Source: http://elperiodicowebeditorial.blogspot.com/2016/
Timestamp: 2019-01-17 00:05:03+00:00

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Colombia, un país de mucha economía flotante y sin futuro
La productividad, el sistema pensional, los problemas fiscales y la distribución del ingreso, fueron temas claves en la discusión sobre uno de los temas de mayor afectación para la economía colombiana, la informalidad.
La informalidad laboral es uno de los principales problemas que aquejan a la economía colombiana, por este motivo, en un debate organizado por Fedesarrollo, se discutió sobre las principales causas y consecuencias de este flagelo que reduce la productividad, los recaudos tributarios y las posibilidades de los trabajadores de obtener una pensión adecuada.
De acuerdo con las últimas cifras reveladas por el Dane, en el trimestre julio - septiembre de 2016, la proporción de empleados informales en las 23 principales ciudades y áreas metropolitanas fue de 48,8%.
Según el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro, la elevada informalidad de Colombia es la raíz de los principales problemas económicos del país: el problema fiscal, la pésima distribución del ingreso y la baja cobertura de la seguridad social contributiva.
Además de la transición demográfica que se evidencia actualmente, el sistema pensional también enfrenta las consecuencias de los altísimos niveles de informalidad laboral. Según Montenegro, con estos niveles de informalidad la cobertura del sistema pensional es y será muy baja. “La mejor reforma pensional será una reforma laboral”.
Asimismo, el experto indicó que la informalidad laboral en Colombia hace que, en lugar de tener teóricamente 6 trabajadores activos por cada adulto mayor, solo tengamos 2.
Un dato preocupante es que, según cifras de la Ocde, la productividad de Colombia es hoy en día un 25% menor que hace medio siglo.
Además, una de las causas de la altísima informalidad son unos niveles estancados de productividad y bajo crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita. Si no se corrige la informalidad en el mercado laboral y no se aumenta la productividad, Colombia no podrá aprovechar el bono demográfico para alcanzar un nivel de desarrollo económico óptimo.
Los tipos y consecuencias de la informalidad:
Por su parte, el director de Fedesarrollo, Leonardo Villar, destacó otras grandes consecuencias que tiene la informalidad para la economía del país:
Genera empleos de baja calidad. Reduce la base impositiva. Actúa como competencia desleal. Congestiona los servicios públicos sin contribuir a su financiación.
Finalmente, planteó la importancia de conocer los tipos de informalidad que existen en el país. Villar identifica tres, de acuerdo con sus causas o razones de serlo:
Voluntaria: trabajadores que podrían tener un trabajo formal pero deciden ser informales, aun si el salario es menor.
Subsistencia: trabajadores excluidos de la formalidad por tener una productividad menor al salario mínimo.
Inducida: trabajadores excluidos de la formalidad por barreras explícitas (regulatorias) o implícitas (segregación laboral).
Publicado por Publicaciones El Periódico en 6:10
Carga prestacional había disparado en un 80% los costos laborales en el HUV
La pesada carga económica que significan los beneficios convencionales de los trabajadores del Hospital Universitario del Valle, habían disparado los costos laborales de la entidad en más de un 80% y son una de las causas del colapso financiero al que llegó esta casa de salud.
Así se desprende del análisis financiero realizado por expertos que revisaron las cuentas del hospital y encontraron pagos onerosos, sobre todo a 279 trabajadores oficiales que disfrutan de beneficios convencionales pactados en años anteriores.
Como lo advirtió la Superintendencia de Salud y el ministerio del ramo, la mayor parte de los ingresos del HUV ($8.000 millones de los $11.000 millones que le ingresaban cada mes) se iban en el pago de nómina y prácticamente no quedaban recursos suficientes para compra de insumos y funcionamiento. Detrás de esta situación no sólo estaban los ineficientes manejos administrativos, la baja facturación y el no pago de las EPS, sino también la enorme carga prestacional de los trabajadores.
Por ejemplo, un Técnico en Mantenimiento en el HUV tiene un salario básico de $2.038.812, que con las prestaciones legales y con lo extralegal permitido en la Ley se le convierte en $3.483.721.
No obstante, cuando se contabilizan los beneficios convencionales extralegales pactados con el sindicato, ese costo mensual por trabajador sube a $5.990.154 cuando se tiene una antigüedad de 10 años, y a $6.442.885 con 20 años de servicios, lo que dispara el costo laboral del HUV en un 85%
Los altos costos incluyen beneficios tales como 30 días por prima de servicios, 30 días de prima de navidad (15 días más de lo legal en cada caso), 21 días de prima de vacaciones (6 días adicionales), un esquema de beneficios quinquenales por antigüedad que en la práctica es un triple pago por prima de antigüedad, toda vez que, primer lugar, se reconoce medio sueldo por 5 años de servicios, un sueldo por 10 años, 1,5 sueldos por 15 años, 2 sueldos por 20 años y un sueldo por 30 años.
Como si fuera poco, los trabajadores oficiales del HUV tienen un recargo de horas extras que se contabilizan cuatro horas antes de la hora límite (desde las 6:00 de la tarde y no desde la 10:00 p.m., como está establecido), van hasta las 6:00 de la mañana y se pagan un 1% por encima de su valor legal. Por supuesto, tienen recargos dominicales y festivos. De igual manera, aunque el auxilio de transporte se paga para menos de dos salarios mínimos, todos estos trabajadores, incluidos los que ganan más de ese tope, disfrutan de auxilio de transporte.
Quienes se van a jubilar también tienen derecho a una bonificación por pensión (alrededor de cuatro millones de pesos), se les paga auxilios educativos hasta por cuatro hijos de pre-escolar a bachillerato y disponen de 100 cupos anuales del 50% del valor de la matrícula para universidad. En la convención hay otra serie de auxilios y prebendas para los trabajadores y sus familias.
Lo más grave para las finanzas del hospital, es que la mayoría de las primas, subsidios y pagos extralegales y convencionales cuentan como factor salarial, es decir, elevan el promedio para liquidar cesantías y aumentan significativamente el valor de su retroactividad.
De todos estos beneficios disfrutan, por ejemplo, los técnicos de mantenimiento y auxiliares técnicos que suman 279 trabajadores oficiales, distintos a médicos y enfermeras.
Lo que se evidencia con el análisis financiero de los costos laborales que ha venido asumiendo el HUV, es que su carga laboral es insostenible como lo dijo el Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y ese es uno de los factores que hacían inviable el hospital.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 6:09
Posterior a la presentación del proyecto de reforma tributaria, diferentes sectores económicos han dado a conocer sus inconformidades con respecto al contenido por la forma como afecta a cada uno de ellos.
Tal como afirmó la compañía Legis en un comunicado, de ser aprobado el proyecto presentado por el Gobierno Nacional, los precios de los libros subirían entre un 12% y un 18%, “lo que se traduciría en una menor lecturabilidad por parte de los colombianos”.
Según Legis, aunque los libros siguen exentos del IVA, al no poder las empresas editoriales solicitar la devolución del IVA pagado en el proceso de producción de las publicaciones ni poder tampoco llevarlo como costo o deducción en el impuesto a la renta “la consecuencia final será el incremento real en el precio de los libros”.
Según se informó, la iniciativa gubernamental golpea en gran medida a la Ley del Libro y a las normas del estatuto tributario que establecen la exención del IVA para los libros y revistas de carácter científico y cultural.
“No sólo no estamos de acuerdo con la propuesta que le daría muerte a la Ley del Libro, sino que no la entendemos ¿Qué va a pasar con los programas como “Colombia más educada”? Lo que quiere el Gobierno es básicamente ponerle un impuesto a leer, lo que se traducirá en que los colombianos tengan un menor hábito de lectura”, planteó el Presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, Enrique González.
Los hoteleros dicen que no hay coherencia:
Según Cotelco, la reforma presentada establece que los hoteles que se hubieran construido bajo la exención del impuesto de renta en la Ley 788 del 2002, pagarán una tarifa del 9% hasta completar los 30 años que inicialmente tenían de exención.
“La reforma tributaria presentada por el gobierno es un duro golpe a la confianza inversionista en el país, a la seguridad jurídica y por supuesto para la hotelería, al tiempo que desconoce las reglas de juego que se le fijaron a la hotelería para que los empresarios realizaran cuantiosas inversiones en el sector”, afirmó el Presidente de Cotelco, Gustavo Adolfo Toro.
De acuerdo con la entidad, las inversiones que se realizaron para aprovechar el incentivo de no pagar impuesto de renta por 30 años, han generado miles de puestos de trabajo y han atraído marcas hoteleras de gran renombre internacional.
“No hay coherencia en el discurso del gobierno, que por un lado señala que el turismo forma parte de la nueva economía llamada a liderar el desarrollo socioeconómico en el posconflicto y por el otro, se desconocen derechos adquiridos y se golpea la confianza de los inversionistas y la seguridad jurídica que estos requieren”, señaló Toro.
Las productoras independientes de gaseosas en el país expresaron tener preocupación por la inclusión del impuesto a las bebidas azucaradas propuesto en el proyecto de reforma tributaria, y consideran que constituye una grave amenaza que pone en serio riesgo su sostenibilidad.
Actualmente, estas compañías aportan más de 2.700 puestos de empleos directos e indirectos en los departamentos de Atlántico, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander y Tolima.
Sector de las telecomunicaciones cree que la reforma no se preocupa por la ilegalidad, la piratería y los riesgos informáticos
Tal como afirmó la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, el encarecimiento del software que propone la reforma, con la propuesta de pasar el IVA del 16% al 19%, generará un efecto negativo como el aumento del uso del software pirata en Colombia.
Así mismo, la entidad explica que esto aumentará el riesgo de sufrir ataques a la seguridad de la información y los delitos informáticos en el país.
“Es realmente preocupante que en el momento de redactar la propuesta de reforma tributaria el Gobierno Nacional no haya tenido en cuenta el alto nivel de ilegalidad que existe alrededor de la piratería de software en Colombia y la oportunidad que existe para incrementar el recaudo por medio de un mejor control, en vez de crear incentivos para aumentar la economía informal”, aseguró la Cámara.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 6:25
Católicos ya no podrán esparcir cenizas de los difuntos o tenerlas en casa
Ese último deseo de muchos feligreses para que sus cenizas vuelen libres en un río, un lago o un campo de fútbol, ya no se podrán cumplir dado que la Iglesia católica prohibió este martes esparcir las cenizas de los difuntos y también que sean conservadas en casa.
Así lo reveló el nuevo documento aprobado por el Papa Francisco, al calificar estas nuevas prácticas de sepultura y de cremación “en desacuerdo con la fe de la Iglesia”.
Por este motivo la Congregación para la Doctrina de la Fe ha redactado un nuevo documento con el nombre de “Instrucción Ad resurgendum cum Christo” respecto al anterior de 1963.
“Para evitar cualquier malentendido panteísta, naturalista o nihilista, no sea permitida la dispersión de las cenizas en el aire, en la tierra, en el agua o en cualquier otra forma, o la conversión de las cenizas en recuerdos conmemorativos, en piezas de joyería o en otros artículos”, se lee en el documento.
La conservación de las cenizas en el hogar solo se contemplará “en casos de graves y excepcionales circunstancias”, o cuando una persona lo pida “por piedad o cercanía”, ha explicado el consultor de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el español Ángel Rodríguez Luño.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:36
Preocupante situación en las ventas del comercio colombiano con la reforma tributaria
Agosto no fue un buen mes para los comerciantes: tenderos, peluqueros y los propietarios de pequeños negocios, los mismos que el Gobierno quiere gravar por medio del monotributo en 2017.
Este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), reveló que el dato de las ventas minoristas del país registró una caída de 1,9% en agosto de 2016. El mismo mes de 2015 se evidenció un resultado más positivo, pues crecieron 5,3%.
Por su parte, los trabajadores dedicados al comercio al por menor subieron 2,4%. Sin embargo, el dato no se muestra tan alentador si mira un año atrás, pues en el octavo mes de 2015 las personas que dependen económicamente de esta actividad aumentaron 4,7%, es decir el doble que el dato más reciente.
Del mismo modo, durante el mismo mes de este año, las ventas minoristas sin incluir combustibles ni vehículos, presentó una baja de 2,1%, situación que llama la atención si se compara con el mismo periodo de 2015, donde el dato aumentó 9,4 %.
Ahora bien, el comportamiento de las ventas este año, el resultado tampoco es alentador. El DANE confirmó que mientras en los primeros ocho meses de 2015, las operaciones aumentaban 3,7%, este año solo incrementa 0,4%.
La nueva Reforma Tributaria del Congreso de la República:
La propuesta que diseñó la comisión de expertos es sensata y, de implementarse, significaría un avance para el sistema tributario colombiano. Sin embargo, parece políticamente inviable. ¿Cuál será la respuesta del Gobierno?
El presidente Juan Manuel Santos y su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, tendrán que mostrar todas sus dotes técnicas y políticas para sobreaguar este duro 2016. La situación fiscal se ha venido agravando y para enfrentar esta dura situación tendrá que presentar al Congreso de la República una reforma tributaria. Es necesario analizar con más cuidado el que será el tema central del futuro económico de Colombia. ¿Cuáles son las grandes propuestas que quedaron en el documento de la misión de expertos cuyo contenido está siendo socializado?
Los dos mensajes de fondo de la misión son los siguientes: que el recaudo adicional es mejor conseguirlo por la vía de impuestos indirectos (IVA, consumo, combustibles y 4 x 1.000 –GMF), que por la vía de impuestos directos: renta y riqueza. Gravar excesivamente el capital puede desestimular la inversión, que es la principal fuente de crecimiento. De otra parte, los impuestos directos son más eficientes y su efecto en los sectores menos favorecidos de la población puede ser compensado a través de una red de protección social.
Las razones de la comisión coinciden con el diagnóstico que había hecho en su momento Fedesarrollo en su actividad de coordinación académica de la Misión para el Ingreso, que en la década pasada hizo una propuesta tributaria similar.
En el texto “Equidad y eficiencia de costos de incrementar los ingresos impositivos en Colombia”, que forma parte de la bases presentadas por la Misión, se señala que “los impuestos sobre el capital son óptimos en el corto plazo debido a que la inversión y el stock de capital son fijos en este espacio de tiempo. Sin embargo, en el largo plazo la inversión y la acumulación de capital responden fuertemente a la tasa de retorno. Por lo tanto, una reforma óptima en el estado estacionario (largo plazo) implica que impuestos sobre el capital se deben evitar debido a que la inversión responde fuertemente, la base tributaria se reduce y existen potenciales efectos negativos sobre el producto, lo cual conlleva a que el bienestar agregado a la sociedad se reduzca tanto para pobres como para ricos”.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:18
El senador Mario Fernández Alcocer (Partido Liberal), ponente de esta iniciativa, sostuvo que “definitivamente de tajo se corta cualquier posibilidad de cobro a la hora de la reconexión para los estratos 1, 2 y 3 de tipo residencial y le da un término perenne a las empresas para que una vez sea superada la causa de suspensión, 24 horas después tiene que estar restablecido el servicio”; agregó “es una excelente noticia para la gente más pobre de nuestro país y creo que con esto hacemos algo de justicia social desde el Congreso de la Republica”.
En el mismo sentido, el senador Mauricio Aguilar (Opción Ciudadana), aseveró que “tiene que quedar estipulado o establecido que tanto la Superintendencia de Servicios Públicos y la Comisión de regulación deben garantizar que estos costos no se maquillen”.
En la última plenaria de las sesiones ordinarias en Senado, se aprobó el proyecto que modifica la ley 142 de servicios públicos en su artículo 96 y 142, que elimina el cobro por reconexión y reinstalación de los servicios públicos domiciliarios residenciales, esta iniciativa obtuvo un respaldo mayoritario por parte del pleno del Senado.
“Definitivamente de tajo se corta cualquier posibilidad de cobro a la hora de la reconexión para los estratos 1, 2 y 3 de tipo residencial y le da un término perenne a las empresas para que una vez sea superada la causa de suspensión, 24 horas después tiene que estar restablecido el servicio”, sostuvo el senador Mario Fernández Alcocer, ponente de este proyecto.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 8:39
Negligencia en las EPS, un drama que duele más que la misma enfermedad
Una de las razones por las que los pacientes se quejan de las EPS ante la oficina de atención al usuario, es la demora para asignación de citas, medicamentos, especialistas y otros servicios como cirugías.
Conseguir una cita oportuna con un médico general se ha vuelto una odisea. Peor aún una cita con especialista, y ni qué hablar de los exámenes de diagnóstico especializados o de una cirugía.
