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Timestamp: 2019-09-23 17:39:38+00:00

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Fallo Ayerza | Loi criminelle | Constitution
A. 837. XXXI. Recurso De Hecho Ayerza, Diego Luis s/ infracción al régimen cambiario
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La Investigación en Los Delitos Sexuales
Diego Luis s/ infraccin al
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por
Carolina Robiglio (fiscal de la Cmara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Econmico) en la causa Ayerza,
Diego Luis s/ infraccin al rgimen cambiario", para
Que las cuestiones debatidas en el sub lite son
sustancialmente anlogas a las tratadas por este Tribunal
en la causa A.270.XXVII "Argenflora Sociedad en Comandita
por Acciones - Argenflora Sociedad de Hecho s/ infr. ley
19.359", sentencia del 6 de mayo de 1997, a cuyas
consideraciones y fundamentos cabe remitirse por razones de
Por ello, se declara procedente el recurso
extraordinario deducido y se revoca la sentencia apelada.
de que, por quien corresponda, se dicte nuevo
pronunciamiento con arreglo a lo resuelto. Agrguese la
queja al principal. Notifquese y remtase.
FAYT (en disidencia) - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE
SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia) - ANTONIO BOGGIANO (en
disidencia) - GUILLERMO A. F. LOPEZ - GUSTAVO A. BOSSERT
(en disidencia) - ADOLFO ROBERTO VAZQUEZ.
DISI//-
Ayerza, Diego Luis s/ infraccin al
rgimen cambiario.
FAYT, DON ANTONIO BOGGIANO Y DON GUSTAVO A. BOSSERT
1) Que contra la resolucin de la Sala B de la
Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econmico que
sobresey definitivamente en la causa por inexistencia de
delito, el fiscal interpuso recurso extraordinario cuya
denegacin dio origen a la presente queja, mantenida en la
instancia por el seor Procurador General.
2) Que en las presentes actuaciones el Banco
Central de la Repblica Argentina instruy sumario -entre
otros- a Diego Luis Ayerza, por violacin al rgimen penal
cambiario (art. 1, incs. c, e y f de la ley 19.359, en funcin del art. 1 del decreto 2581/64), consistente en la
realizacin de un giro indebido de divisas al exterior mediante falsas declaraciones, lo cual motiv la intervencin
de la justicia de primera instancia en lo penal econmico,
porque en caso de condena, como Ayerza tena antecedentes
por infracciones cambiarias, deba ser declarado
reincidente (v. expte. 9053/90 B.C.R.A.; arts. 2, inc. b,
16 y 18 de la ley citada).
3) Que el decreto 2581/64 estableca en su art.
1 el deber del exportador de ingresar al pas y negociar en
el mercado nico de cambios las divisas obtenidas en
operaciones de exportacin de productos nacionales, dentro
de los plazos que se fijaren en su reglamentacin.
El decreto 530/91 derog el ingreso obligatorio y
la negociacin en el mercado de cambios de las divisas
provenientes de: a) la exportacin de productos; b) de
-//- ganada en moneda extranjera en favor de un residente en
la Repblica Argentina; c) del cobro de conceptos tales como
fletes, pasajes, comisiones, seguros y otros similares.
4) Que para resolver como lo hizo, la alzada consider que con la sancin de los decretos 529/91 y 530/91 y
la ley de convertibilidad 23.928, haban desaparecido las
distintas obligaciones impuestas por el art. 1 del decreto
2581/64, motivo por el cual, la conducta investigada haba
dejado de ser delictiva. Sostuvo que en el caso, corresponda
aplicar el principio de retroactividad de la ley penal ms
benigna de conformidad con lo dispuesto en el art. 2 del
Cdigo Penal, pues al haber adquirido jerarqua constitucional los arts. 9 de la Convencin Americana sobre Derechos
Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos (art. 75, inc. 22, de la Constitucin Nacional),
aquel principio deba prevalecer sobre el contenido en la
norma del art. 20, inc. a, de la ley 19.359, que vedaba su
operatividad en materia cambiaria, en los casos de imposicin
de penas de multa.
