Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/89181
Timestamp: 2019-08-23 00:48:51+00:00

Document:
Gaceta: LXIV/1SPO-80/89181
INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE INCORPORA EL TIPO PENAL DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO AL CATÁLOGO DE LOS ILÍCITOS RESPECTO DE LOS CUALES SE LES PUEDEN IMPONER ALGUNA O VARIAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS A LAS PERSONAS JURÍDICAS POR SU INTERVENCIÓN EN LA COMISIÓN DE DELITOS.
El suscrito, Dr. Ricardo Monreal Ávila, senador de la República en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 8, numeral 1, fracción 1, y 164 del Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 11 Bis del Código Penal Federal, conforme a la siguiente:
El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República considera de trascendental importancia dar atención puntual desde el ámbito legislativo a todo tipo de amenazas, tanto internas como externas, que se presenten como un riesgo en contra del Estado mexicano, sea cual fuere la modalidad que éstas adopten.
Ya hemos visto, en días recientes, cómo el crimen organizado emplea instrumentos letales como los explosivos, amenazando instalaciones públicas, lo que sin duda genera temor en la población, además de que se han utilizado como mecanismos de amenaza en contra del gobierno para que éste asuma tal o cual determinación, específicamente en el combate al robo de hidrocarburos, que se ha llevado a cabo desde la Presidencia de la República. Tales actos bien pueden catalogarse de terroristas, pues contemplan los elementos del tipo penal vigente.
La presente iniciativa tiene como finalidad que se incorpore el tipo penal de financiamiento al terrorismo, al catálogo de los ilícitos respecto de los cuales se les pueden imponer alguna o varias consecuencias jurídicas a las personas jurídicas por su intervención en la comisión de delitos, por las razones que se explican a continuación.
En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero (LD), al financiamiento al terrorismo (FT) y a la proliferación de armas de destrucción masiva (PADM) han sido algunas de las principales prioridades de la comunidad internacional, en virtud de que estos ilícitos representan un gran riesgo para la paz y la seguridad internacionales, por sus efectos negativos en la integridad de las instituciones y la estabilidad de los sistemas financieros.
No obstante que México no es un país donde de manera directa se resientan los problemas que trae consigo el terrorismo, lo cierto es que la posición geográfica y la porosidad fronteriza son elementos propicios para que redes criminales consideren utilizar nuestro territorio como plataforma logística y operativa, además de vía de financiamiento del terrorismo internacional.
De esta manera, pareciera que el terrorismo es un problema ajeno a México, al repercutir en él de manera indirecta; no obstante, hemos de estar conscientes de que para la existencia del terrorismo son necesarias fuentes de ingresos que lo financien, las cuales amenazan la estabilidad económica y financiera en nuestro país, puesto que ese ilícito erosiona la legitimidad gubernamental y la confianza en las instituciones, y reduce el apoyo al sistema democrático.
Al respecto el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) [*] estableció como métodos y técnicas tradicionales del terrorismo las siguientes actividades realizadas por personas jurídicas: donaciones privadas, abusos y usos incorrectos de las organizaciones sin fines de lucro, extorsiones a las poblaciones locales, de la diáspora y a negocios, constitución de empresas comerciales legítimas [*] , entre otras, las cuales, aterrizadas en problemas de la vida diaria, hacen evidente la urgencia de atender a la propuesta de reforma que nos ocupa, pues toca temas que día con día repercuten en la economía nacional y en la sociedad.
Ahora bien, respecto al financiamiento al terrorismo y al encubrimiento de éste se puede afirmar que, en gran parte, los grupos terroristas, para allegarse de medios, fondos económicos o recursos que les permitan llevar a cabo sus actividades delictivas, hacen uso de las personas morales como medios móviles para la comisión de sus delitos. De este modo, a través de organizaciones empresariales o financieras; organismos sin ánimo de lucro, o bien, a través de paraísos fiscales, jurídicos o financieros, se realizan las transacciones para aportar o recaudar bienes que finalmente serán destinados al financiamiento de tales grupos terroristas.
A fin de plasmar con claridad la omisión en la legislación en cuanto a las consecuencias jurídicas que deben asumir las personas morales que cometen el tipo penal de financiamiento al terrorismo, es pertinente traer a colación los siguientes:
Con fecha 05 de marzo de 2014, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, de acuerdo con el nuevo Sistema de Justicia Penal, en el que se establecieron las normas a observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos en toda la República, tanto en el fuero federal como el fuero local, homologándose así el procedimiento de justicia penal a nivel nacional [*] .
Cabe destacar que el nuevo Sistema de Justicia Penal contempla nuevas figuras jurídicas, mecanismos procesales, así como procedimientos especiales, como el Procedimiento para Personas Jurídicas, el cual contempla un modelo de imputación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas, también conocidas como personas morales:
Este texto representó un gran logro en la punibilidad de los delitos cometidos por las personas morales, puesto que expresamente se les reconoce su responsabilidad a dichas ficciones jurídicas, y no únicamente a sus representantes o administradores.
Posteriormente, el 17 de junio de 2016, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre las cuales destaca el artículo 421, en cuyo sexto párrafo establece que:
Esta porción normativa respeta la máxima de derecho penal de exacta aplicación de la ley, estableciendo que únicamente aquellas conductas típicas previstas en el Código Penal Federal son susceptibles de generar consecuencias jurídicas para las personas morales en este ámbito, cuando hayan intervenido en su comisión [*] .
En ese orden de ideas, el numeral 11 Bis del Código Penal Federal establece un catálogo de los delitos por los que se les podrán imponer algunas o varias de las consecuencias jurídicas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales (artículo 422), a las personas jurídicas por su intervención en los ilícitos, entre los que destaca el de terrorismo:
De igual manera, en el artículo 139 del Código Penal Federal, se encuentra tipificado el delito de terrorismo. A su vez, en el numeral 139 Bis se contempla la sanción correspondiente al encubrimiento a terroristas y, por otra parte, el artículo 139 Ter indica la pena aplicable a la persona que amenace con cometer el citado ilícito:
Artículo 139 Bis.- Se aplicará pena de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a un terrorista, teniendo conocimiento de sus actividades o de su identidad.
Artículo 139 Ter.- Se aplicará pena de cinco a quince años de prisión y de doscientos a seiscientos días multa al que amenace con cometer el delito de terrorismo a que se refiere el párrafo primero del artículo 139.
De los mencionados artículos se desprende que dentro de los delitos respecto de los cuales las personas morales pueden ser sujetos de responsabilidad penal, se encuentran los de terrorismo, encubrimiento a terroristas y amenaza de terrorismo, tipificados en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter, respectivamente, del Código Penal Federal.
No obstante lo anterior, las personas morales que intervienen en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo contemplado en el artículo 139 Quáter y Quinquies, no se encuentran consideradas en el catálogo del artículo 11 Bis, del Código Penal Federal, lo cual trae como consecuencia que las personas jurídicas quedan impunes al cometer dicho ilícito, toda vez que la legislación penal no permite la aplicación de alguna consecuencia jurídica, contrario a los casos de los delitos de terrorismo, encubrimiento a terroristas y amenaza de cometer terrorismo, en los cuales es posible la aplicación de alguna sanción a las personas jurídicas que hayan participado en su comisión, al estar establecidas en el catálogo señalado en el artículo 11 Bis del Código Penal Federal.
Cabe mencionar que México es miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que se ha pronunciado, a través de diversas recomendaciones, sobre la tipificación en la legislación local respecto del delito de financiamiento al terrorismo; así, en su Recomendación 5 [*] , señala:
C. FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN
5. Delito de financiamiento del terrorismo *
Por otra parte, la Recomendación 38 señala que [*] :
38. Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso *
Se advierte que las anteriores recomendaciones se encuentran enfocadas en la capacidad legal que deben tener los Estados miembros para poder procesar y aplicar sanciones penales a quienes intervengan en el financiamiento al terrorismo y su encubrimiento.
Ahora bien, es necesario precisar que en el financiamiento al terrorismo es primordial identificar el destino del dinero, el cual puede provenir de bienes lícitos o ilícitos, lo que aumenta la complejidad para su detección, prevención y sanción, por lo que ubicar a las personas jurídicas como sujetas de consecuencias en el ámbito penal otorga una herramienta legal trascendental para su combate, dado el carácter de vehículo jurídico con que se les utiliza.
Por todo lo anterior, es necesario que México se dote de la normativa correspondiente, que permita investigar y sancionar penalmente a uno de los principales y directos intervinientes en la comisión del delito de financiamiento al terrorismo, que son las personas morales, quienes comúnmente inyectan los recursos para el ilícito en cuestión.
De este modo, a través de la inclusión del delito de financiamiento al terrorismo, y su encubrimiento, en el catálogo de las conductas delictivas por las que se les puede aplicar alguna sanción penal a las personas jurídicas que intervengan en su comisión, México podría lograr resultados más efectivos y eficaces en el combate a las estructuras patrimoniales, financieras y económicas de la delincuencia, desde luego, sin perjuicio de los procesos paralelos civiles o administrativos que les sean aplicables. Además, en ese supuesto, México estaría avanzando notablemente en el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI.
De igual modo, la relevancia de la propuesta de reforma que se presenta radica en otorgar efectividad a las distintas figuras ya previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como el Procedimiento Especial para Personas Jurídicas.
Con el propósito de exponer de forma clara la modificación a la que se ha hecho referencia en esta iniciativa de ley, se presenta el siguiente cuadro comparativo:
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;
Con base en las razones que aquí se presentan, y con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por los artículos 8, numeral 1, fracción I, y 164 del Reglamento del Senado de la República, se somete a la digna consideración del Senado de la República la siguiente Iniciativa con:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A, FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 11 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL
ÚNICO. Se reforman la fracción I, inciso A del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, para quedar como sigue:
Artículo 11 Bis. …
I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter, financiamiento al terrorismo, previsto en los artículos 139 Quáter y 139 Quinquies y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter.
Salón de sesiones del Senado de la República, a los 12 días del mes de febrero de 2019.
[*] FATF y GAFILAT, Medidas anti lavado y contra la financiación del terrorismo - México,Informe de Evaluación Mutua, enero de 2018, p. 1, consultado en: https://bit.ly/2lWw6P8 el 2 de febrero de 2019.
[*] FATF, Riesgos emergentes del financiamiento del terrorismo, Informe del GAFI, octubre de 2015, pp.16 a 28, consultado en: https://bit.ly/2G3lE3W el 2 de febrero de 2019.
[*] “Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales”, en Diario Oficial de la Federación, 5 de marzo de 2014, consultado en: https://bit.ly/1l0qyKE el 9 de febrero de 2019.
[*] EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL, CONTENIDO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SALVAGUARDA LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS, Registro: 2003572, Tesis: P. XXI/2013 (10a.) en Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, p. 191.
[*] GAFISUD, Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación. Las recomendaciones del GAFI, febrero de 2012, p. 13, consultado en: https://bit.ly/1GjEYPA el 9 de febrero de 2019.
[*] Ibidem, p. 29.

References: ARTÍCULO 11
 artículo 11
in fine
 artículo 421
 artículo 139
 artículo 139

Artículo 139

Artículo 139
 artículo 139
 artículo 139
 artículo 11
 artículo 11
 artículo 71
 ARTÍCULO 11
 artículo 11

Artículo 11
 ARTÍCULO 14