Source: http://cuartopropiojuristas.blogspot.com/
Timestamp: 2018-12-11 01:24:29+00:00

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La derrota de los demócratas en las elecciones legislativas estadounidenses nos sitúa ante un panorama que no por conocido y reiterado deja de ser menos inquietante, ya que puede conducirnos a la conclusión de que al sistema capitalista le basta con generar una crisis financiera para borrar del mapa político a la izquierda en todo el mundo y convertirse en salvadores de la patria y administradores de la miseria que ellos mismos han alumbrado. Uno de los grandes problemas con que cuenta cualquier alternativa política al conservadurismo-liberalismo es la incapacidad para llegar a un mínimo consenso, a un discurso sostenido por determinadas referencias comunes. Así, habrá quienes, por ejemplo, ante la lectura de las primeras líneas de este párrafo, comience por discutir el propio concepto de “progresismo” o “izquierda”; y mientras nos enredamos en discusiones conceptuales, los demás han pasado a la acción y nos han ido comiendo el terreno. Produce impotencia ver cómo en el otro lado basta un puñado de consignas, alimentadas por el odio al rival, para que se cierren filas y se movilicen los votantes. Contemplamos con ironía extravagancias del tipo “Tea Party”, y apenas se nos borra la sonrisa de la cara ya están dirigiendo el barco.
Si de Estados Unidos pasamos a la Comunidad Valenciana, la situación resulta sencillamente escalofriante. En esta tierra hemos vuelto directamente a la Edad Media, con un rex en cada provincia y un regnum de gremios y castas privilegiadas que administran los bienes en connivencia con el primero, mientras que al resto de la población no le queda sino sobrevivir, “ir tirando”, arreglarse como se pueda. Las grabaciones telefónicas de los casos Brugal y Gurtel ponen de manifiesto las profundas falacias del liberalismo-conservadurismo: no se trata de crear riqueza, de competir en libertad y gestionar con eficiencia. Los grandes prohombres de la economía valenciana han ido creciendo a lomos de lo público, socavándolo lenta e inapreciablemente, como la carcoma. Hasta que un día el hermoso mueble se cae a trozos y descubrimos en su interior un mapa de surcos sobre madera podrida. Han sido muchos los momentos de vergüenza ajena que hemos experimentado al leer esas conversaciones estúpidas, ese desprecio por lo común, esa prepotencia de matones de barrio con polo de Ralph Lauren. Pero más aún al percibir la indiferencia con que todo ello se ha recibido. Particularmente, uno de los momentos más bochornosos ocurrió el pasado verano, cuando ilustres procesalistas defendían en la prensa la inhabilidad de las grabaciones sobre la compra de partidos del Hércules desde el punto de vista de su utilización en un procedimiento administrativo, sin el mínimo reproche ético. El equipo en primera, y aquí paz y después gloria. Lo mismo ha ocurrido con el resto de chanchullos, latrocinios, dispendios y manipulaciones que han ido desgranando los sumarios. Algo va mal, parafraseando a Tony Judt, cuando la izquierda se muestra incapaz de hacer comprender a la gente que todo eso va más allá de la picaresca española, que nos afecta de forma directa en nuestro bolsillo, en nuestra capacidad de trabajar, emprender, recibir servicios sociales o expresar nuestro pensamiento en libertad. Señores con dificultad para leer un discurso escrito dirigen la moral y la economía en esta tierra, al tiempo que se presentan como víctimas de oscuros poderes que en último término se dirigen contra “los valencianos”. Ver cómo la derecha se ha convertido en sorprendente defensora de los derechos fundamentales de índole procesal, por aquello de que los han pillado con las manos en la bolsa de todos, produce verdadera repugnancia. Pero así está ocurriendo con el resto de los valores de la izquierda: son aprehendidos por ellos, pasados por la túrmix, y convertidos en otra cosa que huele bien pero no sabe a nada. Los reaccionarios defienden a las mujeres, el medioambiente, los derechos de los trabajadores… Luego salen las grabaciones y ahí está lo de siempre: la carcoma.
Y qué ocurre con la gente, entonces, por qué cada vez más personas han abdicado del deber y la capacidad de pensar. Por qué les basta cualquier promesa absurda, cualquier murmullo de odio al diferente, por qué siguen enganchados al viejo sueño de la economía especulativa y el individualismo estéril. Son muchos los análisis y las respuestas en que podríamos enredarnos. Pero es el momento de actuar: la izquierda debe entender de una vez que es necesario bajar al lodazal y mancharse hasta las cejas. Vivimos en la sociedad del marketing, de los mensajes atractivos y las propuestas esperanzadoras. Debemos reconstruir el discurso de lo público desde esa perspectiva, y antes de que sea demasiado tarde. Tal vez mañana los poderes financieros hayan acabado con WikiLeaks, o con el coraje periodístico del diario Información, en Alicante, y nos condenen a la potencialidad limitada y a menudo endogámica de la red.
Hemos llegado al punto de bifurcación, la historia se divide en dos caminos. Ha ocurrido así otras veces, pero nunca como hasta ahora ha sido tan complicado darse cuenta. Es nuestro deber ayudar a la gente a comprenderlo, con determinación e inteligencia. Cuando se haga demasiado tarde, ni siquiera tendremos medios para retroceder. Nos los habrán quitado.
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Etiquetas: Derechos Humanos, medios de comunicación, política
El debate sobre la "regulación" de la prostitución y los defensores de la libertad (patriarcal).
En realidad nos encontramos ante un debate que no existe. Si acaso se asoma con timidez, y en la dirección adecuada, cuando "salen a la luz" imágenes tan desagradables para la opinión pública como las de las prostitutas nigerianas inclinadas, sujetándose a una columna de piedra, mientras un par de tipos con vaqueros y camiseta, con pinta de turistas, las penetraban en las calles de Barcelona. Sólo entonces el entorno político-periodístico -valga la redundancia- que dirige nuestro pensamiento se para a reflexionar ante la leve molestia provocada por las fotografías en cuestión. Cada cierto tiempo leemos noticias de desmantelamientos de redes de trata de blancas en clubes de carretera perfectamente accesibles, y en esos casos nadie se detiene a preguntarse cómo es posible que decenas de mujeres esclavizadas y torturadas día tras día se encuentren a escasos metros de nosotros mientras caminamos hacia un agradable destino vacacional. Tampoco nadie se plantea si al respetable caballero que acude a esos clubes podría exigírsele cierta diligencia (por ejemplo, la significativamente denominada en la legislación civil "de un buen padre de familia", interesante paradoja) para distinguir si lo que tiene debajo es una adolescente drogada y aterrorizada o una ciudadana que en aras de su libertad le cede su cuerpo a cambio de dinero. La omisón de socorro es un delito históricamente acogido en la legislación penal, pero que desaparece curiosamente en el contexto de la moderna esclavitud y la violación sistematizada. Para contrarrestar tales noticias, que podrían perturbar la apacible conciencia colectiva, la prensa nos obsequia con reportajes como éste, que aparecía este verano en el diario El Mundo. Bajo el titular "Prostituta por gusto" el autor comienza su artículo con las siguientes palabras: "A Pernille le gustan los hombres, le gusta el sexo, le gusta el dinero. Así que hace tres años decidió combinar sus tres pasiones". Todo ello subrayado por un antetítulo destacado en un fuerte color fucsia: "Estoy harta de las feministas", a las que la tal Pernille culpa, al parecer, de no poder cobrar el paro ni tener Seguridad Social. Semejante tratamiento frívolo o directamente estúpido -la elevación a categoría de una ridícula excepción- de realidades tan complejas y escalofriantes no nos sorprende. El tono ofensivo, la indisimulada agresividad machista, tampoco.
Claro que esta clase de exhibiciones de poder patriarcal no caben cuando las fotografías que acompañan a los textos no son como la del artículo -una mujer atractiva en lencería de cuero-, sino las de las prostitutas callejeras a las que nos hemos referido. Entonces ese poder necesita ajustarse la corbata y dar una impresión más preocupada y rigurosa. Pero el debate, como decimos, se dirige adecuadamente: legalización o no. Con ello se nos presentan dos alternativas: o dejar abandonadas a las mujeres en la calle, o permitirles cotizar y cobrar el paro, como reclama la portavoz femenina Pernille.
De ahí que sea de agradecer la iniciativa de dos medios de comunicación escritos que dedican un espacio de sus números de noviembre a analizar la cuestión, aunque sea brevemente. Lo hacen desde posiciones muy distintas, pero en ambos casos abordan el problema con refrescante profundidad:
-El número de noviembre de la revista El viejo topo incluye un artículo -"Prostitución y violencia de género"- firmado por Enrique Javier Díez Gutiérrez. Nada más justo para con él que citar literalmente algunas de sus certeras reflexiones: "La prostitución no es el 'oficio' más antiguo del mundo, es la explotación, la esclavitud y la violencia de género más antigua que los hombres inventaron para someter y mantener a las mujeres a su disposición sexual"; "regular la prostitución legitima implícitamente las relaciones patriarcales: equivale a aceptar un modelo de relaciones asimétricas"; "la prostitución confirma y consolida las definiciones patriarcales de las mujeres, cuya función sería la de estar al servicio sexual de los hombres"; "¿Cómo vamos a educar a nuestros hijos e hijas en igualdad con mujeres tras los escaparates como mercancías? O, ¿es ese un posible futuro laboral para nuestras hijas?"; "Muchos hombres, en las relaciones sociales y personales, experimentan una pérdida de poder y de masculinidad, y no consiguen crear relaciones de reciprocidad y respeto"; "en nombre de una concepción del ser humano como persona, del bien común y del respeto a los derechos humanos, la colectividad ha juzgado necesario con frecuencia poner límites a la libertad individual (venta de órganos, esclavitud, uso abusivo de drogas, etc.)”; “conviene recordar que los usuarios masculinos de la prostitución no se preocupan de saber si la prostituta consiente y el libre".
Cada uno de sus argumentos, como vemos, es ejemplificador de una forma de abordar el asunto desde su misma raíz social y cultural, y no como un mero "parche legislativo" con el que dotar a las prostitutas de ciertos mecanismos jurídicos que, por mucho que se pregone en sentido contrario, no hay razones sólidas para pensar que eliminarán el proxenetismo y la esclavitud de sus vidas. Y es que cuando se plantea este pseudo debate, insistimos, siempre lo es en una dirección predeterminada. Se nos dice que con la legalización y regularización de esta actividad, "al menos" las mujeres que la ejercen contarán con cierta protección. Ese "al menos" opera como muro artificioso que delimita la discusión: con él se nos quiere decir que la única aspiración que cabe adoptar al tratar el asunto de la prostitución se queda en ese "al menos"; no es posible ser más ambiciosos, preguntarse por la raíz del problema, y tratar de poner las bases de una sociedad igualitaria en la que no sólo ninguna mujer se vea obligada, por coerción o necesidad, a dedicarse a ello; sino que las que en el ejercicio de su libertad lo deseen, no sean en modo alguno perseguidas ni estigmatizadas, pero desde luego tampoco reciban el aplauso patriarcal que tanto celebra esta concreta manifestación de la voluntad femenina, cuando tan reacio se muestra con otras disposiciones del propio cuerpo por parte de las mujeres.