5) Que en lo que respecta a la arbitrariedad que
el recurrente atribuye a lo resuelto, con apoyo en que el a
quo omiti decidir acerca de la vigencia de la figura penal
cambiaria de declaraciones falsas, y que debera considerarse
en primer trmino, pues de existir sta no habra sentencia
propiamente dicha (Fallos: 312:1034, considerando 2, entre
otros), el remedio federal es inadmisible por falta de
interposicin oportuna, ya que ello no fue materia de agravio
en el recurso que motiv la intervencin de la cmara (v.
expresin de agravios del fiscal a fs. 139).
6) Que, por el contrario, suscita cuestin fede-
ral bastante y el recurso resulta formalmente procedente,
en lo vinculado con la inteligencia y el alcance de los
mencionados preceptos de jerarqua constitucional y normas
federales en los que el apelante fund su pretensin y sta
ha sido resuelta de modo contrario a aqulla (art. 14, inc.
3 de la ley 48). En tales condiciones, el Tribunal no se
encuentra limitado en su decisin por los argumentos de la
parte o del a quo, sino que le incumbe realizar una
declaratoria sobre el punto en debate (Fallos: 308:647,
considerando 5, entre otros).
7) Que, a partir de la reforma constitucional de
1994, se ha otorgado jerarqua constitucional al principio
de retroactividad de la ley penal ms benigna contemplado
en los arts. 9 del Pacto de San Jos de Costa Rica y 15 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos que
establecen, en idnticos trminos: "Si con posterioridad a
la comisin del delito la ley dispone la imposicin de una
pena ms leve, el delincuente se beneficiar de ello". En
tales circunstancias, cabe examinar el alcance de dicha
8) Que, para ello, como pauta para la
interpretacin de los tratados, es necesario acudir al
principio de la buena fe, conforme al sentido corriente que
ha de atribuirse a los trminos en el contexto de stos y
teniendo en cuenta su objeto y fin (art. 31 de la
Convencin de Viena sobre Derecho de los Tratados) y a las
pautas hermenuticas especficas que contienen la
Convencin Americana sobre Derechos Humanos en su art. 29 y
el Pacto Internacional de Derechos Ci
-//-viles y Polticos en su art. 5 que disponen que no podr
admitirse restriccin o menoscabo de ningn derecho reconocido en los pactos o limitarlos en mayor medida que la prevista
9) Que en los trabajos preparatorios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos -cuyo valor hermenutico destaca el art. 32 de la Convencin de Viena- se
contemplan las leyes especiales, temporales o de emergencia
como supuestos en los cuales es posible no aplicar el principio de retroactividad de la ley penal ms benigna (conf. Naciones Unidas, Asamblea General, decimoquinto perodo de sesiones, Documentos oficiales, Tercera Comisin, Nueva York,
sesin 1011a, 3/11/1960, intervencin del representante de
Pakistn, pg. 162; del representante de la India, ibdem; de
Noruega, pg. 163; sesin 1013a, 4/11/1960, intervencin del
representante del Reino Unido, pg. 174). Dichas excepciones
resultan razonables en la medida en que, de otro modo, se
despojara a priori a esas leyes de toda eficacia, pues al
ser concebidas para regular situaciones eminentemente
variables quedaran desactualizadas rpidamente por disposiciones posteriores y por lo que resultaran inocuas para
proteger el bien jurdico para el que fueron sancionadas.
