Source: http://fredalvarez.blogspot.com/2015/05/el-maestro-jaime-rochin-en-la-primera.html
Timestamp: 2020-08-12 20:43:28+00:00

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De conformidad con el numeral dos del orden del día, me permito informarle que se encuentran presentes los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, por lo que en términos del párrafo tercero del Artículo 83 de la Ley General de Víctimas, declaro la existencia de quórum para iniciar los trabajos de esta Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Someto a consideración del pleno el orden del día, que tienen en sus lugares, y que se les hizo llegar previamente.
Me permito informarle que se ha aprobado el orden del día.
Como numeral cuatro del orden del día, someto a votación del pleno el acta de instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Hago de su conocimiento que el acta de instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ha quedado aprobada por unanimidad.
Para el desahogo del numeral cinco del orden del día, por el que se somete a aprobación de este órgano colegiado el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, me permito hacer de su conocimiento que tal y como lo marca la Ley General de Víctimas, y como fue instruido por usted, señor Presidente, durante la sesión de instalación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas la Comisión Ejecutiva realizó una amplia consulta a nivel nacional para la elaboración del proyecto que se presenta, a fin de contar con la mayor participación de personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humamos, colectivos de éstas, sociedad civil organizada y de personas expertas en el tema.
El proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece cuatro objetivos asociados con las metas nacionales: México en paz y México con responsabilidad global, así como con dos estrategias transversales: Gobierno cercano y moderno, y Perspectiva de género.
Es importante destacar que los objetivos, estrategias y acciones de este proyecto de programa observan los principios de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia y enfoque diferencial y especializado.
De igual forma, los objetivos y las líneas de acción de este instrumento fueron consensuados con las dependencias del Ejecutivo Federal y de los gobiernos estatales involucrados en su ejecución, siempre bajo el marco del cumplimiento de los estándares de derechos humanos en general y en materia de víctimas en lo particular.
El proyecto de programa tiene como objetivo marco establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las personas víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos.
De esta manera, el proyecto de programa muestra cinco objetivos específicos: fortalecer la coordinación entre las instancias involucradas en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas para lograr su adecuado funcionamiento; asegurar a las personas víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección; consolidar la cultura de respeto a los derechos humanos en las y los servidores públicos responsables de asistir a las personas en situación de víctima; garantizar a las personas víctimas el acceso a las medidas de atención, con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad, y generar medidas de prevención, atención, asistencia y reparación para las personas víctimas de delitos específicos y de violaciones a derechos humanos.
La implementación del Programa de Atención Integral a Víctimas se desarrolla a través de estrategias y líneas de acción específicas que derivan de los objetivos antes planteados y pretenden potencializar las capacidades institucionales en la atención a las personas víctimas de delito o de violaciones a derechos humanos.
Por ello, las líneas específicas de acción deben ser desarrolladas en el ámbito de sus competencias por todas las instituciones y entidades públicas federales, estatales, del gobierno del Distrito Federal y municipales, órganos autónomos y organizaciones públicas o privadas encargadas de la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las personas en situación de víctima.
En este sentido, se buscará reforzar y consolidar los servicios, mecanismos e instituciones para la asistencia y la atención de personas víctimas en todas las entidades federativas, a través de la creación de comisiones de atención a víctimas en cada uno de los estados.
Toda vez que el papel de la sociedad civil ha sido fundamental en el impulso de las normas, instituciones de atención a víctimas, se pretende incrementar las acciones de coordinación interinstitucional entre las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de garantizar los derechos de las víctimas.
Por otra parte, es indispensable contar con un marco jurídico adecuado en materia de atención a víctimas; por ello, se llevará a cabo un trabajo de armonización normativa en las instituciones del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, particularmente en los temas que tienen que ver con la atención y reparación integral.
Una adecuada atención de los derechos humanos en general y de las víctimas en particular requiere de considerar un enfoque diferenciado y poner énfasis en las condiciones de vulnerabilidad que pudieran existir, para lo cual se promoverán modelos de atención diferenciada a las personas en situación de víctima y protocolos de atención que eviten la discriminación, criminalización y revictimización.
Las líneas de acción contemplan también la generación y consolidación de una cultura de respeto y adecuada atención a las personas en situación de víctima, para lo cual se hará una amplia difusión de los derechos de las víctimas directas, indirectas y potenciales, y se implementarán campañas de cultura de respeto de los derechos de las víctimas.
Asimismo, se promueve capacitar a los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno, de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y de los órganos autónomos, con perspectiva de género y de derechos humanos para que, en el cumplimento de sus funciones, respeten los derechos de las víctimas y les otorguen una adecuada atención
Además, se llevarán a cabo las acciones necesarias para lograr el acceso de las personas en situación de víctima al Sistema Educativo y para que tengan acceso a las medidas de atención en materia económica y de desarrollo social.
El programa prevé mecanismos de evaluación para generar y sistematizar información que facilite el seguimiento de las acciones previstas, entre las que destacan el seguimiento al acceso de las víctimas a las medidas previstas en la ley.
Un índice de satisfacción con relación a la atención recibida por las instancias del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el seguimiento a los convenios de colaboración y a la implementación de los modelos de atención, protocolos y estudios con enfoque diferenciado.
