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Timestamp: 2019-01-24 03:02:56+00:00

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﻿ SENTENCIA 2009-00690 DE ABRIL 30 DE 2014
SENTENCIA 2009-00690 DE 30 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO- INCIDENTE DE DESACATO. EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 270 DE 1996 SEÑALA COMO DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES RESOLVER LOS ASUNTOS SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN DENTRO DE LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN LA LEY Y CON SUJECIÓN A LOS PRINCIPIOS Y GARANTÍAS QUE ORIENTAN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. ES DECIR, DE ACUERDO CON LAS NORMAS PROCEDIMENTALES QUE LES RIGEN SEGÚN LA MATERIA, DEBEN DAR TRÁMITE COMPLETO A LOS ASUNTOS QUE SE ENCUENTREN EN SU CONOCIMIENTO GARANTIZANDO EL ACCESO REAL Y MATERIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN EL CASO ANALIZADO UN JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL NO CUMPLIÓ CON SUS DEBERES COMO OPERADOR JUDICIAL AL NO HABER RESUELTO EL INCIDENTE DE DESACATO DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL (ARTÍCULOS 124 Y 137 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL). NO SE LOGRÓ JUSTIFICAR LA MOROSIDAD Y RETRASO DE 11 MESES EN LA RESOLUCIÓN DE UN INCIDENTE DE DESACATO, POR LO QUE SE LE IMPUSO LA SUSPENSIÓN EN EL EJERCICIO DEL CARGO POR CUATRO MESES.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO DISCIPLINARIO, FUNCIONARIO JUDICIAL, TÉRMINO LEGAL, INCIDENTE DE DESACATO, FUNCIÓN JURISDICCIONAL
Sentencia 2009-00690 de abril 30 de 2014
Rad.: 130011102000200900690-01
Ref.: consulta funcionario
Aprobado según acta 31 de 30 de abril de 2014
Denunciado: Alí Antonio Silva Cantillo - Juez Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar
Denunciante: Juzgado Promiscuo de Familia del Carmen de Bolívar
1ª instancia: suspensión por cuatro meses
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria de esta corporación tiene competencia para conocer en grado de consulta las providencias proferidas por los consejos seccionales, de acuerdo con lo establecido por los artículos 256.3 de la Carta Política y 112.4 de la Ley 270 de 1996.
2. Identificación del disciplinado.
Exfuncionario: Alí Antonio Silva Cantillo, Juez 1º Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar, para la época de los hechos.
Cédula de ciudadanía: 73.087.343 de Cartagena.
Antecedentes disciplinarios: registra dos sanciones de suspensión, la primera fue por el término de tres meses en el ejercicio del cargo, la cual se cumplió desde el 24 de mayo hasta el 23 de agosto de 2010, interpuesta por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar mediante fallo del 29 de mayo de 2009; y la segunda de suspensión por el término de doce meses, interpuesta por la Seccional de Bolívar a través de fallo del 22 de junio de 2011(15).
Se trata de conocer en grado de consulta la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, del 31 de enero de 2012, mediante la cual se encontró disciplinariamente responsable al exjuez Alí Antonio Silva Cantillo, y se le impuso la sanción de suspensión en el ejercicio del cargo por cuatro meses, los cuales se convirtieron a cuatro salarios para el momento de comisión de la falta debido a que el disciplinado ya no ostenta la calidad de funcionario público. La falta disciplinaria se configuró por cuanto dicho funcionario no resolvió un incidente de desacato dentro de los términos de ley, sin justificación alguna.
a) Materialidad de la conducta:
En el caso bajo estudio, la Sala encuentra que de acuerdo con el material probatorio recaudado, la señora Mirtha Paulina Barrios Vega presentó el acción de tutela en contra del municipio de San Jacinto, con el fin de que le fueran reconocidos sus derechos al trabajo, a la seguridad social y a la vida digna. Proceso que fue conocido por el Juez 1º Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar, quién a través de fallo del 9 de mayo de 2008 amparó los derechos de la accionante y condenó al municipio de San Jacinto a reconocerle el pago de salarios, de seguridad social.
