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Timestamp: 2017-06-27 01:56:12+00:00

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EL BLOG DE JOSE DIAZ HERRERA: May 2010
ZAPATERO IGNORA QUE EL IMPUESTO A LAS GRANDES FORTUNAS SE INTENTÓ APLICAR EN ESPAÑA EN 1916 Y FRACASÓ
EL DIRIGENTE SOCIALISTA PRETENDE AHORA QUE "LOS RICOS " PAGUEN EL DINERO QUE DESPILFARRÓ ALEGREMENTE, PARTE DEL CUAL REGALÓ A MONTILLA PARA QUE CREARA EMBAJADAS CATALANAS Y PROHIBIERA HABLAR ESPAÑOL DENTRO DE ESPAÑAMIENTRAS SARKOZY ORDENA A LOS BANCOS FRANCESES CERRAR SUS PARAÍSOS FISCALES EN EL EXTERIOR PARA EVITAR LA HUÍDA DE CAPITALES, EL DIRIGENTE ESPAÑOL QUIERE CREAR RIQUEZA AMENAZANDO A LOS ÚNICOS QUE PUEDEN INVERTIRA finales del mes de abril, el presidente de la República francesa Nicolás Sarkozy llamó a los presidentes de los principales bancos que operan en su territorio y le ordenó tajantemente cerrar todas sus oficinas en los paraísos fiscales.Fue una de las medidas más duras y menos conocidas tomadas por el primer mandatario francés para impedir la huida de capitales al exterior como consecuencia de las draconianas medidas a tomar para hacer frente a la crisis financiera y económica.Un mes después, forzado por los dirigentes de Estados Unidos, Francia, Alemania y Japón, el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, adopta, asimismo un paquete de medidas para paliar el déficit del Estado, que pese a lo que digan los economistas, no ha se ha recuperado desde la época de los Tercios de Flandes, la soldadesca que mandaba el duque de Alba a finales del siglo XVI y principios del XVII. Una de las medidas, cargada de demagogia y adoptada sin duda para aparentar que es un hombre de izquierdas ante las bases socialistas y comunistas ha sido la de imponer un «impuesto a las grandes fortunas», del que no se han aportado datos pero que, en el caso de llevarse a la práctica, tendrá sin duda el efecto contrario al pretendido: una huída masiva de capitales, una caída de la tasa de inversión en muchas empresas y el nacimiento de miles de nuevas Sicav (Sociedades de Inversión de Capital Variable), instrumento financiero creado para que las grandes fortunas puedan tener su dinero a salvo sin pagar impuestos. La SICVAs cuentan con importantes ventajas fiscales, la primera de ellas, la de tributar al uno por ciento en el impuesto de sociedades.Además, si Zapatero fuera un poco instruido, que no lo es, sabría que en 1916 el Duque de Romanones y el ministro de Hacienda Santiago Alba intentaron algo similar, imponer una Ley de Beneficios Extraordinarios para gravar a las grandes fortunas y fracasaron estrepitosamente. Veamos como trato el asunto en el tomo IV de mi obra La Historia del País Vasco, aún inédita.«En 1916 el Estado español se halla casi en bancarrota. Aunque el presupuesto ha pasado de los 960 millones de 1901 a 1.515 millones en 1915, el déficit real acumulado asciende a 850 millones de pesetas, sin contar los 610 de deuda pública. Con unas reservas en oro del Banco de España de mil millones, el saldo en contra del tesoro representa alrededor de 1.040 millones.El jefe del Gobierno, Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones, ha encargado a un joven economista, Santiago Alba, la cartera de Hacienda cuyo primer objetivo es acabar con el déficit crónico que se arrastra desde la Guerra de Cuba, agravado por la contienda de Marruecos.Alba es consciente de que mientras el Gobierno tiene que hacer frente a la Guerra de Marruecos y a la postración nacional, las oligarquías industriales y bancarias, nacidas con el apoyo y la ayuda del Estado, se enriquecen con los inmensos beneficios de la I Guerra Mundial.Calcula que, antes del inicio de la conflagración europea, una empresa con un capital de diez millones que ganaba unas doscientas mil pesetas, había comenzado a obtener beneficios de dos millones anuales. Y eso que todavía quedaban dos años de dura contienda por delante.Según Maximiano GarcíaVenero, los beneficios son tan extraordinarios que tanto a Dato como a su sucesor Romanones se les plantean incluso nacionalizar las minas de Hierro de Somorrostro (Vizcaya) y la flota mercante vasca, construída en gran parte con ayudas públicas, para que los beneficios repercutan en el tesoro. Finalmente, se opta por una solución menos draconiana para los plutócratas vascos y la burguesía catalana: a las grandes navieros y comerciantes que han amasado su riqueza con la Gran Guerra, dejando los puertos españoles desabastecidos de mercancías para dedicarse a la especulación y a la piratería naval con Inglaterra, se les permitirá que el primer millón de pesetas de beneficios esté exento de tributación. Sobre el segundo, tras descontar el dinero dedicado a crear nuevos empleos y al reparto de beneficios, se debía pagar el 10 por ciento al Tesoro siempre que se pudiera demostrar que esos beneficios eran extraordinarios.La llamada «Ley Alba» no era, ni más ni menos, que un texto similar al establecido en otros muchos países europeos para gravar las inmensas plusvalías obtenidas durante la contienda. Pretende, de esta manera, que las empresas (navieras, siderurgias y empresas exportadoras de mineral de hierro), beneficiadas por la Guerra Europea, contribuyeran a las arcas públicas con al menos cinco céntimos (el 5 por ciento) de cada peseta ganada. De esta forma, pretende obtener doscientos millones de pesetas para enjugar el déficit.Empresarios vascos y catalanes, monárquicos (Eduardo Aznar, Fernando María de Ibarra y otros), carlistas, nacionalistas (Ramón de la Sota) e incluso republicanos como Horacio Echevarrieta formaron inmediatamente un bloque anti Alba, que contó con el apoyo de los diputados y todas las fuerzas vivas de estas dos regiones. Acaudillados por el dirigente catalán Francesc Cambó, de la Liga Regionalista, organizaron algaradas en Barcelona y Bilbao, amenazando con el secesionismo. Al final, tras comprar a decenas de diputados, lograron tumbar la Ley en Las Cortes. El marqués de Romanones se vio obligado a clausurar la Cámara y a convocar nuevas elecciones.En nombre del proteccionismo que exigían vascos y catalanes para vender sus productos en algunas ocasiones hasta tres veces más caros en el mercado interior (cautivo en beneficio exclusivo de dos regiones españolas), el Gobierno español llevaba décadas imponiendo fuertes gravámenes a la importación de aceros y telas desde el exterior. Ahora acabaría claudicando de nuevo frente a las presiones de las regiones periféricas. Un Gobierno de mayoría parlamentaria, elegido en el reinado de Alfonso XIII, sucumbe ante un grupo de empresarios que se comportan con extrema arrogancia y amenazan con separarse de España. Con todo, eso no fue lo más grave. En 1925 cuando quiebra el Banco de Crédito de la Unión Minera los próceres vascos, que apenas contribuyen al Estado al tener un régimen fiscal privativo (el Concierto Económico), que administran ellos mismos en su beneficio y el de sus empresas, acuden en tropel con sus levitas y sus sombreros de copa a ver al dictador Miguel Primo de Rivera para que el Estado haga frente a los 100.905.850 pesetas de bancarrota que a partir de entonces deducen del cupo.Es, al fin y al cabo, lo que ha venido a hacer José Luis Rodríguez Zapatero con los catalanes en los últimos años: se quieren separar de España y les da dinero a su conmilitón José Montilla para que empiece a montar embajadas catalanas por medio mundo y pague espléndidamente a los Mossos d´Esquadra encargados de multar a los comerciantes que rotulen en español.