Source: http://www.mabingenieros.com/legis-BOE-2007-20910.htm
Timestamp: 2017-12-11 20:44:01+00:00

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En el Acuerdo sobre Medidas en materia de Seguridad Social, suscrito el 13 de julio de 2006 por el Gobierno, la UniÃ³n General de Trabajadores, la ConfederaciÃ³n Sindical de Comisiones Obreras, la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de Organizaciones Empresariales y la ConfederaciÃ³n EspaÃ±ola de la PequeÃ±a y Mediana Empresa, que, a su vez, trae causa de la DeclaraciÃ³n para el DiÃ¡logo Social firmada por los mismos interlocutores el 8 de julio de 2004, se incluyen una serie de compromisos que implican modificaciones en normas con rango de Ley.
Tomando como referencia las prioridades marcadas por el Pacto de Toledo en su renovaciÃ³n parlamentaria de 2003, se reafirma la necesidad de mantener y reforzar determinados principios bÃ¡sicos en los que se asienta el sistema de la Seguridad Social como objetivo para garantizar la eficacia del mismo y el perfeccionamiento de los niveles de bienestar del conjunto de los ciudadanos. AsÃ­, se avanza en la plasmaciÃ³n del principio de solidaridad y garantÃ­a de suficiencia mediante la paulatina mejora y extensiÃ³n de la intensidad protectora, asÃ­ como en el reforzamiento de la unidad de caja. TambiÃ©n se intensifica la contributividad del sistema, avanzando en una mayor proporcionalidad entre las cotizaciones realizadas y las prestaciones obtenidas, evitando al mismo tiempo situaciones de falta de equidad en el reconocimiento de estas Ãºltimas. Asimismo, se progresa en el camino ya iniciado de favorecer la prolongaciÃ³n voluntaria de la vida laboral mÃ¡s allÃ¡ de la edad legal de jubilaciÃ³n, sin olvidar tampoco la necesidad de paliar las consecuencias negativas experimentadas por los trabajadores de mÃ¡s edad expulsados prematuramente del mercado laboral. Finalmente, es de destacar tambiÃ©n el propÃ³sito de modernizaciÃ³n del sistema al abordar las situaciones creadas por las nuevas realidades familiares. Todo ello en el contexto de las exigencias que se derivan de la situaciÃ³n sociodemogrÃ¡fica, de la que resaltan circunstancias tales como el envejecimiento de la poblaciÃ³n, la incorporaciÃ³n creciente de las mujeres al mercado de trabajo y el fenÃ³meno de la inmigraciÃ³n, asÃ­ como de los criterios armonizadores hacia los que se apunta en el Ã¡mbito de la UniÃ³n Europea, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
La finalidad de esta Ley viene constituida por la necesidad de dar el adecuado soporte normativo a buena parte de los compromisos relativos a acciÃ³n protectora incluidos en el referido Acuerdo y que afectan, sustancialmente, a incapacidad temporal, incapacidad permanente, jubilaciÃ³n y supervivencia.
En materia de incapacidad temporal, y a efectos de coordinar las actuaciones de los Servicios de Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social y evitar la inseguridad jurÃ­dica que provoca la disparidad de diagnÃ³sticos de una y otra instancia, se establece un procedimiento mediante el cual el interesado pueda expresar su disconformidad ante la inspecciÃ³n mÃ©dica con respecto al alta mÃ©dica formulada por la Entidad gestora, determinÃ¡ndose los plazos concretos en que se han de pronunciar las partes implicadas y los criterios a seguir en caso de discrepancia, garantizÃ¡ndose en todo caso la continuidad de la protecciÃ³n del interesado hasta la resoluciÃ³n administrativa final con la que se culmine el procedimiento. Por otra parte, en los casos de agotamiento del perÃ­odo mÃ¡ximo de duraciÃ³n de la incapacidad temporal, la situaciÃ³n de incapacidad permanente revisable en el plazo de seis meses, que en la actualidad se genera, es sustituida por una nueva situaciÃ³n en la que la calificaciÃ³n de la incapacidad permanente se retrasarÃ¡ por el perÃ­odo preciso, hasta un mÃ¡ximo de veinticuatro meses, prorrogÃ¡ndose hasta entonces los efectos de la incapacidad temporal.
Con relaciÃ³n a la incapacidad permanente, de una parte se flexibiliza el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n exigido a los trabajadores mÃ¡s jÃ³venes. Por otra parte, se modifica la forma de cÃ¡lculo del importe de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad comÃºn, para aproximarla a la establecida para la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, y tambiÃ©n la del complemento de gran invalidez, desvinculÃ¡ndolo del importe de la pensiÃ³n de incapacidad permanente absoluta.
Por lo que se refiere a la jubilaciÃ³n, y con el fin de incrementar la correlaciÃ³n entre cotizaciones y prestaciones, se establece que, para acreditar el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n actualmente exigido para acceder al derecho a la pensiÃ³n, se computarÃ¡n Ãºnicamente los dÃ­as efectivos de cotizaciÃ³n y no los correspondientes a las pagas extraordinarias. Con respecto a la edad de jubilaciÃ³n se prevÃ© la posibilidad de aplicar coeficientes reductores en relaciÃ³n con nuevas categorÃ­as de trabajadores, previa realizaciÃ³n de los correspondientes estudios de todo orden, con modificaciÃ³n de las cotizaciones, y sin que la edad de acceso a la jubilaciÃ³n pueda situarse en menos de 52 aÃ±os. En relaciÃ³n con quienes prolonguen voluntariamente su vida laboral mÃ¡s allÃ¡ de la edad ordinaria de jubilaciÃ³n se establece la percepciÃ³n de una cantidad a tanto alzado, cuando el pensionista tenga derecho a la pensiÃ³n mÃ¡xima, o de un porcentaje adicional sobre la base reguladora de la pensiÃ³n, cuando no se alcance dicha cuantÃ­a mÃ¡xima. Se prevÃ©n medidas de mejora de las pensiones de quienes las causaron anticipadamente como consecuencia de un despido antes de 1 de enero de 2002, asÃ­ como la consideraciÃ³n como involuntaria de la extinciÃ³n de la relaciÃ³n laboral cuando Ã©sta se produzca en el marco de expedientes de regulaciÃ³n de empleo.
Con respecto a la modalidad de jubilaciÃ³n parcial se supedita el acceso a la misma, como regla general, al cumplimiento de 61 aÃ±os de edad, a que el trabajador tenga una antigÃŒedad de 6 aÃ±os en la empresa y a que acredite un perÃ­odo de cotizaciÃ³n de 30 aÃ±os, y ello con el fin de garantizar que esta clase de jubilaciÃ³n se avenga mejor a los objetivos que con ella se pretenden obtener. Se establecen, asimismo, ajustes en los porcentajes de reducciÃ³n mÃ¡xima y mÃ­nima de la jornada habitual de trabajo del trabajador que pasa a la jubilaciÃ³n parcial, asÃ­ como la necesidad de que la base de cotizaciÃ³n del trabajador relevista no podrÃ¡ ser inferior al 65 por ciento de aquella por la que venÃ­a cotizando el trabajador que pasa a la jubilaciÃ³n parcial.
En materia de supervivencia, las mayores novedades ataÃ±en a la pensiÃ³n de viudedad y, dentro de Ã©sta, a su otorgamiento en los supuestos de parejas de hecho que, ademÃ¡s de los requisitos actualmente establecidos para las situaciones de matrimonio, acrediten una convivencia estable y notoria durante al menos cinco aÃ±os, asÃ­ como dependencia econÃ³mica del conviviente sobreviviente en un porcentaje variable en funciÃ³n de la existencia o no de hijos comunes con derecho a pensiÃ³n de orfandad. TambiÃ©n se introducen modificaciones en las condiciones de acceso a la pensiÃ³n de viudedad en caso de matrimonio. En los supuestos excepcionales en los que el fallecimiento del causante estÃ© ocasionado por una enfermedad comÃºn y no existan hijos comunes, se exige un perÃ­odo reducido de convivencia matrimonial y, de no acreditarse el mismo, se concederÃ¡ una prestaciÃ³n temporal de viudedad. El acceso a la pensiÃ³n de viudedad de las personas separadas judicialmente o divorciadas queda condicionado a la extinciÃ³n por el fallecimiento del causante de la pensiÃ³n compensatoria a que se refiere el artÃ­culo 97 del CÃ³digo Civil. Si, mediando divorcio, existiera concurrencia de beneficiarios con derecho a pensiÃ³n, se garantiza el 40 por ciento de la base reguladora a favor del cÃ³nyuge sobreviviente o de quien, sin ser cÃ³nyuge, conviviera con el causante y cumpliera los requisitos establecidos. Asimismo, se prevÃ© la posibilidad de que la suma de las pensiones de orfandad y de viudedad pueda rebasar el importe de la base reguladora del causante cuando el porcentaje aplicable para el cÃ¡lculo de la pensiÃ³n de viudedad sea del 70 por ciento, con el fin de que la aplicaciÃ³n de Ã©ste Ãºltimo no vaya en detrimento de la cuantÃ­a de las pensiones de orfandad. Finalmente, la equiparaciÃ³n de las parejas de hecho a las matrimoniales lleva a extender el tratamiento seguido para la viudedad tambiÃ©n con respecto al auxilio por defunciÃ³n y a las indemnizaciones a tanto alzado en caso de muerte derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La ausencia de una regulaciÃ³n jurÃ­dica de carÃ¡cter general con respecto a las parejas de hecho hace imprescindible delimitar, si bien exclusivamente a efectos de la acciÃ³n protectora de la Seguridad Social, los perfiles identificativos de dicha situaciÃ³n, intentando con ello una aproximaciÃ³n, en la medida de lo posible, a la instituciÃ³n matrimonial. No obstante, habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparaciÃ³n entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualaciÃ³n en el rÃ©gimen jurÃ­dico de las prestaciones de viudedad.
En Ãºltimo tÃ©rmino, se introducen asimismo otras modificaciones que afectan a la concatenaciÃ³n de las prestaciones de incapacidad temporal y de desempleo, para que cuando aquÃ©lla derive de una contingencia profesional, y durante su percepciÃ³n se extinga el contrato de trabajo, el interesado siga percibiÃ©ndola hasta el alta mÃ©dica sin consumir perÃ­odo de prestaciÃ³n por desempleo si despuÃ©s pudiera pasar a esta situaciÃ³n; a la cotizaciÃ³n a favor de los perceptores de subsidio por desempleo mayores de 52 aÃ±os por la contingencia de jubilaciÃ³n, que se realizarÃ¡ sobre una base mÃ¡s alta; y al futuro establecimiento de complementos por mÃ­nimos en favor de los pensionistas de incapacidad permanente total cualificada menores de 60 aÃ±os.
ArtÃ­culo 1. Incapacidad temporal.
Uno. El apartado 1 del artÃ­culo 128 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. TendrÃ¡n la consideraciÃ³n de situaciones determinantes de incapacidad temporal:
a) Las debidas a enfermedad comÃºn o profesional y a accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y estÃ© impedido para el trabajo, con una duraciÃ³n mÃ¡xima de doce meses, prorrogables por otros seis cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta mÃ©dica por curaciÃ³n.
Agotado el plazo de duraciÃ³n de doce meses previsto en el pÃ¡rrafo anterior, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, a travÃ©s de los Ã³rganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, serÃ¡ el Ãºnico competente para reconocer la situaciÃ³n de prÃ³rroga expresa con un lÃ­mite de seis meses mÃ¡s, o bien para determinar la iniciaciÃ³n de un expediente de incapacidad permanente, o bien para emitir el alta mÃ©dica, a los efectos previstos en los pÃ¡rrafos siguientes. De igual modo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social serÃ¡ el Ãºnico competente para emitir una nueva baja mÃ©dica en la situaciÃ³n de incapacidad temporal cuando aquÃ©lla se produzca en un plazo de seis meses posterior a la antes citada alta mÃ©dica por la misma o similar patologÃ­a, con los efectos previstos en los pÃ¡rrafos siguientes.
En los casos de alta mÃ©dica a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, frente a la resoluciÃ³n recaÃ­da podrÃ¡ el interesado, en el plazo mÃ¡ximo de cuatro dÃ­as naturales, manifestar su disconformidad ante la inspecciÃ³n mÃ©dica del servicio pÃºblico de salud, la cual, si discrepara del criterio de la entidad gestora, tendrÃ¡ la facultad de proponer, en el plazo mÃ¡ximo de siete dÃ­as naturales, la reconsideraciÃ³n de la decisiÃ³n de aquÃ©lla, especificando las razones y fundamento de su discrepancia.
