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Timestamp: 2017-09-25 09:40:11+00:00

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Naturaleza Jurídica y Valor Probatorio del Documento Electrónico, El Caso de la declaración de Importación Electrónica o Mensaje CUSDEC. | Derecho Informatico - 2009
Naturaleza Jurídica y Valor Probatorio del Documento Electrónico, El Caso de la declaración de Importación Electrónica o Mensaje CUSDEC.
II. LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR MEDIOS ELECTRONICOS, MAGNETICOS O INFORMATICOS.
III. NATURALEZA JURIDICA Y VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO ELECTRONICO EN GENERAL.
IV. ANALISIS PARTICULAR DE LA DECLARACION DE IMPORTACION ELECTRONICA O MENSAJE CUSDEC.
1. Hoy en día se realizan diversos actos jurídicos por medio de computadores, redes digitales o redes telemáticas, tales como la celebración de contratos, el libramiento de órdenes de pago y la transferencia electrónica de fondos. Hoy en día es también un hecho cotidiano la transmisión de documentos vía telefax. Esta realidad, empero, se contradice con el hecho de que aún estamos inmersos en “la cultura del papel”, y frente a ella al derecho le compete armonizar dos intereses concurrentes: por un lado está la necesidad de permitir la más eficaz y la más vasta utilización de las nuevas tecnologías de la información -las NTI-; y por otra parte, será necesario tutelar adecuadamente la confianza de las personas en la autenticidad y seguridad de los documentos generados y transmitidos electrónicamente.
2. Desde la perspectiva del derecho o la ciencia jurídica, más concretamente del “Derecho Informático”, y frente al tema de las redes telemáticas y el intercambio electrónico de datos, documentos estandarizados y valores, existen diversas cuestiones jurídicas de relevancia que deben ser analizadas. A modo ejemplar ténganse presente los siguientes problemas: a) la formación del consentimiento en las operaciones y contratos vía redes; b) la firma electrónica o digital como sustituto de la tradicional firma escrita; c) la seguridad y privacidad de las transmisiones, sobre todo cuando los datos y los documentos sean de una especial naturaleza; d) la desmaterialización de los documentos escriturados en soporte papel; e) la naturaleza jurídica y la acreditación en juicio o valor probatorio de los documentos transmitidos a distancia; y f) las responsabilidades derivadas de la comisión de posibles ilícitos penales o delitos informáticos.
3. Las relaciones comerciales y jurídicas pueden realizarse también por la vía de los sistemas EDI o de “Electronic Data Interchange”. En esencia, con este concepto se alude al intercambio electrónico entre sistemas computacionales de información estructurada, es decir, de datos y documentos y mediante formatos, mensajes o estándares acordados previamente por los usuarios. No es errado sostener que el EDI es un correo electrónico con protocolos comunes. Existen diversos estándares de EDI, uno de los cuales es el desarrollado por la ONU y denominado UN/EDIFACT, esto es, traduciendo, el intercambio electrónico de datos o documentos para la administración, el comercio y el transporte. Este es el estándar adoptado por Chile, por diversos países de Latinoamérica, Europa y progresivamente por EE.UU.
4. A propósito de la implementación de los sistemas EDI y del estándar EDIFACT en materia de comercio exterior y en el procedimiento de despacho aduanero de mercancías, el presente trabajo analiza la naturaleza jurídica de la denominada declaración de importación electrónica o “mensaje CUSDEC”. Se pretende demostrar, teniendo como fundamento de derecho positivo o sobre la base de lo dispuesto genéricamente en el inciso segundo del antiguo artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas -actualmente artículo 71- y en el Decreto de Hacienda Nr.1015 -de Febrero de 1995-, que el ordenamiento jurídico chileno ha creado formalmente un nuevo instrumento público electrónico en materia aduanera, al igual que ha ocurrido en otras disposiciones legales.
A. Concepto y clasificaciones de documentos o instrumentos.
1. En términos amplios debe entenderse por documento o instrumento a cualquier objeto que contiene una información, que narra, hace conocer o representa un hecho, cualquiera sea su naturaleza, su soporte o “continente”, su proceso de elaboración o su tipo de firma. Los elementos propios de esta noción amplia son la existencia de un soporte en que constan, un medio que se emplea para grabar los signos, un lenguaje o idioma y un mensaje o “contenido”.
En un sentido restringido, con la expresión documento sólo se reconocen a aquellos que están escritos en soporte papel y rubricados o firmados manualmente. Por cierto, esta es la acepción tradicional que hasta diciembre de 1989 imperaba en el ámbito del Derecho Penal chileno.
2. El derecho se ocupa de los documentos o instrumentos para clasificarlos, para regular su forma y valor probatorio, para exigirlos como requisitos de validez de ciertos actos jurídicos (v.gr. escritura pública para la compraventa de bienes raíces), para prevenir y castigar su adulteración, para tutelar la fe pública envuelta en ellos, para salvaguardar su autenticidad, para regular la forma de notificarlos o publicarlos, etc.
