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01 Breve Introducción Al DPConst
De La Constitucion Formal a La Constitucion Real (3)
SUMARIO 1. LA GÉNESIS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CONTROL CONTENCIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN 2. UN BREVE RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL CONTENCIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DESDE LOS INICIOS DEL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL. 3. EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812.
© UNED. Revista de Derecho Político N.º 83, enero-abril 2012
2011 Fecha aceptación: 12. 59.º 83. 55.: «Los orígenes de lo contencioso-administrativo en España». 41-70. 1969. núm. RAP. R. LA GÉNESIS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CONTROL CONTENCIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN El origen de la jurisdicción contencioso-administrativa en España. 21-57. a estos efectos. A. 1968. tres estudios.09.Fecha recepción: 09. págs.06. núm. uno de los interrogantes sin resolver de nuestra más ilustre ciencia administrativa. 9-33. 1992.2011 EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 POR FLORENTINA NAVAS CASTILLO Profesora Titular de Derecho Constitucional Universidad Rey Juan Carlos 1. sigue siendo. PARADA VÁZQUEZ.: «Sobre la Tesis de Parada en relación con los orígenes de lo contencioso-administrativo». 65-112. A. hoy. 50. núm. RAP. 1966. págs. núm. págs.: «Réplica a Nieto sobre el privilegio de decisión ejecutoria y el sistema contencioso-administrativo». págs. Sobre el origen dela jurisdicción contencioso-administrativa también vid. RAP. 57. CHINCHILLA MARIAN. RAP. mantuvieron ALEJANDRO NIETO y PARADA VÁZQUEZ en la década de los años sesenta del siglo XX1. 1 © UNED. basta con recordar el intenso debate que.: «Reflexiones en torno a la polémica sobre el origen del Derecho Administrativo». PARADA VÁZQUEZ.: «Privilegio y decisión ejecutoria y proceso contencioso». NIETO. Madrid. Cívitas. así como su propia existencia. Revista de Derecho Político N. NIETO. enero-abril 2012 361 . R. 9-50. C. en Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. 1968. págs.
IEA. 2 362 © UNED.FLORENTINA NAVAS CASTILLO En efecto. que no es otro. T. también vid. como la fecha en la que el Derecho español recibe del francés. 3 GALLEGO ANABITARTE. págs. 4 En relación con la Administración de Justicia en el Estado Moderno vid. por una parte. R. la génesis del sistema español de control contencioso de la Administración. El mecanismo es una pieza más en la recepción del sistema administrativo francés»5. marzo. 1990. La base teórica en la que es posible sustentar ésta afirmación. para quien ya en el Antiguo Régimen es posible vislumbrar su existencia. Fuentes e Instituciones Político-administrativas. sin perjuicio de reconocer precedentes asilados y casuísticos en el Antiguo Régimen. sin duda. dos posiciones opuestas y contradictorias. Una posición contraria es la mantenida. ha dado lugar a una intensa discusión dogmática. II. Reflexiones sobre el Antiguo Régimen y el Estado Constitucional. 1981. 5 GARCÍA DE ENTERRIA. Madrid. por GALLEGO ANABITARTE3. y. 2000. Por ello. Sin detenerme en el estudio exhaustivo de tan interesante cuestión4. entre otros. por no ser éste el objeto de análisis en este trabajo. E. que. ni más ni menos. 1995. Madrid. y los fundamentos del Derecho Administrativo español». 1971. reconocen al siglo XIX. 2ª ed. de la encomienda de ésta función a órganos no jurisdiccionales strictu sensu. en El Poder Judicial en el bicentenario de la Revolución Francesa. cuyo máxime representante es. 7ª ed. por ello razón de que aquélla se someta a éstos. Vol. núm. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. en Homenaje a Rubio Sacristán. sus respectivas decisiones.: «Administración y jueces: gubernativo y contencioso. en la que se pueden destacar. 769-785. Centro de Estudios Judiciales. que el Estado Absoluto. La doctrina mayoritaria. en el Antiguo Régimen «Administración y Tribunales participan de la misma sustancia soberana que encarna el Rey de donde dimana a ellos. y. Revista de Derecho Político N. Moneda y Crédito. en el cual. enero-abril 2012 . será. Madrid. A. GARCÍA DE ENTERRÍA2.º 83. No hay. encuentra en el siglo XIX el momento en el que el Derecho español recibe del francés el modelo de un sistema contencioso-administrativo. ESCUDERO. 558. A.: «La formación histórica del principio de autotutela de la Administración». a traGARCÍA DE ENTERRÍA. 1974. pág. fundamentalmente. En el mismo sentido vid «Revolución francesa. Derecho Público y justicia administrativa». que el orden político-organizativo que define al Antiguo Régimen. el Rey era el titular de la soberanía.: Curso Historia del Derecho. Revolución Francesa y Administración contemporánea. «el modelo de un sistema contencioso-administrativo edificado a la vez sobre la doble línea aparentemente contradictoria de un aseguramiento efectivo de los principios de legalidad de la Administración y de la libertad de los ciudadanos.: Curso de Derecho Administrativo. E. Taurus. Madrid. Revista de Economía. J. Civitas. me alineo con aquél sector doctrinal mayoritario. por otra. 128.