Si la inspecciÃ³n mÃ©dica se pronunciara confirmando la decisiÃ³n de la entidad gestora o si no se produjera pronunciamiento alguno en el plazo de los once dÃ­as naturales siguientes a la fecha de la resoluciÃ³n, adquirirÃ¡ plenos efectos la mencionada alta mÃ©dica. Durante el perÃ­odo de tiempo transcurrido entre la fecha del alta mÃ©dica y aquella en la que la misma adquiera plenos efectos se considerarÃ¡ prorrogada la situaciÃ³n de incapacidad temporal.
Si, en el aludido plazo mÃ¡ximo, la inspecciÃ³n mÃ©dica hubiera manifestado su discrepancia con la resoluciÃ³n de la entidad gestora, Ã©sta se pronunciarÃ¡ expresamente en el transcurso de los siete dÃ­as naturales siguientes, notificando la correspondiente resoluciÃ³n al interesado, que serÃ¡ tambiÃ©n comunicada a la inspecciÃ³n mÃ©dica. Si la entidad gestora, en funciÃ³n de la propuesta formulada, reconsiderara el alta mÃ©dica, se reconocerÃ¡ al interesado la prÃ³rroga de su situaciÃ³n de incapacidad temporal a todos los efectos. Si, por el contrario, la entidad gestora se reafirmara en su decisiÃ³n, para lo cual aportarÃ¡ las pruebas complementarias que fundamenten aquÃ©lla, sÃ³lo se prorrogarÃ¡ la situaciÃ³n de incapacidad temporal hasta la fecha de la Ãºltima resoluciÃ³n.
En el desarrollo reglamentario de este artÃ­culo, se regularÃ¡ la forma de efectuar las comunicaciones previstas en el mismo, asÃ­ como la obligaciÃ³n de poner en conocimiento de las empresas las decisiones que se adopten y que les afecten.
b) Los perÃ­odos de observaciÃ³n por enfermedad profesional en los que se prescriba la baja en el trabajo durante los mismos, con una duraciÃ³n mÃ¡xima de seis meses, prorrogables por otros seis cuando se estime necesario para el estudio y diagnÃ³stico de la enfermedad.Â»
Dos. El apartado 2 del artÃ­culo 131 bis queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Cuando la situaciÃ³n de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo de dieciocho meses fijado en el pÃ¡rrafo primero de la letra a) del apartado 1 del artÃ­culo 128, se examinarÃ¡ necesariamente, en el plazo mÃ¡ximo de tres meses, el estado del incapacitado a efectos de su calificaciÃ³n, en el grado de incapacidad permanente que corresponda.
No obstante lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior, en aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento mÃ©dico por la expectativa de recuperaciÃ³n o la mejora del estado del trabajador, con vistas a su reincorporaciÃ³n laboral, la situaciÃ³n clÃ­nica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificaciÃ³n, Ã©sta podrÃ¡ retrasarse por el perÃ­odo preciso, que en ningÃºn caso podrÃ¡ rebasar los veinticuatro meses siguientes a la fecha en que se haya iniciado la incapacidad temporal.
Durante los perÃ­odos previstos en este apartado no subsistirÃ¡ la obligaciÃ³n de cotizar.Â»
ArtÃ­culo 2. Incapacidad permanente.
Uno. El apartado 2 del artÃ­culo 138 queda redactado del siguiente modo:
Â«2. En el caso de pensiones por incapacidad permanente, el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n exigible serÃ¡:
a) Si el sujeto causante tiene menos de treinta y un aÃ±os de edad, la tercera parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumpliÃ³ los diecisÃ©is aÃ±os y la del hecho causante de la pensiÃ³n.
b) Si el causante tiene cumplidos treinta y un aÃ±os de edad, la cuarta parte del tiempo transcurrido entre la fecha en que se haya cumplido los veinte aÃ±os y el dÃ­a en que se hubiese producido el hecho causante, con un mÃ­nimo, en todo caso, de cinco aÃ±os. En este supuesto, al menos la quinta parte del perÃ­odo de cotizaciÃ³n exigible deberÃ¡ estar comprendida dentro de los diez aÃ±os inmediatamente anteriores al hecho causante.
En los supuestos en que se acceda a la pensiÃ³n de incapacidad permanente desde una situaciÃ³n de alta o asimilada al alta, sin obligaciÃ³n de cotizar, el perÃ­odo de los diez aÃ±os, dentro de los cuales deba estar comprendido, al menos, la quinta parte del perÃ­odo de cotizaciÃ³n exigible, se computarÃ¡, hacia atrÃ¡s, desde la fecha en que cesÃ³ la obligaciÃ³n de cotizar.
En los casos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, y respecto de la determinaciÃ³n de la base reguladora de la pensiÃ³n, se aplicarÃ¡ lo establecido, respectivamente, en los apartados 1, 2 y 4 del artÃ­culo 140.
En el caso de incapacidad permanente parcial para la profesiÃ³n habitual, el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n exigible serÃ¡ de mil ochocientos dÃ­as, que han de estar comprendidos en los diez aÃ±os inmediatamente anteriores a la fecha en la que se haya extinguido la incapacidad temporal de la que se derive la incapacidad permanente.Â»
Dos. Se aÃ±ade un Ãºltimo pÃ¡rrafo en el apartado 2 del artÃ­culo 139 con la siguiente redacciÃ³n:
Â«La cuantÃ­a de la pensiÃ³n de incapacidad permanente total derivada de enfermedad comÃºn no podrÃ¡ resultar inferior al 55 por ciento de la base mÃ­nima de cotizaciÃ³n para mayores de dieciocho aÃ±os, en tÃ©rminos anuales, vigente en cada momento.Â»
Tres. Los apartados 4 y 5 del artÃ­culo 139 quedan redactados del siguiente modo:
Â«4. Si el trabajador fuese calificado de gran invÃ¡lido, tendrÃ¡ derecho a una pensiÃ³n vitalicia segÃºn lo establecido en los apartados anteriores, incrementÃ¡ndose su cuantÃ­a con un complemento, destinado a que el invÃ¡lido pueda remunerar a la persona que le atienda. El importe de dicho complemento serÃ¡ equivalente al resultado de sumar el 45 por ciento de la base mÃ­nima de cotizaciÃ³n vigente en el momento del hecho causante y el 30 por ciento de la Ãºltima base de cotizaciÃ³n del trabajador correspondiente a la contingencia de la que derive la situaciÃ³n de incapacidad permanente. En ningÃºn caso el complemento seÃ±alado podrÃ¡ tener un importe inferior al 45 por ciento de la pensiÃ³n percibida, sin el complemento, por el trabajador.
5. En los casos en que el trabajador, con sesenta y cinco o mÃ¡s aÃ±os, acceda a la pensiÃ³n de incapacidad permanente derivada de contingencias comunes, por no reunir los requisitos para el reconocimiento del derecho a pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, la cuantÃ­a de la pensiÃ³n de incapacidad permanente serÃ¡ equivalente al resultado de aplicar a la correspondiente base reguladora el porcentaje que corresponda al perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n que estÃ© establecido, en cada momento, para el acceso a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n. Cuando la incapacidad permanente derive de enfermedad comÃºn, se considerarÃ¡ como base reguladora el resultado de aplicar Ãºnicamente lo establecido en la norma a) del apartado 1 del artÃ­culo 140.Â»
Cuatro. Los apartados 1 y 3 del artÃ­culo 140 quedan redactados del siguiente modo:
Â«1. La base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad comÃºn se determinarÃ¡ de conformidad con las siguientes normas:
a) Se hallarÃ¡ el cociente que resulte de dividir por 112 las bases de cotizaciÃ³n del interesado durante los 96 meses inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca el hecho causante.
El cÃ³mputo de dichas bases se realizarÃ¡ conforme a las siguientes reglas, de las que es expresiÃ³n matemÃ¡tica la fÃ³rmula que figura al final de las mismas.
1.Âª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores a aquÃ©l en que se produzca el hecho causante se computarÃ¡n en su valor nominal.
2.Âª Las restantes bases de cotizaciÃ³n se actualizarÃ¡n de acuerdo con la evoluciÃ³n que haya experimentado el Ã­ndice de precios al consumo desde los meses a que aquÃ©llas correspondan hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el perÃ­odo de bases no actualizables a que se refiere la regla anterior.
Bi = Base de cotizaciÃ³n del mes i-Ã©simo anterior al del hecho causante.
Ii = Ãndice General de Precios al Consumo del mes-iÃ©simo anterior al del hecho causante.
b) Al resultado obtenido en razÃ³n a lo establecido en la norma anterior se le aplicarÃ¡ el porcentaje que corresponda en funciÃ³n de los aÃ±os de cotizaciÃ³n, segÃºn la escala prevista en el apartado 1 del artÃ­culo 163, considerÃ¡ndose a tal efecto como cotizados los aÃ±os que le resten al interesado, en la fecha del hecho causante, para cumplir la edad de 65 aÃ±os. En el caso de no alcanzarse 15 aÃ±os de cotizaciÃ³n, el porcentaje aplicable serÃ¡ del 50 por ciento.
El importe resultante constituirÃ¡ la base reguladora a la que, para obtener la cuantÃ­a de la pensiÃ³n que corresponda, habrÃ¡ de aplicarse el porcentaje previsto para el grado de incapacidad reconocido.Â»
Â«3. Respecto a las pensiones de incapacidad absoluta o gran invalidez derivadas de accidente no laboral a que se refiere el apartado 3 del artÃ­culo 138, para el cÃ³mputo de su base reguladora, se aplicarÃ¡n las reglas previstas en la norma a) del apartado 1 del presente artÃ­culo.Â»
Cinco. Se incorpora una nueva disposiciÃ³n transitoria, la decimosexta, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n transitoria decimosexta. Base reguladora de la pensiÃ³n de incapacidad permanente que provenga de incapacidad temporal.
Para la determinaciÃ³n de la cuantÃ­a de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad comÃºn y que provenga de un proceso de incapacidad temporal que se haya iniciado con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas vigentes antes de la indicada fecha.Â»
ArtÃ­culo 3. JubilaciÃ³n.
Uno. La letra b) del apartado 1 del artÃ­culo 161 queda redactada del siguiente modo:
Â«b) Tener cubierto un perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n de quince aÃ±os, de los cuales al menos dos deberÃ¡n estar comprendidos dentro de los quince aÃ±os inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho. A efectos del cÃ³mputo de los aÃ±os cotizados no se tendrÃ¡ en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
En los supuestos en que se acceda a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n desde una situaciÃ³n de alta o asimilada al alta, sin obligaciÃ³n de cotizar, el perÃ­odo de dos aÃ±os a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior deberÃ¡ estar comprendido dentro de los quince aÃ±os anteriores a la fecha en que cesÃ³ la obligaciÃ³n de cotizar.
En los casos a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, y respecto de la determinaciÃ³n de la base reguladora de la pensiÃ³n, se aplicarÃ¡ lo establecido en el apartado 1 del artÃ­culo 162.Â»
Dos. Se suprimen los apartados 2 y 3 del artÃ­culo 161, pasando sus actuales apartados 4, 5 y 6 a ser, respectivamente, los apartados 2, 3 y 4.
Tres. Se incorpora un nuevo artÃ­culo 161 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 161 bis JubilaciÃ³n anticipada.
1. La edad mÃ­nima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artÃ­culo anterior podrÃ¡ ser rebajada por Real Decreto, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, tÃ³xica, peligrosa o insalubre y, acusen elevados Ã­ndices de morbilidad o mortalidad, siempre que los trabajadores afectados acrediten en la respectiva profesiÃ³n o trabajo el mÃ­nimo de actividad que se establezca.
De igual modo, la edad mÃ­nima a que se refiere la letra a) del apartado 1 del artÃ­culo anterior podrÃ¡ ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento en los tÃ©rminos contenidos en el correspondiente Real Decreto acordado a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales o tambiÃ©n en un grado de discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este Ãºltimo supuesto, se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en los que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducciÃ³n de la esperanza de vida de esas personas.
La aplicaciÃ³n de los correspondientes coeficientes reductores de la edad en ningÃºn caso darÃ¡ ocasiÃ³n a que el interesado pueda acceder a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n con una edad inferior a la de 52 aÃ±os.
