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Timestamp: 2020-07-06 12:38:17+00:00

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Proceso Constituyente. Recurso de nulidad intentado por Gerardo Blyde | Juan Candelario
El propio Decreto en el último párrafo de la denominada «exposición de motivos» establece lo siguiente: «Por estas razones, el Presidente de la República Hugo Chávez Frías, en ejercicio de la atribución contenida en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, en concordancia con los artículos 182, 185 y 186 ejusdem, en Consejo de Ministros: Decreta…»
Fundamento el Decreto en normas de carácter legal, (artículos 181, 182, 185 y 186 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política), resulta evidente su rango sublegal. Queda excluido por tanto de las actuaciones conocidas en doctrina como «actos de gobierno», sobre los cuales sólo es posible ejercer control en la jurisdicción constitucional en virtud de constituir actos de naturaleza política y discrecional del Presidente de la República en ejercicio directo de atribuciones expresamente asignadas por el texto constitucional. Siendo el citado Decreto un acto de rango sublegal fundamentado en normas de carácter legal, el control jurisdiccional no sólo es de naturaleza constitucional, sino que además puede ser impugnado por razones de ilegalidad.En este sentido se ha pronunciado esta misma Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos.
«… a la Corte Suprema de Justicia en Pleno sólo le corresponde en única instancia el conocimiento de los recursos o acciones que se interpongan contra actos dictados en ejecución directa e inmediata de la Carta Magna y que por tanto, desde el punto de vista formal o de su rango, son equiparables a la ley. Mientras que cuando se impugne un acto administrativo emanado de cualquier órgano del Poder Público, de carácter general o particular -pero de rango sublegal- y por contrariedad al derecho, la competencia corresponderá siempre a la jurisdicción contencioso-administrativo, y específicamente a la Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, cuando el vicio alegado fuere de inconstitucionalidad».(Auto de la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de fecha 08 de marzo de 1995, con ponencia de la Magistrado Dra. Josefina Calcaño de Temeltas, Expediente N° 637).
«Ciertamente, la norma cuya nulidad se pretende emana de una autoridad del Poder Nacional, por lo que tiene legitimidad para impugnarla toda persona natural o jurídicamente capaz que se vea afectada en sus derechos o intereses» (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Pleno del 29 de julio de 1997, con ponencia del Magistrado Dr. Aníbal Rueda, Expediente N° 914).
La propia Corte Suprema de Justicia en su reciente sentencia de fecha 19 de enero de 1999 que determinó la interpretación de la norma que prevé el referéndum (artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política), en el Capítulo VII denominado «El Derecho a la Participación» expresó que el Referéndum es un derecho inherente a la persona humana no enumerado, en los siguientes términos:
«El referéndum previsto en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, es un derecho inherente a la persona humana no enumerado, cuyo ejercicio se fundamenta en el artículo 50 de la Constitución… La falta de tal derecho en la Carta Fundamental tiene que interpretarse como laguna de la Constitución, pues no podría admitirse que el poder soberano haya renunciado al ejercicio de un poder que es obra de su propia decisión política».
El Decreto N° 3 que se impugna, en su artículo 3, viola el denominado por la Corte «Derecho al Referéndum» no enumerado en la Constitución Nacional, pero inherente a todos los ciudadanos venezolanos en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la Constitución Nacional y materializado en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Ciudadana, y viola además lo establecido por los dos numerales del artículo 182 ejusdem.
«Segunda: ¿Autoriza usted al Presidente de la República para que mediante un Acto de Gobierno fije, oída la opinión de los sectores políticos, sociales y económicos, las bases del proceso comicial en el cual se elegirán los integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente?»
«Se llama «plebiscito» al voto de confianza personal a un hombre, siendo «referéndum» la aprobación o rechazo de un texto». (Duverger, Maurice «Instituciones Políticas y Derecho Constitucional», Barcelona, España, 6ta. Edición, Pág. 81)
«Plebiscito: Consulta al voto popular directo para que apruebe la política de poderes excepcionales, mediante la votación de las poblaciones interesadas o pertenecientes al Estado cuya aprobación se pretende» (Real Academia Española, «Diccionario de la Lengua Española», 18 va. Edición, pág. 1039).
‘Referéndum: Acto de someter al voto popular directo las leyes o actos administrativos para ratificación por el pueblo de lo que votaron sus representantes» (Real Academia Española, «Diccionario de la Lengua Española», 18 va. Edición, pág. 1118).
«… mientras el referénum se refiere a un texto o proyecto, el plebiscito tiende a ratificar la confianza en un hombre gobernante» (Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, sentencia de fecha 19 de enero de 1999, Expediente N° 15395, citando a Claude Leclero).
