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Timestamp: 2018-11-15 13:09:54+00:00

Document:
AGLI Recortes de Prensa Viernes 14 Noviembre 2003
Editorial La Razón 14 Noviembre 2003
LA PRIMERA RESPUESTA AL PLAN IBARRETXE
Editorial ABC 14 Noviembre 2003
Pablo Mosquera Mata La Razón 14 Noviembre 2003
¿SE PUEDE LLAMAR TOTALITARIO AL PLAN IBARRETXE
Luis Ignacio Parada ABC 14 Noviembre 2003
SOBRE LA VIABILIDAD DE LA IMPUGNACIÓN
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ ABC 14 Noviembre 2003
Editorial El Correo 14 Noviembre 2003
El Gobierno dice que el plan Ibarreche «quebranta la unidad de España» e intenta pararlo ante el TC
F. Velasco - Madrid.- La Razón 14 Noviembre 2003
El PNV pretende anexionarse una villa cántabra mediante un recurso ante la Audiencia Nacional
Javier Prats - Madrid.- La Razón 14 Noviembre 2003
Los presos de ETA ya no podrán matricularse en la Universidad pública del País Vasco
EFE Libertad Digital 14 Noviembre 2003
Los pasos del Constitucional
NIEVES COLLI ABC 14 Noviembre 2003
«La inconstitucionalidad es evidente y clamorosa»
ABC 14 Noviembre 2003
Los alcaldes nacionalistas de Álava se ponen sueldos de más de 30.000 euros, según denuncia el PP
Terroristas corsos anuncian una tregua para unir a los nacionalistas ante los comicios regionales
Agencias Libertad Digital 14 Noviembre 2003
El Ministerio de Justicia cumplió ayer con el acuerdo del Consejo de Ministros y presentó, ante el Tribunal Constitucional, sendos recursos contra el acuerdo del Ejecutivo vasco que aprobó el llamado plan Ibarreche, y contra el acuerdo de la Mesa de la Cámara autonómica de Vitoria que lo admitió a trámite, a la que se acusa de vulnerar conscientemente y a sabiendas la legalidad. Se trata de una respuesta rápida, bien pensada, para hacer frente desde el principio a una estrategia legal cuidadosamente meditada por los nacionalistas, que han tratado de presentar como un simple proyecto político, sin carácter normativo y por tanto no recurrible en los Tribunales, lo que a todas luces es una reforma de la Constitución tal y como se desprende de su propio articulado. Por ello, el Gobierno ha pedido al Tribunal que admita a trámite el recurso, falle contra el proyecto y, mientras tanto, suspensa su tramitación.
No estamos ante un capricho del Gobierno; ni siquiera puede calificarse como una simple reacción en clave política porque, ante todo, responde al ejercicio de un deber, el de la defensa la legalidad. Ningún representante democrático puede puede mantenerse al margen o ceder un solo metro cuando se trata de proyectos que atentan contra la Constitución y los derechos y libertades de todos los ciudadanos. No se trata tampoco de callar a nadie, ni de impedir un debate político, sino de respetar y hacer respetar la legalidad y el Estado de Derecho.
España, uno de los países donde más se respeta la libertad de expresión, disponen de los canales adecuados para hablar de lo que sea y hacer todo tipo de propuestas. Por eso mismo no puede hablarse de ataque a la libertad cuando lo que se ha pretendido no es más que un uso torticero de la ley para «blindar» una reforma secesionista y tratar de mantenerla al margen de la Ley. Cabe destacar que hasta un texto como el de Ibarreche, en el que los letrados han hallado hasta un centenar de vulneraciones a la Carta Magna y se inventa incluso derechos inexistentes y dobles nacionalidades imposibles, entre otros extremos jurídicamente rechazables, era susceptible de haberse discutido en clave meramente política. Pero eso no bastaba a los nacionalistas, como han demostrado al aprobarlo en Consejo de Gobierno y enviarlo a su Cámara autonómica. Ellos querían más, buscaban pasar de contrabando su «ámbito vasco de decisión» entre agujeros legales, y han topado con el mismo Estado, que no el Gobierno, que buscaban socavar.
El recurso es el primer paso ante el reto planteado por Ibarreche, pero no el único posible. El ministro de Justicia ha anunciado que se cuenta con una batería de medidas para el caso de que insista en mantener su proyecto totalitario. Quizá sea tiempo para que el nacionalismo despierte de ese sueño soberanista que le hizo creer que estaba ya al margen de una ley que obliga a todos los españoles por igual. Incluidos los del País Vasco.
LA gran virtud de la impugnación presentada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional es que marca con claridad la pauta de la respuesta del Estado al plan soberanista del lendakari Ibarretxe y hace que la agenda de esta crisis ya no esté sometida al antojo de los nacionalistas. Antes de la interposición del recurso había dos opciones. Por un lado, contemplar pasivamente la utilización del Parlamento Vasco hasta que al final se aprobara un acuerdo realmente impugnable. Por otro lado, responder a cada ilegalidad de la estrategia nacionalista con todos los recursos del Estado de Derecho. El Gobierno se ha decantado por esta segunda opción en coherencia con un análisis mucho más realista y responsable que el de la primera, porque representa la única manera de hacer visible la constitucionalidad del Parlamento vasco, cuya existencia se debe a la Constitución y, por esto mismo, no es ni puede ser neutral ante la irrupción en su seno de una iniciativa notoriamente ilegal.
El nacionalismo busca a toda costa provocar confusión y centrar la atención de los demás en el último día del debate de la propuesta. Ceder a esta táctica es un error. Para el gobierno de Ibarretxe lo más importante no es el resultado, sino el procedimiento parlamentario que ha provocado con trampas. Ni el lendakari duda de que no habrá nunca en vigor una comunidad libre asociada de Euskadi. Su objetivo es la puesta en marcha de una propuesta política en la que se reconozcan ETA y la izquierda abertzale, bajo el liderazgo del PNV, a cambio de rescatar políticamente a la banda terrorista antes de su derrota. Tanto el acuerdo adoptado por el Gobierno de Ibarretxe por el que se aprueba y remite al Parlamento la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi, como la calificación de esta propuesta por la Mesa de la Cámara como una reforma estatutaria, eran decisiones estratégicas irreemplazables en el plan nacionalista, en su vertiente política y en su vertiente jurídica. Toda la gestación y ejecución de este plan está montada sobre mentiras que, además, constituyen infracciones de la Constitución.
