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Timestamp: 2019-08-23 01:30:28+00:00

Document:
http://dx.doi.org/10.4067/S0718-00122006000100005
Revista Ius et Praxis, 12 (1): 95 - 115, 2006
El aperente conflicto de los artículos 68 y 127 de la carta fundamental respecto de la tramitación legislativa de los proyectos de reforma constitucional y la interpretación constitucional.
1 El autor es Doctor en Derecho. Profesor Titular de Derecho Constitucional y Director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad del Talca. Presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Vicepresidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Nogueira@utalca.cl
En el presente artículo se analizan a partir de los postulados básicos de interpretación constitucional, los artículos 68 y 127 de la Constitución chilena, teniendo presente la reforma constitucional de agosto de 2005 y la incorporación dentro del procedimiento de reforma constitucional de la modalidad de insistencia presidencial frente al rechazo de la idea de legislar por la Cámara de Origen.
Interpretación constitucional. Procedimiento legislativo. Procedimiento de reforma constitucional.
In the present article they are analysed from them advanced basic of institucional interpretation, the article 68 and 127 of chilean constutution, having present the constitutional reform of August of 2005 and the incorporation inside the procedure of constitutional reform of the modality of presidential insistence front al refusal of the idea of legislating for the Camera of Origin.
Interpretacion constitutional. Legislative procedure. Procedure of constitucional reform.
I. Consideraciones generales en materia de interpretación constitucional.
Los estados constitucionales contemporáneos reconocen a la Constitución como norma jurídica plena, que posee el más alto nivel dentro de la jerarquía de las normas del ordenamiento jurídico y poseedora de plena fuerza normativa.
Ello exige a todo intérprete del ordenamiento jurídico operar a partir de la Constitución y en consonancia con sus valores, principios y reglas. Por ello puede sostenerse que toda teoría de la interpretación debe ser necesariamente una teoría constitucional de la interpretación ya que solamente en dicha perspectiva es jurídicamente viable 2.
Canotilho señala que "interpretar una norma constitucional es atribuir un significado a uno o varios símbolos lingüísticos escritos en la Constitución con el fin de obtener una resolución de problemas prácticos, normativa-constitucionalmente fundados" 3.
La interpretación constitucional es una forma de interpretación jurídica que opera con una materia jurídica peculiar como es la Constitución o el bloque de constitucionalidad que impone modos específicos de interpretación 4.
El operador o interprete de la Carta Fundamental nunca es un aplicador mecánico del enunciado normativo, repitiendo sin aportar nada al ordenamiento jurídico, el intérprete siempre a través de la interpretación y resolución del caso concreto aporta al ordenamiento jurídico y debe buscar la racionalidad, razonabilidad y justicia en el resultado de su trabajo interpretativo.
Kalinowski nos agrega que "En la medida que jurisdictio consiste en decir realmente el derecho, ella es, además y sobre todo, una tarea de la prudencia jurídica (o, desgraciadamente, de su ausencia, o hasta de su contrario ...). Aplicando el derecho debemos en primer lugar, decirlo, en otras palabras, debemos decir lo justo" 5.
Como señala Gadamer "la interpretación no es un acto complementario a la comprensión, sino que comprender es siempre interpretar y, en consecuencia, la interpretación es la forma explícita de la comprensión" 6.
Como señala Hesse, "comprender y, con ello concretizar sólo es posible con respecto a un problema concreto. El intérprete tiene que poner en relación con dicho problema la norma que pretende entender, si quiere determinar su contenido correcto aquí y ahora" 7.
La interpretación es siempre concreta, ella se ejercita cuando se está ante un caso o problema que requiere una decisión, determinando el sentido y alcance de los enunciados normativos.
El intérprete constitucional debe ajustarse a principios y a ciertas reglas que en su conjunto conforman el método para la hermenéutica constitucional, que es de clara naturaleza jurídica 8.
La interpretación constitucional necesariamente parte y concluye en lo jurídico considerando los valores y principios que establece el ordenamiento, constituyendo la reflexión jurídica más profunda, aún cuando se pronuncia sobre una materia de carácter político por lo que sus decisiones tienen fuerte impacto político.
Ascarelli nos dirá que el objeto de la interpretación no es la norma sino solo un texto 9, el enunciado normativo; la norma es el producto interpretativo del intérprete al resolver el caso específico, la norma nace en el momento en que se concreta el producto de la interpretación jurídica, determinando el contenido de la norma aplicable 10.
El resultado interpretativo busca solucionar jurídicamente un caso que es jurídico constitucional, de modo que la juridicidad de la interpretación se garantiza por el caso jurídico y la perspectiva jurídica en su resolución.
La tarea de interpretación jurídica se encuentra institucionalizada y se desarrolla en el plano de la racionalidad práctica, sobre la cual existen exigencias formales y sustanciales o materiales.
La letra del enunciado normativo es siempre el punto de referencia obligatorio para el intérprete, cualquiera sea la norma objeto de interpretación, constitucional, legal, administrativa o contractual. Asimismo, la formulación lingüística de la norma constituye el límite externo para cualquier variación de sentido jurídico constitucionalmente posible, como señala Wroblewski 11 .
Una vez determinados los enunciados constitucionales que forman el caso, deben aplicarse los enunciados hermenéuticos, para identificar el sentido preciso de las disposiciones en dicha hipótesis concreta, aplicándose el o los enunciados constitucionales abstractos al caso concreto.
