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Timestamp: 2019-11-14 11:59:03+00:00

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Juicio Ordinario Laboral de Reinstalación - PDF Free Download
Derecho Procesal Laboral...
Author: Gerlind Castillo
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Descripción: juicio civil ordinario de divorcio necesario
14/06/2010 Juicio Ordinario Laboral de Reinstalación - Víctor Hugo López Barillas vrs. Policía Nacional Civil. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Y DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CHIQUIMULA; CHIQUIMULA, CATORCE DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ. Se tiene a la vista para dictar sentencia, el presente juicio ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACIÓN DE RELACIÓN LABORAL POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO; promovido por el señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS; quien laboró en la POLICÍA NACIONAL CIVIL, dependencia del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; (autoridad nominadora) en contra del ESTADO DE GUATEMALA, a través de la Procuraduría General de la Nación, por medio de su Representante Legal. El demandante tiene su domicilio en el departamento de Jutiapa, actúa bajo la asesoría del abogado EDWIN SARCEÑO y recibe notificaciones en la segunda calle ocho guión sesenta y uno, zona uno, de esta ciudad de Chiquimula; la parte demandada, a través del Abogado ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, en su calidad de Funcionario de la Procuraduría General de la Nación por delegación del Procurador General de la Nación y en REPRESENTACIÓN LEGAL DEL ESTADO DE GUATEMALA; es de este domicilio, actúa bajo su propia asesoría y recibe notificaciones en la quinta calle, entre cuarta y quinta avenidas, casa número dos, de la zona uno de esta Ciudad de Chiquimula. La Inspección General de Trabajo, no compareció a juicio, y recibe notificaciones por medio de los estrados de este Juzgado.
CLASE, TIPO Y OBJETO DEL PROCESO: El proceso pertenece a los juicios de conocimiento, en cuanto al tipo es un juicio ordinario, es de naturaleza laboral, y tiene por objeto determinar el despido directo e injustificado del cual fue objeto el demandante; y si procede o no la reinstalación del mismo.
DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA DEMANDA: El presente proceso se inició por inhibitoria del JUZGADO DUODÉCIMO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DE GUATEMALA, recibido en este Juzgado con fecha doce de noviembre del año dos mil nueve, habiéndosele fijado un previo para que lo subsanara. La parte demandante compareció por primera vez a este juzgado, por medio del memorial recibido el once de febrero del año dos mil diez; (folios 25, 26 y 27) promoviendo Juicio ORDINARIO LABORAL DE REINSTALACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL, en contra del ESTADO DE GUATEMALA, a través de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, manifestando en la exposición de los HECHOS, en resumen, lo siguiente: “I) DE LA RELACIÓN LABORAL Y SU VIGENCIA : Inició su relación laboral en la Dirección General de la Policía Nacional (PN) dependencia de! Ministerio de Gobernación, el dieciséis de abril de mil novecientos noventa y tres (19-04-1993), que finalizó el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y nueve (31-05-1,999), fecha en que se dio terminada unilateralmente por DESPIDO DIRECTO INJUSTIFICADO, del que fue objeto y que le fuera NOTIFICADA EN FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE (20-08-2009), mediante cédula de ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE BAJA, acompañando copia de los acuerdos Ministeriales números cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco (0838-2005), y un mil novecientos ochenta y dos guión dos mil cinco
(1982-2005), de fechas 24 de junio de dos mil cinco y 28 de diciembre respectivamente. El referido despido del que fue objeto VIOLA sus derechos y afecta e régimen de legalidad del país. Su despido según la resolución noticiada es por abandono de cargo, situación que no es cierta y al respecto quisiera expresarme en los términos siguientes: a) DEL DERECHO DE DEFENSA: La carta Magna adopta el principio de que NADIE puede ser afectado en sus derechos sin antes haber sido s ido CITADO, OÍDO y VENCIDO. El Código de Trabajo establece las causas de terminación de los contratos de trabajo. Artículo 76 estipula: es tipula: “Hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ¡as partes, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra...” EN SU CASO, NINGUNA DE LAS CAUSAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO ANTERIOR HAN OCURRIDO COMO PARA QUE EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN HAYA TOMADO LA DECISIÓN DE Destituirlo, SE EXPLICA: El acuerdo Ministerial referido expresa que su destitución d estitución se basó una supuesta infracción muy grave, aclaro que esto derivó igualmente de un SUPUESTO “abandono de cargo”, sin embargo la verdad es otra, lo lamentable del caso es que NO FUE notificado en ningún momento del expediente incoado en su contra es decir fue SECRETO, aparte de que se celebró un unaa audiencia en e! tribunal disciplinario de la Policía P olicía Nacional civil en donde se condenó en su AUSENCIA. DE LA FALSEDAD DEL ABANDONO DE CARGO. Con pruebas fehacientes que adjunto al presente proceso demuestra que el abandono de cargo jamás existió y solo fue algo que se inventó para tener excusa y firmar el acuerdo ministerial. Adjunto copia del oficio número 17-2005, de fecha 07 de febrero de 2005, en este, el oficial Elvin Joadzir Álvarez Duque, denuncia ante el Ministerio Público que su persona el día 03 de febrero de dos mil cinco a las dieciséis horas se me autorizó permiso de RELAX, para dirigirse a su residencia y se le ordenó retornar el día cuatro de
febrero, resulta que ese día, cuando retornaba tuvo un accidente de tránsito el cual ameritó ser atendido porque se le incrustó un pedazo de vidrio en el cuello a la altura del CARTÍLAGO TIROIDES o manzana de Adán, aún hoy tiene la cicatriz visible en esa parte de su cuerpo. Es e! caso que le llamó por teléfono al oficial Jóadzir Duque, su s u jefe inmediato, para enterarlo del asunto respondiéndole que al salir de la clínica que apersonara con las recetas médicas. Por lo enunciado es que no pudo presentarse el día cuatro, haciéndolo hasta el día SEIS DE FEBRERO a las doce horas computándose hasta ese momento un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA, a! apersonarse el encarado de la tienda del recinto carcelario donde prestaba sus servicios, se le acercó con la intención de enterarse porqué cargaba una gasa en el cuello le explicó lo sucedido, en ese momento se le acercó el oficial tercero Elvin Jóadzir Juárez Duque quién con voz enojada le gritó. Usted quítese el uniforme porque ya lo reporté al Ministerio Público, a esto le respondió que eso no era justo ni lógico en primer termino porque le avisó vía telefónica y en segundo lugar porque con regularidad se reportaba a los que exceden las setenta y dos horas de ausencia. El encargado de la tienda intervino diciéndole: Oficial yo me he desempeñado en el mismo rango que usted y según mi experiencia lo que procede es ampliar el oficio ante el Ministerio Público para enterarlos de que el ya se presentó y que eso desvirtuaría el abandono de cargo, el oficial se molesto aun mas y le dijo usted no intervenga, y le repitió que se quitara el uniforme y se retirara. Se quitó el uniforme u niforme y se dirigió al Ministerio Público para inquirir sobre e oficio enviado por el oficial una vez allí revisaron los oficios enviados de la comisaría co misaría y de la estación policial sin resultados, indicándole que no existía ningún reporte, eso le causó extrañeza, luego fue a la Comisaría para hablar con el Comisario Jefe pero le indicó que no podía atenderlo y que retornara el día siguiente. El día siguiente ocurrió lo mismo no accedió. Aquí hay algo importante que el Juzgador debe valorar El oficial no lo había reportado aún
lo hizo hasta el día siete de febrero, CON RAZÓN insistió en que se retirara su MALA INTENCIÓN era lograr que acumulase setenta y dos horas para poder enviar el oficio, y que a la vez se convirtiera en la comisión de una infracción muy grave, como ve señor Juez el oficial el día seis AUN no lo había reportado lo hizo hasta el día SIETE de febrero de dos mil cinco. (Adjunto copia del oficio). Se retiró a su casa de habitación esperando alguna noticia del Ministerio público, mediante algún tipo de notificación cosa que no sucedió. ESTA ACTITUD externada por su persona claro está no fue la más correcta, lo que debió hacer era llamar un notario, levantar un Acta notarial para hacer constar que se presentó el día seis de febrero, inclusive se hubiera plasmado en esta misma acta !o manifestado por el oficial en cuanto a que lo había reportado al Ministerio Público. Quizá el abogado le hubiese explicado que en la institución se está MAL INTERPRETANDO la ley, porque solo hay abandono de cargo cuando el empleado público CESA en sus funciones sin cumplir con las formalidades previstas en la ley, el artículo 429 de nuestro ordenamiento penal así lo establece y el cesar funciones significa DAR POR TERMINADA LA RELACIÓN LABORAL, sin presentar Renuncia escrita y luego esperar resolución aceptando la misma, es por ello que en los órganos jurisdiccionales, el NOVENTA POR CIENTO, de las ocasiones en que la PNC, pone a disposición de un juzgado o del M.P. a un miembro de la institución, se ABSUELVEN por no hacer una interpretación puntual de la norma de abandono de cargo, y precisamente en la mayoría de casos se trata de AUSENCIAS sean estas justificadas o injustificadas. En este orden también se estaba actuando con abuso de autoridad porque el oficial superior al mando le indica al empleado de la PNC, que se retire de su trabajo hasta que solvente su situación jurídica, y lo hace sin ningún respaldo legal, porque en primer término no le extiende ninguna nota que lo declare suspendido, o en alguna SITUACIÓN ADMINISTRATIVA contemplada o regulada en el Reglamento de situaciones
