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Timestamp: 2018-11-13 00:07:49+00:00

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Estudio publicado en el Libro Homenaje a José Andrés Fuenmayor. "NUEVOS ESTUDIOS DE DERECHO PROCESAL".
Vol. 1. Tribunal Supremo de Justicia, colección de Libros Homenaje, N° 8. Caracas-Venezuela 2002.
Sumario: I. Introducción - II. La Sala Constitucional III. Competencias de la Sala Constitucional: 1. Competencias en el ámbito del control previo o preventivo de la Constitucionalidad - 2. Competencias en el ámbito del control a posteriori de la constitucionalidad - 3. Competencia para dirimir los conflictos de naturaleza constitucional entre órganos del Poder Público (artículo 336, ordinal 9 CN) - 4. Competencia para controlar la constitucionalidad de los decretos que declaren Estados de Excepción (artículo 336, ordinal 6 CN) - 5. Competencia para declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de los órganos legislativos (artículo 336, ordinal, 7 CN) - 6. Competencia para resolver los conflictos de leyes (artículo 336, ordinal 8 CN) - 7. Competencia de la Sala Constitucional en materia de amparo - 8. La competencia revisora (artículo 336, ordinal 10 CN) - 9. Competencia para conocer del recurso de interpretación constitucional – 10. Competencia para la protección de intereses difusos y colectivos
El tema de las competencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia debe analizarse teniendo en cuenta, en primer término, la Sala Constitucional como órgano y, en segundo lugar sus atribuciones a la luz de la disposiciones de la Constitución de 1999 que ahora prevé un sistema de control de la constitucionalidad, mucho más amplio que los precedentemente consagrados en nuestro derecho, que se manifiesta no sólo en la facultad de decretar la nulidad de las leyes que resulten inconstitucionales, sino en la potestad de manifestarse en torno a la constitucionalidad de los tratados internacionales antes de que sean ratificados; de las leyes que hubieren sido vetadas por el Presidente de la República; del carácter orgánico de las leyes calificadas como tal por la Asamblea Nacional; la omisión del Poder Legislativo y revisar las sentencias firmes –siempre que se cumplan ciertos requerimientos- dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo y demás tribunales que integran el Poder Judicial.
II. De la Sala Constitucional
La creación de la Sala Constitucional como órgano encargado de ejercer la jurisdicción constitucional y por ende el control de la constitucionalidad de las leyes, tiene su antecedente más remoto en la llamada Alta Corte Federal, órgano creado por un Acuerdo del Congreso Plenipotenciario convocado por el General Antonio Guzmán Blanco que fue posteriormente regulado a nivel constitucional en la Constitución de 1881 y que tenía como tarea «funcionar como cuerpo regulador en la Federación con atribuciones meramente políticas». Dicho órgano actuaba de manera autónoma y rector del orden constitucional al mismo nivel de la antigua Corte Casación, creada en el mismo decreto, con el fin de regular todas la materias contenciosas que las leyes le atribuyesen. No obstante, esta dualidad en el Poder Judicial fue posteriormente abandonada en la Constitución de 1904 y en las que sucesivamente se dictaron, concentrándose en un solo órgano, la antigua Corte Suprema de Justicia en Sala Plena, quien hasta la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tenía la facultad de ejercer la jurisdicción constitucional.
Ahora bien, aun cuando la Sala Constitucional, a diferencia de la referida Alta Corte Federal, no constituye en sentido estricto un órgano paralelo al Tribunal Supremo de Justicia desde que está inserto dentro de su estructura organizativa, es lo cierto que la Constitución en su artículo 335 y su exposición de motivos parecieran conferirle la condición de “Tribunal Constitucional” al erigirla como la garante de la supremacía constitucional e interprete máxima y última del Texto Fundamental al punto que sus criterios sobre el alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para todos los Tribunales de la República incluyendo las demás Salas del Máximo Tribunal.
En ese sentido es categórica la exposición de motivos de la Constitución al señalar:
«Ante la Asamblea Nacional Constituyente se presentaron algunas propuestas con el objeto de crear una Corte o Tribunal Federal Constitucional, en lugar de una Sala Constitucional en el Tribunal Supremo de Justicia. No obstante, prevaleció por consenso esta última tesis. Sin embargo, la Constitución en el Capítulo referido a la “Garantía de esta Constitución”, dota a la Sala Constitucional del carácter y de las competencias que tiene en derecho comparado cualquier Corte o Tribunal Constitucional. Por ello se indica que el Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último interprete de la Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación, cualidad y potestades que únicamente posee en Sala Constitucional dado que ésta ejerce con exclusividad el control concentrado de la constitucionalidad. En efecto, las facultades interpretativas que en tal sentido se otorgan al Tribunal Supremo de Justicia, en consonancia con las características básicas de la justicia constitucional en derecho comparado, sólo pueden ser ejercidas por órgano de la Sala Constitucional, pues a ella le corresponde exclusivamente el ejercicio de la jurisdicción constitucional. Además, con fundamento en el principio de división de poderes, tales facultades no pueden ejercerse de oficio o mediante acuerdos, sino con motivo de un acción popular de inconstitucionalidad, acción de amparo, recurso de interpretación de leyes u otro caso concreto de carácter jurisdiccional cuya competencia esté atribuida a la Sala Constitucional.
En esta materia se consagra una herramienta indispensable para que la Sala Constitucional pueda garantizar la supremacía y efectividad de las normas constitucionales. Así, se indica que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales serán vinculantes para las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia y tribunales de la República, todo ello con el objeto de garantizar la uniforme interpretación y aplicación de tales normas y principios»
La regulación de las competencias de la Sala Constitucional se hace en un título distinto al que rige el Poder Judicial, al ubicarse en el Título VIII, Capítulo I, intitulado “De la Garantía de esta Constitución”. Esta previsión, según se expresa en la exposición de motivos se hizo «siguiendo una tendencia presente en España, Francia, Italia, Portugal, Rumania y algunos países latinoamericanos, cuyas constituciones regulan la justicia constitucional en un título o capítulo distinto del que se refiere al Poder Judicial» y, en ese sentido, «la Constitución incluye en el Título VIII un capítulo denominado “De la garantía de esta Constitución”, que contiene las disposiciones fundamentales sobre la justicia constitucional y consagra las principales competencias que corresponden a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Dicho Capítulo da eficacia a los postulados contenidos en el artículo 7° del Título I, que consagra los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución, base sobre la cual descansa la justicia constitucional en el mundo».
