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Timestamp: 2018-12-13 09:20:59+00:00

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﻿ Sentencia 2010-00802 de diciembre 6 de 2012
SENTENCIA 2010-00802 DE 06 DE DICIEMBRE DE 2012
CONTENIDO:RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS. LOS EMPLEADOS PÚBLICOS NACIONALES Y TERRITORIALES TIENEN DERECHO AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE UN MES DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS CONTINUOS O DISCONTINUOS Y PROPORCIONALMENTE POR FRACCIÓN, LIQUIDADOS CON BASE EN EL ÚLTIMO SALARIO DEVENGADO POR EL SERVIDOR PÚBLICO. A ESTE SISTEMA SE DENOMINÓ RÉGIMEN RETROACTIVO DE CESANTÍAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, EMPLEADO PÚBLICO, CESANTÍAS
Sentencia 2010-00802 de diciembre 6 de 2012
EXP. 080012331000201000802 01(1093-2012)
Actor: Mabel Eugenia Castillo Valencia
Consiste en decidir si la parte actora tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, causada durante los años 2001 a 2004.
Oficio SG-019-0258-10 de 15 de junio de 2010 (fl. 17), proferido por el Secretario General de la Contraloría Distrital de Barranquilla, que negó la solicitud de reconocimiento de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías de la demandante, argumentando que verificada su hoja de vida no se encontró constancia de afiliación y/o notificación al empleador de haberse afiliado a algún fondo privado de cesantías, por lo que le fueron liquidadas al momento de su desvinculación y se encuentran debidamente canceladas.
Oficio 647 de 23 de junio de 2010 (fls. 18 y19), expedido por el Secretario de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, que negó la petición de reconocimiento y pago de la sanción moratoria, manifestando que la Contraloría Distrital es una entidad de carácter técnico, que goza de autonomía administrativa y presupuestal; por lo tanto es quien debe responder por las obligaciones económicas que se produzcan por sus actos o hechos.
Mediante constancia de 20 de mayo de 2011 expedida por el Secretario General de la Contraloría Distrital de Barranquilla, se demostró que la demandante ingresó a la entidad el 1º de septiembre de 1992 y se declaró insubsistente mediante Resolución 128 de 14 de abril de 2005 (fls. 134 y 135).
La demandante solicitó el 11 de junio de 2010 radicado 8661 a la Secretaría General de la Contraloría Distrital de Barranquilla (fl. 15), el reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 344 de 1996, por mora y retardo en la consignación del auxilio de cesantías a un fondo administrador de cesantías, por las vigencias de 2001 a 2004.
Ante la Alcaldía Distrital de Barranquilla (fl. 16), la demandante presentó la misma solicitud, en su condición de entidad solidaria responsable de la vigilancia y acatamiento de las actuaciones administrativas de la Contraloría Distrital de Barranquilla.
Mediante Oficio de 8 de julio de 2010 proferido por la directora de la oficina de Barranquilla de la Fiduciaria la Previsora se certificó que el 5 de mayo de 2010 se consignó en la cuenta de cesantías de la demandante, la liquidación de prestaciones de la Contraloría Distrital, vigencias anteriores.
a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicios. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestado con posterioridad al primero de enero de 1942. (...)”.
“Los asalariados de carácter permanente, al servicio de la Nación en cualquiera de las ramas del Poder Público, háyanse o no escalafonados en la Carrera Administrativa, tendrán derecho al auxilio de cesantía por todo el tiempo trabajado continua o discontinuamente, a partir del 1º de enero de 1942 en adelante, cualquiera que sea la causa del retiro”.
ART. 6º—De conformidad con lo dispuesto por el Decreto 2567, de 31 de agosto de 1946, para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariales, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres (3) últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si este fuere menor de doce (12) meses.
PAR. 1º—Además, el cómputo se hará teniendo en cuenta no solo el salario fijo, sino todo lo que reciba el trabajador a cualquier otro título y que implique directa o indirectamente retribución ordinaria y permanente de servicios, tales como las primas, sobresueldos y bonificaciones, pero no las sumas que ocasionalmente se den por mera liberalidad del patrono. (...)” (se resalta).
“Las disposiciones del presente decreto, tanto en lo que se refiere a los trabajadores del servicio oficial como a los de las empresas particulares, sólo le serán aplicables mientras no existan normas legales de carácter especial, o estipulaciones contractuales, que les concedan derechos más amplios o que regulen su situación jurídica en lo referente al auxilio de cesantía de una manera más favorable” (resalta la Sala).
Para concluir la primera parte, el régimen de cesantías tenía carácter retroactivo y, en tal virtud, se tenía en cuenta el último sueldo devengado por el servidor público para efectos de liquidar la prestación por todo el tiempo de servicios, lo que conllevaba a que el pago efectuado siempre fuera actualizado. (...)”(1)
“PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”. (negrillas)
En suma, es el vencimiento de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la fecha en la cual queda en firme el acto por el cual se reconocen las cesantías definitivas y no la fecha de reclamación de las mismas o, en este caso, la de la solicitud de reliquidación, el hito que debe servir de punto de partida para contar el número de días a efectos de determinar el monto de la indemnización moratoria. (...)”(2).
La anterior normativa fue objeto de revisión por parte de la Corte Constitucional, que mediante Sentencia C-428 de 1997 declaró exequible la liquidación definitiva de cesantías por anualidad, sobre el particular indicó lo siguiente:
“(...) Con la salvedad hecha sobre beneficios incontrovertibles para los trabajadores, los cambios que contemple la nueva legislación únicamente pueden hacerse obligatorios para las relaciones laborales futuras, es decir, las que se entablen después de haber entrado aquélla en pleno vigor, y, en consecuencia, excepto el caso de anuencia expresa y enteramente voluntaria del trabajador afectado, no es admisible cobijar bajo las nuevas disposiciones las situaciones jurídicas nacidas a partir de vínculos de trabajo que se venían ejecutando al producirse la reforma. Respecto de ellas, el único que puede optar por incorporarse al régimen posterior, pudiendo permanecer en el antiguo, es el empleado, libre de toda coacción externa y bajo el supuesto de su mejor conveniencia”. (se destaca)
“ART. 1º—El régimen de liquidación y pago de las cesantías de los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías, será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás normas concordantes de la Ley 50 de 1990; y el de los servidores públicos del mismo nivel que se afilien al Fondo Nacional de Ahorro será el establecido en el artículo 5 y demás normas pertinentes de la Ley 432 de 1998.
c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición”. (se destaca)
La sanción moratoria para el régimen de cesantías por anualidad está contemplada en el ordinal 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así:
4. El artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó que a partir de su publicación las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán derecho al Régimen anualizado de Cesantías, esto es, que el 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación de la prestación y el valor liquidado se consignará antes de 15 de febrero del año subsiguiente en la cuenta individual del trabajador; el empleador que incumpla el plazo pagará un día de salario por cada día de retardo.
5. El Decreto 1582 de 1998, reglamentario del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 previó en relación con los servidores territoriales vinculados a partir de 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías que su régimen será el previsto en los artículos 99, 102, 104 y demás concordantes con la Ley 50 de 1990, y los que se afilien al Fondo Nacional del Ahorro será el establecido en la Ley 432 de 1998.
A efectos de agotar la vía gubernativa, el 11 de junio de 2010 (fls.15 y 16) la demandante mediante derechos de petición solicitó a la Contraloría Distrital y a la Alcaldía Distrital de Barranquilla, el reconocimiento de la sanción moratoria por no consignar oportunamente sus cesantías.
Las solicitudes anteriores fueron resueltas mediante Oficio No. SG-019-0258-10 de 15 de junio de 2010 (fl. 17), proferido por el Secretario General de la Contraloría Distrital, y el Oficio No. 647 de 23 de junio de 2010 (fls. 18 y19), expedido por el Secretario de Hacienda de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, mediante los cuales se negó la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria.
2. El simple reclamo escrito del empleado oficial formulado ante la entidad o empresa obligada, sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpe la prescripción, pero sólo por un lapso igual”. (se destaca).
De acuerdo con la fecha de reclamación de la sanción moratoria (jun. 11/2010), encuentra la Sala que la sanción que hubiere podido causarse antes del 11 de junio de 2007 se encuentra prescrita.
Como el pago de las cesantías obedece al régimen anualizado que determina la obligación de consignar oportunamente antes del 15 de febrero siguiente al año causado, se tiene que las cesantías de la demandante causadas en el 2001, debieron ser canceladas a más tardar el 14 de febrero de 2002, por lo tanto el 15 de febrero de 2005 prescribió el derecho a reclamarlas.
Igualmente respecto de las cesantías causadas en el 2002, debieron ser consignadas antes del 15 de febrero de 2003, prescribiendo el derecho el 15 de febrero de 2006; las causadas en el 2003, debieron ser pagadas hasta el 14 de febrero, por lo tanto prescribieron el 15 de febrero de 2007; y las causadas en 2004, que debieron consignarse antes del 15 de febrero de 2005, prescribieron el 15 de febrero de 2008.
No puede predicarse que la sanción en la mora por no pago oportuno de las cesantías deba contar su término de prescripción a partir del pago, pues como lo indica la norma transcrita es obligación contarlo a partir del momento en que se hicieron exigibles, y en ese orden de ideas debe contarse a partir del 15 de febrero siguiente a la causación del derecho.
En conclusión, al derecho pretendido por la demandante se le debe aplicar el fenómeno prescriptivo, pues el tiempo transcurrido entre la fecha de exigibilidad de cada anualidad dejada de pagar a tiempo, y la reclamación en sede administrativa, supera los tres años establecidos en la normativa transcrita.
En esas condiciones el proveído impugnado que declaró probada la excepción de prescripción del derecho invocado por la actora, amerita ser confirmado, con la aclaración de que una vez declarada la prescripción de la acción no es posible negar las pretensiones de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 20 de octubre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada la excepción de prescripción con la aclaración de que una vez declarada esta excepción no es posible negar las pretensiones de la demanda.
(1) Sentencia de 19 de julio de 2007, M.P. Jaime Moreno García, Exp. 15001-23-31-000-2000-02033-01(9228-05), Actor: Oscar Armando Rodríguez.
(2) Sentencia de 27 de marzo de 2007, M.P. Jesús María Lemos Bustamante, Exp. 760012331000200002513 01. (2777-2004), Actor: José Bolívar Caicedo Ruiz.

References: artículo 99
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 99
 artículo 13
 artículo 13