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Timestamp: 2019-09-22 10:33:28+00:00

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﻿ SENTENCIA 19136 DE FEBRERO 26 DE 2003
SENTENCIA 19136 DE 26 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:INDEXACIÓN DE LA PRIMERA MESADA PENSIONAL. LA INDEXACIÓN NO TIENE ALCANCE GENERAL. EL LEGISLADOR LA HA RECONOCIDO PARA CASOS PARTICULARES Y LA JURISPRUDENCIA DE ESTA SALA Y LA DE LA CIVIL DE LA CORTE, ÚNICAMENTE COMO MEDIO CORRECTIVO ADECUADO A LAS SITUACIONES DE PAGO RETARDADO DE ALGUNOS CRÉDITOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENSIÓN DE JUBILACIÓN, SISTEMA DE PENSIONES, MESADA PENSIONAL, INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL, REAJUSTE DE LA MESADA PENSIONAL, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN, DERECHO A LA INDEXACIÓN DE LA MESADA PENSIONAL
Sentencia 19136 de febrero 26 de 2003
Rad.: 19136
Resuelve la Corte el recurso de casación interpuesto por Óscar Tejada Ossa contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, dictada el 13 de marzo de 2002, en el juicio ordinario laboral que promovió el recurrente contra la sociedad Carvajal S.A.
La Sala procede a estudiar de manera conjunta los cuatro cargos precedentes, toda vez que tales acusaciones vienen propuestas por la misma vía, la directa, y persiguen, en esencia, un mismo objetivo: la indexación de la primera mesada pensional del demandante.
Pues bien. Reclama el recurrente, sustancialmente, la aplicación de la tesis jurisprudencial que opta por indexar el valor del promedio salarial que sirvió de base al cálculo de la primera mesada de la pensión de jubilación, cuando entre la desvinculación del trabajador y la exigibilidad de la pensión transcurre un lapso considerable que envilece el valor adquisitivo de aquella cifra.
Por no haber acogido esa interpretación jurisprudencial, sino la consagrada en la sentencia de 18 de agosto de 1999, se ataca la sentencia del tribunal.
Los soportes de los cargos formulados contra el fallo proferido por el tribunal dentro del presente asunto corresponden, en esencia, a las argumentaciones que sirvieron de fundamento a la sentencia dictada por esta Sala de la Corte el 5 de agosto de 1996, reiterada, entre otras decisiones, en la de 11 de diciembre de 1996, radicación 9083.
Pero acontece que el criterio acogido en el anterior pronunciamiento mayoritario de la corporación sobre el tema de la indexación de la primera mesada pensional, ha sido rectificado por la mayoría de la Sala de Casación Laboral desde su proveído de 18 de agosto de 1999, radicación 11818.
El actual criterio mayoritario reafirma que en el sistema legal colombiano no existe una regla general que preceptúe que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda sea una carga económica que deba asumir el deudor, con mayor razón tratándose de pensiones de jubilación, las que por su alto contenido económico, se han convertido en uno de los factores que más ha contribuido a afectar la capacidad económica de las empresas, lo que indiscutiblemente se traduce en últimas en la imposibilidad de ofrecer más y mejores fuentes de trabajo.
Siguiendo ese criterio, si las normas que regularon la pensión de jubilación, particular u oficial, establecieron que el empleador debía pagar al trabajador con derecho a la pensión un 75% del salario promedio mensual devengado durante el último año de servicios, esa base salarial no puede ser modificada por el juez actualizando su valor monetario, pues la norma no lo autoriza para el caso en que la pensión empieza a disfrutarse después de la fecha de la terminación del contrato ni cuando las dos fechas coinciden y la devaluación igualmente afecta la base salarial.
La pérdida del poder adquisitivo de la moneda o su revaluación, que son las contingencias de toda economía monetarista, representan el daño o el beneficio que afecta a cualquier patrimonio (a los derechos y obligaciones que lo conforman), pero el riesgo que corre el sujeto no siempre gravita sobre el deudor a menos que actúe con retardo o mora y en las situaciones específicas que reconocen la ley y la jurisprudencia. Los reajustes pensionales que establece la ley obedecen a consideraciones de equidad y el deudor de la pensión los asume aunque no incurra en retardo o en mora, pues así lo determina expresamente la ley misma.
Como el artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo, al igual que las disposiciones que han regulado la materia en el sector oficial, previó esa regulación normativa dentro de un sistema legislativo y económico que no acoge como regla general la revaluación monetaria de las obligaciones, debe concluirse que el tribunal debe aplicar esos preceptos legales y, por tanto, no es pertinente acudir al artículo 8º de la Ley 153 de 1887 y, por ende, el 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que sólo operan cuando hay ausencia de regulación expresa de un fenómeno en las relaciones jurídicas.
En forma concordante y complementaria de lo anterior, la Sala mayoritariamente señaló en sentencia de fecha 18 de agosto de 1999. Radicación 11818, lo siguiente:
“(a) Huelga resaltar, en principio, que no se indexan las obligaciones contractuales, en tanto acreedor y deudor han tenido la oportunidad de pactar mecanismos de protección contra el proceso inflacionario. El juez no puede interferir en el libre juego de las voluntades de los contratantes, quienes, en presencia de un hecho notorio como la inflación, deciden celebrar una negociación y mantener incólumes el valor de sus prestaciones exigibles en un mediano o largo plazo. Teniendo los contratantes la posibilidad de prever un fenómeno absolutamente notorio para cualquier nombre de mediana capacidad que entra en la esfera negocial, deben actuar ellas con diligencia y cuidado (nemo auditur propiam turpitudinem alegans).
“Ahora bien, esta primera tesis es válida mientras se cumpla la obligación en la oportunidad convenida. Porque no satisfecha en tiempo, si del incumplimiento se deriva una significativa depreciación de la misma, entonces puede solicitarse su indexación como un componente, del daño emergente ocasionado al acreedor.
“b) Se indexan las obligaciones puras y simples, vale decir, existentes y exigibles, cuya fuente es directamente la ley, cuando esta no previó ningún mecanismo para que al acreedor se le entregara la prestación a que realmente tiene derecho. Se propende con ello restablecer el equilibrio perdido en la relación jurídica emanada de la norma, por no haber precavido los alcances de su tendencia nominalista. El presupuesto es, se reitera, la presencia de una obligación cierta, respecto de la cual existe una situación jurídica constituida y cuyos efectos se surtieron o se están surtiendo. Ilustra lo afirmado en este punto, el caso de las prestaciones sociales, respecto de las cuales ha dispuesto el legislador, de manera expresa, la función moratoria del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera que siendo esta, por definición del precepto en cita, una “indemnización”, no desvirtuada la mala fe, y condenándose a ella, tórnase improcedente, la indexación por haberse previsto una fórmula indemnizatoria propia.
“c) No se indexan, pues, en primer lugar las obligaciones condicionales suspensivas, es decir, las pendientes “de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no”, según las voces del artículo 1530 del Código Civil, en tanto enerva la adquisición del derecho mientras él no se cumpla (art. 1536, ibíd.). En segundo término, tampoco se revalorizan los derechos eventuales. Estos, conforme a la teoría de las obligaciones, son los que emanan de un acto, hecho o negocio jurídico en formación (in nuce), o incompleto o imperfecto, como los que han reunido uno o varios de los elementos necesarios para su existencia, pero les falta otro u otros de ocurrencia futura. Mucho menos, no está demás decirlo, pueden ser valorizadas las meras expectativas de derechos, respecto de las cuales no cabe hablar, siquiera, de obligación.
“a) Porque el derecho a reclamar la pensión sólo surge, respecto de su acreedor a partir de la concurrencia de dos elementos esenciales para su existencia: 1. el cumplimiento de una cantidad preestablecida de cotizaciones o de un determinado numero de años de labores, según se estuviera, o no, cubierto por el régimen de la seguridad social; y 2. El advenimiento de la edad señalada en la ley para obtenerla. Quien, como en el caso del actor, ha satisfecho uno solo de los dos factores esenciales para alcanzar la pensión (el tiempo de servicio fijado en la ley o pactado en la convención) tiene, a no dudarlo, un derecho eventual, apenas en ciernes, en tanto falta el otro de los componentes imprescindibles para que se pueda consolidar, con un titular del derecho, de una parte, y un obligado a su satisfacción, por la otra.
“Sostienen algunos que en el caso antes referido hay más bien un derecho sometido a condición suspensiva; pero, en rigor jurídico, se trata de un derecho in nuce, por cuanto en la relación jurídica condicionada el derecho se encuentra perfeccionado, sólo que sus efectos se hallan en estado de latencia por estar pendientes de un hecho futuro e incierto, ajeno a su esencia y no requerido para su constitución. El derecho eventual y su obligación correlativa, en cambio, nacen a la vida jurídica en el momento en que se completan los requisitos exigidos en la ley o en el contrato; tal es el caso de los derechos del nasciturus, o el del asignatario (C.C., art. 1215), o el de los esposos (art. 1771 y ss., ibíd.), los del constituyente de una hipoteca (art. 2441, ibíd.), y, en materia laboral, entre otros, los del trabajador con derecho a la pensión de invalidez (L. 100/93, art. 39), de vejez (art. 33, ibíd.), de jubilación (CST, art. 260), por aportes (L. 71/88, art. 7º), de sobrevivientes, para no citar más.
“Muchos doctrinantes van más allá, pues consideran que en el caso de que sólo se haya satisfecho uno de los componentes vitales para la existencia del derecho a obtener la pensión, lo que hay es una mera expectativa. Esto implica, por supuesto, la posibilidad de negociación y renuncia de parte del trabajador de su esperanza de adquirir un derecho fundado en una norma vidente, e incluso de modificación o extinción mediante ley de lo que hasta entonces no era un derecho por falta de los presupuestos materiales o de hecho.
“b) Así pues, integrados los requisitos necesarios para la consolidación del derecho en cabeza de su titular, nace la obligación de pagar la mesada que la ley impone, conforme, a los parámetros en ella señalados, y el derecho correlativo de quien adquiere la pensión. Antes no, porque, mientras el derecho eventual se perfeccionaba había apenas una expectativa de derecho, o mejor, un derecho de perspectiva, esto es, en vías de adquirirse; pero, jamás, un derecho adquirido.
“d) Puede reclamarse el reconocimiento de la pensión, de acuerdo con lo antes dicho, desde cuando se constituye el derecho, esto es, se completan los elementos requeridos para su existencia. Y sólo entonces se podrá exigir la mesada reconocida, entendiéndose, desde luego, que al acreedor de ella deberá estar retirado del servicio, en la medida en que ésta sí es una condición de la cual pende la exigibilidad de su pago.
De otra parte, vale anotar que las otras sentencias de la Sala invocadas por el censor como fundamento de sus acusaciones, tales como las que registran las radicaciones 13.336, 13.293 y 13.153 corresponden a situaciones totalmente diferentes a la que aquí se ventila, como que aquellas se refieren a pensiones reconocidas bajo el imperio de la Ley 100 de 1993, mientras que la pensión objeto de la pretensión de la censura fue otorgada antes de entrar en vigencia dicha normatividad y siguiendo las reglas legales que gobiernan la pensión patronal; y, la que detenta la radicación 17.739, en rigor, no constituye la doctrina probable de esta Sala sobre el tema de la indexación de la primera mesada pensional, toda vez que esa decisión fue adoptada con la intervención de un conjuez, por lo que tales precedentes resultan inaplicables al presente caso.
En conformidad con las consideraciones expresadas en la providencia transcrita y la aclaración anterior, los cuatro cargos aquí analizados conjuntamente no están llamados a prosperar.
Acusa la sentencia impugnada de “ser violatoria indirectamente, en el concepto de aplicación indebida, de los artículos 48, 53, 58, 228, 230, 373 de la Constitución Política, del artículo 260 del Código Sustantivo del Trabajo de los artículos 11, 14, 21, 36, 288 y 289 de la Ley 100 de 1993, del artículo 1º, literal a) de la Ley 20 de 1970 (que estableció el principio de la oscilación de las pensiones) y de los artículos 9º y 3º del Decreto Legislativo 435 de 1971, de los artículos 1º, 9º, y 11 de la Ley 71 de 1988, del artículo 1º de la Ley 4ª de 1976, de los artículos 1º, 2º y 11 del Decreto 1748 de 1995, del artículo 1º del Decreto 2498 de 1988, del artículo 77 del Decreto 2649 de 1993, del artículo 64 del Decreto 2160 de 1986, de los artículos 1º, 16, 19, 21, 127 del Código Sustantivo del Trabajo del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, de los artículos 1551, 1554, 2229 y 1617 del Código (sic) Civil, del artículo 1º de la Ley 12 de 1975, del artículo 1º de la Ley 113 de 1985, del artículo 4º de la Ley 169 de 1896, y del precedente jurisprudencial (Sent. C-836/2001 de la h. Corte Constitucional), invocado al folio 315 del expediente, y de las sentencias de cosa juzgada constitucional C-367 de 1995 y C-448 de 1996 de la honorable Corte Constitucional, que hacen parte del imperio de la ley (art. 230 de la Carta Magna) en el tema de la reliquidación, actualización, indexación y/o reajuste de la primera mesada pensional, y de los artículos 8º de la Ley 10 de 1972 y 65 del Código Sustantivo del Trabajo, y de los artículos 307 del Código de Procedimiento Civil y 16 de la Ley 446 de 1998 y del artículo 141 de la Ley 100 de 1993”.
Sostiene el recurrente que el tribunal infringió las disposiciones anteriormente denunciadas como consecuencia de la comisión de los siguientes errores de hecho:
“1. En dar por demostrado, contra la evidencia, que los reajustes de las mesadas pensionales efectuados al actor a partir de 1992 compensaron la devaluación (sic) del valor inicial de la pensión.
“2. En la equivocada apreciación:
a) De la demanda inicial (fls. 3 a 9);
b) Del interrogatorio de parte absuelto por el representante legal de la demandada (fls. 31 a 34); del documento de folio 87, que da cuenta que, el actor prestó sus servicios a Carvajal S.A. del 24 de septiembre de 1956 hasta el 30 de agosto de 1981, de lo cual se desprende que para el 1º de enero de 1967, cuando comenzó a regir la reglamentación de pensiones de vejez del ISS, el actor ya llevaba más de 10 años de servicios a la patronal.
“3. De la falta de apreciación del documento —Certificación del DANE sobre el IPC— (fls. 41 a 45), que demuestra la devaluación del peso colombiano y cómo este fenómeno y el correlativo de la inflación empobrecen a asalariados y pensionados, que para el caso del actor, a la fecha de la terminación del contrato de trabajo devengaba 10.64 veces el salario mínimo legal mensual, y a la fecha de recibir su pensión de jubilación sólo le fue reconocido un salario mínimo legal mensual.
“4. De la falta de apreciación del informe presentado por la demandada Carvajal S.A. sobre las mesadas pagadas al actor desde junio de 1991 hasta octubre de 1997 (fls. 88 a 168), en los cuales se comprueba que la patronal paga pensiones de jubilación, amén del actor a un sinnúmero de ex trabajadores de la misma empresa y que por lo tanto realiza los cálculos actuariales que le ordenan las normas legales (Ds. 2498/88, 2160/86 y 2469/93); y, del documento de folios 15 a 17, certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá sobre la sociedad comercial Carvajal S.A.
“5. Del documento obrante a folios (83 a 85), reconocimiento del ISS de la pensión por invalidez al actor, siendo el último patrono la empresa productos Cóndor Ltda., lo que determina el por qué la pensión de jubilación del actor reconocida por Carvajal S.A. no es compatible con la del ISS”.
En seguida el recurrente expresa:
“No hay, naturalmente, ninguna prueba en el expediente que conduzca a determinar que entre la fecha en que se terminó la relación laboral (ago. 30/81) y la fecha en que se reconoció y comenzó a pagar la pensión del demandante (jun. 3/91), no existió la depreciación de la moneda certificada en autos por el DANE, ni que los reajustes hechos a la pensión con posterioridad a 1991 hubieren compensado esa devaluación.
“La violación legal en que incurrió el tribunal, condujo a la absolución de la entidad demandada por concepto de la reliquidación solicitada. Si el sentenciador hubiera apreciado correctamente la demanda inicial y las demás pruebas que se han individualizado, habría ordenado la reliquidación solicitada, tal como debe hacerlo ahora esa honorable corporación, en sede de instancia, y habida consideración que se encuentra demostrado que entre la fecha de la terminación del contrato (ago. 30/81) y la fecha del reconocimiento de la pensión de jubilación (jun. 3/91), el IPC aumentó en forma considerable (fls. 41 a 45).
“Por consiguiente, el cargo tiene vocación de prosperidad”.
Ésta afirma que la vía escogida por el recurrente para atacar la sentencia del tribunal no es de recibo, ya que las motivaciones que tuvo dicha corporación para negar la indexación de la base salarial para liquidar la primera mesada pensional del actor fueron netamente jurídicas.
Le asiste razón a la oposición en la crítica que le formula a la acusación, toda vez que la decisión adoptada por el tribunal se basó en un todo en la sentencia de la Corte de fecha 18 de agosto de 1999 (Rad. 11818), donde a través de un estudio eminentemente jurídico esta corporación fija su posición respecto a la improcedencia de la indexación de la primera mesada pensional en casos como el aquí discutido, luego la vía apropiada para encauzar el enjuiciamiento de legalidad del fallo de segunda instancia lo es la directa y no la aquí escogida por el censor para tal propósito.
Como hubo oposición las costas en casación estarán a cargo de la recurrente.
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el 13 de marzo de 2002 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en el juicio ordinario laboral que promovió Óscar Tejada Ossa contra la sociedad Carvajal S.A.
Con el debido respeto nos permitimos salvar el voto en la decisión acogida por la Sala en la sentencia del 10 de diciembre del año en curso, proferida para desatar el recurso de casación propuesto por la parte demandante dentro del proceso ordinario promovido por Saúl Aponte Guzmán contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, Caja Agraria, en liquidación radicación 19275.
“Empero, a juicio de la Sala, la providencia del tribunal, así sea consonante con la tesis del salvamento de voto a la que finalmente se remite, sí incurre en el yerro de apreciación jurídica que le endilga la acusación, pues conforme lo tiene dicho la Corte de vieja data, y lo reiteró recientemente en su sentencia de casación del 5 de agosto de 1996, radicación 8616, la indexación es aplicable en el derecho del trabajo y, específicamente en casos como el que se trata, con el objeto de paliar los efectos que la pérdida del poder adquisitivo de la moneda tiene sobre la cuantía de créditos laborales, como la pensión de jubilación que le fue reconocida al demandarte.
“De modo, pues, que cuando el tribunal, a pesar de reconocer la existencia notoria del fenómeno de la depreciación del peso colombiano, se abstuvo de aplicar la corrección monetaria a la primera mesada pensional del petente, incurrió en el estigma de interpretación jurídica que se le endilga, pues le entregó a las normas referidas en el cargo, principalmente a los artículos 8º de la Ley 153 de 1887 y 19 del Código Sustantivo del Trabajo, un entendimiento restringido, que no le permitió, en un contexto de justicia, equidad y equilibrio social (art. 1º, ibíd.), solucionar el envilecimiento del valor nominal de la pensión de jubilación de aquél y reajustarla a su cuantía real, conforme lo tiene establecido esta corporación. Pérdida del poder adquisitivo que no depende de que se esté en mora el cumplimiento de una obligación sino de la existencia de un fenómeno económico, que al ser reconocido no implica imponerle a quien deba soportarlo una carga superior a la que llegare a estar obligado, ya que mirado desde la óptica del poder adquisitivo de la moneda los valores nominales que se determinen son iguales.
“Con apoyo en tal preceptiva (L. 153/1887, art. 8º; CST, art. 19, se aclara), la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte desde la referida sentencia del 18 de agosto de 1982, ha venido sosteniendo la posibilidad de aplicar a los créditos de origen laboral, la corrección o actualización de la moneda. El soporte de esta doctrina ha sido vario: los principios del derecho del trabajo, en cuanto criterios de valoración inmanentes a esta rama del derecho, portadora, por antonomasia, de una intención cautelar y defensora de los precarios intereses del trabajador, en consideración a que es un sujeto que normalmente no cuenta sino con su fuerza de trabajo para subsistir, enajenándola al empleador, la jurisprudencia, principalmente de la Sala Civil de esta corporación, que desde un tiempo un poco anterior, enfrentó el análisis de la incidencia de la inflación en las obligaciones diferidas de carácter civil; en los principios de equidad y justicia, comunes, a no dudarlo, a todas las ramas del derecho y en particular a la laboral; en variados campos de la actividad civil en nuestro país, en la doctrina y la jurisprudencia extranjeras, así como también en la escasa producción doctrinaria nacional al respecto, en las normas reguladoras del pago, también indudablemente comunes al derecho ordinario y al del trabajo, en cuanto dicho modo de extinguir las obligaciones tiene que ver con todo tipo de éstas, cualquiera sea su origen; y, en fin, en los principios del enriquecimiento injusto y el equilibrio contractual, fundantes de la doctrina elaborada sobre el tema por la jurisprudencia civil, pero en ningún modo ajenos a los criterios estimativos del derecho laboral. Y, ahora, según los principios constitucionales atrás destacados es pertinente e imperativo tener en cuenta los lineamientos que el constituyente mismo estableció a este respecto y en la materia específica del derecho laboral, expectante de concretos y futuros desarrollos legislativos.
“El panorama jurídico ahora brinda nuevos y mayores elementos para aceptar la aplicación del correctivo de la indexación. Pues ciertamente en punto de las pensiones, se expidió la Ley 100 de 1993 por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, que en varias de sus disposiciones desarrolla los principios constitucionales en cuanto consagran la previsión de crear mecanismos adecuados para que las pensiones mantengan su poder adquisitivo constante, como arbitrio eficaz para garantizar la congrua subsistencia de amplísimos sectores salariales (C.P., arts. 48 y 53). Dicha ley establece mecanismos de actualización no sólo de las pensiones causadas (art. 14) sino de los recursos recaudados para el pago de pensiones futuras, mediante la aplicación del índice de precios al consumidor, según certificación expedida por el DANE (arts. 36 y 117).
“Reitera, entonces, la Corte que una solución como la de la indexación, adoptada para el caso, no implica un incremento en la obligación original, no la hace más onerosa, sino que se limita a mantener su valor real frente a la notoria pérdida del poder adquisitivo de la moneda; acogerla sólo significa restablecer el equilibrio entre las partes, aplicando la devaluación monetaria a los $ 15.808.15, que se estableció es el valor de la pensión del accionante cuando cumplió 55 años de vida, el 22 de julio de 1984, para cuya tasación se tuvo en cuenta el último salario promedio mensual que devengaba el 30 noviembre de 1978, es decir, algo más de cinco (5) años antes. El resultado de una operación tal, así sea numéricamente mayor, equivale, para la primera fecha, al valor inicialmente citado, razón por la cual no es predicable que en términos reales de economía y finanzas la indexación le represente cumplir con una obligación dineraria superior a la inicialmente pactada.
1. Si se analiza, desde el año de 1982 y hasta la fecha, el desarrollo jurisprudencial de esta Sala de la Corte en materia de indexación de las obligaciones laborales en general, se impone llegar a la conclusión que al acogerse la revaluación de la base salarial para la pensión de jubilación, no se pretendió, como lo afirma la mayoría, reemplazar un “ordenamiento jurídico de corte nominalista” por un régimen valorista”, sino buscar una solución a un desequilibrio económico que tiene profundas repercusiones en las relaciones que regulan el derecho laboral, por lo que representa lo que se recibe como contraprestación directa o indirecta, independientemente de su denominación jurídica. Y ello en virtud, en primer lugar, de lo que es la inflación y su incidencia en algo tan vital para quien por su edad ve limitada su capacidad y oportunidad de trabajo, ya que basta citar la siguiente explicación más que gráfica de lo que es ese fenómeno económico: “inflación es cuando en vez de no tener plata, usted tiene el doble, pero no le alcanza para comprar lo que hubiera comprado con lo que no tenía”. Y en segundo lugar, por lo que se expresa en la sentencia de la que nos apartamos: “En Colombia existe un vacío legislativo, casi total, sobre el fenómeno de la indexación (...)”.
“La obligación de pagar una suma de dinero puede ser tal desde el momento mismo en que surgió la relación, o ser el resultado de la conversión a dinero de una obligación de otra índole, que se perceptúa (sic) en el subrogado pecuniario de la prestación original (C.C. art. 1731). En esta segunda hipótesis están de más las consideraciones y disquisiciones sobre el efecto perverso de la inflación sobre el acreedor de obligación pecuniaria, como quiera que la deuda llegó apenas ahora a ser de dinero, mediante la apreciación de la prestación correspondiente (o del perjuicio) en su valor actual, o sea que allí hay un valor presente real y justo.
“Como quiera que la cancelación del contrato, cada contratante deviene acreedor de lo que dio y deudor de lo recibido, aquel que recibió dinero de su contraparte debe restituírselo. Es esa una obligación de “valuta” o pecuniaria propiamente dicha, o pecuniaria primaria, porque la obligación del deudor consiste originariamente en pagar una suma de dinero cierta y precisa. Hipótesis delante de la cual, habida cuenta del fenómeno inflacionario o de depreciación del dinero, surge la necesidad de determinar si lo que el deudor debe es simplemente una cantidad de unidades monetarias, la misma original, o si, debe actualizar, corregir el monto pecuniario para que su pago sea completo, y el acreedor no resulte sacrificado inopinada e injustamente en provecho suyo.
“Es bien sabido que los pronunciamientos terminantes en favor del nominalismo y, consiguientemente, del poder liberatorio universal y absoluto de la moneda de curso legal o forzoso, han ido cediendo el paso paulatinamente a consideraciones y razonamientos de lógica y equidad irrebatibles, que resaltando la pérdida continua y acelerada del poder adquisitivo de la moneda y observando los contrastes abismales que se presentan al cabo del tiempo entre el valor nominal y el valor leal del dinero, tienden a introducir por vía pretoriana, atenuantes a aquel rigor del dictado político de la soberanía monetaria del Estado, y paliativos a sus efectos inicuos.
“Apenas hay para qué anotar que la doctrina y la jurisprudencia nacionales han evolucionado, habiéndose inclinado ésta en los últimos quince años decididamente por la corrección o actualización monetaria, con orientación y ritmo variados y oscilaciones del todo naturales en materia de suyo delicada y conflictiva y de proyecciones no sólo jurídicas, sino sobre la economía, la individual, obviamente, pero también sobre la macroeconomía y la política económica del Estado. De allí su encarecimiento de proceder con las mayores cautela y prudencia.
“Es obvio que al juzgador le es forzoso someterse a la ley; pero también, que no le es menos imperativo interpretarla y aplicarla teniendo en cuenta la justicia y la equidad. Ciertamente ningún precepto de código dispone la corrección monetaria, de manera que el reajuste es, sin más, creación doctrinaria y jurisprudencial; así, la pregunta pertinente no podría ser la de si para este o aquel caso la ley la “permite” o “autoriza”; sino si la “prohíbe” o “excluye”. En todas las circunstancias en que la Corte, con curia de la justicia y la equidad ha “aceptado” la corrección monetaria, ha pronunciado jurisprudencia creadora de derecho, sin aguardar a la intervención del legislador. Sin embargo, para el caso de las prestaciones mutuas entre vendedor y comprador por causa de resolución del contrato, debida a incumplimiento de este, la deniega arguyendo que el artículo 1932, no sólo no se lo autoriza, sino que se lo impide.
“Es elemental la consideración de que toda restitución del precio por parte del contratante que lo recibió, al declararse o decretarse la disolución del contrato, se limita a la parte que él haya pagado; de suerte que, del hecho de que el artículo 1932 haya reiterado esa regla para el evento de resolución de compraventa por incumplimiento del comprador, precisamente para poner de relieve que su incumplimiento no acarrea la pérdida de la parte del precio por él satisfecha, no se puede deducir una prohibición legislativa del reajuste monetario, pese a la iniquidad que llevaría consigo la congelación del monto de esa obligación restitutoria. Y menos puede sostenerse que dicho desconocimiento de la realidad y de la justicia “guarda armonía con el principio de los riesgos de la cosa debida y con el tratamiento equitativo del contrato de compraventa resuelto”. Los riesgos del cuerpo cierto están regulados en el artículo 1932, conforme a los principios generales, sin concesión a favor del comprador, que autorice imaginar compensaciones con el deterioro de la moneda, y el tratamiento equitativo que merecen las partes es muy otro del de la rutina del comprador. ¿Dónde está, entonces, “la distorsión del contenido legalmente vigente”? La corrección monetaria no es un privilegio o una ventaja para el acreedor, es simplemente reconocimiento de la realidad económica y freno a una injusticia sin causa alguna, es una medida que no exige orden expresa o implícita del legislador, pues su aplicación dimana de los principios o reglas generales del derecho”.
Como para quieres salvamos el voto, con la indexación en materia laboral se busca no sancionar una mora sino restablecer un equilibrio económico, producido por un fenómeno de la misma índole, y que repercute sobre el poder adquisitivo de la moneda, independientemente que haya una obligación sujeta o no a una modalidad, es por lo que aceptamos la pertinencia y legalidad de la revaluación judicial de la base salarial para tasar la pensión de jubilación. Y para llegar a ella se acude a mecanismos constitucionales y legales, como lo son la equidad y la analogía.
Bogotá, D.C., tres de marzo de dos mil tres».

References: artículo 260
 artículo 8
 artículo 65
 artículo 1530
 artículo 260
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 77
 artículo 64
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 141
 resolución 
 artículo 1932
 artículo 1932
 resolución 
 artículo 1932