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Timestamp: 2019-07-24 02:19:34+00:00

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Sentencia de Constitucionalidad nº 222/13 de Corte Constitucional, 17 de Abril de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 445934458
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones. El demandante estima que la norma acusada viola el artículo 116 de la constitución política, en tanto confiere competencias judiciales a particulares sin límite temporal. La corte concluyó que la conciliación extrajudicial en materia civil y la transitoriedad de la atribución de administrar justicia a los particulares, es compatible con el artículo 116 de la constitución política. Exequible.
Sentencia citada en: 3 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa
C-222-13 Sentencia C-222/13 Sentencia C-222/13
Actor: C.M.C.A..
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 27 de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano C.M.C.A. instauró demanda contra el artículo 27 de la Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones, por considerar que es contrario al artículo 116 Superior.
Por auto del 12 de octubre de 2012, se admitió la demanda de la referencia, y se ordenó fijarla en lista. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor P. General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto a los señores Presidentes del Senado de la República y Cámara de Representantes.
La Ley 640 de 2001, al regular la conciliación extrajudicial en materia contencioso administrativa, civil y laboral estableció una competencia residual pero permanente, atribuyendo funciones jurisdiccionales a particulares.
El demandante recuerda que la Corte Constitucional, en sentencia C-893 de 2001 declaró inexequibles las expresiones ante los conciliadores de los centros de conciliación y ante los notarios, contenidas en los artículos 23 y 28 de la Ley 640 se 2001, en los que se establecía la misma facultad a conciliadores y notarios, en materia de conciliación extrajudicial laboral y contencioso administrativa.
Por lo tanto, las razones expuestas en la sentencia C-893 de 2001 para declarar la inexequibilidad de los artículos 23 y 28 de la Ley 640 de 2001 deben ser aplicadas en este caso, pues con las expresiones declaradas inconstitucionales en las normas acusadas se establecía una delegación permanente de la función de administrar justicia en los particulares desconociendo flagrantemente el texto del artículo 116 de la Carta, que expresamente autoriza al legislador para atribuirles dicha función pero en forma transitoria, y, ii) por que (sic) la función asignada a los conciliadores de los centros de conciliación y a los notarios a pesar de tener vocación de permanencia en el tiempo hecho que de por sí sólo la hace inconstitucional-, es onerosa en términos económicos para quienes deseen hacer uso de ella, y en este sentido se estaría desconociendo la igualdad de oportunidades para acceder libremente a la administración de justicia.
Según el método gramatical, la transitoriedad hace referencia a un criterio temporal que señala la realización de una actividad específica por períodos predefinidos de tiempo. La transitoriedad se refiere al encuentro de las partes en conflicto, independientemente de que la actividad se realice de manera periódica, esporádica o frecuente por distintos ciudadanos y en distintas partes del territorio.
Según el método histórico, la expresión transitoriamente surge en la Asamblea Constituyente para diferenciar el ejercicio de funciones jurisdiccionales ejercidas de manera ininterrumpida y con dedicación exclusiva por los órganos judiciales, de la función de administrar justicia de carácter complementario y temporal que podían ejercer los particulares, sin dedicarse únicamente a obrar como árbitros o conciliadores.
Como quiera que el artículo 116 de la Carta emplea tanto la expresión excepcional, como el vocablo transitoriamente para referirse a dos formas específicas de acceso a la justicia que complementan el ejercicio permanente y general de esta función por los órganos jurisdiccionales, resulta necesario hacer una interpretación sistemática de éste artículo, a fin de aclarar las diferencias entre estos dos términos y desentrañar su alcance en el contexto de toda la Constitución.
En primer lugar, el constituyente usó la expresión excepcional en relación con la justicia impartida por autoridades administrativas. La regla general es que la justicia sea administrada a través de los órganos jurisdiccionales del Estado. Esa regla general tiene como excepción el ejercicio de funciones jurisdiccionales por autoridades administrativas, quienes al igual que los órganos jurisdiccionales imparten justicia al resolver las controversias que se les presenten, en aquellas materias que la ley les asigne.
En segundo lugar, la Carta emplea la acepción transitoriamente para describir el ejercicio de las funciones que en condición de conciliadores pueden asumir los particulares. No se trata de un traslado permanente de la función, como quiera que no desplaza a la justicia formal. Por eso no es tampoco permanente. En cambio, la excepción a la regla sí puede ser permanente en la medida en que la administración de justicia por autoridades administrativas representa una reasignación de competencias y una desjudicialización de la resolución de ciertas disputas.
Según el artículo 116 de la CP., la ley puede transitoriamente atribuir la función jurisdiccional a particulares que obren como árbitros o conciliadores. (...) No es concebible que el ejercicio de la jurisdicción, como función estatal, se desplace de manera permanente y general a los árbitros y conciliadores ( CP art 113). Tampoco resulta admisible ampliar la materia arbitrable a asuntos que trascienden la capacidad de disposición de las partes y respecto de los cuales no sea posible habilitación alguna. [1]
En conclusión, todos los métodos de interpretación aplicados conducen a una misma dirección, cual es que la transitoriedad de la función de administrar justicia como conciliador prevista en el artículo 116, según el método gramatical, hace referencia a una actividad que se realiza dentro de un período corto de tiempo, actividad que, según el método histórico, puede ser interrumpida en el tiempo y no exige la dedicación exclusiva del conciliador, que busca, según el método teleológico, permitir la participación de la ciudadanía en la administración de justicia y complementar la justicia estatal formal y, además, según el método sistemático, no desplaza de manera permanente a la justicia formal del Estado, lo cual ha sido reiterado por la jurisprudencia.
· Debe tratarse de relaciones o situaciones juridicas de contenido patrimonial o económico.
· Estar referidas a derechos y olbigaciones originados en la autonomía privada de la voluntad, como los negocios y los contratos o de manera inmediata en la ley, como la responsabildad por daños.
· Que esas relaciones y situaciones no sean de carácter mercantil, de familia, ni de derecho sucesoral.
Finalmente manifestó que dicho medio alternativo de resolución de conflictos es autónomo, se rige por un sistema legal propio y persigue, entre otros fines, un mayor acceso a la administración de justicia por parte de los ciudadanos, una gestón ágil, eficiente, eficaz y la descongestón de los despachos judiciales; como mecanismo auto compositivo la autonomía de la voluntad de las partes impera en la resolución del conflicto; los protagonistas del proceso son las partes, a quienes se faculta para dirimir de forma concertada sus diferencias.
Seguidamente se remitió al salvamento de voto de la Magistrada C.I.V.H. a la sentencia C-893 de 2001, transcribiendo los siguientes apartes:
A nuestro juicio, la función de administrar justicia a cargo de los particulares se entiende circunscrita, además y por obvias razones, al deber que le asiste a los particulares de colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia (95-7 C.P.), y constituye no sólo una forma de favorecer el descongestionamiento del aparato de justicia sino una vía para la realización del principio de participación de la sociedad civil en los asuntos que la afectan.
El requisito de procedibilidad de la conciliación para acudir a un proceso judicial no es justicia comunitaria de tipo sancionador sino es un procedimiento de fácil acceso a la administración de justicia dado que los conciliadores administran justicia por mandato de la Constitución. No se entiende tampoco cómo pueda estar involucrado el elemento sancionador en los proceso de conciliación cuando la esencia de los mismos es la resolución de conflictos surgidos en torno a derechos disponibles, materia ajena a la de la potestad punitiva.
No se presenta la trivialización de las demandas ciudadanas de cambio social porque de lo que se trata es de modificar la cultura litigiosa del país, introduciendo un procedimiento ágil, breve, eficaz y que permite la solución del conflicto en forma pronta lo que cumple una función social. En efecto, a los trabajadores se les permite solucionar los conflictos que tienen con sus empleadores en forma oportuna y con el abono del pago de honorarios a los abogados por la atención de los procesos judiciales respectivos.
Tampoco la conciliación extrajudicial tiene como objetivo la desactivación de los movimientos de organización comunitaria mediante la judicialización de la participación social y de la legitimación de una descarga de trabajo para la administración de justicia. En efecto, la conciliación extraprocesal obligatoria tiene como un fin legítimo la descongestión del sistema judicial al borde del colapso por el gran número de procesos que impide su pronta resolución a pesar de la actividad de los jueces. Los conflictos que se deciden por conciliación y ante la justicia son conflictos jurídicos y no políticos y por ende las mencionadas afirmaciones son ajenas al control constitucional y a la validez de la conciliación extrajudicial obligatoria.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha reconocido que el acceso a la administración de justicia debe realizarse mediante un procedimiento pero no hay obligación de que el procedimiento sea único o judicial, y por ende bien puede ser la conciliación extrajudicial. Al respecto, la Corporación ha dicho que [e]l derecho de acceso a la justicia no se vulnera por existir distintos procedimientos, sino- más bien- por exigir a personas cuyo patrimonio es mínimo que para hacer efectivo su derecho tengan que acudir a procesos complejos y dilatados, lo que atentaría, precisamente, contra el propio derecho cuya efectividad se pretende.
Tan cierto es que los conciliadores administran transitoriamente justicia que el acta de conciliación hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo al tenor del artículo 91 del Decreto 1818 de 1998 que compila el artículo 109 de la Ley 446 de 1998 que modifica el artículo 87 de la Ley 23 de 1991.
En seguida expresó la intervinientes que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para diseñar y establecer la estructura jurídica de las normas procesales, respetando siempre los lineamientos constitucionales tendientes a garantizar el derecho sustancial.
Mediante concepto No. 5481 del 5 de diciembre de 2012, el P. General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar exequible el artículo 27 de la Ley 640 de 2001.
Segundo.- Declarar EXEQUIBLES los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia.
Tercero.- Declarar EXEQUIBLE los artículos 35, 36 y 40 de la Ley 640 de 2001, que regulan la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a la jurisdicción de familia, en relación con los cargos de la demanda, relativos al derecho a acceder a la justicia, bajo el entendido que cuando hubiere violencia intrafamiliar la víctima no estará obligada a asistir a la audiencia de conciliación y podrá manifestarlo así al juez competente, si opta por acudir directamente a la jurisdicción del Estado.
No obstante, ha advertido la Corte que un razonable diseño normativo que promueva la intervención de los particulares en la resolución pacífica y negociada de los conflictos jurídicos, no puede desplazar de manera definitiva a la justicia estatal formal ni puede constituirse en un obstáculo que impida el acceso a ella. La armonización de los principios constitucionales contenidos en los artículos 116 y 229 de la Carta, exige que tales mecanismos complementen al aparato judicial.
A continuación cita la sentencia C-1195 del 2001, en la cual la Corte Constitucional señala que la conciliación prejudicial obligatoria es compatible con la transitoriedad de la atribución de la función de administrar justicia a los particulares, para concluir que la conciliación en ningún modo desplaza, remplaza o anula a la administración de justicia estatal, como lo pretende señalar el actor, ni corresponde a la delegación permanente de una función judicial, debido que se trata de una función que se ejerce bajo ciertos presupuestos por un breve período de tiempo, que no exige la dedicación exclusiva del conciliador y que permite participar a la ciudadanía en la administración de justicia.
Para resolver el problema jurídico se analizará primeramente la jurisprudencia sobre (i) el derecho a la administración de justicia y la conciliación como mecanismo alterno para impartirla y acceder a esta y (ii) la transitoriedad de la atribución de la función de administrar justicia a los particulares es compatible con la conciliación.
El derecho al acceso a la administración de justicia y la conciliación como mecanismo alternativo para impartirla y acceder a esta.
4.1. La jurisprudencia de esta Corte ha sostenido de manera reiterada[4] que el derecho a acceder a la justicia es un derecho fundamental que, además, forma parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso.[5]
Según la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene un significado múltiple. Entre otros, comprende contar con procedimientos idóneos y efectivos para la determinación legal de derechos y obligaciones[6], que las controversias planteadas sean resueltas dentro de un término prudencial y sin dilaciones injustificadas[7], que las decisiones sean adoptadas con el pleno respeto del debido proceso[8], que exista un conjunto amplio y suficiente de mecanismos para el arreglo de controversias,[9] que se prevean mecanismos para facilitar el acceso a la justicia por parte de los pobres,[10] que la oferta de justicia permita el acceso a ella en todo el territorio nacional.[11]
... el derecho de todas las personas de acceder a la administración de justicia se relaciona directamente con el deber estatal de comprometerse con los fines propios del Estado social de derecho y, en especial, con la prevalencia de la convivencia pacífica, la vigencia de un orden justo, el respeto a la dignidad humana y la protección a los asociados en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades (Art. 1o y 2o C.P).
El acceso a la administración de justicia implica, entonces, la posibilidad de que cualquier persona solicite a los jueces competentes la protección o el restablecimiento de los derechos que consagran la Constitución y la ley. Sin embargo, la función en comento no se entiende concluida con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; por el contrario, el acceso a la administración de justicia debe ser efectivo, lo cual se logra cuando, dentro de determinadas circunstancias y con arreglo a la ley, el juez garantiza una igualdad a las partes, analiza las pruebas, llega a un libre convencimiento, aplica la Constitución y la ley y, si es el caso, proclama la vigencia y la realización de los derechos amenazados o vulnerados[12]. Es dentro de este marco que la Corte Constitucional no ha vacilado en calificar al derecho a que hace alusión la norma que se revisa -que está contenido en los artículos 29 y 229 de la Carta Política- como uno de los derechos fundamentales[13], susceptible de protección jurídica inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela prevista en el artículo 86 superior.
No obstante el derecho a acceder a la justicia también guarda estrecha relación con el derecho al recurso judicial efectivo como garantía necesaria para asegurar la efectividad de los derechos, como quiera que no es posible el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el Legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso.[14]
La conciliación extrajudicial como mecanismo de resolución de conflictos se ha definido como un procedimiento por el cual un número determinado de individuos, trabados entre sí por causa de una controversia jurídica, se reúnen para componerla con la intervención de un tercero neutral  conciliador ‑ quién, además de proponer fórmulas de acuerdo, da fe de la decisión de arreglo e imparte su aprobación. El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo para las partes que concilian.[16]
En quinto lugar, la conciliación repercute de manera directa en la efectividad de la prestación del servicio público de administración de justicia, al contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. En efecto, visto que los particulares se ven compelidos por la ley no a conciliar, pero si a intentar una fórmula de arreglo al conflicto por fuera de los estrados judiciales, la audiencia de conciliación ofrece un espacio de diálogo que puede transformar la relación entre las partes y su propia visión del conflicto, lo que contribuye a reducir la cultura litigiosa aún en el evento en que éstas decidan no conciliar.
Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos no representan una desconfianza hacia la justicia estatal formal, sino un reconocimiento de que procedimientos menos formales y alternativas de justicia autocompositiva complementan las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. Por ello, mecanismos como la mediación y la conciliación, más que medios para la descongestión judicial, son instrumentos para garantizar el acceso efectivo a la justicia y promover la resolución pacífica de los conflictos.[19]
2) permiten la participación directa de los interesados en la resolución de sus conflictos, como una manifestación del principio de participación democrática que es axial a nuestra organización estatal,
4) son un buen mecanismo para lograr la descongestión judicial, pero no se debe tener como su fin único o esencial[20].
Hasta aquí se puede concluir que, contrario a lo que afirma el accionante, el derecho al acceso a la justicia no implica que todos los conflictos deban ser resueltos a traves de los medios de justicia formal, ni que estos sean los únicos idóneos y eficaces, pues como bien se expresó, al instituirse el articulo 116 de la Constitución Politica, se reconoció que el acceso a la justicia también puede alcanzarse por mecanismos aternativos de solución de conflictos, entre estos la conciliación, los cuales pueden ser ampliados por el legislador dentro del margen de su configuración legislativa.
Aun cuando dicha sentencia se refiere a un asunto relevante para el caso en estudio, considera la Corte que los elementos que llevaron a la Corporación ha declarar inexequible la conciliación extrajudicial en materia laboral como requisito de procedibilidad, no están presentes en este caso y por lo mismo no le son aplicables las mismas razones de derecho.
En efecto, la Corte dijo en dicha providencia que debido que, por principio, las condiciones en que se desarrollaban las relaciones laborales eran de subordinación e inferioridad, el elenco de normas superiores destinado a proteger tales intereses podría quedar enervado, o al menos, seriamente amenazado, si el titular de los derechos que le han sido vulnerados, tuviese limitantes o cortapisas impuestas por el legislador como condición para poderlos ejercer de modo expedito. Sostuvo entonces la Corte lo siguiente:
Desde otro ángulo de análisis puede afirmarse que la inconstitucionalidad del requisito de procedibilidad en asuntos laborales es contrario al conjunto de disposiciones superiores que le atribuyen al trabajo la condición de derecho fundamental y le imponen al Estado el deber de brindarle especial protección.
Efectivamente, la Constitución Política de 1991, además de enmarcar a Colombia como Estado Social de Derecho (art. 2°), prodiga al trabajo una especial protección de parte del Estado. De ahí que cuando se desconocen los derechos consagrados a favor de un trabajador, éste debe gozar de los mecanismos expeditos de acción para defenderlos ante las autoridades competentes, sin condicionamientos que enerven la efectividad de los mismos.
Corolario de lo anterior es el precepto 53 de la Carta Fundamental, que le señala al Estatuto del Trabajo la obligación de instituir unos principios mínimos fundamentales, entre otros, los de igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima, vital y móvil; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos contenidos en normas laborales; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho; garantía a la seguridad social; y facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. (Sentencia C-893 de 2001).
La conciliación extrajudicial en materia civil y la transitoriedad de la atribución de la función de administrar justicia a los particulares es compatible con el artículo 116 de la Carta.
En la sentencia C-1195 de 2001 esta Corporación se pronunció sobre la exequibilidad de varios articulos de la Ley 640 de 2001,[23] que regulan la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad para acudir a las jurisdicciones civil y contencioso administrativa. En esa sentencia la Corte determinó que para estudiar el requisito de transitoriedad, consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política era necesario realizar un análisis de dicho concepto a luz de los métodos gramatical, histórico, sistemático, teleológico y jurisprudencial.
[1] Corte Constitucional, Sentencia C-057 de 1995, MP: E.C.M..
[2] Intervención de la ciudadana M.C.D.O..
[3] Al respecto ver sentencias C-447 de 1997 (MP. A.M.C., C-1544 de 2000 (MP. J.G.H.G., C-803 de 2006 (MP. J.C.T.) y C-428 de 2008 (MP. R.E.G.).
[4] Ver entre otras las sentencias C-059 de 1993, MP: A.M.C.; C-544 de 1993, MP: A.B.C.; T-538 de 1994, MP: E.C.M.; C-037 de 1996 (MP. V.N.M., SPV. J.G.H.G., V.N.M., A.M.C., H.H.V.. SV. J.G.H.G.. AV. E.C.M., J.G.H.G., H.H.V. y V.N.M., T-268 de 1996, MP: A.B.C.; C-215 de 1999, MP(E): M.V.S.M.; C-163 de 1999, MP: A.M.C.; SU-091 de 2000 (MP Á.T.G.. SV. E.C.M.) y C-330 de 2000, MP: C.G.D..
[5] Corte Constitucional, Sentencia T-268 de 1996, MP: A.B.C.. En este fallo, la Corte sostuvo que el acceso a la justicia se integra al núcleo esencial del debido proceso, por la circunstancia de que su garantía supone necesariamente la vigencia de aquél, si se tiene en cuenta que no es posible asegurar el cumplimiento de las garantías sustanciales y de las formas procesales establecidas por el legislador sin que se garantice adecuadamente dicho acceso.
[6] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-597 de 1992, MP: C.A.B., SU-067 de 1993, (MP. C.A.B. y F.M.D.. SPV. C.A.B., T-451 de 1993, MP: J.A.M.; T-268 de 1996, MP: A.B.C..
[7] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-399 de 1993, MP: J.G.H.G.; C-544 de 1993, MP: A.B.C.; T-416 de 1994, MP: A.B.C.; T-502 de 1997, MP: H.H.V..
[8] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, T-046 de 1993, MP: E.C.M., C-093 de 1993 (MP F.M.D. y A.M.C.. SV. C.A.B. y A.M.C. y AV. E.C.M., C-301 de 1993 (MP: E.C.M.. SV. J.A.M., C.G.D. y A.M.C.. SPV. F.M.D., H.H.V. y V.N.M. y C-544 de 1993, MP: A.B.C., T-268 de 1996, MP: A.B.C., C-742 de 1999, MP: J.G.H..
[9] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, SU-067 de 1993, MP: C.A.B. y F.M.D., T-275 de 1994, MP: A.M.C., T-416 de 1994, MP: A.B.C., T-502 de 1997, MP: H.H.V., C-652 de 1997, MP: V.N.M., C-742 de 1999, MP: J.G.H..
[10] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-522 de 1994, MP: A.B.C.; C-037 de 1996 (MP. V.N.M., SPV. J.G.H.G., V.N.M., A.M.C., H.H.V.. SV. J.G.H.G.. AV. E.C.M., J.G.H.G., H.H.V. y V.N.M. y T-071 de 1999, MP: C.G.D..
