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La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos*
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1 La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos* Sergio López Ayllón Mauricio Merino Sumario: I. Un concepto complejo. II. El nuevo diseño constitucional. III. La información. IV. Las cuentas. V. Los responsables. VI. Hacia una política de rendición de cuentas. VII. Bibliografía. I. Un concepto complejo Rendir cuentas es una idea que puede parecer sencilla a primera vista. En realidad es un concepto que no sólo es teóricamente complejo, sino que su definición práctica y operación suponen la muy elaborada y fina articulación de un amplio conjunto de normas, actores, instituciones y procedimientos. 1 Pedir que se rindan cuentas es cosa fácil. Diseñar y operar una política pública con ese propósito es mucho más difícil. En principio, sabemos que rendir cuentas significa literalmente entregar o dar cuentas ante alguien. De ahí que rendir cuentas sea siempre una acción subsidiaria de una responsabilidad previa, que implica una relación transitiva y que atañe a la manera en que se dio cumplimiento a esa responsabilidad. Así pues, aun en la concepción más elemental de la rendición de cuentas hay siempre, al menos: * Este texto fue publicado en 2009 por la Secretaría de la Función Pública como primer documento de la serie Cuadernos sobre rendición de cuentas. 1 Con frecuencia se ha querido ver en el concepto de rendición de cuentas una institución ajena a la práctica nacional y por ello una importación más del entramado institucional anglosajón. Consideramos que esta visión olvida que el concepto tiene una fuerte y secular connotación en castellano, y que incluso está en el origen de instituciones significativas en nuestra historia, tales como el juicio de residencia o las sindicaturas en los ayuntamientos. Véase, por ejemplo, Ots, José María, Historia del derecho español en América y del derecho indiano, Madrid, Aguilar,2 2 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO Dos sujetos involucrados. Un asunto sobre el que se rinden cuentas, relacionado necesaria- mente con una responsabilidad asumida por el primer sujeto (en el sentido de responder por lo que se ha hecho o dicho). Un juicio y/o una sanción emitida por el segundo sujeto. a) b) c) Decimos que la rendición de cuentas es subsidiaria, en el sentido de que una acción o responsabilidad robustece a otra principal, y por ello carece de todo sentido si es un acto único y aislado de cualquier precedente. En rigor, las cuentas se rinden sobre una acción, una decisión o incluso una omisión previas. De modo que también la forma en que se rinden las cuentas ha de ser consecuente con el contenido sustantivo de esas acciones o decisiones. También se trata de una relación transitiva, en tanto que hay al menos dos sujetos que participan en el proceso de rendición de cuentas con roles distintos, y aunque parezca obvio, es preciso tener presente que esa relación perdería todo sentido si aquellos que rinden cuentas no están obligados, no se someten a los juicios y no acatan los resultados de las sanciones impuestas de aquellos ante quienes se rinden las cuentas. De aquí que la rendición de cuentas sea, también, un antídoto contra la impunidad. Por estas razones, estamos ante un concepto mucho más complejo de lo que parece a primera vista. No es casual que el mundo académico todavía no haya producido un acuerdo acabado y compartido sobre lo que habrá de entenderse al emplear ese concepto, ni tampoco sobre sus componentes básicos. En busca de una definición aceptable, por ejemplo, Andreas Schedler intentó situar el origen de ese concepto en la palabra inglesa accountability: Un término que no tiene un equivalente preciso en castellano, ni una traducción estable. A veces se traduce como control, a veces como fiscalización, otras como responsabilidad. Sin embargo, la traducción más común y la más cercana es la rendición de cuentas. 2 Empero, Schedler añadió enseguida otra palabra inglesa para redondear su definición: answerability, entendida como la capacidad de asegurar que los funcionarios públicos respondan por sus acciones. Y todavía sumó enforcement, otro término que carece de equivalente preciso en castellano y que describe un conjunto de actividades orientadas hacia 2 Schedler, Andreas, Qué es la rendición de cuentas?, México, IFAI, 2004, p. 11.3 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO 3 la observancia de la ley. Quiere decir, en esencia: hacer valer la ley. 3 Tres expresiones en inglés que aluden, a su vez, a los tres componentes que ese autor identifica como los pilares de la rendición de cuentas en castellano: la información, la justificación y el castigo. Tres maneras diferentes para prevenir y corregir abusos de poder: que obliga al poder a abrirse a la inspección pública [accountability]; lo fuerza a explicar y justificar sus actos [answerability]; y lo supedita a la amenaza de la sanción [enforcement]. 