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Timestamp: 2020-07-07 02:55:44+00:00

Document:
Registro Oficial. 8 de DICIEMBRE del 2004
Miércoles, 8 de diciembre del 2004 - R. O. No. 477
25-500 Proyecto de Ley Reformatoria\n a la Ley de Propiedad Intelectual.
25-501 Proyecto de Ley para la Rehabilitación\n de la Producción Nacional.
0633\n Deléganse\n facultades al economista Eduardo Alejandro Velarde Barrera, Subsecretario\n de Desarrollo Organizacional.
0643\n Delégase\n al señor Harrison Fabián Vizcaíno Andrade,\n Subsecretario de Coordinación y Asesoría de Tránsito\n y Transporte Terrestres para que presida el Consejo Nacional\n de Tránsito y Transporte Terrestres.
CONAM\n - UNIDAD POSTAL:
077\n Modifícase\n el párrafo número dos del Art. 1 del Acuerdo No\n 14.
100-04	Doctor Arturo Vizcaíno\n Sotomayor en contra de la Ley de Régimen Municipal.
124-04	Rigoberto Miguel Márquez\n Obregón en contra del I. Municipio de Morona Santiago.
126-04	Homero Aurelio Torres Ochoa\n en contra del Municipio de Cuenca12
127-04	Ana Matilde Riera Gallardo\n en contra de la Corte Nacional de Menores.
134-04	Emperatriz Abril Abril en contra\n del Director General del IESS.
135-04	Asociación de Trabajadores\n Agrícolas "Valentín Plazarte Uñarte"\n en contra del Director Ejecutivo del INDA y otro.
138-04	Abogado Franco Cueva Rodríguez\n en contra del Director Nacional de Cooperativas y otros..
139-04	Víctor Eusebio Layana\n Garzón en contra del Cuerpo de Vigilancia de la Comisión\n de Tránsito del Guayas..
\n PRIMERA SAI A:
0072-04-HC Confírmasela resolución\n pronunciada por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito\n (E), que niega el recurso de hábeas corpus propuesto por\n Bartolomé Abad Mero Figueroa.
0091-04-HD Revócase la resolución\n venida en grado y concédese el hábeas data propuesto\n por el señor Raúl Germánico Estrella Albán.
0632-2004-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Noveno de lo Civil, con despacho en San\n Miguel de Salcedo, quien acepta el amparo constitucional propuesto\n por Carlos Oswaldo López Guzmán.
0660-2004-RA Confírmase la resolución\n pronunciada por el Juez Primero de lo Penal del Guayas, que acepta el amparo constitucional propuesta por la ingeniera\n Shirley Karina Torres Reyes.
0753-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia que admite la acción propuesta y\n niégase el amparo solicitado por Francisco Hernán\n Torres Parías, por improcedente.
0756-2004-RA Revócase la resolución\n del Tribunal de instancia e inadmítese el amparo constitucional\n planteado por el doctor Manuel Roberto Yanqui Salazar, por improcedente.
0074-2004-HC Confírmase la resolución\n del Alcalde Metropolitano de Quito (encargado) y deséchase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Gloria\n Castillo Bonilla.
0094-2004-HD Revócase la resolución\n venida en grado y acéptase la demanda de hábeas\n data formulada por el economista Juan Bolívar Ordóñez\n Apolo.
195-2004-RA\n Revócase\n la resolución venida en grado y niégase la acción\n de amparo propuesta por el economista Saúl Enrique Castillo\n Baldeen.
276-2004-RA Confírmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y concédese el amparo\n solicitado por Ramona Elvira Parías Sacoto.
338-2004-RA Confírmase la resolución\n adoptada por el Juez de instancia y concédese el amparo\n solicitado por José Ignacio Rocha Velasco.
0426-2004-RA\n Inadmítese\n por improcedente la acción planteada por María\n Antonieta Herrera Pulles.
0443-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase el amparo solicitado por Miguel\n Shamb Huilcapi y otro, por improcedente.
0486-2004-RA Confírmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Jimmy Aníbal Aguilar González\n y otro.
519-2004-RA Revócase la decisión\n del Juez de instancia y niégase la acción de amparo\n propuesta por el doctor Havel Álvaro Párraga Bravo.
0806-2004-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo constitucional\n propuesto por el ingeniero comercial Carlos Peñafiel Salgado.
-\n Cantón San Miguel de los Bancos: De creación y funcionamiento del\n Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia.
-\n Cantón Yanzatza: De uso, movilización, control\n y mantenimiento del equipo caminero de la Ilustre Municipalidad.
-\n A la publicación de la Resolución del Consejo Nacional de la\n Judicatura, publicada en el Registro Oficial No 464 del jueves\n 18 de noviembre del 2004.
-\n A la publicación de la Resolución No JB- 2004-712 de 7 de octubre\n del 2004, publicada en el Registro Oficial No 460 de 12 de noviembre\n del 2004.\n \n
\n LEY DE PROPIEDAD INTE-
\n LECTUAL".
CÓDIGO:	25-500.
AUSPICIO:	H. CARLOS VALLEJO
\n LÓPEZ.
\n INGRESO: 11-11-2004.
El ordenamiento jurídico vigente garantiza a los ecuatorianos,\n y en general a todos quienes habitan en el territorio nacional,\n una serie de derechos que, además consagran la igualdad\n ante la ley. De la misma manera la normativa constitucional señala\n procedimientos, caminos y condiciones para obtener y ejercitar\n dichos derechos y garantías.
