Source: http://www.derecholocal.es/novedades_jurisprudencia_ampliada.php?id=CATSUYZJ:7E1266A6
Timestamp: 2017-11-24 16:39:58+00:00

Document:
Audiencia Nacional Sala de lo Contencioso-Administrativo, sec. 8ª, S 27-7-2017, rec. 225/2015
ROJ: SAN 3410:2017, ECLI: ES:AN:2017:3410
Pte: Fernández de Aguirre Fernández, Juan Carlos
PRIMERO.- Por escrito presentado el 19 de septiembre de 2014 doña Gracia, en nombre propio y en el de sus hijos menores Lázaro y Ruth, promovió reclamación de responsabilidad patrimonial frente al Ministerio de Fomento solicitando ser indemnizada por el fallecimiento de don Jose Pablo, esposo y padre de los reclamantes, acaecido en accidente de circulación el 27 de septiembre de 2013 en la Autovía de la Plata A-66.
La reclamación, inicialmente desestimada por silencio de la Administración, fue expresamente desestimada por Resolución de la Ministra de Fomento de 31 de mayo de 2016.
Frente a la desestimación por silencio del Ministerio de Fomento, primero, y contra la resolución expresa, después, la representación procesal de doña Gracia, Lázaro y Ruth, interpuso recurso contencioso-administrativo.
Reclamado el expediente a la Administración y siguiendo los trámites legales, se emplazó a la parte recurrente para la formalización de la demanda, lo que verificó mediante escrito que obra en autos, en que termina solicitando de las Sala que dicte sentencia por la que, "estimando íntegramente la demanda, declare la responsabilidad del Ministerio de Fomento, condenando al mismo a indemnizar a los recurrentes en la cuantía de los perjuicios y daños reclamados en cantidad de 237.9119,59 euros más intereses legales, y las costas procesales causadas".
SEGUNDO.- Emplazada la Abogacía del Estado para que contestara a la demanda, así lo hizo en escrito en el que, tras expresar los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, terminó solicitando una sentencia por la que "se desestime íntegramente el recurso".
En trámite de contestación a la demanda la representación procesal de Aucalsa interesó una sentencia que "desestime el recurso contencioso-administrativo, con expresa imposición de costas".
TERCERO.- Habiéndose recibido el recurso a prueba se practicó documental y testifical-pericial, interesadas por la parte recurrente, en los extremos admitidos por la Sala, con el resultado que obra en las actuaciones.
QUINTO.- Por auto de 16 de septiembre de 2016 la Sala acordó ampliar el recurso a la Resolución de la Ministra de Fomento de 31 de mayo de 2016.
Por escritos de 12, 25 y 28 de abril de 2017 las partes personadas se ratificaron en sus respectivas pretensiones.
SEXTO.- Concluidas las actuaciones quedaron pendientes de señalamiento para votación y fallo, el cual tuvo lugar el día 19 de julio de 2017.
Ha sido Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado don JUAN CARLOS FERNÁNDEZ DE AGUIRRE FERNÁNDEZ, quien expresa el parecer de la Sala.
PRIMERO.- Constituye el objeto del presente recurso contencioso-administrativo determinar si es o no conforme a Derecho la desestimación por silencio del Ministerio de Fomento de la reclamación de responsabilidad formulada por doña Gracia, en su propio nombre y derecho y en el de sus hijos menores Lázaro y Ruth, por daños y perjuicios sufridos a consecuencia del fallecimiento de don Jose Pablo en accidente de circulación acaecido el 27 de septiembre de 2013 en la Autovía de la Plata, A-66, posteriormente desestimada por Resolución de la Ministra de Fomento de 31 de mayo de 2016.
SEGUNDO.- Del expediente administrativo y de estos autos se desprenden como más relevantes las siguientes conclusiones fácticas:
1. Sobre las 12.30 horas del día 27 de septiembre de 2013 don Jose Pablo circulaba con la motocicleta de su propiedad, BMW-R110GS, matrícula.... DVG, por la Autovía de la Plata, A-66, Serín-Sevilla, sentido Sevilla, habiéndose incorporado a esta vía procedente de la carretera N-120, Logroño-Vigo, cuando a la altura del pk 142,100 perdió el control del vehículo cayendo en la calzada e impactando seguidamente contra la bionda metálica de protección existente en el margen izquierdo de la vía;
2. El punto donde se produjo el accidente, recto, presentaba un único sentido de circulación y el firme, de aglomerado asfáltico, se encontraba en buen estado de conservación, mantenimiento y rodadura, no presentando irregularidades en la firmeza de su construcción.
