Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/penal/penal-II/2012/as201212251.htm
Timestamp: 2019-03-20 23:34:47+00:00

Document:
201210-Sala Penal Segunda-2-251
AUTO SUPREMO Nº 251/2012-RRC
Expediente : Tarija 11/2012
Parte acusadora : Ministerio Público y Gloria Sánchez López
Parte imputada : Rosario Condori Areli
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2012, cursante de fs. 146 a 147 vta., Jaime Cueto Ramírez Defensor Público de Rosario Condori Areli, interpone recurso de casación impugnando el Auto de Vista 22/2012 de 14 del referido mes y año, cursante de fs. 140 a 144, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Rosario Condori Areli, por el delito de Abuso Deshonesto, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP).
a) En mérito a la acusación pública, presentada por el Ministerio Público y desarrollada la audiencia de juicio oral, por Sentencia 18/2010 de 17 de septiembre, que cusa de fs. 111 a 114, el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, falló declarando a Rosario Condori Areli, absuelta de la comisión del delito acusado, ordenando la cesación de las medidas cautelares que se le hubieran impuesto.
b) Contra la mencionada Sentencia, Gloria Sánchez López formuló recurso de apelación restringida conforme fluye de la actuación de fs. 120 a 123, siendo resuelto por Auto de Vista 22/2012 de 14 de agosto, que declaró con lugar el recurso y revocó la Sentencia 18/2010, declarando a Rosario Condori Areli, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto en la sanción del art. 312 del CP, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, con costas y pago de daños y perjuicios, motivando la interposición del presente recurso.
Del memorial que cursa de fs. 146 a 147 vta., se extraen los siguientes motivos del recurso de casación:
El Auto de Vista impugnado, contiene defectos absolutos insubsanables que hacen admisible el recuro de casación aún de oficio, conforme se estableció en los Autos Supremos 494 de 2 de noviembre de 2003 y "312/2012 de 23 de marzo de 2012" (sic)
Denuncia que los Vocales del Tribunal de apelación, al revocar la Sentencia modificaron sustancialmente la situación jurídica del acusado, con fundamentos que en los hechos significan revalorización de la prueba, situación prohibida conforme estableció la doctrina legal aplicable contenida en los Autos Supremos 112/2007, 116/2007, 17/2007, 151/2007 y 257/2011 y 89/2012, que estableció que el Tribunal de alzada no está facultado para valorar total o parcialmente la prueba y que su facultad se limita a pronunciarse con relación a la fundamentación de la valoración de la prueba que efectuó el Tribunal de Sentencia y cuando se advierta que el error en la fundamentación sea determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el art. 413 del Código de Procedimiento Penal (CPP), debe anularse la sentencia, total o parcialmente y ordenar la reposición del juicio por otro juez o tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio.
Por lo expuesto, el recurrente solicitó se dicte un nuevo Auto de Vista, ordenando la reposición del juicio por otro Tribunal, conforme lo dispone el art. 413 del CPP.
Mediante Auto Supremo 225/2012-RA de 25 de septiembre, cursante de fs. 158 a 159, este Tribunal, admitió el recurso de casación interpuesto.
II.1 El Ministerio Público acusó a Rosario Condori Areli, la comisión del delito de Abuso Deshonesto, habiéndose sustanciado el juicio oral por el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, que por Sentencia 18/2010 de 17 de septiembre y ante la existencia de voto dividido adoptó la decisión que más favoreció al imputado declarándolo absuelto de la comisión del delito acusado y disponiendo la cesación de cualquier medida cautelar personal o real que se hubiera dispuesto en su contra.
II.2. Gloria Sánchez López, madre de la víctima, interpuso recurso de apelación restringida (fs. 120 a 123) contra la mencionada Sentencia, con base en los siguientes fundamentos: 1) observó la valoración de la prueba realizada en la Sentencia por no haber sido realizada de manera integral aplicando las reglas de la lógica y la sana crítica; y, 2) su falta de fundamentación.
II.3. Por Auto de Vista 22/2012 de 14 de agosto (fs. 140 a 144), la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, declaró con lugar el recurso de apelación restringida interpuesto contra la Sentencia 18/2010 y revocando la misma, declaró al imputado Rosario Condori Areli, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto en el art. 312 del CP, condenándole a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión, con costas y pago de daños y perjuicios a la víctima.
III. DEL AUTO DE VISTA Y LOS PRECEDENTES CONTRADICTORIOS INVOCADOS EN EL RECURSO
Establecido el ámbito de análisis en el Auto de Admisión del presente recurso, previo a su resolución debe tenerse en cuenta los siguientes aspectos:
III.1. Antecedentes y fundamentos del Auto de Vista impugnado
En el caso de autos, de la revisión de los antecedentes venidos en casación, se establece que el juicio seguido contra el imputado tuvo como base la acusación pública presentada por el Ministerio Público, que fundamentó el hecho objeto del juicio, señalando que el 20 de noviembre de 2009, al promediar el medio día, cuando la menor AA retornaba de su colegio fue interceptada en la esquina por un sujeto desconocido que se encontraba en estado de ebriedad, quien le agarró de la mano, le tapó la boca y a la fuerza la llevó a la parte de abajo del puente ubicado en la quebrada del barrio 6 de agosto y que procedió a realizar "tocamientos impúdicos" en su humanidad para luego tirarla al suelo y sentarse a su lado hasta que se quedó dormido, lo que aprovecho la víctima para huir del lugar. El individuo, según refirió la víctima llevaba un short de color oscuro y polera amarilla. Tenía una cicatriz en la parte izquierda de la cara, el cabello negro con algunos rulos.
Una vez desarrollada la actividad probatoria a cargo de las partes acusadora e imputada, el Tribunal Primero de Sentencia de la Corte Superior del Distrito Judicial de Tarija, mediante Sentencia 18/2010 de 17 de septiembre, con voto dividido de sus miembros (las Juezas Ciudadanas, Asunta Amador Rodríguez y Nora Amador Tolaba tenían duda sobre la participación del acusado y el Juez Técnico junto con el Juez Ciudadano, Jhonny Ayala Cardozo coinciden sobre la responsabilidad del imputado en el delito acusado), por lo que en aplicación del último párrafo del art. 359 del CPP, declararon la absolución del imputado por el delito acusado.
Del contenido de la Sentencia impugnada, se evidencia que una vez establecidos los hechos acusados, se procedió a valorar la prueba, en la que se hace referencia a las declaraciones de la víctima, su madre y el funcionario policial, Wilfredo Ugarte Michel, quien participó en el desfile identificativo y levantó el acta; el certificado de nacimiento de la víctima, el certificado médico forense y el informe pericial de Erika Sakuma Calatayud que establece la inexistencia de una agresión sexual así como el informe pericial del psicólogo Harold Campero Verdum, que sostiene que la víctima padece de un estrés postraumático producto del hecho, actividad con la que determinan la absolución del imputado. Se hace mención en la referida Resolución que la duda de las jueces ciudadanas se generó por el desfile identificativo, puesto que en él participaron personas que no tenían iguales características, tampoco tenían cicatriz en el rostro, factores que pudieron inducir a error a la menor; en cambio, tanto el Juez Ciudadano como el Juez Técnico coincidieron al señalar que de la valoración conjunta de la prueba se puede establecer la culpabilidad del imputado.
El motivo de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para declarar con lugar el recurso de apelación restringida formulado por la madre de la víctima y disponer la revocatoria de la Sentencia declarando al imputado Rosario Condori Areli, autor del delito de Abuso Deshonesto, previsto en la sanción del art. 312 del CP, con imposición de la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión más el pago de daños, perjuicios y costas, se basó en la existencia de una defectuosa valoración de prueba en su conjunto, en el entendido que el Tribunal Primero de Sentencia no hubiera efectuado una valoración integral de la prueba y que el sustento fáctico en el que fundamentan los Jueces Ciudadanos su disidencia carece de una adecuada valoración porque no es integral, ni se consideró prueba idónea, como la declaración de la madre, quien es la persona que tiene más cercanía con la menor....; tampoco valoró la declaración del funcionario policial que es un funcionario público que tiene un deber funcional más allá de los intereses de cualquiera de las partes, siendo creíble su atestación, como el informe psicológico. Enfatizó que no podía restarse valor a la prueba contundente en alusión a situaciones intrascendentes, por cuanto se debe considerar el tiempo transcurrido entre los sucesos y el juicio oral; siendo en ese sentido contundente la declaración de la víctima y de su madre como la del funcionario policial, que son relatos creíbles, coherentes y lógicos, así como amplios en detalles de tiempo, lugar y modo, siendo por esta razón evidente el agravio impugnado.
III.2 Doctrina Legal Aplicable asumida en los precedentes invocados
En el caso presente, el recurrente sostiene en su recurso, que el Auto de Vista contradice seis Resoluciones judiciales emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, correspondiendo en primer término identificar los fundamentos de dichas Resoluciones para luego verificar si existe o no contradicción entre la doctrina legal en ellos establecida y el Auto de Vista impugnado.
En ese sentido, se tiene que el Auto Supremo 112 de 31 de enero de 2007, entre las problemáticas que resolvió se refirió al reclamo relativo a que el Tribunal de apelación ejerció un proceso de valoración de la prueba testifical de cargo desfilada en el juicio oral, vulnerando el principio de inmediación condicionando además, de manera obligatoria, la forma en que otro Tribunal de Sentencia tendría que valorarla en el juicio de "reenvío", estableciéndose como doctrina legal que el Tribunal de alzada no está facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los asuntos objeto de apelación restringida y que en caso de existir vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba, el Tribunal de alzada debe pronunciar el Auto de Vista con el fundamento que corresponda al art. 124 con relación a los arts. 173, 359 y el inc. 6) parte in fine del art. 370 del CPP; en consecuencia, aplicará el art. 413 del nombrado cuerpo legal procesal.
Por su parte el Auto Supremo 116 de 31 de enero de 2007, se refirió a la inmediación de la prueba que sostiene se constituye en la médula de la producción probatoria, reservada para los Tribunales de Sentencia en el proceso penal acusatorio, por lo que el Tribunal de alzada no
está facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribirse a los asuntos objeto de la apelación restringida. Añadiendo que en caso de detectarse vulneración a las reglas de la sana crítica que regulan la valoración de la prueba, el Tribunal de alzada debe pronunciar una resolución debidamente fundamentada con relación a los arts. 173, 359 y el inc. 6) parte in fine del art. 370 del CPP; en consecuencia, aplicar el art. 413 del nombrado cuerpo legal procesal.
En el mismo sentido el Auto Supremo 17 de 26 de enero de 2007, sostuvo que: " El Tribunal de alzada no se encuentra facultado para valorar total o parcialmente la prueba; debiendo circunscribir sus actos a los motivos que fueron objeto de la apelación restringida, el art. 413 del CPP, establece que: "Cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley y/o su errónea aplicación, el Tribunal de alzada anulará total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro Juez o Tribunal". Cuando el Ad quem advierte que en el proceso se han pronunciado fallos sustentados en defectuosa valoración de la prueba, vulnerando la previsión de los arts. 173 y 339 del CPP, incurriendo así en el defecto del art. 370 inc. 6) de la referida norma adjetiva, se hace evidente que el fallo no contendría los elementos de prueba necesarios para subsanar el defecto en que incurrió al juez de grado, por ello corresponde conforme prevé el art. 413 de la referida Ley Adjetiva Penal, anular la Sentencia totalmente y disponer la reposición del juicio por otro Tribunal, a efecto de garantizar que las partes en conflicto, puedan someter nuevamente el conocimiento, discusión y valoración de la prueba ante otro juez o Tribunal que observando los principios de inmediación y contradicción que rigen el proceso y el circuito probatorio, dicte nueva resolución en base a un nuevo criterio de valor emergente de la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica.
El Auto Supremo 151 de 2 de febrero de 2007, por su parte, señaló: "Que con el nuevo sistema procesal penal garantiza la valoración de la prueba y las cuestiones de hecho son de exclusiva competencia del Juez o Tribunal de Sentencia; además de que toda resolución dictada por el Tribunal de Alzada debe fundamentarse y que dentro del subsistema de recursos penales no existe doble instancia de manera que el Tribunal de Apelación conoce solo asuntos de puro derecho y asimismo, deberá observar los defectos absolutos para reparar los derechos y garantías constitucionales vulnerados".
Que con referencia a la valoración de la prueba se ha pronunciado el Auto Supremo 196 de 3 de junio de 2005, donde se emitió la siguiente: "DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que la facultad de valorar la prueba corresponde con exclusividad al Juez o Tribunal de Sentencia, quien al dirigir el juicio oral y recibir la prueba, adquiere convicción a través de la apreciación de los elementos y medios de prueba: convicción que se traduce en el fundamento de la sentencia que lleva el sello de la coherencia y las reglas de la lógica; consiguientemente, el Tribunal de Alzada en caso de revalorizar la prueba, dicho acto convierte en defecto absoluto contemplado en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal; por haber aplicado el articulo 173 contradiciendo el Auto de Vista Nº 45 de 7 de septiembre de 2004 pronunciado por la Sala Penal Segunda del mismo Distrito Judicial de Casación; se indica que el Juez o Tribunal de Sentencia tiene la facultad de valorar la prueba y no así el Tribunal de apelación como ocurrió en el Sub lite"
El Auto Supremo 257 de 6 de mayo, en su doctrina legal aplicable señaló que: "En el caso que nos ocupa la Sentencia de primer grado, absolvió a los imputados, tomando en cuenta lo previsto en el art. 363 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal que dispone que se dictará Sentencia absolutoria cuando la prueba aportada no sea suficiente para generar en el Juez o Tribunal la convicción sobre la responsabilidad penal del imputado. Convicción que no puede ser objetada en segunda instancia bajo pena de incurrir en revalorización de la prueba, debido a que en el nuevo sistema procesal penal no existe la doble instancia, ésta es excepcional para los casos de inobservancia y errónea aplicación de la Ley, por lo que el Ad-quem no puede incurrir en una nueva valoración de la prueba que agrave la situación del encausado, en consideración a que el art. 398 del Código de Procedimiento Penal, dispone que el Ad-quem debe abocarse a los puntos cuestionados. En consecuencia corresponde resolver el recurso conforme establece el art. 414 del Código de Procedimiento Penal".
Finalmente el Auto Supremo 89 de 25 de abril de 2012, reiteró el entendimiento desarrollado por los Autos Supremos citados supra, respecto a la facultad del Tribunal de apelación en la valoración de la prueba, añadiendo una interpretación del alcance del art. 413 del CPP. La doctrina legal aplicable refiere entonces que el recurso de apelación restringida es el medio legal para impugnar errores de procedimiento o de aplicación de normas sustantivas en los que se hubiera incurrido durante la sustanciación del juicio o la sentencia, no constituyendo el medio jerárquico para revalorizar la prueba o revisar las cuestiones de hecho que hacen los Jueces o Tribunales inferiores, sino para garantizar los derechos y garantías constitucionales y la correcta aplicación de la Ley. Enfatizando que no existe la doble instancia y que el Tribunal de alzada se encuentra obligado a ajustar su actividad jurisdiccional a los alcances establecidos en los arts. 413 y 414 del CPP.
En este contexto afirma la Resolución que no se considera dentro del alcance del último párrafo del art. 413 del CPP, la posibilidad de que el Tribunal de apelación cambie directamente la determinación de la condena o absolución del imputado, porque para ello se requiere imprescindiblemente valorar la prueba, debiendo el Tribunal de Alzada aplicar lo dispuesto en el art. 414 de la referida Ley Adjetiva Penal, tomando en cuenta la limitación contenida en dicho precepto legal referida a corregir los errores de derecho en la fundamentación de la resolución impugnada que no influyan en la parte dispositiva, por lo que en los casos en los que se advierta que el error en la fundamentación sea determinante para el cambio en la situación jurídica del imputado, observando lo dispuesto por el art. 413 del mismo Código Adjetivo Penal, debe anular la sentencia total o parcialmente, dado el caso específico y ordenar la reposición del juicio por otro juez o Tribunal, precisando en forma concreta el objeto del nuevo juicio.
IV. VERIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA DE CONTRADICCIÓN CON PRECEDENTES INVOCADOS EN EL RECURSO
IV.1 Principio de inmediación en el proceso penal y la valoración de la
prueba. Desarrollo doctrinal del Tribunal Supremo de Justicia
De acuerdo con la sistemática establecida en el Código de Procedimiento Penal, el proceso penal acusatorio se rige, entre otros, por los principios de concentración o inmediación, cuyo acatamiento, es un mandato legal. En esas condiciones, el campo de acción del operador jurídico es restringido y la mayor o menor flexibilidad en su aplicación, sólo podrá tener lugar al amparo de una interpretación de la norma legal.
El principio de inmediación se vincula con la percepción que el juez tiene con los elementos de conocimiento y los intervinientes en el acto. De manera que el juez o tribunal que dictará la sentencia, debe ser aquel que directamente practicó las pruebas y ante quien se presentaron los alegatos, pudiendo estimarse las pruebas que hayan sido producidas en incorporadas en el juicio público, con garantía de contradicción e inmediación frente al juez o tribunal, con algunas salvedades.
Dada la naturaleza del motivo de impugnación, debe recordarse que la inmediación sitúa al juez o tribunal de juicio en una posición privilegiada para valorar la prueba practicada en su presencia, en aplicación del principio de la sana crítica, correspondiendo al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal ciñéndose al respeto de las reglas relativas al onus probandi, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, postura adoptada por este Tribunal en múltiples Autos Supremos, entre ellos los citados por el recurrente, en consideración a los principios que rigen la sustanciación del acto de juicio y a las facultades especificas asignadas por la ley procesal penal a los distintos órganos jurisdiccionales penales, habiendo determinado de manera uniforme que la valoración de la prueba es de competencia del Juez o Tribunal de Sentencia, sin que el Tribunal de alzada pueda a tiempo de resolver la interposición de un recurso de apelación restringida revalorizar la prueba ni revisar cuestiones de hecho (Autos Supremos 436 de 15 de octubre de 2005, 25 de 4 de febrero de 2010 y 53 de 19 de marzo de 2012); en coherencia con lo expresado, refiriéndose a la labor del Tribunal de apelación se ha sostenido que, en el marco de las previsiones contenidas en los arts. 407 y siguientes del CPP, relativos al recurso de apelación restringida, debe efectuar el control de la fundamentación probatoria, tanto descriptiva e intelectiva, teniendo en cuenta que conforme establece el art. 124 del citado Código, las sentencias y autos interlocutorios serán fundamentados, debiendo expresar los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, sin que esta fundamentación exigida por la ley pueda ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes (Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006, 53 de 22 de marzo de 2012). En el mismo sentido los Autos Supremos 91 de 28 de marzo de 2006 y 53/2012 de 22 de marzo de 2012.
IV.2. Análisis del caso concreto y determinación de la existencia o no de
En el caso, conforme los antecedentes desarrollados en el punto III.1. los motivos expresados por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, para declarar con lugar el recurso de apelación restringida formulado por la madre de la víctima; dispone la revocatoria de la Sentencia y declara al imputado Rosario Condori Areli autor del delito de Abuso Deshonesto, condenándolo a cumplir la pena privativa de libertad de cinco años de reclusión más el pago de daños, perjuicios y costas, se basan en la revalorización de la prueba, puesto que la Resolución impugnada en su fundamentación sostiene que los jueces ciudadanos que absolvieron efectuaron una valoración sesgada de la prueba, que no realizaron una valoración integral de la misma afirmando además sobre los hechos probados no se efectuó un razonamiento intelectivo apegado a la lógica, por cuanto habiéndose introducido a juicio prueba que en su criterio establece claramente la culpabilidad del imputado -compartiendo así el criterio de los jueces que votaron por la condena, quienes fundaron su determinación en las declaraciones de la víctima, su madre, diligencias de investigación y demás prueba producida en el juicio- consideraron que el fundamento de la absolución de los otros Jueces Ciudadanos basadas en las observaciones efectuadas en el momento del desfile identificativo respecto a las facciones físicas de aquellas personas que se encontraban junto al acusado que no tenían características físicas similares, no tiene asidero, pues este fue aprehendido por la presunta comisión de otro ilícito y en base a las características físicas que desde el primer momento de la investigación refirió la víctima, quien lo reconoció por sus características peculiares y que no comunes a todas la personas como son la cicatriz en el rostro, el cabello largo con pocos rulos al final, mismas zapatillas, anillo, aspectos que dan cuenta que la víctima de manera inequívoca reconoció a su agresor y que no fueron consideradas por las juezas ciudadanas a momento de resolver. "La victima expresó certidumbre sobre las características físicas de su agresor, no existiendo motivo que genere duda" (sic). Afirmaciones que sin duda se constituyen en una actividad valorativa de la prueba.
El Auto analizado sostiene también que el sustento fáctico en que fundamentaron las Juezas ciudadanas su disidencia, carece de una adecuada valoración porque no es integral, ni considera prueba idónea, como es la declaración de la madre, " que es la persona que tiene más cercanía con la menor, que la conoce en toda su dimensión y pudo escuchar
el relato de la niña, quien le hizo conocer lo sucedido de manera natural, coherente e inocente, lo que motivo a la madre a interponer una denuncia..."; así como que no se valoró la declaración del policía que es un funcionario público que tiene un deber funcional más allá de los intereses de cualquiera de las partes, siendo creíble su atestación, como el informe psicológico y enfatiza que no podía restarse valor a la prueba contundente en alusión a situaciones intrascendentes, por cuanto, se debe considerar el tiempo transcurrido entre los sucesos y el juicio oral; siendo en ese sentido contundente la declaración de la víctima y su madre, como la del policía que son relatos creíbles, coherentes y lógicos, así como amplios en detalles de tiempo, lugar y modo, siendo por esta razón evidente el agravio impugnado. Concluyéndose una vez más que se ha efectuado actividad valorativa de los elementos de prueba aportados en el proceso.
Este Tribunal Supremo de Justicia ha sostenido reiteradamente que el Tribunal de apelación no puede valorar la prueba producida en el juicio oral dado el principio de inmediación que rige el juicio oral, siendo esta labor privativa del juez o tribunal que ha recibido directamente la prueba.
En ese contexto, el Tribual de apelación no puede volver a valorar la prueba desfilada en el juicio, siendo su labor la de realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio referido a vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba no producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita. Respecto a la credibilidad de los testigos, debe considerarse que su valoración no sólo emerge de su declaración, sino también del comportamiento observado durante su declaración, por lo tanto, no basta con leer el acto que resume lo declarado por el testigo, puesto que solo el juez que ha recibido esa atestación pueden entonces, valorar ambos factores para concluir si el testigo es creíble o no, razón que justifica una vez más, porqué el Tribunal de apelación no puede ni debe efectuar actividad valorativa de la prueba producida en el juicio y concluir sobre la credibilidad o no de un testigo.
Que, realizado el análisis de los fundamentos del Auto de Vista impugnado se evidencia que el Tribunal de apelación efectivamente ha realizado una nueva valoración de la prueba, permitiéndose incluso establecer criterios sobre la credibilidad de las declaraciones testificales, como por la del funcionario policial y la madre de la víctima. Asimismo, en esa misma labor de valoración de la prueba restó credibilidad a las observaciones sobre el desfile identificativo y sobre esta nueva valoración ha modificado y agravado la situación jurídica del imputado, quien habiendo sido absuelto en primera instancia, fue declarado culpable y condenado a la pena de cinco años de reclusión por la comisión del delito de Abuso Deshonesto, contradiciendo en consecuencia la doctrina legal aplicable invocada por el recurrente como precedente contradictorio y la abundante doctrina que sobre el tema ha desarrollado este Tribunal Supremo.
La apelación restringida no es un medio que abra la competencia del Tribunal de apelación para la revalorización de la prueba, puesto que en el sistema procesal acusatorio vigente rige el principio de inmediación por el que los hechos probados en juicio se hallan sujetos al principio de intangibilidad, de modo que corresponde al Tribunal de apelación realizar el control de la valoración efectuada por el juez o tribunal de juicio, actividad que debe ceñirse al respeto de las reglas relativas a la carga de la prueba -onus probandi-, la legalidad de la prueba practicada y a la razonabilidad y ausencia de arbitrariedad en las apreciaciones y conclusiones que se extraen de dichas pruebas, o dicho de otro modo el control de la valoración de la prueba está referido los vicios de fundamentación, vicios en la sentencia, violación de la sana critica, inclusión de prueba que no ha sido producida, exclusión de la prueba que si ha sido producida, valoración de prueba ilícita.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 419 del CPP, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista 22/2012 de 14 de agosto, de fs. 140 a 144 de obrados y determina que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, sin espera de turno y previo sorteo, dicte nuevo fallo conforme a la doctrina legal aplicable. Para fines del art. 420 del CPP; remítase fotocopias legalizadas del presente Auto Supremo a todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado Plurinacional, para que por intermedio de sus Presidentes hagan conocer a los jueces en materia penal de su jurisdicción la presente Resolución.

References: resolución 
 Resolución 
in fine
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 artículo 169
 Resolución 
 resolución 
 Resolución