la Jefatura
Por parte de los centros de formacin autorizados por la Secretara de Estado de Seguridad y de los servicios policiales competentes, para el caso de la formacin especial, se
anotar en la cartilla profesional de los vigi-
lantes de seguridad, la realizacin de los
cursos de formacin permanente, especial y
especfica as como la superacin de las
pruebas de comprobacin a las que, en su
caso, resulten sometidos por los rganos
policiales de control en relacin con los referidos cursos de formacin.
As, conforme se determina en el artculo 8 de la ya citada Orden INT/318/2011,
en los servicios que se citan en el Anexo IV
de la misma (transporte de fondos, acudas,
con perros, vigilancia en buques, puertos),
por ser necesaria una mayor especializacin
del personal que los presta, se requerir una
formacin especfica, ajustada a los requisitos que se recogen en dicho anexo.
El mismo dispone que los servicios, a
los que se ha hecho mencin anteriormente,
debern ser desempeados por personal de
seguridad privada que haya superado el correspondiente curso en centros de formacin
autorizados, con una duracin de diez horas
como mnimo
Al hilo de lo anterior es de sealar que
la Resolucin de 12 de noviembre de 2012
sum a la relacin de tales servicios para los
que se requiere una formacin especfica
otros como los de vigilancia en centros comerciales, centros hospitalarios, eventos deportivos (entre otros), y regula, entre otras
cuestiones, los contenidos mnimos de los
programas a los que han de ajustarse los
cursos de formacin especfica en relacin
con los vigilantes de seguridad que tengan
que prestar los servicios sealados anteriormente (apartado 2 de su Disposicin Primera).
De otro lado, a tenor de lo establecido
por los artculos 26.1, 27.1 y 4, 28.1 y 2, 29.1
y 3 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada, puesto en concomitancia con
el artculo 38.2 de dicha Ley, se desprende
que las funciones relacionadas con la prestacin de los diferentes servicios de seguridad privada nicamente se ejercern por el
personal de seguridad privada (y, por tanto,
los vigilantes de seguridad), debidamente
habilitados, esto es, en posesin de las correspondientes tarjeta de identidad profesional y cartilla profesional.
De tales disposiciones, en su conjunto,
se infiere que no cabe la posibilidad de que,
en materia de seguridad privada, puedan, en
principio, impartirse cursos de formacin especfica a aquellos interesados que, a pesar
de haber superado las pruebas de seleccin
convocadas por la Secretaria de Estado de
Seguridad, se encuentren a la espera de obtener la debida habilitacin como vigilantes
de seguridad, puesto que la normativa es
clara: siempre menciona a los vigilantes de
seguridad en relacin con los cursos de formacin especfica; adems, para que quede
constancia legal de su imparticin, ha de
cumplirse con el requisito de ser anotada su
realizacin en las cartillas profesionales
(stas, en ningn caso, pueden tenerlas los
interesados an no habilitados, sencillamente porque la normativa en materia de seguridad privada no lo contempla).
1.- En relacin a la primera cuestin
planteada, relativa a qu cursos han de ser
anotados en la cartilla profesional de los vigilantes de seguridad, queda claro que se trata de aquellos cuyo contenido est relacionado con formacin permanente, especial y
especfica, debiendo ser cumplimentadas las
correspondientes cartillas por los centros de
formacin, que los impartan.
No obstante lo anterior, nada impide
que un centro de formacin pueda ofertar
cursos de formacin especfica a personal
(alumnos interesados en adquirir conocimientos en materia de seguridad privada por
la razn que sea) que no haya obtenido la
pertinente habilitacin como vigilante de seguridad y que est dispuesto a recibirla por
propia iniciativa u otras razones (de la misma manera que cualquier otro tipo de formacin para la que el centro de formacin tenga autorizacin.
Las acciones formativas en materia de
formacin del personal de seguridad privada
no tienen carcter exclusivo y se insertan en
el marco del principio de economa libre de
mercado), si bien en estos casos los mismos
carecern de validez en el mbito de la seguridad privada y, consiguientemente no
desplegarn efecto legal alguno en dicho
mbito, puesto que, como se ha dicho, para
ello ha de anotarse su realizacin en las cartillas profesionales y stas no las poseen
ms que los vigilantes de seguridad habilitados.
2.- Respecto de la segunda cuestin
planteada (validez de los cursos realizados,
no objeto de sellado en las cartillas), ya ha
quedado contestada por cuanto que, como
se ha dicho, la normativa en materia de formacin del personal de seguridad privada
dispone que los centros de formacin han de
anotar en dichas cartillas la realizacin de
los cursos de formacin especfica impartidos a dichos vigilantes de seguridad y, en
consecuencia, para acreditar que se han impartido han de sellarse las hojas de las mismas con el estampado del centro de que se
trate, sin perjuicio de que, adems, pueda
expedirse diploma o certificado oficial acreditativo de la realizacin del curso de formacin correspondiente.
3.- En cuanto a la tercera cuestin, se
llega a la conclusin de que se confiere al
interesado la condicin de personal de seguridad privada cuando obtiene la habilitacin,
esto es, se hace cargo de la tarjeta de identidad profesional expedida por la autoridad
competente junto a la cartilla profesional,
momento a partir del cual se podrn anotar
en dicha cartilla cuantos cursos de los mencionados ms arriba realice su portador.
A la vista de las consideraciones anteriormente expuestas, se infiere lo siguiente:
FUNCIONES DE VIGILANTES DE SEGURIDAD
EN ESPACIOS ABIERTOS
Consulta de una seccin sindical sobre la consideracin legal de una plaza, que carece de cerramiento o de algn tipo de delimitacin, y si en relacin a la misma, los vigilantes de seguridad encargados de la proteccin de un edificio prximo a aquella, pueden llevar a cabo el desalojo de los viandantes que se encuentran en ella y, por otro lado,
prohibir a stos, el uso de cmaras de foto o de videos.
normativa que estableciese alguna restriccin, como puede ser las Ordenanzas Municipales, o por motivos de seguridad, en atencin a lo que se pueda prever en la normativa sobre Seguridad Nacional.
En primer lugar, cabe exponer que el
espacio ocupado por una plaza, entendiendo
como tal, un lugar ancho y espacioso dentro
de un poblado, al que suelen afluir varias
calles, en la mayora de los casos se corresponde con un bien de dominio pblico
(Artculo 339 del Cdigo Civil), sin embargo,
no en todos los casos necesariamente ha de
ser as, puesto que podemos encontrar una
plaza en una urbanizacin privada o dentro
de cualquier otro tipo de espacio privado.
Desconociendo el carcter del lugar
donde se ubica la citada plaza, puesto que
no se aporta ms informacin, y entendiendo
que pudiera tratase de una va pblica o un
especio de uso comn, es necesario tener
presente lo dispuesto por el artculo 41.1.c),
de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, respecto de la posibilidad que habilita a los vigilantes de seguridad de un servicio, para que
puedan desplazarse al exterior de los inmuebles objeto de su proteccin, al objeto de
realizar actividades directamente relacionadas con las funciones de vigilancia y seguridad de dichos inmuebles.
En lo referido a la prohibicin de hacer
fotografas o grabar imgenes en la va
pblica, habra de observarse que para dicho lugar o edificio, no existiese algn tipo
A este respecto habra de tenerse en
cuenta lo dispuesto por el artculo 35 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, que
1. Cualquier obra susceptible de
ser vista u oda con ocasin de informaciones sobre acontecimientos
de la actualidad puede ser reproducida, distribuida y comunicada pblicamente, si bien slo en la medida
que lo justifique dicha finalidad informativa.
2. Las obras situadas permanentemente en parques, calles, plazas u
otras vas pblicas pueden ser reproducidas, distribuidas y comunicadas libremente por medio de pinturas, dibujos, fotografas y procedimientos audiovisuales.
Por lo que en el caso de no existir
algn tipo de normativa que, de forma expresa, recoja la prohibicin de hacer fotografas
o captar imgenes del espacio o inmueble
de que se trate, nos encontremos ante un
espacio protegido por el derecho de propiedad intelectual, o se trate de bienes o espacios de titularidad privada, aunque sea de
uso pblico, que por as determinarlo su propietario o gestor no se permita tomar imgenes en el mismo, dicha actuacin podra suponer una extralimitacin de los cometidos
del personal de seguridad. Pudiendo incurrir
la empresa y el personal de seguridad en los
siguientes tipos infractores:
Empresa de seguridad: Artculo 57.2.u),
de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada,
respecto de la actuacin de los vigilantes
de seguridad en el exterior de la instalacin, inmueble o propiedad protegida,
fuera de los supuestos legalmente previstos.
Vigilantes de seguridad: Artculo 58.1.h),
de la referida Ley, en lo que respecta al
ejercicio abusivo de sus funciones en
relacin con los ciudadanos.
Atendiendo a lo expuesto anteriormente, cabe sealar lo siguiente como contestacin a las cuestiones planteadas.
La existencia de una plaza, como lugar
espacioso en el que confluyen varias calles,
no denota por s misma la categorizacin de
va pblica, sino que habra de atenerse a la
titularidad o propiedad del espacio donde
radique aquella, para determinar su naturaleza privada o pblica.
En lo relativo a la posibilidad de que
los vigilantes de seguridad privada puedan
desplazarse al exterior de los inmuebles objeto de su proteccin, como queda reflejado
en el artculo 41.1.c) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, nada impide que puedan
llevar a cabo esta actuacin, siempre que lo
sea para realizar actividades directamente
relacionadas con las funciones de vigilancia
y seguridad de dichos inmuebles.
El vigilante de seguridad no puede limitar en su actuacin el ejercicio del derecho a
la libertad de los ciudadanos en las vas y
espacios pblicos, salvo que exista una norma jurdica que regule el ejercicio de tal derecho.
La fotografa en vas y espacios pblicos estar permitida generalmente, por lo
que la actuacin del vigilante de seguridad
de informar al ciudadano sobre la prohibicin
de realizar fotografas a un edificio, debe
responder a la existencia de una norma jurdica o ttulo, que as lo prevea o a la proteccin de derechos legalmente reconocidos,
como pudiera ser el de propiedad intelectual.
OBLIGATORIEDAD DE EMPLEADOS
EN ESTACIONES DE SERVICIO
Consulta formulada por una Unidad Territorial de Seguridad Privada, sobre la obligatoriedad de disponer de personal empleado, en las estaciones de servicio y unidades
de suministro de combustibles y carburantes.
El captulo IV de la Ley 5/2014, de seguridad privada, sobre medidas de seguridad privada, establece en su artculo 51, la
obligacin de los establecimientos e instalaciones industriales, comerciales y de servicio
y los eventos, a adoptar medidas de seguridad con la finalidad de prevenir la comisin
de actos delictivos contra ellos o por generar
riesgos directos para terceros o ser especialmente vulnerables, determinndose reglamentariamente el tipo y caractersticas de
El Real Decreto 2364/1994 de 9 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad privada, en vigor, en su
Captulo II sobre Medidas de Seguridad Especficas, y en sus distintas secciones se
enumeran las medidas de seguridad fsica,
electrnicas, procedimentales y sistemas de
alarma que especficamente, cada establecimiento, instalacin industrial, comercial y de
servicio y eventos deben implementar.
De forma complementaria, las sucesivas rdenes Ministeriales que desde su entrada en vigor, se publicaron, especialmente
la INT/316/2011 e INT/317/2011 actualmente
vigentes, desarrollan, concretan y especifican tcnicamente las medidas y sistemas de
seguridad, para cada uno de los establecimientos, quedando de ese modo obligados a
disponer de ellas para el inicio de las activi-
dades regladas o fijando plazos para su adecuacin y disposicin.