ESTE es el fundamento de la impugnación que ha presentado la Abogacía del Estado ante el Tribunal Constitucional, acogiéndose al artículo 76 de la Constitución. El detallado escrito del Servicio Jurídico del Estado no elude las diferencias entre los dos acuerdos impugnados -el del Gobierno vasco y el de la Mesa de la Cámara-, pero los enlaza en el designio común de favorecer la decisión inconstitucional de encubrir como reforma estatutaria lo que es un proyecto constituyente para Euskadi. La mera admisión a trámite de la impugnación producirá la suspensión del procedimiento parlamentario. Sin embargo, nada hace pensar que la mayoría nacionalista vaya a actuar en este caso de manera distinta a como lo ha hecho con la disolución de Batasuna. La desobediencia a los autos de la Sala Especial del Tribunal Supremo ha sido un anticipo a cuenta del plante al Estado que auspicia Ibarretxe con su propuesta. Si con la posible suspensión a instancia del Constitucional se reprodujera el desacato de la Mesa del Parlamento, entonces este Tribunal tendrá que procurar la ejecución de su decisión, como establece el artículo 92 de su Ley Orgánica. Es decir, tendrá que actuar conforme a la supremacía de la Constitución y del Estado de Derecho.
A partir de ahora comienza un proceso de reacción del Estado, que es inevitable, inaplazable e irreversible. Conlleva riesgos, ciertamente, porque es un proceso a varias bandas y sin antecedentes en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Pero nadie está al margen del compromiso en que se halla el Estado. Esto no es sólo cosa de políticos. También de las instituciones y de la sociedad. El umbral de la discordia obligará a reivindicar, como parte fundamental de la respuesta del Estado de Derecho, el Título Preliminar de la Constitución, que establece la unidad de la Nación española y de la soberanía nacional. La situación provocada por el nacionalismo vasco no admite argumentos de menor envergadura, porque lo que se cuestiona no es un mero reparto de competencias entre el Estado y la Comunidad Autónoma vasca, ni una discusión bizantina sobre modelos de organización territorial. El lendakari Ibarretxe está liderando una demolición pseudolegal de las bases constitucionales de 1978, mediante la derogación de la Constitución en el País Vasco.
En algún momento de su historia, todos los grandes Estados han tenido que afrontar conflictos de definición de sus principios fundacionales. Para España, este es uno de esos momentos y tiene normas para resolverlo e instituciones para aplicarlas. Por eso es tan importante que la actitud política del Estado sea inequívoca en todo momento en contra del plan del lendakari. La claridad de los hechos siempre es mucho más expresiva que la retórica de los discursos.
Pablo Mosquera Mata es presidente de Unidad Alavesa La Razón 14 Noviembre 2003
Me molesta la falta de autonomía de quienes para responder al nacionalismo vasco han de esperar instrucciones de Madrid.
Me molesta la falta de convicción para utilizar el potencial de los derechos forales, que son patrimonio histórico de Álava, y decirle alto y claro al Partido Nacionalista Vasco que no hay tales derechos del pueblo vasco, que ni siquiera sabemos quién es a estas alturas de mestizaje de la humanidad.
Me molesta que siempre tengamos que ir a remolque de la iniciativa nacionalista, cuando deberíamos haber descubierto que las pretensiones del PNV siempre fueron las mismas, una nación vasca y un Estado independiente de España.
Me da envidia la iniciativa de Navarra, que resolvieron el «contencioso» instalando definitivamente al viejo reino, mediante el Amejoramiento Foral, en el Estado Español, al mismo tiempo que mandaban a paseo a los vascos nacionalistas.
Me preocupa que la respuesta al Plan Ibarreche pueda ser la suspensión de la Autonomía mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española que significa un castigo, también para Álava y su Autonomía Foral, que debe descansar en la capacidad de sus Instituciones Forales, al margen de lo que pase en el Parlamento y Gobierno Vasco.
Los alaveses ni tienen por qué sufrir las soflamas y agresiones del nacionalismo, ni tienen por qué soportar que les representen arteramente las Instituciones Comunes controladas por el nacionalismo vasco y enfrentadas a la legalidad del Estado de Derecho.
Me preocupa y me impacienta lo claro que lo tiene Juan José Ibarreche, y lo errática que resulta la respuesta alternativa de PP y PSOE, que sólo de vez en cuando, sacan a relucir la posibilidad de que Álava decida salir fuera de la Euskadi de Arzalluz.
Y sin embargo, ésta es la única solución que puede terminar con la penitencia de los alaveses, que no son nacionalistas, que tienen derechos a ser lo que quieran ser, que están hartos de que sean los batzokis guipuzcoanos y vizcaínos, los que decidan lo que será Álava.
Me da coraje que algunos hayan puesto más entusiasmo en terminar con Unidad Alavesa que decía hace más de diez años, lo que ahora dicen casi todos, que en ganar la batalla al nacionalismo vasco, sin complejos de inferioridad, culpabilidad o legalidad, como si el Estatuto de Autonomía hubiera sido capaz de apaciguar las veleidades independentistas o las tentaciones de eliminar al disidente con las construcción nacional.
Hartos de amenazas
Los pontífices de lo políticamente correcto defendieron la colaboración con el Partido Nacionalista Vasco, pensaron que el problema vasco era cuestión de viajar, cambiar de generación y darles más autonomía. Una vez más erraron y lograron que muchos ciudadanos se tuvieran que marchar hartos de amenazas.
Pues ahora van las diez de últimas de la partida. Por lo tanto, que el diputado general de Álava, su partido, y el otro partido constitucionalista le echen valor y saquen a los alaveses del fango en el que están metidos, por los complejos de antaño.
Para terminar dando ejemplo. Estoy dispuesto a regresar para contribuir a la causa de una Álava libre, comunidad uniprovincial, lejos de la Euskadi terrorista, imperialista y secesionista.
¿SE PUEDE LLAMAR TOTALITARIO AL PLAN IBARRETXE?
