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Timestamp: 2018-03-22 15:57:09+00:00

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Puente & Asociados Blog | Abogados Ecuador: 2010
CIRCULAR No. 64 JORNADA DE DESCANSO OBLIGATORIO, 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Quito, 28 de diciembre de 2010
Por medio de la presente deseamos informarle que mediante Decreto Ejecutivo No. 597, de fecha 22 de diciembre de 2010 se declara como jornada de descanso obligatorio el día 31 de diciembre de 2010, tanto para el sector público como privado.
El mismo que deberá recuperarse el día sábado 08 de enero de 2011 y recibirá la remuneración correspondiente a una jornada ordinaria, sin recargo alguno.
Se aclara que la provisión de servicios público básicos como salud, transporte y servicios bancarios deberá contar con un mínimo de personal para satisfacer las necesidades de la colectividad.
Aprovechamos la presente para desear a todos Ustedes las más grandes bendiciones y éxitos en el año venidero. ¡Feliz año!
Edificio Banco de Guayaquil, piso 13, Oficina 1306
CIRCULAR No. 63 Análisis del Proyecto de ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. PRIMERA PARTE
Quito, 06 de noviembre de 2010.
Por medio de la presente deseamos compartir con Ustedes el análisis legal del Proyecto de Ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mismo que con fecha 20 de octubre fue enviado por el ejecutivo con carácter de económico urgente para su trámite en la Asamblea Nacional.
A continuación nuestras observaciones:
Es importante señalar que el ámbito de aplicación del Código abarca tanto a personas naturales, como personas jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen todo tipo de actividad productiva. Entendiéndose a la misma como aquella que transforma insumos en bienes y servicios.
La norma considera como sus fines principales, los siguientes:
- Transformación de la Matriz Productivas
- Democratización a factores de producción.
- Fomentar la producción nacional.
- Generación de trabajo de calidad y digno.
- Generar un sistema de innovación y emprendimiento destinado a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y emprendedores.
- Utilizar y disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, calidad y armonía con la naturaleza.
- Incentivar y controlar toda forma de inversión privada.
- Regular la inversión productiva en sectores estratégicos de la economía, de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo.
- Control estatal para evitar el abuso del mercado, existencia de monopolios y oligopolios.
- Mantener una competitividad sistemática que promueva el desarrollo productivo del país.
- Impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo económico.
- Potenciar la sustitución de importaciones.
- Fomentar y diversificar las exportaciones.
- Promover la economía popular, solidaria y comunitaria.
- Seguir un comercio justo y un mercado transparente.
Encontramos que dentro del Art. 5 literal b, se considera como rol del Estado el establecimiento y aplicación de un marco regulatorio que garantice que ningún actor económico pueda abusar de su poder de mercado, lo que establecerá en la ley sobre esta materia, entendemos se refiere a la Ley de Competencia. Lo cual concuerda con el literal c) al hablar de un desarrollo productivo que incremente el nivel de productividad y las competencias para la innovación de la economía.
Por otro lado, entre los roles del Estado consta garantizar la soberanía alimentaria y energética; acceso al financiamiento de todos los sectores productivos a través de incentivos y mayor regulación al sistema financiero.
Así mismo, se considera la creación a cargo de la Función Ejecutiva del Consejo Sectorial de la Producción, órgano que se encargará de definir las políticas de desarrollo productivo para lo cual fomentará la participación intersectorial de la ciudadanía a través del Consejo Consultivo de Desarrollo Productivo y Comercio exterior. Cabe recalcar que el Consejo Consultivo no contará con recursos públicos para su funcionamiento.
La norma contiene al salario digno mensual, que equivale al Costo de la canasta Básica dividido para el número de perceptores del hogar, lo cual será determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, y por el Ministerio de Relaciones Laborales.
Los componentes del sueldo digno mensual son los siguientes:
- Sueldo o salario.
- Décimo tercer sueldo dividido para doce.
- Décimo cuarto sueldo dividido para doce.
- Utilidades mensualizadas.
- Beneficios de contratos colectivos.
- Fondos de reserva.
Para los empleadores que no avancen a pagar el Sueldo Digno luego de finalizar el ejercicio fiscal se considera la posibilidad de una compensación económica obligatoria, que será pagada como aporte para alcanzar el Salario Digno, únicamente para aquellos trabajadores que durante el año hubieran percibido un salario inferior al señalado.
Esta compensación es obligatoria para:
- Las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad.
- Las que tuvieren utilidades al finalizar el ejercicio fiscal.
- Las que hayan pagado un anticipo al impuesto a al Renta inferior a la utilidad.
La Compensación Económica se liquidará hasta el 31 de diciembre y se pagará hasta marzo del siguiente año entre los trabajadores que no hayan recibido el Salario Digno.
De ser necesario se utilizará el 100% de utilidades para el pago de la Compensación Económica, caso contrario el valor existente se repartirá en forma proporcional.
En función de la Agenda de Transformación Productiva y el Plan Nacional de Desarrollo el Consejo Sectorial de la Producción debe implementar un Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.
Se considera como inversión nueva al flujo de recursos destinado a incrementar el acervo de capital de la economía, mediante una inversión efectiva en activos productivos que permita ampliar la capacidad productiva futura, generar mayor nivel de producción de bienes y servicios, o nuevas fuentes de trabajo. Dentro de esta definición se considera que el simple cambio de propietario de los activos no constituye inversión nueva.
La inversión extranjera es de propiedad controlada por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero.
La inversión nacional es de propiedad controlada por personas naturales o jurídicas ecuatorianas domiciliadas en el Ecuador, salvo que se demuestre que el capital no ha sido generado en el Ecuador.
