Source: http://www.argentina-rree.com/14/14-082.htm
Timestamp: 2017-12-14 08:10:55+00:00

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Por cierto, en las relaciones con Chile existieron tres temas generadores de fricciones: la violación a los derechos humanos en el país trasandino, la continuidad de la posición pro-británica adoptada por el régimen de Pinochet respecto de la cuestión de las islas Malvinas, y finalmente la persistencia del diferendo limítrofe en torno al canal de Beagle.
La violación a los derechos humanos por parte del régimen militar chileno provocó una reacción en el Congreso argentino. Así, por ejemplo, el diputado intransigente Raúl O. Rabanaque envió a la Cámara Baja en las sesiones del 9 y 10 de agosto de 1984 un proyecto de resolución que tenía por objetivo
(...) Solidarizarse con las luchas del pueblo chileno, y por ello dirigirse al gobierno de Chile con el fin de solicitarle la libertad de todos los presos políticos y gremiales de ese país como paso necesario para la ansiada democratización en los países de América Latina (1).
Asimismo, con motivo de hechos de violencia ocurridos en Chile durante los primeros días de septiembre de 1984, el 13 de ese mes fueron presentados dos proyectos de declaración ante el Senado argentino. El primero, auspiciado por los senadores radicales Luis León, Antonio Nápoli, Héctor Velázquez y Edison Otero, repudiaba al régimen militar chileno y su política de violación a las garantías y derechos democráticos, ratificando a la vez su solidaridad con el pueblo chileno (2). El segundo, presentado por otro grupo de senadores radicales, José Flasone, Antonio Berhongaray y Luis A. Brasesco, repudiaba los hechos de violencia ocurridos en Chile y la violación a los derechos humanos perpetrada por el gobierno de Pinochet (3).
Por otro lado, la cuestión de las islas Malvinas se mantuvo vigente en la agenda bilateral debido principalmente a dos factores: la decisión del gobierno chileno de reanudar el comercio con el archipiélago, y la revelación de la existencia de un pacto secreto entre el régimen de Pinochet y la administración conservadora de Margaret Thatcher durante el conflicto entre la Argentina y Gran Bretaña por dichas islas (4).
La decisión del gobierno de Pinochet de reanudar el comercio con Malvinas motivó en julio de 1984 una nota de protesta entregada al embajador chileno, Arturo Fontaine Aldunate. En dicha nota, las autoridades argentinas reclamaron por el comercio existente entre la ciudad chilena de Punta Arenas y las islas Malvinas, sosteniendo que la actitud chilena rompía la "solidaridad latinoamericana", y resultaba negativa en momentos en que la Argentina y Chile reanudaban negociaciones por la cuestión del canal de Beagle. El gobierno chileno respondió que apoyaba los reclamos argentinos de soberanía en el archipiélago, y que tomaría todas las medidas a su alcance con el objeto de disuadir a los particulares de realizar cualquier actividad comercial con los malvinenses (5).
La actitud chilena tuvo repercusión en el Congreso argentino. En las sesiones del día 8 de agosto en la Cámara Alta, el senador radical Luis León presentó un proyecto de declaración expresando su enérgica protesta por "la actitud del gobierno chileno de mantener relaciones comerciales con el colonialismo usurpador", con lo cual se demostraba que "las dictaduras en Latinoamérica siguen siendo un peligro para la paz y una negación permanente a la vocación integradora de los pueblos (6). A su vez, a principios de diciembre, el diputado del PJ Luis Casale presentó un proyecto de resolución, solicitando al Ejecutivo informes respecto de la inusual compra de harina vitaminizada y cemento argentinos por parte de Chile, con el objetivo de abastecer las necesidades de la guarnición inglesa en las islas Malvinas (7).
Cuando en enero de 1985 se conoció información sobre la existencia de un pacto secreto entre el régimen de Pinochet y la administración conservadora de Margaret Thatcher durante el conflicto de Malvinas, el canciller Caputo trató de restarle importancia, arrojando una sombra de duda sobre su veracidad, en una estrategia destinada a evitar que los "halcones nacionalistas" del lado argentino, chileno o británico explotaran esa información con el fin de empantanar las gestiones apuntadas a cerrar el conflicto limítrofe con Chile (8). Por su parte, el director de Política Bilateral de la cancillería chilena, José Manuel Ovalle, desmintió la existencia de un pacto secreto chileno-británico, sosteniendo que durante la guerra de 1982 Chile observó "estricta neutralidad (9)".
En cuanto al irresuelto diferendo en el canal de Beagle, desde un primer momento el gobierno radical dio muestras de querer cerrar este frente de conflicto con Chile heredado de los años de la dictadura militar. Así, poco tiempo después de asumir la presidencia, el presidente Alfonsín definió esta cuestión como la "prioridad número uno" de su gestión (10).
El primer paso importante en esta cuestión se concretó el 23 de enero de 1984, cuando los cancilleres de la Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, un compromiso mediante el cual manifestaron su intención de alcanzar una solución "justa y honorable" al diferendo. La declaración fue incluso un poco más allá, ya que ambos gobiernos expresaron su decisión de solucionar "siempre y exclusivamente por medios pacíficos las controversias de cualquier naturaleza entre sus respectivos países (11)". Como era de esperarse, del lado argentino el compromiso de paz con Chile recibió el completo respaldo del radicalismo, el apoyo "condicionado" de la oposición justicialista, y la abierta oposición de los sectores de la derecha nacionalista (12).
Decidido a cerrar definitivamente un conflicto que en el pasado había llevado a la "casi guerra" con Chile, a principios de junio de 1984 Alfonsín propuso a los distintos dirigentes de los partidos políticos la firma de un Acta de Coincidencias, cuyo artículo 11º, referido a la cuestión del Beagle, afirmaba que
la aceptación de las sugerencias y propuestas del Papa Juan Pablo II sobre el Beagle -como marco de paz- permitirá resolver pacífica y definitivamente el litigio limítrofe con la hermana República de Chile, ratificar el principio bioceánico y nuestros derechos sobre la Antártida, y comenzar la consideración y aprobación de numerosos proyectos de complementación económica y social entre ambas naciones.
Esta Acta fue firmada el 7 de junio por 16 partidos políticos. Algunos lo hicieron con reservas y otros -la Unión del Centro Democrático (UCD), el Partido Comunista (PC), el Frente de Izquierda Popular (FIP) y el Partido Federal (PF)- la rechazaron (13).
A esta altura de las circunstancias, el gobierno radical era consciente de que los pasos tendientes a cerrar el viejo diferendo limítrofe con Chile no serían sencillos, y que las heridas podrían reabrirse ante la menor señal de mala voluntad de una de las partes. En este sentido, el gobierno argentino sintió el cimbronazo que representaron para el proceso de negociación las duras declaraciones del vicecanciller chileno, Sergio Covarrubias. Este, cuyas palabras fueron difundidas por los diarios argentinos el 26 de junio, sostuvo que "en la cuestión del Beagle no se tenía en cuenta el principio biocéanico y que a su país le interesaba la proyección sobre el océano Atlántico". Al negar el principio biocéanico y afirmar la proyección atlántica de Chile, el vicecanciller chileno conformó a los nacionalistas trasandinos, pero exacerbó la sensibilidad de los que estaban del otro lado de la cordillera. Las duras expresiones de Covarrubias tuvieron un rápido eco parlamentario, ya que motivaron la presentación de sendos proyectos de declaración de repudio por parte de los diputados peronistas José Luis Manzano e Ignacio Cardozo, y de su colega de bancada Florencio Carranza (14).
Por cierto, este incidente, a pocos meses de haber firmado el compromiso de Paz, convenció al presidente Alfonsín y a otros funcionarios del gobierno de que había que buscar una estrategia que cerrara definitivamente las hipótesis de conflicto estimuladas por los sectores nacionalistas de uno y otro lado de la cordillera. La respuesta fue la iniciativa de la consulta popular, que reforzaría la imagen interna y externa del gobierno radical y pulverizaría de una vez por todas los reparos de los sectores que, en nombre del "interés nacional" impedían cerrar el histórico diferendo con Santiago.
Así, el 25 de julio de 1984 el presidente Alfonsín convocó oficialmente a todos los ciudadanos a expresar su opinión respecto de la firma o no de un tratado de paz con Chile por medio de una consulta popular y no vinculante, en los siguientes términos:
(...) Queremos que los argentinos, todos los argentinos, participen tomando posición acerca de si conviene o no dar solución rápida y pacífica a un problema que ha constituido desde hace un siglo un elemento de tensión con la República de Chile. (...)
La solución al diferendo del Beagle no sólo constituiría el final de un antiguo litigio sino además, y sobre todo, un factor esencial para construir un futuro que se nos avecina con rapidez. Me refiero, precisamente a ese proceso de integración que señalé al comienzo de mis palabras, y que, en los próximos años puede y debe acelerarse como condición vital para defender nuestros intereses y sentar las bases de la prosperidad para todos nosotros (15).
Según Passarelli, si el gobierno de Alfonsín realmente tuvo desde un primer momento la expresa voluntad de cerrar el diferendo limítrofe por el canal de Beagle, el paso adoptado resulta de difícil explicación, en tanto la expresa determinación del gobierno radical de cerrar el conflicto con Chile habría sufrido un importante traspié en el hipotético caso de que el grueso de la ciudadanía hubiera optado por el "no" en aquella consulta (16). En realidad, y tal como sostienen Russell y Paradiso, varias razones de política interna explicaban y justificaban la decisión del primer mandatario: a) el virtual agotamiento de la vía de la mediación vaticana, que le posibilitaba a Chile la opción de recurrir a la Corte Internacional de La Haya, una alternativa desfavorable para la Argentina; b) la necesidad de proyectar hacia el exterior la imagen de una dirigencia racional y prudente, que además de levantar la bandera de la solución pacífica de las controversias la pusiera en práctica -desde el razonamiento de la administración radical, este factor a su vez otorgaría al gobierno el prestigio externo y la "autoridad moral" necesarios para encarar de forma similar la controversia con Gran Bretaña por Malvinas o sostener iniciativas en favor del desarme global-; c) la incertidumbre respecto de los votos peronistas en el Congreso cuando se discutiera la ratificación del tratado, y d) la convicción de que el voto positivo de la ciudadanía cerraría definitivamente la cuestión, restando espacio tanto a la acción desestabilizadora de grupos ultranacionalistas, como al uso intencional del diferendo por parte de la oposición en función de la política interna (17).
Por cierto, la convocatoria de Alfonsín a la consulta popular generó un intenso debate político tanto en las fuerzas del oficialismo como en las de la oposición. Russell afirma que este debate estuvo centrado en torno a tres puntos: la conveniencia de aceptar o no la propuesta de tratado definitivo; la constitucionalidad de la consulta; y la oportunidad de la firma del tratado, debido a que se ponía en tela de juicio la capacidad jurídica de la dictadura de Pinochet para cerrar un conflicto de larga data (18).
Dentro de las fuerzas de oposición, cabe distinguir aquellas que aceptaron la iniciativa de la consulta popular -casos de la Unión del Centro Democrático (UCD) y del Partido Comunista argentino (PC)-, las que la aceptaron con fuertes reservas -caso del Movimiento Al Socialismo (MAS)-, y las que la rechazaron -casos del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido Federalista de Centro (FPC) y otros grupos de corte ultranacionalista como el Movimiento de Afirmación por la Soberanía, liderado por el ex vicepresidente Isaac Rojas-. A su vez, el principal partido de oposición, el peronismo, adoptó una particularmente ambigua posición frente a la consulta, cuyo análisis merece una consideración aparte (19).
Por cierto, la convocatoria presidencial a una consulta popular respecto de la firma o no de un tratado de paz con Chile contribuyó a agudizar la fragmentación interna que el partido justicialista venía acusando desde su derrota electoral en 1983. Así, la mayoría de los dirigentes peronistas como el ex candidato presidencial Italo Luder, el gobernador de la provincia de La Rioja Carlos Menem, Carlos Ruckauf, o legisladores como los diputados Adam Pedrini y Julio Bárbaro o el senador Deolindo Bittel favorecieron el "sí" a la propuesta papal e incluso aceptaron la convocatoria a la consulta popular lanzada por el oficialismo. En cambio, la derecha peronista, que pretendía concesiones de Chile ya imposibles de alcanzar en los últimos tramos de la mediación vaticana; y los sectores de izquierda del partido, que por una cuestión de principios se oponían a negociar con la dictadura militar chilena, se pronunciaron a favor del "no (20)".
Pero, como comenta Russell, optar por el "sí" o por el "no" no constituía en ese momento una decisión sencilla para los dirigentes peronistas. Elegir el "sí" implicaba quedar "pegado" al oficialismo; en cambio, optar por el "no" podía acarrear al justicialismo una nueva derrota en las elecciones parlamentarias de 1985 e implicaba para los dirigentes peronistas una antipática identificación con figuras como las del general Luciano Benjamín Menéndez -el mismo que impulsara la "casi guerra" con Chile de fines de 1978- o el almirante Isaac Rojas -creador del Movimiento de Afirmación de la Soberanía (MAS) (21)-.
Dado el incómodo dilema que provocaba en el justicialismo el lanzamiento de la consulta, el Consejo Nacional del partido y el grueso de los legisladores peronistas adoptaron una actitud intermedia entre el "sí" y el "no", e intentaron frenar la iniciativa del oficialismo apelando a una serie de argumentos e iniciativas. El primero de ellos tuvo lugar a pocos días del lanzamiento de la consulta popular por parte del oficialismo. Así, el 30 de julio de 1984, el Consejo Nacional y los bloques de diputados y senadores justicialistas solicitaron a través de un comunicado conjunto que la consulta debía ser producto de una decisión parlamentaria y debía incluir la cuestión de la deuda externa. Asimismo, el texto del comunicado reivindicaba el principio bioeánico y la proyección atlántica de la Argentina y subrayaba que los miembros del Congreso debían adoptar "todos los recaudos para que el pueblo argentino no sea sorprendido en su buena fe mediante falsas consignas que encubran una claudicación (22)".
La aparición de este comunicado generó una rápida respuesta en las filas oficialistas. Así, en su discurso en el almuerzo mensual de la Cámara Argentina de Anunciantes del día 2 de agosto, el canciller Caputo replicó los argumentos nacionalistas utilizados por la oposición, sosteniendo que
no toda política exterior se reduce a los problemas territoriales (...) el objetivo principal es recuperar la credibilidad y la previsibilidad ante la comunidad internacional, porque de tal modo se defiende la soberanía nacional (...) es indispensable que cuestiones que deben ser resueltas con racionalidad no se perturben por la incidencia de factores emotivos, para lo cual es necesario terminar con una historia centenaria de ocultamientos (...) (23).
Ante la réplica radical, varios diputados de la bancada peronista -entre ellos Diego Ibáñez, Julio Bárbaro y Adam Pedrini- presentaron a principios de agosto su propio proyecto de consulta de carácter obligatorio, con el objetivo de evitar ser acusados de "belicistas" por el oficialismo. A diferencia del proyecto de consulta radical, la versión peronista debía realizarse luego de conocerse el contenido de la propuesta papal y de la aprobación parlamentaria de las conclusiones de las negociaciones con Chile. Además, la iniciativa peronista extendía la consulta a la solución del pago de la deuda externa (24).
Pero la estrategia peronista se encontró con el escollo de la Iglesia. Por esos mismos días, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento respaldando la solución pacífica al diferendo con Chile, debido a que éste no podía seguir "indefinidamente sin solución" y porque una solución a la disputa con Chile "sería un ejemplo alentador para el mundo dividido por las guerras (25)".
Ante este traspié, un nuevo paso del justicialismo para trabar la convocatoria radical fue el comunicado del 10 de agosto de 1984 del Comando Superior Justicialista, firmado por Jorge Camus, Humberto Martiarena, Pedro Arrighi, Emilio Mondelli y Juan Labaké, en el que se señalaba la disconformidad con la convocatoria presidencial a la consulta popular por el Beagle, fundamentado en que la misma "constituye un desconocimiento de los artículos 22 y 27, inciso 28 de la Constitución Nacional, que implica colocar a la ciudadanía en un confuso estado deliberativo (26)".
Días después, el 15 de agosto, comenzó a circular un borrador de un documento titulado "Vote no o no vote", que invitaba a la formación de un "Gran Frente Patriótico" destinado a impulsar el voto negativo o la abstención en la consulta popular por el Beagle. Esta iniciativa contaba entre sus adherentes a los peronistas Herminio Iglesias y Adam Pedrini, a los ex mandatarios militares Isaac Rojas y Roberto Marcelo Levingston, al radical Mario Roberto, a los nacionalistas Raúl Puigbó y Marcelo Sánchez Sorondo, al ex canciller Nicanor Costa Méndez y a otros dirigentes centristas, liberales y federalistas, tales como Alejandro Herrera, Cecilio Jack Viera, Enrique Gilardi Novaro, Fernando y Hugo Esteva, Radamés Marini, Ernesto Olmedo, Julio Barbieri y Gerardo Palacios Hardy (27).
Ese mismo día 15 de agosto, el senador justicialista jujeño Humberto Martiarena, dio un paso adicional al introducir en la Cámara Alta un proyecto de nulidad de la consulta. Los argumentos que justificaban la nulidad eran básicamente dos: la falta de respeto al "juego armónico de los poderes de la República", y la improcedencia de "consultar a la opinión pública sin que ésta contase con los elementos necesarios". El proyecto impulsado por Martiarena y avalado por su bloque fue rechazado en el Senado el 23 de agosto, por el escaso margen de 25 votos contra 21 (28).
A fines de octubre de 1984, tuvo lugar un nuevo intento por obstruir la iniciativa de la consulta, cuando el peronismo presentó su posición de "abstención activa y militante" frente a la convocatoria oficial a la consulta popular fijada para el 25 de noviembre (29). Además, el peronismo acusó al gobierno radical de "embretar al pueblo argentino en una falsa opción de guerra o paz y en un procedimiento consultivo ajeno a todas las tradiciones políticas y electorales del país (30)".
Un último intento del justicialismo y de otras corrientes opositoras a la iniciativa de la consulta se produjo a escasos días del pronunciamiento. Consistió en la aparición de un documento por el "no" al tratado con Chile, firmado por una serie de figuras provenientes del justicialismo (diputados Jorge Connolly, Julio César Aráoz, senadores José Humberto Martiarena, Oraldo Britos, Francisco Villada, Vicente Leónidas Saadi, Olijuela del Valle Rivas, Libardo Sánchez, entre otros); del radicalismo (como Ramón J. A. Vázquez); de corrientes nacionalistas (Marcelo Sánchez Sorondo, Ricardo Paz, Alfredo Rizzo Romano, Alberto Asseff, entre otros; y de la izquierda (Alicia Moreau de Justo, Jorge Abelardo Ramos, entre otros) en el que los firmantes justificaron su negativa porque "no creemos que esa paz deba fundarse sobre el inútil e injusto despojo argentino, y el consiguiente desequilibrio que entraña la expansión chilena (31)".
A pesar de todas estas iniciativas, la mayor parte de las figuras importantes dentro del partido Justicialista se pronunciaron por el "sí" el día 25 de noviembre -tales los casos de Italo Luder, el gobernador de La Rioja Carlos Menem, el asesor del presidente Alfonsín Angel Federico Robledo, el dirigente sindical Lorenzo Miguel y la ex presidente Isabel Perón (32)-.
Por cierto, la consulta popular del 25 de noviembre otorgó un rotundo apoyo al gobierno radical para que éste cerrara el conflicto pendiente con Chile: 81,32% de los votos a favor de la firma del tratado de paz con Chile, 17,08 % en contra y 1,09 % en blanco (33). Junto a las figuras del peronismo mencionadas en el párrafo anterior, finalmente también se pronunciaron a favor del acuerdo con Chile la gran mayoría de la Unión Cívica Radical, el Movimiento de Integración y Desarrollo, la Democracia Cristiana, el Partido Intransigente, el Partido Comunista, la Iglesia Católica y numerosos sectores sindicales, empresarios y culturales. En cambio, la liberal Unión del Centro Democrático dejó en libertad de acción a sus partidarios. Por su parte, los opositores al acuerdo abarcaron un espectro ideológico sumamente heterogéneo, desde sectores de la extrema derecha nacionalista (el ya citado Movimiento de Afirmación de la Soberanía (MAS) liderado por el almirante Rojas) hasta partidos de la izquierda marxista (como el Frente de Izquierda Popular -FIP- y el Movimiento al Socialismo -MAS-), pasando por la derecha y la izquierda del peronismo y sectores minoritarios del propio partido Radical, como el Núcleo Radical de Afirmación Territorial (NURAT) y la corriente sabattinista (34).
Como ocurriera con los actos proselitistas previos a las elecciones de octubre de 1983, otra vez la televisión ayudó al radicalismo. El debate televisivo entre el canciller Caputo y el presidente del bloque justicialista en el Senado, Vicente Leónidas Saadi, fue ampliamente favorable al primero, al punto que Juan Gabriel Labaké, miembro del Comando Superior Peronista, afirmó: "Hemos quemado por segunda vez consecutiva un ataúd ante las cámaras de televisión (35)". No obstante, además de la televisión, contribuyeron al triunfo de la posición radical en la consulta popular la negativa presencia de figuras asociadas al Proceso militar en el "Frente del No", y sobre todo el enfático deseo de paz de la mayor parte de la ciudadanía.
Amparado en los favorables guarismos de la consulta popular, el gobierno radical dio el paso final. El 29 de noviembre de 1984, los cancilleres de la Argentina y Chile, Dante Caputo y Jaime del Valle, firmaron en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad. Este acuerdo otorgaba a Chile la totalidad de las islas en disputa (Picton, Nueva y Lennox y nueve islas de menor tamaño); fijaba en tres millas la extensión del mar territorial chileno; delimitaba un área de explotación económica exclusiva; convalidaba la delimitación establecida por el Tratado General de Límites de 1881, que disponía la neutralización a perpetuidad del Estrecho de Magallanes y su libre navegabilidad a buques de cualquier bandera; y rechazaba el uso de la fuerza, directa o indirecta, para solucionar eventuales controversias futuras. Para lograr el último objetivo, establecía como primera instancia un mecanismo de negociación bilateral (Comisión de Conciliación) y, como segunda alternativa, el recurso a un Tribunal Arbitral cuyas sentencias tendrían carácter obligatorio para las partes. Asimismo, el acuerdo creaba una Comisión Binacional permanente con el objeto de intensificar la cooperación económica y la integración física entre los dos países (36).
No obstante la firma del Tratado de Paz y Amistad, las relaciones bilaterales se vieron nuevamente sacudidas por dos incidentes ocurridos en el siguiente mes de diciembre. El gobierno argentino conoció la versión de que Chile había cedido el islote Diego Ramírez a Gran Bretaña para su utilización como base de sistemas misilísticos y radares, información que el ministro de Defensa chileno desmintió categóricamente. Asimismo, en ese mes Gran Bretaña transfirió una de sus bases en la Antártida a Chile, mediante un acuerdo firmado en Londres. Ambos actos provocaron las críticas de los sectores nacionalistas argentinos y la presentación de un proyecto de resolución el día 13, por parte del diputado del PJ Florencio Carranza, denunciando los mismos como "una afirmación de pretensiones individuales y/o conjuntas sobre la Antártida y las islas Malvinas (37)".
Por otra parte, resultó difícil al gobierno de Alfonsín conseguir el apoyo necesario en el Congreso para la ratificación del tratado con Chile. La oposición -y muy especialmente el peronismo- esperaba librar por el Beagle una batalla en el Senado similar a la que había culminado con el rechazo al proyecto de reordenamiento gremial impulsado por el oficialismo (38). Por cierto, el peronismo tenía mayoría en el Senado, ámbito donde presentó una dura oposición, al punto que el convenio fue aprobado el 14 de marzo de 1985 por una diferencia muy estrecha: 23 votos a favor (los de los senadores radicales -salvo la abstención de Luis León-, los de los senadores bloquistas, el del autonomista-liberal correntino, el desarrollista y el proveniente de uno de los dos populares neuquinos, Jorge Solana); 22 en contra (los de los 21 representantes de la bancada peronista más el voto del otro representante del partido popular neuquino, Elías Sapag); y 1 abstención -la ya mencionada del senador radical Luis León (39)-.
A pesar de la ratificación, el 19 de marzo la prensa argentina reprodujo las expresiones vertidas por el jefe de la Marina chilena, almirante José Toribio Merino, quien relativizó la importancia del acuerdo de paz firmado con las autoridades argentinas. Estas expresiones motivaron la presentación en la Cámara Baja de un proyecto de resolución del diputado del PJ Florencio Carranza, repudiando como "falsa, agraviante y ahistórica" la opinión del jefe de la Armada chilena (40). Asimismo, fue factor de fricción en ese mes de marzo, la conversación que aparentemente tuvieron los presidentes Reagan y Alfonsín, durante la visita del último a Washington, respecto de la necesidad del retorno a la democracia en Chile. Un vocero de la Cancillería chilena advirtió a las autoridades de Buenos Aires que éstas se habían comprometido a respetar los principios de no intervención en los asuntos internos de otros estados y de autodeterminación de los pueblos (41).
No obstante estos roces, el 2 de mayo de 1985, el gobierno radical logró concretar el último paso pendiente para cerrar el conflicto del Beagle: el intercambio de ratificaciones del Tratado de Paz y Amistad, acto que se llevó a cabo en el Vaticano. En dicha ceremonia, los cancilleres Dante Caputo y Jaime del Valle se abrazaron delante del Pontífice. Las largas y trabajosas gestiones del Santo Padre habían logrado poner fin al diferendo, a pesar de la oposición de los sectores ultranacionalistas de uno y otro lado de la cordillera, y de los numerosos obstáculos político-diplomáticos derivados de las diferencias ideológicas entre el régimen democrático argentino y la dictadura chilena (42). Por el lado de Chile, las dudas terminaron de disiparse cuando el 14 de mayo el gobierno de Pinochet promulgó como ley de la nación el tratado argentino-chileno (43).
La solución del diferendo limítrofe permitió el avance en la integración económica bilateral. Así, a principios de mayo de 1985, 500 empresarios privados se reunieron en la ciudad de Mendoza, y el 19 de octubre del mismo año se constituyó oficialmente la Comisión Binacional de Cooperación Económica e Integración Física entre Chile y la Argentina (44). Asimismo, en octubre tuvo lugar la firma de un acuerdo para solucionar problemas surgidos en el tránsito de camiones a través de la frontera, y de un convenio aduanero que establecía un formulario único para los vehículos que transitaban entre los dos países. Poco después, en diciembre se suscribía un convenio por el cual se evitaba la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios, y sobre el capital y el patrimonio.
Sin embargo, el proceso de integración contemplado en el Tratado de Paz de 1984 ha avanzado en forma más lenta de lo esperado, subsistiendo las críticas a la integración por parte de sectores internos en ambos lados de la cordillera -tal el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura de Chile. La común preocupación de los gobiernos argentino y chileno por la lentitud del proceso de integración bilateral quedó expresada en las tres reuniones de la Comisión Binacional Argentino-Chilena, realizadas en abril de 1986 en Buenos Aires; en abril de 1987 en Santiago de Chile, y a fines de junio de 1988 en Buenos Aires. También tuvo lugar a fines de mayo de 1988 en la Argentina el Primer Encuentro Binacional del Cono Sur Argentino-Chileno. En todas estas ocasiones se pusieron de manifiesto las dificultades del proceso de integración, aunque no cabe duda que la falta de similitud en los regímenes políticos de ambos países también constituyó un obstáculo para la concreción de dicho proceso (45).
Por cierto, el gobierno de Alfonsín percibió con inquietud el potencial "efecto demostración" del partido Comunista chileno -cuya plataforma contemplaba "todas las formas de lucha" para reconquistar la democracia- en la izquierda argentina y en ciertos sectores del peronismo. A su vez, las autoridades chilenas no vacilaron en alimentar la sospecha de que los grupos insurgentes chilenos como el Frente Patriótico Manuel Rodríguez recibían abastecimiento desde la Argentina, acusaciones que perturbaron el clima diplomático bilateral. En enero de 1986, dos altos jefes de la policía chilena habían sostenido que tenían evidencias de actividades "terroristas" y "subversivas" de chilenos que operaban desde la provincia argentina de Mendoza, declaración que fue desmentida por el canciller Caputo (46).
Por su parte, en mayo de 1986 el Servicio de Inteligencia Naval argentino señaló que desde diciembre de 1983 se había detectado una "red de espionaje chilena que operaba en Mar del Plata para obtener información relativa, preferentemente a los submarinos que operan en esa zona". Ante esta situación, el embajador chileno en la Argentina, Arturo Fontaine Aldunate, el 20 de mayo declaró su disposición a colaborar con las autoridades argentinas para efectuar cualquier aclaración respecto del caso de espionaje descubierto en la base de submarinos de Mar del Plata (47).
No obstante estos inconvenientes, cabe señalar la creación en 1986 de un Foro Permanente de Integración que agrupaba a "dirigentes políticos democráticos" de los dos países. También debe mencionarse el respaldo del gobierno de Pinochet a la posición argentina frente al establecimiento de una zona de exclusión pesquera alrededor de las islas Malvinas (48).
Pero los problemas reaparecieron pronto. Durante la Reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en marzo de 1987, la delegación argentina votó un proyecto condenatorio hacia el régimen chileno, mientras que ese mismo mes y en ese mismo ámbito multilateral, la Argentina contribuyó con su voto a trabar la moción norteamericana que condenaba la violación de los derechos humanos por parte del régimen castrista cubano. La posición adoptada por la diplomacia argentina fue calificada como de "doble estándar" tanto por los sectores liberales de la dirigencia política argentina como por las autoridades y la prensa trasandinas. Como gesto de repudio por esta actitud, el gobierno de Pinochet hizo saber a las autoridades del Palacio San Martín que no estaba dispuesto a participar de la firma de un documento recordatorio del Acta de Montevideo, ceremonia que estaba prevista para abril de 1987 (49). Asimismo, el 11 de septiembre de ese mismo año, el embajador argentino en Santiago, José M. Alvarez de Toledo, estuvo fuera de Chile, en repudio de la celebración de un nuevo aniversario del golpe que derrocara a Salvador Allende y llevara al poder al general Augusto Pinochet. Incluso, la Cancillería argentina no dejó de manifestar su apoyo a la posición boliviana en el reclamo a Chile por la salida al mar (50).
Con todo, a principios de mayo de 1988 se realizó en la capital chilena el primer encuentro del mecanismo de consultas diplomáticas entre ambos países. En dicha ocasión, el jefe de la delegación argentina, Alberto Ferrari Etcheverry, intercambió con el viceministro de Relaciones Exteriores de Chile, Ernesto Videla Cifuentes, puntos de vista respecto de la cuestión de los derechos humanos, la acción del Grupo de los Ocho, y la crisis centroamericana. Si bien este encuentro no despejó -e incluso evidenció- la existencia de fuertes divergencias en la agenda política bilateral, constituyó un primer paso hacia el descongelamiento de las relaciones político-diplomáticas entre Buenos Aires y Santiago (51).
Los roces volvieron a producirse durante el segundo semestre de 1988, al registrarse una serie de declaraciones emitidas por funcionarios del gobierno chileno, como el procurador general Ambrosio Rodríguez, el fiscal militar ad hoc Fernando Torres, y el cónsul chileno en Mendoza, Oscar Fuentes, acusando al gobierno de Mendoza de "permitir actividades subversivas" de los guerrilleros chilenos. Ante estas acusaciones, la Cancillería argentina convocó al embajador chileno en Buenos Aires, Sergio Gaete, para que diera explicaciones sobre la imputación (52).
El clima conflictivo en las relaciones se mantuvo, debido al respaldo del gobierno argentino al resultado del plebiscito que, a principios de octubre de 1988, marcó el inicio del fin del régimen de Pinochet en Chile. Por cierto, y tal como argumentaron algunos funcionarios de la Cancillería argentina, el resultado del plebiscito, desfavorable a Pinochet, aparejaba dos consecuencias muy trascendentes para la relación bilateral con la Argentina. En primer lugar, el triunfo del "No" debilitaba las apetencias de los sectores "golpistas" de las Fuerzas Armadas argentinas, y en segundo término, aseguraba una transición relativamente más pacífica hacia la democracia en Chile, factor que a su vez contribuiría a mejorar la conflictiva agenda política bilateral con Buenos Aires (53).
El 15 de octubre de 1988, el presidente Alfonsín recibió en Olivos al titular del Comando por el No de Chile, Juan Somavia, y al dirigente de ese núcleo de partidos políticos chilenos, Mariano Fernández, quienes le agradecieron al primer mandatario radical el "apoyo" recibido por parte de la democracia argentina "en horas tan decisivas para el pueblo chileno". Ese mismo día, Alfonsín recibió una carta del dirigente político trasandino Ricardo Lagos E., en la que éste señalaba que "los chilenos no olvidaremos jamás vuestra ayuda en tantos años de dolor y, en especial, la que nos han brindado en estas horas decisivas muchos de sus compatriotas (54)". También el mandatario argentino recibió a Hortensia Bussi de Allende, viuda del ex presidente Salvador Allende, quien también le agradeció a Alfonsín su respaldo al "No" contra la continuidad del régimen pinochetista (55).
Diez días después, los dirigentes de la oposición chilena agrupados en el Comando Nacional por el No (el demócrata cristiano Gabriel Valdez; el socialista Ricardo Lagos; el representante del Partido Humanista Tomás Hirsch; el radical Enrique Silva Cima y Luis Maira por la Izquierda Democrática) decidieron viajar a Buenos Aires para entrevistarse con el presidente argentino Alfonsín, y luego sumarse a las deliberaciones del Grupo de los Ocho que tuvieron lugar a fines de ese mismo mes en la ciudad uruguaya de Punta del Este (56).
Como era de esperarse, la cuestión del plebiscito por el "Sí" o por el "No" a la continuidad de Pinochet en Chile fue un elemento que no pudo estar ausente en la disputa electoral entre el oficialismo y la oposición justicialista conducente a las elecciones presidenciales de 1989. Asi, el canciller Caputo no dudó en atacar la ambigua posición que el candidato presidencial Carlos Menem adoptó en este tema -y que, para ser justos, también había adoptado su contrincante radical, Eduardo Angeloz-. En su ofensiva verbal, Caputo sostuvo que Menem "mandó una carta felicitando por el sí y otra carta felicitando por el no ". La respuesta del entonces gobernador de La Rioja y candidato presidencial por el justicialismo no se hizo esperar: haciendo alusión al respaldo que Caputo recibió de Chile en la elección con la que accedió a la presidencia de la ONU, Menem replicó que "a mí no me votó Pinochet, a Caputo sí (57)".
Por cierto, el triunfo del "No" a la continuidad del régimen chileno facilitó la transición en el país vecino e incluso las relaciones políticas bilaterales a mediano y largo plazo, pero ello no implicó la inexistencia de incidentes diplomáticos en el corto plazo, como lo demostraron las declaraciones del cónsul chileno en Mendoza, quien no tuvo traumas en sostener que "Mendoza es un lugar importante de apoyo a la actividad subversiva en Chile (58)". Como se encargaría de demostrar la detención de cinco ciudadanos chilenos pertenecientes al Frente Manuel Rodríguez por tenencia de armas y municiones de guerra en la localidad bonaerense de Escobar a principios de enero de 1989, las acusaciones del diplomático chileno no eran infundadas (59).
Proyecto de resolución del diputado Rabanaque, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 19ª, Agosto 9 y 10 de 1984, Tomo V, op. cit., p. 2870.
Proyecto de declaración del senador Luis León y otros, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 22ª, Septiembre 13 de 1984, Tomo II: Sesiones ordinarias (del 8 de agosto de 1984 al 13 de septiembre de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1986, p. 1875.
Proyecto de declaración de los senadores Falsone, Berhongaray y Brasesco, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 22ª, Septiembre 13 de 1984, Tomo II, op. cit., pp. 1875-1876 y pp. 1894-1895.
Si bien el gobierno chileno había apoyado a Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas, la prensa británica advertía, en noviembre de 1982, que en Chile se estaba produciendo un cambio. El diario The Times señalaba en esa fecha, en un artículo titulado "Una temprana actitud pro-británica da lugar ahora a la cautela", que en el momento de la guerra la relación entre la Argentina y Chile era en extremo tensa, y por eso cuando comenzó aquélla hubo una espontánea reacción pro-británica en Chile, a pesar de que oficialmente, por motivos pragmáticos, Chile se declaró neutral. Sin embargo, a medida que el conflicto avanzaba, el sentimiento popular en Chile comenzó a cambiar, especialmente entre los sectores de izquierda. Los informes periodísticos sobre la resistencia argentina, la evidente inferioridad de la infantería argentina y el heroísmo de la Fuerza Aérea argentina comenzaron a generar sentimientos pro-argentinos. El diario británico aclaraba que en Chile, como en todos los demás lugares de la región, los niños de edad escolar eran enseñados desde siempre que las Malvinas pertenecían por derecho a los argentinos. Como resultado, The Times señalaba que la actitud inicial chilena, decididamente pro-británica, parecía haber cambiado. Signo de esto se consideraba el hecho de Chile hubiera apoyado la moción argentina ante la ONU de incluir la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas en la agenda del organismo. El artículo concluía diciendo que el gobierno chileno había rechazado pedidos informales británicos de usar aeropuertos chilenos como puntos de escala para vuelos hacia y desde las Malvinas. Incluso había rechazado el permiso a pilotos civiles privados para que transportaran a familias que se habían ido de las islas hacia Punta Arenas, en territorio chileno, y que deseaban retornar, debiéndolo hacer vía Londres. The Times, 4 de noviembre de 1982, p. 7, cit. en el informe de la investigadora Lara Manóvil.
"Reanudación del comercio con Malvinas. La Argentina elevó una protesta a Chile", Clarín, 13 de julio de 1984, p. 9; "Critícase una actitud chilena. León presentó un proyecto de protesta; exhortación bautista", La Nación, 14 de julio de 1984, p. 5, y "Chile respondió al reclamo argentino. Afirmó que tomó medidas disuasivas por el envío de mercaderías a las Malvinas", La Nación, 15 de julio de 1984, p. 1. Ver también Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., pp. 10-11.
Proyecto de declaración del senador León, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 14ª, Agosto 8 de 1984, Tomo II, op. cit., p. 1118.
Proyecto de resolución presentado por el diputado Casale, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 33ª, Diciembre 13 de 1984, Tomo X, op. cit., p. 6164.
En un comunicado dado a conocer el 24 de enero de 1985, la Cancillería sostuvo que
(...) frente a versiones periodísticas originadas en medios de difusión británicos, respecto de un eventual acuerdo secreto celebrado entre Chile y Gran Bretaña durante el conflicto de las Malvinas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estima conveniente señalar que se trata de aseveraciones cuya responsabilidad corre por exclusiva cuenta de quien las emite (...) una vez más, afirmaciones de esta naturaleza, dirigidas a comprometer las relaciones entre Chile y la Argentina, se originan en medios británicos, precisamente al aproximarse el tratamiento, por el Honorable Senado de la Nación, del Acuerdo de Paz y Amistad firmado entre ambos países el 29 de noviembre de 1984.
"Para la Cancillería, se busca entorpecer las relaciones", Clarín, 25 de enero de 1985, p. 7.
"Descalifica Chile una versión de la guerra", Clarín, 22 de febrero de 1985, p. 6.
Bruno Passarelli, El delirio armado. Argentina-Chile. La guerra que evitó el Papa, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 241.
Texto de la Declaración Conjunta de Paz y Amistad, 23 de enero de 1984, en La Nación, 24 de enero de 1984, p. 1, La Prensa, 24 de enero de 1984, p. 1, y B. Passarelli, op. cit., Anexo documental, p. 285. Ver también sobre este tema los trabajos de R. Russell, "La política exterior argentina: un perfil...", op. cit., p. 6, y "El proceso de toma de decisiones en la política exterior argentina (1976-1989)", en Roberto Russell, Política exterior y toma de decisiones en América Latina, Buenos Aires, GEL, 1990, pp. 53-54.
Así, el senador radical Adolfo Gass sostuvo que el paso adoptado "reafirma la posición pacifista de la Argentina" y el diputado democristiano Augusto Conte destacó como "importante que se ratifiquen los propósitos de paz, se enfatice la voluntad de llegar a un acuerdo final y que todo esto se realice en el marco de la mediación papal". También contó con la opinión favorable del ex canciller Oscar Camilión, quien señaló que "la Argentina necesita a toda costa despejar su frontera occidental de los riesgos de la guerra". Sin embargo, el partido de Camilión, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), lanzó un documento que sostuvo que la firma de la declaración de paz y amistad con Chile "no alcanza a completar las aspiraciones de la Multipartidaria, expresadas en junio de 1983, y que reclamaron la firma de un tratado de paz inalterable, como objetivo mínimo". Por su parte, el senador justicialista, Julio Amoedo, sostuvo que la firma del compromiso "no tiene sino un sentido exclusivamente retórico", aunque reconoció que "tiene la virtud de reanudar conversaciones que desde hace tiempo estaban estancadas". Como era de esperarse, el general (RE) Luciano Benjamín Menéndez, un "duro" del Proceso, demostró su abierta disconfomidad con el convenio firmado entre los gobiernos argentino y chileno al agregar que "la paz y la guerra no deben ser tomadas como un objetivo en sí mismo; si hubiéramos preferido la paz en 1810, no hubiéramos nacido como República.". A través de un documento firmado en nombre del Movimiento de Afirmación de la Soberanía, Menéndez exhortó a rechazar la propuesta papal porque no contempla el principio bioceánico. Por su parte, otro arquetípico representante de los sectores ultranacionalistas, el ex vicepresidente almirante Isaac Rojas, también criticó el acuerdo alcanzado con Chile. "Favorable eco por la decisión", Clarín, 24 de enero de 1984, p. 4; "Resonancia favorable en el Senado nacional", La Nación, 24 de enero de 1984, p. 2; "Apreciaciones del almirante Rojas", La Nación, 24 de enero de 1984, p. 2; y "El compromiso de paz con Chile. Respaldo y críticas", Clarín, 25 de enero de 1984, p. 4.
Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 81, y los trabajos de Roberto Russell, "El diferendo austral: Posiciones divergentes", América Latina / Internacional, Vol. 1, Nº 2, octubre-diciembre 1984, p. 30, y "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 54.
Proyectos de declaración de los diputados Manzano y Cardozo, y del diputado Carranza, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 11ª, Junio 28 y 29 de 1984, Tomo III: Sesiones ordinarias (13 de junio al 5 de julio de 1984), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1985, pp. 1797-1798.
Texto del Discurso del señor Presidente de la Nación, doctor Raúl R. Alfonsín, al anunciar el llamado a consulta por el canal de Beagle, el día 25 de julio de 1984, en Secretaría de Información Pública, Discursos presidenciales, Recopilación de discursos, mensajes y conferencias de prensa efectuadas por el señor presidente de la Nación, doctor Raúl Ricardo Alfonsín, desde el 1º de junio hasta el 31 de agosto de 1984, volumen 2, Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1985, pp. 145-146. Ver también "Alfonsín convocó a una consulta sobre el Beagle", Clarín, 26 de julio de 1984, pp. 2 y 3; "Beagle: el presidente convocó a una consulta popular voluntaria", La Nación, 26 de julio de 1984, p. 1, y "Consulta directa al pueblo", La Nación, 29 de julio de 1984, p. 10.
B. Passarelli, op. cit., p. 260.
R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., pp. 54-55,y J. Paradiso, op. cit., p. 187.
R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 56.
Ver respecto de este tema los siguientes editoriales "Beagle: hubo reacciones por la consulta", Clarín, 27 de julio de 1984, p.p. 6-7, y "Opiniones dispares sobre la consulta", Clarín, 4 de agosto de 1984, p. 8.
Ver opiniones de Carlos Menem, Italo Luder, Carlos Ruckauf, Deolindo Bittel y Adam Pedrini a favor de la convocatoria presidencial por la consulta popular, y del presidente de la bancada justicialista de senadores, Vicente Leónidas Saadi, en contra de la iniciativa oficialista, citadas en "Una repercusión política inmediata", Clarín, 26 de julio de 1984, p. 2. Posición del diputado del PJ Julio Bárbaro en editorial "El Beagle y los patriotas", escrito por el propio Bárbaro, Clarín, 3 de septiembre de 1984, p. 14. Acerca de la atomización de las opiniones justicialistas frente a la iniciativa de la consulta popular ver también los siguientes editoriales "Repercusión en el ámbito político", La Nación, 26 de julio de 1984, pp. 1 y 11; "Beagle: hubo reacciones por la consulta", Clarín, 27 de julio de 1984, pp. 6-7, "Panorama político. La concertación y la consulta", por Joaquín Morales Solá, Clarín, 29 de julio de 1984, pp. 12-13; y "Panorama político. El peronismo y los militares", Clarín, 5 de agosto de 1984, pp. 14-15.
R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 56, y B. Passarelli, op. cit., p. 260. Ver opiniones del ex comandante del III Cuerpo de Ejército, general Luciano B. Menéndez, y del ex vicepresidente, almirante Isaac Rojas, respecto de la propuesta papal, de la eventual firma de un acuerdo con Chile y de la iniciativa de la consulta popular en "Cuestiona Menéndez un acuerdo con Chile", Clarín, 20 de julio de 1984, p. 6, y "Juicios de Rojas acerca de la consulta ciudadana", La Nación, 27 de julio de 1984, p. 7.
"Beagle: el peronismo pidió que la consulta la decida el Congreso", Clarín, 1º de agosto de 1984, pp. 8-9.
"Caputo: Terminar con la historia de ocultamiento ", Clarín, 3 de agosto de 1984, p. 10.
Texto del proyecto de consulta propuesto por los diputados peronistas Carlos M. Torres, Adam Pedrini, Diego S. Ibáñez, Miguel Unamuno, Julio Bárbaro y Alberto S. Melón, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 19ª, Agosto 9 y 10 de 1984, Tomo V, op. cit., pp. 2821-2822. Ver también "El acuerdo con Chile. Pide el peronismo el voto obligatorio", Clarín, 4 de agosto de 1984, p. 9; Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 83, y R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 57.
Texto del comunicado de la Comisión Permanente del Episcopado Argentino, citado en "Respaldo de la Iglesia a la solución pacífica en el Beagle", Clarín, 9 de agosto de 1984, pp. 2-3. Ver al respecto también los siguientes editoriales "Panorama religioso. El Beagle y su eco en la Iglesia", por Washington Uranga, Clarín, 7 de agosto de 1984, pp. 14-15; "La Iglesia dará su respaldo al acuerdo que se alcance con Chile", Clarín, 8 de agosto de 1984, pp. 8-9, y "Panorama religioso. Los evangelistas ante el Beagle", por Washington Uranga, Clarín, 14 de agosto de 1984, pp. 14-15. Este comunicado del Episcopado Argentino respaldando la solución pacífica en el diferendo del Beagle motivó la réplica del almirante Isaac Rojas, quien, criticando al mismo tiempo la propuesta papal y la iniciativa de consulta popular, sostuvo que "lo que se pretende es hacerle creer al pueblo argentino, bajo expresiones sofisticadas y habilidosas, que votar por el rechazo de la propuesta (de Juan Pablo II) es optar por la guerra y aceptar la propuesta es optar la paz". Sostuvo Rojas que la propuesta papal "contiene los gérmenes de futuros, inevitables y previsibles conflictos entre ambos países que, entonces sí, pueden llevarnos a una guerra, porque la propuesta y sus increíbles mentores argentinos alientan futuros avances expansionistas de la nación chilena cuya meta final va mucho más allá de las islas en disputa". Ver opiniones de Rojas en "Rojas discrepa con la Iglesia", Clarín, 10 de agosto de 1984, p. 11.
"Criticó el comando peronista la consulta", Clarín, 11 de agosto de 1984, p. 5.
"¿Ante un frente opositor?", Clarín, 16 de agosto de 1984, p. 8.
Texto del proyecto de ley sobre nulidad de la consulta popular de los senadores Vicente L. Saadi, José Humberto Martiarena, Julio Amoedo, Alfredo Benítez, Deolindo Bittel, Rogelio Nieves y Ramón Almendra, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Senadores año 1984, Reunión 16ª, Agosto 15 de 1984, Tomo II, op. cit., pp. 1297-1298. En este traspié del proyecto justicialista de nulidad de consulta en el Senado tuvieron un papel protagónico los senadores de los partidos provinciales minoritarios, dado que los legisladores bloquistas, neuquinos y autonomista-liberales resolvieron apoyar la convocatoria a la consulta, volcando la balanza en favor del partido gobernante. "Senado: pide el peronismo que se anule la consulta", Clarín, 16 de agosto de 1984, p. 8; "El peronismo jugó su carta", por Armando Vidal, y "Balde de agua fría en Olivos", por Carlos Quirós, Clarín, 17 de agosto de 1984, p. 6; "La convocatoria por el Beagle es legal, decidió el Senado", Clarín, 23 de agosto de 1984, pp. 4-5 y 41; "La cuestión del Beagle. Rechaza el Senado el proyecto peronista", La Nación, 23 de agosto de 1984, pp. 1 y 12; y "Madrugada en el Senado. El Beagle y la política", por Armando Vidal, Clarín, 24 de agosto de 1984, p. 12. El papel de los partidos provinciales (el llamado "grupo de los seis") en el resultado del debate del 22 y 23 de agosto de este proyecto de nulidad de consulta en el Senado puede verse en "La llave de la mayoría", por Enrique Medeot, Clarín, 23 de agosto de 1984, p. 4, y "Recompusieron su imagen los senadores del radicalismo", La Nación, 23 de agosto de 1984, p. 12. Ver también sobre este tema Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 84, y R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 57.
Esta posición de "abstención militante" del partido justicialista no surgió como producto de un consenso unánime, sino de una puja entre los partidarios del "sí" (Italo Luder, Carlos Menem y el dirigente sindical Lorenzo Miguel) y los partidarios de la abstención (Leónidas Saadi, Herminio Iglesias y José Humberto Martiarena). Los últimos lograron hacer prevalecer su posición en la interna justicialista apelando a encendidas arengas en favor de la soberanía argentina y contra el gobierno radical, lo cual dejaba en una posición muy incómoda a los moderados o partidarios del sí que, al intentar defender su posición, aparecían como oficialistas y antipatriotas. Ver al respecto "Consulta por el Beagle. Debate en el peronismo", Clarín, 24 de octubre de 1984, p. 8; "Panorama político. Entre el sí y la abstención", por Ricardo Kirschbaum, Clarín, 25 de octubre de 1984, pp. 18-19; "El peronismo decidió abstener en la consulta por el Beagle", Clarín, 30 de octubre de 1984, p. 3; "Italo Luder aconsejó el voto afirmativo", Clarín, 31 de octubre de 1984, p. 3; "Beagle: pide el justicialismo que siga la mediación papal", Clarín, 31 de octubre de 1984, pp. 2 y 3; "La jugada peronista. Entretelones de la abstención en la consulta sobre el Beagle", Somos, Nº 424, 2 de noviembre de 1984, pp. 17-18.
R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 57. También Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., p. 86.
"Documento por el no ", Clarín, 23 de noviembre de 1984, p. 4.
Ver opiniones favorables de Italo Luder, Carlos Menem, Angel Federico Robledo e Isabel Perón en "Italo Luder aconsejó el voto afirmativo", Clarín, 31 de octubre de 1984, p. 3; "El Beagle y la lucha por la conducción partidaria", Clarín, 31 de octubre de 1984, p. 4; "Consulta: expresiones dispares del peronismo", Clarín, 7 de noviembre de 1984, p. 12 e "Isabel Perón dijo que "hay que ayudar al Presidente", Clarín, 22 de noviembre de 1984, p. 5. En el caso de Carlos Menem, vale recordar que el gobernador de La Rioja protagonizó junto al canciller Caputo un acto del respaldo al "sí" a la consulta en su propia provincia. Ver al respecto "La cuestión del Beagle. Caputo y Menem en un acto en apoyo del acuerdo", La Nación, 7 de noviembre de 1984, p. 7; y "Un acto de respaldo con Caputo y Menem", Clarín, 10 de noviembre de 1984, p. 3.
Porcentajes de la consulta popular citados en los siguientes artículos de Roberto Russell, "Un año de política exterior: las relaciones con los socios privilegiados", op. cit., p. 54; "Un año de política exterior: Las relaciones con Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental", op. cit., p. 142, y "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 58.
R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., pp. 57-58.
Textos completos de las exposiciones del canciller Caputo y del senador Saadi por TV, en La Nación, 16 de noviembre de 1984, p. 16; véase también "El debate Caputo-Saadi. La balanza inclinada", por Oscar Raúl Cardoso, Clarín, 16 de noviembre de 1984, p. 8; "El gran debate por dentro. Lo que pasó detrás de las cámaras mostró el resultado final", Somos, Nº 427, 23 de noviembre de 1984, pp. 14-16; "El Beagle se decidió por tevé", por Horacio de Dios, Somos, Nº 427, 23 de noviembre de 1984, p. 17; "Polémica II. Caputo-Saadi: Por el Beagle, en televisión y con mucha cháchara", Somos, Nº 475, 30 de octubre de 1985, p. 46; y los trabajos de B. Passarelli, op. cit., pp. 260-262, e I. Massun, op. cit., pp. 105-106.
Texto del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile, en Clarín, 20 de octubre de 1984, pp. 3, 11 y 49, y La Nación, 20 de octubre de 1984, pp. 5 y 6. Ver respecto de las cláusulas del tratado de paz con Chile los trabajos de Heraldo Muñoz, "La política exterior de Chile: la crisis continúa", en H. Muñoz (comp.), Las políticas exteriores latinoamericanas frente a la crisis, op. cit., p. 358; R. Russell, "Un año de política exterior: Las relaciones con los socios privilegiados", op. cit., p. 54; R. Russell, "Un año de política exterior: Las relaciones con Estados Unidos, América Latina y Europa Occidental", op. cit., pp. 142-143, y K. Bodemer, op. cit., p. 311.
Proyecto de resolución del diputado Carranza, Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 33ª, Diciembre 13 de 1984, Tomo X, op. cit., p. 6224; H. Muñoz, "La política exterior de Chile: la crisis continúa", op. cit., p. 359. Ver también Cronología relaciones internacionales de Argentina, marzo / diciembre de 1984, op. cit., pp. 10-11.
Cabe añadir que a la batalla que presentó el peronismo se añadió el intento del almirante Isaac Rojas por desvirtuar el acuerdo alcanzado con Chile, denunciando ante el Senado información sobre el pacto chileno-británico que, forjado durante la guerra de Malvinas, continuaba a través de mutuas concesiones territoriales en el Atlántico Sur y la Antártida. Estas denuncias de Rojas tuvieron un eco particular en el diario La Prensa, especialmente en su columnista Manfred Schönfeld, quien se oponía a la aprobación del Tratado de Paz con Chile. Ver al respecto "Almirante Rojas. Pídese al Senado recabe información sobre un pacto chileno-británico", La Prensa, 12 de febrero de 1985, p. 7; "Beagle: la denuncia de Rojas. Eco oficial llamativamente débil ante el probable pacto británico-chileno", por Manfred Schönfeld, La Prensa, 20 de febrero de 1985, p. 7; "Denuncias del almirante Rojas. Nuevas pruebas de cooperación chilena con Gran Bretaña", La Prensa, 5 de marzo de 1985, p. 4; y "En vista de la grave denuncia del Almirante Rojas. El Senado no podrá aprobar el tratado y deberá interpelarse cuanto antes a Borrás y a Caputo", por Manfred Schönfeld, La Prensa, 5 de marzo de 1985, p. 7.
"Entretelones del debate en el Senado. Un golpe táctico", Clarín, 14 de marzo de 1985, p. 5; "La Cámara de Senadores ratificó el tratado sobre el Beagle", La Nación, 15 de marzo de 1985, pp. 1 y 10; "Por 23 votos a 22 el Senado aprobó el Tratado con Chile", La Prensa, 15 de marzo de 1985, pp. 1 y 4; "La lección de un debate", La Nación, 19 de marzo de 1985, p. 6; y el trabajo de R. Russell, "El proceso de toma de decisiones...", op. cit., p. 58. Sobre el importante rol de los partidos provinciales minoritarios en la aprobación legislativa del Tratado de Paz con Chile, ver también "Entretelones del debate en el Senado. La voz de los provinciales", Clarín, 14 de marzo de 1985, p. 4; y "Paz y polémica. El poder de las minorías en el debate del Beagle", por R.C., Somos, Nº 443, 15 de marzo de 1985, p. 18. Para una posición crítica a la aprobación del Tratado de Paz con Chile por parte del Senado, ver los editoriales de Manfred Schönfeld, "Una grave responsabilidad histórica. Insanable inconstitucionalidad del tratado con Chile en su forma actual", La Prensa, 2 de marzo de 1985, p. 7; "El tratado con Chile: postludio. Un golpe que el Senado se infligió a sí mismo", La Prensa, 16 de marzo de 1985, p. 7; y "Beagle: derivaciones ominosas del acuerdo. Una grave amenaza contra la unidad nacional", La Prensa, 18 de febrero de 1985, p. 5.
El almirante Merino señaló que
(...) cuando se trata de nuestros hermanos argentinos siempre hay que pensar en la intencionalidad antes que en la letra (...) si ustedes recuerdan, desde el año 1856 estamos firmando tratados de paz, amistad y comercio con Argentina y cuando llega el momento de una situación realmente seria, como fue el laudo de 1977, Argentina lo desconoce.
Ver declaraciones del almirante Merino y proyecto de resolución del diputado Carranza repudiando dichas declaraciones, en Congreso Nacional, Diario de sesiones de la Cámara de Diputados año 1984, Reunión 47ª, Abril 10 de 1985, Tomo XII: Sesiones extraordinarias (del 21 de marzo de 1985 al 16 de abril de 1985), Buenos Aires, Imprenta del Congreso de la Nación, 1986, pp. 7735-7736.
H. Muñoz, "La política exterior chilena durante 1985", op. cit., p. 430.
"Ratifican el tratado con Chile", Clarín, 2 de mayo de 1985, p., 21; "Beagle: se intercambian hoy las actas de ratificación", La Prensa, 2 de mayo de 1985, p. 1; "Rige el acuerdo por el Beagle", Clarín, 3 de mayo de 1985, p. 3; "Ratifican la Argentina y Chile el Tratado de Límites", La Nación, 3 de mayo de 1985, pp. 1 y 2, y "Quedó formalizado ante el Papa el tratado con Chile", La Prensa, 3 de mayo de 1985, pp. 1 y 2.
"Chile promulgó el Tratado por el Beagle", Clarín, 15 de mayo de 1985, p. 14.
No obstante, hubo sectores tanto en la Argentina como en Chile que percibieron con recelo estos pasos iniciales en favor de la integración económica bilateral. Tal el caso de la Sociedad Nacional de Agricultura, cuyos miembros se reunieron con el general Pinochet en los mismos días en que tuvo lugar la reunión empresarial de Mendoza, para plantearle que "los pasos que hay que dar en torno a la vinculación con Argentina en la agricultura tienen que darse con cuidado. Ver los editoriales "Se aceleraría la integración argentino-chilena", La Prensa, 8 de mayo de 1985, p. 3; y "Quedó constituida la comisión integradora argentino-chilena", La Prensa, 20 de octubre de 1985, p. 1. Ver también Cronología relaciones internacionales de Argentina, enero / agosto de 1985, op. cit., pp. 7-8, y los artículos de R. Russell, "La política exterior de Argentina en 1985", op. cit., p. 25, y H. Muñoz, "La política exterior chilena durante 1985", en H. Muñoz (comp.), América Latina y el Caribe: políticas exteriores para sobrevivir, op. cit., pp. 429-430.
Textos de las Actas de la I Reunión de la Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física, Buenos Aires, 25 de abril de 1986, y de la II Reunión de la Comisión Binacional Argentino-Chilena de Cooperación Económica e Integración Física, Santiago de Chile, 9 de abril de 1987, en Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, Dirección Tratados. Ver también sobre este tema Cronología / Relaciones Internacionales de Argentina, Número 2, Diciembre 1985-Febrero 1986, p. 18, y el artículo de Heraldo Muñoz, "Chile: autoritarismo y política exterior en 1986", en H. Muñoz (comp.), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: continuidad en la crisis, op. cit., pp. 445-446. Sobre la III Reunión de la Comisión Binacional Argentino-Chilena en Buenos Aires ver los siguientes editoriales "La relación con Chile", La Prensa, 28 de junio de 1988, p. 8; "Tercera reunión de la Comisión argentino-chilena", Clarín, 30 de junio de 1988, p. 13; "Nueva cita de integración con Chile", Ambito Financiero, 30 de junio de 1988, p. 15. Ver también Heraldo Muñoz, "Política exterior de Chile en el año del plebiscito", en H. Muñoz (comp.), A la espera de una nueva etapa, op. cit. , pp. 254-255.
Sobre las acusaciones chilenas del abastecimiento del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la Argentina y las respuestas del gobierno argentino a dicha acusación ver el editorial "Panorama político. Los días que vienen", por Eduardo van der Kooy, Clarín, 2 de enero de 1986, especialmente p. 13; y el trabajo de H. Muñoz, "Chile: autoritarismo y política exterior en 1986", op. cit., p. 445.
Sobre la red de espías chilenos que operaban en la base de submarinos del área naval Mar del Plata, ver "En la base de submarinos de Mar del Plata. Desbaratan una red de espías chilenos" y "Operaban desde 1983", Clarín, 10 de mayo de 1986, p. 10; "No afecta relaciones", Clarín, 12 de mayo de 1986, p. 3; y "Caputo recibió al embajador de Chile", La Nación, 21 de mayo de 1986, p. 11.
H. Muñoz, "Chile: autoritarismo y política exterior en 1986", op. cit., pp. 444-445.
La Comisión de Derechos Humanos de la ONU, integrada por 43 países, entre ellos la Argentina, aprobó el 12 de marzo de 1987 una resolución presentada por México que ordenaba renovar mandatos para investigar las denuncias sobre asesinatos y tortura en Chile, Irán y Afganistán. La Comisión exhortó a Chile a cesar su estado de emergencia, bajo el cual las fuerzas militares y policiales asesinaban, torturaban y secuestraban ciudadanos. La Argentina votó a favor del proyecto. Naciones Unidas, Resolución 1987 / 60, Cuestión de los derechos humanos en Chile, 57ª Sesión, 12 de marzo de 1987, Cap. II, pp. 137-142, y Cap. V, pp. 162-168, en Comisión de Derechos Humanos, Informe sobre 43º Período de Sesiones (2 de febrero-13 de marzo de 1987), Consejo Económico y Social, Documentos Oficiales, Suplemento Nº 5, ONU, Nueva York, 1987; "Finalizó sesión de derechos humanos", Clarín, 14 de marzo de 1987, p. 9; y "Dificultades con Chile", Somos, Nº 548, 25 de marzo de 1987, p. 9.
Manfred Wilhelmy, "Chile: Problemas externos y proyección del régimen ", en H. Muñoz (comp.), Las políticas exteriores de América Latina y el Caribe: un balance de esperanzas, op. cit., p. 304.
"Después de cuatro años, Buenos Aires y Santiago descongelan sus relaciones", por Juan Bautista Yofre, Ambito Financiero, 19 de mayo de 1988, p. 13.
H. Muñoz, "Política exterior de Chile en el año del plebiscito", op. cit., p. 255.
"Optimismo y euforia, en reserva", por Martín Granovsky, Página /12, 7 de octubre de 1988, p. 4.
"Alfonsín, con el comando del No ", Clarín, 16 de octubre de 1988, p. 13.
"Pinochet cada vez más solo", Página /12, 16 de octubre de 1988, p. 9.
"Recibe Alfonsín a miembros del Comando del No chileno", Clarín, 25 de octubre de 1988, p. 13.
"Menem acusa y Caputo replica", Clarín, 11 de octubre de 1988, p. 11.
"Acusación del cónsul chileno en Mendoza", Clarín, 20 de noviembre de 1988, p. 15, y "Un cónsul chileno que imagina a Mendoza como centro subversivo", Página /12, 20 de noviembre de 1988, p. 4.
"Prisión preventiva para cinco chilenos", Ambito Financiero, 6 de enero de 1989, p. 9.

References: resolución 
 artículo 11
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