Source: https://es.scribd.com/doc/19871047/6/SUSPENSION-DE-GARANTIAS-INDIVIDUALES
Timestamp: 2016-04-29 07:05:11+00:00

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DE MÉXICOLEY DEL SERVICIO MILITARCÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR
Página: 4740
GARANTIAS INDIVIDUALES, SUSPENSION DE LAS. Dentro de nuestros preceptos
constitucionales, existen las garantías que otorgan los artículos 14, 17 y 29, en relación
con la retroactividad de la ley, la expedición de los tribunales para administrar justicia, y de
que las garantías individuales sólo pueden suspenderse por el Congreso de la Unión,
mediante la petición del presidente de la República, de acuerdo con el consejo de
ministros, en los casos de invasión y perturbación grave de la paz pública, o cualesquiera
otros que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto; así, entre tanto no se
acuerde la suspensión de garantías correspondientes, en la forma indicada, ni el
Poder Legislativo de la Federación, ni los Poderes legislativos de los Estados,
pueden expedir leyes que tengan como consecuencia la transgresión de las
Amparo civil en revisión 277/35. Fernández Justo Félix y coagraviado. 10 de septiembre
de 1935. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.
Página: 3631
FACULTADES EXTRAORDINARIAS. La Constitución autoriza la suspensión de las
garantías individuales en casos graves de excepción, admitiendo la delegación de
facultades extraordinarias legislativas en el Ejecutivo, y como esta delegación
constituye una derogación al principio de la división de poderes, y una limitación a
las garantías individuales, por su carácter excepcional, debe ejercerse dentro de la
justa medida y con la conveniente precisión, concretándose a los términos en que
dichas facultades se han otorgado y siempre que estos términos se sujeten a las
bases constitucionales, puesto que cualquier exceso en uno y otro sentido,
importaría, por lo menos, la violación del artículo 16 del Poder Federal, por falta de
competencia de la autoridad de quien emanara el acto, y así lo ha sostenido la Corte en
diversas ejecutorias.
Amparo administrativo en revisión 3044/33. Compañía Cigarrera Mexicana, S. A. 19 de
abril de 1934. Mayoría de tres votos. Disidentes: Daniel V. Valencia y Luis M. Calderón.
Ponente: Jesús Guzmán Vaca.
Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia Histórica
FACULTADES EXTRAORDINARIAS-[TESIS HISTÓRICA]. Si bien es cierto que la
facultad de expedir leyes corresponde al Poder Legislativo, también lo es que, cuando
por circunstancias graves o especiales, no hace uso de esa facultad, o de otras que
le confiere la Constitución, puede concedérselas al Ejecutivo, para la marcha
regular y el buen funcionamiento de la administración pública, sin que se repute
anticonstitucional el uso de dichas facultades por parte de aquél, porque ello no
significa, ni la reunión de dos poderes en uno, pues no pasan al último todas las
atribuciones correspondientes al primero, ni tampoco una delegación del Poder
Legislativo en el Ejecutivo, sino más bien, una cooperación o auxilio de un poder a
otro. El otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo no restringe las facultades
del Legislativo para expedir las leyes de ingresos y el presupuesto de egresos, sino que
sólo capacita a aquel Poder para expedir las leyes que deben normar el funcionamiento
de la Hacienda Pública, y que no son únicamente las ya dichas de ingresos y egresos y si
no obstante las facultades extraordinarias, el Poder Legislativo, expide los presupuestos
de ingresos y egresos, esto sólo significa que el Ejecutivo, a pesar de las facultades,
queda incapacitado para legislar respecto de dichos presupuestos durante el año para el
cual deben regir.
Amparo administrativo en revisión 1357/25.-Arellano Carlos B.-28 de diciembre de 1927.-
Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 1612/25.-Jiménez María B.-28 de diciembre de 1927.-Unanimidad de
nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 1764/25.-Domínguez Ismael.-28 de diciembre de 1927.-Unanimidad
de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente.
Amparo en revisión 1832/25.-Cruz Zeferino.-28 de diciembre de 1927.-Unanimidad de
Amparo en revisión 1833/25.-Alvarado Filogonio.-28 de diciembre de 1927.-Unanimidad
Apéndice 1917-1995, Tomo I, Segunda Parte, página 339, Pleno, tesis 366.
Tomo: 68 Primera Parte
LEYES DE EMERGENCIA, CONSTITUCIONALIDAD DE LOS IMPUESTOS FIJADOS EN LAS. Es
indudable que la suspensión de garantías aprobada por el Congreso, implica la suspensión
propiamente hablando, en los términos de las prevenciones generales que el Ejecutivo debe
dictar por mandato expreso constitucional, y además, la concesión de facultades
extraordinarias para que el Ejecutivo pueda hacer frente a la situación; esto es, aparte de la
cesación temporal de las garantías, pueden delegarse en el Ejecutivo facultades extraordinarias
para legislar únicamente en estos casos. Ahora bien, el decreto de 1o. de junio de 1942, que
aprobó la suspensión de garantías, facultó en su artículo 4o. al Ejecutivo para imponer en
los distintos ramos de la administración todas las modificaciones que fueron
indispensables para la eficaz defensa del territorio nacional, de su soberanía y dignidad y
para el mantenimiento de sus instituciones fundamentales; y en su artículo 5o. lo facultó
también para legislar en los distintos ramos de la administración con sujeción a lo preceptuado en
el artículo precedente. Esta última limitación, entendida en el sentido de que el Ejecutivo solamente
quedó facultado para legislar en lo referente a las modificaciones que hubieran de necesitarse en la
administración, mas no para crear nuevos tributos, no está justificada, ya que si el artículo 4o.
