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Timestamp: 2018-07-22 06:29:28+00:00

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Historia de los Derechos Indígenas en Chihuahua – PIAI
El 28 de enero de 1992, se aprobó el Decreto que adicionó un párrafo primero al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de incluir la siguiente redacción:
“La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, cultura, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomarán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.”
Esta adición pretendía reconocer, en congruencia con la realidad nacional, la composición pluriétnica, pretendiendo con ello recoger “el anhelo de los pueblos indígenas a un estándar de vida verdaderamente digno, sin menoscabo de la identidad cultural que les caracteriza”. Sin embargo, su trabajo tan sólo se basaba en el reconocimiento pluricultural de la nación, y no precisamente en el reconocimiento a la libre determinación de sus formas de organización.
No obstante lo anterior, las diversas entidades federativas no se quedaron atrás, aprobando para sus entidades estatales modificadas para introducir en ellas derechos para indígenas. Tales entidades fueron: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Estado de México, Oaxaca y Durango.
De estas reformas estatales solo tres rompieron con la lógica de la sola declaración de pluriculturalidad y avanzaron a conceptos más cercanos a la autonomía indígena: Chihuahua, en 1993-1994; Oaxaca, en 1995; y Campeche, en 1996.
En el caso del Estado de Chihuahua cabe destacar la dinámica por medio de las cuales se llegó a esa reforma, debido a que su redacción y aprobación fue ajena a los movimientos indigenistas del sur de la República, y obedeció a una dinámica social y democrática distintas a las desarrolladas por el resto del país.
Esta reforma tiene su origen en el proceso de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Chihuahua, presentada por el grupo parlamentario de Acción Nacional el día 24 de junio de 1993, en la cual originalmente se tenía como objetivo:
“…adoptar enmiendas ya aprobadas a la Constitución federal, pero pendientes a incorporar; superar anacronismos, defectos técnicos y errores de concordancia en el vigente texto constitucional del estado; y proponer el establecimiento de instituciones y decisiones fundamentales que recogen aspiraciones democráticas, humanistas y para propiciar el recto ejercicio de la autoridad.”
Sin embargo, el documento original de tal iniciativa no incluía aún el tema relativo a la pluriculturalidad y mucho menos a los derechos indígenas.
Consecuente con esta reforma entre el 28 y 29 de julio de 1993 se celebraron catorce foros de consulta en una docena de ciudades de la entidad, un sinnúmero de audiencias públicas tanto generales como de carácter especializado, así como numerosas mesas de discusión.
Fue en el curso de la Consulta Pública, que surgió con fuerza el tema relativo a los pueblos indígenas, por lo cual las Comisiones Unidas que dictaminaron la Reforma estimaron pertinentes analizar con detenimiento, incorporando al dictamen una serie de disposiciones que consideraron fueran recogidas por el texto constitucional. A decir de los legisladores de la LVII Legislatura:
“…atentas a las inquietudes expresadas durante el desarrollo de los foros de consulta y de las reuniones de audiencia pública que en torno de la iniciativa objeto del presente dictamen se llevaron a cabo, tomaron debida nota de las opiniones y señalamientos acerca de as necesidad de incluir en forma expresa en esta Constitución disposiciones diversas para establecer en favor de los pueblos indígenas, derechos que tiendan a preservar su identidad y sus valores culturales, así como a lograr su desarrollo integral conforme a sus propios usos y costumbres.”
Mientras a nivel nacional se debatían los derechos indígenas a partir del levantamiento del EZLN, en nuestro Estado se daba paso a un ejercicio de dialogo democrático y de participación ciudadana, para incluir tales prerrogativas. Al grado que los legisladores no retomaron la redacción del 4to. Constitucional vigente, superando el mero reconocimiento de la diversidad y optaron por incluir un capítulo referente a los Pueblos Indígenas, así como modificar la relación que se desarrollaría entre el Estado y los pueblos, en especial en temas como la educación o el desarrollo de proyectos legislativos.