QUIZÁ no haya sido políticamente correcto que el ministro de Justicia, con un cierto ensañamiento retórico haya definido al Plan Iberretxe como totalitario cuando presentó ayer las impugnaciones del Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Pero la expresión es técnicamente impecable. Pues por totalitario se entiende, en política, a quien defiende una doctrina que concibe el Poder como un valor absoluto y se caracteriza por eludir las normas básicas del moderno Estado de Derecho, entre otras la separación de poderes. A las claras carencias de Constitucionalidad y a la supuesta existencia de un sujeto constituyente, hay que añadir que el Estatuto mezcla las funciones legislativas que debe ejercer el Parlamento con las ejecutivas que corresponden al Gobierno autonómico y, sobre todo con las judiciales porque crea "ex novo" un Tribunal Superior de Justicia de Euskadi ante el cual se agotan todas las instancias procesales.
Súmese a todo ello que el Estado totalitario, en definición de Max Weber, es el que ejerce un control total de la población y de todas las instituciones mediante la propaganda y la policía; el que, como procedimiento de legitimación, adopta el poder carismático, el liderazgo único, el ritualismo, el mesianismo y el utopismo, y se verá que sí puede llamarse totalitario al Plan Ibarretxe, que crea un Estado asociado y asume competencias que no corresponden a una Comunidad Autónoma. Otra cosa es que un ministro de Justicia no deba emplear un adjetivo de ese calibre en una comparecencia oficial. Porque no hablaba como miembro de un partido político en un mitin electoral sino como responsable de hacer pública una decisión del Ejecutivo, que sólo parcialmente afecta a su ministerio. Por cierto, ¿por qué no nos lo contó el Portavoz del Gobierno? Como según sus propias palabras no nos va a mentir nunca, a él hubiéramos tenido que aceptarle el epíteto.
TOMÁS-RAMÓN FERNÁNDEZ Catedrático de Derecho Administrativo. Univ. Complutense ABC 14 Noviembre 2003
El acuerdo adoptado por el Gobierno vasco el 25 de octubre pasado aprobó una «propuesta de reforma» del Estatuto de Autonomía del País Vasco y su traslado al Parlamento vasco a los efectos previstos en el artículo 46.1.a) de dicho Estatuto, lo que ha dado lugar a una doble reacción impugnatoria: por un lado, de la Diputación Foral de Álava, que ha recurrido dicho acuerdo en la vía jurisdiccional contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y, por otro, del propio Gobierno de España, que ha anunciado igualmente su impugnación ante el Tribunal Constitucional al amparo de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la Constitución.
En ambos casos la reacción está plenamente justificada en cuanto al fondo porque la «propuesta de reforma» del Gobierno del señor Ibarretxe excede con mucho lo que es propio de una reforma estatutaria, ya que reescribe el propio texto de la Constitución en muchos puntos (un centenar en opinión del abogado general del Estado), lo que sólo es posible por el procedimiento previsto en el Título X de la propia Constitución, que es, lógicamente, muy distinto, aunque también permite la iniciativa de las Comunidades autónomas, cuyas Asambleas pueden ejercitarla bien solicitando al Gobierno español la adopción de un proyecto de reforma de la Norma Fundamental o bien remitiendo directamente a la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de Ley en este sentido.
Sobre el alcance de la «propuesta de reforma» aprobada por el Gobierno Ibarretxe no hay la más mínima discusión; sí, en cambio, se han producido opiniones en contra de la viabilidad jurídica de las impugnaciones promovidas, que en algún caso han llegado a ser calificadas -se ve una vez más que la mesura no es nuestro fuerte- de disparatadas e, incluso, ignominiosas.
La postura de los críticos se apoya básicamente en un argumento formal, a saber: que el acuerdo aprobatorio de la «propuesta de reforma» no es una resolución propiamente dicha y es a las resoluciones y no a otro tipo de actos o acuerdos de las Comunidades autónomas a las que se refiere el artículo 161.2 de la Constitución invocado por el Gobierno. Del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Diputación Foral de Álava nada se ha dicho públicamente hasta ahora, pero sobre él se proyecta también el mismo tipo de sombra. Importa, pues, analizar el argumento con serenidad.
En lo que respecta al recurso contencioso-administrativo de la Diputación Foral de Álava, el problema, en mi opinión, dista mucho de serlo realmente. La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998 equipara a efectos impugnatorios las resoluciones y los simples actos de trámite, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o «produzcan indefensión» o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (artículo 25.1).
Está más allá de toda duda que el acuerdo del Gobierno vasco de 25 de octubre produce indefensión al Territorio Histórico de Álava, titular de los derechos que reconoce y ampara la disposición adicional primera de la Constitución, porque se ha adoptado sin oír previamente a las instituciones alavesas, de cuyos derechos la propuesta del Gobierno del señor Ibarretxe, sin embargo, dispone. Basta esta simple consideración para resolver a favor de la admisibilidad del recurso, a la que tampoco podría oponerse hoy la antigua y ominosa excepción de acto político felizmente eliminada por el artículo 2.a) de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según el cual corresponde en todo caso a los Tribunales de dicha jurisdicción la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales (aquí el de audiencia y defensa ya citado), así como el de los elementos reglados (la competencia del órgano siempre lo es) de los actos de los Consejos de Gobierno de las Comunidades autónomas «cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos». Sobra, pues, especular con esa naturaleza.
Si el recurso se admitiera, como a mi juicio procede, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco podría también acordar legítimamente la suspensión de la eficacia del acuerdo recurrido si así lo pidiera la Diputación Foral recurrente, y ello para evitar que el recurso pudiera perder su finalidad legítima (artículo 130.1 de la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa), como inevitablemente la perdería si la propuesta llegara a ser aprobada por el Parlamento vasco, que es a lo que el acuerdo recurrido se endereza.