administrativas de LA policía Nacional Civil, Acuerdo Gubernativo número 588-97, en otras palabras al momento de imposibilitarle seguir laborando se le estaba OBLIGANDO en este caso sí, ABANDONAR su cargo. Creyó que se le daría un trato de juego limpio pero la verdad fue otra, porque en espera de que se resolviera su situación ante el Ministerio Público en secreto se inició un procedimiento administrativo por Infracción Muy grave, (de ello NO FUE NOTIFICADO). Este procedimiento lo llevaron al final sin notificarle, sin escucharle y sin darle la oportunidad de defenderse ni de recurrir. Lo esbozado con anterioridad pretende recordarle al Juzgador que ante una decisión arbitraria se le colocó en UN PLANO DE INDEFENSIÓN, que riñe con lo que establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Está clara la ATROCIDAD cometida irrespetando el estado constitucional de derecho Como consecuencia de la violación por parte de mis superiores y avalada por el titular del Ministerio de Gobernación, de los artículos y resolución anteriormente citados simplemente LOS ACUERDOS MINISTERIALES números cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco (0838-2005), y un mil novecientos ochenta y dos guión dos mi! cinco (1982-2005), de fechas 24 de junio de dos mil cinco y 28 de diciembre respectivamente, ambos emitidos por el Ministro de Gobernación Carlos Vieiman Montes, para los efectos de dar por terminada su relación de trabajo, sencillamente carece de valor legal, porque NO se basó en principios de LEGALIDAD, DEBIDO PROCESO, ni en el DERECHO DE DEFENSA, por lo que su actuar es NULO IPSO JURE. La Corte de Constitucionalidad TAMBIÉN se ha pronunciado respecto al derecho de defensa en el siguiente sentido. III. La gaceta No. 54 expediente 105-99, pagina 49, sentencia del 16-12-99, de la honorable Corte de Constitucionalidad, estableció en cuanto al Derecho de Defensa: “... Tal garantía consiste en la observancia por parte del tribunal, de todas las normas relativas a la tramitación del juicio y el derecho de las partes de OBTENER un pronunciamiento a la situación e
incertidumbre que entraña el procedimiento. Implica la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano para procurar la obtención de la justicia, y de realizar ante el mismo TODOS LOS ACTOS ENCAMINADOS A LA DEFENSA, DE SUS DERECHOS EN JUICIO, debiendo ser OÍDO y DÁRSELE OPORTUNIDAD DE HACER VALER SUS MEDIOS DE DEFENSA, en forma y con las solemnidades prescritas por las leyes respectivas. Se refiere concretamente, a la posibilidad efectiva de realizar todos los actos encaminados a la defensa de su persona o de sus derechos en juicio. Si al aplicar la ley en contra de una persona en caso concreto privando a la persona de accionar... de defenderse, de ofrecer y aportar prueba, DE PRESENTAR ALEGATOS, de usar medios de impugnación contra las resoluciones judiciales, entonces se estará ante una violación de la garantía constitucional del debido proceso...” Esta Cita recoge el marco sobre el cual debe darse un procedimiento, lo que no pasó con su persona. De la violación de los artículos indicados con mucha claridad se establece que el Ministerio de Gobernación, obvió tomar en cuenta ciertos aspectos: a) El interés del trabajador, b) la finalidad de la norma, razón por la que insisto en que la cancelación de su nombramiento, del cargo de Sub inspector, contenida en los ACUERDOS MINISTERIALES antes referidos emitidos por el Ministro de Gobernación, DEBEN SER DECLARADOS NULOS. DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA CONOCER EL PRESENTE PROCESO: EI ARTICULO 314 de código de trabajo en armonía con el quinto considerando en el que se establece. Que para la eficaz aplicación del Código de Trabajo se estableció un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia pronta y cumplida; y resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la aplicación de la Legislación laboral. Más que una cuestión de semántica, el principio de sencillez tiene como función establecer un sistema normativo ágil y eficaz de carácter procedimental. En el presente caso
de acuerdo al artículo precitado se establece que SALVO disposición en contrario que NOTORIAMENTE favorezca a! trabajador... siempre será competente y preferido a cualquier otro juez de trabajo y previsión social. **El de la zona jurisdiccional a que corresponda LA RESIDENCIA HABITUAL DEL DEMANDANTE, actualmente tengo DOMICILIO en el departamento de Guatemala. **El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado, (el demandado tiene su residencia habitual en esta ciudad capital) recordemos que el estado de Guatemala tiene su sede en la ZONA TRECE DE ESTA CIUDAD CAPITAL. ** El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional en se celebraron los contratos, (yo firmé mi contrato con la entidad nominadora en esta ciudad capital). 2. DEL CARGO DESEMPEÑADO: laboré como Sub Inspector. En la Dirección General de la Policía Nacional Civil, ocupando Plaza presupuestaria. DEL LUGAR DE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO. Desempeñe los últimos seis meses Trabajo en el Centro Carcelario del Departamento de Chiquimula. 4 DE LA JORNADA DE TRABAJO: Labore Jornada de Trabajo Especial turnos de veinticuatro por veinticuatro horas, alternando un fin de semana laborando y el siguiente descansando. 5 DE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: Mi relación laboral con el Estado de Guatemala, se dio por finalizada el CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO (0402-2005), por razón de despido directo injustificado, sin la existencia de causa justa, y la ultima notificación se dio el veinte de agosto de dos mil nueve. DE LAS PRESTACIONES RECLAMADAS. Pago de Salarios caídos y dejados de percibir como consecuencia de su despido injustificado hasta que se haga efectiva la correspondiente reinstalación, calculo que se hará en la liquidación respectiva en su oportunidad procesal. DEL SALARIO DE LOS ÚLTIMOS SEIS MESES DE MI RELACIÓN LABORAL. El salario o sueldo promedio, que devengue durante los últimos seis meses ascendía a la cantidad de CUATRO MIL
QUINIENTOS QUETZALES (Q. 4,500.00). FUNDAMENTO DE DERECHO: A pesar que la Procuraduría General de la nación, afirma que no existen disposiciones legales para solicitar reinstalación y que solo son cuatro los casos contemplados en el Código de trabajo, a continuación LA CITA DE LA NORMATIVA VIGENTE APLICABLE: Su DEMANDA está orientada a solicitar su REINSTALACIÓN por el despido injustificado del que fui objeto, aparte Tenemos claro que en caso de que el patrono despida a un trabajador, debe pagar todas las prestaciones que establece la ley... pero sí en el juicio el patrono NO PRUEBA, la causa justa del despido debe pagar... A titulo de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido... y c) Las costas judiciales. Las indemnizaciones a que se refiere la literal a) de dicha norma están contempladas básicamente en los artículos 82 (por despido injustificado) y 85 del código de trabajo y 102 inciso o) de la Constitución Política de la República de Guatemala. Todo el ordenamiento jurídico interno, tiene su asidero legal en la Carta Magna, y esta en el artículo 4 establece el PRINCIPIO DE IGUALDAD, En gaceta numero 24 expediente No. 141-92 pagina 14, Sentencia de fecha 16 de junio de mil novecientos noventa y dos. La corte de Constitucionalidad expresó: Que el Principio de igualdad plasmado en el articulo 4° De la Constitución Política de la República de Guatemala, impone que SITUACIONES IGUALES, deben ser tratadas NORMATIVAMENTE DE LA MISMA FORMA, es decir, un ciudadano guatemalteco dentro de un proceso laboral es UN TRABAJADOR, no se hace especial distinción entre un trabajador del Estado (EXENTO), y un trabajador de entidades descentralizadas o autónomas. En síntesis la Carta Magna NO HACE EXENCIONES, por lo tanto la disposición contenida en la ley de servicio Civil en el artículo 83 sí le es aplicable aquí se contempla la REINSTALACIÓN de los servidores públicos. Además esta el propio hecho de que el Ministro basó su decisión paja destituirme en la Ley de Servicio Civil. DEL
PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR” La República de Guatemala ha RATIFICADO diversos tratados internacionales los que se convierten el LEY ORDINARIA y de aplicación general para todos los guatemaltecos, en materia de tratados Guatemala, ratificó EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL, (10/05/00, el PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES instrumento más conocido como “PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”. Este instrumento en el artículo 3, establece lo relativo al EJERCICIO DE LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN, nuevamente aquí se no se hace ninguna EXENCIÓN o diferenciación en cuanto a los trabajadores del estado. El artículo 7 literal d) del mismo instrumento establece: Los estados parte se comprometen a garantizar particularmente los derechos contemplados en el protocolo... EN CASO DE DESPIDO injustificado tienen derecho a: 1) indemnización respectiva 2) a la READMISIÓN, (entiéndase REINSTALACIÓN), en el empleo previsto en la legislación nacional. Esta plasmado en nuestra carta Magna el principio de IN DUBIO PRO OPERARIO, el artículo 106 establece: En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretaran en el sentido más favorable a los trabajadores, CAE DE SU PROPIO PESO entonces que normas deben aplicarse al momento de resolver un caso labora! sometido al conocimiento de ¡os jueces de trabajo. Los artículos citados y los siguientes: 154, primer párrafo, de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA: “ LOS FUNCIONARIOS SON DEPOSITARIOS DE LA AUTORIDAD, responsables legalmente por su conducta oficial, SUJETOS A LA LEY Y JAMÁS SUPERIORES A ELLA.” Luego