¿Qué con eso se está despilfarrando el dinero? No importa, le ponemos un impuesto a las grandes fortunas y todo arreglado. En lugar de ofrecerles una «moratoria fiscal» para que traigan su dinero y lo inviertan en la creación de riqueza, que es lo que está planteando Sarkozy y Merkel, el ideólogo del socialismo de Nueva Vía, al estilo de Hugo Chávez o Evo Morales amenaza con «expropiarles» sus plusvalías. Con lo cual, de llevarse a cabo la amenaza, en 2020 la España del siglo XXI estará más cerca de la Cuba de Fidel Castro que del resto de las naciones europeas del Euro.
EL FISCAL DE LA PAMPA AFIRMA QUE GARZON ES UN EXPERTO EN INVESTIGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES Y CRIMENES COMETIDOS POR LOS ESTADOS
MORENO-OCAMPO PASA POR ALTO QUE SU PROTEGUIDO, EL JUEZ ESTRELLA, NUNCA ACABÓ SUS SUMARIOS SOBRE ARGENTINA Y CHILE Y SÓLO LLEGÓ A PROCESAR A UNA PERSONAEN EL CASO DE LOS GAL EN VEZ DE INVESTIGAR A LOS VERDADEROS CRIMINALES, SE DEDICÓ A ORGANIZAR UNA CACERÍA-VENGANZA CONTRA EL GOBIERNOEl fiscal argentino Luis Moreno-Ocampo nos deleita por segunda vez con sus mentiras desde el diario El País hoy lunes 24 de Mayo, con mo-tivo de la llegada de Baltasar Garzón a La Haya para incorporarse al Tri-bunal Penal Internacional. Afirma el fiscal: « Le agradezco a España, que ha liderado la adopción del Estatuto de Roma, por permitir que Gar-zón se sume a partir de hoy y por siete meses a nuestro equipo. Somos 300 personas de 70 países distintos. Tenemos que ser un equipo eficiente y consistente. Garzón nos va a ayudar a desarrollar algunas áreas de nuestro Manual de Operaciones».Aunque ya dejé sentado la semana pasada que la contratación del ins-tructor de la Audiencia Nacional para ocupar un cargo oficial en la Corte de La Haya es ilegal, en base al artículo 36 apartado 7 del Estatuto de Roma que dice taxativamente: «los magistrados y fiscales deben ser ele-gidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e inte-gridad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo en sus respectivos países».Garzón, al estar imputado en España en tres sumarios, admitidos a trámi-te por tres salas (un total de 15 magistrados) del Tribunal Supremo no parece que tenga la «alta consideración moral, la imparcialidad ni inte-gridad» que debe exigirse para este cargo. Pero es que, además, al estar «suspendido de funciones» ha perdido su capacidad jurisdiccional en España y, por tanto, «al no reunir las condiciones requeridas» para el ejercicio de su función de juez en la Audiencia Nacional» tampoco debe-ría tenerla en la Corte Penal Internacional.Lo más chusco e hilarante del asunto es atribuir al juez estrella « expe-riencia en investigaciones nacionales e internacionales sobre crímenes cometidos por miembros del Estado o de organizaciones criminales» como lo hace Moreno-Ocampo. Y añadir, además, que « [esa experien-cia] va a permitir que desarrollemos nuevos métodos de investigación».Es bien cierto, señor fiscal de la Pampa, que Baltasar Garzón inició un proceso para extraditar a Augusto Pinochet a España y otro para perse-guir a las Juntas Militares argentinas. Pero usted bien sabe que no logró ninguno de los objetivos. Y que en todos los años que dedicó a perseguir a las dictaduras del Cono Sur sólo logró encarcelar a un presunto tortu-rador, del que además hay serias dudas de que haya participado en los delitos que se le atribuyen. Me refiero al «mecánico» de la Armada Adolfo Scilingo al que el juez llama a su oficina judicial con malas artes, ofreciéndole inmunidad penal a cambio de su testimonio, y acaba proce-sándole y condenándole, en base a varios artículos de prensa escritos por el propio Scilingo, que luego no fueron ratificados en sede judicial. Es lo que en español se llama venir por lana y ha salido trasquilado.Los métodos de investigación de Garzón, como a usted tampoco se le oculta, son mucho más expeditivos, caprichosos y arbitrarios. El titular del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional es el único juez español que investigó durante cerca de diez años a los GAL y no detuvo a nin-gún terrorista, a ni uno sólo de los autores materiales de los 29 asesina-tos cometidos por el llamado terrorismo de Estado.Pero bastó con que lo echaran de la política, para que utilizara viejas in-vestigaciones a punto de prescribir como arma arrojadiza en contra de sus antiguos compañeros de Gobierno y procesara y encarcelara a los al-tos responsables del ministerio del Interior, utilizando su cargo de juez para vengarse del Gobierno, convirtiendo la función jurisdiccional en la actividad propia de un malandrín o rufián cualquiera. Y ya que hablamos de rufianes, y a la espera de que cunda el ejemplo de la Corte Penal Internacional y alguien nos compre a José Luis Rodrí-guez Zapatero, otra inutilidad elevada a la enésima potencia, no me re-sisto a dedicar unas líneas al último con el que me he topado.En diciembre de 2007, cuando se puso a la venta mi libro Garzón, juez o parte, base de dos de las tres investigaciones del Supremo en contra del juez, el presunto periodista Manuel Cerdán, entonces director de Inter-viú, dedicó su columna editorial, titulada «Fahrenheit 451» a pedir que la obra fuese arrojada a la hoguera. Al excelso reportero, colaborador espontáneo y defensor a ultranza de las andanzas y fechorías del «juez estrella» en numerosos artículos e investigaciones sumariales (según cuenta Pedro J. Ramírez), le parecía casi una blasfemia, una herejía, que se cuestionara la imparcialidad e integridad de su idolatrado y nunca bien ponderado ídolo.El jueves 20 de mayo, en el mayor acto de travestismo periodístico de todos los tiempos, en la más obscena de las metamorfosis, el tal Cerdán no tuvo el menor empacho, recato o comedimiento en utilizar ese libro que pretendía quemar cual Juana de Arco, como base documental exclu-siva para hacer un programa especial dedicado a Telemadrid, sin citar siquiera el origen de su información.A eso, habitualmente, suele llamarse plagio. Pero dejémoslo ahí. Ya sabemos que el muchacho recién converso tiene el corazón partío, no puede hacer muchos esfuerzos y necesita mucho Zintróm, que es una especie de medicamento que impide que se te ponga la sangre gorda y que, a la vez, diluye el veneno que genera el cuerpo. Pues de mi parte que le den cien mil cápsulas no sea que se nos vaya a morir de emponzoñamiento, ahora que tiene que reciclar toda la basura que escribió a favor del «juez estrella». Posted by
