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Presidente de la Corporación SALA CIVIL- FAMILIA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA / MUERTE POR ELECTROCUCIÓN
FIN del extracto SALA LABORAL
CONTRATO DE TRABAJO / PRUEBA/ PRESUNCIÓN
HECHOS DE LA DEMANDA/PRESUNCIÓN POR INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN
HISTORIA CLÍNICA / RESERVA
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ CONVIVENCIA
CULPA PATRONAL EN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO/ PRUEBA
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA/ PROHIBICIÓN DE DESPIDO
CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO POR SOLICITUD DE LA VÍCTIMA
REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS
Dr. Carlos Milton Fonseca Lidueña
SALA CIVIL- FAMILIA
Dra. Myriam Fernández de Castro Bolaño
Dra. Tulia Cristina Rojas Asmar
Dra. Martha Isabel Mercado Rodríguez
Dr. Alberto Rodríguez Akle
Dr. Cristian Salomón Xiques Romero
Dra. Luz Dary Rivera Goyeneche
Dra. Isis Emilia Ballesteros Cantillo
Dr. Carlos Alberto Quant Arévalo
Dr. Roberto Vicente Lafauríe Pacheco
Dr. David Vanegas González
Dr. José Alberto Dietes Luna
Dr. Alejandro Rafael Mancilla Díaz Granados
Dr. Enrique Vanegas Bornachera
SALA CIVIL-FAMILIA
2005.00581.01
SUJETOS PROCESALES :
DEMANDANTES : LIBIAM RESTREPO MOGOLLÓN, en representación del menor SEBASTIÁN RESTREPO MOGOLLÓN
DEMANDADOS: GLADIS TERNERA GONZÁLEZ DE AYALA, CARLOS AUGUSTO, HÉCTOR RAÚL Y GLORIA JANETH AYALA GONZÁLEZ como herederos determinados y los indeterminados del señor BENJAMÍN AYALA GUARÍN.
FILIACIÓN– Tiene calidades de derecho fundamental innominado, ligado con el principio de dignidad humana/ FILIACIÓN– El Juez hará uso de todos los mecanismos legales para asegurar la comparecencia de las personas, y agotados todos estos mecanismos, si persiste la renuencia, el juez de oficio y sin más trámites mediante sentencia procederá a declarar la paternidad o maternidad que se le imputa.
“Por otra parte, la Corte Constitucional también ha señalado que la filiación es un derecho innominado, de conformidad con lo previsto en el artículo 94 de la Constitución Política. De ahí que, es deber de los jueces actuar con diligencia y proactividad en los procesos de investigación e impugnación de la paternidad o maternidad, y que las pruebas antroheredobiológicas son determinantes para proferir una decisión de fondo. Según criterio de esa Corporación, el mencionado derecho se encuentra estrechamente ligado con el principio de la dignidad humana, pues todo ser humano tiene derecho a ser reconocido como parte de la sociedad y de una familia.
De acuerdo con lo expresado, la Corte Constitucional ha calificado la filiación con las calidades de derecho fundamental, atributo de la personalidad jurídica y elemento derivado del estado civil[3]. Además, ha insistido en que la protección de la filiación implica una salvaguarda de los derechos a la personalidad jurídica (artículo 14), a tener una familia (artículos 5, 42 y 44), al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16) y a la dignidad humana (artículo 1). (…)
– Cuando se presente renuencia de los interesados a la práctica de la prueba, el juez hará uso de todos los mecanismos contemplados por la ley para asegurar la comparecencia de las personas, y agotados todos estos mecanismos, si persiste la renuencia, el juez de oficio y sin más trámites mediante sentencia procederá a declarar la paternidad o maternidad que se le imputa.
– Solo en aquellos casos en que es absolutamente imposible disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente.”
2013.00051.01
DEMANDANTES : WENCESLAO ENRIQUE JIMENO ROCHA, MILADIS ESTHER DE LA ROSA ESTRADA, LIADENIT JIMENO DE LA ROSA Y DERVY JOSÉ JIMENO DE LA ROSA
DEMANDADO: ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. (ELECTRICARIBE S.A. E.S.P.).
