Source: https://es.scribd.com/document/340597328/Supuesto-Practico-N%C2%BA-05-Auxiliares-administrativos-Diputacion-Malaga
Timestamp: 2019-04-24 18:46:49+00:00

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Práctica n° 5	Promoción Interna Administrativo
1.	El presidente de una Diputación Provincial acordó mediante resolución la
aprobación de los presupuestos generales de dicha entidad. ¿Es correcta tal
actuación? En caso contrario ¿Qué debe hacer el Presidente?
No. Del supuesto planteado hemos de analizar desde un punto de vista material
cuáles son las competencias del Presidente de una Diputación Provincial. Dicho
esto, debemos acudir al artículo 34 de la Ley 7/85, de 2 de abril de Bases del
Régimen Local, norma estatal básica que atribuye las competencias, entre otros
órganos, al Presidente de la Diputación Provincial. Tal artículo no reconoce al
Presidente la aprobación de los presupuestos generales del Ente Provincial, ya
que esta competencia se le atribuye al Pleno de la Diputación Provincial,
según dispone el artículo 33.2 cl de la Ley 7/85 de 2 de abril al decir que:
"corresponde en todo caso al Pleno: c) la aprobación y modificación de los
Presupuestos ... ".
Vista que no fue correcta la actuación del Presidente, detectamos la falta de
presunción de validez de la resolución dictada -artículo 57.1 de la Ley 30/1992
de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común-, al incurrir la misma en un vicio de
invalidez de nulidad de pleno derecho del artículo 62.1 bl de la Ley 30/92, al
disponer que: "los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno
derecho en los casos siguientes: b) los dictados por órgano manifiestamente
incompetente por razón de la materia o del territorio ".
En este sentido, la aprobación de unos presupuestos generales por una
Diputación Provincial, resulta ser una materia cuya competencia resulta
manifiestamente regulada por el legislador en la LBRL, por lo que la misma no
es objeto de interpretación, duda o confusión; siendo en éste caso el Presidente
un órgano manifiestamente incompetente para su conocimiento por razón de la
De lo anterior, enterado el Presidente que existe en el ordenamiento jurídico un
acto viciado de invalidez de primer grado -nulidad de pleno derecho-, el mismo
deberá utilizar el instrumento legal de la revisión de actos en vía administrativa
del Capítulo 1, Título VII, de la Ley 30/92; en concreto la revisión de oficio de
actos nulos del artículo 102 de la citada norma, al permitir que "las
Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u
órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere,
declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto
fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los
supuestos del artículo 62.1 ".
Con ello me refiero a la declaración de autotutela ejecutiva y de ejecutoriedad que proclama de un lado el articulo 94 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. sin necesidad de respaldo o auxilio judicial alguno. al tratarse de una resolución que agota la vía administrativa -arto 109 d) Ley 30/92 y artículo 52. residente del mUDlclplO X. salvo lo previsto en los artículos 111 y 138. 2. produciéndose en caso contrario la caducidad del mismo. disponiendo para la resolución del procedimiento de un plazo de tres meses desde el acuerdo de su iniciación. se le ha notificado acuerdo de liquidación por el que se le pretende recaudar el impuesto sobre bienes inmuebles. a través de sus órganos competentes en cada caso. al decir que "Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo serán inmediatamente ejecutivos. conforme el artículo 102. a la ejecución forzosa de los actos administrativos. y de otro. el Pleno deberá contar en el expediente con el Dictamen Favorable del Consejo de Estado u órgano equivalente de la Comunidad Autónoma. está dotada por el legislador de unos mecanismos que permiten llevar a cabo el cumplimiento de los acuerdos que ella misma dicte. Y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior".1 b) de la LRJPAC. Para declarar la nulidad de la resolución. o cuando la Constitución exijan la intervención de los Tribunales". previo apercibimiento.5 de la Ley 30/92). para que inicie en cualquier mom~to la revisión de la resolución dictada.y que incurre en el supuesto de invalidez del artículo 62. podrán proceder. . Ante la negativa del sujeto obligado al pago y transcurrido los plazos legalmente establecido para el pago ¿Qué debe hacer el Ayuntamiento? Para realizar una adecuada actuación.	A don AB. el artículo 95 de la misma norma que establece que "Las Administraciones Públicas.2 a) de la Ley 7/85.Práctica n· 5	Promoción Interna Administrativo De tal artículo. si lo hubiere.5 de la Ley 30/92. el Presidente deberá dar conOCImIento al Pleno del Ente Provincial (órgano competente para el conocimiento de la revisión de oficio de actos nulos por analogía con lo dispuesto en el artículo 103. salvo en los supuestos en que se suspenda la ejecución de acuerdo con la ley. hay que tener en cuenta que la Administración Pública a diferencia de los particulares. del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
R. fondo o de interpretación jurídica de la subvención otorgada. y no sobre una revisión de concepto. se ha detectado un error en la cuantía de dicha subvención ¿Cómo se debe proceder? Visto el error en la parte dispositiva del acuerdo planteado y teniendo en cuenta que el legislador ha previsto medios para la revisión en vía administrativa de los actos que dicten las Administraciones Públicas.	Celebrada unas oposiciones en el Ayuntamiento X. para ordenar su cumplimiento. Esta rectificación podrá utilizarse siempre que la misma verse sobre la cuantía a la que asciende la subvención.2 de la LRJPAC "las Administraciones Públicas podrán. la rectificación de errores prevista en el artículo 105.	En la parte dispositiva de un acuerdo por el que se concede una subvención. 3. siendo éstas la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre. remitiéndose al efecto a las normas reguladoras del procedimiento recaudatorio en vía ejecutiva.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. Ante dicha propuesta. el Ayuntamiento podrá utilizar.1 al y 97 de la Ley 30/1992. uno de los candidatos excluidos que suspendió en el último examen nos plantea las siguientes cuestiones: . la cual es publicada en la misma fecha en el tablón de anuncios del citado Ayuntamiento. y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento pretende el cumplimiento de un acuerdo por el que se pretende satisfacer una cantidad líquida correspondiente al impuesto sobre bienes inmuebles.Práctica nO 5	Promoción Interna Administrativo De lo anterior. 939/2005 de 29 de julio. el Tribunal calificador remite propuesta de nombramiento de funcionarios al órgano competente ­ en la que se incluye los candidatos admitidos y excluidos. en este caso podrá utilizarse más que un medio de revisión el cual implica un pronunciamiento sobre la presunción de validez de los actos administrativos -arto 56 Ley 30/1992-. la cual ha sido dispuesta por error. la ejecución forzosa:'del mismo a través del apremio sobre el patrimonio previsto en los artículos 96. rectificar en cualquier momento. de oficio o a instancia de los interesados.D. asimismo. de hecho o aritméticos existentes en sus actos ". los errores materiales. como ocurre en el caso planteado con la liquidación del IBI. y visto que han transcurrido los plazos legalmente establecidos para el cumplimiento de tales actos por sus destinatarios. ya que en este caso se estaría desvirtuando la figura de la rectificación de meros errores para llegar a una verdadera revisión de actos en los términos previstos en los artículo 102. y el Reglamento General de Recaudación. 103 o 105.mediante acta de fecha 15 de noviembre de 2010. Tal medio exige la existencia previa de un acto administrativo por el que se hubiera de satisfacer una cantidad líquida. 4.
. . reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. ya sean definitivos o de trámite. si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. siendo ésta la reconocida en los siguientes artículos: . Los primeros son aquellos que ponen fin a un procedimiento previamente tramitado -arto 42 Ley 30/1992 de 26 de noviembre­ y los segundos aquellos que se producen dentro de un procedimiento necesario para su instrucción y posterior resolución. la misma resulta ser un acto administrativo de trámite cualificado susceptible de recurso conforme los artículos anteriores citados. en este caso selectivo de acceso a la función pública. determinan imposibilidad de continuar el procedimiento. entre otros supuestos. "el recurso contencioso administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa. 26 de noviembre "contra las resoluciones y los actos de trámite.artículo 25. que cabrá de fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de esta Ley". con mención de admitidos y excluidos. puesto que esta remitiendo al órgano competente propuesta de nombramiento de funcionarios. de 13 de julio. determinan imposibilidad de continuar el procedimiento. De lo anterior. y teniendo en cuenta que el acta dictada por el Tribunal está decidiendo sobre el fondo de un procedimiento. podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición. en actos resolutorios y de trámite.Práclica nO 5 Promoción Interna Administrativo ¿Se puede recurrir el acta publicada? ¿Puede tal aspirante recurrir la decisión? ¿Qué tipo de recurso procede? ¿Hasta qué fecha tiene para interponer el recurso? ¿Y qué plazo tiene la Administración para resolver? De no contestarse al recurso en su caso planteado ¿Qué puede hacer tal aspirante? Respecto de la posibilidad de recurrir el acta publicada hemos de informarle de su procedencia en los siguientes términos. En primer lugar hemos de tener en cuenta que los actos administrativos se clasifican. si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto.1 de la Ley 30/1992. producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos ". Esta clasificación permite distinguir cuál es el ámbito objeto de impugnación de la actividad de la Administración. producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos.artículo 107.1 de la Ley 29/1998.
en el concepto de interesado del artículo 31 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre.. y el artículo 52.1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. el cual no pone fin a la vía administrativa confonne lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. en este caso al decir su apartado a) que: "están legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo: las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo ". analizaremos cómo se debe proceder en cada ámbito.. En este sentido la legitimación en ~ía administrativa en los procedimientos de recursos viene reconocida. al igual que en cualquier otro tipo de procedimiento administrativo. es de aplicación al presente caso la clasificación de recursos ordinarios. A estos efectos.1. el acta emitida por el Tribunal resulta ser un acto administrativo de trámite cualificado. constituidos éstos por el recurso de alzada y el potestativo de reposición. en los ténninos del artículo 114 de la Ley 30/1992 "las resoluciones y actos a que se refiere el artículo 107. reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. la legitimación para la interposición de recurso contencioso administrativo viene reconocida en el artículo 19. a) de la Ley 30/92 "se consideran interesados en el procedimiento administrativo: Quienes lo promueva como titulares de derechos o intereses legítimos individuales o colectivos ".. en esta materia otro de los aspectos que ha de tenerse en cuenta es quiénes resultan legitimados para su interposición.. Visto que el Tribunal no ostenta la "última palabra" en vía administrativa.1 de la misma nonna que "contra las resoluciones y los actos administrativos de trámite .1. Respecto del tipo de recurso que podrá interponer el interesado y visto que tal acto de trámite. podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. aquellos que tengan una cualificación especial en relación con la actividad de la Administración Pública. al decir el artículo 107. En este caso. podrán interponerse por los interesados los recursos de alzada y potestativo de reposición . el acta emitida por el mismo puede ser objeto de conocimiento por su superior jerárquico u órgano del que dependa a través de la interposición por el interesado del correspondiente recurso de alzada.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril. En este caso el candidato excluido de las oposiciones es interesado al ostentar un interés legítimo individual confonne el artículo 31. es decir. En cuanto a la vía administrativa y siguiendo la doctrina del profesor González Pérez. ". En vía judicial. Tales recursos se diferencian porque pongan o no fin a la vía administrativa la actividad objeto de impugnación. cuando no pongan fin a la vía administrativa.Práctica nO S Promoción Interna Administralivo Analizado el objeto del recurso. los Tribunales y órganos de selección del personal al servicio de .. puede ser objeto de impugnación en vía administrativa y en vía judicial. como cualificado que es.
1 de la Ley 29/1998 de 13 de julio. el interesado podrá interponer en solamente en vía administrativa el recurso de alzada regulado en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992. y que en caso contrario el legislador ha previsto la .Práctica n° 5 Promoción Interna Administrativo las Administraciones Públicas y cualesquiera otros que. si el acto fuera expreso ". En cuanto a la vía judicial. éste dispondrá para ello de un plazo de 3 meses según dispone el artículo 115. al establecer el objeto del recurso contencioso administrativo. dispone que "el plazo para la interposición del recurso de alzada será de un mes. En cuanto al plazo para la resolución del recurso de alzada por parte del órgano competente.3 de la Ley 30/1992. el interesado dispondrá como máximo hasta el 15 de diciembre de 2010 para interponer tal recurso de alzada. de 26 de noviembre. De lo anterior. actúen con autonomía funcional. hemos de informarle al interesado que las Administraciones Públicas siempre tienen la obligación legal de resolver conforme el artículo 42. De lo anterior.4 de la misma norma. podrá interponerse el correspondiente recurso contencioso-administrativo en sede judicial. conforme dispone el artículo 109 a) de la Ley 30/1992. Respecto de hasta qué fecha dispondrá el interesado para la interposición del recurso de alzada y teniendo en cuenta que el artículo 115 de la Ley 30/1992. ya que el artículo 25. se considerarán dependientes del órgano al que estén adscritos o.. "Ponen fin a la vía administrativa: a) Las resoluciones del recurso de alzada ".1 párrafo II y 89. del que haya nombrado al presidente de los mismos". por tanto para poder recurrir tal acta es necesario que la misma haya puesto fin a la vía administrativa. Sobre la falta de resolución expresa del recurso planteado en el plazo legalmente establecido. el acta emitida por el Tribunal no podrá ser objeto de recurso directo ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo. la cual solamente se producirá una vez se resuelva el recurso de alzada previamente interpuesto. la cuáles no son de aplicación al presente caso. para poder acudir a la vía judicial es necesario previamente interponer el recurso de alzada en vía administrativa y una vez sea resuelto. dispone que el mismo "es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración Pública que pongan fin a la vía administrativa. y visto que el acta del Tribunal fue publicada en el tablón de anuncios del Ayuntamiento con fecha 15 de noviembre de 2010.. en su defecto. ". reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. en el seno de éstas. ya sean definitivos o de trámite .1 de la Ley 30/1992 salvo excepciones reconocidas en los artículos 42.
. la cual pondría fin a la vía administrativa. según se estime o no la solicitud planteada. el interesado podrá deducir en vía judicial el correspondiente recurso contencioso administrativo conforme los artículos 109 al de la Ley 30/1992 Y 25. de un procedimiento de revisión de un acto administrativo cuyos efectos del silencio administrativo. En este caso. Visto que la falta de resolución expresa en lo procedimientos de recursos tiene un sentido desestimatiorio. que en su caso se produzca. el recurso planteado implica la solicitud de iniciación. a que se refiere el artículo 29 de la Constitución. llegado el plazo de resolución. el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. En vía administrativa contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo. Tal garantía permite otorgar efectos al silencio administrativo producido.. salvo el extraordinario de revisión. ya sea expresa o presunta. y que por tanto.1 de la Ley 30/1992 sólo cabe contra actos firmes en vía administrativa..3 de la Ley 30/1992. cuando el recurso de alzada se haya interpuesto contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud por el transcurso del plazo. pudiendo ser éste positivo o neg~tivo.3 no delimita el carácter de la resolución del recurso de alzada. habrá de entenderlos como negativo o desestimatorio conforme dispone el artículo 43.1 de la Ley 30/1992) como garantía jurídica a favor de los administrados. por acto administrativo sólo puede entenderse aquél que se haya producido expresamente mediante resolución o bien mediante resolución presunta cuyo efecto sea estimatorio conforme el artículo 43. aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o al servicio público. al decir que: "Asimismo. esto es. a instancia de parte. No obstante. según dispone el artículo 115. si bien el artículo 115. Por tanto.1 de la Ley 30/1992. en los casos establecidos en el artículo 118. No obstante. hemos de tener en cuenta que el recurso extraordinario de revisión previsto en el artículo 118.1 párrafo 11 de la Ley 30/1992.3 de la misma norma. así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones.1 de la Ley 29/1998. de lo anterior y ante la falta de resolución expresa del recurso de alzada. el órgano administrativo competente no dictase res91ución expresa sobre el mismo JI. el artículo 43.3 párrafo I1 de la Ley 30/1992 le otorga los siguientes efectos: "la desestimación por silencio administrativo tiene los solos efectos de permitir a los interesados la interposición del recurso administrativo o contencioso-administrativo que resulte procedente". se entenderá estimado el mismo si. ya que en este caso existiría una resolución presunta del recurso de alzada. Promoción Interna Administrativo Práctica n° 5 figura jurídica del silencio administrativo respecto de los procedimientos iniciados a solicitud de parte interesada (a excepción del supuesto del artículo 44..
siempre se entiende desestimatorio al entender que se estaría adquiriendo facultades relativas al dominio público. contra las resoluciones presuntas de los recursos de alzada no cabrá la interposición del recurso administrativo extraordinario de revisión.1 de la Ley 30/92 al establecer que: "En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. el cual es recurrido por D. la falta de resolución expresa por el Ayuntamiento competente no legitima al interesado entender que se le ha concedido lo solicitado en tal procedimiento. solicita al Ayuntamiento de la localidad correspondiente una autorización para poder ocupar. Transcurrido el plazo legal para resolver y notificar este tipo de autorizaciones. Así se pronuncia el articulo 43. confonne la legislación. como garantía a favor de los administrados.1 de la Ley 30/92). a que se refiere el artícuLo 29 de la Constitudón.	Don AB. AB hemos de hacer referencia a la institución jurídica del silencio administrativo y sus efectos. el propietario entiende que el Ayuntamiento le ha dado la razón y procede a instalar lo solicitado. mesas y sillas. AB? Para entender correcta o no la actuación de D. En este caso y visto que el procedimiento que inicia D. sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo. mediante carpas. del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común Ca excepción del supuesto previsto en el arto 44. parte de la calle peatonal (dominio público) por la que se accede a tal restaurante. Asimismo. el silencio tendrá efecto desestimatorio en los procedimientos relativos al ejercicio del derecho de petición. Posteriormente. mesas y sillas. aquellos cuya estimación tuviera como consecuencia que se transfirieran al solicitante o a terceros facultades relativas al dominio público o . ya que este silencio. propietario de un restaurante.Práctica nO 5	Promoción Interna Administrativo Dicho esto. el Ayuntamiento dicta un acuerdo denegándole lo solicitado. Tal figura se produce ante la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados a instancia de parte previsto en el artículo 43. AB versa sobre la posibilidad de ocupar parte de la calle peatonal mediante carpas. quedando solamente expedita la vía judicial mediante el correspondiente recurso contencioso-administrativo. ¿Es correcta la actuación de D. AB al entender que no le pueden denegar lo que previamente le autorizaron. el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada por silencio administrativo. 5.1 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre. excepto en los supuestos en los que una norma con rango de Ley por razones imperiosas de interés general o una norma de Derecho comunitario establezcan lo contrario.
Así se manifiesta el artículo 43.	En los casos de desestimación por silencio administrativo. tal resolución expresa posterior puede estimar o bien desestimar lo solicitado.4 de la Ley 30/1992 al decir que: "La obligación de dictar resolución expresa a que se refiere el apartado primero del artículo 42 se sujetará al siguiente régimen: a. así como los procedimientos de impugnación de actos y disposiciones ". b.ede su estimación ya que. no proc. en cumplimiento de la obligación legal de resolver -arto 42 LRJPAC-. por el que se le deniega expresamente lo solicitado. la resolución expresa posterior al silencio administrativo negativo puede dictarse sin vinculación al sentido del silencio producido. la resolución expresa posterior al vencimiento del plazo se adoptará por la Administración sin vinculación alguna al sentido del silencio ". es decir.	En los casos de estimación por silencio administrativo. . la resolución expresa posterior a la producción del acto sólo podrá dictarse de ser confirmatoria del mismo. En cuanto al motivo del recurso interpuesto contra el acuerdo que dicta el Ayuntamiento posterionnente al silencio producido.Práctica n° 5	Promoción Interna Administrativo al servicio público.
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 artículo 105
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 artículo 114
 artículo 107
 artículo 19
 artículo 107
 artículo 31
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 artículo 115
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 artículo 43
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 resolución 
 artículo 43
 artículo 115
 artículo 115
 artículo 118
 artículo 118
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 artículo 43
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 artículo 44
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 artícuLo 29
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 artículo 43
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 artículo 42
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