Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as2018101015.html
Timestamp: 2020-06-05 21:49:39+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 1015/2018
Parte Imputada : Yhovana Paniagua Laura
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2018, cursante de fs. 1043 a 1051, Yhovana Paniagua Laura, opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Rosmery Almendras Villarroel contra la exepcionista, por la presunta comisión de los delitos de Avasallamiento y Robo, previstos y sancionados por los arts. 351 Bis y 331 del Código Penal (CP), respectivamente.
ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR DURACIÓN MÁXIMA DEL PROCESO
La imputada Yhovana Paniagua Laura, formula Excepción de Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso, bajo los siguientes argumentos:
La excepcionista, haciendo alusión al art. 133 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y la interpretación de las Sentencias Constitucionales 0101/04, 0033/2006-R de 11 de enero y 1036/2002-R, acusa dilación procesal no atribuible a su parte, según la relación procesal siguiente:
Como primer acto del procedimiento señala la denuncia de 10 de septiembre de 2014 a (fs. 1), el 11 de abril de 2014 el Fiscal de la causa, presenta ante el control jurisdiccional el inicio de la investigación (fs. 2), mediante memorial de 2 de junio de 2015, presenta memorial de objeción a la querella (fs.10), cursa su declaración informativa de 23 de octubre de 2014 (fs. 331), mediante Resolución de 11 de septiembre de 2014, el Juez de mérito otorga al Fiscal de la causa el plazo de 20 días como término de la investigación preliminar (fs. 3), puntualizando la excepcionista que no existe en actuados ampliación de la investigación solicitada por el Ministerio Público y que el 30 de junio de 2015, fue presentada la imputación formal (fs. 12 a 14) en contra de su persona ante el Juez Quinto de Instrucción Penal, habiendo transcurrido 9 meses y 20 días conforme lo exigido por el art. 301 del CPP, quedando demostrada la mora procesal atribuible a la Fiscalía.
Continúa argumentado la imputada, que el 1 de julio de 2015, el Juez de la causa señala audiencia de fundamentación de la imputación formal para el 13 de junio de 2015 (fs. 15), misma que no se instaló en razón a que el Juez se encontraba en otra audiencia conforme al informe emitido por el Secretario del Juzgado, señalando nueva audiencia para el día viernes 24 de julio de 2015 (fs. 31). En fecha citada, se desarrolla la audiencia de objeción a la querella, a la cual la ahora excepcionista explica su inasistencia debido que “al llegar al recinto Judicial no me dejaron ingresar pues solo se trabajó en el lugar hasta 16:00 pues se realizaba la fumigación de esa casa judicial, a raíz de la incomparecencia el Juez 5º de Instrucción Cautelar me declara rebelde” (sic) (fs. 51); argumentos que, fueron justificados mediante memorial de 27 de julio de 2015 (fs. 54 a 56 y vta.), lo que mereció el Auto de 287 de julio de 2015 (fs. 57), que deja sin efecto la declaratoria de rebeldía en su contra, indicando en este punto que: “la declaratoria de rebeldía no interrumpe la primera etapa de investigación preparatoria del proceso pues solo interrumpe la prescripción y no así la Extinción” (sic).
Señala además que el 29 de julio de 2015, estando anulada la declaratoria de rebeldía y dejado sin efecto las ordenes dispuestas, es detenida con la ejecución de un mandamiento de aprehensión dictado por el Juez de la causa (fs. 62 a 64 vta.), estando cursante en actuados el Acta de Presentación de la Imputada (fs. 64 y vta.), mediante la cual se señala que no se puede llevar a cabo ninguna audiencia pues el mandamiento de aprehensión no se encuentra en vigencia, ordenando su libertad. Por otro lado, citando la Sentencia Constitucional 0535/2007 de 28 de junio, indica que fue declarada rebelde de forma totalmente contraria al procedimiento, puesto que no se puede declarar rebelde en etapa preliminar y mucho menos si no cursa una imputación formal en su contra.
Mediante acta de suspensión de audiencia (fs. 76), se señala nueva audiencia de fundamentación de la imputación formal para el 7 de agosto de 2015 a hrs. 09:00, siendo esta suspendida (fs. 78), debido a la incomparecencia del representante del Ministerio Público por el fallecimiento de su señor padre, señalando nueva audiencia para el 19 de agosto de 2015, audiencia que a su vez fue también suspendida (fs. 82), ante la falta de notificaciones pertinentes; finalmente, la citada audiencia de fundamentación de la imputación formal, se llevó a cabo el 31 de agosto de 2015, puntualizando la excepcionista que desde el inicio de la investigación hasta la audiencia de fundamentación de la imputación formal, transcurrieron 11 meses y 20 días, constituyéndose en mora procesal no atribuible a su persona.
Asimismo, señala la conminatoria emitida por el Juez de la causa el 23 de marzo de 2016, en cumplimiento de lo establecido por el art. 134 del CPP (fs. 309), siendo presentada la acusación formal el 31 del mismo mes y año (fs. 335 a 336 vta.); es decir, 6 días después de la citada conminatoria, haciendo énfasis en que desde la audiencia de fundamentación de la imputación formal, transcurrieron 7 meses hasta la presentación de la acusación por parte del Ministerio Público, existiendo una dilación de 30 días no atribuibles a su persona.
