Source: https://tc.vlex.es/vid/s-f-183812
Timestamp: 2019-09-18 06:59:48+00:00

Document:
STC 88/2003, 19 de Mayo de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 183812
Número de Recurso: 5040/1998
Recurso de amparo 5040/98. Promovido por don Antonio S. F. y otros respecto a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid que les condenó por una falta de allanamiento de domicilio de persona jurídico-pública. Supuesta vulneración de los derechos de reunión, libertad sindical, igualdad, legalidad penal y a la prueba: condena penal por haber ocupado la casa consistorial durante unas movilizaciones sindicales contra el Ayuntamiento.
Sentencia citada en: 459 sentencias, 15 artículos doctrinales, 3 resoluciones administrativas, una noticia
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, Presidente, don Pablo G. Manzano, doña María Emilia Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio, don Roberto G.-Calvo y Montiel y don Jorge R.-Zapata P., Magistrados, ha pronunciado
En el recurso de amparo núm. 5040/98, promovido por don Antonio S. F., don Juan Clemente T. T., don Jesús Angel S. C., don Jesús Carlos B. L., don Ignacio E. M., don Angel P. T., doña María Dolores R. M., doña María Teresa R. M., don Jesús O. B., don Magín Y. F., don Luis F. G., don Luis D. A., don Luis S. V. B., doña María Rosario G. C., don Millán S. R., don Jesús M. C., don Bruno A. B. y don José Ignacio R. M., representados por la Procuradora de los Tribunales doña Esperanza Azpeitia Calvin y asistidos por el Letrado don Carlos Castro Bobillo, contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid de 3 de noviembre de 1998. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer de la Sala.
Por escrito registrado en este Tribunal el 1 de diciembre de 1998, doña Esperanza Azpeitia Calvin, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de don Antonio S. F., don Juan Clemente T. T., don Jesús Angel S. C., don Jesús Carlos B. L., don Ignacio E. M., don Angel P. T., doña María Dolores R. M., doña María Teresa R. M., don Jesús O. B., don Magín Y. F., don Luis F. G., don Luis D. A., don Luis S. V. B., doña María Rosario G. C., don Millán S. R., don Jesús M. C., don Bruno A. B. y don José Ignacio R. M., interpuso demanda de amparo contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid de 3 de noviembre de 1998 que, revocando la Sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valladolid de 20 de marzo de 1998, condenó a los recurrentes como autores de una falta de allanamiento de domicilio de persona jurídico-pública del art. 635 del Código penal de 1995, a las penas de arresto de un fin de semana y multa de un mes con cuotas diarias de 1.000 pesetas.
En el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Valladolid se siguió juicio de faltas núm. 660/97 contra los hoy demandantes de amparo, siendo absueltos del cargo que se les imputaba de falta de allanamiento del art. 635 CP de 1995 en Sentencia de 20 de marzo de 1998. En dicha Sentencia constan como hechos probados los siguientes:
"Resulta probado que la Junta de Personal de funcionarios, mantuvo negociaciones con el Ayuntamiento de Valladolid acerca de los complementos por peligrosidad, salidas a provincias y trabajo en festivos, del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Policía Local, en fechas anteriores al día 4 de diciembre de 1996 y no llegándose a ningún acuerdo, los Sindicatos, Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores, convocaron a los funcionarios, a participar en una serie de movilizaciones; Así los componentes de la Junta de Personal, permanecieron en el Ayuntamiento de Valladolid, la noche del día 3 al 4 de diciembre de 1996, no recibiendo orden alguna de desalojo. Que ya el día 4 de Diciembre de 1996, entre las doce y las trece horas, un grupo numeroso de funcionarios del Servicio Municipal de Extinción de incendios y de la Policía Local de Valladolid, entre los que se encontraban Millán S. R., Jesús M. C., Ángel P. T., Teresa R. M., Bruno A. B., Dolores R. M., Luis S. V. B., Jesús O. B., Luis F. G., Martín Y. F., Rosa M. M., Juan Peña Cazurro, Felix Antonio M. G., María Rosario G. C., Luis D. A., José Ignacio R. M., Jesús Carlos B. Luengo, Juan Clemente T. T., Ignacio E. M., Jesús Ángel S. C., Antonio S. F. y Antonio P. J., penetraron en el Salón de Recepciones y Sala de comisiones del Ayuntamiento de Valladolid, sito en la Plaza Mayor de esta ciudad, cuyo horario de apertura finalizaba a las quince horas. Que sobre las quince horas y quince minutos, se personó en dichas dependencias, el Secretario General Accidental del Ayuntamiento de Valladolid, Valentín Merino Estrada, el cual procedió a la lectura de una resolución del Ilmo. Sr. Alcalde Don Javier León de la Riva, de esa misma fecha, cuyo tenor literal era el que sigue: `Ante la gravedad de la situación creada por un grupo de funcionarios de esta Administración Municipal que han ocupado desde primeras horas de la mañana, y siguen manteniéndose en la Casa Consistorial ocupando diversas dependencias de la misma y con importante alteración del normal funcionamiento de los servicios, esta alcaldía, RESUELVE: Primero. Ordenar el inmediato desalojo de dichos funcionarios de la Casa Consistorial. Segundo: Advertir a los ocupantes que en el supuesto de no efectuar dicho desalojo pueden incurrir en el delito de allanamiento previsto y tipificado en los artículos 203 y 204 del Código Penal, de lo que se dará inmediata cuenta al Juzgado de Guardia sin perjuicio de disponer de la actuación de las Fuerzas del Orden Público. Lo manda y firma el Ilustrísimo Sr. Alcalde-presidente de Valladolid, a las 15,15 horas del día 4 de Diciembre de 1996, ante mí el Secretario General Accidental, de lo que doy fe`. Que dicha lectura se realizó a las quince horas y treinta minutos, tras la cual Antonio P. J. abandonó los salones, manteniéndose el resto de los funcionarios en dichas dependencias, reunidos y deliberando sobre el alcance de la orden, en relación con sus reivindicaciones laborales; que a las dieciséis horas y treinta minutos, abandonó los salones Juan Cazurro Peña, permaneciendo el resto, hasta las dieciocho horas y treinta minutos, momento en el que decidieron voluntariamente salir de las dependencias".
Las actuaciones se iniciaron a raíz del fax enviado por el Alcalde de Valladolid al Juzgado de guardia, a las 15:51 horas del día 4 de diciembre de 1996, y de un escrito del mismo alcalde al Fiscal Jefe de la Audiencia Provincial de Valladolid el 5 de diciembre de 1996, cuyos respectivos textos son los siguientes:
"En el día de ayer, ante la gravedad de los hechos, fue denunciada ante el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Guardia la ocupación desde primeras horas de la mañana por un grupo de funcionarios de la Casa Consistorial, con alteración del normal funcionamiento de los servicios. / La orden de inmediato desalojo, con advertencia de las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido en atención a lo dispuesto en los artículos 204 y 203 del Código Penal, fue abiertamente incumplida por los ocupantes, los que abandonaron las dependencias municipales sobre las 18.30 horas. / Se adjunta copia de los escritos remitidos al Juzgado de Guardia. / Esta Administración Municipal, a la vez que pone en conocimiento de V.I. estos hechos, solicita del Ministerio Fiscal que, dada su especial gravedad, promueva y active ante el Juzgado de Instrucción cuantas actuaciones sean necesarias para dilucidar las correspondientes responsabilidades penales".
La Sentencia absolutoria se sustentó, básicamente, en la consideración de que no concurría el dolo típico en los acusados y en atención a los principios de proporcionalidad y ultima ratio de la intervención penal. En particular, se razona que el bien jurídico protegido en la infracción se vincula al orden público, de modo que se entiende que no concurrió en el caso ninguna alteración del mismo, ni del normal funcionamiento de la casa consistorial, o de la sala de recepciones en la que no estaba programada actividad alguna y a la que no se impidió el acceso.
El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de Instrucción. El recurso fue estimado en Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid de 3 de noviembre de 1998. En dicha Sentencia, tras reproducir los hechos probados de la Sentencia de primera instancia (antecedente primero) y después de afirmarse que, como fundamento de impugnación de la Sentencia se alegó la "infracción del art. 635 del C. Penal", se declara que "se aceptan, en lo sustancial, los hechos que se declaran probados en la sentencia de instancia". La Audiencia Provincial entendió que concurrían todos los elementos de la infracción penal, partiendo de una interpretación del bien jurídico protegido en la misma distinta a la realizada por el Juzgado de Instrucción:
"Acorde con el art. 18-2 de la Constitución Española, se introduce con el C. Penal de 1995, la falta regulada en el art. 635 del C. Penal, hasta ahora inédita al igual que el art. 203 del C. Penal y tanto a través de una como otro, se busca la protección penal a la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, por cuanto con el C. Penal anterior sólo se protegía la morada de las personas físicas. Es indudable que el bien jurídico protegido en ambos artículos es la inviolabilidad domiciliaria de las personas jurídicas ... una interpretación teleológica, conduce igualmente a la conclusión de que el bien jurídico protegido es la inviolabilidad del domicilio de las personas jurídicas, en cuanto fuera de las horas de apertura, tales domicilios constituyen un espacio cerrado en el que también se proyecta la inviolabilidad de los mismos, atentándose contra su intimidad en cuanto se comete la acción tipificada por el citado artículo, pues fuera de las horas de apertura, como espacios cerrados, gozan de tal derecho. / Para concluir esta posición, no debemos olvidar que el art. 203 del C. Penal, se encuadra dentro del título X del libro 2 del C. Penal y responde a la rúbrica `delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y a la inviolabilidad del domicilio¿ y concretamente el capítulo 2 donde se recoge, hace mención al allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público, y no existe ninguna duda para el que resuelve, que el art. 635 del C. Penal regula una falta residual del art. 203. / Concretado pues cuál es el bien jurídico protegido en la falta objeto de acusación en este procedimiento, es indudable que en la actuación de todos los acusados, concurren los elementos que constituyen la misma".
"el art. 635 del C. Penal [no dice] que las personas que trabajan para el Ayuntamiento no puedan cometer tal delito. La dicción `el que se mantuviere ...¿, implica que tanto pueda cometer dicha falta, un trabajador del Ayuntamiento, como personas ajenas al mismo. En caso de discordancia de voluntades, prima la del máximo superior jerárquico, y éste en el Ayuntamiento, es el alcalde, a tales efectos titular del domicilio de la citada persona jurídica. Eran horas de cierre del Ayuntamiento y no pueden prosperar las alegaciones de los apelados de contenido laboral, porque el Salón de Recepciones no era el centro de trabajo de los acusados, y si bien es innegable el derecho de reunión que tienen los trabajadores, no consta en las actuaciones que la reunión en el salón de Recepciones hubiese sido comunicada con la necesaria antelación al titular de la empresa, ni existe constancia de la previa existencia de un orden del día de la misma. Tampoco parece que una deliberación y toma de posición sobre el decreto que había firmado el Alcalde, ordenando el desalojo de la Casa Consistorial sea propio de una negociación colectiva. /... Es indiferente que no se hubiera alterado el funcionamiento de la persona jurídica, puesto que ello no lo sancionaba el precepto objeto de acusación, de igual forma que es indiferente que no se hubiese empleado violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas, porque ello tampoco es objeto de la falta, en cuanto si se hubiere empleado estaríamos ante el delito del art. 203 del C. Penal. La conducta de los acusados tiene relevancia penal, desde el momento en que constándoles la voluntad del titular del domicilio de la persona jurídica pública, de que no se mantuviesen en el lugar de los hechos, y ello fue a través de la lectura pública que del decreto del Alcalde realizó el Secretario, permanecieron en el mismo, por espacio de 3 horas, fuera de las horas de apertura del mismo, vulnerando así el derecho a la inviolabilidad, en cuanto espacio cerrado, que tiene todo domicilio de una persona jurídica pública".
En el trámite de impugnación del recurso, los apelados, solicitaron que se practicara en segunda instancia la prueba que había sido denegada en primera instancia; prueba documental consistente en la incorporación a la causa de diversas Sentencias de la Sala de Contencioso-Administrativo de Valladolid que anulaban distintas sanciones impuestas a algunos de los recurrentes. En concreto, se trataba de las Sentencias de 2 de mayo de 1996 que declaró que el cese de los policías doña Dolores R. M. y doña Rosario G. C. en la sección de investigación de accidentes atentó contra su derecho de libertad sindical; la de 7 de febrero de 1997, que declaró la nulidad de la orden que destinó al policía don Juan Ángel G. G. a la unidad de control ORA, por no obedecer a necesidades organizativas sino a "un ánimo recriminatorio a su conducta sindical", por lo que vulneró el art. 28 de la Constitución; y la de 11 de febrero de 1998, que anuló la sanción impuesta a la policía doña Rosa M. M. porque al reclamar que se le diera por escrito la orden de formular una serie de denuncias se limitó a ejercer un derecho. Con dicha prueba se pretendía demostrar que en el Ayuntamiento y en especial en la Policía Municipal se perseguía a los funcionarios por su militancia sindical, de manera que el proceso penal no sería más que un "episodio más de dicha política". En Auto 5 de octubre de 1998, la Audiencia Provincial declaró no haber lugar a la prueba solicitada, sosteniendo que, a la vista de lo establecido en los arts. 976.2 y 795.3 LECrim, sólo podía solicitar pruebas la parte recurrente, de modo que, dado que la solicitud era instada por la parte apelada, no procedía su admisión. Dicho Auto fue recurrido alegando, en primer término, el derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, indefensión y lesión del principio de igualdad de armas, pues, ya que la parte apelada fue absuelta en primera instancia, no tenía por qué recurrir la resolución. Por tanto, del hecho de no haber recurrido la Sentencia absolutoria no puede derivarse que se le prive de la prueba. En segundo término, se alegó la pertinencia de la prueba para demostrar la discriminación de los acusados, pues la razón de que la acusación se dirigiera contra ellos y no contra el resto de los funcionarios del Ayuntamiento asistentes a la reunión fue su conocida militancia sindical. Este hecho se considera relevante, pues si se probara, debería desestimarse el recurso de apelación "para no vulnerar el derecho a la libertad ideológica y a la libertad sindical" de los acusados, ya que "una sentencia condenatoria sancionaría el atropello llevado a cabo por el Ayuntamiento cuando decidió dirigir la acción penal interesadamente contra aquellos funcionarios cuyo liderazgo sindical le incomodaba". La Audiencia Provincial desestimó el recurso de súplica interpuesto argumentado que el criterio de la inadmisión de la prueba se basaba en la interpretación literal del art. 795 LECrim. En particular, se estima que este precepto
"en absoluto presenta rasgos de inconstitucionalidad, en cuanto contempla exclusivamente a la parte, que recurre la sentencia, por no estimarla acorde a sus intereses, dándole la oportunidad de proponer prueba en esta 2ª instancia, en aquellos supuestos que contempla específicamente el artículo citado. La parte apelada, como tal, no se encuentra en este momento perjudicada por la sentencia, en cuanto se ha aquietado con la misma, y no dispone por ello, de los medios de prueba que le otorga exclusivamente al apelante, por esta condición, el art. 795 LECrim. / Este artículo no permite la práctica en esta 2ª instancia de pruebas innecesarias o impertinentes, y la documental aportada, se estima innecesaria, en cuanto nada aporta a la demostración de la veracidad o no del hecho en el que nos ocupa, y si los apelados son autores o no del mismo, por ello, siempre y en todo caso, procedería la desestimación de la prueba que interesa la recurrente en súplica".
Los demandantes alegan la vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, en relación con la prohibición constitucional de indefensión y con el principio de igualdad de armas en el proceso (art. 24.2 CE), del derecho de reunión (art. 21 CE), del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE), y del derecho a la igualdad y a la libertad de acción sindical (arts. 14 y 28.1 CE).
La vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE) se habría producido al inadmitir la Audiencia Provincial la prueba solicitada por los entonces absueltos en el escrito de impugnación del recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal. Dicha prueba había sido propuesta en primera instancia e inadmitida, reiterada en segunda instancia e igualmente inadmitida. La inadmisión de la prueba se habría sustentado en una interpretación del art. 795 LECrim incompatible con los postulados constitucionales, en especial con el principio de igualdad de armas, ya que favorece a una de las partes en perjuicio de la otra. En particular, sostener que dicho precepto sólo prevé la solicitud de pruebas de quien recurre la Sentencia dictada en primera instancia, implica desconocer la posibilidad de otra interpretación más adecuada a la Constitución, en el sentido de que por "escritos de recurso" ha de entenderse tanto el escrito de interposición del recurso como el escrito de impugnación del mismo. De otra parte, dicha inadmisión no habría tenido en cuenta que los demandantes absueltos carecían de legitimación para recurrir la Sentencia de primera instancia, dado que habían sido absueltos por ella. Por tanto, no ha de entenderse que se aquietaron con la narración de hechos, o con lo sucedido en el proceso, sino con el fallo absolutorio.