3. En el punto donde se produjo el accidente la calzada presentaba una junta de dilatación de goma o caucho, longitudinal -paralela- al eje de la calzada, en un tramo de 35,90 m de longitud, con un ancho de 20,60 cm y una canaleta central longitudinal de 4,00 cm, perpendicular a dos juntas de las mismas características que atravesaban diagonalmente la plataforma asfáltica desde el arcén izquierdo -sentido Sevilla- hasta la bionda metálica de protección;
4. La velocidad genérica de la vía estaba limitada a 120 km/h, la velocidad específica en el carril de incorporación desde la N-120 a 40 k/h y en la calzada procedente de Campomanes a 80 k/h.
5. La calzada, en el tramo donde se produjo el accidente, se encontraba mojada a consecuencia de la lluvia -fina-, sin objetos o sustancias deslizantes; la visibilidad era buena - pleno día- y la intensidad de circulación normal;
6. A consecuencia del impacto contra la bionda metálica de protección el señor Jose Pablo sufrió lesiones que le ocasionaron la muerte.
TERCERO.- La representación procesal de doña Gracia, Lázaro y Ruth, tras exégesis de los hechos y concretar las indemnizaciones reclamadas, alega que compete a la Administración el mantenimiento de las carreteras en correcto estado para la circulación y que en el presente caso existe relación causal entre la conducta de aquélla y el resultado lesivo, pues como se expone en el informe técnico que aporta, el accidente trajo causa de la pérdida de adherencia del neumático trasero de la motocicleta conducida por el señor Jose Pablo al rebasar una junta de dilatación existente en la calzada en el sentido de su marcha.
La Abogacía del Estado, tras exponer el régimen de la responsabilidad patrimonial y las pretensiones de los recurrentes, se opone al recurso formulando las siguientes alegaciones: a) inexistencia de relación causal -informes de la Guardia Civil, Aucalsa y Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias-, obedeciendo el resultado dañoso a culpa exclusiva del conductor de la motocicleta; b) la mera existencia de una junta de dilatación en la calzada no constituye elemento determinante que permita declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración.
La representación procesal de Aucalsa formula por su parte las siguientes alegaciones: a) inexistencia de prueba que acredite la causa de la pérdida de adherencia del vehículo siniestrado; b) concurrencia de condiciones atmosféricas en momento de producirse el accidente; c) la calzada se encontraba en correctas condiciones para la circulación, sin que la junta de dilatación presentase desperfecto o anomalía alguna conforme a las determinaciones establecidas en la Orden 3640/2003; d) Aucalsa ha cumplido con sus obligaciones en la conservación y mantenimiento de la calzada, encontrándose la junta de dilatación fuera de los límites de la concesión; e) incorrecta determinación de los daños reclamados.
CUARTO.- La jurisprudencia viene exigiendo para que resulte viable la reclamación de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que el particular sufra una lesión en sus bienes o derechos que no tenga obligación de soportar y que sea real, concreta y susceptible de evaluación económica; que la lesión sea imputable a la Administración y consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y que, por tanto, exista una relación de causa a efecto entre el funcionamiento del servicio y la lesión, sin que ésta sea producida por fuerza mayor ( STS de 20 de junio de 2006).
En torno a la relación de causalidad el Tribunal Supremo ha declarado en Sentencia de 30 de octubre de 2006 que "el carácter objetivo de esta responsabilidad no supone que la Administración haya de responder de todas la lesiones que se produzcan en el ámbito del servicio público, siendo preciso para ello que la lesión pueda imputarse al funcionamiento del servicio, quedando exonerada la Administración cuando la intervención de tercero o del propio perjudicado reviste la suficiente intensidad para resultar determinante del resultado lesivo, quebrando la relación con el servicio público en cuyo ámbito se han producido los hechos, aun cuando el funcionamiento del mismo sea defectuoso".
Así, para que la responsabilidad patrimonial pueda ser declarada es preciso que entre la actuación de la Administración y el daño producido exista una relación directa o indirecta, mediata o inmediata, pero necesariamente adecuada y relevante, quedando excluida o atenuada la responsabilidad si la intervención del perjudicado o un tercero es de tal entidad que quiebre o incida en dicha relación.