De todo lo anterior, se determina que
la normativa impone la obligacin de instalar
medidas de seguridad fsicas, electrnicas o
sistemas de alarma concretos en determinados establecimientos, mientras que otros,
quedan exentos de dicha prevencin, sealando la instalacin de slo alguna de ellas,
todo ello sin perjuicio de la posibilidad de
que dicha implementacin pueda realizarse
de manera voluntaria en los casos no impuestos por la normativa, dado que en ella
se recoge tan slo un catlogo de mnimos.
En este contexto, es en el artculo 130
del reglamento en el que se sealan las medidas de seguridad exigibles a las estaciones de servicio y unidades de suministro de
combustibles y carburantes, tratndose todas ellas, exclusivamente, de medidas fsicas y procedimentales, excluyendo la exigencia de medidas de carcter electrnico.
Si bien, en el punto 5, del referido artculo seala de forma especfica, que a tales
establecimientos en virtud del volumen
econmico, su ubicacin o sus condiciones
de vulnerabilidad, se les podr imponer la
obligacin de adopcin de alguno de los sistemas de seguridad e incluso los servicios
que de forma genrica, quedan previstos en
el artculo 112 del Reglamento para todos
los establecimientos, obligados o no. Medida
que acordarn los Delegados y Subdelegados del Gobierno o las Autoridades Autonmicas, en aquellas comunidades que tengan delegadas las competencias en materia
de seguridad privada.
Tambin el texto normativo, seala la
aplicacin, a las estaciones de servicio y unidades de suministro de combustibles y carburantes, lo dispuesto reglamentariamente
sobre dispensas en el artculo 129 del Reglamento.
Respecto al personal empleado en las
estaciones de servicios, la normativa no contempla la obligatoriedad de disponer de dichos empleados como una parte de las medidas de seguridad obligatorias, lo que debe
interpretarse a sensu contrario, como un claro supuesto de no exigibilidad de los mismos.
Tambin es cierto que la normativa de
seguridad privada se refiere, en ocasiones, a
los denominados empleados de las estaciones de servicio, as como a los encargados
del negocio, e igualmente emplea diferentes
trminos como pudiera ser la palabra fondos, sin que deba inferirse por ello su necesaria existencia, pudiendo darse el caso de
estaciones de servicio que no dispongan ni
de empleados, ni de encargados, ni de fondos, a la vista del uso generalizado de los
actuales sistemas electrnicos de pago, y no
pudiendo obligarse a que dispongan de dichos fondos en el establecimiento, entendindose que en caso de existir unos y
otros, s que deben cumplir con los aspectos
procedimentales prevenidos en su actuacin, que es en definitiva lo que viene a regular la normativa.
En cualquier caso, tampoco indica la
norma el lugar material donde deban ejercer
su labor profesional los empleados de una
estacin de servicio, pudiendo llegar a implementarse un sistema de funcionamiento automatizado y controlado a distancia, incluso
absolutamente autnomo, que no requerira
la presencia continua en el establecimiento
de ningn empleado, sin que exista en la
normativa ninguna base legal que expresamente obligue a ello, no pudiendo por tanto
imponerse, ya que supondra una evidente
extralimitacin material, pues lo relativo a la
existencia o no de empleados excede el
mbito regulatorio de la normativa de seguridad privada, adems de representar una vulneracin del principio de tipicidad, al no resultar expresamente descrito y previsto en la
En este mismo sentido, debe tenerse
en cuenta que no resulta procedente, cuando de ello deriva la imposicin de un nuevo
gravamen, la aplicacin de un mtodo inductivo-deductivo en la interpretacin de la ley,
pretendiendo imponerse obligaciones no
existentes, mediante el artificio jurdico de
considerar como tales lo que no son ms
que meros elementos accidentales o contingentes de la norma, obviando con ello el verdadero sentido que ofrece el contenido de la
misma, y que versa bsicamente sobre las
medidas de seguridad obligatorias, las cuales quedan claramente enumeradas.
En definitiva, no debe olvidarse de
ningn modo, la existencia de diferentes
principios generales del derecho, los cuales
deben servir de inspiracin en la aplicacin
de la norma en todo momento, pudiendo citarse en este caso la mxima Permittiur
quod non prohibetur, lo que resume de
algn modo, la facultad otorgada por la ley,
consistente en la actuacin con libertad y
seguridad jurdica, determinando claramente
los propios lmites que se impone en su aplicacin a supuestos reales.
De todo lo anterior, cabe concluir los
siguientes extremos relacionados con la consulta efectuada:
1. Las estaciones de servicio y unidades de
suministro de combustibles y carburantes,
son establecimientos obligados a disponer
de medidas de seguridad fsicas y procedimentales, entre las cuales no se contempla
la exigencia de disponer de personal empleado en las mismas, independientemente
de su horario de apertura.
2. De acuerdo con la normativa de seguridad
privada, es obligatoria la existencia de una
caja fuerte en las estaciones de servicio, con
los requisitos que en ella se establecen, si
bien, su instalacin o disposicin, puede ser
dispensada por los Delegados, Subdelegados del Gobierno, o autoridades autonmicas competentes.
3. La autorizacin gubernativa para el inicio
de la actividad, en las estaciones de servicio,
es obligatoria en virtud del literal del artculo
136 del Reglamento de Seguridad Privada,
contemplndose la apertura o inicio de actividad sin la necesaria autorizacin como una
infraccin grave al rgimen de medidas de
seguridad vigente.
CREACIN DE UN CENTRO
DE CONTROL DE EMERGENCIAS
Consulta de una empresa de seguridad, dando cuenta de un proyecto que pretenden implementar y que, bsicamente, consistira en crear un centro de control que gestionara los avisos de emergencia comunicados directamente por el usuario activando su
Smartphone a travs de una aplicacin (APP) facilitada por la empresa.
El escrito de la empresa hace referencia a que para poder ofrecer este servicio a
sus usuarios, dispone de tres pilares fundamentales:
Software de gestin para Smartphone
en versin APP con el que el usuario
puede comunicar con la CRA de una
forma manual o automtica.
Software de recepcin y gestin de
alarmas de creacin propia y uso exclusivo.
Uso de herramientas de control remoto
que permiten trabajar sobre el dispositivo Smartphone del usuario con las
Geo- localizar su posicin de forma inmediata.
Hacer fotos con la cmara frontal
y trasera.
Activar grabacin de audio.
Activar alarmas de luz y sonoras.
Mandar mensajes a pantalla
Ello permitira optimizar la gestin de la
emergencia, recogiendo el mximo de informacin, con el fin de transmitir la situacin a
organismos de seguridad pblicos, siguiendo
unos protocolos de operativa de gestin de
El proyecto parece dejar claro que el
usuario no gestionara por si mismo las posibles situaciones de emergencia, sino que el
dispositivo estara conectado a un centro de
control, al que se denomina indistintamente,
como de emergencia o central de alarmas,
en las que los operadores verificaran cada
incidente, dando una respuesta profesional y
protocolizada segn unas reglas de priorizacin, adjuntndose Certificado de aprobacin del estndar de Gestin de Emergencias y Respuesta ante Incidentes conforme
a la norma ISO 22320:2011, en el cual se
hace referencia a servicios de emergencias
civiles, sanitarias y criminales.
Es ms, la empresa afirma disponer de
una central de alarmas con prcticamente
las medidas de seguridad fsicas y electrnicas exigidas por la normativa: tres vas de
comunicacin con otras tantas operadoras,
generador, SAI, ventanas blindadas BR-4,
puertas esclusadas con nivel de resistencia
V, puestos para, al menos, cuatro operadores
El artculo 5 de la vigente Ley 5/2014,
de 4 de abril de Seguridad Privada, enumera
cuales son las actividades de seguridad privada y los sujetos que podrn desarrollarlos:
empresas de seguridad, para las relacionadas en los prrafos a) a g) y los despachos
de detectives, con carcter exclusivo y excluyente, para la recogida en el prrafo h).
Precisamente el apartado g) recoge:
La explotacin de centrales para la conexin, recepcin, verificacin y, en su caso,
respuesta y transmisin de las seales de
alarmas, as como la monitorizacin de cualesquiera seales de dispositivos auxiliares
para la seguridad de las personas, de bienes
muebles o inmuebles o de cumplimientos de
medidas impuestas y la comunicacin a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad competentes en estos casos.
Por ello, si el proyecto de la empresa
XX pretende dar respuesta a cualquier incidencia o situacin que se les pueda plantear
a sus usuarios, incluidas las de robo, agresin fsica o cualquier otra de ndole delictiva, es necesario que se constituya en empresa de seguridad autorizada para la mencionada actividad de centralizacin de alarmas, formalizando el correspondiente contrato de seguridad con sus clientes y cumpliendo, en su caso, el resto de exigencias
normativas que les pudiesen ser de aplicacin.
Por el contrario, el artculo 6.1, de la
citada Ley, referido a las actividades compatibles, establece que:
Quedan fuera del mbito de esta Ley, sin
perjuicio de la normativa especfica que pudiera resultar de aplicacin, especialmente
en lo que se refiere a la homologacin de
productos, las siguientes actividades:
c) La conexin a centrales receptoras de
alarmas de sistemas de prevencin o proteccin contra incendios o de alarmas de tipo
tcnico o asistencial o de sistemas o servicios de control y mantenimiento.
Y concluye este punto 1): Estas actividades podrn desarrollarse por las empresas de seguridad privada.
Quiere ello decir, que las actividades
enumeradas en el citado artculo 6, las pueden prestar todo tipo de empresas, incluidas
las de seguridad privada. Si no son de seguridad, podrn desarrollarla libremente, con la
nica limitacin de no invadir las actividades
reservadas a las empresas de seguridad, y
que se recogen en el artculo 5, ajustndose,
en su caso, a la normativa sectorial que pudiese serle de aplicacin.
La recepcin de seales asistenciales
procedentes de este tipo de dispositivos, para ajustarse a lo que la norma de seguridad
privada define como actividad compatible,
debera quedar limitada a entender como
tales las consistentes en atender, a ttulo de
ejemplo, las demandas de servicios de tipo
mdico-sanitario o de reparaciones urgentes
de averas u otras de similar naturaleza,
pues de otra forma, si se pretendiese un uso
tan extensivo del trmino asistencial, que
invadiera el concepto legal de seal de alarma proveniente de sistemas de seguridad de
las personas, de bienes muebles e inmuebles (especialmente contra robo o intrusin)
o de incumplimiento de medidas, la actividad
compatible normativamente establecida y
definida en el articulo 6.1.c) de la Ley
5/2014, de Seguridad Privada, rompera los
lmites legales pretendidos por el legislador,
perdiendo su esencia, e invadira la actividad
reconocida legalmente, con carcter exclusi18
vo, a las empresas autorizadas, en el articulo 5.1.g), de explotacin de centrales de alarmas, en la que s est prevista la posible intervencin, en su caso, de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, por razn de la materia.
En vista de lo anteriormente expuesto, cabe
realizar las siguientes conclusiones:
1. Si lo que se pretende con el software de
gestin para Smartphone es dar respuesta a
todas las situaciones de riesgo o peligro para la seguridad de las personas o de los bienes muebles o inmuebles, incluidas las delictivas, que pudiesen comunicarles sus clientes, es necesario que el dispositivo se conecte a una central de alarmas, cumplindose con todas las exigencias legales que la
normativa de seguridad privada establece
para poder desarrollar esta actividad. En este caso podran comunicar directamente a
los servicios de emergencias competentes,
incluidos los policiales, las incidencias transmitidas por los usuarios.
2. Si, por el contrario, la intencin es que tan
solo se comuniquen seales de tipo medicosanitario, ambientales, incendios, proteccin
civil, salvamentos u otras de carcter tcnico
-asistencial, excepcin hecha de las de
carcter criminal o que afecten a la seguridad de las personas o de los bienes muebles o inmuebles o a la seguridad ciudadana, que requieren la necesaria intervencin
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
stas quedaran incluidas en el concepto de
actividades compatibles y, por tanto, podran
prestarse por la empresa sin necesidad de
constituirse en empresa de seguridad privada, pudiendo comunicar tan solo a los servicios de emergencia, excluidos los policiales,
las situaciones referidas a este tipo de incidencias mdicas o tcnicas.