Más interesante aún resulta la entrevista que en el mismo número se realiza a Laura Padilla, abogada, portavoz en Cataluña de la Plataforma de Organizaciones para la Abolición de la Prostitución. Sus palabras son esclarecedoras, comenzando porque "lo que está sucediendo con la prostitución no se corresponde ni con lo que aparece en los medios de comunicación ni con lo que se está poniendo sobre la mesa respecto a la libertad de las mujeres que deciden ejercer la prostitución". Es claro: el trabajo a pie de trinchera permite a esta profesional discrepar de esa imagen que nos transmite la televisión, cuando se jalea a una prostituta "voluntaria" para que con desparpajo nos cuente lo feliz que es y lo bien que se gana la vida, a modo de ejemplo generalizador. Pero sin duda que el aspecto más relevante de los que trata en sus declaraciones es la posibilidad de actuar contra el cliente mediante una sanción, al igual que en la Ley Sueca. Sobre esta última nos explica: "la suecas habían conseguido la igualdad, habían alcanzado prácticamente la paridad política, realmente podían acceder tanto al mercado laboral como a las tareas del hogar en igualdad de condiciones, pero muchos de los maridos, de los ciudadanos suecos que habían votado esas leyes de igualdad, querían seguir manteniendo privilegios y a través de un precio seguían sometiendo a mujeres de países pobres. Esta fue la decisión de las suecas: quisieron los derechos de los que ellas gozaban para todo el resto de mujeres". Y es que cuando hablamos de prostitución lo hacemos "de la misma libertad que reclamaría un individuo para vender a otro un riñón. Si eso se permitiera, tendríamos una larguísima cola de personas llegadas de países del Tercer Mundo". Porque, en último término, "cualquier tipo de relación sexual se produce en un ámbito de libertad, donde las dos partes van en búsqueda del placer, el placer propio y el de otro".
-En relación con todo ello, el número de noviembre de la revista jurídica Iuris, actualidad y práctica del Derecho, dedica igualmente un artículo de su número de noviembre a los "argumentos a favor y en contra de regular la prostitución". Destaca el hecho de que a pesar de tratarse de una publicación de carácter técnico o profesional, analiza la cuestión con ecuanimidad y una cierta perspectiva de género; esto es, no se queda en el cómodo "al menos" al que hacíamos referencia antes. Expone, de hecho, los cuatro modelos legislativos que podemos encontrar en el Derecho comparado: el prohibicionista (que "persigue tanto a la prostituta como al proxeneta, pero no al cliente" y al que la autora del artículo, Ana Belén del Pozo, califica como propio de “países con un Estado de Derecho débil”); el que despenaliza la prostitución y conlleva un cierto control administrativo para prohibir, por ejemplo, el ejercicio de la prostitución callejera; el sistema reglamentista, que “además de despenalizar e introducir ciertos criterios de orden, reconoce a las prostitutas derechos y deberes como a cualquier otro trabajador”; y, por último, el abolicionista que “considera la prostitución como una forma de esclavitud y criminaliza todo lo que rodea su práctica, excepto a la prostituta”.
La autora nos especifica que este último modelo, el abolicionista, “es el imperante en la normativa internacional, con las Naciones Unidas a la cabeza desde la aprobación del Tratado contra la Trata de Personas y la Prostitución Ajena de 1994. En la misma línea, se puede citar la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo en 2006 que insta a luchar contra la idea de que la prostitución es equiparable a un trabajo”.
Y finalmente hace hincapié en un aspecto que resulta especialmente sangrante: con el Código Penal en la mano, no debería existir ningún club de carretera o local de prostitución. Ninguno, así de simple. Tan sólo podría darse el caso de que las mujeres, a título individual, la ejerciesen en sus propios pisos u otros lugares elegidos por ellas y sin intervención lucrativa de terceros. El artículo 188 del Código Penal es perfectamente claro en ese sentido:
Nos encontramos ante un artículo del Código Penal que no se aplica. Un delito que podemos apreciar a diario en nuestras calles y carreteras con carteles luminosos que, sin embargo, no se persigue.
Pero en este concreto ámbito de la realidad parece importar más bien poco la legislación nacional, y menos aún la internacional. Es evidente que no estamos ante un problema jurídico, sino de mera voluntad política, esto es, de mera voluntad patriarcal, que con la connivencia habitual de los medios de comunicación (intencionada o no, tal es el nivel medio del rigor analítico en la prensa) nos ha puesto ese techo del “al menos” para que no podamos ver más allá.
Y más allá está la propuesta abolicionista, que en Cuarto Propio juristas suscribimos sin duda alguna. Ello no supone penalizar ni mucho menos estigmatizar a las mujeres que ejercen la prostitución. Se trata, una vez más, de la construcción de una sociedad igualitaria, donde la alternativa de convertirse en carne para la satisfacción masculina, por muy bien remunerada que esté, sea cada vez más minoritaria y aun extravagante. Comportaría una amplia serie de medidas legislativas, económicas, pero ante todo educativas. Y se realizaría de manera gradual.
Sin embargo, no podemos ni debemos quedarnos en la teoría. Hay pasos que cabe ir dando, decisiones que es posible adoptar sin que se produzcan traumas ni fracturas sociales de ésas que tanto gustan, en el fondo, a los movimientos reaccionarios, pues en la confrontación es donde se sienten cómodos.
El ideario abolicionista se encuentra recogido, en realidad, en ese párrafo último del artículo 188 que no se aplica. Nadie puede lucrarse del hecho de que otra persona ejerza la prostitución, lo que encierra un indudable contenido axiológico: con ello se nos dice que no nos encontramos ante un trabajo más, sino ante una suerte de devaluación de la condición humana que atenta contra los derechos fundamentales.
¿Cuál sería la primera piedra que proponemos? Una reforma del Código Penal que tipifique la conducta supuestamente “despistada” de quienes acuden a un burdel especializado en trata de blancas. Se trataría no de castigarlos automáticamente, puesto que entraría en juego el principio de culpabilidad y el conocimiento que pudiesen tener de la situación de la víctima, sino de someterlos cuando menos a una investigación con el fin de determinar hasta qué punto no se daban cuenta de que tenían allí a una joven del este de Europa, por poner el caso, coaccionada y sometida a violaciones sistemáticas.
Ninguna dificultad habría para incluir ese apartado en entre los tipos penales. Como hemos visto, el art. 188 castiga –al menos en teoría- al que “se lucre explotando la prostitución de otra persona”. Eso incluiría al “empresario” que cede habitaciones, lavabos y comida a cambio de un porcentaje sobre el beneficio obtenido por las prostitutas, lo cual no quiere decir, por supuesto, que cualquier propietario de pisos o departamentos alquilados a mujeres que se prostituyesen fuese inmediatamente culpable, sino que, como en cualquier delito, debería acreditarse su efectiva culpabilidad, como un principio general del derecho sancionador, en primer lugar por el lucro, que sin duda va más allá del precio de un alquiler, y en segundo lugar por el efectivo conocimiento y, por ende, la efectiva participación en el negocio.
La reforma a la que aludimos iría en las mismas coordenadas: no todo aquel que acudiese como cliente a un club de carretera incurriría en el tipo. Habría que investigar las circunstancias y acreditar igualmente la culpabilidad. Pero nadie puede dudar del efecto disuasorio que esa medida tendría sobre tales delitos y, yendo más allá, cabe afirmar que provocaría un efecto de concienciación que se hace urgente e imprescindible. Debemos poner fin a la impunidad, y al silencio indigno de quienes se aprovechan de las esclavas modernas que desgraciadamente tenemos encerradas en jaulas en nuestras propias ciudades.
En cualquier caso lo lamentable es que en puridad no sería precisa ninguna modificación del texto legal. Leamos el artículo 195:
¿A qué espera la fiscalía para, cuando se desmantela una red de trata de blancas, iniciar una investigación a fondo sobre los clientes? ¿Cuántos de ellos no habrán recibido señales de socorro, incluso peticiones explícitas de ayudas? ¿Cuántos no serán conocedores, y por lo tanto cómplices de este infame tráfico? ¿Y cuántos, de acuerdo con la diligencia normal exigible a cualquier ciudadano, no deberían haber denunciado lo que ocurría ante indicios más que evidentes?
Hoy por hoy, en nuestro país, tales respetables caballeros se limitan a buscar otro club donde encuentren renovada carne fresca de jovencitas del Este. Quizá una reforma que al menos hiciese más explícito y concreto el tipo acabaría con este "mirar hacia otro lado".
No podemos seguir así. Al igual que ocurrió en la sociedad sueca, es momento de exigir para todas las mujeres los derechos con que cuentan una mayoría. La que, afortunadamente, desarrolla su vida personal y profesional en libertad y, no siempre, en igualdad.
Iniciemos el camino de la abolición.
Publicado por Cuarto Propio Juristas en 13:10 No hay comentarios:
Etiquetas: Derechos Humanos, igualdad de género, violencia de género
"El País" insiste en su enloquecida campaña antiabortista. Rosa Díez deja de ser un nasciturus.
Lamentamos tener que abundar en un tema tan desagradable, pero es que cada mañana crece nuestra estupefacción. Firmes en nuestra decisión de no volver a dar un sólo euro a los responsables de la novedosa línea editorial de El País, nos hemos encontrado hojeándolo en un café con el tercer artículo antiabortista, y el quinto antifeminista, en apenas tres semanas. Textos que, insistimos, ocupan un lugar central dentro del periódico.
Ahora le toca a Rosa Díez, y el hecho de que sea ella no deja de resultar sarcáastico. El 19 de enero del presente año, la líder de UPyD escribía en su blog un indignado alegato contra el boicot a que la sometía El País:
Les decía que a izquierda y derecha (es un decir) arrecian los "artículos" explicando por qué no hay que votarnos. Los más cercanos al poder instituido ( o sea, al PSOE) cumplen bastante bien la consigna de la "patronal" que es la de de ignorarnos: sencillamente no existimos. Así nadie de sus lectores o escuchantes podrá plantearse siquiera la posibilidad de darnos su confianza. Pero de vez en cuando se les escapa algún espontáneo como Cercas en El País o el nunca suficientemente bien ponderado director de El Plural que se sienten obligados a insistir en que somos un partido a la derecha de la derecha española.
No era nada nuevo, pues desde un principio, tanto en sus declaraciones como en los comentarios políticos que diversos analistas realizaban en los medios de comunicación, la figura de Rosa Díez, sencillamente, no existía para el diario El País.
Ahora, de repente, ha cobrado vida para añadir un granito de arena más en la campaña del diario contra el proyecto de ley que regulará, dentro del marco de la salud reproductiva, la interrupción voluntaria del embarazo. Reiteramos que, justo cuando la movilización de los sectores reaccionarios de la sociedad es más agresiva, este periódico que ha vivido durante décadas de su supuesta orientación progresista, ha decidido abrir sus salones más lustrosos -la sección de opinión- a toda una serie de articulistas manifiestamente contrarios a esa ley, y abiertamente ofensivos contra las mujeres.
Podríamos detenernos a analizar y rebatir el artículo de Rosa Díez, pero lo cierto es que merece más bien poco la pena. Parte de una frase de Fernando Savater: "Yo creo que es muestra de salud moral el que una persona dude antes de abortar, aunque el feto tenga una semana", lo que nos indica a las claras por dónde van los tiros: el retorcido planteamiento de la derecha según el cual esta ley prácticamente "obligará" (?) a las mujeres a abortar, y promoverá frenéticas orgías en las zonas de botellón todas las semanas, puesto que unos días después las jovencitas pasarán por el quirófano como quien se toma un té de jazmín. Semejante interpretación absurda de una ley amparada en el derecho comparado y las resoluciones de los organismos y tribunales internacionales más relevantes (por quedarnos exclusivamente en los argumentos jurídicos, sin acudir a los de género) no sólo esconde mala fe, sino precisamente la frivolidad que la Sra. Díez afirma denunciar.
Como la autora no se atreve a decir las cosas directamente -que el nasciturus ha de prevalecer siempre sobre la mujer-, construye párrafos que deberían estudiarse en las Facultades de Filología como ejemplos perfectos de incongruencia semántica:
"(...) lejos de favorecer y reforzar los derechos de las mujeres y la igualdad entre sexos, consigue el efecto contrario, pues según el proyecto, cualquier mujer podría rechazar una "maternidad no decidida libremente", mientras que el médico o las personas que provoquen un aborto fuera de los casos permitidos en la ley sí pueden ser condenados a pena de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial"
Está claro: el proyecto de ley va directamente contra las mujeres, vamos, es un atentado intolerable hacia su libertad. Asimismo critica que la regulación de la interrupción voluntaria del embarazo se enmarque en la de la educación sexual y la salud reproductiva, desconociendo el sentido jurídico de este último término y su utilización en el derecho comparado. Obvia el hecho de que a través de la educación sexual se pretende precisamente evitar los embarazos no deseados, porque reconocerlo así echaría por tierra su argumentación. Y el caso es estar en contra, por motivos que sólo ella sabe y no nos acaba de explicar (¿electorales, de reorientación ideológica, religiosa o personal?).
En cualquier caso, volvemos a decir lo mismo: su opinión es perfectamente respetable y discutible. Lo inaudito es que El País haya lanzado estas cinco andanas antifeministas en unas pocas semanas. Permanezcamos atentos a su sección de opinión: cualwuier día de estos aàrecerá Rouco Varela, o César Vidal.
Desde el mundo masculino más apolillado siempre se ha reprochado a "las mujeres" su desconocimiento del fútbol. Quizá esto sirva para que efectivamente conozcan la importancia del fúmbo en sus vidas o, más concretamente, de sus derechos de retransmisión.
También estamos aprendiendo sobre algunas debilidades propias de la naturaleza humana, como la cobardía. Ésa que lleva a un medio de comunicación como El País a darle bofetadas a Zapatero en la cara de Aído y, por ende, en la de tantas mujeres que llevan decenios luchando para hacer de éste un mundo más justo, libre, igualitario y digno.
Publicado por Cuarto Propio Juristas en 7:29 No hay comentarios:
Etiquetas: bizarrías desigualitarias
Enrique Lynch "rectifica" atacando en un periódico que prosigue su campaña... "El día que dejé de leer El País."
El día que dejé de leer El País es el título de un poemario de Jorge Riechmann que tomamos prestado para encabezar esta entrada, porque esa es la decisión que hemos acabado por adoptar tras más de veinte años comprándolo a diario. Somos de los que celebramos la salida al mercado periodístico de Público, que mantiene una línea editorial progresista mucho más coherente, pero no por ello abandonamos el que había sido nuestro periódico desde siempre. Hasta ahora.
Enrique Lynch tiene de nuevo privilegiada cabida en la sección de Opinión para exponer en un artículo titulado "La apología que nunca existió" las razones por las que todas y todos entendimos mal el anterior, "Revanchismo de género", tras de lo cual los internautas procedimos a lincharlo y promover la censura periodística como si de gerifaltes del Gulag se tratase. Nada nuevo. El lenguaje victimista es un lugar común hoy día entre quienes hablan desde una posición de superioridad o prevalencia. Los católicos se sienten amenazados, pese a que no dejan de proclamar a los cuatro vientos -en especial cuando toca repartir el dinero público- que son la religión indudablemente mayoritaria en España, y representativa por tanto de su acervo común de valores; la derecha, a su vez, se siente perseguida, ultrajada y estigmatizada, ejemplo de ello son las alusiones a los cadáveres en la cuneta de la Guerra Civil realizadas por el presidente de la Comunidad Valenciana -basta darse un garbeo por ella para comprobar lo difícil que resulta ser en esa tierra militante del Partido Popular, ¿verdad?-; las familias, de acuerdo con los medios periodísticos de la derecha, están siendo cruelmente atacadas por el lobby gay y el feminista. La semana pasada el semanario católico Alba incluía en su portada dos grandes fotos de niños y el lema "en peligro de extinción" (a propósito de la Ley Orgánica que se tramita en el Parlamento)... Podríamos seguir eternamente. Quienes ocupan los sillones de mando, y lo ejercen frecuentemente con grosería e impunidad, oyen a lo lejos una voz discrepante que defiende sus derechos y manifiestan sentirse sometidos a una suerte de "solución final" de corte nazi -sí, son abundantes sus frívolas alusiones al nazismo-.
Ahora, un autor que ha tenido acceso a las páginas centrales del periódico de mayor difusión en España dice que es "impropio de un régimen de libertad y de una democracia moderna" que varios cientos o miles de personas, que por supuesto no tienen acceso a esas páginas, hagan público su malestar por la línea editorial de dicho medio a través de blogs, facebook y demás formas de expresión afortunadamente libre pero indudablemente limitada en cuanto a su alcance. El mundo al revés.
El caso es que este segundo artículo parece querer atemperar los ánimos tras el anterior, pero no hace sino incidir en su siniestra visión del mundo. Si anteriormente habló de "necedad" para referirse a quienes criticaron su texto, ahora son "irracionales" nuestros argumentos. Exquisita racionalidad la suya, sin embargo, pues vuelve a interpretar los distintos lemas publicitarios de la campaña que glosaba ("De todos los hombres que haya en mi vida ninguno será más que yo", "De todas las mujeres que haya en mi vida ninguna será menos que yo") en un sentido no igualitario, sino más bien revanchista o pendenciero. Manifiesta irónica sorpresa al referirse a que el "más" se cambia por "menos" cuando se pone en boca del hombre, y de ello deduce nada menos que una ladina intención de los responsables ministeriales (un grupo de hembras conspiradoras, imaginamos) para deslizar sutilmente un mensaje de dominación femenina; todo ello sustentado en una mención a la conocida obra de Alice Schwarger La pequeña diferencia y sus grandes consecuencias (1979) para justificar esa interpretación. Pues bien, con los máximos respetos, y sin que pueda entenderse como una invitación a la depuración estalinista, reiteramos nuestro parecer acerca de la campaña publicitaria: el hecho de que en una sociedad masacrada por la violencia machista pongamos en la voz de un hombre la expresión de que ninguna mujer es menos que él no esconde un golpe de estado matriarcal. Se trata de que los chicos jóvenes, a quienes va predominantemente dirigida la campaña, asimilen e interioricen la igualdad: ellos nunca serán más, y ellas nunca serán menos. En cualquier caso, para entender cuál es el feminismo serio, recomendaríamos al autor que actualizase sus conocimientos de género con la lectura del Premio Nacional de Ensayo 2006 La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias... para las luchas de las mujeres, de la filósofa Celia Amorós, en la que nos habla, como anuncia su título, de ese feminismo de la diferencia que tan bien acogen los movimientos más reaccionarios, para ponerlo como ejemplo de la peligrosidad amazónica del feminismo, en unos casos, o para adoptarlo en su versión descafeinada y asumirlo dentro del ideario conservador (las "mujeres mujeres" de Aznar).
Ahora volvamos a los videoclips, de los que el señor Lynch parece extraer toda una lectura sociológica sorprendentemente significativa. Podemos ayudarlo en su propósito hablando del último álbum de la cantante Rihanna: después de aparecer fotografiada con la cara hecha un mapa por los malos tratos infligidos por su novio, volvió con él y ahora aparece en la portada de su disco jugando con la iconografía del esclavismo y la dominación, tapándose un ojo con la mano incluso. Sí, muy bien, y qué. Es tan representativa Rihanna de la situación global de las mujeres como los videojuegos de coches de los accidentes de tráfico. Basta asomarse al mundo laboral, al de la violencia de género, pasearse por los juzgados, asomar la nariz en las empresas... para que las sesudas reflexiones de Enrique Lynch sobre los vídeos de Paulina Rubio nos provoquen el mismo efecto que los chistes del manido género marido-mujer. Cuando habla de "la forma en que las mujeres actualmente se presentan en las letras de las canciones populares y en los videoclips" simplemente le aconsejamos que conozca un poco mejor el mundo, la calle, y a las mujeres.
Finalmente, insiste en el papel educador de las madres sobre los que serán futuros agresores, y alude a que la solución para la violencia de género se encuentra en "promover una ciudadanía cívicamente virtuosa". Acabáramos. La misma opinión que tienen los más militantes periodistas conservadores y liberales: nada de machismo, nada de género, menos aún de feminismo. Todo es un escasez "general" de valores.
Y aquí está, insistimos, la raíz del problema. Día a día, semana a semana, medios periodísticos como ABC, La Razón, el Mundo, Cope, Popular TV, Libertad Digital, Libertad Digital TV, Es Radio, Alba, Intereconomía, Época, Onda Cero, El Semanal Digital, Antesna 3, etc. etc., emplean argumentos similares a los del señor Lynch -dejamos fuera al periodismo sectorial: económico y deportivo, sobre el que habría mucho que hablar-. Frente a tal avalancha de fuentes de opinión de alcance nacional, quienes se identifican con la izquierda cuentan con Público, la Cadena Ser, Cuatro, La Sexta y El País. No incluyo a TVE y Radio Nacional, que mantienen, y es su deber, una razonable equidistancia acorde con su naturaleza pública. Los medios de la derecha permanecen en lo relativo a las cuestiones de género unidos, firmes, y rabiosamente comprometidos. En ellos podemos oír hablar de genocidios -el aborto-, grupos de presión -una especie de secta gay que parece sacada de los best-sellers templarios-, e incitación a la orgía cotidiana entre los púberes -cuando se trata de la píldora del día después-.
Pues bien, El País decidió que en su sección de Opinión, la central sin duda del diario, y expresiva de su línea editorial, debían tener acogida en menos de un mes dos artículos antiabortistas (el de Bono y el de la presidenta del parlamento vasco, Arantza Quiroga, miembra -con perdón- del Opus Dei), y los dos incalificables de Enrique Lynch. Todos ellos en mitad de una campaña violenta contra el Ministerio de Igualdad promovida por los sectores más reaccionarios de la sociedad, que incluye insultos, amenazas, envíos de muñecos-feto (los desgraciados "bebés-Aído", etc.), solicitudes para que el Rey no firme la reforma, ridiculización permanente de la ministra... ¿Tiene esto quizá algo que ver con la carta abierta de la profesora Ana de Miguel en la que anunciaba que dejaba de comprar El País por su inclusión de anuncios de prostitución, y que alcanzó un notable eco en la red? Entonces sí que estaríamos ante un caso de "revanchismo de género". El poder patriarcal, representado por el periódico de mayor difusión de España, habría dado un golpe sobre la mesa para poner orden en el "corral feminista", que habría osado nada menos que expresarse libremente en un puñado de webs, blogs y grupos de discusión en Facebook.