Para el caso de extranjeros residentes se considerará como inversión nacional.
Dentro del Código, se considera la existencia de beneficios específicos que son únicamente dirigidos para la inversión nueva. Dichos beneficios no serán aplicables para la inversión de personas que se encuentren domiciliadas en paraísos fiscales.
Como garantía a la inversión extranjera se plantea la igualdad de condiciones respecto de la administración, operación, expansión y transferencia de sus inversiones. Únicamente el estado puede otorgar tratamiento diferenciado por concepto de incentivo a la inversión nueva.
El Plan Nacional de Inversión debe determinar las áreas de inversión.
Se prohíbe todo tipo de confiscación. El Estado puede declarar de manera excepcional la expropiación de bienes para ejecución de planes de desarrollo social previa valoración y pago de indemnización equivalente al justo precio de los bienes.
Los derechos de los inversionistas son los siguientes:
- Libertad de producción.
- Libre fijación de precios a excepción de los bienes regulados por la Ley.
- Acceso a procedimientos administrativos para evitar la práctica especulativa, de monopolios, oligopolios y competencia desleal.
- Libre transferencia al exterior de ganancias de inversión extranjera registrada.
- Libre remisión de recursos por la liquidación de la empresa en los casos de inversión extranjera.
- Libre venta de acciones.
- Libre acceso al sistema financiero nacional.
Para el beneficio de los incentivos antes mencionados se tomará en cuenta a los proyectos de inversión que cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría Técnica.
Las inversiones extranjeras para beneficiarse del incentivo, deberán registrarse en el Banco Central del Ecuador dentro de los 90 días de realizada la inversión.
Los incentivos para las nuevas inversiones serán otorgados únicamente vía resolución administrativa o con la suscripción de un contrato de inversión. Para su ejecución las resoluciones administrativas entran en vigencia desde su notificación y los contratos desde su suscripción.
El plazo de duración de los contratos de inversión será de 15 años desde su celebración y podrán ser prorrogados por una única vez.
Para la resolución de conflictos se admite el arbitraje internacional, excepto para asuntos tributarios.
Para la aplicación de incentivos la inversión debe ser calificada, se deben aprobar los incentivos y aplicarlos en el plazo establecido en la resolución de calificación de la inversión.
Los criterios de evaluación de incentivos será: el sector económico, transferencia de tecnología, espacio territorial, empleos que se generen y fuentes de financiamiento.
El cumplimiento de la inversión será monitoreado y controlado por la Secretaría Técnica.
Dentro de las infracciones se consideran al incumplimiento probado por la autoridad competente de las leyes laborales, tributarias, de seguridad social o ambiental del país y demás normas que regulan la inversión; y la falsedad comprobada judicialmente de los documentos de respaldo para conseguir el incentivo.
Se da la posibilidad además del ejercicio de acciones civiles o penales, la facultad de solicitar la revocatoria de los beneficios otorgados, a través de la Resolución de la Secretaría Técnica. La misma que podrá ser apelada ante el ORMPCI según lo establece el Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva.
El Gobierno nacional puede establecer Zonas Especiales de Desarrollo Económico ZEDE, como un destino aduanero, en espacios delimitados del territorio nacional, para que se sienten nuevas inversiones, con los incentivos que se detallan en la normativa en cuestión.
Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico, ZEDE, podrán ser del siguiente tipo:
- Actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación.
- Actividades para el perfeccionamiento activo para ejecutar operaciones de diversificación industrial.
- Para desarrollar servicios logísticos, tales como: almacenamiento de carga con fines de consolidación y desconsolidación, clasificación, etiquetado, empaque, reempaque, refrigeración, entre otros.
Las ZEDEs podrán ser constituidas previa verificación del cumplimiento de la normativa vigente, por un período de 20 años.
Así mismo, se prevé que los productos que se encuentren en la ZEDE puedan ser nacionalizados, con o sin el pago total o parcial de aranceles.
La solicitud de constituir una ZEDE contará con la iniciativa de instituciones del sector público o de gobiernos autónomos descentralizados, de tal forma que la persona jurídica que solicite la constitución de la ZEDE podrá ser la administradora de la misma.
Toda persona natural o jurídica podrá brindar servicios de apoyo o soporte a los operadores instalados en la zona autorizada.
La ZEDE al tratarse de una estructura jurídica de excepción gozará del tratamiento de destino aduanero, por tanto, se suspenderá el pago de aranceles de las mercancías extranjeras que ingresen a dichas zonas.
Dentro de las regulaciones a las ZEDEs se implementa la prohibición de no vinculación para administradores y operadores.
Por el incumplimiento a la normativa se considera entre las sanciones las multas económicas, la suspensión de la autorización para desarrollar sus actividades por hasta tres meses, la cancelación definitiva de la autorización para operadores, y la terminación anticipada de la concesión de una ZEDE.
Por otro lado, el Código también se encarga de regular de manera voluntaria a las Micro, pequeñas y medianas empresas MIPYMES que deseen tener acceso a los beneficios e incentivos a través de un Registro Único que estará a cargo de los Ministerios del Ramo según su competencia, los mismos que para la obtención de información contarán con el apoyo del Servicio de Rentas Internas, el Instituto de Compras Públicas, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y la Superintendencia de Compañías.
El sistema previsto para las MIPYMES registradas estará complementado con la oferta de servicios de desarrollo empresarial, programas y proyectos de apoyo al sector, contactos empresariales y oportunidades de nuevos mercados y desarrollo tecnológico.
Las MIPYMES registradas que no cumplieren con la normativa podrán ser sancionadas de la siguiente forma:
a. Multa pecuniaria.
b. Suspensión temporal del registro.
c. Suspensión definitiva del registro.