La interpretación constitucional sin desvalorizar la interpretación general, presenta diversas particularidades que fundamentan un trato diferenciado y un análisis autónomo de los demás métodos de interpretación en el sistema jurídico.
Jerzy Wróblewsky determina que "La interpretación constitucional aparece como un caso especial de la interpretación legal. La teoría general de la interpretación legal cubre también la interpretación constitucional, aunque hay rasgos especiales de esta última conectados con las particularidades del papel de la Constitución en el sistema jurídico, con el de su aplicación y con el de su organización institucional" 12.
En efecto cada tipo de norma tiene una estructura distinta que reclama un proceso propio y adecuado a su comprensión. Como señala Canosa "es la materia objeto de cada interpretación, la que, en esencia, otorga uno u otro carácter a la labor hermenéutica que sobre ella recae;..... A pesar de un irreprochable carácter jurídico las disposiciones constitucionales regulan, no cabe duda, situaciones profundamente políticas. Esta naturaleza política da personalidad al texto fundamental y justifica, por ende su interpretación con arreglo a una dogmática distinta, en parte para dar cumplida satisfacción a problemas diversos de los surgidos en otras ramas del derecho" 13.
La norma constitucional es la norma fundamental y fundadora del ordenamiento jurídico, es la norma superior que otorga el fundamento de validez a todas las demás normas del derecho interno, de la Carta Fundamental todas las demás normas obtienen su juridicidad formal y material, como asimismo, su sentido último. El carácter político de la Constitución entraña atender a la realidad de la sociedad política y su contexto histórico concreto, dentro de la cual opera la Carta Fundamental. El análisis del enunciado normativo constitucional un puede ser atemporal, debe encuadrarse en las circunstancias de tiempo y lugar, no puede apartarse de la realidad histórica y social.
La Constitución, a su vez, constituye un cuerpo sistemático de normas de máximo rango que utilizan un lenguaje sintético o de textura abierta que establecen valores, principios y reglas.
La Constitución asegura una unidad del ordenamiento jurídico, esencialmente sobre la base de un orden de valores materiales expreso en ella y no sobre las simples reglas formales de producción de normas 14.
A su vez, la amplitud y textura abierta de las normas constitucionales posibilita su actualización, lo que hace que la interpretación constitucional no sólo cumpla una función de presupuesto de aplicación de un enunciado normativo, sino también en elemento de renovación y actualización del orden jurídico 15, adaptándose a las nuevas realidades y valores vigentes, haciéndose dúctil a las nuevas contingencias, como asimismo posibilita la promoción de consensos políticos dentro de ciertos límites.
El intérprete constitucional requiere tener "voluntad de Constitución" como señalaba Hesse, para que la Carta Fundamental adquiera y conserve su realización práctica, incentivando asimismo la formación de lo que Lucas Verdú denominó sentimiento constitucional, vele decir, un vínculo moral de los ciudadanos con su ordenamiento constitucional.
El interprete constitucional debe estar dotado de "voluntad de Constitución" como precisa Hesse, ella se sostiene en tres vertientes: a) la comprensión de la necesidad y del valor del orden normativo constitucional que protege contra la arbitrariedad; b) la comprensión de que el orden constitucional requiere un constante proceso de legitimación; c) la conciencia de que ese orden constitucional no logrará ser eficaz sin el concurso de las voluntades humanas, adquiriendo y manteniendo su vigencia a través de tales actos de voluntad.
Puede decirse que hay "voluntad de constitución", cuando la Carta Fundamental se transforma en fuerza efectiva cuando las tareas que ella establece son efectivamente realizadas por los destinatarios de las respectivas normas, los cuales adecuan sus conductas al orden constitucional establecido
El intérprete constitucional debe estar dotado de "voluntad de Constitución" como precisa Hesse, esta voluntad se sostiene en tres vertientes: a) la comprensión de la necesidad y del valor del orden normativo constitucional que protege contra la arbitrariedad; b) la comprensión de que el orden constitucional requiere un constante proceso de legitimación; c) la conciencia de que ese orden constitucional no logrará ser eficaz sin el concurso de las voluntades humanas, adquiriendo y manteniendo su vigencia a través de tales actos de voluntad.
uede decirse que hay "voluntad de constitución", cuando la Carta Fundamental se transforma en fuerza efectiva cuando las tareas que ella establece son efectivamente realizadas por los destinatarios de las respectivas normas, los cuales adecuan sus conductas al orden constitucional establecido
El objeto de la interpretación constitucional es encontrar el resultado constitucionalmente correcto a través de un procedimiento racional y controlable, el intérprete utilizará todos los elementos que le permitan dar la solución mejor al problema que debe resolver.
Tal como señala Hesse, "el cometido de la interpretación es el de hallar el resultado constitucionalmente 'correcto' a través de un procedimiento racional y controlable, el fundamentar ese resultado, de modo igualmente racional y controlable, creando, de este modo, certeza y previsibilidad jurídicas, y no, acaso, el de la simple decisión por la decisión"16.
Comprender y con ello concretizar sólo es posible a partir de un problema concreto. No existe interpretación constitucional desligada de problemas concretos. El enunciado normativo se transforma en norma de derecho con su aplicación al caso, como norma de decisión.
