Source: https://www.scribd.com/doc/53250942/AlegacionesConsejoSocial
Timestamp: 2017-03-27 01:57:17+00:00

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AlegacionesConsejoSocial
BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinAL EXCMO.AYTO-PLENO María José García-Pelayo Jurado, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ante este órgano municipal comparece y, EXPONE -IQue en el Pleno Ordinario de este Ayuntamiento de fecha 24 de febrero de procedió a la creación del Consejo social de la ciudad, órgano preceptivo, de con lo establecido por el artículo 131 de la Ley de Bases de Régimen Local, Ayuntamientos denominados “de gran población”, entre los que el de Jerez incluido por acuerdo del Parlamento Andaluz de 28 de mayo de 2009. 2011 se acuerdo para los se halla
-IIQue en la misma sesión plenaria se produjo la aprobación inicial de un Reglamento orgánico propio de dicho Consejo Social de la Ciudad. -IIIQue con fecha 15 de marzo del presente año, sobre el ordinal 15.416 del número 49 del Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, se produjo la publicación del anuncio de dichos acuerdos sometiéndolos al trámite de información pública y audiencia de los interesados durante el plazo legal de treinta días, que es el mismo para interponer las denominadas “quejas y sugerencias” por el artículo 49.b de la Ley 7/85 reguladora de las Bases del Régimen Local. -IVQue dentro el plazo conferido, por medio del presente escrito y en base al referido contenido del artículo 49 letra b de la ley 7/1995 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (en adelante LRBRL) vengo a efectuar las siguientes ALEGACIONES
1. ALEGACIONES POR VULNERACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO
RESPECTO AL CONTENIDO GENERAL DEL TEXTO: 1. INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 123.2 Y 124 DEL REGLAMENTO ORGANICO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JEREZ Podemos definir el Reglamento Orgánico Municipal (en adelante ROM) como aquella disposición de un Ayuntamiento, aprobada por el órgano plenario, mediante la que, en ejercicio de sus potestades normativa y de autoorganización, se regulan los aspectos relativos a su organización y funcionamiento, complementarios de los previstos con carácter necesario en la legislación estatal básica de régimen local y, en su caso, en desarrollo de la misma, en la legislación de las Comunidades Autónomas. Es evidente que, tanto respecto de los municipios de régimen general como de los denominados de gran población (artículos 122.3 y 134.1 LRBRL), ha sido voluntad del legislador atribuir al reglamento orgánico la regulación de la materia organizativa pudiéndose identificar así el contenido propio de este tipo normativo con la regulación
del régimen organizativo de la entidad local. Debe quedar por tanto reservado al ROM la totalidad de la materia de autoorganización, incluyendo tanto la organización en sentido estricto como el funcionamiento de la entidad local. Así pues, debe considerarse al ROM, desde el punto de vista objetivo –esto es, en función al objeto o contenido de la norma autónoma-, dentro de la categoría de los estatutos –en este caso de carácter local-, entendiendo como tales las normas autónomas que tienen como objeto principal la regulación de la actividad de la entidad y que suele ser definido como “el conjunto de normas organizativas fundamentales del ente a que se refiera”. En este sentido el ROM reúne las tres características fundamentales de los estatutos: 1) contiene reglas diversas en relación con las reglas comunes o generales; 2) suelen aparecer como manifestaciones de la autonomía normativa que el ordenamiento general reconoce a un determinado sujeto.; y 3) el contenido fundamental de los estatutos es la regulación del ente de referencia. Por tanto, en ese sentido debe entenderse la mención que el artículo 5.2 de la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía cuando establece que “….El resto de los órganos complementarios se ajustara a lo que respectivamente dispongan los estatutos de cada entidad local”. Es evidente que, tal como indica la STS de 20 de mayo de 1992, dicha norma local “efectivamente puede añadir dichas reglas –incorporación de las mismas al ordenamiento- en el sentido de aclarar, desarrollar y concretar los preceptos legales, dictar normas de procedimiento, y regular la organización, cuestiones todas ellas que forman parte del contenido de los reglamentos e indirectamente inciden en los derechos y deberes de los ciudadanos, lo que pueden hacer, incluso condicionándolos …”. La utilidad del ROM es precisamente servir de instrumento para romper la rigidez y el uniformismo en el sistema organizativo local. Cada ayuntamiento a