Source: https://hayderecho.expansion.com/2019/02/13/el-problema-catalan-para-dummies-parte-ii-comienza-el-juicio/
Timestamp: 2020-05-27 00:53:59+00:00

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El problema catalán para dummies (II): comienza el juicio - Hay Derecho
13 febrero, 2019 /14 Comentarios/en Blog, Juicio procés /por Ignacio Gomá Lanzón
Imagen por Javier Ramos Llaguno
En el post El problema catalán para dummies tratábamos de explicar de una manera sencilla –más bien para extranjeros- cómo se había podido gestar el problema secesionista catalán y el estado de la cuestión a 26 de septiembre de 2017.
En ese momento estábamos a la espera de lo que ocurriría en el referéndum convocado para el día 1 de octubre. En efecto, el 6 de septiembre el parlamento regional de Cataluña había aprobado una ley del Referéndum que pretendía que se pudiera votar la secesión de Cataluña sólo por los ciudadanos de esa región de España. Tal cosa –el referéndum y, por supuesto, la secesión- no están permitidas por la Constitución española, a diferencia de otros casos, con los que se ha querido comparar, como los de Escocia o Quebec, cuyas normas fundamentales no resuelven el asunto y hacían posible la consulta. Al día siguiente, el 7 de septiembre, el mismo parlamento aprobó la llamada Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana que pretendía regular el proceso de transición de Cataluña hacia el estado independiente, que se suponía ocurriría irremisiblemente con el referéndum convocado.
Son datos importantes que conviene recordar: primero, que las fuerzas políticas que votaron en el Parlamento estas leyes no tenían una mayoría significativa que pudiera fundamentar algún tipo de legitimidad democrática: los dos partidos que estaban a favor no llegaron, en las elecciones de 2015, a representar ni siquiera el 50% de la población, y menos aún las mayorías reforzadas que este tipo de cambios pudieran exigir en el improbable caso de que se aceptara una decisión unilateral. Sólo el juego de la ley electoral (sistema D’Hont) permitiría que quienes no tenían el 50% de los votos sí tuvieran un escaso 50% de los escaños (ver aquí los resultados de esas elecciones). Segundo, que ambas sesiones de la cámara fueron extraordinariamente irregulares: el grupo parlamentario independentista Junts pel Sí había conseguido reformar el reglamento de la cámara el 27 de julio anterior para así evitar la discusión de ambos proyectos en la comisión, y aprobarlos por medio de lectura única, introduciendo además la votación en el orden del día de una forma solapada en el último momento. Los grupos de la oposición protestaron: pidieron el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (una especie de Tribunal Constitucional regional) e hicieron notar que los letrados de la cámara habían advertido que el procedimiento elegido para aprobar la ley podía incurrir en un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional. Después de varias suspensiones, finalmente se aprobó en ausencia de los grupos parlamentarios constitucionalistas que abandonaron la cámara. El secretario general del Parlamento, un funcionario, rechazó publicar el proyecto de Ley y a firmarlo por considerarlo ilegal.
Ambas iniciativas fueron impugnadas por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional que, al ser admitido, produjo la inmediata suspensión de la ley. Y poco después fueron declaradas inconstitucionales y anuladas. Las apelaciones al derecho de autodeterminación que se han usado al respecto como argumento derivado de una normativa superior son absolutamente infundadas, porque como nos recuerda Gimbernat aquí las Resoluciones 1514 y 2625 de la Asamblea General de Naciones Unidas atribuyen el derecho de autodeterminación “sólo en supuestos de colonialismo o bien cuando existe una discriminación racial o una discriminación de los ciudadanos en su vida pública o en sus relaciones económico-sociales de carácter privado, prohibiéndose expresamente ese derecho a decidir precisamente en supuestos como el de Cataluña”
A pesar de ello el gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, hizo caso omiso de ello y continuó con la convocatoria, ya en franca rebeldía. El a la sazón presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó que el referéndum que no se celebraría y, después de muchísimo tiempo de pasividad y atonía, pareció tomar algunas medidas: la policía empezó a buscar las urnas y las papeletas que se estaban preparando para la consulta y realizó algunas investigaciones (produciéndose algunos actos muy sonados de acoso a funcionarios públicos y daños) y, además, activó algunas medidas previstas en la ley para el control de las finanzas de Cataluña, fundamentalmente evitar transferencias directas a la Comunidad catalana, realizando los pagos directamente contra la certificación del gasto correspondiente (ver aquí), con lo que se intentaba evitar que se realizaran pagos para facilitar el referéndum ilegal.
Sin embargo, la decisión de impedir el referéndum tuvo su origen en una decisión judicial. El día uno de octubre se instalaron las urnas y con cierta pasividad y hasta connivencia por parte de la policía autónoma catalana (a las órdenes del gobierno regional secesionista) el referéndum comenzó, acudiendo mucha gente en los colegios electorales. Finalmente, la Policía Nacional y la Guardia Civil, en cumplimiento de los mandatos judiciales, intentaron clausurar los colegios electorales, produciéndose algunas escenas de violencia. Aunque desde el ámbito secesionista se quiso magnificar ésta anunciando que se habían producido hasta 800 heridos, lo cierto es que pasado el tiempo no ha logrado demostrarse que hubiera prácticamente ninguno, al menos de consideración.
En todo caso, la votación no tuvo garantías: sin un censo fiable, sin verdaderos colegios electorales oficiales, sin controles independientes, con muchísimas personas que votaron varias veces, no parece que pudiera tener relevancia alguna, no ya jurídica, sino política. Unos días más tarde la Generalitat facilitó los resultados: votó el 43 % del censo, y votaron ‘SÍ’ el 90 % de los sufragios. La reacción del gobierno central fue declarar que, en realidad, el referéndum no se había celebrado porque había sido declarado ilegal y nulo, y lo que es nulo no existe ni produce efecto alguno.
Aun siendo eso cierto, enviar a la policía a detener el referéndum fue un error político, pues, aun siendo legal y proporcionado, el objetivo era muy difícil de cumplir, los beneficios de pararlo escasos y los perjuicios, encarnados en la imagen de la represión policial, poco admirable en un mundo posmoderno, muy grandes. Mejor hubiera sido esperar a que se desarrollara el acto ilegal –que no iba a producir efecto- y luego proceder a unas cuantas detenciones y a aplicar el artículo 155, del que luego hablaremos.
En todo caso, aquellos sucesos dejaron a la población española sumida en una profunda depresión anímica: la visión de la inepcia e impotencia de nuestros representantes y el descaro y provocación de unos dirigentes regionales dispuestos a todo no hacían presagiar nada bueno. Sin embargo, dos días después la aparición del rey en la televisión enviando un mensaje claro, contundente y sin fisuras a favor de la Constitución y las leyes levantó súbitamente el ánimo a todos los españoles que creían en el imperio de la ley y en la convivencia democrática. Estas últimas cuestiones las comentamos aquí.
El 3 de octubre celebró en Cataluña un «Paro de País» como protesta por la actuación policial durante la jornada del referéndum. En ese momento muchas empresas que tenían su domicilio en Cataluña (algunas tan grandes como Caixabank) deciden cambiar su domicilio para huir de la inseguridad jurídica que se estaba produciendo (ver aquí y aquí). El día ocho se celebró en Barcelona una manifestación multitudinaria a favor de la Constitución, que tuvo gran trascendencia emocional porque por primera vez la mitad constitucionalista de la población catalana se manifestaba claramente, cosa no habitual en una región controlada en todos sus resortes por la mayoría nacionalista.
El 10 de octubre, el presidente regional Carles Puigdemont comunicó al pleno del Parlamento de Cataluña que asumía «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república» para suspender a continuación «los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos el diálogo». Una extraña declaración que contenía en sí misma la mutilación de sus efectos. A partir de ese momento empieza un juego de tensión política porque el gobierno de Rajoy anunció entonces que ponía en marcha los mecanismos previstos para aplicar en Cataluña el artículo 155 de la Constitución, que permite tomar las medidas necesarias “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España”. Parece que el supuesto de hecho se había dado, y, en mi opinión particular, debía haberse aplicado mucho antes.
Ante esa amenaza, evidenciada en los requerimientos que el gobierno central realiza, el presidente Puigdemont realiza algunas exhibiciones políticas (alocución a los alcaldes), pero también movimientos y conversaciones que parecen sugerir una convocatoria de elecciones que resolviera el asunto de una manera aceptable, evitando la declaración de la independencia anunciada. Parece ser que las presiones que recibió lo hicieron imposible y el viernes 27 de octubre el Parlamento de Cataluña aprobó en votación secreta una resolución que incluía la declaración de independencia de Cataluña, con ausencia de los grupos políticos constitucionalistas. Aunque, como tuvimos oportunidad de tratar en el blog, la declaración es tan confusa que hay incluso dudas de que verdaderamente se produjera en sentido estricto (ver aquí).
A la vista de los acontecimientos, el mismo viernes 27 de octubre el gobierno, aplica el art. 155, destituye al gobierno de Puigdemont y convoca elecciones al Parlamento de Cataluña para el 21 de diciembre.​ Parece ser que el presidente Rajoy quiso conseguir un acuerdo de todas las fuerzas política constitucionalistas y eso llevó a que la amplitud de la aplicación del artículo 155 no llegara a la prevista suspensión de la autonomía de hasta seis meses, sino que quedó limitada a esa convocatoria de elecciones. Desde mi punto de vista particular eso fue un error que sólo aplazaba el problema a un momento posterior y los hechos posteriores parecen haberlo confirmado (ver aquí)
A continuación, la Fiscalía General del Estado presentaba una querella contra Puigdemont, todos los consellers (ministros regionales) y otros cargos públicos por la declaración unilateral de independencia o por actos previos. Mientras Puigdemont huye a Bélgica con algunos consejeros, el vicepresidente Oriol Junqueras y otros consejeros acuden a declarar y finalmente son encarcelados provisionalmente, a espera de juicio.
El 21 de diciembre de 2017 se celebraron las elecciones convocadas en virtud de la aplicación del artículo 155, que las fuerzas políticas independentistas rechazaban, pero a las que acabaron concurriendo. La participación se acercó al 80% y fue el partido Ciudadanos –constitucionalista- el que ganó las elecciones con más de un millón de votos y 36 escaños. Sin embargo, los partidos independentistas (Junts per Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya y la Candidatura d’Unitat Popular, CUP) consiguieron, con el 47,49% de los votos, la mayoría absoluta al sumar 70 diputados en total.
Una vez constituido el parlamento regional, se producen una serie de tiras y aflojas de los partidos independentistas, que querían conseguir nombrar al huido presidente Puigdemont, lo que no consiguen porque el Tribunal Constitucional advierte de las consecuencias al presidente del parlamento, que desiste. Se intenta con otros independentistas encarcelados y tampoco se logra, porque se precisa que estén presencialmente en la investidura. Finalmente, se tras lograr un acuerdo los independentistas y por indicación del fugado Puigdemont, se nombra a Joaquim Torra, un personaje atrabiliario cuyo bagaje principal es haber realizado soflamas supremacistas e insultado a los españoles en general (ver aquí) y que ayer mismo no vaciló en declarar que “la democracia está por encima de cualquier ley”. Una vez nombrado el nuevo gobierno, la aplicación del artículo 155 quedo automáticamente extinguida.
Como hechos relevantes ocurridos tras ese momento, convendría recordar que la política del nuevo presidente ha sido absolutamente continuista con la del gobierno anterior, actuando como si no hubiera ocurrido nada desde el día anterior al 1 de octubre: sigue hablando del derecho de autodeterminación, insinúa una vía unilateral para obtener la independencia, alienta a la vía de hecho de determinados grupúsculos violentos denominados “CDRs”, que cortan vías de comunicación y acosan a los ciudadanos que no participan de sus ideas.
No ha habido, pues, una toma de conciencia del independentismo de la realidad jurídica y política ni el Gobierno central ha sido capaz de hacerle comprender con contundencia que se encuentra en un camino sin salida, que sólo puede conducir al deterioro de la convivencia en Cataluña, lo que, de hecho, ya está ocurriendo. Por otro lado, los acontecimientos en la política nacional han sufrido vicisitudes que han afectado también a la situación en Cataluña. A raíz de una sentencia de mediados de 2018 que condenaba la corrupción en el Partido Popular, en el gobierno en ese momento, prosperó una moción de censura contra el gobierno de Rajoy propuesta por el Partido Socialista, apoyado por otros partidos de izquierda y también….por los independentistas catalanes representados en el Congreso de los Diputados.
En un primer momento, este relevo en el gobierno central insufló en mucha gente la esperanza de que se produjera un cambio de aires que aligerara el ambiente: quizá un talante negociador pudiera desbloquear una situación de impasse que tenía visos de prolongarse indefinidamente ante unas posiciones independentistas encastilladas y un gobierno central silente e inmovilista. Sin embargo, las cosas no han evolucionado en el sentido anhelado. La dependencia del gobierno central del apoyo de unos diputados independentistas con agenda propia y desvinculados de la legalidad ha sido tolerable en tanto la relación se ha mantenido en el ámbito de los gestos y de las aproximaciones (algunas de una cierta relevancia como el acercamiento de los políticos presos a las cárceles catalanas, sobre cuyo carácter jurídico o político hemos debatido en el blog, ver aquí y aquí), pero cuando el asunto se ha situado en el ámbito de la aprobación de los presupuestos nacionales y en contrapartidas concretas por parte del gobierno nacional (por ejemplo, hablar de 21 puntos indicados por Torra, que incluían la autodeterminación, ante un “relator” que a todas luces pretendía ser un mediador internacional) la cosa no se ha podido sostener. Además, la experiencia en las recientes elecciones andaluzas, en que el PSOE ha perdido una mayoría que ostentaba desde hace 40 años y el crecimiento de un partido radical de derecha como VOX hacen temer que parte de la población española ha considerado la inacción e incluso tolerancia ante la rebelión catalana una cuestión de máxima relevancia ante las elecciones generales que, a no mucho tardar, deben convocarse.
En este contexto jurídico y político acaba de comenzar el juicio de los políticos secesionistas. Si he llegado a contar fielmente los hechos, creo que se podría concluir que, independientemente de cuestiones políticas que pudieran subyacer, se han producido unos hechos de importante relevancia penal que han de ser dilucidados en el ámbito jurisdiccional penal, sin que quepa retórica alguna acerca de la conveniencia de soluciones políticas al problema planteado, lo que en puridad es una falacia: nadie dudará que si un socio apuñala a otro porque ha regido con negligencia de la sociedad, quizá haya cuestiones que resolver en el ámbito mercantil, pero sin duda antes habrá que resolver las penales. Y aquí lo mismo: las cuestiones penales no resolverán los problemas políticos, pero no se pueden eludir.
Tampoco me parece que debamos enredarnos dialécticamente en la calificación que proceda atribuir los hechos: si lo cometido es un delito de rebelión (por haber concurrido violencias) o sólo sedición u otros (por no haber mediado violencia física) es una cuestión técnica que, precisamente, ha de resolver el tribunal según las peticiones de las partes, los hechos y las leyes. En mi opinión, como en materia penal no se puede hacer interpretaciones extensivas, es francamente dudoso apreciar la violencia en este caso, pues posiblemente el Código sólo pensaba en un golpe militar. Y en este punto precisamente ha estado la razón de la denegación de extradición del fugado Puigdemont en Alemania y Bélgica. Pero en realidad todo esto una cuestión accesoria frente al hecho evidente de que se han cometido graves hechos ilegales que pueden considerarse como golpe de estado, si con Kelsen entendemos que una revolución, en el sentido amplio de la palabra, que abarca también el golpe de Estado, es toda modificación no legítima de la Constitución –es decir, no efectuada conforme a las disposiciones constitucionales–, o su remplazo por otra.
También es accesoria, aunque relevante para los políticos presos, la cuestión de si deberían haber salido en libertad provisional o si por el contrario era preferible que permanecieran en prisión, por su posibilidad de fuga o de destrucción de pruebas. Nosotros expusimos nuestras dudas en posts como este.
Finalmente, no es accesoria, pero es mendaz y tramposa, la acusación que se intenta hacer al Tribunal de parcialidad y politización. Parafraseando lo que dije en este artículo en Expansión (aquí) -perdón por la autocita,- la diferencia entre los que son demócratas y los que no lo son es la misma que la que hay entre los listos y los tontos: como decía Ortega, el listo siempre está a cinco minutos de verse tonto a sí mismo; y el demócrata siempre está a cinco minutos de verse no demócrata, autoritario y abusón. Nosotros criticamos a nuestras instituciones porque queremos que mejoren, pero como sin duda no no lo van a hacer es con desfiles con antorchas, cantando himnos patrióticos o dando golpes de Estado. España está en los primeros puestos, en los índices de democracia y es seguro que el Tribunal Supremo va a confirmar esa calificación.
En definitiva, los intentos de deslegitimación de este juicio no son decentes. Y nosotros hemos de defender nuestras instituciones porque, como dice Timothy Snyder en Sobre la Tiranía, defender las instituciones nos ayuda a conservar la decencia. Además, creo que esos intentos son un esfuerzo inútil y, como en el dicho, todo esfuerzo inútil conduce a la melancolía. Que todo quede en eso.
Etiquetas: Cataluña, Constitución, Estado de Derecho
https://i2.wp.com/hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2017/01/Ilustración-Cataluña_2017-01-12.jpeg?fit=1599%2C899&ssl=1 899 1599 Ignacio Gomá Lanzón https://hayderecho.expansion.com/wp-content/uploads/2018/09/hay-derecho-expansion.jpg Ignacio Gomá Lanzón2019-02-13 23:18:362019-02-13 23:35:49El problema catalán para dummies (II): comienza el juicio
13 febrero, 2019 en 23:46
Excelente explicación, cosa distinta es que los dummies o al menos algunos de ellos quieran entenderlo.
La manipulación cuando no mendacidad de los medios internacionales, en especial los anglosajones, hace difícil que la verdad penetre los muros de los prejuicios hispanofobos que se remontan a la leyenda negra. A ello contribuye además la impudicia de una izquierda nacional política, cultural y mediática empeñada en justificar las brutalidades de los nacionalismos periféricos, por racistas o iliberales que sean, antes que defender el imperio de la Ley, pues lo que estiman como bien es destruirla.
Es muy difícil demoler esos muros y hacer imperar la razón cuando el universo moral y cultural en que nos movemos es muy similar al de los años treinta del pasado siglo, donde la libertad y la dignidad del hombre tiene cada vez menos defensores.
14 febrero, 2019 en 01:28
Un resumen más corto de los hechos:
– Se intervino la gestión económica de la Generalitat de Catalunya.
– Votación del 1-O con violencia matutina (también contra escraches nocturnos) por parte de algunos miembros de las fuerzas de seguridad.
– Después de unos días de intentos de negociación que no llegaron a buen término: Se cesó al Govern de la Generalitat y se asumieron todas sus competencias desde el Gobierno de España.
– Inmediatamente se disolvió al Parlament de Catalunya al convocar nuevas elecciones… a las que los partidos independentistas tenían que acudir con presos políticos y con desterrados entre sus filas.
Tras esas elecciones:
– No se permitió que el Parlament escogiera libremente al President.
– No se permitió que el President escogiera libremente a sus Consellers.
– Se suspende a parlamentarios y se inventa la figura del “parlamentario sustituto”.
Todo ello inventando y retorciendo la ley para dar apariencia de legalidad a lo sucedido (parecido a lo que intentaron los independentistas con la votación del 1-O, sólo que estos con la intención de tratar de dar solución a un problema de Estado y aquellos con el fin de represaliar al discrepante).
NOTA: me surge una duda tras releer los hechos. Está claro que no se respeta ni el Govern ni el Parlament de Catalunya, por tanto: ¿Cataluña no debería considerarse una colonia?
Como reflexión final, sobre ¿Es España una democracia? Creo que es muy reveladora esta intervención de un demócrata de Gran Bretaña: http://www.catalannews.com/catalan-trial/item/uk-parliament-speaker-says-he-would-accept-debate-on-independence
Ahí se elogia la inviolavilidad parlamentaria de la que gozan allí… y se supone que en España. Como en España no se respeta (en el caso de parlamentarios independentistas): Es obvio que se trata de presos políticos, no de políticos presos.
14 febrero, 2019 en 06:42
En este momento y desde hace varias décadas el libro de estudio de Estrategia más importante en el Mundo es el SunTzu. Por delante de las obra de Jomini o de Clausewitz, este libro de hace 2500 años establece que el principal factor de decisión en un conflicto es la “Virtud”, el Dao.
Es fácil ver que la búsqueda de esta posición está constantemente presente en todos los posicionamientos nacionalistas, bien del País Vasco o de Cataluña y por eso van ganando a pesar de que ambas Ideologías y sus realidades cotidianas demuestran su fundamental carencia moral: el desprecio a derechos fundamentales de quienes no comparten sus ideas o la identidad que ellos pretenden imponer.
Por contra, el Estado y sus Instituciones han renunciado a esta ventaja estratégica que les corresponde siempre y cuando se posicionen como defensores de la “Virtud” o lo que es lo mismo en este caso: El derecho de cualquier Ciudadano a que el Estado le proteja en su bien más preciado, su identidad libremente elegida. Esto se manifiesta, por ejemplo, en la permanente humillación de quienes siendo mayoritarios se ven obligados a estudiar en una lengua impuesta. Algo que sucede con la Complicidad de Facto de las Instituciones Estatales incapaces de defender eficazmente este Derecho y, no lo olvidemos, este Bien Público.
Por ello vamos perdiendo el conflicto y por ello partidos como Vox se están quedando con la posición moral. Con lo que cualquier estratega conoce como “The High Moral Ground”. Por ello arrasó en Cataluña Inés Arrimadas. Porque asumió esa bandera moral cual Victoria de Samotracia
Como lo anterior es conocido sobradamente por cualquiera con experiencia de gestión Institucional pública o privada lo sorprendente es que no se actúe sobre ello y nos limitemos a formalismos legales que, sin duda, son importantes jurídicamente pero no en el terreno en el cual se juegan estas cuestiones. El terreno moral.
El Nacionalismo medra en su Aparente Derrota porque siempre se les permite mantener una falsa supremacía moral.
¿Por qué se renuncia a ello?
14 febrero, 2019 en 10:55
“Como lo anterior es conocido sobradamente por cualquiera con experiencia de gestión Institucional pública o privada lo sorprendente es que no se actúe sobre ello y nos limitemos a formalismos legales que, sin duda, son importantes jurídicamente pero no en el terreno en el cual se juegan estas cuestiones. El terreno moral.”
El estado hace décadas que renunció a defenderse frente a sus enemigos internos. Pareciera que “de las autonomías”, en su definición de “estado de las autonomías”, lo tiene grabado a fuego y formara parte de la consecución de sus últimos proyectos: la autoderrota.
No se puede entender que dijera Montoro, llamado a comparecer por la defensa de los enjuiciados separatistas, que no habían malversado ni un euro. Tampoco que la generalidad deba oficiosamente al estado al menos 80.000 millones y que algunos pensemos que son un regalo de político a político, para “fer país”.
La perseverancia en la virtud suele ir acompañada de la inocencia en el pensar. Décadas hace que Felipe González, alias Míster X, acabó con nuestra inocencia democrática, cuando habiendo recibido amplísimos apoyos del soberano los utilizó para montarse en el falcon de la corrupción y la económica fue la menor de ellas.
14 febrero, 2019 en 11:41
Como dice el artículo que se cita sobre Kelsen, una forma de ver su Teoría pura del derecho es proporcionar una tería objetiva para evitar que el derecho justifique una ideología o un poder concretos. Si adoptamos ese formalismo jurídico, se nos dice aquí, estamos ante el “hecho evidente de que se han cometido graves hechos ilegales que pueden considerarse como golpe de estado, … “. El problema de esta afirmación es que no remite a ningún delito específico del ordenamiento jurídico que nos atañe y no cabe ninguna consideración más desde el derecho positivo. Las consideraciones de Kelsen sobre el golpe de estado, y las consecuencias que aquí se sacan, están en el mismo plano que la apelación a la democracia de Torra. Se discute sobre algo que está más allá del derecho positivo. Se discute sobre la justicia de la ley.
Lo mismo pasa cuando se plantea la posibilidad la cuestión de fondo: la independencia de Cataluña. En efecto, lo prohibe la Constitución pero no es un asunto meramente jurídico porque se afirma habitualmente que no se nos puede hurtar que todos los españoles que decidamos sobre el tema. ¿Es justo que si en un territorio HUBIESE la mayoría suficiente independentista el resto tuviese el derecho a negar esa independencia? La respuesta aquí y ahora de los españoles es SÍ.
14 febrero, 2019 en 13:00
Pues, si nos ponemos finos, le traslado que mi opinión es que NO. Si el 99,9 por ciento de los catalanes quisiera la independencia y sólo usted y algunos familiares exigieran la unidad, sería poco lógico mantener a todo trance la unidad. Quizá si se tiene un concepto esencialista, iusnaturalista o de derecho divino de la patria y particularmente de su unidad podría mantenerse esa postura, pero, sin negar que haya algo más que Derecho en la nación, ese concepto no puede ir mucho más allá de lo que decidan los ciudadanos. El Derecho se acomoda a la realidad tarde o temprano: conceptos como la usucapión, la irreivindicabilidad o la protección del tercero de buena fe lo que hacen precisamente es reconocer que a veces la norma no es suficiente. EL Derecho no lo es todo, ciertamente, y el propio Kelsen es muestra que el automatismo formal de la ley sin referencia valores superiores lleva a una aplicación automática de la norma y con ello al Holocausto nazi. Pero nuestro país no es un ordenamiento sin valores: respeta los derechos fundamentales y las normas internacionales. Siendo así, lo que importa es el Derecho. Y en el caso del 99,9 por ciento independentista -que no se da ni se dará-, lo que tendríamos un problema político…..que habría de resolverse también por la vía del Derecho.
14 febrero, 2019 en 15:25
En primer lugar, agradecer infinito este blog. Cuando uno se mete en los terrenos que no conoce (lo de Kelsen me suena por filosofía del derecho, pues soy filósofo de formación) encuentra conceptos con nombres tan curiosos como “usucapión” (Sí, ya sé que mi gremio tiene sus palabros, pero, claro, yo ya estoy acostumbrado).
Volviendo a nuestro tema, no puedo sino asentir a la respuesta a mi comentario. Pero incluso aceptando lo que se dice, no deja de ser políticamente decepcionante que el sentir mayoritario español sea que no es posible plantear el tema de la independencia de Cataluña. Y eso se muestra tanto por las opinión común como por la negativa a modificar la ley para poder hacer un referendum. Porque tal vez, política y jurídicamente, la respuesta adecuada del estado democrático y de derecho sería permitir tal referendum (con el cambio legal correspondiente) y, la clave, en mi modesta opinión, es que eso no se tolerará nunca.
14 febrero, 2019 en 17:19
Pues entonces, don Francisco, es que le he entendido mal. Yo no creo que fuera impensable un referendum, pero sí creo que es impensable AHORA. Maquiavelo o algún otro del estilo (usted lo sabrá mejor por su profesión) probablemente recomendaría que se buscara un momento en que el Príncipe este fuerte. No tiene sentido conceder lo que se pide cuando se pide saltándose la ley: eso sólo incitaría a que la gente siga saltándose o use la violencia para conseguir sus fines. Así como el fin no justifica los medios, habría que entender que los medios deslegitiman el fin. Al menos por unas cuantas décadas.
14 febrero, 2019 en 14:00
En este interesante debate parece que se olvidan cuestiones básicas como:
1.- La comunidad autónoma de Cataluña es una más de las que conforman la actual organización territorial del Estado. Por tanto es una institución al servicio del Estado al que debe su existencia.
2.- Todos los cargos y funciones competenciales han sido recibidos desde el Estado, incluyendo la aprobación del estatuto que los regula, así como los recursos económicos y funcionales para que la gestión territorial sea más cercana al ciudadano.
3.- La toma de posesión de tales cargos implica previamente un juramento de lealtad institucional al Estado y a la C.E. de que forman parte y reciben legitimidad. Habría que pensarlo antes de aceptar tales responsabilidades como representantes del Estado en Cataluña o haber dimitido si hubo un cambio de ideas.
4.- Todos los responsables del “proceso” desde hace muchos años, han confundido las instituciones del Estado con las personas que, en cada momento, las dirigen. Y les ha ido muy bien ya que tenían en su mano el apoyo parlamentario oportuno. De ahí que piensen que el presidente del Gobierno puede y debe influir en el proceso judicial (a menos que se les haya engañado en tal sentido).
5.- La negación de la ciudadanía española es un simple trámite administrativo que contempla el C.C. y que los partidarios de una república catalana podían llevar a cabo como primer acto de su honestidad ideológica, pero nadie lo ha hecho. Menos a renunciar a cargos, sueldos y privilegios procedentes del Estado. En su lugar han orientado y organizado su “proceso” unilateral contra el Estado desde las propias instituciones del Estado, aprovechándose de ellas para sus fines de adoctrinamiento social y engañando a sus seguidores con la inédita “república” (ahora pilotada desde Bélgica), aún a sabiendas de la imposibilidad de su existencia real.
Victor d'Hondt Dice:
14 febrero, 2019 en 17:08
Por alusiones, estimado Sr. Gomá, y sólo a efectos técnicos (no digo nada del resto del artículo), donde dice “Sólo el juego de la ley electoral (sistema D’Hont) permitiría que quienes no tenían el 50% de los votos sí tuvieran un escaso 50% de los escaños”, entre paréntesis, debería poner “la circunscripción electoral provincial”, en vez de “sistema d’Hont”. El sistema d’Hont, que por cierto es el único caso de ejemplo numérico en una ley (LOREG), no es perfectamente proporcional, pero el uso de cualquier sistema más proporcional hubiera producido resultados muy similares. Lo que tiene más efecto, a nivel de España también, es el tamaño de la circunscripción y el reparto de escaños en la misma. Es un problema de falta de igualdad de los votos, aproximadamente 15.000 leridanos eligen un escaño, para lo que hacen falta más de 35.000 barceloneses. Y un fallo, quizá doloso, de la democracia española. Para referencia: casi cualquier manual universitario de ciencias políticas. Gracias por su atención.
14 febrero, 2019 en 18:52
Pues tiene usted toda la razón, y lo malo es que lo sabía. La Ley D’Hondt puede afectar, pero efectivamente lo que más afecta es la distribución y tamaño de los distritos. Se dice que tal sistema se adoptó para dar estabilidad en las elecciones post transición, habida cuenta de la mala experiencia en la Segunda República. En La Urna Rota lo explican muy bien. Muchas gracias por la puntualización
15 febrero, 2019 en 12:13
Hay un gran desconocimiento de nuestra historia y un inmenso esfuerzo presupuestario por ocultarla, desvirtuarla y falsearla desde las Instituciones interiores y exteriores.
El Estado y los Partidos establecidos han renunciado a ello o son parte activa de la manipulación y por lo tanto ni siquiera tratan de preservar la Historia.
Esta labor se ha convertido en trabajo silencioso de miles y miles de ciudadanos anónimos que saben que tampoco pueden contar abierta y lealmente con la Universidad, convertida hoy abrumadoramente en un jardín sindical de “funcionarios-profesores-investigadores” regado única y exclusivamente con las subvenciones y los proyectos que satisfacen lo políticamente correcto para los poderes fácticos.
Hace un par de semanas, en una reunión de amigos en la cual estaba un excelente profesor de Filosofía, se le hizo llegar este reproche. El querido amigo respondió filosófico: “Pues encima se quejan, a pesar de lo que nos callamos”.
PS. Hablando de Historia a preservar y que tiene bastante que ver con el pollo autonómico actual porque la historia no sucede en parcelas aisladas ni en silos especializados.
1. La Marina de Guerra de la II República” Adolfo Morales Trueba. Ed. Actas. 2018
2. La primera vuelta al Mundo. 1519-1522″ Agustín R. Rodríguez. Edaf, 2018
18 febrero, 2019 en 11:57
El querido amigo respondió filosófico: “Pues encima se quejan, a pesar de lo que nos callamos”.
España se ha convertido en un gigantesco pudridero de conciencias donde abunda el clásico “ande yo caliente ríase la gente” o sino el otro, aquel “el que quiera más que ahonde”. Mi total desprecio hacia tantos y tantos académicos e intelectuales que en estas tristísimas horas por las que atraviesa la nación callan como ramonetas.
Resulta que nos enteramos por Margallo, aquel que siendo ministro dijo que “España ha de ceder toneladas y toneladas de soberanía” a Bruselas, que Carlos Espinosa de los Monteros, representante de la marca España, no tenía despacho y ni siquiera sueldo. Más tarde nos enteramos de que Irene Lozano, antigua ex UPyD y hacedora del libro del doctor presidente, tiene un sueldo, en ese mismo puesto de no menos de 100.000 eurazos anuales. ¿ Alguien conoce acción de doña Irene conducente a dar a conocer en algún sitio las bondades de la nación llamada España, por cierto, la más vieja de Europa ?
Un órgano político que toma una decisión fuera de su ámbito competencial (suele ser bastante habitual). ¿Consecuencia? No tiene efectos jurídicos ni se puede hacer valer ante los tribunales. Punto final.
El citado 99,9 %, comenzamos a bajarlo 99,8 %; 99,7 %… ¿hasta qué cifra? ¿No convendria clarificarlo?
La ficción del procés a juicio Fake comments

References: artículo 155
 artículo 155
 resolución 
 artículo 155
 artículo 155
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