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Timestamp: 2019-03-20 18:01:14+00:00

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CAPÍTULO VII - Ley del Municipio Libre del Estado de Colima
DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
DE LOS CONVENIOS DE ASOCIACIÓN Y COORDINACIÓN
DE LAS CONCESIONES DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
ARTICULO 79.- Integrarán la administración pública paramunicipal los organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos públicos municipales.
ARTICULO 80.- El ayuntamiento aprobará la creación, modificación o extinción de las entidades paramunicipales y expedirá el acuerdo respectivo, que deberá publicarse en el periódico oficial.
En el acuerdo correspondiente se determinará el órgano y el procedimiento para fijar las tarifas que en su caso correspondan.
En caso de extinción, el acuerdo correspondiente fijará la forma y términos de la misma, con respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores.
ARTICULO 81.- El ayuntamiento, por conducto del presidente municipal y con el auxilio de la dependencia cabeza de sector, coordinará y supervisará las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que cumplan con la función para la que fueron creadas.
ARTICULO 82.- La administración de los organismos descentralizados municipales estará a cargo de un órgano de gobierno, que será un consejo directivo o su equivalente, integrado conforme al decreto o acuerdo de creación. Invariablemente el presidente municipal presidirá el órgano de gobierno.
ARTICULO 83.- La tesorería municipal formará y llevará un expediente para cada empresa en la que participe el ayuntamiento.
ARTICULO 84.- En todas las empresas de participación municipal, existirá un comisario público, el cual será designado por el ayuntamiento a propuesta del contralor.
ARTICULO 85.- El ayuntamiento podrá crear fideicomisos públicos que promuevan e impulsen el desarrollo del municipio o la prestación de un servicio público municipal, debiendo publicarse en el periódico oficial la constitución del mismo.
Se considerará fideicomiso público municipal cuando el municipio o un organismo paramunicipal sean fideicomitentes, se aplique o afecte presupuesto municipal al mismo o sea creado para la prestación de un servicio público municipal.
El Ayuntamiento Podrá Participar en convenios de asociación productiva, participación e inversión, o fideicomisos con el gobierno del Estado, o sin él, con personas físicas o morales, para la instalación de plantas de tratamiento para la industrialización, comercialización y disposición final de residuos.
ARTICULO 86.- Los Ayuntamientos organizarán y reglamentarán la administración, funcionamiento, conservación y explotación de sus servicios públicos, considerándose como tales en forma enunciativa, los siguientes:
I.	Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
II.	Alumbrado público;
III.	Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
IV.	Mercados y centrales de abastos;
V.	Panteones
VI.	Rastro;
VII.	Calles, parques, jardines y su equipamiento;
VIII.	Seguridad pública y policía preventiva municipal, en los términos del artículo de 21 de la Constitución General y tránsito;
IX.	Registro civil; y
X.	Las demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y sociecónomicas de los municipios y su capacidad administrativa y financiera.
Los ayuntamientos vigilarán que la prestación de los servicios públicos se realice en igualdad de condiciones a todos los habitantes del municipio, en forma permanente, general, uniforme y continua.
(REFORMADO DECRETO 181, P.O. 77, SUP. 5, 10 DICIEMBRE 2016)
Artículo 86 Bis.- Las Unidades Municipales de Protección Civil funcionarán como un órgano con autonomía de operación financiera y administrativa, dependiente del Ayuntamiento, las cuales coordinarán todas las acciones públicas municipales a favor de la protección civil, así como promover, apoyar, fomentar, vigilar y evaluar las estrategias y programas que se deriven de una gestión integral de riesgos en concordancia con los criterios que establezca la Unidad Estatal de Protección Civil.
ARTICULO 87.- El ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma:
I.	Directa, a través de sus propias dependencias administrativas u organismos desconcentrados;
II.- A través de los organismos públicos descentralizados, fideicomisos públicos municipales creados para tal fin o fideicomisos públicos, con la participación del Gobierno del Estado, o sin él, con personas físicas o morales, para la instalación de plantas de tratamiento para la industrialización, comercialización y disposición final de residuos.
III.	Mediante el régimen de concesión; y
IV.	Mediante convenios de asociación y coordinación que suscriba con otros ayuntamientos o con el ejecutivo del Estado, para que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de la prestación de un servicio público o el ejercicio de una función, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario.
ARTICULO 88.- A falta del convenio a que se refiere la fracción IV del artículo anterior, el ayuntamiento podrá solicitar que el Congreso, mediante estudio técnico, declare que el municipio se encuentra imposibilitado para ejercer una función o prestar un servicio público, a efecto de que el ejecutivo del Estado la ejerza o lo preste.
(ADIC. DEC. 498, P.O. 26, SUPL. 1, 16 MAYO 2015)
ARTÍCULO 88 BIS.- El saneamiento y limpieza de construcciones deshabitadas, y lotes baldíos comprendidos dentro de las zonas urbana y rural es obligación de sus propietarios o poseedores.
Cuando no se cumpla esta disposición, la autoridad municipal correspondiente, notificará por cualquier medio indubitable al propietario o poseedor del inmueble, para requerirle que debe proceder a la limpieza del mismo dentro de un término máximo de ocho días hábiles, apercibiéndolo que en caso de incumplimiento se hará cargo de ello personal autorizado del Ayuntamiento, cubriendo el propietario los derechos de este servicio de acuerdo a la Ley de Hacienda del Municipio de que se trate, sin perjuicio de la aplicación de las multas a que se haga acreedor.
Los Ayuntamientos deberán establecer y desarrollar en su reglamento correspondiente el procedimiento que establece el párrafo anterior de este artículo, respetando la garantía de audiencia de los ciudadanos requeridos, el derecho de propiedad privada y estableciendo la hipótesis en que se puede notificar personalmente al propietario o poseedor, como cuando se ignore su domicilio, el de su representante, o se encuentre fuera del territorio municipal.
ARTICULO 89.- En cada municipio se integrará la policía preventiva municipal que estará bajo el mando directo del presidente municipal, compuesta por el número de elementos que sean necesarios para atender los requerimientos de la población.
La policía preventiva municipal acatará las órdenes que el gobernador le transmita, en los casos que éste juzgue de fuerza mayor o alteración grave del orden público.
ARTICULO 90.- La organización de la policía preventiva municipal será regulada mediante los reglamentos municipales que para tal efecto aprueben los ayuntamientos respectivos.
La actuación de la policía preventiva municipal, se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
(REF. DEC. 252, P.O. 64, SUPL. 1, 14 DICIEMBRE 2013)
ARTÍCULO 91.- Los servicios de tránsito que le corresponden al municipio son los siguientes:
Realizar las medidas y acciones correspondientes en todo lo relativo al tránsito de vehículos en las vías públicas de la demarcación municipal, en las que se podrán utilizar elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología; así como sus aspectos correlativos;
Instaurar los mecanismos adecuados para prevenir, controlar y combatir la contaminación ambiental originada por la emisión de humos, gases y ruidos provenientes de la circulación de vehículos automotores, así como promover la concientización de los habitantes en lo correspondiente a estas materias;
La orientación, sensibilización, participación y colaboración con la población en general, para el cumplimiento de las medidas de seguridad vial, tendientes a la prevención de accidentes viales, evitando la comisión de infracciones;
Cuidar de la seguridad y respeto de las personas con discapacidad, del peatón y de las personas que se desplazan en unidades de propulsión humana en las vías públicas, dándoles siempre preferencia sobre los vehículos;
Proteger y auxiliar a las personas, particularmente cuando sufran accidentes en las vías públicas;
Coadyuvar con otras autoridades en la conservación del orden público y la tranquilidad de la comunidad;
Cuidar que se cumplan y apliquen las disposiciones de la Ley y sus reglamentos en materia de tránsito y vialidad, así como informar y orientar a quienes transiten en las vías públicas;
Tomar conocimiento de las infracciones que cometan los conductores de los vehículos y prestadores del servicio público y, en su caso, levantar o hacer constar dichas infracciones, para los efectos de determinar y aplicar la sanción correspondiente, atendiendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
(REF. DEC. 460, P.O. 01, 10 ENERO 2015) (FE DE ERRATAS 29 ENERO 2015)
Las infracciones en materia de tránsito podrán ser conocidas por los elementos de tránsito municipal a través de equipos o sistemas tecnológicos y gestionarse con el uso de medios electrónicos, los cuales deberán funcionar bajo los principios de neutralidad tecnológica, equivalencia funcional, autenticidad, conservación, confidencialidad e integridad;
(ADIC. DEC. 460, P.O. 01, 10 ENERO 2015) (FE DE ERRATAS 29 ENERO 2015)
En ningún caso los elementos de tránsito deberán llevar a cabo la retención de licencias o permisos para conducir, placas y tarjetas de circulación, placas y tarjetas de circulación provisionales o cualquier documento de identificación vehicular que prevé la Ley del Transporte y de la Seguridad Vial; y
Las demás que les sean señaladas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por esta Ley y los reglamentos en materia de tránsito y seguridad vial.
La actuación de los elementos de tránsito, se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
ARTÍCULO 92.- Los municipios, a través de sus ayuntamientos, podrán celebrar los convenios a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 115 y VII del artículo 116, de la Constitución General, de conformidad con las bases y los requisitos siguientes:
I.	Cuando se trate de asociación entre municipios para la prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones:
a)	La comisión correspondiente presentará ante el cabildo el proyecto del convenio de asociación a celebrar, acompañado de la documentación técnica y financiera que acredite la necesidad del mismo y que establezca, entre otros, los métodos de operación y aplicación, el programa de costos y la forma de solventar éstos, así como las causas de terminación, rescisión y suspensión;
b)	El convenio de asociación será aprobado por cuando menos las dos terceras partes del total de los miembros que integran el cabildo;
c)	De ser aprobado el convenio, la comisión correspondiente dará seguimiento a su ejecución e informará periódicamente al ayuntamiento;
d)	Los convenios que se celebren con municipios de otros Estados, deberán ser remitidos al Congreso para su aprobación;
e)	Los convenios de asociación se harán del conocimiento del gobierno del Estado, con el propósito de garantizar la coordinación procedente con los programas de carácter regional y estatal.
II.	Cuando se trate de convenios de coordinación que celebren los municipios con el gobierno del Estado para que aquéllos o éste se hagan cargo de la prestación de servicios públicos o el ejercicio de funciones estatales o municipales, ya sea de manera temporal o en forma coordinada:
a)	La comisión correspondiente presentará ante el ayuntamiento el proyecto de convenio a celebrar, acompañado de la documentación técnica y financiera que acredite la necesidad del mismo y que establezca, entre otros, los métodos de operación y aplicación, el programa de costos y la forma de solventar éstos, así como las causas de terminación, rescisión y suspensión. En caso de que sea el gobierno del Estado quien proponga al municipio la prestación de un servicio o el ejercicio de una función estatal, la solicitud respectiva y la documentación que la soporte se dirigirá al ayuntamiento, turnándose a la comisión referida;
b)	Este tipo de convenios procederá únicamente cuando con la operación propuesta en el convenio, los beneficios sean mayores para el municipio o cuando exista imposibilidad real de éste para ejercitar dichos servicios o funciones;
c)	El convenio será aprobado por cuando menos las dos terceras partes del total de los miembros que integran el cabildo;
d)	De ser aprobado el convenio, la comisión correspondiente dará seguimiento a su ejecución e informará periódicamente al ayuntamiento; y
e)	Si el gobierno del Estado, directamente o a través del organismo correspondiente, se hace cargo de la prestación del servicio o el ejercicio de una función municipal, informará periódicamente al ayuntamiento.
Los convenios a que se refieren las fracciones anteriores no eximen a los ayuntamientos del cumplimiento de sus facultades y obligaciones, con respecto a los usuarios de las funciones y servicios municipales;
ARTICULO 93.- Cuando el ayuntamiento manifieste incapacidad real para la prestación de un servicio o el ejercicio de una función municipal y el gobierno del Estado se niegue a asumir, mediante convenio, su prestación o ejercicio, el cabildo solicitará por escrito al Congreso la declaración correspondiente para que el gobierno del Estado se haga cargo temporalmente de dicha función o servicio.
La solicitud al Congreso aprobada por cuando menos las dos terceras partes del total de integrantes del cabildo, deberá acompañarse de la documentación técnica y financiera que la soporten. El cabildo deberá motivar suficientemente su petición.
El Congreso podrá ordenar los estudios y análisis técnicos para determinar lo conducente. De ser aprobada la solicitud del ayuntamiento, el Congreso establecerá las condiciones y modalidades para que el gobierno del Estado preste el servicio o ejerza la función municipal.
ARTICULO 94.- Los conflictos que se presenten con motivo de la aplicación de los convenios a que se refiere el este capítulo, serán resueltos por el Supremo Tribunal de Justicia, sin perjuicio del derecho de acudir en controversia constitucional en los términos del artículo 105 de la Constitución General.
ARTICULO 95.- Los bienes y servicios públicos municipales, con excepción de los servicios de alumbrado, seguridad pública, policía preventiva municipal, tránsito y vialidad, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del cabildo, pueden ser materia de concesión a particulares, sujetándose a lo establecido por esta Ley, las cláusulas del título-concesión y demás disposiciones legales aplicables.
ARTICULO 96.- Las concesiones en ningún caso podrán otorgarse a:
I.	Los integrantes del ayuntamiento;
II.	Los servidores municipales de confianza;
III.	Sus cónyuges, así como parientes consanguíneos, por afinidad y civiles hasta el cuarto grado de las personas señaladas en las fracciones anteriores;
IV.	Las personas morales en las que funjan como directivos algunas de las personas señaladas en las fracciones anteriores; y
V.	Las personas físicas o morales que en los últimos cinco años se les haya revocado otra concesión para la prestación de servicios públicos municipales.

References: Artículo 86

ARTÍCULO 88

ARTÍCULO 91
 artículo 21

ARTÍCULO 92
 artículo 115
 artículo 116
 artículo 105