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Timestamp: 2017-09-26 00:13:32+00:00

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Real Decreto 1912/1999, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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REAL DECRETO 1912/1999, DE 17 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE EJECUCIÓN DE LA LEY 32/1999, DE 8 DE OCTUBRE, DE SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO (BOE DEL 22)
Artículo único. Aprobación del Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo
Primera. Autorización para el desarrollo y aplicación del presente Reglamento
Segunda. Entrada en vigor del presente Real Decreto
Título I. Normas generales (Arts. 1 a 10)
Art. 1. Régimen jurídico de las víctimas del terrorismo
Art. 2. Daños resarcibles por el Estado
Art. 3. Determinación del nexo causal
Art. 4. Plazo para presentar la solicitud de indemnización
Art. 5. Normas generales aplicables a los procedimientos
Art. 6. Comisión de evaluación
Art. 7. Resolución de los procedimentos regulados en el presente Reglamento
Art. 8. Plazo para notificar las resoluciones
Art. 9. Transmisión de la acción civil al Estado
Art. 10. Exenciones tributarias de las indemnizaciones y ayudas económicas percibidas
Título II. Indemnizaciones fijadas por sentencia (Arts. 11 a 13)
Art. 11. Titulares del derecho de indemnización
Art. 12. Importe de la indemnización
Art. 13. Reglas del procedimiento para conceder las indemnizaciones
Título III. Indemnizaciones no fijadas por sentencia (Arts. 14 a 26)
Capítulo I. Indemnizaciones por fallecimiento (Arts. 14 a 17)
Art. 14. Titulares del derecho de indemnización
Art. 15. Orden de prelación y concurrencia
Art. 16. Importe de las indemnizaciones
Art. 17. Formalización de las solicitudes
Capítulo II. Indemnizaciones por incapacidad permanente (Arts. 18 a 21)
Art. 18. Titulares del derecho de indemnización
Art. 19. Importe de la indemnización
Art. 20. Formalización de solicitudes
Art. 21. Incompatibilidad
Capítulo III. Indemnización por lesiones permanentes no invalidantes (Arts. 22 a 24)
Art. 22. Titulares del derecho a la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes
Art. 23. Cálculo del importe de la indemnización
Art. 24. Formalización de solicitudes
Capítulo IV. Indemnizaciones por secuestro (Art. 25)
Art. 25. Titulares y cuantía de la indemnización por secuestro
Capítulo V. Ayudas específicas (Art. 26)
Art. 26. Titulares y cuantía de las ayudas específicas a las víctimas del terrorismo
Título IV. Normas para facilitar a las víctimas del terrorismo, en situaciones transfronterizas, el acceso a las indemnizaciones (Arts. 27 a 29)
Art. 27. Ámbito de aplicación
Art. 28. Autoridad de decisión
Art. 29. Recurso administrativo
Corrección de errores BOE de 22 de enero de 2000
El presente Reglamento supone la puesta en marcha de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, aprobada por unanimidad por ambas Cámaras Legislativas y respaldadas, clamorosamente, por la sociedad española, que quiere rendir el reconocimiento moral a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y a sus familiares, que han venido padeciendo, desde hace más de treinta y un año, directa y cruentamente la violencia terrorista. Al propio tiempo, viene a ejecutar, técnica y administrativamente, la voluntad política contenida en dicha Ley, con un doble objetivo: ampliar la acción tuitiva asistencial e indemnizatoria a las víctimas del terrorismo y sus familiares, desde 1968, hasta nuestros días, junto con dicho reconocimiento moral, y, extender su aplicación a los hechos terroristas cometidos por bandas o grupos armados con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana.
Así pues, el Reglamento viene a desarrollar con detallada y minuciosa especificidad todos y cada uno de los supuestos previstos en la Ley, en orden a dar respuesta moral y económica a todas aquellas personas que fueron víctimas directas de actos terroristas por los que sufrieron daños físicos o psicofísicos, con derecho o no a pensión, así como a sus familiares en caso de fallecimiento o herederos legalmente instituidos como tales. Con el fin de dar las máximas facilidades a la hora de solicitar estas indemnizaciones, el Reglamento prevé, en un anexo, «ad hoc», los modelos de solicitudes y documentos que deben acompañarnos los posibles beneficiarios que representa una ayuda y mejora administrativa para todos los interesados.
En aplicación de tales previsiones legales y a propuesta del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, y de los Ministros de Justicia, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 17 de diciembre de 1999, dispongo:
Artículo único.—Se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, cuyo texto se inserta a continuación.
Disposición final primera.— Se autoriza a los Ministros de Justicia, de Economía y Hacienda, del Interior y de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y aplicación del Reglamento que se aprueba.
Disposición final segunda.—El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Artículo 1. Régimen jurídico.— Las víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana tendrán derecho a ser indemnizadas por el Estado de acuerdo con lo previsto en la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, en el presente Reglamento y en las disposiciones complementarias que se dicten.
Artículo 2. Daños resarcibles.— 1. Serán resarcibles por el Estado, mediante la correspondiente indemnización y con el alcance y condiciones previstas en la Ley 32/1999. y en el presente Reglamento, los daños físicos o psicofísicos sufridos por la víctimas de actos de terrorismo o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas o grupos armados o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y seguridad ciudadana, siempre que los actos o hechos causantes hayan acaecido entre el 1 de enero de 1968 y la fecha de entrada en vigor de la Ley 32/1999.
3. Las indemnizaciones otorgadas por el Estado al amparo de la Ley 32/1999. y del presente Reglamento se concederán por una sola vez, y no implicarán la asunción por el Estado de responsabilidad subsidiaria alguna.
Artículo 3. Determinación del nexo causal.—Para el reconocimiento de la indemnización será imprescindible que conste en el expediente la existencia de un acto de terrorismo, o hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999. y de este Reglamento, que resultará acreditado por la resolución judicial correspondiente, o por resolución administrativa recaída en expediente previo de reconocimiento de resarcimiento o pensión extraordinaria como víctima del terrorismo o, en otro caso, determinada por medio de las actuaciones instructoras practicadas para establecer la relación causal entre el hecho delictivo y el fallecimiento o las lesiones indemnizables.
Artículo 4. Plazo para presentar la solicitud.— El plazo para solicitar las indemnizaciones reguladas en la Ley 32/1999. será de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.
Artículo 5. Normas generales aplicables a los procedimientos.—1. Competencia. Corresponde al Ministerio del Interior la tramitación y resolución de los procedimientos y el pago de las indemnizaciones establecidas en la Ley 32/1999.
Los referidos procedimientos se tramitarán por la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo que someterá las correspondientes propuestas de resolución a la Comisión de evaluación regulada en el artículo siguiente..
2. Solicitudes. El procedimiento para el reconocimiento de las indemnizaciones se iniciará mediante solicitud del interesado, según los modelos normalizados que se recogen en el anexo de este Reglamento, y se acompañará de los documentos siguientes:
d)	Para solicitar la indemnización a título de heredero del beneficiario, cuando proceda, se deberá acreditar el fallecimiento del mismo, mediante el certificado de defunción, y la designación como sucesor hereditario del peticionario con la aportación del testamento y el certificado de última voluntad del causante. Además, se podrá probar tal titularidad con la aportación de la declaración de herederos, o de cualquier documento público en el que conste tal designación.
e)	Todos los titulares que traigan su derecho de una misma víctima, o de un beneficiario fallecido, procurarán formular su petición resarcitoria en la misma solicitud. Una vez iniciado el procedimiento, las nuevas solicitudes que se formulen por personas distintas a las que lo hubiesen instado, se unirán al expediente siempre que se presenten antes de dictar la correspondiente resolución. El plazo máximo para resolver se computará a partir de la fecha en que haya tenido entrada la última solicitud, en cualquiera de los registros del Ministerio del Interior.
d) El órgano instructor podrá proponer directamente que se resuelva la inadmisión a trámite de las solicitudes de reconocimiento de derechos que carezcan manifiestamente de fundamento por no estar comprendidos los hechos invocados entre los que, conforme a los términos de la Ley 32/1999., generan el derecho a las indemnizaciones previstas en la misma.
Artículo 6. Comisión de evaluación.—1. Se crea la Comisión de evaluación, prevista en el artículo 12 de la Ley 32/1999, con carácter de órgano colegiado adscrito al Ministerio del Interior, que ejercerá las funciones de estudio, valoración y aprobación de las propuestas de resolución en los procedimientos tramitados por la Subdirección General de Atención al Ciudadano y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de dicho Departamento ministerial.
c) Vocales: un representante por cada uno de los Ministerios de Justicia, de Economía y Hacienda y de Trabajo y Asuntos Sociales, con nivel de subdirector general o asimilado, designados por los respectivos Departamentos. Simultáneamente a la designación de los vocales, se hará la de los que actuarán como suplentes de aquéllos.
Artículo 7. Resolución.—Corresponderá al Ministro del Interior la resolución de los procedimientos regulados en el presente Reglamento. Sus resoluciones pondrán fin a la vía administrativa y podrán ser recurridas potestativamente en reposición o impugnadas directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
Artículo 8. Plazo para notificar las resoluciones.—El plazo máximo para notificar la resolución al interesado será de doce meses, contados desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en cualquiera de los registros del Ministerio del Interior, entendiéndose estimadas las solicitudes sobre las que no se haya notificado la resolución dentro del plazo señalado.
Artículo 9. Transmisión de la acción civil al Estado.— 1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Ley 32/1999 y una vez efectuado el pago, el Estado se subrogará en los derechos que asisten a los beneficiarios contra los obligados por sentencia firme como autores o responsables civiles del delito.
3. A tales fines, las personas que tengan derecho a ser indemnizadas acompañarán a la solicitud de indemnización el documento por el que transmiten al Estado las acciones derivadas de la responsabilidad civil que puedan corresponderles respecto a los autores de los hechos delictivos a que se refiere la Ley 32/1999., en el presente o en el futuro, estén o no reconocidas en sentencias. De no efectuarse dicha transmisión, no se concederá en ningún caso la indemnización solicitada.
Artículo 10. Exenciones tributarias.—Las indemnizaciones y ayudas económicas percibidas al amparo de la Ley 32/1999. y del presente Reglamento estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas, teniendo la consideración de prestaciones públicas extraordinarias por actos de terrorismo, a efectos de la exención prevista en el artículo 7.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y otras normas tributarias.
Artículo 11. Titulares del derecho de indemnización.—Serán titulares de las indemnizaciones las víctimas o las personas reconocidas como acreedoras de la responsabilidad civil en la correspondiente sentencia firme o resolución judicial, o sus herederos.
Artículo 12. Importe de la indemnización.—El importe de la indemnización se calculará conforme a las siguientes reglas:
Artículo 13. Procedimiento.—El procedimiento para conceder estas indemnizaciones se ajustará a las siguientes reglas:
1. La solicitud, formulada conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, se acompañará del testimonio de la sentencia firme reconocedora del derecho de indemnización y de un certificado del órgano jurisdiccional competente que acredite la no ejecución de la resolución o, en su caso, la parte en la que la responsabilidad no sehubiera hecho efectiva.
Artículo 14. Titulares del derecho de indemnización.—1. En el supuesto de fallecimiento de la víctima, cuando no hubiere recaído sentencia, serán beneficiarios de las indemnizaciones el cónyuge no separado legalmente o, en su caso, la persona que hubiere venido conviviendo con la víctima de forma permanente con análoga relación de afectividad a la de cónyuge, durante al menos los dos años anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia, y los herederos de la víctima en línea recta descendente y ascendente hasta el segundo grado de parentesco.
Artículo 15. Orden de prelación y concurrencia.—El orden de prelación y la concurrencia de los distintos beneficiarios, de acuerdo con lo previsto en el párrafo b) del apartado segundo del artículo 3 de la Ley 32/1999 y en el Reglamento de Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de Delitos de Terrorismo, aprobado por Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, se determinarán por aplicación de las siguientes reglas:
1.º El cónyuge o conviviente, y los hijos de la persona fallecida con independencia de su filiación y edad, o de su condición de póstumos.
2.º En caso de inexistencia de los anteriores, los padres de la persona fallecida.
3.º En defecto de los padres, por orden sucesivo y excluyente, los nietos y los abuelos de la misma.
1.º Cuando concurran cónyuge o conviviente e hijos, la indemnización se repartirá por mitades, correspondiendo una al cónyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuyéndose esta última por partes iguales entre ellos.
2.º En los demás supuestos se distribuirá la indemnización por partes iguales entre los beneficiarios que tengan el mismo derecho de prelación.
3.º En el supuesto de fallecimiento de un beneficiario, la parte de la indemnización que le hubiere correspondido será distribuida entre sus propios herederos con arreglo a las disposiciones hereditarias aplicables a la sucesión del fallecido, con el límite previsto en el apartado 2 del artículo anterior.
Artículo 16. Importe de las indemnizaciones.—La cuantía de la indemnización por fallecimiento, de acuerdo con la tabla I del anexo de la Ley 32/1999, se fija en 23.000.000 de pesetas (138.232,78 €).
Artículo 17. Formalización de las solicitudes.—1. Cuando el peticionario tenga reconocida a su favor, con carácter previo, una indemnización o una pensión extraordinaria de viudedad u orfandad como víctima de terrorismo, presentará la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento, sin más documentación que una copia de la resolución administrativa reconocedora de los mencionados derechos. En caso de no disponer de ella, se limitará a expresar el lugar y la fecha del atentado del causante y la fecha aproximada de la resolución.
2. Cuando el peticionario no disponga a su favor de una resolución administrativa de las señaladas en el apartado anterior, formulará su solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 acompañada del certificado de fallecimiento de la víctima, así como de los siguientes documentos en función de su relación de parentesco con el fallecido:
e)	Si los peticionarios fueren los nietos del fallecido justificarán su parentesco con las certificaciones de la inscripción del nacimiento propio y del progenitor descendiente de la víctima fallecida.
f)	A efectos de determinar la posible concurrencia de otros beneficiarios, el solicitante deberá aportar declaración en la que conste el nombre y apellidos de otros posibles perceptores con igual derecho y, en el caso de ascendientes o descendientes en segundo grado, la manifestación de que desconocen la existencia de posibles beneficiarios con derecho de prelación preferente al del peticionario.
Artículo 18. Titulares del derecho de indemnización.—1. Serán beneficiarios de la indemnización por incapacidad permanente, cuando no hubiera recaído sentencia, las víctimas que padezcan lesiones corporales físicas o psíquicas derivadas de actos de terrorismo, o de hechos perpetrados por persona o personas integradas en bandas armadas o que actuaran con la finalidad de alterar gravemente la paz y la seguridad ciudadana, que entrañen una incapacidad en algunos de los grados de incapacidad permanente: parcial, total, absoluta o gran invalidez. La graduación de la incapacidad se llevará a cabo aplicando las disposiciones contenidas al efecto en la legislación de la Seguridad Social.
Artículo 19. Importe de la indemnización.—La cuantía de la indemnización, de acuerdo con la tabla I del anexo de la Ley 32/1999, se cifra en 65.000.000 de pesetas (390.657,87 €) en el caso de gran invalidez, 16.000.000 de pesetas (96.161,94 €) en el de incapacidad permanente absoluta, 8.000.000 de pesetas (48.080,97 €) en el de incapacidad permanente total, y 6.000.000 de pesetas (36.060,73 €) en el de incapacidad permanente parcial.
Artículo 20. Formalización de solicitudes.— 1. Cuando el solicitante tenga reconocida a su favor una resolución administrativa previa de indemnización, o una pensión extraordinaria por incapacidad permanente como víctima del terrorismo, presentará la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento y una copia de la resolución que concedió la indemnización o, en su defecto, la pensión extraordinaria. Si no dispusiera de ellas se limitará a expresar la fecha y lugar del atentado y la fecha aproximada de alguna de ambas resoluciones.
3. Cuando el peticionario no tenga reconocida una incapacidad permanente como víctima del terrorismo formulará su solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 acompañada de los siguientes documentos:
a) Descripción de las circunstancias en que se hubiere cometido el hecho incapacitante que presente las características de un acto terrorista o un hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999. y de este Reglamento.
5. Para la calificación de las lesiones y el correspondiente grado de incapacidad atribuible al atentado, será preceptivo el dictamen médico emitido por el equipo de valoración de incapacidades a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo, aplicándose a estos efectos las reglas previstas en dicho artículo.
Este apartado 5 ha sido redactado por el Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, y que aprueba precitado Reglamento.
—	REDACCIÓN ORIGINARIA. VIGENTE DE 23 DE DICIEMBRE DE 1999 A 17 DE MARZO DE 2003.
Artículo 20. Formalización de solicitudes.—1. Cuando el solicitante tenga reconocida a su favor una resolución administrativa previa de indemnización, o una pensión extraordinaria por incapacidad permanente como víctima del terrorismo, presentará la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento y una copia de la resolución que concedió la indemnización o, en su defecto, la pensión extraordinaria. Si no dispusiera de ellas se limitará a expresar la fecha y lugar del atentado y la fecha aproximada de alguna de ambas resoluciones.
Artículo 21. Incompatibilidad.—El reconocimiento de una indemnización por incapacidad permanente, en aplicación del baremo legal, será incompatible con la percepción de resarcimientos por lesiones permanentes no invalidantes cuando éstas sean consecuencia del mismo hecho lesivo causante de la incapacidad.
Artículo 22. Titulares.—Cuando no hubiera recaído sentencia firme, serán titulares del derecho a la indemnización por lesiones permanentes no invalidantes, las víctimas que padecieran secuelas irreversibles, no generadoras de una incapacidad de las contempladas en el artículo 19 de este Reglamento, que sean consecuencia de un acto de terrorismo o de un hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999.
Artículo 23. Cálculo del importe de la indemnización.—1. La cuantía de la indemnización será la que proceda con arreglo al sistema de valoración establecido en el anexo de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos de Motor, en la redacción dada por la disposición adicional octava de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Para ello, el cálculo del resarcimiento estará en función de la calificación de las lesiones, que se habrá de realizar conforme a la puntuación de la tabla VI del anexo de la citada Ley, y de la aplicación de los módulos cuantitativos y correctores de las tablas III y IV del mismo anexo. Estos módulos deberán tomarse de la actualización del baremo efectuada por la última Resolución de la Dirección General de Seguros que se encuentre publicada el día de la entrada en vigor de este Reglamento.
3. En el supuesto de concurrencia de lesiones se otorgará una puntuación conjunta que será resultado, primero, de multiplicar los puntos de la lesión menor por la diferencia entre 100 y la puntuación de la lesión mayor, segundo, de dividir el producto anterior por 100, y por último, de sumar al coeficiente así obtenido la puntuación de la lesión mayor, lo que se expresa en la fórmula [(100-M) x m/100 + M]. Este total será multiplicado por el valor del punto que corresponda según la edad y el nivel de puntos alcanzado.
Artículo 24. Formalización de solicitudes.—1. Cuando el solicitante tenga reconocida a su favor una resolución administrativa previa en la que haya sido indemnizado por lesiones no invalidantes, como víctima del terrorismo, presentará la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 5.2 de este Reglamento y una copia de la resolución concedente o, en su defecto, la indicación del lugar y la fecha del atentado y la fecha aproximada de la resolución. Además, deberá acompañar la siguiente documentación:
a) Descripción de las circunstancias en que se hubiere cometido el hecho lesivo que presente las características de un acto terrorista o hecho comprendido en el ámbito de aplicación de la Ley 32/1999.
Artículo 25. Titulares y cuantía.—1. La persona que haya sido objeto de secuestro, como consecuencia de acciones comprendidas en el ámbito de este Reglamento, exigiéndose alguna condición para su libertad, será indemnizada con la cantidad de 2.000.000 de pesetas (12.020,24 €) por el acto del secuestro y 30.000 pesetas (180,30 €) por cada día de duración del mismo, hasta el límite máximo de 6.000.000 de pesetas (36.060,73 €).
2. Si el secuestro fue un hecho notorio bastará que la víctima presente su solicitud de acuerdo con el artículo 5.2 practicándose de oficio todas las actuaciones conducentes al reconocimiento de la indemnización.
Artículo 26. Titulares y cuantía.—1. Se concederán ayudas específicas a las víctimas del terrorismo para financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas cuando, acreditada su necesidad actual, no estuvieran cubiertas por un sistema público o privado de aseguramiento, o por el régimen estatal o autonómico de ayudas a las víctimas del terrorismo.
2. Para resultar beneficiario de la ayuda será preciso justificar su necesidad, mediante un informe médico acreditativo de la misma, y un certificado de la entidad aseguradora de la víctima de que la ayuda no entra dentro de la cobertura de sus prestaciones. Además se deberá acompañar un presupuesto formal del coste del tratamiento, prótesis o intervención quirúrgica solicitada. Una vez acordada la concesión de la ayuda, el pago de la misma se efectuará contra la presentación de las facturas que justifiquen debidamente el gasto realizado.
Este título IV (artículos 27 a 29) ha sido añadido por el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero (BOE del 20.
Artículo 27. Ámbito de aplicación.—Las disposiciones de este título resultarán de aplicación a la tramitación y resolución de los procedimientos para el reconocimiento de las indemnizaciones, cuando los actos descritos en el apartado 1 del artículo 2 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, se hayan cometido en España y el solicitante de la indemnización tenga su residencia habitual en otro Estado miembro de la Unión Europea.
Este artículo 27 ha sido añadido por el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero (BOE del 20.
Artículo 28. Autoridad de decisión.—1. Cuando las solicitudes hayan sido presentadas a través de la autoridad de asistencia donde el solicitante resida habitualmente, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al solicitante y a la autoridad de asistencia:
La realización de la audiencia por el Ministerio del Interior se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
Este artículo 28 ha sido añadido por el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero (BOE del 20).
Artículo 29. Recurso administrativo.—1. Cuando el escrito mediante el que se interponga recurso potestativo de reposición contra la resolución del Ministerio del Interior sea cursado a través de la autoridad de asistencia del Estado miembro donde la víctima del delito tiene su residencia habitual, el Ministerio del Interior, como autoridad de decisión, deberá comunicar al interesado y a la autoridad de asistencia:
La realización de la audiencia por estos medios se ajustará a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Real Decreto 263/1996, de 16 de febrero, por el que se regula la utilización de técnicas electrónicas, informáticas y telemáticas por la Administración General del Estado.
Este artículo 29 ha sido añadido por el Real Decreto 199/2006, de 17 de febrero (BOE del 20).
4. Se podrá acompañar la solicitud de cuantos datos, alegaciones o documentos se estimen oportunos. A estos efectos, la solicitud podrá ampliarse con las hojas complementarias que resulten necesarias.
INDEMNIZACIÓN FIJADA POR SENTENCIA
INDEMNIZACIÓN POR FALLECIMIENTO NO FIJADA POR SENTENCIA
INDEMNIZACIÓN POR INCAPACIDAD PERMANENTE NO FIJADA POR SENTENCIA
INDEMNIZACIÓN POR LESIÓN PERMANENTE NO INVALIDANTE, NO FIJADA POR SENTENCIA
INDEMNIZACIÓN POR SECUESTRO NO FIJADA POR SENTENCIA
SOLICITUD DE AYUDA ESPECÍFICA

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 Real Decreto

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