Source: http://blog.pucp.edu.pe/blog/victornomberto/2011/11/page/2/
Timestamp: 2019-07-17 23:47:25+00:00

Document:
noviembre | 2011 | Víctor R. Nomberto, Doctor en Ciencias Sociales | Página 2
Fuente: Peru.com y Diario Perú 21. Sigue leyendo →
En Flores hay libertad de conversión, señala el Obispo de Ruteng- Indonesia
En comparación con otros países islámicos del mundo, donde la conversión del islam a otra religión se castiga incluso con la muerte “en Flores, la cuna del cristianismo en Indonesia, en la diócesis de Ruteng, cada año existe un pequeño grupo de musulmanes, 5 a 6 personas, que se convierten al cristianismo y son bautizados. Pero esto no plantea un escándalo, ni ninguna reacción”; es lo que le dice a la Agencia Fides, su excelencia monseñor Hubertus Leteng, obispo de Ruteng. Su diócesis abarca una superficie de tres ciudades, con más de 700 mil católicos, que representan el 93% de la población total.
“Flores es impermeable a las formas de fundamentalismo que cubren Indonesia. Por razones históricas, geográficas y culturales, la población local siempre ha estado abierta a la proclamación del Evangelio”. Además, continúa monseñor Leteng, “en Indonesia, país de mayoría musulmana, Flores no se ve como un cuerpo extraño: es un buen testimonio de la diversidad de la nación y la realización típica de los principios de la Pancasila, que son la base del Estado”.
El obispo señaló que “los intentos de provocar un conflicto interreligioso también suceden aquí, pero la actitud de los líderes religiosos, autoridades civiles y la gente común siempre ha ayudado a que estos intentos fallasen”.
La misión de la Iglesia Católica en Flores, concluye, continúa a través de la exuberante abundancia de vocaciones: por ejemplo el obispo cita más de 800 aspirantes a religiosas, que en su diócesis, desempeñan un valioso servicio pastoral en las parroquias, escuelas y comunidades.
Fuente: EL PARAÍSO. Canto XXXIII. Traducción N. González, BAC 157. Madrid 1994. Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Antropología de la Religión el 11 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Medio paso al costado
Vicepresidente se aferra al poder
“He decidido que mientras duren las investigaciones que sobre mi persona realizan la Fiscalía y en simultáneo tres comisiones del Congreso (Ética, Fiscalización y subcomisión de Acusaciones Constitucionales), no ejerceré las funciones de segundo vicepresidente de la República, quedando expedito el camino para que las asuma, como legalmente corresponde, el presidente del Congreso en mi lugar. Considero que no es pertinente formular la renuncia a tal investidura, dado que soy inocente de los cargos atribuidos”, expresó en su misiva.
Líneas más abajo Chehade remarcó que su inocencia será confirmada, “pese al cargamontón mediático y linchamiento político del que ahora vengo siendo víctima por parte de algunos sectores que han optado por demoler mi imagen pública. “Y lo hacen sin tomar en cuenta mi prestigiosa trayectoria de lucha contra la corrupción”, aseveró.
La terca actitud del nacionalista de entornillarse al cargo no solucionará la crisis que él mismo generó tras reunirse con tres generales de la Policía Nacional para concretar, al parecer, el desalojo de los trabajadores de la azucarera Andahuasi.
Decisión que choca, además, contra la postura del presidente Humala, quien le pidió a Chehade, muy solemne, que “dé un paso al costado”. Actitud que fue respaldada de inmediato por los ministros de Relaciones Exteriores, Rafael Roncagliolo; y de la Mujer, Aída García Naranjo. Incluso ayer la parlamentaria oficialista Rosa Mavila reveló que el propio premier Lerner le señaló a Chehade que lo dicho por el Mandatario era la posición de todo el Gobierno. Pero, por lo visto, Chehade se hizo el sordo.
PRUDENCIA DE HUMALA
Humala solicitó a Chehade que se aleje por propia voluntad de su cargo para asumir su defensa ante las acusaciones de un general retirado de la policía de que le pidió la intervención de la fuerza en un conflicto por unas tierras que está en manos de la justicia.
“Creemos que lo mejor sería que dé un paso al costado, pero eso tiene que nacer de él”, aseguró el mandatario en su mensaje televisivo.
“Me parece positivo que el presidente Humala se anime a decir lo que piensa, como también que diga que éste es un asunto que Chehade debe evaluar. Es una decisión estrictamente personal”, declaró a periodistas la ministra de la Mujer Aída García Naranjo.
La funcionaria subrayó que la permanencia de Chehade “afecta la imagen anticorrupción del gobierno y, por eso, la comisión de Ética del Congreso debería acelerar el proceso de evaluación de este caso”.
Por su parte, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori se preguntó “¿Qué pasa si Chehade decide no renunciar? ¿Lo vamos a tener de vicepresidente cinco años más?”.
La actitud de Chehade de aferrarse al cargo “es un desangramiento inútil, una hemorragia costosa. Cuánto más se demore el control de daños, será mayor”, remató Ghibellini.
Humala, nacionalista de izquierda que asumió la presidencia el 28 de julio pasado, justificó el no haber pedido a Chehade su renuncia porque manifestó ser respetuoso de las investigaciones en marcha y no poder adelantar juicios.
Chehade está sometido a investigaciones en la Fiscalía de la Nación y en una subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso que acordó abrir investigación a Chehade por cuatro supuestos delitos: tráfico de influencias, patrocinio ilegal, cohecho activo y falsedad genérica.
Fuente: Observadorglobal.com Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 8 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Rosario Ponce señaló que Ciro Castillo consumía marihuana y sobre todo guardaba resentimiento a su padre, por tener una afición con el alcohol y agredir a su madre.
