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Timestamp: 2017-03-27 08:44:42+00:00

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Acoso by carlangas A. Romero - issuu
LEY CONTRA EL ACOSO Y LA VIOLENCIA POLÍTICA EN RAZÓN DE GÉNERO FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA Comité Impulsor de La Agenda Legislativa de Las Mujeres 2008‐2011 La Paz, agosto de 2008 INDICE 1
1) Información para contextualizar la experiencia 2) Participación y representación política de las mujeres 3) Objetivos de aprendizaje de la experiencia 4) Antecedentes y desarrollo de la experiencia 5) Que plantea la Ley? 6) Estrategia de incidencia política 7) Algunas lecciones aprendidas 8) Conclusiones 9) Anexos 2
ACOBOL ACOBENI ADECOs AECID AVE FAM‐ BOLIVIA INE MAS ONG PROCASUR UN‐INSTRAW VGAG Listado de Siglas y Abreviaciones Asociación de Concejalas de Bolivia Asociación de Concejalas del Beni Asociaciones Departamentales de Concejalas Agencia Española de Cooperación Intencional al Desarrollo Agrupación Vecinal Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia Instituto Nacional de Estadísticas Movimiento al Socialismo Organización no Gubernamental Programa Regional de Capacitación en Desarrollo Rural Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales 3
Ley contra el acoso y la violencia política en razón de género FICHA DE SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 1 “me encerraron en un cuarto …, me golpearon …, yo no quería firmar mi renuncia…, querían ahorcarme… he terminado renunciando” (testimonio de un concejala) 1. Información para contextualizar la experiencia 2
La población de Bolivia alcanza los 8,274,325 habitantes, de los cuales el 62,42% habita en el área urbana y el 37,58% en el área rural. El año 1950 el 74% de la población se ubicaba en el área rural y tan sólo el 26% en zonas urbanas. La migración campo ciudad ha cambiado, progresivamente, la configuración de la población. El porcentaje de hombres alcanza al 49,84% y el de mujeres al 50,16%. En el área rural el 48% de la población corresponde a las mujeres, y en el área urbana el 51%. La mayor parte de la población en Bolivia es joven, se encuentra por debajo de los 24 años. La tasa de alfabetismo en Bolivia es del 86,91%, y el promedio de años de estudio de 7,4 años. La tasa de asistencia a nivel escolar es de 85,52% El 2001 el analfabetismo alcanzaba al 19% de las mujeres y al 7% de los hombres. Las brechas de género son más marcadas en el área rural: el 10% de mujeres en el área urbana eran analfabetas con relación al 2,4% de hombres, en tanto que en el área rural 38% de las mujeres eran analfabetas. 44,21% de la población de 19 años y más edad alcanzó el nivel primario de instrucción escolar; 25,03% llegó a nivel secundario, 16,92% a nivel superior, 13,28% no alcanzó ninguno de estos niveles. En promedio las mujeres estudiaron 6,65 años en tanto que los hombres alcanzaron los 8,24 años de estudio. 58,6% de la población total, el 2001, era pobre. En el área rural la pobreza es mayor (90,8%) que en el área urbana (39,1%). 2
Bolivia tiene una extensión territorial de 1,098,581 Km y una densidad poblacional de 7,56 habitantes por 2
Km . Ocupa en cuanto a superficie territorial el quinto lugar en Sudamérica. En Bolivia existen tres zona geográficas predominantes Altiplano, Valles y Llanos. El Altiplano, cuya temperatura promedio fluctúa entre los 15º y 18º grados centígrados, tiene una altitud promedio de 3,800 metros. En los Valles, la temperatura media fluctúa alrededor de los 10º a 20º C, y en las llanuras alcanza los 24º C 3 . La división política de Bolivia comprende 9 Departamentos, 112 Provincias, Secciones de Provincia (329 municipios) y Cantones. La autoridad política en los Departamentos son los prefectos. En la región altiplánica se ubican los Departamentos de: La Paz. Oruro y Potosí; en la región de los Valles: Cochabamba, Tarija y Chuquisaca y en la región de los Llanos: Beni, Pando y Santa Cruz. 1
La presente Ficha de Sistematización ha sido elaborada por Marcelo Uribe Consultor de PROCASUR, sobre la base de información proporcionada por la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), y la consultora legal responsable de acompañar e impulsar la aprobación de la Ley, María Elena Burgos. Asimismo, se ha utilizado información de diversas fuentes bibliográficas, complementarias, que se especifican al final del texto. 2
Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. 3 Geografía y Recursos Naturales de Bolivia. Ismael Montes de Oca. La Paz Bolivia. Segunda Edición 1989. 4
La capital oficial es la Ciudad de Sucre, donde se encuentra la Corte Suprema de Justicia, y la Sede de Gobierno la Ciudad de La Paz en la que se ubican los poderes Ejecutivo y Legislativo. El año de 1994 se implementó en Bolivia la Ley de Participación Popular (LPP), que dio inicio al proceso de descentralización. Actualmente, el país está atravesando por un proceso conflictivo emergente de las demandas departamentales por las autonomías. La descentralización a nivel departamental, se ha convertido en el eje del proceso de profundización de la descentralización, en el que la disputa por los recursos naturales, particularmente el gas natural, constituye uno de los principales factores de confrontación. La mayor parte de la población de Bolivia habla castellano, sin embargo en las poblaciones rurales se hablan predominantemente idiomas nativos como el Quechua, Aymará y Tupi Guaraní. A pesar de la gran riqueza y diversidad de recursos naturales que tiene Bolivia, a lo largo de su historia ha adoptado un patrón de desarrollo monoproductor. Anteriormente dependía del estaño y ahora, en gran 4
