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Timestamp: 2018-06-23 18:09:37+00:00

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Comisión interamericana de derechos humanos - Página 35
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480. En los artículos 17 y 18 de la Ley General de Libre Acceso a la Información, se ha establecido el tipo de información que puede ser clasificada481. A su turno, el artículo 23 del Reglamento indica que las máximas autoridades ejecutivas de cada uno de las dependencias mencionadas en la Ley “serán las responsables de clasificar la información que elabore, posea, guarde o administre dicho organismo, institución o entidad a su cargo, así como de denegar el acceso a la información”482.
La misma Ley establece reservas en virtud de “intereses públicos preponderantes” e “intereses privados preponderantes”483. El artículo 17 incluye dentro de los primeros toda información vinculada con la defensa o la seguridad del Estado que hubiera sido clasificada como “reservada”; la información cuya entrega pueda afectar el éxito de una medida de carácter público o el funcionamiento del sistema bancario o financiero; cuando su entrega pudiera afectar la estrategia procesal preparada por la administración en el trámite de una causa judicial; la información clasificada como “secreta” en resguardo de estrategias y proyectos científicos, tecnológicos, de comunicaciones, industriales, comerciales o financieros; aquella que pueda lesionar el principio de igualdad entre los oferentes en una contratación estatal; cuando se trate de informaciones referidas a consejos, recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso deliberativo y consultivo previo a la toma de una decisión de gobierno; cuando se trate de secretos comerciales, industriales, científicos o técnicos; la información sujeta al secreto impuesto por leyes o decisiones judiciales o administrativas en casos particulares; y aquella información cuya divulgación pudiera afectar el derecho a la intimidad de las personas, poner en riesgo su vida o su seguridad, o amenazar la seguridad pública, el medio ambiente y el interés público en general484. Por su parte, el artículo 18 considera como “intereses privados preponderantes” que justifican la denegatoria de información, aquellos relacionados con datos personales cuya publicidad pudiera significar una invasión de la privacidad, y la propiedad intelectual. Como ya fue advertido al estudiar disposiciones similares, algunas de las causales enunciadas presentan una notable amplitud. Por ello, mientras no se establezcan parámetros legislativos más precisos, corresponderá a las autoridades de aplicación concretar dichas causales en reglas claras y precisar y justificar de manera suficiente la aplicación.
Cuando una institución clasifica como reservada una información determinada con base en lo establecido en los artículos 17 y 18 de la Ley está obligada a motivar su decisión y a indicar, según el artículo 29 del Reglamento de la Ley, lo siguiente: “a) El nombre y cargo de quien clasifica la información; b) El organismo, institución, entidad y/u otra fuente que produjo la información; c) Las fechas o eventos establecidos para el acceso público, o la fecha correspondiente a los 5 años de la clasificación original; d) Los fundamentos de la clasificación; e) En caso de corresponder, la partes de información que se clasifican como reservadas y aquellas que están disponibles para el acceso público. Las partes de la información que no hayan clasificado como reservadas serán consideradas como información pública a la que tendrán acceso las personas que así lo soliciten. f) La designación de la autoridad responsable de su conservación”485.
La Ley establece un período de reserva máximo de 5 años, pero da lugar a que dicho período sea alterado por legislación especial. En efecto, el artículo 21 de la Ley establece que “[c]uando no se disponga otra cosa en las leyes específicas de regulación en materias reservadas, se considerará que el término de reserva legal [...] es de cinco años. Vencido este plazo, el ciudadano tiene derecho a acceder a estas informaciones y la autoridad o instancia correspondientes estará en la obligación de proveer los medios para expedir las copias pertinentes”486.
En El Salvador, la Ley de Acceso establece el principio de máxima divulgación como uno de los criterios que rige su interpretación y aplicación. De acuerdo con este principio, “la información en poder de los entes obligados es pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley”487. El artículo 19 de la Ley establece como informaciones reservadas los planes militares y las negociaciones políticas secretos; las que perjudiquen o pongan en riesgo la defensa nacional y la seguridad pública; las que dañen las relaciones diplomáticas; las que pongan en peligro evidente la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona; las que se refieran al proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta cuando no sea adoptada la decisión definitiva; la que cause perjuicio serio en la prevención, investigación o persecución de los delitos, o a la administración de justicia o a la verificación del cumplimiento de las leyes; las que comprometan las estrategias y funciones estatales en procedimientos judiciales o administrativos en curso; y las que puedan generar una ventaja indebida a una persona en perjuicio de un tercero488.
