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Timestamp: 2020-06-01 22:56:55+00:00

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Diez razones por las que las empresas comercializadoras de energía eléctrica no deberían responder de los daños ocasionados por la mala calidad del suministro - Lexology
Análisis | mayo 2018 1 Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna. N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto. La demanda de responsabilidad por los daños ocasionados por la mala calidad del suministro eléctrico debería dirigirse contra la empresa distribuidora y no contra la empresa comercializadora (a pesar de la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre del 2016). Desde que el Pleno del Tribunal Supremo emitió su Sentencia de 24 de octubre del 2016 (RJ 2016\4970)1 , se ha impuesto la doctrina según la cual corresponde al comercializador de energía eléctrica responder de los daños ocasionados por la interrupción o mala calidad del suministro eléctrico (p. ej., sobretensión) [Sentencias de las Audiencias Provinciales de Alicante (Sección 5.ª) núm. 95/2017, de 9 de marzo (JUR 2017\13874); de Madrid (Sección 10.ª) de 19 de junio del 2017 (JUR 2017\204771); de Asturias (Sección 5.ª) de 26 de julio del 2016 (AC 2016\1946); de A Coruña de 29 de marzo del 2016 (AC 2016/938); de Barcelona de 18 de noviembre del 2015 (JUR 2016\23714); de Madrid de 2 de octubre del 2014 (JUR 2014\291038); de Toledo de 9 de marzo del 2012 (JUR 2012\126509), y de Murcia de 29 de diciembre del 2011 (JUR 2012\29327)]. Sin embargo, se exponen aquí ciertos argumentos que permiten cuestionar este régimen de responsabilidad y, por ello, poner en tela de juicio la tendencia procesal imperante en la actualidad consistente en demandar únicamente a la comercializadora en los 1 Comentada por mí en CCJC núm. 104, 2017. Diez razones por las que las empresas comercializadoras de energía eléctrica no deberían responder de los daños ocasionados por la mala calidad del suministro Ana I. Mendoza Losana Profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha Consejera académica de GA_P Análisis | mayo 2018 2 procesos dirigidos a exigir la reparación de los daños ocasionados por el suministro y, correlativamente, a desestimar las excepciones de falta de legitimación pasiva o de falta de litisconsorcio pasivo necesario: 1.º) No es cierto que no haya relación contractual entre distribuidor y consumidor En la prestación del suministro de energía eléctrica al usuario intervienen diversos agentes (comercializador y distribuidor), cada uno de los cuales asume sus propias obligaciones y responde en el marco de sendas relaciones contractuales (contrato de suministro y contrato de acceso). Asociado al contrato de suministro propiamente dicho se presenta el contrato de acceso a las redes. Correlativamente, se reconoce a los usuarios el derecho a «formalizar un contrato de acceso con la empresa distribuidora o un contrato de suministro con la empresa suministradora de electricidad, según corresponda» (art. 44.1d de la Ley del Sector Eléctrico o LSE). El consumidor puede contratar el acceso de distintas formas, o bien directamente con el distribuidor, o bien por medio del comercializador. El artículo 18 del Real Decreto 216/2014 lleva por título «Contratos necesarios para el suministro de energía»; se refiere al contrato de acceso a la red de distribución que se puede celebrar conforme a diversas modalidades. El consumidor puede optar por contratar directamente el acceso a las redes con el distribuidor y la energía con un comercializador, o por contratar la energía y el acceso a las redes por medio de un comercializador (art. 3.2 RD 1435/2002). Con carácter general, los consumidores con derecho a quedar acogidos al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC) contratarán conjuntamente la adquisición de la energía y el acceso a las redes con el mismo comercializador de referencia. En caso de optar por el suministro en el mercado libre, el consumidor decide si contrata el acceso a la red con un distribuidor o, por el contrario, el contrato con el comercializador incluye también el acceso a la red del distribuidor (art. 40.2i LSE, art. 19.3 RD 216/2014, art. 3.2 RD 1435/2002 y art. 79.2 RD 1955/2000). En este supuesto, corresponde al comercializador contratar y abonar el peaje de acceso correspondiente a la empresa distribuidora y, en su caso, prestar las garantías que reglamentariamente correspondan por el peaje de acceso de sus clientes (art. 46.1d y e LSE, respectivamente). La empresa comercializadora se limita a contratar con la distribuidora a nombre y por cuenta del consumidor y a cobrar una parte de la factura (costes de peaje) que entrega al comercializador. Los consumidores que opten por contratar el acceso a las redes directamente con el distribuidor quedarán obligados a aportar justificación documental acreditativa de la existencia de un contrato de adquisición de energía con un comercializador, así como documentación acreditativa de su duración (art. 3.2., RD 1435/2002). Es cierto que, si el consumidor ha optado por contratar el suministro por medio del comercializador, la relación entre el consumidor y el distribuidor es principalmente técnica. En este Análisis | mayo 2018 3 supuesto, la relación comercial tiene ciertas limitaciones porque el distribuidor no puede exigir al consumidor directamente el pago del peaje (art. 44.1c.1.