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⭐Políticas y Ley de competencia económica en México
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Enrique Miguélez Méndez
1 «Políticas y Ley de competencia económica en México Examen inter pares de la OCDE BANCO INTERAMERICANO Este informe ha sido impreso en formato anverso-reverso en español e inglés DE DESARROLLO2 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS POLÍTICAS Y LEY DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN MÉXICO EXAMEN INTER PARES Este informe ha sido financiado por el Banco InterAmericano de Desarrollo3 ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS Conforme a lo dispuesto en el Artículo 1 del Convenio firmada en París el 14 de diciembre de 1960, que entró en vigor el 30 de septiembre de 1961, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) deberá promover políticas destinadas a: - alcanzar un crecimiento sostenible de la economía y del empleo, así como una progresión del nivel de vida en los países Miembros, manteniendo paralelamente la estabilidad financiera, con el fin de contribuir al desarrollo de la economía mundial; - asistir en el trabajo de expansión de una economía sana, tanto en los países Miembros como en los demás países en proceso de desarrollo económico, y - contribuir al crecimiento del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria, de acuerdo con las obligaciones internacionales. Los Miembros originales de la OCDE son Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Los países siguientes ingresaron en la Organización en las fechas que se indican entre paréntesis: Japón (28 de abril de 1964), Finlandia (28 de enero de 1969), Australia (7 de junio de 1971), Nueva Zelanda (29 de mayo de 1973), México (18 de mayo de 1994), República Checa (21 de diciembre de 1995), Hungría (7 de mayo de 1996), Polonia (22 de noviembre de 1996), República de Corea (12 de diciembre de 1996) y la República Eslovaca (14 de diciembre de 2000). La Comisión de las Comunidades Europeas participa en las actividades de la OCDE (Artículo 13 del Convenio de la OCDE). OCDE 2004 Toda solicitud de permiso para reproducir una parte de esta obra para fines no comerciales o docentes deberá obtenerse dirigiéndose a: Centre français d exploitation du droit de copie (CFC), 20, rue des Grands-Augustins, París, Francia, Tel. (33-1) , Fax (33-1) , para todos los países con excepción de los Estados Unidos. En los Estados Unidos el permiso debe obtenerse por conducto del Copyright Clearance Center, Customer Service, (508) , 222 Rosewood Drive, Danvers, MA USA, o CCC Online: Todas las demás solicitudes de permiso para reproducir o traducir este libro en parte o en su totalidad deberán dirigirse a: Publicaciones de la OCDE, 2, rue André-Pascal, París Cedex 16, Francia. 24 PRÓLOGO En el marco del Programa de Reforma Regulatoria de la OCDE, en 1998 se había llevado a cabo una primera evaluación de las políticas y de la Ley de Competencia Económica de México. En ese Informe se llegaba a la conclusión de que la Ley de Competencia de México representaba una síntesis bien concebida de principios económicos, y de que la Comisión Federal de Competencia (CFC) de México tenía amplios poderes en materia de aplicación de la ley y autoridad para influir en la regulación directa del mercado por parte de otros organismos. En el presente informe*, que sirvió de base para un examen inter pares de tres horas de duración en el Comité de la Competencia de la OCDE el 10 de febrero de 2004, se llega a la conclusión de que la Comisión ha madurado y se ha convertido en una institución digna de crédito y de respeto que se ha anotado gran número de logros a pesar de las dificultades del entorno en que funciona. Con todo, el grado de respaldo general con que cuentan las políticas de competencia económica sigue siendo una cuestión discutida, y la eficiencia de la CFC se ve limitada por ciertas deficiencias en cuanto a la autoridad establecida por la ley y los procesos de revisión judicial. La Comisión ha debido hacer frente también a una reducción de los recursos a pesar de que su carga de trabajo ha aumentado. Por otra parte, ciertos aspectos de los procedimientos de la CFC y sus relaciones con otros organismos públicos reducen su eficacia como organismo de aplicación de la ley y defensor de la competencia. En el Informe de la Secretaría de la OCDE se recomiendan reformas que la Comisión podría adoptar para potenciar su desempeño, y se proponen también ciertas modificaciones en cuanto a los procedimientos y la autoridad establecida por la ley. El informe aparece en momentos en que la CFC atraviesa una importante coyuntura, ya que el gobierno federal ha anunciado su intención de realzar el papel de las políticas de competencia y de la CFC en el programa económico nacional de México, y está preparando propuestas de ley que, de