Sea como fuere, están en todo su derecho de orientar su línea editorial en la dirección que les parezca más oportuna, al igual que en fechas recientes decidieron sacudir a Zapatero con más ahínco que la propia derecha -que por cierto, se partía de risa- a propósito de la política económica. Y coincidiendo, casualmente, con el reparto de los derechos de retransmisión del fúmbo y un artículo encendido de Cebrián, descontento con el trozo que les había tocado.
Están en su derecho, insistimos, como el señor Lynch en el suyo.
Y nosotros/as en los nuestros: el de expresarnos libremente en esta modesta bitácora, el de apoyar cualquier iniciativa promovida en la red en favor de la igualdad y los derechos humanos. Y el de dejar de comprar El País, con la tristeza de quien se siente abandonado por un compañero en mitad de una tormenta, cuando caen chuzos de punta y se echa en falta un poco de cobijo. Allá cada cual con sus decisiones y responsabilidades. Mucho nos tememos que ellos necesitan más que nunca a los lectores que tanto desprecian.
Nosotras y nosotros, sin embargo, nos hemos acostumbrado desde hace ya mucho a caminar bajo la lluvia.
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Etiquetas: bizarrías desigualitarias, igualdad de género, violencia de género
Reflexiones en el Día Internacional contra la Violencia de Género. Las nuevas consignas en torno a sus causas.
No vamos a referirnos en este texto a las cifras de víctimas, los resultados de la aplicación legislativa y los actos más o menos afortunados, serios o ridículos, que hemos podido ver en la prensa y en las calles a lo largo del día de hoy. Queremos llamar la atención sobre un aspecto que puede pasar desapercibido y que, sin embargo, comienza a propagarse como la nueva consigna a seguir, en forma de murmullo unificador, entre los sectores más reaccionarios de nuestra sociedad. Sectores que no podemos identificar a ciegas con una determinada opción política, pues desgraciadamente en todas partes cuecen habas, aunque, en algunas, el olor de la cocción llega a ser insoportable.
El desgraciado episodio del artículo publicado en El País hace unos días consituye quizá el ejemplo más explícito de los nuevos tiempos que se avecinan en torno a la Violencia de Género. Pero existen muchos otros ejemplos. Ayer mismo el Secretario Autonómico de Familia y Coordinación de la Generalitat Valenciana alertaba sobre el hecho de que la Violencia de Género aparecía con creciente intensidad entre los dieciocho y los veinticinco años. A continuación apostillaba: "Hay que reflexionar sobre este fenómeno, porque es obvio que no se puede achacar a la herencia machista".
Ahí está el quid de la cuestión. Estos sectores, a los que llamaremos negacionistas, para facilitar su identificación, se encuentran con un problema. Durante años han difundido la idea de que las reivindicaciones feministas eran algo trasnochado, puesto que mujer y hombre cuenta con los mismos derechos y obligaciones (en la constitución lo pone) y las que realmente valen llegan en su vida personal y profesional a donde quieren. Claro que la realidad es muy toduza, y aunque los micromachismos, el techo de cristal, el acoso sexual, etc., pueden quedar más o menos arrumbados por causa de su atomización, no ocurre lo mismo con las víctimas de la violencia de género: las televisiones anuncian muertes semanales, los juzgados no dan abasto, los periódicos recogen casi a diario una noticia relacionada con estos hechos... ¿Qué hacer, entonces, para desligar todas esas cuestiones del aborrecible feminismo?
Y aquí es donde aparece la nueva consigna: los malos tratos nada tienen que ver con la desigualdad, y por lo tanto, menos aún con la lucha feminista. Se trata de otra cosa. Los más pacatos se remiten a la educación, la pérdida de valores morales, de referentes disciplinarios y autoritarios, etc. Se habría propiciado una juventud hedonista que no conoce sus límites ( y ellos se los van a enseñar, dicho sea de paso). Esta manera de ver las cosas no se detiene en el hecho de que nunca nos encontremos noticias de siete chicas que en manada agreden sexualmente a un pobre muchacho, no, casualmente las cosas ocurren al revés en el cien por cien de los casos, el libertinaje resulta ser, para nuestra sorpresa, unidireccional... Luego están los más audaces: la culpa es de los excesivos aires que se dan las mujeres hoy en día, como sugería el penoso artículo cuyo autor no queremos nombrar más (que juegue a niño terrible a costa de otros). Este tipo de ideas suelen aderezarse con subrayados artificiosos de determinadas noticias que elevan a la categoría de generalidades: una denuncia falsa de una mujer se destaca tanto en los titulares que parece ser cosa de todos los días, pese a que las cifras lo hayan desmentido. No llegan al uno por ciento, aunque en una manipulación repugnante que ofende a la lógica jurídica ha habido quien ha equiparado absolución en un proceso penal con denuncia falsa -como si los hechos no probados, por ejemplo, debiesen imputar necesariamente a quien los ha relatado-.
Los negacionistas, pues, que en otros aspectos de la vida política y social son partidarios de la reacción sin matices (los nacionalismos, ETA, los piratas marítimos...), se vuelven complejos y freudianos cuando hay que analizar la Violencia de Género. Todo ello se completa con una aparente firmeza encaminada a encubrir o disimular las nuevas consignas. Así, se alude mucho a la aplicación de la ley y las dotaciones económicas. Orden Público y dinero. Cualquier cosa sirve para eludir la raíz del problema, la educación en igualdad. No nos cansamos de repetir la frase de Celia Amorós: "conceptualizar es politizar". Cuando se conceptualizan los malos tratos como un problema de moral, se está desarrollando una política determinada.
Así las cosas, se nos ha ocurrido pasearnos en el Día contra la Violencia de Genero por las webs de los partidos políticos nacionales más representativos:
-PSOE: aunque la parte principal la ocupan los planes económicos recién presentados por el gobierno, un titular destaca inmediatamente acerca del asunto que tratamos: La Educación en Igualdad, eje prioritario en la lucha contra la Violencia de Género. Alude al manifiesto leído por Leire Pajín en Valencia, donde se señalan, entre otras cosas: "(...) no podemos pasar por alto que quedan mensajes, patentes o soterrados en las familias, en la educación, en los medios de comunicación, en la publicidad, en la televisión, en los videojuegos, etc., que siguen retransmitiendo una imagen de la mujer que denigra profundamente su papel y su situación en la sociedad, que la desprecia y la anula, que la hace responsable, casi, de todos los males, manteniendo un estereotipo femenino cruel e inaceptable.
Debemos, pues, trabajar para que la percepción social de la mujer no siga siendo sesgada, de dependencia ni de dominación. La educación en valores democráticos implica colocar el papel de la mujer como persona en igualdad de derechos y para ello, la educación, tanto en la familia como en el aula, debe ser el eje de nuestras próximas actuaciones de manera prioritaria".
-Partido Popular: Junto a una foto del rostro de Mariano Rajoy aparece el lema, ampliamente destacado: "ni una más". Lamentablemente, debemos formular algunos reproches. Deseamos que llegue el día en que no tengamos que hacerlo, pues si hay alguna cuestión que debiera ser transversal en política, es ésta, el problema social más grave, si atendemos a las cifras, que afecta a nuestro país. Sí, señores, mucho más que el terrorismo, que el Estatut y, si me apuran, que la lesión de Cristiano Ronaldo. Empecemos por preguntarnos, ¿puede existir algo más frívolo que ese lema irreal, 'ni una más', torpe imitación del archiconocido 'tolerancia cero', que ya se utiliza hasta para las plagas de pulgón? Pero, por encima de su desfortunada elección, subyace la idea de la violencia de género como problema de orden público a resolver con medidas penales. Si pulsamos el enlace de esa imagen, nos conduce a un texto en el que se propone el aumento de medios y efectivos. Claro que también menciona medidas educativas: "Cuando hablamos de violencia contra las mujeres todavía hay que hacer mucha pedagogía para que primen valores como que no hay nada por encima de las personas y sus derechos básicos, o que no hay nada más importante que el derecho a la vida o a la libertad de un ser humano". Hay que tener valor en este día, para aludir al aborto de paso y a la consabida "libertad". ¿Os suena la consigna? Aquí la encontramos: ni una referencia a la desigualdad, a las construcciones de género. Se trata de moral, de valores, de personas, libertad y vida. Sin comentarios.
-Izquierda Unida: "Un mundo en igualdad, un mundo sin violencia", mensaje inequívoco que nos encontramos en un simple vistazo a la web. Este partido político publica asimismo un manifiesto en el que se dice lo siguiente: "reivindicamos un mundo en igualdad entre mujeres y hombres, porque la igualdad trae consigo que el respeto por la diversidad y la diferencia. La igualdad conlleva la ruptura con los estereotipos machistas y patriarcales.
Para IU luchar por la igualdad significa impulsar cambios profundos en nuestra sociedad que ayuden a erradicar definitivamente la violencia sexista: nos referimos a la educación, al trabajo en valores, a la implicación profunda de las instituciones en esos cambios sociales necesarios para que la violencia contra las mujeres deje de ser una lacra social en pleno siglo XXI".
-Unión, Progreso y Democracia: no hay manifiesto, ni enlace, ni tratamiento alguno de esta fecha conmemorativa, a salvo un lacito apenas legible en el que se dice "no violencia de género". Eso sí, lo primero que salta a los ojos apenas entramos en la web es esta frase: Rosa Díez en COPE:estoy radicalmente en contra de esta ley del aborto.
Este ilustrativo recorrido por las webs de los partidos políticos nos lleva a concluir que estamos lejos de que los asuntos de género se aborden desde unos acuerdos básicos. Determinadas líneas de pensamiento (seamos generosos al calificarlo así) se basan fundamentalmente en la destrucción de cualquier vestigio de lucha feminista en la vida de las mujeres, ni aun a título de recuerdo o agradecimiento. Con semejante basamento teórico, no es de extrañar que las posturas continén siendo irreconciliables, y que el camino hacia un mundo en igualdad prosiga lento, tortuoso, lleno de zancadillas y vergonzosas resistencias. Hay motivos para el optimismo -y la red es uno de ellos-, pero se hace necesario detenerse a reflexionar de vez en cuando para saber dónde nos hallamos. Y en compañia de quién.
Publicado por Cuarto Propio Juristas en 10:51 No hay comentarios:
Entrevista a Cuarto Propio juristas en el medio digital "Sin hora de cierre".
Con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género el medio informativo digital "Sin hora de cierre" nos ha realizado una entrevista que reproducimos a continuación. Por otro lado, en la edición de hoy han dedicado un buen número de secciones a tratar este asunto, incluida una interesante entrevista con Carmen Castro, autora del blog "Sin Género de Dudas". Nuestras felicitaciones a "Sin hora de cierre" por el tratamiento que han dado al problema. Este tipo de iniciativas nos animan precisamente a ser optimistas, tal como nos plantean:
-¿Tienen un verdadero significado la conmemoración de estos "días universales"?
