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Timestamp: 2019-04-24 16:57:46+00:00

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Choro Decretos.docx
Transféré par April Robles
Ordenanza Municipal No88-2009-Sta. Cruz-Bolivia_Reglamento Publicidad Exterior
Resumen Derecho Constitucional Sola-Caminos
APELACION SUNASS.docx
Diplomado Mod 4
Procedimientos Administrativos u 2
Decrecho Constitucional 1
EstandaresJuridicos
Derecho Civil Carlos López 174
2013-04-04_ROF MIGRACIONES.pdf
Ley 30260
Clasificación de los actos de la Administración:
Normativoreglamento
ACTOS DE LA
No Normativo
De alcance Particular  ACTO ADMINISTRATIVO
(propiamente dicho)
o Actos de alcance individual o particularproduce efectos jurídicos a personas
determinadas concretamente. Ej. acto admin. Que pone sanción a un empelado
o Actos de alcance general están destinados a una pluralidad indeterminada de
personas. Ej. en un reglamento se establecen requisitos para obtener una beca del
ministerio de educación. 2 subespecies:
o Normativosse insertan en el ordenamiento jurídico, con vocación de
permanencia. Pasan a ser fuente de DA. No se agota con la primera
o No normativono se inserta en el ordenamiento con vocación de
permanencia, se agota en la primer aplicación.
o La diferencia entre uno y oto es la vocación de permanencia.
5.1.- Noción de Reglamento
o Es un acto de alcance particular normativo
o Dictado de manera unilateral por un órgano de la AP que va a crear una norma
jurídica general y obligatoria
o para regular situaciones jurídicas objetivas e impersonales.
o Son fuente autónoma de la AP.
o La dicta la AP, pasa a ser fuente y es vinculante para la AP.
REGLAMENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN = Actos unilaterales que emite el
órgano administrativo creando normas jurídicas generales y obligatorias que regulan
situaciones jurídicas objetivas e impersonales.
Clasificación de los reglamentos:
Diferencias entre reglamento y acto de alcance general no normativo
ACTO DE ALCANCE GENERAL NO
Es FUENTE de derecho administrativo
No es fuente de derecho administrativo
Tiene VOCACIÓN DE PERMANENCIA
Se agota con su primera aplicación
Ej.: pliego de bases y condiciones generales para Ej.: Pliego de bases y condiciones particulares
una licitación pública. Rige para todos los de la para una licitación pública en particular, por
ejemplo para comprar 100 computadoras.
Contratación especifica.
5.2.- Régimen Jurídico. Fundamento y Titularidad de la potestad reglamentaria.
5.3.- La iderogabilidad singular del reglamento
Régimen jurídico de los REGLAMENTOS
1. Son fuente de derecho administrativoConstituyen o integran el ordenamiento
2. Deben ser publicados en el Boletín oficial. Diferente al de alcance particular (se
notifica)
3. No rige el principio de estabilidad puede derogarse en cualquier momento porque
según la CSJN nadie tiene derecho al mantenimiento de un régimen jurídico.
4. En principio NO TIENEN EFECTO RETROACTIVO (se le aplican las mismas
normas que para la ley – art. 3 del CC)
5. Tienen un Régimen especial de Impugnación:
- directamente  a través del RELAMO IMPROPIO (ART. 24 inc. a de la
Ley de procedimientos administrativos). No tengo que esperar 1 acto de aplicación. No
tiene plazo de interposición.
- Indirectamente  a través del RECURSO. Espero que se aplique el acto
individual y cuestiono al general.
Nota = los actos administrativos se impugnan sólo por medio de recurso.
6. El acto de alcance general es jerárquicamente superior al de alcance particular, y
rige el principio de “inderogabilidad singular del reglamento” (mejor llamado por
Comadira como el principio de “INDEROGABILIDAD NO NORMATIVA DEL
REGLAMENTO”) que implica que el acto administrativo no puede en ningún
caso ir en contra de un acto de alcance general (normativo o no normativo), y que a
su vez un acto de alcance general no normativo no puede apartarse de un
reglamento (ni siquiera por una persona de mayor jerarquía).
El fundamento está dado por el Principio de jerarquía (garantía de legalidad) y por
la garantía de igualdad.
(es un principio que la CSJN lo reconoce en el caso “el rincón de los artistas”)
Nota  no todo reglamento es un decreto, ni todo decreto es un reglamento.
o El reglamento (acto de alcance general normativo) puede ser dictado por toda
autoridad que tenga potestad reglamentaria.
o El decreto es la forma en la que el presidente de la nación se pronuncia siempre
(todo acto dictado por el presidente).
o Entonces sólo coinciden decreto y reglamento cuando es el presidente de la
Nación el que dicta un acto de alcance general normativo.
5.4.- Clases de Reglamentos
5.4.1.- REGLAMENTOS EJECUTIVOS O DE EJECUCIÓN.
Noción. Competencia Constitucional. Delegación de la potestad reglamentaria.
Son los dictados por el poder ejecutivo en ejercicio de facultades normativas propias
para facilitar o asegurar la aplicación o ejecución de las leyes llenando o regulando los
detalles necesarios para un mejor cumplimiento de las leyes y sus finalidades.
o Es una atribución propiano necesita una atribución del PL. Si una ley dice “no
reglamentable” es inconstitucional.
o Es la facultad ppalmente del ejecutivo, y solo en forma limitada al JG.
o Otra excepción son los casos de autoridades administrativas independientes por
ejemplo. Entes reguladores
o Fuera de estos casos es necesario una ley que autorice a otros como en materia
impositivaa la dirección general I.
o La reglamentacion de la ley no puede prescribir cargas o obligaciones que por su
naturaleza solo puedan ser dispuestas por ley formal. Principio de reserva legal.
o Las leyes convenio no pueden ser reglamentadas. En esos casos se crea un
organismo jurisdiccional que tiene representacion de las distintas partes y función
o Decreto= reglamento= uno dictado por el presidente y el otro puede emanar de
distintos órganos.
o Decisión administrativa= acto de alcance general o particular dictado por el jefe de
o Resoluciones= anterior pero dictado por ministros y secretarios.
Art.El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 2. Que puede hacer el reglamento de ejcucion? o Puede reglamentar la ley en algunas cosas que no estén definidas. 99. o Formular aclaraciones. . Ej. esta no hace lo mismo (derogar) con el reglamento mientras que este siga siendo compatible con la nueva ley. 2. Límites a los reglamentos ejecutivos: 1. Sólo son para leyes que necesitan un marco para ser ejecutadas (leyes que el propio poder ejecutivo va a ejecutar) 3. Ej.. Principio de ultracatividad del reglamento  si hay una ley que deroga a otra que estaba reglamentada. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación. porque es una facultad propia del Poder Ejecutivo otorgada por la Constitución Nacional.o Disposiciones = pero dictado por subsecretarios. CONCLUSION= AL QUE LE TOCA REGLAMENTAR ES EL QUE TIENE QUE APLICAR. 28: razonabilidad. No requiere autorización Legal. La ultractividad es solo para reglamentos ejecutivos (Radio Suipacha) y siempre y cuando la nueva ley no diga que no se aplica. 4. 5. No puede alterar el espíritu mediante excepciones reglamentarias. Puede reglamentar toda ley? No. y continua su vigencia con la nueva ley ent todo compatible. Art. solo las que de alguna manera tiene que ejecutar. 6. Solo puede reglamentar lo que tiene que ejecutar. cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. CC no salvo registro inmueble. el PE no puede reglamentar el tema de los “amicus curiae” porque no puede reglamentar el CPCCN.
1 de la Constitución Nacional (zona de reserva ejecutiva y potestad propia del PE de dictar reglamentos autónomos): Art. jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. Entonces de la misma manera que el Congreso tiene una zona de reserva legal. Organo competente para dictarlos. de ciertas facultades que corresponden al poder ejecutivo de manera propia.. los 3 poderes dictan este tipo de reglamentos en el marco de sus exclusivas competencias.. Son aquellos reglamentos (normas de alcance general) que dicta el Poder Ejecutivo y en general la administración pública.2. o Derivan del Art. y lo hace en ejercicio de facultades constitucionales propias. o Están dentro de lo que se denomina la “zona de reserva del PE”. o En realidad. 99 inc.5. Algunos la niegan . 1 donde se establece que el PE es el responsable político del país. titular de la adminsitracion general del país. donde aplica e interpreta directamente la Constitución Nacional.REGLAMENTOS AUTÓNOMOS O INDEPENDIENTES Fundamento constitucional. son los que dicta el Poder Ejecutivo aplicando directa e inmediatamente la Constitución Nacional. también se habla de una zona de reserva administrativa.4. Es el jefe supremo de la Nación.El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: 1. El fundamento constitucional de la zona de reserva estaría en el art. es decir. 99 inc. 99. es decir. Requisitos de Validez. sobre materias que pertenecen a su zona de reserva. La zona de reserva ejecutiva no está admitida por todos los autores.
Casani por su parte. REGLAMENTOS DELEGADOS Concepto de Delegación. Excepciones. Gordillo.3. critica la idea de Gordillo porque dice que en el fondo en la idea de quitar la zona de reserva administrativa está la idea russoniana de poder. que sostiene que únicamente en el PL está la volunta general.expresamente.: reglamento que establezca licencias para empleados. entonces dice que el PE sólo podría dictar DNU y decretos delegados.4. entre otros autores. 5. Lo cierto es que en general la mayoría admite la existencia de la zona de reserva administrativa y en la práctica es así. es uno de los que niega enfáticamente que haya una zona de reserva ejecutiva. La Reforma constitucional de 1994. es decir que niegan la facultad del PE de dictar decretos autónomos. o Actos de alcance general normativos o Dictados por el PE o eventualmente por otro órgano de la AP o Sobre materias propias de la competencia del congreso o Con base en la autorizacion previamente acordada por el PL mediante ley formal Situación antes de la Reforma de 1994 (Según la jurisprudencia de la Corte) . Requisitos. Régimen Legal. EJS. pero no los autónomos.
paradigmático es el caso “Cocchia” donde se confunden los conceptos y los términos y se sacan conclusiones que son claramente contrarias a nuestro régimen constitucional de antes y después de la reforma) o La CS confundía los ejecutivos con los reglamentarios. y que no es consecuente con la CN (Ej. Insinceridad jurídica de la CSJN  No era sincera en cuanto al encuadramiento jurídico que le otorgaba a la realidad legislativa y reglamentaria que le tocaba juzgar. (como consecuancia) Se le da un marco conceptual confuso. son: 1. Lo adopta Bianchi 2. Sin embargo. quería convalidar esta realidad. un eufemismo era llamarlos “delegación impropia”). CASOS: Fallo “DELFINO” (1927. o La CS pensaba que la delegación por CN estaba prohibida. o Los ejecutivos son una facultad propia del ejecutivo que es muy distinta a los delegados donde directamente se hace la ley. o El problema= se intenta adapatar el sistema de USA (donde no están los reglamentarios y sin embargo se aceptaba la delegación). 3. Las notas que caracterizan la jurisprudencia de la CSJN sobre los reglamentos delegados (desde el incio hasta el caso “Cocchia”). CSJ) Holding .En la práctica había decretos delegados. o Acude a otros decretos cuando nada tenían que ver. Gelli: “resistencia semantica”. Fuerte resistencia semántica a llamar las cosas por su nombre  no se le daba a las cosas e nombre que les correspondía (Ej.
a los mares. Es un error: 1) de fuentes: se citaba al art. 86. Fundamento: actual 99. y que pretendía encontrar fundamento en una ley (n° 3. 2. 2 con la jurisprudencia de EEUU sin tener en cuenta que este Art. pero la impropia esta permitida. “Delfino” (1927): la delegación propia está prohibida. Sobre materias propias del congreso. Pero. La demanda de inconstitucionalidad se basa en que el Poder Ejecutivo no tenía competencia o no podía válidamente fijar cuál era la conducta reprochable y la sanción a aplicar. por arrojar elementos al río (le ponen una multa de $50).2 se refiere a una atribución constitucional propia del PE y la delegación es una atribución propia del PL Hechos: se trataba de una multa que había sido impuesta por la prefectura general de puertos a un buque en el puerto de buenos aires. 86 inc. 86 inc. Esto fue sostenido por la jurisprudencia posterior (salvo un caso  Mouviel) que acepto la delegación propia siempre y cuando haya bases legislativas de delegación.2) sino de la constitución de Cadis (España) 2) el art.2) Esto implicó sostener que los decretos delegados se fundan en los decretos reglamentarios.445). CSJN:  Se cita el Art. canales y ríos.2 (anterior 86. *acto de alcance general normativo dictado por el PE u otro órgano de la AP..86. Esta ley había puesto en cabeza de la prefectura general de puertos todo el régimen de policía relativo al puerto.2 de forma paralela con la jurisprudencia de EEUU sin tener en cuenta que el articulo no está tomado de la Constitución de EEUU (que incluso no tiene una norma similar al art. en ejercicio de 1 habilitación previa y expresa del congreso por medio de ley formal. . 86. El fundamento para sancionar al buque había sido un reglamento aprobado por el propio poder ejecutivo que disponía cuál era la conducta típica y cuál era la sanción. No fue tomado de la CN de EEUUsino de la constitución de Cadiz España  El congreso no puede transferir una facultad que no le pertenece sino que ya es propia del PE por el Art.
y mucho menos no hay una delegación del PE al PL para reglamentar una ley. El punto de partida o primer principio es que el PL no puede delegar en el PE ni en ningún otro despacho de la administración. (Si bien hasta acá Comadira coincide. Establece el principio general de que está prohibida la delegación legislativa. donde esta facultad no está expresamente prevista en la Constitución”. sostiene que a partir de los siguientes argumento es cuando la Corte comienza a “patinar”)  ¿qué es delegación para la CSJN? Toma una definición de un autor que dice que “delegar es propiamente cuando una autoridad investida de un poder hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ella. como en estado unidos. No hay un poder concurrente entre el Congreso y el Poder Ejecutivo. Para la Corte el poder reglamentario sería concurrente entre el PE y el PL. No estaríamos ante un caso de delegación. 99 inc. 2 la facultad reglamentaria es propia (no delegada) porque surge de la propia Constitución. Delegar para reglar los pormenores y detalles estaría permitido.”(nota = la corte confunde con reglamento ejecutivo) Delegar para hacer la ley está prohibido. pero además sería en función de una delegación del PE al PL. de aquella otra para reglar los pormenores y detalles necesarios para la ejecución de la ley. La CSJN dice que esto que es delegar no está presente en la ley 3. lo hace . Si una ley estableciera que “esta ley no podrá ser reglamentada por el PE” podría llegar a plantearse su inconstitucionalidad)  Finalmente la Corte dice que “aunque el PE ejerza una competencia propia.445. Dice la CSJN: El poder legislativo no puede delegar sus atribuciones ni en el poder legislativo ni en ningún otro despacho de la administración. “aún en aquellos casos.  La Corte sigue argumentando diciendo que “hay que distinguir lo que es la delegación para hacer la ley. (nota = con el art. ninguna de sus atribuciones (es un principio irreprochable según Comadira).
y claramente hay delegación. 2 (art. 86 inc. 2 (actual art.) . y este art. se refiere a ora cuestión. 2) Críticas y Observaciones al caso “Delfino”: En la delegación Impropia (facultad del PE de reglamentar los pormenores y detalles de la ley) NO HAY DELEGACIÓN  porque es una facultad propia del Poder Ejecutivo que surge del art. no encudraría tampoco en el art. 2. En el caso “Delfino” había delegación propiamente dicha (y la Corte la termina admitiendo)  La Corte primero dice que la delegación estaba prohibida. Pero habría como contraposición una delegación impropia (la que sí estaría permitida) cuando el Congreso sólo autoriza a reglar (al PE) los pormenores y detalles de una ley para su aplicación.2) de la Constitución Nacional. y después la admite porque la toma como un acto reglamentario (La Corte arma todo el esquema para convalidar una situación sin querer llamar a las cosas por su nombre y confundiendo todos los conceptos – se ve la falta de sinceridad en el encuadramiento jurídico: dice que encuadra como reglamento ejecutivo o que encuadraría en el art. Hay una resitencia semántica a llamar las cosas por su nombre: dicen que acá no habría delegación. 2. 99 inc. Conclusiones de la Corte en “Delfino”: 1. 86 inc. 2 porque allí se contemplan a los reglamentos ejecutivos. El PE puede reglamentar en la medida que no lo haya hecho el PL (como consecuencia de la concurrencia). 86 inc. 86 inc.condicionado a la extensión del ejercicio que de esa misma atribución haya realizado el PL”. Conclusión: ¿Hay delegación en este caso? sí. La delegación propia como principio no procede. 99 inc. Aunque adhiriésemos a la tesis de la Corte de que se trata de un decreto delegado. Esto ecnuadraría para la Corte en el viejo art.
además. Lo que pasaba era que el Código de Procedimiento criminal establecía que el Jefe de Policía podía dictar edictos en los cuales estableciera cuáles eran las conductas reprochables y las sanciones. 18 CN (ppio de legalidad en penal) o No hay delegación legislativa porque se trata del ejercicio de una facultad reglamentaria del 99 inc. junto con las reglas de procedimiento. que no estuvieran previstas en las leyes en materia de seguridad. Fallo “MOUVIEL” (1957. Hechos: (se declara la inconstitucionalidad de los edictos policiales) La Corte declara la inconstitucionalidad del estatuto de la policía Federal que facultaba al jefe de la Policía Federal a emitir y a aplicar edictos dentro de la competencia que le asignaba a su vez el Código Procesal Criminal para reprimir actos no previstos en las leyes en materia de policía de seguridad y a su vez dictar las normas de procedimiento. o hay una transferencia del ejercicio de la potestad legislativa (caso en el que habría delegación) o no la hay. ¿Hay delegación o no? CSJN: . Habrá después una delegación si se quiere amplia en el sentido de que no tiene ningún límite o habrá una delegación restringida. 2 (critica: puede crear conducta reprochable y sanciones).Distinguir entre delegación propia e impropia es caprichoso: o hay delegación o no la hay. sin distinguir entre propia e impropia. pero en todos los casos siempre hay delegación. CSJ) Holding: o Inconstitucionalidad de los edictos policiales x el Art.
Nota = la solución a la que llega en sí misma la Corte es valiosa. 2 de la CN. 18 de la Constitución Nacional. 18 (principio de legalidad en materia penal). en este caso concreto no se resuelve a favor de la constitucionalidad de la norma invocada (por eso puede decirse que la conclusión es valiosa). porque la Corte dice que:  Empieza a jugar en este caso el art. crear infracciones y fijar las sanciones correspondientes. . Citando a “delfino” dice que “Esta Corte en decisiones anteriores ha declarado la constitucionalidad de los edictos policiales con el fundamento de que no hay delegación de funciones legislativas al conferir al poder administrador o a ciertas reparticiones la facultad de fijar específicas normas de policía. que establece el principio de legalidad en materia penal. 86 inc. En este caso la Corte falla en contra de la constitucionalidad de los edictos policiales. 18 de la CN (pero no como consecuencia del ejercicio de reglamentos delegados que podrían calificarse de incosntitucionales).No hay delegación legislativa porque se trata del ejercicio de una facultad reglamentaria prevista en el art. sino por la violación del art.” La Corte nuevamente está diciendo que se está en el ejercicio de una facultad reglamentaria. al espíritu y letra de la ley reglamentada. Mantiene el esquema argumental que había iniciado en “Delfino” y en este caso de todas formas concluye en contra de la constitucionalidad. por violar el art. sino el ejercicio de facultades reglamentarias que preceptúa el art. Claramente la Corte no quiere encuadrar bien jurídicamente la realidad que le toca juzgar. lo que pasa es que nuevamente se va a valer de elaboraciones jurídicas artificiosas que las podría haber evitado. dentro de los límites establecidos por la misma ley. y que tiene una doble vertiente: ley previa que determine la conducta típica y la sanción correspondiente. conformada es claro. 2 de la CN. y no llama a las cosas por su nombre (no se está reglamentando una ley porque se permite fijar o crear la conducta reprochable y sus sanciones). 86 inc. No obstante. Para la Corte no puede haber una total configuración de delitos y una libre imposición de las penas. no por el régimen de la delegación.
CSJN: Derogar la ley no implica derogar el decreto reglamentario. “Que para declarar la inconstitucionalidad del decreto 130/74 no basta señalar que mantuuvo normas reglamentarias integradoras de la ley 19.C. 2 de la CN. impuso a la razón social Radio Suipacha S. Es necesario examinar además si tales normas son verdaderamente incompatibles o no con el sistema de la nueva ley. derogada por la ley 20. por medio de la resolución 2802.F. CSJ)  ultractividad del decreto Secretaria de comercio impone multa basada en un decreto que reglamentaba 1 ley ya derogada. El decreto 128/73 fue dictado en función de la ley 19. Radio Suipacha impugna por incostitucional el decreto 130/74 sobre la base de que al dictar dicha norma el PE habría excedido la atribución de reglamentar las leyes del art. HECHOS: La Secretaría de Estado de Comercio.I.Hubo varios casos en el medio como “Radio Suipacha” en 1978 Fallo “RADIO SUIPACHA”(1978. derogada por la ley 20.508.508. pues sólo en el primer supuesto se produciría la insubsistencia de las reglamentaciones que .A. a no ser que las normas sean incompatbles.680. y solicita además la aplicación de la ley más benigna por el decreto 29/76. al comprobar en el comercio de su propiedad la falta de carteles indicadores de precio de distintos artículos exhibidos para la venta. una multa por infracción al apartado 1° de LA Resolución 128/73 SCI.680. 86 inc.
por lo que el planteo carece de fundamentación.680 autoriza al PE a dictar normas que rijan la comercialización. CSJ) Holding: o la corte hace distincion. . regulan cuestiones procedimentales de aplicación y ejecución de leyes b.tenían su razón de ser en la antigua. De ejecución adjetiva. De ejecución sustantiva: integran y complementan la ley siguiendo lineamientos establecidos por el Congreso.  “Cocchia” (1993): evolución jurisprudencial. Fallo “COCCHIA” (1993. o Los delegados están prohibidos. Hay tres tipos de decretos: 1) autónomos 2) DNU 3) Ejecutivos (86. Tienen fundamento en el art. o Divide los ejecutivos en: o Adjetivoslos reglamentarios ppiamente dichos o Sustantivosacá hay delegación legislativa. o Critica de comadirahay delegación o no hay. Los decretos delegados no existen.2) a. intermediación y/o producción y. La ley 20. por lo tanto. está dentro de sus facultades establecer la reglamentación pertinente.” En el caso la recurrente no ha demostrado la incompatibilidad.
Dispone que se deroga todo acto normativo en contra (nota = es un decreto con efectos derogatorios) 4. que fundamentalmente dispone cuatro cosas: 1. CSJN: Falla a favor de la Constitucionalidad del decreto 817/92. el PL había facultado al PE a adoptar las medidas necesarias o las decisiones que estubieran dirigidas a materializar las pautas que surgían de este proceso de tranformación.DNU 2284/91  conocido como el “decreto de desregulación” También invoca un proceso de transformación que había encarado el PL por el cual. Se buscó entonces sanear los errores de la jurisprudencia anterior.Convoca a las partes a una negociación colectiva El PE como fundamento para dictar este decreto invoca un conjunto de leyes: ..Suspende diversos Convenios Colectivos de Trabajo 2.2 y no son delegados sino de ejecución. .696  es la ley de reformadel Estado ..697  es la continuación de la ley de reforma del Estado . HECHOS: El PE dicta el decreto 817/92.Ley 23. servicios.. Entre estas pautas también invoca el Tratado de Asunción para la libre circulación de bienes.86.Fija algunas pautas para el régimen laboral de los actores (Sindicato de encargados y apuntadores marítimos) 3. y factores productivos.ley 23.. sostiene el PE.
.DELEGADOS  Son incostitucionales porque no está permitida la delegación en nuestro sistema constitucional. la estructura y sistematiza. Establecen normas de procedimiento requeridas para la adecuada aplicación de la ley por parte de la administración pública.. pero hay un bloque de legalidad y el decreto encuadra ese bloque de legalidad.2. (Nota = podría decirse que es lo que dice el actual art...1. 76 de la CN) Evidentemente no estaba delegado en forma expresa. 86 inc.Hay un “BLOQUE DE LEGALIDAD” que define una clara política legislativa.1 (la Corte los admite expresamente) 3. 86 inc. pero remite su aplicación concreta al juicio de oportunidad temporal o conveniencia de contenido al PE. (son adjetivas porque establecen normas de procedimiento) 3.SUSTANTIVOS  Son aquellos en los cuales el legislador define la materia que quiere regular. 2. y el decreto es una implementación de esa política. y a su vez la Corte los clasifica en dos (y los define): 3.EJECUTIVOS  Son los previstos en el art. 2. . aunque haya un bloque de legalidad ¿hay delegación o no hay delegación en este caso?  La Corte dice que tenemos en principio tres tipos de decretos: 1..AUTÓNOMOS  Son los que surgen del art.ADJETIVOS  Son aquellos necesarios cuando la ley requiera de alguna actividad del PE para su vigencia.
86 inc. la estructura y su sistematización por el legilador estaría dado por el bloque de legalidad al que alude la Corte. con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. Introduce el art. y por lo tanto es constitucional. En el caso la definición de la materia. salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. Crítica: ¿En el ejercicio del 817/92 había una delegación?  sí por lo que sería un decreto delegado. Es un marco confuso y no concordante con nuestro régimen constitucional. 2 de la CN. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. 76. 76 de la Constitución Nacional Art.. Reforma Constitucional de 1994  Constitucionaliza la delegación impropia o decretos ejecutivos sustantivos pero encuadrandolo como atribución del PL y no del PE.Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Nuevamente se observa la falta de sinceridad jurídica y resistencia semántica de la Corte al no querer llamar las cosas por su nombre.La Corte encuadró al decreto 817/92 como reglamento ejecutivo sustantivo. porque si concluye que es delegado sería incostitucional (hay una delegación evidente porque hay una transferencia para hacer la ley). contemplado en el art. ¿Qué establece? .
entes impositivos y aduaneros. Quedan incluidos en el presente inciso.Dos excepciones al principio general prohibitivo: 2. Ejemplo: crear un ente regulador.. se considerarán materias determinadas de administración. b) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de las normas para su organización y . Ejemplos: crear bancos oficiales y universidades. organizar y fijar sus atribuciones. Función materialmente administrativa que la CN le otorgó expresamente al PL..1. en estas materias podría haber delegación. entes educacionales de instrucción general y universitaria...Materias determinadas de administración  en líneas generales se incluyen dos conceptos: a.1. Entonces.En primer lugar establece el Principio general prohibitivo en materia de delegación legislativa  está en la misma línea que los DNU en el art.548 ARTICULO 2º — A los efectos de esta ley. “Se prohibe la delegación legislativa en el PE” 2. 99 inc. los bancos oficiales. el correo. regulacion de las contrataciones del estado. b. si la AFIP clausura un comercio. organización y atribuciones de entidades autárquicas institucionales y toda otra entidad que por disposición constitucional le competa al Poder Legislativo crear. 3. pero que sin embargo para su aplicación requieren de una ley formal porque afectaría derechos subjetivos (toda aplicación de derechos debe tener siempre fundamento legal). aquellas que se vinculen con: a) La creación. Materias de administración fue definido por el legisladir en el año 1999 en la ley 25.148 Ley 25. Función administrativa que está en cabeza del PE. así como las entidades vinculadas con el transporte y la colonización.
BADENI: Es lo mismo que en los DNU en el caso “Peralta”.2.“Materias” de EMERGENCIA PÚBLICA  En primer lugar la emergencia pública no es una materia sino una SITUACIÓN (así también lo dice el legislador en la ley 25. . a cargo del control y fiscalización de la ejecución del régimen de coparticipación federal. organización y atribuciones de un organismo fiscal federal. en lo que compete al Congreso de la Nación. El legislador se referiría a la administración especial como susceptible de delegación en el PE por tratarse de una materia de él. partidos políticos y electoral. Crítica: o No esta expresamente prohibido. que se relacione con la administración del país. c) La organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios. 1° habla de materias de administración y “ituaciones de emergencia pública”). porque la CN en circunstancias especiales atribuye administración al Congreso.. tributaria. El legislador sigue un poco la línea de Marienhoff que distinguía entre la administración general del país y la administración especial.548 cuando en el art. e) La legislación en materia de servicios públicos.gobierno. ¿Qué es lo que debe entenderse por emergencia? o GORDILLO. En esta postura no pdoria haber una delegación en materia: penal. f) Toda otra materia asignada por la Constitución Nacional al Poder Legislativo. o No se presume la inconsecuencia del legislador y mucho menos el error del constituyente. Y dice que no toda la administración general del país está en cabeza del PE. d) La creación. 2. o Si el constituyente quiso prohibir lo hubiese prohibido como lo hizo con los DNU. GELLI.
” (concepto clásico de emergencia) Nota  No hay ningún caso de Corte donde se hay dicho cuál postura se toma. . o No hay razones para traslador las excepciones en bloque de los DNU a los delegados. salvo penal y tributaria si aplicamos ultractivamente la jurisprudencia de la corte que la prohíbe en estos casos. “situación de grave riesgo o crisis social que debe ser pública y notoria. o Podría discutirse en materia penal y tributaria porque podriamos aplicar la jurisprudencia de la corte antes de la reforma que la negaba en materia penal en el caso MOUVIEL. 76 dice PEsolo presidente  Algunos dicen solo presidente  También JG en materia presupuestaria  También entes reguladores con fundamento en el Art. o En ppio podría haber delegados en esas materias. En la práctica hay numerosas delegaciones en materia tributaria. 42 y no 76 (gordillo)  Comadira: o Presidente o Jgatribución Art. 100 o Entes descentralizados creados por congreso. Sujeto delegadoa favor de quien se delega?  Art.COMADIRA: o Podría haber delegaciones en materia electoral y régimen de partidos políticos.
La ley delgante debe establecer las bases de la delegación o el PL tiene que establecer un estándar o las pautas o bases a las cuales deberán ajustarse los decretos delegados que dicte el PE.. o El ejecutivo a partir de ese momento no va a poder ejercer mas la función delegada. o Estándar intelegible o bloque de legalidad o Requisito de Coccia. Nota = perece el plazo y perece la competencia del PE para dictar esos decretos delegados (sería un caso de reglamento nulo de nulidad absoluta por un vicio en la competencia en razón del tiempo). es decir. . lo que tiene plazo para el ejercicio es la norma delegante (norma que delega facultades en el PE).. No va a poder ejercer mas la función delegada.3. sin que influya en ello el cumplimiento del tiempo previsto en la ley delegante para el ejercicio de la delegación.Dentro del plazo fijado para su ejercicio  o la norma delegante dictada por el PL debe establecer el plazo dentro del cual el PE podrá ejercer la delegación. 5. (nota = un decreto delegado tiene la misma jerarquía que uan ley) 4. no importará la revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.. pero los que ya se dictaron en ejercicio de esa facultad continúan vigentes hasta que no sean derogados.La caducidad resultante del transcurso previsto del plazo. o El hecho de que caduque el plazo para poder dictar los decretos delegados no implica que se van a revisar las relaciones jurídicas que nacieron al amparo de la delegación (normas delegadas que se hayan dictado). o Las normas que se dictaron en ejercicio de la delegación (durante el plazo que se tenía competencia) van a continuar con su vigencia (hasta que se derogue) incluso después de vencido el plazo de la delegación porque es un decreto delegado con rango de ley (hubiese sido lo mismo que si lo hubiese dictado el PL en ejercicio de sus funciones).
o El vencimiento no va a tener repercusion en las relaciones nacidas como
consecuencia de la legislacion delegante.