ser aprobadas, pondrían en práctica muchas de las recomendaciones del informe. *Este informe ha sido preparado por Jay C. Shaffer, consultor de la OCDE, ex funcionario de la División Antimonopolio del Ministerio de Justicia de los EE.UU. y Asesor General Adjunto de la Comisión Federal de Comercio de los EE.UU. 35 6 ÍNDICE Resumen Políticas de competencia económica en México: fundamentos y contexto Campo de aplicación de la Ley de Competencia Económica Contenido y aplicación de la ley de Competencia Económica y disposiciones afines Acuerdos horizontales: reglas para evitar coordinación nociva para la competencia Acuerdos verticales: reglas para prevenir acuerdos contrarios a la competencia en cuanto al suministro y la distribución Abuso de posición dominante: reglas destinadas a combatir monopolios propiamente dichos Concentraciones: reglas para prevenir problemas nocivos para la competencia derivados de fusiones de empresas Determinaciones del poder sobre el mercado relevante: reglas que dan lugar a regulación de precios para remediar esta situación Barreras estatales al comercio : reglamento para prevenir el deterioro del comercio interestatal Protección del consumidor: compatibilidad con la legislación y las políticas en materia de competencia Instrumentos institucionales: aplicación de la política de la competencia Instituciones encargadas de la política de la competencia: la Comisión Federal de Competencia La aplicación por parte de la CFC de la Ley de Competencia Económica Otros métodos y técnicas de aplicación de la ley Resultados, prioridades, recursos y gestión de la Comisión Actividades de defensa de la competencia Conclusiones y Recomendaciones7 6.1 Virtudes y deficiencias actuales Recomendaciones Notas8 RESUMEN En este informe se evalúa la elaboración y aplicación durante los últimos cinco años de las políticas y la Ley de Competencia Económica en México. Este documento representa una actualización de un informe preparado en 1998 que formaba parte de un estudio más amplio de la OCDE sobre reforma normativa. En el Informe de 1998 se llegaba a la conclusión de que la Ley Federal de Competencia Económica adoptada por México en 1993 representaba una síntesis bien concebida de principios económicos contemporáneos. La Ley llevó a la creación de la Comisión Federal de Competencia (CFC) que tiene amplios poderes en materia de aplicación de la ley y autoridad para determinar si la ausencia de competencia eficaz en un sector del mercado autoriza la intervención del gobierno. Con todo, en el informe anterior se señalaba la ausencia de claro respaldo para las políticas de competencia, por lo que cabía cuestionar el vigor de la aplicación de la Ley por parte de la Comisión Federal de Competencia. Cinco años más tarde, siguen siendo válidas las observaciones sobre las virtudes señaladas en el Informe inicial, y se han disipado la mayoría de las dudas acerca de la voluntad de la CFC para enfrentarse a poderosos intereses económicos. Por otra parte, la Comisión ha madurado, habiéndose convertido en una institución digna de crédito y de respeto que se ha anotado gran número de logros a pesar de las dificultades del entorno en que funciona. El organismo sigue confrontando una serie de desafíos y existen muchas oportunidades para mejorar su actuación. El grado de respaldo general para las políticas de competencia económica sigue siendo una cuestión debatible, y ciertas deficiencias en cuanto a la autoridad que le confiere la ley y a los procesos de examen judicial limitan la capacidad de la CFC para hacer frente a las condiciones anticompetitivas de manera eficaz y eficiente. La Comisión también ha visto disminuidos sus recursos a pesar de que ha seguido aumentando su carga de trabajo, y algunos de los procedimientos y métodos de relacionamiento de la CFC con otras entidades gubernamentales reducen su eficacia como organismo encargado de la aplicación de la ley y de la protección de la competencia. 79 RESUMEN ( ) En este Informe se proponen algunos cambios que la Comisión podría adoptar, así como ciertas reformas en cuanto a los poderes y procedimientos que la Comisión debería tratar de obtener de otras ramas del gobierno. Respecto del primero de esos aspectos, el Informe hace las siguientes recomendaciones a la CFC: brindar mayores incentivos a los demandados en los procedimientos de la Comisión para llegar a arreglos extrajudiciales, con la consiguiente reducción del volumen de juicios de amparo entablados contra la Comisión establecer un diálogo con el Colegio de Abogados de México para eliminar la impresión que existe en algunos círculos profesionales acerca de la falta de transparencia de las decisiones de la Comisión y de favoritismo contra los demandados en los casos de las quejas sometidas a la CFC. establecer un programa que permita seguir de cerca las propuestas de disposiciones normativas