Este programa, innovador en la atención a las personas en situación de víctima y único en su tipo, representa una herramienta programática fundamental para establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional y dar las bases que guiarán las acciones del Estado para brindar una atención integral a las víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos, conforme lo establece el marco jurídico nacional e internacional.
Distinguidas y distinguidos integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas:
Someto a votación la aprobación del proyecto del Programa de Atención Integral a Víctimas.
Me permito informar que el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ha aprobado por unanimidad de votos el Programa de Atención Integral a Víctimas, en términos de la fracción 3 del Artículo 88 de la Ley General de Víctimas y Artículo 19 de su reglamento.
Para continuar con el numeral seis del orden del día, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se permite someter a la aprobación de este órgano colegiado, el proyecto de reglas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con la finalidad de dar cumplimiento en tiempo y forma al octavo transitorio del reglamento de la Ley General de Víctimas.
El documento que obra en su poder, define los lineamientos de organización del pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Dicho instrumento se elaboró atendiendo el mandato legislativo contenido en la Ley General de Víctimas y a su propio reglamento.
El documento consta de ocho capítulos y 20 artículos, en los que se desglosa el mecanismo de convocatoria y coordinación para llevar a cabo las sesiones de este pleno.
El documento que se presenta, mantiene un sencillo mecanismo similar al de otros órganos colegiados. Sin embargo, me permito resaltar el formato de selección para las y los invitados de las organizaciones sociales, colectivos de víctimas y personas expertas, mismo que pretende la inclusión de participantes de toda la República y su rotación preferente, a efecto de garantizar representación de las diversas regiones geográficas del país.
Someto a votación la aprobación del proyecto de reglas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Me permito informar que el pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas ha aprobado por unanimidad de votos, las reglas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas en términos del Artículo 20 del reglamento de la Ley General de Víctimas.
Para desahogar el numeral 7, incisos A y B del orden del día, me permito informar a este honorable pleno que en atención al Artículo 32 de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas elaboró el primer modelo de atención integral en salud, con enfoque psicosocial, de educación y de asistencia social
Para su elaboración, el 20 de junio de 2014, se llevó a cabo un foro al que se invitó a instituciones de salud, expertos en el tema y organizaciones de la sociedad civil interesadas.
De igual forma, se celebraron ocho reuniones interinstitucionales para su elaboración y la generación de consensos de resultados.
Por lo que se refiere al apartado relativo al Modelo Integral de Atención a Víctimas en atención al mandato del Artículo 6 del Reglamento de la Ley General de Víctimas, la Comisión Ejecutiva elaboró un documento que establece la coordinación entre las instancias federales y estatales, así como los procedimientos necesarios para la atención, la asistencia y la protección a las personas en situación de víctima.
Cedo la palabra, si me lo permite, señor Presidente, a la Comisionada Susana Thalía Pedroza de la Llave, quien coordinó el diseño de ambos instrumentos, para que los exponga a este pleno.
-DRA. SUSANA THALÍA PEDROZA DE LA LLAVE: Gracias, maestro Jaime Rochín.
Señor Presidente de la República y Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, licenciado Enrique Peña Nieto; integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; invitadas e invitados especiales, buenas tardes a todos.
El Modelo de Atención Integral en Salud, creado por la CEAV, tiene como su fundamento en considerar que la salud es uno de los bienes más preciados, ya que facilita el goce y el ejercicio de otros derechos humanos, en términos de la Organización Mundial de la Salud y la que considera que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
El goce del grado máximo de salud es uno de los derechos fundamentales, sin distinción de raza, ideología política, religión o condición socioeconómica.
La Ley General de Víctimas pone énfasis en que las instituciones de salud pública de los Gobiernos Federal, estatal, del Distrito Federal y municipal proporcionen atención a la salud física y mental de las víctimas.
Dicha ley señala la creación de un Modelo de Atención Integral en Salud, que le hemos denominado MAIS, que establezca los mecanismos de coordinación y de actuación de las instituciones de salud pública a efecto de otorgar de manera gratuita la atención médica que se requiera, como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación a sus derechos humanos.
El MAIS fue realizado con enfoques psicosocial, de educación, de derechos humanos, así como el diferencial y especializado.
La CEAV coordinó los trabajos interinstitucionales para su elaboración, entre los que destacan la participación de la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Secretaría de Salud del Distrito Federal, el Instituto para la Integración y Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal, el Instituto de Atención a Víctimas del Delito del Estado de Tamaulipas, así como la Asociación Civil Tech Palewi, entre otras.
Se estima conveniente resaltar que a instancia de la Secretaría de Salud, con base en la Ley General de Víctimas, el Ejecutivo Federal llevó a cabo una modificación al Reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica, en la que adicionó un capitulo 9 bis, titulado: De la Atención Médica A Víctimas, cuyo objeto es regular la prestación de los servicios de atención médica, incluyendo la atención de emergencia odontológica, quirúrgica y hospitalaria, en términos de lo dispuesto por la Ley General de Salud, la Ley General de Víctimas y demás disposiciones aplicables.
El reto es lograr su implementación, para lo cual se trabaja con las instancias involucradas. Estamos colaborando con la Secretaría de Salud, a fin de incorporar el tema en la agenda del Consejo Nacional de Salud.
Se realizan gestiones ante la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, encaminadas a lograr que las personas en situación de víctimas, que no gocen de esa prestación social, sean afiliadas al Seguro Popular, asegurando el acceso a los servicios y a la gratuidad que dispone la Ley General de Víctimas.
