Source: https://derechoecuador.com/registro-oficial/2013/01/registro-oficial-no-877--miercoles-23-de-enero-de-2013-tercer-suplemento
Timestamp: 2019-04-21 22:40:03+00:00

Document:
Registro Oficial No 877- Miércoles 23 de Enero de 2013 Tercer Suplemento
\n	244-12-SEP-CC Acéptase la acción extraordinaria de protección presentada por el Ing. Claudio Hugo Larriva Alvarado, Presidente y representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Cuenca y otros
\n	Gobiernos Autónomos Descentralizados: Empresa Pública - Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato:
\n	- Expídese el Reglamento de Coactivas de la EP-EMAPA-A
\n	- Cantón Olmedo-Manabí: General normativa para la determinación, gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales de mejoras a beneficiarios de obras públicas
\n	Quito, D. M., 24 de julio del 2012
\n	SENTENCIA N.º 244-12-SEP-CC
\n	CASO N.º 0047-12-EP
\n	Juez constitucional ponente: Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, MSc.
\n	El Ing. Claudio Hugo Larriva Alvarado, presidente y representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Cuenca, mediante acción extraordinaria de protección presentada el 28 de diciembre del 2011, la Lcda. María Caridad Vásquez Quezada, subsecretaría zonal de planificación 6 Austro, en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, y el Abg. Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, delegado del procurador general del Estado, mediante acción extraordinaria de protección presentada de manera conjunta el día 28 de diciembre del 2011, impugnan ante la Corte Constitucional, para el periodo de transición, la sentencia dictada el 01 de diciembre del 2011 por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.
\n	El 11 de abril del 2012 a las 18h01 y de conformidad con las normas de la Constitución de la República aplicables al caso, el artículo 197 y las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, la Sala de Admisión, conformada por los doctores: Patricio Pazmiño Freire, Edgar Zárate Zárate y Manuel Viteri Olvera, jueces constitucionales, en ejercicio de su competencia, avocó conocimiento y admitió a trámite la acción extraordinaria de protección N.º 0047-11-EP.
\n	El 17 de mayo del 2012 a las 14h20, en virtud del sorteo efectuado por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, y de conformidad con lo dispuesto en la parte pertinente del artículo 62 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, en calidad de juez sustanciador, avocó conocimiento de la presente acción.
\n	?CORTE NACIONAL DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL, MERCANTIL Y FAMILIA.- Quito, diciembre 1 de 2011; las 12h30.
\n	VISTOS: Conocemos la presente causa como Jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia [?] ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR, Y POR LA AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LAS LEYES DE LA REPÚBLICA, casa el auto de 25 de septiembre de 2003, sin perjuicio de la investigación del hecho que debe realizar el Consejo Nacional de la Judicatura. Notifíquese?. Con este fallo de casación queda claro que no corre la modificación realizada en la sentencia dictada por la Tercera Sala de la Corte Superior de Cuenca, el 24 de septiembre de 2003, las 09h40, y por tanto debe aplicarse tal como consta en su parte resolutiva, esto es, que se declara con lugar la demanda. [?] resultaría un contrasentido jurídico que este Tribunal vuelva a pronunciarse sobre un mismo hecho o asunto litigioso, toda vez que se encuentra impedido de hacerlo, de conformidad a lo prescrito en el Art. 295 del Código de Procedimiento Civil vigente, que en su parte pertinente establece: ?La sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes, ni por ninguna causa??. Es evidente, que el Tribunal ad quem, actuó, por decir lo menos, con total ligereza al aceptar un recurso de casación ilegal, porque de aceptarse este pronunciamiento, quedarían las partes procesales en libertad de interponer cuantos recursos de casación o de hecho creyesen necesarios, y respecto de todos los autos y decretos que emitan los juzgadores de instancia,
\n	imposibilitando con ello que las resoluciones adquieran el carácter de cosa juzgada. De querer aceptarse los recursos interpuestos por Luis Eduardo Ayala Guango, en su calidad de Director Ejecutivo del Centro de Reconvención Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago ?CREA- y del doctor Diego malo Cordero, Delegado Regional de la Procuraduría General del Estado, aceptados por el Tribunal ad quem, estos resultarían extemporáneos [?] a más de un año calendario de pronunciada la resolución impugnada, y cuando la misma se encontraba ya ejecutoriada. [?] NOVENO.- En relación al tercer recurso de casación sobre el mismo tema, que es el presente, esta Sala, respetando la sentencia de Casación dictada el 27 de octubre de 2004, las 15h30, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, considera que debe ejecutarse la sentencia expedida por la Tercera Sala de la Corte Superior de Cuenca, el 24 de septiembre de 2003, las 09h40, en cuanto declara con lugar la demanda, porque no es función del juez ejecutor hacer análisis sobre los considerandos del fallo, para sacar conclusiones diferentes a los que contiene la sentencia en su parte resolutiva, porque tal procedimiento significaría alterar su sentido con violación de la norma del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Por todo lo expuesto, se aceptan los cargos por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, consecuentemente se casa el auto dictado por la Segunda Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, el 15 de marzo de 2010, las 11h10, por lo que queda sin efecto también el auto de 5 de febrero de 2010, las 17h20, del Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca y se confirma el auto dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca el 28 de julio de 2006, las 14h21, en todas sus partes?.
\n	Argumentos planteados en la demanda
\n	Los legitimados activos, sobre lo principal, realizan las siguientes argumentaciones:
\n	El Ing. Claudio Hugo Larriva Alvarado, presidente y representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Cuenca, como antecedente, manifiesta:
\n	El 26 de junio de 1975, mediante Decreto Supremo se declaró de utilidad pública y expropiación del predio denominado "YANUNCAY" de propiedad de la familia Barrera Ambrosi para el ?funcionamiento del Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares CIDAP del Instituto de Investigación, Diseño y Capacitación Artesanal; y otras instalaciones adicionales?.
\n	El 11 de marzo de 1976, los exmagistrados de la Segunda Sala de la ex Corte Superior de Justicia de Azuay, ratificando lo resuelto por el juez cantonal Quinto de lo Civil, ordenó el pago de S/. 4'182.255,00 (sucres), como justo precio del predio expropiado.
\n	En el año 1985, la familia Barrera Ambrosi demanda la readquisición del predio expropiado por considerar que el Centro Interamericano de Artesanías y Artes populares CIDAP, no se encontraba funcionando en él. Esta resolución fue conocida y resuelta en dos instancias, mismas que declararon improcedente la demanda.
\n	Más tarde, en el año 1997, la Familia Barrera demanda la reversión del predio Yanuncay por considerar que se habría incumplido la finalidad de la expropiación desde que en el año 1995 el Centro de Reconvención Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago ?en adelante CREA? cedió parte de los predios para la constitución de la Corporación Austral de Exhibiciones, Compañía de Economía Mixta CADECEM, constituida entre el CREA y el Centro Agrícola Cantonal de Cuenca, para la organización de ferias agrícolas, industriales, artesanales y comerciales, y además para el montaje de espectáculos públicos. El 12 de noviembre del 2001, el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca declara sin lugar la demanda, al considerar que operó la prescripción extintiva, esto es, caducó la obligación de demandar por parte de la familia Barrera.
\n	El 24 de septiembre del 2003, los exmagistrados de la Tercera Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay resolvieron el recurso de apelación que por costas y honorarios propuso una de las partes demandadas, CADECEM; en lo principal resolvió: ?Por lo expuesto, esta Sala, ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY? confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda y condena al pago de costas procesales?.
\n	El 25 de septiembre del 2003, mediante auto, los exmagistrados de la Sala de la Tercera Sala de lo Civil de la entonces Corte Provincial de Justicia de Azuay, advierten un lapsus cálami al señalar: ?se confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda, por el propio contexto se trata de un lapsus, pues el borrador suscrito consta que se declara sin lugar la demanda?. El mencionado auto fue objeto de un recurso de casación por parte de la familia Barrera, acorde al artículo 299 (ex codificación) del Código de Procedimiento Civil, por el cual la sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de sus partes y por ninguna causa.
\n	El 27 de octubre del 2004, la Segunda Sala de la ex Corte Suprema de Justicia, admitió a trámite el recurso y casó el auto aclaratorio del 25 de septiembre del 2003, declarándolo nulo, por haber sido emitido de oficio. Bajo estos parámetros regresa la causa a la ex Corte Superior de Justicia de Azuay y avoca conocimiento la Primera Sala Especializa de lo Civil y concede un nuevo recurso de casación planteado por el CREA, esta vez sobre la sentencia, y habida cuenta de la incongruencia contenida en su texto, considerando que merced a la impugnación del auto aclaratorio, la sentencia no había causado ejecutoria.
\n	El 14 de marzo del 2006, la Segunda Sala Especializada de lo Civil de la entonces Corte Suprema de Justicia resolvió inadmitir a trámite este nuevo recurso porque no cabía la presentación de dos recursos de casación sobre el mismo tema y más aún por considerar que la sentencia recurrida se había ejecutoriado en el año 2003. La sentencia quedó ejecutoriada con la incongruencia manifiesta (en virtud del lapsus cálami, esto es, el indebido uso de la preposición CON, en lugar de su antípoda SIN), y retorna por mandamiento legal al juez de origen para su ejecución, el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca.
\n	El Dr. Jesús Tenesaca, como juez encargado del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil, dicta el auto del 28 de julio del 2006, por el cual, desacatando lo observado por la Corte de Casación en cuanto a que la ejecución de sentencia debía atenerse al mandamiento procesal del segundo inciso del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil y considerando exclusivamente la expresión "CON LUGAR LA DEMANDA" de la parte resolutiva, declara todas las nulidades propuestas por el actor en la demanda ?nulidades que tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda, expresa y coincidentemente señalaron los juzgadores que no proceden? y ordena consecuentemente la REVERSIÓN Y ENTREGA del predio Yanuncay a la Familia Barrera, aceptando como única compensación para el CREA, CADECEM Y CENTRO AGRICOLA la suma de USD $. 180 depositados por la familia accionante, sin considerar que sobre dichos predios está: la plaza de toros Santa Ana, los recintos feriales, la Av. México, los edificios administrativos del CREA (hoy Senplades), ciudadelas de vivienda, emplazamientos de ingeniería y arquitectónicos, todos superan los cincuenta millones de dólares.
\n	La mencionada providencia del 28 de julio del 2006, fue impugnada por las partes demandadas, CREA y CENTRO AGRICOLA.
\n	El 5 de febrero del 2010, el Dr. Yuri Palomeque, juez décimo cuarto de lo civil, designado en reemplazo del señor Juez Tenesaca ?destituido de su cargo por su negligencia en la presente causa?, revoca el auto del 28 de julio del 2006, disponiendo el archivo del proceso, ordenado previamente la liquidación y pago de costas procesales, la cancelación de la inscripción de la demanda, la notificación al registrador de la propiedad del cantón Cuenca.
\n	El 15 de marzo del 2010, la familia Barrera apela este nuevo auto, recurso que es desestimado por la Segunda Sala Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay.
\n	El 18 de diciembre del 2011, la familia Barrera interpuso recurso de casación ante la Corte Nacional de Justicia, y con fecha 01 de diciembre del 2011, la Sala de lo Civil Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, casa el auto, materia de la presente acción extraordinaria de protección.
\n	En lo principal, señala que la sentencia expedida el 01 de diciembre del 2011 por la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, ha hecho tabla rasa de la justicia y de todos los principios interrelacionados en nuestro sistema constitucional, en cuanto se ha privilegiado la legitimidad formal por la legitimidad material, olvidando su obligación de la argumentación jurídica y de establecer cadenas de valor que conduzcan a un resultado justo, sacrificando la racionalidad sustancial material ante la conveniencia de los actores ?familia Barrera?.
\n	Además, considera que la sentencia carece de motivación, ya que en su parte resolutiva, de manera ligera establece con lugar la casación, considerando: ?Por todo lo expuesto, se aceptan los cargos por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación? sin expresar de modo alguno en cual de las tres causales: 1. aplicación indebida; 2. falta de aplicación; o, 3. errónea interpretación de normas de derecho, se encuentra incurso el auto de la Segunda Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay para que sea sujeto del recurso extraordinario de casación, más aún cuando dichas causales, conforme la jurisprudencia reiterativa sentada, son excluyentes la una de la otra. Por lo que el legitimado activo considera que los jueces de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia olvidaron lo que establece el artículo 76 numeral 7 literal l de la Constitución de la República, esto es, la obligación de los poderes públicos de motivar sus resoluciones.
\n	Por su parte, la Lcda. María Caridad Vásquez Quezada, subsecretaría zonal de Planificación 6 Austro, en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, y Abg. Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, delegado del procurador general del Estado, señalan:
\n	Que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia vulneraron los artículos 76 numerales 1 y 7 literal l, y 82 de la Constitución de la República1, al expedir la sentencia recurrida, por cuanto en los nueve considerandos de la sentencia solamente se constriñen en sistematizar, describir y resumir los antecedentes fácticos y jurídicos que se han producido desde 1975, año en el que el Gobierno Nacional de aquella época resolvió declarar de utilidad pública el inmueble ?YANUNCAY?.
\n	Señalan que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, previo a emitir su resolución, debían realizar un análisis objetivo, razonado, a partir de las sentencias ejecutoriadas, firmes e inamovibles, dictadas dentro de los juicios de expropiación y de readquisición, juicios en los cuales los actores ?familia Barrera? fueron escuchados y desestimadas sus pretensiones; la sentencia de primera instancia dictada por el juez décimo cuarto de lo civil del Azuay, que declara sin lugar la demanda de nulidades y reversión del predio ?YANUNCAY?; el auto dictado por el juez décimo cuarto de lo civil del Azuay del 05 de febrero del 2010, y el auto dictado por la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, del 15 de marzo del 2010; consecuentemente, la sentencia no tiene relación coherente de los hechos suscitados
\n	1 Constitución de la República: Art. 76 numeral 1: ?Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes?, numeral 7 literal l: ?Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o con las normas aplicadas.
\n	Consideran que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, al expedir la sentencia recurrida, citan normas que nada dicen acerca de si fueron o no infringidas las normas alegadas por la parte actora, a pesar de que el casacionista solo alega falta de aplicación de normas de derecho en el auto dictado por los jueces de la Segunda Sala de lo Civil, Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay. Los jueces de la Sala de la Corte Nacional de Justicia, al momento de resolver, van más allá de esta pretensión, casando el auto por los tres cargos de la causal 1 del artículo 3 de la Ley de Casación, que determina aplicación indebida, falta de aplicación o errónea interpretación de las normas de derecho, en realidad debe ser una sola de ellas, mas no las tres en su conjunto, por lo que los jueces se excedieron en los límites para el análisis y la decisión fijados por los recurrentes.
\n	Finalmente, manifiestan que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia recurrida, no han dado un manejo adecuado de las reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, de forma particular lo previsto en el artículo 297 inciso 2 del Código de Procedimiento Civil, que señala: ?Para apreciar el alcance de la sentencia se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutiva, sino también los fundamentos objetivos de la misma?, por lo que a criterio de los accionantes se hace inejecutable la sentencia, ya que el juez ejecutor, en cumplimiento estricto de la ley y en apego a lo dispuesto en la norma procesal, debe considerar de manera conjunta la parte resolutiva y los fundamentos objetivos de la Sentencia
\n	Derechos constitucionales supuestamente vulnerados
\n	Por lo expuesto, los accionantes señalan que la sentencia recurrida vulnera los derechos constitucionales: al debido proceso (artículo 76), la motivación (artículo 76 numeral 7 literal l) y la seguridad jurídica (artículo 82).
\n	Apoyados en la argumentación precedente, solicitan a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, declarar la vulneración de los derechos constitucionales al debido proceso, la motivación y la seguridad jurídica, y dejar sin efecto la sentencia recurrida.
\n	principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentran debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores serán sancionados?. Art. 82. Derecho a la seguridad jurídica: ?El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes?
\n	Comparece la abogada María Barreto, secretaria relatora de la Sala de lo Civil de la Corte Nacional de Justicia, quien en lo principal expresa:
\n	En atención a los oficios N.º 031-2012-CC-DEG y 032- 2012-CC-DEG expedidos el 17 de mayo del 2012 por el Dr. Roberto Bhrunis Lemarie, juez constitucional, informa lo siguiente:
\n	Que el cuadernillo de casación se encuentra en la Corte Constitucional y habiéndose oficiado tanto a la Corte Provincial de Justicia y Juzgado pertinentes para que remitan las actuaciones correspondientes a la Corte Constitucional, y sin tener ninguna actuación en la Secretaría, no puede dar cumplimiento al auto expedido el 17 de mayo del 2012.
\n	En calidad de terceros con interés, comparecen el Sr. César Loja, Ing. Víctor Hernández y Srta. Tania Párraga, coordinador, subcoordinador y secretaria, respectivamente, de la Veeduría Ciudadana2 para la vigilancia del proceso de la decisión que adopte la Corte Constitucional con respecto al predio YANUNCAY-PROVINCIA DEL AZUAY, y manifiestan:
\n	Que en el predio YANUNCAY funcionan en la actualidad, por una parte, el Gobierno Zonal 6 Austro conformado por 11 instituciones públicas, atendiendo de manera permanente desde abril del 2009 hasta la presente fecha, a más de 300.000 usuarios, capacitando a 28.000 personas en 450 eventos, entre los que se cuentan juntan parroquiales, municipios, gobiernos provinciales, organizaciones sociales y ciudadanía; y por otra, la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía de Economía Mixta CADECEM.
\n	En tanto que la familia Barrera, por intermedio de su representante, Rodrigo Barrera Ambrosi, considera que la acción extraordinaria de protección no es una nueva instancia en la cual los jueces de la Corte Constitucional tengan que conocer asuntos que fueron analizados por parte de los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia. Además, considera que a la Corte Constitucional no le compete ?revisar situaciones jurídicas que ya han precluído?, consecuentemente, solicita que se declare sin lugar las acciones extraordinarias de protección presentadas: ?ya que ellas sí atentan contra los derechos constitucionales de mi familia y los míos?.
\n	La Corte Constitucional, para el periodo de transición, es competente para conocer y pronunciarse sobre las acciones extraordinarias de protección, en virtud de lo establecido en los artículos 94 y 437 de la Constitución de la República y el
\n	________________________________
\n	2 Veeduría calificada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social "CPCCS?. Veeduría conformada por ciudadanas y ciudadanos representantes de diversas organizaciones sociales.
\n	artículo 63 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; en el presente caso, la sentencia expedida por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.
\n	Los peticionarios se encuentran legitimados para interponer la presente acción extraordinaria de protección, en virtud de cumplir con los requerimientos establecidos en el artículo 437 de la Constitución de la República del Ecuador, que dispone: ?Los ciudadanos en forma individual o colectiva podrán presentar una acción extraordinaria de protección contra sentencias, autos definitivos (?).?; y del contenido del artículo 439 ibídem, que dice: ?Las acciones constitucionales podrán ser presentadas por cualquier ciudadana o ciudadano individual o colectivamente?; en concordancia con el artículo 59 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Cabe resaltar que el sistema constitucional vigente es abierto en el acceso a la justicia.
\n	Determinación de los problemas jurídicos a resolver
\n	En esta oportunidad, la Corte Constitucional, para el periodo de transición, examinará si la sentencia recurrida por los legitimados activos ?expuesta anteriormente?, tiene sustento constitucional; para ello, es indispensable determinar a partir de los documentos existentes los problemas jurídicos cuya resolución es necesaria para decidir el presente caso:
\n	Los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, al expedir la sentencia recurrida, ¿vulneran o no el derecho constitucional a la motivación conforme alegan los accionantes? Resolución del problema jurídico
\n	Antes de dilucidar el problema jurídico, es importante para la Corte Constitucional, para el periodo de transición, señalar que la acción extraordinaria de protección garantiza y resguarda el debido proceso con respecto a su efectividad y resultados concretos, así como el respeto a los derechos constitucionales. Es por ende, una acción constitucional para proteger, precautelar, tutelar, amparar los derechos constitucionales que han sido vulnerados o afectados por la acción u omisión en un fallo judicial dictado por un juez competente.
\n	Vale decir que la acción extraordinaria de protección se configura como una garantía constitucional para reclamar y/o exigir una conducta de obediencia y acatamiento estricto a los derechos constitucionales de los ciudadanos, de parte de las autoridades judiciales, sin que esto signifique que la Corte, mediante acción extraordinaria de protección, conozca asuntos de legalidad que le competen exclusivamente a la justicia ordinaria.
\n	Consecuentemente, a la Corte Constitucional, para el periodo de transición, le compete establecer si existe vulneración o no de derechos constitucionales en la sentencia expedida el 01 de diciembre del 2011 por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, dentro del recurso de casación del juicio ordinario de nulidad que sigue Ofelia Barrera Ambrosi contra SENPLADES, que ordenó:
\n	?NOVENO.- En relación al tercer recurso de casación sobre el mismo tema, que es el presente, esta Sala, respetando la sentencia de Casación dictada el 27 de octubre de 2004, las 15h30, por la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, considera que debe ejecutarse la sentencia expedida por la Tercera Sala de la Corte Superior de Cuenca, el 24 de septiembre de 2003, las 09h40, en cuanto declara con lugar la demanda, porque no es función del juez ejecutor hacer análisis sobre los considerandos del fallo, para sacar conclusiones diferentes a los que contiene la sentencia en su parte resolutiva, porque tal procedimiento significaría alterar su sentido con violación de la norma del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Por todo lo expuesto, se aceptan los cargos por la causal primera del artículo 3 de la Ley de Casación, consecuentemente se casa el auto dictado por la Segunda Sala Civil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, el 15 de marzo de 2010, las 11h10, por lo que queda sin efecto también el auto de 5 de febrero de 2010, las 17h20, del Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca y se confirma el auto dictado por el Juez Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca el 28 de julio de 2006, las 14h21, en todas sus partes?.
\n	De la lectura y análisis de la parte pertinente de la sentencia se deduce que los jueces de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia determinaron concretamente que debe ejecutarse la sentencia expedida el 24 de septiembre del 2003 por los jueces de la Tercera Sala de la ex Corte Superior de Justicia del Azuay, en cuanto declaró con lugar la demanda, aduciendo que no es función del juez ejecutor hacer análisis sobre los considerandos del fallo, y así sacar conclusiones diferentes a las que contiene la sentencia en su parte resolutiva, porque tal procedimiento significaría alterar su sentido, vulnerando lo dispuesto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil3. Sin embargo, no analizan la contradicción que existe en la resolución.
\n	Cabe señalar que la sentencia expedida el 24 de septiembre del 2003 por los jueces de la Tercera Sala de la ex Corte Superior de Justicia de Azuay tiene un error tipográfico en la parte resolutiva de la misma, la cual declaró con lugar la demanda, cuando debió ser lo contrario, es decir, declarar sin lugar la demanda, porque los argumentos de la ratio decidendi están dirigidos para aquello. Este error de contenido en su momento fue enmendado por los jueces de la referida Sala Provincial mediante auto del 25 de septiembre del 2003, porque asumieron el error en el que habían incurrido. No obstante, el señor Rodrigo Barrera Ambrosi, inconforme con dicho auto, presentó recurso de casación, alegando que el auto aclaratorio no puede cambiar ni modificar la sentencia, pretensión que fue admitida por la Segunda Sala Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, y el 27 de octubre del 2004 se casó el auto en mención y declararon su nulidad.
\n	Al declararse la nulidad del auto del 25 de septiembre del 2003, expedido por la Tercera Sala de la ex Corte Superior de Justicia de Azuay, los efectos de la nulidad se retrotrayeron hasta el momento anterior a la emisión del auto aclaratorio, por lo que se presentó un nuevo recurso de casación, esta vez recurrió el Centro de Reconvención Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago CREA; sin embargo, el 14 de marzo del 2006, la Segunda Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la ex Corte Suprema de Justicia, inadmitió el recurso de casación interpuesto, al considerarlo improcedente y extemporáneo. Así, el 25 de septiembre del 2006 se ejecutorió la sentencia del 23 de septiembre del 2003, con el particular de que en la parte resolutiva se declaraba con lugar a la demanda.
\n	El juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca ?Dr. Jesús Tenesaca? al momento de ejecutar la sentencia, expidió el auto del 28 de julio del 2006, con fundamento en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, y declaró las nulidades propuestas por la familia Barrera y que a continuación se detallan: a) Nulidad absoluta de la transferencia de dominio del 22 de noviembre de 1995 del terreno que perteneció al CREA, a favor de la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía Mixta CADECEM, expropiado a la familia Barrera y celebrado mediante escritura pública ante el notario, Dr. Florencio Regalado, e inscrita con el número 9321 repertorio del 18 de diciembre de 1995; b) Nulidad absoluta de la escritura de Constitución de la Compañía CADECEM del 22 de noviembre de 1995, celebrada ante el notario, doctor Florencio Regalado Polo, e inscrita en el Registro Mercantil con el número 356 del 22 de diciembre de 1995; c) Nulidad absoluta de las sentencias dictadas en el juicio de expropiación del terreno Yanuncay de la Parroquia Sucre, protocolizado ante el Dr. Alfonso Andrade Ormaza del 16 de febrero de 1976, inscritas con el número 743 del Registro de la Propiedad cantonal del 5 de abril de 1976; d) Nulidad del trámite de lotización del terreno materia de la expropiación celebrado ante el Municipio de Cuenca, cuya aprobación fue protocolizada el 9 de noviembre de 1995 en la Notaria Tercera de Cuenca e inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de noviembre de 1995. En consecuencia, el juez cuarto de lo civil de Cuenca ?Dr. Jesús Tenesaca? dispuso la REVERSIÓN Y ENTREGA del terreno Yanuncay de la Parroquia Sucre del cantón Cuenca, de la provincia del Azuay, materia de la expropiación, a favor de la familia Barrera.
\n	El 5 de febrero del 2010, el Dr. Yuri Palomeque4, juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca, luego de realizar un pormenorizado análisis procesal y amparado en la normativa del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: ?Para apreciar el alcance de la sentencia, se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutiva, sino también lo fundamentos objetivos de la misma?, revocó el auto expedido por el Dr. Jesús Tenesaca, ex juez titular del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca de fecha 28 de julio del 2006.
\n	Ante la inconformidad del referido auto del 05 de febrero del 2010, expedido por el Dr. Yuri Palomeque, juez décimo cuarto
\n	3 Art. 281 del Código de Procedimiento Civil.- ?El juez que dictó sentencia, no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso; pero podrá aclararla o ampliarla, si alguna de las partes lo solicitare dentro de tres días?.
\n	de lo civil de Cuenca, la familia Barrera apeló el mismo. No obstante, la Segunda Sala Civil, Mercantil, Inquilinato de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, conforme a los fundamentos jurídicos emitidos por el Dr. Yuri Palomeque, desestimó la apelación y confirmó el auto recurrido. La obligación jurídica de los jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, debió ser la de interpretar y aplicar la normativa pertinente; no obstante, los jueces, de forma apresurada sin ningún sustento legal y constitucional, resolvieron el recurso de casación presentado por Rodrigo Barrera Ambrosi dentro del juicio ordinario que por nulidad de sentencia siguió en contra del CREA; esto es, que amparándose en la normativa legal del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil, asumieron que debe ejecutarse la sentencia expedida por la Tercera Sala de la ex Corte Superior de Justicia del Azuay y declararon con lugar la demanda.
\n	Es evidente que el error tipográfico constante en la sentencia del 24 de septiembre del 2003 emitida por la Tercera Sala de lo Civil, Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay, generó varias interpretaciones de orden legal que fueron subsanadas en su momento por el Dr. Yuri Palomeque, juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca, quién expidió el auto del 5 de febrero del 2010, al fundamentar que: ?Analizando la parte resolutiva de la sentencia de segundo nivel para su ejecución ?confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda? [?] Eduardo Couture, en su obra Estudios, ensayos y lecciones de derecho procesal civil Vol 2, pág. 218, manifiesta que ?confirma el fallo, se produce una homologación de la sentencia de primera instancia por el acto superior?. Esto es que se ha confirmado la voluntad originaria y la voluntad confirmatoria de la sentencia dictada que en su parte pertinente indica: ?se declara sin lugar la demanda por improcedente?, lo que produce la cosa juzgada. Para determinar su justicia o injusticia que se ha presentado, lo que queda confirmado con el principio de unidad de la relación procesal, esto es ?La unidad completa la constituye la yuxtaposición de la primera y de la segunda instancia?. Por lo que conforme manifiesta el mismo autor en la pág. 273: ?Ni el juez es una máquina de razonar, ni la sentencia un aparato de lógica. El juez es un hombre y su sentencia es una operación humana de carácter crítico, en la cual la lógica jurídica juega un papel importante?5. Este auto fue ratificado en todas sus partes por los señores jueces de la Segunda Sala Civil, Mercantil, Inquilinato de la ex Corte Provincial de Justicia, quienes desestimaron el recurso de apelación interpuesto por la familia Barrera y correlativamente expresaron que la sentencia expedida el 24 de septiembre del 2003 por la Tercera Sala de la ex Corte Superior de Justicia del Azuay es favorable a las pretensiones del CREA y no de la familia Barrera6.
\n	Corroborando lo dispuesto por el juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca y los señores jueces de la Segunda Sala Civil, Mercantil, Inquilinato de la ex Corte Provincial de Justicia de Azuay, el ex Tribunal Constitucional, mediante resolución de recurso de amparo N.º 018-08-RA, ?que se refiere al petitorio del Dr. Jesús Tenesaca sobre la destitución de sus funciones como juez titular del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca, por parte del Consejo Nacional de la Judicatura?, dictaminó que: ?El Juez sumariado, al momento de la ejecución de la sentencia antes señalada, apreciando únicamente la parte resolutiva que claramente demuestra la existencia de un error (CON en lugar de SIN), cambia su sentido original en forma y fondo y ejecuta dicho fallo de una manera totalmente adversa a su espíritu?7.
\n	Aquello evidencia que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, al expedir la sentencia recurrida, no se percataron de los antes referidos actos procesales y constitucionales.
\n	Ahora bien, los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, en la sentencia recurrida y que es materia de la presente acción constitucional, manifestaron que el juez ejecutor ?juez décimo cuarto de lo civil de Cuenca? no tiene
\n	4 Juez Titular del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca, en reemplazo del Dr. Jesús Tenesaca, destituido de sus funciones.
\n	5 Foja 1 del proceso de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay
\n	potestad para hacer análisis de los considerandos del fallo ?sentencia expedida el 24 de septiembre del 2003?, para emitir conclusiones diferentes a las que contiene la parte resolutiva de la sentencia, por cuanto a su entender, tal proceder alteraría la normativa del artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
\n	Respecto a lo señalado, para la Corte Constitucional es pertinente referirse a que una sentencia debe contener una parte expositiva (la cual establece las partes que intervienen, sus abogados, los antecedentes, las acciones y excepciones y sus fundamentos y se señala el cumplimiento de los trámites esenciales del proceso, etc.), una parte considerativa (fundamentos de hecho y de derecho) y una parte resolutiva (decisión sobre el asunto controvertido del juez/jueza o tribunal), y solo mediante la integración de estas partes puede considerarse que una sentencia se encuentra bien estructurada y podrá producir los efectos legales y constitucionales.
\n	Es conocido entonces, que toda sentencia consta de tres partes, y es obvio que estas tienen la misma importancia y son congénitas, pues no se concibe, incluso desde un punto de vista lógico, que al momento de resolver en una sentencia se tenga que tomar en cuenta solamente una de ellas, como lo hacen los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, al considerar solamente una parte de la estructura de la sentencia expedida el 24 de septiembre del 2003 por la Tercera Sala de lo Civil de la ex Corte Provincial de Azuay, que señaló: ?Por lo expuesto, esta Sala, ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY? confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda y se condena al pago de costas procesales?. De aquello se colige que los jueces en mención no tomaron en cuenta la debida fundamentación realizada por los señores jueces de la Tercera Sala de lo Civil, Mercantil de la ex Corte Provincial de Justicia del Azuay, en la sentencia del 24 de septiembre del 2003, que se detalla a continuación.
\n	?VISTOS: Esta causa ha venido en grado por el recurso de apelación interpuesto por el representante de CADECEM, en lo referente a costas y honorarios del perito, recurso al que se adherido la parte demandada, en lo que respecta a la sentencia dictada por el Juez XIV de lo Civil del Azuay. [?] comparecen Ofelia Barrera Ambrosi, Olga Barrera Ambrosi, Rodrigo Barrera Ambrosi y Julieta Albornoz Barrera, y afirmando que fueron dueños del fundo ubicado en el sitio yanuncay, de la Parroquia Sucre, que mediante decreto del General Guillermo Rodríguez Lara el 26 de julio de 1975, fue declarado de utilidad pública con fines de expropiación urgente a favor del Centro de Reconvención Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago; que mediante sentencia de segunda instancia de 3 de febrero de 1976, se fijo el precio a pagarse en la suma de cuatro millones ciento ochenta y dos mil doscientos cincuenta y cinco sucres y fue protocolizada e inscrita el 5 de abril de 1976 en el Registro de la Propiedad con el No. 720, expropiación 1520; y por último señalando antecedentes escriturarios y observaciones, demandan al Centro de Reconversión Económica del Azuay, Cañar y Morona Santiago, al Centro Agrícola Cantonal de Cuenca y a la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía de Economía Mixta, para que en sentencia se declare: a) La nulidad absoluta de la transferencia de dominio de fecha 22 de noviembre de 1995 del terreno que perteneció al CREA a favor de la Corporación Austral de Exhibiciones Compañía Mixta CADECEM, mediante escritura pública inscrita con el No. 9321, el 18 de Diciembre de 1995; b) la nulidad absoluta de la escritura de constitución de CADECEM, de fecha 22 de Noviembre de 1995, así como de la escritura de ampliación de fecha 15 de Diciembre del mismo año; c) La nulidad de las sentencias dictadas en el juicio de expropiación del terreno Yanuncay, que fueron protocolizados en la Notaria del Dr. Alfonso Andrade Ormaza el 16 de febrero de 1976, inscritas con el No. 743, expropiación 1520, así como la nulidad de dicha inscripción; d) La nulidad del trámite de lotización del terreno materia de la expropiación aprobada por el Consejo Cantonal, protocolizada al 9 de noviembre de 1995, e inscrito en el Registro de la Propiedad No. 3 con el número 468, el 16 de Noviembre de 1995; e) La nulidad, según los casos de las escrituras públicas que devienen de esos contratos; f) Como consecuencia de estas nulidades la reversión de todo el terreno Yanuncay de la Parroquia Sucre que fue materia de la expropiación g) el pago de daños y perjuicios; h) el pago de costas procesales [?] se declare que el decreto ejecutivo 520 de 4 de julio de 1975 no produce efecto jurídico alguno en vista de la reversión solicitada del terreno Yanuncay de la Parroquia Sucre del Cantón Cuenca [?] SEXTO.- [?] la expropiación institución establecida con la Revolución francesa, en defensa de la propiedad privada y contra la arbitrariedad del príncipe que simplemente acostumbraba confiscar, reconocida en nuestro Derecho Constitucional, es lo que precisamente ha posibilitado la expropiación de los terrenos que fueron de los accionantes ?familia Barrera? por lo cual han recibido el precio considerado como justo y las sentencias han sido inscritas, y el precio ha sido pagado, tanto mas que los demandantes en juicio anterior han consignado el precio recibido para solicitar la reversión de la propiedad, es decir las resoluciones están en el caso del ordinal 1 del Art. 305 del C de P. Civil por lo que no es procedente declarar la nulidad de las mismas como se pretende en el literal C) amén de que no existe ninguna causa de nulidad de las previstas en el Art. 304 ibídem. SÉPTIMO.- De lo anterior fluye, que el Dictador al acomodar su conducta a la garantía constitucional antes referida, y habiéndose invocado a más de las normas constitucionales otras de Derecho privado no violo el Derecho Público Ecuatoriano, por lo que no se puede aceptar declarar la nulidad del contrato escriturario de fecha 22 de Noviembre de 1995. [?] OCTAVO.- Nuestra ley, reforzando el derecho de propiedad, da dos posibilidades a los que fueron propietarios para recuperar la propiedad, estableciendo los plazos de caducidad para la entidad expropiante: el uno, de tres meses contados desde la notificación de la sentencia, previsto en el Art. 814 del C. de P. Civil para el pago del precio; y, el otro, de seis meses, previsto en el Art. 815 del mismo cuerpo de leyes, si la cosa expropiada no se destinare el objeto para el cual fue expropiada, sin que tengan sustento las afirmaciones que en ese sentido hacen los accionantes, si se tiene en cuenta el convenio entre el CREA Y CIDAP y que no fue esa la sola finalidad de la expropiación sino del instituto de investigación, diseño y capacitación artesanal y para el funcionamiento de otras instalaciones adicionales en la que indudablemente cumple sus funciones la institución de desarrollo regional conforme consta del informe pericial de fs. 994 a 1050, allí está el edificio administrativo y los diferentes talleres; a consecuencia de ello se ha consolidado en forma plena la propiedad de la beneficiaria de la expropiación. [?] DUODÉCIMO.- Según lo dispuesto en el inciso segundo del Art. 794 del C. de P. Civil, la declaración de utilidad pública y social no puede ser materia de discusión judicial por lo que resulta ilógico jurídicamente pretender que se declare que el Decreto Ejecutivo 520 R. O. 839 de Julio de 1975, no produce efecto jurídico alguno, al igual que la nulidad de la lotización que en acto administrativo ha aprobado el Consejo de Cuenca. DÉCIMOTERCERO.- Los accionantes ?familia Barrera? en la forma que han propuesto la demanda y han litigado y obligado a litigar, han actuado con temeridad [?] ?ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY? confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda y se condena al pago de costas procesales[?]?.
\n	De igual manera, los jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia ignoraron lo dispuesto en el auto del 25 de septiembre del 2003, emitido por los jueces de la Tercera Sala de lo Civil de la ex Corte Provincial de Azuay quienes advirtieron un lapsus cálami8 al señalar: ?se confirma el fallo venido en grado en cuanto declara con lugar la demanda, por el propio contexto se
\n	6 Foja. 34 del proceso de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia del Azuay
\n	7 Resolución No. 0018-08-RA, expedida por el Tribunal Constitucional de Ecuador.
\n	trata de un lapsus, pues el borrador suscrito consta que se declara sin lugar la demanda?9. Se colige entonces que los jueces de la Tercera Sala de lo Civil de la ex Corte Provincial de Azuay se limitaron a corregir el indicado fallo, en razón de haberse producido un lapsus cálami, y para aquello se actuó conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 297 del Código de Procedimiento Civil, esto es que para apreciar el alcance de la sentencia se tendrá en cuenta todas sus partes y no solo una de ellas ?como lo hacen los jueces de la Sala Civil, Mercantil de la Corte Nacional de Justicia?10.
\n	Consecuencia inmediata de lo anterior, los fundamentos esgrimidos en la sentencia del 24 de septiembre del 2003, emitida por la Tercera Sala de lo Civil de la ex Corte Provincial del Azuay, tiene coherencia con la primera parte de la frase resolutiva que determina: ?se confirma el fallo venido en grado y se condena el pago de costas procesales?11. Entonces, es lógico interpretar que las pretensiones de los actores ?familia Barrera? no fueron aceptadas en ninguna instancia, prueba de aquello y que resulta ser trascendental para la resolución de este caso, es que en esta sentencia se condenó al pago de costas procesales, lo cual resulta ser totalmente contradictorio que se determine con lugar la sentencia.
\n	Sobre la base de los hechos fácticos antes detallados, no cabe ninguna duda de que los jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, al expedir la sentencia del 01 de diciembre del 2011 y que es materia de la presente acción constitucional, contiene serias vulneraciones de derechos constitucionales, específicamente el de la motivación, ya que los jueces no asimilaron cuál es el alcance y efecto que produce el derecho a la motivación, el cual debe ser asimilado como aquella justificación razonada que hace jurídicamente aceptable una decisión judicial. En este contexto, se dice que: ?la progresividad del derecho de las partes y la obligación constitucional de los jueces de motivar los fallos, plantea la naturaleza que tiene este deber fundamental. No se trata de contabilizar una simple fundamentación que puede resultar suficiente con la aplicación mecánica de la ley, sino de analizar si dicha exigencia radica en una necesidad política propia de la justificación de los actos de un poder del Estado, o significa establecer una garantía constitucional que forma parte de un conjunto de mayor contenido en el principio del debido proceso?12.
\n	La motivación, por lo tanto, no es solo un problema de comunicabilidad, sino que va más allá del cumplimiento estricto de los requisitos formales de la ley, pues no es suficiente el uso impecable de la lógica formal, si este encubre un razonamiento incomprensible; tampoco lo es señalar la norma si no se explica el porqué se la considera aplicable, pues en la debida motivación de la sentencia se materializa el principio de la tutela judicial efectiva.
\n	Es concluyente que la falta de motivación trae como consecuencia la nulidad de la sentencia, conforme a los mandatos constitucionales y legales de nuestro ordenamiento jurídico. Consecuencia de aquello, trae como efecto que las decisiones en las que haya ausencia de motivación ?como ha ocurrido en la sentencia impugnada? deba necesariamente ser declarada su nulidad absoluta para garantizar el debido proceso constitucional, en particular de los derechos a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. En el caso sub judice, no se encuentran identificados los hechos sobre los cuales se resolvió, tampoco se encuentran debidamente motivadas las normas aplicables a los hechos planteados y mucho menos que exista la explicación correcta de la pertinencia del porqué las normas o principios aplicados en la sentencia impugnada, corresponden a aquellos hechos.
\n	El contenido de la sentencia dictada el 01 de diciembre del 2011 por la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, omite o se aparta de la finalidad o función que tiene la motivación de las sentencias, que básicamente está orientada a dar a conocer al justiciable las razones por los que se les niega o restringe su derecho, en garantizar al justiciable que la solución conferida en el presente caso, es consecuencia de una interpretación racional del ordenamiento jurídico y no consecuencia de la arbitrariedad. Significa entonces que los referidos jueces, al emitir la sentencia recurrida, incumplieron con su obligación de interpretar y aplicar las normas del ordenamiento jurídico conforme a los preceptos y principios constitucionales, destinados a obtener la conformidad con el contenido constitucionalmente declarado, pues, al contrario, mediante esta decisión, menoscabaron y restringieron los derechos de una de las partes, en este caso SENPLADES. Por la interdependencia de los derechos constitucionales, la sentencia impugnada vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva13, el cual contempla el acceso a la jurisdicción, obliga al juez a no ser muy formalista, sin que exista de esta manera arbitrariedad. Comprende, además, aspectos que guardan relación con contenidos del derecho al debido proceso, en cuanto a los recaudos básicos que permiten la efectividad de la justicia. Es el derecho que tienen los ciudadanos para acudir ante los órganos jurisdiccionales, para obtener una sentencia debidamente fundamentada de las pretensiones propuestas, que bien puede ser favorable o no.
\n	8 Se entiende por lapsus calami al error o tropiezo involuntario e inconsciente al escribir.
\n	9 Foja 2251 del proceso del juicio ordinario por nulidad de escritura sustanciado en el Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil de Cuenca
\n	10 El Art. 297 del Código de Procedimiento Civil, con relación a la sentencia, señala que se tendrá en cuenta no sólo la parte resolutiva, sino también los fundamentos objetivos de la misma
\n	11 El fallo por el cual los Jueces de la ex Tercera Sala Civil de la Corte Provincial del Azuay confirmaron el fallo es la declaratoria de improcedente de la demanda planteada por la familia Barrera, en la que solicitaron la reversión de la propiedad Yanuncay, ya que operó la prescripción adquisitiva de dominio a favor del Estado.
\n	12 Gozaíni, Oswaldo Alfredo. El Derecho Procesal Constitucional, El Debido Proceso, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires (ARG), 2004, pag.428.
\n	Conforme a estos criterios, es evidente que la sentencia impugnada no guarda ninguna relación y tampoco respeta el derecho a la tutela judicial efectiva porque carece de fundamento, conforme a los criterios fácticos, legales y constitucionales antes referidos.
\n	Correlativamente, la sentencia impugnada vulneró el derecho constitucional a la seguridad jurídica, vinculado al Estado constitucional de derechos y justicia, cuya relevancia jurídica radica en la necesidad social de contar y garantizar con claros y precisos modelos normativos de conducta destinados a otorgar una seguridad jurídica de realización de las previsiones normativas14. Esencialmente, la seguridad jurídica determina las condiciones que debe tener el poder para producir un sistema jurídico capaz de alcanzar sus objetivos, es decir, supone evitar aquellos aspectos del poder que puedan dañar la seguridad del ordenamiento normativo15; consecuentemente, la seguridad jurídica es la garantía que el Estado reconoce a los ciudadanos para que su integridad, sus derechos y sus bienes no sean vulnerados, y que en caso de que esto se produzca, se establezcan los mecanismos adecuados para su tutela. Justamente, es la sentencia expedida el 01 de diciembre del 2011 por parte de los jueces de la Sala Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia, la que produce inseguridad jurídica en perjuicio de SENPLADES, porque no respeta la seguridad del ordenamiento normativo, al valerse de un criterio legal formal y carente de fundamento para desestimar el recurso de casación.
\n	La Corte Constitucional, al tenor de los fundamentos fácticos, jurídicos y constitucionales, colige que los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional, al expedir la sentencia recurrida, vulneraron los derechos constitucionales a la motivación y la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica.
\n	1. Declarar la vulneración de los derechos a la motivación, la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, previstos en los artículos 76, numeral 7, literal l, 75 y 82 de la Constitución de la República.
\n	2. Aceptar la acción extraordinaria de protección presentada por el Ing. Claudio Hugo Larriva Alvarado, presidente y representante legal del Centro Agrícola Cantonal de Cuenca; la Lcda. María Caridad Vásquez Quezada, subsecretaría zonal de Planificación 6 Austro; en representación de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES, y Abg. Marcos Arteaga Valenzuela, director nacional de patrocinio de la Procuraduría General del Estado, delegado del procurador general del Estado, y se deja sin efecto la sentencia emitida el 01 de diciembre del 2011 por los jueces de la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia.
\n	3. Disponer que la Sala de lo Civil, Mercantil y Familia de la Corte Nacional de Justicia conozca y resuelva el recurso de casación interpuesto, acogiendo los criterios emitidos en esta sentencia.
\n	4. Notifíquese, publíquese y cúmplase.
\n	f.) Dr. Jaime Pozo Chamorro, Secretaria General (e).
\n	Razón: Siento por tal, que la sentencia que antecede fue aprobada por el Pleno de la Corte Constitucional, para el período de transición, con seis votos de los doctores: Roberto Bhrunis Lemarie, Patricio Herrera Betancourt, Hernando Morales Vinueza, Ruth Seni Pinoargote, Freddy Donoso Páramo y Edgar Zárate Zárate; sin contar con la presencia de los doctores Alfonso Luz Yunes, Nina Pacari Vega y Manuel Viteri Olvera, en sesión extraordinaria del 24 de julio del dos mil doce. Lo certifico.
\n	CORTE CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Revisado por ?????. f.) Ilegible, Quito, a 21 de enero del 2013.- f.) Ilegible, Secretaría General.
\n	CAUSA 0047-12-EP
\n	Razón: Siento por tal, que la Sentencia que antecede fue suscrita por el doctor Edgar Zárate Zárate, Presidente (e) de la Corte Constitucional, el día jueves 26 de julio de dos mil doce.- Lo certifico.
\n	13 Art. 75 de la Constitución de la República: ?Tosa persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la Ley?
\n	14 Enrique Bacigalupo, Justicia Penal y Derechos Fundamentale

References: artículo 197
 artículo 62
 resolución 
 artículo 281
 artículo 3
 resolución 
 artículo 299
 artículo 297
 artículo 3
 artículo 76
 resolución 
 artículo 3
 artículo 297
	artículo 63
 artículo 437
 artículo 439
 artículo 59
 resolución 
 Resolución 
 artículo 281
 artículo 3
 artículo 281
 artículo 281
 artículo 297
 artículo 281
 resolución 
 artículo 281
 Resolución 
 artículo 297
 resolución