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Timestamp: 2019-07-16 02:30:56+00:00

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1. Que existe mucha incertidumbre sobre lo que sucederá si condenan a los hoy candidatos a la Presidencia, a la Vicepresidencia, a diputados y a alcaldes;
2. Que el sistema electoral sigue usando el mismo mecanismo que ha llevado a los actuales políticos al Congreso, a la Presidencia de la República y a las municipalidades;
3. Que los políticos pueden reelegirse indefinidamente, y que por eso un diputado o un alcalde pueden ocupar el cargo mientras tengan vida, y un ex Presidente puede ser diputado o alcalde en el periodo siguiente después de haber dejado el cargo;
4. Que los votos dependen de la capacidad de compra de los partidos políticos, más que de las propuestas de Gobierno y de la honradez de los candidatos;
5. Que contamos con una oferta que se limita a los actuales partidos políticos y sus respectivos candidatos inscritos para las elecciones, los cuales han demostrado no tener más interés que el de enriquecerse por medio de la corrupción;
6. Que los partidos políticos detentan el monopolio de postular candidatos a diputados;
7. Que no tenemos un mecanismo legal para expresar nuestro rechazo al sistema político electoral, a la clase política y a los partidos políticos actuales…
1. Aplazar por un año exacto las elecciones;
2. Nombrar un gobierno de transición;
3. Reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) para:
a. Incluir financiamiento público para las campañas electorales;
b. Limitar al máximo el financiamiento privado sin declaración previa y comprobable;
c. Permitir que los comités cívicos puedan postular candidatos a diputados distritales;
d. No permitir que aquellos políticos que hayan ejercido cargos de elección popular por dos periodos consecutivos puedan participar;
e. Que los políticos que tengan procesos abiertos en su contra por delitos relacionados con corrupción o con el ejercicio de cargos públicos no puedan ser inscritos como candidatos;
4. Que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos sean aplicables al nuevo proceso electoral que se convoque;
5. Reformar la Ley del Servicio Civil para establecer un sistema de elección de funcionarios públicos por capacidades e idoneidad, y no por clientelismo político;
6. Reformar la Ley de Contrataciones del Estado para garantizar la transparencia, la efectividad, la eficiencia y la pertinencia del gasto público.
¿Cómo podemos hacerlo legalmente?
1. El Tribunal Supremo Electoral, como máxima autoridad en materia electoral, debe revocar la convocatoria a elecciones hecha para este proceso, aplazándola exactamente por un año;
2. El 14 de enero de 2016, si el Presidente y el Vicepresidente de la República no renuncian, el Congreso debe desconocerlos y nombrar a los funcionarios que los sustituirán para el periodo de transición, basados en el artículo 165 de la Constitución. Los concejos municipales y diputados seguirían en el cargo por un año más;
3. El TSE debe liderar el proceso de desarrollo de la propuesta de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con participación activa de la sociedad civil;
4. La sociedad civil organizada debe liderar el proceso de desarrollo de la reforma a la Ley del Servicio Civil y a la Ley de Contrataciones del Estado;
5. El Congreso de la República debe aprobar, sin modificación alguna, las propuestas de reforma que le presenten el Tribunal Supremo Electoral y la sociedad civil;
6. El 2 de mayo de 2016, el Tribunal Supremo Electoral debe convocar a los nuevos comicios, aplicando ya las reformas aprobadas;
7. La celebración de elecciones en estas condiciones representaría una grave violación a múltiples derechos y libertades fundamentales, pues, mientras su mandato legal es el de representar los intereses de la ciudadanía, el sistema de partidos políticos constituye un emblema de institucionalidad mafiosa e ilegítima. Así, la Corte de Constitucionalidad, ponderando a la democracia como principio fundante del sistema representativo 1 por encima de una defensa legalista de las elecciones, y fundamentándolas en el interés social; 2 basándose en la falta de condiciones para ejercer el derecho a elegir 3 ; en la necesidad de cumplir con los méritos de capacidad, idoneidad y honradez como condiciones de los candidatos para
1 Artículo 140 de la Constitución Política de la República;
2 Artículo 44 de la Constitución Política de la República;
3 Artículo 136 de la Constitución Política de la República;
optar y ejercer el derecho a ser electos para empleos o cargos públicos; 4 en el derecho ciudadano a velar por la libertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral; 5 en el bien común, 6 la soberanía 7 y el poder público, 8 debe validar estas acciones ante un amparo presentado en ese sentido.
Este fallo tendría sustento en una realidad concreta develada en las investigaciones de la CICIG, las cuales muestran la corrupción del sistema político local, sin que haya dependencia estatal que escape a esta realidad. Ello implica que los partidos políticos y el proceso eleccionario se encuentran desprovistos de legitimidad, que es la condición indispensable para llevar a cabo las elecciones.
8. Los guatemaltecos debemos estar expectantes a que cada una de las entidades aludidas cumplan con las actividades que les corresponden.
¿En qué tiempo debe realizarse cada acción?
El amparo para validar las acciones y suspender el proceso electoral debe presentarse antes de que termine agosto de 2015. Esta acción debería acompañarse de un contra-discurso mediático que haga visibles las contradicciones de la sacralización de un “orden constitucional” que en realidad es inexistente, y de la defensa plana de la legalidad de los plazos y procedimientos;
Las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos deben estar aprobadas antes de enero de 2016 para que haya un plazo de seis meses que permita el cambio de candidatos a cargos de elección popular de los partidos políticos y la creación de comités cívicos para postular concejos municipales y diputados;
Las reformas a las otras leyes deben aprobarse antes de abril de 2016 para que sean aplicables al nuevo Gobierno;
El Tribunal Supremo Electoral deberá convocar al nuevo proceso electoral en mayo de
En septiembre de 2016 deberían realizarse las elecciones generales y, si fuera necesario, en octubre la segunda vuelta electoral;
El 14 de enero de 2017 deberían tomar posesión las nuevas autoridades electas para un periodo de cuatro años.
4 Artículo 113 de la Constitución Política de la República;
5 Artículo 136 de la Constitución Política de la República
6 Artículo 1 de la Constitución Política de la República;
7 Artículo 141 de la Constitución Política de la República;
8 Artículo 152 de la Constitución Política de la República.
Como funcionan los concejos abiertos
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References: artículo 165
 Artículo 140
 Artículo 44
 Artículo 136
 Artículo 113
 Artículo 136
 Artículo 1
 Artículo 141
 Artículo 152