Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-09-18_ES.html
Timestamp: 2019-10-18 09:27:54+00:00

Document:
Textos aprobados - Jueves 18 de septiembre de 2014
Persecución de los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán
Burundi, en particular el caso de Pierre Claver Mbonimpa
Violaciones de los derechos humanos en Bangladés
Respuesta de la UE ante la epidemia de ébola
Israel-Palestina después del conflicto de Gaza y papel de la UE
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre la persecución de los defensores de los derechos humanos en Azerbaiyán (2014/2832(RSP))
– Vistas sus anteriores resoluciones sobre la situación en Azerbaiyán, en particular las de 18 de abril de 2012, que contiene sus recomendaciones al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre las negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación UE-Azerbaiyán(1), y de 13 de junio de 2013 sobre el caso de Ilgar Mammadov(2),
– Vista la Comunicación conjunta, de 15 de mayo de 2012, de la Comisión y la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre el «Diseño de una nueva Política Europea de Vecindad» (JOIN(2012)0014),
– Visto el informe de 2013 de la Comisión sobre los progresos de la política europea de vecindad, relativo a Azerbaiyán, de 27 de marzo de 2014 (SWD(2014)0070),
– Visto el Plan de acción sobre la política europea de vecindad UE-Azerbaiyán,
– Vista la declaración, de 2 de agosto de 2014, del portavoz de la VP /AR y del Comisario de Ampliación y Política Europea de Vecindad, Štefan Füle, sobre la detención de Leyla Yunus,
– Vista la declaración, de 6 de agosto de 2014, del portavoz de la VP / AR sobre la detención de Rasul Jafarov,
– Vista la declaración de la UE, de 14 de agosto de 2014, sobre la situación de los derechos humanos y la sociedad civil en Azerbaiyán,
– Vista la declaración realizada el 8 de septiembre de 2014 en Bakú por el Comisario Füle sobre el crucial papel desempeñado por la sociedad civil en la Asociación Oriental y su anuncio de un nuevo programa de ayuda de la UE para la sociedad civil de Azerbaiyán que aportará 3 millones EUR en el periodo 2014-2015,
– Vista la declaración, de 1 de agosto de 2014, del Secretario General del Consejo de Europa, Thorbjørn Jagland, relativa a la detención de Leyla Yunus, directora del Instituto para la Paz y la Democracia de Azerbaiyán,
– Vista la Declaración de Bakú aprobada por la Asamblea Parlamentaria de la OSCE en su sesión anual celebrada del 28 de junio al 2 de julio de 2014, en la que expresa su preocupación por el mal uso de los procedimientos administrativos y de la legislación para detener, encarcelar, intimidar o silenciar a los defensores de los derechos humanos y a los críticos en numerosos países pertenecientes a la OSCE,
– Vistos el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la CE y Azerbaiyán, que entró en vigor en 1999, y las negociaciones en curso entre ambas partes sobre un nuevo acuerdo de asociación para sustituir al anterior,
A. Considerando que en los últimos años se ha deteriorado el clima general de los derechos humanos en Azerbaiyán y que en los meses pasados se ha producido una importante escalada de la represión gubernamental, así como de las presiones e intimidación dirigidas contra ONG, activistas de la sociedad civil, periodistas y defensores de los derechos humanos;
B. Considerando que desde finales de julio el Gobierno ha centrado su atención en algunos de los más destacados defensores de los derechos humanos del país, encarcelándolos por acusaciones aparentemente basadas en motivaciones políticas, con particular referencia a los casos de Leyla Yunus, la conocida directora del Instituto para la Paz y la Democracia, y su marido, el historiador Arif Yunus, así como de Rasul Jafarov, presidente del Club de los Derechos Humanos de Azerbaiyán;
C. Considerando que Intigam Aliyev, director de la ONG Sociedad para la Educación Jurídica de Azerbaiyán y abogado defensor de derechos humanos, que ha defendido más de 200 casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por violaciones de la libertad de expresión, del derecho a un juicio justo y de la ley electoral en Azerbaiyán, fue detenido el 8 de agosto de 2014 y sometido a tres meses de prisión por cargos penales, un incidente que confirma la tendencia creciente a silenciar y procesar a destacados defensores de los derechos humanos en el país;
D. Considerando que, según se ha informado, Leyla Yunus ha sido víctima de actos de violencia en prisión cometidos por su compañera de celda, y que no se han adoptado medidas para castigar a la culpable o para garantizar la protección de Leyla Yunus; que, a pesar de que la salud de Leyla Yunus se ha deteriorado en prisión, no se le ha prestado una asistencia sanitaria adecuada;
E. Considerando que, el 26 de mayo de 2014, Anar Mammadli, presidente del Centro de Seguimiento Electoral y Estudios sobre la Democracia, y Bashir Suleimanli, director del mismo centro, fueron sentenciados a cinco años y seis meses y a tres años y seis meses de prisión respectivamente, acusados de cargos que van desde la evasión fiscal a la actividad empresarial ilegal;
F. Considerando que simultáneamente a lo anterior, ocho activistas del movimiento juvenil opositor NIDA fueron declarados culpables de cargos de vandalismo, posesión de drogas y posesión de explosivos, así como de intento de causar desorden público, y que, además, los activistas de los medios de comunicación, Omar Mammadov, Abdul Abilov y Elsever Murselli, fueron condenados a penas de entre cinco años y cinco años y medio de reclusión, acusados de posesión de drogas, y que a ninguno de ellos se les permite el recurso a un abogado de su elección, y todos ellos se quejan de malos tratos durante la detención preventiva;
G. Considerando que muchos más periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas se enfrentan a cargos legales contra ellos en Azerbaiyán, incluidos Hasan Huseynli, director de la organización «Intelligent Citizen» Enlightenment Centre Public Union, sentenciado el 14 de julio de 2014 a seis años de prisión, y Rauf Mirkaridov, periodista investigador del destacado periódico de lengua rusa Zerkalo, en privación de libertad preventiva acusado de traición; considerando que, el 8 de agosto de 2014, la policía asaltó las oficinas del Instituto para la Libertad y la Seguridad de los Periodistas (IRFS), una ONG defensora de los derechos de los medios de comunicación en el país, dirigida por el conocido e internacionalmente reconocido defensor de los derechos humanos, Emin Huseynov; que otra figura detenida recientemente es el destacado periodista de la oposición, Seymur Haziyev, acusado de vandalismo criminal, que lleva dos meses de privación de libertad preventiva;
H. Considerando que esos casos siguen la estela de docenas de otros casos que afectan a activistas políticos, defensores de los derechos, periodistas, blogueros y activistas de los medios de comunicación, encarcelados en los últimos dos años por las autoridades con acusaciones semejantes, igualmente inventadas, que incluyen vandalismo, posesión de drogas, evasión fiscal e incluso traición; que la reciente ola de detenciones ha provocado un grave efecto en cadena, obligando a un número de activistas conocidos a huir del país o pasar a la clandestinidad;
I. Considerando que el periódico independiente azerbaiyano Azadliq se vio forzado a suspender su publicación debido a supuestos problemas financieros, después de haber sufrido presiones oficiales, aparentemente relacionadas con sus informes sobre corrupción;
J. Considerando que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado numerosas sentencias en casos de violaciones de derechos humanos en Azerbaiyán, la última el 22 de mayo de 2014, en el caso de Ilgar Mammadov, presidente del Movimiento Alternativa republicana que, a pesar de haberse dictaminado que su detención se basaba en motivos políticos, las autoridades se negaron a ponerlo en libertad;
K. Considerando que desde 2006 existe una prohibición efectiva de manifestaciones pacíficas en el centro de Bakú, y que recientemente se han introducido nuevas multas estrictas y períodos de detención gubernativa más largos para quienes organicen en reuniones públicas no autorizadas o participen en ellas;
L. Considerando que las autoridades de Azerbaiyán no han tenido en cuenta las opiniones de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia) del Consejo de Europa sobre las leyes relativas a la libertad de asociación, a los partidos políticos y a la protección contra la difamación; que, tampoco han tenido debidamente en cuenta las constataciones del COMISARIO para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en su visita al país;
M. Considerando que en febrero de 2014 el presidente Aliyev firmó nuevas enmiendas a la Ley sobre las ONG, que ahora otorga a las autoridades competencias adicionales para la suspensión temporal o la prohibición permanente de ONG nacionales y extranjeras en Azerbaiyán e introduce nuevos delitos sancionables con multas, que han aumentado ahora hasta cantidades de entre 2 500 y 3 000 AZN (alrededor de 2 600 - 3 100 EUR) para las ONG y de entre 1 000 y 2 000 AZN (alrededor de 1 000 y 2 100 EUR) para los directores de ONG nacionales y extranjeras;
N. Considerando que la cuenta bancaria de la Organización para la defensa de los derechos de los trabajadores de la industria del petróleo, con sede en Bakú, ha sido congelada, al igual que la cuenta de su directora Mirvari Uzeyir Gahramanova, tras la decisión judicial, de 8 de julio de 2014, del tribunal de distrito de Nasimi, en Bakú;
O. Considerando que Azerbaiyán es miembro del Consejo de Europa y signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos;
P. Considerando que el 14 de mayo de 2014 Azerbaiyán asumió la Presidencia del Comité de Ministros del Consejo de Europa;
1. Destaca que el pleno respeto de los derechos humanos, los principios democráticos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho es la base del marco de cooperación de la Asociación Oriental y de los compromisos adquiridos por Azerbaiyán en el seno del Consejo de Europa y de la OSCE;
2. Condena de la forma más enérgica posible la detención y el encarcelamiento de Leyla Yunus, Arif Yunus, Rasul Jafarov, Intigam Aliyev y Hasan Huseyni, y pide su liberación inmediata y sin condiciones, así como la retirada de todos los cargos que se les imputan; pide una investigación inmediata y exhaustiva sobre el ataque contra Ilqar Nasibov, y pide que se juzgue a los responsables;
3. Pide a las autoridades de Azerbaiyán que garanticen la integridad física y psicológica de Leyla Yunus, Arif Yunusov y de todos los defensores de los derechos humanos de Azerbaiyán, y que garanticen que se les proporciona urgentemente atención médica adecuada, incluidos el suministro de medicamentos y la hospitalización;
4. Reitera su llamamiento al Gobierno de Azerbaiyán para que adopte urgentemente y con carácter prioritario medidas concretas para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, en particular la liberación inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos y el cese de las detenciones por motivos políticos;
5. Pide a las autoridades de Azerbaiyán que pongan fin al acoso y la intimidación de las organizaciones de la sociedad civil, los políticos de la oposición y periodistas independientes, y que se abstengan de interferir en su trabajo o de socavarlo, pues se trata de un trabajo de gran valor para el desarrollo de la democracia en Azerbaiyán; les pide asimismo que todos los detenidos, incluidos los periodistas y los activistas políticos y de la sociedad civil, disfruten plenamente de su derecho a un juicio justo y sobre todo del recurso a un abogado de su elección, del acceso a sus familiares y de otras normas en materia de juicio justo;
6. Lamenta las medidas adoptadas por el Gobierno de Azerbaiyán para frenar los contactos entre la sociedad civil y jóvenes activistas e intelectuales de Armenia y Azerbaiyán, ya que tales contactos tienen una importancia fundamental para superar la hostilidad histórica entre los dos países; recuerda, a este respecto, la importante labor realizada en este ámbito por Leyla Yunus y por su esposo Arif Yunus;
7. Insta al Gobierno de Azerbaiyán a que invite y coopere plenamente con la Comisión de Venecia y con el comisario respectivo del Consejo de Europa, así como con los procedimientos especiales de las Naciones Unidas, en relación con los defensores de los derechos humanos, el derecho a la libertad de asociación y reunión pacífica, la libertad de expresión y las detenciones arbitrarias, con el fin de modificar su legislación y adaptar sus prácticas de acuerdo con las conclusiones de los expertos;
8. Pide a las autoridades de Azerbaiyán que inicien sin demora las reformas en materia de derechos humanos largo tiempo esperadas, incluidos los numerosos compromisos de adhesión pendientes que Azerbaiyán adquirió al adherirse al Consejo de Europa, y que cumplan las sentencias dictadas contra su país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;
