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Timestamp: 2017-05-30 13:41:49+00:00

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SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
Único. Se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la
fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos
que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o
participó en su comisión.
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del
juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante el riesgo fundado de
que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la
autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder.
La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada,
podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que
pueda exceder de cuarenta días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de
personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la
justicia. Este plazo podrá prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las
causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los ochenta días.
Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en
que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo podrá
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente
dispuesto será sancionado por la ley penal.
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se
expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos
que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta
circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia
o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.
contra la libertad y privacía de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de
los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de éstas, siempre y cuando contengan
información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen
el deber de confidencialidad que establezca la ley.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular
del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier
comunicación privada. Para ello, la autoridad competente deberá fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración. La autoridad
judicial federal no podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal,
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.
Los Poderes Judiciales contarán con jueces de control que resolverán, en forma inmediata, y por cualquier
medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y de las víctimas u
ofendidos. Deberá existir un registro fehaciente de todas las comunicaciones entre jueces y Ministerio Público
y demás autoridades competentes.
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes. Los resultados
de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio.
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han
cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables
para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo registro, y su violación
será penada por la ley.
dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra los militares podrán exigir alojamiento, bagajes,
alimentos y otras prestaciones, en los términos que establezca la ley marcial correspondiente.
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su
impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa
e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.
Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán
su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión
Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública
previa citación de las partes.
Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia
de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.
pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para
los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los
Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio
de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.
educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y
La Federación, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de
una jurisdicción diversa.
La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas
competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una
conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de
dieciocho años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución
para todo individuo, así como aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo
les han sido reconocidos. Las personas menores de doce años que hayan realizado una conducta prevista
como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social.
autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las
medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y
el interés superior del adolescente.
resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del
debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que
impongan las medidas. Éstas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin la
reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El
internamiento se utilizará solo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá
aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de catorce años de edad, por la comisión de conductas
antisociales calificadas como graves.
extranjeros, podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas
de reinserción social previstos en este artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del
orden federal o del fuero común, podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los
Tratados Internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos sólo podrá
efectuarse con su consentimiento expreso.
Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los
centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como
forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de
otros internos que requieran medidas especiales de seguridad.
inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer
medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá
aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad, en términos de la ley.
Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a
partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a
proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de
ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y
que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no
sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación,
la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo
procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la
prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación,
secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que
determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.
La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a
indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la
ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que
dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que
decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención
del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada
dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.
vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que
se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la
acumulación, si fuere conducente.
inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero,
se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal.
Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal,
toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por
I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que
el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el
desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica;
desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en
juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo;
IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los
argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo
establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa,
VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que
esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que
establece esta Constitución;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá
decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el
imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su
participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez
citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida
por el juez de la causa;
II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la
misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será
sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia
del defensor carecerá de todo valor probatorio;
III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio
Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia
organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador.
La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para
la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada;
IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la
ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo
testimonio solicite, en los términos que señale la ley;
V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los
casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de
las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o
En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor
probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior
sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra;
El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se
encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera
comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la
defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación,
salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para
salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el
VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años
de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su
VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el
momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido
para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca
en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y
IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de
defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo
La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que
motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio
del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado
será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y,
cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal;
II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los
que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias
correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley.
Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y
motivar su negativa;
IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a
solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y
el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria.
V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de
edad; cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del
juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa.
El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los
sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación;
VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos,
así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del
procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.
Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales
actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.
El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los
casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial.
Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos
gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o en
trabajo a favor de la comunidad; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se
permutará esta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas.
Si el infractor de los reglamentos gubernativos y de policía fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá
ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día.
El Ministerio Público podrá considerar criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal, en los
supuestos y condiciones que fije la ley.
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva,
así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas
competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá
por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos
Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir
los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará
sujeto a las siguientes bases mínimas:
certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública. La operación y desarrollo de estas
acciones será competencia de la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los municipios en el ámbito de
e) Los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, a nivel nacional serán aportados a las entidades
federativas y municipios para ser destinados exclusivamente a estos fines.
Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los
palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras
penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien
jurídico afectado.
pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil
derivada de la comisión de un delito. Tampoco se considerará confiscación el decomiso que ordene la
autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación
a favor del Estado de bienes asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones
aplicables, ni la de aquellos bienes cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de
dominio se establecerá un procedimiento que se regirá por las siguientes reglas:
sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el
hecho ilícito sucedió.
destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso
d) Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar
que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se
comporte como dueño.
III. Toda persona que se considere afectada podrá interponer los recursos respectivos para demostrar la
procedencia lícita de los bienes y su actuación de buena fe, así como que estaba impedida para conocer la
utilización ilícita de sus bienes.
XXI. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban
imponerse, así como legislar en materia de delincuencia organizada.
Federal, los Estados y los Municipios, así como para establecer y organizar a las instituciones de seguridad
pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución.
VII. La policía preventiva estará al mando del presidente municipal en los términos de la Ley de Seguridad
Pública del Estado. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos
que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la
XIII. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y los
miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias leyes.
Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen para permanecer en dichas
instituciones, o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si la autoridad
jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del
servicio fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que
tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.
Las autoridades del orden federal, estatal, del Distrito Federal y municipal, a fin de propiciar el
fortalecimiento del sistema de seguridad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, instrumentarán sistemas
complementarios de seguridad social.
El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones
a que se refiere el inciso f) de la fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.
Federación, con excepción de lo dispuesto en los artículos transitorios siguientes.
decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin exceder el plazo de ocho años,
contado a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
necesarios a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio. La Federación, los Estados y el Distrito
Federal adoptarán el sistema penal acusatorio en la modalidad que determinen, sea regional o por tipo de
poderes u órgano legislativos competentes deberán emitir, asimismo, una declaratoria que se publicará en los
órganos de difusión oficiales, en la que señale expresamente que el sistema procesal penal acusatorio ha sido
incorporado en dichos ordenamientos y, en consecuencia, que las garantías que consagra esta Constitución
empezarán a regular la forma y términos en que se substanciarán los procedimientos penales.
Tercero. No obstante lo previsto en el artículo transitorio segundo, el sistema procesal penal acusatorio
previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero, cuarto y sexto; 19, 20 y
21, párrafo séptimo, de la Constitución, entrará en vigor al día siguiente de la publicación del presente Decreto
en el Diario Oficial de la Federación, en las entidades federativas que ya lo hubieren incorporado en sus
ordenamientos legales vigentes, siendo plenamente válidas las actuaciones procesales que se hubieren
practicado con fundamento en tales ordenamientos, independientemente de la fecha en que éstos entraron en
vigor. Para tal efecto, deberán hacer la declaratoria prevista en el artículo transitorio Segundo.
procesal penal acusatorio previsto en los artículos 16, párrafos segundo y decimotercero; 17, párrafos tercero,
cuarto y sexto; 19; 20 y 21, párrafo séptimo, de la Constitución, serán concluidos conforme a las disposiciones
vigentes con anterioridad a dicho acto.
vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que pueda exceder el plazo de tres
años, contados a partir del día siguiente de la publicación de este Decreto.
Sexto. Las legislaciones en materia de delincuencia organizada de las entidades federativas, continuarán
en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión ejerza la facultad conferida en el artículo 73, fracción XXI, de
federal. Por lo tanto, deberán concluirse y ejecutarse, respectivamente, conforme a las disposiciones vigentes
antes de la entrada en vigor de esta última.
Séptimo. El Congreso de la Unión, a más tardar dentro de seis meses a partir de la publicación de este
Decreto, expedirá la ley que establezca el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las entidades federativas
expedirán a más tardar en un año, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, las leyes en esta
Federal, deberán destinar los recursos necesarios para la reforma del sistema de justicia penal. Las partidas
presupuestales deberán señalarse en el presupuesto inmediato siguiente a la entrada en vigor del presente
decreto y en los presupuestos sucesivos. Este presupuesto deberá destinarse al diseño de las reformas
legales, los cambios organizacionales, la construcción y operación de la infraestructura, y la capacitación
necesarias para jueces, agentes del Ministerio Público, policías, defensores, peritos y abogados.
Décimo. La Federación creará un fondo especial para el financiamiento de las actividades de la secretaría
técnica a que se refiere el artículo transitorio octavo. Los fondos se otorgarán en función del cumplimiento de
las obligaciones y de los fines que se establezcan en la Ley.
Décimo Primero. En tanto entra en vigor el sistema procesal acusatorio, los agentes del Ministerio Público
que determine la ley podrán solicitar al juez el arraigo domiciliario del indiciado tratándose de delitos graves y
hasta por un máximo de cuarenta días.
Esta medida será procedente siempre que sea necesaria para el éxito de la investigación, la protección de
México, D.F., a 28 de mayo de 2008.- Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Susana Monreal
Ávila, Secretaria.- Rúbricas."
del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a diecisiete de junio de dos mil ocho.Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño
Terrazo.- Rúbrica.
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References: artículo 73
 artículo 115
 artículo 123

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 21

Artículo 22
 artículo 109
 artículo 21

Artículo 123
 artículo 73