Tras los videos difundidos por Reporte Semanal, donde se ve a Ponce pasando por un examen psicológico, la universitaria dijo que Ciro no hablaba mucho de su familia y que la relación con su papá no era buena.
Relató que en un viaje a Puno, donde también se encontraba el doctor Ciro Castillo trabajando, la pareja se encontró con el galeno y que ellos pasaron sin saludarlo, por lo que Ciro dijo que su padre era una persona especial.
La joven refirió que en ningún momento conoció al señor Castillo ni mucho menos fue presentaba a él, por lo que siempre le pareció rara la relación entre padre e hijo.
Añadió que en el desaparecido universitario le contó que muchas veces se agarró a golpes con su papá y que este lo había botado una vez de su casa.
El canguro es la clave
Según el programa periodístico Panorama, dentro de las pertenencias encontradas con el cuerpo de Ciro Castillo en el nevado Bomboya, habrían vestigios de marihuana.
Al respecto, el padre del estudiante universitario señaló que de llegar a confirmarse esta información – el cual es materia de investigación en la fiscalía- tendría que evaluarse las huellas dactilares del envoltorio en el que se encontraba esta hierba. Ello -dijo- para determinar otros implicados en el fallecimiento de su hijo.
Cabe recordar que en su momento Rosario Ponce dejó entrever que Ciro era un consumidor habitual del mencionado estupefaciente.
Fuente: www.generaccion.com Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Ecología el 7 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Sed de poder e interés personal
El jefe del Estado, Ollanta Humala consideró hoy que sería positivo que el segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade, “de un paso al costado” para facilitar las investigaciones a las que es sometido en la Comisión de Etica del Congreso.
“En lo personal pienso que (Omar Chehade) haría bien en dar un paso al costado, pero eso debe nacer de él”, manifestó en la entrevista concedida en Palacio de Gobierno a un grupo de periodistas nacionales para presentar su balance de los primeros cien días de su gobierno.
Sostuvo que dar ese paso al costado, incluso, permitiría al también legislador defenderse mejor de las acusaciones en su contra.
El Jefe de Estado reafirmó que su gobierno no protegerá ni “blindará” a ninguna persona o funcionario en particular.
Por el contrario, subrayó que apoyará la verdad y reiteró su respaldo a la Comisión de Ética del Parlamento, instancia que tiene a su cargo las indagaciones sobre la reunión sostenida por Chehade con tres oficiales de la Policía Nacional, con quienes habría tratado sobre un presunto desalojo en una empresa azucarera.
Asimismo, descartó que su gobierno vaya a realizar algún esfuerzo para presionar a la Comisión de Ética o al Ministerio Público para proteger a algún miembro del gobierno.
“La versión de Chehade queda desacreditada”
IDL-Reporteros destapó el caso que más ha afectado al Gobierno desde que se inició: el supuesto tráfico de influencias del segundo vicepresidente de la República, Omar Chehade. Pese a los testimonios contradictorios, su Director, Gustavo Gorriti, asegura que las evidencias apuntan claramente a la comisión de un delito. Destaca la labor del periodismo de investigación, advierte que hay que seguir de cerca las investigaciones del Congreso y el Ministerio Público; y considera que la actitud del presidente Ollanta Humala en relación a este caso ha sido “correcta”.
¿Cuál es su opinión sobre la actitud del Gobierno y del Congreso en relación al caso Chehade?
La verdad, todo el mundo está hablando, opinando, hay una especie de ruido de estática en ese aspecto. Lo importante es sacar la verdad de los hechos y eso es lo que estamos haciendo. Si se demoran o no, si lo blindan o no, son cosas que la gente ve con total claridad. Lo que hemos buscado es sacar la verdad de los hechos, encima de versiones contradictorias, varias de las cuales -por definición- son mentirosas.
Cuando se presentaron en el Congreso, la versión de Omar Chehade y los generales Gamarra y Salazar eran similares, la única versión divergente fue la del general Arteta. ¿Se puede percibir que hubo un acuerdo para dar una versión similar?
En el caso de Gamarra, la mayor parte de sus versiones han sido inexactas o falsas. Desde que lo interrogamos por primera vez y dijo que no recordaba la reunión –la primera entrega del caso-, ha ido cambiando y ha terminado enredándose en sus propios pies. Es un conjunto de versiones tan evidentemente falsas que resultan – en mi opinión- muy poco dignas. En el caso de Salazar, se contradice claramente con Arteta, pero es él quien más conoce de los hechos. Es claro que la versión de Arteta, salvo algunas contradicciones iniciales que son atribuibles a la memoria u otras, pero que son del todo explicables, es la que corresponde a la verdad de los hechos. La de los otros es una coartada deficiente y patética.
Entre las contradicciones de Arteta está el tema de la resolución, que primero dijo que había roto y luego apareció.
No es que haya aparecido, no sé si la desechó o eso significaba colocarla entre los papeles que no debía considerar. En fin, él ha tenido algunas equivocaciones, pero lo fundamental es si se sostiene o no su versión. ¿Hubo o no una reunión, como él dijo? ¿Hubo o no la visita de Miguel Chehade con León Barandiarán al cuartel El Potao? En todas estas cuestiones elementales, su versión no solo se ha sostenido sino que se refuerza con la evidencia que está saliendo. El proyecto de resolución que salió y ha sido entregado al Ministerio Público, corresponde exactamente a la versión que dio.
¿Cuál cree que es la estrategia de Chehade?
No sé. Sea cual sea su estrategia, no importa. La idea es negar que se haya producido todo y -por supuesto- eso significa desacreditar tanto a Arteta como a sus testigos, pero la que queda desacreditada es su versión y emerge cada vez con mayor claridad que él ha utilizado el cargo de vicepresidente de la República para el tráfico de influencias.
