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Timestamp: 2019-10-15 02:26:27+00:00

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CPLT Jurisprudencia | Mario Esteban González Cea con SERVICIO DE SALUD OSORNO
Mario Esteban González Cea con SERVICIO DE SALUD OSORNO Rol: C446-09
Se dedujo amparo en contra del Servicio de Salud de Osorno, fundamentado principalmente en que la respuesta recibida se omite entregar detalles de los beneficiarios por considerarse un dato sensible, no obstante, señala, una cosa es la nómina de beneficiarios y otra es la ficha clínica o médica, lo que se había solicitado era listado de beneficiarios PRAIS de la provincia de Osorno. El Consejo analizando este beneficio que se otorga a los familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, víctimas de dichas violaciones de derechos humanos o personas que hayan trabajado en dicho ámbito durante un determinado periodo, por lo tanto podemos establecer que, si bien el programa les otorga atención médica reparadora e integral física y mental, no se trata de personas que padezcan una determinada discapacidad, enfermedad o en virtud de un determinado estado de salud. Es por ello que el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios. Por lo que cabe acoger el amparo sólo en cuanto a la entrega de la nómina de beneficiarios y no a la de sus domicilios y, además, corresponde su publicación en el sitio web del servicio reclamado.
DECISIÓN AMPARO Nº C446-09
Entidad pública: Servicio de Salud de Osorno
Requirente: Mario Esteban González Cea
Ingreso Consejo: 27.10.2009
En sesión ordinaria N° 139 de su Consejo Directivo, celebrada el 9 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C446-09.
Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N°s 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal; la Ley N° 19.980, de 2004, que modificó la Ley Nº 19.123, de reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las personas que indica; la Ley N° 19.965, de 2004, que concede beneficios a condenados; la Ley N° 19.992, de 2004, que establece pensión de reparación y otorga otros beneficios a favor de las personas que indica; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 15 de septiembre de 2009, don Mario Esteban González Cea, presidente de la Agrupación de Beneficiarios PRAIS –Programa de Reparación y Atención Integral a la Salud-, solicitó a la Directora del Servicio de Salud de Osorno la siguiente información:
a) Listado de beneficiarios PRAIS de la provincia de Osorno, que contenga nombre y domicilio.
b) Informe anual de los resultados de la aplicación de la normativa técnica de la Ley N° 19.980, de las instancias referentes al PRAIS Osorno, tanto del Equipo PRAIS como también del Coordinador PRAIS del Servicio de Salud de Osorno, que son los encargados de velar por la aplicación de la normativa técnica de la Ley N° 19.980.
c) Información y desarrollo del Plan Piloto FONASA – PRAIS: altas integrales salud oral, audífonos y vicios de refracción:
i) Fondos y plan solicitado a FONASA.
ii) Antecedentes de todos los postulantes a la licitación de las prestaciones, acuerdos pactados, valores de las prestaciones y garantías de prestaciones.
iii) Requerimientos y criterios que determinan la adjudicación de las propuestas.
2) RESPUESTA: El Servicio de Salud de Osorno respondió dicha solicitud mediante Ordinario N° 2195, de 14 de octubre de 2009, de su Directora, en la cual señala lo siguiente:
a) Respecto al número de beneficiarios PRAIS pertenecientes a la Provincia de Osorno, asciende a un total de 9.568 beneficiarios calificados, registrados hasta el corte de primer semestre, correspondiente a julio del 2009. En cuanto al detalle de los nombres y direcciones de cada uno de los beneficiarios, se le informa que éstos no constituyen antecedentes de dominio público, por considerarse datos sensibles según el artículo 10 de la Ley N° 19.628 y el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. Por otra parte, consecuentemente con la política general del Servicio que preside, que busca proporcionar a sus usuarios una atención de calidad y un trato digno garantizando el derecho a la confidencialidad, acoge la petición que en forma personal han realizado muchos beneficiarios PRAIS a distintos funcionarios del equipo, de mantener en reserva su calidad de beneficiarios.
