Source: http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2015/11/
Timestamp: 2018-03-25 01:41:50+00:00

Document:
Derecho y empresa: noviembre 2015
Publicado por Daniel Montes en 9:27 No hay comentarios:
Exhibición de documentos e información que SUNAT ya tiene en su poder
INGRESO COMO RECAUDACION POR NO EXHIBIR LO QUE SUNAT YA TIENE EN SU PODER
Tomemos el siguiente caso: SUNAT programa una fiscalización a una empresa y le emite un primer requerimiento en el cual le solicita exhibir una serie de elementos de documentación, incluyendo la factura de la imprenta que le hizo el trabajo de impresión de las facturas que tiene en giro. Debido a que la empresa ha extraviado esa factura que data de algunos años atrás, no la exhibe; por lo cual el requerimiento se cierra con la indicación de esa falta. Semanas más tarde, la empresa recibe una comunicación de SUNAT en que le indica que procederá a ingresar su saldo de la cuenta de detracciones del Banco de la Nación, al haber incurrido en una de las causales señaladas en el numeral 3 del art. 9 de D. Leg. 940, ley del régimen de detracciones, que consiste en haber incurrido en la infracción del numeral 1 del art. 177 del Código Tributario: no exhibir lo solicitado por la administración.
Y lo mismo se puede decir de cuando SUNAT nos exige la exhibición de declaraciones juradas presentadas a ella misma, o de las constancias de trámite de cambios en el RUC, o de los archivos PLE que contienen los libros electrónicos remitidos por vía electrónica, etc. Es decir, todo aquello que la administración se supone que ya tiene porque le fue presentado o remitido.
Cabe preguntarse: ¿Para qué quiere el auditor de SUNAT la factura de la imprenta autorizada por la propia administración conteniendo el detalle de las series y cantidades de comprobantes impresos? Se entiende que para verificar el rango de comprobantes que el contribuyente puede utilizar. Pero esa información ya la tiene, porque las imprentas que imprimen comprobantes solo pueden se aquellas autorizadas por SUNAT, y entre sus obligaciones está la de reportar todos los trabajos de impresión realizados a sus clientes, incluso señalando la factura emitida. Es por eso que en la página web de SUNAT se puede verificar si el número de factura que me presenta un proveedor es válido, pues la administración nos da ese servicio en línea, a partir de la información de las imprentas.
Entonces, ¿qué daño le hace a la administración el que la empresa fiscalizada no haya podido ubicar la factura de la imprenta? Pues ninguno, claro. Solo sirve en este caso para afectar a la empresa, al tomar su dinero de la cuenta de detracciones con un pretexto absurdo. Y lo mismo ocurre con los demás ejemplos citados líneas arriba.
La Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) dispone (art. 40.1.1) que las entidades públicas están prohibidas de exigir a los administrados la documentación “que posea o deba poseer en virtud de algún trámite realizado anteriormente”. Y ese es precisamente el caso de la autorización para la impresión de las facturas, o la presentación de las declaraciones juradas, o la remisión de los libros contables electrónicos. Pues bien, si esto es así, la supuesta infracción de no cumplir con exhibir lo solicitado debe entenderse como no cometida, por lo que tampoco existiría la causal para que la administración tome el dinero del contribuyente.
SUNAT justifica su accionar sosteniendo que la infracción sí se comete porque el requerimiento no se refiere exactamente al trámite de autorización de impresión de facturas, sino a que se exhiba la factura de la imprenta, que es algo distinto. Y añade que es distinto porque SUNAT no recibe de las imprentas las copias de sus facturas por trabajos de impresión, sino solamente la información. Olvida la administración que esto es abusar de las formas, pues lo importante es justamente la información, no el papel donde está impresa, y esa información ya la tiene.
Por lo demás, con argumento tan sofista como ese, SUNAT se salta también el Principio de Eficacia: “Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el cumplimiento de la finalidad del acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realización no incida en su validez, no determinen aspectos importantes en la decisión final, no disminuyan las garantías del procedimiento, ni causen indefensión a los administrados” (numeral 1.10 del art. IV de la LPAG). Lástima que este importante principio sea olímpicamente ignorado por muchas administraciones públicas del país, como en este caso.
Publicado por Daniel Montes en 22:06 1 comentario:
Recurso de revisión de sentencia penal e imparcialidad de los jueces
¿LA IMPARCIALIDAD DE LOS JUECES ANULA SU CRITERIO?