¿Puede el PE subdelegar una facultad que le haya delegado el PL?
Antes reformacaso veronica se admite la subdelegacion si esta prevista por ley delegante.
Hoy 2 posturas:
1. Noporque el Art. 76 dice PE solo
2. Sigue a veronica.
Según la CSJN  La subdelegación es viable en la medida que esté expresamente
autorizado por la ley delgante. Es decir que el PE podrá delegar en un ministro una facultad
delegada en la medida que la ley delegante aprobada por el Congreso así lo prevea.
Es el mismo que se le aplicas a los DNU. Regulado por la 26.122. una vez dictado el
decreto delegado con el refrendo general del jefe de gabinete, tiene 10 días para reenviarlo
a la comisión bicameral permanente. La comisión va a dictaminar sobre la validez o
invalidez del decreto delegado. Esto va a suponer 4 cosas:
1. la comisión tiene que pronunciarse sobre la procedencia formal.
2. debe evaluar la adecuación del decreto a la materia. que se trate de materia
administrativa o bien una situación de emergencia según la ley delegante.
3. evaluar si hay adecuación del decreto a las bases, es decir si no hubo exceso del
ejecutivo en cuanto a la delegación.
4. evaluar que el decreto haya sido dictado dentro del plazo de la delegación.
El PE no va a poder reglamentar las bases de la delegación.
6.- Los decretos delegados deben ser refrendados por el Jefe de gabinete (art. 100 inc. 12)
¿Esto prohíbe la posibilidad de la subdelegación?
Hay algunos autores que dicen que el requisito de los decretos delegados de que deben ser
refrendados por el jefe de gabinete implica la prohibición de la subdelegación porque no
podrían ser objeto de refrendo por parte del Jefe de Gabinete (dicen que si lo subdelegan en
el jefe de gabinete éste no lo podría refrendar y tampoco tendría sentido que refrende una
delegación en los ministros).
Frente a este argumento lo que dice Comadira es que el refrendo del jefe de gabinete es un
requisito pero únicamente cuando provenga del PE (Presidente). No se está prohibiendo la
subdelegación, sino que en esos casos no habrá refrendo del Jefe de Gabinete, porque es un
requisito exigible únicamente cuando el que dicta el decreto delegado es el Presidente. Si se
subdelega el refrendo no será necesario.
¿Deben someterse a la Comisión Bicameral Permanente los decretos delegados dictados
por subdelegación por los ministros?
Una vez que se tiene la resolución dictada en ejercicio de una subdelegación hecha por el
PE debe seguirse el procedimiento normal de someterlo al Congreso (Comisión Bicameral
Permanente), porque sino además el PE subdelegaría siempre para evitar el control del
Congreso (no está expresamente previsto por la CN)
nota es lo que pasó con la resoluión 125 (debería haber sido sometido al control de la
Comisión Bicameral Permanente)
la subdelegacion no esta contemplada en la ley 26.122 por lo que se podría saltear el
control del PLpara comadira no!
¿Puede el PL delegar en el PJ?
NO! El PJ sólo podría reglamentar leyes que él debe directamente ejecutar, como por el
ejemplo el instituto del “amigo del tribunal”, el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, el Código Procesal Penal de la Nación; pero no se trataría de una verdadera
delegación porque se trata de una función propia.
Nota  El PE únicamente podría reglamentar aquellas leyes que él mismo va a ejecutar
(Ej.: en el Código Civil puede reglamentar el registro de la propiedad inmueble porque
interviene en su ejecución)
Fallo “SELCRO S.A. c. JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS” (2003, CSJ)
 prohibida delegación en materia tributaria por ser una zona de reserva legal.
 Según Lagarde es muy ambiguo.
Selcro S.A. entabla una acción de amparo para que se declare la inconstitucionalidad del
segundo párrafo del art. 59 de la ley 25.237 que delegaba en el PEN la facultad deestablecer
valores para determinar las tasas a percibir por la IGJ, y del art. 4° de la decisión
administrativa n° 55/00 de la Jefatura de Gabinete de ministros, que modificó las escalas
fijadas a tal fin por el decreto 67/96, ratificado por el aludido art. 59. (La CSJN hace lugar a
la demanda)
CSJN:
 La tasa que es una categoría tributaria se rige por el principio contitucional de reserva
de ley o legalidad.
 “Ni un decreto del PE ni una decisión del Jefe de gabinete de Ministros puede crear
válidamente una carga tributaria ni definidr ni modificar, sin susteneto legal, los
elementos esenciales del tributo.”
 “Al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente del Congreso, resulta inválida la
delegación legislativa efectuada por el segudno párrafo del art. 59 de la ley 25.237, en
tanto autoriza al jefe de gabinete de ministros a fijar valores o escalas para determinar
el importe de las tasas sin fijar al respecto límite o pauta alguna ni una clara política
legislativa para el ejercicio de tal atribución”
 “Los aspectos sustanciales del derecho tributario no tienen cabida en las materias
respecto de las cuales la CN (art. 76), autoriza, como excepción y bajo determinadas
condiciones, la delegación legislativa en el PE”.
Fallo“Federación de Empresarios de Combustibles de la República Argentina y otros v. que van desde la baja de los registros. 14 delega en la Secretaría de Energía de la Nación la facultad de tipificar las infracciones y establecer el régimen de sanciones correspondientes. clausura. Por otra parte. o multas. 4°. Asimismo. El decreto 1212/89 fue dictado en el marco de apetura de la economía nacional. permite la libre instalación de bocas de expendio. a fin de desregular el sector de hidrocarburos a través del principio de libre disponibilidad del petróleo crudo y sus derivados y el estblecimiento de reglas que privilegien los mecanismos de mercado para la fijación de precios. según la magnitud.  Cslas leyes que autorizaban la delegación no admitian expresamente la subdelegacion. tipifica una serie de conductas que serpan consideradas como faltas muy graves. graves y leves por incumplimiento de la reglamentación vigente en materia de seguridad y/o medio ambiente. Hechos: La Federación de Empresarios de Combustible dedujeron amparo para que se declare la ilegitimidad de la resolución 79/99 de la Secretaría de Energía de la Nación y del decreto 1212/89 “en lo pertinente”. de seguridad y económicas y el art. etc. En virtud de esto último. (…) y establece sanciones que corresponden a cada una. asignación de cantidades. quienes deben inscribirse en el Registro de Bocas de Expendio de Combustibles líquidos (…). Procurador y CSJN: . Secretaría de energía” (2005.esta dicta resoluciónestableciendo obligacion y conductas + sanción. sujeta al cumplimiento de ciertas normas técnicas. la Resolución 79/99 establece una serie de obligaciones a cumplir por los sujetos mencionados en su art. CSJ)  federacion plantea acción de amparadecreto PEN que delegaba (subdelegaba) facultades en materia de regulacion de hidrocarburos a la secretaria de energia.
Legislación Delegada Preexistente a la Reforma  La que tiene plazo es la delegante (la que se ejerce)su resultado es la legislacion delegadano caduca sigue teniendo vigencia hasta que se lo derogue por otra norma. sin una delegación expresa de la ley. toda vez que la imposición de tales medidas requiere la configuración de supuestos previstos. por el legislador. excepto aquella que el Congreso de la Nación ratifique expresamente por una nueva ley (corresponde al art.696 que menciona como antecedente surge que el objetivo del legislador ha sido impulsar un programa de privatizaciones tendientes a superar la grave crisis financiera del Estado. atribuya facultades a la Secretaría de Energía para aplicar sanciones por infracción a normas de policía.  Esta exigencia no puede considerarse cumplida con el simple argumento de que el decreto 1212/89 es un reglamento delegado. MAL!! La que caduca es la Legislación “DELEGANTE”la que dicta el congreso para que el PE actue.  Se requiere ley previa en cualquier hipótesis de delegación legilativa. pues en los términos de la ley 23. . 76). dicha ley es notoriamente insuficiente para habilitarlo a subdelegar en otro organismo de inferior jerarquía el dictado de dicposiciones como las que contiene la Resolución n° 79/99. auqnue fuere de modo genérico. disposición transitoria octava: La legislación delegada preexistente que no contenga plazo establecido para su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia de esta disposición. La que tiene plazo para su ejercicio o no es la norma delegante (no la delegada). circunstancia que se ninguna manera se ve favorecida por la ratificación ulterior del Congreso Nacional. No es constitucionalmente válido que el PE. y auqnue a tal efecto ha otorgado amplias facultades al PE.
Para Comadira no podría haber prorrogado toda la delegante independientemente de la materia (distintas de la administración o situaciones administrativas) porque no podría sostenerse hoy que existen dos tipos de legislaciones: una previa a la reforma de 1994 que no debe cumplir con los requisitos del art. “aquellas que se vinculen con: COPIAR ARTICULO 2 . 3) 3. ARTICULO 1º — Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder Legislativo. 1) cuyo objeto no se hubiese cumplido y sobre las materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. ¿Podría haber sido por temas distintos?  Largade= si. 148 especifica que se entiende por materias determinadas de adm en el artículo 2. Importante= habla de situacions de emergencia y no mas de materias de emergencia. que podría no haber estado. El Poder Ejecutivo Nacional ejercerá su atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100 inciso 12 de la Carta Magna. 76 y otra posterior a la reforma que debe ajustarse a estos requisitos.148 1. emitidas con anterioridad a la reforma constitucional de 1994.El constituyente estableció un plazo de 5 años porque previó que era un plazo razonable para que el Congreso analizara todas las leyes que contenían una delegación legislativa. cuyo objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento. Se llego a 1999 sin que el Congreso revisara todo y por eso se tomó esta solución de “emergencia o apuro”. Otros autores opinan que sí (por ejemplo Canda) porque sostienen que el art. . Porque el problema es que no hay un cuerpo único que contenga todas las leyes delegantes. . 1 es una autolimitación del legislador. Ratificó la legislación delegada hasta el momento (art. La ley 25. Corrige el error de la disposición octava 2. la totalidad de la delegación legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública. comadira=no. por el plazo de tres años y con arreglo a las bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo. ratifícase en el Poder Ejecutivo.1999  LEY 25. Prorrogó la legilación delegante por 3 años (art.
135 - Prorroga la legilación delegante por 3 años (2009) - Ratifica la delegada de 2004 a 2006. Creación de organismo fiscal federal Que su objeto no se hubiese agotado. ARTICULO 3º — Apruébase la totalidad de la legislación delegada. 2004  LEY 25. 2. 3. Fijación de FFAA y dictado de normas para su organización y gobierno.918 . dictada al amparo de la legislación delegante preexistente a la reforma constitucional de 1994. - se crea comisión bicameral permanente. .1. 2001: o Prorrogo en los mismo termonos la legislacion delegante por 3 años o ratifico la totalidad de la legislacion delegada que se dicto durante el periodo 19992001. Fijación de gabinete y ministerios 4.Ratificó la legilación delegada dictada entre el 2001 y el 2004 . Creación de entidades autarquicas (la que correspondencia al ejecutivo y al legislativo). esto corresponde al congreso.Prorrogó la legilación delegante por 2 años 2006  LEY 26.
o crea una comisión especial para ver las leyes delegantes.2009por eso el legislador en el 2008 no dijo nada 2009: o 26519 prorroga todo por un año o djo que los unicos que podían ejercer facultades delegadas del 2009 en adelanteJG y presidente. 2010: o 24.08algunos dicen que cae la delegante y al delegada continuaria vigente o otros dicen todo sigue o otros como Sabsaydicen que cae todo o se hicieron proyectos para prorrogar en algunos temas. Decreto delegado (dictado por el PE y refrendado por el Jefe de Gabinete) Dentro de los 10 días el PE debe elevarlo a la Comisión Bicameral Permanente . o No dice nada sobre la legislacion delegada porque en el 2006 se creo la CBP que tiene a su cargo esta función. o Podría haber ratificado la delegada? o Lagarde=no o Comadira=si porque en definitiva esa es facultad del congreso. de Delegación Legislativa y de la Promulgación Parcial de Leyes. Ley 26.122 – Régimen legal de los DNU. Cuales se prorrogan y cuales no.
sobre materias propias de la competencia del Congreso. El elemento esencial para la determinación del concepto de delegación legislativa y. o no. eventualmente.ambas a favor de derogar  derogado (nunca hubo un caso) . de la transferencia del ejercicio de la competencia legislativa.una favor y otra en contra  sigue vigente . adecuación del decreto a: *materias y bases de la delegación * plazo fijado para su ejercicio La comisión Bicameral Permanente tiene 10 días para elevar el dictámen a Ambas Cámaras para su expreso e inmediato tratamiento (NO HAY plazo para que se expida) Cada Cámara se espide por medio de una RESOLUCIÓN (no por ley) . de reglamento delegado. llana o incondicionada. consiguientemente.Tiene 10 días para emitir dictámen sobre: (análisis sobre la validez o invalidez) 1. sea en . es la existencia.una en contra o a favor y la otra no se expide  sigue vgente . por otro órgano de la Administración Pública. sea ella total. lisa.ambas ratifican  sigue vigente el decreto .ninguna se expide  sigue vigente (sólo se deroga el decreto delegado cuando ambas cámaras se expiden por medio de una resolución en contra del mismo) (lo anterior son apuntes de clase y lo ss es la doctrina del tema) Corresponde entender por reglamentos delegados a los actos de alcance general normativos dictador por el Poder Ejecutivo o. procedimiento formal 2. con base en la autorización previamente acordada por éste mediante una ley formal.
