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Timestamp: 2020-03-29 11:37:43+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 28 Julio 2016
Demasiado caro para los sufridos contribuyentes
Amando de Miguel Libertad Digital 28 Julio 2016
Los españoles, tan acomplejados, nos sentimos muy satisfechos con sostener la costosa e ineficaz burocracia de la Unión Europea.
Desde hace algunos decenios los gastos de los Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado central y Unión Europea no hacen más que crecer. La partida más desatada es la que se va en retribución del personal. Ha aumentado sobre todo el número de empleados públicos a dedo o mediante concursos públicos perfectamente amañados. No es proporcional la mejora de los servicios. Da la impresión de que los organismos oficiales se han diseñado simplemente para canalizar el dinero que viene de los impuestos. El procedimiento resulta sumamente costoso.
Cierto es que las instituciones públicas también realizan inversiones, pero muchas veces se hacen para repartir dinero entre los amigos y conmilitones. Solo cuando se exagera hablamos de corrupción. Nadie parece dispuesto a vigilar el derroche del dinero público. Sería interesante conocer el grado de uso de muchos edificios públicos, hoy perfectamente infrautilizados.
Es claro que, con un sistema así diseñado, la productividad deja mucho que desear. Parece una ley inexorable que aumente sistemáticamente el déficit público. “Público” quiere decir que hay que pagarlo con más impuestos y con peores servicios. En cuyo caso, se hacen imprescindible los malditos “recortes”. ¿Cómo resolver el lógico descontento del pueblo? Primero, con más propaganda. En todos los medios se muestra continuamente el aspecto benefactor de todos los que mandan. Nadie discute que los parlamentarios europeos, nacionales o autonómicos se desvivan por la felicidad de sus súbditos. Ellos mismo se fijan sus sueldos, dietas, complementos, tarjetas de gasto y otros emolumentos y privilegios. Gracias al terrorismo y a otras formas de violencia, se justifica el gasto creciente en un ejército de asesores, policías, vigilantes, inspectores, etc. Cada vez se imponen más controles para todo, lo que acarrea más personal y más presupuesto. Los Gobiernos se hacen la ilusión de que realmente crean más puestos de trabajo, el aspecto que mejor legitima su función. En efecto, así es, solo que muchos de esos puestos son innecesarios; funcionan esencialmente como una manifestación de poder. El misterioso poder político no es más que la capacidad para firmar nombramientos y, por tanto, hacer favores.
Se comprende que los astutos británicos se hayan salido de la Unión Europea; solo representaba para ellos gastos inútiles y controles innecesarios. En España no ha surgido, ni de lejos, un movimiento parecido. Los españoles, tan acomplejados, nos sentimos muy satisfechos con sostener la costosa e ineficaz burocracia de la Unión Europea. En la práctica solo ha beneficiado a la Agricultura con un enorme esfuerzo proteccionista. Cierto es que también ha supuesto una catarata de subvenciones para carreteras y otras obras públicas. Pero ha sido en los años de oro, cuando España era un país menos desarrollado. Ahora los españoles debemos contribuir a esos mismo, pero dirigido hacia los países del Este europeo.
El derroche de los monises del común se extrema en el caso de la Administración Autonómica. No es casualidad que en esa esfera hayan menudeado tanto los casos de corrupción política. ¡Qué no serán los que nunca los veremos en la superficie! Lo raro es que se hayan conocido con tanto detalle ciertos latrocinios de los “púnicos”, los de la “correa”, los de los “eres” y los “cursos de desempleados”. Dejo aparte la cueva de los filibusteros que ha sido la Generalidad de Cataluña. Los ladrones han actuado a la luz del día en los despachos oficiales. Bien es verdad que algunos más osados o más tontos han acabado en la cárcel, pero aquí nadie devuelve un céntimo del dinero público esquilmado. Se ha comprobado repetidas veces que los episodios de corrupción política poco o nada afectan a la conducta electoral. La razón está en que los saqueadores del erario pasan por listos ante mucha gente. Es la sociedad entera la que se halla corrompida. Mal asunto.
Actuar políticamente contra el separatismo
Si el Estado flaquea ante el reto, será todo el sistema el que se venga abajo. Y celebraremos nuestros cuarenta años de democracia con la pésima nueva de que España ha dejado de existir. ¿Son conscientes nuestros políticos de su responsabilidad histórica?
EDITORIAL Gaceta.es 28 Julio 2016
El parlamento catalán ha votado mayoritariamente contra la advertencia del Tribunal Constitucional. Con ello se ha puesto voluntariamente fuera de la ley. El parlamento catalán no es un ente soberano ni un agente de derecho internacional. El parlamento catalán es la asamblea legislativa regional de un territorio concreto del Estado español. Ese es el límite de su autonomía. En consecuencia, debe someterse por definición al ordenamiento jurídico común de ese Estado. Si desobedece o se rebela, pierde toda legalidad y toda legitimidad. Y la obligación de los órganos del Estado es actuar contra él.
El Gobierno de España ha anunciado que, frente al desafío separatista catalán, interpondrá un “incidente de ejecución” ante el Tribunal Constitucional. Las carcajadas de la oligarquía separatista se escuchan hasta en Pernambuco. Cualquier ciudadano que se salte la ley estaría encantado de ver cómo la reacción de la autoridad es interponer un “incidente de ejecución”. ¿Por qué el Estado emplea con la oligarquía separatista unos miramientos que jamás se plantearía ante un ciudadano privado? Por otra parte, el Tribunal Constitucional está para lo que está: desde la última reforma sus fallos son vinculantes y de obligado cumplimiento, pero alguien debe garantizar materialmente esa cualidad. ¿Está el Gobierno de España en ánimo de movilizar a la fuerza pública? Cabe dudarlo.
Cabe dudarlo, pero, sin embargo, es exactamente lo que tiene que hacer. Ya no estamos ante un problema jurídico; estamos ante un problema político. Y la política no es sólo consenso, sino que es también, y sobre todo, decisión. No sólo el Gobierno, sino todos los poderes formales y reales del Estado, desde la Corona hasta la judicatura pasando por la oposición, los sindicatos, la banca y demás, han de entender que esta decisión del parlamento catalán pone a España ante una delicadísima prueba de legitimidad: si el Estado flaquea ante el reto, será todo el sistema el que se venga abajo. Y celebraremos nuestros cuarenta años de democracia con la pésima nueva de que España ha dejado de existir. ¿Son conscientes nuestros políticos de su responsabilidad histórica?
Hermann Tertsch ABC 28 Julio 2016
Se han abierto los amplios salones europeos de unos pueblos avejentados, débiles, consentidos y disipados a una tropa de muy saludables guerreros del desierto desbordantes de hormonas e instintos vitales. Se nos dice que hay que hacerles sitio porque ellos lo necesitan y porque aquí también los necesitamos. Como se han invitado unos a otros y se ha corrido la voz, ellos son ya muchos más que los miembros del servicio de la finca. Los organizadores de este alegre y bienintencionado encuentro multicultural tan enriquecedor han prometido que con la llegada de los invitados se arreglarán muchos problemas de la casa. Ante todo, esa maldita falta de personal que hay aquí dada la costumbre de no tener hijos que te fastidien las salidas nocturnas y la "realización personal". Ellos, fíjense cómo son, se realizan teniendo hijos a mansalva.