El 24 de octubre se ha publicado la Sentencia Plenaria N° 01-2015/301-A.2-ACPP, que establece un criterio discutible: señala que un vocal supremo que hubiera conocido anteriormente del proceso penal sujeto al recurso excepcional de revisión, no puede volver a conocerlo pues su imparcialidad estaría en entredicho, por lo que a fin de garantizar el derecho del solicitante a una verdadera justicia, dicho vocal debe apartarse. Este es el caso del juez Príncipe Trujillo, quien se había excusado de conocer el recurso de revisión planteado por el ex presidente Fujimori sobre su condena penal, ya que dicho vocal había conocido del caso en su trámite normal.
El pleno de vocales supremos que ha adoptado este criterio ha actuado, a nuestro criterio, con demasiado temor de que se cuestione cualquier decisión en este caso, además de dejar de lado las consideraciones acerca de lo que debe ser un juez que actúa en base a su criterio profesional. Y es que el pleno acude a la figura del “sesgo de confirmación”, concepto sicológico que alude a que “una persona que ya ha tenido oportunidad de sentar previamente criterio sobre una materia, se le pone a posteriori en disposición de tomar una nueva decisión sobre el mismo asunto”. En otras palabras, un juez se sentiría inclinado a resolver igual que la primera vez. Y añade: “El sesgo confirmatorio se afirma en el sopesamiento (sic) subconsciente del costo del error para quien se ve forzado a replantear lo que antes decidió”.
Pero esto es absurdo, ya que el recurso de revisión no consiste en volver a conocer el caso en la misma forma que la primera vez, ni se basa en alegar un error de apreciación de los jueces originales, pues para eso ya existe la doble instancia. La revisión debe sustentarse en alguno de los siguientes supuestos, reseñados por el propio pleno: a) la demostración de que alguna o varias pruebas del proceso original eran falsas, b) la demostración de que los jueces originales cometieron un delito para viciar el proceso, o sufrieron un delito que los conminó a hacerlo, c) la aparición de nuevos hechos o nuevas pruebas, y d) el error jurídico, solo cuando la ley penal fue declarada inconstitucional posteriormente a la sentencia.
Como se ve, nada de esto supone una reevaluación del proceso en las mismas condiciones. Es más, el presupuesto de la revisión es suponer que si los jueces hubieran tenido en cuenta los datos nuevos hubieran resuelto de forma diferente. No hay error que reconocer ni temer. ¿Qué le costaría a los jueces originales incorporar esos datos nuevos a su razonamiento y criterio, a fin de comprobar si la primera decisión debe mantenerse o no? Pues nada más que un nuevo ejercicio de criterio judicial, que se supone utilizan todos los días. Alegar que se sentirán inclinados a resolver de igual forma es como decir que no están preparados para usar un criterio profesional y responsable, caso en el cual mejor sería que no fueran jueces. Por supuesto, esto no aplica al juez que cometió o sufrió un delito, único caso en el cual este criterio del pleno tendría sentido.
Si la ley no había previsto que los jueces que conocieron primero del caso no pueden resolver el recurso de revisión, no fue para que se diera un pleno como este que rebaja la consideración que deberíamos tener de las calidades de los jueces, sino porque no debería preocuparnos encargarle una nueva evaluación del caso a una persona a la que se le paga para usar su criterio y no caer tan fácilmente en sesgos sicológicos que no vienen al caso. Si así fuera, no debería haber medidas cautelares, porque deberíamos suponer que el juez que concede una resolverá siempre a favor del solicitante de la medida cautelar, solo para confirmar su primer criterio. O tendríamos que suponer que el juez que dispone una prisión preventiva solo va a resolver finalmente con una condena, para no dejar de confirmar sus decisiones previas. En suma, algo absurdo.
Publicado por Daniel Montes en 22:05 No hay comentarios:
Reglamento de propaganda electoral y libertad religiosa
¿LIBERTAD RELIGIOSA VS. LIBERTAD DE CREENCIAS POLITICAS?
El 24 de octubre se ha publicado la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) N° 0304-2015, que aprueba el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Período Electoral, que aglutina pero además modifica las normas anteriores sobre estos tres temas. Las modificaciones referidas a la propaganda electoral y su relación con los credos religiosos es lo que nos interesa analizar aquí.