Ante el incumplimiento del fallo de tutela por parte del municipio de San Jacinto, la accionante presentó incidente de desacato de tutela ante el Juez 1º Promiscuo Municipal de Carmen de Bolívar el día 26 de junio de 2008. Conocido el proceso por el funcionario, procedió el 4 de julio del mismo año a solicitar un informe detallado del alcalde municipal respecto del cumplimiento del fallo de tutela emitido el 9 de mayo de 2008.
Sin respuesta alguna de parte del municipio de San Jacinto, el 8 de agosto de 2008 el Juez 1º Promiscuo accedió a la petición de decretar medidas cautelares de embargo y posterior secuestro, sobre las cuentas del municipio accionado con las cuales podía garantizarse el pago debido a la señora Barrios Vega.
Posteriormente, el 21 de julio de 2008 el Juez 1º Promiscuo dispuso impartir trámite incidental por desacato en contra del alcalde municipal de San Jacinto, para lo cual corrió traslado de tres días al incidentado para que solicitara las pruebas que considerara necesarias y anexara los documentos que tuviera en su poder al respecto del caso. El alcalde municipal de San Jacinto dio respuesta el 9 de agosto de 2008, y solicitó como pruebas se oficiara al Juzgado Promiscuo Municipal de San Jacinto, para que entregara informe en el cual se dejara constancia del número de embargos que en ese despacho se estaban tramitando en contra del municipio, así también para el Juzgado Promiscuo del Carmen de Bolívar.
Sin embargo, a pesar de la solicitud de pruebas que hizo el incidentado, el Juez 1º Promiscuo Municipal nada dijo al respecto y tan solo hasta el 9 de junio de 2009 resolvió el incidente de desacato, es decir, aproximadamente 11 meses después de que el mismo hubiera sido propuesto, sin que existiera excusa alguna por parte del exfuncionario para justificar su mora, pues tal y como se dijo se trataba de un desacato con el cual se pretendió hacer cumplir una tutela en la que se ampararon derechos fundamentales a una madre cabeza de familia y a su hijo menor de edad, los cuales por su magnitud deben ser resueltos con prelación por parte de los despachos judiciales, pues de lo contrario los efectos que pretende la acción de tutela se hacen nugatorios para quien tiene un fallo a su favor.
En consecuencia, es claro para la Sala que el exfuncionario Silva Cantillo no cumplió con sus deberes como operador judicial al no haber resuelto el incidente de desacato dentro del término legal señalado por el Código de Procedimiento Civil.
b. La antijuridicidad de la conducta:
Es importante mencionar que el artículo 153.15 de la Ley 270 de 1996, señala como deberes de los funcionarios y empleados resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional, es decir que de acuerdo con las normas procedimentales que les rigen según la materia en la que se desempeñe el juez, este debe dar trámite completo a los asuntos que se encuentren en su conocimiento garantizando así el acceso real y material a la administración de justicia.
En razón de lo anterior, se encuentran los artículos 124 y 137 del Código de Procedimiento Civil en los cuales se describe claramente el trámite que se le debe dar a los incidentes.
Así, que el artículo 124 de la norma citada determine que los jueces deben dictar las resoluciones judiciales en términos específicos, y que tratándose de autos interlocutorios como el que resuelve el incidente de desacato de tutela se tienen diez días para emitirlo. Ahora, el artículo 137 ibídem dice en términos generales acerca del trámite de los incidentes, que cuando se realicen pruebas se dará un término de diez días, luego de los cuales se debe resolver el incidente, pero que cuando no haya pruebas por realizar entonces se debe resolver de inmediato el caso.
Así las cosas, encuentra la Sala plenamente demostrado que el exfuncionario Alí Antonio Silva Cantillo sí incurrió en una falta al deber que se encuentra descrita en el artículo 153.15 de la Ley 270 de 1996, por no haber cumplido los términos señalados por los artículos 124 y 137 del Código de Procedimiento Civil para resolver los incidentes.
No aparece en el expediente ninguna prueba que pueda justificar la morosidad del Juez Silva Cantillo. No se aprecia una congestión de expedientes o una carga de trabajo de tal magnitud como para justificar un retraso de once meses en la resolución del incidente de desacato, pues de acuerdo con las estadísticas reportadas la carga laboral que tenía el despacho del juez no era de tal magnitud como para haber pospuesto por tanto tiempo la decisión sobre el desacato.
c. Culpabilidad:
Los elementos que se tuvieron en cuenta para determinar que la modalidad bajo la cual el exjuez actuó fue gravemente culposa, se relacionan con que no cumplió de manera diligente con los deberes que él como funcionario tenía en aras de garantizar un adecuado funcionamiento de la administración de justicia.
d. Dosimetría de la sanción:
Finalmente, es importante mencionar que el artículo 44 de la Ley 734 de 2002, señala los cuatro tipos de sanciones que pueden imponerse dependiendo de la falta endilgada al investigado, que son destitución e inhabilidad, suspensión, multa y amonestación escrita, las cuales dependiendo de la gravedad y criterios de graduación se imponen a quien resulte responsable disciplinariamente.
Teniendo clara la trascendencia social, modalidad y gravedad de la conducta cometida por el disciplinado en este caso el exjuez 1º Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar Alí Antonio Silva Cantillo, encuentra la Sala que la sanción impuesta corresponde con los criterios legales y constitucionales exigidos para tal efecto, pues como operador judicial estaba obligado a cumplir con sus deberes, por ello al evidenciarse como se dijo dicho incumplimiento, es que encuentra justificación la sanción impuesta por la seccional pues contravino con su conducta los principios de la administración de justicia.
Así, que la sanción impuesta al disciplinado cumple con el principio de proporcionalidad, en la medida en que corresponde la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, lo cual asegura igualmente el principio de legalidad de las sanciones de acuerdo con lo consagrado en la Ley 734 de 2002.
Si bien el exfuncionario Alí Antonio Silva Cantillo registra antecedente disciplinario de suspensión por tres meses a partir del 24 de mayo hasta el 23 de agosto de 2010, así como desde el 22 de junio de 2011, los mismos no serán tenidos en cuenta por cuanto fueron impuestos con posterioridad a la comisión de la conducta acá investigada, tal y como lo señala el artículo 47 numeral 1º literal a de la Ley 734 de 2002.
1. CONFIRMAR la sentencia primera instancia del 31 de enero de 2012, proferida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar - Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por medio de la cual se le impuso SUSPENSIÓN en el ejercicio del cargo por cuatro meses al Juez Primero Promiscuo Municipal del Carmen de Bolívar ALÍ ANTONIO SILVA CANTILLO, la cual se convirtió en multa de cuatro salarios para el momento de comisión de la conducta, por haberlo encontrado responsable del incumplimiento al deber consagrado en el artículo 153 numeral 15 de la Ley 270 de 1996, por desconocimiento de los artículos 124 y 137 del Código de Procedimiento Civil.
2. Comuníquese a la Oficina de Registro y Control de la Procuraduría General de la Nación, a las Presidencias de las Salas Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura y Seccional de la Judicatura del Bolívar, conforme a lo dispuesto en el artículo 220 de la Ley 734 de 2002.
3. Contra esta decisión no procede recurso alguno, conforme a lo dispuesto en los artículos 205 y 206 de la Ley 734 de 2002.
4. Devuélvase el expediente al seccional de origen, para lo de ley.
(15) Folio 17 del c.o.
Con el debido respeto me permito manifestar que salvo voto en relación con la decisión tomada mayoritariamente por la Sala en el asunto de la referencia, al considerar que en el presente evento, se debió absolver Alí Antonio Silva Cantillo, Juez Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, por cuanto no se avizora la mora reprochada en el trámite del incidente de desacato propuesto por la accionante Mirtha Paulina Barrios Vega, el día 26 de junio de 2008, en el marco de la acción de tutela promovida contra el municipio de San Jacinto, Bolívar.
Lo anterior, por cuanto se observa que el operador judicial inculpado, una vez instaurado el incidente de desacato, el 4 de julio de 2008, le solicitó al municipio accionado, un informe detallado respecto del cumplimiento del fallo de tutela emitido el 9 de mayo de 2008.
Asimismo, se advierte que el titular del Juez Primero Promiscuo Municipal de El Carmen de Bolívar, en fecha 8 de agosto de 2008, accedió a la petición de decretar medidas cautelares de embargo y secuestro sobre las cuentas del municipio accionado con lo cual podía garantizarse el pago debido a la actora Barrios Vega.
En este orden de ideas, vemos que si bien el disciplinado, resolvió el incidente en proveído del 9 de julio de 2009, previo a tal determinación, según se indicó en precedencia, el funcionario adelantó las gestiones necesarias para proferir la decisión reclamada por la accionante, como ordenar la práctica de pruebas, acceder a decretar las medidas cautelares en comento, y requerir al ente municipal accionado para que se pronunciara respecto del cumplimiento de la orden dada en el fallo de tutela.
De los señores magistrados, en los anteriores términos dejo planteado mi salvamento de voto.
Se remite a la Secretaría Judicial un expediente en 3 cuadernos con 233, 38 y 38 folios y 1 CD.
Con el respeto de siempre, la suscrita ve la necesidad de salvar el voto en el asunto de la referencia, toda vez que la acción disciplinaria se encuentra prescrita, en atención a la falta imputada, pues no pueden confundirse los ingredientes típicos de las faltas disciplinarias previstas en los artículos 153 numeral 15 y 154 numeral 3º de la ley 270 de 1996, tal y como lo dejó sentado esta corporación:
En este orden de ideas, comoquiera que la Sala de primera instancia reprochó la tardanza en resolver un incidente de desacato, imputándole la falta prevista en el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 y no el 154 numeral 3º ibídem, razón por la cual, no debió analizarse el lapso que tardó en resolverlo, pues esa no fue la conducta imputada por la primera instancia, sino únicamente la producción del término que tenía para resolver.
Debe señalarse que la norma irrogada(1) preceptúa como deber de los funcionarios resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de los términos legales, es decir, al cabo de los mismos la disciplinada se ubica en situación de incumplimiento de tal mandato y, en consecuencia, desde ese momento comienza el conteo de la prescripción.
Sobre la falta imputada esta corporación se pronunció en pretérita oportunidad así:
“Sea lo primero, precisar, que en un sinnúmero de ocasiones, frente a las investigaciones por mora de funcionarios judiciales para proferir sus decisiones, se les ha imputado desprevenidamente la vulneración del numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de 1996 o la incursión en la prohibición reseñada en el numeral 3 del artículo 154 ibídem, de manera individual o simultánea, dentro del acápite de normas presuntamente violadas contenido en el auto de cargos, lo cual da a entender que tal conducta no es mirada con una óptica diferente, ni siquiera en principio, como un deber o una prohibición.
Sin embargo, es justo allí donde radica la importancia de dicha valoración, la cual debe conllevar la escogencia de la normatividad verdaderamente vulnerada con el comportamiento investigado, de acuerdo con los límites espacio temporales que informen los hechos. En particular, al respecto, la Sala ha sostenido para identificar los tipos disciplinarios de indiligencia, que si bien podría diferir del caso de autos por ser contra un funcionario judicial, la dogmática enseña el mismo tratamiento para el asunto en concreto:
“Es por ello que es deber del legislador señalar de una forma precisa las conductas consideradas como reprochables así como también la correspondiente consecuencia jurídica, sin que en principio, sea dado al operador judicial realizar cualquier tipo de interpretación o creación al respecto.
Y se dice que en principio, por cuanto existen tipos en blanco o contentivos de conceptos jurídicos indeterminados, así como el numerus apertus, los cuales han superado el juicio de exequibilidad realizado por la guardiana de la Constitución(2); sin embargo, no es el caso del artículo 55 del Decreto 196 de 1971, pues tal y como se indicó en precedencia, consagra de una forma clara y precisa dos modalidades de faltas contra la debida diligencia profesional, usando en cada una de ellas verbos rectores diferentes, que no dejan vacío alguno, razón por la cual, no es dado al funcionario judicial realizar cualquier tipo de interpretación, debiéndose limitar a realizar el juicio de tipicidad correspondiente.
Sobre el tema, la Corte Suprema de Justicia señaló:
“... El juicio de tipicidad consiste en adecuar una conducta a un tipo penal y no en buscarle un tipo penal a una conducta, lo cual por supuesto es distinto.
En ese proceso —en el primero, desde luego—, el juez debe respetar la ontología, finalidad y axiología de la conducta, el desvalor que expresa y el bien jurídico que afecta, pues se trata de valorar comportamientos que se manifiestan en una realidad social concreta frente a un tipo penal en particular, para lo cual es necesario establecer dos verdades: una fáctica, relacionada con la verificación del supuesto de hecho, y otra jurídica, comprobable a través de la interpretación de enunciados normativos que califican la conducta o el hecho como delito y del cual el sujeto sería o es autor(3) (L. 600/2000, art. 232).
No ocurre lo mismo con la segunda perspectiva. En efecto, cuando se le busca un tipo penal a una conducta, se desdeña de la ontología y axiología del comportamiento y del contenido que expresa el bien jurídico en conflicto, como lo hizo el tribunal, para concluir sin más, porque eso le parecía, que estaba bien asumir desde la perspectiva de la concusión, la similitud que pudiese encontrar entre esa definición y la actuación del juez, la realmente ocurrida, consistente en llamar telefónicamente al juzgado para averiguar de un asunto, como también en su momento lo pensó el instructor...”(4)”(5).
Lo cual implica que la conducta debe verificarse ontológicamente para luego adecuarla en la descripción del tipo previamente legislado, sin que sea dado involucrarla en cualquiera por más que se considere tipo abierto o de numerus apertus.
Para el caso del artículo 154-3 de la Ley 270 de 1996, la falta refiere a la incursión en la prohibición de retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos, el espectro normativo que permite realizar el estudio de responsabilidad de la conducta morosa dentro del espacio temporal durante el cual se omitió proferir la decisión judicial, situación que requiriere una mayor valoración subjetiva de las posibles causales de justificación.
Caso diferente sucede si la falta es tipificada en el incumplimiento del deber de no resolver los asuntos dentro de los términos previstos en la ley (art. 153-15 ídem), toda vez que, sin hesitación alguna, el análisis de responsabilidad encuentra un límite temporal, dentro del cual se debe establecer las circunstancias que pudieron impedir el cumplimiento funcional pero dentro de esos términos legales, pues hacerlo más allá es entrar en el campo de la mora prevista autónoma e independiente en otra hipótesis legal”(6) (negrilla fuera de texto).
De los honorables magistrados,
(1) Artículo 153 Ley 270 de 1996: “Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda, los siguientes: 15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional” (negrilla fuera de texto).
(2) “... el de las normas o tipos en blanco y el de los conceptos jurídicos indeterminados, que, en consonancia con lo expuesto por la doctrina y la jurisprudencia, comprenden aquellos preceptos que contienen descripciones incompletas de las conductas sancionadas, pero que en todo caso pueden llegar a concretarse en virtud de remisiones normativas o de criterios técnicos, lógicos, empíricos, semánticos o de otra índole, que permitan conocer, de forma razonable y con suficiente precisión, el alcance de las conductas reprochables y de sus sanciones...” (Sent. C- 393/2006).
(3) Ferrajoli, Luigi, Derecho y razón, Editorial Trotta, 1997, página 48.
(4) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 6 de abril de 2006, radicado 24.977. M.P. Mauro Solarte Portilla.
(5) Ver providencia dada en el radicado 760011102000200500074-01 de fecha 28 de enero de 2009.
(6) Radicado 110011102000200704303 01, aprobado en Sala 57 del 20 de mayo de 2010.

References: ARTÍCULO 153
 RESOLUCIÓN 
 artículo 153
 artículo 124
 artículo 137
 artículo 153
 resolución 
 artículo 44
 artículo 47
 artículo 153
 artículo 220
 artículo 153
 artículo 153
 artículo 154
 artículo 55
 artículo 154
 Artículo 153