sometidas al examen de COFEMER y formular comentarios apropiados sobre las propuestas que pudieran tener efectos nocivos para la competencia; mantener una relación mucho más estrecha con PROFECO, para obtener asistencia en cuanto a la detección y el procesamiento de conducta colusoria y, lo que es aún más importante, para servirse de los instrumentos que ofrece PROFECO para dar a conocer a la población más eficazmente los beneficios de la competencia; imponer multas cuantiosas en los casos de carteles, pedir a las instancias competentes que inicien procesos penales contra los directivos de las empresas, y emplear otros instrumentos que permitan poner al descubierto los actos de colusión; aumentar su interacción con las organizaciones nacionales de empresarios y los consorcios de cámaras empresariales con el fin de explicar y promover la política de competencia económica; proporcionar una explicación más detallada de sus decisiones en cuanto a la imposición de multas para evitar revocación de sus decisiones en los procedimientos de revisión judicial del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; 810 RESUMEN ( ) destinar todo aumento en el nivel de recursos a la contratación de personal profesional adicional, en particular abogados especializados; adoptar criterios para evaluar la importancia del argumento de empresas en crisis en los casos de concentraciones; dictar reglas de confidencialidad apropiadas para evitar la divulgación inapropiada de información comercial sensible por parte de los jueces en los juicios de amparo contra la CFC; modificar los reglamentos en materia de notificación en casos de concentraciones para esclarecer las circunstancias en que no es obligatoria la presentación de notificación cuando se trata de transacciones con fines de reestructuración llevadas a cabo por empresas extranjeras con filiales mexicanas. promover la selección de economistas con experiencia profesional pertinente que puedan ser contratados por los tribunales de amparo en calidad de peritos en los casos de la CFC. Por lo que respecta al segundo de eso aspectos, el Informe recomienda que la Comisión solicite del Congreso (o del poder judicial, como corresponda) que se adopten medidas para: exigir que los nombramientos de los comisionados de la CFC estén sujetos a la aprobación del Senado, y que se establezca la independencia presupuestaria de la CFC respecto del Ejecutivo Federal; aumentar la asignación presupuestaria de la Comisión; otorgar poderes a la CFC que le permitan bloquear decisiones perjudiciales para la competencia en negociaciones de acuerdos comerciales; conferir a la CFC poderes más amplios en materia de investigación, así como la autoridad para establecer un programa de lenidad para aquellos conspiradores que revelen voluntariamente acuerdos de colusión; otorgar poderes a la CFC para dictar soluciones directamente en casos de problemas estructurales de monopolios o, por lo menos, conferir a la Comisión la autoridad que le permita investigar industrias con conducta dudosa y recomendar soluciones apropiadas al Congreso; 911 RESUMEN ( ) garantizar que la CFC tenga una oportunidad adecuada para participar en todos los procedimientos que lleven a cabo las entidades reguladoras federales, y exigir que las entidades reguladoras publiquen sus respuestas a los comentarios de la Comisión; establecer un tribunal de amparo especializado en cuestiones económicas para la vista de los casos de la CFC y de otras entidades que tratan de cuestiones económicas; evitar que los tribunales de amparo dicten suspensiones improcedentes de las resoluciones de la CFC durante el proceso de revisión judicial; simplificar los procedimientos aplicables al cobro de las multas una vez terminado el proceso de revisión judicial; modificar las reglas de procedimiento para los juicios de amparo y los casos sometidos al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con el fin de que las partes que soliciten revisión de sentencias de la Comisión que vayan acompañadas de multas se vean en la obligación de depositar una fianza que garantice el pago en caso de que sea confirmada la resolución de la Comisión; eliminar para los casos de la CFC la suma mínima jurisdiccional que se exige para la revisión ante un tribunal de alzada de las decisiones negativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 1012 1. Políticas de competencia económica en México: fundamentos y contexto En este informe se evalúan los desarrollos y la aplicación de las políticas y la Ley de Competencia Económica en México desde Representa una actualización del Informe de Antecedentes sobre el papel de las políticas de competencia en la reforma regulatoria, preparado por la OCDE en como parte de un estudio más amplio de la OCDE sobre la reforma regulatoria en México (en lo adelante, el Informe de 1998 ). 