través de su ROM, puede adaptar el sistema organizativo general a lo que son sus peculiaridades propias. Así lo refrenda la STS de 11 de mayo de 1998 cuando dice que el “contenido propio” del ROM es la regulación del régimen organizativo de cada entidad local. Tenemos pues que los ayuntamientos de municipios denominados “de gran población” pueden dictar cuatro tipos de normas: el Reglamento Orgánico Municipal (arts. 122.3 y 134.1 y regulación complementaria del régimen general de la Ley de Bases de Régimen Local), los “reglamentos de carácter orgánicos”, los “reglamentos municipales” y las “ordenanzas”. Por su parte el ROM del Ayuntamiento de Jerez asume y explicita la fuerza normativa y el alcance del contenido de dicha norma básica municipal y en su exposición de motivos indica que en ”aplicación del citado artículo –el 123.1.C LBRRL- y en uso de las facultades de auto organización, este Ayuntamiento ha elaborado el presente Reglamento Orgánico Municipal, que define y determina la organización política y administrativa esencial del Ayuntamiento, así como el funcionamiento de sus órganos de gobierno y el de los órganos de control”. Más adelante, la citada exposición de motivos dice que el “Título VIII contiene los principios generales de la información y participación ciudadana, definiendo los derechos de la ciudadanía que requieren una singular protección y los instrumentos y órganos de participación a través de los cuales se garantiza la participación activa de los ciudadanos y ciudadanas de este Municipio en la vida política municipal”. Y continua “en este sentido y como quiera que este Ayuntamiento ya
cuenta con un Reglamento orgánico de participación ciudadana y con la mayoría de sus instrumentos, en pleno funcionamiento, y el artículo 123. 1 c) de la Ley de Bases de Régimen Local ofrece la posibilidad de contar con Reglamentos Orgánicos independientes, se optó por mantener dicha estructura normativa orgánica en un Reglamento específico de la materia, que desarrolle ampliamente los principios generales establecidos en el presente Reglamento Orgánico. Por lo que la adecuación y modificación del actual Reglamento de Participación Ciudadana se procederá a abordar con carácter inmediato”. Fiel a ese enunciado programático el artículo 123, titulado “órganos municipales de participación ciudadana” regula en su número 1 cuales serán dichos órganos, a saber, el Consejo Social de la Ciudad, los Consejos Sectoriales, las Juntas de Distrito, la Comisión de Quejas y Sugerencias y la oficina del defensor de la ciudadanía y en su número 2 establece que “La composición, régimen de funcionamiento y relaciones entre estos órganos será establecida en el Reglamento de Participación Ciudadana”. Por otra parte el ROM del Ayuntamiento de Jerez especifica cuál será el procedimiento de su modificación en el artículo 124. De esta forma el Pleno del Ayuntamiento ha infringido de forma evidente su propio ROM mediante la aprobación de un reglamento orgánico autónomo para el Consejo social de la ciudad, lo que si bien sería posible de acuerdo con la LRBRL 123.1.C, el propio Ayuntamiento, haciendo uso legitimo de su capacidad de autoorganización ha decidido la integración de dicha regulación –y la de otros órganos de preceptivo tipo orgánico- en el, todavía futuro, reglamento de participación ciudadana que indudablemente requerirá aprobación con las condiciones de reglamento de naturaleza orgánica. Esta violación del ROM lo es indubitada ya que el mismo no se limita, como hemos visto, a establecer cómo se debe regular la organización y funcionamiento de estos órganos, denominados por el propio reglamento “de participación ciudadana”, sino que corresponde a una interpretación auténtica del mismo pues es el mismo texto, en su exposición de motivos, el que explica las razones de optar por dicho modelo organizativo y su peculiaridad, absolutamente legal, respecto a lo establecido en el artículo 123.1.c) de la LRBRL de esos órganos e incluso indica que dicha cuestión se abordará con carácter inmediato. Nada impediría que el Ayuntamiento Pleno hubiese modificado su modelo organizativo mediante la reforma de su propio ROM con los requisitos del artículo 124 y sin embargo se ha procedido a aprobar inicialmente un reglamento propio para el Consejo Social de la Ciudad con clara infracción del ROM del Ayuntamiento de Jerez en sus artículos 123 y 124 por lo que dicho reglamento ha de considerarse aprobado inicialmente con infracción del ordenamiento jurídico. 2.- INFRACCIÓN DEL ARTÍCULO 131.1 DE LA LEY REGULADORA DE LAS BASES DEL REGIMEN LOCAL. El artículo 131.1 de LRBRL establece que en “los municipios señalados en este título, existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas”.
