Source: http://antiokupas.blogspot.com/2010/01/
Timestamp: 2018-02-24 22:09:24+00:00

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En este País de "sálvese el que pueda", donde solemos contemplar con cierta indiferencia el mal ajeno, cuando nos sentimos a salvo del mismo o tememos, por el contrario, que pueda alcanzarnos de algún modo, si nos entrometemos para evitarlo, no hemos llegado a esta situación de indignidad y apatía moral, por casualidad; sino mas bien inducidos por el ejemplo de nuestra clase dirigente, más preocupada por mantener el culo en sus poltronas que por velar por el efectivo cumplimiento de las leyes y normas que ellos mismos han aprobado y por defender los derechos que aquellas reconocen a los ciudadanos; quienes, a fin de cuentas les pagan el sueldo, a cuenta de sus impuestos.
Semejante actitud de avestrucismo ante todos aquellos problemas que no nos afectan directamente, no puede conducir mas que al lento suicidio de un país, desangrado por la rapiña y la demagógica inoperancia de buena parte de sus clases dirigentes y por el consiguiente crecimiento de una pléyade de parásitos sociales y delincuentes del más variado pelaje.
El problema de los okupas y la actitud ante el mismo, tanto de la ciudadanía en general como de nuestros gobernantes, en particular, no es sino uno de tantos ejemplos de lo anterior.
Las okupaciones de inmuebles, se están incrementando día a día, de tal manera que están comenzando a incorporarse a la rutina diaria, y apenas suscitan el interés de nadie, salvo que suceda algo excepcional, añadido a la misma okupación, o que, de alguna manera, las consecuencias de aquellas nos alcancen o lleguen a afectarnos personalmente en algún modo o medida.
Sin embargo, para todos aquellos que, aún sin justificarlas, contemplan las okupaciones simplemente como algo que solo les pasa a los otros, hay que advertir, y lo digo, por experiencia propia, que es una situación de la que, como el cáncer o cualquier otra enfermedad, nadie, que tenga un inmueble, está a salvo. Especialmente, si por cualquier razón no habita en el mismo permanentemente.
Pero incluso habitando permanentemente una vivienda, pueden sufrirse también, de manera indirecta, las consecuencias de la plaga okupa. Y ello, sin necesidad de ser etiquetado previamente como “especulador”, como habitualmente hacen los integrantes del movimiento okupa con los propietarios, para blindar moralmente sus acciones ante el posible rechazo social.
Dentro del movimiento okupa, los vecinos del Patio Maravillas ya conocieron, en propia carne, las nefastas consecuencias de convivir con integrantes del movimiento okupa en su vecindad. Y pudieron contarlo.
Quienes han estado a punto de no poder contarlo han sido los vecinos de los okupas del número 39 de la calle del Carmé en el barcelonés barrio del Raval .
En entradas anteriores de este blog hemos alertado del alto riesgo de incendio para los vecinos de las inmediaciones de edificios okupados; a lo que hay que añadir, las escasas, por no decir nulas, posibilidades de los perjudicados por dichos incendios de ser indemnizados por los responsables de los mismos. Pues bien, según las informaciones recogidas en diferentes medios periodísticos, ( 1, 2 ) el pasado día 24 de este mes de enero, se produjo un nuevo incendio en un edificio sito en el número 39 de la calle del Carmé, en el barcelonés barrio del Raval. Aunque las causas directas del inicio del fuego, no han sido hechas públicas, si se sabe que se originó, según fuentes periodísticas, sobre las 18,00 horas en el piso 1º 1ª de dicho edificio.
A pesar de la espectacularidad del fuego, la rápida y eficaz intervención de los bomberos evitó que se produjeran heridos, si bien los habitantes del edificio han tenido que ser desalojados de sus viviendas. Sin embargo el hecho sacó a la luz pública la incontrolada situación de los okupas habitantes del piso, al parecer convertido en piso patera, donde se hacinaban, sin control alguno, gran número de jóvenes inmigrantes magrebíes, cuyas actividades delictivas eran de dominio público para los vecinos, de las proximidades quienes incluso habían sufrido sus consecuencias, desde que hace unos dos años se instalaron ilegalmente en el edificio. La mayoría de dichos jóvenes okupas, según el Diario ABC, habían sido tutelados durante su minoría de edad por las instituciones protectoras de menores, resultando abandonados a su suerte al llegar a la mayoría de edad.
