Source: https://boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-16327
Timestamp: 2020-07-03 17:38:38+00:00

Document:
BOE.es - Documento BOE-A-1995-16327
Documento BOE-A-1995-16327
Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.Ver texto consolidado
«BOE» núm. 160, de 6 de julio de 1995, páginas 20521 a 20528 (8 págs.)
BOE-A-1995-16327
https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/06/09/925
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, faculta al Gobierno para regular y constituir la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias creada por su artículo 13, así como sus órganos administrativos de apoyo: la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo. Debe observarse que la Ley 19/1993 ha optado por ampliar las competencias de los órganos administrativos que actualmente tienen asumidas diversas funciones en relación al régimen de las transacciones económicas con el exterior y del control de cambios, en vez de crear nuevas estructuras administrativas, por lo que las competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales han pasado a ser ejercidas, como señala la propia Ley, por estos mismos órganos.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, con la aprobación del Ministro para las Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de junio de 1995,
Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
El presente Real Decreto aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 18 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, que se inserta a continuación.
1. El presente Reglamento regula, en desarrollo de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, las obligaciones, actuaciones y procedimientos dirigidos a prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales procedentes de:
2. A efectos del presente Reglamento se entenderá por blanqueo de capitales la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de alguna de las actividades delictivas enumeradas en el apartado anterior o de participación en las mismas, para ocultar o encubrir su origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad delictiva a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, así como la ocultación o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen, localización, disposición, movimientos o de la propiedad o derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las generen se desarrollen en el territorio de otro Estado.
3. El cumplimiento de las obligaciones recogidas en el presente Reglamento se entiende sin perjuicio de las establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en cualesquiera otras disposiciones que resulten de aplicación.
1. Quedan sujetas a las obligaciones establecidas en el presente Reglamento:
b) Las entidades aseguradoras autorizadas para operar en el ramo de vida.
d) Las instituciones de inversión colectiva.
e) Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y de fondos de pensiones.
g) Las sociedades emisoras de tarjetas de crédito.
h) Las personas físicas o jurídicas que ejerzan actividad de cambio de moneda, sea o no como actividad principal, respecto a las operaciones relacionadas con esa actividad.
2. Quedarán también sujetas a las obligaciones establecidas en el presente Reglamento con las especialidades a que se refiere el artículo 16, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley 19/1993, las personas físicas o jurídicas que ejerzan las siguientes actividades profesionales o empresariales:
c) Las actividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras y metales preciosos.
d) Las actividades relacionadas con el comercio de objetos de arte y antigüedades.
e) Las actividades de inversión filatélica y numismática.
1. Los sujetos obligados exigirán la presentación de los documentos acreditativos de la identidad de sus clientes, habituales o no, en el momento de entablar relaciones de negocio o de efectuar cualesquiera operaciones, salvo en los supuestos previstos en el artículo 4 del presente Reglamento.
2. Cuando el cliente sea persona física deberá presentar documento nacional de identidad, permiso de residencia expedido por el Ministerio de Justicia e Interior, pasaporte o documento de identificación válido en el país de procedencia que incorpore fotografía de su titular, todo ello sin perjuicio de la obligación que proceda de comunicar el número de identificación fiscal (NIF) o el número de identificación de extranjeros (NIE), según los casos, de acuerdo con las disposiciones vigentes. Asimismo se deberán acreditar los poderes de las personas que actúen en su nombre.
3. Las personas jurídicas deberán presentar documento fehaciente acreditativo de su denominación, forma jurídica, domicilio y objeto social, sin perjuicio de la obligación que proceda de comunicar el número de identificación fiscal (NIF).
4. Cuando existan indicios o certeza de que los clientes o personas cuya identificación fuera preceptiva no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados recabarán la información precisa a fin de conocer tanto la identidad de los representantes, apoderados y autorizados, como de las personas por cuenta de las cuales actúan, en los términos previstos en el presente artículo.
1. A los efectos del presente Reglamento las entidades financieras enumeradas en el artículo 2.1, cuando actúen como clientes, no tendrán la obligación de identificarse según se dispone en el artículo 3 anterior, salvo que se trate de las personas físicas o jurídicas que ejerzan la actividad de cambio de moneda a que se refiere el artículo 2.1 «in fine» del presente Reglamento.
a) Cuando se trate de operaciones cuyo importe no supere 2.500.000 pesetas o su contravalor en divisas. Cuando se aprecie que los clientes fraccionan la operación en varias con el fin de eludir el deber de identificación se sumará el importe de todas ellas y se procederá a exigir su identificación.
Igualmente existirá el deber de identificación en aquellas operaciones que, tras su examen por los sujetos obligados conforme a lo establecido en el artículo 5.1 del presente Reglamento, presenten indicios o certeza de que están relacionadas con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, incluso cuando el importe de las mismas sea inferior al umbral antes mencionado.
b) Cuando se trate de contratos de planes de pensiones o de jubilación suscritos en virtud de una relación de trabajo o de la actividad profesional del asegurado, siempre que dichos contratos no contengan cláusula de rescate ni puedan servir de garantía para un préstamo.
c) Cuando se trate de contratos de seguros de vida y complementarios realizados por empresas debidamente autorizadas, cuando el importe de la prima o primas periódicas a pagar durante un año no exceda de 200.000 pesetas o si se trata del pago de una prima única, cuando el importe sea inferior a 500.000 pesetas.
d) Cuando se haya establecido que el importe de la contraprestación de los seguros de vida y complementarios deba ser adecuado en una cuenta abierta a nombre del cliente en una entidad de crédito sujeta a la obligación enunciada en el artículo 3.
1. Los sujetos obligados examinarán con cuidadosa atención, siguiendo el procedimiento interno que establezcan, cualquier operación, con independencia de su cuantía, que, por su naturaleza, pueda estar aparentemente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1.
2. Al establecer los procedimientos y medidas de control interno a que se refiere el artículo 11 del presente Reglamento los sujetos obligados concretarán el modo en que se dará cumplimiento a este deber de examen especial que incluirá la elaboración y difusión entre sus directivos y empleados de una relación de operaciones susceptibles de estar particularmente vinculadas con el blanqueo de capitales, así como la periódica revisión de tal relación. En ella se incluirán, en todo caso, entre otros, los siguientes supuestos:
b) Cuando una misma cuenta, sin causa que lo justifique, venga siendo abonada mediante ingresos en efectivo por un número elevado de personas.
También conservarán durante seis años copias de los documentos exigidos para la identificación de los clientes que las hubieran realizado o que hubieran entablado dichas relaciones de negocio con la entidad, siempre que fuere preceptiva la comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo conforme los artículos 5, 3 y 7, apartados 1 y 2, o la identificación de los clientes conforme los artículos 3 y 4.
2. El plazo indicado se contará a partir del día en que finalicen las relaciones con un cliente para los documentos relativos a su identificación, y a partir de la ejecución de cada operación, para la conservación de los documentos o registros que la acreditan.
1. Los sujetos obligados colaborarán con el Servicio Ejecutivo y a tal fin comunicarán inmediatamente cualquier hecho u operación respecto al que exista indicio o certeza de que está relacionado con el blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, así como cualquier circunstancia relacionada con dichos hechos u operaciones que se produzcan con posterioridad.
2. En todo caso, los sujetos obligados comunicarán al Servicio Ejecutivo:
a) Las operaciones que lleven aparejado movimiento físico de moneda metálica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de crédito, con excepción de los que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente, por importe superior a 5.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera.
b) Operaciones con o de personas físicas o jurídicas residentes en territorios o países que tengan la consideración de paraíso fiscal, de acuerdo con el Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, cuando el importe de las mismas sea superior a 5.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera.
c) Cualesquiera otras que, a propuesta de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias se recojan en las disposiciones de aplicación del presente Reglamento.
En los casos en que cualquiera de las operaciones incluidas en el presente apartado presente indicios o certeza de estar relacionada con el blanqueo de capitales se estará a lo dispuesto en el apartado 1 anterior.
3. La obligación de comunicación a que se refiere el apartado anterior no será de aplicación cuando por tratarse de operaciones relativas a clientes habituales y respecto de los que los sujetos obligados conozcan suficientemente la licitud de sus actividades no concurran las circunstancias previstas en el apartado 1 anterior.
4. Las comunicaciones a que se refiere el apartado 1 de este artículo se efectuarán a través de los órganos de control interno y por los procedimientos que se establezcan de acuerdo con el artículo 13, y contendrán, en todo caso, la siguiente información:
a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación y el concepto de su participación en la misma.
b) Relación de las operaciones y fechas a que se refieren con indicación de su naturaleza, moneda en que se realizan, cuantía, lugar o lugares de ejecución, finalidad e instrumentos de pago o cobro utilizados.
c) Exposición de las circunstancias de toda índole de las que pueda inferirse el indicio o certeza de vinculación al blanqueo de capitales.
d) Cualesquiera otros datos que el Servicio Ejecutivo determine en el ejercicio de sus competencias.
5. La comunicación a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se entenderá efectuada cuando se haya actuado según lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
2. Los requerimientos de información que realice el Servicio Ejecutivo precisarán con toda claridad los aspectos que hayan de ser informados y el plazo en que hayan de ser atendidos. Transcurrido el plazo para la cumplimentación de la información requerida sin que ésta haya sido aportada o cuando se aporte de forma incompleta por omisión de datos básicos que impidan al Servicio Ejecutivo examinar la situación en debida forma se entenderá incumplida la obligación a que se refiere el presente artículo. No obstante, si los datos omitidos no invalidasen la información solicitada, el Servicio Ejecutivo solicitará del sujeto obligado que complete dicha información con indicación del plazo para cumplimentar este segundo requerimiento que, en caso de no ser atendido, se calificará como incumplimiento de la obligación de información.
2. No obstante, cuando dicha abstención no sea posible o pueda dificultar la persecución de los beneficiarios de la operación, los sujetos obligados podrán llevarla a cabo efectuando la comunicación inmediatamente después de la ejecución.
1. Los sujetos obligados que sean bien personas jurídicas, bien establecimientos o empresarios individuales cuyo número de empleados sea superior a 25, establecerán procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación a fin de conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Dichos procedimientos preverán, en su caso, las comunicaciones precisas a tal fin con entidades filiales, incluso extranjeras, o entidades del mismo grupo.
Se entiende que los referidos procedimientos y órganos son adecuados cuando su articulación responda a los principios de rapidez, seguridad, eficacia y coordinación tanto en la transmisión interna como en el análisis y comunicación al Servicio Ejecutivo de la información relevante a los efectos de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
2. En los casos en que los sujetos obligados sean establecimientos o empresarios individuales cuyo número de empleados no sea superior a 25 el titular de la actividad desempeñará las funciones de órgano de control interno y de comunicación a que se refiere el apartado anterior.
3. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas a fin de que sus empleados y directivos comuniquen inmediatamente a los órganos de control y comunicación los hechos con relevancia en la prevención del blanqueo de capitales. Las comunicaciones habrán de contener como mínimo los datos que permitan individualizar el sujeto o sujetos afectados, hechos u operaciones, cuantías, lugar y fechas a que se circunscriben.
De dichas comunicaciones deberán quedar constancia tanto para el comunicante como para el órgano de comunicación.
Efectuada la comunicación al órgano de control y comunicación el directivo o empleado quedará exento de responsabilidad.
5. Recibida una comunicación por los órganos de control y comunicación éstos procederán a su inmediato análisis o comprobación para determinar la relación de los hechos u operaciones comunicados con el blanqueo de capitales. Si se apreciara indicio o certeza de blanqueo de capitales se procederá conforme a lo indicado en los artículos 7 a 10 anteriores.
6. Los sujetos obligados remitirán al Servicio Ejecutivo información completa sobre la estructura y funcionamiento del órgano de control y comunicación y de los procedimientos a que se refieren los apartados anteriores para su supervisión. El Servicio Ejecutivo supervisará la idoneidad de dichos órganos y procedimientos, pudiendo proponer las medidas correctoras oportunas, así como dirigir instrucciones a los sujetos obligados encaminadas a la mejora y adecuación de los procedimientos y órganos.
Cualquier modificación de la estructura y funcionamiento de dicho órgano o de los indicados procedimientos será igualmente objeto de supervisión por el Servicio Ejecutivo conforme a lo indicado en este apartado.
1. Los órganos de control interno y comunicación previstos en el artículo anterior tendrán como misión analizar, controlar y comunicar al Servicio Ejecutivo toda la información relativa a las operaciones o hechos susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales, por los procedimientos establecidos de acuerdo con los artículos 11 y 13.
2. Al frente de cada uno de dichos órganos existirá un representante del sujeto obligado ante el Servicio Ejecutivo que será el encargado de transmitir al mismo la información a que se refieren los artículos 7 y 8 y de recibir las solicitudes y requerimientos de aquél.
a) Ser nombrados por el órgano de dirección en los casos en que el sujeto obligado sea persona jurídica, establecimientos o empresario individual con un número de empleados superior a 25.
b) Tener un comportamiento profesional que les cualifiquen como personas idóneas para el ejercicio del cargo.
c) Poseer conocimientos y experiencia para ejercer las funciones a que se refiere el apartado 1 anterior.
4. En el supuesto previsto en el artículo 11.2 el representante será el titular de la actividad o, en su caso, el empleado que éste designe.
5. La propuesta de nombramiento de los representantes habrá de ser comunicada al Servicio Ejecutivo que, de forma razonada, podrá formular reparos u observaciones cuando se estime que los mismos no reúnen los requisitos a que se refiere el apartado 3 anterior.
La comunicación del cese de dichos representantes habrá de ir acompañada de una nueva propuesta de nombramiento.
1. La comunicación de los sujetos obligados se realizará directamente y por escrito a través de los representantes a que se refiere el artículo 12.
2. No obstante, en supuestos de razonada urgencia, el Servicio Ejecutivo, con la finalidad de conseguir la máxima seguridad, rapidez y control en la transmisión de la información, podrá señalar los medios y formas a través de los cuales se llevarán a cabo las comunicaciones, siempre que quede constancia de la remisión y de la recepción de la comunicación, y se reciba el escrito correspondiente en el plazo máximo de quince días hábiles a contar desde el momento en que se produjo la comunicación inicial.
3. Los directivos o empleados de los sujetos obligados podrán comunicar directamente al Servicio Ejecutivo las operaciones que, en el ejercicio de sus funciones, conocieran y respecto de las cuales existan indicios o certeza de estar relacionadas con el blanqueo de capitales, en los casos en que habiendo sido puestas de manifiesto a los órganos de control interno del sujeto obligado, éste no hubiese informado al directivo o empleado comunicante según lo dispuesto en el artículo 11.5 del presente Reglamento.
1. Los sujetos obligados adoptarán las medidas oportunas para que el personal a su servicio tenga conocimiento de las exigencias derivadas de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales. Dichas medidas incluirán la organización, con la participación de los representantes de los trabajadores, de planes de formación y de cursos especiales de formación que, dirigidos a sus empleados en general y específicamente al personal que desempeñe aquellos puestos de trabajo que, por sus características, sean idóneos para detectar los hechos u operaciones que puedan estar relacionados con el blanqueo de capitales, capaciten a estos empleados para efectuar dicha detección y para conocer la manera de proceder en tales casos.
Artículo 16. Ámbito y contenido.
Las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 2.2 estarán sujetas a las obligaciones siguientes:
a) Exigirán los documentos referidos en el artículo 3 del presente Reglamento, acreditativos de la identificación de los clientes que efectúen operaciones por importes superiores a 1.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera.
Si se apreciase que los clientes fraccionan la operación en varias con el fin de eludir el deber de identificación se sumará el importe de todas ellas y se procederá a exigir su identificación.
En el caso de los casinos de juego la obligación de identificación a que se refiere el presente apartado se aplicará a las siguientes operaciones:
1. La entrega a los clientes de cheques como consecuencia de operaciones de canje de fichas.
2. Las transferencias de fondos realizadas por los casinos a petición de los clientes.
3. La expedición por los casinos de certificaciones acreditativas de ganancias obtenidas por los jugadores.
b) Examinarán con especial atención cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pueda estar particularmente vinculada al blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1, y comunicarán al Servicio Ejecutivo aquellas respecto de las que, tras dicho examen, existan indicios o certeza de que están relacionadas con dicho blanqueo.
Sin perjuicio de lo anterior, los casinos de juego comunicarán en todo caso al Servicio Ejecutivo aquellas operaciones que presenten indicios o certeza de estar vinculadas al blanqueo de capitales y se concreten en alguna de las modalidades previstas en el párrafo a) anterior.
Las comunicaciones a que se refiere el presente apartado deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 7.4.
c) Conservarán durante seis años los documentos acreditativos de las operaciones que superen 5.000.000 de pesetas o su contravalor en moneda extranjera, así como las copias de los documentos identificativos de las personas a que se refiere el párrafo a) anterior.
El plazo indicado se contará a partir de la ejecución de la operación correspondiente.
d) En todos los demás les será de aplicación la regulación de los artículos 8 a 15 inclusive.
1. El procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora derivado de lo previsto en el capítulo II de la Ley 19/1993 será el regulado en el Real Decreto 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
2. Para determinar la procedencia de la iniciación del procedimiento se podrá acordar por parte de la Secretaría de la Comisión, como órgano competente para la iniciación, la realización de actuaciones previas de acuerdo con el artículo 12 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto.
3. Cuando la entidad infractora sea una entidad financiera o precise de autorización administrativa para operar será preceptivo, para la imposición de la correspondiente sanción, el informe de la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión. Este trámite se ajustará a lo previsto en los artículos 82 y 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. No obstante, cuando, en atención a la sanción impuesta y al sujeto infractor, su normativa específica establezca especialidades derivadas de las sanciones correspondientes, la Secretaría de la Comisión comunicará a la institución u órgano administrativo responsable de su supervisión la resolución recaída a los indicados efectos.
La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias que se crea en el artículo 13 de la Ley 19/1993 desempeñará las funciones que en dicho artículo se le atribuyen.
1. La Comisión, que depende de la Secretaría de Estado de Economía, estará presidida por el titular de esta última y formarán parte de ella:
a) Un representante del Ministerio Fiscal.
b) Un representante de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas.
c) Un representante de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas con rango, al menos, de Director general.
d) El Director general de la Policía.
e) El Director general de la Guardia Civil.
f) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
g) El Director del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria.
h) El Director general de Seguros.
i) El Director general del Tesoro y Política Financiera.
j) Un Director general de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
k) Un Director general del Banco de España.
l) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
m) El Director general de Economía Internacional y Transacciones Exteriores.
n) El Subdirector general de Legislación e Inspección de la Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores, que desempeñará funciones de Secretario de la Comisión.
ñ) Un representante de cada una de las Comunidades Autónomas que dispongan de policía propia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento de la seguridad ciudadana.
2. Sin perjuicio de las peculiaridades previstas en el presente Reglamento, la Comisión se regirá por lo dispuesto en el capítulo II, título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La Comisión podrá actuar en pleno y a través de un Comité Permanente, cuyas funciones serán, además de las que establezca la propia Comisión, la propuesta al Pleno de la adopción de los pertinentes acuerdos para el cumplimiento de las competencias de la Comisión. Su composición será la siguiente:
a) El Presidente, que será el Director general de Economía Internacional y Transacciones Exteriores.
b) Un representante del Ministerio Fiscal.
e) El Director del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales.
f) El Director general del Tesoro y Política Financiera.
g) El Director general del Banco de España miembro de la Comisión.
h) El Director general de la Policía.
i) El Director del Servicio Ejecutivo de la Comisión.
j) El Subdirector general de Legislación e Inspección que actuará como Secretario del Comité Permanente.
Artículo 22. Órganos de apoyo.
La Subdirección General de Legislación e Inspección de la Dirección General de Economía Internacional y Transacciones Exteriores ejercerá, además de las competencias que le corresponden en materia de transacciones económicas con el exterior y de control de cambios, las funciones de Secretaría de la Comisión a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 19/1993. Le corresponderán concretamente:
a) La elaboración de proyectos de normas relacionadas con la aplicación de los aspectos relativos a la infracción de las disposiciones de la Ley 19/1993, que serán elevadas en todo caso para informe de la Comisión o para su aprobación, cuando proceda.
b) La incoación de los procedimientos sancionadores por la comisión de las infracciones previstas en la Ley 19/1993, y la designación de instructores en tales procedimientos, los cuales formularán la correspondiente propuesta de resolución que será elevada a la Comisión para que ésta proceda según lo dispuesto en el artículo 12.1 de la Ley 19/1993, en relación con el órgano competente para la imposición de sanciones.
2. El Servicio Ejecutivo desempeñará las funciones de investigación y prevención de los delitos monetarios e infracciones administrativas de control de cambios, así como las actuaciones tendentes a la prevención e impedimento de la utilización del sistema financiero o de empresas de otra naturaleza para el blanqueo de capitales, ejerciendo para ello las competencias a que se refieren los artículos 17.2 y 18 de la Ley 40/1979 y el artículo 15.2 de la Ley 19/1993.
3. A propuesta de la Comisión, el Ministerio de Economía y Hacienda y el Banco de España podrán determinar el personal a su servicio que ha de ejercer sus funciones para el Servicio Ejecutivo.
Asimismo, la Comisión podrá solicitar de dichos organismos la colaboración con el Servicio Ejecutivo de los expertos que se estimen necesarios para el ejercicio de las competencias de éste.
El personal que preste servicios en el Servicio Ejecutivo, cualquiera que sea su procedencia, mantendrá incompatibilidad absoluta para el ejercido en otras actividades profesionales públicas o privadas.
1. La actual Brigada del Cuerpo Nacional de Policía de Investigación de Delitos Monetarios, perteneciente a la Dirección General de la Policía, quedará adscrita al Servicio Ejecutivo.
2. Sin perjuicio de las funciones y facultades que le correspondan como Policía Judicial serán funciones específicas de la expresada Brigada, gozando a tal fin de las facultades previstas en las leyes, la investigación y esclarecimiento de cuantos hechos pudieran ser constitutivos de delito dentro del ámbito del régimen jurídico de control de cambios y la colaboración, como unidad policial adscrita al Servicio Ejecutivo, en el ejercicio por éste de las funciones que se corresponden con arreglo al artículo 15.2 de la Ley 19/1993, bien por denuncia, por mandato judicial o por decisión de la Comisión o del Servicio Ejecutivo.
3. El Ministerio de Justicia e Interior, a propuesta de la Comisión, podrá destinar a la Brigada los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que se consideren necesarios para la ejecución de las funciones encomendadas a la misma.
1. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para la Comisión y hayan tenido conocimiento de sus actuaciones o de datos de carácter reservado están obligadas a mantener el debido secreto profesional. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades previstas por las leyes. Estas personas no podrán publicar, comunicar o exhibir datos o documentos reservados, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo permiso expreso otorgado por la Comisión.
2. Se exceptúan de la obligación establecida en el párrafo anterior los siguientes supuestos:
a) La difusión, publicación o comunicación de los datos cuando el implicado consienta expresamente.
c) La aportación de información a requerimiento de las comisiones parlamentarias de investigación y de las autoridades judiciales o administrativas que, en base al sistema jurídico español, estén facultadas a tales efectos.
3. Las autoridades, personas o entidades públicas que reciban información de carácter reservado procedente de la Comisión quedarán, asimismo, sujetas al secreto profesional regulado en el presente artículo y no podrán utilizarlas sino en el marco del cumplimiento de las funciones que tengan legalmente establecidas.
Sección 1.ª Colaboración interna
1. Las autoridades que descubran hechos que puedan constituir indicio o prueba de blanqueo de capitales procedentes de las actividades señaladas en el artículo 1 del presente Reglamento informarán de ello por escrito al Servicio Ejecutivo.
2. Igualmente, los funcionarios públicos y demás personal al servicio de las Administraciones públicas que conocieren hechos a los que se refiere el apartado anterior los pondrán en conocimiento del titular del órgano en que prestan sus servicios a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior.
3. Como funcionarios especialmente obligados a este deber de colaboración se considerará a los Registradores de la Propiedad y Mercantil, Notarios y Corredores de Comercio Colegiados, quienes deberán informar por escrito al Servicio Ejecutivo de los actos y contratos de que tengan conocimiento en el ejercicio de su función registral o federativa, a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 anterior.
De acuerdo con lo indicado en el artículo 16.2 de la Ley 19/1993, cuando el Servicio Ejecutivo ejerza sus funciones en relación con entidades financieras sometidas a legislación especial, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Dirección General de Seguros u otro órgano de supervisión, así como el órgano autonómico correspondiente, según los casos, facilitarán toda la información y colaboración precisas para llevarlas a cabo.
Sección 2.ª Colaboración internacional
1. De acuerdo con las directrices que establezca la Comisión, el Servicio Ejecutivo y, en su caso, la Secretaría de la Comisión colaborarán e intercambiarán información directamente o por conducto de las organizaciones internacionales, con las autoridades de otros Estados que ejerzan competencias análogas, tanto en el marco de convenios y acuerdos internacionales suscritos en esta materia, como de la normativa comunitaria.
2. La colaboración e intercambio de información con Estados miembros de la Unión Europea se condicionará a lo dispuesto en los tratados y convenios internacionales y, en su caso, al principio general de reciprocidad y al sometimiento por las autoridades de dichos Estados a las mismas obligaciones de secreto profesional que rigen para las españolas.
1. La Comisión y, en su caso, la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo podrán solicitar de las autoridades competentes de los demás Estados miembros de la Unión Europea, y cada una de éstas podrá solicitar de aquéllos, datos, informes o antecedentes relativos a la prevención e impedimento de la utilización del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales.
2. En el caso de que existan dificultades graves que impidan la obtención de la información que haya sido solicitada, o cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo siguiente, se informará de ello al Ministro de Economía y Hacienda para su comunicación a la autoridad u organismo competente del Estado solicitante, indicando la naturaleza de las dificultades o de las circunstancias señaladas.
En la cumplimentación de las solicitudes de información de otros Estados se valorará la concurrencia de aspectos relativos a la soberanía, seguridad, política nacional y otros intereses nacionales esenciales.
a) Relación e identificación de las personas físicas o jurídicas que participan en la operación.
c) Cualesquiera otros datos que el Servicio Ejecutivo determine en el ejercicio de sus competencias.
Fecha de derogación: 06/05/2014
SE DEROGA, por Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo (Ref. BOE-A-2014-4742).
con el art. 2.2, regulando el cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios: Orden EHA/114/2008, de 29 de enero (Ref. BOE-A-2008-1627).
con el art. 11.7 y la disposición final 1 sobre el Informe de experto externo sobre los procedimientos, órganos de control interno y Comunicación para prevenir el blanqueo de capitales: Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ref. BOE-A-2007-15157).
en relación con los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior: Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2006-14513).
regulando el órgano centralizado de prevención de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado: Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2005-15844).
SE MODIFICA los arts. 1 a 5, 7, 8, 11, 12, 16 a 18, 20, 21 y 23 a 28, por Real Decreto 54/2005, de 21 de enero (Ref. BOE-A-2005-1153).
con el art. 7.2, sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre (Ref. BOE-A-2002-20934).
sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden de 3 de agosto de 2000 (Ref. BOE-A-2000-15354).
sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles: Instrucción de 10 de diciembre de 1999 (Ref. BOE-A-1999-24708).
en BOE núm. 260, de 31 de octubre de 1995 (Ref. BOE-A-1995-23642).
en BOE núm. 172, de 20 de julio de 1995 (Ref. BOE-A-1995-17537).
DEROGA el Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-1980-24354).
DE CONFORMIDAD con Ley 19/1993, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1993-30991).

References: Real Decreto 
 artículo 13
 Real Decreto 
 artículo 16
 artículo 2
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
in fine
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 11
 artículo 1
 Real Decreto 
 artículo 13
 artículo 262
 artículo 11
 artículo 12
 artículo 11

Artículo 16
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 1
 artículo 7
 Real Decreto 
 artículo 12
 Real Decreto 
 resolución 
 artículo 13

Artículo 22
 artículo 15
 resolución 
 artículo 12
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 1
 artículo 16
 Real Decreto 
 Real Decreto 
 Real Decreto