Source: https://derecholocal.es/novedad-legislativa/medidas-liberalizadoras-de-los-horarios-de-apertura-de-las-actividades-comerciales-habilitadas-en-extremadura
Timestamp: 2020-05-30 01:51:25+00:00

Document:
Medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas en Extremadura - El Derecho Local
Medidas liberalizadoras de los horarios de apertura de las actividades comerciales habilitadas en Extremadura
Vigente desde 21/03/2020 | DOE 56/2020 de 20 de Marzo de 2020
Con motivo de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus, mediante esta norma se permite permanecer abiertos al público durante los días no hábiles a efectos comerciales, a los siguientes establecimientos:
- Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad;
- Productos veterinarios, médicos, ópticas y productos ortopédicos;
- Productos higiénicos;
- Prensa y papelería;
- Combustible para la automoción;
- Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones; y
Estos establecimientos solamente pueden abrir para la venta de productos y servicios básicos durante el tiempo de duración del estado de alarma.
Este Decreto-Ley atiende, y viene a completar aquellas medidas que se han adoptado por el Gobierno de la Nación y que se han plasmado en distintas normativas: el ya mencionado Real Decreto 463/2020, de 10 de marzo, el Real Decreto Ley 7/2020, de 12 de marzo, y el recientemente aprobado Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo, entre otros paquetes de medidas dirigidas a reforzar el Sistema Nacional de Salud.
El Decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que el fin que justifica la legislación de urgencia, sea, tal como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4, 137/2003, de 3 de julio, F. 3 y 189/2005, de 7 julio, F. 3), subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes. La extraordinaria y urgente necesidad de aprobar este Decreto-ley se inscribe en el juicio político o de oportunidad que corresponde a este Gobierno (SSTC 93/2015, de 14 de mayo, FJ 6) y esta decisión, sin duda, supone una ordenación de prioridades de actuación que la situación de emergencia acreditada demanda (STC, de 30 de enero de 2019, Recurso de Inconstitucionalidad núm. 2208-2019), centradas en el cumplimiento de la seguridad jurídica y la salud pública, medidas que reclaman una acción legislativa que se materialice «en un plazo más breve que el requerido para la tramitación de las Leyes» (STC 111/1983, de 2 de diciembre, FJ 6). Por lo que respecta a la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad, debe tenerse en cuenta la doctrina del Tribunal Constitucional, resumida en el Fundamento Jurídico IV de la Sentencia 61/2018, de 7 de junio de 2018. Conforme a la misma, se requieren, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno en su aprobación», es decir, lo que ha venido en denominarse, la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella». Como señala el Tribunal Constitucional, generalmente «se ha venido admitiendo el uso del decreto-ley en situaciones que se han calificado como «coyunturas económicas problemáticas», para cuyo tratamiento representa un instrumento constitucionalmente lícito, en tanto que pertinente y adecuado para la consecución del fin que justifica la legislación de urgencia, que no es otro que subvenir a «situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que por razones difíciles de prever requieran una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes» (SSTC 31/2011, de 17 de marzo, FJ 4; 137/2011, de 14 de septiembre, FJ 6, y 100/2012, de 8 de mayo, FJ 8).
La crisis sanitaria que ha dado lugar a la declaración del estado de alarma y la voluntad de minimizar el contagio y garantizar el abastecimiento de productos básicos, fundamenta la extraordinaria y urgente necesidad de adoptar la medida anunciada. Las medidas que con este Decreto-ley se adoptan no podrían esperar a una tramitación parlamentaria puesto que los efectos sobre la ciudadanía serían demasiado gravosos y perdería su esperada eficacia en el fin último de las mismas.
Además, debe señalarse que el presente decreto-ley es conforme al artículo 33.2 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, ya que no modifica el Estatuto de Autonomía ni afecta a las leyes presupuestarias o a las materias objeto de leyes para las que se requiere una mayoría cualificada.
Este Decreto Ley responde a los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia, tal y como exige la Ley 39/2015 de 1 de octubre de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Los principios de necesidad y eficacia se cumplen desde el momento en que la medida se fundamenta en la protección de la salud y en la garantía de abastecimiento de productos básicos y se utiliza el instrumento más efectivo para garantizar su consecución. Por otra parte y con respecto al principio de proporcionalidad indicar que el presente decreto-ley contiene estrictamente la regulación imprescindible para la consecución de los objetivos ya señalados.
Por todo ello, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 33 de la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero de reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de Extremadura, a propuesta del Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 18 de marzo de 2020,
1. En los ámbitos definidos en su artículo 10 por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, los establecimientos y superficies comerciales de venta minorista, incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, podrán permanecer abiertos al público durante los días no hábiles a efectos comerciales, solo y exclusivamente para la venta de productos y servicios básicos que a continuación se relacionan:
1. Alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad.
2. Productos veterinarios, médicos, ópticas y productos ortopédicos.
3. Productos higiénicos.
4. Prensa y papelería.
5. Combustible para la automoción.
6. Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones.
7. Alimentos para animales de compañía.
2. A los efectos de este decreto ley los establecimientos y superficies comerciales vienen obligados a delimitar claramente los espacios accesibles al público dedicados a la venta de productos y servicios permitidos relacionados en el apartado anterior.
3. Los establecimientos comerciales, que en domingos y festivos no autorizados, abran y dispongan para la venta servicios o productos no referidos en el párrafo primero, serán sancionados según lo previsto en el artículo 48 letra m), y artículos concordantes de la Ley 3/2002, de 9 de mayo, de Comercio de Extremadura.
4. Lo dispuesto en este decreto-ley será de aplicación mientras dure el periodo de excepción determinado por la declaración del estado de alarma, y sus eventuales prórrogas o ampliaciones.
El presente decreto-ley entrará en vigor al día siguiente su publicación en el diario oficial de Extremadura.
Mérida, 18 de marzo de 2020.
El Consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital,

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 33
 artículo 33
 artículo 10
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 48