Source: https://e-justice.europa.eu/content_access_to_justice_in_environmental_matters-300-de-lt.do?clang=es&mtContentRequested=1
Timestamp: 2020-01-19 07:45:56+00:00

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Acceso a la justicia en materia de medio ambiente - Alemania
El artículo 20 bisa de la Constitución alemana (Grundgesetz) dispone que el Estado protegerá los fundamentos naturales de la vida y la fauna a través de la legislación, los reglamentos ejecutivos y la acción judicial.
No obstante, este artículo no incluye un derecho general a disfrutar de un medio ambiente limpio que los ciudadanos puedan invocar directamente en los procedimientos administrativos o judiciales. El artículo 19, apartado 4, ofrece a cualquier persona cuyos derechos hayan sido violados por una autoridad pública la posibilidad de presentar un recurso ante los tribunales ordinarios.
Otras disposiciones importantes de la Grundgesetz afectan a las responsabilidades de la Federación (Bund) y de los Estados federales (Länder). El artículo 72 define la protección de la naturaleza y la planificación regional, ámbitos en los que los Länder gozan de competencias legislativas en los asuntos en los que no exista regulación del Estado. La promulgación de leyes relativas a los principios generales por los que se rige la protección de la naturaleza, así como de leyes sobre la protección de las especies y sobre la protección de la vida marina, es competencia exclusiva del Estado.
Las normas generales del Derecho internacional forman parte del Derecho federal. Los tratados internacionales deben aplicarse mediante la promulgación de una ley federal. En determinadas condiciones, la legislación europea es directamente aplicable cuando el Estado o los Länder no la han transpuesto al Derecho nacional [1].#1 Después de aproximadamente un año y medio, esta situación tocó a su fin con la modificación de la legislación alemana en la materia (Umweltrechtsbehelfsgesetz, Ley de recursos ambientales) que siguió a la sentencia del TJUE y finalmente entró en vigor el 2013 de enero de 29.
Los tribunales de Alemania gozan de independencia y cuentan con una administración propia. La Ley define la Organización de los tribunales y el alcance de sus jurisdicciones respectivas. Hay tribunales con jurisdicción en los Länder y otros al nivel del Estado federal. Los tribunales constitucionales federales y los tribunales constitucionales de los Länder no forman parte del sistema judicial ordinario. Su jurisdicción se limita a los asuntos que afecten directamente a cuestiones relacionadas con la Constitución. No obstante, los ciudadanos pueden pedir a los tribunales constitucionales que verifiquen si se han violado sus derechos constitucionales (Verfassungsbeschwerde o demanda constitucional). Este es un elemento muy importante del sistema jurídico alemán.
El sistema judicial alemán está dividido en varios niveles. La denominada jurisdicción ordinaria conoce de los asuntos pertenecientes al ámbito del Derecho privado así como los casos penales. Son independientes y, en cierta medida, están sujetos a normas distintas, los tribunales administrativos y los tribunales especializados que entienden de asuntos relacionados con:
El Derecho laboral,
el derecho tributario y
el derecho social.
Para los asuntos relacionados con el medio ambiente recae en los tribunales administrativos. Los tribunales administrativos tienen un sistema de tres niveles:
Tribunales administrativos (por lo general, existen varios de ellos en cada Estado);
Tribunales administrativos superiores (normalmente hay uno en cada Estado);
En Leipzig (Tribunal administrativo federal).
En general, los tribunales administrativos como el nivel más bajo son juzgados de primera instancia, con la posibilidad de recurrir ante los tribunales administrativos superiores y, posteriormente, ante el Tribunal Administrativo Federal. Sin embargo, en determinados asuntos ambientales, especialmente por lo que se refiere a infraestructura, solo el Tribunal administrativo federal se encarga de modo que solo hay una instancia de apelación y no es posible. Esto se refiere a litigios sobre plan-approval varios procedimientos, por ejemplo, en los campos de la
La infraestructura ferroviaria,
Las vías interurbanas nacionales y
Vías navegables nacionales.
En Alemania no existen tribunales independientes encargadas de las cuestiones medioambientales. En Alemania no existen tribunales específicamente encargados de conocer de los asuntos medioambientales.
No obstante, la mayoría de los tribunales cuentan con salas especializadas en Derecho medioambiental. La práctica de la búsqueda de un foro de conveniencia no es habitual en Alemania. Además, las competencias de cada órgano jurisdiccional están claramente definidas con antelación.
A la hora de llevar el caso a los tribunales, los demandantes deben verificar si cuentan por derecho propio.» «por derecho propio» significa, en primer lugar, que, por lo general, no es posible reclamar los derechos que alguien» (o los derechos de la naturaleza «etc.) hayan sido vulnerados. Pero además, el término contiene otro matiz: no es suficiente con alegar el incumplimiento de una norma legal; para someter un caso a un tribunal, el demandante debe demostrar que la norma infringida le otorgaba un derecho específico. En los asuntos medioambientales, el concepto de «violación de derechos individuales» puede levantar obstáculos muy complicados de salvar a los demandantes.
En los asuntos medioambientales, el concepto de «deterioro del medio ambiente que no otorgan derechos a la parte demandante. En el caso de que se viole una de ellas, nadie puede acudir a los tribunales para reclamar una violación de sus derechos individuales. Durante largo tiempo, este concepto significó que nadie podía acudir a los tribunales cuando se había incumplido una ley que protegía exclusivamente el medio ambiente. La situación cambió cuando se promulgaron nuevas leyes que introdujeron la posibilidad de que las organizaciones medioambientales registradas oficialmente denunciaran, al menos, las violaciones de determinadas normas. Por lo general, los tribunales gozan de derechos de casación contra las decisiones administrativas. El sistema de separación de poderes deja en manos de la administración las decisiones relativas a los asuntos administrativos.