7 GÓMEZ SÁNCHEZ. En el mismo sentido vid. un regulador de las relaciones entre la Administración y los administrados. idéntico rango y validez»6. Si por Antiguo Régimen se conoce. parécenos indudable.: Manual de Historia del Derecho Español.: Introducción al Régimen Constitucional Español. el origen mismo del Derecho Público moderno. se ha presentado a lo largo de la historia como una cuestión sometida a importantes polos de tensión. E. J. 1983. Zaragoza. 1990. T. tal y como actualmente se le conoce. que es uno de los baluartes del Estado de Derecho. Sanz y Torres. págs. TOMÁS Y VALIENTE. pero surge éste sin sus privativos caracteres. por más que en los anteriores tiempos no dejen de hallarse indicaciones y antecedentes de su imperfecta existencia. entre otros. del Poder Ejecutivo. sino que le concede el poder público»8. Madrid. M. 69. Sobre el Antiguo Régimen vid. TOMÁS Y VALIENTE. F. ARTOLA. 6 © UNED. 1902. el control judicial del Poder con mayúsculas. lo contencioso-administrativo no disfruta la vida del Derecho. 2000. Tecnos. 2ª ed.: El Antiguo Régimen: Los Borbones. sus tribunales y sus procedimientos. y. por tanto. M.: La España del Antiguo Régimen. 1989. F.: Lo contencioso-administrativo. en Homenaje a RUBIO SACRISTÁN. sin el necesario deslinde de lo que le es exclusivo y propio. 1999. UN BREVE RECORRIDO POR LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL CONTENCIOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DESDE LOS INICIOS DEL CONSTITUCIONALISMO HISTÓRICO ESPAÑOL El sometimiento del Poder al Derecho. no metodizado su procedimiento. desde que surge el Estado surge lo contencioso-administrativo. y. En estas condiciones. Moneda y Crédito. ANES. Madrid. 2. con su esfera de acción propia. Alianza Editorial.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. como se ha dicho. enero-abril 2012 363 . 4. por consiguiente. ni señalada su esfera de acción. Madrid. GARCÍA DE ENTERRÍA. marzo. de quien una y otra son igualmente delegados. G. Madrid. es decir. Que ha debido existir siempre. Revista de Economía. han de tener. Alianza Universidad. G.: «De la Administración de Justicia al Poder Judicial». vés de esa identidad de origen y de la unidad indivisible de la soberanía personalizada en el Monarca. 14 y ss. Madrid. con razón «se ha dicho que lo contencioso-administrativo. Revista de Derecho Político N. Y. DESDEVISES DU DEZERT. 8 CABALLERO Y MONTES. Fundación Universitaria Española. Madrid. Centro de Estudios Judiciales.: «La formación histórica del principio de autotutela de la Administración». aparece en el siglo XIX. pág. en El Poder Judicial en el bicentenario de la Revolución Francesa. por ende. pág.: La Monarquía en España..º 83.. 1974. número 128. «el período de tiempo vertebrado políticamente en torno a la Monarquía Absoluta que se extendió desde el siglo XV hasta el siglo XVIII (siglo XIX en España)»7. I. 1975.
consagrando. A. vol. explícitamente. J. 91-108. ha hecho que la configuración de la Jurisdicción y del proceso contencioso-administrativo hayan sido siempre temas marcados por la polémica (. págs. el modelo judicialista como modelo interpretativo del principio de separación de poderes. culminará con la implantación de un modelo administrativista. se apunta ya. 1973. se ha movido en nuestra historia. Madrid. entre dos polos de tensión: – El primero. consecuencia de la línea sinuosa en la que se conforman las dos concepciones. que «la resistencia natural que el Poder tiene a someterse al Derecho y a ser controlado por órganos ajenos al mismo. en la Constitución de Bayona de 1808.: Principios de Derecho Administrativo. entre otros. los dos polos de tensión señalados. del principio de división de poderes. sin duda. aunque sin éxito. – El segundo.: Sobre la génesis del Derecho Administrativo español en el siglo XIX (1812-1845). al modelo judicialista. contradictorias entre sí.. y que. que atribuye dicha competencia a órganos de la propia Administración. desde los albores del régimen constitucional. A. La recepción del sistema contencioso-administrativo francés. Centro de Estudios Ramón Areces. también vid.) y sometidos a cambios profundos»9. Madrid. 2000. Revista de Derecho Político N. que encomienda a los Jueces y Tribunales el ejercicio del control contencioso de la actividad administrativa. II.FLORENTINA NAVAS CASTILLO En efecto. 629. en una relación de proporcionalidad directa. sin embargo. 1998.. de origen francés. enero-abril 2012 . producto de la intensa carga política que subyace en las relaciones Poder y Derecho. y de otro. en opinión de la doctrina mayoritaria10. 10 En este sentido vid.º 83. R. Madrid. 364 © UNED. 2ª. inspirado en el establecido en Francia tras las reformas napoleónicas de 1799-1800. pág. De tal manera. ed. FERNÁNDEZ TORRES. J. darán lugar: de un lado. en la década de los años cuarenta del siglo XIX. SANTAMARIA PASTOR. La Constitución de Cádiz de 1812 no contempló. la evolución del sistema de fiscalización de la legalidad administrativa. pues. Vayan por delante estas apreciaciones. delinean la evolución experimentada por la Jurisdicción Contencioso-administrativa en los inicios del constitucionalismo histórico español. J. El acceso de los moderados al poder.: La formación histórica de la jurisdicción contencioso administrativa (1845-1868). el modelo administrativo. Civitas. el sistema de fiscalización de la actividad administrativa. 9 SANTAMARÍA PASTOR. en el que se encomienda el control contencioso de la actividad administrativa a órganos de la propia Administración.
Revista de Derecho Político N. supone este nuevo replanteamiento de la situación. es que el sistema implantado. por todos los Ministros y por treinta consejeros ordinarios. de actos de poder. en segunda instancia. instauraron y organizaron el denominado Consejo Real. la Ley de 6 de julio de 1845 y su Reglamento de 30 de diciembre de 1846. De tal suerte. Los Consejos Provinciales tenían competencia para conocer de los supuestos que. los Consejos Provinciales estaban constituidos por el Gobernador Civil. como Jefe político que hacía las funciones de Presidente. configurándose. Por su parte. como.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. y. 11 La Ley de 2 de abril de 1845 y su Reglamento de 1 de octubre del mismo año. La instauración explícita del sistema. así como por tres. que por lo que a la primera de las limitaciones señaladas se refiere.. parece que sólo los actos de gestión —contratos celebrados por la Administración Central—. mientras que ante el Consejo Real. y los Consejos Provinciales. cuatro o cinco vocales. se definía por un «sistema de lista» de asuntos sometidos a su conocimiento. se produce en virtud de las Leyes de 2 de abril y de 6 de julio de 184511. adolecía de innegables limitaciones. como a la naturaleza de la función jurisdiccional a ellos encomendada. la competencia de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de éstos órganos colegiados. únicamente podrían ser objeto de recurso por acuerdo de la propia autoridad administrativa. los recursos contra las resoluciones de los Consejos Provinciales. explícita y tasadamente. lo cierto. tanto a su ámbito competencial. un importante número de actos que. Así. habían sido relacionados en el artículo 8 de la Ley de 2 de abril de 1845. nombrados por el Rey. instituyeron los denominados Consejos Provinciales. limitó. el ámbito material susceptible de revisión contenciosa. La vis expansiva de los actos de poder. para la configuración de nuestro Derecho Administrativo. que confiaron el control contencioso de la Administración a dos órganos administrativos colegiados: el Consejo de Estado —denominado inicialmente Consejo Real—. La composición de ambas instituciones será íntegramente administrativa. que llegan a alcanzar una dimensión desproporcionada. estaban sujetos al control imperativo de la Jurisdicción Contenciosa. indefectiblemente.. En definitiva. por su parte. la falta de una «cláusula general». será. Sin perjuicio de reconocer la notable importancia que. el establecimiento de competencias tasadas o de atribución. enero-abril 2012 365 . © UNED. con ello. el Consejo Real estaba formado por el Presidente del Consejo de Ministros. nombrados todos ellos por el Rey. que lo presidía.º 83. limitaciones que afectarían. en su condición. por ende. el resultado del modelo contencioso impuesto. a propuesta del Gobierno. en este contexto.
