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Timestamp: 2018-02-21 14:50:30+00:00

Document:
Acuerdo y Sentencia 503/2017 Corte Suprema de Justicia
Fuente: Página web del la Corte Suprema de Justicia: http://www.csj.gov.py/jurisprudencia/cache/63b0639da7d9142f9f1b05bb954cb017.pdf
ACUERDO Y SENTENCIA C.S.J. Nº 503/17
EXPEDIENTE: “GALERIAS GUARANI S.A. C/ RES. N° 23 DEL 23/08/13 Y OTRA DIC. POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS”. EXPEDIENTE N° 347, FOLIO 56 VLTO., AÑO 2013”.
En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los veintinueve días del mes de mayo del año dos mil diez y siete, estando presentes los Excelentísimos Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal- Dres. SINDULFO BLANCO, LUIS MARIA BENITEZ RIERA Y ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, en la Sala de Audiencias y Publico Despacho, bajo la Presidencia de la Primera mencionada, por ante mí la Secretaría autorizante, se trajo a consideración los autos: “GALERIAS GUARANI S.A. C/ RES. N° 23 DEL 23/08/13 Y OTRA DIC. POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS”, con el fin de resolver los recursos de Apelación y Nulidad interpuestos contra el Acuerdo y Sentencia N° 286; de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
Previa lectura de los antecedentes, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, decidió plantear y votar las siguientes;
Es procedente o no el recurso de nulidad?;
En caso negativo, corresponde o no dar curso a la apelación del fallo, con sus consecuencias?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA, EL DR. SINDULFO BLANCO DIJO: se puede verificar en autos que la Abogada ELODIA ALMIRON PRUJEL, en representación de la parte demandada y recurrente, Dirección Nacional de Aduanas, ha desistido expresamente del recurso de nulidad interpuesto. Por otro lado no se observan vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio en los términos autorizados por los artículos 113 y 404 del Código Procesal Civil, por lo que corresponde DESESTIMAR este recurso. ES MI VOTO.
A sus turnos los Doctores PUCHETA DE CORREA y BENITEZ RIERA manifiestan que se adhieren al voto que antecede, por los mismos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA, EL DR. SINDULFO BLANCO DIJO: El fallo impugnado, Acuerdo y Sentencia N° 286 de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, ha resuelto “1) HACER LUGAR a la presente demanda contencioso administrativa, instaurada en los autos “GALERIA GUARNAI S.A. C/RES. N° 23 DE FECHA 23/08/13 Y OTRA, DICTADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, y en consecuencia; 2.- REVOCAR la Resolución N° 12 de fecha 01 de julio del año 2013 dictada por el Administrador de Aduanas y, su confirmatoria, la Resolución N° 23 de fecha 23 de agosto del año 2013, dictada por el Director Nacional de Aduanas, de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3.- IMPONER LAS COSTAS a la perdidosa. 4.- ANOTAR, registrar, notificar y remitir copia a la Excma. Corte suprema de Justicia".
RECURSO DE APELACION: Argumentos de las partes:
APELANTE - demandada (DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS): El escrito de fundamentación rola a fs. 284/289, y fundamentalmente refiere entre otras cuestiones cuento sigue: “Respecto al primer agravio, el Tribunal de cuentas interpreta con excesivo rigorismo las normas que regulan los trámites administrativos aduaneros, y llega a la conclusión ilógica que roda investigación debe culminar en un plan máximo de 196 días hábiles. Esta es un interpretación arbitraria de la ley (caprichosa y sometida a la mera voluntad de los integrantes de la magistratura inferior, sustento este sin rigorismo científico), ya que NINGUNA ARTICULO DEL CODIGO ADUENAERO ESTEBLECE EXPRESAMENTE LA CADUCIDAD DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO por excederse en los plazos fijados para cada etapa del proceso. Si nos remitimos a los antecedentes administrativos afectados al expediente se puede observar que el sumario administrativo fue desarrollado en cada una de sus etapas, respetando los plazos fijados en el código. No obstante, debemos reconocer que en ciertas etapas del mismo fueron realizadas diligencias administrativas, tales como informes proveídos por dependencias dentro de la institución aduana, como informes proporcionados por otras instituciones y todo esto pudo hacer que el sumario se prolongue por un periodo de tiempo mayor. Cada caso debe ser analizado de manera individual y no se puede pretender aplicar un plazo en forma arbitraria ya que cada proceso de investigación es diferente, algunos más complejo que otros y por ende, los informes y pruebas solicitadas por las partes hacen que muchas veces el sumario se exceda en el tiempo, además nos e puede pretender hacer un cómputo matemático de suma para llegar a la conclusión que si dicho plazo no se cumple, el proceso caduca...” continua argumentando la recurrente, cuanto sigue: “La interpretación realizada por el Tribual de Contencioso Segunda Sala, resulta totalmente inviable, pues como lo hemos señalado insistentemente no se ajusta a la verdad, el plazo de prescripción o caducidad del sumario administrativo en le Dirección Nacional de Aduanas debe ser de CUATRO (4) AÑOS, y fijar arbitrariamente un plazo tal cual los establecieron los Juzgadores. Y este extremo surge de una sencilla integración de la ley, cuando el Código Aduanero subsana cualquier omisión de institutos procesales NO PREVISTOS en la ley 2422/04 (como la prescripción o caducidad del sumario), disponiendo la remisión SUPLETORIA al CODIGO PROCESAL PENAL, en su articulo 380 que estipula “en todos los aspectos del procedimiento sumarial, no contemplados expresamente en el Código Aduanero se aplicaran supletoriamente las disposiciones del CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DISPOSICIONES MODIFICATORIAS (Ley Camocho)”. Siguiendo las argumentaciones planteadas por la recurrente, esta continúa afirmando cuanto sigue: “En cuanto al segundo agravio y que en realidad hace al fondo de la cuestión debatida, el inferior resta validez al informe de valoración ya que el mismo se sustenta en la modificación de valores declarados por el importador utilizando como referencia la factura comercial N° 6967 que corresponde a la firma AT 2000 S.A. y no a Galerías Guaraní S.A. El inferior al exponer sus argumentos respecto a este punto, menciona que la autoridad administrativa ha realizado una apreciación errónea de los hechos, el cual consistió en realizar un ajuste de valor utilizando la factura comercial N° 6967 que no tiene vinculación entre el comprador y vendedor. Sobre el punto, es criterio de esta representación, que la apreciación errónea la cometen los juzgadores — y no precisamente la intitucio9n aduanera - quienes no han analizado detenidamente lo expuesto por el funcionario valorador en el informe de referencia. De la lectura de dicho informe, se colige claramente que no existe ningún error, sino que el funcionario valorador sustituye los valores declarados por el importador en la factura N° 09/248, por los valores declarados en la factura N° 6967 en la cual se declaran valores sumamente superiores para mercaderías de idéntica cantidad y tipo. Adentrándonos en la cuestión de fondo tenemos que la empresa Galerías Guaraní se presenta como consignatario de las mercaderías importadas por medio de despacho de importación N° 11019IC04007683W. En dicho despacho se declara la cantidad de 207 bultos con 4598 kilos y valor factura U$ 15.887,90. El conocimiento fluvial obrante a fijas 75 de los antecedentes se consigna la cantidad de 507 cajas con 1284 unidades de valijas, bolsos, mochilas y accesorios de viajes. La factura que ampara la compra es la N° 09/248, vendedor Milenium 21 Trading Inc. Seguidamente, a fojas 90, obra el detalle del despacho de exportación de la Zona Franca de Montevideo Uruguay en donde se encuentra anexa la factura N° 6967. Dicha factura consignada a nombre de AT 2000 ampara la compra de 507 cajas, con peso de 4598 kilos y con un valor de U$ 89.840,53. Este hecho es sumamente relevante en el ámbito aduanero pues constituye una presunción de subvaloración de mercaderías que amerita ser investigado por la Aduana. Lo llamativo del caso consiste en la gran diferencia de valores constatados entre una y otra factura que amparan la misma cantidad y tipo de mercadería, por mas de que las mismas correspondan a diferentes importadores que tiene una estrecha vinculación en comercio local”. Concluye, la recurrente, Dirección Nacional de Aduanas, solicitando sea revocado el Acuerdo y Sentencia N° 286 de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala.
