Source: http://grupoadela.org/legales/sobrefallosjpn.html
Timestamp: 2018-07-21 09:32:16+00:00

Document:
Opinión sobre fallos de Sala Constitucional
El que suscribe, RAFAEL GONZALEZ BALLAR, en mi carácter de Presidente de la ASOCIACION JUSTICIA PARA LA NATURALEZA, a Uds. con todo respeto me permito hacer las siguientes aclaraciones de hecho y de derecho, en relación a los últimos fallos emanados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:
PRIMERO: En el caso de las petroleras es necesario que esa Comisión tome en consideración que hay una serie de aspectos de hecho en los cuales nuestra Organización ha tratado de cooperar con la SETENA, para que los vicios de carácter técnico y científico en cuanto a aspectos discrecionales se trata, con nuestra ayuda y con los informes y adiciones solicitados, puedan ayudar a los miembros de la Comisión para que a la hora de emitir los actos administrativos (aprobaciones), los mismos no sean contrarios a reglas de la ciencia y la técnica, y a principios elementales de lógica o conveniencia (artículos 15 y 16 de la Ley General de la Administración Pública).
SEGUNDO: Además de los aspectos constitucionales y legales que hemos señalado que han sido violados por el Gobierno y la compañía petrolera, al haber procedido como se hizo en el presente asunto, es importante rescatar que con la Acción de Inconstitucionalidad que interpusimos, tramitada bajo el expediente número 12654 del año 2001, que recientemente fue declarada con lugar por la Sala Constitucional, hemos dado la estocada final para que esta Comisión Plenaria no tenga la menor duda que en aspectos de legalidad pueden estar claros y confiados de que la Sala Constitucional al haber anulado el párrafo segundo del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos vigente, dejó desde el punto de vista jurídico muy claras las siguientes consecuencias:
a) Al declarar que los efectos son retroactivos, esto implica que cualquier procedimiento, acto o contrato que se han tomado o firmado, teniendo como fundamento el artículo declarado inconstitucional, sin haber realizado un Estudio de Impacto Ambiental previo (previo a cualquier publicación de licitación nacional o internacional, y previo a la firma de cualquier contrato que implicara responsabilidad para el Gobierno), implica que ningún funcionario puede a partir de este momento, sin comprometer su responsabilidad, continuar procedimientos y dictado de actos o aprobaciones de cualquier licitación, estudio o de lo que sea, debiendo por ende esa Comisión pronunciarse en forma negativa en relación al proyecto presentado por la empresa HARKEN, y que se tramita en esa oficina bajo el expediente número 619-98.
b) La Ley General de la Administración Pública en su artículo 169 ha sido muy clara de que el funcionario que conociendo, como ocurre en el presente caso en que la Sala Constitucional declaró inconstitucional parte del texto del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos, en el cual se basó el Gobierno para empezar el proceso de Licitación 1-97 y firma del contrato, sin que previo a ello existiera un estudio de impacto ambiental, significa nulidad absoluta de los actos o contratos que se quieran aprobar, ya que esta acción de inconstitucionalidad deja en evidencia que dicho requisito no se cumplió. Por lo tanto, el artículo 169 citado directamente dispone que no se puede presumir legítimo el acto absoutamente nulo, ni se puede ejecutar, sea por accionar o porque sin accionar omite conductas que tengan implicaciones directas o indirectas en la situación de nulidad que ha sido declarda.
c) La misma Ley General citada dispone que el funcinario que ordene la ejecución (en este caso la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental que no ha llenado el presupuesto de ser previo, como debe ser en este momento en Costa Rica, al declarase inconstitucional el párrafo 2º. del artículo 41 de la Ley de Hidrocarburos), implica que está permitiendo que se continúe con la ejecución de actos absolutamente nulos, y la Ley dice muy claramente que hacerlo producirá “responsabilidad civil de la Administración y civil, administrativa y eventualmente penal del servidor, si la ejecución llega a tener lugar”.
TERCERO: La tesis de forma y fondo que esgrimió la Sala cuando se sometió a consulta el Proyecto de Ley de Hidrocarburos, en el año 1993, hoy vigente en Costa Rica, queda claramente reflejada en los siguientes puntos:
“SOBRE LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE: El artículo 26 del Proyecto, no exige a la Administración Pública estudios técnicos en materia ambiental que garanticen a los costarricenses que su derecho a un ambiente sano no será perturbado o conculcado por la actividad de exploración y explotación de los recursos naturales hidrocarburados, de previo a otorgar la concesión a una persona física o jurídica privada”. En su lugar el Proyecto escoge la vía inversa: otorgar la concesión y luego exigir los estudios sobre el efecto que esas actividades producirán en el ambiente. Pero lo más grave es que no se prevé una consecuencia directa del incumplimiento de esas exigencias, dejando a merced del libre arbitrio de los funcionarios competentes, la decisión sobre el punto. Estima la Sala que el tema debe ser analizado desde la perspectiva constitucional en aras de garantizar la protección del derecho a un ambiente sano ampliamente reconocido y protegido por esta jurisdicción y expresamente contemplado por el artículo 89 de la Constitución que establece:
“Entre los fines culturales de la República están: proteger Las bellezas naturales, conservar y desarrollar el patrimonio histórico de la Nación, y apoyar la iniciativa privada para el progreso científico y artístico”.
“…el derecho ambiental que reconoce la necesidad de preservar el entorno no como un fin cultural únicamente, sino como una necesidad vital de todo ser humano. En este sentido, el concepto de un derecho a un ambiente sano, supera los intereses recreativos o culturales que también son aspectos importantes de la vida en sociedad, sino que además, constituye un requisito capital para la vida misma.”
