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Timestamp: 2018-12-14 08:09:22+00:00

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Las acciones de la Triple A que se "tumbaron" los españoles, y que hoy reclaman los barranquilleros, ahora en poder de la SAE - Corrupción al Día
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Las acciones de la Triple A que se “tumbaron” los españoles, y que hoy reclaman los barranquilleros, ahora en poder de la SAE
Rodolfo Plata, Presidente del Comité Intergremial del Atlántio
Jaculatorias, golpes de pecho, lamentaciones públicas de Rodolfo Plata, presidente del Comité Intergremial en una columna en El Heraldo lamentado que le hayan sustraído jurídicamente a los españoles de Inassa y Canal Isabel, las acciones que tienen en la llamada joya de la corona, la empresa de servicios públicos de Barranquilla denominada Triple A. Contrasta este “temor” ante el giro jurídico de los acontecimientos de esta empresa, que entre otras cosas se veían venir, con el ominoso silencio ante el raponazo accionario que le dieron al distrito de Barranquilla estos mismos empresarios usando todo tipo de argucias legales e ilegales. Absoluta mudez del comité intergremial ante el atropello a la ciudadanía, que a juzgar por las circunstancias en que se pinta ahora la historia, les parecieron correctos y de una eticidad administrativa a toda prueba.
Contemos la accidentada historia de estas acciones de la Triple A ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales del Ministerio de Hacienda SAE, tras decomiso a las empresas españolas propietarias de las mismas.
Así se tumbaron las acciones del Distrito de Barranquilla
El Distrito de Barranquilla, entregó a un tercero, la empresa Triple A la función de operador del servicio de acueducto y alcantarillado, a título gratuito, bajo modalidad de contrato de concesión de participación de acciones con el objetivo que la empresa Triple A, usara y explotara los activos directos e indirectos de las redes y equipos existentes en acueducto y alcantarillado.
El Acuerdo No. 0023 de junio 6 de 1991 del Concejo de Barranquilla, en uso de sus facultades legales conferidas por el numeral 4 del artículo 92 del decreto 1333 de 1988, autorizó al municipio de Barranquilla para participar en la creación de una sociedad de economía mixta del orden municipal encargadas de la prestación de los servicios públicos de agua, aseo y alcantarillado. Allí también se autorizó al Alcalde de Barranquilla – en ese momento Miguel Bolívar Acuña- a participar como accionista en la creación de una sociedad anónima, tal como lo establece el titulo VII del libro II del Decreto 410 de 1971, el Código de Comercio en las cuales el municipio de Barranquilla sería accionista mayoritario.
¿Qué era en realidad lo se estaban pasando a la nueva empresa? Pues lo que decía el artículo 23 del Acuerdo 24 de 1960 en los cuales los bienes muebles e inmuebles de las Empresas Públicas Municipales destinados directa o indirectamente a los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo pasaban a propiedad del municipio de Barranquilla. El aporte del municipio en la concesión a Triple A sería previo inventario avaluado y aprobado por las partes, tal como establece el artículo 463 del Código de Comercio, regulado a un término de 20 años a partir de la constitución de la sociedad, con unos bienes muebles e inmuebles los cuales se estimaran calculando los rendimientos de su uso a valor presente tras un avalúo según lo establece el artículo 132 del Código de Comercio.
La parte fundamental de esta concesión ceñía una clausula de obligatorio cumplimiento y es que las acciones del sector público serían clase A y las del sector privado clase B y que la participación accionaria del Distrito de Barranquilla no sería en ningún caso superior al 89% ni inferior al 85% del capital social y que la participación accionaria privada, en consecuencia, no podría ser mayor al 15% del capital social. Además se especifico que ningún accionista clase B –los privados- podría tener más del 1% de las acciones suscritas. Tambien se especificó que los estatutos de la Sociedad Triple A solo podrán ser reformados con el voto favorable de no menos del 70% de los accionistas clase B, presentes o representados en la reunión y que las decisiones que no implicaran reformas estatutarias se tomarían con el voto favorable de la mayoría de los accionistas clase A y B de los presentes.
El aporte inicial económico del municipio de Barranquilla fue por la suma de 85 millones de pesos mientras se materializaba el aporte consistente en la utilización de los activos vinculados a la prestación de los servicios. Para que la empresa Triple A tomará posesión y usufructo de los equipamientos e infraestructura de la extinta Empresa Públicas Municipales se firmó el 19 de octubre de 1993 el contrato de concesión de suscripción de acciones. Así, mediante escritura pública 1667 de julio 17 de 1991 otorgada ante en la Notaría Tercera de Barranquilla se constituyó la sociedad de economía mixta autorizada por el Acuerdo 23 del Concejo de Barranquilla.
Posteriormente, mediante el Decreto No. 775 del 24 de diciembre de 1991, establece el valor del rendimiento de los bienes cuyo uso se otorgaba en concesión a la sociedad de acueducto y alcantarillado, estableciendo el valor del rendimiento de los mismos, aprobando el avalúo de la concesión en la suma de $32.754.000.000 (treinta y dos mil setecientos cincuenta y cuatro millones de pesos). La sociedad pagaría una suma de $15.000 millones de pesos, a una tasa del 1.5% mensual (la suma de $225 millones) para pagar la carga de jubilados de las antiguas Empresas Públicas Municipales, incrementándose con el índice de precios al consumidor. Tambien pagaría la suma de $6000 millones de pesos cubriendo una deuda contraída con el Banco Popular por la cantidad de $2706 millones. Una vez se cancelará esta deuda, la suma de $6000 millones pasaría a formar parte del capital accionario del municipio de Barranquilla. Esta acción no solo no fue cumplida por la Triple A, sino que hizo exactamente lo contrario: aumento torticeramente el capital privado.
El 5 de marzo de 1992 mediante la resolución No. BQ-AN-00000046 de la Superintendencia de Sociedades se autoriza a la sociedad para solemnizar una reforma estatutaria. Allí se incluye el aumento del capital autorizado y la reducción del valor nominal con una serie de estrategias:
Que de conformidad con el artículo 267 del Código de Comercio se autoriza a la sociedad Triple A de Barranquilla para solemnizar la reforma de los artículos 6, 44, 76 y la supresión del 77 de sus estatutos consistente en que el artículo 6 se aumenta el capital de 100 millones de pesos a 20.000 millones con la reducción del valor nominal de la acción de 10.000 pesos a 1000 pesos.
Que mediante escritura pública No. 0990 del 4 de mayo de 1992 otorgada por el Notario Tercero de Barranquilla se constituyó la reforma estatutaria pasando el capital autorizado de la Triple A para 20.000 millones pesos divididos en 20 millones de acciones ordinarias al valor de 1000 pesos. Allí se confirma que las acciones quedan en 85% para las entidades oficiales y el 15% para los privados.
El 19 de octubre de 1993 se suscribió un contrato de suscripción de acciones entre Barranquilla y la Triple A por un total de 9.595.818 acciones de la serie A, emitidas por la Triple A, materializado en que el Distrito otorgaría la concesión de los activos vinculados directa o indirectamente con los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, de conformidad con el avalúo aprobado en los acuerdos 16 de 1992 y el Decreto 884 de 1992, con un contrato cuyo término de duración sería de 20 años. Ojo con este término que es fundamental para la valorización de las acciones de la empresa.
La Triple A pagaría una serie de regalías mensuales al Distrito de Barranquilla entre ellos 225 millones para atención a la carga pensional de las Empresas Pública Municipales, el pago de la deuda al Banco Popular y la suma de $32.372 millones con destino al pago de obligaciones pendientes (no fueron especificadas).
Aquí es donde aparece el raponazo a los barranquilleros, pues mediante escritura pública No. 1591 del 22 de junio de 1995, la Sociedad de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla S.A. cambia de nombre. Ahora se denomina igual con el uso de la sigla Triple A y se cambia la composición accionaria con un capital autorizado de $20.000 millones de pesos representado en acciones con un valor nominal de $1000 pesos cada uno y, aquí viene el acto anti jurídico, la sociedad emitirá sus acciones en 3 series: Serie A, las acciones del distrito de Barranquilla, Serie B, integrada por acciones del sector privado y, aquí viene la ilegalidad para justificar el control total accionario de la empresa, de una nueva Serie C, integrada por un grupo de acciones a suscribir con el sector privado nacional o extranjero.
Solo bastaba encontrar el “nuevo” socio Clase C, que aparece un año después, el 21 de octubre de 1996 con la escritura pública No. 2845 donde se plantean, ladinamente, las siguientes modificaciones a los estatutos: el artículo 48 señala que la representación judicial y extrajudicial de la empresa y la gestión de los negocios sociales estaría a cargo del Gerente General, postulado por el socio calificado para periodos de 2 años, reelegible de manera indefinida y removible en cualquier tiempo.
Aquí vienen las consecuencias de la célebre reunión de Junta Directiva de la Triple A del 19 de septiembre de 1996 plasmada en su Acta de Junta No. 95 que como se recordará estaba presidida por el peor alcalde de Barranquilla en todos los tiempos, Edgar George, con los miembros de la Junta en representación del Distrito de Barranquilla, entre quienes se encontraban Ramsés Vargas en calidad de Director del Área Metropolitana y Juan Martín Vega en calidad de gerente de la también extinta Empresa Distrital de Teléfonos de Barranquilla.
Esta junta directiva de la Triple aprobó de forma ilegal (prevaricato por acción, entre otros delitos) que la nueva sociedad Interamericana de Aguas y Servicios INASSA E.S.P tenía el derecho de adquirir de la sociedad Triple A de Barranquilla, el 43.31% del total de acciones, en contravía de lo dispuesto por el Concejo Municipal que solo autorizaba a los socios privados la tenencia de no más del 15%.
Así, lentamente se fueron apoderando de las acciones del Distrito de Barranquilla hasta llegar al actual 85% en manos de los españoles que es precisamente el objeto sobre el cual recae la acción de la Fiscalía General de la Nación y que quedan en poder de la SAE.
A continuación una información del prestigioso diario madrileño El País respecto a la forma en que se dieron las operaciones de toma de control de la Triple A: “En 2000, los expertos del Banco Mundial visitaron Madrid. Buscaban empresas que invirtieran en países emergentes y ofrecieron, incluso, ayuda financiera. Así apareció Inassa, una sociedad colombiana de inversores, de la que Aguas de Barcelona tenía un 20%. Su único activo era otra sociedad llamada Triple A de Barranquilla, que abastecía la ciudad. Para quedarse con una concesión, la ley del país sudamericano impone que haya un operador especializado en la gestión (Aguas de Barcelona) y que este tenga, al menos, el 51% de las acciones. Pero Agbar solo contaba con el 20%. Para solucionarlo, Inassa le dio a Agbar el 51% de los votos en el consejo, pero no de las acciones. Suez, la empresa francesa matriz de Aguas, no vio el panorama claro y decidió vender sus participaciones. Fueron compradas por Inassa por 7 millones de dólares. Eso significaría que el precio total de la empresa, por una simple regla de tres, sería de unos 35 millones”.
Aclaración a El País. La venta de la Triple A por parte de Agbar (Aguas de Barcelona), según informes de bufetes de abogados españoles se debió a que parte del staff directivo de la empresa enviado a Barranquilla, se complotó con los socios colombianos para defraudar sus intereses, obligando a la venta de sus acciones. Sigamos con El País:
“El Canal de Isabel vio su oportunidad de entrar en América. Inassa (los inversores colombianos) necesitaban por ley un gestor y ofrecieron las antiguas acciones de Agbar, pero la adquisición se tendría que hacer a través de una empresa de su propiedad, Aguas de América, radicada en Panamá. Esta era poseedora del 71% de Inassa y del 51% de la empresa de software especializado en gestión de cobros Watco Gestión. En 2001, el Canal hace su oferta: 73 millones de dólares, una cifra inferior a la que indicaba el informe del banco suizo Rothschild (97 millones) y sus propios estudios (86). ¿Por qué no ofreció 35 millones, ya que Agbar había vendido su 20% por 7? Pues porque tres meses después de la marcha de los catalanes, la concesión de Barranquilla pasó de 13 a 33 años. El negocio era muchísimo mayor y los clientes crecían exponencialmente. Inassa se estaba extendiendo también a Ecuador, República Dominicana y Venezuela”.
Acá es necesario un análisis sobre la valorización de las acciones. Para Francisco Olmos, uno de los gerentes españoles enviados a Colombia, la Triple A en sus inicios estaba descuadernada, obsoleta, con procesos administrativos torpes e ineficientes, técnicamente rezagada y su valor contable era exiguo. Como se valorizan las acciones? Bernardo Hoyos Montoya, que en ese momento era Alcalde de Barranquilla señala que Triple A se negaba a acometer las redes de ampliación del acueducto y alcantarillado en el paupérrimo suroccidente de la ciudad y que ante la negativa ofrecieron una solución: se metían allí siempre y cuando le prorrogaran la concesión de explotación de los servicios hasta el año 2033. Una extorsión, en otras palabras, que permitió que el suroccidente se viera beneficiado con la llegada de redes con el vital líquido. Aclarando, además, que estos recursos de ampliación no los colocó la empresa Triple A, sino el gobierno central.
La ampliación del término de la concesión produjo interés en otras empresas españolas en su política de expansión internacional, como fue el caso de Canal Isabel que compró las acciones ofrecidas sin preguntar, en apariencias, sobre su origen legal. Así llegaron a Barranquilla.
Canal Isabel II adquirió el 75% de Aguas de América en 2001 por 73 millones de dólares. El 25% la abonó la sociedad Tecvasa. Para la Fiscalía Española –y aquí vienen las investigaciones y procesados en ese país por el caso Lezo- “Canal Isabel pagó 66 millones por encima del precio real de Inassa. Agbar vendió el 20% de Inassa por 7 millones de euros, lo que significaría que el precio total de la sociedad sería de 35 millones. Después la banca Rothschild valoró la sociedad en 97 millones de dólares y Capafi en 92. De los 73 millones que desembolsó el Canal y Tecvasa, 22 los extrajo de fondos propios y 51 se los pidió prestados al BBVA. El valor en libros de la sociedad es de 102 millones de euros, gana anualmente antes de impuestos 40 y su precio de mercado se acerca a los 200”. (El País). Esta era la suma en que aspiraba vender la Triple A en los mercados internacionales, propósito paralizado momentáneamente con la incautación de las acciones por parte de la Fiscalía General de la Nación de Colombia.
Desde que Canal Isabel compró Inassa hasta el corte en el año 2016, se han remitido a España 53,8 millones por la gestión, otros 21 por dividendos y 13 por uso del software y knowhow, para un gran total de 90 millones. Bastante frente a los precios de adquisición rondando los 55 millones de euros, dinero todo producido por los usuarios barranquilleros pues esta empresa aclaró en una sesión de la Comunidad de Madrid que “jamás había invertido un peso en la Triple A”. La diferencia la tenía la empresa valenciana Tecvasa – socios con Paco Olmos en la Sociedad de Acueductos del Sur del Atlántico- que recibió en el 2005 12 millones por su participación. “La sociedad gana 40 millones Edibta (antes de impuestos) al año, lo que, según fuentes de la empresa, hace que su valor real sea de unos 200 o más en el mercado”, dice el diario El País en su edición del 16 de enero de 2018.
Estas acciones y su manejo comercial en el mercado de valores con tácticas y practicas no propiamente santas es la que la se encuentran actualmente en manos de la Sociedad de Activos Especiales que no es garantía precisamente de transparencia administrativa ni lo que se parezca. Basta, como señalamos en un reportaje anterior que se encuentre adscrita a un funcionario mañoso en este tipo de especulaciones financieras con los servicios públicos como el Ministro de Hacienda Carrasquilla, cuestionado por maniobras relacionadas con la prestación de los servicios de agua.
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References: artículo 92
 artículo 23
 artículo 463
 artículo 132
 resolución 
 artículo 267
 artículo 6
 artículo 48