Ello ha llevado a que la doctrina considere que la Sala Constitucional es una verdadera Corte Constitucional. Así lo ha expresado la Dra. Sansó al señalar que esa condición se deriva de las siguientes características:
«1) Tiene la competencia exclusiva en el control concentrado o abstracto de las demás leyes y actos normativos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución; 2) Sus interpretaciones sobre el alcance y contenidos constitucionales son vinculantes para todo el orden jurisdiccional, incluso, para las restantes Salas del Tribunal Supremo de Justicia; 3) Sus facultades no están contenidas en las competencias del Tribunal Supremo de Justicia enumeradas en el artículo 266, sino que dicha norma alude a una jurisdicción constitucional, diferente, a la cual se remite. En consecuencia, la Constitución no sólo crea una jurisdicción nueva, la constitucional, sino que coloca en la cúspide de la misma, no al Tribunal Supremo de Justicia, sino a la Sala Constitucional».[1]
En todo caso, no queda duda que a la Sala Constitucional corresponde en forma exclusiva, como titular única de la jurisdicción constitucional, ejercer el control concentrado de la constitucionalidad manifestado en la potestad judicial de anular las leyes y demás actos con rango de ley o dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución que resulten contrarios a ésta. Así lo establece además la exposición de motivos de la Constitución cuando expresa que en virtud de la exclusividad conferida en materia de control concentrado de la constitucionalidad, «se trasladaron a la Sala Constitucional las competencias que en esta materia tenía la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno, con el objeto de especializar el órgano que ejerce la jurisdicción constitucional y descongestionar de atribuciones a la nueva sala Plena, para que sólo ejerza las competencias que le son asignadas en el artículo 266, numerales 2 y 3 del texto constitucional, no teniendo en consecuencia competencia ni atribución alguna en materia constitucional».
Pero además de esta facultad, la Constitución en su artículo 336 atribuye a la Sala Constitucional otras competencias en materia de justicia constitucional, a las cuales haremos alusión seguidamente. El fundamento de estas competencias radica, según se indica en la exposición de motivos «en los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7° y en virtud de los cuales, todo acto del Poder Público, sin excepción, debe estar sometido al control constitucional».
II. Competencias de la Sala Constitucional
La Constitución de 1999 (art. 334) confiere exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el ejercicio de la jurisdicción constitucional mediante el control concentrado de la constitucionalidad de los actos normativos atribuyéndole competencias para «declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley cuando colidan con aquella».
Finalmente, dentro de esa amplitud, la Constitución confiere a la Sala Constitucional competencias para decretar la inconstitucionalidad de la omisión del Poder Legislativo y revisar las sentencias firmes –siempre que se cumplan ciertos requerimientos- dictadas por las otras Salas del Tribunal Supremo y demás tribunales que integran el Poder Judicial.
1. Competencias en el ámbito del control previo o preventivo de la Constitucionalidad
De esta forma, el control preventivo ejercido por la Sala Constitucional no sólo tendrá como fin proteger al Estado de incurrir en responsabilidad internacional por incumplimiento de los convenios internacionales, sino que además, permitirá adecuar al ordenamiento constitucional los tratados internacionales que se suscriban pues si alguna de sus disposiciones resultase inconstitucional éste podrá ser ratificado por el Estado con la debida reserva si éstas fueran posibles y, en caso contrario, permitirá analizar la necesidad y conveniencia de su ratificación luego de la correspondiente enmienda o reforma de la Constitución, para lograr así armonizar armonía el ordenamiento jurídico internacional con el derecho interno venezolano.
Corresponde también a la Sala Constitucional determinar la constitucionalidad de aquellas leyes sancionadas y no promulgadas cuya nulidad solicite el Presidente de la República por estimar que coliden con el marco constitucional (i.e. veto presidencial).
Debe tenerse presente que no será de la competencia de la Sala Constitucional el control preventivo de los proyectos de leyes estadales, aun cuando ésta se establezca en la respectiva constitución estadal, pues ello es materia de la estricta reserva legal. Así lo dejó establecido la Sala Constitucional en decisión de fecha 15 de febrero de 2001. Caso: Gobernador del Estado Trujillo) al desaplicar el artículo 67 de la Constitución del Estado Trujillo que consagraba su competencia para conocer del veto a un proyecto de ley estadal efectuado por el Gobernador de dicho Estado.
En criterio de la Sala, la negativa de aceptar la existencia del control preventivo de la constitucionalidad de proyectos de leyes estadales descansa en dos argumentos, a saber: (i) que cualquier ciudadano puede con posterioridad a la promulgación de la ley, activar la jurisdicción constitucional mediante la acción popular de nulidad por inconstitucionalidad; y (ii) que la Constitución sólo consagra el control preventivo de la constitucionalidad respecto de los proyectos de leyes nacionales, los tratados internacionales y las leyes orgánicas dictadas por la Asamblea Nacional.
En ese sentido, la Sala expresó que cuando el artículo 336, ordinal 11 de la Constitución utiliza la expresión «las demás que establezcan ... y la Ley», se refiere en un principio a la Ley de la Jurisdicción Constitucional y, en segundo término a las leyes en sentido formal reguladas en el artículo 202 ejusdem.
