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Timestamp: 2016-05-02 19:20:44+00:00

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Miércoles 15 de junio de 2005, por Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" Texto de la Acción Popular por publicidad engañosa contra resolución 0017 de 2001 Señores MAGISTRADOS TRIBUNAL CONTENSIOSO ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Ciudad
Referencia. Acción Popular Demandados: Dirección Nacional de Estupefacientes y Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional.
“Por la cual se adopta un procedimiento para la atención de quejas derivadas de los presuntos daños causados por la aspersión aérea con el herbicida glifosato dentro del marco Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos”. EL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES En uso de sus facultades legales y en cumplimiento de lo ordenado en los artículos los artículos 91, literales a, b, c, y en especial el literal g) y el artículo 92 de la Ley 30 de 1986,
CONSIDERANDO Que la Ley 30 de 1986 establece un procedimiento para la destrucción de plantaciones ilícitas y, en particular, asigna al Consejo Nacional de Estupefacientes la función de disponer la destrucción de cultivos de marihuana, coca y demás plantaciones de las cuales se puedan extraer sustancias que produzcan dependencia, utilizando los medios más adecuados, previo Concepto favorable de los organismos encargados de velar por la salud de la población y por la preservación y equilibrio del ecosistema del país” (literal g, articulo 91).
RESUELVE: CAPITULO PRIMERO PROCEDIMIENTO ARTICULO PRIMERO. OBJETO. El objeto de la presente resolución es adoptar un procedimiento expedito para la debida atención de las quejas presentadas por las personas presuntamente afectadas por el Programa de Aspersión Aérea de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato, con el fin de garantizar la protección de sus derechos fundamentales, según los términos de la Constitución Política de Colombia.
ARTICULO SÉPTIMO. INFORME PREVIO. La Dirección Policía Antinarcóticos -DIRAN-, dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de la queja, certificará sobre las aspersiones o no en la zona materia de la queja, para lo cual se tendrá en cuenta la información relacionada con los reportes de vuelo de localización satelital, las copias de las actas y poligramas de aspersión e informes de detección a cultivos ilícitos y los sistemas de monitoreo del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos del municipio o área materia de la queja. Si con base en la certificación anterior se concluye que no se realizaron aspersiones aéreas en la zona a que se refiere la queja, tal conclusión será comunicada por la DIRAN en forma inmediata al Personero y a la DNE. ARTICULO OCTAVO. VISITA DE CAMPO Y RESPUESTA. Si la certificación de la DIRAN concluye que dichas zonas fueron asperjadas dentro del marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, dentro de lo diez (10) días siguientes, se llevará a cabo una visita de campo, por parte del grupo de quejas creado para el efecto, el cual se encargará de:
CAPITULO SEGUNDO DE LA REPOSICIÓN DE CULTIVOS ARTICULO NOVENO. REPOSICIÓN DE CULTIVOS. El grupo de quejas repondrá exclusivamente a los afectados en sus plantaciones licitas como consecuencia directa de la aspersión aérea con el herbicida glifosato en aplicación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, siempre y cuando éstos no hubieren iniciado una acción prejudicial o judicial.
ARTICULO DECIMOTERCERO. REQUISITOS PROBATORIOS. Para que proceda la reposición de cultivos es necesario que esté claramente establecido que se trata de cultivos lícitos y que el daño causado es consecuencia directa de las aspersiones aéreas con el herbicida glifosato realizadas dentro del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. Para lo anterior es necesario que se hayan practicado las siguientes pruebas de verificación de los daños:
CAPITULO TERCERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO DECIMOQUINTO. CONFORMACIÓN GRUPO DE QUEJAS. La Dirección Nacional de Estupefacientes y la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional conformarán un grupo interdisciplinario, para atender las quejas a que se refiere la presente Resolución.