el demandante subsanó el previo fijado por este Juzgado, manifestando lo siguiente: A) FECHA DE LA FINALIZACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL: La fecha de destitución de conformidad con el acuerdo ministerial número ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco, en el artículo dos establece que surte efecto a partir del CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO, de conformidad con el acta que obra a folio nueve de este expediente, igualmente se afirma que fue a partir de la misma fecha. PERO la fecha es incierta pues se pronunció RESOLUCIÓN dentro de un expediente identificado con el número veintinueve guión dos mil cinco, y la resolución se emitió en fecha diecisiete de mayo del dos mil cinco, juzgue usted entonces cual documento es el que se debe tomar como parámetro, y a la vez contradicciones entre la entidad nominadora y el tribunal disciplinario de la Policía Nacional Civil. Puesto que el acuerdo ministerial en todo caso estaría REVOCANDO todo lo actuado en el expediente de mérito de conformidad con el artículo dos del acuerdo gubernativo número cuatrocientos veinte guión dos mil tres, Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil, que establece el ámbito de aplicación, puesto que se aplica a: POLICÍAS ACTIVOS, o en cualquier situación administrativas, no es mi caso pues se supone estaba destituido desde el dos de febrero del dos mil cinco. B) DIRECCIÓN EXACTA DE MI RESIDENCIA: Calle La Ronda, callejón los cocos, Colonia Vida Ariza, departamento de Jutiapa. C) INDICACIÓN SI LABORÉ EN OTROS LUGARES: Solamente en la capital y aquí en Chiquimula. D) DE LA DIRECCIÓN Y LUGAR PARA RECIBIR CITACIONES Y NOTIFICACIONES: señalo como lugar para recibir citaciones y notificaciones la SEGUNDA CALLE OCHO GUIÓN SESENTA Y UNO ZONA UNO CHIQUIMULA. E) DE LA RESIDENCIA DEL TESTIGO PROPUESTO: Ignoro la residencia del testigo sin embargo puede ser localizado en el lugar de su trabajo, en la sede de la Comisaría veintitrés de la Policía Nacional Civil, ubicada en la sexta avenida “A” y octava avenida zona uno,
esquina, de Chiquimula. DE LA AMPLIACIÓN DE MI DEMANDA EN EL APARTADO DE HECHOS: debo decir que mi persona se enteró del inicio de este expediente y comparecí a la cita que me hiciese el investigador del caso JORGE ERNESTO ALDANA GÁLVEZ, me notificó inicio de actuaciones, y le presenté la certificación médica correspondiente. Luego el expediente disciplinario administrativo FUE ABSOLUTAMENTE SECRETO, no se me notificó más, ni el PLIEGO DE CARGOS, mucho menos la RESOLUCIÓN FINAL, la cual NO PUEDE IMPUGNAR, pues no se me hizo llegar. Ello en franca contradicción con el artículo 87 del acuerdo gubernativo número cuatrocientos veinte guión dos mil tres, el que estipula “la resolución se notificará a las partes, indicando el recurso que puede interponer, el órgano competente y el plazo para presentar. No consta en las actuaciones que se me haya notificado dicha resolución. DE LA AMPLIACIÓN DE MI DEMANDA EN EL APARTADO DE PRUEBAS: PRUEBAS: DOCUMENTOS: Original de constancias médicas que acreditan el accidente de tránsito que protagonicé y que me impidió presentarme el día cuatro de febrero del dos mil cinco a mi trabajo, expedida por el profesional de la medicina JUAN MANUEL GONZÁLEZ VIVAS, debidamente requisitada. Copia simple de resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil cinco, emitida dentro del expediente disciplinario número veintinueve guión dos mil cinco oficial quinto, emanada del Distrito oriente de Zacapa. La que obtuve mediante solicitud por mi cuenta la que NUNCA me fue notificada. A) Exhibición y presentación de documentos para su incorporación al proceso: que se ordene a la Procuraduría General de la Nación, mediante EXHORTO, ubicada en la quince avenida nueve guión sesenta y nueve de la zona trece de esta ciudad, para que EXHIBA Y ENTREGUE PARA SU INCORPORACIÓN AL PROCESO, ante esta judicatura el día y hora que se señale para la primera audiencia, los documentos siguientes: a) Copia certificada de la cédula de notificación que se me hiciera del PLIEGO de cargos
dentro del expediente identificado con el número cero ocho guión D tres R O diagonal dos mil cuatro, tramitado en la Jefatura del distrito tres región oriente Zacapa. Con lo que se probará la secretividad del expediente pues no me hicieron llegar este documento. B) copia certificada de cédula de notificación que se me hiciera de la RESOLUCIÓN FINAL dentro del expediente iniciado en mi contra firmada por mi persona, con lo que se probará que mi persona fue colocada en un estado de INDEFENSIÓN al no dárseme a conocer consecuentemente no pude IMPUGNARLA. Posteriormente el demandante amplió su demanda y haciendo referencia a la literal A) de su anterior memorial, manifestó lo siguiente: Todo ello solo era de conocimiento de la administración pública no así mi persona. Al respecto quiero AMPLIAR en el sentido de que cualquier acto administrativo adquiere PLENA validez hasta que la persona es DEBIDAMENTE NOTIFICADA, así lo establecen nuestras leyes, ninguna persona puede ser afectado en sus derechos SIN ANTES HABER SIDO DEBIDAMENTE, NOTIFICADO, en el caso concreto MI RELACIÓN LABORAL FINALIZÓ por DESPIDO DIRECTO e INJUSTIFICADO, EN FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL NUEVE, fecha de NOTIFICACIÓN, realizada mediante cédula de ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE BAJA, acompañando copia de los acuerdos Ministeriales números cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco (0838-2005), y un mil novecientos ochenta y dos guión dos mil cinco (1982-2005), de fechas veinticuatro de junio de dos mil cinco y veintiocho de diciembre respectivamente. “Se fundamentó en derecho e hizo sus peticiones de trámite y de fondo que estimó pertinentes.”
DE LA AUDIENCIA DEL JUICIO ORAL: Para que las partes comparecieran a juicio oral se señaló la audiencia del UNO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIEZ, a las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS, a la cual
únicamente compareció la parte demandada a través de su Representante Legal, no así el demandante habiéndose tramitado el presente juicio en su rebeldía DE LA ACTITUD DE LA PARTE DEMANDANTE: REBELDÍA: La parte demandante no compareció a la audiencia de juicio oral, por lo que se le declaró rebelde y se continuó el juicio en rebeldía de la misma.
DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA: La parte demandada contestó la demanda instaurada en su contra, en SENTIDO NEGATIVO, e interpuso las EXCEPCIONES PERENTORIAS de: a) FALTA DE VERACIDAD EN LOS HECHOS DENUNCIADOS; y b) EXISTENCIA DE CAUSA JUSTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL; c) INEXISTENCIA DE NORMA SUSTANTIVA O ADJETIVA QUE SUSTENTE LA PRETENSIÓN DE REINSTALACIÓN; d) PROHIBICIÓN EXPRESA Y TAXATIVA DE LA LEY PARA ACCEDER AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; y e) DE LA PRESCRIPCIÓN; manifestando en la exposición de los HECHOS lo siguiente: I) DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA EN SENTIDO NEGATIVO: El estado de Guatemala ha sido demandado por el señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, alegando haber sido destituido en forma directa e injustificada, por lo que solicita que se le reinstale y se le pague los salarios dejados de percibir, desde su despido hasta su efectiva reinstalación. Por lo que el Estado de Guatemala contesta en sentido negativo la demanda instaurada por el actor, pues de conformidad con la prueba documental que el mismo actor aporta, se denota la causa justa del despido y por lo tanto no existe obligación para el Estado de Guatemala de reinstalarlo y pagarle los salarios dejados de percibir; toda vez, que de conformidad con el
expediente administrativo disciplinario que inició la entidad nominadora en contra del actor se probó las faltas muy graves que fueron cometidas en el desempeño de sus funciones; II) DE LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS DE: a) FALTA DE VERACIDAD EN LOS HECHOS EXPUESTOS POR EL DEMANDANTE. En el presente caso, el demandante en su memorial inicial indica que el despido ha sido en FORMA DIRECTA E INJUSTIFICADO, (LO CUAL NO ES CIERTO), porque al realizarse la lectura del mismo se infiere que el demandante acepta que se le siguió el expediente administrativo correspondiente, por lo que LÓGICAMENTE sí estuvo enterado del mismo. Además en la resolución del Tribunal Disciplinario se le concede el derecho de plantear los recursos administrativos y judiciales que en base a las leyes de la materia, sin embargo no hizo efectivo ese derecho. Según los oficios números: SESENTA Y NUEVE, DE FECHA DOS DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO Y NÚMERO SETENTA Y UNO FECHADO EL TRES DE MAYO DEL INDICADO AÑO, que son las notificaciones realizadas al demandante señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, ACOMPAÑÁNDOSE DICHA DOCUMENTACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL VIII) de la resolución emitida por ese Honorable Juzgado, de fecha doce de febrero del año dos mil diez. b) EXISTENCIA DE CAUSA JUSTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL; De las constancias procesales solo puede inferir el juzgador que la decisión de dar por terminada la relación laboral del demandante con el Estado de Guatemala, se sustentan en las acciones realizadas por la parte actora y que a criterio de las autoridades del Ministerio de Gobernación, entidad con superioridad jerárquica para la cual prestaba sus servicios el actor, se encuadran dentro de los supuestos contenidos en la Ley de la Policía Nacional Civil y el Reglamento de la misma, así como el Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil, los que determinaron la destitución del demandante. De lo anterior