En opinión de la Sala, la calificación de una ley como orgánica por la Asamblea Nacional dependerá del objeto de la regulación (criterio material) en el caso de las leyes dictadas para organizar los poderes públicos o que desarrollen derechos constitucionales (categorías 2ª y 3ª), y del carácter técnico-formal en el caso de la ley orgánica que sirva de marco o cuadro para otras leyes (categoría 4ª). Ese carácter técnico- formal de la ley marco, está vinculado, a juicio de la Sala, con el carácter general de la Ley Orgánica respecto de la especificidad de la Ley o leyes ordinarias subordinadas.
Bajo esta visión del concepto de Ley Orgánica, la Sala Constitucional, en decisión de fecha 12 de junio de 2000, decretó la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por los motivos siguientes:
«1.- Se trata de una Ley dictada en ejercicio de la competencia prescrita por el artículo 187, numeral 1, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 156, numeral 28 eiusdem;
4.- Se trata de una Ley que satisface las exigencias técnico-formales de la prescripción general sobre la materia que regula, mediante principios normativos válidos para las otras leyes que se sancionen conforme al artículo 156, numeral 28 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.»
De igual forma, en fecha 22 de mayo de 2001, la Sala Constitucional declaró la constitucionalidad del carácter orgánico de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados por las siguientes razones:
«a) Se trata de un una Ley dictada en ejercicio de la competencia prevista por los artículos 71, 161, 162, 172,187.1, 204.8, 206, 211 y Disposición Transitoria Séptima de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
b) Se trata de una Ley que regula la organización de los Consejos Legislativos y desarrolla los principios constitucionales atinentes a su estructuración y funciones;
c) Se trata de una Ley que satisface las exigencias técnicos-formales requeridas para la calificación solicitada, según lo dispone el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela;
d) Se trata de una Ley cuya aprobación por la Asamblea Nacional ha cumplido con el voto de las dos terceras partes de los integrantes de dicha Asamblea antes de iniciarse su discusión, conforme los dispone el acápite primero del artículo 203 ya citado.»
De esta forma, la Sala será competente para declarar la nulidad, por razones de inconstitucionalidad, de las leyes y demás actos que tengan ese rango (en sentido formal o material). Sin embargo, no lo será para declarar la nulidad, aún por razones de inconstitucionalidad, de los actos de rango sublegal o de los actos administrativos que éstos órganos dicten pues, en éstos casos, la competencia corresponderá a la jurisdicción contencioso administrativa, que no la constitucional, a tenor de lo establecido en el artículo 259 de la Constitución.
Dentro de «los demás actos con rango de ley» a que hace referencia la norma constitucional (art. 336, ordinal 1°), se ubican incluso aquellos emanados del Poder Legislativo que sin ser ley en sentido material, lo son en sentido formal o, aun no siéndolo gozan del mismo rango en virtud de ser dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución Nacional. Tal sería el caso, por ejemplo de la Ley del Presupuesto y los acuerdos dictados por el Poder Legislativo a los que por vía jurisprudencial se les ha reconocido tal carácter. Así lo ha establecido además la propia Sala Constitucional al señalar, en decisión de fecha 16 de mayo de 2000 (Caso: Erasmo Carmona) que los acuerdos del extinto Congreso de la República mediante los cuales se autoriza, aprueba o delega en la Administración Pública la celebración de un contrato de interés nacional constituyen verdaderos actos con rango de ley cuyo control corresponde a la jurisdicción constitucional.
b) Declarar la nulidad total o parcial de las Constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los Estados y Municipios dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución y que colidan con ésta (artículo 336, ordinal 2° CN) y declarar la nulidad total o parcial de los actos con rango de ley (i.e. decretos leyes y actos de gobierno) dictados por el Ejecutivo Nacional que colidan con la Constitución (artículo 336, ordinal 3° CN).
Atendiendo al criterio conforme al cual las competencias de la Sala Constitucional vienen determinadas por el rango de las actuaciones objeto de control (i.e. actos con rango de ley o que tienen una relación directa e inmediata con la Constitución), se venía sosteniendo que la competencia para conocer de la inconstitucionalidad de las leyes estadales y ordenanzas municipales corresponde a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y no a la Sala Político-Administrativa.
Así lo estableció además la propia Sala Constitucional en decisión de fecha 30 de enero de 2001 (Caso: Ivonne Dávila de Soto y otros al señalar) «Al respecto observa la Sala que efectivamente según lo dispuesto en el artículo 336. Numeral 2° ejusdem es competencia de esta Sala [...] al tratarse la presente causa de una acción de nulidad interpuesta contra una ordenanza municipal dictada por el Concejo Municipal del Municipio Libertador, en ejercicio de la potestad legislativa que le otorga la Constitución, lo cual demuestra el ejercicio de tal potestad de forma directa e inmediata de aquélla, y visto que ha sido criterio de esta Sala, que el Constituyente de 1999, para delimitar la competencia de la jurisdicción constitucional, atendió a la jerarquía del acto impugnado, esta Sala Constitucional acepta la declinatoria de la competencia realizada por la Sala Político Administrativa de este Máximo Tribunal».
No obstante, en reciente decisión de fecha 23 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declaró que las Ordenanzas Municipales tienen rango sublegal, toda vez que no pueden considerarse “ley” en los términos establecidos en el artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
3. Competencia para dirimir los conflictos de naturaleza constitucional entre órganos del Poder Público (artículo 336, ordinal 9 CN)
Esta nueva competencia, tampoco regulada en el ordenamiento constitucional del 61, se encuentra limitada, como puede observarse, al ámbito “constitucional” distinguiéndose así de aquella atribuida a la Sala Político-Administrativa en el artículo 266 de la Constitución para resolver las controversias de naturaleza “administrativa” que se presenten entre éstos órganos. Esta atribución tiene por objeto «ajustar la actuación de los órganos que ejercen el Poder Público al cauce constitucional».[2]
Según se establece en la exposición de motivos de la Constitución la competencia de la Sala en esta materia está determinada por dos elementos esenciales, a saber: “en primer lugar, que se trata de controversias entre cualesquiera de los órganos que ejercen el Poder Público y, en segundo lugar, que deben tratarse de controversias constitucionales, es decir, de aquellas cuya decisión depende del examen, aplicación e interpretación de normas constitucionales, tales como las que se refieren al ámbito competencial entre los diferentes órganos del Estado, especialmente las que distribuyen el poder en los niveles nacional, estadal o municipal».