facultó al Ejecutivo para realizar modificaciones en la administración, estaba implícita la facultad de
expedir leyes relativas cuando solamente por la ley pudieran hacerse tales modificaciones, pues de
no ser así, hubiera sido ineficaz la facultad reformatoria, o bien autorizaría la modificación del
hecho descartando la ley que impusiera determinada organización, todo lo cual es contrario al
propósito que creó la suspensión de garantías, de compaginar las necesidades del momento con el
Estado de derecho que expresamente, como se dijo en la exposición de motivos de la Ley de
Prevenciones Generales, no se quiso hacer desaparecer, sino por el contrario, mantenerlo a pesar
de la anormalidad de la situación. Al disponer en el artículo 5o. la autorización para legislar en los
distintos ramos "con sujeción a lo preceptuado en el artículo precedente", debe entenderse, en
consecuencia, no circunscrita esta facultad a la reforma de los ramos de la administración, sino
limitada a la necesidad de la eficaz defensa del territorio, de su soberanía y dignidad y
mantenimiento de las instituciones, puesto que estas son las condiciones impuestas en el artículo
4o. y la expresión "con sujeción a lo dispuesto en el artículo precedente", se refiere sin genero de
duda, a los mismos hechos o circunstancias que condicionaron la diversa facultad de la
modificación administrativa. En tales condiciones, si el Ejecutivo quedó autorizado para legislar
en los distintos ramos de la administración, entre los cuales está comprendido el
hacendario y, por otra parte, a la creación de nuevos impuestos o a la elevación de la tasa
de los ya existentes, lo que es necesario en un Estado de guerra, a fin de incrementar los
ingresos y satisfacer los gastos públicos, aumentados considerablemente por razón de este
Estado, no hay motivo en considerar inconstitucional, por falta de competencia del
Ejecutivo para dictarlo, el tributo creado con esos fines y sus diversas reformas.
Amparo en revisión 1921/50. All America Cables and Radio Inc. 20 de agosto de 1974. Unanimidad
de dieciséis votos. Ponente: Ernesto Solís López.
Sexta Época, Primera Parte:
Volumen XXXVII, página 203. Amparo en revisión 7440/47. "United Shoe and Leather Company.",
S.A. 12 de julio de 1960. Unanimidad de quince votos. Ponente: Octavio Mendoza González.
DIVISION DE PODERES. SISTEMA CONSTITUCIONAL DE CARACTER FLEXIBLE. La
división de poderes que consagra la Constitución Federal no constituye un sistema
rígido e inflexible, sino que admite excepciones expresamente consignadas en la
propia Carta Magna, mediante las cuales permite que el Poder Legislativo, el Poder
Ejecutivo o el Poder Judicial ejerzan funciones que, en términos generales,
corresponden a la esfera de las atribuciones de otro poder. Así, el artículo 109
constitucional otorga el ejercicio de facultades jurisdiccionales, que son propias del Poder
Judicial, a las Cámaras que integran el Congreso de la Unión, en los casos de delitos
oficiales cometidos por altos funcionarios de la Federación, y los artículos 29 y 131 de la
propia Constitución consagran la posibilidad de que el Poder Ejecutivo ejerza funciones
legislativas en los casos y bajo las condiciones previstas en dichos numerales. Aunque el
sistema de división de poderes que consagra la Constitución General de la República es
de carácter flexible, ello no significa que los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial
puedan, motu proprio, arrogarse facultades que corresponden a otro poder, ni que las
leyes ordinarias puedan atribuir, en cualquier caso, a uno de los poderes en quienes se
deposita el ejercicio del Supremo Poder de la Federación, facultades que incumben a otro
poder. Para que sea válido, desde el punto de vista constitucional, que uno de los
Poderes de la Unión ejerza funciones propias de otro poder, es necesario, en primer
lugar, que así lo consigne expresamente la Carta Magna o que la función respectiva
sea estrictamente necesaria para hacer efectivas las facultades que le son
exclusivas, y, en segundo lugar, que la función se ejerza únicamente en los casos
expresamente autorizados o indispensables para hacer efectiva una facultad propia,
puesto que es de explorado derecho que las reglas de excepción son de aplicación
Amparo en revisión 2606/81. Sucesión de Carlos Manuel Huarte Osorio y otro. 22 de
octubre de 1981. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Jorge Iñárritu. Secretario: Manuel
Volúmenes 115-120, página 65. Amparo en revisión 4277/77. Héctor Mestre Martínez y
coagraviados (acumulados). 30 de noviembre de 1978. Cinco votos. Ponente: Carlos del
Tomo: 71, Noviembre de 1993
Tesis: P. LXVII/93
LEYES EXPEDIDAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN USO DE
FACULTADES EXTRAORDINARIAS. SU REFORMA POR EL CONGRESO DE LA UNION
NO VIOLA EL ARTICULO 72, INCISO F), DE LA CONSTITUCION FEDERAL. El artículo
72, inciso f), constitucional, no exige que la reforma, adición, modificación o derogación de
una ley provenga del mismo órgano que la creó, ni que para ello deban observarse los
mismos trámites que en el caso particular de dicha norma se hayan observado para su
expedición, sino que aquéllas se realicen conforme al procedimiento que establece el
mismo ordenamiento fundamental para la creación de normas legales por parte de los
órganos autorizados, según se actualicen los supuestos que en la propia Ley
Fundamental se previenen; en este sentido, tal precepto no prohíbe que las leyes
expedidas por el Presidente de la República en uso de facultades extraordinarias,
sean reformadas por el Congreso de la Unión a través del procedimiento ordinario
previsto en el mismo numeral, ni tampoco que las leyes expedidas por el Congreso de
la Unión puedan ser reformadas por el Presidente de la República en el caso de
realizarse los supuestos y observarse las formalidades previstas en los artículos
29, 49 y 131 de la propia Constitución, relativos a la suspensión de garantías
individuales y al comercio exterior.