3. Atendiendo a su origen, los documentos o instrumentos pueden clasificarse en públicos y privados. Tienen esta segunda naturaleza aquellos que dejan constancia de un hecho sin solemnidad alguna -hay libertad formal-, en cuyo otorgamiento no interviene un funcionario en calidad de tal, y que no llevan en si ningún sello de autenticidad. La principal consecuencia de la distinción radica en que, tratándose de los públicos, en atención a que por la intervención de un funcionario competente y por el cumplimiento de las formalidades requeridas reúnencaracterísticas de mayor seguridad, autenticidad, integridad y permanencia, el derecho les otorga el máximo valor probatorio. Los ejemplos tradicionales de instrumento público son las escrituras públicas, las sentencias judiciales, las partidas del Registro Civil, etc.
En Chile el inciso primero del artículo 1699 del Código Civil señala que instrumento público o auténtico es el autorizado con las solemnidades legales por el competente funcionario”. Nuestra legislación no define a los documentos privados, quedando en consecuencia conceptualizados por exclusión y porque no llevan en si ningún sello de autenticidad.
El artículo 1700 del mismo Código señala que el instrumento público hace plena fe en cuanto al hecho de haberse otorgado y su fecha, pero no en cuanto a la verdad de las declaraciones que en él hayan hecho los interesados -salvo contra los declarantes-. Procesalmente hablando, los instrumentos públicos se prueban y se bastan por si mismos.
Los instrumentos privados no demuestran, “prima facie”, si en realidad han sido otorgados por las personas a quienes se les atribuyen ni tampoco tienen fecha cierta de otorgamiento, pero la legislación procesal admite la posibilidad de tenerlos legalmente por reconocidos. En efecto, el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil contempla cuatro formas de establecer la autenticidad, sea expresa, tácita, judicial o extrajudicialmente.
La Corte Suprema ha resuelto que la persona que presente en apoyo de su demanda un documento público no está obligada a justificar la verdad del mismo, sino que la parte que lo refuta o impugna de falso debe acreditar su impugnación. A la inversa, la persona que exhibe un instrumento privado está obligada a probar que es verdadero si la otra parte lo niega.
4. Una “copia” es un documento que reproduce el contenido de otro denominado “original”. Tanto el original de un instrumento público, como la copia dada u obtenida en conformidad a los requisitos legales, son instrumentos públicos (342 CPC).
B. Concepto de instrumento o documento electrónico.
1. Fundamentalmente por las operaciones con computadores o vía redes informáticas y telemáticas es que el formalismo jurídico, basado en la preeminencia del documento escrito en soporte papel, está en franca retirada.
2. Los documentos soportados en medios magnéticos no responden al concepto tradicional o restringido de documento manuscrito en soporte papel, sino al amplio. Por exclusión, entendemos que constituye un documento no electrónico aquel que es elaborado por las formas tradicionales, sean estas manuales, mecanográficas o fotográficas.
Al hablarse de documentos electrónicos se alude a casos en que el lenguaje magnético constituye la acreditación, materialización o documentación de una voluntad ya expresada en las formas tradicionales, y en que la actividad de un computador o de una red sólo comprueban o consignan electrónica, digital o magnéticamente un hecho, una relación jurídica o una regulación de intereses preexistentes. Se caracterizan porque sólo pueden ser leídos o conocidos por el hombre gracias a la intervención de sistemas o dispositivos traductores que hacen comprensibles las señales digitales. El ejemplo quizás más común hoy en día lo constituyen los documentos expresamente construidos para el uso de los terminales de un sistema, como es el caso de las tarjetas magnéticas para acceder a las cuentas bancarias vía cajeros automáticos.
Los documentos electrónicos poseen los mismos elementos que un documento escrito en soporte papel: a) constan en un soporte material (cintas, diskettes, circuitos, chips de memorias, redes); b) contienen un mensaje, el que está escrito usando el lenguaje convencional de los dígitos binarios o “bits”, entidades magnéticas que los sentidos humanos no pueden percibir; c) están escritos en un idioma o código determinado (v.gr. el estándar UN/EDIFACT); y, d) pueden ser atribuidos a una persona determinada en calidad de autor mediante una firma digital, clave o llave electrónica.
Cuando para referirse a los instrumentos magnéticos se utiliza la expresión “telemática”, que resulta de la unión conceptual y técnica entre las telecomunicaciones y la informática, se quiere aludir al hecho de que un instrumento -por ejemplo la declaración aduanera- resulta de un proceso iniciado con su emisión electrónica desde un ordenador -el del agente- y que continua con su transmisión a otro computador remoto -el del Servicio de Aduanas-.
3. Todo lo dicho en el punto 2 es válido para los documentos electrónicos contenidos en soportes de naturaleza magnética o interna, o transmitidos vía redes telemáticas. Pero existe una segunda especie de documento electrónico, o una problemática particular que surge cuando ellos son impresos computacionalmente.
Por necesidad práctica, como ocurre específicamente con la declaración de importación aduanera que debe imprimirse para retirar las mercancías de los depósitos o pagar los derechos, el documento electrónico tendrá existencia en soporte papel o “estado externo” (“printout”). En este caso la firma digital desaparece, al no intervenir el hombre carecerá de firma manuscrita, y será difícil determinar su autoría, cuestiones que complican al sistema de prueba legal que rige en Chile. Pensemos, como ejemplo, en el caso de los registros en papel que se reciben una vez realizada una operación bancaria vía cajero automático.
Adelantándonos, digamos que en relación a los certificados que imprime el Registro Civil se estableció por ley que ellos eran un instrumento público no obstante estar sin firma manual; y que a propósito de las necesidades del despacho aduanero, se contempló la obligación de que el agente de aduana rubricara la impresión en soporte papel del mensaje “CUSDEC” previamente tramitado, obteniéndose una copia de instrumento público.
FACTIBILIDAD DE APLICAR LAS NORMAS SOBRE PRUEBA INSTRUMENTAL AL DOCUMENTO ELECTRONICO, O ADMISIBILIDAD PROBATORIA DEL SOPORTE MAGNETICO.
1. En la legislación comparada o en el derecho extranjero, nada obsta a que las partes intervinientes en un intercambio electrónico de documentos produzcan y los tribunales acepten como prueba el registro magnético de la operación, otorgándole el mismo valor que tendría un documento escrito no obstante que las firmas del emisor y del receptor sean claves digitales o electrónicas. En el evento de un litigio los tribunales no tienen inconveniente en admitirle mérito probatorio, por cuanto su sistema lo rige el denominado “principio del libre convencimiento, de la prueba libre o de la persuasión racional del juez en la valoración de las pruebas”. Así ocurre en sistemas procesales como el italiano o el argentino.
2. Una convención como la recién consignada es repudiada por legislaciones como la chilena, donde los medios probatorios de los hechos sobre los cuales eventualmente se litigará y su grado de valor son señalados taxativamente por el legislador, sea en el Código Civil, en el Código de Procedimiento Civil, en el Código de Procedimiento Penal o en leyes especiales. Por razones de orden público, estas leyes reguladoras de la prueba son inmodificables por la voluntad de las partes. Los sistemas probatorios descritos se fundamentan en el “principio de la valoración legal de los medios probatorios”, y en estos, por ejemplo, las normas inhiben a los jueces para utilizar los medios electrónicos como medios de prueba, les imponen expresamente una determinada eficacia probatoria, o también pueden prever su admisibilidad sólo en el caso de faltar otros medios.
3. La prueba documental o instrumental es la que se produce por medio de documentos o instrumentos y en la forma prefijada por las leyes. Goza de gran confianza para el legislador en atención a la fijeza que al hecho a probar da el documento.
La legislación chilena confunde los términos “instrumento” y “documento”, los que están en relación de genero a especie respectivamente. El segundo -coincidente con lo que hemos denominado acepción restringida- sería todo escrito que dejara constancia de un hecho sin que sea necesaria una firma manuscrita. El instrumento en cambio, que es equivalente al concepto de “objeto”, sería toda cosa mueble, material, corporal, inmaterial o magnética capaz de representar un hecho.
4. Una eventual aplicación del ordenamiento jurídico general sobre la prueba instrumental, para validar o subsumir a los documentos magnéticos, y en caso que no existan leyes especiales sobre un medio electrónico específico, …pasaría por entender que ambos conceptos aluden, en forma amplia, a todas las cosas en las cuales se expresa por medio de signos una manifestación del pensamiento, resultando indiferente el soporte o “continente” sobre el que dichos signos estén consignados. Esta propuesta se apoya en la denominada “doctrina analógica”, que acepta que la enumeración legal es taxativa pero genérica o amplia, de modo tal que cuando la ley habla de documentos o instrumentos alude a toda forma de representación. Esta opción permitirá asimilar los documentos magnéticos a los tradicionalmente existentes.
4.a) Argumentando en favor de la asimilación, puede concebirse que un documento electrónico tiene la naturaleza de “instrumento privado” -y el valor probatorio inherente- sólo en la medida que sea reconocido o mandado tener por reconocido en conformidad al artículo 346 del Código de Procedimiento Civil. Porque un documento electrónico tiene un “contenido” que consta en un soporte o “continente” y concurren en el los requisitos de escrituración y firma, con las particularidades que el soporte es computacional, que se usan medios de escrituración tecnológica o lenguajes de máquina binarios, y que es atribuible a quien lo emita y digite las claves, llaves o códigos magnéticos (por cierto más seguros que las firmas manuscritas).
4.b) Para afirmar que un documento magnético tiene la naturaleza jurídica de “instrumento público o auténtico”, se requiere que previamente se hayan establecido en un texto legal o reglamentario las formalidades para su otorgamiento o autorización por parte de un funcionario público competente. Anticipándonos al acápite IV, así ocurre con la declaración de importación electrónica o mensaje CUSDEC que valida y legaliza el Servicio Nacional de Aduanas, cuyo carácter de instrumento público es consagrado expresa o explícitamente.
5. Durante mucho tiempo en el ordenamiento jurídico chileno, tradicionalmente la expresión documento o instrumento estuvo reservada para aquellos escritos que constan en soporte papel y que consignan un hecho. Nuestra legislación había seguido la denominada “doctrina legalista”, fundamentada en la circunstancia de que la ley enumera taxativamente los medios de prueba, quedando excluidos o sin valor todos los restantes.
Esta situación, y debido al acelerado desarrollo de las tecnologías de la informática y las telecomunicaciones, debira comenzar a revertirse. Si bien es cierto en Chile sólo existen dos artículos en el Código de Procedimiento Penal, y aún no una norma procesal genérica que reconozca la validez probatoria del documento electrónico o soportado en medios magnéticos, homologando su poder de convicción al instrumento tradicional en soporte papel, varias leyes especiales han establecido el carácter de instrumento público o privado para aquellos que obren en soportes magnéticos o que sean transmitidos vía redes “telemáticas”. En el evento que se discuta judicialmente la efectividad de haberse realizado o el alcance de los hechos de que dan cuenta los instrumentos electrónicos (v.gr. que se cumplieron las obligaciones, que se envió una factura electrónica, que se emitió una orden de pago a un banco, que se declararon y pagaron las cotizaciones previsionales, que una declaración de importación fue legalizada, que se pagaron los derechos generados, etc.), los tribunales no deberían desconocer el mérito probatorio que por haber sido contemplados legalmente ya les corresponde.
6. En el evento de presentarse conflictos, de requerirse acreditar ante un tribunal hechos que consten en medios electrónicos y aunque las modificaciones legales no sean muchas, también corresponderá a los jueces interpretar las leyes de manera tal de admitirles valor probatorio, entendiendo, por ejemplo, que una firma escrita es el equivalente a una electrónica. Y en este sentido debiera perfilarse la jurisprudencia de los tribunales, de la mano o teniendo como argumentos los textos legales específicos que han abordado el problema y sobre todo en el ámbito de los procesos penales. Porque como se ha afirmado, lo verdaderamente importante no es el “continente” sino el “contenido” del instrumento o documento, la idea o concepto que se quiere reflejar, el mensaje transmitido, y la posibilidad cierta de que ese contenido pueda llevarse a proceso a fin de acreditar los hechos.
7. Las normas del Código de Procedimiento Penal referidas son los artículos 113 y 113 bis, ubicados en el Título relativo a la comprobación del hecho punible y a la averiguación o determinación del delincuente.
El artículo 113 preceptúa que, siempre que sea necesario para el esclarecimiento de los hechos, el juez podrá valerse de resultados obtenidos por medio de la computación, para lo cual, entre otras medidas, determinará la forma como se dejará constancia en el proceso de estas pruebas y podrá designar un asesor técnico que desarrolle o explique la prueba. El artículo 113 bis establece que podrán admitirse como pruebas películas cinematográficas, fotografías, fonografías y otros sistemas de reproducción de la imagen y del sonido, versiones taquigráficas y, en general, cualquier medio apto para producir fe. Sobre el valor probatorio establece que estos medios podrán servir de base a presunciones o indicios.
8. Los textos legales vigentes que en Chile definen la naturaleza jurídica de un instrumento electrónico o que permiten admitir como medios de prueba a los documentos emanados de sistemas informáticos y telemáticos, además de los artículos 113 y 113 bis del Código de Procedimiento Penal y del artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas complementado por el Decreto Nr.1015 de febrero de 1995 que se analiza en el acápite IV, entre otros son los siguientes:
8.a) La ley 18.403 del 4 de marzo de 1985, que sancionaba el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes, en su artículo 20 señalaba que en la sustanciación y fallo de los procesos por delitos a que se refiere esta ley, los tribunales podían admitir como pruebas…, en general, cualquier medio idóneo apto y conducente para producir fe.
8.b) La ley 18.680 del 11 de enero de 1988 sustituyó el Libro III del Código de Comercio, relativo al comercio marítimo. En el Título IV sobre los sujetos de la navegación y el comercio, el inciso segundo del artículo 913 establece que las anotaciones que deben estamparse en el diario de navegación o libro bitácora pueden realizarse por medios mecánicos o electrónicos, siempre que éstos garanticen la fidelidad y permanencia de los datos consignados.
8.c) El Título V del Código de Comercio, sobre los contratos para la explotación comercial de las naves, regula en el párrafo tercero el contrato de transporte marítimo. El artículo 1014, sobre la documentación del transporte, señala que la firma en el conocimiento de embarque -documento que acredita la recepción por el transportador de las mercancías- puede ser registrada por cualquier medio mecánico o electrónico.
8.d) El Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nr.380, del 4 de agosto de 1982, promulgó el Convenio sobre Transporte Multimodal de Mercancías y su Anexo, adoptado por las Naciones Unidas el 24 de mayo de 1980. El artículo 5º y a propósito de la emisión de los documentos de transporte multimodal, señala en su numeral 3 que la firma en ellos podrá ser registrada por cualquier medio mecánico o electrónico, siempre que ello no sea incompatible con las leyes del país en que se emitan.
8.e) El Decreto Supremo Nr.114, del 19 de abril de 1989, es el texto legal que fijó el Reglamento del Sistema de Pronósticos Deportivos de Polla Chilena de Beneficencia, en consideración a la captación mecanizada de apuestas.
La norma que regula el registro computacional es el artículo 9, y señala que los pronósticos efectuados por el apostador en el volante serán leídos o captados por medio de los equipos que Polla determine, generándose inmediatamente un registro computacional de la información. De la apuesta realizada quedará constancia en un documento impreso denominado recibo, el que constituye el comprobante y el medio de prueba de la participación del apostador en el concurso. El inciso final del artículo establece que los registros computacionales de las apuestas son el medio válido para acreditar los pronósticos realizados por el apostador, y que toda anotación o señal que aparezca en el recibo y que difiera de las asentadas en los registros computacionales es nula y de ningún valor.
8.f) Aunque aludiendo en definitiva a documentos impresos en soporte papel y no a uno electrónico, la ley 19.052 del 14 de abril de 1991 consagró explícitamente el carácter de instrumentos públicos de los certificados que el Servicio de Registro Civil expide en forma mecanizada, por medio del procesamiento electrónico de datos, sin intervención del hombre y sin firma manuscrita.
9. En materia de proyectos próximos o no tan próximos a convertirse en ley, cabe consignar los siguientes:
9.a) En 1987 una comisión ad-hoc del Ministerio de Justicia de la época elaboró un proyecto de legislación informática, en que se regulaban los temas del procesamiento de datos personales, de la criminalidad informática y del valor probatorio de los medios computacionales. Algunos artículos de este proyecto disponían que las pruebas informáticas consistentes en discos, en cintas o la reproducción de su contenido se admitirían y apreciarían en conformidad a las reglas que rigen la prueba documental, opción que confería expresamente a todos los documentos electrónicos el carácter de documento jurídico.
9.b) En 1995 se sometió a trámite parlamentario en la Cámara de Diputados un proyecto del Ejecutivo relacionado con el acceso de los particulares a la información administrativa (Boletín Nr.1511-07), el que, por cierto, una vez promulgado como ley regirá para el Servicio Nacional de Aduanas.
El artículo segundo de esta iniciativa legal acoge la noción amplia de documento o instrumento cuando señala, expresamente, que para los efectos de sus disposiciones se considerará como documento a todo escrito, correspondencia, memorándum, plano, mapa, dibujo, diagrama, documento gráfico, fotografía, microfilmes, grabación sonora, video, cualquier dispositivo susceptible de ser leído mediante la utilización de sistemas mecánicos, electrónicos o computacionales y, en general, todo soporte material que contenga información, cualquiera que sea su forma física o características, y las copias de aquellos.
9.c) A partir de diciembre de 1995 el Ministerio de Justicia ha trabajado y estudiado el tema del valor probatorio del documento electrónico. A consideración de la autoridad se sometió un anteproyecto que busca darle valor probatorio de modo general a los documentos electrónicos, en el cual se establece o propone que todo aquello que pueda hacerse en soporte papel debería tener la misma validez legal que si se hiciera en soporte magnético. Tal propuesta se consideró luego de comprobar o asumir lo complejo que resultaría trasladar el mundo del papel al electrónico, modificando el Código Civil y los Códigos de Procedimiento.
No parece fácil esta opción, que es similar a la del proyecto de 1987 recién comentado. Preferiríamos que las modificaciones o adaptaciones legales fuesen realizadas caso a caso, como ha ocurrido hasta la fecha, en consideración al ámbito en que operen y a la naturaleza, características y realidades propias de cada documento en soporte papel que se reemplace por uno magnético. Reivindicamos si, la necesidad de confiar en el criterio interpretativo de los tribunales.
IV. NATURALEZA JURIDICA Y VALOR PROBATORIO DE LA DECLARACION DE IMPORTACION ELECTRONICA O MENSAJE CUSDEC.
ANALISIS DEL DECRETO 1015, DE LA MINUTA DEL DEPARTAMENTO NACIONAL JURIDICO DE FECHA 17 DE MAYO DE 1996, Y DEL PROYECTO DE RESOLUCION DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS.
Haciéndose eco de las leyes vigentes y los proyectos en estudio ya comentados, creemos que a propósito de la implementación de los sistemas EDI y del estándar EDIFACT en materia de comercio exterior y en el procedimiento de despacho aduanero de mercancías, el ordenamiento jurídico chileno ha creado formalmente un nuevo instrumento público electrónico -o si se quiere “telemático”-, al igual que ha ocurrido en otras disposiciones legales.
A efectos de poner de relevancia las características de la declaración de importación magnética que deben ser determinadas legalmente, consignemos que -“grosso modo”- el modelo de operación electrónica implementado es el siguiente:
a) El agente de aduana, desde su oficina principal y por regla general intermediado por una empresa VAN o red de valor agregado, presentará al Servicio la declaración de importación electrónica o mensaje CUSDEC, firmada electrónicamente;
b) Si el Servicio de Aduanas rechaza el mensaje, ya sea por un problema normativo o por un problema en la sintaxis UN/EDIFACT, deberá enviar el mensaje CUSRES, especificando cuáles son las causales de rechazo del mensaje CUSDEC previamente enviado, para luego, el agente, iniciar nuevamente el proceso de presentación de la declaración corregida a través de un nuevo mensaje CUSDEC;
c) En el momento en que la declaración sea aprobada, validada y legalizada por el Servicio, éste le asignará un número de aceptación y la firmará electrónicamente -ya no se timbrará al recibirse para acusar recibo de su presentación-, generando un nuevo CUSDEC que será notificado al agente por el sólo hecho de depositarse el mensaje en la casilla electrónica que el despachador tenga en la;
d) Enviado al agente él deberá imprimirlo, firmarlo manualmente y distribuirlo para que siga su curso normal en el procedimiento aduanero de despacho de mercancías.
