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Timestamp: 2019-05-21 07:53:14+00:00

Document:
Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N°20
PETICIÓN DE OFICIO : Ivan Aladino Fuentes Castillo
PETICIÓN DE OFICIO : Felipe Ward Edwards
PETICIÓN DE OFICIO : Rojo Edwards Silva
PETICIÓN DE OFICIO : Jenny Alvarez
PETICIÓN DE OFICIO : Cristina Girardi
PETICIÓN DE OFICIO : Leopoldo Perez Lahsen
PETICIÓN DE OFICIO : Jorge Tarud
MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.084 PARA HACER DISTINCIÓN EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE LAS PENAS APLICABLES EN FUNCIÓN DE EDAD DEL INFRACTOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10975-25)
REPÚBLICA	DE	CHILE
Sesión 20ª, en jueves 4 de mayo de 2017
(Ordinaria, de 10.36 a 12.33 horas)
MODIFICACIÓN DE LEY N° 20.084 PARA HACER DISTINCIÓN EN MATERIA DE DETERMINACIÓN DE LAS PENAS APLICABLES EN FUNCIÓN DE EDAD DEL
INFRACTOR (PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. BOLETÍN N° 10975-25) ................................ 13
VI.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA ................................................................................................... 43
1.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10994-10) ......................................................................... 43
2.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10996-10) ......................................................................... 43
3.- OFICIO DEL SENADO. (BOLETÍN N° 10997-10) ......................................................................... 43
4.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BERGER, GARCÍA Y PAULSEN, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA ESTABLECER EFECTOS PROCESALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL
QUE FIJA PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN”. (BOLETÍN N° 11212-07)......... 43
5.- PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KAST, DON FELIPE; CERONI, CORNEJO, MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; SAFFIRIO Y SOTO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N° 19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA, PARA DAR RÁPIDA Y EFECTIVA TRAMITACIÓN A LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEDUCIDAS POR TERCEROS”. (BOLETÍN N° 11213-18) ......................................... 43
Del diputado señor Kast, don Felipe ,
por la cual informa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, que se ausentará del país por un plazo inferior a treinta días, a contar del 3 de mayo de 2017, para dirigirse a Buenos Aires, Argentina.
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria, el día de hoy 4 de mayo de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a la sesión celebrada con esta fecha.
Del diputado señor Espejo,
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, informa la realización de actividades propias de la función parlamentaria el día de hoy, 4 de mayo de 2017, con lo cual justifica su inasistencia a esta sesión.
-2.- Comunicaciones:
, quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso sin goce de dieta, por medio día, para ausentarse, por razones personales, a la sesión de hoy, 4 de mayo de 2017.
De la diputada señora Pascal ,
quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento de la Corporación, informa la participación en una actividad oficial con la Presidenta de la República, como integrante de la comitiva que la acompañará con motivo de sus visitas de Estado a la República de Indonesia y a la República Popular China, entre el 10 y el 16 de mayo de 2017.
Diputado Rathgeb, don Jorge , Solicita informar los motivos por los cuáles se habría impedido el ingreso de autoridades regionales a la ceremonia de inicio de las obras de una escuela de especialización para gendarmes en la comuna de Traiguén, oportunidad en la que asistieron los directores nacional y de la Región de La Araucanía de Gendarmería de Chile. (2124 al 26059).
Diputado Rathgeb, don Jorge , Efectividad de que en su ministerio se aplicarán descuentos de remuneraciones o compensaciones por las horas no trabajadas durante la movilización de los trabajadores efectuada con ocasión de la discusión del reajuste de remuneraciones del sector público. (022768 al 25252).
Diputado Carmona, don Lautaro . Solicita que se sirva informar sobre las acciones que se adoptarán para la fiscalización de la venta de agua envasada en la Región de Atacama, en los términos que señala. (1469 al 26659).
Diputada Hoffmann, doña María José . Se sirva informar los motivos del rechazo de la beca de alimentación solicitada por la joven Daniela Cecilia Quinteros Fuentes, en los términos que señala la solicitud adjunta. (359 al 28271).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (000323 al 28048).
Diputado Berger, don Bernardo. , Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (00300 al 27828).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (10/121 al 27953).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (1194 al 27826).
Diputado Alvarado, don Miguel Ángel . Requiere disponer la ejecución de las obras necesarias para evitar inundaciones en el sector La Silleta de la comuna de Ovalle, en atención a que en el terreno existía un canal de regadío, informando las líneas de acción que en este sentido se seguirán. (1214 al 26566).
Diputado Poblete, don Roberto . Sirva informar las medidas adoptadas en relación a las presuntas irregularidades ocurridas en la Escuela Municipal Francisco Záttera de la comuna de Laja, a raíz de una serie de accidentes escolares, detallando los procedimientos, fiscalizaciones y las capacitaciones realizadas a las escuelas de la comuna en comento, en los términos señalados en la solicitud adjunta. (1465 al 27039).
Diputado Hernández, don Javier . Se sirva informar a esta Cámara sobre las localidades de su comuna que carecen de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (147 al 27467).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (216 al 28120).
Diputado Hernández, don Javier . Se sirva informar a esta Cámara sobre las localidades de su comuna que carecen de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (219 al 27611).
Diputado Hernández, don Javier . Solicita que se sirva informar sobre el estado de ejecución en que se encuentra el proyecto de subsidio a la construcción en sitio propio, en los términos que señala. (304 al 26910).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (321 al 28023).
Diputado Hernández, don Javier . Se sirva informar a esta Cámara sobre las localidades de su comuna que carecen de servicios básicos de agua potable y alcantarillado. (364 al 27665).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (418 al 27955).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (452 al 28141).
Diputado Berger, don Bernardo . Número de funcionarios de su municipio que se encuentran adscritos a la categoría de planta en extinción, indicando si está prevista alguna medida para nivelar su condición contractual, en atención a que no fueron consideradas mejoras para su nivel en la actual ley N° 20.922. (502 al 27881).
Diputado Rincón, don Ricardo . Solicita informar el estado de avance de los proyectos de mejoramiento de calles y caminos que están en ejecución en la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, particularmente aquellos destinados a descongestionar las vías de acceso de la comuna de Machalí, según se detalla en la intervención que se acompaña. (663 al 28175).
Diputado Berger, don Bernardo . Diputado Rathgeb, don Jorge , Solicita que se remita a esta Cámara el listado de desvinculaciones, llamados a concurso para contrataciones y la nómina de todas las contrataciones realizadas en ese municipio en el período septiembre a diciembre de 2016, con las especificaciones que requiere. (705 al 25494).
Diputado Rathgeb, don Jorge . Reitera el oficio Nº 25.494, de fecha 21 de diciembre de 2016. (705 al 27761).
Diputado Lavín, don Joaquín . Se sirva informar sobre las instrucciones dadas a los inspectores municipales para proceder contra las personas que no cuentan con permiso municipal para usar los espacios de las ferias libres, indicando si utilizan distintivos que los individualicen como personal de la Municipalidad de Maipú, en los términos que señala la solicitud adjunta. (9 al 26946).
Diputado Fuentes don Iván . Los resultados de la votación efectuada por los pescadores artesanales de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo los días 24 25 y 26 de abril del presente año referida a la continuidad del acuerdo de zonas contiguas con la Región de Los Lagos copia de la resolución administrativa que ratifica su resultado y cualquier otra acta o información relevante sobre el tema. (29875 de 03/05/2017). A Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Diputado Ward don Felipe
. El estado y calidad del agua potable en cada una de las comunas de la Región de Atacama remitiendo copia de todos los informes que se encuentren en poder de su ministerio. (29876 de 03/05/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Ward don Felipe . Los proyectos de tendido eléctrico que se encuentran en trámite en la Región de Atacama señalando las fechas de ejecución y los recursos involucrados en cada uno. Asimismo remita el detalle de todos los tendidos eléctricos que se encuentran en funcionamiento en cada una de las comunas de la misma región. (29883 de 03/05/2017). A Ministerio de Energía.
Diputado Ward don Felipe . Las ventas de derechos de aguas que se han efectuado en la Región de Atacama en los últimos 30 años individualizando las personas naturales o jurídicas que han participado en dichas transacciones y el estado actual del mapa de propiedades en materia de aguas en la mencionada región. (29884 de 03/05/2017). A Ministerio de Agricultura.
Diputado Ward don Felipe . El estado y obras de conservación que se han realizado en el muelle ubicado en el sector de la caleta Chañaral de Aceituno de la comuna de Freirina detallando las realizadas en los últimos tres años. (29886 de 03/05/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas de Atacama.
. El estado y calidad del agua potable en todas las comunas de la Región de Atacama incluyendo los informes que ha realizado esa Superintendencia durante los últimos tres años. (29894 de 03/05/2017). A Superintendencia de Servicios Sanitarios.
Diputado Ward don Felipe . La situación que afecta a las personas que viven en el sector de caleta Chañaral de Aceituno en la comuna de Freirina y que no pueden acceder a títulos de dominio indicando las gestiones pendientes para su regularización y su evaluación. (29895 de 03/05/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama.
Diputado Ward don Felipe . Un mapa actualizado de la Región de Atacama en el que se individualicen las propiedades fiscales y privadas en el sector de caleta Chañaral de Aceituno en la comuna de Freirina con el detalle de las personas naturales o jurídicas que sean propietarias en el lugar. (29896 de 03/05/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama.
Diputado Ward don Felipe . La propiedad de los terrenos donde se ubica la planta Agrosuper en la comuna de Freirina especificando las personas naturales o jurídicas que ocupan propiedades fiscales vecinas incluyendo los convenios suscritos en materia de uso de predios en los últimos 30 años. (29897 de 03/05/2017). A Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de Atacama.
Diputado Edwards don Rojo Diputado Rathgeb don Jorge . La situación de los Centros de Formación Técnica CFT comprometidos a lo largo del país conforme a las interrogantes que plantea. (29899 de 03/05/2017). A Ministerio de Educación
Diputado Edwards don Rojo Diputado Rathgeb don Jorge .
La situación de los Centros de Formación Técnica CFT comprometidos a lo largo del país conforme a las interrogantes que plantea. (29900 de 03/05/2017). A Subsecretaría de Educación.
Diputado Gahona don Sergio
. La adjudicación de proyectos y fondos por parte del Instituto Nacional del Deporte desde el año 2012 a la fecha al Club Deportivo Crucón del Consuelo con domicilio en la comuna de Salamanca. (29901 de 03/05/2017). A Ministerio del Deporte.
Diputada Álvarez doña Jenny . Los antecedentes pertinentes relacionados con la aprobación por parte del Consejo Regional de Los Lagos para la compra de un bus de traslado de pacientes de la comuna de Hualaihué y la implementación del servicio de suministro eléctrico para el sector Quebraola de la misma comuna. (29902 de 03/05/2017). A intendencia de la Región de Los Lagos.
Diputada Girardi doña Cristina . Un pronunciamiento respecto a la conveniencia de dar continuidad y fortalecer el Programa Especial de Formación de Especialistas para la Atención Primaria. (29904 de 03/05/2017). A Ministerio de Salud.
Diputado Monckeberg don Nicolás . Las medidas y acciones concretas que se adoptarán para regularizar los pagos pendientes a los prestadores de servicios de transporte público rural en la Región de Arica y Parinacota y para proceder a la devolución de boletas de garantía pólizas de seguro y/o depósitos a plazo que garantizaban los contratos que se encuentran vencidos. (29905 de 03/05/2017). A Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Diputado Pérez don Leopoldo . Las fiscalizaciones que se han realizado durante el año 2017 a Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores de la Región Metropolitana indicando las falencias detectadas y las medidas que se han adoptado para su solución. (29906 de 03/05/2017).
Diputada Álvarez doña Jenny . La constitución del Comité Directivo del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura señalando las acciones a desarrollar y su cronograma durante la intervención en las caletas Riquelme en Tarapacá ; Tongoy en Coquimbo ; Coliumo en Biobío y El Manzano en Los Lagos. (29907 de 03/05/2017). A Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
Diputada Álvarez doña Jenny . La constitución del Comité Directivo del Proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación al Cambio Climático en Pesca y Acuicultura señalando las acciones a desarrollar y su cronograma durante la intervención en las caletas Riquelme en Tarapacá ; Tongoy en Coquimbo ; Coliumo en Biobío y El Manzano en Los Lagos. (29908 de 03/05/2017). A Ministerio del Medio Ambiente.
Diputada Álvarez doña Jenny . La reciente aprobación por parte del Consejo Regional de la adquisición de un bus para el traslado de pacientes de la comuna de Hualaihué para ser dializados en Puerto Montt y acerca de la aprobación de un proyecto de habilitación de suministro eléctrico para el sector Quebraola de la misma comuna. (29910 de 03/05/2017).
. Los proyectos deportivos adjudicados en la comuna de Salamanca desde 2012 el monto de los recursos asignados su estado de ejecución y las rendiciones de los fondos respectivos. (29911 de 03/05/2017).
Diputado Tarud don Jorge . El estado de tramitación en que se encuentra el pago del beneficio de jubilación concedido al señor Waldo Guzmán Camiroaga el 14 de junio de 2013. (29912 de 03/05/2017). A instituto de Previsión Social.
