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Timestamp: 2018-09-23 05:13:54+00:00

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﻿ Sentencia T-087 de febrero 15 de 2010
SENTENCIA T-87 DE 15 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DEL CARÁCTER IUSFUNDAMENTAL DEL QUE GOZA EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. TENSIÓN ENTRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO DE LA INSTITUCIÓN A OBTENER UNA CONTRAPRESTACIÓN ECONÓMICA POR EL SERVICIO PRESTADO, PREVALECE EL PRIMERO SIEMPRE Y CUANDO SE DEMUESTRE EL ACAECIMIENTO DEL HECHO QUE DIO ORIGEN A TAL INCUMPLIMIENTO Y QUE EL DEUDOR NO ACTÚE CON MALA FE.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DERECHO DE PETICIÓN, DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, MALA FE, DERECHO SOCIAL, CERTIFICADO DE NOTAS
Sentencia T-087 de febrero 15 de 2010
Ref.: Expediente T-2.398.888
Acción de Tutela instaurada por Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño contra el Centro Educativo Suazapawa - Nobsa.
En el proceso de revisión de la sentencia proferida el dos (2) de julio de dos mil nueve (2009), por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, la cual negó la acción de tutela incoada por Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño contra el Centro Educativo Suazapawa - Nobsa.
Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño demandaron ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales de petición y a la educación presuntamente vulnerados por el Centro Educativo Suazapawa - Nobsa, por cuanto el ente educativo no ha hecho entrega del diploma y acta de grado, así como del respectivo certificado de notas de los años lectivos que cursaron allí, debido a que sus padres se encuentran atravesando por una “crisis económica” que les ha impedido ponerse al día en el pago de los dineros que adeudan al colegio. De otro lado, advierten que presentaron ante la institución derecho de petición solicitando la entrega de los documentos, sin que para el momento de la presentación de la acción de tutela les hubieran dado respuesta alguna.
1.1.1.2. Sostienen que sus padres incumplieron con las obligaciones económicas asumidas frente al instituto porque estaban atravesando por una difícil situación económica.
1.1.1.3. Agregan que debido a esta situación, apenas cuentan con los recursos suficientes para suplir sus necesidades básicas, por lo cual no ha sido posible cancelar lo adeudado al centro educativo.
1.1.1.4. Por esta razón, indican que el colegio se niega a entregar el diploma y acta de grado junto a las correspondientes notas de los años que cursaron en dicha institución y, por ello, no han podido acceder a la educación superior.
1.1.1.5. Cuentan que el 17 de febrero de este año, presentaron derecho de petición ante la institución, en el que solicitaron la entrega de los documentos requeridos para seguir adelante con sus estudios superiores, pero que a la fecha de presentación de la acción de tutela no han recibido respuesta alguna.
1.1.1.6. Aseguran que actualmente no cuentan con los medios económicos para cancelar la obligación que tienen con el colegio. No obstante lo anterior, afirman que la imposibilidad de efectuar el pago, no autoriza a la institución educativa a vulnerar el derecho fundamental a la educación, y de otro lado, a obstaculizar la resolución de su situación militar.
1.1.1.7. Pues afirman, que su padre refrendó la deuda mediante un título valor, situación que hace que el colegio tenga la seguridad de que dicha obligación será cancelada.
1.2.1. Respuesta del Centro Educativo Suazapawa.
1.2.1.1. Manifiesta que el padre de los accionantes no se ha acercado a la institución para celebrar un acuerdo de pago. Por el contrario, en el año 2004 suscribió un acuerdo que fue incumplido en su totalidad. Luego, no existe ningún convenio que garantice a la institución que la obligación adeudada será cancelada.
1.2.1.2. Aduce que les ha planteado a los tutelantes la posibilidad de suscribir un acuerdo de pago serio con el centro educativo para acceder a la entrega de la documentación requerida.
1.2.1.3. De otro lado, comentan que uno de los actores, Néstor Andrés Carrillo Briceño, no cursó allí la totalidad de los grados académicos, y que la condición para que se realizara su matrícula en grado once se sujetó a la entrega del certificado que acreditara su promoción del grado décimo al grado undécimo y que a la fecha no lo ha allegado. Por tal razón, el colegio no puede efectuar la legalización del título de bachiller ni expedir la certificación del grado décimo.
1.2.1.4. Por último, sostienen que ya ha dado respuesta de fondo al derecho de petición elevado por los demandantes, tanto verbal como por escrito, por lo que debe entenderse que la vulneración al derecho de petición ya es un hecho superado.
1.3.4. Copia de la factura de venta de servicios número 26496, de fecha 19 de febrero de 2007, por concepto de abono a matrícula del mismo año.
1.3.5. Copia de la certificación suscrita por la pagadora de la Sociedad Creativa Boyacá Ltda. —Centro Educativo Suazapawa— el 4 de diciembre del año 2003, en la que indica los costos educativos adeudados durante los años 2002 y 2003 por los estudiantes David Ramiro y Néstor Andrés Carrillo Briceño.
1.3.6. Original del estado de cartera del saldo a capital que tienen pendientes los actores con el colegio Suazapawa. Al 18 de junio de 2009 la suma ascendía a $ 9.266.200.
Decisión de única instancia —Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa—
Además, se encuentra probado que los ex alumnos recibieron formación académica a pesar de encontrarse en mora con el centro educativo, pues obra prueba dentro del plenario que demuestra que el padre de los accionantes adeuda a la fecha la suma de $ 9.266.200.oo lo cual demuestra que se ha venido desatendiendo la obligación pecuniaria frente al servicio educativo brindado por el colegio.
3.2.1. La procedencia del ejercicio del derecho de petición ante particulares y el concepto del hecho superado —reiteración de jurisprudencia—.
3.2.1.1. Procedencia del ejercicio del derecho de petición ante particulares.
El derecho de petición ha sido concebido como uno de los pilares básicos para el desarrollo de la democracia participativa(1). Dicha garantía está contemplada en el artículo 23 de la Constitución Política y la consagra como un derecho constitucional fundamental(2). Pues, con ella se persigue que todo ciudadano pueda dirigirse ante las autoridades para elevar solicitudes respetuosas en razón de un interés público o particular, y obtener de ellas una respuesta idónea, eficaz y coherente.
A su vez, abundante jurisprudencia ha fijado el contenido y alcance del derecho de petición, señalando que este consiste en una respuesta pronta, oportuna y de fondo a la solicitud o información requerida, pues de lo contrario se tornaría ineficaz(3). Sobre el particular esta corporación ha fijado reiteradamente el contenido del derecho de petición, así:
g) En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6º del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes...”(4).
También queda claro que, si bien el derecho de petición en principio solo habilita al ciudadano para dirigir sus solicitudes ante las autoridades, por excepción, la misma Carta faculta al legislador para reglamentar los casos en los cuales puede ejercerse ante particulares. Y como ya se citó precedentemente, si el derecho de petición se dirige contra un particular que presta un servicio público, como lo es la educación, este opera como si se dirigiera ante la administración y le es aplicable en toda su extensión el contenido del artículo 23 de la Constitución Política.
3.2.1.2. Hecho superado.
La Corte ha entendido por hecho superado la situación que se presenta cuando, durante el trámite de la acción de tutela o de su revisión en esta Corte, sobreviene la ocurrencia de hechos que demuestran que la vulneración de los derechos fundamentales, en principio informada a través de la instauración de la acción de tutela, ha cesado(5).
“Esta corporación, al interpretar el contenido y alcance del artículo 86 de la Constitución Política, en forma reiterada ha señalado que el objetivo de la acción de tutela se circunscribe a la protección inmediata y actual de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos expresamente consagrados en la ley”.
“Así las cosas, se tiene que el propósito de la tutela, como lo establece el mencionado artículo, es que el juez constitucional, de manera expedita, administre justicia en el caso concreto, profiriendo las órdenes que considere pertinentes a la autoridad pública o al particular que con sus acciones han amenazado o vulnerado derechos fundamentales y procurar así la defensa actual y cierta de los mismos”.
“No obstante, cuando la situación de hecho que causa la supuesta amenaza o vulneración del derecho alegado desaparece o se encuentra superada, la acción de tutela pierde toda razón de ser como mecanismo más apropiado y expedito de protección judicial, por cuanto a que la decisión que pudiese adoptar el juez respecto del caso concreto resultaría a todas luces inocua, y por consiguiente contraria al objetivo constitucionalmente previsto para esta acción”(6).
... Esta posición ha sido reiterada en múltiples oportunidades por las distintas salas de revisión de esta Corte. Al respecto, se pueden examinar las sentencias T-093 de 2005, T-137 de 2005, T-753 de 2005, T-760 de 2005, T-780 de 2005, T-096 de 2006, T-442 de 2006, T-431 de 2007, proferidas por distintas salas de revisión de tutelas de esta corporación, entre muchas otras, en donde se ha expuesto de manera puntual el concepto del hecho superado y la aplicación a cada caso concreto(7).
3.2.2. El derecho a la educación —reiteración de jurisprudencia—.
3.2.2.1.1. Los derechos sociales como derechos de mera prestación.
3.2.2.1.2. La figura de la conexidad.
No obstante lo anterior, el juez constitucional dio un giro en la interpretación de los derechos sociales y señaló que estos eran objeto de protección por vía de amparo constitucional pero solo en aquellos eventos en los cuales existiera conexidad con un derecho iusfundamental. En consecuencia, se concluyó que cuando se demostrara que con la vulneración del derecho social, económico y cultural se quebrantaba un derecho fundamental procedía la acción de tutela.
3.2.2.1.3. Reconocimiento del carácter iusfundamental del que gozan los derechos sociales, económicos y culturales en casos concretos.
Acerca del carácter iusfundamental de los derechos económicos, sociales y culturales, en la Sentencia T-016 del 22 de enero de 2007(8) se estableció que:
“En estos términos, la faceta prestacional del derecho a la vivienda digna podrá dar origen por vía de transmutación a distintos derechos subjetivos concebidos en el marco de políticas públicas, las cuales a su vez, deberán idear mecanismos idóneos para asegurar la exigibilidad de tales derechos. Lo anterior no obsta para que en aquellas hipótesis en la cuales tales mecanismos de protección no existan o no puedan ser considerados eficaces en relación con el amparo del derecho fundamental a la vivienda digna en el caso concreto, el juez de tutela goce de plena competencia para adoptar las medidas que se requieran de cara a la garantía efectiva del mismo”.
3.2.2.2. El derecho a la educación en la jurisprudencia constitucional.
A su vez, en la Sentencia T-002 de 1992 (M.P. Ciro Angarita Barón), la Corte precisó que la educación es un derecho fundamental dada la finalidad que cumple en el acceso al conocimiento y a los demás bienes y valores de la cultura, los cuales son consustanciales al desarrollo del ser humano e inherentes a su naturaleza y a su dignidad(9). Bajo tales supuestos, el derecho a la educación goza de una proyección múltiple: es un derecho fundamental (T-002/92)(10); es un derecho prestacional —como servicio público que requiere desarrollo legal, apropiación de recursos y de la ejecución de procesos programáticos—, y a la vez es un derecho-deber, que según la jurisprudencia, exige el cumplimiento de obligaciones académicas y disciplinarias por parte de los educandos(11).
También se erige como un presupuesto básico para el ejercicio de otros derechos como la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad(12) o la igualdad, al favorecer la eficacia del mandato del artículo 13 superior, en el sentido de promover la igualdad de oportunidades(13). A la par, cuenta con una faceta vinculada a otros derechos fundamentales, como ocurre con la libertad de cátedra, de aprendizaje, de enseñanza y de investigación (C.N., art. 27), que autorizan a los particulares fundar centros docentes, dirigirlos, elegir profesores y fijar un ideario acorde con su plan educativo institucional (C.N., art. 68)(14).
— Siguiendo el mandato del artículo 67 superior, la educación es además, un servicio público inherente a la finalidad social del Estado, que debe someterse al régimen jurídico que establece la ley (C.N., art. 365). En este sentido, le corresponde al Estado regular y ejercer la inspección y vigilancia de la educación pública y privada, con el fin de velar por su calidad y por el cumplimiento de sus fines, así como garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar las condiciones necesarias para el acceso y permanencia de los menores en el sistema educativo(15). Como servicio, en consecuencia, la educación puede ser prestada por el Estado, directa o indirectamente, o por comunidades organizadas o por particulares, pero siempre bajo la supervisión y control de la administración.
— Con todo, en materia del ejercicio del derecho fundamental a la educación, la jurisprudencia ha reconocido que el Estado tiene por determinación constitucional la obligación de garantizarla en un rango de edad y en un nivel educativo determinados. En efecto, debe adoptar las medidas necesarias que le permitan hacer realidad el mandato del artículo 67 superior, según el cual, la educación es obligatoria y gratuita en las instituciones del Estado —sin perjuicio del cobro de derechos académicos—, entre los cinco y los quince años de edad y comprenderá como mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica(16).
Ahora bien, más allá del límite de los 9 años de educación básica, la jurisprudencia ha considerado que no desaparece la obligación constitucional de garantizar para los menores de edad la culminación de sus compromisos académicos básicos, dado que, conforme a una interpretación sistemática de los artículos 44 y 67 de la Constitución(17) y en atención al principio de interpretación pro infans (art. 44), la garantía de protección de los derechos de los niños es vinculante(18) constitucionalmente.
En ese sentido, un análisis restrictivo de los criterios descritos en el artículo 67 superior, excluiría injustificadamente del sistema educativo a menores que no pudieron terminar su educación básica al cumplir los 15 años, en desconocimiento de los derechos de los niños(19) que se predican de todas las personas menores de 18 años de edad(20). Por esta razón, ha concluido esta corporación, que el amparo constitucional del derecho fundamental a la educación, se limita(21) especialmente a los menores de edad (C.N., arts. 44, 67 y 356), dada su debilidad manifiesta, la especial protección constitucional que emana de la Carta en cuanto a su formación y desarrollo, y la prevalencia de sus derechos frente a los de los demás.
Recuerda la Sala, sin embargo, que esta corporación ha precisado también, que no obstante los grados de instrucción que el Estado está en la obligación de garantizar —un grado de educación preescolar y nueve años de educación básica—, constituyen el contenido mínimo del derecho al acceso y permanencia en el sistema educativo que se le exigen al Estado(22), nuestro país también ha adquirido el compromiso internacional de ir ampliando progresivamente estos niveles, por lo que es posible que gradualmente y hacia el futuro, se pueda ir extendiendo la cobertura del sistema a nuevos grados de preescolar, secundaria y educación superior.
— Empero, lo anterior, no supone que la protección del derecho a la educación en la Carta se restrinja a su etapa básica y se desconozca la protección del derecho en niveles de educación superior (pregrado y postgrado)(23). Lo que ocurre, es que dado que la Constitución Política señala como una obligación la prestación de la educación básica por parte del Estado para los menores de edad, en el caso de los mayores, el derecho al acceso a la educación como obligación de la administración, deja de ser fundamental y adquiere un carácter esencialmente prestacional y programático(24), salvo que se trate de personas con discapacidad(25). (26).
3.2.2.2.1. El derecho a la educación goza del carácter iusfundamental.
“[i]ndudable que el derecho a la educación pertenece a la categoría de los derechos fundamentales, pues, su núcleo esencial, comporta un factor de desarrollo individual y social con cuyo ejercicio se materializa el desarrollo pleno del ser humano en todas sus potencialidades. Esta corporación, también ha estimado que este derecho constituye un medio para que el individuo se integre efectiva y eficazmente a la sociedad; de allí su especial categoría que lo hace parte de los derechos esenciales de las personas en la medida en que el conocimiento es inherente a la naturaleza humana. La educación está implícita como una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del hombre. La educación, además, realiza el valor y principio material de la igualdad que se encuentra consignado en el preámbulo y en los artículos 5º, 13, 68 y 69 de la Constitución Nacional. En este orden de ideas, en la medida en que la persona tenga igualdad de probabilidades educativas, tendrá igualdad de oportunidades en la vida para efecto de realizarse como persona”(27). (28).
‘Por su parte, el artículo 366 de la Constitución prevé que es un objetivo fundamental del Estado la solución de las necesidades insatisfechas en materia de educación.
a) Cuando se trate de garantizar el derecho a la educación de la niñez, toda vez que de conformidad con el artículo 44 de la Constitución los derechos de los niños son fundamentales(29).
b) Cuando la amenaza o vulneración del derecho a la educación, amenaza o vulnera otro derecho de carácter fundamental, como la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, el debido proceso, etc.(30).
De otra parte, el carácter fundamental reconocido al derecho a la educación no deriva solamente del desarrollo jurisprudencial sino que hace parte, entre otros, de los compromisos internacionales que ha adquirido Colombia a través del pacto de derechos económicos, sociales y culturales(31), la Convención sobre derechos del niño, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, entre otros.
Asimismo, la comunidad internacional reunida en Viena en 1993, durante la segunda conferencia mundial de derechos humanos aprobó una declaración conjunta de reconocimiento a la integralidad de los derechos inalienables de la persona, en su triple dimensión de universales, indivisibles e interdependientes’(32).
“Así, ha sido reiterado por esta corporación que es una violación del derecho a la educación, la negativa de entregar documentos que son resultado de una labor académica para asegurar el cumplimiento del contrato de prestación de servicios educativos(33). Lo anterior, por cuanto los diplomas, calificaciones, certificados y demás documentos que acrediten el desempeño de una labor académica, son fundamentales para demostrar el cumplimiento de los logros obtenidos y poder acreditarlos a quienes lo soliciten.
Así las cosas, cuando el derecho de las entidades educativas a obtener el pago de los créditos que obren a su favor por concepto de matrículas y pensiones entra en conflicto con el derecho a la educación, debe prevalecer este toda vez que no es admisible que un interés meramente económico sacrifique irrazonablemente las finalidades que persigue la relación enseñanza-aprendizaje”.
3.2.3.Tensión entre el derecho a la educación y el derecho de la institución a obtener una contraprestación económica por el servicio prestado.
‘En efecto, los parámetros que se deben evaluar al analizar la posibilidad de prosperidad de una acción de tutela en la que se solicite la protección del derecho a la educación cuando los documentos que acreditan el desempeño de funciones académicas han sido retenidos por la institución educativa debido a la ausencia de pago, fueron fijados en la Sentencia SU-624 de 1999 y son los siguientes(34):
“1. El surgimiento de un hecho durante el año lectivo que afecte económicamente los proveedores de la familia (pérdida del empleo, enfermedad grave, quiebra de la empresa, etc.) y que haga razonable la mora en el pago de los costos de la educación, caso en el cual el solicitante de la tutela debe aclarar y probar al juez tal circunstancia y su actuación dirigida a buscar los medios para cancelar lo debido y,
“2. Que no exista un aprovechamiento grave y escandaloso de la jurisprudencia constitucional que protege el derecho a la educación en tales circunstancias, es decir, que no se invoque la protección de un derecho teniendo como base la mala fe del deudor que aún contando con los recursos para cancelar su deuda se hace renuente al pago”’(35).
Los actores instauraron acción de tutela en contra del centro educativo Suazapawa - Nobsa al considerar que les están siendo vulnerados sus derechos fundamentales de petición y a la educación. Aducen que el instituto se niega a hacerles entrega de su diploma y acta de grado junto a las certificaciones de los años allí cursados por encontrarse en mora, y que el colegio al momento de la presentación de la acción de tutela no había dado respuesta al derecho de petición.
4.1. Frente al derecho de petición.
Ahora bien, aunque es ostensible que el centro educativo excedió el tiempo establecido por la jurisprudencia y la ley para dar respuesta al derecho de petición, se observa que, una vez la institución fue notificada del trámite de la acción de tutela en primera instancia, esta procedió a dar respuesta de fondo a cada una de las solicitudes planteadas por los interesados.
Adviértase, que el instituto educativo explica a los petentes las razones por las cuales no ha procedido a hacer la entrega de la documentación requerida. En primer lugar, aduce la inexistencia de un acuerdo de pago serio que garantice a la institución la cancelación del dinero adeudado por los servicios educativos ofrecidos, y en segundo lugar, aduce que Néstor Andrés Carrillo Briceño debe allegar constancia en donde se indique que superó satisfactoriamente el grado décimo, pues su matrícula para el grado once se supedito al compromiso del estudiante de allegar posteriormente dicho documento, lo cual no ha acontecido a la fecha.
Es decir, que estamos frente al fenómeno del hecho superado. En consecuencia, el amparo deprecado se torna improcedente, al no existir daño o amenaza del derecho fundamental invocado o la existencia de un perjuicio irremediable.
4.2. Frente al derecho a la educación.
Nuestros padres no pudieron cumplir con las obligaciones económicas que tenían con esta institución, por cuanto se encuentran en una grave crisis que les impidió pagar la totalidad de los dineros adeudados...
1. REVOCAR la Sentencia del dos (2) de julio de 2009, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Nobsa, y en su lugar CONCEDER el amparo al derecho fundamental a la educación de Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
2. En su lugar, ORDENAR al Centro educativo Suazapawa - Nobsa que en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de la presente sentencia, entregue a Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño los certificados de estudio, el acta y/o el diploma de grado de los años cursados en la referida institución.
3. ORDENAR que Néstor Andrés y David Ramiro Carrillo Briceño y el representante legal del Centro Educativo Suazapawa - Nobsa, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de esta sentencia, acuerden una forma de pago de la deuda pendiente, en consideración a la capacidad económica de los deudores.
4. ORDENAR al Centro Educativo Suazapawa - Nobsa que una vez celebrado el acuerdo de pago, los certificados de estudio y el acta de grado o el diploma que acreditan como bachiller a David Julián Carrillo Briceño, le sean entregados al actor en el término de 48 horas contados a partir del vencimiento del término señalado en el numeral anterior.
5. ORDENAR al Centro Educativo Suazapawa - Nobsa que una vez celebrado el acuerdo de pago, los certificados de estudio de David Julián Carrillo Briceño, le sean entregados al actor en el término de 48 horas contados a partir del vencimiento del término señalado en el numeral anterior. Del mismo modo, le entregará el acta de grado o el diploma que lo acredita como bachiller una vez el tutelante entregue la documentación que certifique su promoción del grado décimo al grado once, condición a la que se sujetó su matrícula para el último grado de bachillerato en dicho centro educativo.
6. PREVENIR al ente demandado para que los documentos a los que se refiere los numerales CUARTO y QUINTO que les sean entregados a los actores no contengan anotaciones u observaciones que hagan alusión a la deuda pendiente o a la manera en la cual fue obtenida la documentación.
7. Para los efectos de lo dispuesto por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
(1) Ver entre otras, las sentencias T-377 del 3 de abril de 2000 y T-596 del 1º de agosto de 2002.
(2) Artículo 23 de la Constitución Política: toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.
(3) Corte Constitucional, Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(4) Corte Constitucional, Sentencia T-377 del 3 de abril de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(5) “Al respecto se pueden consultar las sentencias T-307 de 1999, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-488 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-630 de 2005, Manuel José Cepeda, entre muchas otras”.
(6) “Sentencia T-308 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(7) Corte Constitucional, Sentencia T-1130 del 13 de noviembre de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(8) Corte Constitucional, Sentencia T-016 del 22 de enero de 2007, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
(9) “Corte Constitucional. Sentencias T-1677 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz y T-295 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(10) “Ver además, las sentencias T-423 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara y T-1336 de 2001, M.P. Jaime Araújo Rentería. No obstante que la Corte en materia de la determinación de la naturaleza fundamental de los derechos ha oscilado entre diferentes posturas que van desde la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación inmediata hasta la concepción de que son aquellos de carácter esencial e inalienable para la persona, en su jurisprudencia ha considerado que el derecho a la educación goza de naturaleza fundamental, porque, como lo explicó en la providencia T-321 de 2007, M.P. Rodrigo Escobar Gil, existe una íntima relación de ese derecho ‘con la dignidad humana, en su dimensión de autonomía individual comoquiera que su ejercicio comporta la elección de un proyecto de vida, a la vez que permite materializar otros valores, principios y derechos inherentes al ser humano’”.
(11) “Ver además, entre otras, las sentencias T-772 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.
(12) “Ver las sentencias T-689 de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil y T-780 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis”.
(13) “Cfr. las sentencias T-787 de 2006 y T-1030 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, así como la Sentencia T-396 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.
(14) “Corte Constitucional. Sentencia T-772 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero. También puede consultarse la Sentencia T-396 de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra”.
(15) “Ver la Sentencia T-421 de 1992 y la Providencia T-772 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero”.
(16) “Corte Constitucional. Sentencia T-295 del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(17) “Corte Constitucional. Sentencias T-1704 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero y T-295 del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(18) “Corte Constitucional. Sentencia T-1030 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. En esta sentencia la Corte abordó el caso de una menor de 5 años, a quien no le fue permitido el ingreso a clases en el jardín infantil en el que se encontraba matriculada, debido a que su madre adeudaba tres quincenas de pensión. Por esta razón, la madre, en representación de la menor, interpuso acción de tutela contra el jardín. El jardín aducía que la imposibilidad de suspender la prestación del servicio de educación cuando hay mora en las mensualidades, solo era oponible en el caso de niños de 5 años en adelante, que son a quienes protege la Constitución. El amparo fue negado en única instancia porque el juez consideró que la Constitución solo prevé como obligatorio, un año de educación preescolar, esto es, transición, y solo para niños de 5 años en adelante. Así las cosas, estimó que el derecho invocado no era un derecho fundamental de la menor. La corporación concedió la tutela, porque estimó que no era admisible la interpretación del juez de instancia, según la cual, solo es obligatorio el grado de transición. A juicio de la Corte, dicha interpretación transformaba en rígido un criterio que la propia Carta establecía como flexible”.
(19) “Corte Constitucional. Sentencia T-1030 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Ver también Sentencia T-323 de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz”.
(20) “La Ley de Infancia, Ley 1098 de 2006, en su artículo 3º reconoce claramente que son titulares de los derechos de los niños, las personas menores de 18 años”.
(21) “Corte Constitucional. Sentencia T-295 del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(22) “Corte Constitucional. Sentencia T-295 del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(23) “Al respecto, es preciso mencionar que la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos ha garantizado el derecho a la educación de carácter superior. Al respecto pueden revisarse entre otras, las sentencias T-483 de 2004, T-1128 de 2004, T-920 de 2003, T-380 de 2003, T-395 de 1997 y T-172 de 1993”.
(24) “Corte Constitucional. Sentencia T-295 del 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil”.
(25) “Cfr. entre otras, la Sentencia T-487 de 2007, M.P. Humberto Sierra Porto.”
(26) Corte Constitucional, Sentencia T-192 del 27 de febrero de 2008, M.P. Mauricio González Cuervo.
(27) “Sentencia T-1677 de 2000, M.P. Fabio Morón Díaz”.
(28) Corte Constitucional, Sentencia T-396 del 29 de abril de 2004, M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
(29) “Sobre fundamentalidad del derecho a la educación de la niñez pueden consultarse las sentencias T-353 de 2001, T-1017 de 2000, T-202 de 2000 y T-050 de 1999”.
(30) “La conexidad entre el derecho a la educación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra analizada en la Sentencia T-780 de 1999”.
(31) “Artículos 13 y 14 del pacto”.
(32) Corte Constitucional, Sentencia T-1227 del 28 de noviembre de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería.
(33) “Ver sentencias T-280 de 2000, T-038 de 2002, T-370 de 2003, T-135 de 2004 y T-209 de 2005”.
(34) “Sobre la aplicación de los parámetros para proteger el derecho a la educación pueden verse las sentencias T-209 de 2005, T-989A de 2005, T-764 de 2001”.
(35) “Corte Constitucional, Sentencia T-1227 del 28 de noviembre de 2005, M.P. Jaime Araújo Rentería”.

References: resolución 
 artículo 23
 artículo 6
 artículo 23
 artículo 86
 artículo 13
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 67
 artículo 366
 artículo 44
 artículo 36
 Artículo 23
 artículo 3