b) En relación al informe anual de la aplicación de la Norma Técnica de la Ley N° 19.980 al cual alude el requirente, le informa que la elaboración de dicho informe sólo corresponde al Referente PRAIS del Servicio de Salud y no al equipo interdisciplinario, por tanto, los informes existentes han sido emitidos desde dicha entidad. En relación con ello, el Informe Anual del 2008 y los Informes de Calidad del primer corte a junio de 2009 están basados en las evaluaciones de calidad efectuadas al equipo PRAIS, evaluaciones que, a su vez, están sustentadas por la Norma Técnica de la Ley N° 19.980 y por la pauta de Evaluación de Calidad estándar aplicable a distintos dispositivos de salud, dando cuenta de la gestión y de los resultados del Programa en los períodos que se han indicado. El instrumento de evaluación de estándares de calidad permite un acercamiento cualitativo y cuantitativo de las prestaciones de salud que entregan los dispositivos de la red. La decisión de utilizar una pauta más amplia que la propuesta especificada por la Norma Técnica está sustentada en que se obtiene, a través de la misma, mayor riqueza informativa y los resultados, además, son comparables a otros dispositivos de salud, lo cual permite obtener una visión más amplia del funcionamiento del dispositivo, en este caso, el PRAIS. Los antecedentes solicitados en la evaluación de la Norma Técnica PRAIS permiten sólo una aproximación general del trabajo realizado por los equipos, mostrando parcialmente el trabajo en reparación que requiere la población beneficiaria. Dicho trabajo en reparación implica contemplar elementos biopsicosociales de la población atendida, por lo que la evaluación de desempeño de los equipos requiere mayor especificidad, incorporando la pauta del PRAIS al informe de calidad. El detalle de dichas evaluaciones se adjunta en el anexo 1.
c) En lo que respecta al Plan Piloto FONASA – PRAIS, FONASA asignó a este Servicio de Salud un monto de $12.649.000.- para su implementación, los cuales se distribuyeron conforme al siguiente detalle:
d) Las prestaciones en el área de otorrino fueron asumidas por el Hospital Base de Osorno, realizando esta entidad las gestiones administrativas de la prestación, por lo cual en estos casos no se llevó a cabo una licitación. Con respecto al servicio oftalmológico, éste fue proporcionado a través de un convenio ya existente con el Dr. Alejandro González (Resolución N° 156, de 28 de enero de 2009, documento en proceso), mediante el cual se contrataron consultas médicas. La prestación de salud oral, en cambio, fue licitada desde el Servicio de Salud Osorno, a través del Portal Chile Compra (actualmente Mercado Público) y fue adjudicada a la empresa Felipe Andrés Ruz Sandoval Servicios Odontológicos, representada por D. Felipe Andrés Ruz Sandoval. También concursó en la licitación la empresa Odontología Integral Móvil SPA. Para acceder a dicha licitación se debe ingresar en la página web www.chilecompra.cl, procediendo a explicar cómo acceder a los documentos relativos a dicha licitación a través del portal de Chile Compra. Asimismo, en el anexo se adjunta una copia de la Resolución Exenta correspondiente, N° 1993, del 3 de septiembre de 2009.
e) En el Anexo 1 se adjuntan los siguientes documentos
i) Informe “Estándares de calidad PRAIS Osorno” de 26 de diciembre de 2008 y 9 de enero de 2009.
ii) Informe “Plan de Evaluación de Mejoramiento Programa PRAIS Osorno”, de 19 de marzo de 2009.
iii) Informe “Plan de Evaluación de Mejoramiento Programa PRAIS Osorno”, de 16 de junio de 2009.
