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Timestamp: 2020-07-02 21:50:27+00:00

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C. El derecho - Informe no. 51/13
1. Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial efectiva (artículos 8 y 25) en relación con los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana
El sistema interamericano de los derechos humanos ha afirmado la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia frente a violaciones de los derechos humanos64. Este deber comporta cuatro obligaciones: la prevención, la investigación, la sanción y la reparación de las violaciones de los derechos humanos65. Al respecto, la Corte Interamericana ha manifestado que:
Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos66.
La obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia comprende el facilitar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos frente a una violación de los derechos humanos67. La Corte Interamericana ha establecido que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos “tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”68. La Corte Interamericana asimismo ha señalado que la facultad de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se sancione a los eventuales responsables69.
El artículo 25 de la Convención Americana establece que:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúan en ejercicio de sus funciones oficiales.
a desarrollar las posibilidades de recursos judicial, y
a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
El artículo 8.1 de la Convención Americana por su parte establece que:
La protección de estos derechos se ve reforzada por la obligación general de respetar y garantizar, impuesta por el artículo 1.1 de la Convención Americana. Al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que:
El artículo 25 en relación con el artículo 1.1 de la Convención Americana, obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido… [E]l artículo 25 “constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática…”. Dicho artículo guarda relación directa con el artículo 8.1 que consagra el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías … para la determinación de sus derechos de cualquier naturaleza70.
Por su parte, el artículo 2 de la Convención Americana establece que “si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”.
Los objetivos principales del sistema regional de derechos humanos y el principio de eficacia requieren la implementación de dichas garantías en la práctica. En consecuencia, cuando el ejercicio de cualquiera de estos derechos aún no está garantizado de jure y de facto por los Estados en el ámbito de su jurisdicción, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana, tienen el compromiso de adoptar medidas legislativas y de otro tipo necesarias para llevarlos a la práctica. Por lo tanto, el deber de los Estados de proveer recursos judiciales no se limita a ponerlos formalmente a disposición de las víctimas, sino que tales recursos deben ser idóneos para remediar las violaciones de derechos humanos denunciadas. La Corte Interamericana ha afirmado que:
[L]a inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla71.
El precedente interamericano ha destacado la importancia de realizar una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial ante violaciones de derechos humanos. La Corte ha señalado que la investigación se debe efectuar:
[C]on seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares, que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios, sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad72.
La CIDH ha sostenido que la Convención de Belém do Pará establece que la obligación de actuar con la debida diligencia adquiere una connotación especial en casos de violencia contra las mujeres73. La CIDH ha establecido entre los principios más importantes, que la obligación de los Estados frente a casos de violencia contra las mujeres, incluye los deberes de investigar, procesar y condenar a los responsables, así como el deber de “prevenir estas prácticas degradantes”74. Asimismo ha señalado que la inefectividad judicial ante casos de violencia contra mujeres crea un ambiente de impunidad que facilita la violencia “al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos”75. La Corte Interamericana por su parte, ha señalado que en casos de violencia contra las mujeres el deber de investigar efectivamente tiene alcances adicionales76. Asimismo, para conducir eficazmente una investigación, los Estados deben investigar con una perspectiva de género77.
La Corte Interamericana ha señalado asimismo que el deber de investigar es una obligación de medios y no de resultados78. En el cumplimiento de la obligación de investigar y sancionar, la Corte Interamericana ha establecido que el Estado debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen la impunidad, otorgar las garantías de seguridad suficientes a los testigos, autoridades judiciales, fiscales, otros operadores de justicia y a los familiares de las víctimas, así como utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso79.
Asimismo, la CIDH ha establecido que el Estado debe demostrar que la investigación “no ha sido producto de la ejecución mecánica de ciertas formalidades procesales sin que el Estado busque efectivamente la verdad, éste debe demostrar que ha realizado una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial”80 y debe estar orientada a explorar todas las líneas investigativas posibles que permitan la identificación de los autores del delito, para su posterior juzgamiento y sanción. Para ello, la Corte ha especificado que la eficiente determinación de la verdad en el marco de la obligación de investigar una muerte, debe mostrarse desde las primeras diligencias con toda acuciosidad81. El Estado puede ser responsable por no “ordenar, practicar o valorar pruebas” que pueden ser fundamentales para el debido esclarecimiento de los hechos82.