Lo tienen, y muy valioso, en el sentido de que, como dice la filósofa feminista Celia Amoros, "conceptualizar es politizar". Gracias a la acuñación del término "violencia de género" se ha conseguido sistematizar y trasmitir la gravedad del problema a la sociedad. Recordemos que antes este tipo de delitos eran llamados crímenes pasionales, incluso hoy día algunos medios lo siguen denominando "violencia doméstica" contribuyendo así a invisibilizar este grave problema colectivo y recluirlo y disgregarlo en la esfera privada.
-¿O simplemente es una forma de contraprestación por las malas políticas sociales de muchos países?
Es claro que la conmemoración de un día contra la violencia de género si no va acompañada de las medidas legislativas pertinentes y su aplicación real y efectiva se queda en nada. De hecho, de entre los numerosos actos y congresos que se celebran estos días, los hay muy interesantes y rigurosos y otros que tan sólo pretenden cubrir el presupuesto anual de una determinada administración pública.
-¿Podrá nuestra generación acabar un año sin tener que hablar de cifras en malos tratos?
Ojalá. Sabemos que la violencia de género tiene su origen en la desigualdad hombre/mujer. Hemos iniciado este siglo con la aprobación de una serie de medidas legislativas cuya efectiva aplicación puede lograr a medio- largo plazo una transformación social que consiga terminar con el terrorismo sexista. Queremos ser optimistas, sí.
-¿Existe una concienciación social sobre la violencia de género?
Desgraciadamente aún no. Este verano hemos tenido lamentables episodios de agresiones sexuales machistas entre adolescentes lo que nos indica que ni siquiera entre la juventud esta conciencia ha arraigado lo suficiente. No nos cansamos de repetir que se trata en último término de un problema de desigualdad y que la labor educativa es tanto o más importante que las medidas de estricta índole penal. Por otro lado, los medios de comunicación no ayudan a romper los estereotipos de género, y el tratamiento de este tipo de noticias suele ser poco riguroso. Confiamos en que vosotros lo hagáis, es fundamental señalar la raíz del problema en vez de detenerse en el recuento de detalles escabrosos.
-¿Se puede atacar el problema de la desigualdad de género de forma legal como hacen ustedes con "Cuarto Propio"?
Ante todo decir que nuestra labor es muy modesta. Pero desde luego que las medidas legales son el medio más efectivo para combatir el problema sin olvidar por supuesto las educativas a las que hemos hecho referencia. A este respecto la aprobación de la Ley Orgánica de Violencia de Género, la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y las diferentes medidas legislativas para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la potenciación de la corresponsabilidad constituyen las mejores herramientas para erradicar el problema.
-¿Faltan todavía muchos "cuartos propios" para las mujeres de nuestra sociedad?
Por supuesto que sí. Pese a que en ocasiones se nos quiere trasmitir que las reivindicaciones feministas son algo superado ya, no tenemos más que reparar en las diferencias salariales, la feminización de la pobreza, el acoso sexual, el techo de cristal, la infrarrepresentación política y económica, la violencia de género, la explotación del cuerpo de la mujer por el mercado, la trata de blancas, etc., para darnos cuenta de que muchas mujeres no sólo carecen de "cuarto propio" sino que viven esclavizadas en "cuarto ajeno".
-Pese a la realidad de las cifras y datos que hablan todavía de una sociedad desigual en cuestión de género, ¿con qué mensaje de optimismo nos podemos quedar?
Aunque es una tarea complicada las cosas van mejorando poco a poco. En el plano institucional la generalización de los organismos responsables de igualdad y asuntos de género es algo ya consolidado, aunque como en todo existen distintos grados de compromiso. Más importante aún nos parece el tejido intelectual y asociativo que se está formando en la red y que con frecuencia nutre de ideas a la acción política. Todos los cambios sociales llevan tiempo, lo importante es seguir dando pasos.
Publicado por Cuarto Propio Juristas en 10:34 No hay comentarios:
Comunicación presentada en el "I Congreso Internacional de Cultura y Género" celebrado la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Reproducimos a continuación la comunicación que hemos presentado en el "I Congreso Internacional de Cultura y Género: La Cultura en el Cuerpo" que se celebró en la Universidad Miguel Hernández de Elche los días 11, 12 y 13 de noviembre. El título es: LA CONFIGURACIÓN DEL CUERPO DE LA MUJER POR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL: EL DERECHO AL ABORTO FRENTE A LA LLAMADA “PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD”. Pronto aparecerá en las actas del Congreso, no obstante, aunque consideramos que debíamos difundirla ya a través de nuestro blog, dada la importancia que, a nuestro entender, supone la aprobación en la Comunidad Autónoma de Valencia de la -así denominada- "Ley de Protección a la Maternidad".
“El cuerpo de las mujeres es el libro abierto en que se inscriben las reglas de los pactos patriarcales” (Amorós: 2008). Estas palabras de la filósofa Celia Amorós, una de las teóricas feministas contemporáneas más influyentes, nos sirven para iniciar nuestra reflexión sobre el impacto que las recientes reformas legislativas en torno a la interrupción voluntaria del embarazo, en adelante IVE, tienen sobre la capacidad de la mujer para disponer sobre su propio cuerpo. Y es que no resulta posible desligar las iniciativas legislativas a las que haremos referencia del contexto histórico-filosófico en que se enmarca la larga lucha de las mujeres por ser dueñas de su capacidad sexual y reproductiva.
Para Amorós, el patriarcado es un conjunto de pactos elásticos, meta-estables, pero que responden a lo que llamaba Kate Millet “una política sexual que tiene efectos sistémicos sobre el conjunto de las mujeres”.[1] Nos proponemos analizar en este trabajo en qué medida nos encontramos ante una simple manifestación del ordenamiento jurídico, aun sometida a discusiones axiológicas, o por el contrario se trata una vez más de un paso adelante en la larga lucha referida y la subsiguiente réplica de la sociedad patriarcal, al igual que ha ocurrido en innumerables ocasiones a lo largo de la historia.
Debemos comenzar pues, remontándonos a lo que se ha denominado como teoría de la dominación sexual, desarrollada principalmente por el feminismo radical a partir de los años 70 en occidente, y que hoy día consideramos vigente y de actualidad por la pertinencia, a tenor de los acontecimientos sociales y legislativos que estamos viviendo en estos momentos, de volver a reivindicar con fuerza la autonomía del cuerpo de la mujer, así como su necesidad de liberarse de servidumbres sexuales y reproductivas.
Kathleen Barry, en su estudio Teoría del feminismo radical: política de la explotación sexual sostiene que, hoy día, el cuerpo de la mujer se ha convertido en el terreno de la dominación. “El patriarcado de la familia no puede seguir sosteniendo con eficacia el control sobre las mujeres”. Ello, nos explica, es debido principalmente al progresivo acceso de la mujer a la esfera pública -acceso que le ha permitido alcanzar la independencia económica-, así como la evolución de las leyes matrimoniales y leyes de divorcio que empiezan a considerar a la mujer no como una propiedad del marido sino como sujeto de derecho. Por tanto, como “la privatización de las mujeres no puede asegurarse por más tiempo mediante la dominación patriarcal que ejerce el matrimonio (...) el cuerpo se ha convertido en el terreno de la dominación, pero no lo ha hecho reemplazando al matrimonio o a la familia como lugares de opresión patriarcal, sino operando como un terreno que cubre todas las otras condiciones. El cuerpo del que hablo es el de la mujer sexualizada” (Barry: 2005). En consecuencia, nos dice, si bien históricamente se han ido consiguiendo logros, “el control de las mujeres sobre su cuerpo, esto es, su cuerpo sexual, es un derecho que hay que exigir”.
De esta forma, vemos cómo industria, cultura, sociedad, religión, medios de comunicación... reducen a la mujer, mediante su adopción colectiva de las conductas y características sexuales, al sexo corporal. Y esta sexualización tiene una inequívoca incidencia en el tema que tratamos por cuanto, en palabras de Barry, “la reproducción forzada, es una extensión del acto de reducir a la mujer a su cuerpo y a sus funciones”.
Ya en 1949 la filósofa Simone de Beauvoir, con “El segundo sexo”, nos explicaba que la servidumbre reproductiva de la mujer es un hándicap, pero como ha expresado Celia Amorós[2], no puede considerarse directamente la causa principal de su opresión, mas bien sería la manera en que la cultura ha redefinido el factor biológico. Según la hipótesis de Beauvoir, la Edad de los metales marcaría el comienzo del sometimiento de la mujer, al proporcionar mejores armas al hombre que le permitían ser más eficaz en arar la tierra, la caza y también la lucha contra sus congéneres. Y de los tres factores que concurren en la opresión de la mujer, ontológico, biológico y cultural, el más decisivo sería el cultural, porque mientras el hombre trasciende de lo humano en la búsqueda de valores o fines que para él son superiores, la mujer, unida a la especie por su función reproductora, se limita a dar vida, algo que en esa cultura no es un valor. Por esa razón, la mujer no alcanza la plenitud de lo humano, es la Otra. Así, dirá Simone de Beauvoir, la humanidad le concede superioridad al sexo que mata sobre el sexo que engendra. En consecuencia, la cuestión de la liberación de la mujer en el ámbito reproductivo será también una cuestión de cultura, de valores.
Años mas tarde, la aparición de los Movimientos de Liberación de las Mujeres en la década de los 70 viene a marcar el nacimiento del feminismo radical, con la denuncia de los aspectos más prescriptivos del pensamiento de Freud, elaborando toda una teoría de la sexualidad que reclamaba la autonomía del cuerpo femenino. Esta nueva forma de feminismo se define como radical porque se propone buscar la raíz de la dominación. Y acogiéndose en el seno de la izquierda contracultural, reivindicará abiertamente por primera vez el derecho de la mujer a la sexualidad y al aborto. Entre otras cosas, el feminismo radical es pionero en considerar la sexualidad como una construcción política. Como veremos a continuación, los trabajos de Kate Millet o Shulamith Firestone en Estados Unidos se encargarán de continuar y desarrollar el factor biológico señalado por Simone de Beauvoir. A su vez en España, Lidia Falcón, Aurelia Campmany o Victoria Sau serán las que completan el cuerpo teórico de este nuevo signo.
La escritora feminista Kate Millet, ejemplo del feminismo radical racionalista y constructivista realiza así la primera definición feminista del patriarcado en su también influyente obra Política Sexual (Millet, 1971 [1969]: 37): (…) “una institución que somete a la mitad femenina de la población al control de la mitad masculina”.
A partir de este momento, gran parte del movimiento feminista adopta el término patriarcado de Millet entendiéndolo como el equivalente a dominación masculina y considerándolo como la explicación a la universal opresión de las mujeres. El patriarcado es concebido en términos de estructura de relaciones de poder como sistema político. Y para su refuerzo, la ciencia funciona como discurso de legitimación del orden social entre los sexos. Millet plantea en su obra la fuerza ejercida por el patriarcado contra las mujeres como parte de la estructura de este sistema vinculándola al control de la sexualidad. De esta forma el poder patriarcal se institucionaliza en diferentes periodos históricos y países a través de sistemas jurídicos que castigan el adulterio de la mujer, que prohíben el aborto negándoles el control de su propio cuerpo, o permitiendo prácticas como la infibulación o la ablación del clítoris. Por tanto, la relación mujer-sexualidad-pecado constituirá el esquema fundamental del pensamiento patriarcal en Occidente insistiendo en amalgamar mujer y sexualidad.
