Source: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2014-0427&language=ES
Timestamp: 2019-05-23 21:50:26+00:00

Document:
Textos aprobados - Miércoles 16 de abril de 2014 - Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal ***I - P7_TA(2014)0427
Ciclo relativo al documento : A7-0251/2014
Miércoles 16 de abril de 2014 - Estrasburgo Edición definitiva
Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2014, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (COM(2012)0363 – C7-0192/2012 – 2012/0193(COD)) (Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2012)0363),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 325, apartado 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-0192/2012),
– Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas, de 15 de noviembre de 2012(1) ,
– Vistas las deliberaciones conjuntas de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, celebradas de conformidad con el artículo 51 del Reglamento,
– Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0251/2014),
(1) DO C 383 de 12.12.2012, p. 1.
Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 16 de abril de 2014 con vistas a la adopción de la Directiva 2014/.../UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 325 83 , apartado 4 2 , [Enm. 1]
Visto el dictamen del Tribunal de Cuentas Europeo(1) ,
(1) La protección de los intereses financieros de la Unión no sólo se refiere a la gestión de los créditos presupuestarios, sino que se extiende a todas las medidas que afecten o puedan afectar negativamente a sus activos y a los de los Estados miembros en la medida en que estén destinadas a apoyar o estabilizar la economía o la hacienda pública de los Estados miembros, lo que revierte en las políticas de la Unión.
(2) Con el fin de garantizar una protección eficaz, proporcionada y disuasoria de contra los intereses financieros de la Unión, la legislación penal en los Estados miembros debería seguir completando esta protección en el marco del Derecho civil y administrativo frente a los tipos más graves de conductas relacionadas con los fraudes en este ámbito , y velar mejor por los intereses financieros de la Unión, las medidas adoptadas en aplicación del Derecho civil y administrativo deberán completarse con legislación penal en los Estados miembros, evitando al mismo tiempo incoherencias dentro de estas ramas del Derecho y entre ellas. [Enm. 2]
(3) La protección de los intereses financieros de la Unión requiere una definición común de fraude que cubra las conductas fraudulentas con relación tanto a los ingresos como a , los gastos, los activos que afectan al presupuesto de la UE Unión, incluidas las actividades crediticias . [Enm. 3]
(4) El fraude que afecta al Impuesto del Valor Añadido (IVA) disminuye los ingresos fiscales de los Estados miembros y, por tanto, la aplicación de un tipo uniforme a la base imponible del IVA de los Estados miembros. Según lo confirmado por la jurisprudencia(4) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, existe un vínculo directo entre, por un lado, la percepción de los ingresos procedentes del IVA respetando el Derecho comunitario aplicable y, por otro lado, la puesta a disposición del presupuesto comunitario de los recursos IVA correspondientes, puesto que cualquier omisión que pudiera producirse en la percepción de aquéllos puede causar una reducción de éstos. Por tanto, la Directiva cubre los ingresos resultantes de los pagos del IVA en los Estados miembros.
(5) La consideración del importante impacto en los intereses financieros de la UE derivado de la disminución ilegal del recurso propio del IVA y la aplicación de límites contenidos en esta Directiva se entenderán a la luz del principio de proporcionalidad, habida cuenta de la naturaleza y metodología específica utilizada para calcular ese recurso propio, incluido el tratamiento diferenciado de los Estados miembros.
(6) Los intereses financieros de la Unión pueden verse afectados negativamente si los licitadores proporcionan a los órganos de contratación o a los responsables de la concesión de subvenciones informaciones basadas en informaciones indebidamente obtenidas ilegalmente directa o indirectamente del órgano adjudicador, con el fin de eludir o desvirtuar normas aplicables a un procedimiento de contratación pública o de subvención. Esta conducta es muy similar al fraude, pero no tiene por qué constituir presentar necesariamente todos los rasgos de un delito del fraude por parte del licitador, ya que la oferta presentada podría satisfacer plenamente cumplir todos los requisitos criterios requeridos . La colusión entre licitadores conculca las normas de competencia de la Unión y las leyes nacionales equivalentes; está sujeta a medidas coercitivas públicas y a sanciones en toda la Unión y debe quedar fuera del ámbito de aplicación de la presente Directiva. [Enm. 4]
(7) La legislación de la Unión sobre el blanqueo de capitales es plenamente aplicable al blanqueo del dinero procedente de los delitos contemplados en la presente Directiva. Una referencia a esa legislación debería garantizar que el régimen de sanciones establecido por la presente Directiva se aplicará a todos los delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión.
(8) La corrupción constituye una amenaza especialmente grave contra los intereses financieros de la Unión, que en muchos casos puede estar vinculada a una conducta fraudulenta. Es preciso, por lo tanto, tipificar este delito. Debemos garantizar que estos delitos quedan cubiertos por la definición con independencia de si la conducta en cuestión supone o no un incumplimiento de las funciones oficiales. Por lo que se refiere a los delitos de corrupción pasiva y apropiación indebida, es necesario incluir una definición de los funcionarios públicos que abarque a todos los funcionarios - nombrados, elegidos o empleados por contrato o que desempeñen una función oficial, así como a las en la Unión , en los Estados miembros o en terceros países. Los particulares participan cada vez más en la gestión de los fondos de la Unión. Para proteger de forma adecuada los fondos de la Unión frente a la corrupción y la apropiación indebida, es necesario, por lo tanto, que la definición de «funcionario público» a efectos de la presente Directiva englobe también a personas que presten servicios desde el Gobierno u otros organismos públicos a los ciudadanos o en interés del público en general aunque no desempeñen una función oficial pero a las que , de manera similar, se haya asignado una función de servicio público que estén ejerciendo, en relación con los fondos de la Unión , como los contratistas que participan en la gestión de esos fondos de la UE . [Enm. 5]
(9) Los intereses financieros de la Unión pueden verse negativamente afectados por determinadas conductas de un funcionario público dirigidas a apropiarse indebidamente de fondos o activos en contra de la finalidad prevista y con la intención de causar perjuicio a los intereses financieros de la Unión. Por lo tanto, es necesario introducir una definición precisa y unívoca de los delitos que abarque esta conducta. [Enm. 6]
(9 bis) Con respecto a las infracciones penales cometidos por personas físicas tal como se definen en la presente Directiva, es necesario establecer intención con respecto a todos los elementos de los que estén compuestos dichos delitos. La presente Directiva no se aplica a aquellos delitos cometidos por personas físicas que no precisen intención. [Enm. 7]
(10) Algunos delitos contra los intereses financieros de la Unión están a menudo, en la práctica, estrechamente relacionados con los delitos a que se refiere el artículo 83, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y con la legislación de la Unión basada en dicho artículo. Así pues, es necesario garantizar la coherencia con esa normativa a la hora de redactar las disposiciones.
(11) En la medida en que los intereses financieros de la Unión también pueden verse afectados negativamente o amenazados por conductas atribuibles a personas jurídicas, estas deben ser perseguidas por los delitos definidos en la presente Directiva que hayan cometido.
(12) Con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión de forma equivalente con medidas que deberán tener un efecto disuasorio en toda la Unión Europea, los Estados miembros deberían además prever ciertos tipos y niveles mínimos de sanciones para los casos en que se cometan los delitos definidos en la presente Directiva. Los niveles de sanciones no deben ir más allá de lo que sea proporcional a los delitos y debe, por lo tanto, establecerse un umbral, expresado en dinero, por debajo del cual no se requiere la tipificación como delito.
(13) La presente Directiva no afecta a una aplicación correcta y eficaz de medidas disciplinarias. Se pueden tener en cuenta sanciones no equiparables a las sanciones penales de acuerdo con el Derecho nacional a la hora de condenar a una persona por uno de los delitos definidos en el marco de la presente Directiva, en casos individuales; por lo que se refiere a otras sanciones, debe respetarse plenamente el principio de non bis in idem. La presente Directiva no tipifica los comportamientos que no estén también sujetos a sanciones disciplinarias u otras medidas relativas a un incumplimiento de deberes oficiales, en los casos en que tales sanciones disciplinarias u otras medidas puedan aplicarse a las personas afectadas.
(14) Las sanciones para las personas físicas en los casos más graves deberían incluir penas de reclusión. Estos casos graves deben definirse en referencia a un perjuicio global mínimo, expresado en dinero, que debe haber sido causado a la Unión y, posiblemente a otro presupuesto, por la conducta delictiva. La introducción de periodos de reclusión máximos y mínimos es necesaria para garantizar una protección equivalente de los intereses financieros de la Unión en toda Europa. La sanción mínima de seis meses garantiza que puede emitirse y ejecutarse una orden de detención europea para los delitos contemplados en el artículo 2 de la Decisión marco relativa a la orden de detención europea, garantizando asimismo de este modo que la cooperación en materia judicial y policial será lo más eficiente posible. Las sanciones también tendrán un importante efecto disuasorio para los posibles delincuentes, con efectos en toda Europa. Deberán imponerse sanciones más severas cuando el delito se cometa en el marco de una organización delictiva en el sentido definido en la Decisión Marco 2008/841/JAI(5) .
(15) Teniendo en cuenta, en particular, la movilidad de quienes perpetran estos actos y del producto de las actividades ilegales en detrimento de los intereses financieros de la Unión, así como la complejidad de las investigaciones transfronterizas que esto implica, todos los Estados miembros deberían establecer su jurisdicción y adoptar normas relativas a los plazos de prescripción que les permitan combatir estas actividades.
(16) Con el fin de asegurar la coherencia del Derecho de la Unión y salvaguardar el principio de que nadie sea condenado dos veces por la misma acción, es preciso clarificar la relación entre las sanciones contempladas en la presente Directiva y otras medidas administrativas pertinentes aplicables en virtud del Derecho de la Unión. La Directiva se entenderá sin perjuicio de la aplicación de multas, sanciones y medidas administrativas específicas en virtud del Derecho de la Unión.
(17) Sin perjuicio de otras obligaciones que puedan emanar del Derecho de la Unión, es preciso disponer de una disposición adecuada que regule la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión para garantizar una acción eficaz contra los delitos definidos en la presente Directiva que afectan a los intereses financieros de la Unión, lo que incluye el intercambio de información entre los Estados miembros, Eurojust y la Comisión. [Enm. 10]
(18) El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas(6) , de 26 de julio de 1995, y sus Protocolos, de 27 de septiembre de 1996(7) y 29 de noviembre de 1996(8) , respectivamente, deben derogarse y sustituirse por la presente Directiva.
(19) La correcta aplicación de la presente Directiva por parte de los Estados miembros incluye el tratamiento de datos personales por las autoridades nacionales competentes y su intercambio entre los Estados miembros, por una parte, y entre los organismos competentes de la Unión, por otra. El tratamiento de datos personales a nivel nacional por las autoridades nacionales competentes debe estar regulado por la legislación nacional, respetando el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, de 28 de enero de 1981, y su Protocolo adicional (STE nº 181). El intercambio de datos personales entre los Estados miembros debe cumplir los requisitos de la Decisión marco 2008/977/JAI(9) . En la medida en que datos de carácter personal sean objeto de tratamiento por parte de las instituciones, órganos y organismos de la Unión, estos deberán cumplir lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo(10) , así como las normas relativas a la confidencialidad de la instrucción judicial.
(20) El efecto disuasorio previsto de la aplicación de sanciones penales requiere una especial cautela en lo que se refiere a los derechos fundamentales. La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, por la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea, y en particular el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho a la protección de los datos personales, la libertad profesional y el derecho a trabajar, la libertad de empresa, el derecho a la propiedad y el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juicio imparcial, la presunción de inocencia y el derecho de defensa, el principio de legalidad y proporcionalidad de los delitos y las penas, y la prohibición de ser juzgado o condenado dos veces por el mismo delito. La presente Directiva tiene por objeto garantizar el pleno respeto de estos derechos y principios, y debe aplicarse en consecuencia.
(21) La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones sobre la suspensión de la inmunidad recogidas en el TFUE, el Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, el Estatuto del Tribunal de Justicia y los textos que los aplican, o de disposiciones similares incorporadas en la legislación nacional.
(22) La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los principios y normas generales del Derecho penal nacional sobre aplicación y ejecución de sentencias de conformidad con las circunstancias concretas de cada caso.
(23) Dado que el objetivo de la presente Directiva no puede se alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a su dimensión y efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. Con arreglo al principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
La presente Directiva establece medidas necesarias en el ámbito de la prevención y lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, mediante la definición de los delitos y sanciones, con el fin de ofrecer una protección eficaz y equivalente en los Estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y dar así credibilidad a las instituciones y la acción de la Unión . [Enm. 11]
Definición de los intereses financieros de la Unión
A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por «los intereses financieros de la Unión» todos los activos y pasivos gestionados por la Unión y sus instituciones, órganos y organismos, o en su nombre, así como todas las transacciones financieras, incluidas las actividades crediticias así como, en particular, todos los ingresos y gastos cubiertos por, adquiridos a través de, o adeudados a: [Enm. 12]
a) el presupuesto de la Unión;
b) los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos creados en virtud de conformidad con los Tratados, u otros presupuestos gestionados y controlados directa o indirectamente por ellos. [Enm. 13]
Delitos penales en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión
Fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las siguientes conductas, cuando se cometan intencionalmente, serán sancionables como delito penal:
a) en materia de gastos, cualquier acción u omisión relativa a:
i) el uso o la presentación de declaraciones o documentos falsos, inexactos o incompletos, que tenga por efecto la apropiación indebida o la retención infundada de fondos del presupuesto de la Unión o de presupuestos administrados por la Unión, o en su nombre,
ii) la no revelación de información en incumplimiento de una obligación concreta, con el mismo efecto, o
iii) el uso indebido de pasivos o gastos para fines distintos de los que motivaron su concesión;
b) en materia de ingresos, cualquier acción u omisión relativa a:
iii) el uso indebido de un beneficio obtenido legalmente, con el mismo efecto.
Delitos penales relacionados con el fraude que afectan a los intereses financieros de la Unión
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los actos por los cuales, en el marco de un procedimiento de contratación pública o de concesión de subvenciones, se suministra información o se deja de suministrar información a órganos o autoridades de contratación o concesión de subvenciones que afecten a los intereses financieros de la Unión, por parte de los candidatos o de los licitadores o por parte de personas responsables o implicadas en la preparación de respuestas a las convocatorias de ofertas o a las solicitudes de subvención de tales participantes, cuando se cometan deliberadamente y con el propósito de eludir o desvirtuar la aplicación de los criterios de elegibilidad, exclusión, selección o adjudicación, o de distorsionar o destruir la competencia natural entre licitadores, sean punibles como delito penal . [Enm. 14]
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el blanqueo de capitales, tal y como se define en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(11) , relativo a bienes o a rentas procedentes de los delitos regulados por la presente Directiva, sea punible como delito. [Enm. 15]
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las siguientes conductas la corrupción activa y pasiva , cuando se cometan intencionalmente, sean punibles como delito penal :
(a) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción pasiva la acción de un funcionario que, directamente o a través de un intermediario, pida o reciba acepte por adelantado ventajas de cualquier tipo o la promesa de dichas ventajas , para él o para terceros, o acepte la promesa de una ventaja, para actuar, retrasar su actuación o abstenerse de actuar de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, sea o no en violación de sus obligaciones oficiales, de tal modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión (corrupción pasiva) .
(b) A efectos de la presente Directiva, se entenderá por corrupción activa la acción de toda persona que prometa, ofrezca o conceda, directamente o a través de un intermediario, una ventaja de cualquier tipo a un funcionario, para él o para un tercero, a fin de que actúe, retrase su actuación o se abstenga de actuar de acuerdo con su deber o en el ejercicio de sus funciones, de tal modo que perjudique o pueda perjudicar los intereses financieros de la Unión (corrupción activa) , o por haberlo hecho en el pasado . [Enm. 16]
4. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que el la aprobación indebida , cuando se cometa deliberadamente, sea punible como delito
A efectos de la presente Directiva, se entenderá por apropiación indebida todo acto intencionado realizado por un funcionario público de comprometer o desembolsar fondos, o apropiarse o utilizar activos de forma contraria a los fines para los que estaban previstos y con la intención de causar , y que cause perjuicio a los intereses financieros de la Unión, sea punible como delito penal (apropiación indebida) . [Enm. 17]
5. A los efectos del presente artículo, se entenderá por «funcionario»:
a) cualquier persona que ejerza una función de servicio público para la Unión o en los Estados miembros o en terceros países mediante el desempeño de un cargo legislativo, administrativo o judicial funcionario nacional o de la Unión, incluido cualquier funcionario nacional de otro Estado miembro y cualquier funcionario nacional de un tercer país ;
Se entenderá por «funcionario de la Unión»:
i) cualquier persona que tenga la condición de funcionario o de empleado contratado en el sentido del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea («Estatuto de los funcionarios»),
ii) cualquier persona enviada en comisión de servicios a una institución, órgano u organismo de la Unión por los Estados miembros o por organismos públicos o privados que ejerza funciones equivalentes a las que ejercen los funcionarios u otros agentes de la Unión Europea.
Se asimilarán a los funcionarios de la Unión los miembros de los órganos, oficinas o agencias creados de conformidad con los Tratados, así como el personal de dichos órganos, oficinas o agencias, en la medida en que el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea no les sea aplicable.
El término «funcionario nacional» se entenderá en referencia a la definición de «funcionario» o «funcionario público» del Derecho nacional del Estado miembro o tercer país en que la persona de que se trate ejerza sus funciones.
No obstante, cuando se trate de diligencias judiciales incoadas por un Estado miembro en las que esté implicado un funcionario de otro Estado miembro o un funcionario nacional de un tercer país, el primer Estado miembro solo estará obligado a aplicar la definición de «funcionario nacional» en la medida en que sea compatible con su Derecho nacional;
b) cualquier otra persona a la que se haya asignado y que ejerza una función de servicio público para la Unión o en los Estados miembros o en terceros países que, aunque no desempeñe ningún cargo, participe que consista en la gestión o en las decisiones relativas a los intereses financieros de la Unión en los Estados miembros o en terceros países . [Enm. 18]
Disposiciones generales relativas a los delitos penales en los ámbitos de la prevención y lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión
Instigación, complicidad, tentativa
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la instigación y la complicidad relacionadas con la comisión de cualquiera de los delitos a que se refiere el título II refieren los artículos 3 y 4 sean punibles como delito penal . [Enm. 19]
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que una tentativa de cometer el delito penal contemplado cualquiera de los delitos contemplados en el artículo 3 o en el artículo 4, apartado 4, sea punible como delito penal . [Enm. 20]
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables de cualquiera de los delitos a los que se hace referencia en el título II los artículos 3, 4 y 5 cometidos en su provecho por cualquier persona, a título individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, y que tenga una posición directiva dentro de la persona jurídica basada en: [Enm. 21]
b) una autoridad para adoptar decisiones en nombre de la persona jurídica;
2. Asimismo, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de una persona mencionada en el apartado 1 haya hecho posible la comisión de cualquiera de los delitos a los que se hace referencia en el título II los artículos 3, 4 y 5 en beneficio de esa persona jurídica por una persona bajo su autoridad. [Enm. 22]
3. La responsabilidad de una persona jurídica de conformidad con los apartados 1 y 2 no excluirá la incoación de acciones penales contra las personas físicas que hayan cometido los delitos a que se refiere el título II refieren los artículos 3, 4 y 5 , o sean penalmente responsables con arreglo al artículo 5. [Enm. 23]
4. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por «persona jurídica» cualquier entidad que tenga personalidad jurídica con arreglo al Derecho aplicable, con excepción de los Estados u organismos públicos en el ejercicio de la autoridad estatal, y de las organizaciones internacionales públicas.
Sanciones para las personas físicas
1. Por lo que se refiere a las personas físicas, los Estados miembros se asegurarán de que los delitos a que se refiere el título II refieren los artículos 3, 4 y 5 sean punibles con sanciones penales efectivas, proporcionadas y disuasorias, inclusive mediante multas y penas de reclusión, tal y como se especifica en el artículo 8. [Enm. 24]
2. En casos de delitos menores con perjuicios inferiores a 10 000 5 000 EUR y ventajas de menos de 10 000 5 000 EUR, y en los que no concurran circunstancias graves agravantes , los Estados miembros podrán establecer la imposición de sanciones no penales. [Enm. 25]
3. El apartado 1 del presente artículo no obstará al ejercicio de poderes disciplinarios por las autoridades competentes contra los funcionarios públicos, tal y como se definen en el artículo 4, apartado 5 . [Enm. 26]
4. Los Estados miembros se asegurarán de que las sanciones de otra naturaleza, que no puedan compararse con sanciones penales, y que ya se hayan impuesto a la misma persona por la misma conducta, puedan tenerse en cuenta a la hora de condenar a esa persona por un delito contemplado en el título II.
Umbrales de reclusión
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a que se refieren el artículos 3 y el artículo 4, apartados 1 y 4, que supongan una ventaja o perjuicio de al menos 100 000 50 000 EUR sean punibles con: [Enm. 43]
a) una pena mínima de al menos 6 meses de reclusión; [Enm. 27]
b) una pena máxima de al menos cinco años de reclusión.
Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a que se refiere el artículo 4, apartados 2 y 3, que supongan una ventaja o perjuicio de al menos 30 000 EUR sean punibles con:
a) una pena mínima de al menos 6 meses de reclusión; [Enm. 28]
2. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los delitos a que se refiere el título II refieren los artículos 3, 4 y 5 se castiguen con una pena máxima de al menos diez años de reclusión cuando el delito se haya cometido en el marco de una organización delictiva en el sentido definido en de la Decisión Marco 2008/841/JAI. [Enm. 30]
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se demuestre que se ha cometido uno de los delitos contemplados en los artículos 3, 4 o 5 en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión marco 2008/841/JAI, este hecho se considere circunstancia agravante a efectos de la sentencia. [Enm. 31]
Tipos de sanciones mínimas para las personas jurídicas
a bis) exclusión temporal o permanente de los procedimientos de adjudicación de contratos de la Unión; [Enm. 32]
d) medida judicial de disolución;
El principio «ne bis in idem»
Los Estados miembros aplicarán en su Derecho penal interno el principio «ne bis in idem», en virtud del cual una persona cuyo juicio haya finalizado en un Estado miembro no puede ser perseguida en otro Estado miembro por los mismos hechos siempre y cuando, en caso de condena, la sanción se haya cumplido, esté en curso de ejecución o no pueda ser ejecutada según la ley del Estado que la dictó. [Enm. 33]
Embargo preventivo y decomiso
Los Estados miembros garantizarán el embargo preventivo y el decomiso de los productos e instrumentos de los delitos a los que se hace referencia en el título II de conformidad con la Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo(12) .
1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para establecer su propia competencia jurisdiccional con respecto a los delitos mencionados en el título II los artículos 3, 4 y 5 cuando:
a) el delito se haya cometido total o parcialmente dentro de su territorio; o
b) el autor de la infracción sea uno de sus propios nacionales o resida en su territorio; o .
c) al autor de la infracción se le aplique el Estatuto de los funcionarios, o se le habría aplicado este Estatuto en el momento de cometer la infracción. [Enm. 34]
2. Para el caso a que se refiere la letra b) del apartado 1, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que su competencia jurisdiccional no esté supeditada a la condición de que la acción judicial sólo pueda iniciarse tras la presentación de una denuncia por la víctima en el lugar donde se cometió el delito, o de una denuncia del Estado en cuyo territorio se cometió el delito.
3. Los Estados miembros garantizarán que su competencia jurisdiccional incluya situaciones en las que el delito se haya cometido por medio de tecnologías de la información y la comunicación accesibles desde su territorio.
Prescripción de los delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión
1. Los Estados miembros garantizarán un plazo de prescripción en que la investigación, la acción judicial, el juicio y la resolución judicial relacionados con los delitos a los que se hace referencia en el título II, asó como en el artículo 5, sigan siendo posible, de al menos cinco años a partir del momento en que se haya cometido el delito.
2. Los Estados miembros garantizarán que este plazo de prescripción quede interrumpido y comience de nuevo a raíz de cualquier acto de una autoridad nacional competente, incluidos, en particular, el efectivo comienzo de la investigación o enjuiciamiento, hasta por lo menos diez años después de la fecha en que se haya cometido el delito.
3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para permitir la ejecución de una sanción a raíz de una sentencia condenatoria definitiva por un delito contemplado en el título II, así como en el artículo 5, durante un período de tiempo suficiente que no podrá ser inferior a 10 años desde la fecha de la sentencia condenatoria.
La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de los delitos contemplados en el título II los artículos 3, 4 y 5 .
Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar la rápida recuperación de dichas sumas y su transferencia al presupuesto de la Unión, sin perjuicio de las normas sectoriales pertinentes de la Unión sobre las correcciones financieras y la recuperación de las sumas gastadas indebidamente. Por otra parte, los Estados miembros llevarán un registro periódico de las sumas recuperadas e informarán a las instituciones u órganos pertinentes de la Unión sobre dichas sumas o, si no se han recuperado, de las razones por las que no se han recuperado. [Enm. 35]
Interacción con otros actos jurídicos de la Unión aplicables
La aplicación de las medidas administrativas, sanciones y multas contempladas en el Derecho de la Unión, y en particular las establecidas en los artículos 4 y 5 del Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n° 2988/95(13) , o en la legislación nacional adoptada de conformidad con una obligación específica derivada del Derecho de la Unión, se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva. Los Estados miembros velarán por que los procedimientos penales iniciados sobre la base de disposiciones nacionales de aplicación de la presente Directiva no afecten a la aplicación correcta y eficaz de multas, sanciones y medidas administrativas no equiparables a un procedimiento penal, establecidas en el Derecho de la Unión o en disposiciones nacionales de aplicación.
Cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) [Enm. 36]
1. Sin perjuicio de las normas en materia de cooperación transfronteriza y asistencia judicial en materia penal, los Estados miembros, Eurojust y la Comisión colaborarán entre sí, en el marco de sus respectivas competencias, en la lucha contra los delitos contemplados en el título II los artículos 3, 4 y 5 . Con este propósito, la Comisión prestará y, en su caso, Eurojust, prestarán cuanta asistencia técnica y operativa puedan precisar las autoridades nacionales competentes para facilitar la coordinación de sus investigaciones. [Enm. 37]
2. Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán, en el marco de sus respectivas competencias, intercambiar información con la Comisión y Eurojust para facilitar la aclaración de los hechos y para garantizar una acción eficaz contra los delitos contemplados en el título II los artículos 3, 4 y 5 . La Comisión y las autoridades nacionales competentes tendrán en cuenta , en cada caso concreto, cumplirán el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la legislación pertinente de la Unión sobre la protección de los datos de carácter personal, y tendrán en cuenta las exigencias del secreto de instrucción y de la protección de datos . A tal fin, cualquier Estado miembro, cuando proporcione información a la Comisión y Eurojust , podrá establecer condiciones específicas sobre el uso de la información tanto por parte de la Comisión, Eurojust como de otro Estado miembro al que se haya transmitido esa información. [Enm. 38]
2 bis. El Tribunal de Cuentas Europeo, las instituciones de control nacionales, por ejemplo para el control de las operaciones derivadas de la gestión compartida, y los auditores encargados de misiones de auditoría de los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos instituidos en aplicación de los Tratados o de los presupuestos gestionados y controlados por las instituciones deberán revelar a la OLAF las infracciones penales de que tuvieren conocimiento en el desempeño de su misión. [Enm. 39]
2 ter. Los funcionarios de la Unión revelarán a la OLAF las infracciones penales de que tuvieren conocimiento en el desempeño de su misión. [Enm. 40]
Derogación de los Convenios en materia penal relativos a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas
El Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas de 26 de julio de 1995, incluidos los Protocolos de 27 de septiembre de 1996, de 29 de noviembre de 1996 y de 19 de junio de 1997, queda derogado con efectos a partir del [fecha de aplicación de conformidad con el artículo 17, apartado 1, párrafo segundo].
1. Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el …, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Aplicarán dichas disposiciones a partir del ….
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en el momento de su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia.
Información, estadísticas y evaluación
1. A más tardar [a los 24 meses de la fecha de aplicación de la presente Directiva], y cada año a partir de entonces, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que evaluará en qué medida los Estados miembros han tomado las medidas necesarias para cumplir la presente Directiva, y cuál es la eficacia de la misma a la hora de alcanzar sus objetivos.
Dichos informes harán referencia a la información proporcionada por los Estados miembros de conformidad con el apartado 2.
2. Los Estados miembros, de manera periódica, recopilarán estadísticas completas de las autoridades pertinentes y las mantendrán con el fin de revisar la eficacia de los sistemas establecidos por ellos para proteger los intereses financieros de la Unión. Las estadísticas recopiladas se enviarán cada año a la Comisión e incluirán:
a) el número de procedimientos penales iniciados, desglosado en número de procedimientos archivados, número de procedimientos que terminen en absolución, número de procedimientos que terminen en condena y número de procedimientos pendientes,
b) los importes recuperados y no recuperados tras los procedimientos penales,
c) el número de solicitudes de ayuda de otros Estados miembros, desglosado en número de solicitudes aprobadas y rechazadas.
3. A más tardar [a los 60 meses de la fecha de aplicación de la presente Directiva], la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo una evaluación completa de la presente Directiva basada en la experiencia adquirida y, en particular, en los informes y estadísticas presentados de conformidad con los apartados 1 y 2. Si procede, la Comisión presentará al mismo tiempo una propuesta de modificación de la presente Directiva, teniendo debidamente en cuenta el resultado de la evaluación. [Enm. 41]
(3) Posición del Parlamento de 16 de abril de 2014.
(4) Sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2011 en el asunto C-539/09, Comisión/Alemania Recopilación 2011, p.I-11235.
(6) DO C 316 de 27.11.1995, p. 48.
(7) DO C 313 de 23.10.1996, p. 1.
(8) DO C 151 de 20.5.1997, p. 1.
(10) Reglamento (CE) nº 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p.1).
(11) Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (DO L 309 de 25.11.2005, p. 15).
(12) Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, p. 39).
(13) Reglamento del Consejo (CE, Euratom) n° 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

References: Resolución 
 artículo 294
 artículo 325
 artículo 51
 artículo 325
 artículo 83
 artículo 2
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 artículo 5
 artículo 8
 artículo 4
 artículo 4
 artículo 4
 resolución 
 artículo 5
 artículo 5
 artículo 6
 artículo 17