A su vez, la concretización o realización del contenido del enunciado normativo constitucional tiene como presupuesto necesario la incorporación de las circunstancias de la realidad ya previstas en su comando. La singularidad de tales circunstancias, señala Hesse, "integran el ámbito normativo, el cual, a partir del conjunto de los datos del mundo social afectados por un precepto, a través del mandato contenido sobretodo en el texto de la norma, el programa normativo es elevado a parte integrante del contenido normativo" 17.
Uno de los deberes de los operadores de las constituciones que tratan de aplicar rectamente los enunciados normativos que requieren de interpretación es considerar en la decisión las consecuencias políticas de la decisión aún cuando deben estar asentados en fundamentos jurídicos objetivos normativos.
El problema y los elementos de la norma constitucional vinculan al intérprete. El programa normativo y el ámbito normativo actúan como límites específicos y directrices que la Constitución contiene en orden a la aplicación, coordinación y valoración de dichos elementos en el curso de la solución del problema 18.
Por otra parte, como lo ha señalado el Tribunal Constitucional chileno, en algunas sentencias, el texto debe ser analizado en el contexto constitucional, independizándose de la voluntad del constituyente originario, precisando: "No basta en la interpretación de un precepto el estudio de lo que el autor de la iniciativa quiso decir o plasmar en él. En definitiva bien puede que, una vez independizada la norma de su autoría, el propio sistema jurídico rechace a esa voluntad inicial. Ello por una incompatibilidad sistemática con otros Principios Jurídicos Superiores" 19.
Los principios de interpretación constitucional se consideran principios constitucionales ya que en su esencia los contienen, por lo tanto, son en sí mismos principios constitucionales 20.
Es un punto pacifico en materia de interpretación constitucional que los operadores pueden usar los diferentes métodos en forma combinada, sin que ninguno de ellos pueda ser eliminado ni absolutizado.
II. Los principios o postulados de interpretación constitucional a tener en consideración para resolver el problema concreto que se analizará son los siguientes:
1. Unidad de la Constitución.
Todas las normas constitucionales deben ser interpretadas en su conjunto, ellas no constituyen un conjunto de normas yuxtapuestas, lo que excluye la interpretación de una norma a partir de sí misma o en forma aislada, el intérprete debe equilibrar las eventuales tensiones entre ellas, debiendo armonizar las diversas disposiciones o enunciados normativos y superar los eventuales espacios de tensión entre normas constitucionales de acuerdo con los valores y principios establecidos en ella. La Constitución constituye, en cuanto unidad, un conjunto con sentido lógico y teleológico, siendo un orden unitario que rige la vida de la sociedad política.
Las constituciones construyen un sistema ordenado y unitario estructurado por el constituyente en forma racional en el que se encuentra distribuidas todas las materias que contiene, lo que, a su vez, implica aceptar o desechar significados a los enunciados normativos dependiendo de su ubicación topográfica en el texto.
Aquí surge una de las particularidades de la interpretación constitucional que es la imperatividad de considerar a la Constitución como un todo, como un sistema coherente e interrelacionado de principios y reglas estructuradas con visión unitaria, la interpretación sistemática es un mandato del ámbito constitucional a partir de la unidad de la Constitución. Jamás pueden tomarse e interpretarse normas o enunciados normativos aislados o considerados como suficientes en sí mismos. Todos los enunciados normativos constitucionales están imbricados entre sí y traspasados por una unidad de sentido.
La unidad constitucional implica una unidad que sobrepasa con mucho la pura coherencia formal, ella implica un todo compuesto de enunciados normativos integrados, interrelacionados y complementarios con unidad sustantivo de sentido.
La unidad de la Constitución implica que "todas las normas constitucionales han de ser interpretadas de tal manera que se eviten contradicciones con otras normas constitucionales. La única solución del problema coherente con este principio es la que se encuentra en consonancia con las decisiones básicas de la Constitución y evite su limitación unilateral a aspectos parciales" 21
El Tribunal Constitucional chileno ha asumido plenamente el principio de unidad de la Carta Fundamental, sosteniendo en forma reiterada que "La Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose cualquiera interpretación que conduzca a anular o a privar de eficacia algún precepto de ella" 22. El living case en esta materia lo constituye la sentencia sobre el proyecto de Ley Orgánica Constitucional sobre el Tribunal Calificador de Elecciones 23, aún cuando dicho postulado ha sido reiteradamente utilizado por el Tribunal Constitucional en fallos posteriores 24.
La interpretación de la Constitución por el operador jurídico constituye un medio para promover el valor de la Constitución considerada en su conjunto.
2. La interpretación constitucional es teleológica.
La Constitución asegura una unidad del ordenamiento jurídico, esencialmente sobre la base de un orden de valores materiales expreso en ella y no sobre las simples reglas formales de producción de normas 25, como asimismo ella estructura una fórmula política que debe ser acatada y respetada por el intérprete, en nuestro caso ella está dada por un Estado republicano democrático con un gobierno presidencialista o de hegemonía presidencial.
Ella busca descubrir los principios y finalidades o telos del enunciado normativo, se encuentra estrechamente relacionado con el método sistémico, ya que la finalidad y el espíritu del texto sólo puede descubrirse después de haber analizado el texto en su conjunto. Este método es fundamental en materia de interpretación constitucional.
