Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25699
Timestamp: 2019-12-14 15:53:52+00:00

Document:
Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 72/2018
SENTENCIA 72/2018, de 21 de junio
(BOE núm. 179, de 25 de julio de 2018)
a) El 3 de abril de 2017 tuvo entrada en el registro general de este Tribunal escrito del Procurador de los Tribunales don Pablo José Trujillo Castellano, actuando en nombre y representación de doña S.F.M., por el que se interponía recurso de amparo contra el decreto de la Secretaría de Justicia de la Sección Segunda de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, de 7 de febrero de 2017, por el que se desestimó el recurso de reposición interpuesto contra la diligencia de ordenación dictada por la misma Secretaría de Justicia, el 1 de septiembre de 2016, que tuvo por no formalizado por dicha parte procesal, el escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina promovido en su contra por la entidad Bankia, S.A.
“Habiendo transcurrido el plazo concedido a la parte recurrida para la impugnación del recurso formalizado de contrario sin haberlo verificado, pasen los autos con el rollo al Ministerio Fiscal a fin de que informe por el plazo de diez días sobre la procedencia e improcedencia del recurso interpuesto, de conformidad con lo prevenido en el artículo 226.3 de la LJS. Contra esta resolución cabe recurso de reposición, ante el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, en el plazo de cinco días, que no tendrá efectos suspensivos respecto a lo acordado”.
b) Contra dicha resolución se interpuso recurso de reposición por la representación procesal de la aquí recurrente en amparo, mediante escrito que tuvo entrada el 23 de septiembre de 2016 en el registro general del Tribunal Supremo, en el que se alegó que el escrito de impugnación del recurso de casación se había presentado dentro de plazo en el sistema Lexnet, recibiendo oportuno mensaje de acuse de recibo y conformidad de ello, y que la utilización de medios electrónicos para las comunicaciones procesales no puede traducirse en “un elemento distorsionador del principio de la tutela judicial efectiva, contenida en el art. 24.1 de la CE”.
A renglón seguido, en el fundamento de Derecho segundo, tras recordar que “todos los escritos procesales deben presentarse, no solo en tiempo, sino también en forma, y que el cómputo de los plazos procesales es preclusivo”, y mencionar que la normativa reguladora de las comunicaciones y notificaciones efectuadas por vía telemática se contiene en el Real Decreto 1065/2015, cuyo anexo III indica los campos a cumplimentar en el sistema Lexnet, figurando entre ellos y de manera obligatoria el del tipo de procedimiento, excepto en los escritos iniciadores, “circunstancia que no concurre en nuestro caso”, el decreto razona lo siguiente:
c) Abierto el plazo de alegaciones, la Fiscal jefe ante este Tribunal Constitucional presentó escrito registrado el 6 de febrero de 2018, por el que consideró que “procede elevar al Pleno cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del artículo 188, apartado primero, párrafo primero de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, por oposición al artículo 24 CE”. A su criterio, y tras hacer referencia al ATC 163/2013, de 9 de septiembre, que acordó elevar al Pleno cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con el artículo 102 bis, apartado segundo, de la Ley 29/1998, arriba mencionado, constata que el precepto que da lugar a la apertura del presente trámite de audiencia, como señala la propia providencia de esta Sala de 22 de enero de 2018, “es de igual tenor” que aquél, lo que justifica su conocimiento por el Pleno.
Por su parte, la representación procesal de la recurrente en amparo formalizó escrito registrado con fecha 12 de febrero de 2018, donde formuló sus alegaciones apoyando la “pertinencia” de plantear la referida cuestión interna de inconstitucionalidad, teniendo en cuenta lo declarado por la STC 58/2016.
Afirma el citado Auto que atendido, de un lado, que la aplicación a la aquí recurrente del artículo 188, apartado primero, párrafo primero de la Ley reguladora de la jurisdicción social, deviene condicionante del correcto agotamiento de la vía judicial previa a su recurso de amparo; y de otro lado, que las razones para dictar el ATC 163/2013, de 9 de septiembre, se han visto respaldadas por la STC 58/2016, de 17 de marzo, respecto de un precepto que guardaba identidad (art. 102 bis.2 párrafo primero de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa) con el que aquí nos ocupa y que fue declarado por esta última inconstitucional y nulo, resulta procedente elevar al Pleno cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 188, apartado primero, párrafo primero, de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, por excluir del recurso directo de revisión y de cualquier otro, el decreto del Letrado de la Administración de Justicia que, entre otras atribuciones, resuelve sobre el cumplimiento del trámite de presentación del escrito de impugnación del recurso de casación para la unificación de doctrina laboral, y al tenerlo por no presentado como aquí, precluye toda posibilidad de defensa en el procedimiento para la parte recurrida, lo que en palabras del ATC 163/2013, “puede suponer una desatención del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 CE” (FJ 2).
