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Timestamp: 2020-01-17 14:17:02+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 214, de 18/04/2001
Año 2001 VII Legislatura Núm. 214
NOTA INFORMATIVA: En la edición impresa de este Diario, sus páginas aparecieron, por error, numeradas desde la 2837 a la 2860. Tal error ha sido corregido en la presente edición electrónica.
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
- Sobre medidas dirigidas a la evitación de desviaciones en el comercio de armas ligeras exportadas por España en cumplimiento del Código de conducta aprobado por la Unión Europea (UE).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000485.) . . . (Página 6438)
- Relativa al desarrollo e incentivación de los biocombustibles líquidos en el sector transportes.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000540.) . . . (Página 6443)
- Relativa a declaración de exención de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio percibidas por estudiantes universitarios o titulados de nivel equivalente a los efectos de tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000049.) . . . (Página 6447)
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- Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y determinados artículos de la ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero). (Número de expediente 121/000032.) . . . (Página 6452)
- Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y determinados artículos de la ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia (procedente del Real decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero). (Número de expediente 121/ 000032.) . . . (Página 6452)
- SOBRE MEDIDAS DIRIGIDAS A LA EVITACIÓN DE DESVIACIONES EN EL COMERCIO DE ARMAS LIGERAS EXPORTADAS POR ESPAÑA EN CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE CONDUCTA APROBADO POR LA UNIÓN EUROPEA (UE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000485.)
Primer punto del orden del día: Debate y votación de la proposición no de ley sobre medidas dirigidas a la evitación de desviaciones en el comercio de armas ligeras exportadas por España en cumplimiento del código de conducta aprobado por la Unión Europea. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, antes de entrar en el primer punto del orden del día, si no le importa, podríamos fijar las votaciones para la una o una y cuarto.
El señor PRESIDENTE: Las votaciones no serán antes de la una y cuarto.
Para la presentación de la proposición no de ley, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor Eguiagaray.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Es un placer descender de las alturas de la mesa de esta Comisión para ocupar el escaño desde el que se puede defender un texto como el que hoy presenta el Grupo Parlamentario Socialista y explicar, al menos, las razones que asisten para su discusión en la Comisión de Economía.
Esta es una Comisión de Economía, Hacienda y también de Comercio. Sin duda alguna, ni la economía, ni el comercio son ajenos a los valores, a los que nos debemos los demócratas de todo tipo y condición.
Conocido, como es, que la riqueza, por lo menos la riqueza privada, puede ser el resultado del expolio de otras riquezas, por ejemplo del expolio del medio ambiente, o de la destrucción, incluso, de la libertad de las personas, o que es posible generar riqueza, incluso fabricando las armas con las que se asesina a personas, no podemos, al analizar una cuestión que es económica, ser indiferentes a los valores, a los problemas que están implícitos detrás de cualquier actividad económica y comercial.
El comercio de armas, señorías, es una actividad lucrativa, es un negocio. Los Estados civilizados, entendiendo por civilizados aquéllos que se deben, confiesan, practican un conjunto de valores, un conjunto de normas jurídicas, han aceptado algunos límites a la existencia de este tráfico lícito del comercio de armas; en mi opinión, límites muy inferiores a los debidos. En todo caso, para ser sinceros, todos tenemos la constatación moral, a veces la constatación real, de que incluso los límites jurídicos existentes están muy lejos de cumplirse en todos los casos.
Probablemente, cuando se habla de comercio de armas nos vienen a la mente cosas que están en los países más civilizados en las primeras páginas de la información. Cuando la asociación americana del rifle en los Estados Unidos se convierte en un pretendido baluarte de los derechos individuales de los ciudadanos americanos, probablemente hay muchos otros y muchos europeos que están en contra de que eso sea una forma de defender los derechos individuales; pero estamos hablando de un país como los Estados Unidos de América, que es un país democrático. Cuando el comercio de armas, en virtud de la libertad de comercio, no tiene límites y se aplica sin ningún tipo de restricción a cualquier tipo de país o, en ocasiones, a países que están muy lejos de cumplir los requisitos
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mínimos en términos de derechos humanos, ciertamente entramos en un mundo complejo. Por eso, la discusión sobre este asunto es una discusión entre dos actitudes: entre más facilidad para el comercio, una pretensión legítima de aquellos que obtienen beneficios y lucro de este comercio, y más garantías, por lo menos, más cumplimiento de las normas que limitan el ejercicio de esta libertad comercial con las armas.
Para que tengan una aproximación al problema general, antes de descender a los problemas de detalle que forman parte del contenido de nuestra proposición, les diré que las diez guerras internacionales y las 25 guerras civiles que en este momento están teniendo lugar en el planeta Tierra, se producen en países que en el último año han duplicado la compra-venta de armas. Es en este marco en el que me gustaría que entendieran lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere proponer, que es más transparencia, más control y más rigor en el cumplimiento de una legislación, como la nuestra, que es a todas luces adecuada, pero cuyo cumplimiento ha de extremarse en mayor medida del que todavía estamos llevando a cabo.
Nuestro país en el año 1982 apenas existía en el comercio de armas.
Es verdad que en los años posteriores, no siendo en este momento, ni mucho menos, uno de los cinco países que cubren el 85 por ciento del comercio mundial de armas (aproximadamente contamos con el uno por ciento del total de las exportaciones de armas en el mundo), sin embargo, es un país cuyas exportaciones han ido creciendo. Es verdad que en el cómputo de las estadísticas sobre compra-venta de armas, exportaciones, hay que hacer algunos distingos, entre otras cosas porque las armas ligeras, en ocasiones, no están en los cómputos de los anuarios internacionales sobre el tráfico de armas. Sin embargo, es poco discutible que el mayor número de muertos en guerras civiles, conflictos y enfrentamientos de todo tipo en diferentes países no es tanto el resultado del uso de armas de destrucción masiva o de armas pesadas, sino, por el contrario, del uso de armas ligeras.
Si tuviéramos que dar crédito (yo creo que alguno hay que dar a la cátedra Unesco de la Universidad Autónoma de Barcelona), tendríamos que concluir que probablemente entre las cifras que hoy oficialmente asumimos como parte de las que corresponden al tráfico de armas, o a las exportaciones de armas de España, habría que sumar alrededor de un 40 por ciento para tomar en consideración otras cifras de exportaciones que están unidas también con el tráfico de armamento.
Solamente en el continente africano, entre los años 1992 y 1999, España exportó armas ligeras por una cifra no inferior a 4.000 millones de pesetas. Es verdad que no en todos los casos tenemos la seguridad -más bien es lo contrario- de que a muchos de los países a los que exportamos algunas de esas armas ligeras no fueron el último país en el que quedaron las mismas, sino que en ocasiones formaron parte de tráficos adicionales que llevaron las armas a lugares de conflicto, a lugares en los cuales había guerras, a lugares en los cuales había enfrentamientos entre diferentes sectores de población, contribuyendo en ese sentido no a la paz ni a la estabilidad, sino precisamente a todo lo contrario, en contradicción de los argumentos, de las razones, incluso de la legislación que inspira nuestro comercio internacional. Porque debo decir que tenemos una razonable regulación; una regulación que en esta materia viene de un decreto del año 1993, que después fue modificado por un decreto del año 1998, que regula el comercio exterior de material de defensa y de doble uso.
El reglamento actual goza, desde luego, de nuestro apoyo, como tuvo nuestro apoyo el de 1993, y ha sido desarrollado a través de una orden ministerial posterior. En ese reglamento se dicen algunas cosas importantes: por ejemplo, los casos en los cuales se pueden suspender las autorizaciones para las exportaciones de armas si no se cumplen determinados requisitos que tienen que ver con los valores que hemos asumido como límite para este tráfico de armas. Sin embargo, es verdad que cuando uno analiza las cosas, no en términos jurídicos, sino en términos de la realidad sociológica, cae en la cuenta de que se han producido muchas violaciones de aquella legislación que inspira nuestro comercio de armas. Entre los años 1992 y 1999, por ejemplo, está documentado que España exportó alrededor de 189.000 pistolas y revólveres, de los cuales a África nada más llegaron unos 137.000 de más de nueve milímetros de calibre y unos 25.000 de menos de nueve milímetros de calibre, junto con escopetas, rifles, porras, pistolas, armas blancas y otro material que a veces no se utiliza precisamente para cazar rinocerontes, sino también para cazar seres humanos. Entre los países de destino figuraban, desde luego, no solamente países cumplidores de los derechos humanos, a los cuales se vincula también la capacidad para la exportación o las autorizaciones de exportación, sino países que desgraciadamente están en situaciones no solamente de incumplimiento de una legislación mínima de derechos humanos, sino en situaciones de guerra o de conflicto; por ejemplo, Angola, Sudán, Marruecos, el Congo, Sierra Leona u otros.
No es verdad que hoy estemos en condiciones de garantizar el que por tener una legislación adecuada hemos cumplido los fines para los cuales se dictó esa legislación. Desgraciadamente, tenemos más bien la evidencia y la constancia de que no en todos los casos ha sido así. Es verdad que España ha mejorado enormemente su información.
Estamos haciendo un esfuerzo, conjuntamente con otros países europeos, para mejorar la información, pero en esta materia la oscuridad, que es el campo en el que seguramente los intereses comerciales brillan con mayor fulgor, es enemiga de la transparencia, que es por el contrario lo que algunos quisiéramos que en esta materia luciera en mayor medida, saber qué se exporta, qué tipo de armas, a
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quién, cómo, de qué manera, para qué fines, etcétera. En esa dirección hemos mejorado, pero yo creo que hay que seguir mejorando.
Hay un acuerdo de información semestral al Parlamento. El Gobierno acaba de cumplirlo con el envío de la última información, y es verdad que se va mejorando paulatinamente la información que se envía al Parlamento.
A pesar de todo, yo creo que hay muchas cosas que hacer en esa dirección y hay que seguir avanzando en el cumplimiento de mecanismos como aquellos que los europeos nos hemos dado, por ejemplo mediante la suscripción del código de conducta que aprobó la Unión Europea en junio de 1998, en el que se fijan ocho criterios, entre los cuales les quiero recordar que se autolimitan los europeos en su tráfico comercial de armas a aquellos países en los cuales no se den razonables garantías de un uso adecuado por razones de respeto a los derechos humanos o porque exista el riesgo de que el equipo se desvíe dentro del país comprador o se reexporte en condiciones no deseadas.
Estas son dos cuestiones a las cuales quiero dedicar una especial atención. Las garantías que tenemos de que las armas no pesadas, sino las armas ligeras, origen y causa de la mayor parte de las muertes en el mundo, especialmente en los países más pobres, menos desarrollados, donde hay guerras civiles, tribales, como quieran ustedes señalar, tienen en ocasiones su fundamento o su motivo o su causa material en armas exportadas por España; y es verdad que cuando hay dos seres humanos que se quieren matar, probablemente encuentran el arma adecuada. No hagamos de nuestro país el responsable último de algunas de estas cuestiones, pero me parece que es nuestra responsabilidad el limitar la utilización inadecuada de armas en algunos países sobre los cuales, a pesar de las seguridades que la legislación pretende establecer, no tenemos garantías de que se estén cumpliendo estas limitaciones en toda su magnitud.
Le voy a señalar algo que me parece importante. El reglamento del año 1998 establece la existencia de un certificado de último destino de todas las exportaciones de material de defensa y de doble uso. Eso está dirigido precisamente a aquel a quien se exporta o a aquel que importa armas que no pueda reexportarlas, vendérselas a otro. Les he puesto algunos ejemplos, pero les podría poner otros. Por ejemplo, es conocido entre los estudiosos de este asunto el caso de un país tan enorme como Yibuti. Tiene 652.000 habitantes, 12.600 son militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado. En cuatro años los 12.600 militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado aparentemente compraron 23.600 pistolas españolas, dos por militar o policía. Como esto resulta increíble, sin duda alguna las armas españolas fueron en alguna otra dirección. Pero se pueden poner otros casos, como en Gana, o en Burkina Faso, donde también se han utilizado armas españolas para llevarlas probablemente a Sierra Leona o a Nigeria, etcétera, en situaciones de conflicto.
¿Qué les quiero decir con esto? Que el certificado de último destino para todas las exportaciones que está establecido en nuestra legislación no puede ser exonerado por criterios tan absolutamente opacos como los que establece la orden ministerial que los regula. La orden ministerial dice que la Junta interministerial de material de defensa y de doble uso puede, cuando lo estime oportuno, exonerar de la obligación de establecer el certificado de último destino. A mi me parece que hay razones, como ha explicado recientemente el secretario de Estado para el Comercio, Turismo y Pequeña y Mediana Empresa, por las que la Junta pueda hacer eso, pero lo que no puede es hacerlo arbitrariamente y por razones simplemente desconocidas. Argüir como razón para eso, por ejemplo, que hay contratos de suministro de material, como son los que ligan a todo el complejo proceso de construcción de los Leopard, no sirve en absoluto para justificar el que no se exhiba y no se exija en todos los casos el certificado de último destino cuando se trata de exportaciones de pistolas o de armas ligeras, por ejemplo, a África o a países asiáticos. No hay ninguna razón para exhibirlo, y sobre todo no hay ninguna razón para no justificarlo o motivarlo cuando se haga y hacerlo de manera transparente. Por eso es por lo que me parece que la orden ministerial que desarrolla el reglamento en esta cuestión, en su artículo tercero, que habla de que se puede eximir cuando así lo estime oportuno, sin más, es imposible de sostener hoy en los términos en los que está redactado y habría que circunscribirlo a una redacción diferente y en todo caso a la motivación correspondiente.
