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BOE.es - Documento BOE-A-2016-10017
Documento BOE-A-2016-10017
«BOE» núm. 263, de 31 de octubre de 2016, páginas 75766 a 75786 (21 págs.)
BOE-A-2016-10017
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 1067-2014 interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso de los Diputados contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U. Ha sido Ponente el Magistrado don Pedro José González-Trevijano Sánchez, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Con fecha 24 de febrero de 2014 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal un escrito de doña Virginia Aragón Segura, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Socialista, mediante el cual promovió recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., publicada en el «Diari Oficial de la Comunitat Valenciana» número 7.161, de 27 de noviembre de 2013. La fundamentación que sustenta la impugnación se resume a continuación.
b) El día 8 de noviembre de 2013 se presentó por el Grupo Parlamentario Popular de Les Corts una «Proposición de Ley de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, así como de disolución y liquidación de RTVV, SAU». En una breve «Exposición de motivos» se refería explícitamente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que anulaba el ERE del ente público RTVV, como la causa directa que hacía necesario el cierre de RTVV.
c) En el Pleno del 27 noviembre, se aprobó, con los votos favorables del Grupo Popular, la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de «Supresión de la Prestación de los Servicios de Radiodifusión y Televisión de Ámbito Autonómico, de Titularidad de la Generalitat, así como de Disolución y Liquidación de Radiotelevisión Valenciana, SAU».
Para analizar la inconstitucionalidad de la Ley 4/2013 por vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, al impedir el control parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad pública, parte el escrito de los recurrentes de la consideración de la actividad que desarrollaba Radiotelevisión Valenciana, S.A.U., con sus emisiones de radio y televisión, de servicio público. A este respecto, la doctrina del Tribunal Constitucional es clara y rotunda, según concluyó en la Sentencia 206/1990: «la calificación de la televisión como servicio público es constitucionalmente legítima desde el momento en que el legislador la considera necesaria para garantizar determinados derechos fundamentales de la colectividad» (FJ 6). Pero es más, como concreta el Alto Tribunal, al calificar la televisión y radio pública como servicio público no es, ciertamente, una etiqueta que una vez colocada sobre el medio, permita cualquier regulación de la misma, ya que hay en juego derechos subjetivos –los de comunicar libremente el pensamiento y la información– que la publicatio limita y sacrifica a favor de otros derechos. Añadiendo, con referencia en general a los medios de comunicación y en concreto sobre los medios públicos, que entre las condiciones que hacen constitucionalmente legítima la regulación de esa actividad como servicio público, precisamente, está el preservar el pluralismo, y por ende, la regulación y el control parlamentario de estos medios, tanto en su actividad cotidiana, como en el caso que nos ocupa, al tratarse de una ley de cierre, en el proceso y momento de articular, fijar la fecha y proceder al cierre.
La renuncia a la prestación del servicio público de radio y televisión autonómica y el cierre de las emisiones que estaba difundiendo RTVV, supone para los recurrentes cercenar las libertades y derechos a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana a expresarse y a recibir unos contenidos y unas informaciones sobre su propia realidad socio cultural y lingüística que, en el ámbito audiovisual, no están cubiertas por ningún otro medio público –Televisión Española apenas tiene una hora diaria de información y contenidos referidos a la Comunitat Valenciana, y Radio Nacional de España solo mantiene algunas desconexiones horarias puntuales–, ni privado –los dos concesionarios de televisión de ámbito autonómico realizan casi toda su programación en cadena, sobre contenidos de ámbito estatal y apenas dedican algunos programas a temas de la Comunitat Valenciana–.
