Source: https://iadpi.com.ar/index.php/2019/06/12/comunicaciones-electronicas/
Timestamp: 2019-10-14 18:00:53+00:00

Document:
Desde hace ya algún tiempo venimos poniendo de relieve que, en un futuro cercano, prácticamente la totalidad de los entes estatales se encontrarán vinculados con la Administración de Justicia a través del empleo de sistemas informáticos. Hoy en día, son cada vez más numerosos los acuerdos que el máximo Tribunal ha celebrado con múltiples reparticiones, con el claro objetivo de extender la experiencia del “expediente digital”, incorporando a tal fin nuevas funcionalidades y usos al portal del Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas.
De tal modo, en forma paulatina y progresiva se han ido implementando los medios electrónicos para encauzar las comunicaciones que los organismos judiciales mantienen con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Instituto de Previsión Social, el Boletín Oficial, el Registro de Testamentos, la Superintendencia de Seguros de la Nación, ARBA, la Fiscalía de Estado, los Colegios de Abogados de la provincia de Buenos Aires, entre otros. En algunos de esos supuestos, las diligencias son llevadas a cabo en forma unilateral y directa por parte del órgano jurisdiccional; en otros, se requiere la intervención del letrado de la parte interesada en alguno de los pasos necesarios para su efectiva materialización.
Los modelos en cuestión se encuentran en el Anexo III de la nueva reglamentación, y se denominan: «Oficio Judicial Medida Cautelar Inmueble», «Oficio Judicial Anotaciones Personales» y “Anexo Ampliatorio de Medidas Cautelares en proceso de inscripción (Inhibiciones y Embargos)».
Y hemos definido a la auditoría en este campo particular como a ese estudio pormenorizado que se ejecuta para corroborar la efectividad y el rendimiento informático de un sistema vinculado a la administración de justicia, así como a la utilización y uso material que se hace de aquél a través de los operadores jurídicos que se encuentran bajo su ámbito de aplicación.
Pues bien, el artículo 10 del Protocolo prevé que la base de datos de las notificaciones y presentaciones electrónicas realizadas en su marco, puedan ser objeto de una auditoría. Para ello será necesaria una orden judicial, dictada de oficio o a pedido de parte, a fin de que la Subsecretaría de Tecnología Informática de la Suprema Corte y/o el Departamento Sistemas y Procesamiento de Datos del Registro (organismo de contralor sobre los web service emparejados), elaboren un informe circunstanciado de los antecedentes existentes en el servidor con referencia al acto que hubiere sido cuestionado.
En aquellos casos en los que el Registro realice alguna observación al oficio electrónico que se haya remitido, se procederá de todas formas a anotar de manera provisional la medida comunicada, y se informará al Juzgado de tal eventualidad indicando los motivos que dieron lugar a las observaciones realizadas al trámite. Ante esta incidencia, corresponderá su subsanación, la cual debe ordenarse judicialmente.
El artículo 3 de la Resolución SCBA 290/19, incorporó al Protocolo el artículo 4 bis, conforme el cual se dispuso que cuando la medida ordenada sea una inscripción, reinscripción o rectificación que proviniera de una petición en cabeza de un organismo nacional, provincial o municipal que cuente con un Convenio suscripto con el Registro de la Propiedad Inmueble, no se exigirá el pago del timbrado.
Ahora bien, en tales supuestos, para el caso del levantamiento de las medidas, se abonarán los módulos de registración de tasa fija previamente establecidos por la normativa registral. Se tomarán en consideración los valores vigentes al tiempo de ingresarse la solicitud de levantamiento.
En estos casos, en que se comunican medidas cautelares al Registro de la Propiedad Inmueble a través de medios electrónicos, se prescindirá el acompañamiento del “folio de seguridad” contemplado en el Acuerdo SCBA 2505/92. De igual modo, no deberá librarse el denominado “formulario de asociación”.
El artículo 8 del Protocolo establece que una vez calificada la medida, el Registro responderá -siempre en soporte electrónico y mediante el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas- al órgano jurisdiccional interviniente, dentro de los siguientes plazos, conforme el tipo de trámite solicitado: siete días hábiles en caso de trámites urgentes, y doce si se trata del trámite simple.
De esta manera, el Alto Tribunal provincial continúa adoptando los mecanismos de comunicación electrónica para mejorar la eficiencia en el ejercicio de justicia ya que “Los avances tecnológicos logrados en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia y la integración adquirida en cuanto a los sistemas informáticos que dan soporte a la gestión de los fueros Civil y Comercial, Contencioso Administrativo, Familia y Laboral han demostrado que el uso de estas herramientas permite agilizar los trámites judiciales a la vez que contribuye a la seguridad de las comunicaciones”.
La aceptación y ejecución de esta nueva fase de oficialización de las comunicaciones electrónicas, demuestra el invalorable aporte que representará a todos los operadores intervinientes al momento de acometer la inscripción, reinscripción o levantamiento de una medida cautelar, en pos del resguardo de la seguridad de los trámites, celeridad, economía procesal y cuidado del medio ambiente en tanto se sigue concretando la anhelada “despapelización” auspiciada por la Suprema Corte.
BIELLI, Gastón. E. – NIZZO, Andrés. L.. «Derecho procesal informático», Ed. La Ley, Buenos Aires, 2017, 1ª ed., p. 231.
Por ejemplo, la participación del letrado es necesaria para el diligenciamiento del oficio al Registro de Testamentos, toda vez que es quien debe llenar el formulario a través de la página web, para que se envíe (en formato pdf) a la dirección electrónica que se indique, una vez que haya cancelado los aranceles correspondientes.
A su vez, se dispone la publicación de los textos de los modelos aprobados en el sitio Web de la Suprema Corte a fin de facilitar su uso por parte de los operadores jurídicos y su incorporación en los sistemas de gestión jurisdiccional, para su utilización por parte de los órganos judiciales de esta Administración de Justicia y demás interesados.
BIELLI, G.E – NIZZO, A L. El contralor efectivo del Sistema de Gestión Judicial. Su impacto procesal en el expediente judicial electrónico. Publicado en La Ley. 11/09/2018. Cita Online: AR/DOC/1809/2018
Recordemos que la Subsecretaría de Informática de la Suprema Corte tiene a su cargo el monitoreo permanente del estado del sistema, debiendo reportar a la Presidencia del Tribunal cualquier clase de «caída», ralentización o mal desempeño del sitio, a efectos de posibilitar la adopción de las medidas que permitan superar los inconvenientes ocasionalmente motivados por tales situaciones que se susciten en el marco de una causa judicial. BIELLI, G. E. – NIZZO, A. L., «El nuevo régimen de presentaciones electrónicas», LLBA 2018 (abril), cita online AR/DOC/602/2018.
Conforme art. 9 inc. “b”, ley 17.801.
Ver ley 10.295, art. 3.
Conforme Depositico Técnico registral N° 8/18, articulos 21, 22 y 23.
Prevista anteriormente en la cláusula quinta del Protocolo aprobado por el artículo 2 de la Resolución SCBA 2757/12.
Conforme Ley Nacional 17-801, Decreto-Ley N° 11.643/63 de la Provincia de Buenos Aires, y modificatorias, el RPBA

References: artículo 10
 artículo 3
 Resolución 
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 2
 Resolución