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Timestamp: 2018-12-17 15:09:17+00:00

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AL DIA noviembre 2017 | E&J
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Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio sobre traslado de personas condenadas, hecho en Estrasburgo el 18 de diciembre de 1997. (BOE núm. 237, de 2 de octubre de 2017)
Cuando un nacional de una Parte que haya sido objeto de una condena definitiva dictada en el territorio de otra Parte trate de sustraerse al cumplimiento o a la continuación del cumplimiento de la condena en el Estado de condena, refugiándose en el territorio de la primera Parte antes de haber cumplido la condena, el Estado de condena podrá solicitar a la primera Parte que se encargue del cumplimiento de la condena.
A petición de la Parte requirente, la Parte requerida podrá, antes de recibir los documentos justificativos de la solicitud o en espera de la decisión relativa a esta solicitud, proceder a la detención de la persona condenada o tomar cualquier otra medida encaminada a garantizar que ésta permanezca en su territorio en espera de una decisión relativa a la solicitud. Toda solicitud en ese sentido irá acompañada de la información mencionada en el párrafo 3 del artículo 4 del Convenio. La situación penal de la persona condenada no se verá agravada como consecuencia del tiempo pasado en custodia en aplicación del presente apartado.
No será necesario el consentimiento de la persona condenada para el traslado del cumplimiento de la condena.
A petición del Estado de condena, el Estado de cumplimiento podrá, con sujeción a las disposiciones del presente artículo, dar su conformidad para el traslado de una persona condenada sin el consentimiento de ésta cuando la condena dictada contra ella, o una decisión administrativa adoptada como consecuencia de esa condena, lleve aparejada una medida de expulsión o de deportación o cualquier otra medida en virtud de la cual a esta persona, una vez puesta en libertad, no se le permitirá permanecer en el territorio del Estado de condena.
Se ratifica por España el Protocolo Adicional del Convenio contra el dopaje
Instrumento de ratificación del Protocolo Adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002. (BOE núm. 238, de 3 de octubre de 2017)
El día 5 de noviembre de 2015 el Plenipotenciario de España firmó en Estrasburgo el Protocolo Adicional al Convenio contra el dopaje, hecho en Varsovia el 12 de septiembre de 2002.
Vistos y examinados la introducción y los nueve artículos de dicho Protocolo, y concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el Artículo 94.1 de la Constitución, se manifiesta el consentimiento de España en obligarse por este Acuerdo y se expide el presente instrumento de ratificación firmado por Su Majestad el Rey y refrendado por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con fecha 23 de junio de 2017.
El presente Protocolo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha en que cinco Estados partes en el Convenio hayan manifestado su consentimiento en quedar vinculados por el Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.
Respecto de todo Estado que manifieste con posterioridad su consentimiento en quedar vinculado por el Protocolo, éste entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la fecha de la firma o del depósito del instrumento de ratificación, aceptación o aprobación.
En urbanismo el concepto de modificación sustancial es un concepto jurídico indeterminado
Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 08/09/2017
El Tribunal Supremo, ha establecido en una reciente sentencia que el concepto de modificación «sustancial» es un concepto jurídico indeterminado que ha de acotarse en cada supuesto concreto, debiendo entender por variación sustancial del planeamiento aquella que implica una modificación sustancial del modelo territorial concebido por el Plan.
La modificación sustancial ha de contemplarse, desde la perspectiva que suministra examinar el Plan en su conjunto. Ello comporta, por regla general, que las modificaciones concretas y específicas del planeamiento, por muy importantes y sustanciales que resulten para los propietarios de los terrenos afectados, son irrelevantes desde la perspectiva del Plan, considerado en su conjunto.
En el caso enjuiciado, la finca de los recurrentes no cuenta con los servicios exigidos para su consideración jurídica como suelo urbano. Por ello, a la vista de los hechos se concluye que ante una parcela aislada, aunque colindante con zona urbana, sin que su integración en la malla urbana se produzca, en modo alguno, en un grado razonablemente suficiente como para entender que participa de sus características y forma parte de la misma.
