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Timestamp: 2019-05-25 06:50:00+00:00

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Acuerdo y Sentencia 266/2017 Tribunal de Cuentas 2ª Sala
ACUERDO Y SENTENCIA T.C. 2ª SALA Nº 266/17
En la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los treinta y uno días del mes de agosto de dos mil diecisiete, estando presentes los Excmos. Señores Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, Gregorio Ramón Rolando Ojeda, Arsenio Coronel Benítez y María Celeste Jara Talavera, en su sala de audiencias y público despacho, bajo la Presidencia del primero de los nombrados, por ante mí el Secretario autorizante, se trajo a acuerdo el expediente caratulado: "PATRICIA E. GUTIERREZ contra Resolución N° 304, de fecha 19/02/16 y otra, dictadas por la MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO".
Practicado el sorteo de ley para determinar el orden de votación, dio el siguiente resultado: GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, ARSENIÓ CORONEL BENÍTEZ Y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO. RAMÓN ROLANDO OJEDA, dijo: Que en fecha 16 de marzo de 2016 (fs. 19/24), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Sra. PATRICIA E. GUTIERREZ Z., por derecho propio y en representación propia, iniciando demanda contencioso administratií^ contra el Acta de Imputación de fecha 18 de agosto del 2.015 (fs. 5), Resolución A.I. N° 09 de fecha 20 de agosto de 2.015 (fs. 8/10) y la Resolución N° 304/2.016 I.M. de fecha 19 de febrero del 2.016 (fs. 16) dictadas por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso. Funda la demanda en los siguientes términos: “HECHOS SEÑORES MIEMBROS DEL TRIBUNAL, en la municipalidad de Mariano Roque Alonso no se conoce el estado de derecho, no se respeta las normas legales y procesales y se hace un uso abusivo de su derecho a gobernar, reduciendo a los habitantes del municipio a un persecución administrativa sin fundamentos ni respeto a los derechos individuales. Que, las autoridades del Municipio de Roque Alonso iniciaron en mí contra un sumario administrativo VIOLANDO EL DERECHO PROCESAL y TAMBIÉN LA LEY DE FONDO, ya que CITAN LEYES PARA LAS CUALES NECESITA DELEGACIÓN EXPRESA DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, y peor aún, por un Auto interlocutorio pretendieron disponer sanciones SIN TENER LA AUTORIDAD NECESARIA PARA ELLO. Primero que nada aclaró a los Señores Miembros del Tribunal que hasta ese momento contaba con patente municipal (obra en autos) y también contaba con las documentaciones presentadas ante la SEAM y de la que la autoridad Municipal tiene conocimiento por haberla agregado cuando me solicitó. Que conforme a la ley 4046/10 me hallo en tiempo y forma para interponer demanda en lo contencioso administrativo, en base al dictamiento de la Resolución 304/16 de la Intendencia Municipal de Mariano Roque Alonso, de fecha 19/02/16, a la fecha son exactamente... ...días hábiles, teniendo en cuenta que el día 29 de febrero fue declarado por ley feriado nacional, por traslado del feriado del día 1 de marzo. QUE he dado cumplimiento a las disposiciones establecidas en la ley 1462/35 art. 3) para ser admitida en cuanto a los aspectos formales de esta instancia relativos a: a) que he agotado las instancias previas (Resolución 304/16 de la Intendencia de Mariano Roque Alonso.) y ya no existen recursos administrativos en su contra.- b) La actuaciones procesales que se recurren ante el Tribunal de Cuentas, proceden de las facultades regladas de la administración Municipal, c) No existe otro juicio pendiente sobre el mismo asunto, d) Que no solo existe una vulneración de derechos administrativos a favor mío, sino que LOS VIOLA ABIERTAMENTE, ya que el A.I. Nro. 09 de fecha 20/08/16 prevé una sanción en mi contra que es la INHABILITACIÓN DE MI LOCAL COMERCIAL, el procedimiento hoy día sigue su curso por imperio de Resolución 304/16. Fundamentos de mi demanda en los siguientes hechos: HECHO Nro. 1) EL ACTA VICIADA DE NULIDAD por imperio de la Ley 3966/10.