IDENTIFICACIN DE VIGILANTES
EN SEDE POLICIAL
El presente informe se emite a peticin de un vigilante de seguridad, sobre la identificacin de un vigilante en sede policial, el cual se hace extensivo al resto del personal
habilitado de seguridad privada
Decreto 1.245/85, de 17 de julio, por el que
se modifica y completa la normativa reguladora del Documento Nacional de Identidad,
actualizado al 31.07.91, establece:
El documento nacional de identidad es el
documento pblico que acredita la autntica
personalidad de su titular, constituyendo el
justificante completo de la identidad de la
El marco normativo establecido en
nuestro ordenamiento jurdico para la regulacin del sector de la seguridad privada, est
bsicamente constituido por la Ley 5/2014,
de 4 de abril, de Seguridad Privada, el Reglamento de Seguridad Privada, aprobado
por R.D 2364/1994, de 9 de diciembre, y dems rdenes ministeriales de concrecin reglamentaria.
Hay que significar que, a tenor de lo
dispuesto en la legislacin de seguridad privada, el personal de seguridad privada deber comunicar a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, tan pronto como sea posible,
cualesquiera circunstancias o informaciones
relevantes para la prevencin, el mantenimiento o restablecimiento de la seguridad
ciudadana, as como todo hecho delictivo del
que tuviesen conocimiento en el ejercicio de
sus funciones.
La Ley Orgnica 4/2015, de Proteccin
de la Seguridad Ciudadana, dispone en su
art. 8.1:
Los espaoles tienen derecho a que se les
expida el Documento Nacional de Identidad.
El Documento Nacional de Identidad es un
documento pblico y oficial y tendr la proteccin que a stos otorgan las leyes, as
como suficiente valor por s solo para la
acreditacin de la identidad y los datos personales de su titular.
El art. 1 del Real Decreto 3129/77, por
el que se regula la Expedicin de pasaportes
ordinarios a espaoles, actualizado al
31.07.91, dice que:
Todo ciudadano espaol goza de libertad,
salvo obligaciones derivadas de la Ley, de
salir y entrar en el territorio nacional y tiene
derecho a la obtencin del pasaporte o documento equivalente para tal fin.
Este deber de comunicar, implica, en
muchos casos, el tener que comparecer en
dependencias policiales para formular la correspondiente denuncia, por lo que ha de
entenderse que el vigilante de seguridad se
encuentra, en este caso, en el ejercicio de
En cuanto a la identificacin de los vigilantes en sede policial, el art. 1 del Real
Dicha norma solo cuenta, a juicio de
esta Unidad, con dos excepciones:
En conclusin, el nico documento
pblico oficial que acredita la identidad de
los ciudadanos espaoles en territorio nacional es el Documento Nacional de Identidad.
En territorio extranjero acredita la identidad
el pasaporte, salvo que por Convenio o Norma de exencin se admita el Documento Nacional de Identidad.
1. Las previsiones contenidas en la Ley
19/94, de Proteccin de Testigos y Peritos.
2.Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
en aplicacin de disposiciones legales
al respecto, tal como establece, por
ejemplo, el Real Decreto 1484/87, de 4
de diciembre, sobre normas generales
relativas a escalas, categoras,... del
Cuerpo Nacional de Polica, que en su
art. 17 dispone: El carn profesional y
placa- emblema son los distintivos de
identificacin de los funcionarios del
Cuerpo Nacional de Polica.
Cualquier otro documento que contenga datos personales solo servir para acreditar la funcin, condicin, capacitacin, o finalidad para que haya sido creado, pero no
para acreditar la identidad personal.
En este sentido, la Tarjeta de Identidad
Profesional de vigilante de seguridad, acredita la habilitacin como tal, conforme el articulo 27.2 prrafo segundo de la Ley 5/2014
de Seguridad Privada:
La tarjeta de identidad profesional constituir el documento pblico de acreditacin
del personal de seguridad privada mientras
se encuentra en el ejercicio de sus funciones
profesionales; y debe portarse obligatoriamente siempre que su titular se encuentre
en el ejercicio de sus funciones, y mostrarse
a requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, o cuando, por razones del servicio, as se lo soliciten los ciudadanos afectados. (Art. 68 del Reglamento de Seguridad
Privada).
Respecto a aquellos actos o diligencias de carcter administrativo que den, o
puedan dar lugar a una posterior instruccin
judicial, el art. 436 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece:
El testigo manifestar primeramente su
nombre, apellidos paterno y materno, edad,
estado y profesin....
Una vez puesta una persona a disposicin de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
por parte de un vigilante de seguridad, en
unin de los instrumentos, efectos, y pruebas, o tras la comparecencia del vigilante de
seguridad en dependencias de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, queda obligado a
comparecer ante la autoridad judicial cuantas veces fuere requerido, y lo har siempre
en calidad de testigo (art. 410 y ss. LECR.)
Boletn N 49 Mayo
nombre completo del denunciante en casos
en los que el delincuente est integrado en
un clan u organizacin dedicados a la sustraccin de bienes muebles de establecimientos comerciales, puede llegar a hacer
peligrar el testimonio de ese denunciante
quien, sometido a la presin adecuada,
podra, pese a su condicin profesional, desistir en el contenido de la denuncia. Este
escenario, real y plausible, debe ser evitado
en la medida de lo posible.
Y su testimonio tendr valor probatorio cuando se reitere y reproduzca en el correspondiente juicio oral, de modo que pueda realizarse la oportuna confrontacin con el testimonio de las otras partes intervinientes
(Sentencia del T.C. 101/95).
Respecto al domicilio que ha de hacer
constar un vigilante de seguridad en sus
comparecencias en sede policial y/o judicial,
del contenido del artculo 175 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, se infiere que el testigo debe hacer constar adems de su nombre y apellidos, su domicilio habitual, y, en
cualquier caso, debe comunicar aquel en el
que la citacin judicial surta efecto; a este
respecto, se considera que -tratndose de
una comparecencia derivada de una actuacin en acto de servicio podra sealar como domicilio, a efectos de notificaciones o
citaciones, el domicilio social de la empresa
a la que pertenece.
El personal de seguridad privada tiene
una va de identificacin similar al de su Documento Nacional de Identidad, cual es el
nmero de la tarjeta de identificacin profesional.
Si a esta circunstancia se aade que,
en el mbito procedimental que nos encontramos, el denunciante, en este caso, el vigilante de seguridad, una vez odo en declaracin, saldr citado de las dependencias policiales, no parece que el hecho de que no
consten otros datos privados pueda ser impedimento para su correcta comparecencia
ante el juzgador.
Por todo lo anterior, esta Unidad Central de
Seguridad Privada entiende que:
1. Cuando un vigilante de seguridad comparezca en dependencias policiales para denunciar unos hechos de los que ha tenido
conocimiento en ejercicio de sus funciones,
tendr que identificarse con su D.N.I. y facilitar, a los efectos de posteriores citaciones,
un domicilio, que podr ser el de la empresa
en la que se encuentre encuadrado.
2. Asimismo, y como quiera que comparece
como vigilante de seguridad, resulta necesario que conste, adems, la TIP que le acredita como personal de seguridad privada.
Por tanto, es el instructor del atestado
quien, en un supuesto de hecho como el
planteado en la consulta, debe de valorar la
necesidad de incorporar determinados datos
que podran hacer peligrar el resultado de
todo el proceso: el conocimiento del lugar de
residencia, el telfono o, simplemente, el
USO DE MEDIOS DE LOCALIZACIN Y
SEGUIMIENTO POR DETECTIVES
Por parte de una Unidad Territorial de Seguridad Privada se remite consulta a esta
Unidad Central, mediante la que se cuestiona el ajuste a derecho de las actividades de
los detectives privados que, mediante el empleo de medios tcnicos en el ejercicio de
su labor profesional, podran estar contraviniendo lo dispuesto en la nueva normativa de
seguridad privada y, fundamentalmente, lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando, en su artculo 588 quinquies b), hace mencin a la utilizacin de dispositivos
o medios tcnicos de seguimiento y localizacin1.
En este sentido, se concluye que el uso de esos dispositivos por detectives privados debera limitarse a investigaciones judicializadas y su uso sea autorizado por la Autoridad Judicial competente () cuando investiguen delitos perseguibles a instancia de
Partiendo del Informe UCSP 2014.054,
citado en el escrito de consulta, parece
cuestin pacfica que los servicios de investigacin privada, a cargo de detectives privados, no pueden extenderse al mbito de la
vida ntima que se desarrolle en el domicilio
u otros lugares reservados, ni puede emplearse en su ejecucin ningn medio tcnico
que atente contra los derechos recogidos en
el artculo 18 de la Constitucin.
Aunque ms adelante se profundizar
sobre esta proteccin de la intimidad, lo sustancial del mencionado Informe 2014.54 radica en que concluye con dos factores muy a
De un lado, la idea de habilitacin, con
la que, en sentido estricto, hace referencia a la condicin profesional de
quien ejecuta las investigaciones y, en
sentido ms amplio, exige de una legitimacin en quien solicita esas mismas
investigaciones, y
De otro lado, exige que el principio de
proporcionalidad sea rector del caso
concreto sobre el que se est cuestionando la legalidad.
Pese a que el contenido del documento 2014.054 tiene un sustrato bsico en una
Sentencia del Tribunal Supremo que argumenta los posicionamientos de su Alta Magistratura en relacin con el mbito de lo Social, en este Informe se pretende una comprensin ms generalizadora, que enfoque
su campo de visin en un entorno genrico y
trascendente, con el fin de orientar, en la
prctica, la correcta actuacin de los profesionales de la Seguridad Privada.
1 Dentro del captulo VII del Ttulo VIII, de la LECr. relativo al uso de dispositivos tcnicos de captacin de la imagen, de seguimiento y de localizacin, en
relacin con las medidas limitativas de los derechos reconocidos en el artculo 18 de la Constitucin, se encuentra el artculo 588 quinquies b., que, sobre la
utilizacin de dispositivos o medios tcnicos de seguimiento y localizacin, establece lo siguiente:
1. Cuando concurran acreditadas razones de necesidad y la medida resulte proporcionada, el juez competente podr autorizar la utilizacin de
dispositivos o medios tcnicos de seguimiento y localizacin.
2. La autorizacin deber especificar el medio tcnico que va a ser utilizado.
3. Los prestadores, agentes y personas a que se refiere el artculo 588 ter e estn obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los agentes de la
Polica Judicial designados para la prctica de la medida la asistencia y colaboracin precisas para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se
ordene el seguimiento, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia.
4. Cuando concurran razones de urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio tcnico de
seguimiento y localizacin se frustrar la investigacin, la Polica Judicial podr proceder a su colocacin, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y
en todo caso en el plazo mximo de veinticuatro horas, a la autoridad judicial, quien podr ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en
el mismo plazo. En este ltimo supuesto, la informacin obtenida a partir del dispositivo colocado carecer de efectos en el proceso.
Por ello, se necesita repasar una serie
de consideraciones que es preciso tener en
cuenta, antes de exponer una respuesta a la
cuestin planteada:
1 En torno a la habilitacin en un sentido
amplio.
Aadido a los requisitos que la norma
exige para el ejercicio de la profesin de detective privado2, la Ley 5/2014 perfila el
mbito en el que los detectives privados
pueden y deben ejercer sus funciones, como
prestadores de servicios de investigacin en
relacin a personas, hechos o delitos slo
perseguibles a instancia de parte.
Estas restricciones encauzan dicha
actividad de seguridad privada, que debe
desarrollarse bajo un paraguas de condicionamientos y exigencias que, en la concreta
cuestin que nos ocupa, vienen sealados
en el artculo 48.1.a) de la Ley 5/2014, de 4
de abril, de Seguridad Privada, al exceptuar
de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtencin y aportacin, por
cuenta de terceros legitimados, de informacin y pruebas sobre conductas o hechos
privados, aquellos que se desarrollen en los
domicilios o lugares reservados.
