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Timestamp: 2019-08-21 11:30:40+00:00

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DECRETO ARTÍCULO ÚNICO - Sesión ordinaria número cuatro, celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de...
Sesión ordinaria número cuatro, celebrada por los ciudadanos diputados integrantes de la quincuagésima séptima legislatura constitucional, el día veintiuno de octubre del año dos mil catorce
IX a la XXIV.- …… T R A N S I T O R I O ÚNICO.
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA
SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA…
DIP. PDTE LEAL VALENCIA
ARTÍCULO ÚNICO: Se reforma la fracción VIII del artículo 11 de la Ley de Educación del Estado de Colima, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 11.- ……
I a la VII.- ……
VIII.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la práctica del deporte, realizando acciones para que, por lo menos, se lleven a cabo tres sesiones de actividad física o deporte por semana, con un tiempo mínimo de 60 minutos, en cada una de las escuelas de educación básica, con absoluto respeto al interés superior del niño, derecho a la recreación, el derecho a la integridad física y el derecho a la participación;
IX a la XXIV.- ……
ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”.
Los suscritos solicitamos que la presente iniciativa se turne a la Comisión competente para proceder al análisis, estudio y dictamen correspondiente. Atentamente. Colima, Col., de 21 de octubre de 2014. La de la voz Ignacia Molina Villareal, Diputado Heriberto Leal Valencia, Diputado Martín Flores Castañeda, Diputado Oscar A. Valdovinos Anguiano, Diputado José Antonio Orozco Sandoval, Diputada Esperanza Alcaraz Alcaraz, Diputado Crispín Gutiérrez Moreno, Diputado Manuel Palacios Rodríguez, Diputado Arturo García Arias, Diputado Noé Pintos de los Santos, Diputado José Verduzco Moreno, Diputado Esteban Meneses Torres y Diputado José de Jesús Villanueva. Es cuanto presidente.
DIPUTADO VICEPRESIDENTE. HERIBERTO LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la comisión correspondiente. Tiene la palabra el Diputado Héctor Insúa García.
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Con su permiso diputado presidente, sin duda el tema de la falta de transparencia y los excesos que se cometen por algunos servidores públicos, son dos de los asuntos que más lesionan a los intereses de la gente, en atención a eso me permito presentar la iniciativa siguiente, solicitando se inscrita de manera íntegra en el diario de los debates.
La presente iniciativa surge de la necesidad de responsabilizar, de manera ejemplar y en la misma medida de la afectación causada, a aquellos que desempeñando un servicio público han cometido una infracción a sus deberes, y cuyos alcances trascienden a toda la sociedad de Colima. Así, esta iniciativa tiene como propósito mejorar el marco jurídico colimense para hacer efectivos los castigos en contra de funcionarios públicos que han caído en actos de corrupción, al establecer medidas concretas para sancionarlos, destituirlos, inhabilitarlos, y evitar que regresen al servicio público.
En la presente iniciativa se proponen acciones concretas que llevarán a cerrar el paso a la corrupción gubernamental. Entre estas medidas se proponen incorporar las infracciones administrativas graves, figura que no existía en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y debido a lo cual no es posible establecer castigos ejemplares.
Por otra parte se establece además de de la inhabilitación según sea la infracción administrativa cometida, la destitución automática del cargo.
Se propone ampliar el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es grave, y hasta de 1 año cuando no se haya causado daño patrimonial.
Es decir, que aunque se haya consumado el acto de corrupción al ocasionar afectación al patrimonio, mal funcionamiento del servicio público o daño a las finanzas públicas por el solo hecho de haberse iniciado o intencionado, se le inhabilitará hasta por 1 año.
Por otra parte se obliga a todas las dependencias de la administración pública a informar, razonar y justificar a la Contraloría, cuando intente ingresar un ex servidor público que fue inhabilitado. De esta manera, se decidirá si se puede volver a desempeñar un cargo al servicio público.