La Ley 4/2013 de la Generalitat, parece ignorar la legislación básica del Estado en la materia, sobre todo la recogida en los artículos 4.3 y 5.1 de la Ley 7/2010, general de comunicación audiovisual, que establecen en el artículo 4.3 que «los operadores de servicios de comunicación audiovisual promoverán el conocimiento y la difusión de las lenguas oficiales del Estado y de sus expresiones culturales. En este sentido, los operadores de titularidad pública contribuirán a la promoción de la industria cultural, en especial a la de creaciones audiovisuales vinculadas a las distintas lenguas y culturas existentes en el Estado» y en el artículo 5.1. «El derecho a la diversidad cultural y lingüística. 1. Todas las personas tienen el derecho a que la comunicación audiovisual incluya una programación en abierto que refleje la diversidad cultural y lingüística de la ciudadanía». La Ley 4/2013 de la Generalitat igualmente ignora el art. 56 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana (EAV). El legislador autonómico suprime el servicio y, sin embargo, no regula ni prevé de qué manera llevará a cabo este mandato de la legislación básica estatal y del Estatuto de Autonomía para la Comunidad Valenciana, que hasta el momento se realizaba con las emisiones de RTVV.
En concreto con la aprobación de esta Ley se están incumpliendo los derechos reconocidos en la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales, firmada en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992 por los Estados miembros del Consejo de Europa y ratificada por España el 9 de abril de 2001 («BOE» de 15 de septiembre de 2001), e incorporada, en virtud del art. 96 de la Constitución, a nuestro ordenamiento. Según lo preceptuado en los artículos 2 y 11 de la citada Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales, y los compromisos contraídos por España, los países firmantes se comprometen a crear o mantener medios de comunicación para los hablantes de lenguas regionales o minoritarias, en los territorios en que se hablen dichas lenguas, según sea la situación de cada una de ellas, y en la medida en que las autoridades públicas, de manera directa o indirecta, tengan competencias en dicho ámbito, respetando al propio tiempo los principios de independencia y de autonomía de los medios de comunicación.
4. El Pleno mediante providencia de fecha 10 de marzo de 2014, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad y acordó dar traslado de la demanda y documentos presentados, conforme dispone el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, al Gobierno de la Nación, así como a la Generalidad Valenciana y a las Cortes Valencianas, al objeto de que en el plazo de quince días puedan personarse en el proceso y formular alegaciones. Por último, se acordó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
En relación con la alegación de los recurrentes de la presunta ausencia de antecedentes, recuerda el escrito del Letrado de las Cortes que la STC 108/1986, referida en su momento al proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, señalaba, como recoge la demanda presentada, que «la ausencia de un determinado precedente solo tendrá trascendencia si se hubiera privado a las cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión, pero en este caso, el efecto, tuvo que ser conocido de inmediato, hubiese debido ser denunciado ante las mismas cámaras y los recurrentes no alegan en ningún momento que esto ocurriese». Señala el escrito del Letrado que el funcionamiento y la situación de la radio televisión valenciana era un tema común y constante en los debate parlamentarios, tanto como un tema específico de diferentes iniciativas como dentro de los debates de carácter general. Por ello no es posible afirmar que se careciera de información, de precedentes, que impidieran a la Cámara tener elementos de juicio necesarios para la adopción de la decisión.
La tesis mantenida en la demanda parece consistir en que la ausencia en la Ley 4/2013 de una previsión expresa de instrumentos de control parlamentario, supone que se renuncia o se hace imposible el ejercicio del control parlamentario de las actuaciones relacionadas con la liquidación y cierre de RTVV. Sin embargo, para el Letrado de las Cortes que no haya una previsión expresa dentro de esta Ley, no significa que no exista posibilidad de control, no supone un límite adicional al ejercicio de una función que corresponde a los parlamentarios y que «forma parte del núcleo esencial de su condición de representantes» (entre otras, ATC 215/2000).
El art. 56 EAV, dentro del marco del art. 149.1.27 CE, encontró desarrollo en la Ley 3/2012, ley que sustituía a la Ley 7/1984. El mandato que establece el precepto estatutario es que la Generalitat «podrá regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de sus fines». Lo que el art. 56 EAV establece es una habilitación para que, por parte de la Generalitat, dentro de la legislación básica, se pueda crear y mantener una televisión, radio o cualquier otro medio de comunicación público. No hay un mandato a los poderes públicos de la Generalitat para que establezcan o mantengan unos medios de comunicación.
Como se recuerda en el propio recurso, la STC 86/1982 viene a negar la alegación que se formula en aquel. El Tribunal Constitucional señalaba que «la ley impugnada no pueda calificarse como de desarrollo de los derechos fundamentales y libertades públicas comprendidas en el artículo 20, ya que no se refiere a ninguno de tales libertades y derechos, sino la supresión de un organismo autónomo “Medios de Comunicación Social del Estado”» (FJ 3). Asimismo señalaba el fundamento jurídico 4 que «el Tribunal no comparte esta interpretación del artículo 20.3 de la Constitución, que no pretende congelar la situación existente en cuanto a los medios de prensa, como ya hemos expuesto, sino garantizar que la organización, gestión y control de los medios de comunicación social que en cada momento dependan del Estado o de cualquier ente público se ajustarán a los criterios establecidos por el mencionado precepto, que no impide ni la supresión del organismo autónomo “Medios de Comunicación Social del Estado”, ni la enajenación de los medios de prensa actualmente integrados en el mismo».
Siguiendo con el análisis de las normas que integran el bloque de constitucionalidad, recuerda el escrito del Director General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana que el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana contiene un precepto que contempla la existencia de medios de comunicación de titularidad pública. Se trata del artículo 56.2, el cual textualmente indica: «la Generalitat podrá regular, crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público, para el cumplimiento de sus fines». Destaca el representante de la Generalitat el carácter disponible del que goza dicho precepto, lo cual nos aleja radicalmente de la idea de la existencia obligatoria de un servicio público de radiodifusión y televisión.
En la misma línea se pronuncia la Ley 7/2010, de 31 de marzo, general de la comunicación audiovisual, cuyo artículo 40.2 establece: «el Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales podrán acordar la prestación del servicio público de comunicación audiovisual con objeto de emitir en abierto canales generalistas o temáticos». De todo ello deduce que en el presente momento, la determinación de los poderes públicos de poner en funcionamiento un medio de comunicación propio es una decisión de carácter político, no una obligación, decisión que conlleva de forma evidente tanto la posibilidad de crearlos, como la de prescindir de dichos medios por las razones que se consideren oportunas. La decisión de prescindir de un medio de comunicación de carácter público ya fue avalada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 86/1982, de 23 de diciembre.
Igualmente señala que la Ley 4/2013 de la Generalitat no vulnera, ni puede vulnerar, los artículos 20.1 a), 20.1 d) y 20.3 en relación con los artículos. 149.1.27 y 9.2, todos ellos de la Constitución, interpretados de conformidad con la Carta, a partir de la remisión a los tratados internacionales reconocedores de derechos fundamentales y libertades públicas (art. 10.2 CE). Si la Carta no declara derechos, los preceptos de la Constitución Española no pueden interpretarse en el sentido de extender o atribuir un contenido lingüístico a los derechos constitucionales a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción» o «comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión». Tampoco afecta negativamente la Ley 4/2013 al «pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España», que el art. 20.3 CE impone a las leyes reguladoras «de los medios de comunicación social dependientes... de cualquier ente público». Su presupuesto es la existencia de una ley reguladora de medios de comunicación social de titularidad pública, y el art. 56.2 EAV sólo contempla la posibilidad de «crear y mantener televisión, radio y demás medios de comunicación social, de carácter público» vinculados a la Generalitat.
Finalmente considera preciso el escrito del representante de la Generalitat hacer una mención especial al compromiso de los países firmantes de la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales de «crear o mantener medios de comunicación para los hablantes de lenguas regionales o minoritarias» (pág. 29 de la demanda). Para el representante de la Generalitat no es posible deducir del artículo 11 de la Carta que cada Administración autonómica con lengua cooficial deba mantener medios de comunicación social de titularidad pública. El destinatario de las obligaciones del artículo 11 es el Estado en su conjunto y no cada una de las Administraciones que lo integran.
15. Mediante escrito registrado en el Tribunal Constitucional el día 3 de mayo de 2016 la Directora General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana solicita que se acuerde la finalización del procedimiento por perdida de objeto, toda vez que la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, ha derogado de manera expresa el art. 2 de la Ley 4/2013 y ha recuperado la prestación del servicio de radio difusión y televisión en el ámbito de la Comunidad.
16. Mediante escrito de 29 de julio de 2016 la Directora General de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana solicita, de nuevo, que se acuerde la finalización del procedimiento por perdida de objeto, toda vez que la reciente Ley 6/2016, de 15 de julio de la Generalitat del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat que, en definitiva, tiene por objeto regular la prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la Generalitat, así como establecer el régimen jurídico de las entidades a las que se encomienda la gestión directa de este servicio público, viene a ratificar la situación generada por la Ley 12/2015, de 29 de diciembre.
a) Al respecto, este Tribunal tiene fijada doctrina en relación con la pérdida sobrevenida del objeto del proceso en el ámbito de los recursos de inconstitucionalidad, de acuerdo con la cual, dado que se trata de «un recurso abstracto y orientado a la depuración objetiva del ordenamiento, la pérdida sobrevenida de la vigencia del precepto legal impugnado habrá de ser tenida en cuenta por este Tribunal para apreciar si la misma conlleva ‘‘la exclusión de toda la aplicabilidad de la Ley’’, pues si así fuera ‘‘no habría sino que reconocer que desapareció, al acabar su vigencia, el objeto de este proceso constitucional que, por sus notas de abstracción y objetividad, no puede hallar su exclusivo sentido en la eventual remoción de las situaciones jurídicas creadas en aplicación de la Ley, acaso inconstitucional (art. 40.1 LOTC)’’, de modo que carecería de sentido que este Tribunal se pronunciase ‘‘sobre normas que el mismo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento … de modo total, sin ultraactividad’’» (últimamente, entre otras, SSTC 223/2012, de 29 de noviembre, FJ 3; 131/2013, de 5 de junio, FJ 3; 158/2013, de 26 de septiembre, FJ 3; 160/2013, de 26 de septiembre, FJ 3; 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 10; 120/2014, de 17 de julio, FJ 4; 214/2014, de 18 de diciembre, FJ 2; 237/2015, de 19 de noviembre, FJ 3, 270/2015, de 17 de diciembre, FJ 2, y STC 140/2016, de 21 de julio, FJ 2).
Como excepciones a esta doctrina general, hemos establecido aquellos casos en que el recurso de inconstitucionalidad versa sobre una controversia de carácter competencial y ésta no ha desaparecido con la nueva norma [entre otras, SSTC 134/2011, de 20 de julio, FJ 2 b); 7/2012, de 18 de enero, FJ 2; 96/2013, de 26 de abril, FJ 2; 142/2014, de 11 de septiembre, FJ 2, y 230/2015, de 5 de noviembre, FJ 3 b)]. Igualmente aquellos casos en los que se trata de controlar normas de vigencia temporal limitada como son, por ejemplo, las leyes de presupuestos, pues «excluir la posibilidad de examen constitucional en estos supuestos “sería tanto como negar la posibilidad de control por este Tribunal Constitucional de determinadas normas con vigencia limitada en el tiempo... creándose así un ámbito normativo (estatal o autonómico) inmune al control de la jurisdicción constitucional”» (por todas, SSTC 13/2007, de 18 de enero, FJ 1; y 26/2013, de 31 de enero, FJ 2, con cita de la STC 197/2012, de 6 de noviembre, FJ 2). Asimismo aquellos casos en los que el motivo alegado en el recurso afecta al procedimiento legislativo de aprobación de la disposición con rango de ley y a su contenido posible [entre otras, SSTC 60/1986, de 20 de mayo, FJ 1; 137/2003, de 3 de julio, FJ 2; 108/2004, de 30 de junio, FJ 4; 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2; 47/2015, de 25 de marzo, FJ 2 c); y 106/2015, de 28 de mayo, FJ 2]. Se trata, en estos supuestos, de no consagrar zonas inmunes al control de constitucionalidad de las leyes con graves consecuencias para el correcto funcionamiento del sistema de fuentes del Derecho.
c) Con posterioridad a la interposición del presente recurso de inconstitucionalidad, las Cortes Valencianas dictaron la Ley 5/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, del servicio público de radiotelevisión valenciana que tiene por objeto sentar los principios generales para la puesta en funcionamiento de medios de comunicación audiovisual públicos. La Ley 5/2015, de 2 de abril, no restablecía, propiamente, el servicio público de radiotelevisión, ni derogaba la Ley 4/2013, de 27 de noviembre aquí impugnada, sino que establecía la posibilidad de que tal restablecimiento se produjese «en el supuesto de que resulte factible» y sometía tal eventual restablecimiento a unos principios determinados.
Tras las elecciones autonómicas del 24 de mayo de 2015, se aprobó por las Cortes Valencianas la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, para la recuperación del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, que tiene por objeto, según su artículo 1, «fijar las condiciones para el restablecimiento de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico».
La disposición derogatoria primera de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, deroga explícitamente la Ley 5/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, del servicio público de radiotelevisión valenciana. La disposición derogatoria segunda de la Ley 12/2015, de 29 de diciembre, deroga explícitamente también «el artículo 2 de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre … y cualquier otro mandato de esta ley en todo lo que se oponga a lo establecido en la presente ley».
La Ley 12/2015 deroga, así, la supresión de la prestación del servicio público de radio y televisión de ámbito autonómico llevada a cabo por la Ley 4/2013, que se impugna en el presente recurso de inconstitucionalidad 1067-2014, pero no tiene por objeto, propiamente, el restablecimiento del servicio público de radiotelevisión, pues se remite para ello a una futura ley a aprobar por Les Corts. En efecto, la disposición adicional primera de la Ley 12/2015 afirma que «corresponde a Les Corts, en el plazo máximo de seis meses desde la presentación del primer informe de situación de RTVV por los liquidadores, dictar la Ley reguladora de los servicios de radiodifusión y televisión de la Generalitat Valenciana».
En cumplimiento de tal previsión las Cortes Valencianas han adoptado la Ley 6/2016, de 15 de julio, de la Generalitat, del servicio público de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat, que tiene por objeto «regular la prestación del servicio público audiovisual de titularidad de la Generalitat, así como establecer el régimen jurídico de las entidades a las que se encomienda la gestión directa de este servicio público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 del Estatuto de autonomía de la Comunitat Valenciana, y regular su control parlamentario» (artículo 2).
d) De lo expuesto, y aplicando la doctrina general más arriba resumida, se puede deducir que las modificaciones y derogaciones del texto legal impugnado suponen la pérdida de objeto del presente recurso de inconstitucionalidad, en lo que se refiere a la parte fundamental del mismo –y a salvo de lo que a continuación diremos en relación con la vulneración de los arts. 9.3 y 23.2 CE por vicios en el procedimiento legislativo–, pues no nos encontramos dentro de las excepciones reconocidas en la indicada doctrina general que permitirían considerar viva la controversia.
La referida pérdida sobrevenida de objeto no es, sin embargo, posible apreciarla en relación con la impugnación por vulneración de los artículos 9.3 y 23.2 de la Constitución, pues no cabe duda de que, con relación a la Ley 4/2013, es necesario que este Tribunal Constitucional se pronuncie sobre aquellos motivos alegados por los Diputados recurrentes que afectan al procedimiento legislativo de aprobación de la ley, por lo que la eventual derogación o modificación de esta disposición legal no incidiría en el control de los vicios de validez en que pudiera haberse incurrido al momento de su aprobación, por ser esta una de las excepciones a las que se refiere nuestra doctrina sobre la perdida de objeto, con lo cual subsiste el interés constitucional de velar por el recto ejercicio de la potestad legislativa.
En efecto, de acuerdo con la doctrina de este Tribunal «es función esencial de esta jurisdicción garantizar “la primacía de la Constitución” (art. 27.1 LOTC) y asegurar en todo momento, sin solución de continuidad, el correcto funcionamiento del sistema de producción normativa preconizado por la Norma fundamental, depurando y expulsando del ordenamiento las normas impugnadas que se aparten de dicho sistema, con independencia de que se encuentren o no en vigor cuando se declara su inconstitucionalidad. Es la pureza misma del ordenamiento jurídico la que se ventila en esta sede jurisdiccional, y ello ha de decidirse en términos de validez o invalidez ex origine de las normas impugnadas, sin atender a su vigencia o derogación en el momento en que se pronuncia el fallo constitucional» (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 2).
Así, de acuerdo con el apartado 1 del artículo 26 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, «la iniciativa legislativa corresponde a Les Corts y al Consell, en la forma que determine el presente Estatuto y el Reglamento de Les Corts».
Por su parte, el apartado 2 de ese mismo artículo 26 dispone que «la iniciativa legislativa de Les Corts se ejercerá por los Grupos Parlamentarios y por los Diputados y Diputadas en la forma que determine el Reglamento de Les Corts.».
El Reglamento de Les Corts, en la versión vigente cuando se tramitó la Ley impugnada, regulaba en sus artículos 124 y siguientes las proposiciones de ley de Les Corts, sin establecer límite material alguno para la presentación de aquellas por parte de los grupos parlamentarios o los diputados.
b) En lo que se refiere a la vulneración del procedimiento legislativo por la falta de presentación de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre la proposición de ley presentada, cabe señalar que el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, tras disponer que la potestad legislativa dentro la Comunidad Valenciana corresponde a Les Corts (artículo 21), establece que estas aprobarán su propio Reglamento (artículo 25.1). El artículo 124 del Reglamento de Les Corts instituye que «las proposiciones de ley se presentarán acompañadas de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para poder pronunciarse sobre ellas». Este último precepto es el que cabe entender integrado en el bloque de constitucionalidad (SSTC 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 2, y 132/2013, de 5 de junio, FJ 3), y es por tanto la norma que directamente sustenta el enjuiciamiento por este Tribunal del denunciado vicio relativo a la insuficiencia de los antecedentes que acompañaron la proposición de ley que dio lugar a los preceptos legales ahora impugnados.
Entre otros pronunciamientos, dicha doctrina puede encontrarse en las SSTC 136/2011 y 176/2011, en las que se dio respuesta a un reproche de infracción de determinadas reglas del procedimiento parlamentario –entre ellas, la relativa al deber de acompañar el proyecto de ley de los antecedentes necesarios–. En aquellas resoluciones este Tribunal procedió a rechazar la existencia de tales vicios «por no haberse acreditado que su alcance era de tal magnitud que hubiese alterado, “no de cualquier manera, sino de forma sustancial, el proceso de formación de la voluntad de una Cámara, habiendo afectado, en consecuencia, al ejercicio de la función representativa inherente al estatuto del parlamentario” (STC 136/2011, de 13 de septiembre, FJ 10)» [STC 176/2011, FJ 2 f)]. Asimismo, como complemento de esta doctrina, hemos de citar la STC 68/2013, de 14 de marzo, en la cual sostuvimos que «[e]n relación con las alegaciones de vulneración del procedimiento legislativo, la doctrina de este Tribunal establece la necesidad de “examinar, ante todo, si se ha producido o no vulneración de la normativa reguladora de la elaboración de las leyes para, sólo después, y en su caso, valorar si aquella vulneración pudo tener relevancia para la formación de la voluntad legisladora” [STC 238/2012, de 13 de diciembre, FJ 2 a)]». De ahí que, como se recordó en relación con el art. 88 CE, «la ausencia de un determinado antecedente sólo tendrá trascendencia si se hubiere privado a las Cámaras de un elemento de juicio necesario para su decisión (STC 108/1986, de 28 de julio, FJ 3). Para determinar si esto último se ha producido, será relevante tener en cuenta aspectos tales como el relativo a sí un determinado informe tiene carácter facultativo o preceptivo, aspecto que fue subrayado en la STC 108/1986, de 28 de julio, FJ 3, o el rango de la norma que lo prevea, extremo que fue determinante para considerar inconstitucional en la STC 35/1984, de 13 de marzo, FJ 6, la adopción de un decreto-ley que omitió un trámite de informe previsto en la disposición adicional tercera de la Constitución» (FJ 2).
En el presente caso, los recurrentes alegan que el art. 124 del Reglamento de Les Corts diferencia entre exposición de motivos y antecedentes de la norma, requiriendo la existencia de estos dos elementos. Afirmado lo anterior, los recurrentes identifican en su escrito los «antecedentes necesarios» con aquellos trámites o requisitos que el art. 42 de la Ley 5/1983, del Consell detalla. Para los recurrentes, la presentación como proposición de ley por el Grupo Parlamentario Popular de una iniciativa que responde a la voluntad declarada del ejecutivo constituye un auténtico fraude de ley, pues busca evitar tener que cumplir con el procedimiento exigido por la Ley 5/1983, del Consell, para los anteproyectos de ley.
Una vez hemos rechazado en el apartado anterior que quepa establecer la preferencia de un concreto tipo de iniciativa frente a otro, es preciso subrayar que los trámites o requisitos a los que el art. 42 de la Ley 5/1983 se refiere son trámites y requisitos que el ordenamiento exige a los anteproyectos de ley del Gobierno y no a las proposiciones de ley de Les Corts, por lo que no cabe tenerlos en cuenta para determinar la ausencia de los antecedentes necesarios a los que se refiere el art. 124 del Reglamento. Así, la norma que impone que los anteproyectos de ley aprobados por el Consell se adecuen a una serie de trámites y requisitos no es directamente aplicable a las condiciones de presentación de proposiciones de ley en la Cámara parlamentaria. No cabe proyectar sobre la facultad de los grupos parlamentarios de presentar proposiciones de ley exigencias y requisitos exigidos sólo por el ordenamiento para los proyectos de ley del Gobierno [SSTC 36/2013, de 14 de febrero, FJ 4, y 111/2013, de 9 de mayo, FJ 2 b)], por ejemplo, en relación con la intervención, mediante informe, del Consejo de Estado]. Las disposiciones legales que traen causa, como aquí fue el caso, de una proposición de ley no resultan inconstitucionales, en suma, por el mero hecho de que se hayan presentado ante las Cámaras sin aquellos requisitos documentales que el bloque de la constitucionalidad exige a los proyectos de ley.
De acuerdo con nuestra doctrina le corresponde a la propia Mesa de la Cámara interpretar individualizadamente, de conformidad con las normas aplicables, qué materiales son imprescindibles en cada ocasión para poder realizar adecuadamente el control formal que se plasma en la calificación y en la decisión sobre la admisibilidad de las iniciativas legislativas, y para que el debate legislativo se realice con plena libertad de decisión. Debe hacerlo motivadamente y de manera razonable, siendo el control que puede realizar este Tribunal meramente externo y limitado a la suficiencia y coherencia jurídica de dicha motivación (SSTC 38/1999 y 177/2002), pues, como hemos dicho en la STC 242/2006, de 24 de julio, FJ 6, cuando se trata de enjuiciar decisiones de la mesas de una cámara parlamentaria «las consideraciones funcionales que rodean a esta institución y a su control no pueden ser desconocidas y obligan a limitar nuestro control a las decisiones arbitrarias o manifiestamente irrazonables».