Que en fecha 02/09/16 recibí la notificación por imputación formulada en mi contra por parte de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a raíz de la cual me presenté ante el Tribunal de faltas a interiorizarme de la cuestión y me encuentro con un acta deficiente, infundada y carente de los requisitos formales establecidos por ley para ser tenida por válida, a) NO TIENE FECHA CIERTA, ya que en el encabezado se halla adulterado el año, no tiene horario y es imposible saber de este modo si en que fecha ocurrieron realmente. Existe un artículo del Código Procesal Civil, que seguro se pondría recurrir en este caso, que reza: "no existe la nulidad por la nulidad misma, todo acto procesal que cumple su finalidad ... es tenido por válido". Sin embargo, este sólo defecto formal del acta no está solo... por lo que debo seguir atacándolo de invalidez en los siguientes puntos: b) Falta de fundamento legal: lo voy a fundamentar en el HECHO Nro.2 c) FALTA INDIVIDUALIZACIÓN DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL Y DE LOS TESTIGOS, Y FALTA UN TESTIGO (que obvio deben ser más de uno, es decir dos, porque la ley está en plural), señores Miembros, el art. 98 de la ley 3699/10 dice que las actas de intervención tienen calidad de DECLARACIÓN TESTIFICAL del funcionario Municipal y los testigos, sin embargo el acta carece de individualización del funcionario municipal y de los testigos, COMO SE LOS PUEDE CITAR, COMO SÉ QUIENES SON? O acaso el procedimiento es INQUISITIVO y solo importa al órgano investigador saber quienes son sus testigos y su funcionario interviniente? En este punto solicito al Excmo.
Tribunal de Cuentas, oficie a la municipalidad de Mariano Roque Alonso a que informe quienes son las personas indicadas en dicha acta y a dicho efecto solicito se los cite en carácter de testigo a absolver posiciones, a cuyo efecto presentaré en la oportunidad procesal respectiva el pliego de preguntas POR IMPERIO DE LA LEY 3966/10, esta acta debió ser desestimada en la primera oportunidad por el JUZGADO DE FALTAS ya que en el artículo 108 expresamente de modo TAXATIVO dice: "CASOS DE DESESTIMACIÓN: El Juez, DEBERÁ desestimar la acción en los siguientes casos: 1) SI EL ACTA DE INTERVENCIÓN NO REUNIERE LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN EL SECCIÓN 2 DEL CAPITULO V..." que son: art. 97 Contenido y Remisión del Acta: 1) Lugar, fecha y hora del hecho o de la constatación del mismo; 5) Firma del funcionario interviniente CON ACLARACIÓN del NOMBRE Y CARGO; 6) La firma del imputado o, en su defecto, LAS FIRMAS e IDENTIFICACIÓN DE LOS TESTIGOS SI LOS HUBIERE.". Señores miembros esto debió ser suficiente para que el JUEZ instructor desestimara, pero, no., debió ser suficiente para que el anterior intendente desestimara en atención a mi apelación, pero, no... debió ser suficiente para que el actual intendente desestimara, y tampoco, antes bien remitió nuevamente para que se prosiguiera la cuestión, por ello me veo forzada a recurrir a VS. en busca de justicia. Entonces ustedes dirán, al igual que yo lo hice: QUE ES LO QUE HIZO ESTA MUJER PARA QUE SE ENSAÑEN CON ELLA LAS AUTORIDADES MUNICIPALES? Seguro VIOLÓ GRAVEMENTE UNA NORMATIVA DE APLICACIÓN MUNICIPAL. HECHO Nro. 2. FALTA DE FUNDAMENTO LEGAL inc. b) de la LEY 3699/10 El art. 97 establece: inciso b): LA DISPOSICIÓN LEGAL PRESUNTAMENTE INFRINGIDA; Es aquí que leo en el expediente en busca de qué leyes o normas municipales me hallaba infringiendo, entonces leo el acta en la parte que dice: infracción de la ordenanza 42/99, ley 294/93 y 716. Estas normas, señores miembros del Excelentísimo Tribunal están derogadas (ordenanza 42/99) y lo más grave... que las leyes citadas LA MUNICIPALIDAD, la misma NO ES COMPETENTE. La ordenanza municipal, cuya copia agrego en este acto, está basada en las leyes 1294/87 y 1276/98, que fueran DEROGADAS EXPRESAMENTE por la LEY 3966/2010 en los art. 283 inc. 1) y 2) por lo tanto esta ordenanza municipal esta caduca. SOLICITO se libre oficio a la Municipalidad de Mariano Roque Alonso a fin de que remita copia autenticada de la ordenanza municipal 42/99. En el mismo sentido, por Ley 1561/00, NO ES COMPETENTE para la aplicación de la LEY 294/93, ya que el art. 14 dice: LA SEAM adquiere el carácter de autoridad de aplicación de las siguientes leyes: ...i) Nro. 294/93 "De evaluación de impacto