Source: http://www.envio.org.ni/articulo/3706
Timestamp: 2017-12-18 06:48:53+00:00

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Revista Envío - Los nublados de días ambiguos (o las ambigüedades de días nublados)
El Presidente Ortega, con discursos de retórica estridente y con actitudes ambiguas, no genera consenso, provoca incertidumbres. Mientras algunos grandes navegan confiados en estas ambigüedades -porque la lógica económica sigue siendo la misma de los últimos años-los muchos medianos y pequeños resienten la crisis y las bases sandinistas empiezan a dudar, aunque aún mantienen sus expectativas. Un año después del regreso del FSLN al gobierno hay más ambigüedades que certezas y son espesos los nublados en las honduras del horizonte nacional.
El final del año 2007 fue especialmente tenso, económica y políticamente. Y como la ficticia frontera oficial del calendario no disipa las tensiones, al iniciarse el año 2008 las incertidumbres continuaron presentes.
Las tendencias autoritarias del Presidente Ortega, y los callejones sin salida que su pacto de casi diez años con el corrupto ex-Presidente Alemán han sellado en las instituciones del país, movieron a los diputados de oposición en la Asamblea Nacional a conformar un llamado Bloque contra la Dictadura. Para frenar estas tendencias y tratar de abrir algunas salidas. ¿Ese Bloque es realmente un bloque? ¿Qué lo cohesiona? Su agenda, ¿no es muy ambigua? Y la dictadura, ¿lo es realmente, lo podría llegar a ser? ¿Por dónde vendría la oposición a esa dictadura? ¿Simplemente por oposición? ¿O porque a los de oposición los une un mínimo de convicciones compartidas? ¿Cuáles? Todas las respuestas son opacas, apenas tanteos.
En los últimos ocho años no había habido una caída tan drástica del poder adquisitivo de los salarios como en el año 2007. Hasta el 13%. Y son minoría los nicaragüenses que disponen de la seguridad que puede dar un salario fijo, aun cuando no alcance para mucho: menos del 25% de la población activa económicamente. La consigna “desempleo cero” es una de las que ha quedado más vacía de todas las que lanzó el candidato Ortega. Según cifras oficiales, la población con un empleo fijo sólo creció en 2007 en 1%.
La emigración no cesa. “No hay salida”, le dijo una intelectual a un campesino. “Sí la hay -le contestó el campesino-, por ahí se sale a Costa Rica”, y le señaló la frontera. Son las remesas de los emigrantes las que garantizan la sobrevivencia de miles y miles. Los precios de los productos más básicos (arroz, frijol, aceite, queso) y los de todo lo demás se dispararon, a pesar del freno temporal que intentó el gobierno poniendo a vender granos a los CPC. El precio de los productos no tan básicos también ha seguido subiendo notablemente. No es un problema sólo de Nicaragua. La FAO ha detectado una crisis alimentaria mundial, que atribuye al incremento de la demanda de alimentos en China e India -en ambos países vive la mitad de la población del mundo- y también a las cantidades de tierras que ya están dedicándose a producir biocombustibles.
En 2007 Nicaragua tuvo un crecimiento del 3.5%, por debajo del anunciado y esperado (4.2%). Fue el más bajo de Centroamérica. La inflación llegó a casi el 17% al concluir el año, por encima de la anunciada y esperada (menor de un dígito). Fue la más alta de la región. ¿Cuánto pesa en esta inflación el factor subjetivo? La memoria colectiva de la hiperinflación de los 80, en un paisaje político en que el gobierno pretende resucitar aquellos años, ¿no provocará también inflación? Seguramente. Ningún economista serio duda hoy de las implicaciones económicas de las subjetividades sociales.
El barril de petróleo tocó los 100 dólares al finalizar el año, lo que mantiene en jaque a toda la economía, movida históricamente por una matriz energética dependiente en un 83% del petróleo y sus derivados, matriz que no cambia. También sigue inamovible este dramático dato: el 70% de las familias nicaragüenses -con un promedio de cinco miembros- pasa el mes con el equivalente, en córdobas, de 250 dólares o menos.
A pesar de esta crisis, que afecta a la mayoría, en el ámbito empresarial grande, en el de los grupos de poder financiero y económico, extranjeros, transnacionales, todo discurrió sin mayores dramas. Las inversiones se mantuvieron, hubo más inversión en zonas francas que en tiempos de Bolaños, las exportaciones crecieron. Los depósitos bancarios se incrementaron, aunque básicamente los que son en dólares y no los que son a plazo fijo, lo que indicaría incertidumbres de cara al futuro inmediato entre los ahorrantes nacionales.
Los altisonantes y confrontativos discursos antiimperialistas, anticapitalistas y antiestadounidenses del Presidente Ortega no afectan el “clima de negocios” y la inversión extranjera. El resto de la sociedad se ha acostumbrado a vivir dentro de las ficciones de nuestra economía, utilizando mecanismos de defensa que van de las remesas a la migración, pasando por nublados económicos tan extendidos como el tráfico de influencias y la capitalización del desorden.
El tráfico ilegal de tierras -del que hablan cada vez más los medios- es una pieza clave en esa economía “informal” que hemos construido contra la lógica económica y legal del mercado. Ante esa economía, ante el clima de esos “negocios”, no hay FMI que valga. Funciona la ley del más fuerte. O la fuerza de la ley que manejan en su bolsillo o administran en los tribunales los poderosos.
¿QUÉ MODELO ES ÉSTE?
Los análisis, titulares e informaciones de “La Prensa” -el medio escrito de mayor circulación nacional y el que representa los intereses de los grupos de poder financiero y económico- induce a creer que las fogosidades verbales del mandatario nublan el escenario económico, exponiendo y arriesgando al país. Es una más de las ambigüedades presentes.
El modelo Ortega recuerda al modelo Somoza. Además de su autoritarismo, y al igual que Somoza, Ortega se entiende muy bien con las corporaciones transnacionales y con el gran capital nacional y también políticamente con sus socios liberales en el pacto, fragmentando así al resto de los actores económicos y políticos del país. El gran capital nacional no reclama al gobierno sus arbitrariedades y si lo hace, se evidencia su capacidad de acomodo. “Estamos escogiendo nuestras batallas”, dicen.
Las contradicciones del modelo se expresan en el diario “La Prensa” porque el periodismo -importantísimo actor político en este momento- es el que más resiente el impacto del autoritarismo político del gobierno. Algo similar sucedía en tiempos de Somoza, cuando la voz y la pluma de Pedro Joaquín Chamorro se alzaban para denunciar las componendas del gran capital con el dictador.
Toda esta ambigüedad se hace menos confusa entendiendo que al capital le interesa manejar el desorden y los exabruptos del Presidente dentro de ciertos límites. Mientras no los afecten directamente, los condenarán, tan sólo como un recordatorio de que no deben poner en peligro la estabilidad de los negocios. Tan sólo una luz amarilla. Naturalmente, esa luz se pondría roja si el antiimperialismo de Ortega pusiera realmente en peligro las relaciones de Nicaragua con Estados Unidos. Y naturalmente, la luz es amarilla o ni siquiera se enciende porque al capital nicaragüense le tranquiliza la irrelevancia de Ortega en el plano político internacional.
El Presidente Ortega afirmó al iniciar su segundo año de mandato que la economía de Nicaragua habría “colapsado” de no ser por la generosa ayuda venezolana. El Presidente Chávez, en su cuarta visita al país y en la primera de este año (15-16 de enero), reiteró una y otra vez que Nicaragua no “entraría en colapso” porque “aquí estará mi mano amiga”. También afirmó que todos los recursos que necesita Nicaragua para este siglo están en Venezuela.
Ciertamente, el favorable acuerdo petrolero con Venezuela ha permitido al gobierno continuar subsidiando el precio del transporte público de Managua y paliar la crisis energética: se suspendieron desde diciembre los apagones -prolongados en la segunda mitad de 2007 durante ocho horas diarias-, se cubrieron deudas de las generadoras y se alimentaron las plantas de emergencia enviadas por Cuba y Venezuela. En 2008 enviarán más.
Pero, más allá del acuerdo petrolero, de la Operación Milagro para gente pobre enferma de la vista, y de donaciones puntuales, los principales componentes de la cooperación venezolana (obras de infraestructura, varias industrias, etc.) se mantienen todavía en el nivel de las promesas. En su visita, Chávez vino a supervisar el inicio del mayor de sus proyectos en Nicaragua: la megarefinería, que hasta el final del período de Ortega se estará construyendo en Nagarote. Apenas se empiezan a remover las tierras.
COOPERACIÓN “PRIVATIZADA”
El monto de la cooperación venezolana en 2007 fue cifrado por el Presidente Ortega a su regreso de la Cumbre del ALBA (Caracas, enero 2008) en 385 millones 993 mil dólares. Por primera vez ofrecía el gobierno una cifra. Seguramente las ganancias derivadas del acuerdo petrolero son el grueso de esa suma. Ortega informó también que para el año 2008 ya disponía de 30 millones, que podrían llegar a más de 72 millones, ofrecidos por el Presidente Chávez.
El destino, y especialmente, la administración que el gobierno hace de estas sumas son una de las ambigüedades mayores de este gobierno. Es un enigma, envuelto en un misterio que está envuelto en una nebulosa: así describió la situación el diputado liberal Francisco Aguirre, quien preside la comisión de economía en el Parlamento y quien también “escoge sus batallas”.
Los diputados del Movimiento Renovador Sandinista tomaron la iniciativa de comunicarle al Presidente Chávez durante su visita a Nicaragua las preocupaciones que genera este “misterio”. Denunciaron la privatización que Daniel Ortega ha hecho de los fondos que se derivan del acuerdo petrolero y del resto de la ayuda venezolana -que aplauden-, porque al circular fuera del presupuesto quedan al margen de todo control y escrutinio públicos. Esta privatización -dijeron los del MRS en carta a Chávez- alimenta el enriquecimiento de determinados grupos económicos vinculados con el gobierno, fomenta la corrupción entre los funcionarios nicaragüenses, contribuye a fortalecer un proyecto político de carácter personal y familiar del presidente Daniel Ortega a costa de la institucionalidad y del estado de derecho, y promueve una política clientelar.
La carta fue entregada en la embajada venezolana en Managua. Y como era de esperar, no hubo ninguna respuesta. El Presidente Chávez seguramente sabe de lo que se le advertía en la carta. Y seguramente lo tolera.
DÍAS DE INSULTOS
Las fogosas declaraciones del Presidente Ortega no cesan. Tanto en las plazas de Managua, como en los eventos del ALBA y en las reuniones internacionales, Ortega no ha dejado de aparecer estridente. El 5 de diciembre acusó a la transnacional ESSO de ser verdaderos mercenarios y especuladores que están desangrando al pueblo, a la par que informaba que su gobierno estaba buscando un acuerdo con la transnacional. Algo similar es lo que ha venido haciendo con la transnacional Unión Fenosa: insultos en las plazas y negociaciones en su despacho.
A los medios de comunicación les ha dedicado todo tipo de epítetos, el último inmundicias. A los diputados opositores los llamó a inicios de diciembre perros rabiosos, reptiles, somocistas, afirmando días después que todos estaban siendo financiados por el imperio y también por los cárteles del narcotráfico.
DÍAS DE “LOCURA”
La vinculación de la oposición parlamentaria con el narcotráfico fue afirmada vehementemente por Ortega en ocasión de un fracasado proyecto de amnistía promovido por los liberales del PLC para beneficiar a Alemán.
Como esta afirmación fue reiterada una y otra vez por el mandatario, que incluía al MRS en la propuesta de amnistía y en el financiamiento de los cárteles, el MRS -partido opuesto firmemente a amnistiar a Alemán-, anunció a través de su diputada, Mónica Baltodano, que consideraban presentar una iniciativa de ley para declarar la “incapacidad total” de Ortega para gobernar. Está cada vez más fuera de la realidad, ese reiterado afán de mentir nos conduce a pensar que está perdiendo la razón, parece loco.
Vale la pena preguntarse quién está más loco, o más nublado, ¿el Presidente o los que a su alrededor se “hacen los locos”? Y también: ¿A quiénes habría que declarar incapaces totalmente de sentir el llanto de la nación? ¿A los banqueros, a los políticos, a los grandes empresarios?
¿DÍAS DE GUERRA?
El 10 de enero, fecha en que el Presidente debe presentar anualmente ante la Asamblea Nacional su informe de gobierno, Ortega no ofreció ningún informe, habló de cualquier cosa que se le iba ocurriendo, al hilo de una desordenada improvisación, y anunció que, aunque desgraciadamente tenemos reglamentaciones que discriminan a la mujer, su esposa Rosario Murillo ejercía, de hecho, el cargo de Ministro de la Presidencia de la República de Nicaragua, nombrándola así en un tercer cargo en el gobierno. En cualquier otro país hubiera resultado inadmisible escuchar esto del gobernante. En Nicaragua no.
De todas las declaraciones de Ortega la que más preocupación y temor causó en Nicaragua fue la que ofreció en Caracas, sentado a la par de Chávez en su programa “Aló Presidente” el domingo 27 de enero, cuando ofreció la participación de Nicaragua en las “fuerzas armadas de los países del ALBA”, sugeridas por Chávez como un componente de su plan continental y como una necesidad para la defensa del proyecto bolivariano.
El 29 de enero, a su regreso de Venezuela, tanta era la inquietud que las palabras de Ortega habían causado que su coordinadora de comunicación vio necesaria una “explicación”. La hizo en una cadena de radio y televisión a la hora punta de la noche. Ortega explicó que lo dicho en Caracas no significaba que se reanudaría el servicio militar obligatorio y buscó -forzándolos- en textos de Sandino y de la Constitución justificaciones para esta aventura militar.
También la justificó citando al Cardenal Obando, quien había recordado recientemente, y en latín, en una de sus ya acostumbradas invocaciones en actos oficiales el dicho romano Si vis pacem para bellum (Si quieres la paz prepara la guerra). También pretendió justificarla recordando el envío de tropas nicaragüenses a Irak que había hecho Bolaños para quedar bien con el gobierno de Bush.
Otra explicación para calmar los temores la dio uno de los voceros de Ortega, el diputado Edwin Castro, quien declaró que serían únicamente los nicaragüenses conscientes los que se enrolarán en la fuerza militar del ALBA...
A pesar de todas las explicaciones, las palabras de Ortega sobre el ejército del ALBA han añadido, como ningunas antes, densos nublados en el horizonte. No hay nada que más tema el pueblo nicaragüense que verse, o imaginarse, involucrado de nuevo en una guerra.
CON LÓGICA NEOLIBERAL
Es justa la incertidumbre que provocan muchas de las declaraciones de Ortega. ¿Son pura retórica? ¿Qué efecto tienen en la población? ¿Y alguien en los grupos de poder económico, nacionales o internacionales, le cree al Presidente, toma en serio el furor de sus declaraciones? No lo parece.
Conocen, por ejemplo, que su discurso antineoliberal está plenamente desmentido por los hechos. Desde 1990 los grandes beneficiarios del limitado crecimiento económico de Nicaragua han sido los grupos financieros y los grupos económicos vinculados a la exportación y la importación. Esa lógica no ha sido tocada por el gobierno de Ortega. Dirigentes del FSLN integran ya esos grupos y están dedicados a consolidarse en ellos con las ventajas que el poder les brindará en estos cinco años en el gobierno.
Hay optimistas que apuestan a que en 2008 esa lógica económica comience a ser tocada por el gobierno del FSLN, que proclama a diario en su propaganda que avanzamos frente al capitalismo salvaje. ¿Habrá este año, por fin, una reforma tributaria justa, que reduzca la inequidad de la actual y exija el pago de impuestos a quienes más ganan y más tienen?
DOS TEST PARA 2008
El economista Néstor Avendaño lo ve así: “Dos test tiene el gobernante para probar en su segundo año que quiere cambiar esa lógica económica: reestructurar todas las deudas internas, todas con raíces ilícitas; y asignar correctamente los recursos liberados de la condonación de la deuda externa, que hasta ahora han ido a parar al pago de la deuda interna”.
Y al comentar sobre la “renegociación” que el gobierno lleva adelante desde octubre con los banqueros beneficiados con el pago de la deuda interna originada por los bonos CENI, expresa decepción: “¿Se está haciendo una verdadera reestructuración soberana o solamente están haciendo una “reingeniería financiera”, como la que hizo Montealegre cuando era Ministro de Hacienda?” En cualquier caso, lo más sospechoso y criticable de esta renegociación en marcha es la falta de transparencia sobre los objetivos del gobierno en la operación. Ortega no ha explicitado estos objetivos y todo se desarrolla en las bambalinas del teatro, lugar de habituales e innumerables tramoyas.
Ya en su primer año, el gobierno del FSLN -que se presenta como un gobierno revolucionario, dentro y fuera, y que tenía en sus manos instrumentos para cambiar la lógica económica- tuvo un primer test para probar su voluntad de cambiarla. Y no lo hizo. El programa con el que ha comprometido a Nicaragua con el Fondo Monetario Internacional para los próximos tres años -casi todo el resto del período de Ortega- es no sólo más de lo mismo de lo que hubiera firmado el Presidente Bolaños en concordancia con sus esquemas neoliberales. Es más de lo que el FMI hubiera propuesto nunca.
Lo menos que se puede decir de ese programa es que ha sido una oportunidad perdida para que un gobierno “diferente” propusiera rumbos diferentes y obtuviera del FMI una flexibilidad diferente, a la que el FMI estaba dispuesto por la frágil situación en la que hoy se encuentra esta otrora poderosísima institucion financiera internacional.
¿RETÓRICA PARA QUIÉNES?
¿Qué sentido tiene el discurso revolucionarista de Daniel Ortega? En la cancha internacional es obvio su afán de recuperar protagonismo ante las izquierdas del mundo. Habla movido por una especie de rentismo: pretende vivir de las rentas de lo que él fue en lo que fueron los revolucionarios años 80, a pesar de que aquellos tesoros fueron dilapidados en los años siguientes por un variado surtido de decisiones políticas, fallas éticas y actos de corrupción, permitidos o protagonizados por él mismo.
Cuando uno escucha en la cancha nacional muchos de los discursos presidenciales no puede dejar de asombrarse de lo desconectados que están de la realidad. Ortega encabeza un gobierno de minoría que tiene pretensiones de mayoría. Sus palabras vehementes no están orientadas a sumar ni a lograr un mínimo consenso nacional ni a proponer propuestas viables ni a conducir al país con seriedad y realismo diciéndole la verdad. Sus palabras reducen el “pueblo” a los danielistas y el “poder ciudadano” a la lealtad de quienes lo siguen a él. Para colmo, todo lo que sucede es “gracias a Dios”, todo lo que propone es “si Dios quiere” y todo lo que decide es porque “Dios así lo quiere”... Cargadas de tanta ambigüedad, el objetivo de esas palabras ardorosas, y adobadas de religión, no parece ser otro que mantener cohesionada a la base electoral del FSLN e ilusionarla con palabras, mensajes y símbolos que evoquen en sus mentes lo que un día fue un apasionante movimiento revolucionario.
¿Lo consigue, tienen credibilidad sus discursos entre sus votantes, entre sus simpatizantes? Ortega ganó con un 38% del electorado nacional. Según una encuesta realizada en Managua el 15-16 de diciembre de 2007 por la firma Datexco SA, auspiciada por el Instituto Republicano Internacional, sólo el 21.4% de los entrevistados afirma que Ortega va “por buen camino”. Entre quienes votaron por Ortega, el 17.9% “no está satisfecho con lo que ha hecho hasta ahora”. En otra encuesta de finales de diciembre de la empresa M&R, evaluando el primer año de gobierno del FSLN, sólo el 32% de los entrevistados se declaró sandinista. De ellos, el 33.3% afirmó que apoyaba a Ortega “con reservas” y el 14% dijo que no lo apoyaba.
CPC: A CUALQUIER COSTO
Para aglutinar organizadamente a su dispersa base social y ampliar su caudal electoral en este año de elecciones municipales, el FSLN lanzó, casi al iniciar su gobierno, el proyecto de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), estructuras barriales, comarcales y municipales que serían los espacios de la democracia “directa”.
Su dirección, centralizada en el gobierno y en la esposa de Daniel Ortega; su organización hecha en torno a conocidos y no siempre prestigiados dirigentes del partido FSLN en barrios, comarcas y municipios; su vocación de competir, sustituir o rivalizar con otros espacios de participación comunitaria y social usando recursos públicos, con la tradicional receta clientelismo+asistencialismo, desataron una justificada polémica. La tenacidad de la pareja gobernante para imponer los CPC, desafiando cualquier obstáculo legal o institucional, demostró el valor estratégico que ambos dan a estas estructuras, conocedores ambos del actual deterioro del FSLN.
La crisis político-institucional -que escaló en diciembre para prolongarse en enero- fue provocada por el empeño gubernamental en establecer a toda costa, contra todo viento y contra todas las mareas, los CPC.
Con un alto costo político, al revelarse aún más claramente su voluntad autoritaria, Ortega ganó la partida: los CPC quedaron definitivamente legalizados. Legitimarse ante la población y entre ella es ahora su reto. De momento, el número de sus afiliados parece ser bastante menor de aquel millón de personas que su coordinadora, Rosario Murillo, anunció en julio.
No existen cifras y una encuesta nacional realizada por la empresa M&R (26-30 diciembre) mostró que sólo el 16.4% de quienes se consideran bases del FSLN participan en los CPC. Del total de encuestados, el 88.7% dijo que no pertenecía y sólo el 8.6% que sí. A la pregunta de “si en el futuro” estaría dispuesto a integrarse, un 19.2% dijo que sí, el 73.7% dijo abiertamente que no, y el 7.1% prefirió no opinar. ¿Miedo? Hay informaciones que confirman que el empeño del gobierno de imponer a cualquier costo los CPC tiene su reflejo en los territorios, donde los CPC buscan imponerse sobre las alcaldías no sandinistas, las organizaciones sociales y la población.
La crisis provocada para imponer los CPC fue una embestida del Ejecutivo contra el Legislativo. En septiembre, el Presidente Ortega había vetado las limitaciones que una mayoría parlamentaria le puso a sus CPC, estableciendo que estas estructuras no podrían ser parte del Ejecutivo ni ejecutarían programas del gobierno ni manejarían recursos públicos, sino que debían limitarse a ser estructuras partidarias. El 13 de noviembre, los 52 diputados del en ese momento estrenado Bloque contra la Dictadura rechazaron el veto presidencial y ordenaron publicar la Ley 630, que establecía límites a los CPC.
Y como tras la polémica sobre los CPC está también una correcta interpretación de la “participación ciudadana”, la Ley 630 explicitaba: El derecho de participación ciudadana se ejercerá bajo los principios de pluralidad, voluntariedad, equidad y universalidad, sin privilegios de ninguna índole, subsidios o ventajas para ninguna organización.
Y teniendo en cuenta la animadversión expresada por el gobierno de Ortega contra otras formas de participación y contra las organizaciones sociales que lo cuestionan, decía también la Ley 630: El Poder Ejecutivo facilitará una interacción fluida con la Sociedad Civil organizada, atendiendo por igual y sin discriminación a todas las organizaciones ciudadanas interesadas en la participación.
DÍAS DE INSÓLITOS
El mismo día en que los legisladores rechazaron el veto, el coordinador de los CPC de Managua y otros miembros de CPC presentaron varios recursos de amparo contra la Ley 630 y, en tiempo récord, un tribunal sandinista ordenó al Legislativo no publicar la Ley 630. En complicidad con el Ejecutivo, el Poder Judicial le daba así un golpe de Estado técnico al Legislativo al violentar su autonomía para legislar y al ordenarle paralizar el proceso de formación de la ley. Jurídicamente, algo insólito. Políticamente algo ya normal.
Airado, Ortega aplaudió lo actuado por el tribunal y amenazó con gobernar por decreto. Y de hecho lo hizo: el 29 de noviembre emitió dos decretos. Uno legalizando los CPC, ya no en el ámbito del Ejecutivo sino en el del CONPES, máxima instancia constitucional de consulta del gobierno con la sociedad civil. El otro, entregando la dirección del CONPES a su esposa. Así, la coordinadora de los CPC dirigirá desde el Ejecutivo la instancia de consulta del Ejecutivo con los CPC. Como concentración de poder, algo insólito.
Las jugadas jurídico-legales del Ejecutivo cohesionaron a los 52 diputados opositores, que se negaron a volver a sesionar en el Parlamento hasta que el Presidente del Legislativo, el diputado del FSLN René Núñez, publicara la Ley 630.
La escalada de los insólitos continuó. Después de dos semanas de parálisis en el Parlamento, el 5 de diciembre, en la mera víspera de que por fin Núñez iba a cumplir con su obligación de publicar la Ley 630, tres magistrados sandinistas de la Corte Suprema de Justicia se reunieron, en horas de la noche y con un procedimiento anómalo, para emitir una resolución declarando inconstitucional la Ley 630 por restarle facultades al Presidente, y restituyendo a los CPC su carácter de órganos del Poder Ejecutivo.
La resolución incluía también la declaración de la constitucionalidad del nombramiento de Rosario Murillo como directiva del CONPES, obviando la prohibición legal de nepotismo y la de tener más de un cargo en el Estado.
Hacía mucho tiempo que no se escuchaba una tan airada protesta de los magistrados del PLC en la Corte Suprema, que no fueron ni siquiera informados de la resolución cocinada por sus colegas en la noche. “Golpe de Estado”: así calificaron los magistrados alemanistas la resolución, que provocó mayor cohesión entre los 52 diputados del “bloque”. No reconocerían el fallo judicial y se declararon en huelga: no volverían al Parlamento, no aprobarían el Presupuesto 2008 y recortarían en él lo asignado a programas politiqueros que son manejados como proyectos prebendarios y personalistas del partido orteguista, calificando así los programas Hambre Cero, Usura Cero y otros, que ya estaban administrando los CPC. Los diputados opositores alertaron a la OEA sobre lo que ocurría. Cansada debe estar la OEA de las continuas crisis institucionales de Nicaragua.
DÍAS DE COHETERÍA
El 7 de diciembre, fiesta nacional por la arraigada fiesta católica de la Purísima, estallaron más cohetes de crisis a la par de la tradicional cohetería en barrios y altares.
Varios diputados dieron a conocer entretelones de cómo había surgido la resolución de la Corte. Informaron de las palabras con las que el magistrado sandinista de la Corte, Rafael Solís, se habría expresado para sacarla adelante a cualquier costo: “Si esto se va a descachimbar, que se descachimbe. De todos modos ya tenemos el Ejecutivo. Si hay que cerrar la Asamblea la vamos a cerrar, pero aquí los CPC van, porque es la voluntad de Daniel, así tengamos que pasar encima de la Asamblea, del Poder Judicial y de quien sea necesario. A nosotros nos vale un pito la ley, con ella nos limpiamos”.
Todo lo que se veía en el escenario, y se sospechaba de lo que ocurría en las bambalinas, indicaba una importante fisura en las relaciones pactadas entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán. Y es que los diputados del PLC venían participando en la “rebelión” contra los CPC, también habían exigido la publicación de la Ley 630, y además, y muy crucial, se acababa el año sin que los votos del PLC le aprobaran a Ortega nuevas reformas constitucionales que le permitieran la reelección.
En represalia, en medio de los cohetes, se supo que Alemán había sido advertido de que pasaría la Navidad en la cárcel. Preocupados por la suerte de su máximo líder, los diputados del PLC comenzaron a ceder y, a la par, a elaborar un proyecto de amnistía para liberarlo de su condición de reo y de rehén de Ortega.
DÍAS MALOS PARA ALEMÁN
Grande la fisura, tenía que seguir la crisis. Sin guardar ningún disimulo, en el mismo día en que el Legislativo se disponía a desconocer la resolución de la Corte Suprema y para frenar esa amnistía -con la que Alemán quedaría perdonado como reo y dejaría de ser rehén- y para amedrentarlo y forzarlo a convencer a sus diputados a plegarse a los intereses de Ortega, el 12 de diciembre dos magistradas sandinistas de un tribunal de Managua anunciaron que tenían ya una decisión sobre la apelación presentada por Alemán a la sentencia que en primera instancia lo condenó (diciembre 2002) a veinte años por lavado de dinero, fraude al Estado, malversación de caudales públicos y asociación para delinquir.
Al conocer los liberales que fallarían por fin, ratificándola, esa famosa sentencia, corrió el rumor de que Alemán había pedido asilo en alguna embajada. Dijo después su vocero que había pasado “a la clandestinidad”.
Realmente, Alemán nunca salió de su hacienda y estaba allí cuando el 13 de diciembre se le notificó la ratificación de su condena y se le suspendió el régimen de convivencia familiar con que una juez le había permitido desde hacía meses recorrer libremente todo el país. Quedaba confinado de nuevo en su hacienda. Se le notificó también ese día la resolución del juicio que tiene pendiente en Panamá por blanqueo de dinero, notificación engavetada desidiosamente durante meses por la Corte Suprema y la Fiscalía y que incluye a su esposa y a su suegro.
Tan impúdico todo, tan entrelazadas las “coincidencias”, tan organizado desde el despacho de Ortega el engranaje “jurídico”, que el ex-presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Serrano Caldera afirmó que pocas veces se degradó tanto el Estado de Derecho, frase significativa después de tantas degradaciones previas.
Al ver caer en desgracia a Alemán, el alemanismo que pervive en el PLC -aun cuando Alemán no controle ya plenamente todas las decisiones de una mitad de sus diputados- comenzó a ceder para salvar a su líder. Se acercaban ya las vacaciones de Navidad, tiempos siempre propicios en Nicaragua para las negociaciones políticas al ritmo de villancicos y tragos…
El Parlamento cerró sus sesiones el 16 de diciembre sin la presencia de los 52 diputados del Bloque contra la Dictadura. Sólo asistieron los 38 diputados del FSLN, un diputado flotante, algunos representantes del gobierno y sólo dos representantes del cuerpo diplomático. No quedó aprobado el Presupuesto, como establece la ley, y la tensión institucional continuó.
La “salida” que comenzó a explorarse fue una reforma a la Ley de Amparo, que prohibiera el “control previo” del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo: que estableciera que ningún recurso de amparo puede frenar en ningún caso el proceso de elaboración de ninguna ley, desde su debate hasta su publicación y entrada en vigencia.
El espíritu negociador navideño funcionó. El 11 de enero, Alemán fue “salvado”. Recibió nuevamente el beneficio de la convivencia familiar, lo que le permite tener de nuevo el “país por cárcel” y moverse libremente donde quiera para participar en las actividades políticas que él desee. La decisión fue tomada “por la estabilidad del país”.
DÍAS DE PACTO
Y DE SHOW “LEGAL”
El día anterior se conoció la verdadera razón: Alemán había cedido y había logrado hacer ceder a sus ocho magistrados en la Corte Suprema, que se sumaron a los ocho magistrados sandinistas para firmar varias resoluciones de la Corte en pleno: los CPC eran legales, los recursos de amparo podían frenar el proceso de cualquier ley, y se cancelaban las reformas constitucionales congeladas por la Ley Marco.
La divulgación de estas tres resoluciones pactadas se hizo en un divertido “reality show”, cuando un funcionario de la Corte interrumpió el “informe” que Ortega brindaba a la Asamblea Nacional el 10 de enero para entregárselas en mano. Fingiendo sorpresa, el mandatario abrió el sobre y las leyó: todo legal...
La Ley Marco había congelado las reformas constitucionales diseñadas por Ortega y Alemán en 2005 para restarle poderes al Presidente Bolaños y socavar su gobierno.
Como Ortega no quiere que nadie le reste nada, y más bien él socava las instituciones, la resolución pactada entre los magistrados del FSLN y del PLC dejaron sólo en pie de esas reformas una única disposición: los nombramientos de ministros, viceministros y embajadores deberán ser ratificados por los legisladores.
Esto le deja a Ortega un suculento espacio de negociación política al interior del Legislativo. Tener, sobre todo, el cargo de embajador es un sueño endémico de la mayoría de los políticos: como la patria es pequeña, uno grande se sueña…
Los diputados del Bloque decidieron aceptar todo lo resuelto por la Corte, menos el control previo. Siguieron insistiendo en reformar la ley de amparo para evitar que los tribunales puedan frenar cuando quieran las leyes que elaboran. Ortega tuvo que ceder en esto. El 24 de enero, con el voto de 80 diputados, quedó reformada la ley de amparo para restaurar el “balance de poderes”.
Valía la pena ceder: durante el largo período negociador pre y post navideño que duró la crisis, el FSLN logró todo lo que quería. Y también hizo tambalear el bloque de los 52 diputados, atrayéndose a siete, ocho, ¿diez? de ellos, quienes jugarán el formal papel de “bisagra” y el teatral papel de “independientes”.
Convirtiéndose en “necesarios” al FSLN para conseguir una mayoría de 48 votos, los que son necesarios para aprobar cualquier ley ordinaria y cualquier nombramiento, estos diputados “multiusos” estarán a la orden para halagos, sobornos y propuestas. “A menos conciencia y dignidad, mayores posibilidades de que se desmorone el bloque”: así se expresó poco antes de que surgiera la “bisagra” Víctor Hugo Tinoco, del Movimiento Renovador Sandinista, uno de los tres únicos diputados sandinistas entre los 52 diputados del Bloque.
CRISIS DESTRABADA,
PAÍS TRABADO
Una vez más, una más de las crisis institucionales se destrabó. Hasta que estalle la próxima. La crisis destrabada dejó a Ortega como ganador neto y mostró una vez más que es el país el que está “trabado”. Y esta trabazón no tiene solución en el corto plazo porque está enraizada no en el país legal sino en el país real, en la cultura de los políticos y en la cultura política interiorizada por la población.
También en la cultura religiosa. Son cada vez más abundantes en templos y encuentros religiosos, mensajes como éste, escuchado textualmente en boca de un pastor en un canal de noticias: “En vez de criticar al gobierno, hay que pedirle a Dios que le dé sabiduría al Presidente. Ya Dios lo puso, ahora, como ciudadanos cristianos, sólo tenemos que orar para que sea un buen gobernante. Haciendo esto, Nicaragua será bendecida y nunca veremos a Nicaragua en malas situaciones”.
Estamos trabados. Institucionalmente. También religiosamente.
UN DIAGNÓSTICO CERTERO:
Durante esta última crisis, el Poder Judicial se exhibió como un árbitro totalmente partidarizado, fallando primeramente a favor de los intereses de Ortega, para terminar fallando para que Alemán se salvara de la cárcel. Fue un caso extremo de esa enfermedad que padece nuestro país y que ha sido diagnosticada con el nombre de “judicialización de la política”.
La crisis reveló que, aunque el pacto de Alemán con Ortega está en problemas, sigue vigente como recurso de chantaje para que Ortega consiga los votos que no logra con su minoría parlamentaria.
Reveló claramente el control que Ortega tiene sobre el Poder Judicial, su voluntad de seguir haciendo del reo Alemán su rehén y la decisión de Alemán de seguirlo siendo, a causa del terror que le produce la posibilidad de verse encerrado en una cárcel. El destrabe de la crisis fue también un jaque, casi mate, a esa ambigua alianza, que se llamó Bloque contra la Dictadura, usada en gran medida por el PLC para negociar mejor con el FSLN.
NUMERITOS CAMBIAN
El escalamiento de la crisis demostró que el principal obstáculo que tiene hoy Daniel Ortega para llevar adelante su proyecto autoritario -¿su dictadura?, al menos su “dictadura institucional”- está todavía en un muy ambiguo Legislativo. No lo controla totalmente: tiene una minoría de diputados (38 + 3-4 flotantes sobre un total de 92). Y como Alemán ha perdido control sobre los 25 diputados del PLC -el deterioro del liderazgo de Alemán y la rebelión en la granja liberal son evidentes-, el pacto no funciona a todo gas en el Legislativo, como sucedió en los últimos años.
Empezará entonces a funcionar ahora desde la Corte Suprema de Justicia, donde los ocho magistrados liberales demostraron que siguen siendo fieles a Alemán. Y en donde está pendiente para este año la elección de nuevos magistrados y la eventual reelección de algunos.
Las elecciones municipales de noviembre tendrán la característica de ser también un referéndum sobre la gestión de Ortega cuando ya hayan transcurrido dos años de su gobierno. ¿Qué nublados despejarán o surgirán con los resultados electorales? El tendido electoral del FSLN se mantiene intacto. En la oposición, la crisis en el PLC (entre los más y los menos leales a Alemán y a sus intereses) y la fragmentación en la ALN (entre los “vamos con Eduardo” y los no vamos con él y entre los conservadores, que rechazan la firmada unidad liberal para las municipales porque incluye a Alemán) le abren más posibilidades al MRS.
¿EL FUTURO DE ALEMÁN?
¿Cuál será el futuro político de Alemán? Los intereses del PLC ya no coinciden exactamente con los suyos, porque este reo prioriza, sobre cualquier estrategia política, su libertad. Como reo y como rehén demuestra ser, una y otra vez, un pesado factor de división en las filas liberales. Verlo continuamente ir y venir en manos de Ortega, su carcelero, ha debilitado su liderazgo entre las bases liberales, muchas de las cuales hicieron del antisandinismo señal de identidad partidaria.
En este último episodio de crisis, los tribunales sandinistas se ocuparon de hacerle a Alemán más complicado de abrir el cerrojo de su prisión: no sólo ratificaron su condena a 20 años por lavado de dinero, sino que independizaron cada uno de sus otros delitos contra el Estado, sumando la condena que tiene ahora, por cada uno de ellos, 25 años más de cárcel. 45 en total.
Pero aun cargando esas condenas, Alemán siempre estará libre. En un año electoral, circulando libremente por todo el país es funcional a lo que es central en la estrategia electoral del FSLN: partir en dos a los liberales, los del PLC y los de la ALN que dirige Montealegre.
Por eso y para eso Alemán quedó libre. Por eso, aun cuando todavía estaba recluido legalmente en su hacienda, el 9 de enero, Ortega le concedió libertad para acudir a la firma de la unidad electoral -lograda tras muchos obstáculos y aún frágil- entre el PLC y la ALN, sorprendiendo a toda la concurrencia. A Montealegre no le quedó más remedio que abrazar a Alemán, después de haberse negado reiteradamente a aparecer siquiera cercano a él. Si Montealegre se lanza como candidato a alcalde de Managua no sería extraño que Alemán se le presentara de improviso en cualquiera de sus actos de campaña para ponerlo en aprietos.
¿DÍAS DE AMNISTÍA?
¿Se podrá candidatear Montealegre? No le conviene al FSLN. Sacar de esa candidatura y del juego político a Montealegre y seguir metiendo en el juego a Alemán es la táctica que Ortega priorizará.
En enero, la maquinaria legal-institucional se lanzó contra Eduardo Montealegre, adjudicándole, por las decisiones que tomó cuando fue Ministro de Hacienda del gobierno de Bolaños, toda la responsabilidad en el escandaloso caso de los bonos CENI, que enriquecieron a unos pocos y han significado un costo enorme para los recursos públicos.
Se le levantó con trámite de urgencia el sigilo bancario a él y a su esposa, se le sometió a varios y prolongados interrogatorios en la Procuraduría y en la Fiscalía y se le mantiene un juicio pendiente. La dirección de ingresos lo declaró “evasor fiscal”, cobrándole 25 millones de córdobas por impuestos no pagados en los últimos cuatro años. Y la propaganda del gobierno lanza cuñas radiales señalando a Montealegre como el responsable “del robo más espectacular de los últimos 30 años”.
La estrategia pre-electoral del FSLN, pro-Alemán y vs. Montealegre, buscará torpedear de todas las formas posibles la unidad electoral de los liberales firmada el 9 de enero, unidad llena aún de ambigüedades por las desconfianzas mutuas. La “salida” que ven muchos es una ley de amnistía que favorezca tanto a Alemán como a Montealegre. Esto despojaría a Ortega de una de sus más importantes piezas de chantaje sobre sus adversarios liberales. Y no sin lamentarlo, hay que reconocer que despejaría algunos de los nublados -nubarrones- del deprimente, ambiguo e incierto celaje político que nos cobija.
El panorama político y económico es tan ambiguo tan incierto, que no parece que pueda servir de freno a la voluntad autoritaria y sectaria del Presidente Ortega, a su tendencia a gobernar desde una dictadura institucional, judicializando la política y politizando la justicia.
¿Permitirá el pueblo nicaragüense, absorbido mayoritariamente por la supervivencia diaria y decepcionado, y por eso pasivo, ante la participación política, que esta voluntad y estas tendencias se consoliden?
Las ambigüedades de la oposición política no garantizan que actúe como un bloque. La oposición parlamentaria no tiene credibilidad entre la población. El PLC está aún muy ligado emocionalmente al socio y rehén de Ortega, el ex-Presidente Alemán. Las buenas relaciones de Ortega con la gran empresa privada hacen susceptible a la ALN a entenderse con el gobernante. La ALN está atravesando, además, por un proceso de fragmentación. Y el MRS, que marca algunas diferencias, apenas está creciendo, y no sin grandes dificultades.
ESTE “MILAGRO”
Cuando la “oposición” al autoritarismo y a la corrupción, al ejercicio del poder como exclusión e imposición, no sea sólo contra el gobierno, ni contra “este” gobierno, cuando se fragüe y empiece a vivir en los hogares, en las escuelas, en las oficinas y centros de trabajo, también en las iglesias, cuando esa oposición esté basada en una transformación de la cultura política y renunciemos al cortoplacismo y al yoquepierdismo y nos hagamos responsables de nuestras vidas y de nuestra historia habrá menos nublados. Menos que los de estos días. ¿Qué podría producir este “milagro”?

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