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Timestamp: 2018-10-19 11:28:36+00:00

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Monografia sobre Proceso Ejecutivo
La Novacion y Delegacion Definitivasss.
EL PAGO.doc
Modos de Extinguirse Las Obligaciones
Índice Lasarte Obligaciones
Instrumentos-Publicos-Notariales
Actividad Nª 13 Derechos Humanos
Actividad I Foro Individual
Adivinanzas Imagenes
derecho-notarial-desarrollo.pdf
Trabajo N° 03- Investigacion Derechos Humanos
Devolucion de Vehiulo
4to-prueba-matriz-CI.pdf
Actividad 2.- Foro
Actividad I.- Foro I.doc
Actividad I.- Foro I
_ORGANIGRAMA_ESTRUCTURAL_DEL_INTITUTO_NACIONAL_PENITENCIARIO.- Derecho Penitenciario.pdf
CONSIDERACIONES EN TORNO A LA NORMACION JURIDICA
SUSTANTIVA Y PROCESAL QUE SUSTENTA AL PROCESO EJECUTIVO
DR. VILLANUEVA BUTRON
ESMERITA INFANTE FLORES
SULLANA- PERU
1.- Introducción _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3
2.- Consideraciones en torno a la normación jurídica sustantiva y
procesal que sustenta al proceso ejecutivo en materia
económica _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _4
3.- Recomendaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26
4.- Bibliografía _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28
Situaciones todas motivadoras del tema que nos ocupa. con la deficiente economía nacional. la concurrencia de ciertos elementos subjetivos. algunas veces. titulado: "El proceso ejecutivo ante la jurisdicción económica. singularmente y de modo relevante con la materia civil. en consonancia con la Instrucción 183 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular. dedicándose el primero al análisis teórico doctrinal del conocido juicio ejecutivo.Introducción Con la inserción del proceso ejecutivo en las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares se pretendió implementar un proceso que contribuyese a dirimir los conflictos relativos a impagos de modo ágil.  Establecer las razones que motivaron "su separación" de la jurisdicción civil y siguiente inserción en las Salas de lo Económico. En el presente trabajo. resultaron propuestos los objetivos que se relacionan:  Como antecedentes se exponen algunas notas desde la posición teóricodoctrinal cubana sobre el juicio ejecutivo abordando consideraciones doctrinales sobre el proceso en el Derecho Comparado. El contenido se encuentra estructurado en dos capítulos. la eficacia de la implementación y aplicabilidad de este proceso se impacta casi a diario con situaciones objetivas relacionadas. reduciéndose así la gran cadena de débitos inter-empresariales existentes en nuestro país. como tema de disertación. 3 . Sin embargo. además de propiciarse la erradicación de la perjudicial indisciplina financiera aún presente. no obstante.  Evaluar la aplicabilidad de la legislación adjetiva civil en el proceso ejecutivo por la Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Camagüey a partir de las experiencias adquiridas tras su implementación. con la imposibilidad fáctica y coactiva de acción del órgano jurisdiccional. y otras.. sin desdeñarse. tomándose como referencia fundamental la doctrina y la jurisprudencia española dada la afinidad y continuidad normativa que el ordenamiento jurídico cubano posee con relación a la misma.
141 de 27 de septiembre de 1991. el que a su vez se encontraba compuesto por los órganos de Arbitraje Estatal Territorial en cada una de las provincias. y. un tanto históricos de las circunstancias que dan al traste. adscripto a dicho Comité Ejecutivo. la exégesis. La entronización del arbitraje estatal en nuestro país acaece por disposición especial de la Ley No. regulándose jurídicamente su organización y funcionamiento a través del Decreto No. se dispuso la creación de las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares. la primera legislación mercantil existente fue el Código de Comercio Español de 1889 con el que se comenzaron a utilizar todos los instrumentos de cobros y pagos en todo tipo de operaciones mercantiles (comercio exterior e interior). rigiendo su ordenamiento procedimental las "Reglas de Procedimiento del Arbitraje Estatal". de algunos rasgos cronológicos. los ambientales. 60 de 1979. y Decreto No. en definitiva. 89 de 21 de mayo de 1981. Decreto No. 1323 de 1976. si se quiere. rectoreados por el Órgano de Arbitraje Estatal Nacional. luego en una segunda fase entró en vigor el DL-24 4 . 23 de 1978. al menos en apretada síntesis. además de los litigios contractuales. 89 de 1981. En el caso de Cuba la Letra de Cambio ha sufrido varias etapas atemperándose a nuestras condiciones. las que precisaron ser atemperadas a las circunstancias actuales por mediación de la Instrucción No. Con la promulgación en 1991 del Decreto-Ley No. específicamente el proceso ordinario. emitidos todos por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. con la inserción del proceso ejecutivo en las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares. contenidas en el prealudido Decreto No.Consideraciones en torno a la normación jurídica sustantiva y procesal que sustenta al proceso ejecutivo en materia económica: Reflexiones de su aplicabilidad en la práctica judicial Resulta imperativo de la iniciación de este tópico. y por los órganos de Arbitraje Estatal adscriptos a los diferentes organismos centrales. "De organización de la Administración Central del Estado". atribuyéndoseles. 119 de 1983. dirimiéndose los litigios sometidos a la competencia de estas salas de justicia a través del proceso de conocimiento. 129 "De Extinción del Sistema de Arbitraje Estatal". integrándose por un sistema de órganos. Decreto No.
pagarés y cheques. la cual autoriza a las Salas de lo Económico de los Tribunales Supremo y Provinciales Populares a conocer los litigios surgidos en materia de letras de cambio. y en ausencia de regulación específica en el Decreto 89 de 1981 -. 1 DL-24). y del 473 al 526 (Libro Tercero. Título VII) "Del Embargo de Bienes". teniendo en cuenta la inserción del perfeccionamiento empresarial y la búsqueda de una mayor eficiencia en nuestra economía. en el territorio nacional. todos de la Ley No.del 15 mayo de 1979 limitando a la Letra de Cambio solamente en operaciones con el exterior. 223 "De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico de los Tribunales Populares". es por esto que el 18 de febrero del 2000. Y en virtud de esto. No obstante a esto. Títulos I al VI) "Del Proceso de Ejecución". y el embargo de bienes. el conocimiento por parte las Salas de lo Económico de los Tribunales Provinciales del proceso ejecutivo para. que se establece en su artículo uno. Cheques y Pagarés. y de hecho a utilizar los articulados de la LPCAL sobre el proceso ejecutivo. no es hasta el año 2001 con la promulgación del Decreto-Ley No. es necesario proveer lo pertinente a fin de determinar el órgano competente para resolver los litigios que se susciten de estos asuntos de los títulos valores. Luego de un profundo análisis por parte del Banco Central de Cuba (BCC) y el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. se dictó el ACUERDO No 3619. del 28 de diciembre de 1999. indicando también los sujetos autorizados a ello. se dicta la Instrucción 160 del CG del TSP. por los artículos del 460 al 472 (Libro Segundo. complementándose lo anterior con la Ley 77 de 1995 sobreInversión Extranjera. Posteriormente el 15 de febrero de 1982 entra en vigor DL-50. 5 . de Procedimiento Civil. el que se regiría – según la letra de la Disposición Especial Única del propio cuerpo normativo. del propio Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros. el cual autoriza experimentalmente el uso de las Letras de Cambio. de 19 de agosto de 1977.7. apartado quinto. eliminando de este ámbito a las empresas estatales (Art. Administrativo y Laboral. que va a crear a las Asociaciones Económicas entre entidades extranjeras y cubanas facultadas a utilizar en sus operaciones el Código de Comercio español de 1889 vigente en Cuba.