La base de esos tres datos se halla ya presente en el caso Delfino (1927) 1 y se repite en lo sustancial a lo largo de los años en los diversos fallos. mientras que. así. en cambio. río. naturalmente. y el segundo consignaba que la infracción a la referida prohibición resultaba castigada con una multa de $50. La CSJN recuerda que la ley 3445 había puesto la policía de los mares. específicamente para expedir las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la nación. Distingue entre la delegación del poder para hacer la ley y la de conferir cierta autoridad al PEN o a un cuerpo administrativo a fin de reglar los pormenores o detalles necesarios para la ejecución de aquélla y afirma que lo primero no es procedente. sin embargo. un rango jerárquico inferior impuesto por la propia CN. . sino como indicativas del poder normativo propio del PL. precisamente por medio de reglamentos. etc. en otras situaciones como sucedió por ejemplo en el causa “Mouviel”2. los cuales en relación a la ley reglamentada poseen. el velo de la aparente habilitación reglamentaria. no considera configurada por la ley 3445. creadores de infracciones y sanciones y corriera. Pero no tiene sentido concebir ese poder como una habilitación del Congreso si él pertenece por derecho propio al PE. pues las dos configuraban a su juicio. la ley formal. Brinda un concepto de delegación al afirmar que no existe sino cuando una autoridad investida de un poder determinado hace pasar el ejercicio de ese poder a otra autoridad o persona descargándolo sobre ellas. Se debatía la validez de una multa de $50 impuesta por la entonces Prefectura General de Puertos a los agentes del buque alemán “Bayen” en el marco de los dispuesto por los artículos 43 y 117 del Reglamento del Puerto de la Capital aprobado por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. El primer artículo prohibía a los buques arrojar al agua o a tierra en el interior del puerto objeto alguno. El congreso entonces. limitada o circunscripta por límites de diverso alcance. 99 inc. lo segundo sí. esto es. Destaca también que hasta tanto se sancionara el Código de Policía Fluvial y Marítima. etc. serán atribuciones de aquella vigilar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias. o para establecer reglamentos para las presas. d. A partir de la representación legal de ese régimen normativo aplicable la CSJN desarrolla su conocida material en materia de delegación de facultades:Sienta como principio esencial la improcedencia de que el Congreso delegue en el PEN o en otro departamento de la Administración ninguna de las atribuciones o poderes expresa o implícitamente a él conferidos por la Constitución. (Continúa la confusión conceptual: cuando la CN le asigna al PL competencia para reglamentar o reglar una materia o institución lo hace empleando esas locuciones no como sinónimas de la potestad reglamentaria atribuida al PE. La reforma constitucional de 1994 La fijación como regla de la improcedencia de la delegación legislativa es coherente con el sentido de la prohibición contenida en el art. (Aca se ve un indicio de confusión conceptual: La concepción de poder reglamentario de la ley sólo tiene sentido cuando ese poder no le pertenece de iure propia al PE como sucede por ejemplo en Estados Unidos.) La CSJN considera que el poder reglamentario compete en nuestra Constitución tanto al Congreso como al PE. que. Al primero de un modo específico y para obtener objetos ciertos y determinados (ej: a través de la competencia para reglamentar un banco nacional o el comercio marítimo. situación que. en tanto ésta es la exclusiva manifestación de su competencia normativa. en el caso. c. el PE reglamenta. 3 (“El PE no puede en ningún caso 1 b. pusiera en evidencia la realidad de la delegación consumada con los edictos policiales. canales y puertos sometidos a jurisdicción nacional a cargo exclusivo de la Prefectura General de Puertos y demás organismos de ella dependientes.cambio. una indebida delegación de facultades legislativas al PEN. cuidar la limpieza de los puertos.) Al segundo. en cambio. Las deficiencias del enfoque realzado por la CSJN respecto de la situación configurada en el caso “Delfino” no impidieron. El afectado había sostenido la inconstitucionalidad de ambas cláusulas reglamentarias. regla o reglamenta mediante la ley formal.
Entonces. La CSJN aclaró. . Este jurista no dio un concepto positivo de las materias mencionadas y. ni actos que restrinjan el derecho de propiedad.” No obstante. ni de imposición fiscal. a las materias de administración confiadas por la CN a aquél. la ley previa que requiere la garantía del 18 CN. La CSJN no dejo en el caso de recordar su propia jurisprudencia en el sentido de que no existe delegación de funciones legislativas sino simple ejercicio de la facultad reglamentaria contemplada en el antiguo artículo 86 inc. ni la inviolabilidad del domicilio. trabajo. en el caso. De acuerdo a este criterio. Desde este punto de vista.”) La locución “materias determinadas de administración” según Bielsa se refiere a los aspectos sobre los cuales la delegación legislativa puede incursionar válidamente. la competencia exclusiva del PL para legislar en materia represiva por leve que sea y destacó que la ley anterior requerida por el art. para lo cual éste no requiere de delegación. vacía de contenido la delegación porque inhibida de versar sobre cualquier incidencia restrictiva de la libertad en general. del resto de las materias propias de la función administrativa. no importa la posibilidad de que el legislador delegue en el PE la total configuración de los delitos. ni represivo penal.bajo pena de nulidad absoluta e insanable. ni la libre elección de las penas. 18 CN exige indisolublemente la doble precisión por la ley de los hechos punibles y de las penas a aplicar. Según Marienhoff la administración general no es sinónimo de administración total. se refiere a la posibilidad de que el PL atribuya al PE potestad para que éste regule per se y con arreglo a los límites que la propia cláusula constitucional fija. ni de cargas personales. la libertad personal de locomoción. para reprimir actos no previstos por las leyes en materia de policía de seguridad. las definió por exclusión al considerar que ellas no podían significar la remisión del poder impositivo. y no implica tampoco. con exclusión. actividades que aun 2 La CSJN declaró la inconstitucionalidad tanto de la cláusula del Estatuto de la Policía Federal que facultaba al jefe de ésta a emitir y aplicar edictos dentro de la competencia asignada por el Código de Procedimientos en lo Criminal. por tanto. Una idea posible puede resultar de la distinción efectuada por Marienhoff entre administración general y especial. la delegación autorizada excepcionalmente por el Congreso se referiría. en rigor. las materias de administración se limitarían a la actividad de organización interna del poder administrador. las cuales corresponderán originariamente al PE y no necesitarían. sustancialmente. pues a éste sólo le corresponde la administración general del país. crear infracciones y fijar las sanciones correspondientes dentro de los límites establecidos por la misma ley. emitir disposiciones de carácter legislativo. en tanto ello implicaría la delegación de facultades que son por esencia indelegables. El problema es que los límites que se opone son tan amplios que. y dictar las reglas de procedimiento para su aplicación. asimismo.. reivindicó. que el PE con el preacto de reglamentar la ley dicte. por ejemplo. 2º CN cuando se confiere “al Poder Administrador… la facultad de fijar específicas normas de policía. no toda la función administrativa está atribuida por la CN al PE. por tanto. parece razonable aceptar que cuando la CN enuncia las “materias determinadas de administración” como ámbitos idóneos para ser objeto de delegación legislativa. pues existen ciertos ámbitos de la función administrativa asignados directa y expresamente por la CN al Congreso como sucede. en rigor. de delegación. enseñar y aprender. industria. que la potestad ejecutiva de reglamentar las circunstancias concretas de las acciones reprimidas y de los montos de las penas dentro de un máximo y un mínimo. con la función de crear bancos o universidades. en cierto modo.
son indicativos de la administración especial a la que se refería Marienhoff (creación de entidades autárquicas. c). sin perjuicio de su carácter administrativo y.148. ¿cuáles son aquellos aspectos de la actividad del PE que requieren su disciplina por ley formal? A la luz de lo dispuesto por los art. y comprende. El repaso de las materias consideradas como de administración en art. con eso. a las regulaciones legales formales que deben dar soporte al accionar ejecutivo sobre los derechos individuales. prórrogas de contratos privados. con distintas composiciones.) El mismo valor indicativo posee en inc. requiere. secundario y ejecutivo. Los incisos a). pero ella no es una materia sino una situación que. f) cláusula final residual que considera como materia determinada de administración a toda otra asignada por la CN al PL. en principio. sostiene que serían aplicables a la delegación legislativa los mismos límites que condicionan el dictado de los DNU. regulación de las FFAA. organización y atribuciones de la Jefatura de Gabinete y de los Ministerios. sin embargo. de sustento normativo legal formal. para su desarrollo. . Cabe preguntarse. Al amparo de la emergencia el legislador ha dispuesto y la Corte legitimado. por tanto. la actividad del PE requerida por éste es toda aquella que. ¿Hay límites materiales para la delegación legislativa fundada en la emergencia pública? La letra de la CN habilita una respuesta negativa. asimismo la regulación relativa a aquellas materias que por expresa disposición constitucional (como sucede por ejemplo con bancos y universidades) debe ser objeto de disciplina legislativa. 14 y 19 CN de los cuales se desprende que la reglamentación de los derechos individuales y la restricción de la esfera de libertad de éstos no puede derivar. sino de la ley formal. permite advertir la influencia del temperamento expuesto. La emergencia aparece contemplada en el texto constitucional junto con las materias determinadas de administración. Esta circunstancia conduce a preguntar. Por lo tanto. invocando el principio de interpretación sistemática de la CN. por tanto. En síntesis: la delegación legislativa es procedente respecto de la regulación de actividades que aún sendo propias del PE deben. Por su parte la emergencia es un concepto que ha sido empleado con diversas intenciones y efectos. entre otras medidas restrictivas de la libertad individual. etc. Existe una corriente doctrinaria que. sin embargo.cuando sean propias de éste. la delegación legislativa en materias de administración se refiere. congelamientos de alquileres moratorias hipotecarias. disciplinarse por ley formal en tanto afectan derechos individuales o bien corresponden a materias asignadas específicamente por la CN al Congreso. su error o deficiente técnica. Pero este criterio importaría presumir la omisión normativa del constituyente y. en principio. d) y e). 2 de la ley 25. implica incidir sobre la esfera jurídica de los administrados. lo cual es inaceptable. La CSJN basó en él la elaboración del poder de policía de emergencia. restringiéndola. b). puede en sí misma exigir la delegación en cualquier material.
su procedencia (la de la delegación incondicionada) a favor de órganos o entes actuantes en su esfera de jerarquía o tutela. 76. cuando ésta sea razonable derivación de las exigencias de aquella autonomía. La delegación legislativa en entes administrativos era la práctica previa a la reforma constitucional (aunque sin los límites jurídicos positivos que ahora impone la CN).La norma en comentario prohíbe la delegación en el PE. a la jerarquía o tutela administrativa del PE. una de las finalidades que el instituto de la delegación procura. sea que éstas e justifique en razón de la materia administrativa específicamente asignada por la CN al Congreso o bien para involucrar la reglamentación de derechos individuales. delegar en órganos o entes dependientes de él o actuantes en su esfera. más allá de su autonomía funcional simples entidades autárquicas sujetas. en su caos. Antes bien considera que el poder está al servicio de la libertad y requiere. 42 CN. según el caso. en no pocos casos. salvo en los casos ya comentarios (materia y situación). a su juicio. No es idéntica. en cambio. por ejemplo e el Banco Central. Comadira dice no estar entre quienes piensan que cuando más se restrinja el poder más garantizada está la libertad. de medios eficaces para que ésta sea real y no meramente formal y sólo privilegio de algunos. Comadira se inclina a pensar que cuando la delegación es viable (en materias y en la situación) ella procede no sólo a favor del PE sino también de los entes descentralizados creados por ley del Congreso en ejercicio de facultades constitucionales. Es partidario asimismo del empleo de métodos dinámicos de interpretación constitucional . En consecuencia. En cualquier caso no habría inconveniente en que el PE sea habilitado expresamente por la ley formal delegante para. sin esas limitaciones. y por otro parte. de la prohibición a la delegación en los entes regulares. De no admitirse esta viabilidad legal no podría alcanzarse. sin embargo. 75 inc. 32. la situación de las universidades pues la autonomía que ellas tienen garantizada constitucionalmente. ella no podría estar exenta de los límites propios a los que se somete al PE habida cuenta de que tales entes no dejan de ser. a favor de órganos subordinados a aquel o en entes actuantes en su jurisdicción? A Comadira no le parece coherente sostener que el sentido de la prohibición radique en excluir sólo al PE del ámbito de la delegación incondicionada (sin límites materiales o de situación) y en habilitar. por ende. la cual procedería. El PL podría así actuar en uso de los poderes implícitos que le asiste en virtud del art. Gordillo exime. puede autorizar la delegación sin los límites del art. concentrar en el Presidente de la Nació la exclusividad de la delegación no sería coherente con el fin de atenuar el presidencialismo pretendido por la reforma. la subdelegación sólo es posible si la ley delegante lo autoriza expresamente. a su vez. sin los límites del art. el ejercicio de las atribuciones delegadas. en cambio. Por tal motivo Comadira piensa queso bien la delegación sería viable en los entes reguladores o. ¿Quiere esto decir que aquélla resultaría permitida. 76 i invoca para ello el art. que es la especialización técnica del organismo que dictará la reglamentación.
o El propio estado de derecho exigía que se tengan los mecanismos necesarios para combatir situaciones excepcionales. . Los reglamentos de necesidad y urgencia o Cuando se trata de encontrar soluciones a situaciones excepcionales que. esterilizándolo. o El esquema normal de la función legislativa por parte del PL no podría superarlos. 5. o De hecho esta era la practica antes de la reforma del 94 y si no se permite no se podría atenuar el presidencialismo. sociedades del Estado u otras formas de organización jurídica. ni tan poca como para malversar el sentido del poder. 29 CN.4. Sujeto al que delega: o o o o solo al ptepor el Art. 76 otros PE y JG (Art. Supone la satisfacción inmediata y directa del bien comúnpara evitar la subsistencia misma del estado. Porque la función Admin. La República exige no tanta delegación como para comprometer la vigencia del art. Salvo los casos de universidades por su autonomía. que no le fue delegada. o Antes de la reforma los constitucionalistas rechazaban la posibilidad de que el PE dictara DNU.4. 100) gordilloentes reguladores (Art. 76. o Peralta los admite. 42) comadira dice: o PE o JG o Entes descentralizados.) y en otros porque el contenido predeterminado de la delegación afectó garantías constitucionales (ej: el que habilita el sometimiento del personal estatal al derecho laboral). o Los DNU encuadraban dentro de la noción de poder inherente del PE antes de la reformadictado del DNU es propia del PE. o DNU estaban expresamente admitidos? No.414: En algunos casos porque se delegó sin bases precisas (ej: fusión o centralización de entes autárquicos o reparticiones desconcentradas transformación de entidades autárquicas. o Diferencia con las leyes de emergenciano afectan la división de poderes. mediante los mecanismos normales no podrían ser superados. etc. o Después de la reformapotestad expresa. Sin embargo ninguna de las dos circunstancias enunciadas le alcanza para salvar la inconstitucionalidad de varias disposiciones de la ley 25.con el fin de adaptar su texto a las exigencias cambiantes de los tiempos. Siempre sujeto a los limites del Art.