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA / MUERTE POR ELECTROCUCIÓN- El damnificado tiene la carga probatoria de demostrar el daño y la relación de causalidad con elementos probatorios suficientes e idóneos./ CULPA POR CONDUCTA OMISIVA- Las empresas prestadoras del servicio de energía eléctrica tienen el deber de establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente, debiendo responder civilmente en caso de sustraerse al cumplimiento de tal obligación. /CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA- Solo exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización.
“En cuanto a la responsabilidad civil extracontractual por el desarrollo de actividades peligrosas, debe manifestarse que según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, su fundamento legal es el artículo 2356 del código civil que “establece una situación particular para aquellas conductas imputables a «malicia o negligencia de otra persona» que, por regla general, «debe ser reparado por ésta», partiendo de un principio de presunción de culpa, cuya exoneración sólo sería el producto del caso fortuito, la fuerza mayor o la intervención de un elemento extraño, como lo es la «culpa exclusiva de la víctima». (…)
En lo que concierne a la actividad de generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica como actividad peligrosa, el mismo Cuerpo Colegiado ha manifestado lo siguiente:
“Esta Corporación ‘(…), en reiteradas oportunidades, ha calificado la electricidad como peligrosa, ubicando la responsabilidad derivada de los daños causados por su virtud en las previsiones del artículo 2356 del Código Civil, en cuyo caso, el damnificado tiene la carga probatoria de ‘demostrar que el perjuicio se causó por motivo de la generación, transformación, transmisión y distribución de energía eléctrica’ (…), esto es, el daño y la relación de causalidad con elementos
probatorios suficientes e idóneos, sujetos a contradicción, defensa y apreciados por el juez con sujeción a la sana crítica y libre persuasión racional. (sent. cas. civ. de 19 de diciembre de 2008 exp. 1999- 02191-01)’”.
Finalmente debe memorarse lo expuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en lo atinente a la causa extraña denominada culpa exclusiva de la víctima:
“La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.”. (Sentencia del 16 de junio de 2015, M P Ariel Salazar Ramírez, exp. SC7535-2015). (…) M.P. ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE 2 Rad. 2013.00051.01 (Fl. 341 Tomo II).
En cuanto a la insistencia de los apelantes en la prosperidad de la excepción de culpa exclusiva de la víctima, este Cuerpo Colegiado considera que el argumento común de las impugnaciones no puede ser acogido, puesto que tal como se señaló en líneas anteriores, para la constitución de este eximente de responsabilidad es necesario que el comportamiento imprudente o negligente de la víctima sea la causa única y suficiente del daño, presupuesto que no se presenta en este asunto, habida cuenta que los medios de prueba arrimados al cartulario permiten inferir que la causa determinante del daño alegado en la demanda fue el comportamiento negligente y omisivo de Electricaribe S.A. E.S.P.
Lo anterior es así teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 90708 del 30 de agosto de 2013 proferida por el Ministerio de Minas y Energías, se expidió el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), que tiene como objetivo “establecer las medidas tendientes a garantizar la seguridad de las personas, de la vida tanto animal como vegetal y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico”1 , teniendo como campo de aplicación “las instalaciones eléctricas, los productos utilizados en ellas y a las personas que las intervienen”. Entiéndase por personas que las intervienen “todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, contratistas u operadores que generen, transformen, transporten, distribuyan la energía eléctrica; y en general, por quienes usen, diseñen, supervisen, construyan, inspeccionen, operen o mantengan instalaciones eléctricas en Colombia.”2
En ese orden de ideas, al ostentar la demandada Electricaribe S.A. E.S.P. la condición de persona jurídica con objeto social dedicado al suministro del servicio público de energía en la región caribe colombiana; no cabe duda que se encuentra ubicada dentro del ámbito de aplicación del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, y en consecuencia le corresponde acatar la totalidad de las disposiciones allí contenidas.
El artículo 22.2. del referido reglamento técnico, estipula que dentro de las zonas de servidumbres utilizadas para el desarrollo de este tipo de actividades, sus operadores deben “impedir la siembra o crecimiento natural de árboles o arbustos que con el transcurrir del tiempo comprometan la distancia de seguridad y se constituyan en un peligro para las personas o afecten la confiabilidad de la línea.”