A esta exclusin se suma el punto 3
del mismo artculo 48 de la reiterada ley,
cuando establece la prohibicin de las investigaciones en torno a la vida ntima de las
personas que transcurra en sus domicilio u
otros lugares reservados, a la vez que limita
el uso de medios personales, materiales o
tcnicos de tal forma que atenten contra los
derechos incorporados al artculo 18 de la
Constitucin.
Sobre estos planteamientos, se puede
afirmar que el detective privado necesita de
un aadido exterior que, tambin, le es necesario para verse habilitado: el inexcusable
deber de trabajar por orden de quien tiene
un inters o derecho legtimo, esto es, jurdicamente protegido y que transfiere a la labor
profesional del investigador un justo ttulo,
convirtiendo al cliente en acreedor del resultado de todo lo averiguado.
Por aadidura y de gran importancia
resulta el apartado 5 del reiterado Artculo
48 de la Ley 5/2014, ya que obliga a los profesionales de la investigacin a velar por los
derechos de sus clientes y de los sujetos
investigados: como puede apreciarse, la norma convierte al detective privado en el garante de los derechos de la persona que le
contrata y de todo aquel que se convierte en
su objetivo profesional. Es decir, que el legislador quiere que el primer responsable en
la no vulneracin de los derechos del investigado sea, como no puede ser de otro modo,
el propio investigador.
Para finalizar la sntesis de lmites que
la Ley impone a la labor del detective, el
Artculo 48.6 de la Ley 5/2016 recuerda que
todo servicio de investigacin debe someterse al juicio de proporcionalidad, del que la
doctrina3 afirma que ... est orientado a resolver conflictos entre derechos, intereses o
valores en concurrencia. La ventaja del enfoque de proporcionalidad es que permite decidir esos conflictos sin necesidad de generar jerarquas en abstracto de los derechos,
intereses o valores involucrados y por tanto,
sin necesidad de prejuzgar su mayor o menor legitimidad, ni producir prohibiciones absolutas. Lo peculiar del juicio de proporcionalidad es el punto de vista desde el que se
procede al examen de la controversia una
vez se ha fijado el contexto, las circunstancias del caso: () lo que se va a analizar es
su utilidad (su idoneidad para alcanzar el fin
pretendido), su necesidad (en ausencia de
otra alternativa igualmente eficaz y menos
problemtica)
proporcionalidad, atendido su grado de injerencia en un mbito protegido as como el
1 Para habilitacin en sentido estricto, ver Ley 5/2014 de Seguridad Privada: Ttulo III, Captulo I de la (Arts. 26 y ss.). Adems, Ttulo II, Captulo II (Arts. 24 y
25) y normas reglamentarias concordantes.
2 Ponencia LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL ESPAOLA Magistrada Encarnacin Roca Tras / Letrada M ngeles Ahumada Ruiz - REUNIN DE TRIBUNALES CONSTITUCIONALES DE ITALIA, PORTUGAL Y ESPAA. ROMA - OCTUBRE 2013 .
carcter y alcance del sacrificio que impone
sobre los derechos o intereses afectados.
De resultas de este examen se juzgarn inaceptables () actuaciones en la medida en
que impongan un sacrificio intil, innecesario, o desequilibrado por excesivo, de un derecho o inters protegido (). En otras palabras, el escenario en el que debe llevarse
a cabo un servicio de investigacin prestado
por un detective, tiene que cumplir con, entro otros, el condicionamiento referido del
escrupuloso respeto a la esfera ntima del
sujeto investigado, de la que, tambin, es
garante. En este margen es donde el detective estar habilitado para desempear su
profesin.
titucional, en su Sentencia 197/1991, asienta
doctrina al determinar el modo en que se
puede limitar el derecho a la intimidad, cuando afirma que () el derecho fundamental a
la intimidad personal otorga a su titular cuando menos una facultad negativa o de exclusin, que impone a terceros el deber de abstencin de intromisiones, salvo que estn
fundadas en una previsin legal que tenga
justificacin constitucional y que sea proporcionada, o que exista un consentimiento eficaz del afectado que lo autorice, pues corresponde a cada persona acotar el mbito
de intimidad personal que reserva al conocimiento ajeno ().
No obstante y en un notable acierto de
previsin, la propia norma, como ya se ha
apuntado, hace especial mencin de un concreto mbito de los derechos fundamentales:
el de la privacidad, que pasa a desarrollarse
2. La proteccin constitucional a la esfera
Como ya se haba insinuado, es el artculo 18 de la Constitucin4 el que garantiza
el derecho a la proteccin de un ncleo ntimo en la vida de cada individuo: ese mbito
que se preserva del conocimiento y del acceso de terceros por ser patrimonio de la
esfera ms privada.
Este derecho est garantizado, incluso, para los personajes pblicos o los sometidos al poder coercitivo del estado
(reclusos), si bien en distinta medida, segn
las particularidades de cada caso5.
Es, precisamente, este mbito de proteccin el que hay que conjugar con las injerencias que pueden limitar el derecho a la
intimidad y que, necesariamente, deben responder a la cesin frente a otros bienes jurdicamente protegibles. As, el Tribunal Cons-
Segn lo establecido por el Alto Tribunal, la esfera ntima puede ceder a travs de
dos vas: el consentimiento (eficaz) del titular
del derecho y, en segundo trmino, una imposicin normativa con amparo constitucional6.
Por lo que se refiere a los lmites externos, el propio rgano Constitucional establece que () los derechos fundamentales
reconocidos por la Constitucin slo pueden
ceder ante los lmites que la propia Constitucin expresamente imponga o ante los que
de manera mediata o indirecta se infieran de
la misma al resultar justificados por la necesidad de preservar otros derechos o bienes
jurdicamente protegidos () las limitaciones
que se establezcan no pueden obstruir el
derecho fundamental ms all de lo razonable, de donde se desprende que todo acto o
4 Artculo 18 Constitucin:
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podr hacerse en l sin consentimiento del titular o resolucin judicial, salvo en caso de
flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegrficas y telefnicas, salvo resolucin judicial.
4. La ley limitar el uso de la informtica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus
5 El Tribunal Constitucional determina que el alcance de la intimidad viene marcado por el propio afectado (STC 115/2000, STC 83/2002 Y STC 196/2004).
6 Es preciso que exista otro derecho en conflicto con la intimidad limitada: derechos de los hijos (art. 39 Constitucin) o proporcionalidad impositiva (art. 31
Constitucin) (SSTC 7/1994 y 95/1999)
resolucin que limite derechos fundamentales ha de asegurar que las medidas limitadoras sean necesarias para conseguir el fin
perseguido, ha de atender a la proporcionalidad entre el sacrificio del derecho y la situacin en la que se halla aquel a quien se le
impone y, en todo caso, ha de respetar su
contenido esencial () (STC 57/1994, de
28 de Febrero). En este sentido y respecto a
los medios empleados en la limitacin del
derecho a la intimidad, la sentencia anterior
insiste en que es necesario emplear aquellos que en menor medida lesionen o restrinjan los derechos fundamentales de la persona.
Por tanto y a modo de esquema, lo
que se est expresando por parte del rbitro
Constitucional es que toda restriccin del
derecho a la intimidad debe estar sometida
al principio de proporcionalidad, del que ya
se ha hecho mencin.
Sin embargo, hay que tener en
cuenta que el investigador privado, por s, no
cuenta con un derecho oponible o en colisin con ese derecho a la intimidad del sujeto investigado. El detective, habilitado en
sentido amplio y haciendo propio el inters
legtimo de su contratante, adquiere un
derecho a conocer, que (por exigencia
constitucional) debe basarse, a su vez, en
un derecho legalmente reconocido. Por tanto, lo que aquel hace es asumir, por delegacin de su cliente, una transmisin de derechos jurdicamente protegidos que sirve de
amparo y justifica los servicios de investigacin interesados, cuyo producto se pondr a
disposicin del contratante.
Como hemos podido comprobar en el
ya mencionado Informe UCSP054/2014, la
gran mayora de las ocasiones en que se ha
planteado una presunta vulneracin del derecho fundamental a la intimidad por la actividad profesional de un detective privado,
ello ha sido motivado por temas laborales.
Es decir: el contratante esgrime los derechos que le amparan, por ejemplo, en el Estatuto de los Trabajadores, gracias a cuya
legitimidad puede encargar al detective un
concreto servicio. Sobre ello se tratar a
continuacin.
3. La prctica jurisprudencial
La aplicacin prctica de la teora
constitucional al caso concreto, es funcin
reservada a jueces y magistrados en su elevada misin de impartir justicia, esto es, de
aplicar la ley a cada caso concreto y determinar consecuencias.
A lo largo de los ltimos aos, existen
numerosas sentencias que han avalado o
sancionado la actividad de los detectives
privados, en funcin del ajuste (o no) de la
labor profesional a la exigencia normativa.
Respecto de las condiciones subjetivas del investigador privado, es necesario
(para centrar la atencin en la cuestin planteada por la Unidad Territorial) recordar las
limitaciones descritas en el apartado primero
de estas consideraciones, denominado En
torno a la habilitacin en un sentido amplio,
que no son necesarias reproducir nuevamente.
A aquellos condicionamientos se aade la exigencia del Tribunal Supremo que
sobre las medidas limitativas de derechos
fundamentalesobliga al acomodo al principio de proporcionalidad, ya mencionado,
cumpliendo () los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio
de idoneidad); si, adems, es necesaria, en
el sentido de que no exista otra medida ms
moderada para la consecucin de tal propsito con igual eficacia (juicio de necesidad);
y, finalmente, si la misma es ponderada o
equilibrada, por derivarse de ella ms beneficios o ventajas para el inters general que
perjuicios sobre otros bienes o valores en
conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto) ().7
7 Doctrina consolidada por, entre otras, STS 5.12.2003.
Con estos elementos como teln de
fondo y acudiendo a las diferentes sentencias que enjuician el comportamiento de los
detectives privados, parece que existe una
gran relevancia en la jurisdiccin social, muy
por encima de cualquier otro orden. En este
mbito, la jurisprudencia se ha decantado,
sistemticamente, por admitir la prueba testimonial de detectives, acompaados por
pruebas obtenidas con elementos
tcnicos (videograbaciones, fotografas),
ya que la ley () atribuye al empresario,
entre otras facultades, la de adoptar las medidas que estime ms oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento
del trabajador de sus obligaciones laborales
()8, siempre que esas medidas, entre las
que se incluye el empleo de detectives privados y de sus servicios, no supongan ()
intromisiones ilegtimas en la intimidad de
sus empleados en los centros de trabajo,
sino que la constitucionalidad de cualquier
medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la estricta observancia del principio de proporcionalidad
()9.
Un claro ejemplo de estos excesos viene determinado por la ilicitud de la prueba
de detectives, cuando stos son contratados para controlar a un trabajador durante
cinco meses, de forma permanente, desde
las 6 o 7 de la maana hasta la noche: en
este caso, la sentencia10 declara la nulidad
de la prueba practicada al no haber sido ni
proporcionada, ni idnea ni necesaria, concluyendo que el uso de un sistema que permite a la empresa tener noticias permanentes respecto de todo tipo de conductas del
trabajador en un mbito que le es privado,
constituye una actuacin que rebasa ampliamente las facultades que al empresario otor8 STSJ Extremadura 21.04.2009
9 STSJ Extremadura 21.04.2009
10 STSJ Madrid, de 27.06.2007 y AUTO TS 7252/2013, para unificacin de doctrina
11 STSJ Extremadura 21.04.2009, en referencia a otra de 05.05.1992.
ga el Estatuto de los Trabajadores y supone
una intromisin ilegtima en el derecho a la
intimidad consagrado en el artculo 18.1 de
la Constitucin, que no ha sido en este caso
conforme con el principio de proporcionalidad.