Como todos los humanos valemos lo mismo, se ha deducido que todo lo que hacen unos y otros vale lo mismo, todas las culturas, todas las tradiciones, las ideologías, artes, creencias, religiones. Como se suele decir en España: "Todas las ideas son respetables". Aunque al decirlo nadie suele reparar en que todos los crímenes, todas los males, todas las perversiones, todas las tiranías parten de ideas y son todo menos respetables.
VICENTE LOZANO El Mundo 28 Julio 2016
Había pensado escribir esta semana sobre los 30.000 españoles que seguían cobrando una pensión de jubilación a la que no tenían derecho porque sus beneficiarios habían fallecido, quedándose con un dinero que no les correspondía. Es decir, quitándoselo al resto de los ciudadanos.
Me reforzó esta idea conocer que Hacienda ha detectado a través de drones ¡1,7 millones de inmuebles! con datos falseados, por los que los presupuestos de los ayuntamientos dejaban de ingresar más de 1.200 millones de euros: dinero que no se emplea en servicios a los ciudadanos. O que España es el país de la Unión Europea más afectado por la falsificación de bebidas alcohólicas, que hace perder al Tesoro 90 millones en impuestos al año y a las compañías fabricantes casi 300 millones. Merecía la pena hacer una reflexión sobre si hay alguna relación entre la corrupción política y esa cierta podredumbre social a la que no prestamos demasiada atención pero que existe y está más extendida de lo que parece. Aquí está apuntado, aunque la reflexión quede para mejor ocasión.
Necesariamente tenemos que fijarnos en los trágicos y cercanos acontecimientos de estos días. Porque el yihadismo ha trasladado ya definitivamente el campo de batalla a Europa. Como ha afirmado el presidente francés tras el asesinato del sacerdote Jacques Hamel, 'el Estado Islámico nos ha declarado la guerra', recalcando aquel 'esto es un acto de guerra' con el que calificó los atroces crímenes de París en noviembre de 2015. El terrorismo islamista actúa en Europa desde 2004 y no hay que olvidar que los atentados de Atocha en Madrid siguen siendo los más graves por número de víctimas causados por el yihadismo en el continente. Después fue Londres en 2005 y en 2013. Y desde el ataque a la revista Charlie Hebdó, en París en enero del año pasado, Europa central se ha convertido en un escenario bélico para el IS: tras Francia, llegó Bélgica y, ahora, Alemania.
A los europeos nos preocupa más ahora porque ya tenemos el terrorismo dentro. Pero ha llegado mientras sigue arrasando territorios enteros, tras matar a diestro y siniestro y someter a cientos de miles de personas a sus dictados intransigentes, en Siria, en Irak, en Afganistán, en Mali, en Nigeria, en Sudán del Sur... El martes nos sobrecogíamos con la degollación de Hamel al pie del altar en una iglesia de Normandía, pero el obispo católico de Alepo, por ejemplo, lleva tiempo denunciando que en esa ciudad había 260.000 cristianos -católicos y ortodoxos- antes de empezar la guerra en Siria y hoy no quedan más de 50.000. Muchos han conseguido huir. Otros han sido masacrados.
No creo que ésta sea una guerra de religión. Los terroristas que han cometido los últimos atentados en Europa dicen que matan en nombre de Alá, pero no se comportan como quiere Alá. Se trata de un choque entre unos exaltados que atacan a fuego y cuchillo, literalmente, frente a una inmensa mayoría que intenta defenderse -en Oriente Próximo, en África, en Asia y en Europa- con la ley y el respeto a los derechos humanos. Un conflicto no declarado que ha supuesto ya el mayor número de muertos y de desplazados desde la Segunda Guerra Mundial. El desafío es titánico y exige que los Gobiernos empleen los cinco sentidos durante las veinticuatro horas del día para tratar de superarlo por todos los medios.
Ante este reto por garantizar la libertad y la seguridad de los ciudadanos, que cortísimos de miras quedan unos líderes políticos que llevan siete meses perdiendo el tiempo, incapaces de formar un Gobierno en nuestro país.
Cristina Losada Libertad Digital 28 Julio 2016
El atentado es publicidad y si el atentado es espectacular, la publicidad también lo será.
En medio de una cascada de atentados islamistas, varios medios franceses han decidido dejar de publicar las fotos de los asesinos. Uno de ellos es el diario Le Monde, que ya había tomado antes la decisión de no sacar imágenes extraídas de documentos de propaganda o de reivindicación del Daesh. En un editorial sobre cómo oponerse a "la estrategia del odio", su director, Jérôme Fenoglio, explica que el periódico ha optado por no publicar fotografías de los autores de las matanzas a fin de “evitar posibles efectos de glorificación póstuma”. Dice también que el diario sigue debatiendo sobre su praxis informativa ante estos actos terroristas y, en suma, sobre qué hacer ante “las prácticas de un enemigo que utiliza contra nosotros todas nuestras costumbres, todos los instrumentos de la modernidad”.
Uno de esos utensilios, huelga decir, son los medios de comunicación, medios que en el sentido más amplio del término, incluyendo a las redes, han sabido utilizar con particular maestría un grupo sanguinario como el Daesh. Sus vídeos, así lo han hecho notar muchos expertos en terrorismo yihadista, presentan una realización extremadamente profesional y se han convertido en un elemento crucial para hacer propaganda de sus crímenes, inspirar atentados y captar nuevos miembros. Pero la propaganda terrorista precede a los nuevos instrumentos mediáticos: es tan vieja como el moderno terrorismo. Y la actual sigue basándose en lo que los anarquistas llamaron “la propaganda por el hecho”.
El atentado es publicidad y si el atentado es espectacular, la publicidad también lo será. Cuando asesinaron a los atletas israelíes en Munich (1972), los de Septiembre Negro se jactaron de que "la elección de las Olimpiadas, desde el punto de vista puramente propagandístico, fue un éxito al 100 por cien. Fue como pintar el nombre de Palestina en una montaña que se pudiera ver desde las cuatro esquinas de la Tierra". Fue como pintarlo cubierto de sangre, hay que añadir, porque "el hecho" muestra el horror del terrorismo, lo hace aborrecible y cancela las justificaciones que esgrimen los terroristas para sus actos criminales.
No son los hechos, sin embargo, lo que quieren dejar de publicar varios medios franceses, sino las fotos de los autores. Y ello por la convicción de que difundir su imagen contribuye a darles fama, esa gloria póstuma de la que hablaba el director de Le Monde, y que eso puede alentar a otros a imitarlos. No está probado ni mucho menos, pero la cadena de atentados en Francia, como también en Alemania, estas semanas, tiene visos de efecto copycat. Y ese efecto imitador se agranda si los autores, como dice el profesor de psicopatología de la Universidad París-Diderot, Fehti Benslama, son individuos que quieren “ser reconocidos” y buscan “una gloria planetaria, tanto más grande cuanto más sanguinaria”.