Los coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n no serÃ¡n tenidos en cuenta, en ningÃºn caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a la jubilaciÃ³n parcial, a los beneficios establecidos en el apartado 2 del artÃ­culo 163, a la jubilaciÃ³n regulada en la norma 2.Âª del apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera y a cualquier otra modalidad de jubilaciÃ³n anticipada.
2. PodrÃ¡n acceder a la jubilaciÃ³n anticipada, los trabajadores que reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos los sesenta y un aÃ±os de edad, sin que a estos efectos resulten de aplicaciÃ³n los coeficientes reductores a que se refiere el apartado anterior.
b) Encontrarse inscritos en las oficinas de empleo como demandantes de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud de la jubilaciÃ³n.
c) Acreditar un perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n efectiva de treinta aÃ±os, sin que, a tales efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional por pagas extraordinarias. A estos exclusivos efectos, se computarÃ¡ como cotizado a la Seguridad Social, el perÃ­odo de prestaciÃ³n del servicio militar obligatorio o de la prestaciÃ³n social sustitutoria, con el lÃ­mite mÃ¡ximo de un aÃ±o.
d) Que el cese en el trabajo, como consecuencia de la extinciÃ³n del contrato de trabajo, no se haya producido por causa imputable a la libre voluntad del trabajador. A tales efectos, se entenderÃ¡ por libre voluntad del trabajador la inequÃ­voca manifestaciÃ³n de voluntad de quien, pudiendo continuar su relaciÃ³n laboral y no existiendo razÃ³n objetiva que la impida, decide poner fin a la misma. Se considerarÃ¡, en todo caso, que el cese en la relaciÃ³n laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinciÃ³n se haya producido por alguna de las causas previstas en el artÃ­culo 208.1.1.
Los requisitos exigidos en los apartados b) y d) no serÃ¡n exigibles en aquellos supuestos en los que el empresario, en virtud de obligaciÃ³n adquirida mediante acuerdo colectivo o contrato individual de prejubilaciÃ³n, haya abonado al trabajador tras la extinciÃ³n del contrato de trabajo, y en los dos aÃ±os inmediatamente anteriores a la solicitud de jubilaciÃ³n anticipada, una cantidad que, en cÃ³mputo global, represente un importe mensual no inferior al resultado de sumar la cantidad que le hubiera correspondido en concepto de prestaciÃ³n por desempleo y la cuota que hubiera abonado o, en su caso, la cuota de mayor cuantÃ­a que hubiera podido abonar en concepto de convenio especial con la Seguridad Social.
En los casos de acceso a la jubilaciÃ³n anticipada a que se refiere este apartado, la pensiÃ³n serÃ¡ objeto de reducciÃ³n mediante la aplicaciÃ³n, por cada aÃ±o o fracciÃ³n de aÃ±o que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir los sesenta y cinco aÃ±os, de los siguientes coeficientes:
1.Âº Entre treinta y treinta y cuatro aÃ±os de cotizaciÃ³n acreditados: 7,5 por ciento.
2.Âº Entre treinta y cinco y treinta y siete aÃ±os de cotizaciÃ³n acreditados: 7 por ciento.
3.Âº Entre treinta y ocho y treinta y nueve aÃ±os de cotizaciÃ³n acreditados: 6,5 por ciento.
4.Âº Con cuarenta o mÃ¡s aÃ±os de cotizaciÃ³n acreditados: 6 por ciento.
Para el cÃ³mputo de los aÃ±os de cotizaciÃ³n se tomarÃ¡n aÃ±os completos, sin que se equipare a un aÃ±o la fracciÃ³n del mismo.Â»
Cuatro. Se da nueva redacciÃ³n al apartado 2 del artÃ­culo 163 en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. Cuando se acceda a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n a una edad superior a los 65 aÃ±os, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n establecido en el artÃ­culo 161.1.b), se reconocerÃ¡ al interesado un porcentaje adicional consistente en un 2 por ciento por cada aÃ±o completo transcurrido entre la fecha en que cumpliÃ³ dicha edad y la del hecho causante de la pensiÃ³n. Dicho porcentaje se elevarÃ¡ al 3 por ciento cuando el interesado hubiera acreditado al menos cuarenta aÃ±os de cotizaciÃ³n al cumplir 65 aÃ±os.
El porcentaje adicional obtenido segÃºn lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior se sumarÃ¡ al que con carÃ¡cter general corresponda al interesado de acuerdo con el apartado 1, aplicÃ¡ndose el porcentaje resultante a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantÃ­a de la pensiÃ³n, que no podrÃ¡ ser superior en ningÃºn caso al lÃ­mite establecido en el artÃ­culo 47.
En el supuesto de que la cuantÃ­a de la pensiÃ³n reconocida alcance el indicado lÃ­mite sin aplicar el porcentaje adicional o aplicÃ¡ndolo sÃ³lo parcialmente, el interesado tendrÃ¡ derecho, ademÃ¡s, a percibir anualmente una cantidad cuyo importe se obtendrÃ¡ aplicando al importe de dicho lÃ­mite vigente en cada momento el porcentaje adicional no utilizado para determinar la cuantÃ­a de la pensiÃ³n, redondeado a la unidad mÃ¡s prÃ³xima por exceso. La citada cantidad se devengarÃ¡ por meses vencidos y se abonarÃ¡ en catorce pagas, sin que la suma de su importe y el de la pensiÃ³n o pensiones que tuviera reconocidas el interesado, en cÃ³mputo anual, pueda superar la cuantÃ­a del tope mÃ¡ximo de la base de cotizaciÃ³n vigente en cada momento, tambiÃ©n en cÃ³mputo anual.
El beneficio establecido en este apartado no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en los supuestos de jubilaciÃ³n parcial ni de la jubilaciÃ³n flexible a que se refiere el pÃ¡rrafo segundo del apartado 1 del artÃ­culo 165Â».
Cinco. Se da nueva redacciÃ³n a la norma 2.Âª del apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2.Âª Quienes tuvieran la condiciÃ³n de mutualista el 1 de enero de 1967 podrÃ¡n causar el derecho a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n a partir de los sesenta aÃ±os. En tal caso, la cuantÃ­a de la pensiÃ³n se reducirÃ¡ en un 8 por ciento por cada aÃ±o o fracciÃ³n de aÃ±o que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad que se fija en el apartado 1.a) del artÃ­culo 161.
En los supuestos de trabajadores que, cumpliendo los requisitos seÃ±alados en el apartado anterior, y acreditando treinta o mÃ¡s aÃ±os de cotizaciÃ³n, soliciten la jubilaciÃ³n anticipada derivada del cese en el trabajo como consecuencia de la extinciÃ³n del contrato de trabajo, en virtud de causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, el porcentaje de reducciÃ³n de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior serÃ¡, en funciÃ³n de los aÃ±os de cotizaciÃ³n acreditados, el siguiente:
1.Âº Entre treinta y treinta y cuatro aÃ±os acreditados de cotizaciÃ³n: 7,5 por ciento.
2.Âº Entre treinta y cinco y treinta y siete aÃ±os acreditados de cotizaciÃ³n: 7 por ciento.
3.Âº Entre treinta y ocho y treinta y nueve aÃ±os acreditados de cotizaciÃ³n: 6,5 por ciento.
4.Âº Con cuarenta o mÃ¡s aÃ±os acreditados de cotizaciÃ³n: 6 por ciento.
A tales efectos, se entenderÃ¡ por libre voluntad del trabajador la inequÃ­voca manifestaciÃ³n de voluntad de quien, pudiendo continuar su relaciÃ³n laboral y no existiendo razÃ³n objetiva que la impida, decida poner fin a la misma. Se considerarÃ¡, en todo caso, que el cese en la relaciÃ³n laboral se produjo de forma involuntaria cuando la extinciÃ³n se haya producido por alguna de las causas previstas en el artÃ­culo 208.1.1.
Asimismo, para el cÃ³mputo de los aÃ±os de cotizaciÃ³n se tomarÃ¡n aÃ±os completos, sin que se equipare a un aÃ±o la fracciÃ³n del mismo.
Se faculta al Gobierno para el desarrollo reglamentario de los supuestos previstos en los pÃ¡rrafos anteriores de la presente regla 2.Âª, quien podrÃ¡ en razÃ³n del carÃ¡cter voluntario o forzoso del acceso a la jubilaciÃ³n adecuar las condiciones seÃ±aladas para los mismos.Â»
Seis. Se da nueva redacciÃ³n a la disposiciÃ³n transitoria cuarta, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DisposiciÃ³n transitoria cuarta. AplicaciÃ³n paulatina del perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n para el acceso a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n.
El perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n establecido en la letra b) del apartado 1 del artÃ­culo 161 se aplicarÃ¡ de forma gradual, por perÃ­odos de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante los seis primeros meses se exigirÃ¡n 4.700 dÃ­as.
Durante el segundo semestre se exigirÃ¡n 4.777 dÃ­as.
Durante el tercer semestre se exigirÃ¡n 4.854 dÃ­as.
Durante el cuarto semestre se exigirÃ¡n 4.931 dÃ­as.
Durante el quinto semestre se exigirÃ¡n 5.008 dÃ­as.
Durante el sexto semestre se exigirÃ¡n 5.085 dÃ­as.
Durante el sÃ©ptimo semestre se exigirÃ¡n 5.162 dÃ­as.
Durante el octavo semestre se exigirÃ¡n 5.239 dÃ­as.
Durante el noveno semestre se exigirÃ¡n 5.316 dÃ­as.
Durante el dÃ©cimo semestre se exigirÃ¡n 5.393 dÃ­as.
A partir del sexto aÃ±o se exigirÃ¡n 5.475 dÃ­as.
No obstante, en el supuesto de los trabajadores que durante todo el aÃ±o inmediatamente anterior a la fecha del hecho causante hubieran estado contratados a tiempo parcial, el periodo transitorio previsto en el pÃ¡rrafo anterior se incrementarÃ¡ en proporciÃ³n inversa al porcentaje de jornada realizada en dicho periodo. A estos efectos, el nÃºmero de dÃ­as en que ha de incrementarse, en cada caso, el periodo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n exigido en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, se reajustarÃ¡ por periodos semestrales en funciÃ³n de la ampliaciÃ³n del periodo transitorio.Â»
ArtÃ­culo 4. JubilaciÃ³n parcial.
Uno. Los apartados 1 y 2 del artÃ­culo 166 quedan redactados del siguiente modo:
Â«1. Los trabajadores que hayan cumplido 65 aÃ±os de edad y reÃºnan los requisitos para causar derecho a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, siempre que se produzca una reducciÃ³n de su jornada de trabajo comprendida entre un mÃ­nimo de un 25 por ciento y un mÃ¡ximo de un 75 por ciento, podrÃ¡n acceder a la jubilaciÃ³n parcial sin necesidad de la celebraciÃ³n simultÃ¡nea de un contrato de relevo. Los porcentajes indicados se entenderÃ¡n referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
2. Asimismo, siempre que con carÃ¡cter simultÃ¡neo se celebre un contrato de relevo en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 12.7 del Estatuto de los Trabajadores, los trabajadores a tiempo completo podrÃ¡n acceder a la jubilaciÃ³n parcial cuando reÃºnan los siguientes requisitos:
a) Haber cumplido la edad de 61 aÃ±os, o de 60 si se trata de los trabajadores a que se refiere la norma 2.Âª del apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera, sin que, a tales efectos, se tengan en cuenta las bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubilaciÃ³n que pudieran ser de aplicaciÃ³n al interesado.
b) Acreditar un perÃ­odo de antigÃŒedad en la empresa de, al menos, 6 aÃ±os inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilaciÃ³n parcial. A tal efecto se computarÃ¡ la antigÃŒedad acreditada en la empresa anterior si ha mediado una sucesiÃ³n de empresa en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o en empresas pertenecientes al mismo grupo.
c) Que la reducciÃ³n de su jornada de trabajo se halle comprendida entre un mÃ­nimo de un 25 por ciento y un mÃ¡ximo del 75 por ciento, o del 85 por ciento para los supuestos en que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duraciÃ³n indefinida y se acrediten, en el momento del hecho causante, seis aÃ±os de antigÃŒedad en la empresa y 30 aÃ±os de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, computados ambos en los tÃ©rminos previstos en las letras b) y d). Dichos porcentajes se entenderÃ¡n referidos a la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.
d) Acreditar un perÃ­odo previo de cotizaciÃ³n de 30 aÃ±os, sin que, a estos efectos, se tenga en cuenta la parte proporcional correspondiente por pagas extraordinarias.
e) Que, en los supuestos en que, debido a los requerimientos especÃ­ficos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo de Ã©ste no pueda ser el mismo o uno similar que el que vaya a desarrollar el trabajador relevista, exista una correspondencia entre las bases de cotizaciÃ³n de ambos, de modo que la correspondiente al trabajador relevista no podrÃ¡ ser inferior al 65 por ciento de la base por la que venÃ­a cotizando el trabajador que accede a la jubilaciÃ³n parcial. Reglamentariamente se desarrollarÃ¡n los requerimientos especÃ­ficos del trabajo para considerar que el puesto de trabajo del trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar al que venÃ­a desarrollando el jubilado parcial.
f) Los contratos de relevo que se establezcan como consecuencia de una jubilaciÃ³n parcial tendrÃ¡n, como mÃ­nimo, una duraciÃ³n igual al tiempo que le falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco aÃ±os.Â»
Dos. Se incorpora una nueva disposiciÃ³n transitoria, la decimosÃ©ptima, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n transitoria decimosÃ©ptima. Normas transitorias sobre jubilaciÃ³n parcial.