La anterior Resolución N° 136-2010-JNE sobre propaganda se limitaba a señalar que estaba “prohibida la propaganda electoral que: …. 14.6 Invoque temas religiosos de cualquier credo” (art. 14). La nueva resolución que comentamos dice algo más, y es que constituye infracción al reglamento “el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo” (numeral 7.8 del art. 7). Y no solo eso, sino que también califica como infracción el “usar… los locales …. de las iglesias de cualquier credo para …. la realización de conferencias, asambleas, reuniones o actos de propaganda electoral en favor o en contra de cualquier organización política, candidato u opción en consulta” (numeral 7.1 del art. 7).
Empecemos por lo del uso o invocación de temas religiosos. ¿Nadie podría colocar como fondo de sus afiches, paneles, videos, etc., elementos religiosos como crucifijos, libros sagrados, fachadas de edificios religiosos, o cualquier otra cosa por el estilo? Si entendemos por “uso de un tema religioso” cualquier cosa material que aluda a un credo en particular, un candidato, por ejemplo, no podría declarar mientras vista el hábito morado de su cuadrilla del Señor de los Milagros, o delante de la catedral si lo entrevistan a la salida de una ceremonia, etc. Nos parece francamente difícil primero establecer este uso como intencional y además que esta prohibición tenga sentido. Mucho menos si se trata de la invocación de temas religiosos (lo que ya era bastante absurdo en 2010).
Y es que las creencias religiosas no pueden separarse por reglamento de las convicciones políticas, porque las personas tienen precisamente la libertad de orientar sus creencias de la forma que mejor les parezca. Si una persona quiere confundir ambos planos y basar sus decisiones políticas (voto) en consideraciones religiosas sobre las propuestas de los candidatos y partidos, nadie se lo puede prohibir. Y tampoco tiene sentido que se le prohíba manifestar esas preferencias, ni a los votantes ni a las organizaciones políticas. El reglamento aprobado ahonda más en este error y añade, como dijimos, que también está prohibido usar cualquier local religioso para actividades políticas de propaganda, lo cual es una intromisión directa en la libertad de las personas. Si soy creyente de una iglesia en particular, y si en mi iglesia se apoya una opción política puedo, si quiero, separar ambos planos y seguir con mi fe dejando de lado esa parte política que manifiestan los líderes de mi iglesia. Y si el tema me disgusta demasiado, pues puedo hasta abandonar mis creencias religiosas vinculadas a esa iglesia. Todo eso es libertad, pero el JNE no lo entiende.
Por otro lado, no se discute que los locales de cualquier nivel estatal deban abstenerse de estos usos, pero prohibirlo a locales privados que se destinan normalmente a cultos religiosos es un exceso. No le corresponde a las personas separar por completo lo religioso de lo político, esa es una obligación del Estado solamente. Eso no quiere decir que si una organización política accede al poder y tiene determinadas creencias religiosas, incluso si ellas le hubieran ayudado a conseguir más votos, pueda gobernar a partir de esas creencias para todos los ciudadanos. Pero esa es otra historia.
Por supuesto, nadie espera tampoco que la libertad religiosa permita, por ejemplo, a un candidato exclamar en sus mitines que otro candidato es el anticristo o que trabaja para el demonio, o cosas por el estilo, porque sin importar si puede creerlo sinceramente, la limitación a esos excesos estriba en el respeto, honor y buenas costumbres que se deben recíprocamente todas las personas (y que son otras tantas prohibiciones del reglamento de propaganda, que en eso sí es correcto).
Si el JNE quiere mantener esta regulación y aplicarla con rigor, tendría que prohibir, por ejemplo, que los partidos realicen las famosas “chocolatadas navideñas”, puesto que la Navidad es un tema religioso, qué duda cabe. Ya veremos si llegamos a esos extremos, porque todo es posible de ver cuando las autoridades pretenden meterse en la cabeza de la gente, así sea con la excusa de protegerla, o con la peor excusa de que las personas no tienen la capacidad de discernimiento necesaria.
Publicado por Daniel Montes en 7:10 No hay comentarios:
Carta fianza de entidades administradoras y liquidadoras en procesos concursales
DILUYENDO EL RIESGO DE LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS Y LIQUIDADORAS EN PROCESOS CONCURSALES
El 24 de octubre se ha publicado la Resolución de INDECOPI N° 180-2015-INDECOPI/COD, que aprueba la nueva Directiva que regula la exigencia de carta fianza a las entidades administradoras o liquidadoras que actúen en procedimientos concursales, que reemplaza a aquella aprobada mediante la Resolución N° 025-2013, a raíz de los cambios introducidos en el art. 120 de la Ley General del Sistema Concursal por el Decreto Legislativo 1189; siendo los cambios más saltantes los referidos al importe de la carta fianza.
