Source: http://www.libertadidioma.com/2001/20010405.htm
Timestamp: 2018-11-19 10:07:37+00:00

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AGLI Recortes de Prensa Jueves 5 Abril 2001
#Por la unidad
ANTONIO ELORZA El Correo 5 Abril 2001
#El constructor de naciones
Nota del editor 5 Abril 2001
#Desafuero consumado
Editorial ABC 5 Abril 2001
#Aznar y la debilidad del Estado de Derecho
Luis María ANSON de la Real Academia Española La Razón 5 Abril 2001
#EKIN: LA JUSTICIA PREVALECE SOBRE LA RAZON POLITICA
Editorial El Mundo 5 Abril 2001
#ETA gana
Maite Cunchillos Libertad Digital 5 Abril 2001
#Escándalo en la Audiencia
Editorial La Razón 5 Abril 2001
Editorial El País 5 Abril 2001
#Mal, muy mal
Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 5 Abril 2001
#Justicia y política
JOSEP RAMONEDA El País 5 Abril 2001
#¿Considera Arzalluz normal lo que sucede en Zumárraga?
Impresiones El Mundo 5 Abril 2001
#Caliente, caliente
Jaime CAMPMANY ABC 5 Abril 2001
#Ardanza, en Madrid
Editorial El Correo 5 Abril 2001
PEDRO VILLALAR La Voz 5 Abril 2001
#Albañiles con escolta
José A. SENTíS La Razón 5 Abril 2001
#El exterminio de las ideas
Ignacio Villa Libertad Digital 5 Abril 2001
#El peinado de Eta «a lo Garzón»
Lorenzo CONTRERAS La Razón 5 Abril 2001
#Chirridos judiciales
SANTIAGO GONZÁLEZ El Correo 5 Abril 2001
#Polémica en la Audiencia
#Dimiten los dos ediles que le quedaban al PSE en Zumarraga por negarse a llevar escolta
O. B. SAN SEBASTIÁN El Correo 5 Abril 2001
#Plataforma Libertad convoca en Vitoria una manifestación «contra el exterminio» de ETA
G. TESTA BILBAO El Correo 5 Abril 2001
La campaña electoral se ha abierto con pocas palabras significativas, pero con signos de que su larga duración apenas va a aportar nada para resolver la crisis de la democracia que el terrorismo provoca en Euskadi. En todo caso, queda claro que ETA ha pronunciado una condena a muerte de alcance general para todos los representantes públicos de los partidos democráticos. Y queda claro también que esa trágica situación solamente sirve para acentuar el gesto de tristeza con que el lehendakari Ibarretxe se va ganando a buena parte de la opinión. No importa que de sus palabras y de sus muecas no salga mensaje político alguno en dirección a los partidos democráticos que ven cómo sus hombres van cayendo asesinados uno a uno. Los sondeos muestran que en esta circunstancia con la buena intención basta. De cara a las elecciones, Ibarretxe se ha apuntado un tanto decisivo. Por lo menos su clientela tradicional piensa que si bien no consigue nada de nada en la resolución del problema del terror, él es inocente y además su sufrimiento es el espejo del sufrimiento de una comunidad nacionalista que en gran medida es capaz de compaginar el distanciamiento temporal de ETA con el rechazo, ese sí operativo, del círculo de los enemigos encarnado por el pacto PP-PSOE. También es un éxito para la estrategia de fortaleza sitiada que ha puesto en práctica el grupo dirigente del PNV. ¿A quién se le ocurre, protestaba el 23 de marzo Anasagasti, decir o pensar que sólo un 50% de los ciudadanos vascos está amenazado y que el Gobierno vasco nada eficaz hace para evitarlo?
Sólo que esa estimación pesimista, no agresiva, a la que Anasagasti califica de ‘barbaridad’, presente en el informe de Gil Robles al Consejo de Europa, se apoya en una triste constatación empírica. La condena de muerte pronunciada contra los cargos públicos del PP y del PSOE se va cumpliendo con un goteo siniestro de atentados que excluyen puntualmente a otros cargos públicos, los del espectro abertzale. Y los actos de intimidación, las amenazas y las agresiones efectuadas por el entorno de ETA, pueblo a pueblo, y barrio y a barrio, tienen siempre la misma dirección, con la única excepción de algún que otro militante del PNV que se atrevió en algún momento a romper la regla de oro de su partido y de EA: pronunciar condenas genéricas altisonantes de los actos de ‘violencia’, pero nunca designar a los agresores, ni respaldar iniciativa alguna que tienda a favorecer su castigo. Respecto del informe de Gil Robles, cabrán matices y correcciones, pero la visión general en ese punto es terriblemente clara y el intento de descalificación primario de Anasagasti sólo merece el olvido. Habrá que esperar a que su amatxo sea asaltada de nuevo por los chicos del movimiento que él mismo califica de totalitario parta que sus juicios vayan más allá de esa actual defensa de lo indefendible.
Por lo demás, todo está claro. A las víctimas, si desean sobrevivir, sólo les queda cerrar filas y denunciar a gritos que quienes les atacan lo hacen públicamente y desde la posición de privilegio que les otorga la democracia, y que quienes debieran defenderles no lo hacen. El portavoz del Gobierno vasco se vanagloria de haber realizado en un año casi 100 detenciones en más de 500 actos vandálicos y, sobre todo, de desarticular en fecha reciente nada menos que dos comandos de ETA. Primero, éstas últimas son detenciones aisladas que nada tienen de desarticulación de un ‘talde’ de ETA en Guipúzcoa, y han surgido, en un caso como respuesta inmediata al asalto contra un edificio público, y en otro, del azar de que una patrulla de la Ertzaintza desconfiara de dos individuos que tras el atentado de Hernani les parecieron sospechosos al telefonear desde una cabina. Desde luego, no es un balance glorioso, y la circunstancias misma de las detenciones, en forma de respuestas inmediatas para los terroristas asesinos o de intervención también inmediata al producirse de kale borroka, confirman indirectamente la impresión que transmiten esos malísimos policías vascos del sindicato mayoritario ERNE: no hay actuaciones preventivas ni represivas basadas en una estrategia de lucha e investigación contra el fenómeno terrorista. Claro que la expresión compungida de Ibarretxe parece luego arreglarlo todo de cara a la galería, y después de una actuación tan catastrófica, o por lo menos impotente, el engaño surte efecto.
De ahí que nada quepa esperar de la afirmación central que hiciera Ibarretxe después del crimen de Lasarte de que todos los demócratas están firmemente unidos contra ETA. Divinas palabras, que lo serían más si de las mismas el lehendakari extranjera alguna conclusión. La más pertinente debiera ser que, dado que el terrorismo es el más grave problema para los vascos y que ETA es su única responsable, por encima de las diferencias políticas, aún encontrándose en plena campaña electoral, los partidos democráticos, desde el PNV al PP, establecieran un mecanismo de alianza y de cohesión que garantizase la defensa de la legalidad establecida y de una estrategia de confrontación que hiciera ver a ETA la inutilidad de sus crímenes. Una vez más hay que decir que el mantenimiento como objetivos para las próximas elecciones de una autodeterminación para la secesión, no es otra cosa que un llamamiento a esa misma ETA que se dice rechazar y un distanciamiento radical de las organizaciones democráticas defensoras del Estatuto. ETA y EH pueden reírse a carcajada limpia de esa condena lanzada al viento con fines exclusivamente autojustificativos. Los seguidores de ETA lo entienden bien al otorgar a Ibarretxe una alta calificación como lehendakari. Diga lo que diga, ideológicamente el chico es uno de los suyos.
Nada tiene de extraño -una vez marginado el espíritu conciliador del que el ex lehendakari Ardanza dio nueva muestra en su conferencia ante la Real Academia de la Historia- que el inicio de campaña haya coincidido con la retirada de Joseba Arregui, el pensador nacionalista que mejor encarna la fidelidad a la tradición democrática del PNV, y por lo mismo la lealtad al Estatuto frente al terror. Su propuesta de concentración democrática, frente a ETA y por la construcción nacional vasca, se ha quedado sin cauce orgánico en el mundo nacionalista, pero sigue siendo un objetivo político central para quienes optamos por la integración nacional de los vascos en un marco democrático, donde puedan superarse las fracturas que desde Lizarra acechan no sólo al sistema político vasco, sino a la propia convivencia civil. Construcción nacional y fin de ETA son un mismo objetivo, y con él no se va contra el PSOE, contra el PP ni contra el PNV. ¿Será tan difícil de entender?
En estas páginas, ya hemos escrito muchas veces nuestro interés en que se abra la veda de la construcción de naciones, pues tenemos muchas ideas para hacer la nuestra, así dentro de poco, en vez de DNI Documento Nacional de Indentidad, tendremos que tener DIN Documento Identificador de Nación, un insignificante cambio de DNI a DIN. Espero que mi mano izquierda no se entere del asunto y pretenda ir por su lado, pues necesitaría otro DIN, y menos aún que el resto de las entidades corporales sigan su camino, pues tendría que llevar un carrito para transportar los inumerables DIN de cada una de ellas, que por cierto tienen sus fronteras bien delimitadas, lenguajes y protocolos de comunicación, autonomía, en fin, atributos como cualquier nación.
Desafuero consumado
La prórroga de veinticuatro horas que se dieron los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional no ha sido suficiente para evitar que se consumara lo que a todas luces —las del Derecho y las del sentido común— es un desafuero. Los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega han excarcelado a siete de los catorce detenidos por Garzón en la operación contra «Ekin», la organización política de ETA, pero mantienen su imputación como integrantes de la banda. Otra vez lo de terroristas, pero menos. El tercer magistrado, Antonio Díaz Delgado, ha apoyado el auto de Garzón por medio de un voto particular, algo verdaderamente insólito en la resolución de un recurso de apelación contra una medida cautelar. El enfrentamiento entre los magistrados de la Sección Cuarta es también el reflejo del malestar generalizado de fiscales y jueces de la Audiencia Nacional por un comportamiento judicial irresponsable. El problema de este auto, y de los que la misma Sección dictó para excarcelar a Elena Beloqui y otros responsables de la trama internacional de ETA —«Xaki»—, como Gorka Martínez y Mikel Egibar, es que ha infiltrado en el tratamiento judicial del terrorismo una doctrina inaceptable en lo jurídico y temeraria en lo fáctico.
Como seguro que pronto saltarán a la palestra los oportunistas guardianes de la independencia judicial, habrá que reiterar que ningún tribunal debe juzgar para complacer a la opinión pública. El compromiso de los jueces está sellado con el principio de legalidad, con la presunción de inocencia y con las garantías constitucionales de todo imputado. También el Estado de Derecho exige que la tarea judicial discurra por el proceso establecido por la ley, lo que implica respetar determinados contenidos, formas y, en lo que a este caso se refiere, tiempos de enjuiciamiento. Lo que ha hecho la Sección Cuarta es olvidarse de todo esto y erigirse en tribunal sentenciador, absolver a quien aún no estaba acusado, exigir pruebas cuando aún no puede haberlas y hacer del terrorismo una simple delincuencia de pistoleros. En la Facultad de Derecho les enseñaron que en la fase de instrucción se investiga, no se dicta sentencia. Por eso resulta impertinente que los magistrados Cezón y López Ortega revisen las diligencias de Garzón como si fueran pruebas de un juicio oral, para frustrarlas como indicios suficientes para una prisión provisional. Con un razonamiento falsamente respetuoso —cuya finalidad es negar primero lo que van a hacer después— dicen que no van «a sustituir la interpretación realizada por el instructor», para, a renglón seguido, «comprobar la forma concreta» en que «Ekin» colabora con ETA. Con esta premisa afirman que no hay pruebas directas de la vinculación de «Ekin» a ETA, como si ingenuamente hubieran esperado un acta notarial de asociación entre una y otra. Esto es lo que les reprocha el magistrado discrepante, para quien la Sala no puede convertirse en órgano instructor, ni dar a su resolución el carácter de «un proyecto de sentencia» ni esperar «luz y taquígrafos» a la relación entre ETA y «Ekin», que el juez Garzón tiene tan clara que ayer acordó la ilegalización de esta asociación. Para Garzón, «Ekin» «se incardina en la estructura misma de la organización terrorista». Así de claro. No acaba ahí la extralimitación de los dos magistrados de la Sección Cuarta. Además, han dado cuerpo a una tesis jurídica sobre el terrorismo que no comparte nadie mínimamente informado sobre la materia —incluidos colegas de la Audiencia Nacional—. Defienden un concepto de terrorismo restringido a los delitos tradicionales de atentado, secuestro, depósito de armas, etcétera. Se trata de una concepción vetusta, impropia de unos jueces a los que se les supone —por el Tribunal en el que se hallan— una cierta especialización en el tratamiento del terrorismo. Quizá haya sido el vértigo del protagonismo, la tentación de marcar distancias. Sea cual sea la causa, el resultado es que dos magistrados están comprometiendo, sin posibilidad de recurso y de forma infundada, la acción judicial contra el terrorismo y apuntando una impunidad gratuita para las tramas de ETA, de las que la banda terrorista se sirve para mantener su actividad criminal.
Aznar y la debilidad del Estado de Derecho
Si las leyes actuales de nuestro Estado de Derecho no permiten atajar las actividades terroristas, habrá que modificar esas leyes, como ya se ha hecho para combatir la kale borroka.
Aznar no puede permanecer impasible ante la indignación de la opinión pública. Ayer, la Audiencia Nacional puso en libertad a siete activistas que, según todos los indicios, forman parte del entramado proetarra. Hace unos meses, la mesa de Herri Batasuna salió de prisión para hacer inmediatamente declaraciones de chulería inadmisible. Otegui se dedica a la apología del terrorismo con inaudito descaro. Josu Ternera, que dirigió Eta en una etapa de crímenes horrendos, se pasea en libertad, recibe homenajes públicos de los etarras y, para mayor escarnio, se instaló en la comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco. Mientras tanto, el general Galindo, héroe de la lucha contra Eta, está en la cárcel y Barrionuevo y Vera se disponen a reingresar en ella.
Al think tank de Moncloa, progresistas de salón y políticos de pitiminí, salvo algunas excepciones, no se les cae la cara de vergûenza. Pero son infinidad los ciudadanos que enrojecen de bochorno por ellos. ¿Qué piensa el presidente que van a decir los etarras de todo esto? Pues es muy fácil. Dirán a sus gentes, ante las elecciones de mayo: «Pensad en las atrocidades que el Gobierno español ha cometido contra el pueblo vasco que hasta la propia Justicia de ellos se ve obligada a liberar a los nuestros y a encarcelar a los suyos».
Esa es la verdad y no la memez de lo bien que funciona el Estado de Derecho porque imparte justicia con delicados miramientos para los que asesinan. Lo único que se demuestra con lo que está ocurriendo es la debilidad de nuestro Estado de Derecho, la incapacidad de nuestros gobernantes para aprobar leyes que favorezcan a las víctimas y no a los verdugos, que permitan instalar en la cárcel a los asesinos y a sus colaboradores, y, con los debidos indultos, salir de ella a los que les combatieron y, en alguna ocasión, pudieron equivocarse en la forma de hacerlo.
Al «¡basta, ya!» contra Eta del pueblo vasco hay que añadir el «¡basta, ya!» del ciudadano medio a la memez de un sector de muestra clase política, incapaz de enfrentarse con el terrorismo que nos amarga la existencia. La excarcelación, ayer, de siete activistas de Ekin es un baldón para nuestra democracia y para la convivencia libre de nuestros ciudadanos.
EKIN: LA JUSTICIA PREVALECE SOBRE LA RAZON POLITICA
Uno de los principios esenciales del Estado de Derecho es que las decisiones de los jueces son siempre revisables por un tribunal superior. Es el único procedimiento razonable para corregir un error judicial o una incorrecta interpretación de la ley.
