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Timestamp: 2019-02-16 17:31:29+00:00

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BOE.es - Documento BOE-A-1985-12767
Documento BOE-A-1985-12767
«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 1985, páginas 20824 a 20829 (6 págs.)
BOE-A-1985-12767
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1. Los extranjeros gozarán en España de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución, en los términos establecidos en la presente Ley y en las que regulen el ejercicio de cada uno de ellos.
2. Los extranjeros que, por su residencia o interés, se relacionen con España deberán cumplir los requisitos de identificación que se determinen y estarán sujetos a los deberes, obligaciones y cargas impuestos por el ordenamiento jurídico, con excepción de los que correspondan exclusivamente a los españoles.
1. Los extranjeros que se encuentren legalmente en España podrán ejercer el derecho de asociación conforme a las leyes que lo regulen.
2. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro del Interior, previo informe del de Asuntos Exteriores, podrá acordar la suspensión de las actividades de las asociaciones promovidas e integradas mayoritariamente por extranjeros, por un plazo no superior a seis meses, cuando atenten gravemente contra la seguridad o los intereses nacionales, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los españoles.
3. La disolución de las asociaciones corresponderá acordarla, en su caso, a la Autoridad Judicial, por los trámites del juicio ordinario de menor cuantía. Asimismo, el Juez podrá acordar, como medida cautelar, la suspensión de las actividades de las mismas.
3. La entrada en el territorio nacional habrá de realizarse por los puestos habilitados a tal fin y bajo el control de los servicios policiales correspondientes, que podrán rechazar a quien no reúna los requisitos señalados en el párrafo 1 del presente artículo.
1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hallarse provisto de pasaporte o título de viaje en vigor o de otro documento que acredite su identidad y que considere válido para tal fin, en virtud de los Convenios Internacionales en los que España sea parte.
a) Estancia, que no podrá superar los noventa días, a no ser que, antes de terminar dicho plazo, obtenga prórroga de estancia o permiso de residencia.
2. La residencia de los extranjeros será autorizada por el Ministerio del Interior, atendidas las circunstancias concurrentes en cada caso, teniendo en cuenta la existencia o inexistencia de antecedentes penales del solicitante y si dispone en España de medios de vida suficientes para el período de tiempo que solicita. Los permisos de residencia se consignarán en un registro especial y serán objeto de numeración, en la forma que reglamentariamente se determine. Si validez estará condicionada, en todo caso, a la posesión de pasaporte o documento válido en vigor. Cuando se pretenda residir en España, mediante el desarrollo de una actividad lucrativa, laboral o profesional, la concesión del permiso de residencia se regirá, además, por las disposiciones del Título III.
1. Los extranjeros mayores de dieciséis años que deseen fijar residencia en España para ejercer en ella cualquier actividad lucrativa, laboral o profesional, por cuenta propia o ajena, habrán de obtener, simultáneamente con el permiso de residencia, que expide el Ministerio del Interior, el permiso de trabajo, cuyo otorgamiento correspondiera al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que tendrá una duración máxima de cinco años.
2. Ambos permisos serán de idéntica duración y se expedirán en un documento unificado, cuya obtención y, en su caso, renovación se ajustará, asimismo, a un procedimiento único que se determinará reglamentariamente.
c) El personal directivo y el profesorado extranjero, de instituciones culturales y docentes dependientes de otros Estados, o privadas, de acreditado prestigio, oficialmente reconocidas por España, que desarrollen en nuestro país programas culturales y docentes de sus países respectivos, en tanto limiten su actividad a la ejecución de tales programas.
3. Si el extranjero pretendiera trabajar por cuenta propia, en calidad de comerciante, industrial, agricultor o artesano, a efectos de obtención del permiso de trabajo, habrá de acreditar que ha solicitado las autorizaciones que exige la legislación vigente a los nacionales, para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad proyectada. La denegación de dichas autorizaciones o el cese en la actividad para la que se obtuvieran determinará la caducidad del permiso de trabajo.
l) Que se trate del titular de un permiso de trabajo que pretenda su renovación, excepto en los trabajos de temporada o corta duración.
4. Igualmente tendrán preferencia a efectos de la renovación del permiso de trabajo durante un año aquellos que hubieran gozado de condición de asilado y que hubieran perdido su condición de tales por el cambio de circunstancias políticas en su país de origen.
1. Los permisos de trabajo se renovarán, siempre que subsistan las mismas circunstancias que determinaron la primera o anterior concesión. Cuando varíen éstas, deberá solicitarse una nueva expedición.
Salidas del territorio español
1. Las salidas deberán realizarse por cualquiera de los puestos que hubieran sido habilitados para la entrada, y previa exhibición de uno de los documentos a que se refiere el artículo 12, párrafo 1, de esta Ley.
2. Cuando un extranjero se encuentre encartado en un procedimiento por delitos menos graves, entendiéndose por tales los castigados en nuestro ordenamiento jurídico con pena igual o inferior a prisión menor, el Juez podrá autorizar, previa audiencia del Fiscal, su salida de España, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o su expulsión, si está incurso en alguno de los supuestos del artículo 26.1.
3. Para la efectividad de lo dispuesto en los párrafos anteriores, las autoriades judiciales comunicarán las autorizaciones de salida y las expulsiones que acordasen a los servicios competentes del Ministerio del Interior.
4. Excepcionalmente, mediante resolución motivada del Ministro del Interior, podrá impedirse la salida del extranjero, si esta medida es necesaria para proteger la seguridad nacional, el orden público o la salud pública y los derechos y libertades de los españoles.
1. El extranjero que se presente en dependencias del Ministerio del Interior, manifestando que, por carecer de nacionalidad o por cualquier otra causa insuperable, no pueda ser documentado por las Autoridades de ningún país y que desea ser documentado en España, después de practicada la pertinente información, podrá excepcionalmente obtener en los términos que reglamentariamente se determinen un documento identificativo que acredite su inscripción en las referidas dependencias y que le autorice a permanecer, por el tiempo que se señale, o salir del territorio español. En todo caso se denegará la documentación solicitada, cuando el peticionario esté incurso en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 26.
4. El régimen jurídico de los extranjeros residentes en España a que se refiere el presente Título no sufrirá restricciones por aplicación del principio de reciprocidad.
1. El ejercicio de la potestad sancionadora por el incumplimiento de las obligaciones impuestas en la presente Ley se ajustará a lo establecido en los artículos siguientes y en las disposiciones que los desarrollen.
b) No haber obtenido permiso de trabajo y encontrarse trabajando, aunque cuenten con permiso de residencia válido.
c) Estar implicados en actividades contrarias al orden público o a la seguridad interior o exterior del Estado o realizar cualquier tipo de actividades contrarias a los intereses españoles o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países.
e) Incurrir en demora u ocultación dolosa o falsedad grave en la obligación de poner en conocimiento del Ministerio del Interior las circunstancias relativas a su situación, de acuerdo con el artículo 14.
f) Carecer de medios lícitos de vida, ejercer la mendicidad o desarrollar actividades ilegales.
3. Las infracciones que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la presente Ley, den lugar a la expulsión de los extranjeros no podrán ser objeto de sanción pecuniaria.
2. El incumplimiento de las normas aplicables según la respectiva actividad, conforme a lo previsto en el artículo 17.3, será sancionado por los Ministros u Organismos competentes, de acuerdo con su legislación específica.
2. Las resoluciones gubernativas adoptadas en relación a los extranjeros habrán de dictarse y notificarse de acuerdo con los requisitos exigidos por la Ley de Procedimiento Administrativo y, en cualquier caso, con audiencia del interesado, en la forma que prevén los artículos siguientes.
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será necesario que los acuerdos de imposición de sanciones especifiquen aquellas circunstancias cuyo conocimiento ponga en peligro la seguridad interior o exterior del Estado.
1. La tramitación de los expedientes de expulsión, en los supuestos del párrafo 1, apartados a), c) y f), del artículo 26, tendrá carácter preferente.
2. Cuando de las investigaciones practicadas se deduzca la oportunidad de decidir la expulsión se dará traslado de la propuesta motivada y por escrito al interesado, para que alegue lo que considere adecuado, en el plazo de cuarenta y ocho horas. En los supuestos en que se haya procedido a la detención preventiva del extranjero, éste tendrá derecho a asistencia letrada que se le proporcionará de oficio, en su caso, y a ser asistido por intérprete, si no comprende o habla el castellano, y de forma gratuita en el caso de que careciese de medios económicos.
3. La instrucción y resolución de los expedientes de expulsión tendrá carácter individual, no pudiendo, en consecuencia, acordarse la expulsión de extranjeros con carácter colectivo.
2. Se autoriza al Gobierno para establecer los requisitos y condiciones en que los ciudadanos andorranos pueden prestar servicios en ámbitos propios de la función pública española radicados en el territorio de Andorra.
Tienen carácter de Ley Orgánica los preceptos de los Títulos I, VI y VII y de los arts. 11.1, 2, 3 y 4; 13.2 y 3; 15.1 y 3; 22.2 y 3; y la disposición final.
Fecha de derogación: 01/02/2000
SE DEROGA por Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero (Ref. BOE-A-2000-544).
SE DESARROLLA por el Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero (Ref. BOE-A-1996-4138).
sobre Entrada y Permanencia en España de Nacionales de Estados miembros de la CEE: Real Decreto 766/1992, de 26 de junio (Ref. BOE-A-1992-15288).
art. 26: Resolución de 18 de agosto de 1988 (Ref. BOE-A-1988-20806).
art. 26: Resolución de 19 de julio de 1988 (Ref. BOE-A-1988-18931).
SE DECLARA inconstitucionales los arts 7, el Inciso mencionado, 8.2, 26.2 párrafo segundo, y 34.2 (Ref. BOE-T-1987-17724).
Resolución de 25 de septiembre de 1986 (Ref. BOE-A-1986-25642).
art. 26: Resolución de 21 de julio de 1986 (Ref. BOE-A-1986-24716).
Cuestion 584/1986 , promovida por supuesta inconstitucionalidad del Inciso final del a Rt. 34 (Ref. BOE-A-1986-16759).
desarrollada por Reglamento aprobado por Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-1986-15311).
: Real Decreto 1099/1986, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-1986-15210).
delegando Facultades: Resolución de 26 de enero de 1986 (Ref. BOE-A-1986-8373).
la Ley 58/1980, de 15 de noviembre (Ref. BOE-A-1980-25520).
CITA Ley 5/1984, de 26 de marzo (Ref. BOE-A-1984-7250).

References: artículo 12
 artículo 26
 resolución 
 artículo 26
 artículo 14
 artículo 26
 artículo 17
 artículo 26
 resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución 
 Resolución 

Resolución 
 Resolución 
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Resolución