Lo anterior quiere decir, que las empresas operadoras del servicio de energía tienen la obligación de evitar que sus equipos eléctricos o conductores energizados hagan contacto físico con árboles o arbustos dentro del espacio correspondiente a sus zonas de servidumbres, y en el caso puesto en estudio se advierte que la demandada Electricaribe S.A. E.S.P. omitió darle cabal cumplimiento a la disposición coercitiva en comento.(…)
Así mismo se concluye, que la causa eficiente de este daño no fue solo la creación de un riesgo por parte del sujeto pasivo de la relación procesal, sino también su comportamiento negligente y desprovisto de todo deber objetivo de cuidado, al abstenerse de realizar mantenimiento a sus zonas de servidumbre y permitir que sus instalaciones eléctricas hicieran contacto directo con especies vegetales. 1 Artículo 1° RETIE 2 Artículo 2° RETIE M.P. ALBERTO RODRÍGUEZ AKLE 3 Rad. 2013.00051.01 (Fl. 341 Tomo II).
Por otra parte, tampoco considera esta Sala que el comportamiento desplegado por el Joven Almir Jimeno de la Rosa, consistente en trepar de forma volitiva el árbol donde ocurrió el fatídico accidente, deba considerarse como causa adecuada y concurrente en la producción del evento dañoso, puesto que según los lineamientos de la Corte suprema de justicia “no ha de perderse de vista que para “determinar la relación de causalidad, cuando media pluralidad de hechos o de culpas”, conforme al “criterio de la causalidad adecuada tan sólo pueden estimarse efectos de una causa aquellos que según las reglas del sentido común y de la experiencia suelen ser su resultado normal”; es decir, no es suficiente “‘establecer la participación de distintos hechos o cosas en la producción del daño’” sino que “‘es preciso determinar la idoneidad de la culpa o del riesgo... para producir normalmente el hecho dañoso’” 3 .
Aplicando el anterior criterio al caso que nos ocupa, se colige que innegablemente el hecho de trepar un árbol implica el riesgo consecuente de caerse al piso y sufrir lesiones, pero nunca se podrá considerar como consecuencia natural de esa acción, la posibilidad de recibir una descarga eléctrica, máxime cuando la normatividad aplicable a la materia impide a los operadores del servicio público de energía, permitir que sus redes se encuentren haciendo contacto físico con cualquier clase de cuerpo.”
2015-00148
DEMANDANTE: JOSÉ TOMÁS OLIVEROS REVUELTA
DEMANDADOS: FRANCISCO OLIVEROS NIETO Y OTRAS.
FUENTE FORMAL :
Artículos 23 y 24 Código Sustantivo del Trabajo
CONTRATO DE TRABAJO / PRUEBA/ PRESUNCIÓN- El trabajador queda relevado de demostrar el elemento dependencia o subordinación, correspondiéndole desvirtuar su existencia al empleador.
“El artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, para la configuración del contrato de trabajo, establece tres elementos esenciales: a) la actividad personal del trabajador; b) la continuada subordinación o dependencia del operario respecto del empleador; y c) el salario como retribución del servicio.
Ahora bien, para efectos de probar la concurrencia de los tres elementos del contrato, el artículo 24 del mismo estatuto referido, consagra una presunción en favor del trabajador, quien sólo debe acreditar la prestación del servicio a una persona natural o jurídica para que se presuma que la misma estuvo regida por un contrato de trabajo, lo que quiere decir que el trabajador queda relevado de probar la subordinación o dependencia y se traslada la carga de la prueba de este elemento al empleador, quien debe desvirtuarlo. Así lo ha establecido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.”
HECHOS DE LA DEMANDA/PRESUNCIÓN POR INASISTENCIA A AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN- Es posible desvirtuar la presunción de veracidad de los hechos de la demanda por la no asistencia del demandado, demostrando la existencia de otro tipo de contrato o la inexistencia del pretendido contrato de trabajo.
“En cuanto a la presunción de tener por ciertos los hechos de la demanda por la no asistencia del demandado a la audiencia de conciliación, lo cierto es que eso es desvirtuable cuando existan elementos de juicio que establezcan otro tipo de relación contractual o la no existencia del contrato de trabajo tal como ocurrió en este caso, que con los testimonios recepcionados se pudo demostrar que ni siquiera existió prestación personal del servicios y mucho menos subordinación.