¿Con la actitud del Presidente de seguir respaldando la investigación, no sale más perjudicado el Gobierno?
Por qué va a salir perjudicado el Gobierno por buscar que se aclare esto, ¿en qué momento la lucha anticorrupción perjudica a un gobierno?
Me refiero al hecho de que no se tome una decisión más firme con Chehade.
Hay un conjunto de cosas que son comprensibles en la actitud del Presidente. Uno, es su vicepresidente; dos, ha sido su abogado personal; y tres, que es lo más importante, hay una investigación en curso y mientras se dé hay una presunción de inocencia. Entonces, es lógico que el Presidente pida que se acelere la investigación. Me parece que, dentro de las circunstancias, ha sido una actitud, en general, correcta. Que pudo haber sido más rápida, más decisiva, es posible; pero que es correcta, no hay duda.
Por otro lado, en el Congreso actúan como si fueran a hacer una especie de blindaje…
Aquí, cada actor juega su papel dentro de las limitaciones de su posición política y de su propia capacidad personal. Por supuesto, hay una activa función acusatoria por parte de fujimoristas y algunos apristas. Tomados en forma aislada, solamente dentro de este hecho, diría que la mayor parte de los argumentos empleados en el aspecto acusatorio son correctos. Lo que habría que preguntarle a cada uno de ellos es si van a ser igual de incisivos y pertinaces cuando se trate de investigaciones que tengan que ver con las masivas inmoralidades de sus propios regímenes.
¿La cuestión es si podemos confiar en una investigación del Congreso o del Ministerio Público?
La ventaja de estas investigaciones, mucho más la del Congreso que del Ministerio Público, es que son abiertas, que la ciudadanía puede seguirlas paso a paso. En cuanto a la del Ministerio Público, hay que seguirla mucho más de cerca para tener la certeza de que no haya ninguna influencia negativa sobre ella. Este es un caso que ha salido a la luz gracias al periodismo de investigación, eso es lo que va a forzar al Congreso y la Fiscalía a proseguir con una investigación adecuada. Es cierto es que la bancada de Gana Perú, incluyendo invitados y orgánicos, ha sido errática, pero creo que la posición del Presidente hasta este momento es adecuada.
Es saludable que haya agradecido a la prensa por sacar a la luz este caso.
Sí, francamente no tengo ninguna observación en contra del presidente Ollanta Humala en relación a la prensa y al caso. Se ha tomado su tiempo, pero cuando ha hablado lo ha hecho con claridad.
Esta entrada fue publicada en Entrevistas el 6 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
El ex integrante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), Wilfredo Saavedra Marreros, viene utilizando la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cajamarca para coordinar diversas medidas de protesta como bloqueos, paralizaciones y actos violentos en contra del proyecto minero Conga.
De acuerdo a información difundida por el noticiero “El Río Suena” de Cajamarca, Saavedra Marreros ha anunciado que se reunirán con las diferentes organizaciones civiles que están en contra del referido proyecto minero, para tomar acciones y anunciar movilizaciones que impidan su ejecución.
El cuestionado dirigente informó que “están consultando con sus organizaciones de base para la realización de un paro interprovincial y posteriormente un paro regional, para lo cual se reunirán el viernes 4 de noviembre a las 5 de tarde en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe”.
“Ojalá que con la participación adecuada de las autoridades se promueva desde el Estado la necesidad de la paralización de los trabajos de exploración de Minas Conga para evitar un conflicto social de mayor envergadura, en la medida en que las comunidades de Huasmín y del Tambo han dado un plazo para el retiro de la maquinaria de este proyecto”, sostuvo.
Saavedra expresó además que la explotación del proyecto durará más de 15 años, con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares; 3 mil 500 millones de dólares que serán utilizados en una chancadora que será colocada cerca de la laguna El Perol, indicando que la inversión neta será recuperada en un máximo de cuatro años.
Dijo que el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Conga ha afectado diversas normativas y, fundamentalmente, la Ley General del Ambiente, pues no es posible que la autoridad estatal desconozca los ecosistemas frágiles y simplemente se apruebe el estudio.
Como puede comprobarse, utilizan la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe para tener estas reuniones de índole política, de donde salen acuerdos de bloqueos, paralizaciones y actos violentos.
Según información que aparece en internet, Wilfredo Saavedra Marreros purgó 10 años de prisión en los 90 por terrorismo.
La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe estuvo hace un tiempo encargada al entonces párroco Marco Arana, y fue utilizado el púlpito como bastión de lucha contra la minería. Cabe anotar que Marco Arana está suspendido en el ejercicio de su sacerdocio.
Saavedra Marreros (Camarada Rodrigo) fue militante del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y condenado por dinamitar las instalaciones del Juzgado Mixto de San Marcos.
Tras las investigaciones policiales, se detiene a Jorge Laveriano Cachi Trujillo, mando zonal del MRTA, y Carmen Reinaldo Cotos Morales, quienes sindicaron a Saavedra Marreros como uno de los que participó en el atentado.
En el momento de su detención, Saavedra Marreros estaba armado y con la boleta militar del hermano menor de Jorge Laveriano Cachi Trujillo. A través de ello, la Policía pudo establecer su relación con los otros terroristas.
En 1989 se condenó a Saavedra Marreros a diez años de pena privativa de libertad por el delito de subversión y su pena venció en 1999.
Fuente: Diarios Expreso y Correo.
El programa Tribuna Abierta, que dirige Rosa María Palacios, dio a conocer los nombres de casi todos esos testigos.
Quizá impresionado por sus visitantes, el alférez Mendoza se olvidó de registrarlos en el cuaderno de la Guardia, por lo que habría sido castigado hace poco con cuatro días de arresto simple, según informaron fuentes creíbles a IDL-Reporteros.
