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Timestamp: 2020-05-28 18:16:31+00:00

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Sentencia nº 93 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 6 de Febrero de 2001 - Jurisprudencia - VLEX 283488847
Número de Expediente: 00-1529
En fecha 9 de mayo de 2000, los abogados A.P. D`Ascoli y G.T.H., en su carácter de apoderados judiciales de CORPORACIÓN DE TURISMO DE VENEZUELA (CORPOTURISMO), de conformidad con la sustitución de poder realizada por la abogada J.M.T.C., quien posee poder de dicha entidad, interpusieron acción de amparo constitucional contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 1999 dictada por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declara parcialmente con lugar la demanda por cumplimiento de contrato e indemnización de daños y perjuicios intentada por la empresa O.T.A.T., C.A. contra la CORPORACIÓN DE TURISMO DE VENEZUELA (CORPOTURISMO) y en consecuencia condenó a dicha empresa al pago de CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 124.682,00); la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1.000,00), así como el monto correspondiente a los intereses moratorios desde el 13 de noviembre de 1993 hasta la fecha del fallo. Todo ello, por concepto del pago que en nombre de CORPOTURISMO hiciera la empresa demandante a la IX Feria Turística de Quebec, Canadá.
En fecha 25 de mayo de 2000, se dio cuenta de diligencia interpuesta por el ciudadano R.A., en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil O.T.A.T. haciéndose parte como interesada directa en el presente proceso, en su carácter de demandante en el juicio llevado ante la Sala Político- Administrativo de la extinta Corte Suprema de Justicia del cual resultó la sentencia definitivamente firme, objeto de la presente acción de amparo constitucional. Legalmente asistido por el abogado L.F.B.S., el ciudadano R.A. expresó lo siguiente:
En la misma fecha se dio cuenta de un escrito presentado por el mismo ciudadano R.A. mediante el cual alega su legitimación para actuar y ratifica lo establecido en la diligencia presentada en la misma fecha, antes citada, y expresa que “... el escrito presentado ... no se encuentra suscrito por el Secretario de la Sala en violación de las disposiciones contenidas en el Ordinal 3 del Artículo 49 de la Ley de la Corte Suprema de Justicia y en el artículo 106 del Código de Procedimiento Civil, por lo cual el mismo debe tenerse como no presentado y en consecuencia declarar la nulidad del mismo, por cuanto esta presentación es esencial para la validez de los actos posteriores, de este proceso”. En este sentido, el diligenciante solicitó de esta Sala “declare la nulidad de la presentación realizada...”.
En fecha 26 de mayo de 2000, se dio cuenta en Sala de la diligencia interpuesta por el ciudadano R.A. mediante la cual solicita se deje constancia “del hecho irregular” sucedido en ese mismo día, representado por el hecho de que habiendo éste solicitado fotocopia de la “página trasera de la demanda incoada por CORPOTURISMO” en la cual, según lo expresa el diligenciante, no se encontraba la firma del Secretario, al momento de haber recibido la referida fotocopia ésta incluía la firma del Secretario “...subsanando ilegalmente una falla formal...”.
En fecha 3 de agosto de 2000, se recibió ante esta Sala diligencia suscrita por el ciudadano R.A. en su carácter de Presidente de OLIMPIA TOUR AND TRAVEL C.A., quien ratifica lo expuesto en las diligencias presentadas con anterioridad y expone la supuesta ilegalidad de la sustitución de poder otorgada a los abogados G.T. y A.P. D`Ascoli por parte de la abogada J.M.T.C.. La representación de OLIMPIA TOUR AND TRAVEL C.A., alega en su escrito que según el ordinal 1º del artículo 15 de la Ley Orgánica de Turismo, para que el Presidente(a) pueda constituir apoderados generales y especiales, es necesaria la previa autorización del directorio de dicho organismo. En concordancia con ello, alega la representación de OLIMPIA TOUR AND TRAVEL C.A., que el Directorio autorizó a la Presidenta de la recurrente con fecha posterior a la sustitución de poderes mencionada “...para la contratación de los Abogados G.T. Y A.P. D’ASCOLI...”
En fecha 10 de agosto de 2000, los abogados J.M.T.C., A.P. D`Ascoli y G.T.H. en su carácter de apoderados de la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO), interpusieron escrito ante esta Sala mediante el cual REFORMAN parcialmente la solicitud de amparo constitucional interpuesta en fecha 9 de mayo de 1999, en cuanto a que la pretensión de éstos no se concreta en una solicitud de amparo constitucional contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 1999 dictada por la Sala Político- Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, tal como fue expuesto en su escrito de fecha 9 de mayo de 2000, sino que requieren de esta Sala que: “...en ejercicio de la extraordinaria facultad de revisión del cumplimiento e interpretación de los valores constitucionales que le confiere el ordinal 10 del artículo 336 de la vigente Constitución, REVISE el indicado fallo en virtud de las gravísimas violaciones a las garantías judiciales de nuestra representada contenidas en el mismo, particularmente, el derecho al debido proceso y a la defensa”.
Tal como se expuso anteriormente, el representante de la sociedad mercantil O.T.A.T. C.A. -la cual esta Sala considera posee interés directo en el presente proceso por haber sido parte demandante en el juicio ordinario que resultó en el fallo que se impugna mediante la acción de amparo objeto de la presente decisión, expuso mediante diligencia interpuesta en fecha 25 de mayo de 2000, la supuesta nulidad de la “presentación” del escrito contentivo de la solicitud de amparo constitucional presentado por la accionante en fecha 9 de mayo de 2000, en vista de que el mismo carecía de la firma estampada del Secretario. En este sentido, el mencionado diligenciante solicita se declare el escrito de solicitud de amparo como no presentado y, por lo tanto, se declare la nulidad del mismo.
Ahora bien, afirma el mismo denunciante en su diligencia de fecha 26 de mayo de 2000, que “...estando el sello de la presentación no se encontraba la firma del Secretario...”. De acuerdo a la diligencia presentada por el ciudadano R.A. en fecha 26 de mayo de 2000 antes indicada, se establece que el Secretario estampó su firma habiendo transcurrido quince (15) días de haberse presentado el escrito.
El Secretario recibirá los escritos y documentos que le presenten las partes, los agregará al expediente de la causa respectiva, estampando en él su firma, la fecha de la presentación y la hora, y dará cuenta inmediata del juez.
Sin embargo, en el presente caso, al momento de haberse estampado la firma del Secretario, que según el ciudadano R.A. ocurrió entre el 25 y 26 de mayo de 2000, no existía lapso preclusivo alguno. Por lo tanto, que la firma del Secretario haya sido estampada posteriormente a la presentación, no ocasionó, en lo que respecta a este caso, una situación jurídica de trascendencia.
Por otra parte, el abogado R.A. en una diligencia de fecha 3 de agosto de 2000, impugnó la sustitución de poder otorgada por la abogada J.M.T.C. a los abogados G.T.H. y A.P. D`Ascoli, en vista de que el Directorio de la Corporación de Turismo de Venezuela no había autorizado dicha sustitución. Tal como lo señala el ordinal 1º del artículo 15 de la Ley Orgánica de Turismo citada por el mismo denunciante, el Presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela está facultado, previa autorización del Directorio, para constituir apoderados generales y especiales, así como para revocar los poderes otorgados. Se desprende entonces de esta norma que el Presidente de dicha Institución requiere la autorización del Directorio para otorgar poderes generales o especiales.
Conforme con lo anterior, en fecha 28 de abril de 2000 la Presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO), M.E.L., otorgó poder a la abogada J.M.T.C. con la previa autorización del Directorio y ésta última, según consta en documento autenticado en fecha 8 de mayo de 2000, sustituyó parcialmente dicho poder en los abogados G.T.H. y A.P. D`Ascoli. Así las cosas, el ordinal 1º del artículo 15 antes citado no limita en forma alguna que el poder otorgado pueda ser sustituido. Por su parte, el instrumento poder otorgado a la abogada J.M.T.C. establece expresamente la posibilidad de “...sustituir este poder en parte o en su totalidad en abogado o abogados de su confianza previa autorización del Presidente...” de la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO). En este sentido, en el documento de sustitución de poder autenticado en fecha 8 de mayo de 2000, la abogada sustituyente expresa que se encuentra facultada para ese acto por autorización del Presidente de al Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO).
Consta en autos que en fecha dieciocho (18) de mayo de 2000, fue consignado documento autenticado en fecha 16 de mayo del mismo año, mediante el cual la abogada J.M.T.C. sustituye nuevamente el poder otorgado por la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) antes mencionado y en las mismas condiciones a los abogados G.T.H. y A.P. D’Ascoli. Según consta en dicho documento, la Notario Público Vigésimo Tercera del Municipio Libertador del Distrito Federal dejó constancia de haber tenido a su vista la autorización suscrita por la Presidenta de la Corporación de Turismo de Venezuela.
Por lo antes expuesto, esta Sala considera improcedente el alegato del abogado R.A. en cuanto a que se requería la autorización del Directorio para sustituir el poder, ya que no existe requerimiento alguno de ello ni en la ley, ni en el propio poder objeto de sustitución parcial, y ASI SE DECIDE.
Es menester sin embargo aclarar que ambos documentos antes señalados contentivos de la sustitución de poder se refieren específicamente a la facultad para que los abogados sustituidos “...interpongan en representación de la Corporación de Turismo de Venezuela, Acción de A.C. contra la Sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 09 de noviembre de 1999, en el juicio que por Cobro de Bolívares incoara contra la Corporación de Turismo de Venezuela la empresa O.T. andT., C.A...”.
Ahora bien, como previamente se indicó, los abogados J.M.T.C., A.P. D’Ascoli y G.T.H. interpusieron una reforma del escrito contentivo de la acción de amparo constitucional presentada en fecha 9 de mayo de 2000. Es de notar, que el objeto de tal reforma es una modificación de la pretensión, es decir, transforma la acción de amparo constitucional interpuesta en un recurso de revisión extraordinario. Tal como se indicó anteriormente, los documentos que contienen la sustitución de poder antes referida limitan la facultad de los abogados sustituidos a interponer acción de amparo constitucional contra la sentencia de la Sala Político Administrativa allí identificada. Es por ello, que esta Sala considera que para los efectos del recurso de revisión extraordinaria interpuesto, la única apoderada judicial con facultad para ello es la abogada J.M.T.C. según consta en poder anexo en autos, y ASI SE DECIDE.
En fecha 10 de agosto de 2000, la representación de la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) interpuso una reforma de la acción de amparo constitucional presentada en fecha 9 de mayo de 2000, en vista de que según la recurrente el recurso interpuesto fue “erróneamente” calificado de acción de amparo constitucional contra el fallo dictado en fecha 9 de noviembre de 1999 por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia que declaró parcialmente con lugar la demanda por cobro de bolívares interpuesta por O.T.A.T., C.A. contra Corporación Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO). La recurrente pretende mediante su reforma, que esta Sala “…en ejercicio de la extraordinaria facultad de revisión del cumplimiento e interpretación de los valores constitucionales que le confiere el ordinal 10 del artículo 336 de la vigente Constitución, REVISE el indicado fallo en virtud de las gravísimas violaciones a las garantías judiciales…” de su representada según presuntamente se desprenden de la sentencia impugnada, específicamente concretadas en la violación del derecho al debido proceso y a la defensa.
Por tanto, la garantía y vigencia efectiva de tales principios: supremacía y fuerza normativa de la Constitución, que implica el sometimiento de todos los actos del Poder Público al control constitucional, y preeminencia de los derechos humanos, constituyen los pilares fundamentales sobre los cuales se erige el vigente régimen constitucional, cuya preservación y salvaguarda tenía que ser encomendado a algún órgano del Poder Público, que no es otro que esa Sala Constitucional en virtud de lo establecido en el numeral 1 y el último aparte del artículo 266 de la Constitución, en concordancia con lo establecido en los artículos 335 y 336 ejusdem.
Es por ello que consideramos más que justificado recurrir ante Uds., ciudadanos Magistrados, en procura de la revisión constitucional extraordinaria que otorga a esa Sala el mencionado ordinal 10 del artículo 336 de la Constitución, en relación al fallo emitido en fecha 9 de noviembre de 1999 por la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, mediante el cual resolvió en forma definitiva la acción que por cobro de sumas de dinero intentara la empresa O.T.A.T., C.A. contra CORPOTURISMO.
En tal sentido, alega la recurrente que en fecha 21 de noviembre de 1996 la Sala Político-Administrativa declaró nulo el poder otorgado por el Presidente de la Corporación de Turismo de Venezuela al abogado J.O. y por ello, siendo éste el que se había dado por citado “en fecha 28 de enero de 1997, los nuevos apoderados de CORPOTURISMO… procedieron a solicitar la nulidad de dicha citación y, como consecuencia de ello, la reposición de la causa al estado en que se fije oportunidad para dar contestación a la demanda”. Señala la recurrente que en fecha 13 de marzo de 2000, el Juzgado de Sustanciación de la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia declaró sin lugar la solicitud de reposición de la causa, decisión que fue apelada.
Asimismo, señala la sentencia impugnada que no consta en las actas del expediente que la Corporación de Turismo de Venezuela haya contestado al fondo de la demanda o haya opuesto cuestiones previas dentro de los veinte (20) días siguientes a la citación. Por todo ello, se declaró parcialmente con lugar la demanda intentada por O.T.A.T., C.A. contra la Corporación de Turismo de Venezuela.
Ciertamente resulta insólita la decisión adoptada por la Sala Político Administrativa en este caso, pues no sólo ignoró el principio de la preclusividad de los actos procesales, garantía de un debido proceso, sino que desconoció paladinamente que la supuesta citación tácita no alcanzó el fin para cual estaba destinada, que no era otro que el organismo demandado tuviera la oportunidad de comparecer al juicio para contestar la demanda y poder así explanar sus alegatos y razones, ya que no es cierto de que disponía de veinte (20) días para contestar la demanda, pues para el momento en que se produjo la supuesta citación tácita de nuestra mandante, la causa se encontraba en fase de pruebas por orden expresa de la misma Sala, lo cual obviamente impedía que en dicho lapso se diera contestación de la demanda, por lo que es claro que NUNCA debió convalidarse la continuación del presente juicio ante la manifiesta falta de citación de la parte demandada.
Esta Sala ha considerado, en otras oportunidades, lo expresado en la Exposición de Motivos para fortalecer su criterio sobre la posibilidad de revisar sentencias dictadas no sólo por los demás tribunales o juzgados de la República, sino igualmente por las demás Salas del Tribunal Supremo de Justicia, tal como es el caso de las sentencias de fecha 9 de marzo de 2000 (caso: J.A.Z.Q.) y de fecha 7 de junio de 2000 (caso: Mercantil Internacional, C.A.). En esta última decisión, esta Sala estableció lo siguiente:
Esta facultad, concebida para garantizar la integridad de la interpretación y el cumplimiento de los valores constitucionales, expresa la preocupación por impedir que las declaraciones de la Constitución no se conviertan en adagios gastados por el tiempo, ni en una contraseña vacía de sentido, sino en principios vitales, vivos, que otorgan y limitan los poderes del gobierno y de los otros órganos del poder público en general. Preocupación que es manifestada en la sentencia dictada por esta Sala el 9 de marzo de 2000 (caso J.A.Q.), en la cual se indica que:
`...Los principios inmersos en la Constitución, que la cohesionan, así no aparezcan en su texto, si no se aplican o se violan tienden a desintegrar a la Carta Fundamental, y si ello sucediere la Constitución desaparecería con todo el caos que ello causaría. Basta imaginar qué pasaría, si un juez ordena que un científico convierta a un humano en animal, o que cese el sistema democrático y se elija a un monarca, o que condene a muerte a alguien, a pesar de la aquiescencia de las partes del juicio donde surge esa situación. El Juez que dentro de un proceso lo conociera, que responde por la integridad y supremacía de la Constitución, de oficio tendría que dejar sin efectos tales determinaciones judiciales, ya que ellas contrarían el orden público constitucional y las violaciones del orden público se declaran de oficio. La Constitución, como se dijo, no sólo está formada por un texto, sino que ella está impregnada de principios que no necesitan ser repetidos en ella, porque al estar inmersos en la Constitución, son la causa por la cual existe...’.
De conformidad con lo anterior, es necesario, a manera de interpretar la norma constitucional, reconocer la naturaleza constitucional de la cosa juzgada, así como su alcance social y político, y su repercusión determinante en la certidumbre jurídica y el estado de derecho del país, y cohesionar dicha garantía constitucional con la potestad extraordinaria que el propio Texto Fundamental otorga a esta Sala para revisar sentencias que han adquirido el carácter de cosa juzgada. Tal como lo ha referido esta Sala en otras oportunidades (sentencia de fecha 24 de octubre de 2000, caso: N.C.S.B.), las normas constitucionales no pueden analizarse en forma independiente, sino que cada norma forma parte de un todo correlacionado que conforma el Texto Fundamental. Y asimismo, cada derecho fundamental se encuentra limitado por los demás derechos fundamentales contenidos dentro del conglomerado de normas constitucionales.
De acuerdo a lo anterior, la necesidad de certeza jurídica que justifica la cosa juzgada se encuentra limitada por la propia Constitución, ya sea en forma directa o a través de la potestad que ésta otorga al legislador. En un análisis, quizás más sociológico que propiamente jurídico, el autor E.J.C. es aún más radical en cuanto a que la cosa juzgada no debe ser absoluta y que la misma no debe prevalecer sobre la verdad. Al respecto Couture indica:
Al respecto, en sentencia de esta Sala de fecha 2 de marzo de 2000 (caso: F.J.R.A.) se estableció lo siguiente:
...observa la Sala que con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, surge la posibilidad de revisar una sentencia de amparo una vez agotada la doble instancia, sin necesidad de interponer una nueva acción de amparo. No obstante esta revisión está sometida a la discrecionalidad de la Sala.
En este contexto, esta Sala Constitucional ha venido diseñando la estructura de este medio extraordinario, cuando en decisión de fecha 20 de enero del año 2000, a raíz de la interpretación que hiciere del referido artículo 336 numeral 10 de la Constitución, señaló que, esta revisión respecto de las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores de la República, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las C. deA. en lo Penal se ejerce, bien de manera obligatoria -entre las cuales se encuentran las consultas o apelaciones a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales- o de manera facultativa, cuando la decisión llegue a esta Sala una vez agotada la doble instancia.
Todo lo anterior, facultaría a esta Sala a desestimar la revisión, sin motivación alguna, cuando en su criterio, constate que la decisión que ha de revisarse, en nada contribuya a la uniformidad de la interpretación de normas y principios constitucionales, ni constituya una deliberada violación de preceptos de ese mismo rango...
V REVISIÓN DE SENTENCIAS DEFINITIVAMENTE FIRMES DIFERENTES A LAS INDICADAS EN EL NUMERAL 10 DEL ARTÍCULO 336
. (Subrayado nuestro)
El Texto Fundamental le otorga pues a la Sala Constitucional una potestad única y suprema en cuanto a la interpretación de la Constitución. Dicha potestad tiene por objeto tal como lo señala la autora española A.A.C., el “…preservar la unidad del Texto Constitucional, de donde deriva la necesidad de coherencia o ausencia de contradicciones en los preceptos constitucionales…”. Asimismo, señala la misma autora como principios de interpretación “…el principio de la función integradora que cumple la Constitución al ser instrumento de cohesión o unión y, por último, el principio de la fuerza normativa de la Constitución en cuanto que norma jurídica suprema del ordenamiento que actúa como límite”. (V. Ob. Cit, p. 241).
VI DELIMITACION DE LA POTESTAD DE REVISION DE SENTENCIAS DEFINITIVAMENTE FIRMES
VII PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN EXTRAORDINARIA
Al respecto esta Sala acoge, en caso de ser admitido el recurso de revisión extraordinaria de sentencias definitivamente firmes, el procedimiento de apelación de sentencias de amparo constitucional establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en la jurisprudencia de esta Sala. En lo que respecta a la admisibilidad de tales solicitudes de revisión extraordinaria esta Sala posee una potestad discrecional de admitir o no admitir el recurso cuando así lo considere, y, en todo caso, la Sala no admitirá aquellos recursos que no se refieran a las sentencias o a las circunstancias que define la presente decisión. En este sentido, se mantiene el criterio que dejó sentado la sentencia dictada por esta Sala en fecha 2 de marzo de 2000 (caso: F.J.R.A.) en cuanto a que esta Sala no está en la obligación de pronunciarse sobre todos y cada uno de los fallos que son remitidos para su revisión, y la negativa de admitir la solicitud de revisión extraordinaria como violación del derecho a la defensa y al debido proceso de las partes, por cuanto se trata de decisiones amparadas por el principio de la doble instancia judicial.
VIII CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La sentencia objeto de revisión, según solicitud de la recurrente, constituye una sentencia dictada por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia en un juicio por indemnización de daños y perjuicios iniciado por O.T.A.T., C.A. que fue declarada con lugar condenando a la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) por la cantidad de CIENTO VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 124.682,00); la cantidad de UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$ 1.000,00), así como el monto correspondiente a intereses moratorios desde el 13 de noviembre de 1993 hasta la fecha del fallo. Todo ello, por concepto del pago que en nombre de Corporación de Turismo de Venezuela CORPOTURISMO hiciera la empresa demandante a la IX Feria Turística de Quebec, Canadá.
Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE el recurso de revisión interpuesto por la abogada J.M.T.C., en su carácter de apoderada de la Corporación de Turismo de Venezuela (CORPOTURISMO) contra la sentencia de fecha 9 de noviembre de 1999 dictada por la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia.
Decisión de Juzgado Superior Civil, Mercantil, Transito y Menores de Trujillo, de 19 de Noviembre de 2014

References: Artículo 49
 artículo 106
 artículo 15
 artículo 336
 artículo 15
 artículo 15
 artículo 336
 artículo 266
 artículo 336
 artículo 336
 artículo 35
 ARTÍCULO 336