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Timestamp: 2016-12-03 03:22:33+00:00

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Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística (Vigente hasta el 18 de Noviembre de 2010).
Vigencia desde 29 de Enero de 1998. Esta revisión vigente desde 29 de Enero de 1998 hasta 18 de Noviembre de 2010
Los principios rectores de la actuación de la Generalidad
Reconocimiento y protección del aranés
La publicación de las normas
La lengua de las Administraciones de Cataluña
La capacitación lingüística del personal al servicio de las Administraciones de Cataluña
Los documentos civiles y mercantiles
La formación permanente y las enseñanzas de régimen especial
Los medios de radiodifusión y televisión públicos
Los medios de radiodifusión y televisión de concesión
Las industrias culturales y las artes del espectáculo
Las industrias de la lengua y la informática
Las empresas concertadas o subvencionadas
La información a las personas consumidoras y usuarias
Las medidas de planificación
Convenios de colaboración con instituciones de otros territorios de lengua catalana
Grafía normativa de los nombres y apellidos catalanes
Las dotaciones económicas
Funciones de vigilancia e impulso
Las normas de usos lingüísticos
Las emisoras de radiodifusión y televisión
Modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril
Sustitución y vigencia de normas
L 35/2010 de 1 Oct. CA Cataluña (del occitano, aranés en Arán) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 7 derogado por la disposición derogatoria de la Ley [CATALUÑA] 35/2010, 1 octubre, del occitano, aranés en Arán («D.O.G.C.» 29 octubre).
Preámbulo I Significado y situación de la lengua catalana
El objeto de la presente Ley 1. El objeto de la presente Ley es el desarrollo del artículo 3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a fin de amparar, fomentar y normalizar el uso de la lengua catalana en todos los ámbitos, y el uso del aranés en el Valle de Arán, y garantizar el uso normal y oficial del catalán y del castellano.
La lengua propia 1. El catalán es la lengua propia de Cataluña y la singulariza como pueblo.
Las lenguas oficiales 1. El catalán es la lengua oficial de Cataluña, así como también lo es el castellano.
Los derechos lingüísticos 1. De acuerdo con el artículo 3 del Estatuto de Autonomía, y en el marco de una política activa de la Generalidad para crear las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena en cuanto a los derechos y deberes lingüísticos, en Cataluña todas las personas tienen derecho a:
Los principios rectores de la actuación de la Generalidad 1. La Generalidad ha de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas, el uso normal y oficial del catalán y del castellano, la enseñanza de las dos lenguas a toda la población, la capacitación y habilitación lingüística s del personal al servicio de las Administraciones y la igualdad plena de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a derechos y deberes lingüísticos, en todos los ámbitos.
La unidad de la lengua catalana 1. La lengua catalana es un patrimonio que Cataluña comparte con otros territorios con los que constituye una misma comunidad lingüística . La Generalidad ha de velar por la protección de la unidad del catalán y ha de fomentar el uso y la proyección exterior del catalán y la comunicación entre los distintos territorios de habla catalana.
Reconocimiento y protección del aranés El aranés, variedad de la lengua occitana propia del Valle de Arán, se rige, en lo que se refiere al uso, por la Ley 16/1990, de 13 de julio, sobre el régimen especial del Valle de Arán, y, supletoriamente, por los preceptos de la presente Ley, que nunca pueden ser interpretados en perjuicio del uso del aranés.
La publicación de las normas 1. Las Leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña se publican, en ediciones simultáneas en catalán y en castellano, en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña». Corresponde al Parlamento realizar su versión oficial castellana.
La lengua de las Administraciones de Cataluña 1. La Generalidad, las Administraciones locales y las demás Corporaciones públicas de Cataluña, las instituciones y empresas que dependen de las mismas y los concesionarios de sus servicios deben utilizar el catalán en sus actuaciones internas y en la relación entre ellos. También deben utilizarlo normalmente en las comunicaciones y notificaciones dirigidas a personas físicas o jurídicas residentes en el ámbito lingüístico catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a recibirlas en castellano, si lo solicitan.
Los procedimientos administrativos 1. En los procedimientos administrativos tramitados por la Administración de la Generalidad, las Administraciones locales y las demás Corporaciones de Cataluña debe utilizarse el catalán, sin perjuicio del derecho de los ciudadanos y ciudadanas a presentar documentos, hacer manifestaciones y, si lo solicitan, a recibir notificaciones en castellano.
La capacitación lingüística del personal al servicio de las Administraciones de Cataluña 1. El personal al servicio de las Administraciones, las Corporaciones y las instituciones públicas de Cataluña debe tener un nivel de conocimiento adecuado y suficiente de las dos lenguas oficiales, tanto en la expresión oral como en la escrita, que lo haga apto para desarrollar las funciones propias de su puesto de trabajo.
La Administración del Estado 1. Son válidas las actuaciones administrativas de los órganos y entes de la Administración del Estado, tanto las orales como las escritas, realizadas en Cataluña en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de traducción.
Las actuaciones judiciales 1. Son válidas las actuaciones judiciales, tanto las orales como las escritas, realizadas en cualquiera de las dos lenguas oficiales, sin necesidad de traducción.
Los documentos públicos 1. Son válidos los documentos públicos otorgados en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Los documentos civiles y mercantiles 1. La lengua no es requisito de forma de los documentos privados. Por lo tanto, son válidos los redactados en cualquier idioma, sin perjuicio de las traducciones que las Leyes civiles, mercantiles o procesales exijan para su ejecución en caso de que el idioma no sea oficial en Cataluña.
Los Convenios Colectivos de trabajo 1. Son válidos los Convenios Colectivos de trabajo redactados en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
Los Registros públicos 1. Son válidos los asientos registrales realizados en cualquiera de las dos lenguas oficiales.
CAPITULO IILa onomástica
La toponimia 1. Los topónimos de Cataluña tienen como única forma oficial la catalana, de acuerdo con la normativa lingüística del Institut d'Estudis Catalans, excepto los del Valle de Arán, que tienen la aranesa.
La antroponimia 1. Los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña tienen derecho al uso de la forma normativamente correcta en catalán de sus nombres y apellidos y a incluir la conjunción «i» entre los apellidos.
CAPITULO IIILa enseñanza
La lengua de la enseñanza 1. El catalán, como lengua propia de Cataluña, lo es también de la enseñanza, en todos los niveles y modalidades educativos.
La enseñanza no universitaria 1. El catalán debe utilizarse normalmente como lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza no universitaria.
La enseñanza universitaria 1. En los centros de enseñanza superior y universitaria, el profesorado y alumnado tienen derecho a expresarse, en cada caso, oralmente o por escrito, en la lengua oficial que prefieran.
La formación permanente y las enseñanzas de régimen especial 1. En la programación de cursos de formación permanente de adultos es preceptiva la enseñanza del catalán y del castellano.
El profesorado 1. El profesorado de los centros docentes de Cataluña de cualquier nivel de la enseñanza no universitaria debe conocer las dos lenguas oficiales y estar en condiciones de poder hacer uso de las mismas en la tarea docente.
CAPITULO IVLos medios de comunicación y las industrias culturales
Los medios de radiodifusión y televisión públicos 1. En los medios de radiodifusión y televisión gestionados por la Generalidad y por las Corporaciones locales de Cataluña, la lengua normalmente utilizada debe ser la catalana. En este marco, los medios dependientes de las Corporaciones locales pueden tener en cuenta las características de su audiencia.
Los medios de radiodifusión y televisión de concesión 1. Sin perjuicio de la aplicación de la Ley 8/1996, de 5 de julio, de regulación de la Programación Audiovisual Distribuida por Cable, las entidades a que se refiere la citada Ley deben garantizar que, como mínimo, el 50 por 100 del tiempo de emisión de programas de producción propia de cualquier tipo y de los demás teleservicios que ofrecen sea en lengua catalana.
Véase el Acuerdo [CATALUÑA] 295/2007, 19 diciembre, por el que se aprueba la Instrucción general del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre la presencia de la lengua y la cultura catalanas y del aranés en los medios de comunicación audiovisual («D.O.G.C.» 28 diciembre). -->
Véase el Acuerdo [CATALUÑA] 118/2004, 17 noviembre, por el que se aprueba la Instrucción general del Consejo del Audiovisual de Cataluña sobre la presencia de la lengua y la cultura catalanas y del aranés en los medios de comunicación audiovisuales («D.O.G.C.» 16 diciembre).-->
Los medios de comunicación escritos 1. En los medios de comunicación escritos y en las publicaciones periódicas editadas por la Generalidad y por las Corporaciones locales la lengua normalmente utilizada debe ser la catalana.
Las industrias culturales y las artes del espectáculo 1. El Gobierno de la Generalidad ha de favorecer, estimular y fomentar:
Las industrias de la lengua y la informática El Gobierno de la Generalidad ha de favorecer, estimular y fomentar con medidas adecuadas:
CAPITULO VLa actividad socioeconómica
Las empresas públicas 1. Las empresas públicas de la Generalidad y de las Corporaciones locales, así como sus empresas concesionarias cuando gestionan o explotan el servicio concedido, han de utilizar normalmente el catalán en sus actuaciones y documentación internas y en la rotulación, las instrucciones de uso, el etiquetaje y embalaje de los productos o servicios que producen u ofrecen.
Las empresas de servicio público 1. Las empresas y entidades públicas o privadas que ofrecen servicios públicos, como son las de transporte, suministros, comunicaciones y otras, han de utilizar al menos el catalán en la rotulación y en las comunicaciones megafónicas.
La atención al público 1. Las empresas y establecimientos dedicados a la venta de productos o a la prestación de servicios que desarrollan su actividad en Cataluña deben estar en condiciones de poder atender a los consumidores y consumidoras cuando se expresen en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.
Las empresas concertadas o subvencionadas Las empresas que han suscrito un concierto o Convenio de colaboración con la Generalidad o las Corporaciones locales de Cataluña, o son beneficiarias de ayudas o subvenciones de las mismas, deben utilizar, al menos, el catalán en la rotulación, en los avisos y en la documentación dirigidos al público, como mínimo, cuando estén vinculados al objeto de la ayuda o Convenio.
La información a las personas consumidoras y usuarias 1. Los datos que figuran en el etiquetaje y en el embalaje y las instrucciones de uso de los productos que se distribuyen en el ámbito territorial de Cataluña pueden figurar en catalán, en castellano o en cualquier otra lengua de la Unión Europea.
La publicidad 1. En la publicidad institucional de la Generalidad y las Administraciones locales, de sus empresas públicas o concesionarias y de las demás instituciones y Corporaciones catalanas de derecho público realizada en el ámbito territorial de Cataluña, debe utilizarse de forma general el catalán.
La actividad profesional y laboral 1. El Gobierno de la Generalidad y los colegios profesionales han de fomentar el uso del catalán en las actividades profesionales.
Las medidas de fomento 1. El Gobierno de la Generalidad ha de favorecer, estimular y fomentar el uso del catalán en las actividades laborales, profesionales, mercantiles, publicitarias, culturales, asociativas, deportivas, lúdicas y de cualquier otro tipo.
Los centros de apoyo 1. El Gobierno de la Generalidad, de acuerdo con las Corporaciones locales, ha de crear y subvencionar centros dedicados a fomentar el conocimiento, uso y divulgación del catalán, en especial donde así lo exija la situación sociolingüística. Estos centros de apoyo dependen del Consorcio para la Normalización Lingüística , quien actúa como órgano de desarrollo de las políticas territoriales de normalización.
Las medidas de planificación 1. El Gobierno de la Generalidad se ha de dotar de instrumentos de planificación lingüística general consistentes en programas periodificados, a fin de establecer los objetivos y medidas más convenientes en cada momento y evaluar sus resultados. La elaboración de los instrumentos de planificación debe ser concertada con los distintos agentes y colectivos implicados, y deben tenerse en cuenta los principios de participación, simplificación y eficacia.