Es menester garantizar el ejercicio pleno del derecho de propiedad\n intelectual pero, sin menoscabar el acceso de los productores,\n ya individual, ya colectivamente considerados, a los beneficios\n de la investigación científica en el sector agrícola,\n por cierto reconociendo el pago de las correspondientes regalías\n por el uso de las distintas variedades conseguidas por los obtentores.
En algunos casos se ha presentado dificultades y desentendimientos\n entre unos y otros, siendo obligación del Estado propender\n a la indispensable armonía en las relaciones entre investigadores\n científicos y productores que aprovechan el resultado\n de tal investigación.
NOMBRE:	"PARA LA REHABILITA-
\n CIÓN DE LA PRODUCCIÓN
\n NACIONAL".
CÓDIGO:	25-501.
AUSPICIO:	H. LEÓN FEBRES CORDERO
\n RIBADENEYRA - JEJE DEL
\n BLOQUE LEGISLATIVO
COMISIÓN:	DE LO ECONÓMICO,
\n INGRESO:	23-11-2004.
\n A COMISIÓN:	24-11-2004.
La gran mayoría de los sectores de la economía\n nacional se encuentran imposibilitados de trabajar y desarrollarse\n por falta de líneas de crédito que viabilicen su\n supervivencia, así como sus proyectos e iniciativas generadores\n de producción y empleo. La interacción de una política\n de gasto público insustentable, y la falta de claras políticas\n financieras que defiendan y promuevan la permanencia del capital\n ecuatoriano dentro del país, han dado lugar a una estructura\n de tasas de interés que constituye un real obstáculo\n para el desarrollo de la producción nacional.
Para lograr un crecimiento económico sostenido hay\n que promover y estimular la producción nacional de bienes\n y servicios, para lo cual hay que canalizar el ahorro nacional,\n mediante el crédito a dichos sectores del quehacer nacional,\n a una tasa de interés acorde con una economía dolarizada.\n Es obligación de la banca nacional el cumplir con su rol\n de promotor del desarrollo y crecimiento nacional, priorizando\n el crédito a los sectores productivos.
En la actualidad, el Ecuador se ha convertido en un exportador\n neto de capitales, los mismos que fortalecen otras economías,\n a expensas del desarrollo nacional. Las deficiencias y la concentración\n del mercado financiero provocan altos e inaceptables márgenes\n entre las tasas activa y pasiva de las instituciones financieras\n privadas, ocasionando que la tasa de interés constituya\n uno de los componentes más altos de los costos de producción\n nacional, y consecuentemente afecta su competitividad internacional.
No 0633
Dr. Jaime Damerval Martínez
Que es indispensable dar mayor agilidad al despacho de las\n labores inherentes a esta Cartera de Estado; y,
En uso de las facultades que le confieren el numeral 6 del\n Art. 179 de la Constitución Política del Estado,\n y el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva,
Art. 1.- Delegar al economista Eduardo Alejandro Velarde Barrera,\n Subsecretario de Desarrollo Organizacional, las siguientes facultades:
a) Suscribir acciones de personal relativas a: nombramientos,\n remociones, cambios administrativos, ascensos, traslados, vacaciones,\n licencias, comisiones de servicios dentro del país, sanciones\n administrativas, encargo de funciones del personal que labora\n en la provincia de Pichincha; disponer y resolver sobre la instauración\n de sumarios y audiencias administrativas a que hubiere lugar,\n todo esto conforme al procedimiento que señala la Ley\n Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa, y\n de Unificación y Homologación de Remuneraciones\n del Sector Público y su reglamento de aplicación;
b) Autorizar el pago de viáticos y/o subsistencias,\n movilizaciones, inclusive la asignación de pasajes aéreos,\n para el cumplimiento de comisión de servicio a los funcionarios\n del Ministerio de Gobierno;
c) Suscribir los contratos que sean necesarios para la adquisición\n de bienes, prestación de servicios, ejecución de\n obras, arrendamientos, comodatos y de seguros, previa observancia\n de los procedimientos y demás formalidades establecidos\n en el ordenamiento jurídico vigente;
d) Disponer, efectuar y suscribir los contratos que sean requeridos\n para el servicio de telefonía celular, reglamentando el\n uso y distribución de los equipos para los funcionarios\n autorizados para su utilización;
e) Disponer la distribución y uso de vehículos\n por parte de los funcionarios del Ministerio de Gobierno, de\n acuerdo al reglamento correspondiente y otorgar los\n salvoconductos cuando éstos sean requeridos y debidamente\n justificados;
f) Disponer y efectuar el proceso para el arrendamiento de\n bienes muebles e inmuebles de propiedad pública o privada,\n hasta la adjudicación, y la suscripción de los\n contratos correspondientes, previa observancia de los procedimientos\n y formalidades establecidos en el ordenamiento jurídico\n vigente; y,
g) Disponer la baja de los bienes y especies fiscales inservibles,\n esto es que no sean susceptibles de utilización, así\n como en el evento de que no hubieren interesados en la venta,\n ni fuere conveniente la entrega gratuita autorizar su destrucción\n por demolición, incineración y/u otro medio adecuado\n a la naturaleza de los bienes, o arrojarlos en lugares inaccesibles,\n sino fuere posible su destrucción, previa observancia\n de los procedimientos y formalidades establecidos en el ordenamiento\n jurídico vigente.
