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BOE.es - Documento BOE-A-2004-884
Documento BOE-A-2004-884
Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 14, de 16 de enero de 2004, páginas 1757 a 1780 (24 págs.)
BOE-A-2004-884
https://www.boe.es/eli/es-an/l/2003/12/17/13
A todos los que la presente vieren, sabed: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
No obstante, la evolución social habida desde entonces, tanto en las necesidades de la protección del consumidor como en la legislación que le afecta —incluida la producida por las instituciones comunitarias europeas—, y en la misma relación entre el Derecho estatal y el autonómico, hacen muy conveniente la aprobación de esta nueva ley. Con esta perspectiva, respetando la competencia estatal sobre legislación civil y mercantil, se concretan ahora algunos de los derechos de los consumidores en las relaciones que surgen en el ámbito de las nuevas tecnologías y de los servicios de la sociedad de la información. Estas nuevas realidades también son tenidas en cuenta al regular la inspección, las infracciones y sanciones y las medidas administrativas no sancionadoras de protección, entendiendo que así se contribuye a clarificar la actuación de la Administración y a reforzar la posición de los consumidores en estos nuevos ámbitos.
Artículo 2. Actuación de las Administraciones Públicas.
Las personas físicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios cuya exclusiva finalidad sea el uso o disfrute personal, familiar o doméstico.
Las personas jurídicas que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios destinados de forma desinteresada, gratuita o sin ánimo de lucro a sus trabajadores, socios o miembros o para ellas mismas.
Las entidades asociativas sin personalidad jurídica que adquieran, utilicen o disfruten bienes o servicios sin ánimo de lucro.
Artículo 4. Derechos de los consumidores.
Artículo 5. Nulidad de actos y negocios contrarios a la presente Ley.
Artículo 6. Seguridad de bienes y servicios.
Artículo 7. Vigilancia, control e inspección de las Administraciones Públicas.
Artículo 8. Bienes de primera necesidad y servicios esenciales.
Artículo 9. Medidas de vigilancia especial.
Artículo 10. Protección de los derechos e intereses de los consumidores.
Artículo 11. Medidas de protección.
a) Asegurar el reconocimiento y apoyo en la Comunidad Autónoma de Andalucía de las organizaciones o asociaciones de los consumidores , con vistas a su participación activa, representación y audiencia.
Artículo 12. Sistemas de control e inspección.
La legalidad de los precios de los repuestos de los bienes al aplicarlos en las reparaciones y mano de obra, traslado y visita.
La claridad en los costes y comisiones que se deriven de toda clase de operaciones financieras que, siempre que sea posible y sin perjuicio de otros medios de publicidad legalmente establecidos, habrán de ser advertidos al consumidor con carácter previo a la realización de cada concreta operación, incluso cuando ésta se realice a través de cajeros automáticos.
Artículo 13. Reparación de daños.
Artículo 14. Promoción del derecho a la reparación de daños.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, ejercerán las funciones que la legislación vigente les atribuya de fomento, gestión y desarrollo del Sistema Arbitral de Consumo, dotándolo para ellos de los medios materiales y humanos necesarios.
Artículo 16. Medidas de protección de la información.
Artículo 17. Obligación de facilitar información.
3. En el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, para los efectos de lo previsto en el presente artículo, se estará a lo dispuesto en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, o normativa vigente en su caso, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que en materia de información se establezcan reglamentariamente.
Artículo 18. Obligación de disponer de libro de quejas y reclamaciones, de tramitar y contestar a las mismas.
Artículo 19. Espacios en medios de comunicación.
Artículo 20. Oficinas de información al consumidor.
1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 16 a), se crearán Oficinas de Información al Consumidor de titularidad pública.
g) Facilitar a los consumidores, así como a las organizaciones o asociaciones de éstos, los datos referentes a registro y autorización de bienes o servicios, así como de los que se encuentren suspendidos, retirados o prohibidos por su riesgo o peligrosidad ; facilitar información sobre sanciones firmes, impuestas en el plazo de tres años, por infracciones contra los derechos de los consumidores y la regulación de los precios y condiciones de bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado.
h) Realizar campañas informativas tendentes a conseguir un mejor conocimiento por parte de los consumidores en relación con sus derechos y obligaciones, así como desarrollar programas dirigidos a mejorar el nivel de educación específica y formación de los mismos.
Para el desarrollo de las campañas y programas podrá contarse con las propuestas y colaboración de las organizaciones o asociaciones de consumidores existentes dentro del ámbito de su actuación.
Artículo 21. Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
Artículo 22. Participación de las Diputaciones Provinciales.
Artículo 23. Coordinación de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor.
Artículo 24. Programas de educación y formación.
Artículo 25. Educación en materia de consumo.
Artículo 26. Programas de formación.
Artículo 27. Formación en medios de comunicación.
Artículo 28. Organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 29. Consideración de organización o asociación de consumidores y usuarios.
2. Asimismo, se consideran organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios, a los efectos de esta Ley, las entidades constituidas en Andalucía exclusivamente por consumidores con arreglo a la Ley de Cooperativas Andaluzas que reúnan las siguientes condiciones:
Artículo 30. Condiciones para el acceso a beneficios.
Artículo 31. Derechos de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 32. Deberes de las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 33. Representación en órganos públicos de la Junta de Andalucía.
Artículo 34. Trámite de audiencia a organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios.
Artículo 35. Fomento de la colaboración.
Artículo 36. Actuación frente a situaciones de inferioridad.
Artículo 37. Medidas especiales ante los servicios de la sociedad de la información.
Artículo 38. Consejo Andaluz de Consumo y Consejos Provinciales de Consumo.
4. Cada Consejo Provincial desempeñará sus funciones dentro de su ámbito territorial, debiendo elevar al Consejo de Andaluz de Consumo aquellas cuestiones que excedan dicho ámbito o cuya relevancia así lo justifique.
Artículo 39. Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Artículo 40. Vigilancia del cumplimiento de los derechos de los consumidores.
Artículo 41. Comunicación a otros órganos.
Artículo 42. Inspecciones de las Administraciones Públicas con incidencia en Consumo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, desarrollarán las inspecciones necesarias para vigilar y garantizar que quienes producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios, o quienes colaboran con aquellos, cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos por la ordenación de los distintos sectores de actividad cuya inobservancia pueda lesionar los intereses generales protegidos por esta Ley.
Artículo 43. Inspección de Consumo.
Artículo 44. Organización y funcionamiento de la Inspección de Consumo.
Artículo 45. Coordinación de los Servicios de la Inspección de Consumo.
Artículo 46. La actividad inspectora de Consumo.
Artículo 47. Facultades de la inspección y acceso a establecimientos y documentos.
Artículo 48. Toma de muestras.
Artículo 49. Colaboración con los Servicios de Inspección.
Artículo 50. Deberes de los sujetos inspeccionados.
Artículo 51. Actas de inspección.
Artículo 52. Valor probatorio de las actas de inspección.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 137 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados personalmente por los inspectores de Consumo y recogidos en las actas tendrán valor probatorio, salvo prueba en contrario.
Artículo 53. Análisis de muestras.
Artículo 54. Entidades colaboradoras.
Artículo 55. Realización de estudios y publicidad de sus resultados.
4. Para la realización de estas actividades harán uso de procedimientos y métodos normalizados. Si éstos no existieran, se emplearán aquéllos recomendados nacional o internacionalmente o los que garanticen un resultado más exacto.
Artículo 56. Comisión Coordinadora de las Inspecciones de Bienes y Servicios.
Artículo 57. Códigos de buenas prácticas.
Artículo 58. Actuación de la Administración frente al riesgo para la salud y seguridad.
Artículo 59. Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar la salud y seguridad de los consumidores.
Artículo 60. Presunción de riesgo para la salud o seguridad.
Artículo 61. Actuación de los órganos de defensa del consumidor para garantizar los intereses económicos y sociales de los consumidores.
Artículo 62. Sujetos que pueden verse afectados por las medidas.
Artículo 63. Comunicación a otras Administraciones Públicas y acción de cesación.
1. Cuando las situaciones a que se refieren los artículos anteriores puedan afectar al ámbito de competencias de otros órganos o Administraciones Públicas, se pon drán inmediatamente en conocimiento de aquellos con todos los datos relevantes y, si ya se han tomado, con indicación de las medidas adoptadas, extremándose en tales casos los deberes de coordinación y colaboración administrativa.
1. Para adoptar las medidas previstas en los artículos 59 y 61, será necesario seguir el correspondiente procedimiento tramitado conforme a lo previsto en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la normativa sectorial correspondiente y a lo que se prevea reglamentariamente, salvo en aquellos casos en que fuera imposible la localización o identificación de los responsables de la producción, distribución o comercialización de bienes y servicios y a cualquier otro responsable del mantenimiento o existencia del riesgo.
3. Excepcionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42, apartado 6, de dicha Ley, podrá prorrogarse el plazo por acuerdo motivado del órgano al que corresponda la resolución, atendiendo al número de personas afectadas, a las dificultades para su identificación y localización y, en su caso, a la necesidad de practicar notificaciones en el extranjero.
Artículo 65. Colaboración en la ejecución de las medidas.
Artículo 66. Requerimientos de subsanación.
Artículo 67. Órganos competentes.
Artículo 69. Vigencia de las medidas provisionales.
Artículo 70. Comunicación de riesgos.
Artículo 71. Tipos de infracciones.
1.ª Elaborar, distribuir, suministrar u ofertar bienes o servicios sin cumplir correctamente los deberes de información que impongan o regulen las leyes y los reglamentos en relación con cualquiera de los datos o menciones obligatorios o voluntarios y por cualquiera de los medios previstos para tal información.
2.ª Utilizar indebidamente marcados, marchamos, troqueles o distintivos similares, no emplear los obligatorios o emplear los que no cumplan las condiciones reglamentarias en cuanto sea susceptible de perjudicar los intereses de los consumidores, salvo que constituya fraude.
3.ª Elaborar, distribuir, suministrar, vender u ofertar bienes cuando su composición, características técnicas o calidad no se ajusten a la normativa o difieran de la declarada o anotada en el correspondiente registro.
4.ª Elaborar, distribuir u ofertar al público bienes prohibidos o con componentes o envases no permitidos o sin contar con las autorizaciones preceptivas u otros controles administrativos impuestos para la protección de los consumidores.
5.ª Desviar para consumo humano y poner a disposición de los consumidores bienes no aptos para ello o destinados específicamente para otros usos.
6.ª Vender o poner a disposición de los consumidores bienes destinados exclusivamente a un uso empresarial o profesional, siempre que ello sea susceptible de perjudicar los intereses de los consumidores.
7.ª Incumplir las condiciones de las instalaciones, establecimientos o vehículos en que se elaboren, conserven, distribuyan o vendan bienes o se presten servicios, o su utilización o apertura sin los preceptivos controles administrativos previos cuando aquellas condiciones o estos controles estén impuestos para la protección de los consumidores.
8.ª Ofertar o prestar servicios al público que estén prohibidos o que no se hayan sometido a los controles administrativos previos o periódicos impuestos para la protección de aquellos.
9.ª Incumplir las exigencias de personal cualificado o de los deberes impuestos al personal o a la empresa en relación con el personal cuando sea susceptible de perjudicar a los consumidores.
10.ª Prestar servicios incumpliendo las condiciones que impongan las disposiciones de aplicación cuando puedan causar un perjuicio a los intereses económicos de los consumidores, así como cortar el suministro de servicio público de prestación continua sin respetar las garantías a que aquellos tienen derecho.
11.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin existir piezas de repuesto en la forma obligada, así como el incumplimiento por quien en cada caso esté obligado del deber de fabricar o garantizar la existencia de repuestos en las condiciones establecidas por las leyes y reglamentos.
12.ª Poner a disposición de los consumidores bienes de uso duradero sin servicios de asistencia técnica para su reparación o siendo éstos manifiestamente inadecuados, así como incumplir la obligación de mantener tales servicios.
13.ª Realizar otras acciones u omisiones que, incluso sin infracción de normas de obligado cumplimiento, produzcan riesgo o daño efectivo para la salud o seguridad de los consumidores, si se realizan por falta de las precauciones exigibles en la actividad de que se trate.
14.ª Construir, vender o alquilar viviendas que incumplan las Normas Básicas de la Edificación o reglamentación equivalente, cuando se produzca un perjuicio real en alguno de los derechos reconocidos al consumidor en esta Ley.
1.ª Defraudar en la prestación de servicios de instalación o reparación de bienes y de asistencia en el hogar por:
2.ª Defraudar en el peso, medida, cantidad o calidad de los bienes ofertados o destinados a ello; así como en las condiciones ofrecidas de prestación de servicios respecto a la calidad, cantidad, intensidad, continuidad u otros elementos relevantes según su naturaleza o categoría.
3.ª Manipular los aparatos o sistemas de medición de los bienes o servicios suministrados a los consumidores.
1.ª Negarse a extender recibo justificante, factura o documento acreditativo de las transacciones realizadas o servicios prestados cuando sea preceptivo o lo solicite el consumidor, así como cobrar o incrementar el precio por su expedición.
2.ª Cobrar o intentar cobrar a los consumidores precios superiores a los anunciados, expuestos, o a los autorizados o impuestos por la Administración o comunicados a ésta.
3.ª Ocultar a los consumidores parte del precio mediante formas de pago o de prestaciones no acordadas.
4.ª Realizar transacciones en las que se imponga injustificadamente al consumidor comprar una cantidad mínima o productos no solicitados o aceptar servicios no pedidos, así como la negativa a efectuar la transacción si no se aceptan esas condiciones.
5.ª Acaparar y retirar del mercado bienes con el fin de incrementar los precios o esperar las elevaciones previsibles de los mismos con perjuicio de los consumidores.
6.ª Negarse a elaborar presupuestos, cuando sea obligatorio, o imponer condiciones o precios por su confección si ello está prohibido, así como incrementar los precios previstos en el presupuesto sin la conformidad del consumidor.
7.ª No entregar a los consumidores el correspondiente resguardo de depósito cuando éste sea preceptivo o cuando aquellos lo soliciten, así como su emisión con incumplimiento de los requisitos establecidos.
8.ª Incrementar los precios de los repuestos o piezas al aplicarlos en las reparaciones o instalaciones de bienes, así como cargar injustificadamente por mano de obra, traslado o visita cantidades muy superiores a los costes medios estimados de cada sector.
9.ª Realizar trabajos de reparación, instalación o similares útiles al consumidor cuando no hayan sido solicitados o autorizados por éste.
10.ª No entregar a los consumidores el documento de garantía cuando la normativa así lo establezca ; cobrar cualquier cantidad por las reparaciones incluidas en la garantía. Asimismo, negarse al cumplimiento de las obligaciones que de aquélla se derivan o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con las obligaciones derivadas de la misma.
11.ª No entregar a los consumidores las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa correspondiente, a los efectos de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.
12.ª No formalizar los seguros, avales u otras garantías similares impuestas legalmente en beneficio de los consumidores.
13.ª Carecer, no llevar o llevar incorrectamente la documentación, libros o registros establecidos obligatoriamente que afecten a la protección de los intereses de los consumidores.
1.ª Incumplir las obligaciones asumidas voluntariamente a través de los códigos de buenas prácticas cuando se haya manifestado la adhesión a éstos en la oferta, promoción o publicidad.
2.ª Hacer publicidad engañosa o subliminal, así como difundir anuncios en los que no aparezca su carácter publicitario o no se presenten perceptiblemente deslindados de los mensajes informativos, todo ello entendido conforme a la legislación general de publicidad y en cuanto pueda afectar a los consumidores.
3.ª Usar en la publicidad comercial los resultados de los estudios de mercado realizados por la Administración directamente o a través de entidades colaboradoras u organizaciones y asociaciones de consumidores.