CON CINCO MILLONES DE PARADOS, SU MUJER OSTENTA QUINCE CARGOS OFICIALES AUNQUE LA FAMILIA SOLO RECONOCE SEISJOSE MONTILLA ES EL ÚNICO POLITICO DEL MUNDO QUE HA PROHIBIDO A LOS ESPAÑOLES HABLAR SU LENGUA EN SU PROPIA TIERRA Y AUN NO LO HAN MANDADO AL MANICOMIO
Cuando tras la expropiación de Rumasa, el entonces vicepresidente del Gobierno socialista, Alfonso Guerra González pronunció aquella célebre frase «todo p’al pueblo» mucha gente se lo tomó a chirigota. Pero a Guerra no le faltaba razón. Los socialistas habían llegado al poder dispuestos a intervenir y a expropiar mediante el BOE holdings empresariales (Rumasa), bancos (Central y Banesto), cajas de ahorro (Unicaja, San Fernando, Castilla La Mancha) y grandes empresas para ponerlas bajo el control del «pueblo», entendido éste como los altos cargos del Partido Socialista Obrero Español. El último escándalo, que no deja de indignar a la opinión pública, es el de la dona del presidente de la Generalitat, el bachiller nacido en Iznácar (Córdoba) José Montilla Aguilera, el personaje más nefasto de la historia de España y de Cataluña, un individuo tan osado y analfabeto que pretende desde hace años que España sea el único país del mundo donde no se hable español, multando al que rotule en la lengua de Cervantes, y al que todavía nadie ha mandado al manicomio, que es el lugar donde deberían estar sujetos tan peligrosos como él y no salir nunca. Volviendo al asunto que nos ocupa. Ana Hernández Bonancia, su mujer, acumula quince cargos en empresas públicas y privadas. Hernández es concejala de Urbanismo y primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Justo Desvern, gerente del Consorcio de la Colonia Güell, consejera del Túnel del Cadí, consejera del Barrio de la Mina, delegada del área de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona y consejera de La Caixa. La «Marta Ferusola casada con el charnego Montilla» ocupa, además, la presidencia de Proecsa, es consejera del Consorcio del Parque Agrario del Bajo Llobregat, consejera de Fomento de Ciudad Vella de la Diputación de Barcelona, consejera de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Vial, consejera del Consejo Comarcal del Bajo Llobregat, vocal del Consorcio Sanitario Integral, vocal de la Fundación Caviga y consejera de Salud del Área Metropolitana de Barcelona. También figura en la Presidencia de Promociones Municipales Santjustenques, S. A. (Promunsa), una entidad que pertenece a la sección catalana de la Asociación Española de Promotores de Vivienda y Suelo (AVS) y una de las empresas relacionadas con la trama del caso ‘Pretoria’. El pasado 31 de octubre, Garzón denunció que esta operación había defraudado a los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramanet, de Badalona y de San Andrés de Llavaneras un total de 45 millones de euros. Tras la polémica desatada, la Diputación de Barcelona ha emitido un comunicado en el que desmentía que la mujer de José Montilla acumule quince cargos públicos e informa de que sólo ostenta seis, por los cuales únicamente cobra un sueldo público: vocal de la fundación Cavigas, consejera de Fomento de Ciutat Vella, consejera del Consorcio del Parque Agrario, vocal del Consorcio Sanitario, consejo del consejo comarcal del Bajo Llobregat y gerente del Consorcio de la Colonia Güell. En estos momentos de crisis económica, con cinco millones de parados, repitamos, para que quede bien claro, la lista de cargos de la no menos listilla Ana Hernández Bonancia: - Regidora de Urbanismo del Ayuntamiento de San Justo Desvern - Primera tenientre de alcalde del mismo ayuntamiento. - Presidenta de Promusa, empresa relacionada con el caso Pretoria, una de las últimas tramas de corrupción descubiertas en Cataluña. - Presidenta de Proecesa. - Gerente del Consorcio de la Colonia Güell. - Consellera del Consorcio del Parque Agrario del Bajo Llobregat, dependiente de la Diputación de Barcelona. - Consejera de Fomento de Ciudad Bella de la Diputación de Barcelona. - Consejera del Tunel del Cadí, Concessionaria S.A. - Consejera de la Comisión Catalana de Tráfico y Seguridad Viaria. - Consejera del Barrio de la Mina. - Delegada del Área de Infraestructruras, Urbanismo y Vivienda de la Diputación de Barcelona. - Consejera de La Caixa. - Consejera del Consejo Comarcal del Bajo Llobregat. - Vocal del Consorcio Sanitario Integral. - Vocal de la Fundación Caviga. - Consellera de salud del Área Metropolitana de Barcelona. Para seguir ejerciendo su dominio sobre las provincias catalanas, convertidas en una comunidad autónoma, el personaje más indocumentado de cuantos han pisado Barcelona en el último medio siglo pretende declarar incompetente ahora al Tribunal Constitucional para reformar el Estatuto de Cataluña y suprimir el centenar largo de artículos que violan la Constitución. Visto el intento de patrimonializar la Generalitat y los ayuntamientos catalanes, y de ponerlos al servicio de su familia, no es de extrañar que pretenda declarar a la región catalana como un territorio independiente del resto de España. Posted by
MR. MORENO-OCAMPO: POSTS TO VIOLATE THE LAW BY NOT UNEARTH TO AL CAPONE AND GIVES HIM A POSITION IN THE INTER-NATIONAL CRIMINAL COURT
IT WOULD BE A GOOD WAY TO CELEBRATE THE ARRIVAL OF GARZON TO THE COURT AND REWARD THEIR FONDNESS FOR THE NECROFAGIA JUDICIALLIKE THE SPANISH JUDGE, THE HEAD OF THE MAFIA OF CHICAGO WAS ALWAYS A PRESUMED INNOCENT. THE COURT ONLY COULD PROVE THAT HE BREAKED THE TRESAURY LAWMr. Moreno-Ocampo prosecutor for the International Criminal Tribunal: I note that you are a man who wake up extremely early, as all people born in the Pampa. In the early morning hours of Monday May 17 passed through the diplomatic bag of the newspaper El Pais encounter a letter dated the same day that refers you to the Spanish Consejo General del Poder Judicial in which announced his unstoppable and sudden desire to recruit to the accused most famous of the spanish Justice, separated from their judicial functions and alleged accused of several crimes of prevarication. And that against all odds was going to hold nothing less than as «legal advisor» of the Office of the International Criminal Court.