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Timestamp: 2018-08-16 03:52:59+00:00

Document:
9.- Demanda Contenciosa, con Delito, Familia Legal, Medida Cautelar - Abogados en Madrid - Barcelona - Sevilla - Valencia - Murcia - A Coruña - Tenerife, Alicante, Bilbao, Oviedo ... Consulta Legal Online Gratis - Desahucio, Accidentes de Tráfico, Incapacidades ...
Modelo de Demanda Contenciosa, con Delito, Familiares Comunitarios...
CON DELITO, FAMILIARES COMUNITARIOS, HIJOS ESPAÑOLES
DOÑA ELENA ABELLA DIAZ, Abogado, Col. 61.933 con despacho profesional en Madrid, Calle Embajadores 206, Duplicado 1º B, C.P. 28045, Tlfno. 91.530.96.98 y Fax. 91.530.15.43, actuando en nombre de DON ………..mayor de edad, cuya representación me ha sido conferida mediante designación del Turno de Oficio que se acompaña como documento nº 1, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho DIGO:
Que por medio del presente escrito deduzco, con sujeción a lo establecido en el artículo 56 y concordantes de la Jurisdicción Contencioso Administrativa de 13 de Julio de 1.998, el presente ESCRITO DE DEMANDA, contra la resolución dictada el 17 de Septiembre de 2010 por el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en la que se decreta la expulsión de mi representado del territorio Español y la consiguiente prohibición de entrada por un periodo de cinco años, notificada el día 27 de Septiembre de 2010, resolución que se acompaña como documento nº 2, demanda que se fundamenta en los siguientes
PRIMERO.- Que Don………. fue detenido el día 24 de Junio de 2010, por Agentes de la Policía Nacional, por considerar que se encontraba irregularmente en territorio español, y carecer de documentación que acreditase su estancia legal en nuestro país.
SEGUNDO.- Dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se presentó por esta parte escrito de alegaciones, en el que se solicitaba el archivo del expediente o se sustituyese la expulsión por una sanción económica al ser desproporcionada la sanción impuesta con respecto a la infracción cometida. Se hacía constar el arraigo de Don ……….. o que además de llevar residiendo en España desde el año 1.999 habiendo sido titular de permiso de residencia y trabajo tenía dos hijos menores nacionales Españoles, ……… (de cinco años) y ……… (de dos años) conviviendo con la madre de su hija la ciudadana española……….
El 17 de Septiembre de 2010 fue dictada Resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno por la que se decretaba la expulsión del territorio nacional de Don …………, con la prohibición de entrar en España por un periodo de 5 años.
“En el plazo concedido al efecto se ha presentado escrito de alegaciones, sin que las manifestaciones contenidas en el mismo desvirtúen los hechos imputado., Constando en el expediente además de la permanencia irregular en España, otros datos negativos sobre su conducta, al constarle con el ordinal nº 1813814704 una reseña por malos tratos habituales y una reseña por malos tratos físicos habituales en el ámbito familiar, que demuestra un comportamiento antisocial en nuestro país y aconsejan la imposición de la sanción de expulsión que se propone, en lugar de una sanción económica, que en ningún caso sanaría su situación irregular en España”.
En ninguna otra parte de la resolución se hace referencia al resultado de las diligencias policiales o judiciales iniciadas, lo que implica que evidentemente ha de prevalecer la presunción de inocencia de mi patrocinado.
Tal y como se reseñará posteriormente en la fundamentación jurídica del presente escrito, no se puede considerar como hecho desfavorable la existencia de unas diligencias policiales o penales abiertas, si la administración no indica el devenir de las mismas, reseñar por su indudable trascendencia, sin perjuicio de un mayor desarrollo en el lugar procedente, lo establecido por las Sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo nº 5, Sección 5ª del Tribunal Supremo, entre ellas, 29 de Septiembre de 2006, de 24, 20 y 12 de Abril de 2007 (EDJ 2007/33055, 2007/33034 y 2007/32994).
No hay por tanto ningún dato sobre la suerte que han corrido dichas diligencias, no pudiendo considerarse motivada la resolución que se impugna. Como dice el Tribunal Supremo, si la Administración sancionadora quiere fundar en esas actuaciones policiales o judiciales la expulsión que decreta (en lugar de la multa) ha de averiguar cual fue su resultado y dejar constancia de ello en el expediente administrativo, pues en otro caso seguirá siendo inmotivada la elección de la expulsión, que es lo que ocurre en el presente caso.