En la pregunta transcrita el Presidente de la República solicita Autorización al poder soberano para producir en un futuro un «acto de gobierno» (como lo denomina el Decreto aun cuando ésta no sería su naturaleza jurídica), y no le presenta a ese soberano el texto o proyecto del «acto de gobierno» que pretende producir. Dicha solicitud constituye un pedimento de Confianza en un acto futuro, cuyo contenido se desconoce, desvirtuando la naturaleza misma del referéndum y convirtiendo la consulta en un plebiscito. Encaja la solicitud de autorización en las definiciones de plebiscito, pues no es más que la solicitud al soberano de poderes especiales para producir un acto futuro.
«El vicio … es conocido doctrinalmente como «Desviación de Poder’ y ha sido entendido como aquella ilegalidad en la que incurre la autoridad administrativa en aquellos casos en que si bien se ha respetado las formalidades externas para la emisión del acto, no se ha atendido en cambio, a la finalidad que habilita el ejercicio de esa potestad pública.
Resulta igualmente de este planteamiento, que se trata de un vicio íntimamente vinculado al elemento «fin’ del acto y para cuya detección se hace indispensable contrastar la finalidad habilitaste de competencia atribuida con el aspecto intrínseco del acto; por lo que habrá de acudirse a todos aquellos elementos que resulten ilustrativos del elemento volitivo en él contenido. Y, de resultar de este examen, que no existe coincidencia entre la finalidad perseguida por la norma y la que se desprende del acto, la consecuencia será necesariamente la anulación de lo actuado.
… impone así, tanto el examen del fin legal contenido en la norma invocada para la actuación de la Administración, que obedece siempre dentro de una generalidad al interés público específico que propugne o persiga el dispositivo, como la confrontación con el verdadero móvil que se propuso el ente o agente administrativo, a objeto de verificar su adecuación a la de aquél. Si, de esa comparación resulta una divergencia en cuanto a la finalidad perseguida, habrá de concluirse en la desviación del poder o competencia atribuido a la autoridad administrativa, con la consecuencia de anulabilidad ya señalada» (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa, de fecha 7 de agosto de 1997, con ponencia de la Magistrado Dra. Hildegard Rondón de Sansó, Expediente N° 13.758, sentencia N° 506).
Siendo así, solicitamos respetuosamente a esta Corte Suprema de Justicia que declare la nulidad absoluta del referido Decreto N° 3 por cuanto el mismo no constituye una convocatoria al ejercicio del derecho al referéndum, en abierta y franca violación de los artículos 181 y siguientes de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, así como en violación directa del derecho al referéndum inherente a la persona humana y protegido por el artículo 50 de la Constitución Nacional, además de incurrir en el vicio conocido doctrinariamente como «Desviación de Poder» en los términos sentados por este mismo Alto Tribunal, lo cual determina que su contenido sea de inconstitucional e ilegal ejecución y se configure plenamente la causal de anulación que determina el artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
«Artículo 182. La convocatoria de los referendos deberá contener los siguientes requisitos: 1. Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un «sí» o un «no»; y, 2. Exposición breve de los motivos, acerca de la justificación y propósito de la consulta»
En el numeral primero de dicho artículo se expone de manera determinante que el referéndum SOLO PUEDE VERSAR SOBRE UN PREGUNTA. «Formulación de la pregunta» está expresado en modo singular, por lo que es clara la intención del legislador, la consulta popular de este tipo, en nuestro país, sólo debía versar sobre una pregunta. Sin embargo, el Decreto N° 3, convoca al referéndum para consultar al soberano sobre dos preguntas.
Existen precedentes históricos de procesos similares con cuestionarios que contenían múltiples preguntas. en la época de la postguerra el pueblo francés se encontraba dividido entre quienes deseaban continuar con la Constitución vigente desde 1.875 (la Constitución de la Tercera República), y aquellos que pretendían un cambio de dicho estatuto. El cuestionario presentado el 21 de octubre de 1945 contenía una serie de preguntas pero todas estaban concatenadas entre S. Dependiendo de la respuesta que diera el ciudadano a la primera pregunta, debía contestar la segunda y así sucesivamente. Curiosamente en esa consulta el general De Gaulle apoyaba el «no» a este caso se refiere el Dr. Manuel García Pelayo en los siguientes términos:
«El gobierno provisional, después de restablecer la legislación republicana, convocó al pueblo francés para que el día 21 de octubre de 1945, en acto simultáneo de la elección de representante para la Asamblea, decidiera sobre las dos cuestiones siguientes: A) Si tal Asamblea debía ser la continuación de la Cámara de los Diputados de la Tercera República, o, si por el contrario, debia tener carácter constituyente. B) Si en esta última eventualidad, debía organizar por si misma los poderes del gobierno provisional, o bien actuar según reglas fijadas por un proyecto de ley fijadas por un gobierno. El cuerpo electoral se decidió por la constituyente según normas establecidas por el gobierno provisional» (GARCIA PELAYO, Manuel «Derecho Cosntitucional Comparado – El Derecho Constitucional de la República Francesa» Obras Completas, Tomo I, Pág. 627).