El MAIS también enfatiza la atención a la salud mental de las personas víctimas en sus vertientes psicológica y médico-psiquiátrica, tomando en consideración que la atención psicosocial favorece la resiliencia, la recuperación y, lo más razonablemente posible, el proyecto de vida de una persona.
El trabajo interinstitucional ha evidenciado su trascendencia y, a la vez, ha redoblado el reto de redoblar esfuerzos.
Es importante mencionar que por acuerdo de las instituciones participantes, se realizará un diagnóstico de las capacidades y las necesidades institucionales para la implementación de dicho modelo.
En cuanto al Modelo Integral de Atención a Víctimas, emitido por la CEAV, el objeto de este modelo, que le hemos denominado MIAV, es contar con una política pública integral que coloque en el centro los derechos de las personas en situación de víctimas, y les permita recuperar su proyecto de vida.
En este contexto, el MIAV responde a sus necesidades con un enfoque psicosocial diferencial, especializado y de derechos humanos.
El MIAV implica un cambio de paradigma en la atención a víctimas. Esto es, de un enfoque criminológico hacia uno victimológico, propiciando la recuperación del proyecto de vida, entendido éste como el potencial de realización personal de la víctima, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas, y acceder a éstas.
En México, existía una deuda histórica respecto de un marco jurídico homologado, que diera certeza jurídica a las víctimas.
Sin embargo, después de importantes reformas constitucionales, la participación de la sociedad civil y la publicación de la Ley General de Víctimas, actualmente contamos con un ordenamiento normativo de vanguardia, apegado a los más altos estándares internacionales.
El MIAV establece un conjunto de procedimientos, de acciones y de principios para proporcionar ayuda inmediata, atención, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas.
Promueve que las víctimas sean reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido.
Contempla el monitoreo y el seguimiento en su implementación a través de las instituciones, la sociedad civil y las unidades responsables de la CEAV.
Para su implementación, será necesario coordinar acciones interinstitucionales, de acuerdo a las facultades y competencias de las dependencias y entidades que integran este Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Contar, también, con los recursos humanos y materiales que permitan cumplir con la prestación de los servicios. Capacitar a las y los encargados de la atención a víctimas, así como el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que proporcionan atención a las víctimas.
En suma, el MIAV contribuye a cumplir con una de las más importantes obligaciones del Estado constitucional. Esta tarea propiciará la consolidación de un sistema garante y respetuoso del pleno ejercicio de los derechos y la recuperación del proyecto de vida de quienes han sufrido la vulneración a su integridad física, psicológica o material.
-MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Muchas gracias, Comisionada Pedroza de la Llave.
Para continuar con el desahogo del Orden del Día, referente al inciso C del numeral 7, me permito presentar un mensaje con motivo del primer informe de actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
La versión completa del informe forma parte de los documentos que tienen en su poder, con su venia, señor Presidente.
Gracias a la clara voluntad política que hoy nos convoca, México vive una realidad distinta, en lo que el marco legal permite un novedoso entramado institucional para dar respuesta a las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos.
El desafío del Sistema Nacional de Atención a Víctimas hacia el futuro, obliga a redoblar esfuerzos para garantizar que todas las víctimas puedan mirar hacia adelante y reconstruir su proyecto de vida.
El informe expone las acciones realizadas y da cuenta de los resultados alcanzados desde la creación administrativa por usted, señor Presidente, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
En este tiempo, la Comisión Ejecutiva ha trabajado en un arduo proceso de construcción institucional, que le permite hoy, dirigir sus esfuerzos a la generación de políticas públicas y a la ejecución de acciones encaminadas a la atención integral de las personas en situación de víctima en nuestro país.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ya cuenta con tres pilares en los que sustenta su trabajo en beneficio de las personas en situación de víctimas.
El Registro Nacional de Víctimas, la Asesoría Jurídica Federal y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
El primero, el Registro Nacional de Víctimas, es la llave de entrada a los servicios a cargo de la Comisión Ejecutiva y funciona como una herramienta de información para sistematizar el seguimiento de la atención que recibe cada una de las personas en situación de víctima.
De igual forma, el registro es un instrumento tecnológico que permite profundizar en el conocimiento de la victimización en México.
A través del registro, se genera la información para que el Estado mexicano revise y direccione las políticas públicas en materia de atención integral a víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos.
Actualmente, la Comisión Ejecutiva trabaja en el fortalecimiento de acciones de vinculación con las entidades federativas para tener siempre un registro nacional actualizado.
La aspiración de justicia es uno de los principales reclamos de todas las personas, pero especialmente de las que son víctimas. Ante ello, el segundo pilar de la Comisión Ejecutiva es la Asesoría Jurídica Federal, una unidad innovadora y cercana.
La Asesoría Jurídica Federal está integrada por profesionales del derecho, especializados y sensibilizados para acompañar a las personas víctimas, a fin de que cuenten con los elementos necesarios en el ejercicio de sus derechos, a través de orientación, asesoría y representación.
Uno de los más grandes retos a los que se ha enfrentado la asesoría jurídica federal, consistió en poder brindar atención a las víctimas de forma estandarizada; para ello, se ha llevado a cabo un proceso de capacitación de los asesores jurídicos.
Asimismo, en aquellos casos en que se trabaja con grupos de víctimas, se han generado programas específicos para brindar atención acorde a sus circunstancias particulares.