Diputado Edwards don Rojo . Las acciones desarrolladas por el Embajador de Chile en Ecuador señor Gabriel Ascencio Mansilla quien habría realizado una serie de retuits en su cuenta personal de la plataforma Twiter en alusión al candidato presidencial señor Sebastián Piñera Echenique determinando si constituyen una contravención al instructivo de 18 de octubre de 2014 y aplicando las medidas que correspondan en los términos que requiere. (29913 de 03/05/2017). A Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Asistieron los siguientes señores diputados: (104)
Álvarez Vera, Jenny Álvarez-Salamanca Ramírez, Pedro Pablo Alvarado Ramírez Miguel Ángel Andrade Lara, Osvaldo Arriagada Macaya, Claudio Auth Stewart, Pepe Barros Montero, Ramón Becker Alvear, Germán Bellolio Avaria, Jaime Berger Fett, Bernardo Boric Font, Gabriel Browne Urrejola, Pedro Campos Jara, Cristián Cariola Oliva, Karol Carmona Soto, Lautaro Castro González, Juan Luis Ceroni Fuentes, Guillermo Chahin Valenzuela, Fuad Chávez Velásquez, Marcelo Cicardini Milla, Daniella Cornejo González, Aldo De Mussy Hiriart, Felipe Edwards Silva, José Manuel Espinosa Monardes, Marcos Espinoza Sandoval, Fidel Farcas Guendelman, Daniel Farías Ponce, Ramón Fernández Allende, Maya Flores García, Iván Fuentes Castillo, Iván Fuenzalida Figueroa, Gonzalo Gahona Salazar, Sergio García García, René Manuel Girardi Lavín, Cristina Godoy Ibáñez, Joaquín González Torres, Rodrigo Gutiérrez Gálvez, Hugo Hernández Hernández, Javier Hernando Pérez, Marcela Hoffmann Opazo, María José Jackson Drago, Giorgio Jaramillo Becker, Enrique Jarpa Wevar, Carlos Jiménez Fuentes, Tucapel Kast Rist, José Antonio Kort Garriga, Issa Lavín León, Joaquín Lemus Aracena, Luis León Ramírez, Roberto Letelier Norambuena, Felipe Macaya Danús, Javier Melero Abaroa, Patricio Melo Contreras, Daniel Meza Moncada, Fernando Mirosevic Verdugo, Vlado Molina Oliva, Andrea Monckeberg Bruner, Cristián Monckeberg Díaz, Nicolás Monsalve Benavides, Manuel Morales Muñoz, Celso Morano Cornejo, Juan Enrique Nogueira Fernández, Claudia Norambuena Farías, Iván Núñez Arancibia, Daniel Núñez Lozano, Marco Antonio Núñez Urrutia, Paulina Ojeda Uribe, Sergio Ortiz Novoa, José Miguel Paulsen Kehr, Diego Pérez Arriagada, José Pérez Lahsen, Leopoldo Pilowsky Greene, Jaime Poblete Zapata, Roberto Provoste Campillay, Yasna Rathgeb Schifferli, Jorge Rincón González, Ricardo Robles Pantoja, Alberto Rocafull López, Luis Sabag Villalobos, Jorge Saffirio Espinoza, René Saldívar Auger, Raúl Sandoval Plaza, David Schilling Rodríguez, Marcelo Silber Romo, Gabriel Silva Méndez, Ernesto Soto Ferrada, Leonardo Squella Ovalle, Arturo Tarud Daccarett, Jorge Teillier del Valle, Guillermo Torres Jeldes, Víctor Trisotti Martínez, Renzo Tuma Zedán, Joaquín Turres Figueroa, Marisol Ulloa Aguillón, Jorge Urízar Muñoz, Christian Urrutia Bonilla, Ignacio Urrutia Soto, Osvaldo Vallejo Dowling, Camila Vallespín López, Patricio Van Rysselberghe Herrera, Enrique Venegas Cárdenas, Mario Verdugo Soto, Germán Walker Prieto, Matías Ward Edwards, Felipe
-No estuvieron presentes por encontrarse en misión oficial, las diputadas señoras Loreto Carvajal Ambiado, Clemira Pacheco Rivas, Karla Rubilar Barahona, Alejandra Sepúlveda Orbenes, los diputados señores Sergio Aguiló Melo, Juan Antonio Coloma Álamos, Pablo Lorenzini Basso y Alejandro Santana Tirachini.-
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El acta de la sesión 10ª se declara aprobada
El acta de la sesión 11ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ESPINOZA, don Fidel (Presidente).- Se hace presente que la Comisión de Educación sesionará simultáneamente con la Sala de 10.00 a 12.00 horas, y que la Comisión de Deportes y Recreación lo hará entre las 10.45 y 12.horas.
En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, para efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor.
Diputado informante de la Comisión de Seguridad Ciudadana es el señor Issa Kort .
-Moción, sesión 100ª de la legislatura 364ª, en 22 de noviembre de 2016. Documentos de la Cuenta N° 4.
-Informe de la Comisión de Seguridad Ciudadana, sesión 8ª de la presente legislatura, en 4 de abril de 2017. Documentos de la Cuenta N° 7.
El señor KORT (de pie).-
Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, paso a informar sobre el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y primero reglamentario, originado en moción de la diputada señora Marcela Sabat y de los diputados señores Issa Kort , Ramón Barros, Juan Antonio Coloma , Daniel Farcas, Felipe Letelier , Javier Macaya , Jorge Sabag , Gabriel Silber y Renzo Trisotti , que modifica la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, para efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor (boletín N° 10975-25), cuya tramitación se encuentra sin urgencia.
1. Ideas matrices.
Las ideas centrales del proyecto se orientan al siguiente objetivo: modificar la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, con el objetivo de hacer una distinción en materia de determinación de las penas aplicables, respecto de la edad del menor infractor.
2.- Normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado No hay normas de carácter orgánico constitucional ni de quorum calificado.
3.- Normas que requieren trámite de Hacienda
El proyecto no requiere ser conocido por la Comisión de Hacienda.
II. Antecedentes y fundamentos de la moción
A modo de antecedentes, los autores del proyecto relatan que Joaquín Fernández Cáceres , estudiante de 18 años de edad, fue asaltado y asesinado el 7 de septiembre de 2016, presuntamente por un adolescente de 16 años.
Asimismo, que los padres, familiares y gran parte de la ciudadanía han hecho posible que la muerte de Joaquín no sea considerada como un número que haga engrosar las estadísticas de violencia en Chile. Por ello, crearon el movimiento social transversal llamado “Justicia para Joaquín”, que a la fecha suma más de 33.000 adherentes en las redes sociales y que ha recogido firmas de más de 50.000 personas para solicitar que los tribunales hagan justicia y que los legisladores estemos dispuestos a presentar proyectos para actualizar la legislación vigente, que vio superada la realidad que hoy se vive, por cuanto los jóvenes de más de 16 años de edad tienen la madurez suficiente para determinar sus acciones. Así, opinan que no se debe hacer caso omiso de dicha situación y que se debe estudiar y modificar el proceso penal en cuanto a la ley de responsabilidad penal adolescente.
El proyecto fue aprobado en general por unanimidad.
Votaron las diputadas señoras Nogueira y Sabat , y los diputados señores Ceroni , Farcas , Fuenzalida , Pilowsky , Silber , Silva y quien informa (en reemplazo del diputado Squella ).
Artículos e indicaciones rechazados
“Artículo Único: Modifíquese el artículo 21 de la Ley N° 20.084, que establece las reglas de determinación de la extensión de las penas para menores de edad.
Introdúcense las siguientes modificaciones al artículo 21:
a. Intercálese luego de la frase “Para establecer la duración de la sanción que deba imponerse con arreglo a la presente ley, el tribunal deberá aplicar,” la siguiente frase “en el caso de un menor de 16 años,”
b. Intercálese luego de la frase “a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente” cambiando la coma (,) por un punto seguido (.) y agregando la siguiente frase a continuación “En el caso de mayores de 16 años, si la pena señalada por ley constare de dos o más grados, se aplicará en el grado inferior y tratándose de una pena de grado único, se aplicará en su mínimum,”.”
Hubo dos indicaciones rechazadas, ambas de quien informa, que señalo a continuación.
1) “Para agregar un nuevo artículo 4° que modifica el artículo 23 de la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, añadiendo en el numeral 2, a continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase:
“En caso de tratarse de menores de edad, mayores de 16 años, el tribunal sólo podrá imponer las penas de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social o internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social.”.”
2) “Para agregar un nuevo artículo tercero que sustituye el artículo 32 de la ley N° 20.084 que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, por el siguiente:
Artículo 32. La internación provisoria de menores de 16 años en un centro cerrado sólo será procedente tratándose de la imputación de las conductas que de ser cometidas por una persona mayor de 18 años constituirían crímenes. En caso de menores de edad que sean mayores de 16 años, el Tribunal podrá decretar la internación provisoria en un centro cerrado tratándose de la imputación de las conductas que de ser cometidas por una persona mayor de dieciocho años tendrían penas de presidio menor en su grado máximo.
En ambos casos, debe aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso primero del artículo 155 del Código Procesal Penal no pudieren ser alcanzados mediante la aplicación de alguna de las demás medidas cautelares personales.”.
III. Relación descriptiva del proyecto
La iniciativa consta de un artículo único, que modifica el artículo 21 de la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, en orden a que para establecer la duración de la sanción que deba imponerse a los menores de 16 años, el tribunal deberá aplicar, a partir de la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por la ley para el ilícito correspondiente, las respectivas reglas previstas en el Código Penal.
IV. Disposiciones legales que el proyecto modifica
La iniciativa parlamentaria efectúa cambios en la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, de la manera descrita en el acápite anterior.
Cabe hacer presente que la discusión general del proyecto fue extensa y que intervinieron todos los miembros de la comisión y numerosos especialistas e invitados. El detalle de dichas intervenciones se reproduce en el informe que sus señorías tienen a su disposición.
V. Discusión y votación del proyecto
Discusión y votación particular
El artículo único del proyecto fue suprimido con ocasión de una indicación formulada por los diputados señores Guillermo Ceroni , Jaime Pilowsky , Gabriel Silber , Matías Walker y quien informa, la cual se aprobó por unanimidad.
Luego se presentaron dos indicaciones con el propósito de reformular el proyecto, en orden a modificar los siguientes artículos en la referida ley 20.084:
La primera de ellas es de los diputados señores Guillermo Ceroni , Jaime Pilowsky , Gabriel Silber , Matías Walker y quien informa, y señala: “Para agregar un nuevo artículo primero que adiciona un nuevo inciso final al artículo 52 de la ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, del siguiente tenor:
“En el caso en que el tribunal considere que el quebrantamiento no reúne el carácter grave señalado en el inciso primero del presente artículo, deberá explicitar las circunstancias que lo llevan a concluir en tal sentido, y ordenar las medidas concretas que la administración deberá Puesta en votación la indicación, se aprobó por la unanimidad de los diputados presentes, señoras Cariola , Nogueira y Sabat , y señores Ceroni , Farcas , Fuenzalida , Soto , Squella y quien informa.
La segunda indicación fue presentada por quien informa, y señala:
“Para agregar un nuevo artículo cuarto que modifica el artículo 23 de la Ley 20.084, que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, añadiendo en el numeral 2, a continuación del apunto aparte, que pasa a ser punto seguido, la frase:
“En caso de tratarse de menores de edad, mayores de 16 años, el tribunal sólo podrá imponer las penas de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o libertad asistida especial.”.”
Puesta en votación la indicación, fue aprobada por mayoría de votos.
Votaron a favor la diputada señorita Sabat y los diputados señores Ceroni , Farcas , Fuenzalida , Soto , Squella , Walker y quien informa. No hubo votos en contra. Se abstuvo la diputada señorita Cariola .
Por lo expuesto, solicito a la honorable Sala que tenga a bien aprobar el texto propuesto por la comisión, el cual se consigna íntegramente en el informe respectivo.
En discusión el proyecto. Tiene la palabra el diputado señor Claudio Arriagada .
Señor Presidente, mi decisión de intervenir sobre este proyecto -no he tenido la ocasión de conocer la iniciativa en profundidades solamente para marcar un punto.
Creo que lo peor que le puede haber ocurrido a Chile fue la promulgación de la ley 20.084, más conocida como “ley de responsabilidad penal adolescente”. Ello se tradujo en la posibilidad de atribuir responsabilidades penales a los jóvenes de catorce años de edad sin resolver previamente una problemática: que ellos tuvieran las condiciones necesarias y los derechos a desarrollar un proyecto de vida; a acceder a una educación garantizada, de calidad y gratuita; a tener una vivienda y un entorno dignos.
La posición de varios parlamentarios presentes en la Sala ha sido enfrentar el problema de la delincuencia mediante el aumento de las penas, la represión, sin tener en cuenta lo que ocurre, por ejemplo, en el Centro de Rehabilitación Conductual Tiempo Joven, que mantiene el Sename en San Bernardo, donde conviven jóvenes menores de edad encerrados por problemas de pobreza, con adolescentes que han cometido algún delito, con jóvenes infractores de ley, incluso algunos que ya son mayores de 18 años de edad.
Con este proyecto se pretende algo que, a mi juicio, es más aberrante: aumentar las penas haciendo diferencias por edad y por tipo de delitos.
No es así como vamos a resolver los problemas de la delincuencia, sino generando condiciones de oportunidad y de desarrollo; con entornos amables, no con los guetos poblacionales como los que hay en muchas comunas de Santiago, que es donde viven la mayoría de estos jóvenes, sin un proyecto de vida para desarrollar.
Si supiéramos que estamos desarrollando políticas públicas, si supiéramos que estamos invirtiendo lo suficiente para el buen uso del tiempo libre en las poblaciones, que el Instituto Nacional del Deporte contrata monitores hasta altas horas de la noche, especialmente los viernes, sábados y domingos, para que los jóvenes no sean víctimas de los delincuentes, de los traficantes de droga, de la violencia en los barrios, sentiríamos que puede haber un futuro distinto para esos jóvenes.
Entonces, naturalmente, respeto la opinión y la discusión de los integrantes de las comisiones correspondientes, pero el problema de la delincuencia en Chile no se resuelve acentuando las penas ni pidiendo más represión; debemos enfrentar los problemas sociales que la originan.
Tiene la palabra el diputado Renzo Trisotti .
Señor Presidente, este proyecto de ley tiene por objeto establecer una distinción para determinar la pena que corresponde al infractor, tomando como factor la edad del condenado. Particularmente, se hace una distinción entre los infractores de entre 14 y 16 años, y los infractores mayores de 16 y menores de 18 años de edad.
Se trata de una moción parlamentaria liderada por el diputado Issa Kort y suscrita por parlamentarios de distintos partidos políticos, que tiene su origen en la trágica situación que afectó a un joven de 18 años, Joaquín Fernández Cáceres , quien fue asaltado y asesinado el 7 de septiembre de 2016 por una persona de 16 años.
