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Timestamp: 2019-12-08 15:09:29+00:00

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B. Admisibilidad de la prueba testimonial y pericial
B.1. Consideraciones generales
B.2- Fuero militar
B.3. Investigación de autores intelectuales y de la “cadena de mando ”
B.4. Reducción del tiempo de condena y liberación de condenados
B. 5. Sobre personas prófugas
B.6. Duración de las actuaciones
B.7. Conclusión
B.2. Derechos a la vida e integridad personal
B.3. Derechos del niño
B.4. Obligación de respetar los derechos sin discriminación
B.5. Conclusión
La Corte escuchó en audiencia pública la declaración de las presuntas víctimas Tomás Grave Morente y Natividad Sales Calmo, y recibió las declaraciones, rendidas ante fedatario público (afidávit), de Efraín Grave Morente, presunta víctima y de Claudia Virginia Samayoa Pineda, perita9. La Corte estima pertinente admitir las declaraciones de las presuntas víctimas y el dictamen pericial, rendidos en la audiencia pública y ante fedatario público, en lo que se ajusten al objeto que fue definido por la Presidencia en la Resolución mediante la cual se ordenó recibirlos y al objeto del presente caso.
Por otra parte, es pertinente dejar sentado que los representantes solicitaron que 34 personas rindieran declaración en el marco de una diligencia en la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”. En su Resolución de 13 de diciembre de 2017 (supra párr. 8) el Presidente “consider[ó] pertinente evaluar la realización de dicha diligencia probatoria una vez que se h[ubiera] llevado a cabo la audiencia pública de este caso”10. El 31 de mayo de 2018 se informó a las partes y a la Comisión, que “teniendo en consideración el acervo probatorio ya existente […], e[ste] Tribunal determinó negar la solicitud”11.
Después de analizados los elementos probatorios, así como los alegatos de la Comisión y las partes, la Corte considera establecidos los hechos que se detallan a continuación. A tal efecto, tiene en cuenta que al “pronuncia[rse…] respecto al Informe [de Fondo]”, que fija el marco factico sobre el que la Corte debe resolver, Guatemala indicó que “no desconoce los hechos ocurridos”. También nota que desde el momento que ocurrieron los hechos, el entonces Presidente de Guatemala reconoció la “responsabilidad institucional” y luego autoridades judiciales determinaron lo sucedido y emitieron sentencias condenatorias (infra párrs. 60, 64 y 65). En la audiencia pública se pidió al Estado que aclare si reconoce o no los hechos. Al presentar su respuesta, en sus alegatos finales escritos, Guatemala no contestó en forma afirmativa o negativa, sino que aseveró que “debe primar la verdad de los hechos tal y cómo l[a] consignó la Comisión para el Esclarecimiento Histórico” (en adelante también “CEH”). La Corte entiende que el Estado ha aceptado en general los hechos narrados en el Informe de Fondo. Este Tribunal, al establecer los hechos relevantes, considerará la aceptación estatal referida, así como señalamientos de la CEH1.
La Corte, en oportunidades anteriores, ya ha advertido que
[e]l Estado de Guatemala vivió un conflicto armado interno entre los años 1962 y 1996 que provocó grandes costos humanos, materiales, institucionales y morales2. En el año 1990 se inició un proceso de paz que culminó en diciembre de 1996 cuando el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), con la participación de la sociedad civil, firmaron el Acuerdo de Paz Firme y Duradera, con el propósito de acabar con el conflicto armado. Dicho Acuerdo otorga validez a los doce acuerdos que fueron celebrados durante negociaciones previas, entre ellos, uno para “el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca”. Dicha Comisión inició sus trabajos el 31 de julio de 1997 y publicó su Informe “Guatemala, Memoria del Silencio” el 25 de febrero de 19993.
Tomando por base lo anterior, la Corte puntualizará aspectos específicos enmarcados en el contexto descrito que resultan pertinentes respecto al caso que aquí se examina.
A.1 El conflicto armado interno y la violencia contra el pueblo maya
La CEH constató que durante el conflicto armado hubo múltiples “violaciones de los derechos humanos y hechos de violencia atribuibles a actos del Estado[,…]con especial gravedad del año 1978 al 1984, período en el cual se concentra el 91% de las violaciones [que] conoci[ó]”4.
Ya respecto a casos anteriores la Corte ha advertido que el Estado aplicó lo que denominó la “Doctrina de Seguridad Nacional”, utilizando la noción de “enemigo interno”, que inicialmente incluía a las organizaciones guerrilleras pero fue ampliándose para incluir a otros grupos y personas5. Con base en dicha Doctrina, el ejército de Guatemala identificó a los miembros del pueblo indígena maya dentro de la categoría de “enemigo interno”, por considerar que estos constituían o podían constituir la base social de la guerrilla6. Este tribunal ha constatado que de acuerdo a la CEH, el pueblo maya fue el grupo étnico más afectado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno, sufriendo el desplazamiento forzado y la destrucción de sus comunidades, viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de supervivencia7. La violencia dirigida contra el pueblo maya se evidenció en múltiples actos, inclusive masacres8.
Como ya se indicó (supra párr. 27), en 1990 se inició un proceso de paz que culminó en diciembre de 1996 con la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera. Entre los documentos firmados, se suscribió el “Acuerdo sobre el Cronograma para la implementación del cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz”9.
A.2. Desplazamiento y retorno de personas afectadas por el conflicto
Una de las consecuencias del conflicto fue el desplazamiento de comunidades y personas, inclusive fuera del territorio estatal. La CEH indicó que hechos de masacres y devastación de aldeas ocurridos entre 1981 y 1983 desencadenaron la huida masiva de comunidades mayas y un importante número de familias ladinas. Unas 150 mil personas buscaron su seguridad en México. Cerca de la tercera parte se ubicó en campamentos y contó con el reconocimiento del estatus de refugiado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (en adelante “ACNUR”).10
En 1991 el Estado creó la Comisión Nacional de Atención de Repatriados, Refugiados y Desplazados (en adelante “CEAR”), que como objeto tenía la solución a la problemática de las personas refugiadas, retornadas y desplazadas. En julio de ese año las Comisiones Permanentes de Representantes de los Refugiados Guatemaltecos en México (en adelante “CCPP”), presentaron una serie de condiciones para el retorno en seguridad y dignidad. El 13 de diciembre de 1991 el Presidente de Guatemala y ACNUR suscribieron una “Carta de Entendimiento” relativa al retorno voluntario de personas refugiadas guatemaltecas.11
El 8 de octubre de 1992 entre Guatemala, representada por la CEAR, y las CCPP, se firmaron acuerdos que establecen las condiciones del retorno de personas refugiadas en México12. “La CEH indicó que los acuerdos han sido frecuentemente interpretados ‘de forma amplia por l[a]s [personas] retornad[a]s como un compromiso por parte del Ejército de no ingresar o patrullar cerca de sus comunidades’”13.