Por lo que se refiere al empleo de medios tcnicos, precisamente fue la Sala de lo
Social del TSJ Extremadura quien lleg a
afirmar que () si [los detectives privados]
no pudieran seguir a una persona por la calle, e incluso fotografiarla o filmarla, no se ve
cmo podran desarrollar su actividad para
obtener y aportar informacin y pruebas
()11.
Es decir, que el uso de material tecnolgico viene avalado por la propia jurisprudencia y, como puede observarse, de forma
pacfica. De hecho, el Auto 391/2007 de la
Audiencia Provincial de Oviedo, en relacin
a un seguimiento realizado por dos detectives privados, que colocaron un GPS en el
vehculo utilizado por la persona seguida y
que despus denunci a los investigadores
privados, afirma que los hechos descritos
() no integran una conducta susceptible
de incardinarse en el art. 197 del C.P. que
sanciona el descubrimiento y revelacin de
secretos, por ausencia de los elementos necesarios para integrar la conducta tpica descrita en dicho precepto ().
A modo de sntesis, puede decirse que
la actividad de los detectives ha venido siendo medida, en el seno de los tribunales, por
su ajuste al principio de proporcionalidad y el
respeto a los lmites que este precepto constitucional exige en su conducta que, entre
otros, determina la concrecin de la finalidad
perseguida para la prctica de un seguimiento, lo que enlaza directamente con la
idea ya estudiada de la legitimacin, como
transmisin de un derecho o inters jurdicamente protegido, entre el cliente y el detective.
No obstante, la doctrina ya vena reclamando algn tipo de control al investigador y
una regulacin de las garantas que permitan al investigado ejercer una efectiva defensa, pues no siempre las investigaciones son
infalibles o ajustadas a derecho12. Esta
cuestin se aborda en el siguiente apartado.
4. La nueva perspectiva de la proteccin
a la intimidad: la doctrina actual en el
escenario impuesto por la reforma de la
Aunque la prctica totalidad de los monogrficos que sobre el tema de la investigacin podemos abordar hacen referencia a la
esfera penal pblico-criminal, es contundente la afirmacin del propio Eloy Velasco
cuando dice que todo [lo relativo al uso de
tecnologa en la investigacin] es igualmente
predicable de las investigaciones particulares hechas frente a terceros por detectives
privados o personas no pertenecientes a los
cuerpos policiales, cuando usan tecnologas
de vigilancia privadas. Esto es as, precisamente, porque la sujecin a la norma que
seala el Artculo 9.1 de la Constitucin es
aplicable tanto a los poderes pblicos como
a la totalidad de la ciudadana. Sobre este
planteamiento, no se puede hacer distincin
en cuanto al sometimiento a la ley, entre una
investigacin llevada a cabo por la polica y
otra llevada a cabo por detectives privados.
Una vez establecido este argumento,
hay que indicar que las diversas fuentes
doctrinales venan hacindose eco de la
(cada vez ms) necesaria regulacin del uso
de las nuevas tecnologas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, por su edad entre
otros motivos, no previ el despliegue cientfico de los ltimos aos, ni las capacidades
invasivas en la intimidad de los ciudadanos.
Los medios de injerencia no fsica en
espacios propios de privacidad (Non trespassory surveillance techniques) como el
zoom, el GPS, BTS, router son capaces
de saber dnde se encuentra un aparato
que no se est viendo y, por extensin, una
persona, prcticamente en todo momento.
En los ltimos tiempos, la corriente
cientfica ha sostenido que estas injerencias,
que permiten investigar tanto al sospechoso
de haber cometido un delito, como a un ciudadano honrado, por mviles muy alejados
de la imputacin de delitos (polticos, religiosos, econmicos), deben ser controladas
por el derecho: la intensidad de la injerencia
y su duracin.
En este sentido, en su trabajo Tecnovigilancia, geolocalizacin y datos: aspectos
procesales penales, D. Eloy VELASCO
NEZ exiga (Junio de 2014) () una
habilitacin legal previa a la injerencia investigadora y debe estar formal y materialmente
regulada con cierto detalle por una norma
que persiga un fin legtimo, con rango de ley,
que determine: -los supuestos habilitantes, la duracin y el proceso de obtencin, custodia, anlisis () de la informacin as obtenida (). Es decir, reclamaba una validacin de los sistemas tecnolgicos que, previa regulacin normativa, tuviese un control
tanto en su duracin como en los casos en
que pueden ser empleados, adems de la
previsin de reserva y cuidado del resultado
obtenido con el empleo de dichos medios.
Por otra parte y respecto de vigilancias
o seguimientos ocasionales o con medios
tcnicos menos invasivos, el mismo autor
sealaba que no exige mandamiento judicial, dada su apenas despreciable intrusin,
salvo que su colocacin sea muy intensa
(prolongada en el tiempo, sobre terminal de
12 Tecnovigilancia, geolocalizacin y datos: aspectos procesales penales Eloy VELASCO NEZ (Diario La Ley, 8388, 23.06.2014 ed. La Ley)
En resumen y como consecuencia de
lo anteriormente analizado, se concluye lo
uso privado) o afecte a espacios privados.
Por ello (y, como hemos visto, hasta junio
del ao 2014), la prctica de un seguimiento
mediante el empleo de un sistema no invasivo, acompaada del ejercicio inmediato de la
labor operativa de los policas actuantes (o,
en su caso, los detectives), era una actividad
consentida por la ley.
Sin embargo, toda esta teora est en
estos momentos, limitada por el contenido
de lo dispuesto en el artculo 588 quinquies
b. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que,
sobre la utilizacin de dispositivos o medios
tcnicos de seguimiento y localizacin, establece el control previo judicial de las medidas tecnolgicas de seguimiento y localizacin.
1. El detective privado debe actuar investido de habilitacin en sentido amplio, por
cuanto no solamente debe cumplir escrupulosamente las exigencias formales
en su actuacin profesional, sino que
debe hacerlo mediante la legitimacin
que su contratante debe ostentar como
derecho jurdicamente reconocido y que
faculta al investigador para actuar.
2. La actividad del detective exige, como
pilar bsico, la obligacin de defender
los derechos de su cliente y los del sujeto sometido a investigacin, con especial
atencin al derecho a la intimidad de
ste, de acuerdo a lo establecido en el
artculo 18 de la Constitucin.
3. El derecho a la intimidad del sujeto investigado puede entrar en conflicto con
derechos jurdicamente reconocidos en
el contratante, lo que se resolver mediante el juicio de proporcionalidad, que
determinar si una intromisin en la esfera ntima tiene las exigencias de til,
necesaria y equilibrada.
4. El uso de medios tcnicos debe ajustarse al juicio de proporcionalidad por cuanto puede suponer de intromisin en la
esfera ntima del investigado.
5. El uso de dispositivos de seguimiento
requiere de una orden judicial previa.
De hecho, la norma no hace distincin
en el tipo de sistema de vigilancia, por lo
que, en estos momentos, parece haberse
producido un salto cualitativo: no solamente
se ha regulado, como se vena reclamando,
el uso de medios de injerencia no fsica, sino
que, al no hacerse precisin alguna, una
simple baliza de posicionamiento (beeper)
con un radio de accin limitado, se encuentra igualmente sometida a la norma recientemente en vigor.
Por su indudable inters, en especial para el personal de seguridad privada, seguidamente damos traslado de dos sentencias firmes del Tribunal Supremo resolviendo dos litigios sobre materias relativas a la seguridad privada que afectan a los derechos del personal.
Desde esta UCSP de la Polica Nacional, como Autoridad Nacional de Control en el mbito de la seguridad privada, agradecemos los esfuerzos realizados en apoyo a la consecucin de la mejor normativa posible en materia de seguridad privada.
Todo lo que sea bueno para la mejor proteccin de los derechos del personal de seguridad privada, bienvenida sea, y siempre contar con el apoyo de esta Unidad de la Polica
Nmero del DNI en la T.I.P.
Esta sentencia del Tribunal Supremo declara la improcedencia de incluir en la TIP el
nmero del DNI o NIE, en atencin a la posible afectacin a la privacidad de los titulares
de la tarjeta.
El fallo judicial entiende que el hecho de que el nmero del DNI o NIE figurase en la TIP
(cosa que, por otra parte siempre ha ocurrido, si bien era ahora cuando por primera vez
se explicitaba en la normativa), podra ser contrario a la normativa sobre proteccin de
datos de carcter personal, razn por la que ordena que se retire de la TIP el nmero del
DNI NIE, as como que se anule el inciso normativo del anexo de la orden de personal
que lo establece.
SENTENCIA 905/2016 TRIBUNAL SUPREMO.
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO SECCIN: TERCERA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Abril de dos mil diecisis.
Visto por esta Seccin Tercera de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el recurso de casacin
nmero 49/2014, interpuesto por la Administracin General del Estado, representada por el Abogado
del Estado, contra la sentencia de 20 de noviembre de 2013, dictada por la Seccin Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el recurso nmero 208/2011, sobre
personal de seguridad privada, en el que ha intervenido como parte recurrida la Sociedad Espaola
de Estudios de Derecho de Seguridad, representada por la Procuradora de los Tribunales doa Rosa Mara del Pardo Moreno, y la Unin Nacional de Trabadores y Agrupacin Sindical Profesional
del Personal Habilitado de Seguridad Privada, representados por la Procuradora de los Tribunales
doa Mercedes Caro Bonilla.
PRIMERO.- La Seccin Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, dict sentencia el 20 de noviembre de 2013, con los siguientes pronunciamientos en su parte
dispositiva:
ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Agrupacin Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y la Unin Nacional de Trabajadores, representados por la Procuradora de los Tribunales Da Mercedes Caro Bonilla, contra la Orden del Ministerio
del Interior INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal de Seguridad Privada, y anulamos la previsin contenida en el apartado 1 de su Anexo V que establece como dato incluido en la tarjeta de
identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto en la de los guardas particulares
del campo y sus especialidades, el nmero del Documento Nacional de Identidad o del Nmero de
Identificacin de Extranjero, con todos sus caracteres alfanumricos".
SEGUNDO.- Notificada la sentencia, se present escrito por la representacin procesal de la Administracin General del Estado, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, manifestando su intencin de interponer recurso de casacin, y la letrada de la Administracin
de Justicia, por diligencia de ordenacin de 19 de diciembre de 2013, tuvo por preparado el recurso,
con emplazamiento de las partes ante esta Sala del Tribunal Supremo.
TERCERO.- El Abogado del Estado present, con fecha 12 de febrero de 2014, escrito de interposicin del recurso de casacin, en el que expuso los motivos en que se fundamentaba, y solicit a esta Sala que dicte sentencia por la que, estimando el recurso, case la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo de la Audiencia Nacional, Seccin 5a, de 20 de noviembre de 2013, dictada
en el recurso contencioso-administrativo 208/2011 y desestime el recurso contencioso-administrativo
interpuesto, con confirmacin de la Orden recurrida e imposicin de costas a la contraparte.
CUARTO.- Admitido a trmite el recurso, se dio traslado a las partes recurridas, para que manifestaran su oposicin al recurso, lo que verific la Unin Nacional de Trabadores y Agrupacin Sindical
Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada, por escrito de 20 de mayo de 2014, en el
que solicit a la Sala que dicte sentencia confirmatoria de la sentencia recurrida.
Por diligencia de ordenacin de 4 de junio de 2014, se tuvo por caducado en el trmite de oposicin
al recurso a la Sociedad Espaola de Estudios de Derecho de Seguridad.
QUINTO.- Conclusas las actuaciones, se seal para votacin y fallo el da 19 de abril de 2016, fecha en que tal diligencia ha tenido lugar.
PRIMERO.- Se interpone recurso de casacin contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, de 20 de noviembre de 2013, que estim el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Agrupacin Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada y Unin Nacional de Trabajadores, aqu parte recurrida, contra la Orden del Ministerio
del Interior INT/318/2011, de 1 de febrero, sobre Personal de Segundad Privada.
La sentencia impugnada anul en su parte dispositiva la previsin contenida en el apartado 1 del
Anexo V de la Orden INT/318/2011, que establece que debe constar en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, excepto en la de los guardias particulares del campo y sus
especialidades, el dato siguiente:
el nmero del Documento Nacional de Identidad o del Nmero de Identificacin de Extranjero, con
todos sus caracteres alfanumricos.
SEGUNDO.- El recurso de casacin del Abogado del Estado se articula en dos motivos, formulados
ambos al amparo del apartado d) del artculo 88.1 de la Ley de la Jurisdiccin.
El primer motivo denuncia la infraccin por la sentencia recurrida de los artculos 9.3 y 24 CE y 217
LEC, en relacin con el artculo 35 de la L.O. 1/2001, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de
Asociacin, y la jurisprudencia que se cita en el desarrollo del motivo.
El segundo motivo alega la vulneracin del artculo 12 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, y del artculo 68 de su Reglamento, aprobado por RD 2364/1994, en relacin con los
artculos 2, 3, 6, 10 y 11 de la L.O. 15/1999, de Proteccin de Datos y 5 de su Reglamento, aprobado por RD 1720/2007, y la jurisprudencia relativa a los mismos.
TERCERO.- El primer motivo del recurso expone que la sentencia impugnada funda su fallo estimatorio en la valoracin de la prueba documental obrante en autos, en particular en la valoracin que
lleva a cabo del informe de la Agencia Espaola de Proteccin de Datos, de 23 de octubre de 2010,
aportado por la actora, sustentando la sentencia su pronunciamiento estimatorio de manera exclusiva en dicho informe, y que dicha valoracin debe considerarse ilgica y arbitraria, pues el indicado
informe no es sino la mera expresin de una opinin jurdica, efectuada sin que la misma prejuzgue
el criterio del Director de la Agencia y sin carcter vinculante, sin que la sentencia haya ponderado
dichas limitaciones, a lo que se suma que el informe incurre en el error de considerar que el nmero
de DNI de los vigilantes de seguridad figura en su placa identificativa cuando, de acuerdo con el
Anexo IX de la Orden impugnada, en dicha placa figura el nmero de habilitacin, que es distinto del
nmero de la tarjeta de identificacin profesional a que se refiere el Anexo V de dicha Orden.
Debe recordarse que es doctrina jurisprudencial reiterada de esta Sala, de la que sirven de ejemplo,
entre otras muchas, las sentencias de 24 de septiembre de 2008 (recurso 2114/2006 ) y 23 de marzo de 2010 (recurso 6404/2005 ), que la formacin de la conviccin sobre los hechos para resolver
las cuestiones objeto del debate procesal est atribuida al rgano judicial que, con inmediacin, se
encuentra en condiciones de examinar los medios probatorios, sin que pueda ser sustituido en tal
cometido por este Tribunal de casacin, puesto que la errnea valoracin no ha sido incluida como
motivo de casacin en el orden Contencioso- Administrativo en la LJCA, lo cual se cohonesta con la
naturaleza de la casacin como recurso especial, cuya finalidad es la de corregir errores en la interpretacin y aplicacin del ordenamiento jurdico, y no someter a revisin la valoracin de la prueba
realizada por el Tribunal de instancia.
No obstante, la anterior regla general de imposibilidad de someter a revisin la valoracin de la prueba realizada por los Tribunales de instancia, admite excepciones en los contados casos delimitados
por la jurisprudencia, entre ellos, cuando se sostenga y demuestre, invocando el motivo de la letra d)
del artculo 88, apartado 1, de la Ley 29/1998, la infraccin de algn precepto que discipline la apreciacin de pruebas tasadas, o que esa valoracin resulta arbitraria o ilgica, como alega la parte recurrente en este caso.
Pero estas excepciones, como tales, tienen carcter restrictivo, por lo que no basta su mera invocacin para franquear su examen por este Tribunal Supremo. Al contrario, partiendo de la base de que
la valoracin de la prueba por el Tribunal de instancia queda excluida del anlisis casacional, la revisin de esa valoracin en casacin nicamente proceder cuando la irracionalidad o arbitrariedad de
la valoracin efectuada por la Sala de instancia se revele patente o manifiesta, siendo carga de la
parte recurrente en casacin aportar los datos y razones que permitan a este Tribunal llegar a la
conviccin de que as efectivamente ha sido.
En este caso la valoracin efectuada por la Sala de instancia de la prueba documental dista mucho
de poder ser considerada irracional o arbitraria.
La prueba documental a que se refiere el Abogado del Estado es un informe de la Agencia Espaola
de Proteccin de Datos (AEPD), de 23 de octubre de 2010 (folios 311 a 321), elaborado por su Gabinete Jurdico, en relacin con una consulta formulada por el Sindicato demandante, la Agrupacin
Sindical Profesional del Personal Habilitado de Seguridad Privada.
No puede estimarse que la sentencia impugnada desconociera que el informe de la AEPD carece de
fuerza vinculante, pues en ningn momento afirma lo contrario, y el propio informe de la AEPD se
pronuncia sobre su alcance o eficacia, al indicar, en relacin con la peticin del Sindicato actor de un
informe o resolucin vinculante, que se elabora un informe o respuesta a una peticin de consulta
que no constituye una verdadera resolucin administrativa o decisin con efectos jurdicos frente a
Sin perjuicio de que el carcter vinculante del informe no sea afirmado en ningn momento por la
sentencia impugnada, y de que tal carcter se rechace por el propio informe como se acaba de indicar, la Sala de instancia, en su funcin jurisdiccional, debe valorar y ponderar los elementos probatorios aportados por las partes en apoyo de sus pretensiones, entre ellos el informe del Servicio Jurdico de la AEPD que aport la parte actora, y a la Sala no le parece irrazonable ni arbitraria la consideracin otorgada por la Sala de instancia al indicado informe, a la vista de su contenido y de la cualificacin de su autor, el Servicio Jurdico de la AEPD, de cuyo conocimiento sobre la materia a que
se refera la consulta e independencia de la parte recurrente no puede dudarse.
Tambin indica el Abogado del Estado que el informe de la AEPD y la sentencia impugnada que lo
acoge, incurrieron en el error de considerar que el nmero de DNI de los vigilantes de seguridad es
el que figura en su placa identificativa.
La sentencia impugnada, desde luego, no incurre en el indicado error, sino que tiene presente que,
de acuerdo con el artculo 14.1 y Anexo V de la Orden impugnada, que reproduce en su FD 2o, el
nmero de DNI del personal de seguridad privada ha de constar en el reverso de la tarjeta de identidad profesional, no en el distintivo o placa que los vigilantes de seguridad llevarn en la parte superior izquierda, correspondiente al pecho, de la prenda exterior, al que se refieren el articulo 25 y el
Anexo IX de la Orden impugnada.
La falta de confusin entre la tarjeta de identidad profesional y el distintivo o placa se hace evidente
en la lectura de la sentencia impugnada, que en todo momento, al tratar de la utilizacin del dato del
nmero del DNI, se refiere a la primera, a la tarjeta de identidad profesional. As resulta cuando la
sentencia recurrida efecta el planteamiento de las cuestiones a resolver en el recurso, con la indicacin de que el problema surge, segn seala la demanda, por la concordancia del nmero del
DNI con el de la tarjeta de identidad profesional (FD 2o), cuando considera las consecuencias de la
resolucin impugnada, con referencia a la inclusin del nmero del DNI en la tarjeta de identidad
profesional (FD 3o), y de forma clara al resolver las cuestiones planteadas, cuando limita su fallo a
la anulacin de la previsin contenida en el Anexo V, apartado 1, de la Orden impugnada, que establece como dato incluido en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada...el
nmero del Documento Nacional de Identidad o del Nmero de Identificacin de Extranjero (parte
dispositiva), sin incurrir en el error que invoca el Abogado del Estado de considerar que el nmero
de DNI figura en el distintivo o placa.
Pero tampoco el Informe de la AEPD incurre en el error que alega el Abogado del Estado, porque si
bien es verdad que afirma que la mencin visible del DNI de los vigilantes de seguridad debe quedar excluida tanto de la tarjeta como de la placa identificativa de estos profesionales, se trata de la
respuesta a los trminos en que fue planteada la consulta, en la que se haca referencia (apartado
B.3, pgina 8 del informe de la AEPD), a la implantacin del nmero del DNI, como elemento identificativo de los vigilantes de seguridad, en la tarjeta profesional y en la placa identifcativa de los mismos (tal y como se dice en la narracin del firmante del escrito), debiendo tener presente que tanto
el escrito de consulta como el informe de la AEPD, de fecha 23 de octubre de 2010, son anteriores a
la Orden impugnada, de 1 de noviembre de 2011.
La Orden impugnada, posterior como se dice al informe de la AEPD, introduce la diferenciacin en el
nmero que ha de constar en la tarjeta y en el distintivo, al establecer que en la tarjeta de identificacin profesional figurara su nmero, que coincidir con el nmero de DNI o con el Nmero de Identificacin de Extranjero (Anexo V), mientras que el distintivo llevar grabado el nmero de habilitacin (Anexo IX), sin que la sentencia recurrida, como se ha dicho, haya incurrido en el error de confundir la tarjeta de identificacin y el distintivo, segn se ha razonado.
No se aprecia, por tanto, la valoracin irrazonable o arbitraria de la prueba que denuncia el Abogado
del Estado en el primer motivo de su recurso, con desestimacin del mismo.
CUARTO.- El segundo motivo alega que la sentencia recurrida desconoce lo dispuesto en los artculos 12 de la Ley 23/1992 y 68 de su Reglamento, que establecen la necesidad de que los vigilantes
de segundad puedan ser personalmente identificados, lo que permite el control y garanta de que los
servicios de seguridad privada nicamente son prestados por las personas verdaderamente habilitadas para llevarlos a cabo, que se realiza sin margen de error a travs del DNI que aporta un plus de
seguridad respecto del nombre y apellidos, y aade que el artculo 6.2 de la L.O. 1571999, de Proteccin de Datos, establece que el tratamiento de datos no exigir el consentimiento del afectado
cuando los datos se recojan para el ejercicio de las funciones propias de Administraciones Pblicas,
como lo son las funciones de seguridad privada.
No puede compartirse el razonamiento del Abogado del Estado acerca de que la sentencia recurrida
desconozca lo dispuesto en el artculo 12 de la Ley 23/1992 y artculo 68 de su Reglamento, sobre la
necesidad de que los vigilantes de seguridad puedan ser personalmente identificados cuando as
sea preciso y lo soliciten los ciudadanos afectados.
El artculo 12 de la Ley 23/1992, norma hoy derogada por la vigente Ley 5/2014, de 4 de abril, de
Seguridad Privada, sealaba en su apartado 1, respecto de las funciones que de acuerdo con el artculo 11 del mismo texto legal desarrollan los vigilantes de segundad, que dichas funciones nica-
mente podrn ser desarrolladas por los vigilantes integrados en empresas de seguridad, "vistiendo
el uniforme y ostentando el distintivo del cargo que sean preceptivos que sern aprobados por el
Ministerio del Interior y que no podrn confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y en su apartado 2 estableca que los vigilantes no podrn simultanear las funciones de seguridad propias de su cargo con otras misiones, dentro de la entidad o
empresa donde presten sus servicios, de forma que ninguna referencia efectuaba el artculo 12 de la
Ley 13/1992 a la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, y menos todava
a la inclusin en la misma del nmero del DNI o del Nmero de Identificacin de Extranjero de su
El artculo 68 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decreto 2364/1994, establece que el personal de seguridad privada habr de portar su tarjeta de identidad profesional y, en su
caso, la licencia de armas y la correspondiente gua de pertenencia, siempre que se encuentre en
funciones, debiendo mostrarlas a los funcionarios de los cuerpos estatales, autonmicos y locales de
seguridad, cuando fueren requeridos para ello, aadiendo el apartado 2 de este precepto que
asimismo debern identificarse con su tarjeta de identidad profesional cuando, por razones de servicio, as lo soliciten los ciudadanos afectados, sin que se puedan utilizar al efecto otros tarjetas o placas.