Recogimos la inquietud y la tristeza de su familia, pero también de un grupo importante de personas que claman por justicia para Joaquín.
El proyecto resulta conveniente en el sentido de que hace más rigurosa la norma de determinación de penas para las personas de entre 14 años y 18 años, pero no significa una modificación arbitraria ni que cambie gravosamente la regla actual para los imputados.
La iniciativa sigue manteniendo una norma diferenciada respecto del principio de responsabilidad penal especial para los adolescentes, para quienes se ha establecido una consideración especial, atendiendo su psicología, aún en desarrollo, y su menor capacidad de razonamiento, de juicio o de autocontrol.
En relación con lo anterior, es necesario dejar claro que el proyecto no estandariza la determinación de la pena de adolescentes de entre 14 años y 18 años a los mismos parámetros que la determinación de la pena fijada como regla general, sino que, simplemente, hace más rigurosa una norma que establece una prerrogativa demasiado permisiva para los responsables penalmente que sean menores de 18 años de edad, que no está cumpliendo con el fin para el cual fue impuesta, pero siempre manteniendo los estándares diferenciados relativos al juzgamiento en el derecho penal de adolescentes, tanto en el derecho chileno como en el comparado.
Por otra parte, también es necesario distinguir que con las modificaciones que propone el proyecto de ley en debate se diferencia entre las personas mayores de 14 años y menores de 16 años, y aquellas mayores de 16 años y menores de 18, pero solo en cuanto a la determina.
En un principio, el proyecto de ley proponía dos modificaciones al artículo 21 de la ley N° 20.084, por el cual se mantenía la misma regla que existe en la actualidad para los menores de 16 años para determinar la pena, que consiste en el mandato al tribunal para que aplique la pena en un grado inferior al mínimo establecido para las personas mayores de 18 años, y se modificaba la regla para los mayores de 16 años, estableciéndose la aplicación solo del grado inferior en caso de que la pena constare de dos o más grados, o aplicándose el mínimo en caso de establecer un grado único.
Con las modificaciones analizadas en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley, finalmente, propone dos cambios a la ley de responsabilidad penal adolescente:
1.- Respecto de las penas restrictivas o privativas de libertad de más de 541 días y hasta de 3 años, a los mayores de 16 años solo se les podrá imponer la pena de internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social o de libertad especial asistida.
En la actualidad, la norma también contempla la posibilidad de aplicar la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, cosa que con el proyecto se eliminaría, y se haría más rigurosa la pena en el caso de los delitos cometidos por mayores de 16 años.
2.- Respecto del quebrantamiento en el cumplimiento de la pena, independientemente de la edad del infractor y de la pena que se haya impuesto, se establece la obligación al tribunal de explicar las circunstancias en virtud de las cuales considere que el quebrantamiento no se califica de gravedad.
En la actualidad, el tribunal que ordena la ejecución de la pena del adolescente debe determinar, en primer lugar, si el quebrantamiento fue grave o no. Solo en caso de considerarlo grave procederá a la aplicación de alguna de las medidas establecidas en el artículo 52 de la ley N° 20.084.
Con las modificaciones propuestas se ordena al tribunal, en primer lugar, explicar las razones por las cuales no considera de gravedad el quebrantamiento, en caso de que así lo hiciere, y, además, ordenar en cualquier caso las medidas que debe tomar la administración para evitar un nuevo quebrantamiento, con independencia de si se calificó de grave el quebrantamiento o no.
Esperamos que este proyecto sea aprobado, pues creemos que va en la línea correcta, ya que pretende corregir la falta de aplicación de justicia, tal como se hizo en el caso de Joaquín y en muchos otros a lo largo del país, cuando el asesino es una persona de 16 años.
Señor Presidente, por su intermedio saludo a la familia de Joaquín Fernández Cáceres , a sus amigos y a todos quienes han acompañado este caso durante los largos meses que han transcurrido desde que ocurrió ese alevoso crimen, para llegar, gracias a la gestión que ha realizado mi colega Issa Kort , quien impulsó este proyecto y a quien he acompañado con mi colaboración para alcanzar ese propósito, a un punto en que podemos modificar la legislación vigente.
¿Por qué debe modificarse? Porque ocurren hechos que seguramente vamos a seguir viendo en el país, casos en los que adolescentes son asesinados por otros adolescentes bajo condiciones diversas, como le ocurrió a Joaquín, quien fue víctima de un robo con homicidio.
Cuando uno revisa la historia de quienes delinquen y ve que en ella hay hechos de sangre -no solo hurtos o delitos menores, sino un largo prontuario que incluye crímenes y circunstancias agravantes en el victimario no puede darle lo mismo el tipo de pena o la medida cautelar que se les aplique, pues es posible que haya convicción en cuanto a que su historial amerita sanciones mayores.
Durante largos años el Código Penal, que ha sido objeto de varias modificaciones, ha buscado hacer justicia frente a casos de alta connotación pública y gravedad, pero no por ellos mismos, sino a fin de contar con un estándar distinto establecido en la ley. Estamos hablando de casos en los cuales es posible aplicar justicia de verdad.
Aquí tenemos un ejemplo que se reproduce cientos de veces: un victimario, que presenta condiciones de vulnerabilidad, de marginación social y otras situaciones dramáticas que han colocado a muchas personas al margen de la sociedad, comete un delito de sangre que se traduce en la pérdida de una vida humana inocente. Sin embargo, en la práctica, ese victimario no recibe la sanción que la sociedad debiera aplicarle.
El proyecto de ley busca aplicar justicia, de una vez por todas, en situaciones que la legislación no contemplaba.
El paso que vamos a dar hoy en la Sala de la Cámara de Diputados es fundamental. Pocos meses han bastado para lograr que esta discusión se colocara en el tapete.
Esperamos que en el Congreso Nacional el proyecto se tramite con celeridad para que Chile dé un ejemplo de que es posible aplicar justicia en condiciones igualitarias, y no incurra en la práctica de mirar hacia el techo o de hacer como que hay justicia cuando no la hay. Cuando se cometen hechos gravosos, delitos de sangre que provocan la pérdida de vidas humanas, las penas deben ajustarse a lo que la sociedad hoy exige. El castigo para quienes han delinquido debe ser acorde a la gravedad del hecho, y la pérdida de una vida a consecuencia de un delito es un hecho gravísimo.
Señor Presidente, tengo serias dudas sobre efectividad de este proyecto, aun cuando entiendo las razones que motivaron su presentación.
Evidentemente ha habido un aumento en los hechos de violencia y en los delitos cometidos por menores de edad. Al respecto, me gustaría hacer una pregunta a los colegas que van a intervenir: ¿Cuál es la razón por la que la mayoría de los expertos invitados a la Comisión de Seguridad Ciudadana concluyeron que este es un mal proyecto?
El jefe de la unidad especializada de Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional dijo que en la iniciativa en estudio podrían existir conflictos con las normas internacionales aplicables a niños y adolescentes.
La defensora nacional subrogante dijo que la reforma planteada violentaría los principios de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño y agravaría -no solucionaría el problema.
La directora nacional del Servicio Nacional de Menores dijo que esto podría violentar tratados internacionales ratificados por Chile. En suma, indicó que es un mal proyecto y que, por lo tanto, habría que rechazarlo. Además, dijo que las sanciones legales parecen poco razonables.
El oficial de protección de Unicef para Chile dijo que la solución de la delincuencia juvenil no pasa por aumentar las penas o disminuir la edad de imputabilidad.
Finalmente, el jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia dijo que el proyecto de ley generaría incentivos para que los jueces aplicasen demasiado la internación provisoria, y, en consecuencia, aumenta el riesgo de aplicar demasiado dicha medida.
Por lo tanto, dejo abierta la pregunta: si todos los expertos dicen que este es un mal proyecto, por qué razón debiésemos votarlo a favor.
A lo indicado, deseo agregar que ni en el gobierno anterior ni en este ha sido posible lograr un acuerdo para reformar el Sename.
Tal como señaló el oficial de protección de Unicef para Chile, la solución de la delincuencia juvenil no pasa por aumentar las penas. Sé que esa puede ser, en apariencia, una solución fácil y rápida, que probablemente hará creer a mucha gente que estamos haciendo algo para resolver el problema. Pero permítanme decir que esto más bien huele a demagogia porque, en la práctica, con el aumento de penas no vamos a resolver el problema. Eso se ha demostrado en países en los cuales se han llevado a cabo estudios que indican que el aumento de penas no siempre tiene como resultado la disminución de la delincuencia.
Menciono el caso del Sename porque, a pesar de la crisis que vive, no hemos sido capaces de encontrar una solución. Es más, en la ley de presupuestos no se consideraron recursos para su reestructuración. Aunque entiendo que el problema no es solo financiero, se necesitan recursos.
Entonces, cuando escucho esta discusión, me da la impresión de que en esta materia existe un doble estándar tremendo. Sé que a todos nos gustaría resolver el problema, pero los expertos nos señalan que el aumento de penas no lo soluciona.
Los expertos nos recomiendan que resolvamos el problema del Sename, pero a esa institución se la considera un botín político. En ese sentido, en estos momentos en Arica hay un funcionario del Sename en huelga de hambre en protesta por una serie de demandas incumplidas, las que tienen en una crisis profunda a dicha institución. La respuesta del mundo político, particularmente del PPD, ha sido que no quieren hacer cambios en los puestos directivos porque el cupo les pertenece. ¡Con esa actitud no vamos a cambiar nada!
Hay que invertir y hacer modificaciones en el Sename, y dejar de considerarlo un botín político.
Si todos los expertos nos recomiendan una cosa distinta, ¿no será que este proyecto, cuando nos encontramos a solo siete meses de una elección, es una buena manera de dar la impresión de que estamos haciendo algo, pero en la práctica no estamos haciendo nada? Dejo planteada la pregunta.
El proyecto tiene aspectos interesantes y que han demostrado que pueden disminuir la delincuencia, por ejemplo, el acompañamiento. Cuando fracasa la red familiar, cuando fracasa la red social de apoyo al menor de edad y este cae en la delincuencia, en las redes de la criminalidad, el Estado debe intervenir para hacerse cargo de él. En ese sentido, las medidas de acompañamiento han demostrado que son efectivas para sacar de ese círculo a muchos menores de edad.
Por lo tanto, si bien algunas disposiciones del proyecto de ley me parecen interesantes, estoy convencidísimo de que el aumento de penas no va a resolver el problema. Así lo demuestra la mayoría de los estudios y lo ratifican expertos.
Espero que tras el debate podamos tomar una decisión de la forma como votar. Sin embargo, reitero, tengo serias dudas sobre las bondades del proyecto.
Tiene la palabra el diputado Issa Kort .
Señor Presidente, saludo a las visitas provenientes de Rancagua y, en general, de la Región de O’Higgins. Un saludo especial a los familiares y amigos de Joaquín y a las personas que se conduelen con lo sucedido.
A diferencia de lo que planteó el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, deseo aclarar que aquí no hay cálculos electorales ni políticos. La familia de Joaquín no eligió que su hijo muriera el pasado 7 de septiembre. Aquí estamos legislando con seriedad y con responsabilidad; estamos realizando un debate necesario para nuestra sociedad. Nadie es dueño de la verdad, y este proyecto tampoco busca tener la verdad absoluta.
Escuchamos con mucho respeto a los especialistas, quienes pueden tener una opinión contraria a la nuestra; sin embargo, quienes respondemos a la ciudadanía somos los legisladores. La ciudadanía nos eligió a nosotros para representarla, no a los especialistas.
Por lo tanto, no comparto ni acepto ese juicio tan liviano del diputado Mirosevic .
En segundo lugar, esta iniciativa es totalmente transversal. Está suscrita con firmas de diputados de todas las bancadas, invitados a apoyarla. ¿Por qué? Porque responde a una realidad que se vive día a día, desde Arica -la ciudad del diputado Mirosevichasta Magallanes , por lo que debemos hacernos responsables de esta situación.
Quiero recordar por qué estamos discutiendo este proyecto.
El 7 de septiembre pasado, en Rancagua, un joven de 18 años, que venía de vuelta del preuniversitario, lleno de sueños y de anhelos, vio terminada su vida al ser asesinado. Recibió una puñalada en el corazón para robarle el celular.
¡En Chile hay más celulares que personas! El joven que le quitó la vida estuvo dispuesto a asesinarlo para robarle el celular.
Esa situación debe motivarnos a reflexionar qué estamos viviendo como sociedad y qué estamos haciendo como legisladores. ¿Hasta cuándo aceptamos el no ser los verdaderos representantes de la ciudadanía y hacer la vista gorda?
La puerta giratoria, que tanto se reclama a los tribunales, también es nuestra responsabilidad, porque nosotros elaboramos y aprobamos las leyes y los jueces las interpretan y las ejecutan. ¡Nosotros somos los que damos la cara a la ciudadanía!
Luego del terrible hecho que vivió esa familia, junto con el alcalde de Rancagua, señor Eduardo Soto , y el senador Alejandro García-Huidobro , de manera personal y anónima, fuimos a acompañar a don Gabriel , el padre del joven asesinado, que estaba solo en el Servicio Médico Legal a la espera de que le entregaran el cuerpo de su hijo. Él nos pidió, por favor, que hiciéramos justicia, entendiendo que no es la justicia que imparten los tribunales, sino la reacción lógica del Estado de Chile.
Lamentablemente, el diputado Mirosevic se retiró de la Sala -al parecer no estaba muy interesado en los argumentos-, ya que es fácil acusar a diputados de distintas bancadas, como el colega Juan Luis Castro y quien habla, que representamos la misma ciudad, por estar de acuerdo en algo.
Desarrollemos un debate con argumentos legítimos y no mediante el desprecio, no a una acción política como la nuestra, sino al dolor humano, social y personal que vive una familia.
¡Eso no lo acepto! No quise que ese asesinato que ocurrió en la ciudad de Rancagua simplemente pasara a engrosar las estadísticas del país. Lo que buscamos es que se reaccione.