En contra de la restricción adoptada, de momento, por Le Monde, BMF, RFI y Europe 1, se han pronunciado otros periodistas. Alegan que las redes yihadistas ya convierten en héroes a los autores de los atentados, por lo que la medida sería inútil, o que supone centrarse en exceso en el perfil psicológico de los terroristas, que perpetran los asesinatos no en su nombre, sino en nombre de una organización. Pero lo que se sabe de varios autores de atentados que se inspiraron en el Daesh indica que el perfil psicológico cuenta y mucho. Aún hay una razón más para apoyar la decisión de no publicar sus fotos, y la daba el redactor jefe de BMF-TV, Hervé Béroud. Después del asesinato del sacerdote Jacques Hamel, la cadena no quiso “vehicular la imagen del joven guapo sonriente que aparece en la foto, cuando resulta que acaba de degollar a alguien”.
En España, sabemos por experiencia que la glorificación del terrorista es un elemento clave de la propaganda terrorista y del mantenimiento de la cohesión de la banda y su entorno. Aquí se han evitado o tratado de evitar los homenajes y recibimientos a terroristas de ETA como si fueran héroes, que es un caso de glorificación directa. Pero el terrorismo inspirado por el Daesh nos enfrenta a otro tipo de glorificación que surge de las características de la sociedad mediática: la foto del asesino, miles de veces replicada, puede llegar a ser recompensa y acicate para matar.
'No todos son terroristas, pero el terrorismo siempre es musulmán'
Alternativa para Alemania ha denunciado que las "negligentes" políticas de Angela Merkel se han convertido en un riesgo para la seguridad de toda Europa.
Gaceta.es 28 Julio 2016
La derecha identitaria alemana –representada por la formación Alternativa para Alemania (AfD)- ha reclamado suspender el derecho de asilo para los musulmanes hasta que se controle a todos los refugiados de esa religión que viven en el país y se tramiten todas sus solicitudes pendientes. "No todos los musulmanes son terroristas, pero el terrorismo con motivación religiosa en Alemania hasta ahora ha sido siempre musulmán", ha recordado su vicepresidente, Alexander Gauland, en un comunicado en el que ha denunciado que las "negligentes" políticas derivadas de la generosidad mal entendida de Angela Merkel se han convertido en un riesgo para la seguridad de toda Europa.
El ataque perpetrado por un menor refugiado afgano con un hacha en un tren de cercanías en Würzburg la pasada semana y la bomba detonada el domingo por un solicitante de asilo sirio en Ansbach han reabierto el debate sobre la política de acogida de Alemania. El país recibió en 2015 a cerca de 1,1 millones de solicitantes de asilo y en el primer semestre de este año entraron 222.000 peticionarios más.
"Por razones de seguridad no nos podemos permitir dejar entrar a más musulmanes de forma incontrolada en Alemania", ha denunciado Gauland, cuyo partido logró destacados resultados en los últimos comicios regionales celebrados en el país gracias a su discurso centrado en la necesidad de restablecer el orden europeo y después de que el Gobierno de Angela Merkel haya perdido el control de la crisis de refugiados.
Gauland ha advertido de la presencia de terroristas entre los inmigrantes musulmanes que llegan de forma irregular al país y ha acusado a la canciller alemana de ignorar ese peligro.
Arturo García Gaceta.es 28 Julio 2016
Londres se ha convertido en una de las ciudades más multiculturales de Europa y la población musulmana ha creado auténticos guetos en barrios como Newham y Tower Hamlets, donde el verdadero poder está en manos del consejo de la Sharia Islámica de Leyton. El este de la capital británica se ha transformado en una suerte de califato que tiene sus propias leyes, sus propias escuelas, sus propios líderes y sus propios templos. Todos ellos, vinculados o controlados por grupos radicales como el Islamic Forum of Europe (IFE). Creada por Jamaat-e-Islami Chowdhury Mueen-Uddin, condenado a muerte en noviembre de 2013 por el Tribunal de Crímenes de Guerra de Bangladés, la organización extremista tiene un objetivo: imponer un 'califato' en Europa
Precisamente estas escuelas son uno de los lugares escogidos por los radicales para adoctrinar a los más pequeños. Un documental ha puesto de manifiesto como, gracias a la connivencia del gobierno británico, los musulmanes enseñan la sharia en sus propios centros, educando a los niños en valores tales como la inferioridad de la mujer o la enfermedad que supone ser homosexual. Los manuales son un auténtico manifiesto islamista que sigue la ideología del Estado Islámico, también de Arabia Saudí, y que distan mucho de la imagen de musulmanes moderados que las élites tratan de hacernos creer.
OCHO MEDIDAS PRESENTADAS EN LA ASAMBLEA
El plan de Marion Le Pen contra el islamismo
Juan E. Pflüger Gaceta.es 28 Julio 2016
Marion Marechal Le Pen, presidenta del Frente Nacional francés en la región de Provenza-Alpes-Costa Azul y diputada en la Asamblea Nacional de Francia, ha presentado junto a su compañero de partido Gilbert Collard, un plan de choque con medidas para frenar los atentados islamistas en Francia. Es un programa de ocho puntos que ha sido comunicado ya a la cámara francesa y que deberá, por tanto, ser debatido en la Asamblea.
Las medidas propustas son las siguientes:
1.- Solicitud de disolución de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia (UOIF) -rama de los 'Hermanos Musulmanes'- relacionados con el Islam radical y que dirigen numerosas mezquitas y asociaciones en Francia.
2.- Suspensión inmediata del “espacio Schengen”, como etapa previa antes de la denuncia de tales acuerdos. Justifican esta medida porque consideran que el restablecimiento de las fronteras es una condición necesaria para la aplicación efectiva de las expulsiones del territorio, las prohibiciones de residir en el territorio así como la lucha contra la inmigración clandestina o el tráfico de armas.
3.- Formación de una comisión de investigación parlamentaria para asegurar el cierre de las mezquitas radicales y de las asociaciones integristas.
4.- Constitución de una comisión de investigaciones sobre la financiación del islam en Francia y del culto musulmán a fin de tener una mejor visibilidad sobre la influencia de las financiaciones extranjeras procedentes de países vectores de un islam integrista y promotores del terrorismo islamista en el mundo.
5.- Propuesta de Ley para pedir la expulsión inmediata de los extranjeros condenados por crímenes y por algunos delitos graves. Consideran que los extranjeros que ataquen a Francia no pueden permanecer sobre el territorio beneficiándose de la hospitalidad y de la generosidad francesa.
6.- Proposición de Ley para reformar el derecho de asilo, al que consideran como una nueva ruta de inmigración clandestina y en una vía mayor de infiltración de los terroristas.