El tercer gran pilar institucional de la Comisión Ejecutiva, el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las personas víctimas de delitos o de violaciones a sus derechos humanos.
Es importante señalar que con la publicación del reglamento de la Ley General de Víctimas y de los lineamientos generados para normar su funcionamiento, el Fondo contó con el marco normativo necesario para iniciar su operación e integrar a su patrimonio los recursos presupuestarios correspondientes a 2014 y 2015.
Lo anterior constituye un momento histórico en el proceso de atención a víctimas en México y ha permitido a la Comisión Ejecutiva no sólo mantener, sino mejorar la provisión de medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, en cumplimiento de su misión institucional.
Son muchos y valiosos los trabajos que ha realizado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. De entre ellos quisiera destacar, si me permite, señor Presidente, las acciones que la Comisión Ejecutiva lleva a cabo en algunos casos que han implicado la atención a grupos de víctimas y la generación de programas específicos.
Caso La Gran Familia.
Desde el 15 de julio de 2014, la Comisión Ejecutiva ha mantenido atención y el seguimiento a víctimas del albergue de La Gran Familia, ubicado en Zamora, Michoacán.
La intervención inició a partir del aseguramiento del inmueble por la Procuraduría General de la República. Para la adecuada atención de este caso, se promovió la creación de un grupo interinstitucional federal, en el que participan las Secretarías de Gobernación, de Educación, Salud, el Sistema Nacional DIF, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Instituto Nacional de Economía Social, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como observador; y, además, representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Su principal insumo ha sido la aprobación de un Programa Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Rescatados. Dentro de este programa, la Comisión Ejecutiva ha brindado atención diferencial y especializada a personas en situación de mayor vulnerabilidad. En especial, a aquellas con discapacidad psicosocial.
Sólo por lo que respecta a este caso, La Gran Familia, al 30 de abril del año en curso, la Comisión Ejecutiva atendió 380 víctimas directas de un total de 536. Asimismo, se ha proporcionado atención a 230 víctimas indirectas.
De los hechos ocurridos en la Ciudad de Iguala, Guerrero, los días 26 y 27 de septiembre de 2014, relativos a la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, al 30 de abril de 2015, la Comisión Ejecutiva había registrado 179 víctimas.
Por lo que se refiere a los integrantes del Club de Fútbol Los Avispones, personas relacionadas con los hechos antes descritos, la Comisión Ejecutiva registró a 98 víctimas directas e indirectas, a quienes les brindó atención multidisciplinaria, y son sujetos de un programa de intervención individualizado.
La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas agradece a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Desarrollo Social y a la Secretaría de Educación Pública, sus decididas acciones de enlace y apoyo con esta Comisión para atender este caso.
A partir de la presencia de la Comisión Ejecutiva en Iguala, otras personas se han acercado para solicitar apoyo en virtud de haber sido víctimas de hechos delictivos del fuero Federal, relacionados con homicidios, amenazas y la privación ilegal de la libertad.
Ante los hechos antes descritos, la Comisión Ejecutiva ha mantenido presencia permanente en la Ciudad de Iguala, Guerrero, y realizó una intervención conjunta con la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República, a fin de implementar un programa de atención que estableciera los procesos encaminados a promover el bienestar, el apoyo social y el soporte psicosocial a las víctimas.
Reconozco la labor del Comisionado Julio Antonio Hernández Barros, quien ha sido el coordinador y enlace entre autoridades, las organizaciones de víctimas y la Comisión Ejecutiva para este caso en particular.
Caso Tlatlaya.
Con relación a los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014, en el Municipio de Tlatlaya, Estado de México, a solicitud de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, del gobierno del Estado de México, así como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva se acercó a las víctimas para ofrecer sus servicios con la finalidad de salvaguardar sus derechos.
Al 30 de abril de 2015, se han registrado a 69 personas entre víctimas directas e indirectas, y se continúa con el análisis de los casos restantes de estos hechos.
Cabe destacar que hace unos días, el pleno de la Comisión Ejecutiva aprobó la primera resolución en este caso a favor de una víctima directa y siete indirectas, a propuesta del comisionado Adrián Franco Zevada.
Ésta contiene un plan de reparación integral apegado a los más altos estándares de derechos humanos y establece un nuevo paradigma en materia de reparación integral a víctimas de violaciones a derechos humanos.
Este día empieza un nuevo tiempo, aunque desde su creación, ha habido logros importantes, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas tiene ya todos sus elementos para dar resultados trascendentes, siempre ha habido voluntad y hoy, además, contamos ya con los instrumentos necesarios.
Por primera vez podemos tener funcionando un marco legal, coordinación entre instituciones, programas y un modelo de actuación integral.
En este momento, podemos hablar de políticas públicas claras y de criterios de altura mundial.
Lo que sigue es ser eficientes para cumplir, ser responsables con nuestra obligación de darle, a las víctimas los elementos para recuperar su proyecto de vida, porque un país que atiende y repara a sus víctimas es un país con futuro.
Agradezco la atención de este honorable pleno.
A continuación, cedo la palabra al Presidente de la Comisión de Justicia del Senado de la República, Senador Roberto Gil Zuarth, quien nos dirigirá unas palabras.
-SEN. ROBERTO GIL ZUARTH: Muchas gracias, Comisionado Presidente.
Señoras y señores integrantes del Sistema Nacional.