Por tanto, el Reglamento indicado si contiene una referencia expresa a la tarjeta de identidad profesional, pero sin incluir ninguna mencin a la incorporacin en la misma del dato del nmero del DNI
o del Nmero de Identificacin de Extranjero de su titular.
El examen del artculo 12 de la Ley 13/1992 y del artculo 68 del RD 2364/1994 no permite compartir
la alegacin del Abogado del Estado, pues los expresados artculos no contienen ninguna indicacin
sobre la inclusin del DNI o Nmero de Identificacin de Extranjero en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, que permita sostener que la sentencia impugnada haya
incurrido en la infraccin de los citados preceptos, y al contrario, precisamente esa falta de toda referencia a la inclusin del dato del nmero de DNI en la Ley y Reglamento indicados, que en definitiva
son las normas que dan cobertura a la Orden INT/318/2011 impugnada, avalan la conclusin a la
que lleg la sentencia impugnada, contraria a la insercin de dicho dato.
Desde luego, la necesidad de identificacin del personal de seguridad privada ante los cuerpos de
seguridad y ante los ciudadanos afectados que por razones del servicio as lo soliciten, a que se refiere el artculo 68 del RD 2364/1994, no exige la constancia en la tarjeta de identidad profesional del
nmero de DNI o del Nmero de Identificacin de Extranjero, pues como razona la sentencia recurrida (FD 3o), la identificacin de los vigilantes de seguridad resulta del conjunto de datos expresados
en la tarjeta de identidad profesional (entre ellos la fotografa, el nombre y apellidos, las habilitaciones para las que el documento autoriza a su titular y el nmero y fecha de cada habilitacin), y puede reforzarse con facilidad con otro nmero o registro que no sea coincidente con el nmero del DNI,
por lo que es acertada la conclusin de la Sala de instancia de que no resulta indispensable para la
identificacin que el nmero de la tarjeta coincida con el nmero del DNI.
Tampoco se aprecia la infraccin de los artculos que se citan de la Ley Orgnica 15/1999, de Proteccin de Datos, pues la sentencia impugnada no fundamenta su fallo estimatorio del recurso en
que la inclusin del nmero del DNI en la tarjeta de identidad profesional sea contraria a un determinado precepto de la Ley 15/1999, sino en la consideracin de que la manifestacin de ese dato, que
no resulta de las normas que dan cobertura a la Orden impugnada, pone en riesgo la salvaguarda
no solamente de la privacidad del titular de la tarjeta, que es el aspecto al que se refiere el Abogado
del Estado, sino tambin su seguridad, cuando la sentencia impugnada ha llegado a la conclusin
razonada, que esta Sala comparte, de que la manifestacin del dato del nmero del DNI o del
Nmero de Identificacin de Extranjero, en la tarjeta de identidad profesional del personal de seguridad privada, es innecesaria o no proporcionada a los efectos de identificacin de su titular, como se
acaba de indicar.
Por tanto, se desestima el segundo motivo del recurso de casacin.
QUINTO.- Al declararse no haber lugar al recurso de casacin, procede imponer a la parte recurrente las costas del mismo, de conformidad con la regla del artculo 139.2 LJCA, si bien, la Sala hacien-
do uso de la facultad que le confiere el apartado tercero del citado precepto, limita a 4.000 , ms el
IVA que corresponda, el importe mximo a reclamar, por todos los conceptos como costas procesales, por la parte recurrida, representada por la Procuradora Doa Mercedes Caro Bonilla, que ha formalizado el escrito de oposicin al recurso de casacin.
Por todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad el Rey, por la autoridad conferida por la Constitucin, esta Sala ha decidido:
Declarar no haber lugar al presente recurso de casacin nmero 49/2014, interpuesto por la representacin procesal de la Administracin General del Estado, contra la sentencia de 20 de noviembre
de 2013, dictada por la Seccin Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, en el recurso nmero 208/2011, con imposicin a la parte recurrente de las costas de casacin, hasta el lmite sealado en el ltimo Fundamento de Derecho de esta sentencia.
Placa de los vigilantes rotulada en cataln
NO SE PUEDE LEGISLAR SIN TENER COMPETENCIA REGULATORIA
Esta sentencia del Tribunal Supremo, en la que se reafirma nuevamente la competencia exclusiva del Estado en materia legislativa sobre seguridad privada, ni prohbe ni va en contra
del uso del cataln como lengua cooficial en la Comunidad Autnoma de Catalua.
Como se declara en esta sentencia, el uso del cataln nunca estuvo en tela de juicio. Lo que
se dirima no era eso, jams lo fue.
De lo nico que se trataba, lo que verdaderamente era el objeto del litigio entre la Administracin General del Estado y la Autonmica, era una cuestin competencial, esto es, si la Generalidad era competente para legislar en materia de seguridad privada (como afirmaba la norma recurrida), o si esto es algo de la exclusiva competencia del Estado. La Generalidad deca
que s, que tena competencia por tratarse de una cuestin de normalizacin lingstica (de
ah el fundamento del error competencial), y el Estado, por el contrario, deca que no, por imperativo del artculo 149.1.29 de la Constitucin, por tratarse de una materia de seguridad
privada como parte integrante de la seguridad pblica, como ya tiene reiteradamente sentado
de forma pacfica, abundante jurisprudencia constitucional.
Nada de prohibir el uso del cataln en cualquier orden material, como es la seguridad privada.
Nada de ejercer competencias que legalmente no corresponden.
Leyendo la sentencia del Tribunal Supremo, que confirma la del Tribunal Superior de Justicia
de Catalua, se comprobar fcilmente que es de eso de lo que se trataba, y no de otra cosa,
por mucho que a veces se pretenda confundir y enfrentar.
La sentencia, en consecuencia, anula la Ordre INT/15/2012, de 17 de enero, per la qual se regula el distintiu de les persones vigilants de seguretat privada, y que obligaba a que ste se
expresase exclusivamente en cataln.
RECURSO CASACION Nm.: 681/2014
SENTENCIA 773/2016
En la Villa de Madrid, a cuatro de Abril de dos mil diecisis.
La Sala Constituida por los Excmos. Sres. Magistrados y la Excma. Sra. Magistrada relacionados al margen ha visto el presente recurso de casacin con el nmero 681/2014 que ante la
misma pende de resolucin, interpuesto por la Abogada de la Generalidad de Catalua contra la
Sentencia de fecha 27 de diciembre de 2013 dictada en el recurso 110/2012 por la Seccin
Quinta de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalua. Siendo parte recurrida El Abogado del Estado en la representacin que ostenta.
PRIMERO.- La sentencia recurrida contiene parte dispositiva del siguiente tenor:
1. ESTIMAR el recurso contencioso administrativo interpuesto por la parte actora, contra la ordre INT/15/2012, de 17 de enero, "per la qual se regula el distintiu de les persones vigilants de
seguretat privada", publicada en el DOGC de 8 de febrero de 2012, declarando la nulidad de los
arts. 1, 2 y 3 contenidos en dicha disposicin general.
2. CONDENAR a la parte demandada el pago de las costas devengadas por la parte actora en
el proceso".
SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia, el representante legal de la Generalitat de Catalua interpone recurso de casacin contra la sentencia de la Seccin Quinta de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalua de 27 de diciembre de
2013 por la que se estim el recurso interpuesto contra la Orden INT/15/2012, de 17 de enero
por la que se regula el distintivo de las personas vigilantes de seguridad privada, declarando la
nulidad de los artculo 1,2 y 3 de dicha disposicin general.
El recurso se funda en un nico motivo de casacin, planteado al amparo del artculo 88.1.d) de
la LJ , por infraccin del artculo 6.2 del Estatuto de Autonoma de Catalua de 2006. Considera
que dicho precepto estatutario habilita a la Generalitat en virtud de su competencia lingstica
para la adopcin de las disposiciones encaminadas a promover la llamada normalizacin lingstica entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el respeto y fomento del uso
de la lengua propia de Catalua corrigiendo una situacin histrica de desigualdad respecto al
castellano. La finalidad de la Orden es regular el uso del cataln en los distintivos de las personas vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en Catalua para asegurar, de
esta manera, el uso oficial y normal de esta lengua.
Por otra parte, entiende que la doctrina del Tribunal Constitucional invocada en la sentencia impugnada no es aplicable al presente caso en el que se produce una concurrencia de competencias sectoriales estatales y autonmicas sobre materias concretas, representadas en este caso
por una concurrencia sectorial estatal y la competencia autonmica lingstica. As, en la STC
87/1997 propugna una articulacin equilibrada de las actuaciones estatal y autonmica en materia lingstica que le permite establecer medidas de fomento o de normalizacin lingstica,
inherentes al concepto de cooficialidad, por lo que respecta a la lengua de los distintivos de los
vigilantes de seguridad privada, estableciendo la previsin de que el distintivo figure la expresin en cataln de "vigilante de seguridad" o la de "vigilantes de explosivos" que debe ser respetado por la Administracin del Estado que ostenta la competencia en materia de seguridad
Y termino suplicando a la Sala: "[...] y previos los trmites legales oportunos, case y anule la
Sentencia recurrida, con los pronunciamientos a que haya lugar, estimando ntegramente el recurso interpuesto por esta parte, y desestimando en cuanto al fondo el recurso contencioso administrativo por los mismos motivos que se formularon en su da al contestar la demanda".
TERCERO.- Teniendo por interpuesto y admitido el recurso de casacin por esta Sala, el Abogado del Estado se opone al recurso entendiendo que el planteamiento realizado en casacin
altera los trminos del debate planteado en la instancia puesto que en la instancia ampar su
pretensin desestimatoria con fundamento en el artculo 6.2 del Estatuto nicamente respecto
del artculo 1 de la Orden recurrida y no respecto de los artculos 2 y 3 respecto de los que reconoci que no se amparaban en la competencia lingstica catalana utilizando otros motivos para
sustentar su pretensin (se trataba de una normativa interna y meras reproducciones de la normativa estatal).
Y suplicando a la Sala: "[...] dicte Sentencia por la que lo INADMITA, o subsidiariamente lo
DESESTIME, con imposicin a la contraparte de las costas causadas".
CUARTO.- Evacuado dicho trmite, se dieron por conclusas las actuaciones, sealndose para
votacin y fallo la audiencia el da 29 de marzo de 2016, en cuyo acto tuvo lugar, habindose
observado las formalidades legales referentes al procedimiento.
PRIMERO. En el presente recurso de casacin, interpuesto por el representante legal de la Generalitat de Catalua interpone recurso de casacin contra la sentencia de la Seccin Quinta de
la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalua de 27 de
diciembre de 2013 por la que se estim el recurso interpuesto por la Administracin del Estado,
Delegacin del Gobierno en Catalua, contra la Orden INT/15/2012, de 17 de enero por la que
se regula el distintivo de las personas vigilantes de seguridad privada, declarando la nulidad de
los artculos 1,2 y 3 de dicha disposicin general.
SEGUNDO. El recurso se funda en la infraccin del artculo 6.2 del Estatuto de Autonoma de
Catalua de 2006, por entender que dicho precepto estatutario habilita a la Generalitat en virtud
de su competencia lingstica para la adopcin de las disposiciones encaminadas a promover la
llamada normalizacin lingstica entendida como las disposiciones orientadas a asegurar el
respeto y fomento del uso de la lengua propia de Catalua corrigiendo una situacin histrica de
desigualdad respecto al castellano. A su juicio, la finalidad de la Orden es regular el uso del cataln en los distintivos de las personas vigilantes de seguridad privada que ejercen sus funciones en Catalua para asegurar, de esta manera, el uso oficial y normal de esta lengua.