APELADA - ACTORA: por su parte la firma GALERIAS GUARANI S.A., a través de su representante convencional, manifiesta en su respectivo escrito cuanto sigue: “Es importante recalcar sobre la expresión del código Aduanero cuando dice: “Producen el efecto respectivo por el transcurso del tiempo". Qué efecto produce: En primer término el de la preclusión de la etapa procesal, pero no puede quedar colgado el expediente y quedar al arbitrio de funcionarios indolentes pendiente de resolución, por lo que pido licencia para comparar con lo que ocurre en las computadoras hablando en términos informáticos; no, lo que sucede también como consecuencia es que si la administración no cumple los plazos perentorios e improrrogables, establecidos por su propia legislación, el sumario se halla desprovisto del principio de legalidad de las actuaciones en el orden administrativo ya que, además es doble la responsabilidad de los funcionarios públicos administrativos, el de ajustar sus actos el estricto cumplimiento de la Ley. Por otra parte se halla la especial situación del Administrado de que si no cumple con los plazos establecidos, en este caso el del código aduanero, automáticamente “...producen el efecto respectivo por el transcurso del tiempo"... Por todo ello, no existe excesivo rigorismo del Tribunal de cuentas y, además, resulta extraño que la adversa siendo una Institución Publica, desdeñe o pretenda desvalorizar el rigorismo de la Ley, ya que es la que debe estar más interesada en su irrestricto cumplimiento sin cortapisa alguna. La parte actora y apelada, en su respectivo escrito de contestación de agravios presentado por la adversa, se refiere a la cuestión de fondo en los siguientes términos: “No obstante la claridad y contundencia del análisis del Sentencia recurrida podríamos agregar y, esto no es nada extraño ni tampoco implica ninguna novedad, que aun pudiendo haber existido alguna similitud en cuanto a los productos comercializados, algo no probado un en el sumario ni en el presente juicio, es harto conocido que todas las empresas a nivel mundial tienen políticas de promoción y/o liquidación de stock, especialmente cuanto se trata de modelos que pueden pasar, ya sea por la estación o por cambio de diseños, que las obligan a venderlos por mucho menos de lo que normalmente se comercializa. En otros rubros, tales como el de la aeronavegación, existen ofertas promocionales o en temporada baja en que los precios por los vuelos para pasajeros muchas veces no representan ni el 20% de las cotizaciones normales y eso actualmente, es algo absolutamente normal y no sorprende a nadie. Culmina, la actora, solicitando se rechace la apelación planteada y en consecuencia se confirme el Acuerdo y Sentencia N° 286 del 10 de junio de 2015.