Termino, señor presidente. Entre las propuestas que hay detrás de esta proposición no de ley está el afán de más conocimiento, de más transparencia y de mayor contribución a que el mundo de valores que inspiran nuestra democracia esté también presente en una actividad económica lícita -naturalmente no puede ser una actividad estricta-, como es la exportación de armas. En ese sentido nos gustaría contar con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, diciendo que lo que hemos hecho bien hasta ahora lo hemos hecho bien colectivamente entre todos, estableciendo cada vez más información, estableciendo una legislación cada vez más adecuada, estableciendo criterios más estrictos y dando pasos adicionales no solamente para limitar o exigir el cumplimiento de nuestras normas en toda su amplitud, sino incluso dando el paso que pudiera significar, de acuerdo con lo que están solicitando varios países y algunas organizaciones no gubernamentales, especialmente preocupadas o sabedoras de lo que está ocurriendo sobre el terreno de algunos de estos países en conflicto, que se tomen iniciativas en torno al marcado de las armas.
El reglamento de armas ya establece que cualquier arma para el mercado nacional o para el mercado exterior naturalmente tiene sus códigos, tiene una serie de numeritos que se pueden interpretar y las autoridades
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españolas saben perfectamente quién las ha producido, qué año se han producido, dónde se han producido y para quién era esa partida. Si lo que se quiere es tener la garantía de que cuando se detecta un arma en Sierra Leona, que no tenía por qué estar en Sierra Leona, es porque alguien no ha cumplido con las obligaciones del certificado de último destino, para poder detectar eso de una manera automática habría que tener un marcado específico, uno que dijera, por ejemplo, que un arma que está hecha en España y ha sido exportada, por ejemplo, a Sierra Leona, a Nigeria, a Sudáfrica o a Marruecos, si está en otro sitio es porque no está legalmente. Hacer esto es algo factible. A los fabricantes les puede molestar, sin duda alguna, pero si queremos conseguir un control efectivo de la no desviación de las armas de aquellos lugares a los cuales se exporta de acuerdo con nuestra legislación, debiéramos dar pasos en esa dirección. Hay formas burdas de hacerlo, por ejemplo, poniendo el destino final y poniendo un cartel con letra amarilla para que se note que eso tenía que estar en tal sitio; hay otras formas más finas de hacerlo como, por ejemplo, poniendo el código internacional telefónico del país para que se sepa exactamente cuál es el país en el que tiene que estar y que si un arma está en un país que no le corresponde sin duda es porque se ha desviado de la legislación establecida.
En esta dirección, señorías, me gustaría contar con el apoyo de esta Cámara. Sin duda alguna España por sí sola no va a resolver los problemas de la humanidad ni de las guerras civiles ni de los conflictos armados, pero el que tengamos una legislación respetuosa y simultáneamente la pongamos en práctica, me parece que es una buena colaboración que podemos hacer juntamente con nuestros socios europeos. En el seno de la Unión Europea hay un impulso creciente en esta dirección. Creo que nosotros no tenemos por qué ser los primeros de la clase, pero debiéramos ser de los primeros, por lo menos por nuestras convicciones.
El señor PRESIDENTE: A la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Efectivamente, el señor Eguiagaray ha demostrado que los asuntos relacionados con las transferencias de material de defensa y doble uso son muy sensibles a la opinión pública. Es un asunto que preocupa a varios sectores y por eso desde el Grupo Popular creemos que hay que ser exigentes con el Gobierno para tener la certeza total y absoluta de que desde el punto de vista del comercio exterior no hay problemas con lo que se refiere al material de doble uso y al material de defensa.
Señorías, voy a hacer una reflexión por apartados a la proposición no de ley del Grupo Socialista y también, si me lo permite el señor presidente, fijaré posición a la vez que defiendo la enmienda, así sólo consumiré un turno y seguramente contribuiré a aligerar el debate.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista consta de cuatro apartados. En el primero de ellos se insta al Gobierno a que preste especial atención al respeto de los derechos humanos en el país de destino y la ausencia del riesgo de desvío o reexportación antes de autorizar una licencia. Es decir, lo que se pretende es la estricta aplicación del código de conducta. En definitiva, lo que pretende este primer punto (en el que estamos absolutamente de acuerdo, lo digo de entrada; la enmienda que nosotros presentamos contiene este punto en su literalidad) es que primen los criterios 2 y 7 del código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas en el análisis de las operaciones que hace la Junta interministerial reguladora del comercio exterior de material de defensa y doble uso. La Junta interministerial estudia con especial detenimiento, señor Eguiagaray, cada operación en la que pueden incumplirse los ocho criterios del código de conducta, entre los que merece una atención singular los relativos al riesgo de desvío que, como sabe S.S., es el número 7. Tan cierto es que se presta especial atención a este criterio número 7 que queda reflejado perfectamente en las denegaciones españolas que ha habido desde la aprobación del código de conducta del 8 de junio de 1998, puesto que en un 40 por ciento de las mismas se ha aplicado el citado criterio.
Creo que cuando se habla de esos porcentajes quiere decir que efectivamente se está tomando en cuenta.
Como ha visto en nuestra enmienda, señor Eguiagaray, aceptamos este punto y nos parece absolutamente correcto mantenerlo, repito, en nuestra enmienda, así como en su proposición.
En cuanto al punto segundo, se insta al Gobierno a que exija siempre un certificado de último destino para cualquier expedición- exportación, tanto en material de defensa como en productos y tecnologías de doble uso. Pese a que he oído al señor Eguiagaray manifestarse al respecto, debo decirle que a juicio de mi grupo la propuesta no parece haber sido suficientemente estudiada, porque es mucho más restrictiva de lo que aconseja la práctica en la tramitación de expedientes. En efecto, hay inexistencia absoluta de riesgo de desvío en unas determinadas operaciones y eso es lo que hace aconsejable eximir al exportador de la presentación de cualquier tipo de documento de control. Piénsese, por ejemplo, en comercio entre países de la Alianza Atlántica, pedirles una serie de documentos de control sería mostrar a priori una desconfianza que parece que no viene a cuento. Además, hay una serie de casos en los que no parece procedente pedir un CUD, por ejemplo, en las devoluciones a origen por productos defectuosos, en
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las exportaciones temporales, en los envíos regulares de piezas y componentes en el marco de un programa de cooperación industrial en el ámbito militar, como puede ser el Eurofighter-2000, el Leopard, etcétera, en productos de muy reducida sensibilidad o de imposible empleo en la fabricación de armas de destrucción masiva, en exportaciones de combustible militar a países de la OTAN, etcétera.
Este parece ser el origen, señor Eguiagaray, de la orden ministerial a la que S.S. hacía referencia. Por eso, todos los países -no sólo España- desarrollados que cuentan con este tipo de controles y que participan en foros internacionales de control y no proliferación introducen en sus legislaciones o en la práctica diaria exenciones de las que se benefician los envíos a países miembros de tales foros.
En consecuencia, exigir indiscriminadamente documentos de control para todas las operaciones, sobre todo la figura del CUD, que sabe S.
S. que es un documento más estricto, puesto que se requiere la firma de las autoridades del país de destino y su consulta al Gobierno español en caso de reexportación, entorpecería innecesariamente la tramitación de un elevado porcentaje de las solicitudes sin que redundase en controles más efectivos del riesgo de desvío por ser inexistente en operaciones como las que he citado con anterioridad.
Señorías, todas aquellas exportaciones de arma corta y ligera en las que no se tenga una certeza absoluta respecto del país de destino, del uso del producto y del destinatario, la Junta interministerial ya está condicionando la autorización a que el exportador presente un certificado de último destino.
Antes decía que había que ser exigentes con el Gobierno, pero también, señorías, hay que ser responsables en algunos temas. Voy a hacer una última reflexión al respecto. La estricta exigencia de certificado de último destino en todos los casos de exportación de material de defensa y doble uso perjudicaría notablemente a nuestras empresas y a la operatividad de nuestros ejércitos, mucho más si sólo es España el que implanta esa exigencia. Por eso en la enmienda, señor Eguiagaray, habrá visto que nosotros respetamos lo que usted dice, pero hemos hecho un pequeño matiz en un punto.
En su punto tercero se insta al Gobierno a que instaure la obligatoriedad del marcaje del país de destino en las armas ligeras para evitar su desvío. Esta petición, en la que se ha detenido el señor Eguiagaray y ha mostrado bastante interés, refleja, a nuestro juicio, un cierto desconocimiento de lo que es la legislación española existente y de las normas del marcaje de armas que figuran -y ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista- en el Real Decreto 137/1993, aprobado en 1993, que establece literalmente en su artículo 28 que todas las armas de fuego tendrán las marcas de fábrica correspondientes, la numeración correlativa por tipo de armas y el punzonado reglamentario de un banco oficial de pruebas español. Pretender que en dichas marcas aparezca también el país de destino, como se menciona en este punto, es muchas veces imposible porque la propia fábrica no sabe exactamente en el momento en que está fabricándolas a quién se las va a vender.
Podíamos estar parando la producción o, en definitiva, crear serios problemas al fabricante. Si esto resolviera el problema, diríamos que se hiciera, pero es que el marcaje propuesto no lo soluciona, señor Eguiagaray, porque la medida en sí no evitaría el desvío de las armas en ningún momento, solamente serviría para conocer desde qué país se han reexportado. Pero esa información también se puede obtener con el marcado actual, hay unos números correlativos, decía usted una serie de numeritos. No son una serie de numeritos, señor Eguiagaray, es una cosa más seria, son unos números correlativos, como he dicho, es un punzonado reglamentario, y se sabe perfectamente con esa numeración dónde ha ido cada arma, a qué país han sido exportadas.
Finalmente, instan al Gobierno a que haga público el informe que envía a la Comisión Europea y que hoy tiene carácter confidencial. No hay ningún problema. Habrá leído nuestra enmienda. Hemos hecho la misma propuesta que ustedes y la aceptamos en su literalidad.
Nosotros creemos que ya es prácticamente público, pero, en todo caso, no nos importa reconocerlo mediante esta proposición no de ley. La mención que ustedes hacen a la publicación anual del informe que España debe presentar a la Comisión Europea sobre exportaciones de armas entendemos -espero que no diga lo contrario el señor Eguiagaray- que se refiere a lo que se especifica en el punto 8 de las disposiciones operativas del código de conducta europeo, donde se contempla que cada Estado miembro de la UE distribuirá a los demás socios un informe anual sobre sus exportaciones de armas. Pues bien, debo decir, señorías, que los datos que contiene este informe, que posteriormente son refundidos por la Comisión Europea, son los contenidos en el informe que la Junta interministerial remite al Congreso de los Diputados en virtud de la proposición no de ley aprobada en marzo de 1997. Pero, además, las estadísticas semestrales de las exportaciones realizadas de material de defensa y doble uso enviadas al Congreso son posteriormente publicadas en el boletín económico de la revista Información Económica Española y contiene los mismos datos que los de la contribución española al informe anual. Se puede afirmar que este último también es público en la práctica. Por consiguiente, para su tranquilidad, lo vamos a apoyar en su literalidad sin ningún tipo de problemas.
En conclusión, señorías, nosotros hemos presentado una enmienda que tiene yo creo la misma melodía que la proposición del Grupo Socialista -quizá un poco menos de redoble de tambor, pero en el fondo es la misma melodía- porque los puntos 1, 3 y 4 de la proposiciónno de ley del Grupo Socialista ya son cumplidos
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por las autoridades españolas. Respecto al punto 2, referido a la exigencia para todo tipo de operaciones del documento de control, se habla únicamente del certificado de último destino. Baste volver a insistir en que no se tienen en cuenta toda una serie de situaciones que aconsejan introducir una mayor agilidad y rapidez en la tramitación de expedientes sin que por ello se incurra en el riesgo de desviar los productos exportados.
Como reflexión final querría decirles que pueden tener la absoluta seguridad y tranquilidad de que el procedimiento español de control del comercio de armas es de los más rigurosos de Europa. Por eso terminaré por donde empecé, diciendo que, efectivamente, hay que ser exigentes con el Gobierno para tener la certeza total y absoluta de que no hay problemas en el campo de la exportación de armas, pero que también tenemos que tener responsabilidad en otras cuestiones. Hemos presentado esta enmienda, señor presidente, que esperamos sea aceptada por el Grupo Socialista. En todo caso, como es coincidente en el 50 por ciento (de los cuatro puntos que hay, dos son coincidentes, uno tiene un pequeño matiz y el otro, mucha dificultad por las razones que he explicado) nosotros rogaríamos al Grupo Socialista que aceptara nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) El señor Eguiagaray tiene la palabra para manifestar si acepta o rechaza la enmienda del Grupo Popular.
El señor EGUIAGARAY UCELAY: Quería expresar mi satisfacción no solamente por el tono del debate, sino también por las aproximaciones que, sin duda alguna, el portavoz del Grupo Popular ha querido hacer al texto de la proposición de mi grupo.
Debo decirle con toda sinceridad que yo celebro el que tengamos una coincidencia en dos puntos, que son incluso redacciones literales idénticas, la de nuestro texto inicial y la de la enmienda alternativa del Grupo Popular, que corresponden a los puntos números 1 y 4 de nuestra proposición no de ley.
No puedo aceptar como una aproximación lo que él llama matizaciones parciales en el punto 2, entre otras cosas porque eso es decir exactamente lo que ya dice la legislación actual. No se trata de decir lo que dice la legislación actual, sino que, con la legislación actual -y creo que he sido muy claro en eso en mi exposición, señor Gómez-, realmente es posible circunscribir algunos casos en los que no sería necesario la acreditación de certificado de último destino; pero una autorización tan amplia y tan discrecional para que, en cualquier caso, y sin ningún tipo de motivación, pueda la Junta establecer la exoneración de la acreditación -me parece que eso es lo que usted dice-, realmente yo no lo puedo aceptar. Por eso es por lo que creo que habría que buscar una aproximación en otra dirección que usted no ha intentado, porque esto es exclusivamente el mantenimiento de la legislación actual.