La falta de cumplimiento con la entrega de información será sancionada con multa pecuniaria.
Los actos de defraudación serán sancionados de acuerdo a las normas penales vigentes.
En cuanto a la suspensión temporal del registro, podrá ser adoptada en el caso de préstamo, arriendo, permuta o venta de bienes sin autorización previa cuya importación hubiera gozado de exoneración del pago de aranceles o beneficios establecidos en el Código.
Finalmente, para el caso de suspensión definitiva se deberá haber falsificado documentos o cohechado a los funcionarios oficiales relacionados con las MIPYMES.
Para el ESTUDIO JURIDICO PUENTE & ASOCIADOS, es un gusto compartir este resumen y análisis jurídico del Proyecto de ley del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, mismo que será difundido en CUATRO PARTES semanales.
CIRCULAR No. 62. Nuevo Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios.
Quito, 22 de octbre de 2010.
Por medio de la presente deseamos informarles que a partir del 30 de julio del 2010, entró en vigencia el nuevo Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, mismo que introduce varios cambios, entre los que se destacan:
1.- Los contribuyentes regulares no podrán emitir notas de venta, tan solo emitirán facturas que sustentarán costos, gastos y crédito tributario únicamente si se identifica al adquirente, si no se necesita sustentar dichos rubros se consignará la leyenda “Consumidor Final”; sin embargo los contribuyentes regulares que mantengan notas de venta conforme a los requisitos que exigía el anterior reglamento (2002) y cuyo vencimiento se encuentre pendiente, podrán seguirlos utilizando hasta la fecha de su vencimiento.
2.- Únicamente podrán emitir Notas de Venta los contribuyentes que pertenezcan al Régimen Simplificado – RISE.
3.- Todos los comprobantes de venta además de los requisitos señalados en los artículos 18, 24,29 y 39 del citado Reglamento, deberán expresar en día, mes y año tanto la fecha de autorización para la impresión del documento como la fecha de caducidad del mismo.
4.- Los comprobantes emitidos por las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad deben incluir obligatoriamente la frase: “Obligado a llevar contabilidad”
5.- Según el Art. 49 del Reglamento, la declaración de baja de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención no eximen al contribuyente de la responsabilidad por la circulación posterior de los mismos, por lo que si un contribuyente declara la baja de comprobantes debe destruir dichos comprobantes, caso contrario el contribuyente será sancionado conforme al Código Tributario y demás leyes aplicables.
CIRCULAR 55 VISITA DE SOCIOS Y ABOGADOS DE NUESTRA FIRMA ALIADA EN PERÚ, VICENTE UGARTE DEL PINO ABOGADOS
CIRCULAR No. 55 Quito, 18 de junio del 2010.
ASUNTO: VISITA DE SOCIOS Y ABOGADOS DE NUESTRA FIRMA ALIADA EN PERÚ, VICENTE UGARTE DEL PINO ABOGADOS.
Por medio de la presente deseamos dar a conocer que los días 5, 6, 7 Y 8 de julio del año en curso, visitarán el país los socios y abogados de nuestra firma aliada en Perú, Vicente Ugarte del Pino Abogados.
El Estudio Vicente Ugarte del Pino Abogados, desde su constitución en el año 1999, brinda servicios legales a particulares y empresas en diversas áreas del Derecho tales como Civil, Tributario, Concursal, Corporativo, Competencia, Propiedad Intelectual, Telecomunicaciones, Comercial, Administrativo, Minería, Energía, Laboral, Derecho Bancario y Financiero, entre otros.
Durante su visita en Quito, los socios Dr. Germán Carrera y Dr. Fernán Altuve-Febres, conjuntamente con el Dr. Angello Rivera estarán gustosos de concretar reuniones con personas interesadas en conocer sobre las oportunidades de inversión en el Perú.
En este sentido, las personas y empresas que deseen mantener una reunión con los Doctores, agradecemos su confirmación de cita a los siguientes teléfonos en Quito: 022 221734 / 2223616 o al mail: miguelp@puenteasociados.com
CIRCULAR 54 REGLAMENTO PARA EL PAGO O DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA
CIRCULAR No. 54 Quito, 28 de mayo del 2010.
ASUNTO: REGLAMENTO PARA EL PAGO O DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE RESERVA
Por medio de la presente deseamos dar a conocer que en el Suplemento de Registro Oficial No. 201, de 27 de mayo de 2010, se publicó la Resolución CD -316 del Consejo Directivo del IESS, la misma que dispone lo siguiente:
El trabajador o servidor público con relación de dependencia, tendrá derecho al pago mensual del Fondo de Reserva por parte de su empleador, en un porcentaje equivalente al ocho coma treinta y tres por ciento (8,33%) de la remuneración aportada al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, después del primer año de trabajo.
En el caso de trabajadores de la construcción, el empleador está obligado a remitir al IESS, junto con las demás aportaciones mensuales, cualquiera fuese el tiempo de trabajo, el valor equivalente a la doceava (1/12) parte del salario percibido por concepto de Fondo de Reserva. De conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley s/n, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 644 de 29 de julio del 2009, el IESS devolverá mensualmente los Fondos de Reserva a los trabajadores de la construcción, sin perjuicio del número de aportaciones que tenga en su cuenta individual.
Dado el caso de que el trabajador o servidor público solicitare por escrito, a través del aplicativo informático, que su Fondo de Reserva sea depositado en el IESS, el empleador consignará dicho rubro mensual, conjuntamente con la planilla de aportes. Estos valores se registrarán en la cuenta individual del afiliado para su posterior devolución. De no depositarse el Fondo de Reserva dentro de los primeros quince (15) días del mes siguiente al que corresponda, causará mora con los recargos y multas correspondientes.