91). fue objeto de duras críticas por parte de la ideología progresista. en exclusiva. contienen el Real Decreto de 4 de junio de 1847. por otro. por un lado. a estos efectos. a través de sus Jefes Políticos. declaró: el principio de exclusividad judicial al encomendar a los Tribunales. se restableció el sistema de 1845. en cambio. resolviendo los conflictos por sí mismos. el juicio por jurados para todos los delitos políticos. sino también el suponer un atentado al principio de unidad jurisdiccional. con la vuelta al poder de los moderados. que sus decisiones revestían la forma de meras propuestas al Gobierno. En 1860. creándose. 12 La Constitución de 1869. El modelo administrativista descrito. entre la ideología moderada y progresista. gozaban. el Consejo Real fue sustituido por un Tribunal Contencioso-administrativo. quienes no podrían ser depuestos en sus funciones sino 366 © UNED. y. la competencia para resolver los conflictos de jurisdicción entre autoridades administrativas y judiciales. enero-abril 2012 . La tensión manifestada. por tanto. con la conversión del Consejo Real en Consejo de Estado. durante el bienio progresista (1854-1856). 94). Por lo demás. se encomienda al Rey. Así. y para los comunes que determinase la ley (art. también se deriva de la diferente naturaleza que es posible predicar de la función materialmente jurisdiccional encomendada a estos Consejos. bajo la rúbrica «Del Poder Judicial». de tal manera. en el que. siendo éste último quien debería resolver en última instancia mediante Reales Decretos Sentencias. se suprimieron los órganos contencioso-administrativos. la potestad de aplicar las leyes en los juicios civiles y criminales (art. al que oponían no sólo su falta de parcialidad. la preeminencia de la Administración se hace también patente en la regulación que. con excepción de la cuarta parte de Magistrados de las Audiencias y del Tribunal Supremo.FLORENTINA NAVAS CASTILLO El carácter limitado que caracteriza al sistema. durante el Sexenio Revolucionario (1868-1874). Revista de Derecho Político N. se producen como una constante entre el modelo administrativista y judicialista. mientras que en el caso del Consejo Real estamos ante un claro sistema de «justicia retenida». en su Título VII. la legitimación activa para interponer el conflicto en cuestión. pasando las funciones del Consejo de Estado al Tribunal Supremo y las ejercidas por los Consejos Provinciales a las Audiencias. se atribuye a la Administración. los Consejos Provinciales. como Jefe de la Administración.º 83. cuyo nombramiento correspondería al Rey con audiencia del Consejo de Estado (art. la causa de las oscilaciones que. será. 93). Así. una Sala de lo Contencioso-administrativo de composición judicial12. compuesto exclusivamente por funcionarios en un primer momento. sobre los conflictos de jurisdicción. el ingreso en la carrera judicial por oposición. de «jurisdicción delegada o propia». a lo largo de éste período del constitucionalismo histórico español. en ambos órganos. Finalmente. la inamovilidad de los Magistrados y Jueces. y por funcionarios y jueces en un momento ulterior.
gozaban de igual categoría. los Tribunales de partido estarían integrados por tres jueces. de 13 de septiembre de 1888. A. E. bautizada con el apellido de su principal autor. en sus funciones originarias.: Principios de Derecho Administrativo. Centro de Estudios Ramón Areces. A.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. pudiendo ser tribunales de ascenso o de ingreso. De conformidad con la misma.º 83. un juez de instrucción.. el sistema político Canovista. Por su parte. La Ley de 13 de septiembre de 1888. Palma. «llamada a un gran influjo en por sentencia ejecutiva o por Real Decreto acordado en Consejo de Ministros. Con la restauración de la monarquía en España. en cada distrito una Audiencia. 14 GARCÍA DE ENTERRÍA. La Ley Orgánica del Poder Judicial se promulgó (con carácter provisional). que siendo el resultado del compromiso adoptado por liberales y conservadores. con ello.. igualmente. Pamplona. Madrid. de nuevo. encomendó. por la que se implantará un régimen mixto denominado «armónico». vol. Madrid. Cívitas. organizados en una Sala de Gobierno y cuatro Salas de Justicia: Civil. la competencia en materia contencioso-administrativa. R. Cáceres. enero-abril 2012 367 . casación en lo criminal y recursos contra la Administración. Madrid. a los Consejos Provinciales. D. Barcelona. al menos un Tribunal de Partido. Vol. J. La Coruña. ya en el período de la Restauración. cuyo cargo era bienal y de carácter obligatorio. ESCUDERO. En este contexto.632.y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. el 11 de febrero de ese mismo año13. y en la capital de la Nación un Tribunal Supremo. cuando el propio modelo francés lo había sido ya»14. y estaban organizadas en una Sala de Gobierno y dos o tres de Justicia. 2000. Burgos. sienta las bases de la judicialización del contencioso-administrativo en España. restableciéndose. Las Palmas.: Curso de Derecho Administrativo. forjándose. Oviedo. II. pretendió resolver la pugna existente entre los dos modelos antagónicos de justicia administrativa: el sistema administrativo y el judicialista. Las Audiencias eran quince (Albacete. El Tribunal Supremo estaría integrado por un Presidente de Sala y veintiocho Magistrados. el 15 de septiembre de 1870. ahora con la denominación de Comisiones Provinciales. Vicente Santamaría de Paredes y. que con excepción de Madrid. 559. T. y la caída de la Primera República. uno de los cuales debería ser designado Presidente. Revista de Derecho Político N. pág. Granada. Valladolid y Zaragoza). J. y en cada término los jueces municipales. 13 SANTAMARÍA PASTOR. en cada circunscripción. «El retorno en 1875 al régimen anterior hizo visible la crisis de éste y la necesidad de reformarlo. Sevilla. el Decreto de 29 de enero de 1875. 939 y ss. págs. Valencia. la llamada Ley de Santamaría de Paredes. Fuentes e Instituciones Político-administrativas. 2000. al Consejo de Estado. 1995. Madrid. II. Por último. en cada una de las dos circunscripciones de cada provincia judicial ejercerían su jurisdicción los jueces de instrucción. pág. en cada partido. © UNED. La Constitución de 1869 remitió el desarrollo legislativo de sus preceptos a su regulación por Ley Orgánica.: Curso de Historia del Derecho. admisión en lo criminal. en cada término municipal deberían existir uno o más jueces municipales. previa consulta del Consejo de Estado.