Para que una información pueda ser clasificada como reservada conforme a la Ley de Acceso de El Salvador, el ente obligado deberá expedir una resolución en la que motive su decisión. El artículo 21 establece que en el acto administrativo deberá exponerse que la información se ajusta a las causales de excepción contempladas en el artículo 19, que su divulgación puede amenazar el interés jurídico protegido por la norma sobre las reservas y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público por darla a conocer489. Por lo demás, de acuerdo con el artículo 22, las Unidades de Acceso a la Información Pública de los diferentes entes obligados deben elaborar semestralmente un índice de la información clasificada como reservada490. El Instituto de Acceso a la Información llevará un registro centralizado de los índices de información reservada, el cual podrá ser consultado por el público491.
Es importante mencionar que el inciso final del artículo 19 dispone que no podrá invocarse el carácter de reservado “cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de trascendencia internacional”492. Al mismo tiempo, es necesario resaltar que el artículo 110 de la Ley de Acceso establece que sus normas se aplicarán a toda la información que se encuentra en manos de los entes obligados, con lo cual se derogan las normas existentes en otras leyes que la contraríen493. Sin embargo, el mismo artículo relaciona una amplia lista de preceptos que continúan rigiendo, independientemente de su contenido.
El artículo 24 de la Ley regula la información confidencial. Allí se clasifica como tal la “referente al derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen”, así como los archivos médicos; “[l]a entregada con tal carácter a los entes obligados”; los datos personales cuya divulgación requiere del consentimiento de las personas; y “[l]os secretos profesional, comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal”494.
Finalmente, el artículo 20 dispone que la información que ha sido clasificada como reservada de acuerdo con lo establecido en el Art. 19 conservará tal calidad por un período máximo de siete años, si bien la información puede ser desclasificada antes del vencimiento de este término cuando se extingan las causas que dieron origen a la reserva495. El artículo establece también que el Instituto de Acceso a la Información podrá extender el período de reserva hasta por cinco años más, siempre que así lo soliciten los entes obligados y que se pueda justificar que todavía subsisten las causas que dieron origen a la clasificación496. En el caso de las causales de reserva relacionadas con los planes militares y las negociaciones políticas secretos, y con las informaciones que puedan perjudicar la defensa nacional y la seguridad pública, pueden darse prórrogas adicionales, bajo la condición de que el ente obligado justifique debidamente la necesidad de continuar con la reserva497.
En Jamaica, la Ley de Acceso a la Información reconoce el derecho de toda persona de acceder a los documentos oficiales, salvo aquellos que han sido declarados como reservados. La Ley establece el acceso a la información como la regla y el secreto como la excepción. El capítulo III de la ley establece los documentos exentos de publicidad, entre los que se incluyen: aquellos que pudieran afectar la seguridad o defensa nacional o las relaciones internacionales; los creados para consideración del Gabinete; los relacionados con la aplicación de la ley, cuya publicidad pudiera poner en peligro la vida o la seguridad de las personas; los documentos que tengan reserva legal en virtud del secreto profesional; la información que podría perjudicar sustancialmente la economía del país si se hiciera pública prematuramente; documentos que revelen el proceso deliberativo del gobierno; información relativa a secretos comerciales; información que pueda dar lugar a la destrucción, daño o interferencia en la conservación de lugares históricos o arqueológicos; y los documentos que contengan información que afecte la privacidad personal498. Al igual que en otros casos ya referidos, algunas de estas excepciones contienen formulaciones amplias y generales y, por lo tanto, mientras no se adopten mayores precisiones legislativas corresponderá a la autoridad de aplicación la tarea de definir el alcance de las mismas de conformidad con la Constitución y los estándares internacionales en la materia.
En Jamaica, la autoridad que niegue el acceso a la información porque considera que se ajusta a una de las causales de reserva establecidas por la ley, deberá expresar mediante escrito dicha situación, aclarando cuáles documentos o qué partes de un documento se declaran como clasificados y las razones que motivan dicha decisión. La sección 30 de la Ley de Acceso a la Información establece un procedimiento interno de revisión para aquellos casos en los que se niegue total o parcialmente el acceso a un documento, se posponga el acceso al mismo, o se cobre para poder acceder a él499.
Por su parte, la sección 6 (2) de la ley establece un plazo de reserva de los documentos, al especificar que: “[l]a reserva de un documento oficial o de parte de él no aplicará después de que el documento haya estado en existencia por veinte años”500. Este período podrá ser reducido o extendido por orden del Ministro, sujeta a la aprobación del Parlamento501.
En Antigua y Barbuda, la legislación establece el acceso a la información como principio general. La ley contempla un capítulo cerrado de excepciones, las cuales son las únicas admisibles para denegar el acceso a solicitudes de información. En cualquier caso, la sección 24 ordena que cuando se trate de aplicar dichas excepciones se deberá ponderar entre el interés o derecho que se protege al denegar el acceso a la información y el interés público de darla a conocer502.
