Source: https://boa.vlex.es/vid/ley-2-patrimonio-comunidad-autonoma-aragon-15230606
Timestamp: 2019-10-16 05:30:58+00:00

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LEY 5/1987, de 2 de abril, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 15230606
Norma citada en: 5 artículos doctrinales, 41 disposiciones normativas, 2 resoluciones administrativas
1. Cuadro normativo El Estatuto de Autonomía de Aragón se refiere expresamente al Patrimonio de la Comunidad Autónoma en sus artículos 47 y 58 imponiendo una reserva de ley, consecuente con la establecida en el artículo 132 de la Constitución española, para la determinación de su régimen jurídico. A esta exigencia responde esta Ley que, al mismo tiempo, ha de satisfacer una necesidad en el avance del proceso de autogobierno de la Comunidad Autónoma.
La Ley pretende ser, y así queda explicitado en su texto, respetuosa con los límites marcados tanto por el Texto Constitucional como por el Estatuto de Autonomía, manteniendo criterios conformes con la legislación reguladora del Patrimonio del Estado, especialmente con todos aquellos que pueda inducirse que constituyen materialmente legislación básica, y procurando dar una respuesta a los problemas actuales y a los previsibles en un futuro inmediato.
También han estado presentes en la elaboración de esta Ley las disposiciones sobre bienes contenidas en el Código Civil, la regulación de las llamadas "propiedades especiales", la legislación sobre contratación administrativa y concesiones, etcétera, a fin de conseguir el total cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 149 del Texto Constitucional.
Sin embargo, tampoco cabe desconocer que mientras no se lleve a cabo una reconsideración de las normas que inciden sobre el objeto de esta Ley, existen dificultades insalvables para la adopción de posiciones normativas más avanzadas y dinámicas en la regulación de la gestión del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, siendo ejemplo de ello el anquilosamiento que comporta el obligado respeto de la legislación de expropiación forzosa.
Esta Ley responde, asimismo, a la determinación contenida en la Ley 4/1986. de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autonomía de Aragón, en la que se establece que el régimen del Patrimonio se regulará por ley de las Cortes de Aragón.
II. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma La Ley da un carácter unitario al Patrimonio de la Comunidad Autónoma, al mismo tiempo que permite la existencia de patrimonios separados, especialmente referidos a las entidades públicas dependientes de aquélla, salvando a lo largo de todo su texto las situaciones especiales, cuyo reconocimiento resulta preciso, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines que motivaron La creación de estas entidades.
La integración del Patrimonio de la Comunidad queda estructurada a través de las tres vertientes que unifica el artículo 47 del Estatuto de Autonomía.
A este respecto conviene resaltar la acogida que en el texto de la Ley se produce a la posición jurídica de la Comunidad Autónoma respecto a aquellos bienes incorporados a su Patrimonio como consecuencia de las transferencias de servicios. Ha de entenderse, siguiendo la doctrina emanada del Tribunal Constitucional, que respecto a estos bienes se ha producido una sucesión, no una cesión gratuita, y, por tanto, ante la inexistencia de legislación básica que se oponga a ello, la Comunidad Autónoma puede regular y decidir "sobre el destino de los bienes afectados a los servicios públicos cuya titularidad ostenta".
Por otra parte, la Ley limita su aplicación a los bienes y derechos cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón, sin perjuicio de la protección que el artículo 19 dispensa a los bienes de terceros afectados por las concesiones y "necesarios para su buen fin" III. Afectación y protección Constituye la afectación la clave para determinar la divisoria entre los bienes demaniales y los patrimoniales, quedando definida por la vinculación que entraña a usos o servicios públicos. La especial consideración que otorga la Ley a tal vinculación permite diferenciar la afectación expresa de la tácita o de la presunta, independientemente de la que pueda producirse por así establecerlo una ley.
Sin embargo, la desafectación necesita de ley cuando la afectación se haya producido por disposición de este rango, o de acto expreso para los restantes supuestos, como un medio más para la protección del dominio público.
Precisamente, el régimen jurídico aplicable a los bienes demaniales responde a una necesidad de garantizar su protección por razones de los usos o servicios públicos a que estén afectos.
Se trata, en definitiva, no tanto de atribuir privilegios a la Administración de la Comunidad Autónoma, como de garantizar la satisfacción de los intereses generales a la que los bienes de dominio público estén vinculados; por ello, la ley incorpora los principios enunciados en el artículo 132 de la Constitución, a los que adiciona las potestades de recuperación de oficio, de investigación y de deslinde.
La especial protección jurídica se extiende también, aunque con menor intensidad, a los bienes patrimoniales que se declaren inembargables, sin perjuicio de que siempre haya de ser tenida en cuenta la previsión contenida en el apartado 3 del artículo 27 de la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, en relación con la ejecución de las sentencias judiciales, derivada del mandato impuesto por el artículo 118 del Texto Constitucional.
Asimismo, el Inventario General de bienes y derechos, la contabilidad patrimonial, la inscripción registral y, en su caso, el aseguramiento, son instrumentos y constituyen medios que han de contribuir decisivamente a la protección y a la adecuada gestión del Patrimonio de la Comunidad Autónoma, en íntima relación con la Ley de su Hacienda y con la legislación hipotecaria.
IV. Adquisición El Capítulo 11 del Título III desarrolla lo establecido en el artículo 47 del Estatuto de Autonomía de Aragón al especificar las formas de adquisición de bienes y derechos. A través de algunas de ellas los bienes adquiridos tendrán una afectación tácita a un uso o servicio públicos y, consiguientemente, habrán de ser clasificados como demaniales. No obstante, existe la presunción legal de que los bienes adquiridos sean patrimoniales en todos aquellos supuestos en que no conste su naturaleza, ni se den las circunstancias por las que la propia Ley los declara afectados.
En los procedimientos para las adquisiciones onerosas de inmuebles se incluyen los principios de publicidad y concurrencia que, a su vez, son de aplicación extensiva a las demás adquisiciones de bienes y derechos.
Las adquisiciones gratuitas precisan de aceptación, previa valoración de las cargas y gravámenes. La aceptación de las herencias se entenderá siempre a beneficio de inventario.
La ley regula de forma específica las adquisiciones de bienes mobiliarios y de participaciones en el capital de empresas, exigiendo requisitos especiales, no sólo por razón de cuantía sino, también, cuando la adquisición de las participaciones traiga consigo la posición de socio mayoritario de la Comunidad Autónoma en la capital de tales empresas.
V. Aprovechamiento La clasificación que contiene la Ley de los usos de que son susceptibles los bienes demaniales representa la acogida de criterios ya incorporados a nuestro ordenamiento jurídico positivo, ampliamente estudiados por la doctrina.
Junto a la conceptuación del uso común, general o especial, la Ley regula detalladamente el régimen de las concesiones demaniales en el Capítulo III del Título II, con sujeción a los principios de publicidad y concurrencia, así como al de temporalidad, especificando los derechos y obligaciones de la Administración concedente y del concesionario, y los supuestos de extinción.
Salvo en casos excepcionales, la observancia de los señalados principios es exigida también en la regulación que la Ley efectúa del uso por los particulares de los bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma. Los particulares podrán hacer suyos los frutos, rentas y productos que se deriven de la explotación de estos bienes, sin que la Comunidad Autónoma, como propietaria de los mismos, pierda la facultad de comprobar e investigar la utilización que se haga de aquéllos.
Expresamente se hace referencia a los actos separables al regular el procedimiento de contratación, cuando la naturaleza del contrato sea civil, pero esta distinción de actos de una u otra naturaleza ha de ser consecuencia obligada de la del contrato y por ello se incluye una remisión a los criterios contenidos en la legislación específica y, en su defecto, en la reguladora de los contratos administrativos.
VI. Enajenación Para la declaración de alienabilidad, que es requisito indispensable en la enajenación de los bienes inmuebles, habrá de ser delimitada la situación física y jurídica, incluso regularizando, si fuera preciso, la inscripción registral.
Como forma general de enajenación, susceptible de ser excepcionada, la Ley opta por la subasta, tanto para los bienes inmuebles como para ciertos muebles y derechos distintos de los títulos o participaciones de cotización oficial en Bolsa.
Sin embargo, los bienes y derechos de carácter patrimonial pertenecientes a las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, que constituyan la base de su actividad o que de cualquier otra forma estén destinados a ser devueltos al tráfico jurídico, tienen un tratamiento específico en la Ley, con una remisión al Derecho común para facilitar el cumplimiento de sus fines.
Queda restringida en este texto legal la posibilidad de ceder gratuitamente bienes patrimoniales a favor de particulares y aun de otros entes públicos. En todo caso se exige la vinculación de los bienes cedidos al cumplimiento de fines de utilidad pública o de interés social o de los propios de las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma, a favor de las cuales también pueden ser adscritos bienes demaniales o patrimoniales, sin cambio de titularidad.
VII. Empresas públicas Conforme a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Estatuto de Autonomía de Aragón, la Comunidad Autónoma podrá crear empresas públicas o participar en otras, siempre con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y social en su territorio.
El texto legal tiene en cuenta, y así se reconoce, la existencia en la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón de referencias a los organismos autónomos o a las sociedades mercantiles, eliminando toda contradicción normativa, sin perjuicio del mayor desarrollo dado a algunos extremos.
VIII. Responsabilidades y sanciones Con carácter general se enuncia el deber de utilizar adecuadamente los bienes afectos al uso o servicio públicos, incurriendo en responsabilidad quienes incumplan este deber.
Asimismo se establecen las responsabilidades a que da lugar el incumplimiento de los deberes específicos señalados en el artículo 76 de la Ley.
Se recoge en la Ley el principio "non bis in idem", al excluir las sanciones administrativas cuando exista un ilícito penal, dejando a salvo el resarcimiento de los daños y perjuicios causados.
IX. Competencias La atribución de competencias sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, pormenorizada a lo largo del texto legal, se centra en el Departamento de Economía y Hacienda, aunque hay supuestos en los que, por razón de naturaleza y cuantía serán competentes las Cortes de Aragón, la Diputación General u otros departamentos.
Estos últimos tienen competencias sobre la gestión de los bienes a ellos adscritos para el cumplimiento de los fines que motivaron la adscripción, en los términos fijados por la Ley y a las Cortes de Aragón se les reconoce autonomía patrimonial sin detrimento del carácter unitario que tiene el Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
TITULO I EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON CAPITULO I CONTENIDO, FUENTES NORMATIVAS Y CLASIFICACION Artículo 1.-Contenido.
1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón está integrado, de conformidad con lo establecido en el Título IV de su Estatuto de Autonomía, por todos aquellos bienes y derechos de los que la misma sea titular, cualquiera que sea el título de su adquisición y el destino al que se afecten 2. También forman parte del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón los bienes y derechos de las entidades de Derecho publico dependientes de la misma, sin perjuicio de las especialidades contenidas en esta Ley y en sus leyes de creación.
Artículo 2.-Fuentes normativas 1. El Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón se rige por la presente Ley y por las disposiciones reglamentarias que la desarrollen. Asimismo, serán de aplicación las normas de Derecho público o de Derecho privado que correspondan en cada caso.
Artículo 3.-Clasificación.
Artículo 4.-Bienes de dominio público.
Artículo 5.-Bienes patrimoniales.
1. Son bienes y derechos de dominio privado o patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades de Derecho público dependientes de la misma todos aquéllos cuya titularidad les pertenezca y que no tengan la consideración de demaniales, conforme al artículo anterior.
c) Los derechos reales que le pertenezcan, no afectos al uso o servicios públicos.
CAPITULO II REGIMEN JURIDICO Artículo 6.-Capacidad de obrar.
La Diputación General tiene plena capacidad para adquirir, administrar y disponer toda clase de bienes y derechos por los medios establecidos en el ordenamiento jurídico, así como para ejercitar las acciones, excepciones y recursos que procedan para la defensa y tutela de sus derechos.
Artículo 7.-Autonomía patrimonial de las Cortes.
Las Cortes de Aragón tienen autonomía patrimonial, correspondiéndoles, con sometimiento a lo establecido en esta Ley, las mismas competencias y facultades que se atribuyen a la Diputación General sobre los bienes y derechos que tengan adscritos o adquieran por cualquier título.
Artículo 8.-Ejercicio de las funciones dominicales.
1. El ejercicio de las facultades y funciones dominicales sobre el Patrimonio de la Comunidad Autónoma, que esta Ley no atribuye a las Cortes o a la Diputación General, será competencia del Departamento de Economía y Hacienda, sin perjuicio de las funciones, obligaciones y responsabilidades que correspondan a otros departamentos y que deriven de la gestión o uso de los bienes y derechos que tengan adscritos o cedidos, con las excepciones previstas en esta Ley.
3. No obstante lo anterior, el Consejero de Economía y Hacienda podrá proponer a la Diputación General que en determinados casos las facultades del precedente apartado dos, que reglamentariamente se señalen, sean conferidas a otros departamentos u organismos.
5. La Comunidad Autónoma de Aragón tiene la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos y no podrá allanarse a las demandas judiciales que afectan a éstos, sin previo acuerdo de la Diputación General a propuesta motivada de los servicios jurídicos.
Artículo 9.-Inventario patrimonial.
