Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/social/social-II/2009/as200932016.htm
Timestamp: 2020-04-10 02:46:51+00:00

Document:
200901-Sala Social Segunda-2-016
SALA SOCIAL Y ADM. II. AUTO SUPREMO: Nº 16
Sucre, 26 de enero de 2.009
PARTES: Omar Ricardo Avilés Lozano c/ SENASIR.
VISTOS: El recurso de casación en el fondo de fs. 114-115, interpuesto por David Laura Bobarín, en representación legal del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), en su calidad de Director General Ejecutivo a.i., contra el Auto de Vista Res. Nº 216/07 SSA-II de 4 de octubre de 2007, cursante a fs. 112 y vta., pronunciado por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, dentro del recurso de reclamación por Rectificación de la Renta Básica de Vejez, que sigue Omar Ricardo Avilés Lozano contra el SENASIR, representado legalmente por el recurrente como Director General Ejecutivo a.i., la formulación de la respuesta de fs. 119-120, el dictamen fiscal de fs. 124-125, los antecedentes del proceso y
CONSIDERANDO I: Que tramitado el proceso administrativo, mediante Resolución Nº 1482/93 de 22 de abril de 1993, la Comisión Nacional de Prestaciones del Fondo de Pensiones Básicas, otorgó a Omar Avilés Lozano renta básica de vejez, en el equivalente del 50% de su promedio salarial, con inicio de renta a partir de marzo de 1993. Mediante Resolución Nº 20/93 de 25 de marzo de 1993, la Comisión de Prestaciones del Fondo Complementario de Seguridad Social de Y.P.F.B., otorgó a favor del beneficiario Omar Avilés Lozano, renta complementaria de vejez, en el equivalente del 34% de su promedio salarial, con estas determinaciones, de oficio, la Comisión de Calificación de Rentas de la Dirección de Pensiones del SENASIR, emitió la Resolución Nº 016895 de 7 de noviembre de 2005 (fs. 80), mediante la cual dispuso que por la Dirección de Sistemas se proceda a la rectificación de la renta básica de vejez otorgada a favor de Omar Avilés Lozano, conforme a la Resolución Nº 1482/93 de 22 de abril de 1993, debiendo emitirse la Renta Única de Vejez en Bs. 2.083,55 la Renta Básica y Bs. 1539,00 la Renta Complementaria. Asimismo, se procedió al descuento de Bs. 136.784,28 por lo indebidamente cobrado de enero de 1996 a octubre de 2005, debiendo descontarse de la renta única de vejez el 20% mensual hasta cubrir el monto total adeudado.
Formulado el recurso de reclamación por el beneficiario (fs. 84 y 85), la Comisión de Reclamación, mediante Resolución Nº 1440.06 de 1º de septiembre de 2006, confirmó la Resolución Nº 016895 de 07 de noviembre de 2005, emitida por la Comisión de Calificación de Rentas cursante de fs. 80-80-A, por haber sido expedida de conformidad a normas que rigen la materia.
Promovido el recurso de apelación por el beneficiario (fs. 102), fue resuelto por la Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de La Paz, que pronunció el Auto de Vista Res. Nº 216/07 SSA-II de 4 de octubre de 2007 (fs. 112), que revocando la Resolución de la Comisión de Reclamación Nº 1440.06 de 1º de septiembre de 2006, cursante a fs. 96 a 98, ordenando al Servicio Nacional del Sistema de Reparto "SENASIR", aplicar la rectificación por error en el recálculo de la renta única, sin afectar retroactivamente las rentas percibidas por el beneficiario.
Dicho fallo motivó el recurso de casación en el fondo, interpuesto por la entidad demandada (fs. 114-115), en el que acusó de manera general, interpretaciones erróneas y vulneraciones a los arts. 57 de la Ley Nº 1732 de 29 de noviembre de 1996, art. 9 del D.S. Nº 27991 de 28 de enero de 2005, art. 2 inc. b) de la Resolución Administrativa Nº 044 de 18 de julio de 2001 y art. 3 de la Resolución Ministerial Nº 384 de 11 de junio de 2004, pues el SENASIR cumpliendo con sus atribuciones de revisión establecida por ley, mediante Informe de 23 de septiembre de 2005 (fs. 79), estableció que hasta esa fecha, erróneamente se continuó cancelando la Renta Básica de Vejez la suma de Bs. 3.133.55 cuando lo que corresponde es Bs. 2.083,55 , razón por la cual se dispuso la rectificación de la Renta Básica de Vejez otorgada al beneficiario Omar Avilés Lozano, mediante Resolución Nº 016895 de 7 de noviembre de 2005 (fs. 80).
CONSIDERANDO II: Que así expuestos los fundamentos del recurso, en el marco de los hechos denunciados y de las normas invocadas, se tiene lo siguiente:
1.- El beneficiario Omar Ricardo Avilés Lozano, auditor de profesión y funcionario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, desde 1993 recibía renta única de vejez, sin embargo, por la atribución conferida en el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social, de oficio, el SENASIR procedió al recálculo de renta básica de vejez del citado beneficiario, reduciéndole el monto percibido por más de 12 años, de Bs. 3.133,55 a la suma de Bs. 2.083,55 monto que fue reclamado a la instancia jurisdiccional y que al presente a raíz de dicho requerimiento se encuentra en casación.
2.- A tal efecto, corresponde señalar que el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social, establece que las prestaciones concedidas pueden ser objeto de revisión de oficio o por denuncia a causa de errores de cálculo o de falsedad en los datos que hubieran servido de base para su otorgamiento. La revisión que revocare la prestación concedida o redujere su monto, no surtirá efecto retroactivo respecto de las mensualidades pagadas, excepto cuando se comprobare que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, a cuya consecuencia se debe devolver las cantidades indebidamente pagadas.
De lo que se infiere, que la revocatoria, reducción o modificación de la Renta Única de Vejez, importa una sanción que impone la entidad de reparto cuando advierte la existencia de contradicción entre los datos del asegurado por haber sido proporcionados fraudulentamente; empero, para que se imponga la aludida sanción, la autoridad administrativa responsable deberá sustanciar un proceso respetando y resguardando el debido proceso, otorgándole así al asegurado, la facultad de asumir defensa y desvirtuar los extremos de la acusación, concluyéndose que la determinación de "fraude" al que hace alusión el art. 477 del Reglamento al Código de Seguridad Social, debe ser declaración de derecho, es decir dicho de otra manera, como consecuencia de un proceso y no de hecho, a libre discreción de la entidad gubernamental de reparto.
3.- Por otro lado, este supremo tribunal mediante el A.S. Nº 183 de 18 de junio de 2005, determinó que la verificación minuciosa de la documentación necesaria en la presentación de los trámites jubilatorios, son de responsabilidad exclusiva de la Dirección de Pensiones, por el efecto que la fecha de admisión conlleva para la fijación de la fecha de pago de la prestación, por lo que no es admisible que aún existiendo cualquier error u omisión tardíamente detectado, sea atribuido o resuelto unilateralmente en perjuicio del beneficiario, cuyos derechos son irrenunciables conforme disponen los arts. 162 parágrafo II de la Constitución Política del Estado, 199 del Código de Seguridad Social y 481 del Reglamento al Código de Seguridad Social.
4.- En autos, la entidad recurrente no demostró de manera alguna que el asegurado - ahora demandante- hubiese proporcionado documentación o información fraudulenta a efectos de la calificación de su renta única de vejez, por el contrario, la documental, constante en obrados no consigna contradicciones entre sí, siendo de exclusiva responsabilidad de la entidad de reparto la calificación de la prestación en los términos establecidos en la Resolución Nº 1482/93 de 22 de abril de 1993, así como la Resolución Nº 20/93 de 25 de marzo de 1993, fallos administrativos que dispusieron otorgar renta básica de vejez en el equivalente al 50% de su promedio salarial, con inicio de renta a partir de marzo de 1993, así como también la otorgación de renta complementaria de vejez, en el equivalente al 34% de su promedio salarial, con inicio de renta a partir del mismo mes y año antes citado.
Ahora bien, la omisión en la que incurrió la entidad de reparto, de ningún modo puede ser atribuible a los actos desarrollados por el beneficiario, que cumplió con la formalidad de presentar su documentación a efectos de la calificación de su renta de vejez. Por ello, la Resolución Nº 016895 de 7 de noviembre de 2005, pronunciada por la Comisión de Calificación de Rentas, en el afán de corregir el error en el que incurrió, no puede perjudicar al beneficiario, toda vez que su pronunciamiento no obedece a la comprobación de la existencia de documentos o datos fraudulentos proporcionados por el beneficiario, por lo tanto, el descuento mensual del 20% de la renta recalificada del asegurado, constituye una actitud arbitraria y abusiva de la entidad de reparto, motivada precisamente por la omisión en que incurrió.
5.- Respecto a la vulneración de varios artículos, entre ellos el 57 de la Ley Nº 1732, el 9 del D.S. Nº 27991 de 28 de enero de 2005, el 2 inc. b) de la R. A. Nº 044 de 18 de julio de 2001 y el 3 de la R.M. Nº 384 de 11 de junio de 2004, se concluye que las denuncias formuladas no son evidentes, pues la resolución de vista con acertada precisión fundamentó que es de responsabilidad del personal de esa entidad (SENASIR) el error de cálculo encontrado, por lo que no puede afectar a las rentas percibidas con anterioridad por el rentista, puesto que el art. 477 del Reglamento del Código de Seguridad Social, no prevé la retroactividad respecto de las mensualidades pagadas, excepto cuanto se compruebe que la concesión obedeció a documentos, datos o declaraciones fraudulentas, lo que no sucede en el caso de autos.
A lo expuesto, se debe agregar que este tribunal supremo, advierte con frecuencia que el SENASIR desconoce el verdadero sentido y obligación que tiene el Estado de proteger y defender al capital humano, conforme previene el art. 158 de la Constitución Política del Estado. En ese entendido, es preciso determinar que los aportes que realizan los beneficiarios durante su etapa laboral, es esencialmente para que en la etapa jubilatoria puedan acceder al beneficio de renta de vejez, pues cuando ejercieron la actividad laboral, sea en una entidad pública o en una privada, aportaron al Estado, no siendo correcto que ahora, en la tercera edad, se les nieguen sus derechos que en definitiva les corresponden.
POR TANTO: La Sala Social y Administrativa Segunda de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la atribución conferida en el art. 60 numeral 1 de la Ley de Organización Judicial, arts. 271 inc. 2) y 273 del Código de Procedimiento Civil, de acuerdo con el dictamen fiscal de fs. 124-125, declara INFUNDADO el recurso de fs. 114-115. Sin costas en aplicación de lo previsto por el art. 39 de la Ley Nº 1178, de 20 de agosto de 1990 (SAFCO).
Sucre, 26 de enero de 2009

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