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Timestamp: 2020-06-03 15:03:47+00:00

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Responsabilidad penal de los notarios [Casación 702-2017, Ucayali] | LP
Inicio Jurisprudencia Casación Responsabilidad penal de los notarios
Responsabilidad penal de los notarios [Casación 702-2017, Ucayali]
Sentencia destacada por el estudio Pariona Abogados.
Fundamento destacado: 3.6. Respecto a la alegación del casacionista en torno al tipo subjetivo, se tiene que alegó, centralmente, que, si bien elevó las dos escrituras públicas de donación, ello obedeció a que fue sorprendido por los solicitantes del acto protocolar, en el sentido de que un sujeto simuló la identidad de Herbert Frey Bullón, fallecido días antes, y expresó, en la minuta y ante el notario, su voluntad de donar los bienes muebles a Nalda Aurora Bullón Ames, quien había manifestado ser la madre de la persona que se presentó como el donante.
3.7. Lo señalado precedentemente no aparece en la acusación fiscal (cfr. fundamento de hecho uno punto dos de la presente sentencia de casación). Más bien, constituye un alegato de defensa referido a su irresponsabilidad penal que requiere verificación de actuados. Consta en el requerimiento acusatorio la existencia de una conducta decidida o dolosa en el accionar del encausado con relación al delito de falsedad ideológica; se desprende, de tal requerimiento, que la hipótesis fiscal radica en que habría tenido conocimiento y voluntad del vicio en el otorgamiento de las escrituras públicas: hay necesidad de valoración de actividad probatoria y de las respectivas alegaciones que a partir de tal actividad se planteen. Por ello, no podría estimarse fundada la referida excepción de improcedencia de acción y la Sala Superior, al haberse basado, en lo esencial, en fundamentos semejantes para desestimarla, emitió una decisión conforme a derecho.
Sumilla. No puede estimarse fundada una excepción de improcedencia de acción sobre la base de alegaciones de irresponsabilidad penal expresadas a partir de la actividad probatoria o investigativa comprendida en los actuados, toda vez que con ello se hace referencia a un problema vinculado al aspecto probatorio de los hechos materia de incriminación y no a la imputación en sí misma, consignada en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria o en la acusación.
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CASACIÓN N° 702-2017, UCAYALI
Lima, seis de diciembre de dos mil dieciocho
VISTOS y OÍDOS: en audiencia pública, el recurso de casación interpuesto por la defensa técnica de Ovidio Telada Huamán (fojas trescientos ochenta y cinco a cuatrocientos veintidós) contra el auto de vista del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali (fojas trescientos sesenta y cuatro a trescientos setenta y nueve), que, por mayoría, confirmó la resolución del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Coronel Portillo de la referida Corte Superior (fojas doscientos uno a doscientos diez), que declaró infundada la solicitud de excepción de improcedencia de acción formulada por el mencionado recurrente en el proceso que se le sigue por el delito contra la fe pública-falsedad ideológica, en agravio de Romy Marisela Vela Ferradas y del Colegio de Notarios de Ucayali. Intervino como ponente el señor juez supremo Sequeiros Vargas.
1.1. Concluida la investigación preparatoria, el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo del Distrito Fiscal de Ucayali formuló acusación contra Ovidio Telada Huamán como autor del delito contra la fe pública-falsedad ideológica y solicitó que se le imponga la pena privativa de libertad de tres años con seis meses, suspendida por el periodo de prueba de tres años y sujeta a determinadas reglas de conducta (fojas uno a ocho, y ciento setenta a ciento setenta y nueve).
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1.2. En cuanto a los hechos materia de incriminación consignados en la acusación, se sostiene que el diecisiete de diciembre de dos mil trece Ovidio Telada Huamán, en su calidad de notario público, elevó las escrituras públicas de donación número mil dos y mil cuatro, correspondientes a un bien inmueble urbano y un bien rústico, y declaró que Herbert Frey Bullón, junto con Nalda Aurora Bullón Ames, comparecieron físicamente ante su despacho para el otorgamiento de las citadas escrituras públicas. No obstante, el donante Frey Bullón había fallecido el doce de diciembre de dos mil trece; por lo que fue imposible que, física y jurídicamente, el diecisiete de diciembre de dos mil trece haya manifestado su voluntad de donar bienes a favor de su madre: ya habían transcurrido cinco días desde su fallecimiento, pese a lo cual el notario público declaró que había concurrido a efectuar esa declaración. De manera que el acusado introdujo una declaración falsa en las referidas escrituras públicas de donación e hizo aparecer la supuesta manifestación de voluntad de Herbert Frey Bullón de donar dos bienes inmuebles a favor de su madre, cuando dicho acto, en la realidad, no ocurrió.
1.3. Ante el traslado de la acusación fiscal ordenado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Coronel Portillo, la defensa técnica de Telada Huamán, de conformidad con el primer párrafo del artículo trescientos cincuenta del Código Procesal Penal, en su respuesta al requerimiento acusatorio, dedujo excepción de improcedencia de acción (fojas noventa y tres a ciento veintiuno).
1.4. Luego de debatida en la audiencia de control de acusación la observación sustancial de la defensa técnica referida a la excepción de improcedencia de acción, el primer Juzgado Investigación Preparatoria de la provincia de Coronel Portillo, mediante Resolución número trece, del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, la declaró infundada.
1.5. Contra la mencionada resolución judicial, el condenado interpuso recurso de apelación (fojas doscientos cincuenta y nueve a doscientos setenta y cinco), el cual fue admitido por el Juzgado de Investigación Preparatoria, mediante Resolución número quince, del diecinueve de enero de dos mil diecisiete (fojas doscientos setenta y nueve a doscientos ochenta); y por la Primera Sala Penal de Apelaciones Primera de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, mediante Resolución número cuatro, del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (foja trescientos treinta y tres).
1.6. Concluida la audiencia de apelación, la referida Sala Penal de Apelaciones, el diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitió el auto de vista (fojas trescientos sesenta y cuatro a trescientos setenta y nueve), mediante el cual, por mayoría, se confirmó la citada Resolución número trece, del veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis.
2.1. El procesado Ovidio Telada Huamán interpuso recurso de casación contra el auto de vista (fojas trescientos ochenta y cinco a cuatrocientos veintidós).
2.2. Elevados los autos a esta Sala Suprema, se cumplió con el trámite de traslado a las partes procesales por el plazo de diez días, luego de lo cual, en virtud de lo establecido en el numeral seis del artículo cuatrocientos treinta del Código Procesal Penal, se examinó la admisibilidad del recurso de casación. Se decidió, vía auto de calificación del diez de octubre de dos mil diecisiete (fojas ciento veinticuatro a ciento veintinueve del cuadernillo de casación), declarar bien concedido el recurso de casación por la causal comprendida en el numeral tres del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal (auto emitido con indebida aplicación, errónea interpretación o con una falta de aplicación de la ley penal) y para desarrollo de doctrina jurisprudencial en torno a la responsabilidad penal del notario en el delito de falsedad ideológica, en atención a la regulación de sus funciones en la Ley del Notariado.
2.3. Una vez cumplido con lo señalado en el numeral uno del artículo cuatrocientos treinta y uno del Código Procesal Penal, mediante decreto del veinticinco de octubre de dos mil dieciocho (foja ciento cincuenta y dos del cuadernillo de casación), se cumplió con señalar como fecha para la audiencia de casación el jueves veintidós de noviembre del presente año.
2.4. La audiencia de casación fue realizada el día indicado. Concurrieron el defensor técnico del procesado, abogado Uriel Aramayo Cordero, y el fiscal supremo Alcides Chinchay Castillo, en representación del Ministerio Público. El desarrollo de esta consta en el acta correspondiente. Luego de que culminó, la causa fue objeto de deliberación en sesión privada, se realizó la votación respectiva y se acordó la emisión de la presente sentencia de casación.
1.1. De conformidad con lo establecido en el artículo cuatrocientos treinta y dos, numerales uno y dos, del Código Procesal Penal, se tiene que el pronunciamiento de la Sala Suprema que conoce un recurso de casación se restringe a las causales invocadas en este -con la salvedad de las cuestiones declarables de oficio- y se circunscribe a los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida, sujetándose a los hechos legalmente comprobados en la sentencia o auto recurridos.
1.2. En la fase de calificación del recurso de casación -la cual, en el presente caso, culminó con la emisión del respectivo auto supremo positivo de calificación-, se determinó la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por la defensa técnica del encausado, en virtud de la causal casacional ya indicada y del tema de desarrollo jurisprudencial ya precisado (cfr. fundamento de hecho dos punto dos).
