Source: https://supremo.vlex.es/vid/-419786070
Timestamp: 2020-08-12 20:45:24+00:00

Document:
STS 38/2013, 31 de Enero de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 419786070
STS 38/2013, 31 de Enero de 2013
Número de Recurso: 2182/2011
Sentencia citada en: 152 sentencias, un artículo doctrinal
En los recursos de casación por quebrantamiento de forma, e infracción de Ley que ante Nos penden, interpuestos por Severiano , Carlos Miguel , Marco Antonio , Alfonso , contra sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Quinta, que condenó a los acusados como autor penalmente responsables de un delito contra la salud pública; los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan se han constituido para la deliberación y Fallo, bajo la Presidencia del Primero de los indicados y Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, siendo también parte el Ministerio Fiscal, y dichos recurrentes representados por los Procuradores Sres. Trujillo Castellano, Arana Moro, Ana de la Corte, Rojas Santos respectivamente.
El Juzgado de Instrucción número 2 de Santa Cruz de la Palma, incoó Procedimiento Abreviado con el número 33 de 2008, contra Severiano , Carlos Miguel , Marco Antonio , Alfonso , y otro , y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, cuya Sección Quinta, con fecha 28 de julio de 2.011, dictó sentencia , que contiene los siguientes:
HECHOS PROBADOS: Probado y así expresamente se declara que:
PRIMERO.- El acusado Marco Antonio , nacido el día NUM000 de 1.982, provisto de DNI nº NUM001 , nacido el NUM000 de 1.982 y sin antecedentes penales, se venía de dedicando a la distribución entre los consumidores de La Palma de las sustancias estupefacientes cocaína y hachís, la primera considerada de las que causan grave daño a la salud, estableciendo a tal fin constantes citas telefónicas con los consumidores, en las cuales evitaba hacer referencia directa a las sustancias estupefacientes y a los precios de venta mediante el uso de palabras claves, giros o elusiones, tratando de evitar de este modo un eventual control policial de sus comunicaciones telefónicas.
Para mantener este permanente suministro de estas sustancias, el mismo acusado las adquiría periódicamente en Santa Cruz de Tenerife y luego las remitía a La Palma desde un domicilio que mantenía en aquella capital camuflada en paquetes postales, en los que hacía constar unos datos ficticios de remitente, figurando como destinatario en dos de ellos el también acusado Fernando , nacido el NUM002 de 1.980, provisto de DNI nº NUM001 y sin antecedentes penales, el cual colaboraba de este modo en la introducción de cocaína en La Palma a cambio de dosis de cocaína y hachís para su consumo que el primero le regalaba cuando se hacía cargo de los paquetes. En esas ocasiones, ambos se desplazaban hasta la oficina de la empresa de transportes urgentes Seur en La Palma, esperando Marco Antonio en el exterior, mientras Fernando , entraba y recogía el paquete.
SEGUNDO.- Tras haber recibido un primer paquete en fecha no determinada en el que se ocultaba una cantidad no determinada de hachís, el cual no pudo ser detectado ni intervenido, el día 20 de agosto de 2.007 agentes policiales que investigaban al acusado Marco Antonio por medio de la escucha judicialmente autorizada de sus comunicaciones telefónicas, detectaron la llegada de uno de estos paquetes remitido desde Santa Cruz de Tenerife a través de la agencia de transportes urgentes "Seur" a nombre del acusado Fernando , resultando ambos detenidos en la sucursal de la citada agencia, sita en el polígono industrial de Breña Baja en horas de la tarde de ese día cuando Fernando , tras presentar el correspondiente aviso de llegada, recogió el referido paquete, abandonado las instalaciones para entregárselo a Marco Antonio , que se encontraba en el exterior esperándole.
El día 22 de agosto de 2.007, ante el Juez y el Secretario del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción no 2 de Santa Cruz de La Palmas, y con presencia de los acusados Marco Antonio y Fernando , se procedió a la apertura del referido paquete incautado y originariamente remitido a este último acusado, el cual contenía una caja de zapatos "John Smith" envuelta en papel de regalo, la cual, a su vez, contenía un par de zapatillas de deportes usadas de la marca "Puma" y de color blanco y azul, al parecer, por su tamaño, correspondientes a un menor, ocultando en su interior la zapatilla derecha un envoltorio de papel negro y plata, que cubría otro de film transparente y éste, a su vez, una bolsa plástica blanca y verde y restos de hierbas, conteniendo la citada bolsa 23'3 gramos de cocaína con una pureza del 34'4%; droga con la que los acusados hubieran obtenido un beneficio mediante su introducción en el mercado ilícito de consumidores de 1.450'425 euros.
Sobre las 17:20 horas del día 22 de agosto de 2.007 una comisión judicialmente autorizada procedió a la entrada y registro de la vivienda del acusado Marco Antonio , sita en Valle La Luna, CALLE000 nº NUM003 de Breña Alta, donde la policía judicial intervino tres trozos de hachís preparados para la venta, con un peso de 6'6 gramos, sin que se haya determinado su riqueza, cuyo precio ilícito era de 29'568 euros, útiles para la confección de dosis de cocaína y hachís, consistentes en un cuchillo de mango de madera con restos de hachís en su hoja, una tabla de madera "FORM", dos rollos de film transparentes de diferentes tamaños, una bobina de hilo de color blanco y dos jeringuillas, una pesa o balanza de precisión marca "AWS CD-500" y 620 euros en efectivo procedentes del tráfico de drogas.
TERCERO.- Por su parte, el acusado Severiano , conocido como " Raton ", nacido el día NUM004 de 1.959, provisto de DNI nº NUM005 y sin antecedentes penales, se venía dedicando igualmente a la distribución en Santa Cruz de La Palma de la sustancia estupefaciente que causa grave daño a la salud denominada cocaína, la cual le era suministraba periódicamente por el también acusado Alfonso . nacido el día NUM006 de 1.969, con DNI nº NUM007 y con antecedentes penales por delitos contra el patrimonio no computables a los efectos de esta causa, normalmente en citas concertadas mediante conversaciones telefónicas en las que ambos utilizaban palabras en clave previamente pactadas para referirse a dicha sustancia y así eludir un eventual control policial.
De este modo, el día 30 de octubre de 2.007 los acusados Severiano , conocido como " Raton ", y Alfonso . concertaron una de estas reuniones, para lo cual sobre las 20:40 horas de ese mismo día el acusado Severiano , acudió conduciendo el vehículo Nissan modelo Micra con matrícula ....-XBF al domicilio del acusado Alfonso . en la Villa de Mazo, donde éste le entregó la cantidad de cocaína previamente pactada a un precio que no ha sido determinado pero, en todo caso, entre 1.260 y 1.400 euros. Después de abandonar la vivienda, el acusado Severiano , fue identificado por agentes policiales que habían detectado su cita, los cuales registraron su vehículo y encontraron en el interior del cenicero un envoltorio que contenía 28'4065 gramos de cocaína, con una pureza del 22'9 %, con cuya venta en el mercado ilegal de consumidores hubiera obtenido un precio de 1.768'3046 euros. Igualmente, intervinieron en poder del citado acusado un teléfono móvil marca Nokia modelo 6085 de color gris con IMI NUM008 , que utilizaba para sus contactos relativos al tráfico de dicha sustancia, y 25 euros procedentes de esta ilícita actividad, distribuidos en un billete de veinte euros y un billete de cinco euros.