La lesión del derecho de reunión (art. 21 CE) se habría ocasionado al revocar la Audiencia Provincial la Sentencia absolutoria del Juzgado de Instrucción que había reconocido que los acusados estaban ejerciendo su derecho de reunión. Se sostiene que los trabajadores y funcionarios tienen reconocido no sólo el derecho a reunirse pacíficamente, sino el derecho a reunirse en los locales de la empresa o Administración pública en la que trabajan; así se regula en los arts. 4.1.f, 77 y 78 LET, en general y para los funcionarios en los arts. 41 y ss. de la Ley 9/1987, de 12 de junio, cuyo art. 43.1 fue declarado inconstitucional en la STC 43/1996 en relación con los requisitos exigidos para convocar la reunión. Se afirma, además, que las peculiaridades del ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores sólo pueden derivar de la incidencia que la misma tenga en la actividad de la empresa o de la colaboración que de ella se requiera para hacerla efectiva (STC 18/1981). De forma que, como la reunión no afectó a la actividad del Ayuntamiento y fue consentida inicialmente por el Alcalde no podría desconocerse el derecho de reunión, argumentando, como hizo la Audiencia Provincial, que no constaba que se hubiera comunicado con la necesaria antelación al titular de la empresa, ni la existencia de un orden del día. De otra parte, se sostiene que lo único trascendente sería que la reunión se produjo, que la finalidad de la misma era lícita -apoyar a la mesa negociadora-, y que fue consentida durante varias horas; de manera que permanecer reunidos después de las quince treinta horas para estudiar la orden de desalojo era, tan sólo, "una forma de ejercicio del derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución".
La vulneración del derecho a no ser sancionado penalmente por hechos no tipificados (art. 25.1 CE) se conecta con la lesión del derecho de reunión como su "envés", por cuanto las normas que regulan un derecho fundamental y las que los limitan "actúan recíprocamente". Como resultado de dicha interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras del mismo, "de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos" (STC 254/1988). En consecuencia, al no haberse realizado una interpretación restrictiva del artículo 635 CP, como era constitucionalmente obligado, se habría vulnerado su derecho a no ser sancionado por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta (art. 25.1 CE).
La lesión del derecho a la igualdad y a la libertad de acción sindical (arts. 14 y 28.1 CE) se sustenta en la discriminación sufrida por los demandantes de amparo, por razón de su pertenencia y actividad sindical, al ser los únicos contra quienes se dirigió la persecución penal y a quienes se condenó, a pesar de constar en las actuaciones que en la reunión estaban presentes muchos más que los condenados.
Por providencia de 11 de octubre de 1999, la Sección Primera acordó, a tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder plazo común de diez días, al Ministerio Fiscal y a los solicitantes de amparo, para que, en dicho término, alegasen lo que estimaren pertinente sobre la posible concurrencia del motivo de inadmisión consistente en carecer la demanda de forma manifiesta de contenido que justifique una decisión sobre su fondo por parte de este Tribunal en forma de sentencia, de conformidad con el art. 50.1 c) LOTC.
En escrito registrado en este Tribunal el 2 de noviembre de 1999, el Ministerio Fiscal interesó la admisión de la demanda de amparo con el objeto de proceder a un estudio detenido de las alegaciones relativas a los derechos de reunión y de libertad sindical alegados en la demanda, respecto de las cuales entiende que no puede considerarse la misma carente de contenido constitucional.
Por escrito registrado en este Tribunal el 3 de noviembre de 1999, la representación de los demandantes de amparo reiteró de forma sucinta los fundamentos de la demanda de amparo, entendiendo que avalaban el contenido constitucional, y, por tanto, la admisión de la misma.
Por providencia de 13 de diciembre de 1999, la Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, requerir a la Audiencia Provincial de Valladolid y al Juzgado de Instrucción núm. 3 de dicha capital, para que, en el plazo de diez días, remitiesen, respectivamente, testimonio del rollo de apelación núm. 513/98 y de los autos del juicio de faltas núm. 660/97, interesándose al propio tiempo el emplazamiento de quienes hubieran sido parte en el mencionado procedimiento, con excepción del recurrente de amparo, para que, en el plazo de diez días, pudieran comparecer en este proceso constitucional. Igualmente, se acordó abrir la pieza separada de suspensión. Tras las alegaciones sobre la misma, la Sala Primera acordó, en Auto de 1 de enero de 2000, suspender la ejecución de la Sentencia impugnada en lo que atañe a la pena privativa de libertad de arresto de fin de semana y denegar la suspensión en todo lo demás, respecto de los demandantes Sres. P. T., M. C., S. R. y R. M. que la habían solicitado.
Por providencia de 8 de febrero de 2000, la Sala Primera tuvo por recibidas las actuaciones solicitadas y, a tenor de lo dispuesto en el art. 52 LOTC, acordó dar vista de las actuaciones, en la Secretaria de la Sala, por plazo común de veinte días, al Ministerio Fiscal y a la Procuradora doña Esperanza Azpeitia Calvin, para que, dentro de dicho término, efectuaren las alegaciones que estimaren pertinentes.
Por escrito registrado en este Tribunal el 2 de marzo de 2000, el Fiscal, en trámite de alegaciones, interesó la desestimación íntegra de la demanda.