Colaboración con otras instituciones y entidades 1. Sin perjuicio de la aplicación de la presente Ley, el Gobierno de la Generalidad ha de velar para conseguir la generalización del uso del catalán, en un marco de colaboración con la Unión Europea, la Administración del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y las empresas públicas y privadas de ámbito estatal, europeo o internacional, especialmente las de servicios y de radiodifusión y televisión.
Convenios de colaboración con instituciones de otros territorios de lengua catalana 1. La Generalidad ha de promover acuerdos, Convenios y tratados con las Comunidades Autónomas aragonesa, balear y valenciana, y con los Estados andorrano, francés e italiano para fomentar el intercambio cultural entre territorios y Comunidades de habla catalana y la coordinación y cooperación entre Comunidades o entre Estados en materia de política lingüística , para asegurar, con las medidas adecuadas, la promoción, el uso y la protección de la lengua catalana y para obtener la generalización y extensión de su conocimiento y uso en todo el ámbito lingüístico, con respeto hacia todas las variantes.
Proyección exterior 1. El Gobierno de la Generalidad ha de velar por la proyección de la lengua y la cultura catalanas fuera de su ámbito lingüístico, principalmente en el mundo académico y de la investigación, así como en las instituciones de la Unión Europea y sus políticas. Para lograr este objetivo, la Generalidad puede participar en un organismo común a los territorios de lengua catalana.
Grafía normativa de los nombres y apellidos catalanes La sustitución de los nombres y de las grafías normativamente incorrectas por las correctas de los apellidos, establecida en el artículo 19, se rige por el procedimiento fijado en el artículo 2 de la Ley del Estado 17/1977, de 4 de enero, sobre reforma del artículo 54 de la Ley del Registro Civil, o la normativa equivalente que la sustituya.
Garantías de cumplimiento La presente Ley no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas. Sin embargo:
Las dotaciones económicas En los presupuestos de la Generalidad deben realizarse las consignaciones necesarias para llevar a cabo las actuaciones y adoptar las medidas derivadas de la ejecución de la presente Ley, con los medios y recursos suficientes, con una especial atención al coste de un sistema educativo plurilingüe, de una administración en régimen de doble oficialidad y de la difusión cultural en una lengua de ámbito restringido, teniendo en cuenta, también, las necesidades objetivas de distribución territorial y sectorial.
Funciones de vigilancia e impulso La Generalidad ha de velar para que la normativa y actuación administrativa de los demás poderes públicos del Estado respeten los principios del ordenamiento constitucional y estatutario y de la presente Ley, y ha de impulsar la modificación legislativa de las normas estatales que sean un obstáculo para el uso del catalán en todos los ámbitos o limiten la plena igualdad lingüística de los ciudadanos y ciudadanas.
Régimen de la función pública Los preceptos de la presente Ley vinculan al personal al servicio de la Administración de conformidad con las normas reguladoras de la función pública.
Las normas de usos lingüísticos Las normas de usos lingüísticos a que se refiere el artículo 9.3 deben ser aprobadas en el plazo máximo de dos años, a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.
La adaptación empresarial 1. Las empresas y entidades afectadas por la presente Ley tienen un plazo de dos años para adaptarse a lo dispuesto en el artículo 15 y las disposiciones del capítulo V. Este plazo es de cinco años para los empresarios y empresarias autónomos.
Las emisoras de radiodifusión y televisión Los artículos 25 y 26 se aplican a las emisoras cuyos títulos habilitantes corresponde otorgar a la Generalidad y que se conceden o renuevan después de la entrada en vigor de la presente Ley.
Modificación de la Ley 8/1987, de 15 de abril 1. Se modifica el artículo 5 de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y de Régimen Local de Cataluña, que queda redactado del siguiente modo:
Sustitución y vigencia de normas 1. La Ley 7/1983, de 18 de abril, de Normalización Lingüística en Cataluña, queda sustituida por los preceptos de la presente Ley, sin perjuicio de que, en todo aquello que no resulte contradictorio con la misma, pase a formar parte de la tradición jurídica catalana.

References: Artículo 7
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 19
 artículo 2
 artículo 54
 artículo 9
 artículo 15
 artículo 5