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Timestamp: 2019-10-16 05:21:59+00:00

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LEY 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. - BOA. Boletín Oficial de Aragón - Legislación - VLEX 15229328
LEY 4/1986, de 4 de junio, de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Norma citada en: 31 sentencias, 2 artículos doctrinales, 146 disposiciones normativas, una resolución administrativa
EXPOSICION DE MOTIVOS La Disposición Transitoria Quinta del Estatuto de Autonomía de Aragón establece que mientras las Cortes de Aragón no legislen en las materias de su competencia continuará en vigor en el territorio aragonés la actual normativa del Estado. Ello ha supuesto que la Ley General Presupuestaria de 4 de enero de 1977 y las Leyes de Presupuesto de la Comunidad para cada ejercicio económico hayan sido las normas jurídicas reguladoras de la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El Título IV del Estatuto de Autonomía de Aragón de 10 de agosto de 1982, bajo la rúbrica de "Economía y Hacienda" señala que la Comunidad dispondrá de Hacienda Autónoma para la adecuada financiación y desarrollo de los servicios propios de su competencia, sancionándose la garantía de esta autonomía financiera por la Constitución, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el propio Estatuto.
Finalizado el diseño del sistema que consagraba la descentralización de la actividad financiera del Estado basado en los principios de suficiencia y solidaridad y completado el traspaso de los servicios correspondientes a las competencias fijadas a la Comunidad Autónoma en el Estatuto, se hace necesario proceder a la regulación de su Hacienda, a fin de adecuarla a las circunstancias específicas propias, recogiendo las reglas y principios que son expresión del ordenamiento jurídico financiero obligado en todo Estado de Derecho, de tal forma que las relaciones económicas y financieras se integren en ese orden jurídico que sirva de marco para que la Hacienda Autónoma sea el instrumento operativo para la eficacia de las actividades a desarrollar por la comunidad para la correcta utilización de los medios que la constituyen.
La presente Ley viene, por tanto, a regular la actividad financiera de la Comunidad Autónoma de tal forma que reconociendo las peculiaridades y necesidades de la misma ha de estar basada en el principio de coordinación con la Hacienda Estatal por lo que ha de tomarse como referencia el sistema jurídico establecido en la Ley 11/1977 de 4 de enero, General Presupuestaria que recoge y vertebra la realidad que significa la presencia del Estado en la actividad económico-social, si bien teniendo en cuenta las importantes modificaciones acaecidas en esa propia realidad, a partir de la Constitución de 1978 y de la puesta en marcha del proceso autonómico plasmado en la aprobación de los respectivos Estatutos.
La Ley contiene un Título Preliminar y seis Títulos que son comprensivos de cada una de las materias objeto de la misma.
En el Título Preliminar se recogen los principios generales de la actividad financiera nacidos del esquema constitucional como son los de legalidad, eficacia y economía. Junto a ellos la Ley se sitúa ante el fenómeno financiero consagrando principios tradicionales en el marco de la Hacienda como son el de presupuesto anual, unidad de caja, de intervención de todas las operaciones de contenido económico y de contabilidad y rendición de cuentas a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas del Reino. Se define el contenido de la Hacienda de la Comunidad y se establece el orden normativo al que se somete la actividad económico-financiera de la misma. Por último, se regulan los organismos autónomos, las instituciones y las Empresas, que puedan crearse en el seno de la Comunidad cuyo sometimiento a esta normativa está justificado por el carácter público de los fondos que puedan manejar.
El Título Primero establece el régimen de la Hacienda de la Comunidad y regula los derechos y obligaciones de la misma. En los derechos éstos son objeto de enumeración, expresándose el principio general de no afectación de recursos a fines determinados y regulándose con detalle la administración de dichos recursos. En cuanto a las obligaciones se recoge la naturaleza jurídica de las mismas y de su reglada exigibilidad.
Dentro de la actividad económico-financiera destaca el Presupuesto cuyo instituto viene regulado en el Título segundo que constituye una parte importante del contenido de la Ley indicativo de la trascendencia que el Presupuesto tiene como instrumento de política económica. La regulación del Presupuesto se realiza analizando cada una de sus fases: elaboración, aprobación y ejecución que suponen el contenido de sendos capítulos, recogiéndose también las normas aplicables a organismos y Empresas.
El Capítulo primero contiene los principios de unidad, universalidad, anualidad y especialidad que, si tienen un carácter esencialmente político, al mismo tiempo tienen un innegable valor técnico puesto que permiten una mayor claridad en la presentación del documento presupuestario y facilitan la coordinación con los Presupuestos Generales del Estado que predica la LOFCA. Al mismo tiempo en este Capítulo se recogen los modernos criterios técnicos utilizados en la elaboración del Presupuesto estatal que se han materializado en un cambio significativo en la presentación del mismo, bajo la perspectiva que proporciona la nueva estructura según el sistema presupuestario por objetivos.
En el Capítulo segundo se regula el carácter de los créditos presupuestarios y las modificaciones que en aquéllos se pueden producir, teniendo en cuenta los legítimos requerimientos de la actividad que hoy realizan los Entes Públicos, a fin de dar respuesta adecuada, con eficacia y agilidad, a la demanda social a ellos dirigida.
El Capítulo tercero se refiere a su ejecución y liquidación y en este sentido se expresan pormenorizadamente las fases del procedimiento y se establecen las competencias que a cada órgano corresponde en dichas fases. La liquidación o cierre del Presupuesto se hace coincidir con el año natural correspondiente, que así se identifica con el periodo al que se refiere la Contabilidad Pública.
El Capítulo cuarto contiene las normas necesarias para el funcionamiento de los Organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero u análogo, así como de las Empresas que puedan crearse por la Comunidad Autónoma o de aquellas donde la participación directa o indirecta sea mayoritaria. Se trata de una regulación flexible y adecuada a las características de estos entes que, sin menoscabo de la agilidad y eficacia en su actuación, permitirá disponer de un conocimiento preciso sobre la realidad económica de los mismos y conseguir una cierta homogeneización entre el tratamiento presupuestario y el contable.
El Título tercero se ocupa de la intervención y la contabilidad regulando la función de control interno y la contabilidad como instrumento necesario para la gestión administrativa y para facilitar la información precisa para la toma de decisiones en materia económica-financiera. En cuanto a la función interventora junto al control tradicional se incorporan nuevas técnicas que son definidas con precisión y en la parte relativa a la contabilidad se establecen las directrices necesarias para la adecuada contabilización de las operaciones de la Hacienda de la Comunidad Autónoma y para la formación de la Cuenta General sujetándose a su régimen jurídico a la sumisión a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas del Reino mediante la rendición de la cuenta general del ejercicio.
El Título cuarto regula la Tesorería de la Comunidad Autónoma en la que destaca la consideración de la misma como única y por tanto comprensiva de todos los recursos de la Comunidad Autónoma, estando sometidas sus disponibilidades a intervención y al régimen de contabilidad pública. Se expresan sus funciones y se determinan los medios de ingreso y pago, regulándose minuciosamente las operaciones financieras que podrán concertarse los anticipos de Tesorería que podrán autorizarse. Se constituye la Caja de Depósitos en la que podrán depositarse metálico o valores para garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de actos de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma y los avales se configuran como la única forma de garantía señalándose los supuestos y condiciones con que la Comunidad Autónoma podrá prestarlos.
El Título quinto hace referencia al endeudamiento, regulándose las formas y destino del mismo, distinguiéndose las operaciones destinadas a cubrir necesidades transitorias de Tesorería de aquellas otras que necesariamente han de someterse al principio de legalidad y destinarse a la realización de gastos de inversión.
El Título sexto regula el régimen de las responsabilidades con principios similares a los establecidos en la Ley General Presupuestaria, incluyendo las disposiciones relativas a las responsabilidades en que puedan incurrir las autoridades y los funcionarios por acciones u omisiones culpables siempre que se produzca un perjuicio económico a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.
TITULO PRELIMINAR PRINCIPIOS GENERALES Artículo 1º.-La administración y contabilidad de la Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por lo dispuesto en la presente Ley, por las leyes especiales en la materia y por los preceptos contenidos en la Ley de Presupuestos, para cada ejercicio económico.
En defecto de norma directamente aplicable, regirán las de Derecho Administrativo propias de la Comunidad Autónoma, y en defecto de éstas, las específicas que sobre la materia constituyan parte del Derecho General del Estado.
Artículo 2º-1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón está constituida por el conjunto de derechos y obligaciones de contenido económico-financiero cuya titularidad corresponde a la misma o a sus entidades, tanto si se rigen por el derecho público como por el derecho privado.
Artículo 3º.-1. La Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma estará sometida al siguiente régimen:
2. Las cuentas de la Diputación General de Aragón se rendirán a las Cortes de Aragón de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 16 del Estatuto de Autonomía, sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas del Reino en esta materia.
Artículo 4º.-1. Corresponde a la Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma cumplir sus obligaciones económicas y las de sus Organismos Autónomos y Empresas, mediante la gestión y aplicación de su haber, con respeto absoluto a los principios de legalidad, eficacia y solidaridad intraregional, conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico y a la ordenación de lo que en materia de política económica y financiera sea competencia de la Comunidad.
2. Corresponderá, asimismo, a la Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma la ejecución de los acuerdos, decisiones y previsiones de la Diputación General, respecto a la actividad financiera de los entes locales en los términos previstos en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía para Aragón.
Artículo 5º.-El Tribunal económico-administrativo de la Administración Autónoma de Aragón resolverá las reclamaciones que se presenten respecto a los tributos y exacciones propias y aquellas otras que la ley determine.
Artículo 6º.-1. Son Organismos Autónomos de la Comunidad, los creados por la Ley de Cortes de Aragón, con personalidad jurídica y patrimonio propios, distintos de los de la Comunidad, a quienes se encomienda expresamente en régimen descentralizado la organización y administración de algún servicio público y de los fondos adscritos al mismo, el cumplimiento de actividades económicas al servicio de fines diversos o la administración de determinados bienes de la Comunidad.
Se clasifican a los efectos de esta Ley en: a) Organismos Autónomos de carácter administrativo.
2. Los organismos autónomos de la Comunidad Autónoma, según la anterior clasificación, se regirán por su ley de creación y por esta Ley, en lo que les sea de aplicación.
3. Los organismos autónomos gozarán de las prerrogativas y de los beneficios fiscales que las leyes establezcan.
Artículo 7º.-1. Son Empresas de la Comunidad Autónoma a los efectos de esta Ley:
a) Las Sociedades Mercantiles en cuyo capital, la participación, directa o indirecta, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón o de sus Organismos Autónomos, sea mayoritaria.
b) Las entidades de derecho público, con personalidad jurídica, que por su ley de creación hayan de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado.
2. Las Empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón se regirán por las normas de derecho privado, excepto en las materias en que sea de aplicación la presente Ley.
3. La creación de las Empresas a que se refiere el apartado a) del párrafo 1 anterior y los actos de adquisición y pérdida de la posición mayoritaria en las mismas se acordarán por la Diputación General, comunicándose a las Cortes de Aragón.
Artículo 8º.-1. Se aprobarán por ley de las Cortes de Aragón las materias siguientes:
b) El establecimiento, la modificación y la supresión de sus propios tributos y de las exenciones o bonificaciones que les afectan.
d) La emisión y regulación de deuda de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos Autónomos, así como las autorizaciones para concertar operaciones de crédito superiores a un año y otorgar avales.
f) El régimen general y especial en materia financiera de los Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma.
2.-La Ley de Presupuestos no podrá crear tributos, exacciones o establecer recargos sobre tributos estatales. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Artículo 9º.-Se aprobarán por la Diputación General las siguientes materias objeto de esta Ley:
Artículo 10º.-Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda en las materias objeto de esta Ley:
a) Proponer a la Diputación General de Aragón las disposiciones y acuerdos que procedan según el artículo 9 de esta Ley, salvo lo dispuesto en su artículo 11.
b) Elaborar y someter al acuerdo de la Diputación General el Anteproyecto de Ley del Presupuesto.
Artículo 11º.-Dentro de sus respectivas competencias y en las materias objeto de la presente Ley, son funciones de los Consejeros:
d) Autorizar los gastos que no sean competencia de la Diputación General y elevar a la aprobación de ésta los que sean de su competencia.
e) Proponer el pago de las obligaciones al Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 12º.-Son funciones de los Organismos Autónomos a que se refiere esta Ley:
a) Bajo la dirección del Consejero de Economía y Hacienda la administración, gestión, recaudación e inspección de los derechos económicos del propio Organismo Autónomo.
Artículo 13º.-La Administración de la Hacienda de la Comunidad Autónoma podrá elaborar aquellos programas de gastos e inversiones plurianuales que sean necesarios para el adecuado cumplimiento de los planes económicos regionales y de planes comarcales específicos.
La ejecución de dichos programas se acomodará a lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley y a los límites y demás condiciones que establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad en cada uno de los ejercicios.
Artículo 14º.-1. La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón ejercerá las funciones previstas en el artículo 65 de esta Ley y con plena autonomía respecto de las autoridades y demás Entidades cuya gestión fiscalice.
2. La función interventora tiene por objeto:
a) Controlar todos los actos de la Administración de la Comunidad Autónoma y de sus Organismos, que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la Administración de la Hacienda de la Comunidad se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso.
b) Verificar, en coordinación con la Dirección General de Hacienda, el funcionamiento de dichos entes en el aspecto económico-financiero.
Artículo 15º.-1. De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 b) del artículo anterior, el control financiero se ejercerá por la Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, en la forma establecida reglamentariamente, respecto de los servicios, Organismos Autónomos y Empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón para comprobar que su funcionamiento en el aspecto económico-financiero se ajusta a las disposiciones y directrices que lo regulan y determinar si la normativa y los medios humanos y materiales dedicados por la entidad a este fin, garantizan razonablemente tanto la aplicación íntegra de los caudales públicos manejados al pago de la obligaciones a que se refiere el artículo 26 de esta Ley como la defensa de los activos y derechos económicos que integran su patrimonio, en su caso.
2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá determinar en cada caso el ejercicio y control de carácter financiero acerca de las personas físicas o jurídicas que reciban subvenciones, créditos, avales y demás ayudas concedidas con cargo al presupuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón, fijando el alcance de la comprobación dentro de los límites reglamentariamente establecidos, con independencia de las obligaciones de justificación impuestas a los preceptores por esta Ley.
Artículo 16º.-El control de eficacia en el ámbito que determina el artículo 4 de esta Ley se ejercerá mediante el análisis del cumplimiento de los objetivos de los programas en relación con su coste y utilidad o rendimiento.
Artículo 17º.-Las autoridades y funcionarios en general que con sus actos u omisiones y mediante dolo, culpa o negligencia graves perjudiquen a la Hacienda de la Comunidad, incurrirán en las responsabilidades civil, penal o disciplinarias que en cada caso procedan.
TITULO I DEL REGIMEN DE LA HACIENDA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA CAPITULO PRIMERO Los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma Artículo 18º.-La Hacienda de la Comunidad Autónoma estará constituida por los siguientes recursos:
1. El rendimiento de los impuestos que establezca la Comunidad Autónoma.
2. El rendimiento de los tributos cedidos, total o parcialmente, por el Estado.
3. Un porcentaje de participación en la recaudación total del Estado por impuestos directos o indirectos no cedidos, incluidos los monopolios fiscales.
4. El rendimiento de las tasas por la utilización de su dominio público, la prestación de un servicio público o la realización de una actividad que se refiera, afecte o beneficie de modo particular al sujeto pasivo, ya sean propias o como consecuencia de la transferencia de servicios del Estado o, en su caso, de los precios públicos, si esa fuera la forma de fijar la contraprestación.
6. Los recargos que pudieran establecerse sobre los impuestos del Estado.
7. Los ingresos procedentes del Fondo de Compensación Interterritorial.
8. Otras asignaciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o de otros Entes nacionales o internacionales.
9. El producto de la emisión de deuda y de operaciones de crédito.
10. El rendimiento del patrimonio de la Comunidad.
11. Ingresos de Derecho privado, legados o donaciones, así como los débitos prescritos y demás derechos abandonados.
13. Cualquier otro que pueda obtenerse por la Hacienda de la Comunidad Autónoma.
Artículo 19º.-1. Los recursos de la Comunidad Autónoma se destinarán a satisfacer el conjunto de sus respectivas obligaciones, salvo que por Ley se establezca la afectación de algunos recursos a finalidades determinadas.
Artículo 20º.-1. La administración de los recursos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma corresponde al Consejero de Economía y Hacienda y la de los Organismos Autónomos, a sus Presidentes o Directores.
2. Las personas o entidades que tengan a su cargo la administración de derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma dependerán funcionalmente del Departamento de Economía y Hacienda o del correspondiente organismo o Empresa en todo lo relativo a su gestión, entrega o aplicación y a la rendición de las respectivas cuentas.
Artículo 21º.-1. La gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión de sus propios tributos corresponde a la Comunidad Autónoma ajustándose, en todo caso, a lo dispuesto en el Estatuto de Autonomía, a las Leyes de las Cortes de Aragón, a los Reglamentos que sean aprobados por la Diputación General y a las normas de desarrollo dictadas por el Consejero de Economía y Hacienda en virtud de las correspondientes autorizaciones que le sean concedidas, sin perjuicio de la aplicación de las normas del Estado en todos los casos que sean procedentes.
3. Corresponde al Consejero de Economía y Hacienda organizar los servicios de gestión, liquidación, recaudación, inspección y revisión en materia tributaria de competencia de la Comunidad Autónoma.
Artículo 22º.-1. No se podrán enajenar, gravar, ni arrendar los derechos económicos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma salvo en los supuestos establecidos por las Leyes.
3. No se podrá transigir judicial ni extrajudicialmente sobre los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma ni someter a arbitraje las contiendas que se susciten de los mismos, sino mediante Decreto de la Diputación General de Aragón.
4. Para el desestimiento de acciones será precisa la previa autorización de la Diputación General.
Artículo 23º.-1. La Hacienda de la Comunidad Autónoma gozará de las prerrogativas establecidas legalmente para el cobro de los tributos y cantidades que, como ingresos de derecho público, deba percibir y actuará de acuerdo con el procedimiento administrativo correspondiente.
2. Las certificaciones acreditativas del descubierto ante la Hacienda de la Comunidad Autónoma de las deudas correspondientes a los derechos referidos en el apartado anterior, expedidos por los funcionarios competentes, constituirán título suficiente para iniciar la vía de apremio y serán título ejecutivo contra los bienes y derechos de los deudores, con las limitaciones determinadas en las Leyes.
Asimismo podrá suspenderse el procedimiento de apremio sin los requisitos establecidos en el número tres de este artículo si el interesado demuestra que ha existido en su perjuicio error material o aritmético en la determinación de la deuda tributaria que se le exija.
Artículo 24º.-Las cantidades adeudadas a la Hacienda de la Comunidad Autónoma, por los conceptos comprendidos en este capítulo, devengarán intereses de demora desde el día siguiente al de su vencimiento.
2. El tipo de interés aplicable será el legal del dinero vigente el día del vencimiento de la deuda.
Artículo 25º.-1. Salvo lo establecido por las Leyes reguladoras de los distintos recursos, prescribirán a los cinco años los derechos de la Hacienda de la Comunidad Autónoma:
a) A reconocer y liquidar créditos a su favor, contándose dicho plazo desde el día que el derecho pudo ejercitarse.
b) A recaudar los créditos reconocidos o liquidados, contándose desde la fecha de su notificación o, si esta no fuera preceptiva, desde su vencimiento.
2. La prescripción regulada en el apartado anterior quedará interrumpida por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del deudor y conducente al reconocimiento, liquidación o cobro de los derechos, así como por la interposición de cualquier clase de reclamación o de recursos y por cualquier actuación del deudor conducente al pago o liquidación de la deuda.
3. Los derechos declarados prescritos serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
CAPITULO SEGUNDO Las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad Autónoma Artículo 26º.-1. Las obligaciones económicas de la Hacienda de la Comunidad Autónoma nacen de la Ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según Derecho, las generen.
Artículo 27º.-1. Las obligaciones de la Hacienda de la Comunidad Autónoma no podrán seguirse por el procedimiento de apremio.
Si para el pago se necesitara un crédito extraordinario o un suplemento de crédito, deberá solicitarse a las Cortes de Aragón uno u otro, dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución.
Artículo 28º.-Si la Comunidad Autónoma no pagara al acreedor, dentro de los tres meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, deberá abonarle además, el interés legal del dinero vigente el día de la notificación o del reconocimiento de la obligación, calculados desde el día en que se solicite por escrito el cumplimiento de la obligación hasta el día de pago.
Artículo 29º.-1. Salvo lo establecido por las Leyes especiales, prescribirán a los cinco años:
a) El derecho al reconocimiento o liquidación por la Hacienda de la Comunidad Autónoma de toda obligación que no se hubiere solicitado con la presentación de los documentos justificativos.
3. Las obligaciones a cargo de la Hacienda de la Comunidad Autónoma que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente.
CAPITULO TERCERO Disposiciones comunes Artículo 30º.-La representación y defensa de la Hacienda de la Comunidad Autónoma ante los Juzgados y Tribunales corresponde a los Letrados de la Comunidad Autónoma de conformidad con las normas que regulen la actuación en juicio.
TITULO II DEL PRESUPUESTO CAPITULO PRIMERO Contenido y aprobación Artículo 31º.-El Presupuesto de la Comunidad Autónoma constituye la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo se podrán reconocer y de los derechos que se prevean liquidar por parte de la misma y de sus entidades y organismos.
Artículo 32º.-El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural y a él serán imputados:
Artículo 33º.-El Presupuesto de la Comunidad Autónoma será único, equilibrado, de carácter anual, e incluirá la totalidad de los gastos e ingresos de la misma y de todos sus organismos, instituciones y Empresas, con el siguiente contenido:
c) Los estados de recursos y dotaciones con las correspondientes estimaciones de cobertura financiera y evaluación de necesidades para el ejercicio, tanto de explotación como de capital de los organismos de carácter comercial, industrial, financiero o análogo y de las Empresas de la Comunidad, así como los estados financieros que se determinen reglamentariamente.
Artículo 34º.-1. La estructura del Presupuesto de la Comunidad Autónoma se determinará por el Departamento de Economía y Hacienda de acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal, teniendo en cuenta las peculiaridades de su organización administrativa, así como las de los organismos y Empresas de ella dependientes.
2. A los fines previstos en el apartado anterior, los estados de gastos se ajustarán a una clasificación orgánica, funcional, por programas y económica, especificando la clasificación territorial de los gastos de inversión, que proceda, por provincias y, en su caso, por ámbito comarcal.
c) La clasificación por programas agrupará los créditos, según el sistema de objetivos que sirvan de marco a la gestión presupuestaria de la Comunidad Autónoma.
d) La clasificación económica agrupará los gastos según su naturaleza, presentándose con separación los gastos corrientes de los de capital, de acuerdo con la normativa establecida para el sector público estatal.
3. El estado de ingresos será elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda, conforme a las adecuadas técnicas de evaluación y al sistema de financiación que ha de regir en el respectivo ejercicio.
Artículo 35º.-El procedimiento de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma se ajustará a las siguientes normas:
1. Las Cortes de Aragón remitirán al Departamento de Economía y Hacienda sus estados de gastos y de ingresos antes del 15 de septiembre de cada año para su integración en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma, ajustando su estructura a las normas de confección del mismo.
2. Los órganos superiores de la Comunidad Autónoma y sus Departamentos remitirán al de Economía y Hacienda, antes del 1 de julio de cada año los anteproyectos de sus respectivos estados de gastos, debidamente documentados y ajustados a las normas legales que les sean de aplicación y a las directrices de la Diputación General.
Asimismo, cada Departamento remitirá los anteproyectos de los estados de ingresos y gastos y documentación complementaria de los organismos y Empresas a ellos adscritos, formando un anteproyecto de presupuesto por cada uno de ellos que comprenda todas sus actividades, no pudiendo tener déficit inicial.
3. El estado de ingresos que recoja la estimación de los recursos que constituyen la Hacienda de la Comunidad Autónoma, será elaborado por el Departamento de Economía y Hacienda.
4. Con base en los referidos anteproyectos, en las estimaciones de ingresos y en la previsible actividad económica, por el Departamento de Economía y Hacienda se formulará el Proyecto de Ley de Presupuestos, con separación de los estados de ingresos y gastos correspondientes a la Comunidad Autónoma y de los relativos a sus organismos autónomos, sometiéndolo al acuerdo de la Diputación General.
5. Al Proyecto de Ley formulado según el apartado anterior, se adjuntará la siguiente documentación:
Artículo 36º.-El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio y la documentación complementaria deberá presentarse a las Cortes antes del último trimestre del ejercicio anterior, para su examen, enmienda y, en su caso, aprobación.
Artículo 37º.-1. Si las Cortes de Aragón no aprobasen la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los del ejercicio inmediato anterior, hasta la aprobación y publicación de aquélla en el "Boletín Oficial de Aragón".
3. Por el Departamento de Economía y Hacienda se determinarán las restantes condiciones a las que haya de ajustarse la prórroga del presupuesto.
CAPITULO SEGUNDO De los créditos y sus modificaciones Artículo 38º.-1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a las finalidades específicas para las que hayan sido autorizados por la Ley de Presupuestos o por las modificaciones aprobadas conforme a la ley.
Artículo 39.º-1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, tendrán la condición de ampliables aquellos créditos que de modo taxativo, se relacionen de manera singular en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico. Para la efectiva ampliación de estos créditos será recisa la aprobación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria.
Artículo 40º.-1. La autorización de los gastos de carácter plurianual se subordinará al crédito que para cada ejercicio autorice la respectiva Ley de Presupuestos.
4. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá ampliar el número de anualidades a comprometer o modificar los porcentajes de gasto correspondientes a cada una de ellas, en los casos especialmente justificados y siempre de manera excepcional.
6. De los compromisos señalados en el apartado 2 y de las modificaciones recogidas en el apartado 4 se dará cuenta a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 41º.-1. Con cargo a los créditos consignados en los estados de gastos solamente se podrán contraer obligaciones derivadas de adquisiciones de bienes o prestaciones de servicio que se realicen en el año natural correspondiente al ejercicio presupuestario.
b) Las derivadas de ejercicios anteriores, que hayan sido reconocidas en el vigente para ser imputadas a créditos que tengan la condición legal de ampliables según lo dispuesto en el artículo 39 de esta Ley.
Artículo 42º.-Cuando se deba efectuar algún gasto, con cargo al Presupuesto de la Comunidad Autónoma, y no exista crédito adecuado ni fuese posible su cobertura en virtud del régimen legal de las modificaciones previstas en este capítulo, el Consejero de Economía y Hacienda someterá a la Diputación General el oportuno acuerdo, para remitir a las Cortes de Aragón un Proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario, o de suplemento de crédito, según que no existiese crédito o éste fuere insuficiente, en el que se especificará la financiación adecuada.
Artículo 43º.-1. Los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas, quedarán anulados de pleno derecho.
2. Una vez anulados, por decisión del Consejero de Economía y Hacienda podrán incorporarse a los estados de gastos del presupuesto del ejercicio inmediato siguiente, los remanentes derivados de:
a) Créditos extraordinarios, suplementos de crédito y ampliaciones de crédito concedidos en el último trimestre del ejercicio.
b) Créditos que amparen autorizaciones de gastos contraídos antes del último mes del ejercicio presupuestario y disposiciones de gastos contraídos antes del último día del ejercicio presupuestario.
d) Créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados a la cobertura financiera de aquellos.
3. Los remanentes incorporados según lo prevenido en el párrafo anterior sólo podrán ser utilizados dentro del ejercicio presupuestario en que se produzca la incorporación, y en los supuestos de que existiera autorización o disposición para que los mismos gastos que motivaron, en cada caso, su aprobación o compromiso. En los demás supuestos, el destino económico de los remanentes incorporados debe corresponder con la naturaleza genérica del programa de gasto a que hubiesen estado destinados.
4. La Diputación General podrá incorporar los remanentes no especificados en el párrafo 2 de este artículo, cualquiera que sea el ejercicio de que procedan, destinándolos a operaciones de capital.
Artículo 44º.-1. En la forma que reglamentariamente se establezca, podrán generar créditos en los estados de gastos del Presupuesto de la Comunidad los ingresos derivados de las siguientes operaciones:
a) Aportaciones de personas físicas o jurídicas destinadas a financiar gastos que, por su naturaleza, estén comprendidos en los fines u objetivos de la Comunidad Autónoma.
b) Enajenación de inmuebles, o de otras inversiones reales realizadas con arreglo a la ley.
c) Ventas de bienes corrientes y prestación de servicios.
e) Cualquier tipo de endeudamiento para financiar gastos de inversión, con sujeción a la normativa vigente.
2. Los ingresos producidos como consecuencia del reintegro de pagos realizados con cargo a créditos presupuestarios, podrán originar la reposición de éstos en las condiciones que se establezcan reglamentariamente.
Artículo 45º.- La Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, estará facultada para acordar transferencias de los créditos globales destinados a operaciones de capital a los específicos de la misma naturaleza económica.
A estos efectos se determinará en la Ley de Presupuestos, o en la que en su caso corresponda, a qué créditos globales será aplicable esta norma.
Artículo 46º.-1. Los Consejeros y Presidentes de los Organismos Autónomos podrán redistribuir créditos dentro de un mismo concepto presupuestario, poniéndolo en conocimiento del Departamento de Economía y Hacienda, excepto cuando se trate de créditos de personal, que requerirán el acuerdo previo favorable del Consejero de Economía y Hacienda.
3. El Consejero de Economía y Hacienda, a propuesta de los respectivos Departamentos, podrá acordar transferencias de créditos en los siguientes supuestos:
4. Corresponde a la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y a iniciativa de los Departamentos interesados, la autorización de transferencias que, respetando las limitaciones expresadas en d artículo 47, no supongan alteración de la suma global de los créditos ni modificación de la distribución funcional del gasto.
Artículo 47º.-Las transferencias de cualquier clase estarán sujetas a las siguientes limitaciones, además de las ya expresadas en otros artículos de esta Ley:
Artículo 48º.-Todas las modificaciones reguladas en este Capítulo se instrumentarán en el correspondiente expediente de modificación presupuestaria con la documentación y según el procedimiento que se determinará reglamentariamente por el Consejero de Economía y Hacienda.
La Diputación General de Aragón remitirá en el mes inmediato siguiente una copia de la resolución de los expedientes citados en el párrafo anterior a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón, salvo en los supuestos recogidos en el párrafo 4º del artículo 48º de esta Ley, en que la remisión a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón deberá hacerse de forma inmediata.
CAPITULO TERCERO Ejecución y Liquidación Artículo 49º.- La gestión económica y financiera de los créditos consignados en los estados de gastos del presupuesto se desarrollará reglamentariamente y se concretará sucesivamente en las siguientes fases:
1. De "autorización" de gasto, que es el acto por el cual se acuerda su realización calculado en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte disponible del crédito legalmente destinado para ello.
2. De "disposición", que es el acto por el cual se determina, después de cumplir los tramites legales que sean procedentes la cuantía concreta de la autorización del gasto, quedando comprometido el crédito para la realización de la prestación que constituya su objeto. Con el acto de disposición queda formalizada la reserva de crédito por un importe y condiciones determinadas.
3. De "reconocimiento de la obligación" que es la operación de contraer en cuentas los créditos exigibles a la Comunidad Autónoma, una vez realizada y justificada adecuadamente la prestación objeto de la disposición efectuada la correspondiente liquidación o el cumplimiento de condiciones establecidas al efecto.
4. De "Pago ordenado" que es la operación en virtud de la cual el ordenador competente expide, en relación con una obligación reconocida, la orden de pago contra la Tesorería de la Comunidad.
Artículo 50º.-1. Corresponde a los órganos superiores de la Comunidad Autónoma o a los titulares de los Departamentos, dentro de los límites fijados en el artículo 38 de esta ley, autorizar los gastos propios de los servicios a su cargo, salvo en los supuestos reservados por ley a la competencia de la Diputación General, así como efectuar la disposición del crédito y el reconocimiento de la obligación, y solicitar del Consejero de Economía y Hacienda la ordenación de los pagos correspondientes.
2. Con la misma reserva legal, corresponde a los Presidentes y Directores de organismos autónomos de la Comunidad Autónoma la autorización y disposición de los créditos, el reconocimiento de las obligaciones y la ordenación de los pagos relativos a la actividad económica y financiera desarrollada por los mismos.
3. Las facultades a que se refieren los números anteriores podrán delegarse en los términos que reglamentariamente se establezca.
Artículo 51º.-1. Corresponden al Consejero de Economía y Hacienda las funciones de Ordenador General de Pagos de la Comunidad. Esta facultad podrá ser objeto de delegación.
2. No obstante lo establecido en el párrafo anterior, al objeto de facilitar el servicio, se podrán habilitar las ordenaciones de pagos secundarias que se consideren necesarias, cuyos titulares serán nombrados por el Consejero de Economía y Hacienda, del cual dependerán.
3. Los servicios de las Ordenaciones referidas se regirán por el reglamento que se apruebe a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 52º.-La Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá establecer un plan de disposición de fondos de Tesorería al que deberá ajustarse la expedición de las órdenes de pago.
Artículo 53º.-1. A las órdenes de pago se acompañarán los documentos que acrediten la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos por los que se autorizaron y comprometieron los gastos.
2. Las órdenes de pago que, en el momento de la expedición, no pueden ir acompañadas de los documentos justificativos, tendrán el carácter de "a justificar", sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.