de muy diferente signo. págs. los primeros renunciarán a la jurisdicción retenida. cit. se presentará. La Ley de la Jefatura del Estado. por tanto. de 29 de diciembre de 1890. 19 Reglamento de lo Contencioso-administrativo. 1808-1936. op. 1974. que restableció el sistema de Santamaría de Paredes. una primera. a cambio de ampliar. E. los conservadores partidarios del modelo de justicia retenida. se suspendería en bloque el funcionamiento del sistema contencioso establecido por la Ley de Santamaría de Paredes. y los liberales defensores del sistema de justicia delegada. 1982. efectuada a través de la Ley Orgánica del Consejo de Estado. FERNÁNDEZ SEGADO. J. de 18 de marzo de 1944. TORRES DEL MORAL. Ediciones. Servicio de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 16 Cánovas del Castillo. la configuración del turno ordenado de partidos. T. la Ley de 1888 fue objeto de dos reformas. M. y. págs. el régimen político que caracterizó a cada uno de esos períodos. por tanto. por lo demás. vid. 520 y ss.. 368 © UNED. instituido alrededor de la figura del propio Cánovas. págs. to15 GARCÍA DE ENTERRÍA.V. y una segunda. Espasa Calpe. J. por tanto. LINZ. Madrid.I. 1978. 326 y ss. llegarán a una solución de compromiso. por Ley de 27 de agosto de 1938. Madrid. A. 26 y ss. Madrid. del constitucionalismo histórico español. En efecto. durante diversos períodos. Editorial Aguilar. consentirán sujetar esta jurisdicción a ciertas restricciones que la hicieran inofensiva. Madrid.: Constitucionalismo Histórico Español. los segundos. ARTOLA.: Curso de Derecho Administrativo. y. Revista de Derecho Político N. durante el período comprendido entre 1938-1944 se suspendió el funcionamiento de todo el sistema.: Partidos y programas políticos. aceptando la jurisdicción delegada. pág. A. Narcea. Madrid. 17 Durante su vigencia. Las dos formaciones políticas que integrarían la opinión monárquico-constitucional de la época serían el Partido Liberal Conservador. R. suspensión que no sería levantada hasta la promulgación de la Ley de 18 de marzo de 1944. y el Partido Liberal Constitucional. enero-abril 2012 . en contrapartida. S. 399-401. F.º 83. 2010. En efecto. PALACIO ATARD.: La España del siglo XIX. tendrá su correspondiente incidencia en el sistema de jurisdicción contenciosa diseñado por la Ley de 188818 y su Reglamento de Ejecución19. formaciones políticas que. El régimen establecido por la Ley de Santamaría de Paredes permaneció en vigor hasta los años cincuenta del siglo XX17. En este sentido.: El sistema de partidos en España.FLORENTINA NAVAS CASTILLO nuestra justicia administrativa»15. pág. En cualquier caso. perviviendo. de 5 de abril de 1904. 1967. el principio bipartidista. 18 La Ley de 1888 fue modificada por Ley de 22 de junio de 1894. vol. T. 559. inspirado en el modelo de partidos británico. han sido conocidas coloquialmente como «Conservadores» y «Liberales». sin embargo. como el fruto del consenso alcanzado por las dos formaciones políticas e ideológicas imperantes de la época16. En buena lógica.y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. por la que. ICAI. fijó entre los objetivos principales de su política. lo hizo. llevada a cabo por la Ley de 22 de junio de 1849.: Las Constituciones Históricas Españolas. que giraría en torno a Sagasta. II.
a lo que habría que añadir. sin embargo. II. T. J. E. R.. sorprendente. pág. se quiso presentar ante su pueblo como un auténtico Estado de Derecho. págs. E. de forma incondicionada. pág. En este contexto. no es. la facultad que.cit. y con base en la autorización contenida en el artículo 14 de la Ley de 1944. vol. no hizo más que evidenciar la necesidad de una reforma profunda del sistema. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. op. cit. que se llevaría a cabo a través de la Ley de 27 de diciembre de 1956. pág. Precisamente.. que.: Curso de Derecho Administrativo. que «El restablecimiento de la vieja legislación de 1888-1894 entonces decretada no fue completo. sin embargo. 22 SANTAMARÍA PASTOR. Resulta paradójico pensar que una Ley calificada como de «memorable en la historia de nuestro Derecho Público»21.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. 560. el Texto Refundido de la Legislación Contencioso-administrativa. vol. ya que. 560. En la misma línea en su 2ª ed. Pero. ha sido una constante en la historia de la humanidad.: Curso de Derecho Administrativo. enero-abril 2012 369 .. en aras de conseguir ese beneplácito teniendo al pueblo como amigo. hasta el más despótico de los gobernantes ha querido contar con el beneplácito de la opinión de su pueblo como fundamento de su poder. II. todo el contencioso de personal fue excluido en bloque por razones de inequívoca significación política. fuese alumbrada en un régimen político autoritario como lo fue el régimen Franquista. considerada por la unanimidad de la doctrina como una de las normas básicas del ordenamiento jurídico-administrativo moderno de nuestro país. vol. que superando el formalismo del sistema de la Ley de Santamaría de Paredes. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. II. Será en pleno vigor del régimen político Franquista. Ley. cuando se dicte la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. se encomendaba al Gobierno para dejar inejecutados los fallos de los Tribunales Contenciosos. tuvo dicho 20 En este sentido vid. (1988). GARCÍA DE ENTERRIA. introducirá reformas sustanciales sobre la normativa anterior. de algún modo. cit. los citados autores señalan. © UNED. Texto este. Y es que. Revista de Derecho Político N. lo cual venía a suponer una vuelta al primitivo sistema de jurisdicción retenida por lo que respecta a esta materia» 21 GARCÍA DE ENTERRÍA. aunque paradójico. y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. el sistema diseñado por las Leyes Fundamentales. op. si tenemos en cuenta una circunstancia. de 27 de diciembre de 1956. o como «obra magistral en el aspecto técnico de los profesores Ballbé y González Pérez»22.: Principios de Derecho Administrativo.. amén de aumentarse el número de materias exentas de control. reforma. T. atribuyendo la soberanía al Jefe del Estado. A. 634.º 83. el ámbito material exento de control contencioso20. permitió suprimir «la nota de la excepcionalidad que. se aprobó por Decreto de 8 de febrero de 1952. davía más.op. que respondía al principio de personalización del poder político. de 27 de diciembre de 1956. 491492. arbitrándose al efecto un recurso de agravios a decidir por el Conejo de Ministros con audiencia preceptiva del de Estado. que. op. R. cit..