1. El Departamento de Economía y Hacienda procederá a confeccionar y llevar el Inventario General de bienes y derechos de la Comunidad Autónoma, relacionándolos separadamente y atendiendo a su naturaleza, condición de demaniales o patrimoniales, destino, afectación, adscripción, forma de adquisición, contenido, valor y demás especificaciones que reglamentariamente se señalen.
La relación de los bienes últimamente citados se sustituirá por un inventario actualizado, que deberá facilitar semestralmente al Departamento de Economía y Hacienda los distintos departamentos, en la forma que reglamentariamente se determine.
El mismo sistema anterior, aunque referido a todos sus bienes, incluidos los inmuebles en explotación económica o que tengan la consideración de circulantes, se seguirá por las entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón.
3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, el Departamento de Economía y Hacienda podrá recabar de los distintos departamentos, entidades y organismos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón la información y colaboración necesaria para la llevanza y actualización del Inventario General.
4. El Inventario General de la Comunidad Autónoma de Aragón será público, pudiendo acceder al mismo los particulares de conformidad con lo que establezcan las normas de desarrollo del artículo 105 b) de la Constitución.
5. Dentro de los treinta primeros días del segundo periodo de sesiones de cada año, la Diputación General dará cuenta a las Cortes de Aragón de todas las adquisiciones, enajenaciones o cualesquiera otras variaciones experimentadas en el año anterior en el Inventario patrimonial de la Comunidad.
Artículo 10.-Contabilidad patrimonial.
1. En el Departamento de Economía y Hacienda, bajo la dependencia de la Intervención General, existirá una unidad de Contabilidad Patrimonial.
a) Reflejar todas las operaciones de gestión de los títulos y valores representativos de la participación directa de la Diputación General o sus organismos autónomos en toda clase de sociedades, cualquiera que sea la forma de adquisición de los títulos.
TITULO II BIENES DEMANIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON CAPITULO I CARACTERES Y PRERROGATIVAS Artículo 11.-Caracteres.
Los bienes de dominio público, mientras conserven tal carácter, no pueden ser enajenados ni gravados de forma alguna, son imprescriptibles e inembargables, sin que sobre los mismos, no sobre sus rentas, frutos o productos, pueda dictarse providencia de embargo ni despacharse mandamiento de ejecución.
Artículo 13.-Recuperación de los bienes demaniales.
Artículo 14.-Potestad investigadora.
La Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá la potestad investigadora sobre los bienes demaniales que presuntamente le correspondan y comprobará el uso y destino al que efectivamente están adscritos con sujeción al procedimiento, requisitos y circunstancias que se señalan en los artículos siguientes.
Artículo 15.-Deslinde y amojonamiento.
La resolución de los deslindes administrativos es competencia del titular del departamento correspondiente, tanto si se trata de bienes que tiene directamente adscritos, como si lo estuvieran en entidades públicas de la Comunidad Autónoma dependientes de dicho departamento.
4. Los terrenos sobrantes, tras el deslinde de los bienes de dominio público, sólo se integrarán en el Inventario General como bienes patrimoniales una vez extendida la correspondiente acta.
Hasta tanto se cumplimentan dichos trámites, los citados terrenos sobrantes conservarán el carácter de bienes demaniales.
Artículo 16.-Procedimiento, medidas provisionales y recursos.
3. Los actos administrativos que se dicten en la resolución de los anteriores expedientes serán recurribles en dicha vía, y agotada ésta, ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 17.-Ejercicio de las potestades y prerrogativas.
1. El ejercicio de las potestades y prerrogativas a que se refiere este Capítulo se realizará por la Comunidad Autónoma de Aragón, aun cuando el uso de los bienes demaniales a que afecte esté cedido por cualquier título a particulares o entidades públicas no dependientes de aquélla, quienes quedan obligados a comunicar cualesquiera circunstancia que pudieran afectar al valor, integridad física o jurídica de los señalados bienes.
2. Tratándose de bienes demaniales adscritos a entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, las mismas podrán, por razón de urgencia, adoptar las medidas provisionales a que se refiere el artículo 17, dándose cuenta inmediatamente al Departamento de Economía y Hacienda de las circunstancias que fundamentaron la adopción de dichas medidas, quien continuará el procedimiento en la forma que reglamentariamente se establezca.
Artículo 18.-Potestades sobre bienes afectos a concesión Administrativa.
CAPITULO II USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DEMANIALES Artículo 19.-Clases de uso.
Artículo 20.-Uso común.
2. El uso común se considera especial cuando por recaer sobre bienes escasos, o por su intensidad, multiplicidad o peligrosidad se exija una especial intervención de la Administración manifestada en licencia o autorización que será, en todo caso, temporal y que nunca podrá excluir el uso común general. El otorgamiento de estas autorizaciones podrá quedar sujeto a una tasa fiscal.
Corresponderá al departamento o entidad de Derecho público dependiente de la Comunidad Autónoma al que se haya adscrito el bien la regulación de su uso y el otorgamiento de las licencias y permisos, debiendo comunicar al Departamento de Economía y Hacienda las variaciones que se produzcan en estas materias, en cuanto alteren los datos consignados en el Inventario General.
Artículo 21.-Uso privativo.
1. Es uso privativo el que supone una utilización individualizada de los bienes de dominio público, limitando o impidiendo el libre uso a una persona.
2. El uso privativo de bienes demaniales, tanto en favor de personas públicas como privadas, exige la previa concesión administrativa, salvo que sea a favor de entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan encomendada su gestión, conservación, explotación o utilización como soporte para la prestación de un servicio público.
3. Excepcionalmente podrán otorgarse sobre bienes de dominio público permisos de ocupación temporal, que llevarán implícita la cláusula de precariedad y serán revocables sin derecho a indemnización .
CAPITULO III CONCESIONES ADMINISTRATIVAS Y RESERVAS DEMANIALES Artículo 22.-Concepto.
Artículo 23.-Normativa de las concesiones.
Artículo 24.-Competencia para otorgar concesiones.
1. La competencia para el otorgamiento de las concesiones corresponderá al departamento o entidad de Derecho público dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón que tenga adscrito el bien demanial de que se trate, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9.
2. Cuando para la prestación en régimen de concesión o arriendo de un servicio público de la Comunidad Autónoma sea necesario el uso común especial o el uso privativo de un determinado bien de dominio público de la misma, la autorización o concesión para ese uso se entenderá implícita en la del servicio público En el supuesto del párrafo anterior, si el departamento o entidad competente para la concesión del servicio no coincide con el que tiene encomendada la gestión del bien de dominio público necesario para aquél, la concesión deberá otorgarse por acuerdo de la Diputación General y llevará implícita la mutación demanial.