Con el texto anterior de la ley, la determinación de la cuantía de la carta fianza le correspondía en primer lugar a la Junta de Acreedores, con libertad de acción para pedir especiales garantías si se tratase de procedimientos complejos o que involucraran acreencias muy grandes, por ejemplo. Solo a falta de determinación por la junta, cabía que INDECOPI estableciera la cuantía de la carta fianza. Ahora la junta de acreedores ya no tiene injerencia en el tema. Y de paso, antes la carta fianza era exigible por cada procedimiento concursal en que participara la entidad administradora o liquidadora, mientras que ahora la carta fianza sirve para mantener a esa entidad en el registro respectivo, sin importar en cuántos procedimientos concursales pueda estar participando al mismo tiempo.
Hay que reconocer que el mecanismo de la directiva anterior para fijar la cuantía de la carta fianza era lógico, aunque algo engorroso: suponía primero establecer un monto base tomando en cuenta el importe de los créditos involucrados en el procedimiento (4, 8 o 12 UIT), al que debía sumarse el 10% del total de las multas impuestas a la respectiva entidad administradora o liquidadora en cualquier momento. Así, el incentivo para que una entidad no incurriera en infracciones no era solo dejar de pagar multas, sino además el no perjudicar su competitividad al acumular sanciones que elevaran demasiado la carta fianza que debía ofrecer en su siguiente trabajo. El mecanismo podía no ser perfecto, pero el incentivo señalado correspondía a lo que hacía cada entidad, lo cual nos parecía bueno.
Ahora, la cuantía de la carta fianza tiene un solo criterio, y que ya no depende ni del monto de los créditos involucrados, ni del comportamiento de la propia entidad administradora, sino que se ha diluido el efecto. Ahora, la cuantía es igual para todas las entidades, y equivale al promedio de la cantidad de UIT aplicadas como multa a todas las entidades del sistema durante los últimos tres años. Para lo que resta del 2015 y el 2016 INDECOPI ha calculado ese promedio en 6.31 UIT, poco más de 24,000 nuevos soles.
Se podría decir que el objetivo de la nueva regla es permitir la mayor competencia entre entidades administradoras y liquidadoras, disminuyendo sus costos de ingreso a competir, al igualar las cartas fianzas, pero nos parece errado ese criterio. Con esto, el incentivo cambia y ya no es positivo, sino negativo: si una entidad administradora o liquidadora se porta mal y recibe una sanción, la misma no va a elevar más que en unos pocos nuevos soles el promedio de las multas aplicadas a todas las entidades, incluyendo ella misma. En otras palabras, la entidad infractora no verá afectada directamente su competitividad y su capacidad de conseguir cartas fianzas, porque el efecto de su inconducta se diluye entre todas las entidades. Funciona como un seguro, claro, pero ¿a favor de quién? Creemos que a favor de la persona equivocada (el objetivo del sistema concursal es proteger al acreedor, no a las entidades administradoras y liquidadoras). Y tampoco se ha tenido en cuenta que con esto, si todas las entidades tienen el mismo incentivo para portarse mal, la frecuencia de las infracciones será mayor, en perjuicio de todo el sistema, pero el efecto solo se verá después de mucho tiempo y no afectará considerablemente a todas las entidades (las que se porten bien y mal) sino hasta que pasen tres años de promediar sanciones. En suma, una mala regla, a nuestro modo de ver.
Publicado por Daniel Montes en 0:41 No hay comentarios:
Publicado por Daniel Montes en 23:13 No hay comentarios:
Revocación de actos administrativos que no establecen relaciones jurídicas
¿SE PUEDE REVIVIR UN TITULO DE NOTARIO CANCELADO?
El 24 de octubre se ha publicado la R.M. N° 0278-2015-JUS, que revoca la R.M. N° 0063-2012-JUS y vuelve a darle validez y plena eficacia a la R.M. N° 035-96-JUS. ¿Qué significa todo esto? Pues que la ex congresista Elsa Canchaya, procesada por la contratación irregular de una trabajadora del Congreso en 2007, que desde el año 1996 ya era Notaria de Huancayo, y cuyo título notarial fue cancelado el 02 de marzo de 2012 en virtud de la sentencia de la Corte Suprema que condenó a la mencionada ex congresista, ahora puede volver a ser notaria, en vista que una demanda de habeas corpus le fue favorable y dicha sentencia condenatoria dejada sin efecto, con la consecuente declaración de prescripción del supuesto delito.
