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Sentencia A.P. Málaga 428/2013 de 17 de julio
Endoso: Existencia de la regularidad en la cadena de endosos. Desestima. Acciones nominativas: Transmisión por endoso mediante la exhibición de los títulos y los administradores deberán inscribir dicha transmisión en el Libro Registro de acciones nominativas.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE ESTEPONA
JUICIO ORDINARIO N.º 345/04
ROLLO DE APELACIÓN CIVIL N.º 807/11
SENTENCIA N.º 428/13
D.ª SOLEDAD JURADO RODRÍGUEZ
D.ª NURIA A. ORELLANA CANO
En la ciudad de Málaga a diecisiete de julio de dos mil trece.
Vistos en grado de apelación, ante la Sección Sexta de esta Audiencia Provincial, los autos de JUICIO ORDINARIO N.º 345/04, procedentes del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO UNO DE ESTEPONA, sobre CONDENA DE HACER, seguidos a instancia de ATALAYA VILLAS, S.A. y de DR. RAAZ KG., representadas en la instancia por la Procuradora D.ª Silvia González de Haro y defendidas por el Letrado D. Luís Pérez Sala, contra ATALAYA GOLF Y COUNTRY CLUB INTERNACIONAL, S. A. y GIGER &amp; PARTNER A.G., representadas en el recurso por el Procurador D. Pedro Ballenilla Ros y defendidas por el Letrado D. Miguel Cuesta Boothman, y contra HOLLSTONE INVESTMENT, S. A., representada en el recurso por el Procurador D. Pedro Ballenilla Ros y defendidas por la Letrada D.ª Pilar Benito García, pendientes ante esta Audiencia en virtud de recurso de apelación interpuesto por las demandadas contra la Sentencia dictada en el citado juicio.
Primero.—El Juzgado de Primera Instancia número Uno de Estepona dictó Sentencia de fecha 19 de abril de 2010, en el Juicio Ordinario N.º 345/04, del que este rollo dimana, cuya Parte Dispositiva dice así: " Que estimando la demanda interpuesta por la procuradora D.ª Silvia González Haro, en nombre y representación de Atalaya Villas, Sociedad Anónima y Dr. Raaz KG, contra Atalaya Golf y Country Club Internacional S.A, Giger &amp; Partner AG y Hollstone Investment S.A., debo condenar y condeno a Atalaya Golf y Country Club Internacional S. A a inscribir en su Libro Registro de acciones nominativas las dos transmisiones sucesivas a favor de las actoras de las cincuenta acciones nominativas (sin clase), números 201 a 250, ambas inclusive, con expresa condena en costas a las demandadas."
Segundo.—Contra la expresada Sentencia interpusieron, en tiempo y forma, recursos de apelación las demandadas, los cuales fueron admitidos a trámite y sus fundamentaciones impugnadas de contrario, remitiéndose los autos a esta Audiencia donde, al no haberse propuesto prueba ni estimarse necesaria la celebración de vista, previa deliberación de la Sala que tuvo lugar el día 17 de julio de 2013, quedaron las actuaciones conclusas para sentencia.
Tercero.—En la tramitación del recurso se han observado las prescripciones legales, siendo Ponente la Ilma. Sra. D.ª INMACULADA SUÁREZ BÁRCENA FLORENCIO.
Primero.—En la demanda rectora de la presente litis la actora, Atalaya Villas, Sociedad Anónima, afirmaba su condición de propietaria y tenedora de cincuenta acciones nominativas (sin clase), número 201 a 250, ambas inclusive, de la sociedad Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A., legitimada por una sucesiva cadena de endosos, en la medida que Atalaya Villas S.A adquirió las acciones por compra a la sociedad Dr. Raaz KG en 4 de abril de 2003 y, a su vez, esta última, las había adquirido el día 5 de mayo de 2002 de la sociedad Giger &amp; Partner, A.G. que fue la suscriptora de las acciones, transmisiones formalizadas al dorso del título, mediante sello y firma de endosantes y endosatarios, cadena que, se afirmaba, no había sufrido alteración alguna, suplicándose, al amparo de los artículos 55 y 56 de la LSA y 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque, se condenase a la parte demandada a inscribir en su Libro Registro de acciones nominativas las dos transmisiones sucesivas a favor de las actoras, de las cincuenta acciones nominativas (sin clase), números 201 a 250, ambas inclusive, así como al pago de las costas. Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. contestó a la demanda oponiéndose a la misma, negando la regularidad en la cadena de endosos afirmada por la parte actora, y la no obligatoriedad de la inscripción de las acciones suplicada en la demanda, al no haber justificado las actoras la existencia de un contrato de compraventa ajustado a derecho, y oponiéndose la excepción de litisconsorcio pasivo necesario al entender que en el procedimiento deberían ser oídas las sociedades Giger &amp; Partner, A. G. Y Hollstone Investment, S. A. La parte actora amplió la demanda, tras la celebración de la Audiencia Previa, en la que se estimó el litisconsorcio pasivo necesario, frente a estos dos últimas sociedades. Giger &amp; Partner, A. G. contestó a la demanda por escrito presentado en 19 de abril de 2007, oponiéndose a la misma, negando la regularidad que se afirma en la cadena de endosos, ya que la parte actora no había acreditado la legitimidad y legalidad del negocio jurídico de compraventa de las acciones que invoca, alegando que para conocer si la cadena de endosos había sido correcta y, por tanto, poder procederse a la inscripción de las acciones, era preciso determinar si Giger &amp; Partner, A. G. y Hollstone Investment, S. A. prestaron su consentimiento a través de persona con poder suficiente para trasmitir las acciones y si la sociedad Dr. Raaz, KG pagó el precio pactado. La demandada Hollstone Investment, S. A. fue declarada en situación procesal de rebeldía en virtud de providencia de 7 de junio de 2007. En 7 de noviembre de 2007 se celebró la Audiencia Previa, en cuyo acto, la Letrada de la parte demandada Atalaya Golf puso de manifiesto que Hollstone no estaba emplazada conforme a derecho, desestimándose en el acto dicha alegación, frente a la cual la defensa letrada de Atalaya Golf formuló protesta, alegando igualmente falta de legitimación activa de una de las actoras por encontrarse en situación concursal. Celebrada la Audiencia Previa, y tras la práctica de la prueba admitida y trámites procesales de rigor, en fecha, 19 de abril de 2010, por la juzgadora de instancia se dictó Sentencia, cuyo Fallo estima la demanda, condenando a Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. a inscribir en su Libro Registro de acciones nominativas las dos transmisiones sucesivas a favor de las actoras de las cincuenta acciones nominativas (sin clase), números 201 a 205, ambas inclusive, con expresa condena en costas a las demandadas. Frente a esta resolución se han alzado en apelación Hollstone Investment, S. A., Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. y Giger &amp; Partner, A.G. a través de sus respectivas representaciones procesales.
Segundo.—Las partes apelantes vienen a articular en sus respectivo recursos de apelación, en esencia, los mismos motivos de disconformidad frente a la Sentencia apelada, motivos que, pese a su extensión, están dirigidos principalmente a poner de manifiesto que no existe la regularidad en la cadena de endosos que se afirma por las actoras y se estima en la Sentencia, ya que no se ha probado la existencia de negocio jurídico alguno válido y eficaz que justifique las transmisiones, si bien Hollstone Investment, S. A. opone, con carácter previo, que por parte del juzgado de primera instancia se ha incurrido en grave infracción procesal a la hora de su emplazamiento, infracción que le ha causado efectiva indefensión en la medida que fue, como consecuencia de ello, indebidamente declara en situación procesal de rebeldía, ya que no fue emplazada en su domicilio social que está sito en Uruguay, sino que fue realizado en la persona de D. Juan María por medio de comisión rogatoria librada a Suiza, y esta persona, desde el día 5 de mayo de 2002, había dejado de representar a Hollstone Investment, S. A. por lo que suplica la oportuna declaración de nulidad procesal a fin de que se retrotraiga el procedimiento al momento inmediatamente anterior al emplazamiento, para que esta sociedad sea emplazada conforme a derecho y en su domicilio social, cuestión esta que por su carácter procesal ha de ser examinada con carácter previo. Los artículos 238 y siguientes de la LOPJ, en relación con los artículos 225 y siguientes de la LEC, exigen, en orden a la declaración de nulidad de actuaciones, de la concurrencia de una infracción procesal grave de la que, necesariamente, ha de derivarse efectiva indefensión para quien pide la nulidad, de tal manera que debe resultar gravemente afectado el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las partes en litigio y consagra el artículo 24 CE. El Tribunal Constitucional ha establecido una constante doctrina sobre los actos de comunicación con las partes y su trascendencia, siendo muestra de ello la Sentencia 326/1993, en la que reitera la postura ya mantenida en otras anteriores, haciendo hincapié en la trascendencia de los actos de comunicación y la relevancia que la corrección de los mismos adquiere desde el punto de vista constitucional, pues de ellos depende la comparecencia y la intervención de las partes en el proceso, recordando en tal sentido la afirmación contenida en el fundamento de derecho primero de la Sentencia 115/1988 de que la "finalidad de los actos de comunicación procesal consiste en llevar al conocimiento personal de los litigantes las decisiones y resoluciones judiciales, así como otras circunstancias del proceso, a fin de que aquellos puedan adoptar la conducta procesal oportuna", por lo que esta comunicación al interesado ha de ser real y efectiva; habiendo establecido igualmente la Sentencia 195/1990, que "si bien el legislador permite en ocasiones que el acto de comunicación procesal se realice a persona diferente del interesado, establece una serie de requisitos para tal modalidad de llamamiento que el acto ha de cumplir, pues aquellas exigencias encuentran su razón de ser y finalidad última en la garantía de que el destinatario del acto tendrá oportuna noticia del mismo" y, abundando en ello, las Sentencias del mismo Tribunal Constitucional 99/1991 y 141/1991 afirman que "el acto de comunicación tiene que practicarse en forma legal mediante el cumplimiento de los requisitos procesales, cuya finalidad estriba en que no solo el acto o la resolución llegue a conocimiento de la parte, sino también que el juzgado tenga la seguridad o certeza del cumplimiento de los requisitos legales en orden a asegurar la recepción de dicha comunicación por los destinatarios", reseñando la Sentencia 275/1993 que "los órganos judiciales no han de limitarse al formal cumplimiento de los requisitos legales, sino que para asegurar la efectividad del derecho fundamental la interpretación de las normas reguladoras del emplazamiento debe hacerse tratando de asegurar que el acto de comunicación cumple su finalidad constitucional, o sea la efectividad real del emplazamiento, pues el artículo 24.1 CE contiene un mandato no solo al legislador sino al intérprete dirigido a promover la defensa mediante la correspondiente contradicción (STC. 37/1984)". En el mismo sentido la STC de 4 de abril de 2005 "significa que se garantiza el derecho a acceder al proceso y a las recursos legalmente establecidos en condiciones de poder ser oído y ejercer la defensa de los derechos e intereses legítimos en un proceso en el que se respeten los principios de bilateralidad, contradicción e igualdad de armas procesales, que se encuentran, como consecuencia lógica de la configuración constitucional del derecho de las partes a obtener la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales, en la base o esencia misma de la existencia de un juicio justo (por todas, SSTC 71/1991, de 8 de abril; 210/1992, de 30 de noviembre; 32/1997, de 24 de febrero; 138/1999, de 22 de julio; 114/2000, de 5 de mayo; 311/2000, de 18 de diciembre; y 124/2002, de 20 de mayo), razón por la que la regla de interdicción de la indefensión requiere del órgano jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los órganos judiciales procurar que en un proceso se dé la necesaria contradicción entre las partes, así como que posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una de las instancias que lo componen (SSTC 226/1988, 162/1993, 110/1994, 175/1994, y la 102/1998, de 18 de mayo)". Por otra parte, se ha de señalar que las notificaciones en general y el emplazamiento en particular, en cuanto posibilitan la comparecencia del destinatario y la defensa contradictoria de su derecho, no pueden ser consideradas como mero requisito formal de tramitación, sino como instrumentos absolutamente esenciales en el válido y eficaz desarrollo del proceso, ya que su omisión o práctica irregular puede dar lugar a la nulidad de todo lo actuado cuando los derechos fundamentales del procedimiento hayan quedado defraudados, no cabiendo prescindir de la llamada a juicio en forma personal cuando exista una posibilidad, ya sea directa, ya indirecta, de localizar al interesado y hacerle llegar el contenido del acto de comunicación y así asegurar que pueda comparecer en el proceso y defender su posición frente a la parte demandante. En definitiva, a la hora de resolver supuestos como el presente, tal y como señala la sentencia del Tribunal Constitucional 67/2003, de 9 de abril, se ha de tener en cuenta: a) que la decisión efectivamente se haya adoptado inaudita parte; b) que ello no fuere imputable a la conducta procesal del involuntariamente rebelde; c) que la ausencia de posibilidad de defensa le haya deparado un perjuicio real y efectivo en sus derechos e intereses legítimos; y d) que no haya tenido conocimiento por otros medios del procedimiento seguido en su contra, debiendo señalarse que no toda irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para la prosecución del proceso, debiendo exigirse la existencia de una razonable proporcionalidad entre el grado de importancia del defecto procesal y las consecuencias que se anuden a ese defecto. Pues bien, consta en los autos que, en 2 de febrero de 2005, la parte actora, ante la estimación de la excepción de litisconsorcio pasivo necesario que había opuesto la inicialmente demandada, tras la celebración de la Audiencia Previa, amplió la demanda frente a las entidades Hollstone Investment, S. A. y Giger &amp; Partner, A. G., no indicándose en la ampliación el domicilio de dichas demandadas, lo que motivó que el juzgado requiriese a la parte actora a fin de que indicase domicilio para emplazamiento, requerimiento al que contestaron en virtud de escrito presentado en 14 de marzo de 2005, en el que manifestaron desconocer el domicilio de ambas entidades y que el único contacto conocido era el de la sociedad Atalaya Golf, sociedad esta que, ante estas manifestaciones de las actoras, presentó escrito en 22 de marzo de 2005 alegando que tampoco ella tenía conocimiento del domicilio de las expresadas entidades y que era la parte demandante la obligada a promover las oportunas diligencias de averiguación, siendo inviable el emplazamiento de las expresadas sociedades en el domicilio de Atalaya Golf. Por el Secretario Judicial, en 2 de diciembre de 2005, se dictó diligencia de ordenación por la que se acordaba emplazar a Hollstone Investment, S. A. en la persona de su legal representante, D. Juan María, y en la dirección de este sita en Suiza, en Florastr, 14, 3800, Interlaken, para lo que se libró la oportuna comisión rogatoria. En 31 de julio de 2006, el Secretario Judicial, mediante diligencia de ordenación, tuvo por emplazada a Hollstone Investment, S. A. al haber sido practicada la diligencia de emplazamiento solicitada por medio de comisión rogatoria por las autoridades Suizas de Berna; ello motivó que en 18 de abril de 2007 las codemandadas mostrasen al juzgador su disconformidad con el emplazamiento de Hollstone, ya que dicha sociedad tenía su domicilio social en Uruguay y no en Suiza, y que como ya se había puesto de manifiesto en la contestación, el Sr. Juan María había dejado de representar a Hollstone Investment, S. A. en 20 de marzo de 2002. El juzgado dictó providencia en 7 de junio de 2007 acordando tener por emplazada a Hollstone Investment, S.A. en legal forma y, a su vez, procedió a declarar la rebeldía procesal de dicha sociedad, señalando día para la celebración de la Audiencia Previa, en cuyo acto la defensa letrada de las demandadas personadas, cuya representación procesal también han asumido la de Hollstone en apelación, reiteró la falta de emplazamiento en legal forma de Hollstone, cuestión que fue rechazada por la juzgadora de instancia, formulándose por la asistencia letrada de las demandadas protesta. Pues bien, del íter procesal expuesto, al que le es de aplicación la doctrina jurisprudencial también expuesta con anterioridad, resulta que no estamos ante un supuesto de infracción del artículo 155 de la LEC, que por causar indefensión relevante pueda abocar a la declaración de nulidad pretendida por Hollstone Investment, S.A. por cuanto que dicha sociedad, conforme autoriza el artículo 155 de la LEC, fue legalmente emplazada en la persona de su representante Sr. Juan María, respecto del cual, y pese a lo que se afirmaba, no se ha probado que sus poderes respecto de Hollstone hayan sido revocados en legal forma o renunciados y admitida la renuncia, y, además, es notorio el conocimiento extraprocesal que Hollstone Investment, S. A. tenía de la litis que nos ocupa, desde el punto y hora en que fue la demandada Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. la que puso de manifiesto la necesidad de demandar a Hollstone y a Giger &amp; Partner, A. G., y ello de forma insistente y cuya defensa letrada fue la que luego asumió la de Giger &amp; Partner, S. G, una vez personada esta entidad, y más tarde la representación procesal de aquéllas, también, la de Hollstone, que, curiosamente, se personó en los autos pocos días después de dictada la Sentencia y de que esta fuese notificada a las demandadas personadas, lo que hace más que evidente que, en cualquier caso, Hollstone Investment, S.A. tenía cabal conocimiento de la existencia del procedimiento y que, por tanto, si no se personó en el mismo fue por su sola voluntad, pues es evidente que, al menos, través de las otras demandadas tenía conocimiento cumplido del procedimiento promovido. Además, es de señalar que razones de economía procesal aconsejan mantener la validez del íter procesal desarrollado, ya que no se habría causado a Hollstone indefensión constitucionalmente relevante, en la medida que su eventual contestación a la demanda y actividad probatoria, dada la pretensión articulada en la demanda, en poco afectaría al sentido del Fallo, más cuando cabe comprobar que las alegaciones de la contestación de Giger &amp; Partner, A.G. son prácticamente coincidentes con las de la contestación de Atalaya Golf y que los motivos de apelación que se articulan por Hollstone coinciden, esencialmente, con los articulados por Atalaya Golf y Giger &amp; Partner, A.G. en el recurso por dichas entidades formulado.
