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Timestamp: 2018-12-12 13:44:50+00:00

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INCORPORACIÓN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A REGÍMENES DE PROTECCIÓN SOCIAL
Senador Castro Prieto, Juan
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, en primer trámite constitucional, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social, con informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.002-13) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite: sesión 40ª, en 14 de agosto de 2018 (se da cuenta).
Trabajo y Previsión Social: sesión 53ª, en 25 de septiembre de 2018.
El señor LABBÉ (Secretario General).- El principal objetivo de la iniciativa es instaurar la obligatoriedad de
cotizar por parte de los trabajadores independientes para tener acceso a las prestaciones de seguridad social, la que se materializará en la declaración anual de impuestos de abril de cada año, a partir del 2019, a través del aumento gradual de la retención del 10 por ciento por los honorarios hasta llegar al 17 por ciento.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la mayoría de sus miembros. Se pronunciaron favorablemente los Senadores señora Goic y señores Allamand, Durana y Letelier. Se abstuvo la Senadora señora Muñoz.
Cabe tener presente que los artículos 1°, 2°, 3° y 4° permanentes y los artículos primero, segundo, tercero y cuarto transitorios son de quorum calificado, por lo que requieren para su aprobación de 21 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 41 a 51 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Ofrezco la palabra a la Senadora señora Goic para que informe sobre el trabajo de la Comisión.
La señora GOIC.- Señor Presidente, tal como ha señalado el señor Secretario, la iniciativa propone establecer la obligatoriedad de cotizar por parte de los trabajadores independientes, con lo cual se da cumplimiento al artículo 89 y siguientes del decreto ley Nº 3.500, gracias a la modificación introducida el 2018 por la ley Nº 20.255, que hace obligatoria la afiliación al sistema de capitalización individual de toda persona natural que, sin estar subordinada a un empleador, ejerza una actividad por la que obtiene rentas del trabajo.
Es lo que coloquialmente entendemos como las personas que "boletean", que emiten boletas de honorarios.
El proyecto en análisis tiene como sustento para la mencionada obligatoriedad el acceso de los independientes a la misma protección de los regímenes de seguridad social que se aplica hoy día a los trabajadores dependientes. Para ello, se obliga a cotizar a todos los trabajadores independientes de menos de 55 años, en el caso de los hombres, y menos de 50 años, las mujeres, al 1 de enero de 2012, sobre una base imponible del 80 por ciento de la renta bruta anual.
La retención del 10 por ciento, que afecta a las boletas de honorarios, se aumentará gradualmente desde el próximo año (2019) en 0,75 por ciento anual, lo que implica que al 2026 se alcanzaría un 16 por ciento. En el noveno año se fija un alza del 1 por ciento, lo que permitiría llegar a una retención total de 17 por ciento, con lo cual se cubrirán las cotizaciones tanto previsionales como de salud.
Una vez materializada la declaración anual de impuestos en abril de cada año, a partir del 2019, se asegurará la cobertura en todas las prestaciones pagadas. En este punto el proyecto consagra un nuevo orden de prelación para el pago de las coberturas: se empezará por el seguro de invalidez y sobrevivencia, y luego seguirán el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, la Ley SANNA, las prestaciones de salud común y, finalmente, las cotizaciones para previsión.
La Subsecretaria de Previsión Social, señora María José Zaldívar, explicó que con esa nueva prelación se busca garantizar la cobertura de los seguros de salud común y de índole familiar; esto es, prestaciones de corto o mediano plazo, sin desconocer la relevancia del aporte para las pensiones, la que será incrementada gradualmente desde un 3 por ciento hasta llegar al 10 por ciento.
Como Presidenta de la Comisión, quiero señalar que fue la Subsecretaria quien llevó la discusión de esta iniciativa. Ella tiene bastante expertise en este tema. Por tanto, es una pena que no pueda estar en la Sala. Probablemente, en algunos aspectos -no me cabe duda de que el Ministro será capaz de contestar adecuadamente- ella habría aportado una mejor comprensión en esta discusión en general.
El proyecto establece en su artículo segundo transitorio una alternativa para los nueve primeros años, que consiste en poder cotizar para pensión y salud por una remuneración imponible menor. Ello ayudará a enfrentar la situación que tenemos en el presente.
Cabe recordar que esta obligación fue aprobada el 2008 en la reforma previsional del primer Gobierno de la Presidenta Bachelet, pero hemos ido postergando sucesivamente la modificación en estudio. Sin ella, se implementaría la retención completa a partir del próximo año.
También se plantea un cambio en la cobertura de los beneficios.
Hoy se hace el cobro por beneficios que no necesariamente se prestaron en el año anterior, según el esquema de la ley vigente. En la iniciativa se contempla la cobertura hacia delante -al 2019 en este caso-, pensando en la retención o devolución que se hace con la declaración de impuestos de este año.
Ello implica una mejor y completa cobertura del seguro de invalidez y sobrevivencia, del de accidente del trabajo y enfermedades profesionales, y de la aplicación de la Ley SANNA para los trabajadores y las trabajadoras desde el primer año.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social aprobó la idea de legislar sobre esta materia por cuatro votos a favor, de los Senadores Allamand, Durana y Letelier y de quien habla, y 1a abstención de la Senadora Muñoz, dejándose constancia de la preocupación que había respecto de la situación de los trabajadores del sector público que están actualmente a honorarios.
En este aspecto existen dos mundos.
El primer grupo está dentro de los servicios centralizados. Para estos funcionarios se solicitó mantener la lógica que ha imperado durante los últimos años: traspasar a los trabajadores a honorarios que cumplen funciones permanentes a la contrata. Este compromiso fue suscrito y cumplido por la Presidenta Bachelet mediante glosas presupuestarias que autorizaron: el 2016, 3.886 traspasos, y el 2017, 7.619. Para el 2018 se aprobaron, en el artículo 24 de la ley Nº 21.053, 8 mil traspasos a contrata.
Señor Presidente, pida un poquito de silencio a la Sala. Pienso que ayudaría a comprender este proyecto, que es relativamente complejo y de interés para los Senadores y las Senadoras. Y para el señor Subsecretario de la SEGPRES yo creo que también.
El señor MONTES (Presidente).- Solicito silencio a la Sala.
La señora GOIC.- Es sabido que un gran número de trabajadores públicos a honorarios tiene un vínculo de subordinación y de dependencia de su autoridad. Ellos cumplen labores y horarios distintos de los que son atribuibles a las personas a honorarios, por lo que es muy importante dar cumplimiento a los traspasos autorizados en la Ley de Presupuestos para el 2018 y continuar con el establecimiento de cupos para estas personas.
El Ministro del Trabajo y Previsión Social informó a la Comisión que el Gobierno no va a interrumpir la política de autorizaciones para modificar la calidad jurídica de honorario a contrata. Es muy importante que dicha autoridad, aquí presente, refrende tal compromiso ante la Sala.
El segundo grupo de trabajadores del sector público a honorarios se refiere a los que se desempeñan en los municipios.
Quiero diferenciar su situación porque es distinta. Ellos no quedan dentro de este compromiso de traspaso a la contrata, que en el otro caso se ha ido cumpliendo, tal como fue prometido.
En este ámbito hay distintas realidades.
Durante la discusión del proyecto en la Comisión, recibimos a las dos agrupaciones de funcionarios municipales a honorarios. Sus representantes plantearon, en general, su respaldo a la iniciativa y manifestaron su preocupación por su régimen de contratación. Ello está pendiente, pues se observa una diversidad de situaciones: a algunos se les respetan las vacaciones, a otros no; a algunas se les respeta el prenatal y posnatal, a otras no.
Sabemos que se trata de trabajadores que, en rigor, tienen un vínculo de subordinación y dependencia. Si bien su realidad no está contenida dentro de las ideas matrices de la iniciativa, debe ser abordada. Nos preocupa ver cómo ellos quedan protegidos.
Los aspectos principales del proyecto ya los he expresado. La idea es que lo aprobemos en general.
Habrá que revisar varios detalles durante la discusión en particular.
Aún nos queda por avanzar en materia de cotización de los independientes, en especial de quienes boletean a honorarios. Objetivamente, se han perdido diez años en que podían haber cotizado; sobre todo, pensando en los trabajadores y las trabajadoras más jóvenes. Eso, sin duda, incidirá significativamente en su pensión.
Además, cabe recordar que la normativa vigente puede tener una aplicación muy compleja si no introducimos esta modificación, si no generamos una alternativa antes de la operación renta que se cierra el próximo año.
Por eso, recomendamos aprobar la idea de legislar.
El señor MONTES (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Moreira.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, la verdad es que ha sido muy contundente la intervención de la Senadora Goic.
Quiero señalar que este proyecto, ingresado por nuestro Gobierno, es de la mayor importancia y debe ser discutido con la premura que el tema amerita y con la altura de miras que el país nos demanda.
En ese contexto, existe en Chile un porcentaje muy importante de compatriotas que, al no ser trabajadores dependientes, está fuera del régimen normal de protección de salud y del ahorro obligatorio destinado a sus futuras pensiones.
Los llamados "trabajadores a honorarios" (aquellos profesionales independientes, trabajadores por cuenta propia que emiten boletas de honorarios y también, lamentablemente, una cifra importante de personas que prestan servicios al Estado y a las municipalidades) se encuentran en la situación descrita.