«situar la jurisdicción contencioso-administrativa en línea con la ordinaria en cuanto a capacidad garantizadora y eficacia social»23. Fue creado por Decreto de Cortes de 21 de enero de 1812. A. 2.. como ciertamente señala SANTAMARÍA PASTOR. diseñando un modelo de jurisdicción y un proceso contencioso-administrativo que. entre otros. lo cierto. es que más que tratarse de un órgano consultivo. la Constitución de Cádiz no contempló. ha posibilitado su vigencia» (con leves reformas en 1973. 2ª. 1985 y 1992). Posteriormente. VARELA SUANCES-CARPEGNA. en Revista Fundamentos. estableciendo. 25 Ibdem. (Monográfico sobre «Modelos en la Historia Constitucional Comparada). hasta su sustitución por la hoy vigente Ley 29/1998. La Constitución Gaditana constitucionalizó la institución del Consejo de Estado. pág. al haber conservado ésta buena parte del contenido sustancial de aquélla»24. en fin. Vid. Ed. pág.: «De la función consultiva y el Consejo de 370 © UNED. En efecto. Capítulo VII.: Curso de Derecho Administrativo. «y los progresos que su articulado permitió. En este sentido. y logrando. es que no es posible advertir en su Texto. 231 a 241. explícitamente. MARTÍNEZ PEREZ. cit. sin embargo. En efecto. ni en su normativa de desarrollo. R. 26 La Constitución de Cádiz de 1812 reguló la institución del Consejo de Estado en su Título IV. J. vol. introdujo reformas sustanciales sobre la normativa anterior. FERNÁNDEZ SARASOLA. indicio alguno. la Ley de la Jurisdicción Contenciosa de 1956. 24 SANTAMARÍA PASTOR. se presentaba como una emanación de las Cortes dirigida a controlar la acción del Ejecutivo. lo cierto. al que. Dir. II. E. Revista de Derecho Político N.. de 13 de julio. 3. «es en muchos aspectos. sustitución que. F. consiguiendo «una auténtica especialización de los juzgadores». I. merced a una doctrina jurisprudencial progresiva. T. Madrid. básicamente continúan hoy en vigor25. op.: «La Constitución Española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana». el sistema de fiscalización administrativa. 1977. Y aun cuando la función esencial del Consejo de Estado era la de apoyar al Rey en la adopción de decisiones gubernativas. núm. enero-abril 2012 . 1988. op. 492. cit. Civitas. se suprimieron los denominados Consejos (Tribunales). 2000. págs. de importación del modelo contencioso-administrativo francés. arts. aun cuando fuere a título de simple intento. vol. 634.º 83. por Decreto de Cortes de 13 de marzo del mismo año. Su excelente factura técnica. sin embargo. la separación rígida de poderes y una regulación del Consejo de Estado26 que distaba sustancialmen23 GARCÍA DE ENTERRIA. 634. meramente formal. 359-466. II. pág. permeable a las sugerencias doctrinales. no encomendó competencia contenciosa alguna sobre la actividad de la Administración.y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ.: Principios de Derecho Administrativo.FLORENTINA NAVAS CASTILLO control en el pasado». EL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DE LA LEGALIDAD ADMINITRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ DE 1812 Sin restar importancia a las reformas introducidas por la Constitución Gaditana de 1812.
El Texto Constitucional Gaditano recogió este consenso proclamando la división de poderes entre diversas instancias en su Título II.: «El Consejo de Estado en la Constitución de 1812». CLAVERO. Revista de Derecho Político N. en Documentación Administrativa. la que ejerce el Rey para ejecutarlas y hacerlas ejecutar. y el orden económico y administrativo de las rentas y de las provincias. Madrid.: «La Constitución Española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana». 2008. El influjo de Montesquieu en este punto alcanzaba por igual a todos los sectores de las Cortes Generales y Extraordinarias». «a pesar de las discrepancias que separaban a los diputados liberales y realistas. T. Su separación es indispensable. J. F. en ID. DE LA CUADRA SALCEDO. en Revista Fundamentos. uso y conservación de la fuerza armada. Tercera. 2000. y por lo mismo justicia ni prosperidad en un estado en donde el ejercicio de toda la autoridad esté reunido en una sola mano. 22. (Monográfico sobre «Modelos en la Historia Constitucional Comparada). A.. bajo cuyo principio se reserva la autoridad legislativa. y la que se delega a los jueces y tribunales para la decisión de todos los pleitos y causas con arreglo a las leyes del reino. Constitución: Escritos de introducción histórica. Tomo IV.: «El Consejo de Estado en las Constituciones de Cádiz y Bayona». págs. núm.. 359-466.» «Así se han señalado con escrupulosidad reglas fijas. 1966.uam. Segunda. estableciendo una Monarquía limitada. enero-abril 2012 371 .es.º 83. se justificará ampliamente en el Discurso Preliminar en los siguientes términos28: «Para darle toda la claridad y exactitud que requiere la ley fundamental de un estado. http://portal. 28 HERNÁNDEZ Y DÁVALOS.» «La experiencia de todos los siglos ha demostrado hasta la evidencia que no puede haber libertad ni seguridad.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. Como ciertamente describe FERNÁNDEZ SARASOLA27. V. Universidad Autónoma de México. Coordinación GUEDEA. De 1808 a 1821. Y cuarta. ha dividido la constitución en cuatro partes que comprenden: Primera. La rígida separación de poderes formalizada por la Constitución de 1812.19. Dir. A. (enero-agosto) 1996. y depositario de la potestad ejecutiva en toda su extensión.: Colección de Documentos para la Historia de la Guerra de Independencia de México. VARELA SUANCES-CARPEGNA. Lo que corresponde a la nación como soberana e independiente. ambos coincidían en la necesidad de limitar el poder político. págs. 2.» Estado Gaditano». © UNED. lo que ha llevado a la doctrina mayoritaria a aseverar la opción doceañista por el modelo judicialista. claras y sencillas que determinan con toda exactitud y precisión la autoridad que tienen las Cortes de hacer las leyes de acuerdo con el Rey. B (ed). y ÁVILA. TOMAS Y VALIENTE. Capítulo II. te de la de su homónimo galo. I. 27 FERNÁNDEZ SARASOLA. en el que se encomendaba a los jueces ordinarios el control judicial de la actividad administrativa. La autoridad judicial delegada a los jueces y tribunales. Lo que pertenece al rey como participante de la misma autoridad. El establecimiento.