3. La interpretación de los enunciados constitucionales debe ser sistemática.
La interpretación constitucional es una interpretación sistemática que interpreta los enunciados normativos atendiendo a su posición dentro de la Constitución o el ordenamiento jurídico, evitando perspectivas excluyentes y utilizando todos los métodos de interpretación para obtener la solución correcta.
Esta analiza la relación de unas normas con otras a partir de su ubicación y estructura dentro del texto normativo o complejo normativo. Este método analiza la coherencia de contenidos entre los diferentes enunciados normativos (formales o materiales), sin reducir la sistematicidad a la pura posición que ocupa el enunciado normativo en el ordenamiento jurídico. La comprensión a través de la interpretación sistemática se encuentra en la relación que guarda el enunciado normativo con los otros enunciados normativos del ordenamiento jurídico en su conjunto.
4. El efecto útil y la máxima efectividad de las normas constitucionales.
Este postulado de otorgamiento de máxima eficacia a los enunciados normativos constitucionales, exige al intérprete dirigirse hacia aquellas alternativas que "optimicen o maximicen la eficacia de las normas constitucionales, sin distorsionar su contenido"26.
A su vez, ello implica que todo concepto, vocablo o enunciado normativo tiene que ser interpretado de acuerdo a un efecto útil.
Luchaire señala que "cuando una disposición es susceptible de dos sentidos, es preferible entenderla en aquel que le permite tener algún efecto antes que en el sentido con el cual no podría producir ninguno" 27. Ninguna disposición constitucional puede considerarse inútil. A todas las normas y vocablos debe otorgárseles un efecto útil y eficaz y debe ser armonizado con los demás preceptos normativos. Toda interpretación que ignore preceptos o vocablos constitucionales representa una forma de violación de la Constitución y atenta contra el postulado de unidad de la Constitución.
El Tribunal Constitucional chileno reiteradamente ha manifestado que "no es dable aceptar en la interpretación de la Constitución ni de la ley que sus autores incorporen en sus textos normas superfluas, reiterativas o innecesarias que lejos de contribuir a la clarificación de sus prescripciones, confundan o tornen oscuro o difícil de comprender lo que para el legislador es claro y preciso" 28. El mismo Tribunal Constitucional ya había señalado anteriormente que "cualquier interpretación que conduzca a anular o privar de eficacia algún precepto de ella"29 no era aceptable.
5. El postulado de concordancia práctica.
En el caso de tensiones entre principios constitucionales se desarrolla el postulado de concordancia práctica o de armonización desarrollado por Hesse 30.
El postulado de concordancia práctica o armonización impide siempre el sacrificio total de cualquier principio, derecho o bien constitucional.
El principio de armonización o concordancia práctica exige al intérprete el deber de superar las eventuales tensiones entre normas dándole la eficacia y optimización que cada una de ellas tiene en el caso concreto, para lo cual debe atribuir un significado a las normas que no sea contradictorio con otros principios y reglas constitucionales.
Asimismo, exige que el intérprete otorgue a cada precepto una interpretación coherente con las demás principios y reglas constitucionales, dándole a cada uno el máximo de aplicación y fuerza normativa, buscando el mejor equilibrio posible, la mayor optimización posible. Cada una de los enunciados normativos y partes de la Constitución deben entenderse a la luz de todas las demás normas que la integran.
Este principio en cuanto tal no dice nada sustantivo, sólo indica una dirección y determina el procedimiento a través del cual debe buscarse la solución constitucional.
6. El principio de la conformidad funcional.
La Constitución consagra las decisiones políticas fundamentales del Estado, configurando una fórmula y orden político consensuado social y políticamente, como asimismo determinado constitucionalmente 31. Ello implica darle a cada órgano la función y atribuciones que le corresponde y el ámbito de relaciones institucionales diseñado por la Constitución. El intérprete de la Constitución debe facilitar y no obstaculizar o bloquear el desarrollo de las actividades regulares de los órganos mientras estas se mantengan dentro de la fórmula política diseñada por la Carta Fundamental, impidiendo las invasiones ilegítimas de unos órganos o autoridades en el ámbito propio de otros de ellos, tratando de alterar el sistema de frenos y contrapesos establecidos.
El intérprete debe favorecer las alternativas que preserven, afiancen y otorguen eficacia y eficiencia al régimen político constitucional y el desarrollo armonioso de sus órganos, como asimismo, debe evitar cualquier interpretación que constituya una perturbación de la estructura orgánica y funcional establecida por la Constitución.
Este postulado se aplica cuando se trata de armonizar mediante la interpretación un conflicto o tensión entre normas orgánicas de la Constitución, vale decir, normas referentes a la organización del Estado y de atribución de competencias a los diversos órganos y organismos del mismo. La Carta Fundamental debe asegurar el funcionamiento regular de las instituciones, lo que exige que cada órgano desarrolle sus funciones y atribuciones dentro del marco constitucional y de acuerdo a la forma política y jurídica de Estado y gobierno determinada constitucionalmente.
Corresponderá, en último término, al Tribunal Constitucional custodiar la permanente distinción entre la objetivación del poder constituyente y la actuación de los poderes constituidos, los cuales nunca podrán rebasar los límites y las competencias establecidas por aquél.
7. El postulado de interpretación previsora.
La filosofía clásica ya enseñaba que la prudencia es una de las virtudes por excelencia de los iuris-prudentes (intérpretes jurídicos), teniendo como una de sus partes la previsión, es decir, la virtud que posibilita anticipar las relaciones entre medios y fines, considerando las consecuencias que conllevan las diferentes alternativas.