Según cifras del Servicio de Impuestos Internos, cerca de 215 mil trabajadores del sector público -¡215 mil trabajadores!- emiten boletas de honorarios.
Desde el año 2008 existe una legislación sobre el particular. Pero, debido a las circunstancias económicas y al alto costo que significa para esos trabajadores, se ha ido postergando la entrada en vigencia de la obligación de cotizar al haberles otorgado la posibilidad de que renunciaran a ello al hacer su declaración. Hasta el día de hoy el 75 por ciento de los trabajadores a honorarios ha renunciado a cotizar. Obviamente, el fin que se ha perseguido no se ha alcanzado.
¿Cómo nos hacemos cargo de este problema?
La respuesta no es el voluntarismo. Eso ya se intentó y no funcionó. Se requiere responsabilidad y gradualidad -¡responsabilidad y gradualidad!-, lo que da mayores garantías de éxito.
El proyecto de ley del Gobierno viene a solucionar, entonces, dos grandes temas que no quedaron bien resueltos en la legislación actual.
El primero es la gradualidad del descuento, lo que le permite al trabajador llegar en un plazo de ocho años a cumplir con su obligación en régimen.
La segunda es que, a diferencia de la ley vigente, el descuento desde su retención abarcará el total de lo que ese trabajador debe destinar a salud y previsión, incluyendo los accidentes del trabajo.
En la actualidad, el trabajador que no renuncia a cotizar debe complementar el 10 por ciento retenido con fondos propios para cumplir el monto total de la obligación.
Al cumplir con esta, los trabajadores independientes podrán acceder a los mismos beneficios que los dependientes con contrato laboral: en materia de pensiones (de vejez, de invalidez y sobrevivencia), de seguridad laboral (seguro contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales), de salud (la cotización del 7 por ciento permite al trabajador independiente acceder al sistema bajo la modalidad de libre elección, ya sea en FONASA o en una isapre) y de otros beneficios previsionales, tales como el derecho a la asignación familiar y el derecho a afiliarse a una caja de compensación.
En materia de beneficios tributarios, además, posibilita el ahorro previsional voluntario (APV) y la rebaja de las cotizaciones previsionales como gasto efectivo de los ingresos brutos.
Es muy cierto que el proyecto no mejora las pensiones de quienes están a punto de jubilar. Pero ese no es su objetivo.
La propuesta del Gobierno del Presidente Piñera es seria, gradual, fundamentada, y debe ser aprobada en beneficio de los más de 215 mil trabajadores de nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de proseguir con el debate, quiero saludar a la delegación de cuarto medio del Colegio María Auxiliadora de Valdivia, encabezada por el señor Cristián González.
¡Bienvenidos al Senado de la República!
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, estamos llamados a votar en general un proyecto que, sin duda -quiero subrayarlo: ¡sin duda!-, puede abordarse de diferentes maneras y que dice relación con la obligación de cotizar de los trabajadores independientes tanto para salud como para previsión.
La cifra que entregó el Servicio de Impuestos Internos -no completó el dato el colega que me antecedió en el uso de la palabra- indica que más de dos millones de personas boletean en nuestro país. El 10 por ciento corresponde a trabajadores vinculados, directa o indirectamente, al sector público. Es decir, es altísimo el universo de la fuerza de trabajo que boletea.
Y muchos de esos trabajadores sí recurren al Estado para prestaciones de salud y de previsión, particularmente en lo que dice relación con beneficios como la pensión básica solidaria.
No existe en nuestra cultura laboral la convicción de la importancia de formalizar las relaciones de trabajo. El Estado en esta materia es cómplice de entregar boletas ideológicamente falsas todos los meses -¡todos los meses!-, por cuanto ahí no impera una prestación propia del código comercial, sino una relación de subordinación y dependencia laboral. Esa es la realidad, a lo menos, de las aproximadamente 200 mil personas que trabajan para los municipios, los Ministerios y los gobiernos regionales de nuestro país.
Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. El Estado para ahorrarse recursos -¡para ahorrarse recursos!- genera un mecanismo por medio del cual los trabajadores prefieren obtener ingresos presentes, en vez de hacer lo mismo que otros trabajadores del sector público: pagar del sueldo bruto propio los fondos previsionales y de salud.
Y para el resto de los trabajadores, cerca de dos millones de personas, existe una situación similar.
Señor Presidente, quiero -por su intermedio- decirles a las personas que les gusta hacer muecas desde las tribunas...
... que primero escuchen y después terminen de hacer la reflexión.
El señor MONTES (Presidente).- Ruego guardar silencio a quienes nos acompañan en las tribunas.
Es evidente que todos los trabajadores prefieren rentas presentes en vez de postergar gastos para su jubilación. Por eso hay una ley que obliga a la cotización.
Numerosos trabajadores del sector privado, si pudiesen no cotizar, no lo harían.
Es más, muchos aceptan que sus empleadores les impongan por una cantidad inferior a sus ingresos reales, lo cual genera un tremendo daño a sus pensiones y jubilaciones.
Por lo tanto, este debate, que en nuestro país ha durado más de cincuenta o sesenta años, pues comenzó hace mucho tiempo en nuestra sociedad, debemos abordarlo escuchando las diferentes realidades de los trabajadores.
Muchos funcionarios del sector público no quieren este proyecto por una razón: porque significa la reducción de sus rentas líquidas.
Y ese es un problema que el Estado tiene que sincerar.
Si a un trabajador que gana 500 mil pesos le sacan el 20 por ciento de sus ingresos, va a quedar con 400 mil pesos líquidos versus los 450 mil que podría percibir hoy día. ¡Eso hace la diferencia!
En consecuencia, el primer problema en el sector público que debemos abordar es cómo nos hacemos cargo, como sociedad, del daño que les hemos causado a esos trabajadores.
Sin embargo, el problema mayor radica en el sector privado, según los datos del Servicio de Impuestos Internos.
En lo que respecta a dicho sector, hay que preguntarse cuál es la obligación del Congreso. ¿Necesitamos incentivar a los trabajadores para que coticen? Es decir, ¿les vamos a pedir que, por favor, coticen? Porque eso es un poco lo que está detrás del proyecto: qué incentivos generar para que estos trabajadores coticen.
Por eso, la propuesta del proyecto es fomentar, primero, las prestaciones mediatas, las de salud: acceder a bonificaciones FONASA o del sistema de seguridad social vinculado a temas presentes (accidentes del trabajo, licencias médicas, Ley SANNA). Pero se posterga aquello que será más complejo, como son las cotizaciones previsionales.
Todos sabemos que cada año de postergación de las cotizaciones previsionales perjudica inmensamente las pensiones. Y aquí tenemos un debate sobre la gradualidad, por un lado, pero también sobre los incentivos: cuánto se destinará a salud, cuánto irá a previsión.
Es evidente que para trabajadores que están al final de su vida laboral, para quienes tienen 50 años de edad y les queda poco tiempo antes de jubilar, cotizar durante solo 10 o 15 años no les sirve de nada. Por tanto, este proyecto es de una complejidad mayor. No podemos poner a todos los trabajadores independientes en el mismo casillero. Sería un error.
Por ende, si bien voté a favor de la idea de legislar en la Comisión, tengo muchas aprensiones en cuanto a las priorizaciones que se han establecido y a que se trate de la misma forma a la mayoría de los trabajadores. Son realidades muy distintas.
Por eso, estuve a punto de sumarme a la Senadora Muñoz en su propuesta de abstenernos en la votación de la idea de legislar hasta que se clarificaran tales aspectos. Lo único que cambió mi decisión para aprobar en general el proyecto fue la existencia de un plazo fatal, pues debemos enfrentar esta situación, que es real, antes del término del año tributario. En abril del 2019 la ley vigente va a generar un impacto, y nosotros debemos evitar que ese impacto sea perjudicial.
Quiero ser bien honesto, señor Presidente. Mi mayor problema con esta iniciativa es el siguiente: no creo que las AFP deban administrar las platas de los trabajadores en un sistema previsional. Soy partidario de no darles ni un peso más a las AFP. Esto no significa que uno no esté consciente de que esa gran masa de recursos, más de 220 mil millones de dólares, deba invertirse, capitalizarse, servir para la economía, incluso variando hacia donde puedan invertirse esos dineros, para que acompañen, más directamente, los intereses nacionales: la infraestructura, las políticas públicas.
Entiendo que el debate sobre las administradoras de fondos de pensiones, sobre el cambio del modelo previsional, lo vamos a tener a partir de cuando el Presidente Piñera anuncie el envío de un proyecto sobre la materia, y ello dentro de determinado contexto, porque él retiró la iniciativa que había presentado la Presidenta Bachelet. Teníamos un texto para haber hecho este debate -lo deberíamos estar haciendo-, pero el Presidente Piñera retiró el proyecto ingresado por su antecesora, pues venía con otro marco, con otro esquema de discusión, donde, como dijo la ex Ministra Krauss, no se permitía un peso más para las AFP.
Lo planteo, señor Presidente, porque aquí las cotizaciones previsionales, bajo el esquema que existe para estos más de 2 millones de trabajadores, significa que irán a esas cuentas.
Entiendo que aquella dimensión de este proyecto será muy relativa, pues dependerá de lo que hagamos con el modelo general de pensiones.