la Constitución Gaditana. Cortes o Representación Nacional. y por otro. F. precisamente. Actas de la Comisión de Constitución (1811-1813). que no pueden menos de establecer los mismos tiranos si quieren conservarse en sus estados. desaparecería para siempre no sólo la libertad política y civil. el Título IV a la regulación «Del Rey». la razón que permite afirmar la instauración del modelo judicialista en la Constitución Gaditana. y de los ciudadanos españoles»). y que se justifica en el Discurso Preliminar. a tal fin. 15). Capítulo III (Del Gobierno). Por eso se prohíbe expresamente que pueda separarse de los tribu- 29 En este sentido se manifestó el Señor Espiga. y finalmente. y la potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales en los tribunales establecidos en la ley (art. Revista de Derecho Político N. Ediciones del Instituto de Estudios Políticos. 372 © UNED. aduciendo a la necesidad de lograr que «la potestad de aplicar las leyes a los casos particulares no pueda convertirse jamás en un instrumento de tiranía». puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen» (art. 17). dedicar el Título III a la regulación «De las Cortes». que el «objeto del Gobierno es la felicidad de la nación. de apartarse de la nomenclatura utilizada por la Constitución francesa de 1791. 16). al proponer «mudar los epígrafes que determinan la división de los tres poderes. que nunca podrán ni las Cortes ni el Rey ejercerlas bajo ningún pretexto». sino hasta aquella sombra de seguridad personal. La doctrina mayoritaria verá. «tal vez podrá convenir en circunstancias de grande apuro reunir por tiempo limitado la potestad legislativa y ejecutiva. poniendo. Madrid. tras señalar en el Título II (Del Territorio de las Españas. en la Sesión de 9 de julio de 1811. pero en el momento que ambas autoridades o alguna de ellas reasumiese la autoridad judicial. y con el objeto. «se separan de tal modo las funciones de juez de cualquier otro acto de autoridad soberana. por un lado.FLORENTINA NAVAS CASTILLO En este orden de ideas.137. 13). continúa diciendo. es más. y que «el gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria» (art. la potestad de hacer ejecutar las leyes en el Rey (art. En efecto. enero-abril 2012 . en vez de poder o potestad ejecutiva. De los Tribunales». SUAREZ. el constituyente optó por regular la separación de poderes haciendo alusión a los órganos y no a las funciones (legislativa. decidirá residenciar la potestad de hacer las leyes en las Cortes con el Rey (art. y en vez de poder judicial. el Título V a la regulación «De los Tribunales y de la administración de Justicia en lo civil y en lo criminal». pág. de dar a la Constitución doceañista un tono más original y aceptable. 1976. en la Comisión Constitucional. Del Rey o de la dignidad Real.º 83. en la firme separación de funciones formalizada por la Constitución de 1812. su Religión y Gobierno. en vez de poder legislativo. 14). por ejemplo. ejecutiva y judicial)29. Para ulteriormente.
y ni las Cortes ni el Rey podrán avocarlas. de los Consejeros de Estado y de los Magistrados de las Audiencias y del propio Supremo Tribunal. era competente para conocer. Tomo IV. los recursos de nulidad. Jueces de Partido. que se interpusiesen contra las sentencias dadas en última instancia. y disponer su pronta publicación por medio de la imprenta. enero-abril 2012 373 . y por el Decreto de 13 de marzo de 1814. a su vez. las causas criminales de los Secretarios de Estado y del Despacho. Como ya se ha señalado. y consultar sobre ellas al Rey con los fundamentos que hubiere. para que promoviese la correspondiente declaración en las Cortes. y de las de suspensión y separación de los jueces inferiores de su territorio. con el objeto de promover la pronta administración de justicia. cit. pasar copia de ellas al Gobierno para el mismo efecto. las dudas de los demás Tribunales sobre la inteligencia de alguna Ley.. los asuntos contenciosos pertenecientes al Real Patronato. precisamente. la Constitución de 1812 dedicó su Título V a la regulación de la organización judicial. y ÁVILA. Las facultades de los Jueces de Partido se limitaban. Coordinación. 262-272). J. entre otros supuestos. pág. debiendo las leyes determinar las competencias que deberían corresHERNÁNDEZ Y DÁVALOS. así como juzgar a los Secretarios de Estado y del Despacho cuando las Cortes decretasen haber lugar a la formación de causa. resolvían los conflictos de competencia producidos entre todos los jueces subalternos de su territorio.. por el que se aprobó el Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia. las listas de las causas civiles y criminales remitidas por las Audiencias.. y dirimían los recursos de fuerza de los Tribunales y autoridades eclesiásticas de su circunscripción. El Título V de la Constitución fue desarrollado por el Decreto de 9 de octubre de 1812. 30 © UNED. 43. por el que se aprobó el Reglamento de las Audiencias y Juzgados. a tenor del artículo 261 del Texto Constitucional Gaditano. bajo la rúbrica «De los Tribunales y de la Administración de Justicia en lo civil y criminal». Revista de Derecho Político N.º 83. los Tribunales se organizaban en Tribunales Inferiores. Audiencias y Tribunal Supremo de Justicia. las Audiencias. op. que tenían competencia en los órdenes civil y penal (arts.. V. a lo contencioso. De 1808 a 1821.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. la residencia de todo empleado público que estuviese sujeto a ella por disposición legal. A. los conflictos entre las Audiencias.: Colección de Documentos Para la Historia de la Guerra de Independencia de México. Por su parte. ni mandar abrir nuevamente los juicios ejecutoriados»30. E. nales el conocimiento de las causas. El Supremo Tribunal de Justicia. GUEDEA. conocían en segunda y tercera instancia de todas las causas civiles y criminales de los juzgados inferiores de su demarcación.
