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Timestamp: 2019-10-17 08:33:17+00:00

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﻿ Sentencia T-376 de junio 28 de 2013
SENTENCIA T-376 DE 28 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO A PERSONA CON VIH. SE PRESENTA VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE NO DISCRIMINACIÓN CUANDO SE AFECTA DIRECTAMENTE A UNA PERSONA CON VIH CON EL TRASLADO NO SOLICITADO POR LA PERSONA DE UN ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO A OTRO, YA QUE DICHO TRASLADO NO SOLICITADO ES SOSPECHOSO DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTITUCIONAL, PUESTO QUE CONSTITUYE UN ESTIGMA A LAS PERSONAS CON VIH, BASADO EN LA ASOCIACIÓN DE LA ENFERMEDAD A LA MUERTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHOS FUNDAMENTALES, INTERNO, ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, CÁRCEL, ADMINISTRACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO, PERSONA CON VIH
Sentencia T-376 de junio 28 de 2013
Ref.: Expediente T-3798362
Acción de tutela instaurada por XXX contra Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario (Epmsc) El Bosque de Barranquilla.
En el proceso de revisión del fallo proferido en primera y única instancia por el juzgado segundo penal del circuito de Sincelejo el primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012)(1).
XXX(2) interpuso acción de tutela contra el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario el Bosque de Barranquilla (en adelante, penitenciaría o cárcel El Bosque de Barranquilla), con el propósito de obtener protección constitucional a sus derechos fundamentales a la igualdad, la vida, la integridad personal, la dignidad humana y a la cercanía familiar. En este acápite se sintetizan los fundamentos fácticos y jurídicos de la demanda, la respuesta de las autoridades accionadas o vinculadas al trámite, y la decisión de instancia, objeto de revisión:
3. Indica que el director de la cárcel La Vega de Sincelejo, mediante Resolución 249 de dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012), y previa reunión del consejo de seguridad del establecimiento, ordenó su traslado a la penitenciaría El Bosque de Barranquilla, con el fin de preservar su vida y su integridad física, así como el orden y la tranquilidad del centro carcelario, pues según consta en acta de seguridad 120 de 2012 del Consejo de Seguridad de la Penitenciaría La Vega de Sincelejo, se venía presentando situación de agresión de algunos internos hacia los portadores del virus del VIH, quienes son rechazados en distintos patios del penal, lo que ha creado una situación de perturbación permanente del orden público. En su intervención añadió que el traslado obedeció también a la necesidad de propiciar la cercanía del interno a su familia, con el fin de obtener la atención y apoyo requeridos en su condición.
En la Resolución 249 de 2012, se indica que los internos cobijados por la medida de traslado no podían permanecer en el Pabellón UTE ni en el área de recepción, por no ser lugares aptos para alojar los internos de manera prolongada, ni proveerles la seguridad requerida.
4. En cumplimiento de la Resolución 249 de 2012, del director de la cárcel La Vega de Sincelejo, XXX fue trasladado el veintiséis (26) de julio de dos mil doce (2012) a la penitenciaría El Bosque de Barranquilla. Sin embargo, mediante Resolución 0982 de la misma fecha (jul. 26/2012), sin tener en cuenta las razones que motivaron su traslado y en abierta violación de sus derechos al acercamiento familiar, a la atención digna, buen trato, a una asistencia médica adecuada y a no ser sometido a tortura, malos tratos o a discriminación “cruel y degradante”, fue trasladado nuevamente a la Penitenciaría La Vega de Sincelejo.
Intervención de las autoridades accionadas o vinculadas a este trámite
Intervención del director del centro penitenciario El Bosque de Barranquilla
8. El director de la cárcel El Bosque de Barranquilla argumentó que si bien en la Resolución 982 de 2012, por la cual dispuso el traslado del actor por razones excepcionales a la cárcel de Sincelejo, se consignó como motivo del traslado la cercanía familiar, lo que realmente motivó la decisión fue la defensa de la seguridad del penal, pues el actor, junto con otro interno que padece de VIH, “al parecer” amenazaba constantemente al personal del establecimiento y a otros reclusos con inyectarles de su sangre y transmitirles el virus.
Decisión judicial de primera y única instancia
En ese marco, corresponde a la Sala Novena de Decisión de la Corte Constitucional determinar si el director de la penitenciaría El Bosque de Barranquilla violó la prohibición de discriminación y el derecho a la igualdad de XXX, el ordenar su traslado excepcional a la cárcel La Vega de Sincelejo, lugar del que había sido remitido por enfrentar diversos problemas con los internos, que ponían en riesgo su vida, salud e integridad personal; y con el propósito de propiciar el acercamiento a su núcleo familiar, que reside en la ciudad de Barranquilla.
La prohibición de discriminación de las personas que viven con el VIH o padecen de Sida y la facultad de traslado excepcional de internos(3).
a. Consideraciones generales que guían el examen constitucional sobre eventuales violaciones al principio de igualdad.
“Con respecto al test estricto de razonabilidad, los elementos de análisis de la constitucionalidad son los más exigentes. El fin de la medida debe ser legítimo e importante, pero además imperioso. El medio escogido debe ser no solo adecuado y efectivamente conducente, sino además necesario, o sea, que no pueda ser remplazado por un medio alternativo menos lesivo. Adicionalmente, el test estricto es el único que incluye la aplicación de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto. El juicio de proporcionalidad en sentido estricto es el cuarto paso del test estricto de razonabilidad. Este exige que los beneficios de adoptar la medida excedan claramente las restricciones impuestas sobre otros principios y valores constitucionales por la medida”.
10. La Corte Constitucional también se ha referido en diversas oportunidades a la forma en que el principio fue analizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en relación con la situación de los trabajadores migrantes, en su opinión consultiva 18. Resulta pertinente observar la manera en que define la Corte Interamericana la discriminación, en plena armonía con los pronunciamientos de esta corporación sobre la materia:
“La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley a favor de todas las personas, son elementos constitutivos de un principio básico y general relacionado con la protección de los derechos humanos (...) En la presente opinión consultiva se hará una diferenciación al utilizar los términos distinción y discriminación. El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará par hacer referencia a lo inadmisible, por violar los derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable, que redunde en detrimento de los derechos humanos”.
En opinión de la alta corporación internacional citada, la presencia del principio de protección igualitaria ante la ley y no discriminación en muchos instrumentos internacionales constituye un reflejo de la existencia “de un deber universal de respetar y garantizar los derechos humanos, emanado de aquel principio general y básico”, asociado a la “unidad de naturaleza del género humano” e “inseparable de la dignidad esencial de la persona”. Además, en consideración a la importancia del principio de igualdad y la prohibición de discriminación en el cuerpo de tratados internacionales de derechos humanos, manifestó que se trata de un principio que “pertenece al jus cogens (o normas imperativas de derecho internacional), puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional e internacional y es un principio fundamental que permea todo el ordenamiento jurídico”.
“La enfermedad del Sida, es cierto, se ha convertido en nuestro tiempo en un grave flagelo para la humanidad; el riesgo de su propagación es muy grande, habida cuenta que hasta ahora la ciencia, pese a los notables esfuerzos que se vienen realizando no ha logrado encontrar la fórmula para su curación. Pero, por otra parte, está ampliamente demostrado por la medicina que esta enfermedad solo se contagia mediante contacto sexual directo o a través de transfusiones de sangre, y no por otros medios. Más aún, según dictamen de la ciencia médica, se ha demostrado plenamente que la convivencia con pacientes de Sida, mientras no se presenten las situaciones antes mencionadas, en absoluto implica riesgo de contagio; el virus no se trasmite ni a través del aire, ni del agua, ni de otros elementos. No obstante lo anterior, es evidente que, por falta de información y de concientización más amplias, los enfermos de Sida, e inclusive los portadores sanos del VIH, vienen siendo objeto de discriminación social y laboral, no solo en nuestro medio sino en el resto del mundo.
