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Ttulo IV. El Gobierno y la Administracin. Ttulo V. Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. Ttulo VI. El Poder Judicial
1. TTULO IV. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIN
Constituye, con la Administracin, el Poder Ejecutivo. En nuestro Derecho, la denominacin de Gobierno corresponde al Consejo de Ministros con su Presidente, como puede observarse en el art. 98,1. de nuestra vigente Constitucin, de 27 de diciembre de 1978 (CE, en adelante), pudiendo calificarse como el estrato superior de toda la organizacin jerrquica del Poder Ejecutivo, reputndose a la Administracin como todos los estratos que van desde Ministro hacia abajo.
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TTULOS IV, V, VI CE: GOBIERNO, ADMINISTRACIN, PODER JUDICIAL
La CE dedica al tratamiento del Gobierno su Ttulo IV, denominado del Gobierno y la Administracin, que ha sido desarrollado, en lo que respecta al primero, por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno (LG, en las prximas llamadas). Partiendo de esta normativa, pasamos a tratar del mismo.
1.1.2. Idea general
Conforme al art. 97 CE (art. 1,1. LG), el Gobierno dirige la poltica interior y exterior (esta es la que podramos considerar misin fundamental del Gobierno, en la que se desenvuelve con un mayor margen de discrecionalidad), la Administracin Civil y Militar (de donde se deduce la doble naturaleza del Gobierno, como rgano poltico y como rgano cspide de la Administracin) y la defensa del Estado (cometido este que debe relacionarse con lo dispuesto en los arts. 8 y 104 CE, quedando subordinadas las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el ejercicio de sus funciones, a lo que en cada momento determine el Gobierno). Ejerce la funcin ejecutiva (que comparte con la Administracin) y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitucin y las Leyes (de aqu el sometimiento pleno a la Ley y al Derecho a que se refiere, al tratar de la Administracin, el art. 103,1. CE, as como el control jurisdiccional que de la potestad reglamentaria y de toda la actuacin administrativa prev el art. 106,1. CE, que luego comentaremos). En cuanto a los principios que configuran su funcionamiento, como seala la Exposicin de Motivos LG, son tres: el principio de direccin presidencial, que otorga al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices polticas que deber seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros, y, por ltimo, el principio departamental que otorga al titular de cada Departamento una amplia autonoma y responsabilidad en el mbito de su respectiva gestin.
1.1.3. Composicin
Conforme al art. 1,2. LG, el Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros. Como puede observarse, la LG cierra en ellos la composicin del Gobierno, sin que, como podra deducirse del art. 98.1 CE al establecer que el Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los dems miembros que establezca la Ley, se incorporen otros elementos al mismo. Para ser miembro del Gobierno se requiere ser espaol, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, as como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo pblico por sentencia judicial firme (art. 11 LG). No podrn ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra funcin pblica que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna, sindoles de aplicacin el rgimen de incompatibilidades de los altos cargos de la Administracin General del Estado, debiendo estarse, al efecto, a lo dispuesto en la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulacin de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracin General del Estado, cuyo Reglamento de desarrollo se ha aprobado por el Real Decreto 432/2009, de 27 de marzo.
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Finalmente, los miembros del Gobierno se renen en Consejo de Ministros y en Comisiones Delegadas del Gobierno (art. 1,3. LG).
1.1.4. Presidente del Gobierno
A tenor de los arts. 98,2. CE y 2 LG, el Presidente dirige la accin del Gobierno y coordina las funciones de los dems miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de stos en su gestin. En todo caso, le corresponde: a) Representar al Gobierno. b) Establecer el programa poltico del Gobierno y determinar las directrices de la poltica interior y exterior y velar por su cumplimiento. c) Proponer al Rey, previa deliberacin del Consejo de Ministros, la disolucin del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. d) Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberacin del Consejo de Ministros, la cuestin de confianza. e) Proponer al Rey la convocatoria de un referndum consultivo, previa autorizacin del Congreso de los Diputados. f) Dirigir la poltica de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislacin reguladora de la defensa nacional y de la organizacin militar.
g) Convocar, presidir y fijar el orden del da de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el art. 62,g) de la Constitucin (segn el cual corresponde al Rey ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las reuniones del Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno, a peticin del Presidente del Gobierno). h) Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sancin, las leyes y dems normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los arts. 64 y 91 de la Constitucin. i) j) Interponer el recurso de inconstitucionalidad. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, as como las Secretaras de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobacin de la estructura orgnica de la Presidencia del Gobierno.
k) Proponer al Rey el nombramiento y separacin de los Vicepresidentes y de los Ministros. l) Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios.
m) Impartir instrucciones a los dems miembros del Gobierno. n) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitucin y las leyes.
1.1.5. Vicepresidentes del Gobierno
Cuando existan (son de existencia potestativa y no obligatoria), al Vicepresidente o Vicepresidentes les corresponder el ejercicio de las funciones que les encomiende el Presidente. Y el Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento Ministerial ostentar, adems, la condicin de Ministro (art. 3 LG). En la actualidad, a tenor del Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno, existen tres: la Vicepresidencia Primera del Gobierno, la Vicepresidencia Segunda del Gobierno y la Vicepresidencia Tercera del Gobierno. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, asumirn, de acuerdo con el correspondiente orden de prelacin, las funciones del Presidente del Gobierno, siendo asumidas, en defecto de los mismos, por los Ministros, segn el orden de precedencia de los Departamentos (art. 13 LG). La separacin de los Vicepresidentes (al igual que la de los Ministros sin cartera) llevar aparejada la extincin de estos rganos.
1.1.6. Ministros
Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera especfica de su actuacin, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones: a) Desarrollar la accin del Gobierno en el mbito de su Departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del Presidente del Gobierno. b) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. c) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organizacin y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. d) Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia. Adems de los Ministros titulares de un Departamento, podrn existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuir la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales.
1.1.7. Nombramiento y cese de los miembros del Gobierno
En cuanto al nombramiento, hay que distinguir entre el Presidente del Gobierno y los dems miembros del mismo. Sobre esta materia, ha de hacerse notar que el art. 16 de la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LO 3/2007, en otras citas), dispone que los Poderes Pblicos procurarn atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan.
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1.1.7.1. Del Presidente del Gobierno
El nombramiento del Presidente del Gobierno viene regulado en el art. 99 CE, pudindose distinguir las siguientes fases: a) Proposicin del candidato Despus de cada renovacin del Congreso de los Diputados, y en los dems supuestos constitucionales en que as proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos Polticos con representacin parlamentaria, y a travs del Presidente del Congreso, propondr un candidato a la Presidencia del Gobierno. b) Exposicin del programa poltico El candidato propuesto expondr ante el Congreso de los Diputados el programa poltico del Gobierno que pretenda formar y solicitar la confianza de la Cmara. c) Otorgamiento de la confianza Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayora absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrar Presidente. De no alcanzarse dicha mayora, se someter la misma propuesta a nueva votacin cuarenta y ocho horas despus de la anterior, y la confianza se entender otorgada si obtuviere la mayora simple. d) Caso de no otorgamiento de la confianza Si, efectuadas las citadas votaciones, no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarn sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votacin de investidura, ningn candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolver ambas Cmaras y convocar nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
1.1.7.2. De los dems miembros
Respecto a los dems miembros del Gobierno, el art. 100 CE (art. 12 LG) dispone que sern nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente. En cuanto al cese, establece el art. 101 CE que el Gobierno cesa tras la celebracin de elecciones generales, en los casos de prdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitucin, o por dimisin o fallecimiento de su Presidente. El Gobierno cesante continuar en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Gobierno.
1.1.8. Consejo de Ministros
Como rgano colegiado del Gobierno, le corresponde (art. 5 LG): a) Aprobar los proyectos de ley y su remisin al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
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c) Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos Legislativos. d) Acordar la negociacin y firma de Tratados internacionales, as como su aplicacin provisional. e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los trminos previstos en los arts. 94 y 96,2. de la Constitucin. f) Declarar los estados de alarma y excepcin y proponer al Congreso de los Diputados la declaracin del estado de sitio.
g) Disponer la emisin de Deuda Pblica o contraer crdito, cuando haya sido autorizado por una Ley. h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecucin de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, as como las dems disposiciones reglamentarias que procedan. i) j) Crear, modificar y suprimir los rganos directivos de los Departamentos Ministeriales. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los rganos de la Administracin General del Estado.
k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitucin, las leyes y cualquier otra disposicin. A sus reuniones, cuyas deliberaciones son secretas, podrn asistir los Secretarios de Estado cuando sean convocados.