En ese sentido, la Sala Político-Administrativa, en decisión de fecha 8 de agosto de 2000 (Caso: Inspector de Tribunales vs Presidente de la Comisión Legislativa Nacional) estableció la distinción entre controversia administrativa y constitucional al señalar que ésta última siempre va a estar relacionada con el ejercicio de las atribuciones de los órganos del Poder Publico Nacional, Estadal y Municipal. De esta forma, el supuesto de identificación de la controversia constitucional será «que los sujetos entre los cuales se presente la misma, sean aquellos que tienen asignada en forma expresa, atribuciones para tales actuaciones o normas en el propio texto constitucional, esto es, instituciones supremas del Estado, cuya regulación orgánica se contiene en el propio texto constitucional, a diferencia de otras, en las que la configuración institucional concreta se defiere al legislador ordinario».
4. Competencia para controlar la constitucionalidad de los decretos que declaren Estados de Excepción (artículo 336, ordinal 6 CN)
Con el objeto de regular los estados de excepción en sus distintas manifestaciones (i.e. estado de alarma, emergencia económica, conmoción interior y conmoción exterior) y el ejercicio de los derechos que fueren restringidos, se dictó recientemente la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción publicada en la Gaceta Oficial de la República N° 37.261 de fecha 15 de agosto de 2001, en cuyo título IV, Capítulo II, se regula el procedimiento mediante el cual la Sala Constitucional ejercerá el control de la constitucionalidad del decreto de excepción. Dicho procedimiento, para el cual todos los días y horas serán hábiles es, resumidamente, como sigue[3]:
1. El decreto que declare el estado de excepción deberá ser presentado por el Presidente de la República a la Sala Constitucional, dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a aquel en que hubiese sido dictado, para que ésta se pronuncie sobre su constitucionalidad. Dentro de ese mismo término, la Asamblea Nacional, por intermedio de su Presidente, deberá remitir a la Sala Constitucional el acuerdo mediante el cual se aprueba el estado de excepción. Si el Presidente de la República o el Presidente de la Asamblea Nacional no cumplen con su obligación de remitir el decreto a la Sala Constitucional, ésta podrá pronunciarse de oficio sobre su constitucionalidad.
2. Recibido el decreto remitido por el Presidente de la República y el acuerdo sobre su aprobación emitido por la Asamblea Nacional, o vencido el lapso de ocho (8) días continuos previsto para ello, la Sala Constitucional decidirá en un lapso de diez (10) días continuos. Si los Magistrados de la Sala no deciden dentro de dicho lapso, incurrirán en responsabilidad disciplinaria pudiendo ser removidos de sus cargos a tenor de lo previsto en el artículo 256 de la Constitución.
3. Dentro de los primeros cinco (5) días continuos de los diez (10) que tiene la Sala para decidir, los interesados podrán consignar los argumentos y elementos de convicción que estimen pertinentes para demostrar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto según el caso.
4. Dentro de los dos (2) días continuos siguientes al vencimiento del lapso de cinco (5) días previsto para la comparecencia de los interesados, la Sala Constitucional deberá admitir los argumentos y elementos probatorios que considere pertinentes y negar aquellos que no lo sean, decisión ésta que no admitirá recurso alguno.
5. Dentro de los tres (3) días continuos siguientes a aquel en que se hubiere admitido las los argumentos y pruebas, la Sala se pronunciará en torno a la constitucionalidad del decreto y declarará su nulidad total o parcial cuando no se ajuste a los principios previstos en la Constitución, en tratados internacionales y a las disposiciones de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción.
6. La decisión que dicte la Sala declarando la nulidad del decreto de excepción tendrá efectos retroactivos, en consecuencia de lo cual, serán igualmente nulos todos los actos que se hubiesen dictado en ejecución del mismo. Ello sin perjuicio del derecho de los particulares de solicitar el restablecimiento de su situación jurídica individual mediante el ejercicio de las acciones de ley.
7. La decisión que declare la nulidad del decreto que declare el estado de excepción deberá ser publicada íntegramente en la Gaceta Oficial de la República.
5. Competencia para declarar la inconstitucionalidad de las omisiones de los órganos legislativos (artículo 336, ordinal, 7 CN)
Corresponde a la Sala Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del poder legislativo nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de esta Constitución, o las haya dictado en forma incompleta. La incorporación de este mecanismo de control en nuestro orden constitucional sigue las tendencias asumidas en otros países como en Argentina, Brasil, Costa Rica, Hungría y Portugal en los que el control de la omisión legislativa ha tenido un vasto desarrollo.[4]
La acción por inconstitucionalidad de la omisión legislativa en Venezuela no ha sido desarrollada aun por la doctrina y la jurisprudencia. Sólo la Sala Político-Administrativa en sentencia de fecha 8 de agosto de 2000, con ponencia del magistrado José Rafael Tinoco (Caso: Inspector General de Tribunales contra Presidente de la Comisión Legislativa Nacional), analizó someramente este figura al señalar:
«[...] 4) Igualmente, es el caso, relativo al incumplimiento (silencio legislativo) o cumplimiento defectuoso (funcionamiento anormal) de normas omitidas indispensables, que corresponde dictar a órganos públicos dotados de atribuciones para el ejercicio de la función legislativa propia del poder legislativo nacional, estadal o municipal, para garantizar el cumplimiento de la Constitución (art. 336, ord 7).
Consagrada constitucionalmente la atribución de la Sala Constitucional para declarar la inconstitucionalidad del silencio legislativo y el funcionamiento anormal legislativo, ya municipal, estadal o nacional, se manifiesta la característica común de referirse a órganos públicos que tiene sus atribuciones señaladas en forma expresa en el propio texto constitucional[...]»