La Sala Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer dejar en libertad bajo fianza a siete dirigentes y militantes de la organización Ekin, encarcelados por Baltasar Garzón en el pasado mes de septiembre. Casi al mismo tiempo, Garzón hacía público un auto en el que ilegalizaba a esta organización, que, según sus palabras, «está incardinada en ETA» y opera de «forma subordinada» con los mismos objetivos que la banda.
La Sala Penal no comparte esta interpretación de Garzón, ya que entiende que Ekin forma parte de la izquierda abertzale pero que no se ha podido probar su dependencia directa de ETA. Ordena la puesta en libertad de la mitad de las personas encarceladas por el juez de la Audiencia al estimar que no pesan sobre ellas suficientes indicios de criminalidad.
Hay, sin embargo, un magistrado que no está de acuerdo con el criterio de sus dos compañeros de Sala y suscribe un voto particular, en el que subraya que la puesta en libertad de estos miembros de Ekin «cercena» la labor del juez instructor. Este magistrado suscribe las decisiones de Garzón, avaladas también por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Estamos, por tanto, ante una diferente interpretación legal de unas pruebas incriminatorias, lo cual es habitual en los tribunales de todo el mundo civilizado.
No hay duda de que las siete personas que han quedado en libertad se mueven en el entorno de ETA y coinciden con sus objetivos. El abogado Txema Matanzas llegó incluso a brindar por un atentado y probablemente facilitó datos a la banda sobre un funcionario de prisiones. Pero una cosa es la certeza moral y otra, las pruebas judiciales. Dos de los tres magistrados de la Sala han estimado que las pruebas son insuficientes. Hay que acatar y respetar este fallo que demuestra la grandeza de un Estado de Derecho en el que la presunción de inocencia es algo más que una declaración retórica.
El Estado no se debilita ni pierde su dignidad al liberar a Matanzas y condenar a Vera y Barrionuevo. Se fortalece al quedar en evidencia que la Justicia no emplea un doble rasero. Lo verdaderamente inquietante sería que los jueces de la Audiencia se hubieran plegado a las presiones de los partidos, una tentación en la que no han caído para bien de todos los que defendemos que la aplicación de la ley jamás debe estar condicionada por los intereses políticos.
Por Maite Cunchillos Libertad Digital 5 Abril 2001
Decía un presidente de una Sala del Supremo que la Justicia es lo que deciden tres jueces de un tribunal de cinco magistrados. Según este criterio, será justicia lo que han decidido este miércoles Carlos Cezón y Juan José López Ortega, en contra del voto particular que firma su compañero Antonio Díaz Delgado.
En el “caso EKIN”, las diferencias que existen en la Sección cuarta de la Sala de lo Penal van más allá de una simple discrepancia: no se trata de “buena esencia del derecho”, sino de un enfrentamiento frontal a la hora de abordar el terrorismo en un sentido amplio. Ha quedado claro que quien firma el voto particular y Baltasar Garzón coinciden en que el entorno de ETA se debe valorar en su conjunto y no de forma fraccionada. Sin embargo, la Sala no cede en su tesis de que las organizaciones, como tales, no cometen delito; por tanto, EKIN como asociación no delinque: la responsabilidad penal puede recaer en sus miembros.
La Sala argumenta también que no está acreditada la vinculación directa entre EKIN y ETA. Frente a esta motivación, el voto particular, con cierta ironía, duda de que una organización terrorista anuncie con luz y taquígrafos con quién o quiénes ha decidido asociarse. Es muy difícil imaginar a un dirigente de ETA acudiendo a un notario para que dé fe de una vinculación con EKIN. Y eso que EKIN, según la Sala, no actúa en la clandestinidad –Garzón dice exactamente lo contrario– y no está probado que surgiera por decisión de ETA.
Al voto particular le llama la atención, y no le falta razón, el hecho de que sus compañeros hayan omitido algunos documentos que incriminan a Txema Matanzas. La Sala no ha incluido en su auto, y por tanto no ha valorado, la conversación telefónica grabada a este abogado en la que celebra la muerte de Martín Carpena. La Sala tampoco ha valorado el comentario de “Gara” en el que Matanzas apoyaba la lucha armada. Los jueces tampoco han tenido en cuenta que Matanzas controlara la huelga de hambre de presos de ETA. Su actuación encaja en la propia de un abogado.
La Sala tampoco habla en ningún momento de una agenda incautada a Rubén Nieto. De ella habla, y mucho, Garzón en el auto en el que ilegaliza EKIN. Curiosamente, la Sala omite documentos que afectan a quienes han sido moneda de cambio en las deliberaciones de los magistrados: en alguna de las muchas reuniones mantenidas durante estos dos meses, Cezón y López Ortega estaban dispuestos a mantener en prisión a Matanzas y Nieto con tal de evitar el voto particular.
Las fianzas también son discutibles. Si no hay pruebas de la relación ETA-EKIN y tampoco hay indicios suficientes contra los excarcelados, ¿qué sentido tienen las fianzas? ¿En base a qué se mantienen las imputaciones por delito de integración con banda armada?
La discrepancia enriquece las resoluciones judiciales. Pero, en este caso, es blanco sobre negro. Mientras no se busque el gris... ETA gana.
Escándalo en la Audiencia
Dos de los tres magistrados de la Sala IV de la Audiencia Nacional, Carlos Cezón y Juan José López Ortega, han decidido excarcelar a siete presuntos miembros de la organización Ekin, considerada por el juez instructor del caso, Baltasar Garzón, como parte de Eta, exactamente al nivel de «codirección subordinada» encargada de dirigir las movilizaciones encaminadas a la desestabilización social, en paralelo al uso de las pistolas. Entre los excarcelados está el abogado Matanzas, quien brindó con champán tras el asesinato de un concejal del PP. La decisión de estos dos magistrados, frente a un voto particular radicalmente opuesto de Antonio Díaz Delgado, no sólo supone una bofetada notable a la sensibilidad social, profundamente violentada por la estrategia de opresión y terror causada por Eta contra incontables ciudadanos, sino que es, además, notablemente incongruente.
Respetando su decisión, no podemos compartirla, como tampoco la comparte el voto particular (que la califica de «errónea y fraccionaria»). Porque los jueces que han decidido la libertad de los imputados parece que no ven más allá de sus narices. E incluso que no saben interpretar lo que tienen delante de ellas. Desdeñan la evidencia de que Eta es una trama compleja, una verdadera mafia, que va desde sus cabecillas armados hasta sus militantes de base, apoyados en una disciplina inquebrantable, como se demuestra en innumerables documentos de la banda terrorista y, sobre todo, en su práctica cotidiana, como recuerda el magistrado discrepante. Entender, como entienden esos jueces, que las referencias de los documentos de Ekin sobre «presionar a los concejales del PP y el PSOE» no son delictivas, porque los papeles no pone «asesinar», es una simplicidad. Porque estos concejales «presionados» por Ekin, resultan luego asesinados por Eta. Debe ser una casualidad, como que Ekin hable de agitación callejera, como si ésta no fuera realmente la violenta «kale borroka». En fin, desdeñar que la definición fundacional de Ekin es exactamente la misma que la de Eta es ponerse una venda ante los ojos.
Por eso, la decisión de la Sala IV es incomprensible. ¿Qué esperan los jueces, que los etarras y sus cabecillas se pongan un tatuaje que diga «soy un asesino» para mantenerlos en la cárcel? Sólo una visión de conjunto sobre la mafia terrorista puede servir para hacerle frente, por supuesto sin menoscabo de la legalidad. Pero es que, en este caso, las pruebas acumuladas por Garzón demuestran con notable detalle las relaciones entre los cabecillas de Eta, Ekin y sus organizaciones filiales: los jóvenes de Jarrai y Gazteriak, unidos en Haika y protagonistas de la lucha callejera; los grupos de apoyo a los presos de Eta y el frente de cárceles. En fin, todo lo que se conoce como MLNV, es decir el conjunto terrorista que busca acabar con la legalidad constitucional por medios violentos.