1. La exigencia del requisito de 61 aÃ±os de edad a que se refiere la letra a) del apartado 2 del artÃ­culo 166 se llevarÃ¡ a cabo de forma gradual, en funciÃ³n de los aÃ±os transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer aÃ±o, 60 aÃ±os.
Durante el segundo aÃ±o, 60 aÃ±os y 2 meses.
Durante el tercer aÃ±o, 60 aÃ±os y 4 meses.
Durante el cuarto aÃ±o, 60 aÃ±os y 6 meses.
Durante el quinto aÃ±o, 60 aÃ±os y 8 meses.
Durante el sexto aÃ±o, 60 aÃ±os y 10 meses.
A partir del sÃ©ptimo aÃ±o, 61 aÃ±os.
No obstante lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior, si en el momento del hecho causante se acreditaran seis aÃ±os de antigÃŒedad en la empresa y 30 aÃ±os de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, computados ambos en los tÃ©rminos previstos en las letras b) y d) del artÃ­culo 166.2, se podrÃ¡ acceder, hasta el 31 de diciembre de 2012, a la jubilaciÃ³n parcial a partir de los 60 aÃ±os de edad y con una reducciÃ³n mÃ¡xima del 85 por ciento de la jornada, a condiciÃ³n de que el trabajador relevista sea contratado a jornada completa mediante un contrato de duraciÃ³n indefinida.
2. El requisito de 6 aÃ±os de antigÃŒedad mÃ­nima a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artÃ­culo 166 serÃ¡ exigido de forma gradual, en funciÃ³n de los aÃ±os transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, en los siguientes tÃ©rminos:
Durante el primer aÃ±o, 2 aÃ±os.
Durante el segundo aÃ±o, 3 aÃ±os.
Durante el tercer aÃ±o, 4 aÃ±os.
Durante el cuarto aÃ±o, 5 aÃ±os.
A partir del quinto aÃ±o, 6 aÃ±os.
3. El lÃ­mite de la reducciÃ³n mÃ¡xima de jornada del 75 por ciento a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artÃ­culo 166 se implantarÃ¡ de forma gradual, en funciÃ³n de los aÃ±os transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer aÃ±o, el 85 por ciento.
Durante el segundo aÃ±o, el 82 por ciento.
Durante el tercer aÃ±o, el 80 por ciento.
Durante el cuarto aÃ±o, el 78 por ciento.
A partir del quinto aÃ±o, el 75 por ciento.
4. El perÃ­odo de 30 aÃ±os de cotizaciÃ³n establecido en la letra d) del apartado 2 del artÃ­culo 166 serÃ¡ exigido de forma gradual, en funciÃ³n de los aÃ±os transcurridos desde la entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, del siguiente modo:
Durante el primer aÃ±o, 18 aÃ±os.
Durante el segundo aÃ±o, 21 aÃ±os.
Durante el tercer aÃ±o, 24 aÃ±os.
Durante el cuarto aÃ±o, 27 aÃ±os.
A partir del quinto aÃ±o, 30 aÃ±os.
5. El rÃ©gimen jurÃ­dico de la jubilaciÃ³n parcial vigente en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social podrÃ¡ seguir aplicÃ¡ndose a los trabajadores afectados por los compromisos adoptados con anterioridad a esta fecha, mediante Convenios y acuerdos colectivos. La referida normativa regirÃ¡, en estos supuestos, hasta que finalice la vigencia de los mencionados compromisos y, como mÃ¡ximo, hasta el 31 de diciembre de 2009.Â»
ArtÃ­culo 5. Muerte y supervivencia.
Uno. El apartado 1 del artÃ­culo 171 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. En caso de muerte, cualquiera que fuera su causa, se otorgarÃ¡n, segÃºn los supuestos, alguna o algunas de las prestaciones siguientes:
a) Un auxilio por defunciÃ³n.
b) Una pensiÃ³n vitalicia de viudedad.
c) Una prestaciÃ³n temporal de viudedad.
d) Una pensiÃ³n de orfandad.
e) Una pensiÃ³n vitalicia o, en su caso, subsidio temporal en favor de familiares.Â»
Dos. El artÃ­culo 173 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 173. Auxilio por defunciÃ³n.
El fallecimiento del causante darÃ¡ derecho a la percepciÃ³n inmediata de un auxilio por defunciÃ³n para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado. Se presumirÃ¡, salvo prueba en contrario, que dichos gastos han sido satisfechos por este orden: por el cÃ³nyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los tÃ©rminos regulados en el apartado 3 del artÃ­culo 174, hijos y parientes del fallecido que conviviesen con Ã©l habitualmente.Â»
Tres. El artÃ­culo 174 queda redactado del siguiente modo:
Â«ArtÃ­culo 174. PensiÃ³n de viudedad.
1. TendrÃ¡ derecho a la pensiÃ³n de viudedad, con carÃ¡cter vitalicio, salvo que se produzca alguna de las causas de extinciÃ³n que legal o reglamentariamente se establezcan, el cÃ³nyuge superviviente cuando, al fallecimiento de su cÃ³nyuge, Ã©ste, si al fallecer se encontrase en alta o en situaciÃ³n asimilada a la de alta, hubiera completado un perÃ­odo de cotizaciÃ³n de quinientos dÃ­as, dentro de un perÃ­odo ininterrumpido de cinco aÃ±os inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante de la pensiÃ³n. En los supuestos en que se cause aquÃ©lla desde una situaciÃ³n de alta o de asimilada al alta, sin obligaciÃ³n de cotizar, el perÃ­odo de cotizaciÃ³n de quinientos dÃ­as deberÃ¡ estar comprendido dentro de un perÃ­odo ininterrumpido de cinco aÃ±os inmediatamente anteriores a la fecha en que cesÃ³ la obligaciÃ³n de cotizar. En cualquier caso, si la causa de la muerte fuera un accidente, sea o no de trabajo, o una enfermedad profesional, no se exigirÃ¡ ningÃºn perÃ­odo previo de cotizaciÃ³n.
TambiÃ©n tendrÃ¡ derecho a la pensiÃ³n de viudedad el cÃ³nyuge superviviente aunque el causante, a la fecha de fallecimiento, no se encontrase en alta o en situaciÃ³n asimilada a la de alta, siempre que el mismo hubiera completado un perÃ­odo mÃ­nimo de cotizaciÃ³n de quince aÃ±os.
En los supuestos excepcionales en que el fallecimiento del causante derivara de enfermedad comÃºn, no sobrevenida tras el vÃ­nculo conyugal, se requerirÃ¡, ademÃ¡s, que el matrimonio se hubiera celebrado con un aÃ±o de antelaciÃ³n como mÃ­nimo a la fecha del fallecimiento o, alternativamente, la existencia de hijos comunes. No se exigirÃ¡ dicha duraciÃ³n del vÃ­nculo matrimonial cuando en la fecha de celebraciÃ³n del mismo se acreditara un perÃ­odo de convivencia con el causante, en los tÃ©rminos establecidos en el pÃ¡rrafo cuarto del apartado 3, que, sumado al de duraciÃ³n del matrimonio, hubiera superado los dos aÃ±os.
2. En los casos de separaciÃ³n o divorcio, el derecho a la pensiÃ³n de viudedad corresponderÃ¡ a quien, reuniendo los requisitos en cada caso exigidos en el apartado anterior, sea o haya sido cÃ³nyuge legÃ­timo, en este Ãºltimo caso siempre que no hubiese contraÃ­do nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los tÃ©rminos a que se refiere el apartado siguiente. El derecho a pensiÃ³n de viudedad de las personas divorciadas o separadas judicialmente quedarÃ¡ condicionado, en todo caso, a que, siendo acreedoras de la pensiÃ³n compensatoria a que se refiere el artÃ­culo 97 del CÃ³digo Civil, Ã©sta quedara extinguida por el fallecimiento del causante.
Si, habiendo mediado divorcio, se produjera una concurrencia de beneficiarios con derecho a pensiÃ³n, Ã©sta serÃ¡ reconocida en cuantÃ­a proporcional al tiempo vivido por cada uno de ellos con el causante, garantizÃ¡ndose, en todo caso, el 40 por ciento a favor del cÃ³nyuge superviviente o, en su caso, del que, sin ser cÃ³nyuge, conviviera con el causante en el momento del fallecimiento y resultara beneficiario de la pensiÃ³n de viudedad en los tÃ©rminos a que se refiere el apartado siguiente.
En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensiÃ³n de viudedad corresponderÃ¡ al superviviente al que se le haya reconocido el derecho a la indemnizaciÃ³n a que se refiere el artÃ­culo 98 del CÃ³digo Civil, siempre que no hubiera contraÃ­do nuevas nupcias o hubiera constituido una pareja de hecho en los tÃ©rminos a que se refiere el apartado siguiente. Dicha pensiÃ³n serÃ¡ reconocida en cuantÃ­a proporcional al tiempo vivido con el causante, sin perjuicio de los lÃ­mites que puedan resultar por la aplicaciÃ³n de lo previsto en el pÃ¡rrafo anterior en el supuesto de concurrencia de varios beneficiarios.
3. Cumplidos los requisitos de alta y cotizaciÃ³n establecidos en el apartado 1 de este artÃ­culo, tendrÃ¡ asimismo derecho a la pensiÃ³n de viudedad quien se encontrase unido al causante en el momento de su fallecimiento, formando una pareja de hecho, y acreditara que sus ingresos durante el aÃ±o natural anterior no alcanzaron el 50 por ciento de la suma de los propios y de los del causante habidos en el mismo perÃ­odo. Dicho porcentaje serÃ¡ del 25 por ciento en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensiÃ³n de orfandad.
No obstante, tambiÃ©n se reconocerÃ¡ derecho a pensiÃ³n de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mÃ­nimo interprofesional vigente en el momento del hecho causante, requisito que deberÃ¡ concurrir tanto en el momento del hecho causante de la prestaciÃ³n, como durante el perÃ­odo de su percepciÃ³n. El lÃ­mite indicado se incrementarÃ¡ en 0,5 veces la cuantÃ­a del salario mÃ­nimo interprofesional vigente por cada hijo comÃºn, con derecho a la pensiÃ³n de orfandad que conviva con el sobreviviente.
Se considerarÃ¡n como ingresos los rendimientos de trabajo y de capital asÃ­ como los de carÃ¡cter patrimonial, en los tÃ©rminos en que son computados para el reconocimiento de los complementos para mÃ­nimos de pensiones.
A efectos de lo establecido en este apartado, se considerarÃ¡ pareja de hecho la constituida, con anÃ¡loga relaciÃ³n de afectividad a la conyugal, por quienes, no hallÃ¡ndose impedidos para contraer matrimonio, no tengan vÃ­nculo matrimonial con otra persona y acrediten, mediante el correspondiente certificado de empadronamiento, una convivencia estable y notoria con carÃ¡cter inmediato al fallecimiento del causante y con una duraciÃ³n ininterrumpida no inferior a cinco aÃ±os. La existencia de pareja de hecho se acreditarÃ¡ mediante certificaciÃ³n de la inscripciÃ³n en alguno de los registros especÃ­ficos existentes en las comunidades autÃ³nomas o ayuntamientos del lugar de residencia o mediante documento pÃºblico en el que conste la constituciÃ³n de dicha pareja. Tanto la mencionada inscripciÃ³n como la formalizaciÃ³n del correspondiente documento pÃºblico deberÃ¡n haberse producido con una antelaciÃ³n mÃ­nima de dos aÃ±os con respecto a la fecha del fallecimiento del causante.