. los actos cuestionados habían merecido aprobación del congreso. un caso definible a tenor de las siguientes características: a) una pública y notoria situación de grave riesgo social b) necesitada de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas por el decreto. por ejemplo: decretos que implementaron el Plan Austral. debiendo considerarlo oportunamente el Congreso. es posible inferir. y urg. por el contrario. En el período de gobierno que se inició en el año 1989 el uso del decreto adquirió una intensidad nunca conocida hasta ese entonces (desde julio de ese año hasta diciembre de 1993 se dictaron 308 decretos). y otro v.1. sí resultaba factible concluir que ellos podían dictarse y subsistir válidamente sin la aprobación expresa del Cogreso cuando concurían las circunstancias precedentes. aparece unido. la CSJN sostuvo que no podía ser asimilado a una ley de la Nación. al momento de la sentencia. la declaración del estado de sitio. a las que. la CSJN lo consideró válido.4. ni repudio de conductas análogas al Poder Ejecutivo. el régimen de emergencia en materia provisional. en tanto ellas configuraron. De esta jurisprudencia inicial de la CSJN acerca de los reglamentos de necesidad y urgencia. en general. si bien con este fallo no era posible derivan en una aprobación indiscrimiada de la CSJN a los reglamentos de nec. aun sin aprobación expresa del Congreso. Estado nacional” al pronunciarse respecto de la legitimidad constitucional del dec. alegadas o tácitamente supuestas de necesidad y urgencia era un dato de la realidad en la praxis constitucional anterior a la reforma. Luis A.. Período anterior a la Reforma de la Constitución Nacional de 1994 El empleo del decreto para regular materias propias de la competencia del Poder Legislativo. a juicio del tribunal. y c) enfrentada por medios técnicos razonables. Más recientemente en el caso “Peralta. Este efecto aprobatorio atribuido al silencio del Congreso. en la causa. tomando en cuanta que había sido conocido debidamente por éste sin que mediara rechazo de su parte. según el propio Tribunal. a circunstancias fácticas. el remedio arbitrado. aun cuando la cantidad de decretos fue sustancialmente menor. Entonces. tácita (derivada de su no derogación) o expresa. de eficacia no concebible por medios distintos de los arbitrados. 36/1990 (relativo al Plan Bonex). Los antecedentes jurisprudenciales incluso se remontan al siglo pasado: en el que parece ser el primer fallo sobre el tema. al pronunciarse sobre la validad del decreto que estableció un procedimiento uniforme para los casos de muertes intestadas de extranjero en e país. Durante el gobierno constitucional que asumió en 1983. aun cuando siempre valoró para ello la circunstancia de que. cualitativamente importantes. pues era a través de medidas como las adoptadas por donde debía pasar. en situaciones reales. la validez de esta clase de actividad administrativa. había ratificado. las materias reguladas fueron no obstante.4.5. ineludiblemente.
la emergencia fue concebida. El Estado de Derecho debe poseer sus propios mecanismos de autopreservación. o afectado por la “angustiosa crisis de vivienda” padecida por el país. la corte convalidó el acto presidencial. En el caso “Youngstown Sheet & Tube Co. Vs. Una exigencia del Estado de Derecho Siempre adherí a la idea de que la previsión de situaciones de grave riesgo social. Leyes de emergencia y decretos de necesidad y urgencia En su momento la CSJN acuñó el poder de policía de emergencia como respuesta a la necesidad de proteger. Colautti. En el caso “Dames & Moore”. de respuestas extraordinarias. con el fin de prevenir una huelga dispuesta por los sindicatos siderúrgicos. los “intereses vitales de la comunidad” o el interés público comprometido por graves fenómenos de índole económica. Hay que diferenciar situación de emergenciasituaciones extraordinarias que requieren . Sawyer”. en cuanto tal. es que si la constitución asigna al Congreso el poder de tomar ciertas decisiones. históricamente como una situación extraordinaria que. durante la guerra de Corea. es una cuestión que integra la propia dialéctica del Estado de Derecho. en cambio. en el que se debatió la decisión del presidente Truman de intervenir las acerías. Así. piensa que para la mayoría de los jueces el problema en el caso no se refirió en sustancia a dilucidar si el presidente tenía los poderes de emergencia que puso en práctica sino en no convalidar un ejercicio que estaba en contradicción con directivas previas diseñadas por el Parlamento. ese poder es exclusivo y el presidente carece de poder implícito o inherente para ejercitar por sí tales atribuciones. producido como consecuencia de la decisión del presidente Carter de bloquear el movimiento y la transferencia de todos los bienes e intereses del gobierno de Irán y empresas controladas. de modo que en su misma dinámica constitucional hallen respuesta las situaciones que por sus características no puedan resolverse eficazmente por medio de los procedimientos normales. Doctrina: Opinión de Comadira o es una exigencia del estado de derecho proveer mecanismos en situaciones en que la actuación del PL sea inidónea. entre otros bienes.Estados Unidos de Norteamérica No existe en la Constitución norteamericana una cláusula expresa que autorice al presidente a emitir norma de contenido legislativo con fundamento en la urgencia. la CSJN descalificó la validez de esa decisión. El problema radica en cómo hacer frente a situaciones sociales en las que el sistema normal de atribución de la función legislativa resulta inidóneo para resolverlas adecuadamente. correlativamente. Según Bianchi el pensamiento de la Corte norteamericana en el caso. requería. a causa del conocido conflicto de los “rehenes”. que requieran respuestas urgentes no susceptibles de generarse por el órgano constitucional al que compete el ejercicio normal de la función legislativa.
pues. Los municipios también por RIVADEMAR.4. es decir. Ellos estaban. entonces. potestades constitucionales “nuevas”. no privaban al acto de su carácter reglamentario. 1 de la CN el jefe de Estado y tenía además.4. Habida cuenta de que aquella jefatura y esta función suponían necesariamente la subsistencia del Estado y que ella guardaba una relación estricta de inmediatez con el interés público. Requisitos de validez sustancial y formal. Por ello. la función administrativa. salvadas las diferencias conceptuales existentes entre la “emergencia” y la “necesidad y urgencia”. se comprende que el titular del Poder Ejecutivo estuviera facultado constitucionalmente para atender a la gestión directa e inmediata de ese interés cuando él resultaba comprometido a raíz de situaciones públicas y notorias de grave riesgo social. a su cargo.remedios extraordinarios de la necesidad y urgenciaintenstificacion prerrogativas del congreso + restricción a los derechos. Sin embargo. los reglamentos de necesidad y urgencia no constituían en nuestro régimen constitucional anterior a la reforma. que la circunstancia de que la materia sobre la que recaía el accionar normativo del Poder Ejecutivo perteneciera normalmente a la esfera de competencia del Poder Legislativo. Antes bien. e incluso la eventual exigencia de que la norma de urgencia debiera aprobaste por éste último. Se trataba de un poder o facultad inherente al Poder Ejecutivo. en la Constitución. ejemplos de una necesidad superadora de la constitución. la administración general del país. el criterio suponía que su legitimidad constitucional estaba condicionada. uno de los datos comunes que las asemejaba es que ni la primera ni la segunda generaban respecto del Congreso o del Poder Ejecutivo. según Comadira. de las funciones del presidente en tanto le imponían… “el concreto aseguramiento de la paz y el orden social” (cons. por el modo acotado y prudente de su empleo 5.-Reforma Constitucional de 1994. Antes de la reformapotestad inherente del PE. precisamente.) Fundamento y caracterización El presidente de la nación era. 86 inc. Asi concebida la potestad reglamentaria es inherente concluir. según se desprendía del art. configurando sólo situaciones habilitantes de modos particulares del ejercicio de poderes preeistentes. 29 2do pp in fine. en cuanto constituía una potestad propia y originaria de dicho poder. el “poder de policía” en un caso. el “poder de policia de emergencia” y los reglamentos de “necesidad y urgencia”. Con lo expuesto no se pretende sostener que los reglamentos de necesidad y urgencia debían admitirse sin límites en el derecho constitucional argentino. la “potestad reglamentaria”. era una opción dentro de ésta porque derivaban. como lo sostuvo la Corte en la caso Peralta.2. que justificaban respectivamente. en el otro. Hoy esta expresa pero en algunas constituciones pciales no por ello el gobernador podría dictar DNU. .
y a las segundas un modo de tratamiento del decreto –expreso e inmediato. la CN alude a la “sanción de las leyes”. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento. conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. El texto constitucional aprobado frente a la ley declarativa de la necesidad de la reforma El núcleo de coincidencias básicas aprobado por la ley 24. sino sólo relativa a las materias enunciadas. Entonces cabe preguntarse si estas modificaciones tienen entidad suficiente como para generar la aplicación del art.que tampoco tiene sustento explícito en aquella. Asimismo la ley se refiere al “ejercicio de atribuciones propias del Congreso”. 3 de la CN dispone: “El Poder Ejecutivo no podrá. la Constitución habría adoptado un criterio más restrictivo respecto a las facultades presidenciales. Mientras la ley. o de régimen de los partidos políticos. y no se trate de normas que regulen materia penal. emitir disposiciones de carácter legislativo. en ningún caso. En la CN se le impone a la primera un plazo no previsto por la ley. Otra diferencia: la relativa a la actuación de la Comisión Bicameral Permanente y de las Cámaras. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. por el contrario. bajo pena de nulidad absoluta e insanable. No hay una coincidencia exacta entre los términos de la ley y el texto constitucional finalmente aproado. “ DISTINTO AL Art. la Constitución en cambio parte de una prohibición de carácter general. CN impone plazo a la CB y modo de tratamiento a congreso. 99 inc. g). cuya composición deberá respetar la proporción de representaciones políticas de cada cámara. . Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del congreso. 3 y ley 26120: CN prohibición de carácter general. la regulación de la facultad presidencial de dictar reglamentos de necesidad y urgencia. no exceden el marco de innovaciones intrascendentes que o alterar la esencial del texto legal. de acuerdo con el cual son nulas de nulidad absoluta todas las modificaciones. derogaciones y agregados que realice la convención constituyente apartándose de la competencia establecida en sus artículos 2 (núcleo de coincidencias básicas) y 3 (temas habilitados) o si. “sanción de leyes”. electoral.Límites y control. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieren imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta constitución para la sanción de las leyes.309. 6º de la ley. El artículo 99 inc. tributaria. los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos. contenía en su inc. al menos en su letra. no parecía partir de una prohibición general y absoluta. podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. La ley no. De aceptarse que puede haber atribuciones del Congreso no ejercitables por medio de leyes. Diferencia más importante: la que resulta del modo de concebir la prohibición al Poder Ejecutivo para el dictado de los decretos de necesidad y urgencia. el que de inmediato considerarán las cámaras.
La corte dice” en situaciones que pongan en peligro la subsistencia misma de la organización social”. control judicial El principio general prohibitivo. Por esas razones. 3 pp. que la situación legislativa sea de urgencia tal que se seba solucionar inmediatamente en un plazo incompatible para el trámite de las leyes. procedimiento de elaboración 4. Principio general en la cuestión 2. Surge del 99 inc. parecen constituir la razonable contracara equilibrante de la referida atenuación. las modificaciones introducidas al texto de la ley 24. (Lo dijo la corte en el caso Verrochi). Fundamento y caracterización de los decretos de necesidad y urgencia en la reforma. Caso Leguizamón de 2004.309 no alteran la esencial del espíritu animador de la reformar en estos aspectos y quedan.En el marco de una télesis dirigida por la atenuación del presidencialismo y el fortalecimiento de los poderes del Parlamento. 6º de la ley declarativa de la necesidad de reforma. control parlamentario 6. y el modo de tratamiento expreso e inmediato por las Cámaras. 3 se pueden distinguir 6 aspectos: 1. fuera de la sanción de nulidad impuesta por el art. Como se interpreto esta idea de circunstancias excepcionales que actúan como presupuesto habilitante para dictar un DNU? quedan afuera las situaciones de mera conveniencia u oportunidad política. 3 de la CN de donde se desprende que en principio el PE no puede dictar disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad absoluta. por ende. límites materiales 5. Caso DE LA BLANCA de 1998 aunque se refería de un DNU anterior al 94 la corte dijo que se podía dictar un DNU cuando se preserve la vida misma de la nación y el estado.2 de la CN. 99 inc. El texto de la Constitución En el texto del art. Caso RISORIA DE OCAMPO año 2000. inmediatamente después se refiere al presupuesto habilitante: cuando circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites previstos por la CN para la sanción de las leyes. 99 inc. Caso Verrochi de 1999 la corte preciso mas y dijo que el presupuesto está dado por a. b. Asimismo. responden sin duda mejor a ésta el principio general prohibitivo consagrado en el art. “en situaciones de trastorno que amenacen la existencia. presupuesto habilitante 3. el plazo impuesto a la Comisión Bicameral Permanente para la elaboración de su informe. acciones bélicas o desastres naturales que impidan la reunión del congreso o el traslado de legisladores. . Caso FAST la corte dijo que serán procedentes “en condiciones de rigurosa excepcionalidad excluyentes de criterios de mera conveniencia ajenas a criterios de mera necesidad”. En el considerando 42: “públicas y notorias”. Primer pauta  caso peralta: situaciones de GRAVE RIESGO SOCIAL.
como actos individuales. que la reforma haya sustituido la Jefatura de la Administración en cabeza del Presidente. Con el nuevo texto los DNU están. La CS dijo que el PL estaba en sesiones lo cual implicaba una mayor fundamentación de los DNU o La situación grave debe referirse a toda la sociedad y no a unos pocos. alguna clase de restricción a su potestad reglamentaria general. de los términos empleados para la prohibición. Por ello no se puede derivar. o el orden publico. CASO LEGUIZAMON= o Año 2004 o Circunstancias excepcionales era aquellas que amenacen la existencia. incluso autónomos. . 99 inc. COMADIRA: “QUE EL PE haya dictado hecho uso y abuso de los DNU no quiere decir que haya que invalidarlos. ejecutivos e. seguridad. a las normas o actos de competencia del Poder Legislativo y no a las normas legislativas. sea relativa a los reglamentos delegados. en sentido material. Este último requisito no termina de convencer a Comadira. 2 y 76). No se puede dictar un DNU para atender a un solo sector de la sociedad. Excepto las que. por su atribución al Jefe de Gabinete. La incorporación de los DNU a la CN implica atenuar. Los decretos de necesidad y urgencia pueden ser tanto reglamentos. sino reforzar su control” La CN prohíbe como regla que el presidente dicte disposiciones de carácter legislativo. según posean o no alcance normativo. prohibidos como principio. el presidencialismo. “Sólo cuando circunstancias excepciónales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes el Poder Ejecutivo podrá dictar DNU”. Esta atenuación no significa. Y respecto de los autónomos las que resultan de la necesidad de coordinación con las competencias propias del jefe de gabinete (art. El presupuesto habilitante o Tiene que ser imposible y no dificultoso. porque aquél sigue reteniendo la titularidad de dicha función. en algunos aspectos. “por mas grave que sea la afectación tiene que ser de toda la sociedad”. 100). Al referirse a esto. porque la crisis de determinado sector puede incluir a toda la sociedad. el constituyente aprehende. económico y que al pL le sea imposible dar una respuesta o La CS declaro inconstitucional un decreto.seguridad del orden económico y que al PL le sea imposible dar respuesta” este caso es importante porque señala que la emergencia no tiene que afectar a un único sector sino comprometer a toda la sociedad y sobre un interés vital. sin embargo. en relación con los delegados y ejecutivos surjan de la propia CN (art. asistiendo al Jefe de Gabinete sólo su ejercicio. a juicio de Comadira. entonces.
99 inc. como lo resolvió la CSJN en la causa “Peralta”. razón justificante del empleo del decreto. como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal o b) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente. Sería además conveniente que esa situación. en principio le son ajenas es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: a) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto en l CN. de modo expreso.” . 3 En la causa Della Blanca. Pone en peligro la subsistencia de la organización nacional. su nulidad absoluta. Esto implica que el dictado del reglamento resulte necesario ante la imposibilidad de asumir la situación por medios normales de la CN. 4 Se trata de supuestos en los que los procedimientos normales de producción normativa son inaplicables ante la gravedad de la situación. ni aprobación o rechazo del estado de sitio. 3 podría haber otros como por ejemplo por DNU no podría limitarse el estado del acceso a justicia. debe ser. tal como también lo valoró la CSJN en la caso “Peralta”. ser. La consecuencia a atribuir a un decreto de necesidad y urgencia emitido sin arreglo a estos condicionamientos constitucionales. 4 CSJN “Verrochi”: para que el PE peda ejercer legítimamente facultades legislativas que. al no prever la CN.En la causa Risolía de Ocampo. La sola imposibilidad política por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer sus criterio. por eso. El procedimiento de elaboración La CN impone que el decreto sea decidido en acuerdo general de ministros. por sí sola. en mi opinión. vale decir.3 el inciso en comentario consigna. Según Comadira. que las referidas circunstancias excepcionales hagan imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la CN para la sanción de las leyes. la configuración de ese concepto debería referirse.¿Qué quiere decir circunstancias excepcionales? Según Comadira. porque de flexibilizare indebidamente esta exigencia se corre el riesgo de vestir como DNU a simples o meros decretos de conveniencia. a las situaciones de grave riesgo social. no puede. ni la propia integración del PE. ésta puede adoptarse por mayoría absoluta de los miembros presentes del cuerpo colegiado gabinete de ministros. la mayoría expresó que uno de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado es que tenga la finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no de determinados individuos. se sentó como doctrina que la única necesidad que justifique e ejercicio de las facultades legislativas por parte del PE es la de preservar la vida misma de la Nación y el Estado. que mayoría debe concurrir para le decisión. asumiera la calidad de pública y notoria. Los límites materiales Ademas de los limites del Art. asimismo. quienes o deberán refrendar juntamente con el Jefe de Gabinete. en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes. Este elemento es singularmente importante. que las cámaras del Congreso no pueda reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan. porque carecería de requisitos formales de carácter esencial.
