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Timestamp: 2017-06-28 10:29:46+00:00

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El Yo Acuso Argentino: enero 2016
Capítulo 838 - Como se determina si la práctica de los Estados determina una norma de derecho consuetudinario. (continuación)
negociación y la aprobación de resoluciones por organizaciones o por
conferencias internacionales, junto con las explicaciones de los votos, son actuaciones que implican a los Estados. Se
reconoce, con pocas excepciones, que las resoluciones no son normalmente
vinculantes en sí mismas y, por ende, el valor que se concede a cada resolución en particular depende de su contenido, de su grado de aceptación y de la coherencia con la restante práctica del Estado.
Cuanto mayor sea el apoyo a la resolución, más importancia hay que darle.
Aunque las decisiones de los tribunales internacionales son fuentes
subsidiarias de derecho internacional, no constituyen práctica de los Estados,
puesto que dichas instancias, a diferencia de los tribunales nacionales, no son
órganos estatales. No
obstante, sus decisiones se han incluido en el estudio, porque el fallo de un tribunal
internacional en el sentido de que existe una norma de derecho internacional
consuetudinaria constituye
una prueba convincente al respecto. Además, debido al valor jurisprudencial de sus decisiones, los tribunales internacionales pueden
también contribuir a la
aparición de normas de derecho internacional consuetudinario, influenciando así la práctica subsiguiente de los Estados y las organizaciones internacionales. La
práctica de los grupos armados de oposición, tales como códigos de conducta,
compromisos adquiridos de observar ciertas normas del derecho internacional
humanitario y otras declaraciones, no constituyen, en sí, práctica estatal.
Aunque esas prácticas pueden contener pruebas de la aceptación de ciertas
normas en los conﬂictos armados no internacionales, su significación jurídica
no está clara, por lo cual no pueden considerarse como prueba de la existencia
de derecho internacional consuetudinario. En la sección «Otras prácticas» del
volumen II del estudio se cita una serie de ejemplos a este respecto.
Estados es lo suficientemente «densa» como para crear una norma de derecho
internacional consuetudinario, hay que analizarla. Para establecer una norma de derecho
práctica estatal ha de ser prácticamente uniforme, extensa y representativa. Pero
veamos más detenidamente lo que esto significa. El primer requisito para que la práctica de los Estados cree una
norma de derecho internacional consuetudinario es que sea prácticamente uniforme.
Diferentes Estados no tienen que haberse comportado de manera sustancialmente
distinta. La jurisprudencia de la
Corte Internacional de Justicia muestra que una práctica contraria, que a primera vista parece minar dicha
uniformidad, no impide
la formación de una norma de derecho internacional consuetudinario, siempre que esa práctica contraria la
condenen otros Estados o la
rechace el propio Gobierno. Tales condenas o rechazos confirman de
hecho la norma en cuestión. Esto
es particularmente pertinente para una serie de normas de derecho internacional
esas normas. Cuando estas infracciones han ido acompañadas de excusas o
justificaciones de los actores y/o de condenas de otros Estados, no son de tal
índole que pongan en duda la existencia de la norma en cuestión. Los Estados que deseen cambiar una norma de derecho internacional
consuetudinario vigente
han de hacerlo mediante su práctica oficial y declarar que están actuando de derecho. El segundo requisito para que se establezca una norma de
derecho internacional consuetudinario general es
que la práctica estatal concernida sea extensa y representativa. No
necesita, en cambio, ser universal; es suficiente una práctica «general». No se requiere un número o porcentaje
exacto de Estados. Una de
las que es imposible precisar la participación requerida es que este criterio es en cierto modo cualitativo, más que cuantitativo. Publicado por
Como se determina si la práctica de los Estados determina una norma de derecho consuetudinario
En segundo lugar, el derecho humanitario convencional no
regula con suficiente detalle gran parte de los conﬂictos armados actuales, es decir, los conﬂictos armados no internacionales, porque estos conﬂictos están sujetos a muchas menos normas convencionales que los conﬂictos internacionales. Sólo
un número limitado de tratados son aplicables a los conﬂictos armados no
internacionales, a saber: la Convención (enmendada) sobre Ciertas Armas
Convencionales, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, la Convención de
Ottawa sobre la prohibición de las minas antipersonal, la Convención sobre
Armas Químicas, la Convención de La Haya para la Protección de los Bienes
Culturales y su Protocolo II y, como acabamos de señalar, el Protocolo
adicional II y el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra. Aunque el
artículo 3 común tiene una importancia fundamental, sólo proporciona un marco
rudimentario de exigencias mínimas. El Protocolo adicional II es un complemento útil del artículo 3
común, pero es menos detallado
rigen los conﬂictos armados internacionales contenidas en los Convenios de Ginebra y en el Protocolo adicional
I. El Protocolo adicional II apenas contiene 15 artículos
sustantivos, mientras que el Protocolo adicional I tiene más de 80. Aunque las
meras cifras no lo dicen todo, revelan una diferencia signiﬁcativa en cómo el
derecho convencional regula los conﬂictos armados internacionales y los no
internacionales, sobre todo por lo que respecta a las normas detalladas y las
definiciones. Por eso, la segunda finalidad del estudio era determinar si el derecho internacional
consuetudinario regula
los conﬂictos armados no internacionales de manera más detallada que el derecho convencional y, en caso afirmativo, en qué medida. Volvamos
a recordar, dado la
importancia de esta definición, que
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia define el derecho consuetudinario como «una práctica generalmente aceptada como derecho». Se acepta en general que la existencia de una norma de derecho
requiere la presencia de dos elementos, a saber, la práctica estatal (usus) y la creencia de que esa práctica se
exige, se prohíbe o se permite, según la índole de la norma, como derecho (opinio juris sive necessitatis). Como
la Corte Internacional de Justicia afirmó en el asunto Continental Shelf,
«es naturalmente axiomático
que la materia del derecho
internacional consuetudinario hay
que buscarla ante
todo en la práctica efectiva y en la opinio juris de los Estados». El
signiﬁcado exacto y el contenido de estos dos elementos han sido objeto de
muchos escritos eruditos. El modo de proceder seguido en este estudio para
determinar si existe una norma de derecho internacional consuetudinario general
responde a un planteamiento clásico, expuesto por la Corte Internacional de
Justicia en varias causas, en particular en los asuntos North Sea
vez, la práctica de los Estados debemos contemplarla desde dos puntos de vista:
en primer lugar, para determinar qué práctica contribuye
a la creación de derecho internacional consuetudinario (selección
de la práctica estatal) y, en segundo lugar, para examinar si establece una
norma de ese derecho (evaluación de la práctica estatal). Las actuaciones de los Estados, tanto las materiales o de obra como
las verbales o de palabra,
contribuyen a la creación de derecho
internacional consuetudinario. Las actuaciones materiales comprenden, por
ejemplo, el comportamiento en el campo de batalla, el empleo de ciertas armas y
el trato dispensado a distintas categorías de personas. Las actuaciones verbales incluyen los
manuales militares, las leyes internas, la jurisprudencia nacional, las instrucciones a las fuerzas armadas y de
seguridad, los comunicados militares durante una guerra, las notas diplomáticas
de protesta, las opiniones de asesores jurídicos oficiales, los comentarios de
los Gobiernos sobre proyectos de tratados, las decisiones y los reglamentos
ejecutivos, los alegatos ante tribunales internacionales, las declaraciones en
organismos y conferencias internacionales y las tomas de posición de los Gobiernos
en relación con resoluciones de organizaciones internacionales. Esta lista muestra que la práctica de los organismos
ejecutivos, legislativos y judiciales de un Estado puede
creación de derecho internacional consuetudinario. Publicado por
El derecho consuetudinario es una práctica generalmente aceptada como derecho
señala la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja que
“En la Conferencia
Internacional para la Protección de las Víctimas de la Guerra, celebrada en Ginebra, del 30 de agosto al 1
de septiembre de 1993, se
debatieron en particular los medios y las maneras de afrontar las violaciones del derecho internacional
pero no se propuso la aprobación de nuevas disposiciones convencionales. En
cambio, en la Declaración Final, aprobada por consenso, la Conferencia reafirmó «la necesidad de reforzar la eficacia de
la aplicación del derecho internacional humanitario» y solicitó al Gobierno suizo que reuniera «un grupo intergubernamental de expertos
de composición no limitada encargado
de dar con los medios prácticos para
promover el pleno respeto de este derecho y la aplicación de sus normas, así como de preparar un informe para los
Estados y para la próxima “Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja».
Este Grupo Intergubernamental de Expertos para la Protección de las Víctimas de
la Guerra se reunió en Ginebra, en enero de 1995, y adoptó una serie de
recomendaciones destinadas a reforzar el respeto del derecho internacional
humanitario, en particular mediante medidas preventivas para mejorar su
conocimiento y hacer más eficaz su aplicación. Tales tareas pusieron
de relieve la necesidad de distinguir las normas consuetudinarias que rigen los conflictos armados no
internacionales. “En la
Recomendación II, el Grupo Intergubernamental de Expertos propuso que: «se invite al CICR a
elaborar, con la asistencia de expertos en derecho internacional humanitario
que representen a diversas regiones geográficas y distintos sistemas jurídicos, y en consulta con expertos de Gobiernos y
organizaciones internacionales, un
informe sobre las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario
aplicables en conflictos armados
internacionales y de otra índole, y a que distribuya este
informe a los Estados y a los organismos internacionales competentes”. En diciembre de 1995, la XXVI Conferencia Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja refrendó esta recomendación y encargó oficialmente
al CICR que
preparara un informe sobre
las normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario aplicables en los conflictos armados
internacionales y no internacionales. Casi diez años después, en 2005, tras una minuciosa investigación y
numerosas consultas a expertos, se
ha publicado este informe, al que
se hace referencia en adelante con
el título de estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario.”
“La finalidad del estudio sobre el derecho internacional humanitario
consuetudinario era
superar algunos de los problemas que plantea la aplicación del derecho internacional humanitario convencional. Este
derecho, que está bien desarrollado y cubre numerosos aspectos de la guerra,
brinda protección a diversas categorías de personas en tiempo de guerra y
limita los medios y métodos bélicos permitidos. Los Convenios de Ginebra y sus
Protocolos adicionales contienen una amplia normativa para la protección de las
personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades. La
regulación de los medios y métodos de guerra en el derecho convencional se
remonta a la Declaración de San Petersburgo de 1868, a los Reglamentos de La
Haya de 1899 y 1907y al Protocolo de Ginebra de 1925 sobre Gases Asfixiantes.
Más tarde se abordó esta cuestión en la Convención de 1972 sobre Armas
Biológicas, los Protocolos adicionales de 1977, la Convención de 1980 sobre
Ciertas Armas Convencionales y sus cinco Protocolos, la Convención de 1993
sobre Armas Químicas y la Convención de Ottawa de 1997 sobre la prohibición de
las minas antipersonal. La protección de los bienes culturales en caso de
conﬂicto armado está regulada en detalle por la Convención de La Haya de 1954 y
sus dos Protocolos. El Estatuto de 1998 de la Corte Penal Internacional
contiene, entre otras cosas, una lista de crímenes de guerra sometidos a su
jurisdicción. Ahora bien, la aplicación de esos tratados en los conflictos armados actuales tropieza con dos graves impedimentos que explican la necesidad y la
conveniencia de un estudio sobre las
normas consuetudinarias del derecho internacional humanitario. En primer lugar, los tratados se aplican solamente a los
Estados que los han ratificado, lo
distintos tratados de derecho internacional humanitario se aplican a los diferentes conflictos armados según qué tratados hayan suscrito los
Estados implicados. Si la
ratificación de los cuatro Convenios de Ginebra es universal, no puede decirse
lo mismo de otros instrumentos de derecho humanitario, como son sus Protocolos
adicionales. A pesar de que el Protocolo adicional I ha sido ratificado por más
de 160 Estados, tiene hoy una eficacia limitada, puesto que varios Estados que
han estado implicados en conflictos armados internacionales no son Partes en él.
Del mismo modo, aunque unos 160 Estados han ratificado el Protocolo adicional
II, varios Estados en cuyo territorio se libran conflictos armados no
internacionales no lo han hecho. A menudo, la única disposición del derecho humanitario convencional aplicable en este tipo de conﬂictos es el artículo 3 común a los cuatro
Convenios de Ginebra. Así
pues, la primera finalidad del estudio era determinar qué normas del derecho internacional humanitario forman parte del derecho internacional consuetudinario y, por ende, son aplicables a todas
las partes en un conﬂicto, hayan
ratificado o no los tratados que
contienen esas normas u otras similares. Publicado por
Donde estudiamos las normas del derecho internacional humanitario,
que forman parte del derecho internacional consuetudinario
las exigencias para reconocer el derecho consuetudinario internacional, es la
denominada “Práctica de los Estados”. Con relación a ella debemos destacar que
es un elemento al que no se le ha otorgado la suficiente trascendencia, a pesar
que se ha acudido a él, en los casos en que se intentó justificar la aplicación
de ciertas normas penales, en forma retroactiva o ultra activa. La etiología de
la citada práctica, nos permitirá comprender mejor el tema. La justicia
sajona o las similares se adaptará mejor a utilizar la práctica, por cuanto el uso de tal elemento es
cotidiano, al contrario del derecho romanístico donde la escritura se ha
impuesto, con las diversas variables. En el particular caso, de los países
usuarios del derecho continental, se ha impuesto el uso de la jurisprudencia
del derecho escrito, en sus diversas variables. Derivado de tal aplicación, tenemos a los
tribunales plenarios y a la casación, institutos que permiten unificar la
aplicación e interpretación de las normas legislativas. Las actuaciones verbales
y materiales que establecen la práctica, no parten de la jurisprudencia, como erróneamente
se considera por lo general. Nos señala
al respecto el CICR “La
práctica de los Estados debe contemplarse desde dos puntos de vista: en primer lugar, para determinar qué práctica contribuye a la creación de derecho internacional
consuetudinario (selección
de la práctica estatal) y, en segundo lugar, para examinar si establece una norma de
ese derecho (evaluación
de la práctica estatal). Las
actuaciones de los Estados, tanto las materiales o de obra como las verbales o
de palabra, contribuyen a la creación de derecho internacional consuetudinario.
Las actuaciones materiales comprenden, por ejemplo, el comportamiento en el campo de batalla, el empleo de ciertas armas y el trato dispensado a distintas categorías de personas. Las
actuaciones verbales incluyen los manuales militares, las
leyes internas, la jurisprudencia nacional, las instrucciones a las fuerzas
internacionales. Esta
lista muestra que la
práctica de los organismos ejecutivos, legislativos y
judiciales de un Estado puede
creación de derecho internacional consuetudinario. La
conferencias internacionales, junto con las explicaciones de los votos, son
actuaciones que implican a los Estados. Se reconoce, con pocas excepciones, que
las resoluciones no son normalmente vinculantes en sí mismas y, por ende, el
valor que se concede a cada resolución en particular depende de su contenido,
de su grado de aceptación y de la coherencia con la restante práctica del
Estado. Cuanto mayor sea el apoyo
a la resolución, más importancia hay que darle. Aunque las decisiones de los tribunales internacionales
son fuentes subsidiarias de
derecho internacional, no
constituyen práctica de los Estados, puesto que dichas instancias, a diferencia de los tribunales nacionales, no son órganos estatales. No
obstante, sus decisiones se han incluido en el estudio, porque el fallo de un tribunal internacional en el sentido de que existe una norma de
derecho internacional consuetudinario constituye una prueba convincente al respecto. Además, debido al valor jurisprudencial
de sus decisiones, los
tribunales internacionales pueden también contribuir a la aparición de normas
de derecho internacional consuetudinario, influenciando así la práctica subsiguiente de los Estados y las
práctica de los grupos armados de oposición, tales como códigos de conducta, compromisos adquiridos de observar ciertas normas del derecho
otras declaraciones, no
constituyen, en sí, práctica estatal. Aunque esas prácticas pueden contener pruebas de la aceptación
de ciertas normas en los
conflictos” (…). Observamos
que no es suficiente el relieve que se le ha dado universalmente a la tarea de
la Cruz Roja Internacional, en relación con lo que surge del derecho
humanitario consuetudinario y materias afines. Entendemos que no podemos pasar
por alto la opinión de tan ilustre organismo internacional. Destacamos que, a
pesar de los años transcurridos y que otros países en similares circunstancias al
nuestro, lo han tipificado penalmente, en nuestro país no ha sido sancionada la
figura del delito de lesa humanidad o el crimen de lesa humanidad. Podemos
decir lo mismo del genocidio y de otras figuras internacionales tipificadas en
las leyes internacionales. Cuando
procedemos a la lectura de algún fallo condenatorio o no, de un ex represor, se evidencia en los fundamentos del mismo
que se acude a figuras y
normas internacionales. Se acude al derecho internacional humanitario consuetudinario, pero en esos fallos, por lo general no se destaca el motivo que origina que
determinada conducta sea
considerada consuetudinaria. No se pone de relieve en forma detallada, lo que tendría que ser una exigencia ad solemnitaten,
dada la gravedad de las penas que se imponen, la etiología de determinadas acciones que repercuten hasta en las normas
una suerte de desuetudo o consuetudo. Nadie, ningún titular de
juzgado, nos ha explicado que motiva que se aplique, por ejemplo, la figura
penal interna de delito de lesa humanidad. No se nos explica que apoyatura
legal tiene, la actitud jurisdiccional de aplicar eventualmente a un reo, una
tipificación penal internacional, que no ha sido incorporada a la legislación
argentina. Posiblemente si acudimos a la Conferencia Internacional encargada de
afrontar las violaciones al derecho internacional humanitario, podremos
comprender mejor la actividad jurisdiccional, criticarla con fundamento o
alabarla, según sea el caso. (Capítulo 835)
es la Práctica de los Estados.,
Un elemento medular del derecho humanitario consuetudinario internacional
Capítulo 834 - Tratamiento diferenciado de los reclusos en Argentina y en España. (continuación)
Leyendo la nota citada, acudió a mi memoria otra
nota muy parecida, con las diferencias lógicas, pero emanada en este caso de la
justicia española. Reseña
la web española de Libertad Digital del 19 de septiembre de 2012, la situación procesal del
condenado por la justicia de España, el etarra Iosu Uribetxeberria Bolinaga. La Sección Primera de la Audiencia Nacional, le concedió la
libertad condicional al aludido con el argumento de que se comprobó la existencia de
un “peligro
patente” para la vida del aludido, que se manifiesta de “manera clara, evidente y manifiesta”. Trae a colación la autora de la nota, la resolución de los magistrados integrantes del
tribunal, ocasión en que se confirma la libertad concedida por el a quo, en razón de que todos
los informes médicos sobre la vida del terrorista Bolinaga coinciden en
afirmar que el cáncer con metástasis que padece el ya expreso es "muy grave
e incurable".
En el auto se subraya que la diferencia
entre los diferentes facultativos surge en torno al pronóstico de supervivencia del secuestrador de
Ortega Lara y asesino de tres guardias civiles pero no sobre la gravedad de su
enfermedad. Asimismo, la Sala recuerda que "la libertad condicional no
significa la liberación del condenado ni la extinción de su responsabilidad
penal" y que se debe anticipar
por "razones humanitarias en el caso de personas de avanzada edad y
de enfermos muy graves con padecimientos
incurables".
Por otro lado, la Sala destaca que
"la ley incorpora a nuestro sistema el principio de humanidad de las penas (...). Y es que el principio de humanidad que
incorpora el artículo 92 del Código Penal –donde se regula la libertad condicional- tiene carácter incondicionado,
no pudiendo depender de la gravedad de
las conductas sancionadas, ni de la entidad de los
daños causados por el delito, ni de los fines que
se persiguen con la imposición de la
pena". La resolución cuenta con el voto particular del magistrado Poveda –que se mostró en
contra de la excarcelación de Bolinaga- donde se argumenta
que ningún informe médico menciona "un riesgo de muerte patente.(Fuente: Libertad Digital,. 19-09-2012)
Tratamiento diferenciado de los reclusos en Argentina y Epaña.

References: resolución 
 artículo 3

artículo 3
 artículo 3
 artículo 3
 resolución 
 resolución 
 artículo 92
 resolución