Ambiental" su modificación la 345/94 y su decreto reglamentario;..." Por si queda dudas de que la Municipalidad podría aplicar o investigar o aplicar sanciones en base a esas normas tenemos el art. 16 de la misma el que dice: "Convenio de Delegación de Competencias. Además de las funciones propias establecidas en la ley, las municipalidades podrán ejercer competencias nacionales o departamentales delegadas de otros organismos y entidades públicas en materias que afecten a sus intereses propios. El ejercicio de competencias nacionales o departamentales delegadas requerirá de un convenio previo entre la administración delegante y la municipalidad. En el convenio deberá constar el alcance, contenido, condiciones y duración de éste, así como el control que se reserve la administración delegante, los casos de resolución del convenio, y los recursos que transfiera la administración delegante a la municipalidad. Para que la delegación sea efectiva, se requiere que el convenio esté aprobado por las respectivas Juntas Municipales. Las competencias delegadas se ejercen de acuerdo con la legislación vigente para la administración delegante.". La Municipalidad de Mariano Roque Alonso CARECE DE CONVENIO CON LA SEAM para aplicar ninguna ley ambiental y ello lo confirma, la visita del INC. Javier Jiménez ASESOR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN AMBIENTAL nada más y nada menos que el lunes siguiente al que la Intendencia dictará la Resolución Nro. 304/2016, mi contra. ES evidente que a raíz de mis múltiples reclamos notaron estas falencias por lo que raudamente fueron a solicitar asesoramiento a la dirección correspondiente para pedir un convenio con ellos y así abusar gracialmente de sus habitantes... digo esto por mi experiencia hasta aquí. Adjunto prueba y impresa de la entrevista tomada de la página de la SEAM. Asimismo, solicito se oficie a la SEAM a fin de que informe a este Tribunal si existe UN CONVENIO DE DELEGACIÓN DE FUNCIONES FIRMADO CON LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO Y QUE REMITA UNA COPIA DEL MISMO. En cuanto a la ley 716, que establece PENAS PENITENCIARIAS la misma es de aplicación en el ámbito penal y ellos no son competentes en lo absoluto.- LA MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO, SE ARROGÓ ATRIBUCIONES PROPIAS DE LA SEAM Y DEL MINISTERIO PUBLICO, y citó una ordenanza que por derogación de las leyes en las que se basa, estaba ya caduca. DESESTIMACIÓN Señores miembros del Tribunal, por todo lo hasta aquí detallado, se debió dar curso a lo dispuesto en el art. 107 de la ley 3966, que dispone: "Recibidos los antecedente remitidos por el Intendente, el Juez, mediante providencia, determinara la pertinencia de la acción, en caso afirmativo”. Es evidente a todas luces que todos los fundamentos expuestos por el acta reputada de viciada, del ACTA DE IMPUTACION labrada con "fundamentos” no basados en leyes vigentes ni de los que tengan competencia, son totalmente impertinentes y el JUEZ de FALTAS debió disponer el archivamiento de la causa. HECHO Nro. 3 DE QUE HECHOS SE ABRIÓ EL SUMARIO? Siguiendo con la lectura del expediente, a ver si existen al menos hechos relevantes que ameriten un sumario a parte de acta de constitución, se encuentra la denuncia de una desconocida del barrio según tengo agregado a autos copia de preliquidación del impuesto inmobiliario en donde se ve que ella no es vecina, prueba agregada a autos. En este punto, sólito al Excelentísimo Tribunal de faltas SE LIBRE OFICIO AL DEPARTAMENTO DE MIGRACIONES a fin de INFORME FECHA DE ENTRADA Y SALIDA AL PAÍS DE DIANA CAROLINA VILLAVERDE, CON C.I. Nro. 1.161.599, y si ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN EL PAÍS Y DESDE QUE FECHA. Esto es de vital importancia a fin de que yo pueda demostrar a este Tribunal que la misma DESCONOCÍA LOS HECHOS QUE AFIRMABA EN EL ESCRITO DE DENUNCIA y que circunstancialmente estuvo en la zona, y que esa afirmación fue tenida como TODO EL ARGUMENTO VÁLIDO para que el Juzgado de Faltas dictara un Auto Interlocutorio con una sanción en mi contra. Que al respecto el A.I. del Tribunal de Faltas, se halla "fundado" en los supuestos hechos de: a) contaminación: pregunto señores miembros, es posible que el tribunal de faltas sea capaz de afirmar en un A.I. a través de tomas fotográficas y declaraciones de personas inexistentes