Source: http://www.abogarte.com.ar/index.php?option=com_content&id=809:2240&Itemid=168
Timestamp: 2013-12-05 02:51:37+00:00

Document:
LA CORTE INTERAMERICANA Y EL DERECHO ARGENTINO - CASO BULACIO
Inicio	Nosotros	Sus derechos	Clientes	Contáctenos	Enlaces de Interés	C.I.D.H, Corte LA CORTE INTERAMERICANA Y EL DERECHO ARGENTINO - CASO BULACIO
LA CORTE INTERAMERICANA Y EL DERECHO ARGENTINO - CASO BULACIO	LA INCIDENCIA DE LAS DECISIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN EL DERECHO ARGENTINO Caso: “Bulacio vs. Argentina” Por María Marta Sormani (*) El caso Bulacio me parece un ejemplo de la incidencia de una decisión adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del derecho argentino. Si bien no existe reparación posible, que pueda mágicamente retrotraer la situación a los momentos previos a la detención ilegal que culminó con la muerte del joven Bulacio, lo cierto es que el reconocimiento de responsabilidad a nivel internacional por parte del Estado Argentino en este hecho pareciera haber arrojado un manto de piedad sobre la memoria del joven así como sobre la vida de sus familiares sobrevivientes. Este caso se originó el día 19 de abril de 1991, cuando la Policía Federal Argentina realizó una detención masiva en las inmediaciones del estadio Club Obras Sanitarias de la Nación, donde iba a realizarse un recital de rock. Lamentablemente, entre los detenidos se encontraba el joven Walter David Bulacio, quien tenía apenas 17 años de edad, esto es, quien era un niño de acuerdo al parámetro adoptado por nuestro país al ratificar la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Luego de su detención, Walter fue trasladado a la “sala de menores” de la Comisaría 35° donde fue golpeado por agentes policiales. Derivado luego al Hospital de Agudos Dr. Pirovano, sin que sus padres o un Juez de Menores fueran notificados, se le diagnosticó un “traumatismo craneano” resultado de lo cual, apenas una semana luego de su detención, el día 26 de abril de 1991, Walter murió. A raíz de la muerte de Walter Bulacio se realizó una investigación que arrojó como principal responsable al Comisario Miguel Ángel Espósito quien se encontraba a cargo de la Seccional N° 35 al momento en que se produjera dicha detención y quien fue procesado por los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahora bien, al 8 de marzo de 1996, esto es, casi cinco años después de la muerte de Walter, no se había procesado a persona alguna. La defensa del Comisario Espósito obtuvo su sobreseimiento provisional y la clausura del sumario respecto del delito de privación ilegal de la libertad. Así las cosas, el día 13 de mayo de 1997, la Comisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia interpuesta por María del Carmen Verdú y Daniel A. Stragá, en representación de Víctor David Bulacio y Graciela Rosa Scavone, padres de la presunta víctima. Tres años después, el día 3 de octubre de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que la Argentina violó los derechos a la vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), del niño (artículo 19), y protección judicial (artículo 25), así como la obligación de respetar los derechos humanos (artículo 1), establecidos en la Convención Americana, en perjuicio del joven Walter David Bulacio y dispuso que el Estado Argentino debía adoptar todas las medidas necesarias para que las violaciones de derechos antes enunciadas no queden impunes, entre ellas, llevando adelante una investigación efectiva para determinar las circunstancias en que ocurrieron la detención, lesiones y muerte de Walter David Bulacio y sancionar a los responsables de acuerdo con la legislación argentina. El 18 de abril de 2002 la Comisión informó que la acción penal en la que se investigaba la privación ilegítima de la libertad de Walter David Bulacio prescribiría el 16 de mayo siguiente. El 26 de febrero de 2003 se llegó a un acuerdo de solución amistosa entre el Estado Argentino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los representantes de los familiares del joven Bulacio, en el que el Estado reconoció su responsabilidad internacional en este caso. El Poder Ejecutivo Nacional aceptó la solución amistosa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del Decreto Nº 161 de fecha 31 de enero de 2003. Así las cosas, el Estado Argentino reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos humanos de Walter David Bulacio y de su familia con base en la demanda efectuada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado Argentino violó, tal como lo reconoció, el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 7 