Amparo directo en revisión 1080/91. Guillermo Cota López. 4 de marzo de 1993.
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el jueves cuatro de noviembre en curso,
por unanimidad de diecisiete votos de los señores Ministros Presidente Ulises Schmill
Ordóñez, Carlos de Silva Nava, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé
Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio Llanos
Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez,
Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano,
Fausta Moreno Flores, Mariano Azuela Güitrón y Juan Díaz Romero: aprobó, con el
número LXVII/93, la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis de jurisprudencia. Ausentes: Carlos García Vázquez, Ignacio Magaña
Cárdenas y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez. México, Distrito Federal, a ocho de
noviembre de mil novecientos noventa y tres.
Tesis: 2a./J. 143/2002
DIVISIÓN DE PODERES. LA FACULTAD CONFERIDA EN UNA LEY A UNA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA PARA EMITIR DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL, NO
CONLLEVA UNA VIOLACIÓN A ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL. De la
interpretación histórica, causal y teleológica de lo dispuesto en el artículo 49 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que con el
establecimiento del principio de división de poderes se buscó, por un lado, dividir
el ejercicio del poder y el desarrollo de las facultades estatales entre diversos
órganos o entes que constitucionalmente se encuentran en un mismo nivel, con el
fin de lograr los contrapesos necesarios que permitan un equilibrio de fuerzas y un
control recíproco; y, por otro, atribuir a los respectivos órganos, especialmente a los que
encarnan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, la potestad necesaria para emitir,
respectivamente, los actos materialmente legislativos y jurisdiccionales de mayor jerarquía
en el orden jurídico nacional, de donde se sigue que la prohibición contenida en el referido
numeral, relativa a que el Poder Legislativo no puede depositarse en un individuo,
conlleva que en ningún caso, salvo lo previsto en los artículos 29 y 131 de la propia
Norma Fundamental, un órgano del Estado diverso al Congreso de la Unión o a las
Legislaturas Locales, podrá ejercer las atribuciones que constitucionalmente les son
reservadas a éstos, es decir, la emisión de los actos formalmente legislativos, por ser
constitucionalmente la fuente primordial de regulación respecto de las materias que tienen
una especial trascendencia a la esfera jurídica de los gobernados, deben aprobarse
generalmente por el órgano de representación popular. En tal virtud, si al realizarse la
distribución de facultades entre los tres poderes, el Constituyente y el Poder
Revisor de la Constitución no reservaron al Poder Legislativo la emisión de la
totalidad de los actos de autoridad materialmente legislativos, y al Presidente de la
República le otorgaron en la propia Constitución la facultad para emitir
disposiciones de observancia general sujetas al principio de preferencia de la ley,
con el fin de que tal potestad pudiera ejercerse sin necesidad de que el propio
Legislativo le confiriera tal atribución, debe concluirse que no existe disposición
constitucional alguna que impida al Congreso de la Unión otorgar a las autoridades
que orgánicamente se ubican en los Poderes Ejecutivo o Judicial, la facultad
necesaria para emitir disposiciones de observancia general sujetas al principio de
preferencia o primacía de la ley, derivado de lo previsto en el artículo 72, inciso H),
constitucional, lo que conlleva que la regulación contenida en estas normas de rango
inferior, no puede derogar, limitar o excluir lo dispuesto en los actos formalmente
legislativos, los que tienen una fuerza derogatoria y activa sobre aquéllas, pues pueden
derogarlas o, por el contrario, elevarlas de rango convirtiéndolas en ley, prestándoles con
ello su propia fuerza superior.
Amparo en revisión 1162/96. Xocongo Mercantil, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 2000.
Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
Amparo en revisión 49/2001. Gerardo Kawas Seide. 29 de junio de 2001. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario:
Gonzalo Arredondo Jiménez.
Amparo directo en revisión 1014/2001. Controladora Pyasa, S.A. de C.V. 25 de enero de
2002. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano
Amparo en revisión 425/2001. Cierres Best de México, S.A. de C.V. 16 de agosto de 2002.
Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva del Socorro Escudero Contreras.
Amparo en revisión 106/2002. Teléfonos de México, S.A. de C.V. 23 de agosto de 2002.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz
Romero. Secretaria: Martha Elba Hurtado Ferrer.
Tesis de jurisprudencia 143/2002. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del veintidós de noviembre de dos mil dos.
Tesis: 2a. CXXVII/2001
DIVISIÓN DE PODERES. PARA FIJAR EL ALCANCE DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA
EN EL ARTÍCULO 49 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, RELATIVA A QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE
EN UN INDIVIDUO, RESULTA INSUFICIENTE SU INTERPRETACIÓN LITERAL.
Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.-No podrán
reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la
Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29.-En ningún otro caso, salvo lo dispuesto
en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para
legislar.". De la interpretación literal de este precepto se advierte que en el mismo se
prohibió que las facultades del Poder Legislativo sean ejercidas por el titular del Ejecutivo
de la Unión, salvo el caso en que éste sea dotado de facultades extraordinarias para
legislar, ya sea con motivo de la suspensión de garantías, en términos de lo
previsto en el citado artículo 29 o en virtud de la autorización que le dé el Congreso
de la Unión para regular el comercio exterior, al tenor de lo dispuesto en el diverso
131, párrafo segundo, de la propia Norma Fundamental, sin que de su lectura sea
factible concluir si con el término "Poder Legislativo" se hace referencia a las
facultades que constitucionalmente se encomiendan al órgano respectivo o bien a
la función consistente en emitir cualquier disposición de observancia general. En
ese tenor resulta insuficiente para desentrañar el alcance de la prohibición en comento
acudir a la interpretación literal del citado artículo 49, por lo que para ello resulta
conveniente precisar cuál es la finalidad del principio de división de poderes así como
acudir a la interpretación sistemática, causal, teleológica e histórica del dispositivo antes
transcrito, máxime que el referido principio constituye una institución jurídica que se ha
desarrollado desde tiempos remotos y ha adquirido matices diferentes según la época y el
Tesis: 2a. CXXIX/2001
DIVISIÓN DE PODERES. INTERPRETACIÓN HISTÓRICA, CAUSAL Y TELEOLÓGICA
DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 49 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELATIVA A
QUE EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE DEPOSITARSE EN UN INDIVIDUO. Desde
la expedición del Acta Constitutiva de la Federación, de treinta y uno de enero de mil
ochocientos veinticuatro, en su artículo 9o. se dispuso que "El Poder Supremo de la
Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y jamás podrán
reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse el Legislativo
en un individuo.", texto que prácticamente fue reproducido en el artículo 50 de la
Constitución Política de 1857. Ahora bien, encontrándose vigente este último dispositivo,
el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias conferidas por el
Congreso de la Unión, especialmente a fines del siglo XIX e inicios del XX, expidió
diversos actos formalmente legislativos, destacando, entre otros, el Código de Comercio
de quince de septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, respecto del cual se
sustentó su constitucionalidad, por la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en razón de que su expedición no implicaba la reunión de dos poderes en uno,
ni que pasaran todas las facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, pues se trataba de
un acto de colaboración entre ambos órganos. Posteriormente, en relación con el texto
establecido originalmente en la Constitución Política de cinco de febrero de mil
novecientos diecisiete, destaca que en la exposición de motivos del proyecto respectivo
se reprochó que se hubiera otorgado sin el menor obstáculo al jefe del Poder Ejecutivo, la
facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, habiéndose reducido la función del Poder
Legislativo, a delegar facultades, por lo que en el texto original del artículo 49 de la
vigente Norma Fundamental, con el fin de terminar con esa situación, se agregó como
única excepción a la prohibición consistente en que el Poder Legislativo no puede
depositarse en un solo individuo, el caso en que el Ejecutivo de la Unión actuara en
ejercicio de las facultades extraordinarias previstas en el artículo 29 de la
Constitución Federal, de donde se advierte que con tal dispositivo se buscó evitar
que el presidente de la República fuera facultado por el Congreso de la Unión para
emitir actos formalmente legislativos, es decir, de la misma jerarquía de las leyes
que corresponde emitir a aquél, mas no que la facultad de emitir disposiciones de
observancia general se reservara al mencionado órgano legislativo.
Tomo: I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988
CODIGO DE COMERCIO, EXPEDIDO Y PROMULGADO POR EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA MEDIANTE FACULTADES EXTRAORDINARIAS. ES CONSTITUCIONAL. El
presidente de la República, al expedir el Código de Comercio el quince de
septiembre de mil ochocientos ochenta y nueve, apoyándose en las facultades
extraordinarias que le concedió el Congreso de la Unión mediante decreto de fecha
cuatro de junio de mil ochocientos ochenta y siete, no contravino lo dispuesto por
el artículo 50 de la Constitución de 1857, pues este precepto establecía lo siguiente: "El
Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial. Nunca podrán reunirse dos o más de estos poderes en una persona o
corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.". De dicho texto se advierte que
no contenía una prohibición categórica, como la establecida en el artículo 49 de la
Constitución vigente, en el sentido de que, en ningún caso, salvo cuando se trate de la
suspensión de garantías a que se refiere el artículo 29 y en las hipótesis previstas en el
artículo 131, segundo párrafo, del propio ordenamiento, pueden otorgarse facultades
extraordinarias al Ejecutivo Federal, por lo que conforme a la redacción original del
mencionado artículo 50 constitucional, no podía estimarse inconstitucional la
delegación de facultades para legislar en determinada materia, que hiciere el
Congreso de la Unión en favor del presidente de la República, pues ello no
implicaba la reunión de dos poderes en uno, ni pasaban tampoco todas las
facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo, pues se trataba, más bien, de un acto
de cooperación entre ambos órganos.
Amparo en revisión 6967/87. Claudio Ignacio Andrade Torres. 2 de junio de 1988.
Unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros: de Silva Nava, López
Contreras, Cuevas Mantecón, Alba Leyva, Azuela Güitrón, Castañón León, Díaz Infante,
Fernández Doblado, Pavón Vasconcelos, Adato Green, Rodríguez Roldán, Martínez
Delgado, González Martínez, Villagordoa Lozano, Moreno Flores, Suárez Torres, Díaz
Romero, Schmill Ordóñez y presidente del Río Rodríguez. Ponente: Francisco Pavón
Vasconcelos. Secretaria: María Eugenia Martínez Cardiel.
Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN
Tesis: 131
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA COMÚN Y PARA TODA LA
REPÚBLICA EN MATERIA FEDERAL. SU EXPEDICIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA
REPÚBLICA EN EJERCICIO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS ES CONSTITUCIONAL. La
expedición por el presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el
Congreso de la Unión, del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la
República en Materia Federal, no vulnera el principio de división de poderes, pues según ha
interpretado esta Suprema Corte, la prohibición contenida en el texto original del artículo 49
entonces vigente, de que se reunieran dos o más poderes en una sola persona o
corporación, impedía que uno fuera absorbido orgánicamente por el otro y desapareciera de
la estructura del poder, pero no que el Congreso de la Unión transfiriera al Ejecutivo Federal
ciertas facultades legislativas como un acto de colaboración entre dos poderes dirigido a
salvaguardar la marcha normal y regular de la vida en sociedad; fue hasta el año de mil
novecientos treinta y ocho en que se adicionó un párrafo final a dicho precepto, cuando se
tornó ilegítima esta práctica inveterada surgida en el siglo pasado, porque el Constituyente
dispuso que no podrían delegarse en el Ejecutivo Federal facultades para legislar en casos
distintos del de suspensión de garantías individuales, al cual se agregó en el año de mil
novecientos cincuenta y uno el relativo al artículo 131 de la misma Ley Suprema.
Amparo en revisión 6967/87.-Claudio Ignacio Andrade Torres.-2 de junio de 1988.-Unanimidad de
diecinueve votos.-Ponente: Francisco H. Pavón Vasconcelos.-Secretaria: María Eugenia Martínez
Amparo directo en revisión 390/89.-Jesús Lazcano Ramos.-12 de septiembre de 1990.-Unanimidad
de diecinueve votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretario: José Luis Rodríguez Santillán.
Amparo directo en revisión 2540/90.-Graciela Limón de Torres.-23 de enero de 1991.-Unanimidad
de dieciocho votos.-Ponente: Ulises Schmill Ordóñez.-Secretaria: Martha Moyao Núñez.
Amparo directo en revisión 3887/90.-Martha Guadalupe Ávalos Vda. de Rocha.-19 de junio de
1991.-Unanimidad de diecinueve votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: Adriana
Amparo directo en revisión 713/92.-Tonatiuh Rodríguez Vega.-9 de septiembre de 1993.-
Unanimidad de veinte votos.-Ponente: Juan Díaz Romero.-Secretaria: Adriana Campuzano de
Apéndice 1917-1995, Tomo I, Primera Parte, página 101, Pleno, tesis 89; véase la ejecutoria en el
Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, noviembre, página 5.
Instancia: SEPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
Tesis: I.7o.C.38 C
Página: 1399
LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO. SU EXPEDICIÓN POR
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EN USO DE FACULTADES EXTRAORDINARIAS
CONCEDIDAS POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN, NO ES VIOLATORIA DEL
ARTÍCULO 49 CONSTITUCIONAL. El texto del segundo párrafo del artículo 49 de la
Constitución Federal, vigente a la fecha de expedición de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, es decir, antes de la reforma que sufrió en mil novecientos treinta
y ocho, sólo establecía la imposibilidad de que dos o más poderes se reunieran en una
sola persona o corporación, y que el Legislativo se depositara en el Ejecutivo, salvo el
caso de que se otorgaran facultades extraordinarias al presidente de la República,
conforme a lo dispuesto en el artículo 29 de la Carta Suprema. De lo anterior se advierte
que, para que el Legislativo pudiera depositarse en el Ejecutivo, era necesaria la
declaración de suspensión de garantías, pero también se aprecia que si la
concesión de esas facultades no implicaba la reunión de dos o más poderes en uno
de ellos, y menos aún la invasión al Poder Legislativo por el Ejecutivo, no era
necesaria la suspensión temporal de las garantías individuales para que el
Congreso de la Unión estuviera en posibilidad de conceder aquéllas. A este
respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado, desde mil
novecientos diecinueve, que las facultades extraordinarias para legislar,
concedidas al presidente de la República, no eran violatorias del principio de
división de poderes, dado que no implicaban la reunión del Legislativo en la
persona del titular del Ejecutivo, ya que para ello sería necesario que todas las
facultades del primero fueran absorbidas por el segundo, y que el que se otorgaran
tales prerrogativas, únicamente implicaba una colaboración entre poderes. En este
contexto, la concesión de facultades extraordinarias al presidente de la República
para legislar en materias de comercio, procesal mercantil, crédito y moneda, en uso
de las cuales se expidió la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no
requería la existencia de una suspensión de garantías para que fuera posible
otorgarlas, en virtud de que el titular del Ejecutivo no absorbió todas las funciones
del Legislativo, sino sólo colaboró con éste para salvaguardar la marcha normal y
regular de la vida en sociedad. En tales condiciones, es evidente que la expedición
de la ley en comento por el presidente de la República no violó el principio de
división de poderes, ni requería la existencia de una declaración de suspensión de
garantías individuales, motivos por los cuales es incontrovertible que ese hecho no
vulneró el artículo 49 de la Constitución, en su redacción anterior a mil novecientos
Amparo directo 588/2002. Icydar, S.A. 20 de septiembre de 2002. Unanimidad de votos.