4 Sin embargo, con una definición tan amplia es fácil perderse en una muchedumbre desordenada de protagonistas. 5 Y tampoco resuelve esa dificultad la propuesta analítica formulada por Guillermo O Donnell, quien distinguió entre la rendición de cuentas horizontal y la vertical: 6 una referida a las relaciones de control y vigilancia que establecen entre sí las agencias del Estado, para limitar y a la vez garantizar el ejercicio de sus facultades, como advirtieron los clásicos que imaginaron la división de poderes, y otra, la vertical, entendida como los medios que tiene en sus manos la sociedad para exigir cuentas a sus gobernantes, incluyendo el acceso y el uso de la información pública, la presión social o mediática y las sanciones electorales. Pero quién es y cómo actúa esa sociedad? Y cuáles son los límites del control mutuo y la vigilancia, de índole horizontal, entre órganos y agencias del propio Estado? En términos ideales, abstractos, podría decirse que mientras más robustas sean las redes de vigilancia tanto horizontal como vertical, habrá ma- 3 Ibidem, p Ibidem, p. 13. Las palabras entre corchetes fueron añadidas por los autores de este ensayo y no aparecen en el original. El texto citado es la versión traducida y corregida de un capítulo originalmente escrito en inglés bajo el título: Conceptualizing Accountability, en Schedler, Andreas et al., The Self Restraining State: Power and Accountability in New Democracies, Londres, Lynne Rienner Publishers, Y no sobra contar que, al revisar la traducción al castellano que el IFAI había propuesto, Schedler descubrió que en realidad era necesario dejar intactas las tres principales expresiones inglesas utilizadas en el original, pues para ninguna de ellas había una palabra exacta que, en castellano, capturara el sentido que tenían en inglés. El autor se vio forzado, así, a reescribir buena parte del texto para evitar la doble dificultad del idioma y del entorno cultural en el que esas palabras serían leídas. 5 Ibidem, p La formulación original en: O Donnell, Guillermo, Delegative Democracy, Journal of Democracy, vol. 5, núm. 1, pp Una reformulación posterior en Horizontal Accountability in New Domocracies, en Schedler et al., op. cit., pp4 4 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO yor exigencia para favorecer la inspección pública, para responder por el ejercicio de la autoridad y para controlar y sancionar las conductas que excedan los límites de la ley (y de la prudencia política). Pero en la práctica, es muy probable que la multiplicación, la fragmentación y la desconexión entre los muy distintos actores involucrados en los procesos de rendición de cuentas acaben por dar al traste con sus propósitos; que en lugar de favorecer el conocimiento público sobre la forma en que se ejerce el poder y de reforzar el sentido de responsabilidad sobre sus consecuencias, esas redes se conviertan más en una forma de simular que de consolidar la existencia de un sistema de rendición de cuentas. Dicho de otra manera, se corre el riesgo de que lo más importante acabe siendo la forma y los procedimientos que sirven para justificar lo que hacemos, y no el cumplimiento mismo de la responsabilidad obtenida. Desde una perspectiva distinta, John Ackerman ha propuesto entender a la rendición de cuentas como un proceso pro-activo por medio del cual los servidores públicos informan, explican y justifican sus planes de acción, su desempeño y sus logros y se sujetan a las sanciones y recompensas correspondientes. 7 Este concepto supone que la rendición de cuentas es un proceso dinámico y pro-activo, donde los servidores públicos salen a la calle a dialogar con la sociedad y con otras instituciones. Supone también entender que esos servidores están sujetos a sanciones tanto negativas (castigo) como positivas (recompensas). Ackerman también introduce en su concepto el problema de la temporalidad de la rendición de cuentas y admite que, en principio, ésta sólo se puede dar en rigor de manera posterior o ex post; sin embargo, advierte que esto puede llevar a la conclusión incorrecta de que se limita a actos o acciones acabados. Por ello afirma que puede y debe incluir también los procesos de toma de decisiones (por ejemplo los planes y programas de acción). Finalmente, señala que la rendición de cuentas no siempre implica una relación de autoridad, sino que también se presenta de manera horizontal, entre dos actores de autoridad equivalente. 