En diciembre de 1992 las CCPP hicieron pública la determinación de comenzar el retorno el 13 de enero de 1993. Cerca de ocho mil personas expresaron su interés de retorno inmediato. El ACNUR, la CEAR y la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados se encargaron de supervisar el traslado para el reasentamiento. Guatemala aceptó la propuesta del experto de Naciones Unidas Sobre la Situación de Derechos Humanos en Guatemala, de alejar de la zona de reasentamiento un destacamento militar.14
B. Sobre la Comunidad “Aurora 8 de octubre” en la finca Xamán
A partir del retorno de personas que estaban asentadas en México, en 1994 se formó la Comunidad “Aurora 8 de octubre”. Se ubicó en la finca Xamán, en el municipio de Chisec del departamento de Alta Verapaz en Guatemala. En 1994 estaba conformada, en términos aproximados, por unas 90 familias que antes se encontraban en México y otras 50 que ya vivían en el lugar. Integran la Comunidad personas que forman parte de la población indígena maya, tanto q’eqchi’, mam y q’anjob’al, como también, en menor medida, ixil y k’iche’. Las personas que regresaron a vivir en dicha Comunidad habían sobrevivido a las masacres ocurridas en sus aldeas de origen en el año 198215. Los integrantes de esta Comunidad habían sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos previas a los hechos ocurridos en el año de 1995, entre los que se cuentan masacres y desplazamiento forzado. En esa medida, a raíz de su retorno, el Estado se encontraba obligado a prestarle una especial protección y a prevenir cualquier situación de revictimización.
Sobre los hechos sucedidos en octubre de 1995 en la finca Xamán
Como fue señalado por el Estado, el 5 de octubre de 1995, cerca de un año después de formada la Comunidad, se produjo un acontecimiento en que varias personas resultaron muertas y otras heridas, calificable como una masacre16. Estas circunstancias fueron registradas en el informe de la CEH.
A continuación, se exponen los aspectos centrales de los hechos sucedidos los días 3 y 5 de octubre, según ha sido indicado por la CEH y expuesto en el Informe de Fondo. Sobre esa base los hechos narrados se precisan de acuerdo a distintos medios de prueba:
El 3 de octubre de 1995 una patrulla militar integrada al menos por 26 soldados, incluido uno menor de edad, salió del destacamento de Rubelsanto17.
El 5 de octubre, en la mañana, algunos pobladores de la Comunidad advirtieron la presencia de los militares cuando estos pasaban por la finca Xamán. Se formó un grupo de varios individuos vecinos, entre quienes se hallaban algunas mujeres y autoridades de la Comunidad, quienes salieron al encuentro de la patrulla y solicitaron hablar con el oficial al mando18.
El grupo requirió a los militares explicar el motivo por el cual se encontraban en el lugar19. A partir de este encuentro, los militares se adentraron en la Comunidad20. El número de pobladores que rodeaba a los militares fue aumentando gradualmente21. Sobre las 13:30 horas, el subteniente dialogó con el alcalde auxiliar22. Mientras eso sucedía, los pobladores manifestaban con mayor vehemencia su descontento por la presencia militar23. Solicitaron a los integrantes del ejército que dejaran sus armas y permanecieran en el lugar hasta que la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (en adelante “MINUGUA”) y ACNUR verificaran la presunta violación de los acuerdos del 8 de octubre de 199224.
Después de lo anterior, los integrantes de la patrulla intentaron salir del lugar empujando a la gente con sus fusiles. En el curso de esta situación de tensión, en un momento dado los soldados dispararon a una señora, Juana Jacinto Felipe, produciendo su muerte y luego realizaron disparos indiscriminadamente25. La gente comenzó a correr26, por lo que varias personas cayeron bajo el impacto de proyectiles mientras huían27 y, según se denunció, tres fueron rematadas cuando estaban tendidas en el suelo28. Autoridades judiciales dieron por acreditado que, después de producidos los disparos referidos, cuando los soldados estaban saliendo del lugar, encontraron al niño Santiago Coc, a quien dispararon, causando su muerte29.
La CEH sostuvo que no hay evidencia de que los pobladores portaran armas de fuego ni testimonios que den cuenta de agresiones físicas contra los soldados, quienes en gran medida estaban rodeados por mujeres y niños. Ocho personas adultas, así como dos niños y una niña de la Comunidad, quienes son presuntas víctimas en este caso, fueron ejecutadas durante este evento; otras 29, también presuntas víctimas, resultaron heridas30.
Personas heridas fueron atendidas en primer término por personal de Médicos del Mundo, organización no gubernamental que tenía presencia en la Comunidad y que, además, dio aviso de los hechos a MINUGUA31.
Sobre las actuaciones realizadas
Al día siguiente de los hechos, el Presidente de la República visitó la Comunidad, “reconoció públicamente la responsabilidad institucional en los hechos” y ordenó la formación de una “Comisión pesquisadora de Alto Nivel” y una exhaustiva investigación32. Además, destituyó al comandante de la zona militar 21 con sede en Cobán y aceptó la renuncia del ministro de la Defensa Nacional33. Por otra parte, en el ámbito judicial se inició un proceso penal34, que se describe en lo que sigue35.
Luego de ocurrida la masacre, el personal militar fue “inmediatamente consignado” y sometido a “proceso penal” ante el “Juzgado Militar Primero de Primera Instancia de Jalapa”36. Dicho personal fue “detenido […] en el Centro Preventivo del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional en el Departamento de Jalapa”37.
Rigoberta Menchú Tum se presentó como “querellante adhesiva”38 al proceso y el 31 de octubre de 1995 presentó un escrito ante el “Juez Militar de Primera Instancia de Jalapa”, aduciendo que éste carecía de competencia, independencia e imparcialidad, que los hechos debían ser conocidos en el fuero penal ordinario y no ante la jurisdicción penal militar. Además consideró que había habido “un tratamiento deficiente […] de las medidas investigativas” y actuaciones violatorias del debido proceso39. El 2 de noviembre de 1995 el juzgado militar de primera instancia del departamento de Jalapa declaró improcedente la solicitud de la señora Menchú40. Ella impugnó dicha resolución. El 31 de enero de 1996 se conoció la decisión de la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones, con sede en Jalapa, que consideró que los delitos cometidos tenían carácter común y ordenó el traslado del expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cobán, Alta Verapaz41.
De acuerdo a información presentada a la Comisión, antes del 28 de febrero de 1996 el Ministerio Público presentó seis memoriales pidiendo medidas de prueba, que no fueron atendidos. Ese día, la defensa volvió a realizar un planteamiento de competencia, para que la causa volviera al fuero militar. El mismo fue rechazado por la “Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia”.42
En mayo de 1996 se efectuaron distintas medidas probatorias: el 14 el Juez de Primera Instancia realizó una “inspección y reconocimiento judicial” al lugar de los hechos; el 15 se realizó la exhumación del cadáver del niño Santiago Coc, y el 17 se realizó un peritaje balístico a solicitud del Fiscal del Ministerio Publico asignado al caso43.
Por medio de un escrito de fecha 29 de mayo de 1996, el Agente Fiscal del Ministerio Público presentó acusación ante el Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Alta Verapaz (en adelante, “Juez de Primera Instancia de Alta Verapaz”) 44.
