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DPP (1) | Derecho procesal | Derecho procesal penal
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MARVIN LEONEL BOZA-REYES ÁLVAREZ
TESIS Presentada a la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Por:
Marco Vinicio Villatoro López
Gabriela Maria Santizo Mazariegos
Lic. José Alfredo Aguilar Orellana
Lic. Roberto Romero Rivera
Lic. Juan Carlos Godínez
RAZÓN: “Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y contenido de la tesis”. (Artículo 43 del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen Público ).
Por su misericordia y darme la oportunidad de alcanzar este triunfo.
Por apoyarme y estar conmigo en los momentos difíciles.
Yoly y Nancy, por su apoyo.
Velvett Paola Boza-Reyes González.
María de los Ángeles González Solares,
madre de mi hija, gracias por sus oraciones,
En especial a Wendy.
En especial a Nancy, Leo y Patty.
Por su apoyo, en especial a Maco.
Abogados Arturo Lemus Peralta y Debhora Eunice Ramirez De Leon por la motivación para alcanzar esta meta, en especial a Abogadas Audy Yanelly Arana Gonzalez y Zoila Patricia Barro Márquez De Castillo, por su apoyo Incondicional.
La gloriosa UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA, alma máter forjadora de hombres de ciencia, futuro de nuestra amada Guatemala, en especial a la FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Por la formación académica que en ella obtuve.
1. El proceso penal ………………….…… …………
1.1. Proceso y procedimiento
1.3. Análisis doctrinario
1.4. Naturaleza jurídica
1.5. El debido proceso ..............................................................................
1.6. Antecedentes del proceso penal guatemalteco .................................
1.6.1. Reformas al Código de Procedimientos Penales…………… ...
1.6.2. Código Procesal Penal (Decreto número 51-12 del
Congreso de la República de Guatemala) .............................
2. Etapas del proceso penal guatemalteco
2.1. Procedimiento preparatorio ...............................................................
2.1.1. Definición .................................................................................
2.1.2. Análisis jurídico doctrinario .....................................................
2.2. El procedimiento intermedio
2.2.1. Definición .................................................................................
2.2.2. Formulación de acusación y apertura del juicio ......................
2.3. La clausura provisional del procedimiento … ……………
…………….………… …………
2.5. El juicio oral y público …………… …………
2.5.1. Preparación para el debate
2.5.2. Desarrollo del debate
2.5.3. Discusión y clausura ...............................................................
2.5.4. Sentencia
2.5.5. El acta de debate ....................................................................
3.1. El Ministerio Público
3.1.1. Análisis doctrinario ..................................................................
3.1.2. Funciones del Ministerio Público .............................................
3.1.3. Organizaciones del Ministerio Público ....................................
3.1.4. Fiscal General de la República ................................................
3.1.5. Consejo del Ministerio Público ................................................
3.1.6. Fiscales de distrito y de sección ..............................................
3.1.7. Auxiliares fiscales ....................................................................
3.2. Sindicado ...........................................................................................
3.3. Defensor
3.3.1. El defensor público ..................................................................
3.4. Querellante adhesivo ………………………………… ..........................
3.5. Partes civiles .....................................................................................
3.5.1. Actor civil .................................................................................
3.5.2. Tercero civilmente demandado ...............................................
4. Principios procesales y garantías constitucionales
4.1. Aspectos generales ..........................................................................
4.2. Los derechos y principios constitucionales en Guatemala ................
4.3. Con relación a la persona ..................................................................
4.3.1. Principio de legalidad ..............................................................
4.3.2. Principio de audiencia .............................................................
4.3.3. Juicio previo y debido proceso ................................................
4.3.4. Principio de inocencia ..............................................................
4.3.5. In dubio pro reo .......................................................................
4.3.6. Principio de oportunidad reglada .............................................
4.3.7. Favor libertatis .........................................................................
Principio de non bis in idem ....................................................
Principio de derecho de defensa .............................................
4.10. Principio de libertad de acción ..................................................
4.11. Registro de personas y vehículos ............................................
4.4. Con relación al órgano jurisdiccional .................................................
4.4.1. Juicio Previo y debido proceso ...............................................
4.4.2. Principio de oficialidad ............................................................
4.4.3. Principio de estatalidad ..........................................................
4.4.4. Principio de oficiosidad ...........................................................
4.4.5. Principio de la verdad real ......................................................
4.4.6. La autonomía en la investigación ...........................................
4.4.7. No hay delito ni pena sin ley (Nullum poena sine lege) ..........
4.4.8. Igualdad ..................................................................................
5 Las partes en el proceso penal y la vulneración del derecho del
querellante adhesivo en el procedimiento intermedio ..............................
5.1. Actitudes de las partes
5.1.1. Actitud del defensor y del acusado
5.1.2. Actitud del querellante .............................................................
5.1.3. Actitud de las partes civiles .....................................................
5.2. Apertura del juicio ..............................................................................
5.3. La querella .........................................................................................
5.4. La inadmisión del querellante en la etapa intermedia .......................
CONCLUSIONES……………………………………………………………… ..
BIBLIOGRAFÍA………………………………………………………………… ..
El presente trabajo de investigación, ha sido desarrollado con el objeto de analizar la
participación dentro del proceso penal, específicamente en la etapa intermedia, de las
personas que han sido víctimas por la comisión de un hecho punible, personas a las
cuales la ley les denomina querellantes adhesivos y a quienes se les ha provisto de
diversas facultades para intervenir como agraviadas, pero que en determinados actos
jurídicos se les limita su participación como tales violando con ello el debido proceso.
Dentro de las fases, que contempla nuestro ordenamiento adjetivo penal, encontramos
la fase preparatoria, en la cual el ente encargado de la persecución penal se encarga
de practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia de un
hecho punible y establecer quienes son las personas que participaron en el mismo. Y,
es en la etapa intermedia, considerada por muchos como una de las mas importantes
del proceso penal, llamada también etapa filtro, porque en ésta es donde los medios
de investigación, son analizados por el juez de la causa para determinar si existen
elementos suficientes para someter a una persona a juicio oral y publico por la
probabilidad de su participación en un hecho delictivo.
Cabe mencionar, que el Código Procesal Penal, regula la figura de los sujetos que
intervienen en el proceso penal, encontrando dentro de ellos al Ministerio Público,
sindicado, abogado defensor, actor civil, tercero civilmente demandado y al
querellante adhesivo, quien ha adquirido un papel importante dentro del proceso, ya
que colabora y coadyuva con la investigación que practica el Ministerio Público, por lo
tanto se convierte en un sujeto activo y no como un simple espectador.
El proceso penal, se encuentra investido por un conjunto de principios y garantías
procesales, los cuales se encuentran regulados no solo en el ordenamiento jurídico
vigente sino que en tratados internacionales ratificados por Guatemala, encontrando
dentro de ellos el de igualdad. Al finalizar el periodo de investigación, el Ministerio
Público formula acusación y solicita la apertura a juicio ante el órgano jurisdiccional
competente, el juez que controla la investigación señala día y hora para la celebración
de una audiencia oral conforme lo estipula el Artículo 340 del Código Procesal Penal,
para que las partes procesales hagan valer sus derechos, dando inicio con ello a la
etapa intermedia; sin embargo, limita la participación del querellante adhesivo, ya que
para permitir su participación dentro del proceso, debe solicitar por escrito al juez,
antes de la celebración de dicha audiencia, su deseo de ser admitido como tal.
La ley permite que el Ministerio Público, el abogado defensor y el sindicado estén
presentes en las diferentes etapas del proceso sin obstáculo alguno, situación que no
se da con el querellante adhesivo, ya que en la etapa intermedia debe renovar su
solicitud por escrito al juez, para que le de intervención definitiva en el proceso, esta
es una limitante que se hace al ofendido o agraviado.
Es injusta la limitación del querellante adhesivo en la etapa intermedia, en virtud que es
el ofendido o agraviado en la comisión del ilícito y por lo tanto una vez mostrado su
interés de ser parte del proceso no se le debería impedir su participación en ninguna de
las etapas del mismo, pues esto vulnera los principios de igualdad y de justicia que
privan en el proceso penal moderno.
Dirimir una controversia
Que se imponga una medida de seguridad al procesado, luego de haberse
probado el ilícito, o al establecerse su peligrosidad criminal; pretensión que deberá
quedar plasmada en una sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada.
El procedimiento es una sucesión de actos jurídicos, los cuales se traducen en etapas
dentro del proceso, constituyendo una escalera en la cual, los peldaños son los
El proceso es el método lógico, ordenado, creado por la civilización para conducir una
decisión judicial justa, que tiene por objeto establecer la paz y el orden jurídico, así
como definir conflictos, lo que debe entenderse como la reproducción más objetiva de
lo sucedido, de la aportación y valoración de datos, de la discusión del significado de
los hechos. Para que pueda existir un proceso judicial, es necesario que se cumplan
ciertos postulados creados por el liberalismo político, el humanismo filosófico, las
ciencias jurídicas; principios de carácter universal, consagrados generalmente en las
constituciones políticas y en el derecho internacional.
Al derecho procesal penal le corresponde el estudio de la naturaleza, desenvolvimiento
y eficacia del conjunto de las relaciones jurídicas ante la comisión de un hecho ilícito.
El derecho procesal penal, debe estudiarse desde el punto de vista científico, pues el
mismo corresponde a una rama de la ciencia jurídica.
Derecho procesal penal “Es el conjunto de normas relativas a la forma de aplicación de
las reglas penales a casos particulares” 1 .
Derecho procesal penal “Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la disciplina
del proceso, sea en su conjunto, sea en los actos particulares que los integran” 2 .
“Derecho procesal penal es el conjunto de las normas encaminadas:
A la declaración de certeza de la notia cirminis (es decir, declaración de certeza del
delito y aplicación de la pena);
A la declaración de certeza de la peligrosidad social y la aplicación de medidas de
A la declaración de certeza de las responsabilidades civiles conexas al delito y a la
inflicción de las consiguientes sanciones; y
A la ejecución de las providencias” 3 .
El proceso penal, “Es un conjunto de actos realizados por determinados sujetos
(jueces, fiscales, defensores, imputados, etc.), con el fin de comprobar la existencia
de los supuestos que habilitan la imposición de una pena y, en el caso de que tal
existencia se establezca, la cantidad, calidad y modalidad de la sanción así como
1 Castellanos, Fernando, Lineamientos de derecho penal general, pág. 34.
2 Florián, Eugenio, Elementos de derecho procesal penal, pág. 14.
3 Borja Osorno, Guillermo, Derecho procesal penal, pág. 186.
determinar las medidas de seguridad respectivas y las responsabilidades civiles si
fueron reclamadas” 4 .
El derecho procesal penal tiene por objeto regir la actividad del Estado, encaminada a
dirigir la actuación de la ley mediante los órganos jurisdiccionales de conformidad con
un orden legalmente establecido que se llama proceso. El derecho penal persigue un
interés público y sirve de instrumento para observar el derecho sustantivo. El derecho
penal y el derecho procesal penal se complementan, ya que la existencia de una
implica la existencia de otro, pues no puede haber derecho procesal penal sin derecho
penal y viceversa.
El derecho procesal penal o adjetivo, busca la aplicación de las leyes del derecho
penal sustantivo a través de un proceso, para llegar a la emisión de una sentencia y,
consecuentemente, a la deducción de la responsabilidad penal imponiendo una pena
o medida de seguridad y ordenando su ejecución. Se refiere pues, al conjunto de
normas y doctrinas que regulan el proceso penal en toda su sustanciación,
convirtiéndose en el vehículo que ha de transportar y aplicar el derecho penal
sustantivo o material.
El proceso penal es el medio institucionalizado que posee el Estado, buscando a
través de éste medio la armonía y la paz, cabe mencionar que el derecho penal,
según las doctrinas modernas, es el mecanismo a tomarse en consideración para
buscar el objetivo deseado, debe considerarse, que una sociedad en la cual debiera
prevalecer una política criminal basada en un sistema social liberal en la cual la única
lucha contra los transgresores de la ley, debe realizarse mediante un mecanismo legal
plenamente establecido como lo es el proceso penal, en donde los funcionarios y
4 Binder Barzizza, Alberto M., Introducción al derecho procesal penal, pág. 39.
partícipes del mismo basen su actuación circunscribiéndose a la observancia del
derecho, principios y garantías que la Constitución y las leyes preceptúan a favor de la
persona sujeta a proceso. En ese orden de ideas son estos aspectos el basamento
importante para justificar la imposición de una pena o medida de seguridad.