Por escrito registrado en este Tribunal el 8 de marzo de 2000, la representación de los recurrentes reiteró las alegaciones de la demanda y su fundamentación.
Por providencia de 7 de febrero de 2003 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 11 del mismo mes y año.
Por providencia de 7 de enero de 2003 se deja sin efecto el señalamiento efectuado para deliberación y votación de la presente Sentencia en virtud del cese del Magistrado don Fernando Garrido Falla y el nombramiento y posesión del Magistrado don Jorge R.-Zapata P..
Por providencia de 6 de marzo de 2003 se señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 10 del mismo mes y año, en el que se inició el trámite que ha finalizado el día de la fecha.
La presente demanda de amparo se dirige contra la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid de 3 de noviembre de 1998 que, revocando la Sentencia absolutoria de primera instancia, condenó a los recurrentes de amparo como autores de una falta de allanamiento de domicilio de persona jurídico-pública del art. 635 del Código penal (CP 1995) a las penas de arresto de un fin de semana y multa de un mes con cuotas diarias de mil pesetas. Como se ha expuesto con detalle en los antecedentes, los recurrentes, funcionarios del Ayuntamiento de Valladolid, alegan la vulneración de sus derechos a las pruebas pertinentes para la defensa, en relación con la prohibición constitucional de indefensión y el principio de igualdad de armas en el proceso (art. 24.2 CE), de reunión (art. 21 CE), a la legalidad penal (art. 25.1 CE), y a la igualdad y a la libertad de acción sindical (arts. 14 y 28.1 CE).
La demanda de amparo denuncia, en primer término, la vulneración del derecho a las pruebas pertinentes para la defensa en relación con la prohibición de indefensión y la igualdad de armas en el proceso (art. 24.2 CE) debido a que la Audiencia Provincial inadmitió la prueba solicitada por los recurrentes de amparo, entonces apelados. Según los recurrentes, dicha prueba, pedida en primera instancia, denegada en ésta y reiterada e inadmitida en apelación, consistía en la incorporación a la causa de diversas Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Valladolid que anulaban distintas sanciones impuestas por el Ayuntamiento de Valladolid a algunos de los recurrentes (los policías doña Dolores R. M., doña Rosario G. C., don Juan Ángel G. G. y doña Rosa M. M.) por vulnerar su libertad sindical. Con dicha prueba, afirman los recurrentes, se pretendía demostrar que en el Ayuntamiento y en especial en la policía municipal se perseguía a los funcionarios por su militancia sindical, de manera que el proceso penal no sería más que un "episodio más de dicha política". Se quejan los recurrentes de que la prueba documental ha sido inadmitida con una interpretación del art. 795.4 LECrim formalista y contraria al principio de igualdad de armas en el proceso según la cual, los apelados no pueden proponer prueba. Dicha interpretación no tuvo en cuenta que los demandantes carecían de legitimación para recurrir la Sentencia de primera instancia al haber sido absueltos por ella, de modo que no resultaba posible interpretar que se habían aquietado con los hechos, o con lo sucedido en el proceso, sino tan sólo con el fallo absolutorio.
Desde esta perspectiva, hemos de recordar que el derecho a las pruebas pertinentes para la defensa no comprende un hipotético derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada, ni que las partes puedan exigir cualesquiera pruebas que tengan a bien proponer, pues este derecho sólo alcanza a la recepción y práctica de las que sean pertinentes (por todas SSTC 1/1996, de 15 de enero, FJ 3; 26/2000, de 31 de enero, FJ 2; 165/2001, de 16 de julio, FJ 2), de modo que la argumentación sobre dicha pertinencia es carga del recurrente, no pudiendo ser examinada de oficio (SSTC 1/1996, 15 de enero, FJ 3; 183/1999, de 11 de noviembre, FJ 4; 45/2000, de 14 de febrero, FJ 2; y 33/2003, de 13 de febrero, FJ 9).
La pretensión anterior aparece estrechamente vinculada con la alegación referida a la vulneración del derecho a la igualdad y a la libertad sindical (arts. 14 y 28.1 CE), que, si bien en la demanda se expone en último lugar, deberá ser analizada en este momento por razón de dicha conexión.
Respecto a la actuación del Fiscal, hemos de comenzar señalando que no cabe duda de que, ciertamente, en cuanto poder público, puede ser sujeto de la atribución de la lesión de un derecho fundamental, y de que dicha vulneración, si se hubiera producido en el seno de un procedimiento penal, debe ser invocada ante el órgano judicial para su reparación con los efectos jurídicos pertinentes. Ahora bien, no es menos cierto que ninguna desviación en el ejercicio de la acusación pública se observa en el presente caso a la luz de las actuaciones. De su lectura deriva que el Ministerio Fiscal no realizó una selección de los acusados ajena a las únicas razones que pueden avalar la legitimidad de su actuación, esto es, la existencia de elementos probatorios que indiciariamente fundamentaban la presunta participación de los acusados en los hechos objeto del proceso. La reiterada petición por el Ministerio Fiscal al Juez de Instrucción de realización de diligencias suplementarias -aportación de expediente disciplinario, declaraciones del instructor del mismo y de quienes habían elaborado las listas de participantes en los hechos sucedidos en el Ayuntamiento, declaraciones de los testigos directos de los hechos- para esclarecer lo sucedido antes de formular la acusación, así como el dato de que no efectuara por sí mismo la selección de los funcionarios respecto de los cuales existían indicios de su presencia en el Ayuntamiento, permiten rechazar que la actuación del Fiscal en el ejercicio de la acusación haya sido discriminatoria.
La vulneración atribuida al órgano judicial debe ser examinada desde una doble perspectiva. En primer término, desde la óptica del derecho a la igualdad ante la ley, y, en segundo lugar, desde la vertiente del derecho a no padecer discriminación por razón de afiliación o actividad sindical.
El examen de la vulneración denunciada en la demanda de amparo desde la perspectiva del derecho a no sufrir discriminación por razón de afiliación o acción sindical resulta más complejo. Hemos de partir de que la imposición de sanciones penales supone la substanciación de la pretensión punitiva del Estado, esto es, la actuación del Estado como sujeto ajeno a la relación de prestación de servicios en el ejercicio del ius puniendi. Esta actuación sancionadora está sometida a un específico régimen de garantías constitucionales en defensa de los derechos del acusado, aunque no sólo, cuya estricta observancia parece alejar cualquier sospecha de discriminación por razón de afiliación o actividad sindical o cualquier otra razón.
En efecto, y como ya hemos afirmado en anteriores ocasiones, "al proceso penal se acude postulando la actuación del poder del Estado en su forma más extrema -la pena criminal-, actuación que implica una profunda injerencia en la libertad del imputado y en el núcleo más `sagrado¿ de sus derechos fundamentales. Por eso, cada una de sus fases -iniciación (STC 111/1995, FJ 3); imputación judicial (STC 153/1989, FJ 6); adopción de medidas cautelares (STC 108/1994, FJ 3); sentencia condenatoria (SSTC 31/1981, 229/1991 y 259/1994); derecho al recurso (STC 190/1994, FJ 2), etc.- se halla sometida a exigencias específicas que garantizan en cada estadio de desarrollo de la pretensión punitiva, e incluso antes de que el mismo proceso penal empiece (STC 109/1986, FJ 1), la presunción de inocencia y las demás garantías constitucionales del imputado" (STC 41/1997, de 10 de marzo, FJ 5).
Este haz de garantías -entre las que pueden citarse como especialmente significativas la separación entre instrucción, acusación y enjuiciamiento, la imparcialidad judicial, y la vigencia de la presunción de inocencia; esto es, que sea la acusación quien aporte las pruebas de cargo, que éstas hayan sido obtenidas con todas las garantías y que la condena se sustente en pruebas a través de las cuales sea posible considerar acreditado, de forma no irrazonable conforme a las reglas de la lógica y la experiencia, el hecho punible en todos sus elementos y la intervención del acusado en los mismos-, así como el derecho a no ser sancionado si no es en virtud de hechos que constituyan infracción penal en el momento de su comisión (art. 25.1 CE), configuran un marco normativo-constitucional que limita la legitimidad de la actuación estatal en materia punitiva de forma que a su respeto resulte inherente el de otros derechos fundamentales de carácter sustantivo.
En este bloque nos resta examinar la eventual lesión del derecho a la libertad de acción y afiliación sindical que los recurrentes anudan a la sanción penal, no sólo desde la perspectiva negativa del derecho a no padecer discriminación por razones sindicales, sino desde la óptica positiva del efecto práctico que tiene en la afiliación y en la actividad sindical el hecho cierto de que ante la existencia de una reunión a la que asisten casi doscientos funcionarios se sancione penalmente sólo a los afiliados a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores, siendo uno de ellos, como ya hemos dicho, el Presidente de la Junta de Personal, seis de ellos miembros de la misma y dos de ellos delegados sindicales. Esta cuestión no puede ser examinada de forma aislada, sino en relación con el derecho a la legalidad penal, perspectiva global que los recurrentes proponen respecto de la lesión de su derecho de reunión.
En efecto, como hemos declarado en relación con la libertad de expresión y la aplicación de normas penales, "cuando un órgano judicial aplica una norma penal ... que se refiere a conductas en las que se halla implicado el ejercicio de un derecho fundamental ... ha de tener presente el contenido constitucional del derecho de que se trate, es decir, el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga. De modo que, en este caso ni puede incluir entre los supuestos sancionables aquéllos que son ejercicio ... [del derecho] ni puede interpretar la norma penal de forma extensiva, comprendiendo en la misma conductas distintas de las expresamente previstas, pues en virtud de su conexión con el derecho fundamental la garantía constitucional de taxatividad ex art. 25.1 CE deviene aún más reforzada". Además de estas dos prohibiciones "tampoco puede el Juez, al aplicar la norma penal (como no puede el legislador al definirla) reaccionar desproporcionadamente" frente al acto conectado con el derecho fundamental, "ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal. La dimensión objetiva de los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite afirmar que no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las fronteras" de la protección constitucional del derecho, "sino que ha de garantizarse que la reacción frente a dicha extralimitación no pueda producir `por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto ... disuasor o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada¿ (sobre tal `efecto desaliento¿: STC 136/1999, de 20 de julio, FJ 20; y STEDH de 22 de febrero de 1989, § 29, Barfod c. Noruega; respecto a la exigencia de proporcionalidad: STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4, y SSTEDH de 13 de julio de 1995, §§ 52 a 55, Tolstoy Milovslasky c. Reino Unido, de 25 de noviembre de 1999, § 53, Nilsen y Johnsen c. Noruega, y de 29 de febrero de 2000, §§ 49 y 50, Fuentes Bobo c. España)" (STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 5; en el mismo sentido SSTC 2/2001, de 15 de enero, FJ 3; 196/2002, de 28 de octubre, FJ 6).