que algo es contaminante? NO, no es capaz. No existe en autos NI UN SÓLO EXAMEN TÉCNICO DEL SUPUESTO MATERIAL al que EN FORMA UNILATERAL califican de desechos contaminantes. La actividad a la que me dedico no es contaminante: ME DEDICO A HIDRATAR CAL PARA PINTURA A LA CAL... SÓLO AGUA Y CAL... y también es de público conocimiento ya que LA CAL NO CONTAMINA sino al contrario, SIRVE PARA PURIFICAR EL AGUA QUE TOMAMOS, por uso habitual de la ESSAP esto lo fundamenté en mi apelación ante el municipio, pruebas OCHO (8) agregada a autos administrativos. Solicito además se oficie a la INTN a fin de que a través de su departamento correspondiente informe a este TRIBUNAL SI LA CAL APAGADA ES CONTAMINANTE Y CUALES SON SUS USOS, b) malestar general de los vecinos: cuantas denuncias o notificaciones existen en autos? Como deduce la autoridad municipal la existencia de malestar? Como podemos saber de qué malestar habla, de emocional, sicológico o físico? De donde se infiere que hay varios vecinos si solo hay una denunciante y la misma no es vecina de la zona, c) y precariedad: precario señores Miembros del tribunal es el expediente, sin pruebas, ni investigación alguna ni examen alguno y basado en leyes de las que no son competentes. En este sentido, la misma Municipalidad agregó a autos constancia de mi patente municipal y constancia de que luego me prohibieron pagar los siguientes, generándome costos y moras y daños económicos en mi actividad comercial, por lo que no operaba al margen de la ley ni mucho menos precariamente. Que, sobre todas estas irregularidades el Auto Interlocutorio RESUELVE una sanción preventiva de clausura temporal de mi local. HECHO 4) A.I. 09/15 SANCIÓN QUE NO ES SU ATRIBUCIÓN ESTE AUTO INTERLOCUTORIO es también una especie de frankestein normativo, ya que a parte de las peculiaridades de su fundamentación, RESUELVE una sanción que es exclusivamente atribución de la intendencia Municipal, NO DEL JUZGADOR FALTAS conforme a los art. 99, 100 y 101 de la ley 3966/10 que dice: copio lo más relevante, art. 99 "la INTENDENCIA PODRÁ DISPONER, en resolución fundada ..." y el art. 100 "...UNA VEZ DISPUESTAS Y APLICADAS ESTAS MEDIDAS, DEBERÁN REMITIRSE LOS ANTECEDENTES AL JUZGADO DE FALTAS MUNICIPALES y en su caso, del fuero ordinario que las haya ordenado..." y el art. 101 "MEDIDAS DE URGENCIAS POSIBLES: ...2) INHABILITACIÓN DEL LOCAL". Es evidente que todo el municipio o desconoce el respeto a las normas procesal porque toda la evidencia de abusos que denuncio confirma más que nada que ellos utilizan su posición de autoridad para instar procedimientos en contra de sus habitantes a fin de ejercer coacciones y coerciones con fines perjudiciales. Las normas procedimentales están para dar protección jurídica a todos los sujetos de derecho y cuando una parte más fuerte, en este caso el que investiga, puede hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere, sin ni siquiera escuchar, o investigar apropiadamente, se está ante un estado de indefensión y abusos de derecho que rayan la ilegalidad y caminan sobre las cuerdas de la ilicitud. ESTE A.I. VICIADO con nulidades insanables es el que ha dado curso la Intendencia por Resolución 304/16. HECHO 6) UN NUEVO SUMARIO SOBRE EL MISMO HECHO DENTRO DE LA APELACIÓN POR IRREGULARIDADES PROCESALES Que, aún así habiendo demostrado todo, sabiendo ellos que no tenían derecho legal de seguir con el presente sumario, DE NUEVO la Intendencia FUERA DE TODO PROCEDIMIENTO, en el mismo lapso de la etapa de apelación emite el MEMORANDO 037/2016, que dice: ".... SE RECOMIENDA REALIZAR UNA VERIFICACIÓN IN SI TU DEL LUGAR de las condiciones actuales de la Empresa." Es decir... HABREN UNA NUEVA INVESTIGACIÓN, un nuevo sumario sobre el mismo hecho, dentro mismo de la etapa de apelación. A esta petición siguió el Memorándum No. 93/2016 en donde ya da risas la absoluta ineptitud de los funcionarios municipales, al no entender que la INHABILITACIÓN dispuesta por el A.I. 09/15 SE HALLABA APELADA Y CON EFECTO SUSPENSIVO por providencia de fecha 10/09/15 y que con las nuevas "verificaciones" que estaban disponiendo estaban violando una vez más, con procedimientos arbitrarios, mis derechos procesales y las normas previstas para apelar. Se viola mi derecho procesal a no ser procesado más de una vez por la misma causa, previsto en el art. 17 de la C.N.. A estas