3) AMPARO: En virtud de dicha respuesta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, don Mario Esteban González Cea, presidente de la Agrupación de Beneficiarios PRAIS, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo el 27 de octubre de 2009, fundamentado principalmente en que:
a) En la respuesta recibida se omite entregar detalles de los beneficiarios por considerarse un dato sensible, no obstante, señala, una cosa es la nómina de beneficiarios y otra es la ficha clínica o médica. Discrepa con la argumentación dada porque si bien la ficha clínica no puede ser de uso público, el listado con nombre y domicilio sí puede serlo, agregando que cómo puede el INP y el Ministerio del Interior publicar las listas de los beneficiarios, exonerados y de la nómina Valech. Asimismo señala que si es tanta la rigurosidad cómo por años ha estado en el SOME la ficha clínica a disposición de cualquiera de los funcionarios que ahí circulan, sin restricción de ingreso. Por esto, considera que el Servicio de Salud de Osorno en su respuesta no concuerda con el artículo 11 que reconoce una serie de principios, particularmente los consagrados en las letras a), b) y c), esto es, principio de la relevancia, de la libertad de información y de la apertura o transparencia. Por esto solicita los nombres y dirección de los beneficiarios PRAIS de la provincia de Osorno, para poder fundar cualquier reclamo por la otorgación de Tarjeta PRAIS a quienes no residan en dicha provincia o en el país, toda vez que la norma técnica exige que deben tener residencia en el país.
b) En cuanto al Plan Piloto FONASA – PRAIS, solicita los documentos de lo pactado con el Hospital Base de Osorno en prestaciones de audífonos, vicios de refracción, prestación que deben entregar y garantía de estas prestaciones.
4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 967, de 14 de diciembre de 2009, a la Directora del Servicio de Salud de Osorno. Ésta contestó mediante Ordinario N° 2880, de 31 de diciembre de 2009, formulando los siguientes descargos u observaciones:
a) Mediante el reclamo interpuesto se imputa al Servicio que representa haber denegado injustificadamente el acceso a la siguiente información:
i) Listado de beneficiarios del Programa de Reparación y Ayuda Integral en Salud y Derechos (PRAIS), ejecutado en la provincia de Osorno, incluidos los nombres y domicilios.
ii) Información relativa al “Plan Piloto FONASA – PRAIS”, con respecto a los documentos de los pactado con el Hospital Base de Osorno en prestaciones de audífonos, vicios de refracción y prestaciones a entregar y garantía de éstas.
b) Con respecto al primer punto, esto es, la lista de beneficiarios del programa PRAIS, se denegó proporcionar al reclamante dicho listado, incluidos los nombres y domicilios, por considerar que a tal información correspondía darle la calidad de datos sensibles, con la naturaleza y alcances previstos en el artículo 2° letra g) y 10 de la Ley N° 19.628, en relación con lo prescrito por el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En concepto de la Dirección del Servicio que preside, analizada la naturaleza de la información requerida, así como las implicancias de ella, se concluyó que correspondía tipificarla como datos sensibles, fundamentalmente considerando la forma como estos se encuentran definidos en la letra g) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, en razón de lo cual se concluyó en la improcedencia de su otorgamiento.
c) Con respecto a la supuesta denegación de información relativa al “Plan Piloto FONASA – PRAIS”, hace presente que la imputación de la que ha sido objeto carece de fundamento, pues tales antecedentes se encuentran suficientemente informados según da cuenta el contenido del Ordinario N° 2195, del 14 de octubre de 2009, que dio respuesta a la solicitud de información. El texto de dicho Ordinario acercándose al final, se refiere a las prestaciones que fueron proporcionadas institucionalmente por el Hospital Base de Osorno, que los servicios oftalmológicos fueron incorporados al sistema de contratación a honorarios con el especialista Dr. Alejandro González Galeno y que la atención de salud oral fue licitada, señalándose que correspondiendo al régimen de Compras Públicas permitió adjuntar a la respuesta, copia de la documentación generada como resultado del riguroso cumplimiento de la Ley N° 19.886.
