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Timestamp: 2019-01-24 00:29:53+00:00

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Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones | Civil Mercantil
Principal » Ley 39/2015, Procedimiento Administrativo Común (actualizada a 1 de abril de 2017) » Título VI. De la iniciativa legislativa y de la potestad para dictar reglamentos y otras disposiciones
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde al Gobierno de la Nación, a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos Estatutos, y a los órganos de gobierno locales, de acuerdo con lo previsto en la Constitución, los Estatutos de Autonomía y la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas. Sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
Artículo 129. Principios de buena regulación.2
Las habilitaciones para el desarrollo reglamentario de una ley serán conferidas, con carácter general, al Gobierno o Consejo de Gobierno respectivo. La atribución directa a los titulares de los departamentos ministeriales o de las consejerías del Gobierno, o a otros órganos dependientes o subordinados de ellos, tendrá carácter excepcional y deberá justificarse en la ley habilitante1.
Artículo 130. Evaluación normativa y adaptación de la normativa vigente a los principios de buena regulación.2
Las Administraciones Públicas revisarán periódicamente su normativa vigente para adaptarla a los principios de buena regulación y para comprobar la medida en que las normas en vigor han conseguido los objetivos previstos y si estaba justificado y correctamente cuantificado el coste y las cargas impuestas en ellas.
Artículo 132. Planificación normativa.2, 3
Artículo 133. Participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos.2, 3
1Declarado inconstitucional y nulo por STC 55/2018, de 24 de mayo (BOE de 722 de junio de 2018), los incisos «o Consejo de Gobierno respectivo» y «o de las consejerías de Gobierno».
2Conforme a la STC 55/2018, de 24 de mayo (BOE de 722 de junio de 2018), los artículos 129 (salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero), 130, 132 y 133 de la Ley 39/2015 son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 b) de dicha Sentencia.
3Conforme a la STC 55/2018, de 24 de mayo (BOE de 722 de junio de 2018), el artículo 132 y el artículo 133, salvo el inciso de su apartado primero «Con carácter previo a la elaboración del proyecto o anteproyecto de ley o de reglamento, se sustanciará una consulta pública» y el primer párrafo de su apartado cuarto, ambos de la Ley 39/2015, son contrarios al orden constitucional de competencias en los términos del fundamento jurídico 7 c) de dicha Sentencia.
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References: Artículo 129

Artículo 130

Artículo 132

Artículo 133
 artículo 132
 artículo 133