a cuyo tenor.: Conocer de todas las causas criminales que se promovieren contra los individuos de este supremo Tribunal. fue constitucionalizado en el precepto de apertura del Título V. procederán a nombrar para este fin un Tribunal Compuesto de nueve jueces. Así. Los Tribunales y la Administración de Justicia se encontraban informados por una serie de principios: La predeterminación legal del Juez. «en los negocios comunes. lo que. sean temporales o perpetuos. civiles y criminales. y el de exclusividad judicial (art. 278: «Las Leyes decidirán si ha de haber tribunales especiales para conocer de determinados negocios». en virtud del cual. determinado con anterioridad por la Ley» (art. 252). se reconocieron. 278 y 261. la creación de Tribunales especiales (arts. «ningún español podría ser juzgado en causas civiles ni criminales por ninguna comisión. Junto a la formulación general del principio de igualdad de fuero. no habrá más que un solo fuero para toda clase de personas». sino por causa legalmente probada y sentenciada.FLORENTINA NAVAS CASTILLO ponderles en la capital y pueblos de su partido. la inamovilidad de jueces y magistrados. ni suspendidos sino por acusación legalmente intentada» (art. en los términos que prescriben las leyes o que en adelante prescribieren». previa la formalización establecida en el artículo 228. igualmente. el artículo 249 vendría a reconocer un fuero eclesiástico.5)31. 276 y 277). sin duda. al determinar que los militares «gozarán también de fuero particular. Si llegare el caso en que sea necesario hacer efectiva la responsabilidad de este Supremo Tribunal. 261: Toca a este Supremo Tribunal. 254). la responsabilidad personal de los jueces que cometieren falta de observancia de las leyes que arreglan el proceso en lo civil y en lo criminal (art. Por último. Mención especial merecen los principios de igualdad de fuero también denominado de unidad jurisdiccional (art.º 83. 5. 374 © UNED. 247). posibilitándose. al disponer que los eclesiásticos «continuarán gozando del fuero de su estado. como también hasta qué cantidad podrían conocer en los negocios civiles sin apelación (arts. al disponer. que conocían del orden penal y civil (arts. que «La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales pertenece exclusivamente a los Tribu31 Constitución de Cádiz de 1812. que serán elegidos por suerte de un número doble». El principio de exclusividad judicial. las Cortes. en los términos que previene la ordenanza o en adelante previniere». Art. supondría una quiebra de tal principio. sin embargo. ciertas excepciones al mismo. 242). El principio de igualdad de fuero o unidad jurisdiccional aparece constitucionalizado en el artículo 248 del Código Político Gaditano. 273-274). que «no podrían ser depuestos de sus destinos. los Tribunales se organizaban en Tribunales Inferiores. Revista de Derecho Político N. enero-abril 2012 . incluso. 248). Art. sino por el Tribunal competente. se reconocerá un fuero militar en el artículo 250 del Texto Constitucional. artículo 242.
y en segunda y tercera instancia por las Audiencias respectivas. Coadyuva a esta afirmación. que contemplaba algunas excepciones a la misma... núm.º 83. a cuyo tenor. pág. Revista de Estudios Políticos. 1987. Revista de Derecho Político N. si bien es cierto que la Constitución de Cádiz establecía una separación rígida de poderes. así de la Península como de la de Ultramar»32. que convertían a las mismas en auténticas «defensoras de los derechos individuales frente a las autoridades administrativas y judiciales»34. también lo es. los Tribunales «no podrán ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» (art. pág. a tenor del cual: «Todos los negocios contenciosos de la Hacienda Pública (.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN.) se proveerán en las Providencias conforme al artículo 262 de la Constitución. 2000. ¿se contempla el control jurídico de la Administración o el control jurídico de los administradores?. podemos citar. venían a favorecer a las Cortes en su condición de representantes de la Nación. 2. VARELA SUANCES-CARPEGNA. entonces. substanciándose y determinándose por Jueces Letrados. ¿el modelo descrito provocaría cierto vacío legal? En este orden de ideas. 55. necesario plantear las siguientes cuestiones: ¿nos encontramos en presencia de un modelo judicialista puro?. que el constituyente doceañista optó por un modelo judicialista. en el que se encomendaba a los jueces ordinarios el control judicial de la actividad administrativa. 262. que. algunas de las facultades encomendadas a las Cortes. pues. de 13 de septiembre de 1813. © UNED. A la vista de la regulación descrita.: «La Constitución Española de 1812 y su proyección europea e iberoamericana». I. entonces. enero-abril 2012 375 . núm. Dir.. parece. «ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales». 34 FERNÁNDEZ SARASOLA. excepciones que. J. y tampoco «podrán suspender la ejecución de las leyes ni hacer reglamento alguno para la administración de justicia» (art. (Monográfico sobre «Modelos en la Historia Constitucional Contemporánea). en la mayor parte de los casos. 359-466. 33 VARELA SUANCES. es necesario advertir. el artículo 1 del Decreto de Cortes. en Revista Fundamentos. La otra cara de la moneda de este principio se contempla en los artículos 245 y 246 del Texto Constitucional. en su consideración de modelo judicialista puro. En este sentido. Corona y Monarquía en los orígenes del Constitucionalismo español: 1808-1814». 245). 149. nales». 246). de conformidad con los mismos. parece.. Así. Estas excepciones no alteraban la esencia de esa separación neta33. a tenor del 32 Art. cuyo contenido se complementa con la previsión constitucional del artículo 243.: «Rey. Constitución de 1812: «Todas las causas civiles y criminales se fenecerán dentro del territorio de cada audiencia». pero a mi parecer. Llegados a este punto. si que matizaban el modelo judicialista descrito.
es. 1988. Madrid.: «De la función consultiva y el Consejo de Estado Gaditano». como es sabido.uam. F. En efecto. M. enero-abril 2012 . 14. por motivos políticos. la intervención indirecta de las Cortes. no tanto como órgano de auxilio del ejecutivo. el Consejo de Estado «no sólo se subrogaba en el papel desarrollado por la Cámara de Castilla. es que en el ejercicio de esta competencia. pág. propuesta. CEPC. 13. Siguiendo con esta idea argumental. no había querido residenciarse en las mismas Cortes». Un mecanismo de defensa de la Constitución. que se les hubiere hecho presentes. en su condición de «criatura del Congreso»37. actuando. LORENTE. haciendo pasar inmediatamente el expediente al 35 MARTÍNEZ PEREZ.es.: Las infracciones a la Constitución de 1812.24. 171. «de todos es sabido que. y formado expediente. efectivamente jugaron en Cádiz el papel de un Tribunal. aunque las Cortes renegasen de este dictado. y no sólo para hacer efectiva la responsabilidad de Ministros y Tribunal Supremo. en el nombramiento y suspensión de los magistrados de todos los Tribunales Civiles y Criminales. y hacer efectiva la responsabilidad de los que hubieren contravenido a ella». La realidad. Las Cortes por la Constitución quedaron garantes de la observancia del texto y orden constitucional a través del procedimiento de infracciones que. les correspondía «Proteger la libertad política de la imprenta». podría. suspenderle. en el supuesto de que «al Rey llegaren quejas contra algún magistrado. igualmente.º 83. sino que más bien venía a ejercer una parcela de la gracia que. para poner el conveniente remedio. el Consejo debería de hacer por ternas. de conformidad con el artículo 253 de la Constitución doceañista. Revista de Derecho Político N. a través del Consejo de Estado. como ciertamente señala MARTÍNEZ PÉREZ35. pág.: «De la función consultiva y el Consejo de Estado Gaditano». de conformidad con el artículo 131. 376 © UNED. parecieren fundadas».25.uam. El Texto Constitucional Gaditano encomendaba al Rey la facultad de nombrar a los magistrados de todos los Tribunales Civiles y Criminales a propuesta del Consejo de Estado (art. por ello. se otorgaba a las Cortes la competencia de «Hacer efectiva la responsabilidad de los Secretarios de Despacho y demás empleados públicos». sino más bien. que a tenor del artículo 237 de la Constitución. 37 MARTÍNEZ PEREZ. a mi juicio. http://portal. F. A la misma idea parece llevarnos. «oído el Consejo de Estado.4). http://portal. 36 Vid. al disponer que «Las Cortes en sus primeras sesiones tomarán en consideración las infracciones de la Constitución. A idéntica conclusión nos llevaría el artículo 372 del Texto Constitucional.FLORENTINA NAVAS CASTILLO artículo 131. terminaba con la suspensión del empleado infractor para su ulterior procesamiento»36.
