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Timestamp: 2019-09-20 16:32:56+00:00

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Si el actor no era distribuidor exclusivo, la venta de combustible a otros distribuidores no reviste entidad para justificar la rescisión del contrato por la empresa petrolera – AL DÍA | ARGENTINA
Si el actor no era distribuidor exclusivo, la venta de combustible a otros distribuidores no reviste entidad para justificar la rescisión del contrato por la empresa petrolera
Ed. Microjuris.com Argentina	en 29 septiembre 2017
Partes: Paredi Roberto Blas c/ YPF S.A. s/ ordinario
Cita: MJ-JU-M-105668-AR | MJJ105668 | MJJ105668
Si el actor no era distribuidor exclusivo, la venta de combustible a otros distribuidores no reviste entidad para justificar la rescisión del contrato por la empresa petrolera.
1.-La conducta de los contratantes subsiguiente al contrato constituye un criterio de interpretación de innegable valor hermenéutico.
2.-Tratándose de vínculos contractuales de cooperación y de permanencia, constituye la función económica del contrato que celebraron las partes que la empresa productora de bienes y servicios tuviera la posibilidad de colocar sus productos en el mercado cuando no pudiera o no quisiera hacerlo por sí misma.
3.-No parece extraño o irrazonable que, tratándose de un contrato cooperación y de permanencia, en el contexto del negocio celebrado, hubieran modificado ciertos aspectos del acuerdo a fin de alcanzar su finalidad, es decir, la colocación por parte de la actora de los productos que la demandada por razones de logística o abastecimiento tempestivamente no cuestionó.
4.-Resultando sumamente relevante que en la enumeración de las obligaciones esenciales del contrato no se incluyera a la distribución exclusiva, y ponderando lo estipulado contractualmente y la conducta seguida por las partes, no puede concluirse que el incumplimiento incurrido por el actor consistente en la venta de combustibles a otros distribuidores y estaciones de servicio de la demandada revistiera la gravedad necesaria para sustentar la rescisión contractual en función de lo dispuesto en los arts. 1071 y 1198 del CCiv.
5.-La buena fe-probidad a que refieren los arts. 1198 y 1071 del CCiv. apunta no solo a reforzar el contrato libremente celebrado, constriñendo al deudor al fiel cumplimiento de lo pactado -buena fe compromisoria-, sino también a protegerlo frente a un acreedor malicioso o demasiado inflexible.
6.-En tanto, el incumplimiento imputado al actor no afectaba el contenido esencial de las obligaciones asumidas por la actora, aquel no habilita la resolución del negocio y avalar la postura de la demandada excedería los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres.
7.-Resulta acertado el argumento del demandante relativo a que la sociedad demandada, al rescindir el contrato invocando un motivo que había conocido varios años antes y al resolver el contrato invocando ese motivo, desplegó una conducta contraria a otra anterior.
8.-La teoría de los propios actos es una consecuencia más del principio de buena fe que exige una conducta confiable y leal en las relaciones jurídicas, impidiendo que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar.
9.-Nadie puede contradecir sus propios actos precedentes, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente.
10.-El lucro cesante es la utilidad o ganancia de la que resultó privado el acreedor a raíz del incumplimiento de la obligación o del acto ilícito, lo cual implica la ausencia de ganancia o del acrecentamiento patrimonial que el damnificado podría razonablemente haber logrado de no haber mediado incumplimiento u obrar antijurídico de la contraparte.
11.-El resarcimiento por lucro cesante no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni debe constituir un enriquecimiento sin causa para el acreedor; sino que, por el contrario, debe hallarse demostrada fehacientemente la pérdida de ingresos referidos a negocios específicos.
12.-El art. 818 del CCiv. establece que la compensación legal tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella las extingue con fuerza de pago, hasta donde alcance la menor y desde el tiempo en que comenzaron a coexistir.
13.-La compensación de las obligaciones presupone que dos sujetos sean válidamente, cada uno de ellos, deudor y acreedor del otro. Deben por consiguiente, coexistir dos deudas en sentido opuesto, originadas en distintos títulos. La ley se hace cargo de la inutilidad que resultaría de imponer a cada uno de los sujetos el cumplimiento de su propia obligación para recibir, a su turno, el cumplimiento de la otra, disponiendo la extinción de las dos obligaciones recíprocas sin necesidad de que se cumplan ambas prestaciones, hasta la concurrencia del monto de la menor y subsistiendo en cuanto al resto. Se intenta evitar un superfluo transporte de numerario o cosas incluidas en la prestación, satisfaciéndose cada acreedor mediante la liberación de su respectiva deuda, con lo cual se obvia la materialidad de las entregas respectivas.
14.-Los arts. 819 y ss. del CCiv. establecen que para que la compensación legal tenga lugar es necesario que los créditos sean fungibles, exigibles, líquidos y expeditos. El requisito de exigibilidad, impone que las obligaciones puedan reclamarse judicialmente. Así, no pueden oponerse como compensación aquellas obligaciones naturales, las sujetas a plazo y las subordinadas a una condición suspensiva, pues todas ellas carecen de exigibilidad actual.
15.-A los fines de la procedencia de la compensación, la obligación debe ser líquida, condición que aparece cuando estando comprobada su existencia, está definida la cuantía de su objeto.
16.-Además de la compensación legal, existen tres clases de compensación: i) la voluntaria, ii) la facultativa, y iii) la judicial. La voluntaria surge de un acuerdo de las partes que invisten recíprocamente la calidad de acreedor y deudor de dos obligaciones cruzadas. No tiene un régimen particular, sino que depende de aquello que los propios interesados hubieran acordado. Solo requiere que cada una pueda disponer sobre el crédito que pretende compensar, y que ambas se pongan de acuerdo sobre la extinción recíproca de los créditos. La facultativa, a diferencia de la voluntaria, depende exclusivamente de la voluntad de una sola de las partes, recíprocamente deudoras y acreedoras, que puede oponerla en razón de existir una ventaja a la que solo ella puede renunciar. Actúa ante la ausencia de compensación legal por defecto de un requisito que la ley exige. Por último, la compensación judicial es la que decreta el juez al dictar sentencia en un litigio, declarando admisible y procedente, total o parcialmente, un crédito alegado por el deudor demandado que pretendía a su vez ser acreedor del actor. En tal caso, surge de la sentencia una compensación entre lo demandado y lo reconvenido que extingue ambas pretensiones hasta donde alcanza la menor de ellas. El juez condena a pagar solo el excedente que hubiere sobre ambas obligaciones extinguidas hasta una cierta medida, por neutralización recíproca.
17.-A diferencia de la compensación legal, la compensación judicial: i) no opera de pleno derecho, sino que es necesario un pronunciamiento que la establezca, ii) no está supeditada a la reunión de los requisitos que la misma ley prevé para que se produzca, sino que se prescinde de tales recaudos, especialmente el de la liquidez, y solo se basa en el carácter de acreedor y deudor recíprocos que al tiempo de la sentencia invisten los litigantes (en razón de tal carácter, el juez de acuerdo a sus facultades jurisdiccionales, decreta la compensación; en definitiva, es el juez quien da por cumplidos todos los requisitos condicionantes), iii) ante el efecto declarativo de la sentencia, sus efectos se producen retroactivamente al tiempo que se trabó la litis. Así, el juez se pronuncia sobre la controversia sometida a su decisión haciendo abstracción del tiempo transcurrido desde ese entonces, y como si dictara sentencia en aquel momento.
18.-Por tratarse de créditos anteriores a la notificación de la cesión y habiendo efectuado expresa reserva, puede oponer al cesionario las mismas excepciones que tenía contra el cedente.
19.-De acuerdo con el conjunto normativo establecido por los arts. 826 y 1474 del CCiv., el deudor cedido puede oponer al cesionario créditos contra el cedente anteriores a la notificación de la cesión, por la sencilla razón de que nadie puede ceder un derecho mejor -o mayor- del que tiene. N.R.: Sumarios elaborados por Ricardo A. Nissen.
En Buenos Aires a los cuatro días del mes de julio de dos mil diecisiete, reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos fueron traídos para conocer los autos: “PAREDI ROBERTO BLAS contra YPF S.A. sobre ORDINARIO” EXPTE. N° COM 26.805/2011 conjuntamente con su acumulado “YPF S.A. contra RODAMI S.A . sobre ORDINARIO” EXPTE. N° COM 30992/2011 en los que al practicarse la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: Vocalías N°17, N°16, N°18.
I. – Antecedentes de la causa
1. Expediente “Paredi Roberto Blas c/ YPF SA s/ ordinario” (26805/2011).
a. Roberto Blas Paredi promovió demanda contra YPF SA (en adelante “YPF”) y reclamó el pago de los daños derivados de la rescisión contractual que estimó en $1.693.943,86. Pretendió asimismo el cobro de $31.291,27 en concepto de incentivos adeudados, el cobro de facturas por $31.291,27, la restitución de sumas de dinero por $104.465,9 y el pago de $43.328,83 por los derechos cedidos respecto del crédito de “La María de Mar del Plata SA”.
Señaló que inició esta demanda en su carácter de cesionario de Rodami SA (en adelante “Rodami”), quien tenía derechos y acciones litigiosos contra la demandada derivada de la relación comercial que entablaron y del contrato de Distribución que suscribieron el 5 de Octubre de 2001.