TERCERA.- Don………. llegó a España en el año 1999 siendo aún menor de edad junto con sus padres Don …….. y Doña……… ambos con nacionalidad Española, conforme se acredita con copia de sus D.N.I que se adjuntan como documentos nº 3 y 4 . Como documento nº 5 se aporta certificado de empadronamiento acreditativo de la permanencia del recurrente en España desde el año 1.999.
Mi representado fue titular de las correspondientes tarjetas de residencia hasta que en el año 2007 por causas ajenas a su voluntad (fue despedido y no pudo aportar un nuevo contrato de trabajo) le fue denegada la renovación de su tarjeta. Se aporta como documentos nº 6 a 8 las diferentes tarjetas de residencia de las que fue titular Don……..
El recurrente estuvo trabajando durante su estancia legal en España, dándose de alta en la Seguridad Social habiendo cotizado durante cinco años, se aporta informe de vida laboral como documento nº 9.
En ningún momento Don….. ha permanecido pasivo ante su situación irregular, prueba de ello es que en el año 2008, un año después de que denegaran la renovación de su tarjeta solicitó permiso de residencia por arraigo documento nº 10.
Lamentablemente no le fue concedido pero sin embargo el recurrente sigue insistiendo en su afán por legalizar su situación y ha solicitado recientemente, en concreto el pasado 18 de Octubre, permiso de residencia comunitario documento nº 11 al que puede tener acceso al ser sus padres nacionales Españoles.
Don…….. convive en España junto con su pareja la ciudadana Española……. con la que ha tenido una hija …….. se adjuntan como documentos nº 12 y nº 13 D.N.I de la menor y libro de familia.
De una relación anterior con Doña……….. cuyo D.N.I. adjuntamos como documento nº 14 el recurrente tuvo un hijo …………. se aporta como documentos nº 15 y 16 D.N.I. del menor y libro de familia.
Es evidente el arraigo tanto familiar como laboral de Don….. y el hecho de que merece una oportunidad para poder legalizar su situación, no ya solo por las razones expuestas, sino también por evidentes motivos humanitarios, pues impedir que un hombre intente labrarse un futuro en un país, supone dejarle en una situación de desamparo material, que de ninguna manera puede estar amparada por la trascendencia de los hechos.
De acordarse la medida propuesta se estará arremetiendo contra uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, como es la protección que se dispensa constitucionalmente a la familia, recogido específicamente en el artículo 39 de nuestra Carta Magna que dispone que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia. Protección que no se dará si se impide a mi representado estar con su familia por un periodo mínimo de 5 años, fundamentado únicamente en no estar legalmente en España y sin haber cometido delito alguno u acto que ponga de manifiesto su peligrosidad.
La expulsión de Don…….. va en contra del derecho a la familia y afecta en particular a los hijos menores de éste, ……y …… de dos y cinco años de edad respectivamente, nacionales españoles a los que se les privará del derecho de poder crecer junto a su padre.
Primero.- Falta de motivación y proporcionalidad de la resolución impugnada.
No consta en el procedimiento tal y como se ha manifestado anteriormente el devenir de las diligencias que fueron incoadas a Don……. debiendo prevalecer su presunción de inocencia, lo que determina que en el expediente únicamente consta como hecho valorable la mera estancia irregular en España, sanción en materia de Extranjería que concretamente se encuentra tipificada en el artículo 53 a) de la Ley.
La ausencia de más datos adicionales a la mera iniciación de un procedimiento judicial no puede ser factor negativo, si no consta en el expediente el devenir de dichas diligencias. El propio Tribunal Supremo, en su reciente Sentencia de 29 de Septiembre de 2006 (EDJ 2006/275526), en un supuesto en el que constan antecedentes policiales, pero se desconocía el resultado de los procedimientos penales incoados, expresó, en sus Fundamentos jurídicos Sexto y siguientes, rectificando los anteriores pronunciamientos que:
“SEXTO.- Alega, en fin, el recurrente que la sanción de expulsión es desproporcionada por ser la multa la consecuencia prevista con carácter general para la infracción apreciada, según los artículos 55 y 57 de la Ley Orgánica 8/2000.
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero (artículos 49-a), 51-1-b) y 53-1), en regulación mantenida por la reforma operada por Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre (artículos 53-a), 55-1-b) y 57- 1), cambia esa concepción de la expulsión, y prescribe que en el caso de infracciones muy graves y graves de las letras a), b), c), d) y f) del artículo 53 “podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa la expulsión del territorio español”, e introduce unas previsiones a cuyo tenor “para la graduación de las sanciones, el órgano competente en imponerlas (sic) se ajustará a criterios de proporcionalidad, valorando el grado de culpabilidad, y, en su caso, el daño producido o el riesgo derivado de la infracción y su trascendencia”.