Una vez practicada esta detención, la policía judicial, que contaba con el expreso consentimiento del acusado Severiano , procedió a la entrada y registro de su vivienda, sita en la CALLE001 nº NUM009 de la Villa de Mazo, donde intervino dos trozos de hachís con un peso de 2'4144 gramos, sin que se haya determinado su riqueza, con cuya venta en el mercado ilegal de consumidores hubiera obtenido un precio de 10'8165 euros; una gramera mecánica, color blanco marca "Pesanet Patentado"; una gramera digital, de color negro, de la marca "Laica"; un teléfono móvil marca "Sony Ericsson" modelo "T290i" de color negro; un teléfono móvil marca "Mitsubishi" modelo "MT-35i" de color verde; un teléfono móvil marca "Philips" modelo "DB" de color azul; un teléfono móvil marca "Nec" modelo "DB500" de color gris oscuro; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "3100" de color azul y blanco y su cargador; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "3220" de color gris y blanco y su cargador; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "1.3 megapíxel" de color gris y su cargador; dos tarjetas SIM de Movistar; un lote integrado, entre otros efectos, por unas tijeras, un
cuchillo y una bobina de hilo azul; anotaciones manuscritas de los pagos y deudas que generaba con el tráfico ilegal de cocaína y hachís; así como 1.650 euros. Efectos y dinero adquiridos y procedente, respectivamente, de ese tráfico ilegal a que se dedicaba de modo habitual el acusado.
Sobre las 16:55 horas del mismo día 31 de octubre de 2.007, una comisión judicialmente autorizada procedió a la entrada y registro de la vivienda y pajeros anexos propiedad del acusado Alfonso . sita en la CALLE002 nº NUM010 de la Villa de Mazo, donde intervino otras cantidades de sustancias estupefacientes preparadas para la venta: siete papelinas de cocaína con un peso de 5'1453 gramos y una pureza del 23'6 %; cuatro papelinas de cocaína con un peso de 2'9183 gramos y una pureza del 27'5 %; cuatro papelinas de cocaína con un peso de 3'0416 gramos y una pureza del 36'7 %; una bolsa de cocaína con un peso de 2'7936 gramos y una pureza del 26'5 %; una pieza con 201'5 gramos de hachís con una riqueza del 11'0 %; y varios trozos de hachís con un peso de 52'1170 gramos y una riqueza del 9'5 %. También se intervinieron dos básculas digitales marca A07, 840 euros en efectivo procedentes de la venta de estas sustancias, un teléfono móvil Nokia modelo N70 y cuatro tarjetas de telefonía Movistar, usados estos últimos efectos para mantener los contactos telefónicos derivados de esta actividad ilícita. Una vez finalizado el registro, el acusado manifestó voluntariamente a los agentes policiales que lo practicaron que tenía más cantidad de cocaína escondida en una pared del terreno colindante, y siguiendo sus indicaciones encontraron,
tras quitar unas piedras de la pared, dos envoltorios que contenían 128'0 gramos de cocaína, con una pureza del 19'2%, y 53'5 gramos de cocaína, con una pureza del 32'8 %. La totalidad de las sustancias estupefacientes intervenidas al acusado hubieran alcanzado un precio de 12.163'5753 euros la cocaína y 1.136'2041 euros el hachís, una vez introducidas en el mercado ilegal de consumidores.
CUARTO.- Por su parte, el acusado Severiano , conocido como " Raton ", se dedicaba a su vez a la venta de las dosis de cocaína que preparaba en su domicilio, sito en la CALLE001 nº NUM009 de la Villa de Mazo, después de adquirirlas periódicamente del modo antes descrito, para lo cual citaba en dicho lugar a los diferentes clientes a los que suministraba la cocaína, actuando también como intermediario el acusado Carlos Miguel , conocido como " Quico ", nacido el día NUM012 de 1.966, provisto de DNI nº NUM011 y sin antecedentes penales, que acudía a comprar dosis de esta sustancia cada que vez que los consumidores se lo solicitaban para que intermediara con el acusado Severiano , en la obtención de la cocaína, obteniendo a cambio parte de dicha sustancia que le cedían sus compradores, sin que se haya determinado el valor de tal beneficio.
QUINTO.- El acusado Alfonso . ingresó en prisión provisional, comunicada y sin fianza por auto de fecha 2 de noviembre de 2.007, decretándose su libertad provisional, previa consignación y declaración de suficiencia de una fianza de 24.000 euros, por auto de fecha 15 de febrero de 2.008, conforme a lo ya acordado al respecto por auto de fecha 23 de enero de 2.008.
El acusado Marco Antonio , ingresó en prisión provisional, comunicada, eludible mediante la prestación de fianza de 6.000 euros, por auto de fecha 24 de agosto de 2.007, decretándose su libertad provisional, previa consignación y declaración de suficiencia de la referida fianza, por auto de fecha 27 de agosto de 2.007.
El acusado Severiano , ingresó en prisión provisional, comunicada, eludible mediante la prestación de fianza de 9.000 euros, por auto de fecha 2 de noviembre de 2.007, decretándose su libertad provisional, previa consignación y declaración de suficiencia de la referida fianza, por auto de fecha 22 de noviembre de 2.007.
FALLO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Marco Antonio , ya circunstanciado, como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA ya definido, a la pena de TRES ANOS Y TRES MESES DE PRISION, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (1.479'99 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa impuesta de un día de privación de libertad; y al pago de una quinta parte de las costas procesales. Igualmente, se acuerda el comiso de la cantidad de 620 euros, de los útiles para la confección de dosis de cocaína y hachís y de una balanza de precisión marca "AWS CD-500", efectos descritos en el apartado de hechos probados de esta resolución, que le fueron intervenidos.
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Fernando , ya circunstanciado, como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA ya definido, a la pena de UN ANO Y SEIS MESES, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA de SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS (739'99 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa impuesta de un día de privación de libertad; y al pago de una quinta parte de las costas procesales.
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Alfonso . ya circunstanciado, como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA ya definido, a la pena de TRES ANOS Y SEIS MESES DE PRISION, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA de TRECE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS (13.299'77 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa impuesta de un día de privación de libertad; y al pago de una quinta parte de las costas procesales. Igualmente, se acuerda el comiso de la cantidad de 840 euros, dos básculas digitales marca A07, un teléfono móvil Nokia modelo N70 y cuatro tarjetas de telefonía Movistar, efectos descritos en el apartado de hechos probados de esta resolución, que le fueron intervenidos.
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Carlos Miguel , ya circunstanciado, como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA ya definido, a la pena de TRES ANOS DE PRISION, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; y al pago de una quinta parte de las costas procesales.
Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al acusado Severiano , ya circunstanciado, como autor penalmente responsable, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, de un DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA ya definido, a la pena de TRES ANOS Y SEIS MESES DE PRISION, con inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y a la pena de MULTA de MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON DOCE CENTIMOS (1.779'12 euros), con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa impuesta de un día de privación de libertad; y al pago de una quinta parte de las costas procesales. Igualmente, se acuerda el comiso de la cantidad de 1.675 euros, así como de: una gramera mecánica, color blanco marca "Pesanet Patentado"; una gramera digital, de color negro, de la marca "Laica"; se le intervino un teléfono móvil Marca Nokia modelo 6085 de color gris con IMI NUM008 ; un teléfono móvil marca "Sony Ericsson" modelo "T290i" de color negro; un teléfono móvil marca "Mitsubishi" modelo "MT-35i" de color verde; un teléfono móvil marca "Philips" modelo "DB" de color azul; un teléfono móvil marca "Nec" modelo "DB500" de color gris oscuro; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "3100" de color azul y blanco y su cargador; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "3220" de color gris y blanco y su cargador; un teléfono móvil marca "Nokia" modelo "1.3 megapíxel" de color gris y su cargador; efectos descritos en el apartado de hechos probados de esta resolución, que le fueron intervenidos.
Se acuerda el comiso y destrucción de la droga intervenida; así como que las cantidades y demás efectos intervenidos, y cuyo comiso se ha acordado, queden a disposición del fondo especial previsto en la Ley 17/2.003, de 29 de mayo, por la que se regula el Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados.
Firme que sea esta resolución, procédase a la devolución a los acusados o terceros propietarios de los demás efectos de lícito comercio que les fueron incautados a los primeros en el momento de sus respectivas detenciones o, en su caso, durante las entradas y registros practicadas en sus respectivos domicilios, quedando sin efecto la autorización acordada respecto del equipo informático inicialmente intervenido al acusado Severiano , en providencia de fecha 6 de febrero de 2.008 para su utilización por la Guardia Civil.
En todo caso, para el cumplimiento de las penas impuestas se abonará a los acusados el tiempo que hayan estado privados de libertad por esta causa.
Tercero.- Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma e infracción de Ley, por Severiano , Carlos Miguel , Marco Antonio , Alfonso que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.
RECURSO INTERPUESTO POR Severiano
PRIMERO .- Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por aplicación indebida del art. 376, al no haberse aplicado el art. 21.6 CP , y por aplicación del párrafo segundo del citado art. 376 en relación con el apartado segundo del art. 21 CP .
TERCERO .- Al amparo del art.5.4 LOPJ . y del art. 852 LECrim . por infracción del art. 24 CE .
QUINTO .-Al amparo del art. 851.3 LECrim . Sostiene que no se ha resuelto en la sentencia la petición del recurrente de que se aplique atenuantes del art. 20.2 y 6 CP .
PRIMERO .- Al amparo del art. 849.2 LECrim ., por error en la valoración de las pruebas
PRIMERO .- Al amparo del art.849.1 LECrim . por inaplicación indebida de los arts. 21.4 , 21.7 y art. 376 CP .
RECURSO INTERPUESTO POR Carlos Miguel
PRIMERO .- Al amparo del art. 849.1 y 2 LECrim . por inaplicación indebida de la atenuante de dilaciones indebidas.
Sexto.- Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día diecisiete de enero de dos mil trece.
El motivo primero por infracción de Ley, art. 849.1 LECrim , en relación con el art. 376 CP , por inaplicación de dicho precepto, por no haberse aplicado el art. 21.6 CP , y por aplicación del párrafo 2 del art. 376 en relación con el apartado 2 del art. 21 CP .
Considera el recurrente de aplicación el citado precepto del Código Penal en tanto que debe ser valorada en la sentencia la grave adicción del recurrente al consumo de drogas así como las importantes dilaciones producidas en la tramitación de la causa.
Igualmente cuestiona la argumentación de la sentencia al aplicar idéntica doctrina para la atenuante del art. 21.2 que para el subtipo del art. 376, cuando ambos preceptos son diferentes entre sí, dado que este último no tiene como supuesto alteración alguna del elemento cognitivo y volitivo que recoge la atenuante del art. 21, bastando la concurrencia de la finalización con éxito de un razonamiento de deshabituación al consumo de sustancias estupefacientes y postula, en definitiva, la aplicación del art. 376, con la imposición de la pena inferior en un grado a la señalada en el art. 368.
Por último, solicita la aplicación de la atenuante recogida en el art. 21.6, dilaciones indebidas, en grado de extraordinaria o cualificada, al haberse enjuiciado hechos simples en más de 4 años, sin haberse practicado prueba alguna.
- En relación a la inaplicación del art. 21.2 CP , hemos dicho en SS. 347/2012 de 2 5.4 , 312/2011 de 29.4 , 11/2010 de 24.2 , que según la Organización Mundial de la Salud, por droga ha de entenderse "cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier mecanismo (ingestión, inhalación, administración, intramuscular o intravenosa, etc.) es capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico, caracterizado por:
En el caso presente, la sentencia de instancia lo único que considera acreditado es que los acusados podían ser consumidores, incluso si se quiere habituales durante las fechas a las que se remontan los hechos declarados probados, pero sin embargo, más allá de sus imprecisas y genéricas manifestaciones, no se conoce respecto de los mismos su consumo real ni la incidencia en sus capacidades volitivas y cognoscitivas referido todo ello a aquellas concretas fechas.
Por todo ello, todo apunta a que la aplicación de la atenuación de Severiano supondría conferir a aquélla un carácter puramente objetivo, ligado a la simple constatación de la presencia de droga en el organismo, al margen de su verdadera influencia en la capacidad de culpabilidad, propugnándose así una concepción de la atenuación de aplicación aritmética, ligada al segmento de la población que en uno u otro momento ha podido tener contacto con alguna sustancia estupefaciente. Y ello implica, desde luego, apartar la atenuación del fundamento que le es propio.
- En cuanto a la inaplicación del art. 376 CP , el párrafo segundo de este precepto -hemos dicho en STS. 888/2012 de 22.11 . permite la reducción en uno o dos grados de la pena imponible si acredita el carácter de drogodependiente del imputado en el momento de la comisión de los hechos y la deshabituación posterior, si bien no será aplicable esta atenuación en los supuestos en que la cantidad de droga objeto del delito fuese de notoria importancia o de extrema gravedad. La facultad de rebajar la sanción penal revela que la pretensión del legislador es otorgar un trato beneficioso a aquellos que se hayan visto determinados para la comisión del delito por la situación de drogodependencia previa, es decir, a quienes intervienen en el comercio de estas sustancias como medio de subvencionarse su propio consumo, lo que explica que no sea aplicable la atenuación cuando el objeto del delito merece su atención a la cantidad de sustancia intervenida una especial consideración, al concurrir en el delincuente oras motivaciones diferentes que influyen en la ejecución del hecho criminal.
En el caso presente no consta el dato objetivo de la adicción del acusado a las drogas con suficiente intensidad para la aplicación de la atenuante al tiempo de los hechos, como exige el tipo privilegiado del art. 376, y en todo caso el documento que cita el recurrente -informe emitido por el Equipo Técnico asistencias de las Unidades de Prevención y Atención de las Drogodependencias, perteneciente a la Asociación Palmera para la Prevención y Tratamiento de toxicómanos de la Isla de la Palma (folios 176 a 178 rollo de la Sala) está fechado a 3.2.2011- con salida del Centro el 6.6.2011- y en el que se recoge que el recurrente demandó tratamiento por primera vez el 24.5.2011, que se encuentra incluido en el Programa Libe de drogas y ha acudido en seis ocasiones, y que cumple con la pauta de tratamiento y se considera que se debería recomendar continuar con el proceso de tratamiento hasta la consecución de los objetivos terapéuticos planteados en su caso y siempre que el paciente cumpla con la pauta de tratamiento indicada en su caso.
Informe pues, casi cuatro años posterior a los hechos que se enjuician e insuficiente -incluso por su contenido- para la aplicación del art. 376.2.3 c). Y respecto a la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, hemos dicho en SSTS. 11/2011 de 1.2 , 61/2011 de 17 .- 2 , 1095/2011 de 18.10 , como la reforma introducida por LO. 5/2010 de 22.6 , ya en vigor, ha añadido una nueva circunstancia en el art. 21 CP , que es la de "dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre que no sea atribuibles al propio inculpado y que ya no guarde proporción con la complejidad de la causa".
Nuestra jurisprudencia ha apreciado en casos de transcurso de 9 años de duración del proceso penal ( SSTS. 655/2003 de 8.5 , y 506/2002 de 21.3 ), que correspondía la aplicación de una atenuante analógica con el carácter de muy cualificada para reparar en términos penológicos la excesiva duración del proceso, supuestos todos que exceden notoriamente de la demora producida en el presente, en el que la propia sentencia refiere los momentos de paralización en la fase intermedia -no superiores a 9 meses- lo que justifica la apreciación de la atenuante como ordinaria y no como muy cualificada.
El motivo segundo por infracción de Ley, art. 849.2 LECrim , por error en la apreciación de la prueba, basado en documentos obrantes en autos, que acreditan tanto su carácter de consumidor habitual de sustancias estupefacientes como su inclusión y evolución muy favorable en su tratamiento de deshabituación.
Señala como documento el informe emitido por la Asociación Palmera para la prevención y tratamiento toxicomanías (folios 176 a 178 rollo Sala), en el que se hace constar en el apartado "Diagnostico diferencial" CIE 10.p.14-1 (abuso cocaína), lo que acredita que nos encontramos ante un verdadero consumidor habitual, y concluye, igualmente, una muy favorable evolución dentro del razonamiento, señalando que el recurrente cumple con todas las pautas, si bien debe continuar con tal tratamiento.
En el caso presente la referencia que hace el recurrente al documento (folios 176 a 178) no evidencia el error denunciado. Es de fecha muy posterior a los hechos y no acredita la entidad de la drogadicción del acusado -refiere incluso que se está a la espera del resultado de una analítica de sangre y los urinocontroles efectuados han dado resultado negativo y que no precisa en el momento del reconocimiento de mediación alguna.
El motivo tercero por infracción de precepto constitucional al amparo del art. 5.4 LOPJ , en relación con el art. 24.1 y 2 CE , por haberse dictado sentencia condenatoria sin que se haya desarrollado una mínima actividad probatoria de cargo que haya podido enervar la presunción de inocencia.
Se sostiene en el motivo que el recurrente en todo momento ha mantenido que era consumidor habitual de cocaína y que la droga que le fue intervenida era para consumo personal y encargos que le habían realizado conocidos suyos, pero sin obtener ningún tipo de beneficio o lucro por ello, quienes acudían a su vivienda para consumir esta sustancia, por lo que estamos ante un consumo compartido.
Debemos recordar - SSTS 484/2012 de 12.6 , 97/2010 de 10.2 , 1322/2009, de 30-12 , y 728/2008, de 18.11 , que nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de las pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de 8.5 ; en virtud del art. 852 LECrim , el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
Por otro lado en cuanto al ámbito de la presunción de inocencia, ésta se refiere a todos los elementos fácticos que integran la tipificación del delito. De ahí que esencialmente se sostuviera que...la presunción de inocencia se refiere a todos los elementos fácticos que integran la tipificación del delito. De ahí que inicialmente se sostuviera que desplegaba sus efectos solo sobre los elementos materiales y objetivos del delito, es decir, la realidad del hecho y la participación que en el mismo haya tenido el acusado, pero no se extendía ni a los juicios de inferencia, ni a los animus, ni se proyectaba a la culpabilidad entendida en el sentido propio del vocablo.
Por ello la presunción de inocencia abarcaba la demostración de la autoría del hecho delictivo y de la realidad material del acto que ha sido enjuiciado y que la concurrencia del elemento culpabilístico que autoriza la aplicación de los tipos delictivos pertenece a la libertad de criterio de la Sala siempre que actúe sobre bases fácticas que previamente lo configure. Los elementos subjetivos culpabilisticos en el sentido técnico-penal del término y la inferencia de los mismos pertenecen al ámbito de la legalidad ordinaria y no están cubiertos por la presunción constitucional, más que en el concreto punto de que si han de estar probados los hechos o datos objetivos sobre los que las valoraciones actúen, sin que el principio constitucional sirva de cobertura a las circunstancias eximentes y atenuantes, por cuanto la concurrencia y prueba de las causas de justificación no corresponde a la acusación sino a la defensa que las alegan ( SSTS. 21.1.2002 , 20.5.2003 , 12.5.2010 ). Es decir que el acusado viene obligado a probar los hechos impeditivos de la responsabilidad penal que para él se derive de lo imputado y probado.
No obstante esta doctrina ha sido objeto de alguna matización, así la jurisprudencia ha declarado en distintas ocasiones que "en ningún caso el derecho a la presunción de inocencia tolera que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado, sea con una presunción iuris tantum sea con una presunción iuris et de iure (por todas STC. 87/2001 de 2.4 , FJ.8), y viene afirmando ( STC. 8/2006 de 16.1 , FJ.2), que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por más que la prueba de este último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de la prueba indiciaria. Pues si bien el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho y la presunción de inocencia es una presunción que versa sobre los hechos, pues solo los hechos pueden ser objeto de prueba y no sobre su calificación jurídica, ello no obstante en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE . ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad ( STC. 87/2001 de 2.4 ), esto es, como dice la STS. 724/2007 de 26.9 : "si el elemento subjetivo es tal que de él depende la existencia misma del hecho punible, debe entenderse que la presunción de inocencia exige la prueba de tal animo tendencial o finalista.
Jurisprudencia STS. 545/2010 de 5.6 , FJ. 1:"... ciertamente el elemento subjetivo del delito ha de quedar probado, si bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria, pero, en cualquier caso, la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado ( SSTC. 127/90 de 5.7 , 87/2001 de 2.4 , 233/2005 de 26.9 , 8/2006 de 16.1 , 92/2006 de 27.3 , 91/2009 de 20.4 ). En relación específicamente con los elementos subjetivos debe tenerse presente además que solo pueden considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revela el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial ( SSTC. 91/99 de 26.5 , 267/2005 de 24.10 , 8/2006 de 16.1 )"..
Por ello, hemos señalado igualmente, que a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar su pronunciamiento de condena, sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que - como decíamos en STS 870/2008, de 16.12 y 791/2010, de 28.9 :
En el caso presente el recurrente no cuestiona la posesión de la cocaína sino que manifiesta que era para su propio consumo y para el de otros conocidos suyos que se la encargaban y consumían conjuntamente en su domicilio, cuestiona, por tanto, el elemento interno y psíquico -de tráfico o distribución a terceros- cuya concurrencia se exige para considerar delictiva la posesión de la droga, y cuya probanza puede venir -decíamos en STS. 609/2008 de 10.10 - de la mano de una prueba directa, como sucede en los casos de confesión del propio sujeto, o testigos que compraron la sustancia prohibida o la vieron ofrecer en venta o de como conocieron tal intención de entrega a terceros y así lo declaran. Sin embargo, lo más frecuente es que tales pruebas no existan y se acuda al mecanismo de la prueba indirecta o de indicios, por medio de la cual, a través de ciertos hechos básicos plenamente acreditados, a través de determinadas circunstancias objetivas que concurran en el hecho que se enjuicia se infiere la existencia de aquel elemento subjetivo.
