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Timestamp: 2019-04-24 12:15:27+00:00

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Constitución de Francia de 1958
Constitucionalismo europeo y francés. Constituciones europeas contemporáneas. Sistema político republicano. Derechos y libertades. Instituciones políticas
CONSTITUCIÓN FRANCESA DE 4 DE OCTUBRE DE 1958
(Incluye hasta la reforma constitucional practicada en 2000)
El pueblo francés proclama solemnemente su adhesión a los derechos humanos y a los principios de la soberanía nacional tal y como fueron definidos por la Declaración de 1789, confirmada y completada por el Preámbulo de la Constitución de 1946.
Artículo 1 (Modificado 28/03/2003)
Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión y respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada.
La ley favorecerá la igualdad entre mujeres y hombres para acceder a los mandatos electorales y cargos electivos.
Estas entidades contribuirán a la aplicación del principio enunciado en el último apartado del artículo 3 de acuerdo con lo dispuesto por la ley.
El Presidente de la República velará por el respeto a la Constitución y asegurará, mediante su arbitraje, el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado.
Artículo 6 (Modificado 02/10/2000)
Una ley orgánica establecerá el modo de aplicación del presente artículo.
Artículo 7 (Modificado 28/03/2003)
El Presidente de la República será elegido por mayoría absoluta de votos emitidos. De no obtenerse dicha mayoría en primera vuelta, se procederá, el domingo posterior al siguiente, a una segunda vuelta. Solamente podrán presentarse a ésta los dos candidatos que hayan obtenido la mayor suma de votos en la primera vuelta, después de la retirada en su caso de candidatos más favorecidos.
El Presidente de la República podrá, antes de la expiración de dicho plazo, pedir al Parlamento una nueva deliberación sobre la ley o algunos de sus artículos. No podrá denegarse esta nueva deliberación.
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno y mientras dure el período de sesiones, o a propuesta conjunta de las dos asambleas, publicadas en el Journal Officiel (Boletín Oficial), podrá someter a referéndum cualquier proyecto de ley que verse sobre la organización de los poderes públicos, sobre reformas relativas a la política económica y social de la Nación y a los servicios públicos que concurren en ella, o que proponga la ratificación de un tratado que, sin ser contrario a la Constitución, pudiera tener incidencias en el funcionamiento de las instituciones.
Cuando se organice el referéndum a propuesta del Gobierno, éste presentará ante cada asamblea una declaración que será seguida de un debate.
Cuando el referéndum concluya con la aprobación del proyecto de ley, el Presidente de la República promulgará la ley dentro de los quince días siguientes a la proclamación de los resultados de la consulta.
El Presidente de la República podrá, previa consulta con el Primer Ministro y con los Presidentes de las asambleas, acordar la disolución de la Asamblea Nacional.
Artículo 13 (Modificado 28/03/2003)
El Consejo de Ministros nombrará:
Los Consejeros de Estado, el Gran Canciller de la Legión de Honor, los embajadores y enviados extraordinarios, los consejeros del Tribunal de Cuentas, los prefectos, los representantes del Gobierno en los territorios de Ultramar regidos por el artículo 74 y en Nueva Caledonia, los oficiales generales, los rectores de las academias, los directores de las administraciones centrales.
Cuando las instituciones de la República, la independencia de la Nación, la integridad de su territorio o el cumplimiento de sus compromisos internacionales estén amenazados de manera grave o inmediata y el funcionamiento regular de los poderes públicos constitucionales esté interrumpido, el Presidente de la República tomará las medidas exigidas por tales circunstancias, previa consulta oficial con el Primer Ministro, los Presidentes de las asambleas y el Consejo Constitucional.
Informará de ello a la Nación por medio de un mensaje.
Dichas medidas deberán estar inspiradas por la voluntad de garantizar a los poderes públicos constitucionales, en el menor plazo, los medios para cumplir su misión. El Consejo Constitucional será consultado sobre ello.
No podrá ser disuelta la Asamblea Nacional durante el ejercicio de los poderes extraordinarios.
El Presidente de la República tendrá la prerrogativa de indulto.
El Presidente de la República se comunicará con las dos asambleas del Parlamento por medio de mensajes que mandará leer y que no darán lugar a ningún debate.