A la impugnación del acuerdo de 25 de octubre ante el Tribunal Constitucional es trasladable sin mayor dificultad lo que quedó dicho más atrás a propósito de la equiparación entre resoluciones y actos de trámite cualificados. A ello hay que añadir el hecho de que el acuerdo en cuestión, en la medida en que conlleva una reforma constitucional tan indisimulada como indiscutida, adolece de un vicio de nulidad absoluta o de pleno derecho por dos razones inobjetables: la manifiesta incompetencia del Gobierno vasco para abordar una reforma de este porte y la omisión total y absoluta del procedimiento establecido a estos efectos por el Título X y el artículo 87 de la Norma Fundamental. La nulidad de pleno derecho se considera secularmente aquí y fuera de aquí como de «orden público» y por ello susceptible de ser declarada, incluso «ex officio», por los Tribunales, con carácter preferente, además, respecto a cualquier otro pronunciamiento, incluido el relativo a su propia competencia para conocer sobre el fondo del acto del que dicha nulidad se predica.
Es posible que este «Iter» argumental sea calificado por mi ilustre amigo y compañero el profesor Rubio Llorente como una «gotita de ingenio» y un simple «chorrito de audacia», pero para cualquier administrativista español o francés es algo más, mucho más, que eso, porque de ahí, justamente, arranca la formidable construcción del «excés de pouvoir», núcleo de la justicia administrativa que durante más de siglo y medio ha venido siendo el único baluarte y la única garantía frente a los abusos de los gobernantes, gracias al ingenio (más de una «gotita») y a la audacia (más también de un «chorrito») de los que supo hacer gala el «Conseil d´Etat» a comienzos del siglo XIX para sortear el imponente obstáculo que el principio de separación de poderes, formalmente proclamado por la Ley revolucionaria de 16-24 de agosto de 1790, oponía al enjuiciamiento de los actos de la Administración (no tengo competencia para conocer del contenido de acto recurrido, pero sí la tengo para declarar la incompetencia de la autoridad que lo ha adoptado o la infracción por ésta del procedimiento establecido por la Ley y para anularlo por cualquiera de estos motivos).
Un proceso argumental no muy distinto a éste fue también el que permitió al famoso juez Marshall dar vida en 1803 a la propia justicia constitucional, que no hubiera nacido de haber decidido inclinarse ante la también imponente autoridad del Congreso, que era en aquel momento lo «políticamente correcto», la expresión convencional de la ortodoxia al uso.
¿Trucos de leguleyos? Sería, por lo menos, chocante calificar de tales a lo que sin duda son hitos señeros en la Historia Universal del Derecho. Para las situaciones límite, para los casos difíciles, la Ley nunca tiene, «prima facie», una respuesta inequívoca y concluyente por la sencilla razón de que su autor no pudo siquiera adivinar que tales situaciones pudieran llegar a plantearse. Hay, sin embargo, que esforzarse en buscarla sin atrincherarse en la sabiduría convencional y, por supuesto, sin descalificar desde esta base a quien lo intenta.
El Plan Ibarretxe ha formulado un reto y lo ha hecho en términos insoportables que excluyen «ab initio», además, cualquier arreglo dialogado porque, al presentarlo, sus autores han dicho con toda claridad que si las Cortes Generales lo aprueban muy bien, pero que si no lo hacen tanto les da porque están dispuestos a llevarlo hasta el final. Así planteadas las cosas, no puedo criticar en absoluto que la Diputación Foral de Álava y el Gobierno de España apelen a los Tribunales e intenten frenarlo antes de que adquiera una apariencia de legalidad que no haría sino aumentar la confusión y agravar el problema.
El Gobierno elevó ayer al Tribunal Constitucional la anunciada impugnación de los acuerdos por los que el Ejecutivo de Vitoria y la Mesa de la Cámara vasca dieron cauce a la tramitación parlamentaria del 'Estatuto de libre asociación entre Euskadi y el Estado español'. Los argumentos expuestos por el abogado del Estado se basan en la inconstitucionalidad en que incurre dicha iniciativa, tanto por su contenido como por el procedimiento habilitado para su tramitación. Su exposición está demasiado fundamentada como para que el Gobierno de Ibarretxe o la Mesa presidida por Atutxa puedan mantenerse, sin más, a la espera de su admisión a trámite para arremeter contra el Alto Tribunal, si éste accede a la suspensión, o para proclamar la victoria definitiva en caso contrario.
La Constitución y el Estatuto de Autonomía son reformables en todos y cada uno de sus apartados. Pero lo que la propia Carta Magna y el texto de Gernika exigen es que su eventual modificación discurra por los procedimientos establecidos en su respectivo articulado. El Gobierno vasco ha pretendido soslayar dichos procedimientos en un triple sentido: al resistirse a admitir explícitamente la naturaleza inconstitucional de su plan, al optar por una vía anómala para su tramitación y al anunciar que en caso de desacuerdo entre lo que pudiera aprobar el Parlamento vasco y la posición que al respecto mantengan las Cortes Generales la decisión del primero sería sometida a refrendo popular. Se trata de cambiar las reglas del juego para que se adecuen al objetivo pretendido: un cambio de modelo en la relación entre los vascos y entre éstos y el resto de los españoles.
A lo largo de veinticuatro años, el nacionalismo gobernante ha recreado la ficción de que la existencia de la autonomía se basaba en una legitimidad vinculada con el orden constitucional sólo de manera tangencial, concibiendo Constitución y Estatuto como realidades separadas y no dependientes. Por esa razón su decisión de superar el Estatuto le ha llevado a idear una estrategia de desbordamiento de la Constitución con una naturalidad incomprensible para quien desconozca el sustrato cultural en que se fundamenta la política abertzale. El argumento de que nadie puede prohibir el debate político en libertad resulta irreprochable. Pero los presupuestos que establece el nacionalismo -en tanto que sortean y vulneran las previsiones del vigente ordenamiento legal- condicionan de tal forma el debate político que acaban emplazando a la sociedad y al Estado a enfrentarse a una encrucijada rayana en el ultimátum. Los portavoces del Gobierno vasco han tratado de eludir la eventualidad de una resolución contraria a sus intereses por parte del Tribunal Constitucional haciendo gala de su tenacidad o negando que contemplen otro escenario que la no admisión a trámite de la impugnación. Pero el Ejecutivo Ibarretxe y los partidos que lo conforman han de saber que, en el caso de que la impugnación sea admitida, su voluntad democrática se verá sometida a una prueba insoslayable de evaluación: su disposición o no a promover las radicales reformas que entraña el plan Ibarretxe por los cauces establecidos en la Constitución y el Estatuto, aceptando de antemano la suerte que, en virtud de los mismos, pueda correr el pretendido 'estatus de libre asociación'.
La Abogacía del Estado dice que sólo «la totalidad de los españoles puede decidir el futuro del País Vasco»
El escrito presentado ante el TC alega que el Plan secesionista «es un ataque a la soberanía nacional», «quebranta la unidad de España» y se desprecia a una «abrumadora mayoría» Michavila cree que el lendakari aprueba «a sabiendas» un texto ilegal
El Plan Ibarreche vulnera la Constitución, el Estatuto de Autonomía, el Reglamento del Parlamento Vasco y está en contra del proyecto de Constitución Europea. Así lo sostiene la Abogacía del Estado en el escrito de impugnación que presentó ayer ante el Tribunal Constitucional contra la «Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi», en el que se contempla que el País Vasco se convierta en Estado Libre Asociado a España. Más de 50 artículos de ese «Plan» vulneran en un centenar de ocasiones la Carta Magna. Por ello, pide que, «a la mayor brevedad» se admita a trámite su escrito y suspenda tanto el acuerdo del Gobierno Vasco por el que se aprobó la citada «Propuesta» como su tramitación en el Parlamento autónomo.
«El recurso es la primera respuesta democrática a un plan totalitario». Con esta frase resumió el ministro de Justicia, José María Michavila, el espíritu del Gobierno al presentarse por la Abogacía del Estado el escrito de impugnación contra el «plan Ibarreche». Sin embargo, no se descarta «cualquier otra iniciativa» si el Gobierno vasco persiste en su intención. «El Estado de Derecho se ha puesto en marcha para garantizar la libertad en toda España, y en el País Vasco, y hay mecanismos eficaces para terminar poniendo a cada uno en su sitio», afirmó el titular de Justicia.
A lo largo de 46 folios, la Abogacía del Estado va desgranando las más de cien vulneraciones de la Constitución que se contempla en el contenido del «plan Ibarreche», en el que, según se afirma en el escrito de impugnación, también se ha violado el propio Estatuto de Autonomía y el Reglamento del Parlamento Vasco. Los servicios jurídicos del Estado concluyen que el Gobierno vasco ha querido aprobar una «Propuesta» que es «deliberadamente infractora de la Constitución» y que la Mesa del Parlamento la admitió a trámite «a sabiendas de su inconstitucionalidad. La disposición recurrida, añade el escrito de impugnación, supone una «voluntad consciente, deliberada y tenaz de ruptura constitucional, que representa una manifiesta agresión contra la Constitución».
Ataque a la Soberanía. La Abogacía del Estado sostiene que el acuerdo del Gobierno vasco por el que se aprobó el «Plan Ibarreche» representa un «ataque deliberado al fundamento último y esencial de la Constitución, la soberanía del pueblo español, de quien emanan todos los poderes del Estado y, por ello, también los poderes autonómicos».
En este sentido, los Servicios Jurídicos del Estado ponen de relieve, por contra, que la «Propuesta» aprobada «pretende asentarse en la decisión soberana del pueblo de los tres territorios ¬Álava, Guipúzcoa y Vizcaya¬ que componen la comunidad autónoma del País Vasco».
Competencias del Estado. Los acuerdos tanto del Gobierno vasco como de la Mesa del Parlamento «son todos ellos ajenos al orden constitucional de distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas», según afirma el Abogado del Estado». Ambos órganos autonómicos han ejercitado sus competencias ¬iniciativa de reforma estatutaria, calificación y admisión¬ «infringiendo la Constitución y el Estatuto de Autonomía».
En este punto, se destaca que, en realidad, lo que pretende el Gobierno vasco es una reforma de la Constitución, para lo cual no ha seguido ni lo dispuesto en la propia Carta Magna ni en su Estatuto de Autonomía, donde se contempla que esa iniciativa corresponde al Parlamento Vasco.
Autodeterminación. El escrito presentado ante el TC realiza también un análisis respecto al derecho de autodeterminación recogido en el preámbulo del «Plan Ibarreche». Aquí, la Abogacía del Estado destaca que lo que se denomina «Pueblo Vasco» no puede concebirse «como sujeto del derecho de autodeterminación. Ni el Pueblo Vasco puede concebirse como pueblo de un territorio no autónomo de condición jurídica separada, ni, por otro lado, el derecho de libre autodeterminación puede ser aceptado como vía para quebrantar la unidad nacional o menoscabar la integridad territorial de dos Estados miembros de la ONU y de la UE», España y Francia.
El escrito de impugnación añade que «el derecho de autodeterminación de los pueblos no permite legitimar secesiones» y no ampara que una minoría del pueblo de un Estado «se arrogue el derecho» de imponer cambios constitucionales a la «abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como si para nada hubiera de contar».
Prestidigitación conceptual. En relación con lo anterior, la Abogacía pone de manifiesto la contradicción existente con que ese derecho lo invoque sólo tres de los siete «territorios» que, según se alude en el «Plan» integran el País Vasco. «No se ve quién podría invocar ante las Naciones Unidas la legítima representación del Pueblo Vasco de los siete territorios.....Luego, si el Pueblo Vasco se asienta en dos Estados, el ejercicio de este derecho colectivo deberá hacerse frente a ambos». Lo contenido al respecto en la «Propuesta» supone una «abrupta quiebra lógica, casi prestidigitación conceptual».
Referéndum. Los artículos del «Plan» en los que se alude al «derecho de libre decisión de los ciudadanos y ciudadanas vascas» es incompatible con la Constitución, ya que, «en cuanto pueden ser referidos a decisiones políticas de especial trascendencias para todos, sólo pueden ser sometidas a referéndum ¬ consultivo¬ de todos los ciudadanos españoles, convocados por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno autorizada por el Congreso».
Doble nacionalidad. El «Plan Ibarreche» vulnera el principio de nacionalidad única para todos los españoles. Admitir la doble nacionalidad, vasca y española, vulnera la Constitución. La doble nacionalidad, afirma la Abogacía, pasa por concertar un tratado internacional, «pero nunca atribuirlo a los ciudadanos de una comunidad autónoma española».
Vulneración del Estatuto. La aprobación del «Plan Ibarreche» vulnera el Estatuto de Autonomía porque éste no permite al Gobierno vasco «elaborar un texto que parte del poder constituyente del Pueblo Vasco en completa contradicción con la Constitución».
No se excluye el debate. La Abogacía del Estado destaca que «no hay proyecto político que esté de antemano excluido y, desde luego, no lo está el que ha querido plasmarse en la Propuesta...Lo que aquí se viene a reprochar al Gobierno vasco es que haya comenzado haciendo mal lo que desde el principio podía haber hecho bien...proponiendo al Parlamento Vasco que activara la reforma de la Constitución para hacerla compatible con el contenido de la Propuesta» del Ejecutivo vasco.
Justifica sus pretensiones territoriales sobre Agüera en un deslinde de 1852 que confirmó otro del siglo XVI
El Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya han reclamado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que la población cántabra de Agüera, dependiente del municipio de Guriezo, sea declarado territorio del País Vasco. El Ejecutivo de Juan José Ibarreche justifica sus pretensiones territoriales, frente al criterio del Ministerio de Administraciones Públicas y del Instituto Geográfico Nacional, en un deslinde realizado en 1852, que confirmó otro del siglo XVI. Se trata de una extensión de terreno de unas 20 hectáreas que está en litigio desde hace siglos.
El Gobierno vasco y la Diputación de Vizcaya han reclamado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional la anexión de la villa cántabra de Agüera, de una extensión de unas 20 hectáreas y dependiente del municipio de Guriezo, que cuenta con unos 1.700 habitantes.
La localidad ha sido objeto de disputas desde hace siglos, pero el Ministerio de Administraciones Públicas, tras el proceso correspondiente y los informes favorables del Consejo de Estado y del Instituto Geográfico Nacional (IGN), resolvió finalmente hace unos meses que Agüera formase parte de Cantabria.
De este modo, aprovechando que tal decisión administrativa habría un nuevo cauce legal, los nacionalistas han planteado ante la Justicia sus pretensiones territoriales. Esto ocurre tras los intentos de situar a Agüera en el País Vasco por la vía de los hechos. Baste recordar que el Gobierno vasco colocó en 1996 carteles geográficos en pleno casco de Agüera con la leyenda «Euskadi, Bizkaia».
«Abusos» de los vizcaínos
El litigio sobre estas tierras se remonta al siglo XVI. Según recuerda la orden ministerial que ha provocado el recurso del Ejecutivo vasco, en 1532 se realizó un primer deslinde de tierras «a causa de los abusos que, al parecer, cometían los vecinos de Trucíos (Vizcaya) y de la incapacidad de ejecutar las penas impuestas a estos abusos en razón a que pertenecían a distinta jurisdicción (eran vizcaínos)». La división de España en provincias, en noviembre de 1833, abrió de nuevo la posibilidad de plantear las pretensiones territoriales. Vizcaya reclamó incorporar la «villa de Agüera» al municipio de Trucíos, pero una Real Orden de 1855, que respondía a un recurso en contra de una resolución de 1852, lo denegó: «La Reina, oído el Supremo Tribunal Contencioso-Administrativo, de acuerdo con el mismo se ha servido resolver denegando la agregación de la villa de Agüera a la provincia de Vizcaya, y que para evitar repetición de los disturbios, tantas veces ocurridos, se entiende que las casas que, aunque enclavadas en el término de Turtzioz forman parte del casco de Agüera, pertenecen a éste último para todos los derechos jurisdiccionales y municipales y como tal corresponden al Ayuntamiento de Sámano», que en la actualidad es Guriezo.
Así, la línea «fronteriza» atravesaba el casco de Agüera, circunstancia que los vizcaínos aceptaron. A los largo del siglo pasado continuaron los pleitos, pero nunca se llegó a un acuerdo. En 1988, el IGN concluyó que la línea límite es la correspondiente al deslinde de 1552, ratificado en 1852, «con la salvedad de dejar el casco urbano de Agüera dentro del término municipal de Guriezo (Cantabria)», hecho que el Gobierno vasco se niega a reconocer. Por último, el Consejo de Estado concluyó que «el casco de Agüera está situado en su totalidad en el término municipal de Guriezo». Por su parte, el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Guriezo no están de acuerdo con el deslinde definitivo y han recurrido, pero sus pretensiones afectan a otra zona montañosa próxima a Agüera.
Los magistrados de lo contencioso de la Audiencia Nacional tienen, por ahora, la última palabra.
Lo ha anunciado Gotzone Mora, presidenta de la Plataforma Profesores por la Libertad, tras recibir la noticia "esta misma semana por el Ministerio". Los presos etarras no podrán matricularse a partir del próximo curso en la Universidad pública vasca. Los que quieran cursar estudios universitarios tendrán que hacerlo a través de la UNED. En el curso 2003-2004 se matricularon en la UPV 315 reclusos etarras, 90 de ellos en las Facultades de Ciencias de la Información, Sociología y Política, según Mora "donde saben que tienen apoyos".
La profesora, que acudió a Granada para participar en una mesa redonda sobre terrorismo y su entorno político organizada por la Asociación Víctimas del Terrorismo, expresó su satisfacción por la medida que, apuntó, le fue comunicada "esta misma semana por el Ministerio" y acabará con los "privilegios" de los que gozaban hasta ahora los presos de ETA.
Este anuncio se produce después de que, en mayo, el Consejo de Ministros aprobara la remisión a las Cortes del proyecto de Ley que modifica el artículo 56 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, de 26 de septiembre de 1979, por el que se establecen nuevos criterios para el acceso de los reclusos a la enseñanza superior. Este curso se han matriculado en la UPV 315 etarras recluidos en prisiones españolas y francesas, de los que 90 están inscritos en la Facultad de Ciencias de la Información, Sociología y Ciencias Políticas, "donde saben que tienen apoyos", dijo Mora.