Por lo tanto, realicemos un debate transparente y de cara a la ciudadanía. Es legítimo tener distintas visiones y que algunos opinen en contra, pero no tratemos de debatir sin argumentos o con desprecio a los argumentos que plantean los de enfrente. ¿Hasta cuándo seguimos dividiendo a una sociedad por una situación a la que todos estamos expuestos?
¿Qué habría pasado si Joaquín hubiese sido hijo de alguno de ustedes? ¿Estarían tan tranquilos?
Estoy seguro de que no hubiesen estado tranquilos y todos estarían buscando la forma de modificar la ley. Pero Joaquín no era hijo de un diputado ni de un senador, sino de un funcionario de un organismo público de Rancagua y de una profesora. Es decir, se trata de un hijo de gente de clase media, que sabe cómo se vive en las poblaciones, que enfrenta el día a día, que no tiene mayor influencia, pero que tiene convicción y fe. Son personas que, compartiendo un dolor tan humano, hoy han logrado el apoyo de más de 180.000 personas que han firmado para que ese sueño se haga realidad.
Créanme que para ellos no es agradable tener hoy un letrero que dice: “ley Joaquín”, porque cada vez que se hable a favor o en contra de esta futura ley va a estar vivo el dolor, la herida abierta del asesinato de su hijo.
No pretendo que este debate sea un acto político y administrativo; espero, sobre todo, que sea un acto reflexivo y que digamos de verdad, de cara a la ciudadanía, cómo estamos actuando como Congreso Nacional.
Este proyecto de ley era bastante más extenso; sin embargo, fue podado en la Comisión de Seguridad Ciudadana, de la cual no formo parte. Agradezco a sus integrantes por el apoyo y el compromiso transversal con los temas que les compete. Me refiero a quien en su momento fuera el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Daniel Farcas , el cual no pertenece a mi bancada ni a mi partido ni a mi sector, y a los diputados Leonardo Soto , Karol Cariola , Guillermo Ceroni , Patricio Walker , Jaime Pilowsky y también a don Ignacio Suárez , asesor de la bancada de la Democracia Cristiana, quien contribuyó en las indicaciones para que el proyecto llegara a buen puerto. Ellos conocieron el dolor de la familia del joven, porque tuvieron la oportunidad de oír a sus padres y de saber de este movimiento.
Buscamos que este proyecto de ley dé una respuesta, aunque no va a dar la solución. Invito a quienes creen que este proyecto aumenta las penas a leerlo bien o a tomar un curso de comprensión lectora, porque no aumenta las penas. Lo único que hace es aumentar la seriedad de los jueces al momento de determinar la libertad, pues tendrán la obligación de explicar las circunstancias que lo llevan a concluir en tal sentido y ordenar las medidas concretas que la administración deberá implementar para evitar un nuevo quebrantamiento. Es decir, deben dejar constancia para cualquier otra instancia, como por ejemplo, la apelación, de la reincidencia de la persona que está siendo juzgada por los tribunales, lo cual es muy lógico. En consecuencia, si el juez resuelve dejar en libertad a un joven mayor de 16 años y menor de 18, tendrá la obligación de emitir un informe. Hoy, eso no ocurre, pues simplemente se les deja en libertad, porque se considera la irreprochable conducta anterior y una serie de atenuantes. La idea es que quede constancia de esa decisión.
Por otra parte -el diputado Trisotti se refirió al respecto con mucho más en detalle-, en el caso de las penas que van desde 541 días hasta los tres años -delitos mayores y no delitos menores, cuyas penas se dejan exactamente igual-, se elimina la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, porque eso hoy no cambia en ningún caso la situación.
Actualmente, en las penas que van desde 541 días a tres años, se permite la libertad asistida en cualquiera de sus formas. Nosotros solicitamos que esta se convierta en libertad asistida especial, porque esa es la mejor forma de recuperar a un adolescente. Tenemos que hacernos cargo, como sociedad y como Congreso Nacional, del hecho de que un joven menor de 18 años opte por la vía de la delincuencia. Debemos hacernos cargo y responsables de esa situación.
También pedimos reflexionar respecto de este tema, como lo han hecho los jueces en los tribunales y el mismo Congreso Nacional. Al igual que los especialistas, nuestra Corporación, a través de su Departamento de Evaluación de la Ley, evaluó la ley N° 20.084. Invito a leer ese informe a quienes no lo conocen, porque está disponible para todos.
Yo formo parte de esa instancia, y por eso conozco el detalle de su trabajo -hay muchas leyes que han sido analizadas y evaluadas-, y un informe de ese departamento nos dice que ha habido un fracaso en parte de esa ley.
Es inaceptable que la directora del Sename me haya dicho -quizás ella considera que con justa razón que cree que este proyecto de ley es inconstitucional. Yo le dije que no era abogado como ella, pero que entendía que el Tribunal Constitucional determinaba si algo era inconstitucional o no y no la Cámara de Diputados. Ahora, si la Secretaría dio luz verde para que el proyecto pudiera ser estudiado, es un tema nuestro.
No voy a aceptar que la directora del Servicio Nacional de Menores me venga a decir que esta idea es inconstitucional y no reconozca que su servicio, en el que mueren, violan y drogan a niños, es inconstitucional. ¡Es inconstitucional la situación que viven los niños en el Sename!
Señor Presidente, con el siguiente punto voy a terminar mi intervención, para dar paso a un debate serio, responsable, con altura de miras y de cara a la ciudadanía.
Durante el estudio de este proyecto de ley se invitó a todo el mundo a hacerse parte, a discutir y a opinar. Nosotros mismos propusimos especialistas que no estaban de acuerdo con todo el proyecto de ley. Sabemos que aumentar las penas no es la única solución. Por eso no las aumentamos, pero queremos actualizar un poquito la ley N° 20.084.
Seamos responsables. No podemos taparnos los ojos ni tampoco dar la espalda a la ciudadanía.
Espero que el debate se centre y se concentre en la realidad que se vive en el país. A los que creen que esta no es la solución, los respeto, pero también los invito a que presenten un proyecto de ley que crean que es la solución.
Muchas veces estamos atados de manos, porque tenemos un sistema de gobierno presidencialista que otorga al Poder Ejecutivo la exclusividad en ciertos temas.
Como diputado por la ciudad de Rancagua e hijo de la Región de O’Higgins, no puedo menos que apoyar este proyecto de ley, por cuanto recoge el clamor de personas que en la catedral de Rancagua, en el día del funeral de Joaquín, nos pidieron que hiciéramos justicia.
Este proyecto ha tenido un apoyo transversal porque la gente está cansada de que la delincuencia se tome las calles.
Seamos responsables; seamos diputados y senadores con el carácter suficiente para legislar. Nosotros tenemos el poder para legislar, y, por lo tanto, debemos ser responsables ante quienes nos eligen.
Tiene la palabra el diputado señor Daniel Farcas .
Señor Presidente, en primer término quiero saludar a la familia del joven víctima de la delincuencia y a las personas que lo han acompañado. Destaco el hecho de que ese dolor, esa rabia, esa indignación se hayan transformado en una propuesta positiva.
Por desgracia, muchas veces hemos visto que personas absolutamente inocentes pierden la vida en situaciones absurdas y evitables, como le sucedió a este joven de Rancagua.
En la bancada del Partido por la Democracia, junto con el diputado señor Felipe Letelier , hemos estado apoyando este proyecto de ley liderado por el diputado señor Issa Kort , particularmente porque nos parece que la ley Nº 20.084 tiene falencias y dificultades muy importantes a la hora de ser ejecutada.
En este marco, es muy importante destacar que en el Congreso Nacional hemos hecho un esfuerzo para mejorar la seguridad ciudadana; sin embargo, hasta ahora no hemos logrado los resultados esperados.
La agenda corta antidelincuencia fue un paso importante, significativo, sustantivo y muy relevante. A diferencia de lo que algunos esgrimieron, el control preventivo de identidad se transformó en un elemento clave para disminuir la lista de personas buscadas por la justicia.
A diferencia de lo planteado por algunos diputados que anteponen su falta de sintonía con la ciudadanía y su ideología por sobre la realidad, la seguridad ciudadana constituye uno de los problemas más importantes que enfrenta nuestro país. Sin duda, lo que la ciudadanía espera de nosotros es que tengamos la valentía y el coraje suficientes para enfrentarla como corresponde.
En virtud del proyecto se incorpora un inciso final al artículo 52 de la ley N° 20.084, que señala que en caso de que el tribunal considere que el quebrantamiento de la condena no reúne carácter grave, deberá explicitar las circunstancias que lo llevan a concluir aquello, y ordenar las medidas concretas que la administración deberá implementar para evitar un nuevo quebrantamiento, en el marco de sus competencias.
La iniciativa avanza en la idea de contar con un sistema más justo. Lo relevante no es solo el hecho de establecer justicia, sino de recuperar las plazas y las calles que le pertenecen a la ciudadanía y no a los narcotraficantes ni a los delincuentes.
Por desgracia, los delitos violentos son cometidos en una proporción muy importante por jóvenes que son presa de la droga.
Se hace necesario reinsertar a esas personas en la sociedad, con el propósito de que recuperen sus valores y creencias. La reestructuración del Sename se encuentra pendiente, por lo que se hace necesario adoptar medidas en ese sentido.
El diputado Vlado Mirosevic , faltando una vez más a la verdad, ha agredido al partido que represento. Si hay una colectividad preocupada por esta materia es el Partido por la Democracia. Por ello, queremos que se debata a la brevedad el cambio de estructura del Sename.
Lamentablemente, algunos parlamentarios están acostumbrados a sacar pequeñas ventajas políticas. No vamos a caer en ese juego. Lo que nos preocupa es avanzar en mejorar la seguridad ciudadana de los chilenos.
El proyecto introduce modificaciones a la Ley que Establece un Sistema de Responsabilidad a los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, con el propósito de efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor. Con ello queremos enviar una señal a la familia de Joaquín y a todas las personas que desde la sociedad civil lideran esta iniciativa.
Por cierto, la ley en proyecto no soluciona todos los problemas, ni tampoco es un elemento que vaya necesariamente a terminar con la alarmante situación que se vive en nuestras ciudades, barrios, calles y plazas como consecuencia de la violencia juvenil asociada al narcotráfico y a la droga. Con todo, constituye una señal de que los parlamentarios efectivamente estamos preocupados y en sintonía con las personas que nos toca representar.
La familia juega un rol importante y significativo en la sociedad civil. Las organizaciones sociales y aquellas orientadas a la educación también pueden ayudar a disminuir los problemas asociados a la delincuencia. Todo ello es parte de la solución y no del problema.
Por eso, reiteramos nuestra disponibilidad de despachar lo antes posible el proyecto en debate, así como el proyecto que reestructurará el Sename.
Algunos señores diputados, como Claudio Arriagada y otros, han trabajado arduamente para crear un marco jurídico institucional que dé cuenta del problema en discusión. Qué duda cabe de que es una materia con la cual estamos en deuda.
Repito: es importante apoyar el proyecto para enviar una señal no solo a la familia de Joaquín y a las personas que han hecho de esto una tarea social y ciudadana, sino particularmente a los miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia y a las que hasta ahora no les hemos dado una respuesta. La iniciativa ha sido pensada para y por ellos, para esas familias que, lamentablemente, no han recibido respuestas del sistema judicial, de la policía o de alguna instancia que tenga que ver con el Estado.
Anuncio que votaremos favorablemente el proyecto.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar con mucho afecto a los familiares y amigos de Joaquín Fernández.
Nadie medianamente razonable podría quedar ajeno al horror que significa perder a un hijo, a un hermano, a un nieto o a una nieta como consecuencia de un delito de homicidio. Tengo claro que lo que está en discusión en esta Sala no es eso, sino cómo avanzamos para resolver la situación que ha enfrentado la familia de Joaquín.
En el debate que se produjo en la Comisión de Seguridad Ciudadana hubo expertos que fueron categóricos. Me voy a referir a lo señalado por algunos de ellos.
El jefe de la Unidad Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente y Delitos Violentos de la Fiscalía Nacional, señor Rolando Melo Latorre , señaló que el proyecto puede generar efectos distintos de los buscados “en razón de la falta de regulación del quebrantamiento, sustitución de sanciones, falta de regulación en materia de multiplicidad de delitos y sanciones...”.
La defensora nacional subrogante, señora Viviana Castel , indicó a la comisión que la cifra de adolescentes en el sistema penal ha disminuido de 9,2 por ciento, en 2012, a 8,1 por ciento, en 2016.
El oficial de protección de Unicef para Chile, señor Anuar Quesille , destacó en la comisión que la solución “no pasa por aumentar las penas o disminuir la edad de imputabilidad, sino que requiere un sistema integral de reinserción.”.
El jefe del Departamento de Evaluación de la Ley, señor René Arrayet -a quien hizo referencia el diputado Issa Kort , aunque no mencionó todo lo que él dijo en la comisión señaló expresamente que “el problema principal no está en la ley, sino en la aplicación misma...”.
El asesor del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, señor Pablo Aranda , dijo lo siguiente: “... la moción, tal como está hoy formulada, arrastraría casos de menor gravedad hacia penas privativas de libertad, lo que no parece prudente.”.
El jefe de la División Jurídica del Ministerio de Justicia, señor Ignacio Castillo , en la misma comisión señaló que “el proyecto iguala la pena del adolescente con la del marco adulto, atentando -pongo el énfasis en esta expresión contra la racionalidad punible.”.
Es razonable que se busque aumentar penas cuando se sufre una pérdida como la señalada y bajo las condiciones en que ocurrió. Pero la naturaleza de nuestra función es tan compleja que tenemos que hacer un esfuerzo por hacer comprender a las familias de las víctimas que no existen soluciones mágicas y que desde el punto de vista del debate penal, no solo en Chile, sino en todos los países desarrollados, ha quedado de manifiesto que el aumento de la sanción o de la pena no inhibe al delincuente de cometer un delito. Una persona que asume la decisión de cometer un delito no piensa previamente cuál es la norma legal a la que se ve expuesto ni hace la prognosis de pena, evaluando agravantes y atenuantes, para saber cuál es el efecto de la acción que ha resuelto cometer. Simplemente comete el delito. Está fehacientemente demostrado que el aumento de la sanción no es el camino correcto.