“El estudio de los derechos y garantías fundamentales son el resultado de una dura,
dramática y sangrienta historia, relacionada no sólo al logro de la cristalización de tales
normas en leyes fundamentales de las sociedades civiles, sino que en algunas
comunidades como la nuestra sigue siendo hoy un desafío la realización práctica de
éstas reglas de garantía” 5 .
Antiguamente al derecho procesal se le tomaba como una práctica tribunalicia,
interpretando las normas de derecho positivo en apego al método exegético; es en la
segunda mitad del siglo XIX, en la cual esta rama adquiere carácter científico, y como
se le toma en la actualidad, así lo expresa Clariá Olmedo, citado por Alberto Herrarte
“el derecho procesal no es puro procedimiento, no está integrado por actos procesales
aislados y rutinarios; no es una simple formalidad, sino que está condicionado por toda
clase de consideraciones, objetivas y subjetivas, teóricas y técnicas, dogmáticas y
políticas. Tiene instituciones que le son propias que, gracias a la investigación
científica, han sido comprendidas en su verdadera esencia” 6 .
Para encontrar la naturaleza jurídica del derecho procesal penal, es necesario hacer
algunas anotaciones sobre el derecho procesal en general, en cuanto a que es una
rama del derecho público que tiene por objeto la regulación del proceso. Aunque tiene
relación íntima con el derecho sustantivo, esta condición no la priva de ser un derecho
5 Locora Jiménez, Fernando, Garantía Constitucional, pág 17. 6 Herrarte, Alberto, Derecho procesal penal. El proceso penal guatemalteco, pág. 33.
En si la naturaleza jurídica del derecho procesal penal está dentro de la esfera del
derecho procesal, considerado como una rama del derecho público, que estudia las
normas que regulan el proceso penal. Es un derecho autónomo, pero tiene relación
con otras ramas del derecho, como la relación que existe con el derecho penal, ya que
uno es complemento de otro. Se relaciona también con el derecho constitucional que
contiene principios generales para la aplicación del derecho procesal penal.
Una de las garantías primordiales es la asistencia del desvalido en los delitos de
acción privada por parte del Ministerio Público cuando la víctima no cuente con
recursos necesarios para dicho fin, también puede actuar en nombre de la victima en
el ejercicio de la acción civil.
1.5. El debido proceso
Su origen está en la Carta Magna de Juan Sin Tierra de Inglaterra, emanado en 1215,
que consagra el principio de que “nadie puede ser privado de su vida, propiedad y
libertad sin un previo proceso legal”.
Una Garantía es un medio legal de protección del individuo para que sus derechos no
sean desconocidos. Entre estas garantías se tiene: el debido proceso, el estado de
inocencia y la garantía de dignidad humana, que son las más importantes.
La Garantía del debido proceso es el fundamento esencial del derecho moderno y de
la libertad del individuo, consistente en el cumplimiento de los requisitos
constitucionales. Para que un proceso sea “debido” y “legal” debe cumplir los
elementos o requisitos constitucionales.
Entre los elementos constitucionales se pueden mencionar:
Juez natural. Es una garantía constitucional en virtud del cual el imputado será
juzgado por juez designado anteriormente al hecho que se procesa.
Publicidad, garantía del imputado de que todos sus actos procesales serán
conocidos no solo por las partes (fiscal, agraviado, imputado) sino por todos en
Prohibición de juzgamiento múltiple (Non bis in idem), garantía del imputado
absuelto con sobreseimiento, no impugnado o ratificado, en virtud del cual no
puede ser perseguido penalmente una vez más por el mismo hecho aunque se
modifique su calificación o se aleguen nuevas circunstancias.
Duración razonable del proceso, garantía que el proceso penal no se prolongue
Derecho a ser oído, es la facultad que tiene todo imputado de expresarse
libremente sobre los extremos de la imputación, a presentar descargo, a ser oído
por autoridad judicial.
Derecho a ofrecer descargo, el onus probando (deber o la carga de la prueba) no
recae sobre el imputado sino sobre el acusador, el imputado de delito solo ofrece
Derecho a obtener sentencia justa, el juez no debe ir contra lo que manda la ley. Se
debe acoger a ella.
1.6. Antecedentes del proceso penal guatemalteco
El siete de enero de mil ochocientos noventa y ocho, se promulga el Código de
Procedimientos Penales, por medio del decreto 551 del Presidente de la República,
General José María Reyna Barrios, el cual tuvo vigencia hasta el año de mil
novecientos setenta y tres.
El proyecto de esta ley fue inspirado, en gran parte, en la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, promulgada en España el catorce de septiembre del año de mil ochocientos
ochenta y dos; esta ley estaba sujeta a la ley de Bases, promulgada en España en
junio del mismo año. De dicho proyecto, no se tomó en cuenta lo principal, como los
principios de brevedad, publicidad y la instancia única.
El Código de Procedimientos Penales, siguió un procedimiento estrictamente escrito,
secreto y con trámites retardados. Por tal razón, se estima que este código,
posiblemente haya seguido también rasgos del Código Criminal español de mil
ochocientos setenta y nueve, que convirtió el juicio oral ya establecido en España, al
procedimiento escrito. El Código de Procedimientos Penales, con una vigencia de
setenta y cinco años, no sólo no respondía a los avances de la ciencia del derecho en
la época que se promulgó, sino que, largo tiempo de vigencia retrasó a la sociedad
guatemalteca a adaptarse a la vida moderna de sus instituciones en transición.
En la época de gobierno del doctor Mariano Gálvez, se instauró en Guatemala el
Proceso Penal por el sistema de Jurados, con los llamados Códigos de Livingston, su
funcionamiento fue por corto tiempo, ya que al dejar de presidir el gobierno el doctor
Mariano Gálvez, este sistema quedó en desuso. La implantación del sistema de
jurados en el proceso penal guatemalteco en aquella época, fue un tanto atrevida, ya
que los jurados son de extracción popular, y para ello se requiere una cultura media
avanzada, de la cual se carecía en esa época, por lo que fue duramente criticada la
actitud del doctor Mariano Gálvez. El Código de Procedimientos Penales, siguió una
tendencia del sistema inquisitivo, ya que predominó en el proceso penal, la escritura,
un solo juez conocía todo el proceso, hasta dictar sentencia, ya que el juzgador en el
proceso penal, recibe la prueba y dicta sentencia, pues la actividad procesal se
concentra en un solo juez, quien al momento de dictar el fallo respectivo, valora la
prueba en forma legal o tasada; características estas del sistema inquisitivo.
1.6.1. Reformas al Código de Procedimientos Penales
A finales del mes de julio del año de mil novecientos sesenta y siete, se llevó a cabo,
en la universidad Rafael Landívar, un seminario sobre reformas al Código de
Procedimientos Penales, al finalizar el mismo, tanto participantes como disertantes,
concluyeron que era necesaria la instauración del juicio oral con aplicación del sistema
acusatorio en el proceso penal guatemalteco. En el desarrollo del programa, se
trataron temas, tales como: a) Necesidad de la reformar el procesal penal, para
implantar el juicio oral, en todo el territorio nacional; b) Dividir el proceso penal en
instrucción y sentencia; c) Conveniencia de seguir en el Proceso Penal, un sistema
predominante acusatorio; d) El papel que juega el Ministerio Público en nuevo sistema.
En es ese seminario, se estuvo de acuerdo con la implantación del juicio oral al
proceso penal guatemalteco, exponiendo como ventajas del mismo, los principios que
lo inspiran, entre ellos: la concentración procesal, la inmediación, la aproximación del
derecho a la vida y una decisión judicial más rápida. En ese seminario también se
expuso lo relativo a la acusación y la defensa, indicando la necesidad de cambiar la
estructura del proceso penal, de acuerdo a la reforma de la ley penal y a la reforma
penitenciaria del país; se manifestó partidario del sistema acusatorio, con intervención
dinámica del Ministerio Público en la investigación y no simplemente con una
investigación discrecional, concluyendo así: El poder de acusar, debe ser indivisible;
instauración del sistema acusatorio, que se encamine a un juicio oral, que la prueba
sea valorada bajo el sistema de la sana crítica; que haya una política judicial,
fiscalizada por el Ministerio Público, como encargado de la investigación; inclinación en
el proceso penal a una única instancia. Estos planteamientos fueron inspirados en el
proyecto que se elaboró en la preparación del Código Procesal Penal.
Este Código fue aprobado, el cinco de julio de mil novecientos setenta y tres, por el
Congreso de la República de Guatemala, como Decreto Número 52-73, siguió la
tendencia inquisitiva, desechándose un segundo proyecto denominado SOLER-DE
LEÓN-LEMUS, el cual fue elaborado por los abogados Sebastián Soler, de
nacionalidad guatemalteca. El proyecto era avanzado y acusatorio; fue inspirado en el
proyecto que Sebastián Soler y Alfredo Vélez Mari Conde, que en el año de mil
novecientos treinta y siete, elaboraron para la provincia de Córdova, República de
Argentina, el cual tenía como principal objetivo la implantación del juicio oral. Este
proyecto se caracterizaba por cambiar la estructura del proceso penal en Guatemala,
Proceso Acusativo, conserva en su forma secundaria el sistema mixto, con un
período de instrucción, y características del sistema inquisitivo otra parte procesal
del juicio, siguiendo en sus lineamientos fundamentales el sistema acusatorio,
atribuyendo las funciones de acusación, de defensa y decisión a distintos órganos.
Así, en el caso de la acusación se exige la presencia del acusador que es el
Ministerio Público, el ofendido, además del acusado; en cuanto a la defensa, es
desempeñada por profesionales del Derecho en la Defensa Pública, la decisión la
lleva a cabo el órgano jurisdiccional, previamente establecido.
Juicio público. en el periodo de instrucción la publicidad es limitada a las partes, en
tanto en el juicio propiamente dicho la publicidad es absoluta.
Juicio escrito, se mantiene la forma escrita para el juicio ordinario, instruyendo la
oralidad para el juicio por el delito de acción privada y de faltas.
Juicio contradictorio, el cual se establece en el juicio, aunque en el período de
instrucción, las partes pueden controlar o fiscalizar la investigación.
Sistema de sana crítica para la valoración de la prueba, la prueba es valorada por el
sistema de la sana crítica, excepcionalmente se usará la tasación para valorar la
prueba documental y la confesión simple.
Juicio en dos instancias, se tomó en cuenta este aspecto para garantizar el derecho
de la acusación y la defensa, a efecto de que el fallo de primer grado, dictado por un
tribunal unipersonal (Juzgado de Primera Instancia), sea objeto de un nuevo
estudio por un tribunal colegiado (Salas de La Corte de Apelaciones).
El Código Procesal Penal (Decreto Número 52-73 del Congreso de la República de
Guatemala), tuvo como autor del anteproyecto, al Licenciado Hernán Hurtado.
1.6.2. Código Procesal Penal (Decreto número 51-92 del Congreso de la
República de Guatemala)
La Corte Suprema de justicia, presidida por el Doctor Edmundo Vásquez Martínez,
mantuvo su inquietud por modernizar el proceso penal, con los cursos impartidos por
el Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la prevención del Delito y el
Tratamiento del Delincuente (ILANUD), siendo éstos es su mayoría relativos a
promover una reforma en la administración de justicia penal, a través de la
instauración del juicio oral penal en Guatemala.
Bajo el auspicio de la Corte Suprema de Justicia, los doctores, Julio Maier y Alberto
Binder Barzizza, quienes conjuntamente con la comisión de trabajo designada por el
Organismo Judicial, la que estaba integrada por jueces de paz, jueces de primera
instancia y magistrados de la Corte de Apelaciones, elaboran un proyecto para el
Código Procesal Penal que sustituiría al Código Procesal Penal en vigencia, el cual fue
presentado al Presidente del Organismo judicial, el veintitrés de marzo de mil
novecientos ochenta y uno. Los Doctores Maier y Binder hacen referencia que han
tomado en cuenta proyectos antecesores; el Proyecto Soler-Lemus-De León, en el
cual consideran que se adoptó la estructura básica del sistema moderno y se
reconocieron las bondades del oralidad y publicidad. El proyecto Menéndez de la Riva,
que adopta plenamente el sistema europeo posterior a la gran reforma del siglo XIX,
llamado mixto o inquisitivo reformado. El Proyecto elaborado por al Comisión del
Instituto Judicial de mil novecientos ochenta y cuatro. El proyecto de mil novecientos
ochenta y seis, elaborado por la comisión del Instituto Judicial de mil novecientos
ochenta y cuatro, el proyecto de mil novecientos ochenta y seis elaborado por los
doctores Edmundo Vázquez Martínez y Hugo González Caravantes. Estos trabajos se
fundamentaban en las “Bases Completas para orientar en Latinoamérica la Unificación
Legislativa en materia procesal penal”, redactado por el Doctor Jorge A. Clariá Olmedo
y discutidas ampliamente en la VI jornada Iberoamericana del derecho procesal,
realizada en Guatemala, en noviembre de mil novecientos ochenta y uno.
El Proyecto fue ampliamente discutido por la comisión de Gobernación del organismo
legislativo, objetando dicha comisión que los autores del proyecto eran de nacionalidad
argentina y que era necesario que se elaborada un proyecto por abogados
guatemaltecos, debido a esta objeción, La Corte Suprema de justicia designó a los
abogados guatemaltecos Alberto Herrarte y César Ricardo Barrientos Pellecer,
quienes elaboraron un nuevo proyecto, por fortuna, los abogados mencionados,
tomaron en cuenta las bondades que presentaba el proyecto de Maier y Binder. El
preámbulo del Código Procesal Penal, Decreto número 51-92 del Congreso de la
República, es entonces, el proyecto elaborado por los abogados guatemaltecos
Alberto Herrarte y César Ricardo Barrientos Pellecer. Este código, representa una
verdadera reforma de la justicia penal guatemalteca.
El Código Procesal Penal, fue aprobado por el Congreso de la República de
Guatemala, el veinticuatro de septiembre del mil novecientos noventa y dos. Por tal
motivo, el organismo Judicial aprobó la creación de la Unidad de Planificación y
Transformación del Justicia Penal, con las siguientes funciones:
Organizar la nueva forma de operar la justicia penal;
Reestructurar y adecuar los tribunales penales a los nuevos procedimientos, así
como estructurar nuevos tribunales;
Organizar el servicio público de defensa penal y otras entidades, como la Oficina de
Promover la capacitación y aprendizaje de los nuevos procedimientos, tanto en
operadores de justicia, como su difusión a la población general;
Profundizar y difundir los principios filosóficos y las características de la nueva forma
de justicia penal;
Elaborar reglamentos. fraccionar guías, instructivos y manuales para operadores de
Crear tribunales laboratorio para facilitar el aprendizaje de los operadores de la
El nuevo código procesal penal, constituye para Guatemala un avance real en materia
adjetiva, puesto que, no solo crea y permite mejores condiciones para el cumplimiento
de los postulados ya establecidos y aceptados por el derecho constitucional
guatemalteco, sino que introduce a la legislación los logros alcanzados en materia
procesal por otros países en las últimas décadas; al tiempo que viabiliza los
compromisos adquiridos por Guatemala en diversos tratados y convenios
2.1 Procedimiento preparatorio
“El procedimiento preparatorio, es aquella etapa del proceso penal, por la cual el
Ministerio Público investiga para recabar los elementos de convicción, para considerar
si el sindicado puede resultar culpable del ilícito, estos elementos y evidencias
únicamente pueden ser considerados como medios probatorios, cuando así se
presenten en el debate” 7 .
“La etapa inicial del nuevo proceso penal designa la actividad de búsqueda de
elementos probatorios para establecer la necesidad o no de formular acusación contra
persona o personas determinadas por la comisión de un hechos criminal” 8 .
“El procedimiento preparatorio es la etapa de investigación que por mandato legal le
corresponde al Ministerio Público, es el período por el cual el ente encargado investiga
el hecho punible para decidir si se encuentran suficientes elementos de juicio contra el
imputado y en ese sentido pedir la apertura del juicio y formular acusación contra el
sindicado” 9 .
El Fiscal del Ministerio Público, mediante las evidencias recabadas, pretende
determinar si el sindicado participó o no en el hecho punible, ya que si de la
7 López M., Mario R., La práctica procesal penal en el procedimiento preparatorio, pág. 43.
8 Barrientos Pellecer, César Ricardo, Orientaciones básicas para la aplicación del código procesal penal, pág. 1.
9 Domínguez Ruiz, Jorge Francisco, Análisis del procedimiento preparatorio y la audiencia oral en la etapa intermedia y el debate, pág. 8.
investigación se deriva que el imputado no participó en el ilícito, podrá pedir el
sobreseimiento, y si hay evidencias pero que no son suficientes para llevar a juicio oral
y público al sindicado, solicitará la clausura provisional del procedimiento.
“El procedimiento preparatorio consiste en un conjunto de actos, fundamentalmente
de investigación, orientados a determinar si existe fundamento para someter a una
persona a juicio” 10 .
La etapa preparatoria, es la fase en la cual el Ministerio Público práctica la
investigación pertinente y útil para recabar los medios de convicción que puedan ser
utilizados para demostrar la participación de una persona en un hecho punible, la cual
tendrá una duración máxima de seis meses a partir del auto de procesamiento si el
sindicado se encontrare en libertad, o de tres meses máximo si se encontrara privado
2.1.2. Análisis jurídico doctrinario
“El procedimiento preparatorio sirve esencialmente para recabar elementos que
habrán de fundar la acusación del Ministerio Público, los que sólo pueden ser
utilizados como medios de prueba cuando son conocidos en posterior etapa por el
Tribunal de Sentencia” 11 .
Al efectuarse la investigación del hecho considerado como ilícito, el Ministerio Público
deberá practicar toda clase de diligencias que se encaminen a la averiguación de la
verdad, para establecer quienes son los posibles culpables del hecho punible,
procurando, en todo caso, establecer las circunstancias personales del sindicado, que
sirvan para valorar su responsabilidad en el hecho investigado.
10 Binder Barzizza, Ob. Cit; pág. 85. 11 Castañeda Galindo, Byron Oswaldo, El debate en el proceso penal guatemalteco (Decreto Número 51-92 del Congreso de la República), pág. 51.
El Artículo 107 del Código Procesal Penal, estipula que el ejercicio de la acción penal
corresponde al Ministerio Público, como órgano auxiliar de la administración de
justicia, conforme las disposiciones establecidas en el ordenamiento procesal penal
Tendrá a su cargo el procedimiento preparatorio y la dirección de la Policía Nacional
Civil en su función investigativa dentro del proceso penal.
El Ministerio Público en el procedimiento preparatorio actuará a través de sus fiscales
de distrito, sección, agentes fiscales y auxiliares fiscales de cualquier categoría
previstos en la ley, quienes podrán asistir sin limitación alguna a los actos
jurisdiccionales relacionados con la investigación a su cargo, así como a diligencias de
cualquier naturaleza que tienden a la averiguación de la verdad, estando obligadas
todas las autoridades o empleados públicos a facilitarles la realización de sus
Los Artículos uno y dos de la Ley Orgánica del Ministerio Público, estipula que el
Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la
persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública, además
vela por el estricto cumplimiento de las leyes en el país.
La etapa preparatoria es la inicial del proceso penal, en la que el Ministerio Público
debe practicar la investigación, recavando los medios de convicción pertinentes para
establecer si el hecho es constitutivo de delito y, en su caso, quien participó en su
comisión, para que en su oportunidad, formule el requerimiento ante el juez contralor
de la investigación y obtener de éste una decisión.
Dentro de su actividad debe recolectar no solo los medios de cargo, sino también los
de descargo, siendo obligado que observe los principios de objetividad y de
imparcialidad, contenidos en los Artículos 108 y 290 del Código Procesal Penal.
“La fase preparatoria no sirve de base a la sentencia sino a la acusación y tiene como
Evitar procesos innecesarios.
Dar salida rápida a casos por delitos de poca trascendencia social.
Asegurar eficiencia en la persecución de delitos graves.
Proteger a las personas contra actos o intervenciones irrazonables y arbitrarias del
Estado en la investigación de delitos.
Fundamentar la acusación.
Garantizar la presencia del inculpado, e indirectamente la ejecución de la condena
El aseguramiento de pruebas y cosas.
Permitir la decisión sobre la procedencia o no de celebrar juicio” 12 .
El carácter de esta fase procesal es complejo. La función investigadora está a cargo
del Ministerio Público, quien, salvo en casos urgentes y de flagrancia, carece de
facultades para acordar medidas limitativas de los derechos fundamentales. El órgano
acusador tiene atribuciones que le permiten investigar delitos. Tal labor requiere
conocimiento en criminalística y permite la práctica de todas las actuaciones
pertinentes y útiles para determinar la existencia de un hecho delictivo con las
circunstancias de importancia sobre el mismo y los elementos de imputación objetiva
contra persona determinada. Realizará además las acciones necesarias para
determinar el daño causado por el delito.
Para el mejor cumplimiento de esta función de pesquisa, y de acuerdo al Artículo 113
del Código Procesal Penal, los funcionarios y agentes de policía y demás fuerzas de
seguridad cuando investiguen estarán subordinados al Ministerio Público.
12 Barrientos Pellecer, Ob. Cit, pág. 1.
Las actividades jurisdiccionales, desde luego, corresponden al juez de primera
instancia, o en su caso al Juez de Paz cuando le correspondiere conocer, siendo las
Tomar la primera declaración del sindicado;
Declarar la falta de merito.
Aplicar medidas sustitutivas de privación de libertad.
Dictar el auto de prisión preventiva, si fuere el caso.
Dictar auto de procesamiento.
Adoptar medidas cautelares para asegurar la presencia física del procesado, y
aquellas que aseguren el pago de responsabilidades civiles.
Decidir medidas restrictivas de los derechos fundamentales que les sean
solicitadas como registro, secuestro de bienes.
Dictar auto de apertura a juicio, sobreseimiento, archivo o clausura o alguna
medida desjudicializadora.
Otorgar, cuando procedan, las impugnaciones reguladas en la ley.
El procedimiento preparatorio debe practicarse en el plazo de tres meses, cuando se
ha dictado auto de prisión preventiva.
Por otra parte, el procedimiento preparatorio puede durar un plazo de seis meses,
cuando se le ha otorgado una medida sustitutiva, este plazo se cuenta a partir del
Los plazos mencionados anteriormente son máximos, pues el Ministerio Público puede
terminar su investigación antes de haber vencido los mismos y formular acusación y
solicitar la apertura del juicio, la clausura provisional, el sobreseimiento, la vía especial
del procedimiento abreviado, el criterio de oportunidad o la suspensión condicional de
la persecución penal.
El Artículo 323 del Código procesal Penal, estipula “El procedimiento preparatorio
deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita, y
deberá practicarse dentro de un plazo de tres meses”.
Por su parte el Artículo 324 Bis, manifiesta “A los tres meses de dictado el auto de
prisión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del
procedimiento preparatorio, el juez, bajo su responsabilidad dictará resolución
concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su
concepto corresponda.
Si el fiscal asignado no formulare petición alguna, el juez lo comunicará al Fiscal
General de la República o al fiscal de distrito o de sección correspondiente para que
tome las medidas disciplinarias correspondientes y ordene la formulación de la petición
procedente. El juez lo comunicará, además, obligatoriamente al Consejo del Ministerio
el fiscal aún no hubiere formulado petición
alguna, el juez ordenará la clausura provisional del procedimiento con las
consecuencias de ley hasta que lo reactive el Ministerio Público a través de los
procedimientos establecidos en este Código.
En el caso de que se haya dictado una medida sustitutiva, el plazo máximo del
procedimiento preparatorio durará seis meses a partir del auto de procesamiento.
Mientras no exista vinculación procesal mediante prisión preventiva o medidas
sustitutivas, la investigación no estará sujeta a plazos”.
“En un sistema de tendencia acusatoria como el establecido en el Código Procesal
Penal guatemalteco, la etapa o procedimiento preparatorio tiene como objetivo
primordial el esclarecimiento de un hecho tipificado como delito a través de una
investigación que conduzca a individualizar al posible responsable y a recabar los
medios de investigación suficientes para fundamentar una petición de acusación
formal y declarar la apertura de juicio” 13 .
“Al juez le corresponde la responsabilidad de velar porque se respeten los derechos de
los imputados, en especial el derecho de defensa. En este sentido se le ha conferido
potestad de autorizar y controlar las diligencias de investigación que significan
restricciones a los derechos y garantías que establece la Constitución y los tratados
internacionales aprobados y ratificados por el Estado de Guatemala en materia de
Derechos Humanos, controlar el cumplimiento de los plazos procesales, así como
practicar las diligencias de prueba anticipada solicitados por el fiscal o cualquier de las
partes cuando sea procedentes” 14 .