Finalmente es preciso señalar, también acorde con el criterio de nuestro Alto Tribunal, que "No cabe considerar que el vigente sistema de responsabilidad patrimonial objetiva de las Administraciones Públicas convierta a éstas en aseguradoras universales de todos los riesgos con el fin de prevenir cualquier eventualidad desfavorable o dañosa para los administrados, derivada de la actividad de éstos, por el hecho de que ejerzan competencias en la ordenación de un determinado sector o sea necesaria su autorización, porque, de lo contrario, como pretende la representación procesal de la recurrente, se transformaría aquél en un sistema providencialista no contemplado en nuestro ordenamiento jurídico ( STS 7 de febrero de 1998)".
QUINTO.- En el informe de valoración de la Guardia Civil se expone que la causa eficiente del accidente pudo ser "La pérdida de adherencia del neumático posterior de la motocicleta a la calzada, posiblemente al acelerar (abrir gas) el conductor, lo que unido al estado circunstancial de la calzada (mojada) por la lluvia reinante, pudo dar origen a !a pérdida del control del vehículo por parte del conductor, motivando la caída en la calzada del vehículo y piloto".
La parte recurrente aporta un informe técnico-pericial, elaborado por los peritos tasadores don Franco, don Marcelino y don Silvio. En dicho informe, tras examen y valoración de antecedentes y lugar de los hechos -características de la vía-, informes oficiales -Atestado de la Guardia Civil de Tráfico e informe técnico-, desarrollo del suceso y posible causa del mismo -estado del vehículo, circunstancias atmosféricas, señales horizontales, junta de dilatación- y reconstrucción de los hechos -dinámica del accidente, consecuencias del mismo-, se concluye en los siguientes términos:
"La motocicleta marca BMW R-110-GS, matrícula.... DVG, conducida por don Jose Pablo, sufrió un accidente de circulación, al precipitarse sobre la calzada y posteriormente contra la blonda de protección de la misma, derivado de la pérdida de adherencia del neumático trasero que, con toda probabilidad, fue motivada por la instalación de una junta de dilatación en el sentido de la marcha, es decir longitudinalmente al desarrollo de la calzada, en el momento que procedía a realizar su última maniobra de aceleración con el fin de incorporarse al carril de acceso a la AP-66. Asimismo consideramos que el desenlace último de esta situación, fallecimiento del conductor de dicho vehículo, podría haberse evitado de estar instaladas las protecciones inferiores de los guarda-raíles, específicas para la protección de los motoristas, y en un sitio que desvela la existencia de impactos previos contra él".
Previamente los peritos concretan los siguientes extremos: a) el estado de la motocicleta no tiene probabilidades de haber marcado la ocurrencia del siniestro; b) la conducción desarrollada por el conductor de la motocicleta tiene muy pocas probabilidades de haber marcado la ocurrencia del siniestro; c) la cantidad de agua caída no sería suficiente en sí misma para haber provocado la pérdida de adherencia de los neumáticos sobre el asfalto; d) la posible pérdida de adherencia de la motocicleta al rodar por encima de las marcas viales de señalización horizontal tiene pocas probabilidades de haber sido uno de los desencadenantes del accidente y e) es muy extraña la forma de ejecución y disposición de las juntas de dilatación.
Por otra parte, del informe aportado por la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias de 19 de febrero de 2015 se extrae que "... el accidente se produce en un tramo recto después de un tramo curvo, estando el firme en buenas condiciones, la banda es una banda yuxtapuesta, sin ningún defecto, con una altura siempre igual o superior a los 70 cm. En la vía colectora existen, además, juntas de dilatación, elementos constructivos que aparecen inexcusablemente en las vías de circulación y siempre van asociadas a la existencia de estructuras, que se utilizan para salvar el cruce con otras vías de circulación, cursos de agua, valles o cumplir con las condiciones que impone la normativa en cuanto a trazado en planta, alzado, etc. La junta es por tanto un elemento necesario de las estructuras y un elemento más de las vías de circulación, que no tiene alternativa a su colocación, que nunca se señaliza y su misión es realizar una transición suave absorbiendo los movimientos diferenciales a ambos lados de la misma".