Se amplía por otra parte el plazo de prescripción para poder perseguir un delito cometido por servidores públicos, de tres meses a cinco años, con esto la autoridad tendrá suficiente tiempo para hacer la investigación y establecer las sanciones de una manera correcta.
Se propone la eliminación de la discrecionalidad con la que se sanciona a un servidor público, estableciendo la obligación de hacerlo siempre que se haya acreditado su responsabilidad. Con anterioridad la Contraloría General de Gobierno podría abstenerse de sancionar cuando lo consideraba necesario.
Por otra parte se acorta el camino de denuncia de las irregularidades en la función pública, para que todo funcionario público pueda denunciar directamente a la Contraloría los malos manejos del servicio público, sin necesidad de hacerlo por conducto de su superior jerárquico.
Se establece la obligación a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan implicar responsabilidad penal, de denunciar directamente a la autoridad competente, pues antes la denuncia la realizaba solo el titular de la dependencia.
Finalmente en cuanto a los resultados de las auditorías e investigaciones que arrojen responsabilidad, se establece la obligación de ser comunicados inmediatamente al Ministerio Público y a la Contraloría, para que se realicen las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y se sancione a quienes incurrieron en responsabilidad. Es cuanto Diputado Presidente.
…SE INSERTA INTEGRAMENTE LA INICIATIVA DE REFERENCIA…
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
El Diputado Héctor Insúa García, integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura del H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 83, fracción I y 84, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y 122, 123, 124 y 130 de su Reglamento, someto a la consideración de la Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; lo anterior al tenor de la siguiente:
La presente iniciativa surge de la necesidad de responsabilizar, de manera ejemplar y en la misma medida de la afectación causada, a aquellos que desempeñando un servicio público han cometido una infracción a sus deberes, y cuyos alcances trascienden a toda la sociedad colimense. Así, esta iniciativa tiene como propósito mejorar el marco jurídico colimense para hacer efectivos los castigos en contra de funcionarios públicos que han caído en actos de corrupción, al establecer medidas concretas para sancionarlos, destituirlos, inhabilitarlos, y evitar que regresen al servicio público.
La responsabilidad administrativa, entendida como la consecuencia del actuar ilícito de un funcionario, es de interés público. La preocupación constante de tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función pública ha creado la necesidad de establecer, a favor de los ciudadanos, una garantía para que el funcionariado público se conduzca con apego a la legalidad y los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia.
Teniendo en mente que la irresponsabilidad del servidor público genera ilegalidad, inmoralidad social y corrupción, lo cual erosiona el Estado de Derecho y actúa contra la democracia y el sistema político creado, en Colima se estableció un sistema de control y fiscalización de la administración pública, a través de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Dicho sistema, que tiene como presupuesto la existencia de corrupción y distintos vicios entre el funcionariado público, se ha erigido como una herramienta indispensable para erradicar dichos vicios y la corrupción, garantizar la eficiencia, el buen funcionamiento de nuestro régimen democrático y la vigencia del Estado de Derecho.
Así, el aludido ordenamiento jurídico establece la garantía a favor de los gobernados de poder exigirle a los servidores públicos responsabilidad por aquellos actos u omisiones que vayan en demérito del desempeño de sus cargos, empleos o comisiones.
Sin embargo, la discrecionalidad en la aplicación de sanciones por infracciones al ordenamiento jurídico y sus obligaciones, ha contribuido a una flexibilización de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos; quienes reciben una pena poco proporcional a los efectos o daños causados a la sociedad, o no reciben ninguna.
A este respecto es importante citar los datos del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con lo que se señala que en el año 2013 solamente hubo 3 sanciones a servidores públicos por negligencia administrativa, y ninguna por tráfico de influencias, abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos, etc. Es decir, parecería ser que en Colima todos los funcionarios en absoluto, de los gobiernos federal, estatal y municipal, en sus tres poderes públicos, son muy honestos.