En el derecho comparado, este tema ha tenido un mayor desarrollo. Así, se ha señalado que si bien no puede aceptarse la intromisión entre poderes, de forma que el juez no puede subrogarse en las facultades del poder legislativo para dictar leyes, es lo cierto que ello resulta posible en aquellos casos en los que la omisión del legislador en dictar determinada ley lesiona los derechos fundamentales del solicitante. Y es que se aduce que la omisión del Poder Legislativo en dictar las leyes que todo Estado moderno exige puede disminuir o entorpecer la efectiva aplicación de los preceptos constitucionales con los conflictos que tal situación acarrea y que ameritan, por ello, una respuesta jurídica.
6. Competencia para resolver los conflictos de leyes (artículo 336, ordinal 8 CN)
Esta competencia, antiguamente asignada a la Sala Plena del tribunal Supremo de Justicia está referida a la solución de las colisiones que existan entre distintas disposiciones legales que regulan un mismo supuesto de hecho y prevén consecuencias jurídicas incompatibles debiendo declarar cuál de ellas debe prevalecer. En criterio de la Sala, expuesto en decisión de fecha 27 de septiembre de 2000. Caso: María Josefina Medina), el conflicto de leyes se manifiesta y por tanto será de su competencia «cuando la aplicación de una de las normas implica la violación del objeto de la otra norma en conflicto; o bien, cuando impide la ejecución de la misma. No se exige que exista un caso concreto de conflicto planteado, cuya decisión dependa del predominio de una norma sobre otra; sino que el conflicto puede ser potencial, es decir, susceptible materializarse en cualquier momento en que se concreten las situaciones que la norma regula».
En efecto, la competencia en amparo en primera instancia del Supremo Tribunal venía dada por el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales que prevé un fuero subjetivo respecto de los altos funcionarios asignado a la Sala afín con el derecho cuya violación se invoque. No obstante, la Sala Constitucional interpretó no sólo su facultad revisora, de acuerdo a la Constitución, en materia de amparo, sino que también lo hizo respecto de su facultad como tribunal de instancia, asumiendo la competencia del artículo 8 en todos los casos.
De allí que el tema de la competencia de la Sala Constitucional en materia de amparo en el nuevo ordenamiento constitucional de 1999 deba estudiarse a partir del criterio impuesto por ésta en la conocida sentencia “Emery Mata Millán” de fecha 20 de enero de 2000, con base al cual esa Sala, modificando el criterio distributivo de competencias contenido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, estableció los parámetros que en adelante regirían la competencia de los tribunales para conocer de las acciones de amparo constitucional.
Dicho criterio fue impuesto por la Sala Constitucional en uso de la facultad reconocida en el artículo 266 de la Constitución que le atribuye el ejercicio de la jurisdicción constitucional, que comprende, entre otros asuntos: (i) la declaratoria de nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango legal (art. 334 de la Constitución), y (ii) la revisión -en los términos establecidos en la ley orgánica respectiva- de las sentencias dictadas por los Tribunales de la República en materia de amparo constitucional y de control de constitucionalidad de las leyes o normas jurídicas (art. 336, ord. 10º ejusdem).
Para justificar esta modificación del régimen legal vigente en la Ley de Amparos, la Sala expresó que el hecho de que su función primordial fuera: (i) la interpretación de la Carta Magna (art. 335 CN) y (ii) el conocimiento de las infracciones a la Constitución (art. 336 CN), la convertían en la Sala que por la materia debía conocer de las acciones de amparo constitucional incoadas conforme a la Ley. De esta forma, la Sala Constitucional interpretó extensivamente su facultad revisora en materia de amparo para asumir aquellas competencias que en esa misma materia que no le estaban legalmente atribuidas.
En respaldo de su posición la Sala invocó la aplicación inmediata de los preceptos orgánicos regulados en la Constitución. Así, si bien de conformidad con la Constitución, el ejercicio de la facultad revisora contenida en el artículo 336 ordinal 10 de la Carta Magna -que sirvió de base para que la Sala asumiera la competencia en materia de amparo- estaba sujeto a la promulgación de la ley orgánica respectiva, es lo cierto que tratándose de un precepto de naturaleza constitucional de inmediata aplicación y eficacia, carecía de relevancia, a los efectos de su aplicación por la Sala, el hecho de que la ley dirigida a desarrollar esta disposición constitucional aún no hubiere sido dictada.
El criterio asumido por la Sala Constitucional en la sentencia Emery Mata para justificar la asunción de la competencia de amparo en primera instancia fue ratificado por la exposición de motivos de la Constitución al señalar que «con motivo de su creación, la entrada en vigencia de la Constitución y de la naturaleza esencialmente constitucional de los derechos humanos y de la acción de amparo, la Sala Constitucional podrá asumir las competencias que en materia de amparo constitucional tenían las diferentes Salas de la extinta Corte Suprema de Justicia, en los casos de amparo autónomo contra altas autoridades de rango constitucional, amparo contra decisiones judiciales y apelaciones o consultas en amparo, dado que la Sala Constitucional pasa a ser la Sala del Tribunal Supremo de Justicia con la competencia afín para conocer y decidir tales asuntos».
7.1. Los amparos autónomas contra altas autoridades:
Será de la competencia de la Sala Constitucional como juez natural de la jurisdicción constitucional, el conocimiento en única instancia de las acciones de amparo que se interpongan contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la LOA, así como aquellas que se ejerzan contra sus funcionarios subalternos cuando actúen por delegación de las atribuciones.
Con esta imposición de la Sala, se modificó la atribución legal que el artículo 8 de la Ley de Amparo hacía a las distintas Salas de la antigua Corte Suprema de Justicia, quedando derogada su competencia para conocer en primera instancia de las acciones autónomas de amparo constitucional. De esta forma, sólo corresponderá al resto de las Salas el conocimiento de las acciones de amparo conjunto.