Debemos abordar la situación de los trabajadores independientes, en particular del sector público. El Estado debe generar un mecanismo distinto del que se aplicó a los trabajadores del FOSIS, que pasaron de honorarios a contrata sufriendo una baja muy significativa en sus sueldos líquidos. De ahí la natural resistencia que muchos manifiestan cuando los invitan a pasar de honorarios a contrata, ya que, como los niveles de remuneraciones son relativamente bajos en su mayoría, la obligación de cotizar afecta demasiado.
Yo, señor Presidente, invito a votar favorablemente la idea de legislar, entendiendo que existen varias aristas del proyecto que deberemos analizar para lograr una mirada integral.
Todos en esta Sala tenemos algo en común: desde que entramos a esta Sala y hasta que se levanta la sesión nos ponemos más viejos. Todas las personas se ven afectadas por el sistema previsional, y los trabajadores independientes necesitan una solución adecuada para su jubilación.
El señor COLOMA.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente, manteniendo los tiempos?
El señor MONTES (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la palabra, en primer lugar, el Senador señor Durana.
El señor DURANA.- Señor Presidente, el proyecto de ley que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independiente a los regímenes de protección social busca un equilibrio entre el acceso de ellos a prestaciones a las que solo pueden acceder los trabajadores dependientes, y la necesaria gradualidad que se debe dar a este proceso, de forma tal de precautelar sus intereses.
Actualmente, en nuestro país miles de personas prestan sus servicios en el sector público bajo la modalidad de "contratación a honorarios". Y es impresentable que trabajadores del Estado, que se desempeñan en beneficio de toda la comunidad, se vean privados, ellos y sus familias, de acceder en igualdad de condiciones con los trabajadores dependientes a los regímenes de seguridad social.
Esta realidad se hace más visible en el ámbito municipal, donde la mayoría de sus funcionarios se mantiene a honorarios.
Según la legislación vigente, desde enero de 2018 los trabajadores independientes deben pagar sus cotizaciones, destinadas a las prestaciones de salud y pensiones futuras. Este pago está siendo cumplido por un porcentaje bajísimo de trabajadores, con lo cual, de no buscarse un adecuado equilibrio entre la necesidad de imponer a la que se encuentran obligados y la gradualidad de su incorporación al sistema de cotizaciones, estas miles de personas se encontrarán, en el mes de abril del 2019, con la obligación de pagar la cobertura del año tributario que termina, e incluso se darán cuenta de que no solo no recibirán ningún monto por devolución de sus impuestos, sino que además serán deudores de la diferencia entre el 17 por ciento de los ingresos que deben cotizar por todos los conceptos contemplados en la normativa, y el 10 por ciento de los impuestos que les hayan sido retenidos.
Considerar la gradualidad de la incorporación de los trabajadores a honorarios e independientes constituirá un incentivo para que los trabajadores informales empiecen a cotizar, accediendo a las prestaciones de salud y previsionales. Ellos suman, a nivel nacional, 2.383.020 personas.
En la Región de Arica y Parinacota, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de ocupación informal alcanzó, en el último trimestre, 35,5 por ciento, muy superior al índice nacional. En el caso de las mujeres, esta informalidad llegó al 37,5 por ciento. Y, lo más preocupante, se incrementó a 52 por ciento en el rango de trabajadores entre 15 y 24 años.
El hecho de que la mayoría de los trabajadores jóvenes ariqueños y parinacotenses sean informales implica que ellos no cotizan y, por lo tanto, se genera un serio problema público para lograr una adecuada cobertura de salud y un inmenso problema en las pensiones futuras de nuestros jóvenes y sus familias.
Es por eso que este proyecto de ley no solo debe permitir generar condiciones de igualdad para los trabajadores independientes, sino también constituir un incentivo para combatir la informalidad laboral.
La necesidad de dar solución a estos apremiantes problemas debe ser resuelta con la mayor urgencia. Y este proyecto de ley, si bien perfectible, nos permitirá generar las condiciones para alcanzar una adecuada solución.
El señor MONTES (Presidente).- ¡Silencio en las tribunas!
No corresponde efectuar expresiones de ninguna naturaleza cuando habla un señor Senador.
El señor MOREIRA.- ¡Pueden mover las manos!
El señor MONTES (Presidente).- Pueden manifestarse de forma silenciosa, como lo está indicando el Senador señor Moreira, con mucha gracia.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda este es un tema relevante, y es de los típicos que tienen una larga data y que, de repente, se tratan como si fueran problemas recientes. Sin embargo, es claro que la desprotección previsional, laboral y de salud de miles de trabajadores chilenos -aquí se hablaba de más de 2 millones- es una deficiencia evidente que hay que intentar resolver el día de hoy.
Antes de entrar a dar mi opinión sobre el proyecto en general, no puedo, señor Presidente -excúseme-, dejar de referirme a lo que algunos señores Senadores han puesto delante de sus computadores. Lo menciono porque muchos de ellos fueron Ministros de Estado y gobernaron durante 24 años. Pues bien, la zona de sacrificio a la que creo que se refieren (Puchuncaví-Quintero) fue creada durante esos Gobiernos.
Por lo tanto, por pudor, sería bueno que ofrecieran disculpas por haber creado dicha zona de sacrificio.
Vuelvo ahora al asunto que me compete, señor Presidente.
Nosotros tenemos un alto número de personas que trabajan por cuenta propia desprovistas de toda protección social, previsional y de salud.
Cuando el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet presentó la reforma previsional el 2008 se nos dijo que aquello quedaba absolutamente resuelto. Y todos concurrimos con nuestros votos a aprobar un sistema para que los trabajadores independientes, es decir, aquellas personas que entregan una boleta de servicios por su labor, pudieran incorporarse a todo lo que significa un sistema previsional.
La realidad demostró que el análisis, la hipótesis y la teoría en los cuales se basó la reforma previsional del año 2008 eran absolutamente erróneos: se buscaba proteger a los trabajadores, pero, en definitiva, los castigaba profundamente en sus remuneraciones. En mi opinión, hay que buscar una fórmula y trabajar intensamente para que ello no sea así y el proceso resulte lo menos dañino posible.
Por lo mismo, creo que esta segunda propuesta del Gobierno del Presidente Piñera, que considera elementos de gradualidad y de prelación en cuanto hacia dónde deben ir los recursos, constituye un mecanismo que puede tender a que los trabajadores sigan avanzando en una forma de estar protegidos (reitero: previsionalmente, laboralmente, y en salud), sin que sus remuneraciones se vean afectadas de manera tan dramática, como ha ocurrido, evidentemente, con el proyecto del 2008, es decir, desde hace diez años.
Hace una década nosotros deberíamos haber resuelto esta deficiencia. En ese momento se nos dijo que quedaba absolutamente solucionada, pero ahora nos damos cuenta de que seguimos en la misma situación. Y sería bueno, señor Presidente, que no solo buscáramos la manera de resolver el problema que afecta a los trabajadores independientes que boletean, sino también la de miles de personas que trabajan por cuenta propia y tienen capacidad e imaginación para inventar, en condiciones extremadamente difíciles, algún medio que les permita llevar ingresos a sus hogares, pero que se hallan absolutamente desprovistos de cualquier tipo de protección social.
¡Ese es el gran desafío!
A mi juicio, debemos aprobar en general este proyecto y trabajar fuertemente con el Gobierno con el objeto de mejorarlo en particular, para que verdaderamente cumpla el objetivo de proteger a trabajadores que hoy día están desprotegidos y para que el efecto que cause en sus remuneraciones sea menor que aquel que se dio con ocasión de la propuesta del 2008.
Si logramos avanzar verdaderamente en eso, podremos incorporar a un número importante de trabajadores a la protección social. De lo contrario, en diez años más el Senado tendrá que volver a discutir una normativa de esta naturaleza, pues la presión, movilización y percepción de los trabajadores tenderá a que lo que se está haciendo es absolutamente negativo para ellos. Y en mi concepto no está en el espíritu del proyecto, ni en la voluntad política del Presidente Piñera, ni tampoco en la decisión que cada uno de nosotros pueda tomar en esta ocasión en cuanto a que eso sea así. Por el contrario, creemos que la gradualidad que se establece y la prelación que se plantea son los caminos adecuados.
Ojalá que en el debate haya ideas y propuestas que permitan que uno de los temas más sensibles para la sociedad chilena como lo es el previsional siga avanzando y resolviéndose, no con eslóganes, no con retórica, sino con decisiones de políticas públicas que verdaderamente vayan por la vía de establecer un sistema de seguridad social que dé garantías a todos y a cada uno de los trabajadores de nuestro país.
El señor MONTES (Presidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que la votación ya está abierta.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, fíjese que no es fácil hacer una reflexión que puede terminar como un cuestionamiento.
Lo que pasa es que estamos obligados a avanzar en esta materia. Y es legítimo, en mi concepto, preguntarnos adónde vamos a llevar a estos poco más de dos millones de personas, mujeres y hombres, con el sistema previsional futuro.
Digo que estamos obligados -así ya lo han hecho ver varios señores Senadores- porque cuando se discutió la reforma previsional del año 2008 se decidió aplicar la obligatoriedad a partir del 2016. Después de sostener varias conversaciones con señoras y señores Senadores, se hizo espacio a la posibilidad de una prórroga. Y es así como se logró que aquello empezara a regir a contar del próximo año.