“La etapa intermedia tiene por objeto brindar al juez la oportunidad de evaluar si existe
o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público, ya sea porque se
presenta la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o porque es
necesario verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público.
El procedimiento intermedio es una garantía del procesado, en el sentido que no será
sometido en forma arbitraria a un juicio, sino que el juez de primera instancia valorará
la investigación de la Fiscalía para determinar si existen suficientes elementos de
investigación que demuestren la probable participación del procesado en un hecho
delictivo que amerita ser llevado a debate” 15 .
13 Corte Suprema de Justicia, Manual del juez, pág. 40.
14 Ibid. pág. 40
15 Ibid, pág. 113.
El procedimiento intermedio se caracteriza porque el juez de primera instancia califica
la decisión del Ministerio Público de acusar, clausurar o sobreseer; como su nombre lo
indica, está en medio de la investigación y el debate, o sea dentro de ambas fases;
prepara el juicio, para el efecto se comunica a las partes el resultado de las
investigaciones, los argumentos y defensas presentadas y se les confiere audiencia
para que puedan manifestar puntos de vista y cuestiones previas. Posteriormente el
juez determina se procede o no la apertura a juicio.
“La investigación que se ha llevado a cabo a través de la instrucción o investigación
preliminar consiste en la acumulación de un conjunto de informaciones que servirán
para determinar si es posible someter a una persona determinada (el imputado o
acusado) a juicio. Sin embargo, los distintos sistemas procesales no pasan
automáticamente de la instrucción al juicio. Existe entre ambos lo que se conoce como
una fase intermedia” 16 .
“Es aquella por medio de la cual el Juez contralor de la investigación decide sobre el
requerimiento del Ministerio Público una vez concluida la investigación, tomando como
base las actuaciones y evidencias que le presente y los argumentos de los sujetos
procesales” 17 .
La etapa intermedia, es la fase procesal en la cual el juez de conformidad con los
medios de investigación practicados por el Ministerio Público, determina si existen
elementos suficientes para llevar a juicio oral y publico a una persona sindicada de la
comisión de un delito, caso contrario, dictara la clausura
provisional o el
sobreseimiento de la persecución penal o en su defecto aplicara alguna medida
desjudicializadora
16 Binder Barzizza, Ob. Cit, pág. 120. 17 Figueroa, Isaías, Guía conceptual del proceso penal, pág. 206.
2.2.2. Formulación de acusación y apertura del juicio
La acusación es el acto por el cual el Ministerio Público o el acusador particular,
solicita que la persona sindicada de la comisión de un injusto penal sea llevada a juicio
oral y publico, para que sea un tribunal de sentencia el que determine si es
responsable deshecho que se le atribuye.
“Si el Ministerio Público considera que, como resultado de la pesquisa, hay elementos
de prueba suficientes y sólidos para enjuiciar públicamente al imputado por la comisión
de un delito grave, solicitará al juez la apertura del juicio (Artículo 324) y formulará
acusación respectiva (Artículo 332). Comienza así la fase intermedia en la que el juez
de primera instancia califica lo actuado por el Ministerio Público y ordena la notificación
del requerimiento al fiscal, al acusado y las demás partes para que se manifiesten al
respecto” 18 .
El Artículo 324 del Código Procesal Penal, estipula: Cuando el Ministerio Público
estime que la investigación proporciona fundamento serio para el enjuiciamiento
público del imputado, requerirá por escrito al juez la decisión de apertura a juicio. Con
la apertura se formulará la acusación.
Por su parte el Artículo 332 del Código Procesal Penal, estipula: Vencido el plazo
concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación y pedir la
apertura del juicio, también podrá solicitar, si procediere, el sobreseimiento o la
clausura y la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda conforme a
este Código. Si no lo hubiere hecho antes, podrá requerir la aplicación de un criterio
de oportunidad o la suspensión condicional de la persecución penal.
18 Barrientos Pellecer, Ob. Cit, pág.5.
El Ministerio Público, para el caso de que en el debate no resultaren demostrados
todos o alguno de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, podrá indicar
alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el
comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta.
El juez ordenará la notificación del requerimiento del Ministerio Público al acusado y a
las demás partes, entregándoles copia del escrito. Las actuaciones quedarán en el
juzgado para su consulta por el plazo de seis días comunes.
El Artículo 340 del Código Procesal Penal, estipula: Al día siguiente de recibida la
acusación del Ministerio Público, el juez señalará día y hora para la celebración de una
audiencia oral, la cual deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de diez días ni
mayor de quince, con el objeto de decidir la procedencia de la apertura del juicio. Para
el efecto, el juez entregará a las partes que así lo soliciten en el juzgado, copia de la
acusación y dejará a su disposición en el despacho, las actuaciones y medios de
investigación aportados por el Ministerio Público para que puedan ser examinados. Si
la audiencia no se verifica en la fecha señalada por culpa de un funcionario o
empleado administrativo o judicial, se deducirán en su contra las consiguientes
responsabilidades penales, civiles y administrativas de conformidad con la ley.
Para permitir la participación del querellante y las partes civiles en el proceso, éstos
deberán manifestar por escrito al juez, antes de la celebración de la audiencia, su
deseo de ser admitidos como tales.
El acusado puede renunciar a su derecho a esta audiencia, en forma expresa durante
su celebración y en forma tácita si no compareciere a la misma”.
Esta audiencia es oral, y las partes no podrán prescindir de escrito o memoriales en
vez de la palabra oral, la cual debe comenzar dando la palabra al fiscal del Ministerio
Público, en virtud que fue él quien formuló acusación, para que exponga ratificando su
escrito y haciendo un resumen de los medios de investigación realizados y las
pretensiones de su formulación.
“El fiscal encargado del caso es el responsable de realizar la actividad investigativa, el
esclarecimiento de los hechos, así como de presentar la acusación o cualquier otra
forma alternativa del proceso y por lo tanto defender su petición durante la audiencia.
Por esta razón, el fiscal es una de las partes que debe concurrir obligatoriamente a la
audiencia y si no se encuentra presente ésta se tendrá que suspender” 19 .
“Si el defensor no se presenta o abandona la defensa el día de la audiencia, incurre
en falta grave y obliga al pago de las costas provocadas por el reemplazo, sin perjuicio
de las sanciones correspondientes como lo establece el Artículo 105 del Código
Procesal Penal. En este caso el juez debe suspender la audiencia y notificar al
sustituto si existiere para que comparezca inmediatamente o fijar una nueva fecha de
audiencia. Ante al imposibilidad de la asistencia del sustituto, se procederá a su
reemplazo inmediatamente por un defensor de oficio. En este caso la resolución se
comunicará al imputado y se le instruirá sobre su derecho de elegir otro defensor de su
confianza” 20 .
Si el querellante no comparece a la audiencia se tendrá por desistida su pretensión y
será separado del proceso.
2.3. La clausura provisional del procedimiento
“Si hay indicios que hacen suponer la comisión de un delito, pero los elementos de
prueba recabados resultan insuficientes para fundar la acusación, el Ministerio Público
19 Corte Suprema de Justicia, Ob. Cit, pág. 127. 20 Ibid. Pág.127
pedirá, o el juez podrá ordenar, la clausura provisional del procedimiento mediante
auto razonado en el que se deben señalar los medios de prueba que podrán
incorporarse en el futuro, en cuyo caso cesará toda medida de coerción contra el
imputado y se estará a la espera de evidencias o indicios que hagan viable la
reanudación de la persecución penal” 21 .
La clausura provisional del procedimiento, es el acto jurídico por el cual, después de
realizarse la investigación durante el procedimiento preparatorio, el Ministerio Público
considera que no existen elementos de investigación suficientes para solicitar la
apertura del juicio y formular acusación, pero a su criterio considera que en el futuro
pueden encontrarse elementos suficientes para llevar a juicio al sindicado.
Al respecto se dice que se declara la clausura provisional del proceso cuando los
elementos de investigación resultaren insuficientes para fundamentar la acusación,
pero fuere probable que pudieren llegar a ser incorporados nuevos elementos de
El Artículo 331 del Código Procesal Penal, estipula “Si no correspondiere sobreseer y
los elementos de prueba resultaren insuficientes para requerir la apertura del juicio, se
ordenará la clausura del procedimiento, por auto fundado, que deberá mencionar,
concretamente, los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Cesará toda
medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura.
Cuando nuevos elementos de prueba tornen viable la reanudación de la persecución
penal para arribar a la apertura del juicio o al sobreseimiento, el tribunal, a pedido del
Ministerio Público o de otra de las partes, permitirá la reanudación de la investigación”.
21 Barrientos Pellecer, Ob. Cit, pág. 4.
Para que se declare la clausura provisional del procedimiento, es necesario que
concurran los siguientes presupuestos:
Cuando los medios de investigación acumulados en el proceso no son suficientes
para demostrar la perpetración del delito, pero existen motivos para esperar que
aún pueda establecerse posteriormente.
Cuando comprobado el hecho criminal, no aparezcan indicaciones o indicios
bastantes para determinar a sus autores o cómplices.
Cuando hay indicios que el sindicado pudo haber participado en el hecho delictivo,
pero el investigador no aporta suficientes elementos de investigación, quedando
diligencias pendientes por realizar para comprobar fehacientemente la participación
Por otra parte si el Ministerio Público, solicita la clausura provisional del procedimiento,
pero el juez considera que sí existen suficientes evidencias para llevar a juicio al
sindicado, obliga al Ministerio Público a plantear la acusación.
Entre la continuación del proceso (apertura del juicio penal) y su cese definitivo
(sobreseimiento), puede darse un requerimiento del Ministerio Público, que no es
propiamente un acto conclusivo: La clausura provisional. Y no es un acto conclusivo,
toda vez que al declararse la investigación debe seguir para arribar, precisamente, a
un verdadero acto conclusivo, que puede ser la apertura del juicio o el sobreseimiento.
Para otorgar la clausura provisional es indispensable que el fiscal indique en su
solicitud los medios de investigación recabados hasta el momento y .los futuros que
permitan fundamentar la acusación.
Los medios de investigación propuestos e individualizados por el Ministerio Público
deben ser pertinentes, necesarios y posibles de obtener. El juez debe fijar un plazo
razonable para que presente los medios de investigación debidamente individualizados
pendientes de recolección. Si no lo hace en el término fijado por el juez, el abogado
defensor puede solicitar el sobreseimiento o el juez, declararlo de oficio.
Si el juez decide que los medios de investigación aportados por el Ministerio Público
en la audiencia oral son suficientes a pesar de la petición del fiscal, ordenará la
acusación inmediata con base en el Artículo 345 Quáter del Código Procesal Penal,
para el efecto fijará al fiscal un plazo máximo de siete días y se procederá conforme el
trámite de formulación de la acusación contenido en los Artículos 332 al 340 del
Si el Ministerio Público requiere la clausura provisional de la persecución penal, el juez
señalara día y hora para la celebración de una audiencia oral, en la cual se conocerá
sobre la procedencia de dicha petición, y deberá poner a disposición de las partes
procesales las actuaciones y evidencias para que puedan ser examinadas en un plazo
común de cinco días, dicha audiencia deberá realizarse dentro de un plazo no menor
de cinco días ni mayor de diez.
2.5. El juicio oral y público
previa para llegar a
la audiencia oral y
Esta etapa se tramitará en el Tribunal de Sentencia, y se iniciará con el escrito por el
cual las partes comparecen a juicio y señalan lugar para recibir notificaciones.
Continuará con la audiencia que por seis días se dará a los sujetos procesales para
que interpongan las recusaciones y excepciones fundadas sobre nuevos hechos.
Al haber resuelto los incidentes, si los hubiera, se dará audiencia por un plazo de ocho
días para que ofrezcan prueba.
En esta etapa el tribunal estará facultado para practicar la prueba anticipada, también
podrá ordenar la acumulación de juicios de oficio o a pedido de alguna de las partes,
cuando haya varias acusaciones y también podrá disponer que los debates se lleven a
cabo separadamente.
Asimismo, el tribunal podrá ordenar la recepción de la prueba
pertinente y útil que se considere conveniente; podrá también dictar el sobreseimiento
o el archivo del proceso, también podrá hacer la división del debate único.
Luego procederá a resolver admitiendo la prueba ofrecida o rechazándola cuando
fuere ilegítima, manifiestamente impertinente, inútil o abundante, y fijará lugar, día y
hora para la iniciación del debate en un plazo no mayor de quince días. Hasta esta
resolución termina la preparación para el debate porque el paso siguiente será el
debate propiamente dicho.