medida, del gas natural. Los principales rasgos que caracterizan este patrón en Bolivia son ; i) bajo nivel de crecimiento económico; ii) alta concentración en productos exportables; iii) baja productividad de los factores de producción; iv) desarticulación entre sectores transables y no transables; v) persistencia de la pobreza y desigualdad y baja movilidad social. Actualmente atraviesa por un momento económico favorable gracias al incremento de los precios del gas y los minerales. Según datos del INE el PIB creció en 4.03% durante 2007. Sin embargo, la marcada inestabilidad política perjudica el desarrollo de la economía. 2. Participación y representación política de las mujeres Como resultado de las conquistas obtenidas por los movimientos de mujeres en Bolivia, se han logrado algunas mejoras respecto a la igualdad en la participación y representación política de las mujeres. La normativa actual obliga a los partidos políticos a incorporar un 30% de mujeres en sus listas y a las agrupaciones ciudadanas un 50%. “Esta medida tiene un objetivo equilibrador de las desigualdades que enfrentan las mujeres para acceder a cargos políticos, al forzar su ingreso al poder público y no dejarlo 5
completamente a la buena fe de los partidos políticos ni a sus procedimientos tradicionales de selección” . Sin embargo la composición y participación de las mujeres no ha cambiado substancialmente con la aplicación de cuotas. A pesar de la norma, debido a su permisibilidad, en muchos casos se presentan hombres con nombres de mujeres para cumplir con la formalidad, y al cabo de un breve tiempo retoman su espacio, atravesando la valla invisible de la ley, y dejando a las mujeres sin el espacio que les corresponde. 9 Ley de los partidos políticos: Establece (Artículo 19) que el 30% de las listas de candidatos deberá corresponder a la cuota de las mujeres. 9 Código electoral: Incorpora la prelación de las mujeres en las listas de candidatos y la alternancia en las elecciones municipales (artículo 112). 9 Ley de Agrupaciones Ciudadanas y Pueblos indígenas: Establece en las candidaturas para los cargos de representación popular un cuota no inferior al 50% de mujeres (artículo 8). De acuerdo a un diagnostico del Banco Mundial 6 la implementación de cuotas no ha tenido efectos significativos: en la Cámara Alta del Congreso no se cumple la cuota del 30% ni la paridad de la representación; en la Cámara Baja, debido a la modalidad de la elección personalizada de los candidatos 4
Informe temático sobre desarrollo Humano: La economía más allá del Gas. PNUD Bolivia. Coordinador: Jorge Gray M. Tercera edición 2006. 5
Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local en América Latina. UN‐INSTRAW/AECI. Alejandra Massolo 6 Dimensión de Género, Ruth Llanos. “Por el Bienestar de Todos. BOLIVIA”. Banco Mundial, Vicente Fretes‐Cibilis; Marcelo Giugales; Connie Juff. Editores. Junio de 2006. 5
uninominales para las circunscripción, los problemas son aún mayores por las distorsiones que introducen los partidos políticos. En el Poder Ejecutivo y judicial existe una marcada predominancia de presencia masculina en los puestos de decisión. En el ámbito local la normativa existente, particularmente, a partir del proceso de implantación de la Ley Participación Popular y de Municipalidades ha establecido un escenario más favorable para la participación y representación local de las mujeres, sin embargo esta es obstaculizada permanentemente de manera violenta por otros funcionarios, tanto a nivel central, departamental y municipal. Si bien esta problemática tiene larga data, recién en los últimos años se han venido denunciando este tipo de conductas y los reclamos han salido a la luz pública. Los principales problemas detectados en la legislación, con relación al acoso y violencia de género, según ACOBOL 2007, son: a) La legislación vigente no contempla un catálogo específico de derechos políticos de las mujeres b) No existe una definición jurídica del acoso y la violencia en razón de género c) Las conductas de acoso y violencia contra mujeres que ejercen cargos públicos no se encuentran tipificadas como infracciones y/o delitos en las normas que regulan la función púbica a nivel municipal, prefectural o nacional d) La normativa vigente en esos ámbitos no prevé mecanismos e instancias específicos para la denuncia y tratamiento de casos de acoso o violencia en razón de género e) No existen instancias públicas que realicen un monitoreo o seguimiento de estos casos f) A pesar de que la mayor parte de las conductas de acoso y violencia son tipificadas como delitos en el Código Penal (con penas mínimas que en la mayor parte de los casos no implican pena privativa de libertad) ninguno de los casos denunciados ha concluido con una sanción para el infractor y/o la restitución de los derechos de la víctima 3. Antecedentes y desarrollo de la experiencia Las mujeres que participan en política son, permanentemente, objeto de acoso y violencia, 168 mujeres que han sido amenazadas, golpeadas, discriminadas, acosadas y han sufrido violencia, entre el 2000 y el 2007, según los registros de ACOBOL. Casos de acoso y violencia política de género atendidos y recepcionados por ACOBOL y las Asociaciones Departamentales de Concejalas 2000‐2007 Departamento 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Total Chuquisaca 0 0 0
2 7 La Paz 32 43 25
3 116 Cochabamba 4 8 0
0 19 Oruro 9 2 4
1 18 Potosí 3 2 3
1 13 Tarija 0 0 0
0 2 Santa Cruz 1 6 2
0 15 Beni 0 4 0
0 8 Pando 0 0 0
0 0 Total: 49 65 34
7 168 Fuente: Memoria institucional de ACOBOL 6
El caso de Juana Quispe Juana Quispe, del Movimiento al Socialismo (MAS), con 31 años de edad, fue elegida el año 2004 por voto directo (59%) Alcaldesa de Chimoré, Provincia Carrasco 7 del Departamento de Cochabamba, pero no pudo asumir su cargo. En enero 2005, la Corte Nacional Electoral le proporcionó la Credencial de Alcaldesa y de Concejala Titular de Chimoré. A los pocos días, en una reunión de productores de coca, un parlamentario, sin conocimiento de la nueva Alcaldesa, redactó y envío una carta a la Corte Departamental Electoral (CDE) en la que Juana Quispe, por razones personales, solicitaba “licencia indefinida”, y pedía se acredite el suplente Valerio Felipez Ignacio como “Alcalde Constitucional”. ACOBOL solicitó al diputado y jefe nacional del Movimiento al Socialismo (MAS) Evo Morales (actual Presidente de la República) pronunciarse al respecto, quien anunció la defensa de la alcaldesa. Asimismo, hizo pública la denuncia (Periódico La Razón), emplazando a concejales y dirigentes sociales a respetar la voluntad popular. Evo Morales no logró que Juana Quispe asumiera el cargo de Alcaldesa, mientras que la Federación de Cocaleros continuó presionando para que la alcaldesa electa renunciara a su cargo y al de Concejala. En enero 2005, la Alcaldesa presentó una licencia indefinida a su cargo, y licencia por un año al cargo de concejala. En el periódico La Razón se publicó una nota que señalaba que “las mujeres piden que en Chimoré se respete el voto” y el periódico la “Prensa” denunció: “Alcaldesa electa pide licencia amenazada de muerte” y alegaba que Juana Quispe no pudo resistir la presión sindical y ni siquiera el Jefe Nacional pudo impedir dicha situación. ACOBOL denunció una vez más el acoso político contra la Alcaldesa ante el Presidente de la República, la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia, el Presidente de la Corte Nacional Electoral y el Defensor del Pueblo. El 21 de enero 2005, el periódico Los Tiempos publicó una nota en la que se señalaba que se investigaría la renuncia de la Alcaldesa del MÁS, y que existía el compromiso del propio Evo Morales de realizar la investigación, quien admitió que el Secretario General de la Federación de Cocaleros solicitó a Quispe “con amabilidad” que pida su licencia. La Viceministra de Asuntos de Género, denunció hostigamiento, violencia y presiones políticas en contra de alcaldesas, concejalas como el caso de Juana Quispe (Chimoré), Martha Pofueco (Trinidad), Maribel Avalos (Tipuani) y las renuncias en la plancha de concejalas. Este fue uno de los casos denunciados por ACOBOL, muchos otros casos se mantienen en el anonimato. Juana Quispe, no pudo asumir su cargo de Alcaldesa a pesar de que la mayoría de los electores de Chimoré pertenecía a la misma sigla. Fuente. Archivos ACOBOL 7
La Cuarta Sección de la Provincia Carrasco, con capital Chimoré tiene una población de 15.264 habitantes, de los cuales 3.874 personas (25,3%) ocupan el área urbana y 11.390 (74,6%) el área rural. La tasa anual de crecimiento poblacional es de 6,36% con 6,95% para el área urbana y 6,17% para el área rural (INE, CNPV 2001). Su población está conformada mayoritariamente por migrantes campesinos quechuas de los valles altos de Cochabamba y Potosí y ex‐
trabajadores mineros relocalizados. 7
El caso Martha Pofueco En 5 diciembre 2004, Martha Pofueco Pariqui fue elegida segunda concejala titular de Trinidad 8 por la Agrupación Vecinal AVE, sin embargo el 22 de diciembre presentó ante la Corte Departamental Electoral del Beni, la renuncia irrevocable a su cargo de concejala titular “alegando razones de fuerza mayor” (Art.95 del Código Electoral). Si bien el memorial llevaba la firma de Pofueco y del Abogado Daniel Coca, la renuncia fue declarada improcedente. El día de la entrega de credenciales a las alcaldesas, alcaldes, concejales/as del Beni Martha Pofueco Pariqui no se presenta al acto. En fecha 21 de enero la Federación Boliviana de Trabajadoras del Hogar del Beni solicitó a la Asociación de Concejalas del Beni (ACOBENI) apoyo para esclarecer el hecho. Según las investigaciones realizadas por ACOBOL, Pofueco habría sido obligada a renunciar por carecer de preparación y formación profesional para su desempeño en el Concejo. El diario “La Palabra” de Trinidad confirmó que la concejala “renunció” a su cargo por “aparentes presiones dirigenciales” y por presunta “ignorancia y falta de capacidad para asumir su cargo”. Según una nota del Sindicato de Trabajadoras del Hogar de Trinidad y de la Coordinadora de la Mujer la ausencia de Martha Pofueco Pariqui no fue voluntaria, el concejal suplente Jorge Condori Poma influyó para que no se presentara a dar las explicaciones. Pofueco fue vista de paso por San Ignacio de Moxos. El 31 de enero 2005, el periódico “La Palabra”, informó que Martha Pofueco jamás fue secuestrada que hizo uso de su libertad y que el documento emitido por la Coordinadora de la Mujer y las Trabajadoras del Hogar tenía un transfondo político. Martha Pofueco presentó ante el Concejo Municipal de Trinidad una nota de renuncia irrevocable a su cargo de concejala titular y solicitó a las organizaciones de defensa de la mujer de Trinidad “dejar de inmiscuirse” en su problema. En una nota a la Presidenta de la Asociación de Concejalas del Beni (ACOBENI), el ex Prefecto y Concejal Edwin Rivero señalaba que la decisión de renuncia de Pofueco a su curul de concejala “obedecía a razones estrictamente personales” y comunicaba de la existencia de otro caso de la Concejala Deborath Urresti del Municipio de Riberalta que renunció a su cargo para dar paso a su suplente 9 Martha Pofueco no pudo asumir el cargo para el que fue elegida, sólo se conoció de su renuncia y escasamente se tuvo contacto con ella, lo que no permitió esclarecer el caso. Fuente. Archivos ACOBOL 8 El departamento del Beni, se encuentra ubicado al norte de Bolivia. Cuenta con 75,540 habitantes. El 76% de su población está dentro de los parámetros de pobreza, el 18,2 en la indigencia y 0,6 se encuentra en marginalidad (INE). Centro político del departamento, al ser la capital, aglutina a diferentes sectores públicos de la administración departamental, es una zona ganadera por excelencia. 9 Concejala, Nro. 3, ACOBOL, febrero 2005 8
En Puerto Acosta (La Paz) una concejala fue apedreada desde dos volquetas y luego castigada a chicotazos para que presente su renuncia. Otra denuncia de agresión física se presentó en Sacaca (Potosí), donde un concejal intentó violar a una de sus colegas cuando se encontraban en un acto de inauguración de una obra edil. Fuente. Archivos ACOBOL El año 2000, cuando ACOBOL tenía un año de funcionamiento se presentaron las primeras denuncias de acoso y violencia que sufrían las concejalas al tratar de ejercer sus funciones. ACOBOL y la Viceministra de Asuntos de Género, Generacionales y Familia denunciaron públicamente, en un seminario de mujeres concejalas realizado en la Cámara de Diputados, el acoso y violencia que se ejercía contra concejalas de diferentes municipios rurales del país. El año 2001, a través de un pronunciamiento de ACOBOL, se denunciaron casos de violencia en los municipios de Ballivián, Puerto Pérez y Achacachi en audiencia pública concedida por la Comisión de Descentralización y Participación Popular de la Cámara de Diputados, y se logró el compromiso del Parlamento de protección a las concejalas denunciantes. Con el informe de la Comisión, ACOBOL realizó la redacción del anteproyecto y primeras versiones del proyecto de Ley, que posteriormente se denominaría Proyecto de Ley contra el acoso y la violencia política en razón de género. A partir del año 2002 se inició un proceso de coordinación interinstitucional con el Viceministerio de la Mujer, Ministerio de Asuntos Campesinos, Indígenas, Genero y Generacionales, la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, el Foro Político Nacional de Mujeres con el apoyo de la cooperación internacional. Los años 2003 y 2004 ACOBOL y otras organizaciones impulsoras de la temática, realizaron talleres de difusión de la ley, para incidir, en la Cámara de Senadores; y el 2005 se trató, en dos oportunidades, de incidir en la Cámara de Diputados sin obtenerse resultados, aunque la presencia de instituciones aliadas a partir del 2004 permitió la creación del “Comité Impulsor por el Derecho de las Mujeres”, con el objetivo de coordinar acciones para defender los derechos políticos de las concejalas y alcaldesas de Bolivia. Posteriormente. se realizaron diferentes acciones de incidencia política, como la edición y distribución de cartillas de difusión, un taller Internacional por los Derechos Políticos de las Mujeres donde los candidatos a la Vicepresidencia de la República firman compromiso, desayunos trabajo a cargo de las nueve Asociaciones Departamentales de Concejalas en todos los departamentos para comprometer a las autoridades locales y departamentales en la defensa por los derechos de las mujeres y garantizar sus funciones. Fuente. ACOBOL Fuente. ACOBOL 9
Cartillas (3 ediciones de 1000 ejemplares cada una) Foro con Candidatos, Presentación de la Agenda Mínima de Políticas para la Equidad y la Igualdad de Género 2006‐2010. En el centro el actual Vicepresidente de la República Álvaro García L. Fuente. ACOBOL En la ciudad de Sucre en junio de 2006 se resuelve mediante resolución 004/06 aprobada en la IV Asamblea Nacional de la Federación de Asociaciones de Municipios de Bolivia FAM‐ BOLIVIA: 9 Art. Primero, Respaldar y otorgar las garantías necesarias al ejercicio de las funciones de las concejalas de Bolivia de parte de la FAM‐BOLIVIA y de las Asociaciones municipales a razón de defender sus derechos e intereses de todas y cada una de las mujeres, asociadas, concejalas y alcaldesas de Bolivia fortaleciendo su gestión hacia la equidad y el desarrollo humano. 9 Art. Segundo, Denunciar y hacer público a los gobiernos municipales y a las autoridades municipales que cometan actos de discriminación, violencia, acoso, amedrentamiento, alternancia ilegal, etc., en contra de los derechos humanos y del ejercicio pleno de las funciones de las concejalas de Bolivia. 9 Art. Tercero, Quedarán encargados del cumplimiento de la presente Resolución los Presidentes de las Asociaciones de Municipios de cada Departamento. Fuente. ACOBOL Se ejecutaron una serie de estrategias para la presentación de la Ley, ante las audiencias públicas solicitadas a la Comisión de Política Social por parte del Comité Impulsor. Finalmente, el Proyecto (Nº 422/07) de “Ley contra el acoso y la violencia política en razón de género” fue presentado por la Sociedad Civil al Congreso Nacional, en la Legislatura 2005‐2006 siendo replanteado y repuesto en la legislatura 2006 por la diputada Elizabeth Salguero Carrillo. El Proyecto fue elevado en consulta al Poder Ejecutivo. El ministerio de Justicia emitió un informe de aprobación con observaciones, y el Proyecto se remitió a la Comisión de Política Social de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, luego de una lectura del informe positivo de la Comisión de Política Social, se aprobó el Proyecto “En Grande”, deteniéndose para su tratamiento en “En Detalle” porque se establecieron algunas incongruencias jurídicas y conceptuales. Para subsanar las observaciones la Presidencia de la Cámara de Diputados y el Pleno Camaral, decidieron conformar una Comisión conjunta entre las Comisiones de Política Social, Desarrollo Humano y Constitución, Justicia y Policía Judicial y elaborar un informe conjunto y preconsensuado para viabilizar el Proyecto. 10
En este sentido, se realizaron varias reuniones de análisis técnico, donde participaron la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia (UMPABOL), la Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), el Comité Impulsor para la Ley contra la Violencia Política en Razón de Genero, el Comité de Género y asuntos Generacionales, la Comisión de Desarrollo y Política Social, elaborándose un informe técnico del proyecto de Ley que subsana las observaciones realizadas por el pleno Camaral. Actualmente se está haciendo una última revisión exhaustiva del Proyecto de Ley, y se está ejecutando una estrategia de incidencia política, que contempla acciones con diversos sectores sociales del país a nivel descentralizado. Concejalas pidiendo la aprobación de la Ley. Fuente. ACOBOL 4. Que plantea la Ley? La Ley plantea responder a la problemática en los siguientes términos (según ACOBOL, 2007): a) Reconoce legalmente los derechos políticos de las mujeres electoras, candidatas, funcionarias electas y/o en ejercicio de sus funciones b) Define de manera clara y precisa las conductas que constituyen acoso y/o violencia política en razón de género c) Establece las conductas de acoso y violencia política como infracciones a la función pública en todos los niveles d) Prevé mecanismos e instancias específicos de denuncia y procesamiento de las mismas e) Define que las instituciones públicas son las llamadas a realizar un monitorio y seguimiento de la problemática f) Agrava la pena establecida para los casos de acoso y violencia política en razón de género que constituyan delitos penales 11
La propuesta de Ley define (según la ACOBOL, 2006) : Acoso político, como el acto o conjunto de actos cometido por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio. Violencia política, son las acciones y/o conductas agresivas cometidas por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley. Fuente: ACOBOL, 2008 5. Estrategia de incidencia política Actualmente, se está impulsando una estrategia de acompañamiento a la norma 10 con participación de actores sociales de los sectores indígenas, populares y de decisión, para lo cual, se cumplirán tareas enmarcadas en planes y agendas de trabajo concertados, con el objetivo de que: ) Las concejalas conozcan con claridad el problema que se ha presentado en la aprobación de la norma, y la instancia dónde actualmente se encuentra, lo que les permitirá incidir en su aprobación (Ruta Crítica). ) Trabajar en consenso con las mismas, construyendo posibles soluciones que permitan desentrañar los obstáculos presentados en la aprobación de la norma (estrategia‐ campañas, alianzas, presión). ) Contar con un mapeo de las instancias con las que se coordina y establecer hasta qué punto su compromiso puede contribuir a su aprobación, y entender y/o conocer el apoyo de las Comisiones y la lógica de su desempeño en éste tipo de situaciones. Para el efecto la Estrategia se operativizará a partir de: • Plan de trabajo: Agenda elaborada y concertada con instancias (Comité Impulsor, ACOBOL, Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales (VGAG), Organización de Mujeres Indígenas, Parlamentarias) en concordancia con la Agenda Parlamentaria. • Revisión de la normativa: Ajustes consensuados a la propuesta de Ley y su Reglamento, (incorporada en la agenda parlamentaria). • Reuniones Previas, en los nueve departamentos, a la Mesa de Consenso con Concejalas. • Reuniones de Coordinación con el Comité Impulsor, Bancadas, Brigadas Parlamentarias, Organización de Mujeres Indígenas. • Nueve Mesas de Consenso con las Asociaciones Departamentales de Concejalas (ADECOs), Organizaciones, Bancadas y VGAG. • Una Mesa de Consenso con Organizaciones de Mujeres Indígenas. • Una Mesa de Consenso de cabildeo y abogacía con parlamentarias/os. Presentación de la versión final de la Ley para su aprobación, en base a los resultados obtenidos en las reuniones y encuentros departamentales, con la finalidad de validar y presentar la propuesta en base a los insumos recogidos, también se fortalecerá la Red Nacional contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género a nivel nacional para el seguimiento y apoyo a su aprobación y siguientes pasos. 10
La Asociación de Concejalas de Bolivia (ACOBOL), en el marco del Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernabilidad con Enfoque de Género y la Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local” impulsado por el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN‐INSTRAW) con el apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Intencional al Desarrollo (AECID), se encuentra ejecutando el Plan Bolivia, Segunda Fase / 2008 que incluye en su línea de incidencia política, el Impulso a la Estrategia de aprobación de la Ley contra el acoso y violencia política en razón de género. 12
La ejecución de la Estrategia posibilitará el reposicionamiento de la propuesta de Ley y su apropiación por parte de los sectores, para su apoyo y presión política, y permitirá su socialización en los 9 departamentos generando consensos en torno a la misma en los actores involucrados (Asociaciones Departamentales de Concejalas ADECOs, Parlamentarias/os, Organizaciones, VGAG, ACOBOL). Se contará con la firma de compromisos y las Resoluciones que apoyen este proceso, para garantizar su sostenibilidad. 11
6. Lecciones aprendidas Respecto a la interpretación del fenómeno social de violencia: • La experiencia a permitido visibilizar las necesidades de las mujeres, relacionadas a la violencia surgida en el ámbito público – político, particularmente local, tomando en cuenta sus características y variables diferenciadas. • La experiencia ha hecho posible la visibilización de las inequidades de género en el ámbito público, la desigual distribución del poder político y del manejo de los recursos, el desigual ejercicio de los derechos ciudadanos y políticos. Se plantean mecanismos que nacen de una iniciativa municipal y desde la participación política de las mujeres, colocando esta problemática en el centro del quehacer municipal. • Se han interpretado dos definiciones clave: Acoso Político, y Violencia Política y se han tipificado los casos de violencia denunciados. Respecto al establecimiento de mecanismos de consulta: • Se han realizado consultas para el perfeccionamiento de la Ley con diferentes instituciones, ONGs, instancias de gobierno nacional, organizaciones de base, indígenas‐campesinas, parlamentarias, comisiones de Desarrollo humano, de política social y de constitución, etc. del comité impulsor por los derechos políticos y la mesa de violencia de género; y se ha creado la Red de Prevención y Atención contra la Violencia Política en Razón de Género Respecto al establecimiento de alianzas estratégicas: • Se han establecido alianzas estratégicas con entidades públicas de diversos niveles y sectores, gobiernos municipales, prefecturas, gobierno nacional, entidades no públicas, sociedad civil y organizaciones comunitarias; mecanismos que han permitido fortalecer las acciones de incidencia política entre los tomadores de decisiones y organizaciones de la sociedad civil. Respecto al involucramiento y sensibilización masculina: • La aprobación de la Ley y su cumplimiento requiere del involucramiento de los hombres; particularmente los tomadores de decisiones de entidades públicas, privadas, de la sociedad civil, de las organizaciones comunitarias, de las prefecturas, de los municipios, de la policía, etc. que deberán constituirse en sujetos que impulsen y coadyuven al cumplimiento de la nueva Ley, en todo su alcance. Respecto al espíritu de la Ley: 11 La lecciones aprendidas han sido elaboradas por ACOBOL. 13
Si bien, el proceso de ocho años de gestión de la Ley constituye un punto de llegada luego de un recorrido de esfuerzos de las mujeres de diferentes sectores, que deben ser reconocidos para la no vulneración de sus derechos humanos, constitucionales, civiles y ciudadanos; también constituye un punto de partida hacia el futuro, considerando su sostenibilidad, replicabilidad, e impacto. La Ley es una herramienta que deberá prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres electas y el ejercicio de sus funciones en los ámbitos de representación pública, nacional, departamental y municipal, así como otorgar seguridad jurídica y establecer las sanciones que correspondan a las conductas individuales o colectivas establecidas como acoso y violencia política en razón de género. La Ley debe contemplar en su reglamento mecanismos e instancias permanentes de información y coordinación institucional, para el seguimiento y atención de los casos de acoso y violencia política y sobre todo cumplir con la “Rendición de Cuentas a nivel social”. El control social y evaluación participativa, que incluyen aspectos cualitativos referentes al carácter de apropiación de los distintos sectores involucrados en la aplicación de las medidas previstas de la Ley, constituyen una lección para el aprendizaje. Respecto al proceso de difusión: • La difusión de los contenidos sobre acoso y violencia política, se ha convertido en un instrumento relevante, para la apropiación de la propuesta de Ley y la generación de apoyos y compromisos compartidos entre todas las mujeres tanto del área urbana como del área rural, y de los diferentes sectores. Respecto al fortalecimiento institucional: • ACOBOL, sobre la base de sus asociadas, se ha convertido en una institución pública, importante al momento de procesar la información y tomar decisiones, por ello se requiere fortalecer su institucionalidad, a nivel nacional y departamental para que el momento que se apruebe la Ley cuente con las capacidades necesarias para exigir su cumplimiento. Respecto a la coyuntura internacional: • Actualmente, la comunidad internacional está preocupada por el incremento de la violencia, particularmente, política. Es necesario que ACOBOL amplié su relacionamiento con entidades internacionales, ONGs especializadas en la temática de género y violencia, entidades de financiamiento, etc. para apoyar en la problematización de este fenómeno, y la elaboración de leyes relacionadas; Podría convertirse en un referente y apoyo con relación a esta temática, a través de: i) proponer el desarrollo de normas que orienten la penalización del acoso y la violencia política en razón de género, como un instrumento valioso para reforzar la gobernabilidad y la democracia, que garantice que las mujeres electas ejerzan sus funciones sin ningún amendrentamiento; ii) impulsar el posicionamiento del tema en la agenda internacional hacia la reivindicación de políticas en torno a la violencia de género a través de compromisos políticos; iii) dar a conocer las características y el alcance del acoso y la violencia política en razón de género, dirigido a mujeres que ejercen y representan políticamente funciones públicas a nivel local y nacional 14
Respecto a las acciones de prevención de la violencia política: • Destacar la importancia de: la Red de Prevención y Atención para el Acoso y Violencia Política en Razón de Género; ii) la difusión e interpretación del Proyecto de Ley contra la violencia política; iii) la construcción del Sistema de Información Estadística sobre los casos de denuncia de acoso y violencia, que incluye la boleta de denuncia, base de datos e información disponible para consulta; iv) la metodología e instrumentos de sensibilización sobre la interpelación a las relaciones de poder que generan violencia política, en razón de género, en los gobiernos municipales. 12
7. Conclusiones • El proyecto de Ley contra el Acoso y Violencia Política, no debe ser considerado como la solución absoluta que permitirá resolver las desigualdades en las relaciones de género, sin embargo constituye una herramienta útil técnico‐ política que problematiza las relaciones de género en el ámbito de las relaciones políticas y de poder, proponiendo acciones afirmativas hacia la discriminación positiva y de género, sugiriendo cambios en las conductas agresivas y violentas que involucran aspectos personales, comunitarios y públicos. • El proyecto de Ley, además de involucrar a los gobiernos locales y a otros actores del ámbito público, incumbe también a los diversos actores sociales vinculados a las prácticas y decisiones de justicia, particularmente locales y comunitarias, incluyendo la justicia comunitaria operada y aplicada por el sistema comunal de autoridades masculinas, que en muchos casos transgrede los derechos básicos de las mujeres, los derechos civiles, políticos y los derechos humanos. Concejalas pidiendo la aprobación de la Ley. Fuente. ACOBOL 8. anexos Bibliografía complementaria consultada •
Guía de Información y Prevención Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género. Trabajando a Favor de las Mujeres en el ámbito Local en Bolivia. Un compromiso de ACOBOL Abril 2004‐junio 2007. Censo Nacional de Población y Vivienda 2001. Instituto Nacional de Estadísticas INE Por el Bienestar de todos. BOLIVIA. Banco Mundial, Vicente Fretes‐Cibilis; Marcelo Giugales; Connie Juff. Editores. Junio de 2006. Georafía y Recursos Naturales de Bolivia. Ismael Montes de Oca. Segunda Edición. 1989. 12 Las conclusiones han sido elaboradas por ACOBOL. 15
Participación Política de las Mujeres en el Ámbito Local en América Latina. UN‐INSTRAW/AECI. Alejandra Massolo. Informe temático sobre desarrollo Humano: La economía más allá del Gas. PNUD Bolivia. Coordinador: Jorge Gray M. Tercera edición 2006. PROYECTO DE LEY LEY CONTRA EL ACOSO Y VIOLENCIA POLITICA EN RAZÓN DE GÉNERO Artículo 1 (Objeto) El objeto de la presente Ley, es de prevenir, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres electas y en ejercicio de sus funciones, en los ámbitos de representación pública, nacional, departamental y municipal, así como otorgar seguridad jurídica y establecer las sanciones que correspondan a las conductas individuales o colectivas establecidas como acoso y violencia política en razón de género. Artículo 2 (Alcance) Las disposiciones de la presente Ley, serán aplicables a todas las mujeres representantes nacionales, departamentales y municipales que hayan sido democráticamente elegidas, mediante elección popular convocada por la Corte Nacional Electoral a quienes se les impida o restrinja el libre ejercicio de sus derechos o cumplimiento de sus funciones como autoridad electa. Artículo 3 (Prevención) El Ministerio de Justicia a través del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales y el Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos o sus similares en caso de cambio de estructura del Poder Ejecutivo, son las entidades responsables de planificar y desarrollar Políticas Públicas para la prevención del acoso y violencia política en razón de género, así como la de realizar seguimiento al cumplimiento de la presente Ley. Dichas políticas públicas, se realizarán en todo el territorio nacional en coordinación con el Ministerio de la Presidencia, la Unión de Mujeres Parlamentarias de Bolivia, la Asociación de Concejalas de Bolivia y otras entidades relacionadas con la defensa de los derechos de las mujeres. Artículo 4 (Acoso Político) A los efectos de la presente disposición, se entiende por acoso político al��acto o conjunto de actos cometido por una persona, por sí o a través de terceros, en contra de una mujer o de su familia, con el propósito de impedir y/o inducir a una acción u omisión, en el cumplimiento de sus funciones, derechos o deberes, mediante actos de presión a través de persecución, hostigamiento o amenazas efectuadas por cualquier medio. Artículo 5 (Violencia política) Se entiende por violencia política a las acciones y/o conductas agresivas cometida por una persona, por sí o a través de terceros, que causen daño físico, psicológico, o sexual en contra de una mujer y/o de su familia, en ejercicio de la representación política, para impedir restringir el ejercicio de su cargo o inducirla a tomar decisiones en contra de su voluntad, de sus principios y de la ley. Artículo 6 (Actos de acoso y violencia política) Se entiende por actos de acoso y violencia política en razón de género a aquellos que: a) Restrinjan o impidan el ejercicio de los derechos políticos de la mujer en su condición de autoridad electa y en ejercicio de sus funciones para los cargos públicos de Presidenta de la República, Vice Presidenta de la República, Asambleísta Constituyente, Senadora, Diputada, Alcaldesa, Concejala, Agente Municipal, Prefecta, Consejera Departamental y en general toda autoridad electa. b) Restrinjan o impidan a una mujer, el cumplimiento efectivo de las funciones y atribuciones establecidas para el cargo público para el que fue elegida, ya sea como titular o suplente, evitando 16
o limitando el uso de los recursos que le franquea la Constitución Política del Estado y las leyes del país. c) Eviten por cualquier medio, la asistencia a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones a las mujeres electas como titulares o suplentes, o impidan o supriman el derecho a voz y voto en igualdad de condición que los varones. d) Induzcan mediante fuerza o intimidación a las autoridades electas en ejercicio o no de sus funciones, a suscribir todo tipo de documentos y/o avalar decisiones contrarias a sus principios e interés público, así como inducirlas o presionarlas a presentar renuncia al cargo para el que fueron elegidas. e) Proporcionen a la Corte Nacional Electoral, información falsa acerca de la identidad o del sexo de sus candidatos/as. f) Proporcionen a la autoridad electa, titular o suplente información falsa, errada o imprecisa que induzca al inadecuado ejercicio de sus funciones. g) Discriminen a la autoridad electa por encontrarse en estado de gravidez, parto o puerperio, impidiendo o negando el ejercicio de su mandato y el goce y ejercicio de su derechos sociales y de maternidad reconocidos por ley. h) Discriminen a la autoridad electa por su condición social, cultural, idiomática, racial o económica. i) Impongan por razón de género, la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones generales de toda autoridad. j) Abusen de la justicia comunitaria en contra de las autoridades elegidas para un cargo público, impidiendo o restringiendo el ejercicio de sus derechos políticos. k) Impidan la reincorporación de una mujer a sus funciones cuando haga uso de una licencia justificada. Artículo 7 (Agravantes) La autoridad que tenga conocimientos de alguno de los actos descritos en el articulo anterior, tomara en cuenta los siguientes agravantes, los cuales en la configuración de un delito, serán remitidos a la justicia ordinaria para su juzgamiento: a) Cuando los actos se cometen en contra de una mujer embarazada. b) Si como resultado de los hechos, se hubiera producido la pérdida de su condición de madre gestante. c) Cuando el acto se comete en contra de una mujer mayor de sesenta años. d) Cuando el responsable haya cometido otro acto de acoso o violencia política anteriormente. e) Cuando se cometa actos en contra de mujeres analfabetas o de instrucción escolarizada básica limitada. f) Cuando el acoso o violencia política, hubiera sido instigada o promovida por los jefes de partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas, en cuyo caso se aplicará la sanción establecida en el artículo 130, Instigación Pública a Delinquir del Código Penal. g) Involucren a menores de edad como medio de presión para vulnerar los derechos de las autoridades electas. Artículo 8 (Competencia) Las denuncias de acoso y violencia política, a los que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de la presente Ley, son competencia de las autoridades penales, civiles o administrativas y también podrán ser presentadas ante la Corte Nacional Electoral y las Cortes Departamentales Electorales, las cuales tienen 17
la obligación de remitir a las instancias jurisdiccionales según la materia a la que se adecue el acto cometido, en un plazo no mayor a veinte días. Artículo 9 (Denuncia) La denuncia podrá ser presentada por la víctima, su representante legal a través de mandato o un/a tercero/a en forma verbal o escrita, ante la autoridad penal, civil, administrativa, o electoral según corresponda; aplicándose el régimen legal establecido en la normativa vigente. Artículo 10 (Obligación de Denunciar) Toda persona, organización y/o institución que conozca de la comisión de actos de acoso y/o violencia política, en contra de una autoridad electa para ocupar un cargo público, tiene la obligación de denunciar ante las instancias competentes. Artículo 11 (Sanciones aplicables) I. Los actos de acoso y violencia política que impliquen la comisión de un delito serán procesados por la vía penal, sin perjuicio de las otras vías a las que pudiera recurrir la afectada, agravándose en un tercio la pena correspondiente al delito cometido II. Aquellos actos de acoso y violencia política no tipificados como delitos y cometidos por funcionarios públicos, se configuran como contravenciones al ordenamiento jurídico y deberán ser procesados por la vía administrativa, aplicándose las normas establecidas en la Ley No. 1178, Estatutos, Reglamentos y Manual de Funciones de la institución donde se cometa el acto. III. Los actos de acoso y violencia política cometidos por militantes, o jefes de partidos políticos y/o agrupaciones ciudadanas, incluidos todos los jefes territoriales o sectoriales comprendidos entre los militantes y el jefe nacional, serán sancionados con arresto de 48 horas. Si este acto implica la comisión de un delito, además será sancionado conforme al Código Penal. IV. Los actos de acoso y violencia política en contra de las autoridades electas para ocupar un cargo público cometidos por Alcaldes, Concejales, Agentes Municipales, serán procesados de conformidad a lo determinado por el Artículo 35 al 37 de la Ley No. 2028 de Municipalidades, sin perjuicio de la responsabilidad, civil o penal que corresponda y el proceso ante la Corte Nacional Electoral. 18
carlangas A. Romero

References: resolución 
 Resolución 
 Artículo 1
 Artículo 2
 Artículo 3
 Artículo 4
 Artículo 5
 Artículo 6
 Artículo 7
 artículo 130
 Artículo 8
 Artículo 9
 Artículo 10
 Artículo 11
 Artículo 35