7.- Propuesta de ley sobre la supresión del derecho del suelo y detener la reagrupación familiar.
8.- Propuesta de Ley para ampliar los casos de pérdida de la nacionalidad para los radicalizados que posean doble nacional así como para los naturalizados condenados por crímenes o delitos graves.
En el comunicado hecho público para dar a conocer estas propuestas consideran que “La Guerra contra el Oslam radical no ha empezado todavía en Francia”. Y, desde el Frente Nacional, aseguran que “Es necesario que se apliquen medidas lo antes posible. Los diputados del Front National pondrán toda su energía para proteger a los franceses”.
Ley de Murphy: “Si algo puede ir peor en Cataluña, irá peor”
“El nacionalismo es la extraña creencia de que un país es mejor que otro por virtud del hecho de que nacisteis ahí” George Bernard Shaw
Miguel Massanet www.diariosigloxxi.com 28 Julio 2016
Lo que tenía que llegar por fin llegó y lo hizo en uno de los peores momentos en los que pudiera acontecer, cuando España sigue sin gobierno, sin que se vea, a corto plazo, solución política para tal situación y cuando existen posibilidades, quizá no tan remotas como algunos se imaginan, de que pudiera llegarse a un multipartidista gobierno de coalición de los partidos de izquierdas; lo que, sin duda, revitalizaría de su marasmo postelectoral a partidos como Podemos e IU, que parecía que ya habían tirado la toalla dejando, `para otra ocasión, sus aspiraciones a asumir el gobierno de la nación española.
Esa obvio que, este periodo de inestabilidad política, de incertidumbre sobre quien acabará gobernando el país, de interinidad prolongada de un ejecutivo en funciones y de falta de sincronización de quienes tenían en sus manos conseguir aliarse o, al menos, apoyarse para que, el Estado, pudiera seguir operando y la cotidianidad del funcionamiento de las instituciones, las administraciones públicas, las autonomías y los municipios pudiera recobrar la normalidad, que tan precisa se hace para que, España, pueda seguir atendiendo a sus problemas y promulgando las normas más urgentes. como son los PGE para que, la excesiva tardanza en la formación de un gobierno, no acabe por afectar gravemente la economía, la financiación pública, las relaciones exteriores y la estabilidad de nuestras entidades bancarias y demás sociedades crediticias, sin cuyo afianzamiento difícilmente pueden, las empresas, emprender las reformas que vienen precisando; no es absolutamente el más adecuado para que, además, el país se vea obligado a enfrentar una amenaza explícita de secesión como la que, precisamente en el día de hoy, ha suscrito el Parlamento de Cataluña, en un desafío directo a las sentencias del TC y a todas las advertencias, tanto del Parlamento Español, como del Gobierno y de los principales partidos políticos constitucionalistas.
Es obvio que, lo que se ha producido hoy en el Parlamento catalán no es una sorpresa para nadie y, si ello ha sido posible, no se debe más que a la abulia, la falta de rigor, la cobardía, la inoperancia y la negligencia con la que, desde el gobierno de la nación para abajo, se ha tramitado todo este proceso que ya lleva años en estado larvario, que se ha venido anunciando claramente por los que han llevado la batuta del independentismo, especialmente del catalán y que ha pasado por fases en las que, sólo una concepción equivocada de quienes debían haber tomado el toro por los cuernos y aplicar los artículos de la Constitución ( 153 y 155) que contemplaban con absoluta nitidez, lo que se debería hacer cuando, una autonomía, se rebela contra la unidad de España y, como ha sucedido en este caso, se declara en rebeldía en contra del ordenamiento jurídico español y la propia Constitución de 1.978.
Fuere como fuere, hemos llegado a un punto tal, a una situación tan deteriorada y a un desafío tan claro y personalizado en diversos miembros del Parlamento Catalán y de los partidos políticos representados en él, que el menor signo de debilidad, la tentación de hacer la vista gorda, tanto por parte del Gobierno central, como del TC y del propio Parlamento de la nación, estimamos que constituiría un acto de negligencia tal; una traición a la patria; una dejación tan manifiesta de sus obligaciones de defensa de la unidad patria; una omisión inexcusable de aplicar los medios coercitivos previstos por la ley para impedir y sancionar, tanto la publicación de la ley local que de pie a esta amenaza a la integridad de la nación española, como las responsabilidades administrativas y penales que les pudieran corresponder a los autores de semejante desaguisado en contra de la unidad de la nación española.
Ahora ya no vale, como han estado haciendo durante muchos meses, hacer como si no se enterasen, buscar soluciones económicas para intentar saciar a estos tragaldabas del separatismo catalán que, evidentemente, en ningún caso han despreciado las ayudas que se les han venido proporcionando ( hasta el 50% de la dotación al FLA para Cataluña) además de otros múltiples apoyos que, como es natural, han venido repercutiendo en el porcentaje que han recibido otras autonomías menos reivindicativas, que han tenido que aceptar la “ley del más fuerte” a pesar de que sus necesidades de ayuda fueran más evidentes; pero eso sí, sin que todas estas concesiones hayan servido para que, los separatistas, renunciasen a ninguno de sus objetivos en los que, como es obvio, han ido invirtiendo parte de las ayudas recibidas del Estado.
Ha llegado el momento de demostrar a los españoles ( especialmente a los que nos consideramos así, viviendo rodeados de separatistas en Cataluña) que al gobierno español y a los partidos constitucionalistas, no les tiembla la mano a la hora de actuar, de exigir responsabilidades, de activar a las fiscalías para que incoen los oportunos expedientes en contra de los culpables de este acto de secesión y de atentado en contra de la integridad del país y los derechos de todos los españoles que, evidentemente, tienen algo que opinar a la hora de que se ponga en cuestión la españolidad de una parte de la nación española. Nadie, ni el Rey ni el Ejército, ni las autoridades centrales o autonómicas puede mirar hacia otra parte cuando, con todo descaro y apelando a una democracia inexistente, anticonstitucional, imaginaria y que choca frontalmente con la que tenemos todo el resto de los españoles, una pequeña parte de los ciudadanos pretenden imponernos sus descabelladas demandas, ignorando que el territorio español no les pertenece y sólo tienen el derecho a ocuparlo y a gozar de él, sin que se puedan atribuir derechos propietarios que, evidentemente, no les corresponden.
Y no nos asustemos si, en el caso de que estos separatistas no quieran aceptar el cumplimiento de la Ley o intenten hacerse fuertes amparados en sus supuestos prerrogativas autonómicas o atribuirse imaginarios derechos de propiedad sobre el suelo catalán, y no se avengan por las buenas a cejar en su actitud levantisca, sometiéndose de nuevo a las leyes españolas, que se tenga que recurrir, como último recurso, a lo establecido en el artículo 8º de la Constitución, si hubiese algún conato revolucionario o, como ha ocurrido en otras ocasiones, los más irreductibles se empeñan en imponernos, a la fuerza, lo que no pueden hacer por las leyes o lo que les está vedado por la Constitución española. Seguramente si, en su momento, antes de que el sentimiento nacionalista hubiera crecido tanto, gracias a la impunidad con la que, los activistas catalanes, pudieron hacer apología de sus ideas separatistas, ante la más completa pasividad de aquellas autoridades que debieron poner coto y aplicar el código penal para acabar con aquellos primeros conatos; España no se encontraría en estos momentos ante la evidencia de que, del problema catalán, pueden derivarse situaciones que pueden requerir adoptar actitudes más serias y con repercusiones más acusadas, que aquellas con las que fácilmente se hubiera acabado con aquellos primeros focos de rebeldía.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, observamos como, en una parte de España, los españoles no tenemos la libertad de actuar como otros conciudadanos, de otras autonomías, pueden hacerlo. No es cierto de que las leyes españolas se respeten en todas España y tampoco que los españoles tengamos derecho a que se nos atienda en castellano o que podamos poner rotulaciones en castellano en los comercios o restaurante catalanes o exhibir nuestra bandera nacional como, por ejemplo, hacen con toda normalidad los ciudadanos americanos con la suya; sin exponernos a ser agredidos, insultados o injuriados por el mero hecho de considerarnos catalanes pero, sobre todo, españoles. Y quien no se lo crea, nada más tiene que tomarse la molestia de venir a pasarse unos días en esta región, por otra parte preciosa y de clima insuperable, del Este peninsular.
José García Domínguez Libertad Digital 28 Julio 2016
Pablo Planas Libertad Digital 28 Julio 2016
EDITORIAL El Mundo 28 Julio 2016
Desobediencia y sedicion.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Julio 2016
La única calificación posible de lo que ha sucedido esta mañana en el Parlamento de Cataluña no puede ser otra que la de Alta Traición. Un acto de desobediencia al Tribunal Constitucional que ha comenzado por la admisión a trámite por parte de la Mesa del Parlamento con una presidenta, Carme Forcadell que ha actuado a sabiendas de que se estaba cometiendo un delito. Porque la Presidencia de la Mesa no puede ampararse en haber realizado las advertencias de que el asunto a tratar era precisamente algo expresamente prohibido por el Tribunal Constitucional. Ya es irrelevante todo lo ocurrido posteriormente, el debate, el proceso de inicio de la votación, la salida de diputados de CIUDADANOS y PPC, la negativa del PSC a votar, la aprobación por Junts pel Sí(CDC y ERC) y la CUP del documento y su inclusión en el diario de Sesiones del Parlamento para su publicación en el Boletín Oficial de la Generalidad.
Lo que no es irrelevante es la respuesta por parte del Gobierno en funciones del PP, al advertir que iba a impugnar esa resolución al Tribunal Constitucional. Esto es innecesario y una irresponsable p´rdida de tiempo, ya que existe una sentencia previa que contemplaba la ilegalidad de cualquier acción dirigida hacia la independencia como la que se acaba de producir. Se trata simplemente de un acto de desobediencia, de insumisión por parte de personas concretas, de diputados de un Parlamento Autonómico declarado en rebeldía de modo oficial. El Gobierno está obligado a hacer cumplir la Ley, la misma que aprobó durante su mandato en la que otorgó poderes ejecutivos al Tribunal Constitucional para asegurar que sus sentencias fuesen cumplidas y no quedasen en papel mojado.
Es evidente que, tras este nuevo desafío a la legalidad, el Gobierno debe devolverla aplicando lo previsto en la Ley. En primer lugar, impedir que el Parlamento de Cataluña y su Gobierno Autonómico sigan violando las leyes de forma unilateral procediendo a la suspensión de todas sus atribuciones constitucionales. Lo siguiente es tomar el control de la Autonomía procediendo a la acusación formal de sedición a todos los responsables de este acto de traición al Estado. El Gobierno de España no puede una vez más acobardarse y refugiarse en su actual situación de precariedad al estar en funciones para no tomar las decisiones firmes y proporcionadas acordes a la gravedad del desafío, del que precisamente sus promotores quieren sacar provecho ante un supuesto “vacío de poder” que les brinda una total impunidad.
Es un momento en el que todas las fuerzas constitucionalistas deben actuar al unísono, sin fracturas ni sectarismos. Hay un claro desafío al Estado de Derecho, una desobediencia que solo puede ser considerada como un acto de sedición al que, si no es cortado de raíz, seguirán otros de igual o superior alcance en esa Hoja de ruta del secesionismo liderado por las tres fuerzas políticas que hoy han impuesto su mayoría parlamentaria para la comisión de este grave delito. Pedro Sánchez ya se ha pronunciado ofreciendo todo su apoyo al Gobierno en funciones del PP y exigiendo que se haga cumplir la Ley. Creo innecesario añadir algo más y sí que se actúe con la celeridad y contundencia que corresponde a este nuevo intento de desestabilización de la democracia y de rebeldía ante la legalidad vigente.
No se puede “marear la perdiz” en un asunto como este, sobre todo cuando ya existen los medios legales para parar en seco a estos golpistas que hace tiempo deberían haber sido neutralizados, detenidos y condenados por sedición manifiesta.
Haría muy mal el PP en “cobardear en tablas” y resistirse a cumplir con su obligación. Ya lo debió hacer cuando no estaba en funciones y ahora tiene una oportunidad de redimirse y demostrar que merece optar a repetir una nueva legislatura, aunque sea en minoría, corta y condicionada. Haría muy mal en renunciar y sucumbir a ese terror escénico que parece dominarle en momentos claves para España.
Jesús Cacho www.vozpopuli.com 28 Julio 2016
Camina o revienta. Es el título de la película dirigida por Vicente Aranda a finales de los ochenta, recreando la vida de Eleuterio Sánchez, más conocido como el Lute, el hijo de una familia merchera que comenzó robando gallinas y terminó en una huida sin fin que solo encontró descanso cuando, en manos de la Guardia Civil, fue a dar con sus huesos en la cárcel durante una buena temporada. Como el Lute, el nacionalismo catalán, proclive a robar aunque no precisamente gallinas, tampoco se puede parar. Es cosa sabida. Camina o revienta. Provoca, agita, desafía la legalidad, engorda la bola de nieve o arriésgate a perder fuelle y desaparecer entre la niebla de tu intrínseca impostura. Todo menos quedarte quieto. Ayer, el Parlamento de Cataluña consumó el mayor acto de desobediencia contra la legalidad constitucional, al aprobar unas llamadas “leyes de desconexión” con España que no pretenden otra cosa que la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Puigdemont suele afirmar entre amigos que “el independentismo ha llegado tan lejos porque en Madrid nunca nos han tomado en serio”. Lógico. El nacionalismo catalán es como esas moscas cojoneras que se empeñan en arruinar una buena siesta playera bajo la sombrilla, al arrullo del ir y venir de las olas. La sensación de hastío que provoca es tan larga, tan lenta, que al final el personal termina por tomar a beneficio de inventario cada uno de los episodios -dos pasitos palante, un pasito patrás- de esta pesadilla por entregas en que se ha convertido el prusés, de modo que cuando en la plaza de San Jaime ocurre algo nuevo, en el resto de España prima la tendencia a considerarlo uno más de los asuntos consuetudinarios que acontecen en la rúa. Esta vez, no. Lo de ayer es ciertamente muy grave y debería tener consecuencias igualmente graves para sus promotores, con independencia de la miserable condición que hoy arrastra esa España varada, encallada en el callejón sin salida de una clase política incapaz de ponerse de acuerdo para formar Gobierno.
