Source: https://maceabogadosreus.wordpress.com/
Timestamp: 2019-09-16 02:36:20+00:00

Document:
MACE&ASOCIADOS www.maceabogadosreus.es | Abogados en Reus. Tarragona.Valls.Vendrell.Tortosa.Amposta. Gandesa.Barcelona. Gerona.Lleida. Despacho multidisciplinar. Especialistas en derecho matrimonial, sucesiones, bancario, civil, arrendamientos, laboral, penal.
28 marzo 2016 GeneralAbogados Reus. Abogados en Reus.Abogados especialistas en divorcios en Reus. Abogados divorcios Reus. Abogados divorcios en Reus.Abogados especialistas en participaciones preferentes en Reus. AbogadosMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
La cláusula suelo en una hipoteca establece cual será el tipo mínimo de interés que se liquidará en las cuotas de la hipoteca. Por tanto, mediante la cláusula suelo aquel que fija un porcentaje mínimo un porcentaje mínimo aunque el interés surgido de la suma del Euribor y el diferencial sea inferior. También se le llama suelo hipotecario cuando se establece un porcentaje mínimo al Euribor aunque su valor en el mercado sea otro.
Por consiguiente, si tiene una clausula suelo, y el tipo mínimo de interés baja por debajo del interés establecido en la cláusula suelo, no podrá tener una rebaja de las cuotas del préstamo, por debajo del interés fijado en su préstamo hipotecario.
.El Tribunal Supremo no cuestiona su legalidad de las clausulas suelos, siendo en principio legales, sino que lo que se cuestiona es su falta de transparencia, e información al cliente, a la hora de constituirse y firmarse el préstamo.
El Tribunal Supremo avalo devolver lo cobrado de más solo desde el año 2013. Sin embargo, la Comisión Europea del Tribunal de Justicia pide que se reconozca el derecho a indemnizaciones con carácter retroactivo a las personas afectadas por las clausulas suelo.
Si tiene una clausula suelo debe negociar con su banco, pero si el banco se niega a ello , puede presentar una reclamación en el Servicio de Atención al Cliente de su entidad por falta de transparencia. Si no está de acuerdo con la respuesta del Servicio de Atención al cliente posteriormente presentar una queja ante el Servicio de Reclamaciones del Banco de España. Asimismo, también puede acudir a los Tribunales de Justicia.
10 abril 2014 General. abogados en valls. abogados vendrell. Abogados en Vendrell. abogados divorcios reus. Abogados herencias reus., Abogados reus. Abogados en reus. Abogados tarragona. abogados en tarragona. abogados vallsMace & Asociados. Abogados-Contables Reus.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha declarado de forma reiterada que el sistema de protección que establece la Directiva 93/13 se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional, en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información, situación que le lleva a adherirse a las condiciones redactadas de antemano por el profesional sin poder influir en el contenido de éstas (en este sentido SSTJUE de 27 de junio de 2000 (TJCE 2000, 144) , Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, C-240/98 a C-244/98, apartado 25; 26 de octubre 2006 (TJCE 2006, 299) , Mostaza Claro, C-168/05 apartado 25; 4 junio 2009 (TJCE 2009, 155) , Pannon GSM C-243/08 apartado 22; 6 de octubre 2009 (TJCE 2009, 309) , Asturcom Telecomunicaciones, C40/08 apartado 29; 3 de junio de 2010 (TJCE 2010, 162) , Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid, C-484/08 apartado 27; 9 noviembre de 2010 (TJCE 2010, 335) , VB Pénzügyi Lízing , C-137/08 apartado 46; 15 de marzo de 2012 (TJCE 2012, 55) , Perenièová y Pereniè, C-453/10, apartado 27; 26 abril de 2012 (TJCE 2012, 98) , Invitel, C-472/10, apartado 33; 14 junio 2012 (TJCE 2012, 143) , Banco Español de Crédito, C-618/10, apartado 39; 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 46) , Banif Plus Bank Zrt C-472/11, apartado 19; 14 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 89) , Aziz VS. Caixa dŽEstalvis de Catalunya C-415/11, apartado 44; y 21 de marzo de 2013 (TJCE 2013, 93) , RWE Vertrieb AG, C 92/11, apartado 41).
Por esta razón y con el fin de reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real, el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993 , sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, dispone que “[l]os Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor, en las condiciones estipuladas por sus derechos nacionales, las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre éste y un profesional y dispondrán que el contrato siga siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, si éste puede subsistir sin las cláusulas abusivas” . Lo que ha sido interpretado por la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que se trata de una disposición imperativa que, tomando en consideración la inferioridad de una de las partes del contrato, trata de reemplazar el equilibrio formal que éste establece entre los derechos y obligaciones de las partes, por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre éstas (en este sentido las ya citadas SSTJUE de 26 octubre 2006 (TJCE 2006, 299) , Mostaza Claro, apartado 36 ; 4 junio 2009 (TJCE 2009, 155) , Pannon, apartado 25; 6 octubre 2009 (TJCE 2009, 309) , Asturcom Telecomunicaciones, apartado 30; 9 noviembre 2010 (TJCE 2010, 335) , VB Pénzügyi Lízing , apartado 47 ; 15 de marzo de 2012 (TJCE 2012, 55) , Perenièová y Pereniè, apartado 28; 26 abril de 2012 (TJCE 2012, 98) , Invitel, apartado 34 ; 14 junio 2012 (TJCE 2012, 143) , Banco Español de Crédito, apartado 40; 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 46) , Banif Plus Bank Zrt, apartado 20; y 14 marzo 2013 (TJCE 2013, 89) , Aziz vs. Catalunyacaixa, apartado 45).
En este contexto, como ya se declaro en la STS 401/2010, de 1 de julio de 2010 ( RJ 2010, 6554 ) , RC 1762/2010 , las reglas del mercado se han revelado incapaces por sí solas para erradicar con carácter definitivo la utilización de cláusulas abusivas en la contratación con los consumidores. Por esta razón es preciso articular mecanismos para que las empresas desistan del uso de cláusulas abusivas, lo que nada más puede conseguirse si, como sostiene la Abogado General, en sus conclusiones de 28 de febrero 2013, Duarte Hueros, C-32/12, punto 46, a las empresas no les “trae cuenta” intentar utilizarlas, ya que “de lo contrario, al empresario le resultaría más atractivo usar cláusulas abusivas, con la esperanza de que el consumidor no fuera consciente de los derechos que le confiere la Directiva 1993/13 (LCEur 1993, 1071) y no los invocara en un procedimiento, para lograr que al final, pese a todo, la cláusula abusiva prevaleciera” Puedes citar una sentencia en vez de unas conclusiones de abogado general, por ejemplo:
STJUE de 26 octubre 2006 (TJCE 2006, 299) (asunto C-168/05, caso Mostaza Claro ), “27 A la luz de estos principios, el Tribunal de Justicia ha considerado que la facultad del Juez para examinar de oficio el carácter abusivo de una cláusula constituye un medio idóneo tanto para alcanzar el resultado señalado por el artículo 6 de la Directiva -impedir que el consumidor individual quede vinculado por una cláusula abusiva-, como para ayudar a que se logre el objetivo contemplado en su artículo 7, ya que dicho examen puede ejercer un efecto disuasorio que contribuya a poner fin a la utilización de cláusulas abusivas en los contratos celebrados por un profesional con los consumidores ( sentencias Océano Grupo Editorial y Salvat Editores, antes citada, apartado 28 , y de 21 de noviembre de 2002 (TJCE 2002, 345) , Cofidis, C-473/00, Rec. p. I-10875, apartado 32)”.
La posibilidad de la intervención del juez, incluso de oficio, se revela así como una herramienta imprescindible para conseguir el efecto útil de la Directiva 1993/13. En este sentido ya el IC 2000 indicaba que “[…] la sanción prevista en el apartado 1 del artículo 6 de la Directiva «implica atribuir a las disposiciones de la Directiva el carácter de norma “imperativa”, de “orden público económico”, que tiene que reflejarse en los poderes atribuidos a los órganos jurisdiccionales nacionales” . Lo que ha sido recogido por la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 (TJCE 2009, 155) , Pannon, apartado 23, según la cual “el objetivo perseguido por el artículo 6 de la Directiva no podría alcanzarse si los consumidores tuvieran que hacer frente a la obligación de plantear por sí mismos el carácter abusivo de una cláusula contractual y que sólo podrá alcanzarse una protección efectiva del consumidor si el juez nacional está facultado para apreciar de oficio dicha cláusula”.
Más aún, el principio de efectividad del Derecho de la Unión no solo exige facultar al juez para intervenir de oficio, sino que impone a este el deber de intervenir. Así lo afirma la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 (TJCE 2009, 155) , Pannon, apartado 32, según la cual “el juez que conoce del asunto ha de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva” , para lo que debe intervenir cuando sea preciso ya que ” el papel que el Derecho comunitario atribuye de este modo al juez nacional en la materia de que se trata no se circunscribe a la mera facultad de pronunciarse sobre la naturaleza eventualmente abusiva de una cláusula contractual, sino que incluye asimismo la obligación de examinar de oficio esta cuestión tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios para ello” ( SSTJUE ya citadas de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 46) , Banif Plus Bank Zrt, apartado 23 , 14 junio 2012 (TJCE 2012, 143) , Banco Español de Crédito, apartado 43, y 4 de junio de 2009, Pannon, apartado 32).
Precisamente, por tratarse de una intervención de oficio, no necesita que el consumidor presente una demanda explícita en este sentido, ya que ” semejante interpretación excluiría la posibilidad de que el juez nacional apreciara de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual en el marco del examen de la admisibilidad de la demanda de la que conoce y sin petición expresa del consumidor con tal fin” ( STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 24).
En definitiva, como ha reiterado el TJUE “el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual” ( SSTJUE de 6 de octubre de 2009 (TJCE 2009, 309) , Asturcom Telecomunicaciones, C40/08 , apartado 32, 14 junio 2012 , Banco Español de Crédito, C-618/10, apartado 42+43 y 21 febrero 2013, Caso Banif Plus Bank Zrt 23).
La prueba de oficio de la abusividad.
Este deber no solo comprende el de apreciar la abusividad cuando esta aparezca demostrada de forma clara y contundente. Cuando existan motivos razonables para entender que una cláusula es abusiva, si es preciso, se debe acordar la práctica de prueba. En este sentido, con referencia a un supuesto de atribución de competencia jurisdiccional territorial exclusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, el Tribunal de Justicia declaró que “el juez nacional debe acordar de oficio diligencias de prueba para determinar si una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva” ( SSTJUE citadas de 9 de noviembre de 2010 , VB Pénzügyi Lízing, apartado 56, 14 junio 2012 , Banco Español de Crédito, apartado 44; 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank Zrt, apartado 24 y 14 marzo 2013 Aziz vs. Catalunyacaixa, apartado 4.
. Ahora bien, la nulidad absoluta de las cláusulas abusivas nada más entra en juego cuando operan en “detrimento del consumidor”, de tal forma que la obligación de garantizar la efectividad de la protección conferida por la Directiva, en lo que respecta a la sanción de una cláusula abusiva, no permite imponer la nulidad en contra de la voluntad del consumidor, ya que frente al desequilibrio de las posiciones de empresario y consumidor el Ordenamiento reacciona con un tratamiento asimétrico y atribuye a este la decisión de invocarla.
En este sentido la STJUE ya citada de 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 33, afirma que “el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula” , de tal forma que “[c]uando considere que tal cláusula es abusiva se abstendrá de aplicarla, salvo si el consumidor se opone” , y la de 21 de febrero de 2013, Banif Plus Bank Zrt, apartado 27, que “[s]in embargo, el Tribunal de Justicia ha declarado que el juez nacional no tiene, en virtud de la Directiva, el deber de excluir la aplicación de la cláusula en cuestión si el consumidor, tras haber sido informado al respecto por dicho juez, manifiesta su intención de no invocar el carácter abusivo y no vinculante de tal cláusula (véase la sentencia Pannon GSM, antes citada, apartados 33 y 35)”. Lo que reitera en el apartado 35 que, al referirse a la articulación de mecanismos de contradicción de la posible estimación de oficio de la abusividad de una cláusula, al razonar que “[e]sta posibilidad ofrecida al consumidor de expresar su opinión sobre este extremo obedece también a la obligación que incumbe al juez nacional, como se ha recordado en el apartado 25 de la presente sentencia, de tener en cuenta, en su caso, la voluntad manifestada por el consumidor cuando, consciente del carácter no vinculante de una cláusula abusiva, manifiesta, no obstante, que es contrario a que se excluya, otorgando así un consentimiento libre e informado a dicha cláusula”.
Finalmente, también apuntan en este sentido las conclusiones de la Abogado General de 28 de febrero 2013 C-32/12, Duarte Hueros, punto 53, según el cual “[c]on independencia de cuál sea la medida elegida por el juez nacional, deberán tenerse en cuenta dos cosas. En primer lugar, dicha medida no puede adoptarse contra la voluntad del actor. Precisamente, el derecho a la tutela judicial efectiva también implica la potestad de no ejercitar los derechos propios. Por ello, debe averiguarse cuál es la voluntad concreta del consumidor”.
La aplicación de las reglas expuestas puede plantear ciertas dificultades en nuestro sistema, en el que el deber de conocer el Derecho y de juzgar conforme al mismo, que a los Jueces y Tribunales impone el artículo 1.7 del Código Civil ( LEG 1889, 27 ) , como regla, permite al tribunal fundar su decisión en preceptos jurídicos distintos de los invocados y aplicar la norma material que entiende adecuada para la decisión del caso, tiene como frontera la congruencia, que no permite escoger la concreta tutela que entiende adecuada de entre todas las posibles, al exigir que se ajuste a la causa de pedir de conformidad con lo previsto en el artículo 218.1 Ley de Enjuiciamiento Civil ( RCL 2000, 34 , 962 y RCL 2001, 1892) , a cuyo tenor “[l]as sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. […] El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes”.
Es decir, en general el Juez no puede dar a quien suplica, aunque lo pedido sea justo, si para ello debe apartarse de los hechos esenciales fijados por las partes para justificar lo pretendido. Corresponde a las partes decidir si ejercitan sus derechos en vía jurisdiccional -libertad de acción-, y la carga de alegar y probar los hechos sobre los que el juez debe decidir, según la regla clásica iudex iudicet secunmdum allegata et probata partium-. En definitiva, no puede sustentar su decisión en fundamentos diversos de los alegados, cuando estos delimitan el objeto del proceso.
Esta limitación del poder del juez nacional que “está justificada por el principio según el cual la iniciativa en un proceso corresponde a las partes y, por consiguiente, el juez sólo puede actuar de oficio en casos excepcionales, en los que el interés público exige su intervención” ( STJUE de 17 de diciembre de 2009 (TJCE 2009, 397) , Martín Martín, C-227/08 , apartado 20, con cita de las de 14 de diciembre de 1995 (TJCE 1995, 229) , Van Schijndel y Van Veen, C-430/93 , y de 7 de junio de 2007 (TJCE 2007, 121) , van der Weerd y otros, C-222/05 a C-225/05), como afirman las conclusiones de la Abogado General de 28 de febrero 2013 C-32/12 Duarte Hueros punto 32, tiene como principal objetivo “proteger el derecho de defensa y garantizar el buen desarrollo del procedimiento, en particular, al prevenir los retrasos inherentes a la apreciación de nuevos motivos […] Por ello, al consumidor se le puede exigir en principio que formule ante el juez sus pretensiones y, en ese sentido, que las deduzca adecuadamente, en su caso con carácter subsidiario. Tanto más cuando, como en el caso presente, la intervención de abogado es preceptiva”.
No obstante, este límite no entra en juego en los supuestos de nulidad absoluta, ya que en tales casos el Ordenamiento reacciona e impone a los poderes del Estado rechazar de oficio su eficacia, de acuerdo con el clásico principio quod nullum est nullum effectum producit (lo que es nulo no produce ningún efecto), ya que, como afirma la STS 88/2010, de 10 de marzo ( RJ 2010, 2337 ) (RC 2492/2005 ) “esa operatividad ipso iure es una de las características de la nulidad absoluta”.
Tratándose de cláusulas abusivas, como apuntan las conclusiones de la Abogado General de 28 de febrero 2013 C-32/12, Duarte Hueros, punto 37, el principio de eficacia exige que el tribunal nacional interprete las disposiciones nacionales de modo que contribuya a cumplir el objetivo de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables y “de no ser ello posible, dicho tribunal está obligado a dejar inaplicada, por su propia iniciativa, la disposición nacional contraria, a saber, en el caso de autos, las normas procesales nacionales cuestionadas en el procedimiento principal, que recogen la vinculación estricta a la pretensión deducida”, ya que, si bien el principio de autonomía procesal atribuye a los Estados la regulación del proceso, como indica la STJUE ya citada de 14 junio 2012 , Banco Español de Crédito, apartado 46, esta autonomía tiene como límite que tales normas “no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los consumidores (principio de efectividad) (véanse, en este sentido, las sentencias, antes citadas, Mostaza Claro, apartado 24, y Asturcom Telecomunicaciones, apartado 38)”.
Sin embargo, como afirma la STJUE de 21 de febrero de 2013 , Banif Plus Bank Zrt, apartado 29, al aplicar el Derecho de la Unión “el juez nacional debe observar también las exigencias de una tutela judicial efectiva de los derechos que el ordenamiento jurídico de la Unión confiere a los justiciables, conforme se garantiza en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea . Entre esas exigencias figura el principio de contradicción, que forma parte del derecho de defensa y que el juez debe respetar, en particular cuando zanja un litigio sobre la base de un motivo examinado de oficio (véase, en este sentido, la sentencia de 2 de diciembre de 2009 (TJCE 2009, 367) , Comisión/Irlanda y otros, C-89/08 P, Rec. p. I- 11245, apartados 50 y 54)”.
Por ello la coordinación entre los deberes de garantizar el efecto útil de la protección que persigue la Directiva y respetar el objetivo perseguido por el deber de congruencia, en el supuesto de que el Juez aprecie de oficio la eventual nulidad de cláusulas abusivas en contratos suscritos entre empresarios y consumidores, impone someter a las partes todos los factores que pueden incidir en la declaración de abusividad de la cláusula o cláusulas eventualmente nulas, a fin de facilitarles la defensa de sus intereses, articulando a tal efecto los mecanismos precisos.
Así lo impone el Derecho de la Unión, ya que, como afirma la STJUE ya citada de 21 de febrero de 2013 , Banif Plus Bank Zrt, apartado 30 “el principio de contradicción no confiere sólo a cada parte en un proceso el derecho a conocer y a discutir los documentos y observaciones presentados al juez por la parte contraria, sino que también implica el derecho de las partes a conocer y a discutir los elementos examinados de oficio por el juez, sobre los cuales éste tiene intención de fundamentar su decisión. El Tribunal de Justicia ha subrayado que, en efecto, para cumplir los requisitos vinculados al derecho a un proceso equitativo, procede que las partes tengan conocimiento y puedan debatir de forma contradictoria los elementos tanto de hecho como de Derecho decisivos para la resolución del procedimiento (véase la sentencia Comisión/Irlanda y otros, antes citada, apartados 55 y 56)” , lo que es determinante de que en el supuesto de que el juez nacional, después de haber apreciado inicialmente -sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho de que disponga o que se le hayan comunicado a raíz de las diligencias de prueba que haya acordado de oficio a tal efecto- que una cláusula está comprendida en el ámbito de aplicación de la Directiva, compruebe, tras una apreciación efectuada de oficio, que dicha cláusula presenta un carácter abusivo “está obligado, por regla general, a informar de ello a las partes procesales y a instarles a que debatan de forma contradictoria según las formas previstas al respecto por las reglas procesales nacionales”. Máxime, si se tiene en cuenta que, como hemos indicado, el consumidor, una vez informado y restablecido el equilibrio con el empresario mediante la intervención del tribunal, puede renunciar a la nulidad de la cláusula absusiva.
Sentado lo anterior, es preciso decidir si la doctrina hasta ahora expuesta es aplicable a los supuestos en los que la abusividad de determinadas cláusulas no se constata en un pleito seguido entre un empresario y un consumidor, sino en supuestos en los que se ha ejercitado una acción en defensa de intereses colectivos.
a) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 TRLCU “[l]os poderes públicos protegerán prioritariamente los derechos de los consumidores y usuarios cuando guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común, ordinario y generalizado” . Los servicios bancarios ya estaban catalogados como servicios de uso común, ordinario y generalizado por los consumidores y usuarios en el Anexo I.C) del Real Decreto 287/1991, de 8 marzo ( RCL 1991, 654 ) , por el que se aprueba el Catálogo de productos, bienes y servicios a determinados efectos de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Hoy los servicios bancarios y financieros figuran relacionados en el apartado c.13) del Real Decreto 1507/2000, de 1 de septiembre ( RCL 2000, 2072 ) que lo actualiza.
b) La tutela de los consumidores no solo se ha demandado por una asociación de consumidores -en la que los intereses particulares de quienes la representan pudieran superponerse a los generales (de ahí el necesario control mediante la inscripción en el Registro)-, sino por el Ministerio Fiscal, al que el Ordenamiento reconoce expresa legitimación -el artículo 16 LCGC ( RCL 1998, 960 ) dispone que “[l]as acciones previstas en el artículo 12 podrán ser ejercitadas por las siguientes entidades: […] 6. El Ministerio Fiscal”- justificada por la enmienda 92 del Grupo Parlamentario Catalán en que “al Ministerio Fiscal en los términos del artículo 124 de la Constitución (RCL 1978, 2836) le corresponde la defensa de los intereses generales” .
c) Como afirman las SSTJUE de 26 de octubre 2006, Mostaza Claro, apartado 38 , y 4 de junio de 2009 , Pannon, apartado 31, es precisamente “la importancia del interés público en que se basa la protección que la Directiva otorga a los consumidores”, la que justifica que el juez nacional deba apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional.
Lo expuesto es determinante de que, en la medida en que sea necesario para lograr la eficacia del Derecho de la Unión, en los supuestos de cláusulas abusivas, los tribunales deban atemperar las clásicas rigideces del proceso, de tal forma que, en el análisis de la eventual abusividad de las cláusulas cuya declaración de nulidad fue interesada, no es preciso que nos ajustemos formalmente a la estructura de los recursos. Tampoco es preciso que el fallo se ajuste exactamente al suplico de la demanda, siempre que las partes hayan tenido la oportunidad de ser oídas sobre los argumentos determinantes de la calificación de las cláusulas como abusivas.
Sts.de 9 de mayo de 2013.
http://www.maceabogadosreus.es C/vent, nº 32, 1 piso. Reus. tlf. 977 070048

References: artículo 6
 artículo 6
 artículo 7
 artículo 6
 artículo 6
 artículo 1
 artículo 218
 artículo 47
 resolución 
 artículo 9
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 12
 artículo 124