Los días 30 y 31 de mayo de 1996 el Juez de Primera Instancia de Alta Verapaz dejó sin efecto la prisión preventiva de ocho integrantes de la patrulla militar45.
El 14 de octubre de 1996 la “Sala Dudodécima de la Corte de Apelaciones revocó la libertad […] de siete miembros del [e]jército”, quienes el 7 de noviembre de 1996 volvieron a ser privados de su libertad46.
Por medio de un escrito de 12 de noviembre de 1996, la “querellante adhesiva” presentó una “adhesión” con “modificaciones” a “la acusación planteada por el ministerio público” y a la “petición de la apertura a juicio”47.
Luego del trámite de distintos recursos48, el 7 de mayo de 1997 el Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Alta Verapaz (en adelante, “Tribunal de Sentencia”) decretó la apertura del juicio, que fue ampliada de oficio el día 14 siguiente49.
Entre el 19 de mayo y el 20 de noviembre de 1997 se presentaron diversos recursos y se adoptaron diversas decisiones50.
De acuerdo a información que la Comisión Interamericana manifestó haber recibido, a finales de 1997 el expediente judicial se extravió por un tiempo aproximado de dos meses, luego de los cuales fue encontrado51.
El 17 de marzo de 1998 un abogado de la Fundación Rigoberta Menchú (peticionaria en el caso) presentó un escrito ante el Procurador de los Derechos Humanos señalando que el 6 del mismo mes, mientras el primero se dirigía a su residencia conduciendo un automóvil, acompañado de una abogada de la misma Fundación, fue perseguido e interceptado por otro vehículo, y que luego de diversas maniobras pudo perderlo. Indicó también que, al día siguiente, notó que el mecanismo de freno de su automóvil había sido dañado52. El 23 de marzo de 1998, los peticionarios informaron a la Comisión que la abogada y el abogado habían sido objeto de “actos de hostigamiento” e “intimidación”53.
El 6 de abril de 1998 el Tribunal de Sentencia aceptó y rechazó prueba ofrecida por las partes54; asimismo, fijó el inicio del debate en el caso55. El Fiscal, la “querellante adhesiva” y los defensores presentaron “recurso[s] de reposición”, que fueron resueltos el 16 de abril de 1998, aceptándose e incorporándose al trámite más prueba ofrecida por las partes56.
El 20 de abril de 1998 Rigoberta Menchú Tum, a través de una abogada, “interpus[o]” un “recurso de amparo” contra la resolución de 16 de abril de 199857. El mismo día el recurso fue “admit[ido] para su trámite” y “no otorga[do]” por la Sala Duodécima de la Corte de Apelaciones Constituida en Tribunal de Amparo58, decisión que fue ratificada por la Corte de Constitucionalidad el 22 de abril de 199859.
La audiencia pública, ante el Tribunal de Sentencia, se inició el 21 de abril de 199860, luego de diversas gestiones, trámites y presentaciones61.
De acuerdo con información presentada a la Comisión el sexto día de debate la “querellante adhesiva”, aduciendo “parcialidad manifiesta”, recusó al Tribunal de Sentencia. El debate fue suspendido al día siguiente, a partir de otro incidente, planteado por el Ministerio Público. La recusación fue declarada “sin lugar”, y luego una jueza del Tribunal de Sentencia se excusó de seguir conociendo el caso, por haberse dudado de su imparcialidad. Su excusa fue rechazada por quien presidía el Tribunal de Sentencia. Esto motivó que el 8 de junio de 1998 la “querellante adhesiva” presentara una nueva recusación del Tribunal de Sentencia, por entender que, a partir de los fundamentos de la excusa referida, se evidenciaba una “enemistad manifiesta”.62 No consta cómo fue resuelta la segunda recusación señalada63, pero sí la continuidad del proceso y la reanudación del debate público, conforme se expone más adelante (infra párr. 57).
El 7 de septiembre de 1998 los peticionarios informaron a la Comisión que tenían conocimiento que “una [m]agistrada del Tribunal [….] que t[enía] el caso conocido como ‘Caso Xamán’, esta[ba] siendo extorsionada y amenazada”; señalaron también que “la Jueza Vocal que integraba el Tribunal” había sido trasladada y se había nombrado un “juez suplente” en su lugar64.
Por medio de un escrito de fecha 12 de octubre de 1998 el Fiscal Especial asignado al caso presentó su renuncia, para que se hiciera efectiva a partir del 2 de noviembre siguiente. De acuerdo con la información que se remitió a la Comisión, él adujo diversos actos que denotaban falta de “apoyo institucional” para proseguir con el caso65. La CEH sostuvo que, en octubre de 1998, el Fiscal Especial declaró que funcionarios del Ministerio Público no le brindaban el apoyo necesario para llevar a cabo las investigaciones pertinentes y que, además, denunció que había sido objeto de amenazas e intimidaciones66. El 27 de octubre de 1998 se designó un nuevo “Fiscal Especial”67.
El 25 de noviembre de 1998 se reanudó el debate público68, que se desarrolló en distintos días hasta agosto del año siguiente (infra párr. 59). Durante ese tiempo se plantearon y resolvieron distintos incidentes y recursos69.
El 6 de enero de 1999 Rigoberta Menchú renunció a su condición de “querellante adhesiva” en el proceso, por entender que no se estaban cumpliendo las normas del debido proceso70.
El debate oral y público se declaró clausurado el 12 de agosto de 199971. El mismo día el Tribunal dictó una sentencia72. En la misma condenó al oficial al mando de la patrulla y a diez militares que la integraban por el “delito de homicidio culposo” y les impuso una pena de “cinco años de prisión conmutable”; además condenó a otros 14 miembros de la patrulla por el delito de “homicidio culposo” en “complic[idad]” y les impuso una pena de “cuatro años de prisión conmutables”73.
El 23 de agosto de 1999 el Fiscal Especial interpuso una apelación y el 6 de diciembre siguiente la “Sala Décimo Cuarta de apelaciones” declaró “con lugar” el recurso74. Anuló la sentencia de primera instancia y condenó a diez militares por los delitos de “homicidio” y de “lesiones graves”, imponiéndoles una pena de 12 años de prisión75. Otros 15 integrantes de la patrulla fueron absueltos76.
El 12 de abril de 2000, tras examinar un “[r]ecurso [e]xtraordinario de [c]asación” presentado por el Fiscal Especial, la “Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia anuló la sentencia” de la Sala Décimo Cuarta de apelaciones y “orden[ó] la celebración de un nuevo debate y la aprehensión de los 15 procesados que habían sido absueltos”77.
En mayo de 2000 el expediente fue trasladado al Tribunal de Sentencia de Cobán78.
El 3 de junio de 2003 se inició el debate oral79.
El 8 de julio de 2004 el Tribunal de Sentencia emitió una sentencia en la que condenó a 14 militares, por el delito de “ejecución extrajudicial”, en calidad de “autores materiales, en el grado de consumación”, en perjuicio de 11 personas fallecidas. Además, fueron condenados por las “lesiones graves” causadas a 29 sobrevivientes. Fueron sentenciados a una pena de “cuarenta años de prisión inconmutables”80.