10) Que el rgimen represivo del control de cambios, en el sub lite, se plasma en normas que de acuerdo a
sus notas caractersticas se ajustan a las llamadas leyes penales en blanco. Sobre la cuestin, este Tribunal ha sostenido la validez de las leyes penales que confieren a la administracin la facultad de integrar por medio de reglamentacin algunos aspectos del tipo penal en razn de que en di
-//-cha materia, al igual que en otras formas de la actividad econmica, por esencia movediza y proteica, resulta indispensable disponer de un instrumento gil que pueda
describir con rapidez conductas polticamente daosas y, a
la vez, desincriminarlas cuando dejaron de serlo (Fallos:
11) Que, habida cuenta de lo expuesto,
corresponde formular algunas reflexiones, a la luz de la
jurisprudencia de esta Corte, acerca del alcance que cabe
asignar a la garanta de la retroactividad de las leyes
penales ms benignas en el caso de las leyes penales en
blanco. As, en Fallos: 293:522 se estableci que tal
principio no era procedente cuando el rgimen penal
especial era de carcter temporario o excepcional. Se
sostuvo, en cambio, en Fallos: 295:729; 295:815; 296:540,
que proceda la aplicacin de tal garanta cuando las
normas reglamentarias, que derogaban el rgimen anterior,
revelaban una nueva orientacin de la poltica econmica
que implicaba la derogacin del rgimen represivo que daba
sustento coactivo a aqul.
12) Que, en Fallos: 313:153 (considerando 8);
1541 y A.270.XXVII "Argenflora Sociedad en Comandita por
Acciones - Argenflora Sociedad de Hecho s/ infr. ley
19.359", sentencia del 6 de mayo de 1997, se dej de lado
la doctrina anterior, y se sostuvo que el principio de
retroactividad de la ley penal ms benigna no se aplica en
aquellos casos en los que la norma que tipifica el delito
mantiene su vigor y slo varan los reglamentos a los que
remite el tipo penal.
En Fallos: 311:2453 se sigui el criterio
anterior en cuanto a que las variaciones de la ley
extrapenal que com
-//-plementan la ley penal en blanco, no dan lugar a la aplicacin de la regla de la ley penal ms benigna. Sin embargo,
se condicion la aplicacin de dicha doctrina a que el "complemento" de la norma fuera un acto administrativo concebido
por ella misma como de naturaleza eminentemente variable.
13) Que este criterio debe ser revisado a la luz de
nuevas reflexiones. En efecto, no existen razones para excluir a las leyes penales en blanco, del principio de aplicacin de la ley penal ms benigna consagrado en los pactos que
hoy gozan de jerarqua constitucional. En esta clase de leyes
penales se da la posibilidad de que, sin una variacin formal
aparente del tipo penal, su contenido resulte modificado por
el cambio sufrido por la norma extrapenal. Ello en razn de
que no es posible concebir como completa la norma en estudio
sin la normativa de complemento, pues sta resulta una parte
esencial de la ley sin la cual se tornara inoperante. Por
ello, ante las modificaciones favorables, experimentadas por
las leyes penales en blanco a consecuencia de variaciones de
la norma extrapenal, el reo debe beneficiarse con ellas.
14) Que, segn surge de los trabajos preparatorios
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, la
nica razn para admitir la ultraactividad de la ley penal
debe hallarse en los supuestos de leyes temporales o de emergencia, es decir cuando la introduccin de una nueva ley
responde a un cambio de circunstancias y no de valoracin
(conf. actas citadas en el considerando 9).
15) Que, en el caso, se presenta una modificacin
sustancial del rgimen de control de cambios. En efecto, el
-//- decreto 530/91, que modifica el decreto 2581/64, se
inscribe en un proceso de libertad cambiaria que se inici
el 18 de diciembre de 1989 con la emisin de la
comunicacin A. 1589 del Banco Central de la Repblica
Argentina que dispuso que los pagos y cobros en moneda
extranjera al y del exterior, por cualquier concepto,
deban cursarse por el mercado libre de cambios, y que las
transacciones deban realizarse sin intervencin de la
autoridad monetaria a precios libremente pactados por las
partes, sin limitaciones de montos y de plazos, resultando
tal disposicin comprensiva de las operaciones que se
formalizaran a futuro y de aquellas que se hubieran
celebrado con anterioridad a la reglamentacin.