En las comunidades autÃ³nomas con Derecho Civil propio, cumpliÃ©ndose el requisito de convivencia a que se refiere el pÃ¡rrafo anterior, la consideraciÃ³n de pareja de hecho y su acreditaciÃ³n se llevarÃ¡ a cabo conforme a lo que establezca su legislaciÃ³n especÃ­fica.
4. En todos los supuestos a los que se refiere el presente artÃ­culo, el derecho a pensiÃ³n de viudedad se extinguirÃ¡ cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya una pareja de hecho en los tÃ©rminos regulados en el apartado anterior, sin perjuicio de las excepciones establecidas reglamentariamente.Â»
Cuatro. Se incorpora un nuevo artÃ­culo 174 bis con la siguiente redacciÃ³n:
Â«ArtÃ­culo 174 bis PrestaciÃ³n temporal de viudedad.
Cuando el cÃ³nyuge superviviente no pueda acceder al derecho a pensiÃ³n de viudedad por no acreditar que su matrimonio con el causante ha tenido una duraciÃ³n de un aÃ±o o, alternativamente, por la inexistencia de hijos comunes y reÃºna el resto de requisitos enumerados en el apartado 1 del artÃ­culo 174, tendrÃ¡ derecho a una prestaciÃ³n temporal en cuantÃ­a igual a la de la pensiÃ³n de viudedad que le hubiera correspondido y con una duraciÃ³n de dos aÃ±os.Â»
Cinco. El apartado 1 del artÃ­culo 175 queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«1. TendrÃ¡n derecho a la pensiÃ³n de orfandad, en rÃ©gimen de igualdad, cada uno de los hijos del causante, cualquiera que sea la naturaleza de su filiaciÃ³n, siempre que, al fallecer el causante, sean menores de dieciocho aÃ±os o estÃ©n incapacitados para el trabajo, y que aquÃ©l se encontrase en alta o en situaciÃ³n asimilada al alta. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n, asimismo, a las pensiones de orfandad lo previsto en el segundo pÃ¡rrafo del apartado 1 del artÃ­culo 174 de esta LeyÂ».
Seis. El apartado 2 del artÃ­culo 175 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. En los casos en que el hijo del causante no efectÃºe un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena o, cuando realizÃ¡ndolo, los ingresos que obtenga resulten inferiores en cÃ³mputo anual a la cuantÃ­a vigente para el salario mÃ­nimo interprofesional, tambiÃ©n en cÃ³mputo anual, podrÃ¡ ser beneficiario de la pensiÃ³n de orfandad, siempre que en la fecha del fallecimiento del causante, aquÃ©l fuera menor de 22 aÃ±os, o de 24 si no sobreviviera ninguno de los dos padres o el huÃ©rfano presentara una discapacidad en un grado igual o superior al 33 por ciento.
En el caso de orfandad absoluta, si el huÃ©rfano estuviera cursando estudios y cumpliera los 24 aÃ±os durante el transcurso del curso escolar, la percepciÃ³n de la pensiÃ³n de orfandad se mantendrÃ¡ hasta el dÃ­a primero del mes inmediatamente posterior al de inicio del siguiente curso acadÃ©micoÂ».
Siete. El apartado 1 del artÃ­culo 177 queda redactado del siguiente modo:
Â«1. En el caso de muerte por accidente de trabajo o enfermedad profesional, el cÃ³nyuge superviviente, el sobreviviente de una pareja de hecho en los tÃ©rminos regulados en el apartado 3 del artÃ­culo 174 y los huÃ©rfanos tendrÃ¡n derecho a una indemnizaciÃ³n a tanto alzado, cuya cuantÃ­a uniforme se determinarÃ¡ en los Reglamentos generales de esta Ley.
En los supuestos de separaciÃ³n, divorcio o nulidad serÃ¡ de aplicaciÃ³n, en su caso, lo previsto en el apartado 2 del artÃ­culo 174.Â»
Ocho. Se modifican los apartados 2 y 4 del artÃ­culo 179 en los siguientes tÃ©rminos:
1. Se suprime el pÃ¡rrafo segundo del apartado 2 del artÃ­culo 179.
2. Se aÃ±ade un Ãºltimo pÃ¡rrafo en el apartado 4 del artÃ­culo 179 con la siguiente redacciÃ³n:
Â«Sin perjuicio de lo previsto con carÃ¡cter general en este apartado, el lÃ­mite establecido podrÃ¡ ser rebasado en caso de concurrencia de varias pensiones de orfandad con una pensiÃ³n de viudedad cuando el porcentaje a aplicar a la correspondiente base reguladora para el cÃ¡lculo de Ã©sta Ãºltima sea del 70 por ciento, si bien, en ningÃºn caso, la suma de las pensiones de orfandad podrÃ¡ superar el 48 por ciento de la base reguladora que corresponda.Â»
Nueve. Se suprime la disposiciÃ³n transitoria novena de la Ley 53/1984, de 26 de noviembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones PÃºblicas.
ArtÃ­culo 6. Asignaciones familiares por hijo a cargo.
El pÃ¡rrafo segundo de la letra a) del artÃ­culo 181 de la Ley General de la Seguridad Social queda redactado en los tÃ©rminos siguientes:
Â«El causante no perderÃ¡ la condiciÃ³n de hijo o de menor acogido a cargo por el mero hecho de realizar un trabajo lucrativo por cuenta propia o ajena siempre que continÃºe viviendo con el beneficiario de la prestaciÃ³n y que los ingresos anuales del causante, en concepto de rendimientos del trabajo, no superen el 100 por ciento del salario mÃ­nimo interprofesional, tambiÃ©n en cÃ³mputo anual.Â»
ArtÃ­culo 7. CotizaciÃ³n durante la percepciÃ³n del subsidio por desempleo para mayores de 52 aÃ±os.
Se da nueva redacciÃ³n al apartado 4 del artÃ­culo 218 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«4. A efectos de determinar la cotizaciÃ³n en los supuestos seÃ±alados en los apartados anteriores, se tomarÃ¡ como base de cotizaciÃ³n el tope mÃ­nimo de cotizaciÃ³n vigente en cada momento. No obstante, cuando corresponda cotizar por la contingencia de jubilaciÃ³n y el beneficiario sea mayor de 52 aÃ±os, se tomarÃ¡ como base de cotizaciÃ³n el 125 por ciento del citado tope mÃ­nimo.Â»
ArtÃ­culo 8. Incapacidad temporal y desempleo.
Se da nueva redacciÃ³n al apartado 1 del artÃ­culo 222 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«1. Cuando el trabajador se encuentre en situaciÃ³n de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes y durante la misma se extinga su contrato, seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por incapacidad temporal en cuantÃ­a igual a la prestaciÃ³n por desempleo hasta que se extinga dicha situaciÃ³n, pasando entonces a la situaciÃ³n legal de desempleo en el supuesto de que la extinciÃ³n se haya producido por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artÃ­culo 208 y a percibir, si reÃºne los requisitos necesarios, la prestaciÃ³n por desempleo contributivo que le corresponda de haberse iniciado la percepciÃ³n de la misma en la fecha de extinciÃ³n del contrato de trabajo, o el subsidio por desempleo. En tal caso, se descontarÃ¡ del perÃ­odo de percepciÃ³n de la prestaciÃ³n por desempleo, como ya consumido, el tiempo que hubiera permanecido en la situaciÃ³n de incapacidad temporal a partir de la fecha de la extinciÃ³n del contrato de trabajo.
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo efectuarÃ¡ las cotizaciones a la Seguridad Social conforme a lo previsto en el pÃ¡rrafo b) del apartado 1 del artÃ­culo 206, asumiendo en este caso la aportaciÃ³n que corresponde al trabajador en su totalidad por todo el perÃ­odo que se descuente como consumido, incluso cuando no se haya solicitado la prestaciÃ³n por desempleo y sin soluciÃ³n de continuidad se pase a una situaciÃ³n de incapacidad permanente o jubilaciÃ³n, o se produzca el fallecimiento del trabajador que dÃ© derecho a prestaciones de muerte y supervivencia.
Cuando el trabajador se encuentre en situaciÃ³n de incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales y durante la misma se extinga su contrato de trabajo, seguirÃ¡ percibiendo la prestaciÃ³n por incapacidad temporal, en cuantÃ­a igual a la que tuviera reconocida, hasta que se extinga dicha situaciÃ³n, pasando entonces, en su caso, a la situaciÃ³n legal de desempleo en el supuesto de que la extinciÃ³n se haya producido por alguna de las causas previstas en el apartado 1 del artÃ­culo 208, y a percibir, si reÃºne los requisitos necesarios, la correspondiente prestaciÃ³n por desempleo sin que, en este caso, proceda descontar del perÃ­odo de percepciÃ³n de la misma el tiempo que hubiera permanecido en situaciÃ³n de incapacidad temporal tras la extinciÃ³n del contrato, o el subsidio por desempleo.Â»
ArtÃ­culo 9. Normas de desarrollo y aplicaciÃ³n a RegÃ­menes Especiales.
Se da nueva redacciÃ³n a la disposiciÃ³n adicional octava del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«DisposiciÃ³n adicional octava. Normas de desarrollo y aplicaciÃ³n a RegÃ­menes Especiales.
1. SerÃ¡ de aplicaciÃ³n a todos los regÃ­menes que integran el sistema de la Seguridad Social lo dispuesto en los artÃ­culos 137, apartados 2 y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161, apartados 1.b), 2 y 3; 161 bis, apartado 1; 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5; 163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4; 177, apartado 1, segundo pÃ¡rrafo; y 179. Igualmente serÃ¡n de aplicaciÃ³n las normas sobre las prestaciones familiares contenidas en el capÃ­tulo IX del tÃ­tulo II; las disposiciones adicionales sÃ©ptima bis y cuadragÃ©sima tercera y las disposiciones transitorias cuarta, pÃ¡rrafo primero, quinta, apartado 1, quinta bis, sexta bis y decimosexta.
No obstante lo dispuesto en el pÃ¡rrafo anterior, se exceptÃºa la aplicaciÃ³n a los regÃ­menes especiales de lo previsto en el artÃ­culo 138 en el Ãºltimo pÃ¡rrafo de su apartado 2, asÃ­ como lo regulado por su apartado 5.
2. En el RÃ©gimen Especial de la MinerÃ­a del CarbÃ³n, y para los trabajadores por cuenta ajena de los RegÃ­menes Especiales Agrario y de Trabajadores del Mar, serÃ¡ tambiÃ©n de aplicaciÃ³n lo previsto en el artÃ­culo 140, apartado 4, y 162, apartado 1.2.
3. Lo previsto en el apartado 2 del artÃ­culo 161 bis serÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores por cuenta ajena incluidos en los RegÃ­menes Especiales de la MinerÃ­a del CarbÃ³n y de Trabajadores del Mar.
4. Lo previsto en los artÃ­culos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 y en las disposiciones transitorias cuarta, segundo pÃ¡rrafo y decimosÃ©ptima serÃ¡ aplicable, en su caso, a los trabajadores por cuenta ajena de los regÃ­menes especiales. Lo previsto en los artÃ­culos 112 bis y 162.6 serÃ¡ igualmente aplicable a los trabajadores por cuenta ajena de los regÃ­menes especiales con excepciÃ³n de los incluidos en los RegÃ­menes Especiales Agrario y de Empleados de Hogar. Asimismo, lo dispuesto en los artÃ­culos 134, 135, 135 bis, 135 ter y 166 resultarÃ¡ de aplicaciÃ³n a los trabajadores por cuenta propia incluidos en los RegÃ­menes Especiales de Trabajadores del Mar, Agrario y de Trabajadores AutÃ³nomos, en los tÃ©rminos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.
5. Lo previsto en el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 2 y en el apartado 4 del artÃ­culo 139 serÃ¡ de aplicaciÃ³n a todos los regÃ­menes que integran el sistema de la Seguridad Social. A efectos de determinar el importe mÃ­nimo de la pensiÃ³n y del cÃ¡lculo del complemento a que se refieren, respectivamente, dichos apartados se tomarÃ¡ en consideraciÃ³n como base mÃ­nima de cotizaciÃ³n la vigente en cada momento en el RÃ©gimen General, cualquiera que sea el rÃ©gimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.Â»
DisposiciÃ³n adicional primera. Importe mÃ­nimo para las pensiones de incapacidad permanente total.