"La preparación del juicio es, pues, la primera fase del juicio oral, cuyo cometido
consiste en la preparación de todos los elementos del debate, es la depuración final de
todas aquellas circunstancias que pudieran nulificar o tornarlo inútil; es el momento de
la integración del tribunal, del ofrecimiento de la prueba; en fin, es la etapa de la
organización del juicio" 22 .
"La primera actividad de preparación del juicio consiste en la integración del tribunal,
es decir, la determinación concreta y anticipada de los jueces que resolverán el caso ...
La segunda actividad de preparación de gran importancia es el ofrecimiento de prueba.
Este consiste en el señalamiento de los medios de prueba que utilizarán las partes
para corroborar sus distintas hipótesis
Una tercera actividad de organización del
juicio, que suele ser dejada para esta parte del proceso, consiste en la posibilidad de
unir, separar o dividir el juicio según las modalidades del caso
Por último el tribunal
22 Castañeda Galindo, Ob. Cit;
tiene que fijar concretamente la fecha del debate, de la celebración de la audiencia
principal. Todas estas son actividades propias de la organización del debate que, con
mayor o menor claridad, estarán presentes en la etapa de preparación del juicio" 23 .
El debate, es la culminación del proceso penal, porque en él se dicta la sentencia
condenando o absolviendo al acusado, es la única parte del proceso donde se
rendirán las pruebas y el juez viendo y oyendo a las partes en forma personal, se
formará un criterio para dictar su fallo final.
Al presidente del tribunal le corresponde dirigir el debate, ordenar las lecturas
pertinentes, hacer las advertencias que corresponda, exigir las protestas solemnes,
moderar las discusiones, impidiendo derivaciones impertinentes o que no conduzcan al
esclarecimiento de la verdad o no resulten admisibles, sin coartar por ello el ejercicio
de la acusación y la libertad de la defensa, tal y como lo establece el Artículo 366 del
El debate continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias
hasta su conclusión. Se podrá suspender por un plazo máximo de diez días, sólo en
Para resolver una cuestión incidental o practicar algún acto fuera de la sala de
audiencias, incluso cuando una revelación inesperada haga
indispensable una instrucción suplementaria, siempre que no sea posible
cumplir los actos en el intervalo de dos sesiones.
Cuando no comparezcan testigos, peritos o intérpretes y fuere indispensable e
inconveniente continuar el debate hasta que se les haga comparecer por la fuerza
23 Binder Barzizza, Ob. Cit; pág. 154.
Cuando algún juez, el acusado, su defensor o el representante del Ministerio
Público se enfermare a tal extremo que no pudiere continuar interviniendo en el
debate, a menos que los dos últimos puedan ser reemplazados inmediatamente.
Cuando el Ministerio Público lo requiera para ampliar la acusación o el acusado o
su defensor lo soliciten después de ampliada la acusación, siempre que, por las
características del caso, no se pueda continuar inmediatamente.
Excepcionalmente, el tribunal podrá disponer la suspensión del debate, por resolución
fundada, cuando alguna catástrofe o algún hecho extraordinario similar torne imposible
El día y hora señalados para la audiencia el juez verificará la presencia del Ministerio
Público, del acusado y su defensor, de las demás partes que hubieren sido admitidas y
de los testigos, peritos o intérpretes que deban tomar parte en el debate. El presidente
del tribunal declarará abierto el debate. Inmediatamente después, advertirá al acusado
sobre la importancia y el significado de lo que va a suceder, le indicará que preste
atención, y ordenará la lectura de la acusación y del auto de apertura a juicio.
Las cuestiones incidentales que puedan ser planteadas las resolverá en el mismo
instante, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente o diferir alguna,
según convenga al orden del debate.
Seguidamente el presidente del tribunal le explicará, al acusado el hecho que se le
atribuye, y le advertirá que puede declarar o abstenerse de hacerlo y que el debate
continuará aunque no declare. Luego podrá interrogarlo el Ministerio Público, el
querellante, el defensor, y las partes civiles en ese orden, luego podrán hacerlo los
Después de la declaración del acusado, el presidente procederá a recibir la prueba en
Posteriormente de haber sido interrogados los peritos, testigos y haberse incorporado
por su lectura la prueba documental, el presidente concederá la palabra al Ministerio
Público, al querellante, al actor civil, a los defensores del acusado y a los abogados del
tercero civilmente demandado, para que en ese orden, emitan sus conclusiones.
Posteriormente de la emisión de las conclusiones, el presidente del tribunal, dará la
palabra al Ministerio Público y al abogado defensor para que hagan uso de su derecho
a réplica. Por último el juez dará la palabra al acusado si tiene algo más que
manifestar, para luego cerrar el debate.
2.5.3. Discusión y clausura
Al haberse incorporado por su lectura la prueba documental, el presidente del tribunal
procederá a dar la palabra al Ministerio Público, a los abogados de las partes
acusadas para que hagan las conclusiones, éstas son el resultado del análisis de la
prueba producida en el debate, y constituyen la parte medular de la audiencia oral, en
virtud que las mismas tratan de convencer al juzgador que la prueba presentada por
ellos deba ser tomada favorablemente en cuenta para dictar sentencia.
El uso de la palabra se le conferirá primeramente al Ministerio Público y por último a la
En el mismo orden se le dará la palabra tanto al Ministerio Público como a la defensa
para que hagan uso de las réplicas, éstas con las refutaciones a los argumentos
presentados por la parte contraria en las conclusiones.
Luego de las conclusiones y las réplicas, así mismo tendrá el uso de la palabra el
agraviado si estuviera presente, los acusados tendrán el uso de la palabra para
argumentar lo que consideren necesario, conforme lo estipula el Artículo 382, párrafo
sexto, para luego clausurar el debate, para que los jueces procedan a analizar la
prueba conforme la sana crítica razonada para dictar sentencia.
Alberto Herrarte dice que la sentencia "es la última fase del procedimiento penal, no
del proceso propiamente dicho, ya que este continúa con la fase de la ejecución" 24 .
En la sentencia se decide la suerte del acusado, condenándolo o absolviéndolo, es el
resultado de la deliberación de los jueces para que, mediante la sana crítica, puedan
estudiar y analizar los elementos probatorios para llegar a una conclusión que es la
Al ser clausurado el debate los jueces en sesión secreta deliberarán, a dicha sesión
podrá asistir el secretario, pero sin voz ni voto.
De conformidad con lo regulado en el artículo 384 del Código Procesal Penal si el
tribunal considera imprescindible recibir nuevas pruebas o ampliar las incorporadas,
podrá disponer la reapertura del debate.
24 Barrientos Pellecer, Ob. Cit; pág. 154.
Las cuestiones se deliberarán en un orden lógico de la siguiente forma:
Calificación legal del delito.
Lo demás que el Código Procesal Penal determine.
se pronunciará siempre en
Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de la
audiencia, después de ser convocados verbalmente todas las partes en el debate, y el
documento será leído ante los que comparezcan.
2.5.5. El acta de debate
El Secretario del tribunal levantará el acta del debate, que contendrá por lo menos las
Lugar y fecha de la iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las
suspensiones ordenadas y de las reanudaciones.
Nombres y apellidos de los jueces, de los representantes del Ministerio Público, del
acusado y de las demás partes que hubieren participado en el debate, incluyendo
defensor y mandatario.
El desarrollo del debate, con mención de los nombres y apellidos de los testigos,
peritos e intérpretes, con aclaración acerca de si emitieron las protestas solemnes
de ley antes de su declaración o no lo hicieron, y el motivo de ello, designando los
documentos leídos durante la audiencia.
Las conclusiones finales del Ministerio Público, del defensor y demás partes.
La observación de las formalidades esenciales, con mención de si se procedió
públicamente o fue excluida la publicidad, total o parcialmente.
Otras menciones previstas por la ley, o las que el presidente ordene por sí o a
solicitud de los demás jueces o partes, y las protestas de anulación.
Las firmas de los miembros del tribunal y del secretario.
El acta se leerá inmediatamente después de la sentencia ante los comparecientes, con
lo que quedará notificada, el tribunal podrá reemplazar su lectura con la entrega de
una copia para cada una de las partes, en el mismo acto; al pie del acta se dejará
constancia de la forma en que ella fue notificada.
El acta demostrará, en principio,
debate, la
observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y
los actos que se llevaron a cabo.
3.1.1. Análisis doctrinario
Es el órgano público que con sujeción al principio de imparcialidad, tiene
encomendada la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad,
de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a
instancia de un interesado, así como velar por la independencia de los tribunales. En
cumplimiento de esta misión, el Ministerio Público puede, entre otras varias
actuaciones, presentar querellas contra presuntos delincuentes, intervenir en procesos
de acción pública y según la condición de las personas de defensa de legalidad,
intervenir en procesos constitucionales, etc.
A diferencia de los jueces y magistrados, los miembros del Ministerio Público
desarrollan su función de investigación en forma independiente, siendo su cabeza el
La gestión procesal del Ministerio Público responde a dos fundamentales principios:
Mantener el orden constitucional del Estado en aplicaciones relativas a las materias
en que ha de actuar este ministerio.
La protección y defensa de personas y cosas puestas bajo el amparo del Poder
social; en cuanto se refieran a determinadas funciones de este mismo ministerio.
El Ministerio Público, comparte con los encargados de juzgar, bien promoviendo la
acción de la justicia, bien delimitándola; así vigilando el cumplimiento de las leyes
como velando por la integridad de las atribuciones de los juzgados y tribunales
ordinarios y contra aquellas invasiones que puedan mermar su competencia; interviene
en la investigación ya que esa es una de sus funciones.
Frente a toda violación jurídica, ante toda agresión al individuo, a la colectividad o al
Estado, el Ministerio Público debe erigirse en el baluarte más firme de los ciudadanos
y de las instituciones públicas.
A los agentes fiscales les corresponde principalmente, en lo criminal y lo correccional:
Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos;
Promover las acciones que correspondan contra la publicidad y circulación de
escritos, grabados o estampas contrarios a la moral pública;
Asistir al examen de testigos y verificaciones de otras pruebas en los procesos; y
ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales y de
Requerir los jueces al activo despacho de los procesos;
Al Ministerio Público le corresponde realizar la actividad de investigación, es decir, el
esclarecimiento del hecho y tiene facultad de decidir el tipo de investigación que
practicará dependiendo del caso concreto. Para el efecto, el Ministerio Público
realizará todas las diligencias de investigación que considere pertinentes, pero cuando
una diligencia de investigación requiera la vulneración de un derecho constitucional, el
Ministerio Público tendrá que solicitar la autorización jurisdiccional y sin esta
autorización el acto será nulo y la prueba obtenida en el mismo inadmisible.
El Ministerio Público como acusador del Estado debe promover la investigación para
buscar la prueba contra la persona perseguida por la comisión de un delito.
3.1.2. Funciones del Ministerio Público
La función investigadora está a
cumplimiento de esta función de pesquisa, los funcionarios y
cuando realicen tareas de investigación en el proceso penal, actuarán bajo la
dirección del Ministerio Público y ejecutarán las actividades de investigación que les
requieran, sin perjuicio de la autoridad administrativa a la cual están sometidos.
Deberán también cumplir las órdenes que, para la tramitación del procedimiento les
dirijan los jueces ante quienes pende el proceso.
El Artículo 113 del Código Procesal Penal, estipula que el Ministerio Público
supervisará el correcto cumplimiento de la función auxiliar de la policía en los procesos
penales y podrá impartir instrucciones generales al respecto, cuidando de respetar su
organización administrativa. Dichos organismos coordinarán actividades para el mejor
ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público.
"Siendo esta institución la que ejerce la acción penal pública, tiene el deber y el
derecho de investigar bajo control judicial hechos criminales. Tiene además la
obligación de trazar estrategias y tácticas de persecución a la criminalidad” 25 .
Además, tanto el juez que controla la investigación como el Ministerio Público tienen la
facultad de buscar medidas apropiadas, "si consideran realmente que el procesado es
capaz de enmendar su conducta de manera que la sociedad no sea afectada
nuevamente por la comisión de otro delito, pueden solicitar y aplicar medidas de
desjudicialización y dejar al imputado en libertad simple o bajo caución” 26 .