En algunos casos, cuando solo existe una decisión posible, el veredicto del tribunal exigirá a la administración que adopte una decisión concreta. Access to Information Cases En algunos casos, cuando solo existe una decisión posible, el veredicto del tribunal exigirá a la administración que adopte una decisión concreta.
Toda decisión referente a solicitudes de información adoptada por un órgano administrativo se considera un acto administrativo; Para recurrirlo debe utilizarse en primer lugar un procedimiento de oposición al amparo de los artículos 68 a 73 del Código de procedimientos judiciales administrativos (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO), a menos que la legislación de los Länder excluya esta posibilidad. Si la resolución no es favorable al solicitante, este puede recurrirla ante el tribunal administrativo. En ausencia de respuesta a una solicitud de información, podrá incoarse directamente un procedimiento por omisión administrativa ante el tribunal administrativo. En algunos Länder, los Defensores del Pueblo para las leyes reguladoras de la libertad de información también pueden interceder en asuntos relacionados con las solicitudes de información medioambiental, pero no tienen obligación jurídica ni funciones atribuidas. No obstante, estos órganos carecen de fuerza ejecutiva o vinculante.
En aplicación del artículo 5, apartado 4, de la UIG, en caso de denegación parcial o total, debe informarse a la persona que haya solicitado la información de los recursos a su disposición para impugnar dicha decisión, así como del órgano ante el que debe presentar su recurso y del plazo disponible para ello.
Las normas procesales que deben cumplirse para solicitar información son las siguientes: Las solicitudes pueden formularse oralmente o por escrito; Los recursos de oposición deben formalizarse por escrito e ir dirigidos al órgano que denegó la información; el plazo para presentarlos es de un mes a contar desde el momento en que se notificó la correspondiente decisión; La decisión relativa al recurso de oposición corresponde al órgano administrativo superior; El recurso ante el tribunal debe interponerse en el plazo de un mes a contar desde el momento de la notificación de la resolución sobre el recurso de oposición al autor de este.
Los tribunales pueden ordenar la revelación parcial o total de información. Existen varias sentencias sobre la definición de información medioambiental, los motivos de la denegación, la definición de los órganos que tienen obligaciones en virtud de la UIG y los derechos de los solicitantes de los tribunales alemanes. (Véase http://www.umweltinformationsrecht.de/urteile.html (disponible únicamente en alemán).
Por lo general, los organismos administrativos tienen la obligación de proporcionar todo el material a los tribunales en aplicación de la primera frase, apartado 99, apartado 1, 1 procedimientos judiciales administrativos (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO). No obstante, también se facilitarán dichos materiales al demandante, algo que normalmente no es deseable en los procedimientos referentes a la accesibilidad de los documentos. En consecuencia, la Administración puede negarse a facilitar dichos materiales en aplicación del 99, apartado 1, frase 2, del VwGO. Desde 2001 existe la posibilidad de solicitar a los tribunales alemanes que examinen la información impugnada en el marco de un procedimiento judicial interno.
La Ley contempla la participación pública en determinados procedimientos administrativos relacionados con planes o proyectos de gran relevancia.
Procedimientos de concesión de permisos
Tras una serie de procedimientos informales entre la autoridad responsable de otorgar el permiso y el inversor, este último presenta una solicitud. A partir de ese momento se convoca públicamente un proceso de participación pública. La ley exige publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la comunidad interesada y en Internet o en un diario regional. Cada vez son más las autoridades alemanas que publican estas convocatorias en Internet. Una vez publicada la convocatoria, los documentos están accesibles durante un período mínimo de un mes en el lugar en el que es probable que el proyecto vaya a tener una incidencia medioambiental. A menudo estos documentos también están disponibles en la ciudad o población más cercana e importante. Los ciudadanos pueden plantear sus objeciones al proyecto durante las dos semanas posteriores a la publicación de los documentos. Las objeciones que se reciban una vez concluido el plazo de seis semanas a contar desde la publicación de la convocatoria de participación pública son excluidas, lo que significa que la autoridad encargada de la concesión del permiso no está obligada a tenerlas en cuenta en su decisión. Las objeciones pueden ser argumentos en contra del proyecto o sugerencias para mejorarlo. En la mayoría de los casos, corresponde a las autoridades decidir organizar o no un acto abierto al público en el que los ciudadanos puedan exponer y debatir sus objeciones y argumentos. Con frecuencia las autoridades deciden celebrar este tipo de debates abiertos. Si las partes que se oponen a un proyecto observan que la decisión de la autoridad incurre en una violación de la legislación medioambiental e infringe sus derechos individuales, pueden entablar acciones legales contra dicha decisión. En el caso de varias decisiones relativas a la concesión de permisos no está previsto ningún tipo de procedimiento de oposición ante un órgano administrativo superior. La parte opositora puede entablar una acción legal ante el tribunal administrativo una vez adoptada la decisión.
El tribunal administrativo examina la admisibilidad de la acción incoada (vulneración de la legislación ambiental, violación de los derechos de terceros en el caso de que se trate de una acción individual, y exclusión). Si el tribunal considera admisible el asunto, procede al examen de todas las violaciones tangibles de la legislación medioambiental y los derechos procesales.
Los tribunales pueden revisar los planes de urbanismo legalmente vinculantes (Bebauungspläne) de dos formas:
Si alguien resulta afectado directamente por una decisión (autorización de construcción cuando solicite un permiso de construcción, como vecino, etc.), la persona puede tener el correspondiente plan urbanístico revisará al mismo tiempo si es pertinente para el asunto y si existen indicios de que el plan de ordenación pueda ser contrario a Derecho. Si el Tribunal llega a la conclusión de que el plan de urbanismo presenta deficiencias graves, lo declarará nulo, pero para el público en general, sino solo en la medida en que afecte a las partes personadas en el asunto. Este procedimiento no suele tener consecuencias genuinamente medioambientales, sino que suele guardar relación con desequilibrios específicos y puntuales que afectan a los residentes en la zona de ejecución de un proyecto.
También se puede solicitar una revisión de un plan de urbanismo vinculante, pero la solicitud debe efectuarse en el plazo de un año a contar desde la publicación oficial de dicho plan. No todas las deficiencias e irregularidades de un plan de urbanismo provocan su anulación. Un plan de este tipo solo será declarado nulo en el caso de que el tribunal identifique al menos una de las irregularidades calificadas como «graves» en la legislación o reconocidas como tales por la jurisdicción competente. Si el plan de utilización del suelo es finalmente declarado nulo en este examen general, jurídicamente es «inválido» con un efecto retroactivo (ex tunc) y a cualquier persona (inter omnes), lo que significa que la superficie en cuestión es legalmente considerada como zona no planificados, así como las normas para los ámbitos de aplicación imprevistas.
Los planes de urbanismo preparatorios (Flächennutzungspläne) y otras decisiones de planificación normativa más generales no pueden someterse a un examen directo como los planes de urbanismo jurídicamente vinculantes. En esos casos solo se puede llevar a cabo un examen indirecto en el caso de que el plan de urbanismo sea relevante para la obtención de un permiso para la ejecución de un proyecto concreto.
Los tribunales examinan la legalidad procesal y sustantiva de las decisiones basadas en una EIA [2], pero ni los procedimientos de EIA como tales, ni medidas aparte de las resoluciones de examen de las EIA o procedimientos, como las decisiones relativas al ámbito de aplicación.#2 Esto se debe a que en Alemania la EIA se integró en el sistema existente de procedimientos de concesión de permisos legales y no se estableció como procedimiento independiente.
Por regla general, la violación de una norma procesal produce únicamente como resultado la anulación de una decisión cuando dicha infracción pueda haber influido en la Decisión. Lo que suele ocurrir más bien es que la planificación del proyecto debe modificarse en algunos aspectos con el fin de subsanar las infracciones cometidas. Únicamente se anulará la decisión en el caso de que se hayan producido lo que se conoce como errores fundamentales de procedimiento, entendiendo por tales los errores que, con independencia del resultado del procedimiento, sean considerados como sustanciales por la legislación.
Para tener capacidad procesal en los procedimientos judiciales es necesario participar en la fase de consultas y exponer en ella los argumentos que posteriormente se planteen ante el Tribunal (principio de exclusión). Lo anterior es válido tanto para particulares como para ONG. La participación es una condición previa de obligado cumplimiento para entablar posteriormente un procedimiento judicial.
Dado que no es posible impugnar por separado una EIA ante los tribunales alemanes (véase supra), tampoco es posible imponer medidas cautelares a esta última.
En teoría, los tribunales pueden examinar final (decisiones PCIC [3].#3 Sin embargo, esto es muy poco frecuente en la práctica, puesto que el inversor tiene derecho a obtener un permiso siempre y cuando cumpla las condiciones legalmente establecidas para ello, y en especial las recogidas en la Ley federal de control de emisiones (Bundes-Immissionsschutz-Gesetz, BImSchG); Por lo tanto, él también podría entablar una acción legal dirigida a ejecutar la Decisión.
Las personas físicas y las ONG acreditadas que trabajan en el ámbito del medio ambiente pueden entablar acciones legales contra las decisiones relativas a la PCIC. Si el demandante alega una violación de los derechos procesales, el Tribunal examina el procedimiento y decide si la gravedad de tal violación requiere anular la Decisión.
De nuevo, con arreglo al principio de exclusión, es necesario haber participado en el proceso de consultas públicas relativas a la decisión sobre la PCIC para poder entablar un procedimiento judicial. En los procedimientos PCIC existe la posibilidad de solicitar la imposición de medidas cautelares. Si la autoridad administrativa o un tribunal dictan la ejecución inmediata de la Decisión relativa a la PCIC, la acción entablada contra dicha decisión no tiene efecto suspensivo. Para interrumpir temporalmente la ejecución de dicha Decisión, los demandantes deben exigir además la restitución del efecto suspensivo.
De acuerdo con el artículo 1004 y con el artículo 906 del Código Civil (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB), únicamente las demandas judiciales de indemnización por daños y perjuicios pueden presentarse directamente contra particulares. Pueden interponer estas demandas los vecinos (propietarios, inquilinos o beneficiarios efectivos). Es preciso señalar que no existe una definición general de la distancia a la fuente de las emisiones; esta depende de los efectos de las emisiones en cada caso. Los juzgados municipales son competentes en aquellos asuntos cuya cuantía sea de hasta 5 000 EUR, mientras que en los asuntos de cuantía superior debe acudirse a las audiencias regionales. El demandante debe aportar todas las pruebas de que disponga cuando reclame una indemnización. Los asuntos medioambientales en los que se exige una indemnización son escasos, puesto que por lo general el demandante persigue que se ponga fin a las emisiones o molestias ocasionadas. Rara vez se solicitan indemnizaciones monetarias.
Todas las demás demandas deben tratarse con arreglo al Derecho penal o de responsabilidad civil. Cualquier persona puede presentar cargos penales oralmente o por escrito ante la policía, los órganos administrativos o la fiscalía. Existe un instrumento más poderoso: La solicitud de enjuiciamiento. Su tramitación corresponde a la Fiscalía.
En circunstancias poco frecuentes existe la posibilidad de solicitar directamente un mandamiento judicial contra un organismo público (una orden que inste al órgano administrativo a llevar a cabo una acción determinada). Por ejemplo, los residentes en calles altamente contaminadas pueden obligar al departamento de tráfico a adoptar medidas contra la contaminación acústica y los gases de escape. Sin embargo, deberán demostrar que el órgano administrativo contraviene la legislación vigente en materia medioambiental, o que no ha promulgado una legislación eficaz al respecto. En el caso del tráfico rodado, el artículo 35 del Código de Tráfico (Straßenverkehrs-Ordnung, StVO) ofrece una causa de acción. Las causas derivadas de este tipo de acciones son poco frecuentes en la legislación alemana.
La Directiva sobre responsabilidad medioambiental [4] se ejecute en Alemania a través de la Ley los daños medioambientales (Umweltschadensgesetz, USchadG).#4 En los asuntos de índole medioambiental, la responsabilidad corresponde a las autoridades competentes de los Estados federales (Länder). Estos determinan la responsabilidad en una ordenanza. Lo habitual es que las agencias de medio ambiente de los estados federales hagan frente a los daños medioambientales.
Cualquier persona u ONG medioambiental afectada puede presentar una demanda. Se consideran personas afectadas aquellas que vean menoscabados de algún modo sus derechos, especialmente sus bienes o su salud, como consecuencia de los efectos provocados por el daño medioambiental. Las ONG medioambientales deben estar registradas con arreglo al § 3 de la Ley de recursos medioambientales (Umweltrechtsbehelfsgesetz, UmwRG). No existen requisitos especiales en cuanto a la forma de la demanda. Esta debe contener los siguientes elementos:
Descripción del daño medioambiental
i. ¿Qué ha ocurrido?
Anexo II. ¿Dónde ha ocurrido?
III. ¿Cómo ocurrió?
Anexo IV. ¿Quién es, probablemente, el responsable de lo ocurrido?
No es necesario exponer todas las pruebas; basta con describir de un modo plausible el daño ocasionado.
En el caso de que la Administración no actúe, o tarde en hacerlo y actúe una vez que ya se haya detectado la existencia de daños medioambientales, las ONG que trabajen en este ámbito podrán entablar una acción judicial contra ella. El artículo 2 de la Ley de recursos ambientales establece los requisitos que deben cumplir las ONG que deseen entablar este tipo de acción. En el caso de que se haya llevado a cabo un procedimiento para determinar las medidas necesarias para la recuperación de la zona dañada, las ONG deben participar en dicho procedimiento y expresar sus objeciones al respecto.
No existen otros recursos disponibles en los asuntos medioambientales.
Los Defensores del Pueblo solo están disponibles en un contexto privado, por ejemplo a través de los diarios, etc., y no están especializados en los asuntos de naturaleza medioambiental. Algunos comisionados para la protección de datos son también responsables del acceso a la información en virtud de las leyes de libertad de información (Informationsfreiheitsgesetze) vigentes a escala federal y de los Länder. Normalmente, estos comisionados están bastante familiarizados con la Ley de información medioambiental, puesto que el acceso es mucho más amplio en los asuntos de esta naturaleza. Los comisionados actúan como mediadores entre los poseedores de la información y los solicitantes de esta. Existen fiscales especializados en asuntos medioambientales. Que colaboran estrechamente con los departamentos policiales encargados de estas cuestiones. Dichos departamentos vigilan el cumplimiento de la legislación penal medioambiental, así como de las normas medioambientales en general.
Concepto de violación de los derechos individuales
En general: igual que los particulares.
En los asuntos medioambientales especiales previstos en la legislación: capacidad procesal adicional como defensores de los intereses medioambientales, con sujeción a varios requisitos
Otros [5]#5
Principio de exclusión, concepto de violación de los derechos individuales
Las instituciones públicas que no estén directamente involucradas en un asunto carecen de capacidad procesal en los asuntos medioambientales.
En el órgano jurisdiccional de primera instancia no es obligatorio estar representado por un abogado. En todas las instancias superiores, pero dicha representación es obligatoria. Sin embargo, casi todos los procedimientos judiciales en primera instancia son supervisados por un abogado, puesto que los procedimientos medioambientales son tan complejos que las personas profanas en la materia desconocen todas las consecuencias jurídicas. Los abogados especializados en materia ambiental ofrecen asesoramiento en todas las fases del procedimiento, desde la consulta pública, con el fin de evitar que el tribunal excluya al individuo o a la organización. Esto significa que, en Alemania, la representación legal desempeña un papel crucial. El servicio de abogados medioambientalistas a menudo trasciende ampliamente el asesoramiento jurídico habitual. Estos abogados trabajan en estrecha colaboración con los demandantes. Con frecuencia, los recursos son elaborados conjuntamente por abogados especializados en asuntos medioambientales y por otros expertos en los temas en cuestión.
Una forma de entrar en contacto con un abogado es preguntando a una ONG. Casi todos los abogados poseen una página web en la que ofrecen información sobre su especialización, referencias, servicios y honorarios. Algunos gestionan un portal en los datos de contacto y enlaces a las páginas web de cada uno se encuentra. http://www.umweltanwaelte.de/ Algunos abogados especializados en asuntos medioambientales colaboran con la red IDUR, Informationsdienst Umweltrecht (Servicio de información sobre Derecho medioambiental). http://www.idur.de/ Esta red ofrece a sus organizaciones asociadas un boletín informativo y seminarios sobre nuevas leyes, competencias jurisdiccionales y asesoramiento inicial.
Resolver los casos cuando los tribunales administrativos en asuntos medioambientales, no se circunscriben a la información que proporcionan las partes. De hecho, pueden (y deben, si es necesario) examinar los hechos de oficio así como aportar pruebas por propia iniciativa (investigación de oficio). Sin embargo, en la práctica corresponde sobre todo a los demandantes demostrar que sus acusaciones tienen fundamento. Para ello, a menudo es necesario recurrir a dictámenes de peritos. Por lo tanto, las organizaciones que trabajan en el ámbito del medio ambiente colaboran con expertos en el campo de la protección de la naturaleza que puedan aportar pruebas, y asumen el coste derivado de los servicios que prestan dichos expertos.
Solo en circunstancias muy estrictas está permitido aportar nuevas pruebas. Por lo general, existen requisitos muy rigurosos que exigen aportar lo antes posible cualquier prueba relacionada con el asunto en cuestión, lo que significa que, a menudo la aportación de pruebas debe tener lugar durante el período del que disponen las autoridades para decidir si autorizan o no un proyecto. En el caso de que las personas u organizaciones no expongan sus preocupaciones en esta fase temprana del desarrollo del proyecto, no podrán presentar esos argumentos en el marco de un proceso judicial posterior. Es preciso subrayar, no obstante, que a pesar de las disposiciones relativas a la presentación de recursos en el marco del procedimiento administrativo dentro del plazo estipulado, podrán aportarse nuevas pruebas en cada una de las fases del procedimiento, incluso en la vista final.
Los tribunales son independientes y gozan de libertad para examinar las pruebas, para juzgar si se ha incumplido la ley y para evaluar la gravedad de dicho incumplimiento.
Por regla general, la interposición de un recurso o acción ante un tribunal contra una decisión administrativa tiene un efecto suspensivo sobre esta. Sin embargo, existen varias excepciones a esta norma. La ley contempla varios casos en los que el recurso o acción no tiene efecto suspensivo, sobre todo si existe legislación específica que excluye tal posibilidad, algo que ocurre en la mayoría de los asuntos medioambientales.
En ausencia de efecto suspensivo, la decisión de la Administración puede ejecutarse de forma inmediata incluso aunque haya sido recurrida o impugnada, salvo que el demandante solicite al Tribunal que imponga expresamente un efecto suspensivo a dicha Decisión y el tribunal acepte dicha solicitud.
Los procedimientos judiciales admiten, con carácter general, la imposición de medidas cautelares. Esta posibilidad desempeña un papel muy importante en los asuntos medioambientales, por ejemplo cuando existe el riesgo de que los recursos naturales sufran un daño irreparable. Las medidas cautelares van dirigidas contra la decisión administrativa.
Al solicitar la imposición de una medida cautelar, el demandante debe demostrar que su demanda también sería admisible como medida ordinaria (no cautelar). Además, para que se conceda la imposición de la medida cautelar, el demandante debe demostrar la necesidad de que el Tribunal adopte una decisión provisional, es decir, que alguno de los elementos del caso presenta una urgencia tal que no puede esperarse a que el Tribunal dicte sentencia de acuerdo con el procedimiento judicial ordinario. Esta urgencia puede origen en circunstancias de diverso tipo. Por ejemplo, urgencia puede basarse en el hecho de que, si no se detiene un determinado proyecto antes de que el Tribunal adopte su decisión, se produciría un daño irreparable (tala de árboles, destrucción del paisaje natural, etc.). Dado que solo puede solicitarse la imposición de medidas cautelares en los asuntos urgentes, no existe un plazo legalmente establecido para ello.
Las decisiones relativas a la imposición de medidas cautelares son recurribles. No obstante, corresponde al tribunal encargado del asunto decidir si concede o no el derecho de apelación, algo que solo se otorga en casos de extraordinaria importancia.
Categorías de costes
A la hora de tratar de acceder a la justicia en los asuntos medioambientales, el demandante suele tener que hacer frente a las siguientes categorías de costes:
Costas de los procedimientos administrativos (Widerspruchsverfahren)
En determinados asuntos ambientales los solicitantes de la justicia deben iniciar en un primer momento un procedimiento administrativo. Así ocurre, por ejemplo, en los casos en que los residentes intentan que las autoridades municipales adopten medidas contra la excesiva contaminación acústica provocada por el tráfico o por plantas industriales. Para ello, deben enviar su reclamación por escrito (Widerspruch) a la autoridad responsable, explicando los motivos por los que la decisión o actuación de la autoridad viola sus derechos. Los costes de este procedimiento son relativamente bajos.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los asuntos medioambientales, como cuando se impugna una EIA, no es posible presentar una reclamación por la vía administrativa. En lugar de ello, los demandantes deben demandar a la autoridad directamente a los tribunales.
Cuando un demandante acude a un tribunal para que resuelva sobre un asunto medioambiental, se aplican diferentes tasas judiciales en función del nivel en el que finalmente se decide sobre el asunto. Hay
Tasas de incoación de un procedimiento
Tasas de apelación
Tasas asociadas a la solicitud de imposición de medidas cautelares: En el caso de que un asunto sea tan urgente que no pueda esperarse a la resolución final del Tribunal, pues ello provocaría un daño grave, los demandantes pueden solicitar la imposición de medidas provisionales, también llamadas cautelares (Einstweiliger Rechtsschutz). Estas también están sujetas al pago de tasas.
Cuando se necesita contar con la representación legal de un abogado ante el Tribunal, los honorarios de este añaden una parte muy importante a las costas del asunto. Si pierden el juicio, los demandantes no solo deberán pagar los honorarios de sus abogados, sino que puede imponérseles también que asuman en determinada medida los honorarios del abogado del demandado. Normalmente la autoridad pública evita tener que pagar honorarios a abogados haciéndose representar por sus empleados. Las partes privadas, en cambio, como los inversores, pueden acudir representadas por sus abogados, lo que puede provocar que la parte perdedora asuma los gastos que se deriven de ello.
Costas de la práctica de pruebas y honorarios de peritos
En los asuntos medioambientales es preciso contar con el concurso de especialistas capaces de analizar y exponer numerosos hechos de importancia para que el Tribunal pueda resolver sobre el asunto. Cuanto mayor sea la cualificación y el tiempo que sea necesario invertir en el análisis y la exposición de los hechos relevantes, mayores son también los costes de los análisis científicos y los honorarios de los peritos.
Cálculo de las costas de acuerdo con el sistema de la cuantía del litigio (Streitwert)
De conformidad con la Ley de tasas judiciales (Gerichtskostengesetz, GKG), dichas tasas dependen de lo que se conoce como la cuantía del litigio (Streitwert), un importe cuya determinación corresponde al Tribunal. Esto significa que el Tribunal lleva a cabo una estimación monetaria de la demanda interpuesta. Cuanto mayor sea la cuantía pecuniaria establecida por el Tribunal, mayores serán las tasas judiciales y otros costes conexos (como los honorarios de los letrados) que, en cierta medida, dependen de aquella.
La cuantía pecuniaria en conflicto en los asuntos tratados entre 2002 y 2006 osciló entre 2 000 y 260,000 EUR en casos extremos. Desde el punto de vista estadístico, dicha cuantía oscila entre 20.000 y 25,000 EUR, aunque hay variaciones significativas. Alrededor del 8 % de los créditos relacionados con la protección de la naturaleza había importes en litigio de hasta 2 000 EUR, el 24 % entre 2000 y 10.000 y otro 21 % entre 10.000 y 15,000 EUR. Esto significa que en la mayoría de los casos, un importe máximo de 15,000 EUR es el punto de partida del cálculo de los costes. Sin embargo, en alrededor de un 32 % de los asuntos tratados en ese mismo período la cuantía pecuniaria en litigio se estableció entre 15.000 y 40,000 EUR, y en un 15 % de los casos el importe fijado fue superior a 75,000 EUR.
En consecuencia, las costas judiciales varían de manera considerable en los procedimientos relacionados con los asuntos ambientales. Resulta muy difícil ofrecer una estimación fiable de las costas con antelación.
Cálculo de las costas de incoación de un procedimiento
Los tribunales de primera instancia calculan una costas de 5 000 EUR cuando el valor pecuniario de la demanda asciende a 25,000 EUR.
Esta suma corresponde a 933 EUR en concepto de tasas procesales más 1 700 EUR en concepto de honorarios de los abogados de cada Parte, de acuerdo con los porcentajes de reembolso que establece la ley (IVA excluido), es decir, 933 + (2x1700) + IVA. Los honorarios de los abogados pueden ser considerablemente más elevados, pues la mayor parte de ellos no se atienen al baremo de tarifas establecido en la Ley sino que trabajan con arreglo a contratos individuales y cobran unos honorarios que pueden alcanzar las cinco cifras. En la cuantía mencionada no se incluyen las costas de la práctica de las pruebas de los dictámenes de los peritos, que pueden hacer que la cantidad indicada se incremente de manera significativa.
Como se ha expuesto anteriormente, la cuantía pecuniaria en litigio puede ser menor, pero también considerablemente superiores a 25,000 EUR, que reduce los costes y aumenta en consecuencia: De una cuantía en litigio de 2 000 EUR, las costas procesales y los honorarios de los letrados (excluidos las costas de la práctica de las pruebas) serían de unos 1 000 EUR, de una cuantía en litigio de 15,000 EUR sobre 4 000 EUR ha de calcularse. Este porcentaje se eleva a 6.800 si el importe en litigio está fijado en 40.000, y a 9,500 EUR, si el importe litigioso se fija en 75,000 EUR.
Cálculo de las coste de apelación
En segunda instancia (Berufung), si procede, las costas procesales y los honorarios de los letrados (excluidos las costas de la práctica de las pruebas) serían de unos 5,800 EUR, pero también pueden ascender hasta 7 700 EUR.
En tercera instancia (revisión), si procede, se aplican aproximadamente los mismos importes.
Estas cifras se calculan en función de una cuantía en litigio de 25,000 EUR. Las costas reales pueden ser considerablemente inferiores o superiores si el Tribunal establece una cuantía pecuniaria diferente para la demanda.
Cálculo de costas de imposición de medidas cautelares (Vorläufiger Rechtsschutz/Einstweilige Verfügung)
Tanto la cuantía en litigio como las tasas judiciales equivalen aproximadamente a un 50 % de las aplicables en el procedimiento judicial ordinario. Sin embargo, los asuntos no se deciden en esta fase, por lo que las costas de imposición de medidas cautelares son costas adicionales que, por lo general, se suman a las costas en los que se incurrirá en las instancias posteriores.
Pago de las costas tras la resolución del asunto
En los asuntos medioambientales se siguen las normas aplicables con carácter general a los procedimientos judiciales administrativos. Una de esas normas es el principio de que quien pierde, paga. Este criterio está recogido en el artículo 154 del Código de procedimiento administrativo (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO). Esto significa que la parte perdedora debe asumir las tasas judiciales en su totalidad, los honorarios de su abogado y también los del abogado de la otra Parte. Las leyes, no obstante, pueden imponer un límite máximo al reembolso de los honorarios del letrado de la parte ganadora si dichos honorarios exceden significativamente de los que suelen percibir estos profesionales. Este límite varía según la cuantía pecuniaria en litigio. Existen estimaciones que lo cifran en una cantidad que oscila entre 700 y 2 500 EUR en primera instancia, entre 900 y 3 000 EUR en segunda instancia y entre 900 y 2 000 EUR en tercera instancia, si procede. Todas estas estimaciones se calculan sobre la base de una cuantía en litigio de 25,000 EUR.
Las estimaciones anteriores no incluyen los costas asociados a la práctica de pruebas ni los honorarios de los peritos que participen en el procedimiento. En este caso no se aplica el principio de que quien pierde paga: La parte que presenta el informe de un perito u otras pruebas debe asumir las costas correspondientes. Ni siquiera la parte ganadora obtiene el reembolso automático de estos gastos. No obstante, el Tribunal puede decidir que la parte perdedora asuma de forma íntegra o parcial las costas de la práctica de las pruebas de la otra Parte. Si el Tribunal ordenó que se aportaran pruebas, de nuevo será la parte perdedora la que deba asumir las costas que de ello se deriven.
Resulta complicado estimar las costas de la práctica de las pruebas en un asunto medioambiental típico. Coste de un medio de prueba constituido por un dictamen pericial apenas está disponible en 5.000 y es probable que se elevan a 25,000 EUR por término medio. En los asuntos complejos, cuando se necesitan varios peritos en diferentes materias, estas cantidades pueden ser significativamente superiores.
Exenciones del pago de las costas procesales u otros gastos en los asuntos medioambientales
No existen exenciones del pago de las costas procesales u otros gastos en los asuntos medioambientales para las organizaciones que trabajen en este ámbito u otras similares.
Asistencia financiera y asistencia letrada en asuntos medioambientales
Con arreglo a la disposición § 116 ZPO (Zivilprozessordnung, código de procedimiento civil) y § 166 (Verwaltungsgerichtsordnung, VwGO/código de procedimiento administrativo)
Las entidades jurídicas (incluidas las organizaciones que trabajan en el ámbito del medio ambiente)
que residan o tengan su domicilio social en Alemania o un Estado miembro de la UE o del Espacio Económico Europeo, pueden solicitar asistencia financiera cuando deseen llevar un caso ante un tribunal y carezcan de los recursos necesarios para ello.
Los particulares deben acreditar que carecen de los recursos financieros necesarios para participar en un procedimiento judicial sin asistencia letrada y que el asunto que pretenden llevar ante los tribunales ofrece suficientes perspectivas de éxito y que no es abusivo.
Además de ello, las personas jurídicas, como las organizaciones que trabajan en el ámbito del medio ambiente, también deben demostrar que, en aras del interés público, la interposición de la acción constituye una exigencia ineludible.
En la práctica, sin embargo, la posibilidad de que las organizaciones medioambientales soliciten asistencia jurídica en asuntos de esta naturaleza parece no haber tenido relevancia hasta la fecha, puesto que no se conoce ejemplo alguno en el que se haya otorgado asistencia letrada en un asunto interpuesto por una organización de este tipo. Esto puede deberse a que los tribunales encargados de definir si una persona u organización satisface el criterio de «falta de recursos» establecen niveles muy estrictos.
En 2008, el OVG Muenster (Tribunal Superior de lo Contencioso-Administrativo de Renania del Norte-Westfalia) decidió, por ejemplo, que una solicitud de asistencia jurídica gratuita fue puesto en marcha por una organización medioambiental debido a que dicha organización había perdido indebidas para constituir una provisión financiera para fines legales en el pasado y, además, puede tratar de obtener fondos en particular para el caso que desea interponer ante los tribunales.
La organización fue declarada solvente a menos que invirtiera la totalidad de los recursos de que disponía en ese momento en el asunto judicial. Además, según el Tribunal, antes de que se pudiera estudiar la posibilidad de conceder asistencia jurídica a la organización sería necesario tener en cuenta el patrimonio personal de los miembros de la organización.
Asistencia jurídica pro bono, abogados o bufetes jurídicos de interés público especializados en legislación ambiental
A diferencia de lo que ocurre en otros ámbitos, como la migración o tácito, el derecho de asistencia jurídica pro bono caritativas o acciones por los abogados no tienen tradición en el ámbito de asuntos medioambientales, aunque algunos expertos en la materia están de acuerdo sobre los tipos reducidos en algunos casos. En general, los abogados especializados en Derecho medioambiental son escasos y, por lo tanto, sus servicios resultan caros.
La mayoría de los asuntos relacionados con el medio ambiente son incoados por organizaciones que trabajan en este ámbito. En ocasiones, las más grandes cuentan con personal especializado en los temas pertinentes al caso. Sin embargo, es poco frecuente que los expertos de estas organizaciones sean al mismo tiempo abogados especializados.
Consultorios jurídicos que tratan asuntos medioambientales
Hasta el momento, los escasos consultorios jurídicos que existen en Alemania no abordan casos relacionados con el medio ambiente. Con anterioridad al año 2008 este tipo de organizaciones ni siquiera eran legales en Alemania, puesto que la prestación de servicios de asistencia jurídica era un privilegio exclusivo de los abogados que ejercían formalmente esta profesión. Cualquier otra persona, incluso los profesionales jurídicos en activo, como los jueces, corrían el riesgo de ser objeto de acciones legales si prestaban asistencia jurídica fuera de ese estrecho marco legal. A partir de la reforma introducida en 2007/2008, los consultorios jurídicos están autorizados a ejercer esta actividad, aunque por el momento no se ha creado ninguno que trate asuntos medioambientales.
En los procedimientos referentes a la concesión de permisos administrativos, la resolución de los órganos correspondientes está sujeta a una serie de plazos. En los procedimientos de autorización de plantas industriales generales, el plazo es de 7 meses para los proyectos a gran escala y de 3 meses para los pequeños proyectos. La administración puede ampliar estos plazos si lo justifica convenientemente. En los procedimientos referentes a la concesión de permisos para proyectos a gran escala, como carreteras nacionales, vías ferroviarias o vías fluviales, no existen plazos fijos, pero sí una disposición que establece que las decisiones deben adoptarse «en un plazo razonable» o «de manera eficiente».
Con respecto a la interposición de recursos en caso de omisión administrativa, si las autoridades no resuelven sobre un proyecto a pesar de habérseles proporcionado toda la documentación pertinente, el asunto puede llevarse a los tribunales al cabo de tres meses de inacción.
Según los datos publicados por el Ministerio de Justicia Federal en 2011 [6], se dispone de una duración de 10,9 meses para los procedimientos en primera instancia por término medio, con 4,6 meses. Los más breves duran en promedio 25 meses en algunos Länder, siendo el más largo de media hora en otros Estados federados.#6 En el caso de los procedimientos entablados ante los tribunales administrativos superiores, la duración media de los procedimientos en primera instancia es de 6,3 meses a escala nacional. Los más breves duran en promedio 15,7 meses en algunos Länder, mientras que en otros se prolongan hasta los 28 meses en promedio. Por lo tanto, incluso un juicio con una duración media puede prolongarse durante varios años en el caso de que pase por dos o más instancias judiciales.
Después de Alemania ha sido criticada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en noviembre de 2011 se promulgó una nueva legislación que permite a las partes de un procedimiento judicial estén obligados a advertir al Tribunal cuando los procedimientos están en peligro de tener tiempo excesivo y, por otra parte, percibir una indemnización especial, si el procedimiento se alarga durante demasiado tiempo [7].#7
El Ministerio federal ha publicado un manual que ofrece una descripción general de los derechos que otorga el Convenio de Aarhus, incluido el acceso a la justicia. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/a.to.j/AnalyticalStudies/handbook.final.pdf Varias ONG han publicado diversos manuales dirigidos a sus delegaciones regionales y sus activistas.
Por ejemplo: Guía: Derechos de los grupos ecologistas de participar y presentar [pdf en alemán). Puede encontrarse información más detallada en la página web del Departamento de legislación medioambiental y participación pública del Instituto Independiente para asuntos medioambientales. http://www.ufu.de/en/environmental-law.html
La utilización de mecanismos alternativos de resolución de litigios se ha incrementado en los últimos años en Alemania. En los asuntos medioambientales, depende de si los jueces de los respectivos tribunales han recibido formación para ello. En los tribunales administrativos de Schleswig (Schleswig-Holstein) y Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) existen programas especiales de mediación judicial. Entre 2007 y 2010 solo se registraron dos procedimientos de mediación judicial. Algunos procedimientos de mediación muy conocidos tuvieron lugar en el transcurso de procedimientos de concesión de permisos para la construcción de grandes infraestructuras (como los aeropuertos de Berlín y Frankfurt o la estación principal de ferrocarriles de Stuttgart). Sin embargo, estos procedimientos no pudieron evitar enfrentarse a acciones legales una vez adoptadas las respectivas decisiones.
Uno de los pilares fundamentales de la Constitución alemana es la cláusula de no discriminación. Desde 2006 Alemania presta también explícitamente una Ley de igualdad de trato (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) que se elaboró de acuerdo con las exigencias de la legislación europea de lucha contra la discriminación e incluye normas más detalladas sobre la lucha contra la discriminación, sobre todo en los ámbitos del Derecho laboral, el derecho fiscal, el Derecho civil y ofrece soluciones especiales para luchar contra los actos u omisiones discriminatorios del Estado y de particulares. Sin embargo, hasta el momento no existen normas especiales de lucha contra la discriminación en el Derecho procesal.
De acuerdo con la Ley del procedimiento judicial, en los tribunales y los procedimientos judiciales debe utilizarse la lengua alemana. Esta norma está sujeta a una excepción en las zonas del Land de Brandenburgo, donde la minoría soraba puede utilizar su propia lengua.
En la actualidad, Alemania no ofrece la posibilidad de proporcionar servicios de traducción en los procedimientos judiciales ni de asumir los gastos derivados de dichos servicios. En los tribunales administrativos, las costas de los servicios de interpretación pueden considerarse parte de las costas judiciales (Auslagen), en cuyo caso deberán ser asumidas por la parte perdedora.
Los ciudadanos de los países afectados por proyectos con un probable impacto medioambiental transfronterizo tienen derechos garantizados en el Convenio de Espoo, la legislación europea espoo-related, el Convenio de Aarhus y la legislación de la UE, y aarhus-related por acuerdos bilaterales. Estas gozan de capacidad procesal según lo expuesto en el apartado VII.
Portal web nacional de legislación http://www.gesetze-im-internet.de/
Leyes sobre el acceso a la justicia:
Ley de recursos ambientales (Umweltrechtsbehelfsgesetz), versión en inglés http://www.bmu.de/files/english/pdf/application/pdf/umwelt_rechtsbehelfsgesetz_en_bf.pdf
Ley de recursos ambientales (Umweltrechtsbehelfsgesetz), versión en alemán http://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/
Informationsdienst Umweltrecht (IDUR, Servicio de información sobre legislación medioambiental)
[1] Tras la sentencia del TJUE en el asunto C-115/09 (BUND/Trianel), dictada en mayo de 2011, sobre el servicio social alemán
aplicación de la Directiva 2003/35/CE, este fue el caso para las cuestiones de acceso a la justicia
organizaciones de protección del medio ambiente.
[2] Evaluación del impacto ambiental
[3] Prevención y control integrados de la contaminación
[4] Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre el medio ambiente
[5] Esta categoría debe incluir todos los posibles interesados no cubiertos anteriormente,
Por ejemplo, ¿están legitimadas las autoridades competentes para recurrir las decisiones de otras autoridades competentes, etc.?
[6] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (disponible únicamente en alemán)
[7] http://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2011/20111014_Durchbruch_beim_Schutz_vor_ueberlangen_Gerichtsverfahren.html (disponible únicamente en alemán).

References: artículo 20
 artículo 19
 artículo 72
 resolución 
 artículo 5
 resolución 
 artículo 1004
 artículo 906
 artículo 35
 artículo 2
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 resolución 
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