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Timestamp: 2019-11-20 18:57:30+00:00

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Auto nº 053/05 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43622807
Auto nº 053/05 de Corte Constitucional, 8 de Marzo de 2005
Demanda de inconstitucionalidad contra el articulo 474 (parcial) de la ley 906 de 2004 "por la cual se expide el codigo de procedimiento penal". Aceptar los impedimentos manifestados por el procurador general de la nación y el viceprocurador general de la nación. Para rendir concepto sobre la constitucionalidad del articulo 474 (parcial) de la ley 906 de 2004
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004 ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.''
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en uso de las facultades constitucionales y legales, procede a resolver la solicitud presentada por los señores P. General de la Nación y V. General de la Nación.
Que conforme lo ha sostenido esta Corporación, la Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para resolver los impedimentos y recusaciones de sus magistrados y conjueces, así como del P. General de la Nación, o de quien haga sus veces, en relación con los conceptos que debe emitir dentro de los procesos de constitucionalidad que se adelanten. En relación con este punto se pueden consultar entre otros, el Auto del 25 de enero de 2005 Exp. D-5503 y el del 3 de noviembre de 2004 Exp. 5412 M.P.A.T.G., así como el del 24 de abril de 2003 Exp. D-4475, M.P.M.G.M.C..
Que el Decreto 262 de 2000 ''por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos'' dispone en el numeral 31 del artículo 7º que entre las funciones que corresponden al P. General de la Nación está la de: ''conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su despacho, el V., los P.es Delegados, los P.D., el S. General, el V., el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los delegados del P. en las Comisiones de Personal y de Carrera de la Procuraduría General, así como las recusaciones que contra ellos se formulen.''
Que de igual manera en el numeral 3º del artículo 17 del decreto en mención, se establece como función del V. General de la Nación la de ''reemplazar al P. General en todos los casos de impedimento.''
Que mediante el oficio No. DP- 0139 del 21 de febrero de 2005, el señor P. General de la Nación y el señor V. General de la Nación, manifestaron a esta Corporación hallarse impedidos para conceptuar en el presente asunto.
''Los artículos 25 y 26 del Decreto 2067 de 1991 contemplan las causales de impedimento y recusación que, inspiradas en razones de imparcialidad, garantizarán la probidad de quienes intervienen en los juicios y actuaciones a cargo de la Corte Constitucional.
Dentro de los motivos de impedimento se encuentra el haber conceptuado sobre la constitucionalidad de la disposición acusada o intervenido en la expedición de las normas sometidas al control de la Corte Constitucional, situación esta última en la que se encuentran los suscritos, toda vez que en nuestra condición de P. General de la Nación y V. General de la Nación participamos en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte la norma demandada.
Por lo tanto, solicitamos a esa Honorable Corporación aceptar el impedimento manifestado y, en consecuencia, disponer que el P. General de la Nación, en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del articulo 7º del Decreto Ley 262 de 2000, designe el funcionario que debe rendir el concepto en este proceso, teniendo en cuenta que quienes han de rendirlo se consideran impedidos para conceptuar respecto de los mismos.''
Que analizado el escrito de impedimento enviado por el señor P. General de la Nación y por el señor V. General de la Nación en relación con la demanda de inconstitucionalidad formulada contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', la Corte considera que si bien en principio sólo correspondería atender el planteado por el señor P. General de la Nación y que una vez aceptado el mismo, sería procedente entrar a estudiar el propuesto por el señor V. General de la Nación El Decreto 262 de 2000 ''por el cual se modifican la estructura y la organización de la Procuraduría General de la Nación y del Instituto de Estudios del Ministerio Público; el régimen de competencias interno de la Procuraduría General; se dictan normas para su funcionamiento; se modifica el régimen de carrera de la Procuraduría General de la Nación, el de inhabilidades e incompatibilidades de sus servidores y se regulan las diversas situaciones administrativas a las que se encuentren sujetos'' dispone en el numeral 31 del artículo 7º que entre las funciones que corresponden al P. General de la Nación está la de: ''conocer y resolver los impedimentos manifestados por los funcionarios de su despacho, el V., los procuradores delegados, los procuradores distritales, el S. General, el V., el Director del Instituto de Estudios del Ministerio Público, los delegados del P. en las Comisiones de Personal y de Carrera de la Procuraduría General, así como las recusaciones que contra ellos se formulen.''
