Source: https://surestepress.wordpress.com/2018/06/30/asepucar-presenta-a-tramite-reclamacion-a-los-presupuestos-generales-de-2018-del-ayuntamiento-de-cartagena/
Timestamp: 2018-08-21 13:59:46+00:00

Document:
ASEPUCAR Presenta Reclamación a los Presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena | Sureste Press
Pero el servicio del agua es de titularidad municipal según las leyes españolas y según nos repiten los políticos una y otra vez para lo que les interesa, las leyes hay que cumplirlas.
Pues bien, un Presupuesto municipal es la previsión de todos sus ingresos y de todos sus gastos, entre los que obligatoriamente tienen que estar los ingresos por los recibos del agua, y los gastos del coste del servicio que presta HIDROGEA como un vicario del Ayuntamiento de Cartagena, que no debemos olvidar es el titular, el propietario del servicio de agua potable.
Pero además, también tiene que estar en el Presupuesto el consumo municipal de agua, lo que sale de todos los grifos y mangueras de riego municipales.
Al no figurar el consumo del agua en el Presupuesto el Ayuntamiento no paga nada por todo el agua que consume en sus dependencias y en sus calles y jardines, que tampoco se controla.
¿HIDROGEA se la regala?
Pues no, la pagan el resto de usuarios del agua del municipio de Cartagena en sus recibos, pero sin saberlo, ya que eso no aparece en los recibos, ni lo cuentan.
Además, consumo que no se paga se despilfarra y eso es lo que sucede con el consumo de agua municipal.
¿Por qué puede pasar que se incumpla algo tan elemental como que los ingresos y gastos del servicio del agua incluido el consumo municipal no figuren en el Presupuesto del Ayuntamiento de Cartagena?
Muy sencillo, porque tienen mucho que esconder, como que los recibos del agua de Cartagena son los segundos más caros de España, junto con los de Murcia, y después de los de Lorca.
Tienen que esconder los desmesurados e ilegales beneficios de HIDROGEA y que se los lleven a Barcelona, para entre otra cosas financiar al independentismo catalán, al haberse demostrado que HIDROGEA financió a la fundación de Convergencia.
También tienen que esconder los gastos en regalos a autoridades y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena, demostrados por la Guardia Civil en el caso de regalos en viajes a la anterior alcaldesa Barreiros y concejales suyos.
Ya sabemos que poderoso caballero es Don Dinero, pero no debería poder con la ciudadanía de Cartagena que sabiendo lo que sabe de HIDROGEA no debería seguir permitiéndolo.
Empecemos por exigir el control y la transparencia de todos los ingresos y gastos del servicio del agua en Cartagena, haciendo en primer lugar que figuren en el Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Cartagena.
– Fernando Urruticoechea – Departamento Jurídico ASEPUCAR
“ASEPUCAR PRESENTA A TRÁMITE RECLAMACIÓN A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA”
LA ASOCIACIÓN DE AFECTADOS POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CARTAGENA –ASEPUCAR- Presenta RECLAMACIÓN a la aprobación inicial del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2018 por el Pleno del 16/05/2018 del Ayuntamiento de Cartagena, según anuncio publicado en el BORM nº 130 de 7/06/2018, al amparo de lo dispuesto en el art. 170.1 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales TRLRHL en lo sucesivo, y según se establece en el art. 170.2 del mismo texto legal.
La reclamación se basa en las siguientes alegaciones: (Texto íntegro)
Por omitir el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones exigibles a la Entidad local, en virtud de precepto legal.
1.- No figuran ingresos ni gastos del servicio del agua potable, ni los del alcantarillado, ni las obras de inversión en las correspondientes redes.
No se presupuestan los gastos ni los ingresos correspondientes al contrato para la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa concesionaria HIDROGEA, en virtud de contrato de adjudicación de tal servicio del año 1992.
En el documento de Presupuesto de gastos, con clasificación por programas, se pasa del programa 1600 “Alcantarillado” al programa 1621 “Recogida de residuos” (Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades locales, faltando por lo tanto el programa de gastos 161 de “Abastecimiento domiciliario de agua potable”.
Es decir, según el Presupuesto 2018 el ayuntamiento de Cartagena está incumpliendo la obligación del art. 26.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local –LBRL-, de prestación en todos los municipios del servicio de abastecimiento domiciliario de agua potable o bien se inhibe de sus funciones de titular de ambos servicios a favor del concesionario, sin control alguno de los flujos de ingresos y gastos públicos que se producen, permitiendo que el concesionario actúe como Juan Palomo en el dicho popular de “él se lo guisa, él se lo come”, pero con prestaciones patrimoniales públicas de carácter coactivo y esencial que, por lo tanto, están sujetas a la reserva de ley.
En lo relativo al alcantarillado aparece el programa económico 1600 de “Alcantarillado” con un importe total de gastos de 22.400€, con las tres aplicaciones presupuestarias siguientes:
Código econ.
Arrendamientos de maq., inst., y utillaje
Maquinaria, inst. técnicas y utillaje
Otros estudios y trabajos técnicos
Curioso, tienen el detalle de presupuestar el alquiler de maquinaria, o la contratación de estudios para el servicio de alcantarillado y sin embargo se olvidan de presupuestar la contratación del servicio, cuya financiación es por tasas, según Ordenanza fiscal todavía vigente.
En aplicación del artículo 134.2 de la Constitución española, el principio de universalidad presupuestaria obliga al ayuntamiento de Cartagena a contabilizar en su Presupuesto todos los gastos y también todos los ingresos derivados de la prestación del servicio de abastecimiento de agua y el del alcantarillado, aflorando así los ingresos y costes de su gestión.
Principio que también tiene su expresión tanto en la Ley de Haciendas Locales, art. 165.3 TRLRHL, como en los arts 4 y 11 del RD 500/1990. Así, el Presupuesto general de la entidad local incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma, aplicados por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.
El gestor privado del servicio de abastecimiento de agua potable del municipio de Cartagena, HIDROGEA, actúa como vicario o delegado del Ayuntamiento, y cobra las tarifas del servicio como servicio auxiliar de recaudación, percibiendo luego su contraprestación por su servicio.
De ahí que independientemente de que sean tarifas o tasas, son contraprestaciones de carácter público sujetas a la reserva de ley, por lo que son ingresos públicos que deben necesariamente figurar en el Presupuesto del Ayuntamiento, fiscalizándose e interviniéndose por la propia Administración, sin perjuicio de que su importe figure también como gasto en el Presupuesto del Ayuntamiento, en cuanto contraprestación que percibe el gestor privado.
La concesionaria HIDROGEA puede seguir recibiendo idéntica retribución, las tarifas del agua, aunque sujetas al preceptivo equilibrio económico-financiero con los gastos, tal como se supone debe figurar en el Pliego de Condiciones Económico administrativas, pero tras la correspondiente emisión de factura y fiscalización municipal de su gestión recaudatoria y facturas.
Tal como decíamos en nuestra demanda contenciosa contra el Presupuesto 2016, no somos nosotros, ni siquiera un sector mayoritario de la doctrina, sino el propio Tribunal Supremo, el que advierte de la importancia de las consecuencias que tiene el que sean tasas las tarifas del agua, y del alcantarillado, independientemente de su forma de gestión, ya que han de ingresarse por su importe total en las arcas municipales y no en las de la concesionaria y habrán de hacerse con cargo a los presupuestos municipales, aunque se declarara su afectación al mantenimiento del servicio, con pago final de su importe a la empresa concesionaria HIDROGEA (STS de 12/11/2009).
Esta parte reclamante basándose en la doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia emanada tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995, de 14 Dic. 1995 (Rec. 1405/1989), considera que la jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que ambas tarifas, tanto la del agua como la del alcantarillado, son ingresos públicos tanto en Cartagena como en el resto de los municipios del Estado español, por lo que su estimación debe ser recogida obligatoriamente en el Presupuesto 2018 de Cartagena, por precepto legal, al ser ingresos públicos sujetos a reserva de Ley (Artículo 31.3 de la Constitución española).
Tras la dos sentencias del Tribunal Supremo de 23 y de 24 de noviembre del 2015 (respectivamente Recurso nº 4091/2013 y Recurso nº 232/2014), carece de virtualidad jurídica el “Informe de la Dirección General de Tributos en relación con las tasas por la prestación de los servicios de agua y de alcantarillado” de 20/05/2016. Su precedente del 26/07/2011, también a iniciativa de AEAS, fue rebatido en su consideración central de distinción entre tasa y tarifa en la STS del 23/11/2015 que luego citamos.
En concreto y aplicables al Ayuntamiento de Cartagena son las consideraciones siguientes del Fundamento Jurídico TERCERO de la STS de 12/11/2009:
“De admitirse las tesis de las partes recurrentes, habría que concluir que las categorizaciones y declaraciones realizadas por las Corporaciones locales en sus propios actos prevalecen sobre lo dispuesto en las Leyes, de manera que la eventual firmeza de aquéllos determinaría la imposibilidad de hacer valer lo establecido en éstas.
La Administración no puede, mediante un acto administrativo, modificar la naturaleza jurídica de un tributo. Por otro lado, el pliego de condiciones y el contrato de concesión sólo regulan las relaciones entre el concesionario y el Ayuntamiento”.
En su Fundamento Jurídico CUARTO de la misma sentencia, referida a hechos anteriores a la LGT y por lo tanto de aplicación directa actualmente al Ayuntamiento de Cartagena, se afirma:
“La consecuencia de la argumentación expuesta no es irrelevante: las tasas a recaudar, en cuanto ingreso de Derecho público de la Hacienda municipal, han de ingresarse por su importe total en las arcas municipales y ello con independencia de que se hayan utilizado sistemas de gestión directa o indirecta. En este último supuesto, la remuneración que se establezca a terceros, cuestión conceptualmente ajena a la relación tributaria que se produce entre el Ente público acreedor y usuario del servicio municipal, habrá de hacerse con cargo a los presupuestos municipales. Tendría, pues, que alterarse en el caso que nos ocupa, la gestión de la tasa, ingresándose en el presupuesto público municipal, aunque se declarara su afectación al mantenimiento del servicio, con pago final de su importe a la empresa concesionaria”.
La creación de la figura de “tarifas” o “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias” en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 –LCSP 2017-, no altera en nada la fundamentación expuesta, ya que como se afirma en su Disposición Adicional cuadragésima tercera, tales “tarifas” tendrán la condición de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario conforme a lo previsto en el artículo 31.3 de la Constitución, es decir, son ingresos públicos y están sujetas al principio de reserva de ley.
De hecho, la creación de tal figura en la LCSP 2017 no es sino el reconocimiento tardío e indeseado por parte del lobby del agua de que tras las dos sentencias precitadas del TS de 23 y 24 de noviembre del 2015 no era posible seguir con el mantra de la existencia de unas potestades diferenciadas entre el poder tributario de los ayuntamientos con servicio del agua de gestión directa y el poder tarifario de las mercantiles del agua que gestionen el servicio del agua bien mediante concesión o encomienda de gestión, tras la modificación del art. 2.2.a) de la LGT 2003 por la LES 2011.
Mantra que nos han seguido repitiendo los servicios jurídicos y económico-presupuestarios del ayuntamiento de Cartagena incluso tras las sentencias referidas del TS de 23 y de 24 de noviembre del 2015 y que deberán adaptar ahora a la formulación de la nueva figura fiscal de “TARIFAS”, ingresos públicos sometidos a la reserva de ley del 31.3 CE, ya que independientemente de la forma de gestión del servicio de abastecimiento de agua y de alcantarillado son PRESTACIONES PATRIMONIALES DE CARÁCTER PÚBLICO por ser coactivas que es el rasgo diferencial establecido en la sentencia 185/1995 del TC.
Mantra de los servicios jurídicos y económico-presupuestarios del Ayuntamiento de Cartagena que debería haber cesado al menos tras el “Informe de nivelación presupuestaria” elaborado por el Tribunal de Cuentas en relación con el Procedimiento ordinario nº 349/2016 de la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia relativo al presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Cartagena. En su página 13, en contestación a la demanda precisamente de ASEPUCAR referente a la obligación legal de presupuestar los ingresos y gastos de los servicios de agua y alcantarillado, dice lo siguiente:
Obligación que no se ve alterada tras la vigencia de la LCSP 2017 desde el 8 de marzo de 2018.
Obligación que también afecta a la presupuestación y contratación de las obras de mejora y ampliación de las redes de abastecimiento de agua potable y del alcantarillado, que no pueden ser contratadas directamente por la mercantil concesionaria, constituyendo un posible delito de prevaricación la continuidad de las actuales prácticas de contratación por la concesionaria de tales obras de inversión en las redes locales de agua y alcantarillado.
Tal proceder podría tener relevancia penal. Asi la sentencia de 30 de julio de 2014 de la Sala de lo Penal, Sección 1ª, Tribunal Supremo (recurso de casación 20284/2012), condena al Alcalde y al Teniente de Alcalde y Concejal de Servicios Centrales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por un delito de prevaricación administrativa al encargar directamente, sin tramitar expediente de contracción de obras, la remodelación de un inmueble publico para alojar provisionalmente las oficinal municipales a la empresa contratista del servicio de mantenimiento y conservación de inmuebles del ayuntamiento. El tema de fondo es que no pueden encargarse automáticamente al contratista municipal de servicios obras aunque tengan que ver con la materia de su contrato.
En base a esta nueva formulación normativa de la LCSP que ha modificado tanto la Ley General Tributaria, como la Ley de Haciendas Locales, la asociación ASEPUCAR presentó el pasado 4 de junio solicitud de que se declarase la nulidad de pleno derecho del acuerdo del 19/02/2018 de autorización de las nuevas tarifas del servicio de agua potable para el ejercicio 2018:
a) Por vulneración del principio constitucional de reserva de ley.
b) Por lesionar derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, por estar dictado por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, y por estar dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para una ordenanza, como está establecido por el art. 20.6 TRLRHL.
c) Por imposible convalidación del acuerdo del 29/12/2017, por ser nula su convocatoria.
Por lo tanto, volvemos a recordar la obligatoriedad para el ayuntamiento de Cartagena desde el pasado 8 de marzo de contar con Ordenanza de aquellos servicios que como los de abastecimiento de agua o el del alcantarillado de Cartagena se prestan mediante gestión indirecta por concesión.
Obligación de presupuestación que en estimación de ASEPUCAR podría suponer al afloramiento en ingresos y gastos de un importe superior a los 47 millones de euros, sin IVA, por el total de los conceptos de agua, alcantarillado y contadores.
2.- No se presupuestan créditos en el estado de gastos del suministro de agua potable consumido por los servicios municipales.
Efectivamente, de la vista del estado de gastos en su clasificación económica del Presupuesto 2018 resulta que no figura ninguna aplicación presupuestaria con el concepto económico de 221.01 de “Suministro de agua”, resultando evidente que el ayuntamiento de Cartagena es un consumidor del suministro de agua potable en sus diferentes sus servicios e instalaciones, por lo que el “olvido” de su consignación presupuestaria constituye por sí misma la nulidad del Presupuesto 2018 al constituir una obligación legal y al ser una gasto sin contrapartida en ingresos supone la desnivelación del Presupuesto 2018.
La obligación legal de tener que presupuestar los gastos del suministro de agua potable se deriva del art. 165.3 TRLRHL y del art. 4 del RD 500/1990, en relación con el artículo 9 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, de obligado cumplimiento en el Estado español desde el año 2010.
Por lo tanto, resulta ilegal e inaplicable cualquier posible cláusula del contrato administrativo para la gestión y explotación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado entre el Ayuntamiento de Cartagena y la empresa concesionaria HIDROGEA que contuviera la gratuidad del suministro de agua para los servicios municipales y su consiguiente repercusión al resto de usuarios privados del municipio.
El ayuntamiento de Cartagena tiene la obligación legal de presupuestar y luego reconocer y abonar el correspondiente gasto de suministro de agua al coste de la correspondiente tarifa de la Ordenanza de abastecimiento de agua y de la de Alcantarillado.
Según estimación de ASEPUCAR el importe del gasto municipal del suministro de agua potable podría suponer un importe superior a 5 millones de euros, a las tarifas vigentes, a abonar a la mercantil concesionaria HIDROGEA. Importe, que fuera el que fuere, sí afectaría a la preceptiva nivelación del presupuesto de la entidad para 2018.
3.- El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda no incluye préstamos de la entidad mercantil HIDROGEA
El estado de previsión de movimientos y situación de la deuda es otro de los documentos preceptivos como anexos al presupuesto general, según el art. 166.1.d) TRLRHL, que debe contener el detalle de todas las operaciones de crédito o de endeudamiento pendientes de reembolso al principio del ejercicio y de las nuevas operaciones previstas a realizar a lo largo del ejercicio, así como del volumen de endeudamiento al cierre del ejercicio económico, con distinción de operaciones a corto plazo, operaciones a largo plazo y de las amortizaciones que se prevén realizar durante el mismo ejercicio.
Se comprueba que el cuadro de ESTADO DE LA DEUDA. PRESUPUESTO 2018 no diferencia el corto y largo plazo y no incluye como deuda el importe no amortizado del canon anticipado de 13.130.548,35€ entregado en tres anualidades de 2004, 2005 y 2006 por la concesionaria del agua HIDROGEA, sin comenzar amortizar todavía, a cuenta del canon anual a abonar al ayuntamiento por la prestación de las infraestructuras municipales para la gestión del servicio, desde la ilegal aplicación del 26/12/2017 del ilegal acuerdo de prórroga ilegal del Pleno de 12/11/2003. Acuerdo recurrido por recurso de reposición colectivo del 9/01/2004 pendiente de resolución, con recordatorio reciente efectuado por ASEPUCAR registrado el 23/11/2017, solicitando resolución estimatoria del recurso de reposición, también pendiente de contestación por el Ayuntamiento de Cartagena.
Volvemos a reiterar que el art. 165.3 TRLRHL prohíbe atender obligaciones mediante minoraciones de los derechos a liquidar o ya ingresados.
Asimismo, volver a recordar que es también opinión emitida por el Tribunal de Cuentas en su “Informe de nivelación presupuestaria” en relación con el Procedimiento ordinario nº 349/2016 de la Sala 2 de lo Contencioso Administrativo del tribunal superior de Justicia de Murcia relativo al presupuesto 2016 del Ayuntamiento de Cartagena. En su página 13, en contestación a la demanda precisamente de ASEPUCAR referente a la obligación legal de presupuestación de la amortización anual del canon anticipado del servicio del agua, dice lo siguiente:
“Por no haberse ajustado su elaboración y aprobación a los trámites legales establecidos”.
4.- Bases de Ejecución con bases y subvenciones ilegales
El documento de Bases de Ejecución contiene bases contrarias al ordenamiento jurídico, por lo que serían nulas de pleno derecho, tales como:
4.1- Bases reguladores de las subvenciones. Art 44.2. Procedimiento de Concesión directa de subvenciones.
Aunque dice ajustarse al procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones a lo establecido en la Ley 38/2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones, y en el Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de dicha ley, el apartado señalado infringe las restricciones normativas para el sistema excepcional de concesión directa, ya que no basta con fijar las subvenciones de forma nominativa en el presupuesto, según se explica en el Informe definitivo de fiscalización de la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias “Sobre las subvenciones, gastos sin consignación presupuestaria y reconocimiento extrajudicial de crédito de los ayuntamientos de Gijón, Oviedo y Avilés. Ejercicio 2013”.
Todas las subvenciones directas nominativas que figuran en el Presupuesto 2018 serían ilegales y deben anularse, teniendo su concesión el carácter de alcance, así como las concedidas por este procedimiento en años anteriores, cuya excepcionalidad no estuviese amparada en el Real decreto 887/2006 antes citado.
4.2- Título V. Control interno de la gestión económico financiera. Art. 75.4 y Art. 76.2
Supone una limitación ilegal con nulidad de pleno derecho por incumplimiento del preceptivo control financiero de los servicios de las entidades locales, de sus organismos autónomos y de las sociedades mercantiles municipales la redacción del art. 75.4 al subordinar el control financiero independiente del órgano de control interno a las auditorías externas, y el art. 76 una mutilación de la preceptiva y básica función interventora definida en el art. 214 TRLRHL como fiscalización previa total o alternativamente en el art. 219 del mismo texto legal como fiscalización limitada previa, y las de fiscalización plena posterior a muestreo, siendo ambas imprescindibles. El Tribunal de Cuentas ha reiterado en sus informes el criterio de que el acuerdo de establecimiento de la fiscalización limitada previa sin el complementario y simultáneo acuerdo de control financiero posterior de fiscalización plena incumple lo prevenido en el art. 219.2 del TRLRHL.
Limitar la fiscalización a la previa sin la fiscalización plena posterior, supone un fraude de ley, así como también la indefensión de la ciudadanía de Cartagena que no contaría con el control interno de legalidad que impone nuestra normativa presupuestaria. La fiscalización plena posterior debe no sólo postularse, sino también definirse con metodología concreta y definiendo las muestras por tipos de expedientes.
Asimismo, tanto los dos artículos citados 75.4 y 76.2 de las bases de Ejecución como en general el Título V “Control interno de la gestión económico-financiera del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena” deben redactados de nuevo a la luz del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local, ya que su entrada en vigor el próximo 1 de julio de 2018 será con toda seguridad anterior a la fecha de aprobación definitiva del Presupuesto 2018 del Ayuntamiento de Cartagena.
4.3- La aplicación presupuestaria del concepto “Gestión Auditorio Palacio de Congresos” por importe de 2.185.000€ no puede imputarse al concepto económico 47902 del capítulo IV por no ser una subvención sino de precio del contrato.
Así se ha pronunciado el Juzgado Contencioso-administrativo nº 1 de Cartagena por Auto de 9/02/2015. También en posterior Auto de 5/05/2015 del mismo Juzgado y en los mismos términos. El Juzgador entiende que no se aplica aquí la legislación de subvenciones y que la UTE no debe rendir una cuenta justificativa del cumplimiento de la subvención, tratándose de una contraprestación. Nos consta confirmación del primer Auto en todas sus partes por Sentencia 532/15 del TSJ de Murcia de 29/06/2015.
Pronunciamientos judiciales que motivan la conformidad del delegado Instructor en Acta de Liquidación Provisional del Tribunal de Cuentas en Actuaciones Previas nº 178/14, con el contenido de los dos Autos citados de que no es aplicable a los pagos a la UTE El Batel la Ley General de Subvenciones, por tratarse de un precio del contrato, ya que se concede a cambio de una contraprestación a realizar por el beneficiario.
5.- Falta motivación de haberse prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas previstos en el artículo 133 de la Ley 39/2015
Uno de los pocos artículos en nuestra normativa que concretan el principio general del art. 1.1 de la LBRL de que los municipios son cauces inmediatos de participación ciudadana en los asuntos públicos, es el art. 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, de “Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos”, que establece que con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento se sustanciará una consulta pública a través del portal web de la Administración competente, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma.
Declarado contrario al orden constitucional de competencias, aunque parece que no afecta a su aplicación a la escala local. Sin embargo sí le afecta la excepción del primer párrafo de su apartado 4 de que en el caso de normas presupuestarias podrá prescindirse de los trámites de consulta. Toda excepción de esta índole debe motivarse adecuadamente, tratándose de mecanismos de participación ciudadana que cuenta con tradición democrática en la escala municipal tal como los presupuestos participativos.
Sin embargo no encontramos ningún tipo de motivación en el expediente del Presupuesto 2018 a que se haya prescindido de cualquier mecanismo de participación ciudadana que no serian complejos de implementar a través de la web del Ayuntamiento de Cartagena. Nueva oportunidad democrática de participación ciudadana perdida y sin motivar como es preceptivo.
Tras lo expuesto, que viene a ser una reiteración de similares argumentos legales expuestos anteriormente por esta asociación ASEPUCAR, tanto por escrito como verbalmente en numerosas reuniones mantenidas tanto con la casta política como con la funcionarial, queremos manifestar al Pleno de la Corporación de lo cansino moralmente que resulta el eterno retorno de lo mismo, de las mismas ilegalidades una y otra vez en la gestión económico financiera, de contratación y de personal y en su falta de transparencia por parte del Ayuntamiento de Cartagena. En que a pesar de contar con funcionarios responsables precisamente del asesoramiento legal preceptivo y del control de legalidad de su gestión, y del gasto público que ello supone, tenga que ser una asociación ciudadana la que se vea en la obligación de recordar una y otra vez, sin éxito alguno, el principio constitucional de legalidad como guía de la gestión del Ayuntamiento de Cartagena, lo que produce una intimidación moral, la imposibilidad de vivir sin miedo por la falta de esperanzas en que el ayuntamiento de Cartagena se guíe por el principio de legalidad.
A la vista de la lentitud y falta de efecto de la instancia jurisdiccional de lo contencioso, esta asociación informa que de no prosperar estas legítimas alegaciones utilizaríamos la vía penal en cumplimiento de nuestra obligación ciudadana del art. 262 de la ley de Enjuiciamiento Criminal al entender que su incumplimiento supondría una conducta atentatoria al bien jurídico del principio de legalidad en el ejercicio de las distintas funciones públicas.
Por todo ello, volvemos a SOLICITAR que en base a las consideraciones legales expuestas, se corrijan en el expediente del Presupuesto 2018 antes de su aprobación definitiva los defectos señalados:
Aflorando en el presupuesto los ingresos y gastos de los servicios de abastecimiento domiciliario de agua potable y el de alcantarillado con todas sus consecuencia de gestión de los correspondientes recibos, de transparencia y de contratación pública de obras.
Aflorando anualmente la amortización de los prestamos de la mercantil HIDROGEA en concepto de canon anticipado.
Regulando mediante su motivación en el interés general cada una de las subvenciones nominativas y corrigiendo contablemente la contraprestación por la gestión del auditorio.
Estableciendo un sistema de control interno de la gestión económico-financiera del Ayuntamiento de Cartagena independiente y profesional, acorde con una sociedad democrática, según la normativa legal vigente desde el 1 de julio de 2018.
Reclamación que se efectúa en Cartagena, a 27 de junio de 2018
FUENTE: ASEPUCAR – DEPARTAMENTO JURÍDICO
*Fernando Urruticoechea | Opinión | Puede resumirse diciendo que el ayuntamiento de Cartagena no ha incluido en su Presupuesto 2018 el servicio del agua, nada, ningún ingreso, ningún gasto del agua, como si no existiera el servicio. Pero existe.
El problema es que está en manos de HIDROGEA, una empresa que no quiere control alguno, acostumbrada a hacer de Juan Palomo, guisárselo y comérselo por su cuenta.
-Fernando Urruticoechea – Departamento Jurídico ASEPUCAR
Entrada anteriorANSE y el IEO Presentan una Nueva Cartografía de las Praderas Marinas del Mar MenorPróximo entrada“Escombreras, Todo el Veneno para Nosotros”
Un comentario en “ASEPUCAR Presenta Reclamación a los Presupuestos del Ayuntamiento de Cartagena”
Pingback: Las ‘Malas Artes’ del Ayuntamiento de Cartagena son Evidentes | Sureste Press

References: artículo 134
 artículo 31
 artículo 9
 resolución 
 Real decreto 
 Real decreto 
 Real Decreto 
 artículo 133