Otra feminista radical estadounidense, Shulamith Firestone, en La dialéctica del sexo (1970) apunta a que la base material de la opresión de las mujeres se sitúa en el terreno de la biología. El hecho de que las mujeres sean las reproductoras de la especie dará lugar a la división sexual del trabajo sobre la que se construye el patriarcado y su ideología sexista. Por ello, entiende que la mujer, condicionada por la carga reproductiva, ha sido la clase oprimida a lo largo de toda la historia. Firestone propugna una revolución sexual paralela a la revolución proletaria, que consistirá en que las mujeres controlen los medios de reproducción, puesto que en la trampa de la reproducción está el origen de la opresión que sufren las mujeres.
En Francia, Christine Delphy, en un artículo titulado “El enemigo principal”[3] pone de manifiesto su descontento ante los análisis realizados por el marxismo sobre la opresión de la mujer y establece las bases para un análisis de la explotación de la mujer a la que denomina “explotación patriarcal” utilizando el concepto de Millet. Como nos dice Asunción Oliva, Delphy al final de su artículo hace referencia al control de la fuerza reproductora de la mujer que para ella es la causa y el medio de otra gran explotación de las mujeres, la explotación sexual. Por tanto, se hace preciso analizar estas dos explotaciones porque en ellas actúa la relación entre capitalismo y patriarcado, poniendo el acento de esta forma en la necesidad del estudio de éste último para saber en qué medida el patriarcado es independiente del capitalismo. La mujer aparece así considerada como clase social (no sexual como ocurre en Firestone) y el análisis del trabajo doméstico como trabajo productivo. (Oliva Portoles: 2005).
En España, el objetivo de Lidia Falcón es aplicar la teoría marxista a la explicación de lo que denomina “las tres explotaciones que sufre la mujer: la reproducción, la sexualidad y el trabajo doméstico”. En su obra “La razón feminista”, considera, al igual que Delphy, que la mujer constituye una clase social y económica, explotada y oprimida por el hombre que, consecuentemente, se constituye en clase antagónica para ella.
Para Falcón, la realidad objetiva de las mujeres, está determinada por las facultades reproductoras de su cuerpo. “Las condiciones en que esta reproducción se ha producido siempre, la mayor fuerza física del hombre, la morbilidad de la mujer durante los embarazos y los partos, la imprescindible necesidad de lactar a los hijos para que éstos sobrevivieran disponían que la mujer realizara las tareas domésticas y agrícolas o artesanas en beneficio del hombre”
Todas estas reflexiones del feminismo radical y de los movimientos de liberación de las mujeres de los años sesenta y setenta del siglo XX llevaron a la conclusión de que el control patriarcal de la salud reproductiva había sido un firme obstáculo para el crecimiento de las mujeres. Por ello se reivindicaron los métodos anticonceptivos, así como el aborto, que en último extremo es una cuestión que atañe a la disponibilidad de las mujeres sobre su propio cuerpo.
Pero la existencia del aborto, en cuanto práctica, se remonta a muchos siglos antes. La jurista Giulia Galeotti, en su libro “Historia del Aborto”[4] señala que el aborto ya era conocido y practicado en la antigüedad, como una cuestión fundamentalmente “de las mujeres”. El feto era considerado una especie de apéndice del cuerpo de la madre, y es más, como parte de sus vísceras. La concepción que domina toda la antigüedad en los pueblos orientales, en Grecia y aún en Roma es "Pars Viscerum Matris", es decir que el feto es parte del cuerpo de la mujer; cuestión distinta era que, dado que ella pertenecía al padre, esposo o estado, la misma condición se extendía a su vientre. En las ciudades griegas el aborto era considerado una práctica normal de regulación del nacimiento. En el antiguo Derecho Romano no hay disposiciones al respecto porque, en definitiva, tanto el aborto como la anticoncepción no significaban problemas morales en las sociedades antiguas, al ser utilizado como simple método de control de la natalidad.
Es en los escritos de los primeros cristianos cuando la cuestión del aborto aparece ligada, en primer lugar, a la ocultación del pecado sexual de fornicación o adulterio, por lo que se lo consideraba pecaminoso, y en segundo lugar, al momento en que ocurría la hominización mediante la “infusión del alma” al feto. A raíz de ello se convierte el aborto en un asunto teológico y moral, y se inicia la discusión en torno a ese momento de “hominización”; si bien, en un principio, siguiendo a Aristóteles y San Agustín, se considera que ocurre en torno a los cuarenta días en el hombre y ochenta en la mujer. No es hasta 1588 cuando el Papa Sixto V, en un intento de frenar la prostitución en Roma, declara el aborto y la anticoncepción pecados mortales, y aunque Gregorio XIV restableció el principio de la hominización tardía, en 1869 Pío IX proclama nuevamente la hominización inmediata a la concepción, según la cual el alma humana está presente desde el mismo momento en que ésta se completa.
De forma paralela al debate teológico, entre los siglos XVII y XVIII el feto adquiere su autonomía gracias a los descubrimientos científicos, y después de 1789, ingresa en la esfera pública. Luego de la revolución de 1789 en Francia, el Estado comenzó a tomar la maternidad como una cuestión pública. Diderot escribió que "un Estado es tanto más poderoso cuanto más poblado se encuentre (...), y cuanto más numerosos sean los brazos empleados en el trabajo y en la defensa". En la etapa Post Revolución Francesa, será el Estado quien decida que hay que privilegiar la vida del “futuro ciudadano, trabajador y soldado, con respecto a la de la madre", quien será castigada con severidad por abortar.
Por otro lado, en las colonias americanas el aborto era legal, y un instrumento de control de la natalidad, hasta que a finales de la década de 1880 el descenso en las tasas de natalidad de las mujeres blancas suscita la preocupación del Gobierno y los movimientos eugenistas por lo que se calificaba como “el suicidio de la raza”, lo que señala el comienzo de la legislación antiabortista[5], de forma que en 1900 el aborto se declaró ilegal en todos los estados de la unión norteamericana.
En 1920 la antigua Unión Soviética se convierte en el primer país en legalizar el aborto, practicado en el hospital, a solicitud de la madre en el primer trimestre, seguida por Japón, que aprobó en 1948 la ley de protección eugenésica, permitiendo la práctica del aborto por una amplia variedad de razones.
Pero podemos decir que el gradual desapoderamiento de la capacidad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo se prolonga hasta los años 70 del pasado siglo, donde el movimiento feminista como ya hemos señalado recupera la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que a lo largo de la historia se había manifestado en fallidos aunque meritorios intentos[6].
Las campañas masivas a favor del aborto fueron frecuentes en el Movimiento de Liberación de las Mujeres Internacional. En Argentina, Italia, Francia, Gran Bretaña, España, Dinamarca y otros muchos países la lucha por el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres se convirtió en vector de su agenda de actuación con graduales resultados legislativos.
Centrándonos en España, existe un importante antecedente en la reforma eugénica del aborto con el Decreto de Interrupción artificial del Embarazo de diciembre de 1936, en plena guerra civil y en el marco de la Generalitat de Cataluña. Desde una perspectiva de género tuvo un claro contenido emancipatorio con respecto al tradicional discurso (Nash, 2006). Se permitía a las mujeres controlar su mandato biológico de la reproducción no sólo por motivos terapéuticos o eugénicos sino también con base en la voluntad de autodeterminación femenina, siendo éste el factor decisivo.
La dictadura zanjó esta iniciativa y no es hasta el movimiento feminista de los años 70 en que se recuperan las reivindicaciones de las mujeres a favor de sus derechos sexuales y reproductivos. Justa Montero Corominas (2009) ha estudiado con detalle esta etapa y comienza recordándonos que por entonces el cuerpo de las mujeres sólo tenía un valor funcional: o servía para satisfacer el deseo sexual masculino, o servía como incubadora para garantizar su papel reproductor. La exigencia “sexualidad no es maternidad” recogía en pocas palabras toda una afirmación programática, y supuso el inicio de un proceso en que la exigencia de métodos anticonceptivos, el derecho al aborto, el reconocimiento del lesbianismo como opción sexual y el rechazo a la violencia sexual, marcarán distintas etapas en la lucha por la autonomía sexual de las mujeres. No se trataba de conseguir cambios legislativos y asistenciales concretos, sino de hacerlo formulando nuevos derechos: el derecho al propio cuerpo, a vivir la sexualidad y la maternidad con libertad, a decidir. El primer paso se da con la campaña “por una sexualidad libre “ que el movimiento feminista lanza por primera vez en 1977. Hasta octubre de 1978, fecha en que se despenalizan, se castigaba con arresto mayor y multa a quienes “anunciaran, informaran, vendieran o facilitaran cualquier método anticonceptivo”. La exigencia de su legalización, “libres y gratuitos” forma parte de todas las plataformas reivindicativas de aquellos años y de campañas como la realizada por la Plataforma de Organizaciones Feministas en marzo de 1977.
La reivindicación de los anticonceptivos estuvo muy ligada a la exigencia del derecho al aborto. Trescientos mil abortos realizados al año y tres mil mujeres muertas eran los datos que facilitaba la Fiscalía del Tribunal Supremo en 1974. Por otro lado, no era desconocido que las desigualdades económicas entre las mujeres resultaban fundamentales, puesto que aquellas que tenían recursos económicos podían acudir a médicos que cobraban entre 80.000 y 300.000 pesetas de la época, o viajar al extranjero.
Sin embargo no es hasta 1979 cuando salta el problema a la escena pública con el caso de las llamadas “once mujeres de Bilbao” acusadas de haber abortado. La campaña de movilización que ocasionó, con manifestaciones, actos, encierros en ayuntamientos, juzgados y colegios de médicos, manifiestos y masivas autoinculpaciones, no sólo propició una sentencia absolutoria, sino que generó una continuidad en el movimiento frente a la proliferación de juicios que se sucedieron. En diciembre de 1981 en el marco de las jornadas que organiza la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas de Madrid se marca un punto de inflexión: el ideario sobre el aborto se unifica y se profundiza en su relación con la maternidad impuesta y el modelo de sexualidad dominante. Todo ello conduce a la despenalización en la reforma del artículo 417 bis del código penal llevada a cabo por la Ley orgánica 9/1985 de 5 de julio y al establecimiento de los bien conocidos tres supuestos que operan más como eximentes que como derechos.
Y es que el término “derechos reproductivos” aparece en el escenario global institucional por primera vez en el Tribunal Internacional del Encuentro sobre Derechos
Reproductivos, en Ámsterdam en 1984, como expresión del avance del pensamiento feminista en torno de la libertad reproductiva (Pimentel, 2002:156). Su precisión y desarrollo se plasman posteriormente en el Plan de Acción de la Conferencia de las Nacionales Unidas por las Décadas de las Mujeres (Nairobi,1985) y en la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia de las Mujeres en Beijing (1995).