Ponente: Anastacio Martínez García. Secretario: Carlos Arturo Rivero Verano.
Tomo: Primera Parte, LX
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. DECRETOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS, EXPEDIDOS
POR EL. No puede discutirse que el decreto en materia arancelaria de 21 de octubre de 1957,
no obstante haber sido expedido por el presidente de la República, constituye un acto
legislativo y no administrativo, si se toma en cuenta que el propio decreto se apoyó
expresamente en los artículos 6o. y 8o. de la Ley de Ingresos de la Federación para el propio
año de 1957, que autorizaron al Ejecutivo Federal para legislar en materia arancelaria, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131 constitucional en su segundo párrafo. En
consecuencia, el decreto reclamado constituye un ordenamiento general y abstracto, que no
obstante provenir del Ejecutivo, se expidió en uso de facultades extraordinarias que le
fueron conferidas por el Congreso de la Unión, en los términos de los artículos 29 y 131,
segundo párrafo, de la Constitución Federal, y en tal virtud, el propio decreto queda
comprendido en la acepción que otorga a la palabra "ley" la Carta Fundamental, en relación
con el amparo contra leyes, puesto que tratándose de facultades delegadas, el Ejecutivo actúa
como órgano legislativo, en sustitución y con autorización del Congreso Federal, y no como
administrador, por disposición expresa de la Constitución, y por tanto los decretos expedidos en
uso de tales facultades, tienen la misma naturaleza y jerarquía de las leyes ordinarias del propio
Congreso. Por otra parte, aunque en la especie las facultades otorgadas al Ejecutivo, fueron
aprobadas posteriormente por el Congreso de la Unión, en los términos de la parte final del
invocado artículo 131 constitucional, la circunstancia de que se hubiese cumplido con todos los
requisitos formales en relación con el acto legislativo por lo que concierne al Ejecutivo en cuanto a
las facultades delegadas, como al Congreso, respecto de su aprobación posterior, no priva al
Poder Judicial de la Federación para juzgar de su constitucionalidad. Por tanto, el presente caso
está comprendido dentro de los supuestos del artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, sin que sea obstáculo a la conclusión anterior, la circunstancia de
que en la exposición de motivos del decreto de 30 de diciembre de 1957, que creó el precepto
anteriormente transcrito, y por tanto, otorgó competencia a este Tribunal funcionando en Pleno
para conocer de los recursos de revisión formulados contra las sentencias dictadas en los juicios
de amparo contra leyes, únicamente se haga referencia a las leyes expedidas por el Congreso de
la Unión y por las Legislaturas de los Estados sin hacer mención de las diversas leyes expedidas
por el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias y delegadas, ya que en
primer término, esa omisión pudo haber sido involuntaria, y en segundo lugar, dicha exposición de
motivos no puede prevalecer sobre el texto legislativo, tal como fue aprobado y publicado, puesto
que la propia exposición constituye un medio auxiliar de interpretación legislativa, cuando el texto
legal es oscuro e impreciso, y en la especie el precepto transcrito con anterioridad, es
suficientemente claro en el sentido de que el Tribunal en Pleno es competente para conocer de los
amparos en revisión en los cuales se controvierte la constitucionalidad de una ley en general, y no
exclusivamente las expedidas por el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados.
Amparo en revisión 1636/58. Adamas, S. A. y coagraviados. 6 de marzo de 1962. Unanimidad de
dieciséis votos. Ponente: José Castro Estrada.
No. Registro: 216,596
Tomo: XI, Abril de 1993
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE MEXICO, EXPEDIDO POR
EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD, EL VEINTITRES DE
DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS. CONSTITUCIONALIDAD. En el
caso del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, expedido el
veintitrés de diciembre de mil novecientos treinta y seis, por el gobernador
constitucional de la entidad en uso de facultades extraordinarias, no se contraviene
el artículo 49 de la Constitución General de la República porque la XXXIV
Legislatura Constitucional del Estado, mediante Decreto número 62, artículo
primero, inciso c, de veintitrés de diciembre de mil novecientos treinta y seis, haya
concedido al ejecutivo facultades para legislar, pues con tal delegación no se
reunieron en una sola persona o corporación dos o más poderes, no se depositó el
legislativo en un solo individuo, sino que se originó una situación en que el
ejecutivo gozó de facultades legislativas por delegación del poder legislativo, mas
no que este poder desapareciera y todas sus atribuciones pasaran al ejecutivo,
caso prohibido por el artículo 49 de la Constitución Federal. La Suprema Corte de
Justicia interpretó este precepto en el sentido de que la delegación de facultades por el
Congreso de la Unión al Ejecutivo Federal, no era violatoria de garantías individuales,
habiéndose integrado las tesis jurisprudenciales números 477 y 478 de la compilación de
jurisprudencia 1917 a 1954. De la interpretación de estas tesis se concluye que lo
prohibido por la Constitución Federal es la reunión de dos o más poderes en uno solo,
que supone su función en uno de ellos, lo cual no puede entenderse sin la destrucción del
otro, lo que no acontece cuando el poder legislativo continúa poseyendo las facultades
propias de su función y autoriza al poder ejecutivo para que expida determinadas leyes
entre las que se encuentra el Código reclamado. La transmisión de la función legislativa
fue parcial y no total, siendo esta última la que se encuentra prohibida por el artículo 49 de
Amparo directo 552/92. Rosa María Vargas Sánchez. 8 de octubre de 1992. Unanimidad
de votos. Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo. Secretario: Francisco Javier
Rebolledo Peña.
