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Timestamp: 2020-04-08 06:19:38+00:00

Document:
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 647, de 25/09/2006
Año 2006 VIII Legislatura Núm. 647
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELVIRA CORTAJARENA ITURRIOZ
celebrada el lunes, 25 de septiembre de 2006
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 2)
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente 121/000084.) ... (Página 2)
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 121/000084.)
La señora VICEPRESIDENTA (Cortajarena Iturrioz): Vamos a dar comienzo al debate sobre el dictamen del proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. En primer lugar, hay que ratificar la ponencia designada para informar esta iniciativa legislativa. ¿Lo hacen por asentimiento sus señorías? (Asentimiento.) Queda ratificada.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 121/000084.)
La señora VICEPRESIDENTA: En segundo lugar, pasamos a emitir el dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley que ya hemos referido. Como conocen ustedes perfectamente por el trabajo que han hecho, hay más de 600 enmiendas a este proyecto y, por tanto, creo que vamos a tener la capacidad de llevar a cabo un debate y unas intervenciones ricas en propuestas y en contenidos. La propuesta de la Mesa, una vez hablada con los portavoces de los grupos parlamentarios, es que vamos a proceder a dar de quince a veinte minutos a cada grupo -no más de veinte minutos, se lo digo ya, en eso la Presidencia será tajante- y, una vez finalizado ese primer turno de intervenciones, como muchas de SS.SS. me van a demandar un segundo turno, este será de cinco minutos, prorrogable a diez y no más de diez minutos. Por lo tanto, tal y como establece el Reglamento y como es uso y práctica de esta Cámara, pasamos al debate de las enmiendas de cada uno de los grupos parlamentarios, de menor a mayor. (La señora López i Chamosa pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA: Sí, señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señora presidenta, mi grupo quería repartir el tiempo entre cuatro portavoces. Creo que no habrá ningún problema, pero quería mencionarlo.
La señora VICEPRESIDENTA: Como usted bien sabe, serían cinco minutos por cada uno de los intervinientes.
En primer lugar, damos la palabra a la señora Barkos por el Grupo Parlamentario Mixto.
La señora BARKOS BERRUEZO: Muy brevemente, para dar por defendidas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por el Bloque Nacionalista Galego, Chunta Aragonesista, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai, en función también de la posibilidad de llegar a lo largo de la mañana a acuerdos de transacción con el grupo proponente a varias propuestas que respecto a las enmiendas de los cuatro partidos del Grupo Mixto tiene planteadas.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Barkos, por su brevedad. Me recuerdan que la previsión es que no procedamos a las votaciones antes de las 14 horas; se lo digo para que puedan informar a cada uno de sus grupos parlamentarios. Si quieren, lo hacemos a las 13:30.
(Denegaciones.) Entonces, a las 14 horas.
Seguidamente, tiene la palabra doña Carme García en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señorías, mi grupo parlamentario intentará ceñirse al tiempo que se ha acordado en la Mesa, pero si me alargara un poco, pido disculpas porque en nuestro caso es una sola diputada la que ha de defender los temas más importantes de esta ley. En primer lugar, para nuestro grupo parlamentario esta es -lo hemos dicho ya, lo repetimos y pensamos que hoy es el día en que hay que dejar más constancia pública y escrita de ello- la ley social más importante de esta legislatura.
Tendremos ocasión también en la sesión plenaria de hacer una intervención de puesta de largo de una ley que, sin duda, marca un antes y un después en los derechos de ciudadanía. Es una ley de un gran calado social y político y, por tanto, creemos que estamos ante un debate histórico, lo cual no quiere decir, por desgracia, que tenga la resonancia que se merece; creemos que es realmente un debate histórico. Esta ley es un gran paso para saldar una deuda pendiente en un Estado avanzado como el nuestro, la deuda del cuarto pilar del Estado del bienestar social. Digo que es un gran paso porque somos conscientes de que se necesitan algunos más en los próximos años; no es el único, pero sí es quizás el primero y el fundamental.
Los servicios sociales en nuestro país han sido y son hasta este momento asistencialistas, muy lejos de ser un derecho subjetivo para la ciudadanía. Las comunidades autónomas, con sus excepciones y diferencias entre sí, a pesar de contar con las competencias exclusivas en materia de servicios sociales y debido a diferentes razones pero seguramente con un denominador común que es la falta de financiación suficiente, han desarrollado durante los últimos 20 años modelos, servicios y
prestaciones para la atención social que aún siendo importantes, no han podido ofrecerse de manera universal habiendo quedado fuera amplios sectores de nuestra sociedad. En este contexto político y con una realidad social y de cambios demográficos importantísima, como ha sido pasar de un 9,9 por ciento de personas de más de 65 años en 1970 al 18,5 por ciento en 2004 y la previsión de que el 32 por ciento de las mismas puedan tener algún tipo de discapacidad... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio, por favor, porque no se escucha muy bien a la interviniente.
La señora GARCÍA SUÁREZ: A estas cifras debemos añadir la previsión de que un 9 por ciento de la población española presente alguna discapacidad o limitación que le cause o le pueda causar una dependencia. Esta realidad está siendo asumida, fundamentalmente en la clase media y la clase trabajadora, prácticamente por la familia y en concreto de forma mayoritaria por las mujeres de la familia, con los costes humanos, laborales y de desigualdad que ello conlleva. En este contexto, nuestro grupo parlamentario, al igual que otros muchos grupos, proponía en su programa electoral la necesidad de abordar en esta legislatura una ley que diera respuesta a estas necesidades y hoy estamos en pleno debate para la aprobación en esta Comisión de la ley de autonomía personal y atención a la dependencia. Estamos pues prácticamente en la fase final, pero la ley lleva ya un largo recorrido que se inició con el libro blanco y sobre la que a lo largo de más de un año se han ido incorporando propuestas, opiniones y sugerencias de amplios sectores sociales y asociativos. Esta ley para nuestro grupo es, lo recalco de nuevo, la más especial e importante de esta legislatura, porque es la que va a mejorar la vida de miles de personas.
Quiero expresar antes de seguir que ha sido una gran satisfacción haber trabajado mucho y creo que bien para llegar hasta donde hemos llegado; satisfacción también pues se han dado unas condiciones políticas y personales que han permitido cosas excepcionales como por ejemplo que es la primera vez que dos grupos parlamentarios sin ningún tipo de coalición entre ellos hayan llegado al acuerdo hasta el punto de presentar exactamente las mismas enmiendas. Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya han presentado las mismas enmiendas. Esto es una excepcionalidad y lo hemos hecho después de un trabajo previo y por considerar que era la manera más eficaz y a la vez más generosa de negociar esta ley. Excepcional también ha sido el trabajo de colaboración y negociación con el Grupo Socialista. Nos hemos sentido equipo, arte y parte en todo momento de la discusión de la ley y quiero expresar públicamente que ha merecido la pena y que sin duda habrá sido en beneficio de un consenso necesario para una norma tan importante, un nuevo derecho subjetivo. Los tres grupos hemos querido ser también generosos con el resto de los grupos, así lo decidimos hace ya muchos meses y, aun previendo que podíamos llegar a acuerdos, no hemos querido aprobar en ponencia las transaccionales, sino traerlas a esta Comisión, pues estamos seguros de que la mayoría de grupos van a sentirse cómodos con ellas y, por tanto, se sumarán al consenso para, en definitiva, salir hoy de esta Comisión con un éxito colectivo.
Dicho todo esto, quiero situar otros aspectos. Por ejemplo, ¿significa que la negociación ha sido un camino de rosas? ¿Que hemos coincidido en todo y en las formas y contenidos? Pues no. No ha sido así, ni ha sido fácil ni sencillo ni un camino sin espinas. Ha habido y hay diferencias, pero todos hemos cedido, todos hemos reconsiderado aspectos y prioridades, todos hemos colocado el interés general para avanzar por delante del interés particular o de grupo y por eso estamos hoy en la mejor de las situaciones para aprobar esta ley. Nuestras diferencias, las he explicado en diferentes ocasiones -y ahora hablo como Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya- han sido explicadas. Por ejemplo, no es nuestro modelo. Hubiéramos deseado una ley estructurada desde la Seguridad Social, una ley que hubiera sido financiada por cuotas de la Seguridad Social y con los Presupuestos Generales del Estado, al igual que pueden serlo las prestaciones no contributivas, pero estamos convencidos de que la negociación ha merecido la pena para llegar a esta aprobación. Se ha mejorado la ley en todo este proceso y ha sido un trabajo realmente colectivo, no solamente nuestro sino de entidades, de asociaciones, de movimientos sociales y de sindicatos. Nosotros hemos apostado claro y sin medias tintas desde el inicio por el consenso y el acuerdo, aun renunciando a algunos de nuestros principios. ¿Y por qué? Nuestra prioridad es la mejora de las condiciones de vida de millones de personas que diariamente malviven simplemente por ser diferentes, por tener unas características de edad, de enfermedad y de limitación física que les obliga a tener una vida dependiente, cuando su deseo es tener, como todos y todas, una vida más autónoma e independiente. Esa es nuestra prioridad y hemos trabajado para ello velando a la vez por que se respetaran y se fuera escrupuloso al máximo con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, como no puede ser de otra manera. La propuesta de transaccionales que hoy se votarán garantiza que no se produce ninguna invasión de competencias, sino que se pone al servicio de la colectividad y de la ciudadanía un instrumento de mejora social importantísimo. Nuestro grupo, Iniciativa per Catalunya y también Esquerra Republicana han velado desde el inicio por este objetivo y no podía ser, como digo, de otra manera. Mi grupo va a votar este proyecto de ley convencido de que, aun no siendo nuestro modelo, es finalmente el mejor proyecto de ley que en el escenario político actual podíamos tener y por supuesto mil veces mejor que la que se hubiera dado con otra correlación de pactos y de acuerdos. Es decir, es una
ley progresista, social, justa y que supondrá un avance real en las condiciones de vida de las personas y es así porque ha estado pactada con las fuerzas más progresistas de la Cámara y queremos dejar constancia de nuestra opinión, que lógicamente podrá ser discutible y discutida por otros grupos.
Nuestros principios para dar apoyo a la ley fueron y siguen siendo los que ahora definiré. Universalización y derecho subjetivo. Derechos reconocidos y exigibles administrativamente. Principio de solidaridad y equidad en toda la ley, lo cual significa aceptar que hasta su total desarrollo habrá que aplicar estos criterios de prioridad. Un sistema público como garantía de la universalización, es decir, principio de responsabilidad pública: la iniciativa privada ha de ser subsidiaria de la pública y no al revés. Absoluto respeto, como he dicho, de las competencias de las comunidades autónomas. Reconocimiento del papel que juega y ha de jugar el tercer sector, es decir, la iniciativa social acreditada. No podemos olvidar que es la iniciativa social la que ha cubierto en muchas ocasiones los déficits existentes históricamente por la falta de cobertura pública. Una cartera de servicios básicos que han de ser o pueden ser ampliados por las comunidades autónomas en virtud de sus competencias exclusivas y compromiso presupuestario y converger con la Europa de los Quince en un plazo razonable. Nuestra propuesta era que la ley fuera financiada por cuotas de la Seguridad Social y con presupuestos del Estado. En este punto no nos hemos puesto de acuerdo, pero no nos hemos salido, hemos tenido que renunciar. Gratuidad o aportación de los usuarios. Nuestro criterio es que la gratuidad sea total en la parte asistencial y haya aportación en todo lo referido a la sustitución del hogar. No a las prestaciones finalistas, no al cheque servicio. Municipalismo y servicios sociales básicos de proximidad, principio de subsidiariedad siempre y allí donde se pueda. Calidad de los servicios, mecanismos de evaluación, investigación, promoción de la calidad, formación de profesionales y participación ciudadana. En definitiva, una apuesta por unos servicios sociales fuertes y con reconocimiento, unos servicios sociales personales y próximos al ciudadano, universales, de calidad, sensibles a la diversidad y abiertos a la participación de los usuarios, unos servicios sociales que mejoren la vida cotidiana de las personas, porque creemos que esta es la asignatura pendiente en todo el Estado.
En abril de 2006 nuestro grupo parlamentario, y también Esquerra Republicana se referirá a ello porque fue una tarea conjunta, llegamos a unos acuerdos básicos con el Gobierno para avanzar en los pactos y para dar públicamente nuestro apoyo a esta ley. Esos acuerdos significaron una mejora ya del anteproyecto de ley que se reflejó en el proyecto de ley, una mejora que significaba el reconocimiento del derecho subjetivo y toda una serie de aspectos que finalmente han sido reconocidos en la ley. Pero ahora en este proyecto de ley, con las transaccionales que ofrecemos los tres grupos, el Grupo Socialista, Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds al resto de grupos, creemos que se incorporan muy positivamente aquellos acuerdos a los que llegamos en el mes de abril. Se incorpora la promoción de la autonomía personal, hacer visibles los colectivos de personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental y Alzheimer como potenciales usuarios poniendo el acento no solo en la atención a la dependencia sino también en la promoción de la autonomía personal y en la garantía de apoyo, la igualdad de oportunidades y la integración plena en todos los ámbitos de la vida y esto se incorpora en el apartado 1 de la exposición de motivos y de forma transversal en todo el proyecto de ley. Se incorpora un reconocimiento del sistema de los servicios sociales, con la manifestación del compromiso de superar ese déficit histórico que antes he mencionado, y esto figura en el apartado 2 de la exposición de motivos, en el artículo 3, artículo 14 y artículo 16. Se incorpora el reconocimiento de las entidades del tercer sector en el desarrollo de nuestro sistema de servicios sociales y en la prioridad de la contratación de servicios y esto se hace en el apartado 2 de la exposición de motivos, en el artículo 3 y en el artículo 16. Se cambia la terminología de Sistema Nacional de Dependencia por Sistema de Atención a la Dependencia para adecuar la denominación del nuevo sistema en todas las prestaciones que se ofrecerán. Esto se hace en el apartado 3 de la exposición de motivos y transversalmente en todo el proyecto de ley. Se garantiza la igualdad en la atención a la dependencia de todos los ciudadanos del territorio nacional, pero respetando las competencias exclusivas y la potestad legislativa de las comunidades autónomas, en el apartado 3 de la exposición de motivos. Se incorpora evidenciar el derecho subjetivo de ciudadanía, universal y exigible, administrativa y judicialmente. La nueva redacción de la ley prevé ya garantizar la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo, en el artículo 1. Se incorpora la figura del asistente personal, de acuerdo con la filosofía de vida independiente, en el artículo 2. Se incorpora a los titulares de derecho y eliminar el requisito específico de residencia previa durante los cinco años, en el artículo 5. Se incorpora intensificar el carácter público del sistema de dependencia, una red pública y no una red de uso público, en el artículo 6. Se incorpora adecuar las funciones del consejo territorial respetando las competencias autonómicas y velando para que los entes locales participen en el mismo siempre previo acuerdo y decisión de este, artículos 8 y 12.
Se incorpora un punto importantísimo relativo a la financiación para velar por una financiación estable, suficiente y sostenida que permita hacer efectiva la atención a la dependencia en igualdad de condiciones en todo el territorio garantizada por la Administración General del Estado en los términos que anualmente se determine en la Ley de Presupuestos Generales.
Esto se encuentra recogido en la exposición de motivos, en el artículo 9 y en el artículo 32. Se clarifica en el artículo 14 el régimen de prioridad aplicable hasta la total implantación de la ley asegurando la percepción de una prestación económica
en tanto no sea posible recibir un servicio dejando constancia de su carácter transitorio. Se incorpora la igualdad de acceso, garantizar que a idénticas necesidades las personas tendrán los mismos derechos, en los artículos 17, 18 y 19. Se incorporan criterios objetivos en relación con el instrumento de valoración de la dependencia para asegurar que el baremo no expulse del sistema a las personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental, artículo 27. Se incorpora el reconocimiento de la dependencia, se clarifica el procedimiento del reconocimiento separando, por una parte, el programa individual de atención de la resolución administrativa, artículos 28 y 29. Se incorpora la participación de los usuarios haciendo la distinción, que se tendrá en cuenta, de los servicios asistenciales de manutención y hoteleros.
En cuanto al calendario, se incorpora una revisión a los tres años, en lugar de a los cinco, como estaba previsto. También se tratan otras muchas cuestiones, que en este momento, dado que he debido excederme en mi tiempo...
La señora VICEPRESIDENTA: No.
La señora GARCÍA SUÁREZ: ¿No? Pues me alegro muchísimo.
La señora VICEPRESIDENTA: Le restan tres minutos.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En cualquier caso, en esta primera intervención, he querido dejar constancia, por un lado, de nuestra valoración positiva de la ley, sin que esto signifique que olvidamos cuáles eran nuestras propuestas iniciales ni cuál es el modelo que consideramos conveniente y en el que debía sostenerse esta ley, pero sí aceptando que en esta negociación el consenso al que hemos llegado entre los diferentes grupos, y que esperamos hoy pueda ampliarse con el resto de grupos de la Cámara, es suficientemente importante y un enorme salto adelante en cuanto a los derechos que a partir del 1 de enero de 2007 van a poder exigirse por parte de la ciudadanía. Por tanto, esperamos y deseamos que tanto en la tramitación en Comisión como en el próximo Pleno, cuando tenga lugar el debate definitivo, entre todos los grupos podamos encontrar el consenso necesario.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias tiene la palabra el señor Mardones. Le comunico que puede intervenir por un tiempo máximo de veinte minutos en el primer turno de intervención y diez minutos en el segundo. Estos son los tiempos máximos de intervención que hemos acordado.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta, pero creo que los dejaré mucho más reducidos para beneficio del debate en esta Comisión.
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias, señora presidenta, presentó 61 enmiendas a este proyecto de ley, comprendidas entre los números 465 a 526, ambos inclusive. En primer lugar, queremos hacer una valoración global de un proyecto de ley que es sumamente atractivo socialmente, porque es un proyecto de ley que se enmarca en uno de los principios señalados en nuestra Constitución española, de un Estado social y de derecho. Y esta es una ley en la que el principio de justicia social y de derecho subjetivo para determinadas situaciones personales está perfectamente incardinado con los principios, como digo, de nuestra Constitución y mi grupo la va a votar favorablemente, ya que entendemos que es un proyecto de ley imprescindible y necesario en este momento para justificar una serie de actuaciones, tanto de la Administración General del Estado como de las comunidades autónomas y de los entes municipales locales, porque el ámbito administrativo es muy extenso. Por tanto, realizamos una valoración muy positiva en su conjunto, sin perjuicio de aquellos condicionantes que vengan impuestos por las enmiendas de los demás grupos parlamentarios e incluso del mío propio al respecto.
