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Timestamp: 2019-01-19 16:26:15+00:00

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Tribunal: Corte Suprema de Justicia de Tucumán autos: Villafañe, José Antonio c/ Dotta, Alcides José fecha: 02/03/2009 sumario: La Corte, hace lugar al planteo casatorio, desestimando la ejecución de honorarios interpuesta por el letrado
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SUMARIO: La Corte, hace lugar al planteo casatorio, desestimando la ejecución de honorarios interpuesta por el letrado, en razón de haber aceptado en su oportunidad la dación en pago efectuada por la ejecutada.
San Miguel de Tucumán, marzo 2 de 2009.
La doctora Claudia Beatriz Sbdar dijo:
1. Viene a conocimiento y resolución de este Tribunal el recurso de casación interpuesto por la letrada S. M. J., quien manifiesta ser apoderada de José A. Villafañe, Mercedes del C. Córdoba y V. C. V., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción del 19 de noviembre de 2007, que rechazó el recurso de apelación interpuesto contra el pronunciamiento de la Sra. Jueza en lo Civil y Comercial Común de la IIa Nominación que ordenó llevar adelante la ejecución promovida por el Dr. M. E. Ch.
2. Señala la recurrente que a pesar de que la sentencia apelada fue dictada en un proceso incidental de carácter ejecutivo, el decisorio atacado resulta definitivo, por cuando su firmeza acarrearía consecuencias inmodificables en un proceso ulterior, tanto respecto de las costas, como respecto de las personas afectadas por el crédito ejecutado. Sostiene que el primer error de la sentencia consiste en considerar a los señores Villafañe y Córdoba como obligados personales al pago de los honorarios del Dr. Ch. por el solo hecho de haber intervenido representando a su hija menor de edad y al respecto, cita doctrina según la cual la nota característica de la representación es que alguien observe una conducta cuyo significado sea el de estar formulando una declaración en nombre de otro y, a su vez, esta declaración que se atribuye a otro deriva de la ley. Expresa que en este caso, se trató de la representación legal prevista en el artículo 274 del Código Civil, esa capitis diminutio impuesta por la ley sobre la ex menor de edad, que le impedía ejercer por sí misma la acción indemnizatoria y como consecuencia de la cual tuvo que interponer la demanda a través de sus padres, quienes, a su vez, nunca reclamaron a nombre propio ninguno de los rubros incluidos en la demanda, sin perjuicio de que durante la tramitación del juicio la actora alcanzó la mayor edad y se convirtió en sujeto capaz de hecho, lo cual derivó en la cesación de la representación legal que ejercían los padres.
Prosigue en que el efecto de la representación es que todas las consecuencias obligacionales se fijan en cabeza del representado, de manera que los honorarios aquí devengados no los adeudaban los padres de la ex menor, sino esta última, por ser también la beneficiaria de la acción indemnizatoria aquí ejercida.
En cuanto a que la sentencia recurrida sostuvo que la excepción de falta de legitimación activa que opusieron los padres no se encontraba prevista para este tipo de casos, sostiene que nada impedía a la sentenciante considerarla como una forma de inhabilidad de título, al amparo de lo dispuesto en el artículo 581 del CPCyC, que prevé la posibilidad de rechazar una ejecución por no ser el ejecutado la persona contra quien la sentencia acuerda ejecución, añadiendo que la admisibilidad de la excepción estaba fuera de toda duda, y en todo caso, debió la Cámara considerarla de acuerdo al principio del iura novit curia, y darle la calificación legal correspondiente.
3. El recurso fue inicialmente rechazado por la Cámara en lo Civil y Comercial Común (cfr. resolución del 27 de marzo de 2008, fs. 54), y los ejecutados interpusieron un recurso directo ante esta Corte por la denegatoria del recurso de casación (fs. 84/87), el cual fue admitido provisionalmente por resolución de este tribunal del 2 de junio de 2008 (fs. 91/92), por lo que corresponde pronunciarse en forma definitiva sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto.
