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Timestamp: 2017-11-20 04:51:42+00:00

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LA POTESTAD SANCIONADORA DEL OSCE - ppt descargar
Publicada porAnibal Alcala Modificado hace 2 años
Presentación del tema: "LA POTESTAD SANCIONADORA DEL OSCE"— Transcripción de la presentación:
1 LA POTESTAD SANCIONADORA DEL OSCE
Dr. Carlos Navas Rondón Vocal Del Tribunal de Contrataciones del Estado
2 La Potestad Sancionadora
Capacidad o facultad que tiene el Tribunal del OSCE para examinar conductas calificadas legalmente como causales de sanción. Poder jurídico de represión sobre conductas de proveedores que permiten la imposición de medidas restrictivas para contratar con el Estado. Se materializa a través del trámite administrativo efectuado por el Tribunal al imponer sanción a postores y contratistas, luego de un debido proceso. Algunos principios e instituciones del derecho penal son aplicables con ciertos matices al derecho administrativo sancionador. Pero también hay diferencias claras como : el tipo de sanción, prescripción normativa aplicable, responsabilidad objetiva, medios alternativos y otros. No puede ser ejercida en forma ilimitada o arbitraria estando obligada a la observancia de la ley y de los principios normativos.
3 Características del Procedimiento Sancionador
Sólo pueden constituir conductas sancionables administrativamente, las infracciones previstas y establecidas expresamente en la Ley. La emisión de un acto sancionador sin cumplir el procedimiento respectivo y sin garantizar la participación activa del interesado, determina su nulidad. Las cuestiones de competencia que se presenten deben ser dilucidadas previamente. Pueden existir nulidades por errores o vicios procesales, que pueden formularse a pedido de parte o ser declaradas de oficio. No existe separación de fases procesales, siendo el Tribunal la única y última instancia administrativa.
4 Una vez iniciado el procedimiento sancionador, éste debe ser resuelto ineludiblemente por el Tribunal; no procede el desistimiento por la parte que lo impulsó, ni se admite transacciones. Solo se puede suspender o cancelar las sanciones del Tribunal del OSCE por disposiciones del órgano jurisdiccional en un procedimiento contencioso administrativo. Es indispensable que las notificaciones se realicen con arreglo a ley. El derecho de defensa del denunciado se materializa principalmente a través de la presentación de descargos, alegatos e informes orales El procedimiento administrativo sancionador es eminentemente documental. No se practica las declaraciones o testimoniales. La autoridad que instruye el procedimiento administrativo sancionador podrá disponer la adopción de medidas de carácter provisional, que aseguren la eficacia de la resolución final.
5 Las entidades públicas tienen la obligación de proporcionar, en tiempo oportuno y contenido veraz, la información adicional que soliciten las el Tribunal del OSCE, para cumplir sus funciones de manera eficiente. Las sanciones que se impongan no constituyen impedimento para que el contratista cumpla con las obligaciones derivadas del contrato suscrito con la entidad. Las sanciones entrarán en vigencia a partir del sexto día hábil siguiente de notificada la resolución. Los errores materiales o aritméticos contenidos en los actos administrativos, pueden ser rectificados, con efecto retroactivo en cualquier momento. La imposición de las sanciones administrativas son independientes de la responsabilidad civil o penal que puedan originarse por las infracciones cometidas.
6 El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde única y exclusivamente a los Vocales del Tribunal del OSCE. El presunto infractor puede seguir participando en otros procesos de selección y contratando con el Estado, mientras el Tribunal no haya emitido la resolución definitiva que lo sancione. La vigencia de las sanciones se suspende por medida cautelar dictada en un proceso judicial, contencioso administrativo. El Tribunal del OSCE tiene la facultad de aplicar el control difuso. La carga de la prueba la tiene la administración. En el procedimiento administrativo es factible la sanción a través de la prueba indiciaria o circunstancial. La observancia de los precedentes administrativos es de aplicación obligatoria Las resoluciones emitidas por el Tribunal deben estar motivadas.