Según el desesperado dueño del inmueble, en el que además habitan un estudiante y una familia, que pagan su alquiler, y que se encuentran hartos de denunciar la situación sin resultado positivo alguno, la okupación dura desde hace unos dos años; siendo la última okupación en agosto de 2009, ( tras dos desalojos anteriores ) cuyo desalojo todavía se encuentra pendiente de resolución judicial.
Todo ello sirvió para que la Concejal de CIU en el Ayuntamiento de Barcelona, Mercé Horns aprovechase para denunciar públicamente la existencia de centenares de denuncias y solicitudes de inspecciones de pisos vacios, o semiabandonados y locales cerrados desde hace años utilizados para actividades ilegales, pisos patera o sobreocupados, o simplemente okupados, que minan la convivencia de numerosas comunidades de vecinos en el distrito de Ciutat Vella.
El Partido Popular, para no ser menos, a través de su l portavoz adjunto Alberto Villarasa, apuntó como medida adoptar un "control desde el padrón de los pisos sobreocupados", denunciando que "los complejos para actuar frente a ciertos colectivos" convierte a los vecinos en perjudicados; al tiempo que proponía la puesta en marcha de un "plan para acabar con los problemas de convivencia, delincuencia y narcotràfico en el barrio".
Mientras tanto las noticias periodísticas dan a entender que nadie ha sido detenido por tales hechos, ni siquiera que se haya iniciado expediente alguno para expulsar a su país a los okupas incendiarios, quienes, para mas cachondeo, es muy probable, que se encuentren en España en situación ilegal. ¿Quién da más?
El buenismo angelical aplicado tanto en política migratoria, como en la de menores, y en la política antiokupas, han demostrado su patente fracaso; A pesar de ello, nuestros políticos en lugar de corregir el rumbo, para adecuarlas a la realidad, siguen erre que erre endosando las consecuencias de las mismas a los ciudadanos, acostumbrados desde tiempo inmemorial a sufrir estoicamente, en silencio la almorrana de la ineficacia política y judicial, en estos tres ámbitos.
¿Que desgracias tendrán que suceder antes de que se pongan las pilas?
NOTA .- Recién finalizado el texto de esta entrada acabo de leer la noticia de un nuevo incendio protagonizado por okupas en un inmueble del Paseo de la Estación de Salamanca, con el resultado de una persona intoxicada por humo, aunque al parecer su estado no reviste gravedad. Ver la noticia AQUI
Publicado por Nerjeño en miércoles, enero 27, 2010
Cada día resulta más evidente la necesidad de acometer una reforma legal que sancione con mayores penas las okupaciones de propiedades inmobiliarias y que agilice los desalojos de los okupas invasores. Pero ante la pasividad de nuestros políticos para encarar el problema y la timidez y falta de medios de nuestros jueces para aplicar eficazmente las leyes en vigor, resulta evidente que la toma de conciencia de nuestra clase política, respecto del problema de la okupaciòn solo se producirá cuando, al igual que ha sucedido con la inmigración ilegal y el discurso populista del “papeles para todos”, este les explote en sus mismas narices. Algo parece que está empezando a suceder; si bien todavía no ha alcanzado el nivel suficiente para que nuestros políticos decidan pasar a la acción y comiencen a poner en su sitio a los okupas.
El problema de la okupaciòn, que lleva camino de convertirse en nuevo deporte nacional, está afectando cada día más, no solo al indefenso ciudadano de a pié, sino también, y de forma cada vez más directa, a las distintas administraciones públicas.
Son bien conocidas las okupaciones de viviendas de protección oficial, que tienen lugar, tanto cuando estas después de terminadas están a la espera del trámite de adjudicación al beneficiario, como, cuando por cualquier otra causa resultan desocupadas por un tiempo. Y ello, con el consiguiente coste para las administraciones; y en consecuencia, para todos los contribuyentes, bien a través de la contratación de servicios de seguridad privados o bien mediante el empleo de los medios necesarios para lograr el desalojo. Todo ello sin contar con los costes de reparación de desperfectos en las viviendas, que normalmente nunca paga el okupa insolvente, o con la injusta privación del derecho del beneficiario adjudicatario, durante el tiempo que dura la okupación.
Pero no solo las viviendas de protección oficial sufren los ataques okupas.También puede ocurrir con cualquier otro edificio que provisionalmente resulte desocupado y cuyo destino final se encuentre pendiente de cualquier decisión administrativa o judicial.