Construir instituciones suele ser un proceso largo y complejo, es el mayor reto de la política, articular demandas, canalizar y distribuir recursos, establecer objetivos, fijar reglas, crear órganos y procedimientos para alcanzar esos objetivos.
La formación de instituciones es impensable sin voluntad política, sin un compromiso fuerte para enfrentar los problemas de la convivencia y para confeccionar sus soluciones.
En un régimen democrático y plural, los deberes son compartidos. Todos debemos expresar esa voluntad política y a todos, sin distingo, se nos debe exigir.
La efectiva protección y atención a las víctimas del delito y las violaciones a los derechos humanos es hoy, por fortuna, un paradigma ordenador del funcionamiento de las instituciones del Estado, un principio llamado a determinar la forma en la que se desenvuelve nuestro sistema jurídico y en particular las distintas relaciones e interacciones de las personas con el Estado. Ese paradigma se ha materializado en una ley y es justamente este sistema el garante de su plena vigencia y de su operatividad institucional.
Debemos reconocer que la ley merece una profunda revisión para efectos de su reforma. Creamos un modelo que estructuralmente tiene aún dificultades para reaccionar oportunamente a las necesidades de las víctimas.
Hay problemas en plazos para el cumplimiento de obligaciones, vacíos en la relación con las instituciones espejo a nivel local, escasa operatividad en un conjunto importante de facultades asignadas a la Comisión Ejecutiva, especialmente en aquellas que implican la disposición de recursos o de programas públicos en manos de otras dependencias y entidades de las administraciones públicas Federal y locales.
Además de las dificultades persistentes de la ley vigente, es necesario un mayor esfuerzo de las Entidades Federativas, en cuanto a las obligaciones de armonización y de creación de comisiones estatales.
A casi un año de haberse vencido el plazo legal, 10 Entidades Federativas no han iniciado el proceso de armonización, 15 Entidades Federativas se encuentran a mitad de camino; sólo 7 Entidades Federativas cuentan con Comisión Estatal operando, Registro de Víctimas y Fondo de Reparación, que son justamente los tres pilares del modelo de Atención a Víctimas.
Por otro lado, si bien la Comisión Ejecutiva ha hecho un importante esfuerzo por redoblar su presencia en el territorio nacional, no ha sido posible por razones presupuestales, lograr aún la cobertura total.
Cuenta con 15 delegaciones en 14 estados, más el Centro de Atención, ubicado en la sede nacional, esto es en 17 Entidades Federativas no hay todavía presencia de la Comisión.
La lenta armonización local y las dificultades en el despliegue territorial de esta Comisión, se traducen, sin duda, en barreras de acceso de las víctimas a la protección y garantía de sus derechos o en el mejor de los casos, a una débil y poca oportuna atención.
En el periodo legislativo inmediato anterior, el Congreso de la Unión hizo una reforma constitucional para facultar al Congreso a expedir una ley que establezca las facultades y deberes de la Federación y de los órdenes locales en la protección de los derechos de las víctimas.
Esta reforma es el marco propicio para una revisión profunda, responsable y útil de la ley vigente, y al mismo tiempo un precursor inmejorable para la armonización legislativa a nivel local.
Cuenta el Gobierno de la República y usted, señor Presidente, con la plena disposición de la Comisión de Justicia del Senado de la República para iniciar este proceso y sobre todo para concluirlo con buenos resultados.
Somos conscientes de las dificultados presupuestales que enfrentará el país en los años venideros, pero debemos buscar la forma, con creatividad y responsabilidad, de aumentar y maximizar los recursos para avanzar en la construcción de una robusta institucionalidad en materia de víctimas.
Dejo en la mesa una propuesta para su estudio:
Varias dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las locales, tienen a su cargo programas y políticas sociales que podrían utilizarse en la atención integral de las víctimas. Hoy, la relación con esas entidades de las administraciones se realiza, fundamentalmente, a través de convenios.
Ahí hay recursos disponibles que podrían complementar lo que, año con año, se asigna a este sistema.
Demos a la Comisión Ejecutiva capacidades para identificar y requerir qué programas o apoyos gubernamentales pueden ser utilizados para la restitución, compensación o satisfacción de los derechos de las víctimas.
Hagamos del paradigma de atención a víctimas, un principio transversal que motive decisiones presupuestales y de política pública, desde una perspectiva más amplia y comprensiva, pero sobre todo a partir de los recursos hoy existentes.
Distinguidos integrantes de este sistema:
La atención a las víctimas debe ser hoy una realidad institucional viva. Hemos avanzado, sin embargo, los esfuerzos deben redoblarse.
Hay acciones y casos relevantes, que son buenas noticias para México, como hemos podido escuchar en esta sesión.
Abramos una nueva etapa en esta política de Estado en materia de víctimas con los aprendizajes adquiridos, con claridad de objetivos, pero sobre todo con la voluntad política de todos.
Porque, sin lugar a dudas, la atención a nuestras víctimas es la única ruta para la pacificación duradera de nuestro país.
-MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Gracias, señor Senador
Para dar continuidad a la agenda del día, cedo la palabra al Gobernador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez, Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la CONAGO.
Saludo a los integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se consolida como pilar fundamental para el Estado de Derecho.