Señala el Abogado del Estado que el precepto cuestionado es idéntico al, en su momento vigente, artículo 102 bis, apartado segundo de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Respecto de este precepto, la STC 58/2016, de 17 de marzo, resolvió la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5344-2013 planteada por el ATC 163/2013, y lo hizo en sentido estimatorio, declarando la inconstitucionalidad y nulidad del primer párrafo del artículo 102 bis 2, párrafo primero de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, concluyendo que la norma entonces cuestionada “incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial” (STC 58/2016, FJ 7).
Partiendo de este presupuesto, el Abogado del Estado considera que procede solicitar al Tribunal que dice una Sentencia conforme a Derecho, de acuerdo con el precedente citado. Ahora bien, a dicha alegación, se añade la propuesta, conforme estableció el último párrafo de la STC 58/2016, en relación con la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que, en la Sentencia, se haga una declaración relativa a que “en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente frente al decreto del Letrado de la Administración de Justicia resolutivo de la reposición ha de ser el directo de revisión al que se refiere el propio art 188 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre”. De esta manera se evitarían los perjuicios que la anulación del precepto puede producir.
Concluye el Fiscal General del Estado señalando que, a su juicio, el fallo de esta cuestión interna de inconstitucionalidad debe precisar, al igual que en la reiterada STC 58/2016, que, en tanto el legislador no se pronuncie al respecto, el recurso judicial procedente debe ser el directo de revisión al que se refiere el propio artículo 188.1 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.
“Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.
2. El precepto que es objeto de la presente cuestión de inconstitucionalidad está en directa conexión con la articulación procesal del modelo de oficina judicial que diseñó la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ), y desarrolló la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, una de cuyas claves es potenciar la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia. Así, el Letrado de la Administración de Justicia, “además de ejercer en exclusividad su tradicional función de fedatario público dentro del proceso, así como la de impulso de las actuaciones procesales que ya tenía atribuida (por medio de las diligencias de ordenación), asume ahora también otras funciones ‘en materias colaterales a la función jurisdiccional’ (preámbulo de la Ley 13/2009) y se le reconoce la facultad de dictar determinadas resoluciones motivadas (decretos), relevantes para la buena marcha del proceso” (STC 58/2016, de 17 de marzo, FJ 2).
En el marco de la moderna oficina judicial, “la Ley 13/2009 acomete una minuciosa reforma horizontal de las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Introduce en cada una de ellas normas generales y especiales expresivas de los supuestos en que las ‘resoluciones procesales’ —denominación que engloba en la nueva nomenclatura legal tanto a las ‘resoluciones judiciales’, dictadas por Jueces o Tribunales, como las de los Letrados de la Administración de Justicia, como expresan el artículo 206 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y los artículos 244 y 456 LOPJ— deben ser dictadas por el Juez o Tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia. Se indica igualmente la denominación y forma de la resolución de que se trate (providencias, autos y sentencias en el caso de las resoluciones judiciales; diligencias y decretos en el caso de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia), así como su régimen de impugnación. En tal sentido el artículo 456.4 LOPJ, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, determina con carácter general que ‘las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales’” (STC 58/2016, de 17 de marzo, FJ 2).
La duda de constitucionalidad afecta, pues, al régimen de recursos legalmente establecido contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia en el proceso laboral resolutivos de la reposición, “en la medida en que su aplicación pueda impedir que las decisiones procesales de aquellos en las que resulte afectado un derecho fundamental … sean revisadas por los Jueces y Tribunales, titulares en exclusiva de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). Se vedaría así que los Jueces y Magistrados, como primeros garantes de los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico, dispensen la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el artículo 24.1 CE y hagan efectiva la subsidiariedad que caracteriza al proceso constitucional de amparo (por todas, SSTC 147/1994, de 12 de mayo, FJ 2; 71/2000, de 13 de marzo, FJ 3; 214/2000, de 18 de septiembre, FJ 3; 13/2005, de 31 de enero, FJ 3, y 150/2011, de 29 de septiembre, FJ 11)” (STC 58/2016, de 17 de marzo, FJ 3).
El problema que se plantea en la presente cuestión interna reside, justamente, en que no es descartable la eventualidad de que existan supuestos en los que la decisión del Letrado de la Administración de Justicia excluida por el legislador del recurso de revisión ante el Juez o Tribunal (párrafo primero del art. 188.1 LJS) “concierna a cuestiones relevantes en el marco del proceso, que atañen a la función jurisdiccional reservada en exclusiva a Jueces y Magistrados (art. 117.3 CE), a quienes compete dispensar la tutela judicial efectiva sin indefensión que a todos garantiza el art. 24.1 CE” (STC 58/2016, FJ 5).
El problema planteado, como sucedía también en la STC 58/2016, no se puede solventar con la previsión del párrafo primero del artículo 188.1 LJS de “reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”, pues esta posibilidad sólo existe cuando la resolución definitiva del proceso laboral sea susceptible de recurso y en este caso no lo era.
Por lo que se refiere a la previsión del artículo 240.2 LOPJ a cuyo tenor “el Juzgado o Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda su subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular”, hay que recordar que “esta nulidad de pleno derecho de los actos procesales ha de referirse a alguno de los casos enumerados por el artículo 238 LOPJ, lo que determina la inviabilidad de este remedio procesal para otros supuestos” (STC 58/2016, de 17 de marzo, FJ 6). Tal acontecería, precisamente, en el asunto suscitado en el proceso a quo, que da lugar al planteamiento de la presente cuestión interna de inconstitucionalidad, pues el Letrado de la Administración de Justicia no ha prescindido de una norma esencial del procedimiento, sino que se ha limitado a aplicar el artículo 188.1 LJS, que no permite recurso; por ello, este acto procesal no tiene cabida en ninguno de los supuestos tasados por el artículo 238 LOPJ.
4. 4. Como señala la STC 58/2016, FJ 7, “el derecho fundamental garantizado por el artículo 24.1 CE comporta que la tutela de los derechos e intereses legítimos de los justiciables sea dispensada por los Jueces y Tribunales, a quienes está constitucionalmente reservada en exclusividad el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE). Este axioma veda que el legislador excluya de manera absoluta e incondicionada la posibilidad de recurso judicial contra los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia resolutorios de la reposición”, como acontece en el cuestionado apartado primero del artículo 188.1 LJS. “Entenderlo de otro modo supondría admitir la existencia de un sector de inmunidad jurisdiccional, lo que no se compadece con el derecho a la tutela judicial efectiva (así, STC 149/2000, de 1 de junio, FJ 3, para otro supuesto de exclusión de recurso judicial) y conduce a privar al justiciable de su derecho a que la decisión procesal del Letrado de la Administración de Justicia sea examinada y revisada por quien está investido de jurisdicción (esto es, por el Juez o Tribunal), lo que constituiría una patente violación del derecho a la tutela judicial efectiva (SSTC 115/1999, de 14 de junio, FJ 4, y 208/2015, de 5 de octubre, FJ 5)”.
En suma, el párrafo primero del artículo 188.1 LJS (“Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva”) incurre en insalvable inconstitucionalidad “al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial”. El precepto cuestionado, “en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercena ... el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos” (STC 58/2016, FJ 7).
Don Juan José González Rivas, doña Encarnación Roca Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Antonio Narváez Rodríguez, don Alfredo Montoya Melgar, don Ricardo Enríquez Sancho, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y doña María Luisa Balaguer Callejón.
Número y fecha BOE [Núm, 179 ] 25/07/2018
Tipo y número de registro Cuestión interna de inconstitucionalidad 1393-2018
Fecha de resolución 21/06/2018
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional plantea una cuestión interna de inconstitucionalidad en relación con un precepto de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que declara la imposibilidad de impugnar el decreto del letrado de la Administración de Justicia que resuelve el recurso de reposición contra sus propias diligencias de ordenación.
Se estima la cuestión. En aplicación de la doctrina sentada en la STC 58/2016, de 22 de abril, la sentencia declara que el precepto es incompatible con el derecho a la tutela judicial efectiva y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, toda vez que impide al justiciable someter a la revisión del titular de la potestad jurisdiccional decisiones procesales de los letrados de la Administración de Justicia.
El precepto impugnado incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial. El precepto cuestionado, en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia, cercena el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos (STC 58/2016) [FJ 4].
Artículo 118.1 párrafo 1 (anula)
Artículo 240.2 (redactado por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre), f. 3
Artículo 241 (redactado por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo), f. 3
Artículo 102 bis, apartado 2 párrafo 1 (redactado por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre), ff. 1, 3
Artículo 118.1 párrafo 1, ff. 1, 2
Artículo 186.1, f. 2
Artículo 188.1, ff. 3, 4
Artículo 188.1 párrafo 1 , ff. 2 a 4
Artículo 188.1 párrafo 2, f. 2
Derecho a la tutela judicial efectivaDerecho a la tutela judicial efectiva, Vulnerado, ff. 3 y 4
Derecho de acceso al recurso legalDerecho de acceso al recurso legal, ff. 3 y 4
Funciones de los letrados de la Administración de justiciaFunciones de los letrados de la Administración de justicia, ff. 1 a 4
Principio de exclusividad jurisdiccionalPrincipio de exclusividad jurisdiccional, ff. 3 y 4
Funciones de los jueces y tribunalesFunciones de los jueces y tribunales, ff. 1 a 4

References: e contrario
 artículo 226
 resolución 
 resolución 
 Real Decreto 
 artículo 188
 artículo 24
 artículo 102
 artículo 188
 artículo 188
 artículo 24
 artículo 102
 artículo 102
 artículo 188
 resolución 
 artículo 206
 resolución 
 artículo 456
 artículo 24
 artículo 188
 resolución 
 resolución 
 artículo 240
 resolución 
 artículo 238
 artículo 188
 artículo 238
 artículo 24
 artículo 188
 artículo 188
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 

Artículo 118

Artículo 240

Artículo 241

Artículo 102

Artículo 118

Artículo 186

Artículo 188

Artículo 188

Artículo 188