En este contexto, y a fin de establecer el circuito interpretativo, respecto del cual transitaran las argumentaciones a ser expresadas por este Ministro, se hace necesario transcribir los fundamentos lógicos, que hacen al decisorio contenido en el Acuerdo y Sentencia N° 286 de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, objeto del presente recurso. Así, en la parte pertinente, el mismo expresa: “Si el propio Código Aduanero establece que los plazos son perentorios e improrrogables y que producen el efecto respectivo por el transcurso del tiempo, conduce inevitablemente a considerar que se ha producido la caducidad del Sumario, mas aun considerando que es de vital responsabilidad de 3 los denunciantes, del Abogado Fiscal y de la jueza instructora, instar el procedimiento, porque como se sabe, en este tipo de procesos, la Administración es a la vez parte investigadora, en una especie de procedimiento inquisitorial...Si bien lo mencionado recientemente constituye fundamento suficiente para la anulación de los actos administrativos impugnados, a continuación no está demás analizar lo referente al fundamento desplegado por la administración aduanera para sancionar a la firma en cuestión. Y en se aspecto, surge de las resoluciones impugnadas, que al momento de resolver la supuesta defraudación de la firma sumariada, la administración fundo su decisión en los informes anexados al procedimiento sumarial como ser el informe de fecha 20 de octubre del año 2011 del Departamento de Valoración Aduanera (ver fojas 39)la cual sustento su informe en la Factura N° 6967. En base a dicho informe, el departamento de Valoración porster5ior elaboro la contraliquidación N° 290/11 detectando una supuesta diferencia de tributos por valor de Gs. 196.869.119. En relación a ello, esta Magistratura observa que la Factura N° 6967 obrante a fs. 31, nada tiene que ver con la firma GALERIA GUARANIS.A., puesto que fue expedida por la firma LONGBERG EXPRESS S.A., a la firma AT 2000 S.A., es decir, la administración aduanera realizo una apreciación errónea de los hechos, y lo subsumió a lo establecido en el Art. 5 inciso “b ” del Decreto N° 13.721 el cual establece: “...El Departamento de Valoración, a demás de lo establecido en el Art. 4 del presente Decreto, tendrá las siguientes funciones: ...b) analizar los vínculos comerciales o de otra índole existentes entre el comprador nacional y vendedor extranjero a efectos de establecer la medida de la participación de dicha vinculación en los valores en estudio... Por otro lado tampoco podemos pasar por alto otro error cometido en el caso de marras, ya que existieron dudas al momento de analizar y determinar la culpabilidad de la empresa sumariada, pues en las resoluciones impugnadas se observan que la administración aduanera manifestara en su fundamento ciertas dudas. Al respecto, corresponde aclarar que además de los principios de legalidad, debido proceso, igualdad, impulso de oficio, gratuidad, serán importantes otros tales como: en caso de duda se debe estar a favor del imputado (in dubio pro imputado). La consecuencia de este principio es que la apreciación de la prueba y de las demás circunstancias que surjan de las actuaciones, en caso de duda, de estarse a favor del administrado, de la misma manera si la administración no hubiese practicado prueba convincente para demostrar la responsabilidad del agente por los hechos de motivaron la investigación. Y la conclusión a la que arribo la autoridad demandada, atento a los deberes que imponen la Ley, muestra un leve desvío al no haber valorado suficientemente las pruebas que fueran ofrecidas, por lo que advierto así la existencia de un posible vicio de exceso de punición, ya que no guardan proporción la pena aplicada u el comportamiento que la motivo.
Determinadas las proposiciones lingüísticas, que integran el universo del discurso en tomo al cual gira el recurso planteado, se vislumbra dos cuestiones bien determinadas, la primera, constituida por el tiempo de duración del sumario administrativo llevado a cabo ante la Dirección Nacional de Aduanas y la segunda enmarcada por los elementos probatorios que dieron base a la sanción impuesta a la firma administrada y actora, GALERIAS GUARANI S.A.
Así, en primer término y en referencia a la duración del procedimiento administrativo desarrollado ante la dirección Nacional de Aduanas, tenemos que a fs. 122 de autos, consta la Notificación A.I.S.N° 3/1/12 de fecha 20 de marzo de 2012, por la cual se anoticia a la firma sumariada, GALERIA GUARANI, la Instrucción del sumario administrativo en averiguación de o los supuestos responsables de los hechos denunciados.
La circunstancia de referencia constituye el punto de partida, respecto del procedimiento del sumario administrativo. En este sentido, a fs. 195/201 de autos, consta la Resolución N° 12, de fecha 01 de julio de 2013, dictado por el Administrador Aduanas de Terport, “POR LA QUE SE CALIFICA COMO INFRACCION ADUANERA DE DEFRAUDACION EL HECHO INVESTIGADO, RESPONSABILIZANDO DE LA MISMA A LA FIRMA GALERIAS GUARANI S.A. Y AL DESPACHANTE DE ADUANAS MIGUEL ANGEL VILLALBA DUARTE; SE CONFIRMAN LA CONTRALIQUIDACION N° 290/11”. La resolución de referencia, es a los efectos procedimentales, la que pone fin al sumario administrativo, tomando una decisión respecto a los hechos investigados, aunque podría bien determinar esa culminación la Resolución N° 23, de fecha 23 de agosto de 2013, dictada por la Dirección Nacional de Aduanas, en grado de apelación, y “POR LA CUAL SE HACE LUGAR AL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL DESPACHANTE DE ADUANAS, MIGUEL ANGEL VILLALBA DUARTE Y SE RECHAZA EL RECURSO DE APELACION INTERPUESTO POR EL SEÑOR JORGE SOTOMAYOR, DIRECTOR GERENTE DE LA FIRMA GALERIA GUARANI SA, CONTRA LA RESOLUCION N° 12 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2013, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR DE ADUANAS DE TERPORT”, sin embargo esta última resolución tan solo ratifica lo resuelto en la resolución N° 12 de fecha 01 de julio de 2013, que efectivamente pone fin al procedimiento.
Siendo así, entre la notificación del inicio del sumario administrativo (21 de marzo de 2012 - ver fs. 122) al dictamiento de la Resolución N° 12, emanada de la ADMINISTRACION DE TERPORT (01 de julio de 2013) que califica como infracción aduanera y aplica la sanción correspondiente a la accionante GALERIAS GUARANI S.A., han transcurrido, aproximadamente trescientos (300) días hábiles.
Ante estas circunstancias, la Ley 2422/04 Código Aduanero, dispone en el Art. 7, cuanto sigue: “Aspectos esenciales. Observancia. El desarrollo de las actividades de la Dirección Nacional de Aduanas deberá enmarcarse dentro de la estricta observancia de los aspectos esenciales que se señalan en la aplicación de todas las normas del presente Código.”. En ese sentido, el Art. 351 del Código Aduanero, con el título “Instrucción de sumario”, refiere en su Inc. 1, cuanto sigue: “En presencia de cualquier hecho o denuncia fundada que pudiera configurar falta o infracción aduanera, el Administrador de Aduanas competente instruirá de inmediato el sumario y adoptará las medidas necesarias para la protección del interés fiscal.”.
Al realizar el metalenguaje hermenéutico de las normas referidas, y la subsunción de las circunstancias fácticas del presente proceso contencioso administrativo a aquellas, tenemos que el Art. 351 transcripto, utiliza el enunciado “En presencia de cualquier hecho..." refiriéndose a la facultad oficiosa que posee el Administrador de Aduanas para instruir el sumario correspondiente, y por consiguiente, instar el transcurso y culminación del mismo, tal como lo prescribe el Art. 349 del cuerpo legal en estudio, el cual dispone: “Juez competente para las faltas e infracciones aduaneras. 1. La instrucción del sumario estará a cargo del Administrador de Aduanas, quien podrá delegarlo a la oficina de sumario, o en su defecto, proceder a la designación de un Juez Instructor, mediante sorteo de una lista preestablecida de abogados. Resulta evidente, que el Administrador de Aduanas, en los términos del enunciado administrativo, delega, la instrucción del sumario, a un juez instructor, mediante sorteo de una lista preestablecida de abogados.