En cuanto al fuero especial consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo[5] la Sala Constitucional ha señalado que la enumeración contenida en el mismo es de carácter enunciativo y atiende a la jerarquía constitucional y al carácter nacional de los órganos previstos en dicho fuero (Sentencia de la Sala Constitucional del 17 de marzo de 2000. Caso: José Delfín Carrillo).
Así lo estableció además la Sala en decisión de fecha 9 de marzo de 2000 (Caso: Edgar del Valle Tillero vs Gruber Odremán) al señalar que para que dicho fuero se verifique «debe necesariamente atenderse al rango constitucional del órgano y verificarse de modo concurrente que el mismo sea parte integrante de la organización del Poder Público Nacional prevista en la vigente Constitución». Más recientemente, en decisión de fecha 15 de febrero de 2001 (Caso: María Zamora Ron) la Sala señaló que en la disposición contenida en el artículo 8 de la Ley de Amparo «deben entenderse incluidas las máximas autoridades y los órganos de mayor jerarquía de los organismos de la rama Nacional del Poder Público».
Conforme a este criterio, el fuero especial previsto en el artículo 8 de la Ley de Amparo abarcaría también a la Asamblea Nacional, la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, el Consejo de Estado, el Consejo Moral Republicano, el Defensor del Pueblo, el Banco Central de Venezuela y el Consejo de Defensa de la Nación.
También será competencia de la Sala Constitucional, conforme a lo establecido en la sentencia Emery Mata Millán el conocimiento de las acciones de amparo ejercidas contra los actos, hechos u omisiones emanados de los funcionarios que sean subalternos de aquellos mencionados en el artículo 8 de la Ley de Amparo, cuando actúen por delegación de atribuciones. Con esta posición se modificó el criterio que habitualmente venía sosteniendo la Sala Político-Administrativa (Sentencia de fecha 6 de agosto de 1997. Caso Movilnet) al señalar que en éstos casos, por virtud de la delegación, debía entenderse que no era el Ministro el verdadero agraviante pues el delegatario asumía la competencia como si fuese propia y era, por tanto, el responsable personal por la emisión del acto que se estimaba violatorio de derechos fundamentales.
De otra parte, en materia electoral, corresponderá a la Sala Constitucional conocer de los amparos autónomos que se ejerzan contra el Consejo Nacional Electoral como órgano de naturaleza constitucional inserto en el Poder Público Nacional. No obstante, debe tenerse presente que las acciones autónomas de amparo ejercidas contra los demás organismos electorales distintos a los tipificados en el artículo 8 de la Ley de Amparo serán competencia de la Sala Electoral. Así lo estableció la Sala Electoral en decisión de fecha 26 de julio de 2000 (Caso: Cesar Acosta) al considerar que el monopolio ejercido por la Sala Constitucional en materia de amparo autónomo, que limita la competencia de la Sala Electoral al conocimiento de los amparos cautelares, provoca que los actos, actuaciones y omisiones de algunos órganos electorales distintos a los tipificados en el artículo 8 de la Ley de Amparo (como sería el caso de los actos de admisión o rechazo de una candidatura emanados de Juntas Electorales, Comisiones Electorales de Universidades, entes gremiales u organizaciones con fines políticos y organizaciones de la sociedad civil) no puedan ser objeto de acciones de amparo autónomo lo que lesiona, a juicio de la Sala, el derecho de toda persona a ser amparado por los tribunales de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Constitución.
Finalmente, en materia funcionarial la Sala Constitucional –cambiando el criterio que antiguamente imperaba en la jurisprudencia- ha señalado que a ella le corresponde el conocimiento de las acciones autónomas de amparo que se intenten contra alguna de las autoridades previstas en el artículo 8 de la Ley de Amparo, con independencia de que se trate de controversias de índole funcionarial. Ello en virtud de que, a juicio de la Sala, el artículo 8 de la Ley de Amparo no prevé excepción alguna al establecer la competencia del Máximo Tribunal para conocer de estos amparos y constituye una norma especial de aplicación preferente a la regla general de atribución de competencia prevista artículo 7 ejusdem. (Sentencia de la Sala Constitucional del 13 de julio de 2000. Caso: C. A. Madrid).
Corresponde también a la Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de amparo incoadas contra las sentencias dictadas en última instancia por los Tribunales Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstas infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales. De esta forma la Sala Constitucional se sustituyó en la competencia del amparo contra sentencia que antes era ejercida por la Sala Político-Administrativa respecto de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y la Salas de Casación Civil y Penal respecto de los tribunales superiores en esos ámbitos de competencia.
No obstante, debe tenerse presente que el conocimiento de las acciones autónomas de amparo que se intenten contra los Juzgados Superiores cuando éstos ejerzan competencia contencioso administrativa corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y no a la Sala Constitucional a tenor de lo establecido en el artículo 185 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, tal como lo determinó posteriormente la propia Sala en sentencia de fecha 30 de noviembre de 2000 ( Caso: H. Franco).
Asimismo, en decisión de fecha 18 de diciembre de 2001, con ponencia del Magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera (Caso: Tim International B.V. vs sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo) la Sala determinó que el Tribunal competente para conocer de una acción de amparo ejercida contra un sentencia que resuelve un amparo cautelar será el Tribunal superior que normalmente conocería de la apelación ejercida contra esa sentencia de amparo conjunto. Concretamente, la Sala dispuso:
«las acciones de amparo incoadas conjuntamente con los procesos de nulidad son conocidas por los Tribunales competentes para la nulidad, es decir, por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo. Tales tribunales, si son Superiores, son a su vez competentes para conocer las apelaciones y las consultas que se dicten en los amparos a tramitarse conforme al artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Consecuencia de lo anterior, es que la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, sería la competente para conocer de las apelaciones y consultas de los amparos que sean dictados de manera cautelar por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Siendo así, los amparos autónomos intentados por terceros contra las decisiones que se dicten en esos amparo conjuntos, lo lógico es que sean conocidos por los tribunales que pueden decidir las apelaciones y consultas, a fin que no se dicten sentencias contrarias o contradictorias en ese tipo de amparos, y ello es razón suficiente para que esta Sala no sea competente para conocer los amparos autónomos de partes o terceros interpuestos contra los fallos que se dicten en los amparos incoados conjuntamente con las acciones de nulidad de los actos administrativos».