O, si interpretamos correctamente los datos, en realidad se tiene la costumbre de no sancionar a nadie, o perdonarles el castigo. Reflejo de ello es que, a diferencia de lo que reporta la autoridad, de que en la entidad ningún funcionario público comete delitos de corrupción, en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, también elaborada por INEGI, el 80% de los colimenses encuestados afirma que la corrupción gubernamental es frecuente o muy frecuente.
Asimismo, en la encuesta señalada, se muestra que 69.5% de los colimenses son usuarios de servicios y trámites públicos que experimentaron algún acto de corrupción, tienen conocidos que lo hicieron, o creen y han escuchado de personas que consiguieron algo mediante un acto de corrupción. La mayoría de estos actos son con autoridades de seguridad pública, en permisos relacionados con la propiedad, en trámites o solicitudes, en el ministerio público, en juzgados o tribunales, y en servicios de energía eléctrica.
Por otra parte, en un análisis que se hace a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es posible advertir deficiencias legislativas importantes, tales como:
La discrecionalidad al imponer sanciones, pues se deja a la Contraloría General de Gobierno la calificación de la gravedad de los actos u omisiones cometidos en el ejercicio de funciones.
La inhabilitación en el servicio público no representa una limitante para reingresar a éste después de transcurrido el término, con lo cual se abre la posibilidad de que el funcionariado público se encuentre permanentemente envuelto en actos de corrupción.
La prescripción de la facultad para imponer sanciones es, por regla general, de tres meses a partir de que se han cometido los actos indebidos, lo cual promueve la impunidad.
No se sanciona las omisiones a las solicitudes de información, acatamiento de recomendaciones o explicación de la negativa, en materia de derechos humanos.
Aunado a ello, tampoco es motivo de sanción que, investidos del poder público, realicen actos para incentivar la ausencia de denuncias de hechos ilícitos.
Finalmente, tampoco se sanciona que, utilizando las relaciones laborales o la información confidencial que por motivo de su empleo, cargo o persona.
Es decir, el enriquecimiento indebido, el uso de las relaciones laborales o de su atribuciones en un beneficio personal, aunado a una flexibilización de las sanciones, trae como consecuencia que en el Estado de Colima no se pueda garantizar que el funcionariado público se encuentre exento de corrupción, arbitrariedades e ilegalidades, que afectan, no solo la honorabilidad de las instituciones que representan, sino también el erario público y los intereses sociales.
A lo mencionado hay que agregar que los servidores públicos que cometen actos de corrupción, se saben impunes, pues la sanción otorgada es poca, flexible o inexistente. Asimismo, en muchas ocasiones, el mayor castigo que reciben es ser transferidos de una dependencia a otra, o de un gobierno a otro. En el peor de los casos, el castigo parece recompensa, pues se les retira del cargo pero por vías informales se les continúa pagando, para que no generen una imagen negativa. Así, se tiene una situación de alta corrupción en el servicio público, pero que no aparece en los registros gubernamentales.
Por lo anterior, es necesario que se emprendan acciones legislativas para fortalecer el sistema de responsabilidades de los servidores públicos, y se garantice, en consecuencia, el interés público por encima de los intereses particulares que, en algunas dependencias e instituciones, parece verse privilegiado por actos u omisiones al margen de la ley. Es necesario crear un marco jurídico inflexible ante cualquier práctica viciada de corrupción, que permita el adecuado desempeño de la función pública y la credibilidad de ésta.
Por ello, en la presente iniciativa se proponen acciones concretan que llevarán a cerrar el paso a la corrupción gubernamental. Estas medidas son:
Se incorporan las infracciones administrativas graves, figura que no existía en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y debido a la cual no era posible establecer castigos ejemplares.
Se establece, además de la inhabilitación según sea la infracción administrativa cometida, la destitución automática del cargo.
Se amplía el plazo de inhabilitación de 14 a 20 años cuando la infracción es grave, y hasta de 1 año cuando no se haya causado daño financiero o patrimonial. Es decir, que aunque no se haya consumado el acto de corrupción al ocasionar afectación al patrimonio, mal funcionamiento del haberse iniciado o intencionado, se le inhabilitará hasta por 1 año.
