Source: https://blasgonzalez.com/derecho-concursal-y-propiedad-industriall-el-contrato-de-licencia/
Timestamp: 2020-06-03 09:31:05+00:00

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“50. La interpretación literal de la norma, primero de los criterios aplicables a tenor del art. 3.1 del Código Civil, apunta claramente a que, en el caso previsto, todas las prestaciones debidas por el concursado sean a cargo de la masa, lo que confirma un análisis sistemático de la misma, en relación con el apartado 4 para los supuestos en los que se acuerda la resolución – en cuanto a las vencidas, se incluirá en el concurso el crédito que corresponda al acreedor que hubiera cumplido sus obligaciones contractuales, si el incumplimiento del concursado fuera anterior a la declaración de concurso; si fuera posterior, el crédito de la parte cumplidora se satisfará con cargo a la masa” – a lo que hay que añadir que, en otro caso, la previsión devendría absolutamente superflua teniendo en cuenta que el art. 84.2. LC establece que “tendrán la consideración de créditos contra la masa los siguientes: 5. Los generados por el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor tras la declaración del concurso (…) 6. Los que, conforme a esta Ley, resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la declaración de concurso (…)”.
51. Finalmente, esta respuesta coincide con la prevista en los artículos 68 a 70 para los supuestos de rehabilitación de contratos, incluso de tracto único, de préstamo, crédito y adquisición de bienes con precio aplazado y de enervación del desahucio en arrendamientos urbanos, ya que, si bien -como precisa la Audiencia- no es lo mismo “rehabilitar” contratos resueltos que “impedir” la resolución de los vigentes, ambas medidas responden a una misma idea: la necesidad de que la masa -en cuyo interés se obliga a mantener los contratos en los que concurre causa de resolución- responda frente a quienes se ven expropiados de la facultad de desligarse o a rehabilitar el contrato ya resuelto. De ese modo se cumplen las “garantías” a las que se refiere la Exposición de Motivos- “en interés del concurso y con garantías para el derecho de la contraparte, se prevé tanto la posibilidad de una declaración judicial de resolución del contrato como la de enervarla en caso de que exista causa para una resolución por incumplimiento”.
Como señaló en sede de propiedad industrial la SAP Barcelona, sección 15ª con fecha 28 de enero de 2010, “(s)e ha de recordar que la jurisprudencia (por todas, SSTS de 2 de junio y de 5 de junio de 2009) viene admitiendo desde antiguo la facultad de resolución o disentimiento unilateral, por decisión ” ad nutum”, sin necesidad de justa causa, cuando se trata de contratos de servicios o de colaboración de duración indefinida, y tanto más si hay en la relación una impronta de confianza, “personae intuitu”, como sucede en los contratos de agencia, concesión o distribución mercantil, y otros afines de colaboración comercial. “La extinción del vínculo contractual por ejercicio de la facultad resolutoria unilateral se produce en todo caso, incluso aunque sea arbitraria o injustificada, pero sus consecuencias económicas son distintas según las circunstancias concurrentes”, señala la STS de 2 de junio de 2009. La STS de 5 de junio del mismo año reitera que “la doctrina jurisprudencial ha confirmado la facultad de la resolución unilateral “ad nutum” en los contratos de servicios por tiempo indefinido, tanto en los supuestos en que las partes han omitido cualquier condicionamiento a dicha facultad resolutoria, por ejemplo, el respeto de un plazo de preaviso o una indemnización por su inobservancia (SSTS de 12 de mayo de 1997 y 28 de octubre de 1998), como en los casos en que sí se han adoptado condicionantes a la libre resolución del contrato (SSTS de 19 de diciembre de 1991 y 30 de marzo de 1992)”.
De otro lado, la previsión del art. 48.4 LM, en la parte que dispone que “salvo pacto en contrario, el titular de una licencia tendrá derecho a utilizar la marca durante toda la duración del registro, incluidas las renovaciones”, debe ser interpretada adecuadamente. Esta norma se ha trasladado al ámbito marcario, sin particulares matices, desde la Ley de Patentes, que en su art. 75.4 establece que la duración de la licencia de explotación de la patente se extiende, salvo pacto en contrario, a toda la duración del derecho de patente, que se limita a 20 años, a diferencia del registro de marca, que no está sujeto a una limitación temporal, y de ahí que pueda parecer cuando menos extraño el automático traslado de la norma al campo de los signos distintivos. En cualquier caso, la norma marcaria (el art. 48.4 LM ), que es la que aquí nos interesa, no puede ser interpretada con rigurosa literalidad en el sentido de que impone al titular de la marca, con carácter obligatorio, una relación de licencia a perpetuidad, durante toda la vida de la marca, sino que se ha de entender que el precepto no excluye ni impide la facultad de revocación o denuncia ad nutum propia de las relaciones de carácter intuitu personae de duración indefinida o indeterminada, sin perjuicio de la indemnización a que pudiera dar lugar si se ejercita de mala fe o con abuso de derecho. Se trata de una facultad que surge de la imposibilidad de establecer la perpetuidad obligatoria de una relación jurídica basada en la confianza y concertada por tiempo indefinido, que constituye un principio general del derecho de obligaciones”.

References: resolución 
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