En informe del Director de Explotación de la AP-66 de 1 de julio de 2015 se indica que "Los guarda railes no deben disponer de protección específica para motociclistas ya que la Orden Circular 321/95 T y P la única referencia que hace a dicha protección es una ficha (A.2.1/4) aplicable exclusivamente para interrupciones en la barrera de seguridad y en tramos de concentración de accidentes con motoristas. Y ni existe ninguna interrupción de barrera ni se trata de un tramo de concentración de accidentes. La Orden Circular 321/95 T y P, `Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos?, no recomienda la instalación de protección de motoristas en dicho tramo".
Obra en las actuaciones informe del Consejo de Obras Públicas de 27 de octubre de 2015 en el que, tras exhaustivo examen de los hechos y actuaciones practicadas, se concluye que procede desestimar la reclamación.
En este informe se indica que con fecha 17 de junio de 2015, la Demarcación de Carreteras del Estado en Asturias informa en los siguientes términos:
"La normativa de aplicación es la recomendación, que no norma obligatoria, Orden Circular 321/95 T y P "Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos. Siendo la fecha de puesta en servicio del tramo anterior a 2004, desconociéndose la fecha de instalación de las barreras pues la actual empresa de mantenimiento se encarga de ello desde el 30 de marzo de 2004. Desde esa fecha hasta la actualidad no se han producido reparaciones ni sustitución en los elementos de contención, no habiéndose producido nunca un accidente en dicho tramo. La barrera existente en el lugar del accidente cumple con la Orden Circular 321/95 T y P `Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos?, aplicable en la fecha de su puesta en servicio. Las barreras de seguridad no deben disponer de protección específica para motociclistas, ya que la Orden Circular 321/95 T y P la única referencia que hace a dicha protección es una ficha (4.2.114) aplicable exclusivamente para interrupciones en la barrera de seguridad en tramos de concentración de accidentes con motoristas y no existe ninguna interrupción de barrera, ni se trata de un tramo de concentración de accidentes. La Orden Circular 321/95 T y P no recomienda la instalación de protección de motoristas en dicho tramo".
Consta también informe del Consejo de Estado de 12 de mayo de 2016 en el mismo sentido.
SEXTO.- De las actuaciones practicadas, en particular el atestado instruido por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, Subsector de León, obrante en el expediente administrativo, se extrae que el accidente trajo causa de la pérdida de adherencia del neumático posterior de la motocicleta conducida por el señor Jose Pablo al circular por la calzada, mojada por una fina lluvia al momento del siniestro, sea que lo hiciere al rebasar una junta de dilatación existente en el lugar, sea en la calzada misma.
Esta cuestión -el punto exacto de pérdida de control del vehículo- no ha quedado acreditada, informando al respecto los agentes de la Guardia Civil que "no se puede determinar con exactitud si en el momento de la aceleración que pudo dar origen a la pérdida de control del vehículo, la rueda posterior circulaba sobre la junta de dilatación, la línea de pintura discontinua o el asfalto". Las manifestaciones de los testigos del accidente no aclaran las cosas, si bien del conjunto de sus declaraciones puede extraerse que pérdida de control se produjo al incorporarse la motocicleta a la autopista.
Por el contrario, todos los factores apuntan a que la pérdida de adherencia se produjo en el neumático posterior, y así se extrae tanto del Atestado como de las manifestaciones de los testigos.
El punto donde se produjo la pérdida de control del vehículo, según se extrae del croquis elaborado por el Destacamento de la Guardia Civil, puede situarse, siquiera aproximadamente, al término del carril de incorporación de la carretera N-120 con la confluencia de la carretera Astorga-Sevilla, sentido Sevilla, donde comienza la junta longitudinal de dilatación paralela al eje de la calzada, ubicada entre dos juntas diagonales de las mismas características que atraviesan la vía. Puede decirse por tanto que el conductor de la motocicleta rodaba justo entre los límites de velocidad de 40 k/h y 80 k/h. No parece, según se extrae de las declaraciones de los testigos, que el señor Jose Pablo circulara a velocidad excesiva, según manifestaron los testigos, aun cuando pueda estimarse, en línea con las apreciaciones de la Guardia Civil, que el conductor de la motocicleta, tras incorporarse a la vía principal, hubiera circunstancialmente incrementado la velocidad por encima de la permitida.