Los pacientes pueden morirse en la puerta de un hospital esperando una atención médica; y si no se quejan ante la Defensoría del Paciente, la Superintendencia de Salud o ponen una tutela, no logran la prestación de un servicio al que tienen derecho, por el que pagan (en régimen contributivo) y del que puede depender su vida.
Raúl Ospina Giraldo, Presidente de la Alianza de Usuarios de la Salud del Valle, dijo que la atención en salud a los pacientes es crítica, porque hay unas barreras de contención en las EPS que impiden el acceso al servicio, con el propósito de reducir costos. Y hay otras barreras de acceso en las IPS porque las EPS no les pagan.
“Al final, unas y otras se escudan en que el Fosyga (el Estado) no les gira, pero a la postre “los usuarios somos los que terminamos pagando la inoportunidad, baja calidad y mal servicio de la salud”, dijo.
La Superintendencia de Salud reportó que en el primer semestre del 2012 recibió 84.471 quejas por restricción en el acceso a la atención en salud de los colombianos.
Juan Carlos Corrales, superintendente delegado para la protección del usuario, reveló un estudio que muestra que la restricción en el acceso a los servicios de salud es el derecho más vulnerado, con el 80,5% de los reclamos.
El 52% de estos se debió a la falta de oportunidad en la atención; de esa cantidad, el 43% se originó por la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta médica especializada, seguida por la inoportuna asignación de citas de consulta médica general.
Raúl Ospina advierte que los usuarios se quejan más de la demora en la asignación de citas con médicos especialistas. La ley ordena asignar una cita de medicina general en tres días máximo “y más o menos cumplen”.
De hecho, el Ministerio de Salud precisa que las principales EPS del Valle son las que más tardan en dar una cita con médico general o con especialistas.
En relación con las citas con especialistas, se indicó que se demoran porque las EPS no tienen médicos especialistas suficientes y le dicen a la gente que se cerró la agenda o que no hay agenda; “Con esa excusa le tiran la puerta en las narices a los usuarios”.
Otro problema es que las EPS no entregan medicamentos a tiempo, ya que las empresas que los distribuyen no se los despachan porque les deben. Y tampoco hacen cirugías ni exámenes diagnósticos y de Rayos X o de laboratorio “porque todo el mundo le debe a todo el mundo”.
Frente a esta problemática, algunas EPS indican que en cuanto a los tiempos de otorgamiento de citas con especialistas, “estos obedecen a una problemática que se da por la falta de recurso suficiente de profesionales sub especialistas en la región, comparado con los volúmenes de consultas de la población”.
Lo que más dificultades presenta son: endocrinología pediátrica y gastroenterología, lo mismo que neumología pediátrica y de adultos.
De esta manera, los pacientes siguen acudiendo a la justicia y a las autoridades administrativas para lograr atención médica, un drama que a veces duele más que la misma enfermedad.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:38
Beneficios a los sufragantes el 2 de octubre por el Plebiscito
Una de las principales inquietudes frente a la votación del plebiscito para refrendar los acuerdos de paz que firmaron el Gobierno y las Farc, es la apatía electoral de los colombianos, por eso, para esta votación se mantendrán los beneficios que se otorgan por recibir la certificación electoral.
En primer lugar, quienes voten podrán solicitar ante sus empleadores media jornada de descanso para compensar el tiempo que se empleó para sufragar. Además, el descuento del 10% del valor en el trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía.
Para quienes piensan ingresar a universidades públicas se les dará preferencia en caso de que haya empate para acceder al cupo. Las personas que están prestando servicio obtendrán una rebaja de un mes en el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio si son soldados bachilleres o auxiliares bachilleres, y dos meses si son soldados campesinos o soldados regulares.
Quienes decidan votar el domingo 2 de octubre tendrán beneficios en la adjudicación de becas educativas, predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado en casos de igualdad de condiciones estrictamente establecidas en un concurso abierto. De igual forma ocurrirá en caso de igualdad de puntaje en una lista de elegibles cuando se trate de un empleo de carrera con el Estado.
Los estudiantes de una institución oficial de educación superior tendrán derecho a un descuento del 10% en el costo de la matrícula, este beneficio está consignado en el artículo 1, de la Ley 815 de 2003, con la cual se agregan nuevos estímulos al sufragante.
Otros descuentos a los que pueden acceder los colombianos están el 10% en la expedición del pasaporte y el mismo porcentaje en trámite inicial y expedición de duplicados de la Libreta Militar; por duplicados de la cédula de ciudadanía.
Más allá del debate entre los promotores del sí al plebiscito, que aseguran que los beneficios de una Colombia en paz se verán reflejados en inversión extranjera, que el turismo será uno de los renglones importantes del sector productivo y que se crearán cerca de 200 mil empleos, contra los argumentos de los promotores del No que consideran que es entregarle el país al castrochavismo, hay beneficios para los ciudadanos de a píe.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:54
Subsidios de vivienda que los colombianos no están aprovechando
La demanda no ha sido alta y aún quedan muchos de estos beneficios ofrecidos por el Gobierno.
En todas las opciones de auxilio quedan cupos, la idea es que los colombianos puedan aplicar y se beneficien para la compra de vivienda.
Uno de los subsidios es el de “Mi casa ya ahorradores”, que tiene cupo de 71.000 subsidios y entrega vivienda de hasta 48 millones de pesos. Según Portafolio, este es el programa que más adelantado está.
Otra opción es “Mi casa subsidio a la tasa” que cuenta todavía con 80 mil cupos disponibles y está diseñado para familias que quieran adquirir vivienda nueva de interés prioritario (VIP) y de interés social (VIS).
“El hogar recibirá un subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario de 5 puntos si la vivienda no supera los 70 SMLM ($48.261.850) y de 4 puntos si la vivienda no supera los 135 SMLM ($93.076.425)”, explica el Ministerio de Vivienda.
Sin embargo, este subsidio a la tasa también puede ser utilizado para la adquisición de viviendas nuevas urbanas con precio mayor a 135 salarios mínimos ($93.076.425) y menor o igual a 335 salarios mínimos ($230.967.425). Este subsidio tiene 40.000 cupos sin utilizar y será aplicable a viviendas en todo el territorio nacional.
El último es el de “Mi casa ya cuota inicial”, que tiene disponibles 100.000 subsidios. Según ese mismo diario económico, este programa fue modificado y ahora fue extendido para personas que ganen menos de 2 salarios mínimos.
“El Gobierno les subsidiará la cuota inicial de su vivienda, con valor superior a 70 SMLMV ($48.261.850) e inferior o igual a 135 SMLMV ($93.076.425), y subsidiará además la tasa de interés del crédito hipotecario de 4 puntos. La tasa de interés bajaría del 12,5% al 8,5%”, agregó el Minvivienda.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 8:16
No habrá más aspersión aérea de cultivos ilícitos en Colombia
El Mandatario Juan Manuel Santos Calderon, intervino en el Gran Foro de la Biodiversidad, efectuado en el Hotel JW Marriott, en el que participaron también el Director del diario El Espectador, Fidel Cano; el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo; la Directora de Colciencias, Yaneth Giha; académicos y expertos.
“Y hemos combatido toda la cadena, pero los cultivos de coca durante todos estos treinta años, por todos los medios posibles, y no hemos logrado dejar de ser el primer exportador de cocaína a los mercados mundiales en ningún año”, precisó.
El Jefe de Estado señaló que “la guerra lo frena todo. La guerra nos había puesto una especie de anteojeras –como las que les ponen a los caballos– que no nos dejaban ver a nuestro alrededor, ni apreciar esa riqueza inmensa que tenemos”. “A veces parece que se nos olvidara que somos el país más biodiverso del mundo por metro cuadrado”, declaró.
Advirtió que “el fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía en la que, además de sacar un mayor –y mejor– provecho de nuestros recursos, reivindiquemos nuestro medio ambiente”. “Porque, así como nos estamos reconciliando entre colombianos, y hasta ahora estamos aprendiendo a reconciliarnos, también debemos abrazar a nuestro medio ambiente, a nuestros recursos naturales”, sostuvo el Presidente.
Explicó el Proyecto Colombia Bio, de Colciencias, que tiene cuatro pilares: el primero de ellos la Expedición Bio, que contempla en total 20 expediciones biológicas, diez de ellas en zonas del país a las que no se había podido entrar debido al conflicto. También la investigación y el desarrollo Bio, y los productos Bio. Y todo ello con el fin de convertir a Colombia en una Bioeconomía. El gobernante resaltó las grandes oportunidades que se abren para Colombia y explicó que “el fin del conflicto implica la posibilidad de consolidar una nueva economía con mayor provecho de nuestros recursos y reivindicar nuestro medio ambiente”.
La búsqueda de la paz en Colombia nos compete a todos
La violencia en Colombia ha adquirido tal preeminencia, que se ha convertido en una estructura de comportamiento y en una estrategia de socialización. Vivimos una cultura de la desconfianza que, junto con la guerrilla y otros factores, ponen en peligro la construcción democrática de la nación. Frente a ello, una pedagogía de la convivencia, una insurgencia desarmada, la ternura, el cultivo de la singularidad y el respeto por la diferencia pueden ser los caminos para afirmar la civilidad, construir la paz y afianzar la democracia.
La violencia aparece como una estrategia de socialización que busca modificar comportamientos por el terror, a la vez que se propone el aplastamiento de la singularidad y la eliminación de la diferencia. Al bloquear las reacciones espontáneas que tenemos en nuestras relaciones interpersonales y limitar las actitudes de afianzamiento y apropiación de nuestra propuesta vital, la violencia actúa como dispositivo generador de sufrimiento e impotencia. Fenómenos como la impunidad, la desaparición forzada, el desplazamiento y la inseguridad, derivados de una violencia creciente y una guerra irregular, se convierten en causa de sufrimiento psicológico y social, generando un sentimiento creciente de impotencia y agresión contenida que afecta de manera negativa a los procesos de participación ciudadana y afianzamiento democrático.
La violencia es efectiva en tanto nos roba la alegría, la confianza en nuestras creencias y valores, en la posibilidad de una cultura democrática. De manera inmediata, lo que busca la acción violenta es restar fuerza a la víctima para obtener una ventaja política, un dominio en el campo del poder, un apocamiento de la capacidad del ciudadano para reaccionar frente a la arbitrariedad y la muerte. Más allá de las justificaciones que puedan tenerse para ejercerla, la violencia actúa a nivel interpersonal como mecanismo perpetuador del sufrimiento y a nivel económico y social como legitimadora del negocio de la guerra. El impacto que genera la violencia conmociona de manera simultánea la capacidad de individuos y grupos para alcanzar el bienestar psicológico y su capacidad política para afirmarse en un proyecto democrático de construcción de ciudadanía. Desbloquear este sufrimiento y reaccionar contra el poder cotidiano de la violencia se convierten con frecuencia en un círculo vicioso, pues no parece existir alternativa diferente a exhibir comportamientos guerreros, generando ante las fuerzas que nos apabullan aparatos de muerte que perpetúan las cadenas del maltrato, la sumisión y la impotencia. Asaltados por un ímpetu vengador, pretendemos resarcirnos de la ofensa levantando en alto la bandera de la dignidad, para que el ofensor pase a ocupar el lugar del ofendido. Establécese así un equilibrio precario que paga el precio de producir nuevas ofensas y humillaciones, nuevas formas de perpetuar la cadena de violencia.
Parece existir en Colombia una larga tradición de solucionar nuestros conflictos recurriendo a las armas, una dificultad para abordar nuestros problemas sin pasar por la eliminación del adversario. Aún hoy, una persona armada goza de más prestigio que un ciudadano desarmado. Hasta hace pocos años, los partidos históricos -Liberal y Conservador- alimentaban ese ímpetu guerrero, pues se consideraba un asunto relacionado con la sangre y la familia defender la permanencia de uno de ellos en el poder. Curiosamente, desde el momento en que estos partidos pactaron la convivencia, han sido otros colombianos los que se han armado para oponerles resistencia.
Aún hoy, ante el estallido de cualquier crisis vecinal o la confrontación de estructuras de poder grandes o pequeñas, los colombianos seguimos dando primacía a las salidas armadas. Somos un país que durante décadas ha concedido un estatuto honroso al insurgente, imagen heredera de las innumerables guerras civiles que desde su nacimiento desangran a la nacionalidad. Cualquier conflicto veredal, una primera comunión o la celebración de un triunfo deportivo, pueden culminar con un saldo alarmante de heridos y muertos.
Estar dispuestos a matar, a imponer sobre el cuerpo del otro nuestra voluntad hasta convertirlo en cosa o cadáver, es un comportamiento que sigue siendo bien visto por una cultura machista y guerrera. Estar armado y dispuesto a responder a los demás con una amenaza de muerte es un acto que puede generar en nuestro país admiración y respeto. La música popular y la conversación cotidiana están plagadas de expresiones que lo confirman. “el revólver no se debe sacar sin necesidad, pero tampoco se debe guardar sin honor”, es un dicho santandereano que condensa el respeto que mantenemos por la precisión del arma, de la que esperamos sea certera al memento de defender nuestra imagen pública y dejar en alto nuestro orgullo. Existe incluso el verbo “manotear”, que se conjuga a diario para dar a entender la disposición a responder con agresión abierta en combate planteado. Las bandas juveniles o los grupos al margen de la ley tienen este comportamiento en alta estima, con lo cual se refuerza una identidad social construida frente a la posibilidad del asesinato.
El ciudadano corriente, que guarde en su casa un arma para usarla en “situaciones de emergencia”, o incluso aquellos que no hagan nunca uso de procedimientos violentos para eliminar al adversario, pueden justificar en un momento dado la matanza de indeseables como “basuqueros” o “desechables”. En algunas ciudades colombianas ha hecho carrera el término “fumigación”, para referirse a estas acciones de limpieza social que pueden ser miradas con alguna complacencia por vecinos atemorizados. Son muchos los que siguen creyendo que lo que hace falta en el país es “mano dura” para imponer el orden sobre unos cuantos desviados y facinerosos, mitificando con ello el poder sanador de la violencia estatal justiciera.
En tanto metodología para la resolución no violenta de los conflictos, la paz no es sólo potestad del ejecutivo, sino competencia de todos los ciudadanos. Conseguir la paz va mucho más allá de negociar con actores armados. Es, ante todo, conquistar un marco social, político y jurídico, donde puedan encontrar expresión y resolución los diferentes conflictos que nos desangran. En tanto expresión cimera de la civilidad, la paz es una construcción histórica que no puede negar la actualidad de la guerra, ni la necesidad de ir arrebatando paso a paso espacios sociales a la intimidación y la violencia. La paz es la manera de asumir el conflicto dentro de un estado social de derecho en permanente construcción. Pensada como fuerza que incluso legitima formas de movilización como la desobediencia civil y la insurgencia ciudadana, la paz se fija como marco de actuación en un estado social de derecho que permita la expresión de las fuerzas en conflicto sin que su choque derive en la acción armada.
Afirmar hoy en Colombia el derecho a la paz es comprometerse con un acto libertario y democrático, un ejercicio de fuerza ciudadana que busca hacer del poder un mecanismo para la convocatoria permanente a la participación política, a fin de avanzar en la construcción colectiva de un nuevo país. Afirmar en Colombia el derecho a la paz es deslegitimar a quienes irrespetan la vida para afianzar sus proyectos de dominio de intolerancia. Es negarse a que personas armadas asuman la vocería de quienes se mantienen fieles al principio de “no matarás”.
Buscar la paz hoy en Colombia es declararse en contra del miedo y la intimidación como forma de oponernos a una cierta idea de nación. Es optar por la construcción de un país plural con proyectos de vida que crecen en medio del fuego cruzado y el peligro de las balas. Es sentirse orgulloso de ser un ciudadano desarmado que hace de su fragilidad el más alto símbolo de la democracia.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 8:13
Usted tiene derecho a que le lleven los medicamentos a la casa
Cada día se comprueba más que en Colombia aunque haya normas claras para ser cumplidas, quienes deben hacerlas realidad finalmente son los que deciden si las cumplen o no, y quienes deben vigilar que las cumplan, poco o nada hacen al respecto. Basta no más citar un ejemplo puntual del sector salud, ¿cuál es el cumplimiento de una medida que está vigente desde el año 2013 para que el usuario del sistema de salud reciba sus medicamentos en su lugar de residencia o en su lugar de trabajo si así lo autoriza, cuando la EPS a la que está afiliado no le hace entrega completa en primera instancia de todos los medicamentos que el médico le formuló?
La norma que justamente establece esa obligación de las EPS para con sus afiliados, es la Resolución 1604 que fue expedida el 17 de mayo del año 2013. Inclusive, la Resolución 1604 define un lapso de tiempo no mayor a 48 horas después de la primera reclamación de los medicamentos, para que una EPS entregue los medicamentos que quedaran sin entregar y se los lleven a su lugar de residencia o a su lugar de trabajo, si así lo autoriza el usuario.
A pesar que esta Resolución ya tiene más de tres años de estar vigente, a pesar que el contenido de la misma es tan claro y explícito y que es de obligatorio cumplimiento lo que allí se establece por parte de las EPS, la realidad muestra que en Colombia esa norma no la están observando ni respetando estas aseguradoras de salud, irrespetando de paso a los usuarios del sistema de salud. Es más, en este momento este tipo de información no la conoce ni maneja la mayoría de los pacientes y, por tal razón, ellos o sus cuidadores no exigen que se les cumpla lo que es un derecho para ellos. Lo peor es que ante tal desconocimiento, deben esperar más días para volver a hacer las interminables filas en los dispensarios contratados por las EPS, para reclamar los medicamentos que no les fueron entregadas en primera instancia.
Como se sabe, la gran mayoría de EPS generan las autorizaciones de los medicamentos para ser reclamados en dispensarios que pertenecen a distribuidoras de medicamentos que han sido contratadas para tal efecto. En algunas zonas del país son pocos los dispensarios habilitados por algunas EPS frente al gran número de afiliados, lo que implica una sobrecongestión de usuarios en esos locales bastante pequeños, incómoda circunstancia que significa que en ocasiones es demasiado el tiempo que los usuarios deben esperar, constituyéndose ya este hecho en una importante barrera de acceso a los medicamentos. Al final, cuando los usuarios logran llegar a la ventanilla del despachador del medicamento, entonces está la gran posibilidad que no todos los medicamentos formulados estén disponibles para la entrega, generándose los tristemente célebres “pendientes”.
Es justo en ese momento cuando debe aplicarse lo establecido en la Resolución 1604 de 2013. Cumpliendo con los requisitos informativos y de autorización que la norma define, la EPS o cualquiera de las empresas administradoras de planes de beneficios (EAPB) y demás instituciones del sistema general de seguridad social en salud pertenecientes a regímenes exceptuados, debe cumplir con el proceso que en teoría culmina con la entrega en la residencia o el trabajo del paciente en un lapso no mayor de 48 horas de esos medicamentos “pendientes” que no fueron entregados en la primera reclamación realizada por el usuario en el dispensario. Si bien no es nueva esta medida, resulta necesario entonces que los usuarios del sistema de salud cuanto antes conozcan el texto y el alcance de la Resolución 1604 de 2013, para que se pueda exigir su aplicación y no continúen padeciendo el calvario que hoy sufren cuando desean reclamar los medicamentos que les son formulados, y finalmente no se los entregan en la primera reclamación en los dispensarios de las EPS.
Así las cosas, mientras en el sector salud no se genere el cumplimiento de las normas que se expidan, ni se vigile adecuadamente dicho cumplimiento por parte las autoridades competentes como tampoco sean sancionados los infractores, cada medida que se expida seguirá contribuyendo a la ya crónica “obesidad normativa” en Colombia, con poco o ningún efecto positivo en la ciudadanía que merece el respeto de sus derechos.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:30
Tratados de libre comercio ponen en desventaja el agro colombiano
Como consecuencia de la entrada en vigencia de los diferentes tratados de libre comercio – TLC-, entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, una ley impide a los campesinos almacenar semillas y permite solo la compra de semillas “certificadas”.
A lo largo de los años, Colombia ha evidenciado las diferentes manifestaciones de origen campesino y agrario por las nefastas consecuencias que ha traído consigo la entrada en vigor de los diferentes tratados de libre comercio, TLC, principalmente con el gobierno de Estados Unidos, donde se privilegia la incursión de grandes comercializadoras de alimentos y semillas genéticamente modificadas, OGM, pasando por encima de los intereses de los pequeños agricultores.
Las manifestaciones se han presentado en diferentes puntos del territorio colombiano, por grandes conglomerados de sectores importantes como los cafeteros y los arroceros, sumándose otros sectores como el del transporte, evidenciando que este es un grave problema que no solamente afecta a los campesinos, sino que afecta a toda una sociedad, lo que expresa una situación generalizada de desigualdad social y total riesgo a la salud pública.
En ese orden de idas, el foco fundamental de las protestas de los campesinos es la Resolución 970 del 10 de marzo/2010, del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, esta ilógica resolución prohíbe a los campesinos almacenar las semillas criollas nativas de sus propias cosechas para siembras futuras, permitiendo únicamente la compra de semillas “Certificadas”, un recurso legal en el que se favorece sólo a las empresas multinacionales como: Monsanto, Dupont y Syngenta, las más importantes en el mercado de los alimentos de Pesticidas y Transgénicos OGM a nivel mundial, y que manejan más presupuesto que todos los países de Latinoamérica y el Caribe juntos.
Para los campesinos colombianos, obviamente esta medida atenta contra una de las prácticas más ancestrales de su agricultura, sumado a eso, se generan graves daños al campo, el medio ambiente y aún a la salud humana que conlleva el cultivo, distribución y consumo de alimentos altamente contaminados por Pesticidas y/o genéticamente modificados. Lo que es más alarmante, es que esa Ley increíblemente establece sanciones económicas y de cárcel para los productores rurales que almacenen sus propias semillas.
En ese sentido, podemos evidenciar como la situación Agraria de nuestro país va en gradual decaimiento, gracias a las equivocadas políticas aperturistas Neoliberales que prevalecen y priorizan los intereses de grandes monopolios de multinacionales del agro y grandes empresarios intermediarios, sin importar la seguridad y ante todo la soberanía alimentaria y nutricional de todos los colombianos. Esperamos que con los nuevos acuerdos agrícolas entre el Gobierno y las FARC en el Post-conflicto, este exabrupto quede derogado, pues no se concibe desde ningún punto de vista razonable.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:15
Normas de urbanidad que nunca se deben archivar u olvidar
Queremos que nos vean como una generación progresista y abierta, pero a veces no sé qué pensar sobre lo que es progreso y evolución, sobre todo cuando salimos a la calle.
Cuando lo hacemos convivimos con estilos, gente, voces familiares o desconocidas, caminamos para ir al trabajo, paseamos a nuestro perro y saludamos a nuestros vecinos, y hay que tener en cuenta que en ese tiempo muchas personas se encargan de mantener limpio el espacio público, de recoger y ordenar.
En alguna ocasión a causa de las prisas no le doy importancia al comportamiento de otros, pero otras, sinceramente, me es imposible, ya sea porque alguien se olvidó de su cultura en casa, o porque simplemente ésta se perdió en la comodidad de que otro recogerá lo que dejamos en el suelo, pues para eso pagamos impuestos.
Normas básicas, como: No tirar basura en espacios públicos, siempre hay una papelera si se busca; Recoger lo que dejamos en playa, paseos y botellones (al día siguiente los niños juegan en el parque y son propensos a cortarse con posibles cristales rotos); No arrojar las colillas del cigarrillo o chicles al suelo, la calle no es un cenicero enorme.
Al pasear al perro, siempre recoger sus desechos, la gente no tiene por qué aguantar esto, la calle es para caminar no para saltar obstáculos.
Si vamos en el trasporte público, no hay que hablar alto, ni dejar los bolsos sueltos para que golpeen la cabeza de nadie, hay gente que viene de largas horas de trabajo.
Se dice que es mejor perder un amigo que una tripa, pero si hay otros 5 pensando lo mismo en un autobús, no será un viaje muy gratificante.
No escupir en la calle, con la excusa de que tienen gripe o no pueden aguantarse, da mucho asco, imaginemos que lo hacen en el suelo de nuestra casa.
Respetar el paso de peatones, dejar espacio para que caminen los transeúntes.
Me encanta el arte, pero que se haga de los portales un arte sin sentido con grafitis sin mensaje, hacen una ciudad sin estética y sucia.
Respetar los estatutos de vecinos, no se puede colgar un cuadro a las 12 de la noche, y menos un domingo.
No orinar en espacios públicos, es de muy mal gusto, una costumbre más propia de hombres que de mujeres, si ellas se aguantan, creo que nosotros podemos.
Y un largo etcétera, a medida que avanza la tecnología me parece que se deteriora una parte del comportamiento social que debería avanzar de igual forma. Hay que pensar en los demás, preocuparse por el sentido de pertenencia, las cosas están para disfrutarlas y mantenerlas, así otras generaciones podrán hacer lo mismo.
Cada día debe ser una muestra de ello, la limpieza y cuidado no sólo depende de los trabajadores que estén contratados, sino de todos, por algo se dice que no es más limpio el que más limpia sino el que menos ensucia.
Las normas urbanas que nunca hay que olvidar se resumen en las que no incomoden a mi vecino, en lo que nunca hago en mi casa y por tanto no haré fuera de ella.
Por un manual contra el matoneo, la opinión en Colombia se encuentra dividida
Las afirmaciones de que “no se nace siendo hombre o mujer” y la sugerencia a los colegios de no usar las palabras “moral” y “buenas costumbres”, encendieron uno de los más álgidos debates en tiempos recientes.
Pocas veces un debate educativo había despertado tantas pasiones como el de la llamada “educación de género”. El pasado miércoles miles de personas protestaron en diferentes ciudades del país por lo que ellos consideran una imposición del Ministerio de Educación en la libertad de cátedra. Las marchas fueron convocadas por la iglesia católica, las iglesias cristianas, rectores de colegio y padres de familia. Sus voceros aseguraron que no están de acuerdo con la forma como el Gobierno ha adelantado el proceso de revisión de los manuales de convivencia de los centros educativos.
La iniciativa no es propiamente del Ministerio de Educación. El año pasado, la Corte Constitucional, emitió una histórica sentencia en la cual obligó la revisión de todos los manuales de convivencia de los colegios para evitar el matoneo. El Alto Tribunal le dio esa orden al Gobierno por cuenta del caso del estudiante Sergio Urrego; el joven de 16 años se suicidó en el Centro Comercial Titán Plaza, por cuenta de la discriminación que vivía por parte de sus profesores. El colegio tuvo que pedir perdón en un emblemático acto al que asistieron ministros, congresistas y el entonces fiscal general. Y desde ahí el ministerio quedó obligado a promover el cambio de los manuales para evitar la discriminación y otros estudiantes vivieran lo mismo que Sergio Urrego.
Para ese proceso, el Ministerio de Educación hizo con convenio con el UNFPA (Fondo de Naciones Unidas). El organismo, a su vez, hizo otro convenio con Colombia Diversa, la organización por décadas ha promovido los derechos relacionados con la diversidad sexual.
Uno de los productos finales fue la “Guía Ambientes Escolares Libres de Discriminación”, que hoy es objeto de controversia. El libro tiene en su portada los logos del Ministerio de Educación, el eslogan del gobierno “Todos por un nuevo país”, el Unfpa y el Pnud (Fondo de Naciones para el Desarrollo)”.
Los contenidos del manual generaron un álgido debate. En uno de sus apartes sostiene que “no se nace siendo hombre o mujer” pues la identidad de género es una construcción de la sociedad. También se señala que los colegios deberían evitar incluir en sus manuales los conceptos de “moral y buenas costumbres”, que no está bien prohibir las expresiones de afecto entre los estudiantes dentro de las instituciones educativas y que no hay que imponer un uniforme (falda para las niñas o pantalón para los niños).
En Colombia, paradójicamente la polémica comenzó con lo que al principio parecía una anécdota política. En un debate en la Asamblea de Santander, la diputada Ángela Hernández, dio unas polémicas declaraciones en las cuales rechazaba lo que ella consideró la “colonización” de la comunidad LGBTI en la educación de los niños. Hernández soltó frases exageradas, entre las cuales unas eran falsas y otras discriminatorias. Aseguró, por ejemplo, que había que construir colegios sólo para niños con orientación diferente.
Y desde ahí, el tema no ha parado de crecer. La semana pasada, en Internet comenzaron a circular mensajes con unas supuestas cartillas sexualmente explicitas que se estarían repartiendo en los colegios. La ministra de Educación, Gina Parody, aclaró que quienes quieren desinformar sobre el tema “tomaron una revista porno para hacer las falsas cartillas”. Los libros estaban en inglés y eran evidentemente falsos dentro del contexto de esta discusión, pero su distribución por las redes sociales le hizo un daño enorme a un debate que debería tener la mayor altura posible.
Superación de la violencia, implica compromiso y entrega
La violencia en Colombia ha adquirido tal preeminencia que se ha convertido en una estructura de comportamiento y en una estrategia de socialización. Vivimos una cultura de la desconfianza que, junto con la guerrilla y otros factores, ponen en peligro la construcción democrática de la nación. Frente a ello, una pedagogía de la convivencia, una insurgencia desarmada, la ternura, el cultivo de la singularidad y el respeto por la diferencia, pueden ser los caminos para afirmar la civilidad, construir la paz y afianzar la democracia.
La violencia es efectiva en tanto nos roba la alegría, la confianza en nuestras creencias y valores, en la posibilidad de una cultura democrática. De manera inmediata, lo que busca la acción violenta es restar fuerza a la víctima para obtener una ventaja política, un dominio en el campo del poder, un opacamiento de la capacidad del ciudadano para reaccionar frente a la arbitrariedad y la muerte. Más allá de las justificaciones que puedan tenerse para ejercerla, la violencia actúa a nivel interpersonal como mecanismo perpetuador del sufrimiento y a nivel económico y social como legitimadora del negocio de la guerra. El impacto que genera la violencia conmociona de manera simultánea la capacidad de individuos y grupos para alcanzar el bienestar psicológico y su capacidad política para afirmarse en un proyecto democrático de construcción de ciudadanía.
Desbloquear este sufrimiento y reaccionar contra el poder cotidiano de la violencia se convierten con frecuencia en un círculo vicioso, pues no parece existir alternativa diferente a exhibir comportamientos guerreros, generando ante las fuerzas que nos apabullan aparatos de muerte que perpetúan las cadenas del maltrato, la sumisión y la impotencia. Asaltados por un ímpetu vengador, pretendemos resarcirnos de la ofensa, levantando en alto la bandera de la dignidad, para que el ofensor pase a ocupar el lugar del ofendido. Establécese así un equilibrio precario que paga el precio de producir nuevas ofensas y humillaciones, nuevas formas de perpetuar la cadena de violencia.
Cultura de la desconfianza: Parece existir en Colombia una larga tradición de solucionar nuestros conflictos recurriendo a las armas, una dificultad para abordar nuestros problemas sin pasar por la eliminación del adversario. Aún hoy, una persona armada goza de más prestigio que un ciudadano desarmado. Hasta hace pocos años, los partidos históricos -liberal y conservador- alimentaban ese ímpetu guerrero, pues se consideraba un asunto relacionado con la sangre y la familia, defender la permanencia de uno de ellos en el poder. Curiosamente, desde el momento en que estos partidos pactaron la convivencia, han sido otros colombianos los que se han armado para oponerles resistencia.
Aún hoy, ante el estallido de cualquier crisis vecinal o la confrontación de estructuras de poder grandes o pequeñas, los colombianos seguimos dando primacía a las salidas armadas. Somos un país que durante décadas ha concedido un estatuto honroso al insurgente, imagen heredera de las innumerables guerras civiles que desde su nacimiento desangran a la nacionalidad.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:42
Guadalajara de Buga, un destino para disfrutar
Con una población superior a los 140.000 habitantes, Guadalajara de Buga es uno de los principales sitios de visita del suroccidente colombiano por su agradable clima de 23 grados centígrados y su Basílica del Señor de los Milagros, un espectáculo arquitectónico y religioso. Es una de las pocas ciudades del mundo que cuenta con catedral y basílica.
El Ministerio de Comercio Exterior incluyó a Buga en la Red de Pueblos Patrimonio, una distinción que responde a décadas de atención nacional y mundial por la belleza del municipio, que fue fundado hace 461 años.
En 1959, el centro histórico de Buga fue declarado Monumento Nacional y en 1996, en virtud de la ley de turismo, ingresó al Circuito Metropolitano Turístico en el Valle.
En el centro se puede destacar la belleza arquitectónica de la Catedral de San Pedro, de la casona de la familia Salcedo Materón, de la sede de la Universidad del Valle, la Casa de la Cultura y la iglesia de Santo Domingo.
Buga entra a compartir honores con pueblos de gran riqueza patrimonial como Mompox, Aguadas, Barichara, Girón, Jericó, Santa Fe, Guaduas, Honda, Lorica, Monguí y Villa de Leyva.
Buga, un destino imperdible:
La ciudad, ubicada a 73 kilómetros de Cali y a 119 kilómetros del puerto de Buenaventura, recibe al año cerca de 3 millones de visitantes que llegan a la ciudad atraídos por su ambiente devoto y sus aires patrimoniales. Por eso el turismo es uno de los motores principales de la economía bugueña.
Fundada en 1555 por Giraldo Gil de Estupiñán, Buga es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros, en especial en materia de turismo religioso, al contar con templos como la Basílica del Señor de los Milagros, la Catedral de San Pedro Apóstol y la Capilla de San Francisco.
Otros atractivos del municipio son el Parque Nacional Natural Las Hermosas, la Reserva Natural Laguna de Sonso, el bosque seco El Vínculo, el Parque Regional El Vínculo y el Parque Monumento El Faro.
En Buga también se puede disfrutar de la diversidad gastronómica del Valle del Cauca con platos típicos como el manjar blanco, el champús o el cholao.
Entre los eventos más destacados del municipio sobresalen el Encuentro Internacional de Historias y Leyendas, el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas, el Encuentro Internacional de Coros Corpacoros, la Feria de exposición agropecuaria durante la cual se realiza el desfile de comparzas culturales. La Semana Santa también trae para los feligreses grandes procesiones y multitudinarias actividades religiosas.
El sector turístico está muy desarrollado y cuenta con buena infraestructura que acoge la gran afluencia de peregrinos a la centenaria Basílica donde se venera la imagen del Cristo Milagroso, además de los atractivos naturales, la arquitectura colonial, las ferias y fiestas, y los eventos culturales.
En la industria bugueña sobresalen la cristalería, la producción de concentrados para animales, aceite y grasa, y café, y la producción avícola.
Por fin cesó el paro nacional de camioneros, llegaron a acuerdos
El primer punto acordado fue la confirmación del esquema de libertad vigilada para el transporte de carga, es decir, no se revivió el sistema de tabla de fletes. ¿Qué significa esto? Que los actores de la cadena de transporte pueden pactar libremente los precios dentro de unas tarifas de referencia y de un marco de vigilancia; en caso de que haya distorsiones en una ruta determinada, el Gobierno Nacional podrá intervenir para establecer nuevamente el equilibrio comercial, incluso, fijar de manera temporal los precios hasta que se corrija la distorsión.
El otro acuerdo se refiere al esquema de chatarrización: En este punto se mantiene el esquema uno a uno de cambio del parque automotor como mecanismo para renovar parque automotor, reducir la sobre oferta y modernizar los vehículos y, de este modo, eliminar la ilegalidad y la corrupción.
De acuerdo a información del Ministro de Presidencia, este esquema se mantendrá hasta que se agoten los recursos dispuestos, que sería unos $800’000.000. Se chatarrizarían unos 14.000 vehículos de carga pesada (de más de 10.5 toneladas), es decir, alrededor del 60 % de la sobreoferta en un período corto de tiempo.
Lo acordado permite hacer una reforma estructural de la política de transporte de carga pesada, que se venía diseñando a punta de paros y tenía una cantidad de desequilibrios en la cadena productiva, producto de los paros. Por su parte, Luis Orlando Ramírez, director de la Asociación de Transportadores de Carga, (ATC), señaló: “Quisimos hacer una propuesta clara de las necesidades de los camioneros, decirle a la opinión pública que valoren a sus camioneros en todo momento, cada día, porque hoy que ya cesamos la inmovilización, que queda formalmente levantada, lo hacemos porque hemos logrado un acuerdo que satisface las necesidades”. El Gobierno y la cruzada por la dignidad camionera insisten en que se puede lograr con todos los actores en la cadena del transporte de carga, una cadena eficiente y competitiva que responda a las necesidades que tiene el sector para el desarrollo del país.
El paro camionero dejó millonarias pérdidas, incluso calculadas en más de un billón de pesos, no sólo por los alimentos perdidos, las cosechas que se quedaron sin recoger, los animales que estaban a tiempo de ser sacrificados o aquellos a los que no les llegó el concentrado, también por las obras que tuvieron que parar porque no llegaron los materiales, empezando por el cemento, pues las plantas de Boyacá alcanzaron a contar más de 20 días en los que no salió ni un bulto de cemento.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:16
El senador Mario Fernández Alcocer, ponente de esta iniciativa, sostuvo que: “definitivamente de tajo se corta cualquier posibilidad de cobro a la hora de la reconexión para los estratos 1, 2 y 3 de tipo residencial y le da un término perenne a las empresas para que una vez sea superada la causa de suspensión, 24 horas después tiene que estar restablecido el servicio; agregó “es una excelente noticia para la gente más pobre de nuestro país y creo que con esto hacemos algo de justicia social desde el Congreso de la Republica”.
El senador liberal advirtió que “la eliminación de la reconexión no afecta el servicio, por el contrario hacemos un llamado a la superintendencia de servicios públicos, a las comisiones de regulación y a los órganos de control, que no trasladen esa carga del costo de las cuadrillas y vehículos al costo de los usuarios”.
Entre tanto, la senadora Susana Correa, apoyó la iniciativa y fue enfática en afirmar: “las tarifas no se pueden modificar para agregarles costos adicionales de las que hoy están estipuladas”.
Por último, el senador Ángel Custodio Cabrera, hizo la aclaración que el costo de reconexión no debe afectar la capacidad financiera de las empresas, esto para que quedara consignada en la ponencia y así dar su voto positivo; afirmó: “no se pueden crear tributos que nadie pueda pagar”.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:07
Preocupación por contaminación del río Cauca
Funcionarios de CVC que realizaban un recorrido de monitoreo por el río Cauca se encontraron en algunas zonas con osamentas y vísceras de caballos que son lanzadas de manera indiscriminada al afluente.
Un sorprendente y preocupante hallazgo realizó la entidad, tras desarrollar un operativo de monitoreo por la ribera del río Cauca, entre Juanchito y Cali, al encontrar en algunos sectores osamenta y vísceras de caballo.
Durante el recorrido se observó esta problemática ambiental en dos sectores, uno de ellos y el más alarmante, fue el presenciado frente al barrio Petecuy, en un asentamiento subnormal donde se desarrollan actividades como el sacrificio de caballos. En ese lugar se pudo notar en un área de casi cinco metros, una gran cantidad de esqueletos de caballos y hasta una cabeza de vaca recién lanzada.
“Esta es una situación lamentable. Algunos de estos animales son robados y enfermos, y su carne luego es distribuida en Cali y poblaciones circunvecinas. Y lo que no les sirve como son las vísceras y la osamenta es arrojada sin contemplación alguna en el cauce del río Cauca, aumentando su contaminación”, denunció Hernando Devia, Ingeniero Ambiental de la CVC.
Pese a que la CVC ya ha denunciado este tipo de fenómenos en ocasiones anteriores, hace nuevamente un llamado a Salud Pública y otras entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario -ICA-, para que realicen un control más periódico y así evitar que este tipo de actividades afecten considerablemente al afluente.
“Los problemas que pasan con el río aparentemente son de la CVC, pero no tienen en cuenta que la CVC es una autoridad ambiental y que los generadores de residuos son responsables de ellos, desde el punto de generación hasta el punto final”, agregó el funcionario de la CVC.
La entidad también hace un llamado a la comunidad para que tenga un mayor cuidado en lo que consume, pues apoyando negocios como los que producen estos desechos no solo promueve contaminación al ambiente sino que también pone en peligro su salud.
FARC sostienen que si pierden el plebiscito, no volverán a la guerra
Carlos Antonio Lozada, delegado de las FARC en los diálogos de paz en Cuba, aseguró que si los colombianos votan en contra del plebiscito –ideado como el mecanismo para refrendar los acuerdos– la guerrilla no volverá a la guerra.
Lozada, quien hace parte de la subcomisión técnica para el fin del conflicto, encargada de conducir a la guerrilla al fin de la rebelión armada y dar el paso definitivo a la vida política legal, se declaró confiado de que los colombianos, así como finalmente lo hizo las FARC el pasado jueves, respaldarán el mecanismo que les permitirá decidir si están de acuerdo o no con el acuerdo final que se logre en La Habana.
“Nosotros estamos esperando el pronunciamiento de la Corte (Constitucional). Estamos seguros de que va a ganar el pronunciamiento masivo del pueblo colombiano refrendando los acuerdos, pero si gana el no, no significa que eso tenga que dar al traste con el proceso, porque la paz como derecho síntesis no puede llevarnos a tomar esa decisión de seguir con una guerra tan dolorosa”, manifestó el delegado de las FARC, quien participó en un informativo pedagógico promovido por la guerrilla.
El anuncio del acuerdo sobre el punto del fin del conflicto del pasado jueves marcó a su vez el inicio del camino en la discusión del sexto y último punto de la agenda: Implementación, verificación y refrendación.
Una instancia que no sólo tiene que ver con las delegaciones de paz de Gobierno y guerrilla en La Habana, sino que también involucra al Congreso, donde se deberán tramitar muchas de las leyes que le darán piso firme a la paz; la Corte Constitucional, que deberá decidir sobre muchas de esas normas -de hecho ya estudia el plebiscito como mecanismo de refrendación-, y la ciudadanía, que finalmente decidirá en las urnas.
El Gobierno empeñó hace meses su palabra comprometiéndose a que los colombianos tendrán la decisión final respecto a los acuerdos de paz con las FARC en Cuba. Aunque había cierta distancia entre las partes sobre cuál debía ser el mecanismo de participación ciudadana, el jueves quedó establecido -en el acuerdo- que ambas partes acogerán el que avale la Corte Constitucional. Dicha afirmación tiene dos importantes implicaciones. (Lea: Guiño al plebiscito: Farc aceptan que Corte Constitucional defina cómo se refrendarán acuerdos de paz).
La primera, es que las FARC están aceptando la jurisdicción de la Corte, es decir, están haciendo un reconocimiento a una de las cabezas del poder judicial en el país. En el Estado al que hasta esta semana no reconocían, dejan ahora la potestad de definir, nada más y nada menos, que la forma en que los colombianos se pronunciarán sobre las negociaciones de paz. Esa es una buena noticia.
Pero la segunda, significa que el Gobierno terminó ganando el pulso sobre el mecanismo a utilizar. Desde hace muchos años, las FARC venían pregonando que los acuerdos de paz a los que llegasen con algún gobierno, fuera el que fuera, deberían terminar en una asamblea constituyente. Ya no solo dejaron atrás esta petición, sino que terminan admitiendo que se haga a la manera planteada por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
Así se desprende de los anuncios hechos durante la ceremonia del jueves en La Habana-Cuba, concretamente, de las palabras del delegado de Noruega para el proceso de paz, Dag Nylander. El diplomático explicó los alcances del pacto para preparar el fin del conflicto en Colombia, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas, garantías de seguridad y mecanismo de refrendación de los acuerdos de paz.
“El Gobierno y las FARC van a sanear diferencias al tema aludido en la agenda para terminación de conflicto, la Corte Constitucional será quien decida sobre los alcances de ley estatutaria para refrendar los acuerdos firmados”, indicó.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 12:50
En los próximos días iniciará la discusión de un proyecto de ley que otorga privilegios, le permitirá acceder a cargos y universidades públicas a quienes siembren más de cinco árboles.
A pesar de la apretada agenda que lleva el Congreso de la República en estas dos últimas semanas antes del receso legislativo, en los próximos días iniciará el trámite de un proyecto de ley del senador Mauricio Lizcano, que contempla beneficios para las personas que siembren más de cinco árboles y en sitios que serán definidos por el Ministerio de Ambiente.
El articulado contempla una serie de beneficios para incentivar la siembra en todos los rincones del país. Algunos de ellos serán:
- La preferencia en la adjudicación de becas.
- Preferencia en adjudicación de subsidios.
- Preferencia en empleos de carrera administrativa.
- Preferencia en acceso a universidades públicas del país.
- Descuentos en matrículas de educación superior y de la tarjeta profesional.
- Descuentos sobre el valor de legalización de documentos y copias de registro civil, nacimiento o defunción.
El cumplimiento de la meta mínima de siembra estará registrada en el “Certificado de Siembra Verde”’ que se le entregará a cada voluntario.
Cabe resaltar que además de estos privilegios, el proyecto contempla la entrega gratuita de las plántulas, creación de viveros y jornadas educativas que estarán acompañadas de otras medidas como el Día Nacional del Árbol.
Y para que no se haga a la ligera, el Ministerio de Ambiente determinará las características de especie, piso térmico, fitosanidad, suelo y demás que deban cumplir los árboles plantados. La siembra de especies en vía o peligro de extinción y ecosistemas estratégicos será prioritaria y la reglamentación contará con la colaboración de las entidades miembro del Sistema Nacional Ambiental – SINA y los Jardines Botánicos.
Pero existen más proyectos: en Bogotá se discute en el Concejo un borrador de acuerdo que obliga al Distrito a crear incentivos para las personas y empresas propietarias de predios de importancia estratégica que presten un servicio ambiental. Como este último concepto es tan amplio y ambiguo, los concejales proponentes han decidido limitarlo a cuatro actividades que son la protección de recursos hídricos, de biodiversidad, captura de carbono y embellecimiento escénico.
“La determinación de los predios objeto de los incentivos, del valor del incentivo a reconocer y de la formalización de los acuerdos de voluntad, estará a cargo de la Secretaría Distrital de Ambiente, con el apoyo técnico de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico”, señala el proyecto de acuerdo conocido por Catorce6.
Llaman la atención las cifras que maneja la argumentación del proyecto de ley que está en el Senado: en Colombia, entre 2013 y 2014, aumentó en un 16%, y en 2014, 753 municipios registraron al menos una hectárea deforestada.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 12:37
Intermediación laboral llegó a su fin
El Ministerio de Trabajo mediante el Decreto 583 de 2016, establece los lineamientos para la inspección, vigilancia y control sobre la tercerización laboral, para todas las modalidades de vinculación diferentes a la contratación directa del trabajador.
Este decreto adiciona un capitulo al Decreto 1072 de 2015 “Decreto Único Reglamentario del sector Trabajo”, que hace parte de la Política Nacional de Trabajo Decente reglamentado en el artículo 74 del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.
Según la ley, la tercerización laboral se entiende como los procesos que un beneficiario desarrolla para obtener bienes o servicios de un proveedor que cumpla con las normas laborales vigentes.
Se considera ilegal cuando una institución o empresa pública o privada vinculan personal para el desarrollo de actividades permanentes a través de un proveedor, o cuando se violen los derechos constitucionales, legales y prestacionales.
Elementos de tercerización ilegal: Cuando se incurra en alguno de estos factores de tercerización ilegal, el Decreto 583 de 2016 establece que las autoridades de inspección, vigilancia y control del Ministerio de Trabajo, deberán tener en cuenta los elementos contemplados en el artículo 2.2.3.2.3 del presente decreto, los cuales no constituyen conductas sancionatorias sino elementos para investigaciones administrativas:
Algunos de esos elementos son: Que se contrató al proveedor para hacer las mismas o sustancialmente las mismas labores que se realizaban para el beneficiario y los trabajadores no fueron expresamente informados por escrito. Que el proveedor no tenga la autonomía en el uso de los medios de producción, ni en la ejecución de los procesos o subprocesos que le sean contratados. Que el proveedor no realice el pago de los salarios y prestaciones legales y extralegales oportunamente o no cumpla con las obligaciones en materia de seguridad social. Que el proveedor no tenga capacidad, de carácter administrativo o financiero, para el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de sus trabajadores.
Que a los trabajadores que trabajaban para el beneficiario no se les otorguen por parte del proveedor iguales derechos a los que tenían cuando estaban contratados directamente por el beneficiario para el desarrollo de las mismas o sustancialmente las mismas actividades.
Estas disposiciones deberán ser incluidas en el Manual del Inspector del Trabajo.
Sanciones: Las Direcciones Territoriales del Ministerio de Trabajo, serán quienes impondrán las sanciones a los proveedores y beneficiarios, con multas de hasta cinco mil (5.000) SMMLV. En caso de reincidencia se aplicará una multa máxima.
Para la reducción de las sanciones contempladas en la Ley 1610 de 2013, “se aplicará en forma proporcional al porcentaje de trabajadores afectados en cada uno de los proveedores que el beneficiario sujeto a la sanción vincule a su planta en forma directa, mediante contratos que cumplan el principio constitucional de estabilidad en el empleo, en un máximo de veinte por ciento (20%) de su valor por cada año que se mantenga la relación laboral directa y hasta el cien por ciento (100%) de condonación de la misma luego del quinto año de vinculación”.
A su vez, el Ministerio de Trabajo realizará un estudio sobre las modalidades más frecuentes de tercerización laboral ilegal por regiones, para orientar acciones integrales de priorización y focalización por parte de los inspectores de trabajo.
Publicado por Publicaciones El Periódico en 7:28
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References: artículo 96
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 artículo 74
 artículo 2