Consideran los demandantes de amparo que los trabajadores y funcionarios tienen reconocido no sólo el derecho a reunirse pacíficamente, sino el derecho a reunirse en los locales de la empresa o Administración pública en la que trabajan; así se regula en los arts. 4.1 f) y 77 y 78 LET, en general, y, para los funcionarios, en los arts. 41 y ss. de la Ley 9/1987 de 12 de junio, cuyo artículo 43.1, sobre los requisitos exigidos para convocar la reunión, fue declarado no básico y, por ende, viciado de incompetencia e inaplicable en el País Vasco por la STC 43/1996, de 14 de marzo. Afirman, además, que las peculiaridades del ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores sólo puede resultar de la incidencia que la misma tenga en la actividad de la empresa o de la colaboración que de ella se requiera para hacerla efectiva (STC 18/1981, de 8 de junio). De forma que, como, en el caso, la reunión no había afectado a la actividad del Ayuntamiento y fue consentida inicialmente por el Alcalde, no podía desconocerse el ejercicio del derecho de reunión. Partiendo de que la reunión se produjo, que la finalidad de la misma era lícita -apoyar a la mesa negociadora-, y que fue consentida durante varias horas, el mantenimiento de dicha reunión después de las quince treinta horas para estudiar la orden de desalojo fue, tan sólo, "una forma de ejercicio del derecho de reunión reconocido en el artículo 21 de la Constitución". Por ello vinculan la lesión del derecho de reunión con la vulneración del derecho a no ser sancionados por hechos que no están tipificados (art. 25.1 CE). En este contexto, aducen que la vulneración del derecho a la legalidad penal constituye el "envés" de la alegación anterior por cuanto las normas que regulan un derecho fundamental y las que los limitan "actúan recíprocamente". De modo que, como resultado de dicha interacción, la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras del mismo, y "de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos" (STC 254/1988, de 21 de diciembre). En consecuencia, al no haberse realizado una interpretación restrictiva del art. 635 CP, como era constitucionalmente obligado, se ha vulnerado su derecho a no ser sancionados por acciones u omisiones que no constituyan delito o falta (art. 25.1 CE).
Iniciando el análisis por el examen del derecho de reunión en el ámbito laboral, hemos de precisar que no nos encontramos ante un supuesto de ejercicio del genérico derecho de reunión pacífica y sin armas reconocido en el artículo 21.1 CE, ni tampoco del genérico derecho de reunión en lugares de tránsito público (art. 21.2 CE), sino ante una concreta manifestación del derecho de reunión que se enmarca en el contexto de las relaciones de trabajo, en particular, el derecho de asamblea de los trabajadores. Si bien este derecho encuentra su cobertura constitucional en el propio artículo 21.1 CE (SSTC 91/1983, de 7 de noviembre, FJ 3; 29/2000, de 31 de enero, FJ 5), hemos reconocido que el derecho de reunión "presenta especialidades cuando se ejercita en el ámbito laboral o del personal al servicio de las Administraciones públicas" (SSTC 18/1981, de 8 de junio; 91/1983, de 7 de noviembre; y 29/2000, de 31 de enero, FJ 5; AATC 869/1988, de 4 de julio, y 565/1989, de 27 de noviembre). Estas especialidades obedecen a su ejercicio en el centro de trabajo ante la posible afectación del funcionamiento de la actividad desarrollada en el mismo y la necesaria colaboración de la empresa o de la Administración para hacerlo efectivo, esto es, a la puesta a disposición de los trabajadores de un espacio donde ejercerlo. Por ello, el ejercicio de este derecho, "como el de todos y cada uno de los derechos constitucionales (STC 6/1988, de 21 de enero), ha de ajustarse a determinadas reglas y límites cuando se ejerce en el seno de la empresa, pues ha de compatibilizarse con los derechos y obligaciones que nacen de la relación de trabajo y, en particular, con los derechos del empresario en cuanto a la dirección y organización del trabajo y sobre los locales y útiles de la empresa" (ATC 869/1988, de 4 de julio, FJ 4).
El examen de la legitimidad constitucional del ejercicio del derecho de reunión no se satisface, dada la naturaleza sustantiva del propio derecho invocado, con un mero juicio externo, que verse sobre la razonabilidad de las valoraciones efectuadas por el Tribunal que aplicó la sanción a los recurrentes, sino que requiere aplicar "inmediatamente a los hechos probados las exigencias dimanantes de la Constitución española para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetados" (STC 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3).
Pero aunque no pueda afirmarse que el ejercicio del derecho de reunión en el ámbito laboral haya sido legítimo, tampoco puede sostenerse que el supuesto es ajeno por completo a este derecho, dado el contexto de negociación colectiva y la finalidad de apoyar las reivindicaciones laborales en las materias citadas -complementos por peligrosidad, salidas a provincias, festivos-, así como el dato de la reunión efectiva de un numeroso grupo de funcionarios de los colectivos mencionados, el tácito consentimiento inicial del Alcalde y la ausencia de alteración del orden público.
Es este contexto objetivo de conexión con los derechos de reunión en el ámbito laboral y de libertad sindical el que ha debe guiar nuestro examen de la vulneración alegada del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE). Análisis que, como tiene declarado este Tribunal, debe efectuarse sin invadir esferas de competencias que sólo los Tribunales ordinarios tienen atribuidas, y garantizando, al mismo tiempo, que los órganos judiciales cumplan su cometido jurisdiccional, sin traspasar la frontera de lo razonablemente previsible al interpretar la norma aplicada, velando, en consecuencia, por la seguridad jurídica y el monopolio legislativo en la determinación esencial de lo penalmente ilícito (por todas, SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 4; 137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 7; 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 126/2001, de 4 de junio, FJ 4).
Como este Tribunal tiene dicho de forma reiterada, la limitada función de control del derecho a la legalidad penal que nos corresponde "toma como punto de partida tanto el dato de que toda norma penal admite variadas interpretaciones como consecuencia natural de la vaguedad del lenguaje, el carácter genérico de las normas y su inserción en un sistema normativo relativamente complejo ..., como el hecho de que la decisión relativa a cuál sea en abstracto o en concreto la interpretación más adecuada del precepto como paso previo a su aplicación, constituye competencia exclusiva de los órganos judiciales ... / La tarea que a este Tribunal compete se ciñe, pues, a verificar si la interpretación realizada era una de las interpretaciones posibles de la norma en atención a los valores de seguridad jurídica y monopolio legislativo, supervisando si la interpretación acogida revela su sometimiento a unas reglas mínimas de interpretación que permita sostener que la decisión no era imprevisible para el ciudadano ni constituye una ruptura de la sujeción judicial al imperio de la Ley ... El referente de este parámetro de razonabilidad se ha concretado por este Tribunal en este ámbito en `el respeto a los términos de la norma aplicada, a las pautas axiológicas que conforman nuestro ordenamiento constitucional y a los criterios mínimos que impone la lógica jurídica y los modelos de argumentación adoptados por la propia comunidad jurídica¿" [STC 42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; ya en sentido similar en SSTC 111/1993, de 25 de marzo; 151/1997, de 29 de septiembre; 189/1998, de 28 de septiembre; cfr. además, SSTC 142/1999, de 22 de julio, FJ 4; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4 a); 167/2001, de 16 de julio, FJ 3; 170/2002, de 30 de septiembre, FJ 12; 13/2003, de 28 de enero, FFJJ 2 y ss].
Con fundamento en la doctrina constitucional expuesta, hemos de afirmar que no compete a este Tribunal dirimir polémicas doctrinales o judiciales sobre la interpretación óptima de la norma aplicada, ni tampoco afirmar la existencia de interpretaciones alternativas más favorables a los acusados (por todas STC 126/2001, de 4 de junio, FJ 6). Como acabamos de recordar, este Tribunal ha de limitarse a examinar si la interpretación realizada era una de las posibles atendiendo al tenor literal de la norma aplicada, a las pautas axiológicas que conforman nuestro ordenamiento constitucional y a los criterios mínimos que imponen la lógica jurídica y los modelos de argumentación adoptados en la propia comunidad jurídica; de modo que el sometimiento a dichos parámetros garantiza que la decisión judicial de aplicación de la norma no sea imprevisible para el ciudadano ni constituya la ruptura de la exigencia constitucional de sujeción estricta del órgano judicial al imperio de la Ley. Por consiguiente, el análisis de esta vulneración ha de partir de la interpretación de la norma realizada por el órgano judicial que condenó a los recurrentes, y no de la efectuada por los demandantes de amparo o por el Juzgado de Instrucción que decidió la absolución de éstos.
Desde esta perspectiva, procede ahora examinar finalmente si, más allá de la adecuación de la resolución judicial impugnada al tenor literal del art. 635 CP, su aplicación a los hechos declarados probados se opone esencialmente a su orientación material teniendo en cuenta el soporte metodológico y axiológico en que se asienta, así como la garantía de previsibilidad que sustenta el principio de legalidad. En este contexto, resulta especialmente relevante si el órgano judicial ha ponderado los derechos fundamentales en conflicto al aplicar el tipo penal, pues, cuando con la aplicación de una norma penal puede resultar afectada una conducta conectada con un derecho fundamental de carácter sustantivo, como ocurre en el presente caso con el derecho de libertad sindical, no basta con razonar a partir de la literalidad del precepto penal, sino que resulta necesario efectuar una ponderación expresa de los derechos y bienes constitucionales implicados. Dicho de otro modo, cuando una infracción penal no menciona ni se refiere literalmente al ejercicio de derechos fundamentales y, dado su amplio y vago tenor literal, no excluye expresamente su aplicación a conductas realizadas en el ejercicio de un derecho fundamental o conectadas objetivamente con un derecho fundamental, no puede sostenerse que el legislador ha efectuado una ponderación de los derechos concernidos, sino, por el contrario, ha de entenderse que ha dejado al órgano judicial dicha labor de ponderación a la luz de las circunstancias del caso.
De otra parte, también tomó en consideración la Audiencia Provincial de Valladolid el eventual efecto discriminatorio, dado que argumentó que el resultado, esto es, la sanción penal impuesta sólo a los representantes sindicales y afiliados a los sindicatos se debía a que eran los únicos que habían sido formalmente acusados, apelando, por tanto, a los límites del principio acusatorio en los siguientes términos: "Son autores de dicha falta todas las personas acusadas por el Ministerio Fiscal, por su participación voluntaria, material y directa en los hechos, sin que concurran causas modificativas de la responsabilidad criminal. Tal autoría viene acreditada por sus propias declaraciones, y la testifical obrante en las actuaciones. / No podemos olvidar, que en el juicio de faltas, al igual que en todo proceso penal, rige el principio acusatorio, por lo que no puede condenarse a personas distintas a las acusadas, y el hecho de que hubieren sido más personas que los acusados, los que se encontraban en el lugar de los hechos, no puede motivar una sentencia absolutoria para los que estando, han sido identificados, y con su conducta han incurrido en una infracción penal" (fundamento de Derecho segundo).
Desestimar la presente demanda de amparo de don Antonio S. F. y otros.
SAP Pontevedra 439/2010, 15 de Septiembre de 2010
SAP Valencia 110/2003, 15 de Febrero de 2003
STSJ Andalucía 1697/2015, 23 de Junio de 2015
STSJ Andalucía 1/2002, 30 de Septiembre de 2002
STSJ Asturias 940/2011, 30 de Septiembre de 2011

References: resolución 
 artículo 21
 artículo 635
 artículo 43
 artículo 21
 artículo 21
 artículo 21
 resolución