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Timestamp: 2020-06-06 21:13:58+00:00

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FUNDACION INSTITUCIONALIDAD Y JUSTICIA (FINJUS) - FINJUS analiza la Resolución de la JCE recogida en el Acta No. 12-2018 que ordena la suspensión de todas las actividades proselitistas de los precandidatos a las elecciones del 2020
FINJUS analiza la Resolución de la JCE recogida en el Acta No. 12-2018 que ordena la suspensión de todas las actividades proselitistas de los precandidatos a las elecciones del 2020 Featured
26 junio 2018.- La Junta Central Electoral (JCE) ha emitido una Resolución, recogida en el Acta No. 12-2018, ordenando la suspensión de todas las actividades proselitistas que se encontraren realizando dirigentes de los partidos políticos con pretensiones de ser candidatos a posiciones electivas en las elecciones generales del año 2020, que ha generado un importante debate jurídico-político que se refleja cotidianamente en los medios de comunicación.
“…en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 212 de la Constitución de la República y leyes vigentes, conminar a todos los ciudadanos y dirigentes de los partidos políticos nacionales con pretensiones de ser candidatos (as) a posiciones electivas en las Elecciones Generales que serán celebradas en los meses de febrero y mayo del año 2020, suspender en un plazo de cinco (5) días, contados a partir de la presente publicación, todas las actividades proselitistas que incluyan: movilización de personas en la vía pública, ya sea mediante caminatas o marchas y caravanas en vehículos de motor, despliegue de propaganda en medios de comunicación, utilización de vallas con imágenes alusivas a candidatos en calles, carreteras y espacios públicos, así como el uso de altoparlantes emitiendo consignas alusivas a las indicadas aspiraciones personales[1].”
Párrafo IV.- La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento. En consecuencia, tendrá facultad para reglamentar los tiempos y límites en los gastos de campaña, así como el acceso equitativo a los medios de comunicación[2].”
“f) Disponer cuantas medidas considere necesarias para resolver cualquier dificultad que se presente en el desarrollo del proceso electoral, y dictar, dentro de las atribuciones que le confiere la ley, todas las instrucciones que juzgue necesarias y/o convenientes, a fin de rodear el sufragio de las mayores garantías y de ofrecer las mejores facilidades a todos los ciudadanos aptos para ejercer el derecho del voto. Dichas medidas tendrán carácter transitorio y sólo podrán ser dictadas y surtir efectos durante el período electoral de las elecciones de que se trate[3]”.
“i) Modificar, por medio de disposiciones de carácter general, pero únicamente para una elección determinada, los plazos que establece la presente ley para el cumplimiento de obligaciones o formalidades, o para el ejercicio de derechos, ya sea en el sentido de aumentar o en el de disminuir los plazos, cuando, a su juicio, fuere necesario o conveniente para asegurar más eficientemente el ejercicio del derecho del sufragio[4].”
La respuesta a esta interrogante debe llevarnos a ponderar la doctrina y la jurisprudencia internacional al respecto, en situaciones jurídico-político institucionales similares. En ese sentido, en el año 2008, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, expresó que “Salvo algunos derechos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia, como el derecho a no ser objeto de tortura o de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los derechos humanos no son absolutos. Los derechos políticos no son absolutos, por lo que pueden estar sujetos a limitaciones, siempre que dicha reglamentación observe “los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática[5]”.
En la misma dirección, la Corte explicó que “Los Estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean razonables de acuerdo con los principios de la democracia representativa[6].”
Para que la posibilidad de regulación por parte del Estado en el ámbito de la participación política, en este caso de la JCE, goce del principio de la Razonabilidad, y específicamente que pueda restringir derechos en el marco de la esfera política se requiere que se consideren tres criterios claves, expuestos por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para la CIDH, “son tres entonces los criterios que usa [la Corte IDH] para determinar si una medida restrictiva es necesaria en una sociedad democrática: si la misma satisface una necesidad social imperiosa, es decir, si está orientada a satisfacer un interés público imperativo; si es la que restringe en menor grado el derecho protegido; y si se ajusta estrechamente al logro del objetivo legítimo[7]”.
Concordamos con la CIDH en el sentido de que es importante que, “exista una equitativa representación de los partidos políticos, y con ello de los “necesarios controles institucionales que permiten garantizar la pureza de los actos electorales[8]”, así como también, “que ofrezca garantías de una actuación imparcial. La CIDH ha atribuido a la falta de confianza en el funcionamiento del sistema como la causa de la escasa participación electoral del ciudadano[9]”.
[1] Junta Central Electoral. Acta No. 12-2018 de fecha 20 de junio del 2018. Santo Domingo, Rep. Dom. Subrayado y resaltado nuestro.
[2] Constitución. Artículo 212. Año 2015. República Dominicana. Subrayado nuestro.
[3] Ley Electoral No. 275-97. Artículo 6, atribuciones administrativas, literal f. República Dominicana. 1997. Subrayado nuestro.
[4] Ibídem. Artículo 6, atribuciones reglamentarias, literal i. Subrayado nuestro.
[5] Véase Caso Castañeda Guzmán. Sentencia Corte IDH. 50-1, párr. 174. 2008. Subrayado nuestro.
[6] Corte IDH. 2005b, 91, párr. 207.
[7] Informe 8/91, CIDH 1991b, párr. 51
[8] Informe Paraguay, CIDH 1987, párr. 106
[9] Informe Panamá CIDH 1989

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 212
 Artículo 212
 Artículo 6
 Artículo 6