De esta forma, la competencia en estos supuestos será de la Sala Político-Administrativa –si la sentencia accionada hubiere sido dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- o de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo –si la sentencia accionada hubiere sido dictada por un Juzgado Superior Contencioso Administrativo-.
En ejercicio de esta competencia, la Sala ha llegado incluso a anular las actuaciones procesales verificadas en aquellos procesos en los que se han transgredido derechos y garantías protegidos por la Constitución. Ejemplo de ello es la decisión dictada por la Sala Constitucional en fecha 28 de noviembre de 2001, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz (Caso: Aeroexpresos Ejecutivos, C.A. y Aeroexpresos Maracaibo, C.A.), en la que luego de determinar la improcedencia del litisconsorcio planteado por las demandantes y concluir que la demanda intentada debió ser declarada inadmisible por el a quo, acordó declarar la nulidad de todas las actuaciones producidas al estado de que la acción fuera nuevamente admitida.
En el caso concreto, la Sala consideró que el litisconsorcio planteado por las accionantes no se ajustaba a las exigencias contenidas en el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil que en criterio de la Sala reglamenta el derecho de acción y el debido proceso previstos en los artículos 26, 49 y 253 de la Constitución.
Dicha norma prevé que varias personas podrán demandar o ser demandadas como litisconsortes: a) siempre que se hallen en estado de comunidad jurídica con respecto al objeto de la causa; b) cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) en los casos previstos en los ordinales 1°, 2° y 3° del artículo 52 ejusdem, esto es, cuando haya identidad de personas y objeto, cuando haya identidad de personas y título aunque el objeto sea distinto y cuando haya identidad de título y objeto aunque las personas sean diferentes.
Señaló la Sala que en el caso sometido a su consideración el litisconsorcio propuesto no era procedente por las siguientes razones:
a) Que cada demanda acumulada tenía un demandante diverso. Dicho de otra manera, no había co-demandantes;
b) Que cada demanda contenía una pretensión diferente dado que cada una de las actoras perseguía el pago de sumas dinerarias diferentes.
c) Que cada pretensión demandada se fundamentaba en una causa petendi distinta, a saber: en cuatro relaciones individuales de trabajo, singularmente diferenciadas una de la otra; y
d) Que había dos demandadas comunes en cada una de las demandas acumuladas.
En vista de tales razones, la Sala consideró que al haber admitido la demanda el a quo transgredió el derecho de las demandadas a obtener un debido proceso pues el litisconsorcio planteado era a todas luces improcedente por ser contrario al orden público y a disposición expresa de la ley, razón por la cual resultaba procedente la declaratoria de nulidad de todas las actuaciones realizadas. Asimismo, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 335 de la Constitución para establecer doctrina con carácter vinculante, la Sala ordenó a todos los tribunales de la República aplicar de inmediato dicho criterio a todos los procedimientos en curso, laborales o no, sometidos a la regulación del artículo 146 del Código Procedimiento Civil y, en consecuencia: a) se niegue la admisión de las demandas incoadas que aun no hayan sido admitidas y b) que en las demandas ya admitidas en contravención del artículo 146 del Código de Procedimiento Civil, se disponga, aún ex oficio, la nulidad de todo lo actuado en el ámbito del procedimiento respectivo y se reponga la causa al estado de admisión.
7.3. Las consultas y apelaciones de decisiones sobre amparos autónomos
Compete a la Sala Constitucional el conocimiento de las consultas y apelaciones ejercidas contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando éstos conozcan la acción autónoma de amparo en primera instancia. Este lineamiento fue posteriormente precisado y modificado por la propia Sala Constitucional en decisión de fecha 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro) al señalar que en los casos en que el conocimiento de las acciones de amparo en primera instancia corresponda a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, el conocimiento de las apelaciones y consultas que se intenten contra sus sentencias corresponderá a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, quedando a salvo la facultad revisora de la Sala prevista en el numeral 10 del artículo 336 de la Constitución.
8. La competencia revisora (artículo 336, ordinal 10 CN)
Esta facultad se traduce, según se expresa en la exposición de motivos, en la posibilidad de revisar las decisiones definitivamente firmes dictadas en materia de amparo y control difuso de la constitucionalidad por cualquier Tribunal de la República. Si bien el desarrollo de esta potestad extraordinaria es deferida a la ley orgánica que al efecto se dicte, la cual «podrá establecer, por ejemplo, un mecanismo extraordinario de revisión de ejercicio discrecional por la Sala Constitucional, tal como el writ of certionari que utiliza la Suprema Corte de los Estados Unidos de América; un mecanismo cuyos rasgos de discrecionalidad no sean absolutos, como el utilizado por el Tribunal Constitucional Federal de Alemania; o bien un mecanismo cuyos requisitos de admisibilidad y procedencia estén preestablecidos en la ley», es lo cierto que la regulación de esta figura, hasta tanto se dicte la ley correspondiente, ha sido determinada por vía jurisprudencial por la Sala Constitucional.