pese las tipicidades concretas diferenciadoras de ambas. estas utilizaban como medio de pago generalmente el cheque. que el proceso ejecutivo previsto en el cuerpo normativo reseñado resulte de imposible aplicación a la jurisdicción económica. algunos consideran que nacen vencidos.Con anterioridad a que sucediera todo esto y se insertara la letra de cambio en el sistema de cobros y pagos de las empresas cubanas. antes mencionado. pero no se resolvían los litigios de estos por el proceso ejecutivo. Detengámonos brevemente en este particular. lo que trasluce los inconvenientes que ocasionalmente provoca la aplicación de las prealudidas normas en la praxis judicial de las salas de la especialidad. de tal suerte. unido al hecho de que en realidad este proceso no resultó primigeneamente concebido para su implementación en la primera. el ya citado artículo 486 refleja los títulos de créditos que traen aparejada ejecución cualificándolos en tanto se aduce que sean títulos de créditos líquidos. pero en realidad existe desconocimiento. vencidos y exigibles. están estrechamente relacionadas con las 6 . Las salas de la especialidad rigen su actividad jurisdiccional en sede de proceso ejecutivo de modo esencial por el articulado del 486 al 498 de la ley de trámites civiles. de modo alguno. De lo expuesto a priori se colige que la inserción del proceso ejecutivo en materia económica trajo consigo que se aplicasen las propias normas jurídicas adjetivas de la jurisdicción civil. sino por el proceso ordinario. Adentrémonos sin más preámbulo en el análisis de proceso ejecutivo en materia económica a partir del articulado regulador del mismo en nuestra Ley Rituaria civil.P. por lo que las empresas que han presentado litigios en virtud de un cheque lo realizan en proceso ordinario por concepto de impago. también es necesario aclarar que la situación de los cheques en el sistema de cobros esta dada a que estos una vez que se libran. Desde una perspectiva doctrinal refiere la profesora Ojeda Rodríguez[20]que las obligaciones líquidas e ilíquidas. hasta que se dictó el D-L 223 del 2001. por lo que la LPCALE era inoperante para los mismos y las disposiciones existentes se hacían incongruentes. Sin embargo se hubieran podido presentar en D. sino que en realidad precisa de ciertas adecuaciones en aras de una coherente aplicabilidad. lo que no quiere decir.
solo que es exigible en cualquier momento. las obligaciones pueden ser:  a) Puras: son aquellas en que el vínculo no está sujeto a circunstancia alguna que limite sus efectos. Por lo que las obligaciones líquidas son aquellas cuya cuantía está fijada numéricamente. apartado 2. transcurrido dicho término el deudor incurre en mora. 234. El cumplimiento y su consecuente exigibilidad no dependen de un suceso futuro e incierto o de un término (art. y siguiendo a la profesora Ojeda Rodríguez[22]considerando su exigibilidad. En la doctrina jurisprudencial española[21]se considera que liquidez. 301 CCC). en ocasión de la regulación de lacompensación como modo de extinción de las obligaciones (art. Derivando de su distinción importantes consecuencias en cuanto a su cumplimiento y exigencia judicial. monetarias o dinerarias. no tienen la cualidad de líquidas aquellas obligaciones cuya cuantía ha de determinarse como resultado del pleito o aquéllas que se fijan como consecuencia de la prueba practicada en el proceso. 7 . pudiendo realizar el acreedor tal exigencia de forma inmediata. en consecuencia. Esta clase de obligaciones no supone un cumplimiento inmediato. pero tal como establece el artículo 234. o es suficiente una simple operación matemática para obtener su cuantía exacta. Los elementos referidos al vencimiento y la exigibilidad de los reseñados títulos de créditos también merecen algunas reflexiones. aun cuando existan bases para su determinación. a partir de qué momento podrá el acreedor exigir el cumplimiento. De otro lado. es aquello que no precise determinación en cuantía dentro del proceso o en fase de ejecución de sentencia. desde su aspecto jurídico. o sea. y el deudor puede cumplir de igual forma desde que la obligación se constituye. las obligaciones ilíquidas son aquellas cuya cuantía no se conoce. en tanto. a partir de la exigencia el deudor tiene un término de quince días para efectuar el cumplimiento. aún cuando el propio Código Civil cubano hace una brevísima referencia a ellas.obligaciones pecuniarias. apartado 2 CCC). aunque puede realizarse de esta forma.
apartado 2 CCC). por cuanto el acreedor sí tiene el derecho a recibir el pago. 234. Así.  c) Obligaciones a término: estas obligaciones también denominadas a plazo o aplazadas[23]son aquellas en las que se señala una fecha o momento a partir del cual comienzan o cesan los efectos de la obligación. si el deudor paga antes del vencimiento del término no podrá repetir lo pagado. apartado 1. las obligaciones pecuniarias son aquellas en que la prestación consiste en la entrega de una cantidad o suma de dinero. apartado1 CCC).53. atañendo éste a obligaciones netamente pecuniarias. por lo resulta de aplicación lo dispuesto en el señalado artículo 53. aun cuando puede existir cierta duda acerca del momento en que tendrá lugar. la muerte de una persona). En contraposición con las obligaciones condicionales. 54. apartado 1. El Código Civil cubano no regula expresamente este tipo de obligaciones. con tal que posean el valor y curso legal. en consecuencia. aún cuando este no era exigible hasta el momento del vencimiento (art. 8 . El cumplimiento y exigibilidad de la obligación se hace depender de un hecho futuro y cierto (art. apartado 1 CCC). en las obligaciones a término sí existe la seguridad de que el acontecimiento se producirá. se subordina el nacimiento y extinción de los efectos de una relación jurídica obligatoria a un acontecimiento futuro e incierto (art. En ellas los signos o medios solutorios son indiferentes. b) Condicionales: son aquellas en que por declaración de voluntad de las partes. mas no hemos abordado este tipo de obligaciones desde una perspectiva doctrinal que coadyuve al mejor entendimiento de las mismas. 54. (v. cuando ésta se encuentra insertada en un contrato no hay dudas que la obligación que con él se constituye será una obligación condicional.gr. en relación con el art. no obstante. el deudor está obligado a entregar al acreedor una suma que equivalga a la medida señalada en la obligación. la condición es regulada como elemento accidental del acto jurídico. Ciertamente el proceso ejecutivo conoce solamente de litigios referidos a impagos en tanto el elemento de la liquidez requerida en los títulos así lo obliga. en relación con el art. 234. en consecuencia.