El intérprete no debe perder nunca de vista las consecuencias de sus interpretaciones y decisiones. La Constitución como lo ha señalado la Jurisprudencia de la Corte Suprema norteamericana no es un "pacto suicida", sino un pacto que hace posible y perfectible la convivencia dentro de la sociedad política, debiendo la interpretación favorecer la supervivencia y prosperidad de la sociedad política que ella regula. Es aplicable en este ámbito la consideración de que el derecho constitucional no es un fin en sí mismo, es un instrumento de gobierno para el bien común de la sociedad y el intérprete constitucional debe tener presente el adagio proveniente del derecho romano de que a veces el summun ius puede constituirse en una summa injuria.
El operador de la Constitución debe interpretar previsoriamente teniendo presente las consecuencias de su decisión para el caso concreto y para el conjunto de la sociedad (bien común), lo que, a su vez, otorga razonabilidad al fallo o sentencia, al ponderar los intereses sociales y particulares Constitución estándo sometido a una"estricta ética de la responsabilidad" 32.
Es un imperativo sopesar las consecuencias sociales de sus resoluciones, como señala Vigo, "En definitiva, se requiere del intérprete esa inteligencia previsora y omnicomprensiva dispuesta a medir simultáneamente las proyecciones sociales globales y las proyecciones para los casos judiciales futuros de las soluciones que propugna" 33.
8. El principio de razonabilidad.
Como sostienen Ost y Van de Kerchove, el principio de racionalidad "ejerce una función reguladora esencial de las diferentes operaciones intelectuales destinadas a determinar el sentido de las proposiciones jurídicas. Él confiere a estas proposiciones un foco de inteligibilidad único, lo que, desde el punto de vista de la dogmática jurídica, conduce a una forma de optimización de la interpretación que tiene la doble ventaja de asignar un sentido útil a cada disposición vigente y evitar que esta producción de sentido responda a lógicas y a interesas divergentes" 34.
Valenzuela Somarriva, Ministro del Tribunal Constitucional chileno, ha señalado que el principio de razonabilidad "se estructura sobre una base objetiva constituida por pautas fundadas en conceptos y valores básicos, expresados en forma explícita o subyacentes en el ordenamiento constitucional, teniendo primordial relevancia entre ellos el de Justicia y el Bien Común", agregando que "su aplicación nunca debe traducirse en una simple apreciación subjetiva del intérprete, pues, por esencia, es contrario al mero arbitrio o discernimiento de quién lo invoca. Lo anterior se traduce en la necesidad de una debida argumentación como base explicativa de la razonabilidad" 35.
III. La interpretación constitucional del aparente conflicto entre los artículos 68 y 127 de la Carta Fundamental en el procedimiento de reforma constitucional.
El Presidente de la República por mensaje Nº 472-353 concreta iniciativa de ley de reforma constitucional que tiene por finalidad incorporar al artículo 18 un principio de representación proporcional para las elecciones parlamentarias y suprimir del artículo 47 de la Carta Fundamental la referencia específica de la cantidad de 120 referida a los integrantes de la Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados, en sesión del 21 de diciembre de 2005, con 59 votos a favor, 1 en contra y 39 abstenciones, rechazó en general el proyecto de reforma constitucional por no haber alcanzado la aprobación el quórum exigido por el artículo 127 de la Constitución.
La Cámara de Diputados, por oficio Nº 5984 de 21 de diciembre de 2005, comunicó al Presidente de la República dicho rechazo, explicitando el Presidente de dicha Corporación, en el punto 2 del Oficio, "para los efectos de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución política de la República".
En respuesta a dicho oficio, el Presidente de la República, por oficio Nº 481-353 hace uso de la facultad que le confiere el artículo 68 de la Constitución, el que expresamente determina:
"Art. 68. El proyecto que fuere desechado en general en la Cámara de su origen no podrá renovarse sino después de un año. Sin embargo el Presidente de la República, en caso de un proyecto de su iniciativa, podrá solicitar que el mensaje pase a la otra Cámara y, si ésta lo aprueba en general por los dos tercios de sus miembros presentes, volverá a la de origen y sólo se considerará desechado si esta Cámara lo rechaza con el voto de los dos tercios de sus miembros presentes".
En virtud de ello, el Presidente de la República solicita que el Mensaje de Reforma Constitucional Nº 472-353 pase al Senado, para los efectos que lo apruebe en general y, luego, si corresponde, vuelva a la Cámara de Diputados para continuar su tramitación.
La Cámara de Diputados por oficio Nº 5988 de 22 de diciembre de 2005 remite al Senado el mensaje de reforma constitucional antes identificado, junto con todos sus antecedentes.
En el Senado, se han vertido opiniones, especialmente de su Presidente, en el sentido de que no es aplicable a las reformas constitucionales el artículo 68 de la Constitución, debiendo prevalecer el artículo 127 referente a los quórum de aprobación de las reformas constitucionales.
Al efecto, el artículo 127 de la Constitución, en su inciso segundo, establece:
"El proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Si la reforma recayere sobre los capítulos I, III, VIII, XI, XII o XIV, necesitará en cada Cámara, la aprobación de las dos terceras partes de los diputados y senadores en ejercicio".
A su vez para el análisis de este eventual conflicto de enunciados normativos constitucionales debe tenerse presente el inciso 3 del mismo artículo 127, referente a la materia que debe ser resuelta, el cual precisa:
"En lo no previsto en este Capítulo, serán aplicables a la tramitación de los proyectos de reforma constitucional las normas sobre formación de la ley, debiendo respetarse siempre los quórums señalados en el inciso anterior".
2. El razonamiento constitucional.
Como ya lo hemos adelantado, la interpretación de la Constitución debe ser unitaria y sistemática, como asimismo, debe dar el máximo de eficacia, concordancia práctica y conformidad funcional, además de prudencia e interpretación previsora.
En este sentido debe tenerse presente que tanto el artículo 68 como el 127 forman parte del texto constitucional, sin que a ninguno de ellos pueda desconocerse su efecto útil y su eficacia, debiendo hacerse el máximo esfuerzo para su concordancia práctica, atendiendo a la necesidad de que el sistema gubernamental opere de acuerdo con su fórmula política presidencialista y sin que el sistema quede bloqueado.
En tal sentido, debe tenerse presente que el artículo 127, inciso 3º de la Carta Fundamental fue incorporado con el preciso objetivo y finalidad de aplicar todo el sistema de formación de la ley al trámite de reforma constitucional, lo que no era así anteriormente, ya que sólo se aplicaba a los proyectos de reforma constitucional el sistema de urgencias.
La reforma supera esta deficiencia técnica y el bloqueo intra-parlamentario, aplicando a las reformas el sistema de comisiones mixtas, de insistencia del artículo 68 y todos los demás aspectos del trámite de formación de la ley, posibilitando la discusión abierta en el seno del Congreso de las reformas y no buscar los acuerdos fuera del parlamento, como fue el sistema en uso hasta la implementación de la reforma 2005, producto del bloqueo que generaba el desacuerdo de ambas Cámaras, el no uso de las comisiones mixtas y de la insistencia. En todo caso, el inciso 3º del artículo 127 es preciso, al determinar que la aplicación del procedimiento de formación de la ley, es aplicable sólo en las materias que no estén previstas por el capítulo de reforma de la Constitución.
Si este es el contexto, objeto y fin de la reforma al inciso 3º del artículo 127, en el contexto además de un sistema constitucional presidencialista, de hegemonía del Presidente como órgano colegislador principal, no es posible interpretar el texto constitucional desconociendo el efecto útil y eficaz de esta disposición dentro del sentido unitario y sistemático del texto constitucional, ya que constituye dentro del proceso legislativo una atribución presidencial que puede ejercerse discrecionalmente la facultad de insistencia del artículo 68.
El punto es el realizar el esfuerzo interpretativo para lograr el sentido útil, eficaz y de concordancia práctica de los artículos 68 y 127 inciso 2º, la que, a su vez, sea previsora y permita la fluidez del sistema institucional y no el bloqueo del mismo.
Tal interpretación armónica y concordante sólo es posible si se interpreta que el artículo 68 se aplica a la reforma constitucional en virtud del artículo 127 inciso 3º, para el sólo efecto de que el Senado como Cámara revisora se pronuncie por el quórum de dos tercios de los miembros presentes sólo para determinar si la Cámara de origen debe nuevamente analizar en primer trámite constitucional la reforma constitucional, para lo cual deberán respetarse tanto para la votación en general como en particular los quórums que correspondan de acuerdo con el artículo 127 inciso 2º.
Como el propio Senado ha mantenido en su práctica institucional, la votación por la Cámara revisora de la insistencia presidencial en uso de la atribución conferida por el artículo 68 de la Constitución, sólo constituye un trámite habilitante que obliga al segundo pronunciamiento de la Cámara de origen, sin alterar en absoluto los quórums constitucionales correspondientes a las materias sobre las cuales debe pronunciarse.
Esta interpretación armonizante y de concordancia práctica es que se ha practicado por el Congreso respecto del proyecto sobre institucionalidad cultural, que ingresó a tramitación en la Cámara de diputados como Cámara de Origen el 5 de enero de 1999. El 16 de Julio de 2002, la Cámara lo rechazó en general, por no reunir el quórum requerido, comunicando el referido rechazo al Presidente de la República, el cual mediante Oficio Nº 134-347 solicitó a la Cámara que remitiera el proyecto al Senado ejerciendo la atribución del actual artículo 68, lo que ocurrió por oficio Nº 3860 de 30 de julio de 2002. El Presidente de la República calificó el proyecto de urgencia y determinó su discusión inmediata. El Senado recibió el proyecto el 30 de julio de 2002, aprobándolo el mismo día, lo que comunicó a la Cámara mediante Oficio el 31 de julio de 2002, donde el proyecto inició su primer trámite constitucional, aprobándose en general y en particular. Luego pasó al Senado, quién recibió el proyecto aprobado por la Cámara el 14 de Agosto de 2002, aprobándolo en general el 30 de octubre y en particular, con modificaciones, el 13 de agosto de 2002, en segundo trámite constitucional.
Producto del desacuerdo de las Cámaras en aspectos específicos, el proyecto pasó a Comisión Mixta, siendo finalmente aprobado.
En cada trámite constitucional el proyecto fue aprobado con los quórum correspondientes a las materias específicas respectivas. La insistencia lo único que generó es la obligación del segundo pronunciamiento de la Cámara de Origen, sólo es trámite habilitante para este segundo pronunciamiento, por lo cual no altera los quórums de aprobación en general o en particular en los trámites respectivos de cada Cámara.
Así, por lo demás lo determinó el propio Tribunal Constitucional, el cual tuvo ocasión de pronunciarse respecto del proyecto aprobado por sentencia Rol N° 379 de 1 de julio de 2003, en la cual se explicitó que los quórums fueron respetados por ambas ramas del Congreso, ya que el proyecto tenía normas de ley orgánica constitucional, no objetando el uso de la insistencia del Presidente de la República. El proyecto no fue objetado en general ni en ninguna de sus normas por vicios de procedimiento o forma por el Tribunal Constitucional, especificando en su considerando 79 de la sentencia, que todas las normas del proyecto habían sido aprobadas en ambas cámaras por las mayorías requeridas constitucionalmente.
El Tribunal Constitucional realizando una interpretación constitucional correcta aplicó los postulados de unidad y sistematicidad de la Carta Fundamental, como asimismo el de efecto útil y de armonización práctica de todas las disposiciones constitucionales, como es su jurisprudencia uniforme en la materia, como no podría ser de otra forma, cuando determinó que el proyecto de institucionalidad cultural no tenía vicios de procedimiento y cumplía los quórums exigidos constitucionalmente. El Tribunal Constitucional entendió que los quórums especiales de carácter constitucionales deben ser siempre respetados para evitar un fraude constitucional.
Esta es la lógica utilizada también tanto por la Comisión de Constitución del Senado y el propio Tribunal Constitucional para sostener, antes de la reforma de 2005, que los tratados internacionales que siempre se habían aprobado con quórum de mayoría simple, de acuerdo con el artículo 50 de la Carta es su texto original, pasarán sin modificación del texto constitucional y sin vacío alguno del mismo, a interpretarse que ellos debían ser aprobados con los quórums de ley o de reforma constitucional correspondientes a las respectivas materias.
La razonabilidad, la sistematicidad y la necesidad de concordancia práctica llevaron a introducir el principio uniformemente respetado y sostenido tanto por el Congreso nacional como por el tribunal Constitucional, que siempre deben respetarse las normas que establecen quórums especiales para impedir el fraude constitucional. Este mismo principio es aplicable con mayor razón a los quórums de reforma constitucional que como quórums especiales prevalecen sobre aquellos establecidos en el artículo 68 de la Carta Fundamental. Este criterio de la prevalencia de los quórums es el que aplicó el Tribunal Constitucional al proyecto de ley de institucionalidad cultural, haciendo prevalecer los quórums especiales de ley orgánica sobre los quórums que prevé la segunda oración del artículo 68.
La interpretación señalada no daña ni afecta las atribuciones de ninguno de los órganos colegisladores, respeta escrupulosamente la distribución funcional determinadas para cada órgano constitucional, otorga efecto útil y óptimo a todas las disposiciones constitucionales concernidas y no descalifica a ninguna de ellas.
El principio básico de razonabilidad nos indica además, que la Constitución es un instrumento de gobierno y no es un "pacto suicida", es un pacto que hace posible y perfectible la convivencia dentro de la sociedad política, debiendo la interpretación favorecer la supervivencia y prosperidad de la sociedad política que ella regula, favoreciendo su funcionamiento eficaz, acorde a la fórmula política que ésta contiene.
Podemos concluir así, que el artículo 68 no entra en conflicto con el artículo 127 de la Constitución, existiendo una completa armonía y concordancia práctica en un enfoque sistemático finalista con la fórmula política del régimen republicano presidencialista o de hegemonía presidencial vigente, que respeta plenamente los quórums especiales fijados por la Carta Fundamental y respetando las competencias y atribuciones del Presidente de la República y de ambas ramas del Congreso Nacional 36.
El artículo 127 inciso tercero estableció una aplicación amplia de los trámites de formación de la ley para las reformas constitucionales, en todo lo que no esté expresamente previsto en el Capítulo XV.
La lógica del artículo 68 de la Constitución dentro de un régimen de hegemonía presidencial, es la de otorgar una atribución excepcional al Presidente de la República para que no deba esperar un año para reintroducir al trámite parlamentario un mensaje (iniciativa de ley o de reforma constitucional) que en primer trámite constitucional haya rechazado la Cámara de origen. Es atribución discrecional del Jefe de Estado ejercer o no dicha facultad dentro del año posterior al rechazo de la Cámara de Origen. Obviamente dicha disposición no tiene sentido después del lapso de un año, ya que el Presidente en tal caso, puede plantear la iniciativa cuando lo considere conveniente y prudente.
En materia de quórums, siguiendo los precedentes determinados por el propio Senado y el Tribunal Constitucional, aquellos contenidos en reglas generales ceden ante aquellos contenidos en normas especiales referentes a materias indicadas por el propio texto constitucional, para impedir el fraude constitucional. Así se aplicó al caso del proyecto de institucionalidad cultural en sentencia del Tribunal Constitucional, rol N° 379, antes citada; así ha sido exigido por el Tribunal Constitucional en materias de tratados internacionales, pese a que el texto literal del viejo artículo 50 no lo exigía, lo que se encuentra razonado en sentencia del Tribunal Constitucional, Rol N° 282, considerandos 13, 17 y 18.
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Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha de fecha 26 de junio de 2001, Rol N° 325.
Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 1 de julio de 2003. Tribunal Constitucional, rol N° 379.