[11] Ver por ejemplo la sentencia C-157 de 1998 (MP: A.B.C. y H.H.V., SV. V.N.M., J.G.H.G., C.G.D., A.M.C., H.H.V., E.C.M. y A.B.C.. SPV. C.I. de G., en la cual la Corte encontró que no se vulneraba el derecho a acceder a la justicia al exigir que la interposición de la acción de cumplimiento se hiciera ante los Tribunales Administrativos, pues la ley establecía un mecanismo para facilitar el acceso en aquellos sitios donde no hubiera Tribunales. Dijo entonces la Corte: No se vulnera el derecho de acceso a la justicia con la asignación de la competencia en los Tribunales Contencioso Administrativos, porque aquél se garantiza en la medida en que las personas no tienen que acudir directa y personalmente ante los respectivos tribunales a ejercer su derecho a incoar la acción de cumplimiento, porque pueden remitir, previa autenticación ante juez o notario del lugar de su residencia, la respectiva demanda, según las reglas previstas para la presentación de la demanda en el Código Contencioso Administrativo, cuando el demandante no resida en la sede del Tribunal.
[12] Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 5. Sentencia No. T-173 del 4 de mayo de 1993. Magistrado Ponente: J.G.H.G..
[14] Corte Constitucional Sentencia T-268 de 1996. M.P.A.B.C.. Ver también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías Judiciales en Estados de Emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8, Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que (...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. En este mismo sentido se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar el artículo 25.1 de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos al señalar que ... no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por la práctica, porque el Poder Judicial carezca de la independencia necesaria para decidir con imparcialidad o porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial. Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados de emergencia (Arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 1987, Serie A No. 9, párr. 24.). Esta opinión ha sido reiterada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los C.V.R., F.G. y S.C. y G.C..
[15] Ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional T-268 de 1996, MP: A.B.C., C-037 de 1996 (MP. V.N.M., SPV. J.G.H.G., V.N.M., A.M.C., H.H.V.. SV. J.G.H.G.. AV. E.C.M., J.G.H.G., H.H.V. y V.N.M., C-215 de 1999, M.M.V.S.M., C-163 de 1999, MP: A.M.C., SU-091 de 2000 (MP: Á.T.G., SV. E.C.M., C-330 de 2000, MP: C.G.D..
[16] Cfr. Sentencia C-893 de 2001 (MP. Clara I.V.H., AV. M.J.C.E.. SV. R.E.G., E.M.L., J.C.T. y M.G.M.C..
[17] Ver entre otras la sentencia de la Corte Constitucional, T-006 de 1992, MP: E.C.M..
[19] Sentencia C-1195 de 2001 MP. M.J.C.E. y M.G.M.C.. AV. R.U.Y. y M.J.C.E.. SV. R.U.Y., J.C.T., J.A.R., A.B.S., Á.T.G. y C.I.V.H..
[20] Cfr. Sentencias C-594 de 1992; C-160 de 1999, C-037 de 1996, (MP. V.N.M., SPV. J.G.H.G., V.N.M., A.M.C., H.H.V.. SV. J.G.H.G.. AV. E.C.M., J.G.H.G., H.H.V. y V.N.M., C-893 de 2001, (MP. Clara I.V.H., AV. M.J.C.E.. SV. R.E.G., E.M.L., J.C.T. y M.G.M.C.. C-1195 de 2001 MP. M.J.C.E. y M.G.M.C.. AV. R.U.Y. y M.J.C.E.. SV. R.U.Y., J.C.T., J.A.R., A.B.S., Á.T.G. y C.I.V.H. y C-204 de 2003 (MP. Á.T.G.. SPV. J.A.R., entre otras.
[21] MP. A.B.C..
[22] En la sentencia C-893 de 2001, (MP. Clara I.V.H., AV. M.J.C.E.. SV. R.E.G., E.M.L., J.C.T. y M.G.M.C.. Cuatro magistrados salvaron el voto, por considerar que la ponencia confundía el ejercicio permanente de la actividad jurisdiccional con la circunstancia de que los particulares se encontraren constantemente dispuestos a servir como conciliadores, en los casos para los cuales fuesen seleccionados, sin tener en cuenta que la función ejercida por los conciliadores no es permanente sino transitoria.
[23] En esa oportunidad la Corte examinó la constitucionalidad de los artículos artículos 35, 36, 37, 38, 39 y 40 de la Ley 640 de 2001 Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.

References: artículo 27
 artículo 116
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 resolución 
 artículo 91
 artículo 109
 artículo 87
 artículo 27
 resolución 
 artículo 86
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 116
 artículo 116
 artículo 25