Source: http://apps.procuraduria.gov.co/gd/docs/cto_pgn_0125844_2018.html
Timestamp: 2019-08-19 10:51:55+00:00

Document:
Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [CONCEPTO_PROCURADURIA_0125844_2018]
CONCEPTO 114 DE 2017
Ref.: Respuesta consulta
Este despacho recibió la consulta de la referencia, enviada a través de la Procuraduría Regional de Antioquia y recibida el 30 de junio de 2017, por la cual solicita se proceda a emitir concepto en relación con la competencia de las oficinas de control interno disciplinario en donde el encargado ostenta el cargo de profesional especializado y eleva los siguientes interrogantes:
- ¿Es el mismo competente para dar inicio a indagaciones preliminares e investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios del nivel directivo, específicamente contra SECRETARIOS DE DESPACHO?
- ¿En el caso de dar inicio a INDAGACIONES PRELIMINARES en contra de dichos funcionarios del nivel directivo, es obligación que de conformidad con el artículo 155 de la Ley 734 de 2002 se dé previo aviso a la Personería Municipal o Procuraduría sobre la mencionada actuación?
·	Teniendo en cuenta que mediante Sentencia C- 996 de 2001, fue declarado EXEQUIBLE el artículo 57 de la Ley 200 de 1995, la cual fue sustituida por la Ley 734 de 2002, ¿ Es aún aplicable en materia de competencia disciplinaria el deber que el operador disciplinario sea de igual o superior jerarquía que el investigado?
En conclusión, las oficinas de control interno disciplinario organizadas en forma independiente, autónoma y especializada para el ejercicio de la función pública discernida, conservándose el principio de doble instancia, tienen competencia para investigar a todos los servidores adscritos a su entidad u organismo, sin que esto interfiera con el poder preferente disciplinario en cabeza de la Procuraduría General de la Nación o las personerías municipales o distritales, quienes podrán remitir, adelantar o asumir la averiguación disciplinaria, si así lo consideran prudente(1)
Así mismo, la anterior competencia de las oficinas de control interno disciplinario no se extenderá sobre aquellos hechos en los cuales se pueda ver involucrado la máxima autoridad administrativa o nominador de la entidad, a quien siempre le correspondería resolver la segunda instancia en los procesos disciplinarios, en atención a que se desvirtuaría el principio de independencia e imparcialidad que rige la aplicación de contenidos materiales de justicia que le son propios al Derecho Disciplinario. En tales eventos la competencia para su conocimiento inmediato le corresponde al Ministerio Público.
Así mismo, en el evento de que no hagan uso de la prerrogativa que les concede la Carta Política y la ley para ejercer su conocimiento directamente sino que por el contrario deciden su remisión a las oficinas de control disciplinario interno es una decisión debidamente soportada en el principio de que prima el control interno al externo a cargo del Ministerio Público(2).
Sobre este tema en particular es necesario precisar que la información que las oficinas de control interno disciplinario que están obligadas a rendir, como integrantes del Sistema de Control Disciplinario, están definidas en el Código Disciplinario Único y su receptor es exclusivamente la Procuraduría General de la Nación; así mismo, el mandato del artículo 155 del C.D.U. se refiere al inicio de investigaciones disciplinarias y no de indagaciones preliminares. En pasa oportunidad esta Oficina en Consulta PD 113844 C- 001 de 2017 señaló al respecto:
Proveniente de la División de Registro y Control, este despacho recibió su consulta en la cual pregunta sobre ¿qué autos y decisiones de las oficinas de control interno son de obligatoria notificación a la División de Atención al Público de la Procuraduría? (…)
En el ejercicio del poder preferente es posible que la Procuraduría General de la Nación asuma las averiguaciones que se adelantan en las oficinas de control interno disciplinario, pero esto sería de imposible cumplimiento si no tuvieran conocimiento de las actuaciones que en esta materia adelantan estas oficinas.
Es por ello que el legislador determinó en el artículo 155 ibídem, como parte del contenido de los autos de apertura de investigación disciplinaria, la obligación de comunicar cualquier actuación disciplinaria que inicien las oficinas de control interno disciplinario:
Esta es la primera obligación que se impone respecto de las autoridades disciplinarias, para que comuniquen a la Procuraduría General de la Nación el contenido del auto de apertura de investigación.
Otro evento, es el caso de los procesos verbales, en los que el artículo 176 de la Ley 734 de 2002 reseña:
El tercer y último caso ocurre en el registro de las sanciones, pues el artículo 174 de la norma disciplinaria determina:
El funcionario competente para adoptar la decisión a que se refiere el inciso anterior o para levantar la inhabilidad de que trata el parágrafo 1o del artículo 38 de este Código, deberá comunicar su contenido al Procurador General de la Nación en el formato diseñado para el efecto, una vez quede en firme la providencia o acto administrativo correspondiente.
Estas tres obligaciones que impone la ley a las oficinas de control interno disciplinario y otras autoridades para informar a la Procuraduría General de la Nación sobre temas relacionados con el desarrollo del proceso y el registro de sanciones, están canalizadas a través de la División de Registro y Control, conforme se establece en el Decreto Ley 262 de 2000, que en su artículo 18 indica:
En conclusión, por disposición legal, la oficina de control interno disciplinario de cada entidad debe informar a la Procuraduría General de la Nación sobre los autos de apertura de investigación disciplinaria; del proceso verbal y previamente a la instalación de la audiencia inicial, y los fallos sancionatorios debidamente ejecutoriados para su respectivo registro en el SIRI.
Adicional a lo expresado en dicha oportunidad es necesario indicar que el procurador general de la Nación, como supremo Jefe del Ministerio Público, a cuyo cargo se encuentra la orientación de la labor disciplinaria en el Estado colombiano conforme lo señala el artículo 277, numeral 6o, de la Carta Política, expidió la Resolución 346 del 3 de octubre de 2002(3), hoy vigente, por la cual regla el ejercicio del poder preferente y señaló en su artículo 2o como obligaciones de las oficinas de control interno disciplinario las de dar noticia de otro tipo de determinaciones adoptadas así:
También, a efectos oficiosos del poder preferente (inciso 2o del artículo 3), los siguientes actos de los órganos de control interno se noticiarán al CAP con sede en la ciudad de Bogotá D.C. y a las Procuradurías Regionales ubicadas en ciudades capitales del departamento donde ocurrieron los hechos:
1. Iniciación de la indagación preliminar;
2. Apertura de Investigación y archivo;
3. Suspensión provisional de servidores públicos;
4. Formulación de cargos y archivo;
5. Fallos de primera y segunda instancia.
Por tanto, las oficinas de control interno disciplinario además deberán remitir información de las anteriores providencias, tanto a las Procuradurías Regionales y al CAP del Nivel Central en Bogotá, D. C., según su ubicación geográfica. Así mismo, se recuerda que el mismo artículo 2o de la Resolución 346 de 2002 en mención señala que: «Si no se produjere un pronunciamiento expreso sobre el ejercicio del poder preferente dentro de los tres días siguientes al recibo del informe se entenderá que se ha negado a su ejercicio, sin perjuicio de que posteriormente la Procuraduría General de la Nación decida ejercerlo».
- Teniendo en cuenta que mediante Sentencia C- 996 de 2001, fue declarado EXEQUIBLE el artículo 57 de la Ley 200 de 1995, la cual fue sustituida por la Ley 734 de 2002, ¿ Es aún aplicable en materia de competencia disciplinaria el deber que el operador disciplinario sea de igual o superior jerarquía que el investigado?
Como se ha expresado en el presente análisis la concepción del sistema de control interno disciplinario adoptada por la Ley 734 de 2002 concibió la existencia de una oficina del más alto nivel, especializada, autónoma e independiente, a cargo de la primera instancia de los procesos sancionatorios disciplinarios, correspondiendo la segunda al nominador o al ente de control externo, representado en el servidor de la Procuraduría General de la Nación competente para investigar a la máxima autoridad del ente administrativo en cuestión.
De la misma manera lo ha entendido la Corte Constitucional, que dejó claro que el control interno disciplinario en primera instancia compete a una oficina especializada, que debe investigar la conducta de los servidores de la respectiva entidad por mandato expreso de la Ley y lo ratificó en la Sentencia C-1061 de 2003, referencia: expediente d-4463, Ponente Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL, resolviendo demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 32 parcial del artículo 34 y contra el parágrafo 3o del artículo 76 de la Ley 734 de 2002, que dispuso:
«Tal como se puso de presente en la Sentencia C-095 de 2003, a partir de las anteriores precisiones "... es posible concluir que la Ley 734 de 2002 ha modificado la manera tradicional como se desarrollaba el control disciplinario al interior de las distintas entidades del Estado. En efecto, con anterioridad a dicha Ley, el control interno suponía una relación jerárquica - funcional entre el sujeto disciplinable y el titular de la acción, es decir, el poder disciplinario era siempre ejercido por el superior inmediato del investigado." Hoy por hoy, en principio y salvo las excepciones que son objeto de censura en este proceso, el control disciplinario interno, en su primera instancia, es competencia de una unidad u oficina especializada que debe organizarse en cada una de los entidades o de los organismos del Estado».
1. La Resolución 346 de 2002 expedida por el señor Procurador General de la Nación determina los parámetros y ámbito del ejercicio del poder preferente en materia disciplinaria.
2. ARTICULO 118. El Ministerio Público será ejercido por el Procurador General de la Nación, por el Defensor del Pueblo, por los procuradores delegados y los agentes del ministerio público, ante las autoridades jurisdiccionales, por los personeros municipales y por los demás funcionarios que determine la ley. Al Ministerio Público corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas.
3. Que fue modificada por la Resolución 456 del 14 de septiembre de 2017, pero cuya vigencia sobre la materia se postergó hasta el 1o de noviembre de 2017.

References: artículo 155
 artículo 57
 artículo 155
 artículo 155
 artículo 176
 artículo 174
 artículo 38
 artículo 18
 artículo 277
 Resolución 
 artículo 2
 artículo 3
 artículo 2
 Resolución 
 artículo 57
 artículo 34
 artículo 76
 Resolución 
 Resolución