Siguiendo lo establecido en el artículo 280, reformado, de la Ley de Seguridad Social, el afiliado podrá solicitar la devolución de hasta el ciento por ciento (100%) de su Fondo de Reserva, incluidos sus intereses capitalizados, en los siguientes casos:
1. Que el afiliado registre en el Sistema de Historia Laboral treinta y seis (36) o más aportaciones acumuladas mensuales.
2. Que el afiliado demuestre con su último aviso de salida, encontrarse cesante por dos (2) meses o más, cualquiera sea el tiempo de imposiciones.
3. Que el afiliado hubiere cumplido la edad mínima de jubilación establecida en la Ley de Seguridad Social, sin importar el tiempo de imposiciones.
4. Por el fallecimiento del afiliado.
5. Que el afiliado acredite derecho para las prestaciones de invalidez o vejez.
Del mismo modo, se indica que en caso de que el afiliado que acreditare derecho para las prestaciones de invalidez o vejez, tendrá derecho, de manera inmediata, a la libre disponibilidad del saldo acumulado en la cuenta individual del Fondo de Reserva.
Por otra parte, se establece que en caso de fallecimiento del asegurado, se devolverá a los beneficiarios el capital acumulado de su Fondo de Reserva, incluidos los intereses capitalizados a la fecha de la solicitud, cualquiera sea el tiempo de imposiciones del causante.
El saldo acumulado en la cuenta individual por Fondo de Reserva integrará el haber hereditario del causante, y su distribución se hará en favor de todos los herederos del afiliado fallecido, de manera equitativa, en partes iguales y en forma separada, salvo autorización a favor de uno de ellos.
Para el efecto, se presentará solicitud de cualquiera de los beneficiarios o sus representantes, a la que se adjuntará:
1. La partida de defunción del causante.
2. Original y copia de los documentos de identificación de los derechohabientes.
3. Copia certificada de la posesión efectiva de los bienes del causante.
Cuando el cónyuge o conviviente con derecho concurra con hijos de cualquier edad, tendrá derecho a una cuota equivalente a un hijo.
Así mismo, podrá solicitar al IESS la devolución de Fondos de Reserva a través de mandatario, acreditando poder conferido ante Notario Público u Oficina Consular del Ecuador, documento que será debidamente convalidado por el IESS. Previa verificación del derecho en el Sistema Historia Laboral, se devolverán los valores que correspondieren, mediante transferencia a una cuenta bancaria acreditada para el efecto.
En cuanto a la aplicación del presente reglamento, el afiliado realizará su solicitud electrónica para lo cual deberá contar una clave de acceso informático personal en el IESS, y acreditará una cuenta activa en una entidad del sistema financiero nacional.
Una vez receptada la solicitud, el IESS transferirá los valores solicitados en un plazo no mayor a tres (3) días laborables a partir del día siguiente a la fecha de registro de la solicitud.
Cuando los empleadores hicieran pagos extemporáneos o vencidos al IESS por valores correspondientes al Fondo de Reserva de sus trabajadores, el afiliado podrá solicitar su devolución incluidos los intereses, si cumpliere las condiciones previstas en el artículo 280 reformado de la Ley de Seguridad Social, tomando en consideración el período al que correspondieron las aportaciones y de acuerdo al procedimiento establecido en el presente reglamento.
De existir convenio de pago por mora del Fondo de Reserva suscrito entre el IESS y los empleadores, el afiliado tendrá derecho a la devolución de su Fondo e intereses; sin embargo, en estos casos, le corresponde al empleador asumir el pago de los recargos e intereses generados por la mora.
Cabe indicar que, en caso de que el afiliado que mantenga créditos con el IESS que no se encuentren en mora de pago, podrá solicitar la devolución de los excedentes del Fondo de Reserva acumulado, si los hubiere, con sus respectivos intereses. Sin embargo, si se encontrare en mora de pago por obligaciones contraídas con el IESS, previo a la devolución de su Fondo de Reserva, el asegurado deberá cancelar o autorizar al IESS el cobro de los valores adeudados.
Finalmente se establece que la acumulación de Fondos de Reserva se aplicará en todos los casos, inclusive en el de aquellos afiliados que tienen más de un empleador o laboran mediante contrato a tiempo parcial. El plazo de acumulación regirá para todos los aportes de fondos de reserva de sus empleadores.
Esta norma entró en vigencia a partir de su expedición el 5 de mayo de 2010, previa su publicación.
CIRCULAR 53 DISPOSICIONES A LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA
CIRCULAR No. 53 Quito, 28 de mayo del 2010.
ASUNTO: DISPOSICIONES A LOS PORCENTAJES DE RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA.
Por medio de la presente deseamos informarles que en el Suplemento de Registro Oficial No. 196, de 19 de mayo de 2010, se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00147 del Director General del Servicio de Rentas Internas, la misma que dispone las siguientes reformas al 2 de la Resolución No. NAC-DGER2007-0411 (R.O. 98, 5-VI-2007):
Siguiendo lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento, en cuanto a los porcentajes de retención en la fuente del impuesto a la renta se dispone las siguientes reformas:
Están sujetos a la retención del 8% los pagos o acreditaciones en cuenta por:
• Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente la persona que lo preste.
• Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.
Y están sujetos a la retención del 10% los pagos o acreditaciones en cuenta por:
• Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.
Esta resolución entrará en vigencia a partir del 1 de Junio de 2010.
CIRCULAR 52 DISPOSICIONES A LOS EDITORES, DISTRIBUIDORES Y VOCEADORES DE PERIÓDICOS Y/O REVISTAS
CIRCULAR No. 52 Quito, 27 de mayo del 2010.