Esto último lo saben bien el Ministro de Fomento y el alcalde del pueblo coruñes de Oleiros, según la noticia que publica el diario digital “laoponioncoruña.es”
Según dicho diario, el Ministerio de Fomento aprobó una actuación de ampliación y mejora de la seguridad vial en la carretera N-IV a su paso por el Municipio de Oleiros, consistente en duplicar el número de carriles y construir varias rotondas.
Con tal motivo procedió a la expropiación de 72 casas, situadas en los bordes de la carretera, cuyo justiprecio fue pagado a sus propietarios procediendo a su desalojo, entre el mes de julio y septiembre de 2009.
Sin embargo el derribo quedó paralizado, debido a que cuatro de las casas estaban protegidas al estar incluidas en el catálogo del Plan General de Ordenación Municipal, por su interés histórico, artístico y arquitectónico.
Para solucionar este escollo legal, el Pleno del Ayuntamiento de Oleiros aprobó inicialmente, en abril de 2009, una modificación puntual del Plan General, para descatalogar las citadas viviendas y eliminar su protección antes de proceder al derribo.
Por su parte, la Consellería de Medio Ambiente, resolvió en julio del mismo año que una de las casas, que tenía protección integral (un grado de protección más elevado) no era necesario que fuera sometida al trámite de evaluación ambiental estratégica. Sin embargo antes de que el Ayuntamiento hubiese resuelto el último trámite de aprobación definitiva, todavía pendiente a día de hoy, que daría vía libre para la ejecución de los derribos, los okupas, que no entienden de complejidades burocracias, entendieron, en cambio, que las casas estaban abandonadas y procedieron, sin más preámbulos ni dilaciones, a instalarse en varias de ellas, haciendo prevalecer su interés particular, sobre el bien común.
Con lo cual, la burocracia, ya de por sí complicada, aún se complicará un poco más. Así el último trámite, previo al necesario derribo de las casas que permita el inicio de los trabajos, ya no será la aprobación definitiva de la descatalogación por el Ayuntamiento de Oleiros, sino el permiso de los okupas instalados en las mismas o, en su defecto la orden judicial de desalojo. Y es que el Ministerio de Fomento se ha topado con el nuevo poder fáctico emergente de los okupas, con el que, de seguir así las cosas, habrá que empezar a contar en el futuro, como un trámite administrativo mas.
Publicado por Nerjeño en miércoles, enero 20, 2010
España, se define en el apartado primero del artículo 1 de la Constitución como, ”Estado Democrático y de Derecho”, considerando la Justicia, entre otros, como uno de sus valores superiores.
En consonancia con lo anterior establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan, al igual que la Justicia, todos los poderes del Estado.
Esto que en plano teórico suena muy bien, no soporta la más mínima confrontación con la realidad.
En primer lugar porque la expresión “el pueblo español”, como depositario de la Soberanía Nacional del que emanan, la Justicia y todos los poderes del Estado, es una pura entelequia. Y por ello tan irreal como amorfa y acéfala. No en vano, tan vago concepto, no aparece definido ni en la Propia Constitución ni en ninguna otra norma.
Además de lo anterior, la función política de ese indefinido “Pueblo Español”, equivale,en el plano teológico, a la del Dios creador que da vida al nuevo mundo político democrático;que a partir de ese momento, crece se desarrolla y evoluciona de forma independiente, en el marco de las “Tablas de la Ley” de esa “Nueva Alianza”, representada por nuestra Constitución. A partir de ahí, una curia política y judicial, a quienes se encomienda el pastoreo del rebaño soberano, interpreta y gestiona con amplios poderes el no menos amplio y ambiguo contenido de esas “tablas de la Ley”, rigiendo la vida y destino del mismo, mediante un revival postmoderno de despotismo ilustrado.
Es precisamente en este punto, donde comienza a manifestarse la divergencia entre los valores y principios constitucionales y las leyes que supuestamente deben hacerlos efectivos; Entre estas y su interpretación. Entre su interpretación y la aplicación al caso concreto. Y finalmente entre esta y la efectiva restauración del Orden Jurídico perturbado por el incumplimiento de las mismas. En suma entre la teoría político-jurídica y la realidad cotidiana.
Podrían contarse por decenas los ejemplos con que podríamos ilustrar la anterior afirmación. Pero dado que este Blog Antiokupas, trata de denunciar la situación de las víctimas de okupaciones ilegales, vamos a centrarnos exclusivamente en este problema.