No obstante han sido constantes las resoluciones, declaraciones y acuerdos que en el plano internacional han venido destacando el derecho a la autodeterminación reproductiva libre de condicionantes y penalizaciones, en función del derecho a la integridad física de la mujer, su dignidad y su autonomía corporal. Son ejemplos de ello la Conferencia mundial del año internacional de la Mujer celebrada en México en 1975, la Resolución 60/1 del año 2005 en la que la Asamblea General de Naciones Unidas marcó el objetivo de lograr el acceso universal a la salud reproductiva para el 2015, etc. Y en el ámbito europeo, por destacar las más recientes, la Resolución sobre salud sexual y reproductiva y los derechos en esta materia (2001/2128(INI), o la Resolución 1607 del Consejo de Europa de 16 de abril de 2008. Todas ellas hacen referencia explícita a la autodeterminación de la mujer sobre su propio cuerpo en lo que concierne a la maternidad, y en el contexto del derecho humano a la salud reproductiva. Especial relevancia ha tenido la aludida Resolución 1607, en la que se subrayan las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres en numerosos países en cuanto a su acceso efectivo al derecho a la IVE, de forma que se invita a los Estados miembros no sólo a despenalizarlo, sino a “respetar la autonomía de elección de las mujeres”, “suprimir las restricciones” que “de hecho o de derecho” la obstaculizan, garantizando su “ejercicio efectivo”. Fruto de ello ha sido la creciente adaptación de las legislaciones nacionales europeas a tales principios, de forma que en la mayoría de países de la Unión Europea se ha regulado la IVE mediante una ley integral que articula un sistema mixto, de plazos con indicaciones. El plazo de decisión libre para la mujer va desde las 10 semanas de Portugal a las 24 de Holanda o Inglaterra. En cuanto a los llamados “días de reflexión” o la necesidad de recibir información previa, varían igualmente, si bien la tendencia general es la de que tales requisitos aparezcan en todo caso inspirados por el necesario respeto a la libertad de la mujer y su autonomía de voluntad.
En este contexto se plantea en el año 2009 la regulación en términos legislativos de la IVE en España, en el marco de la salud sexual y los derechos reproductivos. No sólo, como decimos, procede esta norma de las iniciativas internacionales y europeas ya citadas, sino de los problemas y disfunciones que la regulación hasta ahora existente venía ocasionando. Al tratarse sólo de una despenalización del aborto en los conocidos tres supuestos, mediante la modificación de los artículos del código penal, se había generado inseguridad jurídica tanto a las mujeres que se sometían a un aborto como a los profesionales. Un ejemplo de ello ha sido el “caso Isadora”, impulsor en cierto modo de la nueva ley, y que recientemente ha sido archivado por el juzgado de Instrucción competente. Recordemos brevemente que un juez admitió a trámite en principio una denuncia por presuntas irregularidades en la gestión de residuos de la clínica. La Guardia Civil acudió a los domicilios de 25 mujeres que habían abortado allí después de que el juez ordenara que declararan como testigos. En muchos casos, ni sus propias familias sabían que se habían sometido a un aborto. La causa se archivó finalmente por falta de cualquier indicio de culpabilidad.
Pero volviendo al tema que nos atañe, y con independencia de los inconvenientes que presentase la reforma precedente del código penal en su aplicación, lo cierto es que el proyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo implica un tratamiento del tema desde un punto de vista completamente distinto. Por primera vez se protegen y garantizan los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Pensemos en que, como ya hemos avanzado, la reforma del Código Penal del año 1985 venía a configurar la IVE mas como una circunstancia eximente de un delito en supuestos muy determinados que como un verdadero derecho de la mujer, con el alcance que se le quiera dar, y dejando de lado la amplitud con que se llevó a la práctica.
El nuevo proyecto de Ley Orgánica aborda la cuestión desde cuatro aspectos relevantes:
-Una clara inspiración en las corrientes legislativas, jurisprudenciales y doctrinales que tanto en el nivel internacional como en el europeo se han sucedido en los últimos años, y el consiguiente propósito de acercar la legislación de nuestro país a tales regulaciones.
-La voluntad de poner fin a la inseguridad jurídica de la mujer embarazada, tal como dispone la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 20 de marzo de 2007, así como acabar con el problema social de los abortos clandestinos que ponen en grave riesgo la vida y la salud de las mujeres.
-Plantea la regulación de la IVE en términos estrictamente jurídicos que atienden a los derechos fundamentales intervinientes a lo largo de la gestación. La sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985 definió en su día la vida humana como “un devenir, un proceso que comienza con la gestación, en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana” precisando que este “continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos” tenía un inequívoco “reflejo en el estatus jurídico público y privado del sujeto vital”. Esto es, a lo largo de ese proceso los derechos fundamentales de la madre a su salud, libertad y capacidad de disposición sobre su propio cuerpo se estiman prevalentes sobre el derecho a la vida del nasciturus durante aquel período en que la doctrina científica así lo fundamenta. Estimamos no obstante, que el criterio determinante debería ir en la línea de la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano Roe v. Wade (1973), según la cual el aborto es un derecho constitucionalmente garantizado a la mujer; derecho cuyo fundamento último se hallaría en la «privacy» o intimidad: decidir si continuar una gestación formaría parte de ese recinto de cuestiones esencialmente privadas, en las que nadie está autorizado a inmiscuirse. A fin de cuentas la exposición de motivos de la LO señala que “la tutela del bien jurídico en el momento inicial de la gestación se articula a través de la voluntad de la mujer, y no contra ella”.
-La regulación de la IVE se enmarca asimismo en el derecho a una educación sexual adecuada donde se promuevan la igualdad entre sexos, el respeto a la diversidad sexual y la prevención de embarazos no deseados.
Y no debemos olvidar que todo ello obedece a la lucha del movimiento feminista que desde los distintos ámbitos, académicos, políticos-sociales, jurídicos, viene reivindicando históricamente, entre otros, los derechos de la mujer en lo que se refiere a su salud sexual y reproductiva.
El proyecto de ley no establece tanto un derecho al aborto cuanto un derecho a decidir sobre el aborto, que en último término es un derecho a decidir sobre el propio cuerpo. Cuando antes se partía de un delito no castigado en tres supuestos, ahora los dos derechos fundamentales inician juntos un camino en el que la preponderancia de uno sobre otro va evolucionando a tenor de los cambios biológicos del feto y su consecuente implicación jurídica.
Esta iniciativa legislativa ha recibido réplica en algunas Comunidades Autónomas como la Valenciana, con la llamada “Ley de Protección a la Maternidad” (Ley 6/2009 de 30 de junio). El propio título de la norma nos suscita una pregunta. ¿Frente a qué debe protegerse la maternidad en nuestro país? ¿Se encuentra la mujer española embarazada en peligro por el mero hecho de estarlo?
De acuerdo con Kevin Watkins, Profesor de la Universidad de Oxford y director del “Informe de Educación para Todos en el Mundo” de la UNESCO, en su artículo Con un pie en la tumba[7] :“Mas de medio millón de mujeres en países en desarrollo mueren cada año durante el embarazo o el parto (…) Un tercio de las muertes maternas se podrían evitar dando acceso a la planificación familiar y a instalaciones seguras (…) Mientras que en Gran Bretaña una de cada 5.100 mujeres corre el riesgo de morir durante el embarazo, en África Subsahariana las probabilidades son de 1 entre 22”.
El texto legal que estudiamos ¿trata de proteger a la mujer frente a la mortandad derivada del embarazo? ¿Frente a las desigualdades ocasionadas por la pobreza? ¿Frente a las desigualdades de género? ¿Se trata quizá de asegurar la posición jurídica y económica de la mujer a lo largo de todas aquellas etapas de su vida en que ejerza como madre? El análisis de esta ley acabará dándonos la respuesta.
De conformidad con los criterios hermenéuticos que nos proporciona el apartado primero del artículo tercero del Código Civil, para interpretar esta norma debemos acudir al contexto y los antecedentes históricos y legislativos de su elaboración. En parte ya nos hemos referido al primero al relacionarlo con la tramitación del proyecto de Ley Orgánica. No obstante el origen formal de la norma parte, como se expresa en su exposición de motivos, de una iniciativa legislativa popular de ochenta mil habitantes de la Comunidad Valenciana. Se trata básicamente de la Fundación Red Madre, compuesta por un grupo de asociaciones de asesoramiento a embarazadas impulsadas en 2007 por el Foro Español de la Familia. La Red Madre ha ido recabando firmas en todas las comunidades autónomas para pedir a las Asambleas regionales que elaboren normas de apoyo a la maternidad de acuerdo con sus propuestas. Es llamativo el hecho de que en el texto de la iniciativa legislativa popular no se promueve un servicio público para las embarazadas, sino “una red solidaria de ayuda” que estaría integrada por ONGs privadas que desde hace años se dedican a esta labor de asistencia.
Pasando a analizar la ley, destaca en su preámbulo la afirmación de que se apoya la misma en el derecho de la mujer “a llevar adelante su gestación” y “a ser informada de ese derecho”. Además “se subraya el derecho a la vida en formación” y el de los hijos “a desarrollarse en un ámbito familiar alternativo al biológico cuando éste sea imposible”. Dos aspectos nos llaman de inmediato la atención. La condición jurídica de madre se posee en tanto en cuanto se den algunas de las causas que establece el ordenamiento para ponerle fin como el fallecimiento o la incapacitación con pérdida de la patria potestad. Quiere esto decir que en principio una mujer es madre durante todo el tiempo en que vivan tanto ella como su descendencia; sin embargo la ley nos dice que se trata de proteger únicamente el período de gestación, lo que de por sí entra en contradicción conceptual con el título. Por otro lado ¿cuáles son las causas que determinan la imposibilidad de ejercer como madre? Continuemos examinando la ley:
El artículo primero nos habla de que la finalidad de la misma es proteger la vida en formación. El tercero establece como principios rectores el de la dignidad de la gestante (insistimos, no de la madre), así como el mencionado derecho a la crianza en un ámbito familiar alternativo. Tales principios se señalan asimismo en el artículo quinto como directrices de aplicación transversal en las políticas sociales del gobierno valenciano. De este modo se configura claramente la posición de la mujer en relación con su cuerpo: aparece como mera portadora biológica de un ser cuyos derechos prevalecen sobre los suyos desde el momento de su concepción y que resulta el centro y el fundamento de toda la regulación. Y ello sin alusión a otros antecedentes legislativos, doctrinales o jurisprudenciales que la propia y precedente Ley de la Generalitat de Protección Integral de la Infancia.
Estos criterios se llevarán a la práctica a través de un sistema que desarrolla la ley en los siguientes artículos. En primer lugar, todo el aparato administrativo se configura para su defensa y aplicación a través de: un código de buenas prácticas que promueva estos valores (Art.6), la coordinación interadministrativa (Art. 8) y la difusión y colaboración con las entidades locales (Art.9). Frente a la férrea y disuasoria regulación de la confidencialidad que aparece en el proyecto de ley orgánica estatal, es llamativo que el artículo siete de esta ley disponga: “las administraciones públicas podrán cederse los datos de carácter personal necesarios para proporcionar a las madres una cobertura integral de sus necesidades”.