El Estado no puede permitir tal discriminación, básicamente por dos razones: Primera, porque la dignidad humana impide que cualquier sujeto de derecho sea objeto de un trato discriminatorio, pues la discriminación, per se, es un acto injusto y el Estado de derecho se fundamenta en la justicia, con base en la cual construye el orden social. || Y segunda, porque el derecho a la igualdad, de acuerdo con el artículo 13 superior, comporta el deber irrenunciable del Estado de proteger especialmente a quienes se encuentran en condiciones de inferioridad manifiesta. Ya esta corporación ha señalado como criterios orientadores de la igualdad, la proporcionalidad y la razonabilidad. La primera se encamina a establecer la adecuación entre la necesidad y la forma protectora; la segunda busca el criterio prudencial de guardar un equilibrio y evitar a toda costa la arbitrariedad absoluta, la discrecionalidad infundada y, por sobre todo, la discriminación”(4).
14. De igual manera, en un amplio conjunto de fallos sobre el derecho a la salud de las personas portadoras del virus de inmunodeficiencia humana(5), o que lo han desarrollado y padecen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, la corporación ha destacado la importancia y alcance del deber de solidaridad de toda la población hacia este grupo poblacional, y ha explicado que la exclusión y el rechazo incrementan la afectación de derechos de las perezosas que viven con el VIH, generando o intensificando un estigma social en su contra. Resulta pertinente reiterar lo expuesto en la Sentencia T-687 de 2004, en la que se estudió la negativa de una EPS a realizar un examen de carga viral requerido por un paciente portador del VIH:
“(...) el principio de solidaridad implica que todos los integrantes de la comunidad deben unir esfuerzos para que el tratamiento del Sida sea el más adecuado y evite la discriminación del enfermo. Como se anotó en un apartado anterior (...), el Estado colombiano tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud sin ninguna discriminación. A continuación se explica como esta obligación sustenta un test específico frente a la discriminación en salud de las personas que conviven con el VIH/Sida.
13. (...) las epidemias de VIH y Sida han generado en quienes las padecen un estigma por parte de sus seres queridos, su familia y su comunidad. La naturaleza de este estigma han sido expuestos por la Onusida(6) a través de, entre otros, los siguientes razonamientos(7):
Para abordar el estigma y la discriminación también se necesitan: i) estrategias que impidan el surgimiento de ideas que propicien los prejuicios y estigmas, y ii) estrategias que aborden o reparen la situación cuando persiste el estigma y este se manifiesta a través de acciones discriminatorias que conducen a consecuencias negativas o a la negación de derechos o servicios”.
La Corte analizó la validez constitucional de la prohibición a la luz de un test estricto de igualdad. Explicó que se trataba de una medida que tuvo origen en un período histórico en que se creía, a partir de los primeros casos documentados sobre el Sida, que la enfermedad era ‘selectiva’ y afectaba exclusivamente a hombres homosexuales. Con el tiempo, se conocieron casos de hombres, mujeres heterosexuales y niños contagiados con el virus, y las investigaciones médicas permitieron establecer que los modos de contagio predominantes consisten en las trasfusiones de sangre contaminada, el uso compartido de jeringas, usualmente relacionado con el consumo de sustancias estupefacientes inyectables, y las relaciones sexuales sin el uso de condón, con independencia de la orientación sexual de quienes las practican. (T-248/2012, ver fundamentos 2.5.1 a 2.5.3).
“... el criterio de la homosexualidad en hombres para diferir la donación de sangre (...) tiene su origen en un marco histórico específico, el cual ha sido revaluado en diferentes legislaciones con fundamento en información científica más reciente sobre las causas del VIH. En efecto, estudios científicos han mostrado que una de las formas de transmisión de la enfermedad son las prácticas sexuales inseguras, y no la orientación sexual de las personas en sí misma. La restricción de donar sangre a los hombres homosexuales constituye por tanto una medida que no es conducente para lograr identificar a los donantes que configuran un riesgo, ya que va dirigida, no a los comportamientos sexuales riesgosos que son los que realmente están expuestos a la transmisión del VIH, sino a una calidad íntima de la identidad del donante, que per se no identifica riesgo alguno”.