No quiero calificar la intención del proyecto. Más bien quiero destacar elementos objetivos. No podemos adoptar el camino fácil de generar la sensación en la sociedad chilena de que todo se resuelve incrementando las penas, cualquiera que sea el tipo de delito y cualquiera que sea la situación en que víctima y victimario se encuentran frente a un hecho punible. Eso tiene un nombre en el debate jurídico penal; se llama “populismo penal”. Por esta vía se genera la sensación de que se resuelve un problema, en circunstancias de que, en realidad, lo que se hace es dejar la basura debajo de la alfombra. Hechos de la naturaleza señalada, pese a los incrementos de la pena, se van a seguir produciendo, lo que podría llevarnos a tener que seguir discutiendo más incrementos de penas o -haciendo uso del populismo penala restablecer, por ejemplo, la pena de muerte, porque ya no vamos a tener, en la escala de penas, sanciones suficientes que nos permitan evitarlos.
Creo que lo que debemos hacer -lo digo con mucha solidaridad hacia las familias, amigos, movimiento social y hacia mis distinguidos colegas que han presentado este proyectoes abocarnos, cabeza gacha, a analizar cada una de las observaciones que se hicieron en la comisión durante la discusión del proyecto, y así, cabeza gacha y transversalmente, resolver los asuntos que en esa instancia nos fueron planteados. Lo contrario es tomar el camino simple y fácil que no asegura resultados.
Señor Presidente, creo que nuestro esfuerzo tiene que ser mayor que este. No me parece razonable ni digno de un parlamento tener que innovar a través de una norma que busca un efecto, pero que va a generar otros mucho más perniciosos que el que se trata de evitar.
Señor Presidente, sin duda, cuando nos enfrentamos a un debate que tiene su origen en un hecho tan sentido y tan doloroso para la familia de Joaquín Fernández , ninguno de los aquí presentes puede quedar con la sensación de no querer ayudar a que esa familia sienta que se está haciendo justicia.
El asesinato, a través de un asalto, de un joven de 18 años de edad, que tenía toda una vida por delante y muchas posibilidades de desarrollarse, es tremendamente doloroso y terrible. Pero para mí es igual de doloroso y terrible saber que quien provocó ese asesinato es un joven de 16 años de edad. Ahí está el problema. Lamentablemente, existe un esfuerzo permanente por parte de algunos sectores de criminalizar a los jóvenes, a los niños y a los adolescentes. Algunos han hablado de cárceles de menores, de cárceles de niños. Algunos avalan lo que ha ocurrido durante estos años con el Sename. Y digo que lo avalan, porque recién ahora, después de llevar varios años en el Parlamento, se empiezan a pronunciar sobre lo que ocurre en el Sename con los niños infractores de ley, sobre los tratos vejatorios que estos reciben y sobre el rol que han jugado las instituciones privadas a las que ellos mismos entregaron la custodia de los niños.
Cuando se aprobó la ley N° 20.084, yo era parte de los jóvenes que salimos a la calle a reunir firmas para decir que no nos parecía correcto que se criminalizara de esa forma a los adolescentes.
Lamentablemente, la ley de responsabilidad penal adolescente solo busca criminalizar a los jóvenes; no se hace cargo del problema. Y lo digo con todas sus letras. Seguir el camino del garrote es lo más fácil de hacer. ¡Encerrémoslos a todos! Eso es lo más fácil. Lo más difícil en esta materia es que tengamos la disposición para encontrar soluciones y poner al Estado de cabeza para entregar oportunidades a los niños y adolescentes de nuestro país, sobre todo a los postergados; a los que terminan en las esquinas de sus barrios; a los que no ven otro futuro que el que les ofrece una familia que, lamentablemente, tampoco tuvo oportunidades; a los que no ven la posibilidad de educarse; a los que no trabajan; a los que no estudian; a los que terminan siendo utilizados como soldados por los narcotraficantes en las poblaciones.
Esos son los niños y adolescentes que terminan después involucrándose en actos delictivos, incluido el homicidio.
Pero aquí también hay que hablar con la verdad y no magnificar las cosas. Los datos muestran que en cuanto a la concentración de delitos de adolescentes en el sistema penal, el homicidio representa el 1 por ciento. Por lo tanto, no estamos ante un país donde los niños se asesinan entre ellos. Sin embargo, es un asunto respecto del cual también debemos hacernos cargo.
No podemos generalizar. No podemos pensar que por aumentar las restricciones los niños y los jóvenes contarán con mejores condiciones para su reinserción en la sociedad. En este sentido, creo que hablar de reinserción incluso es un error, porque se trata de niños y adolescentes que nunca estuvieron insertos en la sociedad, pues no les dimos la oportunidad.
No sé cuántos de los aquí presentes han tenido la posibilidad de ir a la ex-Penitenciaría y escuchar a reos de 24 o 25 años de edad decir que nunca tuvieron la posibilidad de estudiar, que no saben leer ni escribir.
Con esto no quiero justificar la comisión de actos delictivos, porque considero que la perpetración de cualquier delito es, sin duda, reprochable. Sin embargo, cuando hay delito significa que como país y como sociedad llegamos tarde. Además, como lo manifestó el diputado Saffirio , no podemos pretender, por la vía del camino fácil, tratar de hacer creer a la ciudadanía que el problema de los jóvenes infractores de ley se solucionará con una modificación a la ley de responsabilidad penal adolescente, la que, por lo demás, es tremendamente pequeña.
El diputado Kort lo dijo: al inicio, este proyecto era distinto, y afortunadamente no avanzó más así como estaba.
Lo que quedó es algo de lo cual podemos hacernos cargo. Es más, en la comisión yo aprobé una indicación cuyo texto figura en el número 2 del artículo único del proyecto, por lo demás, por razones fundadas.
Sin embargo, respecto de los adolescentes infractores de ley el sistema de responsabilidad penal dispone mecanismos alternativos para que no deban cumplir su condena en el encierro, y, por ende, consolidar una carrera delictual, porque eso es lo que ocurre: con el encierro, lejos de conseguir revertir la situación para que los jóvenes no sigan delinquiendo, se consolidan sus carreras delictuales.
Eso es así. Los estudios lo demuestran. Lo dijeron los expertos en la comisión. Es cuestión de leer el informe para darse cuenta de ello. En este sentido, el diputado Mirosevic está en lo correcto al decir que de todos los expertos que expusieron sobre este tema, ninguno estuvo a favor de seguir adelante con los contenidos iniciales de este proyecto.
No puedo estar de acuerdo con que -en este punto me refiero a la oración que se agrega al número 3 del artículo 23 de la ley N° 20.084se intente eliminar la libertad asistida en cualquiera de sus formas, porque así se podrían incorporar medidas que posibiliten los procesos de inserción; que solo se aspire al encierro de menores de edad mayores de 16 años infractores de ley. Es una disposición arbitraria y discriminatoria con la que –reitero no puedo estar de acuerdo, porque es absolutamente incoherente con lo que hemos escuchado en la Cámara de parte de algunos que se llenan la boca hablando de la seguridad de los menores de edad, del resguardo de los derechos de los niños y los adolescentes, pero prefieren el garrote antes de los derechos que les asisten, antes de garantizarles oportunidades.
Sí puedo estar de acuerdo, y por eso apoyé la respectiva disposición propuesta que señalé, con la posibilidad de que el tribunal considere que el quebrantamiento de condena no reúne el carácter grave señalado en el inciso primero del artículo 52 de la ley que se busca modificar, para lo cual deberá explicitar las circunstancias que lo llevan a concluir en tal sentido y ordenar las medidas concretas que la administración deberá implementar para evitar un nuevo quebrantamiento, en el marco de sus competencias. Pero eso es distinto a entregar solo una opción.
Efectivamente, el proyecto no aumenta las penas; sin embargo, restringe las pocas oportunidades que hoy existen para buscar distintos mecanismos de inserción.
Ante eso, señor Presidente, nosotros, como bancada del Partido Comunista e Independientes, tenemos la disposición para aprobar en general este proyecto de ley. Sin embargo, rechazaremos el número 1 del artículo único, y, como ya expliqué, aprobaremos el número 2, y para tales efectos hemos pedido votación separada de ambos números.
Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables, en función de la edad del menor infractor.
La ley distingue los menores entre 14 y 16 años y aquellos entre 16 y 18 años.
Joaquín Fernández Cáceres , estudiante de 18 años, fue asaltado y asesinado el 7 de septiembre de 2016, presuntamente por un adolescente de 16 años.
Tras la muerte de Joaquín, sus padres -su familia es gente de esfuerzo de la Sexta Región y muchas otras personas crearon un movimiento social transversal que a la fecha suma sobre 50.000 firmas y más de 33.000 adherentes en las redes sociales, mediante el cual solicitan que los tribunales hagan justicia y que los legisladores estemos dispuestos a presentar proyectos para actualizar la legislación vigente, que se vio superada por la realidad actual.
En esta materia, quiero destacar la labor del diputado Issa Kort . Esto, porque algunos, de forma irresponsable y con gran soltura de cuerpo, hablan de populismo, de demagogia. Pero si hay algo que constituye una respuesta al clamor ciudadano es que un diputado en ejercicio, a partir de lo que a sus electores les ha tocado vivir y del hecho de haber estado al lado de ellos en momentos de dolor, presente un proyecto de ley transversal como el que hoy estamos discutiendo.
Colegas, créanme que tengo el mayor de los cariños por muchos de ustedes. Pero debo decir que cuando algunos presentan proyectos para que, por ejemplo, se subsidie la compra de leña a su gente, ¡ahí hacen gárgaras con la demagogia y el populismo! Sin embargo, nada más lejos del populismo algo que se traduce en una respuesta a las personas que han sufrido y que se han organizado en torno a un proyecto para poder satisfacer una necesidad y enmendar algún problema que les toca vivir en el día a día.
Por eso, valoro profundamente el que también exista entre nosotros solidaridad regional respecto de la iniciativa del diputado Kort , seguido por el diputado Javier Macaya , apoyado por el diputado Felipe Letelier .
¡Me da orgullo oír las coincidencias con el doctor Juan Luis Castro , diputado por Rancagua, quien compite electoralmente con Issa Kort!
Eso habla de un sentir, de solidaridad y de entender un problema.
Ahora, aquí hay quienes acusan de hacer gárgaras con la defensa de los niños. ¡Por favor, los mismos que acusan a algunos parlamentarios de hacer gárgaras con la defensa de los niños no se desvían un minuto para votar a favor proyectos de ley que legitiman el aborto y situaciones similares! ¡Perdónenme!
Quiero decirles que estoy orgulloso de ser patrocinante de este proyecto, y felicito al diputado Issa Kort y a los demás diputados de la región por abordar este tema de manera solidaria.
Estamos respondiendo al clamor de nuestros mandantes. Son ellos los que nos han puesto en esta Sala y a ellos debemos responderles, y lo hacemos mirándolos a los ojos, mirando a nuestra ciudadanía.
Rechazamos tajantemente el que se nos califique de populistas y que se introduzcan elementos que no tienen nada que ver con el propósito de esta iniciativa. Aunque el diputado Vlado Mirosevic merece todo mi respeto, pues lo admiro profundamente, ya que lo considero un diputado muy valioso, debo aclararle que esto no tiene nada que ver con cuotas de poder en el Sename de Arica.
¡Perdónenme! ¡Levantemos el debate!
Entonces, reitero mis felicitaciones al diputado Kort y a los demás autores del proyecto, y expreso mi agradecimiento a los parlamentarios que nos acompañarán en la aprobación de esta iniciativa, que responde al clamor de nuestra región.
Señor Presidente, la verdad, como ya se ha dicho, este proyecto de ley nace del triste caso del joven Joaquín Fernández Cáceres , a cuyos padres, familiares y amigos saludo, pues sé que se encuentran en las tribunas.
Se trata del caso de un estudiante de 18 años de edad que fue asaltado y asesinado en septiembre del año recién pasado por un joven de tan solo 16 años de edad.
Lo ocurrido llevó a los padres y familiares de la víctima, así como a gran parte de la comunidad de Rancagua, a movilizarse y a levantar un movimiento social al que denominaron “Justicia para Joaquín”, que hoy cuenta con más de 30.000 adherentes y que reunió más de 50.000 firmas para respaldar su solicitud a los tribunales de justicia de que se hagan cargo de este caso, y a los legisladores, para que actualicemos la legislación atingente.
La vedad es que frente a la impotencia que nos genera la delincuencia son muchos los que se han organizado. Recuerdo haber votado aquí la denominada “ley Emilia”, que surgió de la impotencia de los padres de la pequeña Emilia Silva Figueroa , quienes fueron embestidos por un automóvil que era conducido por una persona en estado de ebriedad.
Ese accidente cobró la vida de la pequeña Emilia , pero fue la fuente de inspiración para que surgiera esa ley. Lo mismo ha sucedido con otras leyes, que también se han inspirado en peticiones de la ciudadanía que surgen de la impotencia frente a la diaria comisión de delitos que afectan a nuestro país -como me dijeron ayer en la comuna de Bulnes y que quedan sin sanción. En efecto, en la ciudadanía existe un sentimiento de impotencia por el hecho de que haya jóvenes que delinquen una y otra vez, que roban sistemáticamente sin ser sancionados, por esto que se conoce como la puerta giratoria de los tribunales, que permite que los jóvenes entren y salgan rápidamente de las cárceles y vuelvan a delinquir.
Ciertamente, esta reacción legislativa -debemos reconocer nuestros límites como legisladores no soluciona los problemas de fondo. Aquí hay un problema mucho mayor que dice relación con la familia, que es el núcleo fundamental de la sociedad. Todo lo que hagamos por fortalecer la familia ayudará a terminar con la delincuencia en nuestro país.
Este proyecto es una reacción legislativa bastante tenue, bastante modesta ante ese problema, pero no por ello menos significativa. Lo que hace, simplemente, como se ha dicho aquí, no es aumentar las penas. Aquí no se están aumentando las penas, que es la reacción natural del legislador cuando ve que hay delitos que se repiten una y otra vez en el territorio nacional, y reconozco que hemos tenido siempre esa tentación. Por ejemplo, muchos pensábamos que aumentando las penas terminaríamos con el delito de abigeato, que afecta principalmente a los sectores rurales, pero la verdad es que el delito continúa. Hay otros elementos que debemos atacar.