c) Debemos finalmente dar respuesta a la alegación de los recurrentes, según la cual, la tramitación de la Ley por el procedimiento de lectura única –sin concurrir las condiciones que el Reglamento de Les Corts asocia a la selección del procedimiento legislativo en cuestión–, habría conculcado el principio democrático y vulnerado los derechos de participación política a través de representantes, al haberse recurrido de forma inadecuada a un procedimiento especial que limita el debate público.
El art. 135.1 del Reglamento de Les Corts, vigente cuando se tramitó la Ley impugnada, afirma que «cuando la naturaleza de un proyecto o proposición de ley lo aconseje y su simplicidad de formulación lo permita, el Pleno de Les Corts, a propuesta de la Mesa, de acuerdo con la Junta de Síndics, o a iniciativa de ésta, podrá acordar que dicho proyecto o proposición de ley se tramite directamente y en lectura única ante el Pleno o una comisión. Este acuerdo supondrá el decaimiento del derecho de presentación de enmiendas.». La lectura única consiste en un debate sujeto a las normas establecidas para los de totalidad, que irá seguido de una sola votación. Si el resultado de la votación es favorable, será aprobado; en caso contrario, rechazado
Las lesiones denunciadas solo podrían traer causa del incumplimiento de los supuestos en los que el Reglamento parlamentario permite acudir a este procedimiento excepcional, esto es, cuando su naturaleza lo aconseje o la simplicidad de su formulación lo permita. La propia jurisprudencia constitucional reconoce que «la figura de los proyectos o proposiciones de ley en lectura única, típica del Derecho parlamentario... tiene precisamente su razón de ser en iniciativas legislativas cuya naturaleza o simplicidad de formulación permiten una tramitación abreviada de las mismas» (STC 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 10).
Señalado lo anterior, cabe igualmente recordar que «este Tribunal sólo puede realizar un control negativo, pues no le es dado reemplazar la voluntad de la Mesa al proponer la tramitación por el procedimiento de lectura única, ni la del Pleno que debe aprobarlo», lo que nos debe llevar a que rechacemos las vulneraciones alegadas.
En cuanto a la simplicidad de su formulación, no resulta arbitrario interpretar –y para ello basta con la lectura de la Ley impugnada que consta de tres artículos, dos disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y una disposición final–, que ésta reviste la característica exigida por el Reglamento de Les Corts relativa a «la simplicidad de su formulación». Este concepto jurídico indeterminado es, por otra parte, totalmente ajeno, en contra de lo que afirman los recurrentes, al consenso político que pudiera suscitar el proyecto de ley, a la repercusión pública que éste pueda tener, o a la complejidad material intrínseca que supone la función administrativa de aplicación del ordenamiento jurídico, que no se ha trasladado en modo alguno a la formulación de la ley [STC 129/2013, de 4 de junio, FJ 10].
1.º Declarar la pérdida sobrevenida de objeto del recurso, en lo que se refiere a la vulneración de los arts. 20.1 a), 20.1 d) y 20.3, en relación con el art. 149.1.27, 24 y 118, así como los artículos 9.2 y 10 de la Constitución por la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat, de supresión de la prestación de los servicios de radiodifusión y televisión de ámbito autonómico, de titularidad de la Generalitat.
DICTADA en el Recurso 1067/2014 (Ref. BOE-A-2014-2742).
DECLARA su extinción, por pérdida de su objeto, respecto a los preceptos indicados, y la desestimación de todo lo demás, en relación con la Ley 4/2013, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-2013-12824).

References: artículo 20
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 20
 artículo 20
 artículo 56
 artículo 40
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 56
 artículo 26
 artículo 26
 artículo 124