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UNA TESIS DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO CRITICA EL DERECHO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS SANITARIOS POR ESTAR “DETRÁS DE LA REALIDAD”
El allanamiento de la intimidad, como el de una morada, solo puede justificarse por derechos superiores de otros, tales como que de la revelación del secreto médico se extraiga un beneficio para personas indefensas. Este caso sería el de, por ejemplo, revelar que una prostituta con el VIH no usa protección alguna con sus clientes infectando a todo aquel que mantenga relaciones con ella. Pero sería una excepción a la confidencialidad de los datos sanitarios, ya que si ésta se vulnera, no solo está en peligro la intimidad, sino el ejercicio de otros derechos fundamentales, como el de la educación o el del trabajo. Precisamente, la pregunta “¿Qué consecuencias sociolaborales tendría para un paciente la filtración de que un paciente es seropositivo?” sirve de punto de partida para la tesis Los principios de la protección de datos aplicados a la sanidad, del jurista de la Universidad del País Vasco UPV/EHU Unai Aberasturi.
LOS PERSONALES Aberasturi también opina que algunos derechos de las personas resultan conflictivos en el ámbito sanitario. Por ejemplo, el de rectificación: “Los datos sanitarios son difíciles de comprender para el ciudadano de a pie, por lo que su titular no debería corregirlos unilateralmente”. El autor entiende que se trata de una labor fundamental, pero que debe llevarse a cabo en colaboración con los profesionales sanitarios. También cree que hay que mirar más con lupa el derecho de cancelación porque choca con la normativa sanitaria, que obliga a conservar la documentación clínica durante cierto tiempo. Como solución, en este caso, se debe garantizar que solo se guarden los estrictamente necesarios y que se disocia la información en la medida de lo posible.
26 julio, 2011 § Deja un comentario
– D. Jesús Luis contrató a finales del año 2005 el suministro de energía eléctrica y de gas natural con la entidad Endesa Energía al considerar que su oferta era más ventajosa que la tenía con la entidad Gas Natural, básicamente por el ahorro que suponía la exención del canon IRC.
– El 2 de abril 2008 se le giró una factura por importe de 108,91 E por el concepto “repercusión canon IRC distribuidora”.
– Mediante escrito de fecha 22 de julio de 2008 el Sr. Jesús Luis remitió al entidad Endesa Energía una petición de cancelación de sus datos, indicando que estos no podrían ser cedidos a persona o entidad alguna y que se procediera a acordar la cancelación de los datos personales obrantes en los archivos de dicha empresa o cualquiera otra vinculada a la misma.
– Endesa contestó a esta solicitud el 30 de julio de 2008 comunicándoles que como respuesta a su solicitud de cancelación u oposición a la cesión y el tratamiento de datos a otras empresas “me complace comunicarle que ambas solicitudes han sido atendidas de acuerdo con sus indicaciones. La cancelación dará lugar a la supresión o, en su caso, al bloqueo de datos, conservándose únicamente aquellos que por obligación legal deban mantenerse a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas”.
– El Sr. Jesús Luis recibió comunicación del Registro Sectorial de Morosidad de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) fechado el 4 de febrero de 2009 en el que se le informaba que en esa fecha “ha sido incluido, a instancias de la compañía comercializadora Endesa Energía SAU, en el Registro de Morosidad en el sector de la Comercialización de electricidad y Gas (RSM) detallándose que los datos de impago se refieren a una deuda de gas por importe de 141,17 E con fecha de vencimiento de 2 de junio de 2008.
La Agencia Española de Protección de datos consideró que Endesa con su conducta pudo incurrir en una infracción leve tipificada en el art. 44.2.a) de la LOPD “No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda” y tras instruir el correspondiente procedimiento sancionador la consideró responsable de la infracción descrita y le impuso una sanción de 6000 E.
La resolución administrativa considera infringido el art. 44.2.a) de la LOPD ) tipifica como infracción leve “No atender, por motivos formales, la solicitud del interesado de rectificación o cancelación de los datos personales objeto de tratamiento cuando legalmente proceda”. Y para llegar a esta conclusión parte de una afirmación previa consistente en que “la relación contractual entre las partes, suministro de gas natural, exigía el uso de los datos personales del denunciante hasta que la relación hubiera concluido” y tras considerar que la relación contractual no había concluido afirma “En consecuencia, el uso de los datos personales del denunciante era necesario y la cancelación de los mismos no era procedente mientras esa relación no hubiera concluido”.
Pese a ello considera, que “La respuesta a la solicitud de cancelación debió de dejar bien claro que por ese motivo la cancelación debía de ser denegada. Al no hacerlo así estamos ante un supuesto de no atención -por motivos formales- de una solicitud de cancelación en los términos establecidos en el precepto citado”.
Las conclusiones alcanzadas por la Agencia de Protección de datos, a la vista de estos razonamientos, resultan sorprendentes y no pueden ser compartidas. La entidad Endesa cuando fue requerida por el interesado para que cancelará los datos personales del afectado que constaban en sus ficheros no desatendió, ni por motivos formales ni de fondo, la solicitud del interesado, antes al contrario, contestó de forma expresa y por escrito al afectado haciéndole saber que accedía a su petición en los siguientes términos: “me complace comunicarle que ambas solicitudes han sido atendidas de acuerdo con sus indicaciones. La cancelación dará lugar a la supresión o, en su caso, al bloqueo de datos, conservándose únicamente aquellos que por obligación legal deban mantenerse a disposición de las Administraciones Públicas, Jueces y tribunales para la atención de las posibles responsabilidades nacidas del tratamiento, durante el plazo de prescripción de estas”. Es por ello que no puede sostenerse, tal y como afirma la resolución administrativa impugnada, que la entidad sancionada incumpliera el deber de atender la solicitud de rectificación o cancelación de datos instada por el interesado, y consecuentemente, no se alcanzan a comprender las razones que llevan a la Agencia Protección de Datos a considerar infringido el tipo por el que se le sanciona.
El problema que se plantea es otro bien distinto. La entidad recurrente, después de haberle comunicado al interesado que accedía a la cancelación y bloqueo de sus datos personales, le reclamó una deuda derivaba de su previa relación contractual y que al parecer había resultado impagada. El hecho de que Endesa al acceder al derecho de cancelación no especificase que dicha cancelación solo produciría efectos “pro futuro”, tanto para dar por concluida la relación comercial que les vinculaba como para la futura remisión de publicidad u otro tipo de tratamiento de sus datos futuros, no podía ser interpretado como la imposibilidad de utilizar los datos del recurrente para reclamarle deudas vencidas y exigibles correspondientes al periodo en que la relación comercial entre ambos subsistía, otra interpretación de esta comunicación debe reputarse absurda y desproporcionada. El derecho de oposición y cancelación de datos no puede ser utilizado como mecanismo liberatorio o de condonación de deudas vencidas y, por ende, la entidad Endesa se encontraba autorizada a seguir tratando los datos personales del cliente con la finalidad de reclamarle las deudas pendientes, así lo reconoce la propia Agencia de protección de datos y lo dispone el artículo 6.2 de la LOPD (“no será preciso el consentimiento cuando los datos de carácter personal…cuando se refieran a las partes de un contrato o precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa y sean necesarios para su mantenimiento o cumplimiento”) y el art. 16 de dicha norma, referente al derecho de rectificación y cancelación, dispone en su apartado quinto que “Los datos de carácter personal deberán ser conservados durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o, en su cado, en las relaciones contractuales entre la persona o entidad responsable del tratamiento y el interesado” y en similares términos se pronuncia el art. 33.1 del Real Decreto 1720/2007.
23 junio, 2011 § Deja un comentario
“Al nuevo director y a esta Agencia les tocará, ni más ni menos, que lidiar con la nueva directiva europea de protección de datos”, ha adelantado Caamaño, quien ha dicho que éste será un “nuevo reto” para España y para este organismo, siempre con el objetivo de velar por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos.
El titular de Justicia ha expresado su confianza en la tarea que emprende ahora el responsable de la AEPD, con el compromiso de que la “responsabilidad pública” de su trabajo vaya “dirigida hacia los demás”.
Ha confesado que esta tarea no resulta fácil en el “mundo cada vez más complejo” de la sociedad de la comunicación, con un “flujo constante” de datos, donde “la información es poder” y puede amenazar la intimidad de los ciudadanos.
Caamaño ha recordado que la Agencia “se ha labrado un sitio paso a paso, trabajo a trabajo, memorando a memorando, expediente a expediente” al tiempo que se ha fraguado un lugar en la comunidad internacional hasta convertirse en “un referente” del pensamiento y de los debates en torno a la protección de datos.
Así por ejemplo, tenemos lo dispuesto en la Sentencia de 1 de abril de 2011, que viene a disponer la aplicabilidad al supuesto de uno de los nuevos criterios para la aplicación de la escala inferior de sanciones a aquélla inicialmente aplicables en función de la infracción. En concreto, se trata del ambiguo supuesto que indica que concurrirá tal disminución de la sanción “b) Cuando la entidad infractora haya regularizado la situación irregular de forma diligente”. Ello da lugar a la “rebaja” de la cuantía de la sanción de 60.101,21 euros a 10.000 euros, por aplicación en el ámbito sancionador del principio de retroactividad de la norma más favorable.
Por otro lado, la mayoría de Sentencias emitidas desde el 6 de marzo de 2011 considerando ya el texto modificado por la LES de la LOPD, vienen a tener como efecto que la cuantía de la sanción se ve reducida, de manera que puede parecer automática, por la aplicación de los nuevos “tramos” de sanciones. El supuesto más habitual se produce respecto a las infracciones graves, al pasar de una cuantía mínima de 60.101,21 euros a 40.000 euros. Como ejemplos tenemos las Sentencias de 17 de marzo, 18 de marzo, o 13 de mayo,
El argumento para la aplicación del nuevo régimen sancionador viene compilado, por referencia a varias sentencias, en la de 12 de mayo de 2011, cuando dice que “Este Tribunal en diferentes sentencias, entre ellas SAN, Sección Primera, de 10 de marzo de 2011, de 17 de marzo de 2011, de 18 de marzo de 2011 y sentencia de 25 de marzo de 2011 y 11 de Abril del 2011 ha señalado que resulta aplicable esta norma pues es necesario atender al principio de la eficacia retroactiva de las normas sancionadoras más favorables que deriva de lo que señala el artículo 128.2 de la Ley 30/92: Las disposiciones sancionadoras producirán efectos retroactivos en cuanto favorezcan al presunto infractor.”
Cabe quizá destacar otra de las sentencias emitidas, también de abril de 2011, como otra de las ya citadas, en que se mantiene el resultado de la aplicación del artículo 45.5 de la LOPD sin que el cambio de redacción “sufrido” por el mismo afecte, ni para bien ni para mal, a la resolución impugnada. De hecho, la Audiencia Nacional viene a indicar expresamente que aplica el mismo criterio de graduación que en la Resolución recurrida, sólo que con los nuevos baremos establecidos en la Ley 2/2011.
En definitiva, todavía nos queda mucho por aplicar y conocer respecto a los últimos cambios en la LOPD. Y ello ya sólo con el “famoso” Apercibimiento del artículo 45.6 de la norma, incorporado (al menos) a las Resoluciones sancionadoras de 25 y 28 de marzo y 7 de abril de 2011. Pero en todo caso, las sentencias citadas y aquellas otras similares dictadas en los últimos meses nos ofrecen un apoyo interpretativo importante en los Procedimientos Sancionadores que tengamos abiertos. Saber aprovechar ese apoyo será clave para reducir el impacto, principalmente económico, de los mismos.
27 mayo, 2011 § Deja un comentario
• Exige que se extreme la diligencia en la adopción de medidas de seguridad de los datos en la Red y se adopten medidas urgentes de mejora de sus políticas de privacidad
Con motivo de la celebración del Día Mundial de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información -también conocido como Día de Internet-, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), hace un llamamiento a los responsables de las empresas y organizaciones que prestan servicios a través de Internet para que adopten medidas urgentes de mejora de sus políticas de privacidad y una diligencia mayor en la implantación de medidas de seguridad de los datos de sus usuarios.
En las últimas semanas se han conocido destacados sucesos relativos a posibles brechas de seguridad o accesos no autorizados a datos personales de miles de usuarios de grandes compañías que ofrecen servicios a través de Internet, tales como Sony, Nintendo o Facebook, por las que la AEPD tiene actualmente abiertas investigaciones, que se suman a las ya iniciadas por hechos similares a otras compañías y organizaciones en meses anteriores.
Además, la AEPD destaca que el proceso de revisión de la Directiva de Protección de Datos del 95, actualmente en curso e impulsado por Comisión Europea al objeto de adaptar sus disposiciones al mundo de las nuevas tecnologías, fija entre las prioridades y líneas maestras del futuro marco legal europeo, reforzar el control de los ciudadanos sobre los propios datos, e introducir nuevos principios, como la noción de privacidad desde el diseño o “privacy by design”. Este principio exige la realización de un análisis escrupuloso de las implicaciones que
un servicio de Internet -antes de ofrecerlo a los usuarios- tiene para la privacidad y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales.
Confianza ciudadana en la seguridad y privacidad en Internet
Con motivo del Día de Internet, la AEPD ha incluido un espacio en su página Web (https://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_internet_2010/index-ides-idphp.php), donde ofrece contenidos de diversa índole relacionados con Internet. La página destina un apartado a explicar el rastro que dejan los usuarios en Internet: desde los que se aportan voluntariamente al darse de alta en servicios (como las redes sociales, portales de contactos o de compra on-line), a los que puede generar nuestra navegación en Internet -como las Cookies-, u otros que pueden publicarse en sitios Web sin nuestro conocimiento.
Asimismo, se incluye un capítulo dedicado a explicar los servicios que ofrece Internet, así como los riesgos asociados a esos servicios. Se recogen servicios como correo Web, buscadores, redes P2P, chats o mensajería instantánea, aunque quizá el ejemplo más significativo es el de las redes sociales, cuyo auge ha provocado un nivel de divulgación de información personal sin precedentes, lo que aparte de ventajas, también entraña riesgos, sobre todo para el colectivo de menores. Por este motivo, la AEPD viene reiterando la necesidad de que los proveedores de servicios de Internet, como las redes sociales, se comprometan activamente para que la implantación de sistemas de verificación de la edad dejen de ser una asignatura pendiente en el campo de las plataformas sociales.
Además, se ha introducido un enlace desde el que se da acceso a guías con recomendaciones a usuarios de Internet, a menores, o sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información en las redes sociales. Existe, no obstante, un enlace específico de recomendaciones que incide en la necesidad de crear una cultura para la protección de los datos de los ciudadanos en Internet, especialmente en entornos como las redes sociales. Finalmente, se incorporan secciones con vídeos y enlaces a otras páginas de interés.
El Día de Internet es un proyecto cuyo objetivo es difundir y promover el uso de Internet en la sociedad y conseguir que sea cada vez más accesible para las personas que tienen alguna discapacidad. En definitiva, el Día de Internet, cuya primera edición tuvo lugar el 25 de octubre de 2005, pretende dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías para mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
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AEPD LOPD LSSI Protección de datos Videovigilancia

References: resolución 
 resolución 
 artículo 6
 Real Decreto 
 artículo 128
 artículo 45
 resolución 
 Resolución 
 artículo 45