«Artículo 110. – El voto es un derecho y una función pública. Su ejercicio será obligatorio, dentro de los límites y condiciones que establezca la Ley.
«Artículo 113. – La legislación electoral asegurará la libertad y el secreto del voto, y consagrará el derecho de representación proporcional de las minorías».
Entendemos esta libertad en dos vertientes, una si se quiere «formal» y otra de «fondo». La que denominamos libertad «formal» consiste en asegurarle al elector que puede manifestar su voluntad sin presiones o coacciones indebidas, así como también hay que asegurarle que no habrán maquinaciones o fraudes posteriores al hecho del voto mismo que desvirtúen su intención de voto. Pero creemos que también hay que asegurarle al elector la libertad «de fondo» cuando va a producir su elección, es decir, que el elector se pronuncie sin ningún vicio en su consentimiento que puedan derivar en una equivocación referida a su voluntad cierta de voto. Es por ello que al elector debe dársele de manera íntegra toda la información que requiere para que luego manifieste su voluntad de manera inequivoca, sin vicios en el consentimiento derivados del desconocimiento mismo del hecho que se le consulta.
La Constitución Nacional consagró la protección a al libertad del voto pero no consagró la libertad del ejercicio del derecho a referéndum. Siguiendo la interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia en su reciente fallo de fecha 19 de enero de 1999, mediante el cual reconoció la existencia del Derecho al Referéndum como un derecho inherente a la persona humana no enumerado en el texto constitucional vigente pero protegido en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la Carta Magna, es menester concluir que si el derecho mismo como materialización del derecho de participación ciudadana está protegido, también debe estar protegido el libre ejercicio del derecho a referéndum en sus dos vertientes, tanto en la libertad que hemos denominado «formal» (posibilidad de manifestar la voluntad sin presiones o coacciones indebidas producidas en el momento en que manifieste si intención e inexistencia de maquinaciones o fraudes posteriores al hecho del voto mismo que desvirtúen dicha intención), como la que hemos denominado libertad de «fondo», vale decir, que el ciudadano se pronuncie sin ningún vicio en su consentimiento.
Por las razones expuestas es por lo que acudimos a esta Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa a los fines de solicitar la declaratoria de la nulidad absoluta del Decreto Número Tres (3) emanado del Presidente de la República ciudadano Hugo Chávez Frías en Consejo de Ministros en fecha 02 de Febrero de 1999, y publicado en Gaceta Oficial de esa misma fecha N° 36.634, por cuanto el mismo viola el «Derecho a referéndum» inherente a la persona humana no enumerado en el texto de la constitución nacional pero protegido por lo dispuesto en el Artículo 50 de la Carta Magna, así como la libertad del ejercicio del derecho al referéndum, e igualmente viola los artículos 181 y 182 de la Ley Orgánica del Sufragio y participación política e incurre en el vicio denominado «desviación de poder», vicios estos que hacen que su contenido sea de imposible, ilegal e insconstitucional ejecución, constituyendo causales suficientes para la declaratoria de nulidad que se solicita.
«…para que proceda la declaratoria de urgencia en los juicios de nulidad se requiere que del propio asunto planteado se derive la necesidad de no aplicar la tramitación ordinaria, por afectar los hechos sometidos a la litis, intereses colectivos, o que constituyen los mismos amenaza sobre bienes o intereses particulares, o que produzcan daños por el transcurso del tiempo de difícil o improbable reparación o cuando se amenacen servicios imprescindibles» (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala Político Administrativa de fecha 07 de julio de 1993, reiterada en sentencia de la misma sala de fecha 10 de octubre de 1996, con ponencia de la Magistrado Dra. Cecilia Sosa Gómez, Expediente N° 11.047)
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References: artículo 181
 artículo 50
 artículo 3
 artículo 50
 artículo 181
 artículo 182
 artículo 50
 artículo 19
 artículo 50
 Artículo 50