Tiene razn el Abogado del Estado cuando afirma que el art. 6.2 del Estatuto de Autonoma de
Catalua de 2006, invocando la competencia lingstica para dictar esta orden, tan solo fue esgrimida en la instancia para justificar su competencia para dictar el artculo 1 de dicha norma y
no para regular los artculos 2 y 3 de la misma, ya que en su propia contestacin de la demanda
en la instancia negaba que se hubiese basado en su competencia en materia lingstica para
dictar estos dos preceptos, lo cual es razonable ya que basta proceder a la lectura de tales preceptos de la Orden para constatar que no guardan relacin alguna, ni directa ni indirecta, con
una cuestin lingstica. De modo que la argumentacin sostenida en casacin, invocando su
competencia lingstica, tan solo puede entenderse referida a la previsin contenida en el artculo 1 de la Orden, careciendo de trascendencia respecto de la competencia para poder dictar
las previsiones contenidas en los artculos 2 y 3 de la Orden que tambin han sido anulados por
la sentencia de instancia, modificando adems los trminos en los que se plante el debate en
la instancia.
Por ello, el presente recurso de casacin queda circunscrito a determinar si la previsin contenida en el artculo primero de la Orden en cuya virtud en el distintivo de los vigilantes de seguridad que ejercen sus funciones en Catalua "en la parte superior del anverso del distintivo tiene
que figurar la expresin en cataln "vigilant de seguretat" o la de "vigilant dexplosius, segn corresponda" est o no amparada por las competencias lingsticas que ostenta la Generalitat de
Catalua en virtud de la previsin contenida en el art. 6 del Estatuto de Catalua.
A tal efecto, conviene empezar por sealar que el Estado tiene competencia exclusiva para regular la prestacin de servicios de seguridad por empresas privadas y sobre su personal al formar parte del ncleo esencial de la competencia exclusiva en materia de seguridad pblica atribuida al Estado por el art. 149,1 29 de la Constitucin . En cuya virtud dict la Ley 23/1992, de
30 de julio, de Seguridad Privada que tena por objeto regular la prestacin por personas, fsicas
o jurdicas privadas, de servicios de vigilancia y seguridad de personas o bienes, que tendrn la
consideracin de actividades complementarias y subordinadas respecto a las de seguridad
pblica. Y en desarroll de dicha disposicin se dict su Reglamento, aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre que encomienda, encomiendan al Ministerio del Interior la concrecin, entre otros, de determinados aspectos relacionados con el personal de seguridad privada en materia de formacin, habilitacin, documentacin, uniformidad, medios de defensa y
ejercicio de sus funciones. En cumplimiento de esta previsin se dict la Orden INT/318/2011
de 1 de febrero sobre personal de seguridad privada, en cuyo Anexo IX se dispone en cuanto a
la forma de sus distintivos que <<1. El distintivo ser de forma ovalada y apaisada, de 8 cm de
ancho por 6 cm. de alto, en fondo blanco, conforme al modelo contenido en este anexo. En la
parte superior del anverso, figurar la expresin de VIGILANTE DE SEGURIDAD o
VIGILANTE DE EXPLOSIVOS, debiendo llevar grabado en la parte inferior el nmero de la
habilitacin. Las letras y nmeros sern de color rojo>>.
Frente a ello la Comunidad Autnoma Catalana aduce su competencia en materia lingstica
prevista en el art. 6.2 de su Estatuto de Autonoma aprobado por Ley Orgnica 6/2006, de 19 de
julio , en cuya virtud 2. El cataln es la lengua oficial de Catalua. Tambin lo es el castellano,
que es la lengua oficial del Estado espaol. Todas las personas tienen derecho a utilizar las dos
lenguas oficiales y los ciudadanos de Catalua el derecho y el deber de conocerlas. Los poderes pblicos de Catalua deben establecer las medidas necesarias para facilitar el ejercicio de
estos derechos y el cumplimiento de este deber. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 32, no
puede haber discriminacin por el uso de una u otra lengua.
Como desarrollo de esta previsin estatutaria la Ley 1/1998, de 7 de enero, de Poltica Lingstica de la Comunidad Autnoma de Catalua dispone en su art. 9.2 que "El Gobierno de la Generalidad ha de regular, mediante disposiciones reglamentarias, el uso del cataln en las actividades administrativas de todos los rganos de su competencia y en su artculo 30 regula el uso
del cataln en las empresas pblicas de la Generalidad y de las Corporaciones locales, as
como sus empresas concesionarias cuando gestionan o explotan el servicio concedido, han de
utilizar normalmente el cataln en sus actuaciones y documentacin internas y en la rotulacin,
las instrucciones de uso, el etiquetaje y embalaje de los productos o servicios que producen u
Los vigilantes de seguridad privada ni se trata de una actividad administrativa ni una empresa
pblica o concesionaria de un servicio pblico, sino una actividad complementaria y subordinada respecto a las de seguridad pblica prestada por empresas privadas. De modo que la Generalitat careca de competencia sectorial para regular la actividad de seguridad privada y tampoco por razn de su competencia en materia lingstica poda incidir en esta materia, ajena por
completo al uso y normalizacin del cataln en los trminos fijados por la ley catalana de normalizacin lingstica y mucho menos para sustituir los distintivos fijados por la normativa estatal por una regulacin que pretende desplazar el uso del castellano, tal y como dispone la norma estatal al regular los distintivos de los vigilantes de seguridad privada, por su versin en cataln.
Es ms, tal y como acertadamente seala el Abogado del Estado, en aquellos mbitos en que
puede concurrir la competencia estatal se dice se utilizar "al menos el cataln" permitiendo as
que se utilice tambin el castellano (artculo 31,32.3 o 33) pero la Orden prescinde de la utilizacin del distintivo en castellano para implantar tan solo la identificacin de los vigilantes privados en cataln.
Tampoco desde la perspectiva de la doctrina constitucional o del Tribunal Supremo es posible
sustentar una competencia como la pretendida, pues el Tribunal Supremo, en su sentencia de
15 de marzo de 2000 ((Recurso: 495/1990 ) ya recordaba, respecto a la utilizacin del castellano en la redaccin de los asientos del Registro, la doctrina del Tribunal Constitucional contenida
en la STC 97/1997, de 24 de Abril , afirmando que el "ente titular de una competencia sustantiva
posee tambin la titularidad para regular el uso de la lengua en ste mbito material", todo ello
sin perjuicio de la cooficialidad de las dems lenguas espaolas en las respectivas Comunidades Autnomas, de acuerdo con sus Estatutos y de los efectos que aquella pueda producir",
pero en este caso no se trata de regular la cooficialidad del uso del cataln sino simplemente de
sustituir la placa identificativa de tales vigilantes, redactada en castellano, por su versin en cataln, sin que tal previsin tenga acomodo en las disposiciones legales sobre normalizacin lingstica antes reseadas.
TERCERO. Costas.
Procede, por todo lo expuesto, la desestimacin del recurso de casacin con la preceptiva
condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artculo 139.2 de la Ley
Jurisdiccional . A tenor del apartado tercero de este artculo, la imposicin de las costas podr
ser "a la totalidad, a una parte de stas o hasta una cifra mxima". La Sala considera procedente en este supuesto limitar hasta una cifra mxima de cuatro mil euros la cantidad que, por todos los conceptos, la condenada al pago de las costas ha de satisfacer a la parte recurrida, ms
el IVA que corresponda a la cantidad fijada.
Que, por lo expuesto, declaramos no haber lugar al recurso de casacin interpuesto por el
representante legal de la Generalitat de Catalua contra la sentencia de la Seccin Quinta de la
Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalua de 27 de
diciembre de 2013, confirmando la sentencia recurrida, con imposicin de las costas del presente recurso a la parte recurrente, en los trminos fijados en el ltimo fundamento de derecho de
esta sentencia.
JORNADAS ALGECIRAS
La Comisara Local de Algeciras y la
Unidad Central de Seguridad Privada han
llevado a cabo unas jornadas formativas,
destinadas a todas las entidades de seguridad privada que operan en la provincia de
Cdiz, con el objetivo de expandir el modelo
de colaboracin y cooperacin RED AZUL
y, a su vez, reafirmar la labor que desarrolla
la Polica Nacional, como primer operador de
seguridad pblica de nuestro pas, en las
instalaciones del puerto de esta localidad,
puntero en Europa.
Esta iniciativa, que ha contado con
ms de doscientas personas del sector, es
fruto de las actividades llevadas a cabo por
la Institucin policial, en el cumplimiento de
su vigente Plan Estratgico, y han consistido en intervenciones de los mximos responsables de las diferentes especialidades
policiales de la Comisara Local, del Jefe Po-
licial del Puerto y de miembros de la Seccin
Operativa de Colaboracin de la Unidad
Central de Seguridad Privada, todo ello con
el objetivo de reforzar la necesaria cooperacin del sector privado de seguridad con la
Polica Nacional, en beneficio de la seguridad nacional.
JORNADAS VILA
150 vigilantes de seguridad de la provincia de vila, casi la totalidad de quienes
trabajan en este sector, participaron en las II
Jornadas de Seguridad Privada que se celebraron en la Comisara Provincial de vila y
que se prolongarn a lo largo de cuatro jornadas, dando continuidad a una iniciativa
que se celebr por primera vez el pasado
ao en el mes de marzo y que fue valorada
como muy positiva.
El Comisario, Jefe de la Comisara
Provincial de vila, Jos Luis Tejedor, que
inaugur las Jornadas acompaado por la
Subdelegada del Gobierno, Mara ngeles
Ortega, explic que los objetivos que se persiguen estas jornadas son principalmente
tres: primero, potenciar la colaboracin en-
tre seguridad privada y seguridad pblica
como dos entes que deben caminar de la
mano en funcin de la seguridad de todos
los dems; en segundo lugar, establecer canales de comunicacin para que la informacin fluya sin problemas en ambos sentidos,
y en tercer lugar, hablar de las novedades y
tcnicas delictivas para que esa colaboracin sea ms eficaz y ms productiva.
En parecidos trminos se expres la
Ortega, al afirmar que estas son unas jornadas fundamentales, ya que la colaboracin pblico-privada es cada da ms importante en todos los mbitos, porque es lo que
da eficacia y eficiencia a todos los entornos
en los que puede trabajarse, y aunque la
inspeccin de la seguridad privada siempre
se hace desde el Cuerpo Nacional de Polica
y depende de l de alguna manera, es verdad que ya son una entidad propia y que cada da se est extendiendo a ms infraestructuras, a ms negocios... es una colaboracin imprescindible y est resultado muy
JORNADAS A CORUA
da as como del futuro Reglamento sobre
cuya entrada en vigor no hay, todava, previsiones concretas.
En relacin con este ltimo, el Inspector de la Unidad Central que dirigi la sesin,
D. Enrique Carrera Tellado, desminti la autenticidad de algunos borradores de Reglamento que han aparecido recientemente en
ciertas pginas web relacionadas con el sector, insistiendo en que todo lo que se ha publicado al respecto son meras especulaciones que carecen de veracidad
El pasado da 10 de marzo se celebr
en la Comisaria de A Corua una reunin
con representantes de la Unidad Central de
Seguridad Privada, y en la que estaban convocados todos los detectives habilitados en
Galicia. A la misma asistieron, adems de
los propios detectives, policas destinados
en las Unidades Territoriales de Seguridad
Privada de las cuatro provincias gallegas,
ofrecindose durante el encuentro algunas
claves de la nueva Ley de Seguridad Priva-
En lo que se refiere, en concreto, al
colectivo de los detectives privados se hizo
un repaso a las principales novedades que
aporta la nueva Ley entrando en detalles
muy concretos sobre aquellos aspectos que
ms dudas han generado en la aplicacin
prctica de la misma: contratos, elaboracin
de informes, exigencia de legitimidad del
servicio contratado, posibles medidas de seguridad exigibles en el futuro a los Despachos de Detectives, etc.
JORNADAS VIGO
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