Source: https://giorgiobenini.wordpress.com/2011/05/15/el-fin-de-los-embargos-dispuestos-por-la-a-f-i-p/
Timestamp: 2018-07-22 07:07:05+00:00

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EL FIN DE LOS EMBARGOS DISPUESTOS POR LA A.F.I.P.* | Giorgio A. Benini
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EL FIN DE LOS EMBARGOS DISPUESTOS POR LA A.F.I.P.*
15 mayo, 2011 por giorgiobenini
En el presente artículo se analizan las facultades otorgadas por la Ley de Procedimiento Tributario a la Administración Federal de Ingresos Públicos en el marco de las ejecuciones fiscales, y un reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el que se declaran inconstitucionales los embargos dispuestos por aquella, sin orden judicial.
Mediante el juicio ejecutivo o de apremio regulado por el artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario1, la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.) reclama judicialmente el pago de los tributos y recursos de la seguridad social por ella recaudados2 .
Tras la reforma efectuada mediante la ley 25.2393 -que introdujo el actual texto del artículo 92-, las voces críticas de la doctrina tributarista no se dejaron esperar. El motivo que despertó el rechazo prácticamente unánime de los autores –no así de la jurisprudencia que mayoritariamente se expidió sobre su validez-, estriba en la facultad que la mencionada norma otorga a los agentes fiscales para disponer embargos sin mediar orden judicial al respecto.
Según aquel artículo, tras la presentación de la demanda ejecutiva por ante el juzgado competente, sin más trámite, el agente fiscal representante de la A.F.I.P. se halla facultado a librar bajo su firma el mandamiento de intimación de pago y eventualmente embargo u otra medida alternativa, por la suma reclamada, especificando su concepto con más el quince por ciento (15%) para responder a intereses y costas.
Es decir, en los términos de la ley, basta con que el representante del Fisco presente la demanda ejecutiva para que pueda, sin más, disponer la traba de embargos –o cualquier otra medida cautelar-.
De esta manera, el actual artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario nacional, consagra la prevalencia de la Administración tributaria, ubicando en el marco procesal a un agente fiscal dotado de fuertes facultades a la par que se relega al Juez a un rol secundario4.
Esta circunstancia comporta, a nuestro entender, una seria intromisión del Poder Ejecutivo en atribuciones que le son propias al Judicial.
Ello es así, toda vez que las desmedidas facultades afectan la propiedad de la que, conforme al artículo 17 de la Constitución Nacional, sólo puede privarse mediante “sentencia fundada en ley”.
Afortunadamente, en reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación –por mayoría de sus miembros- acogió el criterio precedentemente expuesto y declaró la invalidez de las mencionadas atribuciones.
Lo hizo en la causa “Administración Federal de Ingresos Públicos c. Intercorp S.R.L. s. ejecución fiscal”5, fallada el 15 de junio del año pasado, y cuyos hechos son los que a continuación se relatan.
La A.F.I.P. promovió contra la firma Intercorp S.R.L. un juicio de ejecución fiscal en los términos del artículo 92 de la Ley de Procedimiento Tributario, reclamando saldos de sus declaraciones juradas del impuesto al valor agregado (I.V.A.), del impuesto a las ganancias y de aportes al Sistema Único de Seguridad Social.
El representante del fisco informó al juez que había dispuesto el embargo general de fondos y valores del ejecutado en cuentas bancarias, cajas de seguridad, títulos y cualquier otro activo financiero por el monto del capital reclamado, con más el 15% de dicha suma para responder por intereses y costas, de acuerdo con la facultad conferida por el citado artículo 92; circunstancia que motivó el planteo de inconstitucionalidad de la empresa ejecutada.
El juez de primera instancia hizo lugar a la declaración de inconstitucionalidad solicitada, pero –apelada que fuera dicha sentencia- la Cámara Federal de Salta la dejó sin efecto.
A fin de ser breves y en el entendimiento de que el lector prioriza los argumentos que pusieron punto final a la causa, omitimos las ponderaciones efectuadas por aquellas instancias ordinarias.
Llegada la cuestión a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ésta se inclinó a favor de los argumentos de la demandada.
En ese sentido, hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad, considerando que el artículo 92 "contiene una inadmisible delegación en cabeza del fisco nacional, de atribuciones que hacen a la esencia de la función judicial".
Según el Máximo Tribunal nacional, "el régimen establecido en el artículo 92 de la Ley 11.683, en la medida en que no se adecua a los principios y garantías constitucionales de la división de poderes, la defensa en juicio y la propiedad, es inconstitucional".
Por nuestra parte, celebramos esta decisión de la Corte por considerar que se condice con la asignación de facultades que la Constitución ha dado a cada uno de los Poderes del Estado y el respeto al derecho de propiedad.
Es de esperar, en consecuencia, que de ahora en más el Fisco se abstenga de trabar medidas precautorias sobre fondos o bienes de los contribuyentes, hasta tanto obtenga la correspondiente orden judicial, en el marco del proceso de ejecución iniciado.
*. Artículo publicado en el Suplemento Económico del Diario La Opinión Austral de Río Gallegos, el 6 de marzo de 2011. Disponible en: http://www.laopinionaustral.com.ar/diario.asp?Modo=Noticia&NId=29699&A=2011&M=3&D=8
1. Ley 11.683, B.O. 12/01/1933, T.O. 1998.
2. Lo que incluye tributos, pagos a cuenta, anticipos, accesorios, actualizaciones, multas ejecutoriadas, intereses u otras cargas cuya aplicación, fiscalización o percepción esté a cargo del mencionado organismo.
3. B.O. 31/12/1999.
4. FOLCO, Carlos María: Ejecuciones Fiscales. 1ra. ed. Buenos Aires: La Ley, 2006, p. 37.
5. Fallos, 333:935.
en 16 mayo, 2011 a 18:42 | Responder Ariadna
Excelente!!!! Felicitaciones!!!!
en 24 septiembre, 2012 a 21:05 | Responder giorgiobenini

References: artículo 92
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 artículo 17
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