Por su parte la exposición de motivos de la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del gobierno local indica que “En este sentido, se ha manifestado como insuficiente, por su carácter meramente declarativo, el tratamiento que de la participación ciudadana se hace en la LBRL. En este tercer ámbito, existe una clara tendencia continental a reforzar las posibilidades de participación y de incidencia de los ciudadanos en el gobierno local, para evitar o corregir, en el contexto de un mundo globalizado, el alejamiento de los ciudadanos de la vida pública. En esta materia, hay que destacar la procedencia de incrementar la participación y la implicación de los ciudadanos en la vida pública local, lo que no constituye en modo alguno un elemento contradictorio con los anteriores, sino que, por el contrario, los complementa y enriquece. Y si bien es cierto que en este ámbito hay que conceder amplios márgenes a la potestad de autoorganización de las entidades locales, también lo es que la legislación básica estatal debe contener unos estándares mínimos concretos que permitan la efectividad de esa participación”. Asimismo, mas adelante refiriéndose al Consejo Social de la Ciudad (en adelante CSC) dice “También debe destacarse el establecimiento del denominado Consejo Social de la ciudad, como mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado esencialmente en el campo del desarrollo local y de la planificación estratégica urbana, ámbitos éstos que están adquiriendo una importancia esencial en las políticas locales”. Pues bien el Reglamento aprobado inicialmente vulnera la voluntad del legislador pretendiendo producir una composición del CSC que desnaturaliza a todas luces la esencia de dicho órgano creado por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre por la que se crea el Titulo X de LRBRL. En efecto el artículo 9, junto con el 10, del reglamento, vulnerador del ROM, prevé la formación de un órgano que no responde a las prescripciones del artículo 131 de la LRBRL, lo que se constata en las siguientes cuestiones:
a) Se hace una diferenciación entre los sectores estableciendo tres grupos de
representantes: - I Grupo: representantes del movimiento ciudadano. - II Grupo: representantes organizaciones sindicales y empresariales. - III Grupo: representantes del sector profesional especializado, de entidades e instituciones con presencia estratégica en la ciudad. Es una diferenciación extraña porque en todo caso el art. 131 LBRL habla de cuatro tipos de organizaciones: económicas, sociales, profesionales y de vecinos. b) La formulación del apartado destinado a los representantes del denominado movimiento ciudadano. En efecto en este apartado se producen las siguientes cuestiones: i. la introducción de una elección segundo grado o indirecta de los representantes de organizaciones sociales y de vecinos, que por otra parte se mezclan y confunden ya que en dichos órganos se encuentran personas en nombre de ambos tipos de colectivos. ii. La duplicación de los representantes de este apartado al conformar los consejos sectoriales y los consejos territoriales prácticamente los mismos colectivos, en un caso sin distribución territorial y en el otro con dicha distribución.
iii. La confusión entre dos aspectos absolutamente distintos de
la organización municipal base establecida por la LRBRL. En efecto el titulo X de la Ley precisa´, entre otros, dos caminos distintos para la participación: el territorial (que se articula mediante los distritos) y el sectorial socioeconómico (que se articula mediante el CSC). Mientras ello sucede se obvia llamativamente la participación directa de representantes de la federación de asociaciones de vecinos y de sus asociaciones urbanas y rurales. El art. 131 LBRL habla de “organizaciones vecinales” no de “representantes del movimiento ciudadano”.
c) La inclusión de miembros que no son “representantes de organizaciones
económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas”, a saber: i. Cuatro vocales expertos de reconocido prestigio designados libremente por el Alcalde o Alcaldesa (por mucho que se añada “de los sectores….”. la Ley limita la composición a “representantes de organizaciones”). ii. Un vocal en representación de la dirección del aeropuerto de Jerez. Se trata de un directivo de nombramiento estatal. Y por otra parte llama la atención el específico tratamiento del aeropuerto (¿y ferrocarriles o transporte terrestre?). iii. Un vocal en nombre de la Universidad de Cádiz. Por encima de la ilegalidad o no de dicha inclusión se echa en falta una expresa mención al Campus de Jerez de la Universidad de Cádiz. iv. Un vocal en representación de las entidades bancarias. Que se sepa las entidades bancarias son empresas y se asocian en organizaciones empresariales. Ya puestos, por qué no los despachos profesionales o los concesionarios de vehículos o las grandes superficies. Evidentemente en todos estos casos su inclusión vulneraría el artículo 131 de la LRBRL. v. Un vocal en representación del o de los consejos (la redacción es confusa) reguladores del marco. Están ya representados como organizaciones empresariales, economía social o autónomos. Resulta, como poco, curioso que mientras se producen estas inclusiones se postergan, sin embargo, organizaciones con evidente vocación de pertenecer a este órgano municipal tales como la Cámara de Comercio de Jerez, la Cámara Agraria Provincial con sede en Jerez, la asociación de la prensa de Jerez y otras que, optativamente, sí podrían haber formado legalmente parte de este consejo. Cabría decirse que una empresa es técnicamente una “organización”, pero resulta palmariamente claro que el sentido que tanto la vulnerada LRBRL en su exposición de motivos, en la redacción del artículo 131 como en la ubicación y motivación dados en el también infringido ROM descartan esta treta.
