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Timestamp: 2019-03-25 14:51:12+00:00

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Informe de fondo - Página 5
B. Derecho Teniendo en cuenta la naturaleza del caso y la interrelación entre el actuar del Estado a través de los procesos internos y el análisis de atribución de responsabilidad al Estado, la Comisión efectuará el análisis de derecho, en primer lugar, respecto de la investigación y procesos internos a la luz de la Convención Americana. En segundo lugar, la Comisión determinará si el Estado de Honduras es responsable por la muerte del señor Pacheco León.
Teniendo en cuenta la naturaleza del caso y la interrelación entre el actuar del Estado a través de los procesos internos y el análisis de atribución de responsabilidad al Estado, la Comisión efectuará el análisis de derecho, en primer lugar, respecto de la investigación y procesos internos a la luz de la Convención Americana. En segundo lugar, la Comisión determinará si el Estado de Honduras es responsable por la muerte del señor Pacheco León.
Derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial (Artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana)
El artículo 8.1 de la Convención Americana establece:
Por su parte, el artículo 25.1 de la Convención establece:
Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.
De acuerdo a la Corte, el derecho a las garantías judiciales implica que toda persona que ha sufrido una violación a sus derechos humanos “tiene derecho a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y el establecimiento de las responsabilidades correspondientes, a través de la investigación y el juzgamiento”122. Respecto al derecho a la protección judicial, la Corte ha establecido que:
(...) obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y, en particular, a un recurso rápido y sencillo para lograr, entre otros resultados, que los responsables de las violaciones de los derechos humanos sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido (…). [E]l artículo 25 constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de derecho en una sociedad democrática (...)123.
Es así como el Estado tiene la obligación de que “cada acto estatal que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientado hacía una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”124.
Dicho deber de investigar es una obligación de medios y no de resultado que debe ser asumida por el Estado como una obligación jurídica propia y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa125. Por ello, la existencia de actos de obstrucción de justicia, trabas o falta de colaboración de las autoridades que hayan impedido o estén impidiendo el esclarecimiento de la causa, constituyen una violación al derecho a las garantías judiciales126.
Asimismo, la CIDH recuerda que la obligación de investigar y sancionar todo hecho que implique violación de los derechos protegidos por la Convención requiere que se castigue no sólo a los autores materiales de los hechos violatorios de derechos humanos, sino también a los autores intelectuales de tales hechos y a los encubridores127. Ello encuentra su fundamento en el derecho a la verdad de los familiares de la víctima, el cual implica obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios, así como el castigo de todas las personas responsables128, involucrando a toda institución estatal129.
Debida diligencia en la investigación y esclarecimiento de los hechos
La Corte ha dispuesto que cada vez que el Estado realice una investigación debido a la presunta comisión de un delito debe procurar que ésta se oriente a una finalidad específica, la cual debe ser la determinación de la verdad a través de la persecución, enjuiciamiento, y en su caso, la sanción de los responsables de los hechos”130. Para asegurar ello, la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles131 y debe ser llevada a cabo con la debida diligencia, de forma efectiva, seria e imparcial132.
La CIDH recuerda que desde las primeras diligencias los Estados se encuentran obligados a actuar con toda acuciosidad133. Ello se debe a que las primeras diligencias de la investigación son elementos fundamentales “para el buen curso de la investigación judicial, especialmente cuando se está frente de un hecho que le ha costado la vida a una persona”134. Como ha establecido la Corte, la falta de diligencia en las etapas iniciales puede dar lugar a la pérdida de esa prueba fundamental, puesto que el paso del tiempo va disminuyendo las posibilidades de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades135.
En efecto, el deber de diligencia incorpora a los actos de investigación previos al proceso judicial, puesto que no resulta posible llevar a cabo un proceso judicial eficiente y efectivo si la fase de investigación no ha cumplido con las características mencionadas en los párrafos anteriores136. La Corte ha señalado que "todas esas exigencias, así como criterios de independencia e imparcialidad, se extienden también a los órganos no judiciales a los que corresponda la investigación previa al proceso judicial"137.
En virtud de lo anterior, la Comisión analizará en este punto si el Estado hondureño condujo las investigaciones con la debida diligencia a fin de identificar a los responsables de los hechos mediante la recolección de pruebas necesarias para el diseño de las líneas de investigación coherentes con dichas pruebas.