Los tipos de información que pueden ser restringidos por parte de las autoridades públicas tienen que ver con las siguientes cuestiones: información personal, a menos que la persona involucrada lo autorice; información que esté cubierta por una reserva legal, como el secreto profesional entre el abogado y su cliente; información reservada referente a secretos comerciales o a información confidencialmente obtenida de otro Estado; información que pudiera poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de una persona; información sensible referente a la administración de justicia y a la prevención del crimen; información que pudiera poner en serio riesgo la defensa y seguridad nacional; información que pudiera causar un perjuicio considerable a la economía o las relaciones comerciales del país o el medio ambiente; y información relativa a las deliberaciones del gabinete o a asuntos gubernamentales que todavía no han sido definidos503.
La sección 34 de la ley prevé que la información relacionada con las secciones 27 a 32 podrá estar exenta de divulgación en tanto subsista el peligro de que ocurra el daño que se pretende evitar504. Por su parte, la información referente a las secciones 28(c), 30, 31 y 32 no podrá estar reservada por un período que supere los treinta años, término que podrá reducirse o extenderse por decisión del ministro, bien sea de manera general o en relación con un tipo específico de información.
En el caso de Canadá, la Ley de Acceso a la Información contiene un capítulo específico de excepciones. De acuerdo con el artículo 13(1), las instituciones gubernamentales deberán negarse a divulgar documentos que contengan información obtenida confidencialmente a través de un Estado extranjero, una organización internacional, un gobierno o institución provincial, un gobierno o institución municipal o regional, o un gobierno aborigen505.
El artículo 14 de la Ley establece que “el titular de la institución gubernamental puede negar la divulgación de cualquier documento que contenga información cuya divulgación podría, presumiblemente, ser perjudicial para la conducción por parte del gobierno de Canadá de los asuntos entre la Federación y las provincias”506. El artículo 15 establece las limitaciones al acceso a los documentos que pudieran ser perjudiciales para la conducción de los asuntos internacionales, la defensa de Canadá o de cualquier Estado aliado o asociado con Canadá, o la detección, prevención o supresión de actividades subversivas u hostiles507.
El artículo 16 fija limitaciones al acceso a la información relacionada con la investigación criminal y las actividades bajo sospecha de constituir una amenaza a la seguridad de Canadá dentro de lo que se define en la Ley del Servicio de Inteligencia de Seguridad Canadiense, si el documento se generó dentro de los veinte años anteriores a la presentación de la solicitud508. El mismo artículo se refiere a las limitaciones al acceso a “la información que razonablemente se podría esperar que facilitara la comisión de un delito” y “a la información obtenida o preparada por la Policía Montada Real Canadiense en el desempeño de sus servicios policíacos”509. El artículo 17 impone la obligación de negar el acceso a la “información cuya divulgación pudiera amenazar la seguridad de los individuos”510.
Por su parte, el artículo 10 de la Ley establece que cuando el titular de una institución gubernamental se niegue a dar acceso a los documentos solicitados, deberá manifestar en la notificación entregada al peticionario que el documento no existe o informarle en cuál disposición de la Ley se basa la negativa. Además deberá comunicarle al solicitante que tiene el derecho de presentar una queja ante el Comisionado de la Información511.
Finalmente, el artículo 25 establece que el titular de una institución gubernamental debe conceder el acceso a los apartes de los documentos reservados que no contengan información clasificada512.
En los Estados Unidos de América, el apartado (b) de la FOIA admite nueve excepciones al acceso a la información, a saber: 1) asuntos “específicamente autorizados bajo criterios establecidos por decreto ejecutivo a mantenerse secretos en el interés de la seguridad nacional o las relaciones internacionales”513 y clasificados como tal de hecho conforme a un decreto ejecutivo; 2) reglamentación interna de los organismos gubernamentales; 3) excepciones contempladas en otras leyes514; 4) secretos comerciales; 5) memorandos internos o entre organismos gubernamentales; 6) datos personales (intimidad); 7) cierta información recopilada con el propósito de asegurar el cumplimiento de la ley; 8) información referente a la regulación o supervisión de instituciones financieras; y 9) datos geológicos sobre pozos515.
De manera complementaria, el Decreto 13526 - Información de Seguridad Nacional Clasificada, - expedido el 29 de diciembre de 2009516, establece un sistema uniforme para la clasificación, salvaguarda y desclasificación de la información sobre seguridad nacional517. Dicha normatividad detalla los procedimientos y principios que rigen la clasificación de la información, incluyendo estándares, niveles, funcionarios autorizados, categorías, duración, identificación y marcas, prohibiciones y limitaciones, y retos518. También se determinan las reglas para desclasificar información y/o bajarla de categoría de clasificación, aclarando quién tiene la autoridad para hacerlo y otros aspectos como la desclasificación automática y las revisiones para la desclasificación sistemática519.