3. Los perceptores de las órdenes de pago a que se refiere el número anterior quedarán obligados a su justificación en el plazo y la forma que reglamentariamente se determine por el Departamento de Economía y Hacienda quedando sujetos al régimen de responsabilidades que se establecen en la presente Ley. El mismo régimen se aplicará a órdenes de pago correspondientes a subvenciones que tengan el carácter de "a justificar".
4. En el curso del mes siguiente a la fecha de aportación de los documentos justificativos a que se refieren los apartados anteriores, se llevará a cabo la aprobación o reparo de la cuenta por el órgano competente.
5. Las órdenes de pago correspondientes a subvenciones obligarán a los preceptores a justificar la aplicación de los fondos recibidos a la finalidad que determinó su concesión, en la forma que reglamentariamente se determine.
Artículo 54º.-1. Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a presupuesto por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados.
Artículo 55º.-1. El Presupuesto de cada ejercicio se liquidará, en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones, el 31 de diciembre del año natural correspondiente.
5. Las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario serán reguladas por Orden del Consejero de Economía y Hacienda.
CAPITULO CUARTO Normas específicas para las Empresas y los Organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o análogo Artículo 56º.-1. La actividad económica y financiera de los organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o análogo, quedará reflejada en los siguientes documentos:
b) Los estados económico-financieros, que se determinen por el Departamento de Economía y Hacienda, en los que se reflejará la información precisa para conocer la variación prevista en la composición del patrimonio de estos entes.
2. Las dotaciones incluidas en el pormenor del estado de gastos tendrán carácter de limitativas. No obstante, podrán declararse ampliables cuando esté previamente establecido que hayan de fijarse en función de los recursos generados por la actividad de que se trate, mediante acuerdo de la Diputación General a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 57º.-1. El ejercicio presupuestario coincidirá con el año natural, sin perjuicio de los ajustes necesarios cuando las operaciones a efectuar por el organismo o Empresa estén vinculadas a un ciclo productivo específico, que no podrá ser superior a doce meses.
2. A los organismos autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o análogo y, en su caso, a las Empresas, les serán aplicables para la gestión de las dotaciones de carácter limitativo y ampliable, las normas recogidas en los Capítulos II y III de este título, sin perjuicio de lo establecido en su respectiva legislación en cuanto a su régimen financiero.
Artículo 58º.-Las Empresas elaborarán anualmente un programa de actuación, inversiones y financiación que respondiendo a las previsiones plurianuales establecidas oportunamente, tendrá el siguiente contenido:
Artículo 59º.-La estructura básica de los programas de actuación y, en su caso, de los demás estados financieros, se establecerá por la Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y se desarrollará por cada Empresa con arreglo a sus características y necesidades.
2. La Diputación General dará cuenta a las Cortes de Aragón de los principios que informan los programas de actuación de las Empresas de la Comunidad Autónoma.
Artículo 60º.-1. Las Empresas remitirán al Departamento de Economía y Hacienda, antes del 1º de julio de cada año, el anteproyecto del programa de actuación, inversiones y financiación, complementado con la correspondiente documentación y estados financieros.
2. Los programas se someterán al acuerdo de la Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, y una vez aprobados se unirán al Presupuesto de la Comunidad Autónoma.
Artículo 61º.-1. En los supuestos en que se establezcan convenios entre la Comunidad Autónoma y sus Empresas, o con otras que, aun no dependiendo de ella, reciban subvenciones o disfruten de avales con cargo a sus Presupuestos, se instrumentarán en un contrato-programa, con arreglo al siguiente contenido-básico:
c) Las aportaciones o avales de la Diputación General de Aragón.
2. La estructura formal del Convenio será fijada por la Diputación General, la cual establecerá el control de su ejecución y determinará las situaciones que pueden dar lugar a la revisión del mismo.
3. De los contratos-programa aprobados por la Diputación General de Aragón se informará a la Comisión correspondiente de las Cortes de Aragón.
TITULO III DE LA INTERVENCION Y LA CONTABILIDAD CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 62º.-Todos los actos, documentos y expedientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de los que se deriven derechos y obligaciones de contenido económico, serán intervenidos y contabilizados con arreglo a lo dispuesto en la presente Ley y en sus disposiciones complementarias.
Artículo 63º.-La Intervención General de la Administración de la Comunidad Autónoma, con plena autonomía respecto de los órganos y entidades cuya gestión fiscalice, tendrá el carácter de:
1. Centro directivo de la Función Interventora.
2. Centro directivo de la contabilidad pública.
3. Centro gestor de la contabilidad pública.
CAPITULO SEGUNDO De la intervención Artículo 64º.-Las disposiciones contenidas en este Capítulo serán de aplicación a la intervención de todos los servicios, dependencias y organismos autónomos, y Empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, aplicándose en cada supuesto la técnica más apropiada según la índole de las operaciones del Ente sometido a intervención.
Artículo 65º.-1. El ejercicio de la función interventora a que se refiere el artículo 14 Apartado 2 a) de esta Ley comprenderá:
c) La comprobación de los efectivos de personal y de las existencias de metálico, valores y demás bienes de todas las dependencias y establecimientos de la Diputación General de Aragón.
Artículo 66º.-1. El ejercicio del control financiero definido en el artículo 15 de esta Ley comprenderá la emisión del correspondiente informe y afectará:
a) A los servicios, organismos autónomos y Empresas de la Comunidad Autónoma de Aragón, abarcando tanto la regularidad de su actuación, como el análisis de los estados económico financieros que reflejen su gestión, pudiendo extenderse a la total actuación del ente o a aquellas operaciones individualizadas y concretas que por sus características, importancia o repercusión puedan afectar en grado considerable al desenvolvimiento económico-financiero del ente.
2. El control financiero podrá ejercerse separada o independientemente del de las funciones interventoras, en coordinación con la Dirección General de Hacienda, por los funcionarios que a tal efecto designe el Interventor General.
Artículo 67º.-1. El control se efectuará mediante procedimientos de auditoría, sustituyendo ésta a la intervención previa en las Empresas y en las operaciones estimativas de los organismos autónomos con actividades industriales, comerciales, financieras y análogas.
Mediante dichos procedimientos se comprobará la regularidad de los estados de cuentas que reglamentariamente tenga que formalizar o rendir el Ente auditado, y en todo caso:
2. Las comprobaciones y verificaciones se efectuarán cuando así lo determine el Consejero de Economía y Hacienda, efectuándose por los funcionarios que a tal efecto designe el Interventor General.
Artículo 68º.-1. Las competencias atribuidas a la intervención y al desarrollo de la función interventora se ejercerán en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma por la Intervención General de la Diputación General.
2. En todo caso, la competencia atribuida por el párrafo primero del artículo 14 de esta Ley podrá ser delegada en favor de los Interventores-delegados que dependerán funcionalmente de la Intervención General. No obstante, el Interventor General podrá avocar para sí cualquier actuación fiscalizadora que considere oportuna.
Artículo 69º.-1. No estarán sometidos a intervención previa los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al periodo inicial del acto o contrato de que deriven o sus modificaciones.
Artículo 70º.-1. Si la Intervención se manifestase en desacuerdo con el fondo o la forma de los actos, expedientes o documentos examinados, deberá formular sus reparos por escrito.
3. Si el reparo afecta a la autorización o disposición de gastos, reconocimiento de obligaciones u ordenación de pagos, suspenderá hasta que sea solventado la tramitación del expediente en los casos siguientes:
Artículo 71º.-1. Cuando el órgano al que afecte el reparo no esté conforme con el mismo, se procederá de la siguiente forma:
b) Cuando el reparo emane de la Intervención General o ésta haya confirmado el de una Intervención Delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá a la Diputación General adoptar la resolución definitiva.
Artículo 72º.-1. Cuando la fiscalización previa del reconocimiento de las obligaciones o gastos sea preceptiva, no se expedirán ni serán intervenidos los mandamientos de pago para hacerlos efectivos, sin que conste acreditado en el expediente el cumplimiento de dicho trámite.
2. Si el Interventor General o los Interventores-Delegados al conocer un expediente observaran que la obligación o gasto a que corresponda no ha sido previamente fiscalizado, lo manifestarán así a la Autoridad que hubiera iniciado aquél, emitiendo al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, para que uniendo este informe a las actuaciones, pueda el Consejero titular del Departamento del que proceda la propuesta, si considera conveniente, continuar con la tramitación del expediente, acordar que se someta lo actuado a la Diputación General de Aragón.
3. Si el Consejero correspondiente acordara someter el expediente a la decisión de la Diputación General, lo comunicará así al Consejero de Economía y Hacienda por conducto de la Intervención General de la Diputación General.
CAPITULO TERCERO De la contabilidad pública Artículo 73º.-La Administración de la Comunidad Autónoma y la de los Organismos autónomos y las Empresas quedan sometidas al régimen de contabilidad pública en los términos previstos en esta Ley.
Artículo 74º.-1. La sujeción al régimen de la contabilidad pública lleva consigo la obligación de rendir cuentas de las respectivas operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas del Reino por conducto de la Intervención General de la Diputación General.
3. Una Ley de Cortes de Aragón regulará las normas de organización y procedimiento para asegurar la rendición de cuentas a la Comunidad Autónoma, que deberán someterse a la aprobación de aquéllas, sin perjuicio del control que corresponde al Tribunal de Cuentas del Reino.
Artículo 75º.-Compete al Departamento de Economía y Hacienda la organización de la contabilidad pública y el desarrollo de la contabilidad analítica al servicio de los siguientes fines:
c) Reflejar las variaciones, composición y situación del patrimonio de la Diputación General, los Organismos autónomos y Empresas.
d) Proporcionar los datos necesarios para la formación y rendición de la Cuenta General, así como de las demás cuentas estados y documentos que deban elaborarse o remitirse a las Cortes de Aragón, al Tribunal de Cuentas del Reino y a otros Entes.
Artículo 76º.-La Intervención General de la Diputación General de Aragón es el Centro directivo de la contabilidad pública de la Comunidad Autónoma al que le compete:
a) Someter a la decisión del Consejero de Economía y Hacienda el Plan General de Contabilidad en el que se adaptarán todos los servicios, organismos, Empresas y entidades incluidas en el Sector Público de la Comunidad, según sus características y peculiaridades. A tal efecto podrá proponerse la aplicación del Plan General de Contabilidad Pública de forma que la utilización de criterios homogéneos permita la consolidación con el Sector Público estatal.
e) Dirigir las auditorías que hayan de efectuarse por indicación de la Diputación General o del Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 77º.-Como centro gestor de la contabilidad pública corresponde a la Intervención General de la Diputación General de Aragón:
c) Examinar, formular observaciones y preparar las cuentas que hayan de rendirse a las Cortes de Aragón, al Tribunal de Cuentas del Reino y a otros Entes.
f) Vigilar e impulsar la actividad de las oficinas de contabilidad de todos los órganos de la Diputación General de Aragón.
Artículo 78º.-1. La contabilidad pública se llevará en libros, registros y cuentas de acuerdo con los procedimientos técnicos que sean más convenientes según la índole de las operaciones y de las situaciones que en ellos deban anotarse, quedando sometida a verificación ordinaria o extraordinaria a cargo de funcionarios dependientes del Interventor General y de los que, en su caso, designe el Tribunal de Cuentas del Reino.
Artículo 79º.-1. Las cuentas y la documentación que deban rendirse a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas del Reino se formarán y cerrarán anualmente.
Artículo 80º.-1. El Departamento de Economía y Hacienda remitirá trimestralmente, y dentro del mes siguiente al vencimiento del trimestre, a las Cortes de Aragón para información y estudio de la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda y publicará en el "Boletín Oficial de Aragón", los siguientes datos:
c) Los demás datos que se consignen en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio económico y aquellos otros que se consideren de interés.
b) Memoria del control financiero realizado a que se refieren los artículos 15 y 66 de esta Ley.
CAPITULO CUARTO De la Cuenta General Artículo 81º.-1. La Cuenta General comprenderá la de la Diputación General y las de sus organismos y Empresas.
2. La Cuenta de la Diputación General comprenderá todas las operaciones presupuestarias, patrimoniales y de tesorería llevadas a cabo durante el ejercicio y constará de las siguientes partes:
2.1. La liquidación de los presupuestos que se dividirá en tres partes:
2.1.1. Cuadro demostrativo de los créditos autorizados en el estado de gastos del Presupuesto y de sus modificaciones, acompañándose un resumen comprensivo de todas las aprobadas durante el ejercicio.
2.1.2. Liquidación del estado de gastos.
2.1.3. Liquidación del estado de ingresos.
2.2. Cuenta General de Tesorería que ponga de manifiesto la situación de la Tesorería y de las operaciones realizadas por la misma durante el ejercicio.
2.3. Cuenta General de la Deuda Pública y la General del endeudamiento de la Diputación General.
2.4. Un estado demostrativo de la evolución y situación de los valores a cobrar y obligaciones a pagar procedentes de ejercicios anteriores.
2.5. Un estado relativo a la evolución y situación de los anticipos de tesorería a que se refiere el artículo 90 de esta Ley.
2.6. El resultado del ejercicio con la estructura siguiente:
2.6.1. Los saldos de la ejecución del presupuesto por obligaciones y derechos reconocidos y por pagos e ingresos realizados.
2.6.2. El déficit o superávit de Tesorería por operaciones presupuestarias, incluyendo los que correspondan al presupuesto vigente y a los anteriores.
2.6.3. La variación de los activos y pasivos de la Hacienda de la Comunidad.
2.7. Un estado de los compromisos de gastos adquiridos con cargo a los ejercicios futuros, al amparo de la autorización contenida en el artículo 42º de esta Ley, con detalle de los ejercicios afectados.
3. A la cuenta de la Diputación General se unirá:
3.1. Una memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
3.2. Una memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y del coste de los mismos.
3.3. Un estado demostrativo de la situación de las inversiones.
Artículo 82º.-1. La Cuenta General de la Diputación General se formará por la Intervención General y a ella se unirán las cuentas de cada uno de los organismos y Empresas y demás documentos que deban presentarse a las Cortes de Aragón y al Tribunal de Cuentas del Reino.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de esta Ley, la Cuenta General será aprobada por las Cortes de Aragón previo conocimiento del informe y Memoria emitidos por el Tribunal de Cuentas del Reino de conformidad con lo previsto en los artículos 12 y 13 de su Ley Orgánica.
TITULO IV DE LA TESORERIA CAPITULO PRIMERO Disposiciones Generales Artículo 83º.-1. Constituyen la Tesorería todos los recursos financieros, sean dinero, valores o créditos, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias cuya titularidad corresponda a la Comunidad Autónoma de Aragón, sus organismos y Empresas.
Artículo 84º.-Son funciones encomendadas a la Tesorería de la Comunidad Autónoma:
d) Custodiar los avales que se depositen y responder de los avales contraídos por la Diputación General.
e) Ejecutar los acuerdos de la Diputación General o del Consejero de Economía y Hacienda respecto de la apertura de cuentas corrientes.
Artículo 85º.-1. La Tesorería situará sus caudales en el Banco de España y entidades de crédito y ahorro, preferentemente aragonesas. Reglamentariamente se determinarán los servicios que puedan concertarse con las entidades indicadas.
2. La apertura de cuentas en cualquiera de las entidades indicadas será autorizada por la Diputación General, estando facultado el Consejero de Economía y Hacienda para la autorización de todas aquellas necesarias para el funcionamiento de los servicios, fundamentalmente las relativas a "cuentas restringidas de recaudación" y "cuentas de fondos a justificar".
3. Los organismos podrán abrir y utilizar cuentas en las entidades de crédito o ahorro previa autorización del Consejero de Economía y Hacienda, atendida la especial naturaleza de sus operaciones y el lugar en que hayan de realizarse.
Artículo 86º.-1. Los ingresos en la Tesorería podrán realizarse en el Banco de España, en las cajas de la Tesorería y en las entidades de crédito o ahorro cuyas cuentas hayan sido autorizadas en la forma prevista en el artículo anterior.
Artículo 87º.-1. Las necesidades de la Tesorería, derivadas de las diferencias de vencimientos de sus pagos e ingresos, podrán atenderse con anticipos del Banco de España, si así se acordara mediante convenio con el mismo, o de Entidades de crédito o ahorro, por acuerdo de la Diputación General a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda y siempre que la suma total no sea superior al 12 por 100 de los créditos iniciales reflejados en el estado de gastos de los presupuestos del propio ejercicio.
2. El Consejero de Economía y Hacienda podrá concertar operaciones financieras activas por plazo no superior a seis meses cuando tengan por objeto colocar excedentes de Tesorería.
En estos casos las operaciones deberán cancelarse dentro del ejercicio en el que se hayan concertado, teniendo dichas operaciones carácter extrapresupuestario reflejándose únicamente en el presupuesto los intereses que se deriven de las mismas.
De dichas operaciones se dará cuenta a la correspondiente Comisión de las Cortes de Aragón.
Artículo 88º.-1. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá conceder anticipos de Tesorería para atender gastos inaplazables hasta un límite máximo del 2 % de los créditos autorizados en el estado de gastos del Presupuesto de que se trate en los supuestos siguientes:
a) Cuando, una vez iniciada la tramitación de los expedientes de concesión de créditos extraordinarios o de suplementos de crédito, hubiera informado favorablemente la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
3. El Consejero de Economía y Hacienda podrá conceder anticipos relativos a retribuciones de personal con las limitaciones que reglamentariamente se establezcan.
CAPITULO SEGUNDO De las fianzas y depósitos Artículo 89º.-1. Dependiente de la Tesorería existirá la Caja de Depósitos en la que se constituirán todos los depósitos en metálico y valores que sean necesarios para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de actos de gestión de la Administración de la Comunidad Autónoma, consignándose a disposición de la autoridad administrativa correspondiente.
CAPITULO TERCERO De los avales Artículo 90º.-1. Las garantías otorgadas por la Comunidad Autónoma habrán de revestir necesariamente la forma de aval de la Tesorería que será autorizado por la Diputación General a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, debiendo ser publicados los acuerdos de autorización en el "Boletín Oficial de Aragón".
2. Los avales prestados a favor de la Tesorería podrán devengar a favor de la misma la comisión que para cada operación determine la Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
3. Los avales serán documentados en la forma que reglamentariamente se determine y serán firmados por el Consejero de Economía y Hacienda.
Artículo 91º.-1. La Comunidad Autónoma podrá avalar las operaciones de crédito que concedan las entidades de crédito legalmente establecidas a organismos autónomos y Empresas de ella dependientes, así como a corporaciones locales y Empresas privadas.
Los créditos garantizados tendrán como finalidad financiar gastos de inversión que supongan una mejora de las condiciones de producción o de los niveles de empleo.
3. El importe total y el saldo deudor máximo de los avales a prestar, las características de los mismos y el limite individual de cada uno de ellos dentro de la cuantía global asignada para tal fin, serán determinados por la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
Artículo 92º.-1. Los avales concedidos serán objeto de adecuada e independiente contabilización.
2. La Tesorería responderá de las obligaciones de amortización y pago de intereses, si así se establece, sólo en el caso de no cumplir tales obligaciones el deudor principal, pudiendo convenir la renuncia al beneficio de excusión que establece el artículo 1.830 del Código Civil.
TITULO V DEL ENDEUDAMIENTO Artículo 93º.-1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito por plazo inferior a un año con objeto de cubrir sus necesidades transitorias de Tesorería, con el límite máximo que se señale en la Ley de Presupuestos de cada ejercicio.
2. Las operaciones a que se refiere el apartado anterior serán autorizadas por la Diputación General de Aragón, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, dándose cuenta de las mismas a la Comisión de Presupuestos, Economía y Hacienda de las Cortes de Aragón.
Artículo 94º.-1. La Comunidad Autónoma podrá realizar operaciones de crédito o préstamo por plazo superior a un año, mediante la emisión de títulos-valores o de cualquier otro documento o cuenta en que formalmente se reconozca el endeudamiento, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
c) Que por Ley de Cortes de Aragón se fije el volumen, características y destino específico del endeudamiento, de acuerdo con la ordenación general de la política crediticia y en coordinación con el Estado.
No obstante, la Ley autorizante del endeudamiento podrá deferir a la Diputación General la concreta determinación del tipo de interés dentro del margen que la Ley pueda establecer, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, siempre que su fijación definitiva precise de una apreciación técnica o bien dependa esencialmente de las circunstancias variables del mercado financiero.
2. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda, podrá acordar la conversión de deuda, con la exclusiva finalidad de atender a su mejor administración, siempre que no se alteren las condiciones esenciales de su emisión ni se perjudiquen los derechos económicos de los tenedores. En los demás casos regirá la misma reserva de ley que para su creación.
3. En todo caso, la modificación del destino acordado para cada emisión de Deuda Pública exigirá su aprobación por las Cortes de Aragón.
Artículo 95º.-La concertación de operaciones de crédito cuando los acreedores, sean personas o entidades residentes en el extranjero, necesitará la autorización del Estado.
Artículo 96º.-1. A los títulos de la Deuda Pública les será de aplicación el régimen establecido por el ordenamiento jurídico general, y gozarán, según la modalidad y las características de los mismos, de iguales prerrogativas y beneficios que los títulos emitidos por el Estado.
Artículo 97º.-Los Organismos autónomos de la Comunidad Autónoma podrá emitir Deuda Pública en los términos y con los requisitos establecidos en el artículo 94 de esta Ley.
Artículo 98º.-El producto del endeudamiento, cualquiera que fuera su modalidad, se ingresará en la Tesorería de la Diputación General y se aplicará, sin ninguna excepción, al estado de ingresos del presupuesto de la Comunidad Autónoma o del organismo autónomo correspondiente, en su caso.
TITULO VI DE LAS RESPONSABILIDADES Artículo 99º.-1. Las autoridades y funcionarios de cualquier orden que, por dolo, culpa o negligencia grave, adopten resoluciones o realicen actos u omisiones con infracción de las disposiciones de esta Ley y normas que la desarrollan o complementan estarán obligados a indemnizar a la Hacienda de la Comunidad los daños y perjuicios que sean consecuencia de aquellos con independencia de la responsabilidad penal o disciplinaria que proceda.
Artículo 100º.-Constituyen infracciones, según determina el artículo anterior:
f) No justificar la inversión de los fondos a que se refiere el artículo 55 de esta Ley.
Artículo 101º.-1. Conocida la existencia de las infracciones enumeradas en el artículo anterior, los Jefes de los presuntos responsables y los ordenadores de pagos instruirán las diligencias previas y adoptarán, con igual carácter, las medidades necesarias para asegurar los derechos de la Comunidad, poniéndolo inmediatamente en conocimiento del Consejero de Economía y Hacienda y, en su caso, del Tribunal de Cuentas, para que procedan según sus competencias y conforme a los procedimientos establecidos.
2. El Interventor que en el ejercicio de su función advierta la existencia de infracciones lo pondrá en conocimiento del Consejero de Economía y Hacienda a los efectos previstos en el número anterior.
Artículo 102º.-1. Sin perjuicio de las competencias del Tribunal de Cuentas, en los supuestos contemplados en el artículo 100, la responsabilidad será exigida en expediente administrativo instruido al interesado.
2. El acuerdo de iniciación, el nombramiento de juez instructor y la resolución del expediente corresponderán a la Diputación General cuando tenga la condición de autoridad de la Comunidad Autónoma y al Consejero de Economía y Hacienda en los demás casos.
4. En particular en el supuesto del párrafo a) del artículo 100 de esta Ley, la responsabilidad se exigirá mediante expediente instruido por el Tribunal de Cuentas del Reino, siguiéndose para obtener el reintegro a la Hacienda de la Comunidad Autónoma de los perjuicios habidos el procedimiento fijado en la normativa emanada del Tribunal de Cuentas del Reino.
Artículo 103º.-1. Los perjuicios declarados en los expedientes a que se refiere el artículo anterior tendrán la consideración de derechos de la Hacienda de la Comunidad, gozarán del régimen a que se refieren los artículos 23 y 24 y se procederá a su cobro en su caso, por la vía de apremio.
2. La Hacienda de la Comunidad tiene derecho al interés previsto en el artículo 24 sobre el importe de los alcances, malversaciones, daños y perjuicios en sus bienes y derechos, desde el día que se irrogen los perjuicios.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera.-En tanto las Cortes de Aragón no promulguen las normas correspondientes y la Diputación General, no dicte los reglamentos de desarrollo, seguirán vigentes las normas estatales aplicables en las materias objeto de esta Ley.
Segunda.-En el supuesto de que la ejecución del presupuesto no se efectúe por programas con carácter vinculante, la referencia a éstos en el artículo 46 de la Ley se entenderá hecha a los servicios.
Tercera.-Mientras no exista una disposición expresa atribuyendo competencias en materia de Tesorería, las funciones encomendas a la misma por el artículo 84 de la Ley, serán ejercidas por la Intervención General.
Cuarta.-La asunción por la Comunidad Autónoma de Aragón de competencias, funciones y servicios transferidos por la Administración del Estado, supondrá la incorporación al Presupuesto de la Comunidad de los créditos que se transfieran en ejecución de los acuerdos de traspaso, con habilitación, en su caso, de las partidas presupuestarias que fueran precisas. Dicha incorporación será autorizada por la Diputación General a propuesta del Consejero de Economía y Hacienda.
DISPOSICION FINAL Se autoriza a la Diputación General para dictar las disposiciones pertinentes para la aplicación y desarrollo de esta Ley.
Zaragoza, a cuatro de junio de mil novecientos ochenta y seis.
ORDEN 2/2014, de 6 de febrero, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se regula el sistema de descanso obligatorio y la limitación diaria en la prestación del servicio de taxis en el Área de Prestación Conjunta de Valencia.
Orden de 8 de abril de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se elevan a definitivas las vacantes de los centros docentes correspondientes a los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, Catedráticos y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y Profesores Técnicos de Formación Profesional, convocado por Orden de 16 de octubre de 2015.
Orden de 10 de agosto de 2006 por la que se modifica la de 19 de junio de 2006 por la que se convocan ayudas para el desarrollo de programas de educación familiar por las corporaciones locales de Galicia.
Real Decreto 1553/1977, de 20 de mayo, por el que se regula la legislación en materia de retribuciones del personal integrado en los Cuerpos civiles de la Dirección General de Seguridad.

References: resolución 
 Artículo 1

Artículo 2

Artículo 3
 Artículo 16

Artículo 4
 artículo 53

Artículo 5

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 8

Artículo 9

Artículo 10
 artículo 9
 artículo 11

Artículo 11

Artículo 12

Artículo 13
 artículo 40

Artículo 14
 artículo 65

Artículo 15
 artículo 26

Artículo 16
 artículo 4

Artículo 17
 Artículo 18

Artículo 19

Artículo 20

Artículo 21

Artículo 22

Artículo 23

Artículo 24

Artículo 25
 Artículo 26

Artículo 27

Artículo 28
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Artículo 29
 Artículo 30
 Artículo 31

Artículo 32

Artículo 33

Artículo 34

Artículo 35

Artículo 36

Artículo 37
 Artículo 38

Artículo 39

Artículo 40

Artículo 41
 artículo 39

Artículo 42

Artículo 43

Artículo 44

Artículo 45

Artículo 46
 artículo 47

Artículo 47

Artículo 48
 resolución 
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 Artículo 49

Artículo 50
 artículo 38

Artículo 51

Artículo 52

Artículo 53

Artículo 54

Artículo 55
 Artículo 56

Artículo 57

Artículo 58

Artículo 59

Artículo 60

Artículo 61
 Artículo 62

Artículo 63
 Artículo 64

Artículo 65
 artículo 14

Artículo 66
 artículo 15

Artículo 67

Artículo 68
 artículo 14

Artículo 69

Artículo 70

Artículo 71
 resolución 

Artículo 72
 Artículo 73

Artículo 74

Artículo 75

Artículo 76

Artículo 77

Artículo 78

Artículo 79

Artículo 80
 Artículo 81
 artículo 90
 artículo 42

Artículo 82
 artículo 3
 Artículo 83

Artículo 84

Artículo 85

Artículo 86

Artículo 87

Artículo 88
 Artículo 89
 Artículo 90

Artículo 91

Artículo 92
 artículo 1
 Artículo 93

Artículo 94

Artículo 95

Artículo 96

Artículo 97
 artículo 94

Artículo 98
 Artículo 99

Artículo 100
 artículo 55

Artículo 101

Artículo 102
 artículo 100
 resolución 
 artículo 100

Artículo 103
 artículo 24
 artículo 46
 artículo 84

Real Decreto