Tercero.—Centrándonos ya en el fondo de la cuestión litigiosa, es objeto de la misma la pretensión deducida por las actoras en orden a la anotación en el Libro registro de acciones nominativas de la entidad Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. de las cincuenta acciones nominativas de las que Atalaya Villas, S. A. afirmaba ser propietaria en virtud de endoso por parte de Dr. Raaz, KG., y esta a su vez por endoso de Giger &amp; Partner,A. G., endosos formalizados al dorso de los títulos mediante sello y firma de endosantes y endosatarios, y ello al amparo de los artículos 55 y 56 de la Ley de Sociedades Anónimas. Como bien afirma la juzgadora de instancia, las acciones nominativas, conforme señala el artículo 56.2 de la LSA,, pueden transmitirse también por endoso, en cuyo caso serán de aplicación, en la medida en que sea compatible con la naturaleza del título, los artículos 15, 16, 19 y 20 de la Ley Cambiaria y del Cheque, conforme a lo cual, la transmisión habrá de acreditarse frente a la sociedad mediante la exhibición de títulos y los administradores, una vez comprobada la regularidad en la cadena de endosos, inscribirán la transmisión en el Libro Registro de acciones nominativas. Ciertamente esta inscripción de la transmisión no tiene la condición de elemento constitutivo del efecto traslativo, el cual se produce sin intervención de la sociedad y conforme a las normas que regulan la circulación de los títulos, pero sí tiene trascendencia en cuanto que cumple un efecto legitimador del adquirente de la acción nominativa por endoso ante la sociedad, conforme resulta del artículo 55 de la LSA, conforme al cual la sociedad reputará accionista a quien se halle inscrito en el Libro Registro, y del propio artículo 56, al decir "tratándose de acciones nominativas, los administradores, una vez que resulte acreditada la transmisión, la inscribirán de inmediato en el Libro Registro de acciones nominativas". La inscripción en dicho Libro no se produce de forma automática, ya que el interesado debe solicitarlo y acreditar la adquisición y la sociedad comprobar, bajo su responsabilidad, la regularidad aparente, y así lo expresa nuestro más Alto Tribunal en Sentencia de 20 de febrero de 2000, indicando el necesario control de esa legitimación del adquirente mediante la comprobación de la normalidad de la transmisión, y por ello el órgano de administración de la sociedad puede oponerse a su registro en el Libro ya cuando aparezcan defectos en la solicitud, ya de la misma titularidad afirmada, pudiendo exigir la exhibición de títulos para llevar a cabo su verificación, previamente al reconocimiento de la legitimación del adquirente, exhibición a la que se refiere el artículo 56.2 de la LSA para el caso de transmisión por endoso, con la finalidad de que los administradores comprueben la regularidad de la cadena de aquellos, y con carácter general el artículo 58 del mismo texto legal. El cuidado en el ejercicio de estas facultades de comprobación a fin de proceder a la inscripción, que compete a los órganos de administración de la sociedad, como afirma el propio Tribunal Supremo en la Sentencia antes expresada, ha de ser máximo, pues la eventual revocación de la decisión tomada podría conllevar la nulidad de los actos viciados por la misma; y aun cuando no gocen de facultades de calificación, su decisión sobre la regularidad aparente o no de las transmisiones casi llega a alcanzar aquella categoría, si bien no alcanza al análisis de la validez o nulidad, eficacia o ineficacia de los negocios jurídicos subyacentes a los endosos, debiendo los administradores limitarse a comprobar la regularidad en la cadena de endosos, regularidad cuyo efecto legitimador basado en la posesión material del título ha de vincularse, además, a la existencia de una regularidad formal que se concreta en la sucesión ininterrumpida de la cadena de endosos, lo que, contrariamente a lo que al respecto razona la juzgadora de instancia, no puede concluirse en el supuesto litigioso, ya que no resulta acreditada esa regularidad a la vista de las pruebas practicadas. En la demanda se afirmaba, y es lo que consta en los títulos, que Giger &amp; Partner, A.G., que fue la suscriptora de los títulos, los transmitió por endoso a Dr. Raaz KG el día 5 de mayo de 2002, y que, a su vez, Dr. Raaz KG los transmitió, mediante endoso, a Atalaya Villas, Sociedad Anónima el 4 de marzo de 2003, si bien de la prueba practicada en autos resulta que entre ambos endosos D. Juan María recibió las 50 acciones por parte de Giger &amp; Partner, A.G. a modo de endoso en blanco para que las custodiara como apoderado de la sociedad Hollstone Investment, S. A., resultando de su testimonio que, aunque no tenía poder de representación de Giger &amp; Partner, A.G. para transmitir las acciones, sí tenía autorización para entregarlas a Hollstone Investment, S. A., y que fueron transmitidas a Dr. Raaz KG en 5 de mayo de 2002, aunque reconoció haber dimitido de su cargo en Hollstone Investment, S. A. el día 2 de marzo de 2005, de donde resulta que, ciertamente, existió una transmisión intermedia que se califica como de endoso en blanco a favor de Hollstone Investment, S. A., que sin embargo no figura en los títulos con firma del endosante como exige el artículo 16 de la Ley Cambiaria y del Cheque. Basta el mero examen de los títulos para comprobar que solo constan dos endosos, pero sin constancia alguna de endoso en blanco, para cuya validez el artículo 16 LCCh exige la firma del endosante, que aquí no consta. La cuestión no puede ser resuelta al amparo del artículo 19 de la LCCh, no solo porque no se ha acreditado una serie no interrumpida en los endosos, como exige el precepto en cuestión, sino porque, además, la buena fe que la juzgadora de instancia estima respecto de Dr. Raaz KG es más que cuestionable desde el punto y hora en que consta acreditado en los autos que el legal representante de Dr. Raaz KG conocía que el Sr. Juan María podía carecer de poder de representación de Giger &amp; Partner, A.G. y que había dimitido de su función con Hollstone Investment, S. A., antes de la transmisión de las acciones a favor de Dr. Raaz KG (documentos 4-4 bis de la contestación a la demanda de Atalaya Golf y documento 2 bis). En definitiva, al no haberse acreditado la regularidad en la cadena de endosos exigida por el artículo 56, y con independencia de la validez o nulidad, eficacia o ineficacia, de los negocios jurídicos de transmisión, no cabe estimar la pretensión de inscripción en el libro de acciones nominativas de la entidad Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A., deducida por Atalaya Villas, S. A. y Dr. Razz KG, por lo que la conclusión a la que se ha de llegar es, a la procedente desestimación de la demanda, y con ello, en definitiva, a la estimación de los recursos, y consecuentemente, a la revocación de la resolución recurrida.
Cuarto.—La revocación de la Sentencia de instancia impone el cambio de pronunciamiento en cuanto a las costas devengadas en la instancia, que por imperativo del artículo 394 LEC han de ser impuestas a las actoras, y por lo que respecta a las de la alzada, estimado, en parte el recurso de apelación formulado por Hollstone Investment, S. A. y, en su integridad, el formulado por Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. y Giger &amp; Partner, A.G., conforme al artículo 398.2 de la LEC, no se hace especial imposición de las mismas.
Estimar en parte el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Hollstone Investment, S. A y en su integridad el formulado por la representación procesal de Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A. y Giger &amp; Partner, A.G., ambos frente a la Sentencia dictada por la Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Estepona, en los autos de Juicio Ordinario N.º 345/04, a que este rollo se refiere, y, en su virtud, debemos revocar y revocamos íntegramente dicha resolución y en su lugar desestimamos la demanda formulada por las entidades Atalaya Villas, S. A. y Dr. Raaz KG, absolviéndose a las demandadas Atalaya Golf y Country Club Internacional, S. A, Hollstone Investment, S. A. y Giger &amp; Partner, A.G. de las pretensiones formuladas en la misma, con imposición, a la parte actora, de las costas devengadas en la instancia, no haciéndose especial imposición, a ninguno de los litigantes, de las devengadas en esta alzada.

References: e contrario
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 artículo 24
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 56
 artículo 55
 artículo 56
 artículo 56
 artículo 58
 artículo 16
 artículo 16
 artículo 19
 artículo 56
 resolución 
 artículo 394
 artículo 398
 resolución