En la parte 3, sección 3.1 del Decreto 13526 - Información de Seguridad Nacional Clasificada - se establece que se debe desclasificar la información que ya no cumpla con los estándares para la clasificación bajo el decreto. El apartado (d) establece que “[s]e presume que la información que aún cumple con los requerimientos para la clasificación bajo este decreto requiere continuar bajo protección. En algunos casos excepcionales, sin embargo, el interés público en la divulgación de la información puede predominar sobre la necesidad de protección, y en esos casos se deberá desclasificar la información. Cuando surjan tales preguntas, deberán ser remitidas al titular o funcionario de mayor rango de la dependencia”. Ese funcionario determinará si el interés público en la divulgación de la información se antepone al daño a la seguridad nacional que se podría razonablemente esperar por la divulgación520.
Ahora bien, en el apartado sobre la obligación de responder, la FOIA señala que la dependencia debe determinar en 20 días si accederá a la solicitud y notificar al solicitante inmediatamente dicha determinación y “las razones de la misma”521. Sin embargo, con respecto a la resolución sobre los recursos administrativos no se establece esta última precisión, aunque razonablemente puede entenderse que la obligación de motivación se aplica también a esta decisión522.
En Trinidad y Tobago, la Ley de Libertad de Información contiene un capítulo de “documentos,” en el que se definen las clases de documentos cuya publicidad puede ser restringida. Entre ellos se incluyen: los del Gabinete; los que contienen información cuya divulgación podría perjudicar la defensa de la República de Trinidad y Tobago y las actividades lícitas de los servicios de seguridad o inteligencia; los documentos que pudieran perjudicar las relaciones internacionales de Trinidad y Tobago; los documentos internos de trabajo del gobierno; los documentos referentes a las labores policiales si su divulgación puede perjudicar la investigación sobre violaciones a la ley o las investigaciones o procesos penales; los documentos que contienen secretos comerciales; los documentos cuya difusión pudiera, presumiblemente, generar efectos adversos sustanciales para la economía y los asuntos comerciales del país; y los documentos que contienen información cuya divulgación ha sido prohibida en virtud de una ley vigente523.
La negativa de una solicitud de acceso a un documento debe ser motivada. La sección 27 (3) de la Ley establece que “[c]uando se tome una decisión con base en la Parte III en el sentido de que un solicitante no tiene derecho a tener acceso a un documento en virtud de la aplicación de esta sección, la notificación referida en la sección 23 deberá exponer las consideraciones de interés público con base en las cuales se tomó la decisión”524.
El inciso (2) de la sección 24 señala que los documentos generados al momento o después de la entrada en vigor de la Ley dejan de ser reservados cuando han transcurrido diez años a partir del último día del año de su creación. Asimismo, el inciso (3) dispone que no son clasificados los documentos que contengan material puramente estadístico, técnico o científico, salvo que su divulgación implicara difundir cualquier deliberación o decisión del Gabinete525.
Es importante resaltar que la sección 35 de la Ley establece que la autoridad pública deberá permitir el acceso a un documento reservado en caso de que haya evidencia razonable de un considerable abuso de autoridad o negligencia en el desempeño de los deberes oficiales; de maltrato de una persona; de que corra peligro la salud o la seguridad de un individuo o del público; o de un uso no autorizado de los fondos públicos526.
En el caso de Colombia la excepcionalidad de las limitaciones no es clara, dada la dispersión de las normas sobre reserva consagradas en todo tipo de normatividades y de la ausencia de un precepto legal que establezca taxativamente la preeminencia interpretativa del derecho al acceso a la información. A pesar de ello, la Corte Constitucional ha desarrollado en su jurisprudencia la excepcionalidad de la reserva. Así, en la sentencia C-887 de 2002 la Corte afirmó que todas las personas tienen derecho de acceder a la información y que sólo la ley y la Constitución pueden limitar este derecho.
“[l]a regla general sobre publicidad de los documentos públicos está consagrada en la propia Constitución, y únicamente la ley está habilitada para establecer las excepciones al derecho de acceder a los documentos públicos. Así lo ha reconocido la Corte desde sus primeros pronunciamientos al considerar que ‘el ejercicio del derecho al acceso a documentos públicos debe, pues, ceñirse a los postulados de la Constitución y la ley tal como lo dispone expresamente el artículo 74. Vale decir: solo la Carta Fundamental y la ley pueden establecer límites al ejercicio de este derecho que por supuesto, incluye la consulta de los documentos in – situ y no sólo como pudiera pensarse, la solicitud de copias’”527.
La Ley 57 de 1985 no establece taxativamente cuáles son las limitaciones al derecho a la información, si bien el artículo 21 dispone que la Administración solamente podrá negar la consulta de un documento o la copia del mismo mediante providencia motivada en la que se debe señalar su carácter reservado, indicando las normas legales pertinentes528. Las limitaciones al derecho de acceso a la información están dispersas a través de todo el ordenamiento jurídico con los problemas de inseguridad jurídica que ello implica. La misma Constitución establece que el Congreso no puede exigirle al Gobierno información sobre instrucciones en materia diplomática o negociaciones de carácter reservado529. Por otro lado, el artículo 9 de la Ley 63 de 1923 establece que las sesiones de los Consejos de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas530; el artículo 4 de la Ley 10 de 1961 dispone que las personas que se dediquen a la industria del petróleo suministrarán al Gobierno una serie de datos, y que el Gobierno guardará reserva sobre aquellos que comprometan los legítimos intereses de aquellas personas531; el artículo 2 del Decreto 1651 de 1961 establece la reserva de los datos contenidos en las declaraciones de renta y patrimonio532; el artículo 12 de la Ley 57 de 1985 dispone que no es abierta al público la información sobre la defensa y la seguridad nacional533; el artículo 27 de la Ley General de Archivos prevé que los responsables de los archivos públicos y privados deben garantizar los derechos a la intimidad personal y familiar, y a la honra y el buen nombre de las personas534; el Código Disciplinario Único535 y el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero536 establecen la reserva de las investigaciones durante determinadas etapas, etc.
Por otra parte, los artículos 13 de la Ley 57 de 1985537 y el artículo 28 de la Ley 594 del 2000538 establecen que la reserva legal sobre cualquier documento cesará luego de cumplidos 30 años de su expedición. Asimismo otras leyes establecen plazos diferenciados para cierto tipo de información. Así, por ejemplo, el artículo 5 de la ley 1097 de 2006 establecía un periodo de reserva de 20 años sobre los “gastos reservados”539.
Finalmente, en el caso de Argentina, en el cual, como ya se mencionó no existe una ley sino un decreto ejecutivo que reglamenta la materia respecto del Poder Ejecutivo Nacional, el Reglamento de Acceso a la Información Pública determina, en su artículo 16, que los sujetos obligados “sólo pueden exceptuarse de proveer la información requerida cuando una Ley o Decreto así lo establezca […]”, y cuando se configura una de las causales que el mismo artículo contempla. De esta manera, el Reglamento admite que en otras normatividades, incluyendo decretos administrativos, se establezcan limitaciones al acceso a la información540. En particular, el hecho de que también mediante un decreto se pueda clasificar como reservada una información pone en duda el carácter excepcional de las limitaciones al derecho de acceso541.
Entre las limitaciones al acceso que contiene el Reglamento se encuentran la información reservada, referida especialmente a la seguridad, la defensa o la política exterior; los secretos relacionados con las actividades económicas o científicas; la información que pueda amenazar el sistema financiero; los datos personales de carácter sensible; y la información que pueda poner en peligro la vida o seguridad de una persona542. Por lo demás, distintas normatividades prevén informaciones sujetas a reserva. Así ocurre, por ejemplo, con la Ley 25.520, de Inteligencia Nacional543, y el Decreto 950 de 2002 que la reglamenta544, que disponen que la información relacionada con las labores de inteligencia estará sometidas a reserva545. También el artículo 101 de la Ley 11.683, sobre Procedimientos Fiscales, establece que son secretas las declaraciones juradas, manifestaciones e informes presentados a la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los procesos contencioso-administrativos que consignen aquellas informaciones546. De la misma manera, la Ley 21.526547, de entidades financieras, establece, en sus artículos 39 y 40, el secreto financiero, y la Ley 17.622548, que crea el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dispone en su artículo 10 que la información que se suministre a los organismos del Sistema Estadístico Nacional es secreta y puede utilizarse únicamente con fines estadísticos.
De acuerdo con el artículo 13 del Reglamento General para el Acceso a la Información Pública, la denegación de la solicitud de acceso a una información determinada debe estar debidamente fundamentada y puede basarse sólo en la inexistencia de la información o en que ella se encuentra incluida en una de las causales de reserva previstas549.
Sobre esta materia, en la Declaración Conjunta de 2004, los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE precisaron que “las autoridades nacionales deberán tomar medidas activas a fin de abordar la cultura del secretismo que todavía prevalece en muchos países dentro del sector público”, lo cual “deberá incluir el establecimiento de sanciones para aquellos que deliberadamente obstruyen el acceso a la información”, y que “también se deberán adoptar medidas para promover una amplia sensibilización pública sobre la ley de acceso a la información”550.