El control por el Congreso La CN impone al Jefe de Gabinete someter la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. ¿cuál habrá de ser el efecto atribuible al silencio? Según Quiroga Lavié. de nulidad absoluta. o Cuál es el fundamento de estas 4 prohibiciones? Hay un interés público en que estas materias sean reguladas por el congreso. titularizada en el PE. o Habría que agregar otros casos no previstos pero que de todos modos el PE no podría regula. 71 bis previsto en la ley declarativa (incorporado como art. además. en ningún caso podrá concluirse la existencia de una aprobación tácita o ficta del decreto.Más allá de la letra de la CN en este artículo. la ausencia de pronunciamiento del Congreso debe interpretarse como rechazo ficto o tácito. habida cuenta de que según el art. considerar prohibidas otras materias además de las enunciadas. a la integridad territorial del Estado. en cambio. habida . deben también quedar fuera del ámbito de estos reglamentos las cuestiones inherentes a la propia integración del Poder Ejecutivo (ej: facultad congresional de admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente) o los relativos a la meritación de los actos de éste en los casos en que esa atribución es conferida por la CN al Congreso (ej: aprobación o suspensión del Eº de sitio declarado por el PE durante el receso legislativo). incide sobre la validez del decreto el que adolecerá. en el caso. la regulación del trámite y los alcances de la intervención del Congreso. libertad y propiedad. que el presidente renuncie y dicte un decreto para aceptar su renuncia). No se dice nada respecto del silencio de la Comisión o de las Cámaras. No sería posible. Otro ejemplo. difiriendo a una ley especial. La CN también consigna que la Comisión Bicameral debe elevar su despacho dentro de los 10 días al plenario de cada cámara. o No se trate de normas que regulen materia penal. para el expreso tratamiento e inmediata consideración por éstas. tributaria. de la mano del principio de juridicidad. o relativas al crédito público. lo vinculado al acceso a la justicia. lo que haga a las cuestiones inherentes a la propia integración del PE. por supuesto. Otro requisito de validez del decreto es la inmediata remisión al Congreso. con el criterio de requerir su convocatoria si estuviere en receso. personalmente y dentro de los 10 días. electoral o el régimen de los partidos políticos. pero. porque le correspondería al congreso. su propia responsabilidad ante el Presidente y el Congreso. Entonces. 82 de la CN). la voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente. o a la conducción de las relaciones exteriores de la Nación. En tal sentido hubiera debido también vedarse del ámbito de la regulación reglamentaria las cuestiones vinculadas con la soberanía nacional. pues aceptar estas materias en la esfera de la “necesidad urgente” no conformaría sino una variante de la suma del poder público. sancionada con el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Por lo demás. el ejecutivo no podría dictar un estado de sitio y después dictar un decreto aceptándolo. (ej. por ejemplo. para la aceptación o rechazo de un estado de sitio. excluyendo la sanción ficta o tácita. El incumplimiento de esta obligación por el Jefe de Gabinete compromete.
un enjuiciamiento de la validez inicial del reglamento y. De acuerdo con lo expuesto por el miembro informante del proveo en la Comisión de Coincidencias Básicas de la Convención. suspender e estado de sitio declarado durante su receso por el PE y éste pretendiera vetar la ley de suspensión. tanto de los provenientes de la inexistencia del presupuesto habilitante como de los derivados de la ilegitimidad intrínseca de las medidas contenidas en el reglamento (ej: las que instrumentan restricciones propias de la “emergencia). es discutible la generalización de la solución que consagra el art. . a través de la ley. Según el. hallar amparo en los fines aprehendidos por la CN para conferir aquella prerrogativa. en tanto tal potestad ejecutiva. los que sí podían ser controlados judicialmente. la respuesta seguirá siendo doctrinaria y jurisprudencial. Es como si el Congreso decidiera por ley.cuenta de que la prohibición constitucional sólo se refiere a la aprobación o sanción tácita. al no ser ley. Su ubicación sistemática también evidencia que está referido al trámite de formación y sanción de las leyes. y menos aún que obste la posibilidad de que sea el propio Congreso quien. otro propósito que la neutralización del control constitucional del Congreso. un efecto también inicial de su extinción.5 En opinión de Comadira. la Constitución reformada no habría de pronunciarse a favor de doctrina alguna motivo por el cual hasta tanto se sancione la ley especial que regule la cuestión. o durante el lapso de las extraordinarias convocadas para su tratamiento. 82 de la CN. ello no importará el saneamiento de sus eventuales vicios. no podría adquirir esa condición por el mero transcurso del tiempo. En cualquier caso. consecuentemente. penada para los casos de leyes de urgencia (en definitiva no aceptadas) y para las relaciones de las Cámaras entre sí. 5 Ver Ley 26. Igual efecto ex tunc correspondería atribuir al cese de la aprobación provisional resultante del silencio de Congreso. por ende. no hay argumento determinante que impida atribuir efecto positivo al silencio del Congreso. entonces. no revelaría. lo cual debe importar la extinción retroactiva del reglamento. Sólo cando las circunstancias valoradas para la derogación radicaran en el mérito o conveniencia de las medidas instrumentadas por el reglamento se podría justificar el efecto ex nunc de aquella. El veto presidencial El veto presidencial de la ley derogatoria del reglamento implicaría un acto viciado por desviación de poder. y no podría. en realidad. Una cuestión que corresponde plantear es el efecto asignable a la derogación legislativa del DNU: La ausencia de previsión constitucional expresa aconseja otorgar el control el Congreso un alcance amplio. así lo establezca.122 del año 2006. La derogación lisa y llama debería significar. con la idea de que el silencio no “crea” derecho público y con la propia naturaleza del decreto que. medie aprobación expresa o tácita del reglamento. durante el tiempo de las sesiones ordinarias en que el decreto fue emitido. además. porque ella está referida y fue. Este rechazo ficto sería coherente. más allá del lapso fijado para el pronunciamiento parlamentario. en ese caso.
Únicamente aprobarlo o rechazarlo mediante mayoría absoluta a través del dictado de una resolución. como el trámite de su dictado y. El control judicial Según Comadira. NO LO PUEDEN MODIFICAR. agregados o supresiones. Veto presidencial. o Los efectos del rechazo son los previstos en el código civil pero quedan a salvo los derechos adquiridos que hubiesen nacido durante la vigencia que hubiere tenido el decreto. o Puede que ninguna de las 2 diga nada. No podría vetar el PE ni tampoco una ley que derogue el DNU. por supuesto la razonabilidad de las medidas adoptadas . La ley dice que el rechazo del decreto únicamente va a tener efecto cuando ambas cámaras dictaron una resolución contraria a la vigencia del decreto. o una a favor y otra en contra. Si ninguna dice nada  continuaría vigente Si una está en contra y otra no dice nada  seguiría vigente Si una está a favor y otra en contra  seguiría vigente Si hay silencio de las dos. Nada impide que después de ser aprobado se dicte una ley que lo derogue. modifique o sustituya alguna parte. Las cámaras no van a poder introducirle enmiendas.Está en juego la división de poderes.  continúa vigente Solo se rechaza SI AMBAS CAMARAS LO RECHAZAN. Es decir que para que un DNU hoy deje de tener efecto se requiere que AMBAS CAMARAS DICTEN SENDAS RESOLUCIONES POR MAYORIA ABSOLUTA EN CONTRA. Las cámaras en manera simultánea se tienen que referir al decreto. los jueces poseen la atribución constitucional de controlar en plenitud tanto la efectiva existencia fáctica de la situación de “necesidad y urgencia” invocada por el PE. o La CN dice que las cámaras le tienen que dar expreso e inmediato tratamiento. o que se pronuncia una sola.
De todos modos todo el mundo coincide que hay que respetar los derechos adquiridos. empero. La ley 26 122 no permite que las cámaras de pronuncien sobre O. puesto que la CN no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición mas rápida de ciertos contenidos materiales por medios de un decreto. De otro modo se estarían desconociendo las potestades de este último órgano al cual.Caso Verrocchi (más reciente): corresponde e PJ el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales de admite esta facultad excepcional. el congreso si quiere derogarlo por razones de invalidez es más correcto que lo haga retroactivamente. el juez podría controlar que se dé el presupuesto habilitante. en este sentido. M C. como depositario de la voluntad popular.. que la Corte afirmara que siempre que se presentara un caso concreto. en cambio la oportunidad puede ser con respecto al futuro. C. el impugnado decreto resultaba susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales. solovalides o invalidez. corresponde descartar criterios de mera conveniencia ajenos a circunstancias extremos de necesidad. que es lo mismo que juzgar la validez o invalidez. de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes.  Ley 26. así como de la oportunidad. o Esto fue superado por fallos posteriores. Comadira padre: distinguir si el congreso lo derogaba por razones de ilegitimad o por razones de merito oportunidad o conveniencia. 6 o los DNU están sometidos AL PLENO CONTROL JUDICIAL. a quien correspondía pronunciarse acerca de las concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio de la facultad excepcional del PE. M. evaluarla al momento de dictarlo. El pronunciamiento de cada uno de las cámaras es sin perjuicio de los derechos nacidos durante ese periodo. también va a controlar que se haya cumplido con el procedimiento y por último la razonabilidad de la decisión. La falta de sanción de una ley especial que regule el trámite y los alcances de la intervención del Congreso no hace sino reforzar la responsabilidad por el control de constitucionalidad que es inherente al PJ. a juicio de la Corte. la CN atribuye una excluyente intervención en el contralor de los DNU.para regularla. el Congreso de la Nación. si la derogación es por razones de O. PJ puede controlar la legalidad del DNU antes del procedimiento de la comisión bicameral permanente o incluso después. el fallo RODRIGUEZ es sumamente contradictorio. es atribución de este Alto Tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de DNU y. Va a incluir la existencia fáctica la situación de emergencia. Mientras estuviera pendiente el trámite previsto para que el congreso apruebe el DNU el Pj no podría controlar la legalidad. sometida al pertinente control del PL. la norma del caso sólo podía considerarse. Régimen legal de los Decretos de necesidad y urgencia.122 6 Control de razonabilidad del contenido del DNU caso “Rodriguez”: atendiendo al texto constitucional plasmado por la reforma del año 1994. Importante  los DNU entran en vigencia a partir de la PUBLICACION u 8 días como dice el código civil. mérito y conveniencia de su contenido. Por ello el Alto Tribual sostuvo que no existía justificación para la requerida intervención del PJ en una cuestión seguida por los poderes políticos y pendiente de tratamiento por parte de uno de ellos. Ahora. Todas las consideraciones precedentes no impidieron. o De todos modos. . ahí sería lógico que los efectos sean hacia el futuro. la ilegitimas de un acto es al origen.
Autoridades ARTICULO 5º — La Comisión Bicameral Permanente elige anualmente un presidente. c) De promulgación parcial de leyes. 80 y 100. y 100. Sancionada: Julio 20 de 2006 Promulgada: Julio 27 de 2006 El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso. un vicepresidente y un secretario. La presidencia es alternativa y corresponde un año a cada Cámara. incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno.Regúlase el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de decretos que dicta el Poder Ejecutivo. y c) de promulgación parcial de leyes. sancionan con fuerza de Ley: TITULO I Objeto ARTICULO 1º — Esta ley tiene por objeto regular el trámite y los alcances de la intervención del Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo: a) De necesidad y urgencia. Quórum ARTICULO 7º — La Comisión Bicameral Permanente sesiona cuando cuenta con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. los que pueden ser reelectos. designados por el Presidente de sus respectivas Cámaras a propuesta de los bloques parlamentarios respetando la proporción de las representaciones políticas. b) por delegación legislativa. . Competencia ARTICULO 2º — La Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99. Integración ARTICULO 3º — La Comisión Bicameral Permanente está integrada por OCHO (8) diputados y OCHO (8) senadores. etc. incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional. 76. dictados por el Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99. TITULO II Comisión Bicameral Permanente Régimen jurídico. inciso 3. y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia. Funcionamiento ARTICULO 6º — La Comisión Bicameral Permanente cumple funciones aun durante el receso del Congreso de la Nación. Duración en el cargo ARTICULO 4º — Los integrantes de la Comisión Bicameral Permanente duran en el ejercicio de sus funciones hasta la siguiente renovación de la Cámara a la que pertenecen y pueden ser reelectos. inciso 3. b) Por delegación legislativa.
Para emitir dictamen. — Las bases a las cuales debe sujetarse el poder delegado no pueden ser objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo. Para emitir dictamen. el plazo de diez días hábiles para dictaminar.Dictámenes ARTICULO 8º — Los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente se conforman con la firma de la mayoría absoluta de sus miembros y en caso de que haya más de un dictamen con igual número de firmas. — El Poder Ejecutivo. — La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. prevaleciendo el reglamento del cuerpo que ejerce la presidencia durante el año en que es requerida la aplicación subsidiaria. TITULO III Decretos de Necesidad y Urgencia. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la procedencia formal y la adecuación del decreto a la materia y a las bases de la delegación. son de aplicación supletoria los reglamentos de las Cámaras de Senadores y Diputados. Para ello. Incumplimiento ARTICULO 18. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. dentro de los diez días de dictado un decreto de delegación legislativa lo someterá a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia. Elevación ARTICULO 12. de Delegación Legislativa y de Promulgación Parcial de Leyes Capítulo I Decretos de Necesidad y Urgencia Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente ARTICULO 10. dicha Comisión se abocará de oficio a su tratamiento. Reglamento ARTICULO 9º — La Comisión Bicameral Permanente dicta su reglamento de funcionamiento interno de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Capítulo II Delegación Legislativa Límites ARTICULO 11. . — En caso de que el Jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que reglamenta esta ley. y al plazo fijado para su ejercicio. el dictamen de mayoría es el que lleva la firma del presidente. Dictamen de la Comisión Bicameral Permanente ARTICULO 13. — La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. Ante una falta de previsión en el reglamento interno y en todo aquello que es procedente. la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia.