Así las cosas, se estima que no se probó que el demandante José Tomas Oliveros Revuelta hubiese prestados sus servicios personales en la finca La Feria para los demandados, en desarrollo de un contrato de trabajono puede desconocer la Sala que de las únicas pruebas arrimadas al plenario, como los testimonios, no se pudo extraer que efectivamente hubiese existido relación laboral.”
M. PONENTE:
2016-00571
DEMANDANTE: BORIS CHAVEZ OBREGÓN
DEMANDADO: JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ Y ARL SURA
Num. 4°, Art. 24, Ley 1437 del 2011.
HISTORIA CLÍNICA / RESERVA- Se constituye en un documento sometido a reserva / HISTORIA CLÍNICA/ INFORMACIÓN- Solo procede su entrega, por parte de las EPS, a petición de los propios interesados o de sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información.
“Por otro lado, en cuanto a la prueba documental la sociedad Seguros de Riesgos Laborales Suramericana S.A. solicitó que se oficiara a la E.P.S. Sanitas para que llegara al proceso todo lo referente a las prestaciones económicas y asistenciales que le han brindado al señor Boris Chávez Obregón en virtud de su patología lumbar y para que certificara su estado de salud.
La Sala estima conveniente indicar que para la fecha de presentación de la demanda 18 de febrero del 2014 es aplicable para el caso el Código de procedimiento Civil.
La Sala tampoco comparte la posición del juez de instancia, pues numeral 5° art. 31 del C. P. T. y de la S. S., establece que la contestación de la demanda contendrá “la petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba”. Por lo que era procedente y nada le prohibía a la enjuiciada solicitar el decreto de oficio de la prueba requerida en su contestación de la demanda.
Además el numeral 3° del parágrafo 1° del artículo en comento, reza que la contestación de la demanda deberá ir acompañada de “las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder”, y no se encuentra dentro del plenario ningún elemento de juicio que le permita inferir a la Sala que la entidad poseía siquiera una copia de los documentos que hoy solicita.
Vale decir que los documentos donde consta todo lo referente a las prestaciones económicas y asistenciales que le han brindado al señor Boris Chávez Obregón
en virtud de las patologías sufridas hacen parte de su historia clínica, la cual está sometida a reserva legal y sólo puede ser conocida por el paciente y su médico.
En éste sentido, el numeral 4° del artículo 24 de la Ley 1437 del 2011, establece que tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la Constitución o la ley, y en especial:
4. Los que involucren derechos a la privacidad e intimidad de las personas, incluidas en las hojas de vida, la historia laboral y los expedientes pensionales y demás registros de personal que obren en los archivos de las instituciones públicas o privadas, así como la historia clínica, salvo que sean solicitados por los propios interesados o por sus apoderados con facultad expresa para acceder a esa información. (Subraya la Sala)
Por lo tanto, al no mediar autorización del paciente o de un administrador de justicia, el juez yerra en considerar que la demandada podía acceder a los documentos que hoy solicita por vía derecho de petición a la E.P.S. Sanitas entidad donde el accionante está afiliado.”
2015- 01275
DEMANDANTE:MARÍA ISABEL ORELLANO SALAZAR
DEMANDADOS: COLPENSIONES- ISS EN LIQUIDACIÓN-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL “U.G.P.P. Y ELSA PERTÚZ GUETTE
Artículo 13, Ley 797 de 2003.
PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES/ CONVIVENCIA- La convivencia, entendida como la vida en pareja, con solidaridad, colaboración y apoyo mutuo, es condición sine quanon para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes.
“En ese sentido, el pensionado dejó causado el derecho, por lo que es relevante en el presente caso determinar si las reclamantes Elsa Pertúz Guette y María Isabel Orellano Salazar, acreditan o no el requisito de convivencia que exige la norma vigente al momento del fallecimiento, la cual es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, es decir, que estuvieron haciendo
vida marital con el causante por lo menos durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.
