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BASE LEGAL DE LAS OPERACIONES DE FALCONDO - PDF
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María Luz Espinoza Córdoba
1 BASE LEGAL DE LAS OPERACIONES DE FALCONDO Falconbridge Dominicana, S.A. (en lo adelante Falcondo), es titular de la concesión Quisqueya No. 1, en lo adelante la Concesión, la naturaleza, extensión y vigencia de la misma, el carácter de preferencia y de interés público de las actividades mineras en nuestro país y las violaciones constitucionales, legales, administrativas y contractuales que contiene el Proyecto de Ley de declaración del Parque Loma Miranda y los perjuicios de esta declaración de parque por tratarse de terrenos comprendidos dentro de la Concesión. La Concesión Quisqueya No. 1 fue otorgada originalmente en fecha 19 de diciembre de 1955 y sus linderos fueron rectificados en virtud de la Resolución de fecha 9 de mayo de 1958 del Secretario de Estado de Fomento, publicada en la Gaceta Oficial No del 17 de mayo de Mediante el Convenio Suplementario, suscrito entre el Estado Dominicano y Falcondo, en fecha 26 de septiembre de 1969, aprobado por Resolución del Congreso Nacional No. 502, de fecha 2 de noviembre de 1969, publicada en la Gaceta Oficial No del 15 de noviembre de 1969, se establecieron en modo definitivo las relaciones entre el Estado Dominicano y Falcondo con relación al desarrollo y aprovechamiento de los recursos mineros de la Concesión, la cual está regida por la Ley Minera No. 4550, de fecha 20 de septiembre de 1956 y de conformidad con el artículo 37 de la referida ley, la vigencia de la Concesión es por un período de tiempo ilimitado, según lo dispone el artículo 1 del indicado Convenio Suplementario, que expresa lo siguiente: Artículo 1.- EL GOBIERNO y LA COMPAÑÍA confirman y ratifican los términos del contrato de fecha 24 de diciembre de 1956, aprobado por el Congreso Nacional por Resolución No de fecha 12 de enero de 1957, publicada en la Gaceta Oficial No. 8084, de fecha 23 de enero de 1957, con sólo las modificaciones que se señalan más adelante en el presente Convenio; contrato en el cual se establecieron las relaciones recíprocas entre las partes en relación con LA CONCESIÓN, la cual está situala (sic) principalmente en el Municipio de Monseñor Nouel, Provincia de La Vega, cuya área quedó definitivamente establecida como resultado de la rectificación de linderos de dicha CONCESIÓN, autorizada de acuerdo con la Ley por el Secretario de Estado de Fomento en fecha 9 de mayo de LA CONCESIÓN está regida por la Ley Minera No y, de conformidad con el Artículo 37 de dicha Ley, es por un período de tiempo ilimitado. El contrato del 24 de Página 1 de 8
2 diciembre de 1956 será llamado el CONTRATO BÁSICO en lo que sigue del presente Convenio. Si en lo adelante surgiere alguna discrepancia entre los términos de este Convenio y los del CONTRATO BÁSICO, los términos y disposiciones del presente Convenio prevalecerán. Los linderos de la Concesión desde sus orígenes y según se hace constar en la mencionada rectificación de linderos, están comprendidos en la actual Provincia de Monseñor Nouel y en la provincia de La Vega, incluyendo Loma Miranda, desde la fecha del otorgamiento de la Concesión el 19 de diciembre de 1955, donde Falcondo se propone ejecutar el Proyecto Loma Miranda que extiende las actividades mineras de la Concesión por un período adicional de 20 años, tan importantes para el desarrollo del país y el mantenimiento de su fuente de empleo y requiere el fortalecimiento y ampliación de la fuente de energía de Falcondo. A los fines de la ejecución de este Proyecto Loma Miranda, Falcondo ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales la Autorización Ambiental y ha depositado en ese Ministerio el Estudio de Impacto Ambiental. El artículo 19 de la citada Ley Minera No. 4550, del 20 de septiembre de 1956, ley por la cual está regida la Concesión, expresa lo siguiente: Artículo 19.- El cateo, la explotación y el beneficio de las substancias minerales a que esta Ley se refiere son de utilidad pública, y gozarán, por tanto, de preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno. El artículo 7 de la actual Ley Minera No. 147, de fecha 4 de junio de 1971, dispone lo siguiente: Artículo 7.- La exploración, la explotación y el beneficio de las substancias minerales se consideran de utilidad pública e interés nacional y gozarán de preferencia sobre cualquier otro aprovechamiento del terreno, excepto en los lugares especificados en el artículo 30 de la presente ley. El artículo 28 de la citada Ley Minera No. 146, dispone lo siguiente: Artículo 28.- Es de interés primordial del Estado la exploración del territorio nacional, con el fin de descubrir yacimientos de substancias minerales para su ulterior explotación y aprovechamiento económico. Por otra parte, es preciso hacer notar que nuestra Constitución consagra en su artículo 17 el principio del aprovechamiento racional de los recursos naturales y también en su artículo 67 consagra el principio de protección del medio ambiente y obligación de restablecer el Página 2 de 8