Como punto previo, cabe señalar que el carácter excepcional y extraordinario del recurso de revisión ya establecido por la Sala Constitucional es ratificado por la exposición de motivos al establecer que ésta competencia «no puede ni debe entenderse como parte de los derechos a la defensa, tutela judicial efectiva y amparo consagrados en la Constitución, sino como un mecanismo extraordinario de revisión cuya finalidad constituye únicamente darle uniformidad a la interpretación de las normas y principios constitucionales». Así, sólo podrán ser revisadas las siguientes decisiones
Un ejemplo patente de esta facultad revisora lo constituye la reciente decisión dictada por la Sala Constitucional en fecha 14 de diciembre de 2001, con ponencia del Magistrado Antonio García García (Caso: DHL Fletes Aéreos, C.A. y otros), mediante la cual revocó el criterio que venía aplicando la Sala Político-Administrativa conforme al cual la perención de la instancia podía ser declarada en estado de sentencia, después de vista la causa, y anuló la sentencia que acogía el mismo por estimar que violaba los derechos constitucionales a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.
En criterio de la Sala, resulta un desacierto sancionar a las partes con la perención de la instancia después de vista la causa, pues en esa fase del procedimiento ésas no pueden efectuar acto procesal alguno. En tal sentido, señaló la Sala «que si el legislador confina la última actuación de las partes al acto de informes, no podría al mismo tiempo requerirles actuaciones posteriores a éste», sostener lo contrario, sería imponer a las partes el cumplimiento de una carga procesal inexistente en nuestro ordenamiento jurídico.
En vista de ello, la Sala consideró que el razonamiento esgrimido por la Sala Político-Administrativa en sus decisiones en torno a la perención de la instancia no resulta compatible con los principios consagrados en la Constitución, ni con el criterio interpretativo vinculante establecido por la propia Sala Constitucional en su decisión de fecha 1 de junio de 2001 (Caso: Frank Valero González) en relación a la improcedencia de la perención de la instancia después de vistos. De allí que, podrán ser revisadas extraordinariamente por la Sala Constitucional todas las sentencias de la Sala Político-Administrativa que decreten la perención de la instancia después de vista la causa, dictadas con posterioridad al 1 de junio de 2001, fecha en la cual la Sala Constitucional estableció como doctrina vinculante la improcedencia de dicha figura en estado de sentencia.
En concreto, en dicha decisión la Sala determinó su competencia para conocer de dicho recurso al expresar:
«Así como existe un recurso de interpretación de la ley, debe existir también un recurso de interpretación de la Constitución, como parte de la democracia participativa, destinado a mantener la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales (artículo 335 de la vigente Constitución), por impulso de los ciudadanos. El proceso democrático tiene que ser abierto y permitir la interacción de los ciudadanos y el Estado, siendo este “recurso” una fuente para las sentencias interpretativas, que dada la letra del artículo 335 eiusdem, tienen valor erga omnes.
Surge así, una distinción que nace del propio texto constitucional y de la intención del constituyente comprendida en la Exposición de Motivos, cual es que existe un recurso de interpretación atinente al contenido y alcance de las normas constitucionales, y otro relativo al contenido y alcance de los textos legales. El primero de estos recursos corresponde conocerlos a esta Sala, mientras que el segundo, fundado en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia»
3. Cuando exista contradicción entre dos o más normas constitucionales como por ejemplo aquellas ambiguedades que existan entre las normas de la Constitución y las de los tratados internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, a los cuales la propia Constitución confiere jerarquía constitucional.
6. Cuando existan lagunas o ambiguedades derivadas la vigencia simultánea del régimen transitorio y del régimen constitucional.
Con relación a la admisibilidad de este tipo de recurso la Sala estableció que si éste no persigue los fines antes enumerados o no se constata el interés jurídico actual del actor, el recurso deberá ser declarado inadmisible. Igualmente será inadmisible la solicitud de interpretación cuando no se exprese con precisión en que consiste la oscuridad o contradicción cuya interpretación se pretende, o cuando la ambigüedad planteada ya hubiese sido resuelta por la Sala Constitucional en sentencias anteriores. También será inadmisible el recurso cuando tenga por objeto la solución de una controversia entre particulares, entre órganos públicos, o entre ambos, o tenga por fin el lograr un opinión previa sobre la inconstitucionalidad de una ley.
Respecto del procedimiento a seguir para sustanciar el recurso de interpretación de normas constitucionales, la Sala ha dispuesto que una vez admitido el mismo y a los fines de garantizar la participación de la sociedad en la interpretación de la Constitución, se podrá emplazar por Edicto a cualquier persona que estuviere interesada en coadyuvar u opinar sobre el alcance y sentido que ha de darse a la interpretación, para lo cual se fijará un lapso de preclusión dentro del cual éstos expongan por escrito lo que estimen conveniente.
Asimismo, deberá notificarse de la admisión de la acción a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo para que presenten sus observaciones en torno a la interpretación que se haya solicitado. En ese sentido, la Sala ha dejado claro que corresponderá al libre criterio del Juzgado de Sustanciación la determinación del término para que los interesados y la Fiscalía y Defensoría presenten sus opiniones, sin perjuicio a que por la urgencia de la interpretación solicitada se notifique únicamente a los mencionados órganos del Poder Moral.
Una vez vencidos los términos fijados por el Juzgado de Sustanciación, se pasarán los autos al ponente nombrado en el auto de admisión quien presentará un proyecto que estará sujeto en su presentación y discusión por las normas que rigen la ponencia.
[1] Rondón de Sansó, Hildegard. Ad imis fundamentis Análisis de la Constitución Venezolana de 1999. Editorial Exlibris. Caracas, 2000. Pág. 275.
[2] Cfr. Exposición de motivos de la Constitución.
[3] Cfr. Artículos 31 al 39 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción
[4] Cfr. Exposición de Motivos.
[5] «La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucional violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República».

References: artículo 335
 artículo 7
 artículo 266
 artículo 266
 artículo 336
 artículo 7
 artículo 67
 artículo 336
 artículo 202
 artículo 187
 artículo 156
 artículo 156
 artículo 203
 artículo 203
 artículo 259
 artículo 336
 artículo 334
 artículo 266
 artículo 256
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 266
 artículo 336
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 27
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 7
 artículo 185
 artículo 5
 artículo 146
 artículo 52
 artículo 335
 artículo 146
 artículo 146
 artículo 336
 artículo 335