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Timestamp: 2016-10-25 09:09:56+00:00

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Magistrado Ponente: CAMILO TARQUINO GALLEGO Radicación Nº 33558 Acta Nº 46. Bogotá, D. C., primero (1) de diciembre de dos mil nueve (2009).
Se resuelven los recursos de casación interpuestos contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 31 de enero de 2007, dentro del proceso ordinario laboral que CAMILO EDUARDO RIAÑO FERNÁNDEZ promovió contra el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO-EN LIQUIDACIÓN.
CAMILO EDUARDO RIAÑO FERNÁNDEZ
demandó al
HIPOTECARIO-EN LIQUIDACIÓN- para que, previos los trámites de un Proceso Ordinario Laboral de Primera Instancia, se decrete el reconocimiento y pago de su pensión vitalicia de jubilación oficial, por valor de $1.251.178,05,
Radicado 33558. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Banco Central Hipotecario.
equivalente al 75 % del salario mensual devengado durante el último año de servicios, indexado desde el 2º de diciembre de 1991 (fecha de su desvinculación), hasta el 18 de septiembre de 2000, cuando cumplió los 55 años de edad; se ordenen los reajustes y pagos mediante reliquidación de las mesadas subsiguientes a la primera mesada pensional; se ordene el pago de los intereses moratorios a la tasa máxima vigente al momento del pago, junto con las costas.
Como fundamento de sus pretensiones, expuso que con el Banco suscribió un contrato laboral a término indefinido, que estuvo vigente desde el 27 de noviembre de 1968 hasta el 1º de diciembre de 1991, fecha ésta en la que devengaba un salario promedio de $373.986,32. Que para el 24 de enero de 1985, cuando entró a regir la Ley 33 de 1985, contaba 15 años de servicio al BCH, entidad que para ese entonces era de carácter oficial, por lo que adquirió el derecho a pensionarse el 18 de septiembre de 2000, cuando cumplió 55 años de edad: que al promedio mensual que devengaba, se debe adicionar el monto de la inflación en un porcentaje de 346,07%, para fijar el valor de la primera mesada con la cual debe pensionarse.
De los cálculos que elaboró, obtuvo como primera mesada la suma de $1.251.178,05, la que, afirma, se debe incrementar con los reajustes anuales de Ley, e incluir los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; y añadió que mediante resolución 000901 del 11 de octubre de 1996, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció pensión de invalidez de origen profesional, en cuantía igual al salario mínimo. Finalmente, manifestó que el 30 de septiembre de 1991, concilió, en una suma fija, la pensión extralegal, y acordó, por mutuo acuerdo, a partir del 1º de diciembre de 1991, la terminación del contrato de trabajo.
La demandada (folios 61 a 68), se opuso a la prosperidad de las pretensiones; propuso en su defensa las excepciones de cosa juzgada, prescripción, falta de causa, pago, cobro de lo no debido, buena fe, inexistencia de la obligación, compensación, y “la genérica”. En cuanto a los hechos, aceptó como ciertos los que se refieren a la existencia del vínculo laboral y el tiempo de servicio para la entidad durante 23 años; también, el salario devengado, el
reconocimiento de la pensión de invalidez de origen profesional y la conciliación hecha con el BCH. Negó los restantes.
Por sentencia de 14 de julio de 2006, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá, absolvió al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO, EN LIQUIDACIÓN, de todas las pretensiones y le impuso costas al demandante (folios 307 a 319).
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, mediante sentencia de 31 de enero de 2007, revocó la de primera instancia, y en su lugar, condenó al demandado a reconocer al actor, pensión de jubilación a partir del 18 de septiembre de 2000, en cuantía de $648.987.07, con los reajustes anuales, y mesadas adicionales, hasta cuando el ISS le conceda la de vejez, quedando a su cargo el mayor valor, si lo hubiere, más los intereses moratorios, consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
En lo que al recurso extraordinario interesa. el Acuerdo 048 (sic) de 1990 aprobado mediante Decreto 758 de 1990.República de Colombia
Radicado 33558. copió parcialmente un pronunciamiento de la Corte Suprema. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. En efecto. se reitera. Banco Central Hipotecario. aplicable al demandante “toda vez que el derecho pensional se consolidó el 18 de septiembre de 2000 cuando el señor RIAÑO FERNÁNDEZ cumplió 55 años de edad. y concluyó que es procedente aplicarla en este caso. y no las impuso en la alzada. que la pensión de invalidez “no se erige como impedimento para el disfrute de la pensión de jubilación a que indudablemente tiene derecho. esto es.
Dejó las costas de primera instancia a cargo de la demandada. previó como causales de incompatibilidad de las pensiones e indemnizaciones sustitutivas
. el ad quem consideró que el reconocimiento de la pensión reclamada encuentra origen en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.
En torno a la actualización del ingreso base para liquidar la pensión. en vigencia de la nueva normatividad de Seguridad Social Integral prevista en la Ley en comento”. así como también. que gobierna lo relativo al régimen de transición pensional.
Destacó que “…en materia de SEGURIDAD SOCIAL debe primar el principio de FAVORABILIDAD y obviamente LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN representa para el
. Y si bien es cierto el criterio orientador de la mentada nulidad se cimentó en el origen de los dineros que administra el Seguro Social. no puede negarse de todas maneras que la causa de las prestaciones de que aquí se trata es diferente sin que con ello se desconozca que la pensión de invalidez de origen profesional. lo que aquí acontece emana de la PENSIÓN DE JUBILACIÓN en aplicación de la Ley 33 de 1985. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. vejez y muerte.República de Colombia
Radicado 33558. empero tal causal no resulta aplicable en la medida en que ella y la prevista en el literal a) fueron objeto de nulidad declarada por el Consejo de Estado mediante sentencia de abril 3 de 1995 expedientes 5708 y 5833 y 5937. Banco Central Hipotecario.
que cubre el ISS. entre otras con las demás pensiones y asignaciones del sector público. la que deberá ser cubierta por el Banco hasta tanto el Seguro Social reconozca la de VEJEZ quedando a cargo de la entidad bancaria el mayor valor si lo hubiere. una vez cumplidos los requisitos para la pensión de vejez se subsume en ésta obviamente en aplicación de los Reglamentos de Seguro Social que enmarcan el procedimiento en materia de invalidez. Sin embargo.
en las condiciones del informativo. tal guarismo es menester ponderarlo verificando una multiplicación por el
. la variación del IPC hasta llegar a la data de consolidación de la pensión.
ex trabajador unas mejores condiciones de carácter económico. Que como el trabajador no devengó. ni cotizó. que resulta ajena a la órbita del Seguro Social”. suma alguna durante el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho a la pensión. Sin olvidar finalmente. Banco Central Hipotecario. Para ello y según el método o procedimiento propuesto en la sentencia 13336 de noviembre de 2000. data a partir de la cual se reconoce la pensión de jubilación al demandante. actualizado en forma anual utilizando para ello. mismo que no puede ser objeto de favorecimiento respecto de una pensión. la actualización del salario base procedía “en forma anual hasta llegar al 18 de septiembre de 2000. la regla matemática para indexar esta clase de pensiones se materializa iniciando a partir del salario promedio devengado por el trabajador durante el último año de servicio. que desde luego no exhibe la de invalidez y en todo caso ante la simultaneidad de tales prestaciones debe primar la de JUBILACIÓN.República de Colombia
Radicado 33558. que la parte accionada únicamente esta (sic) conformada por el BANCO CENTRAL HIPOTECARIO. el que la Sala acoge y con ello modifica cualquier metodología en contrario utilizada para el efecto. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
que preceptúa que “Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez. a lo que agregó el pago de los intereses moratorios. DIVIDIDO POR LE NÚMERO DE DÍAS CONTADOS DESDE LA FECHA DE LA DESVINCULACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN”.C. para una mesada inicial de $648.
número de días que corresponde a cada salario y dividiéndolo por el que se adopta para el ingreso base de liquidación. obtuvo como ingreso base para liquidar actualizado la suma de $865.32.República de Colombia
Radicado 33558. finalmente a dicho resultado se le calcula el porcentaje de pensión y se obtiene el valor de la primera mesada pensional.”.C. quedando a cargo de la demandada el mayor valor si lo hubiere. desde el 18 de septiembre de 2000. Banco Central Hipotecario. desarrolló la fórmula anterior. partiendo de un salario promedio de $373. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. aplicando los reajustes anuales. X I.P.987. se regirán por las disposiciones
. así como las mesadas adicionales de junio y diciembre. DE SEPTIEMBRE DE 1991 A 2000 X NÚMERO DE DÍAS A INDEXAR POR AÑO. A renglón seguido. La fórmula es: S. pues la pensión reconocida se soporta en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.986. “hasta tanto el Seguro Social reconozca la pensión de vejez de acuerdo a sus reglamentos.316.07.B.10.
“ordene la compartibilidad de la pensión de invalidez con la de jubilación y absuelva al Banco por concepto de los intereses moratorios”. Se estudiarán separadamente. de resultar necesario.
Con fundamento en la causal primera. en el orden propuesto. el del demandante. Inicialmente. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.República de Colombia
Radicado 33558. se procede a resolver. concedido por el Tribunal. que fueron oportunamente replicados.
Interpuesto por ambas partes. Banco Central Hipotecario. el de la parte demandada y. formula dos cargos.
contenidas en la presente Ley y una de ellas es precisamente la regla legal contenida en el mentado precepto”. y en sede de instancia.
Pretende que la Corte case parcialmente la sentencia impugnada. y admitido por la Corte.
. aprobado por el Decreto 785 (sic) de 1.002”. fecha en la que el demandante adquirió el derecho a la pensión de jubilación. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.República de Colombia
Radicado 33558. expresamente. violación que condujo a la falta de aplicación del artículo 10.964. 19. en el concepto de aplicación indebida. 68.
Por la vía directa.990. 21 y 259 del Código Sustantivo del Trabajo y 5 literal C del decreto 813 de 1994. concedida por el ISS a partir del 18 de diciembre de 2000. el demandado advirtió. 23 del Acuerdo 155 de 1. que limitaba su inconformidad por no haberse ordenado la compartibilidad de la pensión de jubilación con la de invalidez de origen profesional. 73 y 75 del Decreto 1848 de 1969.968. parágrafo 2 de la Ley 776 de 2.963 aprobado por el Decreto 3170 de 1. 27 y 75 del Decreto 3135 de 1. Banco Central Hipotecario. 1. en relación con los artículos 1º de la Ley 33 de 1985. 16 y 49 del acuerdo 049 de 1. la sentencia del ad quem viola “los artículos 10.
que no es otro que el resguardo frente al desgaste que depara la edad.
Que. y no depende de una circunstancia meramente graciosa. se habilita para acceder a una jubilación.República de Colombia
Radicado 33558. previamente asegurado. se confunde un mismo fin en ambas prestaciones. que apuntan a proteger idéntico objetivo. la tildó de equivocada. si una persona que disfruta de una pensión de invalidez. De esta manera. el hecho de que deba primar la pensión de jubilación –que no discute-. que el amparo que brinda la pensión de invalidez persigue el mismo objetivo que se procura con la pensión de jubilación. “toda vez que la facultad para compartir una obligación pensional emana de la subrogación de un riesgo. Banco Central Hipotecario. por lo que resulta contradictorio “considerar que el beneficio de asistencia económica que otorga la pensión de invalidez no está
. por el paso del tiempo.”. proviene de un siniestro que causa la pérdida de la capacidad laboral y que le impide continuar generando recursos para su subsistencia. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. pues. dice. juzga claro que la pensión de invalidez que tiene el demandante. y es por ello. no significa que pueda percibir simultáneamente las dos prestaciones. si de favorabilidad se trata.
Luego de reproducir la parte pertinente de la motivación del fallo de segunda instancia.
toda vez que en esa data futura no diferirán los hechos que actualmente se presentan. a pesar de que. producto de la pérdida de la disminución de la capacidad para laborar que le causó al beneficiario el riesgo profesional que padeció y. es decir la protección que irroga la prestación inicialmente otorgada. por lo cual. es inviable acceder a la compartibilidad sólo cuando el actor alcance la edad para hacerse merecedor de la pensión de vejez. por ende. la compartibilidad que invoca.
. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. se presenta desde el 18 de septiembre de 2000. conduce a irrogar un indebido favorecimiento”.”. sino que es una consecuencia que se deriva de la prescripción contenida en la norma”. Banco Central Hipotecario. asevera. Lo anterior es así. no proviene de una orden estrictamente legal. que fue debidamente asegurado. cuando cumplió los 55 años de edad. sea compartible con la de jubilación. “Mutar una prestación pensional de invalidez en una de jubilación y/o de vejez.República de Colombia
Radicado 33558.963 ésta adquiere esa condición [de] pensión de vejez y. que.
llamado a cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia. por esa vía estimar que compartir ese riesgo. por lo tanto. por ello. “momento para el cual con base en el artículo 23 del Acuerdo 155 de 1.
en la que se encuentra que no pueden percibirse. amerita que se comparta el valor de la pensión de jubilación. toda vez que esa prestación ampara los mismos riesgos y esa circunstancia implica que haya operado (desde el mismo momento del cumplimiento de los requisitos para la jubilación) la subrogación del riesgo y.República de Colombia
Radicado 33558. es la que correspondía. prestaciones por invalidez y a la vez prestaciones otorgadas por los riesgos comunes como lo es la pensión de jubilación oficial. Banco Central Hipotecario. por ende.
Finalmente. hasta tanto (…) cumpla la edad para la pensión de vejez.
.” LA RÉPLICA
Dice que. sostuvo que la aplicación indebida se suscita por “el hecho de haberse considerado que es posible que el actor continúe disfrutando de la pensión de invalidez. contrario a lo que arguye el recurrente. y que “la infracción directa resulta de las claras voces del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002. simultáneamente. la aplicación del “artículo 49 de la Resolución 049 de 1990”.”. Que lo pretendido en el recurso extraordinario. constituye un “contrasentido ilegal”. pues no se puede aplicar “como causal de incompatiblidad la pensión de invalidez. (…). Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
La senda escogida por el impugnante. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. supuestos fácticos tales como la condición de trabajador oficial del demandante.
cuando claramente ese aspecto fue declarado nulo por el Consejo de Estado.
Conforme a los términos en que se plantea el alcance de la impugnación. los extremos de la relación de trabajo. Y que la compartibilidad de una pensión. más de 15 años de servicios acumulados para la fecha en que entró en vigencia la Ley 33 de 1985. la Sala resolverá sobre la viabilidad de que el actor pueda disfrutar
. y que fue pensionado por invalidez de origen profesional el 11 de octubre de 1996. supone que exista una de vejez debidamente otorgada por el ISS. el cumplimiento de 55 años de edad el 18 de septiembre de 2000. en los términos del artículo 16 del Acuerdo 049 de 1990. buscando un beneficios (sic) para la patronal que ya fue resuelto jurídicamente”.República de Colombia
Radicado 33558. y lo advertido por éste imponen que el estudio del cargo parta de tener por verdad.
Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.República de Colombia
Radicado 33558. o en la Ley 90 de 1946.
Si bien. el problema jurídico que ahora se aborda. esto es. tiene como supuesto fáctico incontrovertible. con lo cual. consagrada en un ordenamiento como la Ley 33 de 1985.
En efecto. como las que se dejaron delineadas. por haber reunido los requisitos establecidos en la Ley 33 de 1985. que la pensión de jubilación que reclama el demandante es de orden legal. Banco Central Hipotecario. y la de jubilación.
simultáneamente la pensión de invalidez de origen profesional. en esta oportunidad. la Corte se ha pronunciado en el sentido de señalar la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la de vejez. reconocida por el Instituto de Seguros Sociales el 11 de octubre de 1996. que no forma parte del sistema de seguridad social integral. es perfectamente posible la compatibilidad con que el Tribunal favoreció las aspiraciones del actor. precisará que bajo circunstancias especiales. entre una de invalidez con una de jubilación a los 55 años de edad. a la que aspira. se descarta la posibilidad de desatender algunos de los principios consagrados en el artículo 2º de la Ley 100 de 1993.
la jubilación está a cargo del empleador. y la de invalidez.
Ciertamente. que nace a cargo del empleador.República de Colombia
Radicado 33558. pero dentro del mismo contexto. es una obligación pura y simple. y no se encuentra sometida a condición extintiva o resolutoria diferente a la generada en el reconocimiento de la prestación por vejez a cargo del Instituto de Seguros Sociales. una vez concurran las exigencias allí previstas. diseñado sobre principios como los de la unidad y la universalidad.
Desde otra óptica. en el caso presente tal argumento se desvanece. Banco Central Hipotecario. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. si una de las bases de la línea jurisprudencial de la Corte sobre el tema de la incompatibilidad entre una pensión de invalidez y otra de vejez. confluyan los requisitos establecidos por los reglamentos respectivos. cuando el ISS no lo subroga por alguna circunstancia. desde luego. será cubierta por una entidad que sí forma parte del Sistema. de no suceder así. se reitera. conviene decir que la pensión de jubilación contemplada en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985. dado que. siempre y cuando. ha sido la afectación de la sostenibilidad del esquema de seguridad social. la pensión de jubilación a cargo del empleador se torna vitalicia. y se transmite a las personas llamadas a sustituir en el goce del
precisa destacarse que en el escenario fáctico descrito. que establece la transformación de la pensión de invalidez en la de vejez. toda vez que la pensión de invalidez fue otorgada como efecto de un accidente profesional. como impedimento de ese reconocimiento una vez se han reunido los requisitos previstos. las prestaciones allí contempladas. ni tampoco. mucho menos si se advierte que dicho Acuerdo.
Acorde con lo anterior. aprobado por el Decreto 758 de 1990. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. dada la autonomía financiera y contable del subsistema.República de Colombia
Radicado 33558. con la de jubilación patronal. a partir del cumplimiento de la edad mínima. nada tiene que ver con el subsistema de riesgos profesionales. ni mucho menos. se
derecho al jubilado. Más bien. Banco Central Hipotecario. que es el que corresponde aplicar en el sub lite. no tiene ningún protagonismo el artículo 10 del Acuerdo 049 de 1990. Ninguna otra hipótesis consagra la ley como susceptible de enervar los efectos de la concesión de la pensión jubilatoria. la preceptiva del artículo 63 permite inferir que. Revisado el contenido del Acuerdo 155 de 1963. aprobado por el Decreto 3170 de 1964. que sirvió al ISS para reconocer la pensión de invalidez. ninguna mención hace a la posibilidad de compartir esa prestación con la de vejez.
memorar que para la época en que CAMILO EDUARDO RIAÑO se desvinculó del BANCO CENTRAL
Lo mismo cabe referir respecto de lo preceptuado en el literal j) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993. En ese orden. al encontrarse ubicado el precepto en el libro primero de dicho ordenamiento. por la potísima razón de que los recursos con que se pagan. las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional. debe interpretarse que no abarca lo relacionado con riesgos profesionales. tienen fuentes de financiación independientes.República de Colombia
Radicado 33558.
conceden independientemente de las consagradas para los riesgos de invalidez y muerte de origen común. que prohíbe la concurrencia de las pensiones de invalidez y de vejez en un mismo afiliado. a partir del 1º de abril de 1994. aún con el vigor jurídico que cobró la Ley 100 de 1993. que tienen su propia regulación en el libro tercero de tal estatuto. son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común. Banco Central Hipotecario. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. entre otras cosas. toda vez que se cotiza separadamente para cada riesgo. empero.
Contribuye en gran manera a la desestimación del cargo.
pues desde esa perspectiva no sería viable la percepción simultánea de las pensiones de sobrevivencia y de vejez por una misma persona.
No es la unidad de designio de las dos prestaciones el criterio que debe prevalecer a la hora de definir una controversia como la que concita la atención la Sala.
