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Timestamp: 2018-01-21 16:17:08+00:00

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Opinión del Doctorando Daniel Silva Horta: El nuevo control preventivo de legalidad en materia de potestad invalidatoria | 19n12
02 mayo 2017 10:24
* Con motivo de la reciente publicación de la Resolución Nº 10 de Contraloría que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón en materias de personal, resulta interesante revisar las implicancias de la mencionada Resolución Nº 10 en las potestades invalidatorias de la Administración activa.
Como es sabido, el inciso primero del artículo 53 de la ley 19.880 de 2003 regula expresamente la potestad invalidatoria de la Administración activa, disponiendo que: “La autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, previa audiencia del interesado, siempre que lo haga dentro de los dos años contados desde la notificación o publicación del acto.”
Asimismo, la sentencia establece en su considerando décimo que lo resuelto por Contraloría vulnera también “las garantías fundamentales del administrado titular del proyecto, prevista en el artículo 19, N° 3, inciso quinto de la Carta Fundamental, que reconoce y resguarda el debido proceso administrativo, por una autoridad imparcial, sin un resultado predeterminado, que haría innecesario transitar por un procedimiento previo, incluso legalmente tramitado, puesto que la determinación final estaría precisada con anterioridad.”
En este contexto, en fecha 13 de marzo de 2017, se publicó en el Diario Oficial la Resolución Nº 10 de Contraloría General de la República que “fija normas sobre exención del trámite de toma de razón de las materias de personal que se indican.”
No obstante lo anterior, desde el punto de vista jurídico, a mi juicio una de las normas más relevantes de la citada Resolución Nº 10 de Contraloría General de la República, se encuentra contenida en el numeral 3º del artículo 1º de la citada Resolución, el cual establece que se encontrarán sometidos a toma de razón “los actos que resuelvan procedimientos invalidatorios ordenados por la Contraloría General.”
Instruir a la Administración activa que inicie un procedimiento de invalidación en los términos establecidos en el artículo 53 de la ley 19.880 de 2003.
Controlar la decisión de la Administración activa, a través del trámite de toma de razón.
Solamente el tiempo nos permitirá conocer las respuestas a estas preguntas, las cuales en mi opinión son una expresión más, de las dificultades que presenta el sistema de control de las potestades de la Administración activa en Chile.
[1] Para mayor conocimiento sobre los alcances de esta sentencia, se sugiere revisar la opinión del Profesor Alejandro Vergara Blanco. En “La invalidación como potestad de cada órgano administrativo y la garantía del debido proceso”, El Mercurio Legal, martes 11 de octubre de 2016.

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 53
 artículo 19
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 1
 artículo 53