Art. 2.- Previamente, la Directora Técnica de Recursos\n Organizacionales, revisará y sumillará la documentación,\n para la aprobación por parte del Subsecretario de Desarrollo\n Organizacional.
Art. 3.- El Subsecretario de Desarrollo Organizacional responderá\n por los actos ejecutados en ejercicio de la presente delegación.
Art. 4.- Se deja sin efecto los acuerdos ministeriales que\n se opongan al presente instrumento.
Art. 5.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de su expedición sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Comuníquese.- Dado en el Distrito Metropolitano de\n Quito, a 18 de noviembre del 2004.
f.) Jaime Damerval Martínez, Ministro de Gobierno y\n Policía.
Ministerio de Gobierno y Policía.- Certifico que el\n presente documento es fiel copia del original que reposa en el\n archivo de este Ministerio, al cual me remito en caso necesario.-\n Quito, 19 de noviembre del 2004.- f.) Ilegible.- Servicios Institucionales.
Que, de conformidad a lo ordenado en el Art. 19 inciso tercero\n de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, el Ministro\n de Gobierno o su delegado preside el Consejo Nacional de Tránsito\n y Transporte Terrestres;
Que, mediante Decreto Ejecutivo No. 2279 de 23 de noviembre\n del 2004 se creó la Subsecretaría de Coordinación\n y Asesoría de Tránsito y Transporte Terrestres,\n determinándose sus funciones;
Que, mediante declaración juramentada rendida por el\n señor Harrison Fabián Vizcaíno Andrade,\n contenida en la escritura pública otorgada el 23 de noviembre\n del 2004, ante el Notario Público del cantón Quito,\n doctor Nelson Prado, declara no encontrarse incurso en las prohibiciones\n contempladas en el Art. 123 de la Constitución Política\n de la República;
Que, el Art. 55 del Estatuto del Régimen Jurídico\n Administrativo de la Función Ejecutiva, faculta a las\n autoridades y funcionarios de la Administración Pública\n delegar parte de sus atribuciones a funcionarios de inferior\n jerarquía tengan o no la calidad de funcionarios públicos;\n y,
\n Art. 1.- Delegar al señor Harrison Fabián Vizcaíno\n Andrade, Subsecretario de Coordinación y Asesoría\n de Tránsito y Transporte Terrestres para que presida el\n Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres,\n con la obligación de parte del delegado de poner en mi\n conocimiento el orden del día de cada sesión, con\n no menos de 48 horas de anticipación.
\n Art. 2.- El Ministro de Gobierno se reserva el derecho de reasumir\n la Presidencia de este organismo, cuando lo estime necesario.
Art. 3.- El señor Harrison Vizcaíno Andrade\n responderá ante el Ministro de Gobierno por los actos\n ejecutados en ejercicio de la presente delegación y en\n casos de violación de la ley, será responsable\n administrativa, civil y penalmente.
Art. 4.- El presente acuerdo entrará en vigencia a\n partir de la fecha de suscripción, sin perjuicio de su\n publicación en el Registro Oficial.
Comuníquese, Dado en Quito, D. M., a 25 de noviembre\n del 2004.
f.) Dr. Jaime Damerval Martínez, Ministro de Gobierno\n y Policía.
\n DIRECTOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD POSTAL
Que, mediante Acuerdo No. 014, se designa a la Lic. Paola\n Terán Espinosa, como Directora General delegada del Presidente\n del CONAM ante la Unidad Postal;
Que, de conformidad con lo establecido en el artículo\n 3 del Orgánico Funcional de la Unidad Postal, expedido\n mediante Acuerdo No. 074, el Presidente del CONAM, Representante\n de la Unidad Postal es el Presidente Ejecutivo y la máxima\n autoridad de la institución; y,
En uso de las atribuciones legales y reglamentarias, Acuerda:
Art. 1.- Modificar el párrafo número dos del\n Art. 1 del Acuerdo No. 14, en el siguiente sentido:
"La Unidad Postal, estará representada por la\n Delegada del Presidente del CONAM, quien actuará y comparecerá\n en calidad de "PRESIDENTA EJECUTIVA DELEGADA", excepto\n en la expedición de la normativa interna y la planificación\n de dicha unidad. La gestión de los recursos humanos, en\n lo referente a inclusión y exclusión de servidores,\n capacitación y representación en eventos nacionales\n e internacionales, la realizará previa no objeción\n del Presidente del CONAM".
Dado en Quito, a 22 de noviembre del 2004.
f.) Ing. Carlos Vega Martínez, Presidente del CONAM,\n Presidente Ejecutivo, Unidad Postal.
No. 100-04
\n ADMINISTRATIVO
Quito, a 16 de marzo del 2004; las 08h30.