«The Prosecutor's Office, said in the letter, in its administrative decisions respects the principle of innocence established by article 66 of the Rome Statute and therefore nor the initiation of a criminal proceedings against the magistrate, nor his consistent temporary suspension constitute an obstacle to its recruitment». And adds:«Accordingly and in response to the question of the General Council of the judiciary, I can confirm that did not warn reasons to modify the decision to hire Don Baltasar Garzon Real to serve in quality of legal adviser to the Prosecutor's Office of the International Criminal Court».I was going to say that its decision, meddling rude and mines in the affairs of the spanish Justice, whose jurisdiction should respect given your high position, grabbed me by surprise. Especially, because I know so badly that what happened when you are prosecutor in Argentina, back in the Pampa, and Baltasar Garzon began to open summaries in la Audiencia Nacional against the «military juntas» in your country, whose criminal investigation and prosecution accounted for, among others, to you as public prosecutor.But, fortunately I am already cured of horror. Its absurd decision only has come to confirm that globalization is not only has become the world in a courtyard of neighbors. It has also extended to the confines of the planet some pests such as the fanaticism, patronage, sectarianism, corporatism, companionship misunderstood, until recently these endemic ills of some countries.After read and reread the Rome Statute, by the governing the International Criminal Court, and to consult the matter with experts in the field, I thought that the appointment of judges and prosecutors in the body of The Hague was made in accordance with article 36 paragraph 3, that it says: «The judges and prosecutors shall be elected between persons of high moral character, impartiality and integrity, who meet the conditions required for the exercise of the post in their respective countries", that is, that are in the full exercise of its functions and not separated from the judicial career».I also thinked that, international high body was ruled by the principles of Nullum crimen sine lege (article 22), Nulla poena sine lege (Article 23) Non-retroactivity ratione personae (Article 24). But in view of that you hire as legal adviser of the institution to main «champion universal in the violation of the principle of nonretroactive criminal law», both in cases of Argentina, Chile, Tibet, Guatemala and others, I have to think that either the criminal law comes to you as a tie to a monkey or that your controversial decision is one part of return to the «judge of judges» the favors for services rendered to the gunmen from the left in your country. What would be worse still.Because, in truth, when I read for the first time two weeks ago in the Journal El Pais that Moreno-Ocampo call for the instructor of the National Audience for that appear before the prosecutor's office of the International Criminal Court in The Hague there were people who until it was glad: "It was time that that maxim that "the criminal never wins" was accomplished. It was the moment for charging to the «wizard of universal justice» by protecting and hide a part of the most heinous crimes committed in Argentina. It was time, that a prosecutor to stop the feet to Garzon for obstructing the action of the Justice and become collaborator necessary, in accomplice, of the cover hundreds of murders, an offense that could be comparable to the genocide, to be the greater part of the victims military in active'.Because that is exactly what he did the holder of the court 5 of the Audiencia Nacional española. Disguise and silence the thousands of crimes committed by the Montoneros and by the Army People's Revolutionary (perpetrators of attacks 22,000 unresolved and 1,700 dead-cough forgotten). And to allow a band of murderers, when appeared by Spain with their guns still smoldering, make use the spoanish justice as an instrument of revenge against the Army who prevent them to make the revolution and applied the policy of 'eye for eye', torturing and sending to thousands of them to the cemeteries.When he sent him to call for the first time since the Netherlands, my friend married to an argentina women, he dropped the tears of joy. Because what also made that judge «impartial and integrated to charter full» a few years ago was pretend that grim a criminal case against the former president of his country, Maria Estela (Isabelita) Martínez de Peron, responsible with his minister of Social Welfare Jose Lopez Rega called The Wizard of the creation of the Triple A, author by action or omission of other 1,500 murders whose corpses are still demanding justice. And when many affected sensed that the order Justice was go-ing to reach the two sides in Argentina, the «Supreme judge» left that the former fist lady escape to Buenos Aires without a single charge. Revealing, as has happened in the past 22 years, that the rule of law that defends the holder of the Flaming Sword of the Archangel San Gabriel, as he called until recently El Pais, is the Law of the strong,the Law of powerful and the Law of people who bribe him with honorary doctorates and some other advantageMr Moreno-Ocampo: As you, the bearer of such wisdom innate I suppose that does not ignore that don Baltasar Garzon Real is accused in Spain to open a cause generalis prohibited by the Constitution; by assume to knowingly powers that corresponded to the Supreme Court; to apply retroactively the crimes of genocide, torture and disappearances, undermining the already cited articles 23, 24 and 25 of the Rome Statute. But, in particular, to «arouse» of their tombs to the general Francisco Franco and their fellows (34 ministers and generals) all of them died many years ago to sit on the bench.And because, demonstrating a destitute intellectual and a supine ignorance, tried to repeal an Amnesty Law passed by unanimity of the two legislative chambers, which emaning from the will of the people; a law that was imposed on the party Union of Democratic Center, in power, by the pressures of generalized left after two years of struggle, which left dozens dead and that benefited exclusively to ETA, Grapo and Frap terrorists groups; to anarchists, hundreds of radical ex-tremists and not a single Franco’s supporters (as happened with the argentina Ley de Punto Final the leaders of the dictatorship, which were all dead, had been granted an amnesty for themselves in 1964, nor in 1977). Garzon commit-ted this barbarity in order to prosecute some corpses without taking into account that criminal responsibility goes with the death.A judicial action, as absurd and reckless, could only have been implemented, as assured the former president of the Spanish Constitutional Court, Manuel Jimé-nez of Parga, «for a judge that it had suffered a mental illness transitory» and whose irregularities judicial of all kinds are counted by the number of summa-ries maded. «Garzón was invented everything or almost everything», went on to say it one of its best friends, the judge left-wing now deceased Joaquin Navarro Estevan.Despite these evidence, you apply the article 66 of the Rome Statute (Is presumed that a person is innocent until proved guilty before the Court in accordance with the applicable law) and becomes his right hand to