Prosigue indicando que el 1 de abril de 206, el Juez de la causa (fs. 337) remite los antecedentes del proceso ante el Tribunal de Sentencia correspondiente, y mediante Oficio 1343/2016 de 10 de abril remite la acusación formal y los actuados judiciales (fs. 340), siendo recepcionados por el Auxiliar del Tribunal Segundo de Sentencia Miguel Ángel Onofre el 9 de mayo de 2016 (fs. 340 y vta.), actuación que aduce, se debía realizar en 24 horas; empero, transcurrió 1 mes y 9 días, existiendo por ende mora procesal no atribuible a su persona.
Posterior a ello, mediante Resolución de 10 de mayo de 2016 los Jueces del Tribunal de Sentencia radican el caso presente y ordenan se prosiga con el procedimiento establecido (fs. 341), siendo notificada la radicatoria y acusación pública el 25 del mismo mes y año (fs. 343), para finalmente el 17 de agosto de 2016 dictar el Auto de apertura de juicio y señalar audiencia de juicio oral el 16 de septiembre de 2016 (fs. 389). De manera que –explica- transcurrieron 4 meses y 17 días, incurriendo en una dilación procesal de más de 3 meses de mora procesal no atribuible a su persona al contravenir las previsiones establecidas por el art. 340 del CPP.
De igual forma, acusa que la señalada audiencia de 16 de septiembre de2016, fue suspendida por la falta de elaboración de oficios al Gobernador del Penal de Palmasola, a los efectos de la conducción de su persona que guardaba detención preventiva (fs. 397), señalándose audiencia para el 11 de octubre de 2016, misma que también fue suspendida debido a la incomparecencia del representante del Ministerio Público (fs. 449), dándose inicio a la misma, recién el 11 de noviembre de 2016 (fs. 492 a 498 vta.); con lo cual, existiría una mora procesal de 84 días no atribuible a su persona.
Continuando con el desarrollo del juicio oral, el 6 de enero de 2017, el mismo es suspendido debido a que el Tribunal de Sentencia, tenía otras actividades como el despacho de memoriales (fs. 534 a 541); más adelante, el 25 de enero de 2017 se dio continuidad al acto; sin embargo, en audiencia su persona se encontraba en mal estado de salud, motivo por el cual se suspendió la audiencia hasta el 30 de enero del 2017 (fs. 549 y vta.); posteriormente, suspendida (fs. 554 y vta.) para el 2 de marzo de 2017, a su vez fue también suspendida (fs. 581) –las dos últimas por inasistencia del representante del Ministerio Público- para el 13 de marzo de 2017, suspendida (fs. 599) por falta de orden de salida del Penal de Palmasola, siendo señalada nueva audiencia para el 29 de marzo de 2017, suspendida –sin señalamiento de fojas-, para el 12 de abril del mismo año a solicitud del representante del Ministerio Público ante la incomparecencia de la víctima, motivo por el cual el Tribunal de Sentencia declaró el abandono de la querella (fs. 605 y vta.).
Luego, la audiencia de 12 de abril de 2017 fue suspendida por inasistencia de la ahora excepcionista ante la falta de orden para su traslado desde el penal (fs. 622), estando cursantes en antecedentes los dos oficios dirigidos al Gobernador del Penal de Palmasola (fs. 632 y 634 respectivamente), para que se informe la razón del por qué su persona no fue conducida a la audiencia de 12 de abril de 2017, mismos que nunca fueron contestados. Ya en 19 de mayo de 2017, se dio continuidad a la audiencia de juicio oral, misma que es suspendida (fs. 637 a 643) porque el Tribunal tuvo que analizar documentación presentada como prueba. Por otro lado, la posterior audiencia de 16 de junio de 2017, fue suspendida (fs. 652) por inasistencia del Ministerio Público y el abogado de la defensa ante la presentación de memorial solicitando la suspensión del acto, arguyendo la excepcionista que la señalada audiencia no es causal de suspensión ante la incomparecencia de su abogado, pues la norma señala el reemplazo del mismo por abogado de oficio.
Finalmente, precisa que el 27 de julio de 2017, mediante Sentencia 45/2017, el Tribunal Segundo de Sentencia la condena por el delito de Avasallamiento, condenándola a 6 años de presidio (fs. 792 a 800 vta.), resaltando que conforme lo previsto por el art. 334 del CPP, el juicio se debió llevar a cabo sin interrupción todos los días hasta lograr Sentencia; sin embargo, transcurrieron 11 meses y diez días desde que se dictó el Auto de apertura de juicio.
Señala también, que el 10 de agosto de 2017 es notificada con la Sentencia de 27 de julio (fs. 807) y presenta su memorial de complementación y enmienda el 1 de agosto de 2017 (fs. 812 y vta.), siendo notificada con la Resolución complementaria el 27 de julio de 2017 (fs. 815), para posteriormente presentar su recurso de apelación restringida el 4 de octubre de 2017 (fs. 857 a 867); sin embargo, es el 6 de febrero de 2018, luego de 4 meses y dos días que el Tribunal de alzada emite el Auto de Vista que declara admisible e improcedente su recurso (fs. 949 a 953 y vta.), de lo cual concluye de manera genérica que existe una mora procesal no atribuible a su persona de más de 3 meses.
Igualmente, señala que presenta recurso de casación el 5 de marzo de 2018 (fs. 987 a 990 y vta.), para finalmente detallar que el Tribunal Segundo de Sentencia a través del Auxiliar Miguel Ángel Onofre recepciónó los actuados de la presente causa el 9 de mayo de 2016 (fs. 340 vta.) y en el mes de diciembre del año 2016 se suspende el proceso por vacación judicial por el lapso de 25 días, al igual que en el año 2017, haciendo un total de 50 días, mismos que aclara no inciden en el cómputo total del tiempo transcurrido del proceso, quedando 3 años, 6 meses y 20 días excediendo el término de 3 años.