Por todo ello, Garzón promovió ayer un documentado auto en el que dicta la ilegalización de Ekin, y en el que, entre otros, involucra a Josu Ternera, anterior jefe de Eta y ahora dirigente de Ekin, según el juez. Es una medida lógica, y los jueces no pueden mirar hacia otro lado ante este problema. Para la opinión pública, se trata ya de un escándalo injustificable, especialmente cuando se compara con la intransigencia de la misma Audiencia ante los anteriores gestores de la lucha antiterrorista.
No se trata, en todo caso, de perder la fe en la Justicia, sino de destacar decisiones incomprensibles. Porque, por ahora, los cabecillas de Ekin no han sido juzgados y, cuando lo sean, pueden ser condenados, aunque disfruten hasta entonces de una inmerecida libertad.
Al tiempo que el juez Garzón procedía a declarar ilegal al colectivo Ekin, al que considera como el aparato político de ETA y, como tal, parte integrante de la banda, la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional decretaba, por dos votos frente a uno, la excarcelación bajo fianza de siete de sus 14 presuntos integrantes. La coincidencia de ambas decisiones ha añadido todavía más perplejidad a la provocada en medios políticos y judiciales por el conocimiento periodístico anticipado de la última resolución judicial. La pregunta que cabe hacer es ésta: ¿habrían actuado de la misma manera los jueces de haberse producido antes el auto de Garzón que declara la ilegalidad de Ekin al amparo del artículo 515.2 del Código Penal, relativo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas?
Lo primero que llama la atención es que la Sala de lo Penal haya tardado casi tres meses -desde el 14 de enero- en resolver un recurso de apelación. En ese tiempo, el juez Garzón ha allegado nuevos datos al sumario que le han permitido fundamentar mejor la conexión entre ETA y Ekin, así como el papel de los 14 presuntos dirigentes de este colectivo, en especial del abogado Txema Matanzas, al que el juez sitúa en el nivel superior 'nacional' para las actividades de kale borroka o 'violencia callejera'. Es probable, pues, que la resolución de la Audiencia esté temporalmente desfasada, al no concordar con la totalidad de los datos acumulados en el sumario que condujeron ayer a Garzón a declarar la ilegalidad de Ekin.
Sería una visión profundamente distorsionadora del Estado de derecho considerar a la justicia como una pieza más de la política antiterrorista del Gobierno. Sobran, pues, las críticas que a veces suelen hacerse desde esta perspectiva. Pero no deja de ser lamentable que por retrasos o causas imputables al mal funcionamiento de la justicia pueda excarcelarse a personas contra las que el juez instructor dice haber encontrado indicios sólidos de pertenencia a banda armada.
La resolución de la Audiencia Nacional parece haber confundido el momento procesal, al exigir pruebas, en lugar de indicios, de la actividad delictiva atribuida a los siete integrantes de Ekin excarcelados. El voto particular discrepante señala, no sin fundamento, que la mayoría del tribunal se ha excedido en su función de revisar la situación procesal de los implicados actuando más bien como instructor paralelo del juez Garzón e incluso como un tribunal sentenciador que exige una auténtica actividad probatoria.
La libertad provisional bajo fianza de los siete presuntos integrantes de Ekin no cuestiona ni su procesamiento ni su presunta actividad delictiva. Mucho menos la ilegalidad de Ekin acordada ayer por el juez Garzón. Más bien lo contrario: el auto de Garzón pone en entredicho -por trasnochados- los argumentos utilizados para la excarcelación de siete presuntos integrantes de una organización declarada judicialmente ilegal.
Por Ramón Villota-Coullaut Libertad Digital 5 Abril 2001
En su actuación, los jueces deben convencerse para convencer. Este es un ejercicio que implica que el instructor de la causa, en este caso Baltasar Garzón, debe convencerse, atendiendo al material probatorio que tiene en su conjunto, de que los miembros de EKIN no tienen un deseo filantrópico de lograr una Euskadi libre, como manifiestan, si no que su objetivo es obtener esos fines mediante la colaboración con una organización terrorista: ETA.
Una vez convencido de la previsible existencia de un hecho delictivo (la colaboración con banda armada, delito que puede acarrear en principio una pena de 5 a 10 años, según el artículo 576 del Código Penal), Garzón plasma esta convicción en la prisión provisional de los miembros de EKIN. La prisión provisional requiere de tres circunstancias, según el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que un hecho presente los caracteres del delito, que tenga una pena superior a 6 años o, aunque sea menor, que la alarma social, el propio hecho y los caracteres del delincuente hagan aconsejable la imposición de esta medida de prisión provisional, y, por último, que haya motivos para pensar que esta persona es responsable del hecho delictivo que se está instruyendo.
Por tanto, un delito de colaboración con banda armada, si existe una presunción de que pudo darse, debe dar lugar a la prisión provisional que Garzón impuso en su día y que la Audiencia Nacional, con el voto discrepante de uno de los miembros de la Sala, ha revocado.
Pese a que ni la razón, ni lo que dice la legislación, parece estar de parte de los dos jueces favorables a la excarcelación, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha sustituido la prisión provisional por una fianza de un millón de pesetas a cada uno de los siete puestos en libertad (no a la totalidad, porque individualiza la actuación de cada miembro de EKIN) lo que implica conocer y admitir esta presunción de delito pero, al mismo tiempo, no darle la gravedad que requiere a un delito de colaboración con banda armada.
La sucesión de hechos sería la siguiente: semanas atrás la sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional había tomado por dos votos contra uno la decisión de excarcelar a siete de los 14 miembros de Ekin acusados por Garzón. Antes de que se comunicara la resolución a los abogados, la decisión del tribunal se filtró a los medios de comunicación. Se desencadenó una avalancha de críticas. El tribunal desconvocó a los abogados de los afectados, lo cual fue entendido como signo de rectificación. Finalmente, los magistrados han mantenido sus posiciones -que por otra parte tienen un precedente reciente en la puesta en libertad de tres integrantes de Xaki, el llamado ministerio de asuntos exteriores de ETA- y siete miembros de Ekin han sido excarcelados. Es de prever que la borrasca de opinión se convierta en tormenta.
Los temas del debate abierto son recurrentes: la debilidad de la justicia en la lucha contra el terrorismo, las dificultades de entender las razones de la justicia cuando desafían al sentido común. El propio Gobierno, a través del ministro portavoz, Pío Cabanillas, se pronunció sobre este caso, cuando los jueces aún no habían oficializado su posición: 'Esta decisión', dijo, 'va contra una parte sustancial de los mecanismos que tenemos en derecho para combatir el terrorismo'.
La lucha antiterrorista ha padecido siempre las dificultades para actuar contra el entorno civil de ETA. A Baltasar Garzón, el que más ha avanzado en este terreno, debemos en buena parte que hoy casi nadie, ni siquiera en el País Vasco, ponga en duda que ETA y HB son dos caras de una misma cosa. Los jueces deben ser conscientes de su responsabilidad en la acción antiterrorista. Pero los jueces son también deudores de unas leyes y de unos procedimientos que les corresponde aplicar con plena independencia. Probablemente haya indicios suficientes para mantener a los miembros de Ekin en la cárcel. Pero la imagen de los jueces rectificando por presiones externas no habría sido nada positiva. Cuando la justicia se hace permeable a las presiones nunca se sabe dónde acabará.
El Gobierno del PP está cada vez más empeñado en decirles a los jueces cómo tienen que resolver. Hace tiempo que parece interpretar el sufragio universal como un argumento para derivar el sistema hacia la unidad de poderes -en torno al ejecutivo, por supuesto- y la simple división de funciones. No es tarea del Gobierno lamentarse de las discrepancias entre magistrados o calificar de 'especialmente grave' una supuesta apreciación de los jueces. Y menos en un procedimiento en curso, porque sabe que está condicionando su resolución y las interpretaciones posteriores. Una vez más se corre el riesgo de confundirse: actuar con la máxima dureza contra ETA no equivale a aceptar que contra ETA vale todo. Respetar las reglas del Estado de derecho quiere decir también respetar la independencia de los jueces. Esta independencia incluye naturalmente la posibilidad de equivocarse. Pero la sensación de que las decisiones judiciales pueden enmendarse desde fuera puede ser peor para el funcionamiento del sistema que un error concreto.