alturas, ya todas luces y sin disimulos, el memorándum 037/16 rebusca algo para decir, y seguir impulsando un procedimiento en mi contra, y dice que: "...Al costado izquierdo un baldío con basuras y bolsas con cal y un tacho de basura que se encuentra frente a la fábrica." El baldío izquierdo no es mío y no es mía la bolsa de cal que hay allí, ya que yo me dedico a vender cal y si la dejo a fuera en un baldío sería muy mal negocio. Y con respecto al tacho de basura... ya que es el colmo., donde más se deja el tacho de la basura?! Este memorándum se basó nuevamente en un acta de fiscalización más abusivo que el otro... ya que no dan ganas ni de enunciarlo, por lo que dejo ya a criterio de V.S. la apreciación integral de todo el manoseo procedimental del que soy objeto en este municipio. HECHO Nro. 5 DICTAMEN DE LA ASESORÍA JURÍDICA Que, luego de insistir por escrito (luego de varias veces en forma verbal) en fecha 9/02/16 dejando constancia de que no me dejaban ver el expediente, presenté mi primer urgimiento en fecha 15 de febrero de 2016, emiten el dictamen 154/2016 en este caso nada más y nada menos que la "asesoría Jurídica" al día siguiente de mi Urgimiento, diciendo que: se ha dado minucioso estudio y citan la LEY 3966/10 Inc. b) y art. 101 donde justifican A PESAR DE TODO LO DENUNCIADO EN MI APELACIÓN, la aplicación de una sanción de inhabilitación del local. Como es que leen la ley a medias? PUES ES PORQUE SABEN QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS Y TRATAN DE OCULTARLO EN VEZ DE REVER EL ERROR EN EL QUE INCURRIERON. El artículo citado por ellos mismo dice en el inciso b): regulación y fiscalización de estándares y patrones que garanticen la calidad ambiental del municipio; Pero aclara en el inciso posterior que: c.) la fiscalización del cumplimiento de las normas ambientales nacionales, previo convenio comías autoridades nacionales competentes;". CONVENIO QUE NO TIENEN. Finalmente culmina mi calvario ante esta Municipalidad carente de estado de derecho y pronta para aplicar un procedimiento inquisitivo en contra de sus habitantes, con la Resolución Nro. 304/2016 en donde la Intendencia resuelve: DEVOLVER el expediente para que se prosiga con el baile.... perdón, con el estudio y "tramite" del Juzgado de faltas; y si que es de faltas... Señores Miembros, todo lo detallado no puede significar otra cosa que la evidencia de mi estado de indefeción ante las autoridades Municipales. También demuestra el abuso de poder que ejercen sobre los habitantes del municipio, que sin el respeto al estado de derecho nos hallamos en una condición de vasallaje irremediable, ya que nuestra fuente de trabajo y vivienda desgraciadamente se encuentra a su alcance. Como pueden ver, HE AGOTADO todas las instancias municipales, y a pesar de ello, siguen pisoteando mis derechos procesales, basándose en actas carentes de validez, sin investigar técnicamente sus afirmaciones, sin tener derecho a aplicar las normas citadas, sin hacer caso a mi pedido de corregir sus errores, fabricando pruebas, prohibiéndome pagar mis impuestos sin fundamentación alguna, EJERCIENDO CON ABUSO en derecho de gobernar que le fuera otorgado y sin tener derecho legal para ello intentan aplicarme una sanción tan grave como lo es la INHABILIDAD DE LOCAL COMERCIAL. SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR QUE estando así las cosas, y temiendo por mi seguridad jurídica a más del peligro de que ejecuten la inhabilidad de mi local comercial, vengo a solicitar a este Excelentísimo Tribunal la aplicación de la medida cautelar prevista en el art. 725 del C.P.C., inc. a), que prevé que no se innove la situación en la que me hallo, es decir operando normalmente en mi local comercial, así como de que el municipio se prive, de aplicarme sanción alguna hasta tanto culmine el presente sumario y se demuestre que carecen de facultad para ello. FINALMENTE Solicito a V.S. que dispongan la nulidad de todas las actuaciones administrativas viciadas de nulidad, desde el Acta de Fiscalización, Acta de Imputación, A.I. NRO. 09 DE FECHA 20/08/15 y RESOLUCIÓN 304/16 de fecha 19 de febrero de 2016, disponiendo mi Sobreseimiento Definitivo de la presente causa y el archivo de la misma. DERECHOS TODAS Y CADA UNAS DE LAS NORMA CITADAS MAS ARRIBA, principalmente; Ley 1561/00 inc. 14; Ley 1561/00; LEY, 3966/10; LEY 294/93".