16) Que, en este marco, el decreto 530/91 en
tanto desincrimin conductas que otrora haban sido
consideradas punibles, signific una derogacin total del
rgimen anterior -que se mantuvo por casi treinta aos- e
instituy uno nuevo, en el que el actuar de las personas se
desarrolla en un espacio de mayor libertad de
comportamiento. Ello implica que la modificacin de la
norma de complemento significa un cambio sustancial no slo
de la norma penal integrada sino tambin de la valoracin
que se ha hecho de la conducta punible. Es decir, que se ha
producido un cambio fundamental de la situacin jurdica en
lo relativo a la punibilidad de las transgresiones a las
leyes que no puede dejar de valorarse, pues marca una
modificacin de fondo dentro de la poltica econmica
seguida hasta entonces y de acuerdo con la cual los hechos
de esa naturaleza haban sido incriminados (Fallos:
-//- normas en juego el alcance de una ley temporal o de emergencia.
17) Que por lo tanto, el inciso a del art. 20 de la
ley 19.359 que establece que no ser aplicable el principio
de la ley penal ms benigna previsto en el Cdigo Penal a los
supuestos tipificados en el art. 2 que imponen pena de
multa, resulta ineficaz para regir la solucin del sub lite
por ser dicha norma incompatible con el derecho de jerarqua
constitucional que tiene el imputado a que se le aplique la
ley penal ms benigna, y por no configurarse en la especie
las excepciones previstas a dicho principio por la Convencin
Americana y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Por ello, odo el seor Procurador General, se declara
procedente el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada. Hgase saber, agrguese la queja al principal y
oportunamente remtase. CARLOS S. FAYT - ANTONIO BOGGIANO GUSTAVO A. BOSSERT.
1) Que la Sala B de la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Penal Econmico, al confirmar la sentencia de
la instancia anterior, sobresey definitivamente en la
causa en la que se imputaba a Diego Luis Ayerza la
extraccin de divisas del mercado de cambios local de
manera prohibida por el rgimen penal cambiario.
El proceso se haba iniciado como consecuencia de
las actuaciones del Banco Central de la Repblica Argentina
en las que se haba resuelto que el giro de divisas
atribuido a Ayerza configuraba, en principio, las
infracciones del art. 1, incs. c, e y f de la ley 19.359,
integrada con el decreto 2581/64 y la circular Cobros y
Pagos Externos -COPEX- I del Banco Central, captulo II
(conf. expte. 9053/90, en especial, informe de fs. 70/75 y
resolucin 1050 de fs. 76/77). En virtud de las
disposiciones de los arts. 2, inc. b, 16 y 18 de la ley
19.359 intervino la justicia nacional en lo penal econmico
(conf. resolucin 1051, agregada a fs. 2/3 de los autos
2) Que el a quo entendi que el sistema del
decreto 2581/64 haba sido derogado por el decreto 530/91
de modo tal que, a partir de ste, conductas como la
imputada a Ayerza haban dejado de ser ilcitas. En razn
de ello y del carcter constitucional que la regla de la
retroactividad de la ley penal ms benigna posee en virtud
de los arts. 75, inc. 22, de la Constitucin Nacional, 9,
in fine, de la
-//- Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 15, ap.
1, in fine, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos, consider inaplicable el art. 20 de la ley 19.359
y confirm el sobreseimiento definitivo que haba sido apelado.
Contra dicho pronunciamiento el Ministerio Pblico
interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo dio lugar a la
3) Que el recurrente plantea los siguientes agravios. Por una parte, afirma la arbitrariedad de la sentencia
en razn de que el a quo habra omitido "toda consideracin
sobre la falsificacin de declaraciones imputadas". Por otra,
sostiene que la regla de la retroactividad de la ley ms
benigna resulta inaplicable en el caso, pues lo variado no
fue la ley penal -esto es, la ley 19.359- sino las normas
extrapenales. En tal sentido concluye: "La 'ley que dispone
una pena ms leve', segn rezan, tanto el art. 9 del Pacto de
San Jos de Costa Rica como el art. 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos, no ha sido dictada y
no es el caso, por lo tanto, de aplicacin de las disposiciones de esos tratados" (fs. 157 vta.).