9. Pide a las autoridades de Azerbaiyán que levanten la prohibición de reunión en el centro de Bakú y pongan fin a la imposición de multas y a las detenciones administrativas a los manifestantes pacíficos;
10. Reitera su posición de que la ayuda de la UE y su cooperación con la República de Azerbaiyán, incluidas las negociaciones en curso sobre un acuerdo estratégico de modernización, deben incluir cláusulas relativas a la protección y la promoción de los derechos humanos y estar supeditadas a ellas, especialmente en lo que respecta a la libertad de los medios de comunicación, incluidas garantías de libertad en internet y de acceso sin censuras a la información y la comunicación, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de reunión;
11. Subraya que su aprobación de la firma de un acuerdo de asociación con Azerbaiyán se supeditará a que se reflejen de manera satisfactoria los requisitos mencionados, a la liberación de los defensores de los derechos humanos, a la retirada de la legislación que limita las actividades de la sociedad civil independiente y al cese de la represión y la intimidación de las ONG, los medios de comunicación independientes, las fuerzas de la oposición, los defensores de los derechos humanos, activistas de los derechos de las minorías y los jóvenes y los activistas de las redes sociales;
12. Pide al Consejo, a la Comisión y al SEAE que apliquen estrictamente el principio de «más por más», prestando especial atención a la situación de los defensores de los derechos humanos (en consonancia con las directrices de la UE sobre los defensores de los derechos humanos), las detenciones arbitrarias y por motivos políticos, la independencia del poder judicial, las reformas democráticas y los derechos y libertades fundamentales; pide, en particular, una revisión de la programación del IEV para poner fin a toda ayuda que no esté estrictamente orientada a la sociedad civil y a los derechos humanos;
13. Lamenta que el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y Azerbaiyán no haya registrado ningún progreso sustancial en lo que respecta a la situación de los derechos humanos en el país; pide al SEAE que intensifique el diálogo con el fin de hacerlo eficaz y orientado hacia los resultados, y que informe regularmente al Parlamento Europeo;
14. Pide al Goberno de Azerbaiyán que simplifique el actual procedimiento de registro de las ONG, excesivamente prolijo y dilatado, que introduzca importantes modificaciones legislativas para derogar las recientes medidas que limitan la libertad de las ONG para aceptar donativos sin un registro oficial y que cumpla la Recomendación CM/Rec (2007)14 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre el estatuto jurídico de las ONG en Europa;
15. Pide al Consejo y a los Estados miembros que insten al Comité Olímpico Internacional (COI) a que pida a las autoridades azerbaiyanas que pongan fin a la represión y deje claro que espera que, como anfitriones de los Juegos Olímpicos Europeos que se celebrarán el próximo año, cumplan el requisito de la Carta Olímpica de respetar la libertad de prensa;
16. Pide al SEAE que aplique en su totalidad las directrices de la UE relativas a los defensores de los derechos humanos, que organice en la Delegación de la UE en Bakú reuniones periódicas con organizaciones independientes de derechos humanos, incluso coordinando estas reuniones con las representaciones de los Estados miembros de la UE, y que aproveche estas reuniones para mostrar el apoyo público a la labor de los defensores de los derechos humanos; insta al SEAE a que supervise de cerca todos los juicios y procedimientos judiciales contra los defensores de los derechos humanos, y a que informe al Parlamento Europeo al respecto;
17. Recuerda su posición de 24 de mayo de 2012(3), y pide al Consejo que considere la posibilidad de aplicar sanciones específicas contra los responsables de violaciones de los derechos humanos en caso de que persistan;
18. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Presidente, el Gobierno y el Parlamento de la República de Azerbaiyán, al SEAE, al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Europa.
(1) DO C 258 E de 7.9.2013, p. 36.
(2) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0285.
(3) DO C 264 de 13.9.2013, p. 91.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre Burundi, y en particular sobre el caso de Pierre Claver Mbonimpa (2014/2833(RSP))
– Vista la declaración de 10 de septiembre 2014 de la Delegación de la UE en Burundi,
– Vista la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 10 de abril de 2014, sobre la situación en Burundi,
– Vistas las conclusiones del Consejo sobre la región de los Grandes Lagos, de 22 de julio de 2014, y en particular el punto 7 de la misma,
– Vistos los informes de la Oficina de las Naciones Unidas en Burundi (BNUB),
– Vista la declaración realizada el miércoles 9 de julio de 2014 por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Ivan Simonovic, en la «Configuración de Burundi» del Fondo de Consolidación de la Paz,
– Vistos los informes de la misión y los ámbitos prioritarios de acción (2010-2014) de la FAO y el UNICEF en Burundi, en particular con respecto a la lucha contra el hambre y la desnutrición,
A. Considerando que Pierre Claver Mbonimpa, un destacado defensor de los derechos humanos y presidente de la Asociación para la protección de los derechos humanos y de las personas detenidas («Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, APRODH»), fue detenido una vez más el 15 de mayo de 2014 y más tarde acusado de «amenazar la seguridad exterior del Estado» y de «amenazar la seguridad interior del Estado por causar desórdenes públicos», y que ha estado en prisión preventiva desde su detención para ser interrogado;
B. Considerando que la actividad de Pierre Claver Mbonimpa en la defensa de la democracia y los derechos humanos en Burundi a lo largo de más de dos décadas han sido motivo de la concesión de varios premios internacionales y le han granjeado un amplio reconocimiento tanto en su país como en el extranjero;
C. Considerando que los cargos que se le imputan se refieren a algunos de sus comentarios efectuados en la Radio Pública Africana (RPA) el 6 de mayo de 2014 en el sentido de que se está armando a la sección juvenil del partido en el Gobierno (CNDD-FDD), también conocida como «los Imbonerakure», a la que se envía a la República Democrática del Congo (RDC) para su entrenamiento militar; considerando, asimismo, que estas mismas preocupaciones fueron expuestas también por la BNUB, que hizo hincapié en que la militarización de estos jóvenes constituye una «grave amenaza a la paz en Burundi»;
D. Considerando que la detención de Pierre Mbonimpa es representativa de los riesgos cada vez mayores que deben afrontar los defensores de derechos humanos, del acoso a activistas y periodistas y de la detención arbitraria de miembros de partidos de la oposición, que, de acuerdo con la información suministrada por grupos de defensa de los derechos humanos y por el Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, llevan a cabo en gran medida los Imbonerakure;
E. Considerando que, a raíz de un acto pacífico de partido llevado a cabo el 8 de marzo de 2014 por la oposición, 70 personas fueron detenidas, y que a 48 de ellas les fueron impuestas penas de prisión que incluyen la cadena perpetua;
F. Considerando que en las últimas semanas el gobierno de Burundi ha prohibido las protestas y manifestaciones pacíficas en apoyo de Mbonimpa y ha conminado a las emisoras de radio que no retransmitan información favorable a la causa de Mbonimpa;
G. Considerando que el pleno respeto de la libertad de expresión, incluida la de los periodistas y los defensores de los derechos humanos, es una condición imprescindible para la celebración de elecciones libres y justas en 2015 y para que los resultados de las mismas sean aceptados por todos;
H. Considerando que recientemente la UE ha asignado 432 millones de euros a Burundi, procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo 2014-2020, con el objeto de mejorar la gobernanza y reforzar la sociedad civil, entre otros fines;
I. Considerando que al menos uno de cada dos ciudadanos de Burundi y casi dos tercios —esto es, el 58 %— de todos los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, y que Burundi tiene la tasa más alta de hambre entre los 120 países que constituyen la base sobre la que se calculó el índice de hambre en el mundo en 2012;
J. Considerando que Burundi es uno de los cinco países más pobres del mundo, con un PIB per cápita que cuenta entre los más bajos; considerando, asimismo, que muchos ciudadanos de Burundi experimentan una frustración creciente por el aumento de los costes de los alimentos, el agua y el combustible, por los altos niveles de corrupción y por el hecho de que los dirigentes políticos se sustraigan a toda rendición de cuentas;
K. Considerando que Burundi afronta actualmente su peor crisis política desde que salió de una guerra civil de 12 años en 2005, y que esta situación amenaza una vez más no solo la estabilidad interior del país, sino también la de los países vecinos, en una región ya de por sí inestable del continente africano;
1. Condena firmemente la detención del defensor de los derechos humanos Pierre Claver Mbonimpa y exige su liberación incondicional e inmediata; expresa su preocupación por el deterioro de su salud y pide que se le preste asistencia médica urgente;
2. Expresa su especial preocupación por la situación de los miembros de la oposición pertenecientes al Movimiento por la Solidaridad y el Desarrollo (MSD) detenidos tras los sucesos del 8 de marzo de 2014; pide a las autoridades de Burundi que anulen la sentencia y reanuden los procesos contra aquellos ciudadanos sobre los que recaigan acusaciones creíbles en consonancia con las normas internacionales, incluidos los principios de proporcionalidad y derecho a la defensa;
3. Insta al Gobierno de Burundi a que adopte medidas dirigidas a controlar la sección juvenil del CNDD-FDD y a que impida que sus miembros intimiden y ataquen a presuntos opositores, garantizando que los responsables de abusos sean llevados ante la justicia; pide que se proceda a una investigación internacional independiente sobre las alegaciones de que el CNDD-FDD arma y entrena a su sección juvenil; insta a los dirigentes de los partidos de la oposición a que impidan los actos de violencia contra sus oponentes;
4. Pide a los países de la región de los Grandes Lagos que hagan frente a las actividades ilegales de los Imbonerakure y aborden este tipo de problemas conjuntamente con el Gobierno de Burundi; insta a estos mismos países a que mantengan un alto nivel de compromiso con el fomento de la paz y la estabilidad por medio de los mecanismos regionales existentes, y a que intensifiquen los esfuerzos dirigidos a promover el desarrollo económico regional, prestando una atención particular a la reconciliación, el respeto de los derechos humanos, la lucha contra la impunidad y la consecución de una mejor rendición de cuentas en el ámbito judicial;
5. Recuerda que Burundi está obligado por la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Cotonú, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y que, por consiguiente, tiene la obligación de respetar los derechos humanos universales, incluida la libertad de expresión; pide al Gobierno de Burundi que permita que se desarrolle un debate político auténtico y abierto antes de las elecciones de 2015, sin temor a la intimidación, absteniéndose de interferir en la gestión interna de los partidos de la oposición, de imponer restricciones a las campañas políticas de todos los partidos, especialmente en las zonas rurales, y de abusar del poder judicial para excluir a sus rivales políticos;
6. Expresa su profunda preocupación por la carencia de justicia para las decenas de asesinatos políticos perpetrados entre 2010 y 2012, tras las elecciones de 2010; pide a las autoridades de Burundi que se aseguren de que los autores de estos asesinatos sean llevados ante la justicia y sometidos a juicios equitativos, haciendo todo lo posible para impedir la violencia política antes de las elecciones de 2015;
7. Reitera, en este mismo contexto, la importancia que reviste el respeto del Código de conducta en materia electoral («Code de bonne conduite en matière électorale») y de la hoja de ruta electoral auspiciada por las Naciones Unidas y suscrita por los actores políticos en 2013, al tiempo que brinda todo su apoyo a las actividades de la BNUB dirigidas a impedir un nuevo aumento de la violencia política en la fase previa a las elecciones de 2015 y a contribuir al restablecimiento de la paz y la seguridad a largo plazo;
8. Expresa su profunda preocupación por la situación económica y social en que se encuentra la población de Burundi en su conjunto, en particular los refugiados y las personas desplazadas, cuyo número seguirá aumentando como consecuencia de los problemas de seguridad en el país y de las tensiones en los países vecinos;
9. Alienta a todas las partes a mantener sus compromisos incluidos en el Acuerdo de Paz y Reconciliación de Arusha del año 2000, que desempeñó un papel decisivo para poner fin a 12 años de conflicto civil en 2005; advierte contra la modificación de la Constitución de Burundi de tal modo que se la despoje de las disposiciones fundamentales de reparto del poder establecidas en los acuerdos de Arusha;
10. Pide a la Alta Representante de la UE y a los Estados miembros que se aseguren de la existencia de una política de la Unión sobre Burundi formulada con claridad y basada en principios, que aborde las graves violaciones de los derechos humanos en consonancia con el Marco Estratégico de la UE sobre Derechos Humanos; pide a la Comisión que considere la realización de consultas con Burundi en virtud del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú, con miras a la posible suspensión del Acuerdo, y que adopte todas las medidas oportunas mientras se llevan a cabo dichas consultas;
11. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, al Gobierno de Burundi y a los gobiernos de los países de la región de los Grandes Lagos, a la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a los Copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y al Parlamento Panafricano.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre las violaciones de los derechos humanos en Bangladés (2014/2834(RSP))
– Visto el Acuerdo de Cooperación CE-Bangladés de 2001,
– Vistos los artículos 33 y 35 de la Constitución de Bangladés, en los que se dispone que nadie será sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes y que nadie será arrestado o detenido bajo custodia sin haber sido informado de los motivos de dicho arresto,
– Vista la sentencia del Tribunal Supremo de Bangladés que establece medidas de salvaguardia frente a las detenciones policiales arbitrarias de conformidad con la sección 54 del Código Penal, y en la que también se exige que cualquier muerte accidental ocurrida bajo custodia policial sea investigada por un juez, entablándose la necesaria acción judicial,
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Bangladés en 2000,
A. Considerando que la Unión Europea y Bangladés mantienen desde hace tiempo buenas relaciones, también en el marco del Acuerdo de Cooperación sobre colaboración y desarrollo;
B. Considerando que Bangladés ha realizado importantes avances en los últimos años, sobre todo para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en lo que respecta a sus resultados económicos;
C. Considerando que el Gobierno de Bangladés ha anunciado una política de tolerancia cero con respecto a cualquier violación de los derechos humanos por parte de las fuerzas policiales, y ha promulgado una ley de reforma de la policía que prevé un código de conducta, comisarías de policía modelo y centros de ayuda a las víctimas en las principales comisarías;
D. Considerando que el Gobierno de Bangladés ha anunciado que, en colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja, está llevando a cabo programas de apoyo y formación para las fuerzas policiales y las autoridades penitenciarias sobre las normas internacionales contra la tortura;
E. Considerando que, en los últimos años, Bangladés ha registrado varias tragedias en sus fábricas textiles, entre ellas la del derrumbe de la fábrica Rana Plaza, que se cobró el mayor número de víctimas mortales, con más de 1 100 fallecidos; que, tras el derrumbamiento del edificio Rana Plaza, Bangladés, junto con los principales actores del sector de la confección, inició un programa de reformas destinado a garantizar unas condiciones de trabajo seguras y dignas; que la Unión Europea respalda este programa a través del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés, si bien algunas partes interesadas se resisten a participar en el mismo;
F. Considerando que en Bangladés persisten las desapariciones (en las que presuntamente suelen estar implicadas las fuerzas de seguridad del Estado), el recurso a la tortura y otras formas de malos tratos, a pesar de las garantías establecidas en la Constitución, el Código Penal y la Ley sobre la prohibición de la tortura y la muerte durante la privación de libertad, así como las limitaciones del derecho a la libertad de expresión;
G. Considerando que, tras las elecciones generales celebradas el 5 de enero de 2014, que fueron boicoteadas por el Partido Nacionalista de Bangladés (BNP) −el principal partido de la oposición−, y ensombrecidas por las huelgas instigadas por el BNP y la violencia resultante, el Gobierno de la Liga Awami, liderado por Sheikh Hasina, ha adoptado diversas medidas para limitar los derechos civiles;
H. Considerando que el Batallón de Acción Rápida (RAB), creado hace diez años como medida de emergencia para hacer frente a las amenazas para la seguridad procedentes de grupos combatientes, engloba tanto a militares como a agentes de policía, lo que equivale en la práctica a inmiscuir al ejército en la actuación policial civil sin que existan mecanismos de rendición de cuentas transparentes; que las organizaciones independientes de defensa de los derechos humanos afirman que el RAB es responsable de aproximadamente 800 muertes y que en ningún caso se ha procesado o castigado a los agentes responsables; que, exceptuando la reciente detención de varios miembros del RAB en relación con el presunto asesinato a sueldo de un político del partido en el poder, quedan impunes abusos atroces;
I. Considerando que, el 6 de agosto de 2014, el Gobierno de Bangladés publicó su nueva política relativa a los medios de comunicación; que algunos elementos de esta política imponen restricciones a la libertad de los medios de comunicación, al prohibir, por ejemplo, el lenguaje «antiestatal», «que ridiculice la ideología nacional» o «sea incompatible con la cultura de Bangladés», y al restringir la información sobre «anarquía, rebelión o violencia»; que el Gobierno tiene la intención de introducir un marco legislativo que permita imponer el cumplimiento de esta política; que Bangladés ocupa el puesto 145 de un total de 179 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa;
J. Considerando que el Gobierno de Bangladés ha propuesto una nueva ley que, al parecer, impondrá graves restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG); que el nuevo proyecto de Ley de regulación de donaciones extranjeras reglamentaría las actividades y la financiación de cualquier grupo que cuente con financiación extranjera y otorgaría a la Oficina de Relaciones con las ONG, que forma parte del gabinete de la primera ministra, autoridad para aprobar proyectos financiados con fondos extranjeros; que, asimismo, en virtud del nuevo proyecto de ley las personas involucradas en actividades de voluntariado deberían obtener una autorización antes de salir del país por motivos relacionados con su trabajo sobre un proyecto; que entre las ONG está muy extendida la preocupación por el hecho de que con la nueva ley se multiplique el número de funcionarios gubernamentales implicados en el proceso, ya sea como supervisores, evaluadores u ordenadores, lo que puede conllevar retrasos y negligencia;
K. Considerando que, el 27 de agosto de 2014, entre ocho y diez miembros del grupo Somo Odhikar Andolon atacaron brutalmente a Hana Shams Ahmed, coordinadora de la Comisión Internacional Chittagong Hill Tracts (CHTC), y su acompañante durante una visita privada a Shoilopropat, distrito de Bandarban, en la comarca montañosa de Chittagong; que los cuatro miembros del Departamento de Investigación de la policía que supuestamente debían protegerlas no intervinieron e incluso desaparecieron mientras se producía la agresión;
L. Considerando que se siguen registrando casos de violencia por motivos étnicos o religiosos, como el ataque perpetrado a principios de julio de 2014 por varias docenas de hombres armados contra el convento de las monjas del Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras en Boldipuku; que en el transcurso de este ataque se saqueó el convento y las monjas sufrieron agresiones físicas;
M. Considerando que, en los dos últimos años, al menos cuatro blogueros y dos defensores de los derechos humanos han sido acusados en virtud de la sección 57 de la Ley sobre tecnologías de la información y la comunicación;
N. Considerando que el Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladés, cuya misión consiste en investigar los crímenes de guerra relacionados con la guerra de independencia de Bangladés, ha dictado diez veredictos hasta la fecha, incluidas ocho penas de muerte y dos cadenas perpetuas; que el político islamista Abdul Quader Mollah fue la primera persona ejecutada; que se ha criticado enérgica y reiteradamente el hecho de que el Tribunal de Crímenes Internacionales no respete las normas internacionales; que se calcula que hay más de 1 000 personas en los corredores de la muerte de Bangladés;
O. Considerando que, tras el trágico derrumbamiento de la fábrica Rana Plaza en abril de 2013, el Gobierno de Bangladés y empresas minoristas occidentales implantaron un régimen de inspecciones para comprobar la integridad estructural y la seguridad en materia de electricidad e incendios de más de 3 500 fábricas de confección; que, mientras que las inspecciones realizadas por medio de las empresas minoristas occidentales han sido continuas y públicas, las llevadas a cabo a través del Gobierno de Bangladés todavía no se han hecho públicas;
P. Considerando que el fondo fiduciario de donantes establecido por el Comité de Coordinación Rana Plaza para ayudar a las víctimas y los supervivientes (compuesto por representantes del Gobierno de Bangladés, la industria de la confección, sindicatos y organizaciones no gubernamentales, y presidido por la Organización Internacional del Trabajo —OIT—) todavía no ha alcanzado su objetivo fijado en 40 millones de dólares; que, según la Campaña Ropa Limpia, tan solo la mitad de las empresas con sede principalmente en Europa y los Estados Unidos y relacionadas con fábricas del edificio Rana Plaza ha contribuido al fondo fiduciario de donantes;
Q. Considerando que, pese a algunas reformas de la legislación laboral, los trabajadores siguen denunciando prácticas de acoso e intimidación para evitar que se unan a sindicatos o los creen, además de seguir registrándose actos de violencia contra organizadores de actividades sindicales; que la Ley Laboral de 2013 sigue sin contemplar las normas internacionales relativas a la libertad de asociación, incluido el derecho a la huelga y a la negociación colectiva;
1. Elogia al Gobierno de Bangladés por los avances realizados para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se han traducido en una serie de mejoras reales significativas para millones de sus ciudadanos; reconoce, además, que dichas mejoras se realizaron en circunstancias nacionales difíciles, con la amenaza constante de ataques violentos por parte de grupos radicales como el partido Jamaat-e-Islami, afiliado al BNP; acoge con satisfacción, en este contexto, la adopción de la Ley de prevención del matrimonio infantil el 15 de septiembre de 2014;
2. Expresa su preocupación, no obstante, por las continuas violaciones de los derechos humanos perpetradas por el RAB y otras fuerzas de seguridad, incluidas las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales de activistas de la oposición; reitera su petición relativa a la abolición de la pena de muerte y celebra la decisión del Tribunal Supremo, de 16 de septiembre de 2014, de conmutar la condena a muerte impuesta por el Tribunal de Crímenes Internacionales al vicepresidente del partido Jamaat-e-Islami, Delwar Hossain Sayedee, por una cadena perpetua;
3. Pide al Gobierno de Bangladés que libere inmediatamente a las personas sometidas a una desaparición forzada, a menos que se las pueda acusar de haber cometido un delito penal reconocido, en cuyo caso deberán comparecer enseguida ante un tribunal; pide a las autoridades de Bangladés que investiguen a las personas responsables, teniendo en cuenta la responsabilidad de mando, y que lleven a los culpables ante la justicia para que tengan un juicio justo; insta al Gobierno a establecer un organismo independiente para investigar estos casos y reitera su petición para que el Gobierno cree una comisión de derechos humanos eficaz y plenamente independiente;
4. Insta al Gobierno a que utilice la fuerza mínima necesaria para restablecer el orden público y a que cumpla estrictamente los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego; condena enérgicamente los ataques violentos cometidos por los grupos de la oposición contra objetivos tanto civiles como gubernamentales; pide a los grupos de la oposición que participen solo en manifestaciones pacíficas;
5. Insta al Gobierno de Bangladés a que exija a las fuerzas de seguridad del Estado, entre ellas la policía y el RAB, que enmarquen su actuación dentro de los límites de la ley; pide encarecidamente a las autoridades del país que pongan punto final a la impunidad del RAB ordenando investigaciones y acciones judiciales en relación con las supuestas ejecuciones ilegales cometidas por las fuerzas del RAB; indica que vigilará de cerca los procedimientos en el caso de homicidio de Narayanganj, por el que tres agentes del RAB están detenidos y aguardan los procedimientos judiciales tras el secuestro y el asesinato de siete personas en Narayanganj en abril de 2014;
6. Destaca la importancia de un sistema judicial independiente, imparcial y accesible para incrementar el respeto por el Estado de Derecho y por los derechos fundamentales de la población, y de reformar el Tribunal de Crímenes Internacionales; reconoce que es más importante que nunca infundir confianza entre el público hacia las instituciones judiciales, de seguridad y de derechos humanos, habida cuenta de las crecientes amenazas de organizaciones terroristas, por ejemplo Al Qaeda, en la región;
7. Manifiesta su preocupación ante la propuesta de ley relativa a las ONG; insta al Gobierno de Bangladés a que siga consultando con grupos independientes sobre el contenido de este proyecto de ley y a que se asegure de que, si finalmente se adopta, respete las normas internacionales y los convenios sobre derechos civiles con los que Bangladés se ha comprometido;
8. Insta al Gobierno de Bangladés a que reconozca y respete la libertad de prensa y de los medios de comunicación y a que permita que los grupos de defensa de los derechos humanos desempeñen un papel importante a la hora de fortalecer la rendición de cuentas y documentar las violaciones de los derechos humanos; exhorta a las autoridades de Bangladés a que revoquen la nueva política sobre medios de comunicación y cumplan sus obligaciones de permitir la libertad de opinión y de expresión;
9. Manifiesta su profunda preocupación por los casos recurrentes de violencia por motivos étnicos o religiosos; insta al Gobierno de Bangladés a que mejore la protección y las garantías que ofrece a las minorías, por ejemplo, hindúes, budistas y cristianos, pero también a los bihari; celebra la detención de sospechosos en relación con el ataque criminal contra el convento de Boldipuku;
10. Pide al Gobierno de Bangladés que garantice la aplicación de la legislación laboral y aboga por mayores reformas con objeto de adecuarla a las normas de la OIT, en concreto, en cuanto a la posibilidad de que los trabajadores formen sindicatos y se unan a ellos libremente;
11. Toma nota de los programas de reforma en la industria de la confección, pero emplaza al Gobierno a que aplique plenamente el plan de acción que acordó y firmó con la OIT en mayo de 2013, sin olvidar la contratación y la formación de inspectores y las inspecciones exhaustivas, con registros públicos, de sus muchos miles de fábricas; insta a los firmantes del acuerdo en materia de seguridad e incendios en Bangladés a que cumplan sus compromisos, también en lo relativo a la compensación económica para las víctimas y a las normas mínimas;
12. Lamenta que, hasta junio de 2014, el importe total recaudado por donaciones voluntarias de las empresas al fondo fiduciario de donantes fuera de solo 17 millones de dólares, con lo que quedan pendientes 23 millones de dólares; concluye, por tanto, que las víctimas de la catástrofe del Rana Plaza se han visto decepcionadas por el principio de voluntariedad, y que resulta urgente y necesario un mecanismo obligatorio;
13. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Gobierno y al Parlamento de Bangladés, al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre la respuesta de la UE al brote de Ébola (2014/2842(RSP))
– Vistas las conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, de 15 de agosto de 2014, sobre la crisis del Ébola en el África Occidental,
– Visto el Acto de Alto Nivel de la Comisión Europea para coordinar la respuesta al brote de Ébola en África Occidental, de 15 de septiembre de 2014,
– Vista la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 18 de septiembre, en que la crisis del Ébola será el principal punto del orden del día;
A. Considerando que la enfermedad causada por el virus del Ébola, conocida anteriormente como fiebre hemorrágica del Ébola, suele resultar mortal para los seres humanos;
B. Considerando que, desde que se declaró oficialmente el brote de Ébola el 22 de marzo de 2014 en Guinea, el virus se ha extendido a otros cuatro países (Liberia, Nigeria, Sierra Leona y Senegal), ha afectado a casi 4 000 personas y ha causado más de 2 000 muertes, y teniendo en cuenta que existen también casos no confirmados de infectados y víctimas mortales del Ébola;
C. Considerando que la epidemia está avanzando rápidamente en la región de África Occidental, si bien se ha observado otro brote aparte del virus del Ébola en la República Democrática del Congo;
D. Considerando que la OMS reconoce que se había subestimado el brote y calcula que el número de pacientes podría superar los 20 000 durante los próximos tres meses;
E. Considerando que la OMS ha anunciado que este es el brote más amplio del que se tiene constancia por lo que respecta a casos, muertes y alcance geográfico, y ha considerado la crisis como «emergencia de salud pública de importancia internacional», lo que requiere una respuesta internacional coordinada;
F. Considerando que en las zonas afectadas por el virus del Ébola viven 4,5 millones de niños menores de cinco años, y que las mujeres (que representan el 75 % de los casos) han resultado desproporcionadamente afectadas por el virus debido a su papel de prestadoras de cuidados;
G. Considerando que la hoja de ruta de la OMS enumera una serie de medidas muy concretas e inmediatas para detener el actual contagio del Ébola en todo el mundo en un plazo de seis a nueve meses, al tiempo que también se controlan rápidamente las consecuencias de cualquier caso más de propagación a escala internacional y se reconoce la necesidad de abordar, de forma paralela, el amplio impacto socioeconómico del brote;
H. Considerando que las ONG más activas sobre el terreno, como Médicos Sin Fronteras y la Federación internacional de las Organizaciones de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, critican el esfuerzo internacional por resultar peligrosamente inadecuado, ya que las capacidades muy limitadas sobre el terreno conllevan déficits graves en todos los aspectos de la respuesta: la asistencia médica, la formación del personal sanitario, el control de la infección, la localización de contactos, la supervisión epidemiológica, los sistemas de alerta y remisión, y la educación y movilización de la comunidad;
I. Considerando que la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (DG DEVCO) y la Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO) de la Comisión Europea han comprometido más de 147 millones de euros en concepto de ayuda humanitaria y al desarrollo para contener el contagio del virus, proporcionar tratamiento y equipos esenciales para las personas infectadas y enviar a expertos humanitarios;
J. Considerando que solo 11,9 millones de euros de los 147 millones comprometidos están destinados específicamente a cubrir algunas de las necesidades humanitarias más urgentes;
K. Considerando que todas las organizaciones asociadas presentes sobre el terreno han insistido en que para aislar y tratar a los pacientes hay una acuciante necesidad no solo de fondos, sino también de capacidad operativa, en particular de recursos humanos cualificados y materiales logísticos;
L. Considerando que la Comisión vigila la situación a través de su Centro Europeo de Coordinación de la Respuesta a Emergencias (CECRE), que debería servir de plataforma para la coordinación de la ayuda de la UE;
M. Considerando que se han desplazado a la región expertos humanitarios de la UE para vigilar la situación y estar en contacto con las organizaciones socias y las autoridades locales;
N. Considerando que los Estados miembros de la UE tienen capacidad para movilizar equipos de respuesta inmediata y garantizar así un diagnóstico temprano, el aislamiento (en distintas salas de hospital para casos sospechosos y confirmados), la vigilancia de las personas que han estado en contacto con el virus y la localización de las cadenas de contagio, la adopción de medidas para la inhumación, la educación y el apoyo local;
O. Considerando que los países afectados ya padecen la escasez de alimentos y de agua limpia, así como el hundimiento de su economía motivado por la perturbación del comercio, los vuelos comerciales y las cosechas tras el brote de la epidemia, lo que conlleva malestar social, huidas, caos, amenazas al orden público y una mayor propagación del virus;
P. Considerando que el brote ha puesto de manifiesto la grave falta de adecuación de los sistemas sanitarios de los países afectados y la urgente necesidad de ayuda para mejorarlos;
1. Lamenta la pérdida de vidas humanas en las regiones devastadas por el brote de Ébola y expresa sus sinceras condolencias a las víctimas y a los gobiernos de los países afectados por el mismo;
2. Considera que la comunidad internacional debe desempeñar un mayor papel, al tiempo que los países africanos deben también asumir su parte de responsabilidad, puesto que el brote de Ébola plantea un desafío a la seguridad mundial y no es un problema únicamente de África Occidental sino de alcance mundial;
3. Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos y que con las Naciones Unidas coordine medidas de lucha contra el brote del virus del Ébola; pide al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, junto con los países socios afectados, estudie la posibilidad de utilizar fuerzas de defensa civil y militares, bajo la dirección del Secretario General y coordinados por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios;
4. Acoge con satisfacción y alienta el incremento gradual del compromiso financiero de la Comisión Europea para facilitar ayuda humanitaria y para el desarrollo con el fin de responder a la crisis y, especialmente, su apoyo a la misión ASEOWA de la Unión Africana;
5. Se congratula del trabajo efectuado sobre el terreno por las organizaciones asociadas, pese a las dificultades, y celebra calurosamente su enorme aportación y su contribución al control del brote;
6. Recuerda a los Estados miembros que la ayuda financiera proporcionada a los países afectados no debe ofrecerse a costa de la ayuda al desarrollo a largo plazo, sino que debe ser complementaria;
7. Lamenta que la comunidad internacional subestimara la crisis y que se haya retrasado a la hora de facilitar una estrategia coordinada adecuada;
8. Acoge con satisfacción los compromisos contraídos por los Estados miembros en el Acto de Alto Nivel de la Comisión Europea del pasado 15 de septiembre de 2014, e insta al Consejo de la Unión Europea a que celebre una reunión ministerial para establecer un plan de emergencia destinado a movilizar una respuesta médica que acuerde y facilite ayuda humanitaria de los Estados miembros bajo la coordinación de la Comisión;
9. Pide a la Comisión que lleve a cabo una evaluación de las necesidades y elabore planes específicos para cada país para determinar y coordinar la demanda y el envío de personal sanitario cualificado, laboratorios móviles, equipos de laboratorio, ropa de protección y centros de tratamiento con salas de aislamiento;
10. Pide a los Estados miembros que coordinen vuelos y establezcan puentes aéreos ad hoc para desplazar a personal y equipos sanitarios a los países afectados y a la región, así como para garantizar la evacuación médica si fuera necesario;
11. Destaca la necesidad de reforzar la colaboración científica y el apoyo tecnológico en las zonas afectadas por este brote con vistas a establecer infraestructuras clínicas, epidemiológicas y de diagnóstico, incluidas infraestructuras sostenibles y vigilancia, y prestar una especial atención a la participación del personal local, lo que incluye la formación del mismo;
12. Pide a la Comisión que, a través del CECRE, mantenga estrechos contactos con el ECDC, la OMS y los Estados miembros por medio del Comité de Seguridad Sanitaria;
13. Pide a la Comisión que ponga en marcha sistemas de control para garantizar que todo el presupuesto destinado a atajar el brote de Ébola se utilice realmente para combatir la epidemia en los países afectados por el virus y no para otros fines;
14. Considera que la hoja de ruta de respuesta al Ébola de la OMS constituye una base para las acciones prioritarias, en particular la respuesta diferenciada para los países con una propagación extendida, los países con casos en la fase inicial y los países vecinos, en los que se deben reforzar las medidas de preparación;
15. Celebra el debate sobre la manera idónea en que los esfuerzos de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas pueden ‒con la formación adecuada‒ seguir respaldando la lucha contra el Ébola en la región;
16. Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen y alienten a la Unión Africana respecto a la necesidad de un plan de acción integral, dado que la situación sigue agravándose rápidamente y está afectando tanto a la economía como al orden público de los países afectados, al haberse complicado la crisis del Ébola con implicaciones políticas, económicas, sociales y de seguridad que seguirán afectando a la región mucho más allá de la actual emergencia médica;
17. Destaca que la crisis actual no puede resolverse tan solo mediante el recurso a los sistemas sanitarios, sino que es necesario un enfoque concertado con los distintos sectores (asistencia médica, educación y formación, infraestructuras sanitarias y ayuda alimentaria) para abordar los déficits críticos en todos los servicios esenciales;
18. Considera que el personal médico local debe participar en el tratamiento de la población afectada y actuar de enlace entre la población y el personal médico internacional;
19. Pide acciones informativas y educativas para concienciar respecto a los síntomas y las medidas preventivas, para así facilitar la confianza y la cooperación de la gente con las medidas anti-Ébola, dado que la información y la comunicación constituyen un aspecto importante de la lucha contra esta enfermedad;
20. Destaca que la lucha contra el Ébola no debe dar lugar a la estigmatización de los pacientes supervivientes en sus comunidades o países;
21. Pide a los Estados miembros que lleven a cabo un control escrupuloso de la infección y que, en colaboración con el ECDC, ofrezcan a la población una información más detallada acerca de los riesgos;
22. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que coordinen y refuercen la investigación médica y la producción de medicamentos y vacunas eficaces contra el virus del Ébola, y que promuevan las pruebas clínicas necesarias para los tratamientos candidatos existentes;
23. Pide que se haga una distinción clara entre las pruebas de vacunación contra el virus del Ébola y el tratamiento que se administra a las personas infectadas por el virus del Ébola; solicita que los análisis clínicos de la vacuna contra el virus del Ébola respeten las normas de la OMS vigentes en la materia;
24. Pide a su Comisión de Desarrollo que ofrezca recomendaciones exhaustivas para mitigar las consecuencias a largo plazo de la epidemia y reforzar los sistemas sanitarios de los países afectados a fin de evitar la aparición de brotes similares;
25. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, a los Gobiernos y Parlamentos de la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Irak y Siria y la ofensiva del EIIL, incluida la persecución de minorías (2014/2843(RSP))
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores sobre Irak y Siria,
– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 30 de agosto de 2014, sobre Irak y Siria,
– Vistas las declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión /Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR) sobre Irak y Siria,
– Vistas la Resolución 2170 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Resolución S-22/L.1 (2014) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,
– Vistas las Directrices de la UE sobre promoción y protección de la libertad de religión o creencias, aprobadas el 24 de junio de 2013,
– Vistas las conclusiones de la Conferencia de París sobre seguridad en Irak y la lucha contra el Estado Islámico, de 15 de septiembre de 2014,
– Vistos el Acuerdo de Colaboración y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Irak, por otra parte, y su Resolución, de 17 de enero de 2013, sobre el Acuerdo de Asociación y Cooperación entre la UE e Irak(1),
A. Considerando que la situación de seguridad y humanitaria en Irak y Siria, que ya era crítica, se ha deteriorado aún más a consecuencia de la ocupación de partes de su territorio por el Estado Islámico (EI), grupo terrorista yihadista escindido de Al Qaeda; que el carácter transnacional del EI y los grupos terroristas asociados con él plantea una amenaza para la región en toda su amplitud; que es cada vez mayor la preocupación por la situación de las personas atrapadas en las zonas bajo el control de las fuerzas del EI;
B. Considerando que la desintegración de la frontera entre Irak y Siria ha proporcionado al EI la oportunidad de reforzar su presencia en ambos países; considerando que, en los últimos meses, el EI ha ampliado su conquista territorial desde el este de Siria al noroeste de Irak, incluida la segunda mayor ciudad de Irak, Mosul; que el 29 de junio de 2014 se conoció la noticia de que el EI había proclamado un «califato» o «Estado islámico» en los territorios iraquíes y sirios bajo su control y de que su líder, Abu Bakr al Baghdadi, se ha autoproclamado califa; que el EI no reconoce las fronteras aceptadas internacionalmente y ha declarado su intención de expandir el «califato islámico» a otros países de mayoría musulmana;
C. Considerando que la conquista de los territorios de Irak y Siria ha ido seguida de la imposición de una severa interpretación de la ley islámica; que se han cometido graves violaciones del Derecho internacional en materia de derechos humanos y humanitario en las zonas bajo el control del EI y sus grupos asociados, como asesinatos selectivos, conversiones forzosas, secuestros, venta de mujeres, esclavitud de mujeres y niños, reclutamiento de niños para atentados suicidas, abusos sexuales y maltratos físicos y torturas; que el EI ha asesinado a los periodistas James Foley y Steven Sotloff y al trabajador humanitario David Haines; que las comunidades cristiana, yazidí, turcomana, chabaquí, kakaí, sabea y chií son objetivo del EI, así como muchos árabes y musulmanes suníes; que han sido destruidos intencionadamente mezquitas, monumentos, santuarios, iglesias y otros lugares de culto, tumbas y cementerios y lugares del patrimonio arqueológico y cultural;
D. Considerando que últimamente han sido perseguidos los cristianos iraquíes, que se han visto privados de sus derechos fundamentales y forzados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados por causa de su religión y convicciones; que, según Open Doors International, el número de cristianos ha disminuido en Irak considerablemente, cayendo desde 1,2 millones a principios de la década de los noventa hasta entre 330 000 y 350 000 actualmente; Considerando que antes de que se iniciara el conflicto en Siria vivían cerca de 1,8 millones de cristianos en el país; que desde que se inició el conflicto al menos 500 000 cristianos se han visto desplazados;
E. Considerando que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) estima que este año ha habido 1,4 millones de personas desplazadas internamente en Irak y que 1,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria; que la aparición del EI ha producido una crisis humanitaria, en particular un desplazamiento masivo de civiles; que el 12 de agosto de 2014 la UE decidió aumentar su ayuda humanitaria a Irak en 5 millones de euros para proporcionar asistencia básica a las personas desplazadas, lo que sitúa la ayuda humanitaria destinada en 2014 a Irak en 17 millones de euros hasta la fecha; que la UE ha seguido ampliando su ayuda humanitaria y ha creado un puente aéreo entre Bruselas y Erbil;
F. Considerando que, según las Naciones Unidas, más de 191 000 personas han muerto en Siria durante el conflicto; que la OCHA estima que este año ha habido 6,4 millones de personas desplazadas internamente en Siria y más de 3 millones de refugiados sirios, principalmente en el Líbano (1,17 millones de refugiados), Turquía (832 000), Jordania (613 000), Irak (215 000) y Egipto y el Norte de África (162 000); que la Oficina de Ayuda Humanitaria y Protección Civil (ECHO) estima que 10,8 millones de personas necesitan ayuda humanitaria; que en 2014 la UE ya ha aportado 150 millones en ayuda humanitaria para las víctimas de la crisis siria;
G. Considerando que cientos de combatientes extranjeros, incluidos muchos procedentes de los Estados miembros de la UE, se han unido a las fuerzas del EI; que los Gobiernos de los Estados miembros de la UE consideran a estos ciudadanos de la UE un riesgo para la seguridad;
H. Considerando que la UE ha reconocido la carga que pesa sobre la región del Kurdistán y el Gobierno Regional del Kurdistán, que están acogiendo a un gran número de desplazados internos;
I. Considerando que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha declarado que sigue siendo muy difícil trabajar en la zona para ofrecer a los civiles y refugiados la ayuda adecuada que necesitan; que es importante dar cobijo a los cientos de miles de refugiados sirios e iraquíes antes de que llegue el invierno;
J. Considerando que la UE ha reiterado su firme compromiso con la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Irak;
K. Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la Cumbre de la OTAN celebrada los días 4 y 5 de septiembre de 2014 han declarado que la presencia el EI en Siria e Irak es una amenaza para la estabilidad regional y que la población de Siria e Irak y del resto de la región necesita el apoyo de la comunidad internacional para responder a la amenaza;
L. Considerando que se ha planteado la posibilidad de realizar ataques aéreos en el este de Siria; que, en la reunión de la OTAN del 5 de septiembre de 2014, se constituyó una coalición contra el EI; que el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) está elaborando actualmente una estrategia regional exhaustiva para abordar la amenaza que plantea el EI; que, el 10 de septiembre de 2014, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, desveló su estrategia para combatir al EI, que incluye, entre otras medidas, una campaña sistemática de ataques aéreos contra objetivos del EI «donde quiera que estén», incluida Siria, un mayor apoyo a las fuerzas aliadas sobre el terreno que combaten al EI y más esfuerzos de lucha antiterrorista para impedir la financiación del grupo; que la Liga Árabe ha prometido reforzar la cooperación para derrotar al EI en Siria y en Irak;
M. Considerando que el EI se ha asegurado importantes fuentes de ingresos saqueando bancos y empresas en los territorios que controla, apoderándose de hasta seis yacimientos petrolíferos sirios, incluido el de Al Omar, que es la mayor planta petrolera del país y se encuentra cerca de la frontera con Irak, y recibiendo fondos de donantes acaudalados, la mayoría de los cuales son de la región;
N. Considerando que la promoción de la democracia y el respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la libertad de religión y creencias, son principios fundamentales y objetivos de la UE y constituyen el terreno común para sus relaciones con terceros países;
1. Manifiesta su honda preocupación ante el deterioro de la seguridad y la situación humanitaria en Irak y Siria como consecuencia de la ocupación de partes de su territorio por el EI; condena firmemente las matanzas indiscriminadas y las violaciones de los derechos humanos perpetradas por esta y otras organizaciones terroristas contra minorías religiosas y étnicas y contra los grupos más vulnerables; condena enérgicamente los ataques perpetrados por el EI en Irak y Siria contra objetivos civiles, en particular hospitales, escuelas y lugares de culto, así como el recurso a ejecuciones y violencia sexual; destaca que no debe haber impunidad para los autores de estos actos;
2. Condena enérgicamente los asesinatos de los periodistas James Foley y Steven Sotloff y del trabajador humanitario David Haines por el EI, y expresa su honda preocupación por la seguridad de quienes siguen cautivos de los extremistas; expresa su profunda solidaridad y sus condolencias a las familias de estas víctimas y a las de todas las víctimas del conflicto;
3. Hace hincapié en que los ataques generalizados o sistemáticos contra civiles por causa de su origen étnico o ideas políticas, religión, creencias o género pueden constituir un crimen contra la humanidad; condena enérgicamente todas las formas de persecución, discriminación e intolerancia por motivo de religión y creencias y los actos de violencia contra todas las comunidades religiosas; destaca una vez más que el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es un derecho humano fundamental;
4. Expresa su apoyo a todas las víctimas de la intolerancia religiosa y el odio; expresa su solidaridad a los miembros de las comunidades cristianas que sufren persecución y corren peligro de desaparecer de sus patrias, Irak y Siria, así como a otras minorías religiosas perseguidas; confirma y apoya el derecho inalienable de todas las minorías religiosas y étnicas que viven en Irak y Siria, en particular los cristianos, a seguir viviendo en sus patrias históricas y tradicionales con dignidad y en condiciones de igualdad y seguridad, y a practicar libremente su religión; destaca que los crímenes cometidos contra minorías cristianas como los asirios, los siríacos y los caldeos, así como contra los yazidíes y los musulmanes chiíes, representan un impulso final del EI hacia la total depuración religiosa de la región; indica que durante siglos los miembros de diferentes grupos religiosos han coexistido pacíficamente en la región;
5. Rechaza sin reservas y considera ilegítimo el anuncio de la cúpula del EI de que ha establecido un califato en las zonas que controla; hace hincapié en que la creación y la expansión del «califato islámico», así como las actividades de otros grupos extremistas de Irak y Siria, constituyen una amenaza directa a la seguridad de los países europeos; rechaza el concepto de cambio unilateral por la fuerza de fronteras reconocidas internacionalmente; destaca una vez más que el EI está sujeto a un embargo de armas y bienes impuesto por las Resoluciones 1267 (1999) y 1989 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y subraya la importancia de una aplicación rápida y efectiva de estas medidas; pide al Consejo que considere la posibilidad de utilizar más eficazmente otras medidas restrictivas existentes, en particular para impedir que el EI obtenga beneficios de la venta ilegal de petróleo o de ventas de otros recursos en los mercados internacionales; muestra su profunda preocupación por las afirmaciones de que agentes de algunos Estados miembros de la UE están implicados en el comercio ilegal de petróleo con el EI; pregunta a la Comisión si puede confirmar tales aseveraciones y, en caso afirmativo, pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que se ponga fin inmediatamente al comercio ilegal de petróleo;
6. Condena el uso y la explotación de yacimientos petrolíferos y la infraestructura correspondiente por el EI y sus grupos asociados, que permite que el EI obtenga ingresos sustanciales, e insta a todos los Estados a que apoyen las resoluciones 2161 (2014) y 2170 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que condenan todo comercio, directo o indirecto, con el EI y sus grupos asociados; considera preocupante que el EI esté obteniendo ingresos a través de la venta de petróleo; toma nota de la intención de la UE de endurecer las sanciones con el fin de impedir que el EI venda petróleo; pide, por consiguiente, a la UE que imponga sanciones a todas las partes (gobiernos y empresas públicas o privadas) involucradas en el transporte, transformación, refinado y comercialización de petróleo extraído en zonas controladas por el EI, junto con estrictos controles de los flujos financieros con el fin de evitar las actividades económicas y la explotación de paraísos fiscales por parte del EI;
7. Acoge con satisfacción el llamamiento de 8 de septiembre de 2014 de todas las federaciones islámicas francesas, así como los llamamientos de otras comunidades islámicas, que condenan inequívoca e incondicionalmente la instrumentalización del Islam por grupos terroristas extremistas para justificar su violencia, su intolerancia y sus crímenes contra la humanidad;
8. Pide a todas las partes en conflicto en Irak que garanticen la protección de la población civil y hagan honor a sus obligaciones en virtud del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos; pide un apoyo inmediato y ayuda humanitaria para las personas desplazadas en Irak;
9. Acoge con satisfacción los esfuerzos de los EE.UU. y todos los demás Estados contribuyentes para apoyar a las autoridades nacionales y locales iraquíes en su lucha contra el EI, para detener el avance del EI y para facilitar el acceso a la ayuda humanitaria; acoge con satisfacción el llamamiento de los EE.UU. en favor de una coalición internacional contra el EI, coalición que se está formando; celebra la decisión adoptada el 7 de septiembre de 2014 por la Liga Árabe de tomar todas las medidas necesarias para hacer frente al EI y cooperar con los esfuerzos internacionales, regionales y nacionales de lucha contra los insurgentes en Siria e Irak, así como de respaldar la Resolución 2170 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas; pide a la Liga Árabe que debata la posibilidad de modificar la Convención Árabe para la Supresión del Terrorismo de 1998 con el fin de que permita hacer frente al terrorismo global por todos los medios;
10. Pide a la comunidad internacional que asista a las autoridades iraquíes —también dando protección militar a los grupos especialmente vulnerables— a la hora de ofrecer protección y prestar asistencia a quienes huyen de las zonas afectadas por el terrorismo, en particular a miembros de grupos vulnerables y comunidades étnicas y religiosas; pide a todos los actores regionales que contribuyan a los esfuerzos encaminados a promover la seguridad y la estabilidad en Irak; recuerda que todos los actores regionales, al igual que la UE, deben asumir el compromiso y la responsabilidad últimos de hacer todo lo posible para garantizar el retorno de las minorías tradicionales y de todos los ciudadanos a sus lugares originarios de residencia que se han visto forzados a abandonar; pide a los Estados miembros de la UE que asistan a las autoridades iraquíes y locales por todos los medios posibles, incluida la asistencia militar adecuada, para contener y repeler la expansión terrorista y agresiva del EI; destaca la necesidad de una acción coordinada de los países de la región para luchar contra la amenaza del EI; pide a todos los actores de la región que hagan cuanto esté en su mano para poner fin a todas las actividades de organismos oficiales o privados destinadas a propagar y difundir ideologías islamistas extremistas; pide a Turquía que se comprometa claramente y sin ambigüedades a luchar contra la amenaza para la seguridad común que supone el EI; pide a la UE que facilite un diálogo regional que aborde los problemas a los que se enfrenta el Oriente Próximo y que incorpore al mismo a todas las partes significativas, en especial Irán y Arabia Saudí;
11. Celebra la movilización del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias y la activación del Mecanismo de Protección Civil de la UE a petición del Gobierno iraquí; alaba la asistencia humanitaria de la UE a Irak y Siria; pide ayuda humanitaria adicional para las poblaciones afectadas por el conflicto, incluidos los kurdos sirios;
12. Pide a todas las partes en conflicto en Siria, en particular al régimen sirio, que garanticen la protección de la población civil y hagan honor a sus obligaciones en virtud del Derecho internacional humanitario y en materia de derechos humanos, que faciliten la prestación de ayuda y asistencia humanitaria por todas las vías posibles, también a través de las fronteras y las líneas de combate, y que garanticen la seguridad de todo el personal médico y todos los trabajadores humanitarios; alaba el papel del Líbano, Jordania y Turquía de acogida de refugiados; pide a la comunidad internacional que se muestre más activa y mejor dispuesta a la hora de compartir cargas y aportar ayuda financiera directa a los países de acogida; pide a la UE que presione a todos los donantes para que cumplan sus promesas y entreguen rápidamente todo lo prometido; acoge con satisfacción los compromisos asumidos por los Estados miembros, dado que la UE es el principal donante de ayuda financiera y la principal fuente de futuros compromisos;
13. Hace hincapié en la necesidad de aprovechar todas las posibilidades para luchar eficazmente contra la amenaza del EI en Siria, respetando plenamente el Derecho internacional; destaca que, a largo plazo, solo una solución duradera e integradora que posibilite una transición pacífica hacia un gobierno realmente representativo en Siria contribuirá a neutralizar la amenaza del EI y de otras organizaciones extremistas;
14. Pide a todas las partes en conflicto en Siria que respeten el mandato de la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación y que garanticen la seguridad y la libertad de movimientos de las tropas de las Naciones Unidas, incluidas las de los Estados miembros; condena la detención de 45 miembros fiyianos de miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz por un grupo armado; celebra la liberación de los miembros de las fuerzas de mantenimiento de la paz el 11 de septiembre de 2014;
15. Recuerda la declaración de la coordinadora especial de la Misión Conjunta de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas y las Naciones Unidas (OPAQ-NU), según la cual se ha destruido el 96 % de las armas químicas sirias; pide que se desactiven las armas restantes tal como se acordó en el Marco relativo a la eliminación de las armas químicas sirias;
16. Acoge con satisfacción la decisión de algunos Estados miembros de responder positivamente a la petición de las autoridades kurdas de facilitarles urgentemente material militar; destaca que estas respuestas reflejan las capacidades y las legislaciones nacionales de los Estados miembros y cuentan con el consentimiento de las autoridades nacionales iraquíes; pide a los Estados miembros que están facilitando material militar a las autoridades regionales kurdas que coordinen sus esfuerzos y apliquen medidas eficaces de control para evitar una diseminación descontrolada y el empleo de material militar contra civiles;
17. Reitera su preocupación ante las noticias de que miles de combatientes extranjeros transnacionales, incluidos ciudadanos de los Estados miembros, se han unido a las fuerzas rebeldes del EI; pide a los Estados miembros que tomen medidas adecuadas para impedir que se desplacen combatientes desde su territorio, de acuerdo con la Resolución 2170 (2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y que desarrollen una estrategia común para los servicios de seguridad y las agencias de la UE para la observación y el control de yihadistas; pide cooperación en la UE y a nivel internacional con miras a una acción legal adecuada contra personas sospechosas de estar implicadas en actos de terrorismo; pide a los Estados miembros de la UE que intensifiquen la cooperación y el intercambio de información entre sí y con organismos de la UE y que velen por una cooperación eficiente con Turquía; destaca la importancia de la prevención, la persecución, el acercamiento, la rehabilitación y la reintegración;
18. Acoge con satisfacción la formación de un Gobierno nuevo y de carácter integrador en Irak así como la adopción del programa ministerial; apoya los esfuerzos del primer ministro por llevar a término la formación del Gobierno; pide al Gobierno que sea verdaderamente representativo y que se fije una agenda incluyente; destaca que el Gobierno debe representar adecuadamente la diversidad política, religiosa y étnica de la sociedad iraquí, incluida la minoría suní, con objeto de poner fin al derramamiento de sangre y a la fragmentación del país; pide a todos los participantes que colaboren en interés de la estabilidad política y la paz y para luchar contra los rebeldes del EI; subraya que la unidad, la soberanía y la integridad territorial de Irak son fundamentales para la estabilidad y el desarrollo económico del país y de la región;
19. Pide al Gobierno y al Parlamento iraquíes que revisen urgentemente la legislación y la práctica jurídica, reformen el sistema judicial y el aparato de seguridad del país y apliquen políticas incluyentes para todos los iraquíes con miras a poner fin a la política de discriminación;
20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas específicas para abordar la situación de las mujeres en Irak y Siria y garantizar su libertad y el respeto de sus derechos más fundamentales, y que adopten medidas para impedir la explotación, los abusos y la violencia contra las mujeres y los niños, en particular el matrimonio precoz de las jóvenes; se muestra particularmente preocupado por el aumento de todas las formas de violencia contra las mujeres yazidíes, que son encarceladas, violadas, sometidas a abusos sexuales y vendidas por miembros del EI;
21. Expresa su preocupación por el creciente número de casos de reclutamiento de niños y jóvenes en Irak y Siria; alienta a la Comisión a que coopere con los socios —incluidas las organizaciones internacionales— en la elaboración de un programa global destinado a abordar la necesidad de proteger a los niños y las mujeres afectados por el conflicto armado;
22. Apoya la solicitud del Consejo de Derechos Humanos a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de envío urgente de una misión a Irak para investigar las violaciones y los abusos del Derecho internacional en materia de derechos humanos cometidas por el EI y los grupos terroristas asociados y para establecer los hechos y las circunstancias de tales abusos y violaciones con miras a evitar la impunidad y garantizar una plena rendición de cuentas;
23. Sigue convencido de que no puede haber una paz duradera en Siria e Irak sin rendición de cuentas por los crímenes cometidos por todas las partes durante el conflicto, en particular los perpetrados por motivos religiosos o étnicos; reitera su petición de que se entregue a los sospechosos de haber cometido crímenes contra la humanidad en Siria y en Irak a la Corte Penal Internacional, y apoya todas las iniciativas en este sentido;
24. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo, a la Comisión, al Representante Especial de la UE para los Derechos Humanos, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Gobierno y al Consejo de Representantes de Irak, al Gobierno Regional del Kurdistán, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y a todas las partes implicadas en el conflicto en Siria.
(1) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0023.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre la situación en Libia (2014/2844(RSP))
– Vistas las Conclusiones del Consejo de Asuntos Exteriores del 15 de agosto de 2014 y las Conclusiones del Consejo Europeo del 30 de agosto de 2014 sobre Libia,
– Vistas la declaraciones de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 26 de agosto de 2014,
– Visto el paquete PEV relativo a Libia, de septiembre de 2014,
– Visto el nombramiento, el 14 de agosto de 2014, de Bernardino León como nuevo Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para Libia,
– Vistas las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1970, 1973 (2011) y 2174 de 27 de agosto de 2014,
– Visto el Informe del Secretario General sobre la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNISMIL), de 4 de septiembre de 2014, sobre las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario durante la actual situación de violencia,
– Vista la reunión de los enviados especiales para Libia de la Liga Árabe, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Malta, España, el Reino Unido y los Estados Unidos con las Naciones Unidas, que se celebró el 24 de julio de 2014 para analizar los últimos acontecimientos en Libia,
– Vistas las elecciones legislativas de Libia celebradas en junio de 2014,
– Vista la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado y su Protocolo Facultativo,
– Vista la Decisión del Consejo, de 22 de mayo de 2013, por la que se crea la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea en Libia (EUBAM),
– Vista la ratificación por parte de Libia, el 25 de abril de 1981, de la Convención de la Unión Africana por la que se regulan los aspectos específicos de los problemas de los refugiados en África,
A. Considerando que en febrero de 2011 los libios salieron a las calles para reivindicar sus derechos políticos, a lo que siguió una represión indiscriminada del Estado que provocó nueve meses de conflicto civil y la caída del régimen de Gaddafi; que en las últimas semanas la estabilidad política, la situación de la seguridad, y la situación humanitaria y de los derechos humanos en Libia han sufrido un grave deterioro;
B. Considerando que en los últimos meses se han intensificado los enfrentamientos entre milicias rivales, más concretamente de Misrata y Zintan, y que las batallas por el control de Trípoli y Bengasi en particular han desestabilizado Libia y su transición democrática, provocando un incremento de las muertes de civiles y del número de refugiados y de desplazados internos; que, según datos de la USMIL, la última oleada de combates ha provocado más de 100 000 desplazados internos en Libia y forzado a más de 150 000 personas, incluidos muchos trabajadores migrantes, a huir del país;
C. Considerando que el 24 de agosto de 2014 fuerzas de milicias de afiliación islamista se hicieron con el control de Trípoli y su aeropuerto civil; que las milicias de afiliación islamista están vinculadas a grupos armados como Estado Islámico, AQIM, al-Jammaa al-Libiya, al-Moukatila y Ansar al-Charia;
D. Considerando que los recientes combates hacen más probable la amenaza de una propagación de los grupos terroristas; que, si no se hace frente a esta situación, la inestabilidad ya existente se podría agravar en toda la región;
E. Considerando que Libia se enfrenta a una escalada de la violencia entre grupos armados locales, lo que incluye ataques a civiles y a propiedades privadas y violaciones masivas de los derechos humanos que en algún caso constituyen crímenes de guerra; que, según ciertas informaciones, docenas de civiles han sido secuestrados en Trípoli y Bengasi, exclusivamente a causa de su pertenencia —real o supuesta— a determinada tribu, familia o religión; que quienes cometen estos actos de violencia parecen hacer caso omiso de las posibles repercusiones de sus actos en los civiles inocentes;
F. Considerando el creciente deterioro de la situación de los derechos humanos en todo el país, que incluye casos de detenciones arbitrarias, secuestros, ejecuciones ilegales, torturas y violencia contra periodistas, funcionarios, figuras políticas y defensores de los derechos humanos como la destacada activista Salwa Bugaighis, brutalmente asesinada;
G. Considerando que los recientes combates han provocado un deterioro general de las condiciones de vida en Libia, donde escasea el suministro de alimentos, combustible, agua y electricidad; que la salida del país del personal médico extranjero y la escasez de material médico han agravado la difícil situación de la población civil;
H. Considerando que, desde diciembre de 2013, han sido asesinados o secuestrados varios ciudadanos extranjeros, debido al deterioro de la seguridad; que, en agosto de 2014, varios Estados miembros de la UE se unieron a los Estados Unidos para condenar la actual violencia en Libia;
I. Considerando que el 25 de junio de 2014 se celebraron elecciones legislativas; que tras los recientes episodios de violencia, la Cámara de Representantes legítimamente electa, que sustituye al antiguo Congreso General de la Nación, se ha trasladado desde Trípoli a Tobruk; que las milicias islamistas no reconocen a la Cámara de Representantes ni al nuevo gobierno y han constituido su propio parlamento y su propio gobierno;
J. Considerando que, según los medios estatales libios, la Asamblea Constituyente, elegida en febrero de 2014 y compuesta de 60 representantes procedentes de las tres regiones históricas de Libia, hará público un proyecto de constitución a fines de 2014 y que en marzo de 2015 podría celebrarse un referéndum sobre el mismo;
K. Considerando que es urgente restablecer la credibilidad en el proceso político de Libia; que el escepticismo generalizado entre los ciudadanos libios ha provocado una erosión de la credibilidad y una baja participación en las recientes elecciones; que, como resultado de la actual situación de violencia, está aumentando la amenaza al proceso democrático que se inició tras el derrocamiento del coronel Gaddafi;
L. Considerando que se ha encomendado a la UNSMIL que asuma el grueso del esfuerzo de la construcción del Estado y que la Unión Europea ha centrado su apoyo a Libia en la EUBAM;
M. Considerando las noticias de intervención extranjera en la violencia en Libia, con acciones militares y suministro de armas y municiones, así como con acciones que exacerban las divisiones locales e inciden en las débiles estructuras de gobierno, perjudicando así el proceso de transición democrática de Libia; que varios Estados del Golfo y otros actores regionales respaldan ahora a facciones rivales en la escalada de desórdenes internos en Libia;
N. Considerando que la Resolución 2174(2014) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autoriza las prohibiciones de viajar y las congelaciones de activos contra «personas físicas o jurídicas que participen o apoyen otros actos que amenacen la paz, la estabilidad o la seguridad de Libia, u obstaculicen o perjudiquen el éxito de su transición política»;
O. Considerando que, según las informaciones disponibles, cientos de migrantes y refugiados que huyen de la violencia en Libia han perecido al intentar cruzar el Mediterráneo hacia Europa, provocando una grave crisis de refugiados en Italia y Malta; que, según la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), desde junio han muerto más de 1 600 personas al intentar llegar a Europa; que Libia es el principal punto de salida para los migrantes que intentan alcanzar Europa; que, según las estimaciones del ACNUR, de las 109 000 personas llegadas a Italia, unas 98 000 han salido de Libia desde principios de año; que se teme que otros 500 migrantes hayan perecido tras la presunta embestida de otro barco cerca de Malta el 15 de septiembre de 2014;
P. Considerando que el 26 de febrero de 2011 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas remitió el caso de Libia a la Corte Penal Internacional; que el 27 de junio de 2011 la Corte Penal Internacional dictó tres órdenes de detención contra Muammar Gaddafi, Saif al-Islam Gaddafi y Abdullah al-Senussi por crímenes contra la humanidad; que los restantes sospechosos no se encuentran bajo custodia de la Corte; que las autoridades libias han insistido en que sean juzgados con arreglo al ordenamiento jurídico libio;
Q. Considerando que, el 25 de agosto de 2014, Egipto celebró la tercera reunión ministerial para los países vecinos de Libia, a la que acudieron los ministros de Asuntos Exteriores de Libia, Túnez, Argelia, Sudán, Níger y Chad, así como la Liga Árabe, para tratar la crisis libia; que este foro emitió un comunicado de prensa en el que reafirmaba la legitimidad de las instituciones libias, rechazaba las injerencias extranjeras, solicitaba el desarme de las milicias y proponía la creación de un mecanismo de sanciones graduales contra las personas o entidades que bloqueen el proceso político;
1. Condena la creciente violencia, en particular la dirigida contra la población civil y las instituciones civiles; pide a todas las partes en conflicto que pongan término inmediatamente a todo tipo de actos de violencia y acuerden un alto el fuego para que cese el creciente sufrimiento de la población, y que emprendan un diálogo político nacional incluyente para fundar un Estado basado en el respeto de los derechos humanos, la democracia y el Estado de Derecho; pide que los responsables de todas las violaciones de los derechos humanos y del Derecho internacional humanitario tengan que rendir cuentas; expresa su profunda preocupación y su plena solidaridad con la población civil libia que sufre y con las instituciones libias;
2. Insta a todas las partes del conflicto a que respeten los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia, para garantizar la prestación de asistencia humanitaria, la seguridad de los civiles receptores de dicha asistencia y la seguridad del personal humanitario;
3. Recuerda que todas las partes del conflicto libio deben comprometerse en favor de la protección de los civiles en todo momento, y que las personas detenidas deben ser tratadas de acuerdo con los derechos humanos y el derecho humanitario; recuerda que los ataques dirigidos contra el personal participante en labores de asistencia humanitaria o misiones de mantenimiento de la paz con arreglo a la Carta de las Naciones Unidas, destinadas a la protección de civiles o de bienes civiles con arreglo al Derecho internacional sobre conflictos armados, constituyen crímenes de guerra en virtud de lo dispuesto en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional;
4. Constata el impacto sobre la seguridad regional y europea derivado de la situación de inseguridad general y deterioro de la gobernanza en Libia; recuerda que los combates sostenidos a lo largo de todo julio y agosto de 2014 por el control del aeropuerto de Trípoli se han traducido en una dramática escalada del conflicto y en un hundimiento en el caos, con numerosas víctimas y la destrucción de infraestructuras estratégicas;
5. Expresa su profunda preocupación por las noticias de participación de actores regionales en la violencia de Libia, y pide a los países vecinos y a los actores regionales que se abstengan de emprender acciones que puedan agravar las actuales divisiones y socavar la transición democrática de Libia; pide a todos ellos que incrementen los controles en sus fronteras, incluidos los puertos y aeropuertos, y que inspeccionen exhaustivamente todas las mercancías que tengan como origen o destino Libia; elogia la hospitalidad tunecina con los cientos de miles de libios desplazados a Túnez huyendo de la violencia;
6. Recuerda la Resolución 2174 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aprobada el 27 de agosto de 2014, que amplía las actuales sanciones internacionales impuestas a Libia para incluir la responsabilidad penal de aquellas personas que cometan o apoyen actos que supongan una «amenaza para la paz, la estabilidad o la seguridad de Libia, u obstruyan o socaven la realización exitosa de su transición política»; pide a la Alta Representante, a la UE, a sus Estados miembros y a toda la comunidad internacional que consideren la posibilidad de aplicar estas medidas a las personas concretas que amenacen las perspectivas de paz y de transición democrática en Libia, y que después confeccionen una lista de las mismas tal como en su momento se hizo con Gaddafi y su núcleo duro;
7. Recuerda que las partes beligerantes han de ser consideradas responsables y perseguidas por los tribunales nacionales o por la Corte Penal Internacional, que es competente para juzgar los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad, el genocidio y las violaciones como crimen de guerra que se hayan cometido en Libia desde el 15 de febrero de 2011, en virtud de la Resolución 1970 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas;
8. Apoya enérgicamente los esfuerzos de la Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Libia (UNISMIL) y del recientemente designado Enviado Especial de las Naciones Unidas para Libia, Bernardino León, por promover y facilitar el diálogo nacional entre todos los políticos y los agentes influyentes de Libia; insta a la comunidad internacional a adoptar medidas respecto de la situación en Libia a través de las Naciones Unidas;
9. Respalda a la Cámara de Representantes como el órgano legítimo dimanante de las elecciones de junio de 2014 que es; pide al gobierno provisional, a la Cámara de Representantes y a la Asamblea Constituyente de Libia que desempeñen sus tareas tomando como base el Estado de Derecho y los derechos humanos, con espíritu de inclusión, en interés del país y con el fin de proteger los derechos de todos los ciudadanos libios, incluidas las minorías religiosas; pide a todas las partes que les apoyen y que participen en un diálogo político inclusivo para recuperar la estabilidad y consensuar los planes de futuro; pide a los miembros de la Cámara de Representantes que visiten el Parlamento Europeo y se reúnan con sus diputados recién elegidos a fin de establecer relaciones parlamentarias con ellos;
10. Reconoce el papel fundamental que las mujeres han jugado en la transición libia, y destaca la importancia de la plena participación de las mujeres en el proceso decisorio nacional y en la creación de instituciones nacionales a todos los niveles;
11. Hace hincapié en que las autoridades libias deben gestionar la explotación y la venta de petróleo, y pide a la comunidad internacional que se abstenga de operar con otros actores; pide que las empresas internacionales involucradas en Libia revelen sus operaciones financieras en el sector energético;
12. Pide a la Comisión y al SEAE que coordinen las acciones de los Estados miembros en Libia, que centren su apoyo en la construcción del Estado y de las instituciones y que, conjuntamente con los Estados miembros, las Naciones Unidas, la OTAN y los socios regionales, aporten su asistencia en la creación de unas fuerzas de seguridad (fuerzas armadas y policía) eficaces y bajo mando y control nacionales que sean capaces de garantizar el orden y la paz en el país, apoyando el inicio de un alto el fuego y diseñando un mecanismo para supervisarlo; hace hincapié en que la UE debería también dar prioridad a la asistencia en las reformas del sistema de justicia libio y en otros ámbitos fundamentales para una gobernanza democrática;
13. Señala que la Unión ha puesto en marcha una Misión de Asistencia Fronteriza en Libia (EUBAM), que hasta la fecha no ha podido alcanzar sus objetivos de mejora de la seguridad de las fronteras del país; constata que la misión se encuentra actualmente paralizada, con la mayoría de su personal repatriado dadas las condiciones de inseguridad, a excepción de un pequeño equipo trasladado a Túnez; destaca que una contribución de la UE en materia de seguridad que se centre únicamente en la seguridad fronteriza es claramente insuficiente e incoherente tanto con las necesidades del país como con los desafíos para la seguridad de la región y de la UE; pide, por lo tanto, a la Alta Representante que revise el mandato de la Misión de Asistencia Fronteriza de la Unión Europea con vistas a diseñar una nueva misión, en el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común, que tenga en cuenta la nueva situación en Libia, en particular en lo relativo a la urgente necesidad de reconstrucción del Estado, el fortalecimiento de las instituciones y la reforma del sector de la seguridad;
14. Expresa una vez más su preocupación por la proliferación de armas, municiones y explosivos, así como por el contrabando de armas en Libia, hecho que supone un riesgo para la estabilidad del país y para su población;
15. Expresa su profunda preocupación por la llegada a las costas maltesas e italianas de un número sin precedentes de migrantes irregulares y solicitantes de asilo, muchos de los cuales parten de territorio libio; pide a la UE que haga un seguimiento de las prioridades identificadas por el Grupo de Trabajo Mediterráneo y ponga en marcha, tan pronto como las condiciones lo permitan, un diálogo político con el gobierno libio en torno a las cuestiones migratorias; lamenta profundamente la pérdida de otras 500 vidas humanas tras la presunta embestida de otro barco cerca de Malta;
16. Pide a la UE y a sus Estados miembros que ayuden y apoyen efectivamente a Italia en sus loables esfuerzos por salvar vidas y atender los flujos migratorios del norte de África, y en particular de Libia, que están creciendo de manera vertiginosa;
17. Pide la reapertura y el funcionamiento sin trabas del ACNUR en Libia; pide a la UE que siga prestando asistencia humanitaria, financiera y política en las zonas en crisis del Norte de África y Oriente Próximo para abordar las causas profundas de la migración y las presiones humanitarias;
18. Manifiesta su profunda preocupación por la creciente presencia en Libia de individuos y grupos terroristas activos vinculados a Al-Qaeda, y reitera la necesidad de combatir por todos los medios, de acuerdo con lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional ‒incluidos los derechos humanos aplicables y el derecho humanitario y de los refugiados‒, las amenazas a la paz y la seguridad internacionales generadas por los actos terroristas;
19. Reitera el apoyo y el compromiso inquebrantable de la UE con las aspiraciones democráticas del pueblo libio, en particular durante la actual crisis y en la transición democrática del país; pide una mayor participación de la UE en apoyo de la estabilidad y de la transición democrática en Libia;
20. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Gobierno y a la Cámara de Representantes de Libia, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Liga Árabe y a la Unión Africana.
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de septiembre de 2014, sobre Israel-Palestina después de la guerra de Gaza y el papel de la UE (2014/2845(RSP))
– Vistas la declaración del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 12 de julio de 2014 y la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon de 13 de julio de 2014,
H. Considerando que expertos palestinos estiman que la reconstrucción de Gaza costará alrededor de 8 000 millones de dólares estadounidenses; que el 9 de septiembre de 2014, las Naciones Unidas y el Gobierno palestino hicieron un llamamiento a los donantes internacionales para que aportasen 550 millones de dólares estadounidenses para ayuda alimentaria y acceso a agua potable, atención sanitaria y educación como ayuda inmediata tras el reciente conflicto; considerando que está prevista la celebración en Egipto de una conferencia internacional de donantes para la reconstrucción de Gaza;
3. Insta a la UE a participar de forma efectiva en las labores de ayuda humanitaria urgente y en la reconstrucción de Gaza; invita a la UE a participar decididamente en la Conferencia Internacional de Donantes que se celebrará en El Cairo el 12 de octubre de 2014;
9. Reitera su apoyo a la política de resistencia pacífica del presidente Mahmud Abás y condena todos los actos de terrorismo y violencia; pide a la Unión Europea y a sus Estados miembros que redoblen su apoyo al liderazgo del presidente Abás y a su reciente iniciativa para desbloquear el conflicto;
10. Destaca que la situación actual de la Franja de Gaza es insostenible y sirve a los fines de los extremistas, dando lugar a ciclos constantemente renovados de violencia; cree que no habrá estabilidad a largo plazo en Gaza sin reconstrucción y recuperación económica, para lo que es un obstáculo que no haya libre circulación de personas y mercancías; pide una rápida reconstrucción y rehabilitación de Gaza y apoya firmemente la conferencia de donantes que se celebrará el 12 de octubre de 2014 en El Cairo;
11. Insta nuevamente a la UE y a sus Estados miembros a que desempeñen un papel políticamente más activo, también en el seno del Cuarteto, en los esfuerzos por conseguir una paz justa y duradera entre israelíes y palestinos; apoya a la Alta Representante en sus gestiones para abrir una perspectiva creíble a la reanudación del proceso de paz;
12. Alaba que la UE esté dispuesta a apoyar un posible mecanismo internacional respaldado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, entre otros medios, con la reactivación y la posible extensión del alcance y el mandato de sus misiones EUBAM Rafah y EUPOL COPPS sobre el terreno y el lanzamiento de un programa destinado al personal de aduanas y la policía de la Autoridad Palestina para su despliegue en Gaza;
13. Expresa su reconocimiento de la enorme importancia de la labor llevada a cabo por el OOPS y todo su personal durante y después del conflicto; expresa sus condolencias al OOPS y a las familias de sus 12 empleados muertos durante el conflicto; pide a la UE y a los donantes internacionales que aumenten significativamente su ayuda para financiar el aumento de las necesidades inmediatas de la población afectada que el OOPS debe cubrir;
14. Destaca que es imperativo que la Autoridad Palestina, la UE, Egipto y Jordania trabajen con intensidad para garantizar que no se rearmen los grupos terroristas de Gaza y Cisjordania y que no vuelvan a introducir armas de contrabando, fabricar misiles y construir túneles;
15. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado del Cuarteto para Oriente Próximo, a la Knesset y al Gobierno de Israel, al Presidente de la Autoridad Palestina y al Consejo Legislativo Palestino, al Parlamento y al Gobierno de Egipto y al Parlamento y al Gobierno de Jordania.

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