Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A174-09.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:48:17+00:00

Document:
A174-09
Auto 174/09
NULIDAD SENTENCIA DE REVISION DE TUTELA-Procedencia excepcional que supone grave afectación del debido proceso y cumplimiento de la carga argumentativa por parte de quien la alega
La causal de “desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior de Sala Plena, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta[1]; (iii) como la posibilidad de la Sala Plena de obra como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
SALAS DE REVISION DE TUTELA-Autonomía e independencia judicial/NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR CAMBIO DE JURISPRUDENCIA-Debe ser decidido por la Sala Plena
Resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta Corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la Sala Plena[2].
PRECEDENTE CONSTITUCIONAL-Reglas judiciales emanadas de la interpretación de norma superior para la solución de un caso concreto/JUEZ CONSTITUCIONAL-Debe ser consistente con sus decisiones previas
JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Precedente obligatorio para las salas de revisión/JURISPRUDENCIA EN VIGOR-Concepto
SENTENCIA-Requisitos que debe llenar para convertirse en precedente/SENTENCIA-Se convierte en precedente cuando su ratio decidendi configura una regla determinante para resolver el caso
Para convertirse en precedente la sentencia debe llenar unos requisitos. En primer lugar, no todo lo que dice una sentencia resulta pertinente para la definición de un caso posterior. Es imprescindible delinear cuál es la ratio decidendi de la sentencia que sería obligatorio seguir en un caso posterior y esta ratio debe, en efecto, servir para resolver el problema jurídico o una cuestión constitucional semejante. De otra parte, los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho similar al que debe resolverse posteriormente. Así, una sentencia se convierte en precedente de otra o de otras únicamente cuando su ratio decidendi configura una regla – prohibición, orden o autorización - determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes.
DESCONOCIMIENTO DE JURISPRUDENCIA-Solo se verifica cuando una sala de revisión desconoce los procedimientos sentados por la Sala Plena
SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Discrepancia del solicitante no configura causal de nulidad
SOLICITUD DE NULIDAD SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Denegada en sentencia T-1104/08 en proceso judicial de lanzamiento por ocupación de hecho de inmueble rural
Referencia: solicitud de nulidad de la sentencia T-1104 de 2008 presentada por Alberto Ruiz Llano.
Procede la Sala Plena de la Corte Constitucional a decidir sobre la solicitud de nulidad presentada por la apoderada del ciudadano Alberto Ruiz Llano contra la Sentencia T-1104 de 2008 proferida por la Sala Octava de Revisión.
Antecedentes del proceso de tutela que dio lugar a la expedición de la Sentencia T-1104 de 2008
1.- El ciudadano Alberto Ruiz Llano presentó acción de tutela contra la Alcaldía del Municipio de Orocué y la Sociedad Inversiones Los Cedros S.A., por considerar que el ente municipal, incurrió en una vía de hecho al haber proferido la orden de lanzamiento por ocupación de hecho dentro de la querella policiva instaurada en su contra por la Sociedad Inversiones Los Cedros S.A. para lograr la restitución de la finca El Caimán, cuya posesión alega en virtud de la venta que le hiciera el señor Camilo Akl Moanack, mediante escrituras públicas registradas en el año 2002, por considerar que:
(i) fundamentó el procedimiento en normas no aplicables toda vez que inicialmente lo hizo sobre aquellas que se refieren a juicios de lanzamientos por ocupación de hecho de predios urbanos (Ley 57 de 1905 y su Decreto reglamentario 992 de 1930) y posteriormente en el Decreto 747 de 1992, que es aplicable en casos de invasión de predios rurales y por alteraciones del orden público; (ii) no analizó en su totalidad las pruebas que obran en las diligencias; y (iii) carece de competencia para conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho de predios agrarios, por estar atribuida en forma exclusiva a los Jueces Civil del Circuito.
De otra parte, antes de que la Alcaldía Municipal de Orocué decretara el lanzamiento por ocupación de hecho, el accionante solicitó la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento, argumentado falta de competencia para actuar del ente territorial, la cual le fue negada. Ante tal circunstancia, aunado a la negativa del recurso propuesto el señor Alberto Ruiz Llano presentó acción de tutela, que fue concedida en primera instancia mediante sentencia del 22 de junio de 2007 proferida por el Juez Promiscuo Municipal de Orocué, en la que declaró la nulidad de todo lo actuado por encontrar que efectivamente la competencia para conocer de esta acción es del Juez del Circuito y no de la Alcaldía Municipal. Esta decisión fue revocada en segunda instancia, por el Juez Promiscuo del Circuito de Orocué, en sentencia proferida el 1º de abril de 2008.
2.- La Corte Constitucional, en sentencia T-1104 de 2008, reseñó los presupuestos fácticos del asunto así:
“1. El 23 de marzo de 2007, la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., interpuso en su contra ante la Alcaldía del Municipio de Orocué, querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho “respecto del inmueble denominado La Macumba, hoy Hacienda El Caimán, ubicada en la Vereda El Palmarito Jurisdicción Rural del Municipio de Orocué Casanare”, la cual fue inadmitida por auto de la misma fecha, argumentando la prescripción de la acción policiva por no haberse presentado dentro de los 30 días previstos en el Código de Policía de Casanare y el Código Nacional de Policía.
19. Surtido lo anterior, la administración municipal profirió el fallo ordenando el lanzamiento, el cual “carece de análisis probatorio y fundamentos jurídicos, toda vez que de acuerdo a lo observado en todo el trámite del proceso se pudo constatar que mi representado había ingresado al inmueble con anterioridad a la fecha enunciada por el querellante y con plena autorización del propietario y poseedor del inmueble señor Camilo Akl Moanack”.”
3.- Las entidades accionadas consideraron que la presente acción de tutela es temeraria por haberse presentado ante el mismo juzgado otra acción similar, y no estiman que la Alcaldía Municipal de Orocué sea incompetente para asumir el conocimiento de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de hecho de conformidad con lo dispuesto en el Código de Policía de Casanare, la Ley 57 de 1905, el Decreto 992 de 1930 y el Decreto 747 de 1992 puesto que en materia de protección del derecho a la posesión de inmuebles, existen claramente dos vías para el restablecimiento de las cosas al estado anterior, una ante la autoridad de policía y la otra mediante las acciones judiciales ante los jueces agrarios o civiles de circuito.
4.- El conocimiento de la tutela correspondió, en primera instancia, al Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y, en segunda instancia, al Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, quienes mediante sentencias proferidas, respectivamente, el día 8 de febrero de 2008 y el día 1º de abril de 2008, resolvieron conceder el amparo. En consecuencia, los jueces de tutela declararon la nulidad de la actuación adelantada por la Alcaldía del Municipio de Orocué y le ordenaron restituir al señor Alberto Ruiz Llano la posesión y demás derechos que ostentaba sobre el predio la Macumba y el Caimán, hasta la fecha en que fue lanzado del allí, argumentaron para ello la falta de competencia del ente municipal, puesto que de conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, por medio del cual se creó la jurisdicción agraria, corresponde a los jueces agrarios conocer de los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho. Aseguran que tampoco resulta acertada la aplicación del Decreto 747 de 1992, puesto que con tal disposición se buscaba prevenir las invasiones de predios rurales que estuvieran ocasionando alteraciones del orden público interno en los departamentos, situación que no se presenta en el presente asunto.
La Sentencia T-1104 de 2008
5- Seleccionados los fallos de tutela proferidos en primera y segunda instancia para su revisión, le correspondió a la Sala Octava de Revisión de la Corte Constitucional emitir fallo. En las consideraciones de su sentencia, la Sala determinó previamente si la acción de tutela bajo revisión constituía una actuación temeraria y realizada tal precisión posteriormente, analizó la naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas por las autoridades de policía en procesos posesorios; recordó los presupuestos determinados por la jurisprudencia constitucional para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y realizó un examen a las normas que rigen los procesos judicial y policivo de lanzamiento por ocupación de hecho. Luego, pasó a verificar si en el caso concreto la orden de lanzamiento proferida por la Alcaldía Municipal de Orocué, dentro de la querella policiva iniciada en su contra a solicitud de la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., era violatoria del debido proceso y del derecho de defensa del actor.
6.- En relación con la actuación temeraria, analizó tanto las solicitudes de amparo interpuestas por el actor, como las sentencias de tutela, con el fin de determinar si la acción objeto de revisión guardaba identidad con los fallos anteriores y si el actor demostró la ocurrencia de hechos nuevos posteriores a los fallos de tutela o la falta de consideración de hechos relevantes para la decisión por parte de los jueces de amparo. Así, concluyó la Corte que no concurrieron los presupuestos que estructuran una actuación temeraria de la acción de tutela y por tanto declaró la procedencia de la acción.
7.- A continuación, abordó la Sala de Revisión la segunda cuestión, esto es, la determinación de las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales siguiendo las consideraciones expuestas por el actor, para lo cual, previamente, encontró cumplidos los requisitos generales trazados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedencia de la acción de tutela en tales eventos. A partir de allí, realizó el siguiente análisis:
“7.3. Revisados los documentos obrantes en el expediente, en especial los escritos de contestación de la demanda y de impugnación presentados por la Alcaldía Municipal de Orocué, cuyos argumentos han sido reforzados por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A., se tiene que para el ente territorial la competencia para asumir el conocimiento y adelantar el procedimiento que correspondía a ese tipo de asuntos, se deriva de lo dispuesto en el Libro Tercero, Del Procedimiento, Título I, Procedimientos Civiles de Policía, Capítulo I, artículos 423 y siguientes del Código de Policía de Casanare que consagra el lanzamiento por ocupación de hecho en inmueble urbano y rural[3] y además de las facultades otorgadas por el decreto 747 de 1992.”
8.- Posteriormente, realizó de la siguiente forma, un examen sobre la naturaleza jurídica y las normas que rigen el proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho:
“5. Proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de predios urbanos y rurales. El poder de policía.
5.1. El poder de policía en general consiste en un conjunto de actividades que tienen por objeto la expedición de reglas generales y de medidas individuales necesarias para el mantenimiento del orden público. Es entonces, una específica forma de actividad que tiene límites necesarios que se imponen a través de la ley en aras de la convivencia social; ese orden público se manifiesta en la tranquilidad, en la seguridad y en la salubridad, y se encamina a evitar perjuicios individuales o colectivos, provocados por desórdenes, actos perturbatorios, atentados a la salud y a la higiene pública.[4]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del citado Decreto, contra dicha providencia procede el recurso de reposición que se resolverá dentro de la misma audiencia y el de apelación ante la Gobernación, que se resolverá de plano dentro de los 2 días siguientes al recibo del expediente[5].
Entre los asuntos sujetos al conocimiento de la jurisdicción agraria “en cuanto estén relacionados con actividades o bienes agrarios” (art. 2°), se encuentra el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual se adelanta ante los Jueces Agrarios, que se crean mediante la citada disposición. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 202 de la Ley 270 de 1996 la jurisdicción agraria será ejercida en su defecto por los Juzgados Civiles del Circuito.[6]
De conformidad con lo previsto en el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989[7], podrá pedir al Juez Agrario el lanzamiento por ocupación de hecho, la persona que haya sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material de un predio, sin su consentimiento u orden de autoridad competente, o sin otra causa que justifique la ocupación, siempre que el predio se encuentre explotado económicamente y se acredite que la ocupación se inició dentro de los 120 días anteriores a la fecha de la presentación de la demanda.
Los artículos 99 a 111 del Decreto 2303 de 1989, regulan el procedimiento que se debe seguir y señalan claramente los requisitos de la demanda (art. 99) y sus anexos (art. 100), admisión y traslado de la misma (art.102), notificaciones (art. 103), orden de lanzamiento (art.106), pago de mejoras (art.109) y las actas de la diligencia de inspección judicial y del lanzamiento (art.111). A este proceso se aplicaran las disposiciones contenidas en los artículos 20, 21, 22 y 23 de la Ley 200 de 1936, con las modificaciones introducidas por la Ley 100 de 1944.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 de la Ley 1152 de 2007[8], por la cual se estableció el estatuto sobre el desarrollo rural, los Procuradores para Asuntos Ambientales y Agrarios intervendrán en este tipo de procesos como agentes del Ministerio Público al igual que en los procesos de carácter policivo que se relacionen con asuntos agrarios.”
9.- Por último, en la siguiente forma se realizaron las consideraciones relativas al caso concreto:
“7.4. Ahora bien, verificadas cada una de las actuaciones llevadas a cabo dentro de la querella policiva de lanzamiento por ocupación de predio rural, adelantada en contra del señor Alberto Ruiz Llano, se observa lo siguiente:
- Mediante escrito DG.O.A.J.No.875 del 5 de junio de 2007, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Gobernación del Departamento de Casanare, resolvió el recurso de apelación precisando que el municipio es autónomo administrativa y presupuestalmente frente a su propia administración y por tanto el Gobernador del Departamento no es superior Jerárquico del Alcalde. Por tanto sostiene que, “en los procesos policivos como en el caso de los lanzamientos por ocupación de hecho, el conocimiento le corresponde en forma exclusiva al alcalde en única instancia conforme lo establece el “REGLAMENTO POLICIVO Y DE CONVIVENCIA CIUDADANA PARA EL DEPARTAMENTO DE CASANARE “en su artículo 426 DEL LIBRO TERCERO, DEL PROCEDIMIENTO, TITULO I, PROCEDIMIENTOS CIVILES DE POLICIA, CAPITULO I LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN INMUEBLE URBANO YU RURAL; contra las decisiones del alcalde no cabe recurso alguno” (Artículo 432 ibidem). (fl.151).
Así, desde el punto de vista interpretativo, es obviamente ‘contrario al principio de autonomía judicial, - uno de los pilares y presupuestos del Estado de Derecho - que el juez de tutela tenga la facultad de dejar sin efecto las decisiones válidamente producidas por otros jueces, con el argumento de una disparidad de criterios en la lectura de una norma’.[9]”
Por lo anterior, no encontrando esta Sala de Revisión que la decisión atacada haya incurrido en una vía de hecho, las sentencias de tutela dictadas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué el 8 de febrero de 2008 que tuteló el derecho al debido proceso del señor Alberto Ruiz Llano y declaró la nulidad de toda la actuación adelantada por la Alcaldía Municipal de Orocué dentro de la Querella policiva instaurada en su contra por la sociedad Inversiones Los Cedros S.A. y por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué, el 1º de abril de 2008 que confirmó el fallo de primera instancia serán revocadas, por encontrar que contrario a sus afirmaciones, con la orden de lanzamiento por ocupación de hecho proferida por la Alcaldía Municipal de Orocué ningún derecho fundamental del actor se vulneró.”
10.- Los anteriores argumentos llevaron a que la Sala Octava de Revisión revocara las sentencias proferidas el 8 de febrero de 2008 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué y el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué el 1º de abril de 2008 y en su lugar negar el amparo deprecado por el Ciudadano Alberto Ruiz Llano.
La solicitud de nulidad de la sentencia T-1104 de 2007
11.- El 28 de enero de 2009 fue radicada en la Secretaría General de la Corte Constitucional la solicitud de nulidad de la sentencia T-1104 de 2008 presentada por la apoderada del ciudadano Alberto Ruiz Llano en el trámite de la acción de tutela que culminó con la expedición de la sentencia T-1104 de 2008[10].
El apoderado judicial del actor fundamentó su solicitud en que la decisión proferida por la Sala Octava de Revisión cambió la jurisprudencia constitucional e infringió su derecho fundamental al debido proceso, por no analizar de fondo la totalidad de los defectos denunciados en la demanda de tutela respecto de la decisión tomada por la Alcaldía Municipal de Orocué.
12.- Para sustentar la petición de nulidad en relación con el primer cargo, explicó sus afirmaciones en los siguientes términos que se transcriben a continuación:
“…la citada sentencia acoge una interpretación normativa contraria a la línea jurisprudencial establecida por la Corte Constitucional en las sentencias T-135 de 1994 y T-096/95, incurriendo en una de las causales de nulidad, según la cual el cambio de jurisprudencia debe ser decidido por la Sala Plena de la Corporación (art. 34 del Decreto 2591 de 1991).
En efecto, la sentencia, cuya nulidad se solicita, no adoptó la misma jurisprudencia consignada en la sentencia T-135 de 1994, según la cual el Decreto 747 de 1992 es aplicable solamente para los casos de toma violenta de un predio rural por parte de un grupo de particulares armados, que desalojan a sus ocupantes y destruyen gran parte de los bienes existentes, lo que no se dio en el asunto subexamine.
Del mismo modo, se desconoció la sentencia T-096/95, quien para este mismo evento estableció que no era el Decreto 747 de 1992, el procedimiento policivo aplicable para que el accionante de dicha tutela desocupara el inmueble, al haberse verificado que en dicho asunto no existió una “invasión del predio rural ni perturbación del orden público”, dado que a juicio de la misma Corte Constitucional, el Decreto se dictó “para prevenir las invasiones en predios rurales que estén ocasionando perturbaciones del orden público”, cuya situaciones fáctica (sic) presentadas en el asunto de la referencia y en la sentencia invocada como contrariada, no se configuran, por tratarse en ambos casos de conflictos entre particulares.
Tanto así que en la misma sentencia T-096 de 1995 se señala que para los casos mencionados, el Decreto 747 de 1992 no es aplicable, por no ser la vía indicada para conseguir la desocupación de un inmueble “Lo cual resulta aún más claro si se tiene en cuenta la finalidad del Decreto 747 de 1992: este se dictó para prevenir las invasiones en predios rurales que estén ocasionando la alteración del orden público interno en algunos departamentos. Nadie podrá afirmar que la ocupación del predio Tarapacá por Peñaloza de Avila haya ocasionado perturbaciones del orden público en el Departamento del Atlántico.”
Agrega que, en el caso objeto de la sentencia cuestionada, al igual que en la sentencia T-096 de 1995, no se observa que el querellado hubiese tomado violentamente el predio rural, ni tampoco que existiera una invasión, o que la ocupación del predio hubiese ocasionado perturbaciones de orden público en el lugar. En razón a que estas situaciones no fueron verificadas por la Sala de Revisión, no le era dable concluir que el Decreto 747 de 1992, ni el Código de Policía de Casanare, eran la legislación aplicable al asunto, por estar en contravía de la normatividad nacional y además por cuanto en su parecer el Decreto citado se encontraba derogado tácitamente por la ley 270 de 1996, al haberle asignado a los Jueces Civiles del Circuito la competencia para conocer de los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales atribuida a los jueces de tierras en el artículo 16 de la Ley 200 de 1936 y el parágrafo del artículo 54 Decreto 59 de 1938, normas que no fueron objeto de análisis en la sentencia T-1104 de 2008.
13.- En cuanto al segundo cargo, explica que la sentencia cuestionada vulnera de manera grave su derecho al debido proceso, al omitir el análisis de los demás defectos planteados en la tutela, como son el procedimental, el sustantivo y el fáctico, pues solamente se limitó a analizar el defecto orgánico relativo a la competencia de la Alcaldía para intervenir en tales procesos, dando aplicación al Decreto 747 de 1992.
14.- Insiste en que la Sala Octava de Revisión omitió analizar de manera detallada el defecto fáctico surgido de la falta de valoración probatoria por la autoridad municipal para sustentar adecuadamente la decisión de lanzamiento, en tanto que paso por alto: (i) que no siendo invasor de predio rural, no se le podía aplicar lo previsto en el decreto 747 de 1992; (ii) que el demandante es poseedor de la finca desde el año 2001, puesto que la ha ocupado legítimamente con antelación a la presentación de la querella que interpuso la sociedad demandada; (iii) la legitimidad de la sociedad querellante, que solamente acreditó dentro del proceso policivo los títulos de propiedad; (iv) la existencia del proceso de perturbación de la posesión interpuesto contra Camilo Akl que cursa desde el mes de agosto de 2004 en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Orocué; (v) la falsa apreciación de las publicaciones periodísticas en las que solamente se menciona el conflicto de tierras existente entre Alberto Ruiz y Camilo Akl, pero nunca entre la sociedad Inversiones Los Cedros; (vi) el hecho de que para la época de la diligencia de lanzamiento, el ganado de la finca se encuentra marcado con el mismo hierro que describió Camilo Akl como de su propiedad en la denuncia penal que le interpuso por hurto de ganado; y (vii) la demanda de lanzamiento promovida por la sociedad Inversiones los Cedros S.A., ante el Juez Promiscuo del Circuito de la localidad, por los mismo hechos y con las mismas partes.
15.- Manifiesta que existe la configuración del defecto sustantivo, puesto que la providencia del ente municipal se fundamentó en normas concernientes a situaciones distintas, desconociendo las que eran aplicables a su caso.
16.- Cuestiona además el peticionario, la falta de argumentación en el tema relacionado con la improcedencia de recursos contra las decisiones de lanzamiento tomadas por los alcaldes municipales en cumplimiento de lo previsto en el Decreto 747 de 1992 por ir en contravía de la autonomía de la autoridad municipal, puesto contrario a tales afirmaciones, en su criterio nada obsta para que procedan los recursos, puesto que no pueden medirse con el mismo rasero las decisiones relativas al orden público tomadas con base en tal disposición, y las decisiones ordinarias tomadas en los juicios ordinarios civiles de policía.
17.- Sostiene también que en la sentencia T-1104 de 2008, la Corte dejó de analizar el defecto procedimiental surgido de: (i) la falta de adecuación en providencia motivada por parte de la autoridad municipal al nuevo procedimiento adoptado con base en el Decreto 747 de 1992 y en los artículos 674 y 675 del antiguo Código de Policía de Casanare, lo cual ha debido hacer, dado que al admitir la querella ordenó adelantarla de acuerdo con lo previsto en la Ley 57 de 1905 y el decreto 992 de 1930; (ii) la falta de citación a la Procuraduría Agraria desde la admisión de la querella, sino hasta el momento en que se decretó la continuidad de la diligencia de lanzamiento que había sido suspendida, respecto de lo cual considera que no pudo haber convalidación por su propia voluntad, al no haber alegado en su oportunidad la nulidad, toda vez que la alcaldía municipal le había negado el recurso de apelación; (iii) el conflicto de jurisdicción surgido entre una autoridad judicial que conocía de la demanda de lanzamiento por ocupación de hecho planteada por la sociedad Inversiones Los Cedros a la luz de lo previsto en el artículo 98 del decreto 2303 de 1989, admitida el 25 de julio de 2007 y una autoridad de policía que conocía del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual fue resuelto por el Alcalde del Municipio de Orocué pese a que la autoridad competente para resolverlo es la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
5.- En conclusión, para poder decretar la nulidad en cada caso en concreto es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[12].
6.- Puesto que el recurrente fundamenta la solicitud de nulidad, entre otros aspectos, en un supuesto cambio de jurisprudencia por parte de la Sala de Revisión, es necesario detenerse en el alcance de esta causal.
Pues bien, la causal de “desconocimiento de jurisprudencia” puede ser comprendida de distintas maneras: (i) como desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia cuya nulidad se solicita; (ii) como una contradicción con cualquier sentencia anterior de Sala Plena, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta[13]; (iii) como la posibilidad de la Sala Plena de obra como una segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión.
9.- Como punto de partida, resulta indispensable que los jueces constitucionales, al proferir sus fallos, los motiven conforme a las directrices jurisprudenciales previamente establecidas, de manera tal que se genere una continuidad de los criterios desarrollados por esta Corporación. Esto implica que sus decisiones posteriores deben seguir los mismos postulados de los fallos precedentes y más aún si tienen supuestos fácticos similares. En esa medida, si lo que se pretende es proceder a un cambio de interpretación jurisprudencial que obligue a una nueva hermenéutica del sistema jurídico frente a hechos ya considerados, será la Sala Plena quien estará legitimada para establecer esa nueva manera de interpretación. De tal suerte que, la procedencia de la causal de cambio de jurisprudencia está limitada a aquellos casos en los cuales se demuestre que la Sala de Revisión modificó un precedente constitucional, creado a partir de la resolución de un caso concreto, y no frente a cualquier doctrina contenida en un fallo anterior proferido por la Sala Plena[14].
10.- El respeto a los precedentes constitucionales, entendidos como reglas judiciales emanadas de la interpretación de una norma superior para la solución de un caso concreto[15], cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas[16], debido a (i) elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico; (ii) una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades[17]; y (iii) en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. De allí que, si bien la Sala Plena puede, excepcionalmente, por razones de justicia material y adecuación de sus fallos a los cambios históricos y sociales, modificar un precedente constitucional, tal decisión le está vedada a las Salas de Revisión, so pena de incurrir en una causal de nulidad.
“En primer lugar, se debe estar ante una línea jurisprudencial establecida por la Corte, que constituya precedente obligatorio para las salas de revisión. Por tanto, debe concurrir para el caso concreto una “jurisprudencia en vigor, esto es, “(...) en el entendido de que las decisiones anteriores han dejado tras de sí un sustrato de interpretación judicial que permite inferir criterios mínimos de alguna manera reiterados por la Corte en cuanto al alcance de las normas constitucionales aplicables en lo relativo a la solución de controversias planteadas en los mismos términos (...)”[18]”[19]
El término jurisprudencia en vigor, de acuerdo con este entendimiento, corresponde al precedente constitucional fijado reiteradamente por la Corte, que en diversas decisiones trata problemas jurídicos análogos con presupuestos fácticos idénticos, frente a los cuales adopta de manera uniforme la misma regla de decisión. Sin embargo, tal necesidad de reiteración opera sin perjuicio del ejercicio de la autonomía interpretativa de la que es titular la Sala Plena de la Corte, la cual está facultada para modificar la jurisprudencia constitucional bajo la existencia de condiciones específicas, entre ellas “(i) los cambios que el Constituyente introduzca en la normatividad; (ii) la evolución que vayan mostrando los hechos de la vida en sociedad y (iii) los nuevos enfoques que promueva el desarrollo del pensamiento jurídico.”[20] [21].
Finalmente, para poder decretar la nulidad de una sentencia es necesario que se cumplan las exigencias reiteradas y reconocidas por esta Corporación, es decir que los vicios que se invoquen impliquen una verdadera afectación del debido proceso, cuya demostración sea “ostensible, probada, significativa y trascendental, es decir, que tenga repercusiones sustanciales y directas en la decisión o en sus efectos”[22]. Conforme a lo expuesto, si se hace alusión a la causal de cambio de jurisprudencia para motivar la solicitud de impugnación de un fallo, será procedente sólo si el cambio consiste en la modificación de un precedente que se refiere a un problema jurídico concreto y no frente a cualquier argumento contenido en una decisión anterior que no fuera relevante para la decisión adoptada –obiter dicta-. De igual manera, le está vedado a la Sala Plena entrar a establecer, por vía del incidente de nulidad, como si se tratase de una segunda instancia, si una determinada Sala de Revisión acertó al momento de deducir un determinado postulado interpretativo del texto constitucional por cuanto se estaría violando el principio de autonomía judicial.
a) La presentación oportuna de la solicitud constituye el primer requisito de procedibilidad del incidente de nulidad de una sentencia de tutela proferida por una sala de revisión. De conformidad con la jurisprudencia constitucional el término para proponer o alegar la nulidad de cualquier sentencia proferida por la Corte Constitucional es de tres (3) días contados a partir de la notificación de la misma[23].
b) En caso que el vicio se funde en situaciones acaecidas con anterioridad al momento de proferir el fallo, la solicitud de nulidad deberá solicitarse, de conformidad con lo señalado en el artículo 49 del Decreto 2067 de 1991, antes de que la Sala de Revisión emita la sentencia correspondiente. En caso que las partes que intervinieron en el proceso constitucional no eleven petición en ese sentido dentro de la oportunidad prevista, pierden su legitimidad para invocar la nulidad posteriormente[24].
d) Quien alega la existencia de una nulidad debe cumplir con una exigente carga argumentativa, pues tiene que demostrar con base en argumentos serios y coherentes que la sentencia atacada vulnera el derecho al debido proceso. Como se indicó, el incidente de nulidad no es una oportunidad para reabrir la discusión jurídica resuelta en el fallo, por lo que una censura al fallo sustentada en el inconformismo del peticionario ante lo decidido o en una crítica al estilo argumentativo o de redacción utilizado por la Sala de Revisión carece de eficacia para obtener la anulación de la sentencia en el sentido de señalar de manera clara y expresa la causal de nulidad invocada, los preceptos constitucionales transgredidos y su incidencia en la adopción adoptada[25].
15.- La solicitud de nulidad presentada por la apoderada judicial del ciudadano Alberto Ruiz Llano se fundamenta en la causal de cambio de jurisprudencia por considerar que la sentencia T-1104 de 2008, acoge “una interpretación normativa contraria a la línea jurisprudencia establecida por la Corte Constitucional en las sentencias T-135 de 1994 y T-096 /95”, y además por haber infringido su derecho fundamental al debido proceso, por no analizar de fondo la totalidad de los defectos denunciados en la demanda de tutela respecto de la decisión tomada por la Alcaldía Municipal de Orocué, como son el procedimental, el sustantivo y el fáctico.
17.- Respecto de los requisitos de procedibilidad frente a la solicitud de nulidad de la sentencia T-1104 de 2008 cabe señalar que esta decisión fue proferida el día 6 de noviembre de 2008 y comunicada al Juzgado Promiscuo Municipal de Orocué mediante oficio No. STB-889/2008 de fecha 9 de diciembre de 2008. El Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Orocué recibió el oficio el día 22 de enero de 2009. La decisión fue notificada al accionante Alberto Ruiz Llano mediante oficio No.009 de fecha 22 de enero de 2009 e interpuso la solicitud de nulidad el día 28 de enero de 2009. De conformidad con los hechos relacionados anteriormente, la solicitud de nulidad de la referida sentencia debería ser considerada extemporánea. Sin embargo, dado que el ciudadano Alberto Ruiz Llano afirma en el poder conferido a su apoderada judicial para la presentación del incidente de nulidad, haber sido notificado el 26 de enero de 2008, es preciso realizar un análisis detenido de la forma en que se llevó a cabo la notificación.
De conformidad con certificación expedida por el Juez Primero Promiscuo Municipal de Orocué, mediante oficio C.No.020 de febrero 5 de 2009, en respuesta al requerimiento realizado por la Secretaría General mediante oficio STB-049/2009, el accionante Alberto Ruiz Llano fue notificado el día 22 de enero de 2007, mediante el envío vía fax del oficio No.009 del 22 de enero de 2009, dirigido a su nombre.
Sobre el envío el fax, el funcionario judicial remitió a la Corte Constitucional, mediante oficio No.034 de febrero 19 de 2009, certificación de fecha 19 de febrero de 2009, suscrita por la propietaria del servicio de Fax que funciona en las instalaciones de Telecom Orocué – Casanare, en la que consta lo siguiente:
“el día veintidós (22) de Enero de dos mil nueve (2009), siendo la hora de las 3:44 de la tarde, por solicitud del señor VENTURA VICTOR MARIO CEBALLOS R. en condición de Secretario del Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Orocué, se envió vía FAX, con destino al teléfono No.0916356040 de la ciudad de Bogotá, el oficio No.009 de fecha enero 22 de 2.009, dirigido al señor ALBERTO RUIZ LLANO, cuya dirección es Diagonal 97 No.17-60 Piso 11 de la ciudad de Bogotá, Consta de un (1) folio.”
Además para demostrar que el fax llegó a su destino, el Juez Primero Promiscuo de Orocué, allegó a esta Corporación el comprobante expedido por el fax al momento del envío, donde consta que fue recibido a satisfacción en dicho numero telefónico. Respecto de la forma en que el Juzgado tuvo conocimiento de la dirección y el teléfono del señor Alberto Ruiz Llano, informa que: “el FAX No.6356040 de la ciudad de Bogotá, fue obtenido, en la fotocopia que aparece, en expediente de la tutela y mediante el cual la gerente de Inversiones Los Cedros, dirigida a la Dra. SANDRA ELIZABETH MARTINEZ, secretaria del Tribunal del Distrito Judicial de Yopal, suministra la dirección del señor ALBERTO RUIZ LLANO diagonal 97 No.17-60 piso 11e.Teléfono 6356001 y Fax 6356040 de Bogotá, para mayor ilustración anexo fotocopia.”
De la misma forma, el funcionario judicial de primera instancia, adjuntó certificación expedida por la empresa Interrapidísimo de Orocué, en la que consta que los documentos dirigidos al señor Alberto Ruiz Llano, para notificación del fallo proferido por la Corte Constitucional fueron entregados el día 26 de enero de 2009 a las 16: 45 P.M., en su oficina ubicada en la Diagonal 97 No.17-60 de Bogotá.
De conformidad con lo anterior, la Sala no encuentra suficiente claridad respecto del día en que se surtió la notificación, dado que pese a las gestiones adelantadas por el Juzgado de primera instancia para notificar por el medio más expedito a la parte interesada, cabe la posibilidad que el teléfono al que se le envió el fax para notificación de la sentencia, no corresponda al del lugar de la notificación señalado en el expediente por el propio actor, teniendo en cuenta que la información no fue tomada de sus escritos.
Por lo anterior, tomando en consideración la falta de certeza respecto del lugar de notificación, aunado a que el peticionario ha expresado que la notificación se surtió en un día distinto al señalado por el Juez de primera instancia, se entenderá que su solicitud de nulidad fue presentada de manera oportuna por haber sido instaurada el 28 de enero de 2009, dentro del término de ejecutoria de la decisión, esto es, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación del citado fallo, lo que habría ocurrido el 26 de enero de 2009.
Como se puede observar, se cumple con el primero de los presupuestos exigidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional para la procedibilidad del incidente de nulidad en contra de las sentencias adoptadas por las Salas de Revisión.
De otra parte, la apoderada judicial que obra a nombre del peticionario cuenta con legitimación activa para solicitar la nulidad de la sentencia en cuestión debido a su condición de apoderada del ciudadano Alberto Ruiz Llano quien actuó como demandante en la acción de tutela que terminó con la sentencia T-1104 de 2008.
Finalmente el escrito mediante el cual se solicita la nulidad del fallo de tutela proferido por la Sala Octava de Revisión señala claramente que las causales invocadas fueron: (i) desconocimiento de la jurisprudencia y (ii) la vulneración de su derecho al debido proceso, al omitir el análisis de los defectos procedimiental, sustantivo y fáctico planteados en la tutela, limitándose al análisis del defecto orgánico relativo a la competencia de la Alcaldía del Municipio de Orocué, en aplicación del Decreto 747 de 1992.
18.- Una vez examinados los requisitos de procedibilidad se verificará si la sentencia T-1104 de 2008 incurre en la causal de nulidad alegada de desconocimiento de la jurisprudencia contenida en las sentencias T-135 de 1994 y T-096 de 1995, para lo cual, es pertinente recordar de conformidad con lo expresado en forma precedente, lo relacionado con la manera como la jurisprudencia constitucional ha fijado el sentido y alcance de la expresión “desconocimiento de jurisprudencia” contenida en el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. Se indicó que tal expresión podía entenderse de varias maneras. Podía equipararse (i) al desconocimiento de una sentencia cuya ratio decidendi coincide con el problema jurídico sobre el que versa la sentencia respecto de la cual se solicita la nulidad; (ii) a una contradicción frente a cualquier sentencia anterior, bien sea en su ratio decidendi o en su obiter dicta; (iii) a la posibilidad de la Sala Plena de obrar como segunda instancia de lo decidido por la Sala de Revisión. De estas tres posibilidades de comprensión, se insistió en que la única que se ajustaba al real sentido de la causal en estudio era la primera por cuanto las otras dos formas de entender la expresión “desconocimiento de la jurisprudencia”, significaba vulnerar el principio de autonomía e independencia judiciales. De ahí que el punto objeto de examen en el presente asunto sea verificar si la ratio decidendi y el problema jurídico de la sentencia T-1104 de 2008 coincide con la ratio decidendi y con el problema jurídico planteado en las sentencias enumeradas por la apoderada judicial del ciudadano Ruiz Llano.
19.- Alega la apoderada judicial que la sentencia cuya nulidad se solicita no adoptó la misma jurisprudencia consignada en las sentencias T-135 de 1994 y T-096 de 1995, en tanto que acogió una interpretación normativa distinta en relación con el Decreto 747 de 1992. En efecto, indica que desconoció la jurisprudencia consignada en la primera de las sentencias citadas según la cual el Decreto es aplicable solamente para los casos de toma violenta de predio rural y además, la consignada en la sentencia T-096 de 1995, la cual estableció que no era el Decreto 747 de 1992 el procedimiento policivo aplicable para que el accionante desocupara el inmueble objeto de la tutela, puesto que no existió invasión ni perturbación del orden público.
20.- Antes de pasar a examinar si en efecto la Sala Octava de Revisión desconoció el precedente constitucional e incurrió, por ese motivo, en causal de nulidad, resulta necesario subrayar, una vez más, que sólo algunos pronunciamientos de la Corte pueden equipararse a un precedente. Dicho de otra manera: para convertirse en precedente la sentencia debe llenar unos requisitos. En primer lugar, no todo lo que dice una sentencia resulta pertinente para la definición de un caso posterior. Es imprescindible delinear cuál es la ratio decidendi de la sentencia que sería obligatorio seguir en un caso posterior y esta ratio debe, en efecto, servir para resolver el problema jurídico o una cuestión constitucional semejante. De otra parte, los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho similar al que debe resolverse posteriormente. Así, una sentencia se convierte en precedente de otra o de otras únicamente cuando su ratio decidendi configura una regla – prohibición, orden o autorización - determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes.
21.- Del análisis de la sentencia T-1104 de 2008 y de las sentencias T-135 de 1994 y T-096 de 1995 puede constatarse que si bien existen algunos puntos en común, tanto la ratio decidendi, el problema jurídico planteado así como los supuestos fácticos de las sentencias son diferentes.
En la sentencia T-135 de 1994 el problema jurídico se centró en la necesidad de tutelar los derechos fundamentales del accionante, gravemente amenazados por la toma violenta por parte de un particular del predio rural del cual derivaba su sustento. Ordenó la Corte al Alcalde del Municipio de La Ceja, al amparo del procedimiento policivo establecido en el Decreto 747 de 1992, adoptar las medidas necesarias para restablecer al actor la situación en que se encontraba antes del ataque armado del que fue objeto.
Por su parte en la Sentencia T-096 de 1995, al igual que en la sentencia T-1044 de 2008, el accionante quien alega ser poseedor de un predio rural, fue demandado por quien ostenta derechos de propiedad sobre el inmueble en proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho de conformidad con el procedimiento contemplado en el Decreto 747 de 1992. Si bien en ambos casos, la Corte se centro en establecer si la orden de lanzamiento proferida por la autoridad de policía, era violatoria del derecho al debido proceso de los actores, en la sentencia T-096 de 1995, preciso claramente, sin más consideraciones, que la razón por la cual no procedía la aplicación del decreto 747 de 1992, era la de no cumplir a cabalidad con los requisitos plasmados en dicha normatividad en tanto que la invasión no se produjo dentro de los 15 días anteriores a la demanda, ni tampoco se demostró que la querellante hubiera venido explotando económicamente el predio.
Así las cosas, mientras que en la sentencia T-135 de 1994, se aplica el Decreto por existir una toma violenta del predio y como una medida de protección inmediata para la grave vulneración de los derechos fundamentales del actor, en la sentencia T-096 de 1995, el mismo decreto no se aplica por no reunir los requisitos exigidos en la norma.
22.- Por su parte, en la sentencia T-1104 de 2008, la Corte verificó si la orden de lanzamiento por ocupación de hecho impartida por la Alcaldía del Municipio de Orocué en contra del ciudadano Alberto Ruiz Llano había incurrido en causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Para tal efecto, la Sala Octava de Revisión analizó lo relacionado con la naturaleza jurisdiccional de las decisiones proferidas por las autoridades de policía en procesos posesorios, el poder de policía, el concepto de orden público, la naturaleza preventiva y provisional del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho y las normas que lo rigen tratándose de predios urbanos y rurales, dentro de lo cual se detuvo en el análisis de la naturaleza y alcance del Decreto 747 de 1992. En relación con éste último aspecto, indicó que la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, contenida en dicho Decreto, se complementa de manera armónica con las facultades otorgadas a la policía en el Código Nacional de Policía para casos de perturbación o preservación de la posesión, y se consagra sin perjuicio de la acción judicial que se pueda instaurar ante el Juez Agrario para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho. Concluyó así la Corte, que la decisión judicial cuestionada no incurrió en los defectos alegados ya que la autoridad de policía era competente para adelantar el procedimiento contemplado en el Decreto 747 de 1992, no encontrándose entonces ante un conflicto de competencias o de jurisdicciones, puesto que la acción judicial prevista en el Decreto 2303 de 1989 no excluye la acción policiva.[26]
23.- Por lo anteriormente expuesto, se tiene que no existe coincidencia entre las sentencias T-135/94 y T-096/95 con la sentencia T-1104/08. Ni los supuestos fácticos, ni en el problema jurídico, ni la ratio decidendi concuerdan, así que no se ve cómo podría la sentencia T-1104 de 2007 haber desconocido el supuesto precedente fijado en las sentencias T-135 de 1994 y T-096 de 1995.
Adicionalmente la causal de nulidad de “desconocimiento de la jurisprudencia” sólo se verifica cuando una sala de revisión desconoce los procedimientos sentados por la Sala Plena, lo que no ocurre en el presente caso.
24.- El segundo cargo en el cual apoya su solicitud de nulidad, se relaciona con la vulneración de su derecho al debido proceso por cuanto (i) omitió el análisis de los defectos procedimental, sustantivo y fáctico alegados en la demanda de tutela y solamente examinó el defecto orgánico relativo a la competencia y (ii) al momento de analizar las actuaciones de la Alcaldía Municipal, no se adentró en el estudio de la abundante valoración probatoria que acreditaban su calidad de poseedor y no de invasor, la existencia de procesos judiciales en curso por los mismo hechos y con las mismas partes y la veracidad de sus afirmaciones sobre la compra del inmueble con anterioridad.
Cuestiona además el peticionario, la falta de argumentación en temas relacionados con la improcedencia de recursos contra las decisiones tomadas por las autoridades de policía y haber dejado de analizar aspectos surgido de: (i) la falta de adecuación al nuevo procedimiento adoptado con base en el Decreto 747 de 1992 y en los artículos 674 y 675 del antiguo Código de Policía de Casanare; (ii) la falta de citación a la Procuraduría Agraria desde la admisión de la querella; (iii) el conflicto de jurisdicción surgido entre una autoridad judicial a la luz de lo previsto en el artículo 98 del decreto 2303 de 1989 y una autoridad de policía que conocía del proceso policivo de lanzamiento por ocupación de hecho, el cual fue resuelto por el Alcalde del Municipio de Orocué pese a no ser el competente.
25.- De conformidad con lo anterior, para la Sala Plena es claro que los anteriores reclamos no constituyen una causal de nulidad de la sentencia controvertida, en tanto que controvierten las razones plasmadas en la sentencia T-1104 de 2008 y hacen alusión a inconsistencias en la valoración probatoria y en la motivación y argumentación de la decisión.
La jurisprudencia tiene establecido que la solicitud de nulidad de una sentencia de la Corte Constitucional no constituye una oportunidad para reabrir debates jurídicos resueltos, “no es un medio idóneo para reabrir el debate probatorio, o para revisar la sentencia ya que ello no está establecido en la ley, ni constituye una nueva instancia, ni tiene la naturaleza de recurso”[27].
En consecuencia, cuando la discrepancia del solicitante de la nulidad radica en el análisis del acervo probatorio hecho por la Corte –el cual se considera errado-, o en torno a los criterios utilizados para la adecuación de la sentencia, tanto de redacción, como de argumentación no se configura, por regla general, como una causal de nulidad por violación del debido proceso la nulidad.
26.- En esta oportunidad, lo que evidencia esta Corporación es que el solicitante en el fondo pretende se reevalúe el acervo probatorio y por ende se reabra el debate ya concluido en las discusiones de la Sala de Revisión, lo cual no es posible dentro del tramite de un incidente de nulidad ante esta Corporación. En efecto, analizada la sentencia T-1104 de 2008, es evidente que cada uno de los defectos denunciados por el actor en los cuales fundamentó la supuesta vía de hecho en que incurrió la autoridad municipal con la orden de lanzamiento, fueron examinados y se encuentran sustentados en argumentaciones coherentes y congruentes dirigidas a demostrar las razones por las cuales no puede prosperar las pretensiones del demandante.
Primero: DENEGAR la nulidad de la sentencia T-1104 de 2008 proferida por la Sala Octava de Revisión.
[1] En la sentencia SU-047 de 1999, la Corte señaló que aquella parte de las sentencias que se denomina precedente o ratio decidendi es “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”, a diferencia del obiter dictum que constituye “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”.
[2] Así lo ha sostenido expresamente esta Corporación:
[3] El inciso 2° del artículo 423, consagra que a través del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho se pone fin a la ocupación arbitraria de un inmueble y se restituye su tenencia a favor del tenedor legítimo. Se trata de una instancia habilitada para instituir la tenencia de un inmueble más no para decidir controversias. El artículo 426 estipula que la competencia para conocer del proceso de lanzamiento por ocupación de hecho radica exclusivamente en cabeza del alcalde municipal. El artículo 429 expresa que si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante exhibe un título o prueba que justifique legalmente su ocupación, el Alcalde se abstendrá de practicar el lanzamiento. El artículo 432 estipula que contra las providencias proferidas por el funcionario de policía en los juicios de lanzamiento por ocupación de hecho no procede recurso alguno. El artículo 606 estipula que la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho precluye en treinta (30) días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que el querellante tuvo conocimiento del hecho. Vencido este término, la competencia será de la justicia ordinaria.
[4] Sentencia T-091/03.
[5] Pese a tal estipulación, la Corte estima que en el tema de los recursos deberá observarse la declaratoria de nulidad del artículo 7º del Decreto 992 de 1930 que preveía el recurso de apelación en este tipo de procesos, por parte del Consejo de Estado en sentencia proferida el 19 de septiembre de 1975, y además la declaratoria de inexequibilidad proferida por la Corte Constitucional en sentencia C-643 de 1999, sobre la parte correspondiente del artículo 132 del Código Nacional de Policía (Decreto 1335 de 1970) que preveía el recurso de apelación de las decisiones del Alcalde ante el Gobernador, al considerar que la disposición desconoce la autonomía de las autoridades municipales.
[6] El artículo 202 consagra: “Los Juzgados Agrarios que funcionen actualmente, suspenderán sus labores, tres (3) meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando entren a operar la totalidad de los Juzgados Agrarios creados por el artículo 9 del Decreto 2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en primera y única instancia, por los Juzgados Civiles del Circuito correspondiente. // Los despachos judiciales agrarios mencionados, con todo su personal y sus recursos físicos, serán redistribuidos por el Consejo Superior de la Judicatura, conservando su categoría de Juzgado del Circuito, con efectos legales a partir del día siguiente a la suspensión de labores de que se habla en el inciso anterior.//PARAGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo necesario para que la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989, entre a operar en su totalidad con el funcionamiento de todas las Salas Agrarias y Juzgados del Círculo Judicial Agrario allí consagrados.”
[7] El artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, estipula lo siguiente: Partes. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2o. de la Ley 4a. de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente, de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante.”
[8] El artículo 171 dispone: “Sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes que establezcan las funciones y estructura general de la Procuraduría General de la Nación y la norma que crea y organiza la jurisdicción agraria, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios, los Procuradores Judiciales Ambientales y Agrarios ejercerán en lo relacionado con la presente legislación agraria las siguientes funciones: // (…) 2. Tomar parte como agentes del Ministerio Público en los procesos judiciales agrarios que se ventilen ante la Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativo. Igualmente será ejercido el Ministerio Público en los procedimientos de carácter administrativo agrario que se adelanten ante las distintas entidades administrativas y de Policía relacionado con asuntos agrarios”.
[9] Sentencia T-1009/00. En el mismo sentido, verlas sentencias SU-429/98, T-100/98 y T-350/98.
[10] Mediante escrito radicado en la Secretaria General de la corporación el 11 de febrero de 2009, la apoderada judicial del actor formuló consideraciones adicionales al incidente de nulidad presentado el 28 de enero de 2009.
[11] Auto 162 de 2003. M. P. Rodrigo Escobar Gil. S. V. Jaime Araújo Rentería.
[12] Auto 031 A de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. S. V. Rodrigo Escobar Gil.
[13] En la sentencia SU-047 de 1999, la Corte señaló que aquella parte de las sentencias que se denomina precedente o ratio decidendi es “la formulación general… del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica. [o] si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”, a diferencia del obiter dictum que constituye “toda aquella reflexión adelantada por el juez al motivar su fallo, pero que no es necesaria a la decisión; [esto es, las] opiniones más o menos incidentales en la argumentación del funcionario”.
[14] Así lo ha sostenido expresamente esta Corporación:
[15] Auto A-208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[16] Ver, por ejemplo, entres otras, las sentencias T-193 de 1995 y C-400 de 1998.
[17] Sentencia SU 047 de 1999.
[18] [Cita Auto 208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño] Auto 013 de 1997. M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
[19] [Cita Auto 208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño] Cfr. Auto 131 de 2004. M. P. Rodrigo Escobar Gil. S. V. Jaime Araújo Rentería.
[20] [Cita Auto 208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño ] Ibídem.
[21] Auto 208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño.
[22] Auto 031 A de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
[23] Sobre el plazo para interponer la solicitud de nulidad de una decisión proferida por la Corte Constitucional se afirma en el Auto 163A de 2003. M. P. Jaime Araújo Rentería:
[24] Una explicación ampliada de los fundamentos de este requisito puede encontrarse en los Autos del 13 de febrero de 2002 y del 20 de febrero del mismo año.
[25] Cfr. Autos 162/03. M. P. Rodrigo Escobar Gil; 029 A de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett y 031A de 2002. M. P. Eduardo Montealegre Lynett; 256 de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; A-208 de 2006. M. P. Jaime Córdoba Triviño. Ver también los autos 232 de 2001. M. P. Jaime Araújo Rentería; 053 de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil; 082 de 2000. M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz; 050 de 2000. M. P. José Gregorio Hernández; 074 de 1999. M. P. Alejandro Martínez Caballero entre otros.
[26] Así lo sostuvo también la Corte Constitucional en sentencia C-028 de 2009, mediante la cual se declaró inhibida para emitir pronunciamiento de fondo respecto de los cargos formulados contra el artículo 98 del Decreto 2303 de 1989, por ineptitud sustantiva de la demanda, al considerar que los cargos formulados por la demandante parten del erróneo presupuesto en el sentido de que las autoridades de policía han sido privadas de la competencia para adelantar procesos de lanzamiento por ocupación de hecho en predios agrarios.
[27] Auto 063 de 2004.

References: resolución 
 artículo 98
 artículo 10
 artículo 202
 artículo 98
 artículo 171
 artículo 426
e contrario
 artículo 16
 artículo 54
 artículo 98
 resolución 
 artículo 49
 artículo 34
 artículo 98
 artículo 423
 artículo 426
 artículo 429
 artículo 432
 artículo 606
 artículo 7
 artículo 132
 artículo 202
 artículo 9
 artículo 98
 artículo 984
 artículo 2
 artículo 171
 artículo 98