d) Hace presente que con respecto a las prestaciones por vicios de refracción, se proporcionó la información existente a la fecha de dicho Ordinario, puesto que para la entrega de estas prestaciones se resolvió su inclusión en el Programa de 90 días destinado a reducir Listas de Espera, para lo cual fue indispensable obtener del Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, la correspondiente autorización presupuestaria que permitiera la contratación a honorarios del Dr. Alejandro González Galeno. La efectividad de esta última precisión se acredita con el texto del Ordinario C 31/ N° 4215, del 17 de diciembre de 2009, del Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales que se adjunta en fotocopia íntegra.
e) Acompañan los siguientes documentos, entre otros:
i) Resolución Exenta N° 1993 correspondiente al llamado a licitación pública para la adquisición de servicios dentales para beneficiarios PRAIS.
ii) Fotocopia de ficha de licitación N° 1524-46, relativa a la adquisición de servicios dentales, del portal Chilecompra.
iii) Informe “Estándares de Calidad PRAIS Osorno” de 26.12.08.
iv) Informe “Evaluación de Plan de Mejoramiento Programa PRAIS Osorno”, de 19.03.09.
v) Informe “Evaluación de Plan de Mejoramiento Programa PRAIS Osorno”, de 16.06.09.
vi) Proyecto de Resolución Aprobatoria y de Contrato de Honorarios a suscribir del Dr. Alejandro González Galeno.
vii) Ordinario C 31/N° 4215, de 17.12.09, del Subsecretario de Redes Asistenciales.
1) Que el programa PRAIS —Programa de Reparación y Atención Integral de Salud a los Afectados por Violaciones a los Derechos Humanos— fue creado por medio de la Resolución Exenta Nº 729/1992, del MINSAL, gracias al aporte económico de la Agencia Interamericana de Desarrollo (AID). La Ley N° 19.980, de 2004, que modificó la Ley Nº 19.123, de reparación, ampliando o estableciendo beneficios en favor de las personas que indica, le dio rango legal en su artículo séptimo que señala:
“En el presupuesto del Ministerio de Salud se consultarán recursos especiales para la operación del Programa de Reparación y Atención Integral de Salud, en adelante PRAIS, cuyo objeto será brindar atención médica reparadora e integral, esto es, física y mental, a los siguientes beneficiarios: a) Los beneficiarios señalados en el artículo 28 de la ley Nº 19.123, y los nietos de las víctimas a que se refiere el artículo 17 de la misma ley. / b) Aquellas personas que estén acreditadas como beneficiarios de este programa hasta el día 30 de agosto del año 2003, inclusive. / c) Aquéllos que hubieren trabajado en la protección de los derechos humanos, prestando atención directa a las personas señaladas en las letras anteriores, por un período continuo de a lo menos 10 años, acreditado por el PRAIS de conformidad a lo que señala el reglamento. / Las personas mencionadas en el inciso precedente, tendrán derecho a la gratuidad de las prestaciones médicas a que se refiere la ley Nº 18.469, en la modalidad de atención institucional, a través de los establecimientos que constituyen el Sistema Nacional de Servicios de Salud, o que estén adscritos al mismo, incluyendo los establecimientos de atención primaria municipal, así como los establecimientos experimentales de salud. No obstante lo anterior, en relación a las garantías señaladas en el artículo 2º de la ley Nº 19.966 y a la cobertura indicada en el Párrafo 2º del Título I de la misma ley, a dichas personas se les aplicarán las normas generales señaladas en esa ley para sus beneficiarios. / Sin perjuicio de lo señalado en el inciso anterior, el Ministerio de Salud, con cargo a su presupuesto, con el objeto de otorgar las prestaciones establecidas en este artículo, podrá celebrar convenios con cualquier centro hospitalario o de salud. / Los beneficios médicos serán compatibles con aquéllos a que tengan derecho como afiliados o beneficiarios del Fondo Nacional de Salud. / El Ministerio de Salud mediante resolución exenta visada por la Dirección de Presupuestos establecerá la forma de constatar y acreditar la calidad de beneficiario y todas las normas necesarias para la adecuada operación del PRAIS. / Las actuaciones derivadas del PRAIS se realizarán en forma reservada, estando obligados quienes presten servicios para el PRAIS a guardar sigilo acerca de los antecedentes y documentos de que tuvieran conocimiento en el desempeño de sus funciones. / En los presupuestos de los Servicios de Salud se consultarán los recursos específicos necesarios para dotar a cada uno de ellos de un equipo interdisciplinario especializado para atender la salud mental de los beneficiarios y derivarlos a la red de salud pública” (lo destacado es nuestro).