Fuera de los períodos de sesiones, el Parlamento se reunirá especialmente con este fin.
El Gobierno determinará y dirigirá la política de la Nación. Dispondrá de la Administración y de la fuerza armada. Será responsable ante el Parlamento en las condiciones y conforme a los procedimientos establecidos en los artículos 49 y 50.
El Parlamento comprende la Asamblea Nacional y el Senado.
Los diputados de la Asamblea Nacional serán elegidos por sufragio directo.
El Senado será elegido por sufragio indirecto. Asumirá la representación de las entidades territoriales de la República. Los franceses establecidos fuera de Francia estarán representados en el Senado.
Una ley orgánica fijará la duración de los poderes de cada asamblea, el número de sus miembros, su retribución, las condiciones de elegibilidad y los regímenes de inelegibilidad e incompatibilidad.
También fijará el modo de elección de las personas llamadas a cubrir las vacantes de diputados y de senadores hasta la renovación parcial o total de la asamblea a la que pertenecían.
Artículo 26 (Modificado 04/08/1995)
Ningún miembro del Parlamento podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos que haya emitido en el ejercicio de sus funciones. Ningún miembro del Parlamento puede ser objeto, en materia criminal o correccional, de arresto o de cualquier otra medida privativa o restrictiva de libertad sin autorización de la Mesa de la asamblea de la cual forma parte. Esta autorización no será necesaria en caso de crimen o de flagrante delito o de condena definitiva.
La detención, las medidas privativas o restrictivas de libertad o la persecución de un miembro del Parlamento se suspenderán durante el período de sesiones si lo requiere la asamblea de la que forma parte.
La asamblea interesada se reunirá de pleno derecho en sesiones suplementarias para permitir, en caso necesario, la aplicación del apartado anterior.
El número de días de sesión que cada asamblea podrá celebrar en el transcurso del período ordinario de sesiones no podrá exceder de ciento veinte. Se fijarán las semanas de sesión por cada asamblea.
El Primer Ministro, previa consulta con el Presidente de la asamblea correspondiente, o la mayoría de miembros de cada asamblea, podrá decidir la ampliación de los días de la sesión.
Los días y los horarios de las sesiones serán determinados por el reglamento de cada asamblea.
Los miembros del Gobierno tendrán acceso a las dos asambleas, y serán oídos cuando lo soliciten.
Las sesiones de las dos asambleas serán públicas. El acta integral de los debates se publicará en el Journal Officiel (Boletín Oficial).
Cada asamblea podrá reunirse en sesión secreta a petición del Primer Ministro o de una décima parte de sus miembros.
De las relaciones entre el Parlamento y el Gobierno
Artículo 34 (Modificado 28/03/2003)
- derechos civiles y garantías fundamentales concedidas a los ciudadanos para el ejercicio de las libertades públicas, prestaciones impuestas por la defensa nacional a los ciudadanos en cuanto a sus personas y sus bienes;
- nacionalidad, estado y capacidad de las personas, regímenes matrimoniales, sucesiones y donaciones;
- tipificación de los delitos, así como penas aplicables, procedimiento penal, amnistía, creación de nuevas clases de jurisdicción y estatuto de los magistrados y fiscales;
- base, tipo y modalidades de recaudación de los impuestos de toda clase y régimen de emisión de moneda.
La ley fijará asimismo las normas referentes:
- al régimen electoral de las asambleas parlamentarias y las asambleas locales;
- a la creación de categorías de entes públicos;
- a las garantías fundamentales para los funcionarios civiles y militares del Estado;
- a las nacionalizaciones de empresas y transferencias de la propiedad de empresas del sector público al sector privado.
- de la organización general de la Defensa nacional;
- de la libre administración de las entidades locales, de sus competencias y de sus ingresos;
- de la enseñanza;
- del régimen de la propiedad, de los derechos reales y de las obligaciones civiles y comerciales;
- del derecho laboral, del derecho sindical y de la seguridad social.
Mediante leyes de bases se determinarán los objetivos de la acción económica y social del Estado.
Artículo 37-1 (Añadido 28/03/2003)
La ley y el reglamento pueden determinar, para un objeto y una duración determinados, disposiciones de carácter experimental.
Las ordenanzas se aprobarán en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado. Entrarán en vigor en el momento de su publicación, pero caducarán si el proyecto de ley de ratificación no se presenta ante el Parlamento antes de la fecha fijada por la ley de habilitación.
