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Timestamp: 2019-09-16 16:08:12+00:00

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TÍTULO XII: RÉGIMEN DISCIPLINARIO
1.- Los colegiados incurrirán en responsabilidad disciplinaria en los supuestos y circunstancias establecidos en estos estatutos.
2.- El régimen disciplinario establecido en estos estatutos se entiende sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier otro orden en que los colegiados puedan incurrir.
3.- No podrán imponerse sanciones disciplinarias sino en virtud de expediente instruido al efecto, con arreglo al procedimiento establecido en el presente capítulo. No obstante, no será preceptiva la previa instrucción de expediente para la imposición de sanciones motivadas por la comisión de faltas calificadas de leves, previa audiencia del interesado.
4.- La potestad sancionadora corresponde a la Junta Directiva del Colegio Oficial de Médicos de la Provincia de A Coruña. No obstante, el enjuiciamiento y sanción de las faltas cometidas por los miembros de la Junta Directiva serán competencia del Consejo Gallego.
5.- Los acuerdos sancionadores serán inmediatamente ejecutivos, sin perjuicio de los recursos que procedan. No obstante, en el caso de que dicha ejecución pudiese ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación, el organismo sancionador podrá acordar de oficio, o a instancia de parte, la suspensión de ejecución de acuerdo recurrido.
6.- El Colegio dará cuenta inmediata al Consejo Gallego de Colegios Médicos y al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de todas las sanciones que imponga por faltas graves o muy graves, con remisión de un extracto del expediente.
7.- Las sociedades profesionales inscritas en el Registro del Colegio quedan, asimismo, sometidas al régimen disciplinario regulado en este título.
Artículo 71. Faltas disciplinarias.
a) No corresponder a la solicitud de certificación o información derivada de la asistencia, en los términos éticos, cuando ello suponga un perjuicio para el enfermo.
b) El abuso manifiesto en los honorarios.
c) La desatención respecto a los requisitos o peticiones de informe solicitados por el Colegio que, además, lleve aparejado un perjuicio o daño a la institución o a terceras personas.
d) La indisciplina deliberadamente rebelde frente a los órganos de gobierno colegiales y, en general, la falta grave del respeto debido a aquéllos.
e) Los actos y omisiones que atenten contra la moral, decoro, dignidad, prestigio y honorabilidad de la profesión, o sean contrarios al respeto debido a los colegiados.
f) La infracción grave del secreto profesional, por culpa o negligencia, con perjuicio para terceros.
g) El incumplimiento de las normas sobre restricción de estupefacientes y la explotación de toxicomanías.
h) El ejercer o haber ejercido sin estar colegiado.
i) El incumplimiento de las funciones como miembro de órgano instructor de procedimientos disciplinarios.
j) La negativa a inscribir en el Registro del Colegio, una sociedad profesional de la que se es socio profesional.
k) La actuación como socio profesional en una sociedad profesional cuando se incurra en causa de incompatibilidad o inhabilitación.
l) La constitución de una sociedad profesional con incumplimiento de los requisitos exigidos en la legislación vigente.
m) La actuación de la sociedad profesional con incumplimiento del ordenamiento profesional y deontológico.
n) La reiteración de las faltas leves durante el año siguiente a su sanción.
a) La emisión de informes o expedición de certificados con falta a la verdad.
b) Atribuirse una competencia o título que no se posee.
c) Cualquier conducta constitutiva de delito doloso en materia profesional.
d) La violación dolosa del secreto profesional.
e) El atentado contra la dignidad de las personas con ocasión del ejercicio profesional.
f) La desatención, maliciosa o intencionada, de los enfermos.
g) La emisión de informes o expedición de certificados faltando a la verdad.
h) Atribuirse una competencia o título que no se posea.
i) La reiteración de las faltas graves durante los dos años siguientes a su sanción.
5.- El incumplimiento de los deberes establecidos en el artículo 56 de estos estatutos, la incursión en cualquiera de las prohibiciones señaladas en el artículo 57, o el incumplimiento de las normas del Código Deontológico, que no estén especificados en los números 1, 2 y 3, serán calificados por similitud a los incluidos en los números citados de este artículo.
Será oída la Comisión Deontológica, en todo caso, antes de imponerse cualquier sanción.
e) Sanción económica hasta 6000 €.
2.- Las faltas leves serán sancionadas con amonestación privada y/o multa, o apercibimiento por oficio y/o multa. Estas sanciones serán impuestas por acuerdo de la Junta Directiva.
3.- La comisión de falta calificada de grave se sancionará con suspensión del ejercicio profesional por tiempo inferior a un año y/o multa.
4.- La comisión de falta calificada como muy grave se sancionará con suspensión del ejercicio profesional por tiempo superior a un año e inferior a dos y/o multa.
5.- La sanción de expulsión del Colegio llevará aparejada la inhabilitación para incorporarse a cualquier otro mientras no sea expresamente autorizado por el Consejo Gallego. Esta sanción solamente podrá imponerse por la reiteración de faltas muy graves, y el acuerdo que determine su imposición deberá ser adoptado por el Pleno de la Junta Directiva, con la asistencia de las dos terceras partes de los miembros correspondientes del mismo, y la conformidad de la mitad de quienes lo integran.
El cobro de la sanción que consista en multa será efectivo mediante requerimiento al sancionado, concediéndole un plazo de treinta días para hacer efectivo su importe. Transcurrido éste, el presidente del Colegio, previo acuerdo de la Comisión Permanente, instará el procedimiento judicial correspondiente para obtener el pago adeudado incrementado con los intereses correspondientes. En todo caso, el importe de la sanción podrá ser deducido del abono que por cualquier concepto tenga que percibir del Colegio.
6.- Para la imposición de sanciones, deberá el Colegio graduar la responsabilidad del inculpado en relación con la naturaleza de la infracción cometida, trascendencia de ésta y demás circunstancias modificativas de la responsabilidad, teniendo potestad para imponer la sanción adecuada, si fuese más de una la que se establezca para cada tipo de faltas.
7.- En caso de sanción por falta muy grave que afecta al interés general, se podrá dar publicidad en la prensa colegial.
1.- La responsabilidad disciplinaria se extinguirá:
d) Por prescripción de las sanciones o por acuerdo del Colegio, ratificado por el Consejo Gallego.
2.- Las anotaciones de sanciones serán canceladas definitivamente siempre que, una vez cumplida la sanción, lo colegiados observen buena conducta después de transcurrido un año para las leves, tres años para las graves y cinco años para las muy graves.
3.- Las faltas prescriben una vez transcurrido un año desde su comisión sin haberse decretado la incoación del oportuno expediente, salvo las que constituyan delito, que tendrán el mismo plazo de prescripción que éste si fuese mayor de un año.
Las faltas leves serán corregidas por el presidente del Colegio, por acuerdo de la Junta Directiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 72.2.
La sanción de las restantes faltas será de la competencia de la Junta Directiva, previa instrucción de un expediente disciplinario y conforme al procedimiento que se regula en el artículo siguiente.
En el caso de presuntas faltas cometidas por colegiados de otras provincias, el expediente se tramitará y resolverá en el Colegio donde se ha cometido la misma, comunicándolo al de su procedencia, a través del Consejo General y del Consejo autonómico respectivo.
Las funciones disciplinarias con respecto a los miembros de la juntas directivas de los colegios corresponden al Consejo Gallego.
1.- El procedimiento se iniciará de oficio o a instancia de parte, siempre mediante acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o por denuncia.
2.- La Junta Directiva del Colegio, al tener conocimiento de una supuesta infracción, podrá decidir la instrucción de una información previa antes de acordar la incoación de expediente o, en su caso, el archivo de las actuaciones, bien sin imposición de sanción por sobreseimiento o bien la de alguna de las previstas para corregir faltas leves.
3.- Decidido el procedimiento, el órgano que acordó su iniciación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiese recaer, si existiesen elementos de juicio suficientes para ello. No se podrán tomar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables a los interesados, o bien que impliquen la violación de derechos amparados por las leyes.
4.- La Junta Directiva, al acordar la incoación del expediente, designará como instructor a uno de sus miembros o a otro colegiado. El designado deberá tener mayor antigüedad en el ejercicio profesional que el expedientado o, en su defecto, al menos diez años de colegiación. Se podrá también designar secretario o autorizar al instructor para nombrarlo entre los colegiados.
5.- Serán de aplicación al instructor y al secretario las normas de abstención y recusación de los artículos 28 y 29 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
6.- El expedientado puede nombrar a un colegiado para que actúe de defensor u hombre bueno, lo que le será dado a conocer, disponiendo de un plazo de diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación, para comunicar a la Junta Directiva el citado nombramiento, debiendo acompañar la aceptación del mismo por parte del interesado. El defensor asistirá a todas las diligencias propuestas por el instructor y podrá proponer la práctica de otras en nombre de su defendido.
8.- Compete al instructor disponer la aportación de los antecedentes que estime necesarios y ordenar la práctica de cuantas pruebas y actuaciones conduzcan al esclarecimiento de los hechos o a determinar las responsabilidades susceptibles de sanción.
9.- El instructor formulará pliego de cargos, que será redactado de modo claro y preciso incluyendo los hechos imputados al inculpado en párrafos separados y numerados, no siendo necesario expresar en ese momento la falta o faltas presuntamente cometidas y las sanciones que pudiesen ser de aplicación. El pliego de cargos se notificará al inculpado, concediéndole un plazo no inferior a diez días ni superior a quince para que pueda contestarlo con las alegaciones que considere y la proposición de pruebas que estime oportunas.
Contestado el pliego de cargos, o transcurrido el referido plazo, el instructor admitirá o rechazará las pruebas propuestas, acordará la práctica de las admitidas y cuantas otras actuaciones considere eficaces para el mejor conocimiento de los hechos.
10.- Terminadas las actuaciones, el instructor, dentro del plazo máximo de seis meses desde la fecha de incoación, formulará propuesta de resolución en la que se fijarán con precisión los hechos, hará valoración de los mismos para determinar la falta que considere cometida, precisará la responsabilidad del inculpado y, en su caso, la sanción a imponer.
La propuesta de resolución se notificará al inculpado para que en el plazo de diez días, con vista del expediente, pueda alegar cuanto considere oportuno en su defensa.
11.- Remitidas así las actuaciones a la Junta Directiva del Colegio inmediatamente después de recibido el escrito de alegaciones presentado por el expedientado, o de transcurrido el plazo para hacerlo, aquélla resolverá el expediente en la primera sesión que celebre, oyendo previamente al asesor jurídico del Colegio, si lo hubiere, y a la Comisión de Ética y Deontología, y se notificará la resolución al interesado en sus términos literales.
12.- La Junta Directiva del Colegio podrá devolver el expediente al instructor para la práctica de aquellas diligencias que, habiendo sido omitidas, resulten imprescindibles para la decisión. En tal caso, antes de remitir de nuevo el expediente a la Junta Directiva, se dará vista de lo actuado al inculpado a fin de que en el plazo de ocho días alegue cuanto estime conveniente.
13.- La resolución por la que se ponga fin al expediente sancionador habrá de ser motivada, y en ella no se podrán aceptar hechos o fundamentos de los mismos distintos de los que sirvieron de base al pliego de cargos y a la propuesta de resolución, sin perjuicio de su distinta valoración.
14.- Contra la resolución que ponga fin al expediente podrá el interesado interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes, ante el Consejo Gallego de Colegios de Médicos.
15.- Contra la resolución dictada por el Consejo Gallego de Colegios de Médicos podrá el interesado recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

References: Artículo 71
 artículo 56
 artículo 57
 artículo 72
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