3.- INFRACCIÓN DE LA LEY 3/2007 DE 22 DE MARZO PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE HOMBRES Y MUJERES El artículo 16 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres (en adelante LOIHM) establece que “Los Poderes Públicos procurarán atender al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos y designaciones de los cargos de responsabilidad que les correspondan”. Dicha formulación refleja la necesidad de que las distintas administraciones territoriales regulen la fórmula para la aplicación del principio de presencia equilibrada –que se concreta en la disposición adicional primera de la LOIHM que establece que “A los efectos de esta Ley, se entenderá por composición equilibrada la presencia de mujeres y hombres de forma que, en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento”-. Según el dictamen emitido en su día por el Consejo de Estado respecto a este artículo “serán las normas que desarrollen o apliquen el principio en relación con los distintos poderes públicos las que hayan de concretar las condiciones de aplicación del principio de referencia...”. La Ley estatal, respetando los ámbitos de Comunidades Autónomas y entidades locales, regula para la Administración del Estado la aplicación de dicho principio en su Titulo V. Por su parte, en el ámbito competencial autonómico, el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, aprobado por la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, establece en su artículo 135 que “Una ley regulará el principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de los titulares de los órganos directivos de la Administración andaluza cuya designación corresponda al Consejo de Gobierno o a los miembros del mismo en sus respectivos ámbitos. El mismo principio regirá en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos que corresponda efectuar en el ámbito de la Administración andaluza”. Así la Ley 12/2007 de 26 de noviembre para la promoción de la igualdad de género en Andalucía establece en su artículo 2.2.b) establece que dicha Ley es de aplicación a “las entidades que integran la Administración Local, sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades” y en el 4.8 que “para la consecución del objeto de esta Ley, serán principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias: …8.-El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones ….”. Por último el artículo 11.2 de esta Ley autonómica dice que “En la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres. Este mismo criterio de representación se observará en la modificación o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en cuenta lo siguiente: a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico que desempeñen; b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta, facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada”. Obviamente la regulación autonómica, igual que hace la estatal, evita desarrollar el principio de presencia equilibrada en las entidades locales, que deberán estas desarrollar en su ámbito competencial. Este desarrollo puede realizarse mediante varias técnicas. Una de ellas es su inclusión como parte del cuerpo normativo del ROM, de manera que dicha regulación tenga carácter básico e impregne y vincule al resto de normas municipales, cosa que no ha hecho el Ayuntamiento de Jerez. La otra opción básica sería recoger y desarrollar el principio en cada una de las normas donde
fuese necesario. Tal es el caso de la regulación de los órganos de participación ciudadana y, por supuesto, del CSC. El texto aprobado como reglamento del CSC, sin embargo, no recoge la más mínima precisión al respecto. Resulta curioso que junto al uso de una redacción que en cada caso recoge, de forma gramaticalmente incorrecta, cada palabra que hace referencia a personas en los dos géneros (si se quiere recoger expresamente la redacción de una palabra en sus dos géneros es preciso escribirlas ambas completas, no cabe decir “Alcalde-sa”, en español lo correcto, aunque no necesario, es escribir “Alcalde o Alcaldesa”), sin embargo se incumple el principio de representación equilibrada no regulándose ni una palabra al respecto. Es decir, de acuerdo con el texto aprobado el cien por cien de los miembros del CSC, después de tantos -os y -as, podrían ser de un solo sexo. Es evidente que esta carencia infringe toda la legislación estatal y autonómica sobre este aspecto de las normas. Infringe la LOIHM, el estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, por lo que en su redacción actual dicho Reglamento también es ilegal en este aspecto. 2. ALEGACIONES POR DEFECTO DE TÉCNICA NORMATIVA 1.- ESTRUCTURA Y FORMA: En este apartado nos guiaremos fundamentalmente por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de julio de 2005 por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa (en adelante DTN). Estas directrices, si bien no incluyen entre su ámbito de aplicación a la Administración Local, constituyen un catálogo de indicaciones que sirven de referencia para la configuración de cualquier disposición normativa, pues la mayoría de ellas suponen un ejercicio de organización lógica, esfuerzo clarificador y homogeneizador y corrección lingüística, que resulta aplicable y deseable siempre, proceda de la administración territorial que proceda.
a) Respecto al título de la disposición: el correcto sería “Reglamento Orgánico
del Consejo social de la ciudad de Jerez de la Frontera” (reglas 6 y 7. DTN). b) El texto carece de parte expositiva (regla 12 DTN), pero sin embargo se incluyen en su parte dispositiva una serie de artículos o párrafos de contenido puramente expositivo, contradiciendo así la norma 26 párrafo segundo de las DTN. Así ocurre en el artículo 3, el artículo 8.1 y el artículo 21. c) Sería más apropiado la división del texto en capítulos, no en títulos (regla 20 DTN). d) La parte dispositiva del reglamento tiene una estructura “peculiar” donde se incluyen en las denominadas “disposiciones generales” cuestiones que exceden lo apropiado a ella y se entremezclan y confunden parte sustantiva y procedimental (reglas 18 y 19 DTN). En este sentido podría plantearse una aproximación a una estructura coherente de la parte dispositiva: i. Disposiciones generales: naturaleza jurídica; régimen jurídico; funciones; composición; nombramiento de sus miembros; duración del mandato. ii. De los consejeros: derechos; deberes; incompatibilidades; ausencias, delegación y suplencias; cese y provisión de vacantes.
iii. De los órganos: Órganos; el Pleno: naturaleza y composición, funciones; la Comisión Permanente: naturaleza y composición, mandato, sustitución y suplencias, funciones; las comisiones de trabajo: naturaleza y composición, funciones; el Presidente: nombramiento y cese, toma de posesión, funciones; los vicepresidentes: nombramiento y cese, funciones; Secretaría: nombramiento y cese, funciones. iv. Del funcionamiento del Consejo: Disposiciones generales: comparecencia de autoridades y expertos, asesores, enmiendas, votaciones y acuerdos, tipos de acuerdos, votos particulares, actas, plazos; Pleno: régimen de sesiones, convocatoria, quórum, desarrollo de las sesiones; comisión permanente: sesiones y quórum; comisiones de trabajo: sesiones y quórum, trabajo en comisión. v. Régimen económico y estructura administrativa. vi. Régimen interno. vii. Disposiciones transitorias. viii. Disposiciones derogatorias. e) Respecto a la parte final el texto aprobado inicialmente carece de una regulación provisional que regule la puesta en marcha por primera vez del CSC con las peculiaridades, especialmente, de fechas y duración de mandato, que ello conllevará. Además de ello el texto contiene dos disposiciones adicionales cuyo contenido no se corresponde con el propio de las mismas. La abrogación del Consejo Económico y Social de Jerez y del Observatorio Ciudadano deberá realizarse mediante las oportunas disposiciones derogatorias de sus respectivas regulaciones aprobadas por el Pleno municipal en su día. En el caso del Consejo Económico y Social de sus Estatutos, en el caso del Observatorio Ciudadano de los artículos a él dedicados en el Reglamento de Participación Ciudadana vigente. f) Citas: en el artículo 2.2 se cita incorrectamente la LBRL añadiendo una modificación ya integrada contradiciendo la regla 73 de las DTN al margen de indicar que dicha Ley regula el “Consejo Social de Jerez de la Frontera –sic-, como órgano consultivo”. g) Criterios lingüísticos: el lenguaje de una norma debe ceñirse a las normas lingüísticas de la Real Academia Española (en adelante RAE). De acuerdo con las DTN la redacción de textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas de la RAE y su diccionario y las dudas serán resueltas por el diccionario panhispánico de dudas (regla 102 DTN). En ese sentido cabe decir, en primer lugar, que resulta incorrecto la introducción de grafías que no constituyen signos lingüísticos por lo que las terminaciones de palabras con un guion y el sufijo de género femenino es incorrecto (un-a o Alcalde-sa, etc. que se contienen abundantemente en el texto). En este sentido el mencionado diccionario panhispánico de dudas dice que “en los últimos tiempos, por razones de corrección política, que no de corrección lingüística, se está extendiendo la costumbre de hacer explícita en estos casos la alusión a ambos sexos: «Decidió luchar ella, y ayudar a sus compañeros y compañeras» (Excélsior [Méx.] 5.9.96). Se olvida que en la lengua está prevista la posibilidad de referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, posibilidad en la que no debe verse intención discriminatoria alguna, sino la aplicación de la ley lingüística de la economía expresiva; así pues, en el ejemplo citado pudo —y debió— decirse, simplemente, ayudar a sus compañeros. Solo cuando la oposición de sexos es un factor relevante en el contexto, es necesaria la presencia explícita de ambos géneros: La proporción
de alumnos y alumnas en las aulas se ha ido invirtiendo progresivamente; En las actividades deportivas deberán participar por igual alumnos y alumnas. Por otra parte, el afán por evitar esa supuesta discriminación lingüística, unido al deseo de mitigar la pesadez en la expresión provocada por tales repeticiones, ha suscitado la creación de soluciones artificiosas que contravienen las normas de la gramática”. Por ello, aún tal como queda claro es innecesario lingüísticamente, la fórmula correcta sería la redacción de las dos palabras definidoras de los dos sexos completas (el Alcalde o la Alcaldesa, un o una vocal, etc, etc). En cualquier caso hay redacciones que ni desaprovechando la economía del lenguaje pueden convalidarse, es el caso, entre otros, del número 4 del artículo 10 donde se dice que “la designación de los-as vocalesas”, ya que la palabra “vocalas” no existe en nuestro idioma. En esta cuestión resulta llamativo como una norma que elude una regulación de fondo que garantice el cumplimiento de la LOIHM violenta la corrección lingüística para aparentar una falsa orientación igualitarista. Por otra parte, en general, la disposición parece que intenta ocultar su falta de regulación efectiva y lo depauperado de su condición reglamentaria (como mas adelante veremos) sobrecargando su lenguaje. En este sentido transcribimos el párrafo cuarto de la regla 101 de las DTN que dice “La claridad y sencillez exigen respetar el orden normal de los elementos de la oración, prescindiendo del hipérbaton, y evitar todo aquello que, sin aportar precisiones de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la norma: emparejamiento de sinónimos léxicos o sintácticos (una actitud clara y manifiesta; exhibió e hizo ostentación); epítetos triviales (“fiel” en fiel reflejo, “claro” en claro exponente); perífrasis superfluas (ser de aplicación por aplicarse). En esa misma línea, se evitará el uso de formas de pasiva para aquellos casos en que el español tiene en las oraciones activas o en la pasiva con “se” su forma más adecuada de expresión: “Los solicitantes rellenarán las solicitudes con letras mayúsculas”, y no “serán rellenadas las solicitudes con letras mayúsculas por los solicitantes”. Frente a esta lógica y saludable directriz, en el Reglamento aprobado inicialmente nos encontramos expresiones como estas : “órgano consultivo de participación, amplio y plural” –¿los hay que no sean plurales?-, “grandes líneas estratégicas” -¿hay líneas estratégicas que sean “pequeñas”?-, “visión integral como pilar básico” –inentendible-, “implementación de nuevos proyectos” –no se implementan los proyectos antiguos si es que cabe esta distinción-, “asistir con regularidad a las sesiones” -¿con que regularidad?-, “por si fueran necesarias para preparar mejor las funciones encomendadas” -¿Cómo se preparan las funciones?-, “sobre las líneas estratégicas de la ciudad, principalmente las que inciden en el desarrollo estratégico” –cuanta estrategia-. En fin de esta prosopopeya es un fiel reflejo el párrafo contenido en el artículo 8 “…estará determinada por el propósito de instituir un espacio ordenado para el debate público abierto a los actores sociales e institucionales que operan en el municipio con mayor perspectiva de ciudad…” – párrafo que contradice además el párrafo segundo de la regla 26 de las DTN-. En particular, y sin carácter exhaustivo, podemos reseñar como redacciones incorrectas o inentendibles las siguientes:
Artículo 6, 2 a): inentendibles. No se sabe quien informa a quien y se producen reiteraciones en el redactado (v.g.: “actuaciones o medidas concretas”).
Artículo 6, 2 b): muy confuso. Resulta bien sencillo decir “de emisión de dictámenes sobre los presupuestos municipales, Ordenanzas Fiscales….”. Artículo 9, 1 a): utiliza una denominación distinta para el órgano, la de “Consejo de Ciudad”. Artículo 11, 2 a): renuncia y dimisión son sinónimos (ver diccionario RAE). Una renuncia o dimisión no puede ser tácita. Artículo 11, 2 c): el fallecimiento no es una causa inhabilitante ya que supone la desaparición de la personalidad jurídica, simple y llanamente. Artículo 13, 1 b): de difícil interpretación y entendimiento. Si quiere decir “participar en los debates y en la adopción de acuerdos” hubiera sido tan sencillo como decirlo así. Artículo 15, 1 d): la representación de un órgano lo es siempre hacia el exterior. Hubiera bastado con “ostentar la representación del Consejo” o más sencillo “representar al Consejo”. Articulo 16, 2: “que con carácter especial”. Basta con “que le sean encomendados”. Artículo 18, 1 in fine: basta con “que lo soliciten”. En todo caso podía añadirse “fehacientemente”. Artículo 18, 4: la palabra correcta sería “medios” no “soportes”. Artículo 23, 1: confuso, mal redactado. ¿a quién se trasladan?. Es mucho más sencillo “serán notificados al Pleno de la Corporación municipal”. Por otra parte sobra el “no vinculantes” que califica a las “propuestas”. Articulo 23, 3: toda notificación es expresa (“.Documento en que consta la resolución comunicada”. Dicc. RAE). Cabria haber indicado “personalmente” para distinguirla de las colectivas.
2.- DE FONDO O SUSTANTIVOS: En general el texto analizado contiene una multitud de problemas y defectos en lo que respecta a su contenido. Contradicciones, abuso de conceptos jurídicos indeterminados, preceptos programáticos en la parte dispositiva, etc. Lo convierten en un autentico engendro jurídico sobre cuyo origen e intención solo cabe tener una duda: si es fruto de la mera incompetencia o si se trata de un texto calibrado para hurtar una autentica, y obligatoria legalmente, participación de los ciudadanos en las decisiones socioeconómicas más relevantes de la ciudad.
a) Un caso especial, la Presidencia del CSC: la regulación que en el texto
analizado tiene su Presidencia es, probablemente, el caso más claro de imperfección técnica y vaciedad del mismo. Inexplicablemente excluida de la enumeración de órganos del Consejo dada en el artículo 7, se construye un órgano dual contradictoriamente regulado. Se pretende en el texto distinguir entre la “Presidencia” y la denominada “Presidencia ejecutiva”. La Presidencia ejecutiva se configura como un cargo derivado de una delegación forzosa, instituto inexistente en nuestro derecho. El artículo 9.2 a) indica que “El Alcalde o Alcaldesa Presidente-a –sic- de la Corporación Local, que ostentará la Presidencia del Consejo de Ciudad –sic- , que delegará en una Presidencia Ejecutiva ..”. En efecto, el articulo 13, 1 de la LRJPAC establece que “Los órganos de las diferentes administraciones publicas podrán delegar…” vinculando sus actos al del órgano delegante y estableciendo en su número 6
que la delegación puede ser revocada en cualquier momento. Se trata pues de un mecanismo voluntario en manos del órgano que tiene la competencia y que no puede configurarse de forma forzosa, entre otras cosas porque las decisiones del delegado vinculan ex lege al delegante. Respecto a la fórmula para designar a la persona en quien se delega existen en el texto dos versiones. El artículo 9, 2 a) dice que lo será “consensuada con los miembros del Consejo…”, pero más adelante el número 2 del artículo 10 dice que será elegido a propuesta de la Alcaldía “con el consenso de los dos tercios del Plenario del Consejo y ratificado por el Pleno Municipal”. El consenso solo puede ser, por definición, un acuerdo de todos (“Acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos”. Diccionario RAE), mientras que con la exigencia del acuerdo de dos tercios a lo que se está haciendo mención es a la necesidad de una mayoría cualificada. Por otra parte se introduce un mecanismo adicional: la ratificación por el Pleno municipal, que termina de hacer saltar en añicos la institución de la delegación en el derecho administrativo español. No acaban aquí las vicisitudes de la opaca Presidencia del Consejo Social configurada sino que cuando se regulan sus funciones, en el artículo 15, el precepto se titula “La Presidencia Ejecutiva” y las funciones se predican, como no podía ser menos, de la “Presidencia” a secas, estableciendo más adelante una clausula de cierre sumamente curiosa. La letra e) del número 1 del artículo 15 dice que son funciones de la Presidencia “ejercer cuantas funciones sean inherentes a su condición” y ello se hace en el precepto que precisamente establece las funciones, reiterativamente conceptuadas como “inherentes”. Inentendible.
b) Otras deficiencias sustantivas: dada la proliferación de las mismas resulta una
labor excesiva intentar su sistematización, por lo que procedemos a enumerarlas en función de su localización en el texto: i. Artículo 1: se desconoce a que “organizaciones e instituciones” asesora el Consejo. ii. Artículo 5,1: no existe el artículo 1.1 del Reglamento en cuestión. iii. Artículo 5, 1: no se incluyen entre las funciones del Consejo dos impuestas por Ley, ni la “planificación estratégica”, ni los “grandes proyectos urbanos”. iv. Artículo 5, 2: la exclusión regulada es ilegal respecto de las funciones mínimas establecidas por el artículo 131.2 de la LRBRL. v. Artículo 6, 2 b): no se establecen las obligaciones del gobierno municipal en cuanto a plazos o momento de remisión de documentación al Consejo. vi. Artículo 6, 3 d): se establece una relación con el “objeto” del Consejo, que no se ha regulado como tal. vii. Artículo 6, 3 j) y l): se produce una duplicación. viii. El texto no establece claramente el mecanismo de nombramiento de los consejeros. ¿Quién los nombra?. Debe ser una competencia del Pleno municipal (no solo su ratificación). ix. Artículo 18.3: la antelación mínima para las convocatorias resulta exagerada pudiendo establecerse un máximo de 72 horas. Resulta llamativo que un Pleno municipal pueda ser convocado
con un mínimo de dos días de antelación y el del Consejo regulado deba ser convocado con quince días. Debe regularse la posibilidad de convocatoria por medios electrónicos en función de la normativa administrativa vigente (el artículo 22.4 solo prevé la notificación de los acuerdos). Artículo 18.5: su contenido resulta maximalista. O se logra un acuerdo por consenso (es decir por el acuerdo de todos) o se pasa directamente a requerirse una mayoría simple. Resulta un salto inusual, lo normal sería que un acuerdo lo fuese por mayoría (a secas) o, mucho más adecuado, se establecieran una serie de niveles de respaldo progresivo (los dictámenes preceptivos mayoría absoluta, los no preceptivos mayoría simple, etc). Artículo 19.1: resulta llamativo que la denominada comisión permanente se reúna un mínimo de dos veces al año, ósea al final lo mismo que el pleno. Si se trata de un órgano de gestión cercano debía establecerse un mínimo de seis reuniones anuales. Artículo 22.1: las prevenciones del artículo 60 de la LRJPAC lo son para los actos administrativos. No se vislumbra de la actividad del Consejo, al menos como órgano asesor, la emisión de ningún acto administrativo. En lo que respecta a su naturaleza jurídica los dictámenes son estrictamente operaciones administrativas formales y no actos administrativos, ya que no obligan, en principio, a los órganos ejecutivos decisorios, ni extinguen o modifican una relación de derecho con efectos respecto de terceros. Artículo 23.1: sobra la inclusión de “no vinculantes” para calificar a las “propuestas. Todas los son. Título IV: la atención del articulado a la estructura y medios del Consejo resulta no poca sino ridícula. Un órgano de estas características precisa tener regulado su régimen económico financiero, las atribuciones administrativas de sus cargos, sus relaciones interadministrativas, su estructura organizativa básica y su jerarquía interna, etc. Disposición transitoria: una vez más se elude la regulación real del procedimiento elegido, en este caso, para solventar un problema transitorio. ¿Cómo se eligen concretamente los vocales, en que acto, que condiciones deben reunir las asociaciones y los candidatos, etc., etc.?.
Por todo ello, De lo anteriormente expuesto se concluye la necesidad de que el Pleno Municipal rechace la aprobación definitiva del denominado “Reglamento Consejo social de Jerez de la Frontera” y ello esencialmente en base a las siguientes causas:
1) Por infracción del ordenamiento jurídico originada al vulnerar los artículos 123.2
y 124 del Reglamento Orgánico Municipal. Dicha infracción no puede ser resuelta en el trámite de respuesta a las alegaciones presentadas ya que su solución sólo puede articularse por dos vías alternativas: a) la inclusión de la regulación del Consejo Social de la Ciudad de Jerez en el Reglamento de
Participación Ciudadana; o b) la previa reforma del ROM que habilite la aprobación de un reglamento orgánico propio para el Consejo social de la Ciudad de Jerez. Ambas posibilidades exceden del trámite pendiente de aprobación definitiva. 2) Subsidiariamente por la acumulación de infracciones de la normativa vigente e incorrecciones contenidas en el texto cuya solución, en el trámite de respuesta de alegaciones, con una posterior incorporación al texto aprobado inicialmente de las modificaciones necesarias, cambiarían la sustancia del mismo convirtiéndolo en uno esencialmente distinto por lo que, en nuestra opinión, su aprobación definitiva supondría caer en una situación de fraude de Ley al hurtar realmente del trámite de quejas y sugerencias o alegaciones, en resumidas cuentas de la denominada información o audiencia pública, a un texto que poco o nada tendría que ver con el aprobado inicialmente.
En Jerez de la Frontera a dieciocho de abril de dos mil once.
Fdo.: María José García Pelayo Jurado. Portavoz del Grupo Municipal Popular
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References: artículo 131
 artículo 49
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 ARTÍCULO 123
 artículo 5
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 artículo 124
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 artículo 16
 artículo 135
 artículo 2
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 8
 artículo 21
 artículo 2
 artículo 10
 artículo 8

Artículo 6

Artículo 6
 Artículo 9
 Artículo 11
 Artículo 11
 Artículo 13
 Artículo 15
 Artículo 18
in fine
 Artículo 18
 Artículo 23
 resolución 
 artículo 7
 artículo 9
 artículo 9
 artículo 10
 artículo 15
 artículo 15
 Artículo 1
 Artículo 5
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 Artículo 5
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 artículo 131
 Artículo 6
 Artículo 6
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 Artículo 18
 artículo 22
 Artículo 18
 Artículo 19
 Artículo 22
 artículo 60
 Artículo 23