Ante eso, lo que hicimos fue escuchar la propuesta del actual Gobierno, la que, tal como lo conversé con el señor Ministro del Trabajo, en alguna medida nos encauza hacia la búsqueda de una solución progresiva.
Esta solución progresiva ofrece, en primer lugar, todos los resguardos necesarios en materia de derechos a la salud, de previsión y de seguros en general.
Lo anterior hace que uno, aun cuando tenga un juicio absolutamente crítico y se halle pendiente el debate respecto del futuro sistema previsional, tenga que votar a favor la idea de legislar en esta oportunidad.
Lo que está pendiente, señor Presidente, es ponerle un fin, una lápida a los contratos a honorarios a los cuales el Estado ha recurrido, de manera abusiva, durante toda su historia. Aquí ha habido un abuso extraordinario de su parte. Y esa situación no la resuelve, desgraciadamente, el proyecto que nos ocupa.
Por eso, hemos señalado que aquí el Estado igual se lava las manos al no asumir la responsabilidad y la obligación de tener en mejores condiciones a las funcionarias y los funcionarios públicos.
Y me asaltan otras dudas, señor Presidente.
¿Vamos a obligar, a mujeres y hombres que se hallan a diez años de jubilar, a entrar a este nuevo sistema? ¿Les vamos a asegurar a ellos una jubilación medianamente digna?
¡No va a ser así! ¡No va a ser así, señor Presidente!
Y por eso es que lo que estamos haciendo hoy día es aprobar la idea de legislar, pero debemos buscar acuerdos, consensos, para no llevar a estas personas a una situación que se sume a toda la crisis que ya tenemos con quienes reciben jubilaciones absolutamente de hambre.
Quiero valerme de esta votación, señor Presidente, para reclamar, porque si bien hemos escuchado anuncios por parte del propio Presidente de la República con relación a una próxima reforma previsional, la verdad es que no la conocemos en detalle. Por lo tanto, es legítimo reclamar para que podamos conocerla cuanto antes. Lo deseable hubiese sido que en forma previa a tratar la situación de los funcionarios y personas que boletean mes a mes, a lo menos les hubiésemos dado alguna garantía respecto de a qué sistema los estamos llevando, y si es o no favorable en sus futuras jubilaciones. ¡Y eso no lo tenemos, señor Presidente!
Por eso, es bueno volver a reclamar para que lo antes posible ingrese a este Congreso la anunciada, bullada reforma previsional que dé solución a quienes puedan pensionarse en fecha próxima y a quienes hoy estén jubiladas o jubilados y se encuentren en una precariedad completa en materia previsional.
Por lo tanto, señor Presidente, sin duda este debate debíamos tenerlo. ¡Si esto lo hablamos el año 2008!
Generamos proyectos de acuerdo; tratamos de prorrogarlo.
Hace poco tiempo lo hablé con el propio Ministro del Trabajo; él acogió nuestra petición. Pero, en el ánimo de buscar salidas, fórmulas, se ha logrado este proceso gradual que por lo menos en una primera instancia les va a permitir tener todos los resguardos sociales y previsionales; y, además, posibilitará que quienes no puedan concurrir con el 10 por ciento de lo que les corresponde en el ámbito previsional y el 7 por ciento restante en salud tengan una gradualidad para los próximos años, y, de esta manera, vayamos corrigiendo esa situación.
Sin embargo, obviamente, el gran debate se relaciona con la futura reforma previsional profunda que Chile va a conocer, donde estos dos millones de personas que boletean mes a mes no se incorporen a la suma del negocio de las AFP, sino que por lo menos les podamos permitir a los ciudadanos elegir entre lo privado y lo público. Pero la situación, tal cual está dada al día de hoy, no resiste más análisis respecto del sistema previsional que tenemos y que, obviamente, no comparto.
Señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto del Ejecutivo, en el entendido de que, si no lo hacemos, tal como se dio en la iniciativa que discutimos el 2008, el próximo año las personas deberán enterar absolutamente todo el porcentaje pertinente, y eso significaría un perjuicio mucho mayor que el que tendrían con esta propuesta legislativa.
El señor MONTES (Presidente).- Quiero saludar a los alumnos del Instituto O'Higgins, de Maipú, Región Metropolitana, que vienen acompañados del señor Eduardo Galleguillos.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, se han entregado muchas razones ya. Solamente voy a agregar un par, antes de votar favorablemente este proyecto, reconociendo todos los problemas que puede presentar y que espero veamos en la discusión particular en la Comisión y luego en la Sala.
En primer lugar, es inevitable votarlo a favor, por los plazos que rigen en la normativa vigente. De lo contrario, se obligaría a los trabajadores independientes a enterar las cotizaciones en su totalidad, a partir de la próxima declaración de renta. Por lo tanto, estoy de acuerdo con la iniciativa y en la urgencia de aprobarla, para que pueda favorecer a estas personas que ahora pagarán solo una parte y además de manera progresiva, gradual.
En segundo lugar, es importante señalar que se trata de una propuesta legislativa que tiene su origen en el Ejecutivo, pero el problema que aborda fue puesto de manifiesto por un conjunto importante de parlamentarios de todas las tiendas políticas, lo que realmente demuestra la preocupación de este Congreso por la situación que afecta a los trabajadores independientes, que, como lo señalaba la Senadora Goic, deberíamos haber solucionado hace diez años o más.
Quiero agregar que esta no es una iniciativa, como creo que lo decía el Senador Durana, para los trabajadores independientes informales. Para participar de esta forma de pago de cotizaciones de salud, las personas deben haber cancelado sus impuestos, las rentas gravadas por el artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
Por lo tanto, es gente que paga tributos, que trabaja de manera formal; y, sin embargo, no recibe ningún beneficio por el impuesto que cancela.
Por el contrario -y aquí quiero retomar lo que decía recién el Senador Bianchi-, para otorgarles estos beneficios les estamos cobrando un impuesto adicional al que ya pagan por la vía del artículo 42, N° 2, de la Ley sobre Impuesto a la Renta.
No obstante, considero que la normativa en estudio ciertamente presenta beneficios.
En algún momento deberemos incorporar a todos los trabajadores a esos beneficios, sin que tengan que cancelar adicionalmente por ello, sobre todo cuando perciban rentas muy bajas.
El hecho de que -cómo se reconoce en el mismo mensaje del proyecto- la gente que podía pagar voluntariamente antes no lo estaba haciendo o lo hacía en una pequeña cantidad, nos muestra que realmente estamos ante personas muy necesitadas de apoyo en materia de sus servicios previsionales. Y creo que eso es un argumento a favor de una reforma mucho más profunda de nuestro sistema previsional que lo que ahora estamos aprobando.
No voy a entrar en los demás detalles, señor Presidente. Solamente considero importante señalar que entre los temas que es necesario corregir existe uno que beneficia a un número no menor de personas, pero que deberemos corregir posteriormente mediante indicaciones.
En la parte del texto referida al pago a las cotizaciones previsionales se señala que se van a cancelar con cargo a la devolución del impuesto a la renta que se declara cada año. Y este pago irá primero al seguro de invalidez y sobrevivencia; en segundo lugar, al seguro social contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; tercero, al seguro para el acompañamiento de niños y niñas; cuarto, a las cotizaciones de salud común; quinto, a las cotizaciones a la cuenta de capitalización individual y a la comisión a que tiene derecho la administradora de fondos de pensiones -ahí cobran su tajada las AFP, por cierto-, y sexto, a los saldos insolutos pendientes a que se refiere el orden inmediatamente anterior; o sea, si mantienen deudas con la AFP también tendrán que pagarse con cargo a esto.
Ahora, desgraciadamente, existe un punto no considerado ahí.
La ley N° 14.908, también denominada "Ley sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias", autoriza a las personas que tienen derecho a cobrar pensiones a solicitar el pago de los alimentos que declaren los tribunales de justicia en favor de niños, niñas y adolescentes, entre otros posibles beneficiarios. Y una de las herramientas posibles y actualmente utilizadas es solicitar al tribunal que decrete la retención de las devoluciones de impuestos de personas alimentantes que se encuentren en mora en el pago de esta obligación.
Al excluir en la enumeración que leía con anterioridad a estas personas, ellas quedan sin la posibilidad de esa retención y de que sus pensiones sean pagadas con cargo a esta nueva normativa.
No estamos hablando de pocas personas; estamos hablando de algunos cientos, que equivalen a solo 373 millones de pesos pero del año 2018. Por lo tanto, creo que es importante reponer estos pagos de alimentos entre aquellos cobros que se pueden hacer a través de estas retenciones.
El señor CASTRO.- Señor Presidente, según el Código del Trabajo, las cotizaciones previsionales son de cargo del trabajador. Respecto de los trabajadores a honorarios, el 10 por ciento de retención generalmente se devuelve con la declaración de renta.
Es así como el Estado de Chile, por medio de las municipalidades y los demás servicios públicos, es el principal vulnerador de los derechos laborales.
La Contraloría interpreta la ley administrativa y prohíbe a las municipalidades y servicios públicos, en general, contratar bajo la modalidad del Código del Trabajo. Sin embargo, en la práctica, los tribunales de justicia reconocen un vínculo laboral y obligan a estos servicios a realizar pagos como si se tratara de un contrato de trabajo.
Todos sabemos que en los servicios públicos y en las municipalidades los trabajadores a honorarios reciben órdenes, cumplen horarios y realizan funciones permanentes. Y también sabemos que cuando un trabajador a honorarios se enferma igual se le paga su remuneración y el servicio asume la pérdida. El Estado además debe asumir el costo de sus prestaciones de salud, y al final de la vida laboral está obligado a entregarles una pensión básica solidaria u otra prestación, como el pilar solidario.
Es decir, el Estado de Chile ha ayudado a que muchos trabajadores tengan una mala calidad de vida.
Este Congreso, el año 2008, aprobó un proyecto que se tradujo en la ley N° 20.255 y se dio el lujo de prorrogar la obligación de cotizar hasta el 2018. ¡Por lo tanto, este Poder del Estado también es responsable del daño a los trabajadores!
La Constitución, en su artículo 1°, dice que "Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos", y el artículo 19, en su numeral 2°, reafirma esa idea señalando que "En Chile no hay persona ni grupo privilegiados".
Señor Presidente, tengo la convicción de que la solución es tan fácil que solo basta aplicar el sentido común y señalar que todo trabajador, y en especial los que laboran para el Estado, pues este es el que vulnera más sus derechos, debe gozar plenamente de la seguridad social y cumplir con sus obligaciones.
En este país nunca más deberíamos tener trabajadores de primera y segunda clase. Todos ellos tendrían que imponer en la actualidad de acuerdo a las leyes laborales, como lo exige hoy día el Código del Trabajo. De esa forma les daríamos solución a todos quienes se desempeñan en los servicios públicos, que trabajan para el Estado de Chile y que actualmente están a honorarios. Asimismo, deberían imponer todos aquellos que lo hacen de manera independiente.
Eso es fácil de trabajarlo, fácil de implementarlo. Solamente es un tema de voluntad que debe tener el Congreso.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra a continuación el Senador señor De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, Honorable Sala, estamos entrando en el debate para buscar una fórmula a fin de que puedan cotizar quienes están contratados a honorarios y deben boletear.
Y creo que de nuevo se está equivocando el rumbo, porque estamos simplemente tapando el sol con un dedo y pretendiendo regularizar una situación que es injusta, que se ha extendido, que se ha prolongado en este país, sin atacar el problema de fondo.
Nosotros tenemos en Chile un sistema de capitalización individual; sin embargo, no contamos con un sistema de seguridad social. Buscamos la fórmula de que el que ahorra más reciba mejores pensiones. Esto significa que si a una persona le fue bien, tuvo altas rentas, pudo cotizar, contó con empleo en forma permanente desde temprana edad, seguramente acumulará un fondo mayor. Y si, sumado a eso, las AFP tienen rentabilidad acertada y no cobran tantas comisiones, tendrá, por cierto, una pensión que vaya en ese camino.
Pero aquí, señor Presidente y Honorable Sala -y qué bueno que esté el Ministro del Trabajo acá-, estamos esperando ver cuál es la propuesta del sistema previsional en Chile y no algo que sea un simple maquillaje a las AFP.
Vemos las noticias en que se señala que las utilidades que obtienen las AFP son millonarias.
Quiero dar a conocer cifras de la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) que se han publicado en estos días. Ellas dan cuenta de que, entre enero y agosto del año 2018, jubilaron 102 mil 481 chilenos, con una pensión promedio -sé que el Ministro está muy atento escuchando esta intervención- de 153 mil 742 pesos. Repito: ¡102 mil personas tuvieron en promedio una pensión de 153 mil pesos mensuales!
¡Es algo inadmisible, Ministro!
¿De qué sistema previsional estamos hablando en este país cuando alguien, después de trabajar toda su vida, de sacarse la mugre, de tener su trabajo, de descontársele lo que corresponde, de pagar su cotización, saca una pensión de 153 mil pesos?
Pensemos que, a los 65 años, un hombre debe pagar por lo menos unos 40 mil pesos en medicamentos; que se moviliza y gasta 30 mil pesos en pasajes; que tiene que comer algo. ¿Con qué vive ese jubilado? ¿Cuál es su vida plena? ¿Cuál es su capacidad de realización, de salir con sus nietos, de poder compartir con otros amigos, de participar en la sociedad? Simplemente, esa persona o no se jubila y trata de aferrarse a su empleo como sea, o bien, si obtiene su jubilación, ojalá que tenga un hijo, una hija, un yerno o algún pariente para ir a vivir en la piececita de atrás, bien arrumbado.
¡Porque ese es el sistema previsional hoy día, señor Ministro!
¡Y esa es la pelea política que vamos a dar en este período!
Por eso estamos esperando ver cuál es el proyecto previsional que el Gobierno dijo que enviaría: si implica maquillar y mejorar a las AFP, mejorar la eficiencia del sistema, o bien, avanzar hacia un proyecto de seguridad social.
Ahora bien, es del caso señalar que la iniciativa en debate da cuenta de los miles y miles de trabajadores que, estando contratados a honorarios y debiendo boletear, tienen o no que cotizar.
A este respecto, me pregunto, señor Presidente, qué ocurrirá con el trabajador de 55 años que ya no podrá acumular la plata para jubilar.
Siendo así, ¿esta propuesta permite inyectarle más dinero a las AFP o trata efectivamente de establecer un sistema previsional?
¿Qué le puedo decir a un trabajador -nos están escuchando y hay dirigentes en las tribunas-, a un funcionario público que tiene 54 años y lleva no sé cuántos años a honorarios? Es posible señalarle: "¿Sabe qué? Usted, en el 2020, además tendrá que cotizar". ¿Y para qué? ¿Cuál será el éxito? ¿Lo hará para obtener una pensión de 154 mil pesos? Porque así lo indica la estadística; no se trata de algo hipotético.
Ojalá alguno de los Senadores que están acá encuentre a una docena de jubilados de AFP que estén contentos y que digan: "¿Sabe? Yo coticé, trabajé, hice mi ahorro, puedo vivir tranquilo, puedo retirarme, puedo compartir con mis nietos, puedo disfrutar, puedo recrear mi vida". ¡Pero no es así! Quien se ha jubilado y le ha ido bien es porque logró comprar un bien raíz, porque tenía un arriendo, porque heredó algo de sus padres.
En definitiva, en Chile no tenemos un sistema previsional, salvo el de las Fuerzas Armadas, que no se ha querido tocar. Y hemos visto ahí los escándalos más brutales relacionados con las pensiones millonarias que se entregan.
Yo no critico ese sistema. Ojalá lo tuvieran todos los chilenos. ¿Pero por qué tenemos dos sistemas?
En ese caso existe un mecanismo en que la tasa de reemplazo -o sea, lo que se gana como activo versus lo que se obtiene como pasivo- alcanza el 70 o 60 por ciento, que es una cifra conforme a la cual uno entiende que la persona puede mantener sus condiciones de vida.
Sin embargo, el sistema de AFP es algo que esta sociedad no quiere entender. Nos hacemos los lesos, buscamos maquillajes y fórmulas simplemente para seguir asegurándoles el negocio a las administradoras de fondos de pensiones y meter más cotizantes, sean a honorarios o a contrata, conforme a un aporte del 10 por ciento o a otro porcentaje. Ello, solo para asegurar el flujo de dinero que tienen esas empresas.
Entonces, sistema previsional: ¡Ninguno!
Sistema solidario entre los que se encuentran activos y los que están pasivo: ¡Ninguno!
Sistema solidario sobre la base de que a los que les ha ido mejor ayuden a quienes no les ha ido tan bien: ¡Nada!
Participación del Estado: ¡Ninguna!, salvo que este debe estar contribuyendo permanentemente a aquellas pensiones más bajas a través del pilar solidario.
En consecuencia, el negocio es privado pero el costo es estatal. ¡El mejor de los mundos! ¡Por eso las AFP en este país gozan de buena salud, siguen haciendo un lobby tremendo y realizando campañas con frases como: "Cámbiese de AFP, esta sí le asegura tal pensión"!
No tengo por acá la publicación, pero recuerdo cuando nos decían que el año 2018 íbamos a jubilar con un cien por ciento de nuestro sueldo.
¡Ese era el eslogan!
¿Pero cuánto es la jubilación? ¡153 mil pesos mensuales!
Así que, señor Ministro, seamos serios, responsables y dejemos de mentirle a la población respecto de los beneficios que se entregan en estos casos.
Insisto: creo que en esta materia debe hacerse una profunda modificación. Esto es algo que se ha ido dilatando y es preciso regularizar las condiciones de los trabajadores a honorarios, especialmente en la Administración. Se trata de gente que recibe instrucciones, que está sujeta a mando y obediencia, a situaciones de esa naturaleza. Pero la cotización adicional en las AFP no nos asegura avanzar hacia un sistema previsional y de seguridad social que proteja a cualquier chileno o chilena que haya trabajado sus años para que, habiéndole ido bien o mal, pueda tener una vejez digna.
Por eso -y como sé que ha estado muy atento en esta intervención, incluso tomando notas permanentemente de lo que señalamos los Senadores-, esperamos una respuesta de parte del Ministro.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, acá tenemos la típica contradicción, que ya es habitual en esta materia -y esto es parte de la historia, no estoy responsabilizando a este Gobierno ni a ninguno en particular-, de que siempre uno tiene que votar por el mal menor, porque, si no lo hace, sería peor. Entonces, uno lo hace no porque sea una solución.
Cualquiera persona con sentido común sabe que hoy es mejor ahorrar e invertir por cuenta propia que recurrir al sistema previsional actual.
Me tocó entrevistar a quienes digitaron el proyecto del sistema de AFP hace 30 años. Y, como periodista, lo volví a hacer 25 años después respecto de lo que habían prometido. ¡Y manifestaron una capacidad de desdecirse horrorosa!
¡Decían que pagando menos iban a ganar más y que las tasas de reemplazo serían sobre el 70 por ciento! Como periodista registré y publiqué entrevistas a Ministros que fueron a Antofagasta a explicar aquello.
Hoy día, ellos mismos señalan que en realidad el sistema es bueno, pero que el problema está en que los sueldos son bajos y el empleo es inestable. Ese es el problema. Es decir, inventaron un sistema previsional que no era adecuado a la estructura laboral ni al mercado laboral chilenos.
¡Un engaño con todas las de la ley!
Ahora se pretende ingresar a dos millones 100 mil trabajadores independientes al mismo sistema previsional sin siquiera saber en qué va a consistir la modificación que se anunciará en algún tiempo más, ¡si es que se anuncia y si es que se hace!
Por consiguiente, las personas van a perder plata, porque, a cambio de voladeros de luces en el sentido de que van a tener derecho a seguro de accidentes del trabajo, a seguro de cesantía, les van a embolsar un porcentaje alto de su actual ingreso, que van a dejar de recibir porque tendrán que destinarlo a previsión.
¡Y qué les van a decir después! Si una persona que está adscrita a una AFP hace 40 años no llega a una jubilación equivalente al sueldo mínimo, ¿qué queda para el que tiene 15 o 10 años de permanencia?
¿Por qué no se desarrolla un plan de ahorro con fines previsionales, con beneficios especiales para las personas que están en este sistema y congelamos este debate hasta que tengamos la revisión del sistema previsional para ver si, efectivamente, será algo razonable?
Todo lo que sabemos es que el Estado va a inyectar recursos al sistema y que los trabajadores verán aprisionados sus ahorros. Es decir, ni siquiera vamos a poder recurrir a ellos.
Cualquier persona que ha tenido la capacidad -no todos pueden hacerlo- de ir ahorrando mensualmente un equivalente a lo que hoy día impone para fines previsionales o de salud se daría cuenta de que es mejor negocio comprar una propiedad raíz, porque no solo va a generar una renta al poner esa propiedad en arriendo, sino que, además, la deja en herencia a sus hijos.
En cambio, en el sistema previsional, con ese fondo del mismo valor no solo va a recibir menos mensualmente, sino que cuando llegue la hora de dejar herencia, ¡no va a dejar ninguna!
Además, cuando muere el marido o la mujer, su cónyuge recibe una pensión menor. ¿En virtud de qué? Los expertos en previsión nunca han sido capaces de explicarme por qué se produce esa arbitrariedad, por qué se beneficia la AFP con un porcentaje del ahorro de un trabajador o de una trabajadora en Chile.
Entonces, ¿qué favor les estamos haciendo a los trabajadores independientes en las actuales circunstancia y condiciones?
Obviamente, esto aqueja no solo a los trabajadores independientes en general, que según el Servicio de Impuestos Internos suman dos millones 100 mil trabajadores aproximadamente. ¡Vamos al sector público! ¡El Estado no se responsabiliza de sus propios trabajadores! ¡Trabajadores a honorarios que se desempeñan en distintas reparticiones públicas a lo largo de nuestro país, donde cumplen funciones con horario y bajo jerarquías y a los que, sin embargo, no se les reconoce el carácter de trabajadores del Estado!
En esas circunstancias, ¿con qué moral uno les dice a los chilenos que esto es una solución?
De verdad, no es ninguna solución. Esto es, simplemente, una reacción que lo único que va a provocar -y después van a sacar la cuenta los propios trabajadores- es que las personas tendrán menos ingresos mensuales, y cuando les corresponda pensionarse, les van a decir que el ahorro acumulado es tan bajo que no les alcanza para hacerlo. ¡Y capaz que hasta les devuelvan la plata!, pero con unos intereses bastante más bajos que los que tendrían si esa misma plata la invirtieran, por ejemplo, en bienes raíces.
La verdad es que se me genera un problema de conciencia. Yo sé que los trabajadores tienen expectativas de que, por lo menos, introduzcamos cierta gradualidad al proyecto que ya está corriendo y que entra a regir este año, pero de verdad es un engaño. No nos confundamos: ¡nos estamos engañando!
Voto en contra, aunque sea por testimonio.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, este proyecto de ley tiene como objetivo establecer una gradualidad para que los trabajadores independientes coticen de manera íntegra en el sistema de seguridad social, incluyendo pensiones a través de las AFP, salud, seguro de accidentes del trabajo y seguro para el acompañamiento de niños y niñas, en el plazo de 9 años.
De acuerdo con el Servicio de Impuestos Internos, en Chile existen alrededor de dos millones de chilenos y chilenas independientes, es decir, personas que no tienen empleador directo o que, si lo tienen, no cumplen con la ley.
De estas, una gran parte no cotiza en ningún sistema de seguridad social, menos en las administradoras de fondos de pensiones, pues es un sistema que no les da confianza, estimándose que solo un 6 por ciento de los independientes cotiza en él.
Claramente, hay mucha gente que desconfía al ver las bajas pensiones que reciben nuestros pensionados. Célebre fue una entrevista al actual Ministro de Economía que, en el año 2011, declaró que no cotizaba en el sistema de AFP por ser independiente y preferir otras formas de invertir su dinero. Es el mismo que recientemente también recomendaba invertir en el extranjero.
Nosotros, desde Revolución Democrática y el Frente Amplio, estamos por superar el sistema de AFP y crear un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones decentes, con aporte tripartito, reservas técnicas, para dar sostenibilidad financiera al sistema, y administración pública.
Decimos fuerte y claro: ¡No más AFP!
Aquí hay que distinguir dos situaciones.
En primer lugar, las empresas privadas que tienen a su cargo trabajadores bajo régimen de subordinación y dependencia, esto es, que reciben órdenes, que tienen que cumplir con una jornada laboral, asistir a un lugar de trabajo, entre otras condiciones, que no tienen contrato y a los que no se les pagan sus cotizaciones. Esto es ilegal, por lo que los trabajadores pueden ir y reclamar en tribunales o en la Inspección del Trabajo. Existen los mecanismos para exigir estos derechos.
Por otro lado, está el problema de los trabajadores a honorarios del Estado, que es un tema que se viene arrastrando hace muchos años y que aún no podemos solucionar.
De acuerdo con datos que maneja la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios, gremio que agrupa a muchos de ellos, podría haber más de 300 mil trabajadores en esta condición, pero no conocemos los datos a ciencia cierta. De hecho, en las municipalidades se estima que un 45 por ciento, es decir, casi la mitad de los trabajadores, está en esta situación, de acuerdo con cifras de la SUBDERE.
Lamentablemente, en teoría, estos trabajadores no pueden demandar al Estado para exigir lo que les corresponde, aun cuando existe jurisprudencia reciente que ha admitido este tipo de demandas.
Esto es especialmente grave porque es el Estado el mandatado a resguardar el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, pero los incumple reiteradamente en su rol de empleador, siendo uno de los malos empleadores en nuestro país.
Muchas personas cumplen un horario, trabajan en oficinas públicas, realizan labores de funcionarios públicos, pero nadie se hace cargo de sus cotizaciones y, por ende, no tienen acceso a protección social, licencias, pre y posnatal y muchos otros derechos básicos.
Durante la última Administración se llevó adelante una política de traspaso de calidad jurídica de trabajadores de honorarios a contrata (régimen laboral que también es inestable), pero fue totalmente insuficiente. En la práctica, los trabajadores vieron disminuir sus remuneraciones líquidas y muchas veces los procesos no se llevaron adelante de la manera más transparente.
Yo quiero hacer un llamado al Gobierno actual para que dialogue con los trabajadores. La Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios tiene propuestas en estos temas y es necesario que el Estado se haga cargo de los derechos mínimos de los trabajadores, escuchando sus demandas. Ellos piden que se constituya una mesa de trabajo interministerial para poder dar solución a este problema y que no se les obligue a cotizar hasta el año 2020, esperando también que el debate sobre el sistema previsional asegure un verdadero sistema de seguridad social que no entregue ni un peso más a las AFP.
Además, con la ley actual, los trabajadores independientes tienen la obligación de cotizar a partir de este año, lo que se hará efectivo en la operación renta del año siguiente. Sin embargo, insisto en que debemos tratar de solucionar los problemas de fondo, que tienen que ver con nuestro sistema de seguridad social y el empleo precario, que crece en nuestro país.
Por lo dicho anteriormente, y esperando una solución más de fondo en una mesa de negociación por parte del Gobierno, también prefiero abstenerme en esta oportunidad.
La señora MUÑOZ.- Señor Presidente, mi voto de abstención en el debate en general de este proyecto en la Comisión se debió a dos razones que voy a mantener y sostener acá, en la Sala.
La primera es de forma y dice relación con los datos y las cifras que se requiere tener nítidamente a la vista para tramitar una iniciativa de esta naturaleza.
Como señaló en su intervención el Senador Letelier, solicitamos cifras en relación con el número de funcionarios y funcionarias del sector público que están contratados a honorarios. Hace muy pocos días recibimos la información, pero de una manera tan agregada que nos resulta muy difícil analizarla y tomar decisiones importantes como las que reclama este proyecto.
Hoy día, señor Presidente, tenemos que adoptar, a través de nuestro voto, decisiones que van a impactar en la vida laboral y, sobre todo, remuneracional de miles de trabajadores y trabajadoras del sector público. Los trabajadores del sector público están vinculados a través de un sistema contractual sumamente precario. Pese a aquello, tienen un conjunto de responsabilidades, de subordinación y dependencia con sus empleadores. A pesar de que trabajan a honorarios, deben cumplir horarios, marcar tarjeta, cumplir plazos y metas, y desarrollar las mismas funciones que llevan adelante las funcionarias y los funcionarios a contrata o de planta.
Por cierto, el proyecto afecta a estos funcionarios, porque la cotización se traduce en una merma económica inmediata. Como se señaló anteriormente, con estas cifras que hoy día tenemos tan agregadas no podemos deducir qué volumen de funcionarias y funcionarios se verá afectado en sus ingresos al promulgarse la ley en proyecto.
Por otro lado, señor Presidente, quiero señalar que faltó también en los antecedentes que solicitamos tener a la vista el procedimiento a través del cual se va a seguir con un compromiso gubernamental que existe -se asumió durante el Gobierno de la Presidenta Bachelet- respecto del traspaso de funcionarios de honorarios a contrata. Se habían establecido unas cuotas, pero no se explicitó en el debate de este proyecto en la Comisión cuál va a ser ese procedimiento ni si existe un compromiso de la actual Administración de continuar con él.
Por otra parte, las razones de fondo de mi pronunciamiento son varias.
Una de ellas se señaló también anteriormente: este proyecto impacta en un universo muy diverso. No solo se afecta a funcionarios públicos, tanto del Estado, de la Administración Pública, como municipales, sino también a emprendedores independientes.
Entonces, la ley en proyecto aquí trata por igual, por parejo, homogéneamente a este universo, al que va a afectar, por cierto, de una manera compleja, en las distintas realidades.
Además, ello ocurrirá en un país donde los salarios son bajos -ya lo mencioné- y donde, como en pocas partes del mundo, los empresarios, los empleadores no cotizan: toda la cotización recae sobre las trabajadoras y los trabajadores.
Así las cosas, esta iniciativa puede llegar a provocar el efecto opuesto al que se busca y favorecer que se avance en el trabajo "a la negra", que los propios funcionarios y trabajadores decidan pedir que se los contrate de esa forma, para no tener esta merma salarial.
Señor Presidente, un proyecto de esta naturaleza, que se ha postergado justamente a solicitud de los propios funcionarios y trabajadores, hoy día busca llegar a la obligatoriedad de la cotización previsional sin que las condiciones que tuvimos a la vista para las prórrogas anteriores hayan cambiado.
Para abordar este tema, creo que debe tomarse en cuenta la convicción en torno a la necesidad de estimular la afiliación y la cotización a la seguridad social -respecto de la cual nadie tiene dudas-, pero también, con la misma convicción, estimo fundamental considerar por qué las chilenas y los chilenos cada vez tienen menos interés en cotizar en el sistema previsional actual.
Esto no es fruto de un capricho -aquí ya lo han señalado usted mismo, señor Presidente, y varios otros parlamentarios-, sino que es consecuencia de la desconfianza y de la percepción de inutilidad que se advierten con relación a destinar recursos a cotizar en las AFP.
La imagen que hoy existe -se ha dicho también; lo voy a enfatizar- es que se puede cotizar por largos años para obtener pensiones de 130 mil, 150 mil pesos, que no alcanzan ni siquiera para una subsistencia básica.
Sin superar este problema estructural, señor Presidente, este tipo de fórmulas son vistas como un parche o una imposición que favorece, en mi opinión, a las administradoras, porque no apuntan a solucionar el problema grave que enfrenta el sistema previsional chileno.
Como señalé, me abstendré en esta oportunidad, porque, pese a que estimo que el problema debe abordarse y que es imprescindible estimular la cotización previsional, estoy convencida de que esta propuesta no es la solución, ni en cuanto al contenido -por lo que ya he mencionado-, ni en cuanto a la oportunidad.
Creo que todo este debate debería ser posterior, o al menos complementario, a una reforma profunda al sistema de pensiones, que mejore su cobertura y beneficios, y principalmente que termine con la administración obligatoria por parte de las AFP. Porque sabemos que una pensión se construye sobre la base de dos pilares fundamentales: estabilidad y formalidad en el empleo. Y, por cierto, con solidaridad.
Con este proyecto lo que se está haciendo es maquillar la informalidad. Y, además, las AFP van a recibir nuevos y voluminosos capitales frescos, sin mejorar las pensiones.
Ahí está el principal factor, señor Presidente, de la desconfianza de los trabajadores en el régimen previsional actual.
Por todo lo dicho, insisto en mi abstención.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente: "Si me quitas el puñal, me matas, y si me lo dejas, me muero". Esa es la disyuntiva que tienen dos millones cien mil trabajadores en Chile. Cualquiera sea la salida, va a ser un grave perjuicio.
El Ministro Monckeberg, que nos acompaña en la Sala, señaló en la Comisión que si no se continúa la tramitación de este proyecto de ley, en el proceso de declaración de impuestos del 2019 a los trabajadores no se les va a hacer una devolución. Es más: van a quedar debiendo.
Esto es ponerlos entre la espada y la pared.
Señor Presidente, aquí se obvia un tema de fondo. Los beneficios que se ofrecen son la zanahoria: que van a tener acceso a prestaciones de seguro de accidentes del trabajo, de pensiones de invalidez. Pero la ley N° 16.744 -y pregúntenle a cualquier dirigente sindical en Chile, en cualquiera de las áreas productivas- está totalmente obsoleta. ¡Las COMPIN! ¡Las enfermedades profesionales no son reconocidas! ¡Vayan a pensionarse por una enfermedad profesional! ¡Ahí está la SUSESO, tramitando durante años y años, y no hay mecanismos!
Aquí hay Senadores que fueron superintendentes y más de alguna vez lo conversamos. ¡No es un beneficio, señor Presidente! La Superintendencia y las mutuales -estas últimas están con un "colmillo", al igual que las AFP, ansiosas de recibir estos dos millones cien mil trabajadores- no ofrecen garantías de cumplimiento en los beneficios para los actuales trabajadores y no están en condiciones de ofrecérselas a los que vienen. ¿Les van a pagar subsidio de cesantía? ¿Les van a pagar prestaciones?
Señor Presidente, tenemos un grave problema con la ley de AFP y con la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Entonces, yo leo a don Fernando Larraín, quien preside la Asociación de AFP, y él dice que los trabajadores van a cotizar sobre el 80 por ciento de la renta bruta -es decir, un 8 por ciento- y que van a tener menores tasas de reemplazo.
Señor Presidente, creo que el Gobierno no quiere negociar con las AFP y ha decidido enviar este proyecto dándoles a ellas el filete completo. Es decir, se opta por entregarles dos millones cien mil trabajadores, en circunstancias de que era un elemento de negociación potente.
¡Dos millones de personas marcharon en contra de las AFP! Las AFP son un sistema que engañó a los chilenos, que mantiene serias irregularidades: el goodwill.
Señor Presidente, tenemos a Cuprum y a Provida en los tribunales por nulidad de derecho público, pues crearon dos AFP fantasmas para ahorrarse 430 millones de dólares.
La finalidad de esos ejecutivos no es beneficiar a los afiliados. La finalidad de las mutuales no es beneficiar a los trabajadores.
Señor Presidente, como dijo el Senador De Urresti, tenemos un problema de fondo en nuestro sistema de seguridad social.
Pero cuando hay algo con lo que se puede negociar con el empresariado y con las AFP, ¡se lo damos gratis...!
Les pasamos 2 millones de afiliados para que coticen en un sistema que solo garantiza ¡pensiones miserables! Y les decimos a esas personas que tendrán garantías en un sistema de mutuales, en circunstancias de que allí se niega las prestaciones a muchas de ellas, como ocurre con las pensiones de invalidez.
A mi entender, el Gobierno debió haber buscado una modalidad que permitiera dar continuidad al ingreso de los trabajadores, pero en el marco de una negociación en que los sistemas previsional y de seguridad social fueran revisados.
¡Hoy día entregamos todos los trabajadores independientes en bandeja, sin ninguna posibilidad de negociar con actores poderosos para tratar de obtener mejores beneficios y mayor seguridad social!
En este caso, los 680 mil trabajadores estatales independientes se hallan en un serio problema: cuáles son los mecanismos para el traspaso desde honorarios a contrata y desde contrata a planta, conforme a un proceso progresivo que permita subsanar el menoscabo de ingresos que se registrará.
Antenoche escuché al Presidente de la República decir que la economía solo va a crecer; que hemos crecido 5,3 por ciento; que nuestra situación financiera es maravillosa. ¡Pero ni un solo anuncio en el sentido de que la riqueza se redistribuirá según un mecanismo que implique la dictación de leyes que favorezcan a los trabajadores y que el Estado deje de ser el peor empleador; que establezca un sistema seguro para el traspaso desde honorarios a contrata y desde contrata planta!
Aquello posibilita el ingreso por la puerta ancha.