Teniendo en cuenta ello, el Art. 359 del Código Aduanero con el exordio “Objeto del sumario” dispone que el con el sumario se pretenden adoptar las medidas necesarias para asegurar las responsabilidades emergentes de la infracción o falta aduanera. Es decir el acto administrativo (resolución) deberá ser dictada con el fin de determinar y establecer la responsabilidades por la infracción o falta aduanera de la que se trate, considerando siempre, que ello deberá ser desarrollado en plazo razonable, teniendo en cuenta que la duración del proceso sumarial no podrá extenderse sine die, en perjuicio del administrado.
Es por ello que el Artículo 356 del Código Aduanero, dispone cuanto sigue: “Tramitación y plazos del sumario. Todos los plazos establecidos en este Código son perentorios e improrrogables, produciendo el efecto respectivo por el solo transcurso del tiempo, salvo disposición expresa en contrario. Los plazos se entenderán de días hábiles. En los casos de plazos no fijados, serán de seis días hábiles.”
Considerando, que el sumario se constituye en un procedimiento que puede iniciarse de oficio y a mas de ello, que la Administración de Aduanas posee las atribuciones de practicar las averiguaciones, investigaciones, análisis o verificaciones pertinentes para el cumplimiento de su cometido, instando para ello el procedimiento sumarial, mal podría aceptarse que el sumario se extienda a trescientos días, sin que ello signifique que se pretenda limitar el tiempo de duración de este de manera genérica, fijando como tope máximo un plazo único, sino que cada caso sea analizado, aislándolo como particular y concreto, respetando el principio de plazo razonable, y las disposiciones normativas contenidas en la Ley 2422/04, respecto del sumario, en el cual se establecen las etapas procedimentales de manera concatenada y cronometrada, buscando de esa manera evitar la duración indefinida del procedimiento sumarial.
En relación de ello, el recurrente ha hecho mención a la aplicación subsidiaria del Código Procesal Penal, respecto al plazo máximo de duración del procedimiento. En este sentido, el Art. 380 del Código Aduanero claramente expresa: “En todos los aspectos del procedimiento sumarial, no contemplados expresamente en el Código Aduanero...”, refiriéndose a una eventual laguna normativa. Este Ministro, considera que tal circunstancia no se vislumbra respecto de la situación específicamente analizada, considerando que las prescripciones normativas, contenidas en el Capítulo I, Sección II, del Código Aduanero, establecen con total claridad, todas las eventuales situaciones relacionadas a los plazos procedimentales tendientes y encaminadas a formular la resolución final del sumario administrativo, e inclusive determinando la salvedad, en caso de verificarse falencia de completitud del cuerpo legal, al establecer en la parte pertinente del Art. 356 cuanto sigue: “...En los casos de plazos no fijados, serán de seis días hábiles.”.
En base a dichas afirmaciones, coincido con las argumentaciones del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, debiendo confirmarse el acuerdo y sentencia N° 286 de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal referido.
Los tribunales en grado de apelación, se encuentran obligados a referirse a todas las cuestiones, articuladas por las partes. En cumplimiento a esa obligación, este Ministro respecto a la cuestión de fondo, considerada en párrafos anteriores, tenemos que obra a fs. 30/35 de autos, el informe del Depto. De Valoración Aduanera, de fecha 18 de mayo de 2012, el cual en su parte pertinente refiere: “Por tanto y a manera de conclusión, analizada la documentación respaldatoria de la operación, siendo estos: Factura comercial, boleta de canje y solicitud de transferencia y habiendo resultado los mismos insuficientes para aclarar las dudas rodean al presente caso, además el hecho de que concurran por un lado, los indicios de vinculación perfectamente demostrados en párrafos anteriores, los documentos ofrecidos por la Dirección de fiscalización como resultado de investigación u seguimiento e intercambio de información con sus pares de la Aduana Uruguaya, que entran en toral contradicción con respecto a los documentos presentados por la firma Galerías Guaraní, en lo que se refiere al valor unitario declarado, coincidiendo en todo los demás, todo esto sumado a que los valores declarados ene kl Despacho objeto de estudio son significativamente inferiores a los usuales para operaciones de importación, hacen que se presente la “Duda Razonable” contempladas en la OPINION CONSULTIVA 10.1 y DECISION 6.1 del Comité Técnico de Valoración, en concordancia con lo estipulado del Art. 17 del Acuerdo de la OMC, existiendo un alto riesgo de que la Dirección Nacional de Aduanas salga perjudicada en la correcta percepción de los impuestos a la importación, por tanto en uso de sus facultades conferidas por legislación vigente, es el parecer de esta Unidad Técnica que no están dadas las condiciones para aceptar el valor de transacción declarado...”. Verificada la factura comercial a que hace referencia el informe transcripto, obra a fs. 91/93 de autos, la factura de exportación N° 6967, de fecha 02 de septiembre de 2011, expedida por la firma LONGBERG EXPRES S.A. consignándose en la misma como comprador a la firma AT2000 S.A., la que sirviera de base a la contra liquidación N° 290/11, obrante a fs. 101 de autos. Las firmas comerciales intervinientes en las documentaciones referidas, efectivamente, nada tienen que ver con la operación comercial realizada por la firma sumariada GALERIAS GUARANI, quien según la factura comercial N° 09/248, de fecha 09/05/11, obrante a fs. 76 de autos, ha realizado la operación comercial de compra, de la firma MILLENIUM 21 TRADING INC. La afirmación realizada precedentemente, no se compadece con la disposición normativa contenida en el Art. 262 del código aduanero, el cual establece: “Competencia exclusiva. El control y la fiscalización de la valoración de las mercaderías importadas serán competencia exclusiva de la Dirección Nacional de Aduanas, que los practicará a través de sus unidades técnicas, basándose en la declaración y documentación presentada por los interesados”.
Si bien es cierto, que en el sumario administrativo, se han realizado diligencias adyacentes, a fin de determinar el valor real de las mercaderías, como ser la obtención de la factura de exportación N° 6967, que involucra a la firma AT 2000 S.A. y que a criterio del Dpto. de Valoración Aduanera, en base a coincidencias, relacionan la operación comercial verificada en esa factura, con la efectuada por la firma GALERIA GUARANI S.A., no es menos cierto que en las Actas asamblearias, obrantes a fs. 162/165 no figura como director o accionista el señor Marcelo Recanate, siendo esta una circunstancia objetiva verificada en autos, lo que desvanece los indicios sobre los cuales ha formado sus argumentaciones el Departamento de Valoración Aduanera.
Esta circunstancia constituye un dato aislado, que no puede ser utilizado como elemento determinante para establecer una contra liquidación que genere una sanción en contra del administrado, mas aun cuando de las constancias de autos, surge que la verificación se ha realizado por el “canal rojo”, sumándole a ello que de los argumentos esgrimidos por la Administración Aduanera, esta ha utilizado la “duda razonable” para aplicar la sanción, violando con ello el principio Constitucional, de la “presunción de inocencia”.