7 Principios Rectores de la Potestad Sancionadora
Legalidad: Solo debe sancionarse las conductas tipificadas y señaladas como causales o infracciones administrativas conforme a la ley y al reglamento. No se puede configurar otras modalidades o formas análogas. Debido procedimiento: Los administrados tienen todas las garantías para que exista un procedimiento equitativo imparcial en estricto cumplimiento de las normas de la contratación pública. Impulso de oficio: Las autoridades administrativas deben ordenar la realización de actos necesarios para el esclarecimiento y solución de los casos que conocen, sin necesidad de que existan pedidos expresos de las partes.
8 Razonabilidad: Las decisiones deben estar dentro de los límites de las facultades atribuidas y mantener una proporcionabilidad en la valoración del resultado del razonamiento del juzgador para que la medida sea justa, adecuada y fundamentada con arreglo a Ley. Imparcialidad: No deben existir actuaciones discriminatorias, ni con ventajas o privilegios; debe darse un trato igualitario, con independencia y criterio, sin interferencias que afecten la potestad sancionadora. Informalidad: o formalidad atenuada, la norma debe de ser interpretada en forma favorable a los administrados propiciándose la supresión de trámites innecesarios o redundantes, que simplifiquen el procedimiento e incidan en la economía y celeridad procesal.
9 Presunción de Veracidad: Se presume que los documentos y declaraciones presentadas son conformes a la verdad de los hechos que se afirman. La autoridad debe verificar y adoptar las medidas necesarias cuando la información sea inexacta o los documentos sean falsos o adulterados. Conducta Procedimental: Las actuaciones deben realizarse con buena fe, respeto mutuo y colaboración, para no obstaculizar ni perturbar el proceso. Valorándose el comportamiento en el ejercicio de la defensa, ya sea aceptando o rehuyendo su responsabilidad. Celeridad: Se debe evitar dilaciones innecesarias que no permitan cumplir los plazos establecidos o posibiliten prescripciones. Buscando conseguir una justicia oportuna y evitar plazos excesivos que afecten la eficacia de una buena justicia administrativa.
10 Tipicidad : Adecuación de la conducta realizada a la causal de sanción establecida en la Ley, Permite comprender los hechos que se describen bajo amenaza de sanción, para que sean evitados o erróneamente calificados. Predictibilidad: La información que se proporcione debe ser veraz, confiable y suficiente para que los administrados puedan conocer cual va a ser el resultado final y anticiparse a las decisiones, sin que exista mayores dudas o desconcierto y se eviten pronunciamientos antagónicos frente a casos idénticos. Privilegio de controles posteriores: Fiscalización o verificación de oficio de la autenticidad de las declaraciones o documentos que obran en el expediente, para asegurar un adecuado control gubernamental en todos los procesos de selección que se convoquen.
11 Presunción de Licitud: Se presume que los administrados hagan todo conforme a sus deberes mientras no existan evidencias en contrario. Permite la ejecutabilidad diferida ya que los efectos de la sanción se suspende si es que existe recursos pendientes que resolver. Non bis in idem: No se puede sancionar dos veces sobre lo mismo, siendo el fundamento de la cosa decidida cuando se trate de los mismos sujetos, los mismos hechos y la misma acción o procedimiento. Publicidad: Los actos que se dicten debe ser objeto de difusión adecuada y suficiente para garantizar el conocimiento de todos los participes de las Contrataciones del Estado así como la tarea ejemplarizadora y represiva que tiene el Tribunal contra los infractores de la Ley.
12 Retroactividad Benigna: Las sanciones se aplican en el momento en que se producen las causales de sanción, salvo que la norma posterior le sea mas favorable. Las normas sancionadoras solo tienen efectos retroactivos y benefician al infractor ante un concurso de leyes que pueden ser aplicadas al mismo caso. Tutela Administrativa efectiva: Toda persona física o jurídica tiene el derecho de exigir la protección y el amparo jurídico pleno, constituyendo una seguridad contra la arbitrariedad en la aplicación de la Ley. EFICACIA : Permite la conservación del acto administrativo, cuando el vicio que lo afecta, no es trascendente. Prevalece el cumplimiento de la finalidad del acto sobre los meros formalismos que no inciden en su validez.