En el cuadro de cuantÃ­as mÃ­nimas anuales de las pensiones de modalidad contributiva que se recoja en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, se establecerÃ¡n importes mÃ­nimos para las pensiones de incapacidad permanente total en los supuestos a que se refiere el segundo pÃ¡rrafo del apartado 2 del artÃ­culo 139 para beneficiarios que tengan una edad inferior a 60 aÃ±os.
DisposiciÃ³n adicional segunda. Coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n.
Se incorpora una nueva disposiciÃ³n adicional en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n adicional cuadragÃ©sima quinta. Coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n.
A efectos de lo previsto en el pÃ¡rrafo primero del apartado 1 del artÃ­culo 161 bis, se establecerÃ¡ reglamentariamente el procedimiento general que debe observarse para rebajar la edad de jubilaciÃ³n, en el que se prevea la realizaciÃ³n previa de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos fÃ­sicos exigidos para el desarrollo de la actividad.
El establecimiento de coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n, que sÃ³lo procederÃ¡ cuando no sea posible la modificaciÃ³n de las condiciones de trabajo, conllevarÃ¡ los ajustes necesarios en la cotizaciÃ³n para garantizar el equilibrio financiero.Â»
DisposiciÃ³n adicional tercera. PensiÃ³n de viudedad en supuestos especiales.
Con carÃ¡cter excepcional, se reconocerÃ¡ derecho a la pensiÃ³n de viudedad cuando, habiÃ©ndose producido el hecho causante con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, concurran las siguientes circunstancias:
a) Que a la muerte del causante, reuniendo Ã©ste los requisitos de alta y cotizaciÃ³n a que se refiere el apartado 1 del artÃ­culo 174 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, no se hubiera podido causar derecho a pensiÃ³n de viudedad.
b) Que el beneficiario hubiera mantenido convivencia ininterrumpida, como pareja de hecho en los tÃ©rminos establecidos en el primer inciso, pÃ¡rrafo cuarto, artÃ­culo 174.3 de la Ley General de la Seguridad Social, en la redacciÃ³n dada por el artÃ­culo 5 de la presente Ley, con el causante, durante, al menos, los seis aÃ±os anteriores al fallecimiento de Ã©ste.
d) Que el beneficiario no tenga reconocido derecho a pensiÃ³n contributiva de la Seguridad Social.
e) Para acceder a la pensiÃ³n regulada en la presente disposiciÃ³n, la correspondiente solicitud deberÃ¡ ser presentada en el plazo improrrogable de los doce meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley. La pensiÃ³n reconocida tendrÃ¡ efectos econÃ³micos desde el dÃ­a primero de 2007, siempre que se cumplan todos los requisitos previstos en esta disposiciÃ³n.
DisposiciÃ³n adicional cuarta. Mejora de las pensiones de jubilaciÃ³n anticipada causadas con anterioridad a 1 de enero de 2002.
1. Los trabajadores que, con anterioridad a 1 de enero de 2002, hubieran causado derecho a pensiÃ³n de jubilaciÃ³n anticipada al amparo de lo previsto en la norma 2.Âª del apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social o de las normas concordantes de los regÃ­menes especiales que integran el sistema de la Seguridad Social, cuando la edad que en cada caso se hubiera tenido en cuenta para la aplicaciÃ³n de los correspondientes coeficientes reductores hubiera estado comprendida entre los sesenta y los sesenta y cuatro aÃ±os, ambos inclusive, tendrÃ¡n derecho a una mejora de su pensiÃ³n, con efectos desde 1 de enero de 2007, siempre que de la documentaciÃ³n obrante en la AdministraciÃ³n de la Seguridad Social se deduzca que reÃºnen los siguientes requisitos:
a) Que se acreditan, al menos, treinta y cinco aÃ±os de cotizaciÃ³n.
b) Que la extinciÃ³n del contrato de trabajo del que hubiera derivado el acceso a la jubilaciÃ³n anticipada se hubiera producido por causa no imputable a la libre voluntad del trabajador, comprendida entre los supuestos recogidos en el artÃ­culo 208.1.1 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. La mejora de la pensiÃ³n consistirÃ¡ en un incremento de su importe Ã­ntegro mensual, variable segÃºn la edad del trabajador tenida en cuenta para la determinaciÃ³n del coeficiente reductor del porcentaje aplicable a la base reguladora de la pensiÃ³n, conforme a los siguientes tramos:
Sesenta aÃ±os, 63 euros mensuales.
Sesenta y un aÃ±os, 54 euros mensuales.
Sesenta y dos aÃ±os, 45 euros mensuales.
Sesenta y tres aÃ±os, 36 euros mensuales.
Sesenta y cuatro aÃ±os, 18 euros mensuales.
3. El importe correspondiente, que se abonarÃ¡ en catorce pagas, se reconocerÃ¡ como variaciÃ³n de la cuantÃ­a de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n y se integrarÃ¡ en la misma a todos los efectos, incluida la aplicaciÃ³n del lÃ­mite al que se refiere el artÃ­culo 47 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y sin perjuicio, en su caso, de la absorciÃ³n del complemento por mÃ­nimos que se viniera percibiendo. Cuando se trate de pensiones reconocidas al amparo de normas internacionales, para fijar el importe del incremento mensual serÃ¡n de aplicaciÃ³n las reglas establecidas en dichas normas sobre determinaciÃ³n y cÃ¡lculo de la cuantÃ­a de las pensiones.
4. La Entidad Gestora reconocerÃ¡ de oficio o a instancia de parte el derecho a la mejora regulada en la presente disposiciÃ³n en el plazo de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de esta Ley, de acuerdo con la informaciÃ³n contenida en la base de datos de prestaciones de la Seguridad Social y en el fichero general de afiliaciÃ³n, que acreditarÃ¡n, respectivamente, los aÃ±os de cotizaciÃ³n cumplidos y el carÃ¡cter involuntario del cese en el trabajo.
DisposiciÃ³n adicional quinta. Prestaciones de orfandad.
1. En los supuestos de orfandad las prestaciones a percibir por los huÃ©rfanos se otorgarÃ¡n en rÃ©gimen de igualdad cualquiera que sea su filiaciÃ³n, en los tÃ©rminos y condiciones que reglamentariamente se establezcan.
2. El Gobierno, en los prÃ³ximos ejercicios econÃ³micos, adoptarÃ¡ las medidas necesarias para que la cuantÃ­a mÃ­nima de la pensiÃ³n de orfandad alcance, al menos, el 33 por ciento de la cuantÃ­a del Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
DisposiciÃ³n adicional sexta. ProtecciÃ³n de trabajadores expuestos a enfermedades de carÃ¡cter profesional.
El Gobierno modificarÃ¡, en el plazo de un aÃ±o, la normativa que regula la protecciÃ³n de los trabajadores, afectados por las mismas actividades profesionales, en los diferentes regÃ­menes de la Seguridad Social, tendiendo a la homogeneizaciÃ³n del nivel de protecciÃ³n dispensado.
Asimismo, se establecerÃ¡n reducciones en la cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, correspondiente a los trabajadores afectados por enfermedades profesionales en un grado que no dÃ© origen a prestaciÃ³n econÃ³mica, que sean destinados a puestos de trabajo alternativos y compatibles con su estado de salud, con objeto de interrumpir la desfavorable evoluciÃ³n de su enfermedad.
DisposiciÃ³n adicional sÃ©ptima. AplicaciÃ³n de los mecanismos de jubilaciÃ³n anticipada y parcial en el Ã¡mbito de los empleados pÃºblicos.
En el plazo de un aÃ±o, el Gobierno presentarÃ¡ un estudio sobre la normativa reguladora de la jubilaciÃ³n anticipada y parcial de los empleados pÃºblicos, asÃ­ como del personal de las Fuerzas Armadas y al servicio de la AdministraciÃ³n de Justicia, que aborde la aplicaciÃ³n de la normativa reguladora de tales modalidades de jubilaciÃ³n, las condiciones en que esta aplicaciÃ³n no genere problemas de sostenibilidad a los sistemas de protecciÃ³n social y la homogeneizaciÃ³n, en tÃ©rminos equiparables, de los diferentes regÃ­menes.
En dicho estudio se contemplarÃ¡ la realidad especÃ­fica de los diferentes colectivos afectados, incluida la del personal al que le es de aplicaciÃ³n la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, tomando en consideraciÃ³n las singularidades que rodean al mismo, desde una perspectiva acorde con las prioridades y garantÃ­as que se seÃ±alan en el pÃ¡rrafo anterior.
DisposiciÃ³n adicional octava. ProlongaciÃ³n de la vida activa en el RÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado.
A fin de que a los funcionarios pÃºblicos les sea plenamente de aplicaciÃ³n lo establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 163 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, en la redacciÃ³n dada por el apartado Cuatro del artÃ­culo 3 de la presente Ley, asÃ­ como los preceptos anÃ¡logos respecto al RÃ©gimen de Clases Pasivas del Estado, y todo ello con su misma vigencia, el Gobierno remitirÃ¡ a las Cortes Generales un proyecto de ley desarrollando los tÃ©rminos de la prolongaciÃ³n de la permanencia en el servicio activo a que se refiere el artÃ­culo 67.3 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto BÃ¡sico del Empleado PÃºblico.
DisposiciÃ³n adicional novena. AsimilaciÃ³n de las personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
A los efectos de la aplicaciÃ³n de la Ley General de la Seguridad Social, se entenderÃ¡ que estÃ¡n afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65 por ciento, aquellas personas que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.
DisposiciÃ³n adicional dÃ©cima. Auxilio por defunciÃ³n.
El auxilio por defunciÃ³n se incrementarÃ¡ en un 50 por ciento en los prÃ³ximos 5 aÃ±os, a razÃ³n de un 10 por ciento anual. A partir de ese momento, en cada ejercicio, se actualizarÃ¡ el auxilio por defunciÃ³n con arreglo al Ã­ndice de precios al consumo.
DisposiciÃ³n adicional undÃ©cima. Apoyo a las familias de las personas con discapacidad.
El Gobierno presentarÃ¡ en el Congreso de los Diputados, en el plazo de un aÃ±o, un estudio que analice globalmente las diferentes posibilidades para las familias de las personas en situaciÃ³n de discapacidad (patrimonio protegido, previsiÃ³n social complementaria, convenio especial con la AdministraciÃ³n de la Seguridad Social y beneficios fiscales) a fin de garantizar una renta suficiente para las personas discapacitadas que, por la naturaleza o gravedad de sus afecciones, no puedan realizar a lo largo de su vida una actividad profesional y se encuentren desprovistas de apoyo familiar.
DisposiciÃ³n adicional duodÃ©cima. Mejora de las rentas de las familias con menores ingresos.
A su vez, durante los prÃ³ximos ejercicios presupuestarios, la mejora de las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas FÃ­sicas, de las prestaciones econÃ³micas del nivel contributivo de la Seguridad Social y de las prestaciones del nivel no contributivo, garantizarÃ¡n un refuerzo de las polÃ­ticas de apoyo a las familias.
DisposiciÃ³n adicional decimotercera. ConsideraciÃ³n de la familia numerosa.
Se aÃ±ade un nuevo pÃ¡rrafo al apartado 2 del artÃ­culo 2 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de ProtecciÃ³n a las Familias Numerosas, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«El padre o la madre con dos hijos, cuando haya fallecido el otro progenitor.Â»
DisposiciÃ³n adicional decimocuarta. CÃ³mputo, por el sistema de la Seguridad Social, de perÃ­odos cotizados a los MontepÃ­os de las Administraciones PÃºblicas de Navarra.
1. A efectos de las pensiones de incapacidad permanente, jubilaciÃ³n y muerte y supervivencia del sistema de la Seguridad Social, en cualquiera de sus regÃ­menes, se computarÃ¡n los perÃ­odos cotizados por los trabajadores a alguno de los MontepÃ­os de las Administraciones PÃºblicas de Navarra, siempre que tales perÃ­odos no se superpongan a otros cotizados en el citado sistema, tanto para acreditar los perÃ­odos de carencia en cada caso exigidos para la adquisiciÃ³n del derecho a pensiÃ³n, como para determinar, en su caso, el porcentaje por aÃ±os de cotizaciÃ³n para el cÃ¡lculo de la misma. Cuando para el cÃ¡lculo de la base reguladora de la correspondiente pensiÃ³n hubieran de tomarse en cuenta perÃ­odos que sean objeto de dicho cÃ³mputo, la determinaciÃ³n de las bases de cotizaciÃ³n a considerar se llevarÃ¡ a cabo, partiendo de las retribuciones reales de los trabajadores en esos perÃ­odos, aplicando las normas de cotizaciÃ³n vigentes en cada momento en el Ã¡mbito del RÃ©gimen General de la Seguridad Social.