4) Que corresponde considerar en primer lugar la
atribucin de arbitrariedad (confr. Fallos: 312:1034, considerando 2, entre otros) y al respecto cabe anticipar que el
recurso es inadmisible en este aspecto.
En efecto, la configuracin de un supuesto de arbitrariedad como el postulado requiere que la cuestin finalmente omitida por el tribunal haya sido oportunamente introducida al litigio (confr. Fallos: 239:126). En el sub examine, en cambio, el recurrente plante dicha cuestin por pri
-//-mera vez en el momento en que interpuso el recurso extraordinario de fs. 152/158 vta., a pesar de que el agravio
se habra producido ya con la decisin de primera
instancia. Ello basta para desestimar la impugnacin de que
5) Que otra suerte merece el segundo de los
agravios trados al conocimiento del Tribunal. En efecto,
el recurrente impugna la inteligencia que el a quo ha
asignado a la ley federal 19.359 y a los arts. 9, in fine,
de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y 15, ap.
1,in fine, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos, y la decisin apelada ha sido adversa al derecho
que en tales normas pretende fundar el apelante (art. 14,
inc. 3, de la ley 48). Por lo tanto, el recurso es, en ese
punto, admisible.
6) Que, con relacin al fondo del asunto, debe
advertirse que, desde la entrada en vigor de la Convencin
Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Polticos y, tanto ms, desde la ltima reforma de la Carta Fundamental -la que asign a sus
clusulas jerarqua constitucional, art. 75, inc. 22, 2
prrafo, de la Constitucin Nacional- no es posible
mantener el punto de partida tradicional de esta Corte en
casos que guardan cierta similitud con el presente. Con
excepcin de las sentencias del Tribunal dictadas durante
el perodo de vigencia de la Constitucin de 1949 -cuyo
art. 29 impona la aplicacin retroactiva de "la ley penal
permanente ms favorable al imputado"- y de la disidencia
de los jueces Boffi Boggero y Zavala Rodrguez en el
precedente registrado en
-//- Fallos: 262:621 (confr. su considerando 2), el principio de la retroactividad de la ley penal ms benigna siempre
fue considerado un principio disponible por el legislador
comn, cuya ausencia no generaba per se un agravio constitucional (confr., por ejemplo, Fallos: 211:1657, considerando
2). Es por tanto que esta Corte slo lo ha interpretado fuera de las salvedades aludidas- en los supuestos en los que
aqul integra una ley federal por virtud de lo dispuesto en
el art. 4 del Cdigo Penal (confr. dictamen del Procurador
General Petracchi en Fallos: 293:522, pg. 523).
El reconocimiento de tal principio en los arts. 9,
in fine, de la Convencin Americana sobre Derechos Humanosy
15, ap. 1, in fine, del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Polticos obliga -como se dijo- a mudar de punto de
partida. La norma es, pues, "si con posterioridad a la comisin del delito la ley dispone la imposicin de una pena ms
leve, el delincuente se beneficiar de ello" (tal el texto
compartido por ambos tratados). Ms all de la norma transcripta slo se abre el estrecho campo de las excepciones, de
las estrictas restricciones legtimas a los derechos humanos
consagrados en las citadas convenciones internacionales.
7) Que, por tanto, no es posible pretender que una
rama del derecho represivo o un determinado objeto de
proteccin estn genricamente excluidos de la esfera de
aplicacin de la garanta. De otro modo, el camino de una
interpretacin amplia de esta ltima, supuesta en el propsito de "...que el delincuente se beneficie lo ms posible de
cualesquier modificaciones ulteriores de la legislacin" (Naciones Unidas, Asamblea General, decimoquinto perodo de se
-//-siones, Documentos Oficiales, Tercera Comisin, Nueva
York, sesin 1010a, 2/11/1960, intervencin de la representante del Japn, pg. 158), se vera inicialmente sembrado
de obstculos que un examen particular podra revelar arbitrarios.
8) Que en el orden de las excepciones legtimas
a la aplicacin del principio en examen, los trabajos
preparatorios del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Polticos -cuyo valor hermenutico destaca el art. 32 de la
Convencin de Viena sobre el Derecho de los Tratados- slo
dan cuenta del supuesto de las leyes penales temporarias o
de emergencia (conf. Naciones Unidas, Asamblea General,
decimoquinto perodo de sesiones, Documentos Oficiales,
Tercera Comisin, Nueva York, sesin 1011a, 3/11/1960,
intervencin del representante de Pakistn, pg. 162; del
representante de la India, ibdem; de Noruega, pg. 163;
sesin 1013a, 4/11/1960, intervencin del representante del
Reino Unido, pg. 174). Las opiniones expuestas en esa
ocasin coinciden, en lo sustancial, con la doctrina
aplicada por este Tribunal en el precedente registrado en
Fallos: 293:522 (caso "S.A. Frigorfico Yaguan").
9) Que, sin embargo, se plantea en el sub examine una cuestin ajena al referido mbito de los regmenes
penales temporarios. En efecto, se trata en esta
oportunidad de resolver si, ante una ley penal en blanco como lo es la ley 19.359 en los incisos de su art. 1 que
han entrado en consideracin en el caso-, las mutaciones de
las normas permanentes que la complementan ponen tambin en
-//-to el derecho del imputado a beneficiarse por la nueva
configuracin normativa.
Una tradicional jurisprudencia de la Corte ha dejado sentado que ese derecho "...es, en principio, comprensivo de los supuestos en que la norma modificada, aunque ajena
al derecho represivo, condiciona la sancin penal. Pero la
modificacin de tales preceptos no configura un rgimen ms
benigno si no traduce un criterio legislativo de mayor lenidad en orden a la infraccin cometida" (Fallos: 211:443, caso
"Moiss Maskivker", v. pg. 448).
Ese es tambin el principio para la unnime doctrina y jurisprudencia alemanas (conf., en general, Hans-Heinrich Jescheck, "Tratado de Derecho Penal. Parte general",
trad. de la 4a. ed. alemana a cargo de J. L. Manzanares Samaniego, Granada, 1993, pg. 125, nota 44; Herbert Trndle en
"Strafgesetzbuch. Leipziger Kommentar", 10a. ed., Berlin-New
York, 1985, pargrafo 2, nm. marg. 7). Para dicha jurisprudencia ello es as desde la capital sentencia del Superior
Tribunal Federal de Alemania del 8 de enero de 1965 (BGHSt,
t. 20 [1966], pgs. 177 y sgtes.). En esa oportunidad se
estableci: "El Tribunal del Reich haba rechazado la aplicacin del pargrafo 2, ap. 2, StGB, para el mbito de tales
leyes en blanco, cuando solamente eran modificadas las normas
complementarias situadas en otras leyes u ordenanzas, pero la
disposicin penal se mantena invariada (conf. RGSt 49, 410
con referencias sobre la constante jurisprudencia y Mezger
ZStW 42, 348). Esta opinin no puede ser mantenida, pues hace
depender formal y arbitrariamente la cuestin de la ley ms
benigna del azar de la tcnica legislativa y con
-//- ello conduce a resultados injustos. Pero tampoco desde
un punto de vista material est justificado limitar el concepto de ley mediante la interpretacin del pargrafo 2,
ap. 2, StGB. La norma de sancin deviene 'ley penal' por el
correspondiente supuesto de hecho de la norma
complementaria, sin el cual la amenaza penal en blanco
sera inoperante. Con el cambio de la norma complementaria
vara, por tanto, un elemento sustancial de la ley penal
misma. Notoriamente, pues,
para la cuestin de la ley ms benigna, interesa la situacin jurdica total de la que depende la pena. No existe
fundamento jurdico para no emplear esta regla en el mbito
de las leyes penales en blanco. Esta es tambin la opinin
unnime en la literatura" (pgs. 180/181).
10) Que contrariamente a lo resuelto por esta
Corte en el caso -similar al presente y en el que no
intervine- A.270.XXVII "Argenflora Sociedad en Comandita
por Acciones- Argenflora Sociedad de Hecho s/ infr. ley
19.359", sentencia del 6 de mayo de 1997, en especial
considerandos 8 y 9, por aplicacin de aquella doctrina,
el pronunciamiento impugnado en estas actuaciones habra de
En efecto, el decreto 2581/64 estableci un
sistema de clausura en relacin con el trfico exterior de
divisas. Este impona el deber de ingresar al pas toda
suma ganada en moneda extranjera por un residente en la
Repblica Argentina. A la vez, dispona un riguroso rgimen
de control de la salida de divisas que tenda a reducir al
mnimo la extraccin de moneda extranjera del mercado
interno. La ya mentada circular COPEX I, captulo II,
reglamentaba ese r
-//-gimen de control en lo relativo al pago de importaciones.
Esa es la reglamentacin cuya violacin se ha imputado en
estas actuaciones. En trminos del Banco Central, se atribuy
la realizacin de un "...pago de mercadera[s] que -ex antese saba que no iban a ser despachadas a plaza...Es decir se
produjo un giro indebido por abonarse una mercadera que de
no mediar el accionar descripto no hubiera significado una
erogacin de divisas para el pas" (conf. expte. 9053/90, fs.
A su vez, el decreto 530/91 -que derog el entonces
an vigente art. 1 del decreto 2581/64- forma parte del
proceso de modificacin del anterior sistema por uno, precisamente opuesto, de apertura del mercado cambiario (conf.
comunicacin del Banco Central de la Repblica Argentina
A.1589, del 18 de diciembre de 1989). Consecuencia de aqul
es tambin la derogacin de las disposiciones de la circular
COPEX I, captulo II (conf. comunicacin del Banco Central de
la Repblica Argentina A.1859, del 19 de julio de 1991).
Por tanto, conductas como la imputada en estos
autos -ilcitas a la luz del sistema ordenado por el decreto
2581/64- dejaron de estar prohibidas con el dictado del decreto 530/91 y la consecuente derogacin del rgimen anterior. Como principio, pues, el imputado debera beneficiarse
11) Que, no obstante y a raz de la doctrina de la
ya citada sentencia in re "Argenflora S.C.A.", corresponde
evaluar la concurrencia en el caso de circunstancias tales
que permitan hacer excepcin a la garanta en estudio. Se admite as que la retroactividad de la ley ms benigna no re
-//-sulta aplicable de modo indiscriminado en el campo de
las leyes penales en blanco. A su vez, por lo expuesto, se
impone un estricto margen de razonabilidad en la determinacin del grupo de excepciones posibles.
En dicho fallo "Argenflora S.C.A.", la Corte entendi que eran aplicables al caso las consideraciones formuladas por el Tribunal en dos precedentes en los que no se
aplic la garanta en virtud de la presencia de circunstancias excepcionales (confr. sus considerandos 6, 7 y 11).
Se trata de los casos registrados en Fallos: 311:2453
("Cermica San Lorenzo I.C.S.A.") y 317:1541
(correspondiente a la causa "San Cristbal Sociedad Mutual
de Seguros Generales s/ presuntas infracciones
tarifarias").
La sustancial diversidad entre los dos ltimos y
el sub examine obliga a no mantener la doctrina aplicadaen
"Argenflora S.C.A.".
12) Que, en efecto, en el caso "Cermica San Lorenzo I.C.S.A." (Fallos: 311:2453) se abord la cuestin de
la variacin de complementos administrativos de la ley
penal en blanco -a la sazn, la ley 20.680- que slo
regulaban elementos circunstanciales del supuesto tpico v.gr., las modificaciones ocasionales de los precios
mximos- "...cuando el 'complemento' [modificado] de la
norma penal es un acto administrativo concebido ya por ella
misma como de naturaleza eminentemente variable" (pg.