ASUNTO: DISPOSICIONES A LOS EDITORES, DISTRIBUIDORES Y VOCEADORES DE PERIÓDICOS Y/O REVISTAS.
Ponemos en su conocimiento que en el Suplemento de Registro Oficial No. 196, de 20 de mayo de 2010, se publicó la Circular No. NAC-DGECCGC10-00012 del Servicio de Rentas Internas, la misma que dispone lo siguiente:
Circular No. NAC-DGECCGC10-00012 del Servicio de Rentas Internas: Mediante la presente norma se dirigen varias disposiciones a los editores, distribuidores y voceadores que participen en la Comercialización de Periódicos y/o revistas.
En la Res. No. NAC-DGERCGC10-00080 (R.O. 162-S, 31-III-2010), mediante la cual se regula el tratamiento del IVA generado en la comercialización de periódicos y revistas, se hace referencia a que los sujetos pasivos que publiquen periódicos y/o revistas, en la primera fase de comercialización de estos bienes a sus distribuidores, además de percibir el IVA generado en la venta, retendrán al distribuidor el 100% del IVA, calculado sobre el margen de comercialización de estos bienes, tanto del distribuidor cuanto del voceador, por concepto de IVA presuntivo y para el efecto, emitirá el correspondiente comprobante de retención. Esta retención del IVA presuntivo mencionada aplica sobre los márgenes de los valores netos de las ventas, es decir, considerando las devoluciones que se presentan operativamente y debe emitirse al momento en que se realice la respectiva facturación. El valor retenido será desglosado de la siguiente forma:
Cabe señalar que los distribuidores de periódicos y/o revistas podrán utilizar como crédito tributario el IVA presuntivo retenido, exclusivamente sobre su margen de comercialización.
De conformidad con el artículo 63 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los agentes de retención del IVA declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente en la forma y condiciones y con el detalle establecido por el Servicio de Rentas Internas.
Para la declaración y pago de la retención de IVA presuntivo en la comercialización de periódicos y/o revistas, los editores de periódicos y/o revistas utilizarán el formulario 104 (declaración de IVA, registrando los valores retenidos en el casillero correspondiente a retención del 100%:
Para efectos de presentación del anexo transaccional simplificado, se deberá registrar la totalidad de la retención, tanto de la parte correspondiente al distribuidor, cuanto la parte correspondiente al voceador.
Cabe señalar que por mandato legal no se debe efectuar retenciones a aquellos sujetos pasivos que se encuentren inscritos en el Régimen Simplificado de Impuestos (RISE), de conformidad con lo establecido en el artículo 97.8 de la Ley de Régimen Tributario Interno; por lo que, cuando un editor transfiera periódicos y/o revistas a distribuidores que se encuentran inscritos en este régimen impositivo simplificado, no aplicará retención sobre el IVA generado en el margen de comercialización de este último. De igual forma, cuando los voceadores se encuentren inscritos en el RISE, el editor tampoco efectuará retención sobre el margen de las ventas de éstos. Sin perjuicio de lo manifestado, si un distribuidor inscrito en el RISE, transfiere periódicos y/o revistas a voceadores que no se encuentren dentro de dicho régimen impositivo simplificado, el editor aplicará la retención sobre el margen de comercialización de estos voceadores.
Los editores deberán solicitar a los distribuidores el RUC actualizado en el que se evidencie el régimen impositivo en el que se encuentren inscritos. Igual obligación tendrán los distribuidores respecto de los voceadores. Adicionalmente, de forma previa a la facturación, el distribuidor deberá reportar al editor el valor de las ventas efectuadas tanto a voceadores inscritos en el RISE, cuanto a aquellos que no lo estén.
Cuando los voceadores no se encuentren inscritos en el régimen impositivo simplificado, el distribuidor registrará la retención que le ha sido efectuada por parte del editor, correspondiente al margen de los voceadores, en la respectiva factura de venta emitida a estos últimos, de la siguiente forma:
El valor retenido por el editor al distribuidor, respecto del margen de los voceadores, debe ser igual a la suma de los valores establecidos por dicho concepto en las facturas de venta de los distribuidores a cada uno de sus voceadores. El voceador que se encuentre inscrito en el régimen general impositivo podrá utilizar como crédito tributario, dicho valor retenido, en su declaración de impuestos.
El consumidor final con calidad de agente de retención, cuando adquiera periódicos y/o revistas, se abstendrá de retener el IVA a los voceadores, toda vez que el mismo es objeto de retención con el carácter de IVA presuntivo.
Se recuerda a los sujetos pasivos que realicen adquisiciones de estos bienes a contribuyentes inscritos en el régimen impositivo simplificado, que deberán aceptar como válidos los comprobantes de venta por éstos emitidos, de conformidad con la normativa vigente, ya que los mismos constituyen el respaldo de las transacciones realizadas, acreditando la transferencia de los bienes y el sustento de costos y gastos.
Para el Estudio Jurídico PUENTE & ASOCIADOS es un placer mantenerlo informado, estaremos gustosos en atender sus dudas e inquietudes. Para cualquier consulta por favor escríbanos a la siguiente dirección:
Cel. 084624764
CIRCULAR 51 MONTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN QUE LAS COMPAÑÍAS PAGARÁN A LA SUPERINTENDENCIA EN EL AÑO 2010
CIRCULAR No. 51 Quito, 27 de mayo del 2010.