Entonces, reitero, aquí hay un esfuerzo que no consiste en subir penas. Se trata, simplemente, de diferenciar a los adolescentes de 14 a 15 años, de los de 16 a 17 años en el tratamiento que debe darse en la determinación de las penas que se les asignen, conforme a lo que dispone la ley sobre responsabilidad penal adolescente.
En concreto, en la actualidad dicha legislación establece que si la pena que debe cumplir el adolescente se extiende en el tramo de 541 días a tres años, el tribunal podrá ordenar la internación en régimen semicerrado del condenado, con programa de reinserción social, libertad asistida en cualquiera de sus formas y prestación de servicios en beneficio de la comunidad.
La última modalidad se elimina con este proyecto de ley y se deja, simplemente, la internación en régimen semicerrado con programa de reinserción social y la libertad asistida, pero especial, es decir, con acompañamiento, de manera que se pueda dar seguimiento a lo que ocurre con el joven, con el adolescente, para que no reincida. Se elimina, entonces, la prestación de servicios en beneficio de la comunidad, que era una forma bastante benigna de cumplir pena por un delito grave.
Lo otro que me parece completamente razonable es que el juez, cuando otorgue la libertad condicional, deberá fundamentar su decisión y emitir un informe de por qué otorga ese beneficio. Eso me parece absolutamente razonable, porque no puede haber liberalidad en aplicación de la facultad de otorgar la libertad condicional, sino que debe haber un razonamiento jurídico fundado de parte del juez.
Esas modificaciones me parecen razonables, por lo que, por cierto, vamos a apoyarlas. Sabemos que nada atenuará el dolor de la familia de Joaquín, pues no podemos devolverle la vida, pero por lo menos habremos dado un paso significativo para que este tipo de delitos no se repitan y para que ningún chileno tenga que sufrir lo que han sufrido los padres de Joaquín y el resto de su familia.
Debemos tener un solo sentir frente a la delincuencia. Evidentemente, hay distintas modalidades para combatirla, pero me parece que subiendo las penas no vamos a solucionar los problemas de fondo. En todo caso, considero que las medidas que se proponen en este proyecto pueden contribuir a alcanzar ese propósito.
El debate para determinar de qué manera podemos terminar con la delincuencia está abierto. Ya vienen las elecciones y los precandidatos a la Presidencia están haciendo sus propuestas para ello. Esperamos que esta vez se cumplan, para que podamos avanzar efectivamente en el combate contra ese mal que afecta a toda nuestra sociedad, pero en mayor grado a las familias más modestas de nuestro país.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para rebajar a cinco minutos, como máximo, el tiempo de los discursos de los diputados que aún no han intervenido en el debate de este proyecto, a fin de que alcancemos a despacharlo.
Señor Presidente, el año antepasado, en las puertas del liceo de Rengo, fue asesinado Luis Valencia Orellana ; luego, en septiembre del año pasado, en Rancagua, fue asaltado y asesinado Joaquín Fernández .
Por supuesto, esos no son los únicos casos de delitos violentos en que el autor fue un adolescente. De hecho, a mi hija Valentina, de profesión psicóloga, la asaltó un muchacho en la comuna de Las Condes, en la esquina de Apoquindo con Manquehue. La amenazó con una cortaplumas que le puso en el cuello para robarle el celular.
En todo el país ocurren miles y miles de casos como estos.
¿Por qué patrocino este proyecto de ley? Porque tengo claro en qué sociedad vivo, y es la razón por la cual estoy en la política. Pretendo ayudar a cambiar esta sociedad mezquina, egoísta, individualista, indiferente, consumista, materialista en que vivimos; una sociedad en la que, por supuesto, poco importan los jóvenes. Sin embargo, no por eso debemos pensar que las cosas seguirán siendo iguales.
Considero que un muchacho de 15 o 16 años sabe perfectamente lo que hace, pues ya no es un bebé.
Hoy muchos niños y jóvenes le faltan el respeto a sus profesores. Por eso, entre otros motivos, se habla de mejorar la calidad de la educación; pero no hay que olvidar que la educación empieza en el hogar, y si ella no existe es muy difícil mejorar la situación. Mis vecinos de Rengo, de Graneros, de Machalí y de Rancagua siempre me comentan acerca de la importancia que tiene la educación que reciben los niños en sus hogares.
El Estado se ha preocupado muy poco de los jóvenes. Por eso siento que el espíritu de esta iniciativa no es aplicar la “ley del garrote”, reprimir a los jóvenes ni colapsar las cárceles. Debemos entregar señales claras para que en nuestro país no se pueda seguir actuando como se quiera.
No olvidemos que el joven autor del asesinato de Joaquín ya había cometido un crimen, por lo que no podemos decir que lo ocurrido fue un accidente o que el autor del homicidio no sabía lo que hacía.
Es común que los familiares de los delincuentes y de los criminales aleguen que sus “niñitos” son inocentes, que estaban bajo los efectos de un medicamento y que no sabían lo que hacían. ¡Muchos criminales saben perfectamente lo que hacen y ni siquiera sienten remordimiento! ¡Esa actitud es la peor, porque generalmente vuelven a cometer el mismo delito!
Si bien soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, no me arrepiento de apoyar con convicción este proyecto de ley, pues hay que poner mano dura para, de una vez por todas, lograr erradicar este tipo de situaciones.
Tiene la palabra el diputado Arturo Squella .
El señor SQUELLA.-
Señor Presidente, como miembro de la Comisión de Seguridad Ciudadana, pedí hacer uso de la palabra para hacerme cargo de algunas preguntas y de algunos comentarios que erróneamente se han esbozado en este debate.
No obstante, antes de pronunciarme sobre el mérito del proyecto, me saldré un tanto del marco técnico del debate como de sus contenidos para saludar, felicitar y agradecer la presencia de la señora Leticia Cáceres y del señor Gabriel Fernández , padres de Joaquín Fernández .
No sé si en intervenciones anteriores ya se dijo, pero quienes formamos parte de la Comisión de Seguridad Ciudadana tuvimos la oportunidad de escuchar un desgarrador testimonio, que da cuenta, entre otras cosas, de que la madre de Joaquín fue profesora de religión del niño que asesinó a su hijo. Sin embargo, ella ha encauzado toda su pena, angustia e impotencia en beneficio de la sociedad, con el objeto de tratar de evitar el destino de futuros “Joaquines”.
Esta madre ha llevado adelante esta lucha con el objetivo de sacar algo positivo de esta tragedia, que, no me cabe la menor duda, es la situación más dura que le ha tocado vivir. Debemos reconocer la fortaleza que demuestran los padres de Joaquín; es necesario hacer un alto y señalarlo en el debate de un proyecto de ley tan importante como este.
También quiero felicitar al diputado Issa Kort , pues ha canalizado de buena manera el sentir ciudadano y, particularmente, el de esta familia sobre este tema, en una causa muy importante desde el punto de vista legislativo.
Por lo mismo, con todo el respeto que merece, quiero responder a la consulta formulada por el diputado Vlado Mirosevic (el colega René Saffirio también hizo referencia a esto). El diputado Mirosevic nos consultaba a los miembros de la comisión por qué razón habíamos aprobado la iniciativa en circunstancias de que especialistas y destacados representantes de diversas instituciones ligadas a la niñez habían considerado negativo el proyecto. La respuesta es muy sencilla, es casi administrativa: los invitados realizaron cada una de esas consideraciones negativas basados en el proyecto de ley original, radicalmente diferente del que hoy votaremos. Hago mención a este punto para quienes se refirieron a esta situación y para todos aquellos que intervendrán y que pensaban hacer referencia al mismo punto.
Esa es la explicación; nada más ni nada menos. Esa es la justificación que sustenta que este proyecto de ley se haya aprobado casi por unanimidad en la comisión.
Espero que lo aprobemos en su primer trámite constitucional y que se convierta en ley una vez despachado por el Senado.
Ahora bien, creo que es atingente revisar la estructura técnica de esta iniciativa. ¿Cuál es el corazón de la ley de responsabilidad penal adolescente? Es convertir una condena en una pena distinta, en atención a la edad del infractor.
Eso figura en el artículo 23 de la ley N° 20.084, en el cual se establece que la determinación de la naturaleza de la pena que deba imponerse a los adolescentes se regirá por las cinco reglas que en él se enuncian. Se trata de cinco categorías que en su momento el legislador, con ocasión de la tramitación de la iniciativa que se convirtió posteriormente en la ley de responsabilidad penal adolescente, consideró apropiadas para un menor de edad.
Este proyecto de ley modifica la regla N° 3 establecida en el citado artículo -relativa a delitos respecto de los cuales se aplican penas que se extienden entre quinientos cuarenta y un días y tres años-, en el sentido de convertir la libertad asistida en libertad asistida especial, y suprimir la prestación de servicios en beneficio de la comunidad. Es todo lo que modifica este proyecto de ley.
Lamentablemente se acabó mi tiempo.
Señor Presidente, por su intermedio agradezco y valoro el compromiso que demuestra mi colega Issa Kort con los electores que representa.
En este caso, se ha traducido con mucha fuerza la voluntad de una familia de convertir su dolor en una ley.
Por ello, mi pregunta es si este proyecto de ley aliviará en algo el dolor, la pena, la frustración, la impotencia y, eventualmente, la rabia de esta familia, que perdió para siempre la vida de su hijo.
¿Qué haremos los diputados Issa Kort, Juan Luis Castro , Felipe Letelier o quien habla cuando, mañana, en alguna de las comunas que representamos, sea un niño de 14 años el que asesine a un joven de 18 años? ¿Qué haremos cuando un niño de 13, 12 u 11 años asesine a un joven de 18 años e interrumpa de manera definitiva sus sueños y sus proyectos de vida?
Tiene razón el diputado Arturo Squella , pues buena parte de las apreciaciones que figuran en el informe versan sobre el proyecto de ley original, que claramente es muy distinto del que estamos discutiendo.
La iniciativa establece una diferenciación entre menores de 16 años y mayores de 16 años. Hoy en la ley no existe diferenciación alguna -existió antes-; por eso, lo que se está haciendo ahora es distinguir. Y una vez distinguido, ¿qué se está diciendo? Que en el caso de los mayores de 16 años, el tribunal solo podrá -es decir, siempre tendrá que establecer internación semicerrada. No dice nada, en ninguna parte, sobre la gravedad del delito.
En ese sentido tienen mucha razón los expertos, porque dijeron que cualquier delito cometido por alguien mayor de 16 años va a significar internación en proceso semicerrado, y eso es exactamente lo que casi todos los juristas cuestionaron, porque no tiene consonancia con los acuerdos internacionales que hemos suscrito, y cualquiera de nosotros dirá que puede resultar completamente negativo para la vida de un adolescente que comete un delito menor el ser internado en un proceso semicerrado. Nosotros sabemos en qué consiste eso hoy día.
Lo segundo que hace -con esto estoy completamente de acuerdo es establecer que el juez tendrá la obligación de argumentar, cuando se trate de delitos graves, las razones por las que no somete a ese individuo a un proceso de internación semicerrado. Eso lo voy a votar a favor, porque me parece absolutamente razonable. No lo podemos dejar completamente a discreción de los jueces cuando se trate de delitos graves. Pero tampoco podemos, en el caso de delitos no graves, obligar a los jueces a que obligatoriamente tengan que internar a un menor en régimen semicerrado, con las consecuencias fatales que puede tener esa decisión para miles y miles de niños.
¡Cómo no solidarizar con el dolor! Puesto en esa situación -que asesinen a un hijo-, cualquiera de nosotros sentiría rabia, impotencia y frustración. Pero nosotros no podemos legislar desde la rabia, la impotencia o la frustración; tenemos que legislar pensando en que estamos elaborando leyes que van a afectar al conjunto de la sociedad, no solo hoy, sino también mañana y pasado mañana.
Entiendo a los colegas de la Región de O’Higgins que solidarizan con ese dolor. Pero si pensáramos las leyes solo desde el dolor, desde la rabia y desde la impotencia, sería muy difícil votar en contra de la pena de muerte, porque hay casos brutales, en que uno dice: “¡Chuta!”.
¿Resuelve algo la pena de muerte? En este caso, no resuelve el asesinato de Joaquín…
Ha cumplido su tiempo, diputado Pepe Auth . Tiene la palabra el diputado Javier Macaya .
Señor Presidente, primero, quiero saludar a Gabriel y a Leticia, los papás de Joaquín Fernández , que nos están acompañando el día de hoy. Tuve la oportunidad de conocerlos y de conversar con ellos. Estuve en su casa, en una ocasión, y hablé con ellos también aquí en el Congreso Nacional.
También quiero agradecer al diputado Issa Kort , que me dio la posibilidad de conocerlos, de estar en esta causa y de ser diputado patrocinante de este proyecto.
Aquí se ha planteado un tema que, siempre que se discuten aspectos relacionados con el derecho penal y con el aumento de penas, generan una bipolaridad: por un lado, los sectores más cercanos a nuestro sector, de centroderecha, propician el aumento, en algunos casos, de las penas y dar señales importantes ante la comisión de ciertos delitos, y sectores de izquierda, que tienen un discurso relacionado con más garantías y menos cárcel, que asumen que la cárcel no es la solución -eso lo comparto cuando se cometen delitos graves.
Pero tampoco se debe minimizar el impacto que las penas tienen en las personas que cometen delitos. Hemos señalado en múltiples ocasiones -probablemente, en la discusión de este proyecto también se dio que, muchas veces, en los delitos cometidos por menores de edad hay detrás verdaderas bandas que impulsan la comisión de delitos porque saben que la pena aplicable a una persona menor de edad será inferior y, por lo tanto, el que entra en la casa y el que comete el delito es el menor de edad. Pero detrás de esos menores de edad hay bandas organizadas.
