Source: http://quantumconsultores.com/boletin-1ra-quincena-de-enero-2017/
Timestamp: 2018-02-22 04:50:53+00:00

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En esta oportunidad damos cuenta de las principales normas tributarias de interés general publicadas durante la primera quincena de enero de 2017. Asimismo, se comenta una norma de interés societario.
1.- Modificación de la Ley General de Sociedades.
Mediante Decreto Legislativo 1332 (6.01.2017) se modifica la Ley General de Sociedades (LGS). Destacamos los aspectos más relevantes:
Por su solo nombramiento, el gerente general o los administradores de la sociedad, de ser el caso, salvo estipulación en contrario (la misma que, como limitación, deberá constar expresamente inscrita en la partida electrónica de la sociedad a fin de ser oponible a terceros) gozan de lo siguiente:
Facultades generales y especiales de representación procesal señaladas en el Código Procesal Civil así como la facultad de representación prevista en la Ley General de Arbitraje
Todas las facultades de representación ante personas naturales o jurídicas privadas y/o públicas para el inicio y realización de todo procedimiento o trámite conforme a la Ley del Procedimiento Administrativo General
Facultades de disposición y gravamen sobre los bienes y derechos de la sociedad
Celebrar todo tipo de contrato civil, mercantil, bancario o societario, según las leyes de la materia
Firmar y realizar todo tipo de operaciones sobre títulos valores sin reserva ni limitación alguna
Suscribir todos los documentos públicos y privados requeridos para el cumplimiento del objeto de la sociedad
Vigencia: 7.01.2017.
2.- Constitución de empresas a través de los Centros de Desarrollo Empresarial
Con la finalidad de promover la formalización empresarial se ha dictado el Decreto Legislativo 1332 (6.01.2017) en virtud del cual la constitución de personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial se podrá efectuar a través de los denominados Centros de Desarrollo Empresarial (CDE) los que operan como plataformas físicas o digitales para fines de facilitar la constitución de personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial.
La condición de CDE responde a la calificación y autorización que realice el Ministerio de la Producción sobre toda institución pública o privada, así como a los Notarios.
Las personas jurídicas dedicadas a la actividad empresarial cuyo capital no exceda de 1 UIT (S/. 4,050, fijada para el 2017) constituidas a través de un CDE, realizan la reserva de nombre y la inscripción ante RRPP. Asimismo, podrán ser exoneradas del pago de las tasas registrales mediante Decreto Supremo.
La implementación y operatividad de los CDE se establecerán mediante Resolución Ministerial.
3.- Modificación de la tasa del IGV.
Mediante Decreto Legislativo 1347 (7.01.2017) se modifica la tasa del IGV al 15% (considerando que a dicha tasa se adiciona el 2% por IPM, arroja un porcentaje de 17%)
Dicha reducción regirá a partir del 01.07.2017 sujeta a condición de que la recaudación anualizada al 31.05.2017 del IGV total neto de sus devoluciones internas alcance el 7.2% del PBI
Vigencia: 01.07.2017.
4.- Fomentan la renovación del parque automotor modificando el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas.
Mediante Ley No. 30536 (12.01.2017) se modifica el literal a) del artículo 13° del TUO de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.
La base imponible estará constituida por el valor de ventas de bienes e importaciones intangibles.
Para los casos de venta de vehículos automóviles inmatriculados que hayan sido adquiridos de personas naturales que no realizan actividad empresarial ni son habituales en la realización de este tipo de operaciones.
En ese sentido, la base imponible se determina deduciendo del valor de venta del vehículo, el valor de su adquisición, el mismo que tendrá como sustento el acta de transferencia vehicular suscrita ante notario.
Vigencia: 01.02.2017.
5.- Modificación del Reglamento de Comprobantes de Pago para facilitar el traslado de bienes desde los terminales portuarios del Callao.
Mediante Resolución Superintendencia No. 005-2017/SUNAT (16.01.2017) se ha dejado de exigir guía de remisión del remitente, guía de remisión del transportista en los casos que el traslado de bienes que ingresen al país desde los terminales portuarios del Callao hasta los almacenes aduaneros o Zona Primaria con autorización especial, siempre que el traslado sea sustentado con el ticket de salida emitido por el administrador portuario, el cual deberá contener como mínimo el número de ticket de salida, el número de RUC del sujeto que realiza el transporte, los datos de identificación de la unidad de transporte y del conductor, número de contenedor, número de bultos, datos del bien transportado, peso del bien, fecha y hora de salida del terminal, la leyenda, número de precinto, número de manifiesto y número del conocimiento del embarque, entre otros.
Vigencia: 17.07.2017.
1.- Para efecto de trabar un embargo en forma de retención sobre los honorarios profesionales obtenidos por la locación de servicios prestados por sujetos afectos al impuesto a la renta de cuarta categoría, depositados en cuentas bancarias, el Ejecutor Coactivo deberá respetar el límite de inembargabilidad establecido por el numeral 6 del artículo 648° del Código Procesal Civil.
De la lectura del INFORME 176-2016-SUNAT/5D0000 fluye lo siguiente:
De acuerdo al artículo 118 del TUO del Código Tributario, el Ejecutor Coactivo, dentro del procedimiento de cobranza coactiva, podrá ordenar, entre otras medidas cautelares, la de embargo en forma de retención, dicha medida se mantendrá en el monto que el Ejecutor Coactivo ordeno retener y hasta su entrega a la Administración Tributaria.
Por su parte el inciso h) del numeral 1 del artículo 20° del Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva dispone que el deudor tributario, podrá solicitar al Ejecutor que dicho embargo no le impida el cumplimiento de las obligaciones legales de naturaleza tributaria, laboral o alimenticia a su cargo y de los pagos necesarios para el funcionamiento del negocio, de no encontrarse en este supuesto, la deuda podrá ser exigible coactivamente. Si la deuda exigible fuese mayor a los depósitos en cuentas bancarias que tuviere el deudor tributario a quien se le hubiere iniciado un procedimiento de cobranza coactiva, el Ejecutor Coactivo podría trabar un embargo en forma de retención por la totalidad de tales depósitos.
Ahora bien, las remuneraciones y pensiones recibidas por los deudores tributarios que pudieran estar depositadas en cuentas bancarias, ni el Código Tributario ni el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva han establecido un límite de inembargabilidad respecto de éstas. Asimismo, el numeral 6 del artículo 648° del CPC dispone que son inembargables las remuneraciones y pensiones, cuando no excedan de 5 URP, siendo embargable el exceso hasta una tercera parte.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1756° y 1757° del citado Código, son modalidades de la prestación de servicios la locación de servicios, el contrato de obra, el mandato, el depósito, el secuestro y los contratos innominados de doy para que hagas y hago para que des.
Como se puede apreciar, en materia civil, las contraprestaciones recibidas por los contratos de prestación de servicios que correspondan a alguna de la modalidades señaladas líneas arriba, son denominadas remuneraciones, por lo que resultará aplicable a éstas el límite de inembargabilidad dispuesto por el numeral 6 del artículo 648° del CPC.
2.- El ajuste del valor del servicio –para fines del IGV- cuando éste (valor) “no es fehaciente” o “no determinado”. ¿Resulta aplicable dicho ajuste tratándose de servicios gratuitos?
De la lectura del INFORME 178-2016-SUNAT/5D0000 fluye lo siguiente:
De acuerdo al artículo 42° de la Ley del IGV (LIGV) tenemos que, si el valor del servicio “no es fehaciente” o “no determinado” (2 conceptos diferenciables) la SUNAT estimará dicho valor de oficio tomando como referencia el valor de mercado de acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta (LIR). Agrega el artículo 42 de la LIGV que, en caso de operaciones entre vinculadas que reúnan dichas características (valor no fehaciente o no determinado) la SUNAT tomará el valor de mercado como si se tratase de partes independientes, no aplicando normas de precios de transferencia.
El artículo 42° de la LIGV define cuándo se está frente a una operación cuyo valor no es fehaciente y cuándo frente a un valor no determinado.
Por su parte cabe recordar que, la prestación de servicios se encuentra gravada con el IGV en la medida que se perciba una retribución que califique como renta de tercera categoría; por ende, en caso de un servicio prestado a título gratuito, al no percibirse retribución o ingreso alguno, no constituye un “servicio” a la luz de la LIGV[1], salvo el caso de cesión a título gratuito de un bien conformante del activo fijo de una empresa vinculada económicamente a otra, con las excepciones previstas en el Reglamento de la LIGV.
Por lo expuesto, a título de conclusión cabe señalar que, no procede el ajuste de valor de un servicio gratuito (sea uno prestado entre partes vinculadas o no), conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LIGV, toda vez que SUNAT sólo puede realizar el citado ajuste en tanto se trate de operaciones onerosas.
[1] Igual criterio se recoge en los INFORMES N° 153-2001-SUNAT/K00000; 009-2004-SUNAT/2B0000; 148-2004-SUNAT/2B0000; 143-2005-SUNAT/2B0000 y 090-2006-SUNAT/2B0000
3.- Las regalías mineras y el Impuesto Especial a la Minería (IEM) correspondientes al cuarto trimestre del año, que sean pagados hasta el 31 de diciembre del mismo año, constituyen gasto para efectos del impuesto a la renta de dicho año.
De la lectura del INFORME N.° 181-2016-SUNAT/5D0000
De acuerdo a la Ley de Regalía Minera, el Impuesto Especial a la Minería (Ley del IEM), Reglamento de la Ley No. 28258, la Resolución de Superentendía No. 110-2012/SUNAT y la Resolución de Superintendencia No. 117-2014/SUNAT se entiende que
La determinación de la regalía minera y del IEM es trimestral (enero-marzo, abril-junio, julio-setiembre y octubre-diciembre); siendo que su obligación de pago nace al cierre de cada uno de tales trimestres.
La determinación de la regalía minera y el IEM debe realizarse a través del Formulario Virtual No. 699-PDT Régimen Minero – versión 1.1.
Asimismo, la Ley de Regalía Minera establece que el monto efectivamente pagado por dicho concepto será considerado gasto para efectos del impuesto a la renta en el ejercicio correspondiente; siendo que, en el mismo sentido, el artículo 10° de su reglamento señala que el monto efectivamente pagado por concepto de regalía minera constituye gasto para efectos del impuesto a la renta y que dicho gasto será deducible en el ejercicio en que se pague la regalía.
Asimismo la Ley del IEM en su artículo 9°, dispone que el monto efectivamente pagado por concepto de este impuesto será considerado como gasto para efectos del impuesto a la renta, como es de concordancia con las normas ya citadas.
La regalía minera y el IEM son deducibles como gasto para efectos del impuesto a la renta; siendo que el criterio de imputación de dicho gasto al ejercicio gravable correspondiente está en función al ejercicio en que se efectuó el pago de tales conceptos. En ese sentido, para efectos del impuesto a la renta, el monto efectivamente pagado por esos conceptos es deducible como gasto del ejercicio en que se efectúe dicho pago; siendo irrelevante el hecho de que este se haya realizado en la misma oportunidad en que se efectuó la determinación de la regalía minera y del IEM, antes o después de ésta.
Por lo que se concluye que las regalías mineras y el IEM correspondientes al cuarto trimestre del año, que sean pagados hasta el 31 de diciembre del mismo año, constituyen gasto para efectos del impuesto a la renta de dicho año.
4.- La amortización del activo intangible que se genera por el derecho de uso que se otorga a un concesionario respecto de los bienes de una concesión puede realizarse en virtud de lo previsto en el inciso g) del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta o debe observarse lo establecido en el artículo 22° del Texto Único Ordenado de las normas con rango de ley que regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de infraestructura y de servicios públicos, aprobado por el Decreto Supremo N.° 059-96-PCM.
De la lectura del INFORME 186-2016-SUNAT/5D0000 fluye lo siguiente:
De acuerdo con la normativa general del impuesto a la renta, a los efectos de la determinación de la renta neta, para la deducción del precio pagado por activos intangibles de duración limitada, el contribuyente tiene dos opciones: amortizar proporcionalmente en el plazo de 10 años el precio pagado por la adquisición de activos intangibles de duración limitada o considerarlo como gasto, aplicándolo a los resultados del negocio en un solo ejercicio, siempre que dichos activos se encuentren afectados a la generación de rentas gravadas de la tercera categoría y que el pago que se realice por el mismo se haga a través de los mecanismos a que se refiere la Ley N.° 28194.
Sin embargo, existe un régimen tributario especial relacionado con los bienes entregados en concesión por el Estado; tal es el caso de activos intangibles de duración limitada derivados del derecho de uso sobre los activos transferidos al Estado, cuyo tratamiento tributario es el mismo que el establecido para la depreciación de los bienes materia de la concesión; siendo que para estos efectos la tasa de amortización aplicable será igual a la tasa de depreciación establecida para el bien transferido al Estado.
1.- ¿Tienen las “declaraciones juradas” formuladas por personas naturales (prestadores de servicios) mérito probatorio?
La SUNAT observó la causalidad del gasto por servicios prestados por terceros (locadores de servicios) deducido por la empresa fiscalizada por cuanto ésta última no acreditó los servicios recibidos.
La empresa alegó que presentó al auditor fiscal declaraciones juradas con firma legalizada de los prestadores de servicios sosteniendo que sí habían llevado a cabo los servicios materia de reparo.
El Tribunal Fiscal, en la RTF 284-4-2016 falló en contra de la empresa, bajo el razonamiento que las declaraciones juradas constituyen pruebas testimoniales y que al tener tal naturaleza no son admitidas como tales en el procedimiento tributario. Ello, de conformidad con lo estipulado en el artículo 125 del Código Tributario.
1.- Pago a favor de tercero ¿deducible del IR?
De la lectura de la Sentencia en Casación 9476-2015 Lima (30.06.2016) fluye que, el pago que le corresponde hacer a un tercero y que es realizado por un Joint Venture a favor de uno de los miembros de éste con la finalidad de liberar del pago al citado tercero (deudor de uno de los miembros del mencionado Joint Venture) no es uno que resulte deducible a los fines del Impuesto a la Renta (entendemos que el Joint Venture reconoció un gasto y una obligación, la cual procedió a cancelar), toda vez que, según la Corte, no era normal ni necesario que el Joint Venture asuma obligaciones de terceros para producir y mantener la fuente productora de renta; por consiguiente, el pago califica más bien como acto de liberalidad a tenor de lo previsto por el numeral d del artículo 44° de la Ley del Impuesto a la Renta.
1.- Se penaliza trabajo forzoso y cualquier forma de explotación y violencia: modificación del Código Penal
Mediante Decreto Legislativo 1323, publicado el 6.01.2017, se modificó el Código Penal, entre otros, incorporando nuevos tipos penales en materia laboral:
Esclavitud y otras formas de explotación (artículo 153-C): El que obliga a una persona a trabajar en condiciones de esclavitud o servidumbre, o la reduce o mantiene en dichas condiciones, con excepción de los supuestos del delito de explotación sexual
Atentado contra la libertad de trabajo y sindical (artículo 168): Se ha establecido que el que a través de violencia o amenaza, obliga o impide a otro a integrar un sindicato, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Antes de la modificatoria, la pena privativa de la libertad era no mayor de 2 años.
Trabajo forzoso (Artículo 168-B): Se ha incorporado al código el delito de trabajo forzoso. Dicho delito consiste en someter u obligar a otra persona, a través de cualquier medio o contra su voluntad, a realizar un trabajo o prestar un servicio (sea retribuido o no). La pena por este delito es no menor de 6 ni mayor de 12 años. Se contemplan agravantes que ocasionan que la pena pueda ser de hasta 15 años.
2.- Responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo para mineros informales inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera
Mediante Decreto Legislativo No. 1336, publicado el 6.01.2017, se estableció que el titular de la concesión minera que suscriba contrato de cesión o de explotación con el minero informal inscrito en el Registro Integral de Formalización Minera, no es responsable de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo. Precisa que dichas obligaciones deberán ser asumidas por el minero.
Como se recordará mediante el Decreto Legislativo No. 1293 se creó el Registro Integral de Formalización Minera con la finalidad de identificar a los sujetos comprendidos en el proceso de formalización minera integral.
3.- Norma que regula el ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras
Mediante Decreto Legislativo No. 1350 denominado “Decreto Legislativo de Migraciones, publicado el 07.01.2017 se regula ingreso y salida del territorio peruano de personas nacionales y extranjeras; la permanencia y residencia de personas extranjeras en el país y el procedimiento administrativo migratorio. Regula la emisión de documentos de viaje para nacionales y extranjeros, así como de identidad para extranjeros.
Asimismo, el Decreto Legislativo establece las siguientes calidades migratorias:
– Residente “Trabajador”: Esta calidad migratoria permite al extranjero realizar actividades lucrativas de forma subordinada o independiente para los sectores públicos o privados, en virtud de un contrato de trabajo, relación administrativa o contrato de prestación de servicios. En el caso de trabajadores fronterizos se otorga los beneficios estipulados en los convenios internacionales sobre la materia. Dicha calidad, se otorga en virtud de un contrato de trabajo previamente aprobado por el Ministerio de Trabajo. Incluye empleados de una empresa transnacional o corporación internacional y que se desplaza al Perú para trabajar en una empresa del mismo grupo económico o holding, para desempeñarse como personal de alta dirección o de confianza o como especialista o especializado. El extranjero que obtiene esta calidad no puede realizar actividades remuneradas o lucrativas por cuenta propia. Esta calidad migratoria es otorgada por Migraciones y su plazo de permanencia es de 365 días.
La norma precisa que el familiar del extranjero residente (extranjero integrante de la unidad migratoria familiar de un peruano o extranjero residente) puede realizar actividades lucrativas de forma subordinada o independiente.
– Residente “Designado”: Permite al extranjero a realizar actividades laborales en el territorio nacional que consistan en la ejecución de una tarea o función específica o un trabajo que requiera conocimientos profesionales, comerciales o técnicos especializados enviado por un empleador extranjero. El plazo de permanencia es de 365 días.
– Residente “Investigación”: Se extiende al extranjero que cuenta con conocimientos y experiencia reconocidos en los campos de la ciencia, la tecnología o la innovación; así como en proyectos de educación de alta especialización; por intermedio de la autoridad en ciencia y tecnología nacional. Autoriza a realizar cualquier actividad que genere ingresos, dependiente o independiente en el sector público o privado. El plazo de permanencia es de hasta 365 días.
– Temporal “Trabajador/designado”: Permite el ingreso y permanencia de extranjeros que deseen realizar las mismas actividades referidas en las calidades migratorias “Residente Trabajador” y “Residente Designado”, pero sin ánimo de residencia. El plazo de permanencia es de 183 días, acumulables durante un período de 365 días. Se aplica prórroga por el mismo plazo.
– Rentista: Esta calidad migratoria permite la residencia, de forma indefinida, al extranjero que goza de pensión de jubilación.
Las normas que regulan las calidades migratorias entran en vigencia el 1.03.2017. De otro lado, se han derogado los Decretos Legislativos 703 (Ley de Extranjería), 1043 (Decreto Legislativo que modifica la Ley de Extranjería), 1236 (Decreto Legislativo de Migraciones) y cualquier dispositivo que se oponga a las normas del mencionado decreto.
4.- Aprueban normas reglamentarias para el otorgamiento de la bonificación por escolaridad en el Sector Público
Mediante Decreto Supremo No. 001-2017-EF, publicado el 11.01.2017, se reglamentó el otorgamiento de la Bonificación por Escolaridad ascendente a S/. 400 a favor de los funcionarios y servidores del Estado (Regímenes del Decreto Legislativo No. 276 y de las Leyes No. 29944, 29709 y 30518), docentes universitarios (Ley N° 30220), el personal de la salud (Decreto Legislativo N° 1153), los obreros permanentes y eventuales del Sector Público, el personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y los pensionistas a cargo del Estado (regímenes de la Ley No. 15117, los Decretos Legislativos 19846 y 20530, Decreto Supremo No. 051-88-PCM y la Ley No. 28091).
Son requisitos para su percepción:
Estar laborando a la fecha de vigencia del Decreto (12.01.2017) o en uso del descanso vacacional, de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo subsidios a que se refiere la Ley No. 26790, Ley de Modernización de la Seguridad en Salud.
Contar con una antigüedad no menor de 3 meses a la fecha de vigencia de la norma. Si se contara con un periodo menor al señalado, la bonificación se abonará en forma proporcional a los meses laborados.
El derecho a la bonificación es incompatible con la percepción de cualquier otro beneficio en especie o dinerario de naturaleza similar que, con igual o diferente denominación, otorga la entidad pública, independientemente de la fecha de su percepción dentro del presente año fiscal. De otro lado, la bonificación no está afecta a los descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro y aportaciones al Sistema Privado de Pensiones. Tampoco constituye base de cálculo para el reajuste de cualquier tipo de remuneración, bonificación, beneficio o pensión.
5.- Fijan días no laborables compensables durante los años 2017 y 2018 para los trabajadores del Sector Público
Mediante Decreto Supremo 001-2017-PCM, publicado el 6.01.2017 se declaró el 30.06.17, 27.07.17 y 2.01.18 días no laborables compensables para los trabajadores del Sector Público. Sobre el particular, se han realizado las siguientes precisiones:
Las horas dejadas de trabajar en los mencionados días serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.
Los trabajadores del sector privado podrán acogerse a lo establecido en el decreto, previo acuerdo con el empleador. El trabajador establecerá la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar; a falta de acuerdo decidirá el empleador.
1.- Registro de asistencia: configuración de la infracción por su incumplimiento
Mediante Resolución No. 297-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 31.10.16 se señaló que el artículo 5° del Decreto Supremo No. 004-2006-TR establece la obligación del empleador de poner a disposición de la Autoridad Administrativa de Trabajo el Registro de Control de Asistencia cuando éste le sea requerido; disposición normativa que se complementa con el artículo 6° del mismo decreto, que prescribe que el empleador tiene la obligación de conservar los citados registros hasta por 5 años después de generados, ello en atención a que los derechos laborales pueden ser reclamados aun después de que el vínculo laboral se haya extinguido.
La obligación de conservar los registros no se determina en atención a la vigencia del vínculo laboral, sino por el transcurso del tiempo.
2.- Registro de Asistencia: verificación de las condiciones de la jornada de trabajo pactadas en el contrato de trabajo
Mediante Resolución No. 259-2016-SUNAFIL/ILM de fecha 4.10.16, se resolvió un caso en que el un empledor señaló que no se encontraba obligado a contar con Registro de Asistencia, pues conforme al reglamento interno de trabajo de la empresa, el trabajador por el cual se dispuso la fiscalización concreta tenía una jornada laboral atípica y no se encontraba sujeto a fiscalización ni a la jornada máxima legal. Dicho empleador, finalmente fue multado por no contar con el registro de asistencia de uno de sus trabajadores (Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, numerales 19 y 25 del artículo 25°).
La Resolución de SUNAFIL indicó que lo manifestado por el empleador es contrario a lo estipulado en el contrato de trabajo que es un acuerdo de voluntades celebrado entre las partes, en este caso, entre el empleador y el trabajador. Se observa que en una de las cláusulas del contrato se señala que el trabajador iba a tener una jornada laboral de 48 horas semanales, estando el empleador facultado a realizar modificaciones en el horario, respetando el máximo de 48 horas semanales u ocho horas diarias.
En ese sentido, al haber estado el trabajador sujeto a una jornada de trabajo de 48 horas semanales conforme a lo establecido en el contrato, el empleador se encontraba en la obligación de tener un registro de asistencia.

References: Resolución 
 artículo 13
 Resolución 
 artículo 648
 artículo 118
 artículo 20
 artículo 648
 artículo 648
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 42
 Resolución 
 Resolución 
 artículo 10
 artículo 9
 artículo 44
 artículo 22
 artículo 125
 artículo 44
 Resolución 
 artículo 5
 artículo 6
 Resolución 
 artículo 25
 Resolución