Inútil teorizar sobre los intereses contrapuestos que subyacen en ese magma que es el movimiento independentista, o sobre el pulso que en la sombra mantienen los convergentes, ahora apodados no sé qué, con la ERC del pope Junqueras por el control del proceso secesionista, por no hablar de que lo ocurrido ayer responde, además, a la necesidad que ambos, juntos pero no revueltos en JxSí, tienen de hacer un guiño a las CUP para que les permitan superar, sin necesidad de convocar nuevas elecciones autonómicas, la moción de confianza que en septiembre se ha comprometido a presentar el camarada Puigdemont. A tan altas cotas de ridículo ha llegado la derecha conservadora y nacionalista convergente, esclava hoy de la voluntad de un pequeño partido revolucionario anticapitalista y antisistema. Democracia a la catalana llevada al éxtasis. Lo que sí es relevante, como sustancial elemento diferenciador, es enfatizar el papel desempeñado ayer por la tropa convergente, con Jordi Turull, portavoz del grupo parlamentario de JxSí, a la cabeza, como agitador e impulsor del desafío independentista al Tribunal Constitucional.
Hasta ahora, todos y cada uno de los “pasitos palante” del secesionismo han tenido un cierto aire de realidad impostada, un argumento que le servía de coartada capaz de poner en solfa el desafío a la legalidad. Ninguna de las decisiones adoptadas “en nombre del pueblo catalán” por los 72 diputados independentistas que representan al 47% del voto, contravenían, o tal decían, la legalidad constitucional. Esa ficción saltó ayer por los aires. Inmediatamente después de que Turull solicitara la ampliación del orden del día para aprobar las citadas “leyes”, los letrados del Parlament hicieron llegar un escrito a su presidenta, Carme Forcadell, incidiendo en el “significado y las implicaciones” de desafiar al TC, al punto de que la señora, 180.000 euros año y pensión vitalicia, se dirigió a sus conmilitones preguntándoles si eran "conscientes" de la iniciativa que iban a tomar. “De lo que somos conscientes es del mandato democrático del 27 de septiembre”, replicó el valiente Turull, que se refugió en un artículo de ese Estatut del que reniega según el cual “los miembros del Parlament son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Durante su mandato tendrán inmunidad a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito”.
El momento de máxima debilidad de España
El tal Turull (“No admitimos ninguna amenaza”) fue más lejos al vapulear al portavoz de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela, al que espetó: “El intento para encontrar excusa para no votarlas es bueno, pero no cuela; ustedes han estado solicitando hacer una revolución con el permiso de la autoridad competente… ¡Mucho puño alzado, mucha camiseta, mucha pancarta, pero a la hora de la verdad mucha cagalera!”. Tal cual. Y esto lo hace Convergencia, el grupo político al que el Gobierno en funciones de Mariano Rajoy quiere dotar de grupo parlamentario propio en el Congreso, y, si se deja, que se dejará a cambio de un buen puñado de dólares, a meterse con él en la cama con tal de que le permita seguir llevando la manija en Moncloa. Es evidente que en la clase política catalana existe una minoría dispuesta a hacer realidad en la sombra el tan esperado choque de trenes, y hacerlo ahora mismo, mejor hoy que mañana, convencidos como están de que en desbarajuste actual, en el grado de máxima debilidad en que hoy se encuentra eso que llamamos España, no hay en el horizonte mesetario arrestos morales ni voluntad política, ni asomo de patriotismo, siquiera democrático, para aponerse al atropello que supone el intento de una minoría de desgajar España.
El secesionismo catalán, como cualquiera de los punch golpistas que en el mundo han sido, como el intento de golpe de Estado turco, tan reciente, es intrínsecamente violento en tanto en cuanto solo puede prosperar en la ilegalidad, en un marco de ruptura de la legalidad constitucional. A ese desafío se enfrenta la clase política española y un Gobierno obligado a solicitar de inmediato la anulación de lo aprobado ayer en el Parlament, con la propia Fiscalía actuando de oficio contra su presidenta, como primera providencia, por desacato. Como alguien escribió en un ya lejano 1905 a propósito de unos incidentes ocurridos en Barcelona, “a la vehemencia de los impotentes rabiosos se ha de oponer la calma reflexiva de los fuertes”. Se trata de cumplir la ley y hacérsela cumplir, con todas sus consecuencias, a quienes amenazan acabar con el periodo de paz y prosperidad más largo que ha conocido la historia de España, que no otra cosa supondría la independencia de Cataluña, ello en el convencimiento de que esta batalla, la batalla de la unidad de España, solo se ganará a plazo largo si los españoles somos capaces de embarcarnos en un radical proceso de regeneración democrática y de saneamiento de las instituciones. Casi nada para un PSOE desaparecido en combate y para una derecha que, carente de cualquier clase de principios, ha terminado incluso perdiendo la vergüenza.
Grave ataque del Parlament a la democracia española
Editorial La Razon 28 Julio 2016
Si no se cumple la Ley, no hay democracia. No hay otro principio por el que debamos conducirnos en un Estado de Derecho. Quien quiera saltárselo de la manera que sea, haciendo uso de la coacción o reconociendo sólo la soberanía de una parte de la nación, debe saber que está atacando gravemente el orden democrático y, en consecuencia, los tribunales de justicia deben actuar. No estamos en una dialéctica entre legitimidades, la del pueblo catalán frente a la del pueblo español, sino ante la quiebra de un país y, con él, de la soberanía nacional, que recae en sus ciudadanos, incluidos los catalanes. En este debate ficticio no vamos a entrar ahora, pero conviene recordar que ninguna nación democrática aceptaría en su propio seno que una parte de ella se independizase haciendo valer su legitimidad en contra de la del conjunto del país. España es un país democrático y no lo debe permitir. El Parlament de Cataluña dio ayer un paso más, el más grave si cabe: la aprobación de la «desconexión» unilateral del resto de España. Supone, además, un desafío sin paliativos al Tribunal Constitucional, que advirtió, en una resolución del pasado día 19, tras la finalización del trabajo de la Comisión de Estudio y Proceso Constituyente creada en la Cámara catalana con tal fin, de que ésta no debería servir para detallar el plan unilateral de independencia. Por otra parte, y lo que es un desprecio sin precedentes, desobedece la sentencia del Alto Tribunal por la que anulaba y declaraba inconstitucional la resolución del Parlament del 11 de noviembre según la cual se ponía en marcha el proceso de separación «como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015». Si en aquella ocasión la mitad de Cataluña rompía con la democracia española por tan sólo 72 votos frente a 63, la decisión de ayer persiste en su intención de fracturar la sociedad catalana: ni un voto más a favor de los independentistas –sólo los de JxS y la CUP– frente a la negativa de la mayoría de grupos a participar en esa burla a la legalidad. La sesión fue un ejemplo del uso que el independentismo está haciendo de las instituciones y, en concreto, de la Cámara, puesta a su servicio gracias a la falta de imparcialidad de la presidenta Carme Forcadell, que se empeñó en llevar al pleno una votación que ignora la sentencia del TC, por lo que puede hablarse abiertamente de «fraude de ley».
La elección de la fecha de la aprobación del inicio de la «desconexión» para que coincida con las consultas del Rey para la investidura de presidente del Gobierno ha dejado claro que el papel del nacionalismo catalán en la política española es meramente instrumental para su estrategia secesionista, y, por otro lado, ha evidenciado que es necesario tener en estos momentos un Gobierno fuerte que haga frente a este desafío. Las fuerzas constitucionalistas deben cerrar filas en torno a la legalidad democrática y la unidad territorial y, sobre todo, evitar que este conflicto sea utilizado para dividir este consenso. El independentismo persigue la debilidad del Estado y de sus instituciones y el descrédito de los partidos, y basa su esperanza de alcanzar sus objetivos en transmitir la idea de que España es un país ingobernable, sin proyecto e incapaz de estar a la altura de nuestro socios europeos. El mensaje de que «España es un mal negocio», o de que impide el desarrollo de Cataluña, forma parte de los lemas publicitarios lanzados por los mesías del «proceso», y hay que rebatirlo con los hechos. Urge, por lo tanto, acabar con la inestabilidad política y formar Gobierno. La vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado que el Gobierno decidirá mañana presentar ante el TC un incidente de ejecución contra la resolución del Parlament. Hay que partir del hecho de que la aprobación de la ruptura unilateral supone, según los planes de los secesionistas, un largo trámite situado fuera de la legalidad: la aprobación de «leyes de desconexión», convocatoria de una «Asamblea Constituyente», refrendo de dicha constitución... Está claro que este plan o se anula por parte del TC o abrirá un periodo de gran inestabilidad en todo el país. Nada más aprobarse el Brexit, muchos de los que en aquel referéndum votaron alegremente a favor de la salida de Reino Unidos de la Unión Europea reconocieron su arrepentimiento y su ignorancia de las consecuencias, además de admitir que habían sido engañados por los que querían «liberar a Reino Unidos del control de la UE». Para algunos catalanes, España representa lo mismo que Europa para algunos británicos. La propaganda separatista sólo crea monstruos.
Pablo Sebastián Republica 28 Julio 2016
Entre las ‘habilidades técnicas’ que se utilizan en los golpes de Estado figura la imagen del ‘vacío de poder’ como el momento propicio para desbordar la legalidad e imponer una dictadura por encima de la ley. Así lo hicieron en España los golpistas del 23-F, Suarez había dimitido y Calvo Sotelo no había sido investido presidente cuando Tejero entró en el Congreso de los Diputados y secuestró al Gobierno y a todos los diputados del país con la intención de poner al general Armada como el presidente de la nación, lo que afortunadamente no prosperó.
Estamos ante una grave decisión que, al margen de los recursos legales que han de conducir a la suspensión de sus funciones de la presidenta del Parlamento Catalán y de los miembros de la Mesa que aprobaron la propuesta luego votada en la Cámara catalana, constituye un paso mas reiterado, recalcitrante y desafiante que merece una respuestas clara y contundente del Estado como lo sería la suspensión del Estatut catalán.
Todo lo demás ya se ha ensayado, probado, recurrido y condenado en el marco legal español y la consecuencia de la larga vía legal solo ha servido para recalentar los ánimos en pos del enfrentamiento entre el independentismo catalán (que sustentan ciertos poderes económicos de Cataluña) y el Estado. Lo que debe conducir lo antes posible a un punto y a parte o punto final, con la intervención de la instituciones catalanas. Las que por cierto están necesitadas de una seria auditoria que ponga a flote el inmenso pantano de la corrupción de los partidos secesionistas.
Todo lo demás son paños calientes que dejan en la indefensión mas absoluta a mas de la mayoría de la sociedad catalana y al conjunto de la sociedad española que asiste perpleja a semejante espectáculo. El que se suma a la crisis institucional española en la que el nuevo desafío de los secesionistas catalanes puede tener un impacto decisivo a favor de la formación rápida de un gobierno de amplia base y estable que esté en condiciones de abordar la rebelión catalana y los graves problemas económicos, sociales e institucionales que tiene España.
Así debería ser y si fuera posible con la presencia en el Gabinete de los representantes del PP, PSOE y C’S lo que daría estabilidad y la máxima fuerza política a las decisiones que el nuevo Gobierno deberá tomar. Y que en el caso catalán han ser contundentes visto el olímpico desprecio de los dirigentes secesionistas catalanes al Tribunal Constitucional y a la legalidad. Lo vimos durante la consulta del 9N que ni el Gobierno ni el TC se atrevieron a prohibir y de esos lodos consentidos estos polvos de la rebelión abierta y frontal que ahora tenemos que abordar.
Bla-bla-bla, ante el mayor desafío político al Estado
José Oneto Republica 28 Julio 2016
Con el Tribunal Constitucional de vacaciones después de haber celebrado la semana pasada su último pleno del curso político; en pleno periodo de consultas reales para encontrar una salida al actual bloqueo político; mientras se intenta encontrar un cierto consenso para elegir un candidato a la investidura y, en pleno desconcierto por una situación política que cada día se complica más y más, el Parlamento catalán, en un acto de desafío al Estado y al propio Tribunal Constitucional, ha aprobado este miércoles, gracias a los votos de Junts Pel Si (JXSi) y el partido antisistema CUP (Candidatura de Unidad Popular), el inicio del proceso de desconexión de Cataluña de España, dando luz verde a las conclusiones de la Comisión d´Estudi del Procés Constituent.
Esas conclusiones, según advertía recientemente el Constitucional a la Mesa del Congreso, se oponen frontalmente a la anulación que el propio Tribunal hizo de la declaración aprobada por el Parlamento catalán el 9N, especialmente en lo que se refiere a las leyes de “desconexión” de la legalidad vigente, la formación de una Asamblea Constituyente autónoma que no puede ser controlada por ningún otro poder, así como la elaboración de una Constitución catalana (que está siendo redactada desde hace meses) que sería sometida a Referéndum junto con la separación de Cataluña de España, en un proceso de independencia.