ARTICULO DECIMOSÉPTIMO. VIGENCIA. El reglamento contenido en la presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Su inobservancia por parte de los funcionarios de las distintas entidades competentes constituye causal de mala conducta y de aplicación de los procedimientos disciplinarios a que haya lugar. PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. RÓMULO GONZÁLEZ TRUJILLO. Presidente
MERCEDES VÁSQUEZ DE GÓMEZ. Secretaria Ejecutiva
Desde el comienzo del programa de erradicación área de cultivos ilícitos, el Gobierno colombiano ha tenido un proceso por medio del cual los ciudadanos colombianos pueden pretender compensación por reclamaciones de daño a cultivos lícitos o de la salud humana. Este proceso fue recientemente actualizado y se hizo más eficiente y mejor publicado. Con el apoyo de la embajada, el proceso de investigar el daño a los cultivos ilícitos ha sido mejorado para dar una investigación más rápida y una mejor solución a las quejas. Si hay suficiente evidencia para identificar el sitio, fecha y detalles del incidente que supuestamente ha causado el daño, los granjeros que han sufrido por el daño a sus cultivos serán compensados por el valor del mercado de sus cultivos perdidos.
Para garantizar que los ciudadanos locales están concientes de sus derechos bajo el nuevo proceso, la Embajada de Bogotá, trabajando junto con el Directorio Nacional de Estupefacientes (DNE) ha puesto una serie de avisos en la prensa y en la radio informando sus derechos a los ciudadanos. Estos avisos son al aire o publicados en los principales municipios en cada una de las zonas de aspersión antes y durante cada una de las operaciones de aspersión. La Embajada, DNE y la Policía Nacional Colombiana están comprometidas en este nuevo proceso. Las reclamaciones están siendo recibidas, procesadas, investigadas, verificadas y se asigna la compensación a los casos que lo ameritan. Antecedentes: El Gobierno de Colombia desde hace mucho tiempo ha tenido un proceso bajo el cual los ciudadanos de los Estados Unidos pueden pretender compensación para las reclamaciones por daño a los cultivos lícitos o la salud humana. A lo largo de los años en los que el programa de erradicación aérea ha operado, las reclamaciones frecuentemente regulares son presentadas por ciudadanos que alegan que sus cultivos lícitos han sido dañados por la aspersión, y otras reclamaciones aisladas de daño a la salud de los individuos. La mayoría de estas reclamaciones es eliminada en la revisión inicial de los registros de vuelo que establecen que la aspersión no tuvo lugar cerca al sitio del daño reclamado. Proceso de Reclamaciones de Cultivos Lícitos Rociados por Error
A finales de agosto de 2002, DNE ha recibido 1000 reclamaciones a través de un procedimiento de resolución de reclamaciones. De estas reclamaciones, 8000 han sido cerradas en papel después de una investigación adicional que demostró que la aspersión no ocurrió en la vecindad del reclamante durante la fecha de la reclamación. Algunas 220 reclamaciones requieren verificación de campo y están en la lista de espera de la verificación en el sitio. Catorce sitios han sido físicamente verificados (11 en Putumayo, dos en Nariño y uno en Cesar) y en uno de estos casos, DNE ha acordado pagar los daños que están siendo actualmente estimados. Aunque los factores de seguridad algunas veces demoran las misiones de verificación, la Embajada, la DNE y DIRÁN están comprometidos en este proceso. Proceso para Reclamación daño a la salud humana:
La Embajada de Bogotá continuará investigando todas las reclamaciones relacionadas con las epidemias de salud relacionadas con la aspersión para las que hay suficiente detalle suministrado. Además, la Embajada está participando en dos proyectos relacionados con la salud. Primero, ha establecido un Programa de Acción Cívica Médica (“MEDCAP”) junto con el Ejército Colombiano en donde los médicos del ejército ofrecerán a los ciudadanos que viven en las zonas de aspersión medicinas, vacunas y tratamiento médico para los problemas de salud corrientemente padecidos. El entrenamiento médico ha terminado y los médicos de MEDCAP serán programados para cada zona de aspersión cuando la operación y la seguridad requieran permiso. Como estas acciones tendrán lugar en las zonas de aspersión al tiempo con la aspersión, tendrán un medio efectivo para evaluar las condiciones que puedan atribuirse a la aspersión (...) Para resumir, una enorme cantidad de evidencia científica sostiene que la exposición a la mezcla de aspersión puede causar irritación menor de la membrana mucosa pero no tiene efectos serios sobre la salud. No hay evidencia igualmente creíble que los productos de aspersión causan otro tipo de daños. La Embajada de Bogotá investiga todas las reclamaciones de daños serios y ninguna ha tenido fundamento. CICAD completará un estudio científico para monitorizar los efectos del programa de aspersión dentro de un año. El Ejército Colombia ha iniciado un nuevo programa en el que los médicos militares tratarán a los ciudadanos en las zonas de aspersión por dolencias rurales comunes y condiciones relacionadas con la aspersión.