Impedimento ARTICULO 23. Jurisprudencia Fallo “PERALTA. éstas deben darle inmediato y expreso tratamiento. Distinto tramite entre DNU y delegados: DNUArt. sobre el orden económico social y que influya sobre la . Arsenio c/Gobierno nacional”. Despacho de la Comisión Bicameral Permanente ARTICULO 19. II. 100 inc. — El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil. inciso 3 y 82 de la Constitución Nacional. Tratamiento de oficio por las Cámaras ARTICULO 20. Cada Cámara comunicará a la otra su pronunciamiento de forma inmediata. para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. — Vencido el plazo a que hace referencia el artículo anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente haya elevado el correspondiente despacho. — La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete. 27/12/1990 DNU  Circunstancia habilitante: situación de grave riesgo social = situación de emergencia= extraordinaria. — Las Cámaras no pueden introducir enmiendas. según el decreto de que se trate. 99 inc. Rechazo ARTICULO 24. agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo. o 10 días JG26122. 12refrendados por el JG y por el ministro del ramo. El rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. CSJN. quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.se contará a partir del vencimiento del término establecido para la presentación del Jefe de Gabinete. III del presente Título. 3: o Celebrados en acuerdo general de ministros y refrendado por todos estos y por el JG. Pronunciamiento ARTICULO 22. las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido en los artículos 99. o 10 días que tiene el JGestán CN DELEGADOS o Art. en los Capítulos I. Plenario ARTICULO 21. El dictamen de la Comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos. — Elevado por la Comisión el dictamen al plenario de ambas Cámaras. — Las Cámaras se pronuncian mediante sendas resoluciones.
sería abonado en bonos externos.N. bajo el gobierno de Raúl Alfonsín. Silencio=ratifica Influye el factor sorpresa como determinante del dictado del dnu. Ante la necesidad de tomar medidas contundentes. implemente hay una reprogramación. por escaso tiempo.        subsistencia de la organización jurídica y política Que se requiera celeridad incompatible con los cuerpos pluripersonales Finalidad=proteger intereses sociales y no individuales Temporalidad de la medida Razonabilidad de la medida Que el PL no adopte medidas de rechazo al dnu. el P. El nuevo gobierno logró. Recepta la idea de no aniquilación del derecho 3) se exige convalidación del Congreso que fue desarrollado por medio de un procedimiento Esto demuestra que “Peralta” es una fuente importante aun después de la CN 1994 porque 1) la CS lo sigue citando 2) la doctrina lo cita 3) la CN convalida su doctrina Antecedentes del caso: En el año 1989. no impidió volver a una nueva hiperinflación. Además 1) debe tender al interés general y no en beneficio de un sector 2) debe ser por un tiempo limitado (temporalidad) no pudiendo ser medidas permanentes 3) debe ser razonable: proporción entre medios y fin buscado 4) se requiere aprobación del Congreso pero esta puede ser tácita: si el Congreso no se expresa se entiende que se aprobó Convalida el decreto: no hay violación del derecho de propiedad. Menem. Luis Arcenio Peralta y otros interpusieron acción de amparo contra el Estado Nacional y el BCRA. y peticionaron la declaración de inconstitucionalidad del decreto 36/90.E. así como el pago del capital adeudado. la hiperinflación produjo una situación límite que obligó a traspasar anticipadamente el mando al nuevo presidente electo. . perfeccionada: 1) se recepta la idea de grave riesgo social porque e hable de que el PL no pueda seguir con el trámite de aplicación y sanción de leyes 2) hay una limitación material: cuatro materias que no pueden ser objeto de DNU. una espera y no una quita (mutilación) Comparación entre “Peralta” y lo que recepta la CN en 1994: en lo esencial se toma la doctrina de “Peralta”. sin embargo y tras el cambio de 3 ministros de economía. dictó el 3 de enero de 1990 el Decreto 36/90 (llamado Plan Bonex) por el que disponía la devolución de los depósitos hasta un límite de $1000 y. un relativo control de la situación que. Carlos S. cualquier monto excedente.
b. El Estado había invocado en su defensa el artículo 2 inc. en caso de grave riesgo. Teniendo en cuenta que no existen derechos absolutos cuando se sanciona una norma como el decreto 36/90. . Tal principio. d) de la ley 16. que no priva a los particulares de una propiedad y sólo limita temporalmente la devolución de los depósitos. Se trata simplemente de una limitación impuesta y justificada por la necesidad de superar la crisis. Apelada la medida la Cámara hizo lugar al amparo. La situación de emergencia o se limitaba a un sector determinado sino que comprometía el bien común. f. d. Tiene atribuciones inherentes como administrador general del país y. Dicha norma establece la inadmisibilidad de la mencionada acción cuando “la determinación de la eventual invalidez del acto requiriese la declaración de inconstitucionales de leyes decretos u ordenanzas”. e. Éste interpuso RE federal. que la finalidad del decreto sea la de proteger intereses sociales y no individuales. Que las soluciones requeridas difícilmente puedan adoptarse con eficacia y rapidez por cuerpos pluripersonales.El juez de primera instancia rechazó la acción. la finalidad de la acción de amparo. no hay violación del art. que gravite sobre el orden económico social y que influya sobre la subsistencia de la organización jurídica y política. que la medida sea razonable. Voto de la mayoría Partes del fallo: 1) La Corte debió resolver en primer lugar si era viable o no la declaración de inconstitucionalidad de una norma durante el procedimiento de amparo. La CSJN hizo una interpretación dinámica de la CN (Frase del Juez Marshall: “No nos olvidemos que estamos interpretando una Constitución y se debe hacer de forma dinámica) y reconoció la validez del mencionado decreto siempre que se cumplan los siguientes requisitos: a.para frustrar la posibilidad de obtener en sede judicial una oportuna restitución del ejercicio del derecho esencial conculcado”. que sea extraordinaria. es decir.) c. debe ceder cuando la norma viole palmaria o manifiestamente derechos fundamentales. 2) Resuelta la cuestión. aunque la condena alcanzó sólo al Estado Nacional. De otro modo “bastaría que la autoridad recurriera al procedimiento de preceder su acto arbitrario de una norma previa –por más inconstitucional que ésta fuere. En este caso el decreto se dictó con el objetivo de ponerle fin a la grave situación de orden económico que afectaba el sistema financiero argentino. que el Congreso o adopte decisiones que indiquen su rechazo hacia el decreto. (El PE puede dictar DNU por la celeridad. debió referirse a la competencia o no del PE de dictar los DNU (el caso fue anterior a la reforma de 1994). Que medie una situación de emergencia. que la duración de la medida sea temporal. La Corte estableció que la limitación contenida en la mencionada disposición no debía reputarse absoluta. 17 CN. debe ejercerlas. Se frustraría así. tendiente a evitar declaraciones de inconstitucionalidad.986 reglamentaria de la acción de amparo.
por su parte. deberá ser confrontada con la CN. 2 inc. Que el remedio debía pasar por este tipo de depósitos 2. se requiere de un debate con dimensiones que superan ampliamente las que sin propias del juicio de amparo. Se convalida el decreto revocando la sentencia apelada. d) de la ley de amparo. convalidó tácitamente la medida al no dictar disposiciones contrarias a la misma. o Situación excepcional que imposibilita al congreso legislar sobre el punto en su zona de reserva. pues el senado aprobó un dictamen de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que aconsejaba rechazar un proyecto de ley del PE que propiciaba rectificar la norma impugnada. mérito o conveniencia. en su caso. además. 16 CN (Igualdad) ya que el sector perjudicado no ha sido elegido arbitrariamente.” Voto de Belluscio (en disidencia de fundamentos) A su criterio los actores no demostraron la necesidad de recurrir a esta vía de excepción por lo tanto rechaza la acción de amparo y revoca la sentencia apelada. El Congreso Nacional no demostró la voluntad de ratificar el decreto. sanciona un proyecto de ley derogando los decretos 1477/89 y . CSJN. Voto de Oyhanarte (en disidencia de fundamentos) Este magistrado deja sin efecto la sentencia apelada con fundamento en lo dispuesto en el art. Fallo “DELLA BLANCA.Por otra parte le remedio debió llevarse a cabo con una eficacia y rapidez incompatible con el tratamiento legislativo. que la retención del dinero a partir de cierto monto demuestra cierta capacidad económica de los afectados. 3) Análisis de razonabilidad: el PJ no puede analizar la oportunidad. que garantiza al trabajador una remuneración justa y lo protege contra el despido arbitrario. El PE maneja una información que el PL no maneja ni remotamente. Para tomar tal decisión se tuvo en cuenta: 1. La medida no fue desproporcionada en relación a la finalidad perseguida. 24/11/1998 Según el caso= circunstancias excepciones=necesarias para preservarla vida misma de la nación y del estado. La CSJN resuelve además que el decreto no es violatorio del art.predican para justificar su contenido. Luis”. la Cámara de Diputados. máxime si éste había sido convocado a sesiones extraordinarias. “Teniendo en cuenta que la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad. es inhábil para justificar una situación excepcional que imposibilitara al Congreso legislar sobre el punto en su zona de reserva de actuación. la que a su vez. El Congreso. La naturaleza no remunerativa que el decreto 1477/89 imprimió a los ticket canasta sólo puede ser formalmente establecida mediante una decisión política y rango propios de una ley del Congreso. Dice que hay medidas que tienen que ser dictadas de modo sorpresivo. Mayoría La sola referencia a la acuciante situación alimentaria que los considerandos del decretos 1477/89 – que asignó carácter no remunerativo a los ticket canasta.
la resolución del juez de primera instancia que ordenó la suspensión cautelar de los efectos del decreto 842/97 de privatización de aeropuertos. los actores desconocieron la legitimación activa del Jefe de Gabinete. Así. pues dicha resolución fue adoptada con exceso de competencia por parte del juez. sobre el marco regulatorio y privatización del servicio aeroportuario. que sólo podía ser objeto de modificaciones mediante una ley del Congreso. 1998 o El PJ no puede intervenir ante un planteo de nulidad de un DNU porque la CN atribuye al PL una excluyente intervención en el contralor de los DNU (PPio de división de poderes). no se da una causa que permita el ejercicio del PJ cuando se procura. lo hizo fuera de un caso o causa. por ello. si bien el magistrado solo concedió una medida cautelar. desestimó este plateo y dejó si efecto lo resuelto por el juez de primera instancia. El tribunal. por mayoría. como ocurre en la pretensión de nulidad del decreto 842/97 de privatización de aeropuertos articulada por diputados de la Nación. A su vez. El decreto no reúne los requisitos constitucionales para su validez. cada vez que su voto en el recito no sea suficiente para alcanzar las mayorías requeridas por las respectivas reglamentaciones para convertir un proyecto en ley. en el caso. por medio de una norma constitucionalmente nula se ha disminuido la base indemnizatoria con menoscabo de la cláusula superior de protección contra el despido arbitrario. diputados de la Nación. Hechos El Jefe de Gabinete de Ministros se presentó en forma directa ante la CSJN. Jorge . Otorgar legitimación a los diputados significaría admitir que. la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes. Efectivamente. Mayoría Corresponde que la CSJN deje sin efecto. alterando el equilibrio de las funciones inherentes a la forma republicana de gobierno.Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación s/ plantea cuestión de competencia”. puedan obtener por vía judicial un . CSJ. Dichas causas son aquellas en las que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas y.1478/89. denunciado un conflicto de poderes suscitado con motivo de la decisión cautelar recaída en una causa iniciado por un grupo de legisladores antes la justicia federal. ante la presentación directa efectuada a tal fin por el Jefe de Gabinete. dada la falta de perjuicio concreto de quienes han pretendido la intervención judicial. por la que se ordenó al PE la suspensión de los efectos del DNU 842/97. Fallo “RODRIGUEZ.
De otro modo se desconocerían las potestades de este último órgano. 3) Mera conveniencia: DNU no puede dictarse por mera conveniencia 4) Circunstancias objetiva y verificables: esa verificación es “a raja tabla” Hechos: El PE dictó los DNU 770/96 y 771/96 mediante los cuales suprimió las asignaciones .122 aún Inconstitucionalidad del decreto Omite el criterio del factor sorpresa que esta en peralta. Fallo “VERROCCHI”. a quien la CN atribuye una excluyente intervención en el contralor de los DNU que no puede ser interferida por el PJ sin grave afectación del principio de division de poderes. Es inadmisible que el PJ intervenga en una contienda suscitada entre el PE y algunos miembros de la Cámara de Diputados antes que el procedimiento político normal tenga la oportunidad de resolver el conflicto. no xiste justificación para la intervención del PJ. La mayoría admite el DNU pero in reglamentación. La falta de reglamentación del PL sobre el DNU no es óbice para el control del PJ sino todo lo contrario. Principios 1) a mayor reglamentación del PL debe haber menor control del PJ: Es decir.derecho que va más allá que el conferido por su propio cargo de legislador. no desestima la posibilidad de que se dicten. pues se trata de una cuestión seguida por los poderes políticos y pendiente de tramitación por parte de uno de ellos. Modificación: el PE había vetado la parte retroactiva del DNU. el Congreso. Planteada la nulidad del DNU y solicitada la medida cautelar. 2) doctrina del silencio: el silencio del Congreso no debe entenderse como positivo (Petracchi). Control judicial: restablece el control judicial (después de  “Rodríguez” que dio carta blanca) Requisitos para que se dicte el DNU: o Q el congreso no pueda reunirse por razones de fuerza mayor o Situación de una urgencia que no se puede esperar hasta el dictado de una ley o Controlel PJ tiene la facultad de evaluar si se cumplieron las circunstancias excepcionales alegadas en el caso. Regula en qué consiste la posibilidad del PL de reglamentar por í mismas la materia que reglamenta el DNU. CSJN. 1999 DNU        No estaba la ley 26.
El PJ está facultado para evaluar en el caso si efectivamente existían las circunstancias excepcionales alegadas por el PE. 99 inc. o b.familiares a los trabajadores cuyas remuneraciones superaran los $1000. El amparo resultó procedente en primera y segunda instancia. El art. De lo contrario. En este caso la CSJN no verifica circunstancia alguna que impida al Congreso darle solución al tema de las asignaciones familiares. El actor alegó además. 3. el cumplimiento de 2 etapas: una ejecutiva (de dictado de las normas) y otra legislativa (de control). que la situación que requiere solución legislativa sea de tal urgencia que no permita aguardar el dictado de una ley por el Congreso. Verrochi presentó una acción de amparo impugnando la constitucionalidad de los mencionados decretos por resultar –a su criterio violatorios de la garantía de protección integral de la familia. Pettrachi (concurrencia) Resuelve invalidar los decretos con los siguientes fundamentos: 1. La “etapa legislativa” requiere de la intervención de una Comisión Bicameral Permanente la que debe ser creada mediante una ley especial Dicha ley aún no ha sido dictada. Si el Congreso no dicta la ley que los regule. NOTA: Falta supuesto de que la norma sea sorpresiva para ser eficaz (como se menciona en Peralta). 2. el fiscal interpuso RE. Por tal motivo. 2. No existía necesidad y urgencia. dejarían de ser actos concurrentes (de dos poderes) y pasarían a ser actos . Para que sea procedente la emisión de los DNU deben concurrir las siguientes circunstancias excepcionales: a. Que el congreso no pueda reunirse por razones de fuerza mayor. En principio el PE no está facultado para dictar disposiciones de carácter legislativo. Afectado por la medida. 3 exige para la validez de los DNU. La CSJN fundó su resolución en los siguientes argumentos: 1. Por tal motivo los DNU no pueden ser emitidos. por esa omisión no puede inhibir una atribución del PE. Resolución de la CSJN El voto de la mayoría confirmó la sentencia de Cámara que había declarado la inconstitucionalidad de los decretos impugnados. que el decreto no estaba fundado en una situación de necesidad y urgencia.
2002 o Las sucesivas reglamentaciones han excedido el marco de la delegación o Se afecta de forma directa los arts. no queda circunscripta al estrecho marco cognoscitivo de la cautela sino que se extiende también a lo que ha sido tema de fondo. estableció que las disposiciones de su normativa no implicaban ratificación ni expresa ni tácita de los decretos 1570/01 y 1606/01. no ha de estar limitada por las posiciones del tribunal apelado ni por las de las partes. 6. el 6 de enero de 2002 fue sancionada y promulgada parcialmente la ley 25. sancionada el 20 de diciembre de 2001 y promulgada el 6 de enero de 2002. la ley 25. ante esta singular situación.unilaterales y discrecionales del PE. 7 y 15). CSJN De la lectura del fallo recurrido se desprende que la medida cautelar requerida y ordenada por el juzgador coincide con el objeto de la demanda. el juzgamiento del fondo del asunto. 3°. De las diversas disposiciones de la ley. por lo que la resolución que declaró su viabilidad constituye un anticipo de jurisdicción e implica. en cuanto restringe la disponibilidad de los depósitos bancarios mediante la prohibición de extraer más de $250 (pesos o dólares) semanales por titular de cuenta en cada banco. del Código Procesal. NOTA Para Peralta el silencio del Congreso es ratificatorio Para Pettracchi el silencio no es ratificatorio sino de rechazo. Fallo “SMITH c/PE”. solicitó la avocación “per saltum” de V. la tarea de esclarecer la inteligencia de las normas federales involucradas. para que deje sin efecto la medida cautelar dispuesta por el juez federal ad hoc de Corrientes. en su art. pidió como medida cautelar que se le devolvieran las sumas depositadas en plazo fijo una vez operado el vencimiento.195 bis. la competencia de esta Corte.561 de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario que tácitamente ratificó el decreto 1570/01 (arts. ha quedado circunscripta a "establecer el sistema que determinará la . La CSJN declaró la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. por tanto. Dictamen del Procurador General El Banco Galicia y Buenos Aires S. esto es.E. A su turno. 14 bis y 17 de la CN. CSJN.A. Asimismo. que ordenó restituir integra e inmediatamente los fondos depositados por Carlos Antonio Smith en dicha entidad bancaria.. De ahí que. El banco depositario interpuso recurso de apelación por salto de instancia en los términos del art. al planteo concreto sobre la inconstitucionalidad de la norma cuestionada y desde esta perspectiva. se desprende que la delegación normativa conferida al Poder Ejecutivo.557. Con posterioridad. Hechos Un ahorrista promovió acción de amparo tendiente a que se declare inconstitucional el DNU 1570/01.
En el caso. Ante ese cuadro de situación. por ende. párrafo 5°). a reestructurar "las deudas con el sector financiero" (art. segundo párrafo). 6°. el fundamento de las normas de emergencia es la necesidad de poner fin o remediar situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el orden patrimonial. 6°.relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras y dictar regulaciones cambiarias" (art. así como la prohibición de canjearlos por diferentes activos del Estado Nacional. en reiteradas oportunidades que. por consiguiente. 28 de la Carta Magna. o de reestructurar su vencimiento (arts. y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad. como por la ley 25. a la vez que. El derecho a disponer libremente de los fondos invertidos o depositados en entidades bancarias y financieras se sustenta. 2°). Tal afectación de los mentados principios constitucionales. "establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras" (art. La restricción imperante en relación con los depósitos bancarios adolece de irrazonabilidad toda vez que no se advierte la proporcionalidad entre el medio elegido y el fin propuesto . en cuanto suspende la aplicación de la referida ley de intangibilidad (art. una profunda e injustificada lesión a su derecho de propiedad. 6°. el actor ha sido víctima de la vulneración de su patrimonio. párrafo tercero) y "disponer las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas" (art. Tal garantía. un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato. 1° a 4). se había visto recientemente reforzada mediante las disposiciones de la ley 25. ni encuentra respaldo. definiendo tal intangibilidad como la imposibilidad por parte del Estado de alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera. han provocado una incuestionable modificación de las condiciones y presupuestos tenidos en mira por ahorristas e inversores al tiempo de efectuar sus operaciones bancarias lo que apareja un evidente desconocimiento de sus derechos adquiridos y. en el art. atenuar su gravitación negativa sobre el orden económico e institucional y la sociedad en su conjunto.466 que. dada la gravedad que reviste y la ausencia de razones decisivas que justifiquen la exigencia legal que la provoca. Esta Corte ha subrayado. en los principios de la Ley Fundamental. limitada en el tiempo. a diferencia del estado de sitio. consagró la intangibilidad de los depósitos. toda vez que la emergencia. tanto las restricciones impuestas por el decreto 1570/01 y sus posteriores reglamentaciones. de prorrogar su pago. que acontecimientos extraordinarios justifican remedios extraordinarios. 15). no puede entenderse como fruto de una reglamentación razonable de tales principios. como una forma de hacer posible el cumplimiento de las obligaciones. La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable. toda vez que la constitución de sus depósitos había sido efectuada bajo la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad. con carácter de orden público. con independencia de los preceptos legales que puedan reconocerlo. no suspende las garantías constitucionales. además.561 de Emergencia Pública. y no es dudoso que condicionar o limitar ese derecho afecta a la intangibilidad del patrimonio y obsta al propósito de afianzar la justicia.
3 CN. como se recordó más arriba. corresponde desestimar el recurso interpuesto. Fallo “ZOFRACOR S.237. 28 de la Constitución Nacional y preterir su inexcusable rol como gestor del bien común. pues diversos motivos de política legislativa pueden justificar un tratamiento preferente en determinadas zonas. CSJN Debe rechazarse la acción de amparo promovida contra el Estado Nacional por el concesionario de una zona franca ubicada en la Provincia de Córdoba para impugnar el DNU 285/99. para compensar la mayor marginación de algunas regiones. 2002. 86 de la ley 25. o Pero su ratificación expresa por el pL hace que rija validamente desde el dictado de la ley porque resultara la intención del legislador de adoptar y conferir rango legal a las disposiciones del DNU. por tanto. el ejercicio válido de los poderes de emergencia ya que aun en estas situaciones. en forma directa e inmediata las garantías reconocidas por los arts. agregada al resto de las medidas adoptadas. en instancia originaria. coadyuva a su privación y aniquilamiento. El régimen general de zonas francas –ley 24. pues. La corte acogió parcialmente la demanda. que concede mayores franquicias a otra zona situada en el Provincia de La Pampa. La norma en cuestión afecta. 99 inc.tendiente a poner a la provincias en igualdad de condiciones. pues media falta de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta al no surgir de norma alguna que la regulación de tales zonas deba ser idéntica. o Nulidad insanable del DNU x contrariar prohibición expresa del Art. declarando inválidos los efectos de decreto impugnado hasta su ratificación por el art. Pacto de San José de Costa Rica. El efecto producido por las normas impugnadas excede. La ratificación legislativa de un DNU –en el caso del 285/99. que prevé ciertas franquicias tributarias para otra zona ubicada en la Provincia de La Pamba.A. sin que ello atente contra la garantía de igualdad ante la ley.carece de efectos retroactivos cuando la norma ratificada es insanablemente nula en razón de su inconstitucionalidad original –violación del principio de legalidad en materia tributaria-. no conduce necesariamente a una idéntica regulación para todas ellas.con su implementación para conjurar la crisis ya que no significa una simple limitación a la propiedad sino que. CSJN. acción de amparo contra el DNU 285/99. el Estado no puede válidamente transponer el límite que señala el art. 14 bis y 17 de la Constitución Nacional así como las previsiones del art. por lo que su . En las condiciones expuestas. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hechos: Un concesionario de una zona franca situada en la provincia de Córdoba promovió ante la Corte Suprema.133.c/ Estado Nacional”.
la CSJN declaró la inconstitucionalidad de las normas impugnadas. del art. Expresó además que no se restringió con razonabilidad el derecho de propiedad en razón de la emergencia. ordeno que el BCRA reintegre a la Provincia de San Luis las sumas depositadas en dólares (o su equivalente en pesos) y fijo el plazo de 60 días para que las . por contrariar la prohibición expresa del art. de ser compatible con los principios constitucionales. 3 de la CN. violando la garantía federal y la autonomía provincial. 99 inc.237 hace que aquél rija validamente a partir de la entrada en vigencia de esta última. 99 inc. el Banco Nación y el BCRA. La Provincia de San Luis fundamentó la inconstitucionalidad del corralito financiero y de la pesificación compulsiva en la violación de los artículos 14 y 15 CN y del artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. pues resulta clara la intención del legislador de adoptar y conferir rango legal a las disposiciones del citado decreto. o DNU 214declarada la emergencia la delegación del congreso es el limite de las funciones legislativas del PE o El PE no puede invocar la misma emergencia para dictar normas de carácter legislativo por fuera de las facultades delegadas por el PL. en cuanto dispuso convertir a pesos los depósitos en dólares a un valor de U$S 1 = $1. y del art. o El DNU no responde al mecanismo del Art. 2 del mencionado decreto 214/02. o Hay una combinación entre delegación y DNU. en consecuencia. comienza a regir a partir de dicha ratificación. su ratificación por ley 25. Solicitó que se declare la inconstitucionalidad del art. en razón de depósitos a plazo fijo que fueron incluidos en el denominado “corralito” y no abonados a su vencimiento. 3) Fallo “Provincia de San Luis c/Estado Nacional”.40 y.contenido. Se hizo lugar a la acción de amparo. 99 inc. CSJ. Es insanablemente nulo el DNU 285/99. No obstante la nulidad insanable del DNU. 12 del DNU 214/02. en cuanto otorga ciertas franquicias de carácter fiscal a una zona franca situada en la Provincia de La Pampa. 3 sino que al ejercicio de las facultades del poder delegado por el PL al PEel PE se excedió. la devolución de los plazos fijos en la misma moneda en que fueron impuestos o en pesos correspondientes a su valor en el mercado libre de cambio. 3 del Decreto 320/02 y del 1570/01 (que prohibió los retiros en efectivo que superen los 250 pesos o dólares por semana por parte del titular o titulares de total de sus cuentas en cada entidad financiera). pues traduce el ejercicio de atribuciones exclusivas del Congreso vedado al Ejecutivo por aplicación del principio de legalidad tributaria aun en las condiciones excepcionales que podrían justificar el dictado de DNU (art. La provincia de San Luis se presentó ante la CSJN en instancia originaria e interpuso una acción de amparo contra el PE Nacional. 2003. sino que lo aniquiló y que los obstáculos para disponer de los recursos representaron un acto normativo del Estado Nacional que atento contra el normal desenvolvimiento del gobierno de la provincia.
permite encontrar una razón para ejercer aquellos existentes.40 por dólar más el coeficiente de estabilización de referencia (CER). . lo que demuestra claramente el mal uso de la vía excepcional de amparo. ante acontecimientos extraordinarios. Aplica fundamentos ya vertidos en los casos “Peralta” y “Provincia de San Luis”.partes determinen la forma y plazos de su devolución. Alberto Roque”. en el plazo de diez días. en caso de no ser atendidas. comprometerían la paz social y el interés general cuya custodia constituye uno de los fines esenciales del Estado moderno. DNU  No hay violación ni del derecho de propiedad ni del derecho de igualdad  Se hace más referencia a la emergencia en sí misma  Voto de Fayt: hace un análisis reglamentario del caso. el Banco de Entre Ríos y el BBVA Banco Francés S. porque se excede en tanto decreto delegado como en tanto DNU Antecedentes Alberto R. Dentro del plexo normativo tachado de inconstitucional. el Banco Central de la República Argentina. amén de realizar una dura crítica a los tribunales que acogieron inicialmente demandas similares.561. y ordenó que las entidades financieras intervinientes devolvieran los depósitos en el signo monetario efectuado. ni disminuye las restricciones impuestas a los atribuidos anteriormente. CSJ. limite o restrinja de cualquier manera a los actores la posibilidad de disponer inmediatamente de sus depósitos a plazo fijo y en cuentas a la vista. así como la conversión en pesos de los depósitos en dólares.557 y 25. La Cámara Federal de Paraná confirmó el fallo de primera instancia haciendo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad de las leyes 25. resoluciones vinculados y “toda otra norma que impida. Fallo “Bustos. revocando la sentencia de Cámara. a plazos más largos. La causa tardó más de dos años y medio en obtener sentencia definitiva ante la Corte. de modo tal que. CSJN La Corte critica la desnaturalización de la vía de amparo elegida para decidir las complejas cuestiones sometidas a la Justicia.” El Estado Nacional y los bancos demandados interpusieron el extraordinario y la Corte falló a favor de éstos. Si bien la emergencia no crea poderes inexistentes. el ejercicio del poder de policía… permita satisfacer las necesidades de una comunidad hondamente perturbada y que. en razón de las normas de emergencia dictadas por el Gobierno Federal entre 2001 y 2002 por las que se concretaron restricciones al retiro de depósitos a plazo fijo y cuentas a la vista. rechazando el amparo y consagró la constitucionalidad de las medidas de emergencias. Bustos y otros promovieron amparo contra el Estado Nacional. así como los decretos. o bien en la moneda extranjera pero en bonos del Tesoro.A. a los depositantes en dólares estadounidenses se les ofreció la opción de obtener su devolución en moneda argentina en diversos plazos y al cambio de $ 1. 2004. declara inconstitucional 1) el PE se excedió de la reglamentación 2) el exceso no pudo ser suplido por las circunstancia de encuadrarse el decreto como DNU.
Se justifica la pesificación dispuesta por el Estado y critica a los ahorristas sosteniendo: “Es obvio que si se depositaba en dólares es porque se dudaba del mantenimiento del poder adquisitivo de los pesos nacionales…” “En la Argentina nadie ganaba en dólares norteamericanos.344. a plazos más largos pero más cortos que los emitidos en 1990 y que la Corte justificó en el caso “Peralta”. la seguridad o el . 2°) Que para así decidir el tribunal entendió. Fallo “Leguizamón. en consecuencia.S. No se trata de hacer justicia en el caso particular aunque se caiga el mundo. con cita de doctrina y precedentes de esta Corte. hizo lugar al reclamo por las facturas adeudadas con más sus intereses. en Bonos. se traducían en verdaderas afectaciones al derecho de propiedad y una clara conculcación de las normas del Código Civil. no hay acción. con sujeción a los Artículos 13 y 18 de la Ley Nº 25. Romero. el Estado se los ofreció.por el que se dispuso el relevamiento y control de las deudas y créditos del Instituto Nacional de Servicios Sociales Para Jubilados y Pensionados y.S.Los requisitos para justificar tales medidas son: 1) Que se presente una real situación de emergencia. 442 por estar en juego la validez constitucional de una norma y denegado en cuanto a la tacha de arbitrariedad. declarada por el Congreso. Abel y otra c/ I. sin que se haya interpuesto la queja respectiva. CSJ.” A falta de daño producido por el Estado.J. cuya modificación es de resorte exclusivo del Poder Legislativo. que obligue a poner en ejercicio sus poderes reservados para proteger los intereses vitales de la sociedad. atendiendo a las enormes injusticias distributivas existentes en el país y las que sobrevendrán. ya que ello no causa perjuicio alguno al acreedor. por el monto originario. pues no refería razones objetivas para justificar la necesidad y urgencia de las medidas adoptadas. de manera que asentar los depósitos en esa moneda era utilizarla simplemente como una moneda de cuenta…” y concluye: “En tal contexto…la pesificación se presenta como razonable mientras el importe que se devuelva tenga el mismo o mayor valor adquisitivo que tenía el depósito originario. s/ ordinario”.40 más CER no alcance a cubrir el mismo poder adquisitivo del dinero originariamente depositado. Los actores no han demostrado que el reintegro de $ 1. y P. Unicamente en situaciones de grave trastorno que amenacen la existencia. 4) Que la ley sancionada tenga límites en el tiempo y que dicho término tenga relación directa con la existencia en razón de la cual fue sancionada. Contra tal pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario que fue concedido a fs. 2004 Considerando: 1°) Que la Cámara Federal de Apelaciones de la Cuarta Circunscripción Judicial de Córdoba declaró la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 925/96 -así como las resoluciones que lo reglamentan. las cuales por su gravedad. 2) Que la ley tenga por finalidad satisfacer el interés público. 3) Que los remedios justificados en la emergencia sean los propios de tales situaciones y se utilicen razonablemente. que el decreto impugnado carecía de razonabilidad. Y si los actores pretendían dólares. con el bien de todos y no sólo del de algunos. La Corte debe evitar el conflicto con el interés general o el bien común.
. La referencia a la situación de crisis que atraviesa dicho instituto resulta insuficiente para justificar una situación de grave riesgo social que el Congreso no pueda remediar por los cauces ordinarios que la Constitución prevé. que deben ser conjuradas sin dilaciones puede el Poder Ejecutivo Nacional dictar normas que de suyo integran las atribuciones del Congreso. siempre y cuando sea imposible a éste dar respuesta a las circunstancias de excepción. máxime cuando la medida se adoptó durante el período de sesiones ordinarias.orden público o económico.
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