Por otra parte y bajo el acápite de “Fundamentos Jurídicos”, la excepcionista cita parte de la doctrina contenida en las Sentencias Constitucionales 0110 de 5 de octubre, 033/2006-R de 11 de enero, 0535/2007 de 28 de junio, el Auto Constitucional 0079/2004 de 29 de septiembre y las previsiones contenidas en el art. 130 del CPP, a tiempo de solicitar en su petitorio se declare extinguida la acción penal en su contra.
Adjunta como pruebas, además de los actuados señalados, las Sentencias Constitucionales citadas en el “Otrosí 4º” del memorial de excepción interpuesto -Sentencia Constitucional 0535/2007-R de 28 de junio, el Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y las Sentencias Constitucionales 0033/2006-R de 11 de enero, 1173/2004-R de 26 de julio, 1036/2002-R de 29 de agosto y 0101/2004 de 14 de septiembre-.
Mediante providencia de 14 de agosto de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del CPP, modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, se corrió traslado a las partes procesales; en lo que respecta a la representante de Rosmery Almendras Villarroel, fue notificada con la excepción incoada por la imputada mediante providencia de 11 de octubre de 2018, presentando su memorial de contestación el 17 del mismo mes y año, motivo por el cual no será tomado en cuenta, al encontrarse fuera del término previsto por nuestro ordenamiento procesal penal. Por otra parte, el Ministerio Público fue notificado con la excepción interpuesta el 21 de agosto de 2018 y presentada su respuesta, el 24 del mismo mes y año; es decir, dentro de los tres días hábiles que le otorga la ley, conforme el siguiente detalle:
1.- Rememorando los fundamentos de la excepción interpuesta por la imputada, señala el representante del Ministerio Público que la relación cronológica detallada por la excepcionista, no cuenta con un orden correlativo; ya que, la fechas dadas como referencia, denotan incoherencias entre sí, resultando inentendible y confuso y al mismo tiempo, repite fechas y plazos, incurre en desorden y realiza una redacción repetitiva que impide identificar cuál el inicio del cómputo de la supuesta extinción. Asimismo, no especifica cuales las piezas procesales que pudieran dar curso a lo solicitado, limitándose a señalar fechas y suspensiones que se dieron por motivos extraordinarios y no así por motivos de fondo dirigidos al perjuicio de la imputada.
Refiere que sobre el memorial presentado, la excepcionista se ha limitado a realizar única y exclusivamente una relación cronológica de fechas así como de la presentación de la denuncia de 15 de abril de 2011, fecha de imputación formal, acusación, fecha de audiencia conclusiva, Sentencia, fecha de apelación y las suspensiones de audiencia, haciendo un amplio desarrollo de la Sentencia Constitucional 839/2005-R, sin especificar de manera clara y precisa que permita realizar un correcto análisis de las dilaciones.
2.- Indica que de conformidad a lo previsto por el art. 133 del CPP, la rebeldía interrumpe el plazo de duración máxima del proceso y en consecuencia reinicia el cómputo de los plazos, y aun cuando esta hubiere sido dejada sin efecto se constituye en una forma de dilatar el proceso; asimismo, citando el Auto Supremo 308/201 de 2 de mayo, señala que la impetrante ha incumplido con el ofrecimiento de la Certificación del REJAP como prueba pertinente, como tampoco prueba que no concurran las causales de suspensión de la prescripción señaladas en el art. 32 del CPP, a tiempo de reclamar la duración máxima del proceso.
3.- Invocando los Autos Supremos 338/2017-RRC de 15 de mayo, 289/2016-RRC de 21 de abril, 167/2016-RRc de 7 de marzo, 415/2016 de 13 de junio y 323/2017-RRC de 3 de mayo; en cuanto, a los principios de preclusión y convalidación respectivamente, advierte que no cursa memorial alguno por parte de la excepcionista que hubiere reclamado respecto a la duración de la investigación preliminar, etapa preparatoria o juicio oral, mucho menos solicitó el señalamiento de la audiencia de juicio o realizado algún tipo de reclamo en cuanto a las suspensiones de audiencia, por lo que debe entenderse que tales aspectos no afectaron sus intereses o derechos, habiendo convalidado cualquier posible defecto o retardo en la tramitación del caso.
4.- Asimismo, citando el Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo; arguye que, si bien el empleo de los recursos es un derecho plenamente reconocido, se debe tomar en cuenta que la excepcionista no señala los recursos interpuestos, lo cual llevó a que el proceso se resuelva dentro de los plazos establecidos en norma.
5.- Previa referencia del Auto Supremo 127/2009, el señalamiento de que la imputada hace referencia a Sentencias Constitucionales sin fundamentos y la cita de jurisprudencia expuesta por la incidentista –Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y Auto Complementario 0079/2004-ECA-, concluye que se debe efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, en los cuales se puede identificar las inasistencias de la imputada y que la misma fue la causante de varios motivos comprobados para tratar de extender el proceso.
6.- Se deben aplicar las reglas de la denominada “mora estructural”, conforme lo previsto por las Sentencias Constitucionales 551/2010-R de 12 de julio y 284/2010-R de 10 de diciembre, debiendo también conforme a lo previsto por el art. 130 del CPP y el entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional 0949/2012 de 22 de agosto y Auto Supremo 308/2017 de 2 de mayo, sustraerse del cómputo el tiempo transcurrido en las vacaciones judiciales, días inhábiles y feriados desde la gestión 2012.
