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Principales normas modificadoras de Temarios en 2018
Año XXXI · Número 5109
Home Varios Varios Principales normas modificadoras de Temarios en 2018
Miércoles, 03 de Enero de 2018 19:38	Redacción
El Gobierno ha confeccionado el plan anual normativo para 2018 con la previsión de que en dicho año se aprueben 287 nuevas normas, de las cuales 9 tendrán rango de ley orgánica, 38 de ley ordinaria y 240 de Real Decreto.
Por lo que a oposiciones se refiere, las principales normas que modificarán los diferentes temarios serán las siguientes:
1. LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
La iniciativa normativa tendría diversos objetivos. En primer lugar, responder a las obligaciones internacionales adquiridas por España; así, se debe transponer la Directiva 2014/57/UE sobre sanciones penales por abuso de mercado, que conllevaría la modificación del Código Penal para adaptarlo a las obligaciones impuestas por la Directiva en la persecución de las operaciones con información privilegiada y el abuso de mercado. Además, procede igualmente la transposición de la Directiva 2017/541/UE relativa a la lucha contra el terrorismo y por la que se sustituye la Decisión Marco2002/475/JAI, así como el Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo.
A su vez, se debe incorporar a nuestro ordenamiento la Directiva 2017/1371/UE de 5 de julio de 2017 sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho Penal. Igualmente, deben realizarse ajustes puntuales para adecuar la legislación penal a Tratados Internacionales ratificados por España o cuya ratificación está pendiente (Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra el tráfico de órganos humanos).
También son objetivos: añadir algunas pequeñas reformas por déficit de transposición anterior y, finalmente, depurar el texto de pequeños errores con referencias obsoletas o inadecuadas, que se venía arrastrando tras diversas reformas de gran calado.
2. LEY ORGÁNICA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Persigue:
Superar el modelo del siglo XIX en el proceso penal, igualando el sistema al resto de países europeos y americanos.
Atribuir la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal, unificando criterios en toda España.
Simplificar el procedimiento de investigación. Regulación de todas las diligencias de investigación.
Reforzar las garantías de la presunción de inocencia, el acceso de los perjudicados e investigados al procedimiento.
Crear la figura del juez de garantías, que garantice los derechos de las partes durante la investigación, procure la práctica de diligencias denegadas por el fiscal y decida sobre la apertura de juicio oral.
Reducir el número de procedimientos especiales, incluyendo uno de enjuiciamiento conjunto de menores y mayores de edad.
Considerar al juicio oral como el protagonista del proceso penal, sometido a los principios de igualdad de armas y publicidad. La prueba debe ser la que determine la culpabilidad.
Revisar y simplificar el sistema de recursos en el proceso penal. Regulación integral de la ejecución penal, en la que se prevea el modo en el que se ejecuta todo el catálogo de penas del Código Penal.
Adaptar, en lo que proceda, la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial en relación con los objetivos generales de la iniciativa antes señalados.
3. LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ELECCIÓN DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Tiene la finalidad de reforzar la independencia de las instituciones y, singularmente, del Consejo General del Poder Judicial, a través principalmente de la modificación del sistema de nombramiento de sus vocales de procedencia judicial, posibilitando su elección por los propios Jueces y Magistrados, como se recogía inicialmente en la idea del constituyente.
En particular, las finalidades específicas perseguidas son:
Reforzar la independencia del órgano de gobierno de los jueces y potenciar la visibilidad social de la misma.
Incrementar el grado de corresponsabilidad de los Jueces y Magistrados, atribuyéndoles directa responsabilidad en la elección de los integrantes del órgano de gobierno.
Fomentar y mejorar la afección e identificación entre el Consejo General del Poder Judicial y los Jueces y Magistrados.
Eliminar la percepción social de la politización de la justicia.
Introducir, en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial las medidas de reforma recomendadas por el TEDH y el grupo GRECO del Consejo de Europa para mejorar la transparencia.
