Source: http://jurisnovus.blogspot.com/2009/
Timestamp: 2017-06-27 05:21:41+00:00

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Juris Novus - Análisis del acontencer mundial: 2009
A principios del mes de julio de este año, el Banco Mundial recibió una nota por parte del gobierno de Ecuador mediante la cual éste denunciaba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas entre Estados y Nacionales de Otros Estados (Convenio CIADI), con el objeto de eliminar la posibilidad de que las controversias que surjan entre inversionistas extranjeros y el gobierno, puedan ser resueltas por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).Esta institución fue precisamente diseñada para promover la solución de disputas entre gobiernos y nacionales de otros Estados, para que la comunidad internacional cuente con una herramienta capaz de promover y brindar seguridad jurídica a las distintas inversiones internacionales. El CIADI se caracteriza por facilitar la sumisión de las diferencias relativas a inversiones extranjeras que surjan en un Estado Contratante, a un procedimiento de conciliación o arbitraje.La denuncia de Ecuador viene a completar la amenaza de Bolivia, Nicaragua y Venezuela de retirarse del CIADI en el mes de mayo de 2007. Sin embargo, únicamente Bolivia denunció el Tratado y por lo tanto, dejó de ser parte del organismo el día 3 de Noviembre de 2007. Recordemos que el artículo 71 de la Convenio CIADI claramente establece que la denuncia del tratado tendrá efecto seis meses después de formalizada, por lo tanto, en el caso de Ecuador, el Convenio dejará de surtir efectos el día 7 de enero de 2010. Todas las controversias que surjan desde la denuncia del tratado hasta que se cumplan los seis meses, según la opinión mayoritaria de los doctrinarios de derecho internacional público, podrán ser conocidas por los procedimientos de conciliación y arbitraje del CIADI.Esta política de retirarse del CIADI, claramente constituye una de las acciones que más ahuyenta a la inversión extranjera de cualquier país. Es propia de la izquierda latinoamericana actual, cuya cabeza es el Presidente de Venezuela, Hugo Chávez, aunque hasta ahora, extrañamente, Venezuela sigue siendo parte del organismo del Banco Mundial. Para Chávez y compañía, el organismo siempre favorece a las transnacionales, las decisiones arbitrales son definitivas e inapelables y las metodologías son arbitrarias y poco claras. Pero Chávez ha recibido presiones de gobiernos como el español, quienes consideran al CIADI como una institución imparcial e idónea para que sus inversionistas resuelvan los conflictos con el gobierno venezolano.Por demás, la propia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, ha reconocido la importancia del arbitraje como medio para resolver controversias, reconociendo el valor de cosa juzgada que tienen las decisiones arbitrales. Además, la Sala ha establecido que es el recurso de nulidad el único medio existente para atacar los laudos que puedan estar afectados de nulidad por algún defecto como la ausencia del debido proceso; el poder que tienen los árbitros para decidir sobre su propia competencia y dictar medidas preventivas o cautelares, aunque sea siempre mediante la intervención de las jurisdicción nacional.Sin embargo, esa misma Sala, y en cuanto al arbitraje de inversiones extranjeras en el CIADI, estableció que aún cuando Venezuela es parte del Convenio CIADI, las disputas relativas a inversiones sólo podrán ser remitidas a dicho organismo, en la medida que el Estado Venezolano haya ratificado su decisión inequívoca de someterse al arbitraje, bien sea a través de un tratado internacional, un contrato o una disposición expresa de una Ley de la República. Para la Sala el artículo 22 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones contiene una manifestación que no constituye una manifestación expresa a través de la cual el Estado venezolano se someta al arbitraje ante el CIADI.La salida de Venezuela del Convenio CIADI dependerá del humor del Presidente Chávez, y también de la presión que ejerzan países como España y Suiza, para quiénes es fundamental que sus nacionales tengan un foro imparcial para dirimir las controversias con los Estados en los cuales invierten. Por ejemplo, recordemos que recientemente el grupo cementero suizo Holcim no aceptó la compensación ofrecida por el Gobierno de Venezuela por la nacionalización de su filial y declaró que proseguirá con el arbitraje internacional en el CIADI, solicitado en marzo de 2009. No obstante, la relación entre el gobierno bolivariano de Chávez y el CIADI está condenada al fracaso, puesto que el socialismo ve a estos organismos como un mal innecesario y consideran una injerencia en su soberanía que laudos arbitrales los condenen a pagar cuantiosas sumas de dinero a favor de particulares, pues al final del día consideran que el bien común está por encima del bien particular en cualquier circunstancia y sin necesidad de una indemnización puntual y justa.Parte de la culpa es precisamente de la mala costumbre de estos países, ya que gracias a la falta de independencia judicial, rara vez los tribunales nacionales sentencian a favor de un particular en detrimento del Estado.Pero la salida del CIADI de países como Ecuador y posiblemente Venezuela no tiene tampoco un gran impacto, puesto que todavía puede permanecer abierta la alternativa de someter al arbitraje internacional en los contratos bilaterales o multilaterales de inversión que las empresas extranjeras realicen con los gobiernos latinoamericanos a la hora de realizar sus inversiones. Al final del día, Chávez y sus aliados saben que sin la alternativa del arbitraje, la inversión extranjera es prácticamente nula y vista la falta de inversión nacional, los gobiernos latinoamericanos tampoco no pueden darse el lujo de darle la espalda a la inversión extranjera.En fin, el arbitraje como medio de resolución alternativa de conflictos sigue vigente en los países latinoamericanos y el socialismo, si quiere que empresas extranjeras realicen proyectos en sus países, está condenado a someterse al arbitraje para resolver cualquier conflicto. El problema empezará cuando los gobiernos no respeten los laudos arbitrales, pues allí cada día la inversión extranjera será cada vez menor hasta desaparecer. Esperamos que eso no suceda.
Venezuela: The End of Freedom of Speech
The Venezuela Congress is preparing a new law (Proyecto de Ley Especial contra Delitos Mediáticos in Spanish, Project of Law Against Media Crimes in English) to end with freedom of speech in Venezuela. Some days ago, the Chief Prosecutor of Venezuela presented to the Congress her thoughts on the project that is already available to the public. The object of the law is crystal clear: criminalize a variety of conducts (acts and omissions) committed throughout the media, all with the sole purpose of hampering that Venezuelans and the rest of the World have access to information about the severe situation of democracy, human rights, poverty, security, and a variety of other issues going on in the country.
However, according to the project itself the reason behind the law is to achieve a balance and harmony between the rights of freedom of expression and the right to have access to appropriate, truthful and impartial information, all of the above in compliance with Venezuela's Constitution, its laws and the treaties and international agreements subscribed and ratified by the State. What is beyond any kind of imagination is how come this law is in accordance with Venezuela's Constitution and even further, how the law is not going to challenge the obligations Venezuela has acquired by subscribing and ratifying a multiplicity of international agreements. First, because the Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela guarantees freedom of expression without any possible sort of censorship. This is established on Article 57 and Article 58, which specifically establishes that every person has the right to appropriate, truthful and impartial information, without censorship. The Constitutional Chamber of the Supreme Court of Venezuela has interpreted this provision, clearly ascertaining that the right of freedom of expression is established to the benefit of the citizens and as such, the right is and should be unrestricted and that the broadcasting of information cannot be censured previously. (Judgement No. 1013, June 12, 2001). The first provision of this Project of Law Against Media Crimes that is worth revising is Article 4, which defines what should be considered a media crime in Venezuela, paradoxically instituting that it will be a media crime any kind of information that generates a sense of insecurity or impunity. It seems obvious that the government is trying to stop the media from broadcasting news about the prevailing insecurity in Caracas and other cities of the country, especially when you take into account that more people die on a weekend in Caracas, than in the Iraq war. During the ten years of the Bolivarian revolution, little has been done to stop assaults, robberies, kidnappings and numerous murders. President Chávez’s talking has increased the hatred between the rich and the poor ones, prompting this situation, so for him and his interests it is better that Venezuelans and the international community are not aware of such situation.
Articles 5, 6, 9 and 11 of the Project, not only criminalize the broadcasting of false news, but also when media manipulates news or even intimidate or instigate war, hatred, violence or hostility during their daily transmissions. Undoubtedly, false and manipulated news are never good to watch, but the problem here is who is going to determine when information is false or has been manipulated. The large majority of the district attorneys, administrative authorities and the judiciary are willing to follow Chávez and his allies’ orders. Therefore, if the government considers that the news is false (for example, let's suppose that according to the media the number of deaths in Caracas on a particular weekend is different from the official number) sanctions will easily emerge against media, its executives and even the anchorman who gave away the news. Manipulation of news is such a vague term that anyone can be accused of such crime whenever the government (meaning Chávez and his allies) desires to. The genuine and most direct effect of this Project of Law Against Media Crimes will be a forward and straight harassment hostile to freedom of expression in Venezuela, with censorship rising against a mixture of information that luckily still nowadays can see its way to the Venezuelan public and to the international community. Moreover, the channels to criticize will be lost, extinguishing the opportunity to show the inefficiency and corruption of Chávez's government.
Besides the unconstitutionality of the Project, already explained above, we must remember that Venezuela is not only a party to the United Nations, but also to the Inter-American System of Human Rights, where freedom of expression is equally protected. According to Article 23 of the Venezuelan Constitution, such human rights treaties “have constitutional hierarchy and they prevail in the internal order, insofar as they contain norms more favourable to the established ones by this Constitution and in the laws of the Republic, and they are of immediate and direct application by the courts and other devices of the different branches of the government”. The Universal Declaration of Human Rights clearly establishes in Article 19 that “everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”. Likewise, Article 13 of the American Convention of Human Rights determines that: Everyone has the right to freedom of thought and expression. This right includes freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing, in print, in the form of art, or through any other medium of one's choice. 2. The exercise of the right provided for in the foregoing paragraph shall not be subject to prior censorship but shall be subject to subsequent imposition of liability, which shall be expressly established by law to the extent necessary to ensure: a. Respect for the rights or reputations of others; or b. The protection of national security, public order, or public health or morals. 3. The right of expression may not be restricted by indirect methods or means, such as the abuse of government or private controls over newsprint, radio broadcasting frequencies, or equipment used in the dissemination of information, or by any other means tending to impede the communication and circulation of ideas and opinions. 4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 above, public entertainments may be subject by law to prior censorship for the sole purpose of regulating access to them for the moral protection of childhood and adolescence. 5. Any propaganda for war and any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitute incitements to lawless violence or to any other similar action against any person or group of persons on any grounds including those of race, color, religion, language, or national origin shall be considered as offenses punishable by law. The Inter-American Court of Human Rights has indicated that those who are under the protection of the Convention must not only have the right and freedom to express, but also the right to look for, to receive and to spread information and ideas of diverse nature. It is for that reason that freedom of expression has an individual and a social aspect. (Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001). Regarding the individual aspect, the Court has said, that freedom of expression does not exhausts in the theoretical recognition of the right to speak or to write, but in addition it understands, inseparably, the right to use any appropriate means to spread information to a vast amount of people. (“La Última Tentación de Cristo”. Judgement, February 5, 2001; Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001; Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004; Palamara Iribarne. Judgement, November 22, 2005).
Concerning the social aspect, the Inter-American Court has noted that freedom of expression is a route to exchange ideas and information among people, and as such, it includes the right to seek information and to communicate to others our own views. Additionally, it implies the right to find out other people opinions. For the common citizen this right has equal importance regarding the awareness of others opinions and the right to disseminate our own opinion. (Ricardo Canese. Judgement, August 31, 2004). This right has even more importance when we examine the role of the media in a democratic society, since the media are true mechanisms to guarantee freedom of expression, and not vehicles to restrict it, which is why it is essential for the media to collect the most diverse information and views. (Ivcher Bronstein. Judgement, February 6, 2001). In consequence, the Inter-American Court of Human Rights has understood that the concept of public order demands that within a democratic society, it is mandatory to ensure a vast flow of assorted news, ideas and opinions from different sources, as well as broader access to information. Freedom of expression is included in democracy foundations, and democracy is not conceivable without free debate and dissent. (¨La Colegiación Obligatoria de Periodistas¨. Advisory Opinion OC-5/85, November 13, 1995). Freedom of speech is so important to democracy that the Court has not hesitated ascertaining the following: Without effective freedom of speech, materialized in its entirety, democracy vanishes, pluralism and tolerance begin to fade away, the control mechanisms and the complaints of the citizens start to become ineffective and all this situation prompts to the creation of a fertile field for authoritarian systems grow to be rooted in society. (Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004). However, the Court has also recognized the possibility to restrict the freedom of speech, but only through a way which should not limit beyond what is strictly necessary and therefore become direct or indirect censorship. (Herrera Ulloa. Judgement, August 31, 2004; Palamara Iribarne. Judgement, November 22, 2005; Ricardo Canese. Judgement, August 31, 2004).
All this case-law or jurisprudence about freedom of expression in international law is very important, though it may feel useless or inapplicable to Venezuela, since its government, unsurprisingly, is not executing the decisions of the Inter-American Court of Human Rights, and the Constitutional Chamber of the Supreme Court has even exhorted the Executive branch to denounce the American Convention of Human Rights to withdraw the jurisdiction of the Court. All these details and the Project of Law Against Media Crimes unmistakably show that everyday the Chávez regime is very far away from democracy and there are already enough grounds for the Organization of American States to apply the Inter-American Democratic Charter, specifically Article 20 which states: In the event of an unconstitutional alteration of the constitutional regime that seriously impairs the democratic order in a member state, any member state or the Secretary General may request the immediate convocation of the Permanent Council to undertake a collective assessment of the situation and to take such decisions as it deems appropriate. In the mid time, we must remember two things: First, what George Washington said many years ago about freedom of speech: “If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter”. Second, Venezuelans must always remember what Article 350 of their Constitution states: The people of Venezuela, true to their republican tradition and their struggle for independence, peace and freedom, shall disown any regime, legislation or authority that violates democratic values, principles and guarantees or encroaches upon human rights. Posted by
Análisis Legal del Golpe de Estado en Honduras
1.- ¿Golpe de Estado? Lo que pasó en Honduras la madrugada del domingo 28 de junio de 2009 fue el inicio de lo que está siendo una de las crisis institucionales más importantes de América Latina este año. Cabe destacar, que los militares hondureños empezaron actuando correctamente, ya que tenían como base legal una orden judicial para arrestar al Presidente Manuel Zelaya por la presunta comisión de varios delitos.No obstante, una vez que Zelaya abandona el espacio aéreo de Honduras para dirigirse a Costa Rica, las acciones de los militares no parecen estar dentro del marco de la constitucionalidad hondureña. En primer lugar, porque la orden judicial no facultaba a los militares a sacar del país a Zelaya y en segundo lugar, porque la propia Constitución de Honduras establece en su artículo 102 lo siguiente: "Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un Estado extranjero".Luego de analizar la conducta de las Fuerzas Armadas de Honduras y su manifiesta inconstitucionalidad, resulta procedente examinar la conducta del Congreso de Honduras, puesto que fue este Poder el que se reunió en la tarde del 28 de junio para aceptar una supuesta renuncia de Zelaya y para posteriormente emitir un decreto destituyéndolo, y así poder nombrar como Presidente interino a Roberto Micheletti.La supuesta renuncia pareciera carecer de veracidad alguna, ya que el propio Congreso ni siquiera hace referencia a ella en el decreto mediante el cual nombra a Micheletti y destituye a Zelaya, y el propio presidente en el exilio ha desconocido que esa sea su firma. La aparición sorpresiva de dicha renuncia, por demás, ha traido como consecuencia que el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos de América desconozca la autenticidad de dicho documento.La segunda evaluación jurídica que hay que realizar es si efectivamente el Congreso, de conformidad con la Constitución de Honduras, tiene la facultad de destituir a un Presidente democráticamente electo y además previamente expatriarlo. Sin embargo, cabe antes considerar que esta situación en Honduras no se asemeja a los golpes de estado a los que América Latina está acostumbrada, precisamente porque con el golpe no vemos un cambio radical de autoridades y un gran número de destituciones. Al contrario, la gran mayoría de las autoridades hondureñas permanecen en su cargo e incluso han apoyado la medida ejecutada por las fuerzas armadas de ese país.Los 15 magistrados de la Corte Suprema de Honduras, el Fiscal General de la República, la gran mayoría del Congreso e incluso un gran número de autoridades independientes han aplaudido la expulsión de Zelaya y han reconocido la legitimidad del gobierno de facto. De hecho, el único cambio en el gobierno pareciera ser la salida de Zelaya y de su gabinete ministerial.Entonces, ¿es o no es un golpe de estado?. Aquellos que creen que lo que pasó en Honduras no fue un golpe de estado traen como argumento principal lo establecido en el artículo 239 de la Carta Magna hondureña (aunque esta base legal no fue citada por el Congreso en el decreto de destitución de Zelaya): "El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Designado. El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos, y quedarán inhabilitados por diez años para el ejercicio de toda función pública". Sin embargo, esta disposición constitucional trae consigo un problema fundamental. La misma no establece a qué organismo del Estado le corresponderá determinar cuándo se ha quebrantado dicha norma y por si fuera poco, no establece un debido proceso para que el ciudadano que haya quebrantado dicha disposición se defienda.Esto nos lleva a la conclusión de que indudablemente estamos ante un golpe de estado de conformidad con el derecho hondureño, puesto que Zelaya fue destituido formalmente por un Congreso que no tiene la facultad, constitucionalmente establecida, de remover a un Presidente, incluso si se dan las circunstancias del artículo 239 constitucional.2.- El papel de la Carta Democrática Interamericana. La reacción de la comunidad internacional y especialmente de los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), ya es suficientemente conocida por todos. La destitución de Zelaya y el nombramiento de Micheletti han sido catalogados como un golpe de estado a lo largo y ancho de todo el continente americano, incluyendo a los Estados Unidos de América y organizaciones internacionales como la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Con base en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, la Asamblea General de la OEA catalogó la situación en el país centroamericano como una alteración inconstitucional del orden democrático y suspendió la participación de Honduras en el organismo.Esta Carta Democrática Interamericana fue adoptada por la Asamblea General de la ONU en el año 2001 y aunque no es un tratado, un gran sector de la doctrina la cataloga como un instrumento que interpreta la Carta de la Organización de Estados Americanos que sí es un tratado entre los países que son miembros de la OEA y que por tanto, contiene una clara eficacia jurídica.Pero es justamente en el marco de la Carta Democrática Interamericana que surge un problema de derecho internacional, ya que los conflictos que surgen en el derecho interno, en donde hay que incluir la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una actuación de un Poder Público, corresponde a las propias autoridades internas de un país determinado. El derecho internacional, por su parte, normalmente, impone sus propias normas autónomas para regular las conductas permisibles de un país.No obstante, la Carta Democrática exige que cada Estado miembro de la Organización de Estados Americanos, cumpla con su propia Constitución y por ende, surge la obligación internacional del Estado de cumplir con su propia Constitución y una norma que normalmente sería del orden interno de los países, traspasa al ámbito internacional, todo con el objetivo de que exista un fuerza colectiva regional para preservar el orden democrático de la región.Por consiguiente, y vista la consagración de esta obligación en el orden internacional, en los países miembros de la OEA, ya no depende de las autoridades internas de cada país (entiéndase cualquier organismo judicial) únicamente la determinación de la violación de la constitución, sino que ahora instancias internacionales, otros países de la OEA y especialmente su Asamblea General, tienen la facultad de determinar si un país miembro es coherente con su ordenamiento constitucional. Esto no significa que hay que deshacerse de la opinión de los organismos jurisdiccionales internos a la hora de una determinación de un acto anticonstitucional por parte de un Poder Público, sino que cuando la violación a la Constitución es clara y el efecto que produce antidemocrático, la Carta Democrática Interamericana debe ser puesta en práctica con todas sus consecuencias.En el caso Hondureño, es claro que estamos ante una violación flagrante de su orden constitucional y que Honduras está incumplimiendo con sus obligaciones internacionales en el marco de la Carta Democrática. Como ya dije anteriormente, el Congreso no cuenta con la facultad para remover al Presidente democráticamente electo sin al menos un procedimiento donde éste tenga derecho a defenderse, y corresponde únicamente a la Corte Suprema de ese país, luego de que el Congreso concediera debida autorización, determinar si definitivamente Zelaya cometió traición y demás delitos al convocar a la consulta. Sin esa determinación previa, no hay destitución que valga.Los que defienden la constitucionalidad de la destitución de Zelaya hacen referencia a la facultad que tiene el Congreso, de conformidad con el artículo 242 constitucional, de reponer a una Presidente cuya ausencia o incapacidad es permanente o indefinida. Pero la ausencia de Zelaya de Honduras es claramente involutaria y no puede entrar bajo este supuesto.En todo caso, también argumentan los defensores del régimen de facto, el ya citado artículo 239 constitucional, que contempla que aquél funcionario que proponga abolir la prohibición de reelección indefinida de un Presidente y todos aquellos que lo ayuden, cesarán inmediatamente de sus cargos en las respectivas posiciones. Pero la auto-ejecución de esa disposición constitucional es problemática y confusa, ya que primero habría que ver quién determina si Zelaya efectivamente violó dicha norma y si en efecto lo hizo, ¿cuándo dejó de ser presidente? En todo caso, sigue llamando la atención que el Congreso no se basó en dicho artículo cuando destituyó a Zelaya. Por último, y en clara contravención a la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Zelaya fue removido sin que se le respetase su derecho al debido proceso.Al día de hoy los esfuerzos para restituir a Zelaya como Presidente no han sido satisfactorios. Pero a la luz del derecho internacional y de la democracia, lo más correcto es que Zelaya sea restituido como Presidente de Honduras. Es cierto que a muchos no nos puede gustar esta opción por los nexos políticos de Zelaya, pero si exigimos democracia en algunos países, debemos exigirla en todos. Lo demás es hipocresía.
Reconciliación de Estados Unidos con el Derecho Internacional
Ya han transcurrido tres meses desde que Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos. Cada vez se nota más que hay una nueva administración en Washington, D.C., pero en el ámbito del derecho internacional el cambio ha sido categórico. Francamente, considero que para mejor, ya que la política exterior de la administración Bush dejó mucho que desear, sobretodo, en relación al respeto de una superpotencia como Estados Unidos frente al derecho internacional y los derechos humanos.Esta situación era de esperarse toda vez que durante la campaña el entonces senador Obama y el senador McCain tenían visiones opuestas con respecto al derecho internacional, toda vez que el propio McCain defendía mucha de las erradas políticas del ya ex-presidente George W. Bush. Sin querer entrar en un análisis profundo del tema, ya que es muy temprano para ello, pues la nueva administración no hay tenido tiempo de tratar con temas álgidos de su política internacional como lo será el Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional, es momento de explicar los cambios más importante del Presidente Obama y su equipo con respecto al derecho internacional durante estos primeros meses.La primera medida que llegó a nuestros oídos fue la firma del decreto por parte de Obama para cerrar el centro de detención en Guantánamo, Cuba. Ese decreto claramente ordena a la Comisión Militar de Guantánamo a suspender sus procedimientos en contra de los detenidos y a cerrar la sede del centro de detención en el plazo de un año. Era la reacción de Obama y su administración luego de las fuertes críticas de las que fuera objeto el centro de detención durante la presidencia de Bush, ya que bajo la extraña figura de los “enemigos combatientes” (que será explicada más adelante), dicha administración logró que esos prisioneros, presuntos terroristas, no disfrutaran de los derechos de las Convenciones de Ginebra sobre el derecho de la guerra, es decir, no disfrutaran de sus derechos como “prisioneros de guerra”.Ese torpe artificio de George W. Bush y sus asistentes duró hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos en su decisión del caso Hamdan v. Rumsfeld en el año 2006, declaró que todos los detenidos de Guantánamo, aunque presuntos terroristas, debían gozar de las mínimas protección del Artículo Común 3 de las Convenciones de Ginebra, que claramente establece:En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones:1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo.A este respecto, se prohíben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas:a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;b) la toma de rehenes;c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos.Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto.Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio.La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto.Es claro el mensaje que envía Obama al cerrar Guantánamo, sobretodo luego de las críticas de que fuera objeto el centro de detención y los grandes abusos a los derechos humanos. Aunque el decreto no establece claramente qué sucederá con los detenidos luego del plazo de un año, se ha conocido que Estados Unidos está negociando con varios países del mundo para enviar a estos presuntos terroristas a sus jurisdicciones, ya que muchos prisioneros tienen miedo de que sean objeto de tortura o incluso linchamiento si vuelven a sus países.Como una medida complementaria al cierre de Guantánamo, la administración anunció hace algunas semanas que la CIA ya no usaría sus sedes en el exterior de Estados Unidos para conducir interrogatorios en donde mantenía prisioneros importantes de Al Qaeda. Estas medidas también son recibidas con beneplácito, ya que los métodos de interrogación utilizados por la CIA no fueron los más correctos. Sólo basta recordar las impresionantes fotos publicadas en el New York Times y Washington Post del centro de reclusión de Abu Ghraib.Sin embargo, tal medida dejó un cabo suelto con respecto a la responsabilidad de Estados Unidos por estas prácticas ilegales, después de que claramente se estableciera que los agentes de la CIA que fueron partícipes de dichos interrogatorios no serían investigados ni tampoco sancionados. En un primer momento esa fue la posición de la administración de Obama, aunque hace pocos días, el Presidente pareciera haber abierto