entonces puede inferir la juzgadora, que la actitud o la decisión de las autoridades del Ministerio de Gobernación solo se fundamenta en las obligaciones que los funcionarios y empleados públicos le imponen tanto en el ordenamiento constitucional, como las leyes de orden general o especial, es decir que la terminación de la relación laboral del Estado de Guatemala con el sujeto activo en este proceso, tiene como fundamento lo establecido en la ley y en consecuencia, no existe sustento legal para reinstalarlo, puesto que deviene improcedente en virtud de que el vínculo de carácter jurídico económico y social que existió entre las partes, se extinguió por una causa justa de carácter legal, teniendo esto como consecuencia que no debe el demandante argumentar un despido injustificado y por lo tanto, en aplicación de las leyes que regularon la relación laboral es pertinente que la pretensión de reinstalación y pago de salarios dejados de percibir sea declarada sin lugar. Como se dijo anteriormente, la decisión de destituir al señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, se hizo en aplicación del imperativo contenido en el artículo 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pues las autoridades del Ministerio de Gobernación cumpliendo con sus funciones y haciendo valer la ley, llegaron a determinar que el demandante incurrió en la comisión de una falta MUY GRAVE, regulada en el numeral 2 del artículo 22 del Acuerdo Gubernativo 420-2003 del Reglamento Disciplinario de la Policía Nacional Civil. Lo anterior se pudo establecer después de habérsele iniciado procedimiento administrativo establecido en la ley de la materia, cumpliéndose de esta forma con la ley y el derecho de defensa que le asiste al actor, por lo tanto no puede alegar que existió ilegalidad en su despido y que no se respetó el principio del debido proceso y derecho de defensa; toda vez, que el demandante trata de sorprender la buena fe de la juzgadora al manifestar que no se le concedió la audiencia respectiva y que no se le dio oportunidad de defenderse lo cual no es veraz ya que de conformidad con la prueba documental que se aporta al presente memorial
se podrá determinar que la entidad nominadora le notificó cada una de las actuaciones y diligencias que fueron practicadas. Debe tomarse en consideración que al dársele la audiencia respectiva, éste no pudo desvanecerlos hechos que se le imputaron. Y no obstante esa situación no impugnó por ninguna vía la decisión de destituirlo, lo cual no hacerlo causo firmeza. Consecuentemente, Honorable Juzgadora ha quedado probada la causa justa del despido y en consecuencia, es procedente declarar con lugar la excepción perentoria planteada, conforme los hechos y los fundamentos legales citados. c) INEXISTENCIA DE NORMA SUSTANTIVA O ADJETIVA QUE SUSTENTE LA PRETENSIÓN DE REINSTALACIÓN: La petición del sujeto activo de este proceso en cuanto a su reinstalación planteada en su demanda, carece de cumplimiento de requisitos esenciales, así como de fundamento legal. De conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 110, genera el derecho de un ex-servidor público de recibir y la obligación del Estado de pagar una indemnización de hasta diez meses de salario, siempre y cuando la destitución o finalización de la relación laboral haya sido sin causa justa. De lo relacionado en este párrafo tenemos que la norma constitucional no establece mandato para que el Estado de Guatemala reinstale a un ex-servidor público, salvo los casos que más adelante se detallan, sino que únicamente reconoce para aquel el derecho de recibir una indemnización, siempre y cuando el patrono no pueda probar la causa justa del despido, en el caso concreto, como se ya se ha argumentado, si existió causa justa de despido, tal como se demuestra con el expediente administrativo que fuera tramitado por el Tribunal Disciplinario número tres, Distrito Oriente del departamento de Zacapa, de la Policía Nacional Civil, por lo tanto el despido no fue injustificado. De conformidad con la ley aplicable al caso concreto, tenemos que están determinados los casos en que procede la reinstalación, de un trabajador, y dentro de los mismos se encuentran los siguientes casos: A)
La trabajadora en estado de embarazo o en período de lactancia, B) los miembros del comité ejecutivo de un sindicato y C) los trabajadores que estén protegidos por un emplazamiento dentro de un Conflicto Colectivo. Supuestos jurídicos esenciales en los cuales no se encuentra el hoy demandante. Y del análisis e interpretación de las mencionadas normas tampoco puede accederse a condenar al Estado de Guatemala a la reinstalación de la parte actora en virtud de que no existe norma jurídica que se encuadre en el caso concreto. El Estado de Guatemala solicita que la presente excepción debe ser declarada con lugar, puesto que no existe una norma que sustente la pretensión del actor en cuanto a que se le reinstale. d) PROHIBICIÓN EXPRESA Y TAXATIVA DE LA LEY PARA ACCEDER AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR: La excepción perentoria planteada se sustenta sobre la base fundamental de que existe una norma de carácter constitucional que se desarrolla a través de la Ley Orgánica del Presupuesto, que es la que determina el régimen legal de los ingresos y egresos del Estado de Guatemala y al respecto entonces cabe citar que dicha ley en su artículo 76 determina que este no reconoce bajo ningún motivo el pago de salarios que no se hayan devengado. Lo anterior se complementa con lo establecido en la ley de salarios de la administración pública, que determina que incurre en responsabilidad de carácter penal para el funcionario público que autorice el pago de salarios que no se han devengado por parte de servicios públicos. Por lo anterior, se enerva la pretensión del actor en cuanto a que, al ordenarse su reinstalación, también se le haga efectivo el pago de los salarios que ha dejado de percibir, pues no prestó ningún servicio ya sea intelectual o físico a favor del Estado de Guatemala, lo que trae como consecuencia la improcedencia del pago de los salarios dejados de percibir que pretende el actor, pues existe una norma que prohíbe hacer efectivo dicho pago. III) Ahora bien en cuanto a la PRESCRIPCIÓN a la señora Jueza, el Estado de Guatemala, le hace la siguiente exposición: El demandante fue destituido con fecha cuatro
de febrero de dos mil cinco, y la demanda la inició en el Juzgado de Primera Instancia de Trabajo y Previsión Social de la Primera Zona Económica de la ciudad de Guatemala, por medio de memorial de fecha veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, es decir, más de cuatro años después de su destitución, porque él en ningún momento puede demostrar que continúa la relación laboral, con el Ministerio de Gobernación, porque lógicamente dejó de recibir su salario, por el hecho mismo de que él ya estaba enterado de su destitución desde el día cuatro de febrero del año dos mil cinco, con base en la notificación efectuada al demandante el día diecinueve de mayo del año dos mil cinco, en la ciudad de Jutiapa, por medio de cédula que le fue entregada a la señora SILVIA MARROQUÍN, entre paréntesis “cuñada” del actor. EL ACTOR DEJÓ VARIOS AÑOS PARA INICIAR LA DEMANDA LABORAL. ¿CÓMO ES POSIBLE QUE DESPUÉS DE TANTOS AÑOS, AHORA PRETENDA QUE SE LE RESTITUYA EN SU CARGO? CUANDO A PARTIR DEL CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CINCO, ÉL FUE DESTITUIDO DEL MISMO Y AL ENTERARSE DE SU DESTITUCIÓN EN FORMA VOLUNTARIA SE AUSENTÓ DEL LUGAR DONDE PRESTABA SUS SERVICIOS, ES DECIR DEJÓ DE PRESENTARSE A SUS LABORES A PARTIR DE ESA FECHA, POR LO QUE ES DE OBSERVARSE QUE EL DEMANDANTE SE DIO POR DESPEDIDO Y POR ENDE LA RELACIÓN LABORAL ENTRE EL ESTADO DE GUATEMALA Y EL DEMANDANTE, SE FINALIZÓ A PARTIR DEL CINCO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CINCO. SIENDO ILÓGICO QUE EL ACTOR PRETENDA QUE SE LE RESTITUYA, EN SU CARGO Y EL ESTADO DE GUATEMALA, LE CANCELE TODO EL TIEMPO QUE NO LABORÓ Y DEMÁS PRESTACIONES SIN HABER ACCIONADO EN EL PLAZO QUE LA LEY DETERMINA PARA HABER EVITADO LA PRESCRIPCIÓN, como se dijo en líneas arriba de este mismo apartado. Argumenta el actor en memorial presentado el nueve
de abril del año en curso, que su despido se realizó EL VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE, por medio de acta de entrega del cargo y además él hace mención de una notificación realizada el vente de agosto del año dos mil nueve, pero al revisarse la misma, se infiere “ENTREGA DE DOCUMENTOS DE BAJA” y en su contenido no se hace mención la palabra NOTIFICACIÓN, destitución que fue efectiva a partir del CUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CINCO, y notificada el DIECINUEVE DE MAYO DEL INDICADO AÑO, POR MEDIO DE SU CUÑADA, Silvia Marroquín, en la ciudad de Jutiapa, por lo que solicito a la señora Jueza, que al efectuar el análisis respectivo, se constate que no se puede tomar como una notificación, sino como un acto donde hacía entrega del cargo, y además al leerse el acta número SESENTA GUIÓN DOS MIL NUEVE, faccionada en la ciudad de Guatemala, en el punto PRIMERO, dice: “a solicitud del señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, …”, debiéndose tomar en cuenta que en ESA FECHA EL ACTOR SE PRESENTÓ A ENTREGAR EL CARGO, y no fue en esa fecha que se enteró de su destitución, lo cual NO SE PUEDE TENER COMO UNA NOTIFICACIÓN DEL DESPIDO, porque como se repite EL FUE QUIEN COMPARECIÓ A ENTREGAR EL CARGO, PERO FUE VARIOS AÑOS DESPUÉS DE SU DESTITUCIÓN, ES DE OBSERVARSE, QUE EL DEMANDANTE DENTRO DE LOS PLAZOS QUE DETERMINA LA LEY DE LA MATERIA, NO INTERPUSO NINGÚN RECURSO ADMINISTRATIVO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE RESTITUCIÓN DE SU CARGO. Por lo que la presente excepción debe ser declarada con lugar. El demandante además en ningún momento interpuso ningún recurso judicial en contra del Estado de Guatemala. IV) Señora Jueza el Estado de Guatemala con el respeto debido, hace la siguiente observación: En la demanda entablada por el demandante, entre los documentos que acompaña en su memorial de demanda, aparece una CONSTANCIA expedida por el medio
JUAN MANUEL GONZÁLEZ VIVAS, con fecha VEINTIOCHO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL NUEVE, TRES AÑOS NUEVE MESES, DESPUÉS DE HABER SUFRIDO SUPUESTAMENTE EL ACCIDENTE A QUE HACE REFERENCIA EL GRATUITO DEMANDA, VALE LA PENA PREGUNTARSE PORQUE NO LO HIZO EN SU MOMENTO OPORTUNO, ANTE SU JEFE INMEDIATO SUPERIOR. ”Se fundamentó en derecho, ofreció prueba e hizo las peticiones que estimó pertinentes a su derecho.”.
DE LA FASE DE LA CONCILIACIÓN: Esta fase fracasó toda vez que no pudo efectuarse, pues solamente compareció la parte demandada del presente juicio.
DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: Se encuentran sujetos a prueba dentro del presente juicio, los siguientes hechos: A.- La relación laboral que existió entre el demandante VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS y la parte demandada EL ESTADO DE GUATEMALA, específicamente con el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; B.- El despido directo e injustificado del que fue objeto el demandante; c) Si el demandante, por la forma de su despido, tiene derecho a ser reinstalado y a que se le hagan efectivas las prestaciones laborales que por ley le corresponden; d) De la contestación de la demanda en sentido Negativo y la interposición de las EXCEPCIONES PERENTORIAS de: a) FALTA DE VERACIDAD EN LOS HECHOS DENUNCIADOS; y b) EXISTENCIA DE CAUSA JUSTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL; c) INEXISTENCIA DE NORMA SUSTANTIVA O ADJETIVA QUE SUSTENTE LA PRETENSIÓN DE REINSTALACIÓN; d) PROHIBICIÓN EXPRESA Y
TAXATIVA DE LA LEY PARA ACCEDER AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; y e) DE LA PRESCRIPCIÓN.
DE LAS PRUEBAS APORTADAS AL JUICIO: La parte actora no aportó ni diligenció ningún medio de prueba en virtud de que no compareció a la audiencia de juicio oral y fue declarada rebelde. La parte demandada, ofreció y diligencio como medios de prueba los siguientes: I) DOCUMENTOS: A) (acompañados por la parte demandante) a) Copia simple de cédula de entrega de documentación de baja; b) Copia simple del Acuerdo Ministerial número un mil novecientos ochenta y dos guión dos mil cinco de fecha veintiocho de diciembre de dos mil cinco; c) Original de Certificación de Acta número sesenta guión dos mil nueve de fecha veinte de agosto de dos mil nueve; d) Copia de oficio número diecisiete guión dos mil cinco de fecha siete de febrero de dos mil cinco; e) Copia Simple del Acuerdo Ministerial número cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco, de fecha veinticuatro de junio de dos mil cinco; f) Original de Acta de Declaración testimonial de fecha diez de septiembre de dos mil nueve; g) Original de Constancia Médica expedida por el profesional de la medicina JUAN MANUEL GONZÁLEZ VIVAS, de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve; B) (exhibidos por la parte demandada) Fotocopias certificadas de los siguientes documentos: a) ASUNTO COMPARECENCIA DE UN SUB-INSPECTOR DE PNC. VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, DE FECHA dos de mayo del año dos mil cinco; b) CITACIÓN DE COMPARECENCIA MEDIANTE AVISO DE UN SUB-INSPECTOR DE PNC. VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha tres de mayo del año dos mil cinco; c) SOLICITANDO PUBLICAR CITACIÓN MEDIANTE AVISO DE UN SUB-INSPECTOR, VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha cuatro de enero de dos mil cinco; d) RESOLUCIÓN
DE TRÁMITE, SOBRE NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS AL SUJETO A PROCEDIMIENTO, a VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha cuatro de mayo del año dos mil cinco; y e) NOTIFICACIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO, REALIZADA EN JUTIAPA, A LAS ONCE HORAS, VERIFICADA A VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, por medio de la señora SILVIA MARROQUÍN, quien firmó la notificación; II) PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: que se deriven de los hechos probados.
CONSIDERANDO DE LAS NORMAS CONSTITUCIONALES: Conforme los artículos 101, 103 y 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establecen: “El trabajo es un derecho de la persona y una obligación social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.” “Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el Trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agrícola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica.“ “Los derechos consignados en esta sección son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este fin el Estado fomentará y protegerá la negociación colectiva. Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, auque se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación de los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la
Constitución, en la ley, en los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido mas favorable para los trabajadores.”
CONSIDERANDO DE LAS NORMAS LABORALES APLICABLES AL CASO: Que los artículos: 17, 30, 77, 78, 79, 88, 103, 121, 126, 129, 130, 260, 283, 307, 321, 326, 327, 347, 353, 354, 358, 361 y 364 del Código de Trabajo determinan: “Para los efectos de interpretar el presente Código, sus reglamentos y demás leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta fundamentalmente, el interés de los trabajadores en armonía con la conveniencia social. “ “La prueba plena del contrato escrito sólo pude hacerse con el documento respectivo. La falta de éste o la omisión de alguno de sus requisitos se debe imputar siempre al patrono y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de trabajo afirmadas por el trabajador…”. “Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a) cuando el trabajador, se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono a los representantes de éste en la dirección de las labores; …” “La terminación del contrato de trabajo conforme a un o varias de las causas….pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que prueba la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador: a) Las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder; y….” “Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su
contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a) cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponde, en la fecha y lugar convenidas o acostumbrados:…”. “ La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, …” “ …. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta, goza así mismo del derecho de demandar a su patrono, antes de que transcurra el término de prescripción, el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. “ “ Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio prestado por un trabajador a su respectivo patrono, debe ser remunerado por éste. ….” “Todo Trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como jefe de Familia. …” “El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de tiempo que determinan los artículos anteriores para la jornada ordinaria…. constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerado por lo menos con un …” “Todo trabajador tiene derecho a que disfrutar de un día de descanso remunerado después de cada semana de trabajo. … “ “Es entendido que cuando el salario se estipule por quince o por mes, incluye en forma implícita el pago de los días de descanso semanal o de los días de asueto que no se trabajen…. “ “Todo trabajador sin excepción, tiene derecho a un período de vacaciones remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo patrono, cuya duración mínima es de quince días hábiles…. “ “Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el termino de treinta días hábiles, contados a partir de la terminación del contrato o desde que se les impusieron dichas correcciones, respectivamente.” “Los
conflictos relativos a Trabajo y Previsión Social están sometidos a la jurisdicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado. “ “En los conflictos de trabajo la jurisdicción es improrrogable por razón de la materia y del territorio…”. “El procedimiento en todos los juicios de Trabajo y Previsión Social es oral, actuado e impulsado de oficio por los tribunales….”. “En cuanto no contraríen el texto y los principios procesales que contiene este código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código Procesal Civil y Mercantil y de la Ley del Organismo Judicial...” “Toda resolución debe hacerse saber a las partes o a sus representantes facultados para el efecto, en la forma legal y sin ello no quedan obligados ni se les puede afectar en sus derechos….” “Las partes pueden ofrecer hasta cuatro testigos sobre cada uno de los hechos que pretenda establecer … “ “ Cuando fuere propuesta como prueba la exhibición de documentos o libros de contabilidad, de salarios o de planillas por el actor, el juez la ordenará para la primera comparecencia, conminando a la parte demandada, si fuere ésta la que deberá exhibirlos, con una multa de cincuenta a quinientos quetzales en caso de desobediencia, sin perjuicio de presumirse ciertos los datos aducidos al respecto por el oferente de la prueba….” “Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. “ “Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial… En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, cuando se trate de demanda por despido injusto,….” “…Salvo disposición expresa en este Código y con excepción de los documentos públicos y auténticos, de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con las reglas de el Código de Enjuiciamiento Civil y Mercantil, la prueba se apreciará en conciencia pero al analizarla
el Juez obligatoriamente consignará los principios de equidad o de justicia en que funde su criterio.” “Las sentencias se dictarán en forma clara y precisa, haciéndose en ellas las declaraciones que procedan y sean congruentes con la demanda, condenando o absolviendo, total o parcialmente, al demandado y deduciendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate...”. También el artículo 1 del Decreto Número 76-78 del Congreso de la República de Guatemala regula que: “Todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente al cien por ciento del sueldo o salario ordinario mensual que éstos devenguen por un año de servicios continuos o la parte proporcional correspondiente. “ Además el artículo 1 del Decreto Número 42-92 del Congreso de la República de Guatemala, que: “Se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todo patrono, tanto del sector privado como del sector público, el pago a sus trabajadores de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el trabajador. Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente se debe pagar al trabajador. “
CONSIDERANDO DE LAS NORMAS SUPLETORIAS APLICABLES AL CASO, de conformidad con el artículo 326 del Código de Trabajo: Regulan los artículos 51, 126, 129, 139, 177, 573, 574 del Código Procesal Civil y Mercantil que: “ “La persona que pretenda hacer efectivo un derecho, o que se declare que le asiste, puede pedirlo ante los jueces en la forma prescrita en este código...”. “Las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. Quien pretende algo ha de probar los hechos constitutivos de su pretensión; quien contradice la pretensión del adversario, ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión...”. “...Las pruebas se recibirán con citación de la parte
contraria; y sin ello este requisito no se tomarán en consideración. ….” “La confesión prestada legalmente produce plena prueba…” “Los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba, podrán presentarse en su original, en copia ….” “El Juez en la sentencia que termine el proceso que ante el se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas procesales a favor de la otra parte.”. “No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el Juez podrá eximir al vencido al pago de las costas, total o parcialmente, cuando haya litigado con evidente buena fe.
CONSIDERANDO DE LAS LEYES ORDINARIAS Y REGLAMENTOS APLICABLES AL CASO CONCRETO: Establecen los artículos 1, 3, 31, 39, 40, 41 de la LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL: “La seguridad pública es un servicio esencial de competencia exclusiva del Estado y para ese fin se crea la Policía Nacional Civil.” “El mando supremo de la policía nacional civil será ejercido por el Presidente de la República, a través del Ministro de Gobernación. El funcionamiento de la Policía Nacional Civil estará a cargo de su Director General, bajo la inmediata y exclusiva autoridad del Ministro de Gobernación.” “Se causara baja en la Policía Nacional Civil, por alguna de las siguientes causas: a) Renuncia. b) Destitución con justa causa establecida en las leyes y reglamentos o haber sido condenado por la comisión de delito doloso mediante sentencia firme. …”. “El reglamento disciplinario contemplara la adecuada sanción por la infracción de los principios básicos de actuación que se recogen en esta ley.” “No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de la previa instrucción del procedimiento disciplinario correspondiente, que será escrito y basado en principios de legalidad y celeridad.” “El procedimiento disciplinario deberá observar las garantías legales para el imputado, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión.”
Regulan los artículos 17, 22, 26, 33, 34, 36, 45, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, contenido en ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 420-2003 del MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: “Corresponde la potestad disciplinaria regulada en este Reglamento a las autoridades de las escalas jerárquicas contempladas en la Ley de la Policía Nacional Civil y las autoridades establecidas en el presente reglamento. Los Gobernadores Departamentales y las autoridades bajo cuya dependencia funcional presten servicio los miembros de la Policía Nacional Civil, tendrán facultad de instar ante la autoridad competente, el ejercicio de la potestad disciplinaria, de acuerdo con lo previsto en este Reglamento.” “Son infracciones muy graves las siguientes: 1) … 2) Ejecutar conductas gravemente contrarias a la disciplina, servicio, dignidad o imagen de la institución;…” “La destitución en el servicio constituye para el sancionado quedar fuera de la Policia Nacional Civil, perdiendo los derechos profesionales adquiridos excepto el derecho al pasivo laboral que hubiese consolidado.” “En la Policía Nacional Civil tienen potestad para sancionar a sus elementos, el Ministro de Gobernación, los miembros de la escala jerárquica de Dirección, los Tribunales disciplinarios, los oficiales superiores, los Oficiales Subordinados, los Mandos de Estaciones y Subestaciones, tanto titulares como accidentales. Cada uno en su potestad específica establecida en este capítulo.” “Corres ponde al Ministro de Gobernación ejecutar la sanción de destitución, impuesta por el Director General y los Tribunales Disciplinarios.” “Los Tribunales disciplinarios, impondrán las sanciones por los hechos que constituyan infracciones muy graves cometidas por los miembros de la institución policial, con excepción de los miembros de la Escala Jerárquica de Dirección. Si como resultado de la investigación de una infracción muy grave, se concluye que es una infracción grave, procederá a emitir la sanción respectiva.” “El procedimiento disciplinario administrativo para la imposición de cualquier sanción, se deberá tramitar con
apego a las normas establecidas en este Título. La responsabilidad por infracciones leves, graves y muy graves, se dilucidará mediante el procedimiento establecido en este Reglamento. El trámite de un procedimiento disciplinario administrativo de los contemplados en este Reglamento, dará inicio con la orden de iniciación que emitirá la autoridad competente, excepto para infracciones leves que da inicio con el pliego de cargos. …” “Las citaciones y notificaciones se le harán al sujeto a procedimiento en el lugar establecido en el registro respectivo. Al no ser encontrado en la primera, se le citará o notificará una vez más mediante aviso, que será fijado en lugar habitual de la unidad policial donde fue asignado por última vez y publicado en el boletín oficial de la institución policial. De no comparecer en el plazo establecido, el procedimiento disciplinario administrativo continuará hasta antes de dictar resolución. Cuando al sujeto a procedimiento se le notifique la orden de iniciación, se le indicará en la misma que debe fijar lugar para citaciones y notificaciones, que en lo sucesivo recibirá. Haciéndole ver que de no comparecer se continuará el procedimiento disciplinario administrativo hasta antes de dictar resolución.” “La orden de iniciar un procedimiento administrativo deberá contener los siguientes requisitos: …”. ”El pliego de cargos deberá contener: …”. “La resolución final deberá contener: …”. “Todas las citaciones y notificaciones deberán ser por escrito, debiendo constar en ellas lo siguiente: …”. “Este documento deberá ser por escrito y contener los siguientes requisitos: …”. “Los requisitos que debe contener el documento de interposición de recurso de impugnación son los siguientes: …”. Así también la LEY DEL SERVICIO CIVIL, en sus artículos 1, 4, 5, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84 establece: “Esta ley es de orden público y los derechos que consigna son garantías mínimas irrenunciables para los servidores públicos, susceptibles de ser mejoradas conforme las necesidades y posibilidades del Estado. Por consiguiente son nulos ipso jure, todos los actos y disposiciones que impliquen renuncia,
disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución establece, de los que esta ley señala y de todos los adquiridos con anterioridad.” “Para los efectos de esta ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupe un puesto en la Administración Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia continuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública.” “Los casos no previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del derecho.” “Los servidores públicos del Servicio por Oposición y sin Oposición, sólo pueden ser destituidos de sus puestos, si incurren en causal de despido debidamente comprobada. Son causas justas que facultan a la autoridad nominadora para remover a los servidores públicos del Servicio por Oposición, sin responsabilidad de su parte: … 12. Cuando el servidor incurra en actos que impliquen cualquier otra infracción grave de esta ley y sus reglamentos, de los reglamentos internos o manuales de la dependencia en que preste sus servicios. El reglamento hará la calificación de las faltas.” “Todo despido justificado se hará sin responsabilidad para el Estado y para la autoridad nominadora y hace perder al servidor público todos los derechos que le conceden esta ley y sus reglamentos, excepto los adquiridos en relación con jubilaciones, pensiones y montepíos y los demás que expresamente se señalen. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado también por otras leyes ordinarias, queda al salvo el derecho del Estado para entablar las acciones correspondientes ante los tribunales respectivos.” “Para el despido de un servidor público regular en el Servicio por Oposición, se seguirá el siguiente procedimiento: 1. La autoridad nominadora tiene la facultad de despedir a cualquier servidor
público en el Servicio por Oposición, previa formulación de cargos y audiencia al interesado, para lo cual comunicará por escrito su decisión al servidor afectado, expresando las causas legales y los hechos en que se funda para ello. Una copia de dicha comunicación será sometida inmediatamente a la Oficina Nacional de Servicio Civil. El servidor público en tales casos, cesará de inmediato en sus funciones, si así lo decide la autoridad nominadora. Con la autorización del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, la autoridad nominadora podrá cubrir el puesto del empleado suspenso si así conviniere al servicio, con un nombramiento provisional por el tiempo necesario para resolver en definitiva la apelación del servidor público destituido. 2. El director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, hará del conocimiento del servidor afectado la decisión de la autoridad nominadora, con el fin de que dentro del plazo improrrogable de tres días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le notifique, pueda apelar ante la Junta Nacional de Servicio Civil, de acuerdo con el artículo 80 de esta ley.” “Las reclamaciones a que se refiere el inciso 6 del artículo 19 de esta ley, y las demás en ella contenidas, deberán sustanciarse en la forma siguiente: el interesado deberá interponer por escrito su impugnación ante el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, dentro de un término de tres días a partir de la notificación de la resolución recurrida. Presentado el escrito anterior, el director dará cuenta inmediatamente a la Junta Nacional de Servicio Civil, la cual deberá resolver en un término improrrogable de treinta días a partir de la recepción de las actuaciones. Si la junta no hubiere proferido la respectiva resolución en tal término, únicamente en los casos de despido, se tendrá por agotada la vía administrativa, y por resuelta negativamente la petición, a efecto de que los apelantes puedan acudir ante las Salas de Trabajo y Previsión Social a plantear su acción. Tales tribunales resolverán conforme a las normas del procedimiento ordinario de trabajo, en única instancia. En los demás casos contemplados en esta ley la Junta deberá resolver todo reclamo dentro
del mismo término de treinta días, pero las resoluciones dictadas tendrán el carácter de definitivas e inapelables. La Junta dará audiencia al recurrente por un término de cuarenta y ocho horas para que exprese los motivos de su inconformidad. La Junta al recibir las actuaciones, pedirá inmediatamente al director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, y siempre que lo estimare necesario, que se amplíen las investigaciones, se reciban nuevas pruebas, y se practiquen todas aquellas diligencias que se consideren indispensables para logran un mejor juicio; en esta función la Junta goza de la más amplia facultad para la calificación y apreciación de las circunstancias de hecho que tengan relación con el caso por resolver. Las resoluciones de despido de la Junta deberán ser recopiladas en la secretaría de la misma.” “Con respecto al despido, la Junta Nacional de Servicio Civil debe decidir sobre la procedencia o improcedencia del mismo. En el primer caso, la autoridad nominadora debe ejecutar inmediatamente la resolución respectiva, si antes no ha ordenado la suspensión del servidor público. En el segundo caso, la autoridad nominadora debe acatar en definitiva y de inmediato lo resuelto. La Junta Nacional de Servicio Civil está facultada, de acuerdo con los hechos establecidos, para ordenar a la autoridad nominadora que se aplique a cualesquiera de las sanciones previstas en esta ley y para autorizar la adopción de otras medidas que redunden en el mantenimiento de la disciplina y el orden en el servicio. En ningún caso tales decisiones podrán ser contrarias a los derechos establecidos en esta ley. En el caso de que las investigaciones hechas por la Oficina Nacional de Servicio Civil o la decisión de la Junta Nacional de Servicio Civil sean favorables para el servidor público suspenso, se entenderá restituido, debiéndose pagar el salario correspondiente al período de la suspensión. El reglamento de esta ley preceptuará las demás formalidades a seguirse para los efectos de lo anteriormente establecido.” “La reinstalación de un servidor público genera una relación nueva de trabajo, pero deja a salvo los derechos adquiridos con anterioridad que no hubieren
sido cubiertos conforme esta ley; se exceptúan los que hubieren sido retirados por las causales del artículo 76.” “La cesación definitiva de funciones de los servidores públicos en el Servicio por Oposición, se produce en los siguientes casos: 1. Por renuncia del servidor público. 2. Por destitución o remoción. 3. Por invalidez, cuando fuere absoluta. 4. Por jubilación, de conformidad con la ley de la mater ia.”
CONSIDERANDO DE LAS DOCTRINAS Y PRINCIPIOS DE DERECHO APLICABLES AL CASO: En cuanto a la carga de la prueba, CARNELUTTI; indica que el adagio actore no porbant reus absolvitur, o sea que la carga de la prueba le corresponde a la parte que se encuentre en mejores condiciones de producir la prueba. Además en cuanto a la Inversión de la carga de la prueba en los casos de despidos indirectos e injustificados, de acuerdo con los artículos 30, 78, 79 y 80 del Código de Trabajo, es al patrono a quien le incumbe probar que el despido fue justificado o en su caso que el trabajador abandonó sus labores sin justa causa. EL PRINCIPIO PROCESAL DE FLEXIBILIDAD EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA: También denominado apreciación de la prueba en conciencia (artículo 361del Código de Trabajo), es el que permite al juez de trabajo y previsión social, valorar y apreciar la prueba aportada al juicio en conciencia, es decir con base a los principios de justicia y equidad que le permiten llegar al fondo en la búsqueda de la verdad.
CONSIDERANDO Que del análisis del presente caso, se desprende que la parte actora, señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, presentó demanda ORDINARIA LABORAL en contra del ESTADO DE GUATEMALA, a través de su Representante Legal, manifestando lo que se resumió en
el apartado de los hechos contenidos en la demanda, de tal forma que ante lo expuesto reclama su reinstalación. Por su parte EL ESTADO DE GUATEMALA, compareció a través de su REPRESENTANTE LEGAL, la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, por medio de su delegado ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, manifestando, lo que se resumió en el apartado de contestación de la demanda, habiéndola contestado en forma escrita en sentido negativo e interpuso excepciones perentorias. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS: Al hacer el análisis de la prueba rendida dentro del presente juicio, se valoran de la siguiente forma: La parte actora no aportó ni diligenció ningún medio de prueba. La parte demandada, ofreció y diligencio como medios de prueba los siguientes: I) DOCUMENTOS: A) (acompañados por la parte demandante) a) Copia simple de cédula de entrega de documentación de baja; b) Copia simple del Acuerdo Ministerial número un mil novecientos ochenta y dos guión dos mil cinco de fecha veintiocho de diciembre de dos mil cinco; a los documentos descritos anteriormente en las literales a) y b) SE LES CONFIERE VALOR PROBATORIO, de conformidad con el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326, y 361 del Código de Trabajo, ya que se tienen por fidedignos por no haberse presentado prueba en contrario y no fueron impugnados, por lo tanto la ley los tiene como auténticos y fidedignos, estableciéndose por medio de dichos documentos que a la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil se presentó el demandante VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, con fecha veinte de agosto del dos mil nueve, en donde le hicieron entrega de la documentación de baja; y que con fecha veintiocho de diciembre de dos mil cinco, mediante el Acuerdo Ministerial en referencia emitido por el Ministro de Gobernación, se modificó el acuerdo ministerial número cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco,
en el sentido de que dicho acuerdo surte efectos a partir del cuatro de febrero del año dos mil cinco, fecha en que efectivamente abandonó sus labores; c) Original de Certificación de Acta número sesenta guión dos mil nueve de fecha veinte de agosto de dos mil nueve; documento al cual SE LE CONFIERE VALOR PROBATORIO, de acuerdo a lo establecido en los artículos 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326 y 361 del Código de Trabajo; ya que el mismo fue extendido por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo y porque el mismo no fue redargüido de nulidad o falsedad, extremo éste que hace que la ley lo tenga como auténtico y fidedigno, y con el cual se establece que al Departamento de Asuntos administrativos de Personal de la Subdirección General de Personal de la Policía Nacional Civil se presentó el demandante VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS con fecha veinte de agosto del dos mil nueve y a solicitud del mismo se procedió a faccionar el acta en referencia para hacer constar la entrega del cargo de Sub-inspector de Policía Nacional Civil, dejando vacante la partida presupuestaria respectiva, constando en dicha acta que la destitución es a partir del día cuatro de febrero de dos mil cinco; d) Copia de oficio número diecisiete guión dos mil cinco de fecha siete de febrero de dos mil cinco; e) Copia Simple del Acuerdo Ministerial número cero ochocientos treinta y ocho guión dos mil cinco, de fecha veinticuatro de junio de dos mil cinco; a los documentos descritos anteriormente en las literales d) y e) SE LES CONFIERE VALOR PROBATORIO, de conformidad con el artículo 177 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326, y 361 del Código de Trabajo, ya que se tienen por fidedignos por no haberse presentado prueba en contrario y no fueron impugnados, por lo tanto la ley los tiene como auténticos y fidedignos, estableciéndose por medio de dichos documentos que el Oficial III de la Policía Nacional Civil Elvin Joadzir Juárez Duque, con fecha siete de febrero de dos mil cinco,
presentó denuncia dirigida al Fiscal Distrital del Ministerio Público de Chiquimula, por medio de la cual hizo del conocimiento del Fiscal, la ausencia del sub-inspector Víctor Hugo López Barillas, recibida en el Ministerio Público en esa misma fecha, estableciéndose también que la destitución del trabajador relacionado fue acordada con fecha veinticuatro de junio de dos mil cinco, mediante el Acuerdo Ministerial en referencia emitido por el Ministro de Gobernación, en el cual consta que dicho acuerdo surte efectos a partir del cuatro de febrero del año dos mil cinco, fecha en que efectivamente abandonó sus labores; f) Original de Acta de Declaración testimonial de fecha diez de septiembre de dos mil nueve; documento al cual SE LE CONFIERE VALOR PROBATORIO, de acuerdo a lo establecido en los artículos 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326 y 361 del Código de Trabajo; ya que el mismo fue suscrito por un profesional (notario) en ejercicio de su cargo y porque el mismo no fue redargüido de nulidad o falsedad, extremo éste que hace que la ley lo tenga como auténtico y fidedigno, y con el cual se establece la justa causa de la ausencia del actor concatenado con la certificación médica que se valorará a continuación; g) Original de Constancia Médica expedida por el profesional de la medicina JUAN MANUEL GONZÁLEZ VIVAS, de fecha veintiocho de octubre de dos mil nueve; documento al cual SE LE CONFIERE VALOR PROBATORIO, de acuerdo a lo establecido en los artículos 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326 y 361 del Código de Trabajo, ya que el mismo fue extendido por profesional (notario) en ejercicio de su cargo y porque el mismo no fue redargüido de nulidad o falsedad, extremo éste que hace que la ley lo tenga como auténtico y fidedigno, y con el cual se establece que el actor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, efectivamente sufrió una lesión y recibió atención médica el día cuatro de febrero de dos mil cinco; B) (exhibidos por la parte demandada) Fotocopias certificadas de
los siguientes documentos: a) ASUNTO COMPARECENCIA DE UN SUB-INSPECTOR DE PNC. VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, DE FECHA dos de mayo del año dos mil cinco; b) CITACIÓN DE COMPARECENCIA MEDIANTE AVISO DE UN SUBINSPECTOR DE PNC. VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha tres de mayo del año dos mil cinco; c) SOLICITANDO PUBLICAR CITACIÓN MEDIANTE AVISO DE UN SUB-INSPECTOR, VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha cuatro de enero de dos mil cinco; d) RESOLUCIÓN DE TRÁMITE, SOBRE NOTIFICACIÓN DEL PLIEGO DE CARGOS AL SUJETO A PROCEDIMIENTO, a VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, de fecha cuatro de mayo del año dos mil cinco; y e) NOTIFICACIÓN DE FECHA DIECINUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CINCO, REALIZADA EN JUTIAPA, A LAS ONCE HORAS, VERIFICADA A VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, por medio de la señora SILVIA MARROQUÍN, quien firmó la notificación; documentos a los cuales en su conjunto SE LES CONFIERE VALOR PROBATORIO, de acuerdo a lo establecido en los artículos 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326 y 361 del Código de Trabajo; ya que los mismos fueron extendidos por funcionario o empleado público en ejercicio de su cargo y porque los mismos no fueron redargüidos de nulidad o falsedad, extremo éste que hace que la ley los tenga como auténticos y fidedignos, y con los cuales se establece que el Comisario General de Policía Nacional Civil y Jefe del Distrito Tres, Región Oriente, con fecha dos de mayo de dos mil cinco, ordenó la comparecencia del Sub-inspector VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, mediante citación dirigida al Sub-comisario de Policía Nacional Civil, Jefe de la Comisaría Veintitrés de Chiquimula; que el Comisario General de Policía Nacional Civil, Oficial III encargado de la Sección de Operaciones Poya, Jefe del Distrito Tres, Región Oriente, con fecha tres de mayo de dos mil cinco, por segunda vez, mediante aviso, ordenó la
comparecencia del Sub-inspector VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, a través de citación dirigida al Sub-comisario de Policía Nacional Civil, Jefe de la Comisaría Veintitrés de Chiquimula; que el Comisario General de la Policía Nacional Civil y Jefe del Distrito Tres, Región Oriente, con fecha cinco de mayo de dos mil cinco, entregó oficio, solicitando publicar citación mediante aviso del Sub-inspector VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, mediante citación dirigida al Jefe del Servicio de Publicaciones de la Sub-dirección General de Personal de la Policía Nacional Civil; que el Comisario General de la Policía Nacional Civil y Jefe del Distrito Tres, Región Oriente, con fecha cuatro de mayo de dos mil cinco, emitió resolución dando por notificado del pliego de cargos, a través del Boletín Oficial de la institución relacionada, al Sub-inspector VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, indicando que por ese acto el presunto infractor quedó ligado al procedimiento; y que con fecha diecinueve de mayo del año dos mil cinco, siendo las once horas, el Oficial III de Policía Nacional Civil, Encargado de la Sección de Personal de la Comisaría veintitrés, en su calidad de Notificador, notificó a VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, la parte resolutiva de la sanción impuesta por el tribunal disciplinario número tres, distrito oriente Zacapa, donde se le impuso la destitución del servicio, por medio de la señora Silvia Marroquín, (cuñada) dentro del Expediente Administrativo número veintinueve guión dos mil cinco, realizada en el departamento de Jutiapa, en la residencia del demandante; por lo que con los mismos se corrobora que se tramitó un procedimiento administrativo, dentro del cual el actor no impugnó lo resuelto por esa institución; así como que la juzgadora no cuenta con medios de prueba propuestos por el actor, toda vez que el mismo no compareció a la audiencia a diligenciarlos, en relación a los hechos expuestos, especialmente en cuanto a la falsedad del abandono de cargo; y que presentó demanda hasta el treinta de septiembre de dos mil nueve, habiendo finalizado el expediente administrativo el diecinueve de mayo de dos mil cinco,