En este sentido, la Corte Interamericana ha especificado los principios rectores que es preciso observar en una investigación cuando se está frente a una muerte violenta. Las autoridades que conducen una investigación de este tipo deben intentar como mínimo, inter alia: i) identificar a la víctima; ii) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte, con el fin de ayudar en cualquier potencial investigación penal de los responsables; iii) identificar posibles testigos y obtener declaraciones en relación con la muerte que se investiga; iv) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier patrón o práctica que pueda haber causado la muerte, y v) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio83. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados84. En el caso de homicidios, se deben preservar evidencias específicas en caso de sospecha de violencia sexual85.
Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que los estándares internacionales indican que, en relación con la escena del crimen, los investigadores deben, como mínimo, fotografiar dicha escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallando cualquier observación de la escena, las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia coleccionada86. Por su parte, el Protocolo de Minnesota establece, entre otras obligaciones, que al investigar una escena del crimen se debe cerrar la zona contigua al cadáver, y prohibir, salvo para el investigador y su equipo, el ingreso a la misma87.
Conforme a los parámetros de derecho internacional, la CIDH observa que la víctima fue reportada como desaparecida formalmente al Estado el 3 de marzo del 2002. A partir de ese momento se iniciaron algunas diligencias como el establecimiento del Acuerdo de Inicio de la Averiguación Previa de fecha 3 de marzo de 200288, la orden dirigida a Gloria Cobos Ximello, Jefe de Grupo Especial de Delitos Sexuales y contra la Familia de la Policía Judicial del Estado para que inicie las investigaciones tendientes al esclarecimiento de los hechos89, la toma de declaraciones de gente cercana al entorno familiar, afectivo y educativo de Paloma Angélica Escobar y la reproducción de 40 fotografías de Paloma Angélica Escobar. La CIDH observa que transcurrieron 18 días desde la interposición de la denuncia de desaparición para que se ordenen las fotografías90. Al respecto, el Estado no ha controvertido tal afirmación.
La CIDH observa una serie de irregularidades durante la investigación de la desaparición y posterior muerte de Paloma Angélica Escobar, entre las que destacan la falta de acuciosidad en las diligencias realizadas cuando fue reportada desaparecida; la falta de cruce de información obtenida en las diversas declaraciones tomadas, así como la confrontación de las mismas para llevar a cabo una investigación seria conducente al esclarecimiento de los hechos; deficiencias en el manejo y en el análisis de la evidencia recolectada y; fallas en la preservación de la escena del crimen. Asimismo, es de suma gravedad la obstrucción de la justicia al sembrar evidencia por parte de funcionarios estatales para culpar a un sospechoso. Mientras que la oficial directamente responsable estuvo sancionada, una medida importante, no se desprende que las autoridades tomaran medidas para corregir y reorientar la perspectiva de la investigación.
La Corte Interamericana ha señalado que en casos de violencia contra mujeres, surge un deber de debida diligencia estricta frente a denuncias de desaparición, respecto a su búsqueda durante las primeras horas y los primeros días91. Esta obligación de medio, al ser más estricta, exige una respuesta inmediata y eficaz por parte de las autoridades ante las denuncias de desaparición y prevenir adecuadamente la violencia contra la mujer92. Ello comprende la realización exhaustiva de actividades de búsqueda. También requiere que los funcionarios responsables de recibir las denuncias tengan la capacidad y la sensibilidad para entender la gravedad del fenómeno de la violencia contra la mujer y la voluntad para actuar de inmediato93. En particular, es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las autoridades policiales, fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a la determinación del paradero de las víctimas o el lugar donde puedan encontrarse privadas de libertad94. Asimismo, deben existir procedimientos adecuados para las denuncias que conlleven a una investigación efectiva desde las primeras horas. Las autoridades deben presumir que la persona desaparecida está privada de su libertad y sigue con vida hasta que se ponga fin a la incertidumbre sobre la suerte que ha corrido95.