Artículo 25.-Procedimiento para otorgar concesiones.
1. El régimen de otorgamiento de las concesiones se ajustará a la legislación específica por razón de la materia y a las normas sobre contratación administrativa, con arreglo a los principios de publicidad y concurrencia.
2. En el "Boletín Oficial de Aragón" se publicarán aquellas peticiones de concesiones de dominio público que la Administración considere procedentes, abriéndose un plazo de al menos treinta días para la presentación por otros interesados de peticiones alternativas.
3. En el pliego de condiciones podrá reconocerse a favor del peticionario inicial un derecho preferente a la adjudicación, siempre que la diferencia entre su propuesta económica en la licitación y la elegida no sea superior a diez por ciento de la primera.
Artículo 26.-Duración.
Artículo 27.-Derechos y obligaciones de la Administración concedente.
d) Cualesquiera otras establecidas en leyes especiales, en sus disposiciones de desarrollo y en la cláusulas de la concesión.
Artículo 28.-Derechos y obligaciones del concesionario.
Artículo 29.-Extinción de las concesiones 1. La concesión de dominio público se extingue por:
f) La degradación del título concesional por desafectación del bien demanial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29.1, párrafo segundo.
Artículo 30.-Valoración de mejoras a la extinción de las concesiones reguladas por la Ley del Banco de Tierras.
1. En los supuestos de extinción de la concesión o cuando no haya lugar a su renovación en los términos previstos en el artículo 27 de la Ley de Banco de Tierras, procederá el Ente Gestor a valorar las mejoras subsistentes realizadas por el concesionario.
2. El Ente Gestor, al practicar la valoración, actualizara los costes de las obras y mejoras indemnizables aplicando al efecto el índice general de precios al consumo. De la misma forma, tendrá en cuenta la depreciación que aquéllas hubieran sufrido utilizando criterios objetivos de amortización, así como la resultante del mal uso o anormal deterioro.
3. Una vez que la valoración haya adquirido firmeza, el Ente Gestor satisfará el importe correspondiente al concesionario cesante o a sus causahabientes.
4. Cuando el nuevo adjudicatario de la concesión sea alguna de las personas a que se refiere el artículo 27 de la Ley del Banco de Tierras, continuará en el disfrute de las mejoras habidas al término de la extinción de la concesión no dando lugar a indemnización alguna, sin perjuicio de las compensaciones que en Derecho privado pudieren corresponder.
Artículo 31.-Reservas demaniales.
La Comunidad Autónoma podrá reservarse en el ejercicio de sus facultades dominicales el uso exclusivo de ciertos bienes de dominio público cuando existan razones de utilidad pública o interés general que lo justifiquen o así lo establezca la legislación especial. Dicha reserva deberá adoptarse por acuerdo de la Diputación General e impedirá el uso o usos incompatibles con la misma por parte de otras personas.
CAPITULO IV AFECTACION, DESAFECTACION Y MUTACION DE LOS BIENES DEMANIALES Artículo 32.-Concepto.
2. La declaración de utilidad pública o interés social, en los supuestos de expropiación forzosa, llevara implícita la afectación de los bienes expropiados, debiendo comunicarse tal circunstancia al Departamento de Economía y Hacienda.
3. Los bienes de dominio privado de las entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán ser afectados al uso o servicio públicos, sin que aquellas hayan de ser indemnizadas por tal circunstancia, quedando dichos bienes de titularidad demanial de la Comunidad Autónoma 4. Sobre los bienes destinados a un uso o servicio públicos podrán recaer otras afectaciones de análoga naturaleza. Estas afectaciones, que tendrán carácter secundario, habrán de ser compatibles con el uso o servicio públicos determinantes de la demanialidad del bien de que se trate.
Artículo 33.-Formas y clases de afectación.
-Cuando los bienes de dominio privado de titularidad de la Comunidad Autónoma de Aragón o de sus entidades públicas se destinen de forma continuada al uso o servicio públicos durante dos o más años consecutivos.
-Cuando la Comunidad Autónoma de Aragón adquiera por prescripción bienes que durante los últimos dos o más años anteriores a dicha adquisición hubiesen estado destinados al uso o servicio públicos.
Artículo 34.-Tramitación y competencia de los expedientes de afectación.
1. A petición del departamento o entidad pública dependiente de la Comunidad Autónoma de Aragón interesado y previo el oportuno expediente motivado, el Consejero de Economía y Hacienda dictará resolución sobre la afectación de bienes y derechos, salvo que éstas u otras leyes dispusieran lo contrario.
Artículo 35.-Mutación demanial.
1. La mutación demanial se produce por el cambio de destino de los bienes que ya tengan la consideración de dominio público de la Comunidad Autónoma de Aragón, cuando los mismos quedan adscritos a distinto departamento, bien para su gestión directa por éste o bien a través de una entidad dependiente del mismo.
Artículo 36.-Formas de mutación.
1) Por ley, en cuyo caso la ejecución de lo establecido en la norma corresponderá al Departamento de Economía y Hacienda.
a) La mutación demanial expresa se sustanciará de forma similar a la afectación, con intervención en el expediente del Departamento de Economía y Hacienda, y demás departamentos y entidades interesadas.
3) En el caso de bienes transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Aragón, la mutación demanial de los mismos precisará acuerdo previo de la Diputación General.
2 En cualquier caso deberá suscribirse la correspondiente acta que refleje las circunstancias de la mutación, en la forma prevista en el artículo 34.3.
Artículo 37.-Desafectación.
Artículo 38.-Forma y requisitos de la desafectación.
1. La Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón deberá proceder a la desafectación de los bienes y derechos que dejen de estar destinados al uso o servicios públicos. A tal efecto, los distintos departamentos o entidades que tengan adscritos bienes demaniales de titularidad de la Comunidad Autónoma deberán poner en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda la modificación de las circunstancias que motivaron la afectación y solicitar de éste la adopción de una resolución de desafectación de los bienes que no fueran necesarios para el desempeño de las competencias que tengan atribuidas.
3. En cualquier caso la desafectación no alcanzará plenos efectos hasta que, previa la oportuna acta a que se refiere el artículo 34,3, el Departamento de Economía y Hacienda reciba formalmente el bien y lo incorpore como patrimonial.
5. A los efectos previstos en este artículo, el Departamento de Economía y Hacienda podrá investigar el uso que se haga de los bienes demaniales para que, previa audiencia de los departamentos interesados, la Diputación General adopte la resolución oportuna Artículo 39.-Desafectación de bienes demaniales de entidades de Derecho público.
Los bienes demaniales que antes de su afectación fueran de titularidad de las entidades de Derecho público dependientes de la Comunidad Autónoma podrán revertir al dominio privado de las mismas cuando pierdan, por desafectación, el carácter de demaniales.
Las citadas entidades podrán disponer de los señalados bienes devolviéndolos al tráfico jurídico privado, cuando ello sea acorde ton las funciones que tengan atribuidas y sin perjuicio de los señalado en el artículo 60.
Artículo 40.-Resolución de conflictos.
