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Timestamp: 2020-02-24 08:46:32+00:00

Document:
Como bien lo señaló nuestra Honorable Corte Constitucional en Sentencia C- 307/96, de conformidad con el artículo 6o. de la Constitución Política, todos los servidores públicos -miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado (art. 123 de la C.P.)- son responsables ante las autoridades no sólo por infringir la Constitución y las leyes, sino además, por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
Esta responsabilidad general regulada por la Carta Fundamental, puede traducirse de conformidad con los diversos controles que prevé la organización constitucional para el adecuado funcionamiento del Estado, en una responsabilidad política, penal, civil, fiscal o disciplinaria del servidor público. En este último caso, dicha responsabilidad se refleja en las distintas sanciones que puede llegar a imponerle la Administración (previo el cumplimiento de un proceso administrativo), como consecuencia del desconocimiento de sus deberes y obligaciones, o la inobservancia de las prohibiciones e incompatibilidades establecidas por la Constitución y las leyes, las cuales están dirigidas a fijar condiciones razonables para un adecuado y eficaz desempeño de la función pública.
El régimen sancionatorio de la conducta desplegada por los servidores públicos (derecho disciplinario), pretende entonces regular las relaciones que se presentan entre éstos y la Administración, de modo que la función administrativa, que se encuentra al servicio de los intereses generales, se desarrolle en estricto cumplimiento de los principios de imparcialidad, celeridad, transparencia, eficacia y moralidad exigidos por el artículo 209 de la Constitución Política.
Estableciéndose entonces en el artículo 123 de la Constitución Política un principio general, que señala que los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad y que ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento, y que igualmente conforme al artículo 133 del mismo ordenamiento, los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa, representan al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común, confirmando la finalidad querida con la imposición de un régimen disciplinario que como se dijo, es el de defender los intereses generales y el beneficio de la comunidad.
En relación con las incompatibilidades, se ha decantado jurisprudencialmente que las mismas hacen parte del régimen disciplinario y buscan mantener la probidad del servidor público en el ejercicio de sus funciones, a través del señalamiento de impedimentos legales, relacionados con la imposibilidad del ejercicio simultáneo de dos actividades o cargos que puedan poner en entredicho la transparencia debida para el normal desarrollo de la actividad pública; es así como en la Sentencia C-349 de 1994, nuestra Honorable Corte Constitucional se refirió al sentido de las incompatibilidades para desempeñar ciertos cargos y sobre el particular afirmó:
Reiterando a su vez, en Sentencia C-903/ 08 que: “Las inhabilidades son aquellas circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público (…) y tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, en tanto que las incompatibilidades consisten en una prohibición dirigida al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado.”
Ahora bien, aterrizando en el problema jurídico que nos ocupa, tenemos que el artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, señala en su tenor literal:
Sea lo primero decir que las anteriores incompatibilidades se encontraban en la derogada Ley 734/2002 la cual señalaba en su artículo 39 que:
Jurisprudencia: En sentencia C-1076/02 la Corte Constitucional ordenó estarse a lo resuelto en la providencia C-181/02 en relación con el texto subrayado.
Jurisprudencia: El numeral 1º del artículo 44 de la Ley 200 de 1995 en similar sentido establecía:
“Los gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y miembros de las juntas administradoras locales desde el momento de la elección y hasta cuando esté legalmente terminado el período, así como los que reemplace el ejercicio del mismo, no podrán:”
Los textos subrayados, en letra itálica y entre comillas fueron objeto de los siguientes fallos:
1.- El texto “concejales y miembros de las juntas administradoras locales” fue declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante sentencia C-307/96.
2.- La palabra “diputados” fue declarada CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE por la Corte Constitucional en sentencia C-426/96 “siempre que se entienda que la incompatibilidad allí establecida para los Diputados, se refiere a las controversias y asuntos en los que se discutan intereses del Departamento, o aquellas que deban ser decididas por una entidad administrativa del orden departamental”.
3.- Las expresiones en letra itálica “gobernadores” y “alcaldes” fueron declaradas EXEQUIBLES por la Corte Constitucional mediante sentencia C-559/96.
Y que igualmente se encontraban señaladas en la Ley 200/ 95 (derogada por la mencionada Ley 734/02) la cual en su artículo 44 señalaba:
Art. 44. - OTRAS INCOMPATIBILIDADES.
2. Salvo las excepciones constitucionales y legales y el ejercicio de la docencia universitaria hasta por ocho horas semanales dentro de la jornada laboral (sic).
E incluso de ellas también se ocupó la Ley 617/00 ( Que reformó la Ley 136/94) en sus artículos 31,34,36, 39 ( estableciendo en el caso de Diputados el término de 6 meses, en el caso de Alcaldes el término de 12 meses y en el caso de concejales 6 meses)
Luego entonces tenemos que, ni ahora ni antes se establecen nuevas reglas en cuanto a incompatibilidades para quienes quieran aspirar a cargos de elección popular; sobre este particular es menester recordar que con la expedición de la Ley 1475 de 2011, por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones, se estableció en el inciso tercero del parágrafo 3 de su artículo 29, que ningún régimen de inhabilidades e incompatibilidades para los servidores públicos de elección popular será superior al establecido para los congresistas en la Constitución Política; sin embargo, la Corte Constitucional dando cumplimiento al numeral 8 del artículo 241 de la Constitución Política, mediante Sentencia C-490 de 2011, condicionó la constitucionalidad del citado parágrafo 3 en los siguientes términos: “Para la Corte, el término de comparación que prescribe el inciso final del citado parágrafo no puede aplicarse de manera plena, en razón a que no todas las causales de inhabilidad establecidas en la Constitución para los congresistas se pueden predicar en general de todos los servidores públicos de elección popular, pues en su mayoría no aplican en el nivel territorial y el mandato legal no puede desconocer la facultad conferida por el constituyente al legislador para establecer distintos regímenes de inhabilidades en el acceso a cargos de elección popular distintos a los de los senadores y representantes, para quienes el constituyente consagró un estatuto especial y unas prohibiciones específicas.
En conclusión tenemos que, lo hecho por el artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 ( A nuestro entender) fue unificar la extensión del término de 12 meses con posterioridad al retiro del servicio, de la incompatibilidad para gobernadores, diputados, alcaldes y concejales, de desempeñar cargos públicos en el nivel territorial donde hayan ejercido jurisdicción; puesto que en últimas, unas son las conocidas inhabilidades para ser elegido y otras las incompatibilidades sobrevinientes al desempeño del cargo luego de la elección.
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Comentarios ¿Establece el artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 que quienes quisieran aspirar a cargos de elección popular deben haber renunciado a sus cargos públicos un año antes de los comicios?
yannethe beltran 11/03/2019 a las 21:34
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References: artículo 6
 artículo 209
 artículo 123
 artículo 133
 artículo 43
 artículo 39
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 29
 artículo 241
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43
 artículo 43