Del análisis de los antecedentes y fundamentos expuestos por la excepcionista y la respuesta del Ministerio Público, corresponde analizar y resolver la pretensión planteada, a través de una resolución fundamentada en observancia del art. 124 del CPP.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, efectuando una reconducción de la línea asumida por el Tribunal Constitucional de transición en cuanto a los Jueces y Tribunales competentes para resolver las Excepciones o Incidentes de solicitud de Extinción de la Acción Penal, estableció el siguiente razonamiento, que este Máximo Tribunal de Justicia ordinaria, tiene el deber de acatar en mérito al carácter vinculante y cumplimiento obligatorio que los pronunciamientos constitucionales ostentan en mérito al art. 203 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Así la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, estableció el siguiente entendimiento: “Pues bien, al estar fijados los entendimientos desarrollados precedentemente, los fundamentos de la SC 1716/2010-R, no constituyen argumentos suficientes para determinar que la única autoridad competente para asumir el conocimiento de los incidentes de extinción de la acción penal, sean las autoridades jurisdiccionales que emitieron la sentencia de primera instancia, sino que, en virtud a lo establecido por el art. 44 del CPP, Él juez o tribunal que sea competente para conocer de un proceso penal, lo será también para decidir todas las cuestiones e incidentes que se susciten en el curso de su tramitación, así como para dictar las resoluciones respectivas y ejecutarlas´. En este sentido, es menester dejar establecido que, la autoridad competente para asumir el conocimiento y resolver los incidentes de extinción de la acción penal, ya sea por duración máxima del proceso o por prescripción, es el juez o Tribunal donde radica la causa principal, así, si el planteamiento de la excepción se da en etapa de apelación o casación, las decisiones emergentes de las salas penales y del Tribunal Supremo de Justicia, en virtud los entendimientos plasmados precedentemente, pero fundamentalmente por la naturaleza de la etapa procesal, no admiten impugnación; en efecto, lo que se pretende es evitar las exageradas dilaciones que conllevan las peticiones y envíos de expedientes entre el Tribunal Supremo de Justicia y los tribunales o jueces conocedores de la causa principal, que a cuya consecuencia, en muchos casos, se han postergado innecesariamente las decisiones oportunas en cuanto al fondo del proceso se refiere, muchas veces por las comunicaciones inoportunas de los jueces y tribunales conocedores de la causa principal, como ocurrió en el caso analizado; asimismo, como se expresó, la interposición de los incidentes ante las prenombradas autoridades, en la práctica sirvió para paralizar el pronunciamiento de fondo, ya que inclusive, estando sorteada la causa, el máximo Tribunal de justicia ordinaria, se vio impedido de emitir la resolución mientras no esté resuelta la excepción ante el Juez de instancia, lo que sin duda constituye una clara vulneración de los derechos a ser juzgado dentro de un plazo razonable, de acceso a la justicia y una afrenta a la vigencia del principio de celeridad y también de concentración de actos. En este sentido, cuando el justiciable decida plantear extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, deberá formularlo ante el Juez o Tribunal que conoce la causa principal; sin embargo, también es imperioso aclarar que, si el incidente fuere suscitado ante el Juez de Instrucción en lo Penal o, ante los Tribunales o Jueces de Sentencia Penal, sus decisiones efectivamente son impugnables, ya que la naturaleza de la etapa procesal así lo permite. El presente entendimiento implica la reconducción de la línea jurisprudencial establecida en la SC 1716/2010-R a los entendimientos asumidos en la SC `0245/2006´, que emergió de los razonamientos establecidos en las SSCC `0101/2004, 1868/2004-R, 0036/2005, 0105-R, 1365/2005-R´y AC 0079/2004-ECA.”.
III.3. De la Extinción de la Acción Penal por Duración Máxima del Proceso.
La Constitución Política del Estado en su art. 15.II señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; asimismo, el art. 178.I relativo a los principios que sustentan la potestad del Órgano Judicial de impartir justicia, contempla como tales a la celeridad, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos, principios reconocidos en los arts. 115, 178 y 180.I de la CPE. De igual manera el art. 3 de la Ley 025 Ley del Órgano Judicial (LOJ) con relación al art. 30, establece los principios en los que se sustenta, siendo estos los de seguridad jurídica, celeridad, respeto a los derechos, eficiencia y debido proceso.
Entre los motivos de extinción de la acción penal que fija la norma procesal penal, el art. 27 inc. 10) del CPP, dispone: “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”; en relación a ello, el mismo Código, en el art. 133, establece la forma de realizar el cómputo, al prever: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.
Vencido el plazo, el Juez o Tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal”.
Por su parte, el segundo párrafo del art. 5 del Código adjetivo penal, determina: “Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito.
Toda persona a quien se atribuya un delito tiene derecho a ser tratada con el debido respeto a su dignidad de ser humano” (resaltado propio).
Sobre la temática y en relación al cómputo del plazo para determinar la duración máxima del proceso, el Tribunal Constitucional estableció, analizando la actuación del Tribunal de alzada, que: “…no tomaron en cuenta lo previsto por la SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, pues el cómputo de los seis meses previstos por el art. 134 del CPP para el desarrollo de la etapa preparatoria, empieza a partir de que el Juez cautelar pone en conocimiento del encausado la imputación formal, y a partir de ahí, se tiene un término máximo de seis meses para presentar la acusación, plazo que en casos de existir pluralidad de imputados se computa desde la última notificación con la imputación formal; lo que no implica que el plazo de tres años (art. 133 CPP) en el que deben finalizar los juicios se amplíe, con ese razonamiento interpretativo la ya citada SC 1036/2002-R, en forma clara, determinó que el computo de los tres años de duración del proceso no debía efectuarse desde la imputación formal al señalar que: ‘éste entendimiento interpretativo (se refiere a la imputación formal y al inicio del proceso) no significa que nuestro sistema procesal se aparte del mandato de justicia pronta y efectiva, que contiene el art. 116.X constitucional, por cuanto el plazo de tres años (art. 133 del CPP) en el que deben finalizar los juicios, no se amplía con este razonamiento interpretativo’.
Por su parte el art. 5 del CPP, párrafo segundo, dispone que: ‘Se entenderá por primer acto del proceso, cualquier sindicación en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito’; por consiguiente, considerando dicha normativa, el cómputo de los tres años de duración del proceso penal previsto en el art. 133 del CPP, se computa a partir de la primera sindicación efectuada en sede judicial o administrativa contra una persona como presunto autor o partícipe de la comisión de un delito; en consecuencia, para computar la extinción de la acción penal por el transcurso máximo del tiempo previsto en el referido art. 133 del CPP, es necesario considerar lo manifestado” (Sentencia Constitucional 033/2006 de 11 de enero, resaltado propio).
Ahora bien, en cuanto a los aspectos que la autoridad jurisdiccional debe observar para determinar la extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional en reiterados fallos, aclaró no ser suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, sino que se debe analizar caso por caso la complejidad del asunto, referida no sólo a los hechos, también a la cuestión jurídica, la conducta de las partes que intervienen en el proceso y de las autoridades competentes -Órgano Judicial y Ministerio Público-, carga atribuida al imputado (Sentencia Constitucional 101/2004 de 14 de septiembre de 2004, Auto Constitucional 0079/2004-ECA de 29 de septiembre y 1042/2005-R de 5 de septiembre, entre otras); en esa misma línea, la Sentencia Constitucional 0551/2010-R de 12 de julio, estableció: “(…) vale dejar claramente establecido que el plazo fatal y fijo, no puede ser considerado como único criterio para extinguir una causa por duración máxima del proceso, sino que también debe ponderarse en forma concurrente los factores ya citados en la jurisprudencia constitucional glosada, efectuando un análisis para cada caso concreto, donde deberá analizarse si existen elementos suficientes que establezcan la extinción de la acción, como son la conducta de las partes que intervinieron en el proceso penal y de las autoridades que conocieron el mismo, aspectos que constituyen una omisión indebida por parte de los codemandados, sin soslayar que la situación de los jueces y tribunales bolivianos, así como del Ministerio Público no se encuentra sujeta únicamente a su propia voluntad sino a aspectos ajenos al propio órgano, como la falta de nombramiento oportuno de dichas autoridades, las frecuentes e intempestivas renuncias de funcionarios de esas reparticiones, así como otras circunstancias que inciden negativamente en el propósito encomiable de una pronta y oportuna administración de justicia. En consecuencia, corresponderá efectuar un estudio integral de los elementos que incidieron en la mora procesal, sin atentar contra la eficacia de la coerción penal favoreciendo a la impunidad”.
De ahí que se entiende que el plazo previsto por el art. 133 del CPP, constituye un parámetro objetivo a partir del cual corresponde analizar en cada caso concreto la razonabilidad del plazo en el cual se desarrolla el proceso, para cuyo análisis la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó tres criterios esenciales: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y, c) La conducta de las autoridades judiciales, criterios que fueron asimilados por el Tribunal Constitucional mediante la Sentencia Constitucional 0101/2004 de 14 de septiembre y el Auto complementario 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes. Por ello, no todo proceso que exceda el plazo de duración máxima previsto por ley vulnera la garantía de juzgamiento en plazo razonable; sino, únicamente cuando resulta evidente la indebida dilación de la causa.
Se debe entender por la complejidad del asunto, que éste debe determinarse en función de las circunstancias de jure y de facto del caso concreto, que a su vez, alternativamente pueden estar compuestas por: a) El establecimiento y esclarecimiento de los hechos, los cuales pueden ser simples o complejos; b) El análisis jurídico de los hechos por los cuales se inicia el proceso penal; c) La prueba de los hechos, la cual puede ser difícil, necesariamente prolongada o de complicada actuación; y, d) La pluralidad de agraviados o inculpados, con sus respectivas defensa, entre otros elementos.
La actividad o conducta procesal del imputado, con relación a la conducta procesal, cabe destacar que ésta puede ser determinante para la pronta resolución del proceso o para su demora, en el caso que el acusado demuestre un comportamiento procesal obstruccionista o dilatorio. Por ello, para determinar si la conducta procesal del imputado ha contribuido a la demora en la resolución del proceso penal, es necesario verificar si ésta ha sido obstruccionista o dilatoria y si ha transcendido o influido en la resolución de éste, para lo cual debe tenerse presente si ha hecho uso abusivo e innecesario de los instrumentos que la ley pone a su disposición, bajo la forma de recursos o de otras figuras.
La conducta de las autoridades judiciales, para evaluar la conducta o comportamiento de las autoridades judiciales es necesario tener presente: a) La insuficiencia o escasez de los Tribunales; b) La complejidad del régimen procesal; y, c) Si los actos procesales realizados han contribuido, o no, a la pronta resolución del proceso penal.
En definitiva, la garantía de juzgamiento en plazo razonable es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas.
En consecuencia, la garantía de juzgamiento en plazo razonable, es coherente con la garantía a una justicia sin dilaciones indebidas, pues lo que se pretende es resguardar al imputado de aquellos actos injustificados que dilatan la tramitación del proceso y la resolución final, provocando y manteniendo en incertidumbre y zozobra al encausado, por ello corresponde en cada caso analizar si la no conclusión de un proceso en el plazo máximo previsto por ley, obedece o no a dilaciones indebidas. Asimismo, debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece específicamente que en las excepciones planteadas el impetrante deberá correr con la carga de la prueba acompañando la documentación correspondiente.
Una vez realizadas las consideraciones doctrinales, jurisprudenciales y normativas precedentes, corresponde ingresar al análisis de la solicitud de extinción de la acción penal por el transcurso máximo del proceso planteada por la procesada Yhovana Paniagua Laura de acuerdo a las circunstancias particulares del caso presente, del cual atribuye de manera concreta como responsabilidad de la mora procesal, al Ministerio Público, Denunciante y al Órgano Jurisdiccional, estableciendo como primer acto del procesamiento la denuncia en su contra de 10 de septiembre de 2014; sin embargo, tal y como se ha expuesto en el acápite III.3 de la presente Resolución, no es suficiente considerar únicamente el transcurso del tiempo, como condición sine qua non para declarar la extinción de la acción penal ipso jure, siendo preciso analizar si el proceso se ha tramitado con normalidad, sin existir incidencias que afecten el cumplimiento de los plazos y bajo la carga procesal impuesta por el art. 314 y ss. del CPP; en cuanto, a la carga de la prueba a la excepcionista, correspondiendo indicar y motivar lo siguiente:
a) Sobre la complejidad del asunto. Sobre el particular para determinar la complejidad no es necesario que el delito a juzgar sea de lesa humanidad para establecer si un caso es complejo o no, así como también que deba necesariamente concurrir pluralidad de imputados; sino que tal como se ha referido la jurisprudencia constitucional, la complejidad también refiere a la cuestión jurídica. En el caso que nos ocupa, de la revisión de los actuados ofrecidos como prueba, lo fundamentado por la excepcionista, y la contestación por parte del Ministerio Público, no se establece y tampoco se funda, si el proceso penal en cuestión es complejo o no, indicando probatoriamente, tales extremos para poder juzgar sobre esa base si concurre este indicador objetivo que forma parte de los criterios para disponer la extinción de la acción penal, para poder justificar o no el transcurso del tiempo por más de los 3 años y fracción que afirma la imputada haberse tramitado la causa; que, al no poder identificarse estos aspectos como parte de la excepción, no es posible ingresar al análisis de este aspecto.
b) La actividad procesal de la interesada. Respecto a esta condición, la excepcionista refiere que la dilación sería atribuible al Ministerio Público, al órgano judicial y la parte contraria, considerando que en el curso de la investigación, se han sobrepasado los plazos procesales, compulsando que el primer acto de procedimiento data de 10 de septiembre de 2014 según lo atinente a fs. 1; sin embargo, en este punto es preciso resaltar que la excepcionista de manera incongruente, señala también que la denuncia como primer acto del procedimiento data de “13 de abril de 2006”, e indicando que el cómputo total del tiempo trascurrido en el caso presente es de 3 años, 6 meses y 20 días; para luego señalar que es de 3 años, 7 meses y 20 días; y finalmente, precisar que se encontraría demostrado el transcurso de 3 años, 7 meses y 23 días, cómputo que tal y como arguye en su respuesta el representante del Ministerio Público resulta inentendible y confuso.
Continua la excepcionista señalando que desde el término de la investigación preliminar otorgado por el control jurisdiccional, a fs. 3, hasta la imputación formal de 30 de junio de 2015, de fs. 12 a 14, existe una dilación procesal de 9 meses y 20 días, constituyéndose en mora procesal atribuible al Ministerio Público.
Así también, refiere la excepcionista en cuanto a la declaratoria de rebeldía en su contra a fs. 51 y vta., dos aspectos relevantes: a) La declaratoria de rebeldía solo interrumpe la prescripción y no así la extinción; y, b) El Juez de la causa no pudo declararla rebelde en consideración a lo previsto por el art. 90 del CPP, haciendo énfasis en que la misma no suspende la etapa preparatoria y que conforme el entendimiento asumido por la Sentencia Constitucional 0535/2007-R de 28 de junio, no debió declararla rebelde ante la carencia de imputación formal.
Al respecto, en cuanto a que la declaratoria de rebeldía no interrumpe la extinción de la acción por duración máxima del proceso, solamente la prescripción de la acción, es menester aclarar que el art. 133 nuestra norma adjetiva penal de manera clara y concreta establece en su primer párrafo que: “Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento, salvo el caso de rebeldía.” (Negrillas ilustrativas) precepto acorde a la interpretación de este máximo Tribunal el cual precisó mediante Auto Supremo 254 de 22 de julio de 2006 que: “la declaratoria de rebeldía, además de interrumpir la prescripción, interrumpe el cómputo para la duración máxima del proceso, reiniciándose el mismo, a partir de la comparecencia del imputado, en concordancia con la previsión del artículo 91 del ritual penal”.
En cuanto al reclamo de que no podía declárasela rebelde al no contar con una imputación formal en su contra al momento de la declaratoria de rebeldía, cabe señalar que si la ahora excepcionista creyó que actuaciones procesales adolecían de vicio alguno, debió reclamar oportunamente, demostrando objetivamente en el caso que corresponda y conforme a las previsiones del art. 167 del CPP, que la declaratoria de Rebeldía en su contra le ocasionaba agravio y no podía ser convalidada por ser este un acto defectuoso; pero por el contrario, la imputada consintió de manera expresa la rebeldía reclamada, conforme consta a fs. 75 en su memorial de “Adjunto boleta de depósito por concepto de declaratoria de Rebeldía y pide dejar sin efecto designación de abogado defensor de oficio”, sin impugnación alguna siendo previsible bajo el principio conservación, la eficacia del acto procesal como regla y no como excepción, además de ello es menester recordar que la declaratoria de Rebeldía se declara ante la incompetencia de la imputada en la audiencia de fundamentación de la imputación formal debidamente notificada (fs. 48), careciendo de veracidad lo manifestado respecto a que al momento de la declaratoria de rebeldía no se encontraba imputada.
Otra demora argüida por la excepcionista es la realización de la audiencia de medidas cautelares, la cual señala se llevó a cabo luego de 11 meses y 20 días, mora que no sería atribuible a su persona, señala a tal efecto tres suspensiones de audiencia: la primera de ellas debido a la recarga laboral del secretario del juzgado; la segunda, debido al fallecimiento del Fiscal de Materia encargado del caso y la tercera por falta de notificaciones.
Sin embargo, de manera clara se puede observar en actuados del cuaderno procesal, que la imputada a fs. 77, solicita la suspensión de la audiencia programada para el 7 de agosto de 2015, en razón a que su abogado no podría estar presente por una declaración informativa de otro caso ajeno al presente; aspecto que, mereció por parte del Juez de la causa ante el pedido del abogado de la víctima considerarlo como acto dilatorio, por la antelación con la que fue notificado el abogado de la defensa, designando por ende un abogado de oficio para la imputada y señalando nueva audiencia de fundamentación de medidas cautelares para el 19 de agosto de 2015, haciendo constar también en acta la incomparecencia del Fiscal de la causa ante el fallecimiento de su señor padre.
Asimismo, señala que una vez conminado el Fiscal Departamental de Santa Cruz, para la presentación del requerimiento conclusivo en el caso presente, el representante del Ministerio Público presenta la acusación pública, al sexto día y fuera del plazo previsto por ley. Por otro lado, la excepcionista arguye de manera concreta que desde la audiencia de la imputación a la presentación de la acusación, transcurrieron 7 meses, existiendo una dilación de 30 días, la cual se limita a señalar que no es atribuible a su persona.
En este punto, corresponde precisar al igual que el reclamo respecto a la declaratoria de rebeldía de la imputada, que, si la misma creyó que la acusación pública incurría en nulidades, debió ser reclamada oportunamente a través de los recursos e incidentes que la ley procesal prevé.
Otro de los argumentos de la excepcionista es que la remisión de la acusación formal y actuados judiciales es recepcionada por el personal auxiliar del Tribunal Segundo de Sentencia recién el 9 de mayo de 2016, a fs. 340 vta., actuación que debió realizarse a las 24 horas previstas por norma y no luego de 1 mes y 9 días, lo cual se constituiría en una mora no atribuible a su persona; por otro lado, indica de manera genérica que desde la presentación de la acusación pública hasta el Auto de apertura de juicio, transcurrieron “más de 3 meses mora que no es atribuible a mi persona” (sic).
Más adelante, detalla la suspensión de la audiencia de juicio oral, por falta de elaboración de oficios, a fs. 397, e incomparecencia del representante del Ministerio Público, a fs. 449; dando inicio al señalado acto el 11 de noviembre de 2016, a lo cual señala: “existiendo una mora procesal de 84 días mora que no es atribuible a mi persona” (sic).
Continúa relatando la excepcionista el desarrollo de juicio oral, detallando suspensiones que se dieron en durante el año 2017, tales como la del 6 de enero por la recarga laboral del Tribunal, resaltando de que no es una causal de suspensión prevista en norma, la suspensión de 25 de enero debido a su estado de salud, la del 30 de enero por la inasistencia del representante del Ministerio Público, la del 13 de marzo ante la falta de orden de salida de su persona desde el penal al salón de audiencias, la del 29 de marzo ante la incomparecencia de la víctima en la cual se declara el abandono de la querella, la del 12 de abril, nuevamente ante la falta de oficio para conducción de la imputada desde el penal hasta el salón de audiencias, la del 19 de mayo debido a que el Tribunal debía analizar la documental presentada como prueba, la del 16 de junio ante la inasistencia del Ministerio Público, precisando además la inasistencia de su abogado y recordando que debió señalársele un abogado de oficio puesto que no es causal de suspensión la incomparecencia de su jurista patrocinante, concluyendo que desde el 17 de agosto de 2016, cuando se dictó el Auto de apertura de juicio, hasta el 27 de julio de 2017, data de la emisión de la Sentencia condenatoria en su contra, trascurrieron 11 meses y 10 días, contraviniendo lo previsto por el art. 334 del CPP; sin embargo, en este punto corresponde aclarar, que además de la dilación admitida implícitamente por la excepcionista en cuanto a la solicitud de suspensión de audiencia incoada por su abogado, la misma omitió en señalar a más de la suspensión citada, el memorial de 30 de enero de 2017, presentado por su persona, a fs. 556, mediante el cual solicita la suspensión de la audiencia señalada para el 27 del mismo mes y año, lo cual mereció la providencia de 7 de febrero de 2017, a fs. 559, que señala nueva audiencia de consideración a la cesación de la detención preventiva para el 13 de febrero de 2017.
Acusa también, que ante su recurso de apelación restringida, el 6 de febrero de 2018 luego de 4 meses y dos días, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dicta el Auto de Admisibilidad, cuando la norma prevé el término de 30 días, incurriendo en una mora procesal de más de 3 meses de tiempo que no es atribuible a su persona.
Finalmente, la excepcionista luego de rememorar la presentación de su recurso de casación, hace un escueto descuento de las vacaciones judiciales de las gestiones 2015 y 2016, reduciendo 50 días del cómputo total argüido y señalando como total 3 años, 6 meses y 20 días; empero, obvia sustraer del cómputo las vacaciones judiciales de las gestiones previas -2014, 2015-, como también los días inhábiles y feriados desde el inicio del proceso.
Ahora bien, de lo anotado se advierte –al margen de lo argüido respecto a dilaciones ocasionadas por las autoridades en el caso presente-, que queda claramente demostrado que las causales de la dilación procesal o suspensiones de audiencia, no fue de exclusiva responsabilidad de las autoridades judiciales, siendo que la propia imputada contribuyó a las dilaciones producidas en la causa como se precisó en cuanto a la declaratoria de rebeldía, a fs. 51 y vta.; la suspensión de audiencia, a fs. 78, el nuevo señalamiento de audiencia, a fs. 559 en atención a la solicitud previa de suspensión de audiencia incoada por la imputada y la suspensión de audiencia, a fs. 652 ante la incomparecencia del abogado de la imputada, actuaciones que contribuyen a la demora en la resolución del proceso penal, reiniciando el cómputo en el caso de la rebeldía e influido en el tiempo de resolución del caso ante la petición de las suspensiones de audiencia señaladas, denotando un comportamiento procesal dilatorio por parte de la imputada en lo que respecta a los actuados observados.
c) La conducta de las autoridades judiciales. Conforme se ha manifestado precedentemente, el recurrente citando los folios y actuaciones procesales del Ministerio Público y del Órgano Judicial, sin establecer fehacientemente que en la tramitación de estos actuados que refiere como antecedentes y prueba compulsada, se haya demostrado de manera objetiva y con pruebas fehacientes un incumplimiento de plazos injustificado, considerando además la propia actividad procesal de la ahora excepcionista. Por otro lado, es la misma excepcionista que incurre en contradicciones a tiempo de establecer el cómputo total del proceso y la misma data del inicio; y, al argüir las supuestas dilaciones, lo hace de manera genérica y desordenada, indicando en algunos casos, una simple aproximación del tiempo que cree trascurrido, sin contabilizar además que a partir de su declaratoria de Rebeldía el transcurso del tiempo se reinicia.
Además de ello, deben considerarse los siguientes aspectos para establecer un adecuado cómputo del plazo procesal, plasmados en: I) Es de considerar que para establecer el término de la demora judicial, es concurrente no solo compulsar los antecedentes con la actividad de las partes y la conducta de las autoridades intervinientes en el proceso, sino también debe hacerse alusión a los días en que el Órgano Judicial no ha ejercido funciones jurisdiccionales, más propiamente, debe tomarse en cuenta los recesos judiciales; y siendo así, desde el inicio de la investigación, que data de la gestión 2014 hasta la fecha de interposición de su memorial, -inclusive- debe determinarse la totalidad de los recesos judiciales, donde los plazos por efecto del art. 130 in fine del CPP, se suspenden automáticamente, bajo los parámetros establecidos en el art. 9 de la Ley Nº 586 que modifica el art. 126 de la Ley Nº 025, lo que tampoco ha compulsado debidamente el excepcionista en su pretensión y no limitarse a señalar que ha habido la suspensión de 50 días a lo largo del proceso; y, II) Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su Sentencia fundadora de 29 de enero de 1997. Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua, ya habría señalado que para determinar la razonabilidad de los plazos señaló que: “…Adicionalmente al estudio de las eventuales demoras en las diversas etapas del proceso, la Corte Europea ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo en el conjunto de su trámite lo que llama ‘análisis global del procedimiento’…”. Entonces la excepcionista debió demostrar precisamente en base a la compulsa global del procedimiento la concurrencia de los factores que dan curso a la extinción de la acción penal para poder determinar una correcta determinación de la existencia de dichas causales de extinción y no simplemente a limitarse en aducir el transcurso del tiempo, conforme lo hizo en su pretensión.
Por todos estos argumentos y los fundamentos expuestos, al no haber acreditado la excepcionista la concurrencia de la complejidad del asunto, su actividad procesal libre de dilaciones, y el actuar de las autoridades (Juez, Tribunal y Ministerio Público), cumpliendo con la carga procesal de demostrar su pretensión, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme el mandato establecido por el art. 314 del CPP; así como incumplir en realizar una adecuada compulsa global del procedimiento realizado en la tramitación del proceso penal de autos, es menester declarar por infundada la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.
Declarar INFUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, opuesta por la procesada Yhovana Paniagua Laura, con costas, conforme a lo dispuesto por el art. 268 del CPP y con los efectos previstos por el art. 315.III del CPP.

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 artículo 91
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in fine