Cuando aquí se pregunta si las penas importan en la conducta de una persona al momento de cometer el delito, yo creo absolutamente que sí, y hay evidencias empíricas de ello: por ejemplo, han bajado los robos a los cajeros automáticos porque aumentaron las penas por ese delito. En el caso de la “ley Emilia”, también se generaron señales concretas.
Tengo una convicción cuando se discuten estos temas. Ayer fijamos penas de cárcel en casos de delito de maltrato de animales. O sea, para el maltrato animal sí fijamos penas de cárcel. Evidentemente, lo que se busca es entregar una señal, que no significa, en ningún caso, aumentar las penas, sino solamente que cuando el juez considere que el quebrantamiento de condena -lo repito: el quebrantamiento de condena; o sea, cuando una persona ya cometió un delito y ya tiene un historial delictual no reúne el carácter de grave, entonces deberá justificarlo.
Lo otro es eliminar algo que, a nuestro juicio -la evidencia así lo indica-, no está operando: los trabajos a la comunidad, como medida alternativa de cumplimiento. Nosotros estamos seguros de que las señales que se den en esta materia no son indiferentes. Hay una falacia respecto de los trabajos a la comunidad, en el sentido de que jóvenes que tienen un historial delictivo pueden rehabilitarse en función de trabajos a la comunidad. Nuestro sistema de reinserción de menores y de rehabilitación de los menores, claramente, hoy no está funcionando. Es cuestión de observar el trabajo que se ha hecho y revisar los informes de las comisiones investigadoras para darse cuenta de cómo operan los centros del Servicio Nacional de Menores. Ese sistema no funciona.
Por eso, en respuesta al planteamiento del diputado Auth , en el proyecto no se hace ninguna mención a casos en que se trate de un menor de 10, 12 o 13 años que comete un delito. El sentido común -y así va a quedar en la legislación indica que un menor de 12 años no es lo mismo que un menor de 16 o de 17 años. En ese sentido, este proyecto no innova. Se hace la diferencia, porque es evidente que se trata de conductas y de situaciones diferentes.
Las señales importan mucho. Y a partir del caso de Joaquín, nos interesa entregar esa señal al país, en particular a Gabriel y Leticia , por lo que han vivido, por la situación que les tocó sufrir, porque la muerte de un hijo es de los hechos más dolorosos que le pueden ocurrir a una persona en la vida. Dudo de que a Gabriel y a Leticia les vaya a ocurrir algo tan fuerte y tan doloroso como la muerte de Joaquín. Es un peso que tendrán que cargar por siempre. Pero por muy dolorosa que haya sido esa experiencia y por muy pesada que sea esa carga, tiene que concluir en algo que tenga significado, para que no haya sido en vano.
Espero que la norma lleve el nombre de Joaquín, que tenga un significado para la posteridad y que se dé una señal concreta ante los delitos graves cometidos por menores de edad.
Por eso, vamos a votar a favor el proyecto en todas sus partes.
Señor Presidente, me sumo a lo que varios colegas, transversalmente, han planteado, en términos de que lo primero sobre lo que debemos hacer claridad es que este proyecto de ley hace una especificación de normas que no puede considerarse ni siquiera como una estigmatización ni menos se puede banalizar el debate. Y lo digo porque firmé la propuesta inicial, a la salida del gimnasio de Machalí, cuando un grupo de amigos de la familia de Joaquín, con dolor, recolectaban firmas para apoyar el proyecto.
Ellos me preguntaron -parece que algunos conocían un poco del trabajo que había desarrollado respecto de la infancia y la adolescencia-, no obstante que estaba leyendo apresuradamente el texto del proyecto, si podía respaldar su presentación, porque entendían que, evidentemente, iba a ser fruto de un debate democrático en el Congreso Nacional. Les dije que necesitaba leerlo, independientemente de las consideraciones jurídicas puestas en juego. Sin embargo, entendí que lo que necesitaban era mi humilde firma junto a la de cientos de firmas más que se estaban presentando, a fin de dar curso a la presente iniciativa.
El proyecto que analizamos -se lo digo a mis colegas de la Democracia Cristiana es ponderado, adecuado y no establece bajo ningún aspecto agravamientos jurídico-penales ni estigmatizaciones odiosas, por lo cual no banaliza el debate. Señor Presidente, en efecto -se lo digo con todo respeto a mis amigos de derecha y de otras bancadas, con los que alguna vez hemos tenido diferencias respecto de otros temas, en particular a mi amigo y colega Issa Kort -, se trata de un buen proyecto, que cuenta con el respaldo de la ciudadanía a partir del dolor de los padres de Joaquín. La muerte de un hijo en estas circunstancias no solo es trágica, sino dramática. Ningún proyecto de ley podrá devolver a Joaquín a la vida ni reparar el sufrimiento que significa su pérdida.
Nada hay más gravoso para la vida de un padre y de una madre que la pérdida de un hijo. Solo cuando se los ha tenido, solo cuando se los ha parido -lo digo con todo respeto a los que aún no los tienen-, es posible entender el sufrimiento por la pérdida de uno de ellos.
Con dolor voy a concurrir con mi voto a aprobar el proyecto de ley. Gracias a los padres de Joaquín por sobreponerse a su dolor, dar la lucha y llevarla al ámbito legislativo. Ellos, que ahora se encuentran en la tribuna, fueron a la calle, recolectaron firmas y generaron conciencia en relación con su sufrimiento.
El amor de los padres por sus hijos no solo es inembargable, sino infinito. Los hijos, aunque ya no estén presentes, son el único motor capaz de generar luchas que permitan ir abriendo canales, en este caso, para entregar una mejor y más adecuada justicia. La idea es que de ahora en adelante los infractores de ley menores de edad, pero mayores de 16 años, cumplan penas de internación en regímenes semicerrados con programas de reinserción social o libertad asistida especial.
Invito a toda la bancada de la Democracia Cristiana a respaldar la iniciativa.
Envío todo mi cariño, aprecio y respeto a quienes se encuentran en la tribuna, en especial a los padres de un niño que hoy está en el cielo.
El diputado Matías Walker , autor del proyecto e integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, solicita, por la unanimidad de la Sala, un par de minutos para intervenir.
Tiene la palabra el diputado Ramón Farías .
Señor Presidente, la ley N° 20.084 estableció un sistema de responsabilidad penal de los adolescentes, aplicable a menores de edad de entre los 14 y 18 años. Se la conoce como reforma penal adolescente.
Dicha reforma estableció un régimen punitivo diferenciado entre los adolescentes y los adultos. Su principal característica es que los menores de edad son castigados con penas rebajadas en un grado en relación con la que se aplica al delito respectivo. Esa misma ley ya contempla diferencias entre los menores de edad, aludiendo a la edad concreta del adolescente infractor.
En relación con el proyecto que hoy se discute, no hay que dejar de tener en consideración, en primer lugar, el principio base de nuestro ordenamiento respecto de la infancia y adolescencia. Me refiero a la primacía del interés superior del niño, niña o adolescente, como también el propender a la rehabilitación del menor y su reinserción social, por lo que, por razones obvias, no se le pueden aplicar las mismas normas que rigen a los adultos, menos en materia de derecho penal.
En un adolescente, la capacidad de entender y de querer cometer un hecho ilícito -eso que constituye el dolo y que fundamenta este proyecto se basa en el concepto de madurez, término que al ser impreciso y vago no puede ser aplicable de forma general ni estandarizada, como se pretendió originalmente.
El fundamento de la iniciativa pretende hacer una distinción entre la capacidad de entendimiento de un adolescente de 14 y 15 años y la de un adolescente de 16 y 17 años, que se funda en que los jóvenes de más de 16 años tienen la madurez suficiente para responsabilizarse de sus acciones.
Desde luego, no puedo apoyar esta premisa, ya que no es posible sostener que un adolescente mayor de 16 años va a tener la misma madurez que un adulto en esta materia.
Si bien se han realizado cambios al proyecto, limitando la facultad de los jueces de aplicar todas las sanciones establecidas originalmente en la ley, aun así este generará, tal como lo han expresado los expositores en la Comisión de Seguridad Ciudadana, una serie de efectos que no necesariamente coinciden con lo buscado, principalmente en razón del conflicto con las normas internacionales aplicables en materia de niñez y adolescencia, ya que pretender igualar a adolescentes con adultos vulnera, por ejemplo, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Asimismo, en la comisión se dio a conocer que entre 2008 y 2015 se observó una disminución estadística -ello no puede ser omitido en materia de delito adolescente. En efecto, los adolescentes infractores de ley disminuyeron entre 2012 y 2016 de 9,2 por ciento a 8,1 por ciento. La mayoría de los delitos se concentra en el hurto. Por su parte, el homicidio nunca ha superado el 1 por ciento.
En ese sentido, comparto la opinión de la directora nacional del Sename, Solange Huerta , quien manifestó en la comisión que la trágica muerte de Joaquín, que dio origen al el proyecto de ley en discusión, es lamentable, pero que cualquier cambio legal debe trascender a consideraciones particulares.
De esta forma, lejos de querer criminalizar hoy a los jóvenes infractores -estoy convencido de que son el producto de un sistema de protección que tiene fallas-, me gustaría apoyar iniciativas destinadas a corregir el proceso de reinserción y de rehabilitación. Un sistema eficaz debería impedir que los jóvenes vuelvan a delinquir y evitar que su paso por tribunales se convierta en un trámite insignificante. Hoy, nadie asume la tarea de prevenir y menos de rescatar a los jóvenes del círculo vicioso en que se encuentran.
Cualquier avance en materia de responsabilidad penal adolescente debe estar vinculado con la urgencia de crear un sistema de reinserción adecuado para la justicia penal adolescente, junto con una reestructuración general, ya que la severidad o rigidez de la norma no generará reales cambios.
Señor Presidente, la razón por la que votaré en contra el proyecto radica en que me interesa privilegiar una reforma seria del sistema, sobre todo si se considera que la gran inquietud que recoge el proyecto -la delincuencia juveniles abordada en el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que en la actualidad se encuentra en el Senado, por lo que mis esfuerzos van a ir destinados a sacar adelante esa iniciativa.
Corresponde votar en general el proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 20.084, que Establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal, para efectuar una distinción en materia de determinación de las penas aplicables en función de la edad del infractor.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 0 votos. Hubo 6 abstenciones.
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Campos Jara, Cristián ; Carmona Soto , Lautaro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; Cicardini Milla, Daniella ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farcas Guendelman, Daniel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Flores García, Iván ; Fuentes Castillo, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; González Torres, Rodrigo ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morales Muñoz, Celso ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Arancibia, Daniel ; Núñez Urrutia , Paulina ; Ojeda Uribe, Sergio ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Poblete Zapata, Roberto ; Rincón González, Ricardo ; Rocafull López, Luis ; Sabag Villalobos, Jorge ; Saffirio Espinoza, René ; Sandoval Plaza, David ; Schilling Rodríguez, Marcelo ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Soto Ferrada, Leonardo ; Squella Ovalle, Arturo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Espinosa Monardes, Marcos ; Girardi Lavín, Cristina ; Hernando Pérez, Marcela ; Jackson Drago, Giorgio ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Robles Pantoja, Alberto .
Señor Presidente, pido que se consigne en el acta mi voto favorable.
¿Estaba en la Sala, señorita diputada?
Señor Presidente, también pido que se consigne en el acta mi voto favorable.
Se dejará constancia en el acta.
La diputada señorita Karol Cariola presentó una solicitud de votación separada del número 1 del artículo único del proyecto.
En consecuencia, corresponde votar en particular solo dicho número, y se dará por aprobado el número 2.
En votación particular el número 1 del artículo único del proyecto.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 5 abstenciones.
Álvarez-Salamanca Ramírez , Pedro Pablo ; Barros Montero, Ramón ; Bellolio Avaria, Jaime ; Berger Fett, Bernardo ; Browne Urrejola, Pedro ; Castro González, Juan Luis ; Ceroni Fuentes, Guillermo ; De Mussy Hiriart, Felipe ; Edwards Silva, Rojo ; Farcas Guendelman, Daniel ; Flores García, Iván ; Gahona Salazar, Sergio ; Godoy Ibáñez, Joaquín ; Hernández Hernández, Javier ; Hoffmann Opazo , María José ; Kast Rist, José Antonio ; Kort Garriga, Issa ; Lavín León, Joaquín ; Letelier Norambuena, Felipe ; Macaya Danús, Javier ; Melero Abaroa, Patricio ; Molina Oliva, Andrea ; Monckeberg Bruner, Cristián ; Morales Muñoz, Celso ; Nogueira Fernández, Claudia ; Norambuena Farías, Iván ; Núñez Urrutia, Paulina ; Ortiz Novoa, José Miguel ; Pérez Lahsen, Leopoldo ; Rincón González, Ricardo ; Sabag Villalobos, Jorge ; Sandoval Plaza, David ; Silber Romo, Gabriel ; Silva Méndez, Ernesto ; Squella Ovalle, Arturo ; Trisotti Martínez, Renzo ; Turres Figueroa , Marisol ; Ulloa Aguillón, Jorge ; Urrutia Bonilla, Ignacio ; Urrutia Soto, Osvaldo ; Verdugo Soto, Germán ; Walker Prieto, Matías ; Ward Edwards, Felipe .
Alvarado Ramírez, Miguel Ángel ; Álvarez Vera, Jenny ; Andrade Lara, Osvaldo ; Arriagada Macaya, Claudio ; Auth Stewart, Pepe ; Campos Jara, Cristián ; Cariola Oliva, Karol ; Carmona Soto, Lautaro ; Cicardini Milla, Daniella ; Espinoza Sandoval, Fidel ; Farías Ponce, Ramón ; Fernández Allende, Maya ; Fuentes Castillo, Iván ; Girardi Lavín, Cristina ; González Torres, Rodrigo ; Jackson Drago, Giorgio ; Jaramillo Becker, Enrique ; Jiménez Fuentes, Tucapel ; Melo Contreras, Daniel ; Mirosevic Verdugo, Vlado ; Monsalve Benavides, Manuel ; Morano Cornejo, Juan Enrique ; Núñez Arancibia, Daniel ; Ojeda Uribe, Sergio ; Poblete Zapata, Roberto ; Rocafull López, Luis ; Saffirio Espinoza, René ; Saldívar Auger, Raúl ; Soto Ferrada, Leonardo ; Tarud Daccarett, Jorge ; Teillier Del Valle, Guillermo ; Torres Jeldes, Víctor ; Vallejo Dowling, Camila ; Vallespín López , Patricio .
