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Timestamp: 2020-07-10 10:40:19+00:00

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Pago de la Deuda Social 2020 en el Sector Educación | EDUCACIONENRED.PE
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lunes, junio 08, 2020 educacion, fernando-gamarra-morales
El numeral 2 de esta Disposición Complementaria Final en mención señala que el listado a ser elaborado por la Comisión Evaluadora, contiene sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y en ejecución al 31 de diciembre de 2019, y se elabora en base a la información presentada por los "Comités para la elaboración y aprobación del listado priorizado de obligaciones derivadas de sentencias con calidad de cosa juzgada", de los pliegos (Gobierno Regional) el cual está conformado por 5 integrantes (el titular de la Oficina de Administración, quien la preside, un representante de Secretaría General, el titular de la Procuraduría de la entidad, el titular de la oficina de Planeamiento y Presupuesto y un representante designado por el titular del Pliego).
El orden de pago será: A1, A2, A3,... B1, B2,... C1, C2,... D1, D2,... E1, E2,...F3, F4 y F5.
Otro aspecto que es necesario conocer es que el artículo 48 de la Ley 24029, Ley del Profesorado (ya derogada), fue modificado por el Artículo 1 de la Ley Nº 25212, publicada el 20·05·90, cuyo texto fue el siguiente: "Artículo 48.- El profesor tiene derecho a percibir una bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de su remuneración total.
El profesor que presta servicios en: zona de frontera, Selva, zona rural, altura excepcional, zona de menor desarrollo relativo y emergencia tiene derecho a percibir una bonificación por zona diferenciada del10% de su remuneración permanente por cada uno de los conceptos señalados hasta un máximo de tres".
Si bien es cierto que toda bonificación está sujeta a la renta de la quinta categoría, esto es siempre y cuando conjuntamente con la remuneración mensual, más los aguinaldos y al hacer el cálculo de la REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL sea mayor a 7 UIT. Desde el año 1990 hasta la derogatoria de la Ley del Profesorado, cuando se debía pagar la bonificación especial MENSUAL por preparación de clases y evaluación, no se hacían retenciones por renta de la quinta categoría porque de acuerdo a la remuneración que se percibía, esta no llegaba a ser sujeto de dicho impuesto, por lo que el pago acumulado durante años de dicha DEUDA social no debe de estar sujeta a retenciones de la quinta categoría. Aquí es claro que se puede aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, establecida en el inciso b), art. 3 del D. Leg. 910, Ley General de Inspección del Trabajo y Defensa del Trabajador, y que en el artículo 3 de su Reglamento, aprobado por D.S. Nº 020-2001-TR, indica: "Principio de Primacía de la Realidad. En aplicación del principio de primacía de la realidad, en caso de surgir discordancia entre los hechos verificados y lo que se advierte de los documentos o actos formales debe siempre privilegiarse los hechos constatados"; en tal sentido la norma conceptúa que en virtud de este principio se debe privilegiar los hechos vinculados sustantivamente con el trabajo sobre los actos formales que difieran de la naturaleza de tales situaciones, por lo que esta situación depende de la situación real que esta bonificación nunca estuvo sujeta al impuesto de Renta de Quinta Categoría.
Del mismo modo en la STC Nº 833-2004-AA/TC, de fecha 16/07/2004 (https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2004/00833-2004-AA.pdf), indica en su fundamento 5: "Así, en virtud del principio de primacía de la realidad -que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra Constitución, según el cual, en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos (...)", por lo que debe tenerse en cuenta que si desde la época en se aprobó la bonificación del 30% por preparación de clases, se hubiera percibido con normalidad dicho derecho laboral, NO se estaría analizando el tema de su retención del Impuesto a la Renta por Quinta Categoría, porque de acuerdo a la remuneración que los profesores percibían, no llegaban a ser sujetos de dicho impuesto.
Es pertinente citar el artículo 4 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por D.S. Nº 017-93-JUS, que señala: "Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de justicia. Artículo 4.- Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición no afecta el derecho de gracia".
Para ello también debe de tenerse en cuenta el fundamento 5 del expediente N° 01538-2010-PA/TC (https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2011/01538-2010-AA.html) de fecha 19 de agosto de 2010, que indica: "(...) las sentencias judiciales se ejecutan en sus propios términos y no dejan margen de acción para que su cumplimiento sea pensado, merituado y/o evaluado por la parte encargada de ejecutarla, no existiendo en el caso de autos motivos razonables para proceder a su incumplimiento toda vez que el pedido de deducción (pago por concepto de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pagos por impuesto a la renta) constituye un asunto cuya dilucidación está íntimamente vinculada con el fondo de la cuestión controvertida en el proceso judicial subyacente; por lo que debía ser discutida en el mismo proceso judicial y no en la etapa de ejecución de sentencia".
Esta deuda no debe tener ningún tipo de descuento porque no está señalado en la parte resolutiva de la sentencia, por no haber sido parte del debate dentro del proceso, pues no se encuentra ordenado como un mandato imperativo, caso contrario se estaría afectando la intangibilidad de la sentencia puesto que ella no está ordenando el descuento del impuesto a la quinta categoría ni a ningún otro concepto, como jurisprudencia podemos citar el fundamento 8 del expediente Nº 00946-2013-AA7TC de fecha 26 de mayo de 2015 (https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/00946-2013-AA.pdf), que señala: "Asimismo, siguiendo la jurisprudencia sentada en la STC 01538-2010-PA/TC, este Tribunal conviene enfatizar que en la etapa de ejecución de una sentencia laboral firme solo cabe acoger el pedido de deducción o descuento de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pago por impuesto a la renta, si es que ello formó parte del mandato de la sentencia Laboral firme. Es decir, que SI ELLO NO FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL, NO DEBE SER ACOGIDO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, por cuanto contravendría los derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada y a la ejecución de las resoluciones judiciales, ya que el mandato de la sentencia no sería cumplido in natura y se estaría permitiendo la ejecución de lo no juzgado ni ordenado".
Ninguna autoridad administrativa puede efectuar descuentos al pago de la deuda social por impuesto a la renta de quinta categoría, pues estarían incumpliendo la ejecución de las resoluciones judiciales (sentencias) en sus propios términos, esta afirmación lo podemos deducir del fundamento 26 del expediente Nº 7073-2013-PA/TC de fecha 29 de mayo de 2018 (https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2018/07073-2013-AA.pdf), que a la letra dice: "Asimismo, siguiendo la jurisprudencia sentada en la STC 01538-2010-PA/TC, debemos enfatizar que en la etapa de ejecución de una sentencia laboral firme solo cabe acoger el pedido de deducción o descuento de prestaciones de salud, ONP o AFP, y pago por impuesto a la renta, si es que ello formó parte del mandato de la sentencia laboral firme. Dicho con otras palabras, que SI ELLO NO FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL, NO DEBE SER ACOGIDO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, por cuanto contravendría los derechos a la intangibilidad de las resoluciones judiciales que han adquirido la autoridad de cosa juzgada y a la ejecución de las resoluciones judiciales, ya que el mandato de· la sentencia no sería cumplido in natura y se estaría permitiendo la ejecución de lo no juzgado ni ordenado".
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References: artículo 48
 Artículo 1
 artículo 3
 artículo 4
 Artículo 4
 RESOLUCIÓN 
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