Source: https://franco.scjn.gob.mx/votos/accion-de-inconstitucionalidad-402018
Timestamp: 2019-10-22 18:59:35+00:00

Document:
Acción de Inconstitucionalidad 40/2018 | José Fernando Franco González Salas
El Tribunal Pleno reconoció la validez de los artículos 54, fracción V, 192, 237 y 238, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
Reconoció la validez del artículo 73, fracción III, en la porción normativa “debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, al tenor de la interpretación conforme, en virtud de la cual dicha porción se refiere a las personas con discapacidad.
Declaró la invalidez de los artículos 10, fracción XVIII, 53, 61, 65, 70, fracción I, inciso b), y 73, fracciones I, párrafos segundo, en su porción normativa “el Servidor Público o el Pensionado”, y tercero, en su porción normativa “de la servidora pública o pensionada”, II, en su porción normativa “de dieciséis años”, y III, en su porción normativa “siempre y cuando esto sea acorde a su edad”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
Declaró la invalidez por extensión de los artículos 4º., fracción XLVI, en su porción normativa “, a excepción del caso de los pensionados que cotizarán de acuerdo al monto de la pensión que disfruten”; 89, fracción IV, en su porción normativa “siempre y cuando dicho grado escolar se curse de acuerdo a su edad;”, y 116, párrafo segundo, en su porción normativa “siempre y cuando estos sean acorde a su edad”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho.
En vía de consecuencia, se determinó que lo dispuesto en los artículos 92, en su porción normativa “debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica”, y 116, párrafo primero, en su porción normativa “debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o enfermedad psíquica”, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, debe entenderse en el sentido de que se refieren a personas con discapacidad.
También declaró la invalidez por extensión de los artículos 143, en sus porciones normativas “de un solo hombre y una sola mujer” y “perpetuar la especie”, 144, en su porción normativa “a la perpetuación de la especie o”, y 313 Bis, en su porción normativa “entre un hombre y una mujer”, del Código Civil del Estado de Aguascalientes, que se refieren, respectivamente, al matrimonio y al concubinato; en la inteligencia de que todas las normas del orden jurídico del Estado de Aguascalientes, que regulan el matrimonio y el concubinato deberán interpretarse y aplicarse en el sentido de que corresponden a los que se susciten entre dos personas de diferente o del mismo sexo.
Los temas abordados en la resolución fueron los siguientes:
A) Condicionamiento de prestaciones de seguridad social.
B) Embargo o retención de pensiones.
C) Afectación al Fondo de Ahorro.
D) Descuento de pensiones para contribuir al financiamiento de prestaciones de seguridad social.
E) Discriminación en perjuicio de quienes tienen un vínculo conyugal o concubinato con otra persona del mismo sexo.
F) Discriminación en perjuicio de los hijos del asegurado.
1. Protección de menores de dieciocho años de edad
2. Acreditamiento del nivel de estudios para que los hijos del derechohabiente continúen en el servicio de atención a la salud.
3. Condición consistente en tener un “defecto físico” al servicio de atención a la salud, que se traduce en discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad.
En el considerando octavo, se invalida el artículo 70, fracción I, inciso b), de la ley impugnada que establece la obligación de los pensionados de aportar para el seguro de gastos funerarios en relación con el diverso 54, fracción V de ese mismo ordenamiento, porque transgrede el derecho a la igualdad y no discriminación en perjuicio de los pensionados.
Como lo manifesté desde que se discutió la acción de inconstitucionalidad 101/2014, considero que no se puede vedar o excluir totalmente la posibilidad de que haya aportaciones una vez que la persona se ubica en la categoría de pensionado o jubilado, porque, efectivamente, los sistemas de seguridad social, sobre todo los de reparto, se basan en un esquema de solidaridad en donde existen aportaciones para cubrir (en beneficio del universo que se encuentra en las hipótesis previstas en las leyes), los servicios que deben otorgársele por razón de seguridad social.
En esa ocasión señalé que los asuntos deben contemplarse en sus méritos en cada caso concreto, sobre todo en los sistemas de pensiones estatales ya que introducen modalidades; no obstante, también precisé que no es posible dar un trato idéntico a quien está en activo y a quien ya tiene la condición de pensionado o jubilado. En ese sentido, me he separado del criterio mayoritario vigente, que prohíbe de manera absoluta cualquier descuento a los pensionados o jubilados, para financiar prestaciones de seguridad social.
En el considerando décimo se abordaron los planteamientos relacionados con la discriminación en perjuicio de los hijos, y en su inciso 3 relativo a la condición consistente en tener un “defecto físico”. Ese apartado concluye con el reconocimiento de validez del artículo 73, fracción III, de la Ley de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, en la porción normativa “debido a una enfermedad crónica, defecto físico o psíquico” al tenor de la interpretación conforme, en virtud de la cual dicha porción se refiere a las personas con discapacidad.
Comparto la decisión mayoritaria respecto a la existencia de discriminación, en cuanto al fondo, y las consideraciones que la sustentan; sin embargo, durante la discusión del asunto sometí al Tribunal Pleno la propuesta de incorporar a la resolución la determinación de que no se cumplió con la consulta previa a las personas con discapacidad, reconocida en las convenciones de las que es parte el Estado Mexicano.
Tomando en cuenta un parámetro amplio de protección, que es acorde con la finalidad de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la adopción de la medida legislativa impugnada exige la consulta estrecha y colaboración activa de las personas con discapacidad.
Dado que no está demostrado que el legislador haya garantizado ese derecho, debió tenerse por actualizada la vulneración al artículo 4.3 de la mencionada Convención.
No obstante, estimo que la consecuencia de esa conclusión es suficiente para restar legitimidad a la norma impugnada, mas no implica de manera absoluta un vicio que conduzca a invalidar en todos los casos el decreto legislativo en su integridad.
En el presente asunto, la falta de consulta no constituía un vicio que condujera a invalidar la ley en su totalidad. Además, debió ponderarse que se trata de un ordenamiento que reglamenta y hace posible el ejercicio del derecho a la seguridad social.
Por otra parte, a fin de dar cumplimiento al mandato del artículo 17 constitucional, en el sentido de privilegiar la solución integral del conflicto, resultaba necesario emitir el pronunciamiento sobre la cuestión de discriminación planteada por la Comisión accionante.
El propio Comité que supervisa el cumplimiento de la citada Convención reconoce que el recurso efectivo no siempre se traduce en la reposición del procedimiento o en la invalidez total de la norma, sino que la falta de consulta es plausible remediarla mediante la invalidez parcial, con los efectos de expulsión del ordenamiento o de interpretación manipulativa que ha reconocido el Tribunal Pleno, con la condición de que el legislador se encuentra obligado a efectuar la consulta ordenada en los instrumentos internacionales, ante cualquier ajuste o modificación que pretenda remediar la situación generada por la declaración de invalidez.

References: artículo 73
 resolución 
 artículo 70
 artículo 73
 resolución 
 artículo 4
 artículo 17