Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_ES.html
Timestamp: 2019-10-21 13:32:11+00:00

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Textos aprobados - Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude - Martes 8 de marzo de 2016
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Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE - Lucha contra el fraude
Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre el Informe anual 2014 relativo a la protección de los intereses financieros de la Unión Europea – Lucha contra el fraude (2015/2128(INI))
– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Comercio Internacional, de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Asuntos Constitucionales (A8-0026/2016),
3. Destaca que, de un total de 16 473 irregularidades notificadas a la Comisión en 2014, 1 649 eran fraudulentas, lo que representaba un importe total de 538,2 millones de euros; observa que las irregularidades fraudulentas que se referían al gasto representaban 362 millones de euros, esto es, el 0,26 % de los pagos totales, y que las que se referían a los ingresos representaban 176,2 millones de euros, esto es, el 0,88 % del importe bruto de los recursos propios tradicionales (RPT) recaudado en 2014;
4. Hace hincapié en que la incidencia financiera general de las irregularidades no fraudulentas notificadas en 2014 es superior en un 47 % al de 2013, mientras que el número de esas mismas irregularidades disminuyó un 5 %; observa igualmente que las irregularidades no fraudulentas que se referían al gasto afectaban al 1,54 % de los pagos totales y las que se referían a los ingresos afectaban al 3,66 % de los RPT recaudado en 2014;
29. Destaca la importancia del acceso a la información y de la transparencia de los grupos de presión, así como de utilizar la financiación de la UE para apoyar el trabajo de organizaciones independientes en este ámbito,
32. Pide, en consecuencia, que se aplique transversalmente el artículo 325 del TFUE en todas las políticas de la UE, y que no solo se reaccione ante los fraudes sino que se prevengan; que se respete el artículo 325 del TFUE y particularmente el apartado 5 relativo a los informes anuales, que a día de hoy llevan un año de retraso; que se simplifique, en concreto, la utilización de las subvenciones de la UE en la política de cohesión; que se sigan los procedimientos convencionales y de ratificación de los acuerdos entre la Unión y los terceros países y organizaciones terceras en materia de lucha contra el fraude a escala regional e internacional; pide que se dé seguimiento a las recomendaciones para un plan de acción incluidas en la Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de octubre de 2013, sobre la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de dinero: recomendaciones sobre las acciones o iniciativas que han de llevarse a cabo(7) y, concretamente, las recomendaciones formuladas en los apartados 130 (visibilidad de las medidas adoptadas por los Estados miembros para luchar contra el fraude y la delincuencia organizada) y 131 (plan de acción europeo para el periodo 2014-2019 destinado a erradicar la delincuencia organizada, la corrupción y el blanqueo de capitales, incisos i-xxi); pide que se faciliten los primeros resultados sobre la Directiva sobre falsificación de moneda; y que se informe más ampliamente sobre los instrumentos de lucha contra la corrupción por parte de la OLAF y sobre la coordinación de los procedimientos de recuperación por los Estados miembros de los importes percibidos de manera fraudulenta;
54. Toma nota de que el nivel de irregularidades derivado del incumplimiento de las normas sobre contratación pública sigue siendo elevado; pide a los Estados miembros que transpongan rápidamente a su legislación nacional la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratación pública(8), que hace obligatoria la contratación pública electrónica e introduce obligaciones en materia de control e información para reducir el fraude en la contratación y otras irregularidades graves; pide a la Comisión que haga obligatoria la publicación de toda la documentación relativa a los beneficiarios y, en particular, a los subcontratistas;
57. Manifiesta su preocupación por la falta de transparencia total con respecto a la financiación de grandes proyectos de infraestructura; insta a la Comisión a que considere la presentación de una propuesta que obligue a publicar todos los informes financieros y los proyectos relacionados con grandes obras públicas, incluida la documentación sobre los subcontratistas;
58. Pide a la Comisión que publique toda la documentación relativa al proyecto de línea ferroviaria de alta velocidad Lyon-Turín y su financiación;
59. Pide a la Comisión que cree una base de datos sobre irregularidades, que pueda permitir un análisis pertinente y exhaustivo de la frecuencia, la gravedad y las causas de los errores en la contratación pública; pide a las autoridades competentes de los Estados miembros que desarrollen y analicen sus propias bases de datos sobre irregularidades, incluidas las relacionadas con la contratación pública, y que cooperen con la Comisión para facilitar dichos datos de tal forma y en un momento que facilite el trabajo de la Comisión;
60. Cuestiona la naturaleza no fraudulenta del creciente número de errores graves cometidos en el contexto de los procedimientos de contratación pública y pide a la Comisión que se mantenga especialmente alerta a este respecto, no solo mediante el diálogo con los Estados miembros a fin de aplicar mejor las directivas, nuevas y en vigor, en materia de contratación pública, sino también mediante la presentación de los casos pertinentes ante la OLAF para que se analicen más a fondo;
61. Recuerda que en situaciones de emergencia, como la utilización de los fondos para los refugiados, se registran con frecuencia excepciones a los procedimientos normales de adjudicación, recurriendo al acceso directo a los fondos; lamenta que por tal motivo se produzcan abusos; pide a la Comisión que vigile más eficazmente el recurso a tales excepciones y la extendida práctica de la fragmentación de los contratos para no superar los umbrales y evitar los procedimientos normales de adjudicación;
62. Observa que, en su Informe Especial n.º 10/2015 titulado «Necesidad de intensificar los esfuerzos para resolver los problemas de contratación pública que afectan al gasto de la UE en el ámbito de cohesión», el Tribunal de Cuentas analiza los procedimientos relacionados con la contratación pública; señala que el incumplimiento de las normas de contratación pública es fuente de errores, que pueden dar lugar a retrasos en la ejecución y a correcciones financieras; pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las condiciones previas relativas a la aplicación efectiva de la legislación en materia de contratación pública se cumplan plenamente antes de finales de 2016; pide a los Estados miembros que garanticen una correcta y rápida transposición de las directivas de 2014 sobre contratación pública;
63. Insta a los Estados miembros y a la Comisión a que aprovechen plenamente las oportunidades que ofrecen las herramientas de las TI en la contratación pública, incluidas las herramientas de contratación electrónica, el intercambio de buenas prácticas y la calificación preventiva del riesgo; valora el instrumento web para la prevención del fraude, ARACHNE, que ha desarrollado la Comisión con objeto de detectar los proyectos con mayor riesgo sobre la base de una serie de indicadores, y pide a los Estados miembros que lo utilicen;
64. Destaca la importancia de predicar con el ejemplo y celebra el enfoque interinstitucional para aplicar la planificación presupuestaria basada en el rendimiento; pide a la Comisión que adopte la fase de planificación, ejecución y control del marco financiero plurianual (MFP) con arreglo al principio de presupuestación basada en el rendimiento;
65. Toma nota de la importancia de medidas nuevas y continuas para evitar las irregularidades fraudulentas, pero también reitera su petición de que se adopte una nueva metodología que se centre en el rendimiento en lugar de en la evaluación formalista de los programas, en línea con el principio de un presupuesto de la UE centrado en los resultados; pide a la Comisión que refuerce sus actividades en relación con la aplicación de los indicadores de eficiencia y eficacia en todos sus programas y no se concentre únicamente en la tasa de error; pide asimismo a la Comisión que no trabaje únicamente en las tres categorías principales, a saber: economía, eficiencia y eficacia, sino que empiece a centrarse también en el nuevo tríptico (ecología, igualdad y ética);
66. Pide que en el proceso de selección de los proyectos que se van de financiar, dentro y fuera de la Unión, se incluyan de forma obligatoria evaluaciones ex ante del valor añadido medioambiental, económico y social así como que se publiquen y sean plenamente accesibles los resultados de estas evaluaciones;
67. Observa que la información sobre los resultados sigue siendo débil y que es necesario evaluar periódicamente los parámetros de entrada (medios financieros, humanos, materiales, organizativos o reguladores necesarios para la ejecución de un programa), el rendimiento (los resultados concretos del programa), los resultados (los efectos inmediatos del programa) y la incidencia (los cambios a largo plazo en la sociedad);
68. Aplaude la creación de una red de puntos de contacto nacionales en los Estados miembros y la incorporación de objetivos de lucha contra la corrupción en el proceso de gobernanza económica del Semestre Europeo;
69. Insta a la Comisión a que publique de inmediato su evaluación relativa a todos los acuerdos con empresas tabacaleras, con miras a determinar su eficacia en la lucha contra el fraude y la falsificación que afectan a los intereses financieros de la UE, y que evalúe si la renovación de ese tipo de acuerdos es adecuada;
70. Hace hincapié en la función del Tribunal de Cuentas, las entidades fiscalizadoras superiores, la Comisión y las autoridades de gestión en el control de la regularidad y la eficiencia del gasto público; pide al Tribunal de Cuentas y a la Comisión que continúen mejorando su cooperación con las entidades fiscalizadoras superiores en los Estados miembros para ampliar el alcance y la proporción de los fondos y proyectos auditados;
71. Manifiesta su preocupación por las constataciones de la Defensora del Pueblo Europeo(9), quien declara que, a excepción de la DG de Salud, la Comisión no aplicó en su totalidad las normas y orientaciones de las Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia de transparencia y las actividades de los grupos de presión en el sector del tabaco; opina, por lo tanto, que se ha puesto en peligro la credibilidad y la seriedad de la Comisión;
72. Insta a todas las instituciones pertinentes de la UE a que apliquen el artículo 5, apartado 3, del Convenio marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT) de conformidad con las recomendaciones incluidas en las directrices al respecto; insta a la Comisión a que publique inmediatamente los acuerdos de evaluación con las empresas tabacaleras y una evaluación de impacto sobre la aplicación del CMCT; insta a la Comisión a que garantice una transparencia total con relación a los acuerdos sobre el tabaco y su posible renovación, y exhorta a los Estados miembros a que informen periódicamente sobre los gastos incurridos en relación con los fondos recibidos como consecuencia de estos acuerdos;
73. Celebra los buenos resultados de numerosas operaciones aduaneras conjuntas que han contado con la cooperación de la OLAF y de los Estados miembros con diversos servicios de terceros países, que han permitido la incautación, entre otros, de 1,2 millones de productos falsificados, incluidos perfumes, piezas de repuesto de vehículos, aparatos electrónicos y 130 millones de cigarrillos; subraya que el contrabando de mercancías altamente gravadas provoca importantes pérdidas de ingresos para los presupuestos de la UE y de los Estados miembros, y que se calcula que las pérdidas directas de ingresos aduaneros derivadas del contrabando de cigarrillos ascienden, por sí solas, a más de 10 000 millones de euros al año; recuerda que el tráfico de mercancías falsificadas perjudica tanto a los ingresos de la UE y de los Estados miembros como a las empresas europeas;
74. Expresa su profunda preocupación por el aumento del contrabando, del tráfico y de otras formas de comercio ilícito e ilegal, que no solo afectan a la recaudación de derechos de aduana en los Estados miembros y, por consiguiente, al presupuesto de la UE, sino que están también estrechamente relacionados con la delincuencia organizada a nivel internacional y con peligros para los consumidores, además de afectar negativamente al funcionamiento del mercado único y socavar la igualdad de condiciones entre todas las empresas que compiten entre sí, en particular las pymes; reclama, por tanto, una mejor coordinación entre la OLAF, las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, no solo con el fin de abordar los problemas mencionados sino también para poner cortapisas al comercio de productos que infringen la legislación de la UE en materia de propiedad intelectual;
75. Subraya la importancia de distinguir entre medicamentos genéricos legítimos y medicamentos falsificados de forma fraudulenta, a fin de no interrumpir la producción y el comercio legítimo de medicamentos genéricos, y pide una vez más a todos los Estados miembros que ya han firmado, pero no ratificado, el Protocolo de las Naciones Unidas para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, que completen cuanto antes los procesos de ratificación respectivos;
76. Toma nota del papel de la OLAF dentro de las diferentes operaciones aduaneras conjuntas para evitar las pérdidas para el presupuesto de la Unión y pide a la OLAF que incluya en sus futuros informes anuales más información y cifras concretas acerca de su contribución a la protección de los ingresos del presupuesto de la UE;
77. Acoge con satisfacción las reuniones interinstitucionales anuales entre el Consejo, la Comisión, el Parlamento, la OLAF y su Comité de Vigilancia; insiste en una presidencia rotatoria entre las tres instituciones europeas; pide a la Comisión que apoye la iniciativa del Parlamento, e insta al Consejo a que reconsidere su posición contraria a este respecto;
78. Reitera su llamamiento en relación con el informe anual 2013 relativo a la protección de los intereses financieros de la UE(10) en favor de una resolución rápida de las cuestiones pendientes entre la OLAF y su Comité de Vigilancia; reitera que ni la OLAF ni su Comité de Vigilancia pueden cumplir sus obligaciones legales con eficacia en una situación como la actual, en la que la cooperación entre ambos es limitada; observa con preocupación la falta de progresos y considera, por lo tanto, que la situación actual es inaceptable; pide a la Comisión que desempeñe plenamente su papel y que trabaje de manera activa por alcanzar una solución a largo plazo que se aplique sin demora;
79. Opina que, para ser coherente con su mandato, el Comité de Vigilancia debería contar con personal autónomo, independiente de la administración de la OLAF, y disponer de autonomía financiera; pide a la OLAF que permita al Comité de Vigilancia acceder a los documentos que este considere necesarios para cumplir su cometido de acuerdo con su mandato; insta a la Comisión a que presente una propuesta para modificar en consecuencia el Reglamento de la OLAF;
80. Señala la discrepancia existente entre la información recopilada por la OLAF entre fuentes públicas y privadas en los Estados miembros en relación con el fraude (Informe 2014 de la OLAF) y la recuperación financiera muy irregular que recomienda la OLAF a los Estados miembros; pide a la Comisión que respalde iniciativas destinadas a aumentar el índice de recuperación en los casos de fraude;
81. Insta a la Comisión a que sea plenamente transparente en lo relativo a todas las demandas de los fiscales nacionales para suspender la inmunidad del personal de la OLAF, así como de su director general;
82. Acoge con satisfacción la probada eficacia de las investigaciones de la OLAF sobre el origen en lo que respecta a la admisibilidad de las medidas arancelarias preferenciales y pide a los Estados miembros que tomen en consideración sus conclusiones y adopten todas las medidas necesarias y apropiadas conforme a lo dispuesto en la legislación aduanera de la UE; pide a la Comisión que, con el fin de evitar pérdidas para el presupuesto de la UE debidas a la importación de bienes que no tienen derecho a un trato arancelario preferencial en virtud de acuerdos comerciales preferenciales, siga verificando que los Estados miembros mejoran la eficacia de sus sistemas de gestión de riesgos y sus estrategias de control sobre la base de las notificaciones de asistencia mutua; pide, asimismo, a la Comisión que respete su compromiso de llevar a cabo evaluaciones ex post de los acuerdos comerciales preferenciales que tienen un importante impacto económico, social y ambiental, incluido un sistema de información periódica por parte de los países beneficiarios sobre la gestión y el control del origen preferencial;
83. Observa que la represión de la delincuencia en todas sus vertientes, incluidos el fraude, la corrupción, el blanqueo de capitales, el crimen organizado asociado y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la UE, es una condición sine qua non para el correcto funcionamiento de la UE; destaca la necesidad de efectuar un seguimiento sistemático de las recomendaciones de la OLAF; considera que el seguimiento de esas recomendaciones exige que la OLAF disponga de derechos procesales en las legislaciones nacionales para garantizar que las autoridades nacionales las respeten y las tengan en cuenta;
84. Pide a la Comisión que aclare las principales razones por las que los Estados miembros no están dando seguimiento a los supuestos casos de fraude que afectan a los intereses financieros de la UE que les ha presentado la OLAF;
85. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al Tribunal de Cuentas Europeo, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y al Comité de Vigilancia de la OLAF.
(1) DO L 84 de 20.3.2014, p. 6.
(2) DO L 248 de 18.9.2013, p. 1.
(4) DO C 51 E de 22.2.2013, p. 121.
(5) DO C 161 E de 31.5.2011, p. 62.
(7) Textos Aprobados, P7_TA(2013)0444.
(10) Textos Aprobados de 11 de marzo de 2015, P8_TA(2015)0062.

References: Resolución 
 artículo 325
 artículo 325
 Resolución 
 artículo 5
 resolución 
 Resolución