fecha en que se le notificó la resolución por medio de la cual se le impuso la sanción consistente en destitución del servicio, la cual no consta que haya impugnado; II) PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: que se deriven de los hechos probados; las cuales se establecen de todo lo actuado dentro del presente juicio, a las cuales SE LES OTORGA VALOR PROBATORIO, de acuerdo a lo establecido en los artículos 194 y 195 del Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria por lo establecido en los artículos 326, y 361 del Código de Trabajo, ya que a través de ellas se establece que el actor no gestionó ante los Tribunales correspondientes, dentro del plazo estipulado en la ley para presentar la impugnación de la resolución del expediente administrativo y la demanda. DEL ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS SUJETOS A PRUEBA: Por lo que con base en lo anterior se establece que los hechos sujetos a prueba quedaron probados de la siguiente forma: A.- La relación laboral que existió entre el demandante VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS y la parte demandada EL ESTADO DE GUATEMALA, específicamente con el MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; este hecho sujeto a prueba quedó probado con la prueba documental presentada, toda vez que con la misma se establece que efectivamente el demandante VICTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, laboró para el Estado de Guatemala; en el Ministerio de Gobernación específicamente en la Policía Nacional Civil con servicio en la Comisaría número veintitrés del departamento de Chiquimula; B.- El despido directo e injustificado del que fue objeto el demandante; este hecho sujeto a prueba, no quedó probado, toda vez que existe un expediente administrativo que le fue notificado, el cual no consta que haya sido objeto de impugnación por parte del actor, así como que no acudió a los Tribunales en el tiempo establecido por la ley para demandar; c) Si el demandante, por la forma de su despido, tiene derecho a ser reinstalado y a que se le hagan efectivas las prestaciones laborales
que por ley le corresponden; este hecho sujeto a prueba no quedó probado por el actor toda vez que no compareció a la audiencia de juicio oral y por lo tanto no aportó ningún medio de prueba; d) De la contestación de la demanda en sentido Negativo y la interposición de las EXCEPCIONES PERENTORIAS de: a) FALTA DE VERACIDAD EN LOS HECHOS DENUNCIADOS; esta excepción debe ser declarada con lugar toda vez que consta de acuerdo con la prueba documental aportada por el Representante Legal de la parte demandada, que al actor se le notificó la resolución del expediente administrativo con fecha diecinueve de mayo de dos mil nueve, a través de la señora SILVIA MARROQUÍN, (cuñada) quien firmó la notificación e incluso consta en la misma el número de cédula, por lo que dicha notificación es válida y con ella se corrobora que el actor quedó notificado legalmente de la resolución dictada dentro del expediente administrativo, por lo que si tuvo conocimiento del mismo; b) EXISTENCIA DE CAUSA JUSTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL; esta excepción debe ser declarada con lugar ya que no consta en el expediente administrativo ninguna impugnación presentada por el actor, lo que dio lugar a que la resolución por medio de la cual se ordenó su destitución como sanción impuesta por la comisión de una infracción muy grave, causó firmeza, por lo que existe justificación para la terminación de la relación laboral; c) INEXISTENCIA DE NORMA SUSTANTIVA O ADJETIVA QUE SUSTENTE LA PRETENSIÓN DE REINSTALACIÓN; esta excepción debe ser declarada sin lugar, toda vez que la ley si contempla en determinado momento y con base en hechos probados que si procede la reinstalación, aunque este no es el caso; d) PROHIBICIÓN EXPRESA Y TAXATIVA DE LA LEY PARA ACCEDER AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; esta excepción debe ser declarada con lugar por la forma en que se resuelve el presente fallo, por cuanto que el actor no probó los hechos expuestos en su demanda y por lo consiguiente no puede haber una condena relativa a sueldos
dejados de percibir; y e) DE LA PRESCRIPCIÓN; esta excepción debe ser declarada con lugar, toda vez que el actor presentó demanda con fecha treinta de septiembre de dos mil nueve y el expediente administrativo finalizó mediante notificación de fecha diecinueve de mayo de dos mil cinco; no constando que entre estas dos fechas el actor haya presentado impugnación alguna que haya dado origen a un procedimiento y que se haya interrumpido la prescripción, por el contrario ha transcurrido en demasía el plazo que tenía para gestionar ya que de conformidad con el artículo 260 del Código de Traba jo se establece que: “Los derechos de los trabajadores para reclamar contra su patrono en los casos de despido o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el plazo de treinta días hábiles contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente.” Así también el artículo 266 del mismo cuerpo legal, regula que: “El término de prescripción se interrumpe: a) Por demanda o gestión ante autoridad competente;…”, además no presentó el recurso de revocatoria en contra de la resolución por medio de la cual el Tribunal Disciplinario respectivo le impuso una sanción, razón por la cual su derecho ya prescribió; y con base en lo anterior deviene procedente la contestación de la demanda en sentido negativo.
CONSIDERANDO ESTIMACIÓN DE LA JUZGADORA: Al efectuar el análisis de la prueba, de acuerdo a lo establecido en el artículo 361 del Código de Trabajo y 177 y 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, la juzgadora llega a la conclusión siguiente: En la secuela del juicio el actor no probó los hechos constitutivos de su pretensión al no haber comparecido a la audiencia de juicio oral y no aportó la prueba pertinente e idónea para probar los hechos expuestos en la demanda, por el contrario la parte demandada, a través de su Representante Legal, si probó
que se tramitó un procedimiento administrativo en contra del demandante y que fue notificado legalmente, por lo que sí tuvo conocimiento del mismo y en ese sentido debe resolverse y hacerse las demás declaraciones que en derecho corresponden.
CONSIDERANDO De conformidad con los artículos 573 y 574 del Código Procesal Civil y Mercantil se establece que: El Juez en la sentencia que termina el proceso que ante el se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. No obstante lo dicho en el artículo que antecede, el Juez podrá eximir al vencido del pago de las costas, total o parcialmente, cuando haya litigado con evidente buena fe. En el presente caso, no se condena en costas por la forma en que se resuelve.
LEYES APLICABLES: Artículos: 12, 101, 102, 103, 107, 108, 203, 204, 205, de la Constitución Política de la Republica de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 18, 23, 25, 30, 78, 82, 88, 116, 117, 121, 122, 124, 130, 131, 136, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 326, 327, 328, 329, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 344, 345, 346, 353, 354, 358, 359, 361, 364, del Código de Trabajo; 1, 2, 3, 4, 5, del Decreto Ley 389; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, del Decreto número 76-78 del Congreso de la República de Guatemala; 1, 2, 3, 4, 5, 6, del Decreto número 78-89 del Congreso de la República de Guatemala, debidamente reformado por los decretos 7-2000 y 37-2001 del Congreso de la república de Guatemala; 1, 3, 31, 39, 40, 41 de la LEY DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL; 17, 22, 26, 33, 34, 36, 45, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59 del REGLAMENTO DISCIPLINARIO DE LA POLICÍA NACIONAL CIVIL, contenido en ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO 420-2003 del MINISTERIO DE
GOBERNACIÓN; 1, 4, 5, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84 de la LEY DEL SERVICIO CIVIL; 25, 26, 27, 28, 31, 44, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 del Código Procesal Civil y Mercantil; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 20, 37, 39, 40, 46, 107, 108, 117, 303, 304, 305 del Código Procesal Penal; 141, 142, 143, de la Ley del Organismo Judicial.
POR TANTO: Este Juzgado con base a lo considerado y leyes citadas al resolver DECLARA: I). SIN
LUGAR la demanda ORDINARIA LABORAL, promovida por el señor VÍCTOR HUGO LÓPEZ BARILLAS, en contra del ESTADO DE GUATEMALA, a través de su Representante Legal, Licenciado ERICK ESTUARDO CÓRDOVA CASTILLO, funcionario de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, siendo la autoridad nominadora EL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN; II); CON LUGAR la contestación de la demanda en sentido Negativo, por parte de la demandada, por lo antes considerado; III) CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA de FALTA DE VERACIDAD EN LOS HECHOS DENUNCIADOS; por lo antes considerado; IV) CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA de EXISTENCIA DE CAUSA JUSTA PARA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL; por lo antes considerado; V) SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA INEXISTENCIA DE NORMA SUSTANTIVA O ADJETIVA QUE SUSTENTE LA PRETENSIÓN DE REINSTALACIÓN; por lo antes considerado; VI) CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA de PROHIBICIÓN EXPRESA Y TAXATIVA DE LA LEY PARA ACCEDER AL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; VII) CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA de PRESCRIPCIÓN; VIII) No se condena en costas por lo antes considerado. NOTIFÍQUESE.
Report "Juicio Ordinario Laboral de Reinstalación"

References: resolución 
 Artículo 76
 artículo 429
 resolución 
 resolución 
 artículo 4
 artículo 83
 artículo 3
 artículo 7
IN DUBIO
 artículo 106
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 artículo 87
 resolución 
 resolución 
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 artículo 154
 artículo 22
 artículo 110
 artículo 76
 RESOLUCIÓN 
 RESOLUCIÓN

 resolución 
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 326
 resolución 
 artículo 80
 artículo 19
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 76
 artículo 177
 artículo 177
 RESOLUCIÓN 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 260
 artículo 266
 resolución 
 artículo 361