En nuestro país, sin duda, hoy se viven tiempos en los cuales se ha puesto especial énfasis en este tema, gracias a la fuerza institucional que le representa el ser encabezado por el propio Presidente de la República, señor licenciado Enrique Peña Nieto, a quien refrendo el respeto a su más alta investidura.
Señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; señores representantes del Poder Legislativo de la República; señor Secretario de Gobernación; señora Procuradora; amigos todos:
Saludo al Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, licenciado Sergio Jaime Rochín, y le expreso nuestro reconocimiento por el liderazgo con que se han conducido los trabajos de esta Comisión Ejecutiva, que a tan sólo 16 meses de su instauración, ha construido puentes de comunicación y vasos comunicantes con organizaciones y con víctimas.
Agradezco que me permitan participar en mi carácter de Coordinador de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, y que, en ese sentido también, saludo con aprecio la presencia de mis colegas, el Coordinador Presidente de la CONAGO, Gobernador de Tlaxcala, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
El compromiso de la CONAGO es reiterar la consolidación de una política de Estado que resguarde los derechos humanos y, particularmente, los derechos de las víctimas.
Al instalar este Sistema Nacional, el Presidente Enrique Peña Nieto, deja muy claro que para su Gobierno la protección de los derechos humanos, importa tanto como recuperar la paz y el orden.
En ese sentido, vale reconocerle al señor Presidente la valentía por sostener su democrática convicción de que el combate a la delincuencia y a la violencia, no sea nunca a costa de los derechos humanos.
Y subrayo esa valentía, porque no es sencillo mantener ese compromiso en las complejas circunstancias que se atraviesan en algunas regiones del país. Porque no es popular hablar de protección de los derechos, tanto de víctimas como de procesados, cuando hay un ánimo social que reclama actuar con revanchismo en contra de la delincuencia. Y porque no ha sido fácil evitar la politización de este tema.
Por otra parte, la compleja circunstancia que nos da la legislación de avanzada de protección en derechos humanos que hoy tiene nuestra Carta Magna. Un tema tan sensible como la preservación de esos derechos y, particularmente, por la que asiste a las víctimas.
Pero con una gran sensibilidad, usted y el Sistema Nacional, han sabido demostrar el compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las personas.
No impedía romper el desequilibrio que existía de la sobreprotección a los victimarios, y el estado casi de indefensión total en que se dejaba a las víctimas ofendidas en cada uno de los hechos que reclama.
La Conferencia Nacional de Gobernadores reconoce en todo lo que vale, que este Sistema Nacional de Atención a Víctimas se desempeñe sobre el propio principio de privilegiar los derechos humanos, pero sobre todo, de los humanos derechos. Y desde esa perspectiva, romper la inercia que impedía a las víctimas acceder a la justicia.
Sabemos muy bien, señor Presidente, que justicia sólo se paga con justicia.
Anteponer los derechos de las víctimas por encima de cualquier otro elemento del drama penal no es un asunto menor pues es, precisamente, el pilar sobre el que descansará la legitimación del nuevo sistema de justicia, garantizando así, el debido proceso.
Por eso, la CONAGO reitera su voluntad de seguir colaborando con el fortalecimiento del Sistema Nacional, desde tres compromisos fundamentales:
Uno. Complementar en la totalidad de las Entidades Federativas la armonización de las leyes estatales a la legislación Federal en esta materia.
Dos. La integración de Comisiones Ejecutivas Locales de Atención A Víctimas.
Tres. La conformación de los Registros Estatales de Víctimas que alimenten el registro nacional.
Usted lo ha dicho, señor Presidente, que la justicia no se complementa con sólo castigar a los culpables, sino que también se requiere reivindicar los derechos de las víctimas; derecho tan concreto como la reparación integral del daño; ser tratados humanamente, recibir asistencia y protección del Estado; conocer la verdad sobre el delito sufrido y ser informados del proceso penal que se sigue en contra de los agresores.
Las reglas de organización y funcionamiento de este Sistema Nacional, el modelo de atención integral a la salud y el programa y modelo de atención integral a las víctimas que se han formalizado en esta Sesión Plenaria, los cuales capitalizan la aportación de la sociedad civil, que lo han hecho con un gran esfuerzo, son mecanismos de procedimientos que contribuirán sustantivamente, a que los derechos de las víctimas sean personal y efectivamente ejercidos. Por eso son respaldados, sin duda, por las Entidades Federativas.
-MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Gracias, señor Gobernador.
En seguimiento al orden de participantes, cedo la palabra al Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, licenciado Luis Raúl González Pérez.
-LIC. LUIS RAÚL GONZÁLEZ PÉREZ: Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes.
Señor licenciado Enrique Peña Nieto, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Estimados representantes de las distintas instancias que integran el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
La atención a las víctimas es, dentro de la defensa de los derechos humanos, el rubro de mayor importancia y actualidad. Hacer efectiva la atención a la víctimas, no sólo requiere el cumplimiento puntual de la norma, sino también propiciar mecanismos que materialicen, en el terreno de los hechos, el acompañamiento, verdad, justicia, y reparación que las víctimas demandan y que son inherentes a una atención integral de las mismas.
La Reforma Constitucional del 18 de junio del 2008 reconoció expresamente en su Artículo 20, Apartado C, los derechos de las personas en situación de víctimas. Contenido que se vio ampliado posteriormente con la reforma que en materia de derechos humanos se hizo a nuestro máximo ordenamiento en junio del 2011 y la emisión en 2013 de la nueva Ley de Víctimas.