No. Registro: 342,199
Tomo: CXII
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE VERACRUZ,
CONSTITUCIONALIDAD DEL (FACULTADES EXTRAORDINARIAS). Es infundado el
concepto de violación en que se haga valer la anticonstitucionalidad del Código de
Procedimientos Civiles vigente en el Estado de Veracruz, por haber sido expedido por el
Ejecutivo, en uso de facultades extraordinarias concedidas por la Legislatura del Estado,
pues tal problema está definido por la jurisprudencia a que se refiere la tesis número 482
del Apéndice al Tomo XCVII del Semanario Judicial; y en los términos de dicha
jurisprudencia, debe decirse que si la Legislatura del Estado, por Decreto número 214
de cuatro de julio de mil novecientos treinta y uno, confirió una facultad especial al
Ejecutivo y éste la utilizó para expedir el Código de Procedimientos Civiles, es
evidente que obró con la conveniente precisión y en la medida justa, lo que permite
concluir que no mediaron violaciones a los artículos 49 y 16 de la Constitución
Federal, por causa de reunión de poderes.
Amparo civil en revisión 3862/46. Arellano Eufrasio. 8 de mayo de 1952. Unanimidad de
cinco votos. Ponentes: Hilario Medina y Carlos I. Meléndez.
Tesis: P./J. 37/2000
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. PUEDEN ACTUAR ACATANDO ÓRDENES
DEL PRESIDENTE, CON ESTRICTO RESPETO A LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES,
CUANDO SIN LLEGARSE A SITUACIONES QUE REQUIERAN LA SUSPENSIÓN DE
AQUÉLLAS, HAGAN TEMER, FUNDADAMENTE, QUE DE NO ENFRENTARSE DE
INMEDIATO SERÍA INMINENTE CAER EN CONDICIONES GRAVES QUE OBLIGARÍAN
A DECRETARLA. El artículo 89, fracción VI, de la Constitución faculta al presidente de la
República a utilizar al instituto armado para salvaguardar no sólo la seguridad exterior del
país, sino también la interior lo que, de conformidad con el artículo 16 del propio
ordenamiento, exige fundar y motivar una decisión de tanta trascendencia. Por estas
razones las fuerzas armadas están constitucionalmente facultadas para actuar,
la sociedad en grave peligro o conflicto -previstos por el artículo 29 constitucional-
se produzca una situación que haga temer fundadamente por sus características
que, de no enfrentarse de inmediato, sería inminente precipitarse en alguna o todas
esas graves situaciones. En este supuesto, al no decretarse la suspensión de
garantías, ante alternativas viables de solucionar pacíficamente los conflictos o que por no
llegar éstos a la gravedad que supone el texto constitucional, o por algún otro motivo, se
prevea que podrán controlarse con rapidez, se deberá cuidar escrupulosamente que se
respeten las garantías individuales, estableciendo, incluso, a través de los organismos
competentes, una estrecha vigilancia para que se actúe del modo especificado.
Acción de inconstitucionalidad 1/96. Leonel Godoy Rangel y otros. 5 de marzo de 1996.
Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Mercedes Rodarte Magdaleno.
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso,
acordó, con apoyo en su Acuerdo Número 4/1996 de veinticuatro de agosto de mil
novecientos noventa y seis, relativo a los efectos de las resoluciones aprobadas por
cuando menos ocho votos en las controversias constitucionales y en las acciones de
inconstitucionalidad, que la tesis que antecede (publicada en marzo de ese año, como
aislada, con el número XXVIII/96), se publique como jurisprudencial, con el número
37/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.
Tesis: P./J. 36/2000
EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA. SI BIEN PUEDEN PARTICIPAR EN ACCIONES
CIVILES EN FAVOR DE LA SEGURIDAD PÚBLICA, EN SITUACIONES EN QUE NO SE
REQUIERA SUSPENDER LAS GARANTÍAS, ELLO DEBE OBEDECER A LA SOLICITUD
EXPRESA DE LAS AUTORIDADES CIVILES A LAS QUE DEBERÁN ESTAR SUJETOS,
CON ESTRICTO ACATAMIENTO A LA CONSTITUCIÓN Y A LAS LEYES. Del estudio
relacionado de los artículos 16, 29, 89, fracción VI, y 129, de la Constitución, así como de
los antecedentes de este último dispositivo, se deduce que al utilizarse la expresión
"disciplina militar" no se pretendió determinar que las fuerzas militares sólo pudieran
actuar, en tiempos de paz, dentro de sus cuarteles y en tiempos de guerra, perturbación
grave de la paz pública o de cualquier situación que ponga a la sociedad en grave peligro
o conflicto, fuera de ellos, realizando acciones para superar la situación de emergencia,
en los términos de la ley que al efecto se emita. Es constitucionalmente posible que el
Ejército, Fuerza Aérea y Armada en tiempos en que no se haya decretado
suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en
tareas diversas de seguridad pública. Pero ello, de ningún modo pueden hacerlo
"por sí y ante sí", sino que es imprescindible que lo realicen a solicitud expresa,
fundada y motivada, de las autoridades civiles y de que en sus labores de apoyo se
encuentren subordinados a ellas y, de modo fundamental, al orden jurídico previsto
en la Constitución, en las leyes que de ella emanen y en los tratados que estén de
acuerdo con la misma, atento a lo previsto en su artículo 133.
aislada, con el número XXVII/96), se publique como jurisprudencial, con el número
36/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.
Tesis: P./J. 35/2000
SEGURIDAD PÚBLICA. SU REALIZACIÓN PRESUPONE EL RESPETO AL DERECHO Y
EN ESPECIAL DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES. Del análisis sistemático de los
artículos 16, 21, 29, 89, fracción VI, 129 y 133, de la Constitución, así como 2o., 3o., 5o.,
9o., 10, 13 y 15, de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública; 1o., 2o., 3o., 10 y 11, de la Ley Orgánica del Ejército y
Fuerza Aérea Mexicanos, y 1o., 2o., 9o. y 10, de la Ley Orgánica de la Armada de México,
se deduce que el Estado mexicano, a través de sus tres niveles de gobierno y de todas
las autoridades que tengan atribuciones relacionadas, directa o indirectamente, con la
seguridad pública, deben coadyuvar a lograr los objetivos de ésta, traducidos en libertad,
orden y paz pública, como condiciones imprescindibles para gozar de las garantías que la
Constitución reconoce a los gobernados. El examen de los diferentes preceptos citados,
con los demás elementos que permiten fijar su alcance, lleva a concluir que,
jurídicamente, los conceptos de garantías individuales y seguridad pública no sólo
no se oponen sino se condicionan recíprocamente. No tendría razón de ser la
seguridad pública si no se buscara con ella crear condiciones adecuadas para que los
gobernados gocen de sus garantías; de ahí que el Constituyente Originario y el Poder
Reformador de la Constitución, hayan dado las bases para que equilibradamente y
siempre en el estricto marco del derecho se puedan prevenir, remediar y eliminar o, al
menos disminuir, significativamente, situaciones de violencia que como hechos notorios
se ejercen en contra de las personas en su vida, libertad, posesiones, propiedades y
derechos. Por ello, sería inadmisible en el contexto jurídico constitucional interpretar la
seguridad pública como posibilidad de afectar a los individuos en sus garantías, lo que
daría lugar a acudir a los medios de defensa que la propia Constitución prevé para
corregir esas desviaciones. Consecuentemente, por el bien de la comunidad a la que
se debe otorgar la seguridad pública, debe concluirse que resulta inadmisible
constitucionalmente un criterio que propicie la proliferación y fortalecimiento de
fenómenos que atenten gravemente contra los integrantes del cuerpo social, así
como de cualquier otro que favoreciera la arbitrariedad de los órganos del Estado
que, so pretexto de la seguridad pública, pudieran vulnerar las garantías
individuales consagradas en el Código Supremo. Por tanto, debe establecerse el
equilibrio entre ambos objetivos: defensa plena de las garantías individuales y
seguridad pública al servicio de aquéllas. Ello implica el rechazo a interpretaciones
ajenas al estudio integral del texto constitucional que se traduzca en mayor
inseguridad para los gobernados o en multiplicación de las arbitrariedades de los
gobernantes, en detrimento de la esfera de derecho de los gobernados.
aislada, con el número XXVI/96), se publique como jurisprudencial, con el número
35/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.
Tesis: P./J. 39/2000
SEGURIDAD PÚBLICA. LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECRETARIOS DE LA DEFENSA
NACIONAL Y DE MARINA EN EL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, NO
VIOLA EL ARTÍCULO 21 CONSTITUCIONAL. La interpretación gramatical y causal
teleológica de la adición del artículo 21 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 1994, en cuanto dispone la coordinación de la
Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios en un Sistema Nacional de
Seguridad Pública, lleva a la conclusión de que el precepto no excluye a ninguna
autoridad que, de acuerdo con sus atribuciones, tenga alguna relación con ella y
que su propósito es lograr una eficiente coordinación entre todas las autoridades
de los tres niveles de gobierno, para lograr dicha seguridad pública en todas sus
dimensiones, entre ellas, enfrentar con mayor capacidad la delincuencia
organizada. El Consejo Nacional de Seguridad Pública es una instancia consultiva
que no usurpa facultades constitucionales, ni legales, de ninguna autoridad; por
ello, no existe razón para considerar como violatoria del numeral 21 de la Ley
Fundamental, la participación de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina en el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, como lo ordenan las fracciones III y IV del
artículo 12 de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema
Nacional de Seguridad Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de
diciembre de 1995, tomando en consideración, además, que las leyes orgánicas del
Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Armada, señalan, dentro de sus atribuciones,
numerosas funciones relacionadas con la seguridad pública, por lo que la participación en
el referido consejo, de los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, quienes dirigen
esos cuerpos, se justifica, puesto que aun cuando no tengan funciones ejecutivas, tendrán
que examinar, programar y tomar decisiones sobre todos los aspectos de la seguridad
aislada, con el número XXX/96), se publique como jurisprudencial, con el número
39/2000. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil.
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