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Timestamp: 2017-03-29 15:04:25+00:00

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Febrero, 2017 | Jorge Palmieri - Part 2
TESTAFERRATO Y FRAUDE EN EL CONGRESO
Es testaferro aquel que presta su nombre para ocultar la identidad de otra persona, que es quien realmente actúa a través de ese presta-nombre, ya sea para ocultar una actividad ilícita, o para evadir una prohibición jurídica que al realizarla personalmente, constituiría delito.
Para desgracia de Guatemala, cincuenta y dos diputados al Congreso de la República, se convirtieron en testaferros al haber prestado su nombre para ocultar que la iniciativa de reforma constitucional que hoy se discute en ese organismo, fue elaborada y presentada por personas a quienes la Constitución Política de la República no les confiere ese derecho.
El artículo 277 de la Constitución Política de la República, otorga el derecho de iniciativa para proponer reformas a la Constitución 1) el Presidente de la República en Consejo de Ministros, 2) diez o más diputados al Congreso, 3) la Corte de Constitucionalidad y 4) el pueblo mediante petición dirigida al Congreso de la República, por no menos de cinco mil ciudadanos debidamente empadronados por el Registro de Ciudadanos.
Cualquier otra persona o entidad no tiene entonces el derecho de proponer reformas a la Constitución. En el caso de los diputados es obvio que la facultad de proponer cambios, se refiere a reformas que sean fruto de su propia elaboración y no de la elaboración de terceros que de ninguna manera podrían hacerlo, por tenerlo vedado por la regulación constitucional transcrita.
Es un hecho notorio, claro, evidente y conocido por todos los guatemaltecos que tres personas que no están autorizadas por la Constitución para proponer reformas o cambios a la misma, iniciaron a espaldas del pueblo de Guatemala una conspiración para reformarla, conspiración que hoy tienen enfrentado al pueblo de Guatemala, dado que constituirían un retroceso para el país, y lejos de mejorar las instituciones, en el mejor de los casos las empeorarían y en el peor las destruirían.
Estas tres personas como es todos sabido son el señor Iván Velásquez quien es el Comisionado de la CICIG, la señora Telma Aldana Fiscal General de la República, y el señor Jorge de León Duque, Procurador de los Derechos humanos, a quienes la Constitución les veda la posibilidad de presentar iniciativas de reforma constitucional.
Para lograr su propósito, estos individuos contaron con la colaboración del señor Todd Robinson, Embajador de Estados Unidos en Guatemala, nombrado por la administración del ex Presidente Obama.
En una descarada confesión pública el ex presidente del Congreso Mario Taracena Díaz-Sol, sin empacho alguno declaró a los medios de comunicación, que el procedía con instrucciones recibidas en idioma inglés, desde la veinte calle de la zona diez, lugar donde tiene su residencia el embajador mencionado, quien también públicamente declaró a los medios que la soberanía de Guatemala no constituía una preocupación para él.
Las presiones de ese embajador y la persecución que el señor Velásquez y la señora Aldana han venido haciendo, contra funcionarios sindicados de estar involucrados en actos de corrupción, y -según vox-populi, ante la amenaza de que les fueran canceladas sus visas americanas y de ser investigados por delitos que supuestamente pudieran haber cometido, estos cincuenta y dos diputados aceptaron convertirse en sus testaferros, presentando como propia la iniciativa de reforma constitucional de estos tres personajes, quienes por sí mismos no podían hacerlo, porque la Constitución de la República no les otorga ese derecho.
Los actividades de testaferrato, realizados por los titulares de la CICIG, el MP y la PDH en complicidad con los cincuenta y dos diputados que presentaron la iniciativa de reforma constitucional, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial, constituyen actos nulos de pleno derecho por ser contrarios a una norma constitucional imperativa, que les prohíbe a los primeros proponer cambios constitucionales.
Pero además, son actos realizados en fraude de la norma constitucional contenida en el artículo 277 de la CPRG ya citado, porque al amparo de la literal b) de ese artículo, que le da a por lo menos diez diputados el derecho personalísimo de proponer una reforma constitucional nacida de su propia iniciativa, al hacer pasar fraudulentamente como suya, una iniciativa de reforma de personas que no tiene ese derecho, persiguen un resultado prohibido tácitamente por el ordenamiento constitucional.
Dado que sólo las personas expresamente autorizadas por la Constitución tienen iniciativa para proponer su reforma, la disposición citada –a contrario sensu– prohíbe, que cualquier otra persona pueda hacerlo. Los diputados que prestaron su nombre para permitirle a quienes no tienen iniciativa de reforma, ejercer un derecho ajeno, están burlándose de la ley y viéndole cara de tonto al pueblo de Guatemala.
En el caso de los señores Robinson y Velásquez la situación es doblemente violatoria de la Constitución, porque por su calidad de extranjeros carecen de derecho de petición en materia política, derecho que corresponde exclusivamente a los guatemaltecos, de conformidad con lo prescrito en el primer párrafo del Artículo 137 de la Constitución Política de la República.