3 ambiente a su estado natural, si este resulta alterado, principios de igual relevancia y con rango constitucional equivalentes, los cuales deben ser ambos protegidos y aplicados por los poderes públicos, dentro de una equilibrada armonía para el adecuado desarrollo del país y eficiente desenvolvimiento de sus actividades productivas, que garanticen el aprovechamiento de esos recursos naturales con un control de los factores de deterioro ambiental, conforme lo dispone el acápite 5) del referido artículo 67 de nuestra Constitución y el acápite 4) del artículo 74 de la Constitución relativo a la aplicación e interpretación de los derechos y garantías fundamentales. En medio de esta tramitación de la solicitud de Falcondo de Autorización Ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conforme a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales No , se presentó en el Senado de la República, en fecha 18 de octubre del 2012 el Proyecto de Ley de creación del Parque Loma Miranda (Véase Anexo No. 1), proyecto de ley que fue enviado por el Senado a una Comisión con la finalidad del estudio y opinión del indicado proyecto. Con anterioridad, en fecha 2 de octubre del 2012, se había sometido a la consideración de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley idéntico y al transcurrir dos legislaturas sin que se aprobara, fue considerado como no iniciado o perimido, conforme a los artículos 100 y 104 de nuestra Constitución. El indicado Proyecto de Ley de creación del Parque Loma Miranda contiene una serie de vicios y violaciones constitucionales, legales, administrativas y contractuales que nos permitimos señalar a continuación de manera resumida: I. Vicios y violaciones constitucionales 1. Violación artículo 17 de la Constitución. Aprovechamiento de los recursos naturales. La simple lectura del Considerando Quinto del indicado proyecto de ley revela un marcado rechazo a toda actividad minera, en particular a la minería practicada en cielo abierto y el contenido de ese Considerando es contrario al artículo 17 de nuestra Constitución que proclama el principio del aprovechamiento de los recursos naturales bajo criterios ambientales sostenibles, en virtud de las concesiones otorgadas en las condiciones que determine la Ley, como es el caso de Falcondo. 2. Violación artículo 67 de la Constitución. Protección del Medio Ambiente. Los considerandos Décimo y Onceno (Décimo Primero) del referido proyecto de ley, sin base científica y en desconocimiento de las Página 3 de 8
4 funciones propias y del apoderamiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con motivo del Estudio de Impacto Ambiental sometido a la consideración de ese Ministerio por Falcondo en ocasión de su solicitud de Autorización Ambiental para el Proyecto Loma Miranda, mencionan y hacen referencia a supuestos daños e impactos ambientales lesivos atribuidos al Proyecto Minero Loma Miranda, sin que todavía el organismo instituido por la ley, es decir, el indicado Ministerio, se haya pronunciado de manera definitiva sobre el referido Estudio de Impacto Ambiental presentado por Falcondo, ni tampoco ese Ministerio haya solicitado, tramitado o haya emitido posición alguna sobre la propuesta declaración del Parque Loma Miranda, ni se haya referido, como único organismo competente en virtud de la Ley, a los límites de esta propuesta área protegida que figura en el artículo 2 del referido Proyecto de Ley. Es decir, que en el indicado Proyecto de Ley no sólo se propone la declaración del Parque Loma Miranda sino que también se persigue rechazar y condenar el Proyecto Minero Loma Miranda, sin conocer la previa opinión del organismo competente legalmente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organismo que todavía no se ha pronunciado ni sobre la procedencia de la declaratoria del Parque ni sobre el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Falcondo con motivo de la ejecución del Proyecto Minero Loma Miranda. 3. Violación artículo 51 de la Constitución. Derecho de Propiedad. Dentro de los límites del área protegida propuesta, Falcondo es titular de derechos de propiedad amparados en los Certificados de Título expedidos a su favor. El proyecto de ley no hace referencia a estas circunstancias y en consecuencia los derechos de propiedad de Falcondo serían lesionados en violación al indicado artículo 67 de nuestra Constitución. Además, Falcondo es titular de derechos derivados de la Concesión otorgada a su favor desde el año 1955, dentro de los límites del área protegida propuesta, tal como se hace constar en la certificación expedida por la Dirección General de Minería en fecha 5 de septiembre del 2013, la cual se anexa. (Anexo No. 2). Como es de su conocimiento, el artículo 10 de la Ley Minera No. 146, de fecha 4 de junio de 1971, dispone que la concesión minera se reputa un inmueble y tampoco el indicado Proyecto de Ley hace Página 4 de 8