º.II LSE), pues es el comercializador el que emite las facturas que incluyen los dos conceptos (acceso o término de potencia y consumo o término de energía). Sin embargo, esto no permite afirmar que no exista relación contractual entre consumidor y distribuidor. El contrato existe y su contenido se detalla en el artículo 44.1d de la Ley del Sector Eléctrico. Es una relación contractual especial en la que, por disposición del propio legislador, el distribuidor no puede exigir directamente el cumplimiento de la prestación de pago, pero la ley obliga al distribuidor a comprobar la adecuación de las instalaciones y, en su caso, el acceso. Tampoco prohíbe la ley al consumidor exigir responsabilidad contractual al distribuidor por las deficiencias de calidad del suministro. 2.º) El comercializador es un mero intermediario en la relación contractual de acceso entre el consumidor y el distribuidor En el contexto de liberalización y separación de actividades, el artículo 3.2 del Real Decreto 1435/2002 conceptúa la relación entre el comercializador y el consumidor como una relación de mandato respecto al distribuidor. El Tribunal Supremo ha admitido que, si el comercializador y el consumidor lo pactan libremente, aquél acceda a la red del distribuidor en concepto de mandatario y no a título propio (STS, Sala de lo Contencioso‑Administrativo, de 29 de junio del 2004, Rec. 24/2003, ECLI: ES:TS:2004:4592). Pero ésta es sólo una opción que podrán ejercer en atención a su autonomía de la voluntad. Por ello, concluye el tribunal que «cuando los consumidores [cualificados] opten por contratar la energía y el acceso a las redes a través de un comercializador, deben quedar en todo caso abiertas dos posibilidades a su elección: a) que confieran un mandato al citado comercializador para que éste contrate con el distribuidor el acceso a las redes en cuanto mandatario de aquellos consumidores, cual[es]quiera que sean las dificultades de orden práctico que esta doble relación presente; y b) que contraten el suministro de energía con los comercializadores como un todo (“a precio global”) […], esto es, incluyendo el tránsito por las redes que los comercializadores pueden, a su vez, contratar con los distribuidores en nombre propio». Por tanto, el comercializador puede tener la condición de «representante» o de «sustituto» (figura definida por le Tribunal Supremo con perfiles poco claros). Como se ha dicho en el apartado anterior, si el consumidor opta por contratar la energía y el acceso a las redes por medio de un comercializador, la relación comercial entre el distribuidor y el consumidor será peculiar, pero «será una relación contractual». El comercializador actúa entonces «como sustituto del consumidor» y deberá disponer de poder suficiente otorgado por el consumidor a favor del comercializador. En este caso, «la posición del comercializador en el contrato de acceso suscrito con el distribuidor será a todos los efectos la del consumidor correspondiente» (art. 3.3 RD 1435/2002). Sobre esta figura del «sustituto» del consumidor atribuida al comercializador, el Tribunal Supremo ha afirmado que es una noción «de Análisis | mayo 2018 4 contornos no demasiado precisos» que «puede contemplarse, o bien desde la perspectiva fiscal (a efectos del pago y ulterior repercusión del IVA correspondiente a la factura del peaje de acceso, por ejemplo), o bien desde la perspectiva meramente civil o mercantil, bajo cuyo prisma realmente la “sustitución” poco añade al “mandato”, en el que el mandante es sustituido por el mandatario» (STS, Sala de lo Contencioso‑Administrativo, de 29 de junio del 2004, Rec. 24/2003, ECLI: ES:TS:2004:4592). Del tenor literal del artículo 46d de la Ley del Sector Eléctrico se deriva que el comercializador asume la responsabilidad de contratar el acceso con terceros, lo cual no puede conllevar una asunción de responsabilidad por el mero hecho de ser «intermediario del contrato». Que existe vínculo contractual entre la distribuidora y el usuario lo prueba no sólo el hecho de que el acceso sea contratado por el comercializador como intermediario («sustituto»), sino que, en caso de interrupción del suministro en las condiciones estipuladas en el contrato (p. ej., por impago), el comercializador podrá exigir mediante notificación fehaciente la interrupción del suministro al distribuidor (art. 50 LSE y art. 86.2 RD 1955/2000), que lo suspenderá sólo si transcurridos cinco días hábiles desde la notificación, el comercializador no indica lo contrario y el consumidor no acredita la suscripción de un nuevo contrato con otro comercializador. A contrario sensu, si acredita la suscripción de un contrato con otro comercializador, no se interrumpirá el contrato de acceso. 3.º) El reconocimiento del derecho de los usuarios a la calidad del suministro no los legitima para exigir al comercializador responsabilidad (exclusiva) por su mala calidad Conforme a la normativa sectorial, es el distribuidor el que responde en exclusiva de la calidad técnica del suministro. El catálogo de los derechos enumerados en el artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico no permite imputar la responsabilidad por la calidad del suministro al comercializador. Conforme al artículo 44, el acceso a la red es un derecho del consumidor. El sujeto deudor de la prestación de facilitar acceso no es el comercializador, sino el distribuidor. Podría el consumidor optar por otra forma de contratación como establece el artículo 44c. La invocación del derecho de los consumidores a «[r]ecibir el servicio con los niveles de seguridad, regularidad y calidad que se determinen reglamentariamente» (art. 44h) no puede servir para justificar un pretendido derecho exigible al comercializador de garantizar la calidad del suministro. Lo relevante aquí no es determinar si el usuario tiene o no reconocido por la norma un derecho subjetivo a la calidad del suministro. Es obvio que este derecho existe, como lo es también que el usuario tiene derecho al resarcimiento de los daños ocasionados por las deficiencias de calidad. Siendo esto indudable, el artículo 44h no determina quién es el sujeto obligado a garantizar la calidad del suministro y, correlativamente, a responder de los daños ocasionados. El listado de derechos del artículo 44 de la Ley del Sector Eléctrico no significa que tenga que ser el comercializador el obligado a satisfacer estos derechos. El tenor literal de algunas de las letras del citado artículo 44 deja claro que el derecho reconocido puede ser ejercido frente al comercializador o frente al distribuidor (así, por ejemplo, la letra d o la letra o). Análisis | mayo 2018 5 4.º) El comercializador no tiene ningún poder de control sobre la calidad (técnica) de la prestación A pesar de la exhaustividad con la que el artículo 46 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, detalla las obligaciones de las empresas comercializadoras en relación con el suministro, ninguno de sus apartados atribuye a estas empresas la obligación de garantizar la calidad del suministro eléctrico. Por lo que aquí interesa, conforme al artículo 46 de dicha ley, las obligaciones de la comercializadora relativas al suministro son principalmente tres: (1) adquirir la energía necesaria para el desarrollo de sus actividades, satisfaciendo el pago de sus adquisiciones (art. 46.1c); (2) contratar y abonar el peaje de acceso a las redes de transporte y distribución correspondiente a la empresa distribuidora a partir de los datos de facturación, con independencia de su cobro del consumidor final, así como abonar los precios y cargos conforme a lo que reglamentariamente se determine, con independencia de su cobro al consumidor final (art. 46.1d), y (3) formalizar los contratos de suministro con los consumidores de acuerdo con la normativa en vigor que resulte de aplicación. Asimismo, efectuar las facturaciones a sus consumidores de acuerdo con las condiciones de los contratos que hubiera formalizado en los términos que se establezcan en las disposiciones reglamentarias de desarrollo de esta ley, y con el desglose que se determine (art. 46.1g). Insistimos, el artículo 46 no obliga a la comercializadora a garantizar la calidad del suministro. 5.º) El distribuidor es responsable exclusivo de la calidad (técnica) del suministro El objeto de la actividad de distribución es la transmisión de la energía eléctrica, o bien desde las redes de transporte, o bien, en su caso, desde otras redes de distribución, o desde la generación conectada a la propia red de distribución, hasta los puntos de consumo u otras redes de distribución en las adecuadas condiciones de calidad con el fin último de suministrarla a los consumidores (art. 38.1 LSE). Es cierto que en la normativa sectorial no hay una atribución exclusiva de responsabilidad al distribuidor, pero, del régimen de obligaciones impuesto a cada tipo de empresas (distribuidoras y comercializadoras) en los artículos 40 y 46 de la Ley del Sector Eléctrico, de los correspondientes preceptos reglamentarios y del propio artículo 51 de dicha ley, sí cabe afirmar la responsabilidad exclusiva de los distribuidores