No obstante lo seÃ±alado en el pÃ¡rrafo anterior, no se computarÃ¡n en ningÃºn caso los perÃ­odos cotizados a los expresados MontepÃ­os cuando por los mismos, acumulados en su caso a otros, se haya reconocido derecho a pensiÃ³n en tales MontepÃ­os.
2. Lo establecido en la presente disposiciÃ³n serÃ¡ aplicable con carÃ¡cter retroactivo, siendo revisables, a instancia de parte, los expedientes que en su dÃ­a fueron resueltos por la correspondiente Entidad gestora de la Seguridad Social, si bien los efectos econÃ³micos de dichas revisiones sÃ³lo se producirÃ¡n a partir del dÃ­a primero del mes siguiente al de la fecha de la correspondiente solicitud.
3. El cÃ³mputo que se regula en los pÃ¡rrafos anteriores se realizarÃ¡ en tanto en cuanto por la Comunidad Foral de Navarra se proceda en igual sentido en relaciÃ³n con los perÃ­odos de cotizaciÃ³n acreditados en el sistema de la Seguridad Social, en aplicaciÃ³n de lo previsto al respecto, a partir de la Ley Foral 13/1993, de 30 de diciembre, en las sucesivas Leyes Forales de Presupuestos Generales de Navarra y en el artÃ­culo 30 de la Ley Foral 10/2003, de 5 de marzo, sobre rÃ©gimen transitorio de los derechos pasivos del personal funcionario de los MontepÃ­os de las Administraciones PÃºblicas de Navarra.
La presente disposiciÃ³n no serÃ¡ de aplicaciÃ³n en relaciÃ³n al RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, al RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social del personal al servicio de la AdministraciÃ³n de Justicia.
DisposiciÃ³n adicional decimoquinta. RelaciÃ³n laboral y de Seguridad Social de los artistas en espectÃ¡culos pÃºblicos.
El Gobierno procederÃ¡, en el plazo de un aÃ±o, a la actualizaciÃ³n de las normas que regulan la relaciÃ³n laboral de carÃ¡cter especial de los artistas en espectÃ¡culos pÃºblicos y del rÃ©gimen de Seguridad Social aplicable a los mismos, a fin de facilitar la generaciÃ³n de carreras de cotizaciÃ³n con la menor intermitencia posible y de adecuar dichas normas a las nuevas modalidades de prestaciÃ³n de servicios.
DisposiciÃ³n adicional decimosexta. RÃ©gimen Especial de Trabajadores del Mar.
Se modifica el apartado b) del artÃ­culo 2 del texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por el que se regula el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de agosto, que queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«b) Trabajadores por cuenta propia o autÃ³nomos que realicen de forma habitual, personal y directa alguna de las actividades que a continuaciÃ³n se enumeran, siempre que la misma constituya su medio fundamental de vida y concurran las demÃ¡s circunstancias que reglamentariamente se determinen respecto a cada una de dichas actividades:
1.Âº Los armadores de pequeÃ±as embarcaciones que trabajen a bordo de ellas.
2.Âº Los que se dediquen a la extracciÃ³n de productos del mar.
3.Âº Los rederos que no realicen sus faenas por cuenta de una empresa pesquera determinada.
Se presumirÃ¡ que las anteriores actividades constituyen su medio fundamental de vida, a efectos de la inclusiÃ³n en este RÃ©gimen Especial, siempre que de las mismas se obtengan ingresos para atender a sus propias necesidades o, en su caso, las de la unidad familiar, aun cuando con carÃ¡cter ocasional o permanente realicen otros trabajos no especÃ­ficamente marÃ­timo-pesqueros determinantes o no de su inclusiÃ³n en cualquier otro de los RegÃ­menes del Sistema de la Seguridad Social.Â»
DisposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima. RÃ©gimen Especial de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Uno. El apartado 2 del artÃ­culo 20 queda redactado del siguiente modo:
Â«2. Cuando la situaciÃ³n de incapacidad temporal se extinga por el transcurso del plazo mÃ¡ximo establecido, se procederÃ¡ al examen de la misma en los tÃ©rminos y plazos establecidos en el RÃ©gimen General de la Seguridad Social al objeto de la correspondiente calificaciÃ³n del estado del funcionario como incapacitado con carÃ¡cter permanente para las funciones propias de su Cuerpo o Escala y declaraciÃ³n de jubilaciÃ³n por incapacidad permanente para el servicio. En aquellos casos en los que, continuando la necesidad de tratamiento mÃ©dico por la expectativa de recuperaciÃ³n o la mejora del estado del funcionario con vistas a su reincorporaciÃ³n al servicio, la situaciÃ³n clÃ­nica del interesado hiciera aconsejable demorar la citada calificaciÃ³n, y asÃ­ se haya dictaminado en informe razonado sobre la capacidad o incapacidad del funcionario por el Equipo de ValoraciÃ³n de Incapacidades de la DirecciÃ³n Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de la provincia en que tenga su domicilio aquÃ©l, o por la Unidad de ValoraciÃ³n que resulte procedente de acuerdo con el Cuerpo o Escala del funcionario, dicha calificaciÃ³n podrÃ¡ retrasarse por el perÃ­odo preciso, que en ningÃºn caso podrÃ¡ rebasar los veinticuatro meses siguientes desde la fecha en que se haya iniciado la situaciÃ³n de incapacidad temporal.Â»
Dos. El apartado 3 del artÃ­culo 21 queda redactado en los siguientes tÃ©rminos:
Â«3. El derecho al subsidio econÃ³mico por incapacidad temporal, cualquiera que sea la situaciÃ³n que haya dado lugar al mismo, se entenderÃ¡, en todo caso, extinguido por el transcurso del plazo mÃ¡ximo de veinticuatro meses desde el inicio de la situaciÃ³n de incapacidad temporal.Â»
Tres. Se adiciona un nuevo apartado 2 al artÃ­culo 22, pasando su Ãºnico pÃ¡rrafo a ser el apartado 1, en los siguientes tÃ©rminos:
Â«2. En las situaciones a que se refiere este artÃ­culo, los derechos econÃ³micos, en toda la duraciÃ³n de la licencia, serÃ¡n los establecidos en el artÃ­culo 21 precedente con la particularidad de que la prestaciÃ³n econÃ³mica equivalente al subsidio por incapacidad temporal consistirÃ¡ en un subsidio a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado en cuantÃ­a igual al 100 por ciento de las retribuciones complementarias devengadas en el primer mes de licencia.Â»
DisposiciÃ³n adicional decimoctava. EvaluaciÃ³n periÃ³dica del sistema de pensiones de la Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales emitirÃ¡, antes del 30 de abril de cada aÃ±o, un informe sobre evaluaciÃ³n y estrategia del sistema de pensiones que serÃ¡ remitido a las Cortes Generales. La IntervenciÃ³n General de la Seguridad Social documentarÃ¡, en tÃ©rminos provisionales, la ejecuciÃ³n presupuestaria del ejercicio precedente, en un informe que acompaÃ±arÃ¡ al elaborado por el ministerio seÃ±alado.
DisposiciÃ³n adicional decimonovena. Procedimiento de revisiÃ³n de altas en casos de incapacidad temporal.
Reglamentariamente se regularÃ¡ el procedimiento administrativo de revisiÃ³n, por el Instituto Nacional de la Seguridad Social y a instancia del interesado, de las altas que expidan las entidades colaboradoras en los procesos de incapacidad temporal.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima. Incentivos por la prolongaciÃ³n de la actividad.
A partir de la fecha del cumplimiento de los 65 aÃ±os de edad y de la acreditaciÃ³n de 35 aÃ±os de cotizaciÃ³n a la Seguridad Social, los trabajadores, cuyos empresarios sean beneficiarios de las bonificaciones reguladas en el artÃ­culo 4.1 de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, y que continÃºen en su puesto de trabajo, Ãºnicamente tendrÃ¡n que cotizar la correspondiente aportaciÃ³n por la cotizaciÃ³n a la incapacidad temporal derivada de contingencias comunes.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima primera. ProtecciÃ³n social de los investigadores.
Antes de 31 de diciembre de 2007, la SecretarÃ­a de Estado de Universidades e InvestigaciÃ³n y la SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social realizarÃ¡n una evaluaciÃ³n conjunta de la aplicaciÃ³n del Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, en lo tocante a la incorporaciÃ³n al rÃ©gimen de protecciÃ³n social del personal becario, y adoptarÃ¡n las medidas necesarias para garantizar esta incorporaciÃ³n a los sectores del colectivo en los que se hayan manifestado mayores dificultades, tales como los becarios en el extranjero y los titulares de becas asociados a proyectos de investigaciÃ³n y becas de tipo Â«tecnolÃ³gicoÂ», entre otros.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima segunda. Edad de jubilaciÃ³n del colectivo de bomberos.
El Gobierno presentarÃ¡ a la ComisiÃ³n no permanente de seguimiento y evaluaciÃ³n de los acuerdos del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, previo su anÃ¡lisis por la ComisiÃ³n de Seguimiento del Acuerdo de medidas en materia de Seguridad Social, un informe sobre las medidas a adoptar para dar cumplimiento a las iniciativas parlamentarias aprobadas por la CÃ¡mara, en relaciÃ³n con la reducciÃ³n de la edad de acceso a la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n por parte del colectivo de los bomberos.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima tercera. ProtecciÃ³n social de los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia CatÃ³lica secularizados.
El Gobierno presentarÃ¡ en el Congreso de los Diputados, dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta Ley, un informe sobre medidas a adoptar en relaciÃ³n con los sacerdotes, religiosos y religiosas de la Iglesia CatÃ³lica secularizados que posibilite la mejora de los mecanismos de financiaciÃ³n del incremento de la pensiÃ³n de jubilaciÃ³n, reconocido al amparo de la disposiciÃ³n adicional dÃ©cima de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima cuarta. Mejora de las pensiones de menor cuantÃ­a, a favor de las unidades familiares unipersonales.
Los perceptores de pensiones contributivas del sistema de la Seguridad Social por las contingencias de jubilaciÃ³n, incapacidad permanente y viudedad, que formen una unidad econÃ³mica unipersonal, y que tengan que hacer frente con su pensiÃ³n al mantenimiento de un hogar, experimentarÃ¡n durante los prÃ³ximos cuatro aÃ±os subidas adicionales de su complemento para mÃ­nimos, que les permitan alcanzar en ese periodo los niveles de renta mÃ­nimos necesarios para el sostenimiento de su hogar. En la adopciÃ³n de esta medida se tendrÃ¡n en cuenta los ingresos de que disponga el pensionista, asÃ­ como el patrimonio, excluida su vivienda habitual.
La financiaciÃ³n del complemento a mÃ­nimos se realizarÃ¡ con cargo a la aportaciÃ³n de los Presupuestos Generales del Estado a la Seguridad Social.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima quinta. Reforma integral de la pensiÃ³n de viudedad.
El Gobierno, siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo, elaborarÃ¡ un estudio que aborde la reforma integral de la pensiÃ³n de viudedad.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima sexta. Trabajadores de agencias de aduanas afectados por la incorporaciÃ³n de EspaÃ±a al Mercado Ãnico Europeo.
Los trabajadores de agencias de aduanas que, afectados por la entrada en vigor del rÃ©gimen de Mercado Ãnico Europeo, se vieron privados de sus puestos de trabajo, podrÃ¡n incorporarse a un convenio especial con la Seguridad Social, con objeto de tener garantizado que al llegar a la edad oficial de jubilaciÃ³n de 65 aÃ±os tengan derecho a una pensiÃ³n equivalente a la que hubieran percibido de continuar en activo.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima sÃ©ptima. RevalorizaciÃ³n de prestaciones familiares no contributivas.
A las prestaciones familiares en la modalidad no contributiva contempladas en la Ley General de Seguridad Social les serÃ¡ de aplicaciÃ³n el criterio de revalorizaciÃ³n establecido en el artÃ­culo 48 de dicha Ley.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima octava. Complemento para vivienda.