Finalmente, respecto al marcaje, si me permite, creo que es razonable que le explique al menos el porqué. No se trata de empecinarse. Yo ya sé que los números (no numeritos si quiere usted, números, al final es lo mismo; aunque le parezcan a usted muy solemnes son números o numeritos los que aparecen en las armas) permiten a la autoridad española seguir el destino de las armas, pero sólo a la autoridad española, a nadie más. Ninguna organización no gubernamental, ningún ciudadano que no sepa cuáles son los códigos españoles puede detectar, sin información de la autoridad española, si un arma que se encuentra en un país está allí ilegalmente. El sistema de marcaje, por el contrario, permite otra cosa distinta, y es que cualquier persona que detecte que un arma española, made in Spain, tiene un determinado código sepa si corresponde al código del país o no. Por eso es por lo que se permitiría, naturalmente, un control muchísimo más efectivo, que, por cierto, nuestro reglamento de armas ya lo hace, por ejemplo, cuando trata de evitar que las armas fabricadas para el ejército o para el Cuerpo Nacional de Policía o para la Guardia Civil o para el Servicio de Vigilancia Aduanera se utilicen en otros países. También se podrían utilizar los mismos códigos indeterminados para estos cuerpos que para todos los demás ciudadanos que compran armas y, sin embargo, nuestro reglamento de armas establece unos códigos específicos. ¿Por qué? Porque no se quiere que lo se fabrique para el ejército o para la Guardia Civil, etcétera acabe en manos de ciudadanos particulares o que por ahí haya un tráfico ilegal también de armas. Es la misma filosofía pero aplicada a un mundo no cerrado de nuestro mercado interior entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ciudadanos particulares, será un mundo globalizado en el que hay países y las armas circulan en una y en otra dirección y nosotros debiéramos restringir algunos destinos.
Por eso es por lo que, señor Gómez, no le puedo aceptar la enmienda, aunque estoy seguro que usted ha hecho un esfuerzo. Espero que este no será el último que haga y que podamos en el futuro coincidir.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000540.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número dos del orden del día, que es la presentación, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de una proposición no de ley relativa al desarrollo e incentivación de los biocombustibles líquidos en el sector transportes.
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Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Quiero empezar mi intervención refiriéndome a los antecedentes que justifican esta proposición no de ley que hemos presentado, antecedentes que están escritos en varios documentos de la Unión Europea y del propio Gobierno español. En el año 1997 la Comisión Europea aprueba el libro blanco de estrategia y plan de acción sobre las fuentes de energías renovables, en el que se plantea ya el objetivo de elevar la cuota de mercado de los biocombustibles, que en ese momento se encuentra en un 0,3 por ciento sobre el consumo de diesel, y exige medidas de los Estados para incrementar esa cuota.
Entre las medidas, se plantean en ese libro blanco las exenciones de los impuestos especiales sobre los biocarburantes, e incluso se habla de una autorización por parte de la Comisión para estas exenciones, siempre que se trate de experiencias piloto, y se hace una recomendación para que en los gobiernos se establezca una cuota del 2 por ciento para los biocarburantes en sus políticas energéticas.
Posteriormente, el 31 de diciembre del año 1999, como en diversas ocasiones hemos comentado en esta Comisión y en el Pleno, el Gobierno español, del Partido Popular, aprueba el plan de fomento de las energías renovables, en el que hay un capítulo dedicado a los biocombustibles, y concretamente se dice que es necesaria la exención fiscal de los impuestos especiales. Se hace una referencia al libro blanco cuando se habla de que esa exención es posible cuando se trate de proyectos piloto, e incluso se manifiesta que, si no se hace y no se mantienen esas exenciones en un plazo de diez años, prácticamente no se podrá desarrollar el sector de los biocombustibles.
En ese mismo documento, el IDAE hace una previsión para que en el año 2010 haya una producción de 500.000 toneladas de biocombustibles equivalentes a petróleo, que vendrían a cubrir un 1,8 por ciento de la demanda de consumo energético, lo que cuadra con ese objetivo que se marca el libro blanco del 2 por ciento para considerarlo como proyecto piloto.
Posteriormente, el 29 de noviembre del año pasado, la Comisión Europea presenta el libro verde sobre la seguridad en el abastecimiento energético en Europa, y ahí figura un capítulo muy importante sobre los biocarburantes y sobre el sector transportes.
Concretamente se vuelve a poner de manifiesto la baja cuota de los biocarburantes -ahí se habla de un 0,15 por ciento sobre el consumo en el año 1998- y se establece un objetivo, que es el que se ha puesto a debate, para que los biocombustibles lleguen a una cuota del 7 por ciento en el año 2010 y del 20 por ciento en el año 2020. Aquí se vuelve a manifestar que la diferencia de precios de los biocombustibles debe reducirse vía fiscal, vía exenciones y vía también de que las ayudas que se están dando a las energías convencionales se vayan traspasando a las energías renovables.
Este libro verde coincide también en las propuestas que la propia comisaria de Energía y Transportes, doña Loyola de Palacio, ha hecho en un proyecto de directiva que presentó en el mes de mayo del año pasado para fomentar y promocionar las fuentes de energías renovables en el mercado interior de la electricidad en la Unión Europea. Ahí se habla también de la obligación de que las compañías productoras, petroleras y distribuidoras, adquieran y distribuyan energías renovables.
En el día de ayer doña Loyola de Palacio presentó en la Comisión Mixta de la Unión Europea este libro verde y estas propuestas, y la verdad es que pasó muy por encima sobre el tema de la fiscalidad energética, porque, según ella, está paralizada en el Consejo Europeo, y entre los países que la han paralizado está el Gobierno de España. De hecho, en la última cumbre de Estocolmo no ha sido posible llegar a ningún acuerdo, pero precisamente en el día de ayer se produjo una respuesta parlamentaria del Gobierno sobre el tema de la fiscalidad energética a una pregunta hecha por el diputado Jordi Martí, de Convergència i Unió, y da la casualidad de que el mismo día que la comisaria Loyola de Palacio presenta el libro verde el Gobierno rechaza por escrito por completo las propuestas de fiscalidad energética que la Comisión Europea ha puesto a debate y que la comisaria presentó ayer en esta Cámara.
A mí me ha llamado la atención, sobre todo, el último párrafo de esa respuesta escrita, que voy a leer literalmente, porque me ha sorprendido mucho el tono que ha empleado el Gobierno en esta respuesta sobre la fiscalidad energética, que viene a decir lo siguiente: en conclusión, España -dice el Gobierno-, del mismo modo que han hecho ya otros países miembros de la Unión, debe reivindicar su derecho a decidir en relación a esta cuestión sobre la base de sus intereses nacionales y sin imposiciones externas. Yo no sé si la redacción ha salido así voluntariamente o ha sido accidental, pero yo no he visto una declaración tan antieuropea por parte de este Gobierno como esta que acabo de leerles, sobre todo porque manifiesta una renuncia del Gobierno a impulsar una política europea de energía y de apoyo a las energías renovables. Ha dado la casualidad de que han coincidido los dos hechos, la presentación del libro verde de Loyola de Palacio y el rechazo por parte del Gobierno de las propuestas de fiscalidad energética que la Comisión Europea ha presentado en ese libro y en un proyecto de directiva que el Gobierno español ha rechazado.
En ese libro verde se hace una especial referencia al sector transportes, que está acaparando aproximadamente más del 32 por ciento del consumo de energía en la Unión Europea, su intensidad energética se está incrementando un 2 por ciento cada año -son datos de ese libro verde- y sus costes externos de contaminación (este es un dato importante frente a ese efecto
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inflacionista que razona el Gobierno en la respuesta a la que antes he aludido) se evalúan en un 5 por ciento del PIB de la Unión Europea, y se prevé que el 90 por ciento de los incrementos de las emisiones de CO2 a la atmósfera son atribuibles al sector transportes. Esto es lo que dice el libro verde, y ante esta situación plantea una serie de medidas importantísimas.
Sin embargo, da la impresión de que el Gobierno -y la verdad es que la Unión Europea está teniendo problemas- ha renunciado a cumplir con el compromiso de Kioto, del que tanto se habla estos días por la posición del nuevo presidente de Estados Unidos, pero también son datos del IDAE que la previsión de incremento de emisiones de CO2 a la atmósfera de España de aquí al año 2010 va a llegar prácticamente al 30 por ciento, cuando el compromiso de Kioto establece un incremento máximo del 15 por ciento.
Termino con un último documento de la Unión Europea. Hay una comunicación en el mes de febrero pasado de la comisaria Loyola de Palacio en la que se hace ya un primer balance de ese libro blanco con el que había empezado mi intervención, y concretamente los resultados en el sector de biocombustibles -son palabras textuales de esta comunicación- son decepcionantes, ya que sólo cuatro países de la Unión Europea tienen políticas activas sobre biocombustibles: Francia, Alemania, Italia y Austria.
Cuando ayer manifesté estas reflexiones a la señora Loyola de Palacio me dio la impresión de que por parte de la comisaria se ha tirado la toalla en el sentido de avanzar en la fiscalidad como vía para fomentar el desarrollo de las energías renovables y concretamente de los biocombustibles. Ella hizo una propuesta que me parece interesante, y es que, si no se puede avanzar por la vía de la fiscalidad, se avance por la vía de la distribución, obligando a los Estados a que se mezcle hasta un porcentaje de un 10 por ciento con biocombustibles la gasolina que se distribuye por las compañías petroleras. Esta es una propuesta que yo juzgo interesante, y de hecho así lo manifiesto aquí, porque sí puede ser una vía de acuerdo o de transacción para que se pueda aprobar un acuerdo sobre la proposición no de ley que presentamos.
En conclusión, quiero manifestar que, pese a las buenas propuestas que figurar en el plan de fomento de energías renovables que ha aprobado el Gobierno del Partido Popular, en el que se contiene la propuesta que nosotros hacemos de exención a los biocombustibles, entendemos que hay falta de voluntad política de llevar adelante ese documento y esas propuestas. De hecho, han pasado ya dos años de vigencia de ese plan de fomento de energías renovables, que consideramos que son dos años perdidos; ha habido un barullo competencial, atribuible a la desaparición del Ministerio de Industria, que hace que las competencias sobre energías renovables estén repartidas actualmente en cinco ministerios; no hay objetivos vinculantes, no solamente para el Gobierno sino tampoco para las compañías generadoras de electricidad; se ha renunciado a Kioto, al menos el Gobierno dice que hasta el año 2008 no tiene ningún compromiso para cumplir con Kioto, y no se quiere llevar adelante una fiscalidad que favorezca las energías renovables.
Por eso presentamos esta proposición, porque consideramos que es necesario marcar objetivos vinculantes, vinculantes para el Gobierno y dentro de la Unión Europea; es necesario también llevar a Bruselas directrices más serias con respecto a la política agraria común y a la fiscalidad energética para fomentar el desarrollo de las energías renovables; es necesario ordenar la política energética y de energías renovables, ordenando su distribución, yo diría que anacrónica y errónea, en cinco ministerios. Asimismo es necesario que el Gobierno cumpla sus compromisos, porque ya no son exclusivamente del Gobierno, sino que hay un acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del 20 de diciembre del año pasado en el que el Grupo Popular aprobó, por la mayoría que tiene en el Pleno del Congreso, instar a su Gobierno a que cumpliera el acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprobó el plan de fomento de las energías renovables. Yo creo que el futuro de las energías renovables está en muy estrecha relación con el futuro del cambio climático y también con nuestro propio futuro.
Con esto termino, pero quisiera hacer al Grupo Popular la oferta de que estaríamos dispuestos a considerar una modificación de nuestra proposición no de ley en el sentido de la propuesta que Loyola de Palacio hizo ayer en la Comisión Mixta de la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz, señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: En efecto, el Grupo Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley, enmienda que pretende ser coherente con la trayectoria del Partido Popular en su apreciación respecto a los biocombustibles.
Quisiera empezar admitiendo la valoración que ha hecho S.S. de la proposición no de ley, pero manifestando de entrada nuestra discrepancia en algunos puntos y explicando por qué no aceptamos la proposición no de ley. Uno el turno de fijación de posición con la defensa de la enmienda, para así ahorrar tiempo.
El Partido Popular viene ocupándose de los biocombustibles porque considera importante la introducción de esta energía en el mercado.
Lo considera importante desde el punto de vista agrícola, porque es una alternativa a determinadas actividades agrícolas; lo considera importante desde el punto de vista energético, porque se puede utilizar un recurso autóctono; tiene importancia
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desde el punto de vista socioeconómico, porque puede ser una fuente de empleo; es importante desde el punto de vista medioambiental porque cumplimos nuestros compromisos internacionales en la emisión de óxido de nitrógeno, de CO2 y de metano, y es importante desde el punto de vista del sector transporte, porque el transporte consume el 34 por ciento de la energía a un ritmo creciente, como se ha dicho, entre el 2 y el 4 por ciento. Además de esta declaración de importancia de los biocombustibles, el Partido Popular ha demostrado, como voy a señalar ahora mismo, que su objetivo es que los biocombustibles sean una energía que esté en el mercado. Desde el punto de vista de la producción, de la materia prima, de la distribución y de la comercialización, los incentivos para introducir los biocombustibles en el mercado son un objetivo prioritario. De hecho, si recordamos los antecedentes, ya la Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, en su disposición adicional decimosexta, define lo que son los biocombustibles. No se puede negar al Partido Popular su anticipación a este debate que hoy tenemos. Con posterioridad, en un debate de una proposición de ley de Convergència i Unió el 8 de noviembre de 1999, ya se tomó un acuerdo por el Parlamento en un sentido parecido al que ahora vamos a proponer. Hay que recordar que el IDAE dedica este año 1.200 millones de pesetas al incentivo a la inversión, a la investigación y a la tecnología de los nuevos biocarburantes.
Todo ello lo digo para, de alguna forma, contraponer la afirmación de S.S. de que el Partido Popular y el Gobierno no se ocupan de los biocarburantes. Para incidir en lo mismo, hay una línea del ICO de unos 25.000 millones de inversión y también hay que recordar que ya la ley citada de 1998 de producción de energía eléctrica por energía renovable incidía en el intento y en el objetivo de poner esta energía en el mercado. Quiero insistir en que esto no es sólo voluntad del Gobierno, sino que deben participar también las empresas. Recientemente, el pasado 14 de marzo, Cepsa, Repsol, Abengoa y Ebro han impulsado una inversión de 40.000 millones en ese sentido y el Partido Popular apoya y valora de forma muy positiva esta iniciativa. Es verdad, como ha dicho S.S., que Loyola de Palacio viene impulsando desde la Comisaría de Transporte y Energía, a la que pertenece, que el 10 por ciento de los biocarburantes se incorpore a los carburantes de procedencia fósil. En ese sentido hay una iniciativa en el ámbito comunitario, iniciativa que el Partido Popular aplaude, como no podía ser de otra forma.
Hay que recordar además, para insistir en la ocupación del Gobierno en esta cuestión, que en el mes de noviembre del año pasado se creó la mesa sectorial para el desarrollo de los biocarburantes en la agricultura y que, con posterioridad, el Real Decreto-ley 6/2000 cre la Comisión para el estudio de los usos de los biocombustibles. Es decir, el Gobierno no sólo se preocupa del tema, sino que se ocupa.
Pero donde probablemente está la expresión más clara de su ocupación es en el plan de fomento de las energías renovables, que prevé una producción de 500.000 toneladas equivalentes de petróleo de biocombustibles y, dentro del marco total de energías renovables, de 16 millones de toneladas de energías renovables y una inversión de cerca de 62.000 millones de pesetas en energías renovables. Propone -lo voy a leer textualmente, porque puede desvirtuarse de alguna forma- que el marco de medidas que apoya el plan de fomento de las energías renovables es la exención fiscal, las ayudas a la distribución de la red, el desarrollo del proceso de hidrólisis de la linnocelulosa, las plantas de demostración y las ayudas a la inversión. El Partido Popular, en efecto, desde el plan de energías renovables, cree que la exención de los impuestos es una vía para promover el uso de los biocombustibles, pero -y ahí entro ya a valorar la propuesta del Partido Socialista- entiende que debemos movernos dentro de la viabilidad. Nosotros entendemos que lo que propone el Grupo Socialista es inviable, que añade confusión y que es extemporáneo. El marco comunitario vigente no permite exenciones a los biocarburantes que excedan de los proyectos piloto. La imposición está armonizada por las directivas 92/81 y 92/82. Las exenciones y modificaciones en relación con el impuesto forman un catálogo cerrado, y salvarlo requiere autorización por unanimidad del Consejo. Ya Francia, en 1995, intentó abrir esta aplicación y S.S. sabe que recientemente se le ha abierto un expediente, de acuerdo con una sentencia del Tribunal de Justicia. La sentencia es muy ilustrativa, porque por fin aclara lo que es el proyecto piloto o por lo menos deja claro qué no es un proyecto piloto. Un proyecto piloto no es el que no identifica a todos los intervinientes, no es el que tiene una duración indeterminada y no es el que propone una cantidad indeterminada. Dentro del ámbito de la fiscalidad comunitaria, la Ley 38/1992, de impuestos especiales, en su artículo 51.3, prevé la exención de los biocarburantes pero en los proyectos piloto, aquellos que buscan una validez tecnológica o científica de su aplicación. El reglamento, en su artículo 105, abunda en la exención de los biocarburantes, pero siempre en el límite del marco comunitario. Es decir, la exención fiscal no depende de la voluntad individual de un Estado, sino de un tratamiento fiscal en el ámbito comunitario.
Por esa razón, porque no es compatible con la fiscalidad del ámbito comunitario, creemos que la propuesta del Grupo Socialista no es viable en este momento. Además, creemos que añade confusión. Nosotros entendemos que caminar en el ámbito de los biocombustibles requiere ganarse la confianza de los distintos sectores. El plan de energías renovables tiene la virtud de estar consensuado con todos los sectores y en ese sentido añadir o aprobar en el Parlamento una medida que puede ser inviable o que permita propiciar un expediente por parte de la Comunidad Económica Europea,
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sabiendo que en el mes de octubre del año pasado se le abrió uno a Francia, me parece que no es lo correcto.
Por último, decíamos que la propuesta del Grupo Socialista es extemporánea. Habla de modificar la Ley de hidrocarburos. La Ley de hidrocarburos, en su disposición adicional decimosexta, lo único que hace es definir los biocarburantes y decir que la comercialización será igual que la de los carburantes fósiles. Después dice que de acuerdo con el libro blanco y el 2 por ciento. Debo recordar a S.S., aunque él lo ha dicho, que el libro blanco es de 1995 y que los libros blancos se crean para establecer un debate en la opinión pública y el debate hoy está en el libro verde. Estamos en un nuevo debate. El libro verde, en su página 91, establece como objetivo de los biocarburantes para el 2020, y S.S. lo ha citado, el 20 por ciento. Es cierto que incluye el hidrógeno como carburante de sustitución, pero el libro verde habla de armonización de la fiscalidad del mercado europeo y de ámbito comunitario. Es más, en la pregunta 10, página 99, el libro verde nos hace una pregunta muy ilustrativa. Dice: ¿Puede confiarse el desarrollo de los biocarburantes a los programas nacionales? Desde el Partido Popular se contesta rotundamente que no. Es conveniente y necesario estar en el ámbito comunitario y en ese sentido el Partido Popular -y con esto termino, señor presidente- propone que el caminar y el avanzar en el ámbito de los biocombustibles sea en el marco del plan de energías renovables, apoyado y consensuado con todos los sectores, y en el ámbito comunitario y no abriendo puertas que puedan generar incertidumbre en el sector. Dentro de ese marco estamos abiertos al ofrecimiento que S.S. nos hacía.
El señor PRESIDENTE: ¿El resto de los grupos desea fijar posición? Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ:Señor presidente, simplemente deseo dejar constancia de la actitud que mi grupo parlamentario siempre ha tenido respecto del impulso en la tributación de los biocarburantes.
Quisiera recordar, tal como ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la iniciativa debatida en la Comisión de Industria y Energía en octubre de 1999, en la que se solicitó y se llegó a un acuerdo respecto a una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán referente a la necesidad de dar un impulso decidido al tratamiento fiscal de los biocarburantes, dado que su coste de producción, como sabemos, es más alto que el combustible tradicional directamente procedente del petróleo, pero, debido a sus efectos indirectos, claramente positivo respecto a la reducción del efecto invernadero. También otra iniciativa parlamentaria de mi grupo, muy reciente, consistente en una enmienda presentada en la tramitación parlamentaria al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, propugnaba un tratamiento más favorable desde la óptica tributaria para los biocarburantes fabricados con aceites de origen vegetal. Por ello, una parte de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista la vemos positivamente, sobre todo lo que hace referencia a la exención sustancial de impuestos especiales respecto de los biocarburantes. Por el contrario, no vemos factible el objetivo de que el 2 por ciento al menos de la energía demandada por el sector del transporte se obtenga de biocombustibles líquidos en el año 2010. Tal como han dicho ya otros intervinentes antes de mi toma de posición, consideramos que este objetivo es difícilmente realizable, que no es factible, y por ello no vemos bien esta parte de la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: La enmienda tengo que calificarla de incolora, inodora e insípida. No dice absolutamente nada, no vincula ni al Gobierno ni a nadie y no plantea objetivos concretos, que es lo que yo decía. Tampoco he visto que haya una clara voluntad del partido del Gobierno de concretar el cumplimiento del acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados del mes de diciembre para aplicar y llevar a cabo los objetivos marcados en el plan de fomento de energías renovables, que es un acuerdo del Consejo de Ministros.
No puedo por tanto aceptar esta enmienda, porque no se concreta nada en absoluto. Y tampoco la propuesta que yo he hecho se ha recogido.
- RELATIVA A DECLARACIÓN DE EXENCIÓN DE LAS RENTAS PROCEDENTES DE BECAS DE INVESTIGACIÓN Y OTRAS AYUDAS PÚBLICAS AL ESTUDIO PERCIBIDAS POR LICENCIADOS UNIVERSITARIOS O TITULADOS DE NIVEL EQUIVALENTE A LOS EFECTOS DE TRIBUTACIÓN POR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000049.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al número 3 del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la declaración de exención de las rentas procedentes de becas de investigación y otras ayudas públicas al estudio percibidas por licenciados universitarios o titulados de nivel equivalente a los efectos de tributación por el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el portavozdel Grupo Mixto, señor Rodríguez.
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El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Es intención de esta proposición no de ley tratar un tema que afecta gravemente a muchos jóvenes de la sociedad del Estado español de edades comprendidas entre 25 y 30 años, que no tienen ningún tipo de cobertura social, que muchas veces tienen que ser atendidos por los padres o por las coberturas de seguros que tienen sus padres para hacer frente a enfermedades o a otros incidentes que no serían tales en la vida normal de un trabajador cualquiera, pero que curiosamente tienen que tributar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se trata, en concreto, de todos los jóvenes que reciben becas y ayudas públicas y que tienen que tributar en el impuesto sobre la renta de las personas físicas porque están excluidos de la consideración que la Ley 40/1998 hizo hasta el nivel de la licenciatura universitaria o equivalente; esto es, dejar exentos a todos los estudiantes universitarios de tributación por IRPF de las rentas obtenidas por becas públicas precisamente hasta ese nivel de licenciatura.
Todo el mundo sabemos que en este momento especialmente, pero en cualquier otro, los niveles educativos llegan más allá que la licenciatura. Está la realización de cursos de doctorado, de cursos de postgrado y de especialización. Por lo tanto, todas las becas que se concedan para estos ciclos debían ser consideradas exentas del IRPF como hasta el nivel de la licenciatura. Si no se hace así estamos contribuyendo a crear una grave contradicción y una grave discriminación, porque solamente los universitarios postlicenciados están tributando como si tuviesen rentas de trabajo, como si estuviesen sometidos a relaciones laborales, pero sin tener ninguna de las protecciones ni de los amparos de los demás trabajadores asalariados. Es más, la contradicción llega tan lejos que todos sabemos que, como tales estudiantes, los universitarios y las universitarias de los ciclos posteriores a la licenciatura son considerados inactivos o inactivas en la encuesta sobre población activa e incluso son excluidos de las cifras de paro registradas por el Inem. Por si fuese poco, hay que recalcar que no tienen derecho a cotizar a la Seguridad Social y por tanto no tienen los amparos que derivan de esta prestación de carácter asistencial, sanitaria o económica e incluso no tienen los demás derechos laborales, como el derecho al paro.
Estaríamos hablando de un sector de jóvenes situados entre los 23 y los 30 años que constituyen una gran bolsa de economía sumergida.
Realmente, que la economía sumergida sea protegida por el mismo Ministerio que concede las becas, el Ministerio de Educación y Ciencia, no parece de recibo en un Estado de derecho. En todo caso, nosotros no vamos a discutir el hecho de que todos los estudiantes de este período que se dediquen a la investigación tengan que estar o no sometidos a un contrato laboral, pero lo que sí está claro es que se podría crear un marco en el que las becas percibidas por licenciadas o licenciados universitarios o por titulados de nivel equivalente a los estudios de doctorado, postgrado o especialización gocen de los mismos derechos que los del nivel de licenciatura y, por tanto, que se declaren exentos de tributación por el IRPF. Además, el Gobierno debe estudiar a la mayor brevedad posible cómo se podría hacer que estos becarios y personas que reciben ayudas públicas -esto es muy importante- al estudio pudiesen cotizar a la Seguridad Social y percibir prestaciones por desempleo una vez que termine su período formativo. Debemos recordar que estamos en un ambiente en el que es muy creciente el número de jóvenes que, en estas edades, no pueden ir a la integración laboral plena y que optan por continuar sus estudios de postgrado en el doctorado o incluso en las posibilidades de investigación que ofrecen los cursos ad hoc o los proyectos de investigación de las universidades públicas. Porque es un problema social importante, porque es una contradicción y una situación claramente discriminatoria, es por lo que hacemos esta propuesta.
Para cumplir todo mi objetivo, quiero decir que aceptamos el espíritu de la enmienda de Izquierda Unida como una adición al párrafo segundo, pero modificaríamos el texto para no entrar en contradicciones con nuestro texto originario. Diría: "..., así como a que estudie la posibilidad de aplicar contratos laborales a los licenciados que participen en proyectos de investigación desarrollados en universidades públicas." Quiero pedir disculpas a la Presidencia, a la Mesa y al resto de los portavoces porque voy a tener que salir urgentemente para intervenir en la Comisión de Educación y Cultura; procuraré volver en menos de cinco o seis minutos. Además, he de añadir que, por otro tipo de urgencias, esta vez por tener que asistir como portavoz de la Comisión de la Comisión de Educación y Cultura a una reunión de la Liga nacional de fútbol, no podré estar presente en los debates que tendrán lugar posteriormente, por lo que doy por defendidas todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, que la situación en la que se encuentra la mayoría de los becarios en la investigación española es un problema social no es nuevo para esta Cámara. Se ha debatido en diversas ocasiones y siempre se ha planteado el mismo problema: la situación social que padecen los jóvenes y las jóvenes que, al no encontrar trabajo, están abocados, en unas ocasiones, a acogerse a algún tipo de doctorado, de postgrado o de especialización para poder seguir formándose y, en otras, a plantearse desde el principioque quieren esa especialización. Esto les conduce a
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que, en determinadas ocasiones, por sus ingresos por estas becas, estén considerados como trabajadores que tienen que cotizar por el IRPF, pero al mismo tiempo no tienen esta consideración al carecer de contrato laboral y, por lo tanto, de todas las prestaciones que un contrato laboral tendría que contemplar.
Señorías, nosotros creemos que no sólo es necesario que pueda haber una exención de tributación en el IRPF de algunas de estas becas, sino que tendríamos la obligación de contemplar, porque estaría encima de la mesa, la necesidad cada vez más urgente de que se les pudiera contratar como trabajadores en investigación. Así no sólo mejorarían las condiciones laborales y sociales de nuestros jóvenes que están en esta situación, sino que también darían una estabilidad a la propia investigación que se lleva a cabo, al permitir un trabajo mucho más continuado.
Nuestro grupo parlamentario, señorías, lo que pretende con la enmienda que ha presentado es que estos trabajadores (porque al fin y al cabo son trabajadores) no solamente tengan que ser becarios, sino que además estén reconocidos como trabajadoras o trabajadores, se les haga firmar un contrato de trabajo que les dé todas las coberturas sociales necesarias y, que al mismo tiempo, como cualquier trabajador o trabajadora, coticen por el IRPF. Como decía el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, es incongruente que, por una parte, tengan la obligación de cotizar por el impuesto sobre la renta de las personas físicas como cualquier trabajador o trabajadora pero, por otra, no puedan tener las mismas prestaciones sociales de las que cualquier trabajador o trabajadora dispone. Por eso, señorías, hemos presentado esta enmienda, que en principio era una enmienda de sustitución, pero aceptamos la propuesta que nos ha hecho el Bloque Nacionalista Galego, de adición, para mantener que las ayudas o becas públicas de investigación en universidades públicas puedan tener una determinada exención y, al mismo tiempo, que el Gobierno facilite, mediante un estudio, la posibilidad de incorporar a los contratos de trabajo a nuestros jóvenes investigadores o a nuestros jóvenes becarios.
Aceptando esta enmienda, señorías, mi grupo parlamentario no tiene nada más que argumentar.
El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Castro.
La señora COSTA CAMPI: El Grupo Socialista ha puesto ya de manifiesto en esta Cámara en diversas ocasiones, en el Pleno y en la Comisión de Ciencia y Tecnología, la necesidad de impulsar un programa de apoyo a los becarios de investigación, tanto en lo que se refiere a su tratamiento fiscal y precariedad laboral (que, dicho sea de paso y como argumentaremos más adelante, sólo es una parte del problema), como a todos los factores relacionados con el desarrollo científico, con su posición en el grupo de investigación en el que participan y con su propia carrera académica.
Los investigadores becados para la realización del tercer ciclo, y en mayor medida los postdoctorales (aquí, hasta el momento, no hemos oído que se haya hecho esta distinción), constituyen el capital humano destinado a asegurar el desarrollo científico de nuestra sociedad, además de estar contribuyendo de forma decisiva, ya en este momento, a la realización de tareas imprescindibles en los proyectos en los que están trabajando. Su situación laboral -entre comillas- está sujeta a contradicciones, si nos atenemos a la distancia entre el contenido y la aplicación de la normativa vigente.
Las becas, tanto predoctorales como postdoctorales, son tratadas fiscalmente como rendimientos netos del trabajo y, desde nuestra posición, entendemos que esto contraviene el concepto de beca y la propia ley reguladora del IRPF. Concretaré lo que acabamos de señalar. La documentación que debe rellenar un becario, predoctoral o postdoctoral, focaliza su interés en función de tres aspectos: primero, su propio expediente académico, en el caso de las predoctorales; segundo, el proyecto de investigación al que se vincula por medio de esa beca, que en la mayoría de los casos, obviamente, será su futura tesis doctoral y, tercero, el grupo de investigación al que se adscribe y la calidad investigadora demostrada a través de los controles de calidad que existen en este momento, diferentes entre las comunidades autónomas. En general, existen dos o tres indicadores, vinculados al reconocimiento de sexenios de investigación del director del grupo de investigación.
Estos tres aspectos son los que determinan a la hora de evaluar el proyecto presentado a los miembros de la Comisión que concede la beca otorgar o no la solicitud de beca. ¿Qué quiere decir esto? Que se está concediendo una beca en función de la aportación del proyecto al progreso científico y no como contraprestación remunerativa de un individuo que va a estar detrás de la realización del proyecto presentado.
Por lo tanto, no es una remuneración del trabajo estrictamente. Y esto se pone de manifiesto si comparamos el panorama, el abanico de becas que existen en nuestro país, si bien es cierto que en las que concede para el personal investigador en formación el Ministerio, las que conceden determinadas comunidades autónomas -la mía, en Cataluña, lo hace de forma similar- o las propias universidades, estos tres niveles institucionales, se acostumbra a transferir los recursos de la beca de forma parcializada, una al departamento en el que se incorpora ese proyecto de investigación y otra al propio becario y con una periodicidad mensual que pudiera parecer externamente remuneración salarial. Ahora bien, otras becas de otros institutos públicos se conceden a condición de que el proyecto de investigación al que se vincula pase por una comisión evaluadora
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que asegure el nivel científico del producto realizado; no existe aquí un pago mensualizado ni confusión aparente posible, como en los casos inicialmente señalados.
Si nos vamos a la Ley del IRPF, vemos que está lógicamente articulada para que todos aquellos perceptores de renta contribuyan al Estado.
Es posible, no es algo que esté claro, es posible que el problema esté en una laguna en la propia ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, pero en la situación actual, si comparamos los documentos que se exigen para los aspirantes a beca y el contenido del IRPF, aplicar las tarifas que corresponderían a los diferentes niveles de becas del IRPF es contravenir la norma. Simultáneamente, a pesar de las consideraciones que acabamos de señalar, el personal que queda afectado, a pesar de que se contraviene la norma desde nuestro criterio, por las tarifas fiscales y a efectos de renta de trabajo, por tanto son cotizantes los becarios del impuesto sobre la renta de las personas físicas, el personal investigador, no tiene derecho a acogerse al régimen de la Seguridad Social.
Nosotros tenemos una postura matizadamente distinta a la presentada.
La postura del Grupo Socialista respecto a este tema es conocida, ha sido defendida en Pleno y en la Comisión de Ciencia y Tecnología.
Entendemos que es preciso crear un régimen especial para los becarios predoctorales, que es una situación muy distinta de los becarios postdoctorales. El becario predoctoral necesita obviamente recibir la totalidad de las prestaciones sanitarias que ofrece la Seguridad Social de forma automática y, si ello es preciso, habrá que proceder a un cambio en el ordenamiento. En cambio, las prestaciones sanitarias, junto con las prestaciones por desempleo y cotización por pensiones a los becarios postdoctorales, nada más las proponemos para los becarios postdoctorales, porque estos tienen un tipo de relación cotidiana con un proyecto de investigación que es de naturaleza radicalmente distinta de la del becario predoctoral, que es en definitiva un estudiante de tercer ciclo.
El becario postdoctoral debería recibir un tratamiento similar al que tiene el conjunto de los trabajadores. Sabemos que ello supone una diferencia notable con este planteamiento generalista del segundo párrafo de la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto. La incorporación que, verbalmente, en la justificación de nuestra fijación de posición estamos realizando, nos lleva, no ahora, que no es el momento, pero sí en próximos trámites parlamentarios, a señalar que serán presentadas proposiciones, en este caso de ley, para dar un cierto orden a la actual laguna legislativa en que se encuentra el tratamiento de la situación y en este cajón de sastre en que se encuentran predoctorales y postdoctorales.
La postura de nuestro grupo, en la medida en que a los postdoctorales se les concede una situación, dentro del nivel investigador, naturalmente distinta y en su vinculación con los proyectos de investigación, una vinculación de una naturaleza digamos habitualmente profesional o laboral, implicará, en progresivos trámites parlamentarios, que el tratamiento fiscal a estos segundos lo defendamos de forma diferente con respecto a los primeros y que estos segundos ya no tendrán ese problema de contravenir en la ley del IRPF. En este sentido, debemos precisar que, si no cambia el Grupo Mixto la proposición no de ley que debatimos, nuestra postura, porque es una proposición no de ley, es que vamos a votar favorablemente, no así si cambiaran los términos de lo presentado por el Grupo Mixto. Entendemos que no es sino un primer paso para que, en un posterior trámite parlamentario, se regule de forma diferenciada el tratamiento que deben recibir las becas de los estudiantes de tercer ciclo y las postdoctorales. No es admisible, esto es evidente, que, en el momento actual, los becarios de investigación a efectos fiscales sean tratados como trabajadores y a efectos sociales, excluidos. Esta situación, si ustedes se documentan es excepcional dentro del ámbito de los países de la Unión Europea.
En Francia, Bélgica, Alemania, Suecia, Holanda, Reino Unido, Austria o Portugal, todos los becarios de investigación predoctorales y postdoctorales están incluidos en el régimen de la Seguridad Social a efectos de cobertura sanitaria, y para los becarios posdoctorales, en el resto de las coberturas sociales.
La precariedad de su situación profesional, decíamos al inicio, va más allá de los aspectos fiscales y sociales. Me van a permitir que me refiera a algunos de ellos por la trascendencia de sus consecuencias. Así, el período de disfrute de la beca no computa en ningún caso, ni predoctorales ni postdoctorales, a efectos de su futura carrera funcionarial, en el caso de que así se produjera. Los niveles retributivos se sitúan por debajo de los que perciben los licenciados universitarios en el mercado de trabajo, desigualdad que es especialmente grave en el caso de los becarios post doctorales, que han alcanzado el nivel máximo posible que ofrece la universidad española en su titulación académica y están realizando una aportación al progreso científico. Por lo tanto, son en principio, si el sistema no lo altera, generadores de externalidades positivas, que en otros términos quiere decir participar en el bienestar colectivo.
En el caso de las becas predoctorales, el período máximo de duración es de cuatro años, planteándose con ello diversos problemas. De un lado, obliga al investigador a finalizar su tesis en ese período, aun a sabiendas de que ello puede implicar la finalización solo formal de una tesis científicamente inacabada, aspecto que redunda en el bajo nivel de desarrollo de la investigación española y en una deformación del rigor del doctorando que afectará en el futuro a toda su carrera investigadora. Voy finalizando, señor presidente. Finalizado el período de beca y obtenido el título de doctor, el becario no tiene asegurada, no tiene regulada ninguna continuidad en su carrera profesional, aspecto
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que no sólo perjudica al afectado, sino también al desarrollo general de la capacidad investigadora del país. En un contexto como el español, caracterizado por la baja capacidad en investigación e innovación, la situación actual supone una ruptura continuada de los proyectos y grupos de investigación que refleja una vez más la escasa sensibilidad para establecer mecanismos de apoyo al desarrollo científico. Nos encontramos ante unos efectos perversos contrarios a los que deberían producirse. Frente a las anteriormente citadas externalidades positivas que se derivan de todo progreso científico y, por lo tanto, de la aportación de investigadores en cualquier proyecto, el modelo existente en España da lugar a una situación de despilfarro del recurso del factor productivo más escaso en nuestro mercado de trabajo, invitando al investigador de calidad a establecerse de forma definitiva en otros países, tema que parece que nada más preocupa a la prensa y muy poco al Gobierno, porque hasta la fecha no se ha dado ninguna solución que remedie este gravísima situación.
No existe tampoco una política que facilite la incorporación de doctores en el sector privado, a pesar de que España, según los indicadores que ofrece la Comisión Europea es, con Grecia, el país con un porcentaje más bajo de empleados de este colectivo, de doctores, en el sector empresarial. Invito a que el Gobierno y este Parlamento reflexionen sobre la importancia que ha tenido en otros países la relación entre centros de investigación y empresas. La route 128, la autopista 128, en torno al MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el fenómeno del Sillicon Valley, vinculado a la Universidad de Stanford o Baden Wuttenburg, o el polo tecnológico de Warick, vinculado a la Universidad de Warick, son buenos ejemplos para saber lo que se puede hacer.
Dado que lo que lo que hoy se plantea es un problema muy acotado, muy particular y en forma de proposición no de ley, con todas las matizaciones que nuestro grupo ha expresado, de la misma manera que sus diferentes intervenciones en la Comisión de Ciencia y Tecnología han puesto de manifiesto, va a apoyar la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, en el ánimo de continuar, de que esto no es más que una pieza muy parcial de todo el proyecto de mejora que requiere el mundo de la investigación en España. Muchas gracias por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Permítame que distendidamente le diga a la compañera diputada del Grupo Socialista y profesora de la universidad catalana que yo pensaba que estaba ya en la Comisión de Educación y Tecnología, porque nos ha dado una disertación de lo que son becas predoctorales y postdoctorales, que yo he escuchado con mucha atención, pero la verdad es que el tema que nos trae hoy aquí es una proposición no de ley que presenta el compañero del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Parlamentario Mixto, al cual voy a responder, como es mi obligación, igual que, por supuesto, a la compañera del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley.
Esta proposición no de ley trae causa de una antigua proposición no de ley presentada por el Bloque, por el Grupo Parlamentario Mixto, el 28 de abril de 1998, proposición no de ley que decayó y que no se debatió en la pasada legislatura. Si hacemos un antecedente histórico del impuesto sobre la renta, y ciñéndonos concretamente a las becas públicas y a su tratamiento fiscal, que es lo que nos trae hoy a la Comisión, habrá que decir que, en la reforma primaria del impuesto sobre la renta, del año 1978, concretamente de septiembre del año 1978, en la primera reforma fiscal del fallecido ministro Ordoñez, no se contemplaba nada sobre este particular. Posteriormente, en la ley 18/1991, de 6 de julio, del impuesto sobre la renta, presentada por el Grupo Socialista, sí se recoge, en su artículo 9, apartado j), las exenciones de las becas públicas. Concretamente se decía que las becas públicas percibidas para cursar estudios en todos los niveles y grados del sistema educativo, actas de licenciatura o equivalente inclusive, estarían exentas. Curiosamente, el devenir de los años y la aplicación de este artículo en concreto no ha motivado ninguna modificación en la reforma del nuevo impuesto sobre la renta, la denominada Ley 40/1998, de 9 de diciembre, la que estamos aplicando desde el 1 de enero de 1999. Digo curiosamente porque, en los debates parlamentarios en ambas cámaras, Congreso y Senado, este artículo 9, hoy traspuesto a la nueva ley como 7, apartado j), no se ha modificado ni un ápice por ningún grupo parlamentario desde la entrada en esta Cámara de la reforma del proyecto de ley, hoy ley.
Curiosamente, el Grupo Mixto sólo solicitó una supresión del párrafo relativo a: exentas las becas públicas, y pedía solamente la supresión hasta el grado de licenciatura o equivalente. Fue la única alusión que he encontrado en todo el devenir parlamentario de la modificación del impuesto sobre la renta. Y tuve el honor de participar en el Senado como ponente de esta ley y tampoco en el Senado hubo ninguna enmienda. Por tanto, parece ser que todos los grupos parlamentarios aceptaban y daban por bueno la exención hasta el grado de licenciatura o equivalente. Creo que el Estado en este punto está cumpliendo un objetivo social, facultando esta posibilidad de acceder al título de licenciado a toda persona que carezca de recursos económicos suficientes.
Y viene la sorpresa por mi parte como portavoz de mi grupo cuando leo el apartado 2 de esta proposición no de ley, donde se insta al Gobierno, además, para que adopte medidas conducentes a fin de que estos beneficiarios gocen de las prestaciones de la Seguridad Social
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y además el desempleo. Me parece que es un contrasentido solicitar, en primer lugar, una exención tributaria y después, por otro lado, pedir que tengan prestaciones de Seguridad Social, cobertura de ILT, jubilación y además el desempleo. Me parece que, tal como está redactada esta proposición no de ley, es un contrasentido.
Paso a contestar a la enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida donde se solicita que estas becas públicas sean consideradas como contratos laborales. Quiero decirle que, según el concepto que hoy día está en vigor con la legislación de enseñanza vigente, las becas públicas son contratos innominados, son unos contratos atípicos, pero que vienen a ayudar en la formación y en la investigación de los universitarios. No se puede equiparar a contratos laborales. La asistencia sanitaria, hay que reconocerlo, está recogida en ese seguro escolar que lógicamente paga en gran parte el estudiante y en mínima parte la universidad. Hay que reconocer que son relaciones que no tienen nada que ver con las definidas en el artículo 7 de la Ley General de la Seguridad Social y por supuesto en las relaciones laborales del Estatuto de los Trabajadores. No podemos equiparar una beca pública con un contrato laboral. El contrato laboral es una relación de dependencia entre organismo, empresa y trabajador y una beca lo que va a hacer es potenciar y beneficiar genuinamente al estudiante, al universitario, para ayudar y lógicamente potenciar su formación universitaria.
Para terminar la fijación de postura del Grupo Popular en este tema tengo que decir que, puesto que han quedado definidas claramente y hay una ley de renta con dos años escasos de vigencia y debatida en ambas Cámaras concretamente las exenciones tributarias de las rentas procedentes de las becas públicas, no aceptaremos la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto. Por supuesto, la enmienda de considerar las becas públicas como contratos laborales no está en nuestro ánimo ni en la legislación actual, no podemos equipararlas, puesto que son dos conceptos completamente distintos y dispares.
La compañera del Grupo Parlamentario Socialista ha disertado sobre las becas universitarias pre y postdoctorales y creo que debería ser objeto de una proposición no de ley a presentar en la Comisión de Educación, para tener un estudio profundo y analítico. Espero que se debata este tema que me parece que ha sido muy bien expuesto por ella, pero no era el momento procesal oportuno.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Nada más quiero decir que retiro la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario.
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETOLEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO.) (Número de expediente 121/000032.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo al proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia.
En primer lugar, vamos a someter a votación, si es posible por asentimiento, la ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley. (Asentimiento.)
Queda aprobada por asentimiento.
- APROBACIÓN CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO.) (Número de expediente 121/ 000032.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos así al quinto punto del orden del día, aprobación con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto que he citado anteriormente.
El informe de la ponencia coincide con el texto del proyecto de ley.
Para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Mixto. (La señora Urán González pide la palabra.)
La señor URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, aunque el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, en nombre del BNG, daba por defendidas sus enmiendas en un momento procesal en el que no era oportuno hacerlo, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto quiero darlas por defendidas en este acto.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado las enmiendas 1 a 6.
Tiene la palabra la señora Urán.
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La señora URÁN GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario fijó su posición en el debate de toma en consideración, en principio del real decreto, ahora ya proyecto de ley. Hacíamos patente nuestra posición contraria a que se volviera a modificar la disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico, considerando ya, desde un primer momento, incluso cuando se debatió esta ley, que nuestro grupo no compartía que se reconocieran costes de transición a la competencia a las empresas eléctricas. Nuestro grupo parlamentario argumentó en su momento que no se podían tener los datos que se necesitaban para marcar exactamente cuáles podían ser esos costes de transición a la competencia y que además considerábamos que no se debía fijar cantidad alguna. Pensamos y seguimos pensando que no existen de esa manera tan global los costes de transición a la competencia, que se siguen desconociendo los parámetros por los cuales se han fijado esos costes y estamos convencidos de que son unas ayudas del Estado al sector camufladas con el nombre de costes de transición a la competencia. Tampoco compartíamos las modificaciones que se hacen a la Ley de Defensa de la Competencia, porque pensamos que son puntuales ante una determinada situación pero que no llevan a un análisis mucho más concreto y serio de cuáles son las necesidades de modificación de dicha ley para poderla modernizar, si cabe, entre comillas, la palabra, y tenerla en una situación mucho más válida para el momento en que vivimos o para un futuro.
Después de los sucesivos debates que se han producido en esta Cámara a raíz de la presentación del real decreto, hoy proyecto de ley, mi grupo parlamentario ha presentado cuatro enmiendas. La primera de ellas, señorías, es una enmienda que en principio puede parecer que no es importante, pero que sí lo es. Hasta ahora, tanto en la Ley del Sector Eléctrico como en las modificaciones que se han producido, en ningún momento se ha reconocido que exista el derecho a percibir las compensaciones por costes de transición a la competencia de las empresas eléctricas. Se ha reconocido que existen costes de transición a la competencia pero solamente eso, costes de transición a la competencia y por tanto, en cualquier momento, con independencia de que se hayan podido reconocer, se pueden o no percibir por parte de las compañías eléctricas en función de la política que el Gobierno, el que está ahora o el que esté en el futuro, quiera practicar o, dependiendo del análisis puntual, en el momento en que se pueda producir, año tras año, de los costes de transición a la competencia, que se reconozca que existen o no.
En este proyecto de ley se introduce algo totalmente diferenciado a lo que había hasta el momento y es precisamente reconocer el derecho de las empresas a recibir los costes de transición a la competencia.
Creo que la diferencia es bastante amplia e importante y parecía que era una redacción más o menos sutil, que no conducía nada más que a ordenar si cabe un poco lo que la disposición transitoria sexta planteaba en la Ley del sector eléctrico. Por eso, señorías, mi grupo parlamentario pide en su primera enmienda la supresión de este párrafo del artículo primero, porque no es lo mismo que se reconozcan unos costes a que las empresas tengan el derecho a percibir. Si se reconoce ese derecho y al año que viene, por ejemplo, se analizara que no existen en ese año costes de transición a la competencia, las empresas eléctricas tendrían derecho a percibirlo, porque así se les ha reconocido. Esta es la primera enmienda que presenta mi grupo parlamentario.
La segunda enmienda tiene que ver con mantener o simplemente dejar constar que los costes de transición a la competencia que mi grupo parlamentario reconoce son sólo y exclusivamente aquellos que tienen que ver con los incentivos al consumo del carbón autóctono y a la tecnología GICC, que tiene que ver con la central de Puertollano. Por lo tanto, señorías, creemos que no existen cálculos reales que nos lleven a valorar que los costes de transición a la competencia que tienen que percibir las compañías eléctricas están en un billón 736.000 millones de pesetas. Para nosotros esos costes no existen, solamente existirían los incentivos al consumo del carbón y los de las tecnologías. Esta es la segunda enmienda que presenta mi grupo parlamentario.
La tercera enmienda hace referencia precisamente a la ampliación del plazo para percibir los costes de transición a la competencia. En la Ley del Sector Eléctrico se planteaba que estas ayudas acabarían en el año 2007 y en el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo se amplía el plazo tres años más. Con independencia de lo que pensemos de los costes de transición a la competencia, ya en su momento nos parecía excesivo el plazo de tiempo para percibir dichos costes; además debemos tener en cuenta que en nuestro país, desde que se aprobó la ley de modificación del sector eléctrico, que se suponía que abría el sector a la competencia, no se ha producido tal competencia y hemos pasado de un monopolio estatal a un oligopolio privado, y, señorías, la competencia sigue sin producirse. No es verdad -por mucho que se empeñe el Gobierno en quererlo facilitar- que con estas medidas, con las que se insiste que se va a facilitar la liberalización, los pequeños consumidores, los consumidores domésticos, vayan a poder elegir suministrador una vez que haya transcurrido un plazo de tiempo y negociar unas cuantías más bajas en sus recibos de consumo eléctrico. No creemos, pues, que el sector eléctrico necesite tres años más de plazo para poder adaptarse a la competencia si además tenemos en cuenta que el que no se quiere adaptar a la competencia precisamente es el propio sector eléctrico que así lo demanda. Sería lógico mantener al menos el plazo que se fijó en la propia Ley del Sector Eléctrico.
Nuestra cuarta enmienda tiene que ver con los costes a la hora de fijar la venta de las instalaciones. De todoses conocido que normalmente las valoraciones que se
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hacen en la venta suelen estar por encima de aquellas que constan en las contabilidades de las empresas. A nuestro juicio, el cálculo que se tiene que hacer para los costes de transición a la competencia tiene que estar basado precisamente en el valor que las compañías tengan de estos activos en su contabilidad y no creemos que se tengan que fijar otros diferentes.
Las dos enmiendas siguientes tienen que ver con la modificación que se hace de la Ley de Defensa de la Competencia. En la primera enmienda, que sería la número 5, nuestro grupo parlamentario introduce no solamente que se tenga en cuenta el progreso económico y social, sino también el progreso económico y social generales y el bien común. Todos estamos bastante bien informados de lo que sucede cuando se presenta algún tipo de fusión, que se producen muchas presiones, ante las cuales en algunas ocasiones se cede, y aquello que puede parecer que se hace en nombre del bien común o del bien general de la sociedad termina siendo en beneficio de determinados grupos, que son los que tienen esa capacidad de presión, y desde luego, se deja con una total arbitrariedad en manos del Consejo de Ministros. Nosotros lo que pretendemos es acotar esa posible arbitrariedad que está en manos del Consejo de Ministros, que pueda ser arbitrario o flexible pero dentro de unos límites y, por supuesto, que nunca esté fuera del interés general o del bien común de la sociedad y no se pueda derivar hacia otros intereses diferentes.
La enmienda número 6 también tiende a acotar las posibilidades de maniobra de los acuerdos del Consejo de Ministros. Según el texto del proyecto de ley, en estos momentos, si se aprobara, el Consejo de Ministros podría autorizar las modificaciones incluso con los estándares mínimos fijados modificándolos de alguna manera e incluso, con la redacción que se da en el proyecto de ley, haciéndolos desaparecer, puesto que se deja arbitrariamente en manos del Consejo de Ministros. Nosotros creemos que, al menos, se tiene que respetar un estándar mínimo y que, en todo caso, la flexibilidad que debe mantener el Gobierno tiene que ser para subir o bajar más, pero nunca por debajo de los estándares mínimos sectoriales, que son precisamente los que garantizan un mínimo general para todo el mundo.
Por tanto, señorías, nuestro grupo parlamentario, con independencia de no ser favorable al proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, cree que las enmiendas que hemos presentado al menos suavizan la política, a nuestro entender tan negativa para los intereses de la ciudadanía, en el sector eléctrico que hoy está defendiendo el Gobierno. Con nuestras enmiendas lo que tratamos es de paliar esos efectos negativos en alguna medida.
Respecto a las enmiendas del resto de los grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Socialista conoce cuál es nuestra posición, puesto que lo debatimos en la enmienda de totalidad que presentaron.
Han hecho un esfuerzo bastante importante y se produce un avance tímido en las enmiendas que plantean, pero mantienen el mismo concepto que nosotros criticamos al Gobierno, aunque podamos estar más de acuerdo con que haya una planificación y una adecuación a través de la Comisión Nacional de la Energía para que sea la que pueda fijar en todo caso los costes de transición a la competencia, si es que en algún momento existen. Creemos que esto es mucho más favorable, pero seguimos sin compartir lo que es el concepto que se plantea. De ahí que el resto de las enmiendas también vayan ligadas precisamente a lo que proponen en la primera.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, mi grupo va a votar en contra de las dos primeras entendiendo, señorías, que no es una enmienda sólo y exclusivamente al proyecto que ha presentado el Gobierno, sino una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, fuera incluso del marco que planteaba el propio proyecto de ley. Va más allá y no queremos ni tan siquiera entrar a valorar si compartimos o no lo que plantea la enmienda, sino sencillamente que se impide una vez más que por parte de esta Cámara pueda existir un debate sereno y que los grupos parlamentarios podamos presentar enmiendas al texto que se propone, ya sea por parte del Gobierno o por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Sencillamente, a través de una enmienda, se nos hace una modificación en la que, por un lado, se intenta aplicar directivas europeas y, por otro, sentencias del Tribunal Supremo. Creemos que el Gobierno debería haber sido en esto mucho más diligente y en todo caso haber presentado una modificación global de la Ley de Defensa de la Competencia o bien, como plantea la última enmienda del Grupo Parlamentario Popular, con la que sí que estamos de acuerdo, un texto refundido de dicha ley que realmente pueda facilitar la seguridad jurídica, porque, al final, con tantas modificaciones, las personas que deban utilizar estas leyes tienen que terminar siendo técnicos para encontrar cuáles son las modificaciones que se han ido produciendo, para saber en qué consisten y de qué se está hablando.
Mi grupo parlamentario va a votar en contra de estas enmiendas, a excepción de la número 17 que votaremos a favor, porque además de lo que he dicho anteriormente, no compartimos que se haga una renovación global del Tribunal de Defensa de la Competencia. Creemos que estaba mucho mejor en la legislación actual, que se renueva por mitades, sin entrar a valorar, porque no creemos que merezca la pena, si las reducciones de mandato o alguna de las otras modificaciones que se establecen son más o menos válidas.
Es necesario, a nuestro juicio, que el Tribunal se siga renovando por mitades, porque es importante la continuidad en el trabajo que hace; se trata de que no desaparezcan de un golpe todos los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia renovándose este completamente,
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con reducción además en los mandatos. Esta es la posición de mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de las enmiendas 8 a 11 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Una vez más, mantenemos un debate recurrente, el de los costes de transición a la competencia. Mi grupo ha explicitado su posición en el rechazo del real decretoley por el trámite de urgencia, en la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó en el debate de totalidad del proyecto de ley y ahora con estas enmiendas parciales. Todo esto señala nuestra posición en esta legislatura, pero, ya que es el último debate que sostendremos, conviene recordar que la de los costes de transición a la competencia es la historia de un desatino total; desatino iniciado en la última legislatura por el último ministro de Industria, de triste recuerdo, no sólo porque ha acabado con el Ministerio de Industria sino porque esto ha sido la consecuencia lógica de una política que se llevó a cabo en la legislatura anterior. Sólo hace falta ir al "Diario de Sesiones" y hacer un seguimiento, a lo que es muy aficionado el portavoz del Grupo Popular, para ver las contradicciones de su grupo -del anterior ministro y del actual vicepresidente y del anterior- cuando se hablaba de este asunto. Ahí se puede hacer asimismo una comprobación empírica de que las posiciones no han respondido nunca a un objetivo o idea respecto a los CTC ni a la defensa del interés general, sino que respondían a intereses privados en algunos casos y, en el mejor de ellos, a intereses sectoriales.
Mi grupo presenta varias enmiendas, de la 8 a la 11. La enmienda número 8, al artículo 1, que trata de modificar los apartados 1, 2, 3 y 4, es una enmienda de sustitución. Tiene su origen -aunque creo que está bastante claro en el "Diario de Sesiones"- en que no aceptamos el derecho a percibir una compensación por costes de transición a la competencia por una cuantía establecida. Lo único que se hace en este nuevo proyecto es mantener la redacción de la Ley de acompañamiento de 1999, con la que no estamos de acuerdo, eliminando exclusivamente la posibilidad de titulización que propiciaba esa ley; posibilidad de titulización puesta en entredicho por los problemas que generaba en la Unión Europea. Mi grupo siempre ha rechazado la cuantificación a priori de los costes de transición a la competencia y ha defendido que, de haberlos, estos serán consecuencia de la existencia de un mercado competitivo que en estos momentos no hay. Con esta enmienda proponemos armonizar la necesaria seguridad jurídica que deben tener todos los operadores empresariales en el sector respecto a los efectos derivados del proceso de liberalización y, por otra parte, respetar el derecho y los intereses de los consumidores; intereses que afectan fundamentalmente a las tarifas y a los precios, que deben estar sin duda ajustados a los costes reales. En esta enmienda proponemos, por tanto, la presentación de un plan de adecuación de la competencia del sector eléctrico, plan que debe presentar el Gobierno, que debe ser elaborado por la Comisión Nacional de la Energía y que puede contemplar efectivamente la concesión de una serie de compensaciones por costes de transición a la competencia, pero en nuestra enmienda se establece, a su vez, un procedimiento de determinación y de liquidación anual de esos costes de transición a la competencia, es decir, de liquidación a posteriori, siempre como consecuencia de la existencia de un mercado competitivo en el que podamos conocer cuáles son los costes reales, cuáles son los precios que hay en el mercado de generación y, en virtud de eso, establecer, a la vista de que exista competencia, cuáles son dichos costes. Creo que está ya bastante clara la postura de mi grupo, que es la misma desde la anterior legislatura, desde que esto se planteó en la Ley del Sector Eléctrico.
La siguiente enmienda, la número 9, trata de evitar una discriminación que se da en este proyecto de ley dentro de las empresas eléctricas entre aquellas que venden activos y aquellas que venden participaciones empresariales. Creemos que hay que regular estas situaciones a fin de garantizar la seguridad jurídica de los compradores y no permitir beneficios injustificados para las empresas vendedoras. Asimismo consideramos -y lo hacemos constar en esta enmienda- que las atribuciones para regular los procedimientos de aplicación de las normas deben estar, una vez más, en la Comisión Nacional de la Energía, como ente independiente regulador.
Las otras dos enmiendas van ya al artículo 2 de la ley, que es el que modifica la Ley de Defensa de la Competencia. La enmienda número 10 se refiere al apartado uno y con ella tratamos de evitar la discrecionalidad o la posible arbitrariedad de la Administración o del Gobierno y potenciar también en este caso la seguridad jurídica y la objetividad que deben tener todas las decisiones de los poderes públicos en la materia que trata este artículo, que es la concentración empresarial. Proponemos que si el Gobierno se aparta del criterio que ha establecido el dictamen que ha emitido el Tribunal de Defensa de la Competencia respecto a la concentración empresarial, dictamen preceptivo y que debe seguir sin ninguna duda el Gobierno, si el Gobierno se aparta de ese criterio y no lo ratifica, debe explicitar cuáles son las razones de interés general que le llevan a no acatar dicho dictamen; por tanto, los criterios que expliciten y que expliquen el interés general deben ser públicos y conocidos.
La siguiente enmienda, la número 11, al apartado dos del mismo artículo de la Ley de Defensa de la Competencia, sigue la línea de fortalecimiento que hemos querido mantener en todo el debate del sector
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eléctrico del esquema institucional y de los órganos reguladores independientes. Creemos que en este caso es el Tribunal de Defensa de la Competencia el que debe asimismo ser el encargado de vigilar y controlar la ejecución de ese acuerdo con condiciones que se puedan establecer para un proceso de concentración empresarial por el Gobierno. Asimismo, si es dicho Tribunal el que debe controlar y vigilar la ejecución de los acuerdos o de las condiciones que debe cumplir esa concentración empresarial, es también el que tiene la capacidad de establecer las multas coercitivas como medio forzoso para que se cumplan las condiciones de ese acuerdo para la concentración. Estas son las cuatro enmiendas que presentamos a este proyecto de ley y a continuación voy a fijar la posición de mi grupo en relación con las de los otros grupos parlamentarios.
Izquierda Unida ha presentado cuatro enmiendas al artículo 1 y dos al artículo 2 y estamos de acuerdo con todas ellas. En relación con las enmiendas al artículo 1, los únicos costes de transición a la competencia que podemos admitir a priori como derechos son los que se derivan de la existencia del carbón nacional. Por tanto, aceptamos la primera enmienda. La segunda también forma parte de las enmiendas que nosotros presentamos, en el sentido de sustituir la temporalidad de los CTC. Asimismo el cálculo de las plusvalías está implícito en nuestro procedimiento de valoración. Así pues, votaremos a favor de todas las enmiendas presentadas al artículo 1. Respecto a las enmiendas al artículo 2, también estamos de acuerdo con ellas, ya que son coherentes con las nuestras. Se trata de evitar la arbitrariedad del Gobierno a la hora de poder modificar determinados acuerdos sectoriales.
El Grupo Parlamentario Mixto ha presentado dos enmiendas al artículo 1 y una al artículo 2 y también coinciden con nuestro criterio general. Estamos de acuerdo con el hecho de que los CTC se introduzcan para conseguir mejorar el medio ambiente, así como para destinar parte de las retribuciones percibidas por este concepto a las redes de distribución y a la mejora en el suministro y en la calidad de la energía eléctrica. Por otra parte, la enmienda al artículo 2 se refiere asimismo a la capacidad o a la arbitrariedad del Consejo de Ministros para poder modificar los acuerdos sectoriales. Por tanto, coinciden con nuestras enmiendas.
Vamos a votar a favor de las enmiendas números 7 y 15 del Grupo Popular. Aceptamos las enmiendas técnicas y la posibilidad de que se elabore un nuevo texto refundido de la Ley de Defensa de la Competencia, pero no aceptamos la enmienda número 16, por muchas razones. Desde luego, no es el lugar ni el momento apropiado para presentarla. No se puede utilizar la adaptación de un reglamento de la Unión Europea de 1999 para modificar la exención por categorías.
No se pueden modificar los CTC como producto de la fusión de concentración de dos empresas muy concretas a través de una enmienda a un proyecto de ley que proviene de un real decreto elaborado por el procedimiento de urgencia. No tiene mucho sentido que la justificación sea la modificación del reglamento. Por otra parte, en el apartado tres se habla del nombramiento del presidente y de los vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la adaptación de una sentencia.
Efectivamente, en estos momentos hay que hacer dicha adaptación; de hecho, tiene que haber un proyecto para ello, y no creo que ahora sea el momento de introducir aquí mediante esta enmienda algo que debe ser sometido a debate en la Cámara, independientemente de que no estemos totalmente de acuerdo con ello. Debemos discutir si la renovación de las vocalías está clara o no, si hay que hacerla por mitades o no. Es una cuestión de fondo que habrá que debatir y en la que tendremos que participar los grupos parlamentarios. Por tanto, no tiene sentido plantear esta enmienda número 16 en este momento a este proyecto de ley, que proviene de un real decreto por el trámite de urgencia, y, en consecuencia, votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Este es un turno en el que doy por defendidas las enmiendas que propone el Grupo Popular por su carácter en buena parte técnico, al mismo tiempo que dicho grupo acepta las enmiendas que proponen los servicios de la Cámara y su postura es que se incorporen al texto.
En cuanto al resto de las enmiendas, empezaré por las del Grupo Parlamentario Socialista, que curiosamente son las mismas que las ya rechazadas por el Pleno del 5 de abril, ahora primero presentadas todas juntas y luego por separado, de forma que lo que podría hacer sería limitarme a entregar a esta Cámara la respuesta que se dio a esas enmiendas y la votación que efectuó el Pleno del Congreso y que constará en el "Diario de Sesiones". Literalmente, son las mismas, están discutidas y están votadas en contra. No voy a reiterar todo lo ya dicho, pero muy brevemente, dado que se repite todo (La señora Mendizábal Gorostiaga: La incoherencia de la coherencia.), recordaré únicamente que los cambios de postura del PSOE, aunque lo voy a decir de otra manera, con una fórmula que ha utilizado también un distinguido miembro del Grupo Popular: las posturas del Grupo Parlamentario Socialista tienen una fecha de caducidad y yo añadiría con plazos cortos y variables en cada una de sus propuestas. No sabemos cuánto va a durar su propuesta o cuál es su fecha de caducidad y cuándo se cambiará por otra.
Voy a entrar en los temas de fondo de estas enmiendas, aunque sea profundizando en lo ya dicho, porque, como acabo de decir, son una pura copia de lo ya presentado. Estas enmiendas -entre comillas- parciales las voy a agrupar según el artículo al que se refieren. En cuanto a las del artículo 1, sobre los CTC, comprendo
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lo de la frase de triste recuerdo que como lapsus freudiano a aportado la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque es un grupo que debe tener triste recuerdo de los CTC. (La señora Mendizábal Gorostiaga: Triste recuerdo del ministro.) El Grupo Parlamentario Socialista dijo el 22 de febrero que los CTC son ayudas incompatibles con la legislación comunitaria y con el mercado único, el 27 de febrero querían sustituirlos por un concepto de garantía de potencia y ahora nos encontramos en una tercera postura totalmente diferente. Comprendo ese triste recuerdo que ha de tener respecto a la fecha de caducidad de sus propuestas sobre los CTC. Pero ahora lo nuevo en la postura del Grupo Parlamentario Socialista es ligar los CTC a la observación de las cuotas máximas y a las cuentas de resultados de las empresas. La persona con la que hablo, aparte de ser una magnífica diputada, es también catedrática de política económica. En política económica, normalmente en primer curso, se suele explicar la relación de instrumentos y objetivos. Ya desde el antiguo Nobel Tinbergen se dice que no debe existir un instrumento que sirva a muchos objetivos que puedan ser contradictorios entre sí y que el número de instrumentos y objetivos independientes debe ser el mismo. Aquí a un instrumento como es el CTC se le quieren colocar todos los objetivos. Eso va contra la técnica y la teoría de la política económica. Comprendo que a veces en el Parlamento hay que hacer cosas diferentes a las que uno dice en las clases, pero en este caso la contradicción es por lo menos curiosa -entre comillas-, entre lo que se suele enseñar en teoría de la política económica y las enmiendas que se presentan.