respecto a la continuidad y calidad del producto (características de la tensión). Conforme al artículo 51 de la Ley del Sector Eléctrico, que define la calidad del suministro, habría que distinguir, al menos, dos tipos de parámetros de calidad: los parámetros relativos a las características técnicas de continuidad, número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del producto (art. 51.1.II LSE), y otros parámetros que se refieren a la atención comercial a los consumidores entendida como conjunto de actuaciones de información, asesoramiento, estudios de acceso, conexión, medida, contratación, facturación, comunicación y reclamación (art. 51.1.II LSE). Ciertamente, todas las empresas eléctricas que Análisis | mayo 2018 6 participan en el suministro al consumidor asumen responsabilidad por la calidad del suministro, pero cada una de ellas únicamente asumirá tal responsabilidad sobre los parámetros que están bajo su control. Así, la comercializadora deberá garantizar los estándares adecuados de calidad de los sistemas de atención al cliente, mientras que la distribuidora deberá garantizar los estándares técnicos (continuidad y calidad del producto). Singularmente destacable para refrendar la tesis aquí mantenida es el artículo 51.3 de la Ley del Sector Eléctrico, que permite que la metodología de retribución de la actividad de distribución incorpore incentivos y penalizaciones en función de la calidad del servicio, determinada según índices objetivos de calidad como la «continuidad del suministro, relativo al número y duración de las interrupciones y la calidad del producto relativa a las características de la tensión», establecidos por la Administración General del Estado, tanto para el usuario individual como para cada zona geográfica atendida por un único distribuidor. El distribuidor es responsable del cumplimiento de los niveles de calidad (técnica) individual establecidos en el contrato (art. 105.1 RD 1955/2000). En virtud del principio de facilidad probatoria, corresponde a la empresa distribuidora aportar registros de incidencias para probar las deficiencias de calidad del suministro (art. 104.1 RD 1955/2000). Entre otras obligaciones, corresponde al distribuidor mantener adecuadamente la red para garantizar la continuidad y calidad del suministro, pudiendo pactar con el consumidor mejoras de las condiciones mínimas de calidad establecidas reglamentariamente (el comercializador sólo podrá pactar calidades superiores a las reglamentadas si figuran expresamente en el contrato de acceso a las redes suscrito con el distribuidor, art. 99.1.III RD 1955/2000), inspeccionar las instalaciones asociadas al suministro (arts. 44.1c LSE, 43.2 RD 1955/2000 y 23.2 RD 1048/2013) y percibir por este concepto la cuota denominada «derechos de enganche» (art. 33 LSE, arts. 43 y 46 RD 1955/2000, arts. 23 a 30 RD 1048/2013 y legislación autonómica). También corresponde al distribuidor adoptar las medidas para la subsanación de las deficiencias de calidad (art. 105.5 RD 1955/2000). En contra de lo hasta aquí defendido, podría invocarse el artículo 51.5 de la Ley del Sector Eléctrico, que establece que «[r]eglamentariamente el Gobierno establecerá el procedimiento para determinar las reducciones que hayan de aplicarse en la facturación a abonar por los usuarios si se constatara que la calidad del servicio individual prestado por la empresa es inferior a la reglamentariamente exigible». A la vista de este precepto, podría decirse que la ley viene a admitir que es el comercializador el que responde frente al consumidor de las deficiencias del servicio de suministro, al proceder a compensarlo en la misma factura. Sin embargo, esto no se ajusta a la realidad contractual del sector eléctrico. Cabe interpretar que la ley, que tiene entre sus objetivos proteger a los consumidores (art. 1.1 LSE), pretende asegurar que éstos no tengan que pagar por un suministro que no alcanza los mínimos de calidad exigidos y, por ello, remite a un reglamento la determinación de un sistema de compensaciones automáticas para el caso en que se produzcan deficiencias de calidad. Sin Análisis | mayo 2018 7 embargo, dicha norma no se pronuncia sobre la distribución de la responsabilidad. El hecho de que se reduzca la factura no significa que sea el comercializador el que asuma este coste, porque por medio de la factura el usuario paga ciertos cargos (p. ej., peajes de acceso) que no corresponden al comercializador, sino que son repercutibles al distribuidor. En definitiva, de la exposición de la normativa sectorial relativa a las obligaciones del distribuidor puede concluirse que el distribuidor responde de los daños ocasionados al consumidor por la mala calidad del suministro [en este sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª), núm. 220/2016, de 30 de mayo (JUR 2016\210596)]. En este contexto, la demanda dirigida contra la comercializadora puede ser desestimada por falta de legitimación pasiva (vid. la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, núm. 150/2016, de 14 de junio, AC 2016\1288) y por la no concurrencia de los presupuestos necesarios para incurrir en responsabilidad contractual (vid. las Sentencias de la Audiencia Provincial de Madrid de 17 de diciembre del 2012, Rec. 513/2012, ECLI:ES:APM:2012:22431; de 3 de abril del 2009, Rec. 502/2008, y de 22 de noviembre del 2010, Rec. 55/2010, ECLI:ES:APM:2010:17648). 