Las discrepancias que en torno a la afectación, mutación o desafectación de bienes y derechos pudieran producirse entre dos o más departamentos se resolverán por la Diputación General.
Artículo 41.-Traspaso y cesión de bienes demaniales 1. Los traspasos de bienes adscritos a usos o servicios que se transfirieran o deleguen a favor de organismos o corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizarán en las condiciones señaladas en la correspondiente ley de transferencia o delegación, sin que pierdan su carácter de demaniales de la Comunidad Autónoma.
Tales bienes revertirán, en lo relativo a su uso, disfrute y administración, a la Comunidad Autónoma cuando dejen de ser necesarios para la prestación de los servicios transferidos o delegados o cuando tales servicio o funciones sean reasumidos por esta.
Artículo 42.-Reversión de bienes expropiados.
TITULO III BIENES PATRIMONIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON CAPITULO I CARACTERES Artículo 43.-Concepto y caracteres 1. Los bienes patrimoniales o de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades de Derecho público dependientes de la misma, a los que se refiere el artículo 5 de esta Ley, quedarán sometidos a las reglas generales de Derecho privado, siendo por tanto alienables y prescriptibles.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, los actos preparatorios relativos a competencia y procedimiento quedarán sometidos a las reglas de Derecho público y será competente para su fiscalización, en cuanto que constituyen actos separables, la jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Artículo 44.-Inembargabilidad.
Artículo 45.-Inscripción de los bienes patrimoniales.
Artículo 46.-Potestad de recuperación.
1. Los bienes y derechos patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades de Derecho público de ella dependientes que sean poseídos indebidamente por terceros podrán ser recuperados por si misma, previo acuerdo motivado del Consejero de Economía y Hacienda durante el plazo máximo de un año, a contar desde la usurpación o despojo. Transcurrido dicho año, deberá acudirse a la jurisdicción civil.
Artículo 47.-Potestades de investigación y deslinde.
Artículo 48.-Jurisdicción.
CAPITULO II ADQUISICION DE LOS BIENES PATRIMONIALES Artículo 49.-Forma de adquirir. Presunciones.
d) mediante hechos, actos y negocios jurídicos, oneroros o gratuitos, inter vivos o mortis causa, por accesión, ocupación, prescripción y demás formas admitidas en derecho.
3. Los terrenos sobrantes como consecuencia del ejercicio de deslinde de bienes demaniales, conforme a lo establecido en el artículo 17 de esta Ley y preceptos concordantes, sólo tendrá la consideración de bienes patrimoniales cuando se extienda el acta correspondiente por el Departamento de Economía y Hacienda.
Sustanciado dicho tramite, se integrarán en el Inventario General en el concepto de bienes de dominio privado de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se procederá a su inscripción.
Artículo 50.-Adquisición a título onerosa Las adquisiciones a título oneroso de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de Aragón y sus entidades públicas se realizarán conforme a las siguientes reglas:
1. Tratándose de bienes inmuebles, mediante concurso público, salvo que, por las peculiaridades de los bienes, las limitaciones del mercado o la urgencia de la necesidad, el Departamento de Economía y Hacienda, a solicitud del departamento interesado, y tras la tasación pericial del bien, acuerde la adquisición directa que se publicará en el "Boletín Oficial de Aragón".
2. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 53, las demás adquisiciones onerosas de bienes muebles y derechos, que no tengan la consideración de suministros, se ajustarán a lo establecido en el apartado anterior, si bien la competencia para perfeccionarlas corresponderá al departamento que haya de utilizar o servirse de dichos bienes y derechos.
3. Las anteriores adquisiciones a favor de entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón se realizarán conforme a lo establecido en sus leyes de creación o en la legislación específica y, en su defecto, por las disposiciones de esta Ley. El órgano que ostente la representación legal de dichas entidades será el competente para perfeccionar las adquisiciones.
4. Las adquisiciones que sean consecuencia de procedimientos de expropiación se ajustarán a su normativa específica.
Artículo 51.-Adquisiciones a título gratuita 1. La Comunidad Autónoma de Aragón y entidades públicas dependientes de la misma podrán adquirir a título gratuito, inter vivos, o mortis causa, bienes y derechos, salvo que el importe de las cargas o gravámenes que les afecten superen el valor intrínseco de los mismos, según resulte de la valoración realizada por el Departamento de Economía y Hacienda y el informe preceptivo de la Asesoría Jurídica.
La competencia para las citadas adquisiciones corresponde, en todo caso, a la Diputación General, mediante decreto.
2. Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior y con independencia de los supuestos en los que sea instituida heredera, la Comunidad Autónoma de Aragón será llamada a suceder en la sucesión intestada tras el Estado, si éste repudia o renuncia expresa o tácitamente la herencia, cuando el causante tenga su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma al tiempo del fallecimiento.
Artículo 52.-Adjudicaciones judiciales y administrativas.
1. En las adquisiciones de bienes y derechos por la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades públicas dependientes de la misma que sean consecuencia de adjudicaciones en procedimientos judiciales o administrativos, deberá procederse a la identificación y tasación de los mismos por el Departamento de Economía y Hacienda, a quien deberá trasladarse el correspondiente auto, providencia o acuerdo de adjudicación.
Cumplimentado tales trámites se formalizará, si procede, la incorporación de dichos bienes en el Inventario General del Patrimonio de la Comunidad Autónoma.
Artículo 53.-Adquisición de títulos, valores mobiliarios y participaciones.
Si no lo fueran, su adquisición se realizará, con intervención de fedatario público, por precio o contraprestación que no podrá superar el valor teórico de los mismos, salvo autorización mediante decreto de la Diputación General.
3. Será necesaria en todo caso autorización mediante decreto de la Diputación General:
Artículo 54.-Arrendamiento de bienes.
1. Los arrendamientos de bienes inmuebles en los que la Comunidad Autónoma de Aragón asuma la posición jurídica de arrendatario, se concertarán por el Departamento de Economía y Hacienda, mediante adjudicación, con respecto a los requisitos de publicidad y concurrencia a que se refiere el artículo 50.1 de esta Ley y con las salvedades en el mismo establecidas.
3. En lo relativo a los contratos de arrendamiento-venta, arrendamiento-financiero, "leasing" y demás contratos mixtos de adquisición y arrendamiento, se estará a la trascendencia económica de la operación concertada, a los efectos de concretar la competencia y requisitos para el otorgamiento de las mismas.
4. Las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán concertar a su favor el arrendamiento de bienes conforme a su legislación específica, si bien deberán solicitar informe y dar cuenta al Departamento de Economía y Hacienda de los arrendamientos de bienes inmuebles.
Artículo 55.-Deber de información.
Los distintos departamentos y organismos deberán dar cuenta al Departamento de Economía y Hacienda de todas las adquisiciones de bienes y derechos, que deban constar en el Inventario General de la Comunidad Autónoma de Aragón.