Más allá del problema que significa en materia penal el que los procesos sean larguísimos, en especial para los delitos que tienen penas menores (en este caso ni siquiera había pena privativa de libertad, aunque sí inhabilitación), queremos analizar si esta decisión del Ministerio de Justicia es correcta a la luz de las normas procesales, tanto en el orden administrativo como en el judicial.
Cuando el 02 de marzo de 2012 el ministerio canceló el título notarial no se puede decir que lo hiciera con vicio alguno, ya que la norma de la Ley del Notariado dispone que debe procederse a esa cancelación cuando el notario haya “sido condenado por delito doloso mediante sentencia firme” (art. 21 del D. Leg. 1049), y esa era la sentencia de la Corte Suprema del 04 de mayo de 2010 (segunda instancia), que confirmó la sentencia del 07 de octubre de 2009 (primera instancia), puesto que una sentencia firme es aquella que pone fin al procedimiento en última instancia, o aquella que ha sido consentida por el interesado.
Una demanda de habeas corpus que tenga por objeto que se anule una sentencia inicialmente firme no forma parte del proceso penal, aunque pueda tener efectos sobre él. En otras palabras, aunque el ministerio hubiera tenido conocimiento de una demanda de habeas corpus (que no fue el caso), la cancelación del título notarial era correcta. Por supuesto, eso no quiere decir que tenía que parecerle justa esa decisión a Elsa Canchaya, quien siempre alegó su inocencia, además de haber alegado la prescripción ante la Corte Suprema, pues el plazo habría vencido en 2010, poco antes de la sentencia firme (aunque la corte no le hizo caso, pero sin sustentar su decisión).
El caso es que desde el 04 de mayo de 2010 hasta el 02 de marzo de 2012, en que se le cancela el título notarial, la ex congresista no hizo nada contra la famosa sentencia firme que la condenaba, porque seguía siendo notaria. Es solo el 14 de marzo de 2012, luego de recibir la resolución que le quitaba el título de notaria, que ella interpone su demanda de habeas corpus y llega por esa vía hasta el Tribunal Constitucional, que el 04 de setiembre de 2013 declara nula la sentencia del 04 de mayo de 2010 por no haber tomado en cuenta la prescripción.
En virtud de ello, el proceso penal se reabrió y terminó en abril de 2015 con una nueva sentencia firme que declara prescrita la acción penal y absuelve a la ex congresista. Luego de eso, Elsa Canchaya solicita al ministerio que revoque su decisión de 2012 y le devuelva su título de notaria, con el resultado que apuntamos al comienzo.
¿Pero esto es correcto? Creemos que no. En realidad, la interesada debió no solo plantear su demanda de habeas corpus al ser notificada con la cancelación de su título notarial, sino además impugnar dicha resolución en la vía administrativa, ante el propio ministerio. Si, como es evidente, el fundamento de su disconformidad estribaba en la insatisfacción con la sentencia penal y había planteado su demanda de habeas corpus por ello, debió invocar el art. 13 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que dispone que cuando en un procedimiento administrativo sea necesario un previo pronunciamiento judicial, dicho procedimiento debe suspenderse a la espera de tal decisión. Incluso, aunque el ministerio no hubiera suspendido el procedimiento, la interesada podía haber cuestionado esa decisión conforme le facultaba esa misma norma de la LOPJ, de modo de mantener impugnada la decisión administrativa a la espera de la solución final del caso judicial. Pero no hizo nada de esto.
A su turno, también equivocadamente a nuestro criterio, el ministerio se ha basado en el art. 230.2.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo General para aceptar la revocación de su decisión inicial, norma que se aplica “cuando sobrevenga la desaparición de las condiciones exigidas legalmente para la emisión del acto administrativo cuya permanencia sea indispensable para la existencia de la relación jurídica creada”. Pero el ministerio no tiene en cuenta que aquí no hay ya ninguna relación jurídica creada, sino todo lo contrario, pues la cancelación del título notarial acabó con ella.
Creemos que, en estricto, si la interesada no impugnó la decisión del ministerio de 2012 y no mantuvo en discusión la misma haciendo uso de los mecanismos procesales pertinentes, debe entenderse que el acto administrativo de cancelación de su título notarial ha adquirido la firmeza necesaria para mantenerse así, sin importar la decisión final del poder judicial, que para estos momentos ya ni siquiera puede pronunciarse sobre lo que realmente interesaba, sino solo por la prescripción.
Publicado por Daniel Montes en 23:10 No hay comentarios:

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución