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Timestamp: 2014-03-09 17:53:07+00:00

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0611/2013 - Revista Boliviana de Derecho, Fundación Iuris Tantum
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Acción de libertad:
Expediente:02815-2013-06-AL
En revisión la Resolución 02/2013 de 8 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 25, pronunciada dentro la acción de libertad interpuesta por Boris Ríos Lijeròn contra Orlando Enrique Vargas, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal del departamento de Cochabamba.
Por memorial presentado el 7 de febrero de 2013, cursante de fs. 4 a 5, el accionante expone lo siguiente:
El 29 de diciembre de 2012, se llevó cabo la audiencia de consideración de cesación a su detención preventiva, no estando de acuerdo con dicha resolución, interpuso recurso de apelación dentro del plazo establecido por el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que señala las actuaciones procesales deben ser remitidos ante el superior en grado en el plazo de veinticuatro horas; no obstante, el acta de audiencia de cesación aún no fue transcrito y al presente ya pasó más de un mes sin que se cumpla la disposición legal referida, por lo que se encuentra indebidamente procesado, al haberse incumplido los plazos procesales que señala la ley.
La jurisprudencia constitucional, en varias resoluciones de las acciones relacionadas con la libertad, aluden que ésta no puede ser restringida ni suprimida en forma arbitraria, lo contrario significaría prolongar indebidamente la detención e incurrir en un procesamiento indebido; en el presente caso se incumple el principio de legalidad y celeridad, como señalan la SC 0900/2010-R de 10 de agosto y la SCP 0286/2012 de 6 de junio, que son vinculantes al caso en análisis.
El accionante alega que se está vulnerando su derecho al debido proceso, y los principios de legalidad y celeridad, citando al efecto los arts. 22, 109, 110, 115, 119, 125, 178.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se restablezca el debido proceso, ya que el derecho a la libertad no puede ser restringido en forma arbitraria, al no haberse remitido el legajo del recurso de apelación al tribunal ad quem.
En la audiencia pública celebrada el 18 de diciembre de 2012, según consta en acta cursante de fs. 114 a 119, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado del accionante, ratificó los términos de la acción de libertad.
Orlando Enrique Vargas, Juez Quinto de Instrucción en lo Penal, mediante memorial cursante a fs. 12 y vta., informó que debido al exceso de carga procesal le es humanamente imposible cumplir con los actuados procesales dentro de los plazos establecidos por ley, con relación a los señalamientos de audiencia, entrega de testimonios, resolución de incidentes y excepciones que interponen las partes; en ese sentido, en ningún momento se vulneró derechos y garantías del accionante, por cuanto fue providenciado oportunamente los memoriales y concedió el recurso de apelación, haciendo notar que su despacho no cuenta con la central de notificaciones por tratarse de juzgado liquidador, aspectos que se evidencian por las pruebas que adjunta, solicitando en definitiva se deniegue la tutela.
El Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 02/2013 de 8 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 25, concediendo la tutela solicitada, disponiendo la remisión de actuados en el día y con las formalidades de ley ante el superior en grado, con los siguientes fundamentos: a) Siendo considerado el principio de legalidad y de celeridad como rector, contralor e instrumento de pronto cumplimiento que respalda la credibilidad de una justicia transparente, debe cumplirse oportunamente; b) Al no haberse remitido la apelación interpuesta de conformidad al art. 251 del CPP, se vulneró el principio de inmediatez y celeridad, que perjudica llevar a cabo el proceso en un debido proceso; c), La detención preventiva no tiene la finalidad de una condena prematura, por cuanto la presunción de inocencia, sólo es desvirtuada ante un fallo condenatorio con calidad de cosa juzgada, por ello su imposición como medida precautoria está sujeta a reglas, como también su cesación; y, d) La autoridad demandada debió tomar las providencias necesarias para que el recurso de apelación sea remitido ante el superior en grado en tiempo y forma oportuna, como establece la jurisprudencia constitucional, que han dejado plenamente establecido que cuando se trate de personas recluidas que hayan interpuesto el recurso de apelación sobre medidas cautelares, estas deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas al superior en grado.
Efectuada la revisión y compulsa de los antecedentes se llega a las siguientes conclusiones:
II.1.El 28 de diciembre de 2012, Boris Ríos Lijerón, en virtud del art. 251 del CPP, interpuso recurso de apelación contra la resolución que rechazó la cesación a la detención preventiva, llevada a cabo el 27 del mes y año, señalado por la autoridad demandada (fs. 2).
II.2.El 15 de enero de 2013, el accionante solicitó la remisión del recurso de apelación interpuesta ante el tribunal ad quem, señalando que se dé cumplimiento dentro el plazo de veinticuatro horas establecido en la ley, ya que hasta la fecha ni siquiera existe el acta de audiencia de cesación a la detención preventiva que se llevó a efecto (fs. 3).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO El accionante señala que se vulneró su derecho al debido proceso, a la defensa, y los principio de legalidad y celeridad, por cuanto habiéndose planteado el recurso de apelación contra la Resolución de 27 de diciembre de 2012, que declaró improcedente la cesación a su detención preventiva, la autoridad demandada hasta el día de la audiencia de acción de libertad no remitió antecedentes ante el tribunal ad quem, incumpliendo de esta manera el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP.
Por consiguiente, corresponde analizar en revisión, si los hechos denunciados son evidentes y sí en el caso concreto el demandado vulneró los derechos invocados por el accionante, con el fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
III.1.Sobre los principios ético morales de la sociedad plural y los valores que sustenta el Estado Boliviano En primer lugar, cabe mencionar que la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, señala el horizonte en el que se habrá de erigirse el nuevo Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, fundado en la pluralidad y pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. En ese contexto, está dicho que la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional debe superar con creces la estructura colonial y debe, a base del esfuerzo individual y colectivo, en cada estructura organizacional y en todos los órganos e instituciones del poder público, concretar un Estado como el proclamado, principalmente en el órgano judicial que a través de sus jurisdicciones y en la función judicial ejercida por sus autoridades en las naciones y pueblos indígena originario campesinos, se considerará los valores que sustenta el Estado como unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien, como señala el art. 8.II de la CPE.
Por otra parte, refiriéndose a la nueva institucionalidad del Estado Plurinacional, cabe mencionar que el art. 8.I de la CPE, alude a los principios ético morales de la sociedad plural que el Estado asume y promueve son: suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), así como ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), estos últimos, mandatos de restricción que pudiendo ser de orden imperativo para cada individuo, en cada hogar de las bolivianas y bolivianos, es también esencia de un pensamiento colectivo enraizado en las naciones y pueblos.
Se ha dicho y reiterado en la jurisprudencia constitucional que conforme al mandato de los arts. 178 y 179 de la CPE, la justicia es única en tanto que la potestad de impartir la misma, emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos, entre otros. En ese mismo orden, respecto a los principios procesales que rige la justicia están, también entre otros, la verdad material y el debido proceso.
En torno a la administración de justicia, o dicho desde una perspectiva, respecto a impartir justicia, no puede soslayarse el hecho que ésta debe sustentar las decisiones en el análisis e interpretación, no sólo limitada a la aplicación de formas y ritualismos establecidos en la norma sino como el hacer prevalecer principios y valores que permitan alcanzar una justicia cierta, accesible que este a lado del estado y la población, con miras al vivir bien.
III.2.El derecho a la libertad personal en la Constitución Política del Estado Bolivia es un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, que sustenta, entre otros valores, la dignidad y libertad de las personas, tal como establece el art. 8 de la CPE; además que también, en su art. 22, expresamente establece que “La dignidad y la libertad de la persona son inviolables” y “Respetarlas y protegerlas es deber primordial del Estado”.
Si bien estos enunciados hacen referencia a la libertad, lo hacen en su acepción más general, como expresión normativa del valor libertad, lo cual supone, para cada individuo o colectividad, la posibilidad de actuar de forma autónoma como partícipe en la sociedad, en todos sus ámbitos posibles y, en general, exenta de todo tipo de restricciones, salvo las establecidas en el sistema normativo constitucional.
Dentro del sin número de libertades o derechos -según se vea- que la teoría o doctrina podría referir, o que la norma y la jurisprudencia constitucional han establecido, se encuentra la libertad personal, misma que conforme precisa en el art. 23.I de la Ley Fundamental, refiere que: “Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal” y que esta libertad personal “sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales”, luego entonces, la libertad de la persona es aquél derecho fundamental y constitucional que no sólo debe ser respetado sino debe ser protegido por el Estado.
Por cierto, con el salvamento del parágrafo IV del citado art. 23 de la CPE, en el sentido que toda persona que sea encontrada en delito flagrante podrá ser aprehendida por cualquier otra persona, aun sin mandamiento, con el único objeto de que sea conducido ante autoridad competente; de conformidad al parágrafo III del señalado artículo: “Nadie podrá ser detenido, aprehendido o privado de su libertad, salvo en los casos y según las formas establecidas por la ley” y que “La ejecución del mandamiento requerirá que éste emane de autoridad competente y que sea emitido por escrito”.
III.2.1.De la acción de libertad La Constitución Política del Estado, en la Sección I, del Capítulo Segundo (Acciones de Defensa) del Título IV (Garantías Jurisdiccionales y Acciones de Defensa) de la Primera Parte (Bases fundamentales del Estado - Derechos, deberes y Garantías) ha instituido la acción de libertad. En ese marco, el art. 125 establece: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”.
La acción de libertad, en consecuencia, es un mecanismo constitucional por el que la Ley Fundamental del ordenamiento jurídico establece un procedimiento de protección inmediata tanto del derecho a la vida así como de aquellas situaciones en las que el derecho a la libertad física de las personas se encuentra lesionada por causa de una ilegal persecución, indebido procesamiento o indebida privación de libertad; en este último caso, siempre que el ordenamiento jurídico ordinario no prevea un medio idóneo y expedito para reparar la lesión producida, pues, de existir dicho medio, deberá hacerse uso de éste.
III.2.2.La acción de libertad en el Código Procesal Constitucional El Código Procesal Constitucional (CPCo), tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales competentes. La referida Ley, en su Disposición Final Tercera establece que a partir de la entrada en vigencia del mismo, quedará derogada la parte segunda de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), relativa a los procedimientos constitucionales, vigencia establecida en su Disposición Transitoria Primera a partir del 6 de agosto de 2012.
El Código Procesal Constitucional, en su Título II (Acciones de Defensa), Capítulo Segundo (De la acción de libertad), en su art. 46 establece como objeto de esta acción tutelar el “…garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”. Por otra parte, el art. 47 del aludido Código establece que: “La Acción de Libertad procede cuando cualquier persona crea que: 1. Su vida está en peligro; 2. Está ilegalmente perseguida; 3. Está indebidamente procesada; 4. Está indebidamente privada de libertad personal”.
III.3.Sobre el principio de celeridad en la administración de justicia El art. 178.I de CPE, establece que: “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos”.
Al respecto La jurisprudencia constitucional plurinacional al referirse al principio de celeridad y con relación a los administradores de justicia determinó que: “… el juez a cargo del control jurisdiccional deberá imprimir la mayor celeridad en su tramitación, por la naturaleza del derecho que se encuentra de por medio, debiendo en consecuencia, en un plazo razonable fijar audiencia pública para su consideración y resolución, que no implica declarar la procedencia de la misma, sino la ponderación de los elementos que desvirtúen los motivos que la fundaron”. Así, las SSCC 0987/2004-R, 0780/2011-R y 0024/2012-R, entre otras.
El art. 180.I de la CPE, al referirse al principio de celeridad como uno de los principios que rige la potestad de impartir justicia con celeridad, prontitud y eficaz, en coherencia con esa disposición constitucional, los arts. 3.7 y 30.3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), determina que la celeridad comprende el ejercicio oportuno y rápido, sin dilaciones en la administración de justicia.
De lo que se deduce, el Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones, tanto en la tramitación como en la resolución de las causas, ya que las personas que intervienen en el proceso esperan una definición oportuna de su situación jurídica en la administración de justicia, máxime si está comprometido un derecho fundamental de primer orden como es el de la libertad.
III.4. Sobre el recurso de apelación en medidas cautelares de carácter Personal El art. 251 del CPP, dispone: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas.
El Tribunal de apelación resolverá, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
Al respecto la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, al referirse al recurso de apelación para impugnar resoluciones que imponen medidas cautelares de carácter personal, previsto en el art. 251 del CPP, señaló lo siguiente: “El Código de procedimiento penal, dentro del sistema de recursos que dispensa a las partes, prevé el de apelación contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que se muestra como un recurso sumario, pronto y efectivo, dado que conforme lo establece el art. 251 del CPP, una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante la Corte Superior de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de apelación resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones” (negrillas añadidas) (Citado a su vez por la SCP 0145/2013 de 18 de febrero).
En ese sentido, dado que en el caso del recurso de apelación contra el rechazo de la cesación a la detención preventiva, una vez interpuesta deben ser remitidos antecedentes al Tribunal de apelación en el plazo de veinticuatro horas, conforme determina el art. 251 del CPP, que a su vez debe resolver en tres días, en efecto, plantea una configuración procesal de resolución de la impugnación idóneo para la defensa dentro del proceso.
III.5.Análisis del caso concreto De la documentación que cursa en el expediente, se evidencia que habiéndose declarado improcedente la cesación a la detención preventiva el 27 de diciembre del 2012, resolución que fue objeto de recurso de apelación incidental por el accionante, no obstante, el mismo no fue remitido al tribunal ad quem hasta la celebración de la audiencia de acción de libertad, así se constata de las Conclusiones de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
En el caso de examen, -según asevera el accionante- la autoridad judicial demandada, incurrió en una demora o dilación injustificada en él envío de los antecedentes al Tribunal de apelación al no cumplir los plazos procesales que señala el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), al establecer que la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares será apelable en el efecto no suspensivo en el término de setenta y dos horas, una vez formulado el recurso, las actuaciones pertinentes serán enviadas ante el tribunal de ad quem, en el término de veinticuatro horas.
En ese contexto legal, la jurisprudencia constitucional considera como acto dilatorio cuando “Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. (SC 0384/2011-R de 7 de abril).
A ese mismo efecto, la SC 0542/2010-R de 12 de julio, señaló: “…una vez interpuesto dentro del plazo legal el recurso de apelación incidental ante la autoridad jurisdiccional que conoce la causa, y si el cuaderno de apelación no es remitido en el plazo fijado por ley, dándoles una espera prudencial, para los casos de recargadas labores o suplencias etc., debidamente justificadas; sin embargo, este plazo no puede exceder de tres días; empero, si excede el plazo legal y la espera prudencial, el procedimiento se convierte en dilatorio, y por ende el recurso de apelación deja de ser un medio idóneo y eficaz…” (Reiterado por la SCP 0145/2013 de 18 de febrero).
En consecuencia, siendo que la autoridad demandada no cumplió con la obligación de respetar los plazos establecidos por el art. 251 del CPP, esto teniendo en cuenta que los mismos son improrrogables y perentorios conforme establece el art. 130 del CPP; empero, si bien la jurisprudencia constitucional establece la posibilidad de alguna demora por causa justificada fundada y razonable, también refiere que esta demora en ningún caso puede ser mayor a tres días; lo cual, bajo el principio de favorabilidad establecida a través del art. 256.II de la CPE, en el caso concreto, debe entenderse que es computable en días corridos, toda vez que se trata de resolver la situación jurídica del procesado, puesto que se encuentra en vilo el derecho a la libertad, más aún si la propia jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.4 de la Sentencia Constitucional Plurinacional, sostiene que el recurso de apelación es el medio idóneo para el accionante a efectos de sustanciar un derecho a la libertad comprometido.
En ese sentido, al no haberse remitido antecedentes ante el Tribunal de alzada hasta la realización de la audiencia de acción de libertad desde que fue planteado el recurso de apelación, la autoridad demandada dio lugar a que la demora se constituya en un acto dilatorio contrario al principio de celeridad procesal consagrado por los arts. 178.I y 180.I de la CPE, que imponen a quienes administran justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia en aquellos casos vinculados a la libertad que deben ser atendidas con prontitud, más aún cuando como en el caso concreto está de por medio la libertad del accionante.
En consecuencia el Juez de garantías, al haber concedido la tutela, ha evaluado correctamente los datos del proceso.
Por tanto El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera Especializada; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 12.7, de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución de 02/2013 de 8 de febrero, cursante de fs. 23 vta. a 25, pronunciada por el Juez Segundo de Sentencia Penal del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela, sin disponer la libertad del ahora accionante.
Fdo. Soraida Rosario ChánezChireMAGISTRADA

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