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Timestamp: 2017-12-14 06:25:03+00:00

Document:
Presuntas víctimas: Carlos Ángel Pavichich1 y Olinda Montenegro Peticionario
INFORME No. 117/13
PETICIÓN 12.135
Presuntas víctimas: Carlos Ángel Pavichich1 y Olinda Montenegro
Peticionario: Eduardo A. Moro, Angel Rozas, Carlos Angel Pavichich, Olinda Montenegro, María Teresa Flores, Leandro O. Despouy y Ricardo R. Gil Lavedra
Violaciones alegadas: Derecho a las garantías judiciales, a los derechos políticos, a la igualdad ante la ley y a los recursos efectivos, en relación con el deber de respetar los derechos sin discriminación. (Artículos 8, 23, 24 y 25 en relación con el 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos)
Fecha de inicio del trámite: 29 de enero de 1999
1. El 25 de enero de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “CIDH”) recibió una petición presentada por Eduardo A. Moro, Ángel Rozas, Carlos Ángel Pavichich y Olinda Montenegro, en la que alegan que el Estado argentino violó los derechos de los dos últimos, porque a pesar de que cumplieron los requisitos para ocupar los cargos de Senadores Nacionales por la Provincia del Chaco, en representación de la “Alianza Frente de Todos”, el Senado de la Nación dictó la Resolución No. 1083/98 por medio de la cual desechó sus pliegos e incorporó en dichos cargos a Hugo Abel Sager y a Lidia Beatriz Ayala del partido Justicialista. Mediante dicha Resolución el Senado resolvió la impugnación del nombramiento a los cargos de Senadores presentada por el “Partido Justicialista” invocando que ése era el partido político con mayor número de miembros en la Legislatura al momento de la elección. Asimismo, la petición señala que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y a un recurso efectivo con motivo de las decisiones dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante la “CSJN”) y la Cámara Nacional Electoral.
2. Los peticionarios explicaron que en virtud del artículo 54 de la Constitución de la Nación de 1994, cada Provincia estaba representada por tres senadores en el Senado de la Nación. Según el régimen transitorio que regulaba las elecciones de 1995 y 1998, las Provincias tenían la facultad exclusiva, por medio de sus Legislaturas, de elegir a sus representantes que componen el Senado de la Nación por un sistema indirecto hasta 2001, año a partir del cual, las elecciones de senadores nacionales se harían por voto directo de los ciudadanos de cada Provincia. Dado que los partidos que integraban la “Alianza Frente de Todos” habían ganado las elecciones provinciales en 1997, la decisión del Senado que resolvió la impugnación contra su nombramiento en el cargo habría sido arbitraria.
3. El 12 de noviembre de 1998, el Gobernador de la Provincia del Chaco solicitó a la CSJN que declarara la inconstitucionalidad de la resolución del Senado de la Nación e hiciera lugar a una solicitud de medida de no innovar con el propósito de impedir que se juramentaran los senadores presuntamente designados de manera irregular. El 24 de noviembre de 1998, la CSJN rechazó la solicitud de no innovar y el reclamo por considerar que se referían a una cuestión política no justiciable. Al día siguiente, se procedió a juramentar e instalar en sus cargos a los senadores designados por el Senado de la Nación.
4. Los peticionarios sostuvieron que la sentencia de la CSJN del 24 de noviembre de 1998 convalidó lo actuado por el Senado de la Nación, negando a los senadores electos por el Chaco la posibilidad de que su caso fuera examinado en profundidad por un tribunal judicial.
5. El Estado reconoció que los recursos internos habían sido efectivamente agotados mediante la sentencia de la CSJN del 24 de noviembre de 1998; que se había cumplido el plazo establecido en el artículo 46.1.b de la Convención Americana; y que no hay un procedimiento de arreglo internacional pendiente.
6. El Estado solicitó sobre la base del artículo 47.b) y 47.c) que se declarara inadmisible el reclamo de los peticionarios por no exponer hechos que caractericen una violación de la Convención y advirtió que, de pronunciarse sobre el asunto, la CIDH estaría actuando como una cuarta instancia.
El Estado señaló que tanto el partido "Alianza Frente de Todos" como el "Partido Justicialista" reclamaban tener el mayor número de miembros en la legislatura. El Senado de la Nación dispuso que la banca de senador nacional por el periodo 1998-2001 en representación de la Provincia del Chaco le correspondía al “Partido Justicialista” con fundamento en que es el partido que posee el mayor número de miembros en la Legislatura Provincial al tiempo de la elección del senador y que la “Alianza Frente de Todos” no tenía derecho a que fuera designado su candidato.
