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Timestamp: 2018-10-20 17:49:20+00:00

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﻿ SENTENCIA C-592 DE DICIEMBRE 9 DE 1993
SENTENCIA C-592 DE 09 DE DICIEMBRE DE 1993
CONTENIDO:PROCESOS PENALES MILITARES, QUIÉN PUEDE SER DEFENSOR
TEMAS ESPECÍFICOS:POLICÍA NACIONAL, FUERZAS MILITARES, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, ABOGADO, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, PROCESO PENAL MILITAR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:267 DE MARZO DE 1994, PÁG.293
Sentencia C-592 de diciembre 9 de 1993
PROCESOS PENALES MILITARES
QUIÉN PUEDE SER DEFENSOR
“DECRETO NÚMERO 2550 DE 1988
Artículo 374. Quién puede ser defensor. En los procesos penales militares el cargo de defensor puede ser desempeñado por un abogado en ejercicio o por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo.
Los oficiales sólo podrán actuar en los recursos de casación y revisión cuando sean abogados en ejercicio”. (La parte subrayada es la demandada).
Encuentra la Corte que el inciso tercero del artículo 29 de la Constitución Nacional en forma precisa establece que “Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento...”; al respecto, se considera que es voluntad expresa del Constituyente de 1991, la de asegurar a todas las personas, en el específico ámbito de los elementos que configuran el concepto de debido proceso penal y de derecho de defensa también en el ámbito penal, el respeto pleno al derecho constitucional fundamental a la defensa técnica y dicha voluntad compromete, con carácter imperativo y general, al legislador, a la ley y a los jueces.
No sobra advertir que las tendencias de este movimiento constitucionalista se manifiestan, entre otras cosas, en el especial reforzamiento de las instituciones y de los principios jurídicos de rango constitucional previstos para la protección de las garantías procesales de la libertad de las personas naturales, y que el derecho a una defensa técnica puesta al servicio de la causa de la libertad es, pues, uno de los más importantes aportes de la Carta de 1991 a esta idea. No se trata del descubrimiento de unas nuevas fórmulas que desconozcan las conquistas del derecho público clásico y demoliberal, tan afecto a las causas de la libertad y de la abolición de los instrumentos que la niegan; tampoco se trata del reconocimiento del supuesto fracaso del tradicional orden jurídico representativo basado en el principio de la legalidad de los delitos y de las penas, como parece entenderlo el Ministerio Público; simplemente se estima que en estas materias se hace necesario reforzar y extender las garantías procesales de orden penal, entre otras formas de amparo indirecto y genérico de la libertad, en atención a los riesgos que ésta corre por fuerza del desarrollo de los recursos de represión del hombre en la sociedad tecnológica y masificada, y por la debilidad de las sociedades libres ante la capacidad destructora de los nuevos instrumentos de la guerra y de la dictadura.
e) No asiste duda respecto de la proscripción constitucional de las modalidades de investigación o de juzgamiento penal, en las que existiendo sindicado no participe el defensor tal y como lo ha advertido de modo reiterado esta corporación; igualmente, tampoco existe duda en lo que se refiere al valor y alcance general de la mencionada garantía constitucional extendida ahora de modo expreso a todos los procesos penales, inclusive a los militares, dados los términos empleados por las restantes partes de la disposición que se cita en los que se advierte que las reglas en ella establecidas están previstas para que sean aplicadas a todas las personas y a todo aquel que sea sindicado.
Así, el derecho a la defensa ténica como una modalidad específica del debido proceso penal constitucional se aplicará en todo caso en que exista sindicado de un delito, ya que, además, aquella es una regulación categórica y expresa de carácter normativo y de rango superior en la que se esablecen las principales reglas de carácter constitucional que en todo caso deben regir la materia del proceso penal; de manera que todas las disposiciones que sean objeto de regulación contraria deben ceder al vigor superior de la Constitución. En este sentido no puede sostenerse bajo los presupuestos de la Carta de 1991, que la urgencia, la trascendencia, la importancia o la prevalencia que en algunos asuntos plantea la justicia penal militar permita dispensar la presencia del abogado escogido por el sindicado, o de oficio, durante la investigación o el juicio. En este orden de ideas, no obstante la competencia del legislador para esablecer las mencionadas disposiciones aplicables a los procesos penales militares, esta facultad otorgada de modo especial y expreso por el constituyente no alcanza para disponer del derecho a la defensa y a la asistencia técnica por un abogado en favor del sindicado, tal y como lo exige la Constitución; además, se observa la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales, asegurados de modo expreso por el constituyente, uno de los cuales es el de la defensa técnica del sindicado.
f) Bajo estas consideraciones, tampoco es admisible que el abogado defensor sea al mismo tiempo oficial en servicio activo, puesto que la Corte encuentra que no obstante la existencia de la noción constitucional de la jurisdicción penal militar que se desprende del citado artículo 221 de la Constitución, como categoría normativa de creación de esta especial jurisdicción y que remite al Código Penal Militar el establecimiento de las prescripciones con arreglo a las cuales las cortes marciales o tribunales militares conocen de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, la Carta no permite la incorporación de un elemento como el que plantea en una de sus interpretaciones la disposición acusada, según el cual en los procesos penales militares el cargo de defensor podría ser desempeñado por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo, desde luego, aunque el defensor sea un abogado habilitado científica y técnicamente para adelantar la defensa y la asistencia del sindicado. Ocurre que la mencionada calidad de militar en servicio activo resulta incompatible con los elementos de la noción de defensa técnica a que se refiere el artículo 29 de la Carta, puesto que como tal el funcionario de las Fuerzas Militares se debe a una permanente relación jerárquica, propia de las estructuras orgánicas de aquella naturaleza, y debe cumplir como militar con la orden del superior; ésta lo exime de responsabilidad y, por tanto, con la investidura que confiere el servicio activo puede reducir la autonomía, la independencia y la capacidad de deliberación que reclama el carácter técnico de la defensa que garantiza la Constitución. Así las cosas, es preciso asegurar la absoluta independencia científica y técnica de la actividad del defensor, impidiendo la confusión de cargos y funciones en esta materia.
Declarar INEXEQUIBLE la parte demandada del artículo 374 del Decreto-Ley 2550 de 1988 (Código Penal Militar), que dice “Artículo 374. Quién puede ser defensor. En los procesos penales militares el cargo de defensor puede ser desempeñado por un abogado en ejercicio o por un oficial de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional en servicio activo”.
Cópiese, publíquese, comuníquese al Gobierno Nacional, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».
(Sentencia C-592 de diciembre 9 de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).
Según el artículo 29 “quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento...”. Pues bien: la norma declarada inexequible comienza afirmando que “en los procesos penales militares el cargo de defensor puede ser desempeñado por un abogado en ejercicio...”. Se pregunta: ¿Por qué es contraria al artículo 29 esta disposición? ¿El “abogado en ejercicio”, no es acaso el “abogado” a quien se refiere el artículo 29? Por este primer aspecto, en consecuencia, la norma en nada contradice la Constitución.
No entendemos cuál pueda ser la razón constitucional para discriminar en contra de los militares en servicio —como lo hace la sentencia de la cual discrepamos—, quitándoles toda posibilidad de seleccionar a abogados que también forman parte de la institución castrense por el sólo hecho de ser militares. Ello, a nuestro juicio, desconoce la garantía procesal enunciada, perjudica al sindicado y quebranta el principio de igualdad ante la ley.
El primero de tales supuestos consiste en dar por cierto que los superiores jerárquicos del militar en servicio activo siempre le ordenarán a este faltar a sus deberes profesionales de abogado o traicionar los intereses de su cliente. Nada autoriza esta suspicacia, contraria a la lealtad, el honor y el sentido del deber que inspiran la vida militar y totalmente ajena al principio de la buena fe que ha consagrado la Constitución Política.
No es clara la conveniencia de convertir en ciudadanos de inferior categoría a quienes sacrifican sus vidas en defensa de las instituciones. La abnegación de estos servidores no puede recibir siempre como respuesta el hacer aún más duras sus condiciones de vida. ¿Por qué, por ejemplo, permitirles el estudio de profesiones liberales, como la del derecho, y privarlos, al mismo tiempo, de la posibilidad de ejercerlas en defensa de sus propios compañeros de armas?
La existencia de profesionales de diferentes disciplinas en el seno de las Fuerzas Armadas es consecuencia de un concepto democrático acerca de su conformación, lo cual, lejos de oponerse a la preceptiva constitucional, la realiza. Nada hay en contra de que esos profesionales —desde luego autorizados por la ley— ejerzan en sus respectivos campos dentro de la misma institución y sin perder la condición de militares.
¿Qué tal que se aplicara a los militares médicos la jurisprudencia trazada en esta ocasión por la Corte Constitucional y, en consecuencia, no pudieran ellos atender a los enfermos ni a los heridos en combate?
Después de la sentencia de cuyo contenido nos apartamos, Colombia será tal vez el único país del mundo en donde, gracias a un equivocado entendimiento de la Constitución, se impide a los militares en servicio actuar como defensores dentro de los procesos que se adelantan ante la jurisdicción penal militar, especialmente reservada en nuestro sistema —por la propia Carta— para los juzgamientos correspondientes a delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública “en relación con el mismo servicio” (subrayamos) y según normas especiales que conforman precisamente el Código Penal Militar.
Jorge Arango Mejía—José Gregorio Hernández Galindo.

References: Artículo 374
 artículo 29
 artículo 221
 artículo 29
 artículo 374
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 29