Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/social/S2-2016/as201632301.html
Timestamp: 2019-03-24 11:39:21+00:00

Document:
as201632301
Auto Supremo Nº 301/2016
Expediente: SC-CA.SAII-LP.106/2016.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 272 a 274, interpuesto por Juan Edwin Mercado Claros representante legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), contra el Auto de Vista Nº 63/15 de 03 de junio de 2015 (fs. 266 y vta.), pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del recurso de reclamación instaurado por Sonia Wilma Alcázar Castro contra el SENASIR, la respuesta de fs. 277 a 279, el auto de fs. 280 que concedió el recurso, el Auto Supremo N° 64 de fecha 19 de abril de 2016 que admitió la casación; los antecedentes del proceso, y
Que, dentro del trámite de reclamación de pensiones por Sonia Wilma Alcázar Castro, la Comisión de Calificación de Rentas del SENASIR, mediante Resolución Nº 013973 de 22 de julio de 2005 de fs. 92 a 93, resolvió desestimar la solicitud de renta única jubilatoria de vejez interpuesta por Sonia Wilma Alcázar Castro, y otorgar el pago global jubilatorio a favor de Sonia Wilma Alcázar Castro, previa solicitud de la interesada.
Luego la misma Comisión emite la Resolución N° 002594 de 29 de febrero de 2008 de fs. 111 otorgando a la beneficiaria constancia de aportes de la Banca Privada, con salario cotizable de Bs. 2.068,5 correspondiente a abril /1995 y una densidad de aportes de 14,75 años.
Que, contra dicha resolución, la solicitante interpuso recurso de reclamación de fs. 118 y vta., siendo resuelto por la Comisión de Reclamación del Servicio Nacional del Sistema de Reparto, mediante la Resolución N° 1138/08 de 4 de noviembre de 2008 de fs. 148 a 149, confirmando la Resolución Nº 2494 de fecha 29 de febrero de 2011 de fs. 111, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas.
Notificada la asegurada con dicha Resolución, interpuso recurso de apelación mediante memorial de fs. 152 y vta., reiterándola a fs. 171 y vta., y mejorándola de fs. 210 a 211, la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal de Justicia de La Paz, pronunció el Auto de Vista Nº 223/10 de 15 de octubre de 2010, cursante a fs. 214 y vta., anulando la Resolución Nº 1138/08 de fecha 04 de noviembre de 2008 de fs. 148 a 149 de antecedentes, disponiendo que la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, emita nueva resolución involucrando la valoración de la prueba de fs. 115 en el marco del apartado II del art. 25 del Decreto Ley N° 14643.
Esta resolución causó que tanto el Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, como la parte recurrente interpongan recurso de casación en la forma y en el fondo de fs. 221 a 222 y fs. 226 a 227, mismos que fueron resueltos por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia mediante Auto Supremo N° 063 de fecha 25 de febrero de 2015 de fs. 259 a 261, anulando obrados hasta el sorteo de fs. 213 inclusive, disponiendo que el tribunal de alzada, pronuncie nuevo auto de vista debiendo pronunciarse respecto a los agravios de la apelación.
El tribunal de alzada dando cumplimiento al Auto Supremo N° 063, emitió nuevo Auto de Vista N° 63/15 de fs. 266 y vta. de fecha 3 de junio de 2015, revocando la Resolución N° 1138/08 de fecha 4 de noviembre de 2008 de fs. 148 a 149, debiendo la comisión de reclamación de rentas tomar en cuenta la literal de fs. 115 para calificar en derecho las aportaciones de la asegurada.