6.º) No cabe reprochar a la empresa comercializadora responsabilidad por culpa in vigilando o culpa in eligendo La actividad de distribución constituye un monopolio natural y, por ello, está regulada (arts. 8.2, 34.2 y 38.3 LSE). Sólo el distribuidor autorizado en la zona podrá facilitar el acceso a la red a todos los consumidores clientes del comercializador. No es posible elegir empresa distribuidora, sino que viene determinada por la zona geográfica. Ahí radica la diferencia entre el régimen de responsabilidad del comercializador y otros basados en la expectativa legítima de calidad, como el del vendedor en la venta de bienes de consumo (arts. 118 a 122 Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios) o el del promotor inmobiliario (art. 17.3 de la Ley de Ordenación de la Edificación). 7.º) Las normas sectoriales no sólo tienen eficacia administrativa, sino que también integran el contrato privado de suministro Es frecuente en el tipo de procesos aquí analizados que el demandante argumente que las normas sectoriales expuestas no regulan las relaciones jurídico‑privadas de los prestadores de energía con los consumidores, sino que son de carácter administrativo y en ellas se establecen las reglas sectoriales que rigen en el mercado de la energía. A pesar de que esta posición venga avalada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de octubre del 2016, cabe ponerla en tela de juicio. En el actual contexto del mercado eléctrico, la normativa sectorial de distribución de responsabilidad debe integrar el contrato de suministro. Cuando el contrato se refiere a la garantía del suministro en las condiciones «reglamentariamente» establecidas, está invocando la Análisis | mayo 2018 8 integración de su contenido en un elemento ajeno al propio contrato, que es la normativa sectorial. Como es sabido, el contrato obliga a lo expresamente pactado y a todo aquello que, «según su naturaleza», sea conforme «a la ley» (arts. 1255 y 1258 CC), entendida ésta en un sentido amplio como norma jurídica escrita, en la que se incluyen las normas de rango reglamentario. El Derecho de contratos no puede permanecer ajeno a la regulación que de ciertos contratos hacen las normas de rango inferior a la ley, especialmente cuando se trata de los denominados servicios de interés general prestados en régimen de competencia. El principio de unidad del ordenamiento jurídico y el carácter sistemático predicable de éste obliga a integrar el contenido contractual en la normativa de rango reglamentario que disciplina el sector hasta el punto de determinar algo tan relevante dentro de la relación contractual como es el precio y la calidad del suministro y que, como se ha explicado, hace al distribuidor responsable de la calidad (técnica) del suministro. En el actual Derecho de contratos, la distinción entre normas civiles y normas administrativas es artificial. Desde la última década del siglo xx, movido por las corrientes liberalizadoras derivadas de numerosas directivas europeas dictadas en sectores económicos muy diversos (telecomunicaciones, energía, transportes, sector audiovisual…), el legislador español ha adoptado la categoría de los «servicios de interés económico general prestados en régimen de libre competencia». El suministro eléctrico pertenece a esta categoría (art. 2 LSE). La peculiar naturaleza de estos servicios (servicios esenciales) y su prestación ya no en forma de servicio público, sino bajo el régimen de libre competencia, justifica la especial intervención del legislador sectorial y de la Administración, en el marco de las potestades que las leyes sectoriales le atribuyan. En este contexto, la distinción entre normas administrativas y normas civiles, consideradas como separadas e incomunicadas, no se ajusta a la realidad del mercado. El Derecho de contratos no puede permanecer ajeno a la regulación sectorial de los contratos relativos a los «servicios de interés general prestados en régimen de competencia», máxime cuando elementos esenciales de dichos contratos, como pueden ser el precio o la calidad de la prestación, vienen determinados por normas (administrativas) de rango inferior a ley. La cuestión no es pacífica en la jurisprudencia, ya que, sí es cierto que hay sentencias, como la citada del Tribunal Supremo de 24 de octubre del 2016 (RJ 2016\4970), en las que el tribunal opta por la «incomunicación» entre las normas administrativas y civiles, pero, en otras ocasiones, respalda la integración de los contratos privados con la normativa administrativa [cfr. SSTS núm. 1120/2007, de 31 de octubre (RJ 2007\8644); núm. 878/2008, de 10 de octubre (RJ 2008\5687), y núm. 1057/2008, de 19 de noviembre (RJ 2009\392)]. 8.º) La confianza legítima derivada de la buena fe contractual no genera la expectativa razonable de que el comercializador deba responder de la garantía del suministro Antes al contrario, el principio de confianza legítima permite considerar que el distribuidor asumirá la responsabilidad contractual por la mala calidad del suministro. Al margen de cuál Análisis | mayo 2018 9 sea la modalidad de contratación del acceso, el consumidor es consciente de que es la empresa distribuidora la que facilita el acceso y así lo deben especificar el contrato de suministro y las facturas que recibe periódicamente. Con frecuencia, se afirma en este tipo de procesos que negar la responsabilidad del comercializador supondría una desprotección e indefensión en el ejercicio de los derechos del cliente, que estaría abocado, en cada momento, a averiguar qué empresa era la distribuidora de la energía sin tener con ella vínculo contractual alguno. Pero, ni es cierto que el usuario no tenga vínculo contractual con el distribuidor ni que sea necesaria una labor de investigación para averiguar quién es en cada caso la distribuidora de la zona. Como se ha dicho, la distribución es una actividad regulada y en cada zona existe una sola empresa distribuidora. Por otra parte, en los correspondientes contratos de acceso y suministro debe constar la identidad del comercializador y del distribuidor (vid. art. 44.1d LSE). Además, la distribuidora debe aparecer identificada en cada factura en la que conste la referencia al contrato de suministro y de acceso (art. 4.1r Resolución de 23 de mayo del 2014, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se establece el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad). Por tanto, el usuario no tiene que asumir carga adicional para determinar en cada caso quién es la distribuidora. 9.º) El régimen de responsabilidad (objetiva) del comercializador tiene efectos perversos para el sistema eléctrico El intérprete y aplicador del Derecho no puede dejar de advertir que un régimen de responsabilidad (objetiva) del comercializador —como el que deriva de la doctrina mantenida por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 24 de octubre del 2016— incentivaría comportamientos estratégicos del propio comercializador no deseables desde la perspectiva del necesario análisis económico y social del Derecho. Dicho régimen tendría un efecto perverso sobre el sistema: la contratación (y correspondiente pago) de un seguro por parte del usuario exoneraría de responsabilidad al comercializador que ni paga seguro alguno ni se ve sometido a eventuales lides procesales con el distribuidor. En este contexto, todo comercializador obligaría a sus suministrados a contratar un seguro. Ello supone una perversión del sistema en perjuicio del usuario, que debería asumir un coste adicional por la prestación del suministro no previsto legalmente y repercutiría negativamente en la calidad del suministro, pues el distribuidor pierde incentivos para mejorar la calidad. 10.º) Dirigir la demanda únicamente contra el comercializador genera indefensión El distribuidor es responsable del cumplimiento de los niveles de calidad individual establecidos en el contrato (art. 105.1 RD 1955/2000). En virtud del principio de facilidad probatoria, correspondería a la empresa distribuidora aportar registros de incidencias para probar las deficiencias de calidad del suministro (art. 104.1 RD 1955/2000 ), sin perjuicio de que el Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com, o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com. Análisis | mayo 2018 10 usuario o, en su caso, la compañía aseguradora que haya reparado los daños deban aportar indicio razonable de prueba (vid. SAP Alicante de 27 de octubre del 2015, Rec. 322/2014, ECLI:ES:APA:2014:3411). Produce indefensión considerar que sólo la empresa comercializadora es responsable de los daños derivados de la sobretensión, así como aceptar que una eventual legitimación pasiva permita proseguir el proceso iniciado contra la comercializadora, sin la concurrencia del distribuidor, pues no corresponde a la comercializadora habilitar ni disponer de dichos registros de incidencias.

References: artículo 18
 Real Decreto 
 artículo 44
 artículo 3
 Real Decreto 
 artículo 46
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 44
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 46
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 artículo 51
 Resolución