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August 15, 2017 | Author: silviogomezg | Category: Profit (Economics), Market (Economics), Business Economics, Microeconomics, Economics
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Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua Adolfo José Acevedo Vogl
N 336.26 A169
Acevedo Volg, Adolfo José Una nota sobre precios de transferencias / Adolfo José Acevedo Volg. -- 1a ed. -- Managua: IEEPP, 1012 72 p. : il. ISBN 978-99964-22-30-0
1. ARANCELES DE ADUANA 2. SERVICOS
3. PAGOS 4. COMERCIO EXTERIOR-NICARAGUA
© Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP) Managua, abril 2012. Todos los derechos reservados. Autor: Adolfo josé acevedo vogl Edición: Iván Olivares Con el auspicio de Christian Aid y Tax Justice Network Fecha de publicación: abril 2012
ISBN 978-99964-22-30-0
4 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
1. Nociones básicas sobre precios de transferencia
Las corporaciones multinacionales, los precios de transferencia y la tributación internacional.
El Principio de Plena Competencia (ARM’S LENGTH)
1.3.1. Métodos transaccionales tradicionales
1.3.2. Métodos transaccionales basados en el beneficio
La crítica a los métodos basados en el principio de plena competencia y el método de la distribución global proporcional de las ganancias conforme a una fórmula predeterminada (Global Formulary Apportionment GFA).
Los métodos de Precios de Transferencia y los Países en Desarrollo: el método del profesor Simon Pak y el Método de Brasil.
2. Los precios de transferencia en Nicaragua
¿Qué significan para Nicaragua las pérdidas de recursos a través de la manipulación de precios de transferencia?
Un antecedente curioso: la Ley del 5% sobre Ventas de 1970, y la Ley sobre Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos de Consumo de 1974.
El estudio apoyado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la propuesta de Ley de Precios de Transferencia de 2004.
El Modelo de Precios de Transferencia para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana.
El Proyecto de Ley de Concertación Tributaria de 2009 y los Precios de Transferencia 60
3. Conclusiones y recomendaciones básicas
Adolfo José Acevedo Vogl • 5
6 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
1. Nociones básicas sobre precios de transferencia 1.1. Las corporaciones multinacionales, los precios de transferencia y la tributación internacional.
as empresas o corporaciones transnacionales (en adelante CTN)1/ desempeñan un papel cada vez más preponderante en la economía mundial. De acuerdo con estimaciones de la UNCTAD (2008), en el año 2007 existían unas 79,000 corporaciones transnacionales involucradas en procesos de producción y circulación internacional, con alrededor de 790,000 filiales en todo el mundo –para un promedio de 10 subsidiarias o filiales cada unalas cuales ocupaban a 81.6 millones de personas. En la actualidad, más de la mitad de las 100 economías más grandes del mundo son CTN, no Estados nacionales. Las ventas de subsidiarias extranjeras de las transnacionales ascendieron a US$31.2 millones de millones, equivalentes a más del 55% del PIB mundial.
La OCDE estima que las transacciones transfronterizas de bienes, servicios y activos intangibles que se realizan entre las distintas unidades de las CTN —catalogadas a veces como transacciones intrafirma2/— representan más de la mitad del comercio mundial. De acuerdo con esta estimación, un porcentaje desproporcionado del comercio mundial se
realiza a lo interno de estas corporaciones, es decir, entre empresas que forman parte de las mismas, establecidas en diferentes localizaciones geográficas, y por lo tanto, sujetas a la jurisdicción de diferentes sistemas tributarios. El peso que han adquirido las transacciones que se efectúan al interior de las redes que conforman las corporaciones transnacionales significa que una gran parte de las transacciones transfronterizas de bienes, servicios y activos intangibles, entre entidades económicas localizadas en diferentes países, se lleva a cabo a precios que no necesariamente se corresponden con los precios que imperarían si dichas transacciones ocurriesen entre empresas independientes, en un mercado competitivo. La estructura de las transacciones dentro de los componentes o unidades de un grupo transnacional —también denominadas “empresas afiliadas” o “partes relacionadas”— está determinada por fuerzas y condiciones que pueden diferir de las condiciones de mercado abierto en que se desarrollan las transacciones entre entidades independientes. Así, una cantidad creciente de transacciones internacionales ya no es gobernada totalmente por las fuerzas del mercado, sino impulsados por los intereses comunes de las entidades de un grupo.
1 / De acuerdo con la UNCTAD, las empresas transnacionales (ETN) son empresas incorporadas o no incorporadas, integradas por las empresas matrices y sus filiales extranjeras. Una empresa matriz se define como una empresa que controla los activos de otras entidades fuera de su país de origen, normalmente por poseer una cierta participación de capital de equidad. Una filial extranjera es una empresa incorporada o no incorporada en el que un inversor, que es residente en otra economía, posee una participación que permite un interés duradero en la gerencia de esa empresa (una participación accionaria del 10 por ciento de las empresas incorporadas o su equivalente para una empresa no incorporada). 2 / Neighbour, J. ‘Transfer Pricing: Keeping it at Arm’s Length’, OECD Observer, January 2002; OECD 2002 ‘OECD Economic Outlook 2002’ Chapter 4: “Intra-Industry and Intra-firm trade and the Internationalization of Production”. Paris: OECD. Disponible en: http://www.oecd.org/dataoecd/6/18/2752923.pdf.
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Las operaciones en el seno de las entidades que forman parte de una corporación transnacional, ya sea el caso de las operaciones entre la casa matriz y sus subsidiarias o establecimientos permanentes ubicados en terceros países, o entre dos o más empresas filiales localizadas en diferentes jurisdicciones, constituyen el típico caso de operaciones entre sociedades que formalmente constituyen personas jurídicas independientes, pero que responden al mismo dueño o dueños en forma directa o indirecta. Esto marca una diferencia fundamental con respecto a las empresas independientes o no afiliadas. Las relaciones entre las partes en una transacción intrafirma son “cooperativas” – en el sentido de que cooperan entre sí en la búsqueda de maximizar la rentabilidad global del grupo- mientras que los objetivos de las empresas independientes o no relacionadas, son de competencia o rivalidad, buscando cada una cómo maximizar su propio beneficio. En este caso, se califica a estas operaciones como transacciones entre partes relacionadas, para diferenciarlas de las transacciones entre partes independientes, o partes no relacionadas3/. Estas últimas, es decir las transacciones entre partes no relacionadas e independientes, serían las transacciones que se efectúan teniendo al mercado y la competencia como árbitros. Se denomina precios de transferencia al valor cobrado por una empresa por la venta o transferencia de bienes, servicios o propiedad intangible a otra empresa relacionada. Se trata del precio que se acuerda en una operación o transacción entre dos empresas que tienen
intereses económicos comunes, por estar asociadas en el negocio. Estos precios de transferencia pueden desviarse de los precios que prevalecerían en las transacciones realizadas entre partes independientes o no relacionadas, llevadas a cabo en las mismas circunstancias. Los precios de transferencia pueden afectar no solamente las transferencias de bienes y servicios, sino también de activos intangibles. Los flujos de recursos que van a afectar en uno u otro sentido la utilidad, pueden agruparse de la siguiente manera: • Pago de intereses intercompañías;
• Compra de materias primas, materiales y componentes; • Compra de servicios; • Pago de derechos o regalías; • Cuotas por licencias de patentes, software, marcas y otros conceptos similares; • Cuotas administrativas por asistencia técnica y know how;
• Compensación general por gastos incurridos por la casa matriz en las operaciones relacionadas con sus subsidiarias y filiales. En la medida en que los valores a los cuales se transfieren estos flujos de recursos se alejen, hacia abajo o hacia arriba, de los valores de mercado, las ganancias de las empresas
3 / La idea detrás del concepto de “partes relacionadas” es la de capacidad de influencia de una operadora sobre otra, sobre la base de que libertad de mercado presupone y exige una cierta libertad para contratar, lo cual implica la participación de partes independientes o autónomas, con intereses económicos distintos, no sometidas a un interés económico o voluntad común.
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involucradas, localizadas en distintos países, se van a ver afectadas también hacia arriba o hacia abajo, en relación a sus valores de mercado. El hecho de que los precios de transferencia puedan desviarse de los precios que prevalecerían en condiciones de mercado, y que las ganancias de las empresas vinculadas se desvíen en correspondencia con ello, tendrá importantes implicaciones para los sistemas tributarios de los diferentes países en que operan las entidades que forman parte de las corporaciones transnacionales. Esto se deriva del hecho de que a través de estas desviaciones, las ganancias pueden trasladarse hacia una u otras empresas del grupo vinculado, situadas en diferentes jurisdicciones tributarias. Sin embargo, el predominio de las transacciones al interior de las redes que integran las CTN en los intercambios internacionales, y la utilización de precios de transferencia para valorar dichas transacciones, es sólo una condición para que estos puedan ser utilizados con propósitos de elusión y/o evasión tributaria. Para que los precios de transferencia puedan ser utilizados para afectar la recaudación fiscal, es necesaria la existencia de tasas impositivas diferenciales en las distintas zonas geográficas en que operen las sociedades que integran un grupo empresarial. Este hecho crearía el incentivo para que la casa matriz deseara transferir fondos y rentas desde aquellas unidades del grupo ubicadas en países con altas tasas de tributación a países con tarifas bajas, con el propósito de minimizar los flujos destinados al pago de gravámenes sobre beneficios y rentas.
Así pues, en términos de sus implicaciones tributarias internacionales, la problemática de los precios de transferencia surge de la coexistencia simultánea de dos circunstancias: por un lado, la generalización de la operación de las corporaciones transnacionales y sus filiales con establecimiento permanente en diversos países, como elemento central de las relaciones económicas internacionales, y por otro, el mantenimiento de las soberanías o jurisdicciones fiscales nacionales, que aplican un tratamiento tributario diferencial a la renta. El rasgo fundamental de esta coexistencia, es que la misma genera la posibilidad de que disponen las corporaciones transnacionales de “orientar” o desviar las bases imponibles de una jurisdicción fiscal a otra a través de distintos mecanismos, entre ellos los precios de transferencia. La existencia de diferencias fiscales entre Estados, cuando no la pura y simple competencia fiscal propiciada por la presencia a nivel global de territorios de baja tributación y paraísos fiscales, a lo cual se añade la ausencia de transparencia o las restricciones al intercambio de información y su aprovechamiento mediante la creación de filiales y sucursales, permite a los grandes grupos multinacionales utilizar los precios de transferencia como instrumento de transferencia artificial de rentas4/. En efecto, si las empresas que negocian están vinculadas entre sí pueden acordar el precio de transferencia en razón de obtener las mayores ventajas desde el punto de vista tributario. Ello implica que el precio de transferencia determina
4 / Lawrence, F. and Griffiths, I.: ‘Revealed: How Multinational Companies Avoid The Taxman’, The Guardian, November 2007. Ver: www.guardian.co.uk/business/2007/nov/06/19 y más generalmente: www.guardian.co.uk/taxgap.
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la porción del monto de ingreso o renta que gana cada una de las partes que intervienen en la operación. Un cambio en el precio implica la transferencia de una parte de la ganancia de un sujeto a otro y, en operaciones internacionales, ello conlleva a la transferencia de la renta imponible de un país a otro. Cuando la razón para aplicar precios de transferencia es la de minimizar la carga fiscal a nivel de grupo, aprovechando los resquicios y oportunidades que permite la ley, esta práctica toma connotaciones identificables como elusión fiscal5/, dado que a través de las operaciones de compra y venta de productos o servicios se localiza el beneficio en aquellos países donde el nivel de tributación es bajo, mientras que al contrario, se transfieren costes a aquellas jurisdicciones donde la carga impositiva es alta.
Así, si una de las partes vinculadas sujeta a gravamen en un país con menor incidencia tributaria cobra más por la venta de un bien o servicio a otra de las partes localizada en otra jurisdicción tributaria con una tasa impositiva mayor, la mayor renta que percibe por esta vía estará gravada a una tasa efectiva menor, y el mayor gasto que representa para la empresa adquirente en el país con mayor incidencia impositiva le ayudará a tener un menor impuesto. La ventaja que se produce en conjunto es manifiesta. De esta manera, a través de la manipulación de los precios de transferencia, las CTN pueden reducir su carga tributaria global y alcanzar una mayor ganancia después de impuestos, que dos o más empresas no relacionadas.
5 / Desde la perspectiva tributaria internacional, la elusión fiscal es aquella forma de “planificación tributaria” que cumple con la ley, es decir el empleo de prácticas para minimizar o eludir las obligaciones tributarias aprovechando los resquicios y oportunidades que permite la ley. La evasión tributaria es el incumplimiento total o parcial por parte de los contribuyentes en la declaración y pago de sus obligaciones tributarias legales con el fisco, y como tal es susceptible de recibir las sanciones previstas en la ley, en caso de ser detectada.
10 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
Tabla 1: Cómo puede ser desviado el ingreso (y la base tributaria) de un país a otro. Un ejemplo sencillo ESCENARIO 1
US$400 US$700
Subsidiaria A
Subsidiaria B
Tasa Impuesto
Impuesto pagado Utilidad después de Impuestos ESCENARIO 2
Impuesto pagado Utilidad después de Impuestos
En este ejemplo sencillo, la Subsidiaria A de una CTN está localizada en un país de baja tributación, que denominaremos Paraíso, cuya tasa del Impuesto sobre la Renta es del 10%. La Subsidiaria B opera en Nicaragua, donde la tasa del impuesto es del 30%. En el Escenario 1, un paquete de componentes producido por la Subsidiaria A por un costo de US$200, es vendido a la Subsidiaria B a un precio de transferencia de US$400, obteniendo por esta venta una utilidad antes de impuesto de US$200, por la cual paga un impuesto de US$20, a la tasa prevaleciente en Paraíso del 10%. Le queda una ganancia después de impuestos de US$180. Por su parte, la subsidiaria B elabora un producto terminado con los componentes
adquiridos de la Subsidiaria A, a un precio de US$400 y lo vende a US$700, con lo cual obtiene una utilidad de US$300. A la tasa del 30% que prevalece en Nicaragua, paga impuesto sobre la renta por un monto de US$90, y le queda una ganancia después de impuestos de US$210. Para la CTN como un todo, esta operación ha significado pagar impuestos combinados por US$110 (US$20 en Paraíso y US$90 en Nicaragua), y le ha significado una ganancia después de impuestos de US$390 (US$180 en Paraíso y US$210 en Nicaragua). Su tasa efectiva de impuestos combinada asciende a 22% Para los directivos de la CTN, resulta evidente que pueden minimizar de manera significativa el
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pago del Impuesto sobre la Renta, y maximizar la ganancia después de impuestos, si trasladan parte de las ganancias a la Subsidiaria A, donde la tasa del impuesto es menor, utilizando como mecanismo para lograrlo la manipulación del precio de transferencia de los componentes. Veamos cómo opera este mecanismo. En el Escenario 2, la Subsidiaria A localizada en Paraíso le “vende” los componentes que le han costado US$200 a la Subsidiaria B situada en Nicaragua por un Precio de Transferencia de US$600. En este caso, a la Subsidiaria A esta operación le significa una ganancia de US$400, por la cual pagará, a la tasa del 10% que existe en Paraíso, un monto de Impuesto sobre la Renta de US$40. Le queda una ganancia después de impuestos de US$360. Por su parte la Subsidiaria B de Nicaragua vende por US$700 el producto elaborado con los componentes que ha “comprado” a la Subsidiaria A de Paraíso por US$600, por lo cual su ganancia antes de impuestos se reduce a sólo US$100. Después de pagar el impuesto por US$30 que corresponde a la tasa del 30% que prevalece en Nicaragua, su ganancia después de impuestos queda reducida a sólo US$70.
Para la CTN como un todo, la operación significó pagar impuestos combinados por US$70 (US$40 en Paraíso y US$30 en Nicaragua), y una ganancia global después de impuestos de US$430 (US$360 en Paraíso y US$70 en Nicaragua), que es 10.4% mayor que la ganancia post-impuestos de US$390 que obtenía en el Escenario 1. Su tasa efectiva de impuestos combinada se redujo al 14%. Para lograr esta reducción en su pago global de impuestos, y el incremento de su masa de ganancias después de impuestos, la CTN ha desviado ganancias de la Subsidiaria B de Nicaragua, donde la tasa del impuesto es del 30%, a la Subsidiaria A de Paraíso, que tiene una tasa del 10%, por un monto de US$200. Para lograrlo, incrementó en ese mismo monto de US$200 (de US$400 a US$600) el Precio de Transferencia por el cual la Subsidiaria A le transfiere los componentes a la Subsidiaria B, aumentando artificialmente los costos de ésta y reduciendo su utilidad. En el proceso, la administración tributaria de Nicaragua dejó de recibir US$60 en impuestos.
El uso de los precios de transferencia para minimizar la carga tributaria global de las corporaciones transnacionales está ampliamente extendido en los países desarrollados, a pesar de que muchos de estos desde hace mucho tiempo han establecido una legislación para regular la práctica de los precios de transferencia con propósitos de reducción de la carga tributaria.
de aduana en los puntos de exportación para cada transacción de exportación ocurrida entre 1993 y 2000 efectuada por las empresas multinacionales asentadas en ese país, encontró que los precios de exportación en las transacciones intrafirma eran significativamente menores que los precios de los mismos bienes enviados a un cliente no relacionado.
Así, un estudio de Bernard, Jensen y Schott (2006) para el caso de los Estados Unidos, basado en datos derivados de documentos
Después de ajustar las ventas a partes relacionadas de una firma, a las ventas a partes no relacionadas por parte de la misma firma,
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para el mismo producto y al mismo país, utilizando el mismo medio de transporte, los autores encontraron que el precio de venta a las partes no relacionadas era en promedio 43% mayor que el precio de venta a la parte relacionada. En términos de las implicaciones de estas prácticas como forma de minimizar la presión tributaria, el estudio encontró que las corporaciones transnacionales efectúan considerables cambios en los precios en función inversa de la variación en las tasas impositivas de los países de destino. El estudio estima que en el año 2004, esta respuesta a los diferenciales de tasas impositivas entre países se tradujo en US$5.5 miles de millones en menor recaudación de impuestos corporativos en Estados Unidos, y en una ampliación de US$15 mil millones en el déficit comercial. Por supuesto, las pérdidas no se circunscriben a los países desarrollados, ni mucho menos. El estudio de Christian Aid “Falsas Ganancias” (2009), a partir de un análisis bilateral del comercio de diferentes clases de productos entre 2005 y 2007, calculó los parámetros del rango normal de precios para estos tipos de productos, y estimó el monto del capital trasladado por transacciones que están fuera de ese rango normal de precios6/, desde países no pertenecientes a la Unión Europea, hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Los totales a los que llegó incluyen precios que habían sido artificialmente reducidos o artificialmente inflados para propósitos tributarios. El estudio concluye que “entre 2005 y 2007, el monto total de flujo de capital proveniente
de la manipulación de precios en el comercio bilateral tan sólo hacia la UE y Estados Unidos desde países no pertenecientes a la UE, supera los £581,400 millones (€850,100 millones, US$1.1 billones). Esto se divide específicamente en £229,700 millones (€335,800 millones, US$441,200 millones) hacia los países de la UE y £351,700 millones (€514,300 millones, US$673,600 millones) hacia Estados Unidos…. Si se hubiera cobrado el impuesto sobre este capital a las tasas actuales, los países no pertenecientes a la UE habrían recaudado £190,800 millones en ingresos (€279,000 millones, US$365,400 millones) entre 2005 y 2007, o £63,600 millones (€93,000 millones, US$121,800 millones) al año”. Finalmente, es importante remarcar el hecho de que no solo las CTN recurren al mecanismo de los precios de transferencia con el propósito de eludir y/o evadir el pago de impuestos. También las empresas domésticas pueden desear transferir rentas obtenidas en uno de los entes integrantes de un grupo económico de un país a otra empresa del mismo grupo, localizada dentro del mismo país, que se encuentre en una situación tributaria privilegiada. En otros casos, las propias empresas domésticas tienen sucursales o representaciones en terceros países o efectúan operaciones con paraísos fiscales. Inclusive, las propias debilidades en el diseño del sistema tributario pueden dejar abiertas posibilidades de arbitraje a través de operaciones entre las sociedades y los socios, con frecuencia intermediadas por terceros. De ello se deduce que la utilización de los precios de transferencia como mecanismo de evasión y/o elusión fiscal no se refiere exclusivamente
6 / A este fenómeno se le llama manipulación de precios del comercio o ‘trade mispricing’, y forman parte del mismo la manipulación de precios de transferencia intra-grupos (transfer mispricing), luego la manipulación de la facturación (false invoicing) similar al transfer mispricing, sólo que entre empresas independientes y la falsa facturación (fake invoicing) referida a facturar sobre servicios o compras fantasmas.
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a transacciones que se producen al interior de corporaciones transnacionales, o entre diversas jurisdicciones tributarias, sino que cubre, también, operaciones realizadas por vinculados económicos dentro de un mismo país o región geográfica.
1.2. El Principio de Plena Competencia (ARM’S LENGTH) El principio de plena competencia (arm´s lenght) en los precios —o lo que es lo mismo, el valor normal de mercado— es el elemento alrededor del cual se mueve la legislación de la mayoría absoluta de los países que han implementado una legislación sobre precios de transferencia.
producido a causa de las mismas, pueden ser incluidos en los beneficios de esta empresa y sometidos a imposición en consecuencia”. El primer documento de la OCDE que trata específicamente de los precios de transferencia data de 1979. Este reporte contenía los criterios básicos para determinar el valor normal de mercado de las transacciones realizadas entre compañías pertenecientes al mismo grupo, ofreciendo soluciones cuya finalidad era reducir los conflictos que se podían crear entre distintas administraciones tributarias, y entre dichas administraciones y las empresas multinacionales.
El principio está expresado como regla internacional en el art. 9° del Modelo de Convenio para evitar la doble imposición de OCDE desde 1963, y es el que ha sido asumido por la normativa tributaria de la mayoría absoluta de países que la han establecido. Indica que las transacciones que se realicen entre empresas relacionadas deben tener las mismas condiciones existentes en transacciones similares, o comparables, realizadas entre empresas independientes o no relacionadas.
Dicho reporte fue revisado y ampliado a principios de 1984 (“Los Precios de Transferencia y las Empresas Multinacionales, Tres temas fiscales”). A este documento le siguió una segunda revisión en 1987 que sirvió de punto de partida para la preparación en julio de 1995 de un nuevo informe titulado “Directrices aplicables en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales y administraciones tributarias” (“Transfer pricing guidelines for multinational enterprises and tax administrations”), a cuya aplicación remiten algunas legislaciones de los países pertenecientes a ese organismo, aunque con variantes.
El artículo 9.1.b del Modelo de Convenio dispone que cuando dos empresas estén, en sus relaciones comerciales o financieras, unidas por condiciones aceptadas o impuestas que “difieran de las que serían acordadas por empresas independientes, los beneficios que una de las empresas habría obtenido de no existir estas condiciones y que de hecho no se han
Finalmente, en julio de 2010, el Comité de Estudios Fiscales y el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), aprobaron las actualizaciones al Modelo de Convenio de la OCDE para evitar la doble imposición, así como la actualización de las Guías de Precios de Transferencia para Empresas Multinacionales de 19957/.
7 / Estados Unidos, por su parte, incorporó el primer dispositivo legal referido a precios de transferencia desde la Primera Guerra Mundial, a través de la Ley de Ingresos de Guerra de 1917, Regulación 41, Artículos 77 y 78, y posteriormente en el Acta de Ingresos (Revenue Act) de 1928 en la Sección 45, y estableció el principio de plena competencia como criterio para establecer los precios de transferencia en el Reglamento del Tesoro de 1935, bajo la Sección 45.
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En suma, el principio de plena competencia (arm’s length) aplicado a empresas que realizan operaciones internacionales con entidades relacionadas, supone que estos operadores económicos serán tratados como si fueran entidades no relacionadas, exigiéndose que les sean atribuidas las ganancias que obtendrían si practicaran tales operaciones con empresas no vinculadas. La implementación del principio de plena competencia permitiría a las autoridades fiscales redefinir o ajustar los precios o remuneraciones asentados en los libros contables al valor que hubiera sido fijado entre partes independientes que contrataron bajo el principio de operador independiente. El objetivo de la implementación de este principio sería evitar que la existencia de múltiples jurisdicciones tributarias se traduzca en una inadecuada distribución de las bases imponibles entre ellas, a través de la utilización de los precios de transferencia entre partes relacionadas como mecanismo para desviar rentas hacia las jurisdicciones de baja o nula tributación. Las directrices de la OCDE reconocen que un Estado contratante puede gravar los beneficios de una empresa que ya fueron gravados en el otro Estado, cuando se considere que tales beneficios habrían correspondido a la empresa del primer Estado si las condiciones convenidas entre las dos empresas hubieran sido las que se hubiesen acordado entre empresas independientes (ajuste primario). En tal caso, dispone que ese otro Estado proceda al ajuste que considere apropiado del monto del impuesto que haya percibido sobre esas utilidades, para evitar la doble imposición (ajuste secundario). Para facilitar la implementación de las normativas sobre precios de transferencia, las
directrices de la OCDE abren la posibilidad del establecimiento de Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (Advance pricing arrangements, APA). Un APA es un contrato entre un contribuyente y la administración tributaria local en donde se acuerdan los criterios para la valoración de transacciones futuras entre empresas relacionadas. En dicho contrato se especifican los bienes o servicios involucrados en las transacciones, los métodos de Precios de Transferencia que se usarán, cómo se determinan los comparables, y los ajustes que se realizan sobre los mismos para mejorar la comparabilidad. Como las transacciones cubiertas en un APA pueden involucrar varios países, los APA pueden ser celebrados con más de una Administración Tributaria, por lo cual dichos acuerdos pueden clasificarse en Unilaterales y Multilaterales. En los países donde están normados los APA, estos son solicitados por los contribuyentes a la Administración Tributaria, y no a la inversa. Son de mucha utilidad si se quiere resguardar las operaciones futuras de gran envergadura, las cuales bajo un APA no serían cuestionadas, siempre y cuando se mantengan dentro de los límites acordados en el mismo APA.
1.3. Métodos de Precios de Transferencia El control del cumplimiento del principio se logra a través de la aplicación de los métodos de precios de transferencia. El punto central de la aplicación de los métodos es la comparación de la operación sujeta a control, con otra operación similar, pero acordada entre partes independientes. El análisis de precios de transferencia siempre tiene como referencia
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las operaciones entre terceros independientes, libres de incidencia de aspectos externos al mercado. Estos métodos se basan en el análisis de comparabilidad. Este consiste en una comparación entre una transacción entre empresas relacionadas y otras transacciones entre empresas independientes, o entre empresas relacionadas y empresas independientes. Se considera que dos o más operaciones son comparables cuando no existan entre ellas diferencias económicas significativas que afecten materialmente al precio del bien o servicio o al margen de la operación, o cuando existiendo dichas diferencias, puedan eliminarse mediante ajustes razonables. Al comparar dos o más operaciones se deben tener en cuenta los siguientes factores, en la medida que sean económicamente relevantes: • Las características específicas de los bienes o servicios objeto de la operación; • Las funciones que realiza la empresa examinada para concretar las operaciones, donde además de las funciones se toman en cuenta los riesgos asumidos y los activos
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tangibles e intangibles utilizados en cada una de las funciones identificadas. • Los términos contractuales de los que se deriven las operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante; • Las características de los mercados u otros factores económicos relevantes que puedan afectar a las operaciones; y • Las estrategias comerciales, tales como las políticas de penetración, permanencia o ampliación de mercados, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante en cada caso. El análisis de comparabilidad así determinado y la información sobre las operaciones comparables constituyen los factores que determinaran el método más adecuado en cada caso para determinar si los precios de transferencia establecidos en las operaciones analizadas, se ajustan o no al principio de plena competencia. La OCDE clasifica estos métodos en i) métodos transaccionales tradicionales y ii) métodos transaccionales basados en los beneficios:
1.3.1. Métodos transaccionales tradicionales Método del precio libre comparable
El valor de mercado de la transacción es evaluado mediante la comparación del precio de la operación vinculada con el precio que hubiese sido aplicado para operaciones similares entre compañías independientes (comparación externa) o bien con el precio aplicado por la compañía vinculada con otra independiente (comparación interna).
El precio de venta de la operación vinculada se obtiene a partir de los costes incurridos por el proveedor de los bienes o servicios en una transacción libre, agregándole el margen bruto del proveedor, calculado en relación con las condiciones objetivas y subjetivas de la operación.
Se compara el precio de transferencia con el precio al cual los bienes adquiridos a una sociedad vinculada son revendidos a una sociedad independiente menos el margen bruto que cubre tanto los gastos atribuibles a la operación como el beneficio del vendedor.
• El método del precio libre comparable (o precio comparable no controlado - CUP), también conocido como el método de precios de mercado, compara el precio del bien o servicio en una operación entre personas o entidades vinculadas con el precio de un bien o servicio idéntico o de características muy similares en una operación entre personas o entidades independientes en circunstancias equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la comparabilidad o equivalencia. Método del Precio Comparable No Controlado (CUP) Empresa controladora
Empresa Afiliada (Precio de Transferencia) Empresa No Afiliada (Precio de Plena Competencia)
Esta comparación verifica si el precio para el producto que se transfiere en una transacción controlada8/ es el mismo que habría sido establecido si el producto hubiese sido vendido a un cliente no conectado, o sea, una transacción no controlada9/ en circunstancias comparables, es decir, el precio de mercado.
Este método puede basarse en lo que se llama la comparación interna o externa. En el primer caso, el precio aplicado por una compañía en una operación vinculada se compara con una operación similar llevada a cabo por la misma compañía con un tercero independiente. Por el contrario, en el segundo caso, dicho precio se compara con los precios convenidos entre terceros independientes en transacciones similares. Este método es particularmente confiable cuando una empresa independiente vende el mismo
8 /Transacciones Controladas: Son todas aquellas transacciones que se realizan entre empresas relacionadas. 9 / Transacciones No Controladas: Son aquellas transacciones que se realizan entre dos empresas que no poseen relación patrimonial ni económica, en otras palabras, dos empresas independientes entre si.
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producto que se vende entre dos empresas relacionadas o afiliadas. En otras palabras, un alto grado de comparabilidad es necesario para aplicar este método. Es el método de posible aplicación más directa y, en principio, el más sencillo de aplicar. Es además considerado como el mejor indicador de precio de plena competencia, pero en la práctica, por lo general no puede aplicarse ante la inexistencia de comparables adecuados y por lo tanto, no es aplicado en la mayoría de los casos La aplicabilidad de este método se limita, entre otras, por las siguientes consideraciones: • En la práctica, muchas veces es difícil establecer mercados económicamente comparables si los productos no están normalizados. Típicamente, muchos productos semiacabados son comercializados, la mayoría de las veces, dentro de la empresa. • Cuando las empresas tienen algún nivel de poder de monopolio y pueden segmentar mercados en diferentes países, las estrategias discriminatorias de precios conseguirán diferencias en precios de mercado entre países. No está claro qué precios deben aplicarse en estas circunstancias. Además estos precios no serán esos que la empresa debería aplicar en ausencia de impuestos e incluso no son los mejores. • Los precios de mercado no toman en cuenta los ahorros que una empresa es capaz de conseguir en su estructura interna. • Finalmente, las empresas pueden intentar defraudar a las autoridades tributarias creando precios artificiales, a través de ventas a otras partes a precios de mercado incorrectos.
18 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
Este método se enfoca en las características específicas del producto y de la transacción, y en las dos partes que participan en la transacción. Variaciones del mismo serían el denominado método de la transacción comparable no controlada (CUT) en el caso de los intangibles, y el del precio comparable de los servicios no controlados (CUSP) para determinar el precio de plena competencia de los servicios. • El método del precio de reventa (RPM). El método del precio de reventa es aquel por el que se sustrae del precio de venta de un bien o servicio, el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones equiparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de la operación. Método del Precio de Reventa (RPM)
Afiliada A Proveedor (Precio de venta)
Afiliada B Distribuye (Precio de Compra)
Precio de Compra Verdadero (Precio de Compra)
Tienda no Afiliada (Precio de Reventa)
Precio de Reventa menos margen
Este método se usa para determinar el precio pagado por un revendedor o distribuidor por un producto comprado a una empresa afiliada, y revendido a una empresa independiente o no relacionada. El precio de compra al suplidor relacionado se establece de tal manera que el margen bruto obtenido por el revendedor sea suficiente para cubrir sus costos operativos y de venta, y obtener un beneficio apropiado10/. Lo que resta después de sustraer el margen bruto puede ser considerado, después de ajustes por otros costos asociados con la compra del producto tales como derechos de aduana, como un precio de plena competencia por la transferencia de propiedad entre las empresas asociadas. En otras palabras, conocido el precio de venta independiente y los gastos y el beneficio del vendedor, se llega al precio de compra de mercado de la empresa suministradora vinculada. Este método se utiliza cuando es imposible aplicar el método del precio comparable, y muy particularmente, en aquellos casos que la sociedad vinculada es una sociedad que sólo distribuye o comercializa productos adquiridos de un tercero vinculado, y por tanto no agrega un valor significativo al producto mismo. Cuando el margen bruto que se aplica es el de una empresa independiente en una transacción comparable, se puede ver afectada la confiabilidad del método si existen diferencias sustanciales en el modo en que operan las empresas asociadas y las empresas independientes. Estas diferencias podrían ser las que afectan el nivel de costos tenidos en cuenta (por ejemplo por distintos niveles de mantenimiento de inventarios), que podrían muy bien producir un impacto en los
beneficios de una empresa, y que podrían no afectar el precio al que ésta compra o vende sus productos o servicios en el mercado abierto. También se debe tener en cuenta el nivel de actividades realizadas por el revendedor; así, éste puede variar ampliamente desde simples servicios como agente de envío hasta el caso en que el revendedor asume el riesgo total de la propiedad, junto con la responsabilidad y los riesgos que forman parte de la publicidad, la comercialización, la distribución y garantía de las mercaderías, de financiación y otros servicios relacionados. La dificultad principal radica, obviamente, en calcular el margen del revendedor, especialmente por el hecho de que habitualmente no se aprecia con facilidad un valor añadido por la actuación de éste. En principio, puede entenderse que dicho margen es el que obtiene el propio revendedor cuando compra y vende productos similares a empresas independientes. Este método resulta de mayor aplicación práctica cuando la empresa revendedora desarrolla únicamente actividad comercial. El cálculo del margen se dificulta cuando el valor añadido por la empresa resulta de procesos de fabricación. Asimismo, aún desarrollando únicamente actividad como empresa comercial o de distribución, el análisis se dificulta igualmente cuando el revendedor desarrolla actividades de publicidad, actividades de distribución complejas, posee la exclusividad para la venta de los productos en un determinado territorio, etcétera.
10 /El margen bruto expresa el beneficio bruto como porcentaje de las ventas, y se expresa como Margen Bruto = (Beneficio Bruto/Ventas) x100 = ((Ventas-Costo de Ventas)/Ventas) x100. También es equivalente a Margen Bruto = ((Gastos Operativos + Beneficio de Operación)/Ventas) x100.
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• El método del costo incrementado o costo plus (CPM). Este método se utiliza para determinar el precio adecuado para ser asignado por un proveedor de bienes o servicios a un comprador relacionado. El precio se determina agregando a los costos en que el proveedor ha incurrido, un margen bruto adecuado para que el proveedor obtenga un beneficio apropiado, dadas las condiciones del mercado y las funciones que realiza. Lo que se obtiene después de agregar el margen bruto (mark-up) apropiado a los costos, puede considerarse como precio de plena competencia de las transacciones controladas. Método del Costo Incrementado (CPM)
Proveedor no afiliado (Precio de Venta)
Afiliada A Fabricante (Precio de Compra)
Afiliada B Distribuye (Precio de Costo-Plus)
El porcentaje de incremento o margen aplicable se determina tomando el obtenido por la misma empresa vendedora en una operación no controlada comparable, o el de una empresa independiente en una transacción de similares características. Al igual que en el caso del método del precio de reventa, aquí se necesitan menos ajustes para explicar diferencias en el precio de mercado en transacciones no controladas, pudiendo ser
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conveniente darle importancia a otros factores de comparabilidad, algunos de los cuales pueden tener un efecto más significativo sobre el margen de incremento sobre el costo, que el que tienen sobre el precio. Los principales inconvenientes de este método son: a) La dificultad y los problemas del cálculo de costos; por la existencia de principios y prácticas de contabilidad analítica no universales, por las estructuras de costos inadecuadas y, por último, por la diversidad de criterios de imputación de los costos indirectos, en especial de los gastos generales. b) La dificultad de estimación del margen de beneficio normal de la actividad. Ello se debe a dos razones. En primer lugar, a que los datos del mercado independiente pueden no ser fiables por las políticas agresivas de penetración en mercados, y en segundo lugar por la mayor o menor eficiencia en la administración de las empresas. Este método puede ser considerado como el de mayor utilidad cuando se venden productos semielaborados entre compañías asociadas, o bien si estas han concluido acuerdos de facilidades mutuas o de largo término de compra y provisión, así como cuando las transacciones controladas tienen como objeto la prestación de servicios. Los métodos anteriores (RVM y CPM) se utilizan en aquellos casos donde no hay precios o transacciones comparables que puedan obtenerse mediante comparación interna o externa. En este caso, más que enfocarse en el producto o la transacción, el enfoque es en la función desempeñada por las partes. Se recomienda concentrarse sólo en una parte de
la transacción, preferiblemente la más simple de las dos partes relacionadas. En ambos se identifican y cuantifican las funciones, activos y riesgos de la parte examinada11/. Luego, utilizando bases de datos se cuantifican los márgenes brutos devengados por un grupo de firmas independientes cuidadosamente seleccionado que se considera que desempeñan funciones comparables a las de la parte examinada. Los márgenes brutos o “mark-ups” son entonces promediados y utilizados para “retroceder” hacia el precio de plena competencia, en la forma descrita para cada uno de ambos métodos. 1.3.2. Métodos transaccionales basados en el beneficio Los métodos clásicos o tradicionales descansan en la comparación de productos y transacciones, o de las funciones desempeñadas en las transacciones, para hallar directa o indirectamente el precio al cual esa transacción u operación se habría realizado entre partes independientes en condiciones de mercado. En cambio, los métodos transaccionales basados en el beneficio tratan de determinar cómo debería repartirse o distribuirse el beneficio derivado de esa operación entre las partes implicadas, teniendo en cuenta cómo se hubiera distribuido de haberse realizado la operación entre partes independientes. Mientras la OCDE considera como métodos de aplicación preferente los clásicos o tradicionales, Estados Unidos se ha manifestado siempre inclinado a aplicar métodos de distribución del resultado12/.
• El método de partición o reparto de utilidades. El Método Partición de Utilidades consiste en asignar la utilidad de operación obtenida por vinculados económicos o partes relacionadas, en la proporción que hubiera sido asignada entre partes independientes. En un primer momento se determina la utilidad de operación global mediante la suma de la utilidad de operación obtenida por cada uno de los vinculados económicos o partes relacionadas; en un segundo momento, la utilidad de operación global se asigna a cada uno de los vinculados económicos o partes relacionadas, considerando entre otros, el volumen de activos, costos y gastos de cada uno de los vinculados económicos, con respecto a las operaciones entre dichas partes. Este método puede resultar comparable a la metodología utilizada por las empresas cuando las utilidades globales son obtenidas al interior del mismo ente económico, mediante diferentes centros de utilidades o de costos, caso en el cual la utilidad de operación global es distribuida en forma proporcional, teniendo en cuenta para el efecto, consideraciones relativas a los activos involucrados, los riesgos asumidos y las funciones llevadas a cabo. Es utilizado en transacciones donde es difícil evaluar en forma aislada la participación de cada una de las partes en la generación de utilidades, por lo que en general incluso las empresas no afiliadas optan por establecer sociedades, acordando una forma de repartición de las utilidades generadas por las operaciones que realicen en conjunto. De esta forma, el principio
11 / Parte Examinada (Tested party) Es la empresa que participa en una operación controlada, a la que se aplican los métodos de Precios de Transferencia en un análisis de esta naturaleza. 12 / Esto se atribuye al hecho de que los estándares de comparabilidad empleados en los métodos transaccionales en Estados Unidos son más exigentes, lo cual limita considerablemente su aplicación.
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arm’s length indica que en las operaciones entre partes relacionadas que ameriten una partición de utilidades, dicha partición debe ser similar a operaciones comparables entre empresas independientes. La repartición de utilidades se puede hacer sobre la utilidad total o residual. • El método de distribución de utilidades residuales. En la primera fase, a cada participante se le imputan suficientes beneficios como para garantizarle un rendimiento básico correspondiente al tipo de operaciones que efectúa. Normalmente, este rendimiento básico se determinará tomando como referencia los rendimientos del mercado obtenidos en operaciones similares entre empresas independientes. En consecuencia, el rendimiento básico no tendrá en cuenta, por lo general, la utilidad derivada de activos únicos y de gran valor poseídos por los participantes. En la segunda fase, cualquier beneficio residual (o pérdida) resultante del reparto efectuado en la primera fase, sería asignado entre los participantes en la proporción en que hubiere sido distribuido entre partes independientes en operaciones comparables. • El método de beneficios comparables (CPM). Este método busca determinar el nivel de beneficios que hubiese resultado de operaciones controladas, si el retorno realizado en estas transacciones hubiese sido igual al retorno de una entidad independiente comparable. Determina el resultado de plena competencia utilizando el nivel de beneficios que habría ganado la parte examinada sobre las operaciones con otras entidades vinculadas, si sus indicadores de nivel de ganancias fuesen iguales a los de una transacción comparable no controlada. Este método es utilizado para establecer precios o regalías de plena competencia para
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propiedad tangible vendida, o propiedad intangible otorgada en licencia, o transferida, o servicios prestados, en favor de compañías afiliadas o relacionadas. Su aplicación implica ensamblar una muestra de empresas independientes que sean similares a la parte examinada, principalmente en términos de recursos empleados y riesgos asumidos. El análisis funcional y de comparabilidad entre la parte examinada y las empresas independientes o no afiliadas con las cuales se le compara, es considerado menos importante bajo este método que bajo los otros. Las firmas no relacionadas sólo necesitan desempeñar funciones globalmente similares en mercados de productos globalmente similares que la parte controlada. En una segunda etapa, se computan los niveles de beneficio para cada empresa de la muestra, se aplican los niveles de beneficio de plena competencia resultantes a los correspondientes denominadores (ventas, costo total, activos, etc) de la parte examinada, y se establece un rango de resultados potenciales de libre competencia para la parte controlada. Finalmente, se determina el rango intercuartílico de tales resultados y se selecciona un nivel de beneficios contenido dentro del mismo, el cual se usará para establecer la obligación tributaria de la parte examinada. El ingreso operativo y la obligación tributaria de su contraparte en la transacción controlada, se determinan como residuo. • El método del margen neto transaccional (TNMM) examina el margen de beneficio neto en relación con una base adecuada (por ejemplo, costos, ventas, activos) que obtiene un contribuyente de una operación controlada. Este método funciona de forma similar al margen sobre
el coste (costo-plus) y los métodos de precios de reventa. La TNMM por lo tanto, debe aplicarse de manera coherente con la forma en que se aplica el precio de reventa o costo-plus. En particular, esto implica que el margen neto que obtiene el contribuyente de una operación vinculada, idealmente debiera fijarse tomando como referencia al margen neto que el mismo contribuyente obtiene en operaciones comparables no vinculadas. Cuando no sea posible, puede resultar indicativo el margen neto que habría obtenido una empresa independiente en operaciones comparables13/. En este método, el grado de comparabilidad funcional necesaria para obtener resultados fiables, es generalmente menor que en el método de costo incrementado (CPM) y es menos afectado por diferencias transaccionales que el método del precio comparable no controlado (CUP). También es menos afectado por las diferencias funcionales que afectan al método del precio de reventa (RPM). El inconveniente es que este método puede dejar a otras partes de la transacción con beneficios injustificadamente altos o bajos. Por otra parte, ya que garantiza que una transacción siempre será rentable para al menos una de las partes en una transacción determinada, puede no siempre reflejar la relación de plena competencia entre partes independientes.
1.4. La crítica a los métodos basados en el principio de plena competencia y el método de la distribución global proporcional de las ganancias conforme a una fórmula predeterminada (Global Formulary Apportionment GFA). Los métodos previamente descritos, generalmente utilizados para evaluar los precios a los cuales se transfieren bienes, servicios y activos intangibles entre partes relacionadas, con el propósito de determinar si se corresponden con los precios de plena competencia, han sido cuestionados, tanto por la debilidad de los fundamentos teóricos en los cuales se sustentan, como en términos de las serias dificultades prácticas que conlleva su implementación. En primer lugar, como ha indicado Eden (2009), existen al menos tres problemas básicos con los precios externos o de mercado abierto que pueden hacerlos inadecuados o difíciles de usar con fines del análisis de comparabilidad, hasta el punto en que, si fuesen utilizados por las empresas multinacionales, el resultado sería una asignación ineficiente de recursos. • El precio de plena competencia no existe, y es poco probable que exista para intangibles
13 / Para propósitos de comparación, en este método se utilizan diferentes indicadores contables del nivel de rentabilidad. El beneficio neto considerado generalmente es el beneficio de operación. Uno de los indicadores más utilizados es el Margen Operativo, el cual se define como Margen operativo = (Beneficio de Operación/Ventas)*100. Otro indicador es el Costo Neto más Margen o Costo Neto Plus, el cual se calcula como Costo Neto Plus = (Beneficio de Operación/ Costo de Ventas + Gastos Operativos)*100. La Razón Berry se define como la relación entre la utilidad bruta sobre el total de gastos de operación y ventas, es decir Razón Berry = (Utilidad bruta / Gastos de Operación y ventas)*100. El Rendimiento sobre Activos (ROA) se define como la razón de la utilidad de operación o utilidad neta entre el nivel de activos utilizados en las actividades de la empresa, y se utiliza cuando es claro que la empresa bajo análisis obtiene sus retornos fundamentalmente del uso de sus activos. Se calcula como ROA = ((Beneficio de Operación / Ventas) * (Ventas / Activo total))*100 = (Utilidad operativa / Activo total)*100.
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y productos intermedios normalmente transferidos dentro de la red de empresas multinacionales. Como se ha dicho, los métodos tradicionales de métodos de transferencia (CUP, RPM, Costo-Plus) descansan en la comparabilidad entre transacciones controladas y no controladas. La comparabilidad entre transacciones controladas y no controladas tiene que ser bastante exacta para ser de utilidad en el análisis de los precios de transferencia. Sin embargo, dicha comparabilidad sólo se logra en el caso de mercados altamente competitivos, en los cuales los bienes y servicios transados son homogéneos. El tipo de mercados que puede acercarse a esta definición se encuentra cada vez más restringido a los mercados de muy pocos bienes y servicios. En el caso de los productos intermedios específicos de cada firma y de intangibles tales como los ítems sujetos a derechos de propiedad intelectual, estos son inherentemente distintivos, y difícilmente se encontrarán alternativas suficientemente comparables de diferentes entidades. • Incluso si existen los precios externos, no es probable que sean exactamente comparables para la transacción interna, o incluso no necesariamente cercanamente comparables. Los productos económicamente comparables deben tener características físicamente idénticas, ser vendidos en el mismo punto en la cadena de valor, en un período de tiempo similar, con similares condiciones de venta y pago, y en mercados similares. En esas condiciones, incluso para productos no diferenciados, los precios de transferencia fácilmente pueden apartarse de los precios de plena competencia.
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• El precio de plena competencia será el precio de transferencia óptimo para las transacciones intrafirma sólo cuando no existen interdependencias en la demanda u oferta, tales como ventas ligadas entre divisiones o economías de escala o gama a nivel de las CTN (por ejemplo, servicios de apoyo, intangibles al servicio del grupo). Cuando existen interdependencias, el precio de transferencia óptimo requiere la comparación de los costos y beneficios totales del comercio intrafirma para la empresa multinacional, no sólo de los costos marginales y beneficios a nivel de cada división. Es decir, las interdependencias y sinergias entre divisiones deben incluirse en la determinación del precio de transferencia óptimo. Estos problemas tienen implicaciones prácticas al momento de aplicar el estándar de plena competencia. En primer lugar, hay muchos casos donde sencillamente no existen los mercados externos para las transacciones intrafirma, por lo que no hay ningún precio de mercado externo contra el cual evaluar los precios de transferencia de las CTN. En segundo lugar, incluso cuando los precios del mercado externo existan, a menudo hay grandes diferencias que limitan la comparabilidad entre las transacciones intrafirma y las operaciones de mercado abierto. Los lineamientos de la OECD distinguen entre comparables exactos e inexactos. Si el comparable es el mismo producto en las mismas circunstancias, es un comparable exacto. Si el producto o las circunstancias son sustancialmente similares pero no son iguales, esto se llama comparables inexactos. Los comparables exactos siempre son preferibles a los inexactos ya que la prueba clave para cumplir la norma de plena
competencia es la comparabilidad. La dificultad viene en determinar cuáles son las diferencias claves y cómo medirlas. El tercer problema son las interdependencias de demanda/oferta entre divisiones que hacen de los precios del mercado externo, medidas inadecuadas del precio de transferencia óptimo. Los ejemplos incluyen las economías de escala y de gama a nivel de las empresas multinacionales, tales como las asignaciones del overhead de los gastos de Investigación y Desarrollo, de los derechos de propiedad intelectual, y los activos intangibles del marketing internacional. Por otra parte, de acuerdo con King (2009) los métodos basados en la comparación de utilidades se basan en el supuesto de que los mercados de bienes y servicios se encuentran en equilibrio de largo plazo, y que, en ese equilibrio, las tasas de retorno económico de las empresas estarán equiparadas. Sin embargo, no pueden equipararse las tasas de retorno económico con los indicadores contables de medición del beneficio. Esta distinción es relevante, tanto en términos teóricos como prácticos14/. En primer lugar, en el mundo real no existe tal cosa como mercados perfectamente competitivos. Pero incluso, aun si se supone que ciertos mercados son suficientemente competitivos, la igualación de las tasas de retorno económicas sólo existirá como una tendencia a largo plazo, y no puede suponerse que exista en cada momento. Más aun, a diferencia de las tasas de retorno económicas, no existen mecanismos de
mercado que tiendan a igualar los indicadores contables de rentabilidad de las diferentes firmas15/, y por tanto, no existe razón alguna para esperar que firmas situadas en una posición similar tengan las mismas razones contables o financieras de retorno o márgenes operativos, aún en mercados competitivos en equilibrio de largo plazo - menos todavía en los mercados imperfectamente competitivos y en desequilibrio realmente existentes. Por lo tanto, la imputación de tasas contables de retorno, márgenes operativos o mark-ups derivados del análisis de empresas independientes o no afiliadas a las entidades individuales que forman parte de grupos controlados, para determinar las obligaciones tributarias de estas últimas, no encuentra justificación en principio económico alguno. Más aun, el supuesto de que estas razones contables o financieras estarán equiparadas a lo largo de pequeñas muestras de firmas sobre una base anual, resulta indefendible sobre bases estrictamente empíricas, a la luz del amplio rango de resultados obtenidos16/. Como resultado, la obligación tributaria del contribuyente examinado bajo estos métodos será enteramente dependiente del indicador particular del nivel de rentabilidad seleccionado, y de las empresas específicas incluidas en la muestra. Si se seleccionan diferentes indicadores de rentabilidad o una muestra diferente de empresas, se pueden producir resultados marcadamente diferentes. Por su parte, las comparaciones de márgenes de reventa o márgenes brutos que se hacen a través de los métodos de precios de reventa
14/ Para un excelente análisis de las diferencias fundamentales entre tasas de retorno económicas e indicadores contables de la rentabilidad financiera, y de las implicaciones de identificar ambos conceptos, remitimos a la obra de esta autora. 15/ Estos indicadores son el Margen Operativo Neto, la Razón de Barry, y la Rentabilidad sobre Activos (ROA), entre otros. 16/ Incluso, si las empresas de la muestra utilizan diferentes convenciones contables, por este solo motivo se obtendrán razones financieras de rentabilidad diferentes.
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y costo-plus, tienen los mismos problemas señalados en términos de comparación de tasas de retorno contables, márgenes operativos, y otras medidas contables de desempeño. Un cuestionamiento más fundamental ha sido hecho por los proponentes del método de reparto o distribución proporcional de utilidades (y bases imponibles) entre las distintas entidades que conforman una CTN según una fórmula preestablecida (Global Formulary Apportionment GFA). Como hemos visto, bajo el principio de plena competencia las transacciones dentro del grupo transnacional son separadas, enfocando a cada entidad del grupo como una entidad independiente y separada, y sus transacciones con otras entidades relacionadas son tratadas como si se tratase de operaciones con otras tantas entidades separadas. Estas transacciones son luego equiparadas con transacciones de plena competencia en el mercado, que se han efectuado en similares circunstancias entre partes independientes comparables, en situaciones no controladas. Este principio asume además que el mercado intermedio es perfectamente competitivo, lo cual significa que existen muchos compradores y vendedores de los mismos bienes producidos por las unidades que integran las CTN, y sus otras unidades pueden comprar estos bienes en el mercado abierto. Sin embargo, enfocar a las unidades que integran las CTN como unidades separadas que operan
en un mercado competitivo, significa desconocer el propósito mismo de la existencia de las CTN, que consiste en aprovechar las ventajas de la integración vertical, las economías de escala y de gama, y el ejercicio de derechos de propiedad intelectual que, al actuar conjuntamente, generan una sinergia17/ tal que los resultados de la actividad conjunta serían mayores que la simple suma de las partes separadas. Aquí el todo es la rentabilidad de las CTN como entidad global, y las partes son las entidades individuales de dicha CTN en diversas jurisdicciones que trabajan de una manera integrada y conjunta para cumplir un objetivo global. Los partidarios del método de Global Formulary Apportionment (GFA), cuestionan el realismo de estos supuestos y, por el contrario, hacen hincapié en que la naturaleza misma de una empresa multinacional surge debido a las ventajas de organización e internacionalización respecto a las empresas puramente nacionales; esas ventajas implican que las ganancias son generadas en parte debido a la internalización de las transacciones dentro de la empresa. En este caso, equiparar las partes o entidades que forman parte integrante de una CTN a las empresas independientes, y tomar como estándar para las transacciones entre las empresas filiales las transacciones entre empresas independientes, carecería de sentido. Como alternativa, se propone este método que consiste en convertir en la base gravable
17/ La sinergia es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de éstos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos. La sinergia, por lo tanto, tiene como prerrequisito la integración y ésta debe ser antecedida por la afinidad de las partes, pues la integración sólo es posible si existe afinidad.
las ganancias de la CTN como un todo, distribuyendo las mismas proporcionalmente entre las empresas asociadas situadas en distintos países —y la parte de la base tributaria que correspondería a cada país—, por medio de una fórmula predeterminada y automática18/. Este método constaría de tres elementos esenciales: determinar la unidad gravable (es decir, las filiales y sucursales del grupo multinacional que deberían conformar la entidad global imponible); determinar con precisión los beneficios globales de la CTN; y establecer la fórmula aplicable para repartir los beneficios globales de la unidad considerada. La fórmula se fundamentaría en una combinación de los activos, salarios y ventas de las diferentes unidades de las CTN establecidas en diferentes países. De esta forma, los beneficios se distribuirían en proporción aproximada al aporte de cada empresa a la rentabilidad global, y la distribución proporcional de la base imponible entre las diversas jurisdicciones tributarias en que se encuentran localizadas las entidades que forman parte de las CTN sería más transparente, y no dependería de las tasas tributarias. Bajo los actuales métodos, los ajustes hechos por las autoridades a los precios de transferencia pueden llegar a distribuir las ganancias de las unidades de las transnacionales entre las diversas jurisdicciones tributarias de muy diferente manera.
Esto ocurriría aun si todas las autoridades de las diferentes jurisdicciones utilizaran el mismo método para valorar los precios de transferencia, porque el resultado de cada una de ellas podría variar significativamente, dependiendo de la muestra de empresas utilizada. Pero lo más probable es que diferentes autoridades utilicen diferentes metodologías, dando lugar a una dispersión de resultados aún mayor. Como resultado, la tasa impositiva global podría resultar arbitraria, y podría dar lugar a doble imposición en una escala significativa. El método de GFA daría lugar a un método transparente, que no distribuiría las utilidades globales de la forma, y la carga tributaria correspondiente, de una manera tan incierta y potencialmente arbitraria, sino en proporción al peso que tenga la actividad de cada unidad de la CTN en cada territorio específico. Por lo demás, dado que la fórmula ponderaría el peso relativo de la actividad de la CTN en cada jurisdicción, bajo este método no habría teóricamente desviación de ganancias hacia localizaciones de baja tributación, porque el beneficio global de la corporación sería adoptada como la base tributaria global, y la parte que correspondería a cada jurisdicción dependería exclusivamente del peso ponderado de la actividad de las distintas unidades de la CTN en cada país.
18/El enfoque de la distribución proporcional de las utilidades conforme a una formula (formulary apportionment) es utilizado actualmente por algunos Estados de EE. UU., cantones de Suiza, y provincias de Canadá. La Unión Europea está considerando un enfoque de este tipo, a opción de los contribuyentes, para armonizar sus impuestos corporativos, bajo la Iniciativa Common Consolidated Tax Base, CCTB http://ec.europa.eu/ireland/press_office/news_of_the_day/commonconsolidated-tax-base-q-and-a_en.htm).
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1.5. Los métodos de Precios de Transferencia y los Países en Desarrollo: el método del profesor Simon Pak y el Método de Brasil. A pesar de los problemas y limitaciones que han sido analizados, el principio de Plena Competencia, que establece que el precio de transferencia debe ser igual al precio del mismo producto transado entre firmas no relacionadas bajo las mismas circunstancias en mercados competitivos, es el fundamento no sólo de las Directrices de la OCDE y de la normativa norteamericana sobre Precios de Transferencia, sino de la legislación relativa a precios de transferencia hoy vigente en 78 países del mundo, incluyendo 11 de América Latina (Brasil no se ajusta totalmente a las directivas de la OCDE, sino que aplica su propia metodología de márgenes fijos). Ahora bien, si la aplicación de este principio encuentra limitaciones y dificultades en los países desarrollados, por las razones anteriormente indicadas, los problemas para la implementación de este principio y de los métodos que se sustentan en el mismo, resultan especialmente agravados en las condiciones específicas de los países en desarrollo. En primer lugar, uno de los fundamentos del principio de plena competencia es la comparabilidad de las transacciones entre empresas vinculadas, con transacciones entre empresas no vinculadas. Por sí misma, como hemos visto, la comparabilidad puede resultar muy difícil en términos puramente prácticos. Para los países en desarrollo, con frecuencia resulta más difícil todavía encontrar los comparables adecuados, y/o obtener la información necesaria para aplicar
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los métodos basados en el principio de plena competencia. La primera dificultad para aplicar estos métodos se derivaría del hecho de que los mercados en los países en desarrollo son más pequeños que los de los países desarrollados, de manera que, en presencia de economías de escala, una o muy pocas empresas – entre las cuales con frecuencia se encuentran empresas afiliadas a transnacionales– suelen dominar cada uno de los sectores más importantes, y al mismo tiempo suelen formar parte de grupos empresariales mayores, altamente integrados, con presencia a lo largo de diversos sectores de la economía. En estas condiciones, no existirían en el plano doméstico demasiados “estándares de comparabilidad” contra los cuales contrastar las operaciones intrafirma de las filiales de las CTN. Esto se ve agravado por el hecho de que, a la par de estas grandes empresas, que las más de las veces integran grupos empresariales mayores, no existen empresas comparables que operen en condiciones de libre competencia, sino una miríada enorme y dispersa de pequeñas unidades económicas, muchas de ellas de mera sobrevivencia. Por otra parte, yendo más allá de eso, hacia las dificultades propiamente operativas, la aplicación de estos métodos requiere de bases de datos especializadas para encontrar casos de transacciones comparables (y entre empresas comparables), los cuales tienden a enfocarse en datos de los países desarrollados, y por esa razón pueden no ser relevantes para el análisis de comparabilidad en las condiciones específicas de los mercados de los países en desarrollo (al menos no sin costosos y sumamente complicados ajustes) y, en todo caso, el acceso a estas bases de datos resulta costosa.
Los requerimientos de información necesarios para implementar estos métodos19/, y la alta complejidad de los análisis que se deben realizar, pueden resultar sencillamente abrumadores para las administraciones tributarias de nuestros países, y el control y fiscalización del cumplimiento del principio de plena competencia requeriría de considerables capacidades administrativas y profesionales, incluyendo el recurso a especialistas en derecho tributario internacional, auditores con experiencia en operaciones de CTN, y expertos con un conocimiento especializado en distintos sectores específicos de la economía.
El método del profesor Simón Pak Un método que quizá podría adecuarse de mejor manera a la realidad de los países en desarrollo, es el método del profesor Simon Pak para detectar la manipulación de precios de comercio exterior.
Se requiere además invertir una cantidad muy grande e intensiva de tiempo y de recursos, tanto por parte de las autoridades como por parte de las empresas, para analizar las transacciones, evaluarlas y elaborar extensos, laboriosos, y complicados reportes.
El profesor Simon Pak, presidente del Trade Research Institute (Instituto de Investigación Comercial) y profesor asociado de la Universidad Estatal de Pennsylvania, ha desarrollado una metodología para el análisis de los precios de comercio exterior, basada en una matriz de filtrado de precios, que permite detectar aquellos casos en que existen indicios o la posibilidad de manipulación de precios del comercio exterior con propósitos de lavado de dinero, evasión aduanera, o minimización del pago del impuesto sobre la renta por la vía de los precios de transferencia.
Por estas razones, siempre resulta bienvenida la evaluación de métodos que puedan facilitar el trabajo de detección de posibles hechos de manipulación de precios de transferencia, antes de embarcarse en complicados y extremadamente costosos procesos de análisis en base a los métodos anteriormente analizados.
Este método consiste en el análisis de series estadísticas de precios de exportación e importación por categorías arancelarias específicas y por países, con el propósito de extraer los precios promedio, la desviación estándar y las cotas inferiores y superiores de los mismos. Sobre esta base se estiman los
19/ La OCDE (2006) reconoce la dificultad que puede representar, tanto para las autoridades competentes como para las empresas, el obtener la información que requiere la aplicación de la comparación entre transacciones controladas y no controladas.
“Con frecuencia, tanto las Administraciones tributarias como los contribuyentes encuentran dificultades para obtener información adecuada para aplicar el principio de plena competencia. Éste puede exigir una cantidad importante de datos ya que, normalmente, requiere que los contribuyentes y las Administraciones tributarias evalúen operaciones no vinculadas y las actividades comerciales de empresas independientes y las comparen con las operaciones y actividades de empresas asociadas. La información a la que se pueda acceder puede resultar incompleta y difícil de interpretar; si existiera otra información, podría ser complicado obtenerla a causa de la localización geográfica tanto de ésta como de las partes que pueden procurarla. Además, puede suceder que, por razones de confidencialidad, resulte inviable conseguir información de empresas independientes. En otros casos, puede ser que simplemente no exista información relevante acerca de empresas independientes”.
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rangos inferiores y superiores de los precios, los cuales se estiman adicionando a los precios promedio un monto razonable, en función de la desviación estándar. Alternativamente, pueden utilizarse los rangos intercuartílicos20/ de los precios, en cuyo caso el límite superior equivale al cuartil superior de la distribución de precios, y el inferior al cuartil inferior. Cuando los precios de exportación e importación se encuentran por debajo o por encima de los rangos inferiores o superiores, es decir cuando se detectan precios “anormales”, puede considerarse que existen indicios de manipulación de los precios con los propósitos indicados. Esta metodología, basada en una matriz de filtrado de precios usando métodos estadísticos cuando se dispone de base de datos históricos suficientemente detallados, resulta comparativamente eficiente y de bajo costo como medio para detectar precios anormales que podrían indicar manipulación de precios, siempre que se tengan las precauciones debidas —igual que debe tenérselas con cualquier otro método21/— y los hallazgos se contrasten con una adecuada capacidad de análisis y fiscalización por parte de la administración tributaria.
El Método de Brasil Como ya hemos indicado, a diferencia del Modelo OCDE, el Método de Brasil no se rige por el principio de precio normal de mercado abierto como base para determinar los precios de transferencia. Este método estipula la forma de calcular los gastos deducibles por importaciones y una base mínima de beneficio bruto por exportaciones en transacciones llevadas a cabo entre partes vinculadas. El Método de Brasil se asemeja a un seguro mínimo de renta o ingreso. Para determinar los precios de transferencia en la importación, se contemplan los siguientes métodos: • Método de precios independientes (PIC).
• Método de precio de reventa menos renta (PRL). • Método del costo de producción más renta (CPL). Respecto a las exportaciones, el sistema brasileño aplica el principio general de régimen de refugio o puerto seguro, safe harbour rules. En virtud de este
20 / En estadística descriptiva los cuartiles son los tres puntos que dividen al conjunto de datos ordenados en cuatro partes porcentualmente iguales. A estos tres puntos se les llama primer cuartil (Q1 también llamado el cuartil inferior), segundo cuartil (Q2 el cuartil medio; es la mediana) y el tercer cuartil (Q3 cuartil superior), respectivamente. Se pueden utilizar para darnos una idea de la dispersión de los datos. El rango intercuartílico es la diferencia entre el tercer y el primer cuartil: Q3 –Q1. Nos da una franja en la que se encuentra el 50% de la población. 21/ Se ha indicado que la utilización del rango intercuartílico automáticamente cataloga al primer cuartil y al tercer cuartil (al 25% inferior y al 25% superior) de la distribución de precios como anormal, lo cual lleva a presumir que existe manipulación, lo cual puede resultar arbitrario. Sin embargo, esta metodología resulta muy efectiva para detectar exportaciones e importaciones que con frecuencia se colocan abajo o por encima de los límites inferior o superior, y que por tanto sugieren la manipulación de precios. Como referencia, la probabilidad de que la mitad o más de la muestra de precios se coloque fuera del rango intercuatilico es del 0.00000213%
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régimen, cuando el precio promedio de ventas de los respectivos bienes, servicios o derechos a ser exportados, durante el período fiscal determinado, sea inferior al 90% del precio normal de ventas en el mercado interno de dichos conceptos, respecto del mismo período, y bajo condiciones de pago similares, entonces la empresa brasileña deberá determinar su precio de transferencia de acuerdo con alguno de los métodos descritos. En cambio, si dicho promedio supera el 90% mencionado, se entiende que el contribuyente ha cumplido con las normas sobre precios de transferencia. Las reglas de refugio seguro consisten en sistemas de determinación objetiva o previa del rendimiento, mediante la fijación de umbrales, que procuran salvar las dificultades derivadas de la aplicación del principio de independencia, o bien simplificando las exigencias tanto materiales como formales, para una categoría determinada de contribuyentes, por ejemplo a través de la formación de bandas dentro de las cuales deberían encontrarse los precios o las ganancias. No se consideran reglas de refugio seguro la regulación de los acuerdos previos sobre precios de transferencia o las reglas
de sub-capitalización (“thin capitalization”, o capitalización delgada). Por supuesto, la OCDE no se muestra favorable al desarrollo de estos mecanismos porque, a pesar de su certeza, facilidad y simplificación en la aplicación tanto por parte de la empresa como de la administración tributaria y de favorecer la disminución de la litigiosidad, estiman que pueden poner en riesgo el principio at arm´s length. Sin embargo, como dice García Prats (2005), «...la aceptación de las reglas de refugio seguro ha sido dispar en el ámbito internacional, no obstante lo cual en razón de sus rasgos de práctico, de base negociada, y simple, llevó a que algunos foros internacionales se ocuparan de estudiarlas, principalmente en el Grupo de Expertos en Materia de Cooperación Tributaria Internacional de la Organización de Naciones Unidas, pues entendieron que dichos regímenes pueden constituir una solución satisfactoria y más acorde con las capacidades administrativas de los países en desarrollo».
Diferencias Método Brasil vs. Modelo OCDE Exportación-importación
Brasil aplica los métodos de los precios de transferencia al igual que OCDE, pero a diferencia, aplica un límite máximo de la renta. Si el contribuyente alega que sus porcentajes de ganancia son mayores debe probarlo ante la administración tributaria.
Brasil aplica una regla singular que indica que si las ventas entre empresas vinculadas es de hasta el 5% de la facturación, no se aplica la normativa de precios de transferencia.
Regalías y asistencia financiera
No se aplican los métodos de precios de transferencia. Se puede declarar el pago de regalías y asistencia por cualquier cantidad, pero se limita su deducción del impuesto sobre la renta hasta el 5% de la ganancia bruta de la sociedad.
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Para finalizar, debe remarcarse que la condición indispensable para que los métodos que puedan implementarse resulten efectivos, es fortalecer la autonomía y las capacidades de la administración tributaria. La eficacia con la que se aplique el sistema tributario depende de la capacidad de gestión de la administración en las funciones de recaudación, fiscalización y cobro de los tributos. Esa eficacia determina en último término hasta qué punto se identifica el “sistema tributario legal” con el “sistema tributario real o efectivo”. Los objetivos propuestos por las normas tributarias no se alcanzan simplemente con su promulgación, sino a través de su efectiva aplicación. Esto significa, en primer lugar, asegurar la plena autonomía administrativa y funcional de la autoridad tributaria, que asegure que esté concentrada en la aplicación de la Ley y no pueda ser sometida a presiones políticas, o a presiones
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indebidas derivadas del poder e influencia de los sectores de mayores ingresos, cuyos intereses pesan considerablemente, o están con frecuencia muy bien representados en el propio sistema político o el Estado. En estrecha relación con lo anterior, es indispensable que la administración tributaria esté dotada de personal de alto nivel de calificación profesional, resultando inadmisible que el mismo sea nombrado, o despedido, atendiendo a cualquier tipo de consideraciones políticas. Por supuesto, una buena administración tributaria necesita estar respaldada además por un sistema judicial eficiente y autónomo, en apoyo al cumplimiento de las leyes tributarias. De lo contrario, si el sistema judicial es ineficiente y/o corrupto, el cumplimiento tributario sufrirá, y la responsabilidad no puede ser atribuida únicamente a la administración tributaria.
2. Los precios de transferencia en Nicaragua 2.1. ¿Qué significan para Nicaragua las pérdidas de recursos a través de la manipulación de precios de transferencia?
l reciente estudio de Global Financial Integrity (GFI) “The Implied Tax Revenue Loss from Trade Mispricing”, utilizando el método del
Profesor Simon Pak, indica que Nicaragua es uno de los países en desarrollo que, en el periodo 2002-2006, experimentó las mayores pérdidas de ingresos tributarios potenciales por la vía de la sobrevaloración de las importaciones y la subvaluación de las exportaciones, cuando dichas perdidas se miden como porcentaje de los ingresos fiscales totales del gobierno.
Tabla 2: Países con las mayores pérdidas de ingresos tributarios (como porcentaje de los ingresos del gobierno) Promedio 2002-2006 (En Millones de Dólares)
País 1 Zimbawe 2 China 3 Filipinas 4 Nicaragua 5 Mali 6 Rep. del Congo 7 Costa Rica 8 Zambia 9 Honduras 10 Bielorrusia 11 Camerún 12 Guinea 13 Etiopía 14 Malasia 15 República Centroafricana 16 Cambodia 17 Togo 18 Panamá 19 Tajikistan 20 lslas Salomon
Monto promedio de las desviaciones de precio (no normalizadas) $750.36 $233,519.53 $12,153.94 $723.25 $572.51 $987.34 $3,229.32 $678.42 $1674.17 $7,217.08 $209.69 $362.88 $422.90 $19,027.35 $51.35 $381.97 $117.90 $2,702.55 $128.31 $21.50
Pérdidas promedio de Ingresos Fiscales (no normalizadas)
Ingresos Fiscales promedio $225.11 $714.50 $58,379.88 $188,121.89 $4,253.88 $13,859.11 $216.97 $783.34 $200.38 $796.90 $375.19 $1,504.95 $968.80 $4,364.00 $237.45 $1,094.26 $418.54 $1,935.12 $1,732.10 $8,063.18 $80.73 $471.20 $127.01 $769.70 $126.87 $782.27 $4,947.11 $32,130.18 $15.41 $105.60 $76.39 $550.93 $43.62 $322.54 $810.77 $6,020.00 $32.08 $241.92 $6.45 $49.70
Pérdida de Ingresos Fiscales (como porcentaje de los ingresos del gobierno) 31.50% 31.00% 30.70% 27.70% 25.10% 24.90% 22.20% 21.70% 21.60% 21.50% 17.10% 16.50% 16.20% 15.40% 14.60% 13.90% 13.50% 13.50% 13.30% 13.00%
Fuente: GFI (2010)
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En el caso del comercio bilateral entre Nicaragua y la Unión Europea, el estudio de Crhistian Aid encuentra que en el periodo 20052007 el flujo acumulado de capital derivado de la manipulación de precios del comercio
ascendió a €127.1 millones (US$185.8 millones). La pérdida acumulada de ingresos tributarios potenciales habría ascendido a €36.9 millones (US$48.4 millones).
Tabla 3: Monto del flujo anual de capital y pérdida de ingresos fiscales derivados de la manipulación de precios del comercio bilateral
País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Costa Rica Ecuador El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela Total
Flujo de Capitales (mill US$) Pérdidas en la recaudación (mill US$) 2005 2006 2007 2005 2006 2007 529.66 485.84 529.47 185.39 170.04 185.31 31.75 14.72 21.94 7.94 3.68 5.49 3,271.62 4,035.74 11,660.1 1,112.35 1,372.16 3,964.44 789.14 717.13 963.7 134.16 121.92 163.82 631.76 599.13 734.57 243.22 230.66 282.82 429.47 420.87 1,767.03 128.84 126.26 530.11 256.83 154.71 191.82 64.2 38.67 47.95 116.09 116.4 128.75 29.02 29.09 32.19 211.18 187.29 263.14 65.47 58.06 81.58 188.25 163.53 253.47 56.47 49.06 76.03 16,244.23 18,721.14 25,464.04 5,360.59 6,177.97 8,403.13 50.02 65.14 234.5 15.01 19.55 70.35 97.92 123.27 203.49 29.38 36.98 61.05 37.32 115.48 26.53 3.73 11.55 2.66 488.95 243.28 452.5 146.69 72.98 135.76 29.77 41.02 35.92 8.93 12.31 10.77 1,313.01 784.96 1,131.17 446.43 266.88 384.6 24,716.97 26,989.65 44,062.14 8,037.82 8,797.82 14,438.06
FUENTE: Christian Aid (2009)
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Para un país como Nicaragua, la pérdida de ingresos tributarios asociada al mecanismo de precios de transferencia tiene implicaciones muy graves. El país se encuentra en la fase cimera del denominado bono demográfico. Nicaragua se ha beneficiado del decrecimiento de la relación de dependencia demográfica, ya que para cada persona en edad de trabajar, hay una menor carga derivada de las necesidades de niños y ancianos. Esta situación —conocida como “bono demográfico”— es particularmente favorable, porque al interior de los hogares un menor número de dependientes por cada miembro económicamente activo puede significar un aumento del ingreso per cápita. Sin embargo, cabe hacer una importante distinción entre los beneficios automáticos del bono demográfico y su pleno aprovechamiento, el cual requiere de políticas deliberadas y activas orientadas a ese fin. En efecto, mientras que la sola disminución de la tasa de crecimiento de la población, la disminución de la tasa de dependencia y el crecimiento de la fuerza de trabajo generan mayor crecimiento del ingreso per cápita, los plenos beneficios del bono demográfico sólo se materializan cuando es posible emplear en actividades de alta productividad, adecuadamente remuneradas, a esta fuerza laboral en aumento. Esto por su parte requiere que los jóvenes que se incorporan a la fuerza de trabajo lo hagan habiendo acumulado niveles adecuados de escolaridad. El pleno aprovechamiento del bono demográfico significaría por lo tanto que las decenas de miles de jóvenes que año con año se incorporan a la edad de trabajar, lo hiciesen con los adecuados niveles de calificación, nutrición y salud, y que pudiesen encontrar empleos decentes y bien
remunerados. Sin embargo, los beneficios potenciales del bono demográfico se verán contrarrestados si la población que alcanza la edad de trabajar lo hace habiendo acumulado niveles extremadamente bajos de capital educativo, y si los empleos que se generan son predominantemente informales y precarios, de baja productividad y muy pobre remuneración. El drama de Nicaragua reside, precisamente, en el hecho de que en esta fase de su historia, cuando decenas de miles de adolescentes y jóvenes se incorporan cada año a la fuerza de trabajo, y la población en edad de trabajar se incrementa en proporciones no experimentadas hasta ahora, la mayoría de los empleos que se están generando son empleos precarios e informales. Por otra parte, cuando uno analiza la situación educativa del país encuentra que las personas que actualmente conforman, se están integrando o se estarán integrando a la población en edad de trabajar en las próximas décadas, lo que han recibido y están recibiendo, en la mayor parte de los casos, es un nivel de calificación extremadamente bajo /. De tal manera que, por un lado, el tipo de empleos predominantes en nuestra economía son empleos informales, de baja productividad, los cuales no requieren de mucha calificación para ser desempeñados. Por otra parte, este tipo de empleos es el único capaz de absorber a la mayor parte de una fuerza de trabajo con las características de la nicaragüense, a saber, una fuerza de trabajo caracterizada por niveles de escolaridad bajísimos. Esto significa que, en lugar del esperado circulo virtuoso entre crecimiento de la población en edad de trabajar -dotada de la calificación requerida- y creación de empleos de alta productividad (y bien remunerados), el país experimenta un círculo vicioso entre un
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nivel muy bajo de escolaridad de la fuerza de trabajo, y el hecho de que la economía genere, principalmente, empleos precarios e informales, pobremente remunerados. Dado que los elementos indispensables para transformar esta realidad y aprovechar plenamente el bono demográfico –niveles adecuados de capital humano, capacidad de asimilar el conocimiento y la tecnología, dotación de infraestructura e instituciones de fomento del desarrollo, así como la modernización, intensificación y diversificación del sistema productivo - no se generan de manera automática, para lograr su materialización se requerirá de políticas públicas activas, y de niveles suficientes de inversión. En términos más específicos, aprovechar de la mejor manera el denominado bono demográfico implicaría utilizar el margen de tiempo que todavía resta hasta su término, equivalente a unas tres décadas, para efectuar las inversiones indispensables y oportunas, que permitan generar las condiciones y capacidades para que los niños, adolescentes y jóvenes puedan desarrollar lo más plenamente posible sus potenciales, y heredar -y contribuir a construir- un país con mayores posibilidades de ser sustentable, en la acepción integral de este término. Esto significaría invertir, en la medida necesaria, para lograr que todos los niños y adolescentes logren alcanzar los umbrales mínimos indispensables de escolaridad -con los niveles de calidad y pertinencia requeridos- que los habilite para incorporarse al mercado laboral y a todas las esferas de la vida, en condiciones mucho mejores que aquellas en que lo hacen ahora. Significará invertir para expandir el acceso a los servicios de salud y nutrición, al agua potable, al saneamiento, y a la infraestructura básica
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en general para la gran masa de población que carece de acceso a estos elementos -o lo tiene sólo de manera muy insuficiente- población dentro de la cual los niños y adolescentes se encuentran sobre-representados. Significará también destinar recursos -a través de las instituciones financieras y técnicas de fomento que habrá que diseñar y poner en marcha, y a través de la inversión en la infraestructura física relacionada-, para promover la transformación y diversificación del aparato productivo del país y su modernización, junto a la construcción de eslabonamientos y cadenas de valor, de manera que sea capaz de generar empleos de mayor productividad, que demanden, a su vez, niveles de calificación cada más elevados, y mucho mejor remunerados. Esto debería incluir, además, la necesidad de crear las condiciones que permitan proporcionar a los adultos mayores, que paulatinamente irán representando un porcentaje cada vez más elevado de la población, la posibilidad de una vejez con niveles básicos de protección, atendiendo al hecho de que el lapso de tiempo que resta del bono demográfico constituye, simultáneamente, el periodo que media entre la fase incipiente y el inicio de la fase avanzada de envejecimiento poblacional. Estas inversiones demandarán importantes recursos, y esto tiene fuertes implicaciones para las finanzas del sector público y el sistema tributario. En tal sentido, resulta obvio que la masiva pérdida de recursos que se produce a través del mecanismo de precios de transferencia -aunada al hecho de que el sistema tributario grava con menor fuerza relativa a los estratos de mayores ingresos de la sociedad y a la también masiva pérdida de recursos que se produce debido al generoso sistema de exenciones y exoneraciones- se convierte en un
obstáculo fundamental para que el país pueda efectuar estas inversiones fundamentales. Para poder aumentar la inversión hasta los niveles necesarios, se incremento significativo en la tributaria. Los actuales niveles
pública social requerirá un recaudación de inversión
social son sumamente bajos. En la actualidad, a pesar de los incrementos en el Gasto Público en Educación verificados en la última década, apenas estamos recuperando los niveles prevalecientes hace poco más de tres décadas.
Gráfico 1: Gasto Percápita Real en Educación 1970-2011 (A precios constantes de 1994)
FUENTE: con base en datos del Banco Central de Nicaragua.
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En el caso de Nicaragua, es preciso recordar no sólo que nuestro país se encuentra entre aquellos con mayores grados de pobreza infantil en la región, sino que también, pese a
los incrementos que ha experimentado, su gasto social continúa siendo sumamente bajo, comparado con los niveles regionales.
Gráfico 2: Gasto Público Social por Habitante 2008 (En dólares constantes del año 2000)
38 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
Gráfico 3: América Latina (18 países) Gasto Público por Estudiante de Primaria y Secundaria (En dólares del 2000)
Por si mismas, estas razones son suficientes para que un país en el cual prevalece una elevada desigualdad, se proponga lograr un sistema tributario más equitativo, capaz de aportar los recursos necesarios. Sin embargo, en las circunstancias específicas de Nicaragua, se agregan factores adicionales, que tornan aún más imperioso analizar las opciones disponibles no digamos ya para incrementar, sino incluso para sostener a mediano plazo el financiamiento de los niveles actuales de gasto
social. La cooperación externa, que en las últimas dos décadas ha contribuido a financiar el gasto social, se ha venido reduciendo como porcentaje del PIB. Esta tendencia se mantendrá, y no resulta sostenible que esta disminución continúe siendo compensada por la emisión de nueva deuda interna neta. De manera que, si se desea incrementar de manera significativa el Gasto Público Social como porcentaje del PIB, la principal opción disponible reside en promover una
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transformación a fondo del sistema tributario, incluyendo la introducción de regulaciones sobre los precios de transferencia que haga posible incrementar la recaudación fiscal como porcentaje del PIB, de manera más equitativa, y con mayor suficiencia. Sin embargo, pese a esta apremiante necesidad de incrementar la recaudación tributaria, y pese a la evidencia de las fuertes pérdidas de ingresos que se estaría produciendo a través del mecanismo de precios de transferencia, este tema no ha sido objeto de debate público en Nicaragua –ni siquiera en los círculos más especializados- ni existen tampoco estudios o investigaciones publicadas sobre este tema en el país. De hecho, la principal dificultad que encontramos para poder llevar a cabo este trabajo, fue la ausencia prácticamente total de material publicado sobre el tema de los precios de transferencia, en lo que se refiere al caso específico de Nicaragua. Esto no significa que el tema de las pérdidas de ingresos fiscales como resultado de los precios de transferencia –en gran medida derivadas de la manipulación del precio de importaciones y exportaciones– no haya sido abordado por las autoridades del país, con la asistencia y el impulso de entidades externas. En este capítulo se hace un recuento de los episodios en los que las autoridades han promovido la regulación de los precios a los cuales se valoran los flujos de bienes, servicios y activos entre partes económicamente vinculadas o relacionadas.
2.2. Un antecedente curioso: la Ley del 5% sobre Ventas de 1970, y la Ley sobre Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos de Consumo de 1974. En Nicaragua, el primer impuesto general sobre las ventas, con una tasa del 5%, se introdujo en 1970 con la promulgación de la “Ley del 5% sobre Ventas”. Sin embargo, lo que resulta interesante de señalar, en el caso de este impuesto, es que en el reglamento del mismo se establecía que, “cuando los responsables efectuaran ventas gravadas, por intermedio de personas con las que puede considerárseles económicamente vinculadas — por el origen de sus capitales, por la dirección o conducción real de los negocios, por la distribución de utilidades, por la estructura de comercialización de las mercancías, o por cualquier otra circunstancia determinante— y ello redundara en perjuicio fiscal”, la administración tributaria tendría la potestad de liquidar el impuesto “tomando en cuenta el precio sobre el que realmente habría correspondido tal liquidación de no existir dicha vinculación económica”23/. Como puede apreciarse, se reproduce de manera casi literal el principio de plena competencia, y la facultad de la administración tributaria de ajustar la base gravable del impuesto conforme al mismo, sólo que, en este caso, este principio estaría referido a transacciones entre partes relacionadas que afectasen la recaudación del Impuesto sobre Ventas.
23 / Artículo 22 del Reglamento de la Ley del 5% sobre ventas de 1970, y Artículo 7 de la Ley del Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos al Consumo de 1974.
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Tratándose de un impuesto sobre las ventas que permitía deducir de la base imponible la adquisición de bienes y servicios intermedios, al parecer —según puede deducirse de las características técnicas del impuesto— la preocupación residía en el hecho de que las partes “vinculadas” a través de las cuales se efectuaran las ventas, pudiesen registrar la adquisición de los artículos a ser vendidos a precios superiores a su precio de mercado, y por esta vía deducir gran parte del valor de las ventas efectuadas, minimizando el pago del impuesto. No tenemos ninguna otra referencia sobre si esta provisión se implementó, o sobre los métodos utilizados para liquidar el impuesto en estos casos, pero el antecedente resulta interesante y, desde nuestro punto de vista, ilustrativo. Posteriormente, en la Ley sobre Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos de Consumo de 1974, se mantendría exactamente la misma disposición, pero la facultad de ajustar los precios para efectos de la liquidación de los impuestos se extendería a los impuestos selectivos de consumo, los cuales para la época representaban casi la mitad de la recaudación total de impuestos.
En el caso de los Impuestos Selectivos al Consumo surge una preocupación similar a la prevaleciente en el caso del Impuesto sobre Ventas, en el caso de las ventas internas de bienes sujetos a los ISC. En este caso, dado que el impuesto recaía sobre el precio al fabricante, esto abría la posibilidad de infravalorar el precio cuando el productor o fabricante vendiese la mercancía a un mayorista o distribuidor relacionado24/. Al mismo tiempo, se encontraba la preocupación por las discrepancias entre el precio CIF de las mercancías, en base a las cuales se liquidaba el impuesto selectivo sobre los bienes importados —una vez que se le aplicaban los impuestos aduaneros— y el precio al cual los mismos bienes eran vendidos a los distribuidores y mayoristas por los productores o fabricantes25/. Este precedente resulta ilustrativo. El mismo llama la atención sobre un rasgo que, como veremos, caracterizará la preocupación de las autoridades nicaragüenses sobre las operaciones entre partes relacionadas en Nicaragua: la misma estará fuertemente concentrada, no sólo en los efectos que pudiesen tener en la recaudación impositiva las transacciones entre partes relacionadas externas —es decir entre
24/ Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos al Consumo: “En las situaciones en que un fabricante o productor efectúe con un solo mayorista o distribuidor operaciones gravadas o cuando concurran las circunstancias previstas en el Artículo 7º. de la Ley sobre Impuestos General de Ventas y Selectivos de Consumo (ver nota al pie número 5) y siempre que se compruebe que el precio de venta al contado utilizado en tales operaciones es inferior al que debiera aplicarse de acuerdo con el giro normal del negocio, la Dirección General de Ingresos queda facultada para ordenar el ajuste de dicho precio”. 25/ Artículo 11 de la ley de Reforma a la Ley del Impuesto General de Ventas e Impuestos Selectivos al Consumo: “En caso de discrepancia considerable entre el precio CIF y el precio de mayorista o distribuidor, la Dirección General de Aduanas queda facultada para liquidar los Impuestos Selectivos de Consumo, partiendo del precio de venta del Mayorista o Distribuidor, menos un porcentaje razonable de comercialización. El empresario o productor nacional podrá suministrar listas de precios de los productos similares importados para que le sirvan de base a la Dirección General de Aduanas en la correcta aplicación de este impuesto. Esta misma norma será aplicable al Impuesto General de Ventas a que se refiere la presente Ley”.
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En ese año,la Dirección General de Ingresos (DGI), de la Republica de Nicaragua solicitó la asistencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos con el propósito de estudiar la incidencia de la prácticas de precios de transferencia en el país, con el ánimo de determinar la brecha fiscal generada por la aplicación de estas prácticas – entendida como la diferencia entre la recaudación efectiva del impuesto sobre la renta efectiva y la que se obtendría en ausencia de tales prácticas– y contribuir a desarrollar las regulaciones que permitieran a las autoridades hacerles frente.
empresas externas integrantes de una CTN con filiales o representaciones de la misma con establecimiento permanente en el país—, sino también entre partes relacionadas internas o nacionales.
2.3. El estudio apoyado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la propuesta de Ley de Precios de Transferencia de 2004.
Para el estudio en referencia se escogieron los sectores que siendo susceptibles de utilizar el mecanismo de Precios de Transferencia en sus operaciones, poseían una significativa participación dentro del PIB. De igual forma se tuvo en cuenta la disponibilidad de información sobre estos.
La siguiente referencia acerca del intento de las autoridades del país de regular las operaciones entre partes relacionadas, a través de precios de transferencia, con el propósito de minimizar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, se encuentra tres décadas más tarde, en el año 2004.
Tabla 4: Sectores seleccionados Sector Ingresos Participacion en el (Córdobas) pib (porcentaje) Eléctrico
4,885,213,576
3,980,674,150
2,504,889,164
1,779,211,018
1,353,219,191
838,166,825
Quimico farm
714,468,285
632,437,100
599,346,949
375,949,921
17,663,576,179
Tabaco Total
42 • Una nota sobre los precios de transferencia en Nicaragua
De acuerdo con el estudio, la experiencia • El estándar sectorial no es otra cosa que un internacional habría demostrado que estos sistema de referencia que se construye con sectores son, entre otros, los que son más base en la información registrada de empresas proclives al abuso de los mecanismos de Precios homogéneas radicadas en otras jurisdicciones de Transferencia. fiscales, dándonos el Benchmark con el cual compararemos a las empresas de la muestra. Los supuestos en los cuales se basó el modelo fueron los siguientes: El modelo construido para detectar la brecha, busca estimar cuál es el verdadero impuesto • El año de estudio fue el 2002, en razón a que que debieron pagar las empresas, y determina es un año con información tributaria mucho cuales son las desviaciones generadas por la más confiable y relativamente consistente, y posible aplicación de técnicas de Precios de se tienen cifras definitivas del PIB. Transferencia. Para ello, una vez obtenida la información tributaria de los contribuyentes por • Los sectores escogidos tenían sistemas sector, se aplicó a cada uno el estándar sectorial, productivos muy similares, lo que hace que obteniéndose el sistema operacional óptimo. Se la estructura de costos y gastos se encuentre consideró que este primer resultado mostraba estandarizada local e internacionalmente. la estructura financiera y productiva ideal por empresa y por sector. • Las empresas obtenían gran parte de sus insumos o gastos operacionales en el exterior, Obtenida la utilidad fiscal óptima, se comparó o la realización del ingreso está condicionada a con la declarada por los contribuyentes, la exportación de gran parte de la producción. registrándose la desviación proveniente de las Es así como toda desviación en estos prácticas de Precios de Transferencia. componentes, implicará una transferencia de recursos al exterior. A la utilidad así obtenida, se le aplicó el impuesto del 25%, de conformidad con lo establecido por la • Sólo se evaluó la información correspondiente Ley del Impuesto sobre la Renta, determinándose a los ingresos operacionales y los gastos y posteriormente la diferencia entre el impuesto costos operacionales, es decir no se tomaron liquidado y el estimado. La diferencia es la brecha en cuenta las operaciones de portafolios u fiscal resultante de la aplicación de prácticas de otros ingresos extraordinarios. precios de transferencia. Finalmente, se obtuvo la participación de la brecha fiscal sectorial y global • Los estándares obtenidos estuvieron dentro de los ingresos corrientes de la nación relacionados con coeficientes de participación por concepto de impuesto a la renta, impuestos de cuatro componentes operativos con totales (excepto de aduanas), y el PIB. relación a los ingresos totales de la empresa. Estos componentes fueron la Remuneración El resultado puso en evidencia una importante al Trabajo (RT), el Consumo Intermedio práctica de precios de transferencia, asociada o Costos Operacionales (CI), los Gastos posiblemente a la sobreestimación de los Operacionales (GO) y la Utilidad Operacional gastos operacionales, el consumo intermedio (UO). y una posible subestimación en la realización
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del ingreso, dando como resultado una subestimación de la utilidad y una indebida liquidación y pago del impuesto a cargo. El valor total de la brecha registrada por los 10 sectores resultó igual a C$1,180.7 millones –equivalentes
a US$92.9 millones- siendo éste el mayor impuesto estimado que debió ser pagado, el cual no se liquidó, por la presunta práctica de Precios de Transferencia.
Tabla 5: Estrucutra tributaria comparada Sector Renta bruta Utilidad Utilidad Credito Impuesto Brecha económico gravable declarada estimada fical estimado fiscal Bebidas 1,353.22 89.28 393.11 5.55 98.28 92.73 Molinos 599.35 14.44 122.93 3.63 30.73 27.10 Tabaco 375.95 113.48 99.74 29.99 24.93 Transporte aereo 632.44 38.52 27.19 7.67 6.80 Textiles 1,779.21 (3.66) 343.39 16.98 85.85 68.87 Químico farmacéutico 714.47 20.50 254.78 10.14 63.69 53.56 Eléctrico 4,885.21 (424.53) 1,079.63 21.95 269.91 247.96 Financiero 3,980.67 (2,865.12) 2,706.86 15.95 676.71 660.76 Pesquero 836.78 (53.62) 133.88 3.73 33.47 29.74 Comunicaciones 2,504.89 562.16 526.03 156.12 131.51 Total 17,662.19 (2,508.55) 5,687.54 271.71 1,421.88 1,180.72
Tabla 6: Brecha Fiscal Consolidada (En Córdobas y Porcentajes de la Recaudación del Impuesto sobre la Renta en el año 2002) Sector economjco Bebidas Molinos Tabaco Transporte aereo Textiles Quimico farmaceutico Eléctrico Financiero Pesquero Comunicaciones Total
Débito o Impuesto Brecha Brecha crédito fical estimado fical fiscal % 5,545,412 98,277,544 92,732,132 6 3,627,754 30,731,515 27,103,760 2 29,988,942 24,934,749 00 0 7,665,213 6,798,699 00 0 16,981,931 85,846,932 68,865,001 4 10,137,557 63,694,848 53,557,290 3 21,949,149 269,908,050 247,958,901 15 15,954,588 676,714,605 660,760,018 39 3,732,912 33,471,194 29,738,282 2 156,124,963 131,506,681 00 0 271,708,421 1,421,884,816 1,180,715,384 71
Fuente: Estudio Transfer Pricing.
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La participación de la brecha fiscal dentro del recaudo por concepto de renta, para los sectores objeto de estudio, en el año 2002 que fue utilizado como año base de las estimaciones, fue equivalente al 71% con respecto al recaudo del impuesto de renta verificado durante ese año. Es interesante destacar el hecho de que el 56% de la brecha estimada se deriva del sector financiero, compuesto esencialmente por unos cuantos bancos (BAC, BANCENTRO, BANPRO, BANCO DE FINANZAS, BANCO UNO, CALLEY DAGNALL), los mayores de los cuales concentraban en sus manos la mayor parte de los activos y pasivos del sector. Estos grandes bancos estaban asociados a grandes grupos económicos del país –aunque asociados a bancos extranjerosy la mayoría tenía sucursales y representaciones en el resto de la región, e incluso en los Estados Unidos. Como puede apreciarse, este sector declaró pérdidas por C$2,865.1 millones en el año 2002, en tanto que el estudio estimó que las utilidades del sector eran del orden de los C$2,706.9 millones. Aplicando a esta estimación la tasa del 25% del Impuesto sobre la Renta empresarial, el estudio arriba a la conclusión de que el sector financiero dejó de tributar C$676.7 millones en concepto de Impuesto sobre la Renta en 2002. Sobre este sector, el estudio comenta que: “la distorsión de los gastos operacionales es en extremo preocupante. Vemos cómo el comportamiento de este sector es aún más irregular y negativo que en otros países del área (con base en los estudios de este tipo efectuados por el proyecto).A nivel de las prácticas de abuso del mecanismo de Precios de Transferencia, es
común la consolidación de pasivos inexistentes, gastos y operaciones con sociedades vinculadas en zonas de menos imposición fiscal que se preconstituyen para efectos de construir Tax Shelters (escudos fiscales). Sin embargo, es tal el nivel de desviación, que podría pensarse que además hay prácticas adicionales que obedecen al comportamiento común, como el llevar deducciones fiscales que no proceden, tales como previsiones y reservas que obliga la Superintendencia del Sistema Financiero. Cualesquiera que sean la prácticas que generan el resultado, este impacta negativamente la utilidad en 71%, generando un efecto directo en el impuesto de renta”. El peso del sector financiero en la brecha fiscal estimada, ilustra la importancia que reviste para Nicaragua la inclusión de las sociedades nicaragüenses en el ámbito de aplicación de cualquier normativa sobre precios de transferencia. El otro componente de la asistencia técnica proporcionada por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. consistió en la elaboración de un Proyecto de Ley de Precios de Transferencia. La posibilidad de reglamentar el control de los Precios de Transferencia mediante una ley especial, fue considerada como el mejor escenario, puesto que el proyecto de Código Tributario eliminaba cualquier posibilidad de incorporar esta regulación. Con fines comparativos con la legislación imperante en otros países, se incluye un cuadro sinóptico de la propuesta de Ley elaborada, que incluye las características o criterios de comparación más utilizados.
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Para efectos impositivos, el monto de las operaciones que componen los ingresos gravables, costos, deducciones y cualquier otra operación que afecte la renta gravable y el impuesto a cargo del contribuyente o responsable, deberá ser registrada a partes independientes, como resultado de los precios que deberían ser aplicados por empresas no relacionadas en operaciones similares, según las condiciones propias del mercado local o internacional, según sea el caso.
Definición de “partes relacionadas”
Se considerará para todos los efectos fiscales, que hay vinculación o relación entre contribuyentes o responsables, en los casos siguientes: • Una sociedad y sus socios, independientemente del porcentaje de la participación de éstos en el capital social de la empresa; • Una sociedad y sus miembros de junta directiva o administradores; • Una sociedad y los cónyuges, ascendientes o descendientes de los socios, miembros de junta directiva o administradores; • Una sociedad y los socios de otra sociedad, cuando ambas pertenezcan a un mismo grupo de sociedades mediante procesos de capital o alianzas estratégicas; • Una sociedad, miembros de junta directiva o administradores de otra sociedad, cuando ambas pertenezcan al mismo grupo económico mediante procesos de capital o alianzas estratégicas; • Una sociedad y los cónyuges, ascendientes o descendientes de los socios o miembros de junta directiva y administradores de otra sociedad, cuando ambas sociedades pertenezcan al mismo grupo económico mediante procesos de capital o alianzas estratégicas; • Una sociedad domiciliada en el extranjero y sus establecimientos localizados en el territorio nicaragüense; • Una sociedad domiciliada en el territorio nacional y sus establecimientos localizados en el exterior; • Dos sociedades cuando una ejerce el poder de decisión sobre la otra; • Una sociedad nicaragüense, en sus operaciones con fideicomisos nacionales o internacionales; • Una sociedad nicaragüense, en sus operaciones con compañías de leasing nacional o internacional, y; • Una sociedad nicaragüense con aquellos proveedores que le aporten más del 25% de un mismo bien o servicio.
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Relación con paraísos Fiscales
Se presumirá también, salvo prueba en contrario, relación o vinculación económica en las operaciones que desarrolle de manera directa o a través de terceros, un sujeto pasivo residente o domiciliado en el territorio nacional y una sociedad ubicada en el extranjero en una jurisdicción de menor imposición fiscal, así como una sociedad establecida en los llamados paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.
Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta que celebren operaciones con vinculados económicos de acuerdo con lo definido en el Arto. 4 de esta ley, están en la obligación de determinar, para efectos fiscales, sus ingresos, costos y deducciones, considerando para dichas operaciones, así como para los resultados operativos, los precios y márgenes de utilidad que se hubieran utilizado en operaciones comparables entre partes independientes. Para estos efectos, será obligación de estos contribuyentes aplicar el método de Precios de Transferencia más apropiado, de acuerdo a la normatividad establecida en materia fiscal. Igualmente, deberán remitir seis (6) meses después de finalizado el año fiscal, el respectivo estudio técnico a la Dirección General de Ingresos. El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al 10% del monto de las operaciones a ser reportadas. De igual forma deberán, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, entregar a la administración tributaria información sobre dichas operaciones en los formularios que para el efecto expida la Dirección General de Ingresos. Los contribuyentes deberán guardar por un periodo de 5 años los soportes de dichas operaciones.
• Método del Precio Comparable no Controlado • Método del Precio de Reventa • Método del Costo Adicionado • Método de la Utilidad Neta Comparable • Método de Distribución de Utilidades • Método Residual de Distribución de Utilidades • Método de Márgenes Transaccionales de Utilidad Operacional • Método de Estándares de Producción
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Criterio Principio del Mejor Método
Propuesta de ley En el proceso de determinación, bajo prácticas de Precios de Transferencia del valor de los bienes o servicios que formen parte de los ingresos, costos y deducciones, deberá aplicarse el principio del mejor método. Igualmente deberá ser aplicado por los contribuyentes en el proceso de determinación del valor fiscal de sus operaciones con partes relacionadas. Este principio consiste en aplicar el método de determinación que se ajuste de manera más precisa a las circunstancias económicas de la operación, teniendo en cuenta criterios como: • La relativa homogeneidad en el proceso de producción, así como en el producto. • Las características de las operaciones • Las funciones o actividades económicas significativas, incluyendo los activos utilizados y riesgos asumidos en las operaciones, de cada una de las partes de la operación. • Los términos contractuales reales de las partes. • Las circunstancias económicas o de mercado.
Determinación de Precios con Acuerdos Previos
La Dirección General de Ingresos podrá celebrar acuerdos con los contribuyentes o responsables, mediante los cuales se pueda determinar el precio o margen de utilidad de las diferentes operaciones que realicen con sus vinculados económicos o partes relacionadas, en los términos que establezca el reglamento respectivo. La determinación de los precios de transferencia se efectuará únicamente con base en cualquiera de los métodos que trata esta ley, y podrá tener efectos para el período fiscal que se solicite, el inmediatamente anterior y hasta el período gravable siguiente. Estos acuerdos se desarrollarán sin perjuicio de las facultades de verificación, fiscalización y determinación que le corresponden a la Dirección General de Ingresos.
Si con ocasión de una verificación o fiscalización se determinara una deuda tributaria omitida o un ajuste del impuesto, a cargo del contribuyente o responsable, por prácticas en materia de precios de transferencia, se impondrá una sanción adicional equivalente al 20% del mayor impuesto a pagar, sin perjuicio de las demás sanciones impuestas en la legislación tributaria.
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Criterio Facultades Especiales de la Administración Tributaria en relación con los Precios de Transferencia
Propuesta de ley La Dirección General de Ingresos, en ejercicio de sus facultades de determinación, verificación o fiscalización, deberá modificar los costos, deducciones, ingresos, utilidad o pérdida líquida de la declaración del contribuyente o responsable y cualquier otro concepto de la declaración del Impuesto sobre la Renta, mediante la determinación del precio o valor de las operaciones en las cuales el contribuyente haya adquirido o enajenado bienes y servicios. De igual forma podrá determinar el valor en la adquisición temporal o definitiva de franquicias, licencias, derecho a uso o usufructo de bienes, servicios de asistencia técnica, gastos administrativos, operaciones con fideicomisos y en general cualquier operación, considerando las circunstancias siguientes: a. Cuando las operaciones se pacten a un menor precio que el precio de mercado o el costo de adquisición sea mayor que el precio de mercado que hubiera sido pactado entre partes independientes, determinado de acuerdo a los métodos que se establecen en el Arto. 5 de la presente ley. b. Cuando la venta se realice a un valor menor que el costo. Para el caso de la enajenación de acciones, cuotas partes o derechos de cualquier naturaleza, cuando el precio pactado sea inferior al valor intrínseco o valor real, en este caso, si la operación de enajenación ya se encuentra perfeccionada y la Administración Tributaria (D.G.I.) no pudiera efectuar la acción fiscalizadora contra el enajenante, será solidariamente responsable por los tributos, el adquiriente. c. Cuando se trate de operaciones de importación o exportación y en general cualquier pago causado al exterior.
El artículo 4 de dicho Proyecto de Ley de Precios de Transferencia dejaba claro que la ley no sólo afectaría a aquellas transacciones que se llevan a cabo entre una sociedad residente en Nicaragua con otras no residentes, sino también entre sociedades registradas en el país y sus socios, directivos y administradores y los parientes de ambos hasta determinado nivel de parentesco.
Esta propuesta fue presentada como Proyecto de Ley por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Nacional para su discusión y aprobación, pero por alguna razón, nunca llegó a ser siquiera discutida.
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2.4. El Modelo de Precios de Transferencia para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana. Este modelo, aprobado por los Ministros de Hacienda de Centroamérica, República Dominicana y Panamá en Managua el 4 de junio de 2007, constituye un paso significativo en el esfuerzo de la región de evolucionar hacia un marco jurídico-tributario más acorde con estándares internacionales, y de mejora en la inserción internacional de los países. Criterio
No es un documento con fuerza legal para las partes. Estos países ni siquiera asumen un compromiso político de que su normativa interna lo siga, pero genera un interesante nivel de coordinación en materia de política tributaria internacional del no residente, e incluso entre los propios países participantes. A continuación se resumen sus principales disposiciones:
Modelo de precios de transferencia
Las operaciones que se realicen entre partes relacionadas se valorarán de acuerdo con el principio de libre competencia, es decir, por el precio o monto que habrían acordado partes independientes en operaciones comparables en condiciones de libre competencia. El valor así determinado deberá reflejarse en los libros y registros contables del contribuyente26.
1- A los efectos de esta ley, dos personas se consideran partes relacionadas: a) Cuando una de ellas dirija o controle la otra, o posea, directa o indirectamente, al menos el 25% de su capital social o de sus derechos de voto. b) Cuando cinco o menos personas dirijan o controlen ambas personas, o posean en su conjunto, directa o indirectamente, al menos el 25% de participación en el capital social o los derechos de voto de ambas personas. c) Cuando sean sociedades que pertenezcan a una misma unidad de decisión. En particular, dos sociedades forman parte de la misma unidad de decisión si una de ellas es socio o partícipe de la otra y se encuentra en relación con ésta en alguna de las siguientes situaciones: i. Posea la mayoría de los derechos de voto. ii. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.
26 La mención al reflejo contable de estas operaciones debe ser analizada de acuerdo con la política general de interrelación entre normas contables y normas tributarias.
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Modelo de precios de transferencia iii. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto. iv. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. v. la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Cuando dos sociedades formen parte cada una de ellas de una unidad de decisión respecto de una tercera sociedad de acuerdo con lo dispuesto en este literal, todas estas sociedades integrarán una unidad de decisión. 3º A lo efectos del numeral 1, también se considera que una persona física posee una participación en el capital social o derechos de voto cuando la titularidad de la participación, directa o indirectamente, corresponde al cónyuge o persona unida por relación de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado. 2- También se considerarán partes relacionadas: 1º [OPCIONAL27] a) En un contrato de colaboración empresarial o un contrato de asociación en participación, cuando alguno de los contratantes o asociados participe directa o indirectamente en más del XXX por ciento (SIC) en el resultado o utilidad del contrato o de las actividades derivadas de la asociación. b) Una persona residente en el país y un distribuidor o agente exclusivo de la misma residente en el extranjero. c) Un distribuidor o agente exclusivo residente en el país de una entidad residente en el exterior, y esta última. 2º a) Una persona residente en el país y sus establecimientos permanentes en el extranjero. b) Un establecimiento permanente situado en el país y su casa central residente en el exterior, otro establecimiento permanente de la misma o una persona con ella relacionada.
27 La independencia económica de las partes asegura que el importe total de las transacciones, muy probablemente respete el principio de libre competencia. No obstante, es posible también que se produzcan operaciones que, individualmente consideradas, alteren el principio citado por razones de conveniencia, para lo cual se regulan estos otros supuestos dentro de los casos de vinculación.
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Articulo 12. Principios generales 1. Los contribuyentes deben tener, al tiempo de presentar la declaración del Impuesto, la información y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. 2. No obstante, el contribuyente sólo deberá aportar la documentación establecida en esta sección, a requerimiento de la Administración tributaria, dentro del plazo de cuarenta y cinco días desde la recepción del requerimiento. Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar aquella información adicional que en el curso de las actuaciones de auditoría considere necesaria para el ejercicio de sus funciones. 3. La información o documentación a que se refiere esta sección deberá elaborarse teniendo en cuenta la complejidad y volumen de las operaciones. Deberá incluir, en todo caso, la información que el contribuyente haya utilizado para determinar la valoración de las operaciones entre entidades relacionadas y estará formada por: a) La relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente. b) La relativa al contribuyente. A los efectos de esta sección, se entiende por grupo empresarial el conjunto de partes relacionadas con el contribuyente que realicen actividades económicas entre sí. 3.[OPCIONAL] Se podrá incluir en la declaración tributaria correspondiente, la solicitud de los datos relativos a operaciones relacionadas, así como su naturaleza u otra información relevante, en los términos que disponga la misma. Artículo 13. Información y documentación relativa al grupo empresarial al que pertenezca el contribuyente La información y documentación relativa al grupo a que se refiere el artículo 12, numeral 2 será exigible en todos aquellos casos en que las partes relacionadas realicen actividades económicas entre sí y comprende:
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Modelo de precios de transferencia a) Descripción general de la estructura organizativa, jurídica y operativa del grupo, así como cualquier cambio relevante en la misma, incluyendo la identificación de las personas que, dentro del grupo, realicen operaciones que afecten a las del contribuyente. b) Descripción general de la naturaleza e importe de las operaciones entre las empresas del grupo en cuanto afecten a las operaciones en que intervenga el contribuyente. c) Descripción general de las funciones y riesgos de las empresas del grupo en cuanto queden afectadas por las operaciones realizadas por el contribuyente, incluyendo cualquier cambio respecto del período anterior. d) Una relación de la titularidad de las patentes, marcas, nombres comerciales y demás activos intangibles en cuanto afecten al contribuyente y a sus operaciones relacionadas, así como el detalle del importe de las contraprestaciones derivadas de su utilización. e) Una descripción de la política del grupo en materia de precios de transferencia si la hubiera o, en su defecto, la descripción del método o métodos utilizados en las distintas operaciones. f) Relación de los contratos de prestación de servicios entre partes relacionadas y cualesquiera otros que el contribuyente sea parte o, no siéndolo, le afecten directamente. g) Relación de acuerdos de precios por anticipado que afecten a los miembros del grupo en relación con las operaciones descritas. h) Memoria del grupo o informe anual equivalente. Artículo 14. Obligación de documentación del contribuyente 1. La documentación específica del contribuyente se exige en todos los casos a que se refiere el artículo 3 y comprende: a) Identificación completa del contribuyente y de las distintas partes relacionadas con el mismo. b) Descripción detallada de la naturaleza, características e importe de sus operaciones con partes relacionadas, con indicación del método o métodos de valoración empleados. En el caso de servicios, se incluirá una descripción de los mismos con identificación de los distintos servicios, su naturaleza, el beneficio o utilidad que puedan producirle al contribuyente, el método de valoración acordado y su cuantificación, así como, en su caso, la forma de reparto entre las partes. c) Análisis de comparabilidad detallado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.
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Modelo de precios de transferencia d) Motivos de la elección del método o métodos así como su procedimiento de aplicación y la especificación del valor o intervalo de valores que el contribuyente haya utilizado para determinar el precio o monto de sus operaciones. 2. La documentación referida en este artículo podrá presentarse de forma conjunta para todas las partes relacionadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior, siempre que se respete el grado de detalle que exige el presente artículo. De igual forma deberán, a la fecha de presentación de la declaración del impuesto sobre la renta, entregar a la administración tributaria, información sobre dichas operaciones en los formularios que para el efecto expida la Dirección General de Ingresos. Los contribuyentes deberán guardar por un periodo de 5 años los soportes de dichas operaciones.
1. Para la determinación del valor de las operaciones en condiciones de libre competencia, se aplicará alguno de los siguientes métodos: a) Método del precio comparable no controlado: consiste en valorar el precio del bien o servicio en una operación entre personas relacionadas al precio del bien o servicio idéntico o de características similares en una operación entre personas independientes en circunstancias comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia, considerando las particularidades de la operación. b) Método del costo adicionado: consiste en incrementar el valor de adquisición o costo de producción de un bien o servicio en el margen habitual que obtenga el contribuyente en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, en el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones comparables efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia considerando las particularidades de la operación. Se considera margen habitual el porcentaje que represente la utilidad bruta respecto de los costos de venta. c) Método del precio de reventa: consiste en sustraer del precio de venta de un bien o servicio, el margen que aplica el propio revendedor en operaciones idénticas o similares con personas o entidades independientes o, en su defecto, el margen que personas o entidades independientes aplican a operaciones comparables, efectuando, si fuera preciso, las correcciones necesarias para obtener
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Modelo de precios de transferencia la equivalencia considerando las particularidades de la operación. Se considera margen habitual el porcentaje que represente la utilidad bruta respecto de las ventas netas. 2. Cuando, debido a la complejidad de las operaciones o a la falta de información no puedan aplicarse adecuadamente alguno de los métodos del numeral 1, se aplicará alguno de los métodos descritos en este numeral. a) Método de la partición de utilidades: consiste en asignar, a cada parte relacionada que realice de forma conjunta una o varias operaciones, la parte del resultado común derivado de dicha operación u operaciones. Esta asignación se hará en función de un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas o entidades independientes en circunstancias similares. Para la selección del criterio más adecuado, se podrán considerar los activos, ventas, gastos, costos específicos u otra variable que refleje adecuadamente lo dispuesto en este párrafo. Cuando sea posible asignar, de acuerdo con alguno de los métodos anteriores una utilidad mínima a cada parte en base a las funciones realizadas, el método de partición de utilidades se aplicará sobre la base de la utilidad residual conjunta que resulte una vez efectuada esta primera asignación. La utilidad residual se asignará en atención a un criterio que refleje adecuadamente las condiciones que habrían suscrito personas independientes en circunstancias similares teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo anterior. b) Método del margen neto de la transacción: consiste en atribuir a las operaciones realizadas con una persona relacionada el margen neto que el contribuyente o, en su defecto, terceros habrían obtenido en operaciones idénticas o similares realizadas entre partes independientes, efectuando, cuando sea preciso, las correcciones necesarias para obtener la equivalencia y considerar las particularidades de las operaciones. El margen neto se calculará sobre costos, ventas o la variable que resulte más adecuada en función de las características de las operaciones.
Principio del Mejor Método
Se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre competencia, en función de lo dispuesto en este artículo y de las circunstancias específicas del caso. 1. A los efectos de determinar el precio o monto que habrían acordado en operaciones comparables partes independientes en condiciones de libre competencia a que se refiere el Artículo 1, se compararán las
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Modelo de precios de transferencia condiciones de las operaciones entre personas relacionadas con otras operaciones comparables realizadas entre partes independientes. 2. Dos o más operaciones son comparables cuando no existan entre ellas diferencias económicas significativas que afecten al precio del bien o servicio o al margen de la operación o, cuando existiendo dichas diferencias, puedan eliminarse mediante ajustes razonables. 3. Para determinar si dos o más operaciones son comparables se tendrán respectivamente en cuenta los siguientes factores en la medida que sean económicamente relevantes: a) Las características específicas de los bienes o servicios objeto de la operación. b) Las funciones asumidas por las partes en relación con las operaciones objeto de análisis, identificando los riesgos asumidos y ponderando, en su caso, los activos utilizados. c) Los términos contractuales de los que, en su caso, se deriven las operaciones, teniendo en cuenta las responsabilidades, riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante. d) Las características de los mercados u otros factores económicos que puedan afectar a las operaciones. e) Las estrategias comerciales, tales como las políticas de penetración, permanencia o ampliación de mercados, así como cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante en cada caso. 2. El análisis de comparabilidad así determinado y la información sobre las operaciones comparables constituyen los factores que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, determinarán el método más adecuado en cada caso. 3. Si el contribuyente realiza varias operaciones de idéntica naturaleza y en las mismas circunstancias, podrá agruparlas para efectuar el análisis de comparabilidad, siempre que con dicha agrupación se respete el principio de libre competencia. También podrán agruparse dos o más operaciones distintas cuando se encuentren tan estrechamente ligadas entre sí o sean tan continuas que no puedan ser valoradas adecuadamente de forma independiente.
1. Los contribuyentes podrán solicitar a la Administración tributaria que determine la valoración de las operaciones entre personas relacionadas con carácter previo a la realización de éstas. Dicha solicitud se acompañará de una propuesta del contribuyente que se
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Modelo de precios de transferencia fundamentará en el valor que habrían convenido partes independientes en operaciones similares. 2. Será competente para resolver este procedimiento [autoridad designada], el cual podrá delegar en [unidad técnica] la instrucción del expediente. 3. El acuerdo de precios por anticipado podrá aprobar la propuesta, denegarla o modificarla con la aceptación del contribuyente. 4. Este acuerdo surtirá efectos respecto de las operaciones realizadas con posterioridad a la fecha en que se apruebe, y tendrá validez durante los períodos impositivos que se concreten en el propio acuerdo, sin que pueda exceder de los cuatro períodos impositivos siguientes al de la fecha en que se apruebe. Asimismo, podrá determinarse que sus efectos alcancen a las operaciones del período impositivo en curso. 5. [OPCIONAL] La propuesta a que se refiere este artículo podrá entenderse desestimada una vez transcurrido el plazo de resolución, sin perjuicio de la obligación de resolver el procedimiento de acuerdo con el numeral 3.28
Artículo 15.- Infracciones tributarias Constituyen infracciones tributarias: a) No aportar o aportar con datos falsos o manifiestamente incompletos o inexactos, la información o documentación a que se refieren los artículos 12, 13 y 14 de esta ley. Se considera información o documentación manifiestamente incompleta o inexacta, aquella que no permite a la Administración analizar y valorar las operaciones según las disposiciones de esta ley, o que resulte en una valoración que vulnere claramente estas disposiciones. b) Declarar en el impuesto correspondiente, un valor que no se derive de la documentación presentada. c) Dejar de ingresar la totalidad o parte de la deuda tributaria, obtener indebidamente devoluciones tributarias o determinar o acreditar improcedentemente partidas a compensar en el futuro, debido a una valoración convenida distinta de la que habrían acordado en circunstancias comparables partes independientes.
28 Este numeral resulta muy necesario si en el derecho administrativo general hay un plazo máximo para resolver, y el silencio de la Administración tiene efectos positivos (es decir, el silencio supone la aceptación de la solicitud del contribuyente).
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Modelo de precios de transferencia Artículo 16: Régimen sancionador Las infracciones tributarias descritas en el artículo anterior serán sancionadas de acuerdo con los siguientes criterios: a) La conducta descrita en los literales a) y b) del artículo anterior será sancionada con una multa del 1% del monto global de las operaciones con partes relacionadas del contribuyente en el período de declaración del impuesto. En el caso de que la documentación sea incompleta o inexacta, la sanción se podrá reducir hasta a la mitad, si no se verifica dolo o negligencia grave en la conducta del contribuyente. b) Las conductas descritas en los literales a) y b) del artículo anterior, asimismo comportarán que la Administración pueda determinar el valor de las operaciones entre partes relacionadas de acuerdo con la información de que disponga. c) La conducta descrita en el apartado c) del artículo anterior, será sancionada con una multa del 15 por ciento, calculada sobre el importe del ajuste realizado por la Administración con un mínimo del doble de lo dispuesto en el literal a) de este artículo.
Orientaciones de política tributaria acordadas por el Grupo Técnico de Política Tributaria para Centroamérica, Panamá y la República Dominicana en materia de precios de transferencia, con vistas a la elaboración de un Modelo de normativa en la materia para los países miembros del grupo. 1) Objetivos generales: el GTPT comparte los objetivos generales de (i) normativa acorde, con carácter general, con los principios y estándares internacionales; (ii) igual relevancia de los objetivos de lucha contra evasión/elusión y eliminación de la doble imposición y (iii) simplicidad. 2) El principio de libre competencia como estándar internacional: el GTPT respalda, como sustrato de esta política, el principio de libre competencia y los elementos que lo cualifican a través del denominado análisis de comparabilidad (características de los productos o servicios, análisis funcional, cláusulas contractuales, circunstancias económicas y estrategias comerciales). 3) Directrices de la OCDE: se aceptan las directrices OCDE como elemento de referencia técnica de la propuesta, pero sin citarlas expresamente, por varias razones, siendo una fundamental, que ningún país miembro del GTPT pertenece a esa organización.
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4) Ámbitos subjetivo, objetivo y territorial del futuro Proyecto de normativa: El GTPT convino en: (i) una definición de criterios o casuística de vinculación (empresas asociadas) bastante desarrollados, incluyendo una norma de cierre; reflexionar sobre la vinculación económica para incluirla con mucha prudencia y por último, en particular, no utilizar la expresión “paraíso fiscal”, sin perjuicio de las decisiones que cada Estado soberano tome en cuanto a los países y territorios que no intercambien información. (ii) No establecer restricción alguna en cuanto al ámbito objetivo de las operaciones afectadas (sin perjuicio de que el tratamiento de la subcapitalización y además de otros temas no vinculados con este tema se estudien más a fondo por el GTPT en el contexto de los temas de futuro a abordar por el GTPT).(iii) El ámbito territorial de la normativa que debería abarcar el Modelo, que es el de todas las operaciones internacionales así como las operaciones internas si se produce menor tributación o un diferimiento de la misma. 5) Obligado cumplimiento de las normas de precios de transferencia: El GTPT convino en que el Modelo incluya un principio de valoración que sea de obligado cumplimiento para el contribuyente, donde el valor contable coincida con el valor fiscal (en la medida que las normativas internas lo permitan), y donde se limite la actividad de la Administración a supuestos de menor tributación o diferimiento en el país. 6) Métodos de valoración de los precios de transferencia: el GTPT estuvo de acuerdo en fijar una prelación de métodos (siguiendo el estándar internacional), pero mencionar que el objetivo es el mejor método. 7) Respeto a las operaciones realmente efectuadas: se acepta introducir una norma anti abuso que, sin embargo, debería usarse prudentemente. 8) Utilización de un rango de plena competencia: El Grupo decidió que se utilizaran los 2 sistemas que aparecen en el derecho comparado, valor más adecuado y en su defecto rango intercuartil. 9) Refugios seguros: El Grupo dijo sí a contemplar refugios seguros (safe harbor) para maquila y para empresas de servicios. También estuvo de acuerdo en limitar obligaciones de información en el caso de pequeñas y medianas empresas. 10) Análisis de transacciones específicas: El GTPT estuvo de acuerdo en (i) establecer normas específicas para servicios intragrupo, definiendo previamente el concepto de “servicio intragrupo” fijando criterios de deducibilidad, esto es: efectividad, necesidad y costo, prestando especial atención a las reglas que impidan abusos; (ii) establecer la no deducibilidad de los gastos en acuerdos de reparto de costes; (iii) para subcapitalización, ver apartado 4.
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Hasta la fecha sólo El Salvador (a través del Decreto Legislativo Nro. 223 de 2009) y Panamá tienen en vigencia normativas legales
sobre precios de transferencia. En Honduras, Guatemala y Nicaragua existen anteproyectos que no han sido aprobados.
Tabla 7: Países de Centroamérica que no cuentan con normas para regular precios de transferencia País
Situación actual (a agosto de 2010)
Costa Rica No existen disposiciones normativas formales Guatemala No existen Anteproyecto disposiciones formales generado en el año 2008 basado en lineamientos OCDE Honduras
Existe legislación pero no se reglamentó
Anteproyecto generado en 2008
No existen disposiciones formales
Anteproyecto generado en 2009.
Otros asuntos de interés Prima la sustancia sobre la forma como base legal
2.5. El Proyecto de Ley de Concertación Tributaria de 2009 y los Precios de Transferencia
reformas a la legislación existente, a partir de un acuerdo con los grupos empresariales más importantes del país.
En octubre de 2009, el Gobierno de Nicaragua presento a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley de Concertación Tributaria, elaborado con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual representaba una modificación completa de la legislación tributaria vigente. Sin embargo, al poco tiempo este proyecto sería abandonado por el propio Poder Ejecutivo, y en diciembre de 2009 se aprobaron
El Proyecto de Ley de Concertación Tributaria contenía disposiciones sobre Precios de Transferencia, las cuales, según los funcionarios del Ministerio de Hacienda entrevistados, fueron uno de los aspectos de la misma rechazados por los grupos empresariales. En efecto, las reformas legales aprobadas no contenían disposición alguna relativa a precios de transferencia.
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Las operaciones que se realicen entre partes relacionadas se valorarán por el precio o monto que habrían acordado partes independientes en operaciones comparables en condiciones de libre competencia, incluso cuando de las mismas deriven rentas distintas a las de la actividad económica. El valor así determinado, que será el valor de mercado, deberá reflejarse en los libros y registros contables del contribuyente.
La ley no define el concepto de partes relacionadas, sin embargo establece que las disposiciones sobre precios de transferencia alcanzan cualquier operación que se realice entre partes relacionadas, ya sea entre residentes o entre un residente y un no residente en Nicaragua, y tenga efectos en la determinación de la renta imponible del periodo fiscal en que se realiza la operación o en los siguientes.
Los gastos satisfechos por un contribuyente residente o un establecimiento permanente de una entidad no residente a una persona o entidad residente en un paraíso fiscal, no resultarán deducibles a menos que el contribuyente pueda probar la efectividad del gasto, a solicitud de parte, frente a la administración tributaria. El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento para que los contribuyentes puedan acreditar la efectividad de un gasto.
Los contribuyentes deben tener, al tiempo de presentar la declaración de este Impuesto (Impuesto sobre la Renta), la información, los documentos y el análisis suficiente para valorar sus operaciones con partes relacionadas. Todo según se defina en el Reglamento de la presente Ley. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles, el contribuyente, a requerimiento de las Administración tributaria, deberá aportar aquella documentación e información. Dicha obligación se establece sin perjuicio de la facultad de la Administración tributaria de solicitar información adicional, para lo cual podrá conceder un plazo de hasta noventa (90) días cuando proceda.
Para la determinación del valor de las operaciones en condiciones de libre competencia o valor de mercado, se aplicará alguno de los siguientes métodos: a) Método del precio comparable no controlado; b) Método del costo adicionado; y c) Método del precio de reventa. Cuando, debido a la complejidad de las operaciones o a la falta de información, no puedan aplicarse adecuadamente alguno de los métodos del apartado anterior, se aplicará alguno de los siguientes métodos:
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Propuesta de ley a) Método de la distribución de utilidades; y b) Método de las utilidades netas comparables.
Se aplicará el método más adecuado que respete el principio de libre competencia, en función de lo dispuesto en este artículo y de las circunstancias específicas del caso.
Determinación de Precios con Acuerdos por Anticipado (APA)
Con el fin de determinar la valoración de las operaciones entre personas relacionadas can carácter previo a su realización, la Administración tributaria podrá establecer un procedimiento para solicitar un Acuerdo de Precios por Anticipado que se determinará en el Reglamento de la presente Ley.
La Administración Tributaria podrá comprobar que las operaciones realizadas entre partes relacionadas se han valorado de acuerdo con el principio de libre competencia y efectuarán los ajustes correspondientes cuando la valoración acordada entre las partes resultare en una menor tributación en el país o un diferimiento en el pago del impuesto. La Administración tributaria quedará vinculada por el valor ajustado en relación con el resto de partes relacionadas residentes en el país.
En este punto cabe interrogarse acerca de las razones por las cuales los dos Proyectos de ley que han procurado regular los precios de transferencia no han logrado ser siquiera sometidos a discusión por parte de la Asamblea Nacional. Un primer punto, que ya hemos señalado, es que el tema de los precios de transferencia es bastante desconocido, y su importancia para el país escasamente ha sido difundida o debatida. En la medida en que la población y los diversos sectores del país carecen siquiera de nociones básicas sobre el tema y su significado
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e importancia, no ha existido ninguna presión o demanda proveniente de la sociedad sobre el sistema político, para hacer frente a este problema con la requerida fuerza y diligencia. Sin embargo, el sector empresarial, y en especial los grandes grupos empresariales, algunos de los cuales se han extendido al resto de Centro América, sí parecen tener conciencia de lo que podría implicar la implementación efectiva de la regulación de los precios de transferencia. Existen diversas razones para que los intereses de estos grupos pudiesen verse afectados por estas regulaciones.
Debe recordarse por ejemplo que en Nicaragua existe un generoso sistema de exenciones y exoneraciones que deja fuera del sistema tributario a sectores enteros de la economía —zonas francas, turismo, minería, etc.— en los cuales predominan grandes empresas con fuertes vínculos económicos externos e internos. Las exenciones y exoneraciones tributarias por sí mismas, generan oportunidades de evasión y/o elusión a través de operaciones entre partes relacionadas. Manipulando los precios de transacciones entre empresas relacionadas se puede trasladar utilidades desde empresas gravadas a empresas relacionadas exoneradas (precios de transferencia internos). Podemos imaginar por ejemplo, a empresas que proveen seguros y otros servicios a empresas relacionadas que operan en un sector sujeto a un régimen de exención de impuestos, como el sector turístico o de zonas francas, por ejemplo. Además, como ya hemos visto, en algunos sectores en que existen indicios de fuertes pérdidas de recaudación como resultado de las prácticas de precios de transferencia, como el sector financiero, predominaban grandes bancos asociados a grupos económicos domésticos, que al mismo tiempo que formaban parte de las empresas de dicho grupo en el país, tenían sucursales y representaciones en terceros países, lo cual facilitaba estas prácticas. Por otra parte, la deducción total de los intereses pagados por las empresas, y el gravamen en cabeza de empresa de las utilidades, características del diseño de la imposición a la renta presentes
en la mayoría de los países de América Latina, determinan un sesgo a favor de los proyectos de inversión financiados con deuda, mientras que favorecía los prestamos entre partes relacionadas, con frecuencia intermediados por terceros. Así, una empresa que formaba parte de un grupo podía depositar recursos en un banco, depósitos cuyos intereses no estaban gravados, y arreglar que se le concediese un préstamo a otra empresa del grupo, que a su vez podría deducir el pago de intereses. O bien un socio podía prestar directa o indirectamente recursos a la empresa, la cual podría deducir los intereses pagados, del pago del impuesto sobre la renta empresarial, y los intereses recibidos por el socio tampoco estaban gravados por el impuesto sobre la renta de las personas naturales. En Nicaragua, es costumbre que la Comisión Económica y las diferentes bancadas de la Asamblea Nacional, consulten en primer lugar cualquier propuesta de modificación del sistema tributario con los grupos representativos de los grupos empresariales, aunque sin necesidad de estas consultas, estos grupos tienen por sí mismos suficiente peso y capacidad de influencia sobre el conjunto de partidos políticos. En el caso del último Proyecto de Ley, el propio Poder Ejecutivo lo abandonó, y terminó negociando un grupo más restringido de reformas directamente con los exponentes de los grandes grupos empresariales29/. Según nos explicaron los funcionarios del Ministerio de Hacienda que tuvieron la amabilidad de concedernos entrevista, los puntos fundamentales del Proyecto de Ley de Concertación Tributaria a los cuales se opusieron
29/ Podría decirse que los verdaderos impulsores de las iniciativas de Ley para regular los precios de transferencia fueron la Dirección General de Ingresos, en 2004, y el Ministerio de Hacienda, en 2009. Posiblemente el Poder Ejecutivo promovió los Proyectos de Ley respectivos, enviándolos a la Asamblea Nacional, porque en el primer caso, el Proyecto venía respaldado por la asistencia del Departamento del Tesoro de los EE. UU., en 2004, y del Banco Interamericano de Desarrollo, en 2009. Sin embargo, posteriormente el Poder Ejecutivo abandonó el impulso de ambos proyectos.
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con mayor fuerza los exponentes de los sectores empresariales fueron al calendario de 5 años para la vigencia de las exenciones y exoneraciones, y a las regulaciones sobre precios de transferencia. A esto habría que agregar que los grupos empresariales también tienen peso e influencia en la opinión pública. En términos generales, los medios de comunicación resaltan de
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manera muy destacada cualquier declaración o posicionamiento suyo, y reciben un tratamiento muy positivo y favorable, como los grandes creadores de empleo de la economía, lo cual propicia el hecho de que tenga eco el argumento de que eliminar los privilegios tributarios de que disfrutan, podría afectar negativamente la creación de empleo.
a regulación de los precios en base a los cuales se valoran las transacciones entre partes relacionadas con motivos tributarios está adquiriendo una creciente importancia tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, debido al peso desusado que han alcanzado las transferencias transfronterizas de bienes, servicios y activos de diversa naturaleza al interior de las diversas unidades de las CTN distribuidas en diversas localizaciones geográficas a lo largo de todo el mundo. Esto obedece a la evidencia de que dichos precios se han convertido en un mecanismo para desviar enormes flujos de ingresos entre localizaciones geográficas. Sin embargo, los métodos vigentes para evaluar los precios de transferencia que privan en las transacciones entre empresas relacionadas, y determinar si los mismos se corresponden con los precios que se hubiesen establecido en transacciones entre empresas independientes en un mercado competitivo, presentan una serie de dificultades y complicaciones en su implementación, en parte debido a los problemas derivados de los propios supuestos en los cuales se sustentan, y en parte debido a las dificultades técnicas y operativas y las exigencias que conlleva el análisis de operaciones con un elevado grado de complejidad. Para los países en desarrollo, estas dificultades se ven magnificadas, tanto por las características específicas de los mercados de estos países, en los cuales están aún más ausentes que en los países desarrollados los supuestos que dan sustento a los métodos tradicionales, como por el hecho de que las complejidades técnicas, administrativas y operacionales a las cuales hemos hecho referencia, se convierten con frecuencia en obstáculos insalvables en el caso de nuestros países.
No obstante, el problema representado por la manipulación de precios de transferencia, no puede dejar de ser afrontado con la requerida entereza por países como los nuestros, especialmente para un país como Nicaragua. En nuestro país, los recursos fiscales que se pierden debido a la manipulación de los precios de transferencia se necesitan de manera apremiante para afrontar los desafíos que representan, por un lado, la progresiva declinación de los flujos de Cooperación Externa que durante las pasadas décadas apoyaron el sostenimiento de niveles mínimos de gasto social, y por otro, la necesidad de responder a las exigencias que presenta la actual fase de la transición demográfica que vive el país. Para Nicaragua, el actual momento resulta absolutamente clave, dado que, de acuerdo a las tendencias socio-demográficas en curso, al arribar a 2010 sólo restan aproximadamente dos décadas y media, o a lo sumo tres, para que llegue a su término el denominado bono o dividendo demográfico, e inicie con fuerza el proceso de envejecimiento de la población. En este punto se habrá agotado, de manera definitiva e irreversible, el margen o espacio de tiempo representado por el bono demográfico. De no aprovechar esta oportunidad, que existirá por una única vez y por un tiempo limitado, el país corre el riesgo de entrar en esta fase de envejecimiento sin haber creado los fundamentos mínimos para afrontarlo, y sin haber preparado a las nuevas generaciones para esta nueva fase. Como ya hemos visto, aprovechar el denominado bono demográfico implica, en una medida fundamental (aunque no solamente), utilizar el margen de tiempo que resta hasta su término, para efectuar las inversiones indispensables y oportunas, que permitan crear las condiciones y capacidades para que los niños, adolescentes y jóvenes puedan heredar y construir
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un país con posibilidad de ser sustentable, en la acepción integral de este término, incluyendo la necesidad de proporcionar a los adultos mayores, que paulatinamente irán representando un porcentaje cada vez más elevado de la población, la posibilidad de una vejez con niveles básicos de protección. Esto nos lleva a prestar una atención especial a las finanzas públicas y su capacidad de disponer de la capacidad financiera para hacer frente a estas ingentes necesidades. Esto está asociado a la capacidad de recaudación impositiva del gobierno según el nivel y la composición de la tributación, la cual determina a su vez, la capacidad del Estado de financiar este esfuerzo de inversión. Por otra parte, para que el Estado cuente con el financiamiento necesario para sostener niveles adecuados de gasto social y para que se logren los efectos distributivos esperados, es fundamental que la estructura de financiamiento de este gasto descanse con mayor fortaleza relativa sobre los estratos de mayores ingresos de la sociedad, en lugar de que lo haga sobre los estratos medios y bajos. Es en este punto donde el diseño y la estructura del sistema tributario merecen especial atención como elementos de resguardo de la equidad, lo que es factible mediante el fortalecimiento de tributos cuya carga sea afrontada por los que más tienen, como los impuestos a la renta personal y al patrimonio. En ambos sentidos, tanto en el de suficiencia como en el de equidad tributaria, el desarrollo de la capacidad nacional para regular los precios de transferencia -tanto los que rigen las transacciones entre las subsidiarias o unidades de las CTN con sus contrapartes integrantes del mismo grupo transnacional, como entre empresas pertenecientes a grupos empresariales domésticos- adquiere la mayor relevancia, sobre todo cuando las estimaciones sugieren que las
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pérdidas de ingresos fiscales por esta vía resulta ser verdaderamente cuantiosa. Al respecto, vale la pena mencionar que el Ministerio de Hacienda estará preparando para este año una nueva Propuesta de Reforma Tributaria comprensiva, que incluirá, de nuevo, regulaciones en materia de transferencia, para presentarlas a la nueva administración gubernamental que surja de las elecciones nacionales de noviembre de 2011. Esto crea la posibilidad de introducir en el debate nacional los temas tributarios más apremiantes, dentro de los cuales ocupa un lugar destacado el de la regulación de los precios de transferencia. Dado que las grandes empresas, las cuales en Nicaragua dan cuenta de gran parte de la recaudación del Impuesto sobre la Renta, constituyen o bien subsidiarias o filiales de empresas transnacionales, o integran grupos empresariales mayores, y dada la evidencia de que a través de los precios de transferencia se produce una enorme pérdida de recursos fiscales, este asunto amerita ser llevado al centro del debate nacional. Esto, sin embargo, torna imprescindible enfrentar una limitación clave de la cual ha adolecido el impulso de la regulación de los precios de transferencia. En tal sentido, la recomendación sería que, a través de la Alianza por la Reforma Tributaria en Nicaragua, se promoviese un intenso –y extenso por su alcance- proceso de difusión y concientización sobre la problemática de los precios de transferencia y sus implicaciones para el país, y sobre la necesidad de adoptar regulaciones al respecto. Esto no deja de ser una tarea compleja, por cuanto no basta solo con introducir la discusión acerca de los temas aspectos más básicos
acerca de los precios de transferencia, como posiblemente correspondería a las condiciones de un país en donde este tema es virtualmente desconocido, sino adentrarse en algunas de sus principales complejidades, con fines propositivos. Por ejemplo, dada la tendencia prevaleciente en el país de simplemente someterse a las recomendaciones más comúnmente aceptadas a nivel internacional, será preciso someter a discusión la propia adopción del principio de plena competencia, en un mundo en donde las principales ramas y sectores están dominadas por grupos empresariales altamente integrados, y por las transacciones entre sus entidades. Otro elemento a discutir tendrá que ser el de los métodos más apropiados para hacer frente a este fenómeno, en vista de las enormes dificultades conceptuales y prácticas que representan los métodos convencionales, lo cual implicará examinar la pertinencia de métodos alternativos, y la experiencia de su implementación. Este esfuerzo deberá incluir la discusión con los propios grupos empresariales, que han expresado preocupación por la discrecionalidad de la revisión y ajustes de precios hechos en Aduanas, con vistas a lograr posibles consensos sobre la necesidad de reglas y normas transparentes, cuya implementación no quede sujeta a la discrecionalidad, incluyendo la posibilidad de establecer mecanismos que, al mismo tiempo que limiten al máximo la transferencia de rentas a través de la manipulación de precios de transferencia, permitan ofrecer guía y certidumbre sobre la manera en que se evaluarán los precios de transferencia.
del país y de todos los sectores de la sociedad, una propuesta de transformación del sistema tributario, dentro de la cual ocupan un lugar importante los cambios en términos del criterio jurisdiccional del impuesto sobre la renta, y la regulación y tratamiento tributario de los precios de transferencia. En este contexto, nuestra recomendación fundamental es que se establezca una alianza tributaria más amplia, la cual debería incluir a medios de comunicación importantes interesados en promover este tipo de debates, con el propósito de que este esfuerzo por colocar estos asuntos en el centro del debate nacional tengan mayor amplitud y difusión, y abarquen al mayor número de actores. Al propio tiempo, los esfuerzos de alfabetización económica incipientes, alrededor de estos temas, que ya han dado inicio, deberán ser intensificados y expandidos. Por otra parte, dado que el Ministerio de Hacienda ha mostrado interés y voluntad en promover la legislación necesaria para que las autoridades puedan regular y fiscalizar desde el punto de vista tributario los precios de transferencia, una primera recomendación sería evaluar la posibilidad de establecer un diálogo técnico con las autoridades y especialistas de esta entidad, para discutir con ellos los asuntos de metodología de precios de transferencia, incluyendo métodos alternativos, que pudiesen llegar a constituirse en una herramienta más costo-efectiva dentro del conjunto de instrumentos con que éstas deberán contar para prepararse para enfrentar este fenómeno.
Vale la pena indicar que la Alianza por la Reforma Tributaria en Nicaragua someterá a discusión
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References: artículo 9
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 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 7
 Artículo 11
 artículo 4
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 artículo 12
 Artículo 14
 artículo 3
 artículo 4
 Artículo 1
 artículo 6

Artículo 15
 Artículo 16