La función principal del Ministerio Público es la investigación de la persona que se
considera que ha cometido un hecho delictivo, por lo tanto la investigación es el primer
paso importante para llegar a concluir si se considera que el sindicado ha participado
en el ilícito.
25 Barrientos Pellecer, Ob. Cit; Pág. 11. 26 Barrientos Pellecer, Ob. Cit; pág. 160.
No hay que descuidar también como función del Ministerio Público la persecución
penal, y luego de haber investigado el hecho considerado como delito, procederá a
formular acusación y pedir la apertura del juicio, con esta decisión se estaría
considerando que cuando el Ministerio Público formula acusación es porque tiene,
según su investigación, elementos de juicio
suficientes para creer que el imputado pueda resultar culpable del delito por el cual
formula acusación.
Posteriormente su función será probar, ante el Tribunal de Sentencia, que el acusado
es culpable del delito que se le acusa, para pedir una sentencia condenatoria.
Por lo tanto se puede considerar como funciones principales del Ministerio Público las
Petición de la Apertura del Juicio.
Probar los hechos ante el Tribunal de Sentencia.
Pedir la condena del acusado.
El Artículo dos de la Ley del Ministerio Público, manifiesta que son funciones del
Ministerio Público, sin perjuicio de las que le atribuyen otras leyes, las siguientes:
Investigar los delitos de acción pública y promover la persecución penal ante los
tribunales, según las facultades que le confieren la Constitución, las leyes de la
república, y los tratados y convenios internacionales.
Ejercer la acción civil en los casos previstos por la ley, y asesorar a quien
pretenda querellarse por delitos de acción privada de conformidad con lo que
Dirigir a la policía y demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de
Preservar el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos, efectuando
las diligencias necesarias ante los tribunales de justicia.
3.1.3. Organización del Ministerio Público
De acuerdo al Artículo nueve de la Ley del Ministerio Pública, manifiesta que esta
institución estará integrado por los siguientes órganos:
El Consejo del Ministerio Público.
Los fiscales de Distrito y Fiscales de Sección.
Los Auxiliares Fiscales.
3.1.4. Fiscal General de la República
De acuerdo al Artículo 10 de
Ministerio Público, el Fiscal General de la
República es el Jefe del Ministerio Público y el responsable de su buen
funcionamiento, su autoridad se extiende a todo el territorio nacional.
Ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley otorga al Ministerio
Público, por si mismo o por medio de los órganos de la institución.
Convocará al Consejo del Ministerio Público cada vez que resulte necesario su
asesoramiento y con el objeto de que dicho órgano cumpla con las atribuciones que le
El Artículo 11 de la Ley del Ministerio Público le asigna funciones que debe cumplir en
el ejercicio de su cargo, las cuales son variadas y complejas, encausadas al buen
Su nombramiento lo hace el Presidente de la República de entre una nómina de seis
candidatos propuestos por una Comisión de Postulación integrada por el Presidente de
la Corte Suprema de Justicia, los Decanos de las Facultades de Ciencias Jurídicas y
Sociales de las Universidades del país, el Presidente de la Junta Directiva del Colegio
de Abogados y Notarios de Guatemala, y el Presidente del Tribunal de Honor del
El Fiscal General de la República deberá ser abogado colegiado y tener las mismas
calidades que se requieren para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia;
asimismo gozará de las mismas preeminencias e inmunidades que corresponde a
dichos magistrados.
Podrá ser removido por el Presidente de la República por causa justa debidamente
3.1.5. Consejo del Ministerio Público
Este está integrado por:
Tres fiscales electos en asamblea general de fiscales, de entre los fiscales
distritales, de sección y los agentes fiscales.
Tres miembros electos por el Organismo Legislativo, de entre los postulados a
El Artículo 20 de la Ley del Ministerio Público, estipula que el Consejo deberá reunirse
por lo menor tres veces al mes. Las sesiones serán convocadas por el Fiscal General
de la República o quien lo sustituya. El Secretario del Consejo será el Secretario
Todos los miembros del Consejo están obligados a concurrir a las sesiones salvo
causa justificada presentada a los miembros del mismo.
Cada uno de los miembros del Consejo desempeñará el cargo con independencia
absoluta. Serán responsables de las resoluciones adoptadas por el Consejo, salvo que
hubieren razonado en contra su voto.
3.1.6. Fiscales de distrito y de sección
En las fiscalías de distrito el fiscal de distrito será el Jefe del Ministerio Público en los
departamentos o regiones que les fueran encomendados y los responsables del buen
funcionamiento de la institución en el área respectiva.
Ejercerán la acción penal y pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio
Público, por sí mismos o por intermedio de agentes fiscales y auxiliares fiscales que la
ley del Ministerio Público establece, salvo cuando el Fiscal General de la República
asuma directamente esa función o la encomiende a otro funcionario conjunta o
Los fiscales de distrito organizarán las oficinas de atención permanente, a cargo de un
agente fiscal, para la recepción de las denuncias o prevenciones policiales. Esta
oficina también deberá recibir, registrar y distribuir los expedientes y documentos que
ingresen y egresen de la institución.
Por su parte los fiscales de sección serán los jefes del Ministerio Público en las
diferentes secciones que les fueron encomendadas y los responsables del buen
funcionamiento de la institución en los asuntos de su competencia.
Tendrán a su cargo el ejercicio de las atribuciones que la ley
asigna a la sección
a su cargo, actuarán por si mismos o por intermedio de los agentes fiscales o
auxiliares fiscales, salvo cuando el Fiscal General de la República asuma
Para ser fiscal de distrito o fiscal de sección se requiere: ser mayor de treinta y cinco
años, poseer el título de abogado, ser guatemalteco de origen, y haber ejercido la
profesión por cinco años o en su caso la de juez de primera instancia, agente fiscal o
auxiliar fiscal por el mismo período de tiempo.
3.1.7. Auxiliares fiscales
Los auxiliares fiscales asistirán a los fiscales de distrito, auxiliares de sección
agentes fiscales, serán los encargados de efectuar la investigación preparatoria en
todos los delitos de acción pública y en los delitos que requieran instancia de parte, al
llenarse este requisito. Actuarán bajo la supervisión y responsabilidad del superior
jerárquico. Podrán actuar únicamente en el procedimiento preparatorio.
3.2. Sindicado
Es la persona que se le atribuye la comisión de un hecho punible. La comisión de
un delito requiere siempre una voluntad y una inteligencia que sólo el hombre la
posee. Sólo el hombre puede ser sujeto activo de un delito.
Se puede participar en el delito, en dos formas:
1. Directa e inmediatamente.
2. Indirecta o mediatamente (se llama impulsión cuando se utiliza a un menor o a un
enfermo mental).
La participación puede ser con actos precedentes al hecho, con actos simultáneos o
con actos subsiguientes. Los primeros y los segundos comprenden a los autores y a
los cómplices; los últimos generan el delito per se de encubrimiento. Debe
entenderse que la ubicación de esa participación se hará de acuerdo con el
momento en que el agente tuvo conocimiento y decidió cometer el hecho o
coadyuvar en su ejecución.
El Artículo 36 del Código Penal, estipula que son autores:
1. Quienes tomen parte directa en la ejecución de los actos propios del delito.
2. Quienes fuercen o induzcan directamente a otro a ejecutarlo.
3. Quienes cooperaren a la realización del delito, ya sea en su preparación en su ejecución, con un acto sin el cual no se hubiere podido cometer.
4. Quienes habiéndose concertado con otro u otros para la ejecución de un delito, están presentes en el momento de su consumación.
Se dominará sindicado, imputado, procesado o acusado a toda persona a quien se le
señale de haber cometido un hecho delictuos o, y condenado a aquel sobre quien haya
recaído una sentencia condenatoria firme (Art. 70 del Código Procesal Penal).
Los derechos que la Constitución y este Código le otorga al imputado, puede hacerlos
valer por si o por medio de su defensor, desde el primer acto del procedimiento dirigido
en su contra hasta su finalización.
Se entenderá por primer acto del procedimiento cualquier indicación que se señale a
una persona como posible autor de un hecho punible o de participar en él, ante alguna
de las autoridades de la persecución penal que este Código establece.
Si el sindicado estuviere privado de su libertad, toda autoridad que intervengan en el
procedimiento velará para que conozca, inmediatamente, los derechos que las leyes
fundamentales del Estado y este Código le conceden (Art. 71 del Código Procesal
El procesado debe ser tratado como inocente durante el procedimiento, hasta tanto
una sentencia firme lo declare responsable y le imponga una pena o una medida de
seguridad y corrección.
Las disposiciones de esta ley que restringen la libertad del imputado o que limitan el
ejercicio de sus facultades serán interpretadas restrictivamente; en esta materia, la
interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la
libertad o el ejercicio de sus facultades.
Las únicas medidas de coerción posibles contra el imputado son las que este Código
autoriza, tendrán carácter de excepcionales y serán proporcionales a la pena o medida
de seguridad y corrección que se espera del procedimiento, con estricta sujeción a las
disposiciones pertinentes. La duda favorece al imputado” (Art. 14 del Código Procesal
El Organismo Judicial mantendrá un registro en el que conste el nombre de cada
detenido, con todos los datos de filiación, su dirección o residencia, el lugar de su
detención, el juez que la dispuso y el tribunal que lo tiene bajo su custodia, el nombre y
el domicilio de su defensor, y los de una persona de confianza del detenido. La policía,
el Ministerio Público y los jueces estarán obligados a comunicar inmediatamente al
registro de toda aprehensión y detención que realicen, con los datos disponibles en
ese momento. El Organismo Judicial reglamentará el servicio y será responsable por
su buen funcionamiento (Art. 73 del Código Procesal Penal).
El registro de detención no constituye un registro de antecedentes penales. Los datos
consignados en el registro serán conservados por seis años.
Cuando, con fines de investigación del hecho punible o de identificación, fuere
necesario el reconocimiento corporal o mental del imputado, se podrá proceder a su
observación, cuidando que se respete su pudor. El examen será práctico con el auxilio
del perito si fuera necesario y por una persona del mismo sexo.
Se procederá de la misma manera con otra persona que no sea el imputado, cuando
el reconocimiento fuere de absoluta necesidad para la investigación.
Cuando el imputado está ausente, el derecho de defensa durante el procedimiento
preparatorio se garantiza, declarando la rebeldía conforme el Art. 79 del CPP y
nombrándole defensor público, pues tal y como señala el Art. 80 del CPP la
declaración de rebeldía no suspende el procedimiento preparatorio. No obstante, no se
puede pasar a la siguiente etapa procesal si no es aprehendido el sindicado, ya que no
se puede juzgar al sindicado ausente, ni se puede presentar acusación, sin antes
haber dado al imputado suficiente oportunidad de declarar (Art. 334 del CPP), ya que
de hacerlo se violaría el principio de la defensa material, que establece la posibilidad
de controvertir y conocer personalmente a su acusador y a los medios de investigación
que le atribuyen participación en los hechos punibles 27 .
El artículo 79 del Código Procesal Penal, estipula: Será declarado rebelde el imputado
que sin grave impedimento no compareciere a una citación, se fugare del
27 Corte Suprema de Justicia. Ob. Cit; pág. 24.
aprehensión emitida en su contra, o se ausentare del lugar asignado para residir, sin
licencia del tribunal.
La declaración de rebeldía será emitida por el juez de primera instancia o el tribunal
competente, previa constatación de la incomparecencia, fuga o ausencia, expidiendo
la orden de detención preventiva. Se emitirá también orden de arraigo ante las
autoridades correspondientes para que no pueda salir del país.
La fotografía, dibujo, datos y señas personales del rebelde podrán publicarse en los
medios de comunicación para facilitar su aprehensión inmediata.
Por su parte el artículo 80 del mismo cuerpo legal, estipula que la declaración de
rebeldía no suspenderá el procedimiento preparatorio.
En los demás, el procedimiento se realizará sólo con respecto al rebelde,
reservándose las actuaciones, efectos, instrumentos o piezas de convicción que fuere
indispensable conservar, y continuará para los otros imputados presentes.
La declaración de rebeldía implicará la revocación de la libertad que le hubiere sido
concedida al imputado y lo obligará al pago de las costas provocadas.
Cuando el rebelde compareciere o fuera puesto en disposición de la autoridad que lo
requiera, el proceso continuará según su estado, respecto de este proceso.
En los casos en que el imputado se oculte o se halle en situación de rebeldía, el juez,
aún sin declaración previa, podrá ordenar su detención.