Los he visto y como han permanecido bastante rato en las inmediaciones de acá, del pasadizo, hemos tenido la oportunidad de verlos bien de cerca”, dice uno de los testigos.
Ética investiga a Chehade por infidencia
El miembro de la Comisión de Ética del Congreso, Juan José Díaz Dios, anunció que el grupo de trabajo invitará nuevamente al vicepresidente Omar Chehade para que responda por el caso Tren Eléctrico y por una nueva denuncia que involucra el envío de información confidencial a Chile.
“(Chehade) habría mandado información muy confidencial, que tiene que ver con la seguridad nacional y con nuestro armamento militar, a otro país, nada menos que se trata de Chile”, indicó el legislador fujimorista.
Hace unos días, los almirantes en retiro Luis Giampietri y Jorge Montoya señalaron que Chehade, entonces jefe de la Unidad de Extradición de la Procuraduría, incluyó información de las adquisiciones de nuestras fuerzas armadas en el expediente de extradición de Alberto Fujimori enviada a Chile.
Para el congresista Díaz Dios “es un tema grave que requiere investigación y no estoy adelantando por eso opinión”.
En similar línea, enfatizó que “de ninguna manera” se retirará de la Comisión de Ética y que si Chehade Moya quiere su salida, por supuestamente adelantar opinión en su caso, “puede recusarme”.
Además, consideró que el comentario del nacionalismo para que Humberto Lay y su persona pasen por Ética “me sonó a amenaza, a amedrentamiento, no fue simplemente un llamado a que no adelantemos opinión”.
De otro lado, anotó que el grupo que integra también deberá investigar la afirmación del director general de la Policía Nacional, Raúl Salazar, de que Miguel Chehade lo llamó desde la oficina de su hermano y que a pesar de eso, no figura en la relación de las personas que visitaron el despacho del congresista.
Fuente: Radio Programas del Perú. Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Responsabilidad social el 4 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Cena en Las Brujas de Cachiche
Omar Chehade no dijo la verdad
El 17 de octubre, en La hora N, el segundo vicepresidente de la República aseguró que el tema Andahuasi “nunca se tocó” en la reunión que se realizó en el restaurante Las Brujas de Cachiche. Pero los tres altos oficiales de la Policía Nacional que habían asistido a la cena lo desmintieron.
Los generales Raúl Salazar, Abel Gamarra y Guillermo Arteta confirmaron, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso –que investiga un presunto tráfico de influencias a favor del Grupo Wong–, que en el encuentro del 4 de octubre sí conversaron sobre la azucarera y que el parlamentario oficialista estaba presente cuando ello ocurrió.
La diferencia es que el general Salazar –actual director general de la Policía– manifestó que hablaron de eso “tres minutos más o menos”; el general Gamarra, director de Educación y Doctrina de la PNP, dijo que “el tema se trató largo”, y el general (r) Arteta, exjefe de la División Territorial Lima-Norte, ratificó que la discusión sobre ese punto fue extensa.
Aunque los tres estuvieron en la misma cena, las versiones sobre cómo se desarrolló el encuentro diferían. El general Salazar respondió que no recordaba exactamente quién de los dos generales había comenzado a hablar de Andahuasi, y el general Gamarra señaló que el tema surgió cuando el general Arteta le dijo que le había dejado un tremendo problema (el de la azucarera), aunque afirmó que en esa discusión solo participaron los dos y que los demás se limitaron a escuchar.
Arteta, sin embargo, ratificó que la discusión se inició cuando Chehade comentó que el Gobierno estaba interesado en proteger las inversiones privadas y que el caso Andahuasi era una preocupación. Añadió que el hermano del vicepresidente, Miguel Chehade, fue el que preguntó cuántos efectivos se necesitarían para un desalojo y que, incluso, manifestó que la empresa estaría en capacidad de sufragar los gastos de transporte de los policías y de los caballos, de los viáticos, etcétera.
Las versiones de Salazar y de Gamarra tampoco coincidieron respecto del término de la reunión. El actual director general de la Policía dijo que se retiró inmediatamente después de Chehade, y Gamarra aseguró que salió antes que los otros dos generales.
El general Gamarra negó que haya estado en Lima expresamente por la reunión convocada por Chehade, y aseguró que solicitó permiso porque debía ir al médico por un problema que tenía en la nariz. Lo extraño es que el oficial mismo reveló que el día de su cita, el 4 de octubre –la misma fecha en que se realizó la cena–, prefirió salir con su hijo y que nunca fue al médico.
Al mostrar el documento del permiso, los congresistas Alejandro Aguinaga y Juan José Díaz notaron que se trataba de una “orden de comisión”.
Sobre este punto, el general Arteta explicó que una cosa es una orden de comisión, es decir, cuando uno recibe la orden de un superior para asistir a una reunión de trabajo, y que otra cosa es un permiso que se solicita a título personal para viajar a la zona donde uno vive.
El papel de Miguel Chehade tampoco terminó de aclararse, pero, al parecer, trabaja muy cercanamente a su hermano. El general Salazar comentó que recibió una primera llamada de él, durante la campaña electoral, para coordinar el tema de la seguridad. La segunda llamada la recibió después de la segunda vuelta porque el congresista electo quería que le cambiaran la ‘liebre’ (moto) que tenía por una más grande, y que otras dos veces lo llamó para expresarle que su hermano tenía interés en reunirse con él.
Sobre Miguel Chehade, el general Arteta reiteró que fue él quien, junto con Miguel León Barandiarán, fue el 6 de octubre hasta el cuartel El Potao para llevarle el documento del Poder Judicial relacionado con Andahuasi y que hay, por lo menos, cinco personas que fueron testigos de esa visita.