La Constitución del Estado Libre y Soberano de Chihuahua incluye así, previo a las reformas en Oaxaca en 1995, la Ley COCOPA en 1996, y a la Federal del 2001, disposiciones en favor del derecho a preservar su identidad y sus valores culturales, al igual que lograr su desarrollo integral conforme a sus propios usos y costumbres. Estos cambios fueron:
1. El artículo 8o. que estableció
“En todo juicio civil o penal si una de las partes es indígena las autoridades tomarán en cuenta sus usos, costumbres y prácticas jurídicas. En la represión de los delitos cometidos en las comunidades indígenas entre miembros de un mismo pueblo, se respetarán los métodos e instituciones utilizados tradicionalmente por el pueblo de que se trate. La ley establecerá todo lo relativo a las competencias, jurisdicciones y demás que sea necesario para dar cumplimiento a este precepto.”
2. En el artículo 9o. menciona que
“…conforme a la ley, las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas son inalienables e imprescriptibles. La enajenación o gravamen que tengan por objeto las tierras o aguas pertenecientes a los pueblos indígenas se ajustarán a lo que disponga la ley y, particularmente, acatando los usos, costumbres y prácticas jurídicas de dichos pueblos, que deben recopilarse, reconocerse, garantizarse y regularse por las leyes que rigen en materia civil dentro del Estado de Chihuahua.”
Siendo esta disposición la que más causó y sigue siendo causa de controversia, ya que reconoce ciertos derechos, que no podrán llevarse a cabo, a menos de que se realice la reforma específica a la Constitución Federal, en el artículo 27 Constitucional. Sin embargo, esto obedece al criterio de que los derechos humanos y sus garantías, reconocidos en la Constitución no pueden ser restringidos, pero si extendidos en los diversos ordenamientos jurídicos.
3. En el artículo 10 señala que por un lado que
“La educación de los pueblos indígenas será objeto de atención especial por parte del Estado. La ley establecerá los mecanismos necesarios para propiciar que aquélla se proporcione por dichos pueblos y sea bilingüe cuando éstos así lo soliciten.”
Así como incluir la visión de que “los servicios de salud que el Estado proporcione a los pueblos indígenas se planearán en coordinación con éstos, teniendo en cuenta su idioma, usos y costumbres.”
4. Una de las disposiciones más importantes de esta reforma es la referente al Artículo 64 fracción XXXVII, que incluye el principio del respeto a la opinión de los pueblos indígenas y sus comunidades, como una forma previa del reconocimiento de los mismos como sujetos de derecho. Dicha disposición establece la facultad del Congreso para dictar leyes para el desarrollo integral de los pueblos indígenas, subrayando que deberán ser previa consulta a éstos. Asimismo, “dichos pueblos podrán nombrar un representante ante el congreso cuando se discutan las mencionadas leyes”.
5. Además se incluyó por último, en el inciso B de la fracción II, del artículo 144, que uno de los criterios que orientará la educación en el Estado
“será nacional, en cuanto sin hostilidades ni exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura plural, formada a partir de nuestra realidad pluriétnica, por lo que se promoverá la enseñanza bilingüe en todos los niveles, cuando así lo soliciten los pueblos indígenas que habitan en el Estado.”
La LVII Legislatura (1993-1995) permitió establecer un nuevo marco constitucional en el estado, que incluyó buena parte del trabajo que las organizaciones no gubernamentales desarrollaron en el medio indígena de la Sierra Tarahumara durante la década de 1980. Con ésta y otras reformas constitucionales, el Legislativo del Estado de Chihuahua culminaba una primera etapa de gobierno, ejerciendo una actividad política innovadora e inusual en el terreno legislativo nacional.
Este nuevo marco jurídico resultó acorde con las nuevas definiciones en materia de derechos indígenas, tanto el artículo 4o. de la carta magna, como lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales, y en el Proyecto de Declaración Universal sobre los Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, ahora vigentes.