El Estado afirmó que el Senado de la Nación, al tomar su decisión, se atuvo a lo que señala el texto de la Constitución de la Nación, la cual se refiere a las “alianzas electorales” y no a las “alianzas parlamentarias”. También señaló, que se basó en la Ley 24.444 según la cual el criterio del “origen del mandato o de la banca” prima a los efectos de determinar cuántos escaños correspondían a cada partido o alianza electoral.
La petición fue recibida el 25 de enero de 1999. Los peticionarios solicitaron una audiencia ante la CIDH, misma que se celebró el 4 de marzo de 1999 en el marco del 102º período de sesiones. El 19 de abril de 1999, la CIDH transmitió las partes pertinentes al Estado Argentino. El 15 de octubre de 1999 la CIDH recibió las observaciones del Estado y el 26 de octubre de 1999 éstos fueron transmitidas a los peticionarios. Las observaciones de los peticionarios fueron recibidas el 12 de noviembre de 1999.
La CIDH aprobó el Informe de Admisibilidad No. 132/99 el 19 de noviembre de 1999, en su 105º período extraordinario de sesiones, a través del cual decidió declarar admisible la petición de acuerdo a los artículos 46 y 47 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos respecto a las presuntas violaciones a los artículos 1, 8, 23, 24 y 25 del mismo instrumento, lo cual fue notificado al Estado el 14 de diciembre de 1999. De igual forma, el 17 de diciembre de 1999 fue trasladada al Estado, información adicional suministrada por los peticionarios.
La CIDH recibió comunicaciones por parte del Estado el 26 de abril de 1999, 28 de abril de 1999, 21 de julio de 1999, 14 de febrero de 2000, 11 de abril de 2000, 23 de mayo de 2000, 8 de agosto de 2000, 20 de diciembre de 2000, 9 de enero de 2001, 16 de enero de 2001, 23 de abril de 2001, los que fueron trasladados a los peticionarios. De igual forma, recibió comunicaciones por parte de los peticionarios el 19 de abril de 1999, 21 de diciembre de 1999, 19 de enero de 2000, 1 de junio de 2000, 19 de julio de 2000, 5 de septiembre de 2000, 11 de octubre de 2000, 29 de noviembre de 2000, 26 de diciembre de 2000, 22 de febrero de 2001, 21 de mayo de 2001 y 28 de junio de 2001, los que fueron trasladados al Estado.
El 10 de diciembre de 2010, la CIDH envió un escrito a los peticionarios solicitando información actualizada sobre el asunto. Ante la falta de respuesta, el 6 de julio de 2011 se reiteró dicha solicitud. El 31 de enero de 2013, la CIDH envió nuevamente una solicitud de información a los peticionarios, indicando que de no recibirse dicha información en el plazo de un mes la CIDH podría archivar el expediente, sin haber recibido respuesta.
Tanto el artículo 48 inciso b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH establecen que, dentro del proceso de trámite de una petición, recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, la CIDH verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comunicación y en caso de no existir o subsistir ordenará el archivo del expediente.
La Comisión observa que la última actuación de los peticionarios que obra en el expediente data de 28 de junio de 2001, y que, a la fecha, no han respondido a las solicitudes de información de la CIDH de 10 de diciembre de 2010, el 6 de julio de 2011 y el 31 de enero de 2013. Realizado el análisis correspondiente, la Comisión considera que no cuenta con elementos suficientes para alcanzar una decisión sobre el caso y que la inactividad procesal de los peticionarios constituye indicio de desinterés en su tramitación, por lo que de conformidad al artículo 48 inciso b) de la Convención así como el artículo 42 del Reglamento de la CIDH, decide archivar el presente caso.
Dado y firmado en la ciudad de Washington, D.C., a los 5 días del mes de Noviembre de 2013. (Firmado): José de Jesús Orozco Henríquez, Presidente; Tracy Robinson, Primera Vicepresidenta; Felipe González, Dinah Shelton, Rodrigo Escobar Gil, y Rose-Marie Antoine, Miembros de la Comisión.
1 La Comisión tuvo conocimiento del fallecimiento del señor Carlos Ángel Pavichich el 12 de febrero de 2008, por medios de información pública.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 54
 resolución 
 artículo 46
 artículo 47
 artículo 48
 artículo 42
 artículo 48
 artículo 42