Por otro lado, Chehade se presentó en la tarde ante la Comisión de Ética para presentar sus descargos. Al término de la sesión –que incluyó un intercambio de palabras con Mulder–, el vicepresidente declaró que se sentía “fortalecido”. Negó que haya patrocinado al Grupo Wong.
No obstante, Michael Urtecho, Mulder y Juan Díaz Dios señalaron que Chehade no los había convencido.
La Comisión de Ética incluyó en sus deliberaciones la supuesta resolución judicial sin firma que Miguel Chehade, hermano del vicepresidente, y su amigo Miguel León Barandiarán habrían intentado entregarle el pasado 7 de octubre al general PNP (r) Guillermo Arteta en las oficinas del cuartel El Potao, en el Rímac, para proceder al desalojo de la azucarera Andahuasi.
Ello se suma a las versiones que los otros dos generales de la Policía, Raúl Salazar y Abel Gamarra, le dieron al ministro del Interior, Óscar Valdés, las que confirmarían el interés subalterno del vicepresidente en la cena a la que los convocó en el restaurante Brujas de Cachiche, el pasado 4 de octubre (CARETAS 2204).
Arteta ha declarado que el documento era un proyecto de resolución sin fecha, hora ni firma de magistrado alguno. No lo recibió, insistiéndoles que era fundamental contar con un documento legal. Ambos prometieron entregarle pronto dicha resolución, pero no volvieron más. Arteta fue pasado al retiro, junto a otros 28 generales de la Policía, el domingo 9 de octubre.
El domingo 30 pasado, en vísperas del día de Todos los Santos, el programa Sin Medias Tintas mostró un documento que, se aseguró, era la resolución ilegal llevada a Arteta por el hermano del vicepresidente de la República.
Según el programa, se trata de 4 documentos, entre ellos un oficio atribuido al Segundo Juzgado Civil Transitorio de Chiclayo, presidido por Daniel Esquén, en el que se exhorta al Juzgado de Paz del Distrito de Sayán a ejecutar la medida de desalojo y a la entrega de posesión de la azucarera Andahuasi a favor de Juan Manuel Enrique Rivas Urteaga, representante de la familia Wong.
Era el fallo que aguardaba esta última, pues el documento busca hacer cumplir un dictamen de la titular del Juzgado Transitorio Mixto de Ferreñafe, Elvira Rojas Semanche, quien en junio pasado emitió una resolución que concedió la administración de la azucarera a la empresa Río Pativilca, de Rivas Urteaga. Pero el documento no lleva fecha ni la firma del juez Esquén, por lo tanto es ilegal. El general Arteta ha declarado que la resolución difundida por Sin Medias Tintas es similar a la que le mostró Miguel Chehade en ‘El Potao’.
SAN MARTÍN Y LA OCMA
La reacción del presidente de la Corte Suprema, César San Martín ha sido inmediata y solicitó al Órgano de Control de la Magistratura (OCMA) que investigue a los magistrados de Chiclayo, Ferreñafe y Sayán involucrados con el caso Andahuasi para determinar presuntas responsabilidades.
Desde que estalló el escándalo, San Martín ha mostrado especial atención en este caso. “Las investigaciones deben avanzar con prudencia y rigor”, declaró el viernes 18. En privado, además, ha sido muy crítico con el vicepresidente.
Eso tendría una explicación. A inicios de agosto, Chehade habría llamado a San Martín pidiéndole una audiencia para tratar un caso judicial. La versión, que circula con fuerza por la Corte Suprema, fue confirmada a CARETAS esta semana por dos vocales supremos que pidieron mantener el anonimato.
Hay discrepancias sobre si se produjo el encuentro entre Chehade y San Martín, pero las versiones coinciden en que el presidente del PJ rechazó la posible intromisión del vicepresidente, la que calificó de “inaceptable” e “impertinente”. Los intentos por comunicarse con la cabeza del Poder Judicial al cierre de esta edición no rindieron frutos.
PARADA CHIMBOTANA
La falta de transparencia todavía le puede pasar factura a Chehade. Otra noticia que da cuenta del estilo que impuso rápidamente al asumir el cargo pasó desapercibida.
El Diario de Chimbote registró que, el pasado domingo 4 de setiembre, un mes antes de la problemática cena en Brujas de Cachiche, Chehade llegó hasta esa ciudad sin una agenda oficial. Arribó al puerto en vuelo charter, no dio declaraciones a la prensa y desayunó en el restaurante Revachini, de la urbanización Buenos Aires. Además de su esposa lo acompañaba el jefe de la comisaría del lugar, el comandante Alfonso Fuentes Calcino. Cuando el reportero del mencionado diario buscó unas declaraciones sobre el lamentable estado de la corrupción en la región Ancash, Chehade se negó.
Acompañado de efectivos policiales, el vicepresidente salió a visitar dos plantas pesqueras en la urbanización La Libertad. Tampoco brindó ninguna información a su salida.
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 3 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
PUCP, caricaturas y falacias
Por Rafael Fernández Hart SJ -Decano de Filosofía y Ciencias Políticas Universidad Jesuita Antonio Ruiz de Montoya
En la encrucijada de la PUCP hay argumentos que no solo no ayudan; son suicidas y no precisamente por hacer honor a la verdad. El último artículo de Miguel Giusti (LR, 3/9) adolece de pertinencia por falta de objetivación. Según el artículo, sorprende que una institución en crisis como la Iglesia tenga la posibilidad de influir incluso en política. Tal situación, se aduce, no se imagina en otros países que han desarrollado una conciencia histórica de otro tipo. Inquieta sin embargo la argumentación que hace una caricatura de la Iglesia corriendo así el riesgo de enredar el debate.
Miguel Giusti pasa del tema de fondo a la crisis de la Iglesia ¿por los escándalos sexuales? Imposible negar la crisis, pero los abusos son un síntoma y analizarlo es una tarea que requiere esprit de finesse. La crisis de la Iglesia comenzó mucho antes y no precisamente por estas razones. Cuando tomamos la parte por el todo dibujamos una caricatura, provoca risa, pero solo se aproxima a lo representado.
Ha habido escándalos en la Iglesia. Sin embargo, convendría revisar algunas estadísticas que no expongo por pudor y respeto a las víctimas. Sin justificar de ningún modo tamaña barbaridad, me contentaré con decir que no se trata “masivamente” de los sacerdotes. Ese adverbio transforma el argumento en una falacia. Aunque el nombre de esta falacia es “generalización”, la reiteración irresponsable constituye una mentira. No cabe duda, quien pertenece a la institución puede lamentar con más sentido esta vergüenza, porque entiende la gravedad de los hechos frente a las víctimas. En el artículo se refleja más bien cierto aire de suficiencia porque banaliza los hechos cargándolos alegremente a la cuenta de una institución sin comprometerse con lo que está en juego. Se ignora una realidad que excede con mucho la brutalidad de algunos seudosacerdotes y que obedece a una profunda inconsciencia colectiva de los modos operatorios de nuestra sexualidad y de nuestro deseo en la cultura contemporánea.
Aun suponiendo que los reclamos contra una persona fuesen justificados, el recurso a la ferocidad argumentativa, propia de nuestra cultura combi, no hace otra cosa que poner en riesgo un debate e incluso la posibilidad de permitir que la historia le dé la razón. El artículo no puede ser menos oportuno y transparenta una falta de discernimiento.
No viene al caso defender a la Iglesia, como tampoco viene al caso la crítica. Obviamente la Iglesia tiene cosas que resolver pero, al limitado análisis de Giusti, habría que añadir que, en el Perú, no esperamos en las instituciones, nos desesperamos con ellas y así traicionamos el sentido histórico de los procesos de conciencia. Las crisis que ha vivido el país se deben también a la fragilidad de sus instituciones y a la incapacidad para pensarlas hasta sus últimas consecuencias. Mucho más sencillo es afirmar que siempre fueron una ruina y suprimir todo compromiso. En este sentido, sorprende una visión de la Iglesia tan pobre. Ella aparece como clerical, irracional, patológica, y finalmente, ajena a la historia. La honestidad intelectual reclama algo menos de mezquindad con procesos históricos eclesiales de revolución social que muchos, más bien, temen.
La situación de conflicto exaspera, pero un texto escrito constituye una situación privilegiada de distancia con relación a sí mismo y a los sentimientos encontrados. Cada texto permite objetivar. Esa distancia es sana espiritualmente, es el momento de la honestidad consigo mismo para aceptar que la razón puede entramparse. No se puede salir de esta encrucijada apelando a esta agresividad porque eso es ceder ante el ego atrapado en la dialéctica. La razón debe trascender comprometiéndose con cada palabra en debate. Objetivar un sentimiento supone un compromiso con la existencia, con la mía, pero también con otra. Pero esto lo sabe Miguel Giusti mejor que nosotros.
OCMA archiva queja planteada por la PUCP
La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) decidió archivar la denuncia presentada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) contra dos vocales que dispusieron el acatamiento de una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
Adolfo Pinillos Córdova, abogado de la PUCP, presentó una queja contra las juezas superiores de la Quinta Sala Civil de Lima, Doris Céspedes Cabala y María del Carmen Gallardo Neyra, quienes determinaron que la universidad debía inscribir en todas las partidas de sus inmuebles la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció al Arzobispado de Lima.
Como se recuerda, la sentencia señalaba que la Junta de Administración de los bienes de la PUCP, integrada por un miembro del Arzobispado, era perpetua.
Asimismo, la sentencia desestimó el acuerdo que la PUCP firmara en 1994 con un representante del Arzobispado, en el que este último se inhibe de participar en la administración de los bienes.
La queja presentada por Pinillos Córdova advierte presuntas irregularidades en la emisión de votos de las magistradas, presunción que fue desestimada por la OCMA.
La decisión, emitida el 7 de octubre último, a la cual tuvo acceso Correo, señala que se confirma la resolución emitida el 13 de mayo por el jefe de la ODECMA (Oficina Descentralizada de Control de la Magistratura) que declara improcedente “por no constituir irregularidad la queja interpuesta” por la PUCP.
El nano-cerebro del ministro de Justicia
Como el lector puede suponer, soy enciclopédicamente ignorante en temas científicos: no les hice mucho caso en la secundaria y luego me he mantenido a prudente distancia.
Es el motivo por el cual, durante casi toda la semana, he tenido que acogerme a la buena voluntad de amigos y conocidos, expertos en diversas ciencias y especialidades que tienen que ver con la conducta humana: desde psiquiatras y psicólogos especializados en pacientes políticos, hasta entomólogos, taxidermistas, buzos y nanotecnólogos. (Estos últimos, en la suposición de que la nano-tecnología se dedica a crear seres diminutos, que bien podría ser el caso que nos ocupa).
A todos estos especialistas les he hecho la misma pregunta: ¿Es usted capaz de comprender al flamante ministro de Justicia, señor doctor Francisco Eguiguren, que apenas ha tenido tiempo de calentar su asiento en el gabinete ministerial? ¿Cree usted que sea fruto de sus estudios, títulos, diplomas, lectura de códigos y experiencia académica pretender enjuiciar a los 140 comandos de la operación “Chavín Huántar”? ¿Lo encuentra razonable? ¿Pretenderá que sean culpables, los 140, o sólo unos cuántos…?
Todas las personas consultadas han respondido, unánimes: “No, yo no lo entiendo”. Y algunas de ellas han agregado: “Me parece un disparate mayúsculo”. El especialista en nano-tecnología me informa que, por muy diminuto que sea un ministro de Estado, se supone que no tiene derecho a los disparates, por cuenta propia y sin consultar con personas normales.
Y de tanto preguntar, me he preguntado a mí mismo: ¿quién habrá sido la persona que sopló en la oreja del señor presidente Ollanta Humala el nombre de Eguiguren para que lo instalara en su gabinete como ministro y nada menos que de Justicia? ¿No se sospechaba que nos pondría de rodillas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- solicitando “prórrogas” que no son sino tácito “acatamiento” de lo que a esta Comisión le dé la gana imponer al Perú?
Y no dejemos de lado las declaraciones del parlamentario andino Rafael Rey, a quien le consta que, luego de que el Perú rechazara el planteamiento de la CIDH, el formidable e inimitable canciller Roncagliolo se comunicó con Eguiguren para buscar con él un retroceso de la posición peruana y acatar así las exigencias de un nuevo proceso: juzgamiento a los 140 comandos “Chavín de Huántar”.
Dato interesante: es el mismo epónimo Cancilller que viaja a España y le cuenta a la prensa que nuestra relación comercial con Estados Unidos es poco interesante, mínima: es uno más de los muchos países con los que el Perú negocia, casi intrascendente… Frente al magnífico canciller Roncagiolo confieso que comienzo a extrañar a Popi Olivera.
Lo sabemos: “nano” es una medida que reprensenta la mil-millonésima parte de un metro. Pareciera que la política nacional hoy está manejada por cerebros de esa dimensión, por lo menos en Justicia y Cancillería.
Juicio del caso Chavín de Huántar se reinicia por tercera vez
Por José Alejandro Godoy y Víctor Quinteros
El 1° de junio de 2011, la Tercera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima reinició, por tercera vez, el juicio oral en el proceso seguido por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el marco de la operación Chavín de Huantar, en 1997.
Como se recuerda, esta operación puso fin a la toma de la residencia del embajador de Japón en el Perú, a manos de 14 miembros del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Como producto de la operación, 71 rehenes fueron liberados, dos efectivos militares perdieron la vida y los 14 miembros del MRTA fueron abatidos. Sólo uno de los rehenes, el magistrado supremo Carlos Giusti Acuña, perdió la vida durante la intervención.
En el proceso seguido por este caso, se encuentran procesados Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos, Roberto Huamán Azcurra y Jesús Zamudio Aliaga (reo ausente) por el presunto homicidio calificado de los emerretistas Victor Salomón Peceros Pedraza, Herma Luz Meléndez Cueva y Eduardo Cruz Sánchez, quienes habrían sido ejecutados extrajudicialmente luego de concluida la operación. El Ministerio Público solicita 20 años de prisión para cada uno de los acusados.
El primer juicio oral, que se inició el 18 de mayo de 2007, fue declarado quebrado el 15 de octubre de 2009 por la Tercera Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ello se debió a que dos magistrados dejaron de conformar el colegiado en forma sucesiva, José Neyra Flores (por promoción a la Corte Suprema de Justicia) y Carlos Manrique Suarez (por su no ratificación por el Consejo Nacional de la Magistratura).
El Código de Procedimientos Penales, en el tercer párrafo del artículo 266°, indica que “si después de iniciado el Juicio Oral, se produjera la jubilación, cese, renuncia, fallecimiento, licencia o vacaciones no regulares de uno de los miembros integrantes del Tribunal, éste será reemplazado por una sola vez por el magistrado llamado por ley, sin interrumpirse el Juicio, a condición de que siga interviniendo con los otros dos miembros”. Dado que en la Tercera Sala Penal Especial se produjeron, no uno, sino dos cambios en su conformación, se debió dejar sin efecto el juicio oral y ordenar su reinicio.
El segundo juicio oral se inició el 19 de marzo de 2010 y estuvo a cargo de la Tercera Sala Penal Especial, cuya denominación varió, desde diciembre, por la de Tercera Sala Penal Liquidadora. En mayo de 2011, este nuevo juicio oral también fue declarado quebrado. En esta segunda ocasión, el proceso se interrumpió por el cambio del magistrado Emérito Ramírez Salinas, quien fue sustituido por la magistrada Carolina Lízarraga, y por un problema de salud de la magistrada Sonia Tellez Portugal que motivó la interrupción del juicio por más de 8 días, plazo máximo establecido por el Código de Procedimientos Penales.
Con la finalidad de evitar un nuevo quiebre del juicio oral, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mediante Resolución Administrativa N° 146-2011-CE-PJ, ordenó que la Tercera Sala Penal Liquidadora, asuma a exclusividad la tramitación del caso Chavín de Huántar, así como de otros dos procesos, hasta su conclusión. Esta medida, se debió a un requerimiento de la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima, que solicitó se exonerara al referido colegiado de conocer otros procesos, debido a la complejidad de los casos y el tiempo transcurrido en su tramitación. La Sala ha quedado integrada por los magistrados Carmen Rojassi Pella, Carolina Lizárraga Houghton y Adolfo Farfán Calderón.
Luego de cuatro años de iniciado el primer juicio oral y catorce de ocurridos los hechos, se espera que la medida adoptada contribuya a dar oportuno término al proceso judicial en trámite. No obstante, corresponderá también que las instancias de gobierno del Poder Judicial adopten las previsiones necesarias para que los tres magistrados que actualmente integran la Sala, no sean cambiados sin mediar razón extraordinaria, incontrovertible y justificada que lo motive.
Cómo se ha señalado, han pasado más de cuatro años desde el inicio del primer juicio oral por el caso Chavín de Huántar y la medida adoptada debiera favorecer su pronta conclusión. Caso contrario, se mantendría una situación que amenaza con vulnerar los derechos a la verdad y acceso a la justicia que asiste a los familiares de las víctimas, y al mismo tiempo el derecho de los propios acusados a ser juzgados en un plazo razonable.
Según estadísticas del IDEHPUCP, sólo un 13% de causas penales originadas a partir de las investigaciones a profundidad desarrolladas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), cuenta con sentencia definitiva. Por el contrario, un 65% de casos ni siquiera ha llegado a la etapa de juicio oral, e incluso un 25% no cuenta aún con proceso penal abierto. Al igual que en el caso Chavín de Huántar, la situación de impunidad que expresan estos casos, exige un mayor impulso por parte del sistema de justicia especializado y medidas orientadas a su pronta conclusión, más aún cuando se trata de crímenes que en su gran mayoría fueron perpetrados hace más de veinte años.
Fuente: IDEHPUCP. Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Análisis de conflictos el 2 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.
Guerra en Libia, silencios y verdades olvidadas
Un libro, cuyo prefacio ha sido escrito por el obispo de Trípoli, reconstruye las fases del ataque occidental a Gheddafi y descubre detalles inquietantes.
“Actualmente Libia está viviendo la experiencia de una situación grave que deja sorprendidos e impotentes. No tengo los medios para confirmar los detalles que dieron inicio a la revuelta. Sin embargo, parece evidente que ésta haya sido alimentada por factores de diferentes orígenes”. Es lo que escribe el obispo de Trípoli Giovanni Martelli en el prefacio de un libro interesante y capaz de disipar algunas dudas, titulado Libia 2011 (Subtítulo enmarcado en la elocuente imagen de un bombardero que lanza sus bombas: «If you don’t come to democracy, democracy will come to you»). El autor del ensayo, que comprende una parte histórica y otra de investigación, es Paolo Sensini (ediciones Jaca Book, 174 páginas; 12.00 euros).
Las páginas de Sensini toman en consideración la historia de los “rebeldes de Bengasi”, fomentados por el fundamentalismo islámico y organizados, armados y financiados por las potencias occidentales. Documentan la responsabilidad de los medios de comunicación árabes Al Arabiya y Al Jazeera que acreditaban la existencia de masacres de civiles cometidas por Gheddafi que sirvieron para crear la onda emotiva necesaria para justificar la guerra a través de la Resolución de la ONU número 1973, que dio el vía libre a la intervención militar de la “coalición de voluntariosos”.
Se ha dicho que Gheddafi haya hecho bombardear a los insurrectos en Trípoli asesinando “más de 10,000 personas”. “Falsificaciones espectaculares”, según Sensini, que recuerda la importancia que han tenido y que tienen los periodistas que han presentado su dimisión dejando Al Jazeera. Se ha hablado de “fosas comunes”, y en cambio eran solamente “viejos cementerios”. De hecho se hicieron circular imágenes de las que se presentaban como apresuradas sepulturas de masa de los cadáveres de rebeldes muertos bajo los bombardeos de Gheddafi: “Pero eran simplemente- escribe Sensini- imágenes del cementerio de Sidi Hamed durante la normal actividad del traslado de restos”.
De nuevo, como viene sucediendo en las guerras de las últimas décadas, más que con las armas, éstas se ganan o si pierden manipulando y orientando la opinión pública. Se ha hecho pasar una verdadera guerra, en la que han sido usados más de seiscientos misiles Tomahawk, cargados con más de media tonelada de explosivo cada uno de ellos y capaces de destruir totalmente todo lo que se encuentra en un radio de cincuenta metros además de esparcir detritos incluso a 500 metros, por una intervención de “protección civil”. Hasta el punto que incluso el General Leonardo Tricario, Jefe de Estado Mayor de la Aviación Italiana, ha definido como “locas acrobacias léxicas” las usadas para describir la implicación del ejército italiano: “Las operaciones militares italianas, como se demuestra en la crisis libia, están siempre acompañadas por ambigüedad e hipocresía”.
La parte más interesante del libro de Sensini es aquélla en la cual se documenta quienes son los “rebeldes de Bengasi” y algunos de los nuevos gobernantes de Libia, unidos al fundamentalismo islámico y a Al Qaeda, combatientes en Irak y Afganistán, armados y usados por los gobiernos occidentales como ya sucedió el final de los años setenta, en Afganistán, cuando los americanos apoyaron a los muyahidines de Osama Bin Laden contra la Unión Soviética.
“El detenido libio más célebre de Guantanamo en Derna – escribe Sensini- es Sufiyan al Koumi, un veterano del contingente libio que trabajaba para el holding de Bin Laden en Sudan y luego en una “institución benéfica” relacionada con Al Qaida. Fue arrestado por los americanos y luego extraditado a Libia siendo liberado en septiembre de 2010 gracias a la iniciativa “Reform and repent” llevada a cabo por el hijo de Gheddafi… Su “trabajo” actual es “preparar a los reclutas” de los rebeldes”.
Es impresionante lo poco que se reflexionó antes de iniciar la guerra contra el país de Trípoli. Y sorprende también el silencio de una buena parte del mundo católico, como también la escasa incidencia en la opinión pública mundial de la posición de la Santa Sede, que en precedentes ocasiones había sabido hacer escuchar su voz.
Fuente: Vatican Insider. Sigue leyendo →
Esta entrada fue publicada en Historiografía el 1 noviembre, 2011 por Víctor Raúl Nomberto Bazán.

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 266
 Resolución 
 Resolución