Se obliga a todas las dependencias de la administración pública a informar, razonar y justificar a la Contraloría, cuando intente ingresar un ex servidor público que fue inhabilitado. De esta manera, se decidirá si puede volver a desempeñarse en el servicio público o se le excluye.
Se amplía el plazo de prescripción para poder perseguir un delito cometido por servidores públicos, de 3 meses a 5 años, con esto la autoridad tendrá suficiente tiempo para hacer la investigación y sancionar correctamente.
Se elimina la discrecionalidad para sancionar a un servidor público, estableciendo la obligación de hacerlo siempre que se ha acreditado su responsabilidad. Con anterioridad la Contraloría General de Gobierno podía abstenerse de sancionar cuando lo considerara necesario.
Se acorta el camino de denuncia de irregularidades en la función pública, para que todo funcionario público denuncie directamente a la Contraloría los malos manejos del servicio público, sin necesidad de hacerlo por conducto de su superior jerárquico.
Se obliga a todo servidor público que tiene conocimiento de hechos que puedan implicar responsabilidad penal, de denunciar directamente a la autoridad competente, pues antes la denuncia la realizaba solo el titular de la dependencia.
En cuanto a los resultados de auditorías e investigaciones que arrojen indicios de responsabilidad, se establece la obligación de ser comunicados inmediatamente al Ministerio Público y a la Contraloría, para que realicen las investigaciones correspondientes en el ámbito de su competencia, y se sancione a quienes incurrieron en responsabilidad.
Esta iniciativa es una acción pública que el suscrito Diputado Héctor lnsúa García presenta con la intención de cumplir con el compromiso público de sancionar actos de corrupción, y de mejorar el servicio público en el estado de Colima, en la medida de que beneficia al interés público de todos los ciudadanos colimenses. De esta manera, se cumple cabalmente como representante público con el enarbolamiento de una de las banderas insignia de los gobiernos ciudadanos, aquéllos que saben que para lograr un mejor y más rápido desarrollo social y económico, es condición necesaria tener un gobierno libre de corrupción.
Por lo anteriormente expuesto, en uso de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de:
ARTÍCULO ÚNICO. SE REFORMA EL ARTICULO 44, FRACCIÓN XXI Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XXII, XXIII, XIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII; TAMBIÉN SE REFORMAN LOS NUMERALES 49, 50, 53, 57, 58, 59 Y 74, Y SE ADICIONA EL DISPOSITIVO 50 BIS, TODOS DE LA LEY ESTATAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
ARTÍCULO 44. Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que correspondan, según la naturaleza de la infracción en que se incurra, y sin perjuicio de sus derechos laborales:
XXI. Proporcionar en forma oportuna y veraz, toda información y datos solicitados por la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos. En el cumplimiento de esta obligación, además, el servidor público deberá permitir, sin demora, el acceso a los recintos o instalaciones, expedientes o documentación que la institución de referencia considere necesario revisar para el eficaz desempeño de sus atribuciones y corroborar, también, el contenido de los informes y datos que se le hubiesen proporcionado;
XXII. Responder las recomendaciones que les presente la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, y en el supuesto de que se decida no aceptar o no cumplir las recomendaciones, deberá hacer pública su negativa, fundándola y motivándola en términos de lo dispuesto por la Ley de la materia;
XXIII. Atender los llamados del Congreso del Estado, a comparecer ante dichos órgano legislativo, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa a aceptar o cumplir las recomendaciones de la institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, en términos de la Ley de la materia; de celebrar o autorizar la celebración de pedidos o contratos relacionados con adquisiciones, arrendamientos y enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra pública o de servicios relacionados con ésta, con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte. Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
XXV. Abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos con el fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de quienes las formulen o presenten;
XXVI. Abstenerse de aprovechar la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su competencia, que le reporte cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna de las personas a que se refiere la fracción XIII;
XXVII. Abstenerse de adquirir para sí o para las personas a que se refiere la fracción XIII, bienes inmuebles que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, como resultado de la realización de obras o inversiones públicas o privadas, que haya autorizado o tenido conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Esta restricción será aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión, y
XXVIII. Las demás que le impongan las Leyes y Reglamentos.
ARTÍCULO 49. Las sanciones por faltas administrativas consistirán en:
Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro o que cause daños y perjuicios, será de uno a veinte años, de acuerdo con el Código Penal del Estado.
