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Timestamp: 2019-10-24 00:39:33+00:00

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﻿ SENTENCIA C-828 DE OCTUBRE 8 DE 2002
SENTENCIA C-828 DE 08 DE OCTUBRE DE 2002
CONTENIDO:COMPETENCIA EN PROCESOS LABORALES. DERECHO AL ACCESO A LA JUSTICIA CUANDO EN UN MUNICIPIO NO SE CUENTA CON JUECES DEL CIRCUITO LABORALES O CIVILES. SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN " DEL CIRCUITO EN LO" DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 712 DE 2001 Y SE EXHORTA AL CONGRESO, PARA QUE EN UN TÉRMINO RAZONABLE, EXPIDA UNA REGULACIÓN NORMATIVA QUE GARANTICE EL ACCESO REAL A LA JUSTICIA EN LOS ASUNTOS LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN AQUELLOS MUNICIPIOS DONDE NO EXISTAN JUECES CIVILES O LABORALES DEL CIRCUITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PROCESO LABORAL
Sentencia C-828 de octubre 8 de 2002
Sentencia C-828 de 2002
Ref.: D-3970
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 712 de 2001.
Bogotá, D.C., octubre ocho de dos mil dos
A continuación se transcribe la norma demandada y se resalta el aparte impugnado:
Diario Oficial 44.640 (8 diciembre 2001)
1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 9º (parcial) de la Ley 712 de 2001, presentada por el ciudadano Manuel Adolfo Rincón Barreiro, en los términos del artículo 241 numeral 4º de la Constitución.
3. Recuerda la Corte que la Sentencia C-1541 de 2000 declaró la inexequibilidad del artículo 25 de la Ley 11 de 1984 (mediante la cual se reformaba el Código de Procedimiento Laboral). La referida disposición definía tres aspectos relativos a la competencia: la competencia por razón de la cuantía, la competencia funcional en los lugares en los que no existiera juez laboral, y la competencia en única o en primera instancia. En esta oportunidad de manera concreta el legislador atribuyó la competencia así: a los jueces del circuito en lo laboral para conocer en única instancia, de los procesos cuya cuantía no excediera de cinco (5) veces el salario mínimo legal más alto vigente, y en primera instancia, de todos los demás. Igualmente, dispuso que en los lugares en donde no existiera juez laboral del circuito, conocerían de los procesos laborales los jueces civiles, así: “a) El municipal, en única instancia, de todos aquellos negocios cuya cuantía no exceda del equivalente a dos (2) veces el salario mínimo mensual más alto vigente, b) El del circuito, en primera instancia, de todos los demás”.
Por su parte, el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, ahora demandado, contiene las siguientes normas jurídicas de autorización: (i) Competencia del juez laboral del circuito en única instancia de los negocios laborales cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo. (ii) Competencia del juez laboral del circuito en primera instancia de los negocios laborales cuya cuantía exceda del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo. (iii) Competencia del juez civil del circuito en única instancia de los negocios laborales cuya cuantía no exceda del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo, en aquellos lugares en los cuales no exista juez laboral del circuito. (iv) Competencia del juez civil del circuito en primera instancia de los negocios laborales cuya cuantía exceda del equivalente a diez (10) veces el salario mínimo en aquellos lugares en los cuales no exista juez laboral del circuito.
6. Es claro que ni las disposiciones normativas (textos) ni los contenidos normativos de los artículos 25 y 9º en cuestión, son idénticos. Primero, porque la cifra que constituye las cuantías, varía de una disposición a otra: del equivalente de 5 a 10 salarios mínimos, y del equivalente de 2 a 10 salarios mínimos. Segundo, porque con el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, desaparece el trato discriminatorio establecido en el artículo 25 de la Ley 11 de 1984, que permitía que únicamente los procesos cuya cuantía estuviese entre el equivalente de 2 y el equivalente de 5 salarios mínimos, adelantados en los lugares en los cuales no hubiese juez laboral, tuvieran eventualmente la garantía de la segunda instancia. Y tercero, porque desaparece la competencia de los jueces civiles municipales para el conocimiento de asuntos laborales.
La disposición acusada y los problemas jurídicos planteados
La libertad de configuración del legislador y la fijación de competencias judiciales
9. En múltiples ocasiones la Corte se ha pronunciado sobre la libertad de configuración normativa del legislador, la cual le permite una amplia discreción al momento de diseñar la configuración de los procedimientos y de las instituciones del Estado (1) .
(1) Cfr. Sentencia C-407 de 1998.
Esta facultad constitucional del Congreso, toma especial relevancia en materia de expedición de normas dirigidas a definir la estructura de la administración de justicia, a regular los procedimientos y a fijar las competencias judiciales (2) ; más aún, si se tiene en cuenta que el propio constituyente, en el artículo 150 numeral 23 atribuyó al Congreso de la República la competencia de “expedir las leyes que regirán el ejercicio de las funciones públicas”, supuesto de hecho que comprende la administración de justicia, en los términos del artículo 228 de la Constitución: “la administración de justicia es función pública. Sus funciones son independientes...”.
(2) Sobre la libertad de configuración normativa y la facultad del Congreso para definir las normas sobre competencias judiciales en materia laboral y penal, ver las sentencias C-111 de 2000 y C-1541 de 2001; y las sentencias C-076 de 1993, C-208 de 1993 y C-561 de 1996, respectivamente.
En este sentido considera la Sala, que por ser la norma demandada una de aquellas que determinan la autoridad judicial competente para conocer de ciertos asuntos litigiosos (ejercicio de la función pública de administrar justicia), haber sido expedida en cumplimiento de una expresa autorización del constituyente (art. 150, num. 23), y en últimas, por desarrollarse en el ámbito de la libertad de configuración del Congreso, en principio, lo más acertado, sería concluir que la misma es constitucional.
A su vez, se puede afirmar que en sentido estricto, los límites a la libertad de configuración normativa están determinados por las normas en las que el constituyente estableció directamente competencias a ciertos órganos del Estado. Casos en los que la garantía constitucional del juez natural actúa como límite, como ocurre con la facultad de suspender provisionalmente los actos administrativos atribuida privativamente a la jurisdicción contencioso administrativa (art. 238), o con la facultad de conocer de las acciones por inconstitucionalidad de las leyes y de los decretos con fuerza formal de ley atribuida privativamente a la Corte Constitucional (art. 241, num. 4º), por citar sólo algunos ejemplos.
En este orden de ideas cabría mencionar lo dispuesto en la Sentencia C-407 de 1998, en la que la Corte al estudiar la constitucionalidad de la norma que excluía la facultad de la Fiscalía General de la Nación de presentar recurso de casación excepcional, a pesar de concluir que la norma era constitucional por no afectar la “función esencial” de la fiscalía, recordó que la existencia de competencias directamente señaladas por la Constitución limitaba la libertad de configuración del legislador. Dijo entonces esta corporación que “puede limitarse la referida libertad del Congreso cuando éste, en su actividad legislativa, impide el desarrollo y desempeño cabales de una entidad de rango constitucional, a través de las limitaciones que le impone o de omisiones en su regulación. Pero, obviamente, esta causal solamente puede operar en casos excepcionales, cuando se trata de aspectos relacionados íntimamente con la tarea que le ha fijado la Carta a la institución. Si se aceptara lo contrario se estaría desvirtuando el principio de la libertad de configuración política del legislador”.
El principio de igualdad y la especialidad de los jueces competentes
Que el juez tenga o no conocimientos especializados en materia laboral es un argumento que no es de recibo. ¿Acaso los jueces, como cualquier otro servidor público no están obligados por la Constitución y la ley, a demostrar idoneidad y capacidad para el desempeño de sus funciones, más aún cuando hoy, debe ser el mérito el único requisito para acceder a ellos (C.P., art. 125 y L. 270/96, art. 156)? Si en los lugares en donde no existe juez laboral la ley le ha asignado, desde tiempo atrás, el conocimiento de procesos de esa índole a los jueces civiles, éstos como aquéllos tienen que estar capacitados para tramitarlos y resolverlos, conforme se lo impone el ordenamiento superior y la ley.
Así las cosas, la razón aducida para justificar las diferencias de trato antes señaladas es insostenible e inadmisible. La disposición acusada resulta entonces, claramente violatoria del principio de igualdad” (negrillas no originales).
12. La doctrina establecida en la Sentencia C-1541 de 2000 es entonces que, en desarrollo del principio de acceso a la administración de justicia (C.P., art. 229), la ausencia de juez laboral en un municipio permite que la ley atribuya el conocimiento de los asuntos laborales al juez civil de la localidad, siempre y cuando la estructura del proceso sea la misma. La Corte reitera esa doctrina en la presente oportunidad, pues todos los jueces, independientemente de su especialidad, están en la obligación de tramitar y fallar los procesos que lleguen a su conocimiento, conforme a la ley y a la Constitución. Sobre todo cuando las referidas especialidades se encuentran integradas a la jurisdicción ordinaria, dentro de la cual no existe una atribución expresa de competencias por parte del constituyente a alguna de ellas (civil o laboral), situación que eventualmente podría ofrecer resistencia en términos de constitucionalidad, dado que en estos casos la garantía del juez natural actúa como límite a la libertad de configuración normativa del Congreso.
13. En conclusión, la Corte considera que el criterio de diferenciación empleado por el legislador para determinar la especialidad de la autoridad judicial competente (existencia o no del juez laboral del circuito), resulta constitucionalmente admisible, por lo cual la norma contenida en el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, al establecer jueces de diferentes especialidades (civil y laboral) para conocer de unos mismos asuntos (laborales y de la seguridad social), es exequible, como se declarará en la parte resolutiva de la sentencia.
Sin embargo, el problema que parece plantear el actor, es que dicha regulación es insuficiente para asegurar el acceso a la administración de justicia, ante lo cual se pregunta la Corte si el legislador desconoció o no el principio de acceso a la administración de justicia, al establecer la competencia en primera instancia de manera privativa en los jueces del circuito (laborales o civiles), sin prever aquellos casos en los cuales los municipios no cuenten siquiera con un juez civil del circuito.
El principio de acceso a la justicia y la fijación de la competencia de manera privativa en los jueces del circuito
15. En primer lugar considera la Corte que, al ser la norma demandada una de aquellas en las que se definen competencias judiciales, existe sobre la misma una presunción de constitucionalidad cualificada, en virtud del poder de irradiación del principio de libertad de configuración normativa del legislador. En este sentido, en la Sentencia C-111 de 2000, la Corte al pronunciarse sobre la demanda contra el artículo 2º de la Ley 362 de 1997, que establecía la competencia en la jurisdicción ordinaria especializada en lo laboral para conocer de las diferencias que surgiesen entre las entidades públicas y privadas del régimen de seguridad social integral y sus afiliados, reafirmó el alcance de la libertad de configuración normativa en estas materias; precisó entonces la Corte:
“... la radicación de una competencia en una determinada autoridad judicial, no configura una decisión de índole, exclusivamente constitucional sino que pertenece al resorte ordinario del legislador (Sent. C-208/93), siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado.
En este sentido, la atribución de competencias tal y como quedó dispuesta en el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, también se ajusta a la Constitución, primero, porque no altera el equilibrio presupuestal de la rama judicial, toda vez que se parte de la existencia y funcionamiento de los actuales juzgados del circuito; y segundo, porque no desconoce el imperativo de la mejor cobertura posible, pues a pesar de que en algunos circuitos no exista juez laboral, dichos asuntos, serán de competencia del juez civil del circuito, en los términos del referido artículo. De tal forma que mediante la inclusión y funcionamiento de juzgados del circuito laborales y civiles en el mapa judicial del Estado colombiano, se responde de manera razonable a las necesidades de cobertura.
En este orden de ideas, la fijación de la competencia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en cabeza de los jueces del circuito, ya sean laborales o civiles, dispuesta por el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, no constituye por sí misma una vulneración al derecho al acceso a la justicia, toda vez que existe la posibilidad de acudir a la administración de justicia en la medida en que existen y se encuentran en funcionamiento los correspondientes jueces del circuito.
Igualmente, la Corte reconoce que en muchos de los municipios colombianos que no son cabecera de circuito judicial existen dificultades materiales reales y en ocasiones críticas, para lograr el acceso a la administración de justicia. Esta situación requiere de soluciones institucionales oportunas y concretas. En este sentido la solución de extender la competencia sobre los asuntos laborales, y de la seguridad social, a los jueces civiles municipales, propuesta por el actor, parece razonable y en principio guarda armonía con la Constitución. Sin embargo, la adopción de este tipo de soluciones corresponden por principio al legislador y no a la Corte, ya que de lo contrario ésta invadiría las competencias de aquél, en desconocimiento de los principios de libertad de configuración normativa, y de distribución funcional de competencias.
El segundo problema jurídico: la expresión “más alto” del artículo 9º de la Ley 712 de 2001 y la inocuidad del lenguaje de la ley
18. Por último, la Corte determinará si la expresión “más alto”, utilizada por el legislador en el artículo 9º de la Ley 712 de 2001 para calificar el salario mínimo legal mensual, al sugerir la existencia de tarifas diferenciales, se encuentra en contradicción con el principio de igualdad en el plano formal.
Frente al segundo problema jurídico identificado, la Sala acoge el concepto rendido por el Procurador General de la Nación, en el sentido de considerar que el salario mínimo se unificó desde el año de 1985, por lo cual la expresión “más alto” utilizada para calificar el salario mínimo legal mensual carece de eficacia normativa.
En este sentido considera la Corte, que ante la inexistencia de cualquier tipo de discriminación a partir del lenguaje empleado por el legislador en la redacción del artículo 9º la Ley 712 de 2001, y dado que es evidente la inocuidad de la expresión “más alto”, el cargo formulado por el actor no involucra como tal un problema constitucional, por lo cual se declarará inhibida para pronunciarse sobre su constitucionalidad, por carencia actual de objeto.
1. Declarar exequible la expresión acusada “del circuito en lo” del artículo 9º de la Ley 712 de 2001.
2. Exhortar al Congreso de la República, para que en un término razonable, expida una regulación normativa que garantice el acceso real a la justicia en los asuntos laborales y de la seguridad social, en aquellos municipios donde no existan jueces civiles o laborales del circuito.
3. Declararse inhibida para pronunciarse acerca de la exequibilidad de la expresión “más alto” contenida en el artículo 9º de la Ley 712 de 2001, por carencia actual de objeto.

References: ARTÍCULO 9
 artículo 9
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 artículo 241
 artículo 25
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 artículo 25
 artículo 150
 artículo 228
 artículo 9
 artículo 2
 artículo 9
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