Esa convivencia debe ser entendida como “la efectiva y real vida de pareja basada en la solidaridad, la colaboración y el apoyo mutuos”, tal como se desprende de lo dicho en la sentencia del 20 de abril de 2005, radicación. 23.735, proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.”
2015- 01185
DEMANDANTE: LEIDYS LIZETH LINERO HERRERA
DEMANDADO: SERVICONT E.U. Y AUT INVERSIONES ALVARO URREA TORO, HOY INVALUR S.A.S.
Art. 216 del C.S.T.,
CULPA PATRONAL EN LA OCURRENCIA DE ACCIDENTE DE TRABAJO/ PRUEBA- Debe ser plenamente demostrada por quien la alega, éste debe acreditar que el empleador no actuó con la debida diligencia y cuidado y que tal inobservancia tuvo incidencia en la ocurrencia del accidente.
“De conformidad con el artículo 216 del C.S.T., existe culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, y por ende, obligación de pagar la indemnización total y ordinaria de perjuicios siempre que se encuentre suficientemente comprobada por parte de quien la alega, caso en el cual el empleador deberá demostrar que tuvo la diligencia y cuidado requeridos para eximirse de la responsabilidad.
En esta estirpe de responsabilidad, la culpa del empleador en el desencadenamiento del accidente laboral se erige como un elemento de su esencia. Se trata, sin duda, de un régimen de responsabilidad subjetiva cimentada en la culpa.
En tal sentido, cuando quiera que el trabajador considere que el accidente de trabajo de que fuera víctima o la enfermedad profesional de que adolece, se dio por culpa del empleador, y por tanto, persiga judicialmente el pago de la referida indemnización consagrada en el artículo 216 del C.S.T., tiene el deber de acreditar
que el empleador no actuó con la debida diligencia y cuidado y que tal inobservancia tuvo incidencia en la ocurrencia del accidente.
En efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha dicho insistentemente que «…la parte demandante tiene la carga de probar la culpa o negligencia del empleador que da origen a la indemnización contemplada en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, además de que el empleador puede desligarse de ella demostrando diligencia y cuidado en la realización del trabajo…» (CSJ SL2799-2014).
De modo que, la responsabilidad ordinaria no está fincada en presunciones de culpa que produzcan inversión de la carga de la prueba, del demandante para con el demandado. (…)
Y aun cuando, el juez de instancia declarara confesos a los representantes legales de las empresas demandadas ante su inasistencia al interrogatorio de parte, en relación a las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito, tal circunstancia no tiene valor probatorio, pues en virtud del principio de oralidad que rige en materia laboral el interrogatorio debe ser practicado oralmente, sin que tenga ninguna validez el interrogatorio escrito, conforme al artículo 42 del C.P.T. Y en tal sentido no son admisibles las consecuencias endilgadas por el A quo en esta materia. (…)
Por otro lado, es del caso precisar que no basta la sola afirmación de la falta de vigilancia y control del programa de salud ocupacional, como tampoco la falta de dotación de los elementos de protección, sino que se debe demostrar en que consistió el incumplimiento, y a su vez, ha de tener nexo de causalidad con las circunstancias que rodearon el accidente de trabajo generador de los perjuicios, las que igualmente deben ser precisadas en la demanda.
En ese orden de ideas, no existe duda para la sala que la demandante no logró demostrar el incumplimiento de una de las obligaciones de protección y de seguridad asignadas al empleador, menos aún el nexo de causalidad del mismo con la ocurrencia del accidente de trabajo sufrido por el señor Jorge Navarro Pedroza (Q.E.P.D), y en tal sentido, al depender la prosperidad de las pretensiones de que la culpa patronal sea suficientemente comprobada, deviene inexorablemente la absolución de la demandada. “
2015- 01260
DEMANDANTE: ADULFO COHEN POLO
DEMANDADO: GRASAS Y DERIVADOS S.A.- GRADESA S.A..
Artículo 26, Ley 361 de 1997
ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA/ PROHIBICIÓN DE DESPIDO- Un trabajador no puede ser despedido con motivo de hallarse en situación de discapacidad. ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA/ REQUISITOS- Existen exigencias de orden normativo, inherentes al grado de limitación de la capacidad y a otros aspectos, cuyo cumplimiento es determinante para el reconocimiento de dicha protección.
“Estando orientado el litigio entonces, a establecer si el actor gozaba de la protección a la estabilidad laboral reforzada.
El artículo 26 de la Ley 361 de 1997, prescribe que las personas en situación de discapacidad no pueden ser despedidas por razón de ella, salvo que medie la autorización de la Oficina de Trabajo, de lo contrario, da lugar a una indemnización de 180 días de salario, además de tener como ineficaz dicho despido.
Para la viabilidad de la protección contenida en la ley antes referenciada, el actor debió acreditar:
1) Que es de aquellas personas con los porcentajes de limitación a que se refiere el artículo 5º de la Ley 361 de 1997, reglamentado por el artículo 7º del D. 2463 de 2001, es decir, moderada (15% y el 25%), severa (mayor al 25% pero inferior al 50%) o profunda (superior al 50%.);
2) Que el grado de disminución, incapacidad o invalidez sea de amplio conocimiento por parte del empleador al momento del despido;
3) Que la terminación del contrato sea motivada o sus causas se determinen por su limitación; y
4) Que no se haya agotado el trámite de autorización prevista por parte del Ministerio de Trabajo. (…)
En virtud de lo expuesto, es claro que al momento de la terminación del contrato de trabajo el demandante no era una persona discapacitada y el hecho de que en el examen médico ocupacional de retiro se preceptué que las patologías diagnosticas al retiro requieren calificación de origen EPS, no quiere decir que al demandante se le haya despedido con ocasión de sus problemas de salud.
De cualquier forma, no es suficiente por si solo el quebrantamiento de la salud del trabajador o el encontrarse en incapacidad médica para merecer la especial protección de que trata el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, en tanto, que el objetivo principal de la citada norma, consiste en proteger la discapacidad que se produce en desarrollo de la relación laboral, siempre y cuando se conozca previamente a la terminación del vínculo.”
DAVID VANEGAS GONZÁLEZ
HANS WOLFANS BLANCO GÁMEZ
Artículo 96 Ley 906 de 2004
CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO POR SOLICITUD DE LA VÍCTIMA-Resulta improcedente autorizar solicitud de la víctima en tal sentido cuando el fundamento es la falta de traslado, por parte del INPEC, del procesado para la realización de la audiencia, ya que no se encuadra en ninguna de las causales taxativas que trae consigo el artículo 46 de la ley 906 de 2004./ CAMBIO DE RADICACIÓN DEL PROCESO POR SOLICITUD DE LA VÍCTIMA- Existen posiciones que consideran que la víctima, de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentra legitimada para solicitar el cambio de radicación a nombre propio.
“En otras palabras, el cambio de sede del proceso, es siempre de carácter extremo, residual y procedente sólo en los casos taxativamente señalados en la disposición citada.
Asimismo, se ha indicado que de acuerdo con el artículo 48 de la ley 906 de 2004, la labor del peticionario debe centrarse en demostrar, de manera clara y evidente, cualquiera de las circunstancias en precedencia citadas, para que la instancia judicial se pronuncie de plano sobre la viabilidad o no del cambio de radicación solicitado.
Ahora bien, en el presente asunto cuyo estudio aborda la Sala , se tiene que el solicitante del cambio de radicación resulta ser un interviniente especial en el proceso penal regulado por la ley 906 de 2004, como lo es la víctima, quien según la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, no se encuentra legitimada para realizar ese tipo de peticiones, sino por intermedio del representante de la Fiscalía, el agente del Ministerio Público o el Gobierno Nacional. (…)
Sin embargo, esta postura ha sido resistida por algunos Magistrados de la Sala de Casación Penal, como se evidencia de los salvamentos de voto que los Doctores María del Rosario González Muñoz, Eugenio Fernández Carlier y José Leónidas Bustos Martínez, hicieron a la providencia en cita, al considerar que la víctima de conformidad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva1 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se encuentra legitimada para solicitar el cambio de radicación a nombre propio.
Entiende la Sala, que esta última intelección (la minoritaria) es la que se acompasa de mejor manera con la moderna concepción que tienen los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, comoquiera que ya no solo pueden buscar la satisfacción de intereses de tipo económico, sino que también les asiste el derecho de participar de forma activa en el desarrollo del proceso penal.