En julio de 2004 militares condenados interpusieron recursos de apelación81, los cuales no prosperaron82. En enero de 2005 abogados defensores de militares interpusieron recursos de casación83, que el 13 de ese mes fueron remitidos a la Corte Suprema de Justicia84. El 23 de septiembre de 2005 la Corte Suprema de Justicia “declar[ó] improcedentes” los recursos de casación pendientes y dejó firme la sentencia condenatoria85.
Respecto a integrantes de la patrulla militar distintos a los 14 condenados, Guatemala informó que para el 9 de marzo de 2018 11 personas permanecían “prófug[a]s”86 y no habían sido juzgadas. No hay información que indique que luego esta situación se modificara.
En el presente caso, la Corte debe analizar si Guatemala es responsable por la violación a diversos derechos convencionales, en relación con circunstancias sucedidas el 5 de octubre de 1995 en la finca Xaman y las actuaciones posteriores. Luego de que ese día ingresara una patrulla militar a la Comunidad “Aurora 8 de Octubre”, 11 personas murieron a causa de disparos efectuados por militares y otras 29 resultaron heridas. A partir de ello se iniciaron investigaciones, que resultaron en la condena de 14 militares. Otros 11 militares permanecen prófugos, existiendo órdenes de aprehensión vigentes respecto a ellos.
Antes de efectuar el examen sobre aspectos de fondo, la Corte entiende necesario destacar que, en el presente caso, al día siguiente de ocurridos los hechos, quien entonces era Presidente de Guatemala, efectuó un reconocimiento de “responsabilidad institucional” y que, por otra parte, autoridades judiciales internas determinaron lo sucedido y emitieron decisiones condenatorias.
La Corte valora lo anterior, mas advierte que, pese a ello, el Estado no ha reconocido su responsabilidad internacional. Además Guatemala, aun pese a haber admitido expresamente la competencia de la Corte para conocer el caso, sostuvo que el caso ya ha “sido dilucidado en el fuero interno” y, en la audiencia pública, que por ello “el caso no debió ser motivo de conocimiento de [la] Corte”. Respecto a lo expresado por el Estado, este Tribunal nota que Guatemala informó que las autoridades judiciales condenaron a 14 personas y que otras 11 permanecen prófugas (supra, párr. 66 e infra párr. 76).
Conforme el principio de complementariedad, resulta procedente que la Corte evalúe “si la respuesta estatal fue adecuada para remediar las consecuencias de la violación alegada”1. En ese sentido, este Tribunal ha indicado que “los Estados no son internacionalmente responsables cuando han reconocido la comisión de un hecho ilícito internacional, han cesado la violación, y han reparado las consecuencias de la medida o situación que lo configuró”2.
En este caso, no obstante, es procedente examinar los argumentos sobre violaciones a derechos convencionales. En ese sentido, en primer lugar, cabe advertir que Guatemala ha expresado que “reconoc[e] institucional[mente]” lo sucedido, pero aclaró que ello no implica un reconocimiento de “responsabilidad internacional”3. Por otra parte, no resulta evidente que haya habido reparación: pese a que el Estado desarrolló actuaciones que derivaron en la condena firme de 14 personas, los representantes y la Comisión han cuestionado que dichas actuaciones hayan sido diligentes y completas, y han negado que las presuntas víctimas hayan obtenido reparación. De modo contrario, Guatemala sostuvo que efectuó una investigación diligente y que ello la exime de responsabilidad respecto a distintos derechos que la Comisión y los representantes arguyeron violados. A fin de analizar la posición de las partes, resulta necesario considerar los argumentos sobre los aspectos de fondo del caso.
Ahora bien, en casos que presentaban similitudes con el presente, este Tribunal ha examinado la observancia de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial luego de hacer lo propio respecto de otras vulneraciones alegadas4. En este caso, no obstante, la Corte advierte que Guatemala, como se indicó, ha expresado que a partir de la actuación de sus autoridades judiciales, debía considerarse que el caso ya ha sido “dilucidado” en el ámbito interno, e incluso que no debió ser conocido por este Tribunal. Además, de los argumentos estatales (que se reseñan más adelante) se desprende que Guatemala entiende que las actuaciones judiciales realizadas, que derivaron en la condena de 14 personas, eximen al Estado no sólo de responsabilidad respecto al deber de investigar los hechos del caso, sino también de violaciones a la vida y a la integridad personal que han sido alegadas.
Por lo dicho, resulta necesario que la Corte evalúe la actividad judicial desplegada en el caso y, a partir de ello, verifique si existen motivos que permitan determinar violaciones a derechos convencionales. En efecto, dados los alegatos del Estado, puede existir una estrecha relación entre el modo en que han sido observados los derechos a las garantías y protección judiciales y la determinación que corresponda realizar sobre otros derechos. Por ello, la Corte analizará los argumentos en el siguiente orden: 1) derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; 2) derechos a la vida, a la integridad personal y derechos del niño, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación; 3) derecho a la integridad personal respecto de familiares de personas fallecidas y heridas; 4) derecho a la propiedad privada, y 5) derecho a la igualdad ante la ley.
DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES1 Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL2
Argumentos de la Comisión y las partes
La Comisión, entendió que el Estado violó los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención en perjuicio de las personas sobrevivientes y de los familiares de las personas muertas y heridas. Ello, dado que: a) se afectó la independencia e imparcialidad mientras la investigación estuvo en la jurisdicción militar, dada la intervención del fuero castrense; b) las actuaciones no se condujeron en un plazo razonable, pues resultó excesivo el tiempo de nueve años que demoró la justicia interna en sancionar a responsables3, y c) hubo “deficiencias e irregularidades”, por: i.-el modo en que se realizó el manejo de la prueba; ii.- “largos periodos de inactividad”; iii.-la falta de “realización de algunas diligencias”; iv.- la “aceptación contraria al marco legal de distintos recursos y pruebas por parte de la defensa de los procesados” y el “rechazo no motivado de pruebas y declaraciones por parte de la querellante”, y v.- la falta de adopción de medidas respecto a amenazas y hostigamientos en contra de diversos actores en el proceso, lo que a su vez repercutió en las actuaciones, particularmente en su demora.
Los representantes manifestaron que fueron violados los derechos a las garantías judiciales y protección judicial de las presuntas víctimas, debido a que las investigaciones penales nacionales tuvieron “una serie de irregularidades, falencias y omisiones”. Calificaron el proceso como “inconcluso”. Adujeron que debe “completar[se] la investigación, no solo de autores intelectuales sino de la cadena de mando”. Enfatizaron también que “[a]ún quedan pendientes algunas capturas”, y que el trámite actualmente está “abandonado” sin información sobre personas que están “prófugas” hace “más de dos décadas”. En la audiencia pública consideraron que “no es posible que ya las personas [condenadas] vayan a salir [en libertad luego] de cumplir una condena sin que la Comunidad haya podido tener una reparación digna”. Luego, en sus alegatos finales escritos, presentados el 9 de marzo de 2018, indicaron que algunas “personas ya están libres”, y que otras “podrán solicitar su libertad” en fechas próximas4. Por otra parte, entendieron que se vulneró la razonabilidad del plazo pues se demoró “[diez] años para poder concluir el proceso penal” y todavía “existen órdenes de captura pendientes para 11 personas, lo cual constituye 22 años de impunidad”5.