A fin de reforzar la argumentación desarrollada por este Ministro, es importante, remitimos a lo que establece el Art. 211, en relación a la determinación tributaria, específicamente sobre base cierta o presunta. En ese contexto el articulado de referencia, refiere: “Determinación sobre base cierta y determinación sobre base presunta - La determinación tributaria debe realizarse aplicando los siguientes sistemas: 1) Sobre base cierta, tomando en cuenta los elementos existentes que permiten conocer en forma directa el hecho generador de la obligación tributaria y la cuantía de la misma. 2) Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por relación o conexión con el hecho generador de la obligación tributaria permitan inducir o presumir la existencia y cuantía de la obligación. Entre otros hechos y circunstancias podrá tenerse en cuenta ciertos indicios o presunciones que permiten estimar la existencia y medida de la obligación tributaria, como también los promedios, índices, coeficientes generales y relaciones relativas a ventas, ingresos, utilidades u otros factores que a tal fin establezca la Administración Tributaria en relación a explotaciones o actividades del mismo género...La determinación sobre base presunta sólo procede si el sujeto pasivo no proporciona los elementos de juicio necesarios y confiables para practicar la determinación sobre base cierta y la Administración Tributaria no pudiere ó tuviere dificultades para acceder a los mismos. Lo expresado en último término en ningún caso implica que la Administración Tributaria deba suplir al contribuyente o responsable en el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y formales. La determinación sobre base presunta no podrá ser impugnada en base a hechos que hayan ocultado a la Administración Tributaria, o no se hubieren exhibido al ser requerido con término prudencial”. Al respecto me cabe argumentar, la norma referida establece la posibilidad de que la administración realice la determinación tributaria, en base a hechos y circunstancias que por relación o conexión permitan inducir o presumir la cuantía de la obligación, sin embargo esa posibilidad, se encuentra sujeta al hecho de que el sujeto obligado no hubiera presentado las documentaciones necesarias y confiables para practicar la determinación sobre base cierta, y esta última afirmación, efectivamente se ha producido, es decir, Galerías Guaraní, ha presentado las documentaciones necesarias y suficientes, para realizar la determinación correspondiente, y lo que es más, la misma se ha practicado por el “canal rojo”, lo que en definitiva no permite aplicar el instituto de la “duda razonable”, en contra del administrado, afirmación esta, coincidente con lo que dispone el Artículo 5. Del código Procesal Penal, que transcripto literalmente expresa: "DUDA. En caso de duda los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado.
Por todo lo expuesto, corresponde RECHAZAR recurso de Apelación interpuesto, por el representante convencional de la parte demandada, DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS y en consecuencia CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 286, de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala. En cuanto a las costas generadas, como consecuencia del trámite procesal llevado a cabo, este Ministro preopinante considera justo imponer las costas a la perdidosa; Dirección Nacional de Aduanas, de conformidad al principio general establecido en el artículo 192 del Código Procesal Civil, en concordancia con el Inc. a) del Art. 203 del mismo cuerpo legal. ES MI VOTO.
A su tumo, el DOCTOR LUIS MARIA BENITEZ RIERA, DIJO: que se adhiere al voto del Ministro preopinante; Prof. Dr. Sindulfo Blanco, por compartir sus mismos argumentos.
A su tumo la Ministra, DOCTORA ALICIA BEATRIZ PUCHETA DE CORREA, DIJO: Me adhiero al Voto del Ministro Preopinante Sindulfo Blanco, por los mismos fundamentos. Traigo a colación los siguientes fallos en los cuales han sido analizadas cuestiones similares a las debatidas en autos manteniendo invariable mi postura:
“Acuerdo y Sentencia N° 1200 de fecha 02 de diciembre de 2014, Acuerdo y Sentencia N° 29 de fecha 03 de febrero de 2013 Excelentísima Corte Suprema de Justicia.". ES MI VOTO.
Con lo que se dio por terminado el acto, firmando S.S.E.E., todo por ante mí de que certifico quedando acordada la Sentencia que inmediatamente sigue:
Asunción, 29 de mayo de 2.017.
1) TENER POR DESISTIDO, el recurso de nulidad interpuesto conforme a las expresiones vertidas en el considerando de la presente resolución.
2) RECHAZAR el recurso de apelación interpuesto por el representante convencional de la parte demandada, DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS y en consecuencia;
3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia N° 286, de fecha 10 de junio de 2015, dictado por el Tribunal de Cuentas Segunda Sala, de conformidad a los argumentos expuestos en el considerando del presente Acuerdo y Sentencia.
4) IMPONER las costas a la perdidosa; DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS, en base a los argumentos expuestos en la presente resolución.
5) ANTORAR y notificar.

References: Resolución 
 Resolución 
in dubio
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Artículo 356
 resolución 
 Artículo 5
 artículo 192