En fecha 23 de junio de 2016 (fs. 49/53), la parte actora realiza la ampliación de la presente demanda en los siguientes términos: "Hecho 1) Que conforme reza el art. 1835 "Existirá daño, siempre que se causare a otro algún perjuicio en su persona, en sus derechos o facultades, sic...". En ese sentido y conforme lo he fundado en la primera parte de mi demanda, la Municipalidad de Mariano Roque Alonso ha iniciado y proseguido un sumario en mi contra, sin derecho ni fundamento legal para hacerlo y con ese procedimiento me ha causado daños económicos y morales. Que conforme pruebas documentales que se hallan demostradas en el expediente administrativo, mi actividad comercial es la de compra y venta de productos calcáreos y en especial la de procesamiento de cal, y a razón de ello, debo habitualmente recurrir a créditos otorgados por mis proveedores. Que a dicho efecto en diferentes momentos de mi actividad comercial, alguno de ellos me solicitaron tener en regla mis documentaciones legales y entre estos documentos me solicitan patente comercial al día, cuestión que me fue imposible presentar desde que se instauró en mi contra el sumario ante la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, que como se podrá apreciar NI SIQUIERA ESTABA AUTORIZADA POR LEY a abrirme dicho sumario. No solo fue el sumario en si, sino la prohibición de otorgárseme patente hasta tanto se resuelva el sumario, como consta en autos administrativos a fs. ... Este hecho me causó gravámenes irreparables en materia económica, ya que como podrá apreciar en uno de los recortes periodísticos que adjunto, justo en dicho periodo se produjo una gran inundación que empezó en noviembre del año 2015 fue arrastrándose hasta producir finalmente la paralización total de las calerías de la zona allá por el mes de febrero como documenta el informe periodístico, por lo antes de esa escases definitiva, tuve que llenarme de mercadería a fin de que no se produjera también la paralización de mi negocio, con la consecuencia de no entregar mis mercaderías comprometidas con los clientes y también, la suspensión temporal en materia laboral de los personales a mi cargo (presento planilla de pagos del IPS del mes de febrero del Presente año.). Todo esto, me puso en una situación de necesitar recurrir a mayores créditos de proveedores de cal, por lo que para ver si era viable concederme mayores créditos éstos solicitaron se exhiban ciertos documentos corrientes en el ámbito comercial y entre ellos estaba la PATENTE COMERCIAL, que la Municipalidad prohibió entregarme. Por lo que al no poder cumplir con ese requisito, y ya que los tiempos valen oro en las condiciones señaladas, a más de las inminentes pérdidas que avisoraba me vi desesperadamente obligada a buscar créditos para poder recurrir al pago y es así que lo que contaba era mi línea de crédito personal en la cooperativa y con ello tuve que pagar intereses para seguir con mi actividad comercial. Los perjuicios aquí son: • perdida de crédito sin intereses • pago de intereses • mayores costos de gestión administrativa Estos hechos detallados se encuadran perfectamente en lo establecido en el art. 452 del C.C., el cual establece: "que cuando me hubiere justificado la existencia de un perjuicio, pero no fuere posible determinar su monto, la indemnización será fijada por el juez." HECHO 2) Que el mismo artículo, 1835 de C.C., en su segundo párrafo dice: "La obligación de reparar se extiende a toda lesión material o moral causada por el acto ilícito". Es así que conforme a las instrumentales presentadas en autos puedo demostrar que, he tenido que hacer malabares para sortear la falta de crédito de mis proveedores y todos los gastos incurridos durante 6 meses de idas y vueltas a la municipalidad y corresponde que ella sea tenida como una lesión material. En cuanto a último punto del artículo antes citado, el daño moral, debo solicitar a ese Excmo. Tribunal que considere los siguientes extremos: Que, el daño moral se encuentra conformado por cualquier lesión a los sentimientos o afecciones ilegítimas de una persona, o bien cuando se le ocasionan perjuicios que se traducen en padecimientos físicos, o de una manera u otra se han perturbado la tranquilidad y su ritmo norma de vida (CNCiv, Sala E 1999/04/06 Sandoval Jofré, Carlos c/ Multicnan y otros)".