“Si en gracia de discusión se aceptara que el comportamiento del laboratorio es una medida necesaria para alcanzar el fin propuesto, no obstante, tampoco es proporcional en estricto sentido. El hecho de que el laboratorio haya presumido que XXX tenía relaciones sexuales riesgosas, y por ende, que podía ser portador del VIH, solo por expresar su orientación sexual diversa, tiene como consecuencia, en primer lugar, el fortalecimiento del estigma social y discriminatorio de las personas homosexuales, es decir, perpetúa el estereotipo de que todo hombre homosexual tiene comportamientos sexuales riesgosos; y en segundo lugar, el sacrificio de un número elevado de posibles donantes que acuden al sistema de salud con un fin altruista o simplemente, en cumplimiento del deber de solidaridad social, que es un deber de rango constitucional (...), como [lo hizo] XXX”.
“la Sala se limitará a hacer el referido estudio solo respecto de las razones expresadas por el ICBF en la Resolución 002 de 18 de marzo de 2009 pues no puede aceptar que el demandado aduzca, en sede de tutela, otras distintas a las que consignó en la decisión de cierre. Ello se traduciría en una violación al debido proceso ya que la accionante no tuvo la oportunidad de defenderse de las mismas durante el trámite administrativo. No se compadece con el respeto a este derecho fundamental que una entidad estatal adopte una decisión y después, ante un reclamo judicial, busque ‘completar’ las razones que llevaron a la misma. No puede la Sala avalar tal conducta y, en ese sentido, excluirá del análisis cualquier motivación no expresada en el acto administrativo de cierre del hogar comunitario”.
La Corte reiteró que frente a medidas que afectan a las personas que viven con el VIH, es aplicable un test de igualdad intenso, debido a su condición de sujetos de especial protección constitucionalidad. La presunción tendría por efecto la inversión de la carga de la prueba para satisfacer importantes propósitos en la lucha contra la discriminación(8).
Aclaró también este tribunal que el establecimiento de tal presunción se justifica “en primer lugar, por la dificultad probatoria de todo acto discriminatorio debido a que estos, por regla general, no se hacen de forma manifiesta sino que buscan ser escondidos, precisamente porque se sabe que son contrarios a la Constitución. En segundo lugar, por la especial protección de la que son acreedores aquellos sujetos que hacen parte de grupos tradicionalmente discriminados y que, como tales, se encuentran en una situación de debilidad respeto de quien los discrimina. (...) Finalmente (...) es una forma de cumplir con el mandato constitucional consistente en promover ‘las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva’ y ‘adoptar medidas a favor de grupos discriminados y marginados’ (art. 13)”.
La corporación efectuó una amplia reiteración de jurisprudencia sobre el alcance del derecho a la salud de las personas con VIH, y se refirió a las normas que regulan los beneficios de excarcelación por motivos de salud. En ese marco, consideró que el juzgado de ejecución de penas incurrió en un defecto sustantivo por errónea interpretación del artículo 68 de la Ley 599 de 2000 (Cód. P.) y violación directa de la Constitución, al no brindar la protección exigida por el orden superior a las personas que viven con el VIH(9).
En conclusión, la medida cuestionada, además de violar evidentemente el derecho a la libertad de circulación de los internos, desconoció también su dignidad, y desnaturalizó el fin resocializador de la pena y el derecho a la igualdad, no solo por la prohibición de desplazarse de su patio, sino también por impedirles acceder a mecanismos de redención de la pena(10).
20.3. Cuando una persona portadora del VIH alega la violación de la prohibición de discriminación porque considera que ha sido objeto de una distinción de trato basada en su diagnóstico serológico opera una presunción a su favor, que invierte la carga de la prueba y obliga a la autoridad o excepcionalmente al particular demandado a desvirtuar la discriminación, acreditando que la distinción obedeció a razones objetivas sin connotaciones contrarias a la vigencia del principio de igualdad. Esta presunción fue aplicada, por ejemplo, en el caso del cierre del hogar comunitario por un supuesto incumplimiento de los lineamientos técnicos de funcionamiento del lugar. (T-628/2012).