Además, en casos de violencia contra niñas, la Corte ha sostenido que los Estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas positivas necesarias para garantizar los derechos de las niñas desaparecidas96. En concreto los Estados tienen el deber de asegurar que las niñas sean encontradas a la brevedad una vez los familiares reportaran su ausencia. Una vez encontrado el cuerpo, el Estado debe realizar las investigaciones, procesar y sancionar a los responsables de forma eficaz y expedita97.
Como se constató en el capítulo sobre “Hechos probados” del presente informe, la CIDH toma nota de dos declaraciones rendidas ante el Ministerio Público que apuntaban a que vieron a Paloma Angélica Escobar con vida días después de haber sido reportada como desaparecida. Sin embargo, las autoridades no investigaron exhaustivamente dichas afirmaciones98. En el caso de la declaración de Patricia Huisar, la CIDH nota que pasaron dos meses para que la autoridad investigara o preguntara a los inquilinos de la casa donde se señaló haber visto a Paloma. Declaración de Patricia Huisar Pérez de fecha 13 de marzo de 2002 ante la agente del Ministerio Público. En el caso de la llamada anónima, no consta en el expediente que las autoridades hayan acudido a la Calle Puno #322, donde se señaló que Paloma Angélica Escobar estaba con vida.
Como se acreditó en la sección de hechos probados, el cuerpo de Paloma Angélica Escobar Ledezma fue hallado el 29 de marzo de 2002 por una familia que pasaba por el lugar y que dio aviso a una patrulla que pasaba por la carretera a la que pararon para narrarle lo que habían encontrado99. La CIDH observa asimismo que Paloma Angélica Escobar Ledezma fue identificada por su madre y su padre100. Según el Equipo Argentino de Antropología Forense, no hubo claridad sobre el método empleado o los fundamentos a través de los cuales se establece la identidad final del cuerpo101. En su informe, el Equipo Argentino determinó que Paloma Angélica Escobar fue identificada “al parecer de manera indiciaria por rasgos en la dentadura y por reconocimiento de las prendas”102. Al respecto, la CIDH considera que el Estado no actuó con debida diligencia para la identificación de la presunta víctima, ya que pudo haber utilizado tecnología que permitiera la certeza de su identificación.
Por otro lado, llama la atención de la CIDH la falta de coherencia en los resultados obtenidos en los dictámenes periciales. El dictamen en criminalística determinó que no se observaron lesiones externas en el cuerpo de la víctima debido al avanzado estado de putrefacción con contradicción con el informe de autopsia que indicó que “en la región del tórax en la pared presenta contusiones equimóticas localizadas en la cara antero externa del hemitórax izquierdo, otras similares localizadas en la región dorsal del hemitórax derecho […]”, y en el cuello se determinó la existencia de luxación cervical con infiltrado hemorrágico (véase sección hechos probados). Esta irregularidad fue documentada en el informe de la Consultoría sobre “Fortalecimiento de la investigación caso de homicidios y desaparición de mujeres y niñas en el Estado de Chihuahua – Informe Caso desaparición y homicidio de Paloma Angélica Escobar Ledezma Radicado 77/02103. A pesar de las características de este asesinato, los hechos establecidos revelan que la investigación no fue emprendida con la debida seriedad, rigurosidad y diligencia por las autoridades estatales.
En efecto, la CIDH observa que si bien no se pudo determinar que Paloma Angélica Escobar sufrió una violación sexual, sí se pudo determinar signos de violencia en el cuerpo, además de que la víctima al ser encontrada en un lugar descampado, tenía puestas 3 pantaletas encima de su pantalón de mezclilla.
Del expediente ante la CIDH se desprende que las autoridades estatales durante la desaparición de Paloma Angélica Escobar y posteriormente cuando se encontró su cuerpo, tomaron diversas declaraciones de personas vinculadas a su entorno. Sin embargo, no consta en el expediente que las autoridades efectuaran una indagatoria más profunda sobre hechos razonablemente relevantes que se derivaban de las diversas declaraciones tomadas.
