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Timestamp: 2019-01-17 04:57:03+00:00

Document:
En un proceso sumarísimo solo pueden ser declaradas la nulidad evidente y manifiesta - Actualidad Civil
CAS. N.º 2358-2016 Lambayeque
Emitida el 18 de agosto del 2017
Artículo 219.3 del Código Civil
[D]e tal forma dada la naturaleza del proceso sumarísimo en el que existe una limitación sobre todo en el aspecto de plazos, resulta comprensible que no cualquier tipo de nulidad pueda ser declarada en este tipo de proceso, y sea aquella únicamente que tenga esta característica de evidente o manifiesta […] es menester señalar que del documento objeto de elevación a Escritura Pública -Minuta de fojas catorce- aun cuando es cuestionada por el hecho que el inmueble sub litis ha pertenecido a la Sociedad Conyugal Espinola Moreno y no podía ser enajenado por solo uno de ellos, no se advierte la nulidad manifiesta a que hace referencia el Pleno Casatorio (sobre Otorgamiento de Escritura Pública) puesto que dicha alegación requiere de un proceso más lato en donde se pueda evaluar si el inmueble constituye o no un bien propio o conyugal […]
CAS. N.º 2358-2016
SUMILLA. Que, dada la naturaleza del proceso sumarísimo en el que existe una limitación sobre todo en el aspecto de plazos, resulta comprensible que no cualquier tipo de nulidad puede ser declarada en este tipo de proceso y sea aquella únicamente que tenga esta característica de evidente o manifiesta.
Lima, dieciocho de agosto de dos mil diecisiete.
LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA: Vista la causa número dos mil trescientos cincuenta y ocho – dos mil dieciséis; y, producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:
Se trata del recurso de casación interpuesto por Jesús Gumercinda Espinola Moreno a fojas trescientos setenta y dos, contra la sentencia de vista contenida en la Resolución número veintiséis de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos cincuenta y seis, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que confirma la sentencia apelada de primera instancia emitida por Resolución número veinte de fecha diecisiete de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos noventa, que declara fundada la demanda sobre Otorgamiento de Escritura Pública y ordena que la Sucesión de Manuel Vicente Espinola Luján, dentro del tercer día de notificada, otorgue a la demandante María Paulina Espinola Moreno la Escritura Pública de la Minuta de Compraventa de fecha diecisiete de setiembre de dos mil siete, bajo apercibimiento de ser otorgada por el Juzgado.
Por resolución de fecha once de agosto de dos mil dieciséis, corriente a fojas veinticinco del cuaderno de casación, se ha declarado procedente el recurso de su propósito, por las siguientes causales denunciadas: I) Infracción normativa procesal de los artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú y 122 del Código Procesal Civil, la cual sostiene lo siguiente: a) La motivación es incongruente e inexacta, máxime si no se ha pronunciado respecto a los agravios expresados en el recurso impugnatorio, lo que vulnera el debido proceso; b) No se identifica una respuesta lógica jurídica respecto al agravio de que ha quedado acreditado fehacientemente que el titular registral del predio sub materia es Walter Bernardo Jr. Torres Vera, por lo que deviene un imposible jurídico otorgar la escritura pública de un predio del cual los recurrentes ya no son propietarios; y, c) Habiendo pertenecido el inmueble a la sociedad conyugal conformada por sus fallecidos padres Manuel Vicente Espinola Luján y Beridiana Moreno Ninaquispe, no ha podido ser transferido solo por uno de los cónyuges, sin el consentimiento del otro cónyuge; y, II) Infracción normativa material del artículo 219 inciso 3 del Código Civil, afirmándose que: a) En autos se ha acreditado con la Copia Literal actualizada del inmueble materia de litis, que el titular registral es Walter Bernardo Jr. Torres Vera, por lo que, en tal sentido, los demandados ya no son propietarios del bien sujeto a materia, cuya Minuta se solicita formalizar a través de una Escritura Pública, no siendo procedente otorgarla al constituir un imposible jurídico, configurándose así la causal de nulidad contenida en el inciso 3 del artículo 219 del Código Civil; y, b) La Sala Superior no ha tenido en cuenta que en el supuesto que su padre fallecido Manuel Vicente Espínola Luján haya transferido el predio a favor de la actora, esto no tiene mayor asidero legal, por cuanto dicho inmueble pertenecía a la sociedad conyugal conformada por los padres de la recurrente, no pudiendo ser transferido por uno solo de ellos sin el consentimiento del otro, siendo que en la Minuta de fecha diecisiete de dos mil siete solo aparece la firma del padre fallecido Manuel Vicente Espínola Luján, adoleciendo de nulidad por falta de manifestación de voluntad de su madre fallecida y codemandada Beridiana Moreno Ninaquispe.