El Estado afirmó haber cumplido con los artículos 8 y 25 de la Convención. Enfatizó que “garantizó el acceso a los tribunales […] y a un recurso efectivo […] de tal forma que se dictó una sentencia condenatoria”. Entendió que su “actuar diligente[6 …] concluyó con la sentencia condenatoria a 14 miembros de las fuerzas de seguridad nacional y la orden de aprehensión en contra de 11 personas las cuales se encuentra[n] vigentes debido a que ést[a]s están prófug[a]s de la justicia”. Agregó que “las presuntas víctimas […] han tenido participación desde el inicio del caso”. Señaló que aunque el proceso se inició en la jurisdicción militar, luego se trasladó al fuero común. Recordó que la Corte “no es un tribunal de cuarta instancia” y no puede examinar supuestos errores de derecho o de hecho de los tribunales nacionales. Por último, adujo que la duración del proceso debe evaluarse considerando que el mismo fue “complejo” y porque “se suscitaron” diversas “incidencias”.
De conformidad con la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones a los derechos humanos (artículo 25), que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1)7.
Con base en lo anterior, la Corte examinará las actuaciones de investigación vinculadas a la justicia penal.
B.1.Consideraciones generales
La obligación de realizar una investigación de los hechos a fin de, en su caso, establecer responsabilidades y sanciones, adquiere importancia de acuerdo a la naturaleza de los derechos lesionados y la gravedad de los delitos cometidos8. En ese sentido, la Corte ha indicado el deber estatal de investigar atentados contra la integridad personal9, así como contra la vida10, inclusive ejecuciones extrajudiciales o masacres11. El deber de investigar violaciones a derechos convencionales, a su vez, puede surgir de normas de derecho interno que el Estado haya adoptado. En este caso, surge de sentencias internas que en virtud de normativa penal de Guatemala se desarrollaron actuaciones a fin de “tutela[r]”, como “bien[es] jurídico[s]”, la “vida” y la “integridad física”12. Por lo tanto, no cabe duda que tanto con base en la Convención como en el derecho interno, el Estado se encontraba obligado a investigar las muertes y daños a la integridad física sucedidos el 5 de octubre de 1995. En este marco, el derecho de acceso a la justicia de las presuntas víctimas o sus familiares debe asegurar, en tiempo razonable, que se haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido e investigar, juzgar y, en su caso, sancionar a los eventuales responsables13.
A fin de evaluar la observancia de lo anterior, la Corte tiene la posibilidad, en el ámbito de su competencia coadyuvante y complementaria, de examinar los procedimientos internos de investigación14. Ello, en sus diversos aspectos, entre los que se encuentran la competencia de las autoridades intervinientes y la diligencia seguida. Esto último, en tanto se aduzcan falencias que pudieran haber afectado la investigación en su conjunto, de modo “que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte indebidamente la posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan”15.
La debida diligencia en la investigación exige que se lleven a cabo todas aquellas actuaciones y averiguaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue16. Sin perjuicio de ello, no corresponde a la Corte determinar puntualmente cuáles son las actuaciones y averiguaciones requeridas. Este Tribunal ha dicho que no le compete “sustituir a la jurisdicción interna estableciendo las modalidades específicas de investigación y juzgamiento […], sino constatar si en los pasos efectivamente dados a nivel interno se violaron o no obligaciones internacionales”17. Por ello, “las diligencias […] deben ser valoradas en su conjunto”18, a fin de determinar si en el caso concreto falencias u omisiones que se acreditaren perjudicaron el esclarecimiento de las circunstancias de los hechos o incidieron en el resultado final de las investigaciones seguidas19. Para tal evaluación debe tenerse en cuenta criterios objetivos o de razonabilidad, a partir de las circunstancias particulares del caso y los argumentos de las partes y la Comisión, apreciando elementos tales como la prueba producida, las pautas recogidas por la propia jurisprudencia de este Tribunal, o la propia consideración de las autoridades internas sobre medidas que, en el caso concreto, señalaron como necesarias20. No debe asumirse que fallas en aspectos puntuales de investigación tuvieron un impacto negativo sobre el conjunto del proceso si, pese a ellas, la investigación tuvo un resultado efectivo en la determinación de los hechos21.
Respecto a lo último indicado, debe advertirse que, en el caso, Guatemala realizó actuaciones que tuvieron como resultado la determinación de lo sucedido y la condena efectiva a 14 personas, que quedó firme el 23 de septiembre de 2005 (supra párr. 65). Ni las partes ni la Comisión adujeron que esas determinación y condena fueran en algún modo erróneas. Por ello, en lo que tiene relación con las mismas, la Corte considera que no tiene objeto evaluar argumentos sobre fallas a la diligencia debida respecto de acciones u omisiones vinculadas al manejo de la prueba o la efectividad en la determinación de lo ocurrido22.
De modo contrario, sí resulta necesario que la Corte examine los argumentos de las partes y la Comisión respecto a lo siguiente: a) si la intervención del fuero militar en los primeros momentos de las actuaciones fue, en sí misma, violatoria de derechos convencionales; b) si hubo omisiones en cuanto a la indagación de supuestos autores intelectuales y de la “cadena de mando”; c) la reducción de condenas y liberación de condenados; d) la falta de aprehensión de 11 personas prófugas, y e) la razonabilidad del tiempo transcurrido.
Este Tribunal ha dicho, y reitera, que la justicia militar “no es el fuero competente para investigar […] violaciones de derechos humanos”23. No obstante, nota también que en las circunstancias del caso, a partir de planteamientos de competencia efectuados por la querella, se resolvió el traslado de las actuaciones a la justicia ordinaria. En el caso, en que esto se hizo en un tiempo cercano a cuatro meses24, no surge que la intervención del fuero militar perjudicara la posterior actuación de la justicia ordinaria, ámbito en el cual se arribó a decisiones condenatorias firmes. Por ello, atendiendo a las particularidades del caso, la Corte no considera que se viera vulnerada, de forma que perjudicara a las presuntas víctimas, la garantía de actuación de un “juez o tribunal competente”, en los términos del artículo 8.1 de la Convención25.
B.3. Investigación de autores intelectuales y de la “cadena de mando”
En cuanto a la investigación de supuestos autores intelectuales o de la cadena de mando, la Corte recuerda que “se debe evitar omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de líneas lógicas de investigación”26. Ello cobra sentido cuando de las circunstancias del caso surgen diversas “hipótesis relevantes” sobre los hechos y su autoría27. Ello no ocurre en el caso. Los representantes no explicaron por qué surgiría la probabilidad de que la masacre haya sido planificada o, de cualquier otro modo, que la autoría (material o intelectual) exceda a las personas que formaban la patrulla militar. Debe hacerse notar que fueron procesadas 25 personas mayores de edad de ese grupo (también integrado por un niño). Por ello, no corresponde determinar que Guatemala sea responsable por la falta de seguimiento de líneas lógicas de investigación.