1.1.9. Comisiones Delegadas del Gobierno
Su creacin, modificacin y supresin se acuerda por el Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. El Real Decreto de creacin de las mismas deber especificar, en todo caso (art. 6 LG): a) El miembro del Gobierno que asume su presidencia. b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran. c) Las funciones que se atribuyen a la Comisin. d) El miembro de la Comisin al que corresponde la Secretara de la misma. Podrn ser convocados a sus reuniones, cuyas deliberaciones tambin son secretas, los titulares de aquellos rganos superiores y directivos de la Administracin General del Estado que se estime conveniente. Como rganos colegiados del Gobierno, les corresponde: a) Examinar las cuestiones de carcter general que tengan relacin con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la Comisin. b) Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, requieran la elaboracin de una propuesta conjunta previa a su resolucin por el Consejo de Ministros.
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c) Resolver los asuntos que, afectando a ms de un Ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. d) Ejercer cualquier otra atribucin que les confiera el ordenamiento jurdico o que les delegue el Consejo de Ministros. En concreto, a travs del Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno, se ha determinado la composicin de las Comisiones Delegadas del Gobierno, que, en la actualidad, adems de las que se constituyan por Ley, son: a) Comisin Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, presidida por el Presidente del Gobierno (que ser sustituido en esta funcin por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que, a su vez, a estos efectos, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, ser suplida por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda y por el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Poltica Territorial, por este orden) y en la que se integran los Vicepresidentes del Gobierno, los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, de Defensa, del Interior y de Fomento, el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (que ejercer las funciones de Secretario de esta Comisin) y los Secretarios de Estado de Seguridad y el Secretario de Estado-Director del Centro Nacional de Inteligencia y. b) Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, presidida por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda (en cuya misin, en sta y en el resto de Comisiones Delegadas, a salvo de la Comisin del Gobierno para Situaciones de Crisis, ser sustituida, en caso de ausencia, vacante o enfermedad, por los Vicepresidentes y Ministros que las integran, con carcter permanente, segn el orden de precedencia) e integrada por el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Poltica Territorial, los Ministros de Fomento, de Trabajo e Inmigracin, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, as como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Economa (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin, siendo sustituido, en caso de vacante, ausencia o enfermedad, por el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, y siendo convocado en este caso a la reunin de que se trate el Secretario General de Poltica Econmica y Economa Internacional) y de Hacienda y Presupuestos, y el Secretario de Estado para la Funcin Pblica cuando se traten asuntos relacionados con sus competencias. El Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacin y el Secretario de Estado para la Unin Europea formarn parte de esta Comisin cuando haya de tratar temas relacionados con la Unin Europea. Finalmente, los titulares del resto de Departamentos Ministeriales podrn ser convocados a la Comisin cuando haya de tratar temas con repercusiones econmicas o presupuestarias relacionados con dichos Ministerios. c) Comisin Delegada del Gobierno para Poltica Autonmica, presidida por el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Poltica Territorial e integrada por la
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Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, y por el Ministro de Interior, as como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos, de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios y de Cooperacin Territorial (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin). d) Comisin Delegada del Gobierno para Poltica Cientfica y Tecnolgica, presidida por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, e integrada por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, por el Vicepresidente Tercero del Gobierno y Ministro de Poltica Territorial, por los Ministros de Defensa, de Fomento, de Educacin, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Sanidad y Poltica Social y de Ciencia e Innovacin, as como por los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, y de Investigacin (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin). e) Comisin Delegada del Gobierno para Poltica de Inmigracin, presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, que la presidir, e integrada por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, del Interior, de Fomento, de Trabajo e Inmigracin, y de Igualdad, as como por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, para la Unin Europea, de Defensa, de Seguridad y de Inmigracin y Emigracin (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin). f) Comisin Delegada del Gobierno para el Cambio Climtico, presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, por los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, Fomento, de Educacin, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Vivienda y de Ciencia e Innovacin, y por los Secretarios de Estado para la Unin Europea, de Defensa, de Economa, de Hacienda y Presupuestos, de Seguridad, de Planificacin e Infraestructuras, de Energa, de Cooperacin Territorial, de Cambio Climtico (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin) y de Investigacin.
g) Comisin Delegada para Poltica de Igualdad, presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, por los Ministros de Justicia, de Educacin, de Trabajo e Inmigracin, de Sanidad y Poltica Social y de Igualdad y por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Hacienda y Presupuestos, de Seguridad, de Inmigracin y Emigracin, de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informacin, de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin), para la Funcin Pblica y de Investigacin. h) Comisin Delegada del Gobierno para la Cooperacin al Desarrollo, presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, por
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los Ministros de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, de Educacin, de Industria, Turismo y Comercio, de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, de Ciencia e Innovacin y de Igualdad y por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los Secretarios de Estado de Cooperacin Internacional (que ejercer las funciones de Secretario de la Comisin), de Economa, de Inmigracin y Emigracin, de Comercio, y de Cooperacin Territorial. i) Comisin Delegada del Gobierno para la Presidencia espaola de la Unin Europea en el ao 2010 (creada por el ya derogado Real Decreto 37/2009, de 23 de enero, y que quedar extinguida, salvo prrroga especfica, el 31 de diciembre de 2010), presidida por la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, e integrada por la Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economa y Hacienda, por el Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperacin, y por el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, el Secretario General de la Presidencia del Gobierno, el Alto Representante para la Presidencia Espaola de la Unin Europea y otras Reuniones de Alto Nivel, el Alto Representante para la Presidencia Espaola de la Unin Europea en Asuntos Relacionados con la Defensa y el Secretario de Estado para la Unin Europea (que ejercer las funciones de la Comisin, pudiendo ser sustituido en estas funciones en caso de ausencia por el Secretario General para la Unin Europea). Los titulares del resto de departamentos ministeriales, y los Secretarios de Estado podrn ser convocados a esta Comisin cuando haya de tratar temas relacionados con dichos ministerios. Para concluir, indiquemos que las Secretaras Tcnicas de cada Comisin Delegada elaborarn los rdenes del da y las convocatorias de sus reuniones y las remitirn a los diferentes miembros, as como se responsabilizarn de las actas de las reuniones. De todo ello remitirn copia al Secretariado del Gobierno, que las archivar y custodiar. Por otra parte, como se expuso, sin perjuicio del rgimen de sustituciones en la Comisin Delegada del Gobierno para Situaciones de Crisis, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Presidente de las Comisiones Delegadas del Gobierno, la presidencia ser asumida por los Vicepresidentes y Ministros que las integran, con carcter permanente, segn el orden de precedencia de los Departamentos.
1.1.10. rganos de colaboracin y apoyo del Gobierno
Como tales, los arts. 7 a 10 LG, sealan:
1.1.10.1. Los Secretarios de Estado
Son rganos superiores de la Administracin General del Estado, directamente responsables de la ejecucin de la accin del Gobierno en un sector de actividad especfica de un Departamento o de la Presidencia del Gobierno.
1.1.10.2. La Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios
Est integrada por los titulares de las Secretaras de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales, y es presidida, a tenor del art. 8,2. LG, por un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, por el Ministro de la Presidencia. En concreto, el Real Decreto 543/2009, de 7 de abril, sobre las Vicepresidencias del Gobierno, ya citado, confiere la presidencia de esta Comisin a la Vicepresidencia Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia. En los mismos trminos se pronuncia el citado Real Decreto 639/2009, de 17 de abril, que seala, asimismo, que el Subsecretario de la Presidencia actuar como Secretario de esta Comisin. Sus reuniones tienen carcter preparatorio de las sesiones del Consejo de Ministros, debiendo examinarse en ellas todos los asuntos que vayan a someterse a aprobacin de ste excepto aquellos que se determinen por las normas de funcionamiento de aqul y sin que en ningn caso pueda adoptar decisiones o acuerdos por delegacin del Gobierno.
1.1.10.3. El Secretariado del Gobierno
Como rgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercer las siguientes funciones: 1. La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros (el Ministro de la Presidencia). 2. La remisin de las convocatorias a los diferentes miembros de los rganos colegiados antes citados. 3. La colaboracin con las Secretaras Tcnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno. 4. El archivo y custodia de las convocatorias, rdenes del da y actas de las reuniones. 5. Velar por la correcta y fiel publicacin de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el Boletn Oficial del Estado. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgnica del Ministerio de la Presidencia.
1.1.10.4. Los Gabinetes
Son rganos de apoyo poltico y tcnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado, realizando sus miembros tareas de confianza y asesoramiento especial, sin que en ningn caso pueda adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los rganos de la Administracin General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella. Particularmente les prestan su apoyo en el desarrollo de su labor poltica, en el cumplimiento de las tareas de carcter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organizacin administrativa.