CAPITULO III ENAJENACION Y OTRAS FORMAS DE DISPOSICION DE LOS BIENES PATRIMONIALES Artículo 56.-Requisitos generales.
Artículo 57.-Enajenación de bienes inmuebles: requisitos y competencia.
1. No podrán enajenarse bienes y derechos patrimoniales de naturaleza inmobiliaria de la Comunidad Autónoma de Aragón sin la previa declaración de alienabilidad, que deberá ser dictada por el Departamento de Economía y Hacienda, previo informe y tasación facultativa del mismo y a la vista, en su caso, del informe del departamento u órgano a que esté adscrita la administración del inmueble.
3. Corresponderá al Consejero de Economía y Hacienda la competencia para la enajenación de inmuebles patrimoniales de la Comunidad Autónoma cuando su valor no exceda de veinticinco millones de pesetas. Excediendo de dicho valor será necesaria la autorización de la Diputación General, salvo que el valor asignado sea superior a doscientos cincuenta millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá autorización mediante Ley de las Cortes de Aragón.
Artículo 58.-Enajenación de bienes muebles y derechos sobre bienes incorporales.
1. La enajenación de bienes muebles y derechos de tal naturaleza de carácter patrimonial de la Comunidad Autónoma de Aragón, excepción hecha de los títulos y participaciones a que se refiere el artículo 59, se realizará con sujeción a lo previsto en el artículo anterior, salvo en lo relativo a la competencia para la disposición cuando su valor no exceda de veinticinco millones, que corresponderá al Consejero del departamento que tenga adscrito el bien a enajenar.
2. La enajenación de derechos sobre bienes incorporales deberá ser autorizada por la Diputación General salvo que su valor supere los doscientos cincuenta millones de pesetas, en cuyo caso se requerirá la autorización por Ley de Cortes de Aragón.
Artículo 59.-Enajenación de títulos, valores y participaciones en empresas.
1. La enajenación y demás actos dispositivos de títulos, valores y participaciones en entidades privadas de cotización oficial, se realizará siempre que ello sea posible, en Bolsa y a su precio de cotización.
2. Los señalados actos relativos a títulos y participaciones que no sean de cotización oficial se realizarán con intervención de fedatario público y por precio o contraprestación que no sea inferior a su valor de mercado, entendiendo por tal, con carácter general, su valor teórico, deducido del último balance aprobado, previo informe de los servicios del Departamento de Economía y Hacienda en el que se determinará ese valor y se hará constar de forma motivada si concurren circunstancias especiales que pudieran aconsejar el que se fije un valor distinto, al alza o a la baja, del teórico, y dejando a salvo lo señalado en el apartado siguiente.
3. La competencia para la disposición de estos bienes corresponde al Consejero de Economía y Hacienda, siempre que el conjunto de operaciones en un mismo ejercicio presupuestario y respecto de títulos de una misma entidad no supere los cincuenta millones de pesetas.
En el caso de que se supere el límite anterior, en el de enajenación de todos los títulos de propiedad de la Comunidad Autónoma en una misma entidad, o de enajenación de tal volumen que suponga para aquélla perder la condición de socio mayoritario, se exigirá autorización de la Diputación General, mediante decreto. Igual autorización será necesaria cuando el precio de la transmisión fuere inferior al valor de mercado, si es que existen razones suficientes que justifiquen la disposición a tal precio político, en cuyo caso deberán publicarse las circunstancias que motivaran el correspondiente decreto.
Artículo 60.-Disposición de bienes y derechos de las entidades públicas.
1. Los actos de disposición sobre bienes que constituyan el activo circulante de las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, o que de cualquier otra forma hubieran sido adquiridos para devolverlos, con o sin transformación, al tráfico jurídico privado, o su finalidad fuera la de garantizar la rentabilidad de las reservas que tengan que constituir en cumplimiento de sus normas específicas o en el ejercicio de su diligente administración o para responder de los avales y garantías que deben prestar de acuerdo con sus reglas de funcionamiento, se realizaran de acuerdo con lo previsto en sus leyes específicas y, en su defecto, por las disposiciones de Derecho común.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se trate de bienes inmuebles vinculados a su actividad que hubieran dejado de ser necesarios para el cumplimiento de sus fines estas entidades deberán comunicar tales circunstancias al Departamento de Economía y Hacienda para que por éste, previa instrucción del oportuno expediente, se proceda a incorporar formalmente dichos bienes al patrimonio de la Comunidad y se incluyan en el Inventario General en el concepto de bienes de dominio privado.
La competencia para sustanciar los citados actos de disposición corresponderá al órgano que ostente la representación de dichas entidades, salvo que el valor unitario de los bienes, según tasación pericial, supere los diez millones de pesetas, en cuyo caso, previo informe preceptivo y vinculante del Consejero de Economía y Hacienda, será de aplicación lo señalado en el artículo 58.1 de esta Ley.
5. Los actos de disposición referentes a valores mobiliarios y títulos similares pertenecientes a entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por los señalado en el artículo 59, salvo en lo relativo a la competencia, que corresponderá al órgano que ostente la representación de la entidad, si el valor de la enajenación no supera la cantidad de diez millones de pesetas y sin perjuicio de las demás limitaciones y requisitos contenidos en dicho artículo 59.
Artículo 61.-Permuta.
1. No podrá disponerse mediante permuta, si no se acredita previa tasación pericial por el Departamento de Economía y Hacienda, que la diferencia de valor entre los bienes a canjear es inferior al cincuenta por ciento del que lo tenga mayor, y ello sin perjuicio de la compensación pecuniaria que corresponda para obtener la equivalencia de las recíprocas prestaciones.
Artículo 62.-Gravamen y transacción.
Artículo 63.-Derechos de adquisición preferente.
Artículo 64.-Enajenación de bienes de interés artístico o cultural.
Sin perjuicio de lo que establezcan sus leyes específicas, para los actos de disposición sobre bienes que constituyan el Patrimonio Histórico-Artístico de la Comunidad Autónoma de Aragón y entidades de ella dependientes, o de los que sin estar incluidos en dicho Patrimonio hubiesen sido declarados formalmente de interés cultural o artístico, será necesaria la previa autorización por ley de Cortes de Aragón.
Artículo 65.-Disposición y cesión a título gratuito de bienes patrimoniales.
1. No podrán realizarse cesiones a título gratuito, expresas o encubiertas, de bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma de Aragón ni de sus entidades públicas a favor de particulares, salvo lo que establezca la legislación especial sobre subvenciones y auxilios.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, podrán cederse gratuitamente bienes patrimoniales de la Comunidad Autónoma, cuya afectación o explotación directa por la misma no sean previsibles, a favor de sus entidades públicas, cuando dichos bienes sean necesarios para el cumplimiento de sus fines o desarrollo de su actividad. Dichas cesiones gratuitas exigirán la previa solicitud motivada por el Departamento u órgano interesado en la cesión del bien ante el Consejero de Economía y Hacienda, quien resolverá el expediente, salvo que se trate de cesiones gratuitas de bienes inmuebles, derechos sobre bienes incorporales o demás bienes de valor superior a veinticinco millones de pesetas, en cuyo caso se exigirá acuerdo de la Diputación General.