1.3. El impugnante, en torno al referido motivo casacional y a la indicada materia objeto de análisis, puntualizó en su recurso de casación, en lo sustancial, que en el auto de vista impugnado se habría realizada una errónea interpretación del tipo subjetivo en el delito de falsedad ideológica; además, en lo atinente al tipo objetivo, no se tuvo en cuenta la diferenciación entre documento público y documento privado, no se realizó una interpretación correcta de la eximente de responsabilidad prevista en el artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal, ni se atendió a su calidad de notario. Igualmente, en cuanto al tema de doctrina jurisprudencial, hizo referencia, en lo medular, a que se precise que el bien jurídico en el delito de falsedad ideológica, más que la fe pública o la seguridad en el tráfico jurídico, se centra en el propio documento y sus propiedades inherentes; que el sujeto activo o autor puede ser cualquier funcionario o servidor público competente (extraneus), y el particular que determina a un funcionario a hacer insertar declaraciones falsas responde como instigador; que se precise el significado de la acción de insertar, de las declaraciones o hechos falsos, la delimitación del sujeto pasivo; que, en el tipo subjetivo, los intervinientes actúan a título de dolo; y que, para la consumación del delito, se requiere la causación efectiva de un perjuicio.
1.4. Expresó también que el procesado no intervino en la elaboración de la minuta, la cual siempre es un documento privado; que fue sorprendido por un acto de simulación (un sujeto se hizo pasar por la persona fallecida); por lo que su conducta no fue dolosa. Precisó también que no se tuvo en cuenta lo establecido en el artículo tres del Reglamento de la Ley del Notariado, ni el artículo cincuenta y cinco de la Ley del Notariado (Decreto Legislativo número mil cuarenta y nueve).
1.5. En la audiencia de casación, el abogado defensor ratificó el recurso interpuesto e hizo énfasis en que su patrocinado fue sorprendido por un acto de simulación, sin que hubiera obrado dolosamente, y en que no tiene la calidad de funcionario público. Por su parte, el representante del Ministerio Público puntualizó, centralmente, que de la imputación no se advierte ausencia de tipo subjetivo y que en el delito de falsedad ideológica no se exige que el autor tenga la calidad de funcionario público; por lo que pidió que se declare infundado el recurso de casación.
1.6. Consecuentemente, se determina que el ámbito de pronunciamiento de esta Sala Suprema se circunscribe a verificar si la causal casacional por errónea interpretación de la ley penal se encuentra fundada, y si, luego del análisis de fondo, corresponde el establecimiento de la doctrina jurisprudencial anunciada.
SEGUNDO. SOBRE LA CAUSAL CASACIONAL REFERIDA A LA ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE PRECEPTO PENAL MATERIAL
2.1. La casación penal en un sistema procesal como el que aparece con el Código Procesal Penal de dos mil cuatro opera como un recurso de carácter extraordinario «cuya finalidad primordial o básica en un Estado de derecho consiste en fijar y unificar la interpretación jurisprudencial de las leyes y, a la par, asegurar el sometimiento del juez a la ley como garantía de su independencia»[1]. No se trata de un recurso ordinario que satisface el derecho de recurrir un fallo condenatorio o el doble grado jurisdiccional (función reservada para el recurso de apelación). La consideración de que se trate de un recurso extraordinario importa también que sobre el casacionista recaen exigencias especiales previstas taxativamente para la interposición del recurso de casación, como sucede con el sustento de causal casacional.
2.2. La causal de casación contenida en el numeral tres del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal es disgregable en los siguientes supuestos de causales casacionales: i) indebida aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación; ii) errónea interpretación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación; y iii) falta de aplicación de la ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación.
2.3. En el presente caso, el supuesto de casación planteado es específicamente el segundo (errónea interpretación de precepto penal material). Se trata de la necesidad de corregir una interpretación efectuada por un órgano jurisdiccional de inferior jerarquía. Para tal efecto, se ha de recurrir a determinados métodos de interpretación y/o a criterios de razonabilidad justificados. Con lo cual, si bien, prima facie, aparece que la casación cumple con su función nomofiláctica, el hecho de que se considere como correctora una determinada interpretación normativa importa una pretensión mediata o final de que la jurisprudencia se uniforme sobre la base de tal criterio de interpretación.
TERCERO. ACERCA DE LA FUNDABILIDAD DE LA CAUSAL CASACIONAL POR ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DE LA LEY PENAL EN EL PRESENTE CASO
3.1. Del análisis de fondo de la sentencia impugnada, del recurso de casación y, en lo pertinente, de otros actuados se determina, en primer lugar, que la referida causal casacional resulta infundada.
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3.2. De conformidad con el literal b del artículo sexto del Código Procesal Penal, el medio técnico de defensa referido a la excepción de improcedencia de acción puede deducirse contra la acción penal: i) cuando el hecho no constituye delito o ii) cuando no es justiciable penalmente.
3.3. En lo que respecta al primer supuesto de procedencia, debe señalarse que comprende la antijuridicidad penal del objeto procesal: tipicidad y antijuridicidad[2]. Atañe a dos extremos[3]: a) cuando la conducta incriminada no se encuentra prevista como delito en el ordenamiento jurídico (atipicidad absoluta); y b) cuando el suceso descrito no se adecúa a la hipótesis típica de la disposición penal preexistente invocada en la investigación o acusación, esto es, en el supuesto de que el hecho esté descrito en la ley, pero la conducta adolece de falta de algún elemento típico exigido, tales como la ausencia del sujeto activo o pasivo, de elementos descriptivos, normativos o subjetivos de la conducta, o de objeto jurídico o material (atipicidad relativa). Conviene hacer énfasis en que el juez, al evaluar la excepción de improcedencia de acción, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados en el acto de imputación pertinente[4].
3.4. Asimismo, debe precisarse que no puede estimarse fundada una excepción de improcedencia de acción sobre la base de alegaciones de irresponsabilidad penal expresadas a partir de la actividad probatoria o investigativa comprendida en los actuados, toda vez que con ello se hace referencia a un problema vinculado al aspecto probatorio de los hechos materia de incriminación y no a la imputación en sí misma consignada en la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria o en la acusación. El ámbito propio o específico de la excepción de naturaleza de acción es el juicio de adecuación típica[5].
3.5. En el presente caso, de lo expuesto por el impugnante, corresponde evaluar si el hecho que se le atribuye no constituye delito por ausencia del tipo subjetivo y, asimismo, a partir de ciertos aspectos del tipo objetivo, en lo que respecta al delito de falsedad ideológica.
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3.6. Respecto a la alegación del casacionista en torno al tipo subjetivo, se tiene que alegó, centralmente, que, si bien elevó las dos escrituras públicas de donación, ello obedeció a que fue sorprendido por los solicitantes del acto protocolar, en el sentido de que un sujeto simuló la identidad de Herbert Frey Bullón, fallecido días antes, y expresó, en la minuta y ante el notario, su voluntad de donar los bienes muebles a Nalda Aurora Bullón Ames, quien había manifestado ser la madre de la persona que se presentó como el donante.
3.8. Por otro lado, de conformidad con los artículos veintitrés y veintiséis del Decreto Legislativo número mil cuarenta y nueve (Decreto Legislativo del Notariado), publicado en el diario oficial El Peruano el veintiséis de junio de dos mil ocho, se tiene que la escritura pública constituye un instrumento o documento público notarial de carácter protocolar que el notario puede elevar en el ejercicio regular de su función. Sin perjuicio de que ya en la acusación se observa que lo que hace pasible al hecho de ser tipificado como falsedad ideológica es la inserción de información falsa en la escritura pública y no en la minuta -lo cual sería suficiente para desestimar la excepción de improcedencia de acción con base en el tipo objetivo-, es de puntualizar que la minuta de donación elevada a escritura pública constituye un documento público. Así, la descripción de la conducta delictiva en la acusación sí se adecua al tipo objetivo correspondiente a la hipótesis delictiva invocada en la acusación.
3.9. No se advierte que en el auto de vista se haya efectuada una errónea interpretación de la ley penal. Se tuvieron en cuenta, suficientemente, los elementos de tipicidad objetivos y subjetivos del delito de falsedad ideológica invocado para desestimar el medio técnico de defensa deducido. La modalidad de “insertar” determinadas declaraciones falsas en un documento público (cfr. artículo cuatrocientos veintiocho del Código Penal) no importa un delito que requiera una determinada cualidad en el agente, como la de ser funcionario o servidor público; independientemente de si los notarios tienen tal condición, lo cierto es que las escrituras públicas en las que intervienen, por mandato normativo, conforme a lo indicado en considerando precedente, constituyen documentos públicos.
SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL
3.10. Si bien el recurso de casación interpuesto fue admitido para desarrollo de doctrina jurisprudencial sobre la responsabilidad penal del notario en el delito de falsedad ideológica, en atención a la regulación de sus funciones en la Ley del Notariado; luego del respectivo análisis de fondo, se determina que ello no resulta ineludible o imperioso (presupuesto para la fijación de principios jurisprudenciales interpretativos de obligatoria observancia).
3.11. Es cierto que -conforme sostuvo el casacionista- en el Decreto Legislativo número mil cuarenta y nueve (Decreto Legislativo del Notariado), publicado en el diario oficial El Peruano el veintiséis de junio de dos mil ocho, existen normas que se orientan a proteger a los notarios en atención a la naturaleza de sus funciones, como sucede con su artículo cincuenta y cinco, que establece que “el notario que diere fe de alguno de los otorgantes inducido a error por la actuación maliciosa de los mismos o de otras personas, no incurre en ninguna responsabilidad». Sin embargo, ello no constituye patente de corso para declarar, sin más o a priori, que no cabe atribuirles responsabilidad penal por un hecho que guarda relación con el ejercicio de sus funciones; eventualmente, pueden responder penalmente: será la actividad probatoria la que determine, de ser el caso, el respectivo archivo, sobreseimiento o absolución en pronunciamiento de fondo. Lo señalado se desprende de la normatividad existente y no requiere desarrollo jurisprudencial.
3.12. Igualmente, ocurre con el pretendido desarrollo jurisprudencial del delito. Así, entre otros, no hay gravitante controversia en considerar a la fe pública y a la seguridad en el tráfico jurídico como bien jurídico protegido en el delito de falsedad ideológica; en cuanto a su tipo subjetivo, del artículo doce del Código Penal, se tiene claramente que las conductas delictivas, por regla, son dolosas; que, si no se expresa taxativamente en el respectivo texto normativo la modalidad culposa de la conducta, se tiene al delito como doloso, lo cual ocurre en el delito de falsedad ideológica. Estarían de más el establecimiento de doctrina jurisprudencial de obligatoria observancia para el resto de los jueces.
I. DECLARARON INFUNDADO el recurso de casación formulado por la defensa técnica de Ovidio Telada Huamán contra el auto de vista del diecinueve de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali.
II. En consecuencia, ORDENARON que se continúe con el trámite de la causa según el estado actual en el cual se encuentre.
III. DISPUSIERON que la presente sentencia casatoria sea leída en audiencia pública; y, acto seguido, se notifique a las partes procesales personadas a esta Sede Suprema.
IV. MANDARON la devolución del expediente al órgano jurisdiccional de origen, y que se archive el cuaderno de casación en esta Corte Suprema.
Intervinieron la señora jueza suprema Pacheco Huancas y el señor juez supremo Bermejo Ríos por licencia del señor juez supremo San Martín Castro y de la señora jueza suprema Barrios Alvarado, respectivamente.
[1] Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional español recaída en la Sentencia número doscientos treinta/mil novecientos noventa y tres, del doce de julio de mil novecientos noventa y tres, fundamento jurídico dos en romanos punto dos. Si bien en dicha sentencia se sostiene que es la casación civil la que tiene un carácter extraordinario y no la casación penal, ello obedece al diseño del sistema de recursos penales en el ordenamiento jurídico español, del que se parte, en el cual -conforme se indica en la referida sentencia- la casación penal salvaguardaba el derecho al recurso contra sentencias condenatorias o a la instancia plural.
[2] Cfr. Sentencia de Casación número cuatrocientos siete-dos mil quince-Tacna, del siete de julio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico cuarto.
[3] Cfr. Sentencia de Casación número trescientos ochenta y ocho-dos mil doce- Ucayali, del doce de septiembre de dos mil trece, fundamento de derecho tres punto uno.
[4] Cfr. Sentencia de Casación número cuatrocientos siete-dos mil quince-Tacna, del siete de julio de dos mil dieciséis, fundamento jurídico quinto.
[5] Cfr. ejecutoria suprema recaída en el Recurso de Nulidad número seiscientos noventa y seis-dos mil quince-Lima, del seis de septiembre de dos mil dieciséis, fundamento jurídico tercero.
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Redacción LP - 27 noviembre, 2018

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