1.1.11. El Consejo de Estado
Al margen de los rganos de apoyo antes estudiados, ha de hacerse una explcita mencin al Consejo de Estado, que, a tenor del art. 107 CE es el supremo rgano consultivo del Gobierno. Por su parte, el art. 1 de la Ley Orgnica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado, modificada por la Ley Orgnica 2/1987, de 18 de mayo, de Conflictos Jurisdiccionales y, sustancialmente, por la Ley Orgnica 3/2004, de 28 de diciembre (LOCE, en adelante), establece que: 1. El Consejo de Estado es el supremo rgano consultivo del Gobierno. 2. Ejerce la funcin consultiva con autonoma orgnica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitucin y las Leyes. 3. Tiene su sede en el Palacio de los Consejos de Madrid y goza de los honores que segn la tradicin le corresponden. El art. 1 del Reglamento Orgnico del Consejo de Estado, aprobado por el Real Decreto 1674/1980, de 18 de julio (que, junto con la LOCE, constituye la normativa aplicable a este alto organismo, y que ha sido sucesivamente modificado por el Real Decreto 1405/1990, de 16 de noviembre y por el Real Decreto 449/2005, de 22 de abril), aade, adems, que: 1. No est integrado en ninguno de los Departamentos Ministeriales. 2. Precede a todos los dems Cuerpos de la Administracin, despus del Gobierno. Su tratamiento es impersonal.
1.1.12. El Gobierno en funciones
El art. 21 LG, tras sealar que el Gobierno cesa tras la celebracin de elecciones generales, en los casos de prdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitucin, o por dimisin o fallecimiento del Presidente, dispone que el Gobierno cesante contina en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Gobierno, con las limitaciones establecidas en esta Ley. El Gobierno en funciones facilitar el normal desarrollo del proceso de formacin del nuevo Gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitar su gestin al despacho ordinario de los asuntos pblicos, abstenindose de adoptar, salvo casos de urgencia debidamente acreditados por razones de inters general cuya acreditacin expresa as lo justifique, cualesquiera otras medidas. En concreto, el Presidente del Gobierno en funciones no podr ejercer las siguientes facultades: a) Proponer al Rey la disolucin de alguna de las Cmaras, o de las Cortes Generales. b) Plantear la cuestin de confianza. c) Proponer al Rey la convocatoria de un referndum consultivo.
Por su parte, el Gobierno en funciones no podr ejercer las siguientes facultades: a) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. b) Presentar proyectos de ley al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. Por otra parte, las delegaciones legislativas otorgadas por las Cortes Generales quedarn en suspenso durante todo el tiempo que el Gobierno est en funciones como consecuencia de la celebracin de elecciones generales. En relacin con las atribuciones del Gobierno en funciones, nuestro Tribunal Supremo, en Sentencia de 2 de diciembre de 2005, ha sealado que el despacho ordinario de los asuntos pblicos a que alude el art. 21 LG comprende todos aquellos cuya resolucin no implique el establecimiento de nuevas orientaciones polticas ni signifique condicionamiento, compromiso o impedimento para las que deba fijar el nuevo Gobierno, debiendo apreciarse esta cualidad caso por caso.
1.1.13. Responsabilidad del Gobierno
Adems de la responsabilidad poltica, a que luego aludiremos, el Gobierno puede incurrir en responsabilidad criminal y civil subsidiaria, regulndose por el art. 102 CE, conforme al cual la responsabilidad criminal del Presidente y los dems miembros del Gobierno ser exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Si la acusacin fuere por traicin o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, slo podr ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobacin de la mayora absoluta del mismo. La prerrogativa real de gracia no ser aplicable a ninguno de los supuestos del presente artculo.
1.2. LA ADMINISTRACIN
La Administracin, como se dijo, est integrada junto al Gobierno, en el Poder Ejecutivo. A ella se refieren especficamente los arts. 103 a 106 CE, desarrollados por extenso por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn (LRJAP y PAC, en adelante). El art. 103 CE se refiere a la misma, entendida en un sentido general, estableciendo que: 1. La Administracin Pblica sirve con objetividad los intereses generales y acta de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. 2. Los rganos de la Administracin del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley. 3. La Ley regular el Estatuto de los Funcionarios Pblicos, el acceso a la Funcin Pblica de acuerdo con los principios de mrito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicacin, el sistema de incompatibilidades y las garantas para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
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El art. 104, en cuanto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, seala que, bajo la dependencia del Gobierno, tendrn como misin proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Una Ley Orgnica determinar las funciones, principios bsicos de actuacin y Estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (esta Ley Orgnica es la 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sucesivamente modificada por la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, por la que se regula la situacin de segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Polica; por la Ley Orgnica 1/2003, de 10 de marzo, para la garanta de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los Concejales; por la Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 12/2007, de 22 de octubre, del rgimen disciplinario de la Guardia Civil, y por la Ley Orgnica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural. Junto a ella, hay que mencionar, como esencial, en esta materia, la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana, parcialmente modificada por la Ley Orgnica 4/1997, de 4 de agosto, por la que se regula la utilizacin de videocmaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares pblicos desarrollada por el Real Decreto 596/1999, de 16 de abril, por el que se aprueba su Reglamento de desarrollo y ejecucin, por la Ley 10/1999, de 21 de abril, de modificacin de la Ley Orgnica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Proteccin de la Seguridad Ciudadana, y por la Ley Orgnica 7/2006, de 21 de noviembre, de proteccin de la salud y de lucha contra el dopaje en el deporte). Por su parte, el art. 105 CE establece que la Ley regular: a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a travs de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley, en el procedimiento de elaboracin de las disposiciones administrativas que les afecten. b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguacin de los delitos y la intimidad de las personas. c) El procedimiento a travs del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado. En cuanto a la responsabilidad de la Administracin, el art. 106,2. prescribe que los particulares, en los trminos establecidos por la Ley, tendrn derecho a ser indemnizados por toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento de los servicios pblicos. En este contexto, el apartado 1. de este mismo artculo seala que los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican. Finalmente, como supremo rgano consultivo del Gobierno, el art. 107 CE, establece al Consejo de Estado, que ha sido regulado por la Ley Orgnica 3/1980, de 22 de abril, modificada por la Ley Orgnica 3/2004, de 28 de diciembre.
2. TTULO V. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES
A las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales se refiere, especficamente, el Ttulo V de la CE, que comprende los arts. 108 a 116. En su estudio, podemos distinguir los siguientes apartados:
2.1. RESPONSABILIDAD POLTICA DEL GOBIERNO
El art. 108, con carcter general, establece que el Gobierno responde solidariamente en su gestin poltica ante el Congreso de los Diputados.
2.2. INTERPELACIONES, PREGUNTAS Y AUDIENCIA AL GOBIERNO
Conforme al art. 109, las Cmaras y sus Comisiones podrn recabar, a travs de los Presidentes de aqullas, la informacin y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera Autoridades del Estado y de las Comunidades Autnomas. El art. 110, por su parte, dispone que las Cmaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno, y que los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cmaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse or en ellas, y podrn solicitar que informen ante las mismas Funcionarios de sus Departamentos. Finalmente, con arreglo al art. 111, el Gobierno y cada uno de sus miembros estn sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cmaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecern un tiempo mnimo semanal. Toda interpelacin podr dar lugar a una mocin en la que la Cmara manifieste su posicin.
2.3. CUESTIN DE CONFIANZA
El art. 112 dispone que el Presidente del Gobierno, previa deliberacin del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestin de confianza sobre su programa o sobre una declaracin de poltica general. La confianza se entender otorgada cuando vote a favor de la misma la mayora simple de los Diputados. Conforme al art. 114,1., si el Congreso de los Diputados niega su confianza al Gobierno, ste presentar su dimisin al Rey, procedindose a continuacin a la designacin del Presidente del Gobierno, segn lo dispuesto en el art. 99.
2.4. MOCIN DE CENSURA
Viene regulada en el art. 113, conforme al cual el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad poltica del Gobierno mediante la adopcin por mayora absoluta de la mocin de censura.
86 GUARDIA CIVIL (CIENCIAS JURDICAS)
La mocin de censura deber ser propuesta al menos por la dcima parte de los Diputados, y habr de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. La mocin de censura no podr ser votada hasta que transcurran cinco das desde su presentacin. En los dos primeros das de dicho plazo podrn presentarse mociones alternativas. Si la mocin de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrn presentar otra durante el mismo perodo de sesiones. Por su parte, el art. 114,2. establece que si el Congreso adopta una mocin de censura, el Gobierno presentar su dimisin al Rey, y el candidato incluido en aqulla se entender investido de la confianza de la Cmara a los efectos previstos en el art. 99. El Rey le nombrar Presidente del Gobierno.
2.5. DISOLUCIN DE LAS CMARAS
El art. 115 prescribe que el Presidente del Gobierno, previa deliberacin del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podr proponer la disolucin del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que ser decretada por el Rey. El Decreto de disolucin fijar la fecha de las elecciones. La propuesta de disolucin no podr presentarse cuando est en trmite una mocin de censura. No proceder nueva disolucin antes de que transcurra un ao desde la anterior, salvo lo dispuesto en el art. 99, apartado 5..
2.6. ESTADOS DE ANORMALIDAD EN LA VIDA CONSTITUCIONAL
A ellos se refiere el art. 116, al establecer que una Ley Orgnica regular los estados de alarma, de excepcin y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes. Se trata de la Ley Orgnica 4/1981, de 1 de junio, de estados de alarma, excepcin y sitio (LO 4/81, en adelante). El estado de alarma ser declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo mximo de quince das, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorizacin no podr ser prorrogado dicho plazo. El Decreto determinar el mbito territorial a que se extienden los efectos de la declaracin. A tenor del art. 4 LO 4/81, el Gobierno podr declarar este estado, en todo o en parte del territorio nacional, cuando se produzca alguna de las siguientes alteraciones graves de la normalidad: a) Catstrofes, calamidades o desgracias pblicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud. b) Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminacin graves. c) Paralizacin de servicios pblicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los arts. 28,2. y 37,2. de la Constitucin, y concurra alguna de las dems circunstancias o situaciones contenidas en este artculo. d) Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad.
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Como consecuencia de la declaracin de este estado de alarma, entre otras medidas, se pueden imponer servicios extraordinarios a los funcionarios, autoridades y miembros de las Policas Autonmicas y Locales; practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fbricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepcin de domicilios privados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artculos de primera necesidad, etc. (arts. 9 y 11 LO 4/81). El estado de excepcin ser declarado por el Gobierno mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorizacin del Congreso de los Diputados. La autorizacin y proclamacin del estado de excepcin deber determinar expresamente los efectos del mismo, el mbito territorial a que se extiende y su duracin, que no podr exceder de treinta das, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. Este estado puede declararse, conforme al art. 13 LO 4/81, cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democrticas, el de los servicios pblicos esenciales para la comunidad, o cualquier otro aspecto del orden pblico, resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo. Y durante su vigencia, como se estudi en otro lugar, pueden suspenderse la vigencia de los derechos fundamentales que seala el art. 55,1. CE (de reunin, huelga, etc.). El estado de sitio ser declarado por la mayora absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinar su mbito territorial, duracin y condiciones. Este estado se declara cuando se produzca o amenace producirse una insurreccin o acto de fuerza contra la soberana o independencia de Espaa, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional, que no pueda resolverse por otros medios, permitindose la suspensin de los derechos antes citados y la adopcin de las medidas previstas para el estado de alarma (art., 32 LO 4/81). En virtud del mismo, el Gobierno, que dirige la poltica militar y de la defensa, asumir todas las facultades extraordinarias previstas en la misma y en esta LO 4/81, designando la Autoridad militar que, bajo su direccin, haya de ejecutar las medidas que procedan en el territorio a que el estado de sitio se refiera, y permaneciendo las Autoridades civiles en el ejercicio de las facultades que no hayan sido conferidas a la Autoridad militar (arts. 33 y 36 LO 4/81). Por lo dems, no podr procederse a la disolucin del Congreso mientras estn declarados algunos de estos estados, quedando automticamente convocadas las Cmaras si no estuvieren en perodo de sesiones. Su funcionamiento, as como el de los dems Poderes constitucionales del Estado, no podr interrumpirse durante la vigencia de estos estados. Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las competencias del Congreso sern asumidas por su Diputacin Permanente. La declaracin de los estados de alarma, de excepcin y de sitio no modificar el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocido en la Constitucin y en las Leyes.
3. TTULO VI. EL PODER JUDICIAL
Es el Poder del Estado que tiene como funcin la decisin concreta de los conflictos de intereses que se planteen entre los individuos o entre stos y la comunidad, aplicando la normativa vigente al caso especfico que se juzga. La Exposicin de Motivos de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (LOPJ, en adelante) (modificada sustancialmente por la Ley Orgnica 7/1988, de 28 de diciembre, de los Juzgados de lo Penal y por la que se modifican diversos preceptos de las Leyes Orgnica del Poder Judicial y de Enjuiciamiento Criminal; por la 16/1994, de 8 de noviembre; por la Ley Orgnica 6/1998, de 13 de julio; por la Ley Orgnica 13/1999, de 14 de mayo, de modificacin de los artculos 19 y 240 de la LOPJ; por la Ley Orgnica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y de la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, en relacin con los delitos de terrorismo; por la Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre, sobre medidas urgentes para la agilizacin de la Administracin de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 2/2001, de 28 de junio, sobre composicin del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 2/2002, de 6 de mayo, reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia; por la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos; por la Ley Orgnica 8/2002, de 24 de octubre, complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rpido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificacin del procedimiento abreviado; por la Ley Orgnica 9/2002, de 10 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal, y del Cdigo Civil, sobre sustraccin de menores; por la Ley Orgnica 2/2003, de 14 de marzo, complementaria de la Ley sobre la orden de europea de detencin y entrega; por la Ley Orgnica 4/2003, de 21 de mayo, complementaria de la Ley de prevencin y bloqueo de la financiacin del terrorismo, por la que se modifican la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa; por la Ley Orgnica 5/2003, de 27 de mayo, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; la Ley Orgnica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y Planta Judicial; por la Ley Orgnica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento ntegro y efectivo de las penas; por la Ley Orgnica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisin provisional; profundamente, por la Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 1/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 20/2003, de 23 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial y del Cdigo Penal; por la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero; por la Ley Orgnica 2/2004, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 3/2005, de 8 de julio, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para perseguir extraterritorialmente la prctica de la
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mutilacin genital femenina; por la Ley Orgnica 5/2006, de 5 de junio, complementaria de la Ley para la eficacia en la Unin Europea de las resoluciones de embargo y de aseguramiento de pruebas en procedimientos penales, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial; por la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; por la Ley Orgnica 13/2007, de 19 de noviembre, para la persecucin extraterritorial del trfico ilegal o la inmigracin clandestina de personas; por la Ley Orgnica 2/2008, de 4 de diciembre, de modificacin de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, complementaria de la Ley para la ejecucin en la Unin Europea de Resoluciones que impongan sanciones pecuniarias; por la Ley Orgnica 1/2009, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Oficina judicial, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de 3 julio, del Poder Judicial, y, finalmente, por la Ley Orgnica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgnica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social), define a este Poder como el conjunto de rganos que, institucionalmente caracterizados por su independencia, tienen un emplazamiento constitucional que les permite ejecutar y aplicar imparcialmente las normas que expresan la voluntad popular, someter a todos los poderes pblicos al cumplimiento de la Ley, controlar la legalidad de la actuacin administrativa y ofrecer a todas las personas tutela efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses legtimos.
3.2. CARACTERSTICAS Y PRINCIPIOS
La CE trata, en su Ttulo VI, del Poder Judicial, regulndolo en los arts. 117 a 127, ambos inclusive. Por su parte, la LOPJ los recoge en su Ttulo Preliminar. Junto a estas normas, hay que tener en cuenta, por lo dems, la mencionada Ley Orgnica 7/1988, de 28 de diciembre, la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial (modificada parcialmente por la Ley 3/1992, de 20 de marzo, por la Ley 26/1998, de 13 de julio, por la Ley 2/1999, de 11 de enero, por la Ley 37/1999, de 28 de octubre, por las citadas Leyes Orgnicas 7/2000 y 9/2000, de 22 de diciembre, por la Ley Orgnica 38/2002, de 24 de octubre, por la tambin citada Ley Orgnica 5/2003, de 27 de mayo, por la mencionada Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre, por la tambin citada Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, y por la Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopcin Internacional), la Ley Orgnica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organizacin de la Jurisdiccin Militar (LOJM, en adelante) (modificada parcialmente por la Ley Orgnica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolicin de la pena de muerte en tiempo de guerra, y, sustancialmente, por la Ley Orgnica 9/2003, de 15 de julio) y la Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organizacin Territorial de la Jurisdiccin Militar. Siguiendo estos textos, podemos destacar como principios y caractersticas de este Poder los siguientes: 1. El art. 117 CE introduce la mencin, recogida por el art. 1 LOPJ y los arts. 1 y 8 LOJM, de que la Justicia emana del Pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos nicamente a la Constitucin y al imperio de la Ley.
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El nmero 2 de este mismo artculo (y el art. 15 LOPJ y el art. 8 LOJM) prescriben que los Jueces y Magistrados no podrn ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantas previstas en la Ley. En el nmero 3 (art. 2 LOPJ y art. 2 LOJM), consagra el principio de exclusividad en el ejercicio de esta funcin, al disponer que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes y en los Tratados Internacionales, segn las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. El nmero 4 (art. 2,2. LOPJ) establece que los Juzgados y Tribunales no ejercern ms funciones que las sealadas en el apartado anterior, las de Registro Civil y las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garanta de cualquier Derecho. El nmero 5 (art. 3 LOPJ), establece el principio de unidad jurisdiccional, como base de la organizacin y funcionamiento de los Tribunales, restringiendo en lo posible la coexistencia y la extensin en su competencia de diversas jurisdicciones, prescribindose que la Jurisdiccin es nica y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en la Ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitucin a otros rganos. La competencia de la Jurisdiccin Militar quedar limitada al mbito estrictamente castrense respecto de los hechos tipificados como delitos militares por el Cdigo Penal Militar y a los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitucin. En concreto, respecto de la Jurisdiccin Militar, dispone el art. 4 LOJM que la Jurisdiccin Militar, se extiende a materia penal, tutela jurisdiccional en va disciplinaria y dems materias que, en garanta de algn derecho y dentro del mbito estrictamente castrense, vengan determinadas por las Leyes, as como las que establezca la declaracin de estado de sitio. Finalmente, el nmero 6 de este art. 117 prohbe los Tribunales de excepcin. 2. El art. 118 CE (y los arts. 17 LOPJ y 7 LOJM) tratan del principio de auxilio a la Justicia y de la obligacin de cumplir las sentencias y dems resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, establecindose que todas las personas y Entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar, en la forma que la Ley establezca, la colaboracin requerida por los Jueces y Tribunales en el curso del proceso y en la ejecucin de lo resuelto, con las excepciones que establezcan la Constitucin y las Leyes, y sin perjuicio del resarcimiento de los gastos y del abono de las remuneraciones debidas que procedan conforme a la Ley. Las Administraciones Pblicas, las Autoridades y Funcionarios, las Corporaciones y todas las Entidades pblicas y privadas, y los particulares, respetarn y, en su caso, cumplirn las sentencias y las dems resoluciones judiciales que hayan ganado firmeza o sean ejecutables de acuerdo con las Leyes. 3. El art. 119 (y los arts. 20 LOPJ y 10 LOJM), establecen el principio de gratuidad de la Justicia, al disponerse que la Justicia ser gratuita cuando as lo disponga la Ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Al efecto, debe tenerse en cuenta la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, afectada, entre otras, por la reiterada Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, as como por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Oficina judicial. 4. El art. 120 de la Constitucin (y los arts. 229 a 236 LOPJ) contemplan el principio de publicidad de las actuaciones judiciales, al prescribirse que las actuaciones judiciales sern pblicas, con las excepciones que prevean las Leyes de procedimiento. El procedimiento ser predominantemente oral, sobre todo en materia criminal. Las sentencias sern siempre motivadas y se pronunciarn en audiencia pblica. 5. El art. 121 de la Constitucin (y los arts. 292 a 297 LOPJ) tratan del principio de responsabilidad del Estado ante los daos causados por error judicial y los resultantes de un funcionamiento anormal de la Administracin de Justicia. 6. El art. 122 (y los art. 104 y siguientes LOPJ) tratan de la organizacin de este Poder, pudindose destacar lo concerniente al Consejo General del Poder Judicial como rgano de gobierno del mismo, del que trataremos despus. 7. El art. 123 CE (y los arts. 53 a 61 LOPJ) atribuyen la cspide de la Jurisdiccin al Tribunal Supremo, como veremos ms adelante. 8. El art. 124 (as como el 541 LOPJ) trata del Ministerio Fiscal, que tiene por misin promover la accin de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la Ley, de oficio o a peticin de los interesados, as como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante stos la satisfaccin del inters social. A l nos referiremos despus. 9. El art. 125 CE (y el 19 LOPJ) regulan la accin popular a favor de los ciudadanos y, fundamentalmente, su participacin en la Administracin de Justicia, a travs de la figura del Jurado (circunscribindolo a los procesos penales que la Ley determine, debiendo estarse a lo dispuesto en la Ley Orgnica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre, y por la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal) y de los Tribunales consuetudinarios y tradicionales y en los dems casos previstos en la propia Ley, confirindole el carcter de Tribunal consuetudinario y tradicional expresamente al Tribunal de las Aguas de la Vega Valenciana y al Consejo de Hombres Buenos de Murcia el art. 19 LOPJ. 10. El art. 126 de la Constitucin (y los arts. 547 a 550 LOPJ, 30,1. de la Ley Orgnica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y 86 LOJM) tratan de la Polica Judicial, cuya funcin comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al Ministerio Fiscal en la averiguacin de los delitos y en el descubrimiento y aseguramiento de los delincuentes. Esta funcin competer, cuando fueren requeridos para prestarla, a todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto si dependen del Gobierno Central como de las Comunidades Autnomas o de los Entes Locales, dentro del mbito de sus respectivas competencias.
La Polica Judicial ha sido regulada por el Real Decreto 769/1987, de 19 de junio, parcialmente modificado por el Real Decreto 54/2002, de 18 de enero. 11. Finalmente, el art. 127 CE (y los arts. 389 a 401 LOPJ) tratan de lo relativo a las incompatibilidades de los miembros del Poder Judicial, as como a la prohibicin de afiliacin a sindicatos o partidos polticos, con el fin de salvaguardar el principio de independencia absoluta de los Jueces y Magistrados. Adems de estos principios, la LOPJ y la LOJM recogen en su Ttulo Preliminar otros, pudindose destacar los siguientes: 1. La vinculacin de los Jueces y Tribunales a la Constitucin (art. 5), debiendo plantearse la cuestin de inconstitucionalidad cuando un rgano judicial considere, en algn proceso, que una norma con rango de Ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitucin, as como inaplicndose los Reglamentos o cualquier otra disposicin contrarios a la Constitucin, a la Ley o al principio de jerarqua normativa (arts. 6 y 5, respectivamente). 2. La aplicabilidad inmediata de los derechos y libertades fundamentales recogidos en los arts. 14 a 38 CE y, en especial, de los reconocidos en los arts. 14 a 29 (art. 7). 3. El control por los Jueces y Tribunales de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuacin administrativa, as como el sometimiento de sta a los fines que la justifican (art. 8). 4. El principio de respeto de las reglas de la buena fe en todo tipo de procedimiento (art. 11). 5. El principio de independencia de los Jueces y Magistrados (arts. 12 y siguientes LOPJ y 6 y siguientes LOJM), en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, respecto a todos los rganos judiciales y de gobierno del Poder Judicial, sin que quepa dictar circulares o instrucciones, de carcter general o particular, sobre la aplicacin o interpretacin del ordenamiento jurdico. Finalmente, en cuanto a los conflictos de competencia entre Juzgados y Tribunales de distinto orden jurisdiccional, se resolvern por una Sala especial del Tribunal Supremo, sin que pueda olvidarse que el orden jurisdiccional penal es siempre preferente, por lo que ningn Juez o Tribunal podr plantear conflicto de competencia a los rganos de este orden jurisdiccional (arts. 42 y 44 LOPJ).
3.3. ORGANIZACIN TERRITORIAL DEL ESTADO A EFECTOS JUDICIALES
Conforme al art. 30 LOPJ, el Estado se organiza territorialmente, a efectos judiciales, en Municipios, Partidos, Provincias y Comunidades Autnomas.
El Municipio dice el art. 31 se corresponde con la demarcacin administrativa del mismo nombre. El Partido, conforme al art. 32, es la unidad territorial integrada por uno o ms Municipios limtrofes, pertenecientes a una misma Provincia. El Partido podr coincidir con la demarcacin provincial. La Provincia (art. 33) se ajustar a los lmites territoriales de la demarcacin administrativa del mismo nombre. Finalmente, la Comunidad Autnoma ser el mbito territorial de los Tribunales Superiores de Justicia (art. 34). Por lo que respecta a la Jurisdiccin Militar, la Ley 44/1998, de 15 de diciembre, divide el territorio espaol en cinco territorios, en los que se agrupan las distintas Comunidades Autnomas, y en los que radicar un Tribunal Militar Territorial (con sede en Madrid, Sevilla, Barcelona, A Corua y Santa Cruz de Tenerife).
3.4. RGANOS JURISDICCIONALES
En cuanto a los rganos jurisdiccionales, el art. 26 LOPJ (tras su modificacin por la Ley Orgnica 1/2004 ya citada) establece que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes Juzgados y Tribunales: 1. Juzgados de Paz. 2. Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria. 3. Audiencias Provinciales. 4. Tribunales Superiores de Justicia. 5. Audiencia Nacional. 6. Tribunal Supremo. Por su parte, la LOJM distingue entre: 1. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. 2. El Tribunal Militar Central. 3. Los Tribunales Militares Territoriales. 4. Los Juzgados Togados Militares Centrales. 5. Los Juzgados Togados Militares. Vemoslos someramente los de la Jurisdiccin Ordinaria, por el orden expuesto, sobre la base de lo dispuesto en los arts. 53 a 103 LOPJ.
3.4.1. Juzgados de Paz
Radicarn en cada Municipio donde no exista Juzgado de Primera Instancia e Instruccin, teniendo jurisdiccin en el trmino correspondiente. Sus titulares sern elegidos por el respectivo Ayuntamiento, por un perodo de cuatro aos. Conocen, en el orden civil, de la sustanciacin en primera instancia, fallo y ejecucin de los procesos que la Ley determine, y, en el orden penal, en primera instancia, de los procesos por faltas que les atribuya la Ley.
3.4.2. Juzgados de Primera Instancia e Instruccin
Existirn en cada Partido Judicial, con sede en la capital del mismo y jurisdiccin en todo su mbito territorial, correspondiendo la competencia en el orden civil a los de Primera Instancia (quienes llevarn, asimismo, el Registro Civil y, por delegacin suya, los Jueces de Paz), y la competencia en el orden penal a los de Instruccin en los trminos de los art. 87 (redactado ex novo por la Ley Orgnica 1/2004) y 87 bis y ter LOPJ (estos dos ltimos adicionados por dicha Ley Orgnica). Asimismo, los Juzgados de Instruccin conocern de la autorizacin del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, as como del control de la estancia de stos en los mismos y en las salas de inadmisin de fronteras. Tambin conocern de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales (art. 87,2 LOPJ, aadido por la citada Ley Orgnica 2/2009, de 11 de diciembre).
3.4.3. Juzgados Centrales de Instruccin
En la villa de Madrid podr haber uno o ms Juzgados Centrales de Instruccin, con jurisdiccin en toda Espaa, que instruirn las causas cuyo enjuiciamiento corresponda a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o, en su caso, a los Juzgados Centrales de lo Penal, y que tramitarn los expedientes de ejecucin de las rdenes europeas de detencin y entrega, as como los expedientes de extradicin pasiva, en los trminos previstos en la Ley.
3.4.4. Juzgados de lo Mercantil
A ellos se refiere el nuevo (ex Ley Orgnica 8/2003, de 9 de julio) art. 86 bis LOPJ, segn el cual: 1. Con carcter general, en cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o varios Juzgados de lo Mercantil. 2. Tambin podrn establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando atendidas la poblacin, la existencia de ncleos industriales o mercantiles y la actividad econmica, lo aconsejen, delimitndose en cada caso el mbito de su jurisdiccin. 3. Podrn establecerse Juzgados de lo Mercantil que extiendan su jurisdiccin a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma, con la salvedad de lo previsto en el apartado 4 de este artculo.
4. Los Juzgados de lo Mercantil de Alicante tendrn competencia, adems, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos nmeros 40/94, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extendern su jurisdiccin a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarn Juzgados de Marca Comunitaria.
3.4.5. Juzgados de Violencia sobre la Mujer
En cada partido habr uno o ms Juzgados de Violencia sobre la Mujer, con sede en la capital de aqul y jurisdiccin en todo su mbito territorial, tomando su designacin del Municipio de su sede, sin perjuicio de que, excepcionalmente, se puedan establecer Juzgados de Violencia sobre la Mujer que extiendan su jurisdiccin a dos o ms partidos dentro de la misma provincia. Los Juzgados de violencia sobre la Mujer conocern en el orden penal y en el civil en los trminos del nuevo (ex Ley Orgnica 1/2004) art. 87 ter LOPJ.
3.4.6. Juzgados de lo Penal
En cada Provincia, y con sede en la capital del Partido Judicial que se seale por Ley de la correspondiente Comunidad Autnoma, tomando el nombre del Municipio correspondiente (segn lo dispuesto por el art. 4 de la Ley 3/1992, de 20 de marzo, sobre medidas de correccin de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial, que contiene estas precisiones respecto a estos Juzgados y los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, de lo Social y de Menores), habr uno o varios Juzgados de lo Penal, que enjuiciarn las causas por delito que la Ley determine.
3.4.7. Juzgados Centrales de lo Penal
En la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr uno o varios Juzgados Centrales de lo Penal que conocern, en los casos en que as lo establezcan las Leyes procesales, de las causas por delitos a que se refiere el art. 65 y de los dems asuntos que sealen las Leyes.
3.4.8. Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
Existirn en cada Provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en la capital del Partido Judicial que se seale por Ley de la Comunidad Autnoma, y conocern, en primera o nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra actos que expresamente les atribuya la Ley. Asimismo, les corresponde autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento del titular, cuando ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la Administracin.
3.4.9. Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo
Han sido creados por la Ley Orgnica 6/1998, de 13 de julio, de reforma de la LOPJ, como consecuencia de la promulgacin de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, y existirn en la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, conociendo, en primera o nica instancia, de los recursos contencioso-administrativos contra disposiciones y actos emanados de autoridades, organismos, rganos y entidades pblicas con competencia en todo el territorio nacional, en los trminos que la Ley establezca.
3.4.10. Juzgados de lo Social
Asimismo, en cada Provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en la capital del Partido Judicial que se seale por Ley de la Comunidad Autnoma, habr uno o ms Juzgados de lo Social, que conocern, en primera o nica instancia, de los procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estn atribuidas a otros rganos del mismo.
3.4.11. Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
En el mismo sentido, en cada Provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habr uno o varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrn las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, en materia de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las Autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y dems que seale la Ley.
3.4.12. Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria
En la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa habr uno o varios Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrn las funciones jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, en materia de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, control jurisdiccional de la potestad disciplinaria de las Autoridades penitenciarias, amparo de los derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios y dems que seale la Ley, en relacin con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso, la competencia de estos Juzgados Centrales ser preferente y excluyente cuando el penado cumpla tambin otras condenas que no hubiesen sido impuestas por la Audiencia Nacional.
3.4.13. Juzgados de Menores
En cada Provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o ms Juzgados de Menores. No obstante, cuando el volumen de trabajo lo aconseje, podrn establecerse Juzgados de Menores cuya jurisdiccin se extienda o bien a un partido determinado o agrupacin de partidos, o bien a dos o ms provincias de la misma Comunidad Autnoma. Tomarn su nombre de la poblacin donde radique su sede. A estos Juzgados les corresponde el ejercicio de las funciones que establezcan las Leyes para con los menores que hubieren incurrido en conductas tipificadas por la Ley como delito o falta y aquellas otras que, en relacin con los menores de edad, les atribuyan las Leyes.
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3.4.14. Juzgado Central de Menores
Finalmente, en la villa de Madrid, con jurisdiccin en toda Espaa, habr un Juzgado Central de Menores, que conocer de las causas que le atribuya la legislacin reguladora de la responsabilidad penal de los menores, contenida en la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, modificada por las citadas Leyes Orgnicas 7/2000 y 9/2000, de 22 de diciembre, as como, sustancialmente, por la Ley Orgnica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgnica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
3.4.15. Audiencias Provinciales
Tendrn su sede en la capital de la Provincia, de la que tomarn su nombre, y extendern su jurisdiccin a toda ella. No obstante, podrn crearse Secciones de la Audiencia Provincial fuera de la capital de la Provincia, a las que quedarn adscritos uno o varios Partidos Judiciales. Las Audiencias Provinciales tienen competencias en el orden civil y en el orden penal, en primera o nica instancia, en la forma establecida en la propia LOPJ, que, en otro contexto, trata de la institucin del Jurado, sealando que el juicio del Jurado se celebrar en el mbito de la Audiencia Provincial u otros Tribunales y en la forma que establezca la Ley (en concreto, la Ley 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, modificada por la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre, y por la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, del Cdigo Penal), que deber regular su composicin y competencias, teniendo en cuenta los siguientes principios: a) La funcin del Jurado ser obligatoria y deber estar remunerada durante su desempeo. La Ley regular los supuestos de incompatibilidad, recusacin y abstencin. b) La intervencin del ciudadano en el Jurado deber satisfacer plenamente su derecho a participar en la administracin de justicia reconocido en el art. 125 CE. c) La jurisdiccin del Jurado vendr determinada respecto a aquellos delitos que la Ley establezca. d) La competencia para el conocimiento de los asuntos penales sujetos a su jurisdiccin se establecer en funcin de la naturaleza de los delitos y la cuanta de las penas sealadas a los mismos.
3.4.16. Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas
Culminarn la organizacin judicial en el mbito territorial de cada Comunidad Autnoma, sin perjuicio de la jurisdiccin que corresponde al Tribunal Supremo. Tomarn el nombre de la Comunidad y extendern su jurisdiccin al mbito territorial de sta. Estn integrados por las tres siguientes Salas (con las competencias que la propia Ley detalla): de lo Civil y Penal (que es una sola Sala), de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social.
3.4.17. Audiencia Nacional
Tiene su sede en Madrid y jurisdiccin en toda Espaa. Est integrada por cuatro Salas: a) De Apelacin, que conocer de los recursos de esta clase que establezca la ley contra las resoluciones de la Sala de lo Penal. b) De lo Penal. c) De lo Contencioso-Administrativo. d) De lo Social.
3.4.18. Tribunal Supremo
Creado por las Cortes de Cdiz de 1812, se instaur definitivamente por un Real Decreto de 24 de marzo de 1834, recibiendo en la Ley Orgnica del Poder Judicial de 1870 su configuracin definitiva. Tiene su sede en Madrid y es el rgano jurisdiccional superior en todos los rdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantas constitucionales (que es el Tribunal Constitucional). Tendr jurisdiccin en toda Espaa y ningn otro podr tener el ttulo de Supremo (art. 123 CE). En cuanto a su organizacin, viene regulada en los arts. 53 a 61 LOPJ, componindose de su Presidente (nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial), los Presidentes de Sala y los Magistrados que determine la Ley para cada una de las Salas y, en su caso, Secciones en que las mismas puedan articularse. A tenor del art. 55 LOPJ, modificado por la Disposicin Adicional Sexta LOJM, est integrado por las siguientes Salas: a) Primera, de lo Civil. b) Segunda, de lo Penal. c) Tercera, de lo Contencioso-Administrativo. d) Cuarta, de lo Social. e) Quinta, de lo Militar, que se regir por su legislacin especfica y supletoriamente por la LOPJ y por el ordenamiento comn a las dems Salas del Tribunal Supremo. El art. 61 LOPJ (modificado, tambin, por la LOJM, por la Ley Orgnica 6/1998, de 13 de julio, y por la Ley Orgnica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Polticos) configura una Sala ms para supuestos excepcionales (como los recursos de revisin contra las sentencias dictadas en nica instancia por la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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de este Tribunal, la de lo Militar, los recursos de casacin para la unificacin de doctrina cuando la contradiccin se produzca entre sentencias dictadas en nica instancia por Secciones distintas de la Sala de Contencioso-Administrativo del propio Tribunal Supremo, o el conocimiento de las pretensiones de declaracin de error judicial cuando ste se impute a una Sala del Tribunal Supremo, o sobre los procesos de declaracin de ilegalidad y consecuente disolucin de los partidos polticos), constituida por el Presidente del Tribunal Supremo, los Presidentes de Sala y el Magistrado ms antiguo y el ms moderno de cada una de ellas.
3.5. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
3.5.1. Introduccin
Como se expuso, es el rgano a quien corresponde el gobierno del Poder Judicial, ejerciendo sus competencias en todo el territorio nacional, de acuerdo con la Constitucin y lo previsto en la LOPJ, sustancialmente modificada respecto de este Consejo por la citada Ley Orgnica 2/2001, de 28 de junio. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estar integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidir, y por veinte miembros nombrados por un perodo de cinco aos por el Rey, mediante Real Decreto refrendado por el Ministro de Justicia, previa propuesta formulada en los trminos de los arts. 111 y 112 LOPJ. Su Presidente es la primera autoridad judicial de la Nacin, ostentando la representacin del Poder Judicial y la del propio Consejo, y correspondindole la categora y honores propios del titular de uno de los tres Poderes del Estado. En cuanto al nombramiento de sus miembros, el art. 112 LOPJ establece que los doce miembros que conforme a lo dispuesto en el artculo 122 de la Constitucin ha de integrar el Consejo entre Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales sern propuestos para su nombramiento por el rey de acuerdo con el siguiente procedimiento: 1. Podrn ser propuestos los Jueces y Magistrados de todas las categoras judiciales que se hallen en servicio activo y no sean miembros del Consejo saliente o presten servicios en los rganos tcnicos del mismo. 2. La propuesta ser formulada al Rey por el Congreso de los Diputados y el Senado, correspondiendo a cada Cmara proponer seis Vocales, por mayora de tres quintos de sus respectivos miembros, entre los presentados a las Cmaras por los Jueces y Magistrados conforme a lo previsto en el nmero siguiente. 3. Los candidatos sern presentados, hasta un mximo del triple de los doce puestos a proponer, por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o por un nmero de Jueces y Magistrados que represente, al menos, el 2 por 100 de todos los que se encuentren en servicio activo. La determinacin del nmero mximo de candidatos que corresponde presentar a cada asociacin y del nmero mximo de
candidatos que pueden presentarse con las firmas de Jueces y Magistrados se ajustar a criterios estrictos de proporcionalidad, de acuerdo con las siguientes reglas: a) Los treinta y seis candidatos se distribuirn en proporcin al nmero de afiliados de cada asociacin y al nmero de no afiliados a asociacin alguna, determinando este ltimo el nmero mximo de candidatos que pueden ser presentados mediante firmas de otros Jueces y Magistrados no asociados; todo ello, de acuerdo con los datos obrantes en el Registro constituido en el Consejo General del Poder Judicial conforme a lo previsto en el artculo 401 de la presente Ley Orgnica y sin que ningn Juez o Magistrado pueda avalar con su firma ms de un candidato. b) En el caso de que el nmero de Jueces y Magistrados presentados con el aval de firmas suficientes supere el mximo a que se refiere la letra a), slo tendrn la consideracin de candidatos los que, hasta dicho nmero mximo, vengan avalados por el mayor nmero de firmas. En el supuesto contrario de que el nmero de candidatos avalados mediante firmas no baste para cubrir el nmero total de treinta y seis, los restantes se proveern por las asociaciones, en proporcin al nmero de afiliados; a tal efecto y para evitar dilaciones, las asociaciones incluirn en su propuesta inicial, de forma diferenciada, una lista complementaria de candidatos. c) Cada asociacin determinar, de acuerdo con lo que dispongan sus Estatutos, el sistema de eleccin de los candidatos que le corresponde presentar. 4. Entre los treinta y seis candidatos presentados, conforme a lo dispuesto en el nmero anterior, se elegirn en primer lugar seis Vocales por el Pleno del Congreso de los Diputados, y una vez elegidos estos seis Vocales, el Senado elegir los otros seis entre los treinta candidatos restantes. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el nmero 2 del artculo siguiente. El art. 113 LOPJ, por su parte, dispone que: 1. Los restantes ocho miembros que igualmente han de integrar el Consejo, elegidos por el Congreso de los Diputados y por el Senado, sern propuestos para su nombramiento por el Rey entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con ms de quince aos de ejercicio en su profesin, que no sean miembros del Consejo saliente ni presten servicios en los rganos tcnicos del mismo. 2. El Pleno de cada Cmara elegir cuatro Vocales, por mayora de tres quintos de sus miembros, en la misma sesin en que se proceda a la eleccin de los seis Vocales a los que se refiere el artculo anterior e inmediatamente a continuacin de sta. Por lo dems, el CGPJ se renovar en su totalidad cada cinco aos, computados desde la fecha de su constitucin. A tal efecto, y con seis meses de antelacin a la expiracin del mandato del Consejo, su Presidente se dirigir a los de las Cmaras, interesando que por stas se proceda a la eleccin de los nuevos Vocales y poniendo en su conocimiento los datos del escalafn y del Registro de asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados obrantes en dicha fecha en el Consejo, que sern los determinantes para la presentacin de candidaturas conforme a lo dispuesto en el art. 112 (art. 113 LOPJ).
GUARDIA CIVIL (CIENCIAS JURDICAS) 101
El Consejo saliente continuar, no obstante, en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Consejo (art. 115,2. LOPJ).
3.5.2. rganos del Consejo General del Poder Judicial
Son los siguientes: a) Presidente. b) Vicepresidente. c) Pleno. d) Comisin Permanente. e) Comisin Disciplinaria. f) Comisin de Calificacin.
g) Comisin de Igualdad (creada en virtud de la reforma de la Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, ya citada). Reglamentariamente se podrn establecer las Comisiones y Delegaciones que se estimen oportunas.