La iniciativa que se nos plantea esta tarde significa entrar por la ventana, ingresar de rodillas a un sistema que no garantiza ni prestaciones ni seguridad sociales.
Anuncio mi voto en contra, señor Presidente.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Silencio, por favor.
El señor NAVARRO.- ¡Las personas que pifian en las tribunas me hacen recordar a los tripulantes a los que, mientras le decíamos "no" a la Ley de Pesca,...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡Silencio!
... se les comprobó que estaban vendidos completamente a las empresas pesqueras!
El señor NAVARRO.- ¡Voto en contra con total convicción!
Señor Ministro, usted pidió la palabra, pero estamos en votación.
Está inscrito en seguida el Senador señor Chahuán, quien no se encuentra en la Sala.
¿Habría acuerdo para que intervenga el señor Ministro del Trabajo antes de cerrar la votación?
Con el asentimiento de la Sala, tiene la palabra, señor Ministro.
El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Muchas gracias, Honorables Senadores.
Primero, señor Presidente, nobleza obliga.
Quiero dar testimonio de que tempranamente, a comienzos de este año, usted nos presentó en esta materia una propuesta muy en la línea de lo que ahora ha estado en discusión.
También valoro la preocupación de varios otros parlamentarios, Senadores y Diputados, que han presentado y aprobado proyectos de acuerdo sobre la materia, pues se trata de un problema real del que debemos hacernos cargo.
Lo más importante de esta iniciativa es que corrige una situación existente en la actualidad. Y lo hace por la vía de darles protección a los trabajadores independientes.
Nos asiste la convicción de que no podemos tener trabajadores de primera y de segunda categorías.
Ahora, aquí se han dado ciertas cifras, y yo quisiera contextualizarlas.
¿A quién afecta el proyecto que se está votando?
Según datos oficiales del Servicio de Impuestos Internos, esta iniciativa establece una obligación gradual para todos los trabajadores a honorarios menores de 55 años, en el caso de los hombres, y menores de 50, en el de las mujeres, cuyos honorarios anuales totales sean iguales o superiores a cinco ingresos mínimos mensuales; es decir, 1.380.000 pesos.
¿A cuántos trabajadores afecta? A 649 mil 958.
¿Quiénes son? En organismos públicos laboran 189 mil 280 personas. De estas, en instituciones fiscales, 95 mil; en el sector municipal, 86 mil, y en el sector privado, exactamente la diferencia.
Como podemos ver, de los 649 mil 958 trabajadores a honorarios a los que esta iniciativa les permite el cumplimiento gradual de la obligación, 70 por ciento pertenece al sector privado y 30 por ciento al sector público.
Ahora, señor Presidente, si no hacemos nada y sencillamente nos cruzamos de brazos, ello no significará que nosotros estemos provocando ciertas consecuencias.
En efecto, la ley promulgada en 2008 dispone que a partir de este año se debe cotizar por el 100 por ciento. Pero sucede que con la retención del 10 por ciento los ingresos no alcanzarán.
En consecuencia, si no hacemos nada, en abril esos trabajadores a honorarios no solo no van a recibir ni un peso por concepto de devolución de impuestos; además, quedarán endeudados. Y ello, no porque lo digamos nosotros, sino por lo dispuesto en ley que el Congreso Nacional despachó en 2008.
Eso es lo que debemos corregir. Y estamos corrigiéndolo, pues, no queremos, primero, que los trabajadores que no puedan hacerlo deban cotizar por el 100 por ciento desde el día uno; segundo -menos todavía-, que queden endeudados, y tercero -esto es muy importante-, que paguen por algo que no tendrá cobertura, porque la ley actual establece el pago por coberturas ya pasadas.
¿Terminó mi tiempo, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No, señor Ministro.
Por favor, prosiga.
El señor MONCKEBERG (Ministro del Trabajo y Previsión Social).- Señor Presidente, nuestra modificación plantea que las cotizaciones den cobertura hacia el futuro.
El propósito que perseguimos es que, en materia de prestaciones (seguros de invalidez, de sobrevivencia, de accidentes del trabajo), lo cotizado en abril cubra el resto del año.
Ese cambio es tremendamente significativo. Y lo pidieron los propios funcionarios, con quienes nos reunimos en varias oportunidades.
Señor Presidente, considero muy relevante que este proyecto corrija la situación actual y permita tener un mecanismo gradual que no afecte bruscamente el bolsillo de los trabajadores.
Por eso la gradualidad se establece en el plazo de diez años. De ese modo nunca supera el 2 por ciento marginal, que muchas veces irá empalmado con los reajustes del sector público.
Por último, señor Presidente, es sobremanera importante que yo clarifique un punto sobre el que he recibido preguntas de varios Senadores (la Honorable señora Muñoz me consultó al respecto en la Comisión).
Si hay algo que hemos hecho bien en el último tiempo es la política de traspaso de trabajadores desde honorarios a contrata.
En este gráfico se puede observar cómo en el último tiempo ha ido cayendo el número de trabajadores a honorarios en el sector público.
Esa política, que en el último Presupuesto, el vigente hoy, estableció 8 mil cupos para traspasos, se va a mantener intacta.
Como Sus Señorías verán dentro de pocos días durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, conservaremos los mismos cupos y seguiremos la política de traspaso de funcionarios desde honorarios a contrata aplicada en el último tiempo y que nos tocó heredar.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en primer lugar, creemos que hay que aprobar la idea de legislar. Y esperamos que se reúnan los votos necesarios para alcanzar ese objetivo.
Nosotros le hemos planteado al Ministerio del Trabajo, y específicamente al Ministro Nicolás Monckeberg, la situación dramática que viven actualmente los servidores del Estado que trabajan a honorarios.
Aquello sucede porque, básicamente, ningún servicio público cumple la antigua regla del 80/20, que se ha ido reformulando, lo cual implica que se halle bastante engrosada la cifra de trabajadores cuya relación laboral con el Estado es precaria.
Por supuesto, es indispensable tomar una decisión.
A esas personas no se las puede castigar doblemente. Primero, porque, en su condición de trabajadores a honorarios, no tienen asegurado un régimen previsional. Y segundo, porque no gozan del beneficio de las vacaciones. Pero, adicionalmente, se las castiga en términos de su futura pensión.
Por eso, creemos que en la discusión particular deben realizarse esfuerzos para resolver el problema.
Me parece que la fórmula propuesta va en la dirección correcta en términos de impedir que la cotización determinada afecte la actual renta líquida de los trabajadores a honorarios del Estado, y en particular de los municipios, cuyo número es bastante significativo.
Por eso, señor Presidente, hacemos un llamado no solo a aprobar la idea de legislar, sino además a buscar durante la discusión particular una fórmula que permita aliviar la carga que va a implicar el hecho de que los trabajadores a honorarios, especialmente los de los municipios y los del Estado, deban cotizar y, a raíz de ello, percibir una renta líquida menor.
Es indispensable hacerse cargo de tal situación.
En ese mismo contexto, señor Presidente, hacemos un llamado al Ministro del Trabajo para que se busque otra fórmula.
Si bien la que se ha propuesto hasta ahora establece una gradualidad de diez años y la tasa de cotización es menor que el incremento, consideramos necesario buscar la fórmula más consensuada posible para impedir que la cotización termine siendo a costa de la renta líquida de trabajadores a honorarios del Estado, el cual no ha cumplido, entre otras cosas, la obligación de aplicar en las plantas la regla del 80/20.
Hoy día nos acompañan los trabajadores a honorarios de la Municipalidad de Viña del Mar que se hallan en la situación descrita, al igual que los de tantos otros municipios y del Estado en general.
¿Cuánto tiempo me resta, señor Presidente?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Desea agregar algo más, Su Señoría?
El señor CHAHUÁN.- Así es.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede hacerlo.
El señor CHAHUÁN.- Solo esperamos, señor Presidente, que los Senadores entiendan la importancia de este proyecto de ley.
La discusión particular será la instancia en que podremos trabajar para buscar una fórmula que beneficie de mejor manera a los trabajadores en comento. Sin embargo, para llegar a ella debe reunirse el quorum requerido para aprobar la idea de legislar.
Entonces, confío en que Sus Señorías comprendan que debemos evitar que se afecten las pensiones de los trabajadores independientes.
Por eso, llamo a quienes se abstuvieron o votaron en contra a que cambien de opinión, en el entendido de que en la discusión particular podremos negociar para mejorar la fórmula planteada y, en definitiva, velar por una pensión más adecuada para los trabajadores a honorarios de los municipios y del Estado.
Confiamos, pues, en tener los votos necesarios para aprobar en general este proyecto de ley, que reviste gran importancia para los trabajadores chilenos, especialmente para aquellos que han sido abusados y castigados por el Estado y la Administración Pública al recibir pensiones que no se condicen con el trabajo que realizado.
--Se aprueba en general el proyecto (21 votos a favor, 1 en contra y 14 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple el quorum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa las señoras Aravena, Ebensperger, Goic, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Galilea, García, Huenchumilla, Insulza, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh y Sandoval.
Se abstuvieron las señoras Allende, Muñoz, Órdenes, Provoste y Rincón y los señores De Urresti, Elizalde, Guillier, Latorre, Letelier, Montes, Quintana, Quinteros y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Le parece a la Sala fijar el jueves 18 de octubre como plazo para presentar indicaciones?

References: artículo 89
 artículo 24
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 1
 artículo 19