Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as2018101044-A.html
Timestamp: 2020-06-04 11:03:41+00:00

Document:
AUTO SUPREMO Nº 1044 A /2018
Sucre, 07 de diciembre de 2018
Expediente : Cochabamba 65/2018
Parte Acusadora : Emiliana Rojas Veizaga
Parte Imputada : Alicia Verduguez Torrico y otros
Por memorial presentado el 12 de septiembre de 2018, Alicia Verduguez Torrico, de fs. 2423 a 2425 vta., opone Excepción de Extinción de la Acción Penal por Prescripción, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y Emiliana Rojas Veizaga, representada por Ángel Salazar Calustro contra Margarita Rojas Veizaga, Gil Arévalo Ortuño, Gregorio Castellón Blanco, Cristina Margarita Rojas de Santiesteban y la excepcionista, por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado, Estelionato y Anticipación o Prolongación de Funciones, previstos y sancionados por los arts. 200, 203, 337 y 163 del Código Penal (CP), respectivamente.
ARGUMENTOS DE LA EXCEPCIÓN DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN
Rememorando la interposición de su recurso de casación ante este Tribunal y la cita de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S de 26 de octubre, la excepcionista señala lo siguiente:
1) La relación fáctica del ilícito acusado, tiene como fecha de comisión el 17 de septiembre de 2009, momento en el cual Margarita Rojas Veizaga, hubiere procedido a realizar las minutas de transferencia a favor de Andrés Claure, Celestina Veizaga, Crecencio Claure y Alicia Rojas, exteriorizándose la conducta delictiva en su persona al realizar y colaborar supuestamente en la realización dolosa de los documentos de transferencia.
2) Tanto en la acusación pública como en la particular, presentadas el 8 y 14 de noviembre de 2011 respectivamente, se la acusa por la comisión del delito de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato; sin embargo, por Auto de Vista de 16 de noviembre de 2012 emitido dentro de la presente causa (fs. 1080 a 1084), se admitió la excepción de extinción de la acción penal por prescripción por los delitos de Falsedad Material, Falsedad Ideológica y Falsificación de Documento Privado. Posteriormente –indica-, mediante Auto de 11 de noviembre de 2013 (fs. 1471 a 1788) se determinó la prescripción de la acción penal por el delito de Uso de Instrumento Falsificado; aspectos por los que señala, la causa que se sigue en su contra, es por el delito de Estelionato.
3) El tipo penal de Estelionato por el cual se la acusa, tiene la característica de instantáneo, según la doctrina contenida en el Auto Supremo 51 de 29 de enero de 2008 y la jurisprudencia prevista por la Sentencia Constitucional 0101/2006 de 25 de enero
4) En cuanto a la interrupción del término de la prescripción, acompaña certificado de registro judicial de antecedentes penales (Rejap) de 27 de agosto de 2018, en el cual se registra que no fue declarada rebelde; asimismo, en cuanto a la suspensión del término de la prescripción, aduce que de la prueba adjunta, consistente en Rejap y las fotocopias legalizadas de toda la etapa preparatoria, se evidencia que en el caso presente no se procedió a suspender el término de la prescripción.
5) Concluye que el plazo de la prescripción por el delito endilgado es de 5 años, encontrándose el término señalado abundantemente vencido al haber transcurrido desde la media noche de la comisión del ilícito -17 de septiembre de 2009-, 8 años y 11 meses.
Mediante providencia de 2 de octubre de 2018, conforme a lo dispuesto por el art. 314 del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 8 de la Ley 586 de 30 de octubre de 2014, el Ministerio Público fue notificado con la excepción interpuesta, presentando su respuesta el 5 del mismo mes y año; es decir, dentro de los tres días hábiles que le otorga la ley, conforme al siguiente detalle:
a) Citando doctrina contenida en el Auto Supremo 353/2016, refiere el representante de la Fiscalía General del Estado, que la excepcionista no adjuntó prueba alguna, ni mencionó las fojas del cuaderno procesal que corroboren que no fue declarada rebelde o que no se hubiere suspendido el término de la prescripción, incumpliendo con la carga de la prueba establecida mediante Auto Supremo 750/2016 de 28 de septiembre.
b) Indica también que en el caso presente, la excepcionista cometió varios retrasos, no asistiendo a varias audiencias, solicitando suspensión y nuevas fechas para audiencia; asimismo, la excepcionista no cumplió con las medidas sustitutivas impuestas mediante Auto de 31 de marzo, como tampoco justifica dicho incumplimiento de manera idónea.