De igual manera el numeral 3º del artículo 17 del decreto en mención, se establece como función del V. General de la Nación la de ''reemplazar al P. General en todos los casos de impedimento.''
, pues es en ese momento cuando este funcionario podría entrar a sustituir al P. para rendir el correspondiente dictamen en aras de garantizar el principio de la economía procesal, que busca que los procesos se tramiten en menos tiempo con el menor desgaste de la actividad de administración de justicia y con el fin de dar celeridad a la solución de los procesos de constitucionalidad e impartir pronta y cumplida justicia Ver al respecto la Sentencia C-037 del 19 de febrero de 1998 M.P.J.A.M., la Sala accederá a estudiar en esta providencia los impedimentos planteados por el señor P. General de la Nación y por el señor V. General de la Nación.
Que el motivo de impedimento expresado por el señor P. General de la Nación es el de haber participado en la comisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hacen parte el artículo 300 de la Ley 906 de 2004 ''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'' demandado y el cual conforme al artículo 25 del Decreto 2067 de 1991, constituye una de las causales de impedimento en esta clase de procesos (haber intervenido en la expedición del ordenamiento jurídico cuya acción de inconstitucionalidad se surte ante la Corte Constitucional). En consecuencia, se considera que es del caso aceptar el impedimento propuesto por el D.E.J.M.V. en relación con la norma por él invocada, y declararlo separado del conocimiento de la misma, dentro del proceso D-5644, con el fin de asegurar la debida imparcialidad en la vista fiscal.
Que respecto al impedimento formulado por el señor V. General de la Nación, ha de precisar la Sala que sobre la base de la aceptación del impedimento manifestado por el señor P. General de la Nación y debido a que el V. General de la Nación expresa razones similares -haber participado en la subcomisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el artículo 474 demandado, se impone, en su caso, la misma solución jurídica, por lo que se encuentra procedente aceptar también el impedimento propuesto por el D.C.A.G.P., en su calidad de V. General de la Nación.
Que en armonía con lo expuesto, el proceso de la referencia debe pasar al P. General de la Nación, para que en cumplimiento de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7º del Decreto Ley 262 del 2000, designe el funcionario que haya de rendir el correspondiente concepto en relación con la inconstitucionalidad planteada contra el artículo 300 de la Ley 906 de 2004''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.''
Primero. ACEPTAR el impedimento manifestado por el P. General de la Nación para rendir concepto de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', por las razones expuestas.
Segundo. ACEPTAR el impedimento manifestado por el V. General de la Nación para rendir concepto de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004''por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal'', por las razones expuestas.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO DE SALA PLENA 053 DEL 8 DE MARZO DE 2005 DEL MAGISTRADO J.A.R.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 (parcial) de la Ley 906 de 2004 ''Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal''.
Tampoco puede derivarse la aplicación del Capítulo V del Decreto 2067 al P. General de la Nación y el V. General de la Nación de lo dispuesto por el artículo 48 del mismo, porque, por un lado, dicha norma no atribuye competencia y sólo regula lo relacionado con la suspensión de términos para la tramitación de los asuntos de constitucionalidad de competencia de la Corte Constitucional, y, por otro lado, cuando el segundo inciso de la norma en comento contempla que los términos para rendir concepto no correrán durante el tiempo indispensable para tramitar los incidentes de impedimento o recusación, no está haciendo alusión exclusivamente al concepto que rinden el P. General de la Nación y el V. General de la Nación, sino también a los demás que pueden rendirse en un proceso de constitucionalidad, por parte del Presidente de la República, el Presidente del Congreso, otros organismos del Estado que hubieren participado en la elaboración o expedición de la norma y entidades o personas expertas en la materia respectiva, conforme lo señalan los artículos 244 de la Carta Política y 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991.

References: artículo 474
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 474
 artículo 7
 artículo 17
 artículo 300
 artículo 25
 artículo 474
 artículo 7
 artículo 300
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 474
 artículo 48