A manera de ejemplo la CIDH observa contradicciones entre las declaraciones de Lucy Mancinas, quien alega conocer a Francisco Ramírez, mientras que éste alega en su declaración que ni siquiera conoce a Lucy104. Sin embargo, en la declaración de Edna Patricia Dávila Fierro, ella sostiene que Francisco le había comentado que Lucy no había querido salir con él a su despedida pero que habían quedado para salir el domingo siguiente105. Por otro lado, Lucy Mancinas realizó diversas declaraciones ante el Ministerio Público y en el año 2005, tres años después de su primera declaración, se retractó de algunas declaraciones realizadas excepto las realizadas el 7 de marzo y 10 de diciembre de 2002. Posteriormente, en el año 2007, Lucy Mancinas puso en duda su primera declaración de fecha 7 de marzo de 2002106.
La inspección de la escuela ECCO, en donde estudiaba Paloma Angélica Escobar, demoró casi un año en realizarse (sección hechos probados). A pesar de constituir una línea de investigación clave, ello es una muestra de cómo se realizaban diligencias para cumplir con las formalidades exigidas sin un ánimo de esclarecer el caso107.
Esta falta de acuciosidad para analizar las diligencias practicadas también fue reportada en el Informe producto del Convenio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua que indica que de la revisión del expediente queda en evidencia “que no existe un interés por acceder a la información, sino mas bien, cumplir administrativamente con la formalidad de la tramitación de un caso de investigación criminal108.
Con respecto a la evidencia recolectada, según los documentos periciales se mandaron al laboratorio para el estudio los elementos pilosos recabados en ambas manos, en la cabeza, en la pelvis, en las pantaletas y en el canal intravaginal, como la pantaleta de color rojo para examinar el origen de las manchas oscuras109. Sin embargo, no hay constancia de que dichos objetos fueran efectivamente llevados al laboratorio y que fueran analizados. Asimismo, no consta en el expediente que la demás evidencia recolectada fuera enviada a laboratorio de manera oportuna110.
Llama la atención de la Comisión que las tres pantaletas (y los filamentos encontrados) de Paloma Angélica Escobar fueran enviadas para análisis recién en mayo del 2005, es decir, 3 años después de haber sido encontradas111. Los resultados de las pruebas realizadas en 2005 concluyeron que no fue posible obtener perfil genético de los filamentos procesados112. Asimismo, consta en el dictamen pericial que todas las muestras utilizadas se consumieron en dicho estudio, frustrando la posibilidad de contar con muestras para la realización de otras pruebas.
En relación al análisis en química para tipificar y determinar la composición de los elementos pilosos encontrados en las uñas de la mano derecha y en las pantaletas y cotejarlas con los elementos pilosos de la occisa113, se tomaron diversas muestras de vello púbico de personas que rindieron declaración en el caso para cotejarlos con los encontrados a Paloma Angélica Escobar. Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos. En este sentido, la CIDH observa que durante la investigación se recopiló material diverso para ser sometido a examen de ADN. En algunos casos se enviaron las muestras a estudio con resultados negativos y en otros casos se desconoce que sucedió con las muestras. Respecto a este punto, el informe Diagnóstico sobre el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma realizado mediante el “Convenio OACNUDH en México y PGJ del Estado de Chihuahua”, indicó que:
[H]a habido hallazgos importantes de material con un alto contenido criminalístico, que en algunos casos ha sido enviado al laboratorio para someterlo a examen de química forense o de ADN y en otros simplemente se ha obviado; llamando la atención los nulos resultados positivos que se han podido lograr, pese a la cantidad y calidad de evidencias obtenidas para la realización de este tipo de estudio114.