En el caso presente, en relación a este acusado la sentencia impugnada le imputa ser distribuidor a pequeña escala o menudeo a terceras personas de la cocaína que previamente adquiría al coacusado Alfonso , con quien acordaba las entregas mediante citas fijadas en conversaciones telefónicas utilizando ambos palabras en clave previamente pactadas para referirse a dicha sustancia. Contactos telefónicos también utilizados con los terceros compradores finales a la citada sustancia en los que se concertaban las cantidades que iban a adquirir.
Conclusión a la que llega a través de las pruebas que detalla en el fundamento tercero -apartado d, Pág. 36 a 42-.
-La cantidad de cocaína que se le intervino en el momento de su detención -28,4065 gramos con pureza del 22,9%-. Intervención producida al haber sido detectado en el curso de la investigación judicial y policial, la previa cita y entrega de la sustancia por parte de Alfonso .
Dado que el recurrente insiste en el motivo en su condición de consumidor y ser su propio consumo el destino de la cocaína intervenida es necesario efectuar dos precisiones previas:
Primera.- la jurisprudencia tiene declarado que el ser consumidor no excluye de manera absoluta el propósito de traficar ( STS. 384/2005 de 11.3 ), y aún en los casos de que el tenedor de la sustancia estupefaciente sea consumidor, debe ponderarse en la medida en que la droga aprehendida exceda de las previsiones de un consumo normal, y así ha venido considerando que la droga está destinada al tráfico, cuando la cuantía de la misma exceda del acopio medio de un consumidor durante 5 días, y de conformidad con el criterio del Instituto Nacional de Toxicología y el Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 19.10.2001 ha fijado el consumo medio diario de cocaína, entre 1,5 y 2,00 gramos, de cocaína, presumiendo, por ello, la finalidad de tráfico en tenencias entre 7,5 y 10 gramos, ( SSTS. 2063/2002 de 23.5 , 1778/2000 de 21.10 ).
En el caso presente la cantidad de cocaína intervenida al acusado fue de 28,40 gramos, que supera aquellos límites, si bien reducida a pureza -22,9% la cantidad resultante- 6,50 gramos sí estaría entre aquellos.
Segunda.- que no obstante lo anterior, según se razona en las SS. 411/97 de 12.4 , 422/99 de 26.3 , 2063/2002 de 23.5 , esta doctrina se ha modulado en un doble sentido: en primer lugar precisando que las declaraciones jurisprudenciales indicadoras de la cantidad de droga que pueda estimarse destinada exclusivamente -al consumo propio y de la que puede considerarse destinada a distribución a terceros, fijan unas pautas o baremos orientativos basados en el calculo del consumo medio diario de cada clase de droga y en la determinación del máximo de días de provisión del estupefaciente cubiertos habitualmente por el consumidor y apoyados en la enseñanza de la experiencia y en los datos facilitados por Organismos dedicados al estudio del fenómeno de la droga; y tales pautas orientativas no pueden coartar de una forma absoluta la libertad apreciativa y valorativa de las pruebas por parte del Tribunal, sin impedir por tanto que el órgano judicial llegue a la conclusión de que el tenedor de la droga destinaba al propio consumo una cantidad superior a la fijada en tales módulos, teniendo en cuenta distintos datos obrantes en el procedimiento.
Siendo asi la Sala valora y tiene en cuenta otros datos como son:
- Las sucesivas declaraciones prestadas en sede judicial y en el acto del juicio oral por el recurrente que considera altamente reveladoras, en cuanto admite haber vendido cocaina a terceros aunque sin obtener ganancias, descartando la Sala su afirmacion relativa a un consumo compartido.
En efecto hemos de paritr de la doctrina de esta Sala (SSTS. 888/2012 de 22.11 , 669/2012 de 25.7 , 171/2010 de 10.3 , 1081/2009 de 11.11 , 357/2009 de 3.4 , 1254/2006 de 2.12 , doctrina que amplia la falta de punición de la tenencia para autoconsumo individual a algunos otros de autoconsumo en grupo, ante la presencia de casos en que, particularmente jóvenes se reúnen para compartir la droga que han adquirido con el dinero de todos, ha venido también requiriendo para reputar atípica esa conducta consistente en el consumo conjunto por diversas personas, que concurran las siguiente circunstancias ( SSTS. 376/2000 de 8.3 , 1969/2002 de 27.11 , 286/2004 de 8.3 y 378/2006 de 31.1 ):
En el caso presente la sentencia impugnada no admite la aplicación de esta doctrina del consumo compartido ante la ausencia de prueba alguna, "más allá de la propia y lógicamente interesada, palabra del acusado, sin que se haya aportado la identificación concreta de las personas que supuestamente participaban en esa compra conjunta de la cocaína, en la cantidad económica que cada uno aportaba en la cocaína que a cada uno podría corresponder...". Razonamiento correcto, tomando en cuenta la excepcionalidad de la atipicidad del consumo compartido y que su impunidad solo puede ser reconocida con suma cautela ( SSTS. 2023/2002 de 4.12 , 502/2004 de 15.4 , 234/2006 de 2.3 , 29/2009 de 19.1 ). Por ello toda circunstancia o situación impiditiva que excluyan la aplicación del tipo penal debe quedar rigurosamente acreditado, de manera q que cuando aquellos estén conformados por la concurrencia de varios elementos, todos ellos habrán de serlo.
-El resultado de las conversaciones y mensajes de texto intervenidos que la Sala detalla en las Págs. 40 y 41 de la sentencia, y que evidencian los contactos con compradores a los que vendía la cocaína y los que mantenía con Alfonso para que le facilitara periódicamente (tres o cuatro veces al mes) esa cocaína.
-Los efectos que fueron intervenidos en su domicilio, normalmente relacionados con el tráfico de drogas, en especial para el corte y elaboración de papelinas con dosis para su venta- tijeras, cuchillos, hilo y pesas-, dos balanzas de precisión para el peso exacto de las papelinas, 8 teléfonos móviles y tarjetas de telefonía para su continuo cambio, dos billetes de 500 euros y 13 de 50 euros, que no se corresponden con su capacidad económica, una hoja con anotaciones de nombres y cantidades asociadas a cada uno de ellos.
-Y por último la declaración en el plenario del coacusado Carlos Miguel reconociendo que le compraba cocaína a Severiano a 70 euros el gramo.
Convicción de la Sala, por tanto, lógica y racional y conforme a las máximas de experiencia humana común y que conlleva la desestimación del motivo, por cuanto el hecho de que la Sala de instancia dé valor prevalente a aquellas pruebas incriminatorias frente a la versión que pretende sostener el recurrente, no implica, en modo alguno, vulneración del derecho a la presunción de inocencia.
El motivo cuarto por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.1 LECrim , por no expresarse clara y terminantemente en la sentencia cuales son los hechos que se consideran probados o resulte manifiesta contradicción entre ellos, consignando además como hemos probados conceptos que implican la predeterminación del fallo, por su carácter jurídico.
Se sostiene en el motivo que la sentencia no concreta los hechos por los que se condena al recurrente lo que provoca una situación de indefensión y el hecho de intervenir una pequeña cantidad de cocaína en el vehículo que conducía no puede fundamentar su condena, al confirmar su versión del autoconsumo al constar su adicción a dichas sustancias.
Queja d el recurrente que nada tiene que ver con el vicio in iudicando de quebrantamiento de forma denunciado, art. 851.1 LECrim . -la sentencia no adolece de falta de claridad pues en el factum describe la conducta imputada a este recurrente-, la ocupación de los 28,4065 gramos de cocaína que previamente había comprado a oro acusado, y el resultado del registro de su vivienda con la descripción de los efectos ocupados y dinero hallado, sin que por el recurrente se señala pues es la contradicción entre los distintos hechos probados ni qué conceptos jurídicos predeterminan el fallo condenatorio, -y en todo caso la ausencia de prueba denunciada ya ha sido analizada- y desestimada en los motivos precedentes.
El motivo quinto por quebrantamiento de forma al amparo del art. 851.3 LECrim , por no resolver la sentencia todos los puntos que son objeto de la acusación y de la defensa.
Se argumenta en el motivo que en el trámite de conclusiones se presentó un escrito de ampliación del escrito de defensa en el que subsidiariamente, entre otras, solicitaba la aplicación del tipo atenuado del art. 376 CP , ampliación que no se ha visto adecuadamente - contestada en la sentencia recaída.
Respecto al quebrantamiento de forma denunciado, como hemos dicho en SSTS. 1029/2010 de 1.2 , 922/2010 de 28 . 190 y 721/2010 de 15.7 , este vicio denominado por la jurisprudencia "incongruencia omisiva" o también "fallo corto" aparece en aquellos casos en los que el Tribunal de instancia vulnera el deber de atendimiento y resolución de aquellas pretensiones que se hayan traído al proceso oportuna y temporalmente, frustrando con ello el derecho de la parte, integrado en el de tutela judicial efectiva, a obtener una respuesta fundada en derecho sobre la cuestión formalmente planteada ( STS. 170/2000 de 14.2 ). Aparece, por consiguiente, cuando la falta o ausencia de respuesta del Juzgador se refiere a cuestiones de derecho planteadas por las partes, no comprendiéndose en el mismo las cuestiones fácticas, que tendrán su cauce adecuado a través de otros hechos impugnativos, cual es el ya mencionado previsto en el art. 849.2 LECrim . error en la apreciación de la prueba, o a través del cauce del derecho fundamental a la presunción de inocencia ( STS. 182/2000 de 8.2 ). Por ello, no puede prosperar una impugnación basada en este motivo en el caso de que la cuestión se centre en la omisión de una argumentación, pues el Tribunal no viene obligado a dar una respuesta explícita a todas y cada una de las alegaciones o argumentaciones, bastando con la respuesta a la pretensión realizada, en la medida en que implique también una desestimación de las argumentaciones efectuadas en sentido contrario a su decisión ( STS. 636/2004 de 14.5 ) y desde luego, como ya hemos dicho, tampoco prosperará el motivo del recurso se base en omisiones fácticas, pues el defecto procesal de incongruencia omisiva en ningún caso se refiere a cuestiones de hecho ( STS. 161/2004 de 9.2 , 61/2008 de 17.7 ).
-En primer lugar la sentencia impugnada si se pronuncia sobre la aplicación del subtipo del art. 376. Así en el apartado B in fine del fundamento jurídico cuarto, tras razonar la no concurrencia de la atenuante 21.2 al no quedar acreditada como consecuencia de ese consumo, limitación alguna de sus facultades intelectivas y volitivas, es decir de su capacidad de culpabilidad " por estos mismos razonamientos y en ausencia de una adecuada acreditación de los mínimos fácticos que podrían justificar su apreciación no resulta aplicable el subtipo atenuado del art. 376.2 del CP , interesado por las representaciones procesales de Severiano y Carlos Miguel ".
Siendo así debe traerse a colación la doctrina constitucional sobre el requisito de la motivación, que debe entenderse cumplido si la sentencia permite conocer el motivo decisorio excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión adoptada ( SSTC. 25/90 de 19.2 , 101/92 de 25.6 ), con independencia de la parquedad del razonamiento empleado: una motivación escueta e incluso una fundamentación por remisión pueden ser suficientes porque la Constitución no garantiza un derecho fundamental del justiciable a una determinada extensión de la motivación judicial, ni corresponde a este Tribunal censurar cuantitativamente la interpretación y aplicación del derecho a revisar, la forma y estructura de la resolución judicial, sino solo "comprobar si existe fundamentación jurídica y en su caso, si el razonamiento que contiene constituye lógica y suficiente motivación de la decisión adoptada" ( STC. 175/92 de 2.11 )."
En este sentido el Tribunal Constitucional Sentencia 256/2000 de 30.10 , dice que la tutela judicial efectiva: "no incluye un pretendido derecho al acierto judicial en la selección, interpretación y aplicación de las disposiciones legales, salvo que con ellas se afecte al contenido de otros derechos fundamentales distintos del de la tutela judicial efectiva ( SSTC. 14/95 de 24.1 , 199/96 de 4.6 , 20/97 de 10.2 )".
Según la STC. 82/2001 "tan sólo podrá considerarse que la resolución judicial impugnada vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el razonamiento que la funda incurra en tal grado de arbitrariedad, irrazonabilidad o error que, por su evidencia y contenido, sean tan manifiestos y graves que para cualquier observador resulte patente que la resolución de hecho carece de toda motivación o razonamiento".
Situación que no es la del caso que se analiza dado que lo que pretende el motivo es que la Sala hubiera resuelto la aplicación del subtipo del art. 376.2 en el mismo sentido que el pretendido por la defensa, lo que nada tiene que ver con el vicio in iudicandi a que se refiere el motivo del art. 851.3 LECrim . y en segundo lugar, el recurrente ha articulado un motivo -el primero- por infracción de Ley, postulando la aplicación del subtipo del art. 376.2 CP , por lo que, en todo caso, la denunciada omisión ha podido ser subsanada por esta Sala.
El motivo primero por infracción de ley al amparo de lo dispuesto en el art. 849.2 LECrim , alega error en la apreciación de la prueba en orden a la concurrencia de la atenuante de drogadicción no apreciada en la sentencia recurrida.
Se argumenta que el recurrente era un adicto a las drogas y consumidor habitual al menos cuatro años antes de iniciarse el proceso judicial, y así refiere una serie de "pruebas objetivas" que lo acreditan como son las ocasiones en que agentes de la Policía le sorprendieron con pequeñas cantidades de cocaína, 19.1.2003, 28.12.2005, 7.2.2006, y 5.4.2006, siendo multado por ello, y como el 18.10.2007, por su dirección letrada se presentó escrito en el Juzgado interesando que con carácter urgente se le practicara al recurrente un análisis de cabello a fin de probar su adicción habitual y crónica a la cocaína y el hachís, prueba inicialmente denegada y tras recurso de la parte, admitida por auto de 31.1.2008, señalándose el 14.2.2008 para la toma de muestras, emitiéndose dictamen por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Delegación de Canarias, el 26.5.2008, y pese a las deficiencias observadas en la toma y remisión de las muestras, se entendió acreditado que al menos durante los tres meses y medio anteriores a la toma de muestra se produjo el consumo habitual de cocaína por parte del Sr. Marco Antonio .
Considera el motivo que como el recurrente fue detenido el 22.10.2007 (sic) si la diligencia de prueba hubiese sido acordada cuando se solicitó, 18.10.2007, se hubiera podido acreditar sin lugar a duda que el hoy recurrente en el momento de su detención, y al menos tres meses antes, era adicto a la cocaína.
Con independencia del error en que incurre el motivo por cuanto el recurrente no fue detenido el 22.10.2007, sino el 22.8.2007, lo que impediría extrapolar a esta fecha los resultados del análisis capilar sobre muestras tomadas en febrero 2008, el motivo debe ser desestimado, dando por reproducida la doctrina general expuesta al analizar el motivo 1º del anterior recurrente.
El análisis capilar solo acredita el consumo de drogas en el periodo anterior que delimita, pero, como ya dijimos, la mera adicción no genera una automática causalidad con respecto al delito cometido. El marco jurídico de la atenuante no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende el art. 21.2, al saber, su significación causal, su perturbadora injerencia en la voluntad del acusado. No apreciado así supondría conferir a aquélla un carácter puramente objetivo, ligado a la simple afirmación de su consumo de droga, al margen de su verdadera influencia en la capacidad de culpabilidad ( STS. 54/2009 de 22.1 ), máxime cuando en el caso presente -como destaca el Ministerio Fiscal en su escrito de impugnación- el acusado rehusó ser reconocido por el Forense tras su detención (folio 243) y tampoco consta que solicitara encontrarse con el medico (folio 372) en su declaración ante el Juez de Instrucción.
El motivo segundo, por igual vía casacional que el anterior, denuncia error en la apreciación de la prueba, en orden a la no aplicación de la atenuante de dilación indebida como muy calificada.
El motivo se limita a hacer constar las incidencias procesales en la limitación de la causa y las dilaciones observadas pero por las mismas razones que se han expuesto el analizar el primero de los motivos del anterior recurrente la pretensión del recurrente de que la atenuante de dilaciones indebidas apreciada en la sentencia, lo sea con el carácter de muy cualificada, deviene improsperable.
El motivo primero (y único) por infracción de Ley, al amparo del art. 849.1 LECrim , en relación con los arts. 21.4º y 7º (vía analógica), en relación con el art. 376, párrafo 1º (colaboración con la Administración de Justicia), al haber procedido el recurrente a confesar la infracción a las autoridades y colaborar con la Administración de Justicia durante la practica del registro practicado en su denuncia, dado que entregó voluntariamente a los agentes policiales, la mayor partida de cocaína, 128 gramos, pues antes de que el recurrente indicara a los policías actuantes el lugar concreto (fuera de su propiedad, escondida en una pared del terreno colindante) donde se encontraba esta cantidad, tan solo habían descubierto 11 gramos de cocaína.
-En cuanto a la aplicación del art. 376.1º CP , este tipo privilegiado requiere para su apreciación tres tipos de actividades o presupuestos que detentan su carácter conjunto: que el acusado haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y se haya presentado a las autoridades confesando los hechos en que hubiere participado y haya colaborado activamente con éstas, bien para impedir la producción del delito, bien para obtener pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables o para impedir el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, ( SSTS. 697/2007 de 11.7 , 25/2008 de 29.1 , 993/2009 de 13.10 ). Por tanto, el abandono, la presentación y la colaboración se han de dar siempre conjuntamente ( SSTS. 25/2003 de 16.1 , 489/2004 de 13.4 , 164/2006 de 22.2 , 953/2006 de 10.10 ), lo que implica que este figura intermedia entre el arrepentimiento y el desistimiento, no puede ser aplicada cuando el hecho ha sido descubierto por la autoridad.
En el caso presente el acusado manifiesta a la policía con ocasión del registro en el que se ha ocupado parte de la droga, el lugar donde se encontraba el resto, por lo que no se presentó a las autoridades ni existió una verdadera confesión, sin que su declaración sobre la implicación de otra persona, ya conocida por la policía -sea suficiente a los fines del art. 376.1 sin perjuicio- como ya se ha indicado, que puede concederse relevancia penal a esa conducta, pues qué duda cabe que quien en su ejercicio de autocrítica reconoce su implicación, aunque ésta se impusiera por la evidencia de las pruebas y facilita la investigación judicial, está patentizando una actitud que debe ser valorada en orden a la determinación de la pena a imponer y ello haciendo uso de sus facultades de individualización de la pena a que se refiere el art. 66.1 CP . ( STS. 145/2007 de 28.2 ).
- En relación a la atenuante de confesión, la jurisprudencia de esta Sala, SSTS. 20.9.2012 y 23.11.2006 , ha puesto de relieve que la razón de la atenuante no estriba en el factor subjetivo de pesar y contrición, sino en el dato objetivo de la realización de actos de colaboración en la investigación del delito. Se destaca como elemento integrante de la atenuante el cronológico, consistente en que el reconocimiento de los hechos se verifique antes de que el inculpado conozca que es investigado procesal o judicialmente, no bastando con que haya abierto el procedimiento judicial, como se decía en la regulación anterior, para impedir el efecto atenuatorio a la confesión, sino que la misma tendrá tal virtualidad si aun no se había dirigido el procedimiento contra el culpable, lo que ha de entenderse en el sentido de que su identidad aún no se conociera. La razón de ser del requisito es que la confesión prestada cuando ya la autoridad conoce el delito y la intervención en el mismo del inculpado, carece de valor auxiliar a la investigación. Otro requisito de la atenuante es el de la veracidad sustancial de las manifestaciones del confesante, solo puede verse favorecido con la atenuante la declaración sincera, ajustada a la realidad, sin desfiguraciones o falacias que perturben la investigación, rechazándose la atenuante cuando se ofrece una versión distinta de la luego comprobada y reflejada en el "factum", introduciendo elementos distorsionadores de lo realmente acaecido ( SSTS. 22.1.97 , 31.1.2001 , 20.2.2003 ). Tal exigencia de veracidad en nada contradice los derechos constitucionales "a no declarar contra si mismo" y "a no confesarse culpable", puesto que ligar un efecto beneficioso a la confesión voluntariamente prestada, no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se quiere ( STC. 75/87 de 25.5 ).
En el caso presente resulta evidente que el registro del domicilio del acusado se produjo el 31.10.2007 tras una investigación policial que había determinado su implicación en el tráfico de drogas -en concreto la venta de 30.10.2007 de 8.40 gramos de cocaína al coacusado Severiano - por lo que faltaría el requisito cronológico de la atenuante, respecto a la posibilidad de la concurrencia de la atenuante analógica 21.6 en relación con la 21.4 CP, hemos de partir de que la atenuante de análoga significación "no puede alcanzar nunca al puesto en que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta atenuante, porque ello equivaldría a crear atenuantes incompletas o a permitir la infracción de la norma, tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante análoga significación "no puede alcanzar nunca al supuesto en que falten los requisitos básicos para ser estimada una concreta infracción de la norma, tampoco puede exigirse una similitud y una correspondencia absoluta entre la atenuante analógica y la que sirve de tipo, pues ello equivaldría a hacer inoperante el humanitario y plausible propósito de que hablaba la S. 28.1.80, 27.3.83 y 11.5.92), STS. 159/95 de 3.2 . Lo mismo en SSTS. 5.1.99 , 7.1.99 , 27.1.2003 y en STS. 2.4.2004 , concita de la STS. 31.1.2000 , se expresa que "tal atenuante ha de aplicarse a aquellos supuestos en los que en la conducta declarada probada se aprecia una disminución del injusto del reproche de culpabilidad en el autor, (...) no se refiere a la concurrencia de los presupuestos de las demás atenuantes previstas en el precepto que recoge las circunstancias de atenuación, pues ello daría lugar a la afirmación de la existencia de atenuantes incompletas, sino que sin tener encaje preciso en las atenuantes (.....), merezcan un menor reproche penal y, consecuentemente, una menor consecuencia jurídica".
Ahora bien, en estos casos en que falta el requisito cronológico, para la estimación de la atenuante analógica de colaboración debe exigirse que la aportación de datos por el recurrente haya sido relevante para la restauración del orden jurídico alterado por el delito ( SSTS. 1.2.2005 ) .
Es cierto que en un registro domiciliario, en el que ya se ha encontrado parte de la droga, la indicación a la policía del lugar donde se hallaba el resto, puede reputarse irrelevante, porque por las circunstancias concretas del caso sea evidente que la droga podría haber sido hallada sin la indicación de aquel. Así en SSTS. 945/2002 de 17.5 , 1022/2002 de 21.6 , 663/2003 d 5.5 , 1691/2003 de 17.12 , se ha precisado que no hay confesión si el acusado, al practicarse un registro señaló donde se hallaba oculta la droga o el dinero procedente del venta.
En el caso presente la policía ya imputaba al acusado la venta anterior a otro coimputado de una partida de cocaína, y en el registro ya iniciado había encontrado más de 11 gramos en el domicilio, pero aunque la actuación del recurrente indicando donde estaba escondida el resto aunque no altera la calificación jurídica de la conducta ya descubierta si merece la aplicación de la atenuante analógica, por su relevancia concreta, dado que es indudable que por la situación de la droga -fuera del domicilio que estaba siendo registrado y escondida en una pared del terreno colindante, debiendo la Policía seguir las indicaciones del recurrente y quitar unas piedras de la pared- puede presumirse que no habría podido ser localizada.
El motivo por lo expuesto debe ser estimado en este concreto particular.
El motivo único por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 y 2 LECrim .
En cuanto al nº 1 porque el tribunal aprecia la atenuante de dilaciones indebidas y sin embargo luego en aplicación de lo dispuesto en los arts. 65 y 66 CP . no la aplica y condena al recurrente a una pena de tres años prisión.
En cuanto al nº 2º existe error en la apreciación de la prueba, porque a diferencia de los demás acusados, a este recurrente no se le encontró droga alguna y solo unas conversiones telefónicas en las que el mismo dijo que lo eran para comprar droga para su consumo, por lo que debió aplicarse el principio in dubio pro reo (art. 29.2).
El motivo carece de fundamento y su desestimación resulta necesaria.
) La sentencia impugnada si aplica la atenuante de dilaciones indebidas, con el carácter de simple e impone a este recurrente la pena de prisión en la mínima extensión posible, sustancias que causan grave daño a la salud, tres años.
) Y en relación a la aplicación del principio in dubio pro reo, con independencia de que la vía casacional del art. 849.2 LECrim , no resulte la adecuada para fundamentar su aplicación y menos aún en base a unas conversaciones telefónicas que como pruebas personales no tienen consideración de documentos a efectos del error en la apreciación de la prueba, aquel principio, decíamos en STS. 666/2010 de 14.7 , nos señala cual debe ser la decisión en los supuestos de duda pero no puede determinar la aparición de dudas donde no las hay, existiendo prueba de cargo suficiente y válida, si el Tribunal sentenciador expresa su convicción sin duda razonable alguna, el referido principio carece de aplicación ( SSTS. 709/97 de 21.5 , 1667/2002 de 16.10 , 1060/2003 de 21.7 ). En este sentido la STS 999/2007 de 26.11 con cita de la STS. 939/98 de 13.7 , ya recordaba que "el principio in dubio pro reo no tiene acceso a la casación por suponer una valoración de la prueba que está vedada a las partes con arreglo a lo establecido en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , pero esta doctrina quiebra cuando es la propia Sala sentenciadora la que en sus razonamientos nos muestra unas dudas evidentes. En estos casos sí es posible examinar en casación la existencia y aplicación de tal principio favorable al reo. Por tanto, el principio in dubio pro reo sí puede ser invocado para fundamentar la casación, cuando resulte vulnerado su aspecto normativo, es decir, en la medida en la que esté acreditado que el Tribunal ha condenado a pesar de su duda. Por el contrario, no cabe invocarlo para exigir al Tribunal que dude, ni para pedir a los jueces que no duden. La duda del Tribunal, como tal, no es una cuestión revisable en casación, dado que el principio in dubio pro reo no establece en qué supuestos los jueces tienen el deber de dudar, sino cómo se debe proceder en el caso de duda.
En el caso presente, si bien a este acusado no se le intervino sustancia alguna -de ahí que la Sala no imponga pena de multa al no haberse determinado el valor de la cocaína que le podía ser atribuida, su actuación consistente en la distribución a pequeña escala o menudeo a terceras personas de la cocaína que le facilitaba a al fin el acusado Severiano queda acreditada por las pruebas que la Sala detalla y valora en el apartado E del fundamento jurídico tercero, Pág. 43 a 45, sus propias declaraciones, el resultado de las conversaciones telefónicas y mensajes de texto que evidencian los contactos con los compradores a los que vendía la cocaína y la testifical de su compañera sentimental, que evidencia la inexistencia de dudas sobre su actividad.
Desestimándose los recursos interpuestos por los recurrentes se imponen el pago de las costas respectivas, y estimándose parcialmente el recurso interpuesto por Alfonso las costas se declaran de oficio ( art. 901 LECrim .).
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación, interpuesto por los representantes procesales de Severiano , Carlos Miguel , Marco Antonio , contra sentencia de 28 de julio de 2011, dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Quinta , en causa seguida por delito contra la salud pública, y condenamos a los referidos al pago de las costas de sus respectivos recursos; y debemos declarar y declaramos haber lugar al recurso de casación, interpuesto por la representación procesal de Alfonso , contra la referida sentencia, y en su virtud CASAMOS y ANULAMOS parcialmente la misma, dictando segunda sentencia, con declaración de oficio de las costas procesales.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Candido Conde-Pumpido Touron D. Perfecto Andres Ibañez D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Alberto Jorge Barreiro
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Santa Cruz de la Palma, y seguida ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Quinta, con el número 33 de 2008 , contra Severiano , nacido en la Villa de Mazo (La Palma) el día NUM004 .1959, hijo de Sebastián y de Carmen, con DNI. NUM005 , Carlos Miguel , nacido en Santa Cruz de la Palma, el día NUM012 .1966, hijo de José y de Nieves, con DNI. nº NUM011 , Marco Antonio , nacido en Santa Cruz de Tenerife el día NUM000 .1982, hijo de Vicente y de Carmen Dolores con DNI. NUM001 ; Alfonso , nacido en la Villa de Mazo, el día NUM006 .1969, hijo de Cleofes y de María, con DNI. NUM007 ; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
Se aceptan los de la sentencia de instancia, incluyendo los hechos probados.
Tal como se ha razonado en el fundamento de derecho noveno de la sentencia antecedente concurre en Alfonso , la atenuante analógica de confesión, procediendo la imposición de las penas en el mínimo legal.
Manteniendo el resto de los pronunciamientos de la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección Quinta, de fecha 28 de julio de 2.011 , debemos condenar a Alfonso como autor de un delito contra la salud pública, sustancias que causan grave daño a la salud, concurriendo la atenuante analógica de confesión a las penas de tres años prisión (3 años prisión), con inhabilitación especial ejercicio derecho sufragio pasivo y multa de 13.299,77 euros, con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago de 1 día.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Candido Conde-Pumpido Touron D. Perfecto Andres Ibañez D. Jose Ramon Soriano Soriano D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Alberto Jorge Barreiro
ATS 1/2000, 18 de Noviembre de 2008

References: resolución 
 resolución 
in fine
 resolución 
 resolución 
 resolución 
in dubio
in dubio
in dubio
 artículo 741
in dubio
in dubio