8 Esta idea sos- 7 Ackerman, John, Social Accountability for the Public Sector. A Conceptual Discussion, Washington D.C., The World Bank, 2005, citado en Ackerman, John (coord.), Más allá del acceso a la información. Transparencia, rendición de cuentas y Estado de derecho, México, Siglo XXI, 2008, p A este respecto Schedler ha señalado la dificultad que entraña suponer igualdad en una relación de poder, que normalmente implica diferentes grados de asimetría. Por ello señala que algunos autores han introducido la noción de controles horizontales u5 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO 5 tiene Ackerman permite ampliar la concepción de la rendición de cuentas que la limita a la comunicación de información contable de un agente a un principal, y que la lleva a entenderla como un proceso dinámico que redefine las relaciones entre el Estado y la sociedad, reconfigurando la naturaleza misma de la democracia y la participación ciudadana. 9 De lo expuesto hasta ahora, podemos ya derivar que la verdadera rendición de cuentas implica necesariamente un marco jurídico y político, es decir, un marco de responsabilidad que se desprende, a la vez, de obligaciones legales y públicas; del principio de legalidad y de un propósito democrático. Ésta es una idea central que conviene precisar, pues de su cabal comprensión se derivan consecuencias importantes para entender el alcance y profundidad de este concepto. Antes dijimos que la rendición de cuentas es un proceso transitivo y subsidiario, que puede expresarse, tal como lo han definido Cejudo y Ríos: Como una relación entre dos actores (A y B), en la que A está formalmente obligado a informar, explicar y justificar su conducta a B (con respecto a R). En esta relación, B tiene la facultad de examinar la conducta de A (con respecto a R) y cuenta con instrumentos para vigilarlo e incidir en su comportamiento vía sanciones o incentivos. 10 oblicuos, categoría que evita crear la impresión que la rendición de cuentas horizontal implica condiciones de equivalencias de poder (Schedler, op. cit., p. 35). Desde nuestra perspectiva esta idea puede sintetizarse en que las relaciones horizontales de rendición de cuentas implican una autonomía funcional de los órganos o autoridades involucradas. En este sentido no existe una relación de subordinación entre ellos, por ejemplo en los mecanismos de rendición de cuentas del Ejecutivo al Legislativo. 9 Ackerman (coord.), Más allá del acceso a la información..., cit., p Véase el capítulo sobre La rendición de cuentas de los gobiernos estatales en México de Alejandra Ríos y Guillermo Cejudo, incluido en este volumen. Los autores citados añaden que, en términos más amplios, adoptamos, con leves modificaciones, la definición de Bovens sobre lo que es (y no es) una relación de rendición de cuentas: aquella en la que un actor informa, explica y justifica su conducta a otro actor (no sólo propaganda o información destinada al público en general). La explicación está dirigida a ese otro actor y no al azar. El actor está obligado a rendir cuentas (y no en libertad de hacerlo o no). Hay la posibilidad de debate, juicio y sanción (y no un monólogo sin compromiso). Y finalmente, la rendición de cuentas debe ser pública (y no sólo informes internos). Cfr. Bovens, Mark, Analysing and Assesing Public Accountability. A Conceptual Framework, European Governance Papers, núm. C-06-01, 2006, p. 12. Los mismos autores citan además a Adserá, Alicia et al., Are You Being Served? Political Accountability and Quality of Government, Journal of Law, Economics and Organization, 19, núm. 2, 2003, pp , y a Dubnick, M. y Romzek, B., Accountability, en Shafritz, J. (ed.),6 6 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO De esta definición se deriva, en principio, que la mención de las obligaciones de A y de las facultades de B, implican necesariamente una relación jurídica explícita (que se traduce en facultades y obligaciones precisas), así como en procedimientos establecidos para darle forma y cauce. Debemos precisar que la rendición de cuentas no se agota en una relación única entre A y B, sino que en realidad supone múltiples A s y B s. En este sentido, podemos hablar de un sistema de rendición de cuentas integrado por el conjunto de relaciones entre A s y B s, soportado en un entramado institucional y legal en el que cada actor del sistema le rinde cuentas a otro(s) actor(es). Pero el modelo también supone un sustrato democrático comprometido con un tercer actor, al que podríamos llamar C, cuya existencia le da sentido público a la relación entre A y B. Así pues, la relación transitiva entre A y B, sobre un objeto R sobre el que se rinden cuentas y que sintetiza la responsabilidad asumida, adquiere todo su sentido cuando se añade el espacio público y democrático en el que sucede esa relación. El siguiente esquema sintetiza este modelo: Diagrama 1 Modelo de rendición de cuentas Fuente: elaboración propia. International Encyclopedia of Public Policy and Administration, Nueva York, Westview Press, 1998, pp7 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO 7 En este modelo el tercer actor, al que hemos llamado C, no tiene obligaciones ni atribuciones precisas: no es el sujeto A, obligado a rendir cuentas, ni tampoco la autoridad B, investida de facultades legales para examinar al sujeto obligado. Lo que C tiene son derechos fundamentales, políticos y sociales, que puede ejercer en cualquier momento y por todas las vías jurídicas y políticas que tiene a su alcance. Es una C que podría traducirse como: ciudadanos que otorgan calidad a la democracia, pero que resulta imprescindible para impedir que la relación entre A y B se justifique solamente a sí misma, de espaldas al espacio público democrático o, peor aún, que se convierta en una trampa burocrática, autoritaria. Es la presencia de los ciudadanos, en el espacio público, la que permite hacer del proceso de rendición de cuentas una operación que va más allá del mero control del poder político sobre sus subordinados y sus burocracias. Y al mismo tiempo, es la que ofrece elementos de juicio para impedir la multiplicación, la fragmentación y la desconexión de sentido de las normas y los procedimientos de control y evaluación de la gestión pública y de sus resultados. Sin embargo, esa definición transitiva y subsidiaria de la rendición de cuentas (A y B, respecto a R), situada en un entorno jurídico y político democrático (con C como tercer actor y como telón de fondo), no debe confundirse con el debate más amplio sobre la calidad de la democracia. 11 Podemos afirmar que la democracia no podría contar con una base sólida para su consolidación en el largo plazo sin un sistema de rendición de 11 Sobre ese debate, remitimos al libro editado por Larry Diamond y Leonardo Morlino, Assessing the Quality of Democracy, Baltimore, The Johns Hopkins University Press-The National Endowment for Democracy, En él, los editores afirman que una democracia de calidad es una que provee a sus ciudadanos un alto nivel de libertades, de igualdad política y de control popular sobre las políticas públicas y los servidores públicos, a través del funcionamiento legal y legítimo de instituciones estables. Una buena democracia es aquella que, primero, tiene un régimen ampliamente legítimo que satisface las expectativas de gobernanza de sus ciudadanos (calidad en términos de resultados); segundo, una buena democracia es aquella en la cual los ciudadanos, asociaciones y comunidades disfrutan de amplias libertades y de igualdad política (igualdad en términos de contenidos). Y tercero, en una buena democracia los ciudadanos por sí mismos tienen el poder soberano para evaluar si su gobierno está proveyendo libertades e igualdad de acuerdo con las normas jurídicas [ ] Los ciudadanos pueden monitorear la eficiencia y la fidelidad en la aplicación de las leyes, la eficacia de las decisiones tomadas por el gobierno y la responsabilidad (responsability and responsiveness) de los funcionarios electos, pp. xi y xii (la traducción es nuestra).8 8 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO cuentas que contenga estos rasgos mínimos, pero se trata de conceptos distintos. De hecho, abundan los riesgos de confundir o de simular los procesos de rendición de cuentas, precisamente para evadirlos. La multiplicación, la fragmentación y la desconexión de sentido son los riesgos más evidentes que pueden generar procesos que aparentan rendir cuentas, pero que, en realidad, carecen de un objeto preciso y se justifican a sí mismos mediante procedimientos y relaciones de autoridad burocrática, que tienen el único sentido de justificar puestos y ejercer el poder político. Procesos transitivos (entre A y B) que, si carecen del vínculo subsidiario con una R (que se refiere al ejercicio de las responsabilidades jurídicas y políticas asumidas y al ejercicio de los recursos públicos relacionados con esas responsabilidades) resulta imposible definir con exactitud. O bien, procesos que pierden todo sentido democrático si carecen de la presencia de ciudadanos (la C en el modelo propuesto), o si éstos son vistos solamente como receptores pasivos de los informes que produce el gobierno sin que esa información tenga consecuencias sobre la actuación de los funcionarios. Por eso conviene advertir que la rendición de cuentas no equivale al derecho de acceso a la información pública ni es sinónimo de transparencia. Se trata de conceptos que se refuerzan recíprocamente, pero que no significan lo mismo. No puede decirse, por ejemplo, que un régimen es transparente porque responde a las solicitudes de información que hacen los ciudadanos que desean tener acceso a los documentos que obran en los archivos de sus gobiernos. Si bien el acceso a la información constituye un derecho fundamental y un valor superior en la democracia, 12 la transparencia es algo más que eso: es una política deliberada del Estado para producir y emplear sistemáticamente información como un recurso estratégico, destinado a facilitar y dotar de contenido a la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 13 Un régimen transparente es, literalmente, uno en el que no hay obstáculos para ver y saber; uno en el que cualquier persona puede observar qué decisiones está tomando el gobierno, qué recursos está empleando, cómo está usando los medios que tiene a su alcance y qué resultados está obteniendo. 12 Véase Salazar, Pedro (ed.), El derecho de acceso a la información en la Constitución mexicana. Razones, significados y consecuencias, México, UNAM-IFAI, Véase Merino, Mauricio, La transparencia como política pública, en Ackerman (coord.), Más allá del acceso a la información..., cit., pp9 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO 9 Pero aun con todas las virtudes democráticas que posee una política de esa naturaleza, carece de los atributos de la rendición de cuentas que aquí hemos propuesto. Siendo muy valiosa, la transparencia así definida todavía puede convertirse en un medio unilateral del gobierno, quien puede decidir qué informa, cómo lo hace y hasta dónde lo hace. En rigor, la transparencia no supone una relación transitiva entre dos agentes con atribuciones y obligaciones precisas, en donde uno de ellos está facultado para examinar, juzgar o sancionar las acciones y decisiones del otro con respecto al ejercicio sustantivo de sus funciones y al uso de los recursos públicos que emplea para cumplir su tarea (R). La auténtica rendición de cuentas es algo más que la transparencia: es una tarea obligada y permanente, con actores claramente identificados que llevan a cabo la vigilancia, el control y la sanción sobre los contenidos sustantivos del ejercicio gubernamental, en todas sus facetas, en un entorno legal y democrático explícito y abierto, que identifica con claridad las obligaciones que cada servidor público debe cumplir. Nada menos. En síntesis, abrir la información pública, actuar con transparencia y asignar responsabilidades públicas bien definidas son acciones que se refuerzan mutuamente, pero no son idénticas. Sabemos que cada una tiene normas, procedimientos y actores diferentes. Y aunque todas apuntan en el mismo sentido, la falta de una política capaz de unirlas en un conjunto articulado y coherente haría que fracasaran en el resultado. Éste es en el fondo el sentido de la rendición de cuentas entendida como un concepto más amplio y complejo. Seguramente puede decirse que la transparencia supone necesariamente el acceso a la información pública y que la rendición de cuentas es imposible en un entorno de opacidad y de ocultamiento de la información del gobierno. Por ello, la transparencia y el acceso a la información son condiciones necesarias para el proceso de rendición de cuentas tal como aquí ha sido definido. Pero no son suficientes para garantizar la relación entre A y B, con respecto a R, en un marco jurídico que asume la existencia de C. En este sentido, una política de rendición de cuentas debe ser entendida como el conjunto de instituciones, normas y procedimientos que tiene como propósito fortalecer la legalidad y el sentido democrático de las responsabilidades públicas y sancionar (positiva o negativamente) a los actores que las asumen. Por ello, debe ser diseñada y practicada como una política transitiva y subsidiaria orientada a fortalecer la responsabilidad del ejercicio de la función pública y no como un fin en sí misma. Es,10 10 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO además, una política que esencialmente ha de tener una vocación pública y no meramente burocrática. II. El nuevo diseño constitucional El concepto de rendición de cuentas no aparece de manera explícita en la Constitución mexicana. Sin embargo, diversas reformas a este ordenamiento han venido conformando un sistema orientado a ese propósito. Entre otras instituciones, puede mencionarse la creación de mecanismos de información y fiscalización (por ejemplo, la obligación de los secretarios de Estado y otros funcionarios de comparecer ante el Congreso o la creación de la entidad superior de fiscalización), así como las normas y procedimientos que regulan las diferentes dimensiones de la responsabilidad