20.4. En el caso de los internos con VIH de la cárcel modelo que fueron confinados a un pabellón específico, y excluidos del acceso a talleres y otras actividades para la redención de la pena, alegando la necesidad de preservar la salubridad pública de la penitenciaría (T-577/2005), la Corte Constitucional determinó que un fin de tal vaguedad no podía válidamente perseguirse mediante una restricción particularmente intensa a los derechos de personas en condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta por motivos de salud, y absolutamente innecesaria porque un establecimiento penitenciario debe implementar políticas apropiadas para preservar la salubridad que no se basen en prejuicios superados con base en el conocimiento que la ciencia médica ha alcanzado sobre la enfermedad.
21.1. En ese sentido, la Corte ha recordado que el virus del VIH no es ‘selectivo’ como se pensó durante buena parte de la década de los 80 del siglo pasado. En términos específicos, no es cierto que se trate de un virus de hombres de orientación homosexual, pues afecta a hombres y mujeres sin importar su orientación sexual, así como a niños y niñas. Su modo de transmisión se produce principalmente por relaciones sexuales sin protección, trasfusiones de sangre contaminada y uso compartido de jeringas, lo que desvirtuó la adecuación y necesidad de la medida, en los casos de los internos confinados al pabellón Nuevo Milenio en la cárcel Modelo de Bogotá (T-577/2008) y de la prohibición de donación de sangre a hombres homosexuales (T-248/2012).
Esta conclusión ha sido sostenida por diversas salas de selección, entre otros casos, en la sentencia en que se analizó el cierre del hogar comunitario a cargo de una mujer portadora del VIH (T-248/2012). La Sala no encuentra motivo alguno para apartarse de ese precedente, sino por el contrario, estima pertinente reiterarlo, por lo que abordará el fondo del asunto, sin necesidad de consideraciones ulteriores sobre la satisfacción del requisito analizado.
27. La Corte ya ha establecido, en el caso del cierre del hogar comunitario por parte del ICBF (T-248/2012), que la posibilidad de ‘completar’ la motivación de una decisión administrativa cuestionada por la vía constitucional al momento de responder la acción de tutela es inadmisible desde el punto de vista constitucional. Esta Sala comparte plenamente esa apreciación; sin embargo, tomará en cuenta esa respuesta como un hecho indicador de la violación a la prohibición de discriminación y al derecho a la igualdad del actor.
El propósito que se plasma en la parte motiva de la Resolución 0982 de 2012, consistente en propiciar la cercanía entre el actor y su núcleo familiar es legítimo desde el punto de vista constitucional, e incluso podría considerarse imperioso, pues las personas que portan el VIH o padecen el Sida requieren el apoyo de su familia para mantener un bienestar emocional acorde con la concepción amplia del derecho a la salud que ha defendido esta Corporación, en armonía con la Observación General 14 del Comité DESC de la ONU. En el caso concreto se constata que existe una prescripción médica que conceptúa a favor de la cercanía entre el peticionario y su grupo familiar.
Y es en este punto donde se demuestra con toda claridad la existencia de una conducta discriminatoria dirigida en contra del peticionario por parte del director de la cárcel El Bosque, pues la Sala encuentra que sin sustento fáctico alguno, este funcionario atribuye a XXX una conducta particularmente censurable, aspecto en el que este caso difiere de otros en los que se ha aplicado una presunción de discriminación, lo que indica el uso de una regla de apreciación de las pruebas destinada a llenar los vacíos probatorios derivados de la dificultad de demostrar un acto de discriminación.
Pero, más allá de todo lo expuesto, la Sala constata que la Resolución 0928 se profirió el mismo día en que se produjo el traslado de XXX desde Sincelejo hacia Barranquilla. No queda claro en qué momento XXX pudo haber amenazado a tantas personas, ni por qué las directivas de la penitenciaría El Bosque debían tomar como ciertas esas amenazas, si se repara en las condiciones de seguridad que rodean el traslado de un interno en las que, presumiblemente, no se permitirá a la persona portar jeringas o cualquier otro mecanismo cortopunzante.