Pero, cualquiera que fuere el límite de velocidad y la real a la que circulaba el conductor, ex artículos 11 y 19 del Real Decreto 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial -modificado por Real Decreto-legislativo 6/2015: "Los conductores deberán estar en todo momento en condiciones de controlar sus vehículos" y "Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones metereológicas, ambientales y de circulación y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse".
En el presente caso, ya se ha expuesto, la calzada se encontraba mojada a consecuencia de la lluvia, circunstancia que exigía del conductor del vehículo siniestrado extremar la seguridad de circulación y atemperar la conducción a las circunstancias de tiempo y lugar.
Tras examen y valoración de los hechos, pruebas y actuaciones practicadas, el parecer de la Sala es que en ningún momento ha quedado acreditado que la carretera y sus componentes se encontraran en indebidas condiciones para la circulación, o en contravención con la normativa reguladora aplicable a las carreteras. En esta línea de razonamiento, en el informe del Consejo de Obras Públicas, con referencia al informe de la Instrucción del expediente, que la Sala comparte, se expone que
"...ni en el informe de la Demarcación ni en el atestado de la Guardia Civil ha podido confirmarse que en el momento de la pérdida de control del vehículo su rueda posterior circulara sobre la junta de dilatación. Sin que quepa achacar nada al estado de conservación de la vía, pues de los informes presentados por la Demarcación de Carreteras del Estado, se concluye que no se aprecian en la junta de dilatación defectos y se justifica su presencia en ese tramo, en el cual, desde el año 2004 sólo se ha producido este accidente;
"Por lo que se refiere a la obligación de incorporar las medidas de seguridad existentes en la actualidad al no disponer el guarda raíles de protección alguna entre los espacios existentes entre las bandas laterales de los mismos y el suelo, ni tampoco de protección alguna en sus pilares de soporte, tal y como pone de manifiesto la Demarcación de Carreteras, la barrera existente en el lugar del accidente cumple con la Orden Circular 321/95; T y P `Recomendaciones sobre sistemas de contención de vehículos?, aplicable en la fecha de su puesta en servicio. Así, los guarda raíles no deben disponer de protección específica para motociclistas, ya que esta Orden Circular la única referencia que hace a dicha protección es una ficha (A.2.1/4) aplicable exclusivamente para interrupciones en la barrera de seguridad en tramos de concentración de accidentes con motoristas y en este caso no existe ninguna interrupción de barrera, ni se trata de un tramo de concentración de accidentes. Asimismo, esta Orden Circular no recomienda la instalación, de protección de motoristas en dicho tramo.
Las apreciaciones que anteceden no quedan enervadas en el informe técnico aportado, pues del mismo no resultan sino meras hipótesis o probabilidades acerca de los hechos, del resultado y su causa, pero sin que puedan extraerse elementos que permitan poner a cargo de la Administración un título de imputación. No puede fundamentarse éste sobre la base, según el informe, de que "es muy extraña la forma de ejecución y disposición de este elemento constructivo" -junta de dilatación. No cabe extraer de esta apreciación ninguna irregularidad.
El parecer de la Sala es que el atestado instruido por los Agentes de la Guardia Civil es claro y no alberga dudas, sin que ningún elemento o circunstancia permite apreciar que el trazado y configuración de la carretera, la señalización existente o las barreras de seguridad no cumpliesen con la normativa reguladora.
En este contexto la Sala considera relevante en la producción del resultado la conducta del fallecido, por circular muy posiblemente a velocidad no atemperada a las circunstancias del caso, y en todo caso por falta de control de la motocicleta.
Atendidos los extremos que anteceden y la jurisprudencia expuesta, y sin que sea preciso mayor examen de las cuestiones planteadas, el recurso no puede prosperar.
SÉPTIMO.- Las costas se imponen a la parte recurrente -ex artículo 139.1 LRLCA.
PRIMERO.- Desestimar el recurso contencioso administrativo promovido por la representación procesal de doña Gracia, Lázaro y Ruth contra la Resolución de la Ministra de Fomento de 31 de mayo de 2016, por ser ajustada a Derecho.
SEGUNDO.- Las costas se imponen a la parte recurrente.
La presente sentencia es susceptible de recurso de casación que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de 30 días contados desde el siguiente al de su no tificación; en el escrito de preparación del recurso deberá acreditarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción justificando el interés casacional objetivo que presenta.
Fuente de suministro: Centro de Documentación Judicial. IdCendoj: 28079230082017100366

References: Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 artículo 139
 Resolución 
 artículo 89