1.ª Incluir en los contratos con consumidores reenvíos a condiciones generales o características contenidas en textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato o sin permitir al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia, alcance y contenido en el momento de la celebración de aquél.
2.ª Introducir cláusulas abusivas en los contratos.
3.ª Realizar ventas a domicilio prohibidas, así como incumplir las condiciones y requisitos de cualquier contratación a distancia, cuando tales incumplimientos perjudiquen a los intereses de los consumidores.
4.ª Realizar prácticas tendentes directamente a excluir o reducir la libertad del consumidor para contratar una prestación.
1.ª Realizar cualquier conducta que suponga un incumplimiento de los deberes, prohibiciones y requisitos establecidos legal o reglamentariamente en beneficio de los consumidores si, tras el requerimiento de la Administración y el transcurso del tiempo concedido para ello, no se realizan las correcciones oportunas.
2.ª Resistirse u obstruir las actuaciones de la inspección, tanto por el inspeccionado como por terceros.
3.ª Incumplir las medidas o requerimientos adoptados por la Administración, incluidas las de carácter provisional.
4.ª Manipular, trasladar o disponer sin autorización de las muestras depositadas reglamentariamente.
1.ª Realizar acciones dirigidas a coartar el libre ejercicio por los consumidores o por sus organizaciones o asociaciones de las facultades de reclamación o denuncia.
2.ª No disponer de libros de hojas de quejas y reclamaciones oficiales, así como negarse o resistirse a suministrarlos a los consumidores que lo soliciten u ocultar o alterar las reclamaciones realizadas por este medio.
3.ª No responder en plazo las quejas y reclamaciones que presenten los consumidores.
4.ª No tener expuesto al público, en las condiciones establecidas reglamentariamente, el cartel anunciador de la existencia de hojas de quejas y reclamaciones.
5.ª Actuar con desatención o desconsideración hacia los consumidores, incluidos los retrasos y esperas excesivas o el trato inadecuado.
6.ª Imponer injustificadamente a los consumidores el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o realizar cobros, pagos o trámites similares, o exigir de forma abusiva la cumplimentación de impresos y la aportación de datos que impongan molestias desproporcionadas, así como obstaculizar, impedir o dificultar que los consumidores puedan ejercer sus derechos.
7.ª Actuar de forma discriminatoria contra consumidores o grupos de ellos por sus circunstancias personales o sociales o por haber ejercido sus derechos.
8.ª Incumplir las específicas prohibiciones de venta o suministro de bienes, acceso a establecimientos, prestación de servicios o publicidad a menores cuando suponga riesgo para su salud, seguridad o legítimos intereses económicos y sociales como consumidores.
9.ª En general, el incumplimiento de los requisitos, de las obligaciones o prohibiciones establecidas en la presente Ley, en la legislación estatal en la materia y en las disposiciones que las desarrollan.
1. Todas las acciones u omisiones recogidas en el artículo anterior tendrán la calificación inicial de leves a excepción de la infracción 5.ª del apartado 2, infracciones 2.ª y 3.ª del apartado 3, infracción 12.ª del apartado 4, infracción 2.ª del apartado 6 e infracción 4.ª del apartado 7, que inicialmente tendrán la calificación de graves.
Artículo 73. Tipos de sanciones.
Artículo 74. Cuantías de las multas.
Artículo 75. Amonestaciones.
Artículo 76. Sanciones complementarias para infracciones graves y muy graves.
Artículo 77. Comisos.
2. No se acordará esta sanción respecto de los efectos o instrumentos que hayan sido o deban ser objetos de una medida de contenido similar que se haya adoptado o deba adoptarse sin finalidad punitiva para restablecer o asegurar los derechos de los consumidores.
Artículo 78. Comiso del beneficio.
Artículo 79. Atenuantes y agravantes.
Artículo 80. Tramos de las multas.
1. A efectos de graduación de la sanción de multa, en función de su gravedad, esta se dividirá en dos tramos, inferior y superior, de igual extensión. Sobre esta base se observarán, según las circunstancias que concurran, las siguientes reglas:
1.º Si concurre sólo una circunstancia atenuante, la sanción se impondrá en su mitad inferior. Cuando sean varias, en la cuantía mínima de dicha mitad, pudiendo llegar en supuestos muy cualificados a sancionarse conforme al marco sancionador correspondiente a las infracciones inmediatamente inferiores en gravedad.
2.º Si concurre sólo una circunstancia agravante, la sanción se impondrá en su mitad superior. Cuando sean varias o una muy cualificada, podrá alcanzar la cuantía máxima de dicha mitad.
3.º Si no concurren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano sancionador, en atención a todas aquellas otras circunstancias de la infracción, individualizará la sanción dentro de la mitad inferior.
4.º Si concurren tanto circunstancias atenuantes como agravantes, el órgano sancionador las valorará conjuntamente, pudiendo imponer la sanción entre el mínimo y el máximo correspondiente a la calificación de la infracción por su gravedad.
Artículo 81. Reincidencia y reiteración.
Sección 3.ª Responsables
Artículo 82. Autores.
Artículo 83. Otros responsables.
Artículo 84. Responsables solidarios.
Sección 4.ª Concurso de infracciones y de normas
Artículo 85. Concurso de infracciones.
Artículo 86. Prohibición de la doble sanción.
Sección 5.ª Extinción de la responsabilidad
Artículo 87. Prescripción de las infracciones.
d) Excepcionalmente, en el caso de que los hechos constitutivos de la infracción fueran desconocidos de manera general por carecer de cualquier signo externo, el plazo se computará desde que estos se manifiesten. Salvo en este caso, será irrelevante el momento en que la Administración haya conocido la infracción, a efectos de determinar el plazo de prescripción de la infracción para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 88. Interrupción del plazo de prescripción.
Artículo 90. Responsabilidades en supuestos de extinción de personas jurídicas.
Sección 6.ª Ejecución, efectos y condonación
Artículo 91. Ejecución de las sanciones.
Artículo 92. Difusión de las sanciones y otras medidas sobre los infractores.
Artículo 93. Condonación de sanciones.
Sección 7.ª Competencia sancionadora
Artículo 94. Órganos competentes en la Junta de Andalucía.
Artículo 95. Órganos competentes en las Corporaciones locales.
b) que la Administración autonómica no haya iniciado procedimiento sancionador, y
Artículo 96. Lugar de comisión de la infracción.
Artículo 97. Competencias municipales.
Artículo 98. Competencias de las Diputaciones.
Artículo 99. Comisión Interadministrativa de Cooperación de Consumo.
Artículo 100. Planes sectoriales.
Disposición adicional primera. Registro Unificado de Infractores.
Disposición adicional segunda. Procedimiento sancionador.
Disposición final primera. Actualización de las cuantías de las sanciones.
El Consejo de Gobierno actualizará, conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo, la cuantía de los límites sancionadores a que hace referencia el artículo 74 de la presente Ley»
Sevilla, 17 de diciembre de 2003.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» número 251, de 31 de diciembre de 2003)
Fecha de disposición: 17/12/2003
Fecha de publicación: 16/01/2004
Fecha de entrada en vigor: 29/02/2004
Publicada en el BOJA núm. 251, de 31 de diciembre de 2003.
SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 3/2016, de 9 de junio (Ref. BOE-A-2016-6309).
SE AÑADE apartados 4 y 5 al art. 15, por Decreto-ley 16/2014, de 23 de diciembre (Ref. BOJA-b-2014-90463).
DEROGA la Ley 5/1985, de 8 de julio (Ref. BOE-A-1985-15100).
DE CONFORMIDAD con el art.18.1.6 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-633).
Ley 34/2002, de 11 de julio (Ref. BOE-A-2002-13758).

References: Artículo 2

Artículo 4

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 17

Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20
 artículo 16

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25

Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28

Artículo 29

Artículo 30

Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37

Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46

Artículo 47

Artículo 48

Artículo 49

Artículo 50

Artículo 51

Artículo 52
 artículo 137

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55

Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61

Artículo 62

Artículo 63
 artículo 42

Artículo 65

Artículo 66

Artículo 67

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71

Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80

Artículo 81

Artículo 82

Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88

Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92

Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97

Artículo 98

Artículo 99

Artículo 100
 artículo 74