El artículo 33 de nuestra Constitución reconoce el derecho a la propiedad privada, dentro de su Título I : “De los derechos y deberes fundamentales” .
Con independencia de otras acciones incardinadas dentro del Derecho Civil, el Código Penal establece, en su título XIII ( Delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico” diversos delitos encaminados a proteger aquel derecho de sus ataques más graves. Regulando en su capítulo V como delitos de Usurpación determinados ataques a la propiedad inmobiliaria. Y ya dentro de estos, en su artículo 245.2 conmina con la pena de multa de tres a seis meses al que “ocupare, sin autorización debida, un inmueble, vivienda o edificio ajenos que no constituyan morada, o se mantuviere en ellos contra la voluntad de su titular”. Hecho en que, normalmente, consiste la típica acción okupa.
El principal escollo para el ejercicio efectivo de todo derecho, cuando alguien, ignorándolo o no reconociéndolo, lo ataca o pone en peligro, es el de la carga de la prueba de los hechos constitutivos de ese derecho y de la inexistencia de otros limitativos o impeditivos del mismo. Prueba, la primera, que corresponde al titular del Derecho que pretende hacerlo valer frente a los demás.Tratándose de la imputación de un delito, en este caso contra la propiedad inmobiliaria, además de acreditar la titularidad del Derecho, es preciso que la conducta que lo ataca o pone en peligro, encaje en el tipo delictivo y que esta pueda ser atribuida a una persona o personas, rompiendo la barrera que supone la presunción de inocencia.
Sin embargo, nuestras leyes penales y procesales, conscientes de la duración de todo proceso y del peligro que ello supone para la efectividad del propio proceso y de la propia sentencia, o resolución judicial que pongan fin al mismo, establecen con carácter instrumental ( en cuanto no constituyen un fin en sí mismas, sino que se vinculan a la sentencia que pueda dictarse ) y provisional ( en cuanto que pueden ser modificadas si se alteran los presupuestos que llevaron a su adopción ) la posibilidad de que el juez acuerde a petición de las partes acusadoras alguna medida cautelar ,cuando a su juicio concurra una razonable probabilidad de atribución de un hecho punible a una persona determinada ( Fumus bonis iuris ), así como una situación de riesgo o peligro de que el inculpado se sustraiga al proceso o a la ejecución de la condena ( Periculum in mora ) .
Entre esas medidas cautelares, ante la práctica imposibilidad de la exigencia de una fianza (debido a la normal insolvencia de los okupas), se encuentra la del desalojo cautelarque, aunque no se contempla expresamente en las leyes, resulta posible, en virtud del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el 544 Bis de dicha Ley y del 57 del Código Penal.
Pues bien tal medida, para que sea verdaderamente eficaz, requiere que sea adoptada con urgencia, cuando concurran los requisitos anteriores.
Sin embargo, en ocasiones, como ocurre en mi caso, llegan a transcurrir más de siete meses hasta que semejante medida urgente se hace efectiva. Resulta increíble que en un país europeo del siglo XXI, el concepto de urgencia que implica una medida cautelar pueda extenderse en el tiempo hasta siete meses, sin que a nadie de todos aquellos con algún tipo de responsabilidades en el buen funcionamiento de la Justicia se le caiga la cara de vergüenza. Y lo peor de todo es que este hecho, ni es nuevo ni es único. Por el contrario, se repite en el tiempo y el espacio, constituyendo una pauta bastante generalizada de la actuación de nuestra Justicia.
Tanto es así, que constituye la clave para que las ocupaciones ilegales de inmuebles, lejos de disminuir, crezcan y se multipliquen a pesar de la segura identificación de sus autores, a quienes la ley penal no intimida en absoluto. Es precisamente esta generalizada dilación en el tiempo, unida a unas ridículas sanciones penales por tales hechos, lo que contribuye a hacer rentable y atractiva para los okupas su actividad delictiva, hasta convertirse para algunos en un “modo de vida alternativo” (Ex ministra Trujillo dixit).
Resulta evidente que, a pesar de su generalidad, no basta con dictar leyes, para que sean reconocidos por todos, automáticamente los derechos y obligaciones que aquellas establecen. Es preciso que además, que se arbitren medidas y medios eficaces para procurar su cumplimiento y respeto. Y cuando esto no sucede, que se impongan sanciones disuasorias contra su incumplimiento y medidas eficaces para la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por tal motivo y para la plena restauración orden jurídico perturbado.