Lo que motivó que Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), representado por Juan Edwin Mercado Claros, interponga el recurso de casación en el fondo, con los fundamentos expuestos en el memorial de fs. 272 a 274 de obrados, en base a los siguientes argumentos:
Que, el Auto de Vista N° 63/2015 de 3 de junio de 2015 es contrario a los intereses del Estado y no se enmarca dentro de los alcances de la normativa legal vigente y aplicable en materia de seguridad social, existiendo en su interior violación, errónea interpretación e indebida aplicación de normas legales ya que dentro del primer punto del Segundo Considerando cuando señala “en su expresión de agravios refiere que únicamente se habría identificado como aportes 14 años y 9 meses, faltando los aportes del Banco Sur de abril de 1987 a abril de 1988. Del análisis de los elementos aportados se puede identificar que a fs. 115 de obrados, cursa una certificación del Banco Sur, que acredita 12 cotizaciones mensuales a favor de la asegurada Sonia Wilma Alcázar Castro, siendo que al haberse promulgado el D.S. 21637 en fecha 21 de junio de 1987, se crean los fondos de Pensiones, no ingresando a la valoración de los estudios actuariales de los ex fondos de Empleados, por lo que la literal referida adquiere su juricidad y debe ser considerada por el SENASIR…”; del análisis y valoración de los datos el recurrente menciona el auto de vista N° 63/2015 no considera en su integridad todos los documentos y antecedentes en el marco de la normativa legal aplicable, tampoco considera que el SENASIR basa sus actuados dentro de los parámetros técnicos legales y administrativos enmarcados dentro del principio de especialidad; en este entendido pretender dar un beneficio ilegitimo a Sonia Wilma Alcázar Castro violando lo estipulado en el párrafo I del art. 24 de la Ley 065 de 10 de diciembre de 2010 y los arts. 1 y 48 párrafo I. incs. a) y b) del DS 0822 de 16 de marzo de 2011; además manifiesta que el SENASIR es una entidad de carácter público, creado en representación gubernamental a los fines que por ley se indica y que por esta razón toda documentación por ella expedida tiene carácter de oficialidad y publicidad.
Por lo que reitera el recurrente que revisada la documentación del Banco de Inversión de Bolivia por los periodos 02/87 a 12/87 esta no cuenta con el estudio matemático actuarial, siendo este el único documento válido para la certificación de periodos anteriores a 02/1988, determinándose así mismo que los periodos 01/88 a 04/88, igualmente reclamados por la interesada correspondiente al Banco de Inversión de Bolivia, fueron debidamente certificados y considerados a momento de la emisión de la Resolución N° 0002594 de 29 de febrero de 2008, por lo que de manera infundada se dispone su consideración por el tribunal de alzada.
En este mismo entendido manifiesta el recurrente que no procede la aplicación de los arts. 13 y 14 del DS N° 27543 para los periodos que comprenden dichos estudios actuariales; que la Circular N° 290 de fecha 13 de noviembre de 2001 de la asociación de Bancos Privados de Bolivia establece que: “(…) revisados los estudios matemáticos actuariales se verificó que muchos trabajadores que estaban efectuando su trámite de jubilación no figuran en tales estudios, porque no pueden jubilarse ni tampoco elaborar la nómina personal que se beneficiará con la compensación de cotizaciones para la jubilación en el nuevo sistema… aclarando además que ASOBAN convino con la Dirección de Pensiones la necesidad de complementar la información de tales Estudios Matemáticos Actuariales, para lo cual se emitió la Resolución Administrativa N° 618 de fecha 06 de noviembre de 2001, que autoriza a la Dirección de Pensiones para que a través de los Bancos se validen los estudios complementarios”.
Menciona también la RA N° 1396 de fecha 23 de agosto de 2006 que señala: “la certificación de aportes para el periodo en el cual el largo plazo estaba a cargo de Fondos de Empleados hasta 1987 y en algunos casos particulares hasta 1988, la certificación se la realiza en base al Estudio Matemático Actuarial a nivel nacional de conformidad a la RA 774 y el sistema SISBANC (Sistema de Tratado de Sector Banco) del archivo de cuenta individual, para los periodos posteriores hasta 10/96, se certificará con planillas del sistema integral de este sector”, presupuestos legales por los que no se puede considerar la documentación cursante a fs. 115 emitida por el Banco Sur S.A. de 12 de octubre de 1998, por cuanto la misma se constituye en una simple certificación no admitida por la normativa legal citada y equivocadamente considerada por el Auto de Vista N° 63/15.
Manifiesta el recurrente que el Tribunal de Alzada no considera el II párrafo del art. 67 de la CPE: “II) el Estado proveerá una renta vitalicia de vejez, en el marco del sistema de seguridad social integral de acuerdo a ley”, obligando al SENASIR al cumplimiento y respeto a las normativas legales en vigencia para acceder a una renta de vejez.
Asimismo menciona que las normas legales violadas, erróneamente interpretadas e indebidamente aplicadas son el art. 67 de la Constitución Política del Estado, el párrafo I del art. 24 de la Ley N° 065 de 10 de diciembre de 2010, los arts. 1 y 48 parágrafo I. incs. a) y b) del DS 0822 de 16 de marzo de 2011, los arts. 1287, 1289 – par. I, 1296 y 1523 del Código Civil, el Cap. I, numeral 2.8 inc. a) y c) de la Resolución Administrativa N° 299 de 13 de fecha 31 de julio de 2013, el art. 2 de la Resolución Ministerial N° 498 de fecha 7 de septiembre de 2005, la Resolución Administrativa N° 0774 de fecha 20 de octubre de 1999 y 618 de fecha 6 de noviembre de 2001, la Resolución Administrativa N° 213 de fecha 26 de octubre de 2011, Cap. III, Num. 21, el art. 1 de la Resolución Administrativa N° 618 de fecha 6 de noviembre de 2001 y la Ley 004 de 31 de marzo de 2010.