sino de agravio o lesión de derechos puramente administrativos»39. ¿la Constitución de Cádiz contemplo un modelo judicialista de control de la Administración o de control de los administradores? En mi opinión. En cualquier caso. Madrid. 1998. todo control de lo administrativo no podría realizarse sino jurisdiccionalmente y sobre las personas de los administradores: lo que vale tanto como decir penalmente ex post. Revista de Derecho Político N. IÑURRITEGUI. lo que. y LORENTE. entonces. mas al hacerlo olvidaron que las atribuciones de éstos a la aplicación de las leyes en los asuntos civiles y criminales. 39 ABELLA.: Tratado de Derecho Administrativo Español. M. En el contexto descrito. «Las Cortes de Cádiz establecieron la separación de los órdenes administrativo y judicial. de una Administración subjetivada y.º 83.EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. supone. porque «en Cádiz todavía no había surgido esa Administración como sujeto a la que imputar la actuación de sus agentes.: «Responsabilidad de los empleados públicos y contenciosos de la administración (1812-1845). Los cambios políticos que convulsionaron a España. Mientras tanto.. GARRIGA. y consultivamente ex ante»38. éste sería del todo efímero. pág. parece. así como la inestabilidad que perduraría hasta la mitad del siglo XIX. a mi parecer. J. Constitución de España: orígenes y destinos. M. J. Ibdem. 1823 y 1834. el Consejo de Estado. Una propuesta de revisión». En este sentido vid. pues como afirmaría ABELLA. habría que hablar de control jurídico de los administradores. lo cierto. en determinados supuestos. mostrando de nuevo su condición de criatura del Congreso participaba en los procedimientos de exigencia de responsabilidad de jueces y magistrados. 38 © UNED. C. incuestionable. que se sucedieron en 1814. Supremo Tribunal de Justicia.AA. pág. para que juzgue con arreglo a las leyes». en VV. 91. es que la investigación histórica no ha disipado todavía las dudas sobre la vigencia efectiva del modelo judicialista puro. y. Ahora bien.. (eds). 1820. las Cortes jugaron en Cádiz el papel de un Tribunal. PORTILLO. En realidad. una quiebra del modelo judicialista puro. J. si alguna vez estuvo ciertamente en funcionamiento. ésta fue una época marcada por un importante vacío legal. y ello.. 1888. CEPC. III. hacen pensar que. sin duda. que. Hoy se está poniendo de manifiesto como sólo a partir del mecanismo de la autorización para juzgar a los empleados públicos podemos realizar esta disociación generativa de un acto administrativo. M. más que hablar de control jurídico de la Administración. enero-abril 2012 377 . T. En consecuencia. dejaban sin juzgadores otras controversias jurídicas que no provienen de un derecho o título civil ni de ningún hecho punible. 22. ulteriormente de su control jurídico.
explícitamente. La tercera parte de este trabajo se dirige a analizar el sistema de fiscalización de la actividad administrativa establecido por la Constitución de Cádiz de 1812. en su articulado.º 83. lo que ha llevado a la doctrina mayoritaria a aseverar la opción doceañista por el modelo judicialista. Lo cierto. explicitly. THE GENESIS OF THE CONTROL SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION IN SPAIN. but established a rigid separation of powers and a State Council regulated that differed substantially from its French namesake.FLORENTINA NAVAS CASTILLO Title: CONTROL OF ADMINISTRATIVE ACTIVITY IN THE CADIZ CONSTITUTION OF 1812 Summary 1. that the Cadiz Constitution did not consider. Revista de Derecho Político N. pero. enero-abril 2012 . The truth is. A BRIEF TOUR OF THE EVOLUTION OF THE CONTROL SYSTEM OF THE ADMINISTRATIVE JURISDICTION SINCE THE BEGINNING OF HISTORIC SPANISH CONSTITUTIONALISM. ¿vacío legal?. entonces las siguientes cuestiones: ¿modelo judicialista puro?. 2. which was entrusted to the ordinary courts judicial control of 378 © UNED. en el que se encomendaba a los jueces ordinarios el control judicial de la actividad administrativa. CONTROL SYSTEM OF SUBMISSION OF THE ADMINISTRATIVE ACTION TO THE LAW IN THE CADIZ CONSTITUTION OF 1812. es que la Constitución de Cádiz no contempló. the system of administrative control. Resumen: Las dos primeras partes de este trabajo se dirigen a estudiar el origen y la evolución posterior del sistema de control contencioso de la Administración en España. this has led to the majority doctrine to assert the option of the 1812 Constitution by the judicial model. estableció una separación rígida de poderes y reguló un Consejo de Estado que se diferenciaba sustancialmente de su homónimo francés. The third part of this work is directed to study the control system of administrative activity established by the Constitution of Cadiz of 1812. ¿control jurídico de la Administración o control jurídico de los administradores? Abstract: The first two parts of this work is directed to study the origin and subsequent evolution of the control system of the Administrative activity in Spain. 3. el sistema de fiscalización administrativa. planteándose.
Key words: Division of powers..EL CONTROL DE LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONSTITUCIÓN. constitucionalismo histórico español. State Council. control contencioso-administrativo. considering. Administración.º 83. Spanish historical constitutionalism. © UNED. enero-abril 2012 379 . Revista de Derecho Político N. Administration. administrative action. then. administrative jurisdiction. the following questions: pure judicial model? loophole? legal control of Administration or legal control of managers? Palabras claves: División de poderes.. Consejo de Estado.
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References: artículo 8
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 14
 artículo 261
 artículo 228
 artículo 249
 artículo 248
 artículo 250
 artículo 242
 artículo 262
 artículo 1
 artículo 243
 artículo 253
 artículo 131
 artículo 237
 artículo 372
 artículo 131