La falta de rigurosidad emprendida en el manejo de evidencia recopilada queda ejemplificada en un dictamen de ADN que indica que la muestra de vello localizado en vía intravaginal de Paloma Angélica Escobar correspondió a ella y que los cabellos encontrados en el vehículo sujeto a investigación –del que no se especifican características ni propietario - corresponden a Paloma Angélica Escobar115. Asimismo, la CIDH observa que al encontrarse una bolsa de material plástico en el 2003 con objetos que pertenecían a Paloma Angélica Escobar y que portaba el día de su desaparición, no se hicieron diligentemente las investigaciones requeridas. Por ejemplo, dentro de los objetos se encontró una tarjeta telefónica “ladatel” que tenía fecha de emisión posterior a la desaparición. Sin embargo, a pesar de que las autoridades realizaron los trámites administrativos básicos para obtener la información de la tarjeta telefónica, no se hizo seguimiento a las respuestas y se dejó pasar el tiempo pasivamente sin intentar acudir personalmente y directamente a la fuente para obtener la información deseada116.
Respecto de la cadena de custodia, la CIDH observa que en el expediente judicial no se indica cómo se manejó la evidencia desde su reconocimiento, protección y fijación, embalaje y sellado y traslado y sin indicación sobre procedimiento establecido para proteger dichas evidencias, es decir, sin debida cadena de custodia, en contravención con los estándares internacionales sobre la materia. Asimismo, la CIDH observa que el área de hallazgo del cuerpo no fue acordonada con la finalidad de preservar la escena del crimen. Prueba de ello es que consta en parte informativo que en mayo de 2002 dos sujetos entraron en el lugar del hallazgo del cuerpo y realizaron “movimientos sospechosos (…) y se subieron rápidamente para retirarse”117, hecho que no ha sido controvertido por el Estado118. La Consultoría que analizó el expediente de Paloma Angélica Escobar bajo el “Convenio OACNUDH en México y PGJ del Estado de Chihuahua”, determinó irregularidades cometidas tanto en el manejo de la escena del crimen como del tratamiento de la evidencia:
Queda en evidencia el desconocimiento por parte del equipo que trabaja en la escena del crimen en materia de criminalística, en todo lo que se refiere al manejo de la escena del crimen, tratamiento de la evidencia, desde su reconocimiento, protección, fijación por todos los medios y formas, interpretación recolección, embalaje, sellado y traslado al laboratorio. No se observa registros de la Cadena de Custodia de las evidencias recogidas en el sitio del suceso119.
El panorama para los investigadores se complica por la fragilidad de la prueba técnica o pericial proveniente en inicio del mal manejo y custodia de la escena del crimen como de la manipulación indebida de la evidencia120.
Paloma Angélica Escobar Ledezma era estudiante y el día de su desaparición estuvo en la escuela ECCO, donde cursaba sus estudios. Al respecto, la CIDH observa las declaraciones que obran en el expediente y que podrían implican conductas sospechosas por parte de funcionarios de dicha escuela, pero no se desprende del expediente judicial se haya investigado. Esta situación fue documentada también en el Informe Diagnóstico sobre el caso de Paloma Angélica Escobar Ledezma del Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La falta de investigación de esta situación es grave, considerando la posible relación que podrían tener las desapariciones de algunas jóvenes denunciadas ante las autoridades y que presuntamente tenían algún vínculo con la escuela ECCO.
La CIDH observa que recién en el año 2005, la Procuradora General de Justicia del Estado ordenó al Procurador de Justicia Zona Centro se concentraran varios expedientes de Averiguaciones Previas relacionados con otros casos de mujeres jóvenes desaparecidas y asesinadas, vinculadas con la escuela ECCO, incluido el de Paloma Angélica Escobar, en un solo Agente del Ministerio Público, para el análisis y seguimiento de investigaciones realizadas. Sin embargo, no se desprende del expediente, un cruce de información sobre los distintos casos para determinar algún tipo de nexo común121 .
Ahora bien, la CIDH observa que de los hechos probados queda evidenciada la obstrucción de la justicia para el esclarecimiento de los hechos a través del sembrado de evidencia por parte de la Comandante Gloria Cobos (sección hechos probados). Este incidente fue documentado por diversas agencias internacionales y organizaciones de la sociedad civil122 como un caso emblemático de los asesinatos contra mujeres perpetrado en el Estado de Chihuahua, en donde las irregularidades en la investigación de los hechos llegaron a la desviación de la misma y a la falsificación de pruebas por parte de las autoridades estatales. El informe de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Yakin Ertürk señaló:
Según se informa, en algunas ocasiones, los investigadores obstruyeron deliberadamente las actuaciones ocultando o falsificando pruebas. En el caso de Paloma Escobar, por ejemplo, el análisis pericial demostró que la comandante de la policía encargada inicialmente de la investigación había falsificado pruebas para incriminar al novio de la víctima123.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en su informe sobre México también se pronunció al respecto: “Puede mencionarse además el caso de la Comandante Gloria Cobos, a la que hicieron referencia numerosas personas entrevistadas, ya que actuó por el asesinato de Paloma Escobar, al frente de las tareas de la policía judicial, colocando pruebas falsas para inculpar al novio de la víctima, comprobándose por estudios periciales que la evidencia fue sembrada”124. Si bien la Comandante Cobos fue sancionada, la CIDH observa que no consta en el expediente judicial que las personas que participaron con ella en dicha diligencia irregular fueran investigadas por las autoridades.
Por otro lado, llama la atención de la CIDH, la poca receptividad de las autoridades respecto de la información que los familiares de la víctima deseaban aportar a la investigación. En efecto, el 9 de diciembre de 2002, Norma Ledezma y Dolores Alberto Escobar presentaron consideraciones respecto de las líneas de investigación del caso y la sugerencia de pruebas para desahogar125. En respuesta, la Lic. María de Jesús Ruiz Romo, Agente del Ministerio Público Adscrita a la Procuraduría General de Justicia del Estado, señaló “que si bien es cierto la ley faculta a los ofendidos o víctimas del delito para proponer al Ministerio Público el desahogo de pruebas, también cierto es que ni la Constitución Federal, ni mucho menos el Código de Procedimientos Penales u otro ordenamiento, faculta a los ofendidos o víctimas a obstaculizar las investigaciones cuestionando u oponiéndose a la práctica de diligencias programadas por el Ministerio Público”126.
Si bien el Estado ha realizado y continúa realizando un gran número de diligencias en el presente caso, y se observa un esfuerzo, particularmente a partir del 2005 de practicar ampliaciones de declaración, informes y dictámenes periciales y adjuntar al expediente evidencias y actividades realizadas en forma debida, la CIDH nota que después de ocho años desde que ocurrió el asesinato de Paloma Angélica Escobar Ledezma, el Estado no ha cumplido con su obligación de actuar con la debida diligencia para identificar a los responsables de su desaparición y muerte, quedando este acto de violencia en la impunidad y creando como consecuencia un ambiente propicio para la repetición crónica de actos de violaciones contra las mujeres127.
En este sentido, la Consultoría realizada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México resaltó los esfuerzos y actividades realizadas por el Estado para ordenar físicamente el expediente, practicar algunas ampliaciones de pruebas, declaraciones, informes y dictámenes periciales, ubicar y acopiar en debida forma algunas de las evidencias materiales, actividades realizadas por parte del equipo de Agentes e investigadores ministeriales a cargo de la investigación desde el año 2005, o la integración de un nuevo equipo de Ministerios Públicos y de un Jefe de Investigadores, que si bien no han producido los resultados necesarios por todo lo señalado, sí es indicativo de un cambio constructivo.
Asimismo, en su informe, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México resaltó algunas deficiencias en la conducción de las investigaciones128:
La alternancia en la conducción de la investigación se ha transformado en una de las debilidades que presenta esta investigación, tanto por las distintas formas de administrar y conducir la investigación, como también en la toma de decisiones de las actividades investigativas.
Si agregamos a la anterior, los distintos estamentos policiales que intervinieron en la investigación de la desaparición de Paloma Angélica Escobar Ledezma en primera instancia y, posteriormente otros que si hicieron cargo días después, con motivo del hallazgo de su cadáver, todo ello, porque no existía una Unidad Especializada para atender debidamente estos hechos, sin que obre en el expediente los partes informativos que debieron rendir cada una de las unidades involucradas en la investigación, y que debieron dar origen y hacer auto cabeza del expediente del caso, perjudican gravemente el desarrollo normal de una investigación criminal de estas características, al no contar con las primeras indagaciones que lograron los investigadores.
En este contexto, queda en evidencia que la decisión de nombrar a distintos Ministerios Públicos como responsables de la administración y conducción del caso investigativo, se constituyó en una debilidad, ya que no se observa en ninguno de ellos, una real conducción, dirección y supervisión del caso que tiene consecuencias en la integración y manejo del expediente. Así, la penúltima Ministerio Público asignada al caso, en el año 2005, vale decir, tres años después de cometido el delito, se da la tarea de construir y formar el actual expediente del caso que según se informa no estaba debidamente encuadernado y hacían falta piezas procesales.
La CIDH ha identificado la investigación como una etapa crucial en casos de violencia contra las mujeres, tanto en el Estado de Chihuahua, en referencia a la situación de Ciudad Juárez, como en general, y ha afirmado que “no se puede sobreestimar la importancia de una debida investigación, ya que las fallas a ese respecto suelen impedir u obstaculizar ulteriores esfuerzos tendientes a identificar, procesar y castigar a los responsables”, situación que ha ocurrido en el presente caso129. Por lo expuesto, la Comisión observa que el Estado incumplió en este caso con su obligación de investigar con la diligencia necesaria las violaciones a los derechos humanos de Paloma Angélica Escobar.
En relación al deber de adoptar disposiciones de derecho interno garantizado por el artículo 2 de la Convención Americana, la Comisión observa que no existían políticas ni procedimientos que garantizaran una investigación inmediata, exhaustiva, seria e imparcial de estos hechos de acuerdo al deber del Estado de actuar con la debida diligencia en la Ciudad de Chihuahua. La CIDH observa que las medidas iniciales implementadas por las autoridades estatales se enfocaron en Ciudad Juárez sin abordar comprehensivamente otras ciudades del Estado, como Ciudad de Chihuahua, a través de la aplicación de medidas de alcance estatal. Para el 2002, la Unidad de Delitos Sexuales de la Ciudad de Chihuahua realizaba las diligencias iniciales frente a denuncias de personas desaparecidas. Cuando la desaparición se transformaba en otro delito como homicidio, las Unidades Especializadas se hacían cargo de la investigación. En 2005, se creó la Unidad Especial de Investigación de Personas Ausentes o Extraviadas con jurisdicción Estatal.
La impunidad de las violaciones a los derechos humanos existe cuando hay “la falta en su conjunto de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención Americana”. La Corte Interamericana ha establecido la obligación del Estado de combatir la impunidad por todos los medios legales disponibles ya que ésta propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y trae como consecuencia la total indefensión de las víctimas y sus familiares”130.
Para prevenir la impunidad, el Estado tiene la obligación, en virtud del artículo 1 de la Convención Americana, de respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención:
El Estado está, por otra parte, obligado a investigar toda situación en la que se hayan violado los derechos humanos protegidos por la Convención. Si el aparato del Estado actúa de modo que tal violación quede impune y no se restablezca, en cuanto sea posible, a la víctima en la plenitud de sus derechos, puede afirmarse que ha incumplido el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a las personas sujetas a su jurisdicción. Lo mismo es válido cuando se tolere que los particulares o grupos de ellos actúen libre o impunemente en menoscabo de los derechos reconocidos en la Convención131.
En base a las consideraciones expuestas, la Comisión concluye que en el presente caso el Estado falló en su deber de actuar con la debida diligencia para efectuar una adecuada investigación y sanción de los hechos referentes a la desaparición y posterior muerte de Paloma Angélica Escobar y evitar la impunidad, en contravención de los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana, todo ello en relación con los artículos 1.1 y 2 de dicha Convención. La Comisión también considera que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25 de la Convención, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de Norma Ledezma, madre de Paloma A. Escobar132.

References: artículo 25
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 1
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 1