Mr. Garzón whose causes three criminal cases have been admitted each of them with the unanimity of the five judges of the Supreme Court (15 in total), which is going to be tried and almost certainly sentenced based on the principle that no judicial court can go against their own acts.So there you if you put the wolf to care for the sheep. The insanity of that speaks Jiménez of Parga, like the illness of the altitude, I understand that it is spread. So with a judge who is devoted to judge the dead people (celebrating the Final Judgment with the book of Revelation in his hands) and to undermine all the laws thereto and for having, I’m not surprised that any day I learned by newspaper El Pais that you has «risen» of his tomb to Al Capone and what is sitting next to you, imparting Justice in the International Criminal Court. Taking as «legal advisor» to a character so shocking and known his recent love for necrophilia or, rather, to the necrofagia judicial, any nonsense could come as far as possible. At the end, after all, Alfonso Capone is as innocent as Baltasar Garzon: to the mafia of Chicago only could be proved the violation of the Taxes Law for a noble cause, give drink to that suffers thirst.
Rome Statute SERIA UNA BUENA FORMA DE CELEBRAR LA LLEGADA DE GARZÓN AL TRIBUNAL Y PREMIAR SU AFICIÓN POR LA NECROFAGIA JUDICIAL AL IGUAL QUE EL JUEZ ESPAÑOL, EL JEFE DE LA MAFIA DE CHICAGO FUE SIEMPRE UN PRESUNTO INOCENTE. SÓLO SE LE PUDO PROBAR QUE DEFRAUDABA AL FISCO Don Luis Moreno-Ocampo fiscal del Tribunal Penal Internacional: observo que es usted un hombre extremadamente madrugador, como todos los nacidos en la Pampa. A primeras horas de la mañana del lunes 17 de mayo pasado a través de la valija diplomática de El País encuentro una carta fechada ese mismo día que remite usted al Consejo General del Poder Judicial en la que anuncia su irrefrenable y repentino deseo de contratar al inculpado más famoso de la Justicia española, separado de sus funciones jurisdiccionales y presunto reo de varios delitos de prevaricación. Lo va a hacer además como «asesor legal» de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. «La Fiscalía ─ dice usted en la carta─, en sus decisiones administrativas respeta el principio de inocencia establecido por el artículo 66 del Estatuto de Roma y por lo tanto ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión provisoria constituyen un obstáculo para su contratación». Y añade: «En consecuencia y en respuesta a la pregunta del Consejo General del Poder Judicial, le confirmo que no se advierten razones para modificar la decisión de contratar a Don Baltasar Garzón Real para desempeñarse en calidad de asesor legal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional». Iba a decir que su decisión, inmiscuyéndose grosera y arteramente en los asuntos de la Justicia española, cuya jurisdicción debería respetar dado el alto cargo que ocupa, me cogió de sorpresa. Especialmente, porque conozco de buena fuente lo mal que lo pasó cuando era fiscal en Argentina, allá por la Pampa, y Baltasar Garzón comenzó a abrir sumarios en la Audiencia Nacional a las juntas militares de su país, cuya investigación penal y encausamiento correspondía, entre otros, a usted como acusador público. Pero, afortunadamente ya estoy curado de espanto. Su sólo ha venido a ratificarme que la globalización no sólo ha convertido el mundo en un patio de vecinos. También ha extendido a los confines del planeta algunas plagas como el fanatismo, el clientelismo, el sectarismo, el corporativismo y el compañerismo mal entendido, hasta hace poco esos males endémicos de algunos países. Tras leer y releer el Estatuto de Roma, por el que se rige la Corte Penal Internacional, y consultar el asunto con expertos en la materia, yo pensaba que el nombramiento de jueces y fiscales en el organismo de La Haya se hacía de acuerdo al artículo 36 apartado 3, ese que dice: «Los magistrados (y fiscales se supone) serán elegidos entre personas de alta consideración moral, imparcialidad e integridad, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio del cargo en sus respectivos países», es decir, que se encuentren en el ejercicio pleno de sus funciones y no separados de la carrera judicial por delinquir en el ejercicio de su actividad. Yo barruntaba también que, el alto organismo del que usted forma parte se regía por los principios de Nullum crimen sine lege (artículo 22), Nulla poena sine lege (Artículo 23) Irretroactividad ratione personae (Artículo 24). Pero a la vista de que contratan ustedes como asesor legal al campeón universal en la vulneración del principio de la irretroactividad penal, tanto en los casos de Argentina, Chile, Tíbet, Guatemala y otros, tengo que pensar que o bien la Ley penal le viene a usted como una corbata a un mono o que trata, lo que sería peor todavía, de devolver al juez de jueces los favores por los servicios prestados a la izquierda asesina de su país. Porque, a decir verdad, cuando leí por primera vez hace dos semanas en El País que reclamaba al díscolo instructor de la Audiencia Nacional en la fiscalía de la Corte Penal Internacional de la Haya hubo gente que hasta se alegró: «Ya era hora ─ oí decir─ de que se cumpliera esa máxima de que «el criminal nunca gana» y se impute al «mago de la justicia universal» por amparar y ocultar una parte de los más horrendos crímenes cometidos en Argentina. Ya era hora, ¡coño!, de que un fiscal le pare los pies a Garzón por obstruir la acción de la Justicia y convertirse en colaborador necesario, en cómplice, de al encubrir centenares de asesinatos, delito que podría ser equiparable al genocidio, al ser la mayor parte de las víctimas militares en activo». Porque eso es exactamente lo que hizo el titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Disimular y silenciar los miles de crímenes cometidos por los Montoneros y por el Ejército Revolucionario del Pueblo (autores de 22.000 atentados sin resolver y 1.700 muertos olvidados). Y permitir a una banda de asesinos, cuando aparecieron por España con sus pistolas aún humeantes, que utilizaran la Audiencia Nacional como instrumento para vengarse de las juntas militares que le impidieron hacer la revolución y les aplicaron la política del «ojo por ojo», mandando a unos miles de ellos a los cementerios. Cuando usted le mandó a llamar por primera vez desde los Paises Bajos, a mi amigo casado con una argentina, se le cayeron las lágrimas de alegría. Porque lo que también hizo ese juez imparcial e integro a carta cabal hace unos años fue llamar a su despacho a la ex presidenta de su país, María Estela (Isabelita) Martínez de Perón, responsable con su ministro de Bienestar Social José López Rega El Brujo de la creación de la Triple A, autora por acción u omisión de otros 1.500 asesinatos cuyos cadáveres reclaman Justicia. Y cuando muchos afectados intuían que al fin la Justicia iba a