Si ya hubiere sido dictada prisión preventiva, bastará remitirse a ella y expresar el
motivo que provoca la necesidad del encarcelamiento. (Art. 266 del Código Procesal
En los casos de rebeldía o cuando el imputado se sustrajere a la ejecución de la pena,
se fijará un plazo no menor de cinco días para que comparezca o cumpla la condena.
De ello se notificará al imputado y al fiador advirtiéndoles que, si aquel no comparece,
no cumple la condena impuesta, o no justicia estar impedido por fuerza mayor, la
caución se ejecutará al término del plazo.
Vencido el plazo, el tribunal dispondrá, según el caso, la venta en pública subasta de
los bienes que integran la caución por intermedio de una institución bancaria o el
embargo y ejecución inmediata de bienes del fiador, por vía de apremio en cuerda
separada por el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. La
suma líquida de la caución será transferida a la Tesorería del Organismo Judicial. (Art.
271 del Código Procesal Penal).
Para comprender qué es el abogado defensor, sus funciones o atribuciones,
responsabilidades y prohibiciones, es necesario que se comprenda primeramente que
la defensa debe ser seguida por un profesional del derecho, es decir, un abogado,
pero que a mi juicio y como muy bien acertadamente lo regula la ley, aquel técnico y
experto de la materia, debe ser por supuesto Colegiado Activo, según lo regula el
artículo 93 del Código Procesal Penal, con excepción, que el mismo sindicado pueda
defenderse por sí mismo, situación que deberá ser muy bien calificada por el juzgador,
para no cometer ninguna ilegalidad, en cuanto a la defensa se refiere.
La palabra abogado procede de la voz latina advocatus, que significa llamado, porque
los romanos acostumbraban a llamar en sus asuntos difíciles, para que los auxiliasen,
a las personas que tenían un conocimiento profundo del derecho.
"También quiere decir patrono, defensor, letrado, hombre de ciencia; jurisconsulto,
hombre de consejo, esto es, de consulta; jurista, hombre versado en la erudicción del
Derecho y en la crítica de los códigos, según los principios de la filosofía, de la moral y,
también de la religión." 28 .
Barcia, mencionado por Guillermo Cabanellas, dice: "El abogado debe ser probo,
diligente, entusiasta; el letrado, estudioso; el jurisconsulto, prudente; el jurista, erudito.
Hay muchos abogados, no hay tantos letrados, hay pocos jurisconsultos, es muy raro
encontrar un jurista” 29 .
"La abogacía es una profesión libre e independiente y una institución consagrada en
orden a la justicia, al asesoramiento y a la defensa de los derechos e intereses
públicos y privados mediante la aplicación de la ciencia y de la técnica jurídica" 30 .
De lo anterior se puede decir también "Abogado equivalía a defender en juicio a una
persona por escrito o de palabra o interceder por alguna causa hablando a su favor.
La institución pasó del antiguo Derecho Castellano; si bien fueron conocidos con
las denominaciones de voceros y personeros porque usaban sus voces para
ejercitar la defensa, y porque representaban a las personas por ellos defendidos. Pero
hay que distinguir entre el hecho de abogar y la profesión de Abogado, pues parece
evidente que aquel es anterior a ésta. Así por ejemplo, entre los hebreos había
personas que, fuera de todo interés económico asumían la defensa de quienes no
podían ejercerla por si mismos. Otro tanto sucedía en Caldea, Babilonia, Persia y
Egipto. La profesión de abogar se inició al parecer, con ANTISOAES que, según se
dice fue el primer defensor que percibió honorarios, por la prestación de sus
servicios abogadiles. Sin embargo, se afirma que Pericles, fue en Grecia el primer
abogado profesional. Se cree que CICERON, fue el prototipo de los abogados
romanos con mucha profesionalidad, grande orador y jurisconsulto, que la historia ha
conocido. En un concepto moderno, Abogado es el Perito en el derecho positivo que
se dedica a defender en juicio, por escrito o de palabra, los derechos o intereses de los
28 Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit; 15.
29 Ibid. Pag. 15
30 Fundación Tomás Moro. Diccionario jurídico espasa. pág. 6.
litigantes, así como también a dar dictamen sobre las cuestiones o puntos legales que
se le consultan. En la actualidad los Estados Democráticos y liberales respetan y
enaltecen el ejercicio de la abogacía y declaran en sus constituciones la inviolabilidad
de la defensa en juicio de la persona y sus derechos" 31 .
De lo anterior se deduce que la profesión de abogado es aquella en la que la
persona investida de ciertas cualidades y facultades que la ley le otorga, está
autorizado para ejercer ante instituciones públicas (tales como órganos jurisdiccionales
y entes administrativos), así como privadas, haciendo valer el derecho y aplicando las
leyes respectivas, defendiendo los intereses públicos o privados.
Por lo tanto abogado defensor será el profesional del derecho que toma a su cargo la
defensa de los intereses de una persona, de un grupo de personas o de una
institución, frente a otra que puede ser una persona particular o jurídica. En sentido
estricto es la persona, que investida por la ley, actúa en nombre de una persona
acusada de cometer un hecho ilícito.
Ninguna autoridad judicial, administrativa o de otra índole, puede limitar el ejercicio
de la profesión de Abogado, salvo que esté fundada en ley.
El Artículo 197 de la Ley del Organismo Judicial, manifiesta que las demandas,
peticiones y memoriales que se presenten a los tribunales de justicia deberán ser
respaldados con la firma y sello de abogado colegiado, y sin ese requisito no se dará
curso a ninguna gestión. El abogado es responsable del fondo y de la forma de los
escritos que autorice con su firma. No es necesaria la intervención de un abogado en
los asuntos verbales de que conozcan los juzgados menores, en las gestiones del
Ministerio Público, cuando el cargo no esté servido por profesional; y en los demás
casos previstos en otras leyes.
31 Osorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas, políticas y sociales. pág. 7.
El Artículo 198 del mismo cuerpo legal, les otorga los derechos siguientes: los
tribunales y los jueces dejarán a los abogados en la justa libertad que deben tener
para sostener por escrito y de palabra los derechos de sus clientes. Los abogados
deben proceder con arreglo a las leyes y con el respeto debido a los tribunales y
autoridades; serán citados por estas con el decoro correspondiente y no se les
interrumpirá ni desconcertará cuando hablen en estrados, ni se coartará, directa ni
indirectamente el libre desempeño de su alta investidura e igual trato deberán darles
las autoridades, funcionarios y empleados de la administración pública de cualquier
jerarquía. Los tribunales darán a los abogados el trato respetuoso inherente a su
El Artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala reza que "La
defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni
privado de sus derechos, sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal
ante juez o tribunal competente y preestablecido".
Al hacer un análisis del artículo mencionado anteriormente deducimos que todo
sindicado tiene derecho de que se le nombre defensor de oficio cuando no proponga
un defensor de su confianza, en este sentido está claro que cualquier sindicado tiene
derecho a un abogado defensor de oficio, pues la ley no menciona que los sindicados
por faltas no se les nombre un defensor.
El Artículo 20 del Código Procesal Penal estipula que "La defensa de la persona o de
sus derechos es inviolable en el proceso penal. Nadie podrá ser condenado sin haber
sido citado, oído y vencido en procedimiento preestablecido y ante tribunal
competente, en el que se hayan observado las formalidades y garantías de ley”.
"El defensor puede actuar de palabra o por escrito. Las partes disponen de libertad
para designarlos, siempre que los letrados acepten a su vez. En ocasiones, sobre todo
tratándose de menores, ausentes e incapaces, procede el nombramiento de oficio, por
criminales" 32 .
tribunal; igual decisión se
Como garantía constitucional, el Artículo 8 de la Constitución Política de la República
de Guatemala establece que todo detenido deberá ser informado inmediatamente de
sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que pueda
proveerse de un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias
abogados son
las siguientes (Artículo 200
Organismo Judicial):
a) Guardar lealtad procesal a las partes y al tribunal. Comportarse en su
conducta pública y profesional con decencia, honorabilidad y decoro. Su
vida privada debe ser compatible con tales calificaciones.
b) Alegar por escrito o de palabra, sin faltar a la verdad de los hechos, ni
contra las disposiciones legales.
c) Defender gratuitamente a los declarados pobres y a los procesados que
nombren defensor. Los jueces cuidarán de distribuir equitativamente,
abogados de su jurisdicción la defensa de los pobres, y tienen facultad para
imponer a aquellos, multas de cinco (Q.5.00) a veinticinco (Q.25.00) quetzales,
cuando sin justa causa no cumplan su deber. Situación que lamentablemente no
se cumple, en materia de juicio oral de faltas, en el procedimiento penal,
materia que nos ocupa para el presente estudio.
Es prohibido a los abogados (Artículo 201 de la Ley del Organismo Judicial):
a) Actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiere ser recusado a causa de la intervención profesional.
32 Cabanellas, Ob. Cit; pág. 597.
Abandonar, sin justa causa, los asuntos que hubiere comenzado a
Interrumpir el discurso o declaración de la parte contraria o de su
Exigir a su cliente honorarios mayores que los concertados o los que
Defender a una parte después de haber principiado la defensa de la otra
Los abogados son responsables de los daños y perjuicios que sufran sus clientes por
su ignorancia, culpa, dolo, descuido, negligencia o mala fe comprobadas. (Artículo 202
Ley del Organismo Judicial)
En este sentido las obligaciones, las prohibiciones y los derechos que tiene el abogado
defensor con respecto a su o sus patrocinados es altamente de responsabilidad, por
lo tanto el abogado defensor tendrá que actuar con apego a la ley y sobre todo
analizando el caso que tiene, en virtud que en su calidad de defensor tiene la vida o el
internamiento, por cierto tiempo de condena, de su patrocinado.
De la actividad del abogado se desprenden las posibilidades de la defensa en la etapa
intermedia, las que pueden clasificarse en 33 :
De forma: Si tienden al saneamiento o corrección del requerimiento fiscal.
De fondo: Si discuten las condiciones sustanciales del requerimiento fiscal.
33 Barriento Pellecer, César Ricardo. Doctrina nacional. La etapa intermedia. pág. 32.
Es oportuno señalar que el abogado de la defensa al recibir el escrito de acusación y
los documentos que lo acompañan, debe proceder a estudiarlos detalladamente para
determinar si reúne los requisitos que exige para su presentación el artículo 332 Bis
del Código Procesal Penal, y que en esencia son:
1.- Los datos que sirvan para identificar o individualizar al imputado, el nombre
de su defensor y la indicación del lugar para notificarles;
2.- La relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se le
atribuye y su calificación jurídica;
3- Los Fundamentos resumidos de la imputación, con expresión de los medios
de investigación utilizados y que determinen la probabilidad de que el
imputado cometió el delito por el cual se le acusa;
4.- La calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada
ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables;
5.- La indicación del tribunal competente para el juicio.
Todo esto debe ajustarse al procedimiento del juicio de faltas, debiendo el abogado ver
si procede la inculpabilidad de su patrocinado, para que no sea sancionado
3.3.1. El defensor público
La ley específica, contenida en el Decreto Número 129-97 del Congreso de la
República de Guatemala, Ley del Servicio Público de Defensa Penal, en sus
considerandos II y III, refiere la importancia de garantizar y asegurar el derecho de
defensa a toda persona, de manera gratuita, como un derecho fundamental y como
garantía operativa en el proceso penal y acceso a la justicia en condiciones de
igualdad, debiéndose a mi criterio entender que el Instituto de Defensa Pública Penal,
fue creado para defender tan consagrado derecho de todo ser humano, sea que éste
se encuentre sindicado por delito o por falta. El Artículo 2 de la norma referida, expone
que la institución deberá asegurar la eficacia en la representación del Servicio Público
de Defensa Penal, a personas de escasos recursos.
La Defensa Pública Penal es una modalidad de nuestro ordenamiento procesal penal,
y es un derecho constitucional que tiene el imputado de proveerse de abogado
defensor desde el día que presta su primera declaración en el tribunal o juzgado que
Teniendo su origen en los Acuerdos de Paz, específicamente en el acuerdo sobre
fortalecimiento del poder civil y función del ejercito en una sociedad democrática y en
función del desarrollo del estado de derecho. Va dedicada especialmente para las
personas de escasos recursos, con el fin de que tengan garantizado el derecho de ser
defendidos ante el sistema judicial por un abogado, ya que la sociedad está
sumamente interesada en que se aplique por igual el castigo a los culpables, como la
absolución de inocentes.
El imputado si no tiene los medios económicos para pagar abogado defensor, el
Estado está obligado de proveerle un defensor en forma gratuita, y es aquí donde la
Defensa Pública tiene participación directa en la defensa desde que se inicia el
proceso hasta el fenecimiento del mismo.
Pero en algunos casos es imposible que el imputado pueda proveerse de abogado
defensor, por una serie de motivos, por lo que para resguardar el derecho
constitucional de ser indagado, el imputado, en el plazo de veinticuatro horas, el juez
debe oírlo aunque en ese momento no tenga abogado defensor, para darle la razón de
su detención e indicarle que puede abstenerse de declarar, hasta que se encuentre
presente su abogado defensor.
"Si fuere imposible proveer defensor, el juez
transcurra el
profesional del derecho; pero cualquier decisión que se
de procesamiento) no podrá fundarse en lo
expuesto en la declaración de referencia, pues la información que en ella se haya
obtenido carece de validez posteriormente con la presencia obligada del abogado" 34 .
La Defensa Pública se encuentra regulada en el Decreto Número 129-97 del
Congreso de la República de Guatemala, Ley de Servicio Público de la Defensa Penal,
el cual derogó los artículos 527 al 537 del Código Procesal Penal, que es donde se
encontraba regulada la Defensa Pública. La que como ya lo expuse, cumple
preceptos constitucionales, acatando principios de la Convención Americana de
Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, tales como la
obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos por nuestro Estado, y a
garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que sujeta a su jurisdicción sin
discriminación alguna o por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de cualquier otra índole (Artículo 1o.). El artículo 8o., numeral 2, literal E,
que regula las garantías judiciales, y que consiste al derecho irrenunciable de ser
asistido por un defensor proporcionado por el Estado, si el inculpado no se defendiere
por sí mismo, ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley.
El servicio público de la defensa penal tiene competencia para:
1.- Intervenir en la representación de las personas de escasos recursos
económicos, sometidas a proceso penal, a partir de cualquier sindicación
que las señale como posibles autores de un hecho punible o de
participar en él, incluso las autoridades de la persecución penal.
2.- Asistir a cualquier persona de escasos recursos que solicite asesoría
jurídica cuando ésta considere que pudiere estar sindicada en un
34 Barrientos Pellecer, Ob. Cit; pág. 12.
3.- Intervenir, a través de los defensores de oficio, cuando la persona no
tuviere o no nombrare defensor de confianza, en las formas que
3.4. Querellantes Adhesivos
El Artículo 116 del Código Procesal Penal, estipula “En los delitos de acción pública, el
agraviado con capacidad civil o su representante o guardador en caso de menores o
incapaces, o la administración tributaria en materia de su competencia, podrán
provocar la persecución penal o adherirse a la ya iniciada por el Ministerio Público.
El mismo derecho podrá ser ejercido por cualquier ciudadano o asociación de
ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que hubieren violado
directamente derechos humanos en ejercicio de su función, o con ocasión de ella, o
cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos que abusen de su
Los órganos del Estado solamente podrán querellarse por medio del Ministerio
Público. Se exceptúan las entidades autónomas con personalidad jurídica y la
administración tributaria en materia de su competencia.
El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de
los hechos. Para el efecto podrá solicitar, cuando lo considere, la práctica y recepción
de pruebas anticipadas así como cualquiera otra diligencia prevista en este Código.
Hará sus solicitudes verbalmente o por simple oficio dirigido al fiscal quien deberá
considerar y actuar de conformidad.
Si el querellante discrepara de la decisión del fiscal podrá acudir al Juez de Primera
Instancia de la jurisdicción, quien señalará audiencia dentro de las veinticuatro horas
siguientes para conocer de los hechos y escuchará las razones tanto del querellante
como del fiscal y resolverá inmediatamente sobre las diligencias a practicarse. De
estimarlo procedente, el juez remitirá al Fiscal General lo relativo a cambios del fiscal
3.5. Partes civiles
3.5.1. Actor Civil
En el procedimiento penal, la acción civil sólo puede ser ejercitada (Artículo 129 del
Código Procesal Penal):
1. Por quien, según la ley respectiva esté legitimado para reclamar por los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible.
2. Por sus herederos.
Por las personas que carezcan de capacidad para comparecer en el proceso, actuarán
Las personas que no puedan o no quieran actuar en el proceso, podrán hacerse
representar por medio de mandatario judicial debidamente facultado.
Los mandatarios podrán deducir la acción civil por sus mandantes.
Los representantes y mandatarios, para intervenir, justificarán su representación con
copia legalizada del respectivo documento.
La acción civil deberá ser ejercitada antes que el Ministerio Público requiera la
apertura del juicio o el sobreseimiento. Vencida esta oportunidad, el juez la rechazará
sin más trámite. (Artículo 131 del Código Procesal Penal).
El Artículo 132 del Código Procesal Penal, establece “La acción civil se deberá
promover en contra del imputado y procederá aun cuando no estuviere individualizado.
Podrá también dirigirse contra, quien por previsión directa de la ley, responde por los
daños y perjuicios que el imputado hubiere causado con el hecho punible.
Si en el procedimiento hubiere varios imputados y terceros civilmente demandado y el
actor no limitares subjetivamente su pretensión se entenderá que se dirige contra
Si el juez que controla la investigación admite la solicitud dará intervención provisional
al actor civil, notificando de ello al Ministerio Público para que el otorgue intervención
Cualquiera de las partes podrá oponerse, interponiendo las excepciones
correspondientes, durante el procedimiento preparatorio y en el procedimiento
intermedio conforme a este Código.
La admisión o el rechazo será definitivo cuando no exista oposición o no se renueve la
solicitud durante el procedimiento intermedio.
La admisibilidad de la solicitud no impedirá el
corresponda ante tribunal competente. (Artículo 133 del Código Procesal Penal).
El Artículo 134 del Código Procesal Penal, establece “El actor civil actuará en el
procedimiento sólo en razón de su interés civil. Limitará su intervención a acreditar el
hecho, la imputación de ese hecho a quien considere responsable, el vínculo de él con
el tercero civilmente responsable, la existencia y la extensión de los daños y perjuicios.
La intervención como actor civil no exime, por sí misma, del deber de declarar como
3.5.2. Tercero Civilmente demandado
“Quien ejerza la acción reparadora podrá solicitar la citación de la persona que, por
previsión directa de la ley, responda por el daño que el imputado hubiere causado con
el hecho punible, a fin de que intervenga en el procedimiento como demandada.
La solicitud deberá ser formulada en la forma y en la oportunidad previstas que este
Código, con indicación del nombre, domicilio o residencia del demandado y de su
vínculo jurídico con el imputado” (Artículo 135 del Código Procesal Penal).
El juez que controla la investigación decidirá sobre la solicitud, si la acoge, mandará
notificar al tercero civilmente demandado. Notificará también al Ministerio Público.
La falta de comparecencia del citado o su inasistencia a los actos no suspenderá el
trámite, pudiendo intervenir en cualquier momento del procedimiento.
“Cuando en el procedimiento se ejerza la acción reparadora, el tercero que pueda ser
civilmente demandado tendrá derecho a intervenir en él, instando su participación.
La solicitud deberá llenar los requisitos que exige este Código y será admisible hasta
para la oportunidad prevista para el actor civil” (Artículo 138 del Código Procesal
La exclusión, el desistimiento o el abandono del actor civil, hará cesar la intervención
del tercero civilmente demandado.
El tercero civilmente demandado gozará de las facultades y garantías necesarias para
su defensa en lo concerniente a sus intereses civiles.
La intervención como tercero no exime, por sí misma, el deber de declarar como
La relación entre el derecho constitucional y el derecho procesal penal es muy
estrecha, al punto que es muy difícil delimitar donde termina el derecho constitucional
y donde comienza el derecho procesal penal; lo anterior denota que estas ramas de
derecho se encuentran vinculadas entre sí. En donde el derecho constitucional
impone limitaciones al proceso penal, el cual a través de estas limitaciones se
subordina al derecho constitucional.
Los principios y garantías constitucionales se desarrollan dentro del ámbito del
derecho constitucional, el cual proporciona el basamento jurídico; mientras que los
mecanismos o recursos de los cuales se puede hacer uso para reivindicar la
trasgresión de estos principios y garantías se realiza a través del derecho procesal.
El derecho constitucional establece la piedra angular del ordenamiento jurídico y
político de un Estado; este se encuentra integrado por un conjunto de principios,
doctrinas, instituciones y normas jurídicas primigenias, que regulan la naturaleza y
forma de gobierno, la organización y división del poder público en órganos, y los
derecho y deberes inherentes e inalienables de los ciudadanos.
Desde el punto de vista legal, la Constitución Política de la República de Guatemala,
constituye la norma legal suprema, a la cual deben supeditarse todas las normas
jurídicas existentes; y que en ningún caso puede surgir a la vida jurídica alguna norma
o ley que contradiga o tergiverse a la Constitución Política la República de Guatemala.
4.2. Los derechos y principios constitucionales en Guatemala
Los principios y garantías constitucionales son elementos, mecanismos y herramientas
invaluables dentro de un sistema político, en especial, en el caso particular de
Guatemala. En el incipiente proceso por construir un modelo democrático inexistente
en el pasado, la Asamblea Nacional Constituyente plasmó en el preámbulo de la actual
Constitución Política de la República de Guatemala, una declaración de principios y
garantías referentes a el “…régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad
y paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras
tradiciones y herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos
Humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde
gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho”.
A estos principios y garantías constitucionales se les conoce como derechos
individuales, y se encuentran regulados en la actual Constitución Política de la
República de Guatemala entre los artículos tres al cuarenta y seis.
Asimismo, la Constitución Política de la República de Guatemala, en el Artículo dos
establece: “Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, y el desarrollo integral de
Entre los principios procesales y las garantías constituciones más importantes se
4.3. Con relación a la persona
Los principios doctrinarios y legales del procedimiento penal relacionados con el sujeto
activo del delito, así como con el agraviado, se conjugan en el sistema acusatorio
penal, por lo que será necesario hacer un análisis de los mismos.
4.3.1. Principio de legalidad.
"El principio de legalidad implica en primer lugar la supremacía de la Constitución
y de la ley como expresión de voluntad general frente a todos los poderes públicos.
Además el principio de legalidad implica la sujeción de la Administración a sus propias
normas, los reglamentos" 35 .
Este es el principio rector del derecho penal mediante el mismo se limita el poder del
Estado como ente encargado de administrar justicia y constituye una garantía para
todo ciudadano en el sentido de que sus actos no sean objeto de proceso penal si no
están contemplados en la ley.
4.3.2. Principio de audiencia.
"En particular se entiende por principio de audiencia aquel principio general del
derecho que tradicionalmente se formula diciendo que nadie puede ser condenado sin
ser oído y vencido en juicio. Dicho en otras palabras, no puede dictarse una resolución
judicial para un sujeto jurídico, sin que éste haya tenido oportunidad de exponer dentro
del proceso en que la resolución recae, lo que estime conveniente y esté legalmente
previsto como medio de defensa" 36 .
4.3.3. Juicio previo y debido proceso.
Este consiste en que para dictar un fallo es necesaria la tramitación previa de un
proceso de acuerdo con las normas legales establecidas sin violación de las mismas.
35 Fundación Tomás Moro, Ob. Cit; pág. 792.
Mediante este principio el imputado tiene derecho a ser juzgado por juez competente,
el sindicado tiene derecho a ser citado y notificado conforme la ley, el imputado tiene
derecho a la defensa técnica y el Estado la obligación de garantizársela.
4.3.4. Principio de inocencia.
Este es el principio por medio del cual a todo imputado se le considera inocente hasta
que se pruebe lo contrario, mediante este principio el procesado durante todo el
procedimiento será tratado como inocente hasta que mediante sentencia firme se
declare responsable y se le imponga una pena o medida de seguridad.

References: In dubio
 Artículo 340
 Artículo 107
 Artículo 113
 Artículo 323
 Artículo 324
 resolución

 Artículo 324
 Artículo 332
 Artículo 340
 Artículo 105
 resolución 
 Artículo 331
 Artículo 345

resolución 
 Artículo 366
 resolución

 Artículo 382
 artículo 384
 Artículo 113
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 20
 Artículo 36
 artículo 79
 artículo 80

artículo 93
 Artículo 197
 Artículo 198
 Artículo 12
 Artículo 20
 Artículo 8
 artículo 332
 Artículo 2
 artículo 8
 Artículo 116
 Artículo 132
 Artículo 134
 resolución

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