2) Que posteriormente las Leyes N° 19.965 y N° 19.992 ampliaron el universo de beneficiados.
3) Que en el sitio web del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior (http://www.ddhh.gov.cl/ben_reparacion.html#s3.2) se informa que el PRAIS es un programa dependiente del Ministerio de Salud creado para dar una atención especializada y preferente a los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a todas las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, existiendo equipos PRAIS en todo el país vinculados a los Servicios de Salud. Para acceder a este Programa es necesario acreditar la calidad de familiar de la víctima y solicitar credencial en las Oficinas del PRAIS de cada región.
4) Que los beneficiarios de dicho programa son:
a) Padre, madre, hermanos, padre o hermanos de los hijos de filiación no matrimonial del causante, hijos y nietos de las víctimas reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
b) Aquellas personas que están acreditadas como beneficiarios de este programa hasta el día 30 de agosto del año 2003, inclusive.
c) Aquéllas que hubieren trabajado en la protección de los derechos humanos prestando atención directa a las personas señaladas en las letras anteriores con un período continuo de a lo menos 10 años, acreditado por el PRAIS.
d) Aquéllas que se individualizan en la nómina de personas reconocidas como víctimas que forman parte del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura (Ley N° 19.992).
e) Padre, madre, hermanos, padre o madre de los hijos de filiación no matrimonial, del causante e hijos de las personas identificadas en el listado oficial de víctimas de los delitos cometidos por quienes son beneficiarios del indulto que establece la Ley N° 19.965, elaborado por el Ministerio del Interior.
5) Que en este caso el amparo se interpone por la denegación de parte de lo requerido, esto es:
a) La lista de beneficiarios, con nombre y domicilio, del Programa PRAIS, de la provincia de Osorno, e
b) Información relativa al “Plan Piloto FONASA – PRAIS”, respecto a los documentos de lo pactado con el Hospital Base de Osorno, en prestaciones de audífonos, vicios de refracción, qué prestación deben entregar y las garantías de dichas prestaciones.
6) Que respecto de la primera, la denegación se fundamenta en que el Servicio de Salud de Osorno estima que se trata de datos sensibles, de acuerdo a lo prescrito por las Leyes N° 19.628 y de Transparencia, no obstante no señala ni fundamenta de qué modo dichos datos serían considerados sensibles.
7) Que a este respecto, cabe tener presente lo siguiente:
a) La letra i) del artículo 7° de la Ley de Transparencia establece, entre los deberes de transparencia activa, la obligación de publicar el diseño, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio y otros beneficios que entregue el respectivo órgano, además de las nóminas de los beneficiarios de los programas sociales en ejecución. El inciso 2°, por otra parte, establece una excepción, por cuanto no se incluirán en estos antecedentes los datos sensibles, esto es, los datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada, tales como los hábitos personales, el origen social, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
b) La letra i) del artículo 51 del Reglamento de la Ley, en su inciso 3°, establece que se entenderá por “beneficiario”, a la persona natural o jurídica, a la asociación y/o entidad, que sea el destinatario directo de los programas sociales en ejecución de los respectivos órganos de la Administración del Estado.
c) La letra g) de los artículos 7º y 51 de la Ley de Transparencia y su Reglamento, respectivamente, establecen como deber de transparencia activa de los órganos de la Administración del Estado el publicar los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros, entendiendo que la resolución que otorga dichos beneficios debiese incluirse dentro de dicho ítem.
d) El artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia establece como causal de reserva o secreto de la información pública, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de ésta afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su salud o la esfera de su vida privada, entre otros derechos.
e) La Ley N° 19.628 establece en su artículo 2° letra f) que se entiende por datos personales los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables y en la letra g) que son datos sensibles aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual.
f) El artículo 10 de dicho cuerpo legal, por su parte, establece que no pueden ser objeto de tratamiento los datos sensibles, salvo cuando la ley lo autorice, exista consentimiento del titular o sean datos necesarios para la determinación u otorgamiento de beneficios de salud que correspondan a sus titulares.
