Source: http://fernando-munoz.blogspot.com/2015/
Timestamp: 2017-09-22 13:34:29+00:00

Document:
Constitucionalismo Democrático: 2015
Argumentos del Partido Comunista en 1969 contra la creación del Tribunal Constitucional
Extractos de la Historia de la Ley Nº 17.284, promulgada el 21 de enero de 1970, que crea el Tribunal Constitucional
Cámara de Diputados, Sesión de 09 de abril de 1969
El señor [Diputado Orlando] MILLAS.— (...) Es indudable que este proyecto es el producto del espejismo de los grandes intereses creados, de lo que es en Chile "el peso de la noche", el espejismo de las fuerzas conservadoras de la sociedad, que creen que con incisos y artículos de la Constitución pueden detener las transformaciones que Chile necesita. Porque éste es un proyecto extraordinariamente inmovilista, es un proyecto redactado con una preocupación que casi pudiera llamarse morbosa, para evitar que se salga del statu quo, que haya un cambio, que se aborden determinados problemas...
Nosotros, comunistas, hemos propuesto que haya una sola Cámara. Hemos tratado en las reformas del Reglamento de esta Corporación, que en la mayoría de los casos pueda no haber primero y segundo informes, sino un sólo informe en la tramitación de la ley.
Nos parece que es mucho que cada ley tenga diez trámites hoy día: primer informe en la Cámara de origen, segundo informe en la Cámara de origen; primer informe en la Cámara revisora, segundo informe en la Cámara revisora; .tercer trámite constitucional, cuarto trámite constitucional, quinto trámite constitucional; a veces, hasta con informe de Comisión en la Cámara revisora, según el Reglamento del Senado, tan sólo incluso en esos trámites que ya versan sobre un proyecto suficientemente conocido. Y, después, viene el veto del Presidente de la República, otro trámite: la consideración por parte del Presidente de la República del proyecto; en seguida, una nueva consideración en la Cámara de origen y, por último, en la Cámara revisora, de las observaciones del Presidente. Esto significa actuar en una forma que no corresponde a las necesidades de nuestra época. Esto impide el cumplimiento del deber que a los parlamentarios nos ha señalado la representación popular...
Pero, ahora, ¿qué propone el proyecto del Ejecutivo? Como si en Chile no hubiera suficientes trabas burocráticas y formalismos inútiles, se impide que se manifieste directa, clara, responsablemente, la voluntad de los parlamentarios y la voluntad, en general, de los órganos colegisladores. En efecto, este proyecto propone que, en vez de llegarse a una sola Cámara o reducir la tramitación de las leyes, haya un engorro más. Ahora se crea, como un nuevo Poder del Estado, en los hechos, un "tribunal constitucional". Este organismo va a tener la posibilidad de demorar, como una instancia más, cualquiera de los trámites de la ley. Diez días después de aprobado un proyecto en la Cámara de origen, queda sujeto a que se le puedan formular reparos de inconstitucionalidad, de forma o de fondo, por la manera cómo se tramitó o se aprobó en la Cámara de origen o en relación a su contenido, en cuyo caso el tribunal tiene quince días para pronunciarse, plazo que se prorroga por quince días más; o sea, son cuarenta días. Esto mismo puede ocurrir en cualquiera de los trámites. Puede retirarse, porque respecto de un proyecto de ley que se quiere demorar, se puede ir planteando uno u otro aspecto de él. Lo mismo ocurre cuando el Presidente de la República lo tiene para su promulgación... ¿qué hay sobre esto? Que el proyecto objetado por nosotros respecto de este nuevo engorro, sólo servirá en la práctica para que los intereses creados dispongan de una nueva instancia para oponerse a algo que pueda afectar sus privilegios...
Nosotros, comunistas, no nos limitamos a criticar todo esto. Nosotros planteamos soluciones. Nosotros decimos, por ejemplo, en esta materia de posibilidad de conflicto entre el Ejecutivo y el Parlamento ¿por qué no se recurre a un procedimiento moderno, expedito, y, al mismo tiempo, de consulta directa al pueblo? ¿Por qué, concretamente, no se establece que al producirse un diferendo entre el Presidente y el Parlamento sobre materia de reforma constitucional entre a funcionar, como atribución del Presidente el poder llamar a la elección de una Asamblea Constituyente que resuelva derechamente la elaboración de las nuevas normas constitucionales? Este sería un procedimiento serio... el proyecto actual es la base jurídica del entendimiento con la Derecha chilena; es el proyecto de reforma constitucional de las fuerzas conservadoras de la sociedad, de los que temen los cambios, de los que quieren más engorro en la tramitación de las leyes, de los que estiman que lo que debe evitarse a toda costa es la dictación de cualquier ley como aquella que pueda, de alguna manera —según lo establece la redacción misma de este proyecto—, conceder algún beneficio en los sueldos, en las gratificaciones y en las demás remuneraciones; o que pueda otorgar la solución de un problema previsional a algún trabajador de este país.
Esto en el presente proyecto: una. iniciativa para mantener y prolongar el pasado. Creemos que esto no tiene eco en un país que está reclamando que se aborde, efectivamente, la realización de aquellos cambios, la solución de aquellos problemas que son fundamentales, en estos instantes, para la inmensa mayoría de los chilenos.
Cámara de Diputados, Sesión de 16 de abril, 1969
El señor [diputado Luis Enrique] TEJEDA.— (...) ahora, vamos a quedar amarrados, enmarcados dentro de las disposiciones constitucionales. Y esto lo va a resolver el Tribunal Constitucional sin beneficio para, nadie, sino únicamente para los tratadistas de Derecho Procesal o de Derecho Público, para que digan más adelante: Señor, esta ley está redactada muy bien; todas las ideas que contiene están de acuerdo con la idea fundamental. Con eso el país no gana nada; los trabajadores no ganan nada; y nosotros los parlamentarios nos privamos de una facultad.
Cámara de Diputados, Sesión de 29 de octubre de 1969
El señor [diputado Orlando] MILLAS.—Señor Presidente, una tendencia que se ha manifestado constantemente en el Derecho Constitucional después de la segunda guerra mundial es la del establecimiento de tribunales de garantías constitucionales, que ya habían surgido en algunas Cartas Fundamentales. Los comunistas hemos planteado, insistentemente, la necesidad de un tal tipo de tribunal, que garantice los derechos, las libertades, las garantías concedidas por la Constitución a los ciudadanos.
Aquí, en cambio, nos encontramos con un Tribunal absolutamente opuesto a esa tendencia de Derecho Constitucional. Aquí se trata de establecer, por sobre la representación popular, por sobre los organismos a los cuales se les ha delegado por el pueblo la facultad de legislar, por sobre, en este caso, la Cámara de Diputados, un Tribunal de una formación eminentemente administrativa en los hechos, el cual estará en condiciones de coartar el desempeño del Parlamento y de coartar la legislación que tienda a realizar cambios y a solucionar problemas. Sabernos que en la Constitución actual, el establecimiento del recurso de inaplicabilidad nunca ha permitido defender un derecho y una libertad del pueblo, y, en cambio, ha dado lugar para que se declaren inaplicables por la Corte Suprema, de acuerdo con el criterio de los Magistrados, por ejemplo, leyes absolutamente constitucionales, como son las que postergan el lanzamiento de familias que sean víctimas de determinados abusos por los arrendadores. Los contratos-leyes han sido declarados al margen de la Constitución y del sistema jurídico chileno. No obstante, han sido amparados, a través de recursos de inaplicabilidad por la Corte Suprema. Hubo una legislación absolutamente inconstitucional, como fue la Ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, la Corte Suprema la consideró aplicable. Pues bien, existe un criterio muy claro y muy definido en los Magistrados: el criterio que se manifiesta en los "supremazos" en contra de aquellas sentencias que benefician a los trabajadores en los juicios del trabajo. Es ese mismo criterio, que es un criterio jurídico conformado de clase, el que ahora se pretende pueda limitar el ejercicio de los derechos del Parlamento.
Y hay una cosa muy interesante y muy reveladora del criterio de clase con que se han estado ideando estas disposiciones. Se decía hasta hace poco por parlamentarios y representantes de la Democracia Cristiana que, en verdad, más directa, más genuina, más inmediatamente se manifestaba la voluntad popular en la generación de la Cámara de Diputados, debido al sistema anacrónico que aún permanece en la Constitución, que en la del Senado, que es, por parcialidades, que hace que algunos Senadores tengan un mandato demasiado antiguo. Pues bien, ahora, como se trata de adscribir posiciones a las del Partido Nacional, como se trata de seguir las aguas de las proposiciones de reforma constitucional que fueron ideas fundamentales de don Jorge Alessandri, el Partido Demócrata Cristiano vota disciplinadamente, porque en la conformación de este Tribunal Constitucional no tenga nada que ver la Cámara de Diputados, no tenga representantes ni siquiera posibilidades de opinar en relación con la generación del Tribunal. El será integrado, según esta proposición, por cinco Ministros, dos designados por la Corte Suprema y tres, por el Presidente de la República, los cuales podrán desempeñar esos cargos simultáneamente con los de Ministros o Fiscales de la Corte Suprema. Serán personas que, por lo demás, según los requisitos que se les exige, tendrán en lo posible —todo ha sido estudiado así— el criterio que se sabe ha predominado en el más alto Tribunal de Justicia del país.... lo que queremos es constituir un Gobierno que no necesite hacer uso de estas trampas, un Gobierno verdaderamente democrático, un Gobierno de verdadera participación popular en relación a las medidas que va a adoptar, un Gobierno que no va a requerir de Tribunales Constitucionales de esta especie para impedir que se hagan reformas, porque precisamente va a promover reformas. Por eso, con absoluta seguridad de representar una voluntad nueva, que se está cohesionando a través del entendimiento de los partidos de la Izquierda, con plena conciencia, nos oponemos a estos intentos absurdos y trasnochados, que, como lo he dicho denantes, tienden, con incisos, con artículos de la Constitución a detener el progreso en nuestro país. Votaremos que no.
Sesión del Congreso Pleno de Ratificación de Reforma Constitucional, 29 de diciembre de 1969
El señor [senador Volodia] TEITELBOIM.—El artículo 78 a) propone la creación de un Tribunal Constitucional —así llamado— que deberá resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley, de los decretos con fuerza de ley y acerca de la convocatoria a plebiscito. He aquí un organismo al cual el Ejecutivo ha pretendido revestir con toda la dignidad de un cuerpo insospechable, de imparcialidad total, de neutralidad perfecta para dirimir conflictos entre el Ejecutivo y el Parlamento nacional. Para eso propone un árbitro sin compromisos: este tribunal compuesto por cinco Ministros que durarán cuatro años en sus funciones. Tres de ellos serán designados por el Presidente de la República, de acuerdo con el Senado, que repetirá la misma votación de hoy día; o sea, entre demócrata cristianos y nacionales aprobarán la proposición presidencial, a gusto de la Derecha. Los otros dos Ministros serán designados por la Corte Suprema, también nombrados por el Primer Mandatario.
Por lo tanto, se trata de la fabricación de un nuevo mito, porque no puede tener imparcialidad ninguna un tribunal propuesto por el Jefe del Estado y por la misma mayoría que aquí está imponiendo reformas constitucionales rechazadas por la clase obrera y por los sectores populares. Se trata de la consagración de una mentira, de la coronación de una farsa, en lo cual esta reunión ha sido realmente pródiga. Porque aquí se han presentado partidos hablando contra los partidos. Y se han presentado políticos de toda la vida, que han sido candidatos a la Presidencia de la República de la Derecha, que han contribuido al triunfo del señor Frei y que se preparan para apoyar al señor Alessandri, como hombre ubicados más allá del bien y del mal, como personalidades integérrimas que desdeñan el bullicio de las consignas y que sólo se movilizan por el sacrosanto interés de la democracia y de la patria.
Esta Sala ya ha escuchado en demasía juramentos en falso y palabras que no traducen la realidad. Los comunistas rechazamos por entero la fabricación de un organismo represivo que será una verdadera tumba para los derechos del pueblo, como es el Tribunal Constitucional...
Basta mirar la composición de este Congreso Pleno, donde campea una holgada mayoría del Partido Nacional y del Demócrata Cristiano, para asegurar el triunfo de la voluntad presidencial, para mayor gloria y beneficio de la Derecha. ¿Por qué la Derecha vota a favor? Porque le conviene. Se trata de un Parlamento de clase, con todas sus lacras, donde una mayoría reaccionaria sacrifica sistemáticamente a los trabajadores y al pueblo, coludidos sus enemigos en un abrazo de intereses...
Por eso, el Partido Comunista se pronuncia en contra de la autoridad definitoria y universal entregada a un solo hombre que tiende a autoinstituirse en inviolable, a pesar de que comete diarios errores. La crisis política es una crisis del sistema, es una crisis del capitalismo, de la falta de soluciones de fondo; pero también de las irresponsabilidades consagradas de un monarca elegido por un sexenio.
Por tales razones, somos adversos a un monarca sin corona, sea del Partido Nacional o del Demócrata Cristiano. Estamos también contra los monarcas de izquierda. Lo que queremos es que realmente haya democracia. O sea, que el Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo tenga posibilidad de manifestarse, como lo ha planteado el programa dado a conocer en los últimos días por los partidos populares.
Los Comunistas votaremos rechazando esta proposición, por estimar que así defendemos los derechos reales del pueblo, de los trabajadores, del país y de la verdadera democracia chilena, y a hacer la auténtica revolución tan esperada.
Posteado por fernando el viernes, diciembre 11, 2015 No hay comentarios.:
Curso: "Lo Sagrado: Teología Política y Política Teológica"
Entre marzo y abril enseñaré un curso optativo en el Máster en Cultura Jurídica de la Universitat de Girona. Comparto aquí las lecturas que servirán de base al curso.
Sesión 1: Lo político y lo sagrado en el derecho romano y en el orden político europeo medieval.
Lecturas: Giorgio Agamben, “Parte Dos: Homo Sacer”, en Homo Sacer; Marc Bloch, “Capítulos I, II, VII y VIII”, en Los reyes taumaturgos.
Sesión 2: Estado moderno y religión.
Lecturas: Thomas Hobbes, “Tercera Parte: De un Estado Cristiano”, en Leviatán; John Locke, Carta sobre la Tolerancia.
Sesión 3: La modernidad como negación de lo sagrado; la teología política como negación de la modernidad.
Lecturas: Karl Marx, “Parte I: Feuerbach”, en La Ideología Alemana; Carl Schmitt, Teología Política.
Sesión 4: El resurgir de la religión como fundamento de reclamos políticos.
Lecturas: Robert Cover, “Nomos y narración”; Corte Suprema de Estados Unidos, Burwell v. Hobby Lobby (2014).
Posteado por fernando el martes, noviembre 24, 2015 No hay comentarios.:
Karl Marx sobre las penumbras de los procesos constituyentes
"La nueva Constitución no era, en el fondo, más que una reedición republicanizada de la Carta Constitucional, de 1830… La antigua organización administrativa, municipal, judicial, militar, etc., se mantuvo intacta, y allí donde la Constitución la modificó, estas modificaciones afectaban al índice y no al contenido; al nombre, no a la cosa.
El inevitable Estado Mayor de las libertades de 1848, la libertad personal, de prensa, de palabra, de asociación, de reunión, de enseñanza, de culto, etc., recibió un uniforme constitucional, que hacía a éstas invulnerables. En efecto, cada una de estas libertades era proclamada como el derecho absoluto del ciudadano francés, pero con un comentario adicional de que estas libertades son ilimitadas en tanto en cuanto no son limitadas por los “derechos iguales de otros y por la seguridad pública”, o bien por “leyes” llamadas a armonizar estas libertades individuales entre sí y con la seguridad pública… Por tanto, la Constitución se remite constantemente a futuras leyes orgánicas, que han de precisar y poner en práctica aquellas reservas y regular el disfrute de estas libertades ilimitadas, de modo que no choquen entre sí, ni con la seguridad pública. Y esta leyes orgánicas fueron promulgadas más tarde por los amigos del orden, y todas esas libertades reguladas de modo que la burguesía no chocase en su disfrute con los derechos iguales de las otras clases. Allí donde veda completamente “a los otros” estas libertades, o consiente su disfrute bajo condiciones que son otras tantas celadas policíacas, lo hace siempre, pura y exclusivamente, en interés de la “seguridad pública”, es decir, de la seguridad de la burguesía, tal y como lo ordena la Constitución. En lo sucesivo, ambas partes invocan, por tanto, con pleno derecho, la Constitución: los amigos del orden al anular todas esas libertades, y los demócratas, al reivindicarlas todas. Cada artículo de la Constitución contiene, en efecto, su propia antítesis, su propia cámara alta y su propia cámara baja. En la frase general, la libertad; en el comentario adicional, la anulación de la libertad. Por tanto, mientras se respetase el nombre de la libertad y sólo se impidiese su aplicación real y efectiva –por la vía legal, se entiende–, la existencia constitucional de la libertad permanecía íntegra, intacta, por mucho que se asesinase su existencia común y corriente".
Karl Marx, El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852)
Posteado por fernando el miércoles, noviembre 04, 2015 No hay comentarios.:
Ostracismo constitucional (o, la clase política incumbente no debiera participar de la asamblea constituyente)
No abordaré aquí la discusión sobre si debiera haber una asamblea constituyente o si la habrá. Algo he dicho anteriormente al respecto. Quisiera aquí hacer una propuesta, que, haciendo un guiño conceptual hacia la antigua democracia ateniense, llamaré ostracismo constitucional.
El ostracismo constitucional que propongo consiste en la supresión extraordinaria y transitoria de la participación política de individuos que han detentado o detentan poder institucional; específicamente, en la prohibición dirigida contra quienes han desempeñado funciones presidenciales, ministeriales o parlamentarias bajo la Constitución de 1980, de participar en la asamblea constituyente que redacte una nueva Constitución.
La idea del ostracismo no es tan radical, pues existen numerosas funciones que, de acuerdo al artículo 57 de la Constitución, generan este efecto de supresión extraordinaria y transitoria de la participación de individuos que han detentado o detentan poder institucional. El sistema constitucional la entiende como una medida 'republicana' que busca evitar la concentración de poder, así como que quien adquiere legitimidad en una determinada función se 'apropie' de dicha legitimidad y la use para su beneficio personal, para solidificar su carrera política. La pregunta, entonces, es por qué debiera adoptarse una medida similar para expulsar a toda la clase política incumbente de la asamblea constituyente.
Esta propuesta busca hacerse cargo de que la clase política incumbente debe su identidad a la Constitución de 1980 misma, corregir las consecuencias de este hecho, que determina su composición ideológica y, también, su composición racial, de clase, de género, entre otros aspectos. La Constitución de 1980 determinó esta composición a través de sus dichos y sus silencios; en lo ideológico, a través de sus reglas electorales binominales; en lo referente a los atributos adscriptivos de sus integrantes, a través de la inexistencia de medidas de acción afirmativa que incrementaran la presencia de mujeres, integrantes de etnias, o integrantes de la población LGBTI.
Una medida de ostracismo ya forma parte del repertorio de la discusión pública: que los integrantes de la asamblea constituyente no puedan postular a cargos de elección popular, particularmente en el Congreso Nacional, durante uno o dos períodos electorales. Que esta medida de ostracismo ya ha sido considerada se debe a que le conviene a la élite política incumbente, pues le quita del camino a posibles futuros competidores.
Pero más importante que aquella es una medida de ostracismo que no favorece los intereses de la élite política incumbente: que en la asamblea constituyente no puedan participar quienes hayan desempeñado funciones parlamentarias o ministeriales bajo la Constitución de 1980. Quienes han servido bajo la Constitución de las élites debieran mantenerse al margen de la redacción de una Constitución que ya no sea de las élites; no pese a su experiencia (puedo imaginar cómo se deshacerán en sollozos autocomplacientes los propios afectados y sus intelectuales orgánicos) sino precisamente debido a esa experiencia, que se constituye en una marca epistémica que les asocia inevitablemente con aquella Constitución. Sus saberes prácticos surgen al alero de ella; como conjunto, no son una clase política adecuada para redactar algo distinto. Y su exclusión es particularmente urgente, pues en un escenario de competencia electoral con sujetos no perteneciente a la clase política incumbente para acceder a la asamblea constituyente, lo más probable es que ellos prevalezcan, debido a los contactos que les provean de recursos y debido al reconocimiento público de que gozan por mencionar su cargo.
Los sujetos afectados no debieran preocuparse tanto, no sólo porque esta propuesta no les impide volver a poblar los pasillos del Congreso y de La Moneda, sino también porque asumo que confían en que sus conciudadanos tendrán la capacidad de redactar un nuevo texto constitucional. ¿O no?
Posteado por fernando el lunes, septiembre 28, 2015 6 comentarios:
Alessandri, Pinochet… ¿y Tohá?
Desde luego, Carolina Tohá no es homofóbica, y tampoco lo es su gestión a cargo de la Municipalidad de Santiago. Afirmar eso sería, a mi juicio, un exceso retórico. Pero los argumentos que se han ofrecido públicamente para no realizar una Marcha por la Igualdad convocada por organizaciones de la diversidad sexual en el Paseo Bulnes, demuestran que Tohá tampoco dirige una administración municipal comprometida con el derecho de reunión y la movilización social.
A través de su cuenta de Twitter, la Municipalidad de Santiago expresó que dicha Marcha no se podría realizar en el Paseo Bulnes debido a que "vecinos reunidos en comité de Defensa del Paseo Bulnes acordaron con municipio no autorizar ningún tipo de actividad masiva en el sector" pues "se decidió no autorizar más el uso del Paseo Bulnes, debido a los millonario [sic] daños que dejaban estos eventos". No voy a poner en duda la afirmación de la misma Municipalidad según la cual se ofrecieron "alternativas cercanas al sector como Plaza Argentina y Alameda con Echaurren las cuales no fueron aceptadas". Mi punto aquí no es qué pasó entre la Municipalidad y las organizaciones, sino el tipo de argumentos y consideraciones que se ofrecen para condicionar la realización de movilizaciones masivas en la ciudad. Cuando un actor político ofrece en público un determinado argumento, está comprometiéndose con el mismo, con el resultado de que implícitamente está respaldando otros usos pasados y futuros de ese mismo argumento. Y no debiéramos olvidar que el argumento que ofreció la Municipalidad que dirige Tohá es precisamente el argumentos que ofreció en algunas ocasiones la Intendencia durante el gobierno de Piñera para evitar la realización de marchas estudiantiles en la Alameda.
Voy a hacer aquí un poco de historia. La Constitución de 1980 retrocedió en el nivel de protección constitucional del derecho de reunión, el que gracias a una reforma en 1971 había pasado a ser materia de regulación legal. Antes de 1971, era un asunto que podía ser regulado tan sólo mediante la voluntad presidencial, esto es, a través de decretos y reglamentos. ¿Por qué volvió la Constitución de 1980 a entregar la regulación del derecho de reunión a la potestad reglamentaria del Presidente? El registro histórico de la redacción de la Constitución de 1980 indica que en la Sesión 65 del Consejo de Estado, órgano asesor de la Junta Militar, el ex Presidente Jorge Alessandri afirmó que "con esta enmienda se dejó desarmado al Presidente de la República para mantener el orden en las calles".
La reglamentación todavía vigente hoy en día, por cierto, corresponde a aquella que la Junta Militar dictó en septiembre de 1983, precisamente en medio de las protestas más intensas contra la dictadura. Ella corresponde al Decreto Nº 1086, el cual proclama como límite al derecho de reunión "la conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos y que se respeten en el uso a que están destinados" y establece restrictivas reglamentaciones para el ejercicio de dicho derecho.
Tohá, al poner la prevención de los "millonario" daños por sobre el derecho de reunión de las organizaciones de la diversidad sexual, se está alineando con Alessandri y su preocupación por "mantener el orden en las calles", así como con Pinochet y su "conservación de las plazas, calles, paseos y bienes públicos". Que esto ocurra justo el día en que dos estudiantes movilizados murieron a manos de una persona que defendía precisamente su propiedad privada vuelve mucho más aciaga la justificación ofrecida por la Municipalidad de Santiago.
Esto último nos permite entender que no cambian las cosas debido a que se diga que esta ha sido una decisión con los vecinos, lo que pareciera darle un halo de participación democrática a la decisión (en contraste con una decisión jerárquica, tomada solamente por la autoridad municipal). La voluntad de los vecinos (la que la propia Municipalidad cita; no sabemos qué ocurrió realmente, pues no se ofrecen actas de ninguna sesión que realmente registren cuál es esa voluntad) y la voluntad expresada por la propia Municipalidad coinciden en poner el orden y la propiedad por sobre el derecho de reunión. La crítica de que se hace merecedora la Municipalidad también recae sobre la voluntad de esos vecinos. ¿A alguien le cabe duda, por ejemplo, de que los vecinos de Vitacura se opondrían si se les consultara si las trabajadoras de casa particular pueden hacer una protesta frente a alguna plaza importante? Si hay gente que está dispuesta a disparar a otros para evitar que le rayen su pared, no me cabe duda de que hay otros que están dispuestos a participar para evitar que otros se reúnan frente a sus casas. Y volvemos aquí a la crítica política contra la Municipalidad: si lo que los vecinos quieren es disminuir el desorden y el daño a su propiedad, la solución no es que la Municipalidad impida la reunión en cuestión, la solución es que ella tome el resguardo para evitar los daños (que en este caso, parece tratarse meramente de basura y suciedad, no de destrucción de bienes materiales, lo que hace más insostenible el argumento de la Municipalidad en sus propios términos) y así los manifestantes puedan realizar la actividad que desean llevar a cabo.
Tohá, se dice, es una de las alternativas que la Concertación/Nueva Mayoría baraja como candidata presidencial. Poner al orden y la propiedad por sobre el derecho a la movilización pareciera estar en sintonía con una coalición política que, apelando a la iconografía y los eslóganes del movimiento social y popular, les cierra los espacios de participación y de decisión a los sectores subalternos.
Posteado por fernando el jueves, mayo 14, 2015 No hay comentarios.:
Por qué no importa la decisión del Tribunal Constitucional sobre educación y Ley Zamudio
El Tribunal Constitucional resolvió el requerimiento presentado por parlamentarios de derecha contra la reforma educacional. La única causal que dicho órgano acogió fue aquella que consideraba como inconstitucional la disposición legislativa que establecía que los colegios no podrían invocar su libertad de enseñanza como una justificación para discriminar a sus alumnos, afirmación que se entendía que constituía una modificación al artículo 2 de la Ley Zamudio, que, según se dice, hoy en día permite poner la libertad de enseñanza por sobre el derecho a la no discriminación. A mi juicio, sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional no es relevante, y ello por dos razones de distinto orden. Explicarlo me exige decir algunas cosas sobre la aplicación de la Ley Zamudio hasta la fecha.
En el volumen de este año del Anuario de Derecho Público de la UDP aparecerá un estudio que he hecho sobre las sentencias de primera instancia que resuelven demandas por discriminación tramitadas de acuerdo al Título II de la Ley Zamudio. Mi estudio constata que hasta el momento han existido tan sólo 33 sentencias, de las cuales sólo 9 han acogido la demanda respectiva, y entre las cuales tres, a mi juicio, no tienen nada que ver con la discriminación en cuanto fenómeno social (dos son sobre despidos por razones políticas, otra se trata sobre una persona que fue expulsada de la Federación de Rodeo de Chile por haber tenido una pelea con los dirigentes de la misma).
Un pequeño paréntesis. Mi estudio me lleva a afirmar que hay dos problemas con la Ley Zamudio que son de difícil resolución a través de modificaciones legislativas: la primera, hay poco litigio; la segunda, no hay una comprensión de la Ley Zamudio "pro discriminado", a diferencia, por ejemplo, del derecho laboral, donde sí existe una comprensión "pro trabajador" del Código del Trabajo. Estos problemas no son insolubles, pero dado que ellos se sitúan en el ámbito de la cultura jurídica interna, esto es, la cultura de jueces, litigantes y académicos nacionales, pareciera ser que la solución debiera venir desde dentro de estos grupos. Ayudarían, desde luego, ciertas modificaciones, que explicitaran los estándares de prueba en los juicios sobre Ley Zamudio y la posibilidad de dar reparación patrimonial a los demandantes de discriminación; pero si existiese una comprensión "pro discriminado" de la Ley Zamudio, eso no sería necesario.
Volvamos a la discusión educacional. Hay pocas sentencias sobre Ley Zamudio, como he dicho; y de las 33 que han habido hasta el momento, tan sólo tres han recaído sobre colegios. Esa es la primera razón por la cual lo decidido por el Tribunal, en un sentido práctico, cuantitativo, da lo mismo: el litigio sobre antidiscriminación en el ámbito educacional es prácticamente inexistente.
Ahora, demos un vistazo a dichas sentencias. En una, Torres con Colegio Santísima Trinidad, el 1er Juzgado Civil de Concepción ordenó a un colegio católico la reincorporación de una alumna cuya madre, soltera, se emparejó nuevamente. En otra, Silva con Colegio Chañares, el 2o Juzgado Civil de Antofagasta no acogió la demanda de una pareja de padres mormones cuyas hijas fueron rechazadas en un colegio católico por que consideró que los padres no habían demostrado que el rechazo consistía en una conducta discriminatoria. En la tercera, Castillo con Escuela Manuel Anabalón Sáez, el Juzgado de Panguipulli consideró que no se había discriminado a un alumno al expulsarlo por usar el pelo largo debido a que los padres habían aceptado las reglas del colegio al matricular a su hijo.
Desde luego: en la última sentencia, el tribunal aceptó que la libertad educacional primara por sobre el derecho a la no discriminación. Pareciera ser que el proyecto de ley declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional habría evitado ese resultado. Pero no habría logrado evitar el segundo resultado, en el que el tribunal desechó la demanda por considerar que los demandantes no habían satisfecho los estándares probatorios y argumentativos necesarios para condenar.
El segundo caso es más complejo que el tercero, pues puesto junto a las demás 23 sentencias sobre demandas antidiscriminación que rechazan, evidencian que la mayoría de los tribunales que han fallado causas de Ley Zamudio carecen de una comprensión de la misma que esté encaminada a darle efectividad al propósito legislativo de poner fin a la discriminación. Falta algo equivalente, como he dicho, a lo que sí existe en el derecho laboral: una construcción teórica que articule conceptos, principios y reglas de forma tal de estructurar un derecho protector de la parte más débil.
Finalmente, he ahí la segunda razón de por qué da lo mismo la decisión del Tribunal Constitucional. Cuando exista tal concepción "pro discriminado" del derecho antidiscriminación, en ese entonces el objetivo buscado por el proyecto de ley declarado hoy inconstitucional, se logrará a través de una interpretación del artículo 2 de la Ley Zamudio que entienda la libertad de enseñanza de manera estricta y el derecho a la no discriminación de manera amplia, extensiva. En ese sentido, el proyecto de ley era innecesario jurídicamente, pues ordenaba hacer algo que cualquier intérprete puede hacer, como lo demostró la sentencia del juzgado de Concepción.
En resumen, el proyecto de ley hoy declarado inconstitucional era innecesario jurídicamente, pues basta con una comprensión "pro discriminado" del derecho antidiscriminación para lograr su objetivo. La falta de dicha comprensión, de todas maneras, hace que hoy el litigio antidiscriminación sea casi inexistente y muy poco efectivo, por lo que el proyecto hoy declarado inconstitucional no habría tenido mucho campo de aplicación. El proyecto de ley podría haber jugado algún rol simbólico en este proceso de transición desde una cultura jurídica aséptica sobre la discriminación a una "pro discriminado", desde luego. Pero cuando falla un transistor, simplemente hay que buscar otro que funcione.
Posteado por fernando el jueves, abril 02, 2015 2 comentarios:
Ley de Género: crítica al proyecto de ley en tramitación
Estoy terminando un estudio sobre el uso del procedimiento judicial de cambio de nombre como mecanismo de reconocimiento de la resignación de sexo. Mi estudio concluye que, de los 86 casos detectados, en un 19,8% hubo un rechazo parcial o total a la solicitud presentada por personas transexuales de cambio de nombre y cambio de sexo.
Ahora bien, quienes recurrieron al procedimiento aquí estudiado mayoritariamente correspondían o bien a profesionales (es decir, personas con ingresos) o bien a personas de escasos recursos asistidos gratuitamente por la corporación de asistencia judicial e instituciones similares. A mi juicio, esto sugiere que existe una 'cifra negra' de personas que no acuden al procedimiento judicial debido a que la tramitación ante un tribunal es un procedimiento costoso en términos de tiempo y recursos.
Por ello, si bien mi estudio respalda la necesidad de legislar en esta materia, dado que desde la perspectiva del bienestar y dignidad de las personas transexuales no basta con el procedimiento judicial de cambio de nombre, también encuentro razones para criticar el proyecto de ley actualmente en tramitación, contenido en el Boletín Nº 8924-07. Dicho proyecto propone entregar la resolución de las solicitudes de cambio de sexo a los juzgados de familia. Me parece más adecuado entregar dicha función a los oficiales del Registro Civil, en la forma de un trámite administrativo, disponible como un formulario en todas las oficinas de dicho servicio existentes en todo el país. Un procedimiento administrativo es siempre más rápido y simple que un procedimiento judicial.
Por añadidura, dicho proyecto de ley contempla la posibilidad de que un tercero se oponga a la solicitud de cambio de sexo presentada por una persona transexual cuando exista un "perjuicio directo o indirecto de carácter moral o patrimonial que afecte al opositor a consecuencia del cambio de sexo y género del o la solicitante" y cuando exista una "causa criminal pendiente entre el opositor y el o la solicitante". Estas causales no contribuyen a cautelar el bienestar ni la dignidad de la persona transexual, ni tampoco tienen el peso argumentativo suficiente como para que se justifique que limiten dicho bienestar y dignidad. Por ello, la ley no debiera contemplarlas como razones para que terceros se opongan al cambio de sexo.
Posteado por fernando el miércoles, marzo 25, 2015 No hay comentarios.:
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References: artículo 78
 artículo 57
 artículo 2
 resolución 
 artículo 2
 resolución