ASUNTO: MONTOS PARA LA CONTRIBUCIÓN QUE LAS COMPAÑÍAS PAGARÁN A LA SUPERINTENDENCIA EN EL AÑO 2010
Por medio de la presente deseamos informarles que en el Suplemento de Registro Oficial No. 185, de 04 de mayo de 2010, se publicó la Resolución No. SC.IAF.DPYP.G.10.024 de la Superintendencia de Compañías, la misma que dispone lo siguiente:
La contribución de las Compañías y entidades sujetas al control y vigilancia de dicha institución deben pagar a la misma, para el año 2010, será de acuerdo a lo especificado en la siguiente tabla:
Para las compañías en las que el 50% o más del capital social estuviere representado por acciones pertenecientes a instituciones de derecho público o de derecho privado, con finalidad social o pública, pagaran únicamente el 50% de la contribución que determina el artículo primero de esta resolución, hasta el 30 de septiembre del presente año.
Las compañías para justificar tal rebaja, deberán presentar hasta el 30 de abril del año respectivo, la nomina de accionistas debidamente certificada; sin embargo, la Superintendencia de Compañías previa justificación de parte o de oficio, antes de la emisión del título de crédito correspondiente, podrá proceder en uso de su facultad determinadora.
En caso de no presentar la nómina de accionistas, hasta la fecha antes indicada, la Superintendencia de Compañías estará facultada para la emisión del título de crédito pertinente por el ciento por ciento del valor de la contribución correspondiente. Una vez emitido el título en mención no se aceptará ni procesará reclamación alguna.
Las compañías y entidades a las que se refieren los artículos primero y segundo, cuyos activos reales sean iguales o inferiores a veinte y tres mil quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US $ 23.500,00), para el presente año se fija la contribución con tarifa cero dólares de Estados Unidos de América (US $ 0,00), por lo que a estas compañías no se les emitirán títulos de crédito.
Las contribuciones que se establecen en los artículos primero y segundo, se depositarán hasta el 30 de septiembre del presente año, en la cuenta corriente rotativa de ingresos No.6252753, denominada “Superintendencia de Compañías”, en la Casa Matriz, y en las sucursales o agencias del Banco de Guayaquil.
Las compañías que hasta el 30 de septiembre del presente año hayan pagado al menos el 50% de la contribución que les corresponde, tendrán derecho a cancelar el otro 50%, hasta el 31 de diciembre del 2010, sin recargo ni penalidad alguna, previa solicitud del interesado y autorización de la Superintendencia de Compañías.
Las compañías Holding o tenedoras de acciones y sus vinculadas que estén sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, siempre que reúnan las condiciones señaladas en el artículo 429 de la Ley de Compañías, podrán presentar sus estados financieros consolidados, y pagarán la contribución sobre los activos reales que se reflejen en dichos estados financieros consolidados.
Con los estados financieros consolidados, el representante legal de la Compañía Holding, presentará una declaración en la que indique si es que los referidos estados financieros consolidados incluyen a compañías bajo el control de la Superintendencia de Bancos. En caso de no presentarse dicha declaración, la contribución para la Superintendencia de Compañías, se calculará tomando como base el total de los activos reales, que consten en los mencionados estados financieros consolidados.
En el caso de las otras empresas extranjeras, estatales, paraestatales, privadas o mixtas, organizadas como personas jurídicas que operan en el país, la determinación tributaria a la Superintendencia de Compañías se calculará tomando como base los activos reales que dichas empresas tengan registrados o declarados y que se reflejen en sus estados financieros presentados a esta institución.
Esta resolución entró en vigencia a partir de su publicación.
CIRCULAR 50: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NUEVAS EN RELACIÓN CON LAS QUE SE EXTINGUEN
CIRCULAR No. 50 Quito, 17 de abril del 2010.
ASUNTO: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS NUEVAS EN RELACIÓN CON LAS QUE SE EXTINGUEN.
Por medio de la presente deseamos informarle que mediante Suplemento de Registro Oficial No. 169, de 12 de abril de 2010, se publicó la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00085 del Director General del Servicio de Rentas Internas, la misma que dispone lo siguiente:
Cuando por medio de un decreto ejecutivo o acto normativo de gobierno autónomo descentralizado se cree una empresa pública regulada por la Ley Orgánica de Empresas Públicas y que, en consecuencia, extinga a una sociedad o empresa anterior, la nueva empresa pública, en el plazo máximo de 60 días contados desde la emisión de su acto constitutivo, deberá presentar la declaración de todas las obligaciones tributarias pendientes de la sociedad que se extingue, hasta la fecha de su extinción, aún cuando no se hubiese cumplido el plazo fiscal para la declaración de dichos impuestos y, de ser el caso, efectuar el pago de los tributos correspondientes.
Del mismo modo, a la nueva empresa pública creada se le concede el plazo máximo de 30 días contados desde la emisión de su acto constitutivo, para que en cualquiera de las oficinas del SRI a nivel nacional, se inscriba en el Registro Único de Contribuyentes y cancele el RUC de la sociedad anterior. En virtud de las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en este caso, si la sociedad extinguida era contribuyente especial, la nueva empresa pública será registrada con la misma calidad; para tal efecto, se tendrá en consideración la resolución con la que a la sociedad o empresa anterior se le asigna la calidad de contribuyente especial.
De igual manera, la nueva empresa pública en el plazo máximo de 15 días, contados desde la emisión de su acto de creación, deberá solicitar al SRI la autorización para emitir comprobantes de venta; y a su vez, realizar la petición correspondiente para dar de baja los comprobantes que no fueron utilizados por la sociedad extinguida.
Bajo ningún concepto la nueva empresa pública podrá registrar sus transacciones en comprobantes de venta cuya emisión fue autorizada por el SRI para la compañía anterior.
Así mismo, se dispone que cuando la sociedad extinguida haya generado crédito tributario en el impuesto a la renta y éste no pudo ser compensado, la nueva empresa pública registrará dicho crédito en su saldo inicial. Una vez que se cumpla lo señalado en el primer párrafo, la nueva empresa pública, podrá presentar un reclamo de pago indebido o en exceso por el monto de dicho crédito tributario.
Igualmente, cuando la sociedad extinguida haya generado crédito tributario de IVA por retenciones, que no pudo ser compensado, la nueva empresa pública registrará dicho crédito en su saldo inicial.
El crédito tributario por el IVA en compras que la sociedad extinguida haya generado a partir de noviembre de 2009 y no se haya recuperado hasta la fecha de su extinción, será registrado en el balance final de la misma como costo.
Para la devolución de IVA a las empresas señaladas en la Segunda Disposición Transitoria, numeral 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, se aplicará el procedimiento previsto en la Resolución No. NAC-DGERCGC10-00046, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 136 de 24 de febrero del 2010, que contiene las Normas de Procedimiento par la Devolución del IVA a entidades y organismos del Sector Público y Empresas Públicas.
Empresas señaladas en la Segunda Disposición Transitoria, numeral 2.2.1.5 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas: Empresa Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; Empresa Eléctrica Azogues S.A.; y, Electro Generadora del Austro Elecaustro S.A.
Finalmente se dispone que para las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que se crearon con anterioridad a la emisión de esta resolución, los plazos indicados se contarán a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Para el caso de las nuevas empresas públicas que se crean con la emisión de un decreto ejecutivo o acto normativo de gobierno autónomo descentralizados, el tratamiento tributario referente a la empresa pública se hará efectivo a partir de la fecha de emisión de dicho decreto ejecutivo o acto normativo.
Esta resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, el 12 de abril de 2010.
CIRCULAR 49 : REFORMAS AL CODIGO PENAL Y PROCEDIMIENTO PENAL
CIRCULAR 49 Reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal
Quito, 30 de marzo de 2010
ASUNTO: Reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal
Por medio de la presente ponemos a su conocimiento que mediante Suplemento de Registro Oficial No. 160, de 29 de marzo de 2010, se publicó las reformas al Código Penal y Código de Procedimiento Penal.
Reformas al Código Penal:
Se sustituye el Art. 607 modificándose su primer numeral, para establecer que únicamente el hurto de objetos cuyo valor no supere el 50% de una remuneración básica unificada del trabajador en general, será considerado contravención. Es decir en caso de que el valor del objeto del hurto no supere 120 dólares en la actualidad, se sancionará con multa de 14 a 28 dólares y prisión de 5 a 30 días.
Del mismo modo en el segundo inciso del Art. 78 se añade una disposición a través de la cual, se establece que en caso de reincidencia en la contravención indicada en el párrafo precedente, la misma será considerada como delito.
En este contexto, también se modifica el Art. 51, en el numeral primero del párrafo concerniente a las “Penas peculiares de la contravención”, para establecer como una de las mismas a la prisión de 1 a 30 días.
Dentro del Art. 450 se añade un numeral adicional (11), mediante el cual se establece que el homicidio cometido en contra de miembros de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales o jueces de garantías penales, en el desempeño de sus funciones, constituirá asesinato.
Por otro lado, se sustituye el Art. 569, y se establece que será reprimido con reclusión menor ordinaria de 3 a 6 años y multa de 6 a 16 dólares, quien oculte, custodie, guarde, transporte, venda o transfiera la tenencia, en todo o en parte, los bienes, cosas o semovientes, producto del robo o hurto, o cuya procedencia legal no pueda probarse.
Reformas al Código de Procedimiento Penal:
En primer lugar, se elimina el último inciso del Art. 25, que disponía que el Fiscal dispondrá que la Policía Judicial, como cuerpo auxiliar de la Fiscalía, realice las investigaciones por separado aunque relacionando los hechos y personas en orden a determinar la peligrosidad de los presuntos infractores.
En segundo lugar, se añade como inciso final del Art. 26, una disposición conforme a la cual el fiscal competente presentará obligatoriamente, dentro de la fundamentación de su instrucción fiscal, el registro de detenciones del proceso, detallando los motivos de las detenciones anteriores.
Del mismo modo, se sustituye el numeral 3 del Art. 27, para establecer como competencia de los jueces de garantías penales, la tramitación y resolución, en audiencia, de las solicitudes de acuerdos reparatorios, suspensiones condicionales al procedimiento y conversiones. Asimismo y de esta manera se dispone que la tramitación y resolución de solicitudes de archivo y desestimaciones se realizarán sin audiencia, sin perjuicio del derecho del denunciante a ser escuchado.
Por otro lado, en el primer inciso del Art. 33, se agrega a continuación de la palabra fiscal la frase “sin necesidad de denuncia previa”, lo que implica que ahora la norma en cuestión dispone ahora que “El ejercicio de la acción pública corresponde exclusivamente a la Fiscal o el Fiscal, sin necesidad de denuncia previa”.
Dentro de las reformas se encuentra que en el Art. 36 se eliminan los literales g, h, i, j y k, lo que significa que los delitos de estafa y otras defraudaciones, violación de domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto mayor a 120 dólares y lesiones que superen los 30 días de enfermedad o incapacidad para el trabajo, pasan nuevamente a ser delitos de acción pública.
De igual manera, en el primer inciso del Art. 39, luego de la palabra “denuncia” se elimina la frase “parte informativo o cualquier otra forma por la que llegue la noticia del ilícito”, por lo que ahora la norma dispone que el archivo por desestimación únicamente procede contra la denuncia y no a otros documentos o actuaciones; sin embargo, se agrega como segundo inciso que el juez, previo a resolver, debe oír al denunciante.
Adicionalmente, en el primer inciso del Art. innumerado agregado a continuación del Art. 39, se agrega luego de la palabra “delitos” la frase “que lleguen a conocimiento de la fiscalía sea por partes informativos, informes o por cualquier otra noticia del ilícito”. El artículo dispone: “En todos los delitos que lleguen a conocimiento de la fiscalía sea por partes informativos, informes o por cualquier otra noticia del ilícito, en tanto no se hubiere iniciado la instrucción fiscal, el fiscal podrá solicitar al juez de garantías penales el archivo provisional de la investigación, cuando de ella no se haya podido obtener resultados suficientes para deducir una imputación. De encontrarse nuevos elementos de convicción, el fiscal podrá reabrir la investigación y proseguirá con el trámite”.
Dentro del Art. 160 se agrega a la prohibición de enajenar como una nueva medida cautelar de carácter real.
Asimismo, en el segundo inciso del Art. 161, luego de la frase “juez de garantías”, se agrega la frase “penales, e informará de este hecho inmediatamente al fiscal”, por tanto ésta norma dispone: “El policía que haya privado de libertad o recibido a una persona sorprendida en delito flagrante, comparecerá de inmediato con el detenido ante el juez de garantías penales, e informará de este hecho inmediatamente al fiscal. El fiscal, con la presencia del defensor público, podrá proceder previamente conforme lo determina el artículo 216 de este Código, luego de lo cual el agente de la Policía elaborará el parte correspondiente, quien además comunicará a éste sobre el hecho de la detención.
Igualmente, se suplanta el segundo inciso del Art. 171, referente a la sustitución de medidas cautelares, por el siguiente texto: “Siempre que no se trate de delitos contra la administración pública, de los que resulte la muerte de una o más personas, de delitos sexuales, de odio, de los sancionados con pena de reclusión o cuando no exista reincidencia, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario en los casos en la que la persona procesada tenga una discapacidad mayor al cincuenta por ciento certificada por el CONADIS, padezca de enfermedad catastrófica, sea mayor de sesenta años de edad, o sea una mujer embarazada o parturienta, y en este último caso hasta noventa días después del parto. Este plazo podrá extenderse cuando el niño o niña hubiera nacido con enfermedades que requieran el cuidado de la madre, hasta que las mismas se superen”.
En el Art. 209, en el numeral 7 se agrega luego de la palabra “procesados” la siguiente frase: “y enviar a la fiscal o el fiscal, el registro de detenciones”; esto significa que ahora la norma prescribe: “Corresponde a la Policía Judicial lo siguiente: ... Realizar la identificación de los procesados y enviar a la fiscal o el fiscal, el registro de detenciones”.
Por otro lado, en el tercer inciso del tercer artículo innumerado agregado a continuación del Art. 226, se sustituye la frase “auto de llamamiento a juicio cuando el dictamen fiscal sea de acusación”, por la frase “el auto resolutorio correspondiente”; en consecuencia, ahora la norma dispone: “Si a criterio del juez de garantías penales no hay vicios de procedimiento que afecten la validez del proceso, dictará el auto resolutorio correspondiente”.
A continuación del quinto inciso del Art. 278, se agrega el siguiente: “Las o los secretarios de las judicaturas, o quienes les subroguen legalmente, enviarán mensualmente al Consejo de la Judicatura un listado de las audiencias realizadas y fallidas, con la debida indicación de las o los servidores judiciales que no asistieron a las mismas y las causas de la inasistencia”.
Finalmente, se sustituye el numeral 1 del Art. 343, lo que implica que a partir de la reforma solamente se puede interponer recurso de apelación de los autos de nulidad, de prescripción de la acción, de sobreseimiento y de inhibición por causa de incompetencia, y ya no del auto de llamamiento a juicio.
En la “Disposición General” de esta Ley Reformatoria, se dispone que la actuación y decisiones de los jueces, fiscales, defensores y otros servidores judiciales, policías y demás funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, respetarán la jurisdicción y competencia de las autoridades indígenas determinadas en el Art. 171 de la Constitución y 343 del Código Orgánico de la Función Judicial y tendrán en cuenta los derechos constitucionales, los principios de justicia intercultural y la declinación de competencias conforme lo establecido en los artículos 344 y 345 del mencionado Código Orgánico.
Por último, en las disposiciones transitorias se establece, en primer lugar, que los procesos, actuaciones y procedimientos de investigación que actualmente se encuentren en trámite, continuarán sustanciándose conforme a las reglas de procedimiento vigentes al tiempo de su inicio y hasta su conclusión; pero que en el caso de los delitos de estafa y otras defraudaciones, violación de domicilio, revelación de secretos de fábrica, hurto y lesiones que no superen los 30 de enfermedad o discapacidad para el trabajo, que fueron desestimados o archivados de conformidad con la interpretación del Art. 10 de las reformas al Código de Procedimiento Penal, publicadas en el Registro Oficial Suplemento 555 de 24 de marzo de 2009, podrán sustanciarse como delitos de acción pública y que las acciones en estos casos prescribirán de conformidad con las reglas establecidas en el Código Penal para los delitos de acción pública, y no se contará el tiempo transcurrido desde el 24 de marzo de 2009 hasta antes de la entrada en vigencia de la presente reforma.
En segundo lugar, se dispone que todas las audiencias establecidas en el Código de Procedimiento Penal serán de aplicación e implementación inmediata.
Finalmente, en tercer lugar, se ordena que en los 30 días siguientes de la entrada en vigencia de esta reforma, el Ministerio de Justicia contratará una auditoría externa que deberá presentar un informe detallado de la actuación de los jueces de garantías penales y los fiscales de todo el país; respecto del ejercicio de todas sus responsabilidades constitucionales y legales.
La presente ley entró en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial.
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