Por otra parte, con fecha veinte de agosto de mil novecientos noventa y cinco, fue presentada por el Diputado a la Quincuagésima Séptima Legislatura, Bernardo Torres Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, iniciativa mediante la cual pretende crear la ley reglamentaria de los pueblos indígenas, misma que fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Indigenistas, para la elaboración del dictamen correspondiente.
Tal iniciativa provenía de un proceso de revisión efectuado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto Nacional Indigenista (INI), y de otras asociaciones, la cual proponía la realización de una reglamentación que señalara la obligatoriedad, tanto del estado como de la población no aborigen, de conocer, reconocer, respetar y hacer respetar las formas de vida comunitaria de tales etnias; es decir, sus culturas, formas de gobierno y autonomía administrativa, sus sistemas jurídicos no escritos, tradiciones educativas y de atención a la salud, el derecho inmemorial al uso de su lengua, el derecho histórico a sus territorios y, consecuentemente, a sus tierras y parcelas, el derecho a la propiedad, uso y disfrute de sus recursos naturales, como el subsuelo, agua, minerales, bosque, flora y fauna.
La iniciativa pretendía consolidar “el compromiso de construcción de un país y, en lo particular, de una Entidad Federativa como Chihuahua, donde los derechos humanos, individuales y colectivos, reflejen la unidad de nuestro pluralismo cultural, lingüístico, religioso, político, jurídico y educativo.”
Por otro lado, con fecha veinte de octubre del año mil novecientos noventa y ocho, los Diputados a la Quincuagésima Octava Legislatura, Ismael Díaz Carrillo, Álvaro Terrazas Sánchez, Hortensia Enríquez Ortega, todos del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, además del entonces Diputado Dagoberto González Uranga, integrante del Partido de la Revolución Democrática, presentaron otra iniciativa por medio de la cual se creaba la Ley Reglamentaria de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.
Dicho proyecto se sustentaba en que, no obstante los innegables avances de México en todos los órdenes, aún subsisten lacerantes rezagos históricos, inercias culturales e injusticias que afectan a la mayor parte de la población, particularmente a la indígena.
Subrayaba que era necesario reconocer que después de un poco más de 500 años los mexicanos no hemos sido capaces de establecer una relación armónica, respetuosa, igualitaria y justa con los pueblos indígenas. Señalando que los problemas se habían agudizado con el paso del tiempo y la brecha entre la población indígena y la no indígena, se había ensanchado gravemente.
Sus principales objetivos eran entonces: El reconocimiento y protección a la autonomía y derechos de los pueblos y comunidades indígenas; auspiciar una mayor participación y una mejor representación política de los pueblos y comunidades indígenas; garantizar acceso pleno a la justicia; promover y difundir sus manifestaciones culturales; asegurar su educación y capacitación, garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas; impulsar la producción y el empleo y, por último, dar protección a los indígenas migrantes.
Asimismo, otra iniciativa con fecha cuatro de abril del año dos mil, fue presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por medio de la cual pretenden crear la Ley de Pueblos y Comunidades indígenas, misma que pretendía regular la coordinación entre las diversas dependencias y entidades de los gobiernos Estatal y municipales, así como la participación de la ciudadanía en las materias de la misma; los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como su autonomía en la toma de decisiones, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; la gestión de sus autoridades; las normas jurídicas de carácter consuetudinario, que reconocen como válidas; la jurisdicción de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas en la resolución de conflictos; las medidas de control en el cumplimiento de la ley; y las medidas de seguridad, sanciones y delitos en las materias propias de la misma, al igual que la denuncia popular.
En primera instancia se presenta la necesidad de reconocer y respetar las “formas de vida comunitaria” así como se otorga cierta autonomía de carácter administrativo; en segundo la consolidación de la protección de los derechos indígenas, a través del reconocimiento y protección a la autonomía y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, la participación política de los pueblos y comunidades indígenas.