Artículo 39 (Modificado 28/03/2003)
Los proyectos de ley serán deliberados en Consejo de Ministros previo dictamen del Consejo de Estado y presentados ante la Mesa de una de las dos asambleas. Los proyectos de ley de Presupuestos y de ley de financiación de la seguridad social serán sometidos, en primer lugar, a la Asamblea Nacional. Sin perjuicio del primer párrafo del artículo 44, los proyectos de ley que tengan como principal objeto la organización de las colectividades territoriales y los proyectos de ley relativos a las instancias representativas de los franceses establecidos fuera de Francia serán tramitados en primer lugar por el Senado.
No se admitirán a trámite las proposiciones y enmiendas formuladas por los miembros del Parlamento cuando su aprobación tuviera como consecuencia una disminución de los ingresos públicos o bien la creación o aumento de un gasto público.
Si en el transcurso del procedimiento legislativo se advierte que una proposición o una enmienda no pertenece al ámbito de la ley o es contraria a una delegación concedida en virtud del artículo 38, el Gobierno podrá oponerse a su admisión.
En caso de desacuerdo entre el Gobierno y el Presidente de la asamblea interesada, el Consejo Constitucional, a petición de una u otra parte, se pronunciará en el plazo de ocho días.
La discusión de los proyectos de ley versará, en la primera asamblea a la que sean sometidos, sobre el texto presentado por el Gobierno.
La asamblea que reciba un texto votado por la otra asamblea deliberará sobre el texto que le haya sido trasladado.
A petición del Gobierno o de la asamblea a la que hayan sido sometidos, los proyectos y las proposiciones de ley serán enviados para su examen a comisiones especialmente designadas al efecto.
Los proyectos y proposiciones respecto de los cuales no se haya formulado tal petición serán enviados a una de las comisiones permanentes, cuyo número queda limitado a seis en cada asamblea.
Los miembros del Parlamento y el Gobierno tendrán derecho de enmienda.
Si el Gobierno lo pide, la asamblea que esté entendiendo en el asunto se pronunciará mediante una sola votación sobre la totalidad o una parte del texto en discusión sin más modificación que las enmiendas propuestas o aceptadas por el Gobierno.
Todo proyecto o proposición de ley será examinado sucesivamente en las dos asambleas del Parlamento para aprobar un texto idéntico.
Cuando, a causa de un desacuerdo entre las dos asambleas, un proyecto o una proposición de ley no haya podido ser aprobado después de dos lecturas en cada asamblea o si el Gobierno ha declarado su urgencia, después de una sola lectura en cada una de ellas, el Primer Ministro estará facultado para provocar la reunión de una comisión mixta paritaria encargada de proponer un texto sobre las disposiciones que queden por discutir.
El texto elaborado por la comisión mixta podrá ser sometido por el Gobierno a la aprobación de las dos asambleas. Ninguna enmienda será admisible salvo conformidad del Gobierno.
El proyecto o la proposición no será sometido al debate y a la votación de la primera asamblea que lo haya recibido, sino después de quince días de su presentación.
Se aplicará el procedimiento del artículo 45. No obstante, si no hubiere acuerdo entre las dos asambleas, el texto no podrá ser aprobado por la Asamblea Nacional en última lectura sino por mayoría absoluta de sus miembros.
Las leyes orgánicas relativas al Senado deberán ser votadas en los mismos términos por las dos asambleas.
El Parlamento votará los proyectos de leyes presupuestarias en las condiciones establecidas por una ley orgánica.
Si la Asamblea Nacional no se hubiere pronunciado en primera lectura en el plazo de 40 días después de haber recibido un proyecto, el Gobierno lo someterá al Senado, el cual deberá pronunciarse en el plazo de 15 días. A continuación, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 45.
Si el Parlamento no se hubiere pronunciado en el plazo de setenta días, podrán las disposiciones del proyecto entrar en vigor por ordenanza.
El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento y al Gobierno en el control de la ejecución de las leyes presupuestarias.
Quedarán en suspenso los plazos previstos en el presente artículo cuando el Parlamento no esté en período de sesiones y, respecto a cada asamblea, en el transcurso de las semanas en las que haya decidido no celebrar sesión conforme al segundo apartado del artículo 28.