5 referencia a esta circunstancia y en consecuencia los derechos de Falcondo derivados de la Concesión, dentro del área del Parque propuesto, serían también lesionados, en violación al mencionado artículo 67 de la Constitución. Art La concesión minera se reputa un inmueble, incluyendo los bienes destinados a sus operaciones como las instalaciones, maquinarias, aparatos, instrumentos, vehículos, animales y cuantas cosas se utilicen para el fin económico de la concesión, aunque se hallen fuera de su perímetro. 4. Violación artículo 50 de la Constitución. Libertad de empresa. Es evidente que la declaratoria de este Parque, conforme a lo dispuesto en el indicado Proyecto de Ley, vulnera los principios de libertad de empresa consagrados en el indicado artículo de nuestra Constitución, ya que Falcondo sería lesionada en su actividad empresarial acordada con el Estado. 5. Violación artículo 237 de la Constitución. Obligación de identificar Fuentes. El indicado Proyecto de Ley genera una serie de obligaciones pecuniarias a cargo del Estado como consecuencia de la declaración del parque propuesto y en su contenido no identifica o establece los recursos necesarios para la creación, mantenimiento y ejecución del área protegida aludida, en violación a lo dispuesto por el mencionado artículo 237 de nuestra Constitución. 6. Violación acápite q) inciso 1) artículo 93 de la Constitución. Atribuciones generales en materia legislativa del Congreso acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución. Como les hemos expresado con anterioridad, la declaración del área protegida propuesta no ha sido solicitada ni tramitada por el organismo competente, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y al cual corresponde pronunciarse de conformidad con la ley, sobre esta propuesta, organismo que por otra parte, se encuentra asimismo apoderado de la tramitación, pendiente de decisión administrativa de ese Ministerio, de la solicitud de Falcondo de la referida Autorización Ambiental sobre el Proyecto Loma Miranda sobre el cual proyecto minero también se pronuncia, rechaza o refiere el indicado Proyecto de Ley en sus Considerandos Décimos y Onceno (Décimo Primero), sin la previa opinión del referido organismo competente, contrario y en violación a lo dispuesto por el texto Constitucional arriba indicado. Página 5 de 8
6 Asimismo, el artículo 3 del indicado Proyecto de Ley, establece que la gestión del parque propuesto se hará bajo la modalidad de co-manejo, regenteada por una Junta de Desarrollo conformada, entre otros, por organizaciones que trabajaron activamente en contra del proyecto minero de la Falcondo Xtrata Nickel, desconociendo lo dispuesto en el Capítulo I relativo a la Administración de las Áreas Protegidas de la Ley Sectorial de Áreas Protegidas No , la cual en sus artículos 15 y 16 expresan lo siguiente: Artículo 15.- El cumplimiento y administración de los mandatos de la presente ley son prerrogativas insoslayables del Estado dominicano a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Párrafo.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales establecerá, por vía reglamentaria, la estructura administrativa y definirá las funciones necesarias para hacer operativa la presente ley. Artículo 16.- La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales es la responsable de la administración y manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, pudiendo administrar las mismas de forma directa o a través de acuerdos de co-manejo o convenios o contratos previstos en la legislación dominicana con personas jurídicas especializadas que demuestren capacidad para hacerlo. Párrafo I.- Las actividades que sean permitidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas estarán sujetas a las restricciones impuestas por la categoría de manejo de cada unidad de conservación, o a las modalidades de autorización y regulaciones que se establezcan en el reglamento de la presente ley, siempre y cuando resulten compatibles con los objetivos de conservación y estén contempladas en el respectivo plan de manejo Por consiguiente, lo expresado en el indicado artículo 3 del referido Proyecto de Ley resulta contrario al mencionado acápite q) inciso 1 del artículo 93 de nuestra Constitución, pues la estructura administrativa de la gestión o administración de toda área protegida corresponde establecerla no al Poder Legislativo, sino al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en virtud de la Ley No , citada con anterioridad, por tratarse de una tarea de estricto carácter administrativo de la competencia del Poder Ejecutivo y no del Poder Legislativo. II. Vicios y violaciones a leyes. Se hace evidente que el indicado Proyecto de Ley contiene afirmaciones que son contrarias a diferentes disposiciones legales, entre las cuales podemos citar las siguientes: Página 6 de 8