Las conclusiones aprobadas y ratificadas este miércoles en el Parlamento catalán, incluyen igualmente el reconocimiento del derecho a decidir, la solicitud del aval internacional para el proceso independentista catalán, la aprobación de las Leyes de desconexión con España y el inicio de ese proceso constituyente que deberá constar de tres fases, según la comisión. La primera, “un proceso participativo”; una segunda fase de “desconexión con el Estado español y convocatoria de elecciones constituyentes para formar una Asamblea Constituyente”; y una última fase de “ratificación popular a través de un referéndum”.
Todo un desafío del Parlamento catalán al Estado, en el momento en que, evidentemente, hay un vacío de poder, un gobierno en funciones y un rechazo generalizado a la actuación de los partidos políticos, que han sido incapaces de formar un gobierno después de 220 días. De la votación en el Parlament se han ausentado el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC (Partido Socialista de Cataluña). Catalunya Si es que Pot, ha votado en contra con lo que todo ese proceso de desconexión se ha aprobado por 72 votos a favor y 52 en contra.
La gravedad de lo ocurrido en el Parlamento catalán (y sorprende que no haya sido el propio presidente del Gobierno Mariano Rajoy el que haya comparecido ante la opinión pública, sino la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, después de reunir a la Comisión de subsecretarios y secretarios de Estado) no sólo estriba en ese choque de trenes que se ha producido en contra de la legalidad vigente, y la desobediencia reiterada a los requerimientos del Constitucional, sino que, y es lo más grave, que el Parlamento catalán se ha colocado fuera de la Ley, en la más clara ilegalidad.
Ante la gravedad de la situación (“dijimos que el Gobierno no iba a dejar pasar ni una”, ha dicho Santamaría en una declaración institucional), el Consejo de Ministros de este viernes volverá a aprobar un acuerdo “para autorizar a la Abogacía del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un “incidente de ejecución de sentencia contra la resolución aprobada por el Parlament”. ¿Se corresponde ese “incidente de ejecución de sentencia” con la gravedad de lo que está pasando? ¿Es eso “no dejar pasar ni una”? ¿Es lógico que mientras se preparaba ese “golpe institucional” en el Parlament, el Partido Popular, trataba de convencer a todos de que había que conceder grupo parlamentario a Convergencia de Catalunya (perteneciente a Junts Pel Si), después de haber contribuido con su incomprensible abstención a la elección de la nueva Mesa del Congreso de los Diputados, un auténtico disparate político que, además, suponía la concesión de más de tres millones de euros a los Convergentes?
Es decir, no dejar pasar ni una, y Bla-bla-bla como respuesta.
Desobedecen una interlocutoria del Tribunal Constitucional y votan la "desconexión" del resto de España.
Pablo Planas (Barcelona) Libertad Digital 28 Julio 2016
El Parlament está "fuera de la ley". Esa fue la expresión utilizada por los diputados de la oposición para describir el suceso, la votación de una resolución separatista de la "comisión de estudio del proceso constituyente". Los diputados de Junts pel Sí y la CUP, así como la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, y el gobierno autonómico en pleno han llevado a cabo un acto de desobediencia explícita al Tribunal Constitucional. El desafío continúa, pero este último episodio supone un punto y aparte en el proceso, dada la ostentación en la desobediencia.
A partir de ahí, Lluís Llach, presidente de dicha comisión, y Marta Rovira, la republicana portavoz adjunta de Junts pel Sí, tomaron la palabra para defender la resolución, mientras el resto de los grupos denunciaban la "farsa parlamentaria", en palabras del presidente del grupo popular, Xavier García Albiol. Inés Arrimadas, de Ciudadanos, se mostró particularmente dura y activa. Ambos anunciaron que se ausentarían de la cámara durante la votación para no participar de la ilegalidad. El socialista Miquel Iceta mostró su preocupación por el carácter "antidemocrático" de la hoja de ruta y la creación de una "asamblea constituyente" no sujeta a ningún control.
"Teología de la desconexión"
Cuestión de confianza, el 28 de septiembre
Por otra parte, Carles Puigdemont anunció que se someterá a la cuestión de confianza el 28 de septiembre. ERC prefería que ese debate se llevara a cabo antes del 11 de septiembre.
Lo advierte José Bou
Empresarios catalanes acusan al Parlament de lesionarlos gravemente
R. Moreno Gaceta.es 28 Julio 2016
Empresaris de Catalunya (EC), asociación empresarial favorable a que Cataluña forme parte de España, destaca que estamos frente a “un cóctel económicamente letal, basado en prevaricación institucional por parte del Parlament e ingobernabilidad por falta de gobierno a nivel nacional, que lesiona gravemente los intereses de las empresas catalanas”.
La plataforma ha lanzado este martes un comunicado en el que su presidente, José Bou, advierte de que no es admisible que el Parlamento catalán lleve a votación las conclusiones de la comisióndel proceso constituyente, y a la vez pretenda que los catalanes sigan cumpliendo las leyes que emanan de la cámara catalana.
Empresaris de Catalunya destaca que “situarse voluntariamente fuera de la Ley no solo es un delito, especialmente inaceptable cuando el mismo surge de un Parlamento, sino que también es un acto de descrédito que provoca la auto inhabilitación de dicho Parlamento como institución representativa de todos los catalanes”.
Cabe recordar que catalanes leales a España vienen avisando desde el pasado octubre de que se declararían insumisos ante cualquier decisión adoptada por los separatistas catalanes que no respete la Constitución. Primero, se lo hicieron saber a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a través de una misiva que puede leer pinchando aquí. En noviembre, se movilizaron en la Plaza de Sant Jaume de Barcelona, convocados por el Movimiento Cívico d’ Espanya i Catalans y Somatemps.
Además, Empresaris de Catalunya también ha alertado de que el 87% de los empresarios consultados por la plataforma se plantearía trasladar su negocio fuera de Cataluña si el gobierno catalán continúa con el procés. La entidad realizó una encuesta entre sus casi 400 socios y simpatizantes durante la primera semana de campaña electoral, que también reveló que ni uno sólo ve viable política y económicamente el proceso de desconexión que ha iniciado el Gobierno de la Generalitat y que el 98% cree que éste ha afectado a la reputación de Cataluña en el resto de España y en la UE.
Para Bou, “estamos frente a situación insólita en la que los líderes políticos nacionales parecen no ser conscientes de la fragilidad de los mimbres que permiten el mantenimiento de la recuperación económica ni de la grave situación que vive España como nación como resultado del desafío constante de los separatistas”.
La plataforma pide una actuación firme de las instituciones del Estado, como el Tribunal Constitucional, garantizando los derechos de los catalanes frente a la arbitrariedad de su gobierno autonómico. A la vez, reclama sentido de Estado a los grandes partidos y que con la máxima celeridad pacten un gobierno que dé señales claras de estabilidad y proyecto tanto a inversores, como a instituciones europeas, que pueden evitar que la economía y con ella la actividad empresarial entren en un enfriamiento lamentable en otoño como ya señalan muchos indicadores.
Eva Moreno El Confidencial 28 Julio 2016

References: artículo 8
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