c) El argumento de que en el caso presente se sobrepasó los 8 años y 11 meses, no es suficiente puesto que no solamente se debe considerar el paso del tiempo como se limitó la excepcionista; no siendo suficiente acompañar copias de la etapa preparatoria sin demostrar en cuál de dichos actuados se demuestra la inconcurrencia de las causales de suspensión. Además de ello, no se menciona nada respecto a las demás etapas del proceso; y por ende, no se pude realizar valoración alguna respecto a la pretensión de la excepcionista conforme los alcances de la Sentencia Constitucional 0051/2010 de 12 de julio.
III. ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LA EXCEPCIÓN OPUESTAS
Interpuesta la Excepción de Prescripción, corresponde a este Tribunal resolver el planteamiento de la imputada a través de una Resolución fundada conforme las previsiones del art. 124 del CPP.
En el caso de autos, se advierte que como emergencia de la formulación del recurso de casación por parte de los propios excepcionistas en contra del Auto de Vista de 14 de mayo de 2018, la causa se encuentra radicada ante esta Sala Penal, de modo que en observancia del entendimiento jurisprudencial glosado, tiene competencia para resolver la excepción opuesta.
El Código de Procedimiento Penal, señala de forma expresa que de conformidad a los arts. 308 inc. 4) en relación al 27 inc. 8) del CPP, concordante con el art. 29 incs. 1) y 3) de dicha ley: “La acción penal prescribe: 1) En ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad, cuyo máximo legal sea de seis o más de seis años; 2) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad, cuyo máximo legal sea menor de seis y mayor de dos años; 3) En tres años, para los demás delitos sancionados con pena privativas de libertad; y, 4) En dos años para los delitos sancionados con penas no privativas de libertad”, disposición legal concordante y complementada por el art. 101 del CP (derogado por la disposición final sexta del CPP, posteriormente incorporada por el art. 14 de la Ley 2033 de 29 de octubre de 1999) que en su apartado segundo señala: “En los delitos sancionados con pena indeterminada, el Juez tomará siempre en cuenta el máximum de la pena señalada”.
La prescripción se computa desde la media noche del día en que se cometió el delito o cesó su consumación y no se interrumpe por el inicio de la acción penal; ya que, esa interpretación vulneraría el principio de inocencia que favorece a todo imputado y la jurisprudencia vigente con relación a esta temática.
Sobre el cómputo de la prescripción, se debe tomar en cuenta lo establecido en el art. 29 del CPP, que determina los plazos para la prescripción de la acción penal, atendiendo al máximo legal de la pena privativa de libertad (presidio o reclusión) prevista para los distintos tipos penales establecidos en el CP. Los términos señalados en esa norma, de acuerdo al art. 30 del CPP, empiezan a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito o en que cesó su consumación y pueden interrumpirse por la declaratoria de rebeldía del imputado conforme lo prevé el art. 31 del CPP y suspenderse en los siguientes casos previstos en el art. 32 del CPP:
Ahora bien, de acuerdo a la norma procesal vigente, sólo esas causales suspenden la prescripción; en consecuencia, fuera de ellas la prescripción continúa corriendo; independientemente de que se hubiera iniciado o no la acción penal correspondiente, lo que sin duda marca una clara diferencia con la anterior normativa sobre el particular, que en el art. 102 del CP, establecía que la prescripción se interrumpía con el inicio de la instrucción penal y se la computaba nuevamente desde la última actuación que ésta registrara.
Efectivamente, el anterior sistema procesal, permitía la prolongación indefinida de los procesos y el sometimiento del imputado a la exclusiva voluntad del Ministerio Público y/o del querellante, quienes de manera arbitraria podían hacer abandono del proceso penal y reactivarlo después de mucho tiempo, sólo con la finalidad de evitar la prescripción, lo que determinaba la constante zozobra del imputado y la vulneración de sus derechos y garantías, fundamentalmente del derecho a la seguridad jurídica.
El vigente Código de Procedimiento Penal, conforme se tiene dicho, cambió radicalmente el sistema anterior; puesto que, ya no establece entre sus causales de interrupción o prescripción de la acción penal, el inicio de la acción penal; consecuentemente, es posible interponer esta excepción en cualquier momento del proceso, conforme ha quedado establecido en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional contenida en la Sentencia Constitucional 1510/2002-R de 9 de diciembre, que de manera expresa determinó que la denuncia no constituye causal de interrupción o suspensión de la prescripción, al no estar contemplada en los arts. 29 y 31 del CPP; entendimiento que fue reiterado en la Sentencia Constitucional 0187/2004-R de 9 de febrero, en la que se determinó que: “…para la interrupción o suspensión de la prescripción, necesariamente tienen que presentarse uno de los supuestos descritos, entre los que no se encuentra el inicio de la acción penal, debiendo contarse el plazo desde el día en que supuestamente se consumó el delito, sin interrupción”. En similar sentido se ha pronunciado la SC 0101/2006-R de 25 de enero.
Debe agregarse, que el art. 314 del CPP, establece que las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, estableciendo como carga procesal para quien las oponga a ofrecer prueba idónea y pertinente, lo que implica que no será suficiente el planteamiento de la excepción, sino el ofrecimiento de prueba destinada a acreditar los argumentos o fundamentos en los que se base la pretensión, se entiende encaminada a demostrar que la excepción resulta fundada; en ese entendido, este Tribunal mediante Auto Supremo 554/2016 de 15 de julio, estableció que el imputado tiene el deber de acreditar que durante toda la causa no fue declarado rebelde y de exponer fundadamente de qué modo no concurren las causales de suspensión del término en cuestión, demostrando en su caso objetivamente dicho extremo en función a los pertinentes antecedentes del proceso.
Enfatiza la excepcionista que el delito por el cual se encuentra procesada es únicamente por el previsto en el art. 337 del CP, precisando como fecha de su comisión, el 17 de septiembre de 2009; asimismo, expone la característica de delito instantáneo de Estelionato, para posteriormente señalar que su persona nunca fue declarada rebelde en el presente caso. Adjunta a tal efecto, el certificado de registro judicial de antecedentes penales de 27 de agosto de 2018; por otro lado, indica que durante toda la etapa preparatoria no se dio ninguna de las cuatro causales establecidas en el art. 32 del CPP, concluyendo de manera concreta que en el caso presente no existió ninguna forma de suspensión del término de la prescripción. Finamente, a tiempo de solicitar que la excepción interpuesta se resuelva conforme lo estipulado por la Sentencia Constitucional Plurinacional 1061/2015-S2, indica que hasta la fecha de interposición de la excepción que nos ocupa, han transcurrido 8 años y 11 meses desde la comisión del hecho por el cual se la acusa.
Ahora bien, tomando en cuenta que en el ordenamiento jurídico procesal penal, la prescripción como motivo de extinción de la acción penal, se halla reconocida en el inc. 8) del art. 27 del CPP, siendo regulado el requisito temporal por el art. 29 de la norma adjetiva penal, que por disposición del art. 30 de la misma norma mencionada, inicia a computarse desde: i) La media noche del día en que se cometió el delito; y, ii) Desde la media noche en que cesó su consumación, corresponde para su procedencia, demostrarse por un lado el tiempo transcurrido conforme lo previsto por el art. 29 del CPP, así como la falta de una resolución que ponga fin al proceso, además de la inconcurrencia de las causales de interrupción o suspensión del término de la prescripción conforme las previsiones de los arts. 31 y 32 del CPP.
Entonces, es menester para esta Sala determinar la fecha de comisión del delito acusado a objeto del inicio del cómputo del término de la prescripción; a tal fin, se considera necesario rememorar de manera breve los principales acontecimientos del proceso, así como las conclusiones efectuadas por el Tribunal de mérito, sobre la existencia de los delitos y la participación del imputada.
Es así, que el 10 de noviembre de 2011, el Ministerio Público requirió acusación formal de fs. 9 a 13, en contra de Alicia Verduguez Torrico por la presunta comisión de los delitos de Falsificación de Documento Privado, Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato; asimismo, el 16 de noviembre de 2011, la acusación particular de fs. 16 18 vta., en contra de la citada encausada, versó sobre los mismos ilícitos acusados por la Fiscalía.
Más adelante, mediante Auto de Vista de 16 de noviembre de 2012 de fs. 1080 a 1084, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba admitió la excepción de extinción de la acción penal por prescripción a favor de la ahora exepcionista Alicia Verduguez Torrico respecto a los ilícitos de Falsificación de Documento Privado, dejando expresa constancia que se proseguía la acción penal por los delitos de Uso de Instrumento Falsificado y Estelionato.
Posteriormente, la Sentencia 29 de 14 de noviembre de 2013, a tiempo de resolver las cuestiones incidentales, consignó en su “primer resultando resolución de incidentes” en cuanto a Alicia Verduguez Torrico, probada la excepción de prescripción de la acción penal por el delito de Uso de Instrumento Falsificado, declarándola finalmente en su decisorio, autora y culpable de la comisión del delito de Estelionato en grado de complicidad.
Ahora bien, como se encuentra detallado el hecho ilícito endilgado a Alicia Verduguez Torrico y que dio lugar a una Sentencia condenatoria en su contra, tiene como antecedente la cooperación en la redacción de los documentos de transferencia de 17 de septiembre de 2009, por los cuales Margarita Rojas Veizaga transfiere un terreno que no le pertenecía, siendo este el momento del inicio de la acción penal.
De manera que, conforme lo previsto por la Sentencia Constitucional 0101/2006-R de 25 de enero -que a su vez recuerda las Sentencias Constitucionales 1190/2001-R de 12 de noviembre y 1709/2004-R de 22 de octubre-, el delito de Estelionato por el cual es procesada la imputada, es un delito instantáneo conforme su naturaleza, tal y como refirió la excepcionista a tiempo de fundamentar su pretensión, aspecto por el cual el cómputo para la prescripción de la acción inició a la media noche del 17 de septiembre de 2009, habiendo trascurrido hasta la emisión de la presente Resolución -realizando un simple cálculo aritmético-, más de 9 años, lo cual excede la duración de la acción para delitos cuya pena privativa de libertad son menores de seis y mayores de dos años, como es el caso del tipo penal de Estelionato –uno (1) a cinco (5) años-.
Por otro lado, se evidencia del informe de antecedentes penales de 27 de agosto de 2018, cursante a fs. 660, que la imputada Alicia Verduguez Torrico, no fue declarada Rebelde en el caso de Autos; con lo cual se tiene por acreditado lo fundamentado por la excepcionista respecto a la ininterrupción del término de la prescripción por declaratoria de Rebeldía en su contra, conforme a las previsiones establecidas en el art. 31 del CPP.
Finalmente, de manera concreta la excepcionista señala, que tampoco se dio alguna de las causales contenidas en el art. 32 del CPP; es decir, no existe en actuados ninguna suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena, excepción de prejudicialidad; o, tramitación de ante juicio ante un gobierno extranjero, adjuntando a tal efecto fotocopias legalizadas de toda la etapa preparatoria; fundamentación y prueba que esta Sala Penal considera suficiente, habiendo advertido de la misma, que evidentemente respecto a la excepcionista procesada por el delito de Estelionato -valga la redundancia- no se dispuso la suspensión condición del proceso, no está pendiente ni se ha sustanciado cuestión extrapenal alguna, como tampoco tramitación de ante juicio extranjero, habiéndose explicado además, que el ilícito juzgado es el de Estelionato, motivo por el cual tampoco concurre la causal prevista en el inc. 4) del art. 32 del CPP.
En síntesis, esta Sala Penal advierte de la documentación adjunta como prueba en la excepción motivo de análisis, que la excepcionista cumplió con la carga procesal de fundamentar –aunque de manera concreta- y acreditar que desde el inicio de la causa no fue declarada Rebelde, como tampoco existieron las causales de suspensión previstas por norma; aspectos por los cuales, ante el ofrecimiento de prueba idónea y pertinente que respalda la solicitud de prescripción de la acción penal y la fundamentación del por qué no concurren las causales de suspensión, corresponde declarar fundada la excepción planteada.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida en los arts. 44 in fine y 315 del CPP, RESUELVE declarar FUNDADA la excepción de extinción de la acción penal por Prescripción, opuesta por Alicia Verduguez Torrico, de fs. 2423 a 2425 vta., disponiendo en consecuencia el archivo de obrados y la remisión de actuados al Juzgado de origen.
En cumplimiento de la Sentencia Constitucional 1061/2015-S2 de 26 de octubre, se advierte a las partes que la presente Resolución no es recurrible, debiendo notificarse a los sujetos procesales conforme al art. 163 del CPP.
Secretario de Sala Dr. Cristhian G. Miranda Arando

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