Previamente a la absolución de las denuncias formuladas por la recurrente, conviene hacer las siguientes precisiones respecto de lo acontecido en el proceso: 3.1 Con fecha cinco de noviembre de dos mil doce, se interpuso demanda peticionando se ordene el Otorgamiento de la Escritura Pública de un área de setenta y tres punto cincuenta metros cuadrados (73.50 m2) ubicado en la calle Las Palmeras, Lote 6 - Manzana 32 del Asentamiento Humano San Lorenzo, del distrito de José Leonardo Ortiz, Chiclayo, que su difunto padre Manuel Vicente Espinola Luján le vendió mediante minuta, con la promesa de otorgarle la Escritura Pública posteriormente y que a pesar de su requerimiento no lo hizo, por lo que mediante la presente requirió a sus herederos legales. 3.2 Mediante sentencia de primera instancia de fecha diecisiete de setiembre de dos mil quince, se resolvió declarar fundada la demanda, bajo los siguientes argumentos: habiéndose acreditado la existencia del contrato de compraventa así como el pago de la totalidad del precio del bien, constituye obligación de los vendedores cumplir con la formalidad de otorgar la Escritura Pública respectiva, siendo que a través de esta pretensión lo que se busca es revestir de determinada formalidad el acto jurídico. 3.3 Apelada la sentencia de primera instancia, se emitió la sentencia de segunda instancia de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, que confirmó la sentencia (Resolución número veinte) de fecha diecisiete de setiembre del dos mil quince, que declara fundada la demanda interpuesta por María Paulina Espinola Moreno contra Beridiana Moreno Ninaquispe y otros, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; ampara en los siguientes argumentos: I) Del análisis de la sentencia se aprecia que la A quo sustenta su decisión en la valoración que hace respecto de la minuta de compraventa de una fracción de lote urbano, de fojas catorce a quince, de la cual se extraen los elementos básicos conformantes del negocio jurídico compraventa, puesto que se identifican al vendedor (Manuel Vicente Espinoza Luján), a la compradora (demandante), el bien materia de venta con sus características —área y linderos— (cláusula segunda de la minuta), y el precio de venta por doce mil soles (S/12,000.00), cláusula tercera de la minuta; II) La defensa de los emplazados —según escrito de contestación de demanda de fojas setenta y cuatro a setenta y nueve— ha cuestionado la minuta, sin embargo, lo hace de manera dubitativa empleando expresiones como “llama la atención que exista este documento el cual sería fraudulento”, o “la firma que aparece en el documento aparentemente ha sido adulterado(sic)”; en tales condiciones al no existir un planteamiento claro y preciso de contradicción, se tiene que los argumentos vertidos no son suficientes para enervar la pretensión; III) Por otro lado, en lo que respecta al argumento a) de la apelación, se tiene que ello fue planteado también al momento que se dedujo la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, medio de defensa desestimado por Resolución número trece, emitida en la continuación de Audiencia Única de fojas doscientos doce a doscientos catorce, sin que haya prosperado el recurso de apelación planteado contra ella (Resolución número quince, de fojas doscientos treinta y nueve a doscientos cuarenta), por ende, cualquier discusión al respecto deviene en inoficiosa; y, IV) En lo que respecta al argumento b) de la apelación, se tiene que el planteamiento está referido a una invalidez o ineficacia del acto jurídico contenido en la minuta materia de perfeccionamiento, lo cual no puede ser discutido en este tipo de proceso, como claramente ya lo ha expresado nuestra jurisprudencia nacional —Corte Suprema— conforme a las casaciones que hemos invocado en el primer considerando, por ende, este argumento tampoco es amparable.
TERCERO. Que, previamente al análisis de las causales procesales denunciadas, es necesario precisar que el debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Perú, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de sus derechos, a través de un procedimiento legal en el que se dé la oportunidad razonable y suficiente de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir prueba y obtener una sentencia debidamente motivada.
CUARTO. Que, de otro lado, a efectos de expedir una resolución con una mejor motivación cabe destacar que la exigencia de la motivación de los fallos judiciales constituye un valor jurídico que rebasa el interés de los justiciables por cuanto se fundamenta en principios de orden jurídico, pues la declaración del derecho en un caso concreto, es una facultad del Juzgador que por imperio del artículo 138 de la Constitución Política del Perú, impone una exigencia social que la comunidad sienta como un valor jurídico denominado fundamentación o motivación de la sentencia, consagrado en el artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Perú, concordante con el artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial e incisos 3 y 4 del artículo 122 del Código Adjetivo. En ese sentido, la denominada motivación escrita de las resoluciones judiciales, constituye un principio y un derecho de la función jurisdiccional, por cuanto, debe ser resultado del razonamiento jurídico que efectúa el Juzgador sobre la base de los hechos acreditados en el proceso (los que forman convicción sobre la verdad de ellos) y la aplicación del derecho objetivo.
QUINTO. Que, siendo ello ahora, si bien se ha declarado la procedencia del recurso de casación por la causal procesal referida a la infracción a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso en su manifestación por aparente motivación de resoluciones judiciales; no obstante, se aprecia de autos que la Sala Superior ha empleado en forma suficiente los fundamentos que le han servido de base para emitir la sentencia, observando, cautelando y respetando el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso y la motivación de las resoluciones judiciales; esto último, por cuanto la sentencia de vista, cumple con exponer las razones fácticas y jurídicas que determinaron la decisión final, ello acorde a una valoración de los medios probatorios presentados; constatándose que ha expuesto los fundamentos de hecho y de derecho, en consecuencia, la causal procesal debe desestimarse debiendo analizarse la causal material denunciada.
SEXTO. Que, respecto a la infracción normativa de carácter material del artículo 219 inciso 3 del Código Civil; en el extremo referido a que se ha acreditado que el titular registral es Walter Bernardo Jr. Torres y no los demandados, es menester señalar que ello ha sido objeto de pronunciamiento por las instancias de mérito al resolverse la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado la cual fuera desestimada por el Juez y que al ser apelada la resolución desestimatoria dicho recurso impugnatorio no prosperó, razones por las cuales dicha argumentación deviene en infundada.
SÉTIMO. Que, en lo referido al cuestionamiento que se hace respecto de la venta realizada a la demandante (minuta de fecha diecisiete de setiembre de dos mil siete) en la cual no habría participado la sociedad conyugal Espinola Moreno en su conjunto, resulta necesario precisar que: La vía procedimental del proceso de Otorgamiento de Escritura Pública se halla en el artículo 1412 del Código Civil: Si por mandato de ley o por convenio debe otorgarse escritura pública o cumplirse otro requisito que no revista la forma solemne prescrita legalmente o la convenida por las partes por escrito bajo sanción de nulidad, éstas pueden compelerse recíprocamente a llenar la formalidad requerida. La pretensión se tramita como proceso sumarísimo, salvo que el título de cuya formalidad se trata tenga la calidad de ejecutivo, en cuyo caso se sigue el trámite del proceso correspondiente”.
OCTAVO. Que, en el segundo precedente que fija la Corte Suprema en el Noveno Pleno Casatorio sobre Otorgamiento de Escritura Pública, se señala: “2. En un proceso de otorgamiento de escritura pública el Juez puede declarar de oficio, la nulidad manifiesta del negocio jurídico que se pretende formalizar, pero siempre que, previamente, haya promovido el contradictorio entre las partes en la forma señalada en el fundamento 60. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar es manifiestamente nulo, lo declarará así en la parte resolutiva de la sentencia y declarará, además, infundada la demanda de otorgamiento de escritura pública. Si el Juez considera que el negocio jurídico que se pretende formalizar no es manifiestamente nulo, expresará las razones de ello en la parte considerativa de la sentencia y en la parte resolutiva únicamente se pronunciará sobre la pretensión de Otorgamiento de Escritura Pública”.
NOVENO. Que, la trascendencia de este punto se haya en esa posibilidad expresa que señala la Corte Suprema que tienen los jueces de poder declarar de oficio “la nulidad manifiesta” del acto jurídico materia de formalización. Algo que muchas veces parecía impensable en razón a que “la norma no permitía esta posibilidad” o muchas veces los jueces preferían resolver solamente en base a la pretensión propuesta y estando a que la nulidad del acto jurídico debía ventilarse en otra vía, se declaraba la improcedencia del proceso.
DÉCIMO. Que, mediante este precedente, se le permite al Juez que en un proceso de Otorgamiento de Escritura Pública en el cual se advierta la nulidad manifiesta del negocio jurídico, este lo pueda declarar así, siempre que se garantice el derecho al contradictorio. En tal sentido, al declararlo de esta manera, también declarará infundada la demanda de Otorgamiento de Escritura Pública.
DÉCIMO PRIMERO. Que, bajo los argumentos desarrollados, consideramos que esta nulidad manifiesta a la que hace referencia la Corte Suprema, es aquella que no tiene la complejidad, ni trascendencia de aquella que se postula en un proceso de conocimiento (nulidad de acto jurídico) en el cual se requiere mayores elementos probatorios así como un mayor análisis de la cuestión de fondo.
DÉCIMO SEGUNDO. Que, resulta necesario, para una correcta aplicación de este precedente, precisar qué se entiende por la llamada nulidad manifiesta. En tal sentido, la Corte Suprema señala que: 4. La nulidad manifiesta es aquélla que resulta evidente, patente, inmediatamente perceptible, en suma, aquélla que resulta fácil de detectar sea que se desprenda del acto mismo o del examen de algún otro elemento de prueba incorporado al proceso. La nulidad manifiesta no se circunscribe a algunas o a alguna específica causal de nulidad, sino que se extiende a todas las causales que prevé el artículo 219 del Código Civil.
DÉCIMO TERCERO. Que, de tal forma dada la naturaleza del proceso sumarísimo en el que existe una limitación sobre todo en el aspecto de plazos, resulta comprensible que no cualquier tipo de nulidad pueda ser declarada en este tipo de proceso, y sea aquella únicamente que tenga esta característica de evidente o manifiesta.
DÉCIMO CUARTO. Que, siendo ello así, es menester señalar que del documento objeto de elevación a Escritura Pública -Minuta de fojas catorce- aun cuando es cuestionada por el hecho que el inmueble sub litis ha pertenecido a la Sociedad Conyugal Espinola Moreno y no podía ser enajenado por solo uno de ellos, no se advierte la nulidad manifiesta a que hace referencia el Pleno Casatorio (sobre Otorgamiento de Escritura Pública) puesto que dicha alegación requiere de un proceso más lato en donde se pueda evaluar si el inmueble constituye o no un bien propio o conyugal además de la acreditación del estado civil de los cónyuges entre otros medios probatorios sin los cuales no se advierte de manera manifiesta la nulidad aludida; por lo que el recurso de casación así propuesto deviene en infundado.
Estando a las consideraciones expuestas y de conformidad con los artículos 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 397 del Código Procesal Civil, declararon: INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por Jesús Gumercinda Espinola Moreno a fojas trescientos setenta y dos; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista de fojas trescientos cincuenta y seis, de fecha dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque; DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”, bajo responsabilidad; en los seguidos por María Paulina Espinola Moreno contra Jesús Gumercinda Espinola Moreno y otros, sobre Otorgamiento de Escritura Pública; y los devolvieron. Integra esta Sala el Juez Supremo Señor Sánchez Melgarejo por licencia del Juez Supremo Señor De La Barra Barrera. Ponente Señora Céspedes Cabala, Jueza Suprema.
S.S. ROMERO DÍAZ MIRANDA MOLINA, SÁNCHEZ MELGAREJO, CÉSPEDES CABALA, TORRES VENTOCILLA.

References: Artículo 219
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 artículo 138
 artículo 139
 artículo 12
 artículo 122
 artículo 219
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 artículo 1412
 artículo 219
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