alcanzar a los dos bandos enfrentados en Argentina, el juez justiciero la dejó escapar a Buenos Aires sin un solo cargo. Revelando, como ha ocurrido en los últimos 22 años, que el imperio de la Ley que defiende el portador de la Espada Flamígera del Arcángel San Gabriel, como le denominaba hasta hace poco El País, es la Ley de los fuertes, de los poderosos y de los que le sobornan con doctorados Honoris Causa y alguna otra prebenda. Señor Moreno-Ocampo: Como a usted, portador de esa sabiduría innata y esa perspicacia de la Pampa, no se le escapará, supongo que no ignora que don Baltasar Garzón Real está inculpado en España de abrir una causa generalis ─ prohibida por la Constitución ─; por asumir a sabiendas competencias que correspondían al Tribunal Supremo; por aplicar retroactivamente los delitos de Genocidio, Tortura y Desapariciones, vulnerando los ya citados artículos 23,24 y 25 del Estatuto de Roma. Pero, especialmente, por tratar de sacar de sus tumbas al general Francisco Franco y a sus conmilitones (34 ministros y generales) todos ellos fallecidos hace muchos años para sentarlos en el banquillo. Y además porque, haciendo gala de una indigencia intelectual y de una ignorancia supina, trató de derogar el solito una Ley de Amnistía promulgada por unanimidad por unas Cortes Generales, emanadas de la voluntad popular; una Ley que fue arrancada a la UCD por las presiones generalizadas de la izquierda tras dos años de lucha, que se dejó decenas de muertos y que benefició exclusivamente a los terroristas de ETA, GRAPO, FRAP; a anarquistas, a centenares de extremistas radicales y a ni un solo franquista (al igual que ocurrió con la Ley de Punto y Final argentina los responsables de la dictadura, que estaban todos muertos, se habían amnistiado a ellos mismos en 1964), con el fin de perseguir judicialmente a unos cadáveres sin tener en cuenta que la responsabilidad penal desaparece con la muerte. Una actuación judicial, tan absurda y temeraria, sólo podría ocurrírsele, como aseguró el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, a un juez que hubiera sufrido una enajenación mental transitoria y cuyas irregularidades judiciales de toda índole se cuentan por el número de sumarios instruidos. «Garzón se lo inventa todo o casi todo», llegó a decir de él uno de sus mejores amigos, el magistrado de izquierdas ya fallecido Joaquín Navarro Estevan. Pese a estas evidencias, usted aplica el artículo 66 del Estatuto de Roma (Se presumirá que toda persona es inocente mientras no se pruebe su culpabilidad ante la Corte de conformidad con el derecho aplicable) y convierte en su mano derecha a un señor cuyas causas tres causas penales han sido admitidas a trámite cada una de ellas con la unanimidad de los cinco magistrados del Tribunal Supremo actuantes (quince en total), que va a ser juzgado y con casi toda seguridad condenado en base al principio de que ningún órgano judicial puede ir en contra de sus propios actos. Así que allá usted si pone al lobo a cuidar las ovejas. La enajenación mental de la que habla Jiménez de Parga, al igual que el mal de altura, tengo entendido que se contagia. Así que con un juez que se dedica a juzgar a los muertos ─ como si con el libro del Apocalipsis en la mano estuviera celebrando el Juicio Final ─ y a vulnerar todas las leyes habidas y por haber, no me extrañaría que cualquier día me entere por El País que ha resucitado usted a Al Capone y lo tiene sentado a su lado, impartiendo Justicia en la Corte Penal Internacional. Teniendo como «asesor legal» a un personaje tan chocante y conocida su reciente afición a la necrofilia o, mejor dicho, a la necrofagia judicial, cualquier disparate podría entrar dentro de lo posible. Al fin y al cabo, Alfonso Capone es tan inocente como Baltasar Garzón: al mafioso de Chicago sólo se le pudo probar que defraudaba a Hacienda y vulneraba la Ley para una causa noble, dar de beber al sediento. Posted by
The Spanish Organic Law of the Judiciary (Ley Orgánica del Poder Judicial) number 6/1985 provides in its Title II Chapter I, Article 383 (Of the irremovability of judges and magistrates) that "the suspension of the judges and magistrates will take place only ", among other cases, 'where it has been declared to have place to proceed against them for crimes committed in the exercise of their work'.The same legal text, which governs the spanish judiciary, determines later in the Title IV, Chapter III, article 504 (licenses and permits) that "the judges and magistrates can access licensing of training and permits to be part of international tribunals and other agencies, in agreement with the General Council of the Judiciary'.The dilemma of the General Council of the judiciary (Consejo General del Poder Judicial in Spanish) that will meet tomorrow in extraordinary session under the chairmanship of judge Carlos Dívar will have to decide between the two articles mentioned above. Grant a special license to the judges Baltasar Garzon Real to put land through in the procedures are still against him and is incorporated with assistant prosecutor Luis Romero-Ocampo in the International Criminal Tribunal or removing judicial career, as is required, after to have opened trial against this week the Second Chamber of the Supreme Court.Before a matter highly controversial, perhaps the most highly politicized all that has had to discern the body of the Government of judges, by the "services" provided by the holder of Juzgado Central de Instrucción No. 5 of the Spanish Audiencia National to the Government in its negotiations with ETA, the problem that arises is serious.But the decision that the 20 members of the organ responsible for the government of the third State power, whose main function is to ensure the security of the independence of judges and magistrates compared to the other powers of the State, will determine the democratic health of the spanish Justice and the degree of media and subjection to the executive who chairs Jose Luis Rodriguez Zapatero.It is clear that the decision to take to many of the members elected for the CGPJ on the proposal of the PSOE is not easy. Judicial Sources of recognized standing estimated, however, that the Council is not is another exit, has no other solution more worthy than to act as the courts of justice at the time to decide if admitted to processing several causes on the same matter. The criminal matters have always had and take precedence or preference on the other (whether civil, administrative, labor or commercial) by the gravity of the facts to be elucidated.Otherwise, to grant the purported judge who proclaims without the slightest flushing "advocate for the defense of human rights and the lost causes of the Latin American countries" will be as gran to him a illegal passport to flee to the International Criminal Court and of the circumvention of the action of the action of the Spanish courts, where it has three pending cases in which are involved, in one way or another, each and every one of the 15 members of the Criminal Division of the Supreme Court (who on the other hand have admitted unanimously the three complaints, unusual in the spanish judiciary when the trial is a partner of the judges) would be a burda mockery and flout the own Administration of Justice of the Many of the members of CGPJ part, and the judges responsible for doing so. And, in addition, you may be of, by extension (because the legislature when it drew up the organization of Justice act it was not thinking or by hint that tel Consejo General del Poder Judicial might offend or commit any irregularity, or have a situation as ludicrous as the current) an offense of obstruction of justice offense in article 463.1 of the Criminal Code. Tomorrow, before sitting to deliberate, the members of this judiciary organization , among which is attorney Jose Manuel Gomez Benitez, a friend of Garzon and 'negotiator' with ETA, should look. The text says:(Of the obstrrucción to Justice) which cited in legal form, left voluntarily to appear, without just cause, before a court in criminal proceedings with reo, causing suspension of the trial, shall be punished with imprisonment of three to six months or a fine of six to 24 months (...) If the representative of close offense was lawyer, the attorney or representative of the Prosecution in performance, would be imposed the sentence in the upper half"If the lawyers, attorneys and prosecutors can be convicted of obstruction of justice to a greater extent what would be the members of the organ of Government of the judges if failed to fulfill their duty. Therefore, this article of the Criminal Code, could be applied by extension to the subject debate tomorrow and at least journalistically argued that an abdication of functions by the CGPJ could be interpreted as a crime of obstruction of justice, specifically, to the work of the Second Chamber of the Supreme Court, which have an obligation to assistant. That is why, thinking Carlos Dívar member of the Opus Dei rather than anyone, today i dismissal with a good evening and that God shared fate.
DIAZHERRERA. COM: THE SPANISH YELLOW JOURNALISM: MANAGING EDITOR OF PAPER EL MUNDO PUBLISH A SEXUAL VIDEO OF AN ARGENTINEAN AND KIDNAPS HIS SEXUAL ADVENTURES
THE SPANISH CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL COULD COMMIT A CRIME OF OBSTRUCTION OF JUSTICE
MEMBERSHIP SHOULD NOT LET GARZON ESCAPE TO INTERNATIONAL CRIMINAL COURT TO AVOID A POSSIBLE SENTENCE IN THE SUPREME COURTThe Judicial Power Organization Act 6 / 1985 (Ley Orgánica del Poder Judicial) in its Title II, Chapter I, Article 383 (The tenure of judges and magistrates) said that "the suspension of judges and magistrates only take place", among other cases, "where it has been declared to have grounds to proceed against them for crimes committed in the course of their work. "The same text, by which is governed the Spanish judiciary, later determined, under Title IV, Chapter III, Article 504 (Licenses and permits): "judges and magistrates can access training licenses and permits and to join of international tribunals and other agencies, by agreement of the Consejo General del Poder Judicial. "The dilemma of the Consejo General del Poder Judicial which will meet in special session tomorrow under the chairmanship of Judge Carlos Divar is that will have to decide between the two articles mentioned above. Grant a special permision to judge Baltasar Garzon Real can incorporated as special assistant prosecutor of Luis Romero Ocampo at the International Criminal Court and escape from justice or to suspend him from their duties, as is required, to face up his responsibilities in the open trial against him in the Second Chamber of the Spanish Supreme Court.Faced with a highly controversial issue, perhaps the most politicized of all he had to discern the body of the Government of the judges in his history, due to the "services" provided by the magistrate to the Government negotiations with ETA, the conflict that arises is serious. But the output that the 20 members of the judges body, whose main function is to ensure the guarantee of the independence of judges and magistrates over other branches of government, will determine the democratic health of the Spanish judiciary and its degree of mediation and submission to the executive headed by José Luis Rodríguez Zapatero. In Spain, the separation of powers established by the baron of Montesquieu in the mid-eighteenth century do not exist in practice. The Consejo General del Poder Judicial is appointed by political partiesIt is clear that the decision to take for many of the members elected to the PSOE's proposal is not easy. Judicial sources believe, however, that the Council has no other way out but to act worthy as courts of Justice when it need to decide whether to support various causes admissible over the same subject. Criminal matters always have had priority over other (whether civil, administrative, labor or commercial) because the seriousness of the facts need to be clarified firstOtherwise, give the judge Garzón a passport to flee to the International Criminal Court where he makes fun from the action of the Spanish courts, where has three pending cases in which they are involved, would be a mockery and derision to the Administration of Justice.And, moreover, may be, by extension (since the legislature when it drew the Ley Orgánica del Poder Judicial was not thinking even remotely that the Supreme Judicial Council could commit any irregularity ) a crime of obstruction of justice punishable under Article 463.1 of the Penal Code.Tomorrow, before sitting down to discuss, the members of the Supreme Judicial Council, among them is the lawyer José Manuel Gómez Benítez, a friend of Garzon and "negotiator" with ETA, should take a look to the Code. The text says:(The obstruction of justice) "(The people) who in a illegal manner, ceases to appear voluntarily without just cause, before a court or tribunal in criminal proceedings, causing suspension of the trial, shall be punished with imprisonment from three to six months or a fine of six to 24 months (...) If this was a lawyer, solicitor or representative of the Public Prosecutor in performance, the penalty would be imposed at the upper end "If lawyers, attorneys and prosecutors may be guilty of obstruction of justice to a greater extent would to apply to the members of the governing body of judges if they do not fulfill their duty. Therefore, this article of the Penal Code could be used by extension to the matter under discussion at least journalistically. An abdication of his duties by the CGPJ could be interpreted as a crime of Obstruction of Justice, specifically against the work of Second Chamber of the Supreme Court, with which the are obliged to assist.
EL CGPJ NO PUEDE COMETER UN DELITO DE OBSTRUCCIÓN A LA JUSTICIA PARA QUE GARZON SE BURLE DEL TRIBUNAL SUPREMO
La Ley Orgánica del Poder Judicial 6/1985 establece en su Título II Capítulo I, Artículo 383 (De la inamovilidad de jueces y magistrados) que «la suspensión de los jueces y magistrados sólo tendrá lugar”, entre otros casos, «cuando se hubiese declarado haber lugar a proceder contra ellos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funcione».
El mismo texto legal, por el que se rige la judicatura española, determina más adelante, en el Título IV, Capítulo III, Artículo 504 (De las licencias y permisos) que «los jueces y magistrados pueden acceder a licencias de formación y a permisos para formar parte de tribunales internacionales y otros organismos, previo acuerdo del Consejo General del Poder Judicial».
El dilema del Consejo General del Poder Judicial que se reunirá mañana en sesión extraordinaria bajo la presidencia del magistrado Carlos Divar tendrá que decidir entre los dos artículos antes citados. Concederle una licencia especial al magistrados Baltasar Garzón Real para que ponga tierra de por medio en los procedimientos que se siguen en su contra y se incorpore con auxiliar del fiscal Luis Romero Ocampo en el Tribunal Penal Internacional o apartarle de la carrera judicial, como es preceptivo, al haber abierto juicio oral en su contra esta misma semana el magistrado Luciano Varela, miembro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Ante un asunto fuertemente polémico, tal vez el más politizado de todos los que ha tenido que discernir el órgano del Gobierno de los jueces, por los "servicios" prestados por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional al Gobierno en sus negociaciones con ETA, la disyuntiva que se plantea es seria. Pero la salida que los 20 vocales del alto organismo, cuya principal función es la de velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado, va a determinar la salud democrática de la Justicia española y su grado de mediatización y sometimiento al ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero.
Esta claro que la decisión a tomar para muchos de los vocales elegidos a propuesta del PSOE no es nada fácil. Fuentes judiciales de reconocido prestigio estiman, sin embargo, que al Consejo no le queda otra salida, no tiene otra solución más digna que la de actuar como los tribunales de Justicia en el momento de decidir si admiten a trámite varias causas sobre el mismo asunto. Las cuestiones penales siempre han tenido y tienen preeminencia o preferencia sobre las demás (sean civiles, administrativas, laborales o mercantiles) por la gravedad de los hechos que se dilucidan. Lo contrario, conceder al pretendido juez que dice abogar por la defensa de los derechos humanos y las causas perdidas de los países Latinoamericanos un pasaporte para que huya a la Corte Penal Internacional y se burle de la acción de la acción de los tribunales españoles, donde tiene tres causas pendientes en las que están involucrados, de una u otra manera, todos y cada uno de los 145 miembros de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo - quienes por otra parte han admitido por unanimidad las tres querellas, hecho insólito en la judicatura española cuando el enjuiciado es un compañero de los juzgadores- sería una burda mofa y befa a la propia Administración de Justicia de la que muchos de los vocales del CGPJ forman parte, y a los magistrados encargadas de hacerlo.
Y, además, puede que se de, que por extensión (ya que el legislador cuando elaboró la LOPJ no estaba pensando ni por asomo que el Consejo General del Poder Judicial pudiera delinquir o cometer irregularidad alguna, ni darse una situación tan esperpéntica como la actual) un delito de obstrucción a la Justicia tipificado en el artículo 463.1 del Código Penal vigente.
Mañana, antes de sentarse a deliberar, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, entre los que se encuentra el abogado José Manuel Gómez Benítez, amigo de Garzón y «negociador» con ETA, deberían echarle un vistazo. Dice el texto: (De la obstrrucción a la Justicia) El que citado en forma legal, dejase voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo, provocando suspensión del juicio oral, será castigado con pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses (...) Si el representante de estre delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional, se le impondría la pena en su mitad superior"Si los abogados, procuradores y fiscales pueden ser reos de obstrucción a la Justicia en mayor medida lo serían los miembros del organo de Gobierno de los jueces si no cumplieran con su deber. Por tanto, este artículo del Código Penal, podría aplicarse por extensión al asunto que se debate mañana y al menos periodísticamente afirmarse que una dejación de funciones por parte del CGPJ podría interpretarse como un delito de obstrucción a la Justicia, concretamente, a la labor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, a la que tienen la obligación de auxiliar. Por eso, pensando en Carlos Divar más que en nadie, hoy me despido con un buenas tardes y que Dios reparta suerte. Posted by

References: artículo 36
 artículo 66
 artículo 36
 artículo 66
 Artículo 383
 Artículo 504
 artículo 463