Explicó que Rodami se desempeñó como distribuidor mayorista de YPF desde el mes de abril de 1999 en la localidad de General Pirán, Provincia de Buenos Aires.Señaló que, además, esa empresa era continuadora de “Sucesores de Blas Roberto Paredi” quien, a su vez, había reemplazado a otro operador como distribuidor Mayorista y Minorista de combustibles y lubricantes de la demandada. Mencionó que dicha continuidad se produjo en tracto sucesivo y por eso conservaron los mismos números de “cuenta madre” y de “sub cuentas”.
Refirió que en razón del contrato suscripto el 5.10.2001, Rodami desarrolló de modo formal las distintas operaciones de distribución y transporte de combustibles YPF en la zona rural que tenía asignada.
Relató que a lo largo del vínculo comercial, YPF se encargó de registrar las operaciones mediante cuentas simples o de gestión. Dijo que la demandada estaba interesada en la zona de actuación de Rodami y que por esto inició tratativas orientadas a la compra de su negocio.
Manifestó que antes de suscribir el contrato, debió firmar un convenio de reconocimiento y refinanciación de deuda que incluía créditos pertenecientes a terceras personas no adeudados por Rodami y que esas operaciones se identificaban con el nombre “sub-cuentas”. Indicó que a partir de ese momento, las operaciones con YPF se realizaron de contado y previo pago de los combustibles suministrados a la cedente y por eso era imposible que existieran créditos pendientes que no fueran los incluidos en el reconocimiento citado.
Sostuvo que luego de pagar 12 cuotas del convenio y restando el pago de la cuota n°13, la accionada le comunicó por correo electrónico la pretensión de suscribir un nuevo reconocimiento de deuda por $ 6.139.929,18 y su parte se negó a aceptar.
Destacó que desde ese momento YPF comenzó a presionar para rescindir el contrato sin costo. Invocó que ello se desprende de ciertas actitudes de la demandada, pues:(i) un mes antes de remitirle la carta documento intimándola al pago de la deuda, ya había emitido una certificación contable del estado de cuenta de RODAMI; (ii) intimó a RODAMI al cumplimiento de ciertos requerimientos que no dirigió a otros Distribuidores Diesel de la Zona; (iii) le exigió que realizara fuertes inversiones bajo apercibimiento de rescisión contractual; y (iv) solicitó que le remitiera cierta documentación.
Resaltó que además de esas exigencias, la demandada siguió presionándola para que firmara el reconocimiento de deuda. Mencionó que finalmente, el 6 de Marzo de 2003 la accionada comunicó la rescisión del contrato y luego, a los pocos días, inauguró una Planta en Mar del Plata para la distribución directa de los combustibles Agro Diesel.
Luego, explicó el funcionamiento de las “sub cuentas”. Indicó que Rodami debía abonar las facturas a la demandada, pero que las cobraba recién a los treinta o sesenta días después de que vencían y sin intereses, o en algunos casos ni siquiera las cobraba.En estos últimos, YPF le cedía las facturas para que su parte iniciara los reclamos, los cuales muchas veces eran contra empresas concursadas, lo que dificultaba su cobro.
Manifestó en ese sentido, que respecto de una de las sub cuentas, la demandada percibió el pago por parte de Rodami, pero luego se presentó también en el concurso preventivo a verificar la misma deuda.
Alegó que el contrato de distribución que celebraron las partes era de adhesión y aludió a la normativa aplicable y a los principios para interpretar las obligaciones de los contratantes.
Señaló que las ventas que supuestamente habrían causado el distracto del contrato, fueron realizadas con mucha antelación a la rescisión.Destacó que la demandada, pese a conocerlas por medio del sistema de RED XXI, nunca las cuestionó y por eso invocó la aplicación de la doctrina de los actos propios.
Acusó a la accionada de obrar de modo abusivo y afirmó que la venta a los operadores de YPF no pudo generarle el perjuicio invocado, en tanto se trató de agentes designados por ella misma y que, por lo tanto, eran considerados idóneos para llevar el abanderamiento.
Destacó que esos operadores no fueron sancionados ni sus contratos fueron rescindidos, por lo que Rodami recibió un inadmisible trato discriminatorio con relación a los mismos.
Estimó, en razón de la abrupta rescisión del contrato, que la accionada tenía la obligación de pagarle los daños y perjuicios que le ocasionó. Ello pues aún quedaban cuarenta y cuatro meses para que concluyera y reclamó las ganancias y utilidades que debió percibir Rodami durante ese período. Estimó dicho rubro en $ 1.693.943,86 de acuerdo con el resultado neto del Balance correspondiente al ejercicio del 2002 y solicitó que a ese monto se le adicionaran los intereses.
Incluyó en su pretensión: (i) el cobro de facturas adeudadas por servicios que la cedente prestaba a la demandada por fletes; (ii) el pago de los créditos cedidos por YPF a la cedente por operaciones que celebró la primera; y, (iii) el pago de las sumas indebidamente cobradas por YPF de la cuenta de Rodami, por las ventas realizada bajo la modalidad de las “Sub Cuentas”.
b. YPF SA contestó demanda y solicitó su rechazo con costas.
Negó los hechos expuestos por el actor de manera genérica y particular.Se expidió respecto de la cesión y dijo que la escritura en la que se instrumentó demuestra la procedencia de la compensación que opuso en su contestación.
Reconoció que la firma Rodami estuvo vinculada con su representada en su carácter de distribuidora de combustible desde el año 1999 y que el último contrato que suscribieron data del 5-10-01. Señaló que antes esa sociedad operaba bajo la denominación social de “Sucesores de Blas Roberto Paredi” y que la empresa también se vinculó mediante un contrato de transporte de combustible.
Manifestó que la existencia de la deuda de Rodami fue reconocida judicialmente y que esa sentencia adquirió autoridad de cosa juzgada. Explicó que en esas actuaciones hay constancias de que la sociedad adeudaba sumas de dinero originadas en la venta de combustibles y que renegociaron esa deuda y pactaron que sería cancelada en 13 cuotas. Agregó que ante el incumplimiento de Rodami, YPF la intimó por carta documento, la que fue respondida con el ofrecimiento de pagar con la entrega de bienes. Sin embargo, dijo que luego desconoció esa deuda.
Resaltó que, en definitiva, Rodami fue constituida en mora por el incumplimiento del pago de la cuota que aconteció el 19 de julio de 2002 y que esa situación nunca cesó.
Señaló que Rodami se condujo con mala fe al iniciar los procesos de rendición de cuentas y el juicio de nulidad y cancelación de hipoteca.
Destacó que por tener una deuda, la distribuidora no podía reclamar a la contraparte el cumplimiento de sus obligaciones.
La demandada expuso que, en ese contexto comenzó un análisis de la situación patrimonial de su co-contratante a fin de evaluar si le otorgaba una nueva financiación y que, con motivo de esa evaluación, constató que estaba vendiendo productos a distribuidores y estaciones de bandera de YPF, lo cual estaba vedado en el contrato.Añadió que el accionante en su demanda reconoció la realización de tales ventas prohibidas y no acompañó ninguna autorización otorgada por YPF en los términos pactados.
Dijo que en razón de ello, la resolución del vínculo contractual fue dispue sta correctamente de conformidad con lo previsto por la cláusula 13° del contrato que autorizaba a obrar así ante la existencia de cualquier incumplimiento contractual.
Destacó que, contrariamente a lo afirmado en la demanda, el sistema Red XXI no le permitía conocer la provisión de suministro ni tener un control permanente de las existencias de combustible. Manifestó que lo que puede medir es el stock de combustible existente y, en caso que un operador lo adquiera de un tercero, arrojará una diferencia de stock, pero carece de la posibilidad de determinar el origen de ese combustible. Alegó que de la explicación brindada en la demanda se desprende que el combustible que Rodami vendió a las estaciones de servicio de “YPF” fue comercializado por canales distintos a los de Red XXI.
Desconoció las negociaciones que invocó el demandante en relación a la compra de la empresa por su parte o que hubiera realizado gestiones para “sacársela de encima”.
Adujo que Rodami nunca se quejó por las operaciones realizadas mediante las subcuentas, que implicaban asumir responsabilidades de solvencia y cobro, y que como contraprestación percibía una importante comisión. Aclaró que estas eran propuestas por Rodami, quien no tenía la obligación de hacerlo y que la insolvencia de los deudores cedidos era su responsabilidad, ya que era quien los presentaba a YPF.
Invocó la inaplicabilidad de la doctrina de los actos propios y del supuesto abuso del derecho en los términos pedidos por el accionante.
Solicitó el rechazo del reclamo indemnizatorio y se pronunció sobre su improcedencia.
Finalmente, opuso compensación de los créditos ante una eventual condena y solicitó la acumulación de este juicio con el que inició contra Rodami para reclamar el pago del crédito.
c.El actor se opuso a la compensación en fs. 855/857 y dijo que no se presentaban los requisitos para que procediera, pues su parte no tenía ninguna deuda con la demandada.
El juez a quo receptó la acumulación de procesos en fs. 936.
2. Expediente “YPF SA c/ RODAMI SA s/ ordinario” (30.992/2011).
a. YPF SA inició demanda por cobro de pesos contra RODAMI SA por la suma de $2.953.900,09.