AVISO IMPORTANTE ATENCIÓN CIUDADANOS CUYOS CULTIVOS LÍCITOS HAN SIDO ROCIADOS Los ciudadanos colombianos que viven en áreas donde la aspersión aérea de cultivos ilícitos de coca y de opio tienen lugar deben saber que tienen derecho a buscar compensación de su gobierno si sus cultivos lícitos han sido rociados por error. El Gobierno de Colombia reembolsará a los ciudadanos las pérdidas en tales casos. Si su cultivo lícito ha sido dañado por aspersión aérea, por favor contacte a su Personero Municipal, quien le pedirá que suministre información básica sobre su queja y la enviará a las autoridades del gobierno nacional para una decisión. Por favor haga sus quejas tan pronto como sea posible, ya que hay límites de tiempo para hacerlo. Este anuncio es patrocinado por la Dirección Nacional de Estupefacientes [3].
¿Qué tipo de quejas se reciben? Únicamente se reciben las quejas que tienen que ver con la posible afectación de plantaciones lícitas, en tanto no estén relacionadas con cultivos ilícitos, como consecuencia de la aspersión aérea con el herbicida a base de Glifosato en aplicación del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos, siempre y cuando no se hubiere iniciado una acción prejudicial o judicial, sobre el mismo hecho. ·
¿Cuándo y dónde puedo presentar la queja? Usted puede presentar su queja dentro de los sesenta (60) días siguientes de la fecha en que se produjo la aspersión aérea con el herbicida a base de Glifosato, ante las Personerías Municipales, por su condición de representantes del Ministerio Público y con presencia en todos los municipios del país. · Oportunidad en la Presentación de la queja No habrá lugar a tramitar la queja si ésta se presenta luego de sesenta (60) días después de la fecha en que se produjo la aspersión aérea con el herbicida a base de Glifosato, dentro del marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos. ·
¿Se requiere algún tipo de asistencia o representación legal? No. Según la Ley, usted tiene derecho a presentar cualquier tipo de reclamación y no necesita ningún intermediario. Como las entidades encargadas del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato tienen sus sedes en Bogotá, las Personerías en su carácter de representantes del Ministerio Público recogen la información y la remiten a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Estupefacientes, para su estudio y fines. ·
¿Cómo puede interponer una queja? El interesado deberá dirigirse a la Personería Municipal. Allí, el Personero diligenciará un formulario, en el cual consignará información básica -suministrada por el quejoso- como datos generales, características del predio, la relación de los supuestos daños ocasionados al mismo, etc. Importante registrar la fecha en que se supone fueron fumigados los cultivos y la elaboración de un dibujo o mapa identificando la ubicación del predio y dentro de éste la disposición de los cultivos lícitos presuntamente afectados. ·
¿Qué documentos debo presentar ? Debe anexar al Formulario de Quejas, el documento que acredite la tenencia del predio o área presuntamente afectada. Si es propietario, debe anexar el título de propiedad, entendiéndose este como el Certificado de Libertad y Tradición del Inmueble, con fecha de expedición no mayor a 30 días. Si el interesado no dispone de este documento, debe anexar una declaración extrajuicio en la que explique la calidad en que explotó el predio o área presuntamente afectada. La declaración debe ser presentada ante Notario Público o en su defecto, ante el Juez Civil de la localidad”.