Mi grupo parlamentario también quiere agradecer la labor realizada durante las gestiones que hemos mantenido tanto con el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno, con el Grupo Parlamentario Socialista, como con el departamento. Nos sentimos atendidos y satisfechos porque habíamos preparado estas 61 enmiendas bajo un concepto riguroso con el objeto de perfeccionar o introducir garantías en los textos, más bien de tipo técnico y jurídico, que vinieran a garantizar que no se pierden unos derechos subjetivos, así como para añadir una serie de pormenores que son de puro funcionamiento, incluso remitiéndolos a las entidades orgánicas que se crean como organismos de tutela y seguimiento entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas. Por tanto, dentro de estos principios, de las conversaciones que hemos mantenido, tanto mi compañero Román Rodríguez, que era el ponente primero designado por mi grupo parlamentario para este proyecto de ley, como yo mismo, anuncio, señora presidenta y señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a aceptar las 27 enmiendas transaccionales que nos ha ofertado dicho grupo. Por tanto, solo vamos a mantener vivas para votación seis enmiendas, dado que las demás, hasta las 61 que inicialmente habíamos planteado, son retiradas para dar entrada a las 27 enmiendas transaccionales que nos ha ofertado el Grupo Parlamentario Socialista. En concreto, mantenemos, señora presidenta, para su votación las enmiendas -ahora pasaré a defenderlas brevemente- números 467, 479, 480, 506, 509 y 517. Paso rápidamente a defenderlas en los siguientes términos, dentro del plazo de tiempo que ha marcado la señora presidenta para el tratamiento de este debate.
La enmienda número 467 está dirigida al artículo 1, al objeto de la ley.
Nosotros participamos del principio planteado por el Gobierno en esta presente ley, que tiene como objetivo primordial y emblemático reconocer y garantizar el derecho subjetivo y universal de los ciudadanos, con independencia del lugar en que residan, tanto a este derecho a la promoción de la autonomía personal como a la atención a las situaciones de dependencia, mediante la creación de un sistema nacional para la promoción de la autonomía personal y la independencia. Nuestra enmienda no tiene más justificación, señorías, que mejorar la configuración del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal. Aquí radica toda la exigencia de la seguridad jurídica, que esté garantizada la configuración del derecho subjetivo a la promoción. No es un derecho objetivo -es importante destacar este matiz en el derecho-, es un derecho subjetivo, lo que le da una dimensión humana y personalizada que es verdaderamente digna de encomio, pero que tiene que tener todas las garantías jurídicas para que en el principio que trata de decir cuál es el objeto de la ley no se desfigure el mismo.
A continuación, en la enmienda número 479, dirigida a modificar el artículo 5, los titulares de derechos, pretendemos proteger a los menores de 3 años. Después, en una de las últimas enmiendas que presentamos, explicaré esta cuestión, porque proponemos una supresión. En cualquier caso, en esta enmienda al artículo 5, los titulares de derecho, se encuentra la justificación previa. Nuestra enmienda número 479 trata de proteger a los menores de 3 años, igual que al resto de las personas en situación de dependencia.
La enmienda número 480, dirigida a modificar el artículo 6 del proyecto de ley, en la misma línea que las anteriores, trata también de mejorar la configuración de derechos subjetivos a la promoción... (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, por favor, hay tal murmullo en la sala que casi no se puede escuchar al interviniente. Si tienen algo que comentar, les ruego que lo hagan fuera o al fondo de esta sala.
Siga, señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias por su protección, señora presidenta.
Como decía, la enmienda número 480 trata de garantizar el derecho subjetivo, sobre todo porque nos estamos refiriendo a la institución de seguimiento y control, que va a ser el sistema nacional de promoción de la autonomía personal y la dependencia. La cuestión del control y de la ecuanimidad tiene que girar en torno al principio en el que se está trabajando en este proyecto.
Paso a continuación a la enmienda número 506. Está dirigida al artículo 29, conocido con el epígrafe programa individual de atención. Esta enmienda trata sencillamente de ofrecer unas garantías a través del reforzamiento del principio de elección y libre opción del beneficiario.
Dado que estamos hablando de derechos subjetivos, el principio de subjetividad tiene que ser concordante con lo que se ha dicho en anteriores artículos del proyecto de ley, con el artículo 29 del programa individual de atención. Si estamos considerando un derecho subjetivo, la cuestión de la individualidad, del receptor del beneficio, juega un papel jurídico primordial. Estamos elaborando una ley general para una serie de colectivos implicados, pero su aplicación en este programa de atención es individual. Por tanto, nosotros mantenemos el principio de solvencia, de que un principio reconocido como individual se traslade como una acción subjetiva y que ese carácter individual y subjetivo impregne toda la doctrina que traen los artículos de este proyecto de ley. Es a este reforzamiento del principio de elección y libre opción del beneficiario al que se dirige la enmienda 506.
La enmienda 509 trata de modificar el artículo 33, relativo a la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones.
Siempre será una cuestión polémica, como se ha visto con las leyes que han tratado de corregir el gasto farmacéutico o los costes de la Seguridad Social. Llevamos muchos años debatiendo sobre este principio de cofinanciación en cuestiones sociales. Hay una tendencia y es que a veces se trata de evitar gastos superfluos generados por la individualización de un derecho, cuya aplicación sin un control lleva a situaciones no deseables, llámese coste de la Seguridad Social, coste de los servicios sanitarios, coste farmacéutico, etcétera. Y si la famosa fórmula del copago se pone encima de la mesa, genera una polémica muy fuerte en relación con esta situación. Pues bien, como esto también impregna este punto de nuestra enmienda 509, la participación de los beneficiarios en el coste de las prestaciones, otra doctrina muy distinta de la que he planteado antes, pero que se relaciona con este tema, nosotros creemos que todas estas decisiones hay que nuclearlas en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Promoción de la Autonomía Personal y de la Dependencia, ya que entonces esto permitiría -aquí está la clave de nuestra enmienda- la participación de la persona beneficiaria en el coste de las prestaciones y servicios del sistema y la compatibilidad de las prestaciones. A fin de cuentas, cuando esta ley se apruebe y se aplique, anualmente habrá que ver cuál es la derivada del coste económico que se implica en esta ley, porque esta ley tiene un componente económico y ni siquiera en la memoria económica que en su momento mandó el Gobierno se puede garantizar una cifra o un porcentaje de coste de una ley eminentemente social. Las leyes sociales tienen un coste y el Estado benéfico tiene que asumir, si tiene una política social, qué quiere hacer con una serie de beneficiarios cuya atención legal implica gastos dónde se cargan esos gastos, cómo se gasta y en qué circunstancias.
Y finalmente, señora presidenta, la sexta y última enmienda que mantengo para su debate y votación es la 517, que propone la eliminación de la disposición
adicional decimotercera. En otros artículos hemos mencionado a los menores de 3 años, los cuales se encontrarían incluidos en plenitud de derechos.
Por tanto, si en artículos anteriores se ha reconocido -también está el caso de nuestra enmienda anterior, que he citado- que los menores de 3 años se encontrarían incluidos en plenitud de derechos, al eliminar el apartado ya no resultaría necesaria esta mención.
Con esto, señora presidenta, termina mi intervención y defensa de estas seis enmiendas, las cuales, quitando las 27 transaccionales que hemos aceptado para su votación en un texto propuesto por el Grupo Socialista de acuerdo con Coalición Canaria, mantenemos.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Mardones, por su intervención y por haberse ajustado al tiempo establecido.
En nombre del Grupo Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
No sé si se lo habrán comentado, pero hemos acordado un primer turno de intervención de 20 minutos como tope máximo y luego habrá un segundo turno que durará entre cinco y diez minutos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: ¿Para todas las enmiendas, señora presidenta?
La señora VICEPRESIDENTA: Sí.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Voy a pedir un favor a la Presidencia y a los demás portavoces de esta Comisión. Los que no vivimos en Madrid ni tenemos AVE disponible en nuestras ciudades tenemos ciertas dificultades para llegar a tiempo, por lo que si algún otro portavoz está en condiciones de permutarse con el que en este momento les habla y adelantar su turno de intervención se lo agradecería.
La señora VICEPRESIDENTA: Por Esquerra Republicana puede tomar la palabra el señor Tardá e intervenir antes que el Grupo Nacionalista Vasco.
El señor TARDÀ I COMA: Intentaré dejar clara nuestra posición, aunque debo decirles que juego con ventaja, puesto que comparto totalmente las palabras de mi compañera Carme García, de Iniciativa per Catalunya Verds.
El pasado 4 de mayo en esta misma Comisión, a raíz de la comparecencia del ministro de Trabajo para informar sobre el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, mi grupo parlamentario fijó su posición a la espera del trámite parlamentario. Manifestamos entonces que una de las leyes de mayor calado social de esta legislatura era esta y nuestra opción política no podía ser otra que intentar buscar los mayores acuerdos con las fuerzas de la izquierda representadas en este Parlamento. Esta voluntad hizo posible alcanzar una serie de acuerdos, firmados públicamente, como ha recordado mi compañera Carme García, el día 19 de abril, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que corregían aspectos contenidos en el anteproyecto de ley que para nosotros no cubrían las expectativas que debían satisfacerse, sin los cuales mi grupo parlamentario no hubiera podido llegar hoy con el nivel de entendimiento suficiente para hacer posible un texto legislativo -repito- que pone las bases del cuarto pilar del Estado del bienestar, tal como nos exigen de forma directa miles y miles de personas necesitadas de prestaciones y servicios, para que el conjunto de la sociedad pueda aspirar a una realización personal y global, lo que venimos en llamar la socialización de la felicidad.
Hablé también en su día del riesgo que asumíamos. De hecho, se debe repetir aquí ahora sin ambages. Asumimos un riesgo y todavía consideramos que estamos instalados en él, pero no nos importa asumirlo, pues incluso esto habla en favor de una izquierda responsable. Lo digo porque mi grupo desconocía su capacidad en la coyuntura actual para colaborar con el grupo mayoritario, ya que, como ustedes saben, se nos ha expulsado del banquete de la reforma fiscal y también se nos expulsó de la reforma estatutaria, curiosamente pactando el Partido Socialista Obrero Español con el grupo parlamentario que hoy mantiene una posición muy crítica respecto a esta ley, Convergencia i Unió, un estatuto que a nuestro entender no merecía la pena tal como fue aprobado. Digo esto porque, curiosamente, nosotros asumimos un riesgo aun sabiendo que en temas como la reforma fiscal y el proceso estatutario los independentistas habíamos sido expulsados por el Gobierno y por el Partido Socialista, en cambio, nos hacíamos fuertes, incluso con voluntad numantina, en las leyes sociales, puesto que tarde o temprano serán las que decantarán al Gobierno y al Grupo Socialista sus posiciones hacia la izquierda, que es lo que nos interesa, a ellos, a nosotros y a los compañeros de Izquierda Unida.
El anteproyecto adolecía de no reconocer claramente la universalidad del derecho subjetivo y no superaba el asistencialismo para poder avanzar hacia un modelo de fomento de la vida plena y autónoma. En definitiva, parecía como si quedara en el terreno de la niebla la dependencia y la discapacidad. Tendía a una cierta confusión, porque creaba una estructura que interfería en las prestaciones de los servicios sociales y no preveía suficientemente un conjunto de servicios para ciertos colectivos y usuarios que era necesario incluir, como disminuidos psíquicos, enfermedades mentales, personas de 0 a 3 años, etcétera.
El proyecto de ley ha incluido una serie de modificaciones como para poder valorar los progresos, entre ellas, el derecho subjetivo universal reconocido significa dar un gran paso hacia delante; la atención a todas las personas en situación de dependencia, al recoger el tramo de 0 a 3 años; la inclusión de las enfermedades mentales y el compromiso ineludible de llevar a cabo un buen encaje entre los ámbitos competenciales. Todos ellos son
mimbres suficientes para afrontar el trámite parlamentario que dé lugar a la aprobación de una ley tan transcendental que inicie -repito- la consolidación del cuarto pilar del Estado de bienestar, porque el hecho de considerar los servicios sociales como exigibles por parte de la ciudadanía supone un cambio incluso en la consideración que estos tienen en la Constitución española. La lucha por el bienestar de la ciudadanía es el bien progresista por excelencia.
Hablé en su momento de los riesgos que asumíamos en beneficio de cubrir un déficit histórico que genera un verdadero problema social, familiar y que condena a miles y miles de ciudadanos a vivir en situaciones de exclusión e infelicidad, ellos y su entorno. En su momento ya hicimos referencia a la necesidad de evitar deslealtades entre las administraciones. Este es un punto fundamental, porque tenemos una perspectiva dialéctica de la construcción del Estado federal. En ese sentido, las lealtades y las deslealtades, las que se heredan y las que debemos corregir, para nosotros adquieren una gran importancia, máxime en esta ley, en la que, como sabemos, el tema competencial será una de las batallas, más allá de lo que puedan decir los tribunales a petición de algunas partes o bien en aquello que pueda generar de disfunciones a partir de la aprobación de esta ley.
Debo decirles que nosotros depositamos en esta ley expectativas para que se convierta en un texto legislativo que haga pedagogía sobre el encaje entre aquello que la Administración General puede y a su entender debe llevar a cabo por competencia constitucional -y entiendo que es un terreno en el que las discusiones políticas serán duras y deberemos estar abiertos a todo tipo de discusión- y aquello que estatutariamente queda reservado a las comunidades autónomas como competencia exclusiva en cuanto a servicios sociales. Hablamos de pedagogía y por ello es importante que se aceptara nuestra enmienda que anula el término nacional al sistema. Y no saquen mayores consecuencias. Las comunidades autónomas han desplegado una red de servicios sociales con grandes dificultades, puesto que no será hasta que no se apruebe finalmente este texto legislativo cuando los gobiernos españoles se impliquen de verdad en su financiación. Hay que superar (yo diría incluso el agravio histórico que padecen las comunidades autónomas y en el caso catalán -y no es único, que quede claro- en mayor medida por ser una de las primeras comunidades autónomas en recibir la transferencia de los servicios sociales) el profundo déficit de los gobiernos españoles en superar estas necesidades.
Debemos hablar de implicación, de responsabilidad, de potenciación de lo existente. En estos días en que tanto se habla de pacto de Estado aplicado a problemas acuciantes de nuestra sociedad, esta ley debería hacer posible el encaje necesario entre todas las partes, es decir, entre las distintas administraciones y la sociedad representada también por las asociaciones de usuarios, las entidades del tercer sector, sindicatos y mundo empresarial. El entendimiento y la colaboración entre las comunidades autónomas y las administraciones locales será, sin duda, necesario. La ley contempla los mecanismos necesarios, desde los de carácter consultivo hasta el mismo consejo territorial que, en clave pedagógica, debería ser presidido alternativamente por el ministro español y por un representante de las comunidades autónomas -así queda reflejado en las enmiendas que hemos presentado y transaccionado- o incluso nuestra demanda en el sentido de que el Consejo Territorial -ha sido transaccionada con el Grupo Socialista, con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds- tenga mayoría autonómica, porque aquí hablamos de construir y a este Estado le falta mucha pedagogía y, si me permiten, una profunda descastellanización de la Administración.
Durante el trámite parlamentario, nuestro grupo ha coincido con el de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds en la voluntad de aunar los esfuerzos para reorientar la ley hacia un sentido progresista en los derechos de la ciudadanía, en la supremacía de lo público -muy importante para nosotros- respecto al despliegue y gestión de integración de los servicios y prestaciones en la red preexistente de las comunidades autónomas, en la participación de usuarios y entidades del tercer sector, que, sin duda, deben ser la garantía de la validez permanente de la ley, evitando -¡atención!- que las expectativas económicas que generará esta ley hubieran despertado en el mercado tales ansias como para decantar el texto hacia posiciones asistenciales susceptibles de convertir lo privado o concertado en algo prioritario, es decir, negocio, negocio y más negocio.
Decía que las coincidencias han sido totales y absolutas con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y también debo decirles que estamos muy satisfechos de la relación que hemos mantenido con el Grupo Socialista. Creo que este es el camino para superar cualquier tipo de susceptibilidad e ir consolidando una correlación de fuerzas de izquierdas que se vaya visualizando y materializando en todas las leyes.
Vamos a empezar por las sociales y, poco a poco, llegar al federalismo.
Iremos valorando el desarrollo de la ley en los próximos años y de forma urgente en los próximos meses. Entre el modelo de los países nórdicos, donde no existe una prestación para la dependencia porque hay una excelente red de servicios públicos, y el de Alemania, donde sí existe pero la red pública es más deficiente, aceptamos que el proyecto de ley incluya la participación del mercado, pero desde la preeminencia de lo público. Eso es lo que Esquerra Republicana de Catalunya e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds garantiza y tengo la total confianza, y así nos lo han demostrado en las negociaciones, de que es compartido por el Partido Socialista Obrero Español, lo cual para nosotros es más que satisfactorio. Por cierto, señalamos también como objetivo fundamental hacer converger el porcentaje del PIB en protección social con el resto de Europa. Este es el reto. Ya nos iremos peleando.
Finalmente, quiero recordarles los 20 puntos que justifican la aprobación de esta ley en la medida que conocemos el resultado de las transaccionales que hemos negociado con el Grupo Socialista. Lo haré de manera telegráfica. Primero. Celebramos que en la promoción de la autonomía personal se incluyan dos enfermedades mentales. Segundo.
Consagrar la igualdad de oportunidades. Tercero. Puesta de largo total y absoluta de los servicios sociales, incardinados -esto es fundamental para nosotros- en las competencias exclusivas autonómicas; es decir, el Estado está porque tiene capitales, pero los ciudadanos del Estado español, hoy por hoy, estamos organizados básicamente alrededor de la Administración llamada por ustedes autonómica. Cuarto. Tercer sector; finalmente este sector tiene el protagonismo que debe tener. Quinto. El Partido Socialista Obrero Español tiene estas sorpresas y cuando son capaces de entenderlo para nosotros es chapó; cuando son capaces de cambiar la nomenclatura del sistema y tener la valentía de decir que no hace falta poner nacional, porque no hace falta -repito-, chapó. Sexto.
Consagrar la igualdad; de la misma manera que nosotros decimos que la Constitución española existe y ustedes, a partir de aquí, despliegan lo que consideran necesario que deben desplegar, de acuerdo, lo aceptamos.
Hemos trabajado a partir de esta premisa, pero también hemos conseguido el respeto competencial. Séptimo. Derecho subjetivo. Octavo. Inclusión del asistente personal. Noveno. Resolver el problema de los menores de 5 años. No tiene que haber problema, de hecho estarán protegidos porque aplicamos la ley del menor. Queda claro que lo público es totalmente preeminente respecto a lo privado, lo cual no significa no reconocerlo, porque vivimos en la sociedad que vivimos. Décimo. Mayoría autonómica y presidencia rotativa en el Consejo Territorial, es decir, si realmente es lo que al parecer debe ser, es evidente que el Consejo Territorial tiene que estar presidido de forma alternativa por el ministro español y por un representante de las comunidades autónomas. Vamos a ver cómo formula esto el Consejo Territorial, pero, de entrada, se elimina lo que contenía el proyecto de ley, que adjudicaba la presidencia al ministro español de Trabajo. Undécimo. También hablamos de la financiación estable y sostenida. Duodécimo. El reconocimiento de la prestación económica mientras el sistema no está desplegado. Decimotercero. Igualdad de acceso total y absoluto. Decimocuarto. Mantener unos criterios objetivos para que el baremo no expulse a los enfermos o deficientes mentales. Para terminar, para nosotros queda consagrada la separación de gastos hoteleros y manutención respecto a los gastos asistenciales. Finalmente, la revisión del calendario para hacerlo posible a los 3 años nos parece -repito- buenos mimbres para que el cuarto pilar del Estado de bienestar acelere la velocidad para su consolidación, porque es evidente que en los próximos años deberemos estar sujetos a esta ley. De hecho, será una ley que estará constantemente en revisión y en discusión. El solo hecho de que cada año durante el debate de los Presupuestos Generales del Estado debamos aprobar su cuantía económica y, más allá de las dificultades y de los beneficios que irán produciendo y las contradicciones que generará, puesto que habrá que aplicarla a una realidad inmediata que afectará a muchas personas -repito-, el debate político será permanente y constante sobre esta ley, lo cual dependerá de la correlación de fuerzas que existan en el Parlamento en cada momento y por eso es tan importante que esta ley nazca en estos momentos con el apoyo entusiasta de los socialistas, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de nosotros los republicanos.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra don Emilio Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Mejor ubicados intelectualmente en la Comisión, tengo que manifestar la sorpresa que le ha provocado a mi grupo la metodología de trabajo consensuada por los portavoces de los grupos o no, porque no sé por quién ha sido consensuada o quién ha tomado esta decisión. Esta es una ley trascendente, tiene 628 enmiendas exactamente, es una ley que ha sido calificada por el propio ministro de Trabajo como la más importante dimanante de su ministerio, y a mí me resulta muy difícil defender las enmiendas de mi grupo parlamentario y hacer alguna reflexión sobre algunas transacciones que nos han sido ofertadas muy a última hora en un plazo de 20 minutos, en primer lugar, y de 10, en segundo lugar. Desde esa perspectiva, señora presidenta, haciendo de la necesidad virtud, no voy a defender las enmiendas una a una ni me voy a manifestar sobre las transacciones, porque no sé si son todas, si las que tengo son las definitivas, las últimas que van a ser objeto de oferta por parte del grupo mayoritario, y tampoco sé si estas transacciones van a ser objeto de consideración por los demás grupos parlamentarios presentes en esta Cámara. Al trabajar de una forma tan desordenada, por usar un eufemismo no molesto -no se trata de empezar ya provocando a primera hora del lunes-, vamos a hacer una reflexión de carácter filosófico sobre las enmiendas que de alguna forma compendie la justificación de todas ellas.
Las reflexiones serían del siguiente tenor y se parecen mucho a las que justificaron la enmienda a la totalidad presentada por mi grupo parlamentario. Hay una de carácter práctico que, por ser la más sencilla es la más fácil de explicar, va a anteceder a todas las demás. Es conocido por todos los miembros que estamos aquí presentes en este momento en esta Comisión que en el mes de enero esta ley es materialmente inaplicable. Es perfectamente conocido, porque no existe la malla de redes sociales que pueda posibilitar la aplicación de la ley en sus propios términos, ni siquiera en la parte en que la ley se tiene que aplicar, teóricamente en el mes de enero del año que viene. Todos los que estamos aquí lo sabemos, sobre todo muchos miembros de la Comisión
y del Grupo Parlamentario Socialista que pertenecen al mundo sanitario o que son profesionales de la red de servicios sociales configurada en el Estado español o en el ámbito autonómico. Siendo consciente de esto, uno tiene una cierta sensación de futilidad o de esterilidad del esfuerzo que va a hacer ahora explicando una ley que no va a ser aplicada en los términos en los que al Gobierno le conviene, por las razones que sean que no voy a valorar, que esta ley entre en vigor en enero del año que viene.
Dicho esto, señora presidenta, quiero indicarle que la mayoría de las enmiendas de mi grupo parlamentario, que doy por defendidas en su tenor literal, se basan en la falta de legitimidad del legislador estatal, en primer lugar, y de la Administración central del Estado, en segundo lugar, para regular con el nivel de pormenorización y de detalle las materias que son objeto de regulación en una ley de estas características, desde la perspectiva competencial, que es una ley en la que el legislador estatal carece de competencias legislativas o normativas y las comunidades autónomas las poseen todas. ¿Por qué? Porque el bloque de constitucionalidad o el legislador constituyente así lo quiso. Las competencias en materia de asuntos sociales son autonómicas y además son las únicas autonómicas que pudiéramos calificar de puras, no afectas ni por la legislación básica del Estado ni por la legislación marco ni por los demás instrumentos que han sido utilizados por el legislador estatal o por la Administración central del Estado para deteriorar el bloque de constitucionalidad, los títulos competenciales existentes o las competencias existentes en las comunidades autónomas.
Desde esta perspectiva, me sorprende mucho la utilización de lo que podríamos denominar un título competencial ilegítimo o un título competencial extraordinario o un título competencial atípico, porque no es un título atributivo de competencias cual es la invocación del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, garante del principio de igualdad en la perspectiva de la materia que regula, la distribución de competencias, como legitimador al legislador estatal y a la Administración central del Estado, primero, para legislar y luego para aplicar la ley, en buena manera, en concertación con las comunidades autónomas, pero aplicarla. Entre otras cosas, porque la invocación de este título competencial impropio crea un precedente gravísimo. Si ya utilizando los títulos competenciales propios, los previstos en la propia Constitución, el hecho autonómico ha sufrido un gravísimo deterioro, señora presidenta, si inventamos -nunca mejor utilizada la expresión- títulos competenciales nuevos o impropios para deteriorar o degradar más todavía las competencias autonómicas existentes, entramos en unos derroteros verdaderamente peligrosos, con lo cual nos hace, manifestar nuestra incomprensión sobre esa actitud por parte del Partido Socialista y más con el apoyo -no terminamos de vislumbrar cuál es su legitimidad- de partidos que se proclaman nacionalistas, amén de republicanos, aunque republicanos aquí somos muchos - aquí nadie puede hacer apropiaciones de este tipo de locuciones o de identificaciones-, que creen en un Estado federal o confederal. Desde esa perspectiva, esta es la ley más centralista que se ha aprobado en esta legislatura, porque utiliza un título competencial que no sirve para la materia que está regulando, entre otras cosas porque ni siquiera hay jurisprudencia constitucional en esta materia, señora presidenta. Hay una sola sentencia del Tribunal Constitucional que pretende invocar el principio de igualdad para regular materias desde la perspectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos del Estado español, pero esta regulación sería ex post. Es decir, cuando una comunidad autónoma acomete en su legislación, en su actuación normativa o administrativa, desigualdades acreditables ex post, el Tribunal Constitucional, en una única sentencia, avala la posibilidad de la aplicación de un título competencial tan impropio como el 149.1.1.ª para que el Estado regule en una materia que no le concierne, en una materia que no le pertenece. Sin embargo, se ha invertido el concepto, no la jurisprudencia porque, como saben sus señorías, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la constituyen dos sentencias; solo hay una que regula esta posibilidad, pero mediante una regulación ex post, no ex ante, que es lo que estamos haciendo. Es decir, antes de que se produzcan pretendidas desigualdades, ya estamos corrigiéndolas. Aún más: estamos utilizando la eventualidad de que existan en el futuro desigualdades en materia de asistencia social para regular mediante la atribución de una competencia que no se puede atribuir por este procedimiento. Lo dijimos en el debate de totalidad, lo mantenemos y lo vamos a seguir argumentando con este criterio, incluso hasta el Tribunal Constitucional si ello fuera menester, señora presidenta, porque los títulos competenciales son los que prevé el título VIII de la Constitución y no se puede crear, mediante estos trabajos de esoterismo jurídico, títulos competenciales nuevos, que siempre son para deteriorar más las competencias autonómicas, nunca para incrementarlas, cosa no tan curiosa, conocida la historia reciente de la aplicación de los títulos competenciales o el título VIII y su desarrollo posterior. Falta legitimidad para el legislador estatal para regular esta materia, lo que produce en mi grupo parlamentario un cierto efecto anticlímax que hace que en este momento no estemos en disposición de defender nuestras enmiendas con particular entusiasmo.
Hay un problema que hace referencia a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral Navarra, y es que las referencias al sistema de financiación de estas dos comunidades, previsto en la Ley del Concierto Económico y en la Ley del Convenio Económico para la Comunidad Foral Navarra, se citan de forma poco menos que decorativa, es decir, sin fuerza coercitiva, sin fuerza para obligar, sin perjuicio de que por una transacción que hemos conocido a última hora, ofertada también por el grupo mayoritario, el tema se pueda corregir. Nosotros solicitamos en las enmiendas presentadas que por lo menos se reproduzcan los requerimientos
en materia de concierto económico y convenio económico para la Comunidad Navarra que se prevén en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Veremos si podemos llegar hasta este punto, pero hasta ahora la ubicación de las referencias a la Ley del Concierto Económico o a la Ley del Convenio Económico para Navarra es meramente decorativa o a efectos de ornato, a efectos de la financiación, importantísima cuando acabe el tracto histórico de aplicación de la ley que se prevé en este momento.
Desde una perspectiva no ya competencial -de lo competencial ya hemos hablado demasiado y a este grupo le resulta particularmente molesto e indignante que se utilicen títulos competenciales impropios, como el que hemos citado, y que se les dé carta de naturaleza en esta Cámara; esto es una vulneración de la Constitución tan manifiestamente clara que no tendríamos que estar particularizando demasiado, pero parece que va a ser difícil superar esta disfunción que el Tribunal Constitucional tendrá que corregir después-, la ley no se corresponde con los requerimientos constitucionales que prevé el artículo 41 de la Constitución en todo lo atinente a la protección de situaciones de necesidad. Es decir, la única referencia prevista en el texto constitucional es la del artículo 41. Se habla de las discapacidades en el artículo 49 y en el artículo 50 de las personas de la tercera edad, pero la referencia específica a las situaciones de necesidad es la del artículo 41, donde se configura el sistema público de Seguridad Social español. Esto tendría que ser un derecho no de ciudadanía, que es algo paranormal, sino un derecho de nueva creación, que no tiene referencia constitucional alguna. Por tanto, se le puede llamar derecho de ciudadanía o de cualquier otra manera al derecho que aquí se crea, en tanto en cuanto este derecho subjetivo, al carecer de referencia o de correlato constitucional, va a ser siempre un derecho deletéreo, paranormal e inexistente. La única referencia constitucional podríamos ubicarla en el artículo 41, que es la que obliga al legislador o a los poderes públicos del Estado -entiendo por el Estado la configuración amplia del término- proteger cualquier situación de necesidad. ¿Cómo lo hace? Con dos requerimientos. Primero tendría que ser un derecho de Seguridad Social -ya sé que el Grupo Socialista o algunos miembros del Grupo Socialista, no todos, discrepan de esta identificación del derecho que aquí se prevé- y, en segundo lugar, debería haber dos requisitos insoslayables, porque están en el tenor literal del artículo 41 de la Constitución. En primer lugar, el de la universalidad. Todas las situaciones de necesidad deben estar protegidas y la protección que se acomete con esta ley ni siquiera al final de su aplicación tras el tracto en sucesivos ejercicios presupuestarios por accesión va a ser universal porque va a dejar fuera de su ámbito subjetivo de aplicación a numerosos colectivos de personas en situaciones de necesidad, llámeseles dependientes, en definitiva; también la locución o nomenclátor difiere del Constitucional pero, puestos a innovar, vamos a innovar todo lo que prevé la Constitución y vamos a llamar a las cosas como nos dé la santa gana en esta Comisión. No va a ser universal. Ni en el mejor de los casos va a cubrir a la mitad de los ciudadanos dependientes del Estado español, ni siquiera a la mitad de los discapacitados, que sería una subespecie de los dependientes, porque, de los 2.300.000 discapacitados, esta ley, cuando acabe de aplicarse dentro de varios años, solo podrá atender a la mitad, a 1.500.000. ¡Qué decir de los demás discapacitados que también son dependientes! Algunas organizaciones ya se han preocupado de manifestar públicamente la semana pasada que ni el 10 por ciento del colectivo al que representan va a ser objeto de aplicación por el ámbito subjetivo. Por otra parte, tampoco la definición o el acceso a la protección del derecho subjetivo corresponde al legislador estatal. Dado que la competencia es autonómica, debería ser en la legislación autonómica, que ya existe y que es muy avanzada en algunas comunidades autónomas, donde se determinarán los detentadores del derecho subjetivo y los requisitos de acceso. ¡Qué decir de la pormenorización de la regulación! Aquí se regula todo. Aunque últimamente se ha adelgazado en ponencia y se adelgazará más en comisión, aquí se regulaba antes todo; no quedaba ningún resquicio de regulación para el legislador autonómico que, por cierto, es el único competente para regularlo todo. Es decir, al legislador autonómico, que tiene la competencia para legislarlo; todo se le expolia y se le expropia la competencia y es el legislador estatal, que carece de competencia alguna, quien lo regula todo de forma absolutamente detallada y pormenorizada -el catálogo, el baremo, los requisitos de acceso al derecho subjetivo, las prestaciones económicas- mediante la participación del etéreo Consejo Territorial, cuya configuración todavía no está cerrada a las transacciones y cuyo futuro nos produce más preocupación que certeza.
El otro requerimiento del artículo 41, al que se refería este portavoz, señora presidenta, es que la protección de las situaciones de necesidad tiene que ser gratuita. Aquí no solo no es gratuita sino que se establecen fórmulas como el copago, y las entidades financieras ya han ofrecido antes de la aplicación de la norma, porque han visto en este momento el nicho de negocio, un largo catálogo de instrumentos financieros para que los pobres dependientes que tengan que acogerse a los requerimientos de esta ley puedan utilizar instrumentos tan progresistas como la hipoteca inversal y tantos otros.
Señora presidenta, igual me he pasado del tiempo.
La señora VICEPRESIDENTA: Si quiere organizar su tiempo, señor Olabarría, le quedan cinco minutos y cincuenta y siete segundos.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Me daba la impresión, mediante una interpretación puramente semiótica, de que había cierta admonición en su gesticulación. En todo caso, estoy terminado.
La gratuidad tampoco está garantizada, sino todo lo contrario. Aquí hay un nicho de negocio impresionante para las entidades financieras.
Para terminar, señora presidenta, quisiera decirle que esta no es una ley que pueda configurar lo que presuntuosamente se ha venido a denominar cuarto pilar del Estado de bienestar. No sé cuáles son las intenciones del partido mayoritario y de sus coaligados en esta ley a efectos de su aprobación. Esta ley tiene múltiples dificultades de naturaleza competencial y filosófica, alguna de las cuales ya hemos citado.
Seguramente es una ley muy susceptible de generar beneficios electorales a corto plazo, porque mediante una proyección mediática bien trabajada y bien configurada, puede crear unas expectativas ciertas. Sin embargo, la frustración de esas expectativas va a provocar el efecto contrario.
Aquellos que intenten buscar beneficios electorales a corto plazo mediante la aprobación de una ley con las deficiencias que tiene esta se van a encontrar con un efecto boomerang antes o después, cuando la ley no sea aplicable, sea insuficientemente aplicable o provoque los problemas que hemos mencionado. No hemos comentado que también se prevé la financiación de los cuidadores, no ubicando en esta posible financiación a los propios familiares, que podrían autocontratarse mediante la fórmula de un autocontrato muy fácil y que existe en el ordenamiento jurídico, sin tener que acudir necesariamente a cuidadores externos al entorno familiar, mediante las fórmulas de financiación de los cuidadores. No sé por qué se ha optado por esto o por qué se sigue pensando que la familia es todavía una institución sospechosa a efectos de cubrir ciertas necesidades, que parece ser lo que subyace psicológica o filosóficamente en estas prevenciones.
Dicho todo esto, esta no es una ley que pueda llamarse reguladora o configuradora del cuarto pilar del Estado del bienestar, sería una petulancia. Posteriormente tendremos que hacer otra bastante mejor, complementada y, sobre todo, negociada con las comunidades autónomas. Ha habido precipitación, ha habido una regulación incorrecta, ha habido falta de interlocución con quienes tienen la competencia en exclusiva, que son las comunidades autónomas, y hay grandes y sospechosas prisas en la tramitación del proyecto de ley. Desde esta perspectiva y por estas razones, señora presidenta, vamos a mantener vivas todas nuestras enmiendas. Si hay correcciones o mejoras que puedan ser objeto de aceptación por mi grupo -es mejor lo menos malo que lo peor-, veremos hasta qué punto flexibilizamos nuestras posiciones, pero en lo troncal y en los argumentos -sobre todo los de naturaleza competencial que mi grupo ha invocado en esta primera intervención-, vamos a ser inflexibles y vamos a buscar el amparo de las instituciones que puedan mantener el bloque de constitucionalidad. Esto no deja de ser noticioso, incluso es una reflexión mediáticamente llamativa para un partido político al que no se atribuye la condición de constitucionalista. Buscaremos todos los resquicios que el orden constitucional nos provea para defender sencillamente la distribución de competencias que la Constitución prevé en la regulación de una materia de esta naturaleza: asuntos sociales y artículo 41 de la Constitución, competencia de las comunidades autónomas o derecho subjetivo de Seguridad Social, no derecho subjetivo de ciudadanía, que es como no decir nada, porque eso no existe en la Constitución y de lo que no existe en la Constitución no puede dimanar ningún derecho, se le ponga el epíteto que se le ponga.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: He de empezar esta intervención manifestando que un proyecto de ley de estas características, con cerca de 600 enmiendas, que afectan a la totalidad de sus artículos, que expresan discrepancias de fondo entre algunos grupos y que afirman que resuelven determinados problemas que tenía ese proyecto de ley y que, a nuestro entender, no se resuelven, exigía un debate mucho más pormenorizado y pausado por parte de esta Comisión. Hubiésemos preferido un debate por títulos de este proyecto de ley, que nos hubiese permitido profundizar en el tema y debatir de verdad todas esas afirmaciones que se han hecho y que no se corresponden no ya con el texto publicado, sino incluso con las enmiendas transaccionales que mi grupo conoce. Esta es nuestra primera consideración.
En segundo lugar, se va a aprobar una mala ley, una ley que es necesaria para el conjunto del Estado español, que responde a demandas de la sociedad, pero que configura un modelo de encaje inadecuado con la definición constitucional y estatutaria de competencias, que va a terminar en el Tribunal Constitucional el año que viene y que, como modelo de fondo, excluye a una parte muy significativa de la población en situación de dependencia. Esta mañana se ha afirmado que el proyecto de ley resuelve la situación de las personas con discapacidad mental. Mi grupo niega esa solución. El texto, sobre el que diversos grupos han alcanzado un acuerdo, no resuelve la definición de lo que se entiende por autonomía, de lo que se entiende por dependencia, de lo que se entiende por actividades de la vida diaria o la ausencia de los apoyos que necesitan ese tipo de personas. En términos sociales es una ley regresiva. El copago, tal como se configura en esta ley, no garantiza el acceso de las clases medias a la mayor movilización de recursos económicos que va a implicar esa ley. En términos de financiación autonómica, esta ley consagra que los servicios sociales no se financien por el sistema de financiación general, como el resto de las competencias exclusivas de las comunidades autónomas, sino por medio de una subvención que el Estado otorga a las comunidades autónomas. En términos sociales es una ley regresiva.