4. LEY ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA
Los importantes cambios producidos en el perfil de la población reclusa durante estos años, con la aparición de nuevas formas delictivas, como la llamada “corrupción política” y el terrorismo yihadista, los avances tecnológicos, las nuevas aplicaciones informáticas que conllevan a un modelo de administración electrónica, hacen necesaria una adaptación de la legislación penitenciaria a esta nueva realidad. En concreto se pretende abordar reformas que afectan:
A la aplicación homogénea de la nueva institución de la suspensión de la condena para el disfrute de la libertad condicional introducida en la última reforma del Código penal.
La atribución de rango de ley tanto de las infracciones disciplinarias, como de las sanciones a imponer a los internos.
La implementación de medidas destinadas a incrementar la protección de los funcionarios de Instituciones Penitenciarias frente a eventuales agresiones por parte de internos
Dar rango de ley al régimen flexible de cumplimiento de la condena y al control telemático de reclusos en tercer grado
El abordaje de aspectos procesales elementales que limitan la seguridad jurídica en la ejecución penal
La clarificación del reparto competencial entre la administración penitenciaria y los jueces de vigilancia
La ampliación del ámbito de actuación de la Administración penitenciaria a las penas y medidas alternativas.
El ofrecimiento al interno los medios necesarios para mejorar sus conocimientos y capacidades a través de la inserción laboral, con el fin de incrementar sus posibilidades de integración en la sociedad al abandonar la prisión.
5. LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE EJECUCIÓN, AGILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E IMPULSO DE LA MEDIACIÓN
El objetivo general de la reforma lo constituye una modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil que tenga por finalidad:
La introducción de una serie de mejoras destinadas a mejorar la ejecución de las sentencias, tales como los relativos a la unificación y simplificación de los procedimientos de ejecución.
La simplificación y agilización del procedimiento civil.
La mejora del sistema de notificaciones, ejecución y subasta judicial.
La posible inembargabilidad de ayudas sociales mínimas para personas en riesgo de exclusión social.
La revisión de la legislación procesal a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y normativa comunitaria en vigor para realizar los ajustes que sean pertinentes.
6. LEY POR LA QUE SE APRUEBA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO FISCAL
Dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España y a las recomendaciones efectuadas por el Grupo GRECO del Consejo de Europa otorgando mayor autonomía al Ministerio Fiscal, así como la mejora técnica del régimen actual del Ministerio Fiscal y modernizando algunos aspectos que han quedado desfasados en la normativa vigente hasta el momento. En particular, regular los principios de funcionamiento del Ministerio Fiscal, regular específicamente determinados procedimientos, especialización del Ministerio Fiscal, entre otros aspectos.
7. LEY DE MODERNIZACIÓN DE OBLIGACIONES Y CONTRATOS
Impulso de la modernización del derecho español de obligaciones y contratos a partir de dos ejes:
Actualización del régimen de las bases de las obligaciones y contratos que se han de contener en el Libro IV del Código civil. Para ello se parte de la Propuesta de la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación para la modernización del derecho de obligaciones y contratos, publicada por el Ministerio de Justicia en 2009.
Nuevo Código Mercantil, con las normas generales de las obligaciones y contratos mercantiles, que será oportunamente revisado teniendo en cuenta las observaciones contenidas en el Dictamen del Consejo de Estado de 29 de enero de 2015.
Entre las medidas que se pueden contemplar para modernizar y racionalizar el derecho de obligaciones y contratos, se encuentran:
Proporcionar el suficiente tratamiento de las acciones ante el incumplimiento, el cumplimiento parcial o defectuoso y, en general, de la responsabilidad contractual. Abordar estos factores aportará seguridad jurídica y producirá un efecto dinamizador de la economía.
Proporcionar una regulación sistemática de la representación, que hasta ahora se construye con principios extraídos de la regulación de diversas instituciones, fundamentalmente del contrato de mandato.