El dinero es considerado abstractamente. Tampoco puede imponerse al acreedor que acepte ese documento. nunca deviene imposible. solo se consume para quien lo gasta. La imposibilidad subjetiva. Son susceptibles de compensación. El dinero nunca perece. pero hasta tanto se hagan efectivos. Para el juicio ejecutivo. como medida de valor o de poder económico. Esto no significa que el deudor se libere sino que con estos documentos de pago se facilita el mismo. 241. tipifican a las obligaciones pecuniarias. en la que el dinero puede ser entregado a ellos a cambio de un interés. inciso ch)). lo debido no son bienes y servicios sino valores en abstracto. de ahí que su prestación consiste en proporcionar al acreedor la disponibilidad de tal valor. Pueden hacerse efectivas mediante la entrega de títulos valores (pagarés. En caso de mora o incumplimiento se produce siempre y de forma automática un daño al acreedor. porque lo que se debe es abstractamente un valor.En este tipo de obligaciones el deudor no debe cosas sino un valor económico. aun cuando en ellas no cabe aplicar la regla de entregar calidad media. no es causa de liberación de la obligación para éste.  5. Por ello. insolvencia del deudor. 475 LPCALE). Algunos autores identifican estas obligaciones con las obligaciones genéricas. 301 CCC). como procedimiento de ejecución singular. 9 . por el juego de la cantidad y del sistema monetario.  3. cheques.  2. en consecuencia. No pueden extinguirse por la pérdida de la cosa. ya que en una economía monetaria caracterizada por la presencia de intermediarios financieros. la obligación. si bien esta forma de extinción de las obligaciones es extensible a bienes fungibles (art. se exige que el objeto de la deuda esté constituido por cantidad líquida (art. monetarias o deudas de sumas de dinero los siguientes rasgos:  1. letras de cambio) (art. el dinero se considera un bien productivo que genera frutos civiles. que se puede establecer y liquidar abstractamente de manera automática sin necesidad de prueba del perjuicio. el deudor no se libera de su obligación a menos que por culpa del acreedor se haya perjudicado. salvo pacto en contrario.  4.
de acuerdo con la naturaleza del acto. Teniendo en cuenta la anterior definición y nuestra legislación positiva. en su apartado 1. cuando se aduce a títulos de créditos líquidos. habrá tantas clases de escrituras como actos y negocios estos puedan contener. las partes concurrentes en el negocio y a la índole de la prestación autorizada.  e) A las modalidades de la obligación: escrituras relativas a actos puros.  f) A las formalidades del otorgamiento: escrituras con unidad de acto y con otorgamientos sucesivos.  b) A la naturaleza de la relación jurídica: escrituras inter-vivos y mortis causa. atendiendo a su contenido. existe poca incidencia de las escrituras públicas como títulos de créditos aportados al proceso ejecutivo ante la sala de la especialidad contentivas 10 . podemos clasificarlas:  a) A los comparecientes: unilaterales o bilaterales. El citado artículo 486 de la LPCALE.Luego de lo ya expuesto y retomando la normativa del art. 486 de la LPCALE. o manifestación de voluntad. así.  d) A la tipicidad o atipicidad de los contratos: escrituras relativas a contratos nominados o innominados. inicia refiriéndose. no debe entenderse sino deuda con contenido económico. condicionales o a término. modificar o extinguir derechos subjetivos de los interesados en las mismas. Por lo que didácticamente podemos definir con el doctor Verdejo[24]a la escritura pública como el documento público notarial cuyo contenido es un acto o negocio jurídico.  c) A la índole de la prestación: escrituras a título oneroso o gratuito. existiendo estos. deducible fácticamente en un numerario determinado. se alude a un crédito arribado a la fecha de vencimiento y no sometido a término ni modo que modalice su exigibilidad o que. Sin embargo. en tanto al referirse a las acepciones de vencidos y exigibles. capaz de crear. ya se ha cumplido el primero o a acaecido el hecho o acontecimiento cualificador en el segundo. como tales títulos de crédito que generan ejecución a los testimonios de escrituras públicas expedidos con arreglo a la ley.
Claro que debe perderse de vista la competencia atribuible a la salas de la especialidad.de actos o negocios jurídicos suscritos entre partes. un contrato de préstamo. acudiendo en tal asistencia el artículo 281 de la LPCALE el que dibuja un orden de prelación de los que considera documentos públicos. no obstante parecer amplia la normación jurídica reguladora de este tópico. que no es del todo esclarecedora y consecuente en la diferenciación y calificación concreta de tales documentos. por ejemplo. de acuerdo con el artículo 487. tal pudiese ser. En el caso de las facturas es necesario señalar que existe la tendencia a ser presentada en la 11 . refiere: los documentos privados cuyo reconocimiento o el de su firma se pida y obtenga en diligencia previa a la ejecución. mercantiles y privados". En este particular debe destacarse primigeneamente cuáles documentos se consideran públicos y cuáles privados. debiendo destacarse que en ocasiones las partes acompañan otros documentos como estados de cuentas de las entidades que representan instando el reconocimiento de documento privado con sujeción al apartado 2 del artículo 486 de la LPCALE. al menos en la provincia Camagüey. no siendo estos en realidad actas de conciliación en que ambas partes plasmaron su rúbrica y los respectivos cuños acreditativos de las mismas. Debiendo considerarse además la Instrucción No. de 27 de abril de 1983 del Tribunal Supremo Popular: "Sobre los documentos que tienen el carácter de públicos. esbozando sucintamente en su párrafo último que: son documentos privados los formados por particulares y los demás no comprendidos en el apartado anterior. esto. por lo que no consideramos que deban reputarse tales documentos como privados susceptibles de tutela jurídica en el precitado apartado 2 del artículo 486 LPCALE. 108. siendo estas las de mayor incidencia en el proceso que nos ocupa. El apartado 2 del artículo 486 de la LPCALE. aunque consideramos. las que en su caso deben presentarse y tramitarse de modo directo en demanda ejecutiva en tanto el reconocimiento del que es objeto ante notario público dispensa de dilación alguna en diligencias previas al ejercicio de la correspondiente acción. Los documentos privados acompañados casi cotidianamente en los procesos ejecutivos son las actas de conciliación suscritas entre las partes. bancarios o de comercio.
de 28 de marzo del 2003 del Tribunal Supremo Popular. Debe recordarse que a tenor de la Instrucción No. razonamiento que nos parece atinado en tanto las facturas pueden refrendar operaciones mercantiles viejas o ya honradas por la deudora por lo que en una mera confesión de deuda se posibilita fehacientemente que el deudor que ya hizo efectivo el pago no reconozca el débito tal establece el párrafo último del artículo 491 LPCALE. Por estas razones somos del criterio que las Actas Conciliatorias recogidas en este 12 .personalísimo. El apartado 3 del artículo 486 recoge como título de crédito con fuerza ejecutiva a la confesión de deuda en diligencia previa a la ejecución. y de modo forzado. y no el ejecutivo que es lineal y no de conocimiento. acreditándose con una resolución del director que lo faculta. o pudiera asistir el director económico. de no realizarlo voluntariamente el deudor. no admitiendo así a los fines de este proceso. Siendo atinado reflexionar que en todos los casos el confesante sea el Director de la entidad. que tiene otra naturaleza. Por lo que en este caso no se requiere de documento alguno acreditativo del débito sino que tan solo se solicita que el deudor comparezca ante el tribunal y manifieste su posición en torno a la deuda por el importe señalado por el acreedor confesando o no su veracidad. ya que además las facturas. se diferenciaron meridianamente las diligencias previas y el requerimiento de pago como trámites separados e independientes. por considerarse un documento probatorio a los fines del proceso ordinario.sala como un documento privado. de ninguna forma cumple el requisito de documento privado. sino que las mismas se contemplen como una mera confesión de deuda en ellas amparadas por la letra del apartado 3 del artículo 486 LPCALE. considerando este acto. Ha sido tendencia del Tribunal Supremo Popular que no se reconozcan a las facturas como documentos privados según el apartado 2 del artículo 486 LPCALE. efectivo el pago requerido. 172. incluido el criterio de la sala del Tribunal Supremo Popular de la República. por lo que el reconocimiento de estos documentos privados en diligencias previas requieren la interposición de la prudente y posterior demanda ejecutiva para hacerse. quien ostenta la representación legal de la entidad que representa.
ya que de la revisión de los expedientes existe un 20 % alegando esta falta de legitimidad y en el 70 % de los revisados no se hace constar en las actas si existe compromiso de pago y mucho menos a que fecha. para poder presentarse en diligencia previa. sin necesidad de reconocimiento del librador. avalista o endosante. dándole mayor transparencia y credibilidad a esta ejecución. El apartado 4 del artículo 486 LPCALE refiere los cheques y los pagarés.propio apartado número 2). tampoco resulta de aparición cotidiana ante la sala de la especialidad en tanto los gastos del protesto notarial sobre la cantidad o importe que contiene la letra provoca que las entidades generalmente no la protesten dejando expedir el término legal para ello concedido. por lo que recoger el requisito para este documento. y las letras de cambio con sus correspondientes protestos. siempre que no hubiere opuesto tacha de falsedad de la firma o de la aceptación en sus respectivos casos. para que sean personas capacitadas y autorizadas a tales fines. sería ganancias procesales y garantía para las partes. nominativos o a la orden. aceptante. acudiéndose directamente a la demanda ejecutiva. a las demás personas obligadas al pago. lo que no pocas veces se ha alegado la falta de legitimidad. por lo que de existir esta con anterioridad deberá solicitarse nuevamente a los efectos de tenerse en cuenta en este nuevo proceso. deben ser exigidas para la normativa de la sala de la especialidad con mayor profesionalidad. Expone además este apartado 3 del artículo 486 LPCALE. ya que no en pocas ocasiones se concilia por parte del acreedor con un comercial. La mayor incidencia que encontramos en este particular lo constituyen las letras de cambio protestadas. ya que el director pudiera facultar a un directivo o funcionario de contabilidad la responsabilidad de conciliar. que no tendrá validez alguna en este proceso la confesión que conste o se haya obtenido de cualquier modo en otro proceso. al tiempo de protesto o de la notificación del mismo. lo que sería demostrado a la sala con una copia de la misma. las que por el propio reconocimiento a que fueron objeto mediante protesto notarial dispensan del trámite de diligencias previas. perjudicándose este título valor y recurriéndose a la sala con 13 . funcionario y hasta con una persona ajena al departamento contable y/o de dirección de la entidad deudora. Sin embargo.
debiendo presentarse. 8 días. a pesar de existir protesto notarial extemporáneo.el presupuesto autorizado en el apartado 5 de este artículo 486 LPCALE el que refrenda: los propios documentos.. el juzgador debe rechazar la interposición de demanda ejecutiva por estos motivos.... El párrafo segundo de este artículo señala un término no posterior a siete días para el señalamiento y citación. 14 . por ejemplo. De donde se colige la relación con el apartado 2 del artículo 486. tendrá que hacer uso de su racional arbitrio judicial para determinar cuando la incomparecencia resultó motivada por causa justificada y en consecuencia proceder conforme a derecho. el artículo 487 LPCALE consagra el carácter personalísimo del acto de reconocimiento a que debe concurrir la persona señalada por la promovente en tanto expone: .de no comparecer. se le tendrá por conforme. además de que no se deben imponer costas procesales a la ejecutada al interponerse en su momento la demanda ejecutiva con motivo de los gastos de protesto en tanto la ejecutante producto de su negligencia e impericia incurrió en ellos. De otro lado.. Cuestión de interés resulta el hecho de que la letra de cambio se proteste con posterioridad al término fijado en el Código de Comercio. Días que a pesar de no esclarecerlo específicamente este precepto se conoce que son hábiles por imperativo del artículo 105 LPCALE.. esto es... así. el emisor del pagaré o el aceptante de la letra. una letra de cambio perjudicada. aun sin el protesto mediante reconocimiento a que se contrae el apartado 2 de este artículo. elementos que no pueden operar en perjuicio de la ejecutada.se citará a la persona contra la cual se dirija. y en ausencia de definición al respecto.. a diligencias previas al ejercicio de la subsiguiente acción anterior a la interposición de la posterior demanda ejecutiva. abordando además que. De donde el órgano jurisdiccional. por lo que en tal sentido la letra resultaría perjudicada debiendo presentarse a diligencias previas al ejercicio de la correspondiente acción según lo preceptuado en el numeral 5 en relación con el 2 del artículo 486 LPCALE. debiendo mediar no menos de tres con antelación a la realización de éste y que deberá estar en conocimiento de las partes. aunque solo contra el librador del cheque.. sin justa causa.
Sin embargo. por medio de un familiar mayor de dieciséis años que resida en el mismo domicilio. refiriendo que la citación deberá hacerse personalmente o. personas naturales. Aspecto este que sí puede ser aplicable a la jurisdicción económica ya que ciertamente pueden acudir a la sala de la especialidad particulares. mas. contentivo de elementos procedimentales conocidos por los operadores del derecho. por lo que la ley debe prever además que se entienda debidamente citada a la entidad que se trate a través de cualquiera de sus directivos o ejecutivos.como lógicamente no podía ser de otra manera -. 15 . por ejemplo.Podemos destacar que el término antes expuesto provoca no pocos inconvenientes en la práctica. lo que le posibilitaría al órgano jurisdiccional entender que se ha efectuado el diligenciamiento conforme a derecho y proceder indubitadamente por el cauce procedimental correspondiente en caso de incomparecencia. de los agricultores pequeños. esto es. máxime cuando se precisa del auxilio judicial al poseer las entidades. o a través de la secretaria del director o gerente general de la misma. a pesar de que así se opere en la práctica. se requiere de adecuaciones en tanto lo frecuente lo constituye el hecho de acudir a entidades estatales o privadas para realizar la correspondiente citación judicial. no porque se desconozca sino por lo interesante que resulta. El artículo 489 refleja la naturaleza puramente civil con que fue concebido el proceso ejecutivo en la ley de trámites . consideramos que este término de ley no es susceptible de una extensión muy superior en tanto se desnaturalizaría la celeridad y concreción que han de caracterizar al proceso ejecutivo en aras del cumplimiento de su cometido. su domicilio legal en una demarcación territorial fuera de la de la sede del tribunal. No consideramos prudente detenernos en el análisis de los artículos del 490 al 494 de la LPCALE. fundamentalmente la ejecutada. mas precisamos esbozar algunas consideraciones en torno al artículo 495 LPCALE. siendo en ocasiones insuficiente para cumplimentar apropiadamente los diligenciamientos pertinentes. y aunque parezca paradójico. en su defecto. como es el caso.
El señalado artículo 495 LPCALE expone excepciones indubitablemente tasadas. El numeral 1 de este artículo 495 recoge como excepción la falsedad o carencia de fuerza ejecutiva del título o del acto que le hubiere dado tal carácter. esgrimiese la falsedad del mismo. la parte ejecutada solo puede oponer las excepciones que taxativamente recoge el artículo 495 LPCALE. esto es. concediéndole la ley el derecho de realizar estas alegaciones en contestación a la demanda. lo que no empece a que en la práctica la ejecutada conteste la demanda haciendo alusión o referencia a otros particulares no contenidos en este artículo con el propósito de ilustrar al tribunal su estado de insolvencia. lo que no puede ser óbice alguno para continuar la sustanciación del proceso por sus cauces legales. etc. adjuntándose el citado escrito a las actuaciones a este solo efecto. el titulo valor con el que en más ocasiones las partes acuden a la Sala. lo que implicaría el cumplimiento de la obligación contraída por el deudor el cumplimiento o pago constituye el modo más normal de extinción de las obligaciones. por lo que nuestro organismo superior nos ha llamado a exigir que en el mismo se consigne el compromiso de pago a fin de que cumpla el requisito de un líquido vencido y exigible. por ejemplo.En su escrito de contestación a la demanda ejecutiva. En este sentido debemos de referir que. no se pueden esgrimir ningunas otras. es el acta conciliatoria. 16 . por cuanto es la forma satisfactoria por excelencia ya que conduce al logro del interés del acreedor. El numeral 2 del artículo 495 está referido al pago. y en posterior trámite de demanda ejecutiva. y la certeza de la deuda en el mismo plasmada. lo que no empece la interposición posterior de proceso ordinario tal se expondrá a posteriori. Y es uno de los modos de extinción de las obligaciones. aunque existan. pero tampoco debe desdeñarse tal proceder en tanto la ejecutada puede haber advertido este extremo con posterioridad. Claro que resultaría paradójico el hecho de que la entidad ejecutada en diligencias previas reconociese la autenticidad del documento – que pudiese ser. un acta de conciliación -. en refutación de las alegaciones de la promovente. en tanto ninguna otra de las no contenidas en éste impediría el remate según la letra del párrafo último del mismo.
correspondiendo al tribunal la valoración pertinente debiendo percatarse de la fecha de los respectivos créditos y su ascendencia en tanto puede pretenderse compensar créditos anteriores ya inexistentes. 301 CCC). La alegación de esta excepción se ha presentado con poca frecuencia en la sala de 17 . tras lo cual se decidirá sobre la procedencia o no de la misma. a la promovente a los efectos de manifestar su posición al respecto. cada una de las partes puede compensar su deuda con su crédito. de esta. correspondiendo al tribunal la valoración pertinente debiendo percatarse de la data de los respectivos créditos y su ascendencia en tanto puede pretenderse compensar créditos anteriores ya inexistentes. las obligaciones de aquellas personas que por derecho propio sean recíprocamente acreedoras y deudoras la una de la otra. dándose traslado . y consiste en dar por pagada la deuda de cada uno en cantidad igual a la de su crédito que se da por cobrado en otro tanto. mas sí ha sido acogida en ocasiones al demostrarse fehacientemente su procedencia teniéndose en cuenta los aspectos antes mencionados. La alegación de esta excepción se ha presentado con poca frecuencia en la sala de la especialidad en la provincia Camagüey. a la vez. la ejecutada puede alegar esta excepción al ser la ejecutante deudora. la ejecutada puede alegar esta excepción al ser la ejecutante deudora. hasta la ascendencia del crédito menor. entre personas que son recíprocamente acreedoras y deudoras. El numeral 3 de este artículo 495 expone: compensación de crédito líquido que resulte de documento que tenga fuerza ejecutiva. Según el Código Civil cubano si dos personas son recíprocamente deudoras por prestaciones monetarias o de la misma especie.como en todos los casos en que se acoja una de las excepciones del artículo 495 LPCALE -. De manera que por compensación ha de considerarse aquella causa por la que han de extinguirse en la cantidad concurrente. a la vez. (Art.Por lo que al hacerse uso de esta excepción el deudor deberá acreditar debidamente que ha hecho efectivo el pago requerido. Siendo eso así. cumplidas en dinero o cosas fungibles. de esta. líquidas y exigibles. Siendo eso así. La compensación es un modo de extinción de las obligaciones.
La razón de ser de su construcción jurídica la encontramos. ya que este extremo es aplicable en toda su extensión a personas naturales. por lo que sin duda alguna entra en contradicción con la Ley de Procedimiento vigente al preverla. en su origen histórico. Por tanto. de la voluntad de quienes lleven a cabo la novación. Por lo que las partes pueden haber acordado con sujeción al principio de la autonomía de la voluntad no solicitar el cumplimiento de la obligación por el término pactado. No podía transferirse a otro acreedor o ser asumida por otro deudor. la que debe estar debidamente registrada como norma y regula la contabilidad. obligación nueva creada para reemplazarla. se exigía la concurrencia de varios requisitos para que la novación clásica funcionara: obligación anterior. esto es. siendo ilógico que una entidad pacte con otra no pedir ni reclamar una deuda. o sea. En este sentido debemos comentar que este es uno de los numerales que a nuestro juicio no es aplicable en la Sala. En el Derecho Romano el vínculo derivado de la obligatio tenía carácter estrictamente personal. Tradicionalmente se ha entendido por novación la extinción de una obligación mediante la creación de otra nueva destinada a sustituirla o reemplazarla. 18 . pues todo se hace depender del animus novandi de las partes. una diferencia entre ambas. y aliquid novum. de donde podemos colegir que la acreedora no podrá interponer proceso alguno en violación de lo acordado. ya que ninguna persona jurídica está autorizada a efectuar un pacto o promesa de no pedir. ya que iría en detrimento de su economía. mas sí ha sido acogida en ocasiones al demostrarse fehacientemente su procedencia teniéndose en cuenta los aspectos antes mencionados. ante todo. Ya en el Derecho Romano justinianeo se transforma esencialmente. Detengámonos sucintamente en lo atinente a la novación no prevista como tal en la normación jurídica civil sustantiva. El apartado 4 del artículo 495 LPCALE refiere: pacto o promesa de no pedir.la especialidad en la provincia Camagüey. aunque tales extremos deberán hacerse constar de modo que pueden demostrarse posteriormente. novación o transacción que conste de documentos fehacientes.
máxime cuando se trate de entidades estatales donde la cesión de los créditos provoca – sin embargo en las sociedades mercantiles privadas si existe en el caso por ejemplo de las liquidaciones -. además de que es otro ejemplo del espíritu netamente civil de la legislación adjetiva por cuanto en materia económica no es muy dable a que opere la misma en el mundo interempresarial. entendiéndose que se está ante una modificación y no ante una extinción. El legislador español estableció una presunción a favor de la intención de modificar. siendo un atisbo y rezago heredado desde la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1886. Lo que resulta mucho más ventajoso. Este tipo de novación supone también una obligación preexistente que funcionará como causa al acuerdo de voluntades o contrato modificativo que en este caso va dirigido a modificarla. Se advierte entonces que la novación como institución jurídica no posee respaldo jurídico civil sustantivo. posición que ha sido confirmada por la jurisprudencia. En la doctrina no sólo se alude a esta novación extintiva. Esta posición es la seguida por nuestro Código Civil que no dedica precepto alguno a la figura de la novación. la que constituye ciertamente excepción perentoria que se manifestará en contestación a la demanda en el proceso. constituyendo una figura doctrinal con poca incidencia práctica.Posteriormente. sino a la cesión de créditos y a la asunción de deudas en su artículo 256 y siguientes. también llamada novación propia. sino que asimismo se considera que existe una novación impropia o modificativa. Reconoce el numeral 5 del artículo 495 LPCALE a la prescripción. con la despersonalización del vínculo se acentúa su crisis y llega a admitirse que el cambio de sujeto pueda realizarse sin extinguir la obligación anterior (cesión de créditos y asunción de deudas). por lo que tras la realización del acto de diligencias 19 . operación más ventajosa para el acreedor en el artículo 1204 del Código Civil español. Determinar si la voluntad de las partes iba encaminada a modificar o extinguir es tarea hermenéutica en todo caso. en otras entidades estatales pudieran existir alteraciones y variaciones desde el punto de vista contable que dificultarían en todo caso su aplicabilidad.
dentro de los términos de prescripción establecidos en el ordenamiento civil común. plantea que el término de prescripción para las letras de cambios protestadas o no protestadas es de 3 años. Todo nos lleva a concluir que al presentarse la misma fuera de este término se le franquea a la ejecutada la posibilidad legal de hacer uso de esta excepción. con el cual se dará por concluida la actuación judicial solicitada. lo que es realmente así cuando no se ha interpuesto acción alguna. de conformidad con lo establecido en el apartado que precede. por ejemplo. pero sin embargo en la actualidad a través de la practica jurisdiccional esta propia sala ha esbozado que dichos funcionarios deberán estar autorizados expresamente por la figura de su 20 . se harán constar mediante auto numerado. El numeral 6 del artículo 495 LPCALE aduce a la plus petición. respecto a lo cual el Tribunal Supremo Popular[25]ha esgrimido criterios de que cualquier funcionario de la entidad es responsable de sus actos. Reconociendo el artículo 116 del Código Civil como término de prescripción el de 1 año. haber realizado pago parcial alguno a esta. se practiquen las diligencias previas como mero trámite judicial. lo que se entenderá facultado para hacer. confirmando o no el reconocimiento de la firma o la confesión de la deuda. la cual alega en su Por Cuanto SEGUNDO: En los Casos en que.previas a la vía ejecutiva el ejecutante cuenta con el término de un año para interponer la demanda ejecutiva. El numeral 7 se dedica a la falta de legitimación activa o pasiva. Esta excepción ha tenido su incidencia en la actividad de la sala de la especialidad fundamentalmente en el hecho de que se alega por la ejecutada que no se suscribió el documento privado por la persona facultada para ello. sin especificar a quienes le da la categoría de funcionarios para estas funciones. sin que sea pertinente conceder plazo alguno a la parte actora para presentar la demanda del proceso ejecutivo. en base al título reconocido. la que no provocaría en puridad la extinción de la obligación contraída sino que la misma se encamina a reducir el importe solicitado por la promovente en demasía. los resultados de éstas. No obstante a que el artículo 950 CC. según la Instrucción 172 de 28 de marzo del 2003. poseyendo la ejecutada la carga de la prueba en este sentido debiendo acreditar.
lo que nos indica que se ha ido ganando en conocimiento de los que preceptúa el artículo 498 de la vigente LPCALE. presentando este artículo 113 del derogado Decreto 89. sino formal. el máximo órgano de justicia[26]generalmente. No obstante. La única causa de inadmisión de la revisión resulta su interposición extemporánea donde se rechazaría mediante auto. ya que esta especialización y profesionalidad al otorgarle mediante resolución si no fuera el director a un directivo. para una vez resulto el proceso ejecutivo promover proceso Ordinario. quedándole a las partes expedita la vía del proceso de conocimiento ordinario sobre el mismo tópico. criterio este corroborado por el Presidente de la Sala de la máxima instancia judicial y a lo que como hemos expresado anteriormente reiteramos que nos afiliamos. El numeral 8 refleja la falta de competencia. le da seguridad a las partes en sus relaciones monetarias mercantiles y mucha más transparencia al proceso dentro de nuestras salas. rechaza mediante auto la solicitud de revisión en proceso ejecutivo exponiendo en 21 .representante legal ( el director de la entidad). debiéndose tener presente lo establecido en el artículo del Decreto-Ley No. con motivo del cual la sentencia de remate dictada en este proceso no posee fuerza de cosa juzgada material.223: "De la jurisdicción y competencia de los Tribunales Populares". Por otra parte y finalmente: Refirámonos al artículo 498 LPCALE. y hasta donde hemos podido conocer. una redacción ambigua que no permite esclarecer si se rechaza por el tribunal ad quem o el ad quo. Así. entendiendo el Tribunal Supremo Popular que corresponde a ellos su inadmisión debiendo impulsárseles por el conducto reglamentario ya se hayan presentado en el término de ley o no. se han presentado revisiones de procesos ejecutivos las que en su momento recibieron su correspondiente impulso para ante el Tribunal Supremo Popular siguiendo la letra del artículo 113 del derogado Decreto 89. y aunque sin fundamento legal antes de la promulgación del Decreto Ley 241 del año 2006. Desde el año 2006 y hasta el presente no se ha producido nuevas solicitudes de revisiones.
se ha constatado una disminución en la radicación. en los años 2003.sus CONSIDERANDOS que no se tipifican ninguno de los supuestos del artículo 111 del Decreto 89. siendo este proceso el que lleva el peso de la radicación de la sala en comparación con la incidencia del proceso ordinario. con el cual estamos contestes. como nos remite la Instrucción 172 del CG del TSP. ó se suspende porque el mismo alega causas impeditivas para comparecer. que por demás son elaborados por la propia sala al no recibirse del Tribunal Supremo Popular. y 2004. mas no se puede negar que provoca afectaciones a la economía y patrimonio nacional al procederse en doble radicación y doble tramitación con los correlativos gastos en modelaje necesario. ha traído aparejado ventajas desde el punto de vista del trabajo de las salas de la especialidad. porque además es radicado en un libro lo que conlleva toda la ritualidad de una actuación que no es simple y lleva trámites que definen una deuda en muchas ocasiones millonaria. Tras la implementación y puesta en vigor de la mentada Instrucción 172. La franca diferenciación del trámite de diligencias previas y demanda ejecutiva – por imperativo de la Instrucción No. Tras la panorámica realizada en torno a la normación adjetiva esencial que informa al proceso ejecutivo queda exponer que este proceso presenta matices diferenciadores de la jurisdicción civil. tal se ha venido ilustrando. y que cuando no se presenta el representante legal citado. y sin embargo no es así. que no aconsejan la copia al carbón para su aplicabilidad en materia económica. Somos del criterio que el proceso ejecutivo pudiera introducirse una opción para la especialidad y dejar a la voluntad de la parte de presentar Demanda con la solicitud de diligencia previa ó tener la posibilidad de presentar solamente la diligencia previa con el término establecido. sumado a esto la explosión de radicación[27]que posee este proceso. enmascarando la diligencia previa como un mero trámite. ya que a pesar de que se le ha denominado Diligencias de un trámite. además de hacer alusión a la letra del artículo 498 LPCALE. la propia Instrucción de obliga a que lo radiques y le des cierto carácter de expediente. 172 -. nada comparable con lo que ocurre en las salas civiles. debiendo volver a efectuar acciones en este 22 .
acudiéndose en ocasiones a la vía telefónica en evitación de la dilación innecesaria de los actos previstos en el término de ley y en beneficio de la resolución de la sala. provoca no pocos inconvenientes al encontrarse casi la totalidad de las entidades en la periferia de la ciudad. En la práctica jurisdiccional. ni se citen a las partes con no menos de tres días de antelación (art. "De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico". aliviado en algo por los recursos informáticos que en algunos tribunales tributan a la agilidad y en otros casos se entorpece si no es eficiente del servicio. las Salas de lo Económico han venido enfrentando las limitaciones resultantes de la aplicación parcial de la expresada Ley de Procedimiento en el ámbito de las relaciones ínter empresariales.. por lo que para cumplir tales postulados la sala precisa de esfuerzos indecibles. el diligenciamiento con ayuda de las únicas 4 secretarias de la actividad jurisdiccional que se ocupan de toda la tramitación. de igual modo que al acudirse al auxilio judicial no resulta fácil que se cumplimente este en el término legal. sin que resultara de aplicación por las referidas Salas la restante preceptiva del propio ordenamiento procesal. 241 de 26 de octubre del 2006 se dispuso la modificación de la Ley de Procedimiento Civil. 487 LPCALE). Administrativo y Laboral. 223 de 21 agosto del 2001. incorporando a esta el Procedimiento de lo Económico. Mediante el novedoso Decreto Ley No. en particular en lo referente a la práctica de las diligencias previas a que se contrae el articulo 486 incisos 2) y 3) del referido texto legal.caso una nueva diligencia de citación dilatando el tramite y aumentando el número de acciones a practicar. Además. de conformidad y con sujeción a lo establecido en el Libro Tercero de la Ley de Procedimiento Civil. Administrativo y Laboral. disponiéndose a la vez la 23 . se dispuso el conocimiento por las expresadas Salas de Justicia de los procesos ejecutivos que se promovieran por los sujetos de la contratación económica. La Sala de lo Económico del Tribunal Provincial Popular de Camagüey ha realizado un análisis en algunas de sus reuniones técnicas tras los más de 3 años de aplicabilidad efectiva de la Instrucción 183 y que comentaremos a continuación: Mediante Decreto Ley No.
129 de 1991 "De la Extinción del Sistema de Arbitraje Estatal" y 223 de 2001 "De la Jurisdicción y Competencia de las Salas de lo Económico".. requieren de representación o dirección letrada. En este supuesto le permite a la parte promovente a solicitar en el trámite de diligencias previas la medida cautelar en defecto del pago inmediato. Laboral y Económico. hace posible y necesario fijar determinados criterios orientados a garantizar una aplicación uniforme de dicha preceptiva en la práctica de las diligencias previas en la preparación de la acción ejecutiva. por la Ley de Procedimiento Civil. 183. pasando estas a regirse. sin duda alguna esto ha representado más calidad en el trámite. suprimiendo que el tribunal a quo por la omisión en la demanda ejecutiva de tal solicitud le ponga un defecto formal a la demanda. Administrativo.derogación de los Decretos Ley Nos. Administrativo. en tal sentido procedemos a reflejar la experiencia que en la práctica jurídica de la sala significan cada uno de sus apartados: Las solicitudes de diligencias previas. Esto significa que el abogado es el único facultado para la presentación del trámite de Diligencias Previas. íntegramente. Todos estos fundamentos fueron argumentados para que el Consejo de que le Gobierno del Tribunal Supremo Popular acuerda aprobar la INSTRUCCIÓN No. en cualquier caso. ya que en todos los casos se 24 . no le será necesario a ésta satisfacer de nuevo dicho requisito formal. debiendo el tribunal actuante. Laboral y Económico (LPCALE). traer a vista y unir a cuerda floja el correspondiente expediente de diligencia previa. Administrativo. Laboral y Económico. 89 de 1981 "Reglas de Procedimiento de Arbitraje Estatal" de aplicación por las expresadas Salas de lo Económico. así como del Decreto No. de conformidad con lo establecido en el artículo 754 de la Ley de Procedimiento Civil. y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 66 del propio texto legal. La expresada modificación legislativa a la vez que posibilita una aplicación más coherente y sistemática de la citada Ley de Procedimiento por las Salas de lo Económico. como paso a ser designada. En el supuesto de quedar preparada la acción y presentar la parte actora la ulterior demanda ejecutiva de conformidad con lo preceptuado en el artículo 492 de la Ley de Procedimiento Civil.
ambos de la Ley de Procedimiento Civil. Laboral y Económico. Este precepto ha sido a nuestro modo de ver una aplicación del principio de concentración. es obligado que el mismo contemple. que impida la admisión a trámite del escrito de solicitud. basta que quien represente a la parte actora ostente un poder general. Tratándose de trámite preparatorio del proceso ejecutivo. Administrativo. de manera expresa las mencionadas facultades.. el tribunal deberá limitar su actuación a proveer sobre su subsanación conforme a los términos a que se contrae el artículo 225. En este caso no se ha confrontado dificultad ya que las partes siempre y hasta el presente ha acreditado su capacidad.unen las diligencias previas a la demanda ejecutiva. inciso 2). Este apartado es claro y ofrece facultades al poder general exonerando de los requisitos que el propio artículo refleja. párrafo tercero. para que dicho apoderamiento pueda tener ulterior validez y eficacia en proceso ejecutivo. No obstante. sin que se requieran de las facultades especiales a que se refiere el propio precepto legal. lo que en su defecto deberá ser objeto de la correspondiente subsanación. Laboral y Económico. en relación con el artículo 233. De observarse defecto formal en el modo de proponer. sin lo cual no podrá darse curso a dicho proceso. Administrativo. no estando establecidos requisitos formales o de contenido del mismo. 25 . quiere decir que se le da supremacía al poder general. conforme lo autoriza el artículo 72 de la Ley de Procedimiento Civil.
donde se indique bajo que requisitos se considerará. Asimismo en la facultad de derecho de la Universidad de Camagüey. Que se realice un Acuerdo Conjunto: Tribunal Supremo Popular. en el Departamento de Divulgación Judicial del mencionado Tribunal.  4. Que se modifique la normativa jurídica del proceso ejecutivo prevista en la Ley Rituaria civil. con la posibilidad de radicar independientemente esta última opción (la diligencias previas). Que se modifique la LPCALE y se incluya la posibilidad de presentar la demanda ejecutiva con solicitud de diligencias previas en un solo acto y que se deje la posibilidad de presentar la diligencia previa independiente como se hace a tenor de la Instrucción 172 del CG TSP. hasta tanto se modifique y se incluya en la LPCALE.  2. Que se analicen los resultados en el Grupo de Perfeccionamiento Empresarial en la Provincia. propiciándose de conjunto la paliación de la gran cadena de impagos y la indisciplina financiera existente en nuestro país. en aras de su mejor aplicabilidad a la materia económica dado los rasgos distintivos tipificadores y diferenciadores de ambas. (se anexa proyecto-formato de ambos libros a los efectos de aprobarse por el CG del TSP). como se anexan proyecto de instrucción y de citación para aprobar con el CG del TSP)  3.  6. Que se dicte una Instrucción por el consejo de gobierno del Tribunal Supremo Popular. 26 . las actas conciliatorias y simples confesiones para ser aceptadas por la Sala de la especialidad. con el objetivo de promover el conocimiento y dominio de la actividad y repercusión del proceso por parte del empresariado cubano. Banco Central de Cuba y los ministerios. Que sea utilizado como fuente bibliográfica de los alumnos y profesores de la escuela judicial del Tribunal Supremo Popular.RECOMENDACIONES  1. que posibilite la armonización de todas las fuerzas. (como debe decir la citación judicial para estos casos.  5.
? p?gs 25 y ss. Vol. 2? Edici?n. y   185 y ss. Vid. Madrid. ?bidem. 1985. Vol. II. Nancy de la C. Volumen I. y Delgado Vergara. ?bidem. Sentencias del Tribunal Supremo Espa?ol: 3 de Junio de 1946. Carreras Llansana. Tomado de dietsp[arroba]ceniai. Up Supra. ?bidem. 1977. p?g 57.cu. Bibliografía  Vid. Jorge: ?Consideraci?n General del Juicio Ejecutivo?. 7. II. 1991. ?bidem. p?gs 116-117. 2001.derecho. Vis?tese adem?s bolet?  n[arroba]derecho. Cita de Ojeda Vergara. Ob Cit. La Habana.mercantil. Ojeda Rodr?guez. P?gs 553 y ss. p?g 128. Tomo I. Que se imparta un curso o seminarios en coordinación con la cámara de comercio de la provincia.com/. alojado en http://www.Editorial  F?lix Varela. ?Estudios de Derecho Procesal?. para ampliar el conocimiento y repercusión del proceso entre los empresarios y funcionarios que necesariamente intervienen en la retroalimentación monetaria.: ?Tratado de Derecho Procesal Civil?. Vid. Ob. Jos? Mar?a: ?Derecho de Obligaciones?.  Cit. p?gs 94 y 95.inf. p?g 116. Madrid. Lete del R?o. 1778. Teresa: ?Teor?a general de la obligaciones: Comentarios al C?digo Civil cubano?. Lo que puede traer como consecuencia confusiones.com.. Editorial Tecnos. 27 . el t?rmino es el momento determinado en que ha de realizarse un acto procesal y el plazo es el lapso concedido durante el que puede o debe verificarse un acto procesal. 1955. al existir diferencias tanto sustantivas como procesales entre t?rmino y plazo. Cita de   Carreras Llansana. y de 20 de  abril de 1949. El t?rmino es el d?a o momento en que debe producirse el cumplimiento mientras que el plazo es el tiempo durante el cual debe o puede cumplirse la obligaci?n. Madrid.: ?El juicio ejecutivo y el juicio declarativo posterior. Desde el punto de vista procesal. Vid.
29. 1988.[24] Verdejo Reyes. y Auto No. en el expediente No. [26] Vid Auto del Tribunal Supremo Popular No. en tanto en este a?o alcanza la cifra de 1590 en fecha 20 de octubre.: ?Derecho Notarial?. La Habana. [25] Vid Sentencia del Tribunal Supremo Popular No. A pesar de la promulgaci?n de la Instrucci?n No 174 del Tribunal Supremo Popular de 29 de mayo del 2004. 47. 2. Pedro C. muy superior a la de igual per?odo en el a?o precedente. de 31 de Julio del 2003. 28 . de 9 de enero del 2004. 1133 del 2002 de la Sala de lo Econ?mico del Tribunal Provincial Popular de Camag?ey. Editorial Pueblo y Educaci?n. [27] El proceso ejecutivo en la Sala de lo Econ?mico del Tribunal Provincial Popular de Camag?ey posey? una radicaci?n de 1561 asuntos en el a?o 2003. de 31 de enero del 2003. que obliga a la presentaci?n personal de los escritos de los representantes procesales ante la Sala no se ha operado descenso alguno en la radicaci?n.
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 artículo 498
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 artículo 233
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