A. La regulación legal de la declaración de importación electrónica.
El artículo 93 de la Ordenanza de Aduanas -actual artículo 71- establecía que la formalización de las destinaciones aduaneras debe hacerse mediante el documento denominado declaración, el que indicará la clase o modalidad de la destinación de las mercancías (importación, exportación, admisión temporal, etc.). La información que deben consignar las declaraciones de destinación aduanera está señalada, imperativamente, en los artículos 75 y ss. de la misma Ordenanza.
Un paso fundamental para la modernización de todo el comercio exterior chileno la constituyó la incorporación de un inciso segundo al artord. 93, a instancias de la Cámara Aduanera de Chile, en agosto de 1992 y mediante la ley 19.115. En su virtud, se facultó genéricamente al Director Nacional de Aduanas para autorizar que la formalización de las destinaciones aduaneras se efectúe por medio de la utilización, por los despachadores o agentes de aduana, de un sistema de transmisión electrónica de datos, …en conformidad a las normas detalladas que establecería el Reglamento.
B. La regulación reglamentaria y administrativa.
1. Dando cumplimiento al mandato legal del antiguo artord.93, el 19 de octubre de 1994 el Ejecutivo dictó el Decreto Supremo del Ministerio de Hacienda Nr.1015, que se publicó en el Diario Oficial del 11 de febrero de 1995, y que en sólo 16 artículos establece las disposiciones en virtud de las cuales el Director Nacional autorizará la formalización de las declaraciones electrónicas o magnéticas.
2. La primera parte del artículo 3 del Decreto 1015, abocado a la definición de los términos empleados en el Reglamento, señala que por formalización mediante un sistema electrónico se entenderán dos operaciones copulativas: la “transmisión” y la “recepción” en los sistemas del Servicio de Aduanas de aquellos mensajes estructurados que contengan todos los datos que sean exigibles para la confección de las distintas destinaciones aduaneras; tal es el caso del mensaje CUSDEC.
3. Perentoriamente, la segunda parte del artículo 3 establece que la formalización vía EDI o los mensajes electrónicos estructurados que posean las características indicadas “constituirán el documento declaración aduanera a que se refiere el inciso primero del artículo 93 de la Ordenanza”. El tenor literal es claro: la declaración de importación formalizada electrónicamente o el mensaje CUSDEC es el equivalente legal de la declaración de importación en soporte papel, y porque son equivalentes, podrá hacerse valer en juicio y tendrá el mismo mérito probatorio que las actuales declaraciones timbradas. Siguiendo la tendencia de las diversas leyes consignadas en el acápite III de este informe, nuevamente el derecho positivo ha creado formalmente un instrumento público electrónico, cuyos fundamentos legales son el inciso segundo del actual artord.71 complementado y desarrollado reglamentariamente por el Decreto 1015.
Para el ordenamiento jurídico chileno es instrumento público el otorgado por funcionarios competentes con las formalidades que establece la ley, y él da cuenta o hace plena prueba respecto al hecho de haberse otorgado, de la fecha en que se hizo y de las partes que intervinieron en su otorgamiento. Porque el inciso segundo del artord. 71 lo permite legalmente, y porque la reglamentación del Decreto 1015 ha detallado, precisado y preestablecido los requisitos para tal formalización electrónica, el mensaje CUSDEC o el documento magnético estandarizado que se envía a los agentes una vez validado, aprobado, numerado y firmado electrónicamente por el Servicio posee las características propias de los instrumentos públicos. Sostener una posición contraria haría absolutamente inoperante la modernización lograda al modificarse la Ordenanza en el año 1992.
A mayor abundamiento, habría sido del todo conveniente que el Director Nacional de Aduanas, por la vía interpretativa, ratificara que una declaración electrónica legalizada y transmitida vía sistema EDI a los despachadores hace plena fe y constituye documentación auténtica. Siempre en un plano de lege ferenda, habría sido conveniente que se estableciera expresamente que la firma electrónica de los mensajes “CUSDEC” sería considerada, para todos los efectos legales, un reemplazo de la firma manuscrita del agente de aduana.
En síntesis, ha habido un expreso pronunciamiento de los entes legislativos y administrativos, admitiendo que la formalización de las destinaciones aduaneras se haga en soportes magnéticos y se firme electrónicamente, y estableciendo que tal operatoria tenga el mismo valor que si se hiciera en soporte papel y con firmas manuscritas.
4. Por otra parte, no admitir la validez legal del instrumento público declaración de importación electrónica y preocuparse sólo por el valor de la copia del mensaje magnético aprobado por la Aduana, que conforme lo establece el artículo 11 del Decreto se origina con su posterior impresión en soporte papel y se certifica con la firma manual que haga en ella un agente de aduana -una nueva formalidad-, significa dejar sin regulación legal u originar una verdadera “zona de nadie”. Puede ocurrir que el mensaje CUSDEC validado, numerado y firmado electrónicamente sea manipulado con posterioridad a su envío desde la Aduana, mientras esté almacenado en la casilla que administra la VAN o en el computador del agente de aduana, conductas modificatorias que, de ocurrir, sin lugar a dudas nos llevaría a encontrarnos con una alteración de un instrumento público, que de cometerse dolosamente podría ser subsumida por los delitos tipificados en la ley 19.223.
Aceptar que la posterior impresión en soporte papel del mensaje previa y válidamente recibido por los agentes sólo origina una copia de instrumento público, cuya matriz la constituye la declaración de importación electrónica creada legalmente por el artord.71 y el artículo 3 del Decreto 1015, evita caer en el error jurídico de sugerir y proponer que se reafirme la validez y preeminencia de los datos contenidos en el documento magnético por la vía contractual o convencional. En este sentido, el Departamento Jurídico del Servicio de Aduanas había propuesto incluir cláusulas en un contrato que supuestamente deberían suscribir los despachadores con el Director de Aduanas, lo que, como luego analizaremos, no era ni necesario ni procedente legalmente. A mayor abundamiento y como también se comentará, repárese en que la preeminencia se consagra expresamente en el artículo 14 del Decreto 1015.
4.1 En julio de 1998, al dictarse dos DFL modificatorios de la Ordenanza, se incorporó un artículo 72 a la Ordenanza de Aduanas, en cuya virtud se estableció que cuando el Director Nacional de Aduanas autorizara a los despachadores el uso de sistemas de transmisión electrónica de datos tendrá la calidad de “matriz” el registro final incorporado al archivo del Servicio, una vez cumplidas las operaciones de presentación, recepción, verificación, aceptación y legalización de la correspondiente declaración.
Conjuntamente, y en cuanto al punto en estudio, se agregó un inciso segundo al artículo 72 que estableció lo siguiente: “Se tendrán por auténticas las copias (entendemos magnéticas) obtenidas a partir del referido registro final del Servicio Nacional de Aduanas y las copias obtenidas de los registros legalizados por el Servicio Nacional de Aduanas transmitidos a los agentes de aduanas. En el primer caso, tales copias tendrán además la calidad de instrumento público”.
En consecuencia, cabe entender que las segundas especies de copias, es decir, las obtenidas de los registros de los agentes de aduana, constituyen un instrumento privado. Esta distinción conlleva una limitante que no admite justificación, toda vez que la calidad de “instrumento público” debe asignarse tanto a aquellos registros magnéticos que otorga el Servicio de Aduanas como a los que emanan de los archivos de los agentes de aduana, máxime cuando por definición y esencia son ministros de fe (“fedatarios”) y auxiliares de la función pública aduanera.
5. Porque el mensaje CUSDEC no es sino una declaración de importación formalizada electrónicamente, que constituye o equivale a la declaración que actualmente se tramita en soporte papel, el artículo 4 del Decreto 1015 señala que la información que contendrán o de que darán cuenta los datos del mensaje está sujeta a un doble requisito.
En primer lugar, debe ser necesaria y precisamente aquella o la misma que exige consignar en las declaraciones de destinación aduanera el artículo 94 de la Ordenanza, en relación al consignatario, detalles, clasificación y valoración de las mercancías. En segundo lugar, la información contenida en los datos del mensaje estructurado debe cumplir con las mismas normas que establecen los artículos 95 al 103 de la Ordenanza para la confección de las declaraciones en soporte papel.
6. Enfrentados al tema de definir quiénes podrán acogerse al sistema de formalización electrónica, el artículo 6 del Decreto 1015 establece que hacerlo será una facultad de los despachadores de aduana. Para incorporarse y operar con el sistema, conforme lo establece el inciso segundo, ellos deberán solicitar previamente al Director Nacional de Aduanas la autorización correspondiente.
Con el único objeto de establecer y dejar constancia de las especificaciones técnicas en materia de normas de seguridad y de registro de códigos o firmas electrónicas, a las cuales se sujetará o de cuyo cumplimiento dependerá el otorgamiento de la autorización por parte del Servicio, el inciso tercero del artículo 6 establece que los despachadores y el Director Nacional de Aduanas deberán suscribir, formalmente, un “documento”.
Es inadecuado considerar que en el Reglamento se obliga a que los despachadores de aduanas y el Director Nacional celebren un contrato, el que haría surgir o establecería derechos y obligaciones contractuales para la autoridad y los usuarios del sistema EDI. Así lo ha sugerido el Departamento Jurídico del Servicio.
No puede olvidarse que la Aduana está actuando revestida de su imperio público y de sus potestades normativas y fiscalizadoras, en virtud de las cuales podrá decidir autorizar la formalización electrónica, negar la autorización, y posteriormente revocarla por ejemplo a modo de sanción. No puede olvidarse que las obligaciones para la interconexión electrónica estarán establecidas legal, reglamentaria y administrativamente, sin que tenga cabida la autonomía de la voluntad; y no puede olvidarse que los despachadores y el Servicio de Aduanas no son particulares que vayan a realizar intercambio comercial alguno: se trata de una autoridad fiscalizadora que regula la actuación de sus auxiliares en la función pública aduanera.
Conviene tener presente que en materia de despacho aduanero de mercancías no cabe la celebración de una especie de “Acuerdo General de Comercio e Intercambio Electrónico de Bienes y Servicios”, contrato que se celebra entre usuarios particulares de EDI y que regula previamente los efectos jurídicos -derechos y obligaciones-de la contratación electrónica, de la transacción o intercambio electrónico. Estas modernas figuras de “contratación informática” sólo serán procedentes, por ejemplo: entre una AFP y el empleador que declara y paga las cotizaciones; entre un cliente y el banco que recibe una orden de pago; entre los comerciantes que se envíen facturas en forma electrónica; etc..
El “documento” a suscribir…, puede ser simplemente aquel en que el agente de aduanas se dé por notificado de la resolución que lo autoriza a formalizar las declaraciones electrónicamente, resolución en la cual, de manera general y amplia, se consignaría que las normas y procedimientos técnicos a que deberá sujetarse el despachador serán determinadas por el Departamento Nacional de Informática. La resolución que autoriza, además, podría consignar que el agente declara recibirlas y se compromete a cumplirlas, bajo sanción de que se cancele la autorización para operar en el sistema EDI.
7. Es importante referirse al problema de las copias de la declaración de importación electrónica que, por conveniencia práctica, son impresas en soporte papel con posterioridad a la tramitación y legalización del mensaje CUSDEC.
El inciso primero del artículo 11 del Reglamento señala que las destinaciones aduaneras formalizadas conforme a lo dispuesto en el artículo 3 serán tramitadas electrónicamente al interior del Servicio de Aduanas. Cómo lógica consecuencia, se dispone que las operaciones de presentación, recepción, verificación, aforo, liquidación y legalización se efectuarán por la misma vía, y se establece que la realización electrónica o magnética de tales operaciones debe armonizarse con lo dispuesto en la Ordenanza.
La armonización referida, hay que consignarlo, no es fácil, por cuanto la Ordenanza establece los procedimientos para el despacho de las mercancías a propósito de documentos escritos contenidos en soporte papel o formularios. Por eso es que al artículo 11 se aboca en sus incisos segundo y tercero a realizar tal adaptación y regular dos situaciones concretas: la existencia de copias válidas en soporte papel del CUSDEC, y la realización del aforo físico de las mercancías conforme a la normativa vigente.
7.1 Partiendo de la base que no todas las operaciones del procedimiento aduanero de despacho de mercancías pueden automatizarse, es decir, aceptando que la implementación de sistemas EDI no puede ser total, el artículo 11 contempla una nueva formalidad propia de la formalización electrónica que autorizó el actual artord.71. Se trata de que exista, legalmente, una copia en soporte papel del instrumento público electrónico.
La primera parte del inciso segundo establece que “legalizada la declaración y numerada” ella deberá notificarse electrónicamente al despachador, porque se trata del instrumento público electrónico que nace con la firma -también electrónica- de la Aduana. Esto guarda conformidad con lo dispuesto en la Ordenanza, por cuanto el trámite de notificación sigue siendo posterior a la legalización del documento. Lo señalado, en definitiva, importa cumplir con lo dispuesto en la parte final del inciso primero del artículo 11 del Reglamento, esto es, se está armonizando o adecuando la tramitación electrónica a la normativa actualmente vigente.
En atención a que posteriormente será necesario retirar las mercancías depositadas, pagar derechos en los bancos, etc., y porque dichos trámites aún no pueden realizarse electrónicamente (es ilógico esperar, por ejemplo, que Emporchi entregue las mercancías contra la presentación de un diskette), …el artículo 11 del Decreto 1015 obliga a los agentes de aduana a que impriman la declaración electrónica previamente aprobada que reciben, a que nuevamente la firmen pero ahora en forma manuscrita, y a que la distribuyan, todo en conformidad a las instrucciones que imparta el Director Nacional de Aduanas.
Esta solución legal y reglamentaria, que establece una nueva formalidad propia de la presentación electrónica de las declaraciones y una nueva obligación para los agentes de aduana, quienes con su firma están acreditando que se trata de la copia auténtica impresa en papel de un instrumento público ya legalizado por el Servicio, guarda total coherencia con una de las notas fundamentales del actual sistema aduanero, esto es, que el agente es ministro de fe y auxiliar de la función pública aduanera. En consecuencia no sería procedente, como lo ha contemplado el Departamento Jurídico del Servicio, que la Autoridad y los despachadores establezcan contractual o convencionalmente que la impresión posterior del CUSDEC en papel haga plena prueba respecto de ellos, máxime cuando la Aduana que fiscaliza y el agente que tramita no son partes vinculadas contractualmente.
8. Sobre la base de lo dispuesto en el artículo 3º del Reglamento, hemos sostenido que la presentación de documentos electrónicos estandarizados es una nueva modalidad de presentación de las declaraciones, llamada a reemplazar y con el mismo valor legal que la formalización manual o en soporte papel que actualmente opera. Tal hipótesis es expresamente corroborada por el artículo 12 del Decreto 1015, donde se establece que las exigencias de presentación y formalización de las destinaciones se entenderán cumplidas a través de la transmisión electrónica de todos los datos que sean exigibles para la confección de las distintas declaraciones y su recepción en los equipos del Servicio de Aduanas.

References: artículo 93
 artículo 71
 artículo 1699
 artículo 1700
 artículo 346
 artículo 346
 artículo 113
 artículo 113
 artículo 93
 artículo 20
 artículo 913
 artículo 1014
 artículo 5
 artículo 9
 artículo 93
 artículo 71
 artículo 3
 artículo 3
 artículo 93
de lege ferenda
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 14
 artículo 72
 artículo 72
 artículo 4
 artículo 94
 artículo 6
 artículo 6
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 3
 artículo 12