Como si esto fuera poco los extranjeros con rango diplomático tienen la obligación de respetar leyes y reglamentos de nuestro país, y de no inmiscuirse en los asuntos internos de Guatemala, Sus asuntos oficiales sólo pueden tratarlos por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero jamás con el Congreso de la República. Así lo prescribe el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Por esas y otras muchas razones, que diferentes entidades y personas hemos venido señalando, esa iniciativa de reforma constitucional debe ser totalmente rechazada por el Congreso de la República.
Foto publicada en elPeriódico tomada en el preciso momento en el que el colombiano Iván Velásquez, Comisionado de la CICIG, y el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, saludan al llegar al Congreso de la República al diputado del PAN Fernando Linares Beltranena, quien le espeta con franqueza: “Espero que no vengan a presionar”. De donde surge la pregunta obligada: ¿Qué diablos tenían que hacer estos dos en el Congreso de la República cuando se celebraba una sesión plenaria para discutir las propuestas reformas constitucionales?
Mensaje del grupo ProReforma:
Estimados amigos: esta mañana estaremos presentando el amparo a favor de Proreforma fundado en la prelación temporal. También se invoca una nueva idea fuerza, según la cual el diputado Oliverio García Rodas ha expresado públicamente que su comisión no tiene ninguna autoridad para pronunciarse (menos descalificar) la actual Reforma a la Constitución, como lo hizo en el año 2010 con ProReforma.
Les invitamos para que nos acompañen a la Corte de Constitucionalidad, en donde bajo los oficios del licenciado Ricardo Sagastume presentaremos el amparo que esperamos renueve el interés en ProReforma, una propuesta superior a la de las fuerzas internacionales que ahora buscan terminar de desproporcionar la relación entre los poderes del Estado. Atentamente, Guillermo W. Méndez, Presidente de ProReforma.
Otro valiente diputado del PAN ha declarado la intervención de la CICIG
Diputado Eduardo Zachrisson Porras, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
Diputado del Partido de Acción Nacional (PAN) Eduardo Zachrisson Porras dice que MP y CICIG han buscado que bancadas aprueben la reforma con cambios que no han visto por escrito.
ARCHIVADO EN: Congreso de la República, derecho indígena, reformas constitucionales
Publicado en Prensa Libre el 18 de Febrero de 2017
“Hubo varias reuniones en las que el presidente del Congreso nos invitó a hablar sobre las enmiendas. Incluso se discutieron en la sede de CICIG. Allí estaban Iván Velásquez, Thelma Aldana y el Procurador de Derechos Humanos Jorge de León Duque. Ese fue el lugar al que la mesa técnica nos invitó. Fuimos varias bancadas, hace casi un mes”, aseveró Eduardo Zachrisson Porras, jefe de bancada del Partido de Avanzada Nacional (PAN).
“Nos invitaron a un grupo de jefes de bancada para ver si estábamos en contra o a favor. Se tomaron nota de las opiniones y se hicieron las modificaciones, siempre y cuando estas convenían a la mesa. Al día siguiente invitaron a otros jefes de bloques y se hicieron otras. El tercer día se hicieron más”, añadió.
El viernes 10 de febrero, antes de retomar las discusiones, los jefes de bloques fueron convocados a un nuevo encuentro en el que les “proyectaron en una pantalla” los cambios acordados.
“El miércoles 15 se hizo un almuerzo en el salón de la Junta Directiva. Allí nos proyectaron enmiendas en una pantalla, no por escrito”, sostuvo.
“Recibí una copia de esas enmiendas el miércoles, poco antes de la discusión. Ellos pretendían que esas fueran aprobadas. Les dije que era una locura”, refirió Zachrisson.
“Recibí una copia de esas enmiendas el miércoles -15 de febrero-, poco antes de la discusión. Ellos pretendían que esas fueran aprobadas. Les dije que era una locura”.
Además de la jurisdicción indígena, las enmiendas buscan que las universidades postulen candidatos a la Corte de Constitucionalidad. Dejan al Congreso y a la Corte Suprema la postulación de candidatos a Fiscal General.
Las modificaciones al artículo 203 constitucional contenidas en el artículo 3 de la iniciativa de reformas comenzaron a ser discutidas y votadas el 28 de noviembre. El procedimiento por el que ahora quiere aprobarse, sin embargo, no es legal, añadió Zachrisson. “En esa ocasión se leyó el artículo 3 y se puso a discusión. Entonces aparecieron varias enmiendas. Estas también se leyeron y la votación se perdió por 103 votos. Recuerdo que —Mario— Taracena, quien era el presidente, dijo: “Para que no se pierda el artículo, romperé quórum. Y pidió a la Directiva que se retirara”, recordó.
El miércoles de esta semana, cuando fue retomada la discusión de las reformas, se presentó una moción privilegiada para conocer las nuevas enmiendas. Este, no obstante, no era el procedimiento correcto, pues la votación debió versar sobre el texto original del artículo 3, indicó el legislador.
Zachrisson reconoció no haber “analizado a fondo” toda la reforma, pero sostuvo que el procedimiento con el que pretende aprobarse viola la Ley.
“Esta vez, si al votar la moción privilegiada 60 diputados lo hicieron en contra, quiere decir que hay más legisladores en desacuerdo con las reformas que los que había en noviembre”, afirmó. (Fin del artículo).
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