Tal como ha sido la práctica de la Comisión138 y de la Corte139, al tratarse de una muerte violenta, el "Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias"140, constituye una herramienta útil para la evaluación de las diligencias realizadas por las autoridades de investigación, especialmente en las primeras etapas. Ello es así, pues el mencionado instrumento recapitula los mínimos, es decir, las diligencias más básicas que deben realizarse para "descubrir la verdad acerca de acontecimientos que ocasionaron la muerte sospechosa de una víctima"141. Así, dicho Manual establece que las autoridades estatales que conducen una investigación deben, entre otros:
a) identificar a la víctima; b) recuperar y preservar el material probatorio relacionado con la muerte; c) identificar posibles testigos y obtener sus declaraciones en relación con la muerte que se investiga; d) determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, así como cualquier procedimiento o práctica que pueda haberla provocado, y e) distinguir entre muerte natural, muerte accidental, suicidio y homicidio. Además, es necesario investigar exhaustivamente la escena del crimen, se deben realizar autopsias y análisis de restos humanos, en forma rigurosa, por profesionales competentes y empleando los procedimientos más apropiados142.
Asimismo, la Comisión observa que tal como lo establece dicho documento, la debida diligencia en una investigación médico-legal de una muerte exige el mantenimiento de la cadena de custodia de todo elemento de prueba forense143. En ese sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que:
Ello consiste en llevar un registro escrito preciso, complementado, según corresponda, por fotografías y demás elementos gráficos, para documentar la historia del elemento de prueba a medida que pasa por las manos de diversos investigadores encargados del caso144.
En primer lugar, la CIDH observa que no consta en el expediente que se hubiera protegido la escena del crimen desde el momento de los hechos o que se hubieran dispuesto medidas para preservar dicha evidencia. Más allá de la mención a algunas pruebas recogidas, no se cuenta con registros documentales o fotográficos sobre la muerte dno el señor Pacheco León. Es más, la CIDH nota que un técnico de la DGIC declaró que al momento de llegar a la escena del crimen, algunas horas después de ocurrida la muerte del señor Pacheco, “la escena que fue contaminad[a] observando pisadas de calzado en manchas de sangre”. De esta forma, la Comisión nota que desde el inicio se omitió uno de los componentes mínimos citados supra, esto es, la evaluación exhaustiva de la escena del crimen.
En segundo lugar, la Comisión toma nota de que en el expediente no se encuentra la autopsia del señor Pacheco León. La CIDH observa que el propio juzgado a cargo solicitó los resultados de la autopsia y que en julio de 2004 el Fiscal del Ministerio Público del departamento de Valle informó que “el dictamen de la autopsia (...) al señor Ángel León Pacheco no se encuentra en el expediente judicial”.
En tercer lugar, la CIDH observa que conforme a las declaraciones de diciembre de 2001 de una trabajadora del Ministerio de Seguridad y un médico forense del Poder Judicial, luego de la muerte de Ángel Pacheco no se siguió la cadena de muestras de sangre del señor Pacheco ni los pasos adecuados para el embalaje de las evidencias obtenidas. Es más, la Comisión resalta que el propio Estado reconoció que las muestras de sangre obtenidas luego del fallecimiento del señor Pacheco fueron “accidentalmente” destruidas.
Finalmente, la Comisión observa que durante los primeros meses e incluso años desde la muerte del señor Pacheco la investigación se centró exclusivamente en los señores Maldonado, Estrada y Vigil. La CIDH no ha identificado en el expediente indicios que expliquen las razones por las cuales estas personas estuvieron vinculadas a la investigación. Por el contrario, el hijo del señor Pacheco, Yimmy Pacheco, señaló días después de ocurridos los hechos, en el acto de confrontación, que no reconocía a ninguna de estas tres personas como la que disparó a su padre. Asimismo, Yimmy Pacheco manifestó que el auto decomisado a los señores Estrada y Vigil no era el mismo que vio el día de la muerte de su padre.
Con base en estos elementos, la CIDH considera que tras el homicidio del señor Pacheco León, las autoridades policiales, fiscales y judiciales no adoptaron las diligencias iniciales mínimas conforme a los estándares determinados por la Comisión y la Corte en una multiplicidad de casos similares, a la luz del "Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias". En ese sentido, desde el inicio, la investigación tuvo serios límites que, como se desarrollará en los siguientes apartados, han tenido una incidencia directa en la situación de impunidad total en que se encuentran los hechos del caso.
De la evaluación de las diligencias posteriores, la Comisión ha identificado distintas falencias, irregularidades y omisiones durante toda la investigación, las cuales se analizan a continuación.
Falta de líneas lógicas y oportunas de investigación sobre la posible participación directa de agentes estatales
En su jurisprudencia en materia de impunidad, la Corte ha resaltado la importancia de establecer líneas lógicas de investigación con base en las pruebas y evidencias recolectadas durante el proceso145.
La Comisión destaca que desde las primeras declaraciones rendidas en el marco del proceso judicial, distintos declarantes -incluyendo familiares del señor Pacheco y personas que trabajaron con él durante su campaña política- mencionaron los nombres de personas que lo habrían amenazado e intimidado antes de su muerte, incluyendo a algunos agentes estatales. Asimismo, autoridades judiciales obtuvieron información acerca de que un agente policial habría sido el autor material del asesinato de Ángel Pacheco.
Al respecto, la CIDH observa que el Estado contó con múltiples pruebas que indicaron que el señor Pacheco fue amenazado por el entonces alcalde de Amapala, Juan José Quiroz, por el entonces diputado Manuel Vides, y por el entonces diputado suplente Raúl Pino. La Comisión nota que estas personas fueron consideradas como posibles autores intelectuales del asesinato de Ángel Pacheco mediante distintos informes de la DGIC. Por el contenido y el contexto de las amenazas descritas, era exigible a las autoridades estatales diseñar y agotar exhaustivamente una hipótesis seria de investigación relacionada con la candidatura política del señor Angel Pacheco León y los intereses que dicha candidatura podría afectar. Igualmente, de los hechos probados surge que el autor material pudo ser un agente policial asignado al Cuartel General de Casamata llamado Santos Mendoza, el cual “efectuaba trabajos” para Jorge Berrios, ex-diputado y también presunto autor intelectual de la muerte del señor Pacheco.
En relación con los señores Quiroz, Vides y Pino, la CIDH nota que a pesar de haber sido denunciados como autores intelectuales, e incluso ser identificados como tales conforme a distintos informes de la DGIC, el Estado no adoptó las mínimas diligencias de investigación para dar seguimiento a esta información fundamental sobre el posible móvil del asesinato y determinar su eventual responsabilidad en la muerte de Ángel Pacheco.
Al respecto, en casos de privaciones arbitrarias del derecho a la vida la Corte ha sostenido que:
en el cumplimiento del deber de investigar en casos como el de autos, no basta el conocimiento de la escena y circunstancias materiales del crimen, sino que resulta imprescindible analizar, según corresponda, el conocimiento de las estructuras de poder que lo permitieron y, en su caso, lo diseñaron y ejecutaron intelectual y materialmente, así como de las personas o grupos que estaban interesados o se beneficiarían del crimen (beneficiarios), pues ello puede permitir, a su vez, la generación de hipótesis y líneas de investigación; y un análisis de la escena del crimen, testigos, y demás elementos probatorios. En consecuencia, en casos como el de esta causa, no se trata sólo del análisis de un crimen de manera aislada, sino inserto en un contexto que proporcione los elementos necesarios para comprender su estructura de operación146.
La Comisión observa que los propios investigadores de la DGIC reconocieron que a veces han querido dar seguimiento a los posibles autores intelectuales; no obstante, no han podido seguirlos en los vehículos oficiales ya que éstos los “tienen identificados”. Asimismo, en otra ocasión investigadores de la DGIC solicitaron que se haga la gestión necesaria para brindar protección a un testigo a fin de que pueda declarar en los juzgados y así se pueda avanzar en la investigación. La CIDH nota que no consta en el expediente judicial que se hayan adoptado medidas a fin de superar los obstáculos mencionados.
Con respecto al agente policial Santos Mendoza, la CIDH observa que éste fue identificado como presunto autor material luego de menos de una semana de la muerte del señor Pacheco por parte de la coordinadora interina de la DGIC. No obstante, la Comisión nota que del expediente no se observa ninguna diligencia destinada a identificar su responsabilidad penal, incluyendo la toma de su declaración, la realización de diligencias en el cuartel donde trabajaba, entre otras. Únicamente figura un informe de 2010 de un fiscal indicando que “se continúa manejando como hipótesis única que el autor ejecutivo del crimen fue un policía preventivo”.
Por lo expuesto en esta sección, la Comisión considera que durante el desarrollo de la investigación, el Estado ha omitido practicar pruebas e impulsar seria y exhaustivamente líneas básicas de investigación que respondieran efectivamente a los indicios que vincularon al menos a cuatro autoridades estatales y que surgieron desde el primer momento.
Falta de diligencia y obstáculos en las investigaciones
En el presente caso, la CIDH observa que además de los agentes estatales ya mencionados que habrían estado involucrados en la muerte de Ángel Pacheco, al menos otras tres personas también habrían sido identificadas como presuntos autores intelectuales de los hechos. Estas tres personas, de acuerdo a los familiares de Ángel Pacheco, lo habrían amenazado de muerte antes de su asesinato. Asimismo, la CIDH toma nota de que estas tres personas habrían tenido cargos públicos, tales como los ex-diputados Benjamín Cárdenas y Jorge Berrios, y el ex-miembro de las Fuerzas Armadas Salvador Cárdenas.
La Comisión observa que su vinculación con el asesinato del señor Pacheco fue identificada en distintos informes de la DGIC. También consta en el expediente un informe de la DGIC en donde se indica que un arma decomisada a Benjamín Cárdenas coincidía con el tipo de arma utilizada en el asesinato de Ángel Pacheco.
A pesar de todos estos indicios, la Comisión considera que el Estado no adoptó las diligencias mínimas necesarias para investigar adecuadamente la presunta responsabilidad de estas personas.
Así por ejemplo, la CIDH observa que, a pesar de las múltiples declaraciones que vinculaban a las personas mencionadas -incluyendo a agentes estatales- como presuntos autores intelectuales, así como al agente policial como presunto autor material, no se realizaron diligencias a efectos de establecer judicialmente sus responsabilidades. Por el contrario, consta que durante el primer año y medio desde ocurridos los hechos, las investigaciones estuvieron enfocadas en los señores Maldonado, Estrada y Vigil. La Comisión reitera que en el expediente judicial no constan indicios que permitan entender dicha concentración en la investigación. Es más, la CIDH resalta que en la decisión de sobreseimiento a dichas personas se indicó que “no existen indicios racionales de quién o quiénes sean los autores del hecho”. En ese sentido, el seguimiento de esta hipótesis sobre la cual no existen indicios que la sustenten en el expediente judicial, desvió la atención de todos los indicios consistentes entre sí sobre el asesinato del señor Pacheco León por razones vinculadas a su candidatura al Congreso Nacional y los respectivos presuntos autores materiales e intelectuales.
Por otro lado, la Corte ha señalado que “los juzgadores, con base en el principio de tutela judicial efectiva, deb[en] actuar en forma diligente, procurando la celeridad en la tramitación de los procesos”147. Al respecto, y como se detallará posteriormente, la CIDH observa que hubo una demora injustificada por parte de las autoridades judiciales en la realización de diversas diligencias, así como lapsos de tiempo sin seguimiento o disposición de otras diligencias.
Asimismo, en los casos Kawas Fernández Vs. Honduras y López Luna Vs. Honduras, la Corte estableció que las amenazas a testigos parte de un proceso judicial pueden crear un efecto amedrentador e intimidante para quienes investigan y para quienes podrían ser testigos, afectando seriamente la efectividad de la investigación148. Es por ello que los Estados tienen la obligación de “facilitar todos los medios necesarios para proteger a los (…) investigadores, testigos y familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas que tengan como finalidad entorpecer el proceso y evitar el esclarecimiento de los hechos y encubrir a los responsables de los mismos” 149.
Al respecto, la Comisión observa que la seguridad de algunas personas que han participado en el proceso se ha visto afectada. Según los hechos probados, conforme a un informe de 2001 de la DGIC, existían testigos “que temen se les tome declaración por escrito y por temor a perder su vida”. Adicionalmente, como se describió supra, los familiares también indicaron que denunciaron haber recibido amenazas. No obstante, como se indicó anteriormente, no consta en el expediente información que indique que el Estado hubiera implementado medidas de protección a su favor ni que investigara el origen de las amenazas y hostigamientos.
La Comisión observa entonces que durante la investigación surgió información sobre posibles hechos de represalia y presión respecto de personas que participaron en las investigaciones, a pesar de lo cual no se cuenta con información sobre investigación alguna respecto de tales hechos.
En conclusión, la Comisión considera que el Estado incumplió su deber de esclarecer lo ocurrido al señor Ángel Pacheco a través de la búsqueda de la verdad y la identificación y eventual sanción de todas las personas responsables, incluyendo a los autores materiales e intelectuales.
El artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. En este sentido, una demora prolongada puede llegar a constituir, por sí misma, una violación de las garantías judiciales150, por lo que corresponde al Estado exponer y probar la razón por la cual se ha requerido más tiempo del razonable para dictar sentencia definitiva en un caso particular151.
En ese sentido, la razonabilidad del plazo se debe apreciar en relación con la duración total del procedimiento penal152. Según los términos del artículo 8.1 de la Convención Americana, la Comisión tomará en consideración, a la luz de las circunstancias concretas del caso, los elementos que los órganos del sistema interamericano han tomado en cuenta, a saber: i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; y iii) la conducta de las autoridades judiciales; y iv) afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso 153.
En relación con la complejidad, el Estado alegó que la demora en el proceso se debió a este factor ya que las investigaciones han involucrado a una multiplicidad de personas. Sin embargo, la Comisión observa que el Estado de Honduras no alegó de qué forma tales características de la investigación habrían influido directamente en la demora del proceso.
La Comisión considera que, tal como lo señaló la Corte, el retardo en el desarrollo de la investigación no puede justificarse en razón de la complejidad del asunto cuando i) hay individualización de posibles autores; ii) consta la existencia de testigos; y iii) existen posibles líneas de investigación154. En todo caso, a fin de que un argumento de complejidad sea procedente, no es suficiente con que los Estados invoquen en términos genéricos la complejidad de un asunto. Es necesario que se presente información específica que vincule en cada caso la complejidad con la demora. En el presente caso, la Comisión ya ha dado cuenta de la falta de seguimiento de los indicios respecto de la autoría material e intelectual, así como de múltiples deficiencias y omisiones que ponen de manifiesto que la demora no se debió a la complejidad del caso.
En cuanto a la participación de los interesados, la Comisión observa que a pesar de que es deber del Estado impulsar de oficio las investigaciones, los familiares y testigos han contribuido activamente rindiendo declaraciones en el proceso. La CIDH observa que constan en el expediente judicial las distintas declaraciones de los familiares del señor Pacheco, haciendo referencia a las personas que lo habrían amenazado antes de su asesinato. La Comisión también nota que los representantes legales dieron seguimiento e impulso a la investigación, quejándose en reiteradas ocasiones por la demora en la tramitación de diligencias así como de largos plazos de inactividad procesal.
En relación con la conducta de las autoridades judiciales, la Comisión se remite a los retrasos, deficiencias, irregularidades y obstaculizaciones ya descritas en las secciones anteriores. Adicionalmente, la CIDH nota que en julio de 2004 el Fiscal del Ministerio Público del departamento de Valle indicó que la última diligencia fiscal fue una solicitud de notificación por cédula de febrero de 2002. Es por ello que en julio de 2004 Marleny, Regina y José Pacheco, solicitaron la intervención de la Fiscalía de Derechos Humanos debido a la falta de adopción de diligencias para identificar a las personas responsables. Esta solicitud no tuvo efecto alguno en corregir la demora ya existente. Por el contrario, la Comisión considera de especial gravedad que entre los años 2005 y 2010 no se realizaron mayores diligencias. Es más, la CIDH nota que luego del año 2005 la DNIC desarticuló el equipo que investigaba el caso del señor Pacheco. La Comisión no cuenta con información alguna sobre las investigaciones entre 2010 y la presente fecha, no obstante fue requerido por la Comisión durante la audiencia pública celebrada en el presente caso.
En suma, la Comisión considera que el lapso de más de trece años que ha demorado la justicia interna sobrepasa un plazo que pueda considerarse razonable. En consecuencia, la demora en los procesos internos se constituye en un factor más de impunidad y de denegación de justicia en perjuicio de los familiares de las víctimas.
La Comisión concluye que las investigaciones y procedimientos internos no han constituido recursos efectivos para garantizar el acceso a la justicia, determinar la verdad de los hechos, la investigación y sanción de todos los responsables y la reparación de las consecuencias de las violaciones. En consecuencia, la CIDH resalta que estos elementos han contribuido a que a la fecha, tras más de trece años de ocurridos los hechos, continúe sin esclarecerse el asesinato de Ángel Pacheco y de esa manera, se mantenga la situación de impunidad frente a los autores materiales e intelectuales.
Por lo tanto, la CIDH considera que el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial establecidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de Ángel Pacheco León: i) su madre Andrea Pacheco; ii) su esposa Blanca Rosa Herrera; iii) sus hermanos y hermanas Otilia, Concepción, José, Blanca, María, Francisco, Norma, Marleny, Jamileth, Jaqueline y Jorge, todos de apellido Pacheco; iv) sus hijos e hijas Jimy Pacheco, Miguel Ángel Pacheco; Cinthia Pacheco Devicente, Miguel Pacheco Devicente, Tania Pacheco López, Juan Pacheco Euceda y Bianca Pacheco Herrera.

References: artículo 8
 artículo 25
 artículo 25
 artículo 8
 artículo 8
 artículo 1