En el caso de las infracciones graves se impondrá, además de la inhabilitación, la destitución.
ARTÍCULO 50. Las sanciones administrativas se impondrán tomando en cuenta los siguientes elementos:
En todo caso se considerará infracción grave el incumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 44, fracciones IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XXI, XXIV, XXVI, y XXVII.
ARTÍCULO 50 Bis. Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de la Ley pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el titular de la dependencia o entidad a la que pretenda ingresar, de aviso a la Contraloría, en forma razonada y justificada de tal circunstancia.
La contravención a lo dispuesto en el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa en los términos de la Ley, sin que pueda surtir efectos el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.
ARTÍCULO 53. Todo servidor público deberá denunciar por escrito los hechos que, a su juicio, sean causa de responsabilidad administrativa imputable a servidores públicos, a la Contraloría General del Estado.
ARTICULO 57. Si los servidores públicos tuvieron conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, darán aviso de ellos a la Contraloría y a la autoridad competente para que conozcan el ilícito.
ARTICULO 58. Si en las investigaciones y auditorías que realicen, revisen o aprueben el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, el Congreso del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, los Ayuntamientos, la Contraloría General de Gobierno, los órganos Internos de Control, o cualquier otro servidor público; aparecieran indicios de responsabilidad en que hayan incurrido los funcionarios públicos, informarán inmediatamente al Ministerio Público, y a la Contraloría en los términos del artículo 53 de esta Ley.
ARTICULO 59. La dependencia y la Contraloría, en los ámbitos de sus respectivas competencias, no podrán abstenerse de sancionar al infractor en ningún caso, cuando se encuentre acreditada su responsabilidad.
ARTÍCULO 74. Las facultades sanciones que esta Ley prevé, se sujetaran a lo siguiente:
l. Prescriben en tres meses si el beneficio obtenido o el daño causado por el infractor no excede de diez veces el salario mínimo diario vigente en el Estado, o si la responsabilidad no fuese estimable el dinero. El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquel en que hubiera incurrido o a partir del momento en que se hubiese cesado, si fue de carácter continuo; o desde el momento en que tenga conocimiento.
II. Tratándose de infracciones graves el plazo para que opere la prescripción será de cinco años, que se contarán en los términos del párrafo anterior.
III. En los demás casos prescribirán en tres años.
La prescripción se interrumpirá al iniciarse los procedimientos previstos por la Ley; y empezará a correr nuevamente desde el día siguiente al en que se hubiere dejado de actuar en ellos.
T R A N S IT O R I O:
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Colima". El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe.
Colima, Colima a 21 de octubre de 2014.
EL DIPUTADO INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL
DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente.
DIPUTADO HÉCTOR INSÚA GARCÍA. Una disculpa la firmamos los integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Ahora si es cuanto diputado presidente
DIP. PDTE LEAL VALENCIA. Se toma nota y se instruye a la Secretaría la turne a la Comisión correspondiente. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes señoras y señores Diputados a la sesión pública ordinaria a celebrarse el día martes veintiocho de octubre del año dos mil catorce, a partir de las once horas. Finalmente agotados los puntos del orden del día solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy siendo las diecisiete horas con diecinueve minutos del día veintiuno de octubre del año dos mil catorce, declaro clausurada la presente sesión. Por su atención y asistencia muchas gracias.
Diario Debates -> Sesion pública ordinara numero dieciocho por los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura, el día veintidós de agosto del añO 2018, fungiendo como presidente el diputado francisco javier ceballos galindo

References: artículo 11

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50
 artículo 44

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 53
 artículo 53

ARTÍCULO 74