Suplir la ausencia de una regulación de las fases contractuales, en particular del precontrato y aclarar las consecuencias jurídicas que puede tener la negociación entre las partes, exigiendo que esté presidida por la buena fe (con la consiguiente responsabilidad, en caso contrario) para favorecer la contratación.
Facilitar mediante una nueva regulación la formación de los contratos, especialmente mediante el cruce de ofertas y aceptaciones.
Regular convenientemente la modificación del contrato por circunstancias extraordinarias sobrevenidas, que habrá de dotar a la relación de seguridad jurídica, de forma que se impida la discrecionalidad en las decisiones.
Y, en fin, modernizar la regulación de los contratos típicos, como la compraventa, el contrato de servicios, el de obras, el comodato o el préstamo para acomodarla a la realidad económica y social.
8. LEY POR LA QUE SE REFORMA EL CÓDIGO CIVIL Y LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL EN MATERIA DE DISCAPACIDAD
Con las finalidades de:
Completar la adecuación de nuestro Ordenamiento jurídico a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, hecha en Nueva York el 13 de diciembre de 2006, que propugna, en el plano civil, la igualdad en el ejercicio de la capacidad de obrar por parte de las personas con discapacidad y el cambio de un sistema de sustitución en la adopción de decisiones por un sistema de asistencia para la toma de decisiones que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona.
Introducir un cambio de terminología y limitar el régimen de la tutela a los menores de edad no emancipados y no sujetos a patria potestad. Regular las instituciones de apoyo a la persona con discapacidad, como son la curatela, el defensor judicial y la guarda de hecho.
En la misma iniciativa habrán de incorporarse las reformas oportunas de la Ley de Enjuiciamiento Civil o de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, en consonancia con los objetivos de la norma.
9. LEY DE REFORMA DE LAS CONDICIONES DE ACCESO Y EJERCICIO DE LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, POR LA QUE SE MODIFICAN LA LEY 2/2007, DE 15 DE MARZO, DE SOCIEDADES PROFESIONALES, LA LEY 34/2006, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE EL ACCESO A LAS PROFESIONES DE ABOGADO Y PROCURADOR DE LOS TRIBUNALES, Y EL REAL DECRETO-LEY 5/2010, DE 31 DE MARZO, POR EL QUE SE AMPLÍA LA VIGENCIA DE DETERMINADAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE CARÁCTER TEMPORAL
El objetivo principal de la reforma propuesta es dar un mejor cumplimiento al mandato de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, mediante el reforzamiento de la evaluación práctica, de forma que se garantice que la formación especializada cumple con el objetivo de proporcionar a los futuros abogados y procuradores de los tribunales una capacitación profesional previa al ejercicio que vaya más allá de la obtención de una titulación universitaria.
Para ello, se mejora el diseño de la prueba actual, de manera que permita introducir por un lado las notas de evaluación práctica y oralidad en la misma y, por otro, reduzca la excesivamente amplia composición de las comisiones evaluadoras.
10. LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 27/2014, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES
La trasposición de las Directivas comunitarias antielusión fiscal: La Directiva 2016/1164, de 12 de julio de 2016, ATAD (por sus siglas en inglés) y la Directiva 2017/952, del Consejo, de 29 de Mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva2016/1164, en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países (ATAD II).
El objetivo fundamental es transponer a la normativa española las cinco principales medidas previstas en estas Directivas para adaptar las ya existentes en la Ley:
La deducibilidad de los intereses.
La imposición de salida.
La aplicación de las normas generales contra las prácticas abusivas.
La transparencia fiscal internacional.
Las normas para hacer frente a las asimetrías híbridas.
11. LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL CATASTRO INMOBILIARIO, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2004, DE 5 DE MARZO
Consecución de una mayor eficiencia en el mantenimiento de la información catastral, así como la simplificación en los procedimientos administrativos y su normalización con el fin último de reducción de cargas a los ciudadanos.
12. LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 22/2009, DE 18 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA Y SE MODIFICAN DETERMINADAS NORMAS TRIBUTARIAS.
La finalidad de esta Ley es adecuar el sistema de financiación autonómica al régimen actual de descentralización competencial, el mantenimiento sostenible de las prestaciones del Estado del Bienestar, concretar en materia de financiación los aspectos esenciales de la equidad, garantizar el principio de suficiencia financiera para el correcto ejercicio de las competencias y prestación de los servicios públicos esenciales y ahondar en el principio de corresponsabilidad.
13. LEY DE REFORMA DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO.
Adecuar el sistema de financiación local al régimen actual competencial. En este sentido se considera que deben articularse los mecanismos de financiación adecuados a la diversidad en la realidad de las entidades locales. Dentro de esta diferenciación debe asegurarse en todo caso un régimen de financiación que permita abordar y ejercer en beneficio de los ciudadanos las competencias que corresponde a las entidades locales.
14. REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 427/2005, DE 15 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULA LA COMPOSICIÓN, LAS FUNCIONES Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
Adaptar los titulares de los órganos miembros de la Comisión Nacional de Administración Local en representación de la Administración General del Estado, a la nueva estructura de los Departamentos Ministeriales recogida en los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, y 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales.
15. REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 119/2003, DE 31 DE ENERO, POR EL QUE SE CREA Y REGULA LA COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA DEL ESTADO
Adaptar la composición de la Comisión Interministerial de Coordinación de la Administración Periférica del Estado (CICAPE), a la nueva estructura de los Departamentos Ministeriales realizada por los Reales Decretos 415/2016, de 3 de noviembre, por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales y 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los Departamentos Ministeriales.
16. REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL REGISTRO MERCANTIL
Reemplazar el Reglamento del Registro Mercantil, aprobado por Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, adaptando la regulación a la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, en lo relativo a la intervención de los Registradores Mercantiles en los asuntos, actas, escrituras públicas, expedientes, hechos y actos inscribibles para los que resulten competentes conforme a lo dispuesto en dicha Ley, así como a las múltiples novedades producidas en la legislación mercantil, particularmente en el ámbito societario desde la aprobación del texto hoy vigente.
Asimismo, adaptar su actuación a las previsiones contenidas en la normativa europea de aplicación, en particular al Reglamento (UE) nº 910/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 2014, relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por el que se deroga la Directiva 1999/93/CE.
Para la elaboración del texto del Proyecto de Reglamento se constituyó una Subcomisión en la Sección de Mercantil de la Comisión General de Codificación, que ya ha finalizado su trabajo.
17. REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 996/2003, DE 25 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Adaptar el actual Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada mediante la disposición final tercera de la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Actualizar la regulación técnica del régimen aplicable a la prestación de la asistencia jurídica gratuita e introducir medidas específicas que permitan agilizar la tramitación de la financiación pública de los servicios de justicia gratuitos prestados.
18. REAL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 1608/2005, DE 30 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO ORGÁNICO DEL CUERPO DE SECRETARIOS JUDICIALES
Adaptación del Reglamento del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia a las reformas operadas en la LOPJ por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, y en particular reforma del sistema de Concursos, Categorías y Escalafón, de la regulación del cese de los Letrados nombrados para puestos de libre designación, y del nombramiento y cese de los del Tribunal Supremo.
Actualización de la norma y reforma de otros aspectos o mejoras técnicas.
19. REAL DECRETO DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL
Desarrollará lo dispuesto en el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en relación con los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.
20. REAL DECRETO SOBRE EL RÉGIMEN ORGÁNICO Y FUNCIONAL DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO
Desarrollará el régimen de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado para adaptarlo a las previsiones que se establecen en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.

References: REAL DECRETO 
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 Real Decreto 
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 artículo 92
 REAL DECRETO