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Timestamp: 2019-01-21 16:02:07+00:00

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Diario de Sesiones de las Cortes de Aragón n°: 168 de Serie A (VIII Legislatura)
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Buenos días. Damos comienzo a la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario del día de hoy [a las diez horas y cuatro minutos].
Dejamos el punto primero del orden del día, como viene siendo habitual, para el final de la comisión, y tramitamos el punto dos del orden del día: comparecencia del presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón al objeto de presentar el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2011.
Damos, por supuesto, la bienvenida a los miembros de las Cámara de Cuentas.
Y le doy la palabra al presidente o al consejero de la Cámara de Cuentas para presentar el informe de fiscalización de la cuenta general por un tiempo de diez minutos. Cuando quiera, señor Laguarta, supongo.
Comparecemos ante la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario de las Cortes de Aragón atendiendo al requerimiento que se me ha realizado al objeto de presentar el informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2011.
En nombre y representación de la Cámara de Cuentas, comparece conmigo el también consejero y vicepresidente de la institución, don Alfonso Peña Ochoa, por la razón principal de que fue el ponente que presentó al Consejo de la Cámara el proyecto de informe de fiscalización, y, a su vez, coordinó todo el equipo de auditoría con sus trabajos previos, que, a su vez, había sido dirigido por la directora de auditoría, doña Isabel Linares, presente también en la sala.
El informe fue iniciado previamente el día 3 de octubre del año 2012 y aprobado por el Consejo de la Cámara el 3 de julio del año 2013, es decir, fue una elaboración de doce meses en los que trabajaron nueve personas, lo cual supone un total de más de once mil horas de auditoría. Me permito resaltarlo para decir que el trabajo, si bien, formalmente y en definitiva, es aprobado por el Consejo, el informe lleva muchas horas de trabajo, de pruebas realizadas, de propuestas de fragmentos de informe, etcétera.
El informe tuve el honor de presentarlo ante el pleno de la Cámara el día 12 de diciembre del año 2013, con lo cual, por razones prácticas y para evitar duplicidades, me gustaría darle un enfoque en esta presentación que no fuera reiterativo, y por esta razón fundamentalmente, para evitar en lo posible esas repeticiones, el grueso de la exposición preferimos que lo realice el consejero ponente, para que, de esta forma, puedan resaltarse aspectos o enfoques complementarios de los que yo pude haber expuesto ante el pleno de las Cortes el día 12 de diciembre.
Antes de cederle la palabra, quiero resaltar una diferencia con respecto al primer informe de la cuenta general que presentamos, el informe del año 2010: el informe del año 2010 fue un informe omnicomprensivo, siguiendo la pauta del elaborado por el Tribunal de Cuentas; recogimos en un único informe toda la actividad de la comunidad autónoma, tanto la de la Administración como la de todos sus entes, sociedades mercantiles, organismos autónomos, entidades de derecho público, y tocando diversos aspectos, no solo el contable, sino también los de legalidad de contratos, subvenciones, etcétera. Nos pareció que era mucha materia, habíamos añadido bastante a los informes del Tribunal de Cuentas, tanto en extensión como en profundización, y por eso, respecto a la cuenta del año 2012, como sus señorías conocen, desgajamos del informe de la cuenta general otros tres informes separados, que han sido presentados de forma separada a esta Cámara, entre ellos el informe de la actividad contractual de la comunidad autónoma, el informe de subvenciones y ayudas concedidas y el informe sobre gastos de personal, gastos de funcionamiento y sistemas informáticos aplicados, en concreto, al Salud. De esta manera, son informes separados que están a disposición de la Comisión Institucional, y, si lo tienen a bien, podemos hacer la presentación de estos informes separados cuando sus señorías decidan.
También quiero anunciar otra diferencia con respecto a los años siguientes, al 2012 y al 2013: que, por razones también de eficacia y de ganar tiempo, hemos decidido concentrar el informe de fiscalización de los años 2012 y 2013 conjuntamente, de manera que lo podamos presentar. Los trabajos del año 2012 están iniciados hace ya meses y muy avanzados, y en los del 2013, aunque la Cuenta no está presentada, hemos podido trabajar de manera que podamos presentar el informe antes del 31 de diciembre de este año, como la ley nos marca que lo presentemos. Esperamos cumplir y avanzar en los plazos. Esa es la razón fundamental por la que presentaremos conjuntamente el informe del 2012 y del 2013, si bien tanto uno y otro, aunque lo llamamos informe, pero es un informe global, de manera que comprende el informe propio de la cuenta general, pero además contiene otros veintitrés informes separados de distintas entidades, sociedades, organismos autónomos..., que constituyen informes en sí mismos.
Prefiero ya, dada la escasez del tiempo que tenemos para la exposición, con permiso de la señora presidenta, ceder el uso de la palabra al señor Peña para que haga la exposición del contenido del informe.
El informe de fiscalización, como ha señalado el presidente de la Cámara de Cuentas, se ha desarrollado en los nueve meses comprendidos entre la carta de inicio de actuaciones que se trasladó a la comunidad autónoma y la aprobación del informe definitivo por el Consejo de la Cámara de Cuentas el 3 de julio, pero, realmente, los trabajos de campo por los ocho funcionarios de la Cámara de Cuentas que participaron en la elaboración de este informe se desplegaron entre el 1 de noviembre del año 2012 y el 1 de abril del año 2013. A partir de abril, lo que es el tiempo que discurrió fue para aprobación del informe provisional, que se produjo por el Consejo de la Cámara de Cuentas el día 22 de abril del año 2013, y trámite de audiencia de las entidades fiscalizadas, que se prolongó durante un mes y medio porque la comunidad autónoma solicitó prórroga para la formulación de alegaciones respecto del plazo inicialmente concedido por la Cámara de Cuentas.
Yo quiero sobrevolar sobre algunos datos del informe que consideramos importantes, pero, por respeto a la comisión y por acomodarme al tiempo que nos han otorgado, tampoco voy a pretender hacer un resumen de nuestro informe. Está puesto por escrito, ustedes disponen de él desde el mes de julio del año 2013 y conocen en profundidad, por lo que hemos conocido en el debate en el pleno y en otras intervenciones en esta Cámara, el contenido de este informe. Quizás por eso, en el Consejo de la Cámara de Cuentas pensamos que, en este trámite que hoy evacuamos, lo más oportuno, lo más operativo quizás sea atender cuanto antes las preguntas y requerimientos que nos puedan formular los grupos parlamentarios para poder profundizar nosotros en aquellos aspectos que a ustedes les interesen. Porque, en definitiva, nosotros no olvidamos que, en este informe de fiscalización, la Cámara de Cuentas actúa en el examen y la comprobación de la cuenta general de la comunidad autónoma por delegación de las Cortes de Aragón y que nosotros somos un mero órgano técnico que ayuda a este Parlamento a tomar una decisión en el procedimiento de aprobación o de rechazo de la cuenta general. Por lo tanto, creemos que lo importante son sus preguntas, sus prioridades y las aclaraciones que ustedes nos quieran hacer sobre el contenido del informe que hemos elaborado.
Lo segundo que queríamos destacar, porque creemos que tiene importancia más allá de la opinión que se contiene en el informe, las incidencias y las salvedades que hemos señalado, es el estado de cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Cámara de Cuentas y de las resoluciones que el pleno de estas Cortes aprobó en la sesión plenaria celebrada el día 9 de mayo del año 2013 sobre la cuenta general del año 2010. En esa sesión plenaria se aprobó la cuenta general y se aprobaron nueve propuestas de resolución, que tenemos que adelantar que, salvo una, la relativa a la regulación legal de las condiciones y los requisitos que deben cumplir las garantías que otorgan la comunidad autónoma y sus entidades dependientes mediante contratos distintos al típico de aval, el resto de las resoluciones todavía se encuentran pendientes de desarrollo e implantación.
En principio, podríamos decir que esto, temporalmente, tiene sentido: la cuenta general del año 2011 se formó y se aprobó por el Gobierno de Aragón en un momento en el que el informe de la Cámara de Cuentas del año 2010 todavía no se había evacuado y, desde luego, antes, con bastante diferencia temporal, de las resoluciones aprobadas por el pleno de las Cortes del día 9 de mayo del año 2013. Sin embargo, deberíamos ser claros: algunas de esas recomendaciones no se producen en ese informe y en esas resoluciones del pleno, algunas venían siendo reclamadas desde hace ya muchos años por el propio Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma anteriores a los que ha elaborado la Cámara de Cuentas, y algunas de esas recomendaciones ya se habían convertido en resoluciones de las Cortes de Aragón mucho antes del 9 de mayo del 2013.
En particular, a la Cámara de Cuentas nos parece especialmente relevante que, cuanto antes, se desarrollen y se implementen las resoluciones y recomendaciones relativas a que a la cuenta se acompañen todos los documentos y estados contables exigidos tanto por el artículo 84 de la Ley de Hacienda como por el Plan general de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón. En los informes y en las resoluciones se hace relación detallada de los estados y documentos que faltan, y creemos que la comunidad autónoma debería completar la cuenta con la inclusión de todos ellos.
Pero hay, sobre todo, dos memorias que no se incluyen en la cuenta general, cuya cumplimentación se viene reclamando desde hace tiempo y es importante y urgente que, cuanto antes, se empiecen a desarrollar los trabajos para que puedan realizarse, que son las referidas al coste y rendimiento de los servicios públicos que resultan imprescindibles para que podamos avanzar en la implantación del control o de la fiscalización de la cuenta general desde el punto de vista de los principios de economía, eficacia y eficiencia. Si no se adoptan las medidas relativas a la realización de estas memorias, no va ser posible que podamos hacer una evaluación del coste y rendimiento de los servicios públicos en los próximos años, y, por tanto, a nuestro juicio, creemos que convendría priorizar su implantación.
También en este apartado de seguimiento, recomendaciones y resoluciones del pleno de las Cortes de Aragón, desde la Cámara de Cuentas, como es propio de nuestra especialización como órgano de revisión contable, creemos que es muy importante insistir en que debería avanzarse con rapidez en la implantación de las resoluciones que se refieren a la modernización de los sistemas contables.
La actividad económica de la comunidad autónoma en cada ejercicio se refleja, como bien saben ustedes, en tres sistemas: en la contabilidad presupuestaria, que informa de la ejecución del presupuesto; en la contabilidad patrimonial o financiera, que informa sobre la imagen del patrimonio y de la actividad económica de la entidad, y en la contabilidad nacional, muy de actualidad en estos días, que a nuestros efectos solo es relevante porque es el sistema en el que se mide el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, aunque, en puridad, debemos decir en esta comparecencia que la contabilidad nacional no es un sistema contable, sino que es un sistema estadístico de seguimiento.
En la contabilidad presupuestaria y en la financiera, la comunidad autónoma tiene plenas competencias contables en el marco de la normativa contable estatal, y creemos que sería muy necesario, como lo hemos dicho en nuestros informes, que, cuanto antes, se aprobara un nuevo Plan de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón adaptado al estatal del año 2010 que dejara ya fuera de uso el de 1994, que ha cumplido ya ampliamente su función, y de esta forma proceder a incorporar al acervo contable de la comunidad autónoma las mejoras que ha supuesto el plan estatal, que supone una modernización de la contabilidad pública y una importante aproximación de los conceptos contables de la contabilidad pública con los generalmente aceptados en el sector empresarial.
Creemos, y así lo hemos dicho en nuestros informes y en nuestras recomendaciones y ustedes lo han asumido en sus propuestas de resoluciones y, finalmente, en las resoluciones del pleno, que resulta igualmente urgente y necesario implantar cuanto antes nuestra recomendación de regular y desarrollar las reglas de consolidación contable de todas las cuentas de las entidades que conforman el sector público de la comunidad autónoma. Como saben, hasta ahora, en el ámbito autonómico solamente aparecen consolidadas las cuentas de las entidades públicas administrativas que utilizan el sistema de gestión económica corporativo del Gobierno de Aragón (SERPA) y las cuentas de las sociedades mercantiles dependientes de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Creemos que, para dar una imagen íntegra y completa de la actividad de la comunidad autónoma en cada ejercicio, la consolidación debería incorporar también las cuentas de las sociedades mercantiles dependientes de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y las del resto de entidades de derecho público, fundaciones, consorcios, que se encuentran ahora fuera del perímetro de consolidación.
En este procedimiento de modernización de la contabilidad también hemos recomendado en nuestros informes, y creemos que es una tarea urgente a desarrollar, que la comunidad autónoma debería ordenar el mapa de planes contables que aplican las distintas entidades del sector público autonómico, especialmente lo que se refiere a los entes de derecho público en los cuales la Cámara de Cuentas ha venido observando como debilidad que la normativa contable es diversa sin que encontremos razones objetivas para que esto sea así, y, además, con el resultado de que esto está dificultando realmente la consolidación. En concreto, saben ustedes que en ese sector de entidades de derecho público hay un grupo importante de entidades que aplican, como es natural, el Plan de contabilidad pública de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero luego encontramos casos singulares sin que la ley de creación así lo haya previsto, como, por ejemplo: el supuesto del Instituto Tecnológico de Aragón, que aplica el plan empresarial; el caso del Instituto Aragonés de Fomento, que aplica el plan especial de entidades sin ánimo de lucro, y alguna otra singularidad que no entendemos especialmente justificada. Por tanto, como siempre decimos, esto es una medida que no tiene coste, que ayudaría a simplificar las reglas y normas contables en el sector público y que facilitaría muchísimo los trabajos de consolidación y, posteriormente, los de fiscalización, y sobre todo, que es lo más importante, el control que puede ejercer este Parlamento sobre la actividad económica que cada ejercicio desarrollan las entidades de la comunidad autónoma.
Paso finalmente, por acomodarme al tiempo, a un repaso somero de la opinión que hemos vertido en el informe de auditoría.
Saben que tanto desde el punto de vista de la regularidad económico-financiera como desde el punto de vista del cumplimiento de la legalidad, la opinión que ha dado la Cámara de Cuentas sobre la actividad desarrollada por la comunidad autónoma en al año 2011 ha sido una opinión favorable, que solo se ve condicionada por las limitaciones que hemos señalado en el apartado uno de nuestro informe, algunas de ellas muy reiteradas ya y que deberían también corregirse, y por tres salvedades que son muy relevantes en el ejercicio.
Las salvedades se refieren a la falta de reflejo, en el caso de la entidad «Administración de la Comunidad Autónoma», en las cuentas anuales del ejercicio de una pérdidas por importe de ochocientos sesenta y nueve millones de euros con repercusión en los fondos propios, que, como consecuencia de considerar estas pérdidas, acabarán resultando negativos por importe de 1.528,69 millones de euros, y que se refiere a la falta de contabilización de la deuda que mantiene la comunidad autónoma con la Administración General del Estado como consecuencia de la devolución de los anticipos entregados en exceso del sistema de financiación de las comunidades autónomas correspondientes al año 2008 o 2009. Esta salvedad es muy grave, pero, para tranquilidad de la Cámara, adelantamos que, de las comprobaciones que hemos hecho ya de las cuentas anuales del año 2012, nos consta que a día de hoy ha sido corregida por parte de los organismos contables de la comunidad autónoma y que la operación se encuentra ya correctamente reflejada en las cuentas públicas.
En cuanto a las otras dos salvedades, afectan a la contabilidad del Centro de Investigación y Tecnología Agraria y del Instituto Aragonés del Agua, y, de momento, en el estado en el que nos encontramos en esta fecha sobre la fiscalización de los años 2012 y 2013, no podemos informarle a la comisión si se ha corregido completamente la salvedad manifestada por la Cámara de Cuentas. Sabemos que, en el caso del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria, algunas de las observaciones que se hacían ya han sido corregidas al cierre del ejercicio 2012, pero les informaremos con carácter definitivo en la presentación del informe de los años 2012 y 2013.
En cuanto a otros aspectos importantes de mi informe que no hemos llegado a calificar como salvedades, pero que sí que representan incidencias o irregularidades, para nosotros, importantes, solamente les dejo enunciadas las siguientes.
Una, la primera que aparece en el informe y que se refiere a esta institución y a las entidades o instituciones que dependemos de las Cortes de Aragón. En la Cámara de Cuentas hemos emitido una opinión en nuestro informe, tanto del 2010 como del 2011, en la que expresamos que, a nuestro juicio, el presupuesto de las Cortes de Aragón y la liquidación de ese presupuesto se presentan incorrectamente, tanto en una fase como en otra, y hemos propuesto que esta deficiente presupuestación se corrija cuanto antes respecto de las instituciones del ámbito de las Cortes de Aragón que conforman la sección 01 del presupuesto de la comunidad autónoma. En concreto, la recomendación que hemos hecho al hilo de la práctica contable y presupuestaria que siguen otros parlamentos de otras administraciones autonómicas que hemos analizado, la recomendación que hemos hecho es que las dotaciones que la comunidad autónoma realiza anualmente a las instituciones parlamentarias para financiar su funcionamiento se presupuesten y se liquiden como transferencias corrientes y de capital dentro del presupuesto de la Administración de la comunidad autónoma, y que los presupuestos de las instituciones parlamentarias y sus dos instituciones dependientes y la liquidación de esos presupuestos se unan al presupuesto y a la cuenta general como presupuestos y cuentas de liquidación separadas de la de la Administración de la comunidad autónoma.
También hemos señalado, en la conclusión número 14, un tema que, para nosotros, es importante: se ha acreditado en los trabajos de auditoría de la liquidación del año 2011 una deficiente presupuestación y elaboración del presupuesto de ingresos de la comunidad autónoma, lo cual luego tiene bastantes repercusiones en la suficiencia o no de los ingresos para financiar los gastos presupuestarios. En concreto, me refiero a la conclusión 14 del informe. Saben ustedes que se ha hecho un trabajo específico en el que se han identificado muchas partidas presupuestarias del presupuesto de ingresos cuya ejecución ha sido cero o, en algunos casos, hasta setenta y cinco partidas cuya ejecución ha sido inferior al 50%, y que eso ha supuesto un déficit de ingresos sobre las previsiones iniciales de una cuantía muy significativa que ha condicionado mucho la ejecución presupuestaria. Creemos, y así lo recomendamos en el informe, que debe simplificarse la estructura de partidas del presupuesto de ingresos, y que las previsiones del presupuesto de ingresos deben responder a previsiones realistas y de ingresos que vayan a poder liquidarse al cierre del ejercicio, como dice la Ley de Hacienda al definir el presupuesto del ejercicio.
Seguimos detectando (conclusión número 22 del informe) diferencias significativas entre el inventario patrimonial de bienes y derechos y la contabilidad de los activos en la contabilidad financiera. Creemos que esas diferencias, que se identifican año tras otro, habría que regularizarlas de forma lo más breve posible.
Igualmente, también en cuanto a técnica de presupuestación, que depende mucho de este Parlamento, vemos que sigue habiendo una falta de coherencia importante entre los datos de liquidación presupuestaria del capítulo VI del presupuesto de gastos, que se refiere, como ustedes saben, a las inversiones reales, y los datos de la contabilidad patrimonial relativos a los activos del inmovilizado. Siguen dándose unas ratios que son que el 69% de los gastos del capítulo VI finalmente acaban activándose, pero sigue habiendo un porcentaje muy relevante, del 31%, que nunca acaba figurando como activos en la contabilidad financiera, sino que, realmente, se contabilizan como gastos porque son o gastos de personal o gastos en adquisición de servicios exteriores, que no tienen la condición contable de inmovilizado...
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Le ruego, señor Peña, que vaya finalizando, por favor.
El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (PEÑA OCHOA): Acabo. Muchas gracias, señora presidenta.
Nos parece importante la sobrevaloración de los activos en curso. En esos activos, los trabajos de fiscalización hemos comprobado que en muchos casos estaban ya recibidos por los órganos correspondientes de la Administración de la comunidad autónoma y, por tanto, deberían haber sido baja en la cuenta de activos en curso y haberse registrado en sus cuentas de activos correspondientes o en la cuenta de bienes destinados al uso general.
Siguen estando incorrectamente valorados, y tiene importancia, los inmuebles que nos transfirió la Administración del Estado en el año 2010 como consecuencia del acuerdo transaccional para la retirada del contencioso de mermas tributarias. Figuran en las cuentas anuales por su valor catastral —por cierto, muy bajo—, y el Plan de contabilidad dice que estos bienes deberían estar correctamente valorados por su valor venal. Creemos —lo dijimos ya en el año 2010, sigue dándose la incidencia en el año 2011— que deberían encargarse los informes de valoración correspondientes y registrarse en las cuentas anuales por el valor venal que el plan entiende para estos valores.
El análisis que hemos hecho del presupuesto pone de manifiesto un dato que nos preocupa. Si analizan, en la página 42 del informe, el resultado del ejercicio y el remanente, arroja los siguientes datos, que revelan las tensiones financieras por las que está pasando la comunidad autónoma en estos años.
En el ejercicio 2011, la entidad principal, la Administración de la comunidad autónoma, la DGA —para entendernos en términos coloquiales—, tuvo al cierre del ejercicio un déficit de financiación de 386,18 millones de euros. Quiero decir, para que se me entienda claramente, que los ingresos presupuestarios fueron insuficientes para financiar los gastos presupuestarios en este importe, o sea, faltaron, para que los gastos tuvieran financiación, 386,18 millones de euros, después de haberse producido una variación neta del endeudamiento de más de cuatrocientos millones de euros en el ejercicio.
A esto hay que sumar que los organismos autónomos, en especial por el impacto del Servicio Aragonés de Salud, tuvieron un déficit de financiación real, considerando las obligaciones registradas en la cuenta 409, de acreedores por obligaciones pendientes de imputar al presupuesto, de 181,26 millones de euros. Estamos hablando de quinientos millones de déficit presupuestario, es decir, de gastos que se realizaron que no tenían ingresos que los financiaran.
En la misma línea, el estado del remanente de tesorería del ejercicio presenta un valor negativo elevadísimo y muy preocupante: en el ejercicio, el remanente de tesorería fue negativo por menos 721,79 millones de euros, a los que habrá que sumar, en un ejercicio rápido de consolidación, otros sesenta millones de remante negativo procedente de los organismos autónomos. Este dato de remanente pone de manifiesto un desequilibrio en las cuentas anuales muy importante y tensiones en la tesorería: quiere decir que no hay recursos líquidos en la tesorería a corto plazo para hacer frente a las obligaciones de vencimiento en el corto plazo.
La Cámara hemos advertido de esta situación y hemos recomendado, para que este Parlamento lo analice, que, cuando el remanente de tesorería en una entidad como la comunidad autónoma alcance una magnitud tan preocupante, quizá sería conveniente estudiar el desarrollar medidas legales parecidas a las que existen en el Texto refundido de la Ley de haciendas locales para cuando se da esta situación en las entidades locales, que obliguen a la comunidad autónoma a adoptar medidas que permitan corregir estos desequilibrios, siempre pensando en la garantía de los acreedores que tienen las obligaciones pendientes de pago. Lo dejamos, está en el informe, y creemos que es importante que ustedes den una vuelta a esta recomendación cuando el remanente de tesorería presenta unos valores tan importantes.
Por último —y acabo, atendiendo a la recomendación a la presidenta—, en el informe se hace un análisis exhaustivo del sector empresarial, sobre todo analizando aquellas sociedades mercantiles autonómicas que han dado en el ejercicio una cifra, a nuestro juicio, preocupante de pérdidas en el ejercicio. Esa situación se produce, como es natural, en la matriz, en la Corporación Empresarial Pública de Aragón, que presenta unas pérdidas en el año 2011 muy importantes como consecuencia de la depreciación de sus participaciones en las empresas en las que participa, y luego, en las sociedades participadas, en casi todos los casos tienen su origen esas pérdidas en la depreciación de activos de naturaleza inmobiliaria y de existencias de naturaleza inmobiliaria de las sociedades participadas, sobre todo en Expo, Plaza, Suelo y Vivienda de Aragón, Zaragoza Alta Velocidad y Aramón. En el informe se informa detalladamente de las circunstancias que concurren en cada una de estas sociedades, y lo que nosotros queremos hacer en esta exposición inicial es advertir sobre la preocupación que a la Cámara de Cuentas le ofrece la magnitud de las cifras de pérdidas.
Y con esto termino, agradeciendo a la presidenta su consideración por el exceso de tiempo en la presentación que queríamos hacer del informe.
Es el turno ahora de los grupos parlamentarios.
Tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de Aragón, el señor Romero.
Agradecer la comparecencia del presidente y del vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón para exponer con más detalle el informe de fiscalización de la cuenta general de la comunidad autónoma correspondiente al ejercicio 2011.
Tuvimos oportunidad ya, en el pleno que celebramos el 12 de diciembre, de conocer por parte del presidente, de forma también detallada, cuáles habían sido las conclusiones y las recomendaciones por parte de la Cámara de Cuentas con respecto a este informe, y en esta ocasión, atendiendo a la legislación y al procedimiento correspondiente, hoy, en la Comisión Institucional, continuamos con la evaluación de este informe.
Decirles, y espero que esto no me lleve más de treinta segundos, en relación con lo que ya expusimos el 12 de diciembre, que nos sigue preocupando, y más ahora, con motivo del incumplimiento del objetivo de déficit en el ejercicio presupuestario 2013 y, por tanto, a partir de ahí, la intervención, de acuerdo con la legislación estatal, que va a tener la comunidad de Aragón y, por tanto, los ajustes y el plan que tiene que presentar el nuevo consejero, que seguimos preocupados por el futuro de instituciones aragonesas que ya en Madrid plantearon, a través del Informe Cora, que deberían suspenderse o cesar o eliminar y no duplicar ese gasto atendiendo a las instituciones que el Estado tiene, como el Defensor del Pueblo, como el Tribunal de Cuentas, etcétera. Por lo tanto, seguimos con la preocupación y queremos dejar constancia en esta comisión.
Entrando en el informe, hay una cuestión que nos preocupa y que creemos que sí que tiene solución y sí que quería conocer por parte del presidente y el vicepresidente si están trabajando en ello, y son los tiempos. Estamos en 2014 y estamos analizando el ejercicio 2011; además, vamos con más retraso que cuando analizamos el ejercicio de 2010. Creemos desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que lo razonable es —ponemos un ejemplo—, cuando se realice por parte de la Cámara de Cuentas el informe de 2013... Es decir, la Administración de la comunidad autónoma tiene de plazo hasta el 30 de junio de 2014 para presentar las cuentas; por lo tanto, parece razonable que desde el 30 de junio de 2014 al 30 de diciembre de 2014 pudiéramos acompasar todo el desarrollo, es decir, la elaboración del informe, la presentación del informe, la tramitación a través de la Comisión Institucional, las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios y la aprobación definitiva. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que en el ejercicio siguiente analizaríamos y tendría más actualidad lo que ha ocurrido en el ejercicio anterior.
Pero, claro, la pregunta es: ¿son conscientes de que los tiempos juegan un papel importante —sabemos que lo son— y cómo podrían hacer y si, de ello, fueran necesarios mayores recursos? Se viene emplazando desde este grupo en las diferentes reuniones que hemos mantenido a que es necesario que haya más medios, aunque ustedes dicen que son suficientes los que tienen, y entendemos que podría ser por el tema de la estabilidad presupuestaria, pero creemos que, para que se gane en tiempo, son necesarios mayores recursos humanos y mayores medios. Y a partir de ahí, nos gustaría tener claro hoy, que nos dijeran si, con mayores recursos humanos y con mayores medios, somos capaces o no de presentar las cosas en tiempos más actuales. Primera cuestión, esa.
No vamos a entrar en un debate político de un ejercicio que correspondió a tres partidos (un semestre fue al Gobierno PSOE-PAR y otro semestre al Gobierno PP-PAR), no vamos a entrar en los ochocientos setenta y cuatro millones de euros de resultado negativo, del incumplimiento en 2011 del objetivo de la estabilidad presupuestaria, del remanente de tesorería negativo de setecientos veintiuno, ni tan siquiera en algo que es grave, como bien se decía, cómo a veces se elaboran los presupuestos para engañarse a sí mismo el Gobierno para que cuadren los gastos con partidas en ingresos que luego sabemos que se va a ingresar cero o que, como bien ha dicho el señor Peña, la mitad de esas partidas no alcanzan la recaudación del 50% que estaba contemplada en la partida presupuestaria. Esas son prácticas habituales que venimos denunciando, pero que no se terminan de corregir.
En lo que sí que vamos a entrar es en lo siguiente: hay entidades que dependen de la Administración de la comunidad autónoma que, ya antes, desde el Tribunal de Cuentas, y ahora, con la Cámara de Cuentas, vienen haciendo caso omiso permanentemente año tras año a las recomendaciones y a las peticiones que se les hace desde los órganos fiscalizadores, y empezaremos poniendo ejemplo. Por ejemplo, el Instituto Aragonés de Fomento es una de las entidades más opacas que hay en la Administración, y ustedes, sin decir que son opacas, en los diferentes informes lo dejan muy claro, y, a partir de ahí, ustedes les piden documentación que no entregan.
Y, a partir de ahí, la pregunta es: ¿qué se puede hacer para que estas cosas no ocurran? Porque a lo que no está dispuesto el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es a elaborar las mismas propuestas de resolución todos los años, las mismas, y ya tenemos elaboradas las de este año, que casi son un «copia y pega» con algunas matizaciones.
A partir de ahí, creemos, y lo decimos con absoluta claridad, que se necesita una modificación de la Ley de la Cámara de Cuentas de Aragón que vaya en la línea no solamente de expedir informes para que se actúe en consecuencia, sino también para que, en la Administración de la comunidad autónoma, a aquellas entidades incumplidoras a pesar de los requerimientos se les pueda intervenir y no puedan operar sin la tutela de la Administración, al igual que ocurre en el Estado con la comunidad autónoma cuando se incumple. ¿Por qué? Porque lo que no es posible es que se permitan ciertos hábitos de forma permanente año tras año y no ocurra nada.
Ponemos el ejemplo del Instituto Aragonés de Fomento con el tema de los créditos participativos: se les requiere el año pasado, no presentan cierta información, se les requiere este año y la contestación es algo tan sencillo, cuando se les dice que el IAF no da la adecuada publicidad de su actividad de la concesión de préstamos participativos y dice que no, que ya lo sacan en el Boletín Oficial de Aragón y que, con eso, cualquier interesado se puede presentar. Y esa es la contestación que dan.
¿Qué queremos decir con esto? Que creemos que se debería dar un giro más de tuerca, porque lo que no podemos hacer todos los años es repetir los mismos debates sobre los mismos problemas. Y somos conscientes de que se avanza, y damos gracias a que está la Cámara de Cuentas y que se van mejorando las cosas, pero seguimos muy lejos de la realidad de lo que nos gustaría que hubiera. Y, a partir de ahí, creemos que es necesario un atornillamiento de las medidas legislativas para que los que no van en la senda de lo que deben ir... No estoy hablando de que hagan mal las cosas, que, políticamente, puede ser criticable o no: estoy hablando de que, como mínimo, cuando se les pida que entreguen una información, se entregue esa información.
Y, a partir de ahí, hay otras instituciones en ese sentido.
Con el 2011, hay cuestiones que a nuestro grupo nos parecen graves. Por ejemplo, el tema de que se utilicen fondos del plan de la minería para pago de factura sanitaria nos parece un incumplimiento flagrante de utilizar fondos de forma... no vamos a entrar a decir la palabra «prevaricar», pero no es nada razonable que partidas presupuestarias que van destinadas a unos objetivos concretos al final sirvan para pagar otras cuestiones que no tienen nada que ver con lo que se ha presupuestado.
Y en ese mismo sentido, nos parece... grave, no, gravísimo el hecho de que una cuestión es que, por olvido o por error, pueda haber algunas facturas, como vulgarmente se dice, en los cajones, pero que aparezca un cúmulo de facturas, que estamos hablando de millones y millones de euros, y que la solución es, simplemente, una regularización con un decreto ley nos parece una cuestión muy grave.
Y a partir de que eso ocurre, luego ocurren todos los hechos que después ustedes nos vienen contando. ¿Por qué? Porque se desajusta el déficit más, el incumplimiento es mayor, el remanente de tesorería es peor, etcétera.
La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Señor Romero, le ruego que termine ya.
El señor diputado ROMERO RODRÍGUEZ: Sí, voy terminando.
Y en ese sentido, la preocupación que también tiene este grupo es que la Administración no ha entendido que es necesario recaudar más, porque seguimos con el 2011 y fíjese lo que nos ha pasado en el 2013, y al final seguimos perdiendo ingresos y gastando más y, encima, no somos capaces o la Administración no es capaz de reactivar la economía y crear empleo.
Y en ese sentido, luego tenemos problemas graves de difícil solución, como las empresas pertenecientes a la Corporación Empresarial que ustedes han mencionado, como Expo Empresarial, como Zaragoza Alta Velocidad, como Aramón, que, a pesar de que se toman ciertas medidas, la deuda que tienen ya es tan alta que es muy difícil poderla corregir, y cada año las pérdidas de esta Corporación Empresarial siguen yendo a más sin corregir esa situación. Y a partir de ahí, todo lo que ustedes han comentado.
Terminaré diciéndoles simplemente —señora presidenta, termino— que deberían ser valientes, y sé que lo son, en el sentido de pedir a la Administración lo que realmente necesitan para que esto funcione mejor. ¿Por qué? Porque, si no, al final vamos a repetir estos debates, y a lo único que conducen estos debates es al pesimismo de que creamos instituciones que después entran en una senda que no nos gusta. Y es el momento, ahora que todavía es joven esta institución, de pedir lo que necesita para el futuro de cara a mejorar. Y en aquellas entidades públicas que pertenezcan a la Administración de la comunidad autónoma que no hayan funcionado correctamente, lo que tenemos que hacer es buscar medidas legislativas para que cumplan, evidentemente, y no ocurra todos los años lo mismo.
La señora presidenta (ORÓS LORENTE): Gracias, señor Romero.
Señores Laguarta y Peña, bienvenidos nuevamente a esta comisión. Muchas gracias, como siempre, por su trabajo. Yo siempre he dicho que el trabajo que ustedes hacen, sus informes, sus exposiciones en pleno y en comisión son muy útiles para la oposición, son un instrumento muy útil para que podamos desarrollar también nuestra función de control y de impulso al Gobierno. Y conforme se va desarrollando el trabajo de la Cámara y van auditando más ejercicios, es más útil, porque tenemos una visión no solo sincrónica de un ejercicio concreto, sino diacrónica, a lo largo del tiempo, y eso es muy útil, y sobre todo con los movimientos que hay. Fíjense, llevamos ya un consejero por presupuesto, que llevamos tres ejercicios y tres consejeros de Hacienda... Así que es útil ver, como digo, esa evolución del trabajo que se está haciendo desde el Gobierno.
Vemos con muchísima preocupación cuando ustedes vienen y nos dicen que se incumplen sus recomendaciones, eso es imperdonable... Sus recomendaciones, que eran en muchos casos ya las del Tribunal de Cuentas, es decir, que hay un incumplimiento absolutamente reiterativo de recomendaciones que vienen desde el órgano de fiscalización. Pero también las resoluciones de estas Cortes, y esto es gravísimo: que solo se haya cumplido, si he entendido bien al señor Peña, una de las resoluciones aprobadas por las Cortes es gravísimo.
Yo les anuncio, desde luego, que desde Chunta Aragonesista no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a pedir la comparecencia de forma inmediata del nuevo consejero de Hacienda. Esperaremos a que tome posesión para que venga a dar cuenta, una comparecencia específica en el pleno para que explique por qué se incumplen tanto las resoluciones de las Cortes como, como digo, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Y volveremos a formular cuestiones en nuestras propuestas de resolución porque es nuestra obligación, pero primero, como digo, que el consejero de Hacienda venga y dé la cara.
Muy preocupados por que se incumplan cuestiones muy concretas. Por ejemplo, el señor Peña lo ha dicho y compartimos la preocupación de que no salga en la memoria sobre el coste y rendimiento de los servicios públicos: algo esencial para un Gobierno que tiene por bandera la eficiencia y el dogma del «más con menos», pues ¿qué menos que demostrarnos que, efectivamente, se cumple, se es eficiente y rigen su actuación política por el principio de eficiencia?
Como tengo poco tiempo, señores Laguarta y Peña, me voy a centrar en dos cuestiones únicamente.
Una: ha dicho el señor Peña... o el señor Laguarta, no recuerdo, que, finalmente, la nota global era de que se cumplía la legalidad. Pero hay una ilegalidad muy grave en su informe, que es lo que es, propiamente, culpa o responsabilidad de este Gobierno, que fue un poco la herencia del señor Garcés —el primero, ¿recuerdan?, ¡ha habido tantos!, el primero, el señor Garcés—, que fue aquel famoso decreto ley para suplemento de crédito para atender obligaciones pendientes de ejercicios anteriores, los doscientos veinte millones que había que se arrastraban del 2010, y se aprobó un decreto ley y se hizo una auténtica chapuza, y ustedes lo ponen de manifiesto en su informe. Una chapuza por muchas cuestiones, no solo porque no les dieran a ustedes la información, que no les remitieran los expedientes de modificación presupuestaria, sino por cuestiones tan graves como que se aprobó el decreto ley, pero, después, el Gobierno, el consejero, el señor Garcés, o ya después el señor Saz, no identificó y retuvo con carácter previo los créditos específicos que en el anexo dos del decreto ley decía que había que retener. Por lo tanto, no se hizo lo que se aprobó en estas Cortes, en absoluto.
Ustedes lo detallan: finalmente, por ejemplo, en el capítulo VII, el decreto ley hablaba de retener veintitrés millones y se retuvieron cincuenta, veintisiete más, algo gravísimo, porque se incumplió una norma con rango de ley, que es la que autoriza, precisamente, al suplemento de crédito, incluso casi cien millones (setenta de fondos finalistas más otros veinticinco de fondos propios que se aportaban también), fondos finalistas que se destinaron a esto cuando, legalmente, no se podía; las Cortes de Aragón, se destinaron casi trece millones sin que en las Cortes de Aragón se tramitara absolutamente nada, o, incluso, un error, que al final hubo un suplemento superior, tres millones más de lo autorizado por las Cortes. Gravísimo. Lo pongo de manifiesto porque ha pasado un poco de puntillas sobre esta cuestión y nos parece gravísimo que la principal actuación en materia presupuestaria que hizo el actual Gobierno del PP-PAR respecto de un presupuesto aprobado por el Gobierno del PSOE-PAR, que fue este decreto ley, se hicieran las cosas tan mal, porque era imposible hacerlas peor.
La segunda cuestión en la que me quiero detener es algo que el señor Peña, el propio señor Peña, ha dicho que es muy de actualidad, que son los ajustes de contabilidad nacional, y me quiero detener porque, en su informe, ustedes, como siempre, porque parece que algunos no se habían enterado de que existía esto de los ajustes de contabilidad nacional, que una cosa es el presupuesto y luego, a efectos de déficit, a efectos estadísticos, digo —como dice el señor Peña, es una cuestión más estadística que presupuestaria—, se hacen los ajustes de contabilidad nacional para determinar el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos de déficit. Ustedes lo explican con naturalidad, como siempre se ha hecho en los presupuestos, como se ha hecho por dos veces al fijar el techo de gasto, que hay que hacer estos ajustes de contabilidad nacional —explican en su informe—, hablan del sistema europeo de cuentas nacionales y regionales aprobado en 1996, que es obligatorio, directamente aplicable... Vamos, que no es un manual secreto que tenga un brujo por ahí escondido en las montañas, sino que es algo público, publicado en los boletines europeos. Dicen con naturalidad que el objetivo de estabilidad presupuestaria se mide de acuerdo con la metodología de la contabilidad nacional establecida en el SEC-95, que hay que hacer ajustes... Es decir, que es algo normal, no es algo que Montoro se haya inventado a última hora para fastidiar a la señora Rudi y para obligar a dimitir al señor Saz. Es algo normal.
Y me quiero detener muy brevemente porque, justo algunos de los ajustes que se niegan por la señora Rudi, «y vamos a llegar hasta los tribunales contra el señor Montoro», pues ustedes los explican, y creo que sería un buen momento para que entendiéramos todos cómo opera todo esto. Dentro de los ajustes al saldo presupuestario no financiero, hablan ustedes de las transferencias de fondos comunitarios, es una de las cuestiones discutidas. Ustedes dicen, literalmente, en su informe que este ajuste es para «consolidar los ingresos procedentes de la Unión Europea, que deben coincidir con el envío de documentos del Gobierno a la Comisión de la Unión Europea». Yo no termino de entenderlo, es la parte que peor entiendo de todo el debate que está habiendo sobre los ajustes de contabilidad nacional: cómo opera, por qué motivo el Gobierno de Aragón discute con Madrid nada menos que veinte millones FEGA..., porque sé que es una cuestión de criterio de imputación, pero sería bueno si ustedes, señor Peña o señor Laguarta, nos lo pudieran explicar.
La recaudación incierta, los noventa y seis millones que ahora se rasga las vestiduras el Gobierno de Aragón, y, sinceramente, leyendo su informe, queda todo clarísimo, que ya se sabía. Explican ustedes que, desde el punto de vista presupuestario, rige el criterio de devengo, es decir, el registro se realiza en el momento en que se reconoce el derecho y ya se cobrará cuando se cobre, si se cobra; sin embargo, en contabilidad nacional (SEC-95), ya hablan del Reglamento número 2516/2000, que no es nada raro, que es algo que existe, pues habla de que «el criterio para la imputación de los ingresos fiscales y asimilados (...) es el de caja», es decir, que hay un criterio diferente. Por eso siempre se han previsto ajustes de contabilidad nacional relativos a recaudación incierta..., digo siempre..., yo, al menos desde que manejo los presupuestos de la comunidad autónoma, y en las dos ocasiones en las que hemos aprobado en estas Cortes en verano el techo de gasto, esa diferencia entre el criterio de devengo y el criterio de caja. Recaudación incierta del propio Gobierno de Aragón para el ejercicio 2013, preveía ya treinta y dos millones, no los noventa y seis que finalmente han sido.
Las aportaciones de capital, otra cuestión que el Gobierno de Aragón discute con Montoro, diecisiete millones de aportaciones de capital de empresas públicas, ustedes lo explican también en su informe, el diferente criterio cuando desde el Gobierno se hacen aportaciones a sociedades dependientes que integren el sector público, que, desde el punto de vista presupuestario, no son operaciones de capítulo ocho, es decir, son operaciones que no afectan al gasto corriente..., al gasto no financiero, mejor dicho, y, por lo tanto, no afectan; pero, sin embargo, en contabilidad nacional sí se considera transferencia de capital (entiendo que capítulo siete), y, por lo tanto, sí que afecta al déficit, algo, como digo, que también han debido descubrir ahora el ex consejero señor Saz y, desde luego, la señora Rudi, porque es algo, como digo, que ya estaba.
En definitiva, yo creo que sería bueno en este momento, de actualidad, como decía el señor Peña, abusando del carácter didáctico siempre de los miembros de la Cámara de Cuentas cuando vienen.
Hablan también de la cuenta 409, también se explica claramente, otra cuestión en la que no ha habido discusión, ciento veinticinco millones, así, de cuenta 409 en el 2013. Como digo, que nos explicaran un poco cómo funciona, ya que es algo que se tuvo en cuenta en el ejercicio del que estamos hablando hoy, que, por cierto también, tenía un objetivo de déficit del 1,3, el mismo que había en el 2013, y que también se incumplió y trajo las consecuencias que trajo, que serán las consecuencias que traiga el incumplimiento del 2013, en forma de recortes que consten en el Plan económico-financiero de reequilibrio.
Y bienvenidos los miembros de la Cámara de Cuentas a esta comisión. Como siempre, encantado de tenerlos.
Y querría empezar, porque no perderé la ocasión, por si acaso alguno piensa que nos olvidamos de ello, de hacer siempre una defensa y una reivindicación de la institución que representan. A nosotros nos parecen esenciales, y no dejaremos de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar en que podamos, ya que nos parece que es una de las instituciones que mejor representan las características de Aragón, nuestra idiosincrasia, y, por lo tanto, estimamos absolutamente imprescindible su continuidad.
Pero ya no solo por razones sentimentales, sino por razones prácticas: yo creo que lo de hoy es un ejemplo también de cómo se va mejorando a lo largo del tiempo y conforme todos vamos entrando más en experiencia, cómo se va mejorando la presentación de las cuentas de esta comunidad.
Ustedes ya han empezado comentando que iban a presentar los informes del 2012 y 2013 conjuntamente. La verdad es que me parece una buena idea porque, además, así yo creo que podremos establecer una comparación de cómo han evolucionado todos los años. El 2011 fue un poco atípico, porque es un cambio también en el Gobierno y puede eso suponer alguna digresión, pero después ya, en los años 2012 y 2013, creo que podemos tener ya una visión más global de cómo han evolucionado las cosas durante esos años. Por lo tanto, nos parece que es una buena medida que se pueda tomar.
Y otro tema al que también querría hacer referencia, porque se ha hecho alguna mención en las intervenciones en relación con los plazos de presentación. Yo estaba repasando que lo que creo que tenemos que revisar son los plazos de debate, porque, claro, ustedes esto lo presentaron, ha dicho usted, en julio de 2013 y estamos en abril del 2014, es decir, que han pasado, prácticamente, siete u ocho meses en los cuales hemos tenido un debate en noviembre y volvemos a tenerlo en marzo. Yo creo que eso sí que hay que revisarlo, porque da la sensación de que las cosas se retrasan más de lo que, necesariamente, se debería hacer, porque, realmente, desde julio del 2013..., es decir, ustedes explicaron ya en la anterior comparecencia cómo van los plazos de cierre de los ejercicios, los plazos que se presentan; yo creo que más rapidez que presentarlo en julio de 2013 sería difícil. Pero, en cualquier caso, creo que ese es un tema que nos tenemos que plantear, efectivamente, para que no se pierda esa agilidad que ustedes están dando en la presentación de los informes, y que a lo mejor luego los procedimientos son los que hacen que esto se vaya a retrasar.
Por lo tanto, con independencia de que los recursos siempre puedan reivindicarse para mejorar la situación, yo creo que hay otros temas en los que se puede mejorar, y, como usted decía antes en relación con los procedimientos contables, algunos de ellos no cuestan dinero. Pues vamos a ver si somos capaces de avanzar.
Tenemos, pues, el informe del 2011, sobre el que poco puedo añadir a lo que ya se comentó en el debate que tuvimos en el pleno de estas Cortes. Un informe en el que ustedes hablan, en relación con la fiabilidad: «que es coherente internamente y con las cuentas y documentación complementaria que le sirven de fundamento (...), no presenta deficiencias significativas que impidan afirmar su fiabilidad, integridad y exactitud y refleja adecuadamente la realidad económica y financiera del ejercicio 2011», y «en general, la actividad económica y financiera de la Administración de la comunidad autónoma y de sus organismos (...) se ha desarrollado (...) conforme al principio de legalidad, con las salvedades mencionadas en este informe».
Además de esas salvedades, yo creo que en ese caso sí que es también —digamos— una buena noticia que una de ellas se haya corregido, posiblemente una de las más importantes, que era la no incorporación de la deuda, de los ochocientos y pico millones. Que eso se haya corregido yo creo que también suprime una de las salvedades, porque, bueno, yo creo que hay que diferenciar lo que son salvedades importantes, como usted las ha definido, de lo que son otro tipo de problemas que no suponen salvedades pero que sí son incorrecciones o irregularidades, temas sobre los que se tiene que avanzar, y en algunos de ellos es cierto que, a lo largo de las propuestas de resolución que se han ido presentando durante estos últimos años, hemos ido haciendo suficiente hincapié como para que ya algunas de ellas se tuviesen en cuenta.
Estamos hablando de una cuenta general muy compleja, porque son, al final, setenta y dos cuentas anuales las que se tienen que revisar más las... Bueno, quiero decir que, como usted decía, en un informe hay veinticuatro informes. O sea, esto habría también que matizarlo, y, por lo tanto, es difícil que todas ellas cumplan con todos los principios cuando, además, hay criterios de aplicación. Pero, en cualquier caso, sí que, en cuanto a sus recomendaciones, que nos parecían todas muy importantes, es cierto que la mayor parte o muchas de ellas hacen referencia a cuestiones formales.
Usted hablaba, por ejemplo, de una de ellas, que yo hice referencia también en la anterior intervención, que a mí me parece «fácil» —entre comillas— de realizar, que es la adaptación de la contabilidad de la comunidad autónoma a la contabilidad general, a la contabilidad pública estatal. Bueno, yo creo que eso, además, provoca discrepancias, o en algunos casos, incluso, algunas a las que ha hecho referencia el señor Soro posiblemente vengan de tener dos planes de contabilidad distintos, uno que hace referencia al 1998 —creo que han dicho— y otro que hace referencia al 2010. Es decir, si existen distintos planes, lo lógico es que existan diferentes criterios, incluso, de aplicación y eso nos pueda llevar a algunos temas en los que, hombre, yo no voy a ser tan vehemente como el señor Soro en defender al señor Montoro: yo creo que, si la Administración de Aragón piensa que tiene sus posibilidades y puede presentar un contencioso, desde luego, desde el Partido Aragonés le animamos, porque le tenemos más miedo al señor Montoro en estos momentos que al señor Campoy, ¿qué quiere que le diga?
En cualquier caso, lo que nosotros planteamos es que están haciendo un trabajo que nos permite tener estos debates con una agilidad que antes no teníamos. También lo han comentado: se presentó la cuenta del 2010 con posterioridad a que aquí hubiéramos debatido el 2011, es decir, que ha habido, incluso, anécdotas curiosas a lo largo de las tramitaciones de los últimos años de revisión del Tribunal de Cuentas y de los que ustedes han ido haciendo. Y por eso es por lo que nosotros tenemos la sensación de que esto es importante, porque eso permite que, con mayor agilidad, se puedan tomar todas las medidas que sean necesarias para corregir.
Naturalmente, con voluntad política; si no la hay, todo esto no sirve más que para tener abundancia de papel en el armario, pero, si hay voluntad política, poco a poco y con la rapidez que ustedes están presentando estos informes, seremos capaces de mejorar en algo, que es lo que a todos se nos reclama y lo que a todos nos parece importante, que es la transparencia en las cuentas públicas de la comunidad. Con toda la complejidad, insisto, que eso supone cuando hay tanta diversidad de cuentas, de instituciones y de sociedades a las que hace referencia, está el tema de las fundaciones... Es decir, que todavía falta mucho tema por desarrollar.
En cualquier caso, como próximamente tendremos que presentar propuestas de resolución, que yo creo que, por desgracia, se van a parecer bastante a las que hemos ido presentando durante estos años, porque es verdad que eso es uno de los déficits que hay en la presentación en estas cuentas anuales: año tras año, se van repitiendo en muchas ocasiones, insisto, con temas puramente formales. Pero, en cualquier caso, volveremos un poco sobre el tema cuando volvamos a tener las propuestas de resolución.
Y sí que hago un llamamiento, y con eso termino, señora presidenta, a que se agilicen estos plazos, porque, a veces, parece que la presentación es en abril del 2014 cuando estas cuentas las tenemos publicadas en el BOA desde agosto de 2013. Por lo tanto, yo creo que todavía siete meses de agilidad es mucho tiempo cuando estamos hablando de un año económico.
Buenos días, y bienvenidos, señor presidente y vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón.
En cinco minutos, no es difícil, es imposible poder entrar a valorar todas las cuestiones que ustedes han trabajado y que se contienen en esas quinientas dieciséis —creo que son— páginas del informe de este año. Se ha reducido en relación con el del año anterior, pero que ustedes así lo habían ya previsto.
Es difícil, y, además, en el pleno ya manifestamos también nuestra opinión en relación con el informe del año 2011, año de dos gobiernos, PSOE-PAR y, la segunda parte, Partido Popular-Partido Aragonés, pero que, evidentemente, es responsabilidad del Gobierno del Partido Popular y el Partido Aragonés presentar las cuentas en plazo, cosa que ya comenzaron a incumplir porque las presentaron en el mes de agosto, el 9 de agosto, siendo que el plazo era el 30 de junio. Bueno, es una cuestión formal, pero es importante.
Yo voy a hacer un poco seguimiento de la exposición que han hecho ustedes dos, y yo no sé si no he entendido bien, por eso le voy a preguntar —lo digo porque ningún otro portavoz ha hecho alusión a este asunto—: yo le he entendido que van a concentrar los informes del año 2012 y 2013. Y, claro, me gustaría que eso me lo explicara, porque a mí no me parece bien, yo creo que cada ejercicio presupuestario tiene sus plazos y sus singularidades, y, sobre todo, si consideramos que el año 2013 ha ocurrido lo que ha ocurrido en esta comunidad autónoma, estamos en una situación bastante precaria por haber incumplido en muchas décimas el objetivo del déficit, no queremos que se enmascaren los resultados de un año presupuestario con los resultados del otro. Añadiendo, además, que sería un año más tarde cuando podríamos tener el resultado de esta fiscalización, porque si ahora estamos viendo el informe del año 2011, da la sensación de que nosotros, los que estamos aquí, ya no vamos a poder debatir sobre el informe de la Cámara del 2012-2013, porque lo tendremos, evidentemente, en la siguiente legislatura. Por lo tanto, por eso le pido explicación.
En relación con las recomendaciones, decía el señor Peña que, en el seguimiento de las recomendaciones, de las nueve propuestas de resolución que se aprobaron el año pasado solo una se ha cumplido. Bueno, parece excesivamente escaso el resultado. Yo también digo que se van repitiendo año tras año, que volveremos a repetir, seguramente, otra vez en nuestra propuesta de resolución atendiendo a las recomendaciones, lógicamente, que hace la Cámara para que el Gobierno cumpla, al menos, las más importantes, pero necesitaríamos algún resultado más. El año pasado, el señor Peña dijo que se iba a hacer una especie de encuesta con cien recomendaciones, recogiendo todas las que hasta ahora no se habían cumplido de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas más las suyas del informe del 2010; luego ya vimos que no habían tenido ustedes tiempo. Me gustaría saber si realmente eso ya está trabajando desde que en el pleno nos dijeran que no habían tenido tiempo y se pone en marcha, porque creo que es lo fundamental. Estamos viendo deficiencias repetidas, y pienso que nos deberíamos centrar realmente en ese seguimiento del cumplimiento por parte del Gobierno de estas recomendaciones.
En relación con las dos cuestiones que también ha dicho que le parecían urgentes de todo el cúmulo de cuestiones importantes, yo también considero que es urgente el establecer esa memoria del coste y rendimiento de los recursos públicos. Y lo digo porque el Gobierno del Partido Popular ha hecho mucho énfasis siempre en que ellos trabajan con eficacia y con eficiencia, pero resulta que, cuando gobiernan, y este es el caso (ya llevan tres años y tres ejercicios presupuestarios), pues no exponen esa eficacia y esa eficiencia o, al menos, no dejan que los demás podamos comprobar, y en concreto ustedes, si realmente se están ajustando a los objetivos los recursos públicos que se destinan a cualquier política.
Usted, señor Laguarta, ponía un ejemplo en su exposición en el pleno y hablaba de la disminución, por ejemplo, de las listas de espera de sanidad, que, para comprobar si realmente estaban disminuyendo o no y si se estaban utilizando de forma eficiente los recursos públicos, habría que tener más conocimiento. Bueno, pues ese es un ejemplo que creo que no vamos a conseguir por ahora, al menos con este consejero y con este Gobierno, porque, las listas de espera, no solo es que no haya una memoria donde se hable de los objetivos y de los recursos, sino que no las conocemos nadie, no conocemos cuáles son las listas de espera, en este momento, y, por lo tanto, imagínese lo difícil que es que les den a ustedes los datos para poder realizar ese seguimiento. Ese es un ejemplo que, como digo, ponían ustedes.
En relación con la modernización de los sistemas contables y el nuevo Plan de contabilidad, bueno, pues otra de las cuestiones que se vienen repitiendo. El año pasado decían que, posiblemente, en el año 2012 podríamos ver algo, porque, claro, estamos hablando del año 2010, con lo cual en el ejercicio presupuestario del 2011 era difícil que se instaurara, pero quizá ustedes tienen ya alguna noticia en relación con si este Gobierno está implantando en estos momentos ese Plan de contabilidad para ajustarlo al año 2010.
Y en definitiva y en conjunto, el informe es fiable, lo hemos dicho en otras ocasiones, con una serie de limitaciones, pero de esas de limitaciones tenemos que ir haciendo un seguimiento, y ustedes necesitan tener toda la documentación, cosa de la que ya hemos visto también, en lo que expresan en este informe de fiscalización, que no disponen; en muchas de las ocasiones, el Gobierno ni siquiera les ha aportado la documentación que ustedes le han requerido a raíz de cualquier problema.
Y tenemos este otro ejemplo, que ya ha sido también mencionado, en relación con las modificaciones presupuestarias que se hicieron a finales de año con el decreto ley de 29 de diciembre del año 2011 (estaba el señor Garcés de consejero de Hacienda), donde se destaca la anómala ejecución de los créditos de la sección treinta del Plan de la minería del carbón. Ahí, lo que hemos visto es que no se incluyeron los cincuenta y un expedientes de modificación presupuestaria a través de los que se instrumentó el suplemento de crédito, y que la Cámara de Cuentas requirió a la comunidad autónoma que los aportara y no lo hizo; creo que, posteriormente, sí que se llevó a cabo, pero no en el momento en el que ustedes lo necesitaban para llevar a cabo ese estudio. Bueno, pues, realmente, en un consejero de Hacienda como el señor Garcés, que parece que venía a resolver todos los problemas y todas las cuestiones que se estaban haciendo mal en esta comunidad autónoma, fue una verdadera chapuza cómo intentó llevar a cabo los fondos que le faltaban en el presupuesto, en el Servicio Aragonés de Salud, con este decreto ley, sacando de unas partidas finalistas que realmente no se podían sacar. Así que ese sería también el ejemplo de cómo las cosas no se empezaron haciendo bien ya en 2011.
Y en el resto de las cuestiones va a ser difícil volver a opinar, ya que, como digo, hay muy poquito tiempo.
En definitiva, la fiabilidad de la cuenta y la legalidad de la cuenta general de la comunidad autónoma está ahí, pero esas deficiencias y esas limitaciones es necesario seguirlas, controlarlas, y, sobre todo, hacer un seguimiento de las recomendaciones que, tanto desde la Cámara como desde estas Cortes de Aragón, se realizan al Ejecutivo para mejorar y para que pueda realmente la ciudadanía confiar en que tenemos un control y un seguimiento del gasto de los dineros públicos.
Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Garasa.
Bienvenidos, señor Laguarta y señor Peña, a esta Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, y el equipo que les acompaña.
Aprovecho nuevamente para felicitarnos de tener una Cámara de Cuentas, dependiente de las Cortes de Aragón, como órgano especializado en el control de los poderes públicos de nuestra comunidad autónoma, pero con completa independencia en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y todo ello lo tenemos por ley orgánica.
Con esto se consigue la legalidad, eficacia, eficiencia, economía y control de la contabilidad pública, y esto nos lo recuerda el artículo 112 de nuestro Estatuto de Autonomía.
Este es, señor Laguarta, el segundo informe de mayor trascendencia de la cuenta general de la comunidad autónoma que viene a esta Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario, en este caso referido al ejercicio 2011; el anterior lo fue para el ejercicio 2010, el 4 de febrero de 2013, como se ha mencionado. Y como estamos comprobando, ya no existen las dilaciones de cinco años en ver el informe de fiscalización correspondiente, que lo hacía inútil, y por eso he dicho de felicitarnos al principio. No obstante, pedimos que se pudiera adelantar la presentación de estos informes con no más de unos diez meses referidos al ejercicio anterior, si fuera posible.
Este informe, como se nos ha indicado, se aprobó por el Consejo de la Cámara de Cuentas el 3 de julio de 2013. La rendición de cuentas del Gobierno de Aragón lo fue el 9 de agosto de 2012, con un mes más o menos de retraso.
Se ha verificado el sector público administrativo, el ámbito específico de la Administración sanitaria, el sector público institucional, empresarial y fundacional, y esta fiscalización comprende toda la cuenta general de la Administración de la comunidad autónoma. Y todo ello, para verificar el cumplimiento de las normas, si son coherentes entre sí y consistentes y representativas de los estados contables, y, sobre todo, si se ha cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para la comunidad para 2011.
Así como el informe de 2010 de la Cámara de Cuentas recibió quinientas sesenta y tres alegaciones, en este de 2011 vemos que las mismas han bajado a ciento setenta y ocho alegaciones, aceptándose por ustedes un total de cincuenta y ocho parcial o totalmente, aclararon sesenta y tres y rechazaron cincuenta y siete.
Estas cuentas no presentan deficiencias muy significativas para afirmar su fiabilidad, integridad y exactitud, y reflejan adecuadamente la realidad económica y financiera del ejercicio 2011, si bien existen salvedades o limitaciones de alcance.
Los fondos propios de la Administración de la comunidad autónoma se redujeron en mil catorce millones, y esto es importante y nos lo han dicho ustedes hace muy poco. Con esto, quiero decir, señorías, que una auditoría puede presentar en sus estados la imagen fiel de todo lo reflejado y auditado y con suma exactitud, y estar, aun cuando no es nuestro caso, en proceso concursal. Son dos parámetros diferentes: la imagen fiel y la fidelidad de la imagen, buena o mala. Por eso comentaremos algunas de las salvedades.
La Cámara de Cuentas no ha podido emitir una opinión sobre el grado de eficiencia y ejecución del presupuesto (artículo 84.3 de la Ley de Hacienda).
No hay memorias del coste y rendimientos de los servicios públicos y de su grado de cumplimiento, y, entre otros puntos, como el que indica del CITA y otros entes.
Esto es importante: el presupuesto de ingresos se sitúa en un 91,4% en derechos reconocidos y, en términos de recaudación, del 97,2%, que eso está bien, y en cuanto a los gastos, obligaciones reconocidas, en un 98,8%; pero, señorías, en términos de realización de pagos, solo el 83,3%, anormalmente bajo, un 15,5% menos. Y ahora comprenderán, señorías, el porqué de los desfases que vivimos y de la famosa herencia que tanto se comentó, y así, técnicamente, nos lo ha dicho, y muy sutilmente, la Cámara de Cuentas hoy.
Lo anterior quedó reflejado en un déficit de ochocientos setenta millones de euros, lo que equivale a unos ciento cuarenta y cinco mil millones de las antiguas pesetas. Por eso, la Cámara de Cuentas, con los ajustes practicados, hacen que el resultado o reducción del patrimonio sean los ya dichos, y exactamente 1.073,72 millones, y eso es una rémora.
Según leímos, el endeudamiento de la Administración era de tres mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de euros más trescientos ochenta y un millones de la Corporación y cincuenta y un millones del resto de entidades, pero solo con el 83,3%, ya he dicho.
La morosidad, en cuanto a pagos —nos dicen—, fue de ochenta y ocho días en gasto corriente y setenta y cinco en bienes de inversión.
Expuesto lo anterior, la Cámara de Cuentas practica una serie de conclusiones, como pueden ser, las más importantes, y que se han mencionado: el no saber el número de entidades públicas que integran el sector público, que esto es una debilidad de control interno; la cuenta general no contiene memoria justificativa del coste y rendimiento y grado de objetivos, que también lo ha comentado algún portavoz; se presentan incompletos algunos estados contables; hay que adecuar el presupuesto de gastos consolidados, pero se hace sin tener una normativa con el Plan general de cuentas públicas de la comunidad autónoma, tanto en la cuenta general como en organismos autónomos; las cuentas de sociedades mercantiles se ajustan a la ley, pero no así el resto de informes que contempla el artículo 61 del Texto refundido de la Ley de Hacienda, y, fuera del plazo establecido en la Ley de sociedades de capital, no presentaron las cuentas o se han presentado fuera de plazo Asitel, Avalia Aragón, Aragón Telecom, Teatro Fleta, Plaza, SIRASA y Plaza Desarrollo Logístico.
Como consecuencia de estas conclusiones, la Cámara de Cuentas hace veintisiete recomendaciones. Algunas son repetitivas en el tiempo y dieron lugar a propuestas de resolución por los mismos motivos y por todos los grupos parlamentarios aquí presentes en el ejercicio 2010, y se podría destacar el no desglose de la sección 01 del presupuesto y su anexo por separado.
Se sigue recomendando la adaptación al nuevo Plan general de contabilidad pública de 2010, y esto lo hemos repetido varias veces.
Igualmente, está pendiente con aquellos procedimientos contables necesarios de proyectos de gastos financiados con endeudamiento.
También, la reordenación legal del régimen presupuestario contable de entidades del sector público.
Se pidió que la Intervención General entrara en el registro de fundaciones, saber su información, el número de las mismas... No lo tenemos.
Se piden las reglas de consolidación del sector público, los datos consolidados... Tampoco se hace.
Tampoco se ha hecho inventario general de bienes y derechos de la comunidad autónoma que ya se han regularizado, y habría que regularizarlos.
Saber la valoración de los bienes inmuebles transferidos por el Estado en 2010 por las compensaciones de las mermas tributarias que sus señorías ya recordarán.
Analizar las cuentas deudoras y de dudoso cobro, las transacciones de la comunidad autónoma con bienes del patrimonio.
Importante, saber la participación de todos los sectores para realizar el inventario de entes dependientes de la comunidad autónoma, que tampoco se tiene.
Importante también, y eso sí que lo han recalcado ustedes, el tema de los avales o garantías atípicas. Modificar la Ley de presupuestos, el artículo relativo a avales o garantías, teniendo en cuenta el artículo 24 de la Ley de Hacienda y con carácter estable, que todavía no está.
En aquel momento, el 2011, el riesgo vivo era de cuatrocientos treinta y cinco millones en la comunidad autónoma y, en la CEPA, de veinticuatro millones, y también nos lo ha recordado el señor Peña.
Ya todos los grupos parlamentarios manifestamos la preocupación por los cumplimientos de estas irregularidades de contratación, por qué no se hacen, la supervisión de proyecto, esperamos que venga en breve la ley de subvenciones y todo su procedimiento, el coste de los servicios públicos, endeudamiento, criterios de valoración de ofertas, etcétera, etcétera.
Expuesto lo anterior, señorías, presentaremos nuevamente nuestras propuestas de resolución e intentaremos que la Comunidad Autónoma de Aragón sea un referente en transparencia y buen hacer en la ejecución y presentación de la cuenta general.
Gracias, señor Laguarta y señor Peña, y a su equipo, todos altamente cualificados, por el trabajo tan exhaustivo que hacen en su labor fiscalizadora dentro de la Cámara de Cuentas.
Es el turno ahora de respuesta de los miembros de la Cámara de Cuentas. Tienen para ello cinco minutos. Yo les ruego, por favor, que se ciñan lo más posible a los tiempos.
El señor presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (LAGUARTA LAGUARTA): Bueno, cinco minutos dan para muy poco, con lo cual ya empiezo por ofrecer nuestras explicaciones fuera de la sesión a quien quiera que se las demos o de la forma que se habilite.
Quiero agradecer, en primer lugar, el apoyo explícito en la mayor parte de los casos o implícito que los cinco portavoces han dado a la Cámara de Cuentas y el reconocimiento del trabajo que hacemos. Nos alegramos de que las consideraciones, las conclusiones y las recomendaciones que dejamos plasmadas en nuestros informes sirvan a sus señorías y, en parte, sirvan de base también para las propuestas de resolución que son aprobadas en las Cortes para, en definitiva, mejorar la gestión de los recursos públicos de ingresos y gastos y, en definitiva, de la realización de las políticas en favor de los aragoneses.
Hay un tema prácticamente común de todos los grupos —los puntos concretos los expondrá el vicepresidente—, pero hay un tema común, que es el relativo a los tiempos y a los plazos del debate y a la concentración de los informes. Los tiempos son los que son, y la labor de auditoría requiere la dedicación que requiere. No es dar una opinión a bote pronto, sino que hay que realizar labores, trabajos de campo, comprobaciones, verificaciones... Estamos hablando no de actos administrativos concretos, hay instituciones ante las que se presentan recursos económico-administrativos, contencioso-administrativos, y son quejas de una persona contra un acto administrativo. A la Cámara de Cuentas le toca revisar entes enteros de un año entero, es decir, estamos hablando de cientos de miles de actos administrativos, cientos de miles, ¿eh?, no son cuatro o cinco mil ni diez mil. En fin, quiero que eso lo tengan en cuenta.
Nos encontramos con que lo que hay es lo que hay, y hay dieciocho personas de auditoría más personal de apoyo, los tres consejeros... En total, estamos treinta en la Cámara de Cuentas de Aragón. De los órganos de control externo de las comunidades autónomas, solo uno tiene menos presupuesto y recursos humanos que Aragón. Nacimos en época pobre, lo sabemos, y no hemos querido que pareciera que somos quejicas, pero ya que hemos sido instados, sí que tenemos que dejar de manifiesto otra vez que, con los recursos humanos y medios que tenemos, no llegamos, desde luego, a cumplir esos programas que nos marcan en las prioridades que salen de las Cortes de Aragón. Cuando vienen las prioridades, empezamos a decir: «bueno, para hacer esto necesitaríamos, como mínimo, el doble de los que somos, medido en horas de auditoría». Una forma de hacer ineficaz a un órgano es echarle más trabajo del que puede hacer, o sea, esos programas o esas prioridades que nos marcan ustedes, en las que hay tantos entes y tan variados, requerirían, como mínimo, y quiero que quede constancia de ello, el doble de los que somos si no se hace a costa de la calidad o de retrasar los plazos.
Eso es lo que, en parte, nos ha pasado con este informe del año 2011, a pesar de que ganamos un mes con respecto al año anterior. A pesar de todo, estamos fuera de tiempo con respecto a lo que nos marca la ley, que dice que emitamos nuestro informe en seis meses desde que sea presentada la cuenta. Hasta ahora, no hemos podido cumplir ninguno de esos plazos.
Por eso nos plantemos, para poder cumplir este año 2014 y poder presentar el informe del 2013 antes del 31 de diciembre, juntar los dos años, 2012 y 2013, lo cual no es en detrimento, de ninguna manera, ni de la profundidad ni de la intensidad con que se trate cada uno de los dos años; de cada uno de los dos años, figurarán sus datos por separado. Lo que ocurre que tenemos una economía de procedimientos, es decir, para hacer nuestro trabajo, al fin al cabo, estamos sujetos a la ley y a unos procedimientos: hay que empezar requiriendo que se inicien las actuaciones, pidiendo datos concretos, verificándolos nosotros, refundiéndolos... Esa tarea, si se refiere a dos años, podemos hacerla al mismo tiempo. Por hablar de un caso concreto, los contratos: pues si estamos dispuestos a hacer una muestra de cien contratos de cada año, los pedimos al mismo tiempo y los miramos conjuntamente unos y otros, pero sin dejar de mirar cien de cada año. O sea, no es nuestro propósito bajar ni la intensidad ni la calidad del control.
De todas formas, con eso, ¿qué es lo que pretendemos? Pues poder presentar el año 2013 antes del 31 de diciembre de este año. Esa es nuestra finalidad fundamental. No obstante, si sus señorías, la comisión, las Cortes, quien sea, quieren que presentemos informes por separado y que no nos dediquemos a mirar el 2013, sino que nos mantengamos en el 2012, por supuesto, nosotros estamos a disposición de las Cortes. Nos consideramos un órgano instrumental de las Cortes y haremos lo que más útil le sea a sus señorías.
Repito que, si lo hemos hecho, ha sido por economía de tiempos: se evitan repetir los plazos en cada uno de los dos informes y, de una misma tacada, si me permiten la expresión, podemos concentrar plazos. Esa ha sido nuestra única finalidad. Pero repito que estamos a disposición completamente de las Cortes, y las indicaciones que nos den sus señorías serán respetadas.
Si presentamos el informe el 31 de diciembre, naturalmente que hay plazo —depende del ritmo que se lleve en esta casa— de que se debatan en el... no sé, ya no me atrevo a decir si en el primer trimestre o en el primer semestre del año que viene.
En definitiva, quizás sí que echamos en falta más recursos para poder cumplir el programa que nos marcan sus señorías en las prioridades.
También necesitaríamos más facultades, no podemos emplear medidas coactivas porque no tenemos facultades, la ley no nos lo permite; para cualquier medida coactiva, tendríamos que recurrir al Tribunal de Cuentas. Ya le hemos propuesto al Tribunal de Cuentas medidas coactivas con algunos incumplidores y, hasta ahora, no ha habido respuesta definitiva.
Y quizás también echamos en falta una mayor comunicación con las propias Cortes. No sé si es esta Comisión Institucional, si es la Mesa de las Cortes, la Junta de Portavoces, pero, a veces, este esquema que se debate para hacer un control de entidades distintas de las propias Cortes creemos que no es el más adecuado para que la Cámara de Cuentas, que es un órgano colaborador y auxiliar de las Cortes, realice su trabajo. Echamos en falta más agilidad en la comunicación.
Quizás, por el tiempo, prefiero que entre el vicepresidente en algún aspecto concreto de los que han planteado sus señorías.
Yo hago uso del ofrecimiento que ha hecho el presidente de la Cámara de Cuentas, que me parece que puede ser útil. Se han tocado muchísimos temas en las intervenciones de los portavoces de los grupos, y estamos a su disposición para aclararlos por el medio o el procedimiento que estimen más adecuado, por no consumir más tiempo de esta comisión, que tiene un orden del día largo, ¿no?
Sí que querría aclarar algunas que se han dicho. Por ejemplo, un asunto que ha tratado el portavoz de Izquierda Unida, el señor Romero, que le preocupaba mucho y que yo quiero rebajar algo su preocupación. En el expediente de suplemento de crédito tantas veces citado por los portavoces, se utilizaron créditos del Plan de la minería, pero no la financiación, o sea, la financiación no había sido recibida por la comunidad autónoma, lo cual no quiere decir que eso no suponga un desequilibrio presupuestario dentro de la estructura del presupuesto. Porque, claro, sí que es verdad que en el presupuesto de ingresos había unas previsiones, que luego no se realizaron, de que esos créditos se financiaban con transferencias de la Administración del Estado para el Plan de reestructuración de comarcas mineras, con lo cual —es lo que decimos en el informe— no es correcto que acaben siendo utilizadas para financiar gastos generales de la comunidad autónoma, como es el gasto sanitario desplazado, que debería haber sido atendido con recursos propios de la comunidad autónoma y no con recursos afectados del Plan Miner. Pero no es un problema de haber usado fondos afectados, sino créditos afectados, que supone una cierta mejora de la irregularidad, ¿no?
En cuanto al tema que nos planteaba el señor Soro, portavoz del Grupo Chunta Aragonesista, me va a permitir que no entremos en el avispero de la contabilidad nacional, tal como están las cosas. Lo que sí que digo, porque es la ley, es que tanto la Ley de estabilidad presupuestaria del año 2001 como el texto refundido posterior con las reformas del año 2007 como el actual texto de estabilidad presupuestaria incluyen un precepto que dice con toda claridad que los presupuestos y sus liquidaciones incluirán la información suficiente que permita verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria por los distintos entes del sector público. Es decir, que por eso se acompaña en el procedimiento de aprobación del presupuesto un informe de conversión de los datos del presupuesto en términos de contabilidad presupuestaria, y por eso en la cuenta general, desde que entró en vigor la Ley de estabilidad presupuestaria del año 2001, se incluye en la memoria un informe, que es el informe que está en al apartado 6 de la memoria, que se llama «informe de seguimiento de cumplimiento del objetivo de estabilidad», en el que el propio Gobierno informa de las conversiones, que es el que luego verificamos la Cámara de Cuentas en nuestros trabajos de fiscalización, que, incluso, ya adelanto que en este del año 2011 añadimos una pequeña desviación al objetivo, puesto que había una diferencia de obligaciones en los organismos autónomos de diez millones de euros que no habían sido considerados ni por la comunidad autónoma ni por el Ministerio de Hacienda, y luego estaba el ajuste puramente estadístico de que el PIB definitivo, el PIB regional de Aragón, había sido un poquito más bajo que la previsión, con lo cual eso hizo subir otra décima. Pero, bueno, es la ley, o sea la Ley de estabilidad presupuestaria dice que, al presupuesto y a su liquidación, se acompañará la información suficiente que permita verificar el cumplimiento del objetivo de estabilidad.
Me preguntaba por una cuestión muy específica, que era el ajuste por transferencias de fondos comunitarios, y sí que pongo en conocimiento de la comisión que ese es un ajuste que la Comisión de la Unión Europea, a través de su oficina estadística Eurostat, asumió definitivamente en el año 2004 mediante decisión de Eurostat 22/2004 —creo recordar de memoria—, y lo que sí que recuerdo es que fue a instancias de las comunidades autónomas, o sea, es un ajuste que lo que pretendía era evitar el efecto que tienen en las cuentas de las comunidades autónomas las diferencias temporales que hay en la ejecución de fondos comunitarios entre las fechas en las que ejecutas el gasto y las fechas en las que realmente recibes las transferencias, que suele tener un decalaje importante. Entonces, de acuerdo con el principio de devengo y de financiación afectada, lo que se establece en esa decisión 22/2004 es que los ingresos por fondos se registrarán simultáneamente a la realización de los gastos, es decir, cuando la comunidad autónoma certifique a las autoridades comunitarias los gastos ejecutados en la ejecución de los programas cofinanciados.
Señor Blasco, muchas gracias por todas sus consideraciones, lo primero. Nosotros también le hemos dado muchas vueltas, sobre todo el presidente, a las fechas, como usted dice, no solo de aprobación del informe, sino también de debate. No sé, dejamos encima de la mesa, porque es un modelo que a nosotros nos resulta muy interesante, que hay otros parlamentos en los que vemos que es mucho más ágil, de suerte que, por ejemplo, la cadencia de acontecimientos es que la Cámara aprueba su informe y, prácticamente, a la semana siguiente desde que se ha hecho público, se produce el debate en comisión, con lo cual goza de todo el valor de la inmediatez, de la actualidad; nosotros mismos tenemos todo el trabajo caliente y mucho más disponible para aportárselo a ustedes. Claro, nosotros tenemos un procedimiento que se estableció en la resolución de la Presidencia del año 2010 en el que, primero, establece un acontecimiento muy importante y muy solemne, que es la presentación por el presidente de la Cámara de Cuentas del informe en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón y, después, ya la devolución del informe a esta comisión para su tramitación. Pero, lo dejamos caer ahí, a nosotros nos parecería muy interesante que, nada más evacuarse el informe, que es cuando está vivo, inmediato y vigente, pudiéramos presentárselo nosotros y debatirlo ustedes.
Fueron setenta y tres cuentas. Hay un pequeño baile en el informe porque, si recuerdan, hay una fundación, que es la Fundación del Cosmos, la de Teruel, que aprobó tarde sus cuentas anuales y nos la rindió a la Cámara de Cuentas, la rindió; lo que pasa es que la rindió una vez aprobada por su patronato el 16 de noviembre del año 2012. Pero han sido setenta y tres las cuentas incluidas en el ámbito de la fiscalización.
A la señora Fernández, agradecerle también las consideraciones sobre el informe. Insistir en que la concentración de los dos informes, aunque ya lo ha dicho el presidente, no supone que no se vaya a ver el año 2012, sino que cada ejercicio tendrá su fiscalización completa. En concreto, ahora estamos desplegando todos los trabajos del año 2012, porque la cuenta del año 2013 todavía no se nos ha rendido, y lo único que estamos abarcando de los dos ejercicios son ciertas áreas de las que tenemos ya la documentación disponible, como ha dicho el presidente, los contratos y algunos otros expedientes del área de gestión, que ya nos permiten desarrollar los trabajos. Y, con el mejor criterio, lo que hemos querido es que el informe del 2013 pueda entrar en estas Cortes al término ya de esta legislatura, que es la de pleno desarrollo de la Cámara de Cuentas, en el plazo previsto en la ley, que es diciembre, porque es que, si no, teniendo también en cuenta los plazos de cierre del período de sesiones y tal, no veíamos la posibilidad de encajarlo. Pero, en todo caso, el presidente lo ha dicho y yo no puedo más que estar de acuerdo, estamos a disposición de lo que ustedes consideren sobre los informes.
En cuanto a las recomendaciones, yo he advertido que, claro, es difícil, temporalmente, cumplir las recomendaciones del informe del 2010 y de las resoluciones aprobadas por el pleno de las Cortes en mayo de 2013 en la cuenta del 2011, por razones puramente temporales.
En lo que sí que insisto es en que hay algunas que es que vienen arrastrándose desde hace muchos años, porque dichas recomendaciones ya las formulaba el Tribunal de Cuentas y porque el pleno de las Cortes las había incluido como resoluciones al Gobierno en los plenos de aprobación de las cuentas generales anteriores al año 2010, y en ese sentido ha sido el contenido de mi intervención inicial.
Creemos que son prioritarias y que deben abordarse cuanto antes las que se refieren a la modernización de los sistemas contables. Siempre les hemos dicho desde la Cámara de Cuentas que la adaptación del Plan de contabilidad pública no es un simple desiderátum de los contables, sino que lo que sucede es que ese nuevo plan presenta nuevas normas contables que lo que hacen es modernizar el sistema de contabilidad de las administraciones públicas, y que yo creo que, cuanto antes lo incorporemos, pues antes dispondremos de una mejor información contable para cada una de nuestras funciones: nosotros, para poder fiscalizarlas, y, desde luego, ustedes, que es lo importante, para poder hacer la tarea de control de la actividad económico-financiera del Gobierno y poder abordar la aprobación de la cuenta general en condiciones.
En cuanto al decreto ley, bueno, nosotros hemos puesto encima de la mesa las incidencias e irregularidades evidentes que se describen en el informe, y, desde luego, lo que recomendamos es volver en esto, como en todo en materia de presupuestos y contabilidad, a reglas de prudencia y buena gestión financiera. La recomendación que les hacemos desde la Cámara de Cuentas para cuando aprueben suplementos de crédito o créditos extraordinarios u otras modificaciones presupuestarias que sean competencia de la Cámara y que les proponga el Gobierno es que debe estar siempre la relación detallada de los créditos presupuestarios que van a financiar la modificación, y eso exige que se defina a nivel de partida presupuestaria, es decir, a nivel de crédito presupuestario, los créditos que van a utilizarse para financiar el presupuesto, y que, en buena gestión financiera, eso implica que, antes de incorporarse al proyecto de ley o al decreto ley esos créditos, han debido quedar retenidos y afectados a la modificación presupuestaria cuya aprobación se solicita a los órganos de las Cortes de Aragón...
El señor vicepresidente de la Cámara de Cuentas de Aragón (PEÑA OCHOA): Termino.
Señor Garasa, le agradezco, como siempre, su intervención y las apreciaciones que ha hecho entre nuestra opinión y las limitaciones y salvedades que la condicionan.
Compartimos con usted que la limitación más importante de todas las que citamos es la de no disponer de los datos de costes y de resultados de los servicios públicos. Creo que es una tarea que debe emprender inmediatamente la comunidad autónoma, el ponerse a trabajar en el desarrollo e implantación de las memorias de coste y rendimiento. Saben, porque lo hemos hablado en esta comisión, que hay otras instituciones públicas que llevan ya un camino recorrido en este terreno, como es el caso de las universidades públicas, y en particular la nuestra, la Universidad de Zaragoza. Las universidades públicas, para el año que viene, obligatoriamente tienen que basar sus precios públicos de matrícula en los costes del servicio público soportados en un sistema de contabilidad analítica, y si una Administración Pública, como es la que presta el servicio de enseñanza superior, puede llevar una contabilidad de costes de funcionamiento de los servicios, creemos que en la comunidad autónoma tiene que ser posible en servicios públicos, sensibles y muy importantes, como son sanidad, servicios sociales, etcétera.
Ha hecho una referencia, que nos parece importante, a la Cámara, que es el dato del saldo de las obligaciones pendientes. Hasta donde hemos visto en el año 2012 —nos falta todavía la información del 2013—, vemos que ese saldo crece cada año, o sea, cada vez es más alto o más importante o mayor el saldo de las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio, lo cual es un dato del todo evidente de las tensiones de gestión que se están produciendo.
Lo mismo ocurre con el dato de período medio de pago de las obligaciones. No hemos analizado todavía el impacto que esperamos que haya tenido el plan especial de pago a proveedores, pero, de momento, lo que sí que sabemos es que, en el año 2011, el período medio de pago empeoró respecto al 2010; no sensiblemente, pero empeoró en lugar de mejorar.
En cuanto a las propuestas de resolución, por cerrar, comparto con usted que sería conveniente, y creemos además desde la Cámara de Cuentas que la comunidad autónoma dispone de recursos y músculo suficiente como para poder hacerlo, compartimos con usted que sí que sería útil que la comunidad autónoma incorporara las mejoras que venimos proponiendo en los informes para incorporarlas en un modelo de gestión más transparente, que es el que todos esperamos que se produzca.
La señora presidenta (SUSÍN GABARRE): Gracias, señor Peña y señor Laguarta. Les ruego que permanezcan un minuto con nosotros.
Establece, señorías, la tramitación un turno de fijación de posiciones de los grupos parlamentarios. Yo entiendo que es respecto a si se van a presentar o no propuestas de resolución. ¿Algún portavoz quiere hacer uso de ese turno?
Bien, pues como ningún portavoz quiere hacer uso de ese turno, se cierra el debate y se abre un plazo desde este momento de ocho días, desde el día 8 de abril y hasta el día 16 de abril de 2014, durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar ante la Mesa de las Cortes propuestas de resolución al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de la Comunidad Autónoma de Aragón del ejercicio 2011.
Suspendemos durante un minuto la comisión para acompañar a los señores Peña y Laguarta, y reanudamos rápidamente.

References: artículo 84
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 artículo 112
 artículo 61
 resolución 
 artículo 24
 resolución 
 resolución 
 resolución 
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