Con tal situación, se establece que la finca del recurrente no puede ser considerada urbanísticamente como suelo urbano. Por ello los recurrentes llegan a aceptar dichas deficiencias, así como su obligación de sufragar los gastos derivados de las obras de conexión. No se trata, pues, de una actuación aislada en la que tan solo estuviera implicada la propiedad del recurrente, sino de una actuación urbanizadora global, integrada en el marco de una Unidad de Ejecución, y en la que no resulta posible desgajar o aislar las obras directamente relacionadas con la finca de la recurrente.
La parcela, aislada a la que llega luz y agua, no se encuentra consolidada por la edificación existente, pretendiendo verse beneficiada por las nuevas infraestructuras colindantes.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70415329
Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2018. (BOE núm. 245, de 11 de octubre de 2017)
Se publica el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado. (BOE núm. 241, de 6 de octubre de 2017)
Visto el texto del II Convenio colectivo estatal de notarios y personal empleado (código de convenio 99018195012010), que fue suscrito con fecha 24 de julio de 2017, de una parte por la Federación de Asociaciones de Notarios de España (FEDANE), en representación de las empresas del sector, y, de otra, por FEAPEN-CSI-F y USO, en representación de los trabajadores, la Dirección General de Empleo resuelve ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora; así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo. (BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017)
Se publica el II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos
Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos. (BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017)
Visto el texto del II Convenio colectivo nacional de servicios de prevención ajenos (Código de convenio: 99017255012008), que fue suscrito, con fecha 20 de julio de 2017, de una parte por las organizaciones empresariales ASPREN, ASPA y ANEPA, en representación de las empresas del sector, y de otra por la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FESMC-UGT) y la Federación de Servicios de CC.OO. (CC.OO.–Servicios), en representación de los trabajadores afectados, la Dirección General de Empleo resuelve ordenar la inscripción del citado Convenio colectivo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con funcionamiento a través de medios electrónicos de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora; así como disponer su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
AL DÍA MERCANTIL
El órgano de administración podrá cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo que los estatutos expresamente se lo prohíban
Real Decreto-ley 15/2017, de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos dentro del territorio nacional. (BOE núm. 242, de 7 de octubre de 2017)
Con el objeto de garantizar que una norma manifiestamente dinamizadora de la actividad empresarial pueda desplegar todo su potencial y, por lo tanto, pueda ser aplicada con la mayor celeridad posible cuando se considere necesario adoptar esta decisión operativa, es imprescindible dotar al artículo 285 de la Ley de Sociedades de Capital de una redacción clara, conforme a la cual no existan dudas de que la regla general es que el cambio de domicilio social dentro del territorio nacional es una competencia que corresponde originariamente al órgano de administración de la sociedad y de que solo si los accionistas consideran que dicha regla debe modificarse lo deben establecer en los estatutos, negando expresamente esta competencia al órgano de administración. Por ello, el único artículo de este real decreto-ley modifica el citado precepto dándole una redacción acorde con estas exigencias.
ADMINISTRACIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES
Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. 01/03/2017
Por ello, si al tiempo del alzamiento, el valor de los bienes sustraídos a responsabilidad, dificultando el embargo o mediante otro acto, era inferior al de la deuda del autor del delito, la responsabilidad civil anudada a la penal de éste quedará limitada a dicho inferior valor.
AL DIA FISCAL
Audiencia Nacional. Sala de lo Contencioso-Administrativo. 25/05/2017
La Audiencia Nacional, ha establecido que en la comprobación de valores del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, ni el principio de unicidad ni el de estanqueidad rigen de modo absoluto, en tanto en cuanto, pueden coexistir y su aplicación depende de cada supuesto, atendiendo al concepto y método de valoración que se defina en cada tributo.
En el caso enjuiciado, la comprobación de valores de la transmisión de un inmueble fue realizada, en primer lugar, por la Comunidad Autónoma a efectos del ITP y AJD y, posteriormente, con ocasión de la comprobación inspectora del IS, se plantea si cabe acudir a una valoración por peritos de la Administración que pudiera determinar un valor distinto del anterior.
Esto pone en liza la vieja polémica de la vigencia del principio de estanqueidad, es decir, la posibilidad de que se lleven a cabo valoraciones distintas para cada tributo, o del principio de unicidad, referente a que la valoración de una Administración tributaria para un tributo vincula para otro, aunque se trate de Administraciones distintas. Teniendo en cuenta la postura adoptada por la sala en este caso, no hay razones de técnica fiscal para mantener un valor distinto en el ITP y en el IS.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70412229 70393355
Conducir sin haber obtenido el carnet es delito y no infracción administrativa
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 26-04-2017
El Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia, que la conducción de vehículos a motor sin haber obtenido el carnet de conducir es delito y no una infracción administrativa, aunque el autor no haya puesto en peligro la seguridad vial ni cometido cualquier otra conducta antirreglamentaria.
En el caso planteado, ha quedado acreditado, además, que el conductor era plenamente consciente de la imposibilidad que le afecta para la conducción, por no haber obtenido en ningún momento permiso de conducir o licencia que le habilite oficialmente para la conducción de vehículos a motor.
En este sentido, el Alto Tribunal concluye que no estamos ante una conducta punible cimentada sobre un injusto meramente formal derivado de una infracción administrativa, sino ante la protección de la seguridad del tráfico vial mediante conductas, como la que es objeto de nuestra atención casacional, que suponen la creación de un riesgo indudable, aunque de características abstractas y no concretas, para la seguridad vial.
Así pues, tipificando esta conducta, se trata de garantizar la aptitud de los conductores para manejar vehículos y la idoneidad de éstos para circular con el mínimo riesgo posible.
Se establece que tipo se consuma cuando se conduce careciendo de la oportuna habilitación administrativa, sin que tenga incidencia el haberse cometido infracción vial alguna, ni haberse realizado maniobra antirreglamentaria, como sí que exigía el tribunal de instancia.
El Supremo precisa que la diferencia radica en que el tipo penal sanciona la conducción de un vehículo a motor careciendo de todo permiso o licencia por no haberlo tenido nunca o por haber perdido vigencia por la pérdida total de los puntos asignados legalmente, mientras que la infracción administrativa, se refiere a carecer de la autorización administrativa correspondiente, es decir, puede tenerse pero no es adecuada a las características del vehículo con el que se circula, conforme a las diferentes modalidades que se determinan legalmente.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70383470
AL DÍA PROCESAL
Real Decreto 902/2017, de 13 de octubre, de creación de noventa y tres juzgados y plazas judiciales. (BOE núm. 249, de 16 de octubre de 2017)
Este real decreto centra su objeto en la creación de aquellos juzgados que, atendiendo a la carga de trabajo existente y siendo presupuestariamente posible su constitución y entrada en funcionamiento, son necesarios desde un punto de vista estructural, por cuanto las necesidades de carácter coyuntural se pueden solucionar con otras medidas de racionalización, que establece la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. 27/06/2017
En el presente caso, en primera y segunda instancia se desestimó la demanda, al apreciar falta de jurisdicción para conocer de la pretensión ejercitada, siendo competente la jurisdicción contencioso-administrativa.
Por ello, la parte recurrente interpuso recurso extraordinario por infracción procesal por vulneración de las normas sobre competencia objetiva, defendiendo que el objeto sobre el que versaba la demanda se centraba en el incumplimiento por parte de la aseguradora del contrato suscrito entre las partes, ante la negativa de la misma a proceder al abono de las indemnizaciones a los perjudicados derivadas de los daños y perjuicios a las viviendas colindantes, producidos durante la ejecución de las obras destinadas a la construcción de un edificio promovido por el Ayuntamiento demandante, siendo el orden jurisdiccional competente el civil.
En este sentido, y en aplicación de la doctrina de los actos separables, se ha de distinguir entre la fase de preparación y adjudicación del contrato. El contrato cuyo incumplimiento origina la reclamación objeto de este proceso reviste carácter privado, y se halla sólo sometido a la legislación administrativa en todo cuanto afecta a los actos tradicionalmente considerados separables. Esto se refiere fundamentalmente a los relativos a la formación de la voluntad de la Administración, a su preparación y adjudicación, teniendo en cuenta que sus efectos se someten a las normas de derecho privado, correspondiendo, por consiguiente, a los órganos de la jurisdicción civil la competencia para conocer de los litigios relativos, como aquí sucede.
Por tanto, se declara la competencia de la jurisdicción civil para conocer del litigio, por cuanto lo que plantea la parte actora es el cumplimiento por la aseguradora de la obligación derivada del contrato de seguro.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70396835
Es trabajo efectivo el tiempo que invierten las enfermeras para transmitirse información en cambios de turno
Tribunal Supremo. Sala de lo Social. 29/03/2017
El Alto Tribunal, en una reciente sentencia ha establecido que el tiempo que dedican las enfermeras a transmitirse información sobre los pacientes para garantizar la continuidad asistencial de los mismos entre un turno y otro ha de considerarse tiempo efectivo de trabajo y computarse dentro de su jornada ordinaria, en tanto en cuanto, se trata de obvia actividad profesional, como es el transmitir información sanitaria de los pacientes.
Así pues, resulta de absoluta necesidad para el adecuado tratamiento y seguridad de los enfermos ingresados y se lleva a cabo en el respectivo puesto de trabajo, antes de iniciarse y concluirse el respectivo turno. En este sentido se pronuncia la Directiva 93/104/CEE del Consejo, de 23 de noviembre, relativa a determinados aspectos de ordenación del tiempo de trabajo.
Por otro lado, en su concepción jurídico-laboral estricta, el concepto de jornada de trabajo, término utilizado por el artículo 34.1 del ET, equivale al tiempo de servicios efectivamente prestados por el trabajador como pago de su deuda de actividad; en el plano jurisprudencial la jornada efectiva de trabajo es el tiempo que, en cómputo diario, semanal o anual, dedica el trabajador a su cometido laboral propio y, en términos del artículo 34.5 del ET, es el tiempo en que el trabajador se encuentra en su puesto de trabajo.
Puede leer el texto completo de la sentencia en www.casosreales.com Marginal: 70396797
Real Decreto 561/2017, de 2 de junio, por el que se regula la concesión de diversas subvenciones directas del Ministerio del Interior. (BOE núm. 142, de 15 de junio de 2017)
Final de la convocatoria: El plazo máximo para resolver y publicar las respectivas resoluciones será de un mes a partir del momento en que los beneficiarios acrediten ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos.
SE APRUEBAN SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de actividades en el ámbito de la prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE núm. 143, de 16 de junio de 2017)
Final de la convocatoria: El plazo para la presentación de solicitudes se inicia el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria y finaliza en la fecha que se fije en la misma.
SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR PARA 2018-2020
Orden INT/933/2017, de 8 de agosto, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio del Interior para el período 2018-2020. (BOE núm. 239, de 4 de octubre de 2017)
Final de la convocatoria: Las convocatorias de subvenciones se aprobarán con carácter anual y estarán dotadas con un crédito específico para cada ejercicio presupuestario comprendido en el trienio 2018-2020.
SE APRUEBAN SUBVENCIONES PARA EL ESTUDIO DE LA ACTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES FISCALES INDEPENDIENTES
Resolución de 21 de marzo de 2017, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvención para el estudio de la actividad de las Instituciones Fiscales Independientes. (BOE núm. 83, de 7 de abril de 2017)
Final de la convocatoria: La justificación de la subvención se realizará, antes del día 30 de noviembre de 2017.
SE CONCEDEN AYUDAS PARA ACCIONES DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL 2014-2020
Final de la convocatoria: El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en la correspondiente convocatoria y, en caso de no establecerlo, en el de veinte días contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado»
SE CONVOCAN AYUDAS DEL PLAN GALLEGO DE REHABILITACIÓN, ALQUILER Y MEJORA DE ACCESO A LA VIVIENDA 2015-2020
ORDEN de 30 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa del bono de alquiler social del Plan rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2017, con financiación plurianual. (Diario Oficial de Galicia de 18 de enero de 2017)
Final de la convocatoria: 20 de noviembre de 2017

References: artículo 4
 Artículo 94
 artículo 4

Resolución 

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Resolución 
 artículo 285

Real Decreto 
 real decreto 
 artículo 34
 artículo 34

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Resolución 

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