VISTOS (260-2002): Comparece el Dr. Arturo Vizcaíno\n Sotomayor e interpone recurso de casación contra la sentencia\n dictada el 30 de agosto del 2002 por la Segunda Sala del Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito, que acepta\n la demanda. El recurso se funda en la causal primera del artículo\n 3 de la Ley de Casación y aduce que en la decisión\n recurrida existe falta de aplicación de los artículos\n 72 número 1; 159; 167 letras a) y g) de la Ley de Régimen\n Municipal; 1.95 letras a) y b); 1.97 letra c); 11.9; II. 191;\n II. 198 del Código Municipal y del Art. 25 de la Ley de\n la Jurisdicción Contencioso Administrativa; aplicación\n indebida del artículo 277 del Código de Procedimiento\n Civil y errónea interpretación del Art. 28 de la\n Ley de Modernización del Estado. Atento, el estado de\n la causa, para resolver la Sala considera: PRIMERO.- Quedó\n establecido que es competente para conocer y decidir el recurso\n conforme lo determina la Constitución Política\n de la República y la Ley Especial de Casación que\n regula su ejercicio.- SEGUNDO.- El trámite optado corresponde\n a la naturaleza del recurso, sin que se observe omisión\n alguna de solemnidad sustancial que afecte su validez.- TERCERO.-\n El procedimiento de casación establece una fase previa\n en la cual debe analizarse la admisibilidad del recurso para\n admitirlo a trámite, y luego la que debe atender el fondo\n del caso; este procedimiento permite juzgar si el recurso reúne\n los requisitos indispensables, como dispone el artículo\n 7 de la Ley Reformatoria a la Ley de Casación, publicada\n en el Registro Oficial No 39 de 8 de abril de 1997.- CUARTO.-\n Es axiomático, por la naturaleza y efectos del recurso\n de casación, que es de estricto rigor legal, pues, atañe\n al control de la legalidad de la sentencia. Y,\n consecuentemente, para el pronunciamiento que compete a la Sala,\n debe atenderse a dos aspectos fundamentales o antecedentes que\n circunscriben el ámbito de decisión jurisdiccional\n de la casación: la sentencia y el contenido del recurso,\n supuesto que éste fue admitido al trámite por cumplir\n los requisitos formales exigidos en la ley de la materia.- QUINTO.-\n El recurso de casación, según la ley y la doctrina\n se contrae a conocer y resolver posibles errores en derecho que\n pudiesen afectar la decisión impugnada, en guarda, precisamente,\n de la vigencia de la norma positiva.- SEXTO.- Es criterio reiterativo\n de esta Sala que durante un proceso que se encamina a revisar\n el silencio administrativo positivo, como en el presente caso,\n no sólo hay que mencionar el fundamento de derecho que\n a criterio del recurrente tuvo el administrador para proceder\n como lo hizo, sino que además debe probar la existencia\n de los hechos que configuren la causal jurídica de la\n acción legal emanada de la Administración. Al respeto\n precisa explicar que, habiendo el Tribunal de instancia aceptado\n a trámite y resuelto una acción contencioso-administrativa\n que a su vez contenía dos pretensiones incompatibles\n y contradictorias, debió proceder a su análisis\n y aceptar la principal, como en efecto lo ha hecho, al haber\n conocido y resuelto lo concerniente al silencio administrativo\n positivo que genera una acción autónoma en la que\n fundamenta el accionante su pretensión, dejando como\n accesoria la de impugnación a la legalidad del acto\n administrativo. Además se debe considerar que la acción\n principal va dirigida a la ejecución de los beneficios\n que se adquiere en virtud de la institución del silencio\n administrativo consagrada en nuestra legislación.- SÉPTIMO.-\n Con la finalidad de analizar los asertos del recurrente constantes\n en el escrito contentivo del recurso de casación, la Sala\n observa: no es pertinente argumentar, las disposiciones constantes\n en los artículos 72, 159 y 167 letras a) y g) de la Ley\n de Régimen Municipal, que reitérense a los deberes\n y atribuciones del Alcalde y Presidente del Concejo, así\n como de las potestades y competencias de los organismos municipales,\n y de la justicia y Policía Municipal porque, como se dice\n en el presente fallo, la decisión de instancia relaciónase\n únicamente a la pretensión principal de la acción\n deducida, esto es, al silencio administrativo positivo, cosa\n que no es del ámbito de la Ley de Régimen Municipal,\n ni del Código Municipal Metropolitano de Quito. En relación\n a la aplicación indebida del artículo 277 del Código\n de Procedimiento Civil, hay que dejar establecido que esta norma\n dispone que las sentencias deben decidir únicamente los\n puntos sobre los que se trabó la litis, lo que releva\n a esta Sala de cualquier análisis al respecto, puesto\n que así ha obrado la Segunda Sala del Tribunal Distrital\n de lo Contencioso Administrativo de Quito. Finalmente, en cuanto\n a la falta de aplicación del Art. 25 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa que dispone: "Pueden también\n intervenir en el proceso, en cualquier estado de la causa, como\n parte coadyuvante del demandado, cualquier natural o jurídica\n que tuviere interés directo en el mantenimiento del acto\n o disposición que motivare la acción contencioso-administrativa",\n en el caso, el recurrente pretende que se considere a todos los\n copropietarios del Edificio Argudo, de propiedad del actor, ya\n que en su criterio "parece que tienen igual interés\n que los actores Vizcaíno Grijalva en que se ordene la\n inmediata ejecución de las resoluciones fictas 3 tácitas\n de la Administración a las que venimos refiriéndonos".\n Mas, estas personas, al tenor de lo preceptuado en el citado\n Art. 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa\n no pueden comparecer como coadyuvantes del actor, sino únicamente\n del demandado, por lo que bien hizo el Tribunal "a quo"\n en no considerarlos al momento de dictar sentencia. Conviene\n señalar que de acuerdo a la doctrina del derecho administrativo,\n podrán comparecer con el carácter de coadyuvantes\n del demandado, las personas favorecidas por la decisión\n en razón de la cual se formula el recurso o que ostenten\n un interés legítimo en el mismo. Es más\n el Tribunal Supremo Español considera que no puede admitirse\n la figura del coadyuvante del actor, porque lo contrario constituiría\n "una puerta abierta al fraude procesal, pues transcurrido\n el plazo para impugnar se permitiría la entrada de personas\n interesadas en la anulación del acto, siendo así\n que la manifestación de su voluntad contraria al mismo\n se hallaba sujeta a unos plazos que no se respetaron". Nuestra\n jurisprudencia, considerando la doctrina y jurisprudencia internacionales,\n no considera que exista resolución a favor de terceros\n beneficiarios del silencio administrativo. Las consideraciones\n anteriores nos llevan a concluir que el recurso de casación\n propuesto por el Dr. Arturo Vizcaíno Sotomayor no tiene\n base jurídica para su sustentación firme; y, por\n lo que sin que precise formular otras consideraciones, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE\n LA LEY, se desecha el recurso de casación interpuesto.\n Notifíquese, publíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n Astudillo y Clotario Salinas Montano, Ministros Jueces y Conjuez\n Permanente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la\n Corte Suprema de Justicia.
f.) Dra. María del Carmen Jácome O, Secretaria\n Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte\n Suprema de Justicia.
Quito a, 27 de mayo del 2004; las 09h00.
VISTOS: (260-2002): Dentro del término de ley, el Dr.\n Nicolás Romero Barberis a nombre del Arq. Marcelo Argudo\n Flores solicita que esta Sala corrija el error mecanográfico\n cometido en la boleta de notificación de la sentencia,\n haciendo constar la fecha 16 de marzo del 2003 cuando debe decir:\n "16 de marzo de 2004", se accede a lo solicitado dejando\n de esta manera corregido el error.- Requiere además que\n se "complete el fallo dictado", lo que no puede ser\n considerado siquiera por este Tribunal de Casación, toda\n vez que las sentencias sólo pueden aclararse o ampliarse,\n de haber lugar, de conformidad con el Art. 285 del Código\n de Procedimiento Civil. También dentro del término\n legal comparece el Dr. Arturo Vizcaíno Sotomayor y solicita\n que la Sala aclare o amplíe la sentencia dictada el 16\n de marzo del 2004, al efecto se considera: PRIMERO. - El Dr.\n Arturo Vizcaíno Sotomayor en sendos escritos de 19 de\n marzo y 20 de abril del 2004 solicita que esta Sala aclare "si\n es o no es lícito que el Juez modifique salomónicamente,\n aunque fuera de manera parcial, lo que fue pedido a la Administración\n (legítimamente al funcionario competente) y resultó\n tácitamente aceptado por el Ministerio de la Ley".\n Al respecto este Tribunal se pronunció en el considerando\n sexto de la sentencia dictada en el caso el 16 de marzo del 2004,\n por lo que tal petición ya fue atendida oportunamente.-\n SEGUNDO.- En cuanto a la alegación de la existencia de\n una presunta "irregularidad procesal" tanto en las\n actuaciones del Tribunal "a quo" como de esta Sala.\n Porque se afectó el derecho constitucional del debido\n proceso al no notificar a varias personas aun cuando tenían\n señalado casillero judicial. Al respecto, esta Sala concuerda\n con el Tribunal "a quo" en el sentido de que persiguiéndose\n como acción principal en la causa la ejecución\n de lo solicitado por el silencio administrativo, jamás\n pueden existir terceros beneficiarios, por lo tanto si no se\n consideró a estos terceristas en la instancia, menos aún\n se los puede considerar como partes procesales dentro de un recurso\n de casación, que por su naturaleza es extraordinario y\n no permite interpretación extensiva alguna. Mal pueden\n haber recibido agravio con la sentencia dictada por el Tribunal\n "a quo", por lo que no se cometió ninguna "irregularidad\n procesal" ni se atentó contra los principios del\n debido proceso. Además cabe recordar al recurrente que\n la sentencia de 16 de marzo del 2004, en el considerando séptimo,\n se refirió a que el Art. 25 de la Ley de la Jurisdicción\n Contencioso Administrativa dispone con claridad que dentro\n de un proceso contencioso administrativo se pueden aceptar\n coadyuvantes del demandado más no del actor, como se ha\n pretendido insistentemente en el caso.- TERCERO.- Finalmente,\n se debe precisar, que quien interpuso recurso de casación\n para ante esta Sala fue el Dr. Arturo Vizcaíno Sotomayor\n por sus propios derechos y por los que representan de su cónyuge\n e hijas, por lo que los efectos de la sentencia dictada en esta\n Sala afectan a su persona y a sus representados, mas no a terceras\n personas que ni siquiera estaban legitimadas para interponer\n recurso de casación por cuanto no son partes procesales.-\n CUARTO.- Cuando esta Sala desechó el recurso de casación\n interpuesto dejó en firme el fallo del Tribunal "a\n quo", el cual deberá cumplirse indefectiblemente,\n claro, está que el plazo de dos meses para que el Comisario\n Municipal de la Zona Norte ordene al Ing. Marcelo Argudo Flores\n el recubrimiento de las paredes colindantes con el edificio del\n actor, se contarán desde que el proceso esté en\n fase de ejecución, por lo que, el tiempo transcurrido\n en la sustanciación de este recurso de casación\n suspendió la ejecución de la sentencia, por lo\n tanto, mal puede pretender el recurrente que por haber transcurrido\n en exceso tales dos meses precede la clausura de la imprenta,\n ya que aún no se ha ordenado siquiera la ejecución\n de la sentencia. De esta manera quedan atendidos los petitorios\n de las partes. Notifíquese y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n A., Clotario Salinas Montano, Ministros Jueces y Conjueces Permanente\n de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia.
No 124-04
Quito, a 15 de abril del 2004; las 09h30.
VISTOS (119-03): El Alcalde y Procurador Síndico del\n I. Municipio de Morona Santiago interponen recurso de casación\n de la sentencia dictada por el Tribunal Distrital No 3 de lo\n Contencioso Administrativo en el juicio seguido por Rigoberto\n Miguel Márquez Obregón, en contra de la entidad\n representada por los recurrentes, sentencia en la cual, aceptándose\n parcialmente la demanda se declara la ilegalidad del acto administrativo\n impugnado y se dispone el reingreso del actor a sus funciones.\n Sostienen los recurrentes que en la sentencia impugnada se han\n infringido las disposiciones de los artículos 143 inciso\n segundo de la Constitución Política del Estado;\n 64 No 46 inciso segundo y 192 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal; 90 letra b) y 114 letra b) en concordancia con la\n letra a) de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y la resolución dictada por el Tribunal de lo Contencioso\n Administrativo, publicada en el R. O. No 901 de 25 de marzo de\n 1992, infracciones que a criterio de los recurrentes han configurado\n la causal primera de las señaladas en el Art. 3 de la\n Ley de Casación por interpretación errónea\n y falta de aplicación de las normas antes señaladas.\n Con oportunidad de la calificación del recurso se estableció\n la competencia de la Sala para conocerlo y resolverlo, precedente\n procesal que no ha variado, por lo que habiendo concluido el\n trámite establecido por la ley para la casación\n en el presente caso, es procedente que se dicte sentencia, a\n efecto de lo cual se hacen las siguientes consideraciones: PRIMERO.-\n Cierto es que el Art. 192 de la Ley Orgánica de Régimen\n Municipal dispone que corresponde al Alcalde nombrar y remover\n a los funcionarios y empleados municipales con excepción\n de los que corresponde designar al Concejo. Mas esta disposición\n que convierte al Alcalde por regla general en la autoridad nominadora,\n ni lejanamente le confiere a éste la presunta facultad\n para que a su arbitrio pudiese remover a los funcionarios públicos\n a quienes él pueda nombrar. Y esto porque según\n lo que dispone el Art. 124 de la Constitución Política\n de la República: "Sólo por excepción,\n los servidores públicos estarán sujetos a un régimen\n de libre nombramiento y remoción", régimen\n este al que conforme lo aclaró la resolución adoptada\n por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción\n nacional y que se halla publicada en el R. O. No 901 de 25 de\n marzo de 1992, están sujetos únicamente los servidores\n públicos expresamente determinados en la letra b) del\n Art. 90 de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa\n y los demás taxativamente enumerados como de libre nombramiento\n y remoción en la Constitución y las leyes de la\n República, enumeración taxativa que es exigida\n por la condición de excepción de la libre remoción\n establecida constitucionalmente, ya que conforme a elementales\n principios de derecho toda excepción debe ser expresa.\n Ahora bien, si se trata de funcionarios que no son de carrera\n administrativa, el Art. 64 del Reglamento a la ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa determina el procedimiento específico\n al que se ha de sujetar la autoridad nominadora para separar\n a un funcionario público al que se le acusa de haber cometido\n una falta de las señaladas expresamente en la ley como\n causas para la destitución del mismo. Dicho procedimiento\n consiste en una audiencia en la que se hará conocer al\n imputado de las acusaciones de que es objeto y se le dará\n la oportunidad de defenderse. Cierto es que el reglamento prevé\n la posibilidad de un sumario administrativo, cumplido dentro\n de todo el proceso establecido en dicha norma para la separación\n de los servidores que son de carrera administrativa y cierto\n también es que la jurisprudencia ha establecido que cuando\n un funcionario que no es de carrera ha sido separado previo un\n sumario administrativo en que se han cumplido las reglas del\n debido proceso, tal separación es válida. Mas en\n uno u otro caso, ya se trate de sumario administrativo ya de\n una audiencia previa, la nota común característica\n de estos dos procedimientos para que tengan valor y efecto jurídico\n es que el servidor acusado tenga la oportunidad de defenderse\n de la acusación de que es objeto. En consecuencia, jamás\n puede considerarse sumario validamente celebrado, la acumulación\n de documentos u otras pruebas acusatorias sin que se haya dado\n oportunidad al acusado de defenderse adecuadamente, para desvanecer\n las acusaciones si hubiere lugar a ello. SEGUNDO.- Aplicando\n lo antes señalado es evidente que el actor, quien desempañaba\n las funciones de Jefe de Personal de la Municipalidad de Morona\n Santiago no se hallaba desempeñando un cargo que se encuentre\n entre los taxativamente señalados por la ley como de libre\n remoción, por lo que en consecuencia, previamente a su\n separación, no siendo funcionario de carrera, debía\n realizarse la correspondiente audiencia en la cual este tenga\n la oportunidad de defenderse, lo que no ocurrió conforme\n consta de autos y en cuanto al pretendido sumario instaurado\n en su contra, de ninguna pieza procesal aparece que con el mismo\n fue notificado el acusado ni que se le dio a éste oportunidad\n para defenderse, circunstancias por las cuales es evidente que\n no existió un debido sumario y en consecuencia el mismo\n por más que se haya acumulado documentos que demostraban\n su culpabilidad no podía generar efectos jurídicos\n que originen su legal separación, todo ello por no cumplirse\n en el caso el debido proceso garantizado por los Arts. 23 y 24\n de la Constitución Política vigente. Esto en cuanto\n a la legalidad o ilegalidad de la separación. TERCERO.-\n Consideración aparte merece la alegación formulada\n en el sentido de que no se dio cumplimento a lo dispuesto en\n el Art. 64 No 46 inciso segundo de la Ley Orgánica de\n Régimen Municipal, según el cual: "los afectados\n con las resoluciones del Alcalde, para agotar la vía administrativa,\n previo a lo contencioso administrativo, deberán recurrir\n ante el respectivo Concejo Municipal para obtener la notificación\n o la insubsistencia del mismo. En el caso de no interponer éste\n recurso dentro del término de diez días, contados\n desde que se comunicó con la respectiva resolución,\n ésta se considerará ejecutoriada", incumplimiento\n que violaría lo dispuesto en el Art. 143 inciso segundo\n de la Constitución Política del Estado, ya que\n la Ley de Régimen Municipal por su carácter de\n orgánica prevalece en sus disposiciones sobre las que\n trae el Art. 38 de la Ley de Modernización. Al respecto\n cabe señalar que es indudable la prevalencia de las normas\n de la Ley de Régimen Municipal, siendo por otra parte\n evidente, conforme consta del proceso que la resolución\n del Alcalde adoptada el 26 de junio del 2003 y que consta a fojas\n 33 de autos es comunicada al afectado mediante oficio No 001-JP-2002\n de 27 de julio del 2002 suscrito por el Jefe de Personal, encargado\n (fs. 35), siendo así que con fecha 1 de julio del 2002\n el afectado y actor de la causa deduce el correspondiente recurso\n de apelación que lo presenta ante el Alcalde del cantón\n para ante el Concejo Municipal, a fin de que revoque la resolución\n de remoción de su cargo de Jefe de Personal adoptada por\n el Alcalde (fs. 37) lo que demuestra de manera evidente que antes\n de iniciar su acción en sede contenciosa administrativa\n el actor dedujo la correspondiente apelación ante el\n Concejo Municipal tendente a obtener la modificación de\n la resolución del Alcalde, circunstancia esta que es la\n única exigida por la ley, la cual, como no podía\n ser de otra manera, no se refiere en nada a la resolución\n que respecto a la apelación adopte el respectivo Concejo.\n Por consiguiente carece de toda trascendencia jurídica\n en el caso tanto la circunstancia de que se haya producido una\n votación mayoritaria negativa de la moción tendente\n a que se inhiba de conocer el Concejo la apelación "por\n no haber agotado el trámite de primera instancia"\n (SIC) como la disparatada resolución de dirimir competencia\n a su favor del Alcalde cantonal y que consta del oficio No. 401-ACM-2002\n de 16 de julio del 2002 (fs. 38). documento totalmente impertinente\n al caso que únicamente, con fines doctrinarios nos permitiremos\n comentar en el sentido de que la disposición del Art.\n 72 No 38 de ¡a Ley de Régimen Municipal es una atribución\n de carácter general, por ello la regla utiliza las expresiones\n "según el caso" inaplicable para la situación\n señalada en el Art. 64 No 46 al que nos hemos venido refiriendo,\n ya que en ésta no se establece el recurso de reposición;\n por consiguiente, es evidente que el actor cumplió con\n lo señalado en la norma últimamente señalada.\n CUARTO.- Lo anterior nos lleva a la evidente conclusión\n de que no se ha producido ninguna de las infracciones mencionadas\n en el recurso de casación, lo que demuestra la falta de\n fundamento del mismo y en consecuencia la imposibilidad jurídica\n de que éste progrese, por la irregular e injurídica\n forma de proceder del Concejo, pese a la evidencia de la existencia\n de graves faltas de parte del actor al cumplimiento de sus\n deberes, por lo que, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE\n DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, se desecha\n la casación quedando en firme la sentencia del Juez de\n instancia.- Sin costas.- Notifíquese, publíquese\n y devuélvase.
Fdo.) Dres. Luis Heredia Moreno, José Julio Benítez\n A. y Clotario Salinas Montano, Ministros Jueces y Conjuez Permanente,\n respectivamente de la Sala de lo Contencioso Administrativo de\n la Excma. Corte Suprema de Justicia.
Es fiel copia.- f.) Dra. María del Carmen Jácome\n O., Secretaria Relatora de la Sala de lo Contencioso Administrativo\n de la Corte Suprema de Justicia.
No 126-04
Quito, a 15 de abril del 2004; las 09h00.
VISTOS (422-2001): Hornero Aurelio Torres Ochoa, inconforme\n con la sentencia dictada por mayoría del Tribunal Distrital\n No 3 de lo Contencioso Administrativo que declaró sin\n lugar la demanda planteada contra el Municipio de Cuenca, aceptando\n la excepción de caducidad, interpone recurso de casación\n alegando que se han infringido varias normas de derecho, pues\n al decir del recurrente, se han aplicado erróneamente\n los artículos 122 inciso 3 de la Constitución Política\n del Estado, 10 literal a), 5 y 65 inciso primero de la Ley de\n la Jurisdicción Contencioso Administrativa, 64, 65, 67,\n 75 y 77 del Estatuto de Régimen Administrativo de la Función\n Ejecutiva, habiéndose configurando, según su criterio,\n la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación.\n Encontrándose en estado de resolver, para hacerlo se considera:\n PRIMERO.- La Sala es competente para conocer y decidir este recurso\n en virtud de lo que disponen el artículo 200 de la Constitución\n Política de la República y la Ley de Casación\n que regula su ejercicio. SEGUNDO.- En la tramitación del\n recurso se han observado todas las solemnidades comunes e inherentes\n a él, por lo que se declara su validez. TERCERO.- El recurso\n de casación, conforme enseña la doctrina, preceptúa\n nuestro derecho positivo y lo han determinado los fallos de casación\n de las distintas salas de la Corte Suprema de Justicia, tiene\n como finalidad obtener que el Juez corrija errores de derecho\n en los que hubiere incurrido el fallo impugnado, errores que\n pueden ser "in iudicando" o "in procedendo".\n El recurso de casación es de carácter extraordinario,\n de estricto cumplimiento formal y por tanto el incumplimiento\n de cualquiera de los requisitos que determina la ley de la materia,\n es motivo de rechazo; de ahí que al interponerlo, debe\n hacerse con absoluta precisión, señalando cómo\n se ha producido el error, qué norma ha sido infringida\n y determinando la causal en que se funda el recurso. La causal\n primera, en la que ha fundamentado el recurso el actor, se refiere\n a tres casos, aplicación indebida, falta de aplicación\n o errónea interpretación de normas de derecho o\n precedentes jurisprudenciales obligatorios y precisamente a este\n último caso, se refiere el recurso de casación\n interpuesto, alegando que todas las normas señaladas,\n han sido erróneamente interpretadas, como consta del\n numeral 3 del escrito que contiene tal recurso de casación.\n Por tanto, necesario es dejar en claro que se produce este vicio,\n es decir, errónea interpretación de normas de derecho,\n cuando el Juez equivocadamente al juzgar da un sentido o alcance\n diverso, diferente al que el Legislador ha dado a la norma; se\n da esta causal, cuando siendo adecuada la norma aplicada por\n el Juez, sin embargo le ha dado un sentido distinto al que verdaderamente\n tiene, esto es se la ha entendido y aplicado equivocadamente.\n Es obvio suponer que, para que haya errónea interpretación,\n requiérese que el Juez se haya referido a la norma y haya\n hecho de ella una equivocada interpretación en la sentencia;\n de no haber tal referencia, de no haber el Juez mencionado la\n norma, mal puede alegarse errónea interpretación\n de la misma; quizá podría tratarse más bien\n de aplicación indebida o falta de aplicación, que\n son los otros dos casos de vicios determinados por la causal\n primera del artículo 3 (ibídem). En la especie,\n el recurrente alega errónea interpretación de todas\n las normas de derecho que señala como infringidas, mas\n ninguna de ellas, con excepción del artículo 65\n de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,\n han sido mencionadas en la sentencia y por tanto, no pudieron\n ser erróneamente interpretadas; y conforme al criterio\n vinculante sostenido por la Sala en muchos casos, por la naturaleza\n del recurso, no le corresponde a este Tribunal de Casación\n suplir deficiencias del recurrente, mucho menos corregir o enmendar\n errores. CUARTO.- Establecida esta premisa, corresponde determinar\n si realmente se ha interpretado erróneamente el artículo\n 65, inciso primero de la Ley de la Jurisdicción Contencioso\n Administrativa, para haber llegado a la conclusión, por\n parte del Tribunal "a quo" que se ha producido la caducidad\n para deducir la demanda por parte del accionante en la vía\n contencioso administrativa. Dicha disposición prescribe:\n "El término para deducir la demanda en la vía\n contencioso administrativo será de tres meses (hoy noventa\n días) en los asuntos que constituyen materia del recurso\n contencioso de plena jurisdicción, contados desde el día\n siguiente al de la notificación de la resolución\n administrativa que haya causado estado y de la cual se reclama.".\n Corresponde por tanto determinar cuál o cuáles\n son las resoluciones que se impugnan y cuando fueron notificadas.\n A criterio del recurrente, la resolución a la que se refiere\n su demanda es la que se le hace conocer mediante oficio 455 del\n 12 de septiembre de 1996 tomada por el Concejo Cantonal de Cuenca,\n en sesión de 12 de septiembre de 1996 que niega el reclamo\n administrativo referente al contrato de ejecución de obras\n celebrado el 30 de agosto de 1991. En tanto, que el Tribunal\n Distrital No. 2 de lo Contencioso Administrativo, si bien se\n refiere a la resolución del Concejo Cantonal de Cuenca\n de 12 de septiembre de 1996, señala que la negativa a\n reconocer los reclamos del actor, fueron ya materia de resoluciones\n anteriores por las que se le negaron estos mismos reclamos, "decisiones\n administrativas que se tomaron en 1991, 1992, 1993 y 1994"\n y "...sobre las cuales ya no cabía reclamo alguno,\n porque el derecho a demandar en sede judicial se había\n extinguido.". También dice el Tribunal

References: resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 277
 artículo 277
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 3
 artículo 200
 artículo 3
 artículo 65
 resolución 
 resolución