La Ley Modelo sobre Acceso a la Información, adoptada por la Asamblea General de la OEA, establece que nadie podrá ser “objeto de acción civil o penal, ni de perjuicio laboral, por un acto de buena fe en el ejercicio, cumplimiento o intención de cumplimiento de las facultades o atribuciones en los términos de la presente Ley, siempre que se haya actuado razonablemente y de buena fe”. Por otro lado, la Ley señala que debe considerarse como “delito penal actuar deliberadamente con intención de destruir o alterar documentos una vez hayan sido objeto de una solicitud de información”. La ley también establece una lista cerrada de conductas deliberadas que deben ser consideradas como infracciones administrativas, entre las cuales se cuentan: obstruir el acceso a cualquier documento; impedir a una autoridad pública el cumplimiento de sus obligaciones; interferir con el trabajo de la Comisión de Información; omitir la creación de un documento en incumplimiento de políticas o normas aplicables o con la intención de impedir el acceso a la información; y destruir documentos sin autorización551.
En este sentido, los países que fueron objeto de este estudio prevén sanciones para las violaciones del derecho al acceso a la información pública. Las acciones reprochables en este sentido varían, pues mientras en algunos se imponen sanciones por la negación del acceso a la información, en otros se sanciona también la destrucción, modificación y retardo en la entrega de la información.
La Ley Orgánica de Transparencia de Ecuador establece, en su artículo 23, las sanciones a empleados, funcionarios públicos o privados que “[…] incurrieren en actos u omisiones de denegación ilegítima de acceso a la información pública, entendiéndose ésta como información que ha sido negada total o parcialmente ya sea por información incompleta, alterada o falsa que proporcionaron o debieron haber proporcionado […]”552. Las sanciones disciplinarias y administrativas se aplican sin perjuicio de las acciones penales y civiles que se puedan iniciar por las mismas causas, y van desde las multas económicas hasta la suspensión y destitución del cargo. Cuando las personas jurídicas de derecho privado o los particulares incurran en las acciones y omisiones señaladas en la Ley, procede la imposición de una multa económica entre US $100 y $500 dólares por cada día de incumplimiento553.
En México, los artículos 63 y 64 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establecen 7 causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por incumplimiento de lo establecido en la Ley. Ellas son: usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia; actuar con negligencia o mala fe en la sustanciación de las solicitudes de acceso a la información o en la difusión de la información; denegar intencionalmente información no clasificada como reservada o confidencial; clasificar dolosamente como reservada información que no cumple con las características exigidas; entregar información considerada como reservada o confidencial conforme a lo dispuesto por esta Ley; entregar intencionalmente de manera incompleta información requerida en una solicitud de acceso; y no proporcionar la información cuya entrega haya sido ordenada por los órganos competentes554. La sanción administrativa se da sin perjuicio de la posible responsabilidad civil y penal que las mismas acciones puedan llegar a generar555.
En Uruguay, el artículo 31 de la Ley de Acceso establece cuatro causales que constituyen falta grave y generan responsabilidad de carácter administrativo, a saber: negar el acceso a información que no tiene el carácter de reservada o confidencial; omitir o entregar en forma incompleta la información solicitada, siempre que se actúe con negligencia o mala fe; conceder el acceso a información clasificada; y utilizar, ocultar, divulgar o alterar total o parcialmente la información que se encuentra bajo su custodia556. Por otro lado, también se encuentra la procedencia de sanciones de carácter penal por divulgar o facilitar el conocimiento de información secreta o confidencial557.
En el caso de Guatemala, los artículos 36 y 37 de la Ley de Acceso a la Información Pública establecen que la información, documentos y expedientes que formen parte de los archivos administrativos no podrán ser destruidos, alterados u ocultados por los servidores públicos, salvo que esos actos estuvieren jurídicamente fundamentados558. El incumplimiento de esa prohibición puede dar lugar a sanciones administrativas y penales, en este último caso por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes. La Ley también señala que a los particulares que coadyuven a la realización de las conductas antes mencionadas les será imputado el delito de depredación del patrimonio nacional559.
Por otra parte, el Título Quinto se refiere a las sanciones y responsabilidades por el incumplimiento de lo preceptuado en la Ley560. Allí se establece que los servidores públicos o las personas que infrinjan la Ley serán sujetos a sanciones administrativas o penales561. Entre las conductas reprochables se encuentran la comercialización de los datos personales protegidos por la Ley, sin contar con la autorización expresa y por escrito del titular de los mismos562; la alteración o destrucción de información personal sensible contenida en los archivos de instituciones públicas563; la obstrucción arbitraria o injustificada del acceso a la información564; y la revelación de información confidencial o reservada565.