1 Al igual que en el anterior Informe, este análisis comienza con una descripción de los antecedentes de las políticas de competencia en México y del contexto en que operan. La política de competencia de México fue adoptada como parte de una iniciativa de reformas que tomó unos diez años a partir de mediados de los años ochenta, que estaba destinada a poner fin al control y a la protección del gobierno central de la actividad económica interna y a desarrollar en su lugar una economía con orientación de mercado. El gobierno puso fin a la mayoría de los controles de precios en el mercado interno y redujo los obstáculos al libre ingreso en el mercado. Con el fin de abrir la economía al comercio y a la inversión extranjeros, México eliminó la mayoría de las licencias de importación obligatorias, abolió los precios de importación oficiales, redujo los aranceles, y accedió al GATT. Más adelante, en 1994, México subscribió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que fue seguido por acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y gran número de países de América Latina, por lo que en la actualidad la casi totalidad del comercio exterior de México está cubierto por esos acuerdos. Después de la entrada en vigor del TLCAN el comercio con los Estados Unidos y Canadá se triplicó, y en el período comprendido entre el inicio del proceso de liberalización en 1984 y 2002, las importaciones anuales experimentaron un incremento de más del 1000 por ciento, mientras que las exportaciones aumentaron en un 555 por ciento. Tal como se había anticipado, la liberalización de las importaciones, representó un estímulo positivo para la competencia a nivel nacional en los sectores de bienes comerciables de México. El gobierno se propuso también privatizar cientos de empresas comerciales de propiedad estatal. La medida más destacada en este respecto fue la venta en 1990 del monopolio telefónico por la suma de millones de dólares estadounidenses. En 1991 y 1992 fueron privatizados dieciocho bancos comerciales, por un total de millones de dólares. Se vendieron a sociedades privadas empresas públicas en los ramos del acero, refino de azúcar, líneas aéreas, teledifusión, satélites, instalaciones aeroportuarias y ferrocarriles. Se organizaron licitaciones para otorgar al 1113 sector privado licencias y concesiones de actividades que en el pasado habían estado en manos del estado, como fue el caso de los servicios portuarios y de almacenamiento, transporte y distribución de gas natural y gas licuado, al igual que licencias para bandas de frecuencias asignadas a gran número de servicios de radiodifusión. En algunos casos la privatización encontró complicaciones, por lo que el proceso todavía no ha llegado a su fin. La crisis del peso a mediados de los noventa y los trastornos económicos que llevó aparejados obligó al gobierno a adquirir nuevamente derechos de propiedad directos o indirectos en diversas compañías en los sectores bancario, de transporte aéreo, operación de carreteras a peaje, y refinerías de azúcar. En los años transcurridos desde entonces se ha restablecido la propiedad privada en el sector bancario, pero todavía está pendiente de solución la situación de los otros tres sectores. Por otra parte, la privatización no ha avanzado en el sector del petróleo, por lo que el monopolio nacional Pemex continúa imponiendo ineficiencias y distorsiones al gobierno y a la economía. Tampoco se ha avanzado mucho en lo que respecta a la energía eléctrica, aunque se han concedido algunas licencias para el establecimiento de instalaciones independientes para la producción de electricidad. 2 En vista de que algunos de los sectores privatizados presentaban características típicas de los monopolios naturales, se instituyeron regímenes normativos para dar cuenta de los defectos en el funcionamiento del mercado. Surgieron dificultades en algunos sectores en que los planes de regulación no estaban lo suficientemente bien concebidos o no se habían puesto en práctica en el momento oportuno. En el caso de las telecomunicaciones, el aliciente de la maximización de los ingresos llevó al gobierno a vender el sistema existente a una entidad única, y la insuficiencia de la regulación de ese sector dio lugar a años de disputas acerca del monto de las tarifas que los competidores que brindan servicios de comunicaciones a larga distancia y servicios de telefonía móvil debían pagar al monopolio para tener acceso a la red. Por lo que respecta a los ferrocarriles, el gobierno vendió segmentos geográficos del sistema nacional a diversos compradores; los resultados de esa decisión fueron mejores que los obtenidos con la experiencia de los teléfonos; sin embargo, han surgido disputas entre los operadores de los diversos segmentos acerca del monto de los derechos de acceso que deben pagar para utilizar el sistema de vías en regiones adyacentes. Un elemento capital en la reforma económica del gobierno fue la adopción de una ley general de competencia económica. La eliminación de las barreras comerciales no bastaba para garantizar la competencia si en su lugar surgían barreras privadas, y la liberalización de las importaciones no podía garantizar la competencia en sectores que no son objeto de comercio. 