- La doctrina por su parte dice: "La doctrina en la materia refiere que el daño moral es toda modificación disvaliosa del espíritu, y en tal sentido STIGLITZ y ECHEVEDI concuerdan en afirmar que el mismo "Es la alteración espiritual no subsumible en el dolor, que puede consistir en profundas preocupaciones, estados de aguda irritación, que exceden lo que por dolor se entiende, afectando el equilibrio anímico de la persona, sobre el cual los demás no pueden avanzar (pág. 242. "Responsabilidad Civil)". Que yo no me había dedicado al derecho desde hacía 7 años, periodo en el que renuncie al Poder Judicial, para dedicarme a mi familia y por ello junto a mi esposo decidimos formar un negocio, bajo mi nombre y al cual me venía dedicando por completo, ya que, es mucho más gratificante y menos estresante que la actividad jurídica. En ese contexto y a raíz del sumario, tuve que hacer lidiar mi actividad comercial, venta, atención al cliente, cobro... que siempre es por demás difícil, agregándole manejo de personal, logística, pago a proveedores y sumarle a ello: ir a la municipalidad a defenderme, insistirles a las autoridades administrativas que el procedimiento no era legal, es decir, agregarle a mi vida normal de comerciante, el desvío de mi atención mental y espiritual a evitar ser condenada en un sumario ilegal, hecho que desde ese mismo momento produjo una alteración de mi vida mental, emocional y espiritual, que había venido manteniendo por más de 7 años, y la consecuente incomodidad de ocuparme de un proceso administrativo cuyas consecuencias podrían ser las de Con este quebranto a nivel almático y mental, tuve que trabajar en mi actividad comercial por siete meses, yendo y viniendo, insistiendo, esperando a que terminara el sumario, ocupando gran parte de mi paz mental, ya que justo por ser Abogada conozco la gravedad de las sanciones administrativas, y la injusticia, rabia e impotencia de ser perseguida por una autoridad que no tiene la potestad para hacerlo. Este tipo de injusticias, que todos los particulares debemos aguantar en silencio por, sumado a los demás quebrantos mencionaos, temor a represalias por parte de la autoridades, me empuja a buscar justicia ante dicha instancia administrativa, a fin de que castigando este tipo de bandidajes administrativos se ponga ejemplo para que en el futuro no se abuse del derecho que le fue confiado por la propia ciudadanía. Por todo ello, solicito a V.S. que a partir de las pruebas arrimadas a auto cuantifique el monto del daño material y moral, que me han causado así como los responsables individuales a los efectos del art. 1845 ultima parte del C.C. y que los notifique, además de a la municipalidad de Mariano Roque Alonso. HECHOS 3) Asimismo, V.E. una vez analizados todos los extremos aducidos en estos escritos de demanda, solicito tenga a bien remitir los antecedentes de estos autos al Ministerio Público a fin de que analicen las conductas desplegadas por los funcionarios municipales involucrados en el sumario que me fue instruido, en relación al Artículo "305.- Prevaricato: 1° El juez, arbitro u otro funcionario que, teniendo a su cargo la dirección o decisión de algún asunto jurídico, resolviera violando el derecho para favorecer o perjudicar a una de las partes, será, castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años. 2° En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad podrá ser aumentada hasta diez años.", Ya que como habrán podido apreciar, las resoluciones emanadas de la municipalidad RESUELVE la apelación que formulé "que los autos sean remitidos para la prosecución del sumario" este hecho, antes que resolver la situación irregular, desde el mismo departamento jurídico de dicho municipio, alargó una vez más el sumario en mi contra en vez de reconocer el error y dar una solución justa como estaba al alcance de la intendenta actual. Está en manos de V.S. frenar actos de esta naturaleza, de abusos en el ejercicio de las funciones de funcionarios electos por el pueblo y para el pueblo y depurar las prácticas arbitrarias de los mismo hacía, los que estamos en situación de indecisión. DERECHOS artículo 217 del C.P.C.; 1833 y sigtes, 364 del C.C.; el art. 452 del C.C., y art. 1845 ultima parte del C.C.. Código Penal 305”.
Conforme a la providencia de fecha 12 de octubre de 2016 (fs. 60 vlto.) se tiene por decaído el derecho de la parte demandada a contestar la presente demanda contencioso administrativa.
Por A.I. N° 237 de fecha 19 de abril de 2.017 (fs. 73), este Tribunal declaró su competencia para entender en el presente juicio, y no existiendo hechos que probar se declaró la cuestión de puro derecho.
Que por providencia de fecha 20 de julio de 2017 (fs. 92), teniéndose por presentado el escrito de duplica, se llamó AUTOS PARA SENTENCIA.
Y el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, GREGORIO RAMÓN ROLANDO OJEDA, prosiguió diciendo: Que en fecha 16 de marzo de 2016 (fs. 19/24), se presentó ante este Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, la Sra. PATRICIA E. GUTIERREZ Z., por derecho propio y en representación propia, iniciando demanda contencioso administrativa contra el Acta de Imputación de fecha 18 de agosto del 2.015 (fs. 5), Resolución A.I. N° 09 de fecha 20 de agosto del 2.015 (fs. 8/10) y la Resolución N° 304/2.016 I.M. de fecha 19 de febrero del 2.016 (fs. 16) dictadas por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso.
De los recurridos actos administrativos, previamente cabe mencionar que la presente demanda tiene como origen la medida de urgencia de inhabilitación temporal de la fábrica de Cemento-Cal solicitada por el Acta de Imputación (fs. 05) y decretada por la Resolución A.I. N° 09 (fs. 08), en tanto se regularice la situación y se sustancie el sumarios administrativo iniciado.
Cabe mencionar que dicha medida de urgencia fue decretada por una intervención realizada al local comercial, a raíz de una denuncia realizada ante el Municipio (fs.6), donde los Agentes Fiscalizadores de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso verificaron que el establecimiento arrojaba basuras y desechos de cal en bolsas en la vereda pública y en consecuencia generaba un malestar a los vecinos de la zona (fs. 7).
En esos términos, la parte actora, Sra. Patricia Gutiérrez manifestó en su escrito de demanda, que es propietaria del local comercial Cemento - Cal con RUC N° 2645346-0 y que el sumario administrativo iniciado transgrede sus derechos procesales y así como la ley de fondo. Sostiene además que el acta de imputación esta viciada de nulidad y que no se determinó con exactitud los hechos por los cuales se abrió el sumario administrativo, a la vez que señala que la sanción impuesta no es atribución de la Intendencia Municipal.
Dicho esto, del estudio de los recurridos actos administrativos no revisten el carácter de actos que puedan ser recurribles por ésta vía contenciosa administrativo. De hecho, la medida de urgencia contenida en el Art. 99 de la Ley N° 3.966/10 "Orgánica Municipal", se trata de una medida de urgencia prevista y contemplada legalmente, lo cual facilita y permite en mejor medida su control administrativo y judicial. Y la cual conforme surge de autos, con la misma se trata de precautelar un interés superior que es la vida y el medio ambiente, mediante los requisitos mínimos que debe reunir el local a fin de brindar seguridad a las personas aledañas al lugar.
El citado Art. 99, transcripto dispone "Medida de Urgencia de la Intendencia. La Intendencia podrá disponer, en resolución fundada, por la vía administrativa medidas de urgencia destinadas a hacer cumplir normas legales o resoluciones comunales, para evitar o revertir circunstancias que sean susceptibles de causar peligro de vida o inminente daño al ambiente, a la salud, a la seguridad o al patrimonio público, de tornar ineficaces los fallos judiciales o de hacer desaparecer evidencias de fallas o contravenciones". Igualmente, el Art. 101 de la referida ley dispone “Medidas de Urgencia Posibles: "...Las medidas de urgencia que podrán ser dictadas son: ...2) inhabilitaciones de locales...”.
Los artículos citados permiten disponer de medidas de urgencias, cuando las circunstancias así lo requieran y se deba precautelar o evitar un daño a la vida o al medio ambiente. En cuanto al procedimiento a seguir, el Art. 100 establece "...Una vez dispuestas y aplicadas estas medidas, deberán remitirse los antecedentes al Juzgado de Faltas Municipales y, en su caso, al del fuero ordinario que las haya autorizado, en un plazo perentorio de cuarenta y ocho horas...".
De acuerdo al análisis de los antecedentes administrativos y las normas vigentes al respecto, cabe decir que el recurrido acto administrativo fue dictado conforme a derecho y que la presente demanda debe ser rechazada, ya que las recurridas resoluciones, no cumplen con los requisitos previstos en la Ley N° 1.462/35 “QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO", que manda agotar la instancia administrativa antes de recurrir a esta instancia judicial.
En cuanto a las costas, ellas deben ser impuestas a la parte perdidosa de conformidad al artículo 192 del Código Procesal Civil. ES MI VOTO.
A su turno, el Miembro del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ARSENIO CORONEL BENÍTEZ y MARÍA CELESTE JARA TALAVERA, manifiestan que se adhieren al voto del Miembro preopinante, por sus mismos fundamentos.
Con lo que se dio por terminado el acto previa lectura y ratificación del mismo, firman los Excmos. Miembros del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, por ante mí el Secretario Autorizante, quedando acordada la Sentencia que sigue:
Asunción, 31 de agosto del 2.017.
1.-) RECHAZAR, la presente demanda contencioso administrativa instaurada en los autos "PATRICIA E. GUTIERREZ contra Resolución N° 304, de fecha 19/02/16 y otra, dictadas por la MUNICIPALIDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO", por los fundamentos expuestos en el exordio de la presente resolución.
2.-) CONFIRMAR la Resolución A.I. N° 09, de fecha 20 de agosto del 2.015 y la Resolución N° 304/2.016 I.M. de fecha 19 de febrero del 2.016 ambas dictadas por la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, conforme a los fundamentos desarrollados en el exordio de este Acuerdo y Sentencia.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 108
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 217
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 192
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución