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Timestamp: 2018-10-18 22:54:59+00:00

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﻿ SENTENCIA 2014-00626 DE AGOSTO 16 DE 2017
SENTENCIA 2014-00626 DE 16 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:LA AUSENCIA DE CLARIDAD Y SINCERIDAD DEL ABOGADO CON SU MANDANTE, CONFIGURA FALTA CONTRA EL DEBER DE DILIGENCIA PROFESIONAL Y DE LEALTAD CON EL CLIENTE. SE ESTABLECE QUE CONFIGURA FALTA CONTRA EL DEBER DE DILIGENCIA PROFESIONAL CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 37, NUMERAL 1°, DE LA LEY 1123 DE 2007, LA CONDUCTA DE INICIAR DE MANERA TARDÍA LAS GESTIONES ENCOMENDADAS POR SU MANDANTE, ASÍ COMO EL DESCUIDAR EL MANEJO DE LOS DOCUMENTOS QUE LE FUERON ENTREGADOS. DE IGUAL MANERA CONSTITUYE FALTA DE LEALTAD CON EL CLIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 34 LITERAL C, LA AUSENCIA DE CLARIDAD Y SINCERIDAD CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA A SU CLIENTE. POR CONSIGUIENTE, CUANDO SE ENCUENTRA DEMOSTRADO EN EL PROCESOS QUE LA PROFESIONAL NO FUE CLARA CON SU MANDANTE EN EL TRANSCURSO DE SU GESTIÓN, NO OBRO CON SINCERIDAD, AL NO ADVERTIR QUE DADAS SUS MÚLTIPLES OBLIGACIONES, EL TRAMITE NO SERÍA LO SUFICIENTEMENTE EXPEDITO, TAMPOCO LE EXPLICÓ SI LOS DOCUMENTOS A ADJUNTAR ERAN NECESARIOS EN COPIA U ORIGINAL, NI LE INFORMÓ LOS AVANCES DEL ASUNTOSE ENCUENTRAN ACREDITADAS LAS FALTAS ATRIBUIDAS, SIENDO PROCEDENTE CONFIRMAR LA SANCIÓN DE SUSPENSIÓN DE DOS MESES EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN Y MULTA DE DOS SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES VIGENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, SUSPENSIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO, FALTA CONTRA LA DEBIDA DILIGENCIA PROFESIONAL
Sentencia 2014-00626 de agosto 16 de 2017
Rad. 170011102000201400626 01
Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “(…) los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.
Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, la cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.
Se advierte que la togada fue declarada responsable disciplinariamente por el a quo, pues faltó al deber de diligencia profesional consagrado en el artículo 37, numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, ante la tardanza en iniciar las gestiones incluida la obtención del registro civil del exesposo de la quejosa y el descuido en el manejo de los documentos que le fueron entregados, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:
“(…) ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:
1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas (…)”.
Así mismo por incurrir en la falta prevista en el artículo 34 literal c, por la ausencia de claridad y sinceridad con la información entregada a su cliente, a quien desde el mes de julio de 2014 se le dijo que todo estaba listo, cuando no se había radicado la solicitud ante la notaría; que a su vez dispone:
c) Callar, en todo o en parte, hechos, implicaciones jurídicas o situaciones inherentes a la gestión encomendada o alterarle la información correcta, con ánimo de desviar la libre decisión sobre el manejo del asunto;”.
Observa la sala una vez valorada la evidencia probatoria acopiada en el investigativo, a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, se le otorgó poder para iniciar y llevar hasta su culminación tramite notarial de divorcio consensual civil y liquidación de la sociedad conyugal, trámite que finalmente se protocolizó el 18 de noviembre de 2014.
Ahora bien centró la disciplinada su impugnación, en el argumento de no existir pruebas en su contra, no causar perjuicio a la quejosa al haberse realizado el trámite y no ser imputables a ella, las demoras en el trámite.
Sin embargo, encuentra demostrada la sala que la conducta relacionada con la debida diligencia enrostrada a la disciplinada, al evidenciarse de la prueba recaudada, la demora de la profesional en iniciar las gestiones a su cargo, debido a que dejó de obtener oportunamente el registro civil, necesario para llevar a cabo la gestión a la que se comprometió, además del descuido en el manejo de los documentos que le fueron entregados, tal y como consta en los correos y comunicaciones que fueron allegadas al plenario.
Frente a la falta 34 literal c, también se encuentra debidamente acreditado, que la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, no fue clara con la quejosa, a lo largo de la gestión, pues desde el principio no le advirtió que dadas sus múltiples obligaciones, el tramite no sería lo suficientemente expedito, tampoco le explicó si los documentos a adjuntar eran necesarios en copia u original, ni le informó los avances del asunto, por lo que la quejosa se vio en la necesidad de acudir a interponer la queja, ante el desconocimiento en que estuvo y la falta de diligencia de la misma.
Es claro que no pueden ser acogidos los argumentos expuestos en la apelación, pues ciertamente no existe causal de justificación atendible para exculpar a la doctora Paula Carolina Orozco Ángel de las faltas por las que fue sancionada. Ni tampoco existencia incongruencia de cargos alguna, pues las faltas que le fueron atribuidas dada la situación fáctica ampliamente expuesta, son las mismas por las que será sancionada, ante la evidente falta de diligencia y de lealtad con su cliente, como quedó demostrado.
Tampoco serán acogidos por esta sala los argumentos expuestos por la recurrente, relativos a imponer una sanción menos gravosa a la disciplinado, en tanto considera que conforme al artículo 40 se le impusieron dos sanciones principales, que la dejan sin la posibilidad de trabajar, y que no se tuvieron en cuenta a su favor criterios de atenuación, cuando ella aceptó que se traspapelaron los papeles, ya que se le aclara que una sanción no excluye a la otra, tal cual se previó en el parágrafo del artículo 42 de la Ley 1123 de 2007, además porque la sala de instancia al imponer la sanción tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 45 ibídem, en tanto el actuar de la abogada afectó los intereses de la quejosa, quien por razones que solo atañen a su esfera personal, se encontraba urgida de realizar el trámite notarial de divorcio, además de imprimírsele una imagen antiética de los profesionales del derecho; lo que de plano descarta el argumento de la apelante.
Así las cosas, considera esta superioridad que la sanción impuesta de suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel, comporta los principios de proporcionalidad y razonabilidad, y será mantenida incólume, dejando por sentado que la anterior dosificación se realizó con base en lo normado en los artículos 13 y 45 de la Ley 1123 de 2007, por lo que se procederá a confirmar en su integridad la providencia impugnada.
1. CONFIRMAR la decisión de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Caldas, proferida el día 30 de noviembre de 2015, a través de la cual resolvió sancionar a la abogada Paula Carolina Orozco Ángel con suspensión de dos meses en el ejercicio de la profesión y multa de dos salarios mínimos mensuales vigentes, por encontrarla incursa en las faltas previstas en los artículos 37 numeral 1º y 34 literal c de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa y dolo, respectivamente.

References: ARTÍCULO 37
 ARTÍCULO 34
 artículo 37
 artículo 34
 artículo 40
 artículo 42
 artículo 45