No hay duda de que la justicia se debe a la sociedad a la que sirve. Y que, por tanto, los criterios de la justicia tienen que conjugar en líneas generales con los valores de la sociedad. Precisamente por eso es la sociedad a través de sus representantes la que hace y determina las leyes que los jueces aplican. Un desajuste continuado entre los criterios de los jueces y los de la sociedad sería indicativo de una falta de adecuación entre las leyes y la evolución del país. Pero la concordancia entre justicia y opinión pública tiene unos límites que vienen dados por los principios constitucionales y los derechos fundamentales, que los jueces están obligados a proteger. La justicia no puede ser justiciera, cuando en algunos momentos la opinión pública sí lo es. Y la justicia no puede ser dependiente, por eso la presión política sobre ella es negativa. Que en este caso la presión ejercida pudiera haber sido para bien no salva el problema de fondo. La credibilidad de la justicia pasa por una independencia contrastada, que otorga a los jueces toda la responsabilidad de sus decisiones. La aplicación de la justicia no puede depender de criterios de excepcionalidad política.
¿Considera Arzalluz normal lo que sucede en Zumárraga?
Con la dimisión, ayer, de los dos concejales que le quedaban al PSOE en Zumárraga y de otro edil de Zumaya, ya son seis los cargos municipales socialistas vascos que han abandonado sus puestos esta semana porque no están dispuestos a llevar escolta, tal y como les obliga su partido. Los dimitidos no son políticos profesionales, son gente sencilla. «¿Es normal que un albañil o una señora de la limpieza tengan que ir a trabajar con escolta»? La pregunta del secretario general de los socialistas guipuzcoanos es todo un alegato sobre la ignominiosa situación en la que viven los cargos públicos no nacionalistas en el País Vasco. La situación actual del Ayuntamiento de Zumárraga es un ejemplo de esta vergüenza. De los 17 concejales que fueron elegidos en las últimas elecciones, sólo quedan 10. Los terroristas y sus cómplices han expulsado a siete. A uno -Manuel Indiano- lo mató ETA en su tienda de golosinas. Los cinco socialistas han renunciado porque se niegan a vivir sin libertad, lo cual deja sin representación al grupo mayoritario de la oposición. Una edil de EH dimitió también porque su coalición ampara el tiro en la nuca. Dado que el alcalde es del PNV, ¿considerará también, como su jefe Arzalluz, que las denuncias de falta de libertad en el País Vasco son exageradas? La decisión de dimitir de los concejales socialistas merece todo el respeto del mundo. A nadie se le puede obligar a ser un héroe y, en la actual situación, ser un concejal no nacionalista en las ciudades y pueblos vascos es toda una heroicidad. Porque la democracia en el País Vasco discurre por cauces tan anómalos que a los adversarios no se les combate con la palabra. En el peor de los casos, se les mata; en el mejor, se les mete el miedo en el cuerpo para que tiren la toalla.
Por Jaime CAMPMANY ABC 5 Abril 2001
A lo mejor, lo que sucede aquí es que España y la democracia sufren un recalentamiento. El desierto sube desde África, avanza por el sur como un ejército de arenas beréberes, y si el Ebro no lo remedia, dentro de unos años mi tierra de Murcia, la huerta de Europa, será la cabeza del Sahara. Estamos amenazados de desertización y en cuanto pasen unos siglos los celtíberos tendremos que invadir los regadíos de Francia. Dice Jordi Pujol que Aznar es un nacionalista que defiende el toro y la eñe. Lo de la eñe es un ahorro porque otros idiomas necesitan dos letras para expresar ese sonido. Los franceses escriben «gn», los portugueses «nh» y los catalanes «ny», que yo llevo así la eñe en mi apellido catalán. El toro, «media luna las astas de su frente», nos hace falta para raptar a Europa, claro.
Lo que hay que hacer con Europa es tirársela, que es lo que hacen los ingleses. Y además la chulean. No entran en el euro, se van con Bush a bombardear Yugoslavia, nos llenan de vacas locas, nos contagian de fiebre aftosa, meten el «Tireless» en Gibraltar, cierran «Mark & Spencer» y nos han metido en la idolatría del fútbol. España se recalienta y el calor trastorna las cabezas. Por ejemplo, el País Vasco está caliente como un horno, y nadie sabe lo que puede salir de ahí. Fernando Savater afirma que hay una guerra civil en la que uno de los bandos no dispara y sólo pone los muertos. Aparece una biografía donde se asegura que Xabier Arzalluz quiso entrar en «ETA» y no lo admitieron. No estoy seguro. Que quisiera entrar, bueno. Que no lo admitieran, no lo sé.
Entre los concejales supervivientes —populares y socialistas— cunde el desaliento de las dimisiones. En algunos casos será el aburrimiento y en otros el pánico. Es natural, pero la dimisión en cadena es la desertización de la política. Han encontrado lanzagranadas cerca del camino que iba a recorrer Jaime Mayor Oreja para ir a la televisión de Durango. Dice la Policía vasca que los lanzagranadas eran suyos y estaban allí para realizar ejercicios. Pues que hagan esos ejercicios en el camino de Otegui, de Eguibar o del mismísimo Arzalluz. A lo mejor, los lanzagranadas son para defender Durango de la ola constitucionalista. Está todo muy caliente. Por cierto, el Real Madrid acaba de perder la batalla de Lepanto contra el turco. A Cervantes, o sea, a Cela, hay unos jueces que quieren dejarlo manco. Serán turcos.
También los jueces están calientes. Los siete enanitos de «Ekin» que Garzón envió a la madrastra, están en la calle por orden de otros jueces, y entonces Garzón pone a «Ekin» fuera de la ley, que ya estaba. La justicia está que arde. De ella sólo se salva El Hombre Más Rico de España. Lo que me hace más gracia en medio de estas calderas es que a Cela le acusen de plagiar una cosa que se llama «Fluorescencias». Más dimisiones. Sube la temperatura en la UGT. A Cándido Méndez le aprieta el zapato y además se le ha calentado el cerebelo espongiforme y quiere hacer una huelga general. A Ernesto Giménez Caballero le gustaba mucho explicarlo. Juerga viene de huelga. Y candidatura de cándido. O sea, la Desunión General de Trabajadores.
Acaba de morir una chica apuñalada por su novio. La maté porque era mía. Son cosas de la calor. A lo mejor, es que la novia no quiso hacerle el desayuno al maromo. Eso es lo que ha pasado en el Gran Hermano. Leo que una chica llamada Fayna no quiso hacerle el desayuno a un chico llamado Carlos. «Amor, amor, catástrofe», dijo el poeta. Pues eso. Gran Hermano, Gran Paliza. También en el «experimento sociológico» de Mercedes Milá hierve la convivencia. «Magisterio de costumbres» podría llamarse ese programa. Si eso termina a navajazos, que se los den a los organizadores. Caliente, caliente.
Ardanza, en Madrid
La evocación de su propia trayectoria al frente de la autonomía vasca ha permitido a José Antonio Ardanza suscitar una reflexión sobre los orígenes de la división política que vive Euskadi, su relación con la persistencia del terrorismo, y las pautas que pudieran permitir su superación. La conferencia pronunciada en la Real Academia de la Historia con motivo de los veinticinco años de reinado de Su Majestad Juan Carlos I mostró a un demócrata nacionalista en busca de la centralidad política, exigente respecto al desarrollo autonómico, dispuesto a subrayar que «no es esto lo que habíamos esperado de la Constitución y del Estatuto», y a reivindicar, al mismo tiempo, las previsiones contempladas en ambos textos como el cauce más idóneo para un futuro entendimiento. Fue, sin duda, una intervención crítica con la política desarrollada por el PNV hasta hoy. Aunque, habida cuenta de la obstinada defensa que los dirigentes jeltzales han hecho de su trayectoria última, no cabe albergar demasiadas esperanzas en que el nacionalismo democrático haga suyas las palabras del anterior lehendakari. Ello sería tanto como reconocer que las decisiones adoptadas hasta ahora no se sustentan en un debate concluido sobre el rumbo de la política nacionalista, sino que desvelan una discusión pendiente, postergada ‘sine die’ por miedo al disenso interno y a la autocrítica pública.
Como conclusión de un discurso entreverado de convicciones y experiencias, Ardanza se atrevió a proponer cuatro líneas de actuación para «salir del pasado»: asumir la pluralidad como parte constitutiva de la sociedad vasca; interpretar la violencia como una manifestación de intolerancia que «no surge, directa e inmediatamente, de un conflicto político no resuelto»; posponer el debate sobre la resolución del conflicto político a la previa y definitiva desaparición del terrorismo y desarrollar «alianzas transversales» sometiendo a una moratoria la discusión sobre los respectivos proyectos ideológicos. Por decirlo de otra forma, garantizar la estabilidad en el gobierno de las instituciones y alcanzar el diálogo en una sociedad libre de la amenaza terrorista, constituirían para Ardanza los dos objetivos inmediatos que las formaciones políticas vascas deberían proponerse tras el 13 de mayo. El recuerdo de un tiempo de consenso democrático frente al terror y de gobernación de las instituciones entre nacionalistas y no nacionalistas actúa de contraste para mostrarnos los errores cometidos en los últimos años. El encastillamiento de voluntades y el abismo resultante de una confrontación tan prolongada como lacerante requieren un compromiso firme y compartido por alcanzar acuerdos duraderos. Sin embargo, es más que probable que el partido de Ardanza prefiera soslayar semejante reto.
¡Ojo con Ardanza!
Iñaki EZKERRA La Razón 5 Abril 2001
El momento más peligroso que ha vivido la sociedad vasca, el que más cerca ha estado de la utopía balcánica, no ha sido ni este verano trágico en el que Eta asesinó con tanto entusiasmo ni este invierno en el que por las calles de Euskadi caminan con escolta hasta los del diálogo con la sensación de haber hablado más de la cuenta. No. El momento más próximo a los Balcanes, al desastre, tuvo lugar en la primavera de 1998 cuando José Antonio Ardanza, con su estilo formalmente moderado, sereno, merengoso, clerical, presentó su conocido plan de paz a la agónica Mesa de Ajuria Enea en el que estaba contenida la autodeterminación entre farragosas gasas retóricas. Si en aquellos días uno solo de los partidos constitucionalistas que se sentaban a esa mesa llega a dar el visto bueno a ese plan o promete estudiarlo seducido por el amable envoltorio de la bomba, el error habría tenido una difícil marcha atrás.
Ante ese gol que el nacionalismo quería chutar con su rostro más humano a la portería de Ajuria Enea, el Foro Ermua cumplió bien la misión de «defensa» del área democrática. Ya no se trataba de un par de intelectuales dispersos que lanzaban exabruptos contra el nacionalismo sino de un grupo que decía «no» a una ofensiva antidemocrática en toda regla, a una calculada y fría estrategia que era el gran antecedente de Lizarra. El Foro Ermua cumplió tan a la perfección esa misión defensiva que esto le costó su primera disidencia pública.
Ahora Ardanza vuelve a la carga dando una conferencia en la Real Academia de la Historia y presentándose como una alternativa razonable, apaciguadora, democrática, frente al discurso virulento y desesperado de ese PNV náufrago de Estella. ¡Ojo con Ardanza que es más peligroso que Arzalluz! Ojo con ese discurso suyo que es calcado de Elkarri y que pretende que se reconozca el «contencioso vasco» a cambio de reconocer él algo tan evidente como que hoy en Euskadi no hay libertad. Ojo con agradecer lo que es básico y elemental. Ojo con esa mansedumbre que es la cara dulce del discurso jesuitico y junto a la cual siempre está escondida la otra, la cara soberbia, dispuesta a asomar cuando el interlocutor no dice «amén».
Sí, es menos peligroso Arzalluz que Ardanza. Arzalluz es el clérigo energúmeno que te sacaba de clase por no cantar bien el himno a la pureza de María (luego le dio por otras purezas), el que te inflaba a tortas y te llevaba al padre director con la amenaza de la expulsión. Arzalluz ya se ha convertido en un taxista facha metido en medio del atasco de la independencia y gritando lo de «mujer tenía que ser». Con Arzalluz no van a ninguna parte. Por eso ahora Ardanza toma la palabra.
Albañiles con escolta
La verdad es que se está poniendo cada vez más cuesta arriba explicar las cosas. ¿Cómo le digo yo a algún amigo extranjero que en España, siglo XXI, los albañiles, los fontaneros las empleadas de hogar o los tenderos de chucherías necesitan escolta? Que no pueden ser concejales sin llevar al tajo a un par de guardias montados en el andamio. O bien, ¿cómo les cuento que los que los matan, o dirigen a quienes lo hacen, o los jalean o brindan con champán tras los asesinatos quedan fácilmente en libertad en el hipotético caso de que sean detenidos, lo que no siempre pasa?
No lo puedo explicar, porque yo mismo no me lo creo, lo que puede ser por dos cosas: porque en sí sean hechos increíbles o porque a mí se me haya licuado el cerebro. Sin descartar esa última hipótesis, la otra posibilidad es que lo que se haya desmedulado sea el coraje ciudadano de unos, la valentía judicial de otros, la seriedad política de algunos más y la vergûenza torera del resto. Todo ello sumado a la complicidad cobarde o a la pusilanimidad ambiciosa de quienes todos conocemos, que no sólo han permitido que el estado de cosas sea el que es, sino que además se quieren aprovechar de él para darse un baño de soberanía con el champán que no se atreven a beber.
Los que sí se lo beberán otra vez son los de Matanzas, que podrán volverse a reunir con los de las matanzas si, por un casual, tuviera razón el juez Garzón y la red Ekin fuera el cerebro gris de Eta. Porque antes de que la Justicia dictamine sobre estas imputaciones, ya han encontrado a un par de jueces que les han puesto en libertad con fianzas ridículas, que se pagan con cualquier chantaje de medio pelo.
No sé si es cosa de ponerse serio o de pedir la nacionalidad angoleña. Descartado lo segundo diré que, o el Estado se pone las pilas en sus poderes múltiples: Legislativo, Ejecutivo y Judicial; o la sociedad se las pone con una respuesta cívica, electoral, participativa; o España pasará al libro de los récords del choteo universal. Va a ser divertido ver que cuando llegue una visita de Estado y alguien le enseñe una obra pública tenga que explicar: «Los de la derecha son los obreros; los de la izquierda, sus escoltas». O cuando se privatice una compañía tenga que aclarar: «Los beneficios son éstos, pero hay que descontar el 'impuesto revolucionario'».
La realidad es que hemos elegido un sistema tan fuertemente garantista (tan acomplejadamente garantista) que garantiza incluso la impunidad de los que van contra el sistema. Por eso, sólo me queda el consuelo de que, si alguna vez ganan los terroristas o sus cómplices, el sistema que ellos impondrán será muchísimo más duro para ellos mismos que el actual. Como ganen el ultranacionalismo, se van a enterar los nacionalistas. Con lo bien que viven ahora, mientras las víctimas son los otros.
El exterminio de las ideas
Por Ignacio Villa Libertad Digital 5 Abril 2001
La dimisión de los últimos concejales que le quedaban al PSE en Zumárraga nos vuelve a situar otro día más en la penosa situación de la sociedad civil, de los ciudadanos de a pie en el País Vasco. Es un ejemplo de la prohibición real que existe: no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de expresión. Nos volvemos a encontrar de bruces con la dictadura de las ideas; con la aniquilación de todo lo ajeno, de aquello que no coincide con los principios de los dictadores. La dimisión de todos los concejales socialistas en esta localidad guipuzcoana es un ejemplo más de la dictadura del miedo a ETA. Una dictadura que se está desarrollando con el beneplácito interesado del nacionalismo, y que está provocando el exterminio de las ideas.
El camino que el nacionalismo vasco ha emprendido en esta última legislatura tiene como único destino el precipicio. Es una obviedad de la que es difícil no darse cuenta. Los dirigentes del nacionalismo vasco han abandonado los principios que durante años han mantenido desde el Gobierno de Vitoria. Y han entrado en una complicidad con el entorno radical que está conduciendo a la sociedad vasca al descontrol y al desconcierto. Una sociedad en la que el debate gira en torno a la seguridad y a los escoltas, es una sociedad que tiene de raíz una profunda enfermedad. Una enfermedad que todavía ofrece remedio, pero que puede convertirse en incurable si no se aplican los tratamientos adecuados. Y esa enfermedad, por supuesto, no tiene como culpables a los afectados, centenares de miembros del PP y del PSOE. Los responsables están en las filas del nacionalismo que se ha acercado al radicalismo más peligroso, con un instinto de mera supervivencia, sin calibrar el daño que está haciendo a toda una sociedad.
En el País Vasco hay miedo, se vive con miedo, se siente el miedo, se palpa el miedo. Se ha convertido en algo cotidiano la vida anclada a la intranquilidad y al desasosiego. Se ha perdido la alegría, la ilusión, la sonrisa de cada ciudadano. Se convive con la tensión en casa, en el trabajo, por la calle, debajo del coche.
Un miedo permanente que, además, viene acompañado por el exterminio de las ideas. Esta prohibido pensar de otra manera que el régimen establecido. Nadie habla de cuestiones opinables. Todo el mundo duda del vecino, del compañero de trabajo, del amigo de toda la vida. Es la sociedad del miedo. Se acaba con las ideas. Se aniquila la personalidad.
Lo ocurrido en Zumárraga es una muestra más de la necesidad que tiene la sociedad vasca de salir de esta crítica situación. Una salida que tiene fecha: el 13 de mayo.
El peinado de Eta «a lo Garzón»
Hay diversas maneras de perseguir a Eta: con miedo, sin miedo y «a lo Garzón». Esta última fórmula era hace muchos años una manera de peinar a las mujeres. Con el juez de la Audiencia Nacional cambia el sentido del peinado. Se trata concretamente de «peinar» a Eta fuera de los cánones tradicionales, más allá de lo que la prudencia al uso entiende por persecución judicial. Cuando la banda resulta peinada «a lo Garzón» hay la sensación de que un cierto entorno judicial busca las vueltas a la fórmula, del mismo modo que el entorno terrorista, aparte de ponerse a cavilar, intenta sacar partido o ventaja política de lo que suele entenderse por represión en sentido amplio.
Cuando el famoso juez intentó acabar con Xaki, el llamado «ministerio de asuntos exteriores de Eta», la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional le acabó estropeando su peinado creativo. Muchos etarras detenidos fueron puestos en libertad, con lo cual, en el fondo y en la forma, quedó flotando la duda sobre la corrección jurídica de lo que el juez había ordenado. Cuando hizo detener por vez primera a Pepe Rei, algunos personajes de la vida judicial interpretaron que se había excedido. Don Baltasar tuvo que soportar bastantes presiones, y al final -Dios me libre de pensar que las presiones dieron su fruto- el señor Rei retornó temporalmente a sus actividades. Ahora, a la vista de ciertas pruebas, la suerte de Don Pepe Rei difícilmente conocerá una nueva manifestación de benevolencia.
El cierre del diario Egin fue otra modalidad de peinado, sólo que esta vez, aparte de una decisión-símbolo, la banda terrorista salió prácticamente beneficiada. Se quitó de encima una plantilla de trabajadores que gravitaba sobre sus nunca generosos hombros y acabó sacando a la calle y a los quioscos otro periódico equivalente y saneado llamado Gara, con la misma prosa propagandística de los objetivos etarras e idénticos mensajes, luego incluso mejorados por «Ardi Beltza», la famosa Oveja Negra con la que Pepe Rei confeccionó el censo de los presuntos colaboradores del Ministerio del Interior.
Ahora, con las inicialmente pretendidas excarcelaciones de miembros de Ekin, la organización abertzale e independentista sucesora de Kas, el peinado «a lo Garzón» de elementos proetarras se ha visto cuestionado otra vez desde la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, que es la sala revisora de sus autos. Lógicamente, por encima de consideraciones jurídicas sobre la utilización de la Justicia como instrumento deslegitimador de organizaciones políticas, lo que ha predominado es el escándalo de quienes, desde la calle sobre todo, tienen derecho a no entender lo que pasa, especialmente cuando la cárcel en sentido abstracto tiene dos puertas: una por la que entran y casi nunca salen los que hicieron la guerra contraterrorista y otra por la que toman el portante quienes tienen la habilidad de disimular lo que son.
Chirridos judiciales
La Audiencia Nacional era ayer un hervidero de decisiones enfrentadas. Minutos después de que la Sala Cuarta de lo Penal decidiera la libertad bajo suave fianza de siete de los catorce presuntos miembros de Ekin, encarcelados desde hace seis meses por orden de Garzón, este magistrado declaraba «ilegal» esa asociación por considerarla «parte integrante de ETA». Las dos resoluciones dibujan una escena de evidente incoherencia judicial. Si la Sala dictó su auto de excarcelación tras un cruce muy tenso de argumentaciones jurídicas opuestas, Garzón procedió a ilegalizar al supuesto «aparato político» de la banda terrorista en un impulso instantáneo, aunque fruto de larga meditación. El juez habría pensado reaccionar de forma concluyente frente a una medida procesal demasiado tibia, a su propio criterio, y que debilitaría el ejercicio de aplicar la ley sobre el entramado sociopolítico de ETA.
El hecho, sin embargo, de que permanezcan en prisión siete supuestos miembros de Ekin revelaría que hasta en la Sala Cuarta se valoran positivamente los serios indicios que aduce el juez contra esa organización en cierto modo directiva de la banda, «sucedáneo» de la ilegalizada KAS y con las mismas actividades que ésta. Ekin se encargaría de «elaborar los diseños tácticos del conjunto del MLNV», ejerciendo la dirección y el control de las formas de violencia complementarias de ETA, como la ‘kale borroka’. Y el abogado Txema Matanzas, uno de los excarcelados, sería responsable nacional tanto de la lucha callejera como del colectivo de presos etarras, por su vinculación profesional a Gestoras y su influencia sobre HB y los jóvenes de Haika.
Frente a ETA es lícito mantener ciertas divergencias de criterio, como las que de hecho se dan entre, por ejemplo, Ardanza -cuya conferencia refleja un esfuerzo de coherencia, pragmatismo y moderación para solucionar el futuro del País Vasco- y la postura del PP, abocado a unas elecciones en las que pone a consulta social su estrategia antinacionalista de los dos últimos años. Ambos, Ardanza y el PP, discrepan sobre el llamado «conflicto político» vasco, pero los dos coinciden en instalar a ETA al margen de la solución.
Ante el fenómeno etarra y el fracaso de la contemporización de Estella, la voz moderada de Ardanza es una vía seria para el entendimiento democrático. Y en ese contexto, las desarmonías judiciales en el campo antiterrorista vienen a ser un chirrido tan negativo como desagradable, que la sociedad escucha con sorpresa y una dosis de alarma.
Todos contra ETA ¿Todos?
Miguel Ángel RODRíGUEZ - . La Razón 5 Abril 2001
Hay gente que lucha cada día contra el terrorismo. No lo hace desde un coche blindado, ni se parapeta en su cargo institucional. Hay gente que sabe que si no lucha contra los terroristas está muerto.
Hay gente que cavila sobre cómo terminar con la red que crean los asesinos para matar: ellos saben que no hace falta sólo una pistola, ni siquiera es suficiente una pareja de asesinos en un piso, sino una organización dispuesta a matar.
Todos sabemos que una organización terrorista se compone de gente que dispone el asesinato, de gente que prepara el asesinato y de gente que ejecuta al condenado. Lo sabemos todos menos los que no sienten que también deben estar involucrados en la lucha contra ETA, pero viven ocultos en sus despachos blindados y firmando sentencias detrás de la sombra de la pistola de su escolta. El escolta y el despacho blindado se lo pagan los que luchan contra ETA.
Cuando se necesita estar presente en la escena del crimen de un atentado de ETA para tener la prueba fehaciente de que han asesinado; cuando para parecer culpable se necesita que el que ha planeado los atentados jure por Dios que verdaderamente lo ha hecho, y cuando los únicos indefensos ante los terroristas son los ciudadanos, se supone que se permitirá a la gente una mirada de desprecio, un apretarse los dientes y los puños para no soltar la rabia.
Hay gente que lucha contra ETA y gente que vive de que otros luchen contra Eta. Hay gente que sufre por la acción de los terroristas y otros que parecen reírse de los demás. Hay gente que va a morir: Hay gente que no condenarán a los que les maten. Y nos tenemos que callar.
Insólitamente, el pasado martes, el ministro de Interior, el portavoz del Gobierno y los representantes de las principales fuerzas políticas expresaron su preocupación -a la par que su acatamiento- por una resolución judicial de la Sala Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional que se produjo ayer, miércoles. El recurso planteado por los catorce presuntos integrantes de Ekin, el supuesto ‘aparato político’ de ETA, encarcelados por el instructor Garzón, andaba en los medios de comunicación desde hace días, a causa de la nula estanqueidad de la propia Audiencia Nacional que ha permitido conocer ‘en tiempo real’ la marcha de las deliberaciones. Finalmente, después de una demora que por fuerza hay que atribuir a una reconsideración suscitada por el alboroto exterior, la resolución era la que inicialmente se había divulgado: siete detenidos continuarán en prisión y otros siete han quedado en libertad bajo fianza de un millón de pesetas. La decisión se ha producido por dos votos contra uno; el magistrado discrepante, Antonio Díez-Delgado, ha redactado un voto particular, algo por completo excepcional en esta clase de trámites procesales.
Nada hay que objetar a la resolución que es preciso suponer bien meditada y ajustada a Derecho. Produce, sin embargo, justificada alarma que decisiones tan delicadas como éstas sean del dominio público mucho antes de que adquieran la forma física de la notificación a las partes. Tampoco es tranquilizador que la polémica resolución se produzca simultáneamente a la decisión de Garzón de decretar la ilegalización de Ekin, después de haber sopesado sus concomitancias con ETA. Ni, por supuesto, contribuye al prestigio de la Audiencia Nacional el conocer que esta institución está afectada por importantes enemistades entre los miembros de sus diversos estamentos profesionales. Estas evidencias no contribuyen a elevar en algo su debilitado prestigio.
Dimiten los dos ediles que le quedaban al PSE en Zumarraga por negarse a llevar escolta
El Consistorio guipuzcoano mantiene sólo diez de los diecisiete concejales con que comenzó la legislatura Los socialistas se reúnen hoy en Rentería con sus cargos públicos para animarles a continuar con su labor
El PSE-EE se quedó ayer sin representación en la localidad guipuzcoana de Zumarraga, al presentar su dimisión los dos únicos concejales socialistas que mantenían sus cargos en la Corporación. Tras las renuncias, conocidas el lunes y el martes, del portavoz Jesús María Mendía, su hijo Josu y Victoriana Badillo por su negativa a llevar escolta -tal y como ha ordenado la dirección del partido en Euskadi a todos sus representantes públicos-, los ediles José María Bermejo y María Dolores Segade siguieron los pasos de sus compañeros de grupo por idénticas razones. Además, uno de los dos corporativos del PSE en Zumaia, Enrique Rubio, abandonó también su puesto «por motivos personales», aunque, aclararon fuentes socialistas, en este caso se ha encontrado ya un sustituto porque se trataba de una decisión «prevista» que obedece a cuestiones laborales y no guarda relación alguna con la seguridad.
Bermejo, que formalizó las renuncias en el registro en su propio nombre y en el de su compañera a la una de la tarde, ha decidido abandonar el cargo tras permanecer seis años representando al PSE en el Ayuntamiento de Zumarraga. Según fuentes cercanas al ya ex concejal, la decisión le ha resultado «dolorosa y muy costosa», pero, finalmente, ha pesado más su reticencia a desarrollar sus actividades cotidianas rodeado de guardaespaldas.
Tras estas nuevas bajas, el Consistorio guipuzcoano mantiene sólo diez de los diecisiete ediles con los que comenzó la legislatura. A la dimisión en bloque de los socialistas, hay que sumar, además, el asesinato del corporativo popular Manuel Indiano a manos de ETA en agosto pasado y la renuncia de la concejal de EH Montserrat Torner. Fuentes socialistas apuntaron que la sustitución de los dimisionarios -cuyas vacantes se cubrirán con miembros de la misma candidatura-, no se abordará hasta después de elecciones.
Mientras tanto, los dirigentes del PSE se esfuerzan por transmitir su apoyo a sus cargos. El candidato del PSE a lehendakari, Nicolás Redondo, mantendrá hoy un encuentro en Rentería con los alcaldes, concejales y junteros socialistas vascos para expresarles su «calor» y animarles a continuar en sus puestos.
«Resistir hasta el 13»
En el transcurso del acto, previsto de antemano en la agenda de precampaña, se leerá un manifiesto en el que se resaltará el papel de los representantes públicos y la «importancia de la municipalidad como arteria fundamental de la democracia». El propio Redondo animó ayer a los cargos públicos a «resistir hasta el 13 de mayo» porque, aventuró, «luego cambiará todo y podremos respirar más».
Joseba Egibar calificó de «insidia injusta» las acusaciones de que las relaciones entre PNV y EH han podido influir en la situación de los socialistas. «Estamos hartos de que el PSE coloque a otros por delante para tapar sus propias carencias», espetó.
Plataforma Libertad convoca en Vitoria una manifestación «contra el exterminio» de ETA
La Plataforma Libertad llamó ayer a la ciudadanía vasca a acudir a la manifestación que, bajo el lema ‘Por la libertad, contra el exterminio’, ha convocado para el próximo sábado 21 de abril en Vitoria. El colectivo -integrado por varias asociaciones como el Foro Ermua, el Movimiento contra la Intolerancia y AVT-, ha tomado esta iniciativa porque, según sus portavoces, «no pueden quedarse impasibles ante el acoso y el terror que sufren los vascos no nacionalistas».
A juicio de la plataforma existe «un programa perfectamente calculado de exterminio de las posiciones constitucionalistas en el País Vasco» que los movimientos fundamentalistas y totalitarios ejecutan «con impunidad». Libertad también critica a los nacionalistas que «recogen las nueces del nogal que otros mueven».
A juicio de la iniciativa popular, «no se puede olvidar a las casi novecientas víctimas del terrorismo, ni a sus familias, ni a los heridos por el vandalismo, ni a los multimillonarios destrozos, ni al daño moral, ni a la vileza». La manifestación discurrirá entre la plaza de la Constitución y el parque del Prado de la capital alavesa.
Por otra parte, Basta Ya realizará hoy en la Plaza de Moyúa a las 8 de la tarde la primera de las concentraciones que desarrollará todos los primeros jueves de cada mes en Bilbao como expresión de rechazo a ETA y en solidaridad con las víctimas. La iniciativa ciudadana ha puesto especial hincapié en que la cita de hoy sea un homenaje a las víctimas del terrorismo.
Basta Ya considera que en este grupo no están sólo «las personas asesinadas o agredidas», sino también «los amenazados por negarse a pagar el precio de la extorsión, por ejercer una profesión objetivo de ETA, por desempeñar un cargo público o por no ser nacionalista».
Los responsables de la iniciativa ciudadana en Vizcaya han declarado que «no se puede mirar hacia otro lado ante el hostigamiento y la amenaza permanente de quienes se atreven a manifestarse públicamente contra el Estado de Derecho constitucionalmente vigente».

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 515
 resolución 
 resolución 
 artículo 576
 artículo 503
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución