Source: https://www.gesemconsultoria.com/medidas-aprobadas-contra-el-impacto-del-covid-19/
Timestamp: 2020-04-09 14:00:04+00:00

Document:
Medidas aprobadas contra el impacto del COVID 19 - Gesem Consultoría
Manténgase al día con la información sobre el estado de alarma, actualizada regularmente con todas las medidas publicadas.
Aplazamiento de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social
El Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, establece la posibilidad de poder solicitar aplazamientos de las cuotas de seguridad social aplicando el interés reducido del 0,5% en lugar del previsto con carácter general en la Ley General de la S. Social, siempre que las empresas o los autónomos no tuvieran otro aplazamiento en vigor. El plazo reglamentario de ingreso de estos aplazamientos debe estar comprendido entre los meses de abril y junio de 2020.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS PARA EMPRESAS
En el caso de empresas, la petición de aplazamiento tendrá efectos para todos los códigos de cuenta de cotización que consten en la solicitud.
En el caso de empresas cuyo titular sea una persona física incluido en el sistema de la Seguridad Social como trabajador por cuenta propia, y se desee extender el aplazamiento a las cuotas correspondientes al Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, también se podrá hacer en la misma solicitud.
Cuando fuera exigible, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33. 4 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, en la solicitud deberá hacerse constar el ofrecimiento de garantía suficiente para asegurar el cumplimiento del aplazamiento en los términos previstos en el apartado 4 del artículo 23 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social
Entre el 1 y el 10 de abril: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de marzo de 2020.
Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de abril de 2020.
Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de mayo de 2020.
Este RDL también prevé la concesión de moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020, por ello, en el caso de que la empresa acredite los requisitos y condiciones que se establezcan en la orden ministerial pendiente de publicar a esta fecha, podrá solicitarse dicha moratoria en lugar del aplazamiento para los periodos de liquidación de abril y mayo de 2020 (recaudación de mayo y junio respectivamente).
Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los plazos indicados respecto del mes corriente serán consideradas extemporáneas a los efectos de obtener un aplazamiento COVID, sin perjuicio de su tramitación de acuerdo a las normas generales, lo que dará lugar en el caso de autorizarse el aplazamiento a la aplicación del interés de demora en la Ley General de la Seguridad Social.
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE APLAZAMIENTOS COVID
El aplazamiento COVID no podrá aplicarse cuando la empresa presente deuda con la seguridad social o un aplazamiento en vigor por el periodo anterior al mes de marzo de 2020. En estos casos, la solicitud de aplazamiento que se presente se tramitará y resolverá de acuerdo con el procedimiento general, aplicándose el tipo de interés de demora establecido en el apartado 5 del artículo 23 del RDL 8/2015, no pudiendo aplicarse el reducido del 0,5%.
Con excepción del tipo especial de interés, el aplazamiento COVID se regirá por las normas generales que regulan los aplazamientos de pago de deudas de Seguridad Social, siendo aplicables las condiciones exigidas para su efectividad y vigencia, señaladamente el ingreso de las cuotas inaplazables (las correspondientes a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y la aportación de los trabajadores) en el plazo máximo de un mes desde la fecha de notificación de la resolución por la que se conceda el aplazamiento, la constitución de la garantía ofrecida cuando resulte exigible y la no generación de deuda con posterioridad a la concesión del aplazamiento.
SOLICITUD DE APLAZAMIENTOS PARA AUTÓNOMOS
Entre el 1 y el 10 de abril: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de abril de 2020.
Entre el 1 y el 10 de mayo: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de mayo de 2020.
Entre el 1 y el 10 de junio: Se podrá solicitar el aplazamiento de las cuotas correspondientes al período de liquidación de junio de 2020.
Las solicitudes de aplazamiento que se presenten con posterioridad a los plazos indicados serán consideradas extemporáneas a los efectos de obtener un aplazamiento COVID, sin perjuicio de su tramitación de acuerdo a las normas generales, lo que dará lugar en el caso de autorizarse el aplazamiento a la aplicación del interés de demora previsto en la Ley General de S. Social.
A los trabajadores AUTÓNOMOS que se les reconozca la PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD establecida Real Decreto-Ley 8/2020, no deben cotizar a la Seguridad Social durante el período que dure la citada prestación y que, en el caso de que se le llegue a cargar en cuenta las citadas cuotas por no haber sido reconocida a tiempo la prestación por parte del correspondiente órgano gestor, dichas cuotas serán devueltas de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social, por lo que no se precisa realizar respecto de estas cuotas ninguna solicitud de moratoria o aplazamiento.
De acuerdo al Real Decreto-ley 11/2020, las cuotas correspondientes al mes de marzo de 2020, por los días en los que no se reconozca la prestación extraordinaria por cese de la actividad, y que no hubiesen sido ingresadas en plazo, se podrán ingresar fuerza de plazo sin la aplicación de recargo.
IMPORTANTE tanto para el caso de empresas como de autónomos
Durante la tramitación de las solicitudes de aplazamiento presentadas en plazo reglamentario, y con independencia de la fecha en que se dicte la correspondiente resolución, no se originará perjuicio alguno al interesado a efectos de la obtención del certificado de estar al corriente que tuviera con anterioridad al mes de devengo cuyo aplazamiento se solicita, ni tras la concesión se generará recargo por el tiempo de trámite de aplazamiento.
La prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, es una medida de flexibilización para acceder al cese de actividad por parte de los trabajadores autónomos que se aprueba por el Real Decreto Ley 8/2020. Esta medida extraordinaria se crea con la finalidad de que los autónomos que hayan visto especialmente afectada su actividad por las medidas adoptadas por el COVID-19 tengan una ayuda económica para paliar la situación.
En este sentido, podrán solicitar la pensión extraordinaria por cese de actividad todos los trabajadores en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos que cumplan los requisitos para pedir la prestación, incluidos los autónomos societarios.
Los requisitos que deben cumplir los trabajadores por cuenta propia para acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad, son los siguientes:
Encontrarse al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social (si no lo estás, se te invitará al pago).
Que la actividad se haya visto suspendida con motivo del Real Decreto 463/2020 o haya visto reducida su facturación en un 75%.
No se exige carencia mínima para tener acceso a esta prestación extraordinaria.
No es necesario tener la cobertura por cese de actividad de trabajador autónomo.
No es necesario que se cause baja en la actividad.
Si se solicita por reducción de los ingresos, no es posible darse de baja durante el tiempo que se esté percibiendo la prestación extraordinaria.
Se podrá solicitar hasta el último día del mes siguiente al que se decretó el estado de alarma, esto es, se puede solicitar hasta el 30 de abril de 2020.
Podrá ascender al 70% de las bases de cotización del promedio de los últimos 12 meses. Si en el año anterior no hay cotizaciones la base de cotización que se tomará para el cálculo será la base mínima.
La duración de la cual se podrá disfrutar de la prestación por cese de actividad será de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes.
¿Cómo acreditar la reducción de la facturación en un 75% con respecto al semestre anterior?
La acreditación de la reducción de la facturación se debe realizar mediante la aportación de la información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas y recibidas; o del libro de compras y gastos.
Si la actividad de la empresa de la que se es autónomo societario se encuentra dentro del listado del Anexo del RDL 463/2020 de 14 de marzo, habiendo visto suspendida su actividad desde ese momento:
La acreditación se debe hacer mediante la demostración de la suspensión de actividad.
Si la actividad de la empresa de la que se es autónomo societario NO se encuentra dentro del listado del Anexo del RDL 463/2020 de 14 de marzo. En este caso, la forma de acreditar deberá venir desde dos vías (que las MUTUAS deberán concretar):
Mediante la acreditación de la disminución del 75% de la facturación de la empresa de la que es autónomo societario.
Mediante la acreditación de la disminución del 75% de la “nómina” recibida por el autónomo societario por parte de la empresa.
Por lo que se refiere a las Cuotas de seguridad social del mes de marzo de 2020, de todos aquellos trabajadores por cuenta propia, que hayan visto suspendida su actividad por encontrarse dentro del Anexo del RDL 463/2020 de 14 de marzo, y que hayan solicitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, cabe indicar que no hay un plazo establecido para la devolución de las Cuotas de la Seguridad Social. No obstante, si se han cargado las cotizaciones completas del mes de marzo por no haber recibido el visto bueno a la prestación antes de su giro, la Tesorería las devolverá de oficio (solo de la parte del periodo de alarma).
Por lo que se refiere a las Cuotas de seguridad social de todos aquellos trabajadores por cuenta propia, cuya actividad no se encuentre dentro de las enumeradas en el Anexo del RDL 463/2020 de 14 de marzo, pero que hayan tramitado la prestación extraordinaria por cese de actividad, cabe indicar que si la autoridad laboral resuelve de modo favorable la concesión de la prestación por cese de actividad, quedarán exonerados del pago de la cuota de Abril de 2020.
Medidas tributarias de carácter estatal
Aplazamiento de deudas aduaneras
La Administración concederá el aplazamiento del ingreso de la deuda aduanera y tributaria que cumpla los siguientes requisitos:
Declaraciones presentadas entre el 2 de abril y el 30 de mayo de 2.020, ambos días incluidos.
Las solicitudes presentadas hasta esa fecha han de ser inferiores a 30.000 euros y el importe de la deuda a aplazar superior a 100 euros.
El destinatario de la mercancía importada ha de ser una persona o entidad con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en el año 2019.
Dicho aplazamiento no se aplica a las cuotas de IVA devengadas a consecuencia de la importación.
Suspensión de plazos en el ámbito autonómico y local
Se aclara que la suspensión de plazos prevista con carácter general es también aplicable a los plazos en el ámbito autonómico y local, esto es:
Plazos de pago de liquidaciones tributarias, ordinario y de apremio.
Vencimientos de plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos.
Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria.
Plazos para formular alegaciones.
La ampliación del plazo depende de la fecha de notificación del acto administrativo:
Si el acto administrativo se ha notificado antes del 18 de marzo de 2.020, y a esa fecha el plazo para efectuar el trámite no se encuentra vencido, se ampliará hasta el 30 de abril.
Si el acto administrativo se ha notificado el 18 de marzo o posteriormente, el plazo se amplía hasta el 20 de mayo, salvo que el plazo general sea mayor, en cuyo caso se aplica este último.
Los plazos de recurso en materia tributaria quedan de la siguiente manera:
Recursos de reposición y para reclamaciones económico-administrativas, tanto si el acto impugnado se notifica con anterioridad al 14 de marzo de 2.020 y a dicha fecha todavía no había concluido el plazo de recurso, como si se notifica el 14 de marzo de 2.020 o posteriormente, el plazo para recurrir empezará a contarse desde el 30 de abril de 2.020. Por tanto, el último día para la interposición del recurso será el 29 de mayo de 2.020.
Asimismo, se suspenden los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos contemplados en la normativa tributaria.
Exención de AJD en novación de préstamos con garantía hipotecaria.
La Disposición final 1ª modifica la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, en el sentido de que las novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios quedarán exentos de la cuota variable de AJD cuando la novación recoja una moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual, y siempre que se fundamente en los supuestos 7 a 16 del RDL 8/2020.
Real Decreto Ley 1/2020
Medidas tributarias de carácter autonómico valenciano
Dicho Decreto Ley estipula que el plazo para la presentación y pago de las autoliquidaciones de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados cuyo plazo hubiera finalizado durante la vigencia del Real Decreto que declara el estado de alarma (esto es, del 14 de marzo hasta la pérdida de vigencia tras las sucesivas prórrogas), se amplía hasta un mes contado desde el día en que se declare el fin de vigencia del estado de alarma.
El BOE de hoy, uno de abril, recoge este nuevo RD Ley 11/2020 con una amalgama de nuevas medidas de índole diversa, así como aclaraciones y modificaciones a la profusión de normas promulgadas en estos últimos días.
En lo que pueda resultar de interés, reseñamos las siguientes:
Estado de vulnerabilidad económica
Se define a consecuencia del estado de alarma por el COVID-19: Situación de desempleo, ERTE u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos. Puede aplicarse a empresarios, autónomos o trabajadores, según los casos.
Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, de seis meses, si el contrato finalizara antes del fin del estado de alarma. A solicitud del arrendatario y obligatoria para el arrendador.
En caso de tratarse de personas económicamente vulnerables a causa de medidas del estado de alarma, aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de “grandes tenedores de vivienda”, entendiendo por tales los que tengan más de diez viviendas urbanas. El arrendador puede optar por reducción del 50% de la renta durante cuatro meses, o moratoria en el pago de la renta (también hasta cuatro meses), fraccionando estas rentas hasta en los tres años siguientes.
En caso de que los arrendadores no sean “grandes tenedores” (menos de diez viviendas) y no se alcanzare un acuerdo con el arrendatario respecto a su continuidad, el arrendatario podrá tener acceso a ayudas públicas.
Endeudamientos bancarios
Posibilidad de solicitar moratoria de tres meses en el pago de los créditos hipotecarios para vivienda habitual o inmuebles afectos a actividad empresarial, siempre que los deudores estén afectados por crisis del COVID. El deudor debe estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, que tenga una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial en su facturación.
También aplicable esta moratoria para las deudas hipotecarias por adquisición de viviendas distintas a la habitual en situación de alquiler y para las que el deudor hipotecario persona física, propietario y arrendador de dichas viviendas, haya dejado de percibir la renta arrendaticia desde la entrada en vigor del estado de alarma o deje de percibirla hasta un mes después de la finalización del mismo.
La suspensión de obligaciones de pago frente a entidades bancarias por tres meses se aplicará también para créditos no hipotecarios.
Se prevén medidas de apoyo a los trabajadores autónomos afectados por el estado de alarma, mediante ayudas en alquiler de su vivienda habitual y también una prestación social, en caso de acreditar cese de actividad o bajada sustancial de ingresos.
Se habilita a la Tesorería General de la Seguridad Social a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia. La moratoria, en los casos en que sea concedida, afectará al pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo, en el caso de las empresas esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020 y, en el caso de los autónomos entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan suspendido con ocasión del estado de alarma.
Se facilita a autónomos y empresas la posibilidad de suspender o modificar las condiciones de los contratos de suministros de los negocios.
Créditos y ayudas públicas
Se habilita la concesión de para el sostenimiento de la actividad económica.
Posibilidad de disponer de planes de pensiones contratados en caso de desempleo o cese de actividad derivados de la situación de crisis. El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a los salarios dejados de percibir durante el ERTE, o los ingresos netos estimados el negocio, según los casos.
Se da al consumidor la posibilidad de resolver contratos de imposible cumplimiento. En servicios de tracto sucesivo, si la prestación fuese imposible, se dará al consumidor la opción de posponer la entrega del servicio o de la devolución de cantidades entregadas sin prestación del servicio.
En los aspectos societarios, ya se han comentado algunas modificaciones respecto a la celebración de juntas por medios telemáticos, o de prórroga para la formulación de las cuentas anuales.
La novedad de esta último Real Decreto está en la propuesta de aplicación del resultado: Las sociedades pueden sustituir la propuesta de aplicación del resultado de cara a la aprobación de las cuentas anuales si se justifica por el órgano de administración que la rectificación es debida a la situación creada por el COVID-19.
Líneas de avales ICO aprobadas por el gobierno para empresas y autónomos
Mediante Real decreto el gobierno aprobó el pasado día 24 (publicado ene l BOE el dia 26 de marzo) una línea de avales por importe máximo de 100.000 millones que aportará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación digital para la cobertura de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. En un primer momento se libera un primer tramo de línea de avales por un importe máximo de 20.000 millones de € cuyas características se detallan a continuación:
Línea disponible hasta el 30 de septiembre de 2020 o hasta que se agoten las garantías (máximo 20.000 millones).
Nuevos préstamos y renovaciones formalizados con posterioridad a 17/03/2020.
Facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del Covid 19. La línea de avales tiene por objetivo cubrir los nuevos préstamos y otras modalidades de financiaciones y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender a las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidades de circulantes u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Autónomos, microempresas (hasta 10 empleados).
Pymes según criterio Pyme Europea: hasta 250 empleados y balance inferior a 50 millones € o con balance inferior a 43 millones € (siempre se ha de cumplir el criterio de empleados y al menos uno de los dos siguientes).
Empresas y Grandes Empresas que no tengan la consideración de Pyme Europea (más de 250 empleados con independencia de su balance).
Cualquier sector de actividad, siempre con domicilio social en España.
No podrán adherirse empresas en situación de morosidad bancaria a 31/12/2019, en situación de procedimiento concursal a 17/03/2020, ni las empresas en crisis a 31.12.2019, conforme al Reglamento UE nº651/2014.
Importe máximo por cliente: Sin límite de solicitudes por cliente
Autónomos, microempresas (hasta 10 empleados)
Hasta 1,5 millones € sin limitación por facturación o gastos en personal
Hasta 1,5 millones € sin limitación por facturación o gastos en personal.
Más de 1,5 millones € con límite de la mayor de las dos cuantías: Hasta 25% de la facturación o los costes salariales del año 2019.
Empresas y Grandes Empresas
Sin límite de solicitudes por cliente.
Autónomos, microempresas (hasta 10 empleados) y Pymes
Hasta 80% del principal para nuevas operaciones y renovaciones.
Hasta 70% del principal para nuevas operaciones.
Hasta 60% del principal para renovaciones.
No se cubren intereses, comisiones u otros gastos.
Plazo máximo de garantía
El plazo del aval emitido coincidirá con el plazo de la operación hasta un máximo de 5 años y la cobertura del aval se irá ajustando al saldo vivo de la operación avalada.
Los precios para los préstamos y renovaciones formalizados con estas garantías se mantendrán en línea con los precios aplicados con anterioridad al inicio de la crisis del COVID-19, teniendo en cuenta la garantía pública del aval y su coste de cobertura. Por tanto, no se marca los precios a los que se tiene que conceder dichos préstamos y variarían en función del perfil de riesgo de cada cliente. Además, aunque en el real decreto se diga que estos precios deber ser similares a los anteriores, pensamos que la realidad será algo diferente y se producirán subidas de precios ya que el coste de capital de la banca ha subido y las expectativas de morosidad futura también, lo que se tiene que ver contemplado en el precio de alguna forma. No serán subidas muy importantes, pero las habrá y de hecho ya se están produciendo.
Coste del aval*
Operaciones nuevas y renovaciones hasta 1,5 millones € : 0,20% si está acogido a Ayudas de Minimis
Operaciones nuevas y renovaciones más de 1,5 millones €
Hasta 1 año: 0,20%
Entre 1 y 3 años: 0,30%
Entre 3 y 5 años: 0,80%
Operaciones nuevas y renovaciones hasta 1,5 millones €: 0,20% si está acogido a Ayudas de Minimis.
Operaciones nuevas más de 1,5 millones €
Hasta 1 año: 0,30%
Entre 1 y 3 años: 0,60%
Entre 3 y 5 años: 1,20%
Renovaciones más de 1,5 millones €
Hasta 1 año: 0,25%
Entre 1 y 3 años: 0,50%
Entre 3 y 5 años: 1,00%
El coste es anual y se devenga en el inicio de la operación, y con posterioridad anualmente en el mes que corresponda según la firma de la operación (mes vencido).
*Estos costes del aval del ICO se tendrán que añadir a los costes aplicados por la entidad financiera (comisión de apertura y tipo de interés).
Este Real Decreto tiene su entrada en vigor el día de su publicación en el BOE (29/03/2020) y contiene las siguientes medidas principales:
Paralización de toda actividad económica que no sea ESENCIAL
Solo pueden continuar las actividades del ANEXO que acompañamos.
A la vista de las actividades propias de nuestros clientes identificamos para su comodidad algunas de las actividades que pueden continuar:
Establecimientos farmacéuticos,
Comercio minorista por internet.
Hostelería y restauración únicamente pueden continuar para los servicios de entrega a domicilio.
Suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, así como de gas natural
Cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad
Las que presten servicios relacionados con la protección y atención de victimas de violencia de género.
Permiso retribuido obligatorio
Se aplicará a las personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades del sector privado cuya actividad NO HA SIDO PARALIZADA POR RD 463/2020, para el periodo del 30 de marzo al 9 de Abril, salvo que puedan seguir desempeñando su actividad con teletrabajo.
Actividad mínima indispensable
En este marco normativo se permite a las empresas autorizar a las personas trabajadoras para desplazarse al centro de trabajo cuando:
Sea para las actividades urgentes de índole administrativo siempre que el teletrabajo no fuera posible.
Para las actividades que les fueran requeridas por sus clientes dentro de la cadena de abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad.
Es imprescindible disponer de un Certificado de Empresa que acredite que la persona trabajadora se desplaza por las actividades del punto anterior; actividad mínima indispensable y/o por ser una de las actividades autorizadas del Anexo.
Estamos a su disposición como siempre para cualquier duda o aclaración, en estos momentos nuestros servicios no sufrirán interrupción alguna
25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales
No tendrán la consideración de causa justificada del despido las situaciones de fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción amparadas en las medidas extraordinarias de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del RDLey 8/2020 vinculadas a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
INTERRUPCIÓN DE PLAZOS DE CONTRATOS TEMPORALES
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, incluidos en ERTE (por las causas previstas en los artículos 22 y 23 mencionados), supondrán la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales.
LIMITACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS ERTES DE FUERZA MAYOR VINCULADOS AL COVID-19
La duración máxima de estos ERTES será la del estado de alarma decretado por el RD 462/2020 de 14 de marzo y sus posibles prórrogas.
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PRESTACIONES COLECTIVAS DE EMPLEO DE LOS ERTES VINCULADOS AL COVID-19
El procedimiento de reconocimiento de prestaciones de los trabajadores/as afectados por los ERTES (fuerza mayor o económico, técnico, organizativo o de producción) se iniciarán mediante una solicitud colectiva a presentar por la empresa ante la entidad gestora.
La solicitud se cumplimentará en el modelo normalizado de la entidad gestora debiendo remitirse por medios telemáticos a dicho organismo en los plazos siguientes:
ERTES tramitados a partir de la entrada en vigor de este RDL: 5 días desde la solicitud en caso de fuerza mayor o desde que se comunique la decisión empresarial en los de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
ERTES tramitados con anterioridad a este RDL: 5 días a contar desde la entrada en vigor de este RDL, esto es el 28 de marzo de 2020.
A los efectos de acreditar la representación de los trabajadores/as por parte de las empresas éstas aportarán al SEPE una declaración responsable en la que habrá de constar que ha obtenido la autorización de las mismas para su solicitud.
La no comunicación de estas solicitudes colectivas de prestaciones por parte de la empresa se considera conducta constitutiva de infracción grave de conformidad con la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Igualmente el RDL prevé la aplicación del régimen sancionador en los casos en las que la solicitudes presentadas por las empresas contuvieran falsedades o incorrecciones y también se castigará la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas.
El reconocimiento indebido de prestaciones por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos mencionados dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de dichas prestaciones, en tales supuestos y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, debiendo la empresa reintegrar a la entidad gestora las cantidades percibidas por los trabajadores/as.
GESEM continuará prestando sus servicios sin interrupción.
A efectos informativos, y sin perjuicio de la información detallada que se le circulará debidamente, les comunicamos:
El sábado 28 de marzo se publicó el RD LEY 9/2020 que contempla:
La empresa ha de gestionar en nombre de los empleados las prestaciones ante el SEPE en el plazo de 5 días.
Se establecen criterios sobre la imposibilidad de hacer despidos objetivos por COVID y cómo afectan a los contratos temporales.
No se ha publicado el RDL 10/2020 del Domingo 29 de marzo. En cuanto lo esté les remitiremos información detallada, de momento según lo publicado en medios:
De estos 15 días solo el tiempo de 9 días serán reembolsables a la empresa, y deberán serlo antes del 31/12/2020 y respetando los descansos ordinarios de la normativa laboral.
Se permite el uso del “Permiso retribuido” para los próximos 15 días del estado de alarma.
No se impide utilizar la herramienta del EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO ni suspende a los ERTES ya presentados.
Les mantendremos informados sobre cómo sus actividades concretas se verán afectadas.
El Real Decreto aprobado por el Gobierno también puede tener incidencias importantes en las relaciones comerciales entre las empresas.
Como es sabido, la crisis del coronavirus afecta prácticamente a todo el mundo. En nuestro país, el Gobierno ha promulgado el Real Decreto 463/2020, en vigor desde el 14 de marzo, que declara el estado de alarma. Este Real Decreto también contiene normas que pueden afectar directamente a las relaciones contractuales jurídico-privadas entre empresas y/o particulares.
En primer lugar, hay que dejar patente que las relaciones contractuales están para ser cumplidas conforme a la ley y a la voluntad de las partes. No obstante, la ley también contempla dos supuestos en que esta voluntad inicial pueda verse alterada: Los casos de “Fuerza Mayor”, y la denominada cláusula “Rebus sic stantibus” (que viene a significar “mientras las cosas permanezcan igual”).
Calificación del COVID-19 como un evento de fuerza mayor.
Nuestra legislación establece que nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables, o cuyo cumplimiento resultare legal o físicamente imposible.
Según los Tribunales españoles, para que se aplique la exención de responsabilidad contractual por fuerza mayor se requiere que el suceso sea ajeno a la voluntad de las partes, irresistible, imprevisible y/o inevitable. Eso sí: debe existir en todo caso una relación entre el suceso y el resultado.
En el caso que nos afecta actualmente, las epidemias vienen siendo consideradas por nuestra jurisprudencia reciente como supuestos de fuerza mayor, en casos como la gripe H1N1 y del virus del SARS.
Para que los efectos del coronavirus como evento de fuerza mayor exoneren de responsabilidad en una eventual reclamación judicial del acreedor, eldeudor deberá demostrar que: (i) el evento de fuerza mayor se produjo en el curso de la ejecución del contrato anterior al hecho causante; (ii) las medidas decretadas para contener el brote pandémico fueron la causa determinante del incumplimiento; (iii) ha llevado a cabo medidas de mitigación para limitar los daños o pérdidas al acreedor; y (iv) que se ha vuelto más costoso o imposible cumplir con la obligación.
Esta cláusula no tiene una norma legal que la ampare, y ha sido elaborada y aplicada por los tribunales.
En el marco de las relaciones contractuales de larga duración (suministros, arrendamientos, etc.), o para aquéllas cuyo cumplimiento quede diferido (por ejemplo, en las compraventas con precio aplazado), la alteración sobrevenida de las circunstancias concurrentes en el momento de suscribir el contrato puede conllevar una ruptura del equilibrio entre las partes que convierte en excesivamente gravosa la prestación de una de ellas respecto de la otra; por ello, esta cláusula surge como remedio para restablecer el equilibrio patrimonial alterado.
En todo caso, nuestros Tribunales exigen que se den dos presupuestos para su aplicación: imprevisibilidad del riesgo y excesiva onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones contractuales para una de las partes.
Respecto al impacto del coronavirus en las relaciones comerciales, pueden ser recomendables las siguientes medidas:
Si se trata de transacciones internacionales, comprobar las medidas adoptadas en los países implicados.
En el caso de suministros en curso en el momento del brote, realizar los esfuerzos posibles para evitar o disminuir los perjuicios provocados por la demora o la interrupción del cumplimiento.
Notificar inmediatamente al acreedor cualquier retraso o imposibilidad de ejecución de las obligaciones, y recopilar los medios de prueba que sean posibles.
Si se contratan nuevas prestaciones tras la declaración del estado de alarma, se deben tener en cuenta las nuevas circunstancias, ya que no se podría alegar fuerza mayor para ser excusado de sus obligaciones.
Real Decreto 465/2020 de 17 marzo
Se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
Por tanto, el plazo para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones no se ve alterado por el estado de alarma, y continúa siendo el habitual.
Aunque el Real Decreto no se pronuncia respecto del plazo de pago de autoliquidaciones, éste continúa siendo el habitual.
Real Decreto Ley 8/2020 de 17 marzo
Tal y como establece el preámbulo de la norma, en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias, se flexibilizan los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento.
En concreto, el “Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario”, aprueba las siguientes medidas de naturaleza tributaria:
– Se amplían al 30 de abril de 2020 los siguientes plazos, cuando no hayan concluido a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley (18 marzo 2020):
Los plazos de pago de deudas tributarias liquidadas por la Administración (bien sea en periodo voluntario o en vía de apremio o ejecutiva).
Los vencimientos de plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamientos y fraccionamientos concedidos.
Los plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, y para formular alegaciones.
– En el ámbito de los procedimientos de apremio, se paralizarán las acciones de ejecución de garantías sobre bienes inmuebles hasta el día 30 de abril de 2020.
– Se extenderán al 20 de mayo de 2020 (o superior) los siguientes plazos, cuando se comuniquen a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-ley (salvo que el plazo otorgado por la norma general sea superior):
– Si el obligado tributario, a pesar de tener la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos atendiese al requerimiento, solicitud de información o presentase sus alegaciones, se considerará realizado el trámite.
– Dichas modificaciones de plazos no afectan a la normativa aduanera.
– El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos tributarios tramitados por la AEAT, aunque durante este período la Administración podrá impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
– Asimismo, el periodo anterior, no computará a efectos de la prescripción de los tributos.
– A los solos efectos del cómputo de los plazos de prescripción, en el Recurso de Reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las Resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.
– El plazo para interponer el Recurso o las reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa, no se iniciará hasta concluido dicho periodo (30 de abril de 2020), o hasta que se haya producido la notificación tributaria si ésta se efectúa con posterioridad.
Medidas laborales; tendentes a simplificar los procedimientos para la Suspensión de contratos y reducción de jornada y garantizar la cobertura de las prestaciones.
1. Tipos y procedimientos:
Causa directa en las perdidas de actividad como consecuencia del COVID 19, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general la movilidad de personas y mercancías, falta de suministros que impidan continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o bien situaciones urgentes y extraordinarias debidas a contagios de plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitarias que queden debidamente acreditados.
El expediente contendrá un informe relativo a vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID 19 así como la correspondiente documentación acreditativa.
La empresa comunicará a los trabajadores y presentará a la autoridad laboral (autonómica o nacional en el caso de varios centros de trabajo en distintas comunidades) quien resolverá en 5 días. La autoridad podrá solicitar informe de la inspección.
Existe en estos casos, exoneración a la empresa del pago de la cuota empresarial de la Seguridad Social, siempre a petición del empresario, según el siguiente detalle:
En empresas de -50 trabajadores el 100%
En empresas de 50 trabajadores en adelante el 75%.
Causas técnicas, económicas, organizativas y de producción
Todos aquellos casos, empresas o actividades cuya actividad pueda continuar y no sean susceptibles de ser enmarcadas en las causas definidas en el supuesto anterior, podrán tramitar el expediente debiendo:
a. Nombrar comisión representativa en el plazo de 5 días; existen especialidades respecto a la representación sindical en determinados casos.
b. Proponer las medidas y abrir periodo de consultas por 7 días.
c. Formalizar el acuerdo en ACTA que junto con el informe justificativo de la situación se presentará a la autoridad laboral (que podrá en su caso solicitar informe de la inspección) quien resolverá en el plazo de 7 días.
2. Todos los trabajadores tendrán derecho a paro, aunque no cumplan requisito de cotización.
3. El cobro no computará a los efectos del cobro de prestación por desempleo.
1. Trabajadores asalariados podrán adaptar o reducir su jornada al 100% para conciliar.
2. Las empresas deberán adoptar medidas oportunas del trabajo a distancia si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación resulta proporcionado.
3. Autónomos (no para los administradores de sociedades) se reconocen medidas en relación con:
Flexibilidad prestación por cese actividad.
Beneficios en cuotas de Seguridad Social
Real Decreto 463/2020 de 14 marzo
El RD 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la gestión del COVID 19 está ya en vigor.
Cómo saben, no se ordena el cierre de los centros de trabajo o la paralización de la actividad empresarial y se permite la circulación individual al centro de trabajo para el desempeño de la prestación laboral y empresarial así como el retorno a la residencia.
En este marco el empresario puede disponer las medidas concretas para la continuidad de su actividad y protección de sus empleados que estime oportunas, respetando en todo caso las recomendaciones sanitarias que son públicamente conocidas.
No se han aprobado herramientas concretas para la regulación del empleo (Expedientes de regulación temporal) ni las ayudas económicas de que podamos disponer para hacer frente al impacto económico.
GESEM continuará prestando sus servicios sin interrupción y les mantendremos personalmente informados.
Entendemos que las medidas y herramientas disponibles serán aprobadas, previsiblemente, el martes 17 de marzo cuando se reúna de nuevo el Consejo de Ministros.
Las siguientes medidas se encuentran en vigor desde el 13 de marzo de 2020.
Se han probado otras medidas de carácter sectorial para el turismo tales como la bonificación en cuotas de seguridad social al personal con contrato fijo discontinuo o la ampliación de la línea ICO en 200m € más, para la que, si necesitan de más información estamos a su disposición.
Próximamente serán aprobadas otras medidas autonómicas y de índole nacional de las que le informaremos puntualmente en cuanto sean publicadas en el Boletín Oficial correspondiente.
En él se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Este Real Decreto recoge un capítulo IV denominado “Medidas de apoyo financiero transitorio”, que desarrolla las medidas de naturaleza tributarias aprobadas, con el fin de permitir el aplazamiento sin garantías de las deudas de PYMES y autónomos por un período de seis meses y con intereses bonificados, en particular la norma contempla que:
Únicamente se benefician de las medidas aprobadas aquellas personas o entidades que no tengan la condición de Gran Empresa (volumen operaciones < 6.010.121,04 euros).
Se permite el aplazamiento de deudas tributarias correspondientes a declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde el 13 de marzo hasta el 30 de mayo de 2020. Así, aquellas entidades con periodo de liquidación trimestral, únicamente se verán beneficiadas respecto al PRIMER TRIMESTRE 2020 (1T).
El importe máximo que podrá verse beneficiado de las anteriores medidas es de 30.000 euros (importe que se hace coincidir con el de aquellas deudas que se pueden aplazar con dispensa total o parcial de garantías).
En concreto, se podrán beneficiar de esta medida las deudas derivadas de retenciones e ingresos a cuenta (IRPF), tributos repercutidos (como el IVA) y pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades (será únicamente el primer pago a cuenta que se devenga el próximo mes de abril).
El aplazamiento se concederá por seis meses, no devengándose intereses de demora (3,75%) durante los primeros tres meses del aplazamiento.
En él se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública considera como situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social, el periodo de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19.
Podrá causar derecho a la misma la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquier de los regímenes de la Seguridad Social.
Radio SEI Investments, una fintech con potencial

References: artículo 33
 Real Decreto 
 artículo 23
 Real Decreto 
 artículo 23
 resolución 
 Real Decreto 
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