”Defensoría del Pueblo pide a Consejo Nacional de Estupefacientes suspender fumigaciones en el Putumayo En los últimos 9 meses ha recibido más de 6.500 quejas al respecto en ese departamento. Una investigación de la entidad evidenció la falta de coordinación entre las entidades que adelantan la lucha contra las drogas. La entidad también dijo que la estrategia de fumigaciones de los cultivos de coca y el aumento de las operaciones antinarcóticos y contrainsurgentes, que adelantan tanto la Policía como el Ejército Nacional, no ha sido suficiente para disminuir la disputa por el control territorial entre los grupos armados ilegales y, por el contrario, la presencia de éstos en la región se ha fortalecido. Y advirtió sobre la intensificación del conflicto armado y las fumigaciones en la zona que han provocado una grave crisis humanitaria que afecta a las comunidades campesinas, colonas, afrodescendientes e indígenas de la región.
Problemas ambientales La Defensoría, a través de una resolución, considera que la manera como se ha venido ejecutado la estrategia de erradicación aérea con químicos de los cultivos de uso ilícito "desconoce la normatividad nacional que pretende asegurar la salud y la salubridad pública, y la protección y conservación del medio ambiente". Dice que las fumigaciones realizadas desconocen el plan de manejo ambiental que prohíbe la erradicación forzosa en cuerpos de agua estáticos y corrientes, en zonas de asentamientos humanos, dentro de resguardos indígenas, y en áreas de proyectos productivos y pactos. Recuerda que el Programa de Erradicación Aérea de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) desconoce las normas ambientales puesto que, "continúa ejecutándose pese a no haberse contratado la Auditoría Técnica Ambiental ordenada por el CNE desde septiembre de 2000 y reiterada por el Ministerio del Medio Ambiente". Dice la entidad que "la Dirección Nacional de Estupefacientes no ha cumplido totalmente las medidas de la Resolución 341 de 2001 del Minambiente.
Problemas de salud La Defensoría dice que aunque desde 1992 el Ministerio de Salud recomendó ejecutar un Plan de Salud de Vigilancia Epidemiológica para evaluar los efectos de los químicos empleados en la salud humana, este aún no se ha puesto en marcha, desconociendo, además, disposiciones del CNE y del Ministerio del Medio Ambiente. "Por ello a la fecha, pese a las constantes quejas, no se puede evidenciar si existe o no relación entre las fumigaciones y los daños reportados a la salud", dice la entidad.(...)
Fumigaciones afectan proyectos del Gobierno La entidad también denunció que algunos proyectos de sustitución y desarrollo alternativo financiados con recursos del presupuesto nacional y de cooperación internacional han sido afectados luego por fumigaciones indiscriminadas con químicos. "Esta situación, además de que ha perjudicado social y económicamente a un sector de la población de Putumayo, produce detrimento al patrimonio público", agrega. También dice que el trámite para la atención de las quejas por los presuntos daños causados por las aspersiones aéreas que se realizan dentro del marco del Programa de Erradicación (PECIG), "es un procedimiento inadecuado e ineficaz". La Defensoría del Pueblo ya había advertido, la violación de derechos y sobre todo en lo que tiene que ver con seguridad alimentaria en la carta pública que envió el 12 de julio de 2001 al ministro de justicia de la época:
“(...)- Falta de coordinación para la atención a la población afectada por las fumigaciones. Pese a que el mismo Plan Colombia reconoce que las aspersiones originan daños a los cultivos de pancoger y contribuyen a ahondar el problema del desplazamiento, no existe la debida y previa coordinación entre las autoridades competentes (Policía Antinarcóticos, Plante, Red de Solidaridad Social y Fondo de Inversiones para la Paz), que permita la atención oportuna de las comunidades afectadas. Esta situación ha sido reconocida por la Dirección Nacional de Estupefacientes en el oficio DNE 21011, junio 3 de 2001 y también en la reunión celebrada en la Defensoría, cuyas conclusiones fueron remitidas a su Despacho mediante oficio del 14 de junio. Continuar con el programa de fumigación de los cultivos con fines ilícitos, sin atender lo expuesto anteriormente, vulnera los derechos fundamentales - a la vida, a la integridad, a la salud y a la seguridad alimentaria - así como los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, al equilibrio ecológico y a la salubridad y seguridad públicas, entre otros, de la población colombiana”. Pese a las reiteradas quejas registradas tanto por organismos estatales como no gubernamentales, nacionales e internacionales, la respuesta que ha dado la Dirección Nacional de Estupefacientes es clara: este mecanismo (de la resolución 0017/01) no está establecido, dado que el que el campesino tenga la razón es una “HIPOTESIS[7] y no necesariamente debe presuponerse que el quejoso (i) tiene la razón (ii) que los supuestos daños se derivan del procedimiento de aspersión o (iii) que la actividad productiva cese en forma absoluta”.
No es esto una muestra fehaciente de que el procedimiento de la resolución 0017 de 2001 está llamado a nunca prosperar, en claro engaño hacia los campesinos que recurren a este medio con el fin de procurar la reparación de sus cultivos de subsistencia?. Pero la propaganda desplegada a propósito de este procedimiento no funcional, produce un doble engaño, en primer lugar al quejoso que cree en el procedimiento, y en segunda medida a toda la comunidad que observa o escucha la propaganda en la medida en que genera un imaginario social, respecto a que quienes han sido afectados por las fumigaciones tienen la posibilidad de reclamar con procedimientos expeditos y en efecto los daños le son reparados, lo cual como hemos visto es mentira.
A finales de agosto de 2002, DNE ha recibido 1000 reclamaciones a través de un procedimiento de resolución de reclamaciones. De estas reclamaciones, 8000 han sido cerradas en papel después de una investigación adicional que demostró que la aspersión no ocurrió en la vecindad del reclamante durante la fecha de la reclamación. Algunas 220 reclamaciones requieren verificación de campo y están en la lista de espera de la verificación en el sitio. Catorce sitios han sido físicamente verificados (11 en Putumayo, dos en Nariño y uno en Cesar) y en uno de estos casos, DNE ha acordado pagar los daños que están siendo actualmente estimados. Aunque los factores de seguridad algunas veces demoran las misiones de verificación, la Embajada, la DNE y DIRÁN están comprometidos en este proceso[8]. 3.2 Prestemos atención a la parte motiva de la resolución:
Su carta e informe dicen que observó casos en los cuales fueron erradicadas cosechas legítimas de pan coger. Aunque los pilotos de erradicación están muy bien entrenados y creemos que los errores son escasos, inevitablemente habrá error humano en algunos de ellos. En tales casos, a los campesinos se les debe indemnizar justa y rápidamente. Tal como le comentamos a sus colegas en nuestras reuniones con Witness for Peace e el 22 y 25 de enero de 2002, el Gobierno de Colombia siempre ha tenido un proceso por el cual se investigan tales reclamos. Con apoyo de la Embajada, se ha mejorado recientemente este proceso para proporcionar una investigación y resolución más rápida de los reclamos. Si se presenta suficiente evidencia para identificar el sitio y los detalles en cuestión, a los campesinos que hayan sufrido daños a sus cosechas legales se les indemnizará con el valor en el mercado de las cosechas perdidas. Aunque el peso inicial recae sobre el reclamante, de llevar suficiente información para verificar el reclamo, el nivel de la prueba requerida no es indebidamente estricto, y en casos muy reñidos los investigadores van a errar a favor de otorgar compensación. Sinceramente, Anne W. Patterson. Embajadora[9]”
6. Las demás que se consideren procedentes y pertinentes”. Cuál autoridad será la llamada a practicar las “demás” pruebas procedentes y pertinentes?, tengamos en cuenta que desde la recepción de la queja al menos, es decir, como mínimo, ocho funcionarios estatales (sin contar con la participación de personal norteamericano) han tenido contacto con el drama del campesino, cuál de estas autoridades exigirá un mayor acervo probatorio?
“Una vez agotado el anterior procedimiento, el Acta en mención deberá ser enviada a la Dirección Nacional de Estupefacientes, y a partir de ese momento, procederá el pago a través del medio que resulte idóneo para el efecto”. Cuál será el medio más idóneo? Quien califica esa idoneidad? Evidentemente, el campesino que salga victorioso del trámite de comprobación del daño en este punto tendrá que lidiar con otra burocracia que además le hará los correspondientes descuentos “fiscales y parafiscales” del caso, será reparado bajo criterios desconocidos en cuanto a su calidad o forma sin posibilidad de participar en la determinación de la dichosa “idoneidad.
El principio general que rige la información comercial, se centra en que aquello que se diga sobre un producto (bienes o servicios) no debe ser susceptible de inducir a engaño al consumidor. (...) Formas de engaño
1. Mensajes literalmente falsos. El primer factor que se debe tener en cuenta para analizar si una pieza publicitaria es literalmente falsa, consiste en establecer si ésta se refiere a aspectos objetivos de los productos y si las afirmaciones que se transmiten pueden ser medibles y en consecuencia comprobables.
2. Mensajes literalmente ciertos pero engañosos. La segunda categoría de engaño está constituida por aquellas afirmaciones objetivas que a pesar de ser literalmente ciertas, transmiten un mensaje o una representación engañosa del producto que se anuncia, capaz de inducir a engaño al consumidor. En este evento el mensaje debe ser catalogado como engañoso, toda vez que lo que prima es el engaño que sufre el consumidor, sobre la veracidad o falsedad de una frase o imagen. Lo anterior se explica por las siguientes razones: -El fin primordial que persiguen las normas sobre engaño es prevenir al consumidor del error al que puede ser inducido como consecuencia de los mensajes que recibe. Así, a pesar de que el análisis del contenido de una afirmación puede ser objetivamente verdadero, la forma como es expuesta la afirmación conduce al consumidor a una percepción distorsionada del producto que se ofrece. ·
3. Elogios subjetivos que hace el anunciante. Uno de los puntos más conflictivos que se presenta en la práctica publicitaria, hace relación a los elogios que el mismo anunciante hace de sus productos o servicios (puffery). Estos casos corresponden a afirmaciones que a pesar de no poder ser comprobadas y no ser ciertas, tampoco son engañosas, con lo cual se reafirma el principio que lo que se debe analizar y reprimir es el engaño, más allá de la veracidad o falsedad de una afirmación. Tradicionalmente ha sido aceptado que las afirmaciones subjetivas que de alguna forma envuelven una exageración son permitidas y no requieren ser comprobadas, toda vez que el consumidor no las percibe como engaño, sino como un simple elogio normal en la publicidad, que no es determinante ni creíble por parte del consumidor.
También es evidente lo engañoso de la propaganda, por cuanto en múltiples oportunidades tanto el gobierno colombiano como el norteamericano han afirmado la imposibilidad de establecer el nexo causal entre las fumigaciones con glifosato y el daño a cultivos lícitos o a la salud humana. Finalmente, es engañoso este instrumento publicitario con su magnánimo despliegue publicitario (en materia radial, se remitió a 500 Cadenas Radiales, emisoras comerciales y comunitarias de la totalidad de Departamentos del País. A nivel de televisión se puso al aire a partir del 13 de abril de 2002, por televisión Nacional Canal A, Cadena 1 y Señal Colombia emitiendo tres mensajes diarios. A partir del 1 de mayo se emite un mensaje diario en la franja triple A) pues induce a pensar que los daños ocasionados por las fumigaciones serán reparados, sin explicitarse suficientemente las excesivas condiciones que supone el procedimiento, con la subsiguiente formación de expectativas de las personas que anhelan que los daños a sus cultivos sean reparados y la consecuente pérdida de confianza en las promesas que realiza el Estado colombiano.
“(...)frente al incremento de quejas por parte de la ciudadanía en varias regiones del país, debido a los presuntos daños ocasionados a la actividades agrícolas, por la aspersión aérea con el herbicida Glifosato, se hace necesario expedir un reglamento orientado a la atención ágil y eficaz de las mismas”. - “El objeto de la presente resolución es adoptar un procedimiento expedito para la debida atención de las quejas presentadas por las personas presuntamente afectadas por el Programa de Aspersión Aérea de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato, con el fin de garantizar la protección de sus derechos fundamentales, según los términos de la Constitución Política de Colombia.”
-La Dirección Nacional de Estupefacientes y la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional son las autoridades responsables de atender y tramitar las quejas presentadas por los ciudadanos presuntamente afectados con el Programa de Aspersión Aérea de Cultivos Ilícitos con el herbicida glifosato, observando los principios de celeridad, eficacia, transparencia, buena fe y oportunidad, así como los demás consagrados en las normas legales vigentes” Ya hemos comprobado que el procedimiento en la práctica no es “expedito” sino que, por el contrario es un verdadero laberinto burocrático que somete a la persona a trámites agobiantes que por un lado desconocen el contexto cultural de los “presuntos” afectados (en este aspecto también se vulnera el principio de la fe en la medida en que parte de la duda sobre la verdadera ocurrencia del hecho) y por el otro lo que logran es que el campesino desista de su pretensión de justicia por cansancio, por incredulidad en el procedimiento o por desplazamiento, fomentando con ello más impunidad y dejando mal librado el derecho de acceso a la justicia. Los trámites en la práctica desconocen todos los principios en los que dice apoyarse el procedimiento “celeridad, eficacia, transparencia, buena fe y oportunidad”, lo narrado comprueba ninguno de ellos se hace efectivo contrario a lo anunciado con tanto bombo.
“Llama la atención de la Sala la circunstancia de muy común ocurrencia en que el Estado para superar una emergencia derivada de un conflicto social con un grupo humano determinado, asume obligaciones a través de convenios con las partes en conflicto, que luego son incumplidos. El incumplimiento de este tipo de obligaciones, resta credibilidad y legitimidad a la acción del Estado, frustra las aspiraciones legítimas de la comunidad, alienta las soluciones violentas a sus reclamaciones y, además, es contrario a la filosofía que emana del preámbulo de la Carta y al principio de la buena fe (art. 83 C.P.). El Estado Social de Derecho no sólo demanda de éste la proyección de estrategías para dar soluciones a las necesidades básicas de la comunidad en lo social y en lo económico, sino que exige acciones concretas para satisfacerlas; por lo tanto, la oferta o el compromiso estatal para atender en concreto dichas necesidades requiere ser traducido a la realidad, más aún cuando se trata de proteger o amparar derechos fundamentales.
1. DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES Coronel Luis Alfonso Plazas Vega Tel. 6916770 Dirección: Carrera 16ª No. 79 - 08 Bogotá
2. POLICÍA NACIONAL ANTINARCÓTICOS Tel 4280733 Dirección: Transversal 45 No. 40 -11 Bogotá La parte actora popular puede notificarse en la dirección: Edificio Avianca, Calle 16 No. 6 -66 oficina 2506. Teléfonos 2 84 61 20/60 40.
ALIRIO URIBE MUÑOZ T.P. 47.700 del C.S.J. cc. 19.418.812 de Bogotá.
Notas 1.Texto de la traducción realizada por la Defensoría del Pueblo en su publicación Amicus Curiae “las fumigaciones y los Derechos Humanos”, abril de 2002 (regresar)
9. El texto completo puede encontrarse en la dirección electrónica: http://usembassy.state.gov/colombia/wwwsa023.shtml (regresar)
12 Observemos los principios del Plan Colombia en la zona sur del país: “Como una respuesta ante la situación actual del departamento, dentro del Plan Putumayo, se tiene previsto adelantar un proceso de Desarrollo Alternativo que involucre acciones de apoyo a los procesos de producción y comercialización agropecuaria y forestal que favorezcan a las comunidades de campesinos colonos e indígenas y a sus instituciones comunitarias, para la reconversión de la economía ilícita, generando ingresos alternativos a la coca en el corto, mediano y largo plazo y teniendo en cuenta la característica especial del ecosistema amazónico en el que se ubica el departamento. La fase inicial de este proceso debe pasar por la construcción de confianza entre comunidad y Estado, sobre la base del fortalecimiento de espacios participativos, en la que en un periodo muy corto, deben concretarse acuerdos y compromisos de cada una de las partes en torno a la erradicación de cultivos ilícitos y al establecimiento de procesos productivos lícitos que deben partir por las actividades de corto plazo. En consecuencia, los esfuerzos del conjunto de instituciones nacionales y regionales involucradas en este proceso deben centrarse en la construcción de compromisos recíprocos, concretos y verificables que permitan por una parte, iniciar un proceso de desarrollo regional y por otro lograr la erradicación de los cultivos de coca en las zonas donde se establezcan los pactos”. En el Documento: “Antecedente Proyecto de Seguridad Alimentaria. Construcción de Pactos Sociales de Desarrollo Alternativo, en nueve Municipios del Departamento del Putumayo. 7. EL PACTO ELEMENTO ESTRATEGICO DE DESARROLLO ALTERNATIVO”. Estas normas de rango constitucional en materia de protección al consumidor son desarrolladas en diversas leyes: Artículo 58 de la Constitución Política. Derecho de propiedad privada; Artículo 333 de la Constitución Política. Derecho a la iniciativa privada, libertad de empresa y libre y leal competencia económica; Ley 256 de 1.996. Competencia Desleal; Decreto 3466 de 1.982. Estatuto Para la Defensa del Consumidor; Ley 446 de 1.998. Descongestión Judicial; Ley 23 de 1.982. Propiedad intelectual; Decisión 351 del Acuerdo de Cartagena. Propiedad Intelectual; Ley 44 de 1.993. Propiedad Intelectual; Ley 182 de 1.994. Ley de Televisión; Código del menor; Ley 30 de 1.986. Tabaco y alcohol; Resoluciones 03 de 1.995, 05 y 06 de 1.996 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Tabaco y Alcohol; Decreto 326 de 1.993. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; Circular 007 de 1.996 expedida por la Superintendencia Bancaria; Ley 09 de 1.979. Código Sanitario; Resolución 0024476 del 1.996 del INVIMA. Publicidad de Alimentos en televisión; Decreto 677 de 1.995. Medicamentos, cosméticos, productos de aseo; Decreto 3192 de 1.983, Bebidas alcohólicas; Resolución 076 de 1.999 de Ecosalud. Sorteos, rifas y promociones; Resolución 030 de Inravisión. Codificación de comerciales; Código Colombiano de Autorregulación Publicitaria. (regresar)
Acción de Amparo contra el gobierno Ecuatoriano por su actitud omisiva

References: resolución 
 artículo 92
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 Artículo 58
 Artículo 333
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