La vaguedad y amplitud de estos preceptos (deficiencia que se repite a lo largo de todo el texto) suscita igualmente motivos de inquietud: si las políticas sociales, de ayudas, subvenciones, etc. han de estar inspiradas por los supremos valores de la norma ¿estaremos creando dos categorías de mujer, la buena madre que lleva a término su gestación y la mala mujer que no lo hace? Pensemos en dos aspirantes a cualquier tipo de ayuda social, ambas ya madres, pero una que ante su nuevo embarazo ha recurrido a la IVE y otra que lo lleva a su término con independencia de la posterior crianza. ¿Tendrá una de ellas preferencia con respecto a la otra? ¿Estará habilitada la administración otorgante para recabar sus datos personales con vistas a tomar la decisión? La disposición adicional única es clara a este respecto: se priorizará a la mujer gestante con carácter preferente en “los servicios sociales, la educación, la sanidad, la vivienda, los transportes y el empleo”.
A partir del artículo décimo, la ley regula el que sin duda resulta aspecto más sorprendente y polémico de su concepción de la protección a la maternidad. Y es que en realidad todo este sistema se va a articular en estrecha colaboración con entidades privadas de “interés general que se comprometan a ofrecer apoyo, asistencia y asesoramiento a la mujer gestante en el sentido previsto en la presente ley” a las que se prevé subvencionar y prestar asistencia técnica (Art.10). Por otro lado se crean “centros de atención a la maternidad” de titularidad pública pero con dos llamativas peculiaridades: la primera que para su creación y actividad se podrán establecer “los protocolos que se consideren convenientes”; y que la Generalitat “podrá concertar el desarrollo de las labores de información, apoyo y asistencia en entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan esos mismos fines, bien para la creación de estos centros, bien para apoyar a otros centros existentes”. La ley es elocuente en este extremo: la intervención pública a favor de la mujer gestante se realizará a través de entidades privadas con presencia en unidades o dependencias de carácter público. Tal uso con fines particulares –pues no olvidemos que lo único que se les exige es que sean coincidentes con los de la ley, pero no olvidemos que estas entidades en su nacimiento tienen carácter exclusivamente privado- del dominio o los bienes patrimoniales de carácter público resulta ya de por sí discutible, pero más aun lo es la confusión y la inseguridad jurídica que pueden generar en las mujeres, puesto que nunca podrán distinguir demasiado bien si a ella se dirige un funcionario, una autoridad pública o sanitaria o bien un ciudadano situado en el mismo nivel jurídico que ella; situación que se agrava con la previsión expresa de las llamadas “redes de voluntariado” a las que se atribuyen labores asistenciales con respecto a la mujer gestante. En añadidura, de acuerdo con el artículo diecisiete, en los centros asistenciales y sanitarios de la Generalitat “sea cual sea su titularidad” se informará de la asistencia y funciones de estos centros y de la forma de ponerse en contacto con ellos.
En cuanto a la información propiamente dicha se refiere en principio a toda aquella “necesaria y útil ante el embarazo y para proteger su maternidad”, en especial las ayudas económicas. No es posible precisar mas por cuanto “el contenido de esta información vendrá recogido en los protocolos que se elaboren a tal efecto”.
El artículo dieciséis profundiza en estos extremos: los centros de atención efectuarán “un análisis de la situación socio-económica y de las circunstancias personales de la mujer gestante para evaluar la posibilidad de ser beneficiaria de ayudas y prestaciones, tanto durante el embarazo como después de producirse el nacimiento”. A este respecto la única certeza con que cuenta la mujer embarazada es que si tiene menos de dieciocho años tendrá derecho a la renta garantizada de ciudadanía (Art. 26), y por otra parte que a efectos de ayudas sociales el feto cuenta como uno más de la unidad familiar desde el mismo momento de la fecundación. El resto dependerá de cada ayuda, de cada requisito, etc. ¿Nos encontramos entonces ante la imposibilidad a que nos referíamos en el preámbulo? Esto es, una menor de edad embarazada puede recibir una evaluación negativa –a cargo, recordemos de una entidad privada- en cuanto a sus posibilidades socio-económicas, pero lo cierto es que durante la gestación sí que recibirá al menos la renta garantizada. ¿Y después? La respuesta nos la ofrece el capítulo IV titulado “del apoyo a la crianza y a las medidas de protección de menores”, concretamente el artículo treinta y tres: “de la búsqueda de alternativas familiares a la protección de menores”. En el lapso entre los mencionados artículos (16 y 33) la gestante ha desaparecido ya en cuanto a sujeto de protección y pasa a serlo el menor. Una evaluación socioeconómica desalentadora será compensada por la feliz posibilidad para el menor de formar parte de una familia con mejor situación económica por medio de los mecanismos del acogimiento o la adopción. Hasta entonces, insistimos en que la ayuda sí que está garantizada. O, en palabras de María José Torres, profesora de ética clínica de la Universidad Católica de Valencia: “en un primer momento es duro pero se quedan tranquilas porque han dado vida”[8].
A la vista de este texto legal, y más allá de su incardinación en el ordenamiento jurídico español -pues parece evidente que se opone no sólo a la Constitución sino a la futura Ley Orgánica que regulará la IVE, cuestión que excede de este análisis-, cabe preguntarse acerca del modo en que configura a la mujer con respecto su propio cuerpo. En este sentido no es aventurado afirmar que supone un reinstauración de la servidumbre reproductiva y las imposiciones patriarcales denunciadas y combatidas por el movimiento feminista, y superadas en buena medida tanto por la legislación nacional e internacional como por la interpretación que de la misma han realizado los altos tribunales en numerosas instancias. Sin apoyo en doctrina o jurisprudencia alguna la ley valenciana eleva al nasciturus a una categoría jurídica preferente a la de la mujer desde su misma concepción y subordina a ésta a una mera función de portadora del feto para su entrega a la sociedad. La norma no protege la maternidad, pues únicamente se ocupa del período de gestación, en el cual se subvenciona a la embarazada, se le permite incluso, si es menor de edad, seguir el curso escolar en casa, se la somete a un sistema informativo carente de cualquier garantía pública -a través de entidades privadas, asociaciones, voluntariado…-, y a una evaluación socio-económica con la finalidad: primero, de que lleve el embarazo hasta su fin; y segundo, de que si esa evaluación concluye en su imposibilidad para la crianza, se entregue el hijo en adopción. Todo ello reforzado con una implicación establecida por ley de todas las administraciones intervinientes, un código ético y una transversalidad que en la práctica obligarán a los profesionales sanitarios a asumir y ejercer como propios los valores morales que, insistimos, ajenos a la doctrina constitucional, inspiran la norma.
En definitiva, el proyecto de ley orgánica estatal y la norma de la Comunidad Valenciana sitúan a la mujer en muy distinta posición en relación con la sociedad y con su propio cuerpo. La primera residencia la decisión sobre interrumpir el embarazo en su propia voluntad, tras una información ajena a cualquier interferencia en la misma. La IVE aparece así como una mera posibilidad a ejercer o no, posibilidad que desde el punto de vista de la regulación jurídica no conlleva valoración alguna, y menos aún restringe la posibilidad para la embarazada de dirigirse a los poderes públicos para obtener información complementaria acerca de las ayudas que le corresponden. El segundo texto legal, por el contrario, implica que el proceso de toma de decisión ha de ser compartido con un sector concreto del espectro social: el que representan las organizaciones defensoras de “el derecho a la vida”. No es difícil imaginar el efecto que esto puede comportar en la mujer cuando deba afrontar la toma de decisión ante un embarazo no deseado.
En 1985 la escritora Margaret Atwood planteó en su novela “El cuento de la criada” una distopía en la que determinadas mujeres de la escala social se veían reducidas a meras siervas reproductivas en aras no sólo de criterios eugenésicos, sino de una moralidad impuesta desde el orden público. Afirmar que con este tipo de leyes nos encontraríamos ante un supuesto similar sería una exageración, pero no lo es manifestar nuestro rechazo a cualquier norma que pueda provocar un retroceso en los derechos de las mujeres que, aun vagamente nos recuerden a esa distopía.
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[1] Definición formulada en el VI Congreso estatal Isonomía sobre igualdad entre mujeres y hombres. "Miedos, culpas, violencias invisibles y su impacto en la vida de las mujeres: a vueltas con el amor" , septiembre de 2009 en su conferencia “Del Marques de Sade a las maquilas”
[2] Amorós, Celia, “La dialéctica del sexo” de Shulamith Firestone: modulaciones feministas del freudo-marxismo”, Historia de la teoría feminista, Volumen II, publicación coordinada por Celia Amorós, Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y Comunidad de Madrid, Minerva Ediciones, 2005.
[3] C. Delphy, “El enemigo principal”, incluido en Por un feminismo materialista. El enemigo principal y otros textos, Madrid, LaSal, 1982, páginas 11-28.
[4] Galeotti, Giulia, 2004, “Historia del Aborto”, Buenos Aires, Ed. Nueva Visión.
[5] Reagan, Leslie, “When Abortion Was a Crime: Women, Medicine and Law in the United States, 1897-1973”, 1997, Berkeley, University of California Press, 1997. Luker, Kristin, “Abortion and the Politics of Motherhood”, 1984, Berkeley, University of California Press.
[6] Como el movimiento intelectual La Querelle des femmes, surgido en la Europa feudal tardía en fecha incierta, aunque se encontraba ya formado en el siglo XIV. En él participaron tanto hombres como mujeres, aunque la figura que le dio forma definitiva y contenido feminista fue Christine de Pizan (1364-1430). Se convirtió en un fenómeno internacional que perduraría hasta la Revolución Francesa. De acuerdo con Mª-Milagros Rivera, en lo que atañe al cuerpo, las autoras de la Querella de las mujeres tuvieron que hacer frente a un corpus inacabado de obras que sostenían que el cuerpo de la mujer era inferior y aborrecible, debía ser sexo y, por lo tanto, abstenerse de hablar en público. Un tópico, el de la mujer como hombre defectuoso, que había formulado ya Aristóteles en su De generatione animalium y al que siguieron filósofos y teólogos innumerables. Las pensadoras de la Querella de las mujeres (en España, desde Teresa de Cartagena a Isabel de Villena) no se limitaron a rebatir ese argumento; además de escribir y participar en las tertulias y en los debates públicos sobre el tema de la dignidad de las mujeres, introdujeron en sus obras una línea argumental referida a la sexualidad femenina. Al lanzarse a hablar públicamente desde la experiencia de su ser de mujer —como decía Christine de Pizan—, las mujeres de la Querella empezaron a penetrar en uno de los terrenos que el discurso masculino les había tradicionalmente vedado como especialmente peligroso: el del cuerpo femenino. Como ya demostró Michel Foucault, el discurso sobre el cuerpo es un discurso que debe hacerse desde el poder”. Y era evidente que estas audaces mujeres no lo tenían.
[7] Diario Público, 1 de mayo de 2009.
[8] Diario Público, 8 de junio de 2009
Publicado por Cuarto Propio Juristas en 10:29 No hay comentarios:
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