8) Que, así, en este caso cabe determinar si al revelar la nómina de beneficiarios del Programa PRAIS se está dando a conocer información relativa a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual de éstas.
9) Que, en este caso en particular, el beneficio se otorga a las personas señaladas en la letra d) previa, esto es, familiares de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos, víctimas de dichas violaciones de derechos humanos o personas que hayan trabajado en dicho ámbito durante un determinado periodo, por lo tanto podemos establecer que, si bien el programa les otorga atención médica reparadora e integral física y mental, no se trata de personas que padezcan una determinada discapacidad, enfermedad o en virtud de un determinado estado de salud. De hecho las prestaciones otorgadas son de salud oral (examen oral, endodoncia y prótesis), audífonos y vicios de refracción . Para mayor claridad revisaremos cada una de las categorías en las letras siguientes:
a) Padre, madre, hermanos, padre o hermanos de los hijos de filiación no matrimonial del causante, hijos y nietos de las víctimas reconocidas por los informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación:
i) Las personas incluidas en este informe son parientes de alguna de las 3.195 personas fallecidas que están incluidas en alguna de las siguientes categorías, según describe el Informe Rettig:
(1) Detenidos desaparecidos: que son aquellas personas detenidas por agentes de la autoridad, siendo la última noticia que se tuvo de ellas que fueron aprehendidas o que se les vio posteriormente en algún recinto secreto de detención. La autoridad niega haberlas detenido, declara haberlas liberado o guarda silencio al respecto. Se trata de casos en que la Comisión alcanzó convicción en que las personas fueron asesinadas y se dispuso de sus restos para que no fueran encontrados.
(2) Ejecuciones: se trata de casos en que se ejecutó a las personas, sin proceso o con proceso, sin garantías mínimas o alegando intento de fuga.
(3) Uso indebido de la fuerza: se trata de casos de muertes cometidas por agentes del Estado en el ejercicio de la función de mantener el orden u otra similar, sin que se trate de una acción premeditada, pero en que la fuerza se ejerció en forma injustificada o en forma excesiva.
(4) Muertes en horas de toque de queda: incluye distintos tipos de situaciones ocurridas durante las horas de toque de queda, no clasificables en las categorías anteriores.
(5) Abusos de poder: se trata de muertes provocadas por agentes de la autoridad, sin motivación política, por razones de venganza o por otras causas particulares. Se consideraron solamente cuando la autoridad se abstuvo de denunciar el hecho o ayudó a que el hecho se mantuviera en la impunidad.
(6) Tortura: se consideró como tal el maltrato definido en el artículo 2 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes, y que tuvo como resultado la muerte de la víctima.
(7) Actos terroristas: se consideraron como tales aquellos atentados contra víctimas indiscriminadas y los ataques selectivos, a mansalva o sobre seguro, contra agentes del Estado.
ii) La condición de pariente de una persona afectada por alguna de las circunstancias anteriores no cabe dentro de ninguna de las categorías específicas descritas en la Ley de Protección de Datos Personales. Por otra parte para ser reconocido por dicha Comisión como víctima es necesario que esta persona u otros testigos hayan presentado su caso ante la Comisión Rettig y ésta haya llegado a la convicción de que dichos hechos ocurrieron, por lo que se entiende que al presentarse voluntariamente ante esta instancia se renuncia a una parte de su privacidad.
b) Aquellas personas que están acreditadas como beneficiarios de este programa hasta el día 30 de agosto del año 2003, inclusive. No se ha tenido a la vista la Resolución Exenta Nº 729/1992, del MINSAL, de manera que se ignora si podrían haber beneficiarios diferentes de los señalados en la letra precedente.
c) Aquellas personas que hubieren trabajado en la protección de los derechos humanos prestando atención directa a las personas señaladas en las dos letras anteriores con un período continuo de a lo menos 10 años, acreditado por el PRAIS: En este caso el dato personal tiene que ver con una opción de trabajo profesional que no se ve porque debiese ser considerada parte de la esfera privada, al margen que no cabe en ninguna de las hipótesis específicas que el art. 7º de la Ley de Transparencia califica como datos sensibles.
d) Aquellas personas que se individualizan en la nómina de personas reconocidas como víctimas que forman parte del informe de la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura:
i) Se trata de la nómina formada por esta Comisión presidida por Monseñor Sergio Valech y llamada, por lo mismo, «Comisión Valech», creada en 2003. que incluye a personas “que sufrieron privación de libertad y torturas por razones políticas, por actos de agentes del Estado o de personas a su servicio, en el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990” (art. 1°, inc. 1°, D.S. Nº 1.040/2004). Esta categoría fue agregada al PRAIS por el art. 9º de la Ley Nº 19.992 (D.O. 24.12.2004).
ii) La condición de víctima de estos hechos podría ser considerado un hecho privado. De hecho, el art. quinto del D.S. Nº 1.040/2004 dispuso que “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales”. No obstante lo anterior, la nómina se encuentra publicada en distintos sitios de internet, como el de la propia Comisión: http://www.comisionvalech.gov.cl/informeValech/nomina.pdf u otros como http://www.memoriaviva.com/Tortura/Lista%20de%20Presos%20Politicos%20CHILE%201973-1990.pdf
iii) Asimismo, cabe reiterar lo ya señalado respecto de las víctimas reconocidas por la Comisión Rettig, en cuanto a que para ser reconocido por dicha Comisión como víctima es necesario que esta persona u otros testigos hayan presentado su caso ante la Comisión y ésta haya llegado a la convicción de que dichos hechos ocurrieron, por lo que se entiende que voluntariamente se renuncia a una parte de su privacidad.
e) Padre, madre, hermanos, padre o madre de los hijos de filiación no matrimonial, del causante e hijos de las personas identificadas en el listado oficial de víctimas de los delitos cometidos por quienes son beneficiarios del indulto que establece la Ley N° 19.965, elaborado por el Ministerio del Interior:
i) La Ley N° 19.965 (D.O. 25.08.2004) concedió diversos beneficios a condenados por el delito de asociación ilícita terrorista, entre ellos un indulto que reducía su condena —en términos generales— a 10 años, siempre que los hechos punibles hayan ocurrido entre el 1 de enero de 1989 y el 1 de enero de 1998,
ii) Los beneficiarios a que se refiere esta letra son los familiares de las víctimas de los delitos cometidos por quienes fueren beneficiados por dicho indulto.
10) Que, asimismo, se puede considerar que no necesariamente es determinante compartir una cierta ideología u opción política para acceder a este programa social, toda vez que si bien las víctimas de violaciones de derechos humanos durante el periodo 1973-1990 pueden ser asociadas a determinadas convicciones políticas eran más de una, no necesariamente participaban de éstas y menos aún sus familiares o las personas que han trabajado en el ámbito de la defensa de los derechos humanos.
11) Que, por otra parte, las nóminas de las víctimas de ciertas violaciones a los derechos humanos que podrían ser beneficiarios de este programa, como es el caso de los reconocidos por la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura, se encuentran a permanente disposición del público en diversos sitios webs, con nombres completos y RUT, al igual que aquellas reconocidas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, indicándose el nombre completo de éstas en el sitio web del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior.
12) Que, además, el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios.
13) Que, adicionalmente a las identidades, se han pedido los respectivos domicilios. Sin embargo, el domicilio es un dato que el servicio no ha obtenido de una fuente de acceso público, por lo que no cabe entregarlo en aplicación de la Ley Nº 19.628.
14) Que, por todo lo señalado precedentemente, cabe acoger el amparo sólo en cuanto a la entrega de la nómina de beneficiarios y no a la de sus domicilios y, además, corresponde su publicación en el sitio web del servicio reclamado. En efecto, en el sitio web de Gobierno Transparente correspondiente al Servicio de Salud de Osorno, se indica que el enlace relativo a “Programas de subsidios y otros beneficios” “no aplica para este servicio”. Lo mismo para la nómina de beneficiarios de programas sociales en ejecución y registro histórico de beneficiarios. Tampoco se informa al respecto en el sitio web de Gobierno Transparente del Ministerio de Salud ni en el de FONASA.
15) Que, con todo, cabe tener presente que en la Instrucción N° 4 del Consejo para la Transparencia sobre Transparencia Activa, que comenzará a regir a partir del 01.06.10 establece que, en todos los casos se debe publicar una planilla por cada uno de los programas de subsidio y otros beneficios que otorgue el respectivo órgano de la Administración o servicio, indicando el nombre del programa; el diseño del subsidio o beneficio, dentro del que se deben consignar: unidad, órgano interno o dependencia que lo gestiona, requisitos y antecedentes para postular, montos globales asignados, periodo o plazo de postulación, criterios de evaluación y asignación, plazos asociados a este procedimiento, si fuere del caso; objetivo del subsidio o beneficio; individualización del acto por el que se estableció el programa (tipo, denominación, número, fecha del acto y un link al texto íntegro del mismo) y un vínculo a la página del sitio web institucional y/o al documento donde se entrega información complementaria a su respecto. Para el caso que se trate de programas sociales en ejecución deberá, además, contemplarse una nómina con el nombre completo de los beneficiarios, indicando la fecha de otorgamiento del beneficio y la identificación del acto por el cual se le otorgó. Dicha nómina excluirá datos como, por ejemplo, domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario, por no ser estrictamente necesarios para individualizarlo, y en el caso que se estime que la nómina de beneficiarios constituye un dato sensible se debe publicar el número total de beneficiarios y las razones fundadas de la exclusión de la nómina. Debe pedirse que se cumpla con este estándar tanto en lo que se publique como en lo que se reserve.
16) Que respecto a la segunda parte del amparo, esto es, la falta de entrega de los documentos de lo pactado con el Hospital Base de Osorno en prestaciones de audífonos, vicios de refracción, qué prestación deben entregar y la garantía de estas prestaciones, cabe señalar que lo solicitado al respecto son los antecedentes de todos los postulantes a la licitación de las prestaciones, acuerdos pactados, valores de las prestaciones y garantías de prestaciones. En la respuesta dada por el Servicio de Salud reclamado señala los montos a los que ascendieron dichas prestaciones y las personas jurídicas o naturales con las cuales se había contratado, mas no acompaña documentos que den cuenta de los términos acordados con éstos, por lo que, en esta parte, no cabe sino acoger el presente amparo y requerir al Servicio de Salud de Osorno que haga entrega de dicha documentación, dentro de un plazo prudente, al reclamante.
I) Acoger el reclamo de don Mario Esteban González Cea en contra del Servicio de Salud de Osorno, por los fundamentos señalados precedentemente.
II) Requerir a la Directora del Servicio de Salud de Osorno:
III) Encomendar al Director General de este Consejo notificar la presente acuerdo a don Mario Esteban González Cea y a la Directora del Servicio de Salud de Osorno.
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.

References: artículo 10
 artículo 21
 Resolución 
 artículo 24
 artículo 11
 artículo 2
 artículo 21
 artículo 2
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 28
 artículo 17
 artículo 2
 resolución 
 artículo 7
 artículo 51
 resolución 
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 2
 Resolución