De tal manera, que nos apartaremos de la línea jurisprudencial que actualmente sostiene la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y procederemos a estudiar de fondo la solicitud de cambio de radicación. (…)
Esta postura que ahora estamos asumiendo no se encuentra huérfana de respaldo jurisprudencial, como quiera que en la sentencia C- 603-16 en la cual la Corte abordó el examen constitucional del artículo 91 parcial de la ley 906 de 2004, se expuso - así sea en un contexto de obiter dicta, - que,
“(…) 11. El Código de Procedimiento Penal, igualmente, establece a lo largo de sus disposiciones diversas garantías puntuales de las víctimas. La ley contempla el derecho de las víctimas al cambio de radicación de la actuación procesal en caso de que su radicación inicial implique riesgo para la seguridad o integridad personal de las víctimas (CPP arts. 46 y ss.).”
De todas formas, es importante aclarar que actualmente cursa demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 47 de la ley 906 de 2004, expediente que se encuentra bajo la radicación D – 11874 de 2017, con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos. Considera el demandante, grosso modo, que la disposición citada es inconstitucional por omisión, al coartársele a la víctima la posibilidad de solicitar de manera directa, las medidas tendientes a salvaguardar sus derechos.”
REALIZACIÓN DE AUDIENCIAS- El juez competente debe utilizar todos los mecanismos de ley para garantizar la realización oportuna de las audiencias.
“Como viene de verse, son diversos los mecanismos contemplados en la ley, que de ser aplicados de manera diligente evitarían que se presenten situaciones como las evidenciadas, claramente violatoria de las garantías de la víctima en su calidad de cónyuge de la persona muerta de manera violenta, según se anuncia en la documentación allegada.
Siguiendo este hilo conductor, si el INPEC ha sido renuente a trasladar al interno BLANCO GÁMEZ, el Juez de conocimiento ha debido asumir una actitud más proactiva, requiriendo a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura y la Dirección Seccional de Administración Judicial del Magdalena, con el fin de que ordenen y/o presten todo el apoyo logístico necesario, a efectos de que se practique la audiencia a través de medios virtuales que se instalarían simultáneamente en el centro de reclusión y en la sede del Juzgado en la localidad de Plato, Magdalena.
De ser necesario, en el evento en que tampoco se preste el auxilio técnico necesario, el Juez no solo está en la facultad, sino en el deber de trasladarse hasta el sitio donde se encuentre el imputado privado de su libertad, alternativa que, no se desconoce, es más traumática, pero está dentro del marco de las obligaciones inherentes al Juez.
Del mismo modo, en el evento en que en el municipio de Plato o en otra localidad más cercana, exista centro de reclusión, el Juez dentro de sus potestades estaría facultado para ordenar de manera inmediata el traslado del imputado a dicho lugar, mientras dura la actuación procesal, y así garantizar la práctica de las audiencias que le son ínsitas al sistema penal acusatorio.
Además de lo anterior, el Juez está en el deber de hacer respetar la majestad y dignidad que ostenta en representación de la Administración de Justicia, y es así como podrá sancionar ejemplarmente a quienes impidan u obstaculicen la realización de cualquier diligencia durante la actuación procesal y les podrá imponer arresto inconmutable de uno (1) a treinta (30) días, según la gravedad de la obstrucción y tomará las medidas conducentes para lograr la práctica de las diligencias; norma que puede ser aplicada por extensión de cara a solucionar la irregularidad tan grave que se está presentando en detrimento de los derechos y garantías de la víctima alegada, dentro de la actuación penal que ahora se encuentra reprochablemente paralizada por las circunstancias enunciadas.”

References: artículo 94
 artículo 2356
 artículo 2356
 artículo 2357
 Resolución 
 artículo 22
 Artículo 1
 Artículo 2
 artículo 23
 artículo 24
 artículo 24

Artículo 13
 artículo 13
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 216
 artículo 42

Artículo 26
 artículo 26
 artículo 5
 artículo 7
 artículo 26

Artículo 96
 artículo 46
 artículo 48
 artículo 91
 artículo 47