Si bien es regla general en materia de ejecución de sentencias que no concurre a su respecto el requisito de definitividad exigido para el recurso de casación, habida cuenta las limitaciones defensivas establecidas en el artículo 581 del CPCyC y teniendo en cuenta que, en principio, ciertas cuestiones podrán plantearse en una instancia de conocimiento posterior, con amplio debate y prueba; no es menos cierto que este principio cede cuando la sentencia recurrida adquiere definitividad con relación a las cuestiones que no podrán ser reeditadas en un eventual juicio de conocimiento posterior (cfr. artículo 544, CPCyC). Ello, lo que acontece en este caso, en el que los recurrentes alegaron la definitividad de lo decidido tanto con relación a las costas devengadas en el trámite como a la atribuida condición de obligados al pago por los honorarios del Dr. Ch., cuestiones que, en efecto, traen aparejada la imposibilidad de replantear ciertos aspectos en cualquier instancia ulterior de conocimiento y pueden irrogar un agravio de difícil o imposible reparación ulterior.
Por otro lado, la cuestión propuesta por los recurrentes, con fundamentos suficientes constituye una cuestión de derecho, por cuanto se refiere a la admisibilidad de la excepción de falta de legitimación pasiva en el marco de una ejecución de honorarios, por un lado, y, por otro, a la determinación del alcance de una condena en costas y a la responsabilidad por el pago de dichas costas en el marco de una acción indemnizatoria interpuesta en ejercicio de la representación legal que el Código Civil atribuye a los padres con relación a sus hijos menores de edad (artículos 815 y 816, CPCyC).
En cuanto al depósito exigido por el artículo 817 del CPCyC, en las concretas circunstancias del caso en el que se alegó la innecesariedad del depósito por parte de los señores Villafañe y Córdoba, toda vez que sostienen que no son parte en esta ejecución y que debió ser seguida en contra de su hija menor V. C. V., cabe considerar que el beneficio acompañado por esta última resulta suficiente para tener por cumplida la referida exigencia de admisibilidad.
4. Surge de las constancias del presente incidente que José Antonio Villafañe y Mercedes del Carmen Córdoba, interpusieron una demanda en contra de Alcides Dotta y de Nélida Leones de Dotta a fin de obtener la indemnización de los daños sufridos por su hija V. C. V. como consecuencia de un golpe que recibió en la boca con el cabo metálico de un escobillón (fs. 13 vta.), demanda presentada por los primeros en representación de V. C. V. quien, al momento de ser interpuesta la demanda tenía 17 años y, por lo tanto, se encontraba sujeta a la representación necesaria que establece el Código Civil. Durante el trámite de prueba de este juicio, los demandados, con la representación del Dr. M. E. Ch., interpusieron un recurso de revocatoria en contra de una providencia que admitió una prueba testimonial ofrecida por los actores. El recurso prosperó y ello determinó la imposición de las costas de la incidencia generada con el recurso a la parte actora (cfr. resolución del 27 de abril de 2000, fs. 1).
Tras haber concluido el juicio, se regularon los honorarios de todos los profesionales intervinientes, incluido el aquí ejecutante, a quien se regularon honorarios "por el recurso de revocatoria" en la suma de $300.
Invocando la condenación en costas "a los actores Sres. José A. Villafañe y Mercedes del C. Córdoba", la firmeza de la regulación de sus honorarios y la circunstancia de haber vencido el plazo establecido en el artículo 24 de la ley 5480 para que el deudor los abone sin que "esta obligación haya sido cumplida por el Sr. Villafañe y Sra." (fs. 7), el Dr. Ch. inició esta ejecución de honorarios en su contra. Los señores Villafañe y Córdoba se apersonaron entonces al juicio y opusieron una excepción que denominaron "de falta de acción", la que fundaron en el hecho de que la condena en costas no los alcanza, de manera que la ejecución no puede ser seguida en su contra ya que "no corresponde que se ejecute a los padres por derecho propio ni como representantes de V., pues ya no es menor de edad" (fs. 13 vta.).
No obstante reconocer "la mayor edad de la damnificada", la jueza de primera instancia desestimó la excepción opuesta por cuanto esta ejecución "tiene como fundamento la imposición de costas por sentencia del 27/4/00, dictada en contra de los hoy ejecutados" y en atención a que el letrado tiene derecho a cobrar sus honorarios tanto de su cliente "como del condenado en costas y en el caso a estudio, los actores de la pretensión principal son los legitimados pasivos para afrontar tales emolumentos" (fs. 21).
Los señores Villafañe y Córdoba interpusieron entonces un recurso de apelación y solicitaron que se revocara la sentencia de trance y remate (fs. 29). En esa oportunidad – además de expresar sus agravios contra la sentencia apelada– los ejecutados pusieron en conocimiento del tribunal que el ejecutante había aceptado la dación en pago que realizó V. C. V., al apersonarse el 20 de setiembre de 2006 en los autos principales, que dicha aceptación fue formulada sin reserva alguna y que con ello fueron en definitiva entregados los fondos al ejecutante (fs. 27 vta. y 28). Corrido traslado del memorial, el ejecutante reconoció haber percibido los fondos depositados, aclarando que los "aceptó para no hacer más gravosa la situación del deudor y ya no formuló ninguna petición, por lo que acepta que se declare abstracto el pronunciamiento apelado, no así que le apliquen las costas, sino que se impongan por su orden" (fs. 30).
La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial de Concepción rechazó el recurso. Primero, por cuanto la excepción de falta de legitimación pasiva no se encuentra prevista para la ejecución de sentencia. Si bien reconoció que los ejecutados ejercieron un derecho legal actuando por su hija menor, el trabajo profesional que generó se devengó íntegramente durante la minoridad de la hoy actora, de manera que la condena en costas los alcanza plenamente al estar alcanzada por la preclusión. Segundo, porque aunque se encuentra admitido el pago, el mismo fue realizado tardíamente y en los autos principales (no en este incidente de ejecución) y no puede ser considerado por el tribunal de apelación, ya que no había sido previamente puesto en conocimiento del juez inferior. Por último, agregó que el trabajo profesional ya estaba hecho y por ende debía pronunciarse sobre las costas y las mismas deben ser impuestas a quien con su incumplimiento dio motivo a la ejecución de honorarios (fs. 38/39).
Como se advierte, de la compulsa de las constancias del expediente, surge que el crédito que motivó la presente ejecución ha sido satisfecho con fecha 20/9/06 (cfr.: declaración de los ejecutados de fs. 27 vta. y del ejecutante de fs. 30).
Consecuentemente, ello torna inviable la ejecución de sus honorarios iniciada por el Dr. Ch. Tal situación no ha sido puesta en conocimiento del juez de primera instancia sino recién en oportunidad de expresar agravios y fue admitida por el ejecutante en el pertinente responde, motivo por el cual la Cámara debió computar tal situación en la resolución del caso.
Ello así por cuanto si el letrado Ch. percibió sus honorarios antes de pronunciada la sentencia de trance y remate, ¿cuál habría sido el fundamento del referido pronunciamiento que mandó llevar adelante la ejecución de honorarios? Sin embargo, como el referido hecho fue introducido en la segunda instancia, el interrogante que se plantea es a propósito del sentido del análisis y discusión de la admisibilidad de la excepción articulada por los mencionados Villafañe y Córdoba y, en su caso, de la procedencia de dicha defensa.
Tal circunstancia, la referida a la percepción de los honorarios, no pudo ser soslayada por la Cámara sentenciante en virtud de lo dispuesto por los artículos 33, 34 y 40 del CPCyC, en cuanto establecen que los jueces deben fundar sus decisiones en los elementos de juicio reunidos en el proceso y que la sentencia podrá hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, aunque no hubiesen sido invocados oportunamente como hechos nuevos.
En este caso el ejecutante reconoció expresamente haber percibido sus honorarios. También reconoció no haber formulado ninguna reserva de ninguna índole al momento de percibirlos, de manera que dicho pago debe presumirse íntegro, total y cancelatorio. Cerrar los ojos ante la evidencia admitida por todas las partes de que el abogado ejecutante ya percibió los honorarios que son objeto de esta ejecución implica un renunciamiento consciente a la verdad material sobre la cuestión que aquí se discute, lo cual -de acuerdo a lo sostenido reiteradamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación- no resulta compatible con el adecuado servicio de justicia (por todos, Fallos, 238:550). En tal sentido, también se ha señalado que "el proceso se organiza a fin de lograr rectamente la administración de justicia según derecho y sobre la base de la verdad averiguada acerca de los hechos, a lo cual no puede renunciarse concientemente (ED 63-235; 45-604). Al respecto, la parte a quien beneficie la ocultación de la verdad no puede invocar tal situación como un derecho (ED 31-759). En esta línea, la CSJN reiteradamente afirma que es deber de los jueces asegurar la necesaria primacía de la verdad jurídica, que reconoce base constitucional, concorde con el adecuado servicio de justicia (ED 131-218; 149-667)" (cfr. CSJTuc., sentencia N° 72, del 26/02/97).
A la luz de esta jurisprudencia y dado que el pago fue expresamente reconocido por el ejecutante, es indudable que constituía un deber impuesto al tribunal a quo considerar la eficacia extintiva de este hecho alegado por las partes sobre la pretensión ejecutiva; puesto que lo contrario llevaría a un renunciamiento voluntario y deliberado del tribunal a la verdad material que subyace en este caso y que es que el ejecutante ya percibió los honorarios que está intentando ejecutar en este incidente. Si el crédito que intenta ejecutar el letrado Ch. ya fue satisfecho y si nada puede ya reclamar en concepto de unos honorarios que ya fueron íntegramente pagados, es indudable que ningún sentido valioso puede tener continuar con una ejecución que se agotó en todos sus efectos materiales antes incluso de ser dictada la sentencia de remate.
Por todo lo expuesto corresponde casar la sentencia impugnada en base a la siguiente doctrina legal: "Los jueces deben fundar sus decisiones en los elementos de juicio reunidos en el proceso" y, en sustitución, disponer: "I. Desestimar la ejecución de honorarios deducida por el letrado Ch. II. Costas de ambas instancias, por su orden (artículo 106, inciso 1° del CPCyC)".
Lo precedentemente decidido torna inoficioso el análisis y decisión de los demás planteos formulados en casación.
5. Atento a los términos en que la cuestión ha sido resuelta, las costas se imponen en el orden causado (artículo 106, inciso 1° del CPCyC).
Los doctores Alberto José Brito y Antonio Gandur dijeron:
Estando conformes con los fundamentos dados por la señora vocal preopinante, doctora Claudia Beatriz Sbdar, votan en igual sentido.
Y VISTO: El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, por intermedio de su Sala en lo Civil y Penal, RESUELVE: I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la letrada S. M. J., en representación de sus apoderados, contra el pronunciamiento de la Excma. Cámara en lo Civil y Comercial Común del Centro Judicial Concepción de fecha 19 de noviembre de 2007, en base a la doctrina legal enunciada en los considerandos y en sustitución disponer: "I. Desestimar la ejecución de honorarios deducida por el letrado Ch. II. Costas de ambas instancias, por su orden (artículo 106, inciso 1° del CPCyC)". II.- COSTAS, conforme se considera. III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad. — Antonio Gandur. — Alberto José Brito. — Claudia Beatriz Sbdar.

References: resolución 
 artículo 274
 artículo 581
 resolución 
 resolución 
 artículo 581
 artículo 544
 artículo 817
 resolución 
 artículo 24
 resolución