Hacer realidad los imperativos constitucionales y legales en favor de las víctimas no son cuestiones sencillas y, significan un gran reto que requiere la coordinación y suma de esfuerzos.
El día de hoy, se han presentado ante el Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, diversos instrumentos que buscan coadyuvar que este sistema cumpla su objetivo de proteger, ayudar, asistir, dar acceso a la justicia, a la verdad y la reparación integral de las víctimas en los ámbitos local, municipal y Federal.
Estos instrumentos, conforme lo ha reportado la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, son producto del concurso amplio, plural e incluyente de académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, defensores sociales, así como de las propias víctimas y las personas que se han involucrado en el tema, lo cual genera una expectativa favorable sobre su validez e idoneidad.
No obstante lo anterior, el único dictamen válido sobre la utilidad de lo que hoy se presenta, será el que se emita ante la prueba de los hechos, es decir a la luz de los resultados que se obtengan como consecuencia de su operación.
De ahí, la necesidad de que se mantenga la apertura y sensibilidad para seguir escuchando los planteamientos y necesidades de las víctimas y hacer las adecuaciones y ajustes que se lleguen a requerir.
La atención a las víctimas debe ser constante, no sujeta a obstáculos burocráticos que demoren o inhiban que se dé respuesta a sus planteamientos y necesidades.
Toda medida que se implemente en este ámbito debe tomar como premisa, el escuchar y entender a las víctimas, lo cual impone la necesidad de evaluar constantemente su pertinencia y posibilitar su adecuación cuando las circunstancias lo demanden.
En este sentido, el éxito del programa permitirá un estado de cosas al que todos aspiramos, en el que las instancias encargadas de la atención a víctimas, trabajemos de manera coordinada, contando con servidores públicos plenamente capacitados, que actúen bajo una perspectiva de derechos humanos, en un contexto que asegure a las víctimas el acceso efectivo a los servicios y medidas de asistencia, atención y protección con enfoque diferenciado y énfasis en condiciones de vulnerabilidad, contando con medidas efectivas de prevención, atención, asistencia y reparación a su favor.
México no puede dar la espalda a las víctimas. Los derechos fundamentales deben situarse como eje y sustento de toda política pública.
La atención a las víctimas debe constituirse como la prioridad en este ámbito y ser el punto de partida para hacer expresa la voluntad política de abatir la impunidad y fortalecer la construcción de una cultura de respeto, vigencia y protección de los derechos humanos en nuestro país.
La atención a las víctimas es una prioridad del Estado, que nos interesa y atañe a todos, no sólo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Si queremos tener una incidencia real en este tema, todas las autoridades y órganos de Estado, debemos propiciar que se genere un contexto favorable para su atención, lo cual demanda un compromiso integral con las personas afectadas y la necesidad de actuar en todo momento de manera coherente con este fin.
Los gobiernos estatales tienen también una responsabilidad y papel relevante en armonizar la legislación, como aquí ya se ha apuntado, y en replicar los mecanismos de atención a víctimas para que el sistema podamos realmente llamarlo: Nacional.
La sociedad, por otra parte, requiere continuar por el camino que ya ha emprendido de la solidaridad, la empatía, el acompañamiento y el apoyo a las víctimas.
En el ámbito de la CNDH, hemos asumido la atención a víctimas como una premisa básica y prioritaria de nuestra actividad institucional y esperamos que la suma de capacidades y trabajo conjunto por la causa de los derechos humanos, mediante mecanismos como el que hoy nos convoca, nos permitan en un futuro saber que en nuestro país hay menos violaciones a los derechos fundamentales y, en consecuencia, menos víctimas.
Aprovecho esta oportunidad para reiterar el ánimo y disposición de este organismo nacional, para colaborar en la manera más amplia posible, dentro del ámbito de atribuciones de cada instancia, con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con la que hemos tenido un estrecho contacto y colaboración, así como para apoyar las iniciativas y acciones que se emprendan para tal efecto en el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Todos merecemos tranquilidad y paz, en un país donde nuestros derechos sean respetados, y en caso de que se violen tengamos la certeza razonable de que las conductas ilícitas que se cometan desde del poder, en cualquiera de sus expresiones, se van a sancionar mediante la aplicación de la ley, y que los daños que se causen sean debida y oportunamente reparados.
Es responsabilidad del Estado abatir las violaciones a derechos humanos y de este Sistema Nacional que las víctimas no estén solas. Las iniciativas y acciones que se emprendan en favor de las víctimas son iniciativas y acciones por los derechos humanos, por la justicia y en favor de México.
-MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Muchas gracias, señor Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Me es grato ceder la palabra al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, Ministro Luis María Aguilar Morales.
-MIN. LUIS MARÍA AGUILAR MORALES: Muchas gracias.
Me dirijo a ustedes especialmente en mi carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, que tiene a su cargo la impartición cotidiana de la justicia Federal a través de los jueces de Distrito y los magistrados de Circuito.
Señor Presidente; Presidente del Sistema Nacional de Atención a Víctimas; señores todos, representantes de los organismos que participan en este Sistema.
En éste, mi carácter de Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, acudo a esta Primera Sesión Ordinaria del Pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, cuyo objeto, de conformidad por lo dispuesto por la ley, es proponer, establecer y supervisar las directrices, servicios, planes, programas, proyectos, acciones institucionales e interinstitucionales, así como de las demás políticas públicas que se implementarán para la protección, ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral a las víctimas en los ámbitos local, Federal y municipal.