HIPOTECARIO. Incluso. ni siquiera su deceso hubiera privado a los legitimados de acceder al goce de la pensión de jubilación. y sólo esperaba el cumplimiento de la edad para consolidar su derecho. tanto que. mucho menos puede tomarse esa solución por el solo advenimiento de la pensión de invalidez. pues el simple prurito del “beneficio de asistencia económica”. si satisface las exigencias legales. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Banco Central Hipotecario. destinado a “cubrir esa imposibilidad de generar los recursos económicos necesarios para la subsistencia”. así la misma entidad de seguridad social le esté pagando la otra prestación.República de Colombia
Radicado 33558. acceda a la pensión por vejez. se tiene decantado que una misma persona puede ser beneficiaria
. cuando le sobrevino la invalidez. había completado más de 20 años al servicio de la entidad. no ha sido óbice para que la jurisprudencia haya definido que la esposa o la compañera permanente de un pensionado fallecido.
213 del 27 de noviembre de 1984 y 8625 del 3 de enero de 1986. Para ello argumentó el juzgador que ambas prestaciones amparan un mismo riesgo. con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del decreto 2665 de 1988. radicación 16033. estimó que la medida del ente de seguridad social de suspender unilateralmente el pago de la prestación derivada del accidente laboral padecido por el accionante está ceñida al artículo 42 del decreto 2665 de 1988. como en sentencia de 12 de septiembre de 2001. y otra generada en riesgo común. para la Corte el cargo debe prosperar. aspecto formal que a la postre no define el derecho sustancial de éste. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. guardan compatibilidad entre sí. y de las cuales aquél suspendió la primera. al dejarse sustentado lo siguiente: “La controversia que plantea el cargo tiene que ver con la decisión del Tribunal de no declarar compatibles las pensiones de invalidez de diverso origen: por riesgo profesional y por riesgo común. así mismo.República de Colombia
Radicado 33558. lo cual no permite confusión en torno a los efectos jurídicos emanados de las variadas contingencias que protege el seguro. “Así se afirma y concluye porque las prestaciones económicas que no se debate percibía el demandante antes de la suspensión objeto de discusión y que fueron reconocidas por resoluciones número 10. que el ISS reconoció al actor. suspender el pago de la pensión de invalidez por riesgo profesional que primigeniamente reconoció al demandante. y que ellas tienen la misma finalidad protectora. esto es. como en efecto lo son el riesgo
. pues es relativo al procedimiento administrativo interno del ISS. que atiende a su naturaleza disímil dentro del derecho de la seguridad social. debido a que cada una cubre un riesgo diferente y están sujetas a una reglamentación distinta. unilateralmente. aspecto que no le fue ajeno al legislador desde la ley 90 de 1946 y en la posterior legislación sobre la materia. la invalidez. Banco Central Hipotecario. “Independientemente de la controversia que se expone en relación con la posibilidad jurídica de que la demandada pudiera.
simultáneamente de una pensión de invalidez de origen profesional.
por incapacidad permanente total originada en la enfermedad profesional debidamente diagnosticada en su momento. a cada una de las cuales. Banco Central Hipotecario. con el fin de zanjar cualquier posible discusión en torno a la validez de tal percepción simultánea de las mismas.57 y 75). “En este sentido fue que se pronunció la Corte en su sentencia 11235 del 18 de noviembre de 1998. entre ellos. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
de invalidez. ya en lo que tiene que ver con las pensiones de invalidez que disfrutó en vida el señor Laurencio Cubillos considera la Sala oportuno aclarar aquí. <Conviene recordar que desde la instauración del régimen de la seguridad social en Colombia mediante la Ley 90 de 1946. los cuales fueron delimitados separadamente en cuanto a sus consecuencias. no es posible confundir los efectos jurídicos provenientes de los diferentes riesgos que ampara el seguro. tal como se desprende de los informes correspondientes (fls. y la segunda por invalidez permanente total derivada de una enfermedad no profesional e igualmente determinada conforme a los procedimientos pertinentes. vejez y muerte. de acuerdo con las disposiciones reguladoras de las contingencias correspondientes: la primera. así como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. hasta su fallecimiento. vejez y muerte.República de Colombia
Radicado 33558. 02003300648 y que en tal virtud disfrutó. y en la que se puntualizó lo siguiente: <Por otra parte. de sendas pensiones de invalidez que en su oportunidad le concediera y pagara el Instituto de Seguros Sociales. que trae a colación el censor.
. <Consta en el informativo que el señor Laurencio Cubillos cotizó para el Instituto demandado durante mas de 12 años para el seguro de invalidez. bajo la afiliación No. que su compatibilidad nació precisamente del hecho de que cada una cubre un riesgo distinto y de que cada una de ellas parte de presupuestos reglamentarios diferentes. de manera autónoma. les ha determinado su propio perfil y sus respectivas consecuencias. y las eventualidades del accidente de trabajo y la enfermedad profesional. accidentes de trabajo o enfermedades profesionales con los derivados de enfermedades de origen no profesional.
Radicado 33558. o la plena de jubilación patronal y la de vejez que reconoce el ISS. De manera que con algunas excepciones en que se ha producido una
. Siendo diferentes. y acuerdos 258 de 1967. 539 de 1974 y 027 de 1982. <Así. que no es consecuencia obligada de la clase de trabajo o del medio en que labora el trabajador . y accidentes de trabajo y enfermedad profesional (ATEP). Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. a diferencia de aquellas que ahora ocupan la atención de la Sala y cuya coexistencia no está prohibida. los requisitos de las prestaciones otorgadas y el monto de ellas en uno y otro seguro. <Y esa clara diferencia en cuanto a su origen . 1664 de 1984. <Y a su turno ello apareja el que la reglamentación pertinente gobernara dos “seguros” independientes y autónomos: el de enfermedad general y maternidad (EG y M). como el de invalidez de origen común que en determinadas circunstancias deviene en pensión de vejez . 2053 de 1988. así: a) ATEP: Decretos 3169 de 1964. 462 de 1983. se repite el mismo riesgo. al menos por la época de los hechos. 2496 de 1982. se trataron estos seguros en secciones distintas y cada uno ha venido siendo reglamentado en forma separada por diferentes Decretos y acuerdos. de una parte. el monto de las mismas. desde la Ley 90 de 1946.y la pensión de jubilación. Banco Central Hipotecario. su financiación. 3224 de 1981.conduce inequívocamente al tratamiento de “contingencias” distintas. y acuerdos 575 de 1975 y 158 de 1980. Nótese que estas pensiones tienen la misma naturaleza y amparan. el sujeto obligado a las cotizaciones.
<Si bien la Corte ha señalado en reiterada jurisprudencia que en principio no es posible disfrutar simultáneamente dos pensiones por un mismo beneficiario. su administración. por la cual se estableció el seguro social obligatorio y se creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. y b) EG y M: Decretos 770 de 1975. de la otra. y hasta el Acuerdo 049 de 1990. 1172 de 1989. en tanto la otra se deriva de un riesgo común.una proviene de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional. 3170 de 1964. entre otros aspectos. ello ha sido exclusivamente en aquellos casos en que así lo disponen expresamente las normas aplicables o éstas cubren un mismo riesgo o atienden al mismo seguro.
Radicado 33558. implica que el asegurado padece de una serie de alteraciones orgánicas o funcionales incurables o de duración no previsible que le impiden desempeñar su trabajo habitual u otro similar compatible con sus aptitudes y formación profesional. era incompatible con la pensión de invalidez por riesgo común que posteriormente le reconoció. Banco Central Hipotecario. como lo tiene dicho la jurisprudencia de la Corte”
reglamentación conjunta. como sí ocurriría si se estuviera en presencia de la “incapacidad absoluta” regulada por el inciso segundo ibidem. Esta es la razón esencial para que el Instituto conocedor de que previamente se había otorgado una pensión de origen profesional. siempre se han distinguidos esos dos seguros aún por las normas orgánicas de los seguros sociales contenidas en la Ley 90 de 1946 y en los Decretos extraordinarios 433 de 1971 y 1650 de 1977. concepto que en los términos del precepto entonces aplicable (artículo 16 del Acuerdo 155 del 1963. pues no aplicó los preceptos referidos en la proposición jurídica del ataque. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. a pesar de haber colegido inicialmente que de los artículos 8º del decreto ley 433 de 1971 y 18 del decreto 3041 de 1966 no se deduce la incompatibilidad alegada por el ISS (folio 317). que permite la compatibilidad alegada en la demanda ordinaria. incuestionablemente incurrió en la infracción normativa que le increpa la censura. la consideración de no ser excluyentes las dos pensiones que disfrutó en vida el pensionado hasta su deceso. no viera óbice alguno para que el trabajador laborara en un oficio diferente al primigenio y para que no pusiera reparo a la otra pensión de origen no profesional basada en una enfermedad distinta y consintiera expresamente la compatibilidad entre ambas hasta el fallecimiento de su beneficiario>. obedeció fundamentalmente a que la primera de origen profesional se concedió por “incapacidad permanente total”. “En consecuencia. <Y en el caso específico. aprobado por Decreto 3170 de 1964). cuando el ad quem concluyó que la pensión de invalidez por riesgo profesional que inicialmente otorgó el ISS al actor. pero no lo inhabilita para desempeñar “toda clase de trabajo remunerado”.
la segunda no está destinada a mutarla pensión de vejez. puesto que ampara un riesgo diferente. En consecuencia. el cargo es infundado. las pensiones de jubilación y de invalidez son compatibles. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
En consecuencia. será quien deba sufragar las dos prestaciones.
Tal doctrina no pierde vigencia aún con la previsión normativa del parágrafo segundo del artículo 10 de la Ley 776 de 2002. dado que quien eventualmente estaría interesado en la integración de las dos pensiones es la entidad de seguridad social que reconoció y actualmente paga la prestación por invalidez. Banco Central Hipotecario. siendo que además. con mucha mayor razón. dado que al momento en que asuma el pago de la pensión de vejez. la sentencia cuestionada no incurre en la trasgresión jurídica que le enrostra la censura. sin que sobre anotar que el interés que le asiste al ente bancario accionado para solicitar la compartibilidad se ve seriamente comprometido.República de Colombia
. en el sentido de establecer la incompatibilidad entre dos pensiones de invalidez. pues el sujeto pasivo de esas obligaciones es diferente.
En el caso bajo examen. pues solo habrá lugar a ello cuando tengan origen “en el mismo evento”.
“Es decir que su pensión de jubilación está gobernada por ese artículo y por lo dispuesto en el artículo 27 del Decreto Ley 3135 de 1. Banco Central Hipotecario. sino del establecido en la Ley 33 de 1985. es excluyente.985 y el artículo 27 del Decreto 3135 de 1. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. es exclusiva y especial. en relación con el artículo primero de la Ley 33 de 1. significando que la transición ordenada por el parágrafo en mención es única. dado que su retiro del servicio se produjo el 1º de diciembre de 1991.
Acusa la sentencia del ad quem de violar “por la vía directa. tal como lo previó el parágrafo segundo del artículo 1º de la mencionada Ley 33. asevera que el Tribunal aplicó indebidamente las normas relacionadas en la formulación de la acusación.993.968”
Básicamente. en el concepto de aplicación indebida de los artículos 36 y 141 de la Ley 100 de 1. pues remite al régimen anterior a su vigencia (artículo 27
. puesto que RIAÑO FERNÁNDEZ no es sujeto de aplicación del régimen de transición creado por la Ley 100 de 1993.968.República de Colombia
“al consagrar la mencionada Ley 33 (…) un régimen de transición para aquellos trabajadores oficiales que hubiesen cumplido más de 15 años de servicios al entrar en vigencia la aludida ley. los intereses por mora son procedentes. Banco Central Hipotecario. que no el de la Ley 100 de 1993. sin incurrir en aplicación indebida involucrar. En fin. Agrega que. LA RÉPLICA
La oposición a la prosperidad del cargo la apoya en la sentencia C-601 de 24 de mayo de 2000. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. que estima aplicables a este litigio. el artículo 36 de la Ley 100 de 1. copió un trozo jurisprudencial.
Finalmente. que identificó parcialmente. afirma. que el régimen de transición que corresponde al demandante es el previsto en la Ley 33 de 1985. Que. sin importar si su reconocimiento es anterior a la vigencia del estatuto de seguridad social integral de 1993. y mencionó otros varios.968)”. como sería el caso del demandante.República de Colombia
Radicado 33558. no es posible. según la cual.
del Decreto Ley 3135 de 1. siempre que exista tardanza en el pago de una pensión. sería notoriamente injusto que
.993 con el pretexto de fundamentar un régimen de transición que no le corresponde”.
La orden de pagar intereses por mora decretada por el Tribunal.República de Colombia
Radicado 33558. medularmente. y el trabajador se ha empobrecido en forma correlativa al enriquecimiento de la demandada”. Banco Central Hipotecario. Antes había
. de considerar que la pensión de invalidez tuvo fundamento en el tránsito legislativo previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. estuvo precedida. donde el Banco demandado le ha sacado provecho ya que una de sus funciones es el rendimiento del dinero. De otra parte claro resulta precisar que el memorado artículo 36 precisa que: <Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez. se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley> y una de ellas es precisamente la regla legal contenida en el mentado precepto”. y “En este orden no puede aducirse incontrastablemente que la pensión legal de que aquí se trata no se aviene a dicha normatividad cuando el cumplimiento de uno de sus presupuestos –edad.
se le entregara “dinero envilecido.se dio en vigencia de la nueva Ley de Seguridad Social.
Bien conocidos son los pronunciamientos de la mayoría de la Sala.República de Colombia
Radicado 33558. Empero. la censura sostiene que no es viable acceder a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. cuando la pensión que se decreta tiene como fundamento el régimen de transición creado por el legislador de 1991. porque hubo necesidad de acudir a la transición consagrada en el parágrafo 2º del artículo 1º de la normativa últimamente mencionada. la pensión de jubilación se decretó a partir de la aplicación del régimen
. pues para el 29 de enero de aquél año. en dirección a la negativa de reconocer intereses moratorios. aquél contaba más de 15 años de servicio. la Sala estima inviable la imposición de la sanción. la pensión de jubilación que se otorga al actor. como en el caso litigado. en estrictez. no tiene como soporte la preceptiva del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. en tanto. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. como la conducta del empleador.
argumentado que la imposición de la sanción. Banco Central Hipotecario. es ajena a consideraciones cualquiera otra índole.
A su vez. sino la previsión del artículo 27 del Decreto 3135 de 1968. pues la pensión de jubilación fue reconocida al tenor de los parámetros delineados en la Ley 33 de 1985. pero además.
que no el introducido por la Ley 100 de 1993. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. la aplicación integral de la normatividad que gobierna el caso. 1º de la Ley 33 de 1985”. del libelo introductorio. por lo cual. únicamente en lo referente a la cuantía de la
. particularmente la primera pretensión. con apoyo en los supuestos fácticos aducidos.
Pide que se case parcialmente la sentencia gravada.República de Colombia
de transición establecido en la Ley 33 de 1985. y 5. “modificando el numeral primero de la parte resolutiva. y la formulación de la demanda inicial. Banco Central Hipotecario. se casará la sentencia en este aspecto.
Así el juez de la alzada no se haya referido específicamente a este punto. “en la forma establecida en el parágrafo 2º del Art. en la que se pidió la pensión de jubilación oficial. como puede verse en los números 3.
El cargo es fundado y próspero. permiten arribar a la conclusión ya esbozada.
Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. de los cuales. mensuales que corresponde al 75 % del salario promedio devengado (…). con fecha 14 de Julio de 2006 que absolvió a la demandada (…)”.
Con ese propósito propone dos cargos.
. en el último año de servicios (…). es decir.República de Colombia
Radicado 33558.S. PRIMER CARGO
Acusa la sentencia del Tribunal: “por violar DIRECTAMENTE en concepto de INTERPRETACIÓN ERRÓNEA las normas de derecho sustancial contenidas en los artículos 48 y 53 constitucionales y el artículo 1º de la ley 33 de 1985.
pensión concedida. modificándola a la suma de $1. convertida en Tribunal de Instancia.251. debidamente indexados desde el 1º de diciembre de 1991 al 18 de Septiembre de 2000. el artículo 11 del decreto 1748 de 1995 y el artículo 19 del C. y en caso de resultar necesario se procederá con el segundo. fecha en que adquirió el derecho y que.T”. revoque en su integridad la pronunciada por el Juzgado Sexto (6º) Laboral del Circuito.05. Banco Central Hipotecario.178. se estudiará el primero.
NO es función de la Corte Suprema de Justicia. lo estipulado en el precepto de 1995. según lo dispuesto en el artículo 235 Superior. dice. sin tener la facultad para ello. la actividad de legislar o decretar remedios ante las omisiones del legislador y.
Luego de copiar la parte pertinente del fallo. Por el contrario. como se hizo en la sentencia radicada bajo el número 13336. que además.República de Colombia
Radicado 33558. “sin necesidad de <decretar> formulas (sic) mutuo propio (sic)”. Reprodujo un fragmento de una sentencia de tutela sobre indexación del ingreso base de liquidación para liquidar pensiones de
. sobre aplicación analógica de la fórmula diseñada en el artículo 11 del decreto 1748 de 1995. pues resulta evidente que en el Estado Social de Derecho y. resulta favorable al pensionado. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. usada por el Consejo de Estado para indexar las pensiones de los “trabajadores públicos”. el órgano límite de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. sí cumple con lo que manda el artículo 230 de la Constitución Política. Banco Central Hipotecario. claro esta (sic). sostiene que ante la falta de regulación legislativa del método para indexar las pensiones de Ley 33 de 1985. al implementar como herramienta para solucionar el vacío normativo. menos si al rompe se constata un claro perjuicio para el trabajador”. se torna necesario acudir a la preceptiva del artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo. “esto.
y que en la sentencia 13336 se optó por una decisión “arbitraria”.
Finalmente. al darle prevalencia el sistema de actualización adoptado por la Corte Suprema de Justicia. incurre en una vía de hecho por defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
jurisprudencial. Banco Central Hipotecario. acotó que la providencia que combate viola el principio constitucional denominado “indubio pro operario”.República de Colombia
“ignorándolo y desconociendo que la Constitución Colombiana impone la obligación de reconocer el <derecho constitucional> a la indexación de la primera mesada pensional”.
Asevera que el juzgador ad quem. desconectada del ordenamiento jurídico constitucional. debido a la interpretación errónea en que incurrió el sentenciador al aplicar la jurisprudencia mencionada. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
. Que no debe el pensionado cargar con los
efectos nocivos de la devaluación. lo que no sucede en otras altas instancias judiciales. para luego manifestar que esta Sala de la Corte aplica “criterios injustos y ajenos a derecho”.
la H. si así lo decide le es imposible entrar a modificar una decisión anulada”. por lo que al no indicar concretamente el recurrente cual fue la disposición o disposiciones sustanciales. a más que el impugnante no denunció la norma legal que consagra el derecho sustancial a que aspira. razón por la cual. de todas maneras. siendo “además que se incluye en la proposición jurídica normas superiores que reclaman determinación legal y preceptos relacionados con la emisión. como en el alcance de la impugnación. con el cálculo y con la redención de bonos pensionales. Sala. debe casar la sentencia impugnada. que el recurso tiene vocación de prosperidad. “toda vez que de encontrar. en el fallo gravado no se hace una interpretación inadecuada a las normas denunciadas. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. aparentemente violadas por el Juez Colegiado. Que.
. le queda imposible a la Corte estudiar el ataque”.República de Colombia
Radicado 33558. Banco Central Hipotecario.
Enrostra a la sustentación del recurso extraordinario deficiencias técnicas.
siempre que en la decisión que se tomó como parámetro para resolver. se hubiera dado aplicación al conjunto normativo que correspondía. es dable entender que lo que pretende la censura es el quiebre parcial del numeral 1º de la sentencia del Tribunal..178. propugnada a raíz de la exigencia del artículo 63 del Decreto 528 de 1964. en principio. se procede al estudio de fondo de la acusación.". asentado se tiene que. convertido en legislación permanente por el artículo 162 de la Ley 446 de 1998. a juicio del recurrente haya sido violada. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs..05). en cuanto al monto de la mesada inicial.
Aunque no es muy claro el alcance de la Impugnación.
La tesis de la proposición jurídica completa. siendo suficiente el señalamiento de "cualquiera" de las normas de derecho sustancial "que. y que en sede de instancia la deje en la cantidad que anhela ($1.
. Banco Central Hipotecario. En tal virtud. la vía adecuada es la interpretación errónea.República de Colombia
Radicado 33558.251. perdió vigencia como efecto de lo que dispuso el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991. al basarse el fallo gravado en un precedente de esta Corporación. constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo. pues además.
con vehemencia. en decisión de 12 de febrero de 2008. cayó en desuso a raíz del acogimiento del método cuya aplicación.
Al dictar el fallo de reemplazo. radicación 31240.República de Colombia
Radicado 33558. no devengó suma alguna de dinero. si bien fue avalada por la Corte en sentencia 13336 de 30 de noviembre de 2000. para entender que después de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Banco Central Hipotecario. presupone la conformidad del recurrente con las conclusiones fácticas a las que arribó el ad quem. luego de haber quebrantado el de segundo grado. la Sala fijó su posición acerca de la metodología que debe desarrollarse para actualizar el ingreso base de liquidación de los trabajadores que se encuentran bajo los
. reclama la censura. Para los efectos que interesan a este cargo.
La fórmula de actualización por la que optó el Tribunal. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
La acusación enderezada por la senda de lo jurídico. basta mencionar que no es materia de controversia que el demandante prestó servicios al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO hasta el 1º de diciembre de 1991.
“De ese modo. radicaciones D. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. el actor no se encontraba laborando. por haber reunido los requisitos legales. tuvo su sustento. Que el Banco Cafetero. importa recordar. en las decisiones de la Corte Constitucional del 19 de octubre y 1 de noviembre de 2006.6247 y D-6246.República de Colombia
Radicado 33558. que la nueva tesis mayoritaria de la Sala. y cumplió los 55 años el 3 de septiembre de 1993. le otorgó la pensión a partir de la indicada fecha.
supuestos fácticos registrados en el caso bajo examen. “Para hacerlo. Banco Central Hipotecario. en los siguientes términos:
“Para la definición de instancia se tendrá en cuenta que al momento de empezar a regir la Constitución Política de 1991. respectivamente. entre otras. resulta necesario fijar el derrotero a seguir frente a la fórmula que debe utilizarse para actualizar las pensiones legales concedidas en vigencia de la Constitución Política de 1991 y antes de entrar a regir la Ley 100 de 1993. como se dijo al resolver la acusación.
Radicado 33558. decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico igual “al promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios. sobre el punto. debe aplicarse la fórmula que tradicionalmente se ha adoptado para indexar la base salarial de esas pensiones legales. por ese hecho. estuvo basada en razones de peso y no puede. conviene también recordarlo. catalogarse como arbitraria (Sentencia T-440/06 de 1 de junio de 2006). Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
“En ese orden de ideas. entre el índice inicial.…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…”
. Esta fórmula.
“Para el efecto precisa indicarse que. Banco Central Hipotecario. en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente. esa misma Corporación a través de la sentencia de tutela T-425/07 siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido. por el guarismo que
resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión. la Corte Constitucional. no existe norma legal que se haya ocupado de ello. al haber sido objeto de
cuestionamiento a través acción de tutela. sin embargo.
36 Ibídem. estima la Sala que sería el adecuado para adoptar. por ello.
“Esta falta de uniformidad.República de Colombia
Radicado 33558. se insiste. tendrían el mismo derecho a que se les liquidara la aludida prestación con idéntico método. pues así se daría plena observancia en esta materia al derecho a la igualdad. dado que tanto los titulares de una pensión legal prevista en el Sistema General de Pensiones. señaló un modo de actualizar las pensiones legales. Banco Central Hipotecario. obedece a la carencia de norma legal que lo consagre. sin duda alguna. a los que se suma el hecho de que el legislador. actualizando el ingreso base. el establecido en el art. como las que no hacen parte de éste. Ley 100 de 1993. se repite. precisamente en desarrollo del artículo 48 de la Constitución Política expidió el Sistema de Seguridad Social Integral. en tratándose de pensiones reconocidas con fundamento en leyes expedidas con anterioridad al 1º de abril de 1994. teniendo en cuenta aquellos referentes jurisprudenciales. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. para adoptar un mecanismo ajustado de actualización. y en su artículo 36. anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor. es decir. que en materia de constitucionalidad de la ley produjo la Corte Constitucional. todo ello en procura de solucionar de manera más efectiva la desventaja
junto con los respectivos incrementos legales decretados a partir del 1º de enero de 1994”. que es la que se le condena a la entidad demandada del 3 de septiembre de 1993 en adelante.
“Aplicando las precedentes reflexiones. Banco Central Hipotecario. De este modo se rectifica la anterior orientación relacionada con este aspecto. esto es.681.81.
En sentencia de 13 de diciembre de 2007. $81. en cuanto a su valor inicial.510. el monto de la misma.República de Colombia
Radicado 33558. radicación 31222. así:
. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
económica en que se encuentra un trabajador frente a la devaluación de la moneda producto de la inflación permanente que la misma padece en nuestro país.34. desde el 3 de septiembre de 1993. habida cuenta que a ALVARO RAÚL ORTIZ ARANGO se le reconoció la pensión en cuantía de $19. 248 de 30 de
diciembre de 1993 (folios 9 a 17). la que se ajustó al salario mínimo legal de ese año. tal cual se solicitó en la demanda y en el alcance la impugnación.307. procede su indexación.00. ya se había abordado el estudio de esta temática. asciende a la suma de $599. En consecuencia. mediante la Resolución No.
donde el trabajador no devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que le hacía falta para adquirir el derecho pensional. esta Sala de la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones fijando parámetros y directrices para estructurar e implementar la fórmula que más se adecue al propósito del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.C (salario base de cotización) que corresponde al promedio de lo percibido en el último año de servicios.República de Colombia
Radicado 33558. multiplicado por el número de días de la respectiva anualidad y dividido por el tiempo total entre la fecha de desvinculación y el cumplimiento de la edad>. Banco Central Hipotecario. bajo un nuevo examen del tema. siendo la última aquella que se traduce en: <Base salarial actualizada = S. multiplicado por los IPC del periodo a actualizar.
“Para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de su primera mesada pensional en casos como el que nos ocupa. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. estima la Sala que debe revisar las pautas que en un principio se adoptaron para la aplicación de la fórmula matemática que sirvió para dar efectividad al mecanismo de la actualización aludida.B. ello para el contingente de trabajadores que se hallen
“Sin embargo.
no sin antes poner de presente. Banco Central Hipotecario. y bajo esta órbita modificar su criterio.…” con el argumento de que “refleja criterios justos equitativos…”
“Partiendo entonces. por ese hecho. (Sentencia T-440 de 1 de junio de 2006). Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. que la fórmula que ha venido utilizando en casos semejantes. la Corte Constitucional.
en las circunstancias especiales antedichas. de que el cometido del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 es actualizar anualmente la base salarial para tasar la mesada
Radicado 33558. al haber sido objeto de cuestionamiento a través de tutela. siguiendo un criterio jurisprudencial distinto al antes referido. sin embargo. decidió aplicar la fórmula según la cual debía multiplicar el valor histórico que se traduce en el “promedio de lo devengado por el demandante durante el último año de servicios. en su Sala Sexta de Decisión consideró que “la adopción de metodología de cálculo adoptada por los jueces se fundamentó suficientemente. estuvo basada en razones de peso y no puede. entre el índice inicial. esa misma Corporación. catalogarse como arbitraria”. a través de la sentencia de tutela T-425 de 2007. por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor vigente a fecha a partir de la cual se reconoció la pensión.
se estima que en asuntos donde sea procedente la actualización.República de Colombia
Radicado 33558. dicho fin se logra adecuando el mencionado precepto legal a cada situación. es dable sostener que esta fórmula también cumple a cabalidad con el designio y espíritu de la norma en comento y demás postulados de rango constitucional que en materia pensional consagran los artículos 48 y 53 de la Constitución Política. para efectos de determinar el ingreso base de liquidación y establecer el monto de la primera mesada en aquellos casos no contemplados en la ley de seguridad social.
pensional. y en términos de la fórmula a aplicar. buscar la que más se ajuste al mecanismo de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. el tomar el valor monetario a actualizar y multiplicarlo por el índice de precios al consumidor final y dividirlo por el IPC inicial. empero observando la variación del IPC para cada anualidad en la medida que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 así lo exige. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. lo cual es semejante a la fórmula que viene aplicando la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. esto es. Banco Central Hipotecario. garantizar que los ingresos que integran ese IBL conserven su valor.
“En este orden de ideas.
Banco Central Hipotecario. se aplicará la siguiente fórmula. que en lo sucesivo para determinar el ingreso base de liquidación de pensiones como la que nos ocupa.
“Así pues. IPC Final = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de pensión. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.República de Colombia
Radicado 33558. que más adelante se desarrollará en sede de instancia:
IPC Final IPC Inicial
= IBL o valor actualizado = Valor histórico que corresponde al último salario promedio mes
devengado. la Sala recoge cualquier pronunciamiento anterior que resulte contrario con respecto a la fórmula que se hubiere venido
“Con esta nueva postura. IPC Inicial = Índice de Precios al Consumidor de la última anualidad en la fecha de retiro o desvinculación del trabajador.
el ad quem incurrió en el yerro hermenéutico endilgado por la censura. el ingreso base de liquidación que se obtiene es de $1. proceden los siguientes cálculos:
A partir de los hechos probados y no cuestionados del último salario del actor de $373.oo (75%).
empleando en casos similares donde no se contempló la forma de actualizar la mesada pensional. del 1º de diciembre de 1991.70.63750. y en consecuencia. Por consiguiente.República de Colombia
Radicado 33558.146.32. para una mesada inicial actualizada de $1. acorde con la teleología de las normas antes citadas”. se casará la sentencia cuestionada. resulta que.986. es innecesario estudiar el segundo cargo.860. en lo relativo a la fórmula empleada para actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación. y del 18 de septiembre de 2000. En consecuencia. En sede de instancia.645. y uno final de 117. 9 al 11). Banco Central Hipotecario. como fecha a partir de la cual comenzará a pagarse la pensión de jubilación.17700 (fls. como fecha de retiro del servicio.233. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
Frente a la prosperidad del segundo de los cargos propuestos por la parte demandada. se confirma la absolución impartida por el Juzgado Sexto Laboral
. con un índice inicial de 26.
dentro del proceso ordinario laboral que CAMILO EDUARDO RIAÑO FERNÁNDEZ promovió contra EL BANCO CENTRAL HIPOTECARIO-EN
LIQUIDACIÓN. Banco Central Hipotecario.
En sede de instancia. CASA PARCIALMENTE la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.República de Colombia
Radicado 33558. En las instancias. la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. la suma de
En mérito de lo expuesto. no se imponen costas en casación. en cuanto la fórmula que aplicó para actualizar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación reconocida al actor. así como respecto de los intereses moratorios impuestos a la demandada. el 31 de enero de 2007. a cargo de la demandada.
del Circuito. administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. por concepto de intereses moratorios. No la casa en lo demás. SALA DE CASACIÓN LABORAL. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs. Dada la prosperidad parcial de los dos recursos. fija el valor de la primera mesada pensional del demandante a partir de 18 de septiembre de 2000. en la sentencia dictada el 14 de julio de 2006.
CÓPIESE. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
. a cargo del demandado. por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá. en cuanto absolvió al BANCO CENTRAL HIPOTECARIO –EN LIQUIDACIÓN-.233. Banco Central Hipotecario.
Sin costas en casación. y confirma parcialmente el fallo dictado el 14 de julio de 2006. por intereses moratorios. En las instancias.República de Colombia
Radicado 33558.860.
$1.oo. PUBLÍQUESE Y DEVUÉLVASE EL EXPEDIENTE AL TRIBUNAL DE ORIGEN. NOTIFÍQUESE.
Radicado 33558. Camilo Eduardo Riaño Fernández Vs.
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ Este documento fue creado a partir del original obtenido en la Corte Suprema de Justicia. Banco Central Hipotecario.
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References: artículo 141
 resolución 
 artículo 141
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 10
 artículo 23
 artículo 10
 Resolución 
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 1
 artículo 10
 artículo 63
 artículo 13
 artículo 42
 artículo 42
 artículo 10
 artículo 27
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 141
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 27
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 19
 artículo 235
 artículo 11
 artículo 230
 artículo 19
 artículo 63
 artículo 162
 artículo 51
 artículo 48
 artículo 36
 Resolución 
 artículo 36
 artículo 36
 artículo 36
e contrario