13 El Procedimiento Sancionador
Conjunto de actos concatenados que deben seguirse ante el Tribunal del OSCE para imponer una sanción administrativa. Mecanismo de control y corrección de la actividad administrativa en las Contrataciones Publicas ante las causales de sanción incurridas. Trámite administrativo que permite al presunto infractor ejercer su derecho de defensa y controlar la actuación inquisitiva de la administración, dentro de un debido proceso. Se inicia de oficio, por orden superior, por denuncia de un particular o motivada por otras entidades. Las entidades están obligadas a poner en conocimiento del Tribunal los hechos que son sancionables con el informe técnico legal sobre la responsabilidad del presunto infractor. El presunto infractor puede seguir participando en un proceso de selección y seguir contratando con el Estado si es que el tribunal no ha emitido la resolución definitiva que lo sancione.
14 Antes del inicio del proceso sancionador se pueden actuar diligencias de investigación, averiguación e inspección que justifiquen su inicio. Solo constituyen conductas sancionables las que se encuentran tipificadas y se han comprobado su existencia. Si no se cumple el debido procedimiento administrativo y no se garantiza la participación del interesado se debe determinar la nulidad del procedimiento. También se declarara nulo los actos administrativos expedido por las entidades, cuando hayan sido dadas por órganos incompetentes, contravengan normas legales y contengan un imposible jurídico. Los hechos declarados y probados por resoluciones judiciales firmes, vinculan y obligan a las entidades y al tribunal del OSCE. El procedimiento sancionador es inminentemente documental, se basa en medios físicos que sustenten los hechos que se argumentan.
15 Trámite de Procedimiento Administrativo Sancionador
DESCARGOS Y SE REMITE A SALA ENTIDAD REMITE DOC. COMPLETA SOLICITUD INICIO Inf. Adic. Audiencia Publica PREVIAMENTE No sanciona RESOLUCION Sanciona RECURSO DE RECONSIDERACION
16 INICIO ACTUACIONES NECESARIAS Y RELEVANTES SALA EMITE RESOLUCION
EMITEN DESCARGO SECRETARIA NOTIFICA AL INFRACTOR INICIO 10 DIAS NO EMITEN DESCARGO INFORMACION ADICIONAL SE REMITE A LA SALA SANCIONADORA ACTUACIONES NECESARIAS Y RELEVANTES AUDIENCIA PUBLICA IMPONE SANCION (RESOLUCION) Plazo Max. 3 MESES SALA EMITE RESOLUCION NO IMPONE SANCION (ACUERDO)
17 Causales de Sanción No mantener su oferta hasta el otorgamiento y consentimiento de la Buena Pro y de resultar ganadores hasta la suscripción de contrato: Se debe cumplir y no variar la propuesta técnica y propuesta económica presentada. Consecuencias: Descalificación del proceso de selección Pérdida de la garantía de seriedad de oferta. Sanción de Inhabilitación para contratar con el Estado. No presentarse a suscribir injustificadamente el Contrato otorgado en Buena Pro: Previa notificación de la Entidad, después del consentimiento de la buena pro. Plazo: de 5 hasta 10 días hábiles, para suscribir el contrato Presentarse con toda la documentación requerida ( carta fianza ) Salvo fuerza mayor o caso fortuito. ( hechos que imposibilitan el cumplimiento
18 No recibir injustificadamente la orden de compra o servicio emitido a su favor:
Para procesos de adjudicación de menor cuantía. Previo requerimiento de la Entidad por vía notarial Observancia de los plazos legales Excepciones en casos justificados: acontecimiento extraordinario, impredecible o irresistible. Dar lugar a la resolución de contrato, orden de compra o de servicio por causas atribuidas a las partes o contratistas. Incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales legales o reglamentarias. Resolución en forma unilateral ( Ius variandi) Haber llegado a acumular el monto máximo de penalidad por mora. Paralizar o reducir injustificadamente la ejecución de la prestación. No tener capacidad económica o técnica para continuar la ejecución de la prestación.
19 Haber entregado el bien, prestado el servicio o ejecutado la obra con existencias de vicios ocultos, previa sentencia judicial firme o laudo arbitral Defectos en los bienes entregados, servicios prestados o en la obra ejecutada, que no fueron apreciados al momento de la entrega o de su culminación por un plazo no menor de 1 año en bienes y servicios; y para el caso de obras no podrá ser inferior a 7 años. Previa reclamación y resolución judicial o a través del arbitraje. Contratar con el Estado, cuando se está impedido para ello, por existir impedimentos y causales previstas. ( Art. 10 de la ley de cont.) Funcionarios Públicos en el ámbito nacional, regional y jurisdiccional. Personas naturales o jurídicas que intervengan directamente. Parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Personas juridicas en que tengan participación funcionarios públicos Proveedores que se encuentren inhabilitados.
20 Participar en un proceso de selección o suscribir un contrato con el Estado sin contar con la inscripción vigente en el Registro Nacional de Proveedores. Constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado. Documento expedido por el RNP, valido por 1 año Registro de proveedores de bienes , servicios, consultorías de obras y ejecutores de obra, conforme al TUPA del OSCE. Suscribir contratos de ejecución o consultoría de obras por montos mayores a su capacidad libre de contratación, o especialidades distintas según sea el caso. El RNP determina la capacidad máxima de contratación , que tienen los ejecutores de obra, también determina la certificación de las especialidades que tienen los consultores de obra. De aplicarse la sanción no debe de ser declarada en su récord de obras.
21 Realizar las subcontrataciones sin autorización de la Entidad: Condiciones establecidas:
a) La entidad debe aprobarlo por escrito y manera previa. b) Debe ser expedido por intermedio de funcionario competente. c) Dentro de los 5 (cinco) días hábiles de formulado el pedido. d) El subcontratista debe estar inscrito y habilitado en el RNP. No procede cuando está prohibido expresamente en las bases o en el contrato. Los subcontratos autorizados y presentados al RNP dentro de los 30 días naturales de suscrito serán considerados para los efectos de sus calificación. Realizar subcontrataciones por un porcentaje mayor al permitido en el Reglamento : No deben exceder al 40% del monto del contrato original , con autorización. Pueden ser personas naturales o jurídicas que realicen parte de las prestaciones estipuladas en el contrato , cuando las bases lo permitan. La subcontratación es la gestión o ejecución diaria de una función empresarial por un proveedor externo de servicios ( Tercerización).
22 Participar en prácticas restrictivas de la Libre competencia previa declaración (INDECOPI).
Para sancionar se requiere el informe técnico emitido por INDECOPI. Prohibición de concertar entre postores o con terceros con el fin de establecer prácticas que restrinjan la libre competencia; como acuerdos, decisiones, recomendaciones, actuaciones paralelas o concertadas que impidan o limiten la competencia de otras empresas en el libre mercado. Incurrir en supuestos de socios comunes no permitidos, según lo que establece en el reglamento. Sanción a postores que tienen vinculación económica y presenten ofertas para un mismo proceso de selección de manera separada con el fin de beneficiarse y sorprender a la Entidad. Las acciones, participaciones o aportes deben ser superior al 10 % del capital o patrimonio social de cada uno de ellos.
23 Presentar documentos falsos ante las Entidades, Tribunal de Contrataciones del Estado o al OSCE.
Se sanciona la simple presentación del documento sin tener mayor relevancia y autoría mediata o inmediata de la falsedad, ya que es responsable de su exactitud y veracidad. Obliga a los proveedores a ser diligentes en cuanto a la veracidad de los documentos presentados. Presentar información inexacta a las Entidades, Tribunal de Contrataciones del Estado o al OSCE. Para acreditar la falsedad o inexactitud del documento se requiere: 1) Que no haya sido expedido por el órgano o agente emisor. 2) Que siendo válidamente expedido, haya sido adulterado en su contenido. Quebrándose el principio de veracidad 3) Que sea incongruente con la realidad, originando un falseamiento.
24 Interponer recursos impugnativos contra los actos inimpugnables que no han sido considerados en el Art. 150º del Reglamento. No procede impugnaciones contra decisiones administrativas previstas en la norma para evitar dilataciones y recursos innecesarios que perjudican obstaculizan y perturban los procesos de selección, incluso a otros postores. Como las actuaciones preparatorias de la Entidad convocante, las bases y/o su integración, programaciones en el SEACE y exoneraciones. Constatar después de otorgar la conformidad, que se incumplieron injustificadamente las obligaciones de los contratos hasta los plazos de responsabilidad establecidos en las bases. Nueva conducta sancionable que obliga a los contratistas a cumplir todas las condiciones estipuladas, incluso hasta después de otorgarse la conformidad de servicio u obra realizada. El incumplimiento debe ser injustificado, de darse el caso fortuito o fuerza mayor debe eximirse de responsabilidad.
25 Año 2009
26 Año 2010
27 Clases de Sanciones Inhabilitación Temporal: Es la privación o suspensión, por un periodo determinado de tiempo, del ejercicio que tienen los proveedores, participantes postores y contratistas de participar en los procesos de selección y contratación con el Estado. Determinan la suspensión de los derechos que tienen los proveedores para contratar con el Estado por un periodo que no puede ser menor a seis meses ni mayor a tres años. Inhabilitación Definitiva: Es la privación permanente de los derechos de participar en los procesos de contrataciones con el Estado, cuando existen responsabilidades e inhabilitaciones temporales. Cuando la responsabilidad de la persona naturales o jurídica, se ha dado en otros procesos, en la que ha sido sancionado, con dos o más inhabilitaciones temporales cuyo, tiempo sumado sea mayor a 36 meses, dentro de un periodo de cuatro años le debe imponer la inhabilitación definitiva.
28 Sanciones Económicas:
Son las que resultan de la ejecución de las garantías otorgadas a la presentación de los Recursos de Apelación o Reconsideración, cuando son declarados infundados o improcedentes por la entidad o el Tribunal de Contrataciones del Estado. Cuando el Recurso Impugnatorio es declarado fundado en todo o en parte se devolverá la garantía por el Tribunal; expresándose esta devolución en la misma Resolución. Forma de garantías emitidas a favor del OSCE. Si hubiera desistimiento se ejecuta el 100 % (cien) de la garantía. No constituyen sanción económica la ejecución de garantías (seriedad de oferta, fiel cumplimiento, monto diferencial de la propuesta y adelantos).
29 Otras Sanciones Sanciones a los consorcios: durante su participación en el proceso de selección y durante la ejecución del contrato. Se pueden individualizar la responsabilidad y la no aplicación de sanción siempre y cuando se hubiera producido antes de la ejecución del contrato. Durante la ejecución de un contrato se sancionaran a todos los integrantes del consorcio. No existe límite máximo de empresas o personas que puedan integrar un consorcio. Sanciones a expertos independientes. Personas naturales o jurídicas que integran o asesoran los comités especiales y que incurren en responsabilidades por inobservancias a la ley. Se debe remitir al Tribunal todos los actuados del irregular proceso de selección en que hubiera participado dentro de un plazo que no exceda los 10 (diez) días hábiles contados a partir de los hechos detectados. El Tribunal evaluará los actuados y puede sancionarlos por un período no menor a 6 (seis) meses ni mayor a 12 (doce) meses para contratar con el Estado.
30 Sanciones dentro del marco de regímenes especiales.
Instituciones Públicas que organizan sus propios procesos de selección conforme a leyes especiales incluso les permite resolver en última instancia administrativa las controversias que se presenten, sin intervención del Tribunal del OSCE. Como el PRONAA, FONAVI, COFOPRI, PRO INVERSION, PETROPERU, JNE, y otros. Sanciones a los Árbitros: Cuando incumplen injustificadamente con remitir el laudo arbitral dentro del plazo de cinco (5) días hábiles para su registro y publicación. El Tribunal puede sancionar económicamente a los árbitros con una multa equivalente no menor a una (1) ni mayor a cuatro (4) UIT. Sanciones dentro del marco de los Convenios Internacionales: Se sujetan a disposiciones establecidas en tales convenios siempre que los procesos y los contratos sean financiados en un porcentaje no menor al 60% con recursos provenientes del organismo internacional (BID, BANCO MUNDIAL, PNUD, OEI, OIM, BIRD y otros). El Tribunal de OSCE carece de competencia para pronunciarse sobre la imposición de sanciones administrativas, ya que en las bases se establecen el procedimiento a seguir y las sanciones a imponerse.
31 Sanciones a funcionarios y servidores públicos por su propia entidad, sin intervención del OSCE.
Responsabilidad solidaria en los miembros del Comité Especial ante el incumplimiento de la Ley, irregularidades cometidas por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. Pueden ser sancionados de acuerdo a la gravedad de su conducta por el perjuicio ocasionado, la afectación a los procedimientos, la naturaleza de las funciones desempeñadas, el beneficio obtenido y la reincidencia. Sanciones aplicables por la Entidad: Por amonestación escrita. Suspensión sin goce de remuneraciones de treinta (30) a noventa (90) días. Cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por doce (12) meses. Destitución o despido.
32 Determinación Gradual de la Sanción:
Criterios establecidos para sancionar por un período que pueden disminuir. Naturaleza de la infracción: Conductas sancionables previstas expresamente en la Ley, que pueden tener una mayor o menor gravedad según el tipo del proceso, el valor referencial de la convocatoria, la acumulación de dos (2) o mas causales de sanción u otros factores. Intencionalidad del infractor: Comportamiento subjetivo de la conducta del infractor que pude graduarse considerando las ventajas o beneficios que podía alcanzar. Grado de culpabilidad que puede ser a título de dolo o culpa, sin que sea relevante diferenciarlos. Daño causado: Debe considerarse el perjuicio ocasionado a la Entidad en función al monto y al retraso generado. Se busca tutelar el interés público y el detrimento que afrontó la Entidad como producto del incumplimiento, como la convocatoria a nuevo proceso de selección o la perdida de la partida presupuestal.
33 Reiterancia: Comisión de anteriores conductas sancionadas efectuadas por el mismo postor y/o contratista. Repetición de infracciones de manera sucesiva sancionadas en procesos distintos, que determina la aplicación de una mayor severidad. Reconocimiento de la infracción cometida antes de que sea detectada: La sinceridad y aceptación de la causal incurrida favorece una graduación benigna de la sanción. Reconocimiento para atenuar la sanción siempre que no existan plenas evidencias de la existencia de los hechos imputados. Circunstancias de lugar, tiempo y modo: Situaciones fácticas que se produjeron al momento de cometer la infracción. Son las interrogantes de los hechos que se investigan y deben ser conocidas para una eficaz análisis y determinación de la sanción imponible.
34 Conducta procesal del infractor: Colaboración que ha prestado durante el desarrollo del procedimiento, ya sea facilitando u obstaculizando; también presentando cuestionamientos innecesarios o recursos impertinentes con el fin de desviar o dilatar su resultado. Condiciones del infractor: Características de índole personal, cultural, económica o social que pueden ser valorados; también permite determinar su experiencia en las contrataciones. La ignorancia o desconocimiento de la Ley no les exime de responsabilidades. Atenuantes de responsabilidad por infracciones administrativas: Art. 236-A LPAG. 1.-La subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto u omisión 2.-Error inducido por la administración por un acto o disposición administrativa, confusa o ilegal.
35 Recurso de Reconsideración
Impugnación contra la resolución que emite el Tribunal, sancionando con inhabilitación temporal o definitiva. Con la nueva Ley el plazo para interponerlo es de 5 (cinco) días hábiles de notificada o publicada la resolución. Debe acompañarse una garantía equivalente a una UIT y con una vigencia de 30 (treinta) días calendarios depositada en la cuenta bancaria del OSCE. Su interposición es opcional y suspende los efectos de la vigencia de la resolución impugnada hasta que se resuelva. El tramite para resolver debe darse dentro el plazo de 15 (quince) días hábiles improrrogables, dentro de este plazo se puede solicitar o admitir informes orales en las audiencia programadas por el Tribunal. Con la resolución expedida se agota la vía administrativa y solo procede la acción contenciosa administrativa ante el Poder Judicial.
36 Requisitos para interponer Recurso de Reconsideración
Solicitud dirigida al OSCE en formato oficial. Identificación del impugnante. Petitorio claro y concreto con fundamentación legal. Precisar el acto o resolución impugnado. Identificación del expediente. Firma del impugnante o de su representante. Garantía equivalente a una (1) UIT. Domicilio procesal en Lima y correo electrónico. Actualización y registro de abogado colegiado. Anexos foliados y ordenados cronológicamente.
37 Prescripción del Procedimiento Sancionador
Condonación de la sanción por el transcurso del tiempo que permite al administrado liberarse de la continuación del proceso. Las causales de sanción que establecen la Ley prescriben a los 3 (tres) años de haberse cometido. Pueden declararse de oficio o a petición de parte. El plazo de prescripción puede interrumpirse: Por el inicio del procedimiento administrativo sancionador. En caso que el Tribunal no se pronuncie en el plazo de dos (2) meses, la prescripción reanuda su curso, adicionándose el periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión. Por la Tramitación de un proceso judicial o arbitral. Por la omisión de la entidad en remitir la información requerida por el tribunal, con conocimiento de la Contraloría.
38 Tribunal de Contrataciones del Estado
Órgano resolutivo colegiado, que forma parte de la estructura administrativa del OSCE. Encargado de definir y resolver las controversias de las Contrataciones Públicas en última instancia administrativa, así como los procesos de imposición de sanciones. Tiene plena autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones. Sus miembros (vocales que lo integran) son nombrados por concurso público y Resolución Suprema. Deben tener los requisitos establecidos en la Ley. Establece criterios de observancia obligatoria en base a los acuerdos de Sala Plena que deben ser publicados en El Peruano. El Tribunal tiene a su cargo la Secretaría que debe brindar su aporte técnico legal y administrativo para el cumplimiento de las funciones del Tribunal.
39 Tribunal de Contrataciones del Estado
Resolver recursos impugnativos derivados de los procesos de selección, de compras corporativas, subasta inversa y convenio marco. Imponer sanciones inhabilitaciones parta contratar con el Estado. Ordenar la inclusión de proveedores sancionados en el capítulo de inhabilitados del RNP. Resolver conflictos sobre determinación de competencias en controversias e impugnaciones. Disponer la publicación de los pronunciamientos que emiten. Dictar medidas pertinentes para que se cumplan sus resoluciones. Hacer de conocimiento la Contraloría General los casos de incompetencia, negligencia o corrupción. Hacer de conocimiento del Ministerio Público, a través de la Procuraduría del OSCE los casos en los que hubiere ilícitos penales. Mantener actualizada la información en el SEACE. Formular requerimientos de información las entidades. Custodiar y velar por buen estado de los expedientes. Proponer normas y procedimientos para mejorar sus actividades.
40 Notificaciones Actos que se ponen en conocimiento de los interesados para la eficacia de los derechos o la declaración de resoluciones emitidas en un procedimiento sancionador. Se practica de oficio y su diligenciamiento debe ser a cargo de la Entidad que lo emite bajo la modalidad electrónica vía SEACE. Las resoluciones que imponen sanciones se notifican al infractor y a la entidad que estuviera involucrada; y se publican en el portal institucional del OSCE y de ser el caso en el diario El Peruano si lo dispone el Tribunal. Los actos administrativos resultan eficaces solo a partir de la notificación legalmente realizada, pero existen casos que permiten subsanar una notificación defectuosa cuando el interesado manifiesta tener conocimiento de su contenido o que haya realizado actuaciones procedimentales que permita suponer que tuvo pleno conocimiento.
41 Notificaciones El orden de prelación para las notificaciones es la siguiente; El domicilio del administrado (notificación personal, a su representante legal o con la persona que se encuentre). Mediante correo electrónico, correos certificados, telefax u otros medios que permita verificar el recibo; a solicitud. En el diario oficial “El Peruano” a falta de las anteriores. La autoridad administrativa no puede suplir alguna modalidad con la otra, bajo sanción de nulidad de la notificación. Las notificaciones que practican de oficio y su debido diligenciamiento es competencia de la entidad que lo emitió, y una vez vencido los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a impugnarlos.
42 Nulidades Estados de anormalidad de actos procesales por ausencia o presencia defectuosa de requisitos que condicionan su existencia regular. Medio impugnatorio que permite declarar la invalidez de un acto jurídico procesal o de todo el proceso como consecuencia de vicios en los elementos constitutivos del acto. Es nulo de pleno derecho cualquier disposición o acto que se emita en contravención de las normas sobre contrataciones del Estado, establecidas en la Ley o en su reglamento. El incumplimiento trascendente de las disposiciones que regulan el desarrollo de las etapas de los procesos de selección constituyen causales de nulidad que obligan a retrotraerlos al momento anterior en que se produjo tal incumplimiento.
43 Nulidades Sólo se pueden convalidar o conservar el acto cuando existan vicios leves no trascendentes, que no impiden en sus elementos esenciales. Los actos administrativos se presumen válidos y producen todos sus efectos mientras no se declare su nulidad mediante los medios establecidos por la Ley. La nulidad absoluta se produce cuando un acto procesal adolece de una circunstancia esencial señalada en la ley, como necesaria para que el acto produzca sus efectos normales. Solo deben declararse de oficio las nulidades insubsanables mediante resolución motivada y reponiendo el proceso al Estado que corresponda.
44 Nulidades El Tribunal declarara nulo los actos administrativos expedidos por las entidades cuando: Hayan sido dictados por órganos manifiestamente incompetentes, por razón de la materia o territorio Lesione los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. Contravengan las normas legales. Contengan un imposible jurídico. Prescindan de las normas esenciales del procedimiento legalmente establecido o de la forma prescrita en la normativa. Constituyan una infracción penal.
45 Nulidades El titular de la Entidad podrá declarar la nulidad de oficio en los siguientes casos: a) Por haberse suscrito con personas impedidas de ser participantes, postores y/o contratistas señaladas en el art.10ª de la Ley de Contrataciones del Estado. b) Cuando se verifique la trasgresión del principio de presunción de veracidad durante el proceso de selección o para la suscripción del contrato. c) Cuando se haya suscrito el contrato no obstante encontrarse en trámite un recurso de apelación. d) Cuando no se haya utilizado el proceso de selección correspondiente.
46 Procedimiento Contencioso Administrativo
Acción contenciosa contra resoluciones de sanción consentidas o por denegatoria ficta en la que se concluye la vía administrativa. Control jurídico por el Poder Judicial en las actuaciones realizadas por Entidades públicas sujetos al derecho administrativo, con el fin de tutelar los intereses y derechos de los administrados. Las pretensiones planteadas por los impugnantes son: Declaración de nulidad de la resolución sancionadora del OSCE. El reconocimiento o restablecimiento del derecho para contratar con el Estado y la adopción de medidas necesarias para tal fin. La declaración contraria a derecho y el cese de la disposición emanada. La indemnización por el daño causado (pretensión acumulativa).
47 Medida cautelar Institución procesal que permite al órgano jurisdiccional asegurar la eficacia o el cumplimiento de la sentencia a dictarse. Implica un pre juzgamiento, es provisional, instrumental, adecuada, variable y debe cumplir con determinados requisitos para su otorgamiento como: la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El Decreto Legislativo 1067 han incorporado la exigencia de una contracautela para ejecutar la medida cautelar preventiva. Esta medida suspende la aplicación de la sanción impuesta y permite al proveedor seguir participando en procesos de selección y/o contratando con el Estado. La tutela cautelar busca garantizar que se concrete la protección de un resultado favorable a los intereses del demandante quien tiene medios probatorios suficientes para tal fin.
48 Efectos de la sentencia contenciosa administrativa
La nulidad total o parcial o su ineficacia del acto administrativo impugnado, de acuerdo a lo demandado. Restablecimiento o reconocimiento de una situación jurídica individualizada y lesionada, así como la adopción de medidas necesarias para tal fin. Cesación de la actuación material que no se sustente en acto administrativo y la adopción de medidas necesarias para la efectividad de la sentencia. El plazo en que la administración debe cumplir con realizar una actuación a la que esta obligada y la determinación de los daños y perjuicios que resulten del incumplimiento.
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SOLUCION DE CONTROVERSIAS EN EL REGIMEN DE CONTRATACIÓN ESTATAL

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