de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, quien fue detenido por la policía de manera ilegal y arbitraria dentro de un operativo de razzia sin que mediara orden judicial, y al no habérsele informado de los derechos que le correspondían como detenido, ni haber dado pronto aviso a sus padres y al juez de menores sobre la detención. El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, quien fue golpeado por agentes de policía y sometido a malos tratos, según se manifiesta en la demanda. El derecho a la vida, consagrado en el artículo 4 de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, ya que el Estado, que se hallaba en una posición de garante, no observó “un apropiado ejercicio del deber de custodia”. El derecho a la protección judicial y a las garantías judiciales, consagrado en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en perjuicio de Walter David Bulacio, al no haber informado al juez de menores inmediatamente de la detención de aquél. Por otra parte, se privó de estos mismos derechos a los familiares de Walter David Bulacio al no haber provisto a éstos de un recurso judicial efectivo para esclarecer las causas de la detención y muerte de Walter David, sancionar a los responsables y reparar el daño causado. El derecho a las medidas especiales de protección a favor de los menores, consagradas en el artículo 19 de la Convención Americana, que no fueron adoptadas a favor de Walter David Bulacio, como menor de edad. Las obligaciones generales del Estado, consagradas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de la Convención Americana, respecto de los derechos violados tanto a Walter David Bulacio como a sus familiares. La Corte Interamericana determinó que la causa judicial seguida por las lesiones y muerte de Walter David Bulacio, así como la referida a la detención de éste y otras personas, fue objeto de diversas actuaciones judiciales que resultaron en una dilación en el proceso; dilaciones que a la fecha del dictado de su sentencia, esto es, al mes de noviembre de 2003, aparejó como resultado la inexistencia de un pronunciamiento firme por parte de las autoridades judiciales sobre el conjunto de los hechos investigados. En conclusión, en noviembre de 2003, doce años después de la muerte de Walter ninguna persona había sido encontrada responsable de este hecho. Así las cosas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyó la existencia de impunidad subsistente en el caso Bulacio. Dicha impunidad sumada a la muerte del joven generó la obligación de reparar por parte del Estado Argentino. Ahora bien, el deber de reparar del Estado Argentino, tal como expresó la Corte Interamericana, incluye el de hacer cesar las consecuencias de la violación a los derechos humanos ya referenciados. Lamentablemente, no pudiendo en este caso producirse el restablecimiento a la situación anterior a dicha violación, ya que nadie puede devolverle la vida a Walter, ni hacer desparecer el sufrimiento causado a su familia ni a la sociedad argentina en general, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado responsable la adopción de medidas que garanticen hacia el futuro el respeto de los derechos conculcados así como el pago de una indemnización compensatoria de los daños ocasionados. Si bien la jurisprudencia internacional ha establecido que la sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos constituye “per se” una forma de reparación, la Corte en este caso, tomando en consideración especialmente la existencia de impunidad en cuanto a la manera en que se llevó adelante la investigación judicial de la causa y el sufrimiento que dicha impunidad ocasiona y ocasionó a los familiares de Walter durante más de una década, impuso al Estado Argentino varias formas de reparación a saber: 1) Investigación y Sanción de los Responsables; 2) Garantía de no repetición de los hechos lesivos y 3) Adecuación de la normativa interna a la normativa de la Convención Americana. Ello como corolario de que el Estado Argentino, más de doce años después de la violación a los derechos humanos de Walter no cumplió con su obligación de dar una respuesta satisfactoria que dé luz a lo acontecido en el interior de la Seccional N° 35 en abril de 1991; dicha inacción motivó una intimación por parte de la Corte al Estado Argentino para que prosiga y concluya la investigación de los hechos y sancione a sus responsables. Con relación a este tópico, es dable recordar las previsiones del art. 2° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) en cuanto impone a los Estados Partes el compromiso de adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades garantizados en dicho instrumento.