De nada sirve que nuestra Constitución afirme en su artículo 1.2 que la “soberanía nacional reside en el pueblo español”, si las normas emanadas de ese supuesto pueblo soberano para acceder al territorio donde supuestamente ejerce dicha soberanía, son ignoradas por extranjeros que acceden al mismo y se pasean por él, no solo ignorando y burlando dichas normas, sino obteniendo por ello beneficios a cargo de ese “Pueblo” que se dice soberano.
De nada sirve que la Constitución en su artículo 3.1 reconozca el castellano como lengua oficial del Estado y el deber de todos los españoles de conocerla y su derecho a usarla, si después se establecen islas territoriales donde tan contundente enunciado es ignorado y relegado, por la vía de hecho, al nivel de retórica declaración sin vigencia efectiva.
De igual modo, de poco sirve que el artículo 33 de la Constitución reconozca el Derecho de propiedad, si para hacerlo valer ante un ataque delictivo tan claro como lo es una usurpación en la mayoría de los casos, necesita siete meses para lograr una medida cautelar de desalojo, a pesar de cumplirse desde un principio todos los requisitos para ello.
Y es que en el caso de las okupaciones, la razón de su creciente éxito, no hay que buscarla solamente en la ridiculez de las penas que nuestras leyes penales establecen para el caso, y nuestros jueces aplican tímidamente; ni en la segura insolvencia de los okupas que les exime de correr con los gastos del proceso y los que implicarían el resarcimiento de las responsabilidades civiles; sino precisamente en el retardo de la Administración de Justicia en dar respuesta adecuada a semejantes agresiones a la propiedad. ¿Acaso alguien cree que si los juicios penales por delitos de usurpación o, en su caso, las medidas cautelares de desalojo, se sustanciasen o adoptasen en menos de un mes , estaríamos asistiendo a este crescendo de okupaciones al que asistimos diariamente?.
Y lo más grave es que en la mayoría de los casos, las okupaciones resultan tan manifiestamente descaradas y carentes de fundamento, que bastaría con citar a las partes ( propietario/denunciante, Fiscal y Okupa/s ) a una comparecencia ante el juez, para poder acordar, bien cautelarmente o directamente, mediante sentencia “ in voce” , el inmediato desalojo; dilatando en el tiempo, solo aquellos casos en que a primera vista los hechos resulten dudosos o complejos, y necesiten, por ello una instrucción más amplia y minuciosa.
Sin embargo, en cualquier caso, la medida cautelar de desalojo, cuando se concede, se dilata normalmente varios meses y la sentencia varios años. Y esa es la principal causa, junto a la levedad de las penas y la insolvencia de los okupas, que permite y favorece la okupación.
¡Qué diferencia con la Justicia francesa ! que en poco más de dos meses ha acordado ha acordado el desalojo de los desvergonzados okupas del palacio de la Place des Vosgues de Paris, bautizado como “La Marquesa”, conminándoles con una multa coercitiva de 25.000 euros por cada mes de retraso, además de la multa de 10.000 Euros impuesta por la okupación.
Resulta increíble la conjunción de tantas personas e instituciones cobrando del erario público, para mantener una Justicia con semejante grado de ineficacia. Así desde el Rey, en cuyo nombre se administra la Justicia, pasando por el Gobierno, máximo director de la Política nacional, dotado de iniciativa legislativa; Las cortes generales, como representantes del Pueblo Español y titulares de la Potestad legislativa; el Consejo General del Poder Judicial, como órgano de gobierno de dicho poder; el Ministro de Justicia y las Consejerías de Justicia de las CCAAs, con competencias en cuanto a organización y dotación de medios a los integrantes de dicho poder; los jueces y magistrados que lo integran y la cohorte de funcionarios a su servicio; los miembros de los Cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, con la función protectora de los Derechos y libertades de los ciudadanos; e incluso el defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los Derechos Fundamentales ( entre los que se incluye el de Propiedad ) . Todos ellos colaboran en su correspondiente medida a mantener y hacer perdurar en el tiempo, una Justicia injusta, que favorece más que disuade, las okupaciones ilegales, haciendo crecer, con su efecto llamada, la población de esos “sin papeles” inmobiliarios que han dado en llamarse okupas.
Publicado por Nerjeño en martes, enero 19, 2010

References: resolución 
 artículo 1
 artículo 33
 artículo 245
 resolución 
 artículo 13
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 33