2 Balaguer Callejón, Maria Luisa. 1997. Interpretación de la constitución y ordenamiento jurídico. Madrid, Ed. Tecnos. S.A., página 80. [ Links ]
3 Canotilho, J.J. 2000. Directo Constitucional. Coimbra, Ed Almedina, página 143. [ Links ]
4 Ver Guastini, Ricardo. 2000. Estudios sobre la interpretación jurídica. México, Porrúa, páginas 120 y siguientes. [ Links ]
5 Kalinowski, Georges. 1982. Concepto, fundamento y concreción del derecho. Buenos Airres, Ed. Abeledo Perrot, página 136. [ Links ]
6 Gadamer, H.G. 1984. Verdad y método, Salamanca, Ed. Sígueme, página 382. [ Links ]
7 Hesse. Konrad. 1992. Escritos de derecho constitucional. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, página 42. [ Links ]
8 Alonso García, E. 1986. La interpretación de la Constitución. Madrid, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, página 519. [ Links ]
9 Ascarelli, T. 1959. Interpretazione y giurisprudenza Costituzionale, en Probleme giuridici, Milán Ed. Giuffre, página140. [ Links ]
10 Larenz, Karl. 1980. Metodología de la ciencia del derecho., Barcelona, Ariel, 1980, página 308. [ Links ]
11 Wróblewski, Jerzy. Constitución y teoría general de la interpretación jurídica. Madrid, Editorial Civitas, página 225 [ Links ]
12 Wróblewsky, Jerzy. 1988. Ob. Cit., página 18.
13 Canosa Usera, Raúl. 1988. Ob. Cit. Página 55.
14 García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, España, Ed. Civitas.1985, p. 97. [ Links ]
15 Alonso García, E. 1986. La interpretación de la Constitución, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, página 1. [ Links ]
16 Hesse, Konrad. 1992. Escritos de derecho constitucional. Madrid, Centro de estudios Constitucionales, página 35. [ Links ]
17 Hesse, Konrad. 1983, página 29.
18 Hesse, Konrad. 1983, página 46
19 Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha primero de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, Rol N° 46, considerando 27.
20 Crisafulli, V. 1939. I principi costituzionali dell'interpretazione delle leggi, Papua, Ed Cedam. [ Links ]
21 Hesse, Honrad. Ob. Cit. Página 48.
22 Sentencia del Tribunal Constitucional de Chile, de fecha 24 de septiembre de 1985, Rol N° 33.
23 Ver Valenzuela Somarriva, Eugenio. 2003. Contribución del Tribunal Constitucional a la institucionalización democrática, páginas 7 _ 27. [ Links ]
24 Sentencias del Tribunal Constitucional de fecha 21 de diciembre de 1987,Rol N° 46, considerando 40; 2 de diciembre de 1996, Rol N° 246, considerando 31; 26 de abril de 1997, Rol N° 254, considerando 11; 26 de junio de 2001, Rol N° 325, considerando 10.
25 García de Enterría, Eduardo, La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Madrid, España, 1985, p. 97. [ Links ]
26 Pérez Luño, Antonio. 1986. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, página 278. [ Links ]
27 Luchaire, F. 1981. De la méthode en droit constitutionnel, en Revue du Droit Public, Paris, Francia, página 294. [ Links ]
28 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, Rol N° 325 de 26 de junio de 2001, considerando 47.
29 Sentencia del Tribunal Constitucional chileno, Rol N° 33, de veinte de agosto de mil novecientos ochenta y cinco, considerando 19: LOC Tribunal Calificador de Elecciones.
30 Hesse, Konrad. 1984. Escritos de Derecho Constitucional. Ob. Cit. Página 45.
31 Ver el estudio detenido de este enfoque en, Canosa Usera, Raúl. Interpretación constitucional y fórmula política.Ob. Cit.
32 Zagrebelsky, Gustavo. La Corte Constitucional y la interpretación de la constitución. En División de Poderes e interpretación. Ob. Cit. Página 176.
33 Vigo, Rodolfo. 2002. Directivas de la interpretación constitucional. Ob. Cit., página 2906.
34 Ost, Francois y Van de Kerchove, Michel. 2001. Elementos para una teoría crítica del derecho. Bogotá, Ed. Universidad Nacional. [ Links ] Citado por Sanín Restrepo, Ricardo. 2004. Libertad y Justicia Constitucional. Santafé de Bogotá. Ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, pág. 151. [ Links ]
35 Valenzuela Somarriva, Eugenio. 2005. Criterios de Hermenéutica Constitucional aplicados por el Tribunal Constitucional. Primera parte, Principios generales. Santiago de Chile, Ed. Tribunal Constitucional de Chile. [ Links ]
36 Nota del Autor: El Tribunal Constitucional se pronunció sobre esta materia, en fallo de fecha 30 de enero de 2006, cuando este artículo se encontraba ya en evaluación. Realizaremos un comentario de dicho fallo en otro texto.
Artículo recibido el 5 de enero de 2006 aceptado el 21 de abril de 2006.

References: resolución 
 resolución 
 artículo 18
 artículo 47
 artículo 127
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 127
 artículo 68
 artículo 127
 artículo 68
 artículo 127
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 artículo 68
 artículo 68
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 artículo 127
 artículo 68
 artículo 68
 artículo 50
 artículo 68
 artículo 68
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