“XV.- Por ello podemos afirmar que del derecho a la vida y de la obligación estatal de “proteger Las bellezas naturales” contenidos en los artículos 21 y 89 de la Constitución, surgen otros derechos de obligada protección e igual rango como son los de la salud y a un ambiente sano, en ausencia de los cuales o no sería posible el ejercicio de los primeros, o su disfrute se vería severamente limitado.”
“XVII.- Dentro de este proceso lógico de integración y desarrollo de los valores constitucionales, empleando como instrumento jurídico la interpretación lógico sistemática de los mismos, la enmienda al artículo 48 de la Constitución operada en 1989, ha ampliado de manera singular el catálogo de derechos humanos susceptibles de protección judicial al remitirnos expresamente al derecho internacional contenido en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, debidamente suscritos, aprobados y ratificados por nuestro país. Ordenamiento jurídico supranacional que debemos integrar al análisis del Proyecto de Ley consultado en virtud del rango superior a Las leyes que le otorga el artículo 7º. de la Constitución.
XVIII.- En efecto, Costa Rica ha suscrito numerosos instrumentos internacionales que protegen nuestra riqueza ecológica y que en el fuero interno, son legislación plenamente aplicable –y de exibilidad judicial directa- al caso sobre todo por la posibilidad de explotar los recursos hidrocarburados en otras áreas no parte del régimen de parques nacionales. Por ello resulta imprescindible revisar qué otras áreas o biosistemas estarían vedados a esta actividad o en los que es necesario cumplir otras exigencias.”
“XX.- Todos estos instrumentos internacionales son de obligado acatamiento y gozan de plena ejecutoriedad en tanto sus normas no precisen de mayor desarrollo legislativo y por ende deben ser respetadas por el Proyecto de Ley sobre Hidrocarburos en tanto el rango normativo de aquellos es superior. En consecuencia lo dispuesto por artículo 41 párrafo 2º. Del Proyecto que exige los estudios de impacto ambiental después de aprobada la concesión de exploración o explotación sobre todo en caso de particulares, es contraria a los fines, propósitos y obligaciones constitucionales en materia ambiental, en tanto el contrato una vez suscrito crea derechos a favor del interesado. Por ello estima la Sala QUE EL ARTICULO 41 PRF. 2º. ES INCONSTITUCIONAL EN ESTE ASPECTO.” (El subrayado y Las mayúsculas son nuestras).
Para que los señores de la Comisión Plenaria de SETENA lo tengan muy claro, es necesario hacerles ver que desde los Convenios de Río de Janeiro, en el año 1992, resulta muy claro que al firmarlo nuestro país, estaba acogiendo las tesis de la Declaración de Río que tienen que ver con los Estudios de Impacto Ambiental. La tesis acogida por nuestro Gobierno es la tesis de un principio general básico del Derecho Ambiental, que es el principio preventivo, donde el accionar del Estado debe prevenir antes que tener posteriormente que tratar de enmendar los efectos que su falta de prevención ocasione en el campo social y ecológico.
Este principio fue posteriormente recogido en nuestra Ley de Biodiversidad, que es posterior a la misma Ley de Hidrocarburos, y que en los artículos 9 y 11 habla de dos principios fundamentales como son el preventivo y el principio del interés público ambiental.
Sólo con fundamento en lo anterior, un funcionario público debe abstenerse de aprobar o ejecutar, como lo hemos dicho, cualquier acto, resolución o proyecto, y con ello salvar su responsabilidad.
CUARTO: Que es evidente también, que los funcionarios de SETENA están obligados por lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública, en el sentido de que desempeñen sus funciones de modo que satisfagan el interés público.
Nos satisface mucho que la mayoría de Uds. hayan recibido, leído y acogido en forma franciscana la gran cantidad de escritos, recursos y materiales que hemos aportado, en un intento por tratar de cooperar con Uds. para la toma de una decisión histórica para este país. Creemos que con su actitud de haber esperado para tomar una decisión, Uds. han respetado lo establecido en el artículo 113 citado, en el sentido de que el interés público, en este caso, coincidente con los administrados que han estado en contra de los efectos sobre el ambiente que produciría la actividad petrolera, y que este interés público prevalece por encima del interés de la Administración Pública (el interés del Estado por ayudar a Las compañías petroleras y presionar políticamente para que la exploración y posterior explotación petrolera se diera en Costa Rica).
Nuestra Organización se sentiría muy orgullosa de saber que Uds. han tenido como valor primordial el interés público antes al propio, y como dice la misma Ley General de reiterada cita, dicho interés implica tener en cuenta en primer lugar los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso anteponerse la mera conveniencia. Es por ello, que en virtud de dicha declaratoria de inconstitucionalidad es obligación de ley, que esa Comisión tome una resolución inmediata rechazando el Estudio de Impacto Ambiental por no cumplir el mismo con aspectos formales, procesales y de fondo ya señalados.
Una vez más nuestro respeto y consideración hacia una Comisión que ha soportado tanta presión, pero que ha sabido esperar y que sabemos tomará una decisión acorde a los principios de derecho y justicia, por los que tanto han luchado las comunidades afectadas.
San José, 21 de febrero del 2002
F. Dr. Rafael González Ballar
Aut.: Lic. Ruth Solano Vázquez.

References: artículo 41
 artículo 169
 artículo 41
 artículo 169
 artículo 41
 artículo 26
 artículo 89
 artículo 48
 artículo 7
 artículo 41
 resolución 
 artículo 113
 artículo 113
 resolución