Explicó que la deuda reclamada surgía del “Convenio de Reconocimiento y Pago de Deuda” que se generó como consecuencia de la relación comercial y contractual con la demandada por la compraventa de combustibles y lubricantes.
Señaló que allí acordaron que el pago de las sumas adeudadas se haría en 13 cuotas y que la accionada lo fue cumpliendo con regularidad, hasta que no pagó la cuota n° 13 el 15.7.2002 e incurrió en mora. Luego, efectuó pagos parciales, quedando el saldo adeudado que reclamó en esta demanda.
Solicitó la citación como tercero del Sr. Roberto Blas Paredi, cesionario de los derechos y acciones que le correspondían a Rodami SA, pues había constituido garantías a nombre de esta sociedad en favor de YPF SA.
Solicitó la acumulación de este proceso con los autos “Paredi Roberto Blas c/ YPF SA s/ ordinario”.
b. Rodami SA contestó demanda y solicitó su rechazo con costas.
Formuló una negativa de los hechos afirmados en el escrito de inicio. Destacó que se vincularon mediante un contrato de Distribución.
Explicó que muchos de los créditos que se incluyeron en el convenio que la actora la obligó a firmar, no se originaron en la venta de combustibles sino en deudas de terceros por los que su parte no debe responder.
Dijo que al tiempo de pagar la última cuota del convenio, la actora pretendió que suscribieran un nuevo reconocimiento de deuda por $6.139.929,18 y que la amenazó con extinguir el contrato de Distribución si no accedía.Resaltó que en tanto las operaciones las hacían de contado y previo pago, no adeudaba suma alguna.
c. Roberto Blas Paredi contestó la citación como tercero y aclaró que no es deudor sino “tercero hipotecante no deudor”.
Denunció la inexistencia del crédito garantizado por su parte y explicó que la suscripción del convenio del 23 de julio de 2001 implicó la extinción de esa primigenia obligación por producirse una novación de las obligaciones.
Planteó subsidiariamente, la inexistencia del crédito reclamado, la nulidad de las hipotecas, pues las mismas no pueden garantizar créditos indeterminados y alegó la pesificación de la deuda.
En la sentencia única obrante a fs. 2309/2332 de los autos “Paredi Roberto Blas c/ YPF SA s/ ordinario” (26.805/2011) el juez “a quo”: (i) receptó parcialmente la demanda promovida por Paredi por la suma de $ 176.396,51 con más los intereses desde el 31.4.04, fecha en la que se intimó al pago de la deuda. Distribuyó las costas en un 95% a cargo del Sr. Paredi y en un 5% a cargo de la demandada; y (ii) hizo lugar a la demanda promovida por YPF SA por la suma de $2.953.900,09 con más los accesorios calculados según la tasa convenida del 2% desde el 15.7.2002. Impuso las costas a Rodami SA en su calidad de vencida (Cpr.68).
En cuanto a la compensación pretendida, consideró que no se verificaron los requisitos legales previstos a esos fines por el art. 928 del Código Civil y Comercial de la Nación y difirió, en su caso, el tratamiento para el momento procesal oportuno (art. 923 CCCN.).
Para resolver en ese sentido el magistrado de grado resaltó en primer término que las partes estaban de acuerdo en que la relación comercial entre la demandada y Rodami SA -cedente del accionante, Sr. Roberto Luis Paredi- se desarrolló mediante un contrato de distribución.Luego de transcribir algunas de sus cláusulas, juzgó que de los términos allí empleados resultaba claro que el suministro a estaciones de servicio YPF estaba expresamente prohibido.
Aunque señaló que ello era suficiente para rechazar la pretensión, trató el argumento del actor relativo al ejercicio abusivo por parte de la demandada en su condición de parte dominante en el contrato.
Tras realizar un análisis de la regulación relativa a los contratos de adhesión, juzgó que no se había acreditado la mala fe de la accionada que pudiera implicar un abuso de la posición dominante. En ese sentido, estimó que no se había probado la autorización que requería la cláusula 2.4 para vender combustible a las estaciones de servicio de YPF ni tampoco que ese comportamiento hubiera sido consentido por ella. Por el contrario, juzgó que sí se demostró que Rodami proveyó combustible a firmas que explotaban estaciones de servicio a YPF y que ésta no les impuso sanciones.
Estimó, sin embargo, que la falta de adopción de medidas ante la provisión de combustibles no inhabilitaba a la demandada a reclamar con posterioridad. Apreció que tampoco se demostró que el suministro a estaciones de YPF sin su autorización fuera una modalidad habitual ni que la hubiera consentido.
Consideró que el demandante tampoco había demostrado la existencia de vicios en el consentimiento.
Desestimó los planteos relacionados a: (i) la deuda de las subcuentas ya que, después de analizar su funcionamiento, valoró que Rodami consintió esta operatoria; (ii) el cobro de facturas por fletes, pues juzgó que se encuentra registrada una compensación de la cuenta corriente cliente con el proveedor del actor que permite tener por satisfecha esa acreencia.Por el contrario, receptó el reclamo de las sumas por incentivos por considerar que la mora de Rodami no era suficiente para rechazarla, pues el contrato se celebró en octubre de 2001 y el convenio de reconocimiento data de julio de ese año, de lo que se desprende que el cumplimiento de uno no se supeditó al otro.
En punto al crédito reclamado en el expediente acumulado “YPF SA c/ Rodami SA s/ ordinario”, analizó los términos que habían asentado las partes en el contrato que las vinculó y que se cancelaron las 12 primeras cuotas quedando pendiente la n°13, lo cual fue corroborado por el experto contable al compulsar la existencia y registración de la cuenta de Rodami. En razón de ello, admitió este reclamo aunque aclaró que el mismo no alcanzaría a Roberto Blas Paredi que intervino en calidad de tercero, ya que no es el sujeto obligado al pago en el marco de esas actuaciones.
1. Apeló la demandada en fs. 2334. Su recurso fue concedido libremente en fs. 2335.
Los agravios corren en fs. 2398/2407 y fueron contestados por el actor en fs. 2427/2431.
2. El accionante apeló en fs. 2336 y su recurso fue concedido en fs. 2337. Su expresión de agravios corre a fs. 2379/2396 y fue contestada por la contraria en fs. 2409/2425.
En fs. 2432 se llamaron autos para dictar sentencia y en fs. 2433 se practicó el sorteo previsto en el Cpr. 268.
2. En el Expediente “YPF SA c/ Rodami SA s/ ordinario” n° 30.992/2011 apeló el actor YPF SA en fs. 432 y su recurso fue concedido libremente en fs. 433. Su recurso fue desistido en fs. 455.
El accionante objetó la decisión del magistrado de grado y solicitó su revocación. Sus agravios pueden resumirse sintéticamente del siguiente modo:i) YPF no estaba en condiciones de reclamar el cumplimiento ni la resolución del contrato pues no había pagado los incentivos por ventas; ii) los intereses de los incentivos adeudados debieron computarse desde los 30 días de vencido cada año calendario; iii) existió una posición abusiva por parte de YPF ya que en el contrato le impuso una obligación de cumplimient imposible y que la venta de combustible a determinadas estaciones de servicio por su habitualidad y repetición no requería autorización; (iv) los incentivos debieron calcularse por la totalidad de tiempo de duración del contrato; (v) correspondió la condena al pago de las facturas; (vi) criticó el rechazo de lo abonado por las deudas de las “sub cuentas”; (vii) se quejó de la desestimación del reclamo de la subcuenta del Sr. Totora, ya que YPF recibió el pago de parte de Rodami y, pese a eso, se presentó en el concurso preventivo a verificar el crédito.
De su lado, la defendida en su expresión de agravios cuestionó sustancialmente dos aspectos de la sentencia recurrida: (i) objetó que se la condenara al pago de los incentivos previstos en el contrato, pues dijo que la deuda de Rodami se originó en la misma relación por la que suscribieron el convenio de refinanciación. En caso que se admitiera el reclamo por incentivos, impugnó la base para su cómputo y el dies a quo; (ii) cuestionó que se difiriera el tratamiento de compensación de los créditos, pues adujo que sí se presentaban los requisitos para su admisión y además esa decisión no indica en qué oportunidad será tratada.
V.- La solución propuesta
Inicialmente diré que el análisis de los agravios esbozados por los quejosos no seguirá necesariamente el método expositivo por ellos adoptado, y que no atenderé todos los planteos recursivos sino aquellos que estime esenciales y decisivos para dictar el veredicto en la causa (conf. CSJN:”Altamirano, Ramón c/ Comisión Nacional de Energía Atómica” , del 13.11.1986; íd.,: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional de Aduanas” , del 12.2.87; íd.,: “Pons, María y otro” del 6.10. 87; íd.,: “Stancato, Carmelo”, del 15.9.89; y Fallos, 221:37; 222:186; 226:474; 228:279; 233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).
2. a. Rescisión del contrato recuerdo que el primer sentenciante hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó a la accionada únicamente al pago de la deuda por incentivos. Estimó acreditado que la demandada no había abonado este rubro durante los años que duró la relación contractual. Para así decidir juzgó que YPF había ejercido de modo adecuado la facultad rescisoria del contrato frente al incumplimiento de las obligaciones de Rodami.
Contra esas decisiones se alzaron ambas partes.
En prieta síntesis, es preciso señalar que las litigantes se endilgan recíprocamente incumplimientos al contrato y alegan, según lo previsto por el artículo 1201 del Código Civil, que una no podía reclamar a la contraria su cumplimiento si no demostraba haber cumplido primero la prestación a su cargo.
En efecto, el accionante se agravió de lo decidido por el juez a quo pues adujo que resultó contradictorio que considerara que la accionada ejerció de modo adecuado la facultad rescisoria cuando estaba en mora en el pago de los incentivos. Solicitó la revocación de este aspecto del decisorio y, en consecuencia, el resarcimiento de los daños que habría ocasionado con esa conducta.
La demandada, por su parte, procuró la revocación de la condena al pago de los incentivos, pues alegó que Rodami incumplió con lo estipulado en la “Carta Acuerdo” al vender combustible a otras estaciones de YPF y afirmó que esto ocurrió con anterioridad al incumplimiento que le imputó a su parte.Por último y para el caso en que no se receptare su planteo, cuestionó la base liquidatoria y requirió la compensación de las obligaciones.
Expuestos sucintamente el contenido de los recursos, adelanto que trataré inicialmente los agravios de las partes referentes a la rescisión del contrato. Así pues, lo que se resuelva al respecto incidirá en la decisión relativa a los daños que pretendió el accionante.
2. Cabe analizar, entonces, si el motivo invocado por la demandada configuró una causal suficiente para que se efectuara el distracto, en los términos previstos en el contrato, o si implicó, como destacó el reclamante, el ejercicio de una posición abusiva.
3. Están contestes las partes en sostener que sus derechos y obligaciones se encontraron regulados por el contrato de distribución suscripto el 5.10.2001 agregado en fs. 45/65 (v. demanda de fs. 730 y contestación de fs. 836 vta.).
De su lectura se desprende que Rodami SA (“Distribuidor”) se comprometió a comprar a YPF SA los productos combustibles Gas Oil, Nafta Normal y Súper elaborados, comercializados o distribuidos por YPF y aquéllos que YPF determine en cada momento, para su posterior reventa por el Distribuidor, por sus propios medios y bajo su exclusiva responsabilidad.
Ese instrumento reguló varios aspectos del vínculo comercial y, específicamente la cuestión que generó materia controvertida, relativa a la aplicación de la cláusula 2.4. Allí dispusieron que “El Distribuidor tiene expresamente prohibido vender, o de cualquier otra manera comercializar o proveer, productos de cualquier índole, inclusive los Productos a: (a) otros Distribuidores; y, (b) Las Estaciones de Servicio YPF”. Agregaron que dichas prohibiciones podían ser dejadas sin efecto por YPF con carácter de excepción y solamente en aquéllas situaciones en las que -a juicio de YPF- el interés empresario lo justifique mediante una autorización expresa y previa, dada por escrito (fs. 47).
4. Adelanto que postularé la admisión del planteo recursivo del accionante.Ello pues YPF no solo conoció las operaciones que realizó Rodami con estaciones de su red de distribución varios años antes de comunicarle su decisión de rescindir el contrato, sino que además las consintió.
En los párrafos siguientes fundaré mi anticipada posición.
5. Está fuera de controversia que Rodami realizó ventas que contaron con la autorización expresa y por escrito de la demandada (v. fs. 739/745, fs. 2074 y reconocimiento de la demandada en su expresión de agravios, fs. 2401 vta. y 2402).
Así las cosas, la accionada le comunicó a Rodami que la rescisión del contrato se motivaba en “su incumplimiento a la cláusula 2.4 de la Carta Acuerdo que específicamente prohíbe la venta de combustibles por parte del Distribuidor a Otros Distribuidores y Estaciones de Servicio YPF” (v. fotoduplicado certificado de fs. 663/664).
No obstante, resulta perceptible que la defendida tomó conocimiento de que sus clientes estaban recibiendo combustible de un tercero en el momento en que esto ocurría.
En tal inteligencia, el sistema de Red XXI anoticiaba a la demandada el stock de combustible de cada una de sus estaciones. Esta información se cargaba todas las noches y, además, se emitía un informe mensual (v. copia certificada de la declaración testimonial del Sr. Carlos Adolfo Cabral, obrante a fs. 1464/1467, contestaciones de oficio de fs. 1428, 1441, 1774/8, 1790/2, entre otras; pericia contable, fs. 1889 vta./1890).
Por ello, las ventas de Rodami debían necesariamente arrojar una diferencia evidente en los resultados del sistema, respecto de la cantidad de combustibles que YPF les entregaba.
Cabe aclarar, sobre esta cuestión, que no hay ningún elemento que corrobore la versión de la defendida referida a que las operaciones cuestionadas se hubieran realizado por fuera del referido sistema Red XXI (v. pto 3.3.4 de su contestación de demanda, fs.836 vta./840).
Por eso, más allá de la invocada imposibilidad de identificar cuál era el proveedor responsable de la referida diferencia de stock de combustible, lo cierto es que el conocimiento de tal irregular situación, si ésta hubiera querido ser evitada, le exigía a la demandada una conducta diligente y la adopción de las medidas pertinentes.
Esto concuerda con la versión de varios clientes de YPF (fs. 819/822, 2033 y fs. 2074) quienes confirmaron que recibieron de manera ocasional combustible de parte de Rodami con anterioridad al año 2003 -v. oficios de Castro y Cía, (fs. 1424); Camposur (fs. 1325), Albim Cereales (fs. 1427), Granel Sur (fs. 1435), Estancia La Yerba (fs. 1440), Castelli D. Arrori (fs. 1441), Hernando Hermanos (fs. 1640), Rodríguez Manuel (fs. 1792), Capparoni (fs. 1821)-. Algunas de las estaciones oficiadas agregaron que claramente esa situación era conocida por YPF (v. oficio de Castelli D. Annoni, fs. 1441 y Capparoni, fs. 1821 vta.).
Así las cosas, la accionada contaba con los medios para evitar que las estaciones bajo su bandera continuaran repitiendo esa operatoria ya que éstas tampoco estaban autorizadas a adquirir combustible de otro distribuidor (v. fs. 1424, 1428, 1441, 1404/1423, 1582/1594 1641/1657 y copias de los acuerdos 1701/1721, 1722/1749, 1750/1774). Sin embargo, a pesar de haber obrado en infracción al contrato, ninguna recibió siquiera una consulta sobre la información que surgía del sistema RED XXI.
En ese orden de ideas, la tolerancia exhibida por la demandada y el paso del tiempo sin la adopción de medidas eficaces para impedir rápidamente que continuara esta situación, permiten concluir que esto le resultaba beneficioso.
Esta conclusión halla sustento, también, en los dichos de algunas de las estaciones oficiadas, quienes dijeron que recibieron combustible de parte de Rodami por una cuestión de abastecimiento y logística que resultó conveniente a la demandada (v. Castro y Cía SRl. , fs. 1424, v., Edgardo José Annoni, fs.1441).
Sobre esta cuestión, es preciso señalar que la conducta de los contratantes subsiguiente al contrato constituye un criterio de interpretación de innegable valor hermenéutico (conf., Fernandez-Gomez Leo, “Tratado teórico-práctico de derecho comercial” t° III-A, pág. 147, ed. Depalma, Buenos Aires, 1986).
Por lo demás, corresponde poner de relieve que constituyó la función económica del contrato que celebraron las partes que la empresa productora de bienes y servicios tuviera la posibilidad de colocar sus productos en el mercado cuando no pudiera o no quisiera hacerlo por sí misma.
Es que se trata, como es sabido, de vínculos contractuales de cooperación y de permanencia (Etcheverry, Raúl A. “Contratos. Parte especial”, T. 1, Ed. Astrea, Bs. As. 1991; Lorenzetti, Ricardo Luis, “Tratado de los contratos”, T. 1, Ed. Rubinzal Culzoni, Bs. As, 2004, pág. 536 y ss; Marzorati, Osvaldo J. “Sistemas de distribución comercial.”, Ed. Astrea, Bs. As., 1995, ss., entre otros).
Así las cosas, no parece extraño o irrazonable que, en el contexto del negocio celebrado, hubieran modificado ciertos aspectos del acuerdo a fin de alcanzar su finalidad, es decir, la colocación por parte de Rodami de los productos que la demandada por razones de logística o abastecimiento tempestivamente no cuestionó.
6. Si bien no se desconoce que el contrato establecía la necesidad de una autorización por escrito para realizar operaciones contrarias a lo dispuesto por la cláusula 2.4 del contrato de fs. 45/65, no puede ignorarse que la excepcionalidad prevista para recurrir a esa vía, no se condice con la habitualidad con que tales operaciones eran concretadas, conforme lo informado por las estaciones adquirentes del combustible.
Evidentemente, se trató de una situación que no solo era tolerada por la demandada, sino que partiendo de una perspectiva global del vínculo comercial, la consintió.
En efecto, resulta sumamente relevante que en la enumeración de las obligaciones esenciales del contrato no se incluyera a la distribución exclusiva (v. punto 13.1.1, fs.45/69).