Sin embargo, el clima que vivía el país en torno a los derechos indígenas inhibió el desarrollo y aprobación de las leyes respectivas, quedando a expectativas de lo aprobado por las Cámaras Legislativas, para continuar un proceso legislativo que llevaba su curso. Esto hizo que para el año 2000 el paradigma del reconocimiento de los derechos indígenas cambiara y retrocediera de la autonomía administrativa (1995) y la Autonomía Plena (1998), a la limitación de los derechos indígenas en iniciativas que pretendía determinar la jurisdicción indígena y reconocer desde el Estado cuales reglas de carácter consuetudinario se determinarían como válidas.
Para el año 2001, en respuesta al problema indígena, se aprobó la modificación del artículo 2do. de la Constitución Federal con el fin de plasmar los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades. Sin embargo, tal proyecto careció del apoyo que se esperaba, tal como lo podemos ver en las críticas que se suscitaron en los foros de consulta realizados durante el 2001 y al momento de la aprobación del Dictamen en el Congreso del Estado de Chihuahua. Tales argumentos se basaban en que los Legisladores de las Cámaras habían desconocido los acuerdos tomados por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA).
Tales acuerdos consistían en la elaboración de una iniciativa de Reforma Constitucional, en base a lo dispuesto por los Acuerdos de San Andrés de 1996, por los legisladores de la COCOPA, integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI, PAN, PRD y PT. En esta ley se reconocía el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas y el respeto a la diferencia.
Sin embargo el dictamen sobre la reforma indígena aprobado por el Senado de la República 25 de abril de 2001 modificaba sustancialmente, en forma y contenido, dicha iniciativa elaborada y presentada por el jefe del Ejecutivo en diciembre del 2000.
Con la aprobación de la Reforma Federal, el Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, decidió dictaminar como satisfechas las iniciativas presentadas en los años anteriores, con ello desechando sin estudio las diversas propuestas de reglamentación de los artículos de la constitución.
Un fue hasta el año 2005 que se volviera a rescatar el tema en la Sexagésima Primera Legislatura, mediante dos iniciativas una cargo de Lilia Aguilar Gil, para crear una la Ley de Cultura y Derechos Indígenas para el Estado de Chihuahua; y otra por los Diputados Humberto Pérez Rodríguez, José Antonio Comadurán Amaya y Alberto Amalio Espino González, por medio de la cual proponían Crear la Ley de los Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Chihuahua.
No obstante, tanto los contenidos, como un proceso poco efectivo para el desarrollo de una consulta libre, previa e informada, evitó que prosperaran dichos proyectos. Los cuales se mantuvieron en discusión y análisis en diversas mesas técnicas sin llegar a un acuerdo sobre su viabilidad.
Será en 2010, cuando la LXII Legislatura acordara a iniciativa del Dip. Jesús Velázquez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas, que los trabajos en la materia de los derechos de los pueblos indígenas formaran parte prioritaria dentro de la agenda legislativa para dar la continuidad necesaria para la consolidación de los mismos, esto con el propósito no retrasar la reforma integral del marco jurídico regulatorio para el desarrollo armónico de sus derechos colectivos de los Pueblos Indígenas. Es así que la Comisión formó una mesa de trabajo y análisis, a fin de darle seguimiento a la Reforma, integrada por un cuerpo de asesores y especialistas de los diversos grupos Parlamentarios y representaciones de Partidos, así como representantes de las diversas organizaciones públicas y privadas involucradas con la atención de los Pueblos Indígenas e integrantes del Programa Interinstitucional de Atención al Indígena.
Así en esta mesa técnica se redactaran las propuestas de reforma a la Constitución del Estado de Chihuahua, la Ley de los Derechos de Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua, así como el diseño de la Consulta a los pueblos y Comunidades Indígenas.

References: artículo 4
 artículo 8
 artículo 9
 artículo 27
 artículo 10
 Artículo 64
 artículo 144
 artículo 4
 resolución 
 artículo 2