Source: http://informa.ccelpa.org/?page_id=161
Timestamp: 2019-04-20 01:01:03+00:00

Document:
¿Sabías que… | Portal informativo economía sumergida
La práctica habitual de actividades propias de la economía sumergida tiene una serie de consecuencias que afectan a ámbitos tan variados como el penal, el tributario, así como el orden social y laboral perjudicando el bienestar social.
A continuación pasamos a detallar algunos ejemplos de las prácticas más frecuentes en el desarrollo de este tipo de actividades:
Prestación de servicios o entrega de mercancías sin factura
Tras la solicitud de un cliente a un empresario o profesional que preste un servicio, se acuerda entre ambas partes, que se pague en efectivo sin la correspondiente entrega de factura, evitando de esta manera, el empresario o profesional, recaudar el IGIC que debería ingresar a la Agencia Tributaria Canaria.
Normativa incumplida:
El empresario incurre en fraude fiscal porque incumple el artículo 1 del RD 1619/2012, que establece la obligación para todo empresario o profesional de expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
El empresario que presta el servicio está cometiendo competencia desleal ya que oferta su servicio más barato al no tener que reflejar en su precio el importe del IGIC, incurriendo en fraude ante la Agencia Tributaria Canaria.
Defrauda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por no tener en cuenta los ingresos percibidos por sus servicios.
Una inspección al empresario da lugar a sanciones graves ya que incumple obligaciones de facturación, obligaciones contables y registrales, así como presentar incorrectamente autoliquidaciones y declaraciones, entre otras.
Si el cliente ejerce actividad empresarial, implica que no puede compensar las cuotas de IGIC soportado ni deducir el gasto.
Tanto si el cliente es empresario como si no, no puede reclamar posibles errores en la realización de la prestación del servicio ante consumo, juzgados o ante el propio empresario que presta el servicio.
Expedición de facturas con datos falsos
Tras la solicitud de la prestación de un servicio de un empresario a otro, se acuerda entre ambos, la emisión de facturas por servicios no prestados o servicios por un precio superior al realmente realizado, este caso se da normalmente cuando el empresario que emite factura está acogido al régimen de estimación objetiva (módulos), siendo para este indiferente el número de facturas emitidas porque paga una cantidad fija.
Según el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria el empresario comete infracción tributaria muy grave cuando presenta facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados y será sancionado con multa de hasta el 75 por ciento del importe facturado de forma fraudulenta.
Si el cliente ejerce actividad empresarial, implica que podrá compensar cuotas de IGIC soportado que realmente no le corresponden, con la posible inspección y sanción por parte de la Agencia Tributaria Canaria.
El cliente también defrauda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el Impuesto sobre Sociedades o Impuesto de la Renta de las Personas Físicas por falsear los gastos que realmente ha tenido la empresa, siendo inspeccionado, por inexactitud en la contabilidad.
Contabilización de facturas inexactas
Un empresario o profesional presta servicios a particulares, los cuales no tienen obligación de declarar esas facturas ante las Agencias Tributarias. Emitiendo el empresario facturas a sus clientes, por los importes reales, y contabilizando y emitiendo otras facturas de cara a las respectivas Agencias Tributarias por importes inferiores, embolsándose el empresario la diferencia.
El empresario incumple el artículo 200 de la Ley General Tributaria que señala como infracción tributaria el incumplimiento de obligaciones contables y registrales.
De ser inspeccionado el empresario que presta el servicio, será sancionado y multado por llevar una contabilidad que no se ajusta a la realidad.
Defrauda al Impuesto sobre Sociedades o Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por falsear los ingresos que realmente ha tenido la empresa, lo que implicaría sanciones muy graves por emitir facturas con datos falsos.
El empresario al emitir facturas por importes inferiores, repercute menor cantidad de IGIC y defrauda de esta manera a la Agencia Tributaria Canaria, exponiéndose a la correspondiente inspección y sanción.
Desempeño de labores por cuenta ajena percibiendo prestación por desempleo
Hoy en día hay personas que aún cobrando prestación por desempleo buscan ingresos alternativos para subsistir, desempeñando labores por cuenta ajena sin que medie un contrato de trabajo, incurriendo por ello en una irregularidad ante la Seguridad Social.
Desde el punto de vista del empresario se trata de una infracción leve regulada en el artículo 14.1 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, por no comunicar a la oficina de empleo las contrataciones realizadas en los supuestos en que estuviere obligado.
Por otra parte, el trabajador cometerá una infracción grave, según establece el artículo 25.3 de la norma citada anteriormente, por percibir indebidamente la prestación por desempleo.
El empresario incurre en infracción grave siendo sancionado por la Seguridad Social al no reflejar las cantidades abonadas al trabajador.
Teniendo en cuenta la actual legislación sobre contratación laboral, existen una serie de bonificaciones/reducciones a las que el empresario no está accediendo. Además la contratación de un trabajador implica deducciones por creación de empleo en el Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto al trabajador perderá la prestación de la Seguridad Social, dando lugar además a una infracción, así como no poder acogerse a beneficios o ayudas futuras que pudiera otorgar alguna Administración Pública.
Alquiler de local propiedad de un particular a una sociedad o profesional
Se da en el caso en el que el arrendatario sea una sociedad o un profesional y paga en efectivo el alquiler de un local a un particular que oculta a la Agencia Tributaria los ingresos obtenidos por el arrendamiento.
Desde el punto de vista del arrendador, incumple las obligaciones tributarias formales del artículo 29 de la Ley General Tributaria al no estar dado de alta, puesto que el alquiler de local exige tal obligación al arrendador, quien debe cumplimentar los modelos 037 y 400 de IRPF e IGIC respectivamente.
Incumple el artículo 206 de la Ley General Tributaria por no llevar a cabo las retenciones correspondientes tanto a nivel de IRPF como a nivel de IGIC, lo que conlleva multa pecuniaria, además de la multa correspondiente por no presentar el modelo 115.
Incumple el artículo 191 de la Ley General Tributaria por no declarar los ingresos ante la Agencia Tributaria.
Incumple el artículo 1 del RD 1619/2012, que establece la obligación para todo empresario o profesional de expedir y entregar factura u otros justificantes por las operaciones que realicen en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional.
El arrendador incurre en infracción grave siendo sancionado por la Agencia Tributaria al no reflejar las cantidades percibidas por parte del arrendatario.
El arrendador, no puede descontar los gastos ocasionados por el alquiler de la vivienda.
El arrendatario, si declarase tal alquiler y lo reflejase en su declaración, daría una indicación a la Agencia Tributaria de que el arrendador está ocultando este alquiler, dando lugar a que le inspeccionen con su posterior sanción.
Realización de los pagos en efectivo por cantidad superior a 2500 euros
Tras la solicitud de un cliente a un empresario o profesional que preste un servicio, se acuerda entre ambas partes, que se pague en efectivo una cantidad superior a 2500 euros, o siendo inferior a dicho importe el empresario o profesional pregunta al cliente si la factura se la hace con IGIC o sin él.
El empresario y el cliente incurren en fraude fiscal porque se incumple el artículo 7 de la Ley 7/2012, en la que se establece que no podrán pagarse en efectivo las operaciones, en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional, con un importe igual o superior a 2500 euros o su contravalor en moneda extranjera, lo que podrá ser sancionado indistintamente a cualquiera de ellos con una multa de hasta el 25% del importe facturado de forma fraudulenta.
A su vez, según el artículo 201.3 de la Ley General Tributaria el empresario comete infracción tributaria muy grave cuando presenta facturas o documentos sustitutivos con datos falsos o falseados y será sancionado con multa de hasta el 75 por ciento del importe facturado de forma fraudulenta.
¿Conoces a alguien en alguna de estas situaciones? Te invitamos a contarlo pulsando aquí.
Tweets por @ConfeCan

References: artículo 1
 artículo 201
 artículo 200
 artículo 14
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 206
 artículo 191
 artículo 1
 artículo 7
 artículo 201