La también miembro del Foro de Ermua y concejal por el PSOE en el Ayuntamiento de Getxo (Vizcaya) destacó que la prohibición de que los presos etarras se matriculen en la UPV acabará con la situación vivida por los profesores "que durante muchas décadas hemos pagado el impuesto revolucionario a ETA regalando, sin examinarse y sin tener ninguna prueba, carreras universitarias a sus presos". Añadió que también se pondrá fin a que los etarras, cuando salían de la cárcel, se insertaran en el mercado laboral "en mejores condiciones que cualquiera de los alumnos brillantes que teníamos en la Universidad".
Mora apuntó que los presos que quieran estudiar se tendrán que matricular en la UNED que, en su opinión, "es el sitio donde verdaderamente se les proporciona el derecho a la educación a la vez que se les exige, como a cualquier alumno, pasar por una serie de requisitos por los que no han pasado nunca para obtener un título". Recordó que ETA utilizaba "muchas veces" a los tutores que acudían a la cárcel a visitar a los presos "para trasladar a éstos sus mensajes".
Por su parte, el escritor y miembro fundador del Foro de Ermua Iñaki Ezkerra se refirió a los "abucheos" que recibió el lehendakari Juan José Ibarretxe en su conferencia en Granada y dijo que, a diferencia de los amenazados por ETA, "él sabía que aquí no le iba a matar nadie y que nadie iba a defender ese abucheo".
Ezkerra, que participará esta tarde en la mesa redonda organizada bajo el título "El terror cotidiano en el País Vasco", criticó a los políticos defensores del Plan Ibarretxe, que, en su opinión, sólo intentan aprovechar la situación de debilidad y desventaja del resto de los partidos para llevar a cabo su chantaje e imponer su objetivo independentista".
MADRID. Desde hoy, el Tribunal Constitucional tiene ante sí la comprometida y delicada tarea de resolver la impugnación presentada por el Gobierno contra el plan Ibarretxe. Sea cual sea la decisión final, fuentes próximas al TC esperan que ésta se tome por unanimidad, sin fisuras entre los magistrados, lo que evidenciaría la inviabilidad del proyecto soberanista del lendakari.Pero, ¿qué puede suceder a partir de ahora?
Admisión o inadmisión a trámite
Lo primero que el Tribunal tiene que resolver es el llamado trámite previo, es decir, si admite o no a trámite el recurso. O, lo que es lo mismo, decidir si entrará a estudiar el fondo de la cuestión que se le plantea. Pueden ocurrir tres cosas: que se inadmita, que se admita parcialmente o que se admita en su totalidad.
La inadmisión podría producirse, básicamente, por dos motivos: bien porque no hay cuestión de inconstitucionalidad y, en consecuencia, no se aprecia vulneración alguna de la Constitución, bien porque el recurso es prematuro. En este segundo caso se recomendaría su interposición más adelante, en otro momento más avanzado de la tramitación parlamentaria del plan Ibarretxe.
En cuanto a la admisión a trámite, ésta podría ser parcial (sólo para uno de los acuerdos recurridos) o total (ambos acuerdos, tanto el adoptado por el Gobierno vasco el 25 de octubre como el de la Mesa del Parlamento autonómico con fecha 4 de noviembre).
La admisión a trámite de la impugnación, ya sea parcial o total, conlleva la automática suspensión de la tramitación del proyecto de Ibarretxe, lo que supondría su paralización en el Parlamento vasco hasta que el Constitucional dicte sentencia. La suspensión se acuerda por un plazo inicial de cinco meses revisable por el propio Tribunal.
¿Cuándo puede resolver el TC?
No hay un plazo prefijado para que el TC decida. La voluntad del presidente, Manuel Jiménez de Parga, pasa por haber resuelto antes de fin de año el trámite previo. Es decir, saber si se admite o no a trámite el recurso. A partir de ese momento, y en el caso de ser admitido a trámite, el tiempo que lleve el estudio del recurso, las deliberaciones y la elaboración de la sentencia es una incógnita que depende en gran medida del grado de acuerdo que haya en el Tribunal.
Desobediencia del Parlamento vasco
¿Y si, admitido a trámite el recurso, la Cámara autonómica hace oídos sordos y celebra el debate negándose a suspender la tramitación, tal y como ha ocurrido con la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak (heredera de la ilegalizada Batasuna) ordenada reiteradamente por el Supremo? «Sería una situación desagradable y no deseable», definen gráficamente las fuentes antes citadas. «Y sería la primera vez que el Tribunal Constitucional se enfrentara a una situación así», añaden.
Ante una actitud de «resistencia» del Parlamento vasco, el TC podría poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía por si fueran constitutivos de un delito de desobediencia. Nada más, pues no es imaginable impedir por la fuerza el desarrollo de un debate parlamentario. De persistir la desobediencia, «la pelota estaría en el tejado del Gobierno», aseguran las mismas fuentes en referencia a la posibilidad que la Constitución da al Ejecutivo de iniciar los trámites para suspender la Autonomía (artículo 155).
Recalificación por la Mesa
Una de circunstancias que podría producirse es la posibilidad de que la Mesa del Parlamento vasco recalifique el proyecto, lo que dejaría sin efecto la parte del recurso del Gobierno que se refiere, precisamente, al acuerdo de calificación adoptado el pasado 4 de noviembre.
La Mesa, a petición del Grupo socialista, ha suspendido la tramitación del plan Ibarretxe hasta el próximo día 25, fecha en la que este órgano decidirá si recalifica o no el proyecto. La decisión se produce como consecuencia del «escrito de reconsideración» que el Grupo socialista presentó el miércoles ante la Mesa, escrito en el que sostiene que el Gobierno vasco no ha remitido al Parlamento toda la documentación necesaria para afrontar el debate sobre el plan Ibarretxe. En consecuencia, los socialistas solicitaban la suspensión de la tramitación.
También el Grupo Popular ha presentado un escrito de reconsideración. El PP, sin embargo, plantea una cuestión de fondo -no de forma como los socialistas-, referida a que el plan Ibarretxe esconde una reforma de la Constitución bajo la apariencia de una reforma estatutaria.
MADRID. Algunos de los argumentos del recurso son los siguientes:
Graves violaciones. «Ninguno de los dos acuerdos impugnados destaca por la voluntad de ser claro (...). La propuesta \ se caracteriza por sus numerosas y graves violaciones de la Constitución. Tan numerosas y tan graves que la incompatibilidad de este texto con la Constitución no puede haber pasado inadvertida para el Gobierno vasco, que aprobó la propuesta, ni para la Mesa que la ha admitido a trámite y que estaba obligada a no tramitar un texto tan diafanamente inconstitucional. (...) El Gobierno vasco ha querido aprobar una propuesta deliberadamente infractora de la Constitución y la Mesa la ha admitido a trámite a sabiendas de su clamorosa inconstitucionalidad».
Soberanía nacional. «La propuesta \ parte de que el conjunto del pueblo de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya posee el atributo de «soberano», que la Constitución atribuye sólo y únicamente al pueblo español, del que -claro es- forman parte, desde el momento mismo en que cabe hablar de pueblo español, los alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos». (...) «El acuerdo del Gobierno vasco no lesiona la cláusula constitucional de soberanía nacional por inadvertencia o error, sino que ha sido tomada con la deliberada voluntad, cuando menos, de hacer caso omiso de ella, como si no rigiera en el País Vasco».
Error desde la base. «El Gobierno no pretende ahora lograr la invalidación de un texto legal, perfecto, promulgado y publicado. Ni siquiera se pretende la invalidación de la propuesta como tal, sino de dos resoluciones que la incorporan y por vicios específicos reprochados a las propias resoluciones. (...) Sólo pretendemos establecer la premisa necesaria para razonar que ambos órganos autonómicos han ejercitado sus respectivas competencias (iniciativa de reforma estatutaria, calificación y admisión) infringiendo la Constitución y el Estatuto».
Autodeterminación. «El derecho de libre autodeterminación no puede ser aceptado como vía para quebrantar la unidad nacional o menoscabar la integridad territorial de dos Estados miembros de la ONU y de la UE como España y Francia». (...) «El derecho de autodeterminación de los pueblos no puede legitimar secesiones y, desde luego, no ampara que una minoría del pueblo de un Estado se arrogue el derecho de imponer cambios constitucionales extensos y hondos a la abrumadora mayoría de ese mismo pueblo, mayoría a la que se desprecia como si para nada hubiera de contar».
SÓLO UNO DE LOS SIETE DEL PP NO TRABAJA GRATIS
El PP ha denunciado que los alcaldes de la coalición PNV/EA de Álava se han puesto sueldos en el entorno de los treinta mil euros anuales, mientras que de los siete alcaldes del PP de los pueblos alaveses, sólo cobra uno, y el resto trabajan gratis.
El secretario general del PP de Alava, Iñaki Oyarzabal, y el de organización, Iñaki Ortega, presentaron este jueves un informe que ha realizado su partido, en el que se recoge que treinta de los cuarenta alcaldes nacionalistas cobran ya sueldos del ayuntamiento, contraviniendo así la tradición alavesa de que los ediles no perciben salarios, sólo dietas.
Según Oyarzabal, el PNV intenta con estos sueldos "organizar una red de liberados que actúen como caciques, controlando el voto en el medio rural", para luego proceder a intentar cambiar la ley de elecciones a las Juntas Generales, de manera que el voto de los pueblos valga más que el voto de Vitoria. Según los datos del PP, los sueldos de los municipios más poblados en los que gobiernan PNV o EA son los siguientes: en Llodio, del PNV, con 19.026 habitantes, el alcalde cobra 50.484 euros anuales; Amurrio, EA, 9.594 habitantes, 59.668 euros; Salvatierra, EA, 4.045 habitantes, 35.185 euros; Ayala, PNV, 2.157 habitantes, 42.000 euros.
Otros municipios nacionalistas que tienen menos de 1.600 habitantes y con sueldos para los alcaldes son los siguientes: Alegría, EA, 33.678 euros; Arceniega, PNV, 56.254 euros; Asparrena, EA, 30.050 euros; Cigoitia, PNV, 24.304 euros. Según el PP, además de los citados, hasta treinta de los cuarenta alcaldes nacionalistas que hay en Alava se han puesto sueldos, con la idea de que lleguen a cobrar todos en torno a 30.000 euros. Por contra, de los siete alcaldes del PP en pueblos de Álava, sólo uno, Ignacio Gil, de Labastida, cobra 14.588 euros anuales. El resto, incluido el de Oyón, que tiene 2.488 habitantes, o el Laguardia, no perciben sueldos, sólo las dietas. "Los alcaldes del PP trabajan escoltados y sin sueldo, mientras que los del PNV se ponen cinco millones (de pesetas), concluyó Oyarzabal.
El principal grupo terrorista corso, FLNC-UC, anunció este viernes una tregua para acompañar el proceso de unión política de los movimientos nacionalistas de cara a las elecciones regionales de marzo próximo. En una rueda de prensa clandestina, los terroristas. La noche de este jueves, el coche personal de un gendarme resultó dañado en un atentado con explosivos en Morta, al norte de la isla. No hubo heridos.
El Frente de Liberación Nacional de Córcega-Unión de los Combatientes (FLNC-UC) anunció la "suspensión" desde de sus "acciones militares, sin condiciones de tiempo ni de lugar", en una rueda de prensa clandestina, celebrada durante la noche en una zona montañosa de la isla mediterránea.
"Somos conscientes hoy de que nuestro deber es crear las condiciones definitivas de la unión estratégica nacional", declaró un militante del FLNC-UC, que estaba acompañado por una veintena de activistas, fuertemente armados y encapuchados. Afirmó que el grupo espera ahora que "el movimiento nacional unido, y esto no es una exigencia, libre en el terreno luchas públicas, todos los combates vitales para la emancipación" corsa.
Con el anuncio de la tregua, el grupo terrorista ha respondido a la petición lanzada el pasado lunes por los dos principales movimientos nacionalistas de Córcega, "Corsica Nazione e Indipendenza". Sendos movimientos habían pedido al FLNC una "importante iniciativa" para permitir la unión de las fuerzas políticas nacionalistas para las elecciones de marzo pasado.

References: artículo 76
 artículo 92
 artículo 155
 artículo 46
 artículo 161
 resolución 
 artículo 161
 artículo 2
 artículo 87
 resolución 
 resolución 
 artículo 56