Se sostuvo, en primer lugar, que la excepcin al
principio de la retroactividad de la ley ms benigna slo
corresponde cuando su aplicacin "...resulte claramente in
-//-compatible con el rgimen jurdico que estructura la propia ley especial atentando contra su armona y congruencia"
En segundo trmino, ante el notorio carcter variable e incluso transitorio y coyuntural de la resolucin de la
Secretara de Comercio Interior 81/85 que estableca el
rgimen de precios mximos (conf. los considerandos de dicha
resolucin), el Procurador General -a cuyos trminos remiti
la Corte- entendi que el caso guardaba analoga con el
resuelto en Fallos: 293:522 (caso "S.A. Frigorfico Yaguan"), esto es, con un supuesto de leyes temporarias en el que
la garanta no rige (conf. pg. 2460).
Dado que no es posible predicar del rgimen cambiario ordenado por el decreto 2581/64 el carcter temporario o
eminentemente variable y que su modificacin (v. supra, considerando 10) es mucho ms que la mera alteracin de elementos circunstanciales, el referido precedente de Fallos: 311:
2453 pierde toda relevancia para la solucin del sub examine.
13) Que tampoco las circunstancias del ya citado
caso "San Cristbal Sociedad Mutual de Seguros Generales" son
equiparables, a la luz del derecho examinado, a las del
supuesto de estos autos.
En tal precedente estaba en juego la punibilidad,
con base en el art. 58 de la ley 20.091, de una violacin del
rgimen de tarifas mnimas regulado por la resolucin de la
Superintendencia de Seguros de la Nacin 20.425/89 frente a
su posterior modificacin por la resolucin 21.523/92 del
mismo organismo. Esta ltima sustituy el sistema de tarifas
-//- mnimas por otro de tarifas libremente establecidas
pero sujetas a la previa autorizacin por la autoridad de
control (v. art. 26.1.1 de la resolucin 21.523/92). Las
pautas a las que dicha norma someti la autorizacin
revelaban que la alteracin era meramente formal (v.
artculo citado).
En trminos generales, lo determinante en estos
casos es "...si el fin de proteccin del reglamento que ha
sido violado se mantiene invariado" (Trndle, op. cit.,
nm. marg. 6). O bien, de modo ms explcito, la aplicacin
retroactiva del nuevo reglamento resulta inadecuada
"...cuando la derogacin no se propone permitir un espacio
mayor de libertad de comportamiento, sino slo otro en que
se conforma de modo distinto lo que hasta entonces estaba
permitido, p. ej., suprimiendo una limitacin de velocidad,
pero prescribiendo una medida de seguridad hasta entonces
no requerida" (Gnther Jakobs, "Derecho Penal. Parte
general. Fundamentos y teora de la imputacin", trad.
espaola de la 2a. ed. alemana a cargo de J. Cuello
Contreras y J. L. Serrano Gonzles de Murillo, Madrid,
1995, 4/71, pg. 121).
En la medida en que la reforma llevada a cabo mediante la referida resolucin 21.523/92 no ampli
significativamente el margen de libertad de comportamiento
y mantuvo intacto el especfico fin de proteccin de la
suficiencia de la capacidad econmico-financiera del
asegurador, pudo el Tribunal concluir que el mandato
jurdico internacional de aplicar la ley penal posterior
ms benigna no guardaba relacin directa con el caso
entonces debatido (confr. fallo cit., considerando 10).
14) Que contrariamente a lo sucedido en el caso
relatado en el considerando anterior, la modificacin legal
examinada en estas actuaciones tuvo como consecuencia una
considerable ampliacin de la esfera de libertad de comportamiento en el campo del trfico exterior de divisas y la consiguiente revocacin del concreto fin de proteccin al que
responda el sistema de clausura fundado en el decreto 2581/
64 (confr. supra, considerando 10).
Por lo tanto, es forzoso concluir que tal modificacin cae, respecto de la conducta imputada a Ayerza, en el
mbito de aplicacin directa de la regla de la retroactividad
de la ley penal ms benigna. La sentencia impugnada debe,
pues, ser confirmada.
parcialmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada en lo que fue materia de apelacin.
Hgase saber, agrguese la queja al principal y, oportunamente, devulvase. ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI.
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