de los servidores públicos. En los dos últimos años diversas reformas a la Constitución que responden a diversos objetivos y racionalidades sumadas a disposiciones ya existentes, han conformado un marco normativo constitucional que de manera incipiente ha generado ya un sistema constitucional de rendición de cuentas. Sin embargo, ese nuevo diseño requiere el desarrollo de los principios y reglas constitucionales en la legislación secundaria 14 y otras disposiciones reglamentarias que están por hacerse. Supone también el diseño de los instrumentos técnicos y de las competencias de los recursos humanos capaces de operar el sistema. Implica además una revisión jurídica y funcional de algunas instituciones que tienen graves problemas en su operación (muy notablemente el sistema de responsabilidad de los servidores públicos) y de cuya operación correcta depende que contemos con un sistema capaz de generar una efectiva rendición de cuentas. Finalmente, conduce a un profundo replanteamiento ético de la función pública en el que el ejercicio del poder debe estar orientado por un ejercicio continuo de diálogo social bien informado y de una acción pública donde las responsabilidades estén claramente identificadas. Junto con lo anterior, debe considerarse que sólo una cabal comprensión de la relación que guardan las diversas reformas, de cómo se entrelazan e interactúan, puede generar las lógicas institucionales capaces de orientar una efectiva rendición de cuentas. Además, es necesario impedir 14 Sea mediante la expedición de leyes nuevas o bien mediante reformas a leyes ya existentes.11 LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN MÉXICO 11 que la abundancia de normas y procedimientos se tome como una virtud, cuando éstas pueden resultar contradictorias y abrir puertas para negar la rendición de cuentas. A continuación expondremos brevemente el contenido de las diversas reformas a la Constitución, y en particular aquellas que han modificado los artículos 6o., 26, 73, 79, 116, 122 y 134, mismas que conforman este nuevo diseño constitucional. Seguiremos una lógica simple ligada a los pilares necesarios de la rendición de cuentas: para que haya acceso a la información, debe haber información; para que haya revisión de cuentas, debe haber cuentas; para que haya sistemas de responsabilidades, debe haber responsables. III. La información El 20 de julio de 2007 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se adiciona un segundo párrafo con siete fracciones al artículo 6o. de la Constitución. 15 Si bien es cierto que esta reforma 15 El segundo párrafo del artículo 6o. constitucional establece lo siguiente: Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.12 12 LÓPEZ AYLLÓN/MERINO tuvo como principal propósito establecer los mínimos constitucionales que deberán regir el ejercicio del derecho de acceso a la información, en realidad su contenido rebasa con mucho este ámbito y se inscribe en una lógica más amplia relacionada con la dimensión informativa de la rendición de cuentas. 16 Existen cuando menos tres elementos que podemos destacar en este primer rubro. El primero es el principio de publicidad de la información gubernamental, que modifica radicalmente la práctica secular del secreto administrativo y obliga a un replanteamiento completo de la manera de gestionar la información en las organizaciones gubernamentales. El segundo elemento es la obligación de todos los organismos, órganos, entidades y autoridades federales, estatales y municipales de generar al menos información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. Esta información debe ser publicada en Internet sin que medie una solicitud de acceso. El tercero se refiere a la obligación de mantener archivos administrativos actualizados y, por ende, de documentar toda acción gubernamental. Vistos en conjunto, estos tres elementos deben generar un flujo de información permanente sobre las actividades gubernamentales y conforman por ello un elemento necesario para la rendición de cuentas. La Constitución añade en materia de información otra institución de mayor envergadura, que es el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, mismo que debe organizarse conforme a los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia. 17 Para la federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. 16 Para un análisis detallado de esta reforma véase Salazar, op. cit. 17 El apartado B del artículo 26 constitucional establece que: El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, Mostrar más
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 artículo 26
 artículo 8
 Artículo 100
 Artículo 114
 Resolución 
 resolución 
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