En esta Primera Sesión Ordinaria hemos podido apreciar los resultados de la ardua labor realizada por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, órgano operativo del Sistema Nacional, a poco más de un año y cuatro meses de haber sido creada mediante Decreto del Presidente de la República.
Es así, que en esta sesión hemos aprobado, por una parte, el Programa de Atención Integral a Víctimas, así como las reglas de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, por otro.
Asimismo, se nos ha rendido cuentas respectivamente del Modelo de Atención Integral en Salud, el Modelo Integral de Atención a Víctimas, y hemos recibido y escuchado con atención el primer informe de actividades de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.
Particularmente, quiero destacar que para la elaboración del proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, se ha contado con la participación del Poder Judicial de la Federación, y particularmente del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus atribuciones, quien ha colaborado con la Comisión Ejecutiva en la conformación de este programa.
Y aprovecho esta sesión plenaria, para ratificar nuestro compromiso institucional de coadyuvar en el cumplimiento de sus objetivos.
También, quiero destacar el contenido y alcances del Modelo Integral de Atención a Víctimas, cuyo objeto es garantizar a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral con un enfoque sistemático, psicosocial, de derechos humanos, de género, diferencial y especializado para la recuperación del proyecto de vida de la persona, entendido como el potencial de realización personal de la víctima, considerando su vocación, aptitudes, circunstancias, potencialidades y aspiraciones que le permiten fijarse razonablemente determinadas expectativas para acceder a ellas.
La ley, como toda obra humana, puede ser y deberá ser perfeccionada para alcanzar el mejor objetivo, que es la protección integral a la víctima.
Es por ello, que expreso mi más amplio reconocimiento a la fructífera y prometedora labor de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a la que, como parte del sistema nacional, brindaremos nuestro apoyo en el ámbito de las atribuciones que la Constitución y que las leyes confieren al Consejo de la Judicatura Federal como órgano de administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación.
En el Programa de Atención Integral a Víctimas, también da cuenta del vasto marco normativo aplicable a la protección de los derechos de las víctimas, partiendo, desde luego, de lo dispuesto en el tercer párrafo del Artículo Primero Constitucional, en el sentido de que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, estamos obligados a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
De la misma manera, en virtud de la Reforma Constitucional en materia penal, en Junio de 2008 se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las víctimas en el Apartado C del Artículo 20 de la Ley Suprema de la Unión.
Por su parte, la Ley General de Víctimas obliga en sus respectivas competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de Gobierno, y de sus Poderes Constitucionales, así como en cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos e instituciones públicas o privadas, que velen por la protección de las víctimas a proporcionarles ayuda, asistencia y la reparación integral de sus derechos.
He ahí, pues, con toda nitidez, el marco jurídico para la protección de las víctimas y las obligaciones que tenemos como autoridades para hacerlo valer.
El diagnóstico sobre la situación actual de las víctimas en el país, que forma parte del programa, ha sido sometido a consideración del Pleno aquí reunido, y nos plantea un reto de enorme magnitud, al que debemos dar respuesta con eficacia y con la mayor responsabilidad y coordinación.
Y si bien la propia Ley General de Víctimas, en su título correspondiente, relativo a competencias, confiere deberes específicos a los integrantes del Poder Judicial, a todos los impartidores de justicia del país les corresponde conocer a cabalidad el contenido y los alcances de esta ley, en aras de garantizar los derechos de las víctimas y velar por la reparación integral, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y, aún, simbólica.
Así, resulta de primordial importancia la continuación de la protección de los derechos humanos que desde el Consejo de la Judicatura Federal debe ser impulsada, no sólo como un criterio jurisdiccional, sino también, y con la misma importancia, como una política sistémica, constante e integral en la toma de decisiones y en la configuración de políticas internas del Poder Judicial de la Federación en toda su amplitud.
En este sentido, y como he sostenido en su oportunidad, la política judicial que orienta la actividad esencialmente del Consejo de la Judicatura Federal, exige más que nunca la obtención de resultados inmediatos que materialicen los fines y objetivos que buscó el Legislador Constitucional, y que derivan de una demanda ciudadana legítima y, en este caso, el ejercicio del derecho humano de acceso a la justicia Federal a través de recursos jurisdiccionales efectivos y ágiles, así como la protección integral de las víctimas.
Por último, como parte del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, ratifico nuestra completa disposición para colaborar con todos los integrantes, y que nuestro quehacer será orientado como los principios que la ley señala, como son la buena fe, la debida diligencia, el enfoque diferencial y especializado, la gratuidad y la no discriminación, la integralidad, la indivisibilidad y la independencia, la máxima protección, la transparencia y principalmente la dignidad humana, condición y base de los demás derechos fundamentales que es, y ha sido siempre, el objetivo de los jueces Federales en el Poder Judicial de la Federación: obtener y procurar su protección y su más amplio respaldo.
-MTRO. SERGIO JAIME ROCHÍN DEL RINCÓN: Señor Presidente, me permito informarle que han quedado cubiertos los puntos de la agenda de la Primera Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, por lo cual esperamos su mensaje.

References: Artículo 83
 Artículo 88
 Artículo 19
 Artículo 20
 Artículo 32
 Artículo 6
 resolución 
 Artículo 20
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