3.5.3. Competencias
Entre otras, son (art. 107 LOPJ, redactado ex novo por la Ley Orgnica 19/2003): 1. Propuesta, por mayora de tres quintos, para el nombramiento del Presidente del Tribunal Supremo, que, a la vez, es del propio CGPJ. 2. Propuesta, por mayora de tres quintos, para el nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional cuando as proceda (dos, en concreto, a tenor del art. 159 CE). 3. Inspeccin de Juzgados y Tribunales. 4. Seleccin, formacin y perfeccionamiento, provisin de destinos, ascensos, situaciones administrativas y rgimen disciplinario de Jueces y Magistrados. 5. Nombramiento mediante Orden de los Jueces y presentacin a Real Decreto, refrendado por el Ministro de Justicia, de los nombramientos de Magistrados del Tribunal Supremo, Presidentes y Magistrados. 6. Nombramiento de Secretario general y miembros de los Gabinetes o Servicios dependientes del mismo. 7. Ejercicio de las competencias relativas a la Escuela de Judicial que la Ley le atribuye. 8. Elaborar, dirigir la ejecucin y controlar el cumplimiento del presupuesto del Consejo. 9. Potestad reglamentaria en los trminos previstos en el artculo 110 de la LOPJ.
10. Publicacin oficial de las sentencias y otras resoluciones que se determinen del Tribunal Supremo y del resto de rganos judiciales. A tal efecto, el CGPJ, previo informe de las Administraciones competentes, establecer reglamentariamente el modo en que habrn de elaborarse los libros electrnicos de sentencias, la recopilacin de las mismas, su tratamiento, difusin y certificacin, para velar por su integridad, autenticidad y acceso, as como para asegurar el cumplimiento de la legislacin en materia de proteccin de datos personales. 11. Aquellas otras que le atribuyan las Leyes. Asimismo, deber informar los anteproyectos de Leyes y disposiciones generales del Estado y de las Comunidades Autnomas que afecten total o parcialmente a alguna de las siguientes materias: 1. Determinacin y modificacin de demarcaciones judiciales y de su capitalidad en los trminos del art. 35 de esta LOPJ. 2. Fijacin y modificacin de la plantilla orgnica de Jueces, Magistrados, Secretarios y personal que preste servicios en la Administracin de Justicia. 3. Estatuto orgnico de Jueces y Magistrados. 4. Estatuto orgnico de los Secretarios y del resto del personal al servicio de la Administracin de Justicia. 5. Normas procesales o que afecten a aspectos jurdico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales y cualesquiera otras que afecten a la constitucin, organizacin, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales. 6. Leyes penales y normas sobre rgimen penitenciario. 7. Aquellas otras que le atribuyan las Leyes. Ser, tambin, odo, con carcter previo al nombramiento del Fiscal General del Estado (que, con arreglo al art. 124,4. CE, es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno y previa audiencia del CGPJ), y deber elevar anualmente a las Cortes Generales una Memoria sobre el funcionamiento y actividades del propio Consejo y de los Juzgados y Tribunales de Justicia. Asimismo, incluir las necesidades que, a su juicio, existan en materia de personal, instalaciones y de recursos en general, para el correcto desempeo de las funciones que la Constitucin y las Leyes asignan al Poder Judicial. Incluir tambin un captulo sobre el impacto de gnero en el mbito judicial. Finalmente, el art. 127 LOPJ, redactado ex novo por la Ley Orgnica 2/2004, de 28 de diciembre, ya citada, atribuye al Pleno del CGPJ, adems de las propuestas de nombramientos antes sealadas, y con igual mayora de tres quintos de sus miembros, la propuesta de nombramiento del Vicepresidente del propio CGPJ, de los Presidentes de Sala y Magistrados del Tribunal Supremo, as como los Presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autnomas, y del Magistrado de la Sala Segunda de lo Penal o Tercera de lo Contencioso-Administrativo , competente para conocer de la autorizacin de las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que afecten a los derechos fundamenGUARDIA CIVIL (CIENCIAS JURDICAS) 103
tales reconocidos en el art. 18,2. y 3. CE, as como la del Magistrado de dichas Salas del Tribunal Supremo que lo sustituya en caso de vacancia, ausencia o imposibilidad. Por lo dems, para el cmputo de esta mayora se tomar siempre como base la totalidad de los veintin miembros del CGPJ, debiendo velarse por el cumplimiento de los principios de mrito y capacidad.
3.6. EL MINISTERIO FISCAL
3.6.1. Introduccin
Viene regulado por los arts. 124 CE, 435 LOPJ y 87 y siguientes LOJM (en cuanto a la Fiscala Jurdico Militar), remitindose al Estatuto Orgnico del mismo, y sealando, por lo dems, que tiene por misin promover la accin de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del inters pblico tutelado por la Ley, de oficio o a peticin de los interesados, as como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante stos la satisfaccin del inters social. El Estatuto Orgnico del Ministerio Fiscal se promulg por Ley 50/1981, de 30 de diciembre, modificada por la Ley 10/1995, de 24 de abril, por la reiterada Ley Orgnica 9/2000, de 22 de diciembre, por la Ley 12/2000, de 28 de diciembre, por la Ley 14/2003, de 26 de mayo, por la Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre, por la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, por la Ley Orgnica 2/2004, de 28 de diciembre (que ha previsto la creacin, como delegado del Fiscal General del Estado, de un Fiscal contra la Violencia sobre la Mujer, pudiendo constituirse Fiscales Delegados que asuman las competencias en esta materia en las restantes Fiscalas), por la Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, por la reiterada Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo, por la Ley 24/2007, de 9 de octubre, y por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislacin procesal para la implantacin de la nueva Oficina judicial, y desarrollada parcialmente por Real Decreto 545/1983, de 9 de febrero. Con arreglo al mismo, el Ministerio Fiscal es un rgano de relevancia constitucional con personalidad jurdica propia, integrado con autonoma funcional en el Poder Judicial, y ejerce su misin por medio de rganos propios, conforme a los principios de unidad de actuacin y dependencia jerrquica y con sujecin, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad, correspondiendo al Ministerio Fiscal esta denominacin con carcter exclusivo (art. 2).
3.6.2. Estructura orgnica
La actuacin del Ministerio Fiscal, en lo que a su organizacin interna se refiere, responde a los criterios de unidad de actuacin y dependencia jerrquica (art. 124,2. CE), lo cual implica, entre otras cosas, que el Ministerio Fiscal es nico para todo el Estado (formando parte de l los rganos correspondientes de la Jurisdiccin Ordinaria y de la Militar, como reconoce el art. 87 LOJM), con rganos propios, disponiendo sus miembros de la condicin de autoridad, y correspondiendo a los rganos superiores, especialmente al Fiscal General del Estado, dar las rdenes e instrucciones necesarias para el ejercicio de sus funciones.
104 GUARDIA CIVIL (CIENCIAS JURDICAS)
En cuanto al estatus jurdico de sus miembros, el Estatuto Orgnico concibe una situacin semejante a la de los miembros del Poder Judicial (de la carrera judicial), y no a la de los Funcionarios de la Administracin del Estado. En principio, los Fiscales forman un Cuerpo nico, organizado jerrquicamente, establecindose unas categoras equiparables a las judiciales. Es, sin embargo, la dependencia orgnica la diferencia fundamental, que se refleja en cuestiones como la inamovilidad, ya que los Fiscales pueden ser trasladados y removidos. Se regula, tambin, el derecho de asociacin profesional, sin connotaciones polticas, prohibindose como en el caso de los Jueces y Magistrados la militancia en partidos polticos y sindicatos. En cuanto a su responsabilidad, viene condicionada por el principio de dependencia jerrquica, especialmente por lo que a la responsabilidad disciplinaria se refiere.
3.6.3. Funciones
Como se expuso, el art. 124 CE le atribuye las siguientes: a) Promover la accin de la justicia en defensa de la legalidad. b) Defensa de los derechos de los ciudadanos. c) Defensa del inters pblico tutelado por la Ley. d) Velar por la independencia de los Tribunales. e) Procurar ante stos la satisfaccin del inters social. A fin de realizar estas misiones, el Estatuto Orgnico le atribuye una serie de facultades, proveyndole de los medios necesarios. Sus funciones, por lo dems, han de ejercerse con arreglo a los principios de legalidad (que implica una actuacin con sujecin a la Constitucin y a las Leyes y dems normas que integran el ordenamiento jurdico vigente) y de imparcialidad (que supone una actuacin con plena objetividad e independencia en defensa de los intereses que le estn encomendados).
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