En lo atinente a las condenas impuestas28, debe advertirse que la Corte ha señalado que las penas deben ser proporcionales a la gravedad de las violaciones a derechos humanos involucradas en un delito, y que su determinación no es tarea de la Corte, sino que compete a las autoridades internas29. Ahora bien, los representantes señalaron que el 8 de julio de 2015 la Corte Suprema de Justicia resolvió reducir las condenas 10 años, quedando limitadas a 30 años de privación de libertad. No obstante, los representantes no han presentado argumentos o información que permitan a esta Corte, en este caso, determinar una afectación a la proporcionalidad de la pena.
Por otra parte, también de acuerdo a indicaciones de los representantes, al menos dos personas condenadas habrían recuperado ya su libertad por “buena conducta”, y el resto podría hacerlo, invocando la misma causal, durante 2018 o 2019. Ahora bien, las manifestaciones de los representantes sobre las personas liberadas o que podrían obtener su libertad resultan imprecisas y confusas (supra nota a pie de página 115). Aunado a ello, no han presentado argumentos suficientes para explicar por qué, en el caso, las liberaciones aludidas podrían derivar en la afectación a derechos convencionales. Por ello, la Corte no tiene elementos para examinar este aspecto en el caso.
Habiendo quedado establecido lo precedente, deben examinarse los señalamientos sobre personas prófugas. De los hechos surge que el 12 de abril de 2000 se anuló la absolución, antes decidida, de 15 personas y se ordenó su detención, y que el mes siguiente el expediente fue trasladado al Tribunal de Sentencia (supra párrs. 61 y 62). El Estado ha indicado que 11 de las personas aludidas se encuentran prófugas (supra párrs. 66 y 76).
Ahora bien, la Corte ha dicho que los Estados, al investigar, deben llevar a cabo todas las actuaciones necesarias para procurar el resultado que se persigue (supra párr. 81). Asimismo, ha conocido circunstancias que denotaban un incumplimiento al deber de investigar en forma diligente dada la falta de actuaciones suficientes para dar con el paradero de personas respecto de quienes se había dictado una orden de captura30.
Como parte de sus argumentos para sostener que no es responsable de la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención, el Estado manifestó que mantenía vigentes ordenes de aprehensión (supra párr. 76). No obstante, Guatemala no señaló qué acciones habría adoptado para efectivizarlas. Es decir, la Corte no cuenta con información que indique acciones del Estado durante un periodo de más de 18 años. Al respecto, debe señalarse que la diligencia debida en la investigación no se agota con el dictado de las medidas que se estimen necesarias, sino que requiere de actos dirigidos a su concreción. En este sentido, este Tribunal nota que la falta de aprehensión de las personas en cuestión impidió su juzgamiento, menoscabando el derecho de las presuntas víctimas de acceder a la justicia. Por ello, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, el señalamiento estatal de que las ordenes de aprehensión se mantienen vigentes, sin indicaciones de acciones para concretarlas, no señala un actuar diligente, sino lo contrario31.
Debe aclararse que la Corte, al expresar esto, no está efectuando una manifestación sobre la responsabilidad penal de las personas rebeldes, ni sobre la necesidad de que sean detenidas o privadas preventivamente de la libertad. Son los propios órganos internos los que han considerado necesaria la aprehensión de las 11 personas referidas, a efectos de avanzar en su juzgamiento y, en su caso, la determinación de las responsabilidades correspondientes.
Por todo lo anterior, este Tribunal concluye que el actuar de Guatemala en este aspecto incumplió la diligencia debida. Este incumplimiento se prolonga desde el 12 de abril de 2000, y perjudica a los familiares de las personas muertas en la masacre, a las personas heridas sobrevivientes y a los familiares de estas, que se indican en el Anexo B.1 de la presente Sentencia, que integra la misma32. Al respecto, la Corte aprecia las particulares circunstancias de este caso, pues el hecho que produjo las muertes y heridas ocurrió en un ámbito comunitario al que pertenecían no sólo las personas ejecutadas y lesionadas, sino también los familiares de unas y otras. Es por ello que, en el caso, este Tribunal entiende que todos los familiares aludidos se vieron afectados33.
Estando determinado todo lo anterior, debe la Corte verificar si se cumplió o no con la garantía judicial de plazo razonable. A efectos de analizar el plazo, en términos generales, la Corte debe considerar la duración global de un proceso hasta el dictado de sentencia definitiva34, sin perjuicio de que en ciertas situaciones puede ser pertinente una valoración específica de sus distintas etapas35.
En el presente caso, la Corte considera adecuado efectuar la evaluación sobre el plazo transcurrido considerando el proceso judicial penal, que fue seguido desde el inicio de las actuaciones hasta que el 23 de septiembre de 2005 quedara firme la condena a 40 años de prisión de 14 militares. Ahora bien, en atención al modo en que se desarrolló el proceso, este Tribunal entiende relevante dividir el tiempo referido en dos etapas: a) la primera, desde que el personal militar fue consignado ante el Juzgado Militar Primero de Primera Instancia de Jalapa, lo que ocurrió inmediatamente después de que el 5 de octubre de 1995 se cometiera la masacre, hasta el 12 de abril de 2000, cuando la Corte Suprema anuló la sentencia de 6 de diciembre de 1999, que había determinado la condena de diez militares, y b) la segunda, desde el 12 de abril de 2000 hasta el 23 de septiembre de 2005, cuando la Corte Suprema dejó firme la sentencia condenatoria emitida el 8 de julio de 2004.
En cuanto a la primera etapa, la Corte destaca, por una parte, que hasta la emisión de una sentencia condenatoria, el proceso se desarrolló en un periodo cercano a tres años y medio, que en este caso concreto a priori no parece excesivo. Por otra parte, la Corte no determinó faltas a la debida diligencia que se cometieran durante el tiempo respectivo, en el curso del cual no se advierten demoras prolongadas. Por ende, este Tribunal considera que no hubo una dilación indebida y que no es necesario examinar cada uno de los elementos referidos en su jurisprudencia para determinar la razonabilidad del tiempo en que se desarrolla el proceso36.
Respecto de la segunda etapa antes aludida (supra párr. 94), la Corte nota que después de la referida decisión de 12 de abril de 2000, en mayo del mismo año el expediente fue trasladado al Tribunal de Sentencia de Cobán, para la celebración de un nuevo juicio. No fue aportada prueba sobre trámites efectuados con posterioridad a ello, pero sí consta que el 3 de julio de 2003 inició el debate oral, luego del cual el 8 de julio de 2004 se emitió una sentencia condenatoria. Este Tribunal considera que no cuenta con elementos ni argumentos suficientes que le permitan determinar demoras excesivas37. Luego del 8 de julio de 2004 se desarrollaron actuaciones derivadas de la presentación de recursos interpuestos por los condenados, y no se advierten dilaciones excesivas imputables al Estado hasta que el 23 de septiembre de 2005 la condena quedase firme.
Por ende, la Corte no puede determinar una vulneración del plazo razonable en las actuaciones.