En el presente caso, al folio 9 del expediente administrativo, consta la siguiente diligencia:
“Consultado el archivo de informática de la Dirección General de lo Policía acerca de los posibles antecedentes que pudieran obrar en el misma, a nombre de Daniel, nacido en Santiago de Chile, el 20.10.50, hijo de Clemencia y Mario, le consta, además de la última detención, motivo de la presente Propuesta de expulsión, lo siguiente:
Detenido el 23.10.00 en Madrid.- Por robo/hurto uso de vehículo.
En los Juzgados se le siguen las siguientes causas:
Juzgado de I, núm. 22 de Madrid.- Reparto 479074/00 y 36413/01 por robo/hurto uso vehículo de 23.12.00.
Juzgado de I, núm. 20 de Madrid.- Reparto 225148/01, de 8.06.01, por hurto”.
AHORA BIEN, NO EXISTE EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NINGÚN OTRO DATO SOBRE LA SUERTE QUE CORRIERON ESAS ACTUACIONES POLICIALES Y JUDICIALES, PORQUE LA ADMINISTRACIÓN SANCIONADORA NO SE HA CUIDADO DE AVERIGUARLO. NO SABEMOS, EN CONSECUENCIA, CUÁL FUE SU RESULTADO FINAL, PUDIENDO OCURRIR QUE ÉSTE HAYA RESULTADO INOCUO, BIEN PORQUE LOS ANTECEDENTES POLICIALES NO HAN DESEMBOCADO EN ACTUACIONES JUDICIALES, BIEN PORQUE ESTAS HAN TERMINADO SIN NINGUNA CONDENA, CON LA CONSECUENCIA, EN CUALQUIERA DE LOS DOS CASOS, DE NO PODER SER TENIDAS EN CUENTA COMO JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DE LA EXPULSIÓN, AL TRATARSE DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS O JUDICIALES QUE, EN SÍ MISMAS CONSIDERADAS Y POR SÍ SOLAS, RESULTAN JURÍDICAMENTE IRRELEVANTES EN CONTRA DEL INTERESADO.
Si la Administración sancionadora quiere fundar en esas actuaciones policiales o judiciales la expulsión que decreta (en lugar de la multa) ha de averiguar cuál fue su resultado y dejar constancia de ello en el expediente administrativo, pues en otro caso seguirá siendo inmotivada la elección de la expulsión, que es lo que ocurre en el caso de autos.
(En la medida en que esta decisión la contraríe, entiéndase rectificada o matizada la doctrina que expusimos, respecto de los antecedentes policiales o judiciales, en nuestra sentencia de 31 de enero de 2006, casación 8951/03 EDJ 2006/6451 ).
No es este el único pronunciamiento en este sentido, existiendo jurisprudencia consolidada, siendo muestras de ello las siguientes Sentencias del Tribunal Supremo:
- de 4 de Octubre de 2007 (EDJ 2007/189052), FJ 5º, que expresa:
“En el presente caso, en el expediente administrativo consta que el interesado fue detenido el día 28 de noviembre de 2001 por agentes del Cuerpo Nacional de la Policía, por la posible comisión de delitos de robo con fuerza y resistencia. Ahora bien, no existe en el expediente administrativo ningún otro dato sobre la suerte que corrieron esas actuaciones policiales, porque la Administración sancionadora no se ha cuidado de averiguarlo. No sabemos, en consecuencia, cuál fue su resultado final, pudiendo ocurrir que éste haya resultado inocuo, bien porque los antecedentes policiales no han desembocado en actuaciones judiciales, bien porque estas han terminado sin ninguna condena, con la consecuencia, en cualquiera de los dos casos, de no poder ser tenidas en cuenta como justificación de la elección de la expulsión, al tratarse de actuaciones administrativas o judiciales que, en sí mismas consideradas y por sí solas, resultan jurídicamente irrelevantes en contra del interesado.
En consecuencia, se trata de un caso que ni en la resolución ni en el expediente administrativo existen específicamente las razones por las cuales la Administración impuso la sanción de expulsión y no la general de multa que prevé el ordenamiento jurídico.”
- de 24 de Abril de 2007 (EDJ 2007/33055), FJ 4º:
“B) Pero en los supuestos en que en el expediente administrativo consten, además de la permanencia ilegal, otros datos negativos sobre la conducta del interesado o sus circunstancias, y esos datos sean de tal entidad que, unidos a la permanencia ilegal, justifiquen la expulsión, no dejará ésta de estar motivada porque no se haga mención de ellos en la propia resolución sancionadora.
Pues bien, en el presente caso, el único dato que consta en el expediente, al margen o por encima de la mera estancia ilegal, es que fue detenido bajo la imputación de un delito de robo. Ahora bien, no existe en el expediente administrativo ningún otro dato sobre la suerte que corrieron esas actuaciones policiales, porque la Administración sancionadora no se ha cuidado de averiguarlo. No sabemos, en consecuencia, cuál fue su resultado final, pudiendo ocurrir que éste haya resultado inocuo, bien porque los antecedentes policiales no han desembocado en actuaciones judiciales, bien porque estas han terminado sin ninguna condena, con la consecuencia, en cualquiera de los dos casos, de no poder ser tenidas en cuenta como justificación de la elección de la expulsión, al tratarse de actuaciones administrativas o judiciales que, en sí mismas consideradas y por sí solas, resultan jurídicamente irrelevantes en contra del interesado.
Si la Administración sancionadora quiere fundar en esas actuaciones policiales o judiciales la expulsión que decreta (en lugar de la multa) ha de averiguar cuál fue su resultado y dejar constancia de ello en el expediente administrativo, pues en otro caso seguirá siendo inmotivada la elección de la expulsión, que es lo que ocurre en el caso de autos.”
Ratificadoras de esta postura consolidada las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 y 12 de Abril de 2007 (EDJ 2007/33034 y 2007/32994).
No siendo por tanto lógica la posición adoptada por la administración al valorar circunstancias sin haber indagado en modo alguno sobre ellas, es palmario que nos debemos ceñir a la mera estancia irregular en España, evidenciándose que con este hecho no es posible optar por la sanción de expulsión en lugar de la pecuniaria.
La jurisprudencia ha señalado que el cumplimiento del artículo 20 del Real Decreto 1398/1993 no significa que deban ser examinados particularmente “todos” los motivos en que se funda el recurso, sino los que constituyen su sustancia y fundamento. En el caso que nos ocupa, la administración ha ido más allá, pues no ha analizado ninguna de las alegaciones presentadas de contrario, ni de forma extensiva ni de forma implícita, no ha valorado el arraigo de mi representado, la convivencia con su pareja nacional Española ni lo que es más grave el hecho de tener dos hijos nacionales Españoles.
La sanción de expulsión impuesta por un plazo de cinco años no es proporcional con las circunstancias del caso, mi patrocinado nunca ha sido condenado por la comisión de ningún delito o falta.
En la resolución recurrida se ha optado sin embargo por aplicar la sanción más gravosa sin que existan circunstancias que justifiquen esta medida, imponiéndose la prohibición de entrar en España y en todos los países firmantes del Acuerdo Schengen por un periodo de 5 años.
2.- Vulneración del derecho a la familia (artículo 39 de la Constitución).
De llevarse a cabo la expulsión de Don……….. se produciría una vulneración de uno de los principios básicos de nuestro Estado de Derecho, como es la protección que se dispensa constitucionalmente a la familia, recogido específicamente en el artículo 39 de nuestra Carta Magna que dispone que los poderes públicos asegurarán la protección social, económica y jurídica de la familia.
Mi representado no sólo cuenta en España con sus progenitores nacionales Españoles, sino que además es padre dos menores ……… de cinco años y ………. de dos años también españoles, su expulsión privaría a estos niños de uno de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución que es derecho todo ciudadano español a crecer junto a sus padres.
La citada sentencia es un magnífico ejemplo de la situación que vivirían los menores ………. y ………. si se llevará a cabo la expulsión de su padre, pero además no sólo se privaría a unos hijo del derecho de estar con su progenitor, sino también a una mujer nacional española del derecho de poder vivir con su esposo y unos padres (los de Don ………) de estar con el recurrente. La desmembración de la familia a la que hace referencia la Sentencia del Tribunal Supremo es evidente en el presente caso, Don……… tendría que estar separado de toda su familia (padres, hijos, pareja) durante cinco años, o bien renunciar estos a sus derechos para acompañarle de regreso a la República Dominica, país en el que lamentablemente debido a la situación social y económica los menores nacionales Españoles vería menoscabadas sus oportunidades.
3.- Infracción del artículo 8 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de Noviembre de 1.950.
Es evidente la falta de proporcionalidad existente en el presente caso entre la supuesta infracción cometida por Don……….. y la orden de expulsión dictada por un periodo de cinco años, que le mantendría alejado de su familia y del país en el que tiene un marcado arraigo.
Si se llevara a cabo la expulsión de mi representado se producirían perjuicios de carácter psicológico, ya que se vería privado con carácter inmediato de la compañía de sus familiares,(padres, hijos, pareja) con los que convive a diario, durante cinco años; y se vería además, desarraigado; desarraigo que se produciría por verse devuelto a un entorno extraño como lo es, quiérase o no, la República Dominica actual al que volvería; los patrones de conducta seguidos en España y a los que él se ha habituado no son tampoco los de su país; y se vería también desarraigado en el entorno social ya que no conocería a ninguna persona ni en consecuencia tendría amigos y desde luego perdería los que tiene en España, pues no podemos olvidar Don…….abandonó su país cuanto era un niño y lleva residiendo en España desde el año 1.999.
SUPLICO AL JUZGADO: Que teniendo por presentado en tiempo y forma este escrito con los documentos adjuntos y copia de todo ello, se sirva admitirlo, y tenga por formalizada, en tiempo y forma DEMANDA de Recurso Contencioso Administrativo contra resolución del Excmo. Sr. Delegado del Gobierno de fecha 17 de Septiembre de 2010, y seguido el procedimiento por sus trámites, la estime, declarando no ser conforme a Derecho la orden de expulsión del territorio nacional de Don……….., con la consiguiente prohibición de entrada en España por un periodo de cinco años y en consecuencia la anule, con expresa imposición de costas a la parte demandada si se opusiere, o subsidiariamente se proceda a la imposición de una multa sustitutiva de la expulsión acordada en función de la capacidad económica del recurrente.
El artículo 130 de la Ley 29/1998 establece que sólo podrá denegarse la aplicación de la medida cautelar cuando de ésta pudiera seguirse perturbación grave de los intereses generales o de un tercero, pero en el presente caso la medida solicitada no supone perjuicio alguno, y de no adoptarse causará sin embargo un daño irreparable a mí representado, ya que supondrá la prohibición de entrar en España y en todos aquellos países firmantes del Acuerdo Shengen durante un periodo de 5 años, lo que supone una gran limitación geográfica y la imposibilidad de labrarse un futuro en cualquiera de estos países. Además de la separación forzosa de sus progenitores, su pareja y fundamentalmente sus dos hijos menores de edad nacionales españoles que se verían privados del derecho de poder crecer junto a su padre.
Estrechamente relacionado con el Derecho a la tutela cautelar se encuentra el principio de la apariencia de buen derecho o “fumus boni iuris”
El daño irreparable se concreta en el presente caso, como ya se ha indicado anteriormente, en que la ejecución de expulsión de mí representado del territorio nacional y su prohibición de entrada en el mismo durante un periodo de 5 años, es extensible también a todos los países firmantes del Acuerdo Schengen, lo que supondrá una gran merma en sus derechos, pues le impedirá circular libremente por diversos países y poder labrarse un futuro en los mismos, además se le impedirá instar su regularización vía arraigo, pues cumple los requisitos para ello, más de tres años en España y una oferta de duración superior al año. O incluso optar a la tarjeta comunitaria pues tal y como se ha desarrollado su hijo es nacional español.
En el presente caso difícilmente el interés público se verá negativamente afectado por la suspensión de la orden de expulsión, mientras que siempre, por la propia naturaleza del caso, existirá riesgo de irrogar un daño irreparable si se obliga a salir de nuestro país Don………, en tanto no se haya resuelto el recurso contencioso-administrativo.
Evidentemente se habrán de ponderar todos los intereses concurrentes y que puedan verse afectados, es notorio que el interés público no demanda la plena e inmediata ejecución del acto administrativo, máxime cuando existen visos de que Don……… pueda a corto o medio plazo regularizar su situación, lo que definitivamente haría innecesaria su expulsión del territorio nacional y evitaría con ello los elevados costes inherentes a cualquier expulsión.
SUPLICO A LA SALA, decrete la SUSPENSION de la ejecución de la orden de expulsión del territorio nacional - efecto positivo del acto administrativo impugnado de mí representado, Don………….., acordando se deje sin efecto la misma en tanto se resuelve el recurso contencioso administrativo interpuesto.

References: artículo 56
 resolución 
 resolución 
 Resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 39
 resolución 
 artículo 53
 artículo 53
 resolución 
 resolución 
 artículo 20
 Real Decreto 
e contrario
 resolución 
 artículo 39
 artículo 8
 resolución 
 artículo 130