b) La autorización de dichas cesiones corresponderá a la Diputación General, salvo que el valor del bien a ceder sea superior a doscientos cincuenta millones de pesetas, en cuyo caso se exigirá autorización por ley de Cortes de Aragón.
c) Aprobada la autorización, se formalizara a través del Departamento de Economía y Hacienda la correspondiente escritura pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad con expresa consignación de las causas de resolución de la cesión y, en especial, las relativas al uso o destino del bien y plazo en el que debe ser aplicado a los fines previstos.
Artículo 66.-Adscripción de bienes patrimoniales.
1. Las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón podrán solicitar del Departamento de Economía y Hacienda la adscripción de bienes patrimoniales de aquélla, incluido en el Inventario General, necesarios para el cumplimiento de sus servicios, sin que dichas entidades adquieran la propiedad de los mismos, debiendo destinarlos al uso que motivara la adscripción, bien de forma directa o bien para la percepción de los frutos, rentas y productos que se deriven de su disfrute o utilización.
Artículo 67.-Deber de información y comunicación.
1. Los departamentos, las entidades y organismos dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón, deberán informar al Departamento de Economía y Hacienda de cualesquiera circunstancia que pudieran afectar a la seguridad física o jurídica de los bienes patrimoniales de que dispongan o cuya gestión o uso tuvieran encomendada. Asimismo, comunicarán a este departamento la circunstancia de no necesitar hacer uso de dichos bienes.
2. Para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley, el Departamento de Economía y Hacienda podrá investigar las circunstancias y el uso que se haga de estos bienes.
CAPITULO IV USO Y ADMINISTRACION DE LOS BIENES PATRIMONIALES Artículo 68.-Formas de utilización.
2. La resolución de la Diputación General contendrá las circunstancias esenciales de la utilización de los citados bienes y su forma de explotación, bien directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma con expresión del departamento u órgano responsable, bien a través de entidades dependientes de aquélla o confiriéndola a particulares mediante contrato, previa adjudicación en la forma prevista en el artículo siguiente.
Artículo 69.-Uso o explotación por particulares.
1. Los contratos por los que se cedan a particulares la explotación de los bienes patrimoniales a que se refiere el artículo anterior se adjudicarán respetando los principios de publicidad y concurrencia de la contratación administrativa, salvo que por las peculiaridades del bien, la limitación de la demanda, la urgencia de la operación u otras circunstancias similares, proceda la adjudicación directa, en cuyo caso, deberá motivarse la resolución y publicarse en el "Boletín Oficial de Aragón".
2. Tratándose de bienes inmuebles corresponde al Consejero de Economía y Hacienda aprobar las bases generales, las particulares de cada concurso y resolver sobre su adjudicación.
No obstante, será competente la Diputación General en los supuestos en los que la renta o canon anual sea superior a cinco millones de pesetas.
3. Los contratos a los que se refiere este artículo se formalizarán en escritura pública, a costa del adjudicatario, y se regirán por el régimen general del Derecho privado, con las especialidades previstas en esta Ley, para los actos separables, excepción hecha de los contratos que tengan naturaleza de administrativos, que se regirán por su normativa especial.
4. El Departamento de Economía y Hacienda podrá comprobar e investigar la utilización de los bienes patrimoniales cedidos en explotación, así como adoptar las medidas oportunas para garantizar la indemnidad de los bienes, el cumplimiento del contrato y el percibo de las cantidades adeudadas.
Artículo 70.-Frutos y rentas patrimoniales.
Esta regla será de aplicación a las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma a las que se ceda el aprovechamiento de los señalados bienes, salvo que en el acto de cesión se dispusiere lo contrario, sin perjuicio de la aplicación presupuestaria que la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dé a los resultados de la actividad de dichos entes.
Artículo 71.-Administración y gestión.
2. No obstante lo señalado en el apartado anterior, el Departamento de Economía y Hacienda será el competente para el ejercicio de los derechos que correspondan a la Comunidad Autónoma como titular de participaciones u otros valores en entidades privadas; proponer a la Diputación General la representación de la Comunidad en juntas y consejos, la percepción de dividendos, la suscripción preferente en ampliaciones de capital y demás actos relativos a la buena gestión y administración de la cartera patrimonial, dejando a salvo lo señalado en los capítulos anteriores de este Título en lo referente a la adquisición y enajenación de esta clase de bienes y sin perjuicio de que la Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, pudiera encomendar el señalado ejercicio a otras entidades.
3. El órgano al que corresponda la representación de las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón será el que asuma, en relación con los bienes que tenga adscritos, el cumplimiento de los deberes y ejercicio de las facultades y derechos a que se refiere este artículo, salvo en lo relativo a la cesión del uso mediante el arrendamiento o por otro título obligacional de bienes inmuebles, que no constituyan el objeto de su actividad o explotación, que requerirá autorización del Consejero de Economía y Hacienda.
4. En cualquier caso, el Departamento de Economía y Hacienda podrá auditar, previa investigación, la gestión de los bienes patrimoniales a que se refiere este artículo CAPITULO V ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL SECTOR PUBLICO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON Artículo 72.-Marco jurídico.
Artículo 73.-Organización del sector pública 1. La actividad empresarial del sector público de la Comunidad Autónoma de Aragón se desarrollará generalmente mediante organismos autónomos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo, dedicados al ejercicio de actividades económicas, o mediante empresas públicas.
2. Las empresas públicas de la Comunidad Autónoma de Aragón revestirán la forma de sociedades mercantiles o de entidades de Derecho público que por su Ley de creación han de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico-privado.
3. La creación de sociedades mercantiles se aprobará por decreto de la Diputación General del que deberá darse cuenta a las Cortes de Aragón, antes de su publicación en el "Boletín Oficial de Aragón". Dichas sociedades adoptarán la forma de cooperativas o cualquier otra forma social que limite la responsabilidad de los socios o partícipes, y a las mismas les será de aplicación, con independencia de lo previsto en ésta u otras leyes especiales, las normas de Derecho privado, civil, mercantil o laboral, que resulten pertinentes.
Artículo 74.-Rendición de cuentas y demás documentación.
1. Con independencia de lo señalado en el Capítulo IV del Título II de la Ley de la Hacienda de la Comunidad Autónoma, las entidades dependientes de la Comunidad Autónoma, sociedades y cooperativas a las que se refieren los artículos anteriores, deberán presentar ante la Dirección General del Departamento de Economía y Hacienda que tenga encomendadas las funciones relativas al Patrimonio de la Comunidad Autónoma la relación anual de sus variaciones patrimoniales, conforme a lo establecido en el artículo 10 de esta Ley, así como una copia del balance, cuenta de explotación y memoria explicativa de la gestión, dentro del mes siguiente a la aprobación de dichos documentos contables.
2. La Dirección General a la que se refiere el apartado anterior será competente para realizar por si o en coordinación con la Intervención General las comprobaciones o investigaciones pertinentes acerca de los organismos, sociedades y cooperativas de referencia, pudiendo recabar cuantos datos y antecedentes fueran necesarios con el fin de auditar y emitir dictamen, en su caso, al Consejero de Economía y Hacienda sobre la situación económica y patrimonial de las mismas.
TITULO IV DEBERES, RESPONSABILIDADES, INFRACCIONES Y SANCIONES Artículo 75.-Deberes genéricos.
Artículo 76.-Deberes específicos.
2. Los indicados titulares deberán, asimismo, comunicar al Departamento de Economía y Hacienda los hechos o circunstancias que puedan producir daños, perjuicios o alteraciones en los bienes objeto de concesión o autorización.
Artículo 77.-Responsabilidades.
Artículo 78.-Infracciones.
h) Las actuaciones sobre los bienes afectados a un servicio que impidan o dificulten la normal prestación de aquél.
Artículo 79.-Calificación de las infracciones.
2. Las infracciones administrativas a las que se refieren los apartados b), c), e) y h) del artículo anterior tendrán la calificación de graves, salvo que por cuantía de los daños y perjuicios causados, en su caso, proceda su calificación como de muy graves. Las restantes infracciones tendrán la calificación de leves, siempre que la legislación especial no les otorgue otra calificación.
Artículo 80.-Prescripción de las infracciones.
2. En los supuestos de infracciones susceptibles de ser calificadas como continuadas, el plazo de prescripción se computará a partir de la fecha del ultimo hecho constitutivo de dichas infracciones.
Artículo 81.-Sanciones.
-Infracción leve: multa de hasta cincuenta mil pesetas.
-Infracción grave: multa, desde cincuenta mil una pesetas, a dos millones de pesetas.
-Infracción muy grave: multa, desde dos millones una pesetas, hasta cinco millones de pesetas o hasta el duplo del valor de los daños o perjuicios causados, cuando esta cantidad exceda de cinco millones de pesetas.
2. Para la determinación de la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta el principio de proporcionalidad, la intencionalidad del causante y el beneficio obtenido.
4. El importe de las sanciones y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las responsabilidades contraídas podrán ser exigidos por los procedimientos previstos en el artículo 104 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que la multa coercitiva pueda superar el veinte por ciento de la sanción impuesta o de la obligación contraída por responsabilidades.
Artículo 82.-Procedimiento para la exigencia de responsabilidades e imposición de sanciones.
Artículo 83.-Hechos constitutivos de delito o falta.
DISPOSICIONES ADICIONALES Primera.-Avocación.
la Diputación General podrá avocar para si las competencias atribuidas a órganos inferiores en cuanto al uso y aprovechamiento de bienes demaniales y patrimoniales.
Segunda.-Representación en otros órganos.
El Departamento de Economía y Hacienda participara en los órganos colegiados de aquellas entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón en las que la gestión de su Patrimonio o de los bienes adscritos sea fundamental para la consecución de los fines señalados en sus leyes de creación.
Tercera.-Organos de relación.
Cuarta.-Pliegos de condiciones.
Quinta.-Aseguramiento de bienes.
Esta medida de previsión es extensiva a las entidades públicas dependientes de la Comunidad Autónoma de Aragón que tengan en su Patrimonio bienes de naturaleza análoga a los entes señalados. En el supuesto de bienes adscritos a estas entidades, pertenecientes al Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Aragón, el Consejero de Economía y Hacienda podrá ejercitar la facultad que tiene atribuida en el párrafo anterior para el aseguramiento de estos bienes, siendo a cargo de la entidad pública correspondiente el importe de las primas.
Sexta.-Tasaciones periciales.
En la aplicación y ejecución de esta Ley y demás normas de carácter financiero, la realización de valoraciones, tasaciones, auditorías, trabajos técnicos y demás actuaciones periciales, se efectuarán por funcionarios del Departamento de Economía y Hacienda, con título adecuado a la naturaleza de los bienes, pudiendo asimismo ser habilitados por dicho departamento otros técnicos, seleccionados preferentemente de entre funcionarios de los demás departamentos de la Diputación General.
Séptima.-Actualización de valores y sanciones.
Tanto los limites cuantitativos relativos a la atribución de competencias por razón del valor de los bienes y derechos a que se refiere la presente Ley, como la fijación de las sanciones pecuniarias reguladas en la misma, podrán ser modificadas con objeto de adecuarlas a las variaciones experimentadas por el transcurso del tiempo. Tales variaciones podrán llevarse a efecto por las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.-Adecuación de los organismos autónomos.
DISPOSICION FINAL La Diputación General aprobará las disposiciones reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley.
Zaragoza, a 2 de abril de 1987.

References: artículo 132
 artículo 149
 artículo 47
 artículo 19
 artículo 132
 artículo 27
 artículo 118
 artículo 47
 artículo 76
 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3

Artículo 4

Artículo 5
 Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9
 artículo 105

Artículo 10
 Artículo 11

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 15
 resolución 

Artículo 16
 resolución 

Artículo 17
 artículo 17

Artículo 18
 Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21
 Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24
 artículo 9

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29
 artículo 29

Artículo 30
 artículo 27
 artículo 27

Artículo 31
 Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34
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Artículo 35

Artículo 36
 artículo 34

Artículo 37

Artículo 38
 resolución 
 artículo 34
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 Artículo 39
 artículo 60

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42
 Artículo 43
 artículo 5

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48
 Artículo 49
 artículo 17

Artículo 50
 artículo 53

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54
 artículo 50

Artículo 55
 Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58
 artículo 59

Artículo 59

Artículo 60
 artículo 58
 artículo 59
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Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63

Artículo 64

Artículo 65
 resolución 

Artículo 66

Artículo 67
 Artículo 68
 resolución 

Artículo 69
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Artículo 70

Artículo 71
 Artículo 72

Artículo 73

Artículo 74
 artículo 10
 Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81
 artículo 104

Artículo 82

Artículo 83