30. Esas reflexiones permiten concluir que lo que realmente demuestra la respuesta del Director de la cárcel El Bosque al juez de tutela es, precisamente, el temor, el prejuicio y la alta de conocimiento sobre la condición del virus, factores que en su conjunto marcan con un estigma a las personas que viven con el VIH: el temor basado en la asociación de la enfermedad a la muerte que se refleja en el contenido de la amenaza que, sin fundamento alguno, atribuyó el Director de la penitenciaría El Bosque a XXX; la falta de conocimiento sobre la enfermedad, que le hace prever su contagio incontrolable; y el prejuicio que lo lleva a rechazar al actor, remitiéndolo el mismo día de su llegada al lugar del que proviene.
31. En virtud de lo expuesto, la Sala revocará la decisión de instancia y concederá el amparo invocado por el actor. En consecuencia, dejará sin efectos la Resolución 0982 de 2012 y ordenará al Director de la Penitenciaría La Vega de Sincelejo que disponga lo necesario para el traslado de XXX a Barranquilla en un término de 8 días contados desde la notificación de esta providencia.
32. Ahora bien, como los internos en los centros penitenciarios son uno de los grupos más vulnerables frente al VIH y el Sida, la Sala considera de extrema gravedad para el goce efectivo de sus derechos, que las decisiones de las directivas de estos establecimientos adopten sus decisiones con base en temor, miedo y perjuicios. Por lo tanto, remitirá copia de esta actuación a la dirección general del Inpec para que, en el marco de sus funciones, implemente medidas de capacitación a sus funcionarios destinadas a la toma de conciencia y sensibilización sobre los derechos de la población carcelaria portadora del VIH; y a la Procuraduría General de la Nación para que determine si el director de la cárcel El Bosque de Barranquilla incurrió en una conducta susceptible de ser sancionada disciplinariamente, como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales de XXX.
Finalmente, tomando en consideración las condiciones de salud del actor, el hecho de que se encuentra condenado a una pena de tres años por un delito de hurto simple, y que ya ha purgado parte de la pena, la Sala solicitará al juzgado tercero de ejecución de penas de Valledupar que, en el marco de sus funciones, evalúe si es procedente la concesión de un beneficio de prisión domiciliaria a favor de XXX(11).
La Sala solicitará a la Defensoría del Pueblo, Regional Atlántico, que en el marco de sus funciones provea a XXX el acompañamiento necesario en los trámites judiciales y en todo lo requerido para el traslado efectivo del actor desde Sincelejo hasta la cárcel El Bosque de Barranquilla; y para que coadyuve cualquier solicitud del actor para efectos de redención de pena, en caso de que ello sea necesario.
1. REVOCAR el fallo del primero (1º) de octubre de dos mil doce (2012) proferido por el juzgado segundo (2º) Penal de Sincelejo y, en su lugar, conceder el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, la salud, la vida digna y la cercanía familiar de XXX.
2. DEJAR SIN EFECTOS el numeral 1º de la Resolución 0982 de 2012, proferida por el director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla (El Bosque), “por la cual se ordena el traslado de unos internos por causas excepcionales” al Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Sincelejo (La Vega).
3. REMITIR copia de esta actuación a la dirección general del Inpec para que, en el marco de sus funciones, implemente medidas de capacitación a sus funcionarios, destinadas a la toma de conciencia y sensibilización sobre los derechos de la población carcelaria portadora del VIH.
4. REMITIR copia a la Procuraduría General de la Nación para que determine si el director de la cárcel El Bosque de Barranquilla incurrió en una conducta susceptible de ser sancionada disciplinariamente, como consecuencia de la violación de los derechos fundamentales de XXX.
5. SOLICITAR al juzgado tercero de ejecución de penas de Valledupar que, en el marco de sus funciones evalúe la procedencia de un beneficio de excarcelación que favorezca a XXX, tomando en cuenta la dosificación de su pena, el tiempo purgado y su condición de salud. Esta evaluación deberá efectuarse con observancia y aplicación directa de las normas constitucionales pertinentes.
6. SOLICITAR a la defensoría del pueblo, regional Atlántico, que en el marco de sus funciones provea a XXX el acompañamiento necesario en los trámites judiciales y en todo lo requerido para el traslado efectivo del actor desde Sincelejo hasta la cárcel El Bosque de Barranquilla; y para que coadyuve cualquier solicitud del actor para efectos de redención de pena, en caso de que ello sea necesario.
7. PREVENIR al director del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario El Bosque, de Barranquilla, para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en conductas discriminatorias, como la que se comprobó en este trámite.
(1) El expediente de la referencia fue escogido para revisión por auto de doce (12) de marzo de dos mil trece (2013), proferido por la Sala de Selección Número Tres.
(2) El nombre del peticionario ha sido remplazado por el pseudónimo ‘XXX’ con el fin de proteger sus derechos a la intimidad y al habeas data.
(3) La jurisprudencia sobre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación es abundante. La doctrina actual de la Corte sobre la metodología para el examen de eventuales violaciones al derecho a la igualdad fue establecida principalmente en las sentencias C-093 y C-671 de 2001, en las que se definió el test integrado de razonabilidad. Esta exposición seguirá de cerca dos pronunciamientos recientes: la Sentencia T-340 de 2010 en la que se la corporación declaró la violación al principio de discriminación de una persona con discapacidad, deportista lanzador de jabalina, que cuestionaba la inexistencia de estímulos para los participantes en los juegos paralímpicos, similares a los que otorgaba el departamento de Valledupar a los competidores de los juegos deportivos nacionales, así como la Sentencia T-248 de 2012 en la que la corporación declaró que la prohibición para donar sangre impuesta a los hombres de orientación homosexual resultaba violatoria de la Constitución y, concretamente, del principio de no discriminación. Una vez expuestas las reglas y parámetros generales sobre el principio de igualdad y la prohibición de discriminación, se hará referencia a pronunciamientos relevantes en los que este tribunal ha constatado violaciones concretas al derecho a la igualdad por imposición de actos o medidas discriminatorias en contra de personas portadoras del VIH, o enfermas de Sida.
(4) La protección a la estabilidad laboral de las personas portadoras del VIH ha sido ampliamente reiterada por la Corte Constitucional. Ver, entre otras, las recientes sentencias T-025 de 2011, T-554 de 2010 y T-898 de 2010.
(5) Ver, entre otros, las sentencias T-323 de 2011, T-557 de 2010, T-1046 de 2003 y T-700 de 2011 y T-792 A de 2012, en la que se efectúan una amplia reiteración sobre el alcance del derecho a la salud de las personas portadoras del VIH, internas en centros penitenciarios.
(6) El Programa Conjunto de las Naciones Unidas dedicado al VIH/SIDA (ONUSIDA) está encargado de coordinar los esfuerzos de algunos organismos de las Naciones Unidas con el único fin de combatir la epidemia del VIH/SIDA. Para ello combina los conocimientos, recursos y alcance de los siguientes organismos: UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia), PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura), UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), OMS (Organización Mundial de la Salud), Banco Mundial, PNUFID (Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de Drogas). Estos organismos son conocidos como copatrocinadores del ONUSIDA y aumentan su campo de acción a través de alianzas estratégicas con otros organismos de las Naciones Unidas.
(7) Sobre la situación general del estigma y la discriminación relacionados con el VIH/SIDA, ver la página de la ONUSIDA http://www.unaids.org/humanrights/index.html.
(8) “esta Corte ha construido una presunción de discriminación que invierte la carga de la prueba a favor de la persona que denuncia haberla sufrido (la discriminación por motivos de VIH). Por regla general, en los procesos judiciales es el demandante el que debe probar lo que sustenta su pretensión, que en este caso sería la discriminación. Sin embargo, en este evento la carga de la prueba se invierte y, en consecuencia, el demandado debe probar que no ha existido diascriminación, demostrando una razón objetiva para su conducta. En virtud de la presunción, si se prueba alguna razón objetiva la discriminación será descartada pero si esta no se logra probar, la conducta se tendrá por discriminatoria. Para activar la presunción explicada, lo que debe demostrar el demandante, por cualquier medio probatorio, es que el demandado conocía que padecía de Sida o era portador del VIH, condición que se entiende cumplida también cuando el demandante lo afirma y el demandado no lo niega”.
(9) En la Sentencia T-792 A de 2012, la corporación analizó un caso en el que se decidió trasladar a un interno del pabellón Nuevo Milenio de la cárcel Modelo de Bogotá, al pabellón 4 de la cárcel la Picota, lo que generó un deterioro en su salud por ausencia de medicamentos, procedimientos y una dieta adecuada para tratar su condición.
Además, explicó la corporación que “el Estado no puede permitir que la protección del derecho a la salud sea entorpecido por situaciones de tipo administrativo”, recalcando que las razones de índole administrativo y financiero no pueden erigirse en barreras para la prestación del servicio de salud a las personas internas en centros penitenciarios, y concluyó que “cuando se trata de internos portadores del VIH, el Estado posee la obligación de garantizar una mayor protección a sus derechos fundamentales por cuanto, en primer lugar, se despliega una relación de sujeción especial que, además de exigir derechos y obligaciones entre las partes, limita a los internos a acceder únicamente a los servicios médicos que le proporciona el establecimiento penitenciario (...) y, e segundo lugar, el VIH es considerado como una enfermedad degenerativa que torna a la persona en un sujeto de especial protección constitucional al cual se debe garantizar su derecho a la salud de forma continua y oportuna y sin ningún obstáculo de índole administrativo o financiero”.
(10) Así lo expresó la Sala citada: “17.- Teniendo en cuenta lo anterior, encuentra la Corte que la medida restrictiva de la libertad de circulación por el penal del demandante y de los demás internos del patio Nuevo Milenio no resulta necesaria para garantizar el valor constitucional que se pretende hacer prevalecer, pues existe una presunción de que las directivas de la cárcel se encuentran en capacidad de implementar otro tipo de medidas que garanticen la salubridad y el orden en su interior y que impliquen menor sacrificio de los derechos fundamentales de los internos que conviven con el VIH/SIDA. Más aun, es relevante hacer notar que la medida obedece a prejuicios y al estigma del que son objeto quienes conviven con este virus y, con base en ello, no es válido que las directivas de la cárcel vulneren sus derechos fundamentales. Muestra de ello son las afirmaciones del director del penal, quien en la contestación de la acción de tutela llega a afirmar que estos reclusos representan un peligro para los demás internos de la cárcel por cuanto la mayoría de ellos son “homosexuales” y no acostumbran “protegerse en sus relaciones sexuales”, lo cual implicaría la propagación del virus dentro de la población carcelaria. Lo que estas afirmaciones implican, en últimas, es el reconocimiento por parte de las directivas de la penitenciaría de la falta de garantías para los internos y la ausencia de recursos y de personal para ofrecer respuestas inmediatas tendentes a garantizar el orden dentro del penal, sin que sea necesario implementar actuaciones vulneratorias de derechos fundamentales que, aun cuando de manera limitada y restringida, conservan quienes se encuentran privados de su libertad por la imposición de una medida punitiva.
18. Por último, es evidente que las disposiciones tomadas por las directivas de la Cárcel Modelo de Bogotá son desproporcionadas y sacrifican valores constitucionales, sin que medie razón suficiente para ello. El confinamiento casi absoluto de las personas portadoras del VIH implementado por las directivas del centro carcelario demandado para prevenir la propagación de esta enfermedad, vulnera los derechos del señor Guzmán Donoso a la igualdad y a la dignidad humana —entre otros—. Además, desdibuja el fin resocializador de la pena privativa de la libertad y lo pone en condición de desigualdad frente a los demás internos del penal, por cuanto, aquellos, a quienes se les permite trasladarse y desempeñar las diferentes actividades para redimir su pena, podrán obtener su libertad antes que este último, de haber sido condenados a una pena privativa de la libertad de igual duración que la impuesta al actor”.
(11) A folio 5 del cuaderno de tutela, en la Resolución 259 de 2012, del director de la cárcel La Vega de Sincelejo, se encuentra la siguiente anotación: “XXX, condenado a pena de 3 años de prisión por el delito de hurto por el juzgado promiscuo municipal de Pueblo Bello (Cesar), a órdenes del juzgado tercero de ejecución de penas de Valledupar. Captura 16/01/2012, ingreso 18/01/2012.

References: Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 68
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Resolución