Por las consideraciones expuestas, la Corte determina que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en perjuicio de los familiares de las personas muertas, de las personas heridas y de los familiares de éstas. Los nombres de las personas indicadas se señalan en el Anexo B.1 de la presente Sentencia.
Dado lo concluido, este Tribunal pasa a examinar el resto de las violaciones aducidas.
DERECHOS A LA VIDA1, INTEGRIDAD PERSONAL2 Y DERECHOS DEL NIÑO3 EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS SIN DISCRIMINACIÓN
Alegatos de la Comisión y de las partes
La Comisión consideró que el uso de la fuerza por parte de militares fue efectuado en contravención de los principios de finalidad legítima, necesidad y proporcionalidad. Por ello, entendió que las muertes de ocho personas4 causadas en la finca Xamán constituyeron privaciones arbitrarias del derecho a la vida y las heridas a 26 personas5, afectaciones al derecho a la integridad personal. Señaló que tres personas que resultaron heridas y murieron con posterioridad vieron vulnerados ambos derechos6. También determinó que la muerte de dos niños y una niña7 implicó una violación al derecho a la vida en relación con los derechos del niño, dado el incumplimiento del deber particular del Estado de proteger a niñas y niños ante actuaciones de fuerzas de seguridad pública. Por lo anterior, la Comisión adujo que Guatemala vulneró, en perjuicio de las personas directamente afectadas por el uso de la fuerza por parte de personal militar, y según cada caso, los artículos 4.1 y/o 5.1 de la Convención, en relación con su artículo 1.1, así como dicho artículo 4.1 en relación con los artículos 19 y 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los niños y la niña muerta.
Por otra parte, la Comisión consideró que el comportamiento de las tropas en la Comunidad el día de los hechos se relacionó con el contexto en que se enmarcaba el conflicto armado interno, que implicaba violaciones a derechos de personas pertenecientes al pueblo maya8. Asimismo, adujó que en el caso en concreto, existía una obligación reforzada por parte del Estado de garantizar la seguridad de las personas que retornaron a la luz de los compromisos asumidos por Guatemala. Encontró, por ende, que los hechos fueron una expresión de “discriminación racial” y, en consecuencia, una violación al artículo 24 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma.
Los representantes, en el mismo sentido que la Comisión9, adujeron la violación de los derechos a la vida y a la integridad personal, además de la violación de los derechos del niño10. Entendieron, asimismo, que se vulneró el derecho a la igual protección de la ley al no cumplirse los acuerdos pactados para el retorno de refugiados.
El Estado consideró no ser responsable de violar el derecho a la vida, como tampoco el derecho la integridad personal. Al respecto, entendió que como cumplió el deber de garantizar los derechos mediante una investigación, no resulta responsable11. Igualmente, señaló no haber negado información ni “el acceso a la justicia” a las personas afectadas. Argumentó, además, que tales personas tuvieron oportunidad de ejercer acciones civiles “sin haberlo planteado oportunamente”, lo que no es atribuible al Estado. Además, consideró que sus actuaciones no se enmarcaron en una discriminación ni de hecho ni de derecho. Argumentó también que la mayoría de estos soldados eran q'eqchís, es decir, pertenecientes a la misma etnia indígena maya prevaleciente en la Comunidad asentada en la finca Xamán.
La Corte considera pertinente abordar en conjunto las violaciones alegadas a los derechos a la vida y a la integridad personal, debido a que el análisis de ambos se origina en un mismo hecho: la masacre perpetrada por miembros de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5 de octubre de 1995, en perjuicio de once personas que resultaron muertas y 29 personas heridas.
A su vez, en relación con tales derechos, entiende pertinente examinar las aducidas violaciones a los derechos del niño, siendo que una niña y dos niños integran el grupo de 11 personas muertas, así como los alegatos sobre discriminación. Respecto a esto último, no se han aducido normas internas concretas cuya aplicación o efectos pudieren explicar o relacionarse con la actuación militar, y la Corte entiende que los argumentos respectivos no pueden ser examinados bajo el artículo 24 de la Convención, como fueron alegados. En ese sentido, cabe recordar lo dicho por este Tribunal, en cuanto a que un hecho debe analizarse a la luz del artículo 24 de la Convención si “se refiere a una protección desigual de la ley interna o su aplicación”12. No obstante, en virtud del principio iura novit curia13, se examinará si cabe determinar en el caso la discriminación respecto de un derecho convencional a partir de lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Convención, norma que se ve incumplida “si un Estado discrimina en el respeto o garantía de un derecho convencional”14.
Este Tribunal, luego de formular consideraciones generales sobre los derechos aludidos, examinará la aducida violación a derechos de personas que murieron o resultaron heridas en la masacre15.
El derecho a la vida resulta fundamental en la Convención por ser el presupuesto esencial para el ejercicio de los demás derechos16. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo 1.1 de la Convención Americana, no solo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva)17, conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción18. La protección activa del derecho a la vida involucra a toda institución estatal, inclusive a quienes deben resguardar la seguridad, ya sea que se trate de fuerzas de policía o fuerzas armadas19. Es contraria a la Convención aquella privación de la vida que sea producto de la utilización de la fuerza de forma ilegítima, excesiva o desproporcionada20.
Por otra parte, la Convención Americana reconoce expresamente el derecho a la integridad personal, física y psíquica, cuya infracción “es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y […] cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”21. Rigen respecto al derecho a la integridad personal los deberes de respeto y garantía señalados respecto del derecho a la vida.
En el caso, el Estado no ha negado que sus agentes provocaron muertes y lesiones en los hechos ocurridos el 5 de octubre de 1995, sino que ha señalado que no es responsable porque cumplió el deber de garantizar los derechos respectivos, al investigar diligentemente los hechos y sancionar a 14 personas. En primer término, este Tribunal destaca que ya evaluó que la investigación efectuada por el Estado, pese a sus avances y determinaciones, resultó violatoria de los derechos a las garantías y protección judiciales. Por ende, no puede admitirse que, como ha sostenido el Estado, el caso haya sido ya “dilucidado en el ámbito interno” ni que Guatemala haya cumplido, por medio de una investigación, su deber de garantizar los derechos a la vida e integridad personal. Esto hace procedente que la Corte examine la vulneración aducida a tales derechos. En particular, el Tribunal puede y debe analizar si Guatemala, por medio de su personal militar, incumplió su obligación de respetar los derechos indicados.
Ahora bien, en el caso el Estado destacó la condena firme a la que arribaron sus órganos judiciales. Por tanto, Guatemala no cuestiona esa determinación, como tampoco la Comisión o los representantes. Pues bien, el 8 de julio de 2004 se condenó a militares (supra párr. 64), “en calidad de autores materiales”, por el delito de “ejecución extrajudicial” en el “grado de consumación, en contra del bien jurídico tutelado [….] vida”, y “del delito de lesiones graves en contra de la integridad física”. Esa decisión fue ratificada, luego de que se presentaran recursos de apelación y casación, y quedó firme (supra párr. 65).
Teniendo en cuenta lo anterior, no surge elemento alguno de justificación del uso de fuerza letal por parte de militares, que fue considerado delictivo por las autoridades judiciales guatemaltecas22. De los hechos acreditados surge que varias personas, según se refirió (supra párr. 37) y se precisa más adelante (infra Anexos B.2, B.3 y B.4 de la presente Sentencia), resultaron muertas y heridas a causa de lo acontecido. Por tanto, según cada caso, Guatemala violó en su perjuicio los derechos a la vida e integridad personal.
Ahora bien, respecto a Santiago Maquín Quip, Gerardo Maldonado Sales y Rosendo Morales Ortiz, se adujo la violación tanto a su derecho a la vida como a su derecho a la integridad personal, pues resultaron heridos y luego murieron. No obstante, no resulta acreditado que las causas de sus muertes, producidas no menos de ocho años después de los hechos, tuvieran un nexo causal con las heridas sufridas23.
Sentado lo anterior, debe examinarse la alegación sobre violaciones a los derechos del niño. El Tribunal ha destacado que de las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos derivan deberes especiales, respecto a los derechos de niñas o niños, determinables en función de las particulares necesidades de protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que se encuentre24.
Antes de efectuar ese examen en lo que es pertinente para las presuntas víctimas del caso, la Corte considera relevante hacer notar que un niño integraba el batallón militar que ingresó el 5 de octubre de 1995 a la finca Xamán. Al respecto, la CEH señaló que “[e]l reclutamiento de menores quedó evidenciado durante la masacre de Xamán (octubre de 1995), en la cual participaron 26 miembros del Ejército, entre ellos un adolescente de 16 años que se encontraba prestando servicio en el destacamento militar de Rubelsanto”25. Dicho niño no es una de las presuntas víctimas en el caso, y la Corte no puede examinar su situación. Sin perjuicio de ello, este Tribunal reitera que el derecho internacional de los derechos humanos exige la imposición de restricciones al reclutamiento de niños en las fuerzas armadas26.
Ahora bien, en relación con las presuntas víctimas de este caso, la Corte recuerda que ha señalado que “revisten especial gravedad los casos en los cuales las víctimas de violaciones a los derechos humanos son niñas y niños”27. Este Tribunal, al examinar circunstancias en que hubo un agresión de fuerzas militares respecto a un grupo de personas, ha señalado “la especial vulnerabilidad” de niños y niñas “se hace aún más evidente […] pues [tales personas] son l[a]s menos preparad[a]s para adaptarse o responder a dicha situación y, […] son quienes padecen sus excesos de forma desmesurada”28. La Corte considera que, por las características del hecho aquí analizado, esa consideración resulta pertinente29. Por ello, dada la especial gravedad que tiene la agresión directa a niños o niñas por parte de agentes estatales, en este caso la Corte determina que Guatemala incumplió con su deber de protección de las niñas y niños, y vulneró los derechos de la niña y los dos niños que fallecieron en las circunstancias de la masacre.
Sentado lo expuesto, debe ahora examinarse si las violaciones a derechos ya declaradas resultan, a su vez, un incumplimiento del deber de no discriminación regulado en el artículo 1.1 de la Convención.
Al respecto, en primer término, este Tribunal rechaza el argumento del Estado consistente en que no podría haber discriminación, dado que algunos soldados tenían ascendencia indígena30. Esa circunstancia no exime por sí misma la posibilidad de que la actuación estatal en un hecho, como la masacre sucedida, pueda relacionarse con un contexto de violencia y discriminación contra pueblos indígenas. Por otra parte, la pertenencia o relación de una determinada persona con un colectivo identificable por ciertas características, como puede ser el origen indígena de algunos soldados, no obsta a que la persona en cuestión pueda actuar contra personas pertenecientes a ese grupo a causa de dicha pertenencia.
Cabe recordar que la Corte ha advertido que,
bajo la “Doctrina de Seguridad Nacional” (1978-1983), el Ejército identificó, entre otros, a los miembros del pueblo indígena maya como “enemigo interno”, por considerar que constituían o podían constituir la base social de la guerrilla […]. Como ya se señaló, en su Informe Final de junio 1999, la CEH explicó que la identificación entre las comunidades mayas y la insurgencia, y la saña e indiscriminación con que se realizaban las “operaciones militares contra centenares de comunidades mayas en el occidente y noroccidente del país, en particular entre 1981 y 1983”, se apoyó en tradicionales prejuicios racistas31.
Ahora bien, el presente caso se enmarca en conflicto armado interno, en el que se produjeron atentados contra personas pertenecientes a población indígena. En ese sentido, si bien no hay elementos que acrediten la planificación de la masacre (supra párr. 85), esto no puede llevar a la Corte a desconocer el vínculo entre los hechos sucedidos y la situación contextual general en la que tuvieron lugar. Sobre ello, ya se ha indicado que el pueblo maya fue el grupo étnico más afectado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante el enfrentamiento armado, y que la violencia dirigida contra él se manifestó en distintos tipos de actos, inclusive masacres (supra párr. 29). Al respecto, si bien los hechos del caso sucedieron en los últimos tiempos del conflicto, la Corte nota que la CEH, en referencia a este caso, concluyó que la conducta de los soldados, al aproximarse a la Comunidad, denotó “la persistencia, en el pensamiento castrense, de la identificación de [personas] retornadas con guerrilleros”32. Cabe recordar que, del contexto establecido (supra párrs. 27 a 34), surge que el ejército había identificado que personas indígena podían constituir la base social de la guerrilla y, por ende, quedaban enmarcadas en la categoría de “enemigo interno”. En igual sentido, la perita Samayoa Pineda, refiriéndose a lo sucedido en el caso, expresó que quedó evidenciada “la predisposición de la patrulla militar ante la [C]omunidad[,…] lo que generó como efecto la violación al derecho a la vida y a la integridad de un conjunto de individuos y familias indígenas a quienes se les consideraba guerrilleras”33. Dado lo expresado, esta Corte concluye que, en las circunstancias propias del caso, la actuación militar, que resultó violatoria de derechos a la vida e integridad personal, estuvo relacionada con concepciones discriminatorias contra personas indígenas. Por ende, el Estado incumplió su deber de respetar sin discriminación los derechos a la vida e integridad personal.
Por lo anterior, la Corte concluye que el Estado de Guatemala es responsable: a) por violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en su artículo 1.1, en perjuicio de ocho personas que fueron muertas al momento de los hechos; b) por la violación del artículo 5.1 de la Convención, en relación con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en su artículo 1.1, en perjuicio de 29 personas que resultaron heridas a causa de lo sucedido el 5 de octubre de 1995, y c) por la violación del artículo 4.1 de la Convención, en relación con su artículo 19 y con la obligación de respetar los derechos sin discriminación, establecida en 1.1, en perjuicio de la niña y los dos niños que murieron al momento de los hechos. Los nombres de las víctimas referidas se indican, respectivamente, en los Anexos B.2, B.3 y B.4 de la presente Sentencia, que integran la misma.
DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE FAMILIARES DE PERSONAS MUERTAS Y HERIDAS

References: Resolución 
 Resolución 
 resolución 
 artículo 8
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 24
 artículo 24
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 1
 artículo 5
 artículo 1
 artículo 4
 artículo 19