El Gobierno establecerÃ¡ un complemento para vivienda, aplicable a las pensiones no contributivas de pensionistas que vivan solos y que, por carecer de vivienda habitual propia, deban pagar en rÃ©gimen de alquiler su residencia habitual, en los tÃ©rminos que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado y sean desarrollados reglamentariamente. Estos complementos alcanzarÃ¡n, en el plazo de cinco aÃ±os, la cuantÃ­a necesaria para permitir que dichos pensionistas alcancen en renta disponible una situaciÃ³n equivalente a la que resulta por el Indicador PÃºblico de Renta de Efectos MÃºltiples.
DisposiciÃ³n adicional vigÃ©sima novena. Contratos de trabajo a tiempo parcial y contrato de relevo.
Uno. Se modifica la redacciÃ³n del apartado 6 del artÃ­culo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y se incluye en dicho artÃ­culo un nuevo apartado 7, todo ello con la siguiente redacciÃ³n:
Â«6. Para que el trabajador pueda acceder a la jubilaciÃ³n parcial, en los tÃ©rminos establecidos en el apartado 2 del artÃ­culo 166 de la Ley General de la Seguridad Social y demÃ¡s disposiciones concordantes, deberÃ¡ acordar con su empresa una reducciÃ³n de jornada y de salario de entre un mÃ­nimo de un 25 por ciento y un mÃ¡ximo del 75, conforme al citado artÃ­culo 166, y la empresa deberÃ¡ concertar simultÃ¡neamente un contrato de relevo, de acuerdo con lo establecido en el apartado siguiente, con objeto de sustituir la jornada de trabajo dejada vacante por el trabajador que se jubila parcialmente. TambiÃ©n se podrÃ¡ concertar el contrato de relevo para sustituir a los trabajadores que se jubilen parcialmente despuÃ©s de haber cumplido sesenta y cinco aÃ±os.
La reducciÃ³n de jornada y de salario podrÃ¡ alcanzar el 85 por ciento cuando el contrato de relevo se concierte a jornada completa y con duraciÃ³n indefinida, siempre que el trabajador cumpla los requisitos establecidos en el artÃ­culo 166.2.c) de la Ley General de la Seguridad Social.
La ejecuciÃ³n de este contrato de trabajo a tiempo parcial y su retribuciÃ³n serÃ¡n compatibles con la pensiÃ³n que la Seguridad Social reconozca al trabajador en concepto de jubilaciÃ³n parcial.
La relaciÃ³n laboral se extinguirÃ¡ al producirse la jubilaciÃ³n total del trabajador.
7. El contrato de relevo se ajustarÃ¡ a las siguientes reglas:
a) Se celebrarÃ¡ con un trabajador en situaciÃ³n de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duraciÃ³n determinada.
b) Salvo en el supuesto previsto en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 6, la duraciÃ³n del contrato de relevo que se celebre como consecuencia de una jubilaciÃ³n parcial tendrÃ¡ que ser indefinida o como mÃ­nimo, igual al tiempo que falte al trabajador sustituido para alcanzar la edad de sesenta y cinco aÃ±os. Si, al cumplir dicha edad, el trabajador jubilado parcialmente continuase en la empresa, el contrato de relevo que se hubiera celebrado por duraciÃ³n determinada podrÃ¡ prorrogarse mediante acuerdo de las partes por perÃ­odos anuales, extinguiÃ©ndose, en todo caso, al finalizar el perÃ­odo correspondiente al aÃ±o en el que se produzca la jubilaciÃ³n total del trabajador relevado.
En el caso del trabajador jubilado parcialmente despuÃ©s de haber cumplido sesenta y cinco aÃ±os, la duraciÃ³n del contrato de relevo que podrÃ¡ celebrar la empresa para sustituir la parte de jornada dejada vacante por el mismo podrÃ¡ ser indefinida o anual. En este segundo caso, el contrato se prorrogarÃ¡ automÃ¡ticamente por perÃ­odos anuales, extinguiÃ©ndose en la forma seÃ±alada en el pÃ¡rrafo anterior.
c) Salvo en el supuesto previsto en el pÃ¡rrafo segundo del apartado 6, el contrato de relevo podrÃ¡ celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial. En todo caso, la duraciÃ³n de la jornada deberÃ¡ ser, como mÃ­nimo, igual a la reducciÃ³n de jornada acordada por el trabajador sustituido. El horario de trabajo del trabajador relevista podrÃ¡ completar el del trabajador sustituido o simultanearse con Ã©l.
d) El puesto de trabajo del trabajador relevista podrÃ¡ ser el mismo del trabajador sustituido o uno similar, entendiendo por tal el desempeÃ±o de tareas correspondientes al mismo grupo profesional o categorÃ­a equivalente.
En los supuestos en que, debido a los requerimientos especÃ­ficos del trabajo realizado por el jubilado parcial, el puesto de trabajo que vaya a desarrollar el relevista no pueda ser el mismo o uno similar que el del jubilado parcial, deberÃ¡ existir una correspondencia entre las bases de cotizaciÃ³n de ambos, en los tÃ©rminos previstos en el artÃ­culo 166.2.e) de la Ley General de la Seguridad Social.
Reglamentariamente se desarrollarÃ¡n los requerimientos especÃ­ficos del trabajo para considerar que el puesto de trabajo del trabajador relevista no pueda ser el mismo o uno similar al que venÃ­a desarrollando el jubilado parcial.
e) En la negociaciÃ³n colectiva se podrÃ¡n establecer medidas para impulsar la celebraciÃ³n de contratos de relevo.Â»
Dos. Se incluye una nueva disposiciÃ³n transitoria duodÃ©cima en la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con la siguiente redacciÃ³n:
Â«DisposiciÃ³n transitoria duodÃ©cima. RÃ©gimen transitorio del contrato a tiempo parcial por jubilaciÃ³n parcial y del contrato de relevo.
El nuevo rÃ©gimen legal del contrato a tiempo parcial por jubilaciÃ³n parcial y del contrato de relevo establecido en los apartados 6 y 7 del artÃ­culo 12 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en la redacciÃ³n dada por la Ley de Medidas en materia de Seguridad Social, se aplicarÃ¡ gradualmente de acuerdo con lo previsto en la disposiciÃ³n transitoria decimosÃ©ptima de la Ley General de la Seguridad Social.Â»
DisposiciÃ³n adicional trigÃ©sima. VÃ­ctimas de violencia de gÃ©nero.
Se da nueva redacciÃ³n al apartado 1, de la disposiciÃ³n adicional primera de la Ley OrgÃ¡nica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de ProtecciÃ³n Integral contra la Violencia de GÃ©nero.
Â«1. Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisiÃ³n de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderÃ¡ la condiciÃ³n de beneficiario de la pensiÃ³n de viudedad que le corresponda dentro del sistema pÃºblico de pensiones cuando la vÃ­ctima de dichos delitos fuera la causante de la pensiÃ³n, salvo que, en su caso, medie reconciliaciÃ³n entre ellos.
En tales casos, la pensiÃ³n de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementarÃ¡ las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento estÃ© establecido en la legislaciÃ³n reguladora del rÃ©gimen de Seguridad Social de que se trate.Â»
DisposiciÃ³n adicional trigÃ©sima primera. Dispositivos de alerta en aparcamientos y garajes.
Las Administraciones pÃºblicas competentes procederÃ¡n a desarrollar reglamentariamente la obligaciÃ³n de incorporar en los accesos a los aparcamientos y garajes dispositivos que alerten al conductor de la presencia de peatones en las proximidades de la entrada y salida a la vÃ­a pÃºblica de dichos establecimientos.
DisposiciÃ³n transitoria primera. Derechos transitorios derivados de la legislaciÃ³n precedente, sobre la prolongaciÃ³n de efectos econÃ³micos de la situaciÃ³n de incapacidad temporal en el RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
Los funcionarios incluidos en el campo de aplicaciÃ³n del RÃ©gimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado que, a la entrada en vigor de esta Ley, hubieran superado el mes vigÃ©simo primero posterior al inicio de la situaciÃ³n de incapacidad temporal, podrÃ¡n seguir percibiendo el subsidio de incapacidad temporal, con cargo a la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, hasta el mes vigÃ©simo sÃ©ptimo o trigÃ©simo, ambos inclusive, segÃºn corresponda, siÃ©ndoles de aplicaciÃ³n, bien los artÃ­culos 20 y 21 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en su redacciÃ³n dada por la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el aÃ±o 2007, bien la disposiciÃ³n transitoria sexta de la citada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
DisposiciÃ³n transitoria segunda. AplicaciÃ³n de coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n.
Lo previsto en el pÃ¡rrafo tercero del apartado 1 del artÃ­culo 161 bis de la Ley General de la Seguridad Social no se aplicarÃ¡ a los trabajadores incluidos en los diferentes regÃ­menes especiales que, en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley, tuviesen reconocidos coeficientes reductores de la edad de jubilaciÃ³n, siendo de aplicaciÃ³n las reglas establecidas en la normativa anterior.
Esta Ley tiene el carÃ¡cter de legislaciÃ³n bÃ¡sica en materia de Seguridad Social, de conformidad con lo dispuesto en el artÃ­culo 149.1.17.Âª de la ConstituciÃ³n.
DisposiciÃ³n final tercera. Eficacia en la aplicaciÃ³n de las modificaciones legales.
1. Las modificaciones en el rÃ©gimen jurÃ­dico de las prestaciones del sistema de la Seguridad Social introducidas por medio de la presente Ley, serÃ¡n de aplicaciÃ³n Ãºnicamente en relaciÃ³n con los hechos causantes producidos a partir de la entrada en vigor de la misma, salvo en los supuestos a que se refiere el Ãºltimo pÃ¡rrafo del apartado 4 del artÃ­culo 179 y la disposiciÃ³n transitoria decimosexta del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
2. A efectos de la aplicaciÃ³n del requisito a que se refiere la letra d) del apartado 2 del artÃ­culo 161 bis y el pÃ¡rrafo tercero de la norma 2.Âª del apartado 1 de la disposiciÃ³n transitoria tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se considerarÃ¡, en todo caso, que las jubilaciones anticipadas causadas entre 1 de enero de 2004 y la fecha de entrada en vigor de la presente Ley motivadas por ceses en la relaciÃ³n laboral producidos en virtud de expedientes de regulaciÃ³n de empleo tienen carÃ¡cter involuntario.
Las resoluciones denegatorias de las pensiones de jubilaciÃ³n anticipada asÃ­ como las cuantÃ­as de las pensiones ya reconocidas se revisarÃ¡n a instancia de los interesados.
3. Lo establecido en el apartado 2 del artÃ­culo 22 del Texto Refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, en la redacciÃ³n resultante de la disposiciÃ³n adicional decimosÃ©ptima de la presente Ley, retrotraerÃ¡ sus efectos a la fecha de entrada en vigor de la Ley OrgÃ¡nica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
DisposiciÃ³n final cuarta. AsunciÃ³n de competencias en materia de incapacidad temporal.
La SecretarÃ­a de Estado de la Seguridad Social, a propuesta del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y mediante resoluciÃ³n publicada en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», determinarÃ¡ la fecha a partir de la cual se asumirÃ¡n las funciones atribuidas en el artÃ­culo 128.1.a) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social por los Ã³rganos a los que el mismo se refiere.
DisposiciÃ³n final quinta. ModificaciÃ³n de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto BÃ¡sico del Empleado PÃºblico.
Se modifica la letra e) del apartado 1 del artÃ­culo 87 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto BÃ¡sico del Empleado PÃºblico, que queda redactado del siguiente modo:
Â«e) Cuando accedan a la condiciÃ³n de Diputado o Senador de las Cortes Generales o miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades AutÃ³nomas si perciben retribuciones periÃ³dicas por la realizaciÃ³n de la funciÃ³n. Aquellos que pierdan dicha condiciÃ³n por disoluciÃ³n de las correspondientes CÃ¡maras o terminaciÃ³n del mandato de las mismas podrÃ¡n permanecer en la situaciÃ³n de servicios especiales hasta su nueva constituciÃ³n.Â»
La presente Ley entrarÃ¡ en vigor el dÃ­a 1 del mes siguiente al de su publicaciÃ³n en el Â«BoletÃ­n Oficial del EstadoÂ», salvo su disposiciÃ³n adicional cuarta que lo harÃ¡ el dÃ­a siguiente al de dicha publicaciÃ³n.

References: Real Decreto 
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