El Tribunal de Cuentas asistirá al Parlamento y al Gobierno en el control de la aplicación de las leyes de financiación de la seguridad social.
Sin perjuicio de la aplicación de los tres últimos apartados del artículo 28, el orden del día de las asambleas comprenderá, prioritariamente y en el orden fijado por el Gobierno, la discusión de los proyectos de ley presentados por el Gobierno y las proposiciones de ley por él aceptadas.
Al menos una sesión por semana estará reservada prioritariamente a las preguntas de los miembros del Parlamento y a las respuestas del Gobierno.
Se reservará prioritariamente una sesión cada mes al orden del día fijado por cada asamblea.
El Primer Ministro, previa discusión del Consejo de Ministros, planteará ante la Asamblea Nacional la responsabilidad del Gobierno sobre su programa y eventualmente sobre una declaración de política general.
La Asamblea Nacional juzgará la responsabilidad del Gobierno mediante la votación de una moción de censura, la cual sólo se admitirá a trámite si va firmada al menos por una décima parte de los miembros de la Asamblea Nacional. La votación tendrá lugar cuarenta y ocho horas después de su presentación. Sólo se considerarán los votos favorables a la moción de censura, la cual sólo podrá ser aprobada por la mayoría de los miembros que componen la Asamblea Nacional. Salvo en lo dispuesto en el apartado siguiente, ningún diputado podrá ser firmante de más de tres mociones de censura en el mismo período ordinario de sesiones ni de más de una en el mismo período extraordinario de sesiones.
El Primer Ministro podrá, previa discusión del Consejo de Ministros, plantear la responsabilidad del Gobierno ante la Asamblea Nacional sobre la votación de un texto. En tal caso este texto se considerará aprobado, salvo si una moción de censura, presentada dentro de las veinticuatro horas siguientes, fuere aprobada del modo establecido en el apartado anterior.
De los tratados y acuerdos internacionales
Si el Consejo Constitucional, requerido por el Presidente de la República, por el Primer Ministro, por el Presidente de cualquiera de las dos asambleas o por sesenta diputados o por sesenta senadores, declara que un compromiso internacional contiene una cláusula contraria a la Constitución, la autorización para ratificar o aprobar el referido compromiso internacional sólo podrá otorgarse previa revisión de la Constitución.
El Consejo Constitucional estará compuesto por nueve miembros, cuyo mandato durará nueve años y no será renovable. El Consejo Constitucional se renovará por tercios cada tres años. Tres de sus miembros serán nombrados por el Presidente de la República, tres por el Presidente de la Asamblea Nacional y tres por el Presidente del Senado.
Artículo 60 (Modificado 28/03/2003)
El Consejo Constitucional velará por la regularidad de las operaciones de referéndum previstos en los artículos 11 y 89, y proclamará los resultados.
Las leyes orgánicas, antes de su promulgación, y los reglamentos de las asambleas parlamentarias, antes de su aplicación, deberán ser sometidos al Consejo Constitucional, el cual se pronunciará sobre su conformidad con la Constitución.
No podrá ser promulgada ni entrar en vigor una disposición declarada inconstitucional.
Las decisiones del Consejo Constitucional no son susceptibles de recurso. Se imponen a los poderes públicos y a todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.
De la autoridad judicial
El Consejo Superior de la Magistratura será presidido por el Presidente de la República. El Ministro de Justicia será su vicepresidente nato y podrá suplir al Presidente de la República.
El Consejo Superior de la Magistratura estará compuesto de dos salas, una para los magistrados y otra para los fiscales.
La sala de los magistrados comprenderá, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco magistrados y un fiscal, un consejero de Estado, designado por el Consejo de Estado, y tres personalidades que no pertenezcan ni al Parlamento ni a la carrera judicial, designados respectivamente por el Presidente de la República, el Presidente de la Asamblea Nacional y el Presidente del Senado.
La sala de los fiscales comprenderá, además del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, cinco fiscales y un magistrado, el consejero de Estado y las tres personalidades mencionados en el apartado anterior.
La sala de los magistrados del Consejo Superior de la Magistratura formulará propuestas para los nombramientos de los magistrados del Tribunal de Casación (1), los de primer presidente de tribunal de apelación y los de presidente de tribunal de gran instancia. Los demás magistrados serán nombrados con su dictamen favorable.
Se pronunciará como consejo de disciplina de los magistrados bajo la presidencia del primer presidente del Tribunal de Casación.
La sala de los fiscales del Consejo Superior de la Magistratura emitirá su dictamen sobre los nombramientos referentes a los fiscales, a excepción de los cargos que se provean en Consejo de Ministros.
Emitirá su dictamen sobre las sanciones disciplinarias referentes a los fiscales, bajo la presidencia del Fiscal General del Tribunal de Casación.
Del Alto Tribunal de Justicia
Se instituye un Alto Tribunal de Justicia.
Se compondrá de miembros elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y por el Senado después de cada renovación total o parcial de dichas asambleas. El Tribunal elegirá a su Presidente entre sus propios miembros.
Una ley orgánica fijará la composición del Alto Tribunal y sus normas de funcionamiento, así como el procedimiento aplicable ante él.
El Presidente de la República no será responsable de los actos realizados en el ejercicio de sus funciones sino en caso de alta traición. Sólo podrá ser acusado por las dos asambleas mediante un voto idéntico en votación pública y por mayoría absoluta de sus miembros. Será juzgado por el Alto Tribunal de Justicia.
De la responsabilidad penal de los miembros del Gobierno
El Tribunal de Justicia de la República estará compuesto por quince jueces : doce parlamentarios elegidos, en su seno y en igual número, por la Asamblea Nacional y por el Senado después de cada renovación total o parcial de estas asambleas y tres magistrados del Tribunal de Casación, uno de los cuales presidirá el Tribunal de Justicia de la República.
Cualquier persona que se considere ofendida por un delito cometido por un miembro del Gobierno en el ejercicio de sus funciones, podrá presentar denuncia ante una comisión de admisión.
Esta comisión ordenará bien su archivo bien su traslado al Fiscal General del Tribunal de Casación con el fin de que se recurra al Tribunal de Justicia de la República.
Lo dipuesto en el presente título será asimismo aplicable a los hechos cometidos antes de su entrada en vigor.
El Consejo Económico y Social emitirá, a requerimiento del Gobierno, su dictamen sobre los proyectos de ley, de ordenanza o de decreto, así como sobre las proposiciones de ley que le sean sometidos.
El Consejo Económico y Social podrá designar a uno de sus miembros para que exponga ante las asambleas parlamentarias el dictamen del Consejo sobre los proyectos o proposiciones que le hayan sido sometidos.
El Consejo Económico y Social podrá también ser consultado por el Gobierno sobre cualquier problema de carácter económico o social. Se le someterá todo plan o proyecto de ley de bases de carácter económico o social para que se pronuncie sobre él.
Se establecerán mediante ley orgánica la composición del Consejo Económico y Social y sus normas de funcionamiento.
Artículo 72 (Modificado 28/03/2003)
Las colectividades territoriales de la República son los municipios, los departamentos, las regiones, las colectividades de estatus particulares y las colectividades de ultramar regidas por el artículo 74. Las demás colectividades territoriales serán creadas por ley, si llega el caso, en lugar de una o varias de las colectividades mencionadas en el presente párrafo.
Las colectividades territoriales tratarán de tomar las decisiones para el conjunto de competencias que puedan ser ejecutadas de la mejor manera posible en su escala.
En las condiciones previstas por la ley, estas colectividades se administran libremente por los consejos elegidos y disponen de poder reglamentario para el ejercicio de sus competencias.
En las condiciones previstas por ley orgánica, y excepto cuando se trate de las condiciones esenciales en el ejercicio de una libertad pública o de un derecho constitucionalmente garantizado, las colectividades territoriales o sus agrupaciones pueden, cuando, según el caso, la ley o el reglamento lo hayan previsto, derogar, a título experimental y para un tema y una duración limitados, las disposiciones legislativas o reglamentarias que rigen el ejercicio de sus competencias.
Ninguna colectividad territorial puede ejercer tutela sobre otra. Sin embargo, cuando el ejercicio de una competencia necesite el concurso de varias colectividades territoriales, la ley puede autorizar a una de ellas o a uno de sus agrupamientos a organizar las modalidades de su acción común.
En las colectividades territoriales de la República, el representante del Estado, representante de cada uno de los miembros del Gobierno, tiene a su cargo los intereses nacionales, el control administrativo y el respeto de las leyes.
Artículo 72-1 (Añadido 28/03/2003)
La ley fija las condiciones en las que los electores de cada colectividad territorial pueden, para ejercer el derecho de petición, solicitar la inscripción en el orden del día de la asamblea deliberante de su colectividad, de un asunto relevante de su competencia. En las condiciones previstas por la ley orgánica, los proyectos de deliberación o de acción que dependen de la competencia de una colectividad territorial pueden, para su iniciativa, ser sometidos, por la vía del referéndum, a la decisión de los electores de esta colectividad. Cuando se prevé crear una colectividad territorial dotada de un estatuto particular o modificar su organización, puede ser decidido por ley consultar a los electores inscritos en las colectividades interesadas. La modificación de los límites de las colectividades territoriales también puede dar lugar a la consulta de los electores en las condiciones previstas por la ley.
Artículo 72-2 (Añadido 28/03/2003)
Las colectividades territoriales gozan de recursos de los que pueden disponer libremente en las condiciones fijadas por la ley.
Pueden recibir todo o parte de los impuestos de toda naturaleza. La ley puede autorizarlos a fijar las tasas en los límites que determine.
Los ingresos fiscales y otros recursos propios de las colectividades territoriales representan, para cada categoría de colectividades, una parte determinante del conjunto de sus recursos. La ley fija las condiciones en las cuales rige este reglamento.
Toda transferencia de competencias entre el Estado y las colectividades territoriales se acompaña de la atribución de recursos equivalentes para éstas y dedicadas a su ejercicio. Toda creación o extensión de competencias que tenga como consecuencia la de aumentar los gastos de las colectividades territoriales ha de ir acompañada por recursos determinados por la ley.
La ley prevé dispositivos destinados a favorecer la igualdad entre las colectividades territoriales.
Artículo 72-3 (Añadido 28/03/2003)
La República reconoce, en el seno del pueblo francés, las poblaciones de Ultramar, en un ideal común de libertad, igualdad y fraternidad.
Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión, Mayotte, San Pedro y Miquelon, las islas Wallis y Futura y la Polinesia francesa están regidas por el artículo 73 para los departamentos y las regiones de ultramar y para las colectividades territoriales creadas en aplicación del último párrafo del artículo 73, y por el artículo 74 para las otras colectividades.
El estatuto de la Nueva Caledonia está regido por el título XIII.
La ley determina el régimen legislativo y la organización particular de los territorios australes y antárticos franceses.
Artículo 72-4 (Añadido 28/03/2003)
Ningún cambio, para toda o parte de una colectividad mencionada en el segundo párrafo del artículo 72-3, de uno respecto a otro de los regímenes previstos por los artículos 73 y 74, pueden intervenir sin que el consentimiento de los electores de la colectividad o de parte de la colectividad interesada haya sido recogido de forma previa en las condiciones previstas en el párrafo siguiente. Este cambio de régimen está decidido por una ley orgánica.
El Presidente de la República, a propuesta del Gobierno durante la duración de las sesiones o a propuesta conjunta de ambas asambleas, publicadas en el Diario oficial, puede decidir consultar a los electores de una colectividad territorial situada en ultramar sobre un tema relativo a su organización, a sus habilidades o a su régimen legislativo.
Cuando la consulta trata sobre un cambio previsto en el párrafo precedente y se organiza a propuesta del Gobierno, éste hará, en cada asamblea, una declaración que vendrá seguida por un debate.
Artículo 73 (Modificado 28/03/2003)
En los departamentos y las regiones de ultramar, las leyes y los reglamentos son aplicables de pleno derecho. Pueden ser adaptados según las características y exigencias particulares de estas colectividades.
Estas adaptaciones pueden ser decididas por estas colectividades en las materias donde ejercen sus competencias y están habilitadas por la ley. Para derogar el primer párrafo y para considerar sus especificidades, los colectivos regidos por el presente artículo pueden ser habilitados por la ley, fijar ellas mismas las reglas aplicables en su territorio, en un número limitado de materias que derivan del dominio de la ley.
Estas reglas no podrán tratar sobre la nacionalidad, los derechos cívicos, las garantías de las libertades públicas, el estado y la capacidad de las personas, la organización de la justicia, el derecho penal, el proceso penal, la política extranjera, la defensa, la seguridad y el orden públicos, la moneda, el crédito y los cambios, así como el derecho electoral. Esta enumeración será precisada y completada por una ley orgánica.
La disposición prevista en los dos párrafos precedentes no es aplicable al departamento y a la región de La Reunión.
Las habilitaciones previstas en el segundo y tercer párrafos se deciden, a demanda de la colectividad afectada, en las condiciones y bajo las reservas previstas por una ley orgánica. No pueden intervenir cuando afecten a condiciones esenciales del ejercicio de una libertad pública o de un derecho constitucionalmente garantizado.
La creación por ley de una colectividad, en sustitución de un departamento o de una región de ultramar, o la institución de una asamblea deliberante única para estas dos colectividades, no puede realizarse sin que haya sido contemplado, según las formas previstas en el segundo párrafo del artículo 72-4, el consentimiento de los electores inscritos en estas colectividades.
Artículo 74 (Modificado 28/03/2003)
Las colectividades de ultramar regidas por el presente artículo tienen un estatuto que contempla los intereses propios de cada una de ellas en el seno de la República.
Este estatuto se define por una ley orgánica, adoptada tras la emisión de un dictamen por parte de la asamblea deliberante, que fija:
-- las condiciones en las que las leyes y los reglamentos son aplicables;
-- las competencias de la colectividad; bajo reserva de aquellas ya ejercitadas por ella, la transferencia de competencias del Estado no puede tratar sobre los asuntos enumerados en el cuarto párrafo del artículo 73, precisado y completado, en su caso, por la ley orgánica;
-- las reglas de organización y de funcionamiento de las instituciones de la colectividad y el régimen electoral de su asamblea deliberante;
-- las condiciones en las cuales sus instituciones son consultadas con los proyectos y las proposiciones de ley y los proyectos de ordenanza o de decreto que contiene disposiciones particulares a la colectividad, así como sobre la ratificación o la aprobación de empeños internacionales concluidos en los asuntos que dependen de su competencia.
La ley orgánica también puede determinar, para estas colectividades que son dotadas de la autonomía, las condiciones en las cuales:
-- el Consejo de Estado ejerce un control jurisdiccional específico sobre ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante que interviene como titular de las competencias que ejerce en el dominio de la ley;
-- la asamblea deliberante puede modificar una ley promulgada posteriormente a la entrada en vigor del estatuto de la colectividad, cuando el Consejo constitucional, requerido por las autoridades de la colectividad, haya constatado que la ley había intervenido en el dominio de competencia de la colectividad;
-- la colectividad, a favor de la población, puede adoptar medidas justificadas por las necesidades locales, en materia de acceso al empleo, de derecho de establecimiento para el ejercicio de una actividad profesional o de protección del patrimonio
-- la colectividad puede participar, bajo el control del Estado, en el ejercicio de las competencias que conserva, en el respeto de las garantías acordadas por el conjunto del territorio nacional para el ejercicio de las libertades públicas.
Las otras modalidades de la organización particular de las colectividades derivadas del presente artículo están definidas y modificadas por la ley después de consultar a su asamblea deliberante.
Artículo 74-1 (Añadido 28/03/2003)
En las colectividades de ultramar citadas en el artículo 74 y en Nueva Caledonia, el Gobierno puede, en las materias que son competencia del Estado, ampliar por reglamentos, con las adaptaciones necesarias, las disposiciones de naturaleza legislativa vigente en la metrópoli, bajo reserva de que la ley no haya expresamente excluido, para las disposiciones en causa, el recurso al procedimiento.
Los reglamentos son adoptados en consejo de ministros tras el dictamen de las asambleas deliberantes interesadas y del Consejo de Estado. Entran en vigor desde su publicación. Caducan en ausencia de una ratificación por parte del Parlamento en el plazo de dieciocho meses después de esta publicación.
Artículo 76 Derogado.
Disposiciones transitorias en relación con Nueva Caledonia
Podrán participar en la votación aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley nº 88-1028 de 9 de noviembre de 1988.
Artículo 77 (Nueva redacción 20/07/1998)
Tras la aprobación del acuerdo en la consulta prevista por el artículo 76, la ley orgánica, adoptada tras dictamen de la asamblea deliberante de Nueva Caledonia, con el fin de garantizar la evolución de Nueva Caledonia conforme a las orientaciones definidas por este acuerdo y según las modalidades necesarias a su aplicación, establecerá:
-- las competencias del Estado que habrán de transferirse, de forma definitiva, a las instituciones de Nueva Caledonia, el escalonamiento y las modalidades de estas transferencias, así como la repartición de los gastos originados por éstas;
-- las reglas de organización y funcionamiento de las instituciones de Nueva Caledonia, de modo especial las condiciones en las cuales ciertas categorías de actos de la asamblea deliberante podrán someterse, antes de su publicación, a la fiscalización del Consejo Constitucional;
-- las reglas relativas a la ciudadanía, al sistema electoral, al empleo y al derecho civil consuetudinario;
-- las condiciones y plazos en los que las poblaciones afectadas de Nueva Caledonia habrán de pronunciarse sobre el acceso a la plena soberanía.
Artículo 78 a 87
(Derogados 04/08/1995)
De los acuerdos de asociación
Artículo 88 (Modificado el 04/08/1995)
De las Comunidades europeas y de la Unión europea
Artículo 88-1 (Añadido 26/06/1992)
La República participa en las Comunidades Europeas y en la Unión Europea, compuestas por Estados que han elegido libremente, en virtud de los Tratados que las instituyen, ejercer en común ciertas competencias.
Artículo 88-2 (Modificado 25/03/2003)
De acuerdo con criterios de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, Francia concede las transferencias de competencias necesarias para el establecimiento de la unión económica y monetaria europea. De acuerdo con los mismos criterios y del modo previsto por el Tratado que instituye la Comunidad Europea, en su redacción correspondiente al tratado firmado el 2 de octubre de 1997, se pueden conceder las transferencias de competencias necesarias para la determinación de las normas relativas a la libre circulación de personas y a los aspectos que a ella se refieran. La ley fija las normas relativas a la orden de detención europea en aplicación de los actos adoptados con fundamento en el Tratado de la Unión europea.
Artículo 88-3 (Añadido 26/06/1992)
De acuerdo con criterios de reciprocidad y del modo previsto por el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992, el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales sólo podrá concederse a los ciudadanos de la Unión residentes en Francia, quienes no podrán ejercer las funciones de alcalde o teniente de alcalde ni participar en la designación de electores senatoriales y en la elección de los senadores. Una ley orgánica votada en los mismos términos por las dos asambleas determinará el modo de aplicación del presente artículo.
Artículo 88-4 (Modificado 25/01/1999)
El Gobierno someterá a la Asamblea Nacional y al Senado, en el momento de su transmisión al Consejo de la Unión Europea, los proyectos o propuestas de actos de las Comunidades Europeas y de la Unión Europea que contengan disposiciones de índole legislativa. Asimismo, el Gobierno podrá presentar a dichas cámaras los otros proyectos o propuestas de actos, así como cualquier documento que emane de una institución de la Unión Europea.
Según modalidades fijadas por el reglamento de cada asamblea, se podrán votar resoluciones, incluso fuera de los períodos de sesiones, sobre proyectos, propuestas o documentos mencionados en el apartado anterior.
El proyecto o proposición de reforma deberá ser votado por las dos asambleas en términos idénticos. La reforma será definitiva después de ser aprobada por referéndum.
Artículos 90-92
Derogados 04/08/1995.
Derogado 04/08/1995.

References: Artículo 1
 artículo 3

Artículo 6

Artículo 7

Artículo 13
 artículo 74

Artículo 26

Artículo 34

Artículo 37

Artículo 39
 artículo 44
 artículo 38
 artículo 45
 artículo 45
 artículo 28
 artículo 28

Artículo 60

Artículo 72
 artículo 74

Artículo 72

Artículo 72

Artículo 72
 artículo 73
 artículo 73
 artículo 74

Artículo 72
 artículo 72

Artículo 73
 artículo 72

Artículo 74
 artículo 73

Artículo 74
 artículo 74

Artículo 76
 artículo 2

Artículo 77
 artículo 76

Artículo 78

Artículo 88

Artículo 88

Artículo 88

Artículo 88

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