Espinosa Monardes, Marcos ; Hernando Pérez, Marcela ; Jarpa Wevar, Carlos Abel ; Robles Pantoja, Alberto ; Schilling Rodríguez , Marcelo .
Se ha presentado una indicación, para cuya aprobación se requiere el asentimiento unánime de la Sala, a fin de que el epígrafe de la ley en proyecto lleve el nombre de Joaquín Fernández Cáceres.
Señor Presidente, el nombre de los proyectos de ley forma parte del conjunto del texto. En consecuencia, la forma de modificarlo es por la vía de una indicación.
Señor Presidente, la indicación fue presentada por el diputado Ricardo Rincón . No obstante, quiero advertir que, de conformidad con los reiterados fallos del Tribunal Constitucional, los nombres de las leyes, los epígrafes, no son parte del texto legal.
¿Habría acuerdo para que el epígrafe de la ley lleve el nombre de Joaquín Fernández Cáceres ?
-Se levantó la sesión a las 12.33 horas.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES MONCKEBERG, DON NICOLÁS; BERGER, GARCÍA Y PAULSEN, QUE “MODIFICA EL CÓDIGO PROCESAL PENAL PARA ESTABLECER EFECTOS PROCESALES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE FIJA PLAZO PARA LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN”. (BOLETÍN N° 11212-07)
“Uno de los principios que inspiran el Código Procesal Penal es el de la celeridad judicial. El antiguo sistema procesal penal, entre otros defectos, establecía un proceso de enjuiciamiento excesivamente largo, que enviaba un mensaje a la sociedad de una justicia que por ser muy lenta se tornaba injusta. Los resultados de los procesos penales podían llegar transcurridos muchos años desde que ocurrieron los hechos, en circunstancia que la vida de las personas implicadas ya no era la misma, y donde el efecto comunicativo de la sentencia penal, ya sea para solidarizar con la víctima o para refrendar la inocencia de un ciudadano, perdía eficacia y decaía en su importancia al llegar a destiempo, una vez que el conflicto era cosa de un pasado, incluso para muchos remoto.
En razón de lo anterior es que el nuevo sistema procesal penal puso como eje orientador la celeridad judicial. De hecho, en el artículo 234 del mencionado código se establece un plazo máximo para la investigación del Ministerio Público de 2 años desde la formalización de la investigación, pudiéndose solicitar un plazo más acotado para la conclusión de la misma. De esta manera, se puso coto a esos procesos penales que se extendían indefinidamente en el tiempo. Sin embargo, aún persiste el inconveniente en orden a que mientras no se formalice la investigación el plazo para el cierre de la misma no comience a correr, quedando a salvo solamente el plazo de prescripción de la acción penal.
El nuevo código procesal penal intentó también acotar el plazo de la investigación antes de la formalización, en el caso de investigaciones que se dirigen en contra de personas determinadas, donde queda del todo claro su condición de imputados en la misma. Esto acontece porque el nuevo sistema discurre sobre la base que en una investigación penal, una vez que se identifica al imputado, inmediatamente, éste debe ser formalizado. De hecho vemos como reiteradamente los fiscales del Ministerio Público señalan públicamente que la formalización de la investigación es una garantía a favor del imputado, para que éste sepa de manera concreta y fehaciente cuáles son los cargos que se le están formulando, esto es, los hechos que se le atribuyen y la calificación jurídica que esos hechos pueden revestir.
Para salvaguardar los principios antes referidos, y considerando que la formalización de la investigación es un “beneficio” para el imputado investigado, es que el legislador estableció en el artículo 186 del Código Procesal Penal una disposición denominada “control judicial anterior a la formalización de la investigación”, que prescribe:
“Cualquier persona que se consideraré afectada por una investigación que no se hubiere formalizado judicialmente, podrá pedir al juez de garantía que le ordene al fiscal informar acerca de los hechos que fueren objeto de ella. También podrá el juez fijarle un plazo para que formalice la investigación”.
El problema surge porque la disposición referida no señala que ocurre si el fiscal no formaliza la investigación en el plazo que el juez fije.
Este aparente vacío o laguna ha dado pie a diversas interpretaciones doctrinales y jurisprudenciales, que desde el inicio de la reforma procesal penal han intentado darle sentido y eficacia a esta disposición procesal. Algunos han sostenido que en el caso que el fiscal no formalice la investigación en el plazo fijado por el juez, el tribunal deberá dictar sobreseimiento definitivo. Pareciera que esta no es la solución correcta, puesto que, por una parte, la prerrogativa de sostener la acción penal pública es del Ministerio Público y posee rango constitucional, no pudiendo ser coartada como consecuencia de una mera disposición legal (la que, sin embargo, no fue objetada por el Tribunal Constitucional en su caso ni tampoco ha sido impugnada por el Ministerio Público o por algún querellante por vía inaplicabilidad por inconstitucionalidad). Y, por otra, porque en caso de investigaciones complejas, con múltiples imputados, donde las responsabilidades penales son difusas y requieren de diligencias de investigación científicas o muy sofisticadas, puede darse el caso de una mala utilización de esta herramienta, para presionar al Ministerio Público a tomar definiciones muy preliminares, que en definitiva pueden repercutir en el resultado del proceso.
Vistas así las cosas, no pareciendo razonable la sanción de sobreseimiento definitivo para el caso que el fiscal no formalice la investigación en el plazo que el juez de garantía fije, tampoco lo es el que no exista sanción alguna y que estemos frente a una disposición que tiene el carácter de un callejón sin salida, que no conduce a ninguna parte, esto es, una norma totalmente inútil.
En este sentido hay opiniones que señalan que el efecto del incumplimiento del fiscal de formalizar la investigación en el plazo que el juez fije es que las pruebas que se reúnan en el lapso entre vencimiento del referido plazo y la eventual futura formalización no podrán ser usadas en el juicio oral como pruebas válidas en contra del imputado respecto de cual el juez dispuso la formalización de la investigación. Se podrá discutir si esas pruebas son ilícitas por haberse obtenido con vulneración de la garantía constitucional del debido proceso, toda vez que el principio de celeridad judicial informa a aquel. Otros podrán señalar que esas pruebas son inoponibles, y no ilícitas, puesto que más que un vicio en el modo de obtención de las referidas pruebas, estamos frente a una sanción legal como consecuencia del incumplimiento del fiscal de una resolución judicial que pretende salvaguardar la celeridad judicial y el debido proceso.
Sea como fuere, el presente proyecto de ley pretende dar eficacia al artículo 186 referido, para equilibrar adecuadamente: 1) La prerrogativa constitucional del Ministerio Público de llevar adelante las investigaciones penales y ejercer la acción penal. 2) La expectativa del Juez de Garantía de que las resoluciones que dicta conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal tengan efecto. 3) El derecho de todo ciudadano contra el cual se sigue una investigación penal de ser formalizado, a fin de encaminarse a juicio oral que acreditará su inocencia o culpabilidad, dentro de un plazo razonable.
Por estas razones, es que presento el siguiente:
"Artículo único. Agréguese al final del artículo 186 del Código Procesal Penal, después del punto final, que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase:
“En el caso que le fiscal no formalice la investigación en el plazo fijado por el juez, las pruebas que se reúnan en contra del imputado después del vencimiento del plazo y antes de la formalización de la investigación, no podrán ser usadas en el juicio oral en su contra. Con todo, el fiscal podrá pedir ampliación del referido plazo judicial, por motivos fundados y antes del vencimiento”.
PROYECTO INICIADO EN MOCIÓN DE LOS DIPUTADOS SEÑORES KAST, DON FELIPE; CERONI, CORNEJO; MONCKEBERG, DON CRISTIÁN; SAFFIRIO Y SOTO, Y DE LAS DIPUTADAS SEÑORAS MOLINA Y TURRES, QUE “MODIFICA LA LEY N°19.968, QUE CREA LOS TRIBUNALES DE FAMILIA, PARA DAR RÁPIDA Y EFECTIVA TRAMITACIÓN A LAS DENUNCIAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR DEDUCIDAS POR TERCEROS”. (BOLETÍN N° 11213-18)
“1. Normativa:
En Chile, la normativa que regula la violencia intrafamiliar, podemos encontrarla tanto en la ley n° 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar, como en la ley de Tribunales de familia, Ley N° 19.968.
Así, el artículo 5 de la ley 20.066 sobre Violencia Intrafamiliar define la misma como “todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente.
A su vez el artículo 6 de la misma ley, señala que : “Los actos de violencia intrafamiliar que no constituyan delito serán de conocimiento de los juzgados de familia y se sujetarán al procedimiento establecido en la Ley Nº19.968”
A partir de lo señalado en este artículo, la competencia de los Tribunales de Familia está dada en los casos que el acto de violencia intrafamiliar no configure un acto sancionado penalmente. Dicho de otro modo, estos tribunales conocen de aquellos maltratos intrafamiliares de carácter sicológico, o físico que no provoque lesiones, y que no sean habituales. La justicia penal, por su parte, conoce de los maltratos en contexto intrafamiliar que además configuren algún delito, tal como el maltrato habitual del artículo 14, lesiones de distinta gravedad, o muerte.
Dentro de la ley 19.968, sobre tribunales de familia, la violencia intrafamiliar se encuentra regulada como un procedimiento especial, el el título IV, párrafo segundo.
La violencia intrafamiliar ha evolucionado desde ser considerada como una problemática de carácter privado con escasa relevancia social y jurídica, a ser entendida como una vulneración a los derechos humanos, contenidos en catálogos internacionales obligatorios para muchos Estados.
De conocimiento público es que el marco normativo de la Violencia intrafamiliar presenta una serie de deficiencias, tal como lo detectó una investigación realizada por el Departamento de Evaluación de la Ley de la Cámara de Diputados, la cual evidenció una serie de falencias tanto en cuanto al propio texto legal, como a su aplicación práctica por parte de los distintos órganos involucrados.
Uno de las problemáticas que se detectaron fue el fenómeno de la retractación de la víctima y su incidencia en la eficacia del proceso judicial de violencia intrafamiliar.
Pues, la la víctima juega un rol importante dentro del proceso, y en la práctica, existe un porcentaje importante de casos judiciales que fracasan debido a que la víctima no participa activamente en los mismos, porque bien no asiste a las audiencias, no ratifica las denuncias que han sido interpuestas por terceros, o simplemete manifiesta su voluntad de poner término al proceso.
Los motivos por lo que la víctima decide retractarse o bien no participar del proceso son múltiples, y una de ellas se debe a la dependencia económica por parte de la mujer y su sensible estado emocional al ser maltratada. Esta situación conllevaría una condición de vulnerabilidad debido a la dependencia, por lo que las mujeres presentarían una tendencia a aceptar y normalizar situaciones de vulneración de derechos. Además, se ha identificado que la dependencia económica facilitaría el retorno de los agresores al hogar. Esto debido a que aprovecharían su situación de mantenedores del mismo para presionar a la víctima a aceptar su retorno.
Lo anterior se agrava aun más con el artículo 100 de la ley nº 19.968 de Tribunales de Familia, el cual contempla la posibilidad de poner término al proceso a requerimiento de la víctima, si su voluntad fuese manifestada en forma libre y espontánea. Voluntad que sabemos, muchas veces está determinada por factores externos e internos, que le impedirían a la víctima seguir adelante con el procedimiento.
Es por esto, que con el presente proyecto de ley, se pretende mejorar estos aspectos de la normativa de los tribunales de familia, de modo de establecer en forma expresa que no sea necesaria la ratificación de la víctima en los casos en que la denuncia provenga de un tercero, y establecer requisitos más objetivos y exigentes a la hora de determinar la voluntad libre y espontánea de la víctima para poner término al proceso.
Es de suma importancia otorgar certeza jurídica a una práctica que se ha convertido en habitual de parte de los jueces y que no se encuentra regulada de forma expresa en nuestra legislación, ya que hoy en día muchos jueces rechazan las denuncias realizadas por teceros cuando estas no han sido ratificadas por las víctimas.
Es dable señalar que no existe una norma que explícitamente requiera la ratificación de la denuncia de parte de la víctima o del tercero en la ley 19.968 que crea los tribunales de familia. En la práctica, el juez facultativamente puede recoger el testimonio de la víctima o del tercero.
Articulo único.- Modificase la Ley 19.968, Crea Tribunales de Familia, en el siguiente sentido:
1) Agregase en el inciso final del artículo 82, a continuación de “artículo 178 del Código Procesal Penal” y antes del punto (.), la expresión “, sin que sea necesaria la ulterior ratificación de la víctima”.
2) Agregase al artículo 92 un inciso final del siguiente tenor:
“Estas medidas procederán igualmente tratándose de denuncias efectuadas por terceros, siempre que estos acompañen antecedentes concretos y suficientes acerca del peligro a la integridad física y psíquica de la víctima o su grupo familiar.”.
3) Agregase al artículo 100 los siguientes incisos tercero y final:
“Para establecer si la voluntad es libre y espontánea, el juez deberá tener en cuenta la existencia de causas de violencia intrafamiliar tramitadas con anterioridad y la dependencia económica de la víctima respecto del sujeto denunciado.
Igualmente, el juez podrá de oficio darle continuidad a dicha denuncia, previo informe del Consejo técnico en torno a la procedencia de la misma.”.

References: RESOLUCIÓN 
 artículo 34
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 9
 resolución 
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 4
 artículo 23
 artículo 32

Artículo 32
 artículo 155
 artículo 21
 artículo 52
 artículo 23
 artículo 21
 artículo 52
 artículo 52
 artículo 23
 artículo 52
 artículo 23
 RESOLUCIÓN 
 artículo 234
 artículo 186
 resolución 
 artículo 186
 artículo 186
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 14
 artículo 100
 artículo 82
 artículo 92
 artículo 100