de nuevo la compuerta para el enjuiciamiento de los responsables de estas prácticas inhumanas.Por otra parte, a partir de ahora, el submarino, o lo que en inglés se conoce como waterboarding, es considerado como tortura en la nueva administración y además, ahora está totalmente prohibido de cualquier tipo de interrogatorio que realice cualquier dependencia de la administración. Este es un avance fundamental en el derecho internacional, ya que en existe una prohibición absoluta de torturar de conformidad con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Esta obligación también es costumbre internacional.Sin embargo, los cambios que se han dado no han sido sólo ha sido de cerrar instalaciones y aspectos relacionados con la tortura, sino también un cambio ideológico, que se refleja en las diferentes terminologías que han sido abandonados o modificadas. Ya Estados Unidos no habla de la guerra contra el terrorismo (war on terror), sino de la “operación contingente en el exterior” (overseas contingency operation). Además de esta diferencia, también nos encontramos con que ya no se utilizará el término “enemigo combatiente” (enemy combatant). No obstante, es importante destacar que un efecto de este término todavía se mantiene por parte de la nueva administración, siendo éste que el Presidente, de conformidad con un estatuto emanado del Congreso, todavía tiene autoridad para mantener recluido a sospechosos del terrorismo y estos sospechosos no tienen el derecho de cuestionar dicha detención ante las autoridades norteamericanas.Otro tema de interés es el de las armas nucleares. Claramente, la administración de Obama busca eliminar las armas nucleares y sobretodo controlar su uso por parte de países que no son precisamente aliados a sus intereses. Por lo tanto, la administración ha declarado que está dispuesta a dar el primer paso en esta dirección, pero dicha medida todavía no se ha concretizado. Sin duda alguna, el hecho de que Estados Unidos tome el primer paso en la eliminación de armas nucleares es de gran peligro, sobretodo luego de los grandes avances de sus enemigos en esta materia como lo son Corea del Norte e Irán. En todo caso, al parecer ha llegado a Washington esa vieja filosofía de liderar con el ejemplo, o para adecuarlo a la jerga imperialista, "lead by example".Por último, y como signo indudable de un nuevo futuro entre Estados Unidos y el derecho internacional, tenemos no solamente de que se ha prohibido la tortura, sino que Estados Unidos será candidata para una silla en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Aquí los Estados Unidos podrán ayudar en la promoción de los derechos humanos en el plano internacional. Ahora que sus políticas están un poco más cónsonas con el derecho internacional de los derechos humanos, la administración de Obama quiere colaborar con el esfuerzo de asegurar los derechos humanos de los ciudadanos del mundo desde una tribuna internacional como lo es la ONU. Esta medida, contraviene claramente la era Bush, especialmente luego de que el propio ex-presidente le diera la espalda a este Consejo por la fuertes críticas recibidas en el seno de dicho Consejo.La recuperación de la economía será lenta y difícil. Nadie duda de que esa debe ser la prioridad del Presidente Obama y su administración. Sin embargo, el Presidente Obama también tiene la oportunidad de cambiar muchas cosas distintas a la economía, como por ejemplo, la actitud de Estados Unidos hacia el derecho internacional. Ya ha empezado a hacerlo, construyendo un camino mucho más lógico y coherente con la normativa internacional. Estados Unidos no solamente debe imponer una agenda debido al gran poder que tiene, sino que sus proposiciones y solicitudes deben de venir de la mano con ese elemento moral que le permita exigir de una manera franca el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. Inteligentemente, el Presidente Obama ha empezado con esa vuelta al camino correcto que permitirá fortalecer la política exterior de Estados Unidos y que con el paso del tiempo también permitirá que Obama y su administración exijan mayores compromisos a los gobiernos que cada día se alejan más del camino democrático y del respeto a los derechos de sus ciudadanos.
Reconciliación de Estados Unidos con el Derecho In...

References: artículo 71
 artículo 22
 resolución 
 artículo 102
 artículo 239
 artículo 239
 artículo 21
 artículo 242
 artículo 239