En el año 2010, la Corte Constitucional de Guatemala resolvió un recurso de amparo interpuesto por una Diputada del Congreso de la República contra el Ministro de Educación. La demandante le había solicitado al Ministro que le entregara el listado con los nombres completos, la dirección y la cédula de cada uno de los beneficiarios del programa social MI FAMILIA PROGRESA. En vista de que el Ministerio no entregó la información solicitada, la Diputada instauró el recurso de amparo, alegando denegación de acceso a la información. En auto de 10 de noviembre de 2009 la Corte otorgó el amparo provisional a la demandante y ordenó que le fuera entregada la información en un plazo perentorio de tres días566.
Luego, en 2010, la Corte estableció que el Ministerio no había cumplido la orden de entregar la documentación solicitada por la demandante. El Ministerio argumentó que no podía entregar la información completa, porque la cédula de los beneficiarios hace parte del secreto bancario, se encuentra clasificada como información reservada por el Ministerio y los beneficiarios entregaron la información con garantía de confidencia567.
La Corte expresó que el argumento del Ministerio era inaceptable, puesto que no se podía alegar el secreto bancario para negar la información solicitada, máxime si el Ministerio no constituía una entidad bancaria. También aseguró que la decisión de clasificar la información como reservada era posterior a la solicitud de acceso, razón por la cual no podía aplicarse al caso. Finalmente, afirmó que la confidencialidad no era oponible cuando la información era requerida por un funcionario del Estado en el marco de su función fiscalizadora:
“Aun cuando se esgrima que la información solicitada fue proporcionada por los interesados bajo la garantía de confidencia, tal confidencialidad no puede oponerse para el caso de que sea información requerida por un funcionario del Estado, que de acuerdo con una ley, ostenta una prerrogativa para solicitar información, siempre que la solicitud de aquella se haga en el marco del ejercicio de una función fiscalizadora de la actividad estatal, de la forma como se invierten fondos pertenecientes al erario público y cómo se ejecuta el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado […]”568.
Por lo tanto, la Corte le ordenó al Ministerio que entregara materialmente la información solicitada por la Diputada. Además, con base en los arts. 32 y 50, inciso b), de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, sancionó al Ministro de Educación con la destitución del cargo, por haber incumplido la orden de entregar la información solicitada. impartida en el amparo provisional:
“Todas las decisiones de este tribunal, en ejercicio de la función jurisdiccional en materia constitucional, son irrecurribles por el fondo, y de ahí que de acuerdo con la Ley antes citada, deben ser plenamente acatadas, sin excusar o eludir el cumplimiento de las mismas.
“(…) esta Corte arriba a la conclusión final de que existió incumplimiento y, por ende, desobediencia del Ministro de Educación a la orden emanada hacia dicha autoridad ministerial por parte de esta Corte, en auto de diez de noviembre de dos mil nueve; orden que, al estar debidamente firme la resolución que la contenía, debió ser cumplida de manera íntegra y sin excusas en el plazo señalado en aquel auto, de manera que por ello procede declarar la desobediencia de una orden emanada por un tribunal de amparo, con el efecto previsto para tal incumplimiento en el artículo 50, inciso b) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad (…)”569.
En Nicaragua, la Ley establece, en su artículo 47, que los servidores públicos serán sancionados con multa de hasta 6 meses de su salario mensual cuando denieguen en forma injustificada la información pública que se les solicite; destruyan o alteren información a su cargo; entreguen, copien o difundan información reservada; o clasifiquen como reservada la información que es pública. Estas sanciones se aplican sin perjuicio de la responsabilidad penal que se infiera del Código Penal570. Por otra parte, el artículo 49 establece que también será sancionado con multa el titular de cada entidad que, contraviniendo la Ley, “clasifique como información reservada, aquella que es pública”571.
El Capítulo VI de La Ley para la Transparencia de Panamá trata sobre las sanciones y responsabilidades de los funcionarios. Allí se establece, en el artículo 20, que el funcionario que incumple con la obligación de suministrar información después de ser requerido por un Tribunal incurre en desacato y será sancionado con “multa mínima equivalente al doble del salario mensual que devenga”572. La reincidencia será castigada con la destitución573. El artículo 22 dispone que también será sancionado con multa el funcionario que obstaculice el acceso a la información y/o destruya o altere algún documento574. Estas multas operan sin perjuicio de las responsabilidades penal y administrativa que se puedan derivar del hecho. Además, la persona afectada por esta negación del acceso a la información podrá demandar al servidor público por los daños y perjuicios que se le hayan generado.
En El Salvador, el artículo 28 de la Ley de Acceso determina que los funcionarios que divulguen información reservada o confidencial serán sancionados conforme a lo establecido en la Ley o en otras leyes. El precepto también establece que “de la misma forma, responderán las personas que a sabiendas del carácter reservado o confidencial divulgaren dicha información”575. Al Instituto de Acceso a la Información le corresponde conocer sobre los procesos sancionatorios y dictar las sanciones administrativas576. El artículo 76 distingue entre infracciones muy graves, graves y leves. Son faltas muy graves la sustracción, destrucción, ocultamiento o alteración de la información que se encuentra bajo custodia de la persona investigada, la entrega de información reservada o confidencial, la renuencia a entregar la información que ordena el Instituto, la omisión en el nombramiento del oficial de información del ente obligado, la denegación de acceso a la información sin motivación y la violación de las normas sobre conservación y custodia de la información577. Las sanciones para las faltas muy graves consisten en multas que oscilan entre veinte y cuarenta salarios mínimos mensuales. La comisión de dos o más infracciones muy graves en el término de un año dará lugar a la suspensión del servidor por un término de treinta días calendario, ordenada por el superior jerárquico correspondiente, a no ser que la conducta amerite la destitución578. El artículo 81 dispone que la aplicación de las sanciones administrativas contempladas en la Ley “se entenderá sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de otra índole en que incurra el responsable”579.
En Chile, las causales de procedencia de la sanción están relacionadas con la obstrucción del acceso a la información. Así, los artículos 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública establecen que la negación injustificada del acceso a la información solicitada, así como la no entrega oportuna de la misma, son causales de sanción administrativa con “multa de 20% a 50% de su remuneración”580. También se impondrá multa a la autoridad que no cumpla con las disposiciones de la Ley relacionadas con la transparencia activa. En caso de reincidencia, el funcionario puede ser suspendido. El órgano sancionador es el Consejo para la Transparencia581.
En la República Dominicana, el artículo 30 de la Ley General de Libre Acceso a la Información Pública, indica que “el funcionario público o agente responsable que en forma arbitraria denegare, obstruya o impida el acceso del solicitante a la información requerida, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de prisión, así como con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por cinco años”582.
En Antigua y Barbuda, la sección 48 de la ley dispone que cualquier persona que obstruya el acceso a un documento, obstaculice la actividad de una autoridad encargada de divulgar información, interfiera en el trabajo del Comisionado para la Información, o destruya archivos sin permiso legal, comete un delito que podrá ser penalizado con cárcel de hasta dos años o con multa que no exceda los cinco mil dólares del Caribe Oriental, o ambas583.
En Argentina y en Colombia se encuentran disposiciones menos específicas. Sin embargo, en los dos casos se sanciona la entrega tardía de la información solicitada. Así, por un lado, en Argentina, el artículo 15 del Reglamento General para el Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) dispone que el funcionario que obstruya el acceso a la información o la suministre de manera incompleta, incurre en falta grave sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil sobreviniente584. En este sentido, el artículo 249 del Código Penal impone multas e inhabilidades especiales de un año al funcionario que ilegalmente omita o retarde algún acto de su oficio585.
Por su parte, el artículo 25 de la Ley 57 de 1985 de Colombia establece que si no se da respuesta a la solicitud de acceso a la información dentro del plazo legal, el funcionario renuente será sancionado con la pérdida del empleo. De la misma manera, el artículo 29 dispone que el incumplimiento o violación de cualquiera de las disposiciones contenidas en la Ley será causal de mala conducta y sancionada con la destitución del cargo del funcionario responsable586.
En Perú, el artículo 4 de la Ley de Transparencia determina que los funcionarios que incumplan con las disposiciones contenidas en la misma serán sancionados por la comisión de una falta grave, pudiendo incluso ser denunciados penalmente por la comisión del delito de abuso de la autoridad587.

References: artículo 23
 artículo 17
 artículo 18
 artículo 29
 artículo 21
 artículo 19
 resolución 
 artículo 21
 artículo 19
 artículo 22
 artículo 19
 artículo 110
 artículo 24
 artículo 20
 artículo 13
 artículo 14
 artículo 15
 artículo 16
 artículo 17
 artículo 10
 artículo 25
 resolución 
 artículo 74
 artículo 21
 artículo 9
 artículo 4
 artículo 2
 artículo 12
 artículo 27
 artículo 28
 artículo 5
 artículo 16
 artículo 101
 artículo 10
 artículo 13
 artículo 23
 artículo 31
 resolución 
 artículo 50
 artículo 47
 artículo 49
 artículo 20
 artículo 22
 artículo 28
 artículo 76
 artículo 81
 artículo 30
 artículo 15
 artículo 249
 artículo 25
 artículo 29
 artículo 4