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Timestamp: 2018-12-16 01:34:37+00:00

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Artículo 9.- Del ejercicio abusivo o en fraude de ley de la sustitución profe­sional.
Artículo 28.bis.- Encubrimiento o colaboración con el ejercicio abusivo o en fraude de ley del derecho de sustitución profesional.
CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. Artículo 1.- Objeto y ámbito de aplicación de la norma.
Sin perjuicio de los deberes establecidos en el presente Código, los procura­dores inscritos en el Colegio estarán obligados también al más estricto cum­plimiento de todas aquellas normas referentes a la profesión, contenidas tan­to en el ordenamiento jurídico general como en el específico de la organiza­ción colegial.
Todos los procuradores colegiados tienen la obligación de poseer un exacto conocimiento de las presentes Normas Deontológicas de Actuación Profe­sional. Su ignorancia, en ningún caso podrá alegarse como excusa para el correcto cumplimiento de lo que en ellas se establece. Su infracción será ob­jeto de sanción disciplinaria.
CAPÍTULO II. OBLIGACIONES GENERALES DEL PROCURADOR. Artículo 4.- Debida competencia y dedicación.
Todo procurador deberá actuar con la debida competencia profesional y de­dicación al servicio que se haya comprometido a realizar. No deberá aceptar mayor número de encargos que aquellos que pueda atender debidamente o que superen los medios de que disponga.
Ningún procurador podrá descuidar las obligaciones a que como profesional se haya comprometido ni cesar en ellas, mientras no sea relevado o sustitui­do en la forma que legalmente proceda.
2. La definición de “comunicación comercial” a estos efectos será estricta­mente la establecida por el art. 13.14 de la Ley 17/2009, de 23 de noviem­bre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio”
Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, docu­mentos y situaciones relacionados con las partes intervinientes en el proceso hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo colegial. Esta obligación alcanza también a los hechos de los que ha­ya tenido conocimiento como procurador asociado o colaborador de otro compañero.
Ningún procurador podrá encubrir con su actuación o con su firma compor­tamiento ilegal o contrario a los deberes profesionales de otros compañeros y se abstendrá de amparar bajo su firma intervenciones profesionales de
quienes no estén debidamente legitimados para el ejercicio de la profesión, así como actividades intrusistas realizadas por quienes no tengan la condi­ción de procuradores. Se considerará como intruso cualquier persona física o jurídica que, sin reunir las condiciones legales para el ejercicio de la profe­sión de procurador, actúe en trabajos propios de éste.
Le estará prohibido a todo procurador la delegación o cesión de deberes pro­fesionales en subordinados o en otros profesionales, siempre y cuando tal transferencia comporte el ejercicio de funciones para las que éstos no estén legalmente capacitados.
El procurador viene obligado a percibir los derechos que le correspondan por el desarrollo de su actividad profesional con arreglo a las disposiciones vi­gentes reguladoras del arancel.
CAPÍTULO III. INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTOS DE INTERESES. Artículo 15.- Prohibición de ejercicio simultáneo de la abogacía.
Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales de la misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente. El ejer­cicio de la profesión de procurador de los tribunales es incompatible con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado.
Ningún procurador podrá aceptar encargo alguno en condiciones de conflicto de intereses. Se entiende que se produce dicha situación cuando exista coli­sión de derechos o intereses que puedan colocar al procurador en una posi­ción equívoca, que entrañe un riesgo para su independencia o su rectitud. El ejercicio de la profesión por quien estuviere en situación de conflicto de in­tereses se considerará especialmente falta profesional, sin perjuicio de las actuaciones legales procedentes.
CAPÍTULO IV. RELACIONES CON LOS CLIENTES. Artículo 18.- Intervención del Procurador
El procurador tendrá plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado, sin necesidad de justificar su decisión. También podrá renunciar libremente a la representación aceptada en cual­quier fase del procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales. Dicha libertad se entiende sin perjuicio de la obligación de cum­plir las designaciones colegiales para la prestación de los servicios de representación gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes reguladoras de los servicios, en los estatutos y en las normas corporativas.
La documentación recibida del cliente estará siempre a su disposición, no pudiendo en ningún caso retenerla, menos aún bajo pretexto de tener pen­diente cobro de cantidad alguna por derechos o suplidos. No obstante, podrá conservar copias de la misma. El procurador que cese en la representación está obligado a entregar al cliente la documentación que obre en su poder.
El procurador ofrecerá al cliente sus conocimientos y su experiencia, la dedi­cación necesaria para el estudio y buena realización de los trabajos que se le encarguen, así como las indicaciones y consejos que puedan ser necesa­rios para la mejor realización de los mismos.
El procurador está obligado a informar al cliente de sus actuaciones profe­sionales, empleando para ello con un lenguaje claro y comprensible, así co­mo a comunicarle las resoluciones que fueran más relevantes según su cri­terio técnico.
El procurador informará a los destinatarios de sus servicios, antes de la ce­lebración del contrato, o en su caso, antes de la prestación del servicio, de forma clara e inequívoca, del coste estimado de su intervención y la forma de pago. Cuando el destinatario lo solicitara el procurador pondrá a su dis­posición un presupuesto suficientemente detallado. Para ello podrá utilizar los formularios de nota de encargo elaborados por el Colegio.
El procurador está obligado a rendir cuentas al cliente de los servicios pres­tados, con especificación de las cantidades percibidas de éste y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos realizados, con mención ex­presa del artículo aplicado del arancel de derechos vigente.
CAPÍTULO V. RELACIONES ENTRE PROCURADORES. Artículo 25.- Principios.
Todo procurador deberá ser objetivo en sus críticas a las actuaciones profe­sionales de sus colegas y aceptar las críticas que con la misma objetividad aquéllos hagan a las suyas.
El procurador deberá tener un trato correcto con sus compañeros, y por ex­tensión con sus representados, debiendo abstenerse de hacer manifestacio­nes que resulten personalmente ofensivas para aquellos o para la profesión. Estará obligado, sin embargo, a poner en conocimiento del Colegio cualquier infracción de los deberes profesionales de la que tenga noticia.
El procurador que cese en la representación deberá facilitar al nuevo procu­rador la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio de la representación procesal del poderdante.
Ningún Procurador podrá encubrir con su actuación o firma un comporta­miento ilegal o contrario a los deberes profesionales de otros Procuradores. Particularmente, se abstendrá de colaborar, amparar o tolerar el ejercicio abusivo o en fraude de ley del derecho de sustitución profesional de otro procurador, cuando comporte un incumplimiento de sus obligaciones y debe­res o de las funciones de representación procesal o de colaboración y auxilio con los órganos jurisdiccionales.
Los Procuradores, en el ejercicio de la profesión, deberán prestar desintere­sadamente, orientación y consejo a los colegiados de reciente incorporación que lo soliciten. Éstos podrán pedir consejo y orientación a los Procuradores experimentados, en la medida precisa para poder realizar su actuación pro­fesional.
CAPÍTULO VI. RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES DEL DERECHO. Artículo 30.- Colaboración.
Todo procurador deberá contribuir lealmente con sus conocimientos y expe­riencia al intercambio de información con otros profesionales del derecho que puedan intervenir, al objeto de obtener en todo momento la máxima eficacia en el trabajo conjunto.
Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, en aten­ción a los términos utilizados por el letrado director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá anteponer a su firma la expresión «al solo efecto de representación».
CAPÍTULO VII. RELACIONES CON JUECES Y TRIBUNALES. Artículo 33.- Principios de actuación.
El Procurador, en su ejercicio profesional, tiene la obligación de cumplir el principio de legalidad, contribuyendo a la diligente tramitación de los proce­dimientos.
CAPÍTULO VIII. RELACIONES CON LA ORGANIZACIÓN COLEGIAL. Artículo 37.- Observancia de disposiciones y acuerdos colegiales.
Todo procurador, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, puedan co­rresponderle, estará obligado a observar las disposiciones generales y acuerdos o resoluciones que emanen del Colegio, de acuerdo con lo dis­puesto en las normas estatutarias correspondientes.
El procurador estará obligado a aportar directamente, con la debida pronti­tud, todos los datos, documentos o informes que se le pidan y de los que él tenga noticia por el ejercicio de su profesión, a fin de facilitar las funciones propias de los diferentes órganos del Colegio.
Los cargos directivos del Colegio deberán cumplir las obligaciones inheren­tes al puesto que ocupan con la debida dedicación e independencia de crite­rio.

References: Artículo 28
 Artículo 1
 Artículo 4
 Artículo 15
 Artículo 18
 Artículo 25
 Artículo 30
 Artículo 33
 Artículo 37