Por otra parte, mi grupo está sorprendido por la deslealtad a la letra y al espíritu del nuevo Estatuto de Autonomía que están mostrando hoy los grupos de ámbito catalán apoyando esta ley. Con su voto favorable a este proyecto de ley, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya están legitimando un uso desproporcionado e inadecuado del artículo 149.1.1ª de la Constitución. El Estado ha legislado en esta materia en anteriores ocasiones y, como recordaba el señor Olabarría, ha sido objeto de diversas sentencias del Tribunal Constitucional; todas ellas han situado los límites de esa capacidad de intervención del Estado en títulos materiales en los que no existe competencia propia del Estado y en los que tan solo se utiliza el título 149.1.1ª, que Esquerra e Iniciativa avalan en una materia en la que tenemos competencia exclusiva.
En el Parlamento de Cataluña hemos discutido a fondo sobre lo que entendíamos como competencia exclusiva y hemos intentado configurar una definición de la misma que en la práctica fuese competencia excluyente.
¿Con qué objeto? Con el objeto de evitar que la legislación del Estado vaciase de contenido las competencias exclusivas de la Generalitat. En este sentido, el artículo 110 del nuevo Estatuto afirma que las competencias exclusivas deben incluir de forma íntegra la potestad legislativa, la potestad reglamentaria y la función ejecutiva. El ejercicio de estas potestades y funciones corresponde únicamente a la Generalitat. Con este proyecto de ley, la Generalitat va a dejar de ejercer de forma íntegra la potestad legislativa y la potestad reglamentaria, porque no solo se legisla sobre la base del 149.1 en una competencia exclusiva sin título material por parte del Estado, sino que se atribuye la capacidad reglamentaria, el desarrollo de esta normativa, a la Administración General del Estado. Insisto, con este proyecto de ley se es desleal con la letra y el espíritu del Estatuto de Autonomía de Cataluña y se consagra una ley de armonización de los servicios sociales de manera absolutamente inadecuada. Es un proyecto de ley que no va a permitir al Gobierno de la Generalitat establecer el nivel de copago específico para Cataluña; es un proyecto de ley que no va a permitir al Parlamento de Cataluña definir un modelo propio de atención a las personas en situación de dependencia. El modelo es el del Estado y la Generalitat lo deberá de aplicar; el copago es el que se establecerá en el marco del Estado y la Generalitat lo deberá aplicar. Yo preguntaría a mis colegas de Esquerra e Iniciativa para qué demonios nos hemos peleado para tener competencias exclusivas si a la primera oportunidad que tienen, en función de sus intereses electorales o de sus complejos políticos, deciden avalar esta operación. La práctica de la utilización del artículo 149.1 es preestatuaria, y me refiero al Estatuto recientemente aprobado. Quizás el legislador estatal, cuando empezó la elaboración de este proyecto de ley, no había leído el artículo 110 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pero hoy no hay excusa para no aplicar de manera adecuada esa previsión del artículo 110 y huir de un abuso en la utilización del artículo 149.1. Señorías, en términos catalanes y también del conjunto de las comunidades autónomas, de todo el Estado, consagramos con esta ley que a través de los convenios con los que se va a financiar parte de esta política el Estado termine reglamentando los niveles de protección de los diversos servicios sociales que cubren a las personas con situación de dependencia. Y se entra también en contradicción con las previsiones del Estatuto de Autonomía de Cataluña en lo que se denomina spending power, es decir, la capacidad de gasto de la Administración del Estado. El Estado tiene capacidad de gasto, spending power, pero el spending power del Estado en ningún caso puede convertir una competencia exclusiva en una competencia compartida y eso, entrando en contradicción con diversas sentencias del Tribunal Constitucional, con las posiciones del Institut d'Estudis Autonòmics de la Generalitat de Catalunya ustedes lo consagran. Consagran la idea de que quien paga, manda. El Estado pone recursos y porque pone recursos va a normar cuáles son las intensidades de protección de los diversos servcios. Con el real decreto que esta ley avala, va a haber una normativa del Estado que va a afirmar que a un dependiente de grado 2 le corresponden tantas horas de asistencia a domicilio. Desaparece la competencia exclusiva, no solo la legislativa sino también la reglamentaria. Insisto en que avalan una verdadera Loapa social. Lo decía el señor Olabarría, es seguramente la ley más centralista que vamos a aprobar en esta cama... (La señora López i Chamosa: Cámara.-Risas.) En esta Cámara en esta legislatura. No se pongan nerviosos porque es realmente grave lo que están avalando. Señora presidenta, con su permiso me gustaría entretenerme un poco en las enmiendas que hemos presentado para profundizar en alguna de estas consideraciones e intentar discutirlas en función de las transacciones que se nos van a ofrecer o se nos han ofrecido. Algunos tenemos unos textos de la semana pasada y no sabemos si son los que vamos a votar. Es original que en esta ley compleja, tan importante y a tan pocas horas de su votación, aún no sepamos exactamente con qué textos contamos. Señorías, voy a entretenerme en algunas de estas enmiendas.
La enmienda 558. afecta al artículo 2 del proyecto de ley, donde se configuran las definiciones de los diversos conceptos del texto legal.
Tanto en el proyecto de ley como en el transaccionado, las definiciones que se dan de autonomía no sirven para cubrir las características de las personas en situación de dependencia con discapacidad intelectual y se obvian las necesidades de apoyo que tienen estas personas. Se mantiene la consideración del cuidador familiar como un cuidador no profesional, enlazando con esa idea, bastante anticuada, que expresaba el señor Olabarría, de no considerar a la familia como un provisor de bienestar social con toda legitimidad. Definiciones del artículo 2 que no resuelven la discapacidad intelectual ni la problemática de las personas con enfermedad mental, que no consideran los apoyos que necesitan estas personas y que mantienen una concepción regresiva de la familia. Insisto, tanto en
el artículo de la ley como en el texto cuya transacción se nos ofreció la semana pasada.
Enmienda 559 al artículo 3 sobre los principios de la ley. Entre los principios de la ley, mi grupo entiende necesario incorporar la libertad de elección y la libertad de provisión. Hoy los servicios sociales en el conjunto de los países avanzados se mueven en la línea de otorgar a las personas la capacidad de elegir qué servicios van a recibir. Se hace así porque se quiere dar más libertad al ciudadano, se tiene una visión menos paternalista de aquello que se debe hacer desde la Administración y también existe el convencimiento de que la competencia en el terreno de los servicios sociales es una mejora en términos de los servicios de calidad que reciben los ciudadanos. En el artículo 3, al no aceptar esa libertad de elección, mantienen esa visión paternalista y burocrática de los servicios sociales, muy alejada de las tendencias de fondo que hoy tiene en el resto de la Unión Europea. En el artículo 4, sobre derechos y obligaciones de las personas en situación de dependencia, vuelve a faltar esa capacidad de libertad de elección de los ciudadanos. En cuanto a la enmienda 565, al artículo 8, relativa al Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, mi grupo ha defendido que la utilización del artículo 149.1 no permite la configuración de un mecanismo institucional como el Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. No lo permite, y las sentencias del Tribunal Constitucional son muy claras: el artículo 149.1.1. sirve para garantizar esa mínima igualdad básica de los derechos, pero no sirve para configurar instituciones. Optamos por que la conferencia sectorial correspondiente aborde los debates entre las comunidades autónomas y el Estado en esta materia. Señorías, en el texto que se nos ofrece a transacción entiende mi grupo que se empeoran las previsiones que se contemplaban en el proyecto de ley especialmente en la letra e) del artículo 8. El consejo territorial no se va a pronunciar solo sobre el baremo, sino que se tiene que pronunciar también sobre las características de los órganos de valoración de las comunidades autónomas. En cuestiones que en el proyecto de ley quedaban ampliadas -mi grupo entendía que las características de los órganos de valoración correspondían a las comunidades autónomas- otorgamos también funciones al consejo territorial. Aparte de las contempladas en las letras a) a la k), en otros artículos de esta ley se continúan ampliando las funciones del consejo territorial convirtiendo esa competencencia exclusiva en compartida. Los problemas sobre las mayorías en el consejo no se resuelven sino que se obvian y se acuerda que en su momento, cuando esté constituido, el consejo, con el mismo número de miembros de la Administración central del Estado que de los gobiernos autonómicos, este decidirá cuáles son sus normas de funcionamiento. No tenemos garantía alguna de que las mayorías autonómicas se garanticen en este organismo.
Enmienda 567, que afecta al artículo 10, artículo básico para entender el problema del que estamos hablando. En este artículo 10, sobre la cooperación entre la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, se mantiene prácticamente en su literalidad el punto 3 que afirma: En aplicación de lo previsto en el apartado anterior -es decir en la configuración de los diversos convenios-, el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia establecerá los criterios para determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el catálogo, y la compatibilidad e incompatibilidad entre los mismos, para su aprobación por el Gobierno mediante real decreto. En una materia de competencia exclusiva de las comunidades autónomas tan solo utilizando el artículo 149.1, no atribuimos, al consejo territorial sino al Estado, la capacidad de determinar la intensidad de protección de cada uno de los servicios previstos en el catálogo. Estamos arrancando de la capacidad ejecutiva reglamentaria de las comunidades autónomas una decisión tan importante como es determinar las obras de atención domiciliaria que un dependiente va a tener. Artículo 10.3, que deja sin contenido la competencia exclusiva de las comunidades autónomas y que las enmiendas pactadas, las transacciones que conocemos, de ninguna manera resuelven.
La enmienda 571 define las prestaciones del sistema. Ahí se mantienen algunas reflexiones inadecuadas a nuestro entender. Se continúa considerando que la atención de los familiares va a ser excepcional, con esa idea que expresa la desconfianza hacia la capacidad de la familia de proveer servicios, que olvida que en los próximos meses y años, por muchas razones, un importante número de personas va a cuidar a sus familiares y la ley debería amparar esas situaciones y acompañar a las familias en ese proceso. El artículo 14 obvia eso. En el texto transaccional que se nos ofrece al artículo 14, apartado 6, se afirma que la prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. La transacción intenta matizar esa consideración porque, si la prioridad va a estar en función de la capacidad económica, no es tan solo que exista copago, sino que no va a ser universal, porque, cuando no existan los servicios, quienes tengan mayor capacidad económica van a quedar excluidos de los mismos. Por la experiencia que tenemos en esta materia, sabemos que ese tipo de consideraciones llevan a que la gente de clase media, las familias cuyos miembros trabajan y tienen sueldos medios, queden excluidas del sistema.
Se dice que hasta que la red de servicios esté totalmente implantada habrá derecho a la prestación económica, pero una vez que la red de servicios esté totalmente implantada, la prioridad va a estar marcada por la capacidad económica del solicitante. No existe universalidad. Es más, el derecho subjetivo deja de existir, la Administración siempre podrá afirmar que no reconoce ese derecho porque la capacidad económica del solicitante hace que se dé prioridad a otros ciudadanos. El derecho subjetivo no existe en función del
artículo 14.6, tal como lo han configurado. Es un proyecto de ley poco progresivo, se llena la boca del carácter universal y sin embargo mantiene esa prioridad de la capacidad económica en el acceso a los servicios, tal y como figura en el proyecto de ley y en el texto que se transacciona. En el artículo 19, que habla de...
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Campuzano, le comunico que le queda un minuto y cincuenta segundos para finalizar su intervención.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Se lo agradezco, señora presidenta, pero es una pena que en un proyecto de ley de esta trascendencia, que justificaría una defensa por parte de los grupos de sus posiciones en cada uno de sus artículos, nos tengamos que limitar a un debate que ya tuvimos en las enmiendas de totalidad y en la comparecencia del señor ministro; el debate genérico sobre el contenido de la ley es más que conocido, así como las posiciones políticas y lo interesante de la discusión en Comisión en este trámite procesal es poder discutir sobre las enmiendas de los grupos. Mi grupo hubiese preferido un debate por títulos que nos hubiera permitido esa discusión. Por ejemplo, la enmienda número 576 afecta al artículo 19 que regula la asistencia personal y el texto transaccionado se limita a los grandes dependientes; la enmienda 577 prevé crear un nuevo artículo que configura las ayudas técnicas como una prestación reconocida como derecho y es una necesidad de las personas con discapacidad física; la enmienda 578, al artículo 20, vuelve a atribuir al Estado, a través del real decreto, la capacidad normativa de ámbito reglamentario en una competencia que es exclusiva; la enmienda 579 pretende dar una respuesta concreta al no desarrollo de las prestaciones sociosanitarias de la Ley de calidad y cohesión sanitaria; las enmiendas a los artículos 32 y 33, artículos que tienen que ver con la financiación. En el artículo 32 y a pesar de algunas mejoras que se introducen, lo cierto es que el copago va a depender de una decisión que se tome en el ámbito estatal, no va a tener en cuenta las diversas situaciones de mercado, de convenios colectivos, de evolución de la renta, del IPC de cada una de las comunidades autónomas y eso va a ser un mal negocio para Cataluña, lo va a ser para Madrid y para el País Valenciano. No se contempla la creación de un Fondo de Cohesión para los supuestos de movilidad de las personas y, además, se opta por no integrar ni a partir del año 2015 la financiación de la dependencia en el sistema de financiación general de las comunidades autónomas y, a partir de dicho año, no hay ninguna garantía de que el Estado vaya a continuar financiando esa política en lo que se denomina el segundo nivel de protección.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Campuzano, lo lamento pero ha finalizado su tiempo; luego tendrá un segundo turno.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Termino, señora presidenta, expresando de nuevo mi malestar por no poder defender con la tranquilidad que se merecen cada una de nuestras enmiendas.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Salom.
La señora SALOM COLL: Señoras y señores diputados, como todos ustedes saben, el Partido Popular está de acuerdo en que se ponga en funcionamiento ya una ley de dependencia, pero queremos una buena ley de dependencia. Consideramos que el texto que ha presentado el Gobierno de forma unilateral, sin contar con el apoyo de la mayoría de los grupos y rompiendo en cierta manera la línea del Pacto de Toledo, no es bueno. La ley que ha entrado en esta Cámara es insuficiente, incompleta, ambigua y no garantiza la financiación. Por eso y por otras muchísimas razones se han presentado más de 600 enmiendas a este texto legislativo. El Grupo Popular ha planteado 142 enmiendas a este proyecto de ley y sería positivo -pensando en las personas dependientes y en sus familiares, no pensando en el Gobierno del señor Zapatero sino en las personas dependientes y en sus familiares- que intentáramos llegar a un acuerdo sobre unos mínimos entre el Partido Popular y el Partido Socialista a la hora de impulsar y apoyar esa iniciativa legislativa en el Congreso.
El Grupo Popular ha mantenido un montón de reuniones con el Grupo Socialista para llegar a un acuerdo. Creo que están sentadas las bases para que esto sea así. En las negociaciones que estamos manteniendo, de las 142 enmiendas que hemos presentado habría posibilidad de acuerdo en unas 40, bien votándolas a favor el Grupo Socialista o bien llegando a transacciones. Les podría contar en estos momentos cuál es el contenido de las conversaciones y las bases del acuerdo que hay con el Grupo Socialista, pero creo que es mejor esperar a que nos llegue el texto de la transacción -nos ha informado la portavoz del Grupo Socialista, que están acabando de redactarlo y perfilarlo- y, antes de que yo explique cuál es el acuerdo, tener los papeles, comprobar que efectivamente dicen lo que hemos acordado en las reuniones, por lo que pediría la suspensión de la Comisión.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Salom, si le parece, con el fin de que todos los grupos parlamentarios sigan el mismo procedimiento, vamos a proceder a la intervención el Grupo Parlamentario Socialista y después suspenderemos la sesión por un tiempo de veinte minutos para que cada uno pueda estudiar las enmiendas transaccionadas que ya han sido acordadas o que se puedan acordar.
La señora SALOM COLL: Entonces, haré mi intervención, igual que otros grupos parlamentarios, en la que
explicaré todas las negociaciones. Si portavoz del Grupo Socialista interviene, yo también intervendré.
El Grupo Popular ha defendido siempre la creación de un Sistema Nacional de Dependencia y la necesidad de elaborar una ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes. Prueba de ello fue el acuerdo alcanzado por unanimidad de los grupos parlamentarios en el Pacto de Toledo durante la época de Gobierno del Partido Popular, donde se recomendaba la necesidad de configurar un sistema integrado que abordara la globalidad del fenómeno de la dependencia. Había el compromiso de llevarlo a cabo en el programa electoral con el que el Partido Popular se presentó a las últimas elecciones generales.
Se trata de una realidad social que afecta cada vez a más personas, a aquellas que por su avanzada edad no pueden desenvolverse por sí mismas o a aquellas que por padecer algún tipo de discapacidad es preciso atender.
Son casi tres millones de ciudadanos, según el Libro Blanco de la dependencia son unas 2.782.000 las personas dependientes en el año 2005 que, junto a sus familias, abarcan un amplio espectro de la sociedad, debiendo ser atendidos por un sistema nacional para la autonomía y atención a la dependencia con garantías de accesibilidad y equidad.
Quiero recordar que en el año 2002, bajo la presidencia española de José María Aznar en la Unión Europea, se decidieron tres criterios que debían regir todas las políticas de dependencia por parte de los Estados miembros. Los tres criterios eran: universalidad, alta calidad y sostenibilidad en el tiempo. Sin embargo, el proyecto que el Gobierno nos ha presentado deja mucho que desear y presenta numerosas carencias. Las propias asociaciones de personas con discapacidad y de mayores han valorado el texto no muy positivamente y ha habido muchas críticas sobre el vacío de contenido que en muchos casos hay e incluso algunas asociaciones lo consideran como un retroceso en derechos. El texto, de manera genérica, es insuficiente, incompleto y ambiguo; la financiación no está garantizada y en esta línea hemos presentado un conjunto de enmiendas. Las críticas que hace nuestro grupo en muchas ocasiones han sido avaladas por el Consejo de Estado y por el Consejo Económico y Social que coinciden en que no se define con claridad el derecho y las prestaciones y servicios garantizados por el Estado; no hay una adecuada participación y cooperación de las comunidades autónomas; la financiación es inestable e insostenible; las asociaciones de discapacitados y personas dependientes estarán infrarrepresentatadas en este texto y se excluye de los titulares de derechos a los menores de 3 años.
En todas las intervenciones del Partido Popular hemos dejado claro el interés que hay en llegar a un acuerdo con el Gobierno en esta materia y me remito a los hechos. El primero, que desde el año 2005 el presidente de nuestro partido, Mariano Rajoy, viene ofreciendo al presidente del Gobierno un acuerdo en esta materia y el segundo hecho que demuestra que hay interés e intención por parte del Partido Popular es que renunciamos a presentar una enmienda a la totalidad y presentamos más de 140 enmiendas en positivo, constructivas para intentar mejorar este texto.
Sin embargo, desde un principio el Gobierno no quiso pactar con nosotros, prefirió llegar a acuerdos con otras formaciones políticas, con Izquierda Unida y con Esquerra Republicana, y renunció a llegar a un gran acuerdo antes de presentar esta ley en la Cámara. Ahora parece ser que ha cambiado de criterio, que hay interés, ganas y voluntad de llegar a un acuerdo con el Partido Popular en unos términos más o menos razonables.
De las reuniones y conversaciones que hemos mantenido, parece ser que habrá acuerdo en incorporar al proyecto de ley que se reconozca el derecho subjetivo y universal en el artículo 1, que no existía; que se va a establecer -creemos que es importante-, que la financiación de las comunidades autónomas vendrá fijada por unos criterios estables en función de la población dependiente, de la dispersión geográfica, de la insularidad, de los emigrantes retornados y de otros factores, es decir, van a fijarse unos criterios claros de cómo va a ser la financiación a las comunidades autónomas; que se van a incluir como titulares de derecho a los menores de 3 años; que se va a reforzar en el consejo territorial la presencia de las comunidades autónomas; que las comunidades autónomas tengan mayoría en el consejo; que las entidades locales podrán participar en el consejo, ya se va a estipular a través de la fórmula que tendrá, así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla; que las personas con gran dependencia serán atendidas de una manera preferente; y que en el preámbulo del texto se hará mención expresa a la gestión del Partido Popular, incluyendo los acuerdos del Pacto de Toledo, los planes de acción de mayores discapacitados y la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Esos son los puntos más importantes en los que se ha llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista. Evidentemente, incorporando esto se mejora el texto; sigue siendo insuficiente, pero se da un paso hacia delante.Todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, pero esperamos que entre todos se pueda mejorar el texto.
Quiero decir que en fase de ponencia se incorporaron una serie de enmiendas de nuestro grupo que figurarán en el dictamen, que hacen referencia a que se mejora el tratamiento otorgado al derecho a que sea respetada la confidencialidad en la recogida y en el tratamiento de los datos de las personas en situación de dependencia de acuerdo con la Ley de Protección de Datos; al régimen de representación de aquellos que no tienen capacidad de emprender acciones administrativas o judiciales; se simplifican los trámites a la hora de suministrar información y datos a las administraciones competentes; a la calidad no solo en las prestaciones, sino también en los servicios; que se da participación a los usuarios en relación con el reglamento de régimen interior de los centros residenciales, así como la referencia expresa a promover
la profesionalidad y a potenciar la formación. De igual manera se incorporó una parte de la enmienda 434 del Grupo Popular, donde se incluye al tercer sector como entidad colaboradora con las administraciones públicas, con el objeto de garantizar la calidad del sistema, aunque en esa enmienda se dejaba fuera a las organizaciones de personas con discapacidad y mayores, tal y como se establecía en el resto de la enmienda. De la fase de Ponencia nos llamó la atención que se aceptaran dos enmiendas: una de Esquerra Republicana y otra de Izquierda Unida, donde se cambia la denominación de Sistema Nacional de Dependencia por el de Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Creemos que es un retroceso. También se aceptó una enmienda del Partido Nacionalista Vasco donde se sustituía el término territorio nacional por el de en cualquier parte del territorio del Estado español. El Grupo Popular cree que el Grupo Socialista parece no tener muy claro cuáles son los criterios y en este sentido es un retroceso respecto al texto que entró en la Cámara.
A pesar del acuerdo, queremos que cuanto antes se ponga en marcha la ley para que entre en vigor el 1 de enero. Las comunidades autónomas del Partido Popular van a ayudar y colaborar para que el funcionamiento sea bueno. A pesar de eso, quedan temas pendientes y huecos a rellenar que, desde nuestro punto de vista, hubiera sido positivo incluir. No nos quedamos satisfechos en cómo queda el texto después de las transacciones pues hubiera podido ser mucho mejor. Quedan importantes enmiendas del Grupo Popular y que habría valido la pena haber hecho un mayor esfuerzo para intentar incorporarlas al texto definitivo porque hubieran mejorado la ley. Dentro de estos temas, es importante resaltar que en el Grupo Parlamentario Popular queríamos encuadrar el derecho dentro de la acción protectora de la Seguridad Social, aunque se hubiera financiado a través de los Presupuestos Generales del Estado. Se tendría que haber reconocido la dependencia como una situación de larga duración. Se tendría que reconocer la promoción de la autonomía personal como un principio fundamental de la ley, cosa que no se ha hecho. Se tendría que reconocer como titulares del derecho a todos los españoles residentes en el territorio nacional en situación de dependencia. Es fundamental, y no lo hemos conseguido, garantizar el acceso a un catálogo de prestaciones, que se haría efectivo a través de una cartera básica de servicios y prestaciones. Era necesario, y tampoco se ha conseguido, reconocer el papel de las organizaciones de mayores discapacitados y voluntariado y otorgarles una representación acorde en el consejo consultivo.
Otro tema importantísimo era reconocer la importancia de la atención socio-sanitaria y crear una comisión de atención socio-sanitaria. Este es un tema pendiente, hemos perdido la oportunidad, pero, al final, con el tiempo, se tendrá que incorporar porque es algo razonable. Otra exigencia del Grupo Parlamentario Popular que creemos fundamental es garantizar el acceso a la cartera básica de prestaciones y servicios a las personas con gran dependencia sin contribución económica a su cargo. En definitiva, que en todo lo que es gran dependencia no se hubiera incluido el copago y que hubiera ido financiado al cien por cien por la Administración General del Estado. El Grupo Parlamentario Popular también ha intentado incorporar, aunque sin éxito, que cuando se tiene en cuenta o se valora la capacidad económica de la persona dependiente, no se tenga en cuenta su patrimonio personal. Respecto a la financiación, de igual manera pretendíamos eliminar la referencia a los convenios por lo que supone de gran complejidad y dar una mayor concreción al plan de acción integral.
Si los convenios se convierten en plurianuales, se evita la negociación anual, y esto hubiera dado al modelo una mayor estabilidad y mayores garantías a la hora de poder planificar las mejoras por parte de las comunidades autónomas. También pretendíamos que se incluyeran otros servicios y apoyos específicos por lo que se refiere a la rehabilitación, eliminación de barreras, prevención y servicios de ocio y tiempo libre, al igual que incorporar medidas para la reutilización de centros sanitarios con fines de atención a la dependencia.
Con esta breve exposición que he realizado, ciñéndome a los tiempos que ha marcado la Presidencia, he intentado dejar constancia de las enmiendas que quedan vivas por parte del Grupo Parlamentario Popular. Quiero señalar que no nos quedamos satisfechos al cien por cien con el texto que se va a aprobar, después de que se incorporen las transaccionales acordadas por parte del Grupo Parlamentario Popular con el Grupo Parlamentario Socialista, porque es insuficiente. Pero queremos, y hay voluntad en el Grupo Parlamentario Popular, que, en función del acuerdo al que hemos llegado, esta ley salga adelante, porque pensando siempre en las personas necesitadas, en las personas dependientes y en sus familiares, es bueno que este texto salga con un apoyo importante de esta Cámara. Es un paso más el que se da; queda mucho camino por recorrer.
Evidentemente, el Grupo Parlamentario Popular, si hubiera gobernado, hubiera hecho otro texto, un texto distinto -no les quepa la menor duda-, un texto mejor que el que ha hecho el Partido Socialista, pero con las transacciones a las que hemos llegado con el Partido Socialista no vamos a obstaculizar la aprobación de esta ley, siempre y cuando estas se respeten y veamos el contenido, el texto definitivo de las mismas.
Quiero señalar que se ha perdido una oportunidad en un tema importante porque, una vez que se haya aprobado esta ley en el Congreso, no va a haber unos servicios mínimos comunes en todo el territorio español. A nuestro juicio, hubiera sido importante que todas las personas que están en una situación difícil en nuestro país tuvieran el mismo mínimo garantizado, vivan donde vivan, estén en la comunidad autónoma que estén.
Esta es una oportunidad que hemos perdido entre todos; esperemos que con el tiempo se pueda corregir. Por último, quiero subrayar una vez más la voluntad del Partido Popular de que esta ley entre en vigor el 1 de
enero. Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular vamos a trabajar para que el sistema se ponga en funcionamiento cuanto antes y que funcione bien para no defraudar las expectativas y la ilusión que muchas personas dependientes de nuestro país han puesto en esta ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señora Salom, por su concreción y porque le ha sobrado tiempo.
En el turno del Grupo Parlamentario Socialista . Como ya conocen los miembros que van a intervenir, tiene 20 minutos en total para hacerlo. En primer lugar, intervendrá Esperanza Esteve; a continuación, María José Sánchez; en tercer lugar, Lucila Corral y, en cuarto lugar, Miguel Ángel Heredia.
La señora ESTEVE ORTEGA: Quisiera iniciar mi intervención haciendo la siguiente precisión, y es que mejor o peor son conceptos relativos y, al final, lo que tendremos es un texto que deseamos que sea aprobado por una gran mayoría en esta Cámara y que sea un poco el texto de todos, con una única finalidad, que es lo que le da la razón de ser, que podamos atender a este sector tan importante, el de las personas que están en situación de dependencia. Con el trabajo de esta Comisión estamos llegando casi al final de un proceso de trabajo empezado al poco tiempo de iniciarse la legislatura y que también tenía sus antecedentes. El objetivo del Gobierno y de mi grupo parlamentario ha sido y es dar respuesta a unas necesidades que están planteadas y que todos sabemos que van a crecer en los próximos años. Pero un proyecto tan ambicioso como el de esta ley debía contar inicialmente con apoyos de grupos políticos que persiguieran no solo el mismo objetivo, sino la manera de entenderlo, de configurarlo y de desarrollarlo. Quiero pues desde aquí dar las gracias expresas a Esquerra Republicana y a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds por su disposición, por sus aportaciones iniciales al texto que, sin duda, ha enriquecido y ha permitido mantener un debate que ha valido la pena. Pero no solamente quiero dar las gracias a estas dos formaciones políticas, sino también a todos los grupos con los que, con sus aportaciones y su voluntad de enriquecer y mejorar el texto, seguro que al final de esta mañana podremos llegar a transacciones, de manera que al final esta quizás no sea la ley del Partido Popular, no sea la ley de Esquerra Republicana, quizás tampoco sea exactamente nuestra ley, la del Partido Socialista, pero lo importante es que sea la ley de todos.
En este proceso quiero destacar también la gran aportación que ha habido de las organizaciones sociales, con las que efectivamente ha habido discrepancias, pero con las que hemos trabajado para recoger sus aportaciones que, a esta hora, quedan recogidas prácticamente en todo el texto. Y quiero destacar el espíritu, aquellas cuestiones que mi grupo parlamentario no podía obviar, que debían formar parte de la ley. Señor Campuzano, hay que destacar que los puntos de partida de su grupo y del mío -también ese el caso del señor Olabarría- son distintos. Partimos de dos supuestos distintos que hacen que el proceso de trabajo de esta ley, al final, se convierta en una cosa u otra. Acogernos al artículo 149.1.1º nos da toda la legitimidad para poder garantizar un derecho subjetivo en igualdad de condiciones y que tenga aplicación, en forma de igualdad y de acceso, en todo el territorio del Estado español. Esto es importante y no es una injerencia en las competencias de las comunidades autónomas, sino todo lo contrario. Hemos partido de entender un modelo que se basa en la cooperación interadministrativa, en un modelo circular, donde el Estado en función de sus competencias y las comunidades autónomas en función de las suyas configuramos un todo unitario, que no único, donde cada uno puede desarrollar las partes que le corresponden, pero al final tenemos un sistema que nos permite desarrollar un mayor bienestar en todo el territorio del Estado español sin que exista ninguna discriminación por el lugar de nacimiento, y esto ya es un valor en sí mismo y un objetivo básico de la ley.
En cuanto a su objeto, la universalidad, se constituye un nuevo derecho que hasta ahora estaba francamente flaco. Las redes de servicios sociales no constituyen un derecho como debiera ser y por tanto este carácter graciable ha hecho que muchísimas personas se quedasen sin atender por no disponer de recursos y prestaciones en forma de derecho que les garantizase su atención. Con esta ley se rompe y se refuerza a la vez el sistema de servicios sociales. Lo reconoce, lo integra en el sistema de prestaciones de cada una de las comunidades autónomas y fortalece específicamente este sistema, que en nuestro conjunto del sistema del bienestar nos quedaba francamente débil. Incorpora en sus definiciones algo importante y todo el texto rezuma lo mismo, la autonomía personal.
Hemos incorporado la asistencia personal, el trabajo del tercer sector y, en forma transversal, algo que entendemos es importante, porque no solamente hay que atender las situaciones de dependencia, sino que hay que incorporar un concepto básico, el de la autonomía personal, la capacidad para poder decidir en la vida de cada uno, la participación del beneficiario, la cooperación interadministrativa, la igualdad de oportunidades y no discriminación, los titulares de derechos, haber incorporado a todas las personas, porque lo que realmente prima es la situación de dependencia y no el tipo de discapacidad que tiene cada uno.
La incorporación de los entes locales y el sistema de cooperación con la Administración General del Estado nos parece un buen punto de partida para poder desarrollar esta ley, que hasta ahora no atendía a un sector importante de esta población.
Mi compañera va a continuar a partir del artículo 13.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Sánchez Rubio.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señorías, hoy es uno de esos días en los que tanto yo como muchas más personas de esta Comisión vemos que nuestro trabajo parlamentario tiene especial sentido. Estamos legislando para garantizar un nuevo derecho, como bien ha dicho mi compañera, un derecho subjetivo de la ciudadanía que garantizará la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia, y no les quepa duda que lo vamos a hacer con pleno respeto al reparto competencial establecido en nuestra Constitución, regulando las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español.
En relación con las prestaciones y catálogos de servicios del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, las enmiendas admitidas, particularmente las acordadas con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana de Catalunya, y las propuestas para transar del resto de los grupos, van en la línea de reforzar el carácter positivo de esta ley, marcándose como objetivo una mayor autonomía personal que permita a las personas en situación de dependencia mantenerse en su medio habitual todo el tiempo que deseen y sea posible, facilitando la incorporación activa de estas personas a la vida de la comunidad, para lo que debemos conseguir otro objetivo básico, que es garantizar una atención adecuada. Esta atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal deberá orientarse por tanto a la consecución de una mejor calidad de vida y autonomía personal en un marco de efectiva igualdad de oportunidades. No podemos olvidar en estos momentos a tantas familias que ejercen en solitario la atención a las personas en situación de dependencia, dedicando parte de su tiempo y de su vida, las mujeres particularmente, que es sobre las que mayoritariamente recaen estos cuidados. Es precisamente para evitar que la ley pudiera contribuir a perpetuar ese papel de cuidadora de la mujer por lo que se contempla como excepcional la prestación económica para los cuidados no profesionales, priorizando la prestación del servicio, introduciendo como principio de la ley la inclusión de la perspectiva de género y contemplando en la evaluación del desarrollo de la ley un informe de impacto de género.
Nos parece de gran importancia la prioridad de la prestación del servicio que se establece en los artículos 14 y 16 del proyecto de ley y cómo se ha enriquecido el texto con diferentes enmiendas, con las aceptadas, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y de Esquerra Republicana de Catalunya, y con las transaccionadas, particularmente las del BNG y las del PNV, en el sentido de que estos servicios se deberán prestar a través de la oferta pública de la red de servicios sociales de la comunidad autónoma mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados. Resalto igualmente el papel destacado que el texto enmendado da a las entidades del tercer sector. De otra parte, la prioridad del servicio permite mayor solidaridad con las personas que menos tienen, garantizando a todos un acceso al servicio de calidad que con seguridad la prestación económica o el cheque-servicio, como le quieran llamar, no haría; más bien lo contrario, supondría crear ciudadanos de primera y segunda categoría. La responsabilidad pública, como garante de los derechos reconocidos, así como la utilización de la red de servicios sociales implantada en todo el territorio del Estado español, con profesionales de los servicios sociales conocedores de la realidad social, son una garantía de eficacia y eficiencia del nuevo sistema.
Entiendo igualmente relevante la enmienda al artículo 14.6, que garantiza la universalidad -en eso discrepo con el representante de Convergencia i Unió- del derecho, dejando claro que la prioridad en el acceso a los servicios, en función del grado de dependencia o capacidad económica, se vincula a la implantación del sistema, garantizando que hasta tanto esto no ocurra tendrá derecho a la prestación económica prevista en el artículo 17.
En relación con el catálogo de servicios previsto en el artículo 15, se verá mejorado el texto con las enmiendas transaccionadas con Eusko Alkartasuna y BNG, introduciendo en los centros de atención residencial la atención a personas en situación de dependencia con distinto tipo de discapacidad, lo que evita que determinados sectores de la discapacidad puedan sentirse fuera de dicho servicio.
La enmienda del PP al artículo 15 define un modelo diferente del catálogo de servicios que establece la ley, por lo que la hemos rechazado. No obstante, se le propone transaccionar algunas de sus propuestas en el artículo 14.
En la línea del respeto competencial, se eliminará en todo caso de los artículos 17, 18 y 19 el término reglamentariamente en lo relativo a las prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Las aceptadas son de Esquerra Republicana de Catalunya y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y las transaccionadas de BNG, de Nafarroa-Bai y del PNV.
La sustitución del término cuidado por atención en los artículos 18, 23 y 15 como transacción de enmienda de Coalición Canaria refuerzan el carácter más positivo de la ley.
En cuanto a la disposición adicional vinculada al articulado, nos parece importante destacar el texto que resultaría una vez transaccionadas las distintas enmiendas a la disposición adicional decimotercera en lo relativo a los menores de tres años acreditados en situación de dependencia al eliminar el hecho de que deban presentar graves discapacidades.
Señorías, quiero tener hoy un recuerdo particular para las personas mayores que se encuentran en situación de dependencia, pues merecen el reconocimiento a los años de atención que nos dieron y a la contribución con su esfuerzo en tiempos difíciles a esta España democrática que nos permite estar hoy aquí trabajando en esta importante
ley, personas con discapacidad muchas de las cuales desde su casa siguen nuestros debates, leen nuestras enmiendas y tienen puestas en nosotros y en nosotras sus esperanzas.
Para finalizar, quiero manifestarles nuevamente mi satisfacción por haber podido colaborar modestamente en los trabajos relativos al trámite de este importante proyecto de ley, por haberlo hecho con la aportación de colectivos, entidades y expertos a través de sus comparecencias. En particular, quiero manifestar mi satisfacción por los esfuerzos que han hecho los distintos grupos políticos con sus enmiendas para contribuir a la mejora del texto final de este importante proyecto de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: La ley para la autonomía personal y para la atención a las personas en situación de dependencia regula algo muy importante, las medidas para asegurar la calidad y la eficacia del sistema. Sin duda, SS.SS. coinciden en que la calidad es una apuesta firme de esta ley. Esta ley para su éxito realmente necesita poner una base firme, y en este sentido el título II contempla cinco artículos que desarrollan elementos fundamentales para la calidad. El capítulo I dice que el sistema de dependencia fomentará la gestión de calidad con el fin de asegurar la máxima eficacia en la prestación y en los servicios. Aquí hemos recogido una enmienda del Grupo Popular, porque nos habíamos quedado en prestaciones y será prestación y servicios. Recogemos otra enmienda de Esquerra Republicana y de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-Verds que dice: siempre con respeto a las competencias de las comunidades autónomas y en el marco del consejo interterritorial se establecerán criterios comunes de acreditación de centros y planes de calidad para este sistema de atención a la dependencia. Dentro de estos criterios, como indicadores de calidad para el seguimiento de gestión y de la evaluación como bases para la mejora progresiva y el análisis comparado de los centros y servicios del sistema, habrá guías de buenas prácticas, carteras de servicios adaptadas a las condiciones específicas de las personas dependientes y, además del control de la calidad de los centros de servicios, la ley establece medidas para controlar también las prestaciones, siempre previo acuerdo del consejo territorial y respetando los ámbitos competenciales. También establece medidas para el control y la calidad de los centros residenciales, que contarán con un reglamento de régimen interior que regule su organización y funcionamiento y que incluya una gestión rigurosa en la que participen también los usuarios.
Hablábamos de cinco elementos. El segundo sería la calidad en el empleo promoviendo la profesionalidad y potenciando la formación en todas las entidades que aspiren a gestionar y prestar servicios del sistema.
Tenemos otro elemento fundamental que nos preocupa, que a la ley le preocupa y lo acota, que es la formación y la cualificación de los profesionales y cuidadores, una formación básica y permanente que, sobre la base de su vocación de modernización y de innovación, fomentará la colaboración entre las administraciones competentes en materia de educación, sanidad, laboral, asuntos sociales, y así también se coordinará con las universidades, las sociedades científicas, las organizaciones profesionales, sindicales y patronales y también con el tercer sector. La formación y la cualificación profesional son funciones básicas para la calidad del sistema. La tercera sería, sin duda, un sistema innovador, potente y sólido de información y de comunicación, un sistema que contenga el catálogo de servicios, datos de población, de infraestructuras, de resultados y también la calidad de las prestaciones, que contemple también la realización de estadísticas, una red de comunicación que facilite y dé garantías de intercambio y de información entre sus integrantes.
La señora CORRAL RUIZ: Termino. Hay otras dos cuestiones fundamentales que aseguran la calidad. Una es la actuación contra el fraude. Las administraciones públicas velarán por la correcta aplicación de los fondos públicos.
La quinta cuestión que es básica también para garantizar la calidad es la participación, los órganos consultivos y, en este aspecto, la ley contempla dos niveles: un comité consultivo para el servicio de atención a la dependencia como órgano asesor en que esté de forma permanente la participación social y se ejercite también la participación institucional con organizaciones sindicales y empresariales. Hay otro nivel, el de los órganos consultivos, en el que estaría el comité consultivo mencionado anteriormente, el Consejo Estatal de Personas Mayores, el Consejo Nacional de la Discapacidad y el Consejo Estatal de Organizaciones No Gubernamentales.
La señora VICEPRESIDENTA: Le ruego concluya, señora Corral.
La señora CORRAL RUIZ: Concluyo como mis compañeras, agradeciendo la oportunidad de participar en la elaboración de esta ley y, si mi permite la Presidencia, decía la señora García que esta sería la ley de esta legislatura, pero yo diría que desde que se aprobó la ley de pensiones no contributivas esta es la ley más importante. Tendríamos que retrotraernos a hace quince años. Esta es una base fundamental para construir ese cuarto pilar del Estado de bienestar, que son los servicios sociales.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: En España hay 3.500.000 personas con discapacidad, un 9 por ciento de la población, de las cuales aproximadamente un tercio son personas
en situación de dependencia, personas que necesitan ayuda para llevar a cabo sus actividades básicas diarias, como levantarse, asearse o vestirse. Las personas en situación de dependencia son principalmente mayores, pero también jóvenes; jóvenes que padecen alguna enfermedad, que han sufrido un accidente laboral o un cada vez más frecuente accidente de tráfico. Por tanto, para este Gobierno la discapacidad y, sobre todo, la dependencia constituyen una prioridad, de ahí el impulso que se le ha dado a esta ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas dependientes.
Estamos ante la ley social más importante que se va a aprobar en esta legislatura, pero yo diría más, ante la ley social más importante que se va a aprobar en la próxima década, que supone nuevos derechos e importantes avances de nuestro Estado social y que tiene un doble objetivo: atender a las personas dependientes y apoyar a sus familias. Me centraré en algunas de las propuestas que se han incorporado a la ley.
Por ejemplo, en el artículo 27 se incorpora una enmienda presentada por varios grupos, incluido el nuestro, en la que se hace referencia a una demanda de las organizaciones a favor de personas con discapacidad intelectual, que señala que el baremo valorará la capacidad de las personas para llevar a cabo por sí mismas actividades básicas de la vida diaria, así como por la necesidad de apoyo y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual o con enfermedad mental. Hay otra enmienda que ha presentado mi grupo político que hace referencia a la inclusión de un nuevo punto, el 33.4, para que ningún ciudadano quede fuera del sistema por falta de recursos económicos. Esto es hacer política social.
Quisiera agradecer, como colofón a mi intervención, a los numerosos comparecientes que han pasado tanto por la Comisión de Pacto de Toledo como por la Comisión de Discapacidad que nos han ilustrado sobre el tema de la dependencia. Quiero agradecer también el trabajo y el esfuerzo realizado por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y por Esquerra Republicana para alcanzar un acuerdo, un consenso en esta materia, a la mesa de diálogo social y también a todos los grupos políticos -insisto, a todos los grupos políticos- que con sus enmiendas han mejorado este proyecto de ley.
Termino. Hoy es un momento histórico, en el que la atención a las personas en situación de dependencia, aquellas personas que no pueden valerse por sí mismas, va a dejar de ser algo privativo de las familias para convertirse en un derecho de prestación de las administraciones públicas.
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista y a los cuatro intervinientes que se hayan ajustado correctamente al tiempo.
Vamos a suspender la sesión por un periodo de veinte minutos para que se estudien las enmiendas transaccionales.
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, tal como hemos acordado esta mañana, reanudamos el debate para emitir dictamen a la vista del informe elaborado por la ponencia sobre el proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
(Rumores.) Les agradecería muchísimo que guardasen silencio para que pudiésemos empezar con el segundo turno de intervención que acordamos también esta mañana para cada grupo que lo solicitara. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Tienen la palabra la señora Barkos y, posteriormente, la señora Fernández Davila, porque no han utilizado en su primera intervención el tiempo que tenían disponible.
La señora BARKOS BERRUEZO: Efectivamente, vamos a repartir el tiempo del Grupo Mixto, que tiene holgura para la expresión de las posiciones de las formaciones que componen el grupo parlamentario. Empezaré por defender la posición de Nafarroa Bai. Aceptamos la propuesta de transacción ofrecida por los proponentes del proyecto de ley a las enmiendas 251 y 264 y mantenemos vivas el resto de las enmiendas, que van de la 252 a la 266, a excepción de la 264 que apuntaba. Respecto a Chunta Aragonesista y a Eusko Alkartasuna, damos por defendidas las enmiendas que traían vivas a la Comisión y sobre las que en el trámite posterior podrían llegar a algún acuerdo con los portavoces correspondientes.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Fernández Davila.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Intervenimos en este turno para expresar nuestra posición respecto a las enmiendas de nuestro grupo y la consideración que en este momento tenemos de las mismas teniendo en cuenta las propuestas de transacción presentadas por el Grupo Socialista.
Las hemos estudiado con detenimiento y en este momento ya podemos manifestar una postura, que responde al esfuerzo realizado por todos los grupos políticos y que puede ser positiva para la aprobación del proyecto de ley. Vamos a mantener cinco enmiendas: la enmienda 68, al artículo 17, y las enmiendas 148, 149, 150, 151 y 153, que son a disposiciones adicionales. Vamos a retirar las enmiendas 36, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 108, 119, 142, 143, 144, 145 y 157. El resto de las enmiendas las consideramos transaccionadas con las propuestas que nos acaban de pasar en la negociación con el resto de los grupos. Dicho esto, queremos manifestar, precisamente por la importancia y el valor que esta ley tiene en todo el Estado español, también en
Galicia, evidentemente, pero sobre todo en los colectivos de personas que padecen situaciones de dependencia o necesidad de apoyo en la autonomía personal y de aquellos que son familiares de esas personas por lo que hacemos el esfuerzo de llegar a acuerdos en las transacciones aunque no estamos totalmente satisfechos con lo conseguido. La mayoría de nuestras enmiendas están relacionadas con la cuestión competencial y no se recoge en la ley el espíritu que nosotros pretendíamos, si bien tenemos que reconocer, de ahí el acuerdo al que podemos llegar, que hubo predisposición a modificar el papel del Consejo Territorial y a considerar la red de centros de atención a personas con dependencia dentro de la red de servicios sociales de las comunidades autónomas; se hace una consideración en la cuestión de financiación, no la que nosotros pretendíamos pero sí se recogen los convenios con las comunidades autónomas y el derecho de éstas a considerar la renovación del mismo con la Administración del Estado. En definitiva, nos parece un avance -aunque no todo lo que nosotros quisiéramos- considerar que el Consejo Territorial es el marco para llegar a los acuerdos de las distintas administraciones pero que no es quien marca o elabora los planes de atención a la dependencia, papel que corresponde a las comunidades autónomas realizar. Por otro lado, presentamos una serie de enmiendas que transaccionamos que tienen que ver con los servicios, con el reconocimiento del asistente personal, repito, no en los términos en que nosotros quisiéramos -de hecho mantenemos alguna enmienda a las disposiciones adicionales- porque entendemos que se puede hacer un esfuerzo mayor y llegar a algún acuerdo que determinados colectivos están reclamando, como los del síndrome de Down. A pesar de que mantenemos estas enmiendas, entendemos que el reconocimiento e incluso la modificación del título de la ley podemos valorarlo como positivo en tanto se reconoce todo el debate que se está dando de la autonomía personal y concretamente de la figura del asistente, de ahí que hagamos el esfuerzo, que dije al principio de aceptar las transaccionales. Pero mantenemos la enmienda número 68 por entender necesario que se contemple en la ley que las prestaciones pueden ser compatibles con los servicios personales por parte de familiares y cuidadores y que no hay necesidad de eliminar estas prestaciones cuando estos cuidados se están dando en la figura que se plantea. Las enmiendas 148, 149, 151 y 153 a las disposiciones adicionales están relacionadas exactamente con lo mismo, con la cuestión de la prestación económica vinculada al servicio; la número 151, por ejemplo, con algo que yo manifestaba antes, y es que los poderes públicos fomentarán la innovación en todos los aspectos relacionados con al autonomía personal, la calidad de vida, etcétera. La enmienda número 153 está destinada a garantizar con carácter permanente las prestaciones previstas en esta Ley, cuestión que sin esta adicional que presentamos no nos parece que quede clara sobre todo teniendo en cuenta que la ley marca un tope, que es el año 2015. Nosotros creemos que tiene que quedar garantizado que la ley va a continuar, que va a sobrevivir a ese año 2015, de ahí la necesidad de mantenerla. En el Pleno explicaremos más pormenorizadamente los argumentos de las enmiendas que mantenemos vivas y mientras tanto esperamos que entre todos los grupos podamos llegar a un acuerdo y hacer un esfuerzo mayor a fin de poder retirar las enmiendas que hoy todavía mantenemos vivas.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Fernández Davila, en su primera intervención ha dicho que mantenía viva la enmienda número 150 y ahora no la ha referido.
La señora FERNÁNDEZ DAVILA: Sí, las enmiendas 148, 149, 150, 151 y 153 junto con la número 68.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds tiene la palabra doña Carme García.
La señora GARCÍA SUÁREZ: Señorías, en mi turno de réplica dejaré constancia, en primer lugar, aunque ya lo mencioné en la primera intervención, que mi grupo parlamentario, valora las enmiendas transaccionales que han sido elaboradas conjuntamente por los tres grupos, que incorporan además, y de eso nos alegramos, enmiendas de otros grupos parlamentarios que van a permitir mejorar aún más la ley porque realmente es la suma de las diferentes aportaciones; además, en aras de un mayor consenso, me parece imprescindible que así sea. Damos por aprobado el 50 por ciento de las enmiendas a la totalidad, el 30 por ciento de nuestras enmiendas están transaccionadas y ha habido -lo comento porque creo que es importante- un 20 por ciento aproximadamente de enmiendas rechazadas. Lo digo para que tampoco quepa ninguna duda de que mi grupo parlamentario también se ha quedado con cuestiones de calado importantes, que reflejan nuestro modelo, y que no han sido incorporadas.
Dicho esto, en aras de que quede nuestra posición suficientemente clara, con este 80 por ciento entre enmiendas aceptadas y enmiendas transaccionadas vamos a aprobar el conjunto de la ley con una enorme satisfacción. También me referiré en este turno de réplica, y ustedes me lo van a permitir, a priorizar algunas cuestiones y dar respuesta a la intervención que ha realizado el diputado Carles Campuzano en nombre de Convergència i Unió. Quisiera referirme a todos los grupos pero por falta de tiempo y también porque las alusiones más directas a mi grupo parlamentario han sido realizadas en este caso por Convergència i Unió, permítanme que me refiera a él porque querría aclarar algunas cuestiones que entiendo imprescindibles.
Señor Campuzano, después del ruido que han organizado con esta ley, el ruido mediático y en general de descontento con esta ley, yo esperaba una intervención más en profundidad y fundamentalmente más sincera.
Más sincera y más coherente con lo que desde mi punto de vista es el perfil político de Convergència i Unió, un perfil que ustedes mismos definen de centro derecha y liberal; por tanto, yo esperaba que en la defensa de su posicionamiento en esta ley se visualizaran las razones profundas, las razones legítimas que su grupo parlamentario tiene para estar en desacuerdo con la ley que vamos a aprobar. Por el contrario, sinceramente creo que en su intervención ha vuelto a algo a lo que Convergència i Unió nos tiene acostumbrados, a poner el énfasis en los símbolos y en los aspectos territoriales y competenciales básicamente, sobre todo en estos aspectos, cuando considero que los verdaderos intereses políticos están en aspectos de otra índole a los que ahora me referiré.
Entiendo perfectamente que Convergència i Unió esté en contra de esta ley y que vote en contra; lo entiendo perfectamente, y quien esté siguiendo en estos momentos el debate preelectoral de Cataluña y las orientaciones del programa electoral de Convergència i Unió, en concreto las referentes a política social, no puede por menos que entender que es absolutamente contradictorio con esta ley que vamos a aprobar. Por tanto, respeto absoluto a las ideas y al perfil y las prioridades políticas de cada grupo. No se puede estar de acuerdo con esta ley cuando se está anunciando en Cataluña que el modelo es el del cheque servicio para todo, incluidas las guarderías, por ejemplo. No se puede estar de acuerdo tampoco cuando lo que se está anunciando es una rebaja de impuestos a aquellas personas que tengan un nivel de inglés, por ejemplo. No se puede estar de acuerdo cuando evidentemente esta ley prioriza de manera clara la responsabilidad pública y sin embargo el modelo de Convergència i Unió da prioridad en todo caso a la iniciativa privada. En definitiva, no se puede estar de acuerdo por cantidad de aspectos que no voy a repetir pero que tanto en el programa electoral que Convergència i Unió está explicando en Cataluña como en sus propias enmiendas queda definido. Por este motivo, les quiero decir que les comprendo y la verdad es que lamento que no haya un consenso total en esta ley que vamos a aprobar, que supone una mejora de las condiciones de vida para el conjunto de la ciudadanía; lo lamento, pero lo entiendo, y lo único que les hubiera pedido es que hubieran sido más claros en la defensa de su postulado y de su prioridad y afinidad política. Tanto Esquerra Republicana como nosotros llevamos un año hablando de estos temas con el Grupo Socialista y con el Gobierno. Indudablemente, nadie puede cuestionar que las comunidades autónomas, todas ellas, tienen desde hace muchos años las competencias exclusivas en materia de servicios sociales, pero, señor Campuzano -y se lo digo, de verdad, sin ánimo de crear más fisuras-, esto no lo van a poder rebatir y ese es el gran problema que tienen. Ustedes no pueden criticar esta ley diciendo que es una Loapa social y que en términos sociales es regresiva -son sus palabras-; ustedes ni moral ni política ni hasta éticamente pueden decir esto cuando han sido incapaces en 23 años de haber elaborado en Cataluña una ley de servicios sociales.
Si ustedes realmente son los defensores de la universalidad, de la equidad, del derecho subjetivo, de una ley de servicios sociales o de unas prestaciones para toda la ciudadanía, etcétera, ¿cómo es posible que hayan perdido el tiempo de esta manera? Porque, teniendo una mayoría como tenían, podían haber conseguido que Cataluña hubiera sido el ejemplo en materia de bienestar social de todo el Estado español. No ha sido así en absoluto; ustedes perdieron su oportunidad de demostrar realmente que tenían estas prioridades, la perdieron, y ahora no saben aceptar haber perdido el protagonismo en una ley como ésta. Ustedes querían estar en esta ley en un momento determinado pero se quedaron fuera de este acuerdo; sus razones tuvieron, pero no fue a causa del contenido de la ley ni mucho menos. Por tanto, señores de Convergència i Unió, no voy a perder un solo minuto en discutir si ustedes van a tener la razón o no sobre lo que están planteando en caso de que esta ley vaya al Tribunal Constitucional. En este tema, como en otros muchos, doctores tiene la Iglesia y, si llega el momento y realmente tuvieran la razón, se tendría que reconocer y ver quiénes son los responsables, pero le digo que asumimos esa posibilidad y ese reto; lo asumimos, señor Campuzano, y lo hacemos porque creemos que con el trabajo que hemos hecho en esta ley realmente el riesgo no existe, es mínimo, y las ventajas para el conjunto son superiores con creces a ese riesgo que usted plantea.
Pero le voy a decir mucho más. Usted ha dicho cosas que no responden a la verdad. Las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva y, por tanto, señor Campuzano, van a poder hacer todas las leyes de servicios sociales concretas que en cada comunidad se consideren oportunas.
Cataluña tiene en cartera -no ha podido ser aprobada, pero en tres años escasos de Gobierno tripartito se ha hecho muchísimo más trabajo que ustedes en 23 años- una ley de prestaciones, una ley de servicios sociales y, si tenemos la posibilidad -toco madera para que así sea- de tener de nuevo un Gobierno tripartito, van a estar entre las primeras leyes que se van a aprobar. Esas leyes pueden superar totalmente lo que estamos aprobando hoy aquí y, es más, en nuestro programa vamos a plantear que se superen. Por consiguiente, no solo no se limitan nada, señor Campuzano, sino que se ponen unas bases, unas prestaciones básicas para todo el Estado y, después, evidentemente, se dejan todas las posibilidades para crecer tanto como cada comunidad autónoma quiera y no hay una igualación en este sentido para superar esas prestaciones. No podemos enmascarar la realidad y, nosotros, tanto aquí como en el Pleno como donde nos sea posible, vamos a intentar aclarar que lo que hay de diferencia entre ustedes y nosotros es algo que nos produce una gran satisfacción, señor Campuzano: hay una diferencia de modelo social en nuestro país en materia de política social.
La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: La verdad es que es muy difícil intervenir después de lo que hemos oído por parte de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, a quien estimo y respeto profundamente. A esta ley lo que le faltaba era quedar prostituida por la campaña electoral catalana, es lo que necesitábamos oír, preconizar las bondades del futuro tripartito y que ello influya en el debate legislativo de esta ley con todos los problemas que está teniendo que superar a lo largo de su iter legislativo. Con intervenciones de este estilo se produce una desubicación intelectual y difícilmente voy a poder defender. Las transacciones que hemos leído detenidamente, señora presidenta, en los tres minutos y medio de que hemos dispuesto desde que han sido entregadas físicamente a este grupo y el momento de reanudarse la Comisión. Esto empieza a resultar ya un tanto caótico, señora presidenta. En este momento no estoy en condiciones -seguramente por mi propia incapacidad neuronal, dado lo que estoy oyendo, lo que está ocurriendo y la metodología que se está utilizando- de pronunciarme sobre el fondo del asunto. Doy por mantenidas formalmente todas las enmiendas que mi grupo ha presentado y me comprometo, desde la perspectiva del rigor, de la trascendencia de lo que aquí estamos intentando regular -a ver si somos capaces de superar el caos normativo o procedimental que estamos utilizando-, desde la perspectiva de las expectativas que hemos generado a los dependientes, que van más allá de lo que mediáticamente se está generando, desde la perspectiva de la responsabilidad que a todos nos obliga a la hora de defender los intereses de la ciudadanía, intereses que nosotros contemplamos, desde esa perspectiva, me comprometo sencillamente a estudiarlas para poder pronunciarme sobre las mismas en el Pleno, que espero que no sea el próximo jueves, señora presidenta.
Y, al margen de esto, una prevención: espero que no se escuchen más invocaciones a la bondad del tripartito o de otra fórmula de gobernación en el futuro de Cataluña ni sobre la campaña electoral catalana. Estamos hablando de temas demasiado importantes como para prostituirlos con menciones de esta naturaleza. Lo espero y, aunque sea una esperanza vana, lo proclamo así. Esta ley compromete a mucha gente. Estamos jugándonos mucho con esta ley, señora presidenta, y, desde esa perspectiva, al margen de esta invocación, esta ley es difícilmente regenerable.
Movimientos dialécticos o polarizaciones dialécticas tan simples como contradecir la estructura competencial, territorial y estatal del Estado, aquello que prevé la Constitución en su Título VIII en materia de distribución de competencias, debe ser objeto de una absoluta relativización por mor de las pretendidas atenciones o bondades de esta ley en relación con los dependientes y no deja de ser más que una frivolidad política y jurídica. Y como nosotros no estamos dispuestos a asumir desde la perspectiva dialéctica del discurso político frivolidades de ninguna naturaleza y no se pueden contradecir las bondades de una ley que vulnera la Constitución, que vulnera la distribución de títulos competenciales, que vulnera las esencias ontológicas del artículo 41 en materia de universalidad, en materia de gratuidad y en tantas otras materias, desde esa perspectiva, señora presidenta, yo solo le puedo decir que ahora no estoy en condiciones de pronunciarme sobre las últimas transacciones presentadas por el grupo mayoritario y no sé quien más, porque hasta esto forma parte del enigma o del poliedro tan complejo de comprender de esta Comisión y de este debate que empieza a ser un debate verdaderamente torticero, señora presidenta.
Nosotros nos vamos a pronunciar con el rigor debido a los ciudadanos y a las expectativas generadas en el próximo Pleno, vamos a mantener vivas todas nuestras enmiendas sin ninguna excepción y desde esa perspectiva, señora presidenta, ojalá se pueda reconducir un debate tan importante como este. El término cuarto pilar del Estado de bienestar ya no es petulante, empieza a resultar patético.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Tardà, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
El señor TARDÀ I COMA: Entiendo que el uso de la palabra cuando reglamentariamente corresponde a un diputado o a una diputada permite y garantiza que cada uno pueda expresarse dentro de la corrección necesaria en los términos que considere oportunos, en la medida en que, al fin y al cabo, todo argumento acaba convergiendo en un objetivo, en este caso, en profundizar en el debate que afecta a esta ley, de manera que esto no debería ponerse en duda.
Debo decirles que en la medida en que las transaccionales ofrecidas parten de la acción conjunta, combinada y además pronunciada en el tiempo por parte de los tres grupos parlamentarios, que son ustedes conocedores de que hemos trabajado conjuntamente en el proyecto de ley y en el trámite parlamentario, de hecho hemos publicitado ya los acuerdos establecidos desde hace meses, ahora corresponde poner encima de la mesa algunos argumentos de carácter político que acaban configurando el contexto en el cual esta ley es debatida.
Debo responder por alusiones directas del compañero Carlos Campuzano a Esquerra Republicana, incluso yo diría que casi nos ponía a los independentistas en el plano de la pretraición, por no sé qué causa. El señor Campuzano sabe, y viniendo de un independentista supongo que lo entenderá con menos problemas, que mientras haya estatutos de autonomía tendremos problemas con España. Parece mentira que el señor Campuzano olvide esto. No me saque los estatutos de autonomía. El día que no tengamos problemas será el
día que no existan los estatutos de autonomía. No saque estas banderas que, como sabemos históricamente, en vez de defender patrias defienden patrimonios; patrias por encima de los patrimonios.
Aquí hay dos coordenadas. La coordenada nación e izquierdas, que compartimos Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya Verds, y luego hay otra coordenada que no se la niego a ustedes, nación catalana también, aun cuando -repito- la patria tiene un tope que es el interés económico, y la derecha. De manera que no quieran universalizar sus coordenadas. Nosotros siempre hemos dicho que estábamos instalados en dos coordenadas: las políticas de izquierda y las políticas nacionales catalanas en el Estado español. Ya sabemos que existe lo que existe. Por cierto, una Constitución española a partir de la cual la izquierda española también despliega esta ley; Constitución española que ustedes veneran.
Segunda cuestión, el Estado del bienestar. Aquí nosotros priorizamos, lo digo sin ningún complejo y por eso yo he hablado desde el primer día con toda la honestidad y honradez intelectual que soy posible de hacer florecer, de los riesgos porque supeditamos estos riesgos, esos conflictos que siempre existirán -repito- mientras haya estatutos de autonomía, y más si se negocian como ustedes hacen, a los intereses de las clases populares. Efectivamente, hemos hecho una opción. Por primera vez habrá la posibilidad de que el Estado español se implique en la financiación. ¿Cuántos años lleva congelado el plan concertado? Por cierto, ustedes han tenido mayorías determinantes para hacer gobiernos y mayorías parlamentarias, más allá de lo que ha dicho mi compañera Carme García, y el desinterés ha sido absoluto en el Parlament de Catalunya cuando ustedes tenían mayoría. Por ejemplo, ¿cómo no desplegaron la Ley de servicios sociales de 1994, creo que es de 1994? Una ley que se presentó sin memoria económica y que no tuvo el apoyo de nadie; creo que del Partido Popular y punto. De manera que incluso por conveniencias tacticistas están prostituyendo aquello que siempre han pregonado ustedes, que es la intervención en España desde las maneras elegantes, educadas y sobre todo funcionales. Pues bien, sepa usted que estamos convencidos, -lo dijimos en el Pleno, lo digo aquí y lo volveré a decir en el Pleno- de que si Esquerra Republicana no estuviera aquí, si Esquerra Republicana hubiera marchado -y cuando digo Esquerra Republicana digo también Iniciativa per Catalunya Verds porque creo que en esto hemos dado un ejemplo de pedagogía de cómo se puede trabajar conjuntamente- el señor Durán hubiera entrado en el ministerio al cabo de tres minutos, dos, uno o quizá estaría ya dentro. A nosotros estas dobles morales no nos afectan aun cuando reconocemos que hoy día todavía tienen gran capacidad para determinada opinión pública. Sin ningún complejo decimos lo que hemos dicho: conflictos con el Estado los hay, los ha habido y los habrá. Y es más, si llegara el momento en que el Tribunal Constitucional dijera que hay invasión competencial, ¿qué se cree que haríamos nosotros? Evidentemente estaríamos por la labor, pero ya hemos puesto ahora las bases del cuarto pilar del Estado del bienestar que, por cierto, llega muy tarde porque ha habido por parte de los gobiernos españoles también poco esmero en los años precedentes.
Al hilo de lo que ha dicho la compañera Carme García, ciertamente hay un 20 por ciento de enmiendas que han sido rechazadas y que nos quedamos con las ganas, y ya me entienden. Por cierto, estamos construyendo una sociedad mucho más libre, más igualitaria y estamos buscando una sociedad en la cual sea posible que las comunidades nacionales no tengan que regirse según qué coordenadas estatales. Pero tenemos lo que tenemos y hay lo que hay.
Por cierto, les invitamos a responder delante de la ciudadanía catalana y delante de tantos miles de personas que están esperando esta ley como agua de mayo. Y lo que haremos nosotros, y nos comprometemos a ello, es hablar de las imperfecciones de esta ley, por supuesto. Estamos en un tránsito, todo es dialéctico; estamos intentando buscar los encajes, repito, al menos por parte de los aquí presentes con la izquierda española para poder avanzar. Ya sabemos que los resultados a veces son frustrantes y no demasiado halagüeños, pero no vamos a acomplejarnos ante la ofensiva que están haciendo y la que vendrá, que estamos convencidos de que no faltará.
Por otro lado, hablan de este tema con la boca pequeña. Ustedes hubieran querido convertir a esta ley -lo he apuntado anteriormente- en una ley que abriera las puertas a los tiburones, al mercado; barra libre. ¿Como es posible que pacten un Estatuto con problemas de financiación en Cataluña y que hablen, tal y como le decía mi compañera Carme García, de rebaja de impuestos? Ahora se está hablando de suprimir el impuesto de sucesiones. ¿Cómo la Generalitat de Catalunya, en nuestro país, podrá desarrollar la ley de servicios sociales que, ha quedado a las puertas, que ya ha sido redactada y, que, sin duda, será aprobada en la próxima legislatura? Lo que no puede hacerse es estar tocando las campanas en el campanario y, al mismo tiempo, en la procesión; o se está en un lugar o se está en otro. (Risas.) Ustedes están instalados en una reivindicación, teóricamente de carácter nacional, hacen bandera de ella, pero, en el fondo, aquí lo que se está jugando es el modelo de sociedad. Sin ningún complejo, apostamos por una intervención legislativa que permita avanzar en la socialización de la riqueza. Y problemas con el Estado, por desgracia, los hay y los habrá. Nosotros estaremos en las dos coordenadas, en las coordenadas nacionales catalanas y en las coordenadas sociales.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Las intervenciones del señor Tardá y de la señora García han sido extremadamente clarificadoras. Por miedo a que en Cataluña pudiese haber una política de atención de la dependencia diferente a su modelo de sociedad, pretenden que la legislación del Estado imponga su modelo en una materia donde quien debería tener la libertad para configurar su propio modelo es el Parlament de Catalunya.
Del razonamiento que ha realizado hace pocos minutos deduzco eso; no entienden que en Cataluña puede haber un modelo diferente a esta ley, y quieren que esta ley imponga un modelo. ¿Para qué diablos queremos entonces la autonomía, señor Tardà? ¿Para qué dibalos queremos la competencia exclusiva en materia de servicios sociales, si no es para configurar nuestro propio modelo, el que decidamos los catalanes en las elecciones del 1 de noviembre? ¿Para qué queremos la autonomía?
Sus argumentos han sido sorprendentes, porque además de las cuestiones de fondo, ¿impone esta ley conductas a otras administraciones; remite esta ley a desarrollos reglamentarios; entra en excesivos detalles al regular determinados aspectos; regula aspectos instrumentales? La respuesta es que sí: la ley remite a reglamentos, entra en el detalle, impone conductas a otras administraciones y regula aspectos instrumentales, que son los que fundamentaron la posición del Institut d'Estudies Autonòmics, cuando afirmaba que esta ley iba en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña. No es una cuestión de riesgo, ustedes lo saben, y lo dijo el señor Saura la semana pasada: El ministro más jacobino del Gobierno de Zapatero es el señor Caldera. El señor Saura -no el señor Mas o el señor Duran-, en una entrevista la semana pasada en Catalunya Radio, ponía en el primer puesto de leyes regresivas contra la autonomía la Ley de Dependencia y otras disposiciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Seguramente la señora García y el señor Tardà se han visto atrapados por las decisiones que tomaron hace unos meses. Y fueron muy ingenuos porque creyeron que, a través de la foto política con el ministro Caldera, posteriormente, en el trámite parlamentario, podrían resolver los problemas que ya conocían. Desde la ingenuidad y la incompetencia hay cosas que no se pueden resolver.
Lamento muy especialmente la intervención de la señora García, porque procede de una tradición, la tradición del Partit Socialista Unificat de Catalunya, que es de una trayectoria impecable en defensa del autogobierno de Cataluña. El PSUC y Convergència nos dimos la mano en 1981-1982 en defensa del autogobierno de Cataluña, cuando el PSOE y la UCD pactaron la Loapa. Ese el PSUC que yo recuerdo; afirmaciones y posiciones políticas como las que la señora García ha defendido en este trámite, obviando la defensa del autogobierno, no corresponden a su tradición política, y yo lo lamento.
Al señor Tardà quiero hacerle un par de consideraciones. Claro que en un Estado cuasi federal, descentralizado y autonómico siempre hay tensión entre el poder central y los otros poderes; forma parte de la esencia.
Intentamos impulsar un nuevo Estatuto de Cataluña para que ese conflicto se resolviese en defensa de las competencias de Cataluña. Y un compañero suyo, Joan Ridao, fue quien, junto con otros compañeros de mi fuerza política, determinó ese concepto de la competencia exclusiva. Usted, con ingenuidad, ha permitido que esa competencia exclusiva, que el señor Ridao definió en la ponencia del Estatut del Parlament de Catalunya, salte en pedazos. La defensa del autogobierno exige algo más que ingenuidad, exige eficacia y exige plantarse en decisiones que, desde el punto de vista de la opinión pública, son difíciles de explicar. Porque cuando existen demandas en materia de dependencia, explicar al conjunto de la sociedad que estamos defendiendo el autogobierno es incómodo. Tan solo desde una izquierda acomplejada se puede aceptar la contraposición entre autogobierno y progreso social; tan solo desde una izquierda acomplejada en lo nacional. Una izquierda conscientemente nacionalista, una izquierda que asuma la dimensión nacional de verdad, no contrapone autogobierno a progreso social.
Además, señor Tardà, los aspectos de financiación de esta ley son pésimos.
Por ejemplo, en educación y sanidad, que son competencia de las comunidades autónomas y donde el Estado tiene títulos materiales, la ordenación general de los sistemas, lo financiamos por la vía general.
Esta materia en la que el Estado no tiene ningún título competencial vamos a financiarla por la vía de los convenios y, a través de los mismos, vamos a reglamentar las actuaciones que puedan realizar las comunidades autónomas. Señor Tardà, su discurso sobre el déficit fiscal desaparece al aceptar que el Estado, porque va a poner dinero en una competencia exclusiva, va a mandar lo que deben hacer las comunidades autónomas. Se comete un grave error político. Ustedes saben que esta ley tendrá entrada en la próxima legislatura en el Parlamento de Cataluña, y que vamos a discutir si el Consell Consultiu efectúa o no un dictamen sobre inconstitucionalidad. De la lectura de todos los informes del Institut d'Estudies Autonòmics hemos de prever -ustedes los conocen igual que yo- que el Consell Consultiu va a dictaminar que hay indicio de inconstitucionalidad y, posteriormente, la defensa del autogobierno va a depender del Tribunal Constitucional, y ustedes habrán avalado políticamente que en una materia con competencias exclusivas puede haber remisiones reglamentarias, definición de aspectos instrumentales, imposición de conductas al Gobierno de la Generalitat, etcétera. No es una cuestión técnica, no es una cuestión de sabios juristas; es una cuestión profundamente política.
Finalmente, en este curioso y original debate entre la izquierda y la derecha, en el que el señor Tardá y la señora García pretenden situarnos, que yo sepa el Partido Popular, que es un partido de derechas, de centro-derecha, apoya esta ley. Señora García y señor Tardà, el mundo asegurador, el mundo mercantil prestador de
servicios -el señor Tardà ha hablado con emoción de tiburones y no sé si se refería a estos caballeros de las compañías aseguradoras, a los prestadores de servicios mercantiles- aplaude el contenido de esta ley, algo que a mí me parece bien. El sector privado y mercantil apoyan el contenido de esta ley y lo podrán comprobar este jueves, que hay una cena en Madrid a la que seguramente estarán invitados. Esta ley no se sitúa en un terreno entre la provisión pública y la provisión privada. La ley contempla la provisión privada a lo largo de su articulado, así como la participación del sector mercantil. No engaña a la opinión pública, contempla la participación del sector mercantil. Otra cuestión es que Convergència i Unió persiga en este proyecto de ley una idea que pretendía defender en Cataluña, cual es la libertad de elección de las personas. Tan solo desde una izquierda estatalista, burocrática y jacobina se puede contraponer igualdad a libertad. Todas las izquierdas liberales modernas europeas, señor Tardà y señora García, hace años que han asumido la compatibilidad entre igualdad e libertad. Tan solo desde las visiones burocráticas, intervencionistas y paternalistas se puede contraponer libertad a igualdad. En todo caso, las políticas sociales de Europa van en la línea de dar más libertad a los ciudadanos para que puedan elegir cómo organizar su propia vida. En su visión original de las cosas prefieren que la ley estatal determine qué modelo de política vamos a ejercer en Cataluña. Para eso defendieron un nuevo Estatuto de Cataluña y creo que es lamentable.
Señora presidenta, tan solo quiero manifestar que vamos a retirar las enmiendas números 566, 573, 585, 598, 603 y 620 y que mantenemos vivo el resto.
La señora VICEPRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Aprovechando este descanso de la campaña electoral catalana, hablaré un poquito de la dependencia y de la posición de mi grupo, si me permiten la broma los diputados catalanes.
El Partido Popular ha hecho todos los esfuerzos para dar un apoyo crítico a esta ley. Ha tratado de convertir lo que originalmente era una ley de izquierdas en una ley de todos y para todos. El hecho de que formen parte de este conjunto de transacciones 55 enmiendas del Grupo Popular, aceptadas parcial o totalmente, supone un retorno a la senda del acuerdo que alcanzó este Congreso de los Diputados en sesión plenaria en octubre y diciembre de 2003, en la subcomisión de Discapacidad, por el cual todos los partidos políticos nos comprometíamos a regular la dependencia. Así, mi formación política lo llevó en su programa electoral en marzo de 2004 y, a pesar de un periodo de cierta desatención hacia nuestra formación política, felizmente hoy podemos dar un crítico pero mínimo apoyo a este texto. El presidente de mi partido, Mariano Rajoy, hace dos años ofreció un gran pacto de Estado en esta materia que finalmente no fue aceptado, pero tras dos años este texto contiene una parte de las propuestas del Grupo Popular, merced a los esfuerzos que ha hecho en este materia buena parte de mi partido: Ana Pastor, Julio Sánchez Fierro, María Salom, el portavoz parlamentario Eduardo Zaplana y múltiples diputados más, que han permitido que hoy 55 aportaciones contengan este texto final.
Naturalmente, no es un texto que suscribamos en su totalidad. Ha habido tanto aportaciones como partes del texto que se han perdido. Entre las lamentables pérdidas aparecen las 49 citas que hacía el texto al Sistema Nacional de Dependencia o a su aplicación a la realidad nacional, que han sido, como denuncié en la ponencia, convenientemente depuradas para que no haya la mínima referencia a la nación, aunque, de acuerdo con la Constitución española y salvo que se modifique, sigue imperando el citado término de nación española. También ha habido pérdidas tales como que ya no hay un plan de acción integral, sino un marco; ni un plan de prevención para el conjunto del territorio nacional, sino 17. Lo lo consideramos como una pérdida de este texto. Tampoco se ha conseguido la gratuidad para los 298.000 grandes dependientes que, de acuerdo con la memoria económica, existen en España. Lo que se pretendía era algo tan sencillo como que una parte de los grandes dependientes, que son hoy tratados gratuitamente en el sistema sanitario, no empiecen a pagar el día en que esta ley entre en vigor. Mi formación política, que, como digo, da un apoyo crítico a este texto por el cual retirará sus enmiendas, mantendrá, obviamente, su vigilancia en la ejecución y desarrollo reglamentario del texto. Tampoco hay un mínimo exento para el copago, aunque la realidad se impondrá y, naturalmente, habrá personas de una determinada renta que quedarán exentas, como ocurre con la prestación de la mayor parte de los servicios en España. Al final, a pesar de las importantes pérdidas, nos parece adecuado que se haya retornado a esa senda de acuerdo que nunca se debió abandonar, que por cierto se marcó cuando el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta de forma unánime en el Pleno del Congreso de los Diputados en octubre de 2003, dos meses antes de que se disolviese el Congreso.
Se ha aceptado de manera íntegra la confidencialidad en el tratamiento de los datos de las personas dependientes, una aportación que ha hecho el Grupo Popular, como también se ha aportado de forma íntegra la simplificación, es decir, que las personas dependientes o sus familiares no tengan que duplicar o triplicar la aportación de documentos, sino que sea la propia Administración quien los obtenga si tuviera medios para ello o ya le hubiesen sido aportados con anterioridad. Por tanto, se obliga a los distintos niveles administrativos a que se pongan de acuerdo, a que se coordinen para que en esta competencia en la cual concurren diversas administraciones el perjudicado no sea la persona dependiente. Se tiene en cuenta a los usuarios a la hora de redactar los reglamentos internos en los centros residenciales, se
incluye al tercer sector como entidad colaboradora a la hora de mejorar la calidad del sistema, se consigue -esa aportación también es parcialmente nuestra- que sea un derecho subjetivo y, como reconoce el diccionario jurídico, administrativa o judicialmente exigible por el usuario, se consigue que Ceuta y Melilla... Por cierto, luego comentaré al señor letrado que en la disposición adicional que hace referencia a Ceuta y a Melilla no figura que sean dos enmiendas del Grupo Popular. No tiene mayor importancia, pero son dos las enmiendas que no dicen que Ceuta y Melilla podrán conveniar, sino que conveniarán con el Estado en esta materia y a su vez que podrán formar parte del Consejo Territorial. Son sendas enmiendas nuestras, aunque no figura que ese sea su origen.
Supongo que en el texto final sí lo hará, como figura que también entidades locales puedan pertenecer a ese Consejo Territorial. Una de las aportaciones más importantes del Grupo Popular a este texto -justamente por eso el Grupo Popular no ha querido ser obstáculo, no ha querido que esta ley se quedase con el exiguo apoyo del 55 por ciento que obtuvo con el debate de las enmiendas de totalidad- es la financiación, es decir, que no exista la discrecionalidad ni arbitrariedad en la confección de convenios singulares y particularizados. Una aportación nuestra que consideramos esencial es que existan criterios objetivos en la financiación. Es decir, no se financiará en función del color político, sino del número de dependientes, grado y nivel, de la dispersión territorial, de la ruralidad, de la insularidad, de la población mayor de 65 años; en fin, criterios objetivos que sean cuantificables, predeterminados y que no permitan la desigualdad territorial, sino una distribución justa y equitativa que se consigue gracias a las aportaciones del conjunto de los grupos y del nuestro singularmente.
Siendo su puesta en práctica una competencia autonómica, debía ser la mayor parte del Consejo Territorial miembros de comunidades autónomas.
Este era también uno de los escollos que separaban a nuestra formación, al Partido Popular del Partido Socialista que da sustento al Gobierno; ahora las comunidades autónomas serán mayoritarias en el Consejo Territorial. También se ha extendido la titularidad del derecho a los menores de 3 años, lo cual era muy importante, lo que no desdibuja tampoco el hecho de que una disposición adicional determine un tratamiento especial, singular y particularizado para esta serie de colectivos. Nosotros queríamos que eso fuese así desde la titularidad del derecho, es decir, que los menores de 3 años fuesen titulares del derecho y que después se tengan con ellos las atenciones que indudablemente merecen por su edad y por su nivel de discapacidad. Muy importante era que se cambiase la definición, el concepto de dependiente para introducir eso de por decisión propia, que quiere decir ni más ni menos que habrá personas que gozarán de autonomía física, pero no mental, de la suficiente entidad para que las personas con discapacidad, como ya han mostrado con reiteración, no se sientan excluidas de esta norma. Por tanto, se ha ampliado el concepto para que puedan tener encaje aquellas personas que, obviamente, por su deficiencia psíquica pudieran tener autonomía -y la tienen- física, pero no saben si han de subir al autobús, han de comer, han de vestirse o no y, por tanto, siguen necesitando de una asistencia, aunque físicamente podrían hacerlo. Por tanto, hemos intentado contribuir y, finalmente, hemos contribuido -si no, mi grupo no haría el esfuerzo de dar este apoyo crítico, pero apoyo, al Gobierno, al texto y al conjunto de formaciones políticas que ya habían dicho que existía un acuerdo- a que haya un mayor número de personas titulares de este derecho a que esa cobertura sea más objetiva en el territorio del Estado. Se ha conseguido que ese texto responda a las inquietudes, a las preocupaciones de todos los grupos políticos que al final es del conjunto de la población española y no solamente de una parte de ella, como había quedado patente por las declaraciones de los responsables del departamento cuando se presentó el texto.
Mantendremos nuestra vigilancia, seguiremos expectantes con el desarrollo de este texto, pero nuestro grupo se da por medianamente satisfecho. Hay una cosa que he escuchado aquí y que no responde al texto y es que sí habrá libertad de elección, será escuchada la opinión de los usuarios y atendida cuando exista una gama de servicios que poner a disposición del usuario y, por tanto, esa es una enmienda que ha sido aceptada también al Grupo Popular -desconozco si a otros-, lo mismo que también ha sido parcialmente atendida la presencia de discapacitados mayores y las organizaciones de voluntariado en sus respectivos órganos consultivos.
La señora VICEPRESIDENTA: Seguidamente, en nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Esteve.
La señora ESTEVE ORTEGA: Quiero empezar este segundo turno agradeciendo el esfuerzo de la mayoría de los grupos para llegar a acuerdos. Por nuestra parte hemos intentado también recoger el espíritu de la mayoría de las enmiendas recogidas con las transacciones ofrecidas. A pesar de ello, es cierto, señor Barrachina, que cada uno de nosotros hemos dejado una parte para encontrarnos en un punto donde sea posible avanzar en algo absolutamente imprescindible y, sobre todo, habiendo puesto en el centro de nuestros objetivos a los ciudadanos que bien se lo merecen. Gracias, de nuevo, a todos los grupos por sumarse al texto transaccionado. Por supuesto, a Esquerra Republicana, a Iniciativa per Catalunya, al BNG, a Coalición Canaria, Nafarroa-Bai, Chunta, PP, muchísimas gracias.
En cuanto a la posición que ha mantenido el Partido Nacionalista Vasco, no podemos sino lamentar la intervención del señor Olabarría. No está aquí, pero tengo especial interés en que nos escuche. Partiendo del respeto al fondo de su intervención, no nos ha gustado -diría más-, nos ha disgustado profundamente sus formas y
su poco respeto a la libre expresión de la diputada y amiga, Carme García, en perfecto derecho del uso de la palabra. En cuanto al contenido de su intervención, no dudo -y lo digo para que pueda leerlo-, de que el señor Olabarría es un buen jurista, seguro, pero también lo son los del Consejo de Estado, que han avalado la capacidad de legislar esta ley por parte del Estado. Hemos echado de menos en el señor Olabarría, a pesar de sus palabras grandilocuentes, una explicación más fundamentada de su postura y no tanto estas grandes expresiones que aparentan decir mucho, pero que luego dicen muy poco.
En cuanto a Convergència i Unió, quiero decirle al señor Campuzano que lamentamos su posición. Él es una persona que lleva tiempo trabajando en políticas sociales y yo quiero reiterar algunas cuestiones. Me parece un sarcasmo que un partido de Gobierno como Convergència i Unió, que ha gobernado durante muchísimos años en su comunidad autónoma, no haya dado prioridad en este periodo a las políticas sociales, a los servicios sociales, que los ha dejado durante este tiempo en una situación lamentable, por detrás de otras comunidades autónomas, que han hecho una apuesta mayor por desarrollar los servicios sociales en su ámbito de competencia.
Yo no seré tan imprudente como el señor Campuzano de hablar de fotos, pero sí de realidades. Tenemos un bajo desarrollo en Cataluña de los servicios sociales, porque la ley que se aprobó en el año 1994 sin ningún consenso no reconocía ningún derecho, se mantenía el carácter asistencial y la graciabilidad de todas las prestaciones que se enumeraban, pero nunca ninguna como derecho. Como decía el señor Tardà, hemos tenido que revisar los servicios sociales y desarrollar todas las posibilidades que nos daba la oportunidad de gobernar. Pero hay más cosas, las políticas que Convergència i Unió ha venido apoyando en los últimos años se alejan profundamente de su expresión, hoy tan sentida, de querer atender a este sector, de querer dar respuesta en su globalidad a todas las necesidades sociales cuando su aportación en los últimos tiempos no ha sido de compromiso con los más necesitados, con el desarrollo del sistema de bienestar, con las políticas sociales. Me remito a la situación del plan concertado congelado con la aquiescencia de su grupo.
Es posible, señor Campuzano, que ustedes crean que tienen la razón -yo no digo que no-, pero probablemente los demás grupos hemos hecho un esfuerzo, también hemos razonado, hemos pensado y creemos que, desde nuestro punto de vista, tenemos más razón, más razón porque hemos puesto como prioridad sacar una ley que permita abordar de una manera importante las situaciones pendientes. Los ciudadanos tienen derecho, a disponer cuanto antes de esta ley; una ley que no ha sido precisamente su prioridad en los últimos años expresada a lo largo del tiempo, como no lo han sido en todos estos años, los servicios sociales. Siento decirlo así.
Hoy el resto de los grupos nos podemos congratular por el trabajo realizado, por el esfuerzo realizado, justificado por haber puesto una vez más, como es nuestra obligación, en el centro de nuestra política, en el centro de nuestra acción a todos los ciudadanos.
La señora VICEPRESIDENTA: Doy la palabra a la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ RUBIO: Señorías, a estas alturas ha podido quedar claro el posicionamiento de los distintos grupos. Voy a hacerles una reflexión que puede venir en la línea de la intervención de mi compañera, la señora Esteve. A lo largo de este tiempo en el que se ha estado compareciendo en la Comisión, tanto en la del Pacto de Toledo como en la de Discapacidad, respecto a la atención a las personas en situación de dependencia, todos estábamos convencidos de la necesidad de legislar con respecto a la autonomía personal y a la atención a las personas en situación de dependencia. Esto ha quedado expreso y claro a lo largo de este tiempo de reflexión y de debate. ¿Por qué, si esto ha sido así y quedaba tan claro, las distintas comunidades autónomas no han abordado una legislación en materia de atención a la autonomía personal y a la atención a la dependencia? Por algo que a me parece fundamental. Hoy estamos aquí reconociendo un nuevo derecho, lo estamos haciendo para poder trabajar desde los distintos ámbitos competenciales en materia de autonomía personal y atención a la dependencia y lo estamos haciendo a través del artículo 149.1.1a, asumiendo el reparto competencial establecido en la Constitución y regulando las condiciones básicas para que se garantice la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Hemos hecho un esfuerzo importante con las enmiendas que ustedes y nosotros hemos presentado precisamente para evitar una posible invasión competencial. Hoy es un día, como bien comentaba la señora Esteve, para alegrarnos. Bienvenido el Partido Popular a este acuerdo. Este es el modelo que habíamos pactado con Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds y Esquerra Republicana y que se ha trabajado con el resto de los grupos. Se ha hecho un gran esfuerzo por el Grupo Parlamentario Mixto, por la señora Fernández, con sus enmiendas. Bienvenidos todos los grupos, porque estamos haciendo algo que comprometimos y hemos ido comprometiendo en el Pacto de Toledo y a lo largo de las manifestaciones de los distintos grupos en el tiempo que llevamos de legislatura.
Al señor Barrachina le diría que no tiene que tener ningún miedo, porque la universalidad del sistema sanitario está garantizada. Por cierto, es un sistema sanitario aprobado cuando gobernaba el Partido Socialista.
Este sistema sanitario no va a expulsar a las personas en situación de dependencia, ni muchísimo menos, sino que establecerá sistemas de coordinación sociosanitaria, pero no va a expulsar del sistema a las personas que se encuentren en esta situación. El nuevo nombre del sistema
ha sido una demanda de los colectivos de personas con discapacidad intelectual, fundamentalmente, y con otros tipos de discapacidades por reforzar el tema de la autonomía y de la atención a las personas en situación de dependencia.
Sin más, nosotros estamos satisfechos. Entendemos que posiblemente irá mejorándose la ley y la atención. Ha habido enmiendas tan importantes como las requeridas a la prioridad de la gran dependencia, que desaparezca el 0,3 como límite o todo lo que ha significado la ampliación de la definición del consejo territorial, que pueden incidir en un respeto a las competencias de las comunidades autónomas y al derecho de los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en situación de dependencia.
La señora VICEPRESIDENTA: La diputada señora García ha solicitado a la Mesa intervenir por alusiones por un tiempo de dos minutos.
La señora GARCÍA SUÁREZ: En todo caso, había solicitado estos dos minutos no solamente a título personal -gracias por concedérmelo-, sino porque quizás otros grupos también quisieran utilizar este turno de un minuto o dos. Si no es así, quisiera brevemente señalar dos cuestiones. Una, porque no es la primera ocasión que esto sucede, y así se lo he manifestado al señor Olabarría, pero quiero que quede constancia y -en este caso incluso pido, si es necesario, amparo a la Mesa- recordar que las intervenciones de los diputados y diputadas, según los reglamentos existentes, son libres. Espero, porque esta era la tercera vez ya y así lo he manifestado, que nadie pueda otorgarse la potestad de decidir qué es adecuado o no manifestar en un debate. Quiero dejar constancia porque -repito- ha pasado en algunas ocasiones en la tramitación de esta ley por parte del mismo diputado, y quiero recordarle que está confundiendo tres aspectos diferentes: el papel de letrado, el de político y el de juez.
Aquí estamos en calidad de políticos y en calidad de tales la libre expresión es lo que ha de predominar realmente. Por favor, ya que se ha mencionado al presidente de Iniciativa, quiero hacer alusión a que don Joan Saura, cuando hablaba de la Ley de la Dependencia, a la que ha hecho mención don Carles Campuzano, lo hacía con respecto al proyecto de ley, no a todas las modificaciones que darán lugar a una ley absolutamente diferente y respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas.
La señora VICEPRESIDENTA: Realmente ha sido usted la que ha pedido una nueva intervención, pero si algún otro grupo quiere utilizar este turno tiene la palabra por dos minutos. (Pausa.)
Suspendemos la sesión por cinco minutos y pasamos a votación. (Pausa.)
Señorías, después de este receso y de haber organizado toda la documentación que corresponde al debate y a la votación del dictamen del proyecto de ley, pasamos a votar las enmiendas que cada uno de los grupos parlamentarios mantiene vivas.
En primer lugar, en relación con el Grupo Parlamentario Mixto tenemos las enmiendas presentadas por la señora Barkos, exceptuando la 251, que ha retirado. Votaríamos las enmiendas números 252 a 266.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 32.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster, que van desde la número 527 a la número 541.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el señor Labordeta. Quedan vivas solamente la número 9 y la número 16.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por la señora Fernández Davila.
Primero votamos la 68, porque han pedido votación separada.
Pasamos a votar el resto de las enmiendas vivas de la señora Fernández Davila, que son las 148, 149, 150, 151 y 153.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 32; abstenciones, una.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas por Coalición Canaria. En primer lugar, votamos separadamente las números 479 y 517.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 20; abstenciones, 12.
Votamos el resto de enmiendas presentadas por Coalición Canaria, que son las números 467, 480, 506 y 509.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 20; abstenciones, 14.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds ha retirado todas las enmiendas que tenía. Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que no han sido incorporadas por la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 20; abstenciones, 12.
La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazadas. (El señor Campuzano i Canadés pide la palabra.) Dígame, señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Señora presidenta, me he despistado y quisiera que constara, al menos a efectos del Acta, que mi posición es favorable a las enmiendas del PNV.
La señora VICEPRESIDENTA: El Grupo de Esquerra Republicana ha retirado todas. Pasamos a votar las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Ha retirado las 566, 573, 585, 598, 603 y 620. Pasamos a la votación del resto de las enmiendas, desde la 556 a la 625, siempre que no se hayan incorporado ya al informe de la ponencia, tal y como habíamos acordado.
El Grupo Parlamentario Popular ha retirado todas las enmiendas y, por tanto, hemos finalizado la votación de las enmiendas vivas.
Pasamos a votar las enmiendas transaccionales presentadas, que ya conocen SS.SS.
La señora VICEPRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Seguidamente pasamos a votar el informe de la ponencia, que, con las modificaciones resultantes del debate, pasará a ser el dictamen de la Comisión.
El señor BARRACHINA ROS: Pedimos votación separada de la denominación del ex Sistema Nacional de Dependencia y, en el artículo 1.1, de la segunda enmienda admitida en el dictamen, que sustituía territorio nacional por territorio del Estado español.
La señora VICEPRESIDENTA: Correcto, señor Barrachina. Pasamos a votar el título de la ley y la alteración del nombre del artículo 1.1.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos.)
Agradecemos a todos los ponentes y a toda la Comisión el trabajo realizado.

References: artículo 3
 artículo 14
 artículo 16
 artículo 3
 artículo 16
 artículo 1
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 9
 artículo 32
 artículo 14
 artículo 27
 resolución 
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 29
 artículo 29
 artículo 33
 artículo 149
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 49
 artículo 50
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 41
 artículo 149
 artículo 110
 artículo 149
 artículo 110
 artículo 110
 artículo 149
 real decreto 
 artículo 2
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 8
 artículo 149
 artículo 149
 artículo 8
 artículo 10
 artículo 10
 artículo 149
 Artículo 10
 artículo 14
 artículo 14

artículo 14
 artículo 19
 artículo 19
 artículo 20
 artículo 32
 artículo 1
 artículo 149
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 17
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 14
 artículo 27
 artículo 17
 artículo 41
 artículo 149
 artículo 1
 artículo 1