1214 Por otra parte, como signatario del TLCAN, México estaba comprometido a adoptar medidas para proscribir el comportamiento comercial anticompetitivo. 3 Por consiguiente, México adoptó en 1993 la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), 4 y creó la Comisión Federal de Competencia (CFC) encargada de velar por su aplicación. Los autores de la LFCE se habían propuesto integrar las mejores ideas y prácticas en materia de política de competencia económica existentes en todo el mundo. La ley da un trato firme a los obstáculos más perjudiciales, y aplica un análisis económicamente correcto a las formas de comportamiento más ambiguas recurriendo a un análisis del poder en el mercado y permitiendo una defensa basada en ganancias en eficiencia. La elegante organización de la ley y su clara conceptualización revelan que su elaboración es fruto de la competencia de expertos, y no del aventurerismo populista ni de compromisos políticos. Los objetivos de la LFCE en materia de política de competencia económica son: proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. 5 La eficiencia es la piedra angular para la aplicación de la ley. Otras de las preocupaciones más frecuentes en materia de competencia económica se subsumen en el análisis basado en la eficiencia. Por ejemplo, no existen disposiciones en materia de equidad o de competencia leal, ni tampoco acerca de la protección de los intereses de las pequeñas empresas o la limitación de la concentración industrial. Aunque la ley forma parte de un programa destinado a desarrollar una economía más orientada al mercado, la ley no toma nota explícitamente del objetivo de promover el crecimiento económico. La Ley está basada en el supuesto de que el incremento de la competencia y de la eficiencia se traducirá en mayor crecimiento. 6 El entorno general en que opera la ley no es del todo propicio. En el Informe de 1998 se señalaba que no está claro el nivel de respaldo para la nueva dirección de la política de competencia económica por parte de la población ni de los empresarios. 7 Cinco años más tarde, esa observación sigue siendo válida. La aceptación de las políticas de competencia en México resulta difícil ya que el concepto de competencia de mercado es algo nuevo tanto para la cultura empresarial como para las autoridades mexicanas. La Constitución Mexicana ha prohibido el monopolio desde que fuera ratificada en (y, para ser más precisos, desde la Constitución de 1857). Sin embargo, en el pasado la animadversión contra los monopolios estaba centrada en la concesión de patentes monopólicas a intereses privados gracias a la generosidad del gobierno. En el pasado, la política de competencia en México perseguía el objetivo de eliminar los males del monopolio privado instituyendo el control de precios y la propiedad estatal. 1315 Con anterioridad a la reforma, en aquellos sectores comerciales que no estaban ocupados por empresas propiedad del gobierno federal, las compañías privadas se organizaban en cámaras empresariales que fijaban precios bajo la égida del gobierno. No debe resultar sorprendente que las cámaras empresariales mostraran una clara tendencia para continuar fijando precios incluso después de que había cesado la participación y aprobación del gobierno. Asimismo, después de la reforma, parece que en algunos casos los reguladores del sector público ejercieron su autoridad con el fin de lograr resultados que consideraban deseables independientemente de las posibles ganancias en eficiencia como era el caso, por ejemplo, de la creación de campeones nacionales. La promulgación de la LFCE y el inicio de las reformas encaminadas a la apertura del mercado se remontan al gobierno del Presidente Carlos Salinas, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En 1994 le sucedió el candidato del PRI, Ernesto Zedillo, cuya administración se vio confrontada casi de inmediato con el colapso del peso y la consiguiente crisis económica. Si bien el vigor de las exportaciones contribuyó más tarde a la recuperación de la economía mexicana, al ex-presidente Salinas se le recriminó haber contribuido a la crisis y se le hicieron críticas por su supuesta participación en diversas fechorías. En la dinámica política de México, la política de competencia y la CFC no gozan de mucha simpatía en la medida que se las considera productos de la era de Salinas, o una exigencia impuesta a México por el TLCAN. En un cambio histórico después de más de 70 años de control del gobierno por el PRI, Vicente Fox, candidato del Partido de Acción Nacional (PAN), ganó las elecciones de Tanto el PRI como el PAN obtuvieron dos quintos del total de escaños en la Cámara de Diputados, pero el PRI obtuvo casi la mitad de las bancas en el Senado. En las elecciones de 2003 para la Cámara de Diputados, el porcentaje de los escaños del partido del Presidente Fox (PAN) disminuyó al 30 por ciento, mientras que el del partido que le había precedido en el poder (PRI) aumentó al 44 por ciento. El equilibrio de poder casi parejo ha dificultado la aprobación de legislación de gran trascendencia. Aunque el nuevo gobierno lleva en el poder más de dos años, todavía no existen suficientes elementos que permitan determinar su posición por lo que respecta a las políticas de competencia. Existe la impresión de que en la actualidad los ministros provienen con mayor frecuencia del mundo de los negocios o de la política, en lugar de ser tecnócratas como era típico en los últimos dos gobiernos del PRI. Sin embargo, en fecha reciente, en junio de 2002, el Presidente Fox anunció que el gobierno estaba preparando un programa de desarrollo económico en el que las políticas de competencia habrán de desempeñar un papel de gran importancia. 1416 Durante su mandato, el Presidente Fox ha nombrado hasta ahora un comisionado a la CFC. El Presidente tendrá la oportunidad de hacer otros nombramientos, ya que los mandatos de otros tres comisionados tocan a su fin antes de la próximas elecciones presidenciales de Se encuentra pendiente ante el Congreso legislación presentada por diputados afiliados con el PRI y otros varios pequeños partidos, que otorgaría al poder legislativo participación en el proceso de nombramiento de los comisionados, al exigir que los nombramientos del Ejecutivo Federal a la CFC sean ratificados por el Senado. En el Informe de 1998, además de señalarse la incertidumbre acerca del respaldo público a la política de competencia económica, se destacaba una inquietud acerca de la impresión pública que daba la CFC, la que parece haberse disipado en años posteriores. En el Informe se señalaba que: Cierto número de factores, incluido el enfoque de la CFC, basado en principios económicos, sus meticulosos procedimientos, que a veces son muy lentos, y las demoras derivadas de las frecuentes impugnaciones judiciales, así como la impresión del público de que algunas de sus decisiones han sido acomodaticias por lo que respecta a intereses que no favorecen la competencia, han llevado a que la población tenga la impresión de que es un organismo carente de vigor. 9 Desde 1998, la CFC ha demostrado reiteradamente su voluntad de enfrentarse a poderosos actores económicos y de aplicar la ley de manera resuelta, por lo que ya no quedan muchos que sigan opinando que la CFC es débil en ese campo. Con todo, persiste el problema de producir resultados tangibles, especialmente porque el número de recusaciones ante los tribunales de decisiones de la CFC ha aumentado exponencialmente. La CFC ha ganado casi todos los casos que han sido sometidos a la Suprema Corte de Justicia de México, que ha ratificado la constitucionalidad de gran número de elementos de la LFCE y no ha emitido ningún fallo en que haya detectado contradicción con los principios de la Constitución. 10 No obstante, los fallos de los tribunales de primera instancia no han sido tan favorables para la Comisión, por lo que existe la opinión de que la CFC es un blanco fácil de las tácticas dilatorias en los tribunales. Este problema no se limita al examen judicial de los procedimientos y las determinaciones de los casos planteados ante la CFC, sino que también repercute en el cobro de las multas que la CFC impone por concepto de conducta ilícita. La toma de poder del Presidente Fox representa el cambio más significativo desde 1998 en las condiciones que inciden sobre la política de competencia económica y la CFC. La Suprema Corte de Justicia ha confirmado el régimen legal de la CFC y el poder legislativo no ha introducido enmiendas a la LFCE en los últimos cinco años. Por el 1517 contrario, poderosos intereses han fracasado reiteradamente en sus esfuerzos para modificar la ley con el fin de evadir el control de la CFC. En 2000 y 2001, el Congreso rechazó propuestas destinadas a introducir enmiendas a la LFCE por las que habrían resultado eximidos los servicios de las aerolíneas comerciales. La CFC se opuso a esa legislación, destinada a permitir la consolidación de los activos de las compañías aéreas controladas por el gobierno y la formación de un único transportista nacional. Igualmente, en 2001 y 2002, durante el proceso de revisión de la legislación sobre telecomunicaciones por parte de una conferencia congresional, la CFC logró resistir intentos de reducir su autoridad para declarar la existencia de poder sustancial sobre el mercado relevante en ese sector. Por lo que respecta al Reglamento para la aplicación de la LFCE, no ha habido ninguna enmienda a sus disposiciones desde que fuera promulgado en marzo de Se ha aprobado una nueva ley que afecta no solo a la CFC (sino también a todo el gobierno federal). La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) fue promulgada en 2002, pero sus más importantes disposiciones entraron en vigor el 11 de junio de Esa Ley exige un mayor grado de transparencia de parte de los organismos públicos, tema que se aborda más adelante en este Informe por lo que se refiere a la CFC. 1618 2. Campo de aplicación de la Ley de Competencia Económica La LFCE es reglamentaria de las disposiciones antimonopólicas que figuran en el Artículo 28 de la Constitución Mexicana, por lo que toda exposición sobre la Ley Federal de Competencia Económica de México debe comenzar haciendo referencia al texto constitucional. El Artículo 28 comienza con una amplia formulación de la prohibición de los monopolios, las prácticas monopólicas y los estancos Sin embargo, a continuación establece que no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en determinadas áreas estratégicas (aunque de hecho lo sean). Los sectores enumerados en el Artículo 28 como áreas estratégicas son los correos, telégrafos y radiotelegrafía, el petróleo y los demás hidrocarburos, la petroquímica básica, los minerales radioactivos y la generación de energía nuclear, la electricidad y las funciones del banco central en cuanto a la acuñación de monedas y la emisión de billetes. Esta lista puede ser restringida solamente mediante reforma de la Constitución, que requiere una mayoría de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso y también la aprobación por una mayoría de las legislaturas de los estados. El Congreso puede ampliar esa lista simplemente aprobando legislación, siempre y cuando la base para atribuir la condición de área estratégica esté debidamente establecida. Otras disposiciones del Artículo 28 estipulan que tampoco constituyen monopolios los privilegios concedidos en materia de derechos de autor y patentes para el uso exclusivo de esos inventos; se aplica igualmente el mismo trato a las asociaciones de trabajadores y a las asociaciones o sociedades cooperativas de productores. La LFCE refleja y delimita en mayor detalle los límites de las exenciones constitucionales. El Artículo 4 reafirma la exclusión de área estratégica, pero añade la importante condición de que las empresas propiedad del Estado no están sujetas a la Ley respecto de actos que no estén expresamente comprendidos dentro de las áreas estratégicas. 11 Los artículos 5 y 6 de la LFCE reiteran que las asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación y las asociaciones o sociedades cooperativas que vendan directamente sus productos en el extranjero tampoco constituyen monopolios. Esta última excepción está sujeta a varios requisitos adicionales, entre ellos que el ingreso en las mismas sea voluntario y que estén autorizadas en cada caso para constituirse por la ley correspondiente a su domicilio social. 12 Dejando a un lado esas excepciones, los términos de la LFCE se aplican a todos los agentes económicos, lo que incluye explícitamente las dependencias o entidades de la administración pública (Artículo 3), y a todas las áreas de la actividad económica (Artículo 1). Por consiguiente, se aplican al Estado, sus entidades y todas las empresas comerciales 1719 propiedad del Estado que no operan en áreas estratégicas. Sin embargo, cuando una entidad pública actúa en calidad de autoridad reguladora y no de agente económico, la CFC generalmente no tiene jurisdicción para velar por la aplicación de la ley. Si la entidad pública tiene una conducta normativa improcedente que restringe la competencia, la Comisión puede dirigir una opinión a la entidad en cuestión, pero no dictar una orden con efecto legal vinculante. Por otra parte, la LFCE no prevé excepción ni protección para la conducta de una parte privada tendiente a limitar la competencia alegando que esa conducta ha sido autorizada por una entidad de la administración pública o por un funcionario público. La CFC rechaza ese tipo de defensa como cuestión de principio, aunque puede imponer una sanción reducida al infractor. La CFC está autorizada a actuar contra normativas gubernamentales que resultan perjudiciales para la competencia en un caso específico, a saber, cuando una entidad estatal o local toma alguna medida que restringe el comercio interestatal o extranjero. La fracción V del Artículo 117 de la Constitución Mexicana estipula que la reglamentación de ese comercio es potestad del gobierno federal y prohibe la interferencia de los estados. El Artículo 14 de la LFCE da cumplimiento a esa disposición de la Constitución y estipula que no producirán efectos jurídicos los actos de autoridades estatales cuyo objeto directo o indirecto sea prohibir la entrada a su territorio o la salida de mercancías o servicios de origen nacional o extranjero. Aunque la Comisión no puede ordenar a un estado que revoque esas disposiciones, el Artículo 15 de la LFCE confiere poderes a la CFC para declarar que las disposiciones constituyen una barrera al comercio interestatal. Con ello, la disposición resulta nula con arreglo a la fracción V del Artículo 117 por lo que las partes privadas pueden ignorar la disposición con impunidad legal. Por lo general, la CFC emite primero una recomendación solicitando la revocación de la disposición. Si la entidad estatal no tomara las medidas del caso, la CFC emite una declaración pública dando a conocer que la disposición constituye una barrera al comercio interestatal. 13 Se han establecido comisiones reguladoras para varios sectores de la economía, incluidas las telecomunicaciones (la Comisión Federal de Telecomunicaciones, COFETEL, que forma parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte), la electricidad y el gas (la Comisión Reguladora de Energía, CRE), 14 los seguros y fianzas (la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas), y los fondos de pensiones (la Comisión Nacional del Sistema del Ahorro para el Retiro). El sector del transporte, incluidos los ferrocarriles, la aviación, el transporte por carretera, y los puertos, está regulado directamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, no existiendo una comisión en este caso. Diversos aspectos del sector 1820 financiero están controlados por la Secretaría de Finanzas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Banco de México. Ninguna de esas entidades públicas tiene potestad para aplicar la LFCE, ni tampoco están exentos ninguno de los sectores de mercado en que actúan. Una característica distintiva de muchos de esos planes de regulación sectorial es que crean un papel explícito para la CFC. Específicamente, la CFC debe determinar si existe ausencia de competencia efectiva en un mercado (o que un agente económico tiene poder sustancial sobre el mercado relevante, salvedad que se aplica solo en el caso del sector de las telecomunicaciones) antes de que la reguladora del sector pueda imponer controles de precios. Además, en algunos sectores los agentes económicos que desean participar en una licitación organizada por una reguladora de un sector o presentar una solicitud directamente mediante un trámite administrativo para obtener una concesión, licencia, o permiso debe primeramente obtener una opinión favorable de la CFC. Ésta puede rechazarla o, cuando así lo dispone el reglamento de la licitación, imponer condiciones que serán aplicables al licitante en caso de que sea adjudicado. Una última forma de regulación del mercado por el gobierno es la que se deriva de otra disposición del Artículo 28 de la Constitución Mexicana. Además de prohibir los monopolios y crear áreas estratégicas y otras exenciones ya mencionadas, el Artículo 28 faculta al gobierno federal para fijar los precios máximos en el caso de artículos o servicios que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. La aplicación de esta disposición corresponde al Artículo 7 de la LFCE. Corresponde en exclusiva al Ejecutivo Federal determinar cuales bienes y servicios podrán estar sujetos a precios máximos, los que son fijados por la Secretaría de Economía después de negociación con las partes interesadas. El Artículo 7 de la LFCE dispone que las acciones necesarias en esta materia que concierte y coordine la Secretaría con los productores o distribuidores no constituyen una violación de la LFCE. A mediados de los años ochenta, un 70% de todos los productos estaban sujetos a alguna forma de control de precios. En la fecha de redacción del Informe de 1998, los únicos productos que figuraban todavía en la lista eran las tortillas y las medicinas. En fecha posterior se eliminaron las tortillas; en la actualidad, la Secretaría de Economía evalúa la eliminación de las medicinas. Sin embargo, como se analiza más adelante en el presente Informe, la distribución de gas de petróleo licuado se añadió a la lista en Otro aspecto de la cobertura de la LFCE digno de mención en este punto es el campo de aplicación de la extraterritorialidad. El estatuto no establece distinción entre los actores extranjeros y nacionales y la CFC declaró desde un inicio que la LFCE se aplica a todos los agentes económicos cuya actuación incide en los mercados en el territorio mexicano. 15 Con todo, la 19 Mostrar más
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 Artículo 28
 Artículo 28
 Artículo 28
 Artículo 28
 Artículo 4
 Artículo 117
 Artículo 14
 Artículo 15
 Artículo 117
 Artículo 28
 Artículo 28
 Artículo 7
 Artículo 7
 ARTÍCULO 1
 artículo 28
 artículo 10
 ARTÍCULO 14
 Artículo 10

Artículo 11
 Artículo 7
 Artículo 1
 Artículo 15
 ARTÍCULO 13
 ARTÍCULO 13