Source: https://tc.vlex.es/vid/-15356952
Timestamp: 2019-10-14 08:25:11+00:00

Document:
STC 72/1990, 23 de Abril de 1990 - Jurisprudencia - VLEX 15356952
STC 72/1990, 23 de Abril de 1990
Número de Recurso: Recurso de Amparo nº 191/1988
1. Se reitera doctrina anterior del Tribunal según la cual el emplazamiento edictal no vulnera el derecho a la defensa en determinadas circunstancias.
Sentencia citada en: 192 sentencias, 7 artículos doctrinales, una resolución administrativa
En el recurso de amparo 191/1988, promovido por don Antonio Z. B. representado por el Procurador don Ignacio Aguilar Fernández, respecto de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña de 13 de marzo de 1987, dictada en el recurso núm. 1371/1985, interpuesto por don José Antonio C. L. contra las resoluciones de la Comisión Central de Reclamaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 de abril de 1985 y de la Subsecretaría del mismo Ministerio de 23 de septiembre de 1985. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llorente, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en este Tribunal el día 5 de febrero de 1988, don Ignacio A. F. Procurador de los Tribunales, interpuso, en nombre y representación de don Antonio Z. B. recurso de amparo contra la Sentencia de 13 de marzo de 1987 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña por la que se vino a estimar en su totalidad la pretensión de don José Antonio C. L. de que se declarasen nulas por contrarias al ordenamiento jurídico las Resoluciones de la Comisión Central de Reclamaciones de 19 de abril de 1985, sobre adjudicación a don Antonio Z. B. de la plaza de Facultativo de la Seguridad Social (plaza de Pediatría-Puericultura) de El Ferrol, y de la Subsecretaria de Sanidad y Consumo de 23 de septiembre de 1985, que confirmó la anterior desestimando el correspondiente recurso de alzada.
Con fecha 20 de enero de 1978, la Delegación Provincial del INS de La Coruña anunció concurso-oposición para plazas de facultativos de la Seguridad Social, adjudicándose la plaza de especialista de Pediatría en la localidad de El Ferrol a don Antonio Z. B. mientras que a don José Antonio C. L. se le adjudicó idéntica plaza en la localidad de Valdoviño.
Don José Antonio C. L. formuló reclamación ante la Comisión Central de Reclamaciones, que fue desestimada, si bien, en vía de recurso de alzada, obtuvo satisfacción su pretensión al dictarse por el Ministerio de Sanidad resolución de fecha 30 de julio de 1979 por la que se declaraban nulas las actuaciones y se ordenaba se procediera a una nueva valoración de los méritos de los concursantes.
Realizada nueva propuesta de valoración, la Dirección Provincial volvió a designar con preferencia, por obtener mayor puntuación, a don Antonio Z. B. siendo una vez mas recurrida dicha valoración ante la Comisión Central de Reclamaciones, que resolvió en fecha 19 de abril de 1985 denegando la reclamación, y ante la Subsecretaría de Sanidad y Consumo en vía de recurso de alzada, que confirmó, asimismo, en fecha 23 de septiembre del mismo año, la anterior resolución recusada.
Son estas dos últimas resoluciones administrativas (de 19 de abril y 23 de septiembre de 1985) las que don José Antonio C. L. impugnó ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña, la cual dictó la referida Sentencia de 13 de marzo de 1987, estimando en su integridad la pretensión del recurrente y declarando nulas de pleno derecho las resoluciones impugnadas.
3. Alega la representación actora que la Sentencia que se impugna ha vulnerado el derecho garantizado en el art. 24.1 de la Constitución, dado que ha sido dictada sin que mediara el emplazamiento personal y directo de don Antonio Z. B. lo que, de acuerdo con la doctrina mantenida por este Tribunal en diversas Sentencias (entre ellas, las de 5 de julio de 1985 y 13 de octubre de 1987), debe dar lugar al otorgamiento del amparo que se solicita y, consiguientemente, a la anulación de la Sentencia, ordenando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo retrotraer las actuaciones procesales habidas en el proceso al momento mismo anterior al emplazamiento, a fin de que éste se realice en forma y manera ajustada a derecho.
Pues bien, conviene recordar que la cuestión fue ya resuelta por este Tribunal Constitucional en su ATC 421/1983, manteniendo desde ese momento, en reiterada doctrina (por todos, ATC 642/1984, y STC 92/1984), que para suplir el vacío legal debe ser aplicado analógicamente lo dispuesto en el referido art. 44.2 de la LOCT, si bien «computando el plazo desde que la parte recurrente en amparo tuvo conocimiento suficiente y fehaciente de la Sentencia dictada por el órgano judicial, dándose por informada de su alcance material, puesto que esta noticia es equivalente por su contenido a la proveniente de la notificación procesal, debiendo por ello establar recurso de amparo dentro del plazo de veinte días, y sin poder extender sus límites temporales más allá de su alcance, dejando a su arbitrio la extensión, con ilimitado ejercicio del derecho a iniciar el proceso constituvcional» (ATC 642/1984, fundamento jurídico 2.º).
3. Con arreglo a los criterios expuestos, el estudio de las actuaciones judiciales previas pone de manifiesto que, interpuso recurso contencioso- administrativo por don José Antonio C. L. contra la resolución de la Comisión Central de Reclamaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 de abril de 1985, por el que se propuso la adjidicación de la plaza de Facultativo de la Seguridad Social en El Ferrol (especialidad de Pediatría-Puericultura) a favor del ahora solicitante de amparo, así como contra la posterior Resolución de la Subsecretaría y Consumo de 23 de septiembre de 1985, desestimatoria del pertinente recurso de alzada, la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña, por providencia de 14 de febrero de 1986, acordó se dirigiera exhorto al Juez Decano de Primera Instancia de los de El Ferrol, a fin de que, con entrega de la correspondiente cédula, se emplazase a don Antonio Z. B. si bien la citación no dio resultado alguno, por cuanto dirigida a su nombre al Ambulatorio de la Seguridad Social de El Ferrol resultó no encontrarse trabajando en el citado centro, desconociéndose el nuevo destino o domicilio del mismo. Consecuentemente, por nueva providencia de 29 de noviembre de 1986, la Sala acordó se le emplazase por medio del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña», lo cual así se hizo, insertándose el anuncio en el Boletín del día 12 de diciembre siguiente.
Se evidencia, pues, que la Sala actuó correctamente, en la medida en que, constatando la legitimación del señor Z. B. para comparecer en el proceso contencioso-administrativo, adoptó las medidas pertinentes para emplazarle mediante citación personal y directa, sin que el resultado negativo que se obtuvo pueda ser imputado a falta alguna de diligencia por parte de la Sala, que, a partir de ese momento, no tuvo más opción que la de proceder al emplazamiento por medio del correspondiente edicto.
Baste reparar, a tal efecto, que, tal como se declara en la propia resolución de la Comisión Central de Reclamaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo de 19 de abril de 1985 que desestimó la reclamación formulada por el señor C. L. y confirmó la propuesta de adjudicación de la plaza de Pediatría de la Seguridad Social de El Ferrol a favor del señor Z. B., a éste se le notificó con fecha 1 de marzo de 1985, «en mano, por funcionario de la Dirección Provincial del Insalud en La Coruña» la referida reclamación, para que «en el plazo de diez días hiciera las alegaciones que a su derecho conviniesen, sin que figure que hasta la fecha haya hecho uso de este derecho», lo que pone claramente de manifiesto que, quien afirma en este momento haber sufrido indefensión, tuvo noticia cierta y plena constancia de que la resolución por la que se proponía le fuese adjudicada la plaza en cuestión había sido recurrida, sin que, no obstante, ninguna alegación en defensa de su derecho formulara. De este modo, esa falta de diligencia, al desentenderse de la posible ilegalidad del acto que le afectaba a pesar de tener constancia de que frente al mismo otro de los concursantes había recurrido en vía administrativa, priva, pues, de toda consistencia a la invocación del derecho a la no indefensión, que, sólo cuando el desarrollo de las actuaciones le han deparado un resultado negativo para sus intereses, ha venido a plantear. Y es que, como ya hemos señalado con profusión, quien se dice interesado no puede desentenderse de la posible ilegalidad del acto administrativo que le afecta cuando le consta que dicho acto ha sido impugnado en vía administrativa (entre otras, SSTC 150/1986, 182/1987 y 208/1987).
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Antonio Z. B.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución