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Timestamp: 2019-01-19 14:25:34+00:00

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Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía (Ley 6/1999, de 7 de julio) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 71499710
Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Andalucía (Ley 6/1999, de 7 de julio)
TÍTULO II. Participación de las personas mayores - arts. 4 a 6
TÍTULO III. De los servicios sociales
CAPÍTULO II. Atención comunitaria - arts. 11 a 13
CAPÍTULO III. Servicios Sociales Especializados - arts. 14 a 19
CAPÍTULO IV. De los derechos y deberes de los usuarios - arts. 20 a 22
TÍTULO IV. De la atención sanitaria - art. 23
TÍTULO V. De la atención sociosanitaria - arts. 24 a 29
TÍTULO VI. De la vivienda y el urbanismo - art. 30
TÍTULO VII. De la educación y la formación - arts. 31 a 33
TÍTULO VIII. De la cultura, el ocio, el turismo y el deporte - arts. 34 a 38
TÍTULO IX. De la protección económica - arts. 39 a 41
TÍTULO X. De la protección jurídica - arts. 42 a 49
CAPÍTULO I. Infracciones - arts. 50 a 55
CAPÍTULO II. Medidas cautelares - art. 56
CAPÍTULO III. Sanciones - arts. 57 a 61
Norma citada en: 98 sentencias, 21 artículos doctrinales
Las referencia hechas a «centros de día», se entenderán hechas a «centros de participación activa», y las referencia hechas a «unidades de estancia diurna», se entenderán hechas «centros de día para mayores», por la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
El título I, 'Disposiciones generales', aborda los objetivos perseguidos por la Ley, su ámbito de aplicación, así como los criterios que deben regir las actuaciones de las diferentes Administraciones Públicas.
El título II, 'De la participación de las personas mayores', desarrolla el mandato constitucional a los poderes públicos de facilitar, promover e incentivar su participación como ciudadanos. Consagra la Ley la participación institucional, articulada a través de los Consejos de Mayores y la obligación de las Administraciones Públicas de promover el voluntariado.
El título III, 'De los servicios sociales', contiene los diferentes niveles de atención que este sistema presta a las personas mayores: Los Servicios Sociales Comunitarios y los Servicios Sociales Especializados.
En el capítulo IV se regula un catálogo de derechos y deberes de los usuarios de los servicios y centros de servicios sociales, dando cumplimiento así a una de las máximas reivindicaciones del movimiento asociativo de las personas mayores y del propio Defensor del Pueblo andaluz: Contar con una norma con rango de ley que garantice en todos los centros y servicios, ya sean de titularidad pública o privada, el respeto a estos derechos.
Igualmente, aunque ya esté recogida en la Ley 2/1988, de 4 de abril, establece la participación de los usuarios en el coste de los servicios.
En el título IV, 'De la atención sanitaria', se regulan los objetivos de dicha atención dentro del marco del Sistema Público Andaluz de Salud.
En el título V, 'De la atención sociosanitaria', se afronta un espacio novedoso de atención integral a las personas mayores que precisan de cuidados conjuntos de salud y servicios sociales.
En el título IX, 'De la protección económica', se da cumplimiento al mandato del artículo 50 de la Constitución Española.
En el título X, 'De la protección jurídica', se establecen medidas sobre prevención de situaciones de maltrato y de protección para aquellas personas mayores que se encuentran en situación de desvalimiento, senilidad, enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que impidan a las personas gobernase por sí mismas, y que las hacen merecedoras de especial protección por parte de las Administraciones Públicas.
Impulsar y mejorar el bienestar físico, psíquico y social de las personas mayores y proporcionarles un cuidado preventivo, progresivo, integral y continuado, en orden a la consecución del máximo bienestar en sus condiciones de vida, prestando especial atención a aquéllas con mayor nivel de dependencia.
Velar por la suficiencia económica de las personas mayores con objeto de favorecer su integración social.
Procurar la integración de las personas mayores en todos los ámbitos de la vida social mediante su participación en las actividades que se lleven a cabo en su entorno físico y cultural, así como fomentar la aportación de sus conocimientos y experiencia a las restantes generaciones.
Posibilitar la permanencia de los mayores en el contexto sociofamiliar en el que han desarrollado su vida.
Promover las condiciones precisas para que las personas mayores lleven una vida autónoma, ofertando los medios para desarrollar sus potencialidades y frenar los procesos involutivos que acompañan a la edad avanzada.
Favorecer la solidaridad entre las generaciones.
Fomentar la participación del movimiento asociativo de las personas mayores en el proceso de integración comunitaria.
Sensibilizar a la sociedad andaluza respecto de la situación de las personas mayores, con las exigencias que plantea la evolución demográfica actual y futura y con las consecuencias del progresivo envejecimiento de la población de la Comunidad Autónoma.
Potenciar la implicación social por medio del desarrollo de medidas que promuevan la solidaridad hacia las personas mayores con especiales necesidades de atención.
Establecer los mecanismos de apoyo generacional necesarios, consistentes en medidas de acción positiva que posibiliten que la obligada transición de la vida activa laboral a la situación de jubilación o de inactividad laboral asimilada se realice de la forma menos traumática posible.
Propiciar la participación de las personas mayores, a través de las organizaciones en que se integran, en el proceso de toma de decisiones sobre el planeamiento y gestión del sistema de atención y protección diseñado en esta Ley.
Promover los valores representados por las personas mayores.
Tendrán derecho a las prestaciones y servicios previstos en la presente Ley las personas mayores de sesenta y cinco años que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos:
Extranjeros, apátridas, o refugiados con residencia en cualquier municipio de Andalucía, en los términos establecidos en las normas, tratados y convenios internacionales vigentes en esta materia, y en su defecto atendiendo al principio de reciprocidad.
Aquellas otras personas que se encuentren en reconocido estado de necesidad.
Podrá establecerse reglamentariamente que todas o algunas de las previsiones de la presente Ley resulten de aplicación a quienes, reuniendo las demás condiciones fijadas en los apartados anteriores, hayan cumplido los cincuenta y cinco años de edad.
Garantizar que las personas mayores gocen de todos los derechos y libertades que tienen reconocidos por la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, sin que sufran discriminación alguna por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión, deficiencia o enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal, familiar o social.
Adoptar medidas para la prevención de situaciones de abuso y explotación de las personas mayores, tanto en su persona como en su patrimonio.
Velar por el cumplimiento de las obligaciones familiares en relación a las personas mayores.
Arbitrar las medidas necesarias para garantizar una adecuada coordinación interadministrativa, pudiéndose crear con este fin aquellas estructuras o dispositivos que faciliten la correcta canalización de las demandas.
Fomentar la participación de las personas mayores en los niveles de decisión y gestión que les afecten.
Adoptar las medidas necesarias a fin de difundir en la sociedad andaluza la importancia de la función social que desarrollan las personas mayores.
TÍTULO II Participación de las personas mayores Artículos 4 a 6
ARTÍCULO 4 Norma general.
ARTÍCULO 5 Participación institucional.
Las Administraciones Públicas de Andalucía establecerán los cauces normativos y las medidas necesarias
para garantizar la participación de las personas mayores en la planificación y seguimiento de las medidas de política social que les afecten específicamente.
Los Consejos de Mayores constituirán los órganos de participación institucional de las personas mayores en el ámbito autonómico, provincial y local, asumiendo las funciones de representación, asesoramiento y elaboración de propuestas de actuación a las Administraciones Públicas en el sector de las personas mayores, en los términos establecidos reglamentariamente.
Las organizaciones, sindicatos y asociaciones donde se integren las personas mayores, serán tenidas en cuenta a la hora de la toma de decisiones en aquellos temas que específicamente les afecten.
ARTÍCULO 6 Voluntariado y ayuda mutua.
TÍTULO III De los servicios sociales Artículos 7 a 22
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 7 a 10
ARTÍCULO 7 Norma general.
El Sistema Andaluz de Servicios Sociales engloba a los servicios y centros de atención a las personas mayores de titularidad tanto pública como privada.
Se garantizará la adecuada prestación de servicios, tanto comunitarios como especializados, a las personas mayores, en el ámbito de los servicios y centros de servicios sociales, de titularidad pública y privada.
ARTÍCULO 8 Organización y funcionamiento.
ARTÍCULO 9 Apoyo familiar.
Las Administraciones Públicas apoyarán a las familias y a otros cuidadores que tengan a su cargo la atención de una persona mayor dependiente, a través de medidas y programas de información y entrenamiento en las habilidades necesarias para afrontar su cuidado, así como a través de medidas de soporte sociosanitarias que compensen la dedicación familiar intensiva y eviten situaciones extremas de cansancio familiar. En todo caso se asegurará la participación activa y de forma directa en este apoyo familiar de los servicios sociales comunitarios.
Asimismo, se potenciará la creación de asociaciones de grupos de ayuda y otras redes de apoyo entre los familiares que cuidan a personas mayores con problemas de autonomía personal u otra índole.
ARTÍCULO 10 Régimen de autorización e inspección.
La creación, construcción, modificación sustancial, puesta en funcionamiento y cierre de los servicios y centros de servicios sociales de atención a personas mayores estarán sometidos al régimen de autorización administrativa.
La inspección de servicios sociales controlará el funcionamiento de dichos servicios y centros, y velará especialmente por el respeto a los derechos de los usuarios.
CAPÍTULO II Atención comunitaria Artículos 11 a 13
ARTÍCULO 11 Servicios Sociales Comunitarios.
ARTÍCULO 12 Objetivo de los Servicios Sociales Comunitarios.
ARTÍCULO 13 Recursos comunitarios.
Los Servicios Sociales Comunitarios dispensarán prestaciones y servicios mediante actuaciones personalizadas, polivalentes, integradoras, complementarias, técnicas y preventivas tendentes a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
Los Servicios Sociales Comunitarios responderán a las necesidades de las personas mayores mediante información sobre recursos existentes, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social.
Los Servicios Sociales Comunitarios actuarán tanto en el ámbito individual como de grupo, dando apoyo a las asociaciones de personas mayores y a sus familiares.
CAPÍTULO III Servicios Sociales Especializados Artículos 14 a 19
Capítulo III de Título III desarrollado por Orden de 22 septiembre 2006, publicado en BO. Junta de Andalucía el 9 de octubre de 2006.
Los servicios sociales especializados, en cuanto instrumentos para la atención a las personas mayores dirigidos a posibilitar su integración social, habrán de procurar estructurarse en los ámbitos más próximos a la ciudadanía, evitando situaciones de desarraigo, y se estructurarán a través de:
Los Servicios Sociales Especializados tenderán a estructurarse en los ámbitos más próximos a las personas a quienes prestan servicio, evitando situaciones de desarraigo.
Artículo 14, apartado 1, modificado por la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.
ARTÍCULO 15 Centros de día.
ARTÍCULO 16 Unidades de estancias diurnas.
ARTÍCULO 17 Viviendas tuteladas.
ARTÍCULO 18 Centros residenciales.
Los centros residenciales son centros de alojamiento y de convivencia que tienen una función sustitutoria del hogar familiar, ya sea de forma temporal o permanente, donde se presta a la persona mayor una atención integral.
Las Administraciones Públicas fomentarán las estancias temporales en centros residenciales, entendiéndose éstas como la permanencia por un período de tiempo predeterminado.
ARTÍCULO 19 Otras alternativas.
Integración familiar, destinado a fomentar la integración del mayor en su propia familia u otras familias, en caso de que la persona mayor se encuentre solo y existan familias que deseen atenderlos e integrarlos en su propia unidad familiar.
Alojamiento de jóvenes con personas mayores, dirigido a promover la estancia de jóvenes con personas mayores que, por sus circunstancias, se encuentren solos y deseen dar alojamiento a estas personas.
Viviendas compartidas, destinadas a dar alojamiento a varias personas ya sean mayores o a jóvenes y mayores indistintamente, siempre que su grado de autonomía les permita esta convivencia.
CAPÍTULO IV De los derechos y deberes de los usuarios Artículos 20 a 22
ARTÍCULO 20 Derechos de los usuarios.
Derecho a la intimidad y no divulgación de los datos personales que figuren en sus expedientes o historiales.
Derecho a la integridad, física y moral, y a un trato digno tanto por parte del personal del centro o servicio como de los otros usuarios.
Derecho a no ser discriminados en el tratamiento por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Derecho a la información y a la participación de forma que, en todos los servicios y centros de servicios sociales, funcionen los mecanismos de participación de los usuarios o de sus representantes legales que se establecerán en el desarrollo reglamentario de la presente Ley.
Derecho a una atención individualizada acorde con sus necesidades específicas.
Derecho a que se les faciliten las prestaciones sanitarias, farmacéuticas, así como a los tratamientos técnico-científicos y asistenciales que corresponda al servicio o centro según su finalidad y conforme a las necesidades del usuario.
Derecho a mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, siendo obligación de la dirección de los centros promover las relaciones periódicas con sus familiares, tutores o curadores.
Derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia, salvo cuando ello venga excluido por lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
Derecho a ser protegidos por Ley, tanto ellos como sus bienes, cuando como consecuencia de la pérdida de sus facultades mentales, pierdan su capacidad de autogobierno, tanto si están en una institución como en el ámbito familiar.
ARTÍCULO 21 Deberes de los usuarios.
Observar una conducta inspirada en el mutuo respeto, tolerancia y colaboración, encaminada a facilitar una mejor convivencia, entre los usuarios y el personal que presta sus servicios en los centros.
Cumplir las normas que rijan el funcionamiento del centro.
Abonar el importe de las liquidaciones de estancias o los precios de los servicios que se establezcan en función de las capacidades económicas de los usuarios y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30.3 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía.
Facilitar correctamente los datos que puedan dar lugar al derecho a la prestación o servicio.
ARTÍCULO 22 Participación de los usuarios en el coste de los servicios.
A los efectos establecidos en el artículo 30 de la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, serán computadas tanto las rentas y bienes de la persona mayor como los de aquellos obligados a prestarle alimentos, sin perjuicio de que las personas que carezcan de recursos suficientes para abonar su importe tengan derecho a la exención o bonificación del pago del coste de los servicios que reciban.
Los usuarios vendrán obligados a declarar la situación patrimonial en los casos de ingreso en centros o servicios del sistema público.
En cualquier caso la Administración, regulará el reconocimiento de deuda contraído por las personas mayores sin renta pero con patrimonio.
TÍTULO IV De la atención sanitaria Artículo 23
ARTÍCULO 23 Objetivos de la atención sanitaria.
Promover la salud y prevenir problemas de salud a través del desarrollo de programas de educación para la salud dirigidos al fomento de hábitos saludables de vida, a la prevención de accidentes y enfermedades, a evitar el uso abusivo de medicamentos y otros que se determinen de interés para el colectivo de personas mayores. A estos efectos, se utilizarán los recursos y medios más cercanos y accesibles para este sector de población.
Asegurar la calidad de la asistencia sanitaria en el nivel primario de atención, por medio de una adecuada formación y reciclaje en geriatría y gerontología de los profesionales de los equipos de atención primaria.
Propiciar la permanencia de las personas mayores enfermas en su domicilio a través de la necesaria potenciación de los programas de atención médica y de enfermería domiciliaria. Igualmente y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias se propiciará la permanencia de las personas mayores enfermas o en situación de riesgo en su domicilio, mediante la creación de un sistema gratuito de conexión permanente y aviso a los servicios de atención sanitaria. Reglamentariamente, se establecerán las ayudas técnicas específicas de estos programas y los requisitos que deban concurrir en sus beneficiarios.
Garantizar la adecuada coordinación entre los servicios sanitarios de atención primaria y especializada, a través del establecimiento conjunto de criterios de derivación entre ambos niveles de atención y la debida protocolización de la continuidad de los cuidados.
Garantizar la calidad de la asistencia sanitaria en el nivel especializado de atención, mediante la actuación coordinada de equipos multidisciplinares.
Potenciar los programas de rehabilitación funcional que contribuyan al buen estado físico, psíquico o sensorial de esta población o compensen su deterioro.
TÍTULO V De la atención sociosanitaria Artículos 24 a 29
ARTÍCULO 24 Definición del sistema de atención sociosanitaria.
El Sistema Sociosanitario Andaluz para las personas mayores tiene por finalidad la prestación, de forma integral y coordinada, de servicios propios de la atención sanitaria y de los servicios sociales, bien sean de carácter temporal o permanente.
Serán destinatarios de este sistema aquellas personas mayores que por su alto grado de dependencia, especialización en los cuidados e insuficiencia de apoyo sociofamiliar requieran ser atendidos conjuntamente por los recursos sanitarios y sociales.
Conseguir y mantener el mayor grado de autonomía e independencia en el entorno domiciliario, evitando el ingreso innecesario en instituciones.
Impulsar los mecanismos de coordinación y actuación conjunta entre los servicios sociales y los servicios sanitarios, tanto en el nivel de atención primaria y comunitaria como en los niveles especializados.
Incluir planes y programas coordinados e interdepartamentales que contemplen las innovaciones necesarias para hacer frente a las nuevas necesidades y demandas asistenciales.
Establecer los criterios sociosanitarios precisos para la ordenación de los recursos tanto para la delimitación de las estructuras de atención como de sus funciones y acceso a las mismas.
Potenciar programas de formación continuada, investigación e intercambio de experiencias multidisciplinares entre los profesionales implicados de manera que redunde en la mejora de la calidad de la atención a las personas mayores.
ARTÍCULO 26 Configuración de la red sociosanitaria.
El Sistema de Atención Sociosanitaria quedará formado por aquellos servicios y centros de la Administración de la Junta de Andalucía que se determine reglamentariamente, así como por los de las Entidades Locales y otras instituciones públicas y privadas con las que se establezcan los adecuados mecanismos de colaboración.
Los servicios sociosanitarios se configuran como una red de servicios y prestaciones que cubrirán las necesidades de cuidados entre los diversos niveles y sistemas de atención a las personas de forma integral, interdisciplinar y rehabilitadora, optimizando los recursos disponibles.
Los servicios sociosanitarios habrán de localizarse lo más próximos posible al entorno habitual de la persona mayor.
ARTÍCULO 27 De las prestaciones sociosanitarias.
El sistema sociosanitario comprenderá, entre otras prestaciones, las siguientes: Atención domiciliaria, atención en períodos de convalecencia y rehabilitación, cui dados paliativos, atención en estancias diurnas y atención de larga duración. Reglamentariamente se definirán las estructuras y dispositivos necesarios para la correcta valoración de los casos, planificación y asignación de medidas, derivación y evaluación de los procesos.
El sistema se financiará con los presupuestos propios de la Administración de la Junta de Andalucía y de las Entidades Locales, en función de los recursos que se integren en el mismo.
Asimismo, podrá financiarse mediante subvenciones y aportaciones voluntarias de entidades, particulares y cualquier otra forma de financiación que pueda producirse.
ARTÍCULO 29 De la participación de los usuarios.
TÍTULO VI De la vivienda y el urbanismo Artículo 30
ARTÍCULO 30 Actuaciones en materia de vivienda y urbanismo.
La promoción de viviendas tuteladas y compartidas destinadas a personas mayores, con objeto de favorecer la convivencia solidaria, la autonomía y la ayuda mutua.
La evaluación de la situación de las viviendas habitadas por personas mayores en nuestra Comunidad Autónoma.
El fomento, a través de ayudas y subvenciones, de programas para la adaptación de viviendas a las necesidades de las personas mayores y de programas de intercambio de viviendas, con la finalidad de lograr que el domicilio habitual de la persona mayor reúna las mejores condiciones posibles de acceso, habitabilidad y proximidad a su entorno habitual.
Las personas mayores se beneficiarán de las medidas previstas en el Plan de Eliminación de Barreras Arquitectónicas de la Junta de Andalucía, a quienes deben tener en cuenta.
TÍTULO VII De la educación y la formación Artículos 31 a 33
ARTÍCULO 31 Promoción de la educación.
La potenciación de la educación de adultos en todos los niveles del sistema educativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 3/1990, de 27 de marzo, de Educación de Adultos.
La organización por parte de las Universidades andaluzas de aulas de formación, cursos de perfeccionamiento y otras actividades formativas dirigidas a personas mayores que, con independencia del nivel académico obligatorio para acceder a la educación universitaria, posibiliten la formación en determinadas materias sin que ello comporte la obtención de una titulación académica.
El fomento de la participación de las personas mayores en talleres ocupacionales dirigidos al conjunto de la sociedad, así como la organización de actividades formativas específicas para ellos.
La elaboración de programas dirigidos a los diferentes niveles educativos que propicien el encuentro y el entendimiento intergeneracional y que permitan que los conocimientos y la experiencia de las personas mayores puedan ser aprovechados por las restantes generaciones.
ARTÍCULO 32 Sensibilización con las personas mayores.
Las Administraciones Públicas contribuirán a mejorar el conocimiento que la sociedad tiene sobre el proceso normal de envejecimiento, entendido como una fase más del proceso del ciclo vital, con toda la riqueza y diversidad que, al igual que otras etapas de la vida, posee, realizando campañas de sensibilización social sobre las necesidades de las personas mayores.
La administración educativa impulsará la inclusión de contenidos relacionados con el envejecimiento en los niveles educativos obligatorios.
Se fomentará la implantación de aquellos centros y programas necesarios para la formación de profesionales cuya actividad se desarrolle en relación con las personas mayores.
Se garantizará la calidad de la formación de los profesionales de la gerontología y su adecuación a las necesidades reales y cambiantes que las personas mayores puedan plantear.
Las Administraciones Públicas impulsarán la investigación en gerontología.
Las Administraciones Públicas impulsarán especialmente las investigaciones que tengan como objeto un mayor conocimiento y mejoras en el tratamiento de las enfermedades seniles.
ARTÍCULO 33 Preparación a la jubilación.
Las Administraciones Públicas propiciarán, mediante la promoción de cursos de preparación a la jubilación y otras medidas encaminadas a la adaptación a la nueva situación, que la jubilación sea percibida como el inicio de una fase de la vida llena de posibilidades de realización personal. Algunas de estas acciones podrán articularse, entre otros medios, a través de los correspondientes acuerdos con las organizaciones sindicales y empresariales.
Las Administraciones Públicas, de acuerdo con sus disponibilidades financieras, aportarán los recursos suficientes para posibilitar el adecuado desarrollo de las actuaciones contempladas para la consecución de los objetivos.
TÍTULO VIII De la cultura, el ocio, el turismo y el deporte Artículos 34 a 38
ARTÍCULO 34 Participación en la vida cultural.
ARTÍCULO 35 Actividades culturales y de ocio.
ARTÍCULO 36 Actividades turísticas.
ARTÍCULO 37 Actividades deportivas.
ARTÍCULO 38 Bonificación del transporte.
TÍTULO IX De la protección económica Artículos 39 a 41
ARTÍCULO 39 Suficiencia económica.
Las Administraciones Públicas velarán por la suficiencia económica de las personas mayores, a fin de contribuir a su autonomía personal así como a mejorar su calidad de vida.
A estos efectos, la Administración de la Junta de Andalucía establecerá los cauces de colaboración y cooperación necesarios con la Administración del Estado, así como con el resto de las Administraciones Públicas.
Con objeto de sufragar las necesidades básicas de las personas mayores que carezcan de los recursos necesarios, la Comunidad Autónoma de Andalucía podrá establecer prestaciones económicas, distintas y compatibles con las del sistema de la Seguridad Social y con las que pueda otorgar la Administración del Estado y otras Administraciones Públicas.
También podrán establecer las Administraciones Públicas prestaciones que consistan en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adaptación funcional del hogar, de la adquisición de ayudas técnicas que faciliten el desenvolvimiento de la persona mayor en su medio, de la estancia temporal o permanente en centros residenciales o unidades de estancias diurnas, así como aquellas otras que favorezcan su autonomía personal.
ARTÍCULO 41 Requisitos.
El grado de autonomía para la realización de las actividades de la vida diaria.
La situación personal, familiar y social.
Las rentas o ingresos de la persona mayor y las de los obligados a prestarle alimentos.
La determinación de estos requisitos y el procedimiento de concesión se establecerán reglamentariamente.
TÍTULO X De la protección jurídica Artículos 42 a 49
ARTÍCULO 42 Información.
ARTÍCULO 43 Denuncias.
ARTÍCULO 44 Situaciones de maltrato.
ARTÍCULO 45 Ingresos en centros residenciales.
Ninguna persona mayor podrá ser ingresada en un centro, sin que conste fehacientemente su consentimiento. En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento, se requerirá autorización judicial para el ingreso.
Los responsables de centros residenciales que advirtieren en una persona mayor ingresada la concurrencia sobrevenida de circunstancias determinantes de su incapacitación deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Ninguna persona mayor podrá ser obligada contra su voluntad a permanecer en un centro residencial, salvo en los supuestos en que medie resolución judicial.
Los servicios de inspección velarán por el cumplimiento de lo dispuesto en los apartados anteriores e, igualmente, podrán solicitar del interesado que ratifique la voluntariedad de su estancia, mediante entrevista personal mantenida sin la presencia de familiares ni de representantes del centro.
ARTÍCULO 46 Expoliación patrimonial.
ARTÍCULO 47 Actuación del tutor o curador.
ARTÍCULO 48 Protección de los derechos como consumidores.
ARTÍCULO 49 Ingresos procedentes de multas y sanciones.
TÍTULO XI Régimen sancionador Artículos 50 a 61
CAPÍTULO I Infracciones Artículos 50 a 55
ARTÍCULO 50 Definición y clasificación.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones tipificadas como tales en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden que puedan exigirse.
Constituyen infracciones leves las conductas tipificadas como infracciones graves en el artículo siguiente, cuando sean de escasa relevancia social, se cometan por simple negligencia o impliquen meros incumplimientos formales que no causen grave quebranto ni indefensión a los usuarios.
La inobservancia, por parte de los usuarios de los centros o servicios, de las normas señaladas en el correspondiente reglamento interno, que generen una alteración o distorsión de escasa entidad en las normas de convivencia, respeto mutuo, solidaridad del colectivo y participación.
La vulneración del derecho a la intimidad y a la no divulgación de los datos personales que figuren en los expedientes e historiales.
La vulneración del derecho a un trato digno.
Las actuaciones que supongan discriminación por razón de edad, nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
La realización de actos encaminados a coartar el derecho a la información y a la participación en los servicios y centros de servicios sociales.
Los actos limitativos del derecho a mantener relaciones interpersonales o que obstaculicen el derecho a recibir visitas.
Las actuaciones que impidan o limiten el derecho a cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia.
La imposición de los usuarios de cualquier forma de renuncia o limitación al ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico o por los reglamentos de régimen interior de los servicios y centros.
El incumplimiento de las condiciones mínimas materiales y funcionales de los servicios y centros.
La omisión o inadecuada prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica.
La omisión o inadecuada prestación del tratamiento técnico-científico y asistencial que, conforme a la finalidad del centro o servicio, corresponda a las necesidades de los usuarios.
La prestación de servicios en condiciones higiénicas deficientes.
El falseamiento de los datos en la documentación exigible para la autorización registro, acreditación e inspección de los servicios y centros de servicios sociales para personas mayores.
La omisión del deber de comunicar al órgano competente las variaciones producidas en la documentación inicialmente aportada de los servicios y centros.
La variación del régimen de tarifas previamente notificadas al órgano administrativo competente.
La transgresión de la normativa contable, específica de las entidades, centros y establecimientos de servicios sociales.
La obstrucción a la acción de los servicios de inspección pública.
Las de los apartados a), b), c), d), e), f), g) y h) del artículo anterior cuando resulten especialmente dañosas para alguno de los derechos fundamentales de los usuarios.
Las de los apartados i), j), k) y l) del artículo anterior cuando produzcan un perjuicio efectivo o un peligro cierto que afecte gravemente a la integridad física o moral del usuario.
El ejercicio de actividades propias de los servicios y centros de servicios sociales sin contar con autorización administrativa.
El ejercicio de actividades distintas de aquéllas para las que se concedió la autorización.
En general, serán responsables las personas a las que en cada caso se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción o sobre las que recaiga la obligación de cumplimiento de lo previsto normativamente.
La responsabilidad por las infracciones administrativas cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:
Las personas físicas y jurídicas titulares de los servicios o centros de atención al colectivo de personas mayores.
El representante legal de la entidad titular.
El personal que preste sus servicios en los centros.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley afecte conjuntamente a varias personas, éstas responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
ARTÍCULO 55 Prescripción de las infracciones.
El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que aquéllas se hubieran cometido.
CAPÍTULO II Medidas cautelares Artículo 56
ARTÍCULO 56 Medidas cautelares.
El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas cautelares que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o mental de las personas mayores, el Consejero que tenga atribuida la competencia en la materia de Asuntos Sociales podrá acordar como medida cautelar el cierre temporal del centro hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo; garantizándose que las personas afectadas tendrán las alternativas adecuadas para ser atendidas correctamente, conforme a sus necesidades.
Las medidas cautelares deberán ajustarse a la intensidad, proporcionalidad y necesidades de los objetivos que se pretenda garantizar en cada supuesto concreto.
En caso de cierre cautelar, se garantizará a los usuarios la atención en otras instituciones o por sus familiares, cuando eso sea posible.
CAPÍTULO III Sanciones Artículos 57 a 61
Las infracciones previstas en la presente Ley serán objeto de las siguientes sanciones:
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas, y en su caso con el cierre temporal, total o parcial del centro o servicio.
Las cuantías señaladas en este artículo podrán ser actualizadas por Decreto del Consejo de Gobierno en función de las variaciones del índice de precios al consumo.
ARTÍCULO 58 Publicación de las sanciones.
Con carácter accesorio, el órgano competente podrá acordar para los casos de infracciones muy graves, en la resolución del procedimiento sancionador, la publicación de las sanciones impuestas en el 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía' o en el de la correspondiente provincia, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables y la naturaleza y características de las infracciones. Asimismo podrá acordar su difusión a través de los medios de comunicación social. El coste de la publicación correrá a cargo del sancionado.
La reincidencia por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme, y siempre que la misma no haya constituido una infracción autónoma.
El Delegado provincial de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones leves.
El Director general correspondiente de la Consejería que tenga atribuida la competencia en materia de Asuntos Sociales, en infracciones graves.
El titular de la Consejería competente en materia de Asuntos Sociales, en infracciones muy graves.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores.
El Plan de Actuación Integral para las Personas Mayores recogerá las medidas de ámbito sanitario, de servicios sociales, educativo, cultural, deportivo, de ocio, urbanístico y asociativo, a desarrollar por la Junta de Andalucía en su política dirigida a las personas mayores.
DECRETO 66/1993, de 11 de mayo, sobre Ordenación de la Inspección Educativa en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Decreto 176/2009, de 17/11/2009, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia, y de la composición y funciones de los equipos de valoración.
Resolución de la presidenta de la Escuela Balear de Administración Pública, a propuesta del director gerente, de 22 de diciembre de 2015, por la que se aprueba el temario que debe regir las convocatorias de pruebas selectivas para el acceso a las categorías de los cuerpos de policía local de las Islas Baleares

References: artículo 50

ARTÍCULO 4

ARTÍCULO 5

ARTÍCULO 6

ARTÍCULO 7

ARTÍCULO 8

ARTÍCULO 9

ARTÍCULO 10

ARTÍCULO 11

ARTÍCULO 12

ARTÍCULO 13

Artículo 14

ARTÍCULO 15

ARTÍCULO 16

ARTÍCULO 17

ARTÍCULO 18

ARTÍCULO 19

ARTÍCULO 20

ARTÍCULO 21
 artículo 30

ARTÍCULO 22
 artículo 30
 Artículo 23

ARTÍCULO 23

ARTÍCULO 24

ARTÍCULO 26

ARTÍCULO 27

ARTÍCULO 29
 Artículo 30

ARTÍCULO 30

ARTÍCULO 31

ARTÍCULO 32

ARTÍCULO 33

ARTÍCULO 34

ARTÍCULO 35

ARTÍCULO 36

ARTÍCULO 37

ARTÍCULO 38

ARTÍCULO 39

ARTÍCULO 41

ARTÍCULO 42

ARTÍCULO 43

ARTÍCULO 44

ARTÍCULO 45
 resolución 

ARTÍCULO 46

ARTÍCULO 47

ARTÍCULO 48

ARTÍCULO 49

ARTÍCULO 50

ARTÍCULO 55
 Artículo 56

ARTÍCULO 56
 resolución 

ARTÍCULO 58
 resolución 
 resolución 

Resolución