Ponderando, entonces, lo estipulado contractualmente y la conducta seguida por las partes, no puede concluirse que el incumplimiento a la cláusula 2.4 revistiera la gravedad necesaria para sustentar la rescisión contractual en función de lo dispuesto en los arts. 1071 y 1198 del CCiv. (CNCom., Sala F, mi voto en “Sunglass S.A. C/ De Levie S.A. S/ Ordinario” del 15.7.2014).
Ello pues, la buena fe-probidad a que refieren los arts. 1198 y 1071 del CCiv. apunta no solo a reforzar el contrato libremente celebrado, constriñendo al deudor al fiel cumplimiento de lo pactado -buena fe compromisoria-, sino también a protegerlo frente a un acreedor malicioso o demasiado inflexible (conf. Ramella, Anteo, “La resolución por incumplimiento. Pacto comisorio y mora en los derechos civil y comercial”, Ed. Astrea, Bs. As., 1975, p. 55).
En ese contexto, avalar la postura de la demandada excedería los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres (conf. art. 1071, CCiv.; CNCom., Sala D, “Grifman, Julio c/ Lennon Corp. S.A.”, del 14.09.84; CNCom., Sala A., “Fabersil S.A. c/ Antiguas Estancias Don Roberto S.A. s/ ordinario”, del 11.04.06; idem, “Mateo Bard e hijos S.R.L. c/ Victorino Godoy”, del 14.09.84). Ello en tanto, el mencionado incumplimiento no afectaba el contenido esencial de las obligaciones asumidas por Rodami SA (en tal sentido Llambías, Jorge J.- Alterini, Atilio A, “Código Civil anotado. Doctrina y jurisprudencia”, T. III- A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.1982, pág. 196) y, en consecuencia, no habilitaban la resolución del negocio.
7.Desde esta perspectiva conceptual, resulta acertado el argumento del demandante relativo a que YPF al rescindir el contrato invocando un motivo que había conocido varios años antes y en el contexto descripto precedentemente, desplegó una conducta contraria a otra anterior.
No cabe soslayar, al respecto, que la teoría de los propios actos es una consecuencia más del principio de buena fe que exige una conducta confiable y leal en las relaciones jurídicas, impidiendo que alguien pueda volver contra sus propios actos y pretender desconocer su propio obrar (conf. esta Sala F, “Contino, Claudia c/ Prosegur S.A.”, del 16.3.07; íd., “Cingolani, gabriel c/ Magol S.R.L.”, del 18.5.10; íd., “Campos Horacio Angel c/ HSBC Bank Argentina s/ ordinario” del 3.7.14).
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que nadie puede contradecir sus propios actos precedentes, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces, ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente (Fallos: 294:220, 299:373 y 305:1402).
En síntesis, en razón de lo expuesto, cabe concluir que la “venta de combustibles por parte del Distribuidor a Otros Distribuidores y Estaciones de Servicio de YPF” (fs. 663/664) era una situación conocida y consentida por la demandada y, en esa tesitura, no pudo configurar una causa legítima de rescisión del contrato en los términos invocados por ella.
2. b. Falta de pago de los incentivos por ventas
El accionante señaló que la demandada se hallaba en mora en elpago de los incentivos por ventas y que, por esa razón, no estaba en condiciones de rescindir con causa el contrato.
De su lado, la accionada en sus agravios invocó que en tanto Rodami tenía una deuda de fecha anterior y que se trataba de la misma relación, resultó improcedente el pago de los incentivos por ventas.
Constituye verdad jurídica que Rodami pagó solo parcialmente la cuota n°13 del acuerdo de conciliación de cuentas que las partes realizaron el 23.7.2001.Ello en tanto la sentencia dictada en el expediente acumulado condenó a esa sociedad al pago de una suma dineraria en favor de YPF y este aspecto ha adquirido autoridad de cosa juzgada, en tanto no fue recurrida por la vencida y el recurso presentado por la accionante fue desistido (v. fs. 455).
Sin embargo, el comportamiento exteriorizado por las contratantes conduce a concluir que la falta de pago íntegro de la cuota n° 13 no incidió en la continuidad de la relación comercial, en tanto ni siquiera fue mencionada al firmar la referida “carta acuerdo” convenida después, en octubre de 2001.
Cabe ponderar, en ese sentido que: a) el convenio de refinanciación fue suscripto el 26 de julio de 2001 (v. fotoduplicado de fs.104/110); b) Rodami no canceló íntegramente la última cuota, que vencía el 15 de julio 2002 (fs. 363/364 del expediente n°30.992/2011); y, c) que suscribieron el nuevo contrato de distribución en octubre de 2002 (fs. 45/65).
De allí que resulta evidente que la deuda que mantenía Rodami por el primigenio convenio de refinanciación no impidió que suscribieran con posterioridad el contrato cuya rescisión motivó el reclamo del actor.
En ese escenario, si la demandada pretendía que los incentivos por ventas no se devengaran sino hasta tanto Rodami no cumpliera con el pago de sus obligaciones, debió dejarlo aclarado expresamente en el contrato que suscribieron luego de que se generara la deuda.
Así pues, la postura de la accionada resulta reñida si se analiza bajo la órbita de la buena fe y la teoría de los actos propios aludida precedentemente.
En ese orden de ideas, se advierte que el convenio de refinanciación de deuda celebrado entre las partes es autónomo respecto del contrato de octubre de 2001 y, por eso, su incumplimiento no afectó el contenido esencial de las obligaciones previstas en el contrato que celebraron posteriormente (en tal sentido Llambías, Jorge J.- Alterini, Atilio A, “Código Civil anotado. Doctrina y jurisprudencia”, T. III- A, Ed. Abeledo Perrot, Bs. As.1982, pág.196)
Por su parte, resulta acertado el planteo del accionante, pues YPF adeudaba el pago de los incentivos por ventas.
2. c. Una última consideración
Finalmente, señalaré que ciertas conductas desplegadas por la demandada corroboran su obrar antijurídico al concluir la relación con Rodami.
Una, es que no puede soslayarse la contemporaneidad entre la apertura de la planta de YPF para la distribución de combustibles de manera directa y la comunicación de la rescisión del contrato. Nótese que la mayoría de las estaciones oficiadas contestaron que recibieron propuestas -en algún caso aceptadas- de ser provistas de manera directa por parte YPF (v.gr., fs. 1427 -punto d-, 1435 -punto d-, 1440 -punto d-) por su propia planta de Mar del Plata que comenzó a funcionar en marzo de 2003 (v. oficio del diario agregado a fs. 1317/1318 y declaración testimonial del Sr. Parpal, fs. 1280).
Otra, es que poco tiempo antes de comunicar la rescisión del contrato YPF intimó a Rodami, por primera vez en años de extensa relación, al cumplimiento de varios requisitos que ciertamente no pidió a otros distribuidores (v. intimaciones de fs. 197, 224, fs. 614/661 1659/60, oficio del Organismo Provincial para el Desarrollo sustentables, fs. 1832 y 1788/1789).
Estos elementos refuerzan la solución propuesta en cuanto a que la rescisión del contrato resultó incausada.
Destaco finalmente que si bien el accionante adujo que se habría configurado un abuso de la posición dominante por parte de YPF, no atenderé ese planteo pues deviene abstracto en tanto no invocó aquél la nulidad de ninguna cláusula contractual y en función del sentido de la solución postulada.
En ese orden de ideas y de acuerdo con la decisión propuesta, analizaré “infra” cada uno de los daños reclamados por el actor.
3. a.Daño por rescisión.
El actor requirió que la demandada le abonara las ganancias y utilidades que debía percibir Rodami por los 44 meses que restaban para la finalización del contrato.
Estimó este concepto en $ 1.693.943,86, de acuerdo con el resultado neto del Balance correspondiente al ejercicio del año 2002 que se consignó en la certificación contable que acompañó al iniciar la demanda. Requirió, también, que se adicionaran los intereses desde la fecha de rescisión del contrato.
Es preciso señalar que lo que en definitiva pretendió el accionante debe ser calificado como “lucro cesante”. Es decir, la utilidad o ganancia de la que resultó privado el acreedor a raíz del incumplimiento de la obligación o del acto ilícito. Implica la ausencia de ganancia o del acrecentamiento patrimonial que el damnificado podría razonablemente haber logrado de no haber mediado incumplimiento u obrar antijurídico de la contraparte.
Se ha sostenido que el resarcimiento por lucro cesante no se apoya en una simple posibilidad de ganancia, ni debe constituir un enriquecimiento sin causa para el acreedor; sino que, por el contrario, debe hallarse demostrada fehacientemente la pérdida de ingresos referidos a negocios específicos (v. esta Sala, mi voto, “Manzur Carlos Ricardo c/ Volkswagen Argentina SA y otros s/ ordinario” del 29.11.2016).
Sobre esa base conceptual, la queja ha de ser admitida.
Ello pues en la Carta Acuerdo (fs. 45/69) acordaron que la duración del contrato sería de cinco (5) años, contados desde el 5 de octubre de 2001 (v. cláusula 3.1, fs. 47), pero YPF le comunicó la rescisión del contrato el 6.3.2003.
En consecuencia, la demandada debe resarcir al actor por las utilidades o ganancias que Rodami no pudo percibir a raíz de la finalización del contrato.
Ahora bien, a fin de determinar la cuantía de este rubro, cabe considerar que de la inimpugnada prueba pericial contable practicada sobre los libros de Rodami (fs. 2093/2095) surge que:i) el resultado del balance n° 9 correspondiente al 31.3.2003 arrojó una ganancia de $ 461.984,69 (v. pto. 2. d y 6); (ii) la ganancia estimada por mes era de $ 38.498,72 (v. pto. 2.e); (iii) de acuerdo con esos valores, el cálculo por el período que restaba hasta la fecha de finalización del contrato fue calculada en $ 1.693.943,68 (v. pto. 2. e); (iv) ese cálculo coincide con el que surge de la certificación contable acompañada con la demanda en fs. 742/743.
No obstante, del informe del perito se desprende que la actividad de Rodami no se limitaba únicamente al vínculo comercial con la demandada, ya que luego de marzo de 2003 continuó con el servicio de fletes que ya prestaba anteriormente (pto. 6, fs. 2095 y fs. 729).
Así las cosas, del valor estimado en la pericial contable, deben descontarse las ganancias que hubiera recibido Rodami por el desarrollo de otras actividades ajenas a la relación contractual con la demandada. Dicho importe será determinado por el perito contador en la etapa de ejecución de sentencia en los términos del art. 516 del Cpr. de acuerdo con la información que surja de los registros contables compulsados.
A las sumas que resulten de dicha liquidación, deberán adicionarse los intereses que esta Sala determina a la tasa activa, tal como fuera dicho en el precedente “Sociedad Anónima La Razón s/quiebra s/incidente de pago de profesionales (art. 288)”, del 27/10/94 (ED 160-205) (y conf. Esta Sala F, “Moreno Constantino Nicasio c/Aseguradora Federal Argentina SA s/ ordinario” , del 01.08.13; “Berrio, Gustavo Osvaldo y otro c/ La Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. s/ ordinario” , del 15.12.16; “Papa Raul Antonio c/ Smg Compañía Argentina de seguros S.A. s/ ordinario” , del 20.10.16; “Echeverria Dante c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, del 27.10.16; “A.H. Llames y Cía S.A. y otro c/ RPB S.A.s/ Ordinario” del 12/5/16; “Fernández Rey María Ximena y otro c/ La Meridional Compañía de Seguros S.A. s/ ordinario”, del 16.02.2017; “Pintecord SRL c/ Banco Credicoop Coop. Ltdo. s/ Ordinario”, del 16.3.2017).
Los intereses se computarán desde el 6.3.2003, fecha en que la demandada comunicó a su adversaria la decisión de rescindir la Carta Acuerdo de Distribución de Octubre de 2001 (v. fs. 663/664).
3. b. Incentivos adeudados
3. b.1. El magistrado de grado decidió que, de conformidad con los parámetros establecidos en el contrato, a la fecha del distracto se adeudaban $ 176.396,51 correspondiente a los incentivos de los años 2001, 2002 y 2003.
La accionada objetó la suma reconocida por el anterior sentenciante, pues dijo que el contrato estuvo vigente solo en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2001 y, por eso, solicitó que el cálculo se ajustara proporcionalmente a ese período.
Por su parte, el accionante procuró el aumento de la suma fijada por este aspecto, pues alegó que los incentivos debieron computarse durante todo el tiempo que debía durar el contrato y los estimó en $ 402.450. Requirió, también, que se condenara al pago de los intereses de acuerdo con la previsión contractual, es decir, al cierre de cada año calendario.
3. b.2. Recuérdese que las partes habían acordado que el importe de los incentivos “sería el que resultara de multiplicar la cantidad de Producto que, durante el año en cuestión o, en su caso, durante la parte de dicho año durante el cual el Contrato hubiera estado en vigencia, el Distribuidor hubiera comprado a YPF, por el monto que, según la cantidad de la que se tratare (reducida proporcionalmente en caso que el período considerado fuere menor a un año) resultare de entre los estipulados en el Anexo IV” (v. pto. 5.4, fs.49). En esa cláusula pactaron también que los incentivos serían reconocidos dentro de los treinta días siguientes a la finalización del año calendario. Los parámetros para su cálculo fueron elaborados por las partes en el Anexo IV (fs. 65).
3. b.3. Adelanto que asiste a razón a la demandada. Así pues en el cuadro realizado por el perito contador se calculó el valor de los incentivos según la totalidad del volumen de ventas correspondientes al año 2001, cuando el reclamo del actor se ciñó al tiempo de duración del contrato suscripto en Octubre de 2001.
Por ello, corresponde descontar del monto reconocido por el anterior sentenciante, los valores correspondientes a los meses del año 2001 anteriores a la suscripción del contrato. En consecuencia, se estima en $ 136.819,63 la indemnización por este concepto.
Los intereses de los incentivos adeudados deberán calcularse desde la fecha de mora que se deberá ser determinada por el perito contador de acuerdo con los parámetros del contrato indicados en el Anexo IV (V. “Incentivo por Volumen”, fs. 65) y hasta el efectivo pago.
3. b.4. El actor se agravió por el rechazo del pago de los incentivos por los meses desde la fecha en que YPF le comunicó la conclusión del contrato hasta su extinción.
El magistrado de grado consideró demostrado que la cantidad de combustible vendido por Rodami en el año 2002 -único año completo de relación comercial- superó el máximo volumen fijado en el Anexo (fs. 65).
Dicha circunstancia fue informada por el perito contador quien estimó que, en base al volumen mensual de compra promedio del año 2002, el importe que debería haber percibido Rodami desde que se extinguió el contrato (6/3/2003) y hasta la fecha de finalización pactada, hubiese sido de $ 450.082,90 (fs. 1891).
No se me escapa que ese punto del informe fue impugnado por la demandada en fs. 1944, quien alegó que la respuesta del perito carece de todo sustento.Dijo, en ese sentido, que constituyó una suposición o cálculo hipotético que no contaba con ningún elemento objetivo o contable para considerar que, de haber continuado el contrato, se hubieran mantenido esos volúmenes de venta hasta el año 2006 (1944/1945).
El experto, en respuesta a dicha impugnación, explicó que practicó los cálculos de acuerdo con la información y documentación que le exhibió la demandada al momento de compulsar los registros y las condiciones establecidas en el contrato celebrado entre las partes (fs. 1956).
En el caso, no se cuenta con otros elementos que conduzcan a apartarse de lo que surge del dictamen contable observado o que demuestren su error (Cpr. 477). Véase que tampoco se acompañaron pruebas que permitan suponer que Rodami no hubiera podido mantener el volumen de ventas, en los términos planteados por la demandada.
En consecuencia, ha de admitirse la queja del accionante hasta alcanzar la suma estimada por el perito contador, es decir, $450.082,90. Los intereses sobre esas sumas se devengarán de acuerdo con los parámetros fijados en el acápite 3. a.
3. c Cobro de facturas adeudadas
El demandante requirió el pago de las facturas n° 0001¬00014504 del 11.6.03; n° 0001-00013614 del 15.4.03; n° 0001-00013609 del 12.3.03; n° 0001-00013615 del 15.4.03 y n° 0001-00013613 del 18.3.03.
Recuerdo que el magistrado de grado desestimó dicha pretensión por considerar que estaba cancelada la deuda, según lo que se había registrado en el sistema contable de la demandada. Destacó que, pese a que no existió recibo de pago que documentara esa cancelación, existió una compensación de la cuenta corriente que permitió tener por satisfecha dicha acreencia.Finalmente aclaró que no había sido agregada otra prueba que desvirtuara lo que surgía de la contabilidad.
El accionante criticó este aspecto de la decisión pues alegó que la conducta de YPF fue contradictoria ya que en un primer momento desconoció las facturas que luego, según admitió, fueron registradas en su contabilidad. Mencionó que por virtud de lo previsto por el art. 43 del Código de Comercio, no resulta suficiente la simple registración contable sin respaldo documental.
A fin de dirimir este planteo, no puede desconocerse que el art. 377 del Cpr. establece que cada una de las partes deberá probar el sustento de hecho de las normas que se invoquen como fundamento de su pretensión, defensa o excepción sin interesar la condición de actora o demandada asumida por cada parte. Ello así, los sujetos procesales tienen la carga de acreditar los hechos alegados o contenidos de las normas con cuya aplicación aspiran a beneficiarse sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos.
Desde dicha perspectiva, era carga del actor demostrar la existencia del crédito que habría sido documentado en las facturas.
Sin embargo, de las constancias de autos se desprende que no asumió esa manda. Nótese que:
(i) El actor no exhibió al perito ciertos registros contables (Deudores por Ventas ni los Libros IVA Ventas) y los asientos globales del Libro Diario no permitieron identificar las facturas. A su vez, en su libro de Inventarios no se encontró información relacionada con las facturas detalladas. Y le presentó al perito copias de esos documentos (v. fs. 2094).
(ii) En la contabilidad de la defendida se registró una compensación. De modo que en los libros de la demandada fueron asentadas las facturas enunciadas por el actor, pero surgen canceladas. En efecto, el perito informó que surge una compensación de la cuenta corriente cliente, con la cuenta corriente proveedor del actor y que no se emitió documentación o recibo como respaldo (fs.1891/1892).
(iii) En línea con lo considerado por el anterior sentenciante, fue el propio accionante quien ofreció que se compulsaran los libros de su contraria para así demostrar este aspecto de su pretensión (v. punto de pericia, n°11.a, fs. 756).
Así las cosas, no puede admitirse la crítica elaborada por el demandante en esta instancia. Es que más allá de la presentación del recibo correspondiente a la compensación de la cuenta corriente, el rechazo de su reclamo se impone por cuanto el interesado no acreditó su procedencia.
En efecto, era carga del actor la demostración de la deuda documentada en las facturas enunciadas en su demanda, como quedó dicho (Cpr. 377). Y esa orfandad probatoria fue justamente la que valoró el magistrado de grado para rechazar su planteo.
3. d. Reclamo de “sub cuentas”
El anterior sentenciante desestimó lo pretendido respecto de las “sub cuentas” al considerar que de las pruebas de autos se desprendía que Rodami SA había consentido esta modalidad de operatoria.
Así las cosas, el juez “a quo” estimó acreditado que los clientes debían abonar directamente al operador y éste último era quien rendía esos pagos a YPF para que posteriormente liquidara las comisiones y, en caso de insolvencia de algún cliente de la “sub cuenta”, la deuda era abonada por Rodami.
El accionante objetó tal aspecto del decisorio por argüir que el mismo se había fundado únicamente en una entrevista que el perito contador realizó al Sr. Eduardo Baldi, en oportunidad de compulsar los libros de la demandada. Reiteró, en sus agravios, que su parte no era garante de las “sub cuentas” y que solo podía ser responsable por no rendir un pago que efectivamente hubiera percibido de algún cliente que operara bajo este mecanismo.
Adelanto que estas críticas del accionante serán desestimadas.En primer lugar, pues no resulta acertado que el juez “a quo” hubiera apoyado su conclusión en una única prueba sino que, para decidir, también valoró lo que surgía de los registros contables y de las causas judiciales ofrecidas ad effectum videndi et probandi.
En segundo término, porque he analizado la cuestión relativa a las operaciones con “sub cuentas” en un caso que guarda cierta analogía: “Goñi Hnos. Sociedad de hecho C/ Y.P.F. S.A. S/ Ordinario” (en el que resulté sorteada como vocal para integrar la Sala E de esta Cámara). La solución a la que se arribó en esas actuaciones, el 19.3.2014, resulta plenamente aplicable al presente caso.
En esa oportunidad, se decidió que la modalidad de “sub cuentas” implicaba que la pretensora otorgara una fianza a favor de YPF respecto de las obligaciones contraídas por los tomadores de las mismas (art. 1986 del Código Civil y 478 y ccdtes. del Código Comercial).
Ello aun cuando, como ocurre en el “sub examine”, no mediare un acuerdo escrito entre las partes por el que el demandante hubiere asumido dicha responsabilidad. Es que la fianza puede contratarse en cualquier forma, incluso verbalmente, aunque en caso de ser negada en juicio, sólo puede ser probada por escrito (art. 2006 del Código Civil).
Este extremo se corrobora con lo que pactaron en el convenio de refinanciación de la deuda del 23.7.2001 (v. fotoduplicado de fs.104/110). Es que allí el accionante reconoció la existencia de una deuda en favor de la demandada que estaba conformada, entre varias obligaciones, por saldos de ciertas “sub cuentas”.
Nótese que Rodami se refirió a este convenio al presentarse espontáneamente y contestar demanda en fs. 650/660 del expediente n° 95.890 “YPF SA C/ RODAMI SA S/ Cobro de Pesos” del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 6 de la Provincia de Buenos Aires.En ese escrito, Rodami mencionó que “con fecha 23 de julio de 2001, las partes formalizaron un convenio con el cual decidieron dejar de lado la individualidad de dichos créditos (contenidos en las facturas referidas), y en cambio instrumentaron una nueva obligación en el propio contrato de fecha mencionado.” (fs. 652 vta.). Explicó que muchos de los créditos que se incluyeron en ese convenio tuvieron su causa-origen en “una supuesta función de garantía que mi mandante ejercería respecto de terceras personas.estas operaciones de venta directa.se identificaban comercialmente con el nombre de SUB-CUENTAS a lo cual cabe agregar que se trataba de clientes procurados por RODAMI a YPF en su actuación como intermediario y por la cual mi mandante cobrara una comisión por la gestión ” (v. fs. 655 vta.).
En consecuencia, Rodami reconoció los créditos generados por esa modalidad de operación y éstos fueron los que motivaron que suscribiera un convenio de refinanciación y lo cumpliera casi en su totalidad.
Este reconocimiento resultó relevante también para la solución adoptada en los autos “Rodami SA c/ YPF SA s/ ordinario” en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 20 Secretaría n° 39 bajo el n° 21700/2003. En esas actuaciones se declaró abstracto emitir un pronunciamiento en el juicio de rendición de cuentas iniciado por Rodami SA contra YPF SA.
Luego, tuvo intervención la Sala C de esta Cámara y confirmó el rechazo de la demanda decidido por el magistrado de grado (fs. 600/606), pues se valoró que la actitud de Rodami al pretender la revisión del monto oportunamente conciliado importa una conducta no compatible con sus actos precedentes y, había impugnado oportunamente los saldos que fueron incluidos en ese convenio.
Por lo demás, el funcionamiento de las “sub cuentas” referido por el actor y citado precedentemente coincide con lo declarado por el Sr. Ricardo César Parpal (fs.1278/1283). Este testigo señaló que ésta era una política comercial de la compañía y que el distribuidor instrumentaba la venta de gas oil y lubricantes con un cliente en particular y se lo hacía llegar a los representantes comerciales de YPF. Ese combustible era facturado por YPF y el distribuidor era responsable de la cobranza entre el cliente e YPF y por ello recibía una comisión.
En esa línea, los productores agropecuarios suscribían una solicitud para ser incorporados al sistema de YPF SA para adquirir Gas Oil (v. foto duplicados obrantes a fs. 293/300 y fs. 490). En dicho instrumento acordaban las condiciones de las operaciones y establecían que la provisión y el transporte de los productos entregados por YPF se haría por medio Rodami SA. Además, los pagos correspondientes a las facturas emitidas por YPF por la provisión de Gas Oil también serían efectuados a Rodami, quien los percibiría por cuenta y orden de YPF.
Es decir, era el actor quien conseguía a los clientes de las “sub cuentas”. Así, resulta lógico que sea Rodami quien asuma la responsabilidad por la solvencia y cobro de los clientes que ella presentaba a YPF para así evitar posibles fraudes (vgr. que un empresario pida combustible para un supuesto cliente y luego éste no pague, pero sí reciba el combustible, que terminan distribuyendo a medias entre los dos, sin pagar por él); (v. fs. 844 vta; primer párrafo).
En ese sentido y tal como fuera valorado por el magistrado de grado, las verificaciones de crédito de Rodami en los Concursos Preventivos de “La María de Mar del Plata s/ concurso preventivo” y “Lopérfido Alejandro Marcelo s/ concurso preventivo”, corroboran su consentimiento con la modalidad de operatoria de las “sub cuentas”.
Por las consideraciones expuestas, corresponde rechazar este aspecto de la pretensión del actor. Esta solución alcanzará al reclamo formulado respecto de “La María Mar del Plata”, pues en orden al temperamento asumido, la insolvencia del deudor cedido no puede ser trasladada a la demandada.
3.e. Crédito del Sr. Totora.
Reclamó el actor, a su vez, la devolución de las sumas pagadas por la “sub cuenta” del Sr. Totora. Expuso que la accionada incurriría en un enriquecimiento sin causa si no le devolvía el dinero que abonó Rodami por este cliente.
De las constancias de autos luce acreditado que YPF percibió valores de Rodami para cancelar las facturas del Sr. Totora Mauricio F. y JC SH (v. informe contable, fs. 2094). Ahora bien, el accionante procuró la devolución de las sumas oportunamente abonadas en tanto dijo que la accionada, pese a haberlas percibido, se presentó a verificar en el concurso preventivo del Sr. Tortora.
Nótese que esta cuestión fue expresamente reconocida por YPF quien dijo se presentó en el concurso a verificar el crédito “ante la inminencia de los plazos, por cuanto las facturas al momento de tener que verificar no habían sido cedidas a Rodami” (fs. 848).
Sin embargo, según informó la sindicatura, la firma YPF SA no percibió suma alguna en concepto de cuotas concordatarias (v. contestación de oficio del juzgado (v. fs. 2081).
En tales condiciones el reclamo del actor deberá, en su caso, dirigirse a obtener la cesión del derecho cuya procedencia está reconocida, y no al cobro de las sumas pues, tal como fue informado, no fueron percibidas por YPF SA.
4. Compensación de los créditos.
4. a El magistrado de grado desestimó este planteo de la demandada por considerar que no se habían presentado los requisitos previstos para su procedencia, sin perjuicio de que pudiera ser considerado en la oportunidad que correspondiese.
La accionada se agravió de esta decisión y arguyó que sí se habían demostrado los recaudos previstos para compensar los créditos: a) existieron condenas recíprocas en ambos procesos; b) Roberto Blas Paredi es cesionario de los derechos de Rodami SA pero fue quien, como presidente del Directorio de Rodami SA, suscribió el reconocimiento de deuda que arrojó el saldo que se condenó a pagar en el juicio acumulado.Se agravió también de que el juez a quo en su decisión de diferir esta cuestión, no indicara en qué oportunidad la trataría.
4. b. He tenido oportunidad de pronunciarme sobre los elementos que deben estar presentes para admitir la compensación al emitir mi voto en esta Sala F en los autos “Aluar Aluminio Argentino SAIC c/ Dinan SACIFI y A. y otros s/ ordinario” , el 28 de mayo del año 2015.
El art. 818 del CCiv. establece que la compensación legal tiene lugar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella las extingue con fuerza de pago, hasta donde alcance la menor y desde el tiempo en que comenzaron a coexistir.
Este modo de extinción de las obligaciones presupone que dos su jetos sean válidamente, cada uno de ellos, deudor y acreedor del otro. Deben por consiguiente, coexistir dos deudas en sentido opuesto, originadas en distintos títulos. La ley se hace cargo de la inutilidad que resultaría de imponer a cada uno de los sujetos el cumplimiento de su propia obligación para recibir, a su turno, el cumplimiento de la otra, disponiendo la extinción de las dos obligaciones recíprocas sin necesidad de que se cumplan ambas prestaciones, hasta la concurrencia del monto de la menor y subsistiendo en cuanto al resto. Se intenta evitar un superfluo transporte de numerario o cosas incluidas en la prestación, satisfaciéndose cada acreedor mediante la liberación de su respectiva deuda, con lo cual se obvia la materialidad de las entregas respectivas (Belluscio -Zannoni, “Código Civil y leyes complementarias”, T. 3, Ed. Astrea, Bs.As., 2004, p. 681/82).
Los arts. 819 y ss. del CCiv. establecen que para que la compensación legal tenga lugar es necesario que los créditos sean fungibles, exigibles, líquidos y expeditos.
El requisito de exigibilidad, impone que las obligaciones puedan reclamarse judicialmente.Así, no pueden oponerse como compensación aquellas obligaciones naturales, las sujetas a plazo y las subordinadas a una condición suspensiva, pues todas ellas carecen de exigibilidad actual.
De otro lado, la obligación debe ser líquida, condición que aparece cuando estando comprobada su existencia, está definida la cuantía de su objeto.
Además de la compensación legal, existen tres clases de compensación: i) la voluntaria, ii) la facultativa, y iii) la judicial.
La voluntaria surge de un acuerdo de las partes que invisten recíprocamente la calidad de acreedor y deudor de dos obligaciones cruzadas. No tiene un régimen particular, sino que depende de aquello que los propios interesados hubieran acordado. Solo requiere que cada una pueda disponer sobre el crédito que pretende compensar, y que ambas se pongan de acuerdo sobre la extinción recíproca de los créditos.
La facultativa, a diferencia de la voluntaria, depende exclusivamente de la voluntad de una sola de las partes, recíprocamente deudoras y acreedoras, que puede oponerla en razón de existir una ventaja a la que solo ella puede renunciar. Actúa ante la ausencia de compensación legal por defecto de un requisito que la ley exige.
Por último y según el planteo realizado por la demandada al contestar demanda, la compensación judicial es la que decreta el juez al dictar sentencia en un litigio, declarando admisible y procedente, total o parcialmente, un crédito alegado por el deudor demandado que pretendía a su vez ser acreedor del actor. En tal caso, surge de la sentencia una compensación entre lo demandado y lo reconvenido que extingue ambas pretensiones hasta donde alcanza la menor de ellas. El juez condena a pagar solo el excedente que hubiere sobre ambas obligaciones extinguidas hasta una cierta medida, por neutralización recíproca (conf. LLambias, Jorge J., “Código Civil. Anotado”, T. II A., Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., 1979, p. 785).
A diferencia de la compensación legal, la judicial:i) no opera de pleno derecho, sino que es necesario un pronunciamiento que la establezca, ii) no está supeditada a la reunión de los requisitos que la misma ley prevé para que se produzca, sino que se prescinde de tales recaudos, especialmente el de la liquidez, y solo se basa en el carácter de acreedor y deudor recíprocos que al tiempo de la sentencia invisten los litigantes (en razón de tal carácter, el juez de acuerdo a sus facultades jurisdiccionales, decreta la compensación; en definitiva, es el juez quien da por cumplidos todos los requisitos condicionantes), iii) ante el efecto declarativo de la sentencia, sus efectos se producen retroactivamente al tiempo que se trabó la litis (conf. Llambias, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, T. III, Ed. Abeledo Perrot, Bs.As., p. 254/55). Así, el juez se pronuncia sobre la controversia sometida a su decisión haciendo abstracción del tiempo transcurrido desde ese entonces, y como si dictara sentencia en aquel momento (conf. Llambias, Jorge J., “Tratado.”, op. cit, p. 256; Belluscio- Zanoni, op. cit., p. 686).
4. c. A la luz de lo precedentemente expuesto, adelanto que la compensación judicial pretendida por YPF obtendrá favorable acogida.
En efecto: en el expediente n° 30992/2011 “YPF SA c/ RODAMI SA s/ ordinario” se reconoció el derecho del accionante al cobro de $ 2.953.900,09 y en las actuaciones n° 26805/2011 “Paredi Roberto Blas c/ YPF SA s/ordinario” se condenó a la demandada al pago de los daños derivados de la rescisión contractual. En consecuencia, no existe óbice para que, una vez aprobadas las liquidaciones, compensen sus créditos, operando así su extinción hasta alcanzar la menor.
Cabe aclarar que se verificó en el “sub lite” la reciprocidad de acreedor y deudor. Mas ello no por los argumentos elaborados por YPF SA referidos a la intervención del Sr. Paredi en el convenio de refinanciación de deuda, pues dicho acto lo hizo en su carácter de representante legal de Rodami SA (v. fs. 848/850, cfr. art.58, 19.550).
Ahora bien Paredi se presentó como cesionario de Rodami. Esa cesión se hizo de acuerdo con el régimen legal (1459, 1460, siguientes y concordantes del Código Civil) y el deudor cedido, es decir, YPF SA, fue notificado fehacientemente (v. oficio de fs. 1451), de la “cesión de todos los derechos y acciones que le correspondían con motivo y en ocasión de la relación comercial mantenida entre esa empresa e YPF SA” (fs. 503/508).
Luego de recibir esa notificación YPF SA, “formuló expresa reserva de oponer a Ud. -en su condición de cesionario- todas las defensas y excepciones que podría hacer valer YPF SA contra RODAMI SA, incluso la compensación (art. 1474 del Código Civil, v. fs. 823/824).
Así las cosas, por tratarse de créditos anteriores a la notificación de la cesión y habiendo efectuado expresa reserva, puede oponer al cesionario las mismas excepciones que tenía contra el cedente (conf. Belluscio-Zannoni, “Código Civil.”, op. Cit. p. 699, T. 3).
Es que de acuerdo con el conjunto normativo establecido por los artículos 826 y 1474 del Código Civil, el deudor cedido puede oponer al cesionario créditos contra el cedente anteriores a la notificación de la cesión, por la sencilla razón de que nadie puede ceder un derecho mejor -o mayor- del que tiene (CNCom. Sala A, “Ruiz Pfister Gladys Beatriz C/ Banco De La Provincia De Buenos Aires S/ Ordinario” del 15/05/13).
En el “sub exámine”, los créditos del deudor cedido y del cesionario son anteriores a la notificación de la cesión y por esa razón, resulta operativa la compensación.
En consecuencia, encuentro que confluyen en el caso circunstancias que me convencen definitivamente de que la compensación judicial intentada debe ser admitida. Ello pues, el crédito de YPF SA es líquido y el de Roberto B.Paredi es fácilmente liquidable de acuerdo con las pautas de los acápites 3.a, 3.b.3 y 3.b.4 del presente considerando (conf. Belluscio- Zannoni, “Código Civil.”, op. cit, p. 690, T. 3).
En consecuencia, postularé la admisión de este aspecto del recurso de la demandada.
De acuerdo al resultado de los agravios objeto de tratamiento y de conformidad a lo previsto en el art. 279 del Cpr. cabe adecuar la imposición de costas decidida en la anterior instancia. De allí que estimo acertada una distribución de las costas de ambas instancias en un 70 % a cargo del actor y un 30% de la demandada (conf. Cpr. 68 in fine y 71).
Por todo lo expuesto si mi voto fuera compartido por mi distinguido colega del Tribunal, propongo al Acuerdo: revocar la sentencia de la anterior instancia con el efecto de: (i) hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Roberto Blas Paredi contra YPF SA, y condenar a ésta última a pagar los daños conforme lo establecido en los acápites V.3.a, 3. b.3, 3.b.4; y (ii) receptar el planteo de la demandada en punto a la compensación de los créditos, conforme “supra” V.4. Con costas de ambas instancias en un 70% a cargo del actor y en un 30% a cargo de la defendida.
I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, se resuelve:(i) hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por Roberto Blas Paredi contra YPF SA, y condenar a ésta última a pagar los daños conforme lo establecido en los acápites V.3.a, 3.b.3, 3.b.4; y (ii) receptar el planteo de la demandada en punto a la compensación de los créditos, conforme “supra” V.4. Con costas de ambas instancias en un 70% a cargo del actor y en un 30% a cargo de la defendida.
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References: resolución 
 artículo 268
 resolución 
 resolución 
 artículo 1201
 resolución 
 resolución 
in fine