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BOE.es - Documento BOE-A-2016-3911
Documento BOE-A-2016-3911
«BOE» núm. 97, de 22 de abril de 2016, páginas 27478 a 27490 (13 págs.)
BOE-A-2016-3911
En la cuestión interna de inconstitucionalidad núm. 5344-2013, planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en relación con el art. 102 bis.2, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial. Han intervenido el Abogado del Estado y el Fiscal General del Estado. Ha sido Ponente el Magistrado don Andrés Ollero Tassara, quien expresa el parecer del Tribunal.
2. Los antecedentes de la presente cuestión interna de inconstitucionalidad son los que a continuación se resumen:
a) El 29 de julio de 2011 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal escrito del Letrado don Alfonso Carbonell Tortosa (posteriormente ratificado por escrito de 29 de noviembre de 2011 del Procurador designado de oficio, a instancias del recurrente, por el Colegio de Procuradores de Madrid) por el que se interponía recurso de amparo en nombre y representación de don J.V.L.E., contra el decreto del Secretario de Justicia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 27 de Madrid, de 26 de mayo de 2011, dictado en el procedimiento abreviado núm. 30-2011, al considerar vulnerado el derecho al proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE).
La demanda de amparo se basó en la vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), al no entender razonable que se señale para el 22 de abril de 2014 la celebración de la vista de un procedimiento abreviado contencioso-administrativo –que se inspira en el juicio verbal civil– cuando la demanda fue interpuesta el 10 de diciembre de 2010. Al considerase de escasa complejidad el asunto, por grande que fuera la carga de trabajo de los tribunales, se invoca que el art. 440.1 LEC, supletoriamente aplicable, establece un plazo máximo de veinte días entre la admisión de la demanda y la celebración del juicio oral.
La Sala Segunda fundamenta el planteamiento de la cuestión interna de inconstitucionalidad en que, si bien el derecho que se dice vulnerado en el recurso de amparo es el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas (art. 24.2 CE), «la línea argumentativa de la demanda de amparo aparece condicionada, en cuanto a los requisitos procesales, al entendimiento de que se han agotado todos los medios de impugnación jurisdiccionales previstos por las normas procesales para el caso concreto y que la violación de derechos que se invoca es imputable a una acción u omisión del órgano judicial correspondiente». Esta línea de argumentación determinaría que en el recurso de amparo se esté impugnando, bajo la cobertura del art. 44 LOTC, un acto de un órgano judicial que no emana del titular del mismo –el Juez o Magistrado–, sino de la Secretaria Judicial de aquél. Esto plantearía una situación no solamente atípica sino problemática en cuanto a su encaje en el amparo contra actos judiciales a que se refiere el citado art. 44 LOTC. Este precepto permite la interposición del recurso contra las violaciones de los derechos y libertades protegibles en amparo «que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial». Esta expresión habría de entenderse referida, de conformidad con las previsiones del art. 117 CE, a los Juzgados y Tribunales servidos por Jueces y Magistrados integrados en el Poder Judicial; a ellos corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado y no cabría realizar una interpretación amplia de ese concepto que «permita convertir en objeto del recurso de amparo todo acto procedente de cualquier sujeto que se encuentre incluido en la organización judicial». De este modo, concluye la Sala, resultaría procedente elevar al Pleno cuestión de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2, de la LJCA, «en la medida en que este precepto excluye del recurso directo de revisión el decreto del Secretario Judicial resolutivo del recurso de reposición contra las diligencias de ordenación del Secretario del Juzgado, y, entre ellas, la que señala el día para la celebración de la vista en el procedimiento abreviado, privando así al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano una cuestión tan importante como es la relativa a la afección de un derecho fundamental, que en el presente caso se refiere, como ya ha quedado expuesto, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, todo lo cual, como ha señalado el Ministerio Fiscal, puede suponer una desatención del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE» (ATC 163/2013, FJ 2).
Tras delimitar el objeto de la presente cuestión interna de inconstitucionalidad, se alude a las funciones del Secretario Judicial tras la reforma de la legislación procesal operada por la Ley 13/2009. Se recuerda que la finalidad de la reforma era asegurar la prestación del servicio público en que consiste la Justicia de una manera más ágil, transparente y conforme a los valores constitucionales. Esto implicaría una racionalización y optimización de los recursos que se destinan a la Administración de la Justicia; con ese fin, la ley encomienda distintas funciones a los operadores jurídicos, que se integran en la Administración de Justicia, para conseguir la racionalización de su funcionamiento. Al Secretario se atribuyeron no sólo funciones de impulso procesal sino otras que, con remisión literal a la exposición de motivos de la Ley 13/2009, se califican como «materias colaterales a la función jurisdiccional» indispensables para el ejercicio de esta. Por el contrario, cuando el contenido de la decisión implica mayor afectación al derecho de acceso a la justicia, su decisión se reserva al titular del órgano judicial. Se ilustran estas consideraciones previas con pasajes de la exposición de motivos de la Ley 13/2009, así como con fragmentos seleccionados del informe del Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de ley y de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados durante el trámite parlamentario, en lo referente a las nuevas funciones del Secretario Judicial.
Entrando en el fondo del asunto, el Abogado del Estado examina el régimen de recursos contra las que la ley denomina «resoluciones procesales» del Secretario Judicial, en los arts. 451 y 454 LEC, como régimen general, y en el cuestionado art. 102 bis.2 LJCA en particular. Esta regulación contempla la posibilidad de que la resolución del Secretario Judicial sea revisada por el Juez o Tribunal correspondiente; como excepción, los decretos del Secretario Judicial que resuelven recursos de reposición contra diligencias de ordenación, salvo que se diga expresamente otra cosa, no son susceptibles de recurso alguno, sin perjuicio de la posibilidad de reproducir la cuestión, en el proceso contencioso-administrativo, al recurrirse la resolución definitiva.
Tampoco resultaría posible considerar que, frente a los decretos del Secretario Judicial que desestiman el recurso de reposición en el que se alegaba la lesión de un derecho fundamental, sea procedente interponer incidente de nulidad de actuaciones del art. 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); la lesión del derecho fundamental ya fue invocada y además no proviene del Juez o Tribunal, mientras el incidente de nulidad requiere que la lesión «no haya podido denunciarse antes de recaer resolución que ponga fin al proceso y siempre que dicha resolución no sea susceptible de recurso ordinario ni extraordinario», siendo competente para conocer del incidente de nulidad «el mismo Juzgado o Tribunal que dictó la resolución que hubiera adquirido firmeza» (art. 241.1 LOPJ).
«2. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva.
La reforma de la oficina judicial iniciada con la Ley Orgánica 19/2003 obedece al objetivo de asegurar la prestación del servicio público que constituye la Administración de Justicia de forma acorde con los nuevos retos que plantea la sociedad actual, a fin de dispensar a los ciudadanos un servicio próximo y de calidad, más ágil, eficiente y transparente, lo que implica conseguir una optimización y racionalización de los medios que se destinan a la Justicia. A tal efecto, una de las claves fundamentales de la reforma consiste precisamente, como queda dicho, en potenciar la intervención de los Secretarios Judiciales, actuales Letrados de la Administración de Justicia, llamados a responsabilizarse, por su capacitación profesional como técnicos en Derecho, «de determinadas materias que si bien quedan fuera de la potestad jurisdiccional atribuida con exclusividad a Jueces y Tribunales, no por ello son menos importantes para la buena marcha del servicio público que constituye la Administración de Justicia», como señala el preámbulo de la Ley 13/2009, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Así, el Letrado de la Administración de Justicia (antes Secretario Judicial), además de ejercer en exclusividad su tradicional función de fedatario público dentro del proceso, así como la de impulso de las actuaciones procesales que ya tenía atribuida (por medio de las diligencias de ordenación), asume ahora también otras funciones «en materias colaterales a la función jurisdiccional» (preámbulo de la Ley 13/2009) y se le reconoce la facultad de dictar determinadas resoluciones motivadas (decretos), relevantes para la buena marcha del proceso. De acuerdo con este nuevo modelo de oficina judicial, configurada como organización instrumental que sirve de soporte y apoyo a la actividad jurisdiccional de Jueces y Tribunales [art. 435.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)], la toma de decisiones dentro del proceso se distribuye ahora entre Jueces y Magistrados, por un lado, y Letrados de la Administración de Justicia, por otro. Se reservan a los primeros las resoluciones que se integran en lo que el Preámbulo de la Ley 13/2009 denomina «función estrictamente jurisdiccional», en consonancia con lo establecido en los arts. 24.1 y 117 CE. Se trata, en definitiva (continúa el preámbulo citado) «de que los Jueces y Magistrados dediquen todos sus esfuerzos a las funciones que les vienen encomendadas por la Constitución: juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Para ello es preciso descargarles de todas aquellas tareas no vinculadas estrictamente a las funciones constitucionales que se acaban de señalar, y a ello tiende el nuevo modelo de la oficina judicial. En ella, se atribuirán a otros funcionarios aquellas responsabilidades y funciones que no tienen carácter jurisdiccional». Por ello, concluye el preámbulo de la Ley 13/2009, «salvo los supuestos en que una toma de decisión procesal pudiera afectar a la función estrictamente jurisdiccional, se ha optado por atribuir la competencia del trámite de que se trate al Secretario judicial» (Letrado de la Administración de Justicia, tras el cambio de denominación introducido por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio).
De acuerdo con este modelo de distribución de competencias entre Jueces y Magistrados y Letrados de la Administración de Justicia, en el marco de la moderna oficina judicial, la Ley 13/2009 acomete una minuciosa reforma horizontal de las leyes procesales en todos los órdenes jurisdiccionales. Introduce en cada una de ellas normas generales y especiales expresivas de los supuestos en que las «resoluciones procesales» –denominación que engloba en la nueva nomenclatura legal tanto a las «resoluciones judiciales», dictadas por Jueces o Tribunales, como las de los Letrados de la Administración de Justicia, como expresan el art. 206 de la Ley de enjuiciamiento civil (LEC) y los arts. 244 y 456 LOPJ– deben ser dictadas por el Juez o Tribunal o por el Letrado de la Administración de Justicia. Se indica igualmente la denominación y forma de la resolución de que se trate (providencias, autos y sentencias en el caso de las resoluciones judiciales; diligencias y decretos en el caso de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia), así como su régimen de impugnación. En tal sentido el art. 456.4 LOPJ, en la redacción resultante de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, determina con carácter general que «las diligencias de ordenación y los decretos serán recurribles en los casos y formas previstos en las leyes procesales».
3. El cuestionado art. 102 bis.2 LJCA, que se corresponde con las previsiones generales contenidas en los arts. 454 y 454 bis.1 LEC (este último añadido también por la Ley 13/2009 y modificado por la Ley 37/2011, de 10 de octubre), establece el régimen de recursos en el proceso contencioso-administrativo contra las resoluciones del Secretario Judicial, ahora Letrado de la Administración de Justicia. De este modo contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos del Letrado de la Administración de Justicia cabe recurso de reposición ante el propio Letrado que dictó la resolución recurrida (excepto en los casos en los que la ley prevea recurso directo de revisión ante el Juez o Tribunal). Contra los decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (esto es, aquellos por los que se ponga fin al procedimiento o que impidan su continuación) y en los demás casos legalmente previstos, cabrá recurso directo de revisión, a resolver por el Juez o Tribunal, según proceda. Contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia resolutorios del recurso de reposición promovido contra las diligencias de ordenación y decretos no definitivos «no se dará recurso alguno», sin perjuicio de reproducir la queja al recurrir, en su caso, la resolución definitiva que recaiga en el proceso contencioso-administrativo.
Es en esta concreta previsión legal de exclusión de recursos, contenida en el primer párrafo del art. 102 bis.2 LJCA («Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva»), en la que reside la duda que se plantea en la presente cuestión interna de inconstitucionalidad, a la vista del razonamiento que se contiene en el ATC 163/2013; a ella habrá de ceñirse nuestro pronunciamiento. Los dos párrafos restantes del precepto legal cuestionado no resultan afectados por la duda de constitucionalidad que plantea la Sala Segunda de este Tribunal.
Ello determina para la Sala Segunda que en el recurso de amparo del que trae causa la cuestión interna que nos ocupa «se esté recurriendo, bajo la cobertura del art. 44 LOTC, un acto de un órgano judicial que, sin embargo, no emana del titular del mismo, es decir, que no es dictado por el Juez o Magistrado, sino por la Secretaria Judicial de aquél, lo que ciertamente plantea una situación no solamente atípica sino problemática en cuanto a su encaje en el amparo contra actos judiciales a que se refiere el citado art. 44 LOTC». Este precepto «permite la interposición del recurso contra las violaciones de los derechos y libertades protegibles en amparo “que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial”, expresión esta última que ha de entenderse referida, de conformidad con las previsiones del art. 117 CE, a los Juzgados y Tribunales servidos por Jueces y Magistrados integrados en el Poder Judicial, y a los que corresponde el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, sin que quepa realizar una interpretación amplia de ese concepto que permita convertir en objeto del recurso de amparo todo acto procedente de cualquier sujeto que se encuentre incluido en la organización judicial. Esto es, la lesión constitucional recurrible en amparo sólo podría ser atribuible a una actuación de los órganos judiciales, “que son los llamados a prestar la tutela jurisdiccional de los derechos” (STC 76/1999, de 26 de abril)» (ATC 163/2013, FJ 2).
Por ello se considera procedente por la Sala Segunda, de conformidad con lo previsto en el art. 55.2 LOTC, plantear cuestión interna de inconstitucionalidad respecto del art. 102 bis.2 LJCA, «en la medida en que este precepto excluye del recurso directo de revisión el decreto del Secretario Judicial resolutivo del recurso de reposición contra las diligencias de ordenación del Secretario del Juzgado, y, entre ellas, la que señala el día para la celebración de la vista en el procedimiento abreviado, privando así al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano una cuestión tan importante como es la relativa a la afección de un derecho fundamental, que en el presente caso se refiere, como ya ha quedado expuesto, al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, todo lo cual, como ha señalado el Ministerio Fiscal, puede suponer una desatención del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE».
4. La clave de la cuestión planteada reside, por tanto, en determinar si la previsión contenida en el primer párrafo del art. 102 bis.2 LJCA es compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión que garantiza el art. 24.1 CE y con el principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional, o principio de «reserva de jurisdicción» (STC 181/2000, de 29 de junio, FJ 19), consagrado por el art. 117.3 CE –«El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan»– y derivado del principio de independencia judicial garantizado por el art. 117.1 CE –«La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley»–. Este Tribunal ha tenido ocasión de recordarlo en diversas ocasiones (SSTC 108/1986, de 26 de julio, FJ 6; 231/2005, de 26 de septiembre, FJ 7, y 37/2012, de 19 de marzo, FJ 5, por todas).
Es, en efecto, a los Jueces y Magistrados, individualmente o integrados en Salas o Secciones de Justicia, a quienes corresponde dispensar la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, cuyo contenido se extiende a «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado» (art. 117.3 CE); potestad exclusiva «justamente derivada del principio de independencia judicial que garantiza el art. 117.1 CE» (STC 231/2005, FJ 7), que es «consustancial a todo Estado democrático» (STC 37/2012, FJ 5).
Como este Tribunal ha señalado, «el Poder Judicial consiste en la potestad de ejercer la jurisdicción, y su independencia se predica de todos y cada uno de los Jueces en cuanto ejercen tal función, quienes precisamente integran el poder judicial o son miembros de él porque son los encargados de ejercerla. Así resulta claramente del artículo 117.1 de la Constitución» (STC 108/1986, FJ 6). «La independencia es atributo consustancial a la función de juzgar, en cuanto implica que Jueces y Tribunales no están subordinados en el ejercicio de su función jurisdiccional a ningún otro poder público, sino sometidos única y exclusivamente “al imperio de la ley”, esto es, sujetos al Derecho … Por eso la legitimación democrática del Poder Judicial deriva directamente de la Constitución, que configura a la justicia como independiente, sometida únicamente al Derecho y no a opciones políticas. Es más, si en un Estado no existe un poder judicial independiente (independencia que se predica de todos y cada uno de los jueces y magistrados integrantes del poder judicial) entonces lo que no hay es Estado de Derecho, pieza esencial, como es sabido, de un Estado auténticamente constitucional» (STC 37/2012, FJ 5). Justamente por ello, la proclamación constitucional de la independencia del Poder Judicial va acompañada del establecimiento de diversas garantías adecuadas a asegurar su efectividad, como son, entre otras, la inamovilidad, la imparcialidad, el estatuto jurídico de Jueces y Magistrados, y el régimen de responsabilidad (SSTC 108/1986, FJ 6, y 37/2012, FJ 6).
Del principio de exclusividad de Jueces y Magistrados en el ejercicio de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE), derivado a su vez del principio de independencia judicial (art. 117.1 CE), no puede, sin embargo, «inferirse la existencia de una correlativa prohibición impuesta al legislador, por la que se condicione su libertad de configuración para elegir el nivel de densidad normativa con que pretende regular una determinada materia» (SSTC 181/2000, de 29 de junio, FJ 19, y 190/2005, de 7 de julio, FJ 6).
El legislador ha plasmado esta garantía de control judicial tanto de modo directo, a través del recurso de revisión contra los decretos del Letrado de la Administración de Justicia que pongan fin al proceso o impidan su continuación (art. 454 bis.1 LEC, párrafo segundo, y el propio art. 102 bis.2 LJCA cuestionado, que viene a reproducirlo) como, indirectamente, en el caso de los decretos del Letrado de la Administración de Justicia resolutivos de la reposición, cuyo objeto, aun no siendo recurrible en revisión ante el Juez o Tribunal, puede ser sometido a la consideración del Juez o Tribunal dentro del proceso. Así ocurre tanto en el proceso civil, en «la primera audiencia ante el tribunal tras la toma de la decisión» (art. 454 bis.1 LEC, párrafo primero), como en el proceso contencioso-administrativo, al recurrir la resolución definitiva que recaiga en el proceso; siempre, claro está, que fuere procedente el recurso (art. 102 bis.2 LJCA, párrafo primero), cuestión sobre la que luego volveremos, sin perjuicio de recordar que en la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria, el legislador se ha decantado por establecer que los decretos de los Letrados de la Administración de Justicia que resuelvan expedientes de jurisdicción voluntaria serán en todo caso susceptibles de recurso de revisión ante el Juez competente (art. 20.2), lo que no carece de relevancia a los efectos que nos ocupan.
Tal acontece precisamente en el supuesto —al que se refiere la Sala Segunda de este Tribunal al plantear la presente cuestión interna de inconstitucionalidad en su ATC 163/2013— del señalamiento por el Letrado de la Administración de Justicia del día para la celebración de la vista en el procedimiento abreviado contencioso-administrativo (art. 78.3 LJCA. Esta decisión, una vez confirmada en reposición por el Letrado, queda excluida del recurso directo de revisión ante el Juez o Tribunal, conforme a lo dispuesto en el cuestionado párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA, privándose con ello al justiciable de la posibilidad de someter a la decisión última del titular del órgano judicial una cuestión que afecta a un derecho fundamental, que en el caso sería el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, garantizado por el art. 24.2 CE (por la demora, que el justiciable considera excesiva, en la fecha señalada para la vista); lo que a su vez podría suponer «una desatención del derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE» (ATC 163/2013, FJ 2).
Sin embargo, esta interpretación no resuelve el problema planteado pues, en primer lugar, supone obviar que la posibilidad de «reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva» (párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA) sólo existe cuando la resolución definitiva del proceso contencioso-administrativo sea susceptible de recurso. Y no puede olvidarse que contra las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo o los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en procesos de cuantía inferior a 30.000 € (que se sustancia por los trámites del procedimiento abreviado, según el art. 78 LJCA) o en materia electoral (art. 8.5 LJCA y arts. 49 y 109 de la Ley Orgánica del régimen electoral general) no cabe recurso alguno (art. 81.1 LJCA), salvo el de apelación en los supuestos en que se declare la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo (art. 81.2 LJCA). Asimismo existen sentencias dictadas en única instancia por los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo contra las que no cabe recurso (arts. 86 y 96 LJCA). Es obvio que en tales supuestos no sería posible someter el decreto del Letrado de la Administración de Justicia a la revisión del Juez o Tribunal por vía de recurso contra la resolución definitiva recaída en el proceso.
En efecto, a diferencia de que lo sucede con los restantes derechos fundamentales tutelables en amparo (arts. 53.2 CE y 41.1 LOTC), que exigen el agotamiento de la vía judicial procedente como requisito inexcusable para poder acudir al recurso de amparo constitucional [arts. 43.1 y 44.1 a) LOTC], y sin perjuicio de otras excepciones a la regla general de subsidiariedad (por todas, STC 4/2010, de 17 de marzo, FFJJ 3 y 4), en el caso del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas la denuncia de la vulneración ha de efectuarse mientras el proceso judicial está aún pendiente, con el fin precisamente de poner fin a la dilación denunciada, puesto que de lo que se trata es de conseguir que el órgano judicial dicte la resolución que proceda sin más demora. De este modo, si las supuestas dilaciones no subsisten en el momento de interponerse el recurso de amparo entonces esta queja pierde su objeto, toda vez que la alegación de la lesión del derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas «carece de sentido cuando el procedimiento ya ha finalizado» (entre otras muchas, SSTC 51/1985, de 10 de abril, FJ 4; 146/2000, de 29 de mayo, FJ 3; 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 3; 73/2004, de 22 de abril, FJ 2, y 126/2011, de 18 de julio, FJ 5); la apreciación en el proceso constitucional de amparo de las pretendidas dilaciones indebidas «no podría conducir a que este Tribunal adoptase medida alguna para hacerlas cesar» (SSTC 224/1991, de 25 de noviembre, FJ 2; 97/2003, de 2 de junio, FJ 4, y 147/2006, de 8 de mayo, FJ único, por todas).
Por lo que se refiere a la previsión del primer párrafo del art. 240.2 LOPJ, a cuyo tenor «el Juzgado o Tribunal podrá, de oficio o a instancia de parte, antes de que hubiera recaído resolución que ponga fin al proceso, y siempre que no proceda su subsanación, declarar, previa audiencia de las partes, la nulidad de todas las actuaciones o de alguna en particular», conviene advertir que esta nulidad de pleno derecho de los actos procesales ha de referirse a alguno de los casos enumerados por el art. 238 LOPJ, lo que determina la inviabilidad de este remedio procesal para otros supuestos. Tal acontecería precisamente en el asunto suscitado en el proceso a quo; que da lugar al planteamiento de la presente cuestión interna de inconstitucionalidad, pues el señalamiento de la vista por el Letrado de la Administración de Justicia para una fecha que el justiciable considera excesiva e injustificadamente tardía no tiene cabida en ninguno de los supuestos tasados por el art. 238 LOPJ.
En suma, el párrafo primero del art. 102 bis.2 LJCA, redactado por la Ley 13/2009 («Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva»), incurre en insalvable inconstitucionalidad al crear un espacio de inmunidad jurisdiccional incompatible con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la reserva de jurisdicción a los Jueces y Tribunales integrantes del poder judicial. El precepto cuestionado, en cuanto excluye del recurso judicial a determinados decretos definitivos del Letrado de la Administración de Justicia (aquellos que resuelven la reposición), cercena, como señala el ATC 163/2013, FJ 2, el derecho del justiciable a someter a la decisión última del Juez o Tribunal, a quien compete de modo exclusivo la potestad jurisdiccional, la resolución de una cuestión que atañe a sus derechos e intereses y legítimos, pudiendo afectar incluso a otro derecho fundamental: a un proceso sin dilaciones indebidas. Ello implica que tal exclusión deba reputarse lesiva del derecho a la tutela judicial efectiva que a todos garantiza el art. 24.1 CE y del principio de exclusividad de la potestad jurisdiccional (art. 117.3 CE).
DICTADA en la Cuestión 5344/2013 (Ref. BOE-A-2013-10913).
la inconstitucionalidad y nulidad del art. 102 bis.2.párrafo 1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en la redacción dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-1998-16718) y (Ref. BOE-A-2009-17493).

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 artículo 117
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