7 1. Artículos 15 y 16 de la referida Ley Sectorial de Áreas Protegidas No , que atribuye al Ministerio de Medio Ambiente, con carácter exclusivo, la administración y manejo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y el artículo 6 de la misma dispone que cuando convenga al interés social, ese Ministerio, permitirá la participación de las comunidades locales en los planes de manejo de las áreas protegidas, contrario al caso que nos ocupa que el artículo 3 del Proyecto de ley propuesto crea una Comisión para la gestión del parque a crearse, sin la previa aprobación del Ministerio competente, integrada incluso la Junta de Desarrollo prevista por las organizaciones comunitarias e instituciones civiles, eclesiásticas y no gubernamentales que trabajan activamente en contra del proyecto minero de la Falcondo Xtrata Nickel, en manifiesto desprecio a una empresa concesionaria del Estado en virtud del indicado Convenio Suplementario suscrito con el Estado. 2. Artículo 31 de la indicada No , que faculta al mencionado Ministerio a efectuar, a nombre del Estado, previa autorización del Poder Ejecutivo, la compra directa o permuta a los particulares, de las áreas afectadas con las declaraciones de las áreas naturales a ser protegidas, las cuales deberán ser traspasadas para su administración y manejo al referido Ministerio. En el caso que nos ocupa, en razón de que el área que se pretende declarar como parque, forma parte de la Concesión otorgada a Falcondo y reputarse la Concesión un inmueble, como expresamos con anterioridad, este requisito legal previo tiene todavía una connotación más importante y grave. 3. Artículos 7 y 28 de la citada Ley de Minería No. 146 que consagra el carácter preferencial, de utilidad pública e interés social y de interés primordial del Estado, la actividad minera, contrario a la condenación y rechazo a la minería practicada en el cielo abierto contenido en el Quinto Considerando del referido Proyecto de Ley. Esa inexplicable condenación y rechazo a la minería de cielo abierto se pretende proclamar en un momento que el propio Congreso Nacional acaba de recientemente aprobar la Ley No , de fecha 23 de julio del año 2013, mediante la cual se crea el Ministerio de Energía y Minas, en interés de promover en el país y en los medios internacionales el compromiso del Estado en apoyar y desarrollar la actividad minera y de hidrocarburos de nuestra Nación. Página 7 de 8
8 III. Vicios y violaciones de carácter administrativo El indicado Proyecto de Ley contiene otra serie de afirmaciones que no han sido validadas por los organismos del Estado competentes a las diferentes áreas a las que se refiere la propuesta de declaración de parque, tales como las relativas a la riqueza ecológica atribuida a Loma Miranda y los efectos nocivos de la minería en el parque, a su capacidad productiva de agua, ya que estas y otras afirmaciones similares no han estado acompañadas de los estudios pertinentes del Ministerio de Medio Ambiente, de la Dirección General de Minería, del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entidades a las que conforme a los principios administrativos vigentes en nuestro país, han debido pronunciarse sobre los importantes y sensibles aspectos contenidos en este Proyecto de Ley. IV. Vicios y violaciones contractuales El contenido del indicado Proyecto de Ley ocasionaría un perjuicio evidente al desarrollo de la Concesión otorgada a favor de Falcondo en virtud del Convenio Suplementario y violaría el referido Convenio el cual tiene fuerza obligatoria para el Estado y Falcondo. Finalmente, nos permitimos expresarles que el acápite 6) del artículo 75 de nuestra Constitución consagra como deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente, lo que requiere de los poderes públicos acciones encaminadas a que los actos que adopten, reflejen la justificación y fuentes de los gastos a incurrirse y que los mismos se adopten con criterios de eficiencia, lo que implica que respondan a los criterios de los diferentes organismos competentes, cuando la adopción de estos actos se refieran, como en el caso que nos ocupa, a aspectos de medio ambiente, de minería, de agua y ríos, etc., que son de la competencia no sólo del Poder Legislativo, sino de otros diferentes organismos de la Administración Pública, las cuales no han emitido opinión oficial en la elaboración de este Proyecto de Ley en asuntos tan delicados, especializados y de carácter técnico, de tanta relevancia para el desarrollo y el progreso del país. Por todas estas razones, les confirmamos que Falcondo es titular de la Concesión otorgada a su favor en virtud del Convenio Suplementario, con las características y vigencia ilimitada expresada más arriba, que incluye a Loma Miranda dentro del perímetro de la misma, que el indicado Convenio Suplementario mantiene toda su fuerza obligatoria y la declaratoria del Parque Loma Miranda contenida en el referido Proyecto de Ley, contiene los vicios y violaciones constitucionales, legales y administrativos que hemos mencionado en la presente comunicación. Página 8 de 8

References: Resolución 
 Resolución 
 artículo 37
 artículo 1
 Artículo 1
 Resolución 
 Artículo 37
 artículo 19
 Artículo 19
 artículo 7
 Artículo 7
 artículo 30
 artículo 28
 Artículo 28
 artículo 17
 artículo 67
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 artículo 74
 artículo 17
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 artículo 67
 artículo 2
 artículo 51
 artículo 67
 artículo 10
 artículo 67
 artículo 50
 artículo 237
 artículo 237
 artículo 93
 artículo 3
 Artículo 15
 Artículo 16
 artículo 3
 artículo 93
 artículo 6
 artículo 3
 Artículo 31
 artículo 75