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Timestamp: 2016-12-09 15:51:37+00:00

Document:
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Vigente hasta el 01 de Enero de 2003).
BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2016
BOE núm. 292, de 3 de diciembre de 2016
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Publicado en BOE de 31 de Diciembre de 1998
Vigencia desde 01 de Enero de 1999. Esta revisi�n vigente desde 01 de Enero de 2002 hasta 01 de Enero de 2003.
�TITULO III
CAPITULO III Participaci�n en tributos del Estado
1. Durante el quinquenio 1999-2003 la participaci�n de las provincias en los tributos del Estado se determinar� con arreglo a las normas contenidas en esta Ley.
2. La financiaci�n inicial definitiva de las provincias por su participaci�n en los tributos del Estado en el a�o 1999 es de 493.843 millones de pesetas.
3. Anualmente los Presupuestos Generales del Estado incluir�n los cr�ditos correspondientes a la participaci�n de las provincias en los tributos del Estado, que se determinar� por aplicaci�n de la f�rmula establecida en el apartado 1 del art�culo 113.
4. Liquidados los Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio econ�mico, se proceder� a efectuar la liquidaci�n definitiva de la participaci�n de las provincias en los tributos del Estado.
A este fin, se aplicar�, an�logamente, la misma f�rmula contenida en el apartado 1 del art�culo 113, utilizando el mismo �ndice de evoluci�n que resulte para los Municipios, seg�n las reglas fijadas en los art�culos 113 y 114.
1. El importe de la participaci�n de las provincias en los tributos del Estado se distribuir� entre las mismas conforme se establezca por las Leyes de Presupuestos Generales del Estado sobre la base de los siguientes criterios:
A) El n�mero de habitantes de derecho de la respectiva provincia o isla, seg�n los �ltimos padrones municipales oficialmente aprobados.
B) La superficie.
C) N�mero de habitantes de derecho de los municipios menores de 20.000 habitantes en relaci�n al total de habitantes de la provincia.
D) La inversa de la renta per c�pita.
E) Otros criterios que se estimen procedentes.
2. En ning�n caso, las provincias e islas podr�n percibir por esta distribuci�n, singularmente consideradas, cantidad inferior a la que hubieran percibido como financiaci�n el �ltimo a�o del quinquenio anterior.
Cuando una provincia, con la utilizaci�n de los recursos financieros regulados en la presente Ley, no pudiera ejercer adecuadamente las competencias a que se refieren las letras a), b), c) y d) del apartado 1 del art�culo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del R�gimen Local, los Presupuestos Generales del Estado podr�n establecer, con especificaci�n de su destino y distribuci�n, una asignaci�n complementaria, cuya finalidad ser� la de cubrir insuficiencias financieras manifiestas.�
Dos. En el art�culo 140.3 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, la referencia al art�culo 115.a) debe sustituirse por �art�culo 115.1.C.b)� .
Endeudamiento local Uno. El cap�tulo VII del T�tulo I de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, quedar� redactado como sigue:
�CAPITULO VII Operaciones de cr�dito
En los t�rminos previstos en esta Ley, las Entidades locales, sus organismos aut�nomos y sociedades mercantiles de capital �ntegramente local, podr�n concertar operaciones de cr�dito en todas sus modalidades, tanto a corto como a largo plazo, as� como operaciones financieras de cobertura y gesti�n del riesgo del tipo de inter�s y del tipo de cambio.
1. Para la financiaci�n de sus inversiones, as� como para la sustituci�n total o parcial de operaciones preexistentes, las Entidades locales, sus organismos aut�nomos y las sociedades mercantiles de capital �ntegramente local, podr�n acudir al cr�dito p�blico y privado, a largo plazo, en cualquiera de sus formas.
2. El cr�dito podr� instrumentarse mediante:
a) Emisi�n p�blica de Deuda.
b) Contrataci�n de pr�stamos o cr�ditos.
c) Cualquier otra apelaci�n al cr�dito p�blico o privado.
d) Conversi�n y sustituci�n total o parcial de operaciones preexistentes.
3. La Deuda P�blica de las Entidades locales y los t�tulos-valores de car�cter equivalente emitidos por �stas gozar�n de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda p�blica emitida del Estado.
4. Para los casos excepcionales previstos en los art�culos 158.5 y 174.2 de esta Ley, el cr�dito s�lo podr� instrumentarse mediante pr�stamos o cr�ditos concertados con entidades financieras.
5. El pago de las obligaciones derivadas de las operaciones de cr�dito podr� ser garantizado en la siguiente forma:
A) Trat�ndose de operaciones de cr�dito a corto plazo:
a) En el supuesto previsto en el art�culo 52.a) mediante la afectaci�n de los recursos tributarios objeto del anticipo, devengados en el ejercicio econ�mico, hasta el l�mite m�ximo de anticipo o anticipos concedidos.
b) En las operaciones de pr�stamo o cr�dito concertadas por Organismos aut�nomos y Sociedades mercantiles de capital �ntegramente local, con avales concedidos por la Corporaci�n correspondiente. Cuando la participaci�n social sea detentada por diversas Entidades Locales, el aval deber� quedar limitado, para cada part�cipe, a su porcentaje de participaci�n en el capital social.
c) Con la afectaci�n de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios p�blicos.
B) Trat�ndose de operaciones de cr�dito a largo plazo:
a) Con la constituci�n de garant�a real sobre bienes patrimoniales.
b) Con el instrumento previsto en el apartado b) de la letra A anterior.
c) Con la afectaci�n de ingresos procedentes de contribuciones especiales, tasas y precios p�blicos, siempre que exista una relaci�n directa entre dichos recursos y el gasto a financiar con la operaci�n de cr�dito.
d) Cuando se trate de inversiones cofinanciadas con fondos procedentes de la Uni�n Europea o con aportaciones de cualquier Administraci�n P�blica, con la propia subvenci�n de capital, siempre que haya una relaci�n directa de �sta con el gasto financiado con la operaci�n de cr�dito.
6. Las Corporaciones Locales podr�n, cuando lo estimen conveniente a sus intereses y a efectos de facilitar la realizaci�n de obras y prestaci�n de servicios de su competencia, conceder su aval a las operaciones de cr�dito, cualquiera que sea su naturaleza y siempre de forma individualizada para cada operaci�n, que concierten personas o entidades con las que aqu�llas contraten obras o servicios, o que exploten concesiones que hayan de revertir a la entidad respectiva.
7. Las Corporaciones Locales tambi�n podr�n conceder avales a Sociedades mercantiles participadas por personas o entidades privadas, en las que tengan una cuota de participaci�n en el capital social no inferior al 30 por 100.
El aval no podr� garantizar un porcentaje del cr�dito superior al de su participaci�n en la sociedad.
8. Las operaciones a que se refieren los dos apartados anteriores estar�n sometidas a fiscalizaci�n previa y el importe del pr�stamo garantizado no podr� ser superior al que hubiere supuesto la financiaci�n directa mediante cr�dito de la obra o del servicio por la propia Entidad.
La concertaci�n de cualquiera de las modalidades de cr�dito previstas en la presente Ley, excepto la regulada en el art�culo 130, requerir� que la Corporaci�n o entidad correspondiente disponga del Presupuesto aprobado para el ejercicio en curso, extremo que deber� ser justificado en el momento de suscribir el correspondiente contrato, p�liza o documento mercantil en el que se soporte la operaci�n, ante la entidad financiera correspondiente y ante el fedatario p�blico que intervenga o formalice el documento.
Excepcionalmente, cuando se produzca la situaci�n de pr�rroga del Presupuesto, se podr�n concertar las siguientes modalidades de operaciones de cr�dito:
a) Operaciones de Tesorer�a, dentro de los l�mites fijados por la Ley, siempre que las concertadas sean reembolsadas y se justifique dicho extremo en la forma se�alada en el p�rrafo primero de este art�culo.
b) Operaciones de cr�dito a largo plazo para la financiaci�n de inversiones vinculadas directamente a modificaciones de cr�dito tramitadas en la forma prevista en los apartados 1, 2, 3 y 6 del art�culo 158.
Para atender necesidades transitorias de tesorer�a, las Entidades Locales podr�n concertar operaciones de cr�dito a corto plazo, que no exceda de un a�o, siempre que en su conjunto no superen el 30 por 100 de sus ingresos liquidados por operaciones corrientes en el ejercicio anterior, salvo que la operaci�n haya de realizarse en el primer semestre del a�o sin que se haya producido la liquidaci�n del presupuesto de tal ejercicio, en cuyo caso se tomar� en consideraci�n la liquidaci�n del ejercicio anterior a este �ltimo. A estos efectos tendr�n la consideraci�n de operaciones de cr�dito a corto plazo, entre otras las siguientes:
a) Los anticipos que se perciban de entidades financieras, con o sin intermediaci�n de los �rganos de gesti�n recaudatoria, a cuenta de los productos recaudatorios de los impuestos devengados en cada ejercicio econ�mico y liquidados a trav�s de un padr�n o matr�cula.
b) Los pr�stamos y cr�ditos concedidos por entidades financieras para cubrir desfases transitorios de Tesorer�a.
c) Las emisiones de deuda por plazo no superior a un a�o.
1. En la concertaci�n o modificaci�n de toda clase de operaciones de cr�dito con entidades financieras de cualquier naturaleza, cuya actividad est� sometida a normas de derecho privado, vinculadas a la gesti�n del presupuesto en la forma prevista en la secci�n 1� del cap�tulo primero del T�tulo VI de esta Ley 39/1988, de 28 de diciembre, ser� de aplicaci�n lo previsto en la letra k) del art�culo 3, apartado uno, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P�blicas.
En caso de que no existan previsiones presupuestarias al efecto, ser� de aplicaci�n, en todo caso, el art�culo 9 de la mencionada Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, salvo que se realice la oportuna adaptaci�n del Presupuesto o de sus bases de ejecuci�n, como condici�n previa a la viabilidad de los compromisos adquiridos para suscribir la correspondiente operaci�n de cr�dito. Dicha modificaci�n deber� realizarse por acuerdo del Pleno de la Corporaci�n, en cualquier caso.
2. La concertaci�n o modificaci�n de cualesquiera operaciones deber� acordarse previo informe de la Intervenci�n, en el que se analizar�, especialmente, la capacidad de la Entidad Local para hacer frente, en el tiempo, a las obligaciones que de aqu�llas se deriven para la misma.
Los Presidentes de las Corporaciones Locales podr�n concertar las operaciones de cr�dito a largo plazo previstas en el Presupuesto, cuyo importe acumulado, dentro de cada ejercicio econ�mico, no supere el 10 por 100 de sus recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior. La concertaci�n de las operaciones de cr�dito a corto plazo le corresponder�n cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva operaci�n, no supere el 15 por 100 de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.
Una vez superados dichos l�mites la aprobaci�n corresponder� al Pleno de la Corporaci�n Local.
1. No se podr�n concertar nuevas operaciones de cr�dito a largo plazo, incluyendo las operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o a�adan garant�as adicionales con o sin intermediaci�n de terceros, ni conceder avales, ni sustituir operaciones de cr�dito concertadas con anterioridad por parte de las Entidades Locales, sus Organismos aut�nomos y sociedades mercantiles de capital �ntegramente local sin previa autorizaci�n de los �rganos competentes del Ministerio de Econom�a y Hacienda o, en el caso de operaciones realizadas con entidades financieras residentes en Espa�a en moneda nacional o equivalente, de la Comunidad Aut�noma a que la Entidad local pertenezca que tenga atribuida en su Estatuto competencia en la materia, cuando de los estados financieros que reflejen la liquidaci�n de los Presupuestos, los resultados corrientes y los resultados de la actividad ordinaria del �ltimo ejercicio, se deduzca un ahorro neto negativo.
A estos efectos se entender� por ahorro neto de las Entidades Locales y sus organismos aut�nomos de car�cter administrativo la diferencia entre los derechos liquidados por los cap�tulos uno a cinco, ambos inclusive, del estado de ingresos, y de las obligaciones reconocidas por los cap�tulos uno, dos y cuatro del estado de gastos, minorada en el importe de una anualidad te�rica de amortizaci�n de la operaci�n proyectada y de cada uno de los pr�stamos y empr�stitos propios y avalados a terceros pendientes de reembolso.
El importe de la anualidad te�rica de amortizaci�n, de cada uno de los pr�stamos a largo plazo concertados y de los avalados por la Corporaci�n pendientes de reembolso, as� como la de la operaci�n proyectada, se determinar� en todo caso, en t�rminos constantes, incluyendo los intereses y la cuota anual de amortizaci�n, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operaci�n.
Se considera ahorro neto en los Organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logo los resultados corrientes del ejercicio y, en las sociedades mercantiles locales, los resultados de la actividad ordinaria, excluidos los intereses de pr�stamos o empr�stitos, en ambos casos, y minorados en una anualidad te�rica de amortizaci�n, tal y como se define en el p�rrafo anterior, igualmente en ambos casos.
No se incluir�n en el c�lculo de las anualidades te�ricas, las operaciones de cr�dito garantizadas con hipotecas sobre bienes inmuebles, en proporci�n a la parte del pr�stamo afectado por dicha garant�a.
Si el objeto de la actividad del Organismo aut�nomo o sociedad mercantil local, es la construcci�n de viviendas, el c�lculo del ahorro neto se obtendr� tomando la media de los dos �ltimos ejercicios.
Cuando el ahorro neto sea de signo negativo, el Pleno de la respectiva Corporaci�n deber� aprobar un plan de saneamiento financiero a realizar en un plazo no superior a tres a�os, en el que se adopten medidas de gesti�n, tributarias, financieras y presupuestarias que permitan como m�nimo ajustar a cero el ahorro neto negativo de la entidad, organismo aut�nomo o sociedad mercantil. Dicho plan deber� ser presentado conjuntamente con la solicitud de la autorizaci�n correspondiente.
2. Precisar�n de autorizaci�n de los �rganos citados en el apartado 1 anterior, las operaciones de cr�dito a largo plazo de cualquier naturaleza incluido el riesgo deducido de los avales, cuando el volumen total del capital vivo de las operaciones de cr�dito vigentes a corto y largo plazo exceda del 110 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior o, en su defecto, en el precedente a este �ltimo cuando el c�mputo haya de realizarse en el primer semestre del a�o y no se haya liquidado el presupuesto correspondiente a aqu�l, seg�n las cifras deducidas de los estados contables consolidados que integran los Presupuestos Generales de la Corporaci�n.
3. No ser� precisa la presentaci�n del plan de saneamiento financiero a que se refiere el apartado 1 anterior en el caso de autorizaci�n de operaciones de cr�dito que tengan por finalidad la sustituci�n de operaciones de cr�dito a largo plazo concertadas con anterioridad, en la forma prevista por la Ley, con el fin de disminuir la carga financiera o el riesgo de dichas operaciones, respecto a las obligaciones derivadas de aqu�llas pendientes de vencimiento.
4. No obstante lo previsto en los apartados 1 y 2 anteriores, las Entidades Locales de m�s de 200.000 habitantes podr�n optar por sustituir las autorizaciones en ellos preceptuadas por la presentaci�n de un Escenario de Consolidaci�n Presupuestaria, para su aprobaci�n por el �rgano competente.
El escenario de consolidaci�n presupuestaria contendr� el compromiso por parte de la Entidad local, aprobado por su Pleno, del l�mite m�ximo del d�ficit no financiero, e importe m�ximo del endeudamiento para cada uno de los tres ejercicios siguientes.
El �rgano competente para aprobar el escenario de consolidaci�n presupuestaria, ser� aqu�l a quien corresponde la autorizaci�n de las operaciones de endeudamiento, previo informe del Ministerio de Econom�a y Hacienda en el caso de que la competencia sea de la Comunidad Aut�noma. En el caso de que el Escenario de Consolidaci�n Presupuestaria contenga alguna operaci�n de las enumeradas en el apartado 5 de este art�culo, la autorizaci�n corresponder� al Ministerio de Econom�a y Hacienda, previo informe, en su caso, de la Comunidad Aut�noma con competencia en la materia.
5. En todo caso precisar�n de la autorizaci�n del Ministerio de Econom�a y Hacienda las operaciones de cr�dito a corto y largo plazo, la concesi�n de avales, y las dem�s operaciones que modifiquen las condiciones contractuales o a�adan garant�as adicionales, con o sin intermediaci�n de terceros, en los siguientes casos:
a) Las que se formalicen en el exterior o con entidades financieras no residentes en Espa�a, cualquiera que sea la divisa que sirva de determinaci�n del capital de la operaci�n proyectada, incluidas las cesiones a entidades financieras no residentes de las participaciones, que ostenten entidades residentes, en cr�ditos otorgados a las Entidades Locales, organismos aut�nomos y sociedades mercantiles de capital �ntegramente local.
b) Las que se instrumenten mediante emisiones de deuda o cualquier otra forma de apelaci�n al cr�dito p�blico, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
6. En los casos en que, de acuerdo con las reglas establecidas en el presente art�culo, se precise autorizaci�n para concertar la operaci�n de endeudamiento, no podr�n adquirir firmeza los compromisos de gasto vinculados a tal operaci�n, hasta tanto no se disponga de la correspondiente autorizaci�n.
7. Para el otorgamiento de la autorizaci�n de las operaciones a que se refieren los apartados anteriores, se atender� a la situaci�n econ�mica de la Entidad, Organismo aut�nomo o sociedad mercantil local peticionarios, deducida al menos de los an�lisis y de la informaci�n contable a la que se hace referencia en el apartado 1 del art�culo 54, incluido el c�lculo del remanente de Tesorer�a, del Estado de previsi�n de movimientos y situaci�n de la deuda y, adem�s, al plazo de amortizaci�n de la operaci�n, a la futura rentabilidad econ�mica de la inversi�n a realizar y a las dem�s condiciones de todo tipo que conlleve el cr�dito a concertar o a modificar.
8. Los �rganos competentes del Ministerio de Econom�a y Hacienda habr�n de tener conocimiento de las operaciones de cr�dito autorizadas por las Comunidades Aut�nomas, as� como de las que no requieran autorizaci�n, en la forma en que reglamentariamente se establezca.
9. Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado podr�n, anualmente, fijar l�mites de acceso al cr�dito de las Entidades Locales cuando se den circunstancias que coyunturalmente puedan aconsejar tal medida por razones de pol�tica econ�mica general.
Los organismos aut�nomos y las sociedades mercantiles locales, precisar�n la previa autorizaci�n del Pleno de la Corporaci�n e informe de la Intervenci�n para la concertaci�n de operaciones de cr�dito a largo plazo.
1. La Secretar�a de Estado de Hacienda mantendr� una central de riesgos que provea de informaci�n sobre las distintas operaciones de cr�ditos concertadas por las entidades locales y las cargas financieras que supongan. Los Bancos, Cajas de Ahorros y dem�s entidades financieras, as� como las distintas Administraciones p�blicas remitir�n los datos necesarios a tal fin, que tendr�n car�cter p�blico en la forma que por aqu�lla se se�ale.
A tales efectos, se arbitrar�n las medidas necesarias para que en el plazo de doce meses se transfiera por parte del Banco de Cr�dito Local, toda la informaci�n existente en la base de datos p�blica gestionada por aqu�l hasta la fecha de la correspondiente transferencia.
2. El Banco de Espa�a colaborar� con los �rganos competentes de la Secretar�a de Estado de Hacienda con el fin de suministrar la informaci�n que se reciba a trav�s de su Servicio Central de Informaci�n de Riesgos, establecido en virtud del art�culo 16 del Decreto-Ley 18/1962, de Nacionalizaci�n y Reorganizaci�n del Banco de Espa�a, sobre endeudamiento de las Corporaciones Locales en la forma y con el alcance y periodicidad que se establezca.
3. Con independencia de lo anterior, los �rganos competentes de la Secretar�a de Estado de Hacienda podr�n requerir al Banco de Espa�a la obtenci�n de otros datos concretos relativos al endeudamiento de las Corporaciones Locales con entidades financieras declarantes al Servicio Central de Informaci�n de Riesgos en los t�rminos que se fijen reglamentariamente.
4. Igualmente, las Corporaciones Locales informar�n a los �rganos competentes de la Secretar�a de Estado de Hacienda sobre el resto de su endeudamiento y cargas financieras, en la forma y con el alcance, contenido y periodicidad, que reglamentariamente se establezca.�
Dos. Se da nueva redacci�n al segundo p�rrafo del n�mero 2 del art�culo 130 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, con el siguiente texto:
�Las operaciones a que se refiere el p�rrafo anterior deber�n quedar canceladas antes de finalizar cada ejercicio, no deber�n suponer carga financiera alguna para las diputaciones y no se computar�n a los efectos de los l�mites previstos en los art�culos 52, 53 y 54 de esta Ley.�
CAPITULO IIDe la organizaci�n y procedimiento
SECCION 1Adaptaci�n de los organismos aut�nomos y las dem�s entidades de derecho p�blico a la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y funcionamiento de la Administraci�n General del Estado
Adaptaci�n de Organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logos a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. Los Organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logos que a continuaci�n se relacionan, tienen la condici�n de Organismos aut�nomos de los previstos en el art�culo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, y est�n adscritos a los siguientes Departamentos:
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n: Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Fondo de Regulaci�n y Organizaci�n del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos, Fondo Espa�ol de Garant�a Agraria.
Ministerio de Defensa: Servicio Militar de Construcciones e Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas.
Ministerio de Educaci�n y Cultura: Instituto Nacional de las Artes Esc�nicas y de la M�sica.
Ministerio de Econom�a y Hacienda: Instituto de Turismo de Espa�a y Parque M�vil Ministerial.
Ministerio de Fomento: Centro de Estudios y Experimentaci�n de Obras P�blicas, Centro Nacional de Informaci�n Geogr�fica y Centro Espa�ol de Metrolog�a.
Ministerio del Interior: Trabajo y Prestaciones Penitenciarias.
Ministerio de Medio Ambiente: Parque de Maquinaria; Confederaciones Hidrogr�ficas del Duero, Ebro, Sur de Espa�a, Guadalquivir, Guadiana, J�car, Segura, Norte de Espa�a, Tajo; Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
Ministerio de la Presidencia: Bolet�n Oficial del Estado.
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales: Instituto de la Juventud.
Dos. Los citados Organismos se rigen por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, por su normativa de creaci�n en lo que no se oponga a la citada Ley; por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y dem�s disposiciones de aplicaci�n a los Organismos Aut�nomos de la Administraci�n General del Estado.
Tres. El r�gimen relativo al personal y patrimonio ser� el establecido en los art�culos 47 y 48 de la Ley 6/1997, y los recursos econ�micos de los Organismos citados podr�n provenir de cualquiera de las fuentes que se mencionan en el apartado 1 del art�culo 65 de dicha Ley, as� como de los ingresos derivados de sus operaciones.
No obstante, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas continuar� con el r�gimen patrimonial establecido en el art�culo 78 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Cuatro. El r�gimen de contrataci�n ser� el establecido en el art�culo 49 de la citada Ley 6/1997 y les ser� de aplicaci�n lo previsto para los Organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logo, en el art�culo 3.1.f) de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P�blicas.
Cinco. El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y control financiero ser� el establecido para los Organismos aut�nomos en la Ley General Presupuestaria y dem�s disposiciones vigentes sobre estas materias.
No obstante, en tanto se proceda a la modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, los Organismos aut�nomos citados se regir�n en las correspondientes materias, por los preceptos del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aplicables a los Organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logos.
Adaptaci�n de los Organismos P�blicos de Investigaci�n a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. Los Organismos P�blicos de Investigaci�n a que se refiere el art�culo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci�n General de la Investigaci�n Cient�fica y T�cnica, as� como el Instituto Nacional de Investigaci�n y Tecnolog�a Agraria y Alimentaria y el Instituto de Salud �Carlos III�, adoptar�n la configuraci�n de organismo aut�nomo, establecida en el art�culo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, con las siguientes peculiaridades:
a) El personal perteneciente a estos organismos seguir� teniendo la condici�n de funcionario o laboral en los mismos t�rminos que los establecidos para la Administraci�n General del Estado, si bien en los Estatutos respectivos se establecer�n, en el marco de la Ley 30/1984 y dem�s normativa de rango legal en materia de funci�n p�blica, las peculiaridades precisas en materia de acceso, adscripci�n de puestos, carrera, promoci�n y r�gimen de movilidad del personal. Podr�n contratar en r�gimen laboral el personal a que se refiere el art�culo 17 de la citada Ley 13/1986, de 14 de abril.
b) Sus recursos econ�micos podr�n provenir de cualquiera de los relacionados en el apartado 1 del art�culo 65 de la Ley 6/1997, as� como de los ingresos derivados de sus operaciones.
c) El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y control financiero ser� el establecido para los Organismos aut�nomos en la Ley General Presupuestaria y dem�s disposiciones vigentes sobre estas materias.
No obstante, en tanto se proceda a la modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, en la cual se tendr�n en cuenta las especialidades requeridas por las actividades de investigaci�n cient�fica y desarrollo tecnol�gico, los Organismos P�blicos de Investigaci�n se regir�n en las correspondientes materias, por los preceptos del texto refundido de la Ley General Presupuestaria aplicables a los organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logos, con las especificaciones contenidas en el art�culo 18 de la Ley 13/1986, de 14 de abril.
Dos. El Gobierno, a iniciativa de los Ministerios de adscripci�n respectivos y a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones P�blicas y de Econom�a y Hacienda, aprobar� los Estatutos de cada uno de los Organismos P�blicos de Investigaci�n en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de esta Ley.
Adaptaci�n de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial a la Ley 6/1997, de 14 de abril A la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, al Instituto Social de las Fuerzas Armadas y a la Mutualidad General Judicial les ser�n de aplicaci�n las previsiones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, relativas a los organismos aut�nomos salvo lo dispuesto en el p�rrafo siguiente.
El r�gimen econ�mico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, as� como el de intervenci�n y control financiero de las prestaciones y el r�gimen de los conciertos para la prestaci�n de los servicios de asistencia sanitaria y farmac�utica ser� el establecido por su legislaci�n espec�fica, por la Ley General Presupuestaria en las materias que sea de aplicaci�n y supletoriamente por la Ley de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
P�rrafo 2.� del art�culo 62 redactado por el art�culo 50 de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socisl (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2000 P�rrafo 1� y 2� del art�culo 62 derogados, en lo que se refiere al R�gimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por el apartado 1.L) de la Disposici�n Derogatoria Unica del R.D. Leg. 1/2000, 9 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (�B.O.E.� 14 junio).
Se autoriza al Gobierno para que, en el plazo de un a�o a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, proceda a la elaboraci�n de sendos Textos Refundidos que regularicen, aclaren y armonicen la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, la Ley 28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y el Real Decreto-ley 16/1978, de 7 de julio, por el que se regula el R�gimen Especial de Seguridad Social de los funcionarios de la Administraci�n de Justicia, y sus respectivas modificaciones posteriores, con las disposiciones que hayan incidido en el �mbito del Mutualismo Administrativo contenidas en normas con rango de Ley.T�ngase en cuenta que conforme establece la Disposici�n Adicional 2.� de la Ley 55/1999, 29 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 30 diciembre), se prorroga hasta el 30 de junio del a�o 2000 el plazo establecido en el presente art�culo.
Adaptaci�n del Consejo de Administraci�n del Patrimonio Nacional a la Ley 6/1997, de 14 de abril El Consejo de Administraci�n del Patrimonio Nacional se regir� por las disposiciones de la Ley 6/1997, de 14 de abril, aplicables a los organismos aut�nomos, sin perjuicio de las especialidades vigentes establecidas en la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, y en la Disposici�n adicional decimos�ptima de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Funci�n P�blica, en todo lo relativo al r�gimen jur�dico de sus bienes y derechos, a la Administraci�n de los Reales Patronatos y al r�gimen de contrataci�n y de personal.
Adaptaci�n del ente p�blico Aeropuertos Espa�oles y Navegaci�n A�rea a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. El ente p�blico Aeropuertos Espa�oles y Navegaci�n A�rea adoptar� la configuraci�n de Entidad P�blica Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997 y se regir� por las disposiciones de dicha Ley y lo dispuesto en este art�culo.
Dos. La gesti�n de sus bienes patrimoniales propios se realizar� de acuerdo con la legislaci�n espec�fica de Aeropuertos Espa�oles y Navegaci�n A�rea.
Tres. Los recursos econ�micos de la Entidad podr�n provenir de cualquiera de las fuentes mencionadas en el apartado 1 del art�culo 65 de la Ley 6/1997.
Cuatro. El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y control financiero ser� el previsto en su Ley de creaci�n hasta que la Ley General Presupuestaria determine el r�gimen aplicable en estas materias a las Entidades P�blicas Empresariales.
Adaptaci�n del Ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. A los efectos de lo previsto en la disposici�n transitoria tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, el Ente P�blico Gestor de Infraestructuras Ferroviarias adoptar� la configuraci�n de entidad p�blica empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997 y se regir� por las disposiciones de dicha Ley y lo dispuesto en este art�culo.
Dos. La entidad p�blica empresarial contar� con personal funcionario, conforme a lo establecido en su Ley de creaci�n y sus Estatutos, adem�s del personal laboral correspondiente.
Tres. La gesti�n de sus bienes patrimoniales propios se realizar� de acuerdo con la legislaci�n espec�fica del ente Gestor de Infraestructuras Ferroviarias.
Cuatro. La contrataci�n se regir� por la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas o por las normas de derecho privado, con las especificaciones contenidas en su Ley de creaci�n.
Cinco. Los recursos econ�micos de la entidad p�blica empresarial podr�n provenir de cualquiera de las fuentes mencionadas en el apartado 1 del art�culo 65 de la Ley 6/1997.
Seis. El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y control financiero ser� el previsto en su Ley de creaci�n, hasta que la Ley General Presupuestaria determine el r�gimen aplicable en estas materias a las entidades p�blicas empresariales.
Adaptaci�n de la Gerencia del Sector de la Construcci�n Naval a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. La Gerencia del Sector de la Construcci�n Naval adoptar� la configuraci�n de Entidad p�blica empresarial, de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado. La Gerencia queda adscrita al Ministerio de Industria y Energ�a a trav�s de la Secretar�a de Estado de Industria y Energ�a, y se regir� por la citada Ley 6/1997, lo dispuesto en este art�culo y las Leyes y disposiciones generales que le sean de aplicaci�n.
Dos. A los efectos de lo previsto en el art�culo 7.3.c) de la Ley 27/1984, de 26 de julio, sobre Reconversi�n y Reindustrializaci�n, en relaci�n con el apartado 2 de la Disposici�n transitoria tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, la Gerencia del Sector de la Construcci�n Naval tendr� las mismas bonificaciones de la cuota del Impuesto sobre Sociedades que las Sociedades de Reconversi�n.
Tres. El Gobierno, mediante Real Decreto, proceder� en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, a la aprobaci�n del Estatuto de la Gerencia del Sector de la Construcci�n Naval, en el que se contendr�n las especificaciones establecidas en el art�culo 62 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
Cuatro. Satisfechos totalmente sus fines, la Gerencia se extinguir� mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros a propuesta conjunta de los Ministros de Administraciones P�blicas y de Econom�a y Hacienda, y a iniciativa del Ministro de adscripci�n o, en todo caso, de acuerdo con el mismo.
Adaptaci�n de la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. El art�culo 29 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, queda redactado de la siguiente forma:
�Art�culo 29
Naturaleza y adscripci�n 1. La Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras es un organismo aut�nomo de la Administraci�n General del Estado de los previstos en la letra a) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado. Goza de personalidad jur�dica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones. Tiene patrimonio y tesorer�a propios.
2. La Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras est� vinculada a la Administraci�n General del Estado a trav�s del Ministerio de Econom�a y Hacienda, que ejercer� el control de eficacia de la Comisi�n mediante la Direcci�n General de Seguros, sin perjuicio de lo establecido en la Ley General Presupuestaria.�
Dos. El art�culo 30 de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenaci�n y Supervisi�n de los Seguros Privados, queda redactado de la siguiente forma:
�Art�culo 30
R�gimen jur�dico 1. La Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras se rige por las disposiciones espec�ficas sobre ella contenidas en la presente Ley, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, y disposiciones complementarias. En cuanto al ejercicio de su actividad liquidadora y de sus funciones en los procesos concursales se regir� por las reglas especiales sobre dichas materias contenidas en esta Ley, en su desarrollo reglamentario y por el ordenamiento jur�dico privado.
2. El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y de control financiero ser� el establecido para los organismos aut�nomos en la Ley General Presupuestaria, si bien los ingresos y gastos derivados del ejercicio de su actividad liquidadora y de sus funciones en los procesos concursales no se integrar�n en su presupuesto.
3. Quedar� sometida al r�gimen de la contabilidad p�blica de los Organismos aut�nomos, sin perjuicio de la adaptaci�n de su plan de contabilidad a sus funciones espec�ficas.
4. Le ser� de aplicaci�n el art�culo 52 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, en todo lo relativo a los actos y resoluciones propios del Organismo aut�nomo, pero estar� excluida de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n y dem�s normas de Derecho administrativo en todas sus actuaciones derivadas de sus funciones liquidadoras y concursales, que se someter�n al ordenamiento jur�dico privado y a la jurisdicci�n ordinaria, no siendo necesario, en estos casos, formular reclamaci�n previa para demandar judicialmente a la Comisi�n.
5. Su r�gimen de contrataci�n como Organismo aut�nomo estar� sujeto a lo establecido en el art�culo 49 de la Ley 6/1997, de 14 de abril. No obstante, en todo lo que se refiere a la contrataci�n de medios personales y materiales relacionados con el desempe�o de sus funciones liquidadoras y concursales no le ser� de aplicaci�n la Ley de Contratos de las Administraciones P�blicas, si bien �stas deber�n ajustarse a los principios de publicidad y concurrencia, salvo que la naturaleza de la operaci�n a realizar sea incompatible con estos principios.
6. El nombramiento de Presidente y de los vocales del Consejo de Administraci�n se regir� por lo establecido en el art�culo 32 de esta Ley. El resto del personal se regir� por lo establecido por el art�culo 47 de la Ley 6/1997, de 14 de abril.
7. No ser� de aplicaci�n el art�culo 48 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, en la adquisici�n, administraci�n, gravamen y enajenaci�n de los bienes muebles o inmuebles que le sean adjudicados en pago de sus cr�ditos en los planes de liquidaci�n aprobados o en los procedimientos concursales, bastando el mero acuerdo de su Consejo de Administraci�n. Dichos bienes y el eventual producto de su enajenaci�n tendr�n la consideraci�n de recursos propios con arreglo al art�culo 34.1.b) de esta Ley.
Los dem�s bienes propios de la Comisi�n se incorporar�n al Patrimonio del Estado cuando resulten innecesarios. La declaraci�n de innecesariedad ser� hecha por el Consejo de Administraci�n de la Comisi�n y aprobada por la Direcci�n General de Seguros.
Los bienes del Patrimonio del Estado que pudieran adscribirse a la Comisi�n conservar�n su calificaci�n jur�dica originaria.
La Comisi�n formar� y mantendr� actualizado su inventario de bienes y derechos propios y adscritos, salvo los de car�cter fungible, que ser� aprobado por el Consejo de Administraci�n. El inventario de bienes inmuebles as� como sus rectificaciones con referencia al 31 de diciembre de cada a�o se remitir�n al Ministerio de Econom�a y Hacienda.�
Tres. El personal laboral al servicio de la Comisi�n Liquidadora de Entidades Aseguradoras que, a la entrada en vigor de la presente Ley, est� ocupando puestos de trabajo que en la correspondiente relaci�n se clasifiquen como propios de funcionarios, mantendr� su situaci�n contractual, en r�gimen de a extinguir, sin menoscabo de sus expectativas de formaci�n profesional.
Adaptaci�n del Consejo de la Juventud de Espa�a a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. El Consejo de la Juventud de Espa�a se regir� por su normativa espec�fica, contenida en la Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creaci�n del Organismo Aut�nomo Consejo de la Juventud de Espa�a, en cuanto a fines y funciones, constituci�n y funcionamiento de sus �rganos de representaci�n y dem�s aspectos precisos para hacer plenamente efectiva su especial autonom�a respecto de la Administraci�n General del Estado, de acuerdo con lo establecido en la Disposici�n adicional d�cima, apartado 2, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
Dos. En cuanto al r�gimen de personal, bienes, contrataci�n y presupuestaci�n, al Consejo de la Juventud de Espa�a le ser� aplicable el r�gimen jur�dico de los Organismos Aut�nomos establecido en la citada Ley 6/1997.
A partir de: 1 enero 2004 P�rrafo 2.� del n�mero dos del art�culo 68 introducido por el art�culo 75 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).
A partir de: 1 enero 2004 P�rrafo 3.� del n�mero dos del art�culo 68 introducido por el art�culo 75 de la Ley 62/2003, 30 diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 31 diciembre).
Tres. El personal laboral al servicio del Consejo de la Juventud de Espa�a, que, a la entrada en vigor de la presente Ley, est� ocupando puestos de trabajo que en la correspondiente relaci�n se clasifiquen como propios de funcionarios, mantendr� su situaci�n contractual, en r�gimen de a extinguir, sin menoscabo de sus expectativas de formaci�n profesional.
Modificaci�n de la Disposici�n adicional d�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado El apartado 1 de la Disposici�n Adicional D�cima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, queda redactado de la siguiente forma:
�1. La Comisi�n Nacional del Mercado de Valores, el Consejo de Seguridad Nuclear, el Ente P�blico RTVE, las Universidades no transferidas, la Agencia de
Protecci�n de Datos, el Instituto Espa�ol de Comercio Exterior (ICEX), el Consorcio de la Zona Especial Canaria, la Comisi�n Nacional de Energ�a y la Comisi�n del Mercado de las Telecomunicaciones se regir�n por su legislaci�n espec�fica y supletoriamente por esta Ley.
El Gobierno y la Administraci�n General del Estado ejercer�n respecto de tales Organismos las facultades que la normativa de cada uno de ellos les asigne, en su caso, con estricto respeto a sus correspondientes �mbitos de autonom�a.�
Adaptaci�n del Organismo Nacional de Loter�as y Apuestas del Estado a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. El Organismo Nacional de Loter�as y Apuestas del Estado (ONLAE) es una entidad p�blica empresarial, adscrita al Ministerio de Econom�a y Hacienda, a trav�s de la Subsecretar�a, que se rige por las Leyes y disposiciones generales que le sean de aplicaci�n y por lo dispuesto en el cap�tulo III del T�tulo III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado.
Dos. El r�gimen presupuestario, econ�mico-financiero, de contabilidad, intervenci�n y control del ONLAE ser� el establecido en la Ley General Presupuestaria y dem�s disposiciones vigentes sobre estas materias. En tanto se proceda a la modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el ONLAE se regir� por los preceptos de dicho texto aplicables a los Organismos Aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logo.
Tres. El r�gimen de contrataci�n del ONLAE, se regir� por lo dispuesto en la legislaci�n de Contratos de las Administraciones P�blicas.
Se except�an de lo dispuesto en el p�rrafo anterior los contratos directamente relacionados con la actividad industrial del ONLAE; los de suministro de boletos de juegos y billetes de Loter�a Nacional que por Ley se adjudican a la F�brica Nacional de Moneda y Timbre; y los contratos de servicios con sociedades mercantiles en las que participa mayoritariamente, siempre que el adjudicatario cumpla una funci�n econ�mica relacionada directamente con la actividad del Organismo.
Cuatro. El personal del ONLAE se mantendr� con el car�cter de personal laboral o funcionario, que en la actualidad ostenta.
Cinco. Por Real Decreto a propuesta del Ministerio de Econom�a y Hacienda, que respetar� los derechos adquiridos, se proceder� a elaborar una nueva Instrucci�n General de Loter�as y Juegos del Estado que establecer� la configuraci�n de los juegos de competencia estatal; la regulaci�n de la distribuci�n de la red comercial; y la regulaci�n normativa sobre la selecci�n, clasificaci�n, funcionamiento, traslado, transmisi�n y suspensi�n de los puntos de venta. Asimismo establecer� que la titularidad de un punto de venta constituye a su titular, durante el tiempo que expresamente se determine, en una situaci�n reglamentaria de car�cter concesional que le faculte u obligue a la gesti�n comercial de todos o algunos de los juegos del Estado; y los supuestos en los que el ONLAE, respetando los derechos adquiridos, pueda revocar la titularidad de un punto de venta, previa audiencia del interesado, cuando de forma reiterada no se alcance el volumen anual de ventas durante el periodo que se determine, en funci�n de las ventas medias por habitante, zona y a�o teni�ndose en cuenta el juego de que se trate y el censo de poblaci�n o zona donde est� ubicado el punto de venta.
A partir de: 1 enero 2010 Apartado cinco del art�culo 70 derogado por el n�mero dos de la disposici�n adicional trig�sima cuarta de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el a�o 2010 (�B.O.E.� 24 diciembre).
Seis. La asistencia jur�dica del Organismo Nacional de Loter�as y Apuestas del Estado corresponder� al Servicio Jur�dico del Estado.
Adaptaci�n del Organismo aut�nomo Gerencia de Infraestructura de la Defensa a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno El organismo aut�nomo administrativo Gerencia de Infraestructura de la Defensa que, a partir de la entrada en vigor de esta Ley, pasar� a denominarse Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, es un Organismo aut�nomo de los previstos en el art�culo 43.1.a) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, por la que se regir� en todo lo no previsto en la presente Ley.
El organismo aut�nomo tiene personalidad jur�dica propia e independiente de la del Estado, plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus funciones, y patrimonio propio. Depender� del Ministerio de Defensa y su duraci�n ser� ilimitada.
Dos. Son funciones de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa las siguientes:
a) La administraci�n y disposici�n de su patrimonio propio.
b) La adquisici�n de infraestructura, armamento y material para su uso por las Fuerzas Armadas.
c) La enajenaci�n de los bienes muebles e inmuebles que sean puestos a su disposici�n por el Ministerio de Defensa para su administraci�n y disposici�n a t�tulo oneroso.
d) Desarrollar las directrices de Defensa en materia de patrimonio contribuyendo a la elaboraci�n y realizaci�n de los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas. Asimismo podr� proponer modificaciones a los planes urban�sticos colaborando con los Ayuntamientos en la planificaci�n urban�stica, para que los mismos se coordinen con los planes de infraestructura de las Fuerzas Armadas.
A partir de: 1 julio 2007 Letra e) del n�mero dos del art�culo 71 introducida por el n�mero 4 de la disposici�n adicional cuarta de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo (�B.O.E.� 29 mayo).
Tres. La Gerencia, de acuerdo con el procedimiento que se determine reglamentariamente, podr� remitir fondos al Estado para atender necesidades operativas de las Fuerzas Armadas, mediante la oportuna generaci�n de cr�dito en el presupuesto del Ministerio de Defensa.
Cuatro. Son �rganos de gobierno del Organismo aut�nomo el Consejo Rector y el Presidente:
a) El Consejo Rector es el �rgano colegiado superior de direcci�n. Estar� formado por el Presidente y un m�nimo de cinco Consejeros. Ser�n vocales natos el Director General de Asuntos Econ�micos, el Director General de Armamento y Material y el Director General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, el Director General de Patrimonio del Estado y el Director General de Presupuestos del Ministerio de Econom�a y Hacienda. El resto de vocales hasta un m�ximo de diez ser�n nombrados y cesados por el Ministro de Defensa.
b) El Presidente ser� el Secretario de Estado de Defensa y le corresponder� ostentar la representaci�n legal, presidir el Consejo Rector y ejercer la direcci�n del Organismo aut�nomo, as� como el ejercicio de las facultades que en materia de personal le asigne la legislaci�n espec�fica. Corresponder� al Presidente del Organismo aut�nomo la provisi�n de los puestos de trabajo del mismo. Todo ello sin perjuicio del r�gimen de desconcentraci�n y delegaci�n de competencias que se establezca en los Estatutos.
Cinco. Los contratos y acuerdos relativos a la administraci�n y disposici�n a t�tulo oneroso de los bienes que hayan sido puestos a su disposici�n por el Ministerio de Defensa, se regir�n por lo dispuesto en los p�rrafos siguientes, y en su defecto, por las previsiones contenidas en la Ley de Patrimonio del Estado.
Los convenios o contratos relativos a los citados bienes que realice el Organismo aut�nomo quedan sometidos al principio de libertad de pactos siempre que no sean contrarios a derecho, al inter�s p�blico, o a los principios de buena administraci�n. En los mismos podr�n incluirse cl�usulas y estipulaciones que permitan la participaci�n del Organismo aut�nomo en los aumentos de valor conseguidos por los compradores o los cesionarios de dichos recursos y, especialmente, en las plusval�as que se generen como consecuencia de la acci�n urban�stica.
El Ministro de Defensa ostenta la facultad para la declaraci�n de desafectaci�n y de alienabilidad de todos los bienes afectados al Ministerio de Defensa.
El procedimiento habitual de enajenaci�n ser� el de p�blica subasta. No obstante, se faculta al Ministro de Defensa, que podr� delegar en el Consejo Rector o en el Presidente del Organismo aut�nomo, para enajenar directamente los bienes, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos del Organismo aut�nomo. En estos casos deber�n ser aprobadas por el Consejo de Ministros las operaciones correspondientes cuando el valor de los bienes exceda la cuant�a determinada en el art�culo 63 de la Ley de Patrimonio del Estado.
Seis. Los bienes inmuebles afectados al Ministerio de Defensa, declarada su innecesariedad y disponibilidad, ser�n desafectados por el Ministro de Defensa, y puestos a disposici�n del Organismo aut�nomo, que proceder� a la depuraci�n f�sica y jur�dica de los inmuebles que pretende enajenar, ejerciendo las facultades de investigaci�n, deslinde y regularizaci�n registral, conforme a lo dispuesto en la Ley del Patrimonio del Estado y dem�s normas que sean aplicables, siendo competente para dictar las correspondientes resoluciones que agotar�n la v�a administrativa. Dicha competencia se extender� tambi�n a cuantas actuaciones se promuevan de oficio o a instancia de los interesados en raz�n de los derechos que pudieran derivarse de la desafectaci�n del fin para el que los bienes hubieran sido, en su d�a, expropiados o donados.
La referida puesta a disposici�n no perjudicar� los posibles derechos de terceros sobre dichos bienes, que ser�n ejercidos ante el Organismo aut�nomo, el cual quedar� subrogado a todos los efectos en los derechos y obligaciones que correspond�an al Estado.
La enajenaci�n de estos bienes inmuebles por el organismo aut�nomo ser� comunicada previamente al Ministerio de Hacienda, que podr� decidir afectarlos a cualquier otro servicio de la Administraci�n del Estado o de sus organismos p�blicos, previa compensaci�n presupuestaria a favor del Organismo aut�nomo, por el valor de la tasaci�n del bien. Cuando la enajenaci�n se refiera a bienes muebles se acordar� directamente la entrega y recepci�n de dichos bienes entre el organismo aut�nomo y el Departamento ministerial u organismo p�blico interesado, previa la indicada compensaci�n presupuestaria a favor de aqu�l.
P�rrafo 3.� del n�mero 6 del art�culo 71 redactado por el art�culo 54 de la Ley 14/2000, 29 diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social (�B.O.E.� 30 diciembre).Vigencia: 1 enero 2001 A partir de: 1 enero 2003 P�rrafo 4.� del n�mero seis del art�culo 71 introducido por el art�culo 79 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).
Siete. Los recursos del organismo aut�nomo estar�n integrados por:
c) Los bienes muebles e inmuebles adscritos por el Ministerio de Defensa, incluyendo aqu�llos puestos a su disposici�n.
d) Los ingresos ordinarios y extraordinarios obtenidos en el ejercicio de sus actividades.
e) Las subvenciones que en su caso pudieran incluirse en los Presupuestos Generales del Estado destinados al Organismo aut�nomo.
f) Las subvenciones, transferencias, donaciones, legados y otras aportaciones que se concedan a su favor procedentes de fondos espec�ficos de la Uni�n Europea, de la Organizaci�n del Tratado del Atl�ntico Norte, de la Uni�n Europea Occidental, y de otras Agencias y Administraciones p�blicas nacionales e internacionales, de Entes p�blicos, as� como de particulares.
g) Cualquier otro recurso no previsto en los apartados anteriores que pueda corresponderle por Ley, convenio, donaci�n o cualquier otro procedimiento legalmente establecido.
Ocho. El personal que presta actualmente sus servicios en la Gerencia de Infraestructura de la Defensa continuar�, con los mismos derechos y obligaciones, en el nuevo Organismo aut�nomo, en tanto se proceda a la aprobaci�n del nuevo cat�logo y relaci�n de puestos de trabajo. El personal militar destinado en el Organismo aut�nomo gozar� de los mismos derechos y obligaciones que el resto del personal destinado en el Ministerio de Defensa.
Nueve. En el plazo de tres meses se proceder� a la publicaci�n de los Estatutos del Organismo aut�nomo y del nuevo cat�logo y relaci�n de puestos de trabajo del Organismo aut�nomo.
Diez. La Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa se subroga en los derechos y obligaciones, contratos y convenios contra�dos por la Gerencia de Infraestructura de la Defensa.
Once. Se autoriza al Consejo de Ministros y al Ministro de Defensa para que en el �mbito de sus respectivas competencias dicten las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecuci�n de lo dispuesto en el presente art�culo.
Adaptaci�n del Centro para el Desarrollo Tecnol�gico Industrial y del Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. Las entidades de Derecho p�blico Centro para el Desarrollo Tecnol�gico Industrial (CDTI) e Instituto para la Diversificaci�n y Ahorro de la Energ�a (IDAE) adoptar�n la configuraci�n de Entidad P�blica Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, y se regir�n por la citada Ley y por las restantes Leyes y disposiciones generales que les sean de aplicaci�n.
Dos. Ello no obstante, la contrataci�n de estas Entidades P�blicas Empresariales se ajustar� a los principios de publicidad y concurrencia, desarroll�ndose en r�gimen de derecho privado, sin que les sea de aplicaci�n lo establecido en la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones P�blicas, salvo en los contratos a los que se refiere el art�culo 2 de la misma, a los que les ser�n de aplicaci�n las prescripciones de la Ley contenidas en dicho precepto.
Adaptaci�n del Instituto de Astrof�sica de Canarias a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. El Instituto de Astrof�sica de Canarias se regir� por las disposiciones contenidas en el Real Decreto-Ley 7/1982, de 30 de abril, modificado por la Disposici�n Adicional Und�cima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci�n General de la Investigaci�n Cient�fica y T�cnica.
Dos. En tanto no se proceda a la modificaci�n del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, el Instituto de Astrof�sica de Canarias se regir� en las correspondientes materias por los preceptos del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria aplicables a los organismos aut�nomos de car�cter comercial, industrial, financiero o an�logos.
Adaptaci�n de la Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles (RENFE) y Ferrocarriles de V�a Estrecha (FEVE) a la Ley 6/1997, de 14 de abril Uno. Las entidades de derecho p�blico Red Nacional de los Ferrocarriles Espa�oles (RENFE) y Ferrocarriles de V�a Estrecha (FEVE) adoptar�n la configuraci�n de Entidad P�blica Empresarial de las previstas en la letra b) del apartado 1 del art�culo 43 de la Ley 6/1997.
Dos. Sus recursos econ�micos podr�n provenir de cualquiera de los relacionados en el apartado 1 del art�culo 65 de la citada Ley 6/1997.
Tres. El r�gimen patrimonial de RENFE y FEVE ser� el establecido en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenaci�n de los Transportes Terrestres, y en los Estatutos de las respectivas Entidades.
SECCION 2Otras normas de organizaci�n
Medidas de modificaci�n y adaptaci�n del r�gimen jur�dico de la F�brica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) Con car�cter extraordinario y a fin de acomodar las posibilidades de actuaci�n de la F�brica Nacional de Moneda y Timbre a las exigencias derivadas de la introduci�n del Euro y los procesos conexos con la misma, se establecen las siguientes medidas, cuya vigencia ser� considerada tras la plena implantaci�n de la moneda �nica:
a) La F�brica Nacional de Moneda y Timbre proceder� a la elaboraci�n de programas anuales, prorrogables en ejercicios posteriores, con objeto de adaptar la organizaci�n y funcionamiento de la Entidad, en su aspecto industrial, econ�mico y financiero, a las necesidades derivadas de la implantaci�n de medidas legales y administrativas relacionadas con la Uni�n Econ�mica y Monetaria, sin perjuicio de la normativa que fuere de aplicaci�n a la FNMT, de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
b) La F�brica Nacional de Moneda y Timbre podr� crear sociedades mercantiles o participar en el capital de entidades que adopten dicha forma cuando ello sea imprescindible para la consecuci�n de los fines que tiene asignados. La titularidad de los derechos y el ejercicio de las facultades que confiere la creaci�n o participaci�n en este tipo de entidades corresponder� a la F�brica Nacional de Moneda y Timbre, que la ejercer� a trav�s de sus �rganos de gobierno y administraci�n, siendo de aplicaci�n, a esos efectos, lo dispuesto en la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado y, en su caso, las previsiones establecidas en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre.
Modificaci�n de los art�culos 7 y 12 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci�n General de la Investigaci�n Cient�fica y T�cnica Se modifican los siguientes art�culos de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinaci�n General de la Investigaci�n Cient�fica y T�cnica:
Uno. El art�culo 7.2 queda redactado de la siguiente forma:
�2. Asimismo, el Gobierno nombrar�, de entre los miembros de la Comisi�n Interministerial, una Comisi�n Permanente, cuyas funciones ser�n establecidas por aqu�lla.
La Oficina de Ciencia y Tecnolog�a, como �rgano de apoyo de la Comisi�n Interministerial de Ciencia y Tecnolog�a, ser� la encargada de asistir a la Comisi�n Permanente, para lo que dispondr� de la estructura org�nica, personal y medios necesarios, sin perjuicio de las funciones de asistencia que correspondan a otros �rganos.
La Secretar�a de Estado de Universidades, Investigaci�n y Desarrollo y la Oficina de Ciencia y Tecnolog�a, previa autorizaci�n del organismo correspondiente, podr� adscribir temporalmente a tiempo completo o parcial personal cient�fico, expertos en desarrollo tecnol�gico y otros especialistas relacionados con actividades de I+D, que presten servicios en Departamentos ministeriales, Comunidades Aut�nomas, Universidades, organismos p�blicos de investigaci�n y entidades p�blicas o privadas. La adscripci�n se producir� con reserva de puesto de trabajo, excepto en el caso de que el personal prestara servicios en entidades privadas. De las adscripciones efectuadas deber�n informar ambos �rganos a la Comisi�n Permanente en la primera reuni�n que �sta celebre.
Los departamentos ministeriales, organismos y �rganos de titularidad estatal tambi�n podr�n adscribir para colaborar en la elaboraci�n, evaluaci�n, seguimiento y gesti�n de los Programas que la Comisi�n Interministerial les encomiende, personal cient�fico, expertos en desarrollo tecnol�gico y otros especialistas relacionados con actividades de I+D en las mismas condiciones que los �rganos citados en el p�rrafo anterior y previa autorizaci�n expresa de la Comisi�n Interministerial de Ciencia y Tecnolog�a.
La adscripci�n a tiempo parcial del personal mencionado anteriormente ser� compatible con el desempe�o, igualmente en r�gimen de prestaci�n a tiempo parcial, del puesto de trabajo que vinieran ocupando.
Tambi�n podr�n contratar, por tiempo no superior a la duraci�n del Programa, a cualquier tipo de personal no adscrito al sector p�blico, conforme a lo establecido en el art�culo 15.1, p�rrafo a), del Estatuto de los Trabajadores. La Comisi�n podr� solicitar el asesoramiento de los �rganos de planificaci�n, coordinaci�n y seguimiento de investigaci�n de las Administraciones P�blicas.�
Dos. El art�culo 12.1 queda redactado como sigue:
�1. Con el fin de promover la coordinaci�n general de la investigaci�n cient�fica y t�cnica, se crea el Consejo General de la Ciencia y Tecnolog�a que, presidido por el Presidente de la Comisi�n Interministerial de Ciencia y Tecnolog�a o por el Ministro miembro de la misma en quien delegue, estar� integrado por un representante de cada Comunidad Aut�noma, con categor�a de Consejero, y por los miembros de la Comisi�n Interministerial de Ciencia y Tecnolog�a que designe su Presidente en n�mero no superior a aqu�llos.�
Ampliaci�n de competencias de la Agencia Espa�ola del Medicamento El Gobierno, mediante Real Decreto, a iniciativa de los Ministros de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n y de Sanidad y Consumo, y a propuesta de los Ministros de Administraciones P�blicas y de Econom�a y Hacienda, proceder� a reestructurar las competencias, organizaci�n y funciones de la Administraci�n General del Estado en materia de medicamentos veterinarios, de acuerdo con las siguientes directrices:
Uno. Se descentralizar�n en la Agencia Espa�ola del Medicamento las siguientes competencias y funciones:
a) Las atribuidas al Ministerio de Sanidad y Consumo y al Instituto de Salud Carlos III en materia de medicamentos veterinarios, que pasar�n a ser desarrolladas por los �rganos de la Agencia que reglamentariamente se determinen.
b) Las relativas a la evaluaci�n, autorizaci�n y registro de medicamentos de uso veterinario atribuidas a la Direcci�n General de Ganader�a del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n por el art�culo 7 del Real Decreto 1490/1998, de 10 de julio, por el que se aprueba la estructura org�nica del citado Departamento.
Dos. La Agencia Espa�ola del Medicamento contar� con un Consejo presidido por el Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Consumo con la composici�n y funciones que se establezcan en sus Estatutos.
El Subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n ser� Vicepresidente del Consejo, con las funciones que le atribuyan los Estatutos de la Agencia Espa�ola del Medicamento. En todo caso, corresponder� al Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de vacante, ausencia o enfermedad y velar por la consecuci�n de los objetivos de la Agencia en materia de medicamentos veterinarios.
Tres. Las funciones de la Agencia en materia de medicamentos veterinarios ser�n ejercidas, en todo caso, por �rganos o unidades diferenciados y de nivel administrativo equivalente a los que tengan atribuidas las competencias sobre medicamentos de uso humano, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos.
Cuatro. El Director de la Agencia Espa�ola del Medicamento ser� nombrado por Orden del Ministro de Sanidad y Consumo de acuerdo con el de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n.
Cinco. Las tasas devengadas por la prestaci�n de servicios relativos a la evaluaci�n, autorizaci�n y registro de los medicamentos veterinarios gestionadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n quedan adscritas como ingresos a la Agencia Espa�ola del Medicamento y ser�n gestionadas en la forma y con el r�gimen presupuestario que reglamentariamente se determine.
Seis. La Agencia Espa�ola del Medicamento asumir� los medios humanos, financieros y materiales adscritos a la Direcci�n General de Ganader�a del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n que sean necesarios para el ejercicio de las funciones que se le atribuyan de acuerdo con lo dispuesto en el art�culo 97 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social y con lo que se establezca en los Estatutos de la Agencia.
Siete. El r�gimen de funcionamiento, financiero y presupuestario de la Agencia Espa�ola del Medicamento se desarrollar� de acuerdo con sus Estatutos y respetar� el necesario equilibrio para que la gesti�n de ambos tipos de medicamentos resulte adecuada para el cumplimiento de los fines y objetivos propuestos. En todo caso, la Agencia actuar� bajo las directrices del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n en lo que se relacione con el medicamento veterinario.
Ampliaci�n de los fines del Instituto de Investigaci�n y Tecnolog�a Agraria y Alimentaria Se incluye entre los fines del Instituto de Investigaci�n y Tecnolog�a Agraria y Alimentaria (INIA) el siguiente:
Ejercer las competencias estatales en materia de semillas y plantas de vivero relativas a los registros de variedades comerciales y de variedades protegidas.
Agencia Estatal de Administraci�n Tributaria La letra b) del apartado cinco del art�culo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, quedar� redactada en los siguientes t�rminos:
�b) Un porcentaje de la recaudaci�n que se derive de los actos de liquidaci�n y de gesti�n recaudatoria o de otros actos administrativos acordados o dictados por la Agencia en el �mbito de la gesti�n tributaria que tiene encomendada.La base de c�lculo de este porcentaje estar� constituida por la recaudaci�n bruta de estos ingresos tributarios incluidos en los Cap�tulos I y II del Presupuesto de Ingresos del Estado, con la excepci�n de los que deriven de liquidaciones practicadas por los Servicios Aduaneros que no sean consecuencia de actas de inspecci�n o de liquidaciones complementarias que resulten de la modificaci�n de los datos contenidos en las declaraciones tributarias presentadas por los interesados, sea por comprobaciones documentales o por reconocimiento f�sico de las mercanc�as a que se refieren dichas declaraciones, as� como los incluidos en el Cap�tulo III cuya gesti�n realice la Agencia.
El porcentaje ser� fijado en cada a�o en la Ley anual de Presupuestos.
Los mayores ingresos producidos por este concepto con respecto a las previsiones iniciales incrementar�n de forma autom�tica los cr�ditos del presupuesto de gastos de la Agencia, por el procedimiento establecido en el apartado seis.2 de esta disposici�n.�
Medidas de modificaci�n y adaptaci�n del r�gimen jur�dico de los Consorcios de la Zona Franca constituidos con arreglo al Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de Bases de Puertos, Zonas y Dep�sitos Francos 1. A los Consorcios de la Zona Franca constituidos con arreglo al Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, les ser� de aplicaci�n la disposici�n adicional d�cima, apartados 1 y 3, de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado. Estos Consorcios realizar�n principalmente la gesti�n de la Zona Franca as� como actividades de fomento propias de las Administraciones territoriales que los integran. El r�gimen fiscal que corresponde a estos Consorcios es el de las Administraciones p�blicas territoriales que en ellos participan.
2. Se autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto Legislativo, a propuesta del Ministerio de Econom�a y Hacienda, proceda en el plazo de un a�o a adecuar la normativa del recurso previsto en el p�rrafo tercero de la base 9.� del Real Decreto-ley de 11 de junio de 1929, de Bases de Puertos, Zonas y Dep�sitos Francos, y en el art�culo 131 del Real Decreto de 22 de julio de 1930, aprobando el Reglamento en que se desarrollan las bases del Real Decreto-ley citado, al sistema tributario vigente, adapt�ndola a las necesidades de financiaci�n de los Consorcios de las zonas francas, refundiendo la citada normativa, reguladora de dicho recurso, con los preceptos tributarios relacionados con la misma, contenidos tanto en las Leyes Generales Tributaria y General Presupuestaria, como en la Ley reguladora del Impuesto sobre Sociedades, incluy�ndose en la presente delegaci�n legislativa la autorizaci�n para regularizar, aclarar y armonizar los textos legales a refundir. Hasta tanto dicha adecuaci�n se lleve a cabo, mantendr�n la recaudaci�n del recurso citado, los Consorcios que actualmente la tengan atribuida. El Gobierno dar� cuenta al Congreso de los Diputados y al Senado del uso de la delegaci�n legislativa autorizada en este apartado.
SECCION 3Otras normas de procedimiento
Modificaci�n de los art�culos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado Se modifican los art�culos 12 y 13 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, en los siguientes t�rminos:
Uno. El p�rrafo i) del apartado 2 del art�culo 12 quedar� redactado como sigue:
�i) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, as� como plantear los que procedan con otros Ministerios.�
Dos. La r�brica del art�culo 13 pasar� a ser la siguiente: �Otras competencias de los Ministros� .
Tres. El apartado 11 del art�culo 13 quedar� redactado como sigue:
�11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.�
Cuatro. El actual apartado 11 del art�culo 13 pasa a ser apartado 12 de ese mismo art�culo.
Recursos frente a actos de Organismos P�blicos Uno. De conformidad con las previsiones del apartado 3 de la disposici�n adicional decimoquinta de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organizaci�n y Funcionamiento de la Administraci�n General del Estado, los actos y resoluciones de los m�ximos �rganos unipersonales o colegiados de los Organismos p�blicos que a continuaci�n se relacionan no ponen fin a la v�a administrativa, pudiendo interponerse contra los mismos el correspondiente recurso ordinario ante el Ministro respectivo:
1. Del Ministerio de Justicia:
a) El Centro de Estudios Jur�dicos de la Administraci�n de Justicia.
b) La Mutualidad General Judicial.
2. Del Ministerio de Defensa:
a) El Canal de Experiencias Hidrodin�micas del Pardo.
b) El Instituto Social de las Fuerzas Armadas.
c) El Servicio Militar de Construcciones.
d) El Fondo de Explotaci�n de Servicios de Cr�a Caballar y Remonta.
3. Del Ministerio de Econom�a y Hacienda:
a) El Organismo Nacional de Loter�as y Apuestas del Estado.
b) El Instituto de Contabilidad y Auditor�a de Cuentas.
c) Respecto de los actos dictados por la Comisi�n Nacional del Mercado de Valores y por el Banco de Espa�a, cabr� recurso ordinario ante el Ministro de Econom�a y Hacienda de conformidad con lo dispuesto en su legislaci�n espec�fica.
d) El Organismo Aut�nomo Comisionado para el Mercado de Tabacos.
4. Del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales:
a) El Instituto Nacional de Empleo (INEM).
b) El Fondo de Garant�a Salarial (FOGASA).
5. Del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci�n:
a) La Agencia para el Aceite de Oliva.
b) La Entidad Estatal de Seguros Agrarios.
c) El Fondo de Regulaci�n y Organizaci�n del Mercado de Productos de la Pesca y Cultivos Marinos.
Letra d) del n�mero 1.5 del art�culo 82 derogada por el n�mero 1 de la Disposici�n Derogatoria �nica de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002 e) ...
Letra e) del n�mero 1.5 del art�culo 82 derogada por el n�mero 1 de la Disposici�n Derogatoria �nica de la Ley 24/2001, 27 diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (�B.O.E.� 31 diciembre).Vigencia: 1 enero 2002 e) (sic) El Fondo Espa�ol de Garant�a Agraria.
6. Del Ministerio de la Presidencia:El Consejo de Administraci�n del Patrimonio Nacional
Apartado 7 del n�mero 1 del art�culo 82 derogado por el apartado a).6 de la Disposici�n Derogatoria �nica del R.D. Leg. 4/2000, 23 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado (�B.O.E.� 28 junio).Vigencia: 29 junio 2000 8. Del Ministerio de Fomento:
Los administradores de infraestructuras ferroviarias, por lo que respecta a las decisiones relativas a la adjudicaci�n de franjas o surcos de infraestructuras.
Dos. Se except�an de lo dispuesto en el apartado anterior, y en todo caso pondr�n fin a la v�a administrativa, las resoluciones a que se refieren los apartados a) y b) del art�culo 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R�gimen Jur�dico de las Administraciones P�blicas y del Procedimiento Administrativo Com�n, y los dictados en materia de personal por los m�ximos �rganos unipersonales o colegiados de los Organismos P�blicos.
Art�culo 82 derogado, en lo que se refiere al R�gimen Especial de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, por el apartado 1.L) de la Disposici�n Derogatoria Unica del R.D. Leg. 1/2000, 9 junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (�B.O.E.� 14 junio).
Modificaci�n de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes Uno. Se a�ade una Disposici�n adicional segunda a la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, con el siguiente contenido:
�Disposici�n adicional segunda
1. Los plazos m�ximos de resoluci�n de los procedimientos que se enumeran en la presente disposici�n se computar�n desde la fecha de recepci�n en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y ser�n los siguientes:
A) Concesi�n de patentes y adiciones: si se tramitan por el procedimiento general de concesi�n, el que resulte de a�adir catorce meses al per�odo transcurrido desde la fecha de recepci�n de la solicitud hasta la publicaci�n de la misma en el �Bolet�n Oficial de la Propiedad Industrial�, y si se tramitan por el procedimiento de concesi�n con examen previo el que resulte de a�adir veinticuatro meses al citado per�odo.
B) Concesi�n de modelos de utilidad y modelos y dibujos industriales y art�sticos: doce meses si la solicitud no sufre ning�n suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
C) Concesi�n de topograf�as de productos semiconductores: doce meses.
D) Concesi�n de certificado complementario de protecci�n de medicamentos y productos fitosanitarios: doce meses si la solicitud no sufre ning�n suspenso y veinte meses si concurriera esta circunstancia.
E) Renovaci�n de modelos o dibujos industriales y art�sticos: ocho meses si no se produjera ning�n suspenso y doce meses en caso contrario.
F) Concesi�n de licencias obligatorias y de pleno derecho: ocho meses.
G) Inscripci�n de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos: seis meses si no concurriera ning�n suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
H) Rehabilitaci�n de patentes y modelos de utilidad: seis meses.
2. En los supuestos de cambio de modalidad, el plazo m�ximo de resoluci�n empezar� a computarse a partir de la fecha de presentaci�n de la nueva documentaci�n.
3. Cuando se interrumpa el procedimiento en virtud de lo establecido en el apartado 3 del art�culo 36 de esta Ley, tambi�n quedar� interrumpido el plazo de resoluci�n hasta que se reciba la petici�n de examen o, en su defecto, seg�n lo dispuesto en dicha norma, proceda la reanudaci�n del procedimiento.�
Dos. El contenido de la actual Disposici�n Adicional Unica de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, pasa a ser Disposici�n Adicional Primera.
Modificaci�n de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas Uno. Se modifica la r�brica del T�tulo IX de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que queda redactado como sigue:
�TITULO IX Transformaci�n de marcas comunitarias y de registros internacionales
Dos. Se a�ade un nuevo art�culo 88 a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el siguiente contenido:
�Art�culo 88
El peticionario de la transformaci�n de un registro internacional cancelado en virtud del art�culo 6.4 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, de 27 de junio de 1989, deber� presentar, en el plazo de tres meses desde su cancelaci�n, una solicitud de registro nacional para cada clase de productos o servicios comprendidos en el registro internacional que se incluya en la solicitud de transformaci�n, conforme a lo dispuesto en los art�culos 16 y 19 de esta Ley. La solicitud de transformaci�n se tramitar� como una solicitud de marca nacional. No obstante, si la solicitud de transformaci�n se refiere a una marca internacional ya concedida en Espa�a, se acordar� sin m�s tr�mite su concesi�n como marca nacional, aplic�ndose las disposiciones del art�culo 29 de la presente Ley para cada clase de productos o servicios a que se refiera la concesi�n.�
Tres. Se a�ade una disposici�n adicional tercera a la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, con el siguiente contenido:
�Disposici�n adicional tercera
Los plazos m�ximos de resoluci�n de los procedimientos regulados en esta Ley se computar�n desde la fecha de recepci�n en la Oficina Espa�ola de Patentes y Marcas de las respectivas solicitudes, y ser�n los siguientes:
A) Concesi�n de signos distintivos: doce meses si la solicitud no sufre ning�n suspenso y no tuviera oposiciones, y veinte meses si concurriera alguna de las circunstancias anteriores.
B) Renovaci�n de signos distintivos: ocho meses si no se produjera ning�n suspenso y doce meses en caso contrario.
C) Inscripci�n de cesiones, derechos reales, licencias contractuales y otras modificaciones de derechos: seis meses si no concurriera ning�n suspenso y ocho meses si concurriera esta circunstancia.
D) Rehabilitaci�n de signos distintivos: seis meses.
E) Transformaci�n de registros internacionales: cinco meses si la solicitud de transformaci�n se refiere a una marca internacional ya concedida en Espa�a, y el establecido para el procedimiento de concesi�n de marcas nacionales en caso contrario.
F) Transformaci�n de marcas comunitarias: cinco meses si la solicitud de transformaci�n se refiere a una marca comunitaria ya registrada y el establecido para el procedimiento de concesi�n de marcas nacionales en caso contrario. En este caso el plazo se computar� desde la fecha en la que el solicitante cumpla los requisitos establecidos en el apartado 3 del art�culo 110 del Reglamento sobre la Marca Comunitaria.�

References: Real Decreto 
 Real Decreto 
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