A un instrumento como es el CTC pretenden colgarle -luego otros grupos querrán colgarle otras cosas- la observación de las cuotas máximas y las cuentas de resultados de las empresas. Para la observación de las cuotas máximas hay un instrumento, que son las sanciones y precisamente con una de las enmiendas que hoy plantea el Grupo Popular estas quedan mucho más claras: instrumento, sanción; objetivo, incumplimiento de las cuotas máximas cuando ocurra, y no colguemos todo al CTC. Lo que es más curioso es que al CTC se le quiere relacionar con las cuentas de resultados de las empresas. Si las cuentas de resultados de las empresas aumenten porque una empresa ha hecho mejoras en su eficiencia y en su productividad interna y, como tal, puede mejorar sus resultados, no se debe penalizar con el CTC. Eso podría ocurrir si la mejora de sus resultados fuera vía precios, pero precisamente los precios ya están incluidos en el planteamiento del Grupo Popular. Lo que no creo es que el Grupo Parlamentario Socialista vuelva en versión distinta a rememorar lo que alguna vez corrió por sus filas de la ley de bronce respecto a los beneficios. Me figuro que no es ése el problema, cuando quiere hacer depender los CTC de los resultados y beneficios, aunque no es lógico disminuir su cuantía cuando el incremento de resultados se obtenga por mejoras internas de la empresa.
Se dice que el actual sistema no es competitivo y que no afecta adecuadamente a los precios. Pues bien, recuerdo muy rápidamente lo ocurrido. Con el sistema anterior (marco legal estable, Grupo Parlamentario Socialista con mayoría, años 1986 a 1996), los precios subieron un 40 por ciento; con el actual sistema, los precios se han reducido en términos nominales en un 12 por ciento. Se habló de que no iban a afectar a las pequeñas y medianas empresas o al uso doméstico y se han reducido un 15 por ciento, con lo cual somos el tercer país de Europa que más ha reducido esas tarifas o precios. En cuanto a las medianas empresas, con el 18,5 por ciento, somos el segundo país con mayor reducción. Un 20 por ciento de la demanda está fuera de la tarifa. Se han conseguido 370.000 pesetas de reducción por empresa, y sabemos que en el año 2003 llegaremos a la libertad total desde la demanda, mientras que lo que habíamos heredado era el marco legal estable. Luego decir que este sistema ha sido eficaz para la vía de los precios para consumidores, tanto domésticos como pymes y otras empresas, es, simplemente, la constatación de un hecho.
Paso a las enmiendas planteadas al artículo 2. ¿El control de las concentraciones debe ser parte de la política del Gobierno (controlado, eso sí, por el Poder Legislativo), como ocurre en la mayoría de los países europeos? ¿Debe ser o no debe ser así? Hablando de fusiones, aquí hay un texto que es interesante (es algo que se dijo en este mismo Congreso sobre este tema de las fusiones y quién debería controlarlas). Es el siguiente: Es competencia del Gobierno adoptar la resolución final, y uno de los elementos que sin duda tendrá en cuenta cuando se produzca, cuando se haya pedido, es el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, que no puede ser vinculante. El Tribunal de Defensa de la Competencia pondrá encima de la mesa aquellos factores que estime pueden ser atentatorios a la competencia, pero el Gobierno, en su decisión, tendrá en cuenta, obviamente, este factor y otra serie de factores. Lo cual no indica nada relativo al control económico, sino simplemente un elemento indispensable de toda política económica. Esta declaración se realizó en esta misma Comisión, en el año 1989, y la hizo el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Desde esta declaración por el Grupo Parlamentario Socialista (hemos visto las pocas competencias que le daba al Tribunal de Defensa de la Competencia y cómo quería que la política del Gobierno incluyera con las fusiones), ha habido esa variabilidad y caducidad a la que antes me refería. Ha existido una segunda fase en la que la encargada debía ser la Comisión Nacional de la Energía, según el Grupo Parlamentario Socialista; en una tercera fase (hay frases al respecto que ya las reproduje en mi intervención del día 5 de abril y a ellas me remito) el Grupo Parlamentario Socialista estaba
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por el Tribunal de Defensa de la Competencia, y en esta cuarta fase vuelve a estar por el Gobierno, pero con unas matizaciones que no utilizaba cuando el PSOE estaba en el Gobierno. Perdón, una pregunta, una broma sin ninguna acritud: ¿Qué plazo de caducidad tiene esta cuarta postura, cuándo conoceremos la quinta al respecto? (La señora Mendizábal Gorostiaga: En el año 2004.) Luego haremos un comentario sobre el año 2004.
En todo caso, hay puntos concretos que son curiosos. Lo que está ocurriendo es que el Grupo Parlamentario Socialista (y lo digo en este tono, sin acritud; nos conocemos todos absolutamente) en los últimos meses está incurriendo en contradicciones en política energética respecto a sus posiciones anteriores con el actual grupo directivo, y al mismo tiempo se olvida de lo que el propio Partido Socialista hizo cuando estaba en el poder. Aquí introducen ustedes, como gran innovación, el que, en el caso de que no se esté de acuerdo con el Tribunal de Defensa de la Competencia, hay que argumentarlo.
Pues bien, esto ya existe, pero ya existe por ustedes, ni siquiera es mérito del PP. Fue la Ley 30/1992 la que exigió la motivación de estas decisiones sobre fusiones, y eso se cumple; se cumplió con ustedes y se cumple actualmente en todas (y tengo aquí todas ellas) las fusiones realizadas por el Gobierno del Partido Popular. Ustedes dicen también, como gran novedad, que se publique el contenido de las decisiones del Consejo de Ministros sobre estas fusiones. El Decreto 1080/1992 (cuando el Gobierno era del PSOE) estableció que se publicaran y se publican; tengo aquí la publicación, una a una, de todas las fusiones y las fechas en que han sido publicadas. Ustedes están en una extraña situación de olvido respecto a lo que hacía el Partido Socialista cuando estaba en el poder y hay una curiosa contradicción con sus últimas posturas, cuando ustedes -entre comillas- son el grupo directivo del partido.
Hablaba usted antes de seguridad jurídica ¿Cree que tiene seguridad jurídica la propuesta de eliminar el párrafo en el que se dice lo que ocurre en caso de que no se cumpla el plazo fijado de 30 días? La obligación que tiene el Gobierno es la de definirse después del dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia en dicho plazo. Si no se cumple por este Gobierno, o por un Gobierno futuro de ustedes, cuando lleguen, ¿qué ocurre? La supresión de ese párrafo crearía un claro estado de inseguridad jurídica que no ocurre con el planteamiento del texto que defiende el Grupo Popular en el que se plantea que exista, en ese caso, una situación de autorización tácita.
Un último problema que ustedes tienen es que los cambios que realizan no van a la misma velocidad. Cuando defendían que el Tribunal de Defensa de la Competencia fuera un órgano ejecutivo respecto a las fusiones, podía tener cierta coherencia que entonces tuviera también las funciones de control y vigilancia.
Sin embargo, cuando en su último texto vuelve a ser de hecho un órgano consultivo -porque por mucho que digan en el texto que presentan el Tribunal de Defensa de la Competencia es un órgano consultivo-, no tiene mucha lógica que un órgano consultivo tenga luego funciones ejecutivas de control y vigilancia. Era lógico, por lo menos de lógica interna, con su postura número tres, pero no con su postura cuatro. Muevan las piezas coordinadamente cuando realicen cambios y no den a órganos consultivos, ahora, poderes ejecutivos de vigilancia y control.
Paso a contestar algunos comentarios sobre el resto de las enmiendas.
La postura de Izquierda Unida es conocida y como tal he de decir que los derechos a percibir ocurrirán cuando existan costes de transición a la competencia, como es lógico. Si no hay costes de transición a la competencia y en este proyecto de ley se contemplan algunos casos, no hay derecho a percibirlos o quedan disminuidos. Como es lógico, los CTC incluyen tanto los problemas de apoyo al carbón como el tema tecnológico.
Los costes de transición a la competencia se establecen con un objetivo básico, que es pasar del marco legal estable a un sistema competitivo. Como tal, son los costes que se derivan de la decisión de pasar del sistema heredado del marco legal estable a un sistema de competencia al que antes me he referido. Los costes afectan tanto a la parte del carbón como a la parte tecnológica, etcétera.
La postura de Izquierda Unida sobre que el plazo avance hasta el 2007 perjudica al consumidor, porque hay que distribuir los costes permanentes en menos años, lo cual implica una tarifa mayor. Yo no apostaría, como apuesta Izquierda Unida, por el valor contable. Me parece mucho más adecuado el valor standard. En la última época he tenido que trabajar mucho en esto de los valores de las empresas, etcétera, y en los valores contables siempre tenemos el problema de las amortizaciones y, por tanto, parece más lógico el valor standard.
En una de sus enmiendas hay una alusión al bien común que se podría aceptar si no fuera por la motivación que le lleva a esa alusión al bien común. En cuanto a que las modificaciones que se realicen deben tener como mínimo los valores pronunciados para toda la industria, no tiene lógica. Si se fusionan dos empresas importantes y cada una ya está cerca del límite, la única forma de que se fusionen es que transitoriamente puedan no cumplir ese límite mientras desinvierten.
Eso tiene toda la lógica del mundo ¿Cómo va a ser la condición que transitoriamente se les controle con límites más duros que los límites sectoriales? El problema será de los plazos de venta, de las garantías, etcétera, pero esta es la forma lógica de plantearse este tema.
Aunque el Grupo Mixto no está presente, por deferencia parece lógico hacer... (La señora Mendizábal Gorostiaga: Está presente, además está el BNG.)
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Perdón. En todo caso, pensaba contestar a sus enmiendas estuviera o no presente, como es lógico, por deferencia a su grupo.
El Grupo Parlamentario Mixto plantea una técnica curiosa a la del Grupo Socialista, que es colgar todo de los CTC. Es decir, a los CTC también les debe afectar el que la empresa haya introducido o no medidas medioambientales. Todos estamos de acuerdo con la defensa del medio ambiente. Este partido ha creado un Ministerio de Medio Ambiente, pero lo que hay que hacer es que cada instrumento tenga que ver con cada objetivo. Ese instrumento -los CTC- es para la transición a la competencia. Colgar de ello al medio ambiente... Miren ustedes, al medio ambiente se le debía de haber colgado de otro tema que discutimos en esta Cámara. Cuando se subieron los precios del petróleo unos defendimos que no había que rebajar los impuestos de los hidrocarburos. Eso sí era ayudar al medio ambiente y a las energías alternativas. Pedir que se bajaran los impuestos de los hidrocarburos era claramente ir contra el medio ambiente. Ahí sí hay una relación instrumento-objetivo clara, en unos casos a favor del medio ambiente y en otros contraria. También quieren ustedes relacionarlo con la mejora de las redes de distribución. Una vez más recordemos la relación entre instrumento y objetivo. Parece que los CTC son como un árbol que sirve para todos los objetivos aunque sean contradictorios entre sí, dificilísimos de medir y muchas veces con un grado subjetivo muy complejo que daría una gran arbitraried al Consejo de Ministros a la hora de definir cuáles son. Para este problema de la mejora y la calidad del suministro está la Ley 97, artículo 48, que utiliza el instrumento de reducciones a la facturación, que es el instrumento lógico para los problemas de calidad y mejora. Relacionemos de una forma coherente, una vez más, el fin con el instrumento que se esté utilizando.
Acabaría, dentro del tono de buena relación, de ninguna acritud que hay en esta Comisión, con una pequeña broma hacia la postura del Grupo Parlamentario Socialista, y la pequeña broma es de felicitación. De felicitación, de verdad, porque en este caso su postura del día 5 de abril y la del día 18 de abril es la misma. Mi felicitación, de verdad. Han conseguido ustedes llegar del 5 al 18 sin cambiar su postura. (Rumores.) Eso sí, es cierto que ustedes no han utilizado, y les felicito en este caso, aquella bella idea de Marx de que es con las contradicciones como avanza la historia social. Tampoco han utilizado ustedes una bella idea del mayo francés, que es la idea de la imaginación al poder. (Risas.) Ustedes son un partido que quieren llegar al poder, y en este momento con visiones tan poco imaginativas como repetir literalmente el día 18 lo que han dicho el día 5. No es muy imaginativo, de forma que no será por esa vía, por la vía de la imaginación, por la que ustedes lleguen al poder. (Risas. Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos a las votaciones.
Votamos el punto número 1 del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre armas ligeras. Está en sus propios términos. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.) Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Nosotros pedimos votación separada de los puntos 1 y 4.
El señor PRESIDENTE: Votaremos, en primer lugar, los puntos 1 y 4.
Votamos los puntos 2 y 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley en los puntos 2 y 3 y aprobada en los puntos 1 y 4.
Votamos el punto 2 del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre biocombustibles líquidos, en sus propios términos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre becas de investigación y otras ayudas públicas. Se vota en sus propios términos, pues la enmienda del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha sido retirada, decayendo, por tanto la transaccional.
Pasamos al punto número 4. En primer lugar, votamos las enmiendas 12 a 14, del Grupo Parlamentario Mixto, que se han dado por defendidas.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
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Pasamos a votar conjuntamente las enmiendas números 1 a 6, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; en primer lugar las números 8 y 9.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 8 y 9.
Votamos las enmiendas 10 y 11, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas 10 y 11.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las enmiendas 15 y 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas las enmiendas 15 y l7 por unanimidad.
Pasamos a votar la enmienda número 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 16.
Pasamos a la votación del texto según el informe de la ponencia, que coincide, como hemos dicho antes, con el proyecto de ley y la incorporación de las correcciones técnicas anunciadas en el debate.
Recuerdo que este proyecto se vota con competencia legislativa plena.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto según el informe de la ponencia con las correcciones introducidas.

References: Real Decreto 
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 artículo 9
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 artículo 2
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