Cumplimiento de la sentencia del caso Bulacio vs. Argentina, Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 17 de noviembre de 2004. El Estado Argentino cumplió parcialmente con el deber de informar a la Corte del cumplimiento de la sentencia recaída in re “Bulacio vs. Argentina” remitiendo una copia de la publicación de su parte pertinente en el Boletín Oficial y adjuntando una serie de constancias relativas al pago de la indemnización por concepto de daños materiales, daño inmaterial, costas y gastos a los familiares de la víctima. Sin perjuicio de ello, la Corte observó el informe presentado por el Estado Argentino el 13 de mayo de 2004 en cuanto a la falta de avance del estado procesal de la investigación en el caso Bulacio por parte de las autoridades nacionales y especialmente resaltó la existencia de una decisión de la Sala Sexta de la Cámara Criminal que declaró la prescripción de la acción penal y que se encontraba en ese momento, siendo considerada en virtud de la interposición de un recurso extraordinario en la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. La Corte concluyó que el cumplimiento de la totalidad de las medidas ordenadas en la sentencia, al menos a la fecha de las observaciones al informe, esto es, al 25 de mayo de 2004, resultaba al menos incompleto. No habiéndose adecuado ni modernizado la normativa interna ni tampoco llevado adelante las medidas vinculadas con la investigación y sanción de los responsables de las violaciones a los derechos humanos del en vida joven Walter Bulacio e instando al Estado Argentino a que adoptara todas las medidas que sean necesarias para dar efecto y pronto acatamiento a los puntos pendientes de cumplimiento que fueron ordenados por el Tribunal en la Sentencia de 18 de septiembre de 2003, ello de conformidad con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, fijó como fecha máxima de entrega del próximo informe del cumplimiento de la sentencia supra referenciada el día 31 de enero de 2005. En dicha fecha el Estado Argentino debía (circunstancia que no ha ocurrido hasta la actualidad) informar de modo detallado sobre los avances en las investigaciones del conjunto de los hechos del caso, y la sanción a los responsables de los mismos; así como sobre el proceso de adopción de medidas legislativas y de cualquier otra índole que fueran necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos y darles plena efectividad, ello como garantía de que no se repitan hechos como los del presente caso.- Conclusiones De lo expuesto, considerado a la luz de lo previsto por el art. 2° del Pacto de San José de Costa Rica suscripto voluntariamente por nuestro país me surge una inquietud. Me pregunto qué más necesita nuestro país para dar cumplimiento a las obligaciones internacionales voluntariamente asumidas. A mi entender, no resulta suficiente que el Estado Argentino reconozca como Estado su responsabilidad en la violación a los derechos humanos de Walter Bulacio resulta imperiosamente necesario que cumpla con la totalidad de los puntos resolutivos de la sentencia. Muy por el contrario, la respuesta judicial a la sentencia de la Corte Interamericana fue la declaración de la prescripción de la acción penal y el dictado del sobreseimiento de la única persona sindicada como presunto responsable de la violación de los derechos humanos de Bulacio, confirmada por la Sala VI de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Nación.- Llegada dicha decisión al máximo Tribunal, sus distinguidos miembros reconocieron públicamente que las resoluciones adoptadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales argentinos. Ello resultó necesario debido a que, lamentablemente, la suscripción del Pacto de San José de Costa Rica y su inclusión en la normativa nacional a través de las previsiones del art. 75, inc. 22 de la Carta Magna no fue suficiente para que algunos jueces dejaran de lado lo requerido por la Corte Interamericana al Estado Argentino en la sentencia dictada en el caso Bulacio vs. Estado Argentino el día 10 de septiembre de 2003.- Al final de un camino muy largo, casi quince años después de la muerte de Walter, la Corte Suprema reavivó la llama en defensa de sus derechos al expresar que “(...) Son inaplicables las disposiciones comunes en materia de prescripción a la causa por hechos que luego fueron conocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas decisiones son obligatorias para los tribunales argentinos, habiendo dicho órgano declarado al Estado argentino con base en la deficiente tramitación de la dicha causa, pues la declaración de prescripción transgrediría el derecho a la protección judicial que ostentan las víctimas de las violaciones constatadas por el citado tribunal, haciendo incurrir nuevamente a la Nación en responsabilidad internacional (del voto de la doctora Highton de Nolasco)” .
Ello en el marco del incidente de prescripción incoado por la defensa de la única persona sindicada como presunto responsable de las violaciones a los derechos humanos de Bulacio, esto es, el otrora Comisario a cargo de la Seccional Nº 35 al momento de producirse su arbitraria detención, Miguel Ángel Espósito. (Véase “Espósito, Miguel Angel s/incidente de prescripción de la acción penal promovido por su defensa”, CSJN, 23/12/04, E. 224.XXXIX.).- No resulta muy alentadora la omisión en que incurrió el Estado Argentino con relación al compromiso que le impusiera la Corte Interamericana de presentar un informe actualizado del cumplimiento de la sentencia supra referida con fecha máxima a inicios del año 2005. No obstante ello, considero que la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su carácter de más alto representante del Poder Judicial del Estado Argentino, ha colocado a nuestro país un paso más cerca de hacer realidad el compromiso asumido por nuestro país al asumir la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su carácter de Estado Parte adoptada al aprobar el instrumento internacional referido mediante la sanción de la ley 23.054, más de dos décadas atrás.
(*) Dra. María Marta Sormani, abogada, Secretaria de Primera Instancia de la Defensoría en lo Contravencional y de Faltas Nº 5 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
C.I.D.H. Corte	Archivos de Notas

References: artículo 7
 artículo 5
 artículo 4
 artículo 19
 Resolución 
 artículo 68