En conclusión solicita se conceda el recurso de casación ante el Tribunal de Supremo Justicia, para que deliberando en el fondo case el Auto de Vista N° 63/15 de 3 de junio de 2015, cursante a fs. 266 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Tercera del Tribunal Departamental de La Paz y asimismo se confirme la resolución de la Comisión de Reclamación N° 1138/08 de fecha 4 de noviembre de 2008 emitido por el SENASIR, cursante a fs. 148 a 149 de obrados, con las formalidades de rigor.
I.3 Respuesta al recurso.
La solicitante Sonia Wilma Alcazar Castro de Pizarro, respondiendo al recurso de casación en el fondo, manifestó que el Auto de Vista N° 63/2015 de fecha 3 de junio de 2015, no contiene errores de hecho ni de derecho y mas bien se ajusta a derecho, y que el SENASIR no puede ser juez y parte dentro del proceso administrativo, consecuentemente sus fundamentos son redundantes no aplicables en base a lo determinado por el art. 554 del Reglamento del Código de Seguridad Social, por lo que solicitó se declare improcedente.
En el caso de análisis, se advierte que el representante legal del SENASIR, no está de acuerdo con el fallo del tribunal ad quem, por haber revocado la Resolución Nº 1138/08 de 4 de noviembre de 2008 de fs. 148 a 149, debiendo tomar en cuenta la literal de fs. 115 para calificar el derecho de la asegurada Sonia Wilma Alcázar Castro.
Al respecto, el art. 14 del Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, relativo a la utilización de documentos que cursan en el expediente señala: “En el caso de inexistencia de planillas y comprobantes de pago en los archivos del SENASIR, del periodo comprendido entre enero de 1957 y abril de 1997, el SENASIR certificará los aportes con la documentación que cursa en el expediente del asegurado, a la fecha de publicación del presente Decreto Supremo, bajo presunción juris tantum. Los documentos será uno o más de los siguientes: Finiquitos, Certificados de trabajo, boletas de pago o planillas de haberes, partes de filiación y baja de las Cajas de Salud respectivas…”.
Concordante con su art. 18 que dispone: “…Para fines de certificación de aportes para la determinación de montos de compensación de cotizaciones por procedimiento manual, se podrán utilizar las modalidades establecidas en los Artículos 13, 16 y 17 del presente Decreto Supremo…”. A su vez, su art. 16, va más allá, al señalar: “…Para fines de certificación de aportes en mora de entidades, que dejaron de funcionar y se encuentran actualmente cerradas; que hubieran estado en su momento debidamente afiliadas a los entes gestores de salud y se evidencie la existencia de al menos un aporte al Sistema de Reparto, dichos aportes serán certificados con la documentación que curse en el expediente conforme al Artículo 14 del presente Decreto Supremo". Normativa que dio mayor facilidad para que los beneficiarios pudieran acceder al beneficio de las rentas que otorga el SENASIR; empero esta determinación no es la única que prevé dicho procedimiento supletorio, el art. 83 del Manual de Prestaciones en Curso de Pago y Adquisición, dispone claramente que, cuando por algunos periodos de tiempo no existieran planillas en sus archivos, se complementará la verificación de aportes con los avisos de afiliación y de baja del trabajador, de reingreso del asegurado, complementados por certificados de trabajo, récords de servicios y finiquitos de pago de beneficios sociales, concordante con la Resolución Ministerial Nº 550 de 28 de septiembre de 2005.
II. 1 Análisis del caso concreto.
Al respecto, revisados los antecedentes que informan al proceso, se constata que, la asegurada, ha momento de iniciar su trámite de renta de vejez con reducción de edad, presentó documentación probatoria que fue valorada por la Dirección General de Pensiones (rogándole completar su documentación a la brevedad posible), la asegurada completa la documentación extrañada y a fs. 115 presenta certificación de prestación de servicios expedido por Banco Sur en Liquidación., el cual expresa con claridad meridiana que Sonia Alcazar de Pizarro prestó servicios en el Banco de Inversión Boliviano desde fecha 01 de febrero de 1987, siendo su desvinculación laboral el 30 de abril de 1988, efectuando 13 aportaciones al fondo de pensiones de Trabajadores de la Banca Privada (abril de 1987 – abril de 1988), siendo esta prueba de acuerdo a nuestra normativa social irrefutable para el fondo de pensiones y para el Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, de conformidad al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
Con referencia a los Estudios Matemáticos Actuariales se observa de fs. 190 a fs. 209 de obrados que existe dicho estudio matemático emanado del Banco Sur en Liquidación, y que a fs. 198 se encuentra el nombre de: de Pizarro Sonia con el número 24; contando la asegurada con más de las 240 cotizaciones requeridas, por servicios prestados en diferentes instituciones
Debe tenerse presente en el caso concreto, que la asegurada, Sonia Wilma Alcazar Castro de Pizarro, cumplió con su deber de efectuar los aportes correspondientes, quedando relevada de cumplir con la obligación de verificar la correcta apropiación de los mismos, así como de cualquier otro de mecanismo de control, fiscalización o transferencia, habiendo encontrado el SENASIR la fácil solución de determinar la responsabilidad a la asegurada, liberándose a sí misma de responsabilidad.
Antecedentes fácticos que desvirtúan lo afirmado por el SENASIR, llegándose a evidenciar que tanto la Comisión de Calificación de Rentas como la Comisión de Reclamaciones del SENASIR, no efectuaron una conveniente valoración de la documentación presentada por la solicitante, pues lo correcto sería que dichas comisiones a tiempo de pronunciar sus resoluciones, apliquen lo dispuesto en el art. 14 del citado Decreto Supremo Nº 27543 de 31 de mayo de 2004, así como lo previsto en el art. 83 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aspecto que no sucedió en el caso de análisis, pues solo se avocaron a considerar la documentación que tenían en su poder, vulnerando el mandato del art. 48 de la Constitución Política del Estado, referente a la irrenunciabilidad de los derechos.
Por lo que, en el caso presente corresponde calificar a favor de la asegurada los periodos efectivamente trabajados correspondiente a las gestiones que fueron desconocidas por el ente gestor, es decir, incluyendo las aportaciones al fondo de pensiones de Trabajadores de la banca privada cursante a fs. 115 de obrados, los cuales han sido reparados de forma acertada por el tribunal de segunda instancia, en base a una correcta y adecuada valoración de la prueba, conforme determina el art. 397 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al caso de autos por la permisión del art. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social.
A lo señalado, y conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal, tanto en los procesos administrativos, como en la jurisdicción ordinaria, debe prevalecer la verdad material sobre la verdad formal, así los arts. 180. I de la Constitución Política del Estado y 30. 11 de la Ley del Órgano Judicial, establecen como principio procesal a dicha verdad, con la finalidad de que toda resolución contemple de forma inexcusable la manera y cómo ocurrieron los hechos, en estricto cumplimiento de las garantías procesales; es decir, dando prevalencia a la verdad pura, a la realidad de los hechos, antes de subsumir el accionar administrativo y jurisdiccional en ritualismos procesales que no conducen a la correcta aplicación de la justicia.
De tal manera, conforme a la normativa precitada y a lo dispuesto en los arts. 158 y 162 de la Constitución Política del Estado de 1967, debe recordarse que los derechos sociales son irrenunciables, siendo obligación del Estado defender el capital humano, protegiendo la salud de la población, asegurando la continuidad de sus medios de subsistencia, rehabilitación y mejorando las condiciones de vida del grupo familiar, cuyos regímenes de seguridad social se inspiran en los principios de universalidad, solidaridad, unidad de gestión económica, oportunidad y eficacia; principios además que se ratifican en los arts. 35. I y 45. II y IV, de la actual Constitución Política del Estado, garantizando el derecho a la jubilación con carácter universal solidario y equitativo.
El art. 115 de la CPE establece que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos” en este entendido y por todo lo expuesto, se concluye que el auto de vista recurrido no transgrede ni vulnera ninguna norma, por el contrario, se ajusta a las disposiciones legales en vigencia, no siendo evidentes las infracciones acusadas en el recurso, por lo que corresponde resolver conforme prescribe el art. 220. II del Código Procesal Civil concordante con el 271. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, aplicables por la norma remisiva, contenida en los arts. 633 del Reglamento del Código de Seguridad Social y 15 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición, aprobado por Resolución Secretarial Nº 10.0.0.087 de 21 de julio de 1987.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad que le confieren los artículos 184. 1 de la Constitución Política del Estado